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Timestamp: 2020-07-13 13:35:04
Document Index: 139608155

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 357', 'artículo 2', 'artículo 356', 'artículo 357', 'artículo 357', 'artículo 22', 'artículo 20']

Sentencia de Tutela nº 207/95 de Corte Constitucional, 12 de Mayo de 1995 - Jurisprudencia - VLEX 43558894
Sentencia de Tutela nº 207/95 de Corte Constitucional, 12 de Mayo de 1995
Ponente: Alejadro Martinez Caballero
Ders. Prestacionales. Der. A la salud. Estancamiento de aguas negras. Alcantarillado. Negligencia adtiva. Concedida.
Sentencia citada en: 191 sentencias, 6 artículos doctrinales
Se ha probado hasta la saciedad que la falta de un sistema de desagüe de aguas negras o de una adecuada disposición de escretas constituye un factor de gran riesgo para la salud de la comunidad que soporta tal situación, que obviamente se traduce en una amenaza y violación de los derechos a la salud y a la vida. "El agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas, la salubridad pública o la salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal ser objeto de protección a través de la acción de tutela".
Peticionarios: O.H.V.P. y S.M.G.O..
Procedencia: Juzgado 2º Penal Municipal de T. -Antioquía-.
En proceso de tutela identificado con el número de radicación T-54994, adelantado por O.H.V.P. y S.M.G.O..
Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la S. de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta S..
O.H.V.P. y S.M.G.O. impetraron acción de tutela contra el municipio de T. -Antioquía-, fundamentado en los siguientes hechos:
Los accionantes son residentes y propietarios de negocios comerciales ubicados en la calle 104 con carrera 17.
Desde hace ocho meses, en el mencionado lugar se han venido presentando taponamientos de las tuberías que conducen las aguas negras, dada la falta de limpieza y adecuado mantenimiento de las mismas. Lo anterior ha causado el estancamiento de las aguas negras en el sector de la calle 104 con carrera 17 y el rebosamiento de baños en las viviendas aledañas, entre las cuales se encuentran las pertenecientes a los actores.
Los accionantes consideran que la conducta omisiva del municipio de T. -Antioquia- en mantener adecuadamente las cañerías destinadas a evacuar las aguas negras viola los derechos a la integridad física (art. 11 C.P.), la libre circulación (art. 24 C.P.), al trabajo (art. 25 C.P.), a la salud (art. 49 C.P.), a un ambiente sano (art. 79 C.P.) y a una vivienda digna (art. 51 C.P.).
Sentencia del Juzgado 2º Penal Municipal de T. -Antioquía-, emitida el 18 de noviembre de 1994.
Tomando en consideración lo anterior, el Juzgado sostuvo que "el derecho al servicio del alcantarillado, en aquellas circunstancias que afecten de manera evidente derechos y principios constitucionales fundamentales, como son los consagrados en los artículo 1º (Dignidad Humana), 11 (Vida), y 13 (Derechos de los disminuidos), debe ser considerado como derecho susceptible de ser protegido por la acción de tutela".
Agregó el Juzgado 2º Penal Municipal de T. que "la violación del derecho a la salubridad pública contra los habitantes de la calle 104 y aledañas adquiere una connotación especial por el hecho de haberse cerrado la vía para el tránsito vehicular debiendo transitar por calles no aptas para este fin con el consecuente deterioro de las mismas, incitando a los habitantes del lugar a pronunciarse contra ello".
Así las cosas, el Juzgado 2º Penal Municipal de T. -Antioquía- concedió la tutela impetrada por O.H.V.P. y S.M.G.O., ordenando a la administración municipal de T. "la construcción del alcantarillado de la calle 104 con carrera 17. Dicha construcción deberá llevarse dentro de un plazo razonable que no exceda de tres meses. Mientras ello ocurra debe adoptar, inmediatamente, medidas provisionales idóneas, encaminadas a la cesación de las molestias y perjuicios que se están ocasionando a los habitantes del lugar".
Actividad Probatoria en la Corte Constitucional.
Esta S. de Revisión, mediante auto del 18 de abril del año en curso, a fin de recaudar los suficientes elementos que permitieran concretar la existencia de los requisitos para que proceda una acción de tutela para obras públicas, decretó las siguientes pruebas:
Primero: SOLICITESE al Alcalde Municipal de T. -Antioquía- los siguientes documentos:
Ejemplar del presupuesto del Municipio de T. para el año de 1994.
Ejemplar del presupuesto del Municipio de T. para el año de 1995.
Informe sobre la ejecución presupuestal a noviembre de 1994, específicamente en los ítems y rubros relacionados con la Ley 60 de 1993 y que desarrollen el artículo 357 de la Constitución.
Detallado cronograma de actividades desarrollados en los dos últimos años por la Alcaldía Municipal de T. respecto del problema del alcantarillado del sector comprendido entre la calle 104 y la carrera 17.
Informe sobre las respuestas dadas a las peticiones verbales de la comunidad en relación al problema del alcantarillado del sector comprendido entre la calle 104 y la carrera 17.
Segundo: SOLICITESE al Alcalde Municipal de T. que conteste las siguientes preguntas:
¿Existía para la época de la interposición de la presente tutela un sistema de alcantarillado en el sector comprendido entre la calle 104 y la carrera 17?.
Si es afirmativa la anterior ¿quien lo construyó? ¿fue una acción de la comunidad, del municipio o fue una obra en conjunto?.
Si fue una acción de la comunidad ¿por qué no se le prestó asesoría calificada por parte del municipio?.
Si no había sistema de alcantarillado para la época de la interposición de la acción de tutela de la referencia ¿existía algún sistema de desagüe de aguas negras?.
¿Cuál es el estado del proceso de contratación del alcantarillado de T.?.
La administración municipal de T. no envió las pruebas antecitadas.
Es competente esta S. de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dichas acciones practicó la S. correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación.
Los accionantes propugnan en la tutela de la referencia por la presencia de la administración municipal en la puesta en marcha de obras de alcantarillado en cierto sector de la ciudad de T.. Siendo así las cosas, a continuación la Corte abordará los temas de la eficacia de un derecho de prestación como la posibilidad de acceder a una red de alcantarillado y su posible protección a través de la acción de tutela, para luego resolver el caso concreto.
Los derechos de prestación.
Procedencia de la protección de los derechos de prestación a través de la acción de tutela.
La Corporación en diversas sentencias ha tratado de delimitar la procedencia de la tutela para la protección de derechos de prestación, fijando determinadas condiciones de eficacia, para el caso en concreto, pues "en los derechos de prestación ... la violación se hace patente por medio de un proceso inverso en el cual el alcance y sentido de las normas se determina en buena parte mediante las circunstancias específicas del caso" Corte Constitucional. Sentencia Nº T-597/93. M.P.: Dr. E.C.M.
Se han determinado derechos prestacionales fundamentales Corte Constitucional. Sentencia Nº T-323/94. M.P.: Dr. E.C.M., cuya virtualidad es la aplicación inmediata por expreso mandato constitucional o dado su carácter fundamental por naturaleza. En estos casos, el derecho prestacional es un derecho fundamental común y corriente.
Así mismo, Existen otros derechos prestacionales que se hacen exigibles por su conexidad, a partir del caso en concreto, con un derecho fundamental. Se ejemplifica lo anterior con un fallo de la Corporación, en el cual se sostuvo que la exigibilidad, a través de la acción de tutela, de prestaciones constitucionales como los derechos a la salud, a la seguridad social integral, y a la protección y asistencia a la tercera edad, está sujeta a la comprobación de una violación o amenaza de los derechos fundamentales sobre una persona que se encuentre bajo la condición de debilidad manifiesta aunada a la imposibilidad material de su familia para darle asistencia, en particular cuando la completa ausencia de apoyo lo priva de su derecho al mínimo vital Corte Constitucional. Sentencia Nº T-533/92. M.P.: Dr. E.C.M.
En cuanto a la omisión, la actitud del órgano legislativo debe ser examinada dentro de límites objetivos razonables. Al respecto es necesario tener en cuanta los siguientes principios: 1) Las exigencias propias de la organización del servicio implican por lo general restricciones económicas que no pueden ser resueltas en el corto plazo y 2) la protección del derecho de un usuario no puede implicar el sacrificio del derecho de otros. (subrayas fuera de texto)Corte Constitucional. Sentencia Nº T-597/93. M.P.: Dr. E.C.M..
Es claro que la autonomía del administrador al fijar prioridades en la ejecución del presupuesto no es absoluta y que el lugar preferente en la definición de lo gastos debe ser ocupado, según la Constitución (artículo 2º), por aquellas acciones que conduzcan a la realización de los fines esenciales del Estado, entre ellos la efectividad de los derechos fundamentales. (negrillas fuera de texto) Corte Constitucional. Sentencia Nº T-185/93. M.P.: Dr. J.G.H.G..
Se repite, no se trata de un co-gobierno, sino de hacer cumplir unos concretos mandatos constitucionales que orientan la gerencia pública, en injustificada ausencia de decisión del gestor. En efecto, en la Constitución Política se definen un norte específico a seguir en la administración estatal, por ejemplo el artículo 356 C.P. se establece que "los recursos del situado fiscal se destinarán a financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media, y la salud, en los niveles que la ley señala, con especial atención a los niños", así mismo, el artículo 357 ibídem establece que la participación municipal en los ingresos corrientes de la Nación estará orientada por una ley, a iniciativa del Gobierno, que "determinará el porcentaje mínimo de esa participación y definirá las áreas prioritarias de inversión social que se financiarán con dichos recursos". Se aprecia, entonces, cómo la Carta Política no deja la acción estatal como una rueda suelta sino la condiciona y la encauza de determinada manera, en aras de "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia de un orden justo" (art. 2º C.P.).
Procedencia de la acción de tutela en el caso concreto, para la protección del derecho prestacional a disfrutar un sistema de desagüe de aguas negras.
Vistos los diferentes casos de exigibilidad de derechos prestacionales, la presente S. entra a considerar la procedencia de la tutela en el específico caso de la protección del derecho prestacional a gozar un sistema de desagüe de aguas negras.
En abstracto, se ha probado hasta la saciedad que la falta de un sistema de desagüe de aguas negras o de una adecuada disposición de escretas constituye un factor de gran riesgo para la salud de la comunidad que soporta tal situación, que obviamente se traduce en una amenaza y violación de los derechos a la salud y a la vida Corte Constitucional. Sentencia Nº T-406/92. M.P.: Dr. C.A.B.. En palabras de la Corte Constitucional, "El agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas, la salubridad pública o la salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal ser objeto de protección a través de la acción de tutela" Corte Constitucional. Sentencia Nº T-578/92. M.P.: Dr. A.M.C..
Igualmente la amenaza se demuestra con la inminencia del daño que puede ocasionar a la vida el habitar en un sitio cercano a "elementos en descomposición y aguas negras", lo cual también está demostrado en el proceso, Según el Manual de Enfermedades de Posible Control por Acciones Sobre el Ambiente Enfermedades de posible control por acciones sobre el ambiente. Ministerio de Salud. 1978., son numerosas las enfermedades que viven y se reproducen en un ambiente acuático. Recientemente la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, La Academia Nacional de Ciencias y la Organización Mundial de la Salud concluyeron que en la conducción de aguas, en ductos de aguas lluvias, acueductos etc., en los que exista contacto con excretas o aguas negras, la posibilidad de aparición de epidemias es muy alta.
La ascariasis y la tricuris son enfermedades de transmisión fecal-oral, básicamente a través de la mano hacia la boca o por ingestión de agua contaminada MC. JUNKIN, E.. Agua y Salud Humana. Organización Panamericana de la Salud. Oficina Sanitaria Panamericana. Oficina Regional de la O.M.S. pág. 29..
El siguiente cuadro resume las enfermedades que se transmiten por la deficiencia del abastecimiento de agua o del saneamiento L.M., L.A.. El Problema de la Contaminación del Agua en la Vereda Colombiana. Tesis de Grado 1984. Facultad de Estudios Interdisciplinarios. Pontificia Universidad Javeriana. págs. 21-22. :
H2 Heces O3 orali Or: Orinas P2 Percutáneas C: C..
B.P.: Aunque algunas veces se transmiten por el agua, con más frecuencia son "lavadas" por el agua.
Es muy raro que el agua para usos domésticos las produzca.
Sobre la amenaza inmediata a la vida por parte de las aguas negras, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro, estableció que debería concederse la debida prioridad al tratamiento y la eliminación de las excretas dada la amenaza que supone para la vida humana Agenda 21. Declaración de Río (Proyectos). Naciones Unidas, pág. 283..
Igualmente en el Decreto 2105 de 1983 se adoptó como definición de "contaminación de agua", la polución de ésta que produce o puede producir enfermedad y aún la muerte del consumidor.
Es de mérito advertir que una acción de tutela dirigida a obtener obras de alcantarillado no es improcedente por la existencia de otros medios de defensa judiciales como las acciones populares, cuando se demuestra que existe una violación o amenaza directa al derecho fundamental de la persona que interpone la tutela y que esta situación tenga una relación de causalidad directa con la omisión de la administración que afecte el interés de la comunidad, dado que en estos casos se genera una unidad de defensa, que obedece al principio de economía procesal y al de prevalencia de la acción de tutela sobre las acciones populares Corte Constitucional. Sentencias Nº T-254/93 T-539/93, T-354/94, T-431/94, entre otras..
Analizando al caso concreto, en el expediente está plenamente probada la amenaza directa a los derechos fundamentales del señor Vera Parada con la inspección judicial realizada por el juez de primera instancia y con la declaración rendida por el aludido dentro de la mencionada inspección judicial. El Juez 2º Penal Municipal de T. -Antioquía- constató que la calle 104 entre carreras 16 y 17 "se encuentra bañadas de aguas negras" (folio 5º). Igualmente, el promotor de saneamiento de la localidad, señor L.A.P.N., manifestó en la mencionada diligencia que el estancamiento de las aguas negras puede producir y esta produciendo malaria, tifo y enfermedades en la piel, en la población del sector. Por último, en la precitada declaración el actor O.H.V.P. afirma que: "... mi perjuicio ha sido el de utilizar a medias los servicios de baño y lavadero, ya que el patio interno de la casa está rebosado de aguas negras, teniendo que soportar malos olores que producen éstas aguas negras, en el negocio muchos clientes han dejado de venir para no tener que meter los pies en ésta laguna de aguas negras y por consiguiente las ventas se rebajaron altamente" (reverso del folio 5º), situación fáctica comprobada en la diligencia antecitada (folio 5º).
Con respecto a la señora G.O., tal persona sólo actuó en la petición de tutela, sin embargo, en tal libelo afirmó que su lugar de residencia y trabajo se encontraba situado en la calle 104 con carrera 17, aserto no desvirtuado en el presente proceso. La S. toma en cuenta que en la inspección judicial antes citada se constató que el sector de la calle 104 entre carreras 16 y 17 se encontraba en el mismo estado ya expresado. Así las cosas, se deduce que los derechos fundamentales a la vida y a la salud de la accionante G.O. se encuentran amenazados por la falta de un sistema de desagüe de aguas negras.
Se verifica, además, que la presente tutela no es improcedente por la existencia de otros medios de defensa judiciales como las acciones populares, dados que en estos casos se genera una unidad de defensa, siempre y cuando se presenten los requisitos antecitados, los que en este caso se cumplen, pues existe una amenaza directa al derecho fundamental de los accionantes, la cual tiene una relación de causalidad directa con la omisión de la administración de T. que esta afectando el interés de la comunidad. En efecto, se presenta un atentado directo a la salud de los accionantes, que podría llegar a la muerte, por la exposición de las aguas negras tanto en la calle como en sus propias casas. Esto se debe a la inexistencia de un adecuado sistema de disposición de excretas, prestación que recae en la administración municipal de T..
Segundo, el artículo 357 constitucional señala que la ley definirá las áreas prioritarias de inversión social en las cuales se invertirá la participación municipal en los ingresos corrientes de la nación. Tales áreas de inversión social fueron definidas por el artículo 22 de la Ley 60 de 1993, estableciendo un 20% de asignación de la participación antedicha para agua potable y saneamiento básico, cuando no se haya cumplido la meta de cobertura de un 70% de la población con agua potable. Partiendo de lo anterior, se puede aseverar que existe, en principio una partida destinada al agua potable y al saneamiento básico, ítem éste último donde se encuentra el alcantarillado. Así las cosas, la presente S. solicitó al alcalde municipal de T. ciertos informes que dejarían en claro cual era el estado de la partida presupuestal dedicada al saneamiento, por ejemplo, que era insuficiente, o que estaba comprometida, eventos eximitorios de responsabilidad de la administración, en este caso. Mas no se obtuvo respuesta dentro del término estipulado, por tanto, partiendo de lo establecido en el artículo 20 del decreto 2591 de 1991, el cual señala que si el informe solicitado a la autoridad acusada no fuere rendido dentro del plazo correspondiente se tendrán por ciertos los hechos, la S. presume que la partida presupuestal era suficiente para conjurar el problema sanitario y que se presentó negligencia de la administración al no actuar teniendo los medios para hacerlo.
Por otro lado, las declaraciones de los accionantes en las cuales se asevera la negligencia del municipio de T., no fueron desvirtuadas, por tanto, a juicio de esta S., se presenta una grave negligencia de la administración municipal de T..
En el caso sub-examine, la orden judicial de protección de derechos fundamentales sólo puede ir encaminada a imprimirle cierta dinámica al proceso de gestión administrativa, o sea, influir en determinadas fases del mentado proceso más no en todas, pues no sería plausible que el juez de tutela se inmiscuyera en decisiones puramente administrativasCorte Constitucional. Sentencia No. T-195/95. M.P.: Dr. A.M.C., a guisa de ejemplo, la parte técnica. Esto implica que la cobertura que brinda la orden judicial debe dar el suficiente margen de acción a la administración, para que ella defina cual es la mejor manera de conjurar el problema dentro de un período razonable.
En este orden de ideas, se confirmará la sentencia revisada, en cuanto concede la acción de tutela a los actores, sin embargo, se revocará la orden dada por el Juzgado 2º Penal Municipal de T. -Antioquía-, y en su lugar se ordenará a la administración municipal de T. -Antioquía- la realización de las gestiones necesarias para solucionar, en forma definitiva, el problema de desagüe de aguas negras en el sector comprendido entre la calle 104 y la carrera 17 de la ciudad de T., dentro de un período razonable.
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 2º Penal Municipal de T. -Antioquía- dentro del proceso de la referencia, en cuanto tuteló el derecho a la salud de O.H.V.P. y S.M.G.O..
SEGUNDO: REVOCAR la orden emitida por el Juzgado 2º Penal Municipal de T. -Antioquía- dentro del proceso de la referencia, y en su lugar, ORDENAR a la administración municipal de T. -Antioquía- la realización de las gestiones necesarias para solucionar, en forma definitiva, el problema de desagüe de aguas negras en el sector comprendido entre la calle 104 y la carrera 17 de la ciudad de T., dentro de un período razonable.
TERCERO: COMUNICAR a través de la Secretaría General de la Corte Constitucional el contenido de la sentencia al Juzgado 2º Penal Municipal de T. -Antioquía-, al Alcalde del municipio de T., al Defensor del Pueblo y a los peticionarios de la presente tutela.