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Timestamp: 2020-07-15 09:18:33
Document Index: 79723575

Matched Legal Cases: ['artículo 366', 'artículo 359', 'artículo 166', 'artículo 164', 'artículo 458', 'artículo 359', 'artículo 166', 'artículo 359', 'artículo 359', 'artículo 359', 'artículo 166', 'artículo 2', 'artículo 166', 'artículo 164', 'artículo 67', 'artículo 2', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 2', 'artículo 323', 'artículo 167', 'artículo 210', 'artículo 41', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 164']

En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a los 7 días del mes de octubre de dos mil ocho, se reúnen los señores jueces del Tribunal de Casación Penal, doctores Ricardo Borinsky, Víctor Horacio Violini y Carlos Alberto Mahiques, con la presidencia del primero de los nombrados, para resolver en la causa número 2862 (Nº 12.505 del registro de Presidencia), seguida a P. R. Q. y a H. M., de conformidad al siguiente orden de votación: MAHIQUES-BORINSKY-VIOLINI.
1) Que el Tribunal en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial de Zárate Campana, por sentencia del 6 de diciembre de 2002, condenó a P. R. Q. S. y/o A. O. E. como coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de armas, en grado de tentativa, en concurso real con robo en poblado y banda, a la pena de cinco años y once meses de prisión, accesorias legales y costas, en tanto que H. J. M. fue condenado a tres años y nueve meses de igual especie de pena, con accesorias legales y costas, en orden al delito de robo en poblado y banda, en calidad de coautor.
2) Que contra dicha sentencia la señora defensora oficial, doctora Karina Paola Dib, interpuso recurso de casación denunciando en primer lugar que el tribunal de juicio violó normas procesales que han menguado el derecho de defensa al aplicar erróneamente el artículo 366, inciso 1, pues por mayoría, se resolvió incorporar el acta de procedimiento glosada a fs. 94/95 pese a la oposición de la defensa formulada en tiempo oportuno, destacando que por resultar el procedimiento en ella actuado perfectamente reproducible en el debate, en ningún caso pudo el tribunal introducir directamente al proceso aquella pieza.
Cuestionó que el tribunal permitiera la ampliación de la acusación durante el debate sin que se den ninguna de las dos condiciones que establece el artículo 359 del C.P.P. Ello así, pues durante el juicio no hubo elemento alguno que desde el punto de vista probatorio implicara un cambio en la forma en que se sucedieron los hechos en el marco de la causa N°482/1729, sino que lo único que varió fue la persona del fiscal interviniente.
Guante la investigación penal preparatoria el acusador entendió que el arma de fuego que tenía la personal que estaba fuera del comercio no fue utilizada para realizar la conducta delictiva en cuestión, criterio que se mantuvo en el requerimiento de elevación a juicio.
Destacó que el cambio de temperamento del ministerio público fiscal no puede perjudicar a la defensa sorprendiéndola con la mutación.
Adunó que las testimoniales recibidas en la audiencia demostraron que el individuo situado fuera del comercio en momento alguno intimidó con el arma de fuego a ninguno de los empleados en ninguna de las etapas que conformaron el iter criminis.
Si bien el arma fue vista por alguna de las víctimas, dicha circunstancia obedeció a la propia actividad de ellas y en ningún momento su portador modificó su actitud pasiva, ajena a toda forma de participación en el ilícito. Agregó que siendo este segundo sujeto un simple partícipe de carácter accesorio, la posesión del arma no puede servir para calificar la conducta del autor.
Aseveró que lejos de demostrarse que Q. E. había tenido intenciones de participar en un robo cometido con armas, se demostró lo contrario, pues ingresó al comercio sólo intimidando verbalmente a los empleados.
Denunció el recurrente la errónea aplicación del artículo 166, inciso 2, del Código Penal, pues no existe ninguna prueba que demuestre que en el robo se utilizó un arma de fuego, pues es insuficiente a tal fina de sola declaración de la víctima que no pudo ser corroborada por otros elementos de prueba. Agregó que al no haberse secuestrado arma alguna, no pudo realizarse pericias a fin de establecer la aptitud de disparo del elemento que dijo ver el damnificado.
En otro aspecto, objetó la desestimación de la inimputabilidad para lo cual, sostuvo, los sentenciantes incurrieron en una absurda valoración de los elementos de prueba.
Puso de resalto que el doctor Lembo dijo durante el debate que las conclusiones a las que arribó luego del examen clínico del acusado, de manera alguna llevaban a descartar dicho cuadro de intoxicación, siendo incomprensible la razón por la cual el a quo sostiene que no se refería el médico a este caso en particular.
Afirmó que para soslayar la omisión de extracción sanguínea al imputado, se pretende que esa parte ofreciera medidas de prueba de imposible o intrascendente realización, pues partiendo de la ausencia de estimaciones objetivas como la alcoholemia o prueba toxicológica, los peritos no tendrían con qué contrastar los dichos del encartado.
Respecto al descartado desistimiento de la acción, explicó que resulta contradictoria la resolución judicial sobre el punto, en tanto se afirma que la puesta en fuga del imputado no obedeció a su voluntaria decisión, sino por el pedido de auxilio de uno de los empleados, para luego afirmar en otro tramo que fue la resistencia a entregar el dinero lo que motivó su huída.
Destacó que se violaron los arts. 210 y 373 del rito, ya que al dar tratamiento a la autoría responsable del hecho que damnificara a J. E. se arribó a una conclusión errada producto de una absurda valoración de la prueba producida.
Explicó que el testigo O. refirió que había visto horas antes en la remisería a las personas aprehendidas, como también que participó en una solo rueda de reconocimiento, lo cual no demostraba la intervención del acusado M. en el hecho enjuiciado, habida cuenta que al no haberse reproducido en la audiencia dicho reconocimiento exhibiéndole al testigo las fotos de fs. 313/314, no puede determinarse a que persona se refería el deponente ni el rol que desempeñó.
Subrayó que la propia víctima E. no reconoció a M. como uno de los autores del hecho, siendo que por la ropa y la fisonomía, le parecía que Q. podía ser uno de sus atacantes.
Desestimó el valor incriminante de la referencia de la víctima en cuanto a que uno de los sujetos que salió de la bailanta tenía colocado los anteojos de su hermano en su cabeza, pues ninguno de los detenidos detentaba aquel objeto, lo cual evidenciaría que el personal policial eligió mal a los sujetos a detener.
El tiempo y la distancia entre el desapoderamiento y la aprehensión de los acusados, debilitan el inicio evaluado por los jueces, máxime cuando el procedimiento policial se llevó a cabo a la salida de una bailanta con miles de personas en el lugar, lo cual dificultaba la identificación tal como lo reconoció el oficial B., quien recordó que perdió de vista a uno de los sujetos que escapaban, siendo ayudado por al gente del lugar para dar con él nuevamente.
La calificación del delito como robo en poblado y banda, también se hace pasible de casación pues no se ha explicado en el fallo cual ha sido el rol de cada uno de los imputados que demuestre un codominio del hecho a efecto de fundar la agravante mencionada y descarta la figura del artículo 164 del código de fondo.
Criticó la defensa la determinación de la pena pues no se dieron las razones por las cuales se desestimó la ponderación como atenuantes de la vulnerabilidad de los acusados, como al tratamiento de la falta de antecedentes condenatorios.
Por el lado de las agravantes, afirmó la defensora que la nocturnidad pues no se explicó cómo aquel extremo ayudó a la concreción de la acción delictiva.
3) Que concedido por el a quo el recurso interpuesto, esta Sala a fs. 51 imprimió a las actuaciones el trámite de procedimiento común.
4) Que a fs. 126/130 la defensa particular desistió de la realización de la audiencia del artículo 458 del C.P.P. manteniendo el recurso interpuesto, abundando en argumentaciones fácticas y jurídicas.
Que en dicha oportunidad procesal el fiscal adjunto ante esta Casación, doctor Jorge Armando Roldán, postuló el rechazo de la impugnación por las razones actuadas en el acta de fs. 131/133, acogiendo favorablemente el ingreso como diminuente de la ausencias de antecedentes condenatorios de los acusados y la falta de comprobación de fuego del arma utilizada durante uno de los atracos, lo cual convoca la aplicación de la ley 25.882, en tanto opera como ley penal más benigna en el caso al establecer una escala penal menor respecto de la utilizada por el tribunal a quo, por lo que corresponde acoger la pretensión del recurrente.
6) Que, tras deliberar, y sometido el recurso a consideración del Tribunal, se plantearon y votaron las siguientes
Primera: ¿es procedente el recurso de casación interpuesto?.
I) Que respecto de la objetada incorporación por lectura del acta de fs. 1/2 labrada por el personal policial en relación con la aprehensión del acusado Q. vinculado al hecho N° 2 en mi parecer el agravio es insuficiente, pues más allá de que en el aspecto formal dicho temperamento constituye una cuestión precluida decidida por quien otrora fuera el tribunal competente, lo cierto es que la defensa no demuestra en el plano sustancial de qué forma aquella resolución puso en transe garantías constitucionales, particularmente, la de defensa en juicio y debido proceso, si, como en el presente, fueron llamados a declarar quienes intervinieron en los sucesos consignados en dicha acta, asegurándose de esa forma la posibilidad de la defensa de controlar e interrogar a aquellas personas sobre todos los aspectos que considerara trascendentes en la resolución del caso.
El impugnante no ha desarrollado en este punto, una argumentación demostrativa del modo en que la exclusión del acta de f. 1/2 podría haber incidido efectivamente en el fallo recurrido, habida cuenta que el contenido de aquel instrumento fue ratificado en la oralidad por el tenor de las testimoniales de la mayoría de los sujetos quienes intervinieron en él, de forma tal que el conocimiento disponible en el juicio arrimado por aquella acta no desaparece del plexo cargoso, aún en el supuesto que pretendiera sancionarse con nulidad su incorporación al debate, pues, en definitiva, la prueba testimonial constituye un carril independiente de ingreso al proceso de similar conocimiento.
De tal forma, omitiendo estructurar la nulidad denunciada sobre una afectación concreta que traduzca el interés de la parte en ella, no resulta procedente la invalidación del acto (Carlos Creus, "Invalidez de los actos procesales", pág. 70).
II) Tampoco encuentro motivos para descalificar por irregular la actividad procesal desarrollada durante el juicio, vinculada con la ampliación de la acusación.
Es que según surge del acta del debate (fs. 274vta./275) el Ministerio Público Fiscal tras recibir testimonios durante el debate solicitó ampliar la acusación en el sentido de la concreta utilización de un arma de fuego en el robo a la carnicería, a lo que se opuso la defensa argumentando que aquella circunstancia ya estaba referida por el testigo en el acta de procedimiento inicial, no resultando una agravante nueva en los términos del artículo 359 del ceremonial.
Resuelta por mayoría la procedencia de la ampliación peticionada por el fiscal, inmediatamente el Presidente del tribunal, en cumplimiento con la manda del artículo antes citado, advirtió a la defensa y a la imputada la ampliación de la requisitoria fiscal, como también, los derechos constitucionales que le asisten y la facultad reservada a esa parte por dicha norma.
Concluida la recepción de la prueba, el señor fiscal de juicio propició la subsunción del hecho, así ampliado, en la figura de robo agravado por el uso de armas (artículo 166, inciso 2, del Código Penal).
Precisamente del acta que instrumenta el debate surge claramente que luego de la solicitud fiscal de ampliación del requerimiento de elevación a juicio, el tribunal mantuvo la garantía del contradictorio al punto que la defensa tuvo la oportunidad –como efectivamente sucedió- de actualizar su derecho de oponerse a la petición de la fiscalía. Así planteada, la cuestión fue resuelta por el ‘a quo’ con intervención de la encausada que pudo prestar declaración y ejercer su defensa material, y también de la defensa técnica que guardó silencio cuando estuvo facultada a allegar nuevas pruebas que resultaran pertinentes y útiles a su estrategia defensista, inclusive, pudo solicitar la suspensión del juicio (artículo 359 del C.P.P.).
Por lo expuesto no resulta procedente, en mi criterio, el cuestionamiento vinculado con la inobservancia de las formas procesales impuestas bajo sanción de nulidad en el artículo 359 del C.P.P.. Es que si dicha disposición faculta al fiscal a ampliar la acusación si en el curso del debate surgieren hechos que integren el delito continuado atribuido o circunstancias agravantes de calificación no contenidas en el requerimiento fiscal o en el auto de elevación, pero vinculada al delito que las motiva; consagrando un instituto excepcional que permite suprimir –en lo ampliado- la etapa instructoria y los actos preliminares, no se advierte el impedimento para que proceda la ampliación cuando, aún antes del inicio del debate, ya obran elementos de prueba que viabilizan dicho mecanismo.
Asimismo, si los recaudos establecidos por el legislador en el artículo en trato a fin de que el imputado y su asistencia técnica puedan acomodar debidamente su estrategia a fin de resistir una imputación ampliada –léase: explicación de los nuevos hechos o circunstancias que se le atribuyen, información de los derechos constitucionales, facultad de solicitar la suspensión del juicio, posibilidad de ofrecer nueva prueba- satisfacen la garantía del debido proceso y la defensa en juicio, con más razón aparecerá incólume el derecho de defensa del acusado cuando, como en el caso, la “nueva circunstancia” no sea, en rigor, enteramente nueva, pues en cuanto a la referida arma utilizada durante el desapoderamiento individualizado como 2°, aparece referido desde el inicio de la investigación por el testigo G.
En cualquier caso lo actuado podría demostrar la inoficiosidad de una “ampliación” referida a una circunstancia agravante ampliamente conocida y que, en consecuencia, podía ser reinterpretada su significación jurídica por el fiscal de juicio, sin otros prolegómenos, pero de modo alguno se exhibe menoscabo al derecho de defensa.
Sin dudas, constituye una garantía fundamental del proceso penal la clara, concreta y circunstanciada intimación a la persona sometida a juzgamiento respecto del o los hechos que se le imputan a fin de que a partir de dicha intimación pueda ejercer en plenitud su derecho de defensa en juicio, pero dicha intimación sólo reconoce un contenido material o fáctico, cuya identidad a lo largo del proceso, posibilita al justiciable el conocimiento cierto de la conducta objeto de reproche.
Así, el pronunciamiento conclusivo del proceso no podrá introducir sorpresivamente modificaciones a dicho material, sin perjuicio que la significación jurídica acordada al hecho resulta facultad exclusiva del juzgador y concreta aplicación del principio ‘iura novit curia’.
Por ello la clave hermenéutica del procedimiento de ampliación de acusación previsto en el artículo 359 del código de forma debe fundarse en consideraciones de orden material, de cara a ello, puede establecerse que en el sub examine la fiscalía incorporó al objeto procesal del juicio la utilización de un arma de fuego durante el tentado atraco al comercio “San Jorge”, ubicada en Avda. Presidente Perón y Moscón de la localidad de Los Polvorines, circunstancia que fuera oportunamente informada por el empleado G.
Desde esta óptica, y al contrastar el hecho enrostrado a Q., no logra advertirse, ni el recurrente lo pone de manifiesto, cual fue el hecho nuevo y sorpresivo generador de una violación del principio de congruencia y respecto del cual no haya podido la imputada ejercer plenamente el derecho de defensa pues, conforme surge del acta de debate, el acusado y su defensa técnica tuvieron pleno conocimiento a fin de controvertir y, eventualmente, producir prueba en contrario, garantizándose de tal forma las etapas aseguradoras del debido proceso legal en cuanto acusación, defensa, prueba y sentencia.
Siendo ello así, como las nulidades no corresponde declararlas sino cuando la irregularidad denunciada ha podido realmente influir en contra de las partes y lesionar su interés; pero carece de interés práctico y debe desecharse si nada se ha opuesto al progreso de sus respectivas estrategias, he de desestimar la queja de la defensa.
III) Sin perjuicio de lo dicho, ya tuve oportunidad de pronunciarme en el sentido de que en el robo agravado por el empleo de armas, la ley califica el delito por su comisión con armas, cuando las mismas se utilizan como instrumento para la ejecución, constituyendo su uso la violencia física (o la amenaza de hacerlo) o cuando fue blandida contra la víctima para vencer su resistencia al apoderamiento de las cosas (Sala III, causas nº 3687, Registro 142 - 1, sentencia del 17/4/2001; “Sanabria, S. R. s/ recurso de casación”; y nro. 3730 “Barría, C. A. s/recurso de casación”).
Tal es, por lo demás, la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación favorable a la consideración objetiva del riesgo con presunción del poder ofensivo del “arma” de fuego (A. 222. XXVIII, “Aranda, Martín -menor- y López, Oscar Gabriel s/ robo calificado” -12 de marzo de 1996-).
Ella se fundamenta en que la circunstancia agravante prevista en la última parte del artículo 166, inciso 2°, del Código Penal (en su versión anterior a la ley 25.882 que rige el caso por resultar de aplicación más benigna, artículo 2 del C.P.), reside, entre otras razones, en el peligro que constituye para el agraviado la utilización del arma por el propio agente para vencer o evitar su resistencia al apoderamiento de la cosa, cuando aquella tiene aptitud para el disparo (cfr. Núñez, Ricardo C., “Derecho Penal Argentino”, Tomo V., pág. 240).
Siendo ello así, y conforme surge de la materialidad ilícita que llega incontrovertida a esta Sede, en cuanto a que durante el suceso señalado como 2 se habría utilizado un arma de fuego, pero careciendo de todo otro elemento probatorio que permita aseverar, más allá de la simple posibilidad, la efectiva aptitud de disparo de ella, la crítica defensista es acertada y por ello debe ser acogida favorablemente.
Es que la comprobación de la aptitud de disparo del arma constituye un extremo relevante para la subsunción legal en la figura del artículo 166, inciso 2, del código de fondo (anterior a la ley 25.882).
Sin desconocer que a tal fin rige plena libertad probatoria y, en el marco de la libre convicción, puede llegarse a ella a través de prueba presuncional, en cualquier caso, el pronunciamiento condenatorio exige certeza sobre los extremos de la imputación y jamás podrá prescindir de las reglas de la lógica que, en el sub examine, imponía la comprobación -más allá de la mera posibilidad- de que el arma de fuego utilizada tuviese efectivo poder vulnerante, como ineludible consecuencia del principio de tercero excluido.
Es por ello que la sentencia no se muestra ajustada a las circunstancias comprobadas de la causa al subsumir las materialidad ilícita del hecho 2° en la figura de robo agravado por el uso de armas, en grado de tentativa, lo que amerita su casación en esta sede y conduce necesariamente al tipo básico del artículo 164 del Código Penal como acertadamente pretende la defensa.
En esta tesitura, deviene abstracto el tratamiento a los argumentos referidos a la neutralidad el segundo sujeto que se encontraba en las puertas del comercio o su eventual carácter de partícipe que no podría calificar la conducta del autor por aplicación del principio de accesoriedad.
IV) La nueva calificación legal impone considerar la subsistencia de la acción penal en orden al delito de robo simple en grado de tentativa.
Es que la extinción de la acción penal por prescripción es de orden público y se produce de pleno derecho, por el mero transcurso del plazo pertinente, por lo que debe ser declarada, aún de oficio, en cualquier estado y grado de la causa, si se dan los presupuestos legales que imponen su declaración (conf. C.S.J.N., Fallos: 186:289, 311:2205, considerando 9°; 301:339; L.10.XXXVII, "León, Benito s/ art. 71", rta. 18/09/2001. Asimismo, S.C.B.A., P.65.877, “Viola, Gustavo José s/lesiones culposas”, rta. 29/9/98; P.58.026, “Avalos, Miguel Ángel s/homicidio en riña”, rta. 15/12/98; P.59.800, “Llanos, Héctor Emilio s/lesiones graves”, rta. 31/5/00). Y, en definitiva, como lo ha expresado el máximo tribunal, si resulta procedente la extinción de la acción penal por prescripción, con su resolución se agota el acto de la sentencia, y también se agota el proceso (Fallos 311:2205; 311:1029; 311:1042; 311:1095).
Por otra parte, la reforma operada al artículo 67 del Código Penal mediante la ley 25.990 impone determinar cual es la norma según la cual debe resolverse en la especie las cuestiones relativas a la prescripción.
En cuanto a ello concierne, cumple recordar que cuando el código de fondo determina en su artículo 2 que se debe aplicar la ley más favorable al imputado si existiese una diferencia entre la norma vigente a la época de comisión del delito y aquella otra que regía al momento de dictarse el fallo, la primera de aquellas alcanzará en sus efectos no sólo lo atinente a la calidad y cantidad de la pena, sino a todas las circunstancias que puedan influir en la imputabilidad y la sanción (confr. C.S.J.N., Fallos 164:330). No cabe duda de que una de estas circunstancias es la prescripción de la acción penal, en tanto se trata de una causa de extinción de la responsabilidad penal.
Así entonces, habiendo establecido este Tribunal, en el pleno dictado en la causa n° 9496 (rta. 18/9/2003), que quedaban comprendidos en el concepto de “secuela del juicio”, a los fines de la interrupción del curso de la prescripción de la acción penal, a todos aquellos actos jurisdiccionales o del Ministerio Público Fiscal que impulsen el ejercicio de la pretensión punitiva contra una persona determinada, de ello puede derivarse sin esfuerzo que el dictado del pronunciamiento condenatorio posee aquella virtualidad, la cual aparece explícitamente refrendada a partir de la reforma introducida por la ley 25.990 al artículo 67 del Código Penal, que incluye en su determinación taxativa de las causales de interrupción del curso de la prescripción, al dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme.
Por lo tanto, desde esta estricta consideración, la mencionada reforma legal resulta neutra en su adecuación al caso, no obstante lo cual su aplicación viene impuesta por la expresa mención a las causas de interrupción que impiden considerar como secuela de juicio a otras circunstancias diversas a las allí consagradas, como también, por la alusión a que la prescripción corre, se suspende o interrumpe separadamente para cada delito (artículo 67, último párrafo, del C.P. según ley 25.990), lo cual clausura, también, la posibilidad de hermenéuticas extensivas de los plazos prescriptivos de la acción de los delitos fundadas en las teorías de la acumulación de las penas, operando en tal sentido, como ley penal más benigna que la vigente al tiempo del hecho aplicable de pleno derecho (artículo 2 del ordenamiento sustantivo, y en igual dirección S.C.B.A., P.32.486, rta. 26/6/84; P.32.539, rta. 30/11/84; P.33.525, rta. 2/4/85; P.33.052, rta. 6/3/86; P.34.954, rta. 24/2/87).
En razón de lo dicho, el último acto interruptivo de la acción penal existente en la presente causa es el dictado del pronunciamiento condenatorio recaído el día 6/12/02, pues según surge de los informes de antecedentes incorporados a fs. 152/3 el imputado no ha cometido desde esa fecha nuevos delitos.
Siendo ello así, habiendo transcurrido desde aquella sentencia el plazo de prescripción de la acción penal por el delito de robo simple en grado de tentativa –cuatro años- la acción se encuentra extinguida en virtud de lo dispuesto en los artículos 2, 42, 62 inciso 2, 67 y 164 del Código Penal –según ley 25.990-.
En consecuencia, agotada la acción, así corresponde declararlo (artículo 323 inciso 1° del Código Procesal Penal), lo que me exime de considerar la existencia de un desistimiento voluntario o la alegada inimputabilidad del acusado Q.
V) Que el recurso se encamina por un inoficioso sendero al pretender poner en evidencia el quebrantamiento a las reglas que rigen la valoración probatoria, con cuestionamientos que no logran demostrar demérito alguno en la asignación de sentido incriminante que el a quo otorgó a los elementos de convicción que dan fundamento suficiente a la demostrada intervención ejecutiva de los imputados.
La técnica recursiva utilizada en el escrito de interposición, impone señalar una vez más que las cuestiones vinculadas a la determinación de los hechos y la intervención del acusado en ellos, con la consiguiente valoración y selección de los medios probatorios, efectuadas por el tribunal oral resultan casables cuando se verifica un razonamiento arbitrario, ilógico o presente vicios valorativos, que no logran demostrarse con las referencias de la defensa sobre el desconocimiento sobre la persona a la concretamente se refiere el testigo O. en su declaración, de la cual no podría extraerse prueba de cargo contra al acusado M.
Es que más allá de que durante el debate oral no se efectuó una recreación de la diligencia de reconocimiento del mencionado acusado, lo cierto es que si como lo admite expresamente la defensa, surge claro del testimonio de O. que los dos únicos detenidos en relación con el apoderamiento del rodado Fiat, fueron M. y Q., y ellos no son otros que los que viera el deponente en compañía de un tercero en la remisería abordando el auto de la víctima, al cual decidió seguir en función de resultarle sospechosos los sujetos, ello alcanza para erigirse en prueba de cargo ante el inocultable peso imputativo que las referencias del testigo proyectan sobre los dos acusados detenidos en aquella ocasión, marginando toda duda sobre la identidad de las personas a quien imputa en la causa.
En repetidos pronunciamientos he sostenido que la casación no tiene por objeto corregir pronunciamientos que el impugnante considere equivocados, según su divergencia con la interpretación asignada por los jueces a los hechos y leyes comunes, sino que requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, o una decisiva ausencia de fundamentación (cfr. C.S.J.N., Fallos, 277:144, y 295:356, entre otros).
Desde luego que aquella situación no se configura con la crítica dirigida contra el reconocimiento positivo del encartado Q. efectuado por el damnificado E., fundado en que la identificación del imputado fue realizada en función de la fisonomía general y su vestimenta, pues su fuerza probatoria se refuerza a poco de vincular aquel señalamiento con el resto de la prueba legítimamente incorporada al proceso.
En ejercicio de sus poderes discrecionales en la valoración de los testimonios recibidos con inmediación, los jueces sopesaron los elementos de cargo que de ella surgían para, junto con el resto del material convictivo que sostiene la decisión recurrida, formar plena convicción sobre la actuación ejecutiva de los acusados en el suceso en trato.
Así pues, junto con el mentado reconocimiento de E., y al amparo de la consideración global de la prueba, los jueces tomaron razón de la ya aludida declaración del compañero de trabajo de la víctima, señor O., quien identificó a los detenidos por el personal policial como los sujetos que subieron al auto de E. en la remisería. Ellos no son otros que los que persiguió por la ruta 8 y 1947, y los que salieron de la bailanta Scombro y abordaron el vehículo sustraído, del cual se marcharan en procura de impunidad ante la presencia policial, viendo finalmente a dos de aquellos cuando eran ingresados detenidos a un móvil policial.
En el marco de una inmediación inabordable para este Tribunal, los testigos fueron evaluados como absolutamente veraces, no agregando nada que no supieran por sus sentidos.
El contenido incriminante de dichas expresiones se refuerza con la irrefutable relación de inmediación de los acusados con las res furtiva la misma noche del robo y en zona próxima a donde aquel se concretó, habiendo sido contundentes los funcionarios policiales al señalar que ante el anoticiamiento de que el vehículo estacionado en el local bailable había sido sustraído, constataron que estaba cerrado con llave y con nadie en su interior, motivo por el cual, esperaron la llegada de sus ocupantes.
Los preventores R. C. B. y J. R. L. fueron categóricos al afirmar que los sujetos que ingresaron al automóvil robado, y que se pusieran en fuga, eran aquellos resultaron detenidos luego de una persecución, en la cual había recibidos la colaboración de la gente que se encontraba en la zona.
La conclusión incriminante del fallo se encuentra debidamente sustentada en los diversos elementos probatorios analizados, cuyo examen no presenta vicios de arbitrariedad o ilogicidad que deslegitimen dicho razonamiento, resultando insuficiente la argumentación efectuada por la defensa, construida a partir de su particular evaluación de la prueba testimonial rendida en el juicio, lo que importa la utilización de una técnica recursiva ineficaz pues omite la elaboración de un discurso crítico y preciso sobre las razones que fundan la conclusión incriminante del tribunal, reemplazándolo por la elaboración paralela de un temperamento absolutorio andamiado en su discrepante ponderación probatoria.
VI) Que respecto de la crítica del recurrente a la subsunción legal del hecho que damnificara a J. H. E., he de anticipar mi opinión contraria a la pretensión casatoria de la defensa, desde que no se logra poner en evidencia errónea aplicación de la ley sustantiva -artículo 167, inciso 2, del Código Penal- ni desajuste valorativo alguno en la recreación de una materialidad ilícita abastecedora de las notas típicas de la figura legal del denominado robo agravado por su comisión en poblado y en banda.
En el aspecto considerado el fallo del tribunal oral no es inmotivado ni exhibe una télesis incorrecta del tipo legal que se apoya sin resentirse en el sustrato fáctico de probada existencia.
Ello es así pues encontrándose plenamente demostrada a través de los diversos elementos probatorios analizados en el fallo –que como pieza única reclama una interpretación integradora que evite convertirlo en una artificial sumatoria de compartimentos estancos- la intervención de tres personas en el ilícito, en un plan de acción común, funciones diferenciadas y perfectamente coordinadas (confrontar tratamiento de las cuestiones primera y segunda del veredicto), la aplicación en la especie de la figura cuestionada por la defensa resulta ajustada, en tanto no es necesario a los fines de la agravación, que la banda, además, se encuentre organizada como una asociación ilícita en los términos del artículo 210 del Código Penal (cfr. C.N.C.P., Sala III, “Calderón, Mauricio Javier s/recurso de casación”; S.C.J.B.A., “Sosa, Jorge F.”, 28-9-99; C.N.C.Corr., Plenario “Quiroz, Julio A.” del 4-9-89).
VII) Que lleva razón la defensa cuando lanza su crítica contra la desestimación de la ausencia de antecedentes condenatorios de los acusados como extremos de atenuación, temperamento que por mayoría resolviera el “a-quo”.
En tal aspecto ya tuve ocasión de pronunciarme propiciando se incorpore como pauta trascendente para el ajuste de la sanción la ausencia de condenas de los acusados pues, en el proceso de dosificación de la sanción, no se trata de evaluar aquella adecuación de la conducta anterior del sujeto al marco de legalidad penal como suerte de galardón por un comportamiento que es simplemente debido y esperado en la convivencia social sino, antes bien, captar un índice relevable de menor peligrosidad en los términos del artículo 41 del código de fondo, respecto de aquel otro que ha evidenciado su desprecio para motivarse éticamente conforme al mandato de la norma y menor vocación de evitación de la conducta prohibida.
Por el contrario, no encuentro reparos a la evaluación de la nocturnidad como severizante de la respuesta punitiva estatal ya que el tribunal de juicio, en ejercicio de sus poderes discrecionales, fundado en apreciaciones del hecho juzgado en audiencia oral y pública, conforme lo postulara la fiscalía, evaluó negativamente, la nocturnidad reinante durante el desapoderamiento perpetrado el 11/11/00, a las 04:00 horas aproximadamente, en tanto ello opera como índice de mayor peligrosidad al exhibir el aprovechamiento de una circunstancia que favorece el éxito de la empresa criminal y la impunidad de sus ejecutores.
Así la cuestión reconduce inmediatamente a las diversas consideraciones que, sobre lo sucedido, efectuó el “a-quo” en el veredicto.
En este sentido, no se advierte falta de fundamentación que descalifique lo resuelto sobre el punto, en tanto el desarrollo secuencial de los hechos informan acabadamente sobre el factor facilitador que aquel extremo adquirió en el caso a fin de realizar la ilícita conducta de los imputados.
Es que de la prueba legítimamente incorporada al proceso, particularmente la declaraciones testimoniales de J. H. E. y O., surge sin margen para la ambigüedad que, al amparo de la oscuridad y desamparo reinante, el damnificado E. fue obligado a descender de su vehículo en plena vía pública marchándose los tres sujetos a bordo de su vehículo, siendo que el despojo se concretó luego de que los tres sujetos hicieran marchar al conductor del remis por diferentes lugares hasta arribar a un lugar oscuro y sin gente, deliberadamente buscado para ejecutar sobre seguro el robo.
Ello demuestra en mi parecer, que la nocturnidad contribuyó eficazmente en la ejecución del apoderamiento, constituyendo una circunstancia modal que legitima su evaluación como pauta de agravación al denotar la peligrosidad y potencial criminógeno de los autores, colocando la decisión jurisdiccional sobre la pena impuesta al amparo de arbitrariedad o ausencia de fundamentación.
En cuanto a la señalada vulnerabilidad de los encartados reclamada por la defensa como pauta de atenuación de la pena, no puedo sino señalar que aquella aparece dogmáticamente afirmada en el escrito de interposición apoyada en las circunstancias relativas a la escasa escolaridad de los imputados y el nivel de pobreza en que han crecido, sin tratar de demostrar de que manera aquellas índices hubieron de incidir efectivamente en la capacidad de evitación de la conducta prohibida objeto de reprobación jurídica.
En consecuencia, en función de todo lo dicho corresponde adecuar la pena de los imputados, fijándola en tres años y siete meses de prisión, accesorias legales y costas, para cada uno de ellos.
Por lo expuesto a esta primera cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A un lado la mayor benignidad atribuida a la ley 25.990, adhiero a lo expresado por el doctor Mahiques en punto a que la calificación de robo simple en grado de tentativa que corresponde otorgar al hecho identificado como “2” en el pronunciamiento impugnado, conduce a declarar extinguida la acción penal en relación al mismo, con la consiguiente absolución del imputado Q.
José I. Cafferata Nores se pregunta en uno de los trabajos de homenaje a Claus Roxin (ver Nuevas formulaciones en las ciencias penales, de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, editorial Marcos Lerner, 2.001 páginas 721 y siguientes) si algo cambió el recurso contra la sentencia condenatoria, tras la incorporación al derecho interno de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Agrega, que el interrogante en realidad abre el camino de varios, comenzando con el referido a si el recurso de casación cumple con las garantías exigibles, cuando se considera que la valoración de las pruebas compete exclusivamente a los jueces de grado, o lo que es igual, que no puede revisarse mediante el recurso mencionado, salvo que el veredicto carezca de razonabilidad.
Sigue con la prohibición absoluta a tribunales casatorios de controlar la contundencia e insuficiencia de la prueba de cargo exigida por el principio de inocencia, bajo el argumento desarrollado en la Casación Nacional –Sala III “Sández”– de que las facultades del tribunal de mérito, en lo relativo a establecer la fuerza de convicción que tienen los elementos probatorios no entran en la revisión.
Cierra las reflexiones, con el interrogante de si la garantía del “favor rei” puede quedar sólo librada a su respeto voluntario por el tribunal de juicio y fuera de toda posibilidad de control en casación.
En camino a la respuesta, acampa en “Giroldi” a fin de coincidir en que el derecho al recurso hoy equivale a la garantía de la doble instancia.
Claro que ese consenso no muestra coincidencia con el contenido que debe tener la garantía, frente a los códigos que prohíben modificar los hechos por el tribunal que los dictó; no aceptan la posibilidad de revalorar en casación las pruebas en que se fundó el veredicto; limitan el control recursivo a cuestiones exclusivamente jurídicas, como la verificación del proceso de subsunción de los hechos en las figuras correspondientes, el respeto a normas constitucionales o procesales de carácter esencial que gobiernan el procedimiento anterior al fallo, y la estructura del mismo.
Observa el autor, que fuera de los casos en los que se habla de la vocación del recurso de casación para lograr la revaloración libre de la prueba, se realizan propuestas que salen del recurso de casación tradicional, y reiteradamente adjetivado como de estricto rigor formal, que respeta a rajatabla la soberanía de los jueces de mérito en relación a las cuestiones fácticas decididas intangiblemente en el veredicto condenatorio, ya que el mismo no satisface, así expresado, los alcances consagrados en las disposiciones de la Convención y Pacto mencionados.
Luego, pasa revista a diversas prohibiciones de control que descansan en la soberanía de los jueces de grado, que propone acotar con la incorporación de hechos nuevos o elementos de prueba nuevos conocidos después del debate (propios de la casación impura o bastarda) y la posibilidad de demostrar la falsa percepción substancial por parte del tribunal de aquellos que valora, o de un grueso error de apreciación de los hechos que aleja de la realidad juzgada (perteneciente al área del absurdo).
La propuesta de control abarca la insuficiencia conviccional de la prueba del debate conforme a la cual se debió dudar, desplazando así el criterio expuesto por Núñez, cuando dijera que si el tribunal de mérito no ha expresado la duda, la casación no puede deducirla, con el argumento de que si el primero fue el que tuvo inmediación con la prueba y no dudó, el segundo no podría decir que debió o no debió dudar.
Opina que esto último es falso en los casos en que el tribunal del recurso cuenta con la misma posibilidad de inmediación con la prueba, como sucede con el documento, la indagatoria o las testificales que ingresan al juicio por lectura, o resultan reseñadas en el acta o descriptas en el veredicto.
Estas inquietudes tienen eco en la doctrina de la Corte Interamericana, receptada por la Sala a la que pertenezco, en cuanto refiere que el derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior contemplado en el artículo 8.2h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica.
El derecho a interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada.
Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionan un perjuicio indebido a los intereses de la persona.
El derecho de recurrir el fallo consagrado por la Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso.
Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la Convención, es preciso que el tribunal superior reúna las características que lo legitimen para conocer del caso concreto.
De acuerdo con el objeto y fin de la Convención, el recurso contemplado por el artículo 8.2.h. debe ser, como se anticipa al comienzo del acápite, un remedio eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho.
Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de esa impugnación, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo.
Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que estos deben ser eficaces”, es decir, suministrar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos.
Es más, en el voto concurrente del juez Sergio García Ramírez dijo que el derecho contemplado en el artículo 8.2.h de la Convención constituye una garantía que concurre a integrar el debido proceso legal.
En el orden del enjuiciamiento es bien conocido el sistema de doble instancia, con mayor o menor amplitud de conocimiento en el caso de la segunda, enderezada a reexaminar la materia que nutrió a la primera y a confirmar, modificar o revocar, con apoyo en ese reexamen, la sentencia en la que culminó.
Se trata, en definitiva, de proteger los derechos humanos del individuo y, entre ellos, el de no ser condenado si no se establece suficientemente la realización del hecho punible y la responsabilidad penal del sujeto.
Por lo tanto, el recurso ante un juez o tribunal superior, debe ser uno que permita entrar en el fondo de la controversia, examinar los hechos aducidos, las defensas propuestas, las pruebas recibidas, la valoración de éstas, las normas invocadas y la aplicación de ellas, inclusive en aspectos tales como la individualización de la pena o medida –es el caso- como resulte justo en consideración de la gravedad del hecho, el bien jurídico afectado, la culpabilidad del agente y los otros datos que concurren al ejercicio de la individualización.
Es evidente que esas necesidades no se satisfacen con un recurso de espectro reducido, y mucho menos cuando se prescinde totalmente de cualquier recurso.
La plena satisfacción de estos requerimientos, con inclusión de los beneficios de la defensa material del inculpado, conduce a traer consecuencias de mayor justicia por encima de restricciones técnicas que no son el mejor medio para alcanzarlas.
Así entendido el derecho al recurso, esto es, como parte integrante de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, no puede restringirse bajo el argumento de tratarse de cuestiones sometidas al poder discrecional de los jueces (artículos 18 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 421, 448, 450, 451 y 465 del Código Procesal Penal).
Dicho de otro modo, la limitación en materia de hechos y su prueba se reduce a las que corresponden a la inmediación propia de los jueces de grado, como expresara en otros precedentes, con cita de Daniel Pastor en la Nueva Imagen de la Casación Penal, que igualmente aparece entre las fuentes del dictamen del Procurador General de la Nación en la causa C2757-XL., R.H, “Casal, Matías Eugenio y otros”, del 20 de septiembre de 2005.
Fuera de esta limitación, la interpretación integradora de los artículos 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 448 y 451 del Código Procesal Penal, lleva a estimar aplicable la teoría del agotamiento de la capacidad de revisión, dejando a un lado la limitación del recurso a las denominadas cuestiones de derecho.
Por ello, corresponde acotar la tan difundida y establecida doctrina sobre la existencia de una soberanía de las instancias ordinarias respecto de ciertas cuestiones probatorias, salvo absurdo.
En definitiva, reservar el recurso para las denominadas cuestiones de derecho con la finalidad de unificar la interpretación de la ley, como establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Casal”, resulta violatorio del derecho al recurso contra el fallo y la pena consagrados por la Convención y Pacto citados.
Ello es así, porque, como igualmente se expresa, el condenado tiene un derecho constitucional a que la revisión de su sentencia abarque todos aquellos argumentos en los que descansa su condena, y la Sala no puede nunca dejar de considerarlos, cuando su tratamiento es posible.
Sentado lo expuesto, considero que el análisis efectuado de la prueba realizado por el Tribunal –e interpolado en el primer voto- abastece la certeza necesaria para tener por afamada la intervención de los imputados en el restante hecho del juicio, lo que lleva a la decadencia del motivo (artículos 210, 448, 451, 456 y 459 del Código Procesal Penal).
El estancamiento que la teoría de la medición judicial de la pena sufrió durante decenios, se debió decisivamente a su incapacidad de alejarse del dogma de la discrecionalidad del juez de la instancia en la fijación de las consecuencias del delito, y si bien parte de la doctrina –a la que adhiere el doctor Mahiques- sigue viendo a la mensura como una decisión discrecional vinculada al derecho, lo que vengo de considerar alcanza para no compartirla y abrir el insoslayable control en casación.
Tampoco puede perderse de vista lo dicho sobre el tema por la Corte Interamericana en “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, en cuyos lineamientos se alista la Corte Suprema de la Nación en “Casal” y la Sala a la que pertenezco.
Ejerciendo tal control, entonces, coincido con el preopinante en el ingreso al plexo mensurador como atenuante de la ausencia de antecedentes de los acusados, así como en el rechazo al motivo levantado contra la nocturnidad cuyo aprovechamiento para favorecer la comisión del delito y la impunidad aparece suficientemente abastecido en el caso, resultando correcta su consideración como aumentativa.
Luego, con estas pequeñas diferencias, adhiero a lo demás expresado por el doctor Mahiques y a esta cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
I.- Adhiero a las consideraciones vertidas por el colega que abre el Acuerdo, por sus fundamentos, en cuanto rechaza el agravio por el que se afirma errónea la incorporación por lectura del acta de inicio (punto I) y la ampliación de la requisitoria fiscal (punto II).
II.- Adhiero también a ese voto, con las aclaraciones efectuadas por el doctor Borinsky, en punto a la correcta acreditación del delito contra la propiedad, calificado como robo en poblado y en banda, y en cuanto propone computar como atenuante desestimada y confirmar las agravantes valoradas.
III.- Vista mi adhesión a la denominada “tesis subjetiva”, aunque comparto las conclusiones a las que arriban mis distinguidos colegas, no puedo acompañarlos en punto que la agravante relativa al uso de arma queda descartada por ausencia de prueba sobre su aptitud, extremo que la tesis subjetiva no exige.
No obstante, considero que si el elemento en cuestión no fue utilizado para perpetrar la conducta típica (desapoderamiento), es decir, que no fue blandido, utilizado o siquiera exhibido en forma clara para intimidar a las víctimas, y si además, su existencia viene corroborada por un único testimonio, que sólo alude a su existencia, pero niega su concreta utilización contra los damnificados, entonces para mí la prueba reunida en autos resulta insuficiente (artículos 210 del rito) para pregonar certeza en punto al uso de un arma, sustiendo un margen de duda razonable que por imperio del artículo 1° del ritual debe resolverse a favor del justiciable, y que lleva inexorablemente a subsumir la conducta en las previsiones del artículo 164 del Código Penal.
Con esta salvedad argumental, entonces, adhiero a la calificación propuesta y a la conclusión de que ha operado en autos, respecto de este delito, la prescripción de la acción penal (artículos 62 y 67 del Código Penal).
Con esta aclaración, a esta primera cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
Que de conformidad al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión anterior corresponde declarar extinguida la acción penal por prescripción en orden al delito de robo simple respecto de P. R. Q. y absolverlo en orden al mismo; declarar procedente el recurso interpuesto, sin costas en esta Sede, estableciendo que el nombrado y H. M. quedan condenados a tres años y siete meses de prisión, accesorias legales y costas de primera instancia, como coautores del delito de robo en poblado y en banda (artículos 8.2h de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Constitución Nacional; 2, 12, 19, 29 inciso 3°, 40, 41, 45, 62 inciso 2°, 67 y 167 inciso 2° del Código Penal; 210, 448, 450, 451, 456, 459, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal).
A la segunda cuestión los señores jueces doctores Borinsky y Violini dijeron:
Que adhieren al voto del doctor Mahiques por sus fundamentos.
I.- DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL por prescripción, en orden al delito de robo simple y ABSOLVER a P. R. Q. en relación al mismo.
II.- DECLARAR PROCEDENTE el recurso interpuesto, sin costas en esta Sede.
III.- CONDENAR A P. R. Q. Y H. M. a tres años y siete meses de prisión, accesorias legales y costas de primera instancia, para cada uno, como coautores del delito de robo en poblado y en banda.
Rigen los artículos 8.2h de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Constitución Nacional; 2, 12, 19, 29 inciso 3°, 40, 41, 45, 62 inciso 2°, 67 y 167 inciso 2° del Código Penal; 210, 448, 450, 451, 456, 459, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
VÍCTOR HORACIO VIOLINI – RICARDO BORINSKY – CARLOS ALBERTO MAHIQUES