Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20181212s00496452761.html
Timestamp: 2020-08-11 12:09:02
Document Index: 225074814

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 1844', 'artículo 168', 'artículo 6', 'artículo 1844', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 172', 'artículo 53', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 44', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 159', 'artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 28', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 35', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 42', 'artículo 58', 'artículo 59', 'artículo 60', 'artículo 181', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 126', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 71', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 256', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 152', 'artículo 49', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1844', 'artículo 97', 'artículo 1844', 'artículo 1', 'artículo 1844', 'artículo 1342', 'artículo 1844', 'artículo 229', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 1']

49ª Sesión Ordinaria del 12 de diciembre de 2018 - C.SS
N.º 49 - TOMO 591 - 12 DE DICIEMBRE DE 2018
CUARTO PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA
49.ª SESIÓN ORDINARIA
PRESIDEN LA SEÑORA LUCÍA TOPOLANSKY Presidente y EL SEÑOR LUIS ALBERTO HEBER Primer vicepresidente
ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LA PROSECRETARIA, SILVANA CHARLONE
1)	Texto de la citación
2)	Asistencia
3) y 12) Asuntos entrados
4)	Exposiciones escritas
–	El señor senador Camy solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:
•	con destino a la señora e hijas del señor Adhemar Ernesto Basso Martínez, a sus familiares y al personal y periodistas de la emisora FM 91.7, con motivo de su fallecimiento;
•	con destino a la Intendencia de Montevideo, relacionada con la tasa por concepto del Servicio de Contralor Bromatológico e Higiénico Sanitario.
•	Se procederá de conformidad.
5)	Inasistencias anteriores
–	Por secretaría se da cuenta de que no se registraron inasistencias a las anteriores convocatorias.
6)	Aporte rural
–	Manifestaciones del señor senador Da Silva.
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Federación Rural del Uruguay, a la Mesa Nacional de Delegados de Un Solo Uruguay, a la Asociación Rural del Uruguay, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Directorio del Banco de Previsión Social y al Ministerio de Economía y Finanzas.
7)	Radio Canelones, 1570 AM
–	Manifestaciones del señor senador Garín.
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a Radio Canelones, a los medios de comunicación del departamento de Canelones, a la Asociación de la Prensa Uruguaya, a Andebu y al PIT-CNT.
8)	Ida Vitale
–	Exposición de la señora senadora Tourné por el término de veinte minutos.
–	Manifestaciones de varios señores senadores.
•	Por moción de la señora senadora Tourné y de la señora presidenta, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado a la señora Ida Vitale y a la Academia Nacional de Letras.
9)	San Gabriel
–	Proyecto de ley por el que se eleva a la categoría de pueblo a esa localidad ubicada en la 5.ª sección judicial del departamento de Florida.
•	Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.
10)	Código de ética en la función pública
–	Proyecto de ley por el que se lo declara de interés general.
•	Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.
11)	Fondo de peritajes
–	Proyecto de ley por el que se lo crea.
13) y 16) Tenencia de armas
–	Proyecto de ley por el que se prorroga el plazo establecido en el artículo 6.º de la Ley n.º 19247.
14), 17) y 20) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Michelini, Camy y Delgado.
–	Quedan convocados los señores senadores Gallicchio, Iturralde y Draper.
15)	Prórroga de la hora de finalización de la sesión
•	Por moción de la señora senadora Tourné, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de esta sesión hasta agotar el orden del día.
18)	Responsabilidad de arquitectos, ingenieros y constructores
–	Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes.
19)	Pensión a las víctimas de delitos violentos
–	Proyecto de minuta de comunicación por la que se solicita al Poder Ejecutivo su modificación.
•	Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.
•	Por moción del señor senador Pintado, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado al Poder Ejecutivo.
21)	Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a tres funcionarios
•	Concedidas.
22)	Levantamiento de la sesión
«Montevideo, 11 de diciembre de 2018
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 12 de diciembre, a las 09:30 horas, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
1.º) Exposición de la señora senadora Daisy Tourné, por el término de veinte minutos, en homenaje a la poeta uruguaya Ida Vitale, recientemente galardonada con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes.
Carp. n.º 1248/2018
Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:
2) por el que se eleva a la categoría de pueblo la localidad de San Gabriel, ubicada en la 5.ª sección judicial del Departamento de Florida;
Carp. n.º 1230/2018 - rep. n.º 796/18
3.º) por el que se declara de interés general la adecuación de prácticas de actuación en la función pública, para el fortalecimiento de la transparencia en la Administración pública;
Carp. n.º 1199/2018 - rep. n.º 807/18 y anexo I
4.º) por el que se crea el Fondo de Peritajes, administrado por la Fiscalía General de la Nación, con la exclusiva finalidad de solventar los honorarios y gastos que demanden las pericias técnicas que deban realizarse para el cumplimiento de sus fines;
Carp. n.º 1145/2018 - rep. n.º 798/18
5.º) por el que se prorroga el plazo establecido en el artículo 6.º de la Ley n.º 19247, de 15 de agosto de 2014, sobre tenencia de armas.
Carp. n.º 1234/2018 - rep. n.º 810/18
6.º) Discusión única de un proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se modifica el artículo 1844 del Código Civil y se derogan los artículos 35 y 36 de la Ley n.º 1816, de 8 de julio de 1885, referidos a la responsabilidad de arquitectos, ingenieros y constructores.
Carp. n.º 726/2016 - rep. n.º 809/18
7.º) Discusión única de un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la iniciativa de un proyecto de ley por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 19039, Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos, de 28 de diciembre de 2012.
Carp. n.º 1246/2018 - rep. n.º 808/18
8.º) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de su cargo:
– a un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Nacional de Coordinación en el Interior. (Plazo constitucional vence el 30 de enero de 2019);
Carp. n.º 1224/2018 - rep. n.º 794/18
– a una funcionaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Dirección General de Secretaría. (Plazo constitucional vence el 7 de febrero de 2019);
Carp. n.º 1233/2018 - rep. n.º 793/18
– a un funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Dirección Nacional de Vialidad. (Plazo constitucional vence el 13 de febrero de 2019).
Carp. n.º 1243/2018 - rep. n.º 795/18
Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».
2) ASISTENCIA
ASISTEN: los señores senadores Alonso, Amorín, Aviaga, Ayala, Berterreche, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Carballo, Cardoso, Carrera, Castillo, Coutinho, Da Silva, Delgado, Gallicchio, Garín, Larrañaga, Lazo, López Villalba, Martínez Huelmo, Moreira, Otheguy, Pardiñas, Payssé, Pintado, Ramos, Saravia y Tourné.
FALTAN: con licencia, los señores senadores De León, García, Lacalle Pou, Michelini, Mieres, Passada y Xavier; y, con aviso, el señor senador Iturralde.
Se retiran con licencia los señores senadores Camy y Larrañaga.
3) ASUNTOS ENTRADOS
SEÑORA PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.
(Son las 09:34).
–Dese cuenta de los asuntos entrados.
(Se da de los siguientes).
SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El Poder Ejecutivo remite mensaje por el que solicita, de conformidad con lo establecido en el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la república, la venia correspondiente a fin de designar en el cargo de fiscal letrado departamental, escalafón N, a los doctores Raúl Alfredo Iglesias Duchen y Carmelita Luján Gómez García.
–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.
La Comisión de Constitución y Legislación eleva informados los siguientes proyectos de ley:
•	por el que se prorroga el plazo establecido en el artículo 6.º de la Ley n.º 19247, de 15 de agosto de 2014, sobre tenencia de armas;
•	por el que se modifica el artículo 1844 del Código Civil y se derogan los artículos 35 y 36 de la Ley n.º 1816, de 8 de julio de 1885, referidos a la responsabilidad de arquitectos, ingenieros y constructores.
La Comisión Especial de Deporte eleva informado un proyecto de minuta de comunicación por la que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de una iniciativa por la cual se modifica el artículo 3.º y el artículo 5.º de la Ley n.º 19039, Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos, de 28 de diciembre de 2012.
–HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.
El Ministerio de Desarrollo Social remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Luis Lacalle Pou, relacionado con el apoyo alimentario brindado por el Instituto Nacional de Alimentación.
–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR LACALLE POU.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite respuesta de la Agencia Nacional de Vivienda a un pedido de informes solicitado por el señor senador Guillermo Besozzi, relacionado con juicios contra el Estado.
–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR BESOZZI.
El señor senador Carlos Camy, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento del Senado, solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:
•	con destino a familiares y personal de la emisora FM 91.7, con motivo del fallecimiento del señor Adhemar Ernesto Basso Martínez;
–HAN SIDO REPARTIDAS. SE VAN A VOTAR LUEGO DE LEÍDOS LOS ASUNTOS ENTRADOS».
4) EXPOSICIONES ESCRITAS
SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde poner a votación la remisión de las exposiciones escritas de las que se dio cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.
Se va a votar si se remiten a los destinos en ellas indicados las exposiciones escritas presentadas por el señor senador Camy.
–16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.
(Textos de las exposiciones escritas).
5) INASISTENCIAS ANTERIORES
SEÑORA PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.
(Se da de lo siguiente).
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del día 11 de diciembre no se registraron inasistencias.
6) APORTE RURAL
SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la media hora previa.
Correspondería que hiciera uso de la palabra el señor senador Coutinho, pero no se encuentra en sala. Por lo tanto, tiene la palabra el señor senador Da Silva.
SEÑOR DA SILVA.- El pasado fin de semana, en Uruguay se constató nuevamente la falta de ruralidad: en medio de la cosecha de trigo y de cebada hubo un desabastecimiento de combustible que dejó parado al núcleo agrícola uruguayo. Un ministerio ausente, que pareciera que trabaja solo los días hábiles, esperó hasta el lunes para hacer efectiva una esencialidad del más sencillo y lógico sentido común. Estamos frente a resultados; un día sin cosechar es un día en que se puede perder toda la inversión de un año, y para muestra hay que mirar un poco el clima y ver esta semana perdida.
La falta de ruralidad y el escaso sentido común respecto de lo producido es lo que sentirá también el campo uruguayo en los meses de diciembre y de enero. Durante los próximos cuarenta y cinco días el productor agropecuario deberá pagar sueldos, aguinaldos y un aumento del 7,5 % del salario de sus empleados, retroactivo al 1.º de julio. ¿Qué significa eso? Básicamente, que los derechos legítimos de los trabajadores llegan en el momento de menor liquidez del sector, es decir, a fin de año, cuando coinciden los aguinaldos y, en la mayoría de los casos, se pagan las licencias y los salarios vacacionales. El sector agropecuario paga alrededor de USD 103:000.000 anuales en salarios de sus trabajadores. El pago retroactivo del incremento significa para toda la producción agropecuaria el desembolso extra de unos USD 2:500.000, en el mismo mes del pago del aguinaldo.
Ahora bien: pasado este embudo y en pleno verano, el productor tiene que seguir haciendo frente al pago de sus impuestos, porque en enero vence un cuatrimestre del BPS y todos sabemos lo que implican las multas por no pago y las moras confiscatorias.
Nos preguntamos: en un país con conciencia agropecuaria, ¿no sería bueno postergar treinta o cuarenta y cinco días el pago del BPS, dada esta coincidencia de los desembolsos que hay que hacer? Grafiquemos: dar un respiro de treinta o cuarenta y cinco días permite cosechar y cobrar los granos sin apremio; no vender los ganados en el embudo de fin de año y aprovechar los precios de enero, que siempre son mejores; no entrar en préstamos privados que generan intereses a acreedores bancarios o, básicamente, a consignatarios de ganado, y poder tener la planificación un poquito más ordenada. Por su parte, esto no le afecta en absolutamente nada al Estado. No estamos pidiendo quitas, rebajas ni nada por el estilo, sino simplemente una excepción de sentido común, con una perspectiva productiva que permita que todo el campo pueda cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, de una manera práctica y sencilla. Y reiteramos que esto no tiene costo alguno para el Estado.
Es por eso que a través de esta media hora previa solicitamos al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco de Previsión Social que difieran treinta o cuarenta y cinco días el vencimiento del mes de enero del cuatrimestre del aporte rural.
Por último, solicitamos que nuestras palabras sean enviadas a la Federación Rural del Uruguay, a la Mesa Nacional de Delegados de Un Solo Uruguay, a la Asociación Rural del Uruguay, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Directorio del Banco de Previsión Social y al Ministerio de Economía y Finanzas.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.
–19 en 20. Afirmativa.
7) RADIO CANELONES, 1570 AM
SEÑORA PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Garín.
SEÑOR GARÍN.- Buenos días a todos.
Señora presidenta: queremos referirnos a un suceso que involucra a un medio de comunicación. Hoy se cumple un mes de que Radio Canelones –que emite desde la ciudad del mismo nombre– fuera sacada de su función de comunicación con la ciudadanía. En el dial se la ubica en el 1570 AM, aunque por estos días esa señal está en silencio. Y la razón de su silencio ha sido una agresión –la tercera que sufre– a los equipos de su planta emisora, ocurrida el pasado 12 de noviembre. Los resultados de esa agresión han sido daños generalizados del equipamiento, que impiden su salida al aire. Se pudieron constatar roturas intencionales de los equipos que estaban en operaciones en la planta emisora, pero también de otros que se tenían como reserva ante eventuales contratiempos.
La información que estamos compartiendo fue ofrecida por los titulares de la radio. Nos expresaron que estaban esperando los resultados de la investigación policial ante la denuncia por los hechos sucedidos, y que tienen bastante expectativa de que esa investigación brinde información objetiva y dé certezas sobre lo acontecido.
Hay razonables sospechas de que las roturas generadas sobre los equipamientos no han sido casuales, porque tienen la peculiaridad de haber sido hechas para provocar daños muy costosos, o directamente irreversibles, sobre los equipos. Las sospechas son inevitables por la siguiente razón: esta tercera agresión estuvo precedida de otras dos a la planta emisora, que fueron dirigidas hacia los cables que forman parte de su infraestructura. En ambos casos, los atentados hacia los cables significaron roturas, pero curiosamente no hubo hurto de elementos. Es más: en el segundo atentado a los cables tuvieron que tomarse el trabajo de desenterrarlos para poder estropearlos.
Las consecuencias ya están dichas: Radio Canelones está fuera del aire. Se trata de un medio de comunicación con una orientación editorial de defensa de la democracia, de promoción de la agenda de los derechos y de una activa difusión de las políticas públicas.
Este servicio de información y de opinión hacia la comunidad ha sido parcialmente acallado. Hemos expresado a los titulares de la radio, a sus trabajadores y a su audiencia nuestra indignación por lo ocurrido, al tiempo que les hicimos llegar nuestro aliento y solidaridad por el momento vivido. Sabemos que tuvieron la misma respuesta desde muchos otros medios de comunicación canario. No obstante, llama la atención el silencio de muchos colegas de los afectados; nos referimos especialmente a medios de comunicación capitalinos y a la propia Andebu. En épocas en las que se escucha con reiterada frecuencia y firmeza el reclamo de la libertad de expresión por los medios de comunicación, asombra la ausencia de apoyo y aliento hacia la comunidad asociada a Radio Canelones que ha sufrido estas agresiones.
Señora presidenta: buscamos informar sobre la situación de reiteradas agresiones a una radio del interior que, como consecuencia, termina parcialmente silenciada y fuera del aire, y no podemos dejar de denunciar esto. También queremos levantar la voz para alertar sobre el necesario cuidado de los medios de comunicación y la diversidad de opinión de sus emisores, instrumentos sustantivos e irrenunciables para difundir y preservar los principios de la libertad y la democracia.
En ese sentido, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras se remita a Radio Canelones, a los medios de comunicación del departamento de Canelones, a la Asociación de la Prensa Uruguaya, a Andebu y al PIT-CNT.
–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.
SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Exposición de la señora senadora Daisy Tourné, por el término de veinte minutos, en homenaje a la poeta uruguaya Ida Vitale, recientemente galardonada con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. (Carp. n.º 1248/2018)».
Tiene la palabra la señora senadora Tourné.
SEÑORA TOURNÉ.- Señora presidenta: nosotras quisimos hacer este homenaje a esta gran uruguaya, a esta poeta nacional, que ha sido y es un orgullo para este país.
Pocas veces ingresa la poesía a esta sala, cosa que es preocupante; tal vez ingrese con más facilidad el improperio, la agresión y la pasión expresada. Sin embargo, el reconocimiento a quien crea belleza me parece que es necesario, y más aún cuando se hace en vida.
A Ida Vitale la han reconocido mundialmente. Ha sido multipremiada y todos han sido premios de enorme importancia: entre ellos, ha recibido el Premio Alfonso Reyes, en México, que es un reconocimiento a la trayectoria, a los méritos, a los aportes dentro de la investigación literaria y a la excelencia de la obra del escritor; el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, otro premio de grandísima importancia; y el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca.
Tenemos en pantalla a nuestra maravillosa Ida Vitale, tan reconocida por el mundo y tan poco galardonada en su propia tierra. Por eso se me antojó oportuno que el Senado de la república –los treinta y un privilegiados electos por el pueblo– tenga la humildad de rendir homenaje a quien ha brindado al país incansables pruebas de su grandeza como artista, como mujer y como integrante del Uruguay.
Ella pertenece a la generación del 45, una generación maravillosa que también galardonó a nuestro país; una generación que cuenta entre sus integrantes con nombres de la importancia de Juan Ramón Jiménez, Mario Benedetti, Idea Vilariño, Emir Rodríguez Monegal, Ángel Rama –primer marido de Ida Vitale–, José Pedro Díaz, Amanda Berenguer, Zenobia Camprubí y Manuel Flores Mora, Maneco. Esta generación del 45 le dio un brillo intelectual profundísimo a nuestro país en una etapa muy fermental que, según los investigadores de la época, está marcada por dos hechos importantes. Uno es la publicación de El pozo, de Juan Carlos Onetti, que ya estaba premiado al ingresar a la generación del 45; era una especie de pope de esa barra intelectual maravillosa. El otro hecho cultural muy importante para el Uruguay fue la creación de Marcha, por Juan Carlos Quijano, en 1939.
Me encantó la foto que estamos viendo en la diapositiva que se exhibe en este momento; me hace acordar a mis padres. Allí están Ángel Rama, Ida Vitale, Amanda Berenguer –otra grande de la poesía uruguaya– y José Pedro Díaz. ¡Chapeau a esa generación que nos brindó tanto! Justamente, Ida escribió, supo hacer crónicas literarias en Marcha –durante mucho tiempo– y en Época.
¡Miren qué foto esta que estamos viendo! Allí están Ángel Rama al lado de Juan Carlos Onetti; del otro lado Ida Vitale y, en un primer plano, está Enrique Fierro, otro poeta que fuera su segundo marido y que después de la Dictadura fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Ese es el rango de gente que integró la generación del 45, que le dio un brillo maravilloso al Uruguay.
No voy a hacer lo consabido de contarles los premios que recibió y su obra, porque eso lo pueden encontrar en Internet fácilmente. Yo me zambullí en entrevistas y en videos para conocer a la mujer, que nunca tuve la posibilidad de conocer personalmente. Entonces, para no inventar, decidí traer algunas de las respuestas que ella dio. No soy experta en literatura ni mucho menos; me encanta la poesía, me gusta muchísimo, y la de ella, particularmente.
Para que tengamos una idea de lo que fue esa maravillosa barra de la generación del 45 –integrada por escritores, pintores, es decir, por lo mejor de la cultura– ella cuenta en una entrevista: «Amanda Berenguer y José Pedro Díaz tenían en el garaje de su casa una imprenta a la antigua. Los sábados o los domingos se organizaba una reunión de amigos, trabajábamos en la impresión desde temprano y al final tomábamos el té. En un mueble que llamaban “el burro” había varias cajitas que contenían los tipos, y en un pequeño bloque de madera uno los iba acomodando; cuando armabas una frase tenías luego que mirarla en el espejo porque, claro, estaba al revés, y resulta muy fácil confundir una b con una d. Mientras alguien componía la página, alguien más se encargaba de que el plato de la impresora estuviera perfectamente nivelado para que no quedaran partes demasiado oscuras, y así se nos iba el día entero. Era un proceso muy lento, minucioso, y había que repetirlo para cada hoja que se imprimía. Lo hacíamos casi como un juego, sin nadie que nos apresurara».
Si traemos esto a la impresora 3D y a la velocidad del celular, ¿de qué disfrutamos hoy en día cuando nos juntamos?
Creo que aprendí un montón en esta recorrida de algunas cosas que pude llegar a conocer de Ida Vitale, no solo como poetisa sino como mujer. Debo corregirme: como poeta; ella misma dice que debe llamársela poeta y no poetisa. Por lo tanto, voy a respetar su mandato, porque ella es mucho más sabia que yo. Y es un poco rebelde, me parece. No la conocí, pero eso creo. No le gusta que la encuadren en estereotipos. Cuando le preguntan si le gusta haber pertenecido a la generación del 45, ella contesta: «Yo no creo en las generaciones porque dentro de las generaciones se dan cosas muy distintas». «Creo que es un mecanismo para dar clase, para ubicar a la gente. Para ubicar una periodicidad de la literatura la tenían que meter, como sea, de alguna manera; eso ayuda. Pero no creo que agregue mucho, un poco sí, claro», porque el contexto cuando escribía Julio Herrera que cuando escribieron los que vinieron después no es el mismo, algo cambia.
Esto delata esa voluntad –que luego también se expresa en su poesía– de no permitirse encasillar con facilidad en ningún tipo de poesía. Creo que ella escribe una poesía maravillosa, sensible, simple y a la vez compleja. Esto me hace recordar que en su niñez ella crece en una casa donde la cultura era algo cotidiano. Ella cuenta que en su casa todos los días se recibían cuatro diarios y que en cada uno había menciones a la poesía. Entonces, su acercamiento a la poesía es precoz, y me parece maravillosa la forma en que ella cuenta cómo fue ese descubrimiento: como la impresión de lo que ella luego hará como poeta. Dice que su primer contacto con la poesía fue en sexto año de escuela. Un día, cuando era escolar, su maestra lee un poema de Gabriela Mistral, y ella dice que no lo entendió; que la atrajo y la dejó pendiente, pero que no logró entenderlo, y que ese contacto con la poesía le develó el misterio que esta debe tener, el lugar que tiene el lector en la poesía.
Luego de ese aprendizaje en sexto año, ella también empieza a escribir, a garabatear algo; dice que pretendía hacer un poema, pero que después lo dejó en un cajón, y cuando lo volvió a leer, lo rompió; no duró ni quince días.
Esto también habla de esa Ida que busca con exigencia su mejor manera de ser. Y esto lo repite. En la diapositiva que vemos está leyendo justamente uno de sus libros: Poesía reunida, que tiene sus poemas desde el inicio, en el 49, año en que publica su primer libro, hasta el 2015. Son maravillosas. Recomiendo que este verano, cuando tengan un rato, lean poesía. Es muy bueno leer poesía.
Recuerdo haberlo comentado alguna vez con algún compañero político que me decía: la poesía es emoción y filosofía. Y es verdad: leyendo a los grandes poetas, de nuestro país y de otros lados, veremos que es así.
La música tuvo mucho que ver. Es un descubrimiento. Parece que estudió canto lírico en el Ateneo de Montevideo con una soprano muy importante que había venido a Montevideo: Olga Linne. Después se dedicó a la poesía y no al canto; sin embargo, si uno lee sus poemas descubre que la música está presente.
Estamos viendo ahora en la pantalla una foto deliciosa, porque habla de ella misma, de su profundidad, de su belleza, y también de ese jugar que mostraba en el tema de la imprenta, reflejado en la poesía y en esa pajarita, a la que le hace un poema, pues esa fotografía tiene un poema:
«Entonces vino a mi mano
que sin labor se engreía,
para la fotografía,
extravagante y expresa
de Daniel, la gran sorpresa
que instantánea me depara,
esa pajarita rara».
La poesía sigue y finaliza de la forma más hermosa –es mi interpretación–, hablando de esa pajarita, de papel, de origami:
«… como un pájaro entre ciento
sin canto pero encantado».
Es una verdadera belleza su decir.
Ella es muy exigente con su trabajo, no la conforma. Y aquello que yo les contaba de su primer poema, que no duró ni quince días, porque lo rompió, lo traslada luego a una exigencia cotidiana que ella tiene con su trabajo, porque le parece que al entregarlo –es lo que hace, es decir, crea y entrega a través de sus libros– debe dar lo mejor, y siempre desconfía. Al final siempre termina desconfiando de su producto y siendo enormemente exigente.
Ella cuenta que de niña una tía le había dicho que se tenía que dedicar a limpiar la biblioteca todas las semanas; esa era una manera indirecta para que ella leyera todo el tiempo, porque limpiaba la biblioteca y estaba en contacto permanente con el libro y de esa manera podía husmear y leer. Esa exigencia me parece maravillosa y tal vez es un aprendizaje que podamos hacer de su obra: cómo ser siempre mejores, cómo exigirnos. Miren lo que dice: «El diccionario no es el libro de cabecera de todo el mundo, pero a veces tendría que serlo. Yo agradezco que en una época lo tuve. Cuando era muy chiquilina decía: “¡Cuántas cosas que no entiendo!”. Y una tía me dijo: “Léete una página por noche del diccionario”. Entonces lo hice muchísimo, no puedo decir que haya leído el diccionario completo, pero sí que lo leí abusivamente».
Esto también habla de ese amor por saber. A mí me parece que a veces, de un tiempo a esta parte, nos estamos quedando tan en la superficie de las cosas y en la poca exigencia del saber que, francamente, me preocupa. Y lo digo con autocrítica. Esta es una de las cosas que aprendí de la lectura de Ida Vitale. Respecto de esa exigencia, ella con humildad dice que la recibió de Juan Ramón Jiménez, que aconsejaba a los escritores de entonces. Dice Ida: «No es que me lo haya dicho a mí, él decía que hay que escribir y ponerlo en un cajón, olvidarlo y volverlo a tomar como si fuera de otro para tener una visión más despejada de lo que uno ha hecho». Fomentaba la autocrítica del producto y exigía que cada vez fuera mejor. Por eso son tan bellos los poemas de Ida Vitale y ha sido tan galardonado y reconocido en el mundo su trabajo literario: por esa exigencia.
También le preocupa mucho –en las entrevistas surge claramente– la poca exigencia que actualmente tienen los niños y las niñas. Cuando cuenta lo del diccionario, lo de la biblioteca o que leía textos complejos, reflexiona diciendo que ahora son como muy mimados los niños, poco exigidos y que se tienen que encontrar con la dificultad del saber para mantener ese mismo misterio que ella tuvo en la escuela cuando escuchó por primera vez un texto de Gabriela Mistral. Ese mismo misterio lo reivindica para su poesía, y siento que ella busca el mejor producto posible, que nos entrega con generosidad, buscando la mejor palabra, con ese enorme valor de la palabra dada a los demás. Para eso hay que estudiar mucho.
Ella dice en una entrevista que cuando empezó a trabajar la poesía se dio cuenta de que era un trabajo en serio, que exigía mucho, que no era solo un viento de la inspiración, sino que había que hacer lo que Juan Ramón Jiménez aconsejaba: escribir, producir, dejar el producto guardado por un tiempo y luego volver a mirarlo y encontrar cosas para corregir. Esa es una actitud noble y maravillosa de sus entregas, de la que yo, francamente, quisiera aprender, para tener esa mirada crítica.
Ella valora muchísimo, además, lo que le entregó su familia. Cuando le preguntan de dónde viene ese nombre raro que tiene, ella recuerda a su familia y contesta: «de los anarquistas», porque ella es la cuarta generación proveniente de Italia y cuenta que su abuelo fue un inmigrante, no anarquista pero sí anticlerical. Y le dedica un poema que para mí es bellísimo. Si se me permite, lo voy a leer rápidamente. Leería todo, pero me estoy restringiendo, señora presidenta.
«No le conocí.
Pero su viento oscuro
aún recorría los cuartos
como para aventar una brasa de amor
que alguien guardara.
Enardeció la casa con sus catorce hijos,
eligió para algunos
agrios nombres fantásticos:
Pericles, Rosolino, Publio, Decio,
Débora, Clelia, Ida, Marc’Antonio,
Tito Manlio, Fabrizio, Miguel Ángel.
Cuando un hijo moría a poco de nacido,
el siguiente ocupaba su nombre
y así borraba el luto.
No le conocí.
Pero quizás, ya viejo,
hubiese sido blando conmigo.
No me hubiese servido».
Sigue afirmando esa exigencia que hay que tener para con el trabajo y ese enorme amor que ella siente por las palabras.
«Érase un bosque de palabras,
de posibles oh, leves leves disidencias leves,
con voz en cada una de sus hojas.
Ya nunca más, diríase,
el silencio».
Esa es nuestra Ida Vitale, esa manera de tratar las palabras de una forma maravillosa.
Creo haber respetado una voluntad que ella expresa en una entrevista cuando habla de los recitadores y las declamadoras, por las que siente horror. Entonces, apela a la lectura humilde de la poesía, como lo ha hecho en infinitas oportunidades, en distintos videos, porque esa soberbia de la declamación o el recitado enarbolado no van con el estilo de su maravillosa creación poética.
Cuando le preguntan por qué se hizo poeta, ella dice: «No sé. Uno en la vida elige o va por el camino que la vida lo lleva». Cuando le preguntan qué piensa de los premios recibidos, contesta: «Asombro y agradecimiento». Esto es, también, seña de esa humildad que solo llevan los muy grandes.
Creo que hace bien el Senado –les quiero agradecer a todos, a mi partido y a los demás, por la oportunidad que me brindaron– en reconocer a esa grande de la literatura uruguaya que es Ida Vitale, que hoy tiene noventa y cinco años. Yo creo que sigue siendo tan bella como cuando era jovencita, como pueden ver los señores senadores en la foto actual de Ida que estamos apreciando en este momento.
Voy a leer una última poesía –acá, en el Senado–, pero antes quiero agradecer a la señora presidenta por la tolerancia. Dice así:
«Por años, disfrutar del error
Ser humano y mujer, ni más ni menos».
(Aplausos en la sala).
SEÑORA PRESIDENTE.- Sugiero al Senado que las palabras de la señora senadora le sean enviadas a Ida Vitale.
SEÑORA TOURNÉ.- Solicito, además de lo propuesto por la señora presidenta, que la versión taquigráfica de mis palabras también sea enviada a la Academia Nacional de Letras.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite propuesto.
–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.
9) SAN GABRIEL
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se eleva a la categoría de pueblo la localidad de San Gabriel, ubicada en la 5.ª sección judicial del departamento de Florida. (Carp. n.º 1230/2018 - rep. n.º 796/18)».
SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.
Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Ayala.
SEÑORA AYALA.- San Gabriel es un viejo e histórico paraje que aún aparece como tal en los mapas del país. A pesar de esto es un pueblo consolidado, donde funcionan muchos servicios.
Pido disculpas por estar bastante desprevenida, pues la exposición de la señora senadora Daisy Tourné afectó mi concentración. Permítame, señora presidenta, agradecer a la señora senadora por haber desplegado la belleza de Ida a través de su belleza. ¡Muchas gracias!
San Gabriel se encuentra ubicado en los cruces de las rutas 5 y 56, a treinta kilómetros de la ciudad de Florida y a ciento diez kilómetros de Montevideo, en la 9.ª sección policial y en la 5.ª sección judicial.
El número actual de viviendas en la localidad se debe a la construcción realizada por planes de Mevir, que le ha brindado al pueblo su marco urbanístico. Esta área es un centro ganadero y lechero, y recibe fuertes inversiones que han posibilitado un importante crecimiento del trabajo en la zona.
Permítanme los señores senadores contar algo, desde mi punto de vista superimportante, que refiere a esa localidad. El año pasado, el Instituto Nacional de Colonización otorgó a cincuenta productores de San Gabriel quinientas dos hectáreas en las que se implementó un sistema de producción ovina en compartimento de bioseguridad. El convenio se firmó con la Asociación Rural de Reboledo y permite a pequeños productores de la zona desarrollar la producción y fomentar la actividad en ese lugar. El 12 de octubre, un año después de la adjudicación, los productores de esa parcela realizaron el primer embarque, que implicó la faena de setecientos ochenta ovinos –corderos, en particular– en el frigorífico San Jacinto. Esta fue la primera exportación de carne ovina con hueso realizada por el primer compartimento ovino del Instituto Nacional de Colonización, ubicado en Florida, que permitió el ingreso de productores familiares a mercados de alta exigencia, como Estados Unidos, a un precio 20 % mayor al del mercado.
Este es el resultado de un trabajo interinstitucional importante, coordinado y financiado por la Dirección General de Desarrollo Rural y la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por el Instituto Nacional de Colonización, y por organizaciones de colonos y productores. De esta manera, por un trabajo colectivo y mancomunado, se ha posibilitado levantar las restricciones sanitarias que impedían a Uruguay ingresar al mercado de Estados Unidos.
Más allá de que aún no contamos con parámetros y lineamientos claros para elevar las categorías de las diferentes localidades del país, creemos que es de suma importancia para los vecinos de esta localidad contar con la denominación de pueblo. Es por esto que la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de esta cámara sugiere elevar la localidad de San Gabriel a la categoría de pueblo.
SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.
SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.
SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: no quería dejar pasar la oportunidad de reconocer al paraje San Gabriel, una cruz de caminos que conozco desde chico. Aunque no era una parada obligada –porque era un caserío–, sí pasaba por allí el ómnibus de CITA que iba de San Ramón a Sarandí del Yi. Y, como bien se dijo, ha tenido un incremento de población bastante grande.
Quiero relatar al Senado que se realizaron enormes inversiones en esa zona, en todo el eje de la ruta 6 –básicamente de origen neozelandés–, donde hay emprendimientos lecheros que hoy son cuestionados. Somos conscientes de que quizá hubo una sobreinversión. Se hizo riego, se quiso aplicar un sistema neozelandés a rajatabla, con todo lo bueno y lo malo de la idiosincrasia uruguaya. Pero lo bueno de esto es que llevó muchísima gente.
Toda la vuelta del cristalino de Florida, que arranca en la ruta 5 hacia la ruta 7, donde cambian los campos, ha tenido una transformación grande. La ruta 56, que es famosa por las estancias de invernada, cruza con la ruta 6, y los campos cimarrones anteriores ya no son tales porque estas inversiones trajeron mucha gente.
La gente, además, necesita servicios. Estamos haciendo un relevamiento de los servicios de esas localidades, de esos pueblitos chicos –de cien, doscientas o trescientas personas–, y muchas veces constatamos que el relato oficial no condice con la realidad. Pero San Gabriel es un ejemplo del Uruguay contemporáneo, con apertura, en donde, a través de inversiones, se puede radicar gente en el campo. Lamentablemente, también es un ejemplo de cómo hoy esas inversiones están con números rojos y en tela de juicio. El Senado tiene que saber que la empresa neozelandesa fue vendida, que hoy está en manos de una multinacional, y que ahí no hay números blancos, hay números verdes; está trabajando a pérdida. Entonces, a pesar de haber sido una de las inversiones más ambiciosas de los últimos veinte años en el país en cuanto a productividad lechera –ahí se riegan las praderas, las pasturas, hay pívots por todos lados y represas en campos que son buenos–, lamentablemente hoy se constata que seguimos asistiendo a la realidad que vive el sector lechero, que mañana tendrá un grito de libertad y de rebeldía en Capurro, por parte de esas empresas lecheras que no tienen rentabilidad.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.
–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.
En discusión particular.
Léase el artículo único del proyecto de ley.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Elévase a la categoría de pueblo la localidad conocida como “San Gabriel”, ubicada en la 5ª Sección Judicial del departamento de Florida».
SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.
Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.
(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).
10) CÓDIGO DE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se declara de interés general la adecuación de prácticas de actuación en la función pública, para el fortalecimiento de la transparencia en la Administración pública. (Carp. n.º 1199/2018 - rep. n.º 807/18 y anexo I)».
Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Carrera.
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: el presente proyecto de ley nace y se discute, en principio, en los ámbitos de la coordinación del Senado, y luego la Comisión de Constitución y Legislación comienza su consideración, donde podríamos decir que alcanzamos un acuerdo político.
Este proyecto de ley fue discutido en conjunto con otros dos: uno que crea un fondo de peritaje y será informado en el día de hoy por el senador Ramos; y otro, presentado por el senador Bordaberry, que crea la figura del enriquecimiento ilícito, y lo estaríamos votando en comisión la semana que viene. Quiero destacar, señora presidenta, que el trabajo fue realizado con respeto, con altura, y que las discusiones que dimos fueron muy valiosas. Creemos que con cada uno de los proyectos presentados –tanto el que voy a exponer ahora, elevado por la bancada de senadores del Frente Amplio, como el del Partido Independiente, presentado por el senador Mieres, y el del Partido Colorado, impulsado por el senador Bordaberry– estamos aportando muchísimo a la institucionalidad republicana en nuestro país.
Lo que buscamos con el presente proyecto de ley es, justamente, legislar en torno a un tema de debate y preocupación de nuestra sociedad, que refiere a la ética y a la transparencia en la función pública. Consideramos que la ética pública y el combate a la corrupción están directamente ligados a las posibilidades de desarrollo del país, ya que los países que han logrado reducir los niveles de corrupción han podido generar un mejor ambiente para las inversiones y los emprendimientos. Pero no solo eso. La ética en la función pública dignifica la vida de los ciudadanos, la vida de nuestros habitantes, ya que estos reciben prestaciones de calidad y se aseguran un manejo responsable del dinero de todos. Y en un sistema democrático es el sistema político el que debe erigirse como principal garante de la ética y del combate a la corrupción. No debemos olvidar que la falta de ética, además de acarrear las graves y tristes consecuencias expresadas, termina siendo un factor fundamental para la pérdida de la confianza de nuestros ciudadanos en sus instituciones, y lo que es peor aún, la pérdida de la confianza en la democracia. Existen tristes ejemplos de esos problemas en nuestra Latinoamérica, donde el sistema político pierde legitimidad y, a través del rechazo a la sociedad, termina abriendo la puerta a propuestas facilistas, fascistas y autoritarias.
Más allá de esas valoraciones, tenemos que reconocer y enorgullecernos, como país, de que contamos con altos estándares éticos y bajos niveles de corrupción. ¡Eso lo tenemos que reconocer!
Considero que el trabajo que hicimos en la Comisión de Constitución y Legislación, entre todos los partidos que allí tienen representación, debe llenar de orgullo a la República Oriental del Uruguay, a nuestro país. Allí discutimos y dijimos que el país debe seguir mejorando permanentemente las herramientas jurídicas y administrativas, a fin de lograr una mayor transparencia en la gestión y en el combate a la corrupción.
Y así debemos transitar como país, tomando todo lo hecho, aggiornando el marco normativo y aumentando los mecanismos administrativos de control.
El proyecto de ley a consideración viene a establecer un Código de Ética en la Función Pública, con alcance general, buscando que las prácticas de actuación se adecuen a un marco de transparencia, profesionalización, eficiencia, y prácticas honestas y responsables. En sí, busca el fortalecimiento de la transparencia en la Administración pública uruguaya. Y cuando hablamos de Administración pública uruguaya nos estamos refiriendo a todo el Estado uruguayo: al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los Gobiernos departamentales, a las empresas públicas; ¡a todos!
Tiene por objeto sistematizar y homogeneizar, en una misma norma de jerarquía legal, un conjunto de reglas relativas al buen ejercicio de la función pública por parte de los funcionarios de todas las personas públicas estatales y no estatales.
El artículo 2.º del proyecto de ley define qué se entiende por funcionario público y expresa: «A los efectos de la presente ley se entiende por funcionario público, a toda persona que, cualquiera sea la forma jurídica de vinculación con la entidad respectiva, desempeñe función pública, a título oneroso o gratuito, permanente o temporaria, en cualquier persona de derecho público estatal y no estatal».
El artículo 3.º trata del ámbito de aplicación y establece: «La presente ley es aplicable a los funcionarios públicos que se desempeñen en:
G) En general, todos los organismos, servicios o entidades estatales, así como las personas de derecho público no estatal».
A su vez, en el título III de la norma que tenemos a estudio, los artículos 44 y 45 extienden el ámbito de aplicación a las sociedades llamadas de derecho privado, pero cuyo control y capital es de un ente estatal o no estatal. En el artículo 44 se establece básicamente lo siguiente: «Los representantes de toda persona pública estatal y no estatal en la dirección de una sociedad, asociación, consorcio o entidad de cualquier naturaleza regulada por el derecho privado, que esté integrada total o parcialmente por éstas, así como las personas físicas y jurídicas designadas como fiduciarios […] tendrán las mismas obligaciones, deberes y responsabilidades civiles, administrativas y penales que los funcionarios públicos».
Entonces, podemos afirmar que el ámbito de aplicación es delineado así por el uso de los dineros públicos como denominador común.
Debemos destacar, también, que con este proyecto de ley, junto con la creación de la figura del enriquecimiento ilícito –que estaríamos aprobando en comisión el próximo martes y votando luego en alguna de las sesiones extraordinarias que tendremos–, estaríamos dando cumplimiento a las obligaciones asumidas por nuestro país a nivel internacional, tanto en la Convención Interamericana contra la Corrupción como en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Con estos dos proyectos estaríamos dando cumplimiento in totum a las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país.
La Ley n.º 18056, de 20 de noviembre del año 2006, aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue suscrita en Mérida, México, en diciembre del 2003. El numeral 2 del artículo 8 de la citada convención dispone: «En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas».
A su vez, la Ley n.º 17008, del año 1998, aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción, que en su artículo III prevé que «los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: 1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas».
De manera que con el proyecto de ley que estamos considerando, en conjunto con la otra iniciativa, se estaría dando cumplimiento a las obligaciones que nuestro país asumió al suscribir y ratificar ambos instrumentos internacionales.
Las fuentes normativas de este proyecto de ley fueron el Decreto n.º 30/2003 y las Leyes n.o 17060, de 1998, y n.º 19121, de 2013, o sea, disposiciones con diferente jerarquía y distintos ámbitos orgánicos de aplicación. Básicamente, ese conjunto de normas se aplicaba a la Administración central y, como señalé, lo que se busca ahora es que se aplique a todo el Estado uruguayo, comprendido en los términos del artículo 3.º. Recogimos muchas disposiciones contenidas en esas fuentes normativas, pero las complementamos, en algunos casos las perfeccionamos, les dimos rango legal y ampliamos sustancialmente su extensión.
El presente proyecto de ley contiene normas de conducta para los funcionarios de todo el Estado, entendido en el sentido más amplio posible del término, es decir que comprende a la persona pública mayor y a todas las personas públicas estatales menores, así como a cada uno de sus sistemas orgánicos.
Esta norma legal innova en algunos aspectos que consideramos fundamentales. En primer lugar, en cuanto a su alcance, ya que alcanza a todo el Estado; pero, en segundo término, en ella se efectúa una precisión ampliatoria del concepto de corrupción en el sector público, pues en materia de normas administrativas aparecía más identificado con la conducta del corrompido, omitiéndose la previsión de consecuencias en el ámbito administrativo respecto del corruptor. Si bien desde el punto de vista penal la hipótesis del corruptor –es decir, el privado que incentiva el acto de corrupción– está prevista en el artículo 159 del Código Penal como delito de soborno, se entendió necesario un correlato en la vía administrativa, determinando la conducta de quien pretende corromper, induce a corromper o efectivamente corrompe a un funcionario público. Es así que en el inciso primero del artículo 12, al definir el término «corrupción», se establece: «Se entiende que existe corrupción, entre otros casos, en el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener directa o indirectamente un provecho económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para otro, se haya causado o no un daño al Estado o a la persona pública no estatal». Pero lo innovador está en lo que expresa el segundo inciso: «Se considera parte integrante del concepto de corrupción la oferta que realice una persona física o jurídica a un funcionario público, de un beneficio de cualquier especie, para sí o para un tercero, a los efectos de que cumpla con las tareas propias de su función u omita cumplirlas. Quien incurra en esta conducta quedará suspendido en la posibilidad de contratar con una persona pública estatal y no estatal y de actuar como representante, gestor o administrador de un proveedor de las mismas por un término de dos años, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que corresponda y lo que determine la reglamentación en materia de contratación con el Estado».
En ese sentido, cuando el señor fiscal de corte concurrió a la Comisión de Constitución y Legislación señaló: «Este es un paso muy significativo y, realmente, lo señalo como algo positivo. Digo, sí, que en términos generales, a nivel internacional y sobre todo en aquellos países que se regulan por las normas de la OCDE o que integran la OCDE, se ha ido bastante más allá. En este sentido, la OCDE recomienda y, de alguna manera, establece la obligación de los países miembros de avanzar un poco más allá, estableciendo, por ejemplo, lo que se conoce como responsabilidad penal de las personas jurídicas. En países como España, Chile y Colombia, entre otros, se puede responsabilizar penalmente a las personas jurídicas. Obviamente que no se está hablando de enviar a prisión o de castigar con penas privativas de libertad a una persona jurídica –lo que sería imposible–, pero sí se establece la posibilidad de sancionarla a través de un proceso penal con multas y suspensiones, e incluso con la obligación de disolverse. ¿Qué sentido tiene esto? En los casos de corrupción –sobre todo, en los que estamos viendo en América Latina– las responsabilidades pueden ser personales, pero muchas veces no se sabe qué persona, dentro de la persona jurídica, realizó los actos de corrupción. Entonces, si no se puede identificar a las personas físicas integrantes de las personas jurídicas que cometen esos actos de corrupción, no solamente ese delito quedaría impune para el privado sino que, además, la persona jurídica seguiría existiendo como si tal cosa».
Lo que vino a destacar el señor fiscal de corte fue que nosotros tenemos que seguir avanzando en el tema. Hoy vamos a votar este proyecto de ley, pero tendremos que seguir profundizando. Es más, cuando tengamos la oportunidad de analizar el Código Penal vamos a tener que prever sanciones mucho más severas para las personas jurídicas que incentivan este tipo de acciones. Tal como lo señalaron el señor fiscal de corte y el doctor Leonardo Costa, especialista en la materia, esto representa un paso significativo para nuestro país, que hoy no tenía medidas, pero sobre ello debemos seguir profundizando.
A continuación, en el capítulo III, «Prohibiciones», se establece un conjunto de normas que regulan los conflictos de intereses. El elenco de prohibiciones que aquí se consagra a nivel legal constituye concreciones de principios generales de actuación pública que deben orientar toda la actividad de los funcionarios.
Es importante establecer en el texto de la norma cuáles son los principios generales de actuación que vamos a exigir a nuestros funcionarios. En el artículo 7.º del proyecto de ley se establece un conjunto de principios rectores, que comprende: imparcialidad, objetividad y buena fe, rectitud e idoneidad, evitar toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder. Se habla de que se debe actuar de buena fe y con lealtad; dentro de la legalidad y los límites de la obediencia; con respeto; con imparcialidad; con transparencia y publicidad; con eficacia y eficiencia, etcétera. Todas estas normas son muy importantes, pues a partir de esta iniciativa, la Jutep, va a contar con un marco para valorar la conducta de nuestros funcionarios. Y esto es muy importante.
La admisión en el derecho positivo produce una transformación, ya que estamos positivizando principios éticos con los que estamos de acuerdo. Por ejemplo, la Ley n.º 19121, Regulación del Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central, enumera algunos principios generales de alto contenido ético, tales como transparencia, probidad, eficacia y la eficiencia, servicio de interés general, igualdad, imparcialidad, buena fe, responsabilidad, objetividad, equidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, entre otros. Este proyecto de ley se enmarca en las mismas líneas directrices, esto es, en los principios y deberes que, en definitiva, emergen de nuestro texto constitucional.
Me gustaría destacar tres artículos del capítulo III. El artículo 28 establece: «Los funcionarios públicos con competencia para gastar, tienen prohibido intervenir cuando estén ligados por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad, por matrimonio o unión concubinaria, con la parte que contrata con el organismo a que pertenecen». Mediante esta disposición se consagra una prohibición que pretende evitar, en forma absoluta, que en los procedimientos de contratación administrativa participen funcionarios que estén ligados por razones de parentesco. Es una disposición objetiva que impide, de forma total, que un funcionario con competencia para gastar participe en contratos celebrados entre la Administración y un tercero vinculado por razones de parentesco. Es importante destacar, también, que la prohibición de intervención es absoluta y no exclusivamente formal; no puede intervenir de ninguna manera en las etapas de formación del contrato.
Se trata, pues, de una norma que evita la conjunción de intereses entre funcionarios y el Estado, es decir, el funcionario que tiene capacidad de gastar y el que debe velar por el interés general. Al tratarse de una norma objetiva no debe valorarse la conveniencia o no de la contratación proyectada. Acá estamos prohibiendo en forma absoluta. Entendemos que en esta norma se cumplen los principios generales de contratación administrativa y de la función pública.
El artículo 30 –que también es importante– establece las prohibiciones de relaciones con actividad controlada: «Queda prohibido a los funcionarios públicos con cometidos de dirección superior, inspectivo o de asesoramiento ser dependientes, asesores, auditores, consultores, socios o directores de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se encuentren sujetas a control de las oficinas de que aquellos dependan».
Al final de esta disposición se establece algo que busca evitar las puertas giratorias o lo que se conoce como plazo de enfriamiento, pues dice: «Esta prohibición se mantendrá durante un año luego de que el funcionario respectivo haya cesado en sus funciones». Esto también es fundamental para evitar que existan funcionarios que controlen o fiscalicen la actividad de particulares con los que poseen vínculo de dependencia o asesoramiento. Se trata de la concreción del principio general de imparcialidad, que obliga a actuar sin preconceptos, favoritismos ni discriminación, sino con equidad, excusándose cuando medie cualquier circunstancia que pueda afectarla, sin perjuicio de la recusación que pueda corresponder.
La imparcialidad se impone, en primer lugar a la propia Administración, desde que su razón de ser, como instrumento, es servir al interés general y no a los de partidos, grupos, fracciones, empresas, etcétera; pero también a todos los funcionarios y sujetos que puedan tener participación en el quehacer administrativo. No se puede estar de los dos lados del mostrador simultáneamente, es decir, controlar y ser controlado. A partir de esta norma esto quedará absolutamente prohibido en el ordenamiento jurídico uruguayo, pero además –como ya lo expresamos– se prevé un plazo de un año luego de cesado el funcionario para poder participar en actividades controladas por la Administración en que revistaba. Existen sectores de la Administración –específicamente los más especializados– en los que se percibe un tránsito constante de profesionales desde el sector público al privado, lo que va en desmedro de la transparencia, la imparcialidad y, en definitiva, de la buena administración. Muchos países han establecido los denominados «períodos de enfriamiento», y esta norma genera un espacio de tiempo considerable para que los funcionarios que culminan su actividad en la administración controladora no pasen automáticamente al ente controlado. Esto es lo que se ha denominado «puertas giratorias», que a partir de la disposición que hoy votaremos se trata de evitar.
Otra disposición importantísima de este proyecto de ley es el artículo 31, que otorga rango legal a la prohibición de que los funcionarios tengan relación con actividades vinculadas. Aquí se consagra una prohibición fundamental para evitar el conflicto de intereses generado por el ejercicio de la función pública con relación a aquellas actividades con las que se encuentra vinculado de forma profesional, laboral o familiar. Con esto se busca obligar a distinguir y separar radicalmente los intereses particulares del interés superior, evitando situaciones que puedan generar conflictos reales o potenciales.
A fin de preservar los principios generales y reglas de conducta aplicables, ningún funcionario podrá mantener relaciones ni colocarse en situaciones en las que sus intereses particulares entren o puedan entrar en conflicto con el interés público, ni intervenir o vincularse con organismos que hubiere conocido o en los que se hubiera estado desempeñando por encargo de la administración a la que pertenece. La prevención de implicancias evita la corrupción, caracterizada como la irrupción del interés privado actuando por fuera de las normas en el recinto de lo público, como por ejemplo la conducta de quienes en lugar de servir al interés general se sirven de su ejercicio para su provecho.
También se refuerza el deber de los funcionarios de rendir cuentas. Siempre que se utilicen recursos públicos se debe rendir cuentas. Eso surge claramente del artículo 35 del proyecto de ley que tenemos a estudio.
SEÑORA PAYSSÉ.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
SEÑOR CARRERA.- Con mucho gusto.
SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora senadora.
SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: en orden a la economía de tiempo y habida cuenta del excelente informe que está haciendo el señor senador Carrera, simplemente quería intervenir por medio de una interrupción para reforzar alguno de los conceptos que planteó, que me parece que fueron magníficamente enunciados y analizados.
Este proyecto de ley, que contiene cuarenta y seis artículos, fue presentado por la bancada del Frente Amplio, pero se convirtió en una iniciativa de cuantos integramos la comisión, habida cuenta de que aquello que favorezca la ética en la función pública debe ser un compromiso de todos los partidos políticos. Por esta razón reitero mi beneplácito, no solo por su aprobación, sino también por el exhaustivo informe que está realizando el señor senador Carrera.
Esta iniciativa ataca el corazón de muchos de los conflictos que tenemos a este respecto, pero también da rango de ley al Decreto n.º 30/2003, que a esta altura creo que merece tener tal jerarquía. También ataca lo que tiene que ver con los conflictos de intereses. En la Comisión de Constitución y Legislación se trabajó mucho sobre algunas de las normas vinculadas a estos temas, y se le pudo dar una solución, por ejemplo, al tema específico de ASSE, pero las normas generales adquieren ese rango porque aterrizan en todos los ámbitos.
Por supuesto que se tuvo en cuenta la legislación nacional, pero también –aunque es legislación nacional porque la asumimos–, la Convención de Mérida, que es más que importante.
Como bien señaló el señor senador Carrera, no solo abordamos el tema vinculado con las personas físicas, sino también con las personas jurídicas, en el marco de lo que es posible hacer; ciertamente, si ese es el caso, no tenemos inconveniente en seguir avanzando en ese sentido.
Asimismo, se analizó lo que el miembro informante definía como «puertas giratorias» o «período de enfriamiento», y nos pareció que era muy importante, no solo incorporarlo, sino insistir porfiadamente en su necesidad.
Quería destacar el trabajo que se realizó en comisión, que no solo fue confluyendo en una expresión legislativa –aunque muchas veces las discusiones fueron tensas o no se encontraban acuerdos– sino que logró un objetivo superior, que es el de dotar a nuestro país del Código de Ética en la Función Pública que consideramos más que importante.
Termino destacando algo significativo para mí, que son los artículos 12 y 13, específicamente. El señor senador Carrera ya hizo referencia al concepto de corrupción, que está muy bien determinado en el artículo 12, pero quisiera agregar que en el artículo 13, cuando se define la probidad, se dice: «El funcionario público debe observar una conducta honesta, recta e íntegra y desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza, obtenido por sí o por interpuesta persona, para sí o para terceros, en el desempeño de su función, con preeminencia del interés público sobre cualquier otro.
También debe evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice la apariencia de violar las normas de conducta en la función pública».
La Ley n.º 17060 tiene algunos componentes que acá se detallan, en el artículo 14, como conductas contrarias a la probidad, que me parecen más que importantes.
Termino señalando que el artículo 3.º, que aterriza el ámbito orgánico de aplicación, es muy relevante porque detalla todos los ámbitos de la función pública donde esta ley va a actuar. Además, estamos agregando algunos ítems que hasta hoy no están, como los Gobiernos departamentales y, en general, todos los organismos, servicios o entidades estatales, así como las personas de derecho público no estatal. Si vamos al artículo 3.º vamos a poder ver el ámbito de aplicación con más detenimiento.
Agradezco al señor senador Carrera que me haya concedido la interrupción para poder remarcar algunos aspectos que ya fueron expuestos por él, lo que me evita solicitar la palabra para una intervención individual.
SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Carrera.
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: por último, como ya señalé, el título III del proyecto de ley incluye un bloque de normas que rigen la conducta de los representantes de una persona pública, tanto estatal como no estatal, en entidades y emprendimientos privados. Son los artículos 44, 45 y 46.
En el artículo 44 se busca que se les aplique a los representantes las mismas obligaciones, deberes y responsabilidades civiles, administrativas y penales que a los funcionarios.
El artículo 46 –que considero muy importante– refiere a las personas públicas no estatales y dispone que el Poder Ejecutivo deberá incluir en cada instancia presupuestal y de rendición de cuentas, en la información que eleva al Poder Legislativo, los estados patrimoniales de las personas públicas no estatales, independientemente del origen de la asignación o recurso, con dictamen de auditoría externa. Me parece que es realmente muy importante tener esa información a la hora de discutir los presupuestos y las rendiciones de cuentas porque, en definitiva, muchas veces en esta casa tenemos que definir políticas públicas y debemos saber cómo actuar respecto a los recursos.
En resumen, se trata de un proyecto de ley que consta de tres títulos: uno de buenas prácticas de actuación en la función pública, otro relativo a las normas de aplicación y el tercero, muy importante y novedoso, sobre normas de conducta de los representantes del Estado en las entidades y emprendimientos privados.
En el título II, relativo a las normas de aplicación, el artículo 39 aclara alguna duda interpretativa respecto a la separación de la responsabilidad administrativa y la penal. Aquí dejamos claramente sentado que son órbitas distintas y muchas veces cuando se está al frente de una administración pública o en los ámbitos de la Justicia, se pueden ver sobrados ejemplos de procedimientos administrativos sumariales que quedan suspendidos, a la espera de las resultancias de la actuación penal. Con esto, estamos diciendo a nuestros jerarcas públicos que no deben esperar las resultancias de la justicia penal, sino que deben actuar. Es muy importante resaltar el artículo 39 porque la independencia de dichos ámbitos es responsabilidad fundamental a los efectos de que uno no entorpezca la labor del otro, porque en muchos casos se limita el margen de la actuación disciplinante.
En el ámbito de la comisión surgió una herramienta novedosa y es que se crea un sistema de protección de testigos y denunciantes. El artículo 42 del proyecto de ley prevé que los funcionarios que denuncien delitos de corrupción contra la Administración pública quedarán incluidos en el programa de protección de testigos de la Fiscalía General de la Nación.
En conclusión, el presente proyecto de ley se orienta a cumplir íntegramente los mandatos contenidos en los instrumentos internacionales que señalé y será una potente herramienta para un combate frontal a cualquier tipo de desvío y de corrupción en nuestro país.
Por último, la ética debería ser una cualidad intrínseca del individuo que haga innecesaria cualquier norma, sin embargo, se impone estamparla claramente en una ley que impida o sancione cualquier desvío, devolviendo a la función de los agentes del Estado su esencia principal: el ser servidores públicos.
SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: hoy es un buen día. Cuando se aprueban normas contra la corrupción, normas de conducta en la función pública, siempre es una buena jornada.
Quiero empezar mi exposición haciendo un reconocimiento muy grande al presidente Jorge Batlle porque, como bien dijo el miembro informante, estamos dando rango legal a un decreto aprobado en 2003 –durante su presidencia–, que también lleva estampada mi firma, lo que es un honor.
En definitiva, se ha tomado ese decreto vigente y hoy se le dará rango legal. Ya en aquellos años ese decreto hablaba no solamente de la Convención Interamericana contra la Corrupción sino de la necesidad de mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas; de prevenir los conflictos de intereses, asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos y bienes asignados a los funcionarios; y de la obligación de informar actos de corrupción.
En este decreto también se menciona ese concepto, tantas veces olvidado, del buen administrador público, y estas normas de conducta a las que hoy estamos dando rango legal encuentran su fundamento principal en que las entidades públicas solo existen y pueden actuar para el cumplimiento de los fines de interés público que el ordenamiento jurídico dispone para cada una de ellas y sus agentes. Es el concepto administrativista del buen administrador que, sobre todo, en lo más profundo encierra la intención de evitar la desviación de poder, porque, en definitiva, el corrupto está desviando el poder.
Entonces, en el día de hoy, a ese decreto que ha regido para la Administración central durante todos estos años, le estamos dando media sanción para que tenga rango legal y se aplique no solamente a ese ámbito sino también a todo el Estado. Eso es muy bueno y, ¡vaya si también lo es recordar a ese presidente, tantas veces criticado durante su gestión!, aunque nunca por no ser republicano y austero. Por el contrario, fue un presidente republicano, liberal, que viajaba en aviones de línea, que manejaba su auto y andaba por las calles casi sin custodia, en épocas duras desde el punto de vista económico. Además, vivió austeramente y muchas veces hasta pagó los gastos del Estado con su tarjeta; fui testigo de eso. Por ejemplo, pagó con su tarjeta el registro de la marca Uruguay Natural en la Dirección de la Propiedad Industrial, a nombre de la Presidencia de la República. Hicimos juntos el registro del sitio web de Uruguay Natural a nombre de la Presidencia de la República y lo pagó con su tarjeta personal. Recuerdo que dijo: «Vamos a hacerlo rápido porque si hacemos el trámite que corresponde, quizás podamos perder la prioridad y alguien ya lo puede estar haciendo». Así, podría recordar una y mil cosas de un presidente republicano y austero.
Ese decreto también se inspiró en la Constitución de la república y es bueno referirse a él porque hoy se va a transformar en ley. El artículo 58 de nuestra carta magna comienza diciendo que los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política, mientras que el artículo 59 dice que la ley establecerá el estatuto del funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario; el artículo 60 establece que los cometidos de los entes autónomos y servicios descentralizados deben asegurar una administración eficiente y el artículo 181 impone a los ministros vigilar la gestión administrativa y adoptar las medidas adecuadas para que se efectúe debidamente e imponer las penas disciplinarias.
Por eso, es muy bueno que hoy se recoja en una ley este decreto del año 2003 del doctor Batlle y también me parece que es un gran homenaje que le está haciendo el Parlamento nacional a ese presidente austero, honesto, que enfrentó los momentos más difíciles del país y que hace quince años se adelantaba a dictar una norma a la que hoy le estamos dando rango legal.
Quizás hubiera sido mejor aprobarlo al comienzo de este período parlamentario y no al final, pero, bueno, hemos peleado mucho para que se aprueben normas contra la corrupción, incluso hemos pedido que se instalara una comisión investigadora sobre los hechos de corrupción en el Uruguay y en la región para analizar cómo nos pudieron haber afectado. Lamentable y tristemente, en los últimos diez o quince años hemos asistido a la mayor corrupción existente en la historia de América Latina. No solo no contaban la plata que se robaban, sino que la pesaban. No solamente se llevaban bolsos, sino que los tiraban por arriba de los muros de conventos para que las monjas los escondieran. La corrupción K, la corrupción kirchnerista de ese Gobierno pseudoprogresista de los Kirchner, dejó en Argentina, un país que ha sido signado por la corrupción desde hace más de un siglo, récords increíbles: se la robaron toda. La cercanía con Argentina, obviamente, nos puede haber afectado. ¡Ni que hablar la cercanía con Brasil: con el mensalão, el Lava Jato, el presidente de la república preso, el secretario de la presidencia, los ministros, lo de Petrobras ® y los gobernadores! ¡No queda nadie afuera! Los representantes de toda esa década pseudoprogresista de Brasil fueron presos por el mecanismo de la obra pública. Hoy hacen series en Netflix sobre cómo funcionaban esos gobernantes corruptos que se llamaban progresistas, pero que de progresistas no tenían nada porque la corrupción no es progresista, la corrupción es retrógrada. ¡Vaya si es necesario tener en el Uruguay normas que prevengan esas conductas!
Hoy se decía que Uruguay es una isla de transparencia. Obviamente, Uruguay no da para esos montos de corrupción porque aquí no hay tanto dinero; no obstante, debemos advertir que, en otros países, como los Estados Unidos, existen instrumentos legales que nosotros no tenemos y son los que permitieron desentrañar y descubrir a estas verdaderas mafias organizadas desde los gobiernos para delinquir y robar la plata al pueblo, porque cuando hay corrupción se le roba la plata al pueblo.
No disponemos de figuras como las del agente encubierto o el informante y tenemos limitada la figura del arrepentido, que son las figuras legales que han permitido tirar de la madeja y encontrar a los corruptos en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos y en Suiza. ¡No las tenemos! Sin embargo, están ahí, esperando para ser aprobadas, pero lamentablemente no son parte de este acuerdo. ¿Cómo se logró probar la corrupción de los miembros del Partido de los Trabajadores en el Gobierno? Con arrepentidos como Benedito Rodrigues –Bené– y Marcelo Odebrecht. Se arrepintieron, y cada vez que reconocían su arrepentimiento contaban cosas como, por ejemplo, el tema del apartamento, el dúplex, que tenía el expresidente en la playa y que había recibido como un favor. ¡Esos gobernantes decían defender al pueblo y terminaron con apartamentos en la playa pagados por el pueblo! Pero no tenemos esos instrumentos.
En Argentina está el caso de Fariña, novio de una modelo, que empezó a hablar y contó que habían construido unos hoteles en el sur. Resulta que les pagaban por las habitaciones y no había nadie. Así, seguimos y podemos seguir.
Lo mismo pasó con el fútbol. El FBI investigó al presidente de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, Chuck Blazer, y se enteró de que lo estaban sobornando. ¿Qué hizo el FBI? ¿Lo metió preso? No; le dijo: «Si te arrepentís te vamos a dar menos y si nos informás te vamos a dar menos, y si te convertís en agente encubierto te vamos a dar menos todavía». Entonces, le pusieron unos micrófonos y durante dos años estuvo grabando las conversaciones con sus secuaces, que estaban en Suiza, cuando arreglaban los sobornos. Todos están presos. Pero acá tenemos el proyecto durmiendo y no lo tratamos. No le damos a nuestra Justicia y a nuestra fiscalía una herramienta que es la que permitió conocer toda esa corrupción. Debiéramos integrarla al acuerdo.
En fin, hoy por lo menos le estamos dando rango legal a un decreto que ya existía. No creo que sea un gran paso, pero es un paso en el sentido correcto, por eso lo acompañamos. Todo camino necesita un primer paso, pero atrás tienen que venir más pasos.
Discrepamos con eso de que Uruguay es una isla. Nos parece que quien tuvimos hasta hace un tiempito presidiendo el Senado es una prueba bien clara de que Uruguay no es una isla; todo lo contrario. Ayer un tribunal de apelaciones confirmó su procesamiento en segunda instancia. ¿Podemos decir que somos una isla cuando está procesado el exvicepresidente de la república, que tuvo que renunciar a sus funciones? ¿Podemos decir que esto es una isla y que en Uruguay no pasan estos hechos, cuando el director de Aduanas declara que no pueden controlar el trasiego de bolsos que vienen desde Argentina por el aeropuerto de Melilla? No. Este es un paso tímido, pero tenemos que dar otros y no conformarnos con eso. Deberíamos replantear aquella comisión investigadora que planteamos hace dos años y medio para ver cómo esos actos de corrupción de nuestros vecinos habían afectado al Uruguay.
Hay otro proyecto de ley, que tampoco ponemos arriba de la mesa, que refiere a la no prescripción de los delitos de corrupción o por lo menos la ampliación de los plazos de prescripción, porque el corrupto que está en el poder tiene la capacidad de evitar que su corrupción se conozca y, por ende, esos plazos están corriendo, pero tiene la facultad para dilatarlos y, de esa forma, beneficiarse. Deberíamos analizar eso.
Se habló de que esto es fruto de un acuerdo. Y es cierto, pero cuando me hablan de acuerdos quiero ser bien preciso en cómo lo entiendo. Se acordó aprobar un paquete de normas, un código de ética de la función pública –homenaje al doctor Jorge Batlle–, un fondo de peritajes fruto de un proyecto del señor senador Mieres y, finalmente, crear el delito de enriquecimiento ilícito. Pero esto no quiere decir que se deba aprobar cualquier proyecto. En esto quiero ser claro porque ayer, en la Comisión de Constitución y Legislación, ese proyecto inicial de creación del delito de enriquecimiento ilícito que presentamos hace ya tres años sufrió modificaciones trascendentales, y las sufrió después de que había logrado el beneplácito de catedráticos de la Universidad, de especialistas como el doctor Leonardo Costa y el propio doctor Jorge Díaz, fiscal de corte y procurador general de la nación. Y el concepto central de ese proyecto de ley, que es la obligación que tiene todo funcionario de tener la documentación que justifique que se ha incrementado su patrimonio, quiere ser cambiado en su esencia. Entonces, ya no será el funcionario quien tenga que probar cómo logró ese incremento, sino que el fiscal deberá probar que el funcionario, aprovechándose de su cargo, logró ese incremento y que el mismo existió. En los hechos, si se aprueba así, va a ser una linda norma para la tribuna, pero no para un efectivo combate a la corrupción.
Es muy bueno un código de ética de la función pública –que en la Administración central ya se venía aplicando–; es muy bueno un fondo de peritajes para que no suceda lo que pasó en la investigación del caso Ancap, en que el fiscal actuante dijo que no había podido estudiar responsabilidades porque no tenía recursos para realizar pericias. Sí, aunque no lo crean, la no investigación de hechos con apariencia delictiva se debió a que no había dinero suficiente en un fondo de peritajes. Es bueno que se apruebe y se tenga esa herramienta, pero hay que añadir otras, como la del informante, la del arrepentido y la del agente encubierto. Además, hay que aprobar el proyecto sobre enriquecimiento ilícito; hay que decir que los delitos de corrupción no son prescriptibles o ampliar su plazo de prescripción. Ese es el camino que tenemos que seguir para evitar que nos contagien esos vecinos que tienen el virus de la corrupción, campante y rampante. Lamentablemente, nos han contagiado en los últimos años.
Vamos a acompañar este proyecto de ley, que es un primer paso para aprobar algo que ya existe en la Administración central. Es un paso en el sentido correcto.
SEÑOR LARRAÑAGA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.
SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.
SEÑOR LARRAÑAGA.- Señora presidenta: quiero hacer una puntualización sobre el tema del fondo de peritajes que mencionó el señor senador Bordaberry.
SEÑORA PRESIDENTE.- Aclaro al señor senador que hay en el orden del día un punto específico sobre el Fondo de Peritajes, aunque el senador puede hacer referencia a lo que quiera.
SEÑOR LARRAÑAGA.- Ya lo sé, señora presidenta. Como el señor senador Bordaberry habló del Fondo de Peritajes y a cuenta de estar adelantándome, quería decir que ratifico sus expresiones y las apoyo totalmente. Me parece lamentable que la Justicia se excuse en la no existencia de recursos para no llevar adelante un peritaje. A mi juicio, esto es verdaderamente lamentable. ¡Y vaya si hay instituciones en el país a las que se puede recurrir para hacer peritajes! Tenemos, por ejemplo, la Universidad de la República, así como muchísimos otros organismos a los cuales, perfectamente, se puede acudir. Solo quería hacer ese comentario, más allá de estar adelantándome por la mención que hizo el señor senador Bordaberry. Quería sumarme a lo que él dijo porque es incomprensible que la Justicia uruguaya archive un asunto en función de que no puede auditarlo o someterlo a peritaje.
SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Bordaberry.
SEÑOR BORDABERRY.- He finalizado, señora presidenta.
SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.
SEÑOR HEBER.- Naturalmente, el Partido Nacional va a acompañar este proyecto, como se ha dicho por el miembro informante y por el señor senador Bordaberry.
Se trata de un proyecto que se inspira –y lo adecua– en el Decreto n.º 30 de 2003 del entonces presidente Batlle. Me sumo al reconocimiento de este avance y también al reconocimiento de la figura del expresidente Batlle, tal como mencionó el señor senador Bordaberry. No era de mi partido, pero cuando se hacen las cosas bien creo que hay que aplaudirlas. En ese sentido, el doctor Batlle fue un adelantado a su tiempo –una vez más– en muchas cosas y planteó este decreto que establece una norma ética de conducta en el Estado.
También celebro que esto tenga rango legal porque cuando se trata de un decreto no tiene la misma fuerza o la misma obligación. Me parece una buena iniciativa de los senadores del oficialismo dar rango legal a este proyecto de ley, con un agregado que no considero menor y que creo que ayuda a prevenir: el corrupto, naturalmente, es aquel que acepta dinero y se encuentra dentro de la función pública, pero también es corrupto aquel que lo ofrece para incidir. Ello que está plasmado en estos artículos. Incluso, este hecho fue destacado por la gente que fue invitada a la comisión con motivo de la consideración de este proyecto de ley. Esto lo tenemos que subrayar porque es un avance y un aviso a los navegantes: nadie va a decir que no tiene responsabilidad aquel que acepta sobornos, pero también es corrupto aquel que los ofrece.
Por lo tanto, consideramos que se trata de un buen proyecto –ya lo acompañamos en la comisión– y nos parece que es una buena señal ante las noticias que nos llegan del continente. Vamos a decirlo con todas las letras: es horrible lo que está pasando en el continente, y el señor senador Bordaberry se refería al tema de los robos.
Quiero ser claro en este concepto. A veces se ve o se trata de ver una intencionalidad política cuando se habla de corruptos. Parecería que si alguien es de centro, de derecha o de izquierda es menos corrupto en función de quien lo está determinando. No; ¡son corruptos! Hay corruptos de izquierda, hay corruptos de derecha y hay corruptos de centro.
Por suerte, los otros días, el Gobierno tomó la decisión de no dar asilo político a un expresidente peruano y quiero destacarlo como una buena señal. En lo personal, entiendo que hubiera sido un escándalo si el Gobierno hubiera aceptado asilar a alguien que está requerido por la Justicia, porque estaríamos cuestionando la separación de poderes en ese país. Celebro que se le haya negado el asilo político. Quienes sean responsables en un país en donde hay separación de poderes, que no busquen un asilo que ha sido tradicional en el Uruguay para aquellos que son perseguidos y, sobre todo, para quienes no tienen garantías en su país. No aceptaría que mañana nuestro país asilara a dictadores ni a corruptos, pero sí a hombres que luchan por la libertad cuando esta no existe en su país o cuando allí no hay garantías de libertad. Por tanto, no confundamos las tradiciones de nuestro país, que son muy ricas y muy buenas, y de las que tenemos varios ejemplos. Cuando se habló del caso del expresidente Alan García también se habló del caso de Haya de la Torre, pero fueron escenarios totalmente distintos. También se podría mencionar el caso de João Goulart, pero también era un escenario totalmente distinto. Justamente, ellos eran perseguidos en su país y se asilaron políticamente en el nuestro y Uruguay les dio garantías. ¡Pero asilo para delincuentes o para dictadores, no! No me imagino que un dictador como Videla –que ha desaparecido de nuestras vidas– pudiera ser asilado en nuestro país porque tenemos una tradición malentendida; no lo asimilaríamos. Lo mismo respecto de otros dictadores que lamentablemente existen en América, como el presidente Maduro, a quien no tengo dudas en calificarlo de esa manera. Para mí son lo mismo, hacen lo mismo: persiguen a su pueblo y matan a su gente.
SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
SEÑOR HEBER.- En un momento, señor senador.
Tengamos claras cuáles son nuestras tradiciones. Reitero que celebro que el Gobierno no le haya dado asilo al expresidente Alan García.
Dicho esto, quiero expresar que los fenómenos de corrupción en el continente han tenido signo político y han trascendido el hecho de que el Gobierno fuera de izquierda o de derecha, y Perú es un ejemplo. Nosotros el día de mañana no vamos a justificar que en un gobierno de centro, de centro izquierda, de derecha o de centro derecha, por tener la persona ese signo tengamos que defenderla como si fuera una conjura internacional. ¿Se acuerdan del Plan Atlanta? El corrupto, es corrupto. Hubo y lamentablemente todavía hay corrupción en los Gobiernos de izquierda, como el PT en Brasil o el gobierno kirchnerista en Argentina, donde todavía sigue habiendo procesos y todos los días nos asombramos de noticias que son escandalosas. Le robaron USD 36.000:000.000 al pueblo argentino y no sé a cuánto asciende la cifra en Brasil, pero también es sideral. Habían establecido un mecanismo de corrupción y le decían así: el mecanismo, el mensalão. En Argentina existía la obligación de poner un 10 % y todavía estos corruptos se peleaban para ver quién se llevaba ese 10 % e iban a la casa del presidente de la república. Realmente, un escándalo, un verdadero escándalo. ¡Una vergüenza!
Creo, señora presidenta, que en estos temas nadie está libre y el Uruguay tampoco lo está. Nadie está libre de que haya traidores en los partidos políticos –traidores– y no le asigno a determinado partido político la vinculación con la corrupción, pero nadie está libre de ser traicionado. Enseguida le concedo al señor senador Da Silva una interrupción.
Considero que el Parlamento uruguayo –y lo digo con el énfasis que tiene que decirse– ha hecho mal en no votar algunas comisiones investigadoras, tanto aquí, en el Senado, como en la Cámara de Representantes. Me parece que es un gran error que, además, prolonga el tema. En estos días se van a conocer algunos informes. Hay noticias de denuncias y hay jueces que han pedido las versiones taquigráficas de la investigación en aquellas comisiones en que sí se ha permitido investigar. Creo que es un error que el oficialismo tendrá que sopesar, porque no solo se tiene que hablar de transparencia, ni disfrazar la transparencia porque hay intencionalidad política, lo que es muy común en la discusión política. No votamos, pero no para que no se sepa sino porque se va a hacer un circo político alrededor. Sin embargo, yo no vi circo político alrededor de la comisión investigadora en el caso de Ancap. Es más, creo que la presidió el señor senador Otheguy y recuerdo que cuando el informe de la comisión investigadora llegó al plenario, hubo un reconocimiento de todos los partidos políticos por la ecuanimidad, la ponderación y la reserva con que se manejó la comisión, aunque existieron algunas filtraciones, pero fueron muy pocas. Aquí, en sala, hubo un reconocimiento a la conducción y a los miembros que integraron esa comisión investigadora –yo lo escuché– por la seriedad, objetividad y profesionalismo con que se había trabajado. Se pueden hacer las cosas bien. Se puede investigar con el cuidado que estas investigaciones requieren. Para mí no es de recibo el argumento de que no se han votado comisiones investigadoras en la Cámara de Representantes para evitar una especie de show mediático, que no existió en las pocas comisiones investigadoras que hubo en ambas cámaras.
Con gusto concedo la interrupción que me había solicitado el señor senador Da Silva.
SEÑORA PRESIDENTE.- Antes de darle la palabra al senador Da Silva, quería saludar a los niños que están en la barra y que nos visitan de varias escuelas rurales del país. Ellos han venido en el contexto de un trabajo que realiza el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y han ganado un premio a la equidad. Por tanto, bienvenidos y felicitaciones.
Tiene la palabra el señor senador Da Silva.
SEÑOR DA SILVA.- Gracias, señora presidenta.
¡Qué lindo que la gurisada que se forma en campaña pueda venir a ver cómo funciona la democracia!
Cuando empezamos a escuchar el informe creímos que iba a ser un saludo a la bandera –como tantas leyes que después quedan archivadas–, pero realmente entre el miembro informante y el señor senador Bordaberry fueron convenciéndome de algunas cosas. Por supuesto que comparto el homenaje que le hizo el señor senador Bordaberry al presidente Jorge Batlle y su referencia a la aplicación de este código de ética que se transformaría en ley. A su vez, el miembro informante, el señor senador Carrera, me convenció por el ámbito de aplicación que va a tener, lo que no es un dato menor, señora presidenta, porque este código de ética incluye el maremágnum de corrupción más grande que hubo en estos últimos trece años en las personas públicas no estatales, donde, sin control, se compraban aviones, se tomaba whisky arriba de los aviones y se hacía lo que se quería con las tarjetas corporativas y como era privado, no corría la ética. Lo pagábamos todos, pero no corría la ética. Por suerte, ahora se acaba esa farsa y las personas públicas no estatales tienen que tener las mismas obligaciones que los funcionarios, ni más ni menos. Es un absurdo, un eufemismo decir que como estoy en ALUR soy privado –cuando forma parte del corazón de la empresa pública más importante del Uruguay– y no estoy comprendido entre las obligaciones que tienen los funcionarios. ¿Qué es esto? Y así, se ha dado el surfeo judicial, como yo le llamo. Fueron «surfeando» a la Justicia para no ir presos porque un estafador tiene que ir preso, pero como se trataba de una persona de derecho privado y encima está el descaro de que el Directorio de Ancap no hizo la denuncia pertinente, entonces, hoy vemos cómo la gente se ríe de la Justicia en la cara y de quienes les pagan las vacaciones y los restoranes que cobran precios astronómicos. ¡Vaya que el hombre era de buen paladar! Lamentablemente hoy no está aquí, en sala, para decírselo en la cara.
Por suerte, imagino que esa impunidad espantosa va a tender a acabarse luego de la aprobación de esta ley. ¡No más corrupción en las empresas públicas no estatales! No queremos más agujeros negros donde la gente paga en negro –valga la redundancia– y nadie se hace cargo porque lo hacen amparados en una insólita legislación que establece que son empresas privadas. ¡No, no, no! Lo del Estado es todo del Estado: funcionarios, jerarcas y ainda mais, ¡todos con la misma responsabilidad y obligación!
SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Heber.
SEÑOR HEBER.- Tiene razón el señor senador Da Silva cuando señala que otro de los ingredientes que tiene el proyecto de ley es la inclusión de las personas públicas no estatales. Considero que ese es un gran logro. Insistimos sobre ese asunto en la Comisión de Presupuesto –lo recordarán los integrantes de esa comisión– para obtener información de las empresas públicas no estatales y así fue que comenzaron a llegar datos, sobre todo de funcionarios, pero no sobre el manejo de ellas.
Es cierto que este código de ética y de conducta en la función pública también abarca a quienes están dentro de las empresas en las que hay participación estatal. Aunque esta sea minoritaria, de alguna manera están obligados a cumplir con estas normas de ética en la función pública que regulan la manera de comportarse. Me parece que esto representa un gran avance del proyecto de ley.
SEÑOR OTHEGUY.- ¿Me permite una interrupción?
SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto, señor senador.
SEÑOR OTHEGUY.- Gracias, señora presidenta.
Venía siguiendo atentamente la exposición del señor senador Heber y quiero decir que comparto algunas de las ideas que ha expresado.
Me parece que al discutir sobre estos temas, que son importantes, no le hacemos ningún favor al debate si banalizamos esta discusión y la llevamos al subsuelo. Considero que no significa un aporte para tratar de avanzar en innovación legislativa el hecho de que se asume un problema que tienen las sociedades –no la tiene solo el Uruguay, la tiene el mundo–, porque no hay sociedad en el mundo que no tenga actos de corrupción. ¡Ninguna! Repito: ¡ninguna!
Nosotros estamos en Uruguay, podemos hacernos cargo de nuestros problemas y en materia legislativa, que es nuestra competencia, podemos tratar de avanzar en normas que aporten transparencia, rendición de cuentas y garantías a los ciudadanos.
Las empresas públicas que funcionan en derecho privado no son un invento de este Gobierno; tienen una larga historia en el Uruguay. En definitiva, se concibieron para darle agilidad en la gestión a ámbitos de la actividad productiva que claramente así lo ameritaban. Sin duda, eso generó algunos puntos débiles que hoy tenemos que encarar para generar más garantías, más transparencia, sin perder eficiencia. ¡Sin perder eficiencia!
Por lo tanto, creo que es pertinente dar estos debates si lo hacemos con una mirada prospectiva y vemos cómo aportamos para solucionar problemas de los que tenemos que hacernos cargo.
A su vez, me parece que también es conveniente desmitificar algunas cosas a fin de tratar de centrar el debate y ver, realmente, por dónde van las respuestas a este problema. Las sociedades menos corruptas no son las que tienen informantes clandestinos, testigos protegidos, arrepentidos, etcétera –un día podemos discutir sobre este asunto–, pero queda claro que todas esas sociedades, esos países que han incorporado ese tipo de figuras con el fin de otorgar, supuestamente, más transparencia y combatir la corrupción, están lejos de ser las sociedades menos corruptas del mundo. ¡Lejísimo!
Hace unos años la Unión Europea hizo algunos estudios que permitieron cuantificar cuál era el peso de la corrupción que allí existía. Fueron más de novecientos mil millones de dólares. Reitero: ¡novecientos mil millones de dólares! Ahora bien, ¿cuáles son las sociedades menos corruptas? Si uno observa el ranking podrá ver que las únicas tres que están entre los primeros cincuenta países son Uruguay, Chile y Costa Rica. ¿Y cuáles son las que ocupan los primeros lugares? Los conocidos de siempre: Finlandia, Suecia, Noruega, Alemania, Luxemburgo, etcétera.
¿Qué tienen en común estas sociedades? Son las que mejor redistribuyen la riqueza, son las que tienen democracia de calidad, son las que tienen prensa independiente y libertad de expresión, las que tienen poderes judiciales independientes y consolidados. ¡Esas son las sociedades más transparentes! No son las que establecen delitos para poner preso a un corrupto por cincuenta años, ni las que tienen informantes o testigos protegidos.
Las sociedades más profundamente democráticas, más igualitarias y con fuertes estados de bienestar son las menos corruptas. Creo que es necesario que incorporemos ese elemento en el debate para asumir a cabalidad que debemos mejorar la legislación –sin duda, son pasos importantes–, pero también tenemos desafíos en otras materias. Ellos son los que van a permitirnos seguir en este camino, es decir, estar dentro de los cincuenta países menos corruptos del mundo. Y, sin duda, podemos generar las condiciones para estar mucho más arriba en ese ranking.
SEÑOR HEBER.- Creo que es interesante discutir el ingrediente que trae el señor senador Otheguy como elemento a trabajar, pero me parece que tenemos que ser muy francos en esto: yo creo en el proyecto de ley del señor senador Bordaberry relativo al enriquecimiento ilícito.
¿A santo de qué presentamos declaraciones juradas si estas no se comparan? ¿Para qué se comparan? Para ver si hay un incremento del patrimonio. Algún legislador me dijo que el enriquecimiento siempre es ilícito –eso está dentro de la charla que tenemos entre nosotros–, pero en mi opinión no es así. Yo creo que hay enriquecimiento lícito y enriquecimiento ilícito.
El enriquecimiento ilícito es aquel que no puede probarse. Soy optimista en cuanto a que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado encuentre un acuerdo con relación a este proyecto de ley. Hace unos días se bosquejó un acercamiento, y estoy seguro de que en la próxima semana puede venir al plenario un proyecto de ley que avance –no me gusta decir que cierre– o evolucione, porque hay que evolucionar. Por tanto, creo que es una evolución de nuestra propia democracia el hecho de que votemos este proyecto de ley, que votemos sobre el enriquecimiento ilícito y también que hablemos de agente encubierto. ¿Cómo no va a haber agente encubierto? ¡Todas las defensas probatorias! Porque las democracias tienen debilidades, señora presidenta y señor senador. ¡Tienen debilidades! Al ponerse muy garantistas de los derechos, les cortan las manos a las pruebas. ¡Cuidado! Soy partidario de que tengamos las garantías del debido proceso –¡claro que sí!–, pero no a tal punto de que no podamos descubrir al corrupto. Considero que debemos dar armas a la democracia y más autoridad; tenemos que hacerlo siempre democráticamente, siempre institucionalmente y siempre legalmente, pero hay que darle más armas para que no la debiliten. ¿Por qué, señora presidenta? Porque mucha gente que ve que el corrupto no va preso no se la agarra solamente con el partido que está en el Gobierno, sino que habla en contra de la democracia, que no tiene armas para poder defenderse.
Entonces, sí creo en la separación, sí creo en la profundización y sí creo en la autoridad que la ley da al juez para poder investigar, y en las armas para que pueda probar. Este es el corazón de los temas que tenemos, señora presidenta. ¿Por qué? Porque si el juez tiene la convicción, pero no tiene la prueba, el corrupto no va preso y yo quiero que, en democracia, esta se endurezca. Que lo haga democráticamente, pero que sea dura con esto y que castigue duramente al corrupto.
Ahora, si por el hecho de que tenemos temor a las garantías no damos posibilidades a la democracia de que actúe y condene, entonces ahí caemos en el desprestigio del sistema, y eso es lo que no quiero, porque quienes hemos peleado por la libertad y la democracia en este país sabemos lo que nos cuesta; en dictadura no hay prensa y hay corrupción. Ahí sí está garantizada la imposibilidad de que la gente sepa realmente qué es lo que pasa. La libertad de prensa es esencial en un país para tener garantías de transparencia.
Que el periodismo tenga todas las armas como para poder investigar y que el Parlamento investigue son medios, señora presidenta, para poder luchar, pero también es necesario que el juez pueda contar con elementos de prueba.
El enriquecimiento ilícito es una figura que cambia las tradiciones del derecho nacional –¡claro que sí!–, pero no seamos presos de esas tradiciones al punto tal de que no demos a un juez o un fiscal todas las armas que necesite para poder condenar a aquel que no pueda justificar un patrimonio que ha incrementado. Nosotros mandamos declaraciones juradas que se deben comparar, y los funcionarios –esto ha sido bien agregado por el señor senador Cardoso– se tienen que conocer. No tenemos inconveniente en que se conozcan; pero, además, que a través de la labor de la Junta de Transparencia y Ética Pública se comparen esas declaraciones y nosotros, quienes estamos en funciones públicas –electos y no electos–, tendremos que justificarlas. Ahora, si no podemos justificar un incremento del patrimonio, indudablemente estamos cometiendo un delito.
SEÑORA PRESIDENTE.- ¿Ha terminado, señor senador?
SEÑOR HEBER.- Casi, señora presidenta; tal vez demande unos cinco minutos más.
SEÑORA PRESIDENTE.- En ese caso, tendríamos que prorrogar el tiempo de que dispone.
–26 en 28. Afirmativa.
Puede continuar el señor senador Heber.
SEÑOR HEBER.- Gracias, señora presidenta.
Estaba tratando de redondear mi exposición y de hacer entender por qué estoy de acuerdo con este proyecto de ley, como también lo estoy con el relativo a los peritajes –que vamos a votar después, y escucharemos al señor senador Conrado Ramos, que lo va a informar– y, en definitiva, estoy de acuerdo con los proyectos que tenemos a estudio en la comisión y que van en ese sentido.
Son importantes la profundización de la democracia y las armas que esta debe tener para defenderse de este flagelo. Por lo tanto, señora presidenta, va a encontrar al Partido Nacional colaborando en ese sentido para que podamos tener todos los elementos de juicio. A la corrupción hay que combatirla, no hay que justificarla y, menos, tratar de señalar que es parte de un conjuro político internacional. Ahí está el error de carácter político. Creo que sería mucho más respetada y respetable una posición también de condena a los Gobiernos para que, por encima de las coincidencias o no, cuando haya corrupción, se señale con la misma dureza.
Por suerte, no me duelen prendas; al Partido Nacional no le duelen prendas. No importa de qué signo sea la corrupción, hay que condenarla, y nosotros la hemos condenado en todos los Gobiernos, sean del signo que sean; no justificamos a ninguno de ellos cuando hay elementos de corrupción.
Nadie está libre de que eso pase y el tema es cómo actuamos cuando identificamos un hecho de corrupción. El tema es, señora presidenta, que tenemos que ser más duros con los propios para tener la autoridad de señalar a los que tienen inconductas en los otros partidos. La autoridad moral es, justamente, la que nos habilita a señalar con el dedo porque actuamos de forma muy dura dentro de nuestro propio partido.
Estas son las garantías que, además de las leyes que votamos, tienen que ser normas de conducta de los partidos políticos en el futuro: no encubrir, no justificar, condenar y ser más duros con los propios para tener autoridad de hablar con propiedad cuando los involucrados son ajenos.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: se ha hecho referencia a la comisión investigadora sobre la corrupción. Estuve en ese debate y la verdad es que tanto el Reglamento como la Constitución nos piden, para determinar una comisión investigadora, que en todo ese proceso se focalice en lo que se trata. No se puede usar una terminología tan genérica que, en definitiva, termine no denunciando nada específicamente; así lo requiere el artículo correspondiente.
Por lo tanto, en eso no nos duelen prendas. Cuando determinamos que no había razón para ello, no encontramos un foco en la denuncia sobre la corrupción. Si nos hubieran dicho en qué punto, en qué sector o cuál era el foco, por supuesto que no nos íbamos a negar a discutirlo. Con todo se dio una muy buena discusión en aquella sesión, pero eso quedó en el pasado, señora presidenta.
Creo que se ha dicho que Uruguay no es una isla; puede ser que no lo sea, pero creo que a nivel de corrupción nuestro país tiene buenos índices. Aquí tenemos el proyecto de ley que nos trae la Comisión de Constitución y Legislación, cuyo miembro informante es el señor senador Carrera –nuestro compañero–, quien focaliza en el tema y nos advierte, además, que van a venir otros instrumentos desde esa comisión que –adelanto– serán aprobados con beneplácito.
El Parlamento ha hecho cosas, señora presidenta, pero a veces eso ha pasado inadvertido. El otro día el Poder Ejecutivo emitió el Decreto n.º 381/18; la ley de lavado de activos tiene dos decretos: uno para toda la ley –que es el n.º 380– y otro, el decreto n.º 381, que es para el artículo 9.º. ¿Recuerdan lo que dice el artículo 9.º de la ley de lavado de activos, que fue promovida desde esta bancada en la comisión pertinente? Es una prohibición y dice: «El Presidente y Vicepresidente de la República, los Senadores y Representantes Nacionales, los Ministros y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales de Secretaría de los Ministerios, los Directores de Entes Autónomos […]» –se refiere aquí a todo el Estado– «y cualquier cargo político y de particular confianza, no podrán ser accionistas, beneficiarios finales, ni tener ningún tipo de vinculación, con sociedades comerciales domiciliadas en jurisdicciones de nula o baja tributación, mientras se desempeñan en el cargo público».
Señora presidenta: esta es una inhibición porque no se podrá asumir el cargo en el futuro si no se hace esta declaración, que –obviamente– será negativa. Si alguien tiene una sociedad en un paraíso fiscal no podrá asumir el cargo. Se argumentó en la comisión que esto estaba previsto en las inhibiciones establecidas en el artículo 126 de la Constitución.
Quiero decir, señora presidenta, que los dineros que provienen de la gran corrupción denunciada en América Latina no fueron a parar a una feria sino a sociedades radicadas en esos lugares.
Asimismo, el artículo 9.º de la ley de lavado de activos promovida bajo nuestra Administración iba en dirección a algo que no es una falta de ética sino una inmoralidad administrativa, porque se podía tener en una sociedad los dineros bien o mal habidos en esas zonas fiscales y venir alegremente al Parlamento o al gabinete a hablar de los impuestos que tenían que pagar Juan o Pedro. El dinero propio se ponía lejos de la administración fiscal, estaba exonerado, se escondía, no tributaba como sí lo hacía el dinero de la gente de pata en el piso, y a eso apunta el artículo 9.º consagrado unánimemente por el Senado. No somos una isla, pero este paso que ha dado el Parlamento es único en el mundo; no hay ninguna administración en el mundo que tenga un reglamento tan duro como este.
Por lo tanto, señora presidenta, hago acopio de lo que conversaba recién con el señor senador Carrera en el sentido de que en este período de gobierno se han establecido un sinfín de normativas –en la rendición de cuentas anterior, también– en las que el personal político del Uruguay ha quedado constreñido a reglamentaciones tan duras, como esta que no le permitiría asumir su cargo por más que haya sido electo.
Quería hacer esta aclaración, a los efectos de sumar mi apoyo a este buen proyecto de ley.
SEÑOR CARBALLO.- Pido la palabra.
SEÑOR CARBALLO.- Gracias, señora presidenta.
Evidentemente, hoy estamos haciendo una suplencia y asumiendo la responsabilidad de participar en este ámbito del Senado de la república.
Cuando veo la propuesta de conformación del Código de Ética en la Función Pública, lo primero que me viene a la mente es el trabajo que habrán realizado los compañeros de nuestra bancada, pero también los legisladores de la oposición para ponerse de acuerdo en una decisión y un proyecto de ley que hable nada más ni nada menos que de este tema. Me imagino que en el marco de los intercambios y de las diferentes opiniones, habrá sido bastante difícil concentrar en un criterio único el tema de la ética por tratarse de un concepto tan amplio. En realidad, por la información que nos han trasmitido los compañeros, lo que se pretende con este proyecto de ley es recabar la normativa vigente en el país, aggiornarla y mejorarla en procura de generar instrumentos jurídicos para situaciones que estén vinculadas con el manejo de los recursos públicos y la corrupción.
Creo que, en definitiva, en el transcurso de este tiempo se ha venido trabajando fuertemente en esa dirección. Es más, esta misma cámara aprobó hace un tiempo un proyecto de ley vinculado al financiamiento de los partidos políticos. ¡Y vaya si se tendrá que profundizar en esa discusión cuando la Cámara de Representantes lo considere, seguramente, en el transcurso de los próximos días! Esa iniciativa, en gran medida rescata el espíritu y la opinión de todos los partidos políticos con relación a contar con un conjunto de herramientas que nos permitan avanzar en la claridad de los procedimientos y evitar determinadas situaciones.
En mi opinión, habría que seguir profundizando –y soy consciente de que este proyecto de ley es el fruto de un gran esfuerzo realizado por los compañeros de la comisión y además recoge la opinión de todos los partidos– en esa dirección. Sin duda, compartimos la preocupación trasmitida por varios legisladores; en esta legislatura recuerdo, por lo menos, a un par de legisladores de la Cámara de Representantes. Podríamos profundizar, si se quiere, y citar nombres y elementos que todos conocemos. Inclusive, podemos mencionar algunas situaciones que han estado vinculadas en el transcurso de la historia a representantes que de alguna manera han utilizado determinadas vinculaciones. ¿Recuerdan las tarjetitas políticas? Porque también hay que mirar desde lejos y decir que estamos trabajando sobre esta base haciendo un aporte importante a la ética en la función pública.
También es importante reconocer –acá estamos analizando la normativa vigente– que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y que hoy tenemos un conjunto de elementos. Digo esto porque estamos en un ámbito político donde hemos escuchado con atención diferentes opiniones y por eso entendemos que es importante avanzar en esa dirección. Hemos tenido situaciones con legisladores –algunos han sido procesados en este período–, y también hemos tenido eventos complicados que se han generado en diferentes ámbitos en el transcurso de la historia. Por eso, entiendo que hay que seguir trabajando sobre la base de la transparencia en algunos otros proyectos de ley.
Por otro lado, si bien creo que todos los legisladores deben hacer declaraciones juradas, también he advertido cuáles serán los riesgos que seguramente tendremos en los próximos tiempos en la medida en que avancemos en esa dirección. Soy consciente de lo que piensa mi bancada con relación a este tema, pero creo que también es un instrumento y un elemento más que va a ayudar a echar un poco de luz en la actividad de la función pública.
Por lo tanto, con mucha tranquilidad digo que vamos a dar nuestro voto favorable a este Código de Ética en la Función Pública y expreso nuestro reconocimiento a los compañeros que han desarrollado esta tarea en la comisión para avanzar desde el punto de vista legislativo en instrumentos legales que nos permitan salvaguardar los intereses del Estado.
SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.
SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.
SEÑORA MOREIRA.- Gracias, señora presidenta.
No es la primera vez que parece que intentamos, por todos los medios, convertir lo que es un logro democrático, un logro legislativo, un avance normativo, camino a la consolidación de una democracia transparente, plena y justa, en un fracaso. La sensación que nos queda, además de un regusto amargo, es decir: ¡Qué suerte que estuve en esta sesión del Senado! ¡Qué buenas cosas aprobamos! ¡Cómo avanzamos! ¡Qué bien nosotros, qué bien el Uruguay, qué bien nuestra democracia! Como estoy –como muchos de nosotros– en la denodada tarea de levantar nuestra autoestima democrática en tiempos difíciles, no hablo de la autoestima del sistema de partidos sino de la autoestima democrática, ¡muy importante en estos tiempos porque quien no cree en sí mismo, no avanza!
Quiero decir que este proyecto de ley –hay que reconocer al señor senador Carrera el trabajo que hizo para sistematizar y homogeneizar en una misma norma de jerarquía legal las reglas relativas al buen ejercicio de la función pública– es muy importante porque, además, nos pusimos todos de acuerdo para ampliar el ámbito de aplicación de las reglas del Código de Ética en la Función Pública y que apliquen también a los Gobiernos departamentales. ¡Muy buena cosa, señora presidenta! Y para eso requerimos el concurso de todos nosotros.
Se habla mucho de los entes autónomos, de los servicios descentralizados y de las empresas públicas –todo el mundo les da a las empresas públicas como si fueran del Frente Amplio, pero son de todos; no solo son un capital económico sino político del Uruguay que hay que preservar porque en ello nos va parte de la soberanía–, pero el ámbito de aplicación refiere a los Gobiernos departamentales. No es el primer esfuerzo que hacemos en ese sentido. Recuerdo que cuando topeamos los salarios de los funcionarios lo votamos por mayoría especial, por unanimidad, para que aplicara también a los Gobiernos departamentales. ¿Por qué digo esto? Porque, desde el punto de vista de la transparencia, Uruguay tiene un debe en el sentido de que no logramos que las mismas reglas que aplican a la Administración central, y que hacen que los ingresos al Estado sean por concurso y que todos los ciudadanos tengan derecho a concursar, se apliquen a los Gobiernos departamentales. La Oficina Nacional del Servicio Civil nos informó que el 50 % de los funcionarios que trabajan en las intendencias departamentales son de designación directa. Eso no está bien para una democracia que quiere dejar atrás el clientelismo, que también es corrupción porque es compra de votos. La práctica del clientelismo es tan vieja como el mundo y Uruguay tiene toda una tradición al respecto. No voy a referirme al tema extensamente, pero sobre él ha escrito libros Real de Azúa.
Entonces, ¿qué quiero celebrar de este proyecto de ley? Que todos nos ponemos de acuerdo para decir que estas normas se aplican a todos. Igualmente, quedará en el debe la aprobación de una norma que haga que lo que rige para la Administración central también rija para los Gobiernos departamentales y las empresas públicas. Ya lo conseguiremos.
El señor senador Heber decía que este tema no es de izquierda ni de derecha, pero sí es político. No hay nada más político que la corrupción, señora presidenta. No es algo que con un discurso moral logremos entender ni corregir. Es político. ¿Por qué? Porque la capacidad de un gobierno, la decisión y la intención política de crear reglas que controlen la corrupción, es lo primero. Puede haber personas corruptas, pero la corrupción es un sistema. Alguna autoridad de los institutos internacionales dijo que la corrupción es como un tango: se baila de a dos. Siempre hacemos énfasis en el funcionario público corrupto, pero no penamos al corruptor. ¿Quién es el corruptor? El empresariado, la riqueza, los ricos, etcétera, etcétera. Es un sistema que tiene esas dos partes.
Le pregunté al señor senador Carrera cuántas normas aprobamos que tengan vínculo directo o indirecto con la corrupción. Me contestó que son veintiséis normas legales –a una de ellas se refería el señor senador Martínez Huelmo–, entre las cuales está la referida al lavado de activos y al financiamiento de los partidos políticos. Aún no hemos terminado de aprobar el proyecto de ley sobre financiamiento de partidos políticos. Tendríamos que decir: ¡Señores, con todo lo que pasa en América Latina, tenemos que avanzar con la ley sobre financiamiento de partidos políticos! El financiamiento oculto de la campaña –no le voy a llamar ilegal porque hasta que no se apruebe la norma es legal– es una de las fuentes de corrupción en América Latina, de arriba a abajo.
Respecto al acceso a la información, recordemos todas las discusiones que tuvimos en el período pasado cuando el Gobierno hizo esfuerzos para salir de la lista gris de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Y decían: «¡Ustedes se curvan ante la OCDE!». ¡No, no! Había que celebrar los acuerdos de información, especialmente con Argentina, para evitar esto en un país que fue plaza financiera y que tuvo un grado gigante de opacidad respecto de las operaciones financieras durante décadas. ¡Y nos jactábamos de ser plaza financiera!
También quiero mencionar a Brasil porque no puedo dejar pasar por alto el enchastre, que se hace en este recinto, de los Gobiernos progresistas. En Brasil, los escándalos del Lava Jato se llevaron puesto a todo el mundo. Pero si observamos el porcentaje de políticos de los partidos que tienen procesos iniciados, no digo sentencia firme, la verdad es que los del PT son unos santos. El primero es el PP y el segundo es el PMDB, incluyendo a Temer.
Además, como me dedico a la política y no a la ética, no soy juez y a todo le hago una lectura política, debemos recordar que Odebrecht es un escándalo denunciado por Estados Unidos porque una empresa latinoamericana tuvo el descaro de lanzarse al mundo y ganar contratos de obra pública superimportantes en Estados Unidos. Ahora, miren cuántas empresas, después de Enron, son declaradas corruptas, grandes empresas norteamericanas que no dudo que tengan las mismas prácticas que Odebrecht. Traten de encontrar un escándalo de corrupción de ese tipo por parte de las grandes empresas norteamericanas. No lo van a encontrar. ¿Qué digo con esto? Que las prácticas están extendidas, pero es el poder del denunciante lo que hace que algunas cosas se develen y otras no. Por eso, me extraña que en Estados Unidos no haya más denuncias por prácticas fraudulentas, por sobornos y conductas abusivas como las deben tener las empresas estadounidenses en todo el planeta. Búsquenlas. Hoy me tomé ese trabajo, pero no las hay. A Odebrecht la conozco de memoria, pero a las otras no las vi.
También quiero decir que durante el proceso en que a Collor de Mello se lo obliga a renunciar por delitos de corrupción –finalmente, la Justicia lo declaró inocente; es la parte de la que nadie se acuerda–, su tesorero, Paulo César Farías, es asesinado. La Justicia brasileña –en esa época yo vivía en Brasil– dijo que la mujer lo asesinó por un escándalo pasional. ¿A quién se le ocurre que el tesorero de Collor de Mello fuera asesinado por un crimen pasional? Es un caso parecido al de Nisman, que estaba encerrado como en prisión domiciliaria y, de repente, lo matan. Esa Justicia brasileña que hoy condena a Lula, en aquella época se animó a decirle a todo el pueblo brasileño que Paulo César Farías había sido asesinado porque la mujer estaba celosa, pero Farías era un gordo viejo y su mujer una joven y hermosa mujer. ¡No sé cómo hacía Paulo César Farías para tener una amante! ¡Ese proceso legal fue un escándalo en el Brasil de aquella época!
Después de eso –voy a hacer un reconocimiento a los Gobiernos del PT, incluyendo la delación premiada– el PT aprobó muchas leyes, muy duras, de control de la corrupción, incluyendo algunas muchísimo más severas que las que tenemos de financiamiento de partidos porque –todo aquello de la plata en las cuecas, que quiere decir la plata en los calzoncillos, es decir, plata que se encontraba por aquí y por allá– si en Uruguay alguien anduviera con una valija de dinero, no sería imputable por el marco normativo que tenemos. Quiere decir, entonces, que lo que pasó en Brasil también es resultado del marco normativo exigente que se dieron los Gobiernos del PT.
Por cierto, no hubo gobierno más corrupto que las dictaduras, que son, curiosa y paradójicamente, aquellas a las que se invoca cuando las democracias están bajo el foco de la corrupción. ¿Qué decían los que marchaban contra Dilma? «Mejor la dictadura». Señores y señoras, ¿a alguien se le puede ocurrir que una dictadura no es corrupta por definición? Es corrupta en el sentido más antiguo del término. Los griegos decían que los gobiernos eran corruptos o virtuosos, y decían que eran corruptos o virtuosos según gobernaran en beneficio propio, o para los demás. La dictadura es un gobierno corrupto por definición, porque hay corrupción de la división de poderes que hace a la república. Sin embargo, la dictadura es lo primero que se invoca cuando las democracias están bajo el foco de la corrupción, y ahora voy a decir algo sobre eso.
Por supuesto, Uruguay está en la lista de transparencia de América Latina; lo repito en este recinto, una y otra vez. Claro: alguien, como el señor senador Ramos, me podría decir que esa lista de transparencia es una especie de sistema de jueces, que son empresarios, la alta burocracia pública, etcétera. No es muy objetivo el índice de transparencia, pero es lo que tenemos, y Uruguay aparece primero. Ahora bien, ¿Uruguay aparece primero por la cantidad de normas que se dio? No, a pesar de que vamos avanzando normativamente. Uruguay aparece primero porque hay un elemento más básico: si uno tiene muchos años de democracia –que es lo que tiene nuestro país: muchos, muchos años de acumulación democrática– va a tener más contrapesos entre los poderes del Estado, y entre la oposición y el Gobierno: uno gobierna y el otro lo fiscaliza. Esas son las cosas que han hecho a la cultura política uruguaya y que han generado que el Uruguay tenga menos corrupción, además de tener, sin duda, un Poder Judicial menos corrupto. Tengo mis problemas con el Poder Judicial, pero su corrupción es mucho menor. Ya vimos el escándalo que hay en México porque el señor López Obrador quiere controlar el sueldo de los jueces y le dijeron que la independencia de poderes implica que ellos cobran lo que quieren. Es decir que hay un gran escándalo porque a López Obrador, además de recortar todos los sueldos de privilegio del Estado, se le ocurrió meterse con los salarios del Poder Judicial, que son altísimos.
En todo caso, la cultura política, sus contrapesos, su índole republicana, la capacidad de fiscalización de la oposición, son lo que han hecho del Uruguay un país menos corrupto.
Ahora bien, ¿la corrupción es tributaria de los Gobiernos progresistas? Eso no se puede sostener de ninguna manera, más que iniciando una suerte de provocación en escala, a la que trato de resistirme y no puedo, en primer lugar, porque es una provocación académica para mí. Eso es insostenible. Está Venezuela en el lugar número uno de corrupción, pero también aparecen Guatemala o Perú. Y ¿qué vamos a decir de la «caja B» del Partido Popular en España, de Berlusconi, de los emires del golfo Pérsico o de Trump, rodeado de escándalos de corrupción? ¿Cómo puedo aceptar con mi silencio esta acusación? Es insostenible, sobre todo en el caso del PT y del Uruguay, si se consideran la cantidad de leyes que se aprobaron sobre esto.
No es la plata de la corrupción lo que funde a los países. No, señora presidenta. Macri está fundiendo a la Argentina. Hay USD 150.000:000.000 de deuda externa. Y después me hablan del proceso legal contra Cristina Fernández por «dólar futuro». A Dilma la sacaron por hacer traspaso de fondos. Eso es la pedalada fiscal, algo por lo cual ningún presidente en Uruguay sería enjuiciado. Lo que funde a los países son las malas políticas, no la plata de la corrupción. Me parece que eso es muy claro.
Quiero finalizar con algunas reflexiones de Gabriel Delacoste, politólogo, incluidas en un artículo titulado «Pistas para pensar la corrupción», que salió en Brecha el 22 de marzo de 2018. Allí dice que cuando miramos los escándalos de corrupción: «Se devela un mundo manejado por negociados que influyen en los gobiernos de maneras mucho más directas de lo que quisiéramos, a través de los sobornos, los financiamientos a las campañas electorales, las redes de contactos, las amenazas de desinversión (también es corrupción que un gobierno tenga que someterse a privados con poder de destruir la economía). A veces, algún millonario decide resolver el problema del financiamiento de las campañas autofinanciándose, empeorándolo aún más al unificar en una sola persona el poder político y los negociados empresariales.
Y esto es apenas lo que sabemos. […] Pero también que la reacción de indignación que genera la corrupción hace de las acusaciones un arma poderosísima, que los medios de comunicación empresariales (muchas veces son parte de las mismas tramas corruptas) no han dudado en desplegar. Los informes televisivos y los tuits van más rápido que la Justicia, y la propia Justicia puede ser parte del juego. En estas condiciones, el cinismo y el “son todos iguales” cunden, generando efectos despolitizadores que tienen consecuencias políticas indiscutiblemente negativas, dejando la mesa servida para demagogos (muchas veces millonarios con abundante experiencia en los entretelones del poder)» ––llámese Trump, llámese Berlusconi– «que se opongan a “los políticos”».
Y termino, siempre con Delacoste: «La corrupción que vemos a nuestro alrededor es el reflejo sobre la política del creciente poder de los ricos y de una tendencia global en una dirección cada vez más oligárquica, en la que un pequeño grupo manda, está por encima de la ley y ejerce la violencia contra quienes se le opongan.
Contra esta tendencia, lo que necesitamos no son políticos más virtuosos […], sino ir hacia otro régimen. Uno en el que no manden (o mejor, no existan) millonarios, tecnócratas y repartidores de cargos. En el que los asuntos comunes se gestionen en común, en el que las jerarquías puedan tocarle a cualquiera, en el que los delitos sean juzgados por pares, en el que nadie tenga los recursos para comprar a otro…», porque la corrupción no es solo la estatal, sino que es el poder económico el que corrompe.
SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: se ha aludido la no aprobación de la ley de financiamiento de los partidos políticos y se la ha vinculado al hecho de que nos oponemos a que se exijan normas de claridad y transparencia en la financiación de las campañas electorales.
Recordará la señora presidenta que nos opusimos a esa ley exclusivamente en la parte en que le da una ventaja indebida al partido de gobierno en la asignación de la publicidad televisiva. La Suprema Corte de Justicia declaró que eso es inconstitucional y por eso nos opusimos.
Estamos dispuestos a votar el proyecto de ley en lo que hace a transparencia, controles y lo que sea. Lo que no vamos a votar de ninguna forma es que el Frente Amplio tenga más minutos de televisión gratuita que el resto de los partidos.
Respecto a si la corrupción es exclusiva de los Gobiernos progresistas, creo que tanto el señor senador Heber como quien habla fuimos claros en decir que no es así y que la hay en todos los Gobiernos. Creo recordar que dijo que hay de izquierda, de centro y de derecha. De manera que ninguno de nosotros dijimos que es exclusiva.
Lo que sí nos parece importante que se sepa es que llegaron muchos llamándose progresistas, que dijeron que no iban a verse afectados por la corrupción y son los que más se vieron afectados en monto. Eso es lo que nosotros destacamos. ¿O nos olvidamos de aquella frase famosa: «Si se es de izquierda, no se es corrupto, y si se es corrupto, no se es de izquierda»? La dijeron en la mitad de los procesos judiciales que terminaron con procesamientos. ¿O se olvidan de que cuando se empezó a investigar lo de Ancap y el tema del título falso aquel, etcétera, nos acusaron a los medios de comunicación y a los partidos de la oposición de estar haciendo una campaña para desestabilizar la democracia? ¿Se olvidan de eso? Y hoy nos vienen a decir que, en realidad, estamos afectando la democracia. No; tengo una lista enorme de cosas que se sostuvieron sobre esto: que se linchaba a través de los medios; que «si nos tocan a uno, nos tocan a todos»; y el Plan Atlanta. ¡Todo era una gran conspiración! Ahora se nos dice, por suerte, que sí hay corrupción, pero que no son los únicos que han tenido elementos corruptos en sus filas. Es cierto. Todos los partidos corremos el riesgo de tener elementos corruptos en nuestras filas. Lo que no podemos es permitirles ser candidatos al Parlamento en la próxima elección. ¡Eso es lo que no podemos!
Acá se dijo también que nosotros tuvimos un diputado suplente procesado. Es cierto. Pero fue expulsado del partido y prohibida, en tiempo récord, su reincorporación. ¿Quieren marcarnos normas de transparencia? ¿Quieren elevar la vara contra la corrupción? Miren lo que hicimos. Hagan eso este próximo sábado. ¡Anímense a prohibirle ser candidato!
SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra para contestar una alusión.
SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero hacer una aclaración porque no quiero que se incurra en un error. Muchas veces acá se toma algo equivocado y después se lo transforma en una verdad.
No es cierto lo que dice el señor senador Bordaberry en cuanto a que la publicidad estaba pensada para favorecer al Gobierno, porque si esta norma que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional y que después modificamos y adaptamos en este nuevo proyecto de ley, se hubiera aplicado cuando ganó la presidencia el señor Jorge Batlle, la mayoría de la publicidad electoral le hubiera correspondido al Frente Amplio, que no era gobierno. Fue cuando se aliaron todos los demás, legítimamente, y nos excluyeron de todos lados; y hubiéramos tenido más minutos de publicidad electoral porque no es para el Gobierno, sino para respetar algo que hay que respetar siempre: la legitimidad que da el soberano en las urnas. No hay mayor legitimidad que esa. Cuando se llevan por delante esa legitimidad, rompiendo con las instituciones, ahí estamos en problemas.
Ahora bien, alguien me ha dicho que en el Parlamento no hay peor proyecto de ley que los que vienen con consenso. Parece que tenemos miedo –y cuanto más se aproximan las elecciones, peor– de decir que estamos de acuerdo con algo, no sea cosa que nos vayamos a contagiar.
Y yo quiero valorar lo que se ha hecho: tenemos un proyecto que avanza. ¿Resuelve los problemas? No; pero avanza, como lo hace la ley de financiación de los partidos, porque todos los episodios de corrupción por lo general comienzan con la financiación de las campañas. En esos momentos se les pide plata a las empresas, que se la dan a los partidos y estos, a su vez, se la dan a la televisión que, después, horrorizada, empieza a denunciar, cuando en realidad se beneficia directamente de los recursos que vienen de esas empresas. Así, entramos en un círculo que termina muy mal y los que recaudan, dicen: «¿Para qué voy a darle todo al partido si yo asumo la mayoría de los riesgos?». Es lo que pasó en España. Y llega un momento en que se invierte la carga y dicen: «Le doy poco al partido y dejo mucho para mí porque yo asumo el riesgo».
Entonces, avanzamos. Creo que tenemos que celebrar eso. Yo no me hago eco de las campañas de linchamiento, ni siquiera de las que hoy hay en las redes frente a algún caso que citaba el señor senador Bordaberry. Es más, no lo quiero ni mencionar, porque no creo en la justicia hecha a través de Twitter o de Facebook. Creo en las garantías que hay que dar a la gente. Y frases altisonantes, acusando al otro, hemos tenido todos. Si tuviéramos un poco más de humildad y nos diéramos cuenta de que estamos en un momento complejo para la política, para los partidos y, en consecuencia, para la democracia, pondríamos más racionalidad para evitar que aparezcan los que caen de la nada –no importa el partido al que pertenezcan–, vienen como mesías, como salvadores, y se transforman, a fuerza de plata, de ser empresarios –de populismo o de lo que fuera, de un signo y otro–, a ser los que guían los destinos de los países, llevándose por delante los derechos de la gente. Y creo que con este proyecto, votado por unanimidad, lo que estamos haciendo es, justamente, tratar de poner barreras para evitar que paracaidistas caigan acá y se lleven por delante los derechos de la gente, presentándose como mesías.
Hay una crisis de esperanza en el mundo, señora presidenta, y estamos en el momento de mayor consumismo de la sociedad, donde rige el «todo lo quiero», el «lo quiero ya» y el «me endeudo para conseguirlo». De manera que la política no puede ir resolviendo estos problemas si no damos señales en conjunto y decimos, sin complejo de culpa: «En esto estamos de acuerdo; ¡qué bueno!», en lugar de hacer énfasis en el matiz, por las dudas de que nos contaminemos.
Recuperemos el espíritu de los jóvenes de los partidos, que hace poco nos dieron una lección recordando una fecha en la que todos estuvimos juntos. No quiero que lleguen etapas y situaciones como esas para decir que estamos juntos, porque no quiero que el espanto sea lo que nos una. Quiero que lo que nos una sea una fuerte convicción democrática, a pesar de las ideas que tenemos.
SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.
SEÑOR CARRERA.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.
–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.
En consideración los artículos 1.º a 46, inclusive.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.
(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).
–Quiero aclarar que he sido tolerante con relación al artículo 71 del Reglamento del Senado –los señores senadores lo pueden consultar–; de todas formas, en el día de mañana estaremos votando un nuevo Reglamento.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se crea el Fondo de Peritajes, administrado por la Fiscalía General de la Nación, con la exclusiva finalidad de solventar los honorarios y gastos que demanden las pericias técnicas que deban realizarse para el cumplimiento de sus fines. (Carp. n.º 1145/2018 - rep. n.º 798/2018)».
Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Ramos.
SEÑOR RAMOS.- Señora presidenta: voy a dividir mi intervención en dos segmentos.
En primer lugar, muy brevemente, voy a comentar la exposición de motivos de este proyecto de ley que, como decía muy bien el señor senador Carrera, forma parte de un paquete de transparencia que tiene acuerdos interpartidarios y han sido trabajados con muy buen criterio en la Comisión de Constitución y Legislación, junto al Código de Ética de la Función Pública y al proyecto de ley de enriquecimiento ilícito, que espero pueda lograr también un acuerdo sustantivo. Es muy interesante la discusión que se está dando con respecto a ese tema porque hay distintas posiciones: la del señor senador Bordaberry que originalmente propuso que no se invirtiera la carga de la prueba y la de quien señaló que si se tiene que probar que el enriquecimiento es consecuencia de un uso abusivo del cargo público, la carga de la prueba se invertiría. Pero es un debate que vale la pena. No es una discusión trivial. Es una discusión de fondo, y ojalá podamos zanjarla. Creo que ese es el punto central que queda discutir, más allá de otros matices.
La segunda parte del tema que hoy me toca exponer tiene que ver con un problema que se da en el financiamiento de los peritajes. Se trata de algo complejo, pues hay que tener en cuenta la gestión y el financiamiento del peritaje, así como las capacidades y competencias. El tema es mucho más amplio de lo que hoy vamos a proponer, pero al menos es un primer acercamiento. Alcanza con hacer un breve relevamiento de prensa para ver que los peritajes tienen grandes problemas de recursos y competencias, tanto de Policía Científica como del Poder Judicial, que exceden la propuesta que estamos haciendo ahora, que es consensuada. De alguna manera, la finalidad es que no se archiven indagatorias preliminares por falta de recursos de la Fiscalía General de la Nación. A esto refiere el primer artículo, del que voy a pedir el desglose porque no hubo acuerdo en comisión. Creo que en los otros cuatro artículos sí hay acuerdo.
El motivo fundamental de este proyecto tiene que ver con esta falta de recursos, que se obtendrían a partir de confiscaciones de bienes, incautaciones y dinero procedente de actos ilícitos vinculados al narcotráfico, que van a la Junta Nacional de Drogas. Del fondo de bienes decomisados se podría sacar no más de un 10 % para trasladarlo a los recursos de la Fiscalía General de la Nación para financiar este Fondo de Peritajes. Pero eso lo veremos en el articulado, que es muy breve, por lo que no tiene mucho sentido seguir extendiéndose al respecto.
No quise interrumpir un debate que se estaba dando acá, con altos y bajos, que tenía que ver con estos temas de corrupción y transparencia y que me pareció apasionante. Por tanto, voy a aprovechar esta oportunidad para hacer una breve reflexión en torno a este paquete de transparencia.
Creo que es muy buena cosa que haya acuerdos interpartidarios para avanzar en estos temas, pero me parece que sería una mezquindad que algún partido quisiera cobrar un botín partidario por el hecho de presentar alguno de estos proyectos o tener una iniciativa al respecto. Este es un avance en conjunto que hace el sistema de partidos en el Uruguay y creo que lo importante es discutir qué es lo que nos está faltando, aparte de este paquete de transparencia. Me refiero, por ejemplo, a la ley de financiamiento de los partidos políticos. Yo no estoy en el meollo de la discusión ni integro la comisión especial que está discutiendo eso, pero creo que deberíamos tratar de que no quede en el tintero por una discusión de constitucionalidad o no. En realidad, pienso que deberíamos ver si los temas más ríspidos de constitucionalidad se podrían discutir en una ley aparte, pero no sé si hay voluntades al respecto.
Me parece que la ley de financiamiento de los partidos políticos es fundamental, a pesar de que –como les comentaba a los senadores Heber y Delgado– no estoy de acuerdo con su artículo 1.º, que obliga a que las personas que ocupen cargos de confianza dejen una parte de su salario a los partidos. Hasta ahora eso era voluntario, pero pasaría a ser obligatorio, salvo que se hiciera una carta expresa, en cuyo caso la persona nunca asumiría como tal. Me preocupan los incentivos que se dan al sistema. Estamos queriendo profesionalizar nuestra función pública, que es un problema muy grande, pero los partidos políticos van a ver que parte de su desfinanciamiento podría subsanarse a través de los cargos de confianza. Yo creo que eso no debe ser así, que el financiamiento de los partidos políticos debe ser genuino, buscado en otro lado y no con cargos en el Estado.
No estoy en contra de los cargos de confianza, pero creo que debe haberlos en áreas muy cuidadas del Estado; por ejemplo, un director de industria o alguien que diseña políticas podría ser un cargo de confianza. Agregaría que debería haber una comisión independiente de servicio civil que mirara sus currículos, como se establecía en una época para los cargos de alta prioridad, que nunca se controlaron adecuadamente y fueron derogados en 2010. Podría crearse una figura de ese tipo y que los cargos de confianza fueran revisados por una comisión interpartidaria –siempre pienso en un servicio civil, pero con mayor independencia del Poder Ejecutivo del que tenemos actualmente– que mire los currículos. Esto se hace en muchos países desarrollados con los cargos de confianza y podría implementarse aquí, ya que de esa forma se limitaría mucho y sería necesario elegir muy bien cuáles serían cargos de confianza y cuáles no. Por ejemplo, en las direcciones de hospitales públicos –hoy, por suerte, se ha podido avanzar en eso– no tiene sentido que se designen cargos de confianza.
Ahora bien, si el incentivo que establezco en una ley de financiación de partidos políticos es que estos se financien a través de los salarios de quienes ocupen cargos de confianza, si llego al poder me ato las manos cuando me pidan que reduzca la cantidad de esos cargos, pues estaré disminuyendo mis arcas.
Dejo esto como reflexión, aprovechando que se están discutiendo temas de corrupción. Creo que un servicio civil potente y con fuerte grado de autonomía es uno de los antídotos más grande para la corrupción, y no lo digo yo, sino que lo expresa la academia, Naciones Unidas, la OCDE y otros organismos que se dedican a estos temas. Los temas de transparencia y corrupción tienen mucho que ver con los temas de accountability horizontal, es decir, con cómo poder constreñir al Poder Ejecutivo para que se sienta controlado desde diversos puntos de vista. Nosotros estamos avanzando de manera importante en lo que tiene que ver con los funcionarios al mejorar la accountability legal, o sea, los controles legales sobre la actuación de los funcionarios.
Justamente, me encuentro editando un handbook de Administración pública en América Latina, donde uno de los problemas más grandes que existe es que, si bien se avanza en temas de producción normativa –es muy bueno que podamos avanzar en estos asuntos–, no ocurre lo mismo en lo que tiene que ver con las competencias que se dan a los organismos que deben controlar las normas que aprobamos y con el enforcement, es decir, con la capacidad de sanción de esos organismos. Entonces, probablemente se estén logrando avances muy buenos desde el punto de vista de la accountability legal, del control legal de la probidad de los funcionarios, pero después no tendremos organismos con fortalezas y competencias como para controlar este tipo de cosas. Esto no le sucede solamente a Uruguay, sino que es un problema fuerte de América Latina en su conjunto. Me refiero a los controles que hace la Jutep, a la que es necesario otorgarle más fondos, más recursos y otro tipo de competencias más fuertes.
Justamente, existe un manual de herramientas de la OCDE, un toolkit, que sería aplicable a algunas de las normas que se están incorporando en el Código de Ética en la Función Pública, que tienen que ver con vigilar la integridad de los funcionarios y con el hecho de que deba declarar conflictos de interés, etcétera. La Jutep debería estar trabajando con los organismos públicos para que estos tuvieran un representante encargado de los temas de probidad y transparencia, que se anticipe y que anualmente haga este registro de incompatibilidades.
Pongo esto como un ejemplo de que, si no fortalecemos los organismos de contralor, muchos de estos avances normativos luego no tendrán los resultados queridos. Di el ejemplo de la Jutep, pero también hemos hablado mucho sobre lo que sucede con el Tribunal de Cuentas, sus competencias y su capacidad suspensiva o sancionatoria, o de lo que ocurre con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Recuerdo que en el primer período de gobierno del Frente Amplio se aprobó una norma que transfería a este tribunal un montón de juicios que no le competían.
Hoy en día, para un funcionario, recurrir un acto administrativo es muy complejo, costoso y lento; por lo tanto, pierden eficacia las garantías y el contralor de la probidad y la transparencia, por ejemplo, de la carrera administrativa. Ese es otro de los problemas fuertes que existen. Y con esto también toco el tema de la carrera administrativa.
Como la señora senadora Moreira decía muy bien, a través de la ventanilla única se han hecho esfuerzos en lo que compete a la Administración central, a los servicios descentralizados y a alguna intendencia –las intendencias tienen un debe muy fuerte en esta materia–, pero la meritocracia solo se respeta al entrar a la función pública; luego de que se entra a la función pública prácticamente no hay concursos de ascensos, por lo menos en la mayoría de los organismos de la Administración central. Tampoco se aplica el Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central ni se concursa para ninguno de los cargos de conducción, son todas encargaturas. Reitero: no hay concursos para cargos de conducción en toda la Administración central y no se aplica el Estatuto del Funcionario Público. Y lo digo con propiedad porque estoy trabajando con la Oficina Nacional del Servicio Civil en esta materia.
Repito que esto no es una pasada de cuentas, porque antes ni siquiera había alta conducción y tampoco concursos adecuados. Lo que planteo es hacia dónde tenemos que avanzar, cómo tenemos que pensar estas cosas. Para que tengan anclaje verdadero las normas que estamos proponiendo, tenemos que crear las garantías de fortalecimiento y de competencias de los organismos de contralor de la probidad de la función pública. La Oficina Nacional del Servicio Civil, como institución de gobierno, y la carrera administrativa –garantizada en la Constitución de la república– tienen que tener mecanismos y formas de contralor con relativa autonomía del Poder Ejecutivo; es decir, poner a algún comisionado de la Oficina Nacional del Servicio Civil a hacer informes al Parlamento, como sucede en otros lugares. Entonces, si en una fiscalización se constata que no hay concursos de ascenso, se hace un informe al Parlamento y eso amerita un llamado a sala al ministro correspondiente.
Se podrían hacer muchas cosas para fortalecer la función pública y la carrera administrativa, que es uno de los pilares del control de la corrupción. Y pongo como ejemplo a ASSE, donde no hay definición de cargos y puestos de trabajo. ¿Cómo puedo controlar una carrera administrativa que no existe? Y si quiero hacer una delación –por suerte, parte de lo que incorpora el nuevo Código de Ética en la Función Pública es la protección de la carrera funcionarial de quien hace una acusación contra la Administración– y no existe carrera funcionarial porque no hay estructura de puestos y cargos, ¿quién me va a proteger? Tampoco tengo un lugar específico, adecuado, profesionalizado que me proteja, salvo ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con todas las dificultades que eso conlleva. Yo creo que eso lo podría cumplir muy bien una oficina del servicio civil con una comisión integrada interpartidariamente o con notables de la sociedad, que podría tener esa mirada independiente de los temas de méritos y carrera administrativa.
Digo esto más allá de las dificultades de implementar un nuevo sistema de carrera administrativa, en lo que se ha fracasado dos veces consecutivas. Entiendo las dificultades de migrar hacia una nueva carrera –creo que eso quedará para una próxima legislación–, pero insisto en las competencias de los organismos de contralor horizontal, que son varios, y los repaso: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas, la Junta Transparencia y Ética Pública. Y también estoy pensando en la función de la Oficina Nacional del Servicio Civil, no como oficina de recursos humanos, sino como institución de gobierno que protege la meritocracia, y en cómo se podría fortalecer este tipo de cosas.
Yo creo que Uruguay da una buena señal a través de este paquete de transparencia acordado interpartidariamente. Existe un proyecto del Banco Mundial sobre justicia, en el que Uruguay es el país mejor posicionado de América Latina. Como decía el señor senador Otheguy, esto no se debe únicamente al control de la corrupción –que está muy bien–, sino también a otras virtudes del sistema político uruguayo, entre ellas, la capacidad que tiene el Senado de hacerle rendir cuentas al Poder Ejecutivo. Pero también se puede trabajar en fortalecer esto aún más: debemos trabajar para mejorar los llamados a sala y la formación de comisiones investigadoras, así como para hacer obligatoria la concurrencia a comisión cuando se llama a un particular. Hay para avanzar en esa línea. También nos posicionamos bien porque hemos podido avanzar en el nuevo Código del Proceso Penal –lo dice el proyecto que mencioné–, pero nos falta fortalecerlo, tanto en cuanto a las competencias como económicamente.
O sea que a este primer paquete de medidas no debemos bombardearlo, sino respaldar. Apoyemos lo que hicimos y aquello en lo que obtuvimos consensos. Pero ello no quiere decir que no trabajemos para que con este paquete de medidas no pase lo que sucede en otros lugares de América Latina, que están más avanzados que nosotros en materia normativa con respecto al control de la corrupción, pero donde los organismos de contralor tienen menos competencias; me refiero al Senado con su contralor político y al servicio civil como institución que tiene que velar por la meritocracia del Gobierno.
Este era el segundo apartado –no me extiendo más– al que quería referirme sobre este tipo de cosas.
Señora presidenta: con respecto al proyecto de ley por el que se crea el Fondo de Peritajes, en comisión no hubo acuerdo en mantener el primer artículo, por lo que propongo que pasemos a votar los otros, en los que sí hubo acuerdo.
SEÑORA PRESIDENTE.- Sin mucha esperanza de que se cumpla, exhorto nuevamente a los señores senadores a que nos dediquemos al tema en consideración, que es la creación de un fondo y su financiación.
SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley, una excelente iniciativa del señor senador Mieres, sobre la que ha informado el señor senador Ramos.
Quiero hacer hincapié en el artículo 1.º del proyecto original –que no fue aprobado en comisión–, que dice: «La Fiscalía General de la Nación no podrá disponer el archivo de la indagatoria preliminar (artículo 256 de la Ley Nº 19.293) fundándolo en la falta de recursos para realizar pericias técnicas». Esto fue lo que escuchamos de un señor fiscal hace poco tiempo y por eso nos pareció importante que se incluyera, pero no conseguimos el apoyo necesario en comisión y, lamentablemente, el artículo ya no forma parte de este proyecto de ley. Sin perjuicio de esto, nosotros vamos a acompañarlo.
Para no contradecirla, señora presidenta, me ajusté al tema que estamos considerando.
SEÑORA PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor senador; pero no se trata de contradecirme o no, sino de que debo hacer cumplir un reglamento. Esa es mi tarea.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.
–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.
Léase el artículo 1.º.
SEÑOR RAMOS.- Pido la palabra para una moción de orden.
SEÑOR RAMOS.- Señora presidenta: formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura de los artículos y se voten en bloque.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el criterio de suprimir la lectura y votar en bloque el articulado.
En consideración el articulado.
12) ASUNTOS ENTRADOS
SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de asuntos entrados fuera de hora.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:
•	por el que se modifica la Ley n.° 19210, Ley de Inclusión Financiera, de 29 de abril de 2014.
–A LA COMISIÓN DE HACIENDA.
Por el que se autoriza a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a contratar personal de la empresa Aguas de la Costa S. A., en las condiciones que se establecen.
–A LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
Asimismo, comunica que ha aprobado un proyecto de ley por el que se declara de interés general y se crea la Comisión Honoraria y el Plan Nacional de Producción con Bases Agroecológicas.
–AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE».
13) TENENCIA DE ARMAS
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se prorroga el plazo establecido en el artículo 6.º de la Ley n.º 19247, de 15 de agosto de 2014, sobre tenencia de armas. (Carp. n.º 1234/2018 - rep. n.º 810/18)».
Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Camy.
SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: queremos informar al Cuerpo sobre esta iniciativa, aprobada por unanimidad en la Comisión de Constitución y Legislación.
El proyecto de ley es de mi autoría, pero recibe algunas sugerencias en la comisión, con lo que se logra el apoyo unánime. Por un lado, se modifica el plazo de la prórroga, estableciendo uno menor; por otro, creo que acertadamente, se agrega un nuevo artículo que encomienda al Poder Ejecutivo una función concreta.
Se prorroga el plazo que establece el artículo 6.º de la Ley n.º 19247, que regula la tenencia y el porte de armas de fuego, municiones y explosivos, que fue aprobada el 15 de agosto del 2014 y reglamentada por un decreto que establece aspectos que motivaron la presente iniciativa.
Concretamente, este proyecto consta de dos artículos. El primero de ellos, como señalaba, prorroga el plazo establecido en el artículo 6 de la Ley n.º 19247, que será de doce meses a partir de su promulgación; y el segundo artículo, que se agrega, encomienda al Poder Ejecutivo la realización de campañas de bien público a través de medios televisivos, radiales, Internet o análogos, a efectos de dar mayor difusión a lo que propone la ley, cuyos alcances en algunos aspectos pretendemos prorrogar por lo que explicaremos.
El fundamento es el siguiente. Como es de conocimiento, la Ley n.º 19247 regula la tenencia, el porte, la comercialización y el tráfico de armas y municiones. El artículo 6 y su decreto reglamentario determinaron un plazo de doce meses para el cumplimiento de la regularización de las armas, las municiones y los explosivos en los servicios estatales correspondientes. Dicho plazo terminó en diciembre del pasado año y, a partir de un pedido de informes que formuló el Senado de la república –lo presentamos nosotros y fue aprobado por el Cuerpo–, respondido oportunamente por el Ministerio de Defensa Nacional, surgen algunas estadísticas que vemos con preocupación. La realidad es ilustrada de tal manera que nos lleva a concluir algunos aspectos que compartimos aquí.
Por ejemplo, entre los años 2015 y 2017 se entregaron de forma voluntaria, para la destrucción correspondiente por parte del Servicio de Material y Armamento, dependencia del Ejército nacional, un total de 1362 armas. Recordemos que desde 1943 Uruguay tiene un registro –fue uno de los primeros países del continente en tenerlo–, según el cual existen unas 604.000 armas. Aprobamos la ley referida, y en el plazo de dos años se entregaron voluntariamente 1362 armas.
Si para el mismo período analizamos las solicitudes de información que el Poder Judicial formuló al Servicio de Material y Armamento acerca del origen de las armas –por distintas razones, naturalmente vinculadas a su gestión–, vemos que de 14.102 solicitudes, solo el 2,48 %, unas 350 armas, estaban denunciadas por extravío o robo, y 5682 no tenían registro. Desde el año 1943 hasta la fecha de confección del informe había unas 604.041 armas, pero no es posible estimar las que se encuentran sin registrar. No lo sabemos. El país no tiene idea de cuántas armas están sin registrar.
Según el propio informe, la tenencia o el porte de un arma sin registro constituye un delito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 152 del Código Penal. Pero es muy claro y podemos concluir que hay miles de armas –decenas de miles de armas– que están sin registrar y se tienen en forma irregular.
Si solo se entregaron voluntariamente 1362 armas desde enero de 2015 a 2017, y en el mismo período se detectaron 5652 armas sin registrar, evidentemente un número muy importante de armas en manos de la población civil continúa sin registrar.
La ley que mencionamos –algunos de cuyos efectos queremos prorrogar– pretende regularizar esto, pero de su propia imposición surgen aspectos que físicamente son imposibles de concretar. Es por eso que el proyecto de ley que tenemos a consideración –lo quiero aclarar cabalmente– simplemente pretende adecuar los plazos y las sanciones, para que más ciudadanos puedan, voluntariamente y en forma ordenada –el que lo quiera hacer–, entregar el armamento viejo o en desuso, y que aquel que tiene armas porque así lo entiende pertinente –porque es coleccionista, porque desea tenerlas en el marco de la ley para la defensa de su honor, de su vida, de su familia– lo pueda hacer. Aclaro que esa es la filosofía de la ley –no la posición que podemos tener, seguramente con algunos matices– cuyos alcances pretendemos prorrogar, a efectos de viabilizar lo que establece, dado que ya fue sancionada y está vigente, pero hoy no es posible cumplirla. Se trata, concretamente, de una prórroga de doce meses a partir de que se promulgue esta ley.
(Ocupa la presidencia el señor Luis Alberto Heber).
–A su vez, también se encomienda al Poder Ejecutivo la realización de campañas de bien público, a través de medios radiales, televisivos, de Internet o análogos, a efectos de lograr el mayor conocimiento de la población. Por supuesto, lo que se busca o se pretende alcanzar es sacar de una situación muy difícil a cientos de miles de compatriotas que hoy están en infracción. Situémonos en el caso, no solamente de quienes tienen armas porque quieren tenerlas, legítimamente, para lo que corresponda –legalmente pueden hacerlo– sino, por ejemplo, en el de un ciudadano que tiene en su hogar una escopeta vieja, que heredó de su abuelo o por algún otro método de transferencia, que no sabe ni por qué la tiene, o que está de adorno en una barbacoa; esas personas tienen un arma en situación irregular y ahora podrían regularizarla. Hay otros miles de personas que quisieron regularizarla en este tiempo y no pudieron hacerlo.
El artículo 49 de la ley vigente establece determinados requisitos que no se exigían cuando se creó el registro balístico, y que en la práctica hacen totalmente impracticable el registro de las armas existentes. Diría que es imposible que pueda concretarse si tenemos en cuenta las armas existentes al día de hoy y las posibilidades físicas del registro balístico que se crea en la órbita del Ministerio del Interior. En respuesta a algunos pedidos de informes que formulamos, se detalla que solo un día a la semana se realizan veinte trámites para el correspondiente registro balístico. A ello se suman otros aspectos que la gente vinculada al tema de las armas –o que nos gustan– sabe que imposibilitan, en la práctica, la concreción de lo que persigue la ley.
Por tanto, señor presidente y señores senadores, creo que acertadamente la Comisión de Constitución y Legislación, por unanimidad, promueve la extensión del plazo establecido en el artículo 6.º de la Ley n.º 19247.
En lo personal, consideraba que podía requerirse un plazo de veinticuatro meses, pero con el aporte que se hace en el sentido de encomendar expresamente al Poder Ejecutivo la campaña correspondiente, seguramente los doce meses serán suficientes para poder concretar el objetivo con el que todos estuvimos de acuerdo. Por tal motivo, solicitamos y sugerimos al Cuerpo la aprobación del referido proyecto de ley.
14) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO
SEÑOR PRESIDENTE (Luis A. Heber).- Léase una solicitud de licencia llegada a la Mesa.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 12 de diciembre de 2018
Señora presidente de la
Por la presente y de acuerdo con la Ley n.º 17827, de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito a usted se meconceda licencia, por motivos personales, el día 27 de diciembre del corriente año.
Rafael Michelini. Senador».
SEÑOR PRESIDENTE (Luis A. Heber).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.
–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.
Se comunica que el señor Felipe Michelini ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Antonio Gallicchio, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
15) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN
SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.
SEÑOR PRESIDENTE (Luis A. Heber).- Tiene la palabra la señora senadora.
SEÑORA TOURNÉ.- Señor presidente: solicito que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta agotar la consideración del orden del día.
SEÑOR PRESIDENTE (Luis A. Heber).- Se va a votar.
–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.
16) TENENCIA DE ARMAS
SEÑOR PRESIDENTE (Luis A. Heber).- Continúa la discusión del proyecto de ley sobre tenencia de armas.
SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra.
SEÑORA TOURNÉ.- Señor presidente: ante todo, quiero aclarar que si bien voy a votar el proyecto de ley a consideración, también voy a hacer algunas apreciaciones sobre el tema.
Voy a votar el proyecto de ley porque creo que es un emergente claro de los faltantes que tenemos –en una visión muy autocrítica– quienes formamos parte del Gobierno.
Brevemente, voy a relatar una historia.
La primera vez que presenté un proyecto de ley sobre el tema de regulación de la tenencia civil responsable de armas fue en 2007; por supuesto que fracasé con total éxito, porque mayoritariamente –en todas las bancadas– cundía la idea de la libre portación y de las libertades varias. Yo seguí insistiendo y, por suerte, en 2013 o 2014, el Poder Ejecutivo consideró enviar un proyecto de ley que se votó en 2014, previendo los extremos que el señor senador Camy aludió en cuanto a la regulación. Pasaron dos años para que el Poder Ejecutivo mandara la reglamentación de la ley. ¡Dos años! ¡En 2016! Me parece un período bastante abultado para la reglamentación de una ley.
Esto simplemente me convence de lo que era mi primera opinión –que mantengo hasta el día de hoy–, aunque acato las resoluciones del soberano. Creo que la regulación y el control de armas deben estar fuera de la órbita de los ministerios de Defensa Nacional y del Interior, en un registro nacional de armas en manos de civiles. Porque durante estos dos años de demora para proceder a la reglamentación de una ley, asistimos a lo que fue la pelea entre ambos ministerios para ver quién es el dueño de las armas. ¡Ninguno de los dos! Las detentan a manos del Estado, que es quien tiene la responsabilidad de la defensa nacional y de la seguridad ciudadana; en ese marco. Sin embargo, reitero, no deberían tener el control.
Siempre he dicho a las Fuerzas Armadas que han llevado muy bien el registro, pero creo que no es bueno que lo mantengan. Quien detenta las armas no debería tener su control porque, a su vez, debe ser controlado. En este aspecto es donde a veces fallamos.
(Ocupa la presidencia la señora Lucía Topolansky).
–Algunos datos recientes –en cierta medida aludidos por el señor senador Camy– son bastante alarmantes. En este año se registraron 17.700 armas. Somos un país de tres millones y medio de habitantes y el número de armas en manos de la sociedad civil es realmente alarmante. Y ello no soluciona los problemas que la gente cree que puede solucionar teniendo un arma.
He dicho cien mil veces –con esta serán cien mil una– que a la gran mayoría de los bienintencionados ciudadanos y ciudadanas uruguayas que compran un arma para su seguridad, se la roban. De ahí el número de 605.000 armas que han sido legalmente registradas, de las cuales solo 330.000 se ha podido comprobar que están en manos de sus legítimos dueños. Las restantes 275.000 ¡no se sabe en manos de quiénes están!, sea porque murió su dueño y la heredó otro, porque fue robada, porque fue vendida o porque el que las roba las alquila a los delincuentes. Esta última es una modalidad muy moderna: se roban las armas y en un boliche se alquilan para delinquir. Eso es lo que pasa.
Me llama la atención que hayamos tenido tanto problema para lograr la trazabilidad de las armas, cuando en este país somos tan defensores de trazabilidades varias. ¡Hay que saber dónde están! Obviamente, el delincuente no va a registrar el arma –nadie es tan tonto como para afirmar tal cosa–, pero sí hay que saber dónde está. Más del 90 % de las armas está en manos de civiles. Esto debe ser difundido porque, por más que autocríticamente, como parte del Gobierno nacional, reconozca que ha habido déficit de comunicación de esta ley –obviamente ha sido así–, no me van a convencer tan fácilmente –aunque escucho con mucha atención– de que en este país hay personas que no saben que tienen que registrar las armas. ¡No las registran porque no quieren!, porque les ataca la anarquía revolucionaria por el lado de la propiedad. «¡Soy un valiente bárbaro; tengo las armas!» Eso es un invento que no contribuye a la democracia y a la paz nacional.
Acá nadie está cuestionando el derecho de tener armas, lo tiene, pero también tiene la obligación de registrarlas. Está bien; autocríticamente hemos demorado en la reglamentación, hemos sido paupérrimos en la difusión de las obligaciones y los derechos de los uruguayos y las uruguayas en esta materia, pero también hay una resistencia brutal, que creo que tiene que ver con la idiosincrasia uruguaya –no hay caso– a cumplir con la norma, cuando sabemos que la tenemos.
Me alegro, sobre todo, de lo que establece el artículo 2.º. ¡A ver si de una vez por todas –como ahora vamos a tener un artículo que nos lo mandata– cumplimos con difundir las obligaciones que se tienen! Iría más lejos: ojalá tomáramos conciencia de que tener un arma es un problema y una altísima responsabilidad para los ciudadanos y las ciudadanas y que pueden tenerla si cumplen con determinadas obligaciones. No es por el lado de la tenencia y la proliferación de armas en manos de los civiles que vamos a arreglar los problemas de seguridad; esa es una discusión aparte, profunda, que deberemos dar. El Estado tiene la responsabilidad –en mi humildísima opinión– de difundir lo que puede ser una gran campaña de regulación y desarme civil. Sería realmente un logro que ayudaría mucho a la democracia si se desestimulara la proliferación de armas en manos de los civiles.
SEÑOR CAMY.- Formulo moción para que se suprima la lectura y se vote en bloque el articulado.
–25 en 27. Afirmativa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque el articulado.
(No se publica el proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).
17) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO
SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, desde el 12 de diciembre hasta el 21 de diciembre inclusive.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Camy. Senador».
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.
–26 en 27. Afirmativa.
Queda convocado el señor Pablo Iturralde, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: «Proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se modifica el artículo 1844 del Código Civil y se derogan los artículos 35 y 36 de la Ley n.º 1816, de 8 de julio de 1885, referidos a la responsabilidad de arquitectos, ingenieros y constructores. (Carp. n.º 726/2016 - rep. n.º 809/18)».
SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión.
SEÑOR GALLICCHIO.- Pido la palabra.
SEÑOR GALLICCHIO.- Señora presidenta: quiero señalar que con respecto a la consideración de este punto me alcanza lo que establece el artículo 97 del Reglamento del Senado porque tengo la profesión de arquitecto desde hace cuarenta y ocho años.
SEÑOR BORDABERRY.- Propongo que se autorice la permanencia en sala del señor senador.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar.
SEÑORA AYALA.- Señora presidenta: voy a tratar de ser breve y clara.
Como es conocido por todos, este proyecto fue considerado y aprobado en el Senado, y pasó a la Cámara de Representantes donde sufrió algunas modificaciones que intentaré detallar.
Se trata del artículo 1844 del Código Civil –que pretendemos modificar–, que data del 1.º de enero de 1868, o sea que tiene ciento cincuenta años.
Voy a detallar las modificaciones que hizo la Cámara de Representantes. En el artículo 1.º, que refiere a las modificaciones del artículo 1844 del Código Civil, en la Cámara de Representantes se anexó la figura de los ingenieros a las responsabilidades establecidas en ese artículo. Luego se realizan algunas modificaciones de redacción en el inciso segundo y en el inciso tercero, al final, se elimina la palabra «extraña» de lo que se aprobó en el Senado. Donde decía «En estos casos la exoneración de responsabilidad podrá fundarse en cualquier causa extraña no imputable» pasa a decir: «En estos casos la exoneración de responsabilidad podrá fundarse en cualquier causa no imputable a los sujetos indicados», es decir que se elimina la palabra «extraña». Ahora bien, esta palabra debe entenderse, con un criterio lógico sistemático, en el marco del cuerpo normativo que la disposición va a integrar, que es el Código Civil. En ese sentido, en el artículo 1342 del Código Civil se habla de causa extraña que no le es imputable como eximente de la responsabilidad del deudor por su falta de cumplimiento justificado por esa causa. Por lo tanto, la causa extraña al sujeto deudor tiene como consecuencia que no le sea imputable al mismo la situación de responsabilidad. Volviendo al artículo 1844 modificado por la Cámara de Representantes, con el criterio sistemático mencionado “causa no imputable” necesariamente se refiere a la causa extraña, ya que la imputabilidad no es un adjetivo de la causa, sino que es consecuencia jurídica de causa extraña.
En resumen, donde dice «causa no imputable» a criterio personal y en el marco del sistema normativo, que es el código civil, debe entenderse que se refiere a la causa extraña. Esto, en lo referente a esa modificación.
Luego, al final del artículo, se elimina el último inciso, lo que hace que se centre la responsabilidad en el arquitecto, en el ingeniero o en el constructor.
Por todo lo expuesto, se aconseja al Cuerpo que se acepten las modificaciones realizadas por la Cámara de Representantes.
Es todo cuanto tengo para señalar.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se aceptan las modificaciones introducidas en la Cámara de Representantes.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: «Proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la iniciativa de un proyecto de ley por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 19039, de 28 de diciembre de 2012, sobre Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos. (Carp. n.º 1246/2018 - rep. n.º 808/18)».
SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.
SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: el hecho de que el informe de este punto sea breve es inversamente proporcional a la importancia del tema.
A partir de la comparecencia de los familiares de víctimas de violencia en el deporte a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, volvimos a tomar contacto con casos que fueron muy difundidos públicamente hace unos años. Sus familiares demandaron la necesidad de ser incluidos en los derechos que tienen las personas amparadas por la Ley n.º 19039, cuya redacción no incluye a las víctimas de violencia en el deporte. Si bien son unos pocos casos –un total de ocho–, la cantidad no es lo que importa porque estas cuestiones no se miden en función de la cantidad de gente que sufre estas situaciones, sino en si es de justicia o no.
Aprovechando que el señor senador Bordaberry, miembro de la comisión, en su momento había presentado un proyecto de ley relativo al tema, todos sus integrantes, que representamos a todos los partidos, entendimos no solo que era justo sino necesario expresar la voluntad de todos los partidos representados en el Senado remitiendo una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo. Dado que un proyecto de esta índole necesita iniciativa del Poder Ejecutivo y que la Constitución impide que se puedan otorgar pensiones o resolver este tipo de situaciones en año electoral, entendemos que podría hacerse luego de las elecciones.
A su vez, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras también se envíe hoy al Poder Ejecutivo porque nos interesa que, pasada la elección –más allá de que el período parlamentario haya concluido–, se pueda celebrar una sesión extraordinaria para votar esta ley. De esta forma, se podría incluir a las víctimas de violencia en el deporte en los beneficios que otorga la Ley n.º 19039, a través de sus artículos 3.º y 5.º.
No voy a narrar la tristeza que nos causa este tipo de hechos, pero quienes comparecieron ante la comisión demostraban que su dolor no había sido superado con el paso del tiempo. Estamos hablando de madres que perdieron a sus hijos y de esposas que perdieron a sus parejas por esas cuestiones que tanto queremos combatir, como es el no aceptar que una persona luzca los distintivos de un club que no es el nuestro y que la forma de resolver una contienda deportiva sea a través de la violencia o del juego de suma cero, que implica la eliminación del otro para quedarnos con el todo.
Lamentablemente, este flagelo se está dando en todo el mundo. No solo lo vivimos en Buenos Aires, a propósito de la final de la Copa Libertadores de América, sino que también sucedió en un partido de holandeses contra griegos, cuando los rivales de los griegos se aliaron a los holandeses para resolver la disputa por medio de la violencia y no en el campo de juego. Estamos hablando del primer mundo y no del subdesarrollo.
Por nuestra parte, entendemos que hay que atender esta situación y por esa razón la Comisión, por unanimidad, solicita al Cuerpo que nos acompañe en la votación para enviar al Poder Ejecutivo esta minuta de comunicación con la recomendación expresa de que nos envíe el proyecto de ley una vez concluida la elección.
SEÑORA PRESIDENTE.- Léase la minuta de comunicación.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «La Cámara de Senadores solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien tomar la iniciativa, una vez culminado el plazo establecido en el artículo 229 de la Constitución de la República, a fin de modificar el artículo 3º y el artículo 5º de la Ley Nº 19.039, de 28 de diciembre de 2012, “Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos”, ampliando el hecho generador de la prestación e incorporando entre sus beneficiarios a los familiares de las víctimas de violencia en el deporte».
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Asimismo, y de acuerdo con lo solicitado por el señor senador Pintado, se va a votar la remisión al Poder Ejecutivo de la versión taquigráfica de sus palabras.
20) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 28 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día 13 de diciembre.
Sin otro particular, saludo muy atentamente.
Álvaro Delgado. Senador».
–25 en 26. Afirmativa.
Queda convocado el señor Alejandro Draper, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día.
(Así se hace. Son las 13:27).
(En sesión pública).
–Habiendo número, se reanuda la sesión.
(Son las 13:35).
–Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a una funcionaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería y a un funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se realizarán las comunicaciones pertinentes.
22) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN
SEÑORA PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.
(Así se hace, a las 13:35, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Aviaga, Ayala, Berterreche, Besozzi, Bordaberry, Carballo, Carrera, Castillo, Delgado, Gallicchio, Garín, Heber, Lazo, López Villalba, Martínez Huelmo, Moreira, Otheguy, Pardiñas, Payssé, Ramos, Saravia y Tourné).
LUCÍA TOPOLANSKY Presidente
José Pedro Montero Secretario
Hebert Paguas Secretario
Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos
Control División Diario de Sesiones del Senado
Diseño División Imprenta del Senado