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Timestamp: 2018-08-18 04:35:37
Document Index: 375442411

Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'artículo 228', 'artículo 23', 'artículo 53', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 53', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 53', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 53', 'artículo 122', 'artículo 16', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 25', 'artículo 48', 'artículo 160', 'artículo 163', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 1', 'artículo 32', 'ARTÍCULO 160', 'artículo 267', 'ARTÍCULO 392', 'artículo 151']

ICEDA Bufete de Abogados : ABOGADOS ESPECIALISTAS DEMANDAS LABORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON DERECHO A PRESTACIONES - CONTRATO REALIDAD
ABOGADOS ESPECIALISTAS DEMANDAS LABORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON DERECHO A PRESTACIONES - CONTRATO REALIDAD
Con una teoría que hemos argumentado y fundamentado muy bien, podemos conseguir el pago de las PRESTACIONES SOCIALES de todos los años laborados, inclusive de hace más de 3 años, para aquellos trabajadores vinculados a través de CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS pero que están subordinados y sometidos a un horario y condiciones especiales que sólo se dan con el Contrato de Trabajo.
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Invitamos a todos aquellos contratistas con supuestos contratos de prestación de servicios, víctimas de un contrato disfraz para no pagarles PRESTACIONES SOCIALES a que nos contacten para una eventual demanda que les beneficiará. Somos especialistas en estos casos.
Asesoramos y gestionamos demandas laborales de otro tipo
- No importa que el contrato diga que es de prestación de servicios u otra modalidad (Recuerde que prevalece la realidad sobre las formas contractuales)
- No importa que en la liquidación de esta u otro documento manifieste estar a paz y salvo
- No importa que ud. hayan obligado a suscribir algún documento donde renuncia supuestamente a la acciones legales del caso.
Sí celebró un contrato de prestación de servicios con el Estado, pero en realidad lo que tenía era un contrato de trabajo porque se presentaban los siguientes hechos o situaciones:
- Cumplía horario o periodo de tiempo todos los días.
Debía ir todos los días a un sitio de trabajo u oficina y permanecer durante cierto periodo de tiempo, ejerciendo ciertas funciones bajo órdenes específicas.
- Recibía ordenes verbales o escritas, memorandos con ordenes,
- La naturaleza de sus funciones sólo pueden ser ejecutadas por un trabajador de planta
- Usted ejecutaba funciones que eran desempeñadas por personal del planta
- Viene hace varios años con la modalidad de contrato que finaliza en diciembre pero celebra uno nuevo en enero del siguiente año.
Podría demandar con el propósito que se aplique el contrato realidad, y se declare la existencia de CONTRATO DE TRABAJO pese a que el texto del mismo diga que es PRESTACION DE SERVICIOS cuando en realidad no lo es; de esta manera puede obtener el pago de prestaciones sociales y demás beneficios legales por el tiempo en que laboró bajo este contrato disfraz.
Al respecto nuestra Constitución Política consigna:
ART. 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.
ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE TRABAJO - CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO
ART. 23 ELEMENTOS ESENCIALES.
- Tarifa justa de honorarios
- Trabajo Responsable y Diligente
- Transparencia Absoluta con el cliente
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Cómo un ejemplo de que lo expuesto es viable, citamos la siguiente jurisprudencia del Consejo de Estado.
Sentencia del dos (2) de febrero de dos mil seis (2006) - Consejero Ponente: Alberto Arango Mantilla
Radicación número: 080012331000199611550
No. Interno: 42502005
"EL CASO CONCRETO
De acuerdo con el contrato de prestación de servicios que obra a folio 2, la señora RUIZ BAENA fue vinculada al Distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla en 1994. Y según la certificación expedida por el rector del colegio de Bachillerato Carlos Meisel (folio 5), laboró desde el 4 de febrero de 1994 hasta el 4 de noviembre del mismo año.
El objeto del contrato suscrito fue el siguiente:
"El Docente se obliga para con el Distrito a cumplir las/unciones propias de su cargo y las directrices que establecen las autoridades educativas, en el plantel de educación que el Distritito (Sic) a través de la Secretaría Distrital de Educación, Deporte y Cultura le designe según el horario de clases e intensidad, que serán señaladas por el Director o Héctor, según el caso del
respectivo Plantel Educativo, realizar las evaluaciones a los alumnos según las normas Docentes que para el efecto rigen actualmente." (folio 2).
Según resolución 2811 de 30 de diciembre de 1993 expedida por la Junta Seccional del Escalafón Docente del Departamento (folio 6), la actora está inscrita en el grado siete del escalafón docente.
Se considera entonces que en este caso se encuentra probado que las labores desarrolladas por el demandante eran las mismas que las de los docentes de planta cumpliéndose los tres elementos de la relación laboral, prestación personal del servicio, continuidad subordinación y remuneración como contraprestación del servicio.
Sobre este punto debe aclarar la Sala que si bien se ha hecho la relación de las pruebas allegadas, la simple existencia de los contratos de prestación de servicios docentes, permitirían inferir que la administración pretendió evitar el pago de prestaciones sociales encubriendo la existencia de una verdadera relación laboral, por cuanto como se mencionó anteriormente, la subordinación y la dependencia se encuentran insitas en la labor que
desarrollan los maestros; es decir, son consustanciales al ejercicio docente.
Así las cosas y conforme al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, existía una relación laboral, el cual impone la especial protección del Estado en igualdad de condiciones a la de los docentes de planta, según términos de los artículos 13 y 25 de la Carta, razón por la cual el acto acusado resulta anulable:
(Subrayado y destacados, fuera de texto)
Tomado de Legis
Mientras no existan planes de acción para reducir los contratos de prestación de servicios y aumentar la formalización de los funcionarios vinculados bajo esa modalidad, las entidades públicas no pueden interrumpir los servicios prestados a través de esas contrataciones, advirtió el Ministerio del Trabajo. En carta dirigida al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el ministro Rafael Pardo recordó que una de las políticas de su cartera es acabar con el abuso de la figura de la prestación de servicios en las entidades estatales. Sin embargo, aclaró que estas medidas no buscan restringir la celebración de contratos de prestación de servicios necesarios ni limitar el alcance de los proyectos institucionales de las administraciones locales. “Estamos en la etapa de identificación sobre las situaciones de contratación en todo el país, para avanzar a la etapa de formalización, de acuerdo con las condiciones institucionales y presupuestales, cuantificando los recursos requeridos para la vinculación laboral y, de ser necesarios, los adicionales”, explicó el funcionario.
La misiva se produjo, tras conocer denuncias de trabajadores públicos sindicalizados del Distrito Capital según las cuales se estarían liquidando contratos de prestación de servicios con el argumento de acabar con las nóminas paralelas. “… No se puede suponer que todos los contratistas son producto del clientelismo y del amiguismo; en las reformas administrativas debe primar el criterio técnico sobre cargas laborales y funciones. Así se lo estamos advirtiendo a todos los alcaldes, gobernadores y directores de entidades públicas”, advirtió Pardo. Finalmente, le reiteró al mandatario capitalino la necesidad de identificar la situación de las nóminas que están a su cargo, diseñar planes de acción para reducir las nóminas paralelas y aumentar la formalización, con el acompañamiento del Gobierno, para evitar la vulneración de los derechos de los trabajadores.
Sentencia T-903/10
Referencia: expediente T-2311653
Acción de tutela instaurada por Gilmer Sierra García contra el Municipio de Montenegro, Quindío.
Bogotá, D.C., doce (12) de noviembre de dos mil diez (2010)
1. El señor Gilmer Sierra nació el 9 de noviembre de 1936. En estos momentos tiene 73 años de edad. Se encuentra afiliado al nivel 1 del SISBEN y manifiesta que en la actualidad sufre de gastritis y que tiene una hernia inguinal.
2. El 1 de enero de 2001 se suscribió el “contrato de arrendamiento de vivienda de un colegio oficial”, suscrito por Ariel Loaiza González y el señor Gilmer Sierra García, “El término de este contrato de arrendamiento es por doce (12) meses, contados a partir del primero de enero del año 2001. (…) El canon o precio del arrendamiento mensual es de veinte mil pesos ($20.000) que serán pagados por el arrendatario al arrendador en los cinco (5) primeros días de cada mes en la siguiente forma: en dinero efectivo pagará la suma de un (sic) mil pesos ($1.000) a la Tesorería del Colegio y la suma restante la pagará en trabajo, el cual consiste en: limpiar y podar los prados, conservar los alrededores del Colegio y de la vivienda en perfecto estado de limpieza y aseo incluyendo las baterías sanitarias de los estudiantes en las épocas de vacaciones, puentes y festivos.”
3. El 14 de diciembre de 2001, el señor Ariel Loaiza, como rector de la Institución Educativa los Fundadores y el señor Gilmer Sierra García suscribieron un certificado en el que consta que “el Colegio durante el período de vacaciones diciembre 15 del 2001 a enero 13 del 2002, queda bajo el control y vigilancia del señor Gilmer Sierra (…), no percibirá remuneración alguna por cuanto la contraprestación de dicho servicio, es la de disfrutar de la vivienda por la cual no paga ni un peso. (…) Que en el momento de tener que entregar el colegio, el mencionado señor Sierra, por no ser empleado del Colegio ni de la Administración Municipal, no podrá exigir liquidación de ninguna índole.”
4. El 15 de marzo de 2002, Gustavo Zamudio Barbosa, como nuevo Rector de la Institución Educativa “Los Fundadores” y el señor Gilmer Sierra suscribieron un documento denominado “contrato de ocupación de vivienda escolar sector urbano Municipio de Montenegro”. De este documento se destaca lo siguiente: “recibe en arrendamiento una casa de habitación perteneciente al Centro Educativo los Fundadores”
“2. El término de duración de este contrato de arrendamiento es por seis (6) meses, contados a partir del catorce (14) de marzo de 2002. 3. El canon o precio del arrendamiento mensual es de $1.000, que serán pagados por el Arrendatario al Arrendador, en los primeros cinco (5) días de cada mes, a la Secretaria Tesorera del Plantel. El arrendatario expedirá un recibo por cada mensualidad de arrendamiento que recibe dinero en efectivo, suma que consignará en la cuenta del colegio. 4. El presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas. 1- Como los servicios de agua y energía los paga el municipio, queda exento de ello. 2.- La vivienda se destinará exclusivamente para el arrendatario y su familia (…) 3.- El arrendatario se obliga a conservar y restituir el inmueble en el mismo buen estado en que se ha recibido, salvo el deterioro causado por el uso y goce legítimo. (…) 5.- Mantener en completo estado de limpieza y orden la vivienda que ocupa, igualmente los alrededores cuidando y embelleciendo el centro docente. 6.- Racionalizar el consumo de agua y luz, y velar por el mantenimiento y buen estado de llaves y tanques de acueducto o reserva a nivel del Centro Docente. (…) 8. A administrar la tenencia de animales domésticos en situaciones debidas, a encerrarlos en horas en que los alumnos se encuentren en el plantel, estos no deben ser motivo de malestar para la comunidad educativa. (…) 10.- mantener en buen estado las plantas ornamentales y prados que existen en el plantel. (…) 15. El arrendatario debe entregar la habitación del Centro Docente en buen estado de organización y limpieza al Rector del Colegio una vez cumplido el tiempo fijado para ocuparla, sin oponer resistencia y sin exigir utilidades o prebendas, reclamación de liquidación u otros. 19.- El término del presente contrato solo podrá prorrogarse a voluntad del arrendador y tiene validez por un lapso de seis meses contados a partir de la firma y aceptación. (…)”.
5. El 23 de julio de 2003, la Secretaría Municipal de Montenegro Quindío le envió una comunicación a la Institución Educativa los Fundadores en la que se indicó que, “me complace comunicarle que a partir del 17 de julio de 2003, la Secretaría de Educación Departamental ha asignado el (sic) señor Gilmer Sierra García; para que preste sus servicios de celaduría en la Institución Educativa Los Fundadores y sus funciones sean determinadas por usted de acuerdo con las necesidades del servicio, por un término de tres meses mediante la modalidad de Supernumerario.”
6. El 27 de enero de 2005, el Jefe de Personal del Municipio de Montenegro expidió un certificado en el que consta, “Que el señor Gilmer Sierra García (…) estuvo vinculado a la Administración Municipal como contratista de prestación de servicios personales, en convenio F.I.S y mantenimiento alcantarillado desde el 1 de mayo de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997, desde el 1 de marzo de 1998 hasta el 31 de marzo de 1998; y desde el 1 de mayo de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2000; desde el 4 de abril de 2001 hasta el 3 de junio de 2001; desde el 1 de abril de 2002 hasta el 30 de abril del 2002 y desde el 2 de mayo de 2002 hasta el 4 de septiembre y desde el 16 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2002 como celador en la escuela Los Fundadores. Dichos contratos están regidos por la Ley 80 de 1993.”
7. El 7 de marzo de 2006, los señores Luis Gómez García y José Aníbal Muñoz Cárdenas comparecieron a rendir declaración juramentada sobre ciertos hechos de este proceso. De esta actuación se selecciona lo siguiente: “Conocemos al señor Gilmer Sierra García hace 14 años, más precisamente desde diciembre de 1991 el señor Gilmer entró a trabajar al Colegio Fundadores en Montenegro. Todos estos años lo hemos visto ahí en el Colegio sembrando árboles. (…) El señor Gilmer era quien hacia mantenimiento de las zonas verdes, el (sic) limpiaba los prados, sembraba árboles frutales de sombrío, hacia (sic) trabajos de jardinería, hizo sembrados de cabuya, plátano, hacía funciones de mantenimiento de alcantarillado, agua, luz (…)”.
8. El 2 de enero de 2007, el señor Gilmer Sierra García presentó derecho de petición ante el Alcalde Municipal de Montenegro, señor Eleazar Jiménez Montes. En dicho escrito solicitó “(…) a la administración municipal de Montenegro Quindío, me sean reconocidos a la fecha, los quince (15) años veinte días consecutivos, trabajados al servicio de la institución educativa `Los Fundadores´ del once (11) de diciembre de 1991 al 2 de enero de 2007, por cuanto se realizó un contrato verbal de trabajo, en el que intervinieron personas de derecho público y el suscrito (…) se me reconozca las actividades de siembre de árboles en promedio de 150 unidades, ya en producción, mantenimiento de prados y áreas comunes, reparaciones locativas durante todo el tiempo, la vigilancia diurna y nocturna, incluyendo festivos, dominicales, el cuidado y asistencia permanente de los dos semovientes.” En su escrito también solicitó que se le reconociera su derecho a la seguridad social.
9. El 13 de noviembre de 2008, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Montenegro profirió sentencia para resolver el proceso abreviado para restitución de la posesión, iniciado por el Municipio de Montenegro en contra del señor Gilmer Sierra. La decisión del juez de instancia fue, “desestimar las pretensiones de la demanda para proceso de restitución de la posesión formulada por el Municipio de Montenegro a través de apoderada judicial, en contra del señor Gilmer Sierra García, y en relación con el predio ubicado en la calle 23 con carreras 10 y 12 de esta localidad.” En consecuencia, ordenó condenar al Municipio al pago de las costas.
El argumento fundamental que adujo este juzgado para adoptar esta determinación fue la falta de congruencia en la demanda pues “los hechos de la demanda y las pretensiones no corresponden con los finalmente probados.”
10. El 2 de diciembre de 2008, el Rector de la Institución Educativa Los Fundadores José Luis Marulanda Acosta, dirigió un oficio al Municipio de Montenegro “con el fin de solicitarle con respecto a las personas que actualmente ocupan viviendas en las tres sedes de esta institución, se les convoque y se les definan unas funciones claras de colaboración con la vigilancia, en especial para la época de vacaciones que se inicia la siguiente semana, lo anterior por que es necesario definir responsabilidades ante la situación de no contar con el numero (sic) suficiente de celadores para cubrir todos los horarios y los Rectores no podemos asignar dichas funciones a los caseros por ser ellos personas colocadas por el Municipio y no por la institución.”
11. El 7 de mayo de 2009 el señor Gilmer Sierra García interpuso acción de tutela contra el Municipio de Montenegro, Departamento del Quindío. En su escrito manifestó con relación a su trabajo lo siguiente: “Desde 2004 no me renovaron contrato de trabajo dizque (sic) porque había cumplido los 65 años de edad pero aún así tuve que seguir cuidando los fines de semana, sábados, domingos y festivos, haciendo aseo en el colegio, limpiando jardines (…) Mi trabajo durante el tiempo que he permanecido en el colegio ha consistido en celaduría, mantenimiento de las instalaciones, aseo, limpieza, barrido con mi esposa, jardinería, organización de los prados, pido venenos para las hormigas (sic) me lo traen lo (sic) hecho, he puesto tejas de eternidad en las aulas, organizo las llaves de paso para el agua potable, candados para puertas, organizo pupitres, sillas.(…) Yo he seguido en oficios varios y haciendo vigilancia los sábados (sic) domingos y festivos y (sic) 24 horas cuando no se ha designado la vigilancia en horas hábiles.”
Ordenar el pago de las prestaciones e indemnizaciones a las que tenga derecho el accionante desde el contrato realidad de trabajo.”
Municipio de Montenegro, Departamento del Quindío.
En primer lugar el municipio se manifestó con relación al tipo de vinculación que sostuvo con el señor Sierra: “(…) el señor Gilmer Sierra si (sic) estuvo vinculado con la administración según las pruebas documentales referidas pero bajo las siguientes salvedades: la primera, desarrolló actividades contractuales precisas de vigilancia o celaduría antes de la vigencia de la Ley 715 de 2001 en la Institución Educativa los Fundadores, bajo contratos de servicios personales regidos por la Ley 80 de 1993 en las fechas precisas citadas en los acuerdos los cuales tuvieron lugar en varios meses del año 2002, la segunda, se constató ante la Secretaría Administrativa del Municipio, Oficina de Personal no encontrándose evidencia o expediente alguno que denote que el señor Gilmer Sierra García haya sido empleado público o trabajador oficial, pues si esto hubiese ocurrido existiría prueba de la relación legal y reglamentaria, tampoco aparece contrato de trabajo como trabajador oficial. La tercera, para la fecha del 27 de enero de 2005 la funcionaria que se desempeñaba como Jefe de Personal certificó que el señor Gilmer Sierra García desde el primero de mayo de 1997 desarrollo (sic) objetos precisos de mantenimiento de alcantarillado vinculado por contratos de prestación de servicios personales regidos por la Ley 80 de 1993 es decir, sin vinculo (sic) laboral ni pago de prestaciones sociales, de igual forma certificó que en el año 2002 desarrollo (sic) objeto de vigilancia y/o celaduría en la Institución Educativa los Fundadores regidos igualmente por la Ley 80 de 1993, correspondiendo el plazo del ultimo contrato hasta el mes de noviembre de 2002.”
Con relación a la actual ocupación que ejerce el señor Sierra sobre parte del bien en el que opera la Institución Educativa, el Municipio indicó: “Si el señor Gilmer Sierra permanece aún en la Institución Educativa los Fundadores es porque ejerce derecho de retención ilegal del espacio que en un principio estaba amparado en un contrato de arrendamiento suscrito con el Rector ha querido postergar de forma indefinida, pretendiendo que se le reconozcan los derechos de una relación laboral, sin contar con que desde 2001 vive en un espacio del colegio sin sufragar gastos de arrendamiento, ni de servicios públicos, ante lo cual se alega la figura de la compensación de obligaciones, máxime cuando así quedó estipulado en los acuerdos que suscribió con la Rectoría, en donde se repite el ente territorial como persona jurídica independiente de la Institución no tiene injerencia en las relaciones contractuales que celebra.”
Respecto a la situación de indefensión del señor Sierra, la entidad territorial demandada señaló: “Verificando la base de datos del SISBEN se encontró que el señor Gilmer Sierra García (…) es nivel 1 y cuenta con su código para el ingreso al Programa de Alimentación al Adulto Mayor ´ración preparada´ y en el momento que amplié (sic) cobertura el Ministerio cumple con los requisitos para el ingreso al Programa de Protección Social al Adulto Mayor, para lo cual la administración dará prioridad.
(…) no puede afirmarse que el Municipio de Montenegro este (sic) ejerciendo poder dominante sobre este ciudadano montenegrino, pues afirmar esto por el hecho de no acceder a sus pretensiones de pago de prestaciones sociales y otros factores que no adeuda la entidad territorial sería caer en el absurdo de que por el hecho de ser adulto mayor el Estado tenga que dar reconocimiento a unos derechos que no ha adquirido en ninguna manera como empleado público, ni como trabajador oficial del Estado (…) No puede tampoco otorgarse status de pensionado sino se dan los presupuestos legales para ello, como es el caso del señor Sierra García donde se pueden probar con los documentos los vínculos celebrados, no daban lugar al pago de la seguridad social en pensiones por parte de la entidad territorial.”
La Institución Educativa solicitó que se declarará improcedente la acción de tutela presentada por el señor Gilmer Sierra. Para argumentar su postura señaló que, “(…) no ha probado por ningún medio idóneo dentro de este proceso, ni en otros, que exista una relación laboral entre él y el Municipio de Montenegro o la Institución Educativa Los Fundadores o la Secretaría de Educación, razón por la cual no puede reclamar salarios, prestaciones y mucho menos una pensión. Lo que si (sic) está probado es que el (sic) ocupa con su familia una vivienda de propiedad del Municipio de Montenegro, ubicada dentro del predio y que hace parte integrante de la construcción del Colegio Los Fundadores y donde no paga canon de arrendamiento ni servicios públicos, estos últimos son asumidos por el Municipio en su totalidad ya que las conexiones allí existentes hacen parte de la red general de toda la construcción y los contadores son únicos, es decir, no hay contadores separados para la vivienda.”
La entidad también manifestó que, a pesar de que el señor Sierra hubiera celebrado ciertos contratos, no implica que en este momento tenga un contrato con la entidad. En este sentido explica: “Es cierto que en algunas oportunidades tanto el Municipio de Montenegro como el Departamento del Quindío a través de la Secretaría de Educación vincularon al señor Gilmer Sierra García como celador supernumerario, pero dichos contratos realizados conforme a la Ley también fueron terminados y liquidados legalmente, estando tanto el Municipio como el Departamento a paz y salvo. La Institución Educativa nunca ha vinculado al señor Sierra García como trabajador ya que no está facultada para hacerlo. Los celadores y aseadores siempre son nombrados por el Departamento del Quindío a través de la Secretaría de Educación. En reiteradas oportunidades he enviado oficios a la Secretaría de Educación sobre la necesidad de celadores y aseadores. Igualmente he enviado oficios a la Alcaldía Municipal solicitando se regule la ocupación de las viviendas porque considero irregular la forma como se hace en la actualidad ya que los ocupantes de las mismas usufructúan este servicio pero no lo retribuyen de ninguna manera.”
Secretaría de Educación del Departamento del Quindío.
La Secretaría de Educación solicitó que no se condenará a su entidad por “falta de legitimación en la causa por pasiva”.Respecto de los hechos alegados por el demandante, la entidad indicó: “Revisado el expediente del señor Gilmer Sierra García, el cual reposa en el archivo de esta dependencia, se encontró que el citado señor laboró como supernumerario con funciones de vigilancia en las siguientes fechas:
- Del 23-07-2003 al 22-10-2003
- Del 23-10-2003 al 31-12-2003
- Del 01-01-2004 al 31 -01-2004
3. En cuanto al reconocimiento y el pago de prestaciones sociales, no es posible que la Secretaría de Educación haga tal reconocimiento toda vez que la autorización de habitar la vivienda del centro educativo no fue dada por esta Secretaria, por ser un bien inmueble del Municipio de Montenegro.
5. De los hechos, la acción o la omisión que motiva la presente tutela y los derechos que se consideran violados o amenazados, se desprende que la Secretaría de Educación Departamental carece de competencia en el asunto, toda vez que este Despacho no tiene ninguna relación de tipo laboral con el accionante.”
- Copia del Acta de Declaración para fin extraprocesal, con fecha del 7 de marzo de 2006. (F. 1)
- Copia del certificado proferido por el Jefe de Personal del Municipio de Montenegro, Departamento del Quindío, con fecha del 27 de enero de 2005 (F. 2).
- Copia informal de un cuaderno en el que los celadores de la Institución Educativa Los Fundadores firman la entrega y la recepción del turno de celaduría en los años 2007, 2008 y 2009 (F. 3-12).
- Copia del contrato de ocupación de vivienda escolar sector urbano Municipio de Montenegro, con fecha del 15 de marzo de 2001, suscrito entre Gustavo Zamudio Barbosa y Gilmer Sierra. (F. 13-15)
- Copia de la constancia suscrita entre el señor Ariel Loaiza y el señor Gilmer Sierra García. (F. 16)
- Copia del contrato de arrendamiento de vivienda de un colegio oficial, suscrito por Ariel Loaiza González y Gilmer Sierra García con fecha del 1 de enero de 2001. (F. 17-18)
- Copia del derecho de petición interpuesto por Gilmer Sierra García ante la Alcaldía Municipal de Montenegro, con fecha del 2 de enero de 2007. (F. 23-25)
- Copia de la declaración realizada por el señor Gilmer Sierra, con fecha del 21 de febrero de 2006. (F. 26-28)
- Copia de la certificación que expide el rector de la Institución Educativa Los Fundadores, señor Gustavo Zamudio, con fecha del 20 de febrero de 2004. (F. 32)
- Copia del certificado de terminación de labores del señor Gilmer Sierra proferido por la Secretaría de Educación Departamental del Departamento del Quindío, con fecha del 13 de febrero de 2004. (F. 33)
- Copia informal de un cuaderno en el que los celadores de la Institución Educativa Los Fundadores firman la entrega y la recepción del turno de celaduría en los años 2007, 2008 y 2009. (F. 42-107)
- Copia de la Orden Directa Nº 140 suscrita entre el Municipio de Montenegro y el señor Gilmer Sierra García, con fecha del 4 de abril de 2001. (F. 166-168)
- Copia de la Orden Directa Nº 0257 suscrita entre el Municipio de Montenegro y el señor Gilmer Sierra con fecha del 1 de abril de 2002. (F. 170-171)
- Copia de la Orden Directa Nº 0356 suscrita entre el Municipio de Montenegro y el señor Gilmer Sierra con fecha del 2 de mayo de 2002. (F.172-173)
- Copia de la Orden Directa Nº 0402 suscrita entre el Municipio de Montenegro y el señor Gilmer Sierra con fecha del 4 de junio de 2002. (F. 174-175)
- Copia de la Orden Directa Nº 0538 suscrita entre el Municipio de Montenegro y el señor Gilmer Sierra con fecha del 3 de julio de 2002. (F. 176-177)
- Copia de la Orden Directa Nº 0586 suscrita entre el Municipio de Montenegro y el señor Gilmer Sierra con fecha del 5 de agosto de 2002. (178-179)
- Copia de la Orden Directa Nº 0647 suscrita entre el Municipio de Montenegro y el señor Gilmer Sierra con fecha del 15 de septiembre de 2002. (F. 180-181)
- Copia de la Orden Directa Nº 0699 suscrita entre el Municipio de Montenegro y el señor Gilmer Sierra con fecha del 16 de octubre de 2002. (F.187-188)
- Certificación emitida por la Secretaría de la Subsecretaria de Asuntos Administrativos del Municipio de Montenegro respecto al tipo de vinculación de Gilmer Sierra, con fecha del 12 de mayo de 2009. (F. 238)
- Copia de la certificación suscrita por la Profesional Universitaria de Jefatura de Personal del Municipio de Montenegro Quindío, con fecha del 27 de enero de 2005. (F. 239)
- Copia del requerimiento efectuado por la Secretaria de Gobierno del Municipio de Montenegro a Gilmer Sierra con el fin de que se le entregue el bien inmueble, con fecha del 12 de octubre de 2006. (F. 34)
- Copia de la demanda abreviada de restitución de la posesión interpuesta por el Municipio de Montenegro en contra del señor Gilmer Sierra. (F. 35-41)
- Copia de la contestación de la demanda del señor Gilmer Sierra en el proceso de restitución de la posesión iniciado por el Municipio de Montenegro. (F. 108-110)
- Copia de la sentencia del Juzgado 2 Promiscuo Municipal de Montenegro por medio de la cual se resolvió el Proceso Abreviado para Restitución de la Posesión iniciado a instancias del Municipio de Montenegro, con fecha del 13 de noviembre de 2008. (F. 114-122)
- Cuaderno numero dos del expediente.
- Copia de la comunicación surtida por la Secretaria de Educación del Municipio de Montenegro a la Institución Educativa los Fundadores, con fecha del 23 de julio de 2003. (F. 29)
- Oficio del Rector de la Institución Educativa los Fundadores respecto de la planta de celadores que han laborado en dicho establecimiento, con fecha del 12 de mayo de 2009. (F. 235- 237)
- Copia del oficio suscrito por el Rector de la Institución Educativa Los Fundadores, José Luis Marulanda, dirigido a la Alcaldesa Municipal de Montenegro, con fecha del 2 de diciembre de 2008. (F. 250)
- Copia del oficio suscrito por el Rector de la Institución Educativa los Fundadores señor José Luis Marulanda Acosta dirigida a la Secretaría de Educación Departamental, con fecha del 16 de enero de 2008. (F. 252)
- Copia del oficio suscrito por el Rector de la Institución Educativa los Fundadores señor José Luis Marulanda Acosta dirigida a la Secretaría de Educación Departamental, con fecha del 30 de enero de 2009. (F. 253-254)
- Copia del oficio suscrito por el Rector de la Institución Educativa los Fundadores señor José Luis Marulanda Acosta dirigida a la Secretaría de Educación Departamental, con fecha del 28 de enero de 2009. (F. 255)
- Copia de la partida de bautismo, proferida por la Parroquia Nuestra Señora de Valvanera de Pereira, Risaralda. (F. 30)
- Copia de la cédula de ciudadanía del señor Gilmer Sierra García. (F. 31)
- Copia del carné de afiliación al SISBEN del señor Gilmer Sierra García. (F. 31)
- Poder especial, amplio y suficiente otorgado por el Alcalde encargado del Municipio de Montenegro a su apoderado. (F.139)
- Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Gloria Inés Gutiérrez Botero. (F. 142)
- Copia del Decreto de Encargo Nº 056 de mayo 8 de 2009. (F. 145)
- Copia del Decreto de Nombramiento Nº 001 de enero 1 de 2009. (F. 143)
- Copia del acta de Posesión Nº 02 de 2009 (F. 144)
- Copia de los documentos de posesión y credencial electoral de la titular del cargo de Alcalde. (F. 140-141)
- Copia de la comunicación surtida por el Rector de la Institución Educativa los Fundadores, Ariel Loaiza, a la Alcaldía Municipal de Montenegro, con fecha del 2 de abril de 2001. (F. 169)
- Copia del Decreto Nº 473 de septiembre 30 de 2002, “Por medio del cual se zonifica el servicio educativo, se crean las instituciones educativas y se designan los directivos, docentes para la nueva organización educativa del Municipio de Montenegro que establece la Ley 715 de 2001”. (F. 182-186)
- Copia del acta de conciliación extraproceso suscrita entre el señor Gilmer Sierra García y el Municipio de Montenegro con sus respectivos apoderados, con fecha del 24 de agosto de 2007. (F. 189-192)
- Copia del Decreto Nº 132 del 18 de diciembre de 2008 “ Por medio del cual se liquida el presupuesto general de ingresos y gastos del Municipio de Montenegro Quindío para la vigencia fiscal del año 2009” y su anexo técnico. (F. 202-226)
- Copia del oficio de la Secretaría de Gobierno y Convivencia Municipal sobre la atención a la población de la tercera edad, con fecha del 11 de mayo de 2009. (F. 227-228)
- Copia del oficio remitido por el Consejo Directivo de la Institución Educativo los Fundadores al Contralor Departamental del Quindío, con fecha del 11 de abril de 2008. (F. 251)
- Copia de la comunicación surtida por la Secretaria de Gobierno del Municipio de Montenegro al señor Gilmer Sierra, con fecha del 15 de noviembre de 2006. (F. 256)
- Copia del acta de posesión de la Gobernadora del Departamento del Quindío, con fecha del 2 de enero de 2008. (F. 272)
- Copia del Decreto Nº 1 del 1 de enero de 2008 “Por medio del cual se hacen unos nombramientos” proferido por el Gobernador del Departamento del Quindío. (F. 269-271)
Única Instancia. Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Montenegro, Quindío.
Como se indicó con antelación la prosperidad del mecanismo de amparo constitucional deprecado por el accionante, está sujeto a que se pruebe la existencia de una acción u omisión por la autoridad pública que conlleve a una amenaza o vulneración de los derechos constitucionales fundamentales. De lo hasta aquí expuesto se concluye que el señor Gilmer Sierra García no se le ha afectado el “mínimo vital”, a que se hace acreedor de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución Política.”
Aunado a lo anterior, el juez indicó que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para tramitar la naturaleza de las pretensiones que el actor alega: “No es la acción de tutela el mecanismo idóneo para establecer si la relación contractual existente entre los peticionarios y el municipio es de carácter laboral o de otro orden. Ello corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En ese orden de ideas, si el motivo de la posible vulneración de los derechos invocados en este proceso radica en que la administración pretendió desconocer las garantías laborales disfrazando relaciones de esa índole con el ropaje de la prestación de servicios independientes, el juez competente para dilucidar el punto es el que conoce de las controversias de índole laboral que se traban entre la administración y los particulares. Únicamente a él atañe definir si, pese a las formas externas del contrato, hay en verdad una relación jurídica en la que éste (sic) de por medio la efectividad de los principios y las normas del Derecho del Trabajo. Tampoco es competente el juez de tutela para decidir si a la persona vinculada con la administración en la prestación de un determinado servicio se deben reconocer o no prestaciones sociales, ni para ordenar que se la afilie a una entidad de seguridad social.”
III. ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISION
“Primero.- Ordenar que por Secretaría General se oficie al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Municipio de Montenegro, Departamento del Quindío, con la solicitud de que, en un término de quince (15) días hábiles a partir de la notificación de este auto, reciba y allegue al proceso los testimonios de las siguientes personas en relación con los cuestionarios que se detallan a continuación:
3. En el expediente reposa copia de un contrato de arrendamiento de vivienda que usted suscribió con el Señor Gilmer Sierra García con fecha del 1 de enero de 2001 ¿Por qué motivo suscribió ese contrato? ¿Por qué motivo se decidió incluir obligaciones de índole laboral en ese contrato? ¿Ese contrato se renovó? ¿Antes de este contrato hubo otros contratos de arrendamiento?
4. Gilmer Sierra García afirma que, en 2005, usted le encargó el cuidado, el aseo, la limpieza y el barrido del colegio. ¿Es eso cierto? En caso de ser cierto, ¿bajo que modalidad contractual se prestaron esos servicios?
5. En el expediente reposa que, el 30 de enero de 2004, usted expidió una certificación en la que consta que el señor Gilmer Sierra trabajó como supernumerario con funciones de celador hasta el día 15 de febrero de 2004. ¿Desde cuando trabajó? ¿Suscribió usted otros contratos de esta índole con el señor Sierra? En caso de ser así, por favor descríbalos y adjúntelos.
1. ¿Desde cuando fue usted Rector de la Institución Educativa Los Fundadores? ¿En qué período?
2. ¿El señor Gilmer Sierra habita actualmente en la Institución Educativa Los Fundadores? ¿Bajo que condiciones? ¿Tiene un contrato de arrendamiento? En caso de ser así. ¿Cuales son las condiciones del mismo? ¿Dentro de ellas se encuentra la obligación del señor Sierra de prestar vigilancia y realizar labores de mantenimiento en el colegio?
3. En el expediente del proceso reposa la copia informal de un cuaderno en el que los celadores de la Institución Educativa Los Fundadores firman la entrega y la recepción del turno de celaduría en los años 2007, 2008 y 2009. En el cuaderno aparece frecuentemente el señor Gilmer Sierra entregando y recibiendo el turno de vigilancia. ¿Cómo explica usted esa situación? ¿Trabajó el señor Gilmer Sierra como celador del colegio? En caso de ser así, ¿bajo qué condiciones?”
“1. En el expediente del proceso de tutela instaurado por el señor Gilmer Sierra contra la Alcaldía de Montenegro reposa la copia informal de un cuaderno en el que los celadores de la Institución Educativa Los Fundadores firman la entrega y la recepción del turno de celaduría en los años 2007, 2008 y 2009. En el cuaderno aparece frecuentemente el señor Gilmer Sierra entregando y recibiendo el turno de vigilancia. ¿Trabaja usted como vigilante del colegio? ¿Desde cuando? ¿Llevan ustedes un cuaderno de estas características? ¿Conoce usted por qué motivo suscribió el señor Gilmer Sierra García un cuaderno de estas características?
2. ¿A usted le consta que el señor Gilmer Sierra trabajaba para el colegio? En caso de ser así, ¿usted conocía las condiciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales Gilmer Sierra García se encontraba vinculado a la Institución Educativa Los Fundadores?”
De igual manera, en el auto de pruebas en comentó se requirió a la Secretaria de Educación del Departamento del Quindío y al Municipio de Montenegro, Departamento del Quindío:
“Segundo. Ordenar que por Secretaría General se oficie a la Secretaria de Educación del Departamento del Quindío con la solicitud de que, en un término máximo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación de este auto, responda a esta Corporación el siguiente cuestionario y allegue los siguientes documentos:
2. En el expediente consta que el señor Gilmer Sierra ha prestado servicios de vigilancia en la Institución Educativa mencionada. ¿Ha prestado el señor Sierra servicios de vigilancia o de otra índole para la Secretaria en relación con la institución mencionada? En caso de ser así, favor allegar copia de los contratos.
5. Favor remitir todos los documentos que considere importantes para la resolución de este proceso.”
“Se contesta lo que se ha venido argumentado en el proceso tutelar cuyo conocimiento se obtuvo del entonces Rector de la Institución Educativa Los Fundadores, José Luis Marulanda: según el cual anteriores antecesores de él celebraron contratos de arrendamiento con el señor Gilmer Sierra entre ellos los que se citaron en la contestación al hecho segundo de la demanda: 01 de enero de 2001 y por 12 meses, diciembre 14 de 2001 por dos meses, el de seis (6) meses suscrito entre el 14 de marzo de 2002 y septiembre de 2002.
El citado señor ha ocupado según la información del Rector un espacio como casero de la vivienda de la Institución en las fechas indicadas bajo contrato y posteriormente se negó a entregar el espacio, desde entonces deviene el conflicto entre las partes (Institución Educativa y Sr. Gilmer Sierra). Es decir el conocimiento de la relación contractual o extracontractual ha sido por información del Rector, mas no porque la entidad territorial que representó (sic) haya sido partícipe de dichas relaciones amparadas o no en un contrato, ni menos porque dichos contratos reposen en la Alcaldía de Montenegro, teniendo en cuenta que el manejo personal de las instituciones educativas y la celebración de acuerdos de diferente naturaleza no son competencia del ente territorial pues el municipio no esta (sic) certificado para la prestación directa del servicio de educación.”
“Cabe resaltar Honorables Magistrados que la Institución Educativa tantas veces mencionada pese a que esta (sic) ubicada en el ámbito territorial de Montenegro fue creada por el Departamento del Quindío según Decreto 00473 en cumplimiento de la ley 715 de 2001, considerándose que por ese solo hecho no puede ser solidario en ninguna manera de las pretensiones laborales que por vía de tutela reclama el actor, máxime cuando por competencia de ley al ente territorial no le corresponde los gastos de funcionamiento de las Instituciones Educativas públicas del Municipio.”
“Que el señor Gilmer Sierra García con cédula de ciudadanía número 3.372.079 recibió del Departamento del Quindío por intermedio de esta entidad como: Celador, del 23 de julio al 31 de diciembre de 2003 con un sueldo de $332.001, con $37.500 por subsidio de transporte y $28.805 como prima de alimentación mensuales. Del 1 de enero al 18 de febrero de 2004 con un sueldo de $357.997, con $41.600 por subsidio de transporte y por $49.080 como prima de alimentación mensuales.”
Los testimonios solicitados por la Corte Constitucional fueron practicados el 10 de noviembre de 2009. El señor Ariel Loaiza: “desde el 21 de febrero de 1971, me nombraron Director del Plantel antes citado. A partir de 1996, que empezó el Bachillerato en dicho establecimiento educativo, ya mi cargo fue el de Rector. Por consiguiente, teniendo en cuenta mi vinculación como Director y luego como Rector del colegio los Fundadores, fueron treinta y un (31) años al servicio de ese centro educativo. En cuanto al período exacto, entonces tenemos que fue desde el 21 de febrero de 1971 al 17 de enero de 2002, fecha en la cual me retiré por cumplimiento de edad de retiro forzoso; y, empecé a disfrutar la pensión de jubilación.”
El señor Loaiza manifestó que el señor Gilmer Sierra laboró en el colegio desde el 11 de diciembre de 1991. “En esa época el Municipio ni nadie nombraba celadores, vigilantes, ni personas para cuidar el colegio. Entonces por convenio se le daba la vivienda a una persona pobre bajo el compromiso de pagar un arrendamiento mensual, a bajo precio, pongamos para ese año, más o menos veinte mil pesos (…), pero en verdad, que ni él nos pagaba ni nosotros le cobrábamos, ese mismo dinero quedaba compensado como retribución por él cuidarnos el colegio. Cada año firmábamos un documento, en el que constaba que el día que el Rector necesitara el colegio no habría compromiso ni demandas de nada, que él libremente aceptaba dichas cláusulas, pues en últimas a él se le colaboraba con la vivienda. Igualmente, se dejaba la constancia que en caso de él querer retirarse de esa vivienda, avisaría con tiempo al Rector, para que éste consiguiera a otra persona. Sinceramente, éste era un comodato de uso. De esta manera así funcionó el convenio o contrato hasta marzo de 1997, cuando fue nombrado a partir de ese año, en propiedad, el señor Sierra por el Municipio de Montenegro, Quindío, ya como vigilante, haciendo ya parte de la planta de personal del municipio, pero hasta donde yo sé, antes de retirarme, él estuvo laborando como vigilante nombrado por la Secretaría de Educación Departamental, pero no sé en qué condiciones como tampoco sé ni recuerdo la fecha. Mucho menos sé qué sucedió, a partir del 18 de enero de 2002, ya retirado de la institución. (…)”.
El señor Loaiza expresó lo trascrito a continuación con relación a las funciones del señor Sierra: “El cuidaba el colegio, así como expresé anteriormente. De esa manera, se desempeñó en convenio desde 1991 hasta marzo de 1997. Después, ya fue vinculado como empleado de la Administración Municipal y luego de la Departamental, como vigilante. Como dije antes, cada año se firmaba un documento cuando estaba en convenio. Ya después, él vinculado a la Administración, no sé qué acto administrativo existiría. (…)”
En su testimonio hizo referencia a las obligaciones laborales pactadas en el contrato de arrendamiento del 1 de enero de 2001. “Muy raro que aparezca eso así, porque es como he venido expresando, era un comodato. No debe aparecer eso, pues en los mismos documentos que cada año se firmaban, decía que él no haría ningún tipo de reclamación y que él se beneficiaría con el uso de la vivienda, tanto él (sic) su propia familia. Si, desde 1991, cada año se renovaba y se firmaba el documento, con las mismas cláusulas, donde él disfrutaría la vivienda, lo cual se realizó en unión de su familia, y a cambio nos colaboraba con cuidar el colegio, pues allí no había vigilante ni el Municipio de Montenegro, Quindío, nombraba vigilante. Esos documentos los firmábamos el señor Gilmer Sierra y yo.”
Finalmente, el señor Ariel Loaiza reconoció que en 1997 le indicó al señor Gilmer Sierra que asistiera a la Alcaldía Municipal de Montenegro para que comenzaran a suscribir contratos de prestación de servicios que regirían su situación laboral con la Institución Educativa “porque siempre luché porque nombraran en propiedad a un vigilante, que nos cuidara el colegio.”
El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Montenegro también recibió la declaración del ex Rector Gustavo Zamudio Barbosa. “Yo estuve como Rector de esta Institución más o menos tres (3) años. Por el período comprendido entre el 2002 al 2005, pero no sé las fechas exactas.” Cuando fue interrogado sobre el contrato suscrito por él y por el señor Sierra en marzo de 2002 señaló: “La verdad no recuerdo haber firmado ningún contrato. De pronto como era el Municipio de Montenegro quien disponía quien (sic) vivía en las casas de las instituciones educativas, me comisionó para que el señor firmara ese documento y yo como testigo, pero nunca yo como director responsable. (…)”
El señor Sierra manifestó que en el año 2005 el entonces rector, Gustavo Zamudio Barbosa le había encargado el cuidado, el aseo, la limpieza y el barrido del colegio. Al respecto el señor Zamudio indicó: “No es cierto. El no tenía ningún vínculo de carácter laboral conmigo ni con la Institución. El simplemente era el casero del colegio, vivía ahí y disfrutaba la vivienda. Por tanto entre él y yo, no existía ningún contrato porque él dependía del Municipio. A veces el Municipio le daba contrato y otras veces no, como dije antes, a término fijo.”
El otro rector que fue interrogado para la solución del presente caso fue el señor José Luis Marulanda Acosta: “Estuve 4 años pasaditos. Desde el 11 de julio de 2005 hasta el 31 de agosto de 2009.” Acerca de las actuales condiciones en las que se encuentra el señor Sierra el ex rector manifestó: “Sí el (sic) habita allí. El ocupa la vivienda que existe dentro del colegio, no paga servicios públicos ni alquiler. Fue una concesión de la Alcaldía de mucho tiempo atrás, que desafortunadamente la misma alcaldía nunca reguló por escrito. Inclusive, en el año 2007 la Alcaldía Municipal de Montenegro, le inició un proceso de restitución de la posesión, tramitado en el Juzgado Promiscuo Municipal de Montenegro, Quindío, el cual finalizó con sentencia donde se desestimaron las pretensiones del municipio aduciendo que existió un contrato de arrendamiento entre el colegio y el señor Gilmer Sierra. No existió obligación del señor Sierra de prestar vigilancia y realizar labores de mantenimiento dentro del colegio, precisamente durante mi tiempo como Rector en varias oportunidades solicité al Despacho de la Alcaldía Municipal de Montenegro, se regulara de alguna manera, no solamente la situación de Don Gilmer Sierra, sino de todos los caseros en las escuelas y colegios del Municipio de Montenegro, ya que estas personas residían y se beneficiaban incluso no pagando servicios públicos, pero no retribuían en nada por esta especie de comodato. Nunca atendió el Municipio mi llamado.”
Finalmente, al señor Marulanda se respondió lo relativo a la copia del cuaderno informal de los años 2007, 2008 y 2009 en el que consta la entrega y recepción del turno de vigilancia: “Don Gilmer nunca tuvo la calidad de empleado del colegio, al menos durante mi mandato. A él, en calidad de casero, los celadores o porteros del colegio le entregaban las llaves al finalizar las labores, pero no significaba esto que le estuvieran entregando un turno de vigilancia. Si él firmaba era para la seguridad del portero que entregaba las llaves. Nada más significaba eso. Al señor Gilmer Sierra nunca se le asignaron funciones de celaduría por mi parte. Por consiguiente, durante mi mandato, el señor Sierra nunca trabajó como celador del colegio.”
Flor Elena Álvarez Madrigal, quien trabaja para la Institución Educativa los Fundadores fue consultada sobre la copia informal del cuaderno en el que firman la entrega y recepción del turno de celaduría en los años 2007, 2008 y 2009: “Yo soy nombrada por la Secretaría de Educación Departamental del Quindío, como auxiliar de servicios generales, pero por enfermedad profesional, salud ocupacional, riesgos profesionales y medicina laboral, hablaron con el señor Gustavo Zamudio y después por el señor José Luis Marulanda, que no podía hacer aseo en el colegio ni trabajos pesados por mi enfermedad, entonces fui reubicada por los mencionados señores en la portería, para estar pendiente de la entrada y salida de personal. Como allí no hay vigilante, entonces yo le entrego el turno a Don Gilmer Sierra, incluyendo llaves y firmamos en el cuaderno. Así hacen los otros porteros de turno cuando se nombran o no están en descanso. Eso lo hace así porque él vive en la vivienda y precisamente, cuando no hay celadores nombrados. Yo trabajo sola de nueve de la mañana a seis de la tarde, de lunes a viernes. El firma el libro porque recibe turno como si fuera celador, no sé por que se reporte (sic) así, lo hace como si fuera celador.”
De igual manera, a la señora se le preguntó acerca de las condiciones laborales del señor Sierra: “Yo lo veo ahí, ayuda en todo, portería, siembra, corta la maleza y cuida ahí. Vive todavía. Don Gilmer Sierra no tiene contrato ahora. En un tiempo atrás sí tuvo contrato con la Secretaría de Educación Departamental y me consta, que allí, por la edad, no lo volvieron a contratar.” (…) “Lo único que sé es que es un señor muy ancianito, pero muy guapo, muy responsable para trabajar, además de colaborador en todo.”
Walter López Soto, quien también trabajó en la Institución Educativa los Fundadores, fue interrogado sobre el mentado cuaderno: “Sí, soy auxiliar de servicios generales y hago de todo un poquito, entre esas, la portería del colegio. Estoy en ese colegio, desde el 29 de septiembre de 2004. Sí hay que llevar el cuaderno con esas características, hay que firmar cuando se entrega y se recibe el turno. El señor Gilmer Sierra firma, a veces un fin de semana que no laboramos o no hay auxiliares nombrados, como él es el casero, a él le debe entregar, porque allí no queda nadie más y debemos entregar a alguien. (…) Siempre he conocido a don Gilmer Sierra como el casero del colegio.”
El orden que se desarrollará para resolver dicho problema jurídico es: i) La procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el pago de acreencias laborales y solicitar la declaratoria del contrato realidad. ii) La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el contrato realidad. iii) La jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el contrato realidad iv) La naturaleza del contrato de prestación de servicios. v) La regulación del pago en especie. vi) La solución del caso concreto y las vii) conclusiones.
“(…) la tutela, por regla general, no es el mecanismo idóneo para obtener el pago de acreencias laborales, ante la existencia de otros mecanismos judiciales de defensa. Sin embargo, la tutela procederá de manera excepcional,[1] atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso, cuando (i) el medio de defensa judicial no sea eficaz; (ii) se esté en presencia de un perjuicio irremediable; (iii) se trate de una persona de la tercera edad cuyo estado de indefensión no le permita esperar los trámites propios de un proceso ordinario, y finalmente, (iv) cuando se vea afectado el mínimo vital del accionante o su familia[2]. Lo anterior, por cuanto se estaría ante una vulneración directa del derecho a la vida en condiciones dignas y justas[3], pues ante la ausencia de pago de los salarios devengados se imposibilita el cubrimiento de las necesidades más básicas de vivienda, vestido, salud, alimentación, educación y pago de servicios públicos.”
“(…) uno de los postulados desarrollados de manera más prolija en materia laboral por esta Corporación es aquel conocido como el `principio de contrato realidad` o `primacía de la realidad sobre las formalidades`[4]. Como fue señalado en sentencia C-166 de 1997, esta máxima guarda relación con el principio de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo 228 del texto constitucional como uno de los preceptos rectores de la administración de justicia. En desarrollo de esta máxima, corresponde al juez llevar a cabo un atento examen de cada uno de los elementos que rodean la prestación de servicios de manera tal que logre determinar el contenido material de la relación que subyace la pretensión de las partes que se dirigen a la autoridad judicial. En tal sentido, el operador jurídico se encuentra llamado a hacer prescindencia de los elementos formales que envuelven el contrato con el objetivo de establecer si en el caso concreto se presentan los elementos que de acuerdo al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo definen el vínculo laboral.”
“…En los casos en que excepcionalmente procede la tutela para dirimir este tipo de controversias -uno de los cuales es, como en el presente, el de la afectación del mínimo vital de la persona-, el juez debe establecer con claridad y firmeza cuál es la modalidad de trabajo existente en el caso concreto, cuáles son sus características y la situación específica, y ha de resolver, de conformidad con lo probado, lo que corresponda a la efectiva protección de los derechos fundamentales del trabajador. Y en esa tarea, está obligado a verificar los hechos, aunque desde el punto de vista formal se haya exhibido ante él una relación distinta de la laboral, con el fin de quitarle competencia y desconocer las mínimas garantías plasmadas en la legislación a favor del trabajador.”[5]
1.4. Un caso adicional en el que se analizó la procedibilidad de la acción de tutela sobre casos que implicaban la declaratoria de una relación laboral fue la sentencia T- 519 de 2009. El accionante, de 89 años, laboró para el Estado en diferentes entidades; sin embargo, al momento de reclamar su pensión el ISS la negó por falta de tiempo de servicio, pues según una de las entidades nunca existió vinculo laboral con el demandante. Al determinar la procedencia de la tutela en este caso la Corte estipuló que:
“(…) para determinar si la acción de tutela es procedente, la Corte Constitucional ha señalado dos aspectos distintos. En primer lugar, si la tutela se presenta como mecanismo principal, es preciso examinar que no exista otro medio judicial. Si no existe otro medio, o aún si existe pero éste no resulta idóneo en el caso concreto, la tutela procede como mecanismo principal para el amparo de los derechos fundamentales. Adicionalmente, en relación con la existencia del otro medio de defensa judicial, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que no existe la obligación de iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la acción de tutela. Basta que dicha posibilidad esté abierta al interponer la demanda de tutela, pues si el accionante ha dejado vencer la oportunidad para iniciar el trámite del proceso ordinario, la tutela no procede como mecanismo transitorio.[6]”
“Cuando alega como perjuicio irremediable la afectación del mínimo vital, la Corte ha establecido, en esencia, dos presunciones de afectación del mismo:[7] De un lado, cuando se dé un incumplimiento prolongado o indefinido de las prestaciones, estimándose el término de más de dos meses como suficiente para tal efecto;[8] y, de otro, un incumplimiento, aún inferior a dos meses, si la prestación es menor a dos salarios mínimos.[9] Incluso, dadas las condiciones reunidas en estas hipótesis, aunque no se presuma su afectación, todavía puede considerarse vulnerado el derecho al mínimo vital cuando el actor pruebe así sea sumariamente, que su subsistencia digna se ve conculcada por el incumplimiento. No obstante, en general, quien alega una vulneración de este derecho como consecuencia de la falta de pago de alguna acreencia laboral o pensional, debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos sumaria, pues la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor de probar, aunque sea de esa manera, los hechos en los que basa sus pretensiones.[10]”[11]
“(…) bajo la premisa de que pueden verse comprometidos los derechos fundamentales a la integridad, al mínimo vital y derechos de los sujetos de especial protección, la Corte ha procedido a analizar, bajo la noción del “contrato realidad”, si es posible derivar una relación de orden laboral de una vinculación que formalmente responde a cualquier otro orden. Desde luego, como ya se dijo, la definición de este tipo de controversias, por ser de índole estrictamente legal, deben plantearse ante la jurisdicción laboral o ante la jurisdicción contencioso administrativa, pues ellas son las competentes para conocerlas y decidirlas.
Con todo, en situaciones excepcionales, como la que se estudia, cuando el desconocimiento del principio de primacía de la realidad en las relaciones laborales vulnera derechos fundamentales de personas de la tercera edad, llegando al punto de plantear un perjuicio irremediable, o cuando los jueces han negado su aplicación de manera manifiestamente infundada, la jurisprudencia constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela con miras a la protección de los derechos conculcados. En ese sentido, la noción del “contrato realidad” parte de la estructuración fáctica de los elementos determinantes de una relación de orden laboral, éstos son: (i) prestación personal de servicios, (ii) subordinación o dependencia, lo que se manifiesta en el cumplimiento de órdenes y (iii) salario como contraprestación del servicio prestado.”[12]
2. La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el contrato realidad
2. 1. El origen constitucional de la declaratoria de una relación laboral subyace en lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución al enunciar la “primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales”. En dicho enunciado normativo se prescriben los principios mínimos fundamentales que deben regir el estatuto del trabajo. La Corte Constitucional ha establecido que, a pesar de que este estatuto no haya sido promulgado, estos principios de actuación deben ser interpretados de manera directa de la Carta.[13]
2.2. En este acápite se realizará un recuento sobre ciertos casos en los cuales la Corte Constitucional ha declarado la existencia real y efectiva de una relación laboral, con el fin de contrastar las reglas jurisprudenciales allí enunciadas con los presupuestos fácticos del presente proceso. La Corte Constitucional ha subsumido, en los distintos casos que ha abordado el tema, los requisitos prescritos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 1 de la Ley 50 de 1990, para desarrollar el enunciado constitucional de la prevalencia de la realidad sobre la forma en materia laboral:
2.3. En la sentencia T-180 del 2000 el accionante interpuso acción de tutela contra el Municipio de Túquerres por violación de sus derechos constitucionales al trabajo y a la seguridad social. En dicho caso el tutelante había sido nombrado vigilante en la Escuela de Varones Nº 1 “Don Bosco” de la ciudad de Túquerres y dentro de un plan de reestructuración llevado a cabo en 1995, la administración municipal le comunicó la decisión de retirarlo, sin que se le hubiera cancelado ningún valor por concepto de indemnización. No obstante lo anterior, en forma verbal se le pidió que continuara laborando como vigilante, cumpliendo horario y sin ninguna contraprestación de salarios. El peticionario era de avanzada edad.
Por ello, el contrato de trabajo no tiene que constar por escrito, lo cual significa que la existencia jurídica del vínculo laboral no está ligada a documento alguno sino a la relación efectiva. El documento suscrito por las partes solamente sirve para regular con mayor precisión las relaciones recíprocas, laborales y económicas, en un plano de libre y voluntario acuerdo. Pero, si no lo hay, no por ello desaparece ni se desdibuja el convenio (...)”
“el mínimo vital está compuesto por aquellos `requerimientos básicos indispensables para asegurar la digna subsistencia de la persona y de su familia`, especialmente en lo relacionado con su alimentación, vestido, educación, vivienda y seguridad social. Así mismo, la jurisprudencia Constitucional ha precisado que el mínimo vital es una institución de justicia elemental que se impone aplicar, como repetidamente lo ha hecho la Corte Constitucional, en situaciones humanas límites producidas por la extrema pobreza y la indigencia cuando quiera que frente a las necesidades más elementales y primarias, el Estado y la sociedad no responden de manera congruente y dejan de notificarse de las afectaciones más extremas de la dignidad humana”.
2.6. Igualmente, se tiene que anotar que en la sentencia en comento se arguyó la afectación del derecho al mínimo vital, como requisito de procedebilidad de la acción de tutela para este tipo de casos. Dicha afectación debe reunir las siguientes condiciones:
Por lo tanto, considera la Corte que la relación entre quien ve afectado su derecho al mínimo vital y quien lo afecta ha de ser una relación de carácter laboral. Por eso, procede ha (sic) estudiar las relaciones laborales; en primer lugar, establece que no procede la protección por medio de tutela cuando media un contrato de prestación de servicios; “sin embargo, la Corte también ha manifestado que en ciertos eventos, las circunstancias fácticas demuestran que en un caso concreto puede existir una relación laboral, oculta bajo la figura de un contrato de prestación de servicios. Por tal razón, resulta indispensable analizar en cada situación, si efectivamente se dan los supuestos para concluir que en realidad existe un contrato de trabajo, y que por tanto debe protegerse el salario. Así lo indicó la Corte en la sentencia T – 500 de 2000, en donde señaló que la denominación “contrato de prestación de servicios” no afecta la viabilidad de la tutela, si en realidad puede probarse una relación laboral.”[14]
2.7. Por otra parte en la sentencia T-426 de 2004 la accionante trabajó 14 años realizando servicios varios en el Colegio Misael Pastrana Borrero Paz y Futuro, sede San Mateo de la ciudad de Cúcuta. No obstante en un momento se le dejó de cancelar su salario, intentó la conciliación pero fracasó. Sin embargo, el Colegio alegó que no había registro de una relación laboral con ella. Por este motivo, ésta solicitó que se le ampararán sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida y a la dignidad humana.
Para resolver este caso la Corte reiteró los criterios que se expusieron en el acápite 2.2 de esta providencia sobre la declaración de la relación laboral. Por ello, en este caso, la Sala verificó dichos elementos y además se vislumbró que se le había afectado a ella y a su familia su derecho al mínimo vital; razón por la cual procedió a conceder el amparo solicitado.[15]
“(…) se advierte que, si bien los contratos de prestación de servicios excluyen cualquier tipo de relación laboral, es claro que en algunas ocasiones el mismo es utilizado tanto por los empleadores privados como públicos para distraer la configuración de una verdadera relación laboral y el pago consecuente de las prestaciones que se originan en este tipo de relación. En la misma sentencia también se recuerda que los elementos que configuran la existencia de un contrato de trabajo son el salario, la continua subordinación y la prestación personal del servicio.
Para tal efecto, se expone que se deben establecer los supuestos fácticos de cada caso concreto para lo cuales necesario acudir a indicios, con base en el contrato realidad, que permitieren inferir la estructuración de una relación laboral.” (Subrayado fuero del texto original)
2.9. Igualmente, la sentencia T-1109 de 2005 también constituye un precedente importante para la solución del presente proceso. En ese caso, el accionante se desempeñó en virtud de sucesivas órdenes de prestación de servicios expedidas por la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, en forma ininterrumpida, como celador del Instituto Docente Normal Superior de dicha ciudad, desde el mes de junio del año 2002. Fue hospitalizado el 3 de septiembre de dicho año pues se le diagnosticó Epoc Severo Cardioplegaria y se le dictaminó una incapacidad inicial de 30 días, que venció el 15 de enero de 2005, la cual se fue prorrogando en forma periódica hasta el 16 de mayo de 2005, fecha en la que le prescribieron oxígeno de por vida. El peticionario aseguró que el 1 de marzo de 2005, fue citado en la Secretaría de Educación para suscribir un contrato de prestación de servicios, en aras de continuar con la labor de celador que venía desempeñando, contrato que inicialmente se negó a firmar por el hecho de estar incapacitado, pero a pesar de ello fue obligado a hacerlo.
Para solucionar ese caso, la Corte indicó lo siguiente: “Como fue señalado en sentencia T-992 de 2005 `En conclusión, el principio de primacía de la realidad en las relaciones laborales permite determinar la situación real en que se encuentra el trabajador respecto del patrono, la realidad de los hechos y las situaciones objetivas surgidas entre estos. Debido a esto es posible afirmar la existencia de un contrato de trabajo y desvirtuar las formas jurídicas mediante las cuales se pretende encubrir, tal como ocurre con los contratos civiles o comerciales o aún con los contratos de prestación de servicios`.”
2.10. Por otra parte, en la sentencia T- 021 de 2006 se acogió la teoría del contrato realidad para solicitar la protección de los derechos fundamentales de una mujer embarazada. La accionante empezó a trabajar en un establecimiento de comercio, desempeñando labores de secretaría y oficios varios. El propietario y administrador del establecimiento señalado, negó esa situación; en cambio, afirmó que la actora nunca estuvo vinculada laboralmente a su establecimiento y que la relación de la accionante con su empresa se circunscribía a la prestación de servicios varios de manera ocasional, de acuerdo con las necesidades del negocio. Luego la actora quedó en estado de embarazo. La demandante le comunicó de manera verbal esta situación al empleador, lo cual fue negado por el propietario del establecimiento. En razón de su estado de embarazo, el demandado dio por terminado su contrato de trabajo.
Para resolver el problema jurídico planteado en esta providencia la Corte indicó: “Esta Corporación ha establecido, a través de reiterados pronunciamientos, que, de acuerdo con el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas[16], independientemente de la denominación que se le dé al contrato o a la relación por virtud de la cual una persona presta sus servicios personales a otra, si en la práctica se comprueba la existencia de unos elementos específicos, definitorios de una relación de trabajo, será necesario concluir que el vínculo existente es de carácter laboral.”
2.11. Siguiendo con la jurisprudencia en torno al contrato realidad en la sentencia C-960 de 2007[17] se reitera el precedente explicado con relación a la prevalencia de la realidad sobre la forma y sostiene que el rasgo definitorio de la relación laboral es la subordinación durante la prestación personal del servicio:
“De acuerdo a lo anterior, cuando se hace referencia a una “relación laboral” se debe entender que ésta no depende de la clasificación que se le haya dado al contrato formalmente celebrado sino de las condiciones reales en las que se desarrolla la actividad. Por lo tanto, si se encuentran los elementos esenciales mencionados, se deberá entender que existe una relación de tipo laboral con todas las implicaciones que ello tiene.
De otra parte, la Corte ha destacado que el elemento determinante y diferenciador de la relación laboral es la subordinación.” (Subrayado fuera del texto original)
“(…) sabido es que el artículo 53 constitucional consagra como un principio mínimo fundamental la `(…) primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales (…)`. A partir de esta disposición constitucional, se ha hablado de la noción del “contrato realidad”, que parte de la estructuración fáctica de los elementos determinantes de una relación de orden laboral sin importar el nombre o denominación que los intervinientes les pongan.
Ahora bien, en principio, la determinación de la ocurrencia de estos elementos implica una labor que no se encuentra dentro del ámbito del juez de tutela, por lo que debe acudirse a la jurisdicción ordinaria para que sea el juez laboral quien con su decisión zanje el conflicto planteado y determine la naturaleza y condiciones de la relación existente. Sin embargo, en ciertos casos y bajo la premisa de que pueden verse comprometidos los derechos fundamentales de una forma irremediable, la Corte Constitucional ha procedido a analizar, bajo la noción del “contrato realidad”, situaciones y casos específicos.” (Subrayado fuera del texto original)
“El contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestra la subordinación o dependencia respecto del empleador, y en ese evento surgirá el derecho al pago de prestaciones sociales en favor del contratista en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo. (…) En este orden de ideas, no puede desconocer la Sala la forma irregular como ha procedido la entidad demandada, utilizando contratos de prestación de servicios para satisfacer necesidades administrativas permanentes. En estas condiciones la modalidad de contrataciones sucesivas para prestar servicios se convierte en una práctica contraria a las disposiciones atrás señaladas, pues la función pública no concibe esta modalidad para cumplir los objetivos del Estado en tareas que son permanentes e inherentes a éste. La Sala conforme a la preceptiva de que trata el artículo 85 del C.C.A. considera que en este caso específico hay lugar a la reparación del daño, en razón a que la actora tiene pleno derecho a devengar los mismos salarios y prestaciones que devengan los empleados públicos del municipio. Lo cual quiere decir también que las sumas que se causen en su favor habrán de expresarse como reparación del daño causado, tal como lo autoriza el artículo 85 del C.C.A.. Así las cosas, resulta procedente reconocer en favor de la demandante, a título de indemnización, el equivalente a las prestaciones sociales que perciben los empleados públicos docentes del Municipio”.
“(...) De conformidad con el artículo 1 del Decreto 3074 de 1968 y el artículo 6o. y 7o. del Decreto 1950 de 1973, no puede existir empleo sin funciones cabalmente definidas en la ley o el reglamento por mandato constitucional, y el desempeño de funciones públicas de carácter permanente en ningún caso es susceptible de celebración de contratos de prestación de servicios. Para el ejercicio de funciones públicas de carácter permanente deberán crearse los empleos correspondientes. Así las cosas, dirá la Sala que las funciones públicas de carácter permanente asignadas por la ley a los cargos públicos solo las puede ejercer una persona natural, que así adquiere el carácter de trabajador estatal, y para ello debe prestar personalmente el servicio”.
“Como ya lo ha expresado la Corporación, para acceder a un cargo público se deben cumplir todos y cada uno de los requisitos señalados en la Constitución y en la Ley. La circunstancia de trabajar para el Estado, no confiere la condición de empleado público” [18]
“El contrato de prestación de servicios no puede constituirse en un instrumento para desconocer derechos laborales y conforme a ello, en aras de hacer triunfar la relación laboral sobre las formas que pretendieron ocultarla, es dable acudir a los principios constitucionales del artículo 53 de la C.P. que contempla la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, con la finalidad de exigir la especial protección del derecho, en similares condiciones a quienes realizan la misma función pero en condición de servidores públicos.
- Significa lo anterior, que los derechos laborales por comportar el carácter de irrenunciables, no pueden menoscabarse por acuerdos de voluntades que disfracen la relación laboral que surge ab initio,
Obedece lo anterior, a que la vinculación de la demandante no fue en condición de empleada pública y por ello, no le asiste el derecho al reconocimiento de los salarios en las condiciones reclamadas, en tanto las formalidades sustanciales de derecho público no pueden ser pretermitidas y no pueden suplirse en aras de alcanzar el status de cualquier empleado oficial que ha sido designado mediante acto administrativo, ha tomado posesión del cargo y cuyo empleo se encuentra previsto dentro de la planta de personal con la disponibilidad presupuestal pertinente.”[19]
3.6. Siguiendo con la descripción de la línea jurisprudencial del Consejo de Estado es necesario hacer referencia a la sentencia proferida el 6 de marzo de 2008 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección "A". En esa oportunidad se estudió si el demandante tenía derecho al reconocimiento del “contrato realidad” por los períodos laborados bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, mediante los cuales fue incorporado al Municipio de San Andrés de Sotavento como docente de tiempo completo. En la parte motiva de esta providencia esta Corporación manifestó cuáles son los requisitos que debe reunir un empleado público:
“Debe decirse que para admitir que una persona desempeña un empleo público en su condición de empleado público -relación legal y reglamentaria propia del derecho administrativo- y se deriven los derechos que ellos tienen, es necesario la verificación de elementos propios de esta clase de relación como son: 1) La existencia del empleo en la planta de personal de la entidad, porque no es posible desempeñar un cargo que no existe (artículo 122 de la Constitución Política); 2) La determinación de las funciones propias del cargo (artículo 122 de la Constitución Política); y 3) La previsión de los recursos en el presupuesto para el pago de gastos que demande el empleo; requisitos éstos sin los cuales no es posible hablar en términos de empleado público, a quien se le debe reconocer su salario y sus correspondientes prestaciones sociales. Además, “en la relación laboral administrativa el empleado público no está sometido exactamente a la subordinación que impera en la relación laboral privada; aquí está obligado es a obedecer y cumplir la Constitución, las Leyes y los reglamentos administrativos correspondientes, en los cuales se consagran los deberes, obligaciones, prohibiciones etc. a que están sometidos los servidores públicos”[20].”
“Por ello, y conforme al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, existía una relación laboral, creándose con el contrato administrativo una mera ficción, la cual impone la especial protección del Estado en igualdad de condiciones a la de los docentes de planta, según términos de los artículos 13, 25 y 53 de la Carta, razón por la cual el acto acusado resulta anulable.”[21]
3.8. Finalmente, es menester citar la sentencia del 17 de abril de 2008 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. En ese proceso el demandante laboró para el Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander “Ifinorte” mediante órdenes de prestación de servicios, desempeñándose en diferentes cargos del área de sistemas. En esa providencia se citó la sentencia C- 555 de 1994, mediante la cual la Corte Constitucional limitó el alcance del principió de la primacía de la realidad en el entendido que su declaratoria no implica desconocer los principios de la función pública y que, por tanto, las personas que despliegan su actividad laboral bajo esta característica no son empleados públicos:
“Si el Juez, en un caso concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base en el artículo 53 de la CP. Sin embargo, a partir de esta premisa, no podrá en ningún caso conferirle el status de empleado público, sujeto a un específico régimen legal y reglamentario. El principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, no tiene, adicionalmente, el alcance de excusar con la mera prestación efectiva de trabajo la omisión del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales previstos para acceder a la función pública que, en la modalidad estatutaria, son el nombramiento y la posesión, los que a su vez presuponen la existencia de un determinado régimen legal y reglamentario, una planta de personal y de la correspondiente disponibilidad presupuestal.
El mencionado principio agota su cometido al desentrañar y hacer triunfar la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Y esta primacía puede imponerse tanto frente a particulares como al Estado mismo. Su finalidad no puede dilatarse hasta abarcar como función suya la de aniquilar las que son formalidades sustanciales de derecho público.”
Por lo anterior, los derechos que por este fallo habrán de reconocerse, se ordenarán no a título de indemnización, como ha venido otorgándose de tiempo atrás, sino como lo que son: el conjunto de prestaciones generadas con ocasión de la prestación del servicio y el consecuente cómputo de ese tiempo para efectos pensionales junto con el pago de las cotizaciones correspondientes, aspectos éstos que no requieren de petición específica, pues constituyen una consecuencia obligada de la declaración de la existencia de tal relación. No es, por tanto, una decisión extra-petita, pues como quedó dicho, son derechos inherentes a la relación laboral.”[22]
4.1. Para la solución del presente proceso se debe esclarecer la naturaleza del contrato de prestación de servicios y cuáles son sus características definitorias. De esta manera se puede diferenciar su naturaleza de la del contrato laboral. En la sentencia C-154 de 1997[23] se indicó que los contratos de prestación de servicios versan sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional; el contratista goza de autonomía e independencia desde el punto de vista técnico y científico y por último, esos contratos son temporales:
c. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. En el caso de que las actividades con ellos atendidas demanden una permanencia mayor e indefinida, excediendo su carácter excepcional y temporal para convertirse en ordinario y permanente, será necesario que la respectiva entidad adopte las medidas y provisiones pertinentes a fin de que se dé cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 de la Carta Política, según el cual se requiere que el empleo público quede contemplado en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.”
Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.”[24]
“(…) el principio constitucional de prevalencia de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales tiene plena operancia en el asunto sub lite, en los casos en que se haya optado por los contratos de prestación de servicios para esconder una relación laboral; de manera que, configurada esa relación dentro de un contrato de esa modalidad el efecto normativo y garantizador del principio se concretará en la protección del derecho al trabajo y garantías laborales, sin reparar en la calificación o denominación que haya adoptado el vínculo que la encuadra, desde el punto de vista formal, con lo cual "agota su cometido al desentrañar y hacer triunfar la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Y esta primacía puede imponerse tanto frente a particulares como al Estado mismo.” [25]
5. La regulación del pago en especie
“ARTICULO 129. SALARIO EN ESPECIE. Artículo modificado por el artículo 16 de la Ley 50 de 1990:
3. No obstante, cuando un trabajador devengue el salario mínimo legal, el valor por el concepto de salario en especie no podrá exceder del treinta por ciento (30%).”
5.2. Esta disposición fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad que se resolvió en la sentencia C-521 de 1995[26] en la que la Corte Constitucional afirmó que este enunciado se encontraba acorde con la Constitución y fijó los criterios a partir de los cuales se debe interpretar:
“Los diferentes pagos laborales que recibe el trabajador del empleador, clasificados en la aludida sentencia como salarios, descansos, prestaciones sociales, indemnizaciones y pagos no salariales tienen su fuente o causa en la relación laboral, a que da origen el vínculo jurídico que surge entre el trabajador y el empleador con ocasión del servicio subordinado que el primero realiza en favor de éste, aunque cada uno tenga su propia significación y respondan a objetivos diferentes, como la retribución directa por la actividad laboral, o la que cubre los riesgos inherentes al trabajo, o constituye un resarcimiento de los perjuicios irrogados al trabajador por la violación de sus derechos, o tiene el significado de una liberalidad o está destinada a facilitar la labor del trabajador, etc.”
La regulación de las relaciones de trabajo por los aludidos instrumentos, supone el reconocimiento constitucional de un amplio espacio para que se acuerden entre los trabajadores y los empleadores las condiciones de la prestación del servicio, en forma libre y espontánea, obedeciendo al principio de la autonomía de la voluntad, el cual tiene plena operancia en las relaciones laborales y resulta compatible con las normas constitucionales que regulan el trabajo, en cuanto su aplicación no implique la vulneración de los derechos esenciales o mínimos de los trabajadores, regulados por éstas y la ley.”[27]
6.3. El caso que es objeto de estudio por parte de esta corporación involucra a un sujeto de especial protección, pues el señor Gilmer Sierra cuenta con 73 años de edad. Aunado a lo anterior, según se acredita en las pruebas que obran en el expediente, el señor Sierra se encuentra en el nivel 1 del SISBEN, lo cual indica la ausencia de un ingreso mensual y de un trabajo constante y permanente para solventar sus necesidades básicas. Finalmente, con base en las pruebas que reposan en el expediente y las que fueron recaudadas en sede de revisión, la última remuneración que percibió el señor Sierra fue el 18 de febrero de 2004. Estas circunstancias permiten inferir que el derecho fundamental al mínimo vital del señor Gilmer Sierra se encuentra amenazado, lo cual torna ineficaz los mecanismos ordinarios para solicitar las pretensiones que se están solicitando. Por estas razones, la Corte considera que la presente acción de tutela es procedente y analizará el fondo de la controversia planteada.
6.4. Conforme con la jurisprudencia precitada, en la parte 2 de las consideraciones de esta providencia, las solicitudes sobre la declaración del contrato realidad deben reunir los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 1 de la Ley 50 de 1990: la prestación personal del servicio, la continua subordinación o dependencia del patrono y la contraprestación económica. Como se afirmó con antelación, en este tipo de casos los indicios permiten demostrar la existencia o no de la relación laboral cuya declaración se invoca. La Corte procederá a verificar el cumplimiento de estos requisitos en el presente proceso, para aceptar o desestimar las pretensiones del actor.
6.5. En relación con la prestación personal del servicio se puede afirmar que el señor Gilmer Sierra García trabaja en la Institución Educativa los Fundadores desde 1991 hasta la fecha. Este hecho se puede establecer, entre otros, a partir del testimonio practicado al señor Ariel Loaiza, Rector de la Institución en ese momento: “En esa época el Municipio ni nadie nombraba celadores, vigilantes, ni personas para cuidar el colegio. Entonces por convenio se le daba la vivienda a una persona pobre bajo el compromiso de pagar un arrendamiento mensual, a bajo precio, pongamos para ese año, más o menos veinte mil pesos (…), pero en verdad, que ni él nos pagaba ni nosotros le cobrábamos, ese mismo dinero quedaba compensado como retribución por él cuidarnos el colegio.”
6.6. En el mismo sentido se expresaron Luis Gómez García y José Aníbal Muñoz Cárdenas, quienes rindieron testimonio a petición del señor Sierra, al momento de comparecer a rendir declaración juramentada sobre ciertos hechos del proceso: “Conocemos al señor Gilmer Sierra García hace 14 años, más precisamente desde diciembre de 1991 el señor Gilmer entró a trabajar al Colegio Fundadores en Montenegro. Todos estos años lo hemos visto ahí en el Colegio sembrando árboles. (…) El señor Gilmer era quien hacia mantenimiento de las zonas verdes, el (sic) limpiaba los prados, sembraba árboles frutales de sombrío, hacia (sic) trabajos de jardinería, hizo sembrados de cabuya, plátano, hacía funciones de mantenimiento de alcantarillado, agua, luz (…)”.
6.7. El señor Sierra modificó su situación laboral a partir del año 1997. El Municipio de Montenegro certificó que a partir de ese año fue vinculado desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre, desde el 1 de marzo de 1998 hasta el 31 de marzo de 1998; desde el 1 de mayo de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2000; desde el 4 de abril de 2001 hasta el 3 de junio de 2001; desde el 1 de abril de 2002 hasta el 30 de abril del 2002; desde el 2 de mayo hasta el 4 de septiembre de 2002 y desde el 16 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2002. Posteriormente, la Secretaría de Educación del Departamento de Quindío vinculó al señor Sierra como supernumerario con funciones de vigilancia durante los siguientes períodos: del 23 de julio de 2003 al 22 de octubre de 2003, del 23 de octubre de 2003 al 31 de diciembre de 2003 y del 1 de enero 2004 al 18 de febrero de 2004.
6.8. Adicional a lo expuesto, los testimonios practicados al ex Rector José Luis Marulanda Acosta y a los vigilantes Flor Elena Álvarez Madrigal y Walter López Soto, permiten inferir que el señor Gilmer Sierra García presta personalmente el servicio de vigilancia en la Institución Educativa los Fundadores. A estas personas se les inquirió sobre la copia informal de un cuaderno en el que constan la entrega y la recepción del turno de vigilancia en los años 2007, 2008 y 2009. El señor Marulanda Acosta, quien se desempeñó como Rector de la Institución Educativa desde el 11 de julio de 2005 hasta el 31 de agosto de 2009 afirmó lo siguiente con relación al mentado cuaderno: “Si él firmaba era para la seguridad del portero que entregaba las llaves. Nada más significaba eso. Al señor Gilmer Sierra nunca se le asignaron funciones de celaduría por mi parte. Por consiguiente, durante mi mandato, el señor Sierra nunca trabajó como celador del colegio.”
6.9. Flor Elena Álvarez Madrigal, quien trabaja como vigilante para la Institución Educativa los Fundadores fue consultada sobre la misma copia informal del cuaderno: “(…) Como allí no hay vigilante, entonces yo le entrego el turno a Don Gilmer Sierra, incluyendo llaves y firmamos en el cuaderno. Así hacen los otros porteros de turno cuando se nombran o no están en descanso. Eso lo hace así porque él vive en la vivienda y precisamente, cuando no hay celadores nombrados. Yo trabajo sola de nueve de la mañana a seis de la tarde, de lunes a viernes. El firma el libro porque recibe turno como si fuera celador, no sé por que se reporte (sic) así, lo hace como si fuera celador.” Y agregó: “Yo lo veo ahí, ayuda en todo, portería, siembra, corta la maleza y cuida ahí. Vive todavía. Don Gilmer Sierra no tiene contrato ahora. En un tiempo atrás si tuvo contrato con la Secretaría de Educación Departamental y me consta, que allí, por la edad, no lo volvieron a contratar.” (…) “Lo único que sé es que es un señor muy ancianito, pero muy guapo, muy responsable para trabajar, además de colaborador en todo.”
6.10. Walter López Soto, quien también trabajó en la Institución Educativa los Fundadores, se manifestó en un sentido semejante al de los otros testigos: “Si, soy auxiliar de servicios generales y hago de todo un poquito, entre esas, la portería del colegio. Estoy en ese colegio, desde el 29 de septiembre de 2004. Sí hay que llevar el cuaderno con esas características, hay que firmar cuando se entrega y se recibe el turno. El señor Gilmer Sierra firma, a veces un fin de semana que no laboramos o no hay auxiliares nombrados, como él es el casero, a él le debe entregar, porque allí no queda nadie más y debemos entregar a alguien. (…) Siempre he conocido a don Gilmer Sierra como el casero del colegio.”
6.11. A pesar de que el señor Marulanda afirme que al señor Sierra no le fueron asignadas funciones de vigilancia, los demás elementos probatorios permiten inferir que él sí prestó personalmente el servicio en la Institución Educativa los Fundadores desde 1991 hasta el momento de esta providencia. En efecto, el señor Loaiza, ex Rector, reconoció el origen de la vinculación del señor Sierra a la Institución Educativa los Fundadores y explicó que por cerca de 7 años este desempeñó funciones de vigilancia y oficios varios sin percibir una remuneración económica en contraprestación. Además, las diferentes órdenes de prestación de servicios suscritas con el municipio y con el departamento indican que el actor sí desarrolló personalmente el servicio. Por contera, los testimonios de los vigilantes del colegio, quienes fueron indagados por la copia informal de un cuaderno que registra el cambio de turno, dan fe de que el accionante labora en la institución, tiene unas tareas asignadas -como cuidar el colegio los fines de semana- y que ha dejado de percibir una remuneración económica correlativa al trabajo desplegado. El acervo probatorio comentado permite inferir que el señor Gilmer Sierra prestó de manera personal el servicio de vigilancia en la Institución Educativa los Fundadores desde el año de 1991 hasta la fecha.
El 1 de enero de 2001 se suscribió el “contrato de arrendamiento de vivienda de un colegio oficial”, suscrito por Ariel Loaiza González y el señor Gilmer Sierra García, “El término de este contrato de arrendamiento es por doce (12) meses, contados a partir del primero de enero del año 2001 (…) El canón o precio del arrendamiento mensual es de veinte mil pesos ($20.000) que serán pagados por el arrendatario al arrendador en los cinco (5) primeros días de cada mes en la siguiente forma: en dinero efectivo pagará la suma de un (sic) mil pesos ($1.000) a la Tesorería del Colegio y la suma restante la pagará en trabajo, el cual consiste en: limpiar y podar los prados, conservar los alrededores del Colegio y de la vivienda en perfecto estado de limpieza y aseo incluyendo las baterías sanitarias de los estudiantes en las épocas de vacaciones, puentes y festivos.”
6.15. El testimonio practicado al señor Ariel Loaiza, ex Rector del Colegio también constituye una prueba acerca de la subordinación que existía entre el Colegio y el señor Sierra: “El cuidaba el colegio, así como expresé anteriormente. De esa manera, se desempeñó en convenio desde 1991 hasta marzo de 1997. Después, ya fue vinculado como empleado de la Administración Municipal y luego de la Departamental, como vigilante. Como dije antes, cada año se firmaba un documento cuando estaba en convenio. Ya después, él vinculado a la Administración, no sé qué acto administrativo existiría. (…)”.
6.16. Otro hecho que permite identificar el elemento de la subordinación es la declaración que el señor Gilmer Sierra rindió al momento de presentar la acción de tutela: “Desde 2004 no me renovaron contrato de trabajo dizque (sic) porque había cumplido los 65 años de edad pero aún así tuve que seguir cuidando los fines de semana, sábados, domingos y festivos, haciendo aseo en el colegio, limpiando jardines (…) Mi trabajo durante el tiempo que he permanecido en el colegio ha consistido en celaduría, mantenimiento de las instalaciones, aseo, limpieza, barrido con mi esposa, jardinería, organización de los prados, pido venenos para las hormigas (sic) me lo traen lo (sic) hecho, he puesto tejas de eternidad en las aulas, organizo las llaves de paso para el agua potable, candados para puertas, organizo pupitres, sillas.(…) Yo he seguido en oficios varios y haciendo vigilancia los sábados (sic) domingos y festivos y (sic) 24 horas cuando no se ha designado la vigilancia en horas hábiles.” Observa de todas formas la Sala que carece de coherencia utilizar la edad de retiro forzoso, como argumento para la desvinculación de Gilmer Sierra García de la Institución Educativa, cuando se afirma de manera simultánea que este no es trabajador de dicho establecimiento.
7.1. Como conclusión, la Corte considera que en el presente caso se configuraron los presupuestos jurídicos de un contrato realidad. El trabajo desplegado por el señor Sierra García estuvo revestido de diferentes formas jurídicas que no casan con la auténtica naturaleza de las funciones y de la relación que éste asumió en la Institución Educativa los Fundadores. En un momento, el contrato de prestación de servicios, prescrito en la Ley 80 de 1993, fue el mecanismo adoptado por el municipio para regir la relación del señor Sierra con la Institución Educativa los Fundadores, a pesar de que sus características difieren de la situación objetiva del señor Sierra. En un segundo momento, la Institución acudió a los denominados contratos de arrendamiento los cuales estipulaban dos tipos de obligaciones: por una parte las de tipo civil, respecto al uso y goce del bien inmueble en el que habita el señor Sierra García y, por otra parte, las de tipo laboral que prescribían de manera precisa las responsabilidades que el demandante tenía con el colegio. Y por último, la Secretaría Departamental del Quindío persistió con las órdenes de prestación de servicios. Como se demostró, la situación objetiva del señor Sierra contrasta con las formas jurídicas adoptadas por parte del municipio, de la institución y de la gobernación.
7.2. Este comportamiento riñe de manera meridiana con los postulados constitucionales que rigen el derecho al trabajo. Según el artículo 1 constitucional, Colombia es un Estado Social de Derecho “fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran”. De igual forma, el artículo 13 constitucional prescribe que “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. El artículo 25 de la Carta enuncia que “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.” El artículo 48 de la Constitución enuncia: “Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.”
7.3. Bajo estos enunciados, mantener a una persona de 73 años de edad, que hace parte del nivel 1 del SISBEN realizando funciones de celaduría y demás oficios en un establecimiento educativo, sin reconocerle sus derechos laborales más elementales implica un comportamiento ajeno a la parte dogmática de la Constitución Política de 1991 y a las reglas jurisprudenciales establecidas por la Corte Constitucional en materia de contrato realidad. Por este motivo, la decisión de esta corporación en este caso particular procurará cesar la vulneración a los derechos fundamentales del accionante por parte de la Institución Educativa y definir los términos de la relación existente acorde a la dignidad humana, entendida como vivir bien, vivir sin humillaciones y vivir como se quiere.[28]
7.7. Sobre esta particular situación, es preciso hacer referencia a la sentencia T-472 de 2009 cuyos presupuestos fácticos coinciden, en ciertos aspectos, con la presente providencia[29]. Uno de los argumentos determinantes que primó en tal ocasión fue el principio de la confianza legítima el cual ha sido “utilizado por la jurisprudencia de esta Corporación como un mecanismo para armonizar y conciliar casos en que la administración en su condición de autoridad, por acción o por omisión ha creado expectativas favorables a los administrados y de forma abrupta elimina esas condiciones.” Acorde a este principio la Corte determinó en esa ocasión:
“En este orden de ideas, la administración local, al percatarse de la problemática del caso, debió planificar las posibilidades de reubicación del accionante y su familia, circunstancia que se pudo haber dado a través de diversos programas desarrollados por la autoridad municipal; incluso atendiendo a que de por medio se encuentran sujetos de especial protección, debió estudiar y adelantar planes de vinculación a planes diseñados para grupos de población vulnerable que les apoyara en este proceso, verificando, por ejemplo, la vinculación al régimen subsidiado en salud del núcleo familiar. Igualmente, era pertinente el estudio de la posibilidad de la inclusión en programas de vivienda de interés social adelantados por la administración local, con el fin de hacer menos traumática, la adecuada, pero desproporcionada orden de diligencia de desalojo adelantada.”
7.9. Las órdenes que se han de proferir en el presente caso deben resolver la controversia adoptada teniendo en cuenta las reglas jurisprudenciales esbozadas con antelación y los diversos pagos que el señor Sierra García percibió, tanto en dinero como en especie, desde diciembre de 1991 hasta la fecha. Por tanto, deberán tenerse en cuenta las remuneraciones que éste recibió por concepto de los múltiples contratos de prestación de servicios que él suscribió con el Municipio de Montenegro y con el Departamento del Quindío, referenciados en el numeral 6.7 de esta providencia, a efectos de realizar una compensación de cuentas con el valor total que se adeuda y también debe tenerse en cuenta el tiempo durante el cual el señor Gilmer Sierra habitó en las instalaciones del colegio así como el pago de los servicios públicos que realizó el municipio en su beneficio.
7.10. De igual forma, según los numerales 5.1. a 5.4. de esta providencia, se deberá calcular el monto correspondiente al pago en especie sufragado por el Municipio de Montenegro desde diciembre de 1991 hasta la fecha. Para este propósito, teniendo en cuenta que las partes no fijaron el valor del mismo, se comisionará al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Montenegro con el fin de que ordene la práctica de una prueba pericial que estime el valor real de este concepto, siempre y cuando, no sea superior al 30% del salario mínimo legal que el señor Sierra devengaba. A juicio de esta Sala de Revisión, el pago de dicha prueba debe ser asumido por el Municipio de Montenegro, porque si bien es cierto que por regla general, las pruebas oficiosas deben ser pagadas por las partes,[30] las condiciones particulares del señor Gilmer Sierra, explicadas en el transcurso de esta providencia, permiten inferir que él no cuenta con los medios suficientes para sufragar este tipo de gastos pues se afectarían las condiciones básicas para su propia subsistencia y las de su familia. Esta circunstancia coincide con lo dispuesto en el artículo 160[31] del Código de Procedimiento Civil que regula lo concerniente al amparo de pobreza. Los efectos de dicha declaración, según lo prescrito en el artículo 163 del mentado Código, son que: “El amparado por pobre no estará obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y no será condenado en costas.” De esta manera, se garantiza la igualdad real de las partes en el proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia, en los términos de la jurisprudencia constitucional[32]. A este argumento se suma el hecho de que la entidad demandada será condenada en el presente proceso, motivo por el cual, en los términos de la ley procesal, deberá asumir el valor de las costas del proceso.[33] El objetivo de esta diligencia es realizar, posteriormente, una compensación de cuentas con el valor adeudado. Finalmente, el municipio deberá cancelar los aportes correspondientes a la seguridad social a partir de la fecha en que se declaró la existencia de la presente relación laboral.
7.11. El 21 de mayo de 2009, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Montenegro, Quindío que fungió como única Instancia decidió no tutelar los derechos invocados por el demandante por considerar que esta controversia debía tramitarse ante la jurisdicción ordinaria.[34] Por las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional revocará dicha providencia y protegerá los derechos fundamentales del actor. En consecuencia, ordenará que se declare la existencia de una relación laboral entre la Institución Educativa los Fundadores y el señor Gilmer Sierra García desde diciembre de 1991 hasta la fecha.
7.12. El siguiente aspecto a analizar radica en determinar a partir de qué momento se debe ordenar el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, así como los aportes correspondientes a la seguridad social, subsistema de pensiones. La legislación laboral[35] y la Corte Constitucional[36] disponen que los derechos laborales cuyo cumplimiento no ha sido exigido ante el patrono, se extingan luego de tres años a partir del momento en que se han configurado los presupuestos fácticos y jurídicos que permiten su exigibilidad. En el evento que el trabajador ha solicitado al patrono el pago de la prestación adeudada se suspenderá la prescripción por una sola vez pero sólo por un lapso igual, es decir, por tres años adicionales. En el expediente consta que la primera actuación realizada por el señor Sierra tendiente a solicitar el pago de las acreencias adeudadas fue el 2 de enero de 2007, en ella pidió el pago de 15 años y 20 días consecutivos adeudados. Por esta consideración, para la Corte es claro que el restablecimiento de los derechos vulnerados en materia laboral, en el presente caso, tan sólo proceden desde el 2 de enero de 2004, ya que esto coincide con los tres años a partir del cual se interrumpe la prescripción. En consecuencia, el accionante está habilitado para acudir a la vía ordinaria en aras de obtener los demás rubros que el accionante considere que fueron causados en virtud de la relación laboral que se ha declarado en la presente providencia. De igual manera, es preciso aclarar que se ordenará el pago de los aportes al sistema de seguridad social, subsistema de pensiones, en tanto que es el único concepto que se relaciona directamente con el restablecimiento de los derechos que la Corte efectúa en el presente caso.
Segundo. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Montenegro, Quindío el 21 de mayo de 2009. En consecuencia ORDENAR al Municipio de Montenegro, Departamento del Quindío que, en el término de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación del presente fallo, cancele los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el 2 de enero de 2004 hasta la fecha de esta sentencia acorde con las siguientes condiciones: i) Realizar compensación de cuentas con relación al salario devengado por concepto de los contratos de prestación de servicios que suscribió el señor Gilmer Sierra con el Municipio de Montenegro y con la Secretaría de Educación del Departamento del Quindío, a partir del 2 de enero de 2004. ii) Tener en cuenta que, de conformidad con la remuneración devengada durante ese período, el salario del señor Sierra correspondía a un salario mínimo mensual legal vigente. iii) De conformidad con las conclusiones del peritaje, que se ordenará en la orden 3 de esta sentencia, realizar compensación de cuentas con respecto a los gastos de servicios públicos y alojamiento que el Municipio de Montenegro ha erogado favor del señor Gilmer Sierra, partiendo de la base que el pago por este concepto no puede ser superior al 30% del total de la remuneración mensual. iv) Los valores adeudados deberán tener en cuenta la inflación al momento de liquidar los pagos adeudados.
Tercero COMISIONAR al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Montenegro para que ordene, en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación del presente fallo, la práctica de una prueba pericial que estime el valor real del pago en especie que el Municipio de Montenegro ha cancelado a favor del señor Gilmer Sierra García desde diciembre de 1991 hasta la fecha de liquidación del contrato realidad, siempre y cuando, dicho valor no sea superior al 30% del salario mínimo legal que el señor Sierra devengaba. Los gastos de esta prueba deberán ser asumidos por el Municipio de Montenegro, Departamento del Quindío.
Cuarto. ORDENAR al Municipio de Montenegro, Departamento del Quindío afiliar al sistema de seguridad social en pensiones al señor Gilmer Sierra García y PAGAR los aportes adeudados desde el 2 de enero de 2004 hasta la fecha.
Quinto.- ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Montenegro, Quindío que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, verifique la situación personal, social y económica del accionante y su núcleo familiar, con el fin de establecer el tipo de programa estatal aplicable a su caso, ya sea a través de las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas municipales competentes, para de esta manera proceder a adelantar los trámites de inscripción en dichos programas, ya sean en materia de atención especializada en salud, alojamiento, alimentación, rehabilitación y de asistencia permanente a la población vulnerable.
[1] Ver Sentencias T-234, T-264, T-279, T-283, T-288, y 289 de 1999, entre otras.
[2] Ver sentencia T-455 de 2001.
[3] Ver sentencia T-01 de 1997.
[4] Sentencias T-286 de 1994, T-290 de 1994, T-469 de 2004, T-793 de 2003, T-489 de 1999, T-798 de 1999, T-290 de 2006, C-124 de 2004, C-425 de 2005, T-203 de 2000, T-1006 de 2004, entre otras.
[5] Sentencia T.150 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[6] Ver, entre otras, las sentencias T-871 de 1999, T-812 de 2000.
[7] Cfr. Sentencias T-259 de 1999, T-818 de 2000, T-370 de 2001, T-725 de 2001 y T-148 de 2002, T-326 de 2004, T-133 de 2005 y T-809 de 2006, T-404 de 2007.
[8] Sentencias T-362 de 2004, T-148 de 2002, T-133 de 2005 y T-896 de 2006.
[9] Sentencia T-795 de 2001.
[10] Corte Constitucional, Sentencia SU-995 de 1999, T-1088 de 2000.
[11] Sentencia T-519 de 2009.
[12] Sentencia T- 519 de 2009.
[13] Sentencia C-931 de 2004: “La necesidad de estos pronunciamientos ha obedecido al hecho constatado de que el legislador no ha expedido el estatuto del trabajo en desarrollo del artículo 53 de la Constitución, relativo, entre otros asuntos, al salario mínimo vital y móvil. Por lo cual, mientras ese estatuto no sea expedido, los alcances de los derechos y principios constitucionales sobre este tema se deducen directa y exclusivamente de la interpretación de la Constitución.”
[14] Sentencia T-335 de 2004.
[15] Otros pronunciamientos en el mismo sentido son, por ejemplo, la sentencia T- 848 de 2004 se afirmó que el contrato realidad “parte de la estructuración material de los elementos fundamentales de un contrato de trabajo, independientemente de la vinculación o denominación que el empleador adopte para el tipo de contrato que suscriba con el trabajador. Valga recordar que los elementos que configuran la existencia de un contrato de trabajo, son el salario, la continua subordinación o dependencia y la prestación personal del servicio. Ante la concurrencia de estos tres elementos, nos encontramos en presencia de un inconfundible contrato de trabajo.”
[16] Este principio en el ámbito laboral se encuentra establecido en el artículo 53 de la Carta Política.
[17] En esta sentencia se demando el parágrafo del artículo 1 la Ley 1010 de 2006 del 23 de enero, “Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.”: Parágrafo: La presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y/o comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación en el entendido de que sí en realidad existe una relación laboral, se aplicará la Ley 1010 de 2006. Tampoco se aplica a la contratación administrativa.
[18] Sentencia del 25 de enero de 2001, expediente No. 1654-2000.
[19] Una decisión semejante que se puede consultar sobre el particular es la adoptada el 21 de agosto de 2003 por la Sección Segunda del Consejo de Estado. En esa oportunidad se reconoció la existencia del contrato realidad de un educador nombrado por el Municipio mediante autorización de prestación de servicios educativos.Radicación 0370-2003.
[20] Consejo de Estado. Aclaración de voto 4294-04 M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
[21] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección "A". 6 de Marzo de 2008. Radicación Número: 23001-23-31-000-2002-00244-01(2152-06)
[22] Consejo de Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda - Subsección "A". 17 de abril de 2008. Radicación Número: 54001-23-31-000-2000-00020-01(2776-05)
[23] En esta sentencia se demandó el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. ARTICULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:
[24] Sentencia C-154 de 1997.
[25] Sentencia C-555 de 1994.
[26] Ref.: Expediente No. D-902 Demanda de inconstitucionalidad contra un segmento de los artículos 15 y 16 de la ley 50 de 1990.
[27] Sentencia C-521 de 1995
[28] Sentencia T-881 de 2002.
[29] En esa ocasión el problema jurídico que valoró la Corte, fue el siguiente: “Concierne a esta Sala de revisión establecer si la Dirección de Justicia, Orden Público y Seguridad Ciudadana y la Inspección Décima Urbana de Policía del Municipio de Ibagué, han vulnerado o no los derechos constitucionales del señor Helman Darío Álvarez y su núcleo familiar, por haber adelantado un proceso policivo de amparo al domicilio para que desalojara dos (2) aulas de una institución educativa de la red del municipio en la que a cambio de la vivienda para él y su familia, el actor se desempeñaba como celador de dicha institución previo acuerdo al que llegó 6 años[29] atrás por medio de un acta de compromiso con la junta directiva del plantel.”
[30] Sentencia C-807 de 2002: “Si bien la intención del legislador no es otra diferente a la del juez al decretar una prueba de oficio, como lo es, la búsqueda de la verdad y la efectividad de los derechos, en el ordenamiento procesal civil se establece como regla general en materia de costas procesales, que las pruebas decretadas de oficio se asumen por mitad por cada una de las partes, de tal manera que entre las dos se asume su costo durante el proceso, mientras se decide el conflicto y se determina quien es la parte vencida que en última asumirá el total de las costas, como se deduce de los artículos 179, 180 y 389 y 392 del C. de P. C.”
[31] ARTÍCULO 160. PROCEDENCIA. Se concederá el amparo de pobreza a quien no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso adquirido a título oneroso.
[32] Sentencia T-114 de 2007: “El amparo de pobreza es un instituto procesal que busca garantizar la igualdad real de las partes durante el desarrollo del proceso, permitiendo a aquella que por excepción se encuentre en una situación económica considerablemente difícil, ser válidamente exonerada de la carga procesal de asumir ciertos costos, que inevitablemente se presentan durante el transcurso del proceso. Se trata de que, aun en presencia de situaciones extremas, el interviniente no se vea forzado a escoger entre atender su congrua subsistencia y la de a quienes por ley debe alimentos, o sufragar los gastos y erogaciones que se deriven del proceso en el que tiene legítimo interés. Esta figura se encuentra regulada por los artículos 160 a 168 del Código de Procedimiento Civil, y resulta aplicable a los procesos contencioso administrativos en virtud de lo previsto en el artículo 267 del código procesal de la materia (Decreto 01 de 1984).
La importancia del amparo de pobreza radica en hacer posible que quien atraviese serias dificultades económicas y se vea involucrado en un litigio, no encuentre por ello frustrado su derecho de acceder a la administración de justicia, bien sea como demandante, como demandado o como tercero interviniente, para ventilar allí, en pie de igualdad con los otros, las situaciones cuya solución requiera un pronunciamiento judicial. Gracias a este instrumento procesal, los inopes no tendrán que verse privados de defensa técnica, representación adecuada e igualdad de oportunidades. En otras palabras, el amparo de pobreza busca garantizar que el derecho esté del lado de quien tenga la razón y no de quien esté en capacidad económica de sobrellevar el proceso.” Sobre este tema ver también la sentencia C-102 de 2003.
[33] ARTÍCULO 392. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas:
[34] “No es la acción de tutela el mecanismo idóneo para establecer si la relación contractual existente entre los peticionarios y el municipio es de carácter laboral o de otro orden. Ello corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En ese orden de ideas, si el motivo de la posible vulneración de los derechos invocados en este proceso radica en que la administración pretendió desconocer las garantías laborales disfrazando relaciones de esa índole con el ropaje de la prestación de servicios independientes, el juez competente para dilucidar el punto es el que conoce de las controversias de índole laboral que se traban entre la administración y los particulares.” (F. 263 Cuad. 1)
[35] “ARTICULO 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.
ARTICULO 489. INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente.”
En el mismo sentido el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo enuncia: “ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.”
[36] Sentencias T-488 y T-621 de 2010.
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