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Timestamp: 2017-04-30 09:03:11
Document Index: 8272239

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 20', 'artículo 657', 'artículo 66', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 53', 'artículo 35', 'artículo 42', 'artículo\n95']

De nuevo sobre los límites del mutuo acuerdo
Tradicionalmente, la Jurisprudencia ha entendido que el mutuo acuerdo expropiatorio supone un margen de apreciación por las partes que impide su impugnación porque no se adecue exactamente a lo que resultaría de la aplicación de la Ley. En esta línea, la Sentencia del Tribunal Supremo de 25
de marzo de 1999 (RJ 1999\3238) nos ilustra:
“Las restantes alegaciones contenidas en el
motivo vienen referidas a que el precio abonado, hemos de recordar que pactado
por mutuo acuerdo, no se corresponde con el real de los bienes ni siquiera con
el tasado por una Administración distinta de la expropiante, mas tales
circunstancias nada tienen que ver con los preceptos invocados como
infringidos. El mutuo acuerdo no tiene porqué estar establecido sobre valores reales,
pues como dice la sentencia de instancia son diversos los motivos de índole
subjetiva que pueden llevar a aceptar el precio ofrecido, por lo que, aceptado
por el expropiado el precio ofrecido por la Administración expropiante y
firmado el mutuo acuerdo, nada cabe alegar en el sentido que lo hace el
recurrente, razones que conducen necesariamente a desestimar el motivo que nos
ocupa”.
Por su parte, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2017
(Rec. 4021/2014), para un supuesto error de la Administración, nos dice que
sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2012 (Rec. 896/2010) trata
de un asunto similar al actual, si bien la impugnación del mutuo acuerdo fue
iniciativa de la parte expropiada, que alegó en casación la vulneración de los
arts. 1265 y 1266 CC sobre el error en el consentimiento prestado en los
convenios. Dice el Tribunal Supremo: Por
lo que se refiere al error en el consentimiento, la determinación de la base
fáctica para apreciar o no la concurrencia de error, corresponde a la Sala de
instancia, que en el presente caso no afirma la existencia de un error eficaz
para invalidar el consentimiento, sino al contrario, indica que "en el
supuesto de haber incurrido en error los recurrentes, tal tendría un carácter
meramente vencible y únicamente imputable a la diligencia de la parte o de los
profesionales de que se sirvió".
[...] La Sala coincide con la anterior
apreciación de la Sala de instancia, no discutida en casación, pues la lectura
de la sentencia de esta Sala de 28 de Octubre del 1999 (recurso 5249/1995 ), que estableció un criterio de valoración
de los terrenos distinto al considerado por los recurrentes en el momento del
mutuo acuerdo, muestra que la valoración del suelo afectado debía realizarse
teniendo en cuenta las edificabilidades otorgadas en la Ley 2/1989, de 16 de
febrero, del Parlamento de Cataluña, y Decreto número 152/1989, de 23 de junio,
de creación del Centro Recreativo y Turístico en los municipios de Vila-seca y
Salou, lo que evidencia que en este caso los recurrentes incurrieron en un
error de derecho, que hubiera podido ser vencido, como apunta la sentencia
recurrida, mediante el asesoramiento jurídico correspondiente, que les hiciera
ver que, a la vista de la Ley 2/89 y Decreto 152/89 citados, la cuestión de la
clasificación y valoración de los terrenos como suelo rústico era cuanto menos
Al igual que en el supuesto examinado
por el Tribunal Supremo, en nuestro caso el error era imputable a quien lo
alega. Resulta vencible por haberse podido evitar eficazmente mediante el
empleo de una mayor diligencia por los representantes de ADIF y los técnicos de
la Administración que intervinieron en la gestación del convenio. Al igual que
en el supuesto examinado por el Tribunal Supremo, en nuestro caso el error era
imputable a quien lo alega. Resulta vencible por haberse podido evitar
eficazmente mediante el empleo de una mayor diligencia por los representantes
de ADIF y los técnicos de la Administración que intervinieron en la gestación
del convenio”.
No obstante, la propia Sentencia admite que el convenio podría ser
impugnable si se pacta un valor absolutamente desproporcionado. Dice así en su
FJ 7º:
“Tanto en la resolución
que declara la lesividad como en la demanda se hace referencia a que dicho
error originó una vulneración del art. 36 LEF, que proclama el principio
general del ajuste del justiprecio del bien expropiado a su valor real.
Pero difícilmente es
demostrativa de la infracción del ordenamiento jurídico la mera disparidad del
precio alcanzado de mutuo acuerdo con el valor real de las fincas que pueda
determinarse mediante la normativa de valoración. El art. 36, por su ubicación
sistemática, está dirigido a la fijación del justiprecio por el Jurado de
Expropiación, no por acuerdo de las partes. En convenios expropiatorios como
los de autos, concertados al amparo del art. 24 LEF, se autoriza a la
Administración a la adquisición de los bienes "libremente" y por
mutuo acuerdo. Y es constante jurisprudencia ( sentencias del Tribunal Supremo
de 10 de diciembre de 2012, Rec. 1377/2010 , 28 de abril de 2014, rec.
3558/2013 , 30 de junio de 2014, Rec. 5136/2011 , y 14 de julio de 2014, Rec.
3101/2013 , entre otras) que los precios convenidos entre la Administración
expropiante y los expropiados no se acogen a ninguno de los criterios de
valoración previstos en la legislación, pues en ellos intervienen
consideraciones transaccionales que no están presentes en la fijación
contradictoria del justiprecio, tales como "factores subjetivos y hasta
personalísimos impulsivos y reacciones imprevisibles que desfiguran el valor
real de la finca" ( sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de
2007, Rec. 7766/2004 ). Por parte de la Administración expropiante o la entidad
beneficiaria bien pueden intervenir ventajas como la evitación de la
incertidumbre del resultado del procedimiento de justiprecio o necesidades
ligadas a la disposición de sus recursos económicos.
Ahora bien, el establecimiento por mutuo
acuerdo del justiprecio no puede desligarse del procedimiento de expropiación
en que se enmarca ni, por tanto, de las reglas y garantías propias de la
expropiación forzosa y el principio general de indemnización o compensación por
la privación de la propiedad. Este dispone de alcance constitucional, pues no olvidemos
que el art. 33.3 CE exige como contraprestación a favor del particular la
"correspondiente indemnización". Tanto de esta norma como de la
legislación expropiatoria (no solo nacional, sino también europea en los casos
en que el Derecho de la Unión prevé esta potestad administrativa) se deduce la
necesidad de que la compensación al propietario constituya una suma razonable
en relación con el valor del bien. El Tribunal Constitucional, ya en sentencia
núm. 166/1986, de 19 de diciembre , declaraba: "En cuanto al contenido o
nivel de la indemnización, una vez que la Constitución no utiliza el término de
<<justo precio>>, dicha indemnización debe corresponder con el
valor económico del bien o derecho expropiado, siendo por ello preciso que entre
éste y la cuantía de la indemnización exista un proporcional equilibrio
[...]", y continúa: "Conforme a lo expuesto, la garantía
constitucional de la <<correspondiente indemnización>> concede el
derecho a percibir la contraprestación económica que corresponda al valor real
de los bienes y derechos expropiados, cualquiera que sea éste, pues lo que
garantiza la Constitución es el razonable equilibrio entre el daño
expropiatorio y su reparación".
De este modo, cualquiera
que sea el sistema o circunstancias particulares de la expropiación, la
indemnización no puede desvincularse, en mayor o menor medida, del valor del
bien expropiado. Y esta circunstancia no pasa desapercibida para nuestra
legislación; el art. 25 REF relativo a la determinación del justiprecio por mutuo
acuerdo, reitera la necesidad de tener en cuenta el "valor del bien".
Así pues, el margen de apreciación o de discrecionalidad de la Administración
en el convenio expropiatorio no es absoluto y debe someterse al criterio
general de que el justiprecio guarde un equilibrio, proporción o
correspondencia con el valor que realmente posea el bien”.
Con todo dicha sentencia estima la casación y desestima el recurso de
lesividad pues éste se fundaba exclusivamente en el error.
mutuo acuerdo; justiprecio; libertad; impugnación; lesividad
De nuevo sobre el ámbito espacial homogéneo
Al llamado ámbito espacial homogéneo, o entorno a tener en cuenta cuando el terreno a valorar carece de uso lucrativo, ya nos hemos referido anteriormente.
Pues bien, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2017 (RC 1998/2015) incide de nuevo en la determinación de este concepto, que no debe confundirse con delimitaciones espaciales del planeamiento o el Catastro. En esta línea, nos ilustra del siguiente modo:
A título de ejemplo y citando las más recientes: sentencia
2.088/16, de 27 de septiembre (casación 3069/14 ), en la que, en relación con
el ámbito espacial homogéneo, se dice que <<se trata de un concepto
jurídico indeterminado que acoge el Legislador de 2007, frente al ámbito
geográfico establecido en el artículo 29 de la Ley 6/1998, de 13 de abril,
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones que lo refería al polígono fiscal. La
nueva legislación deja más margen de interpretación porque no remite la
delimitación espacial a cualquiera de los que se establezca por el planeamiento
o la norma catastral. Por ello deberá determinarse en cada caso la delimitación
geográfica de características homogéneas, es decir, de iguales caracteres o de
elementos iguales , como se define por el Diccionario, en suma, de
determinaciones urbanísticas. Pero esa delimitación ha de aparecer
suficientemente motivada, tomando en consideración que en la determinación
concreta que en cada caso se haga de ese ámbito habrá de tenerse en cuenta una
identidad de determinaciones urbanísticas>>; o, la sentencia 2574/16, de
12 de diciembre (casación 1821/15 ), que, en similares términos, afirma que la
nueva normativa (a partir de la Ley 8/07) <<acude ahora al concepto
jurídico indeterminado de ámbito espacial homogéneo, que ha de concretarse
en función de los usos y tipología de las edificaciones, porque son esa
uniformidad en el destino de los terrenos los que aconsejan extender a terrenos
sin aprovechamiento en el planeamiento el aprovechamiento que previsiblemente
habría conferido el planificador, caso de no haberse destinado los terrenos a
dotaciones públicas sin adscripciones a unidades de actuación . Así pues, será
el uso y la tipología, dentro del mismo, el que determinará la configuración
del ámbito espacial homogéneo, porque serán esas determinaciones a las que deba
aplicarse unas mismas normas de edificación . Y esas condiciones deberán
ser tenidas en cuenta en cada caso concreto, de ahí que el Legislador haya dejado
al interprete determinar en cada caso el concreto ámbito espacial que reúne
esas condiciones, haciendo abstracción tanto de los criterios espaciales que
utiliza la normativa catastral e incluso la misma normativa urbanística . Y
así ha venido a configurar el concepto el artículo 20.3º del Reglamento
de Valoraciones de la Ley del Suelo , aprobado por Real Decreto
1492/2011, de 24 de octubre al declarar que "se entiende por
ámbito espacial homogéneo, la zona de suelo urbanizado que, de conformidad con el
correspondiente instrumento de ordenación urbanística, disponga de unos
concretos parámetros jurídico-urbanísticos que permitan identificarla de manera
diferenciada por usos y tipologías edificatorias con respecto a otras zonas de
suelo urbanizado, y que posibilita la aplicación de una normativa propia para
su desarrollo.">>.Ese criterio de la Sala de Baleares, que
no compartimos (como tampoco la incorrecta valoración del arbolado,
improcedente en la valoración del suelo en situación de urbanizado sin
edificación, extremo no cuestionado en ningún momento), fue el utilizado
-aunque en la sentencia se diga que, cuando la ordenación urbanística no
detalla en relación a un suelo determinado, cuál ha de ser su concreto ámbito
espacial homogéneo, <<como es el caso, la concreción de esos ámbitos
espaciales y tratarse de un concepto jurídico indeterminado el Jurado deberá
definir ese ámbito espacial homogéneo partiendo de la normativa urbanística de
Valldemossa>> - al identificar ese ámbito espacial homogéneo con el
área homogénea 2 del planeamiento de Valldemossa (casco antiguo con
mantenimiento de volumetría) que es <<el área en donde se integran
todos los terrenos lucrativos que afectan al conjunto de la Cartoixa y sus
alrededores, pues no hay que olvidar que ese conjunto monumental es un Bien de
Interés Cultural, absolutamente relevante y digno de protección, de forma que merece
una consideración especial y singularísima, sobre el resto del núcleo urbano de
Valldemossa>>, con clara infracción del principio de equidistribución
de beneficios y cargas al hacer recaer, con carácter exclusivo, sobre el
expropiado las consecuencias negativas de haber incluido su suelo en un sistema
local (ELP-07), establecido en beneficio de la Cartuja y, consiguientemente del
casco antiguo, con la finalidad de preservar sus aledaños de la acción
urbanizadora, y que, como tal, han de ser también soportadas por la comunidad
que queda beneficiada con dicho ELP-07.Incurre, pues, la Sala en un error
jurídico al interpretar el concepto de ámbito espacial homogéneo del art. 24.1
TRLS 2008 (que no puede venir determinado por el planeamiento) , lo que no cabe
confundir con la concreción física -en cada caso- de ese concepto jurídico
indeterminado, cuestión fáctica a determinar por el órgano de instancia sobre
la base del acervo probatorio que disponga y que, en este caso, no podría
haberse revisado desde el momento en que se inadmitió el motivo en el que se
denunciaba la valoración arbitraria e ilógica de la prueba.
[siguiente] [Contextualizar] [siguiente] [Contextualizar] [siguiente] [Contextualizar] Publicado por
ámbito espacial homogéneo,
El usufructo suele tener
carácter vitalicio. En tal caso, si el dueño fallece antes de la expropiación,
el usufructo se extingue y su titular no puede reclamar una indemnización en el
expediente de justiprecio.
Aborda esta cuestión la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre
de 2016 (RC 1770/2015):
Los motivos primero, segundo y tercero pueden ser examinados conjuntamente, en
cuanto frente a la consideración en la sentencia de que la recurrente no tiene
otro título que el de usufructuaria de la finca legada a la Congregación de las
Hermanitas de los Pobres y de que la reclamación del justiprecio se formula en
la demanda como si fuese titular del pleno dominio, ignorando así los derechos
que pudieran corresponder a la nuda propietaria, lo que se esgrime en los
indicados tres motivos como argumento esencial es su condición de heredera por
fallecimiento del testador con posterioridad a la ocupación de la superficie
expropiada.
en efecto el Sr. Sixto con posterioridad a la ocupación de la parte de la finca
expropiada y, en consecuencia, ya no formando parte del caudal hereditario al
tiempo de la sucesión (recordemos que los derechos de la sucesión se trasmiten
desde el momento de la muerte, artículo 657 del Código Civil ), los motivos que
examinamos necesariamente deben estimarse, en cuanto el derecho a la
reclamación y cobro del justiprecio, salvo disposición testamentaria en
contrario, inexistente en el caso de autos, viene a acrecer el caudal
hereditario correspondiente al heredero, sucesor del difunto en todos sus
derechos y obligaciones ( artículo 66 del Código Civil ).
de advertir en línea con lo expuesto que si hubiera sido voluntad del testador
compensar a la legataria por la desaparición de su patrimonio de la titularidad
o de parte de los bienes legados, nada le impedía haberlo manifestado en
testamento posterior.
es que, además, debemos significar que el titular de un derecho real de
usufructo, que le confiere el derecho real de uso en su calidad de
usufructuario, sí tiene legitimación para intervenir en el proceso
expropiatorio en cuanto el justiprecio de su derecho viene determinado en
atención a la valoración del bien o derecho expropiado. Francisco García Gómez
El IBI corre a cargo del expropiado hasta la ocupación de la finca o el pago del justiprecio El
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia de 28 de julio de
2016 (recurso 76/2013), ha determinado el momento en el que se produce el
cambio de titularidad catastral de una finca afectada por un procedimiento
expropiatorio. En el
caso analizado, nos hallamos ante una expropiación por ministerio de la Ley, en
virtud de las previsiones del artículo 108
del Decreto Legislativo de Cataluña 1/2005, de 26 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo. Por ello, la parte
recurrente argumenta que, al tratarse de una expropiación “ope legis”, la
modificación de la titularidad de la finca tiene lugar con la presentación de la
hoja de aprecio. Sin
embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña defiende que en las
expropiaciones por ministerio de la Ley se diferencian dos fases. La
primera fase está constituida por la advertencia de la expropiación. En el caso
que nos ocupa, el artículo 108 del Decreto
Legislativo de Cataluña 1/2005 dispone que “Una
vez transcurridos cinco años desde la entrada en vigor del plan de ordenación
urbanística municipal, en el supuesto de que no disponga de programa de
actuación urbanística municipal, o una vez agotado el plazo establecido por el
programa o la agenda, si no se ha iniciado el procedimiento de expropiación de
los terrenos reservados para sistemas urbanísticos que, en virtud de las
determinaciones del plan, tengan que ser necesariamente de titularidad pública
y que no estén incluidos, al efecto de su gestión, en un polígono de actuación
urbanística o en un sector de planeamiento urbanístico, las personas
titulares de los bienes pueden advertir la administración competente de su propósito
de iniciar el expediente de valoración”. En
consecuencia, la segunda fase coincide con el inicio del expediente del
justiprecio. En este sentido, el precepto anteriormente referenciado recoge que
“Si transcurre un año desde la
formulación de la advertencia y la administración no ha dado respuesta, el
inicio del expediente de valoración se produce por ministerio de la ley; a
tal efecto, las personas propietarias pueden presentar la hoja de aprecio
correspondiente y, si transcurren tres meses y la administración no la acepta,
se pueden dirigir al Jurado de Expropiación de Cataluña, la resolución del cual
para fijar la valoración agota la vía administrativa”. Así,
el cambio en la titularidad catastral de los bienes inmuebles expropiados debe
tomar en consideración las previsiones del artículo 53 de la Ley de 16 de
diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa, por lo que “hasta tanto no se pague el justiprecio y se ocupe posteriormente la
finca, esta continua siendo propiedad del expropiado, el cual, aún cuando no
pueda efectuar actos de disposición puede continuar poseyéndola y en su caso
obtener sus frutos”. La Sala
concluye que la expropiación por ministerio de la Ley únicamente tiene
particularidades en la forma de inicio, la fecha de expropiación y la fecha
tomada en consideración para el cómputo de los intereses de demora, siendo
aplicables las previsiones del procedimiento expropiatorio ordinario en los
demás aspectos. En consecuencia, el IBI corre a cargo del expropiado hasta la
ocupación de la finca o el pago del justiprecio.
el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admite que el expropiado debe ser
compensado por la actuación dilatadora de la Administración expropiadora,
aunque determina que la compensación debe realizarse “por otras vías (como son el pago de intereses de demora, los cuales si
media procedimiento judicial y se observa falta de diligencia pueden ser
incrementados en dos punto o, incluso la exigencia de responsabilidad por mal
funcionamiento), pero en ningún caso puede modificarse las reglas de la expropiación”. Neus Teixidor Martínez
actas previas,
anulabilidad,
defectos formales,
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en Sentencia
de 30 de junio de 2016 (Rec. 214/2015) anula la previsión sobre el silencio
administrativo del Jurado en la normativa autonómica. Dice así:
“Desde luego la Ley de Expropiación Forzosa y su reglamento,
no contemplan la posibilidad de una desestimación presunta, siendo cierto
además, que no se conocen, al menos en esta Sala, supuestos de actos presuntos
emanados de Jurados distintos del autonómico, debiendo referirnos al Jurado de
Expropiación del Principado de Asturias
en su sentencia de 24 de julio de 2013, recurso de casación para unificación de
doctrina 4041/2012, con motivo de la estimación de un recurso de casación
articulado frente a una sentencia dictada por esta Sala con fecha 2 de julio de
2012, en el PO 223/11, ya señaló: "Lousual es que las cuestiones relativas
al justiprecio lleguen ante los órganos de este orden jurisdiccional mediante
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Jurado de
Expropiación: en este supuesto, el Tribunal debe comprobar si la prueba
practicada permite destruir la llamada presunción de validez y acierto del
acuerdo del Jurado y, si es así, anularlo y establecer el justiprecio adecuado
con base precisamente en el material probatorio recogido en las actuaciones.
Ello quiere decir que sólo caben dos posibilidades: bien el Tribunal confirma
el acuerdo del Jurado de Expropiación, bien lo anula y fija él mismo un nuevo
justiprecio. Lo que no cabe es que el Tribunal dé por buena, so pretexto de que
no se ha acreditado que fuese incorrecta, la valoración inicial ofrecida por la
Administración expropiante, recogida en su hoja de aprecio o en la tasación
conjunta. La razón por la que ello no puede admitirse es muy clara: la valoración
ofrecida por la Administración expropiante no goza de ninguna presunción de
validez y acierto. No deja de ser la oferta de una de las partes, a diferencia
del acuerdo del Jurado, que recoge la tasación llevada a cabo por un órgano
especializado y no encuadrado dentro de la jerarquía administrativa. Más aún,
la hoja de aprecio de la Administración expropiante o la tasación conjunta no
pueden ser caracterizadas como actos administrativos, de los que quepa predicar
la ejecutividad prevista en el art. 56 LRJ-PAC , sino que más bien se trata de
trámites dentro del procedimiento expropiatorio. Así las cosas, hay que
concluir que la doctrina reflejada en la sentencia impugnada no es ajustada a
Dicho esto, a fin de aclarar cuál es el enfoque jurídicamente
correcto en el presente caso, es preciso hacer otra consideración: El silencio
administrativo previsto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Jurado de Expropiación del Principado de Asturias resulta gravemente
perturbador para el adecuado funcionamiento del procedimiento expropiatorio y,
más en general, para una fijación del justiprecio respetuosa de los principios
que, con arreglo a la Constitución y a la Ley de Expropiación Forzosa, deben
presidir esta materia. Y es gravemente perturbador porque, como acaba de
exponerse, puede conducir a la fijación del justiprecio sin seguir alguna de
las solas tres vías idóneas para ello según la legislación española de
expropiación forzosa. Ciertamente, no es función de esta Sala establecer cuál es
la interpretación correcta de una disposición reglamentaria autonómica; pero sí
lo es recordar que la competencia de las Comunidades Autónomas para crear
Jurados de Expropiación autonómicos -fundada, según una bien conocida
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en su potestad de autoorganización-
no se extiende a la aprobación de normas que inciden en aspectos esenciales del
procedimiento expropiatorio, como sería indudablemente una norma que
estableciese el momento en que aquél puede considerarse concluido por silencio
administrativo dejando expedita la vía contencioso-administrativa. Con arreglo
a la Ley de Expropiación Forzosa, única aplicable en todo el territorio
nacional en cualesquiera cuestiones relativas al procedimiento expropiatorio,
el Jurado de Expropiación debe en todo caso adoptar el acuerdo de fijación del
justiprecio y la garantía frente a un posible retraso del mismo viene
legalmente dada por los intereses de demora, tal como inequívocamente disponen
los arts. 56 y 57 Ley de Expropiación Forzosa. La eficacia y la uniforme
interpretación del procedimiento regulado en la Ley de Expropiación Forzosa, en
otras palabras, no pueden ser puestas en entredicho por disposiciones
autonómicas. Téngase en cuenta que lo que aquí está en juego es la igualdad de
todos los ciudadanos en el goce de un aspecto crucial del derecho de
propiedad."
Tribunal Supremo viene claramente a señalar que la norma autonómica está
incidiendo en aspectos esenciales del procedimiento expropiatorio, fijando la
aplicabilidad del silencio administrativo a un ámbito vedado para el legislador
autonómico, en este caso para el Reglamentador, ya que las bases del
procedimiento expropiatorio deben ser fijadas por el legislador estatal
conforme establece el art. 149.1.18 de la Constitución. Es decir, se está
atribuyendo unas consecuencias a la falta de resolución del Jurado que no
contempla la legislación básica aplicable.
A lo anterior, no obsta en el que efectivamente el Tribunal
Constitucional en su sentencia 136/95, de 25 de septiembre, haya señalado que
no es viable la inadmisión de un recurso contencioso-administrativo interpuesto
frente a un acto presunto del Jurado. Esta sentencia del Tribunal
Constitucional, dictada en un recurso de amparo y desde la perspectiva de una
eventual vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el
art. 24 de la Constitución, señala que la tutela judicial debe satisfacerse al
particular recurrente en vía judicial, ofreciéndole una salida en los supuestos
en los que hay una inactividad por parte del Jurado en su función de fijación
del justiprecio. Esa salida no necesariamente es la ficción del silencio
administrativo como fórmula de dejar expedita la vía judicial, sino que incluso
apunta la posibilidad de que se pueda obligar a la Administración incumplidora
de su función a cesar en su inactividad, obligándola a dictar la resolución
correspondiente, fundamento jurídico cuarto, párrafo cuarto. La propia Ley
Jurisdiccional en su art 71.1 c), prevé que se pueda fijar un plazo para que la
Administración emita un acto administrativo, en la eventual sentencia
estimatoria que se pudiera dictar por la inactividad indebida de la
En definitiva, el Tribunal Constitucional trata en su
sentencia de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva habilitando
una salida para aquel ciudadano que sufre la falta de resolución del Jurado.
Pero desde la perspectiva de la actividad material llevada a cabo por el
Jurado, y siempre y cuando su derecho a la tutela judicial efectiva quede
garantizado, el que la legislación autonómica, como acontece con la del
Principado de Asturias, prevea la desestimación presunta por silencio
administrativo, de la hoja de aprecio del expropiado, es contrario al sistema
de reparto competencial fijado en nuestra Constitución en la forma más atrás
expuesta. A ello debemos añadir además que la función del Jurado no consiste en
estimar o desestimar una solicitud, en este caso una hoja de aprecio, sino en
realizar una función sustantiva y legalmente predeterminada que consiste en
realizar una valoración aplicando el método previsto sobre la base del previo
análisis de las hojas de aprecio presentadas por las partes, culminando así la
fase de fijación del justiprecio que regula la Ley de Expropiación Forzosa en
sus arts. 24 y ss.
De lo anterior, cabe concluir que el sistema diseñado en el
Decreto 22/04, no es respetuoso con la legislación básica en materia
expropiatoria, tal y como apunta el propio Tribunal Supremo en su doctrina
jurisprudencial, sin que exista necesariamente una afección al derecho o a la
tutela judicial efectiva, con la interpretación más atrás patrocinada de los
supuestos de inactividad por parte de los órganos administrativos tasadores.
En consecuencia, considera esta Sala que debe declararse la
nulidad del inciso tercero del art. 13 del Decreto 22/2004, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Jurado Provincial de
Expropiación del Principado de Asturias”.
silencio administrativo,
tribunal superior,
La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de
abril de 2016, dictada en el Recurso de Casación núm. 884/2014﻿, contiene diversas consideraciones de
En primer lugar, sobre la
motivación del Jurado u órgano de
valoración, nos recuerda que “Reiterada
Jurisprudencia advierte que el artículo 35 de la Ley de Expropiación no exige
una exhaustiva expresión de los elementos tenidos en cuenta para la determinación
del justiprecio y entiende que el Jurado cumple con su deber de motivación
cuando indica los criterios aplicados y los factores tomados en consideración
de tal forma que permitan al interesado conocer las razones que han llevado a
la decisión, posibilitando de esta forma su impugnación ( Sentencias de 17 de
diciembre y 11 de noviembre de 2011 - recursos de casación 1502/2010 y
6103/2009 , respectivamente-). Como se dice en la última de las sentencias
citadas, con amplia referencia jurisprudencial <<No se exigen, pues,
numerosas y abundantes consideraciones, siendo bastante la mención genérica de
los criterios utilizados y la referencia a los elementos o factores
comprendidos en la estimación, sin necesidad de señalar actos circunstanciales>>”.
Por otro lado, apunta que
“Consistiendo el método residual en
calcular el valor del suelo a partir del valor final de mercado que tiene un
inmueble edificado en la zona correspondiente, valor total del que se van
detrayendo los costes necesarios para su construcción, así como los costes
financieros y el beneficio del promotor, esto es, en despojar del valor del
inmueble aquellos costes que permiten situarlo como producto de mercado,
razones obvias impiden compartir la conclusión alcanzada por la Sala respecto a
que los factores de la fórmula del citado artículo 42 se aceptan o rechazan en
bloque”; de forma que, evidentemente, se
puede estar conforme o disconforme con una determinada valoración de forma
La misma sentencia
reitera los pronunciamientos de la Sentencia del Pleno de 15 de julio de 2013
sobre el cálculo del aprovechamiento
entorno en terrenos sin aprovechamiento lucrativo, supuesto en que debe
descontarse la superficie con uso dotacional, no lucrativo.
Finalmente, quizá lo más destacable de la sentencia es la exclusión de la cesión de aprovechamiento
en supuestos de suelo urbanizado, dada la falta de claridad al respecto del
vigente TRLS, que no establece expresamente ninguna excepción a la obligación de tal
cesión, aunque era una cuestión
clara en la legislación anterior (Decreto-ley de 7 de junio de 1996, luego
convertido en la Ley de 14 de abril de 1997, y art. 14.1 LSV de 1998). Dice así que “lo cierto es que con la pericial practicada
resulta acreditado que la finca expropiada cuenta con todas las
infraestructuras y servicios urbanísticos que determinan su situación de suelo
urbanizado, por lo que en consecuencia y en virtud del mandato del artículo
95.1.d) de la Ley Jurisdiccional , con estimación del motivo y declaración de
haber lugar al recurso de casación en este extremo, debemos estimar el recurso
contencioso administrativo deducido por la expropiada por ser disconforme a
derecho el descuento que del 10% del aprovechamiento y en concepto de cesión,
se realiza en el acuerdo del Jurado y en la sentencia, en ésta no solo sin
fundamentación alguna, sino incluso en contradicción con la clasificación que
de suelo urbano en ella se mantiene, y ello con la consiguiente repercusión en
la fijación del justiprecio a determinar en ejecución de sentencia”.
área homogénea,
dotacional,
en bloque,
método residual,
sin aprovechamiento lucrativo,