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Timestamp: 2018-11-17 08:40:11
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Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 30', 'artículo 40']

Esta página contiene doce (12) jurisprudencias
{§-0001 JURISPRUDENCIA
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero ponente: ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO, Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil diez(2010), Radicación numero: 11001-03-06-000-2010-00034-00(1992).- La selección objetiva en la contratación estatal.- La selección objetiva, según lo enseña la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, es una regla de conducta de la actividad contractual, así como un principio que orienta los procesos de selección tanto de licitación pública como de contratación directa, y un fin, pues apunta a un resultado, cual es, la escogencia de la oferta más ventajosa para los intereses colectivos perseguidos con la contratación.
El Legislador al definir lo que se entiende por selección objetiva, pretende regular la escogencia de la mejor oferta mediante un proceso en el que prime la transparencia, la imparcialidad e igualdad de oportunidades, ajena a consideraciones subjetivas, para lo cual juegan un papel preponderante los factores y criterios de selección que en función de la específica necesidad pública haya fijado la administración en los pliegos de condiciones. Por estas razones la consagración legal del deber de selección objetiva se enmarca dentro de la institución del acto reglado.
Para el estudio de las propuestas que se aparten de alguna de las exigencias del pliego de condiciones, esta Sección, con la lógica de lo razonable, ha entendido que la entidad contratante puede tener un manejo flexible del mismo, cuando el apartamiento del proponente no sea de requisitos sustanciales ni determinantes de las condiciones de contratación.
En sentencia de febrero 19 de 1987. Radicación 4694, fijó el siguiente criterio como lo explica Eduardo García de Enterría: “…hay que tener presente……. Que “no todos los preceptos ni condiciones del pliego tienen el mismo rango, ni su falta por tanto determina los mismos efectos, sino que depende de su entidad y de la naturaleza de la disposición o condición incumplida…” (curso de Derecho Administrativo. Tomo I. Cuarta Edición. Civitas pág. 657).
PRÓRROGA AUTOMÁTICA PÓLIZA DE SERIEDAD
CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA, SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C., MARZO 5 DE 1993. CONSEJERO PONENTE: DR. JUAN DE DIOS MONTES HERNÁNDEZ. REF.: EXPEDIENTE NÚMERO 6265.- Siendo, pues, "la ley del contrato", como es común reconocerlo, el pliego de condiciones, como toda ley, es susceptible de interpretación en cuanto sea necesario aplicar sus normas a circunstancias dudosas o ambiguas; es, por consiguiente, objeto de interpretación, en sí mismo v en consideración a su carácter de "ley", e instrumento para interpretar el contrato resultante, en tanto antecedente del mismo.
En asuntos similares la Sala ha seguido estos criterios: así por ejemplo, en Sentencia de 19 de febrero de 1987, actor: Sociedad Colombiana de Vigilancia S.A., Socovig, con ponencia del Consejero, doctor Julio Cesar Uribe Acosta, dejó trazadas estas pautas: "...Así las cosas. un manejo del asunto con la lógica de lo razonable, ha debido permitir al licitante concluir que el aspecto que se invocó como apartamiento del pliego de condiciones no era sustancial, ni determinante. sino de simple trámite o espera corta en el tiempo, circunstancias todas que han debido llevarlo a no concluir con la rigidez con que lo hizo, que la propuesta de Socovig, no cumplía con los requisitos enlistados en el mismo.
En esta materia la doctrina se inclina por un manejo flexible de las situaciones para no hacer nugatorio el derecho que tiene a la adjudicación quien ha presentado una buena oferta, sólo cuestionable por simples detalles. Esto explica que Eduardo García de Enterría enseñe sobre el particular:'...hay que tener presente, sin embargo, como ha observado la sentencia de 22 de noviembre de 1973 que no todos los preceptos ni condiciones del pliego tienen el mismo rango ni su falta por tanto determina los mismos efectos, sino que depende de su entidad y de la naturaleza de la disposición o condición incumplida...'(Concurso de Derecho Administrativo. Tomo l. Cuarta Edición. Civitas, p. 657).
Con la misma filosofía discurre Enrique Sayaguez Laso quien en su obra Tratado de Derecho Administrativo, Tomo l. Montevideo. Cuarta Edición, página 564, predica: 'Pero si el apartamiento del pliego fuera sólo en cuestiones de detalle, la oferta podría ser considerada'. 'La cita que el apoderado de la parte actora hace de] pensamiento de este mismo tratadista, tomada de su obra la licitación pública, también es de recibo pues sirve para integrar la valoración jurídica del caso'. En ella se anota:
AJUSTE AL PLIEGO DE CONDICIONES
OMISIONES EN LA OFERTA
PREFERENCIA A INDUSTRIA COLOMBIANA
CONSEJO DE ESTADO.- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- SECCIÓN TERCERA.- SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C., VEINTISÉIS (26) DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). CONSEJERO PONENTE: DOCTOR JUAN DE DIOS MONTES HERNÁNDEZ. REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 6647.- El conjunto de hechos analizados permite deducir que la adjudicación al actor, a pesar de haber presentado la propuesta más favorable económicamente, ésto es, $160 por cada almuerzo, globalmente no satisfacía las condiciones fijadas en el pliego.
La no presentación de la lista de los contratos de las entidades o personas, con los cuales había inscrito contratos durante los dos últimos años, por el demandante, conforme a las reglas del pliego de condiciones, era un requisito fundamental o esencial que conlleva a verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales anteriores, experiencia que confirmaba a su vez la seriedad del proponente. Conforme el artículo 33 del Decreto 222 de 1983, vigente para la fecha de los hechos, de haberse adjudicado al demandante sin cumplir con este requisito del pliego de condiciones, se hubiese puesto es desigualdad de condiciones a quienes sí cumplieron con aportar a la lista de contratos suscritos.
El actor no sólo dejó de cumplir el requisito fundamental antes anotado, sino que tampoco llenó a cabalidad, el relacionado con la estructura administrativa.
La preferencia para la industria colombiana a la luz del artículo 33 del Decreto 222 de 1983, vigente para la época de los hechos, en una licitación es siempre y cuando se hayan llenado los requisitos del pliego de condiciones, se está frente a la igualdad de precios e igualdad de condiciones ante un oferente extranjero, lo que no se da en el presente caso, como se observa en el análisis que antecede.
OFERTA Y MINUTA DEL CONTRATO
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RICARDO HOYOS DUQUE, SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C., TRES (3) DE FEBRERO DE DOS MIL (2000). RADICACIÓN NÚMERO: 10399.-
Se observa que en el estudio jurídico de las propuestas (fl. 144) la oficina jurídica resaltó entre otros aspectos de los proponentes la forma de pago. Se repara que de las siete propuestas analizadas, en cinco de ellas se solicitó la entrega de un anticipo y el pago del valor restante a la entrega de la mercancía; las otras dos propuestas solicitaban el pago conforme a la manera anunciada en el contrato modelo. También se advierte que en el informe jurídico se manifestó no haberse encontrado "excepciones y desviaciones de carácter jurídico" (fl. 154).
Esto significa que para los funcionarios de la administración encargados del estudio de las propuestas, indicar una forma de pago estaba permitido y nada impedía que se solicitara la entrega de un anticipo.
Pese a lo anterior, ante la omisión de la entidad contratante de efectuar la adjudicación en debida forma, el adjudicatario pudo hacer valer los derechos que surgieron con la aceptación de su propuesta al momento de la suscripción del contrato. Si el contrato fue firmado por el contratista sin objeción alguna, hay que entender que aceptó la forma de pago en él plasmada, vale decir, "mediante presentación de cuenta de cobro acompañada del acta de recibo de la mercancía" y que le es aplicable en consecuencia, la doctrina de los actos propios según la cual "a nadie es lícito venir contra sus propios actos", lo cual le impedía demandar posteriormente derechos contractuales que debieron ser reclamados por el contratista en la debida oportunidad.
En este caso el sentido integral del pliego muestra, en relación con el valor de la propuesta de un oferente, como ya se explicó antes, que cuando está ajustada totalmente al pliego, el valor contenido en la misma oferta es el que sirve para tenerse en cuenta con otras, para obtener el valor promedio.
Pero cuando no se ajusta en todo al pliego, en lo que atañe con el resultado de la operación precio unitario-cantidades, la administración debe corregir el resultado, efectuando correctamente la operación matemática, con los datos dados, en autonomía de la voluntad, por el proponente.
ERRORES NO SUSTANCIALES
CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA OFERTA
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERA PONENTE: MARIA ELENA GIRALDO GÓMEZ, BOGOTÁ, D.C., TRES (3) DE MAYO DE DOS MIL UNO (2001). RADICACIÓN NÚMERO: 70001-23-31-000-1994-4626-01(13053).- La entidad pública, al adelantar el procedimiento de evaluación y comparación, puede advertir la presencia de errores o irregularidades en las propuestas con relación a los lineamientos contenidos en el pliego de condiciones o en la ley, ya sea en el aspecto técnico, en el económico o en el jurídico.
De presentarse esa situación, deberá definir si los errores son o no de carácter sustancial, con el objeto de corregir los no sustantivos. La jurisprudencia se ha pronunciado en distintas oportunidades sobre la evaluación de las ofertas y ha destacado la exigencia legal, relativa a que dicha evaluación debe hacerse con base en la ley de la licitación, cual es la contenida en los pliegos de condiciones, sin negarle a la Administración la posibilidad de corregir las ofertas, en caso de advertir que ellas contengan errores, susceptibles de dicho procedimiento, sostuvo: “La Administración puede rechazar las propuestas cuando éstas no reúnan las condiciones que se establecen en el pliego; en cambio, cuando se formulan las propuestas en consonancia con el pliego, surge para la administración la obligación de calificar cada una de ellas para hacerle producir el efecto jurídico deseado, que no es nada distinto a que en la adjudicación se cumpla con todo el proceso negocial de formalización del contrato”.
“Así, por ejemplo, no se podrá rechazar una propuesta por la omisión del oferente de cotizar el componente de un ítem, cuando en otros ítems se ha cotizado el mismo componente; o por no presentar el recibo de pago de la garantía de seriedad de la oferta, cuando en la misma póliza consta expresamente su cancelación; o por no acompañar el recibo oficial de pago de los pliegos de condiciones, cuando esta información reposa en la misma entidad”.
ÍTEMS OFRECIDOS FUERA DE FORMULARIOS OFICIALES
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERA PONENTE: MARIA ELENA GIRALDO GÓMEZ, BOGOTÁ, D.C., TRES (3) DE MAYO DE DOS MIL UNO (2001). RADICACIÓN NÚMERO: 70001-23-31-000-1994-4626-01(13053). En el pliego de condiciones, ley de la licitación, también se señaló que la Administración se encargaría de la evaluación del cumplimiento de las condiciones técnicas, basándose exclusivamente en los documentos que constituyen la oferta, y que respecto a ésta se aplicarían los siguientes criterios…
(…) el Informe de Evaluación de la Administración se asevera que la propuesta básica del proponente No. 2 José Raúl Carrascal Córdoba “no cumple sustancialmente” con los pliegos de condiciones por no especificar el tipo de tubería ofrecida para el Grupo I. Las propuestas presentadas por los otros dos proponentes sí indicaron en “el formulario de ítems, relaciones y precios” que ofrecían para el Grupo I.
Para la Administración las especificaciones de material y marcas de tubería en “el formulario de ítems, cantidades y precios” era un aspecto esencial que habilitaba el procedimiento de comparación de ofertas.
La Sala concluye que, en dicho aspecto, el actor sí cumplió con el aludido requisito. No obstante, no debe perderse de vista que los pliegos de condiciones constituyen una unidad y por lo tanto los formularios que lo acompañan deben ser diligenciados por los oferentes pero con base en los datos preimpresos que ellos señalen.
Esa circunstancia no significa que el proponente pueda obviar el señalamiento de especificaciones técnicas precisas que la Administración exija como requisitos del contenido de la propuesta; esa circunstancias significa que cuando los formularios no indiquen otra cosa, las especificaciones técnicas precisas podrán incluirse en otro documento el cual hará parte integrante de la propuesta. Así fue el caso que se presentó en el asunto concreto pues, como quedó anotado, la propuesta del actor sí especificó el tipo de tubería y la marca respecto del Grupo I, pero lo hizo en el formulario de características garantizadas el cual es diferente al formulario de relaciones, cantidades y precios. Le asiste razón al actor cuando afirmó que su propuesta sí especificó el tipo de tubería ofrecida para el Grupo I.
DESCALIFICACIÓN DE OFERTAS
En el Adendo 01 se hizo saber a los interesados: “….Se aclara que el valor que debe tomarse como referencia para el monto asegurado es el correspondiente al total de la propuesta y en él se incluye el costo de formularios más la regalía….”
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, CONSEJERO PONENTE: LUÍS FERNANDO ÁLVAREZ JARAMILLO. BOGOTÁ, D. C., ABRIL VEINTE (20) DE DOS MIL SEIS (2006).- RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-06-000-2006-00031-00(1732).- 3.2. Participación en licitaciones o concursos de personas naturales o jurídicas que se encuentren inhabilitados. Efectos y facultades de las entidades estatales. … Así las cosas, el oferente que presenta una propuesta encontrándose incurso en alguna de las causales previstas en el artículo 8º de la ley 80 de 1993 se hace acreedor a las consecuencias que el ordenamiento prevé, una de las cuales es la inhabilidad que consagra el literal b) del numeral 1º del artículo en cita.
CALIDAD DE OFERENTE Y SU RESPONSABILIDAD
VINCULACIÓN A LA LICITACIÓN
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, CONSEJERO PONENTE: LUIS FERNANDO ÁLVAREZ JARAMILLO. BOGOTÁ, D. C., ABRIL VEINTE (20) DE DOS MIL SEIS (2006).- RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-06-000-2006-00031-00(1732).- 2. Responsabilidad del proponente u oferente que participa en el proceso de selección e irrevocabilidad de la propuesta. La ley 80 de 1993 estableció dos clases de apremios para responsabilizar a todo proponente de las obligaciones que adquiere con ocasión de la presentación de su propuesta u oferta.
El primero de ellos, consagrado por el artículo 8°, puede identificarse como un instrumento subjetivo de presión que inhabilita al proponente, cuando se niegue, sin justa causa, a suscribir el contrato que le fue adjudicado. Dice la norma en mención:
“Artículo 8º. - De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar. - 1º. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales: (…) Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado.”
El segundo, de carácter indemnizatorio, permite hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta otorgada a favor de la entidad estatal, aplicable, en el evento anterior, así como también, cuando se presente incumplimiento en la ejecución de obligaciones que de acuerdo con los pliegos de condiciones debe atender el oferente ante la administración, de manera que su inobservancia constituyen comportamientos que atentan contra el principio de seriedad de las propuestas, de acuerdo con lo establecido por el artículo 25 numeral 19 en concordancia con el artículo 30 numeral 12, ambos de la ley 80 de 1.993, que a la letra dicen: (…)
Así las cosas, encuentra la Sala que un proponente al presentarse en una licitación o concurso, además de sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones o términos de referencia, tiene la obligación de mantener las condiciones (legales, técnicas, financieras, económicas etc.) de la denominada propuesta básica, de responder y atender adecuada y oportunamente los requerimientos que formule la entidad licitante durante la etapa de evaluación, hasta la adjudicación y de suscribir y perfeccionar el contrato, cuando resulte adjudicatario del mismo, pues de lo contrario tendrá que indemnizar los perjuicios que se causen como consecuencia de la defraudación de la confianza de la administración en la seriedad de la oferta, los cuales se encuentran previamente cuantificados a título de sanción por el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin perjuicio de que la entidad pública licitante inicie las acciones legales para reclamar los perjuicios que excedan lo garantizado. (“deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen” -articulo 863 del Código de Comercio).
(…) Por consiguiente, las entidades públicas y, concretamente, quienes tienen a su cargo la dirección de la actividad contractual en cada una de ellas, no pueden ser obligadas a autorizar el retracto del proponente que ha manifestado su voluntad de retirarse del proceso durante la etapa de evaluación, pues ello supondría darle un alcance abusivo al principio de la autonomía de la voluntad que consagra el artículo 40 de la ley 80 de 1.993 y un desconocimiento del interés colectivo ínsito en la contratación estatal.
Sostener, que la propuesta es irrevocable, pero que dicha irrevocabilidad solo se traduce en la obligación de indemnizar perjuicios o hacer efectivo el pago del depósito o la garantía de seriedad de la propuesta, significa desconocer los alcances y propósitos de la licitación pública, que son distintos al proceso de oferta privada, pues el vinculo irrevocable que nace de la propuesta pública se funda, además de los argumentos jurídicos que emanan de la igualdad y concurrencia, en la significación política y social del interés público afectado y en la responsabilidad de los concursantes frente a los fines del Estado (Art. 2° C.P.) y de la administración (Art. 209 CP).
“1. - ¿A partir de que momento se entiende que un proponente participa en un proceso de selección (concursos, licitaciones y similares)?
Un proponente participa en un proceso de selección (concursos, licitaciones y similares) cuando, antes de ocurrir la fecha limite para presentación de propuestas, hace entrega formal de su propuesta u oferta y la entidad oficialmente la recibe.
2. - Puede considerarse que participó en un proceso de selección, el proponente que retiró la propuesta después del cierre? 3. - Puede considerarse que participó en un proceso de selección, el oferente que retiró la propuesta en la etapa de evaluación o en la etapa de adjudicación? 4-Puede una entidad pública negarse al retiro de una oferta en la etapa de evaluación o en la de adjudicación?
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA BOGOTÁ, D.C., TRECE (13) DE MAYO DE DOS MIL CUATRO (2004). CONSEJERO PONENTE: DOCTOR RICARDO HOYOS DUQUE. RADICACIÓN 50422-23-31-000-940467-01 (15.321) DE 2004.- Respecto del valor de la propuesta, u oferta, precisó la Sala:
“La oferta, es una expresión de negocio jurídico unilateral, cuyo carácter recepticio, le imprime un carácter obligatorio, queriendo significar con lo anterior que, quien oferta, deviene obligado a mantener su promesa de negocio futuro. Así las cosas, es indispensable reparar en que, del contenido del negocio de oferta de contrato surge la promesa obligatoria, para el proponente, de que, en llegando a ser adjudicatario del negocio futuro o definitivo , deberá ajustar su conducta al contenido negocial de la oferta, que las más de las veces se concreta en el negocio definitivo.
Así las cosas, cuando los oferentes dentro del proceso de licitación pública, v. gr. ofertan y prometen un determinado contenido negocial -disponibilidad de equipo-, quedan obligados, caso de ser adjudicatarios , a cumplir, llegado el plazo o verificada la condición a la cual esté sujeta tal prestación, con lo prometido, como que en tal eventualidad dicha prestación adquiere carácter de exigibilidad”. (se resalta)
A igual conclusión se llega si se tiene en cuenta que el Decreto-Ley 222 de 1983 condicionó la responsabilidad solidaria a cargo de los miembros del consorcio, a que “se les adjudicare un contrato” (art. 5°), en el entendido que, desde el punto de vista contractual, la propuesta sólo vincula al participante cuando es aceptada por la entidad licitante.