Source: https://issuu.com/cepiadetactraductores/docs/informe_derechos_ling____sticos_cep
Timestamp: 2017-12-15 19:01:02
Document Index: 333248085

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INFORME DERECHOS LINGUISTICOS DE CEPIADET by Cepiadet AC - issuu
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+ A$-1'B+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<*2*&-0%&!1&!FVGV!
ÍNDICE Contenido !"#$%&'(()*"+++++++++++++++++++++++++++++
CAPITULO I. Descripción y abordaje del problema 1.1. La condición socio-,'$-&)(./&0/1./20$3%"./)"&-40".+5555+++++++555
1.2. 67.()./'"/83#.&%/21'$)('1#'$.19++++++++++++++++++5
1.3. :*;%/30/.<%$&./01/2$%<10;.+++++55+++++++++++++555
CAPITULO II. Estándares e indicadores para la realización de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas. =5>5/?%3/&0$0(@%3/1)"4A-3#)(%3+++++++++++++++++++++55
2.2. Estándar ideal &0/1.3/)"3#)#'()%"03/2B<1)(.3++++++++++++5555555
=5C/83#D"&.$/)&0.1/&01/30$E)&%$/2B<1)(%+++++++++++++++++555
=5F5/83#D"&.$/)&0.1/&01/)"#G$2$0#0/H/#$.&'(#%$/&0/10"4'.3/)"&-40".3+++++55
2.5. Estándar del ciudadano )&0.1++++++++++++++++++5555555
Capítulo III. El acceso de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado: Diagnóstico en Instituciones Públicas 35>5/I$%;%()*"/H/&)J'3)*"/&0/1%3/&0$0(@%3/1)"4A-3#)(%3++++++++++5555
3.2. Existencia de intérpret03/H/#$.&'(#%$03+++++++++++++++555
3.3. Capacitación, certificación y seguimiento de los intérpretes y traductores &0/10"4'.3/)"&-40".3++++++++++++++++++++++++5555
3.4. I$%(03%3/104.103+++++++++++++++++++++++++5
Conclusiones y Propuestas+++++++++++++++++++++555
Bibliografía++++++++++++++++++++++5555555555555555555555555555........
Anexos++++++++++++++++++++++++55++++5555555555
!"#$%&' ()*' +,-.)*' /(,*/0#&*' -0#' 1,&' #0*' alimentamos, una de las no menos funestas es la que nace de suponer que nuestra patria es una nación homogénea. Levantemos ese ligero velo de la raza mixta que se extiende por todas partes y encontraremos cien naciones, que en vano nos esforzaremos hoy por confundir en ,#)'*0()2. Ignacio Ramírez, Congreso Constituyente 1857. + Introducción El presente informe es el primer producto y punto de partida de un proyecto a largo plazo del Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción A.C., (CEPIADET A.C.) con la colaboración de Fundar, Centro de Análisis e Investigación; nos referimos al Observatorio Social de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca en la Procuración y Administración de Justicia, el cual se consolidó en el año 2010. !
La labor del observatorio parte de una premisa básica basada en derecho: El acceso a la justicia debe constituir un bien público de la más alta calidad, permitiendo a todas las personas gozar plenamente de sus garantías procesales y para ello es necesaria la implementación de los derechos lingüísticos, que requiere
un proceso de construcción, inclusión y acompañamiento
instituciones públicas, así como de la participación ciudadana en general. Tomando en cuenta la diversidad cultural existente en el estado de Oaxaca y las necesidades que de ello derivan, CEPIADET A.C. ha dedicado su labor a contribuir en la creación y mejora de mecanismos que permitan un Estado de reconocimiento y garantías plenas a las diferencias de las culturas que lo conforman, para que éstas puedan fortalecerse y desarrollarse plenamente.
El presente informe tiene como propósito evaluar la realización del marco normativo que, hasta el momento, el Estado mexicano ha creado para garantizar el pleno acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas, partiendo del hecho de que constitucionalmente se reconoce la composición pluricultural de la nación. Con este trabajo se pretende mostrar la evolución que han tenido los derechos lingüísticos de los indígenas y el nivel de garantía con el que cuentan, es decir la correlación entre lo que dicen las normas y las prácticas de las instituciones responsables de darles cumplimiento. Para lograr el objetivo planteado, se han realizado una serie de pasos metodológicos que arrojaron datos para el análisis de la dinámica en la que se desenvuelven los derechos lingüísticos en el sistema de procuración y administración de justicia en el estado de Oaxaca. El lector encontrará información y un análisis sobre la labor que desarrollan diversas instituciones federales y estatales, así como de las prácticas de los funcionarios que están al frente de ellas. Este análisis, fundado en evidencias, permite al Monitor incidir sugiriendo la creación y difusión de mecanismos tendientes a garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Se ha recabado también información para dar cuenta de la situación de los intérpretes y traductores1 de lenguas indígenas y de los propios hablantes en los espacios de justicia.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 A lo largo del presente documento se utilizan los conceptos de interpretación y traducción, asumiendo que existe una distinción relevante entre 011%3K/ L?./ )"#0$2$0#.()*"/ es la transferencia hablada del significado de un mensaje entre dos o más lenguas, puede 30$/ 0"/ 2$030"()./ J-3)(.M/ #010E)3.&./ %/ #010J*")(./ &0/ 1.3/ 2.$#03/ N+O/ ?./ #$.&'(()*"/ 03/ '"./ actividad que consiste en trasladar el significado de un texto en un idioma para producir '"/#0P#%/(%"/3)4")J)(.&%/0Q')E.10"#0/0"/%#$%/)&)%;.R//S:8I!TU8VM/=WWXK/=>Y5 ! !
Consideramos que el aporte principal de este informe es explicar a profundidad en qué consisten los derechos lingüísticos a partir de una interpretación normativa y doctrinaria, qué han hecho o dejado de hacer las instituciones para garantizarlos y cuáles son los obstáculos para avanzar en esta materia. Existe una serie de elementos que nos permite afirmar que este derecho no está siendo plenamente garantizado por el Estado, lo que nos obliga a realizar análisis más puntuales y fundamentados de la situación que prevalece en el sistema de justicia. El presente documento retoma algunos de los principales estudios realizados por instituciones especializadas, para dar cuenta de la forma en que los pueblos indígenas se enfrentan a la justicia estatal. En el informe realizado en el 2002 por el Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Comisión de los Derechos Humanos de las Z.()%"03/ [")&.3M/ 30\%$/ U.#%]I.$.;/ :%%;.$.3^.;HM/ 2%&0;%3/ 0"(%"#$.$/ '"./ serie de problemas que enfrentan las comunidades indígenas para acceder a la justicia, cuando hace referencia a !()'/+30*/4/(/5)5'6&#&%)('5&')--&*0')'()'7,*$/-/)8' la falta de intérpretes y de sensibilidad del estamento judicial por sus tradiciones 7,%95/-)*2.
(CDHNU,
2002:45).
interpretación en la cultura jurídica de 1%/Q'0/G1/11.;./L03#.;0"#%/,'&)().1RM/H/"%/0"/ las condiciones propias del sujeto indígena que han servido tradicionalmente para explicar su falta de acceso a la justicia (pobreza, ignorancia, aislamiento). En el presente estudio buscamos retomar dicho énfasis para entender que los problemas relacionados con la diversidad lingüística no parten de la condición de los sujetos indígenas, sino de la visión de los funcionarios y de la estructura de las instituciones. Este estudio señala además que muchos indígenas indiciados están desamparados ante el Ministerio Público o el juez por no hablar y/o entender el castellano y no contar con un intérprete en sus lenguas. No obstante, el informe no da cuenta de que la traducción e interpretación en espacios judiciales no es sólo una necesidad procesal, sino un derecho del sujeto hablante de lengua indígena. ! !
En una visita de trabajo en el año 2003, el doctor Rodolfo Stavenhagen, quien era Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, concluyó que !:::;0*' 7,/-/0*'&#' que se ven involucrados los indígenas están con frecuencia plagados de irregularidades, no solamente por la falta de intérpretes y defensores capacitados, sino también porque el ministerio público y los jueces suelen ignorar las costumbres jurídicas indígenas N+O La situación de los presos indígenas en diversos reclusorios es preocupante. En cárceles de la región Mixteca y Costa de Oaxaca, numerosos presos indígenas dicen haber sido torturados o sufrido presiones psicológicas al ser detenidos. Generalmente no cuentan con intérpretes 0' 5&<&#*0%&*' 5&' 0</-/0' -)3)-/$)50*2' ! (Stavenhagen,
2004:11).
constataciones nos permiten afirmar que el problema de los indígenas ante la justicia no es sólo atribuible a la falta de voluntad de los funcionarios, sino que existen condicionamientos estructurales que los generan. En tal sentido, la intención de nuestro trabajo es también comprender el contexto institucional en el que se producen las subjetividades de los funcionarios de justicia. U01/ )"J%$;0/ &0"%;)".&%/ L_'3#)()./ H/ 2'0<1%3/ )"&-40".3R/ &0/ 1./ `'"&.()*"/ 2.$./ 01/ Debido Proceso Legal (DPLF, 2006), retomamos que el sistema de procuración y administración de justicia en Oaxaca tiene graves deficiencias que afectan a todas las personas que se ven sometidas a un proceso penal. Ahora bien, según el informe estas deficiencias tienen un impacto mayor en la población indígena por ser una población especialmente vulnerable, carente de recursos económicos, que no entiende el idioma que usan los funcionarios ni el funcionamiento del proceso penal, basado muchas veces en principios y reglas opuestas a las que rigen el derecho de los pueblos indígenas. Aunque compartimos estas apreciaciones, nuestro enfoque difiere en que el ejercicio de los derechos reconocidos no tiene como base la marginación de los indígenas, sino su reconocimiento como ciudadanos de un país que constitucionalmente se reconoce como pluricultural. El informe concluye con una serie de propuestas para mejorar el sistema de impartición de justicia entre las que resaltamos la importancia de !<0%+)%' 3&%/$0*' ! !
traductores que dominen todas las lenguas que hablan los pueblos indígenas de Oaxaca y promover su contratación por parte del poder judic/)(2!(DPLF, 2006:26). I%$/1%/Q'0/#%(./.1/&%(';0"#%/L81/.((03%/./1./,'3#)()./&0/1%3/2'0<1%3/)"&-40".3/0"/ a.P.(.K/ $0#%3/ H/ 2%3)<)1)&.&03RM/ 2'<1)(.&%/ 2%$/ 1./ a$4.")b.()*"/ &0/ 1%3/ 83#.&%3/ Americanos (OEA) en el año 2007, se confirma la necesidad de los intérpretes y traductores en materia de procuración y administración de justicia, al afirmar que: !:::()' <)($)' 5&' ,#' =%&)' &*3&-/)(/>)5)' 50#5&' &?/*$)#' 3&%/$0*' $%)5,-$0%&*' 5&' ()*' diferentes lenguas que se hablan en el estado, redunda en dilaciones excesivas en el desarrollo de los procesos; aunado al hecho de que las personas que se habilitan por parte de los tribunales y los agentes del ministerio público como traductores, desconocen por completo la terminología jurídica por lo que la traducción que se realiza suele ser deficiente y a veces hasta perjudicial para el /#-,(3)502! 8Salazar, 2007:10). Efectivamente la problemática de los traductores puede ser enfocada como una violación a los derechos procesales de los inculpados y quizá ésta sea su expresión más grave; sin embargo, los indígenas son sujetos de derecho y aún siendo demandantes, testigos, denunciantes o víctimas, es decir cualquiera que sea su carácter procesal, deben tener garantizado el derecho de hablar en sus propias lenguas ante las instituciones públicas del Estado mexicano. T3);)3;%M/0"/01/.\%/=WWc/01/L!"J%$;0/&01/U).4"*3#)(%/3%<$0/01/T((03%/./1./_'3#)()./ 2.$./ 1%3/ !"&-40".3/ 0"/ dGP)(%5/ 83#'&)%/ &0/ (.3%/ 0"/ a.P.(.RM/ $0.1)b.&%/ 2%$/ 1./ Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), refleja una situación de vulnerabilidad de las personas hablantes de alguna lengua indígena, específicamente al no contar con intérprete o traductor en los procedimientos judiciales, y puntualiza que !&#' &*$&' sentido, el no proporcionar traductor o intérprete es una violación a la garantía del debido proceso y es probable que resulte también en la negación al derecho a un 7,/-/0'7,*$02:'De las 586 encuestas aplicadas a personas indígenas reclusas, solo el 16% reportó haber contado con traductor o intérprete en algún momento del ! !
proceso y el 84% contestó no haber contado con esta garantía constitucional (OACNUDH, 2007:116). En el mismo sentido, este informe confirma el poco entendimiento y comprensión que los reclusos indígenas tienen en las audiencias celebradas ante el Ministerio Público y los juzgadores (ibid). Por último este trabajo comparte nuestro enfoque, pues además de señalar un problema de incomprensión entre los indígenas y las instituciones del Estado, destaca que hablar en el propio idioma es un derecho constitucionalmente reconocido y, por lo tanto, una obligación del Estado proporcionar intérpretes o traductores en cualquier momento que le sean solicitados. I%$/%#$./2.$#0M/01/03#'&)%/L?%3/U0$0(@%3/?)"4A-3#)(%3/&0/1%s Pueblos Indígenas del Estado de Oaxaca en el Acceso a la Justicia: Marco teórico-práctico2RM/ $0.1)b.&%/ en 2008 por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), muestra que los hablantes de lenguas indígenas desconocen sus derechos lingüísticos y los servidores públicos tienen poca sensibilidad para promoverlos y aplicarlos. Según los datos obtenidos el 55% de la población indígena entrevistada no sabe que existe alguna ley que reconozca, proteja y promueva la lengua que habla; el 45% sí sabe que existen leyes a su favor, sin embargo, desconoce cuáles son y qué derechos tutelan; el 80% no sabe que son los derechos lingüísticos. Finalmente, el 82% asegura que cuando acude a alguna institución gubernamental, no puede expresarse en su lengua indígena. Estos datos revelan que existe una ciudadanía poco informada que crea un caldo de cultivo para que los funcionarios dejen de aplicar derechos sin que ello les implique algún tipo de responsabilidad. Aunque el presente informe no se enfoca al análisis de la participación ciudadana, es en sí mismo una expresión de contraloría social pues, desde la visión de sujetos indígenas, se evalúa el estado de cumplimiento de los derechos y las obligaciones de las instituciones. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 Este estudio se desarrolló en el estado de Oaxaca, aplicando un total de 482 encuestas a hablantes de lenguas indígenas y abarcando 46 municipios de las 8 regiones del Estado. ! !
Desde la perspectiva de las personas indígenas entrevistadas, se considera escasa y deficiente la difusión de los derechos lingüísticos, ya que el 76% declaró que no ha recibido información sobre este tema por parte de ninguna instancia gubernamental, además en el sistema educativo que opera en estas comunidades no se promueve el uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas indígenas. El más reciente diagnóstico realizado en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Programa de Cooperación en Derechos Humanos México-Unión Europea 2008-2010, abordó los aspectos de capacitación y formación de intérpretes y traductores en lenguas indígenas, junto con su vinculación al mercado de trabajo. Unas de las principales conclusiones del diagnóstico es que: !;)'5&</#/-/@#'5&'()'%&*30#*)4/(/5)5'5&'3%0A&&%'&('*&%A/-/0'B'&(' 3)60'5&'C*$0*'*&'5&4&'3%&-/*)%'&#'()*'(&B&*'*&-,#5)%/)*:2D LDesde la perspectiva del papel del intérprete en los procesos de justicia sus servicios pueden ser requeridos por la defensoría, el juez ó el Ministerio Público, así como cuerpos de seguridad si hay detenciones y los centros de reclusión. La responsabilidad de proveer el servicio de interpretación recae así en los poderes ejecutivo y judicial, tanto a #/A&(' <&5&%)(' -0+0' &*$)$)(2! (SER-PDHUE, 2010). La importancia de este informe es que muestra una dimensión práctica del problema, que tiene que ver con que el Estado no ha asumido su responsabilidad de gobernar a una sociedad pluricultural y, por tanto, de adecuar las instituciones a esta composición. En síntesis, el problema tiene que ver con definición de políticas públicas y asignaciones presupuestales pues es su obligación garantizar que las personas indígenas puedan hablar su idioma ante las instituciones públicas.
Capítulo 1. Descripción del problema 1.1.
La condición socio-jurídica de la persona indígena
El enfoque del presente informe trata a las personas indígenas como ciudadanos con derechos específicos, cuya legitimidad viene de la historia político-cultural de nuestro país y no de su condición social marginal. Es por eso que abordamos los derechos lingüísticos no como un problema de comunicación de las personas indígenas que deriva en una necesidad institucional, sino como efectivamente un derecho que tienen las personas que hablan una lengua reconocida por el sistema jurídico nacional ante sus instituciones. !
Ahora bien, también es evidente que uno de los problemas de acceso a la justicia de los pueblos indígenas tiene que ver con su condición de sujetos marginados. En una sociedad tan desigual como la mexicana, las personas que carecen de recursos económicos tienen menos posibilidades de triunfar en un juicio a pesar de que, en teoría, las instituciones de justicia reconocen los derechos por igual. Por esta razón incluimos un apartado en donde explicamos las condiciones estructurales de marginación en la que viven las personas indígenas de Oaxaca y que nos permiten comprender una dimensión del problema que abordamos. !
El estado de Oaxaca cuenta con 3 506 821 habitantes, de los cuales 1 091 502 son hablantes de alguna lengua indígena, lo que equivale a 31.1% de la población total a nivel estatal y representa el 18.1% de la población indígena a nivel nacional (INEGI, 2009). La población oaxaqueña se encuentra distribuida administrativamente en 570 municipios, de los cuales 418 se rigen por el régimen de usos y costumbres ya que llevan a cabo elecciones mediante mecanismos propios, como lo establece el Sistema Normativo Interno de cada pueblo. En el estado coexisten 15 pueblos ! !
indígenas reconocidos constitucionalmente y 5 familias lingüísticas, de las que derivan un aproximado de 166 variantes (CNLI-INALI, 2008). Tabla 1. Porcentaje de población indígena por etnia Microetnias menos de 10,000 hablantes Etnia Núme % de ro población indígena que representa
Mesoetnias de 10,000 a 100,000 hablantes Etnia Número % de población indígena que representa
Macroetnias más de 100,000 hablantes etnia Número % de població n indígena que represent a
Zapotec os
377.93 6
Mixteco s
245.75 5
Chontale s
Mazatec os
Chocholt ecos
Cuicateco s
Chinant ecos
105.44 3
Fuente: FUNPOREIB ANDES, 2009.
Es importante destacar que Oaxaca, además de ocupar a nivel nacional el primer lugar en diversidad cultural, simultáneamente ocupa el penúltimo lugar en el índice de desarrollo humano (IDH) (CONAPO, 2009) y es uno de los estados más pobres, aportando únicamente el 1.5% al PIB nacional (INEGI, 2005). De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 01/ &03.$$%11%/ @';."%/ Les un proceso social vinculado a la ampliación de las libertades humanas a través de la eliminación de aquellos obstáculos que impiden )'()*'3&%*0#)*'03$)%'&#$%&'<0%+)*'5&'A/5)'5/*$/#$)*2 (Cordourier, 2010:14). A partir de este planteamiento podemos considerar que la asociación entre identidad indígena y pobreza nos habla del precio de optar por una identidad y forma de vida distinta a la dominante. En este sentido, podemos afirmar que las políticas públicas encaminadas a dignificar y reconocer la identidad indígena deben ser prioridad para el Estado mexicano. ! !
Como ya señalamos, un sinfín de municipios oaxaqueños apenas cuentan con los servicios mínimos y estos son de baja calidad, lo que impide el pleno desarrollo de sus habitantes. Aunado a ello, las comunidades que ocupan los últimos lugares en el índice de desarrollo humano3 presentan una mayor concentración de población indígena, lo que posiciona a este grupo en una situación de vulnerabilidad social a la que el Estado no ha podido dar solución. Resulta incongruente que en México exista un amplio marco normativo (ver anexo 2) que protege las libertades de las comunidades y personas indígenas y que éstos grupos vivan en una marginación constante. Aún cuando el artículo 2º Constitucional reconoce la composición pluricultural de la Nación mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, el Estado no toma cartas para transformar las instituciones en espacios que reflejen esta composición. Dicho artículo establece, en su apartado A, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía. Esto no es una cuestión menor ya que el derecho de libre determinación es justamente el mismo que sustenta la soberanía del Estado mexicano y de las entidades de la República. Aún cuando en el caso de los pueblos indígenas no significa soberanía sino autonomía, es insoslayable que los alcances de ésta no pueden ser negados por las instituciones del Estado. !
El apartado B establece que la federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. El presente informe muestra que !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3 58 municipios de Oaxaca están catalogados con menor IDH de acuerdo con datos de la Unidad de microrregiones de la SEDESOL. ! !
el Estado no está estableciendo las instituciones ni definiendo las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de las personas indígenas, lo que implica una flagrante violación al orden constitucional. Por su parte, el artículo 16 de la constitución estatal de Oaxaca reconoce la composición étnica plural, sustentada en la presencia y diversidad de los pueblos que la integran. El derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas se expresa como autonomía en tanto parte integrantes del estado de Oaxaca, en el marco del orden jurídico vigente, por tanto dichos pueblos y comunidades tienen personalidad jurídica de derecho público y gozan de derechos sociales+e/ 2.$./ @.(0$/ E.10$/ H/ $0320#.$/ 03#.3/ &)32%3)()%"03/ 0P)3#0/ 1./ ?0H/ &0/ Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Oaxaca. Un dato importante es que la constitución oaxaqueña reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, lo que implica que las normas, procedimientos e instituciones de estos hacen parte de la función de gobierno en Oaxaca. Como podemos observar, en México y en Oaxaca existe, al menos de manera enunciativa, el reconocimiento de las garantías de los pueblos y comunidades indígenas; sin embargo estas disposiciones aún no se materializan en el diseño de políticas públicas, ni en instituciones con la capacidad suficiente de dar atención a las necesidades que la diversidad demanda.
¿Hacia un Estado pluricultural?
La Constitución mexicana ha reconocido que somos una nación pluricultural; sin embargo, el Estado, lejos de representar esta composición, sigue siendo una expresión de la sociedad dominante con todo el racismo y la discriminación que la ha caracterizado históricamente. En el imaginario social dominante4 prevalece un perfil del indígena como un sujeto desprovisto de las capacidades necesarias para desarrollarse y garantizarse una vida plena. Es por ello que el Estado durante mucho tiempo ha encaminado acciones paternalistas que pretenden asimilar a las culturas minoritarias5, con políticas que limitan sus formas de vida, sus prácticas y la realización de su desarrollo desde su propia concepción. Es incoherente que el Estado a pesar de reconocer la diversidad, a través de sus aparatos de control social criminalice algunas prácticas de los pueblos indígenas. !
Un ejemplo claro de la discriminación con la que tienen que lidiar los indígenas en el día a día es el caso del indio ñahñú Luis Zacarías Bonilla. Oriundo de la comunidad de Texcatepec, municipio de Huayacocotla, Veracruz, esta persona permaneció nueve años internada como "indigente con retraso mental" en el !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4 8"/ 03#0/ )"J%$;0/ 1./ (%""%#.()*"/ Q'0/ 30/ 10/ &./ ./ 3%()0&.&/ L&%;)"."#0R/ %// L;.H%$)#.$).R/ E./ &0/ acuerdo con lo planteado por Will Kymlicka, quien define como dominante a una sociedad por la siguientes razones: a) es el grupo con mayor presencia demográfica en un territorio en el que habitan otros grupos; b) es la sociedad que decide la política de una sociedad compuesta por diferentes grupos, y c) tiene el dominio en aspectos como la religión, las normas sociales y la lengua oficial de un territorio (1996:55). 5
!8;210.;%3/ 01/ #G$;)"%/ L;)"%$-.3RM/ &0/ f)1E)"./ g.;-$0b/ S=WW=KCYM/ Q'0/ $0J)0$0/ ./
aquellos grupos de individuos que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad y que carecen del suficiente poder para que sus demandas sean satisfechas. El término no se encuentra asociado con criterios cuantitativos, ya que las minorías pueden ser mayoría -cuantitativamente- y encontrarse en una posición de inferioridad en relación al resto de la sociedad.!! ! !
Centro Asistencia Social número 4 (CAS-4).6 Llegó a la ciudad de México a los 23 años de edad y deambuló por la urbe, hasta que en 1990 fue internado. Permaneció incomunicado por nueve años hasta que un equipo de trabajo de atención a indígenas, de la Dirección General de Equidad y Desarrollo, observó que no requería de ningún tratamiento médico pues no tenía problemas de conducta. Frente a este hecho, el equipo de Atención a Indígenas acudió al Instituto Nacional Indigenista, donde les facilitaron una serie de cintas con diferentes lenguas de otras tantas culturas para que fueran escuchadas por Luis Zacarías, quien reconoció una grabación en otomí. Con el apoyo de traductores de lengua ñahñú, este hombre indígena analfabeto informó sobre su edad, lugar de origen y los nombres de sus padres, esposa e hijo. Con esta información personal, el Centro de Asistencia Social localizó a sus familiares, quienes viajaron a la ciudad de México para trasladarlo a su comunidad, nueve años después de que saliera de ella y permaneciera internado como "indigente con retraso mental". Este hecho no es ajeno a la realidad actual, ya que da una clara muestra de que las instituciones públicas no están diseñadas para atender la diversidad cultural y lingüística que integra al país. No debemos olvidar que la Nación mexicana surge como un proyecto de Estado, en el que son los intereses de un grupo los que se imponen sobre múltiples pueblos y asociaciones que coexisten en un territorio (Villoro, 1999:41) justificado en un principio de unificación. Así, podemos decir que México es un EstadoNación que implícitamente reconoce a una sociedad dominante, en el que la mejor herramienta de homogenización de culturas ha sido el sistema educativo y, más recientemente, los medios de comunicación masiva. De esta manera, y a pesar de lo que plantean las leyes, se ha formulado un programa homogéneo que busca la uniformidad de los ciudadanos. Ante este panorama político, los pueblos indígenas asentados a lo largo y ancho del país han opuesto resistencia, tratando de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6 Publicado en el periódico La Jornada el 15 de abril de 1999. ! !
preservar sus formas de vida y convivencia, teniendo que enfrentarse al sistema, inclusive con las armas. Desde 1990 en México ha habido una serie de reconocimiento de normas a favor de la diversidad cultural: la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, la reforma al artículo 4º constitucional en 1992, la reforma al artículo 2º de la Constitución federal, y la ratificación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en el año 2007, además de múltiples adiciones a las constituciones estatales y promulgación de leyes reglamentarias. En la actualidad existen demasiadas incompatibilidades entre lo reconocido constitucionalmente y lo que sucede en el terreno de los derechos de los pueblos indígenas. La gran problemática a la que se enfrentan, no solo tiene que ver con la pobreza sino con los límites y condiciones que el Estado les ha puesto para considerarlos parte de la Nación. Como señala Diego Iturralde, se ha pretendido la 40"0$.1)b.()*"/&0/'"/$G4);0"/,'$-&)(%/(%;B"/Q'0/#$.#./&0/&)3%1E0$/0"/Lla legalidad las prácticas particulares de los pueblos indiosR/S!#'$$.1&0M/>XXWKFcY5/ Otra cuestión en pugna entre el Estado y los pueblos indígenas es el tema de la oficialización de sus lenguas. Actualmente son reconocidas en la ley como lenguas nacionales; sin embargo, la falta de transformaciones en las instituciones, así como las visiones y prácticas de los funcionarios, las siguen colocando en un nivel de subordinación frente a la lengua oficial. El hecho de que en el Estado mexicano las lenguas indígenas sean lenguas nacionales pero no se les reconozca como lenguas oficiales, convierte al español en la única lengua oficial.
Esto se traduce en un perjuicio en contra de los
hablantes de las lenguas indígenas, pues éstas no tienen el mismo nivel de uso y promoción en el ámbito público y sus hablantes forzosamente deben aprender la ! !
lengua oficial para poder conocer sus derechos y deberes, así como para poder ser miembros activos de la sociedad nacional. Vivimos en una etapa en la que la Nación mexicana vive una gran crisis que indudablemente la llevará a una transformación. Es justo en este contexto en el que las naciones que habitaban el territorio mexicano antes de que éste se erigiera como única nación, despierten esa identidad y reivindiquen sus autonomías dentro de un Estado plural en el que exista tanto el derecho a la igualdad como el derecho a la diferencia, un Estado en el que la tolerancia se entienda como el pleno reconocimiento del otro, sin querer cambiarlo. Quien tolera tiene principios propios y los considera verdaderos y sin embargo concede que !0$%0*2' -,($/A&#' -%&&#-/)*' 5/<&%&#$&* (Sartori, 2007: 45). Este informe pretende contribuir en la materialización de un Estado plural. ! 1.3.- Cómo se aborda el problema En esta sección se describe el proceso metodológico implementado para la recopilación y sistematización de la información que se analizó para obtener los resultados de esta investigación. El objetivo de la investigación fue conocer el estado de realización de los derechos lingüísticos ante las instituciones públicas estatales y federales. Para cumplirlo se desarrolló un análisis del marco normativo y de la doctrina relativa a los derechos lingüísticos, del cual se extrajo una serie de estándares para analizar tanto los obstáculos institucionales como las predisposiciones subjetivas de los funcionarios para la realización de estos derechos. Para obtener la información relativa a la estructura de las instituciones se revisaron sus respectivos marcos normativos, se realizaron 171 solicitudes de información, y 29 entrevistas a partir de las cuales fueron registradas las percepciones de los funcionarios. Asimismo se realizaron 17 entrevistas a ! !
percepciones sobre el funcionamiento de las instituciones de justicia y el trato que en ellas reciben. La investigación se realizó en cinco regiones de Oaxaca. Las primeras en incluirse fueron el Istmo y la Mixteca, porque en ambas se ha instaurado el sistema acusatorio adversarial (juicios orales), lo que en teoría tendría que haber posicionado a los intérpretes y traductores de lenguas indígenas como algo indispensable. En un segundo momento se incluyó la región de los Valles Centrales en donde además obtuvimos información de las instituciones federales y estatales asentadas en la capital de la entidad. Por último, se trabajó en las regiones Costa y Sierra Norte, caracterizadas por la alta concentración de hablantes de lenguas indígenas.
1.3.1 Recopilación de información a través del sistema de acceso a la información pública. ! La Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental obliga a los tres poderes y a los organismos autónomos a brindar información pública a la ciudadanía. Del mismo modo, cada estado tiene su propia Ley de Acceso a la Información y, aunque a partir de la reforma a la Constitución en 2007 todas las leyes locales debieran ajustarse a los principios constitucionales, hay diferencias en cada entidad en cuanto a qué instancias locales están sujetas al derecho a la información y cuáles son sus obligaciones de transparencia.
Para establecer las fuentes de información, se seleccionaron instituciones federales y locales por su intervención y responsabilidad para garantizar los derechos lingüísticos. El diálogo con ellas se generó mediante los sistemas de acceso a la información pública, el INFOMEX y el SEAIP de Oaxaca. Las instituciones a las que se les solicitó información fueron las siguientes: ! !
Tabla 2. Instituciones a las que se realizaron solicitudes de información
Instituciones federales Procuraduría General de la República (PGR) Instituto de Defensoría Pública Federal (Delegación Oaxaca) Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) Honorable Congreso de la Unión (diputados y senadores) Tribunal Superior Agrario (TSA) (3 Tribunales Unitarios Agrarios en Oaxaca) Consejo de la Judicatura Federal (8 Juzgados de Distrito y 2 Tribunales Unitarios de Circuito) Secretaría de Seguridad Pública Federal Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
Instituciones locales Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca PGJO Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del estado de Oaxaca (CDDHO) Honorable Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca (HTSJO) Procuraduría para la Defensa del Indígenas (PRODI) Honorable Congreso del estado de Oaxaca Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO)
Concatenado con lo que establecen las leyes orgánicas de las instituciones observadas, se construyó el perfil de cada una de ellas para saber qué información de la señalada se encontraba publicada en sus respectivas páginas de Internet. Derivado de lo anterior, el equipo de investigadores se dio a la tarea de formular una serie de preguntas para cada institución. Mediante este proceso de investigación se obtuvo información relativa a las acciones, programas y mecanismos de seguimiento, resultados, presupuestos, así como datos estadísticos que generan las propias instituciones y que tienen que ver con los recursos públicos abocados a la realización de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.
1.3.2 Entrevistas a funcionarios públicos y operadores del sistema de justicia estatal y federal. Además de conocer la parte estructural de las instituciones, se entiende que la función pública tiene mucho que ver con quien la ejecuta. Es por ello que se aplicaron una serie de entrevistas estructuradas y a profundidad a diferentes funcionarios públicos, en particular a operadores del sistema de justicia. Según h"401/U-.b/i.$$)4.M/1.3/0"#$0E)3#.3/Lconstituyen un escenario en el que los sujetos de estudio expresan vivencias, relatos, valoraciones y significaciones en cuanto al <&#@+&#0' 1,&' *&' /#A&*$/6)2' EF9)>8' GHHIJ:' Estas nos permitieron obtener información sobre la formación, trayectoria y perspectivas de los funcionarios sobre los pueblos indígenas y sus derechos. Este mecanismo nos permitió conocer ampliamente la visión y postura de los servidores públicos sobre su función frente a los derechos lingüísticos. Esta comunicación fue necesaria puesto que cada funcionario debería conocer el tipo de población que atiende para conocer el contexto de aplicación de la ley. Centrados en el ámbito de procuración y administración de justicia, se entrevistaron a los siguientes actores.
Tabla 3. Funcionarios entrevistados
Juzgado de Garantías de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco Juzgado de Garantías de Huajuapan de León
Tribunal Unitario Agrario N° 46 de Huajuapan de León. Juzgado de Garantías de Salina Cruz Juzgado de Garantías de Tehuantepec Juzgado de Garantías de Juchitán
Valles Central es
Sierra Norte !
Juzgado de Garantías de Matías Romero Agencia del Ministerio Público del Distrito de Tehuantepec Juzgado Séptimo de Distrito Juzgado Sexto de Distrito Juzgado Primero de Distrito Juzgado Primero Penal de Tlacolula de Matamoros
Encargado del Tribunal (Secretario) Juez Coordinador Administradora Juez Coordinador Administradora Juez Coordinador Administradora Administrador Fiscal en Jefe Juez Juez Juez Juez
Procuraduría para Defensa del Indígena Juzgado Tercero de Distrito Juzgado Sexto de lo Penal Juzgado Cuarto de lo Penal Juzgado Octavo de Distrito Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de Justicia del Estado Subprocuraduría de Justicia para Adolescentes.
Procurador Juez Juez Juez Juez Director
Tribunal Unitario Agrario N° 21
Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito Juzgado Mixto de San Pedro Pochutla. Juzgado Mixto de Santa Catarina Juquila
Encargado del Tribunal Juez Juez
Agencia del Ministerio Público de Santa Catarina Juquila Juzgado Mixto de Zacatepec Mixes.
Persona(s) entrevistada (s) Juez coordinador Administradora Juez Coordinador Administradora
1.3.3 Entrevistas a Intérpretes y traductores de lenguas indígenas Otra fuente de información fueron las 17 entrevistas realizadas a personas que han fungido como intérpretes y traductores en procesos jurisdiccionales, ello para dar cuenta de cómo se lleva a cabo esta práctica y cuál es su percepción sobre el funcionamiento de las instituciones de justicia (Ver Anexo 1). De estas entrevistas se recogieron datos sobre su remuneración, el proceso de profesionalización que han tenido, el trato que reciben en las instituciones y las condiciones bajo las cuáles prestan sus servicios. ! ! 1.3.4 Sistematización de la información. Para hacer una lectura adecuada de la información recabada bajo las vías ya descritas, se diseñó un esquema de indicadores que sirvió para confrontar la información con un modelo ideal de lo que sería una plena realización del derecho, basada en las normas y en los más altos estándares teóricos. Dada la delimitación del tema, se diseñó el perfil ideal de cada actor que interviene en la realización de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas. Este esquema de indicadores nos permitió definir: ! Perfil de instituciones que reconocen la diversidad y garantizan plenamente los derechos lingüísticos. ! Perfil del funcionario que en su actuar profesional respeta y garantiza los derechos lingüísticos ! Perfil del intérprete y traductor de lenguas indígenas que desempeña su labor en el ámbito de procuración y administración de justicia. ! Perfil del ciudadano que conoce y ejerce sus derechos lingüísticos.
A partir de estos estándares se confrontó la información obtenida de los diversos procesos, lo que permitió diagnosticar el estado que guardan los derechos lingüísticos en el ámbito de procuración y administración de justicia en Oaxaca.
CAPITULO II. Estándares ideales para la realización de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas.
2.1. Los derechos lingüísticos. Las normas de donde se desprende el estándar de realización de los derechos lingüísticos son las siguientes: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT,
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En términos generales estas normas reconocen a los pueblos indígenas como entidades constitutivas del Estado y por lo tanto sus individuos y colectividades gozan de una serie de derechos diferenciados. Entre estos destaca la posibilidad de desarrollar y promover el uso de sus lenguas y el derecho a usarlas ante las entidades públicas, lo que tiene una obligación correlativa del Estado de proporcionar los medios suficientes para garantizarlo. El concepto de derechos lingüísticos ha estado siempre ligado a estructuras de poder y dominación. El Estado no siempre los lleva a cabo. Existe una tendencia a que las lenguas indígenas sean percibidas como inferiores al castellano. Así, las instituciones públicas conservan un sesgo a favor de la lengua oficial empleada por la sociedad dominante, pues ésta sirve como elemento de reproducción de los aparatos del Estado. U0/ .('0$&%/ (%"/ :%"3#."b./ g%,.3/ I$);'3/ S=WWjYM/ L01/ &0$0(@%/ 1)"4A-3#)(%/ 03/ considerado como inalienable en la vida de un individuo, independientemente de ! !
3'3/(.#04%$-.3/H/&0/1.3/&)"D;)(.3/&0/J'0$b./3%().1/0"/1.3/Q'0/30/@.11./)";0$3.R5/T/ nivel internacional, los derechos lingüísticos tratan de reivindicar el valor de las lenguas dominadas y son consecuencia de una demanda de los grupos minoritarios. Existen diversas formas de observar los derechos lingüísticos lo que implica, a ")E01/)"&)E)&'.1M/Q'0/Ltodo mundo pueda tener una identificación positiva con su(s) lengua(s) materna(s), y que dicha identificación sea aceptada y respetada por otros, sin importar qué lengua o variedad se hable, o qué acento se tenga... [y], a nivel colectivo, el derecho de los grupos minoritarios a existir... y a usar y desarrollar su lengua... a establecer y mantener escuelas... También incluye contar con la garantía de ser representados en los asuntos políticos del Estado, y la concesión de autonomía para administrar asuntos internos del grupo... [y] los +&5/0*'</#)#-/&%0*:::'3)%)'-,+3(/%'-0#'&*$)*'<,#-/0#&*2 (Skutnaabb-Kangas,1994). Vemos que esta definición incluye varios componentes como el orgullo que cada persona siente al usar su lengua (no discriminación), el uso de la lengua propia en espacios públicos y los recursos financieros asociados. La inobservancia de estas disposiciones obedece a diversos factores, entre ellos una estructuración inadecuada de las instituciones públicas que no han asumido el carácter pluricultural del país. Ésta a su vez genera una falta de voluntad política de los funcionarios públicos cuyas conductas que, a pesar de ser incongruentes con las leyes, definen el rumbo de las instituciones. Para Luigi Ferrajoli, !()' /#&?/*$&#-/)' 5&',#' */*$&+)' 5&' 6)%)#$9)*' K0#*$/$,-/0#)(&*8' equivale a una laguna que, hablando por ejemplo de derechos fundamentales, da lugar a una categoría particular, la de derechos débiles que son derechos &<&-$/A)+&#$&' &?/*$&#$&*' B' #0%+)$/A0*8' ),#1,&' !#0' 6)%)#$/>)50*' B' 30%' $)#$0' /#)3(/-)4(&*2 (en Bautista, 2010:238). Si relacionamos esto con el tema de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, y particularmente de ! !
los derechos lingüísticos, podemos advertir que a pesar de su reconocimiento siguen siendo derechos débiles e inaplicables. A continuación se describen los estándares ideales con los que se deben cumplir para lograr una plena realización de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas.
2.2. Estándar ideal de las instituciones públicas. El contenido del artículo 2º de la Constitución Federal, reformado en 2001, define la obligación del Estado de garantizar a los indígenas el acceso pleno a la justicia a través de intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura y, por otro lado, garantiza que estos pueblos pueden preservar y enriquecer sus lenguas. Una interpretación de estas disposiciones nos lleva a deducir la necesidad de un sistema de competencias a efecto de que los distintos niveles de gobierno establezcan instituciones y determinen políticas públicas necesarias para garantizar los derechos lingüísticos y el acceso pleno de los pueblos y comunidades indígenas a la jurisdicción del Estado Como ya se ha señalado en capítulos anteriores, la Constitución Federal establece que en todos los juicios y procedimientos en que son parte los indígenas, individual o colectivamente, se deben tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. Para que esto se garantice plenamente, las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia y las instituciones encargadas de ejecutar políticas públicas para los pueblos indígenas deberían generar un cambio programático estructural y presupuestal que les permita adecuarse a la pluriculturalidad del país.
A partir de la anterior interpretación, se puede considerar que las características mínimas necesarias para que una institución pueda cumplir con estas obligaciones son las siguientes: Tabla 4. Estándar de las instituciones públicas
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. !
ESTÁNDAR INSTITUCIONAL Traduce las garantías de la constitución federal y local, de las declaraciones y tratados internacionales, en sus leyes orgánicas y reglamentos internos. Cuenta con servidores públicos que conocen la lengua y cultura de los pueblos y comunidades indígenas y el contexto en el que trabajan. Cuenta con presupuesto para el pago del servicio de interpretación y traducción de lenguas indígenas. Cuenta con intérpretes y traductores de lenguas indígenas capacitados. Tiene una instancia o convenios interinstitucionales para capacitación y certificación de intérpretes y traductores de lenguas indígenas. Son abiertas y transparentes para dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones. Difunden su trabajo, fomentan la constitucionalidad y son receptivos a la participación ciudadana. Vigila el respeto de los derechos humanos.
2.3 Estándar ideal del servidor público A fin de que las instituciones públicas, en particular aquellas encargadas de procurar y administrar justicia, funcionen adecuadamente, es indispensable que los servidores públicos cuenten con elementos objetivos y subjetivos que les permitan llevar a cabo lo dispuesto en la Constitución y las diferentes normas. Este apartado describe el perfil ideal de los servidores públicos en atención a sus roles, funciones, y ubicación en la escala de gestión de la administración pública federal y estatal. El nuevo tipo de servidor público debe observar y respetar los derechos a la diferencia cultural, tomar en cuenta las especificidades culturales y los sistemas normativos de los pueblos indígenas, a los individuos darles trato de ciudadanos y superar todos los sesgos racistas y discriminatorios que perviven en la sociedad. Asimismo deben estar capacitados en materia indígena, además de conocer el ! !
contexto socio-cultural de la demarcación territorial en donde ejercerán sus funciones. A continuación se registra un estándar preferencial del servidor público: Tabla 5. Estándar ideal del servidor público
Estándar ideal del servidor público 1. 2.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. !
Da trato de ciudadano a los indígenas. Habla la lengua y conoce la cultura de la demarcación donde ejerce su función, brinda el servicio en lengua indígena o sabe en qué momento y cómo usar los servicios de traducción e interpretación. Ve a la traducción e interpretación como un derecho de los indígenas, independientemente de si hablan o no el castellano, y lo garantiza a través de programas y presupuestos públicos. Conoce y aplica el marco jurídico en relación a los pueblos indígenas. (Constitución, convenios y tratados internacionales, y legislación secundaria). Entiende a la institución como un bien público y no como parte de su patrimonio, asume su trabajo como un servicio a la comunidad Aplica las normas en función del caso y ha superado el formalismo rígido que caracteriza a los funcionarios. Brinda un servicio ético y profesional. Tiene sensibilidad hacia los pueblos indígenas y entiende la diversidad cultural y lingüística como una riqueza, no como un obstáculo. Conoce de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Se capacita y actualiza constantemente.
Observar el máximo desarrollo posible del profesionalismo de los servidores públicos implica que éstos sean conscientes de la diversidad lingüística y contribuyan a la convivencia armónica de las culturas que conforman la Nación mexicana.
2.4. Estándar ideal del intérprete y traductor de lenguas indígenas Para aterrizar las características ideales con las que debe contar el intérprete y traductor de lenguas indígenas no debemos ignorar la diversidad cultural existente tanto a nivel nacional como estatal, de otra manera los hablantes de lenguas ! !
distintas a la oficial se quedan sin posibilidades de entablar una comunicación efectiva con el Estado en su lengua materna. En la actualidad, no existe en Oaxaca ningún intérprete y traductor de lenguas indígenas certificado por autoridades en la materia. Esto no necesariamente significa que no hay nadie con capacidad para hacerlo, pero indica que las autoridades no tienen criterios para distinguir entre un buen o mal intérprete. Dado que en Oaxaca no existen mecanismos para evaluar la competencia de un intérprete o traductor
profesionalizado y que el sistema de certificación
deficiencias que se analizarán más adelante, aquí se presenta un perfil de intérprete y traductor basado en la experiencia de los traductores indígenas de CEPIADET y en los más estándares existentes. Tabla 6. Estándar del intérprete y traductor de lenguas indígenas.
ESTÁNDAR DEL INTÉRPRETE Y TRADUCTOR DE LENGUAS INDÍGENAS Tiene un buen dominio de la variante lingüística, avalado por su colectividad lingüística.7 Cuenta con un buen dominio de la lengua castellana. Conoce la cultura del pueblo indígena al que pertenece el asistido. Posee conocimientos suficientes para desenvolverse en todas las áreas del sistema jurídico o judicial, no se limita a memorizar términos jurídicos. Conoce de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Comprende todas las actuaciones en las que interviene. Posee conocimientos y técnicas básicas en materia de interpretación y traducción. Está certificado por una institución pública. Brinda un servicio eficiente, acorde a un código de ética y principios profesionales. Permanentemente se actualiza en la disciplina de la interpretación/traducción y materia jurídica.
2.5. Estándar del ciudadano ideal Entendemos que el problema de la falta de garantía a derechos reconocidos a los pueblos indígenas es relacional; no puede ser solo adjudicado a las instituciones !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7 81/ #G$;)"%/ L<'0"/ &%;)")%R/ &0/ 1./ E.$)."#0/ 1)"4A-3#)(./ 30/ $0J)0$0/ .1/ ")E01/ &0/ entendimiento que se da entre el intérprete y el asistido. ! !
públicas. La realización de éstos derechos implica la constitución de una ciudadanía consiente, informada y participativa. Sin que ello implique una disculpa para el incumplimiento del Estado, se ha incorporado una breve reflexión sobre el tipo de ciudadano que podría hacer avanzar la realización de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas. En un estudio anterior (CEPIADET, 2008) se analizan los problemas relativos a una ciudadanía indígena mal informada, por lo que en el presente sólo definimos el perfil del ciudadano ideal. Para lograr el desarrollo de una sociedad plural y participativa es importante que los ciudadanos conozcan y ejerzan sus derechos. Esto dará como resultado la construcción de alternativas para el diálogo, la participación y la tolerancia entre diferentes culturas que conviven con un Estado abierto y democrático, aceptando los valores y principios de los derechos humanos. A continuación presentamos el estándar del ciudadano indígena. Tabla 7. Estándar del ciudadano indígena.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. !
ESTÁNDAR DEL CIUDADANO INDÍGENA Conoce y ejerce sus derechos conforme a sus especificidades culturales Conoce y cumple con sus obligaciones. Es respetuoso y tolerante de la diversidad cultural y lingüística. Conoce los mecanismos que le permiten el acceso a la jurisdicción del Estado. Es participativo y propositivo Considera las acciones y servicios que brinda el gobierno como parte de sus derechos. Tiene sentido de comunidad y pertenencia a un grupo
Este perfil del ciudadano es alcanzable sólo si hay un fortalecimiento de los pueblos y comunidades indígenas históricamente relegados y marginados, pero fundamentalmente es importante que el Estado cumpla con sus obligaciones garantizando los derechos económicos, sociales y culturales a toda la población.
Capítulo III. El acceso de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado: Diagnóstico en Instituciones Públicas En este capítulo se presenta el análisis de la información que nos proporcionaron las instituciones respecto a cuatro ejes indicativos de la realización de los derechos lingüísticos en el ámbito de procuración y administración de justicia: 1. Promoción y difusión de los derechos lingüísticos. 2. Existencia de intérpretes y traductores 3. Existencia de intérpretes y traductores 4. Procesos legales 3.1. Promoción y difusión de los derechos lingüísticos De acuerdo con lo planteado en capítulos anteriores, el marco normativo estatal, nacional e internacional obliga al Estado, entre otras cosas, a difundir y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Esto representa una labor fundamental, ya que de no hacerlo seguirá predominando en el sentido común de la ciudadanía la idea de que las culturas indígenas son inferiores y deben asimilarse a la cultura mayoritaria. Este esfuerzo de difusión tendría que redundar a mediano plazo en ciudadanos que entiendan la pluralidad del país como una riqueza y genere una convivencia respetuosa basada en un diálogo intercultural. En tal sentido la realización del derecho se puede evaluar desde dos perspectivas, una desde las acciones realizadas por el estado para promover y difundir los derechos (evaluación de proceso) y otra evaluando el conocimiento de derechos y las nuevas actitudes de la ciudadanía (evaluación de resultados). En este estudio, fundamentalmente, nos concentramos en la evaluación del proceso pero, haciendo referencia a otro estudio (CEPIADET, 2008), se presentan algunas consideraciones sobre los resultados de las políticas encaminadas a la promoción y difusión de derechos. ! !
La tarea antes mencionada se realiza a través de programas públicos que comprenden la difusión de los derechos lingüísticos y del presupuesto designando para su materialización, por lo que nuestros requerimientos de información giraron en torno a las acciones y recursos con los que las instituciones contaron para cumplir esta obligación. Para constatar el nivel de cumplimiento en que se encuentra esta obligación del Estado, se le preguntó a 3 instituciones federales -la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (CDI), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)y a 2 instituciones locales -Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) y Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca (CDDHO)-: ¿Qué mecanismos utilizan para difundir y garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas? y ¿Qué mecanismos de evaluación y seguimiento se les da? La CDI indica que cuenta con un sistema de radiodifusoras culturales, de las cuales cuatro operan en Oaxaca. La siguiente tabla muestra la cobertura, las lenguas y pueblos indígenas que cubren dichas radiodifusoras.
Tabla 8. Radiodifusoras culturales de CDI que operan en Oaxaca.
Lenguas en las que Pueblos indígenas transmite que cubre ! Mixteca ! Mixteco ! Triqui ! Triqui ! Español ! Amuzgo ! Zapoteco ! Zapoteca ! Zapoteco ! Mixe ! Mixe ! Chinanteca ! Chinanteco ! Español ! Mazateca ! Mazateco ! Cuicateca ! Chinanteco ! Chinanteca ! Cuicateco ! Español ! Náhuatl ! Mixteco ! Mixteco ! Mixteco ! Amuzgo ! Chatino ! Chatino ! Amuzgo ! Español ! Zapoteco ! Triqui
XETLA 163 municipios L?./ k%b/ &0/ 1./ d)P#0(.R XEGLO 85 municipios L?./ k%b/ &0/ 1./ f)0$$.R XEOJN 19 municipios L?./ k%b/ &0/ 1./ :@)"."#1.R
XEJAM 79 municipios L?./ k%b/ &0/ 1./ :%3#./:@)(.R
(Solicitud de Información con folio 0062500016910)
Estas radiodifusoras orientan una programación de transmisión en lenguas indígenas bajo coberturas locales y la CDI reporta que mantiene un sistema de seguimiento interno que consiste en registrar el número de horas de transmisión en lengua indígena. Sin embargo, esto no asegura que durante las horas de transmisión se difundan explícita y exitosamente los derechos lingüísticos de los pueblos, ni que la gente escuche, comprenda y esté en posibilidades de ejercer estos
correspondencia de las lenguas empleadas en la emisión con las lenguas habladas en las localidades indígenas, ni del tipo de contenidos de los programas. El INALI reportó que cuenta con tres estrategias para la difusión de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI) (Solicitud de Información con folio 1131100005010). Estas estrategias son:
1. La colección de discos en la que se presenta la LGDLPI, que contiene un guión explicativo en versión monolingüe, traducido a 65 variantes lingüísticas nacionales, de las cuales 17 corresponden a las variantes habladas en el estado de Oaxaca8. 2. Difusión de la LGDLPI en encuentros académicos, pláticas, conferencias y seminarios convocados por instituciones públicas y privadas. 3. Coedición de materiales informativos con instituciones públicas y privadas nacionales en diversos formatos. Revisando la colección de discos de la LGDLPI con el apoyo de algunos intérpretes y traductores indígenas se encontró que no está traducido el contenido de la Ley sino que solamente existe una presentación de ésta. Además, la institución solamente ha logrado traducirla a 17 de las aproximadamente 166 variantes que se hablan en el estado. Asimismo se encontró que no existe mecanismo de seguimiento y evaluación sobre el impacto que tiene dicha iniciativa. La institución no reportó una estrategia clara para la distribución del material ni cómo éste se puede aprovechar en las localidades donde no existe la infraestructura necesaria. Por su parte, la CNDH manifiesta que ha realizado cursos, talleres, seminarios, etc., en los que se difunden los derechos de los pueblos indígenas; también distribuye material impreso con este mismo cometido. La información ofrecida por la dependencia fue tan genérica que se desconoce la modalidad de trabajo y los contenidos de los talleres, seminarios y cursos, los tiempos de su realización !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8 Mixe alto del centro, Zapoteco de la planicie costera, Huave del oeste, Mixteco del oeste de la costa, Triqui de la baja, Chinanteco de la Sierra, Chinanteco del sureste medio, Mazateco de Eloxochitlan, Zapoteco de la Sierra Sur, Zapoteco de la sierra sur noroeste, Zapoteco serrano del sureste, Zapoteco serrano del sureste bajo, Zapoteco serranos del oeste medio, Zapoteco de sierra sur del noreste alto, Mixteco de Oaxaca de la costa noroeste, Mixteco de Ñumi, Mixteco del este y Mixe bajo. ! !
(Solicitud de información con folio 00049010). Los mecanismos de evaluación y seguimiento no se manifestaron; únicamente reportan número de actividades y número de asistentes. Ello preocupa pues no se tiene conocimiento sobre la existencia de mecanismos para valorar la efectividad de las acciones y encontrar puntos de mejora en la promoción de los derechos. En el caso de las instituciones estatales se observa que las medidas de difusión son poco efectivas, pues sólo realizan actividades aisladas, a corto plazo y en ocasiones de manera circunstancial. El caso de la SAI es ejemplificativo; la institución señala que para difundir los derechos lingüísticos ha realizado jornadas de capacitación y programas radiofónicos pero no se encuentra ninguna conexión entre estas actividades. Declaró haber realizado una producción y difusión de spots en lenguas maternas para la prevención del virus de la influenza AH1N1 en mayo de 2009 y otra serie para el consumo de ácido fólico en octubre de 2008, a la par de haber realizado capacitaciones para la difusión de la Ley General de Derechos Lingüísticos y la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca. Podemos observar que estas actividades no tienen una secuencia lógica indicativa de una planeación estratégica; al contrario, obedecen a momentos coyunturales y solicitudes de otras instituciones. Cuando se le preguntó a la SAI a cuántas lenguas ha sido traducida la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas (LDPCI) no se obtuvo una respuesta satisfactoria. En su lugar la institución respondió que ésta se difunde únicamente de manera oral, debido a que la población indígena que sepa leer y escribir es minoritaria, en comparación con quienes únicamente la hablan (Solicitud de Información con folio 3070). Podemos observar en este caso un acto discriminatorio y de omisión ya que el no traducir esta ley a las lenguas de sus beneficiarios se obstaculiza el desarrollo de sus lenguas y culturas. Esta respuesta ambigua podría esconder la inexistencia de las actividades reportadas y, además, evidencia el incumplimiento de una de sus obligaciones previstas en el transitorio ! !
segundo de la (LDPCI)9 sobre la traducción y difusión de la Ley a todas las lenguas indígenas. La CDDHO respondió que su normatividad tiene como objeto la promoción de la cultura del respeto, estudio y divulgación de los derechos humanos; esta actividad está a cargo de la Secretaría Ejecutiva, quien a través de un catálogo de temas lleva a cabo pláticas, conferencias, talleres, cursos, traducción de folletos y programas de radio en lengua indígena y sólo cuenta con una publicación traducida a únicamente tres variantes lingüísticas10 de las 166 que registra el INALI en el estado (Solicitud de información con folio 3067). La institución también afirma que ha llevado a cabo procesos de capacitación a autoridades municipales sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y el convenio 169 de la OIT. La respuesta de la CDDHO es igualmente ambigua a la de la SAI pues no precisa ni detalla la información requerida. Por otra parte, se tiene conocimiento directo de cómo se llevan a cabo las capacitaciones a autoridades indígenas y es evidente el desconocimiento del marco normativo de los pueblos indígenas por parte de los capacitadores; la comunicación de los facilitadores hacia quienes toman la capacitación es discriminatoria y hasta puede llegar a ser racista; su principal objetivo es imponer la visión positivista del derecho por encima de las prácticas legales de los pueblos indígenas reconocidas constitucionalmente. Así sucedió en el municipio de Villa Díaz Ordaz, en 2009, cuando ante una recomendación de la CDDHO las autoridades municipales recibieron una capacitación en la que se les dijo que su derecho constitucional de resolver conflictos internos (artículo 2º) estaba restringido a todo tipo de ordenamientos legales de la entidad.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9 Decreto No. 266, P.O. 15 de septiembre de 2001. 10 Zapoteco de Juchitán, Zapoteco de Yalalag, Zapoteco de Loxicha ! !
A través de las respuestas obtenidas mediante el SAIP se concluye que hay una ausencia de mecanismos que aseguren la efectividad de cada una de las acciones implementadas con un sistema de seguimiento y evaluación débil, y la mayoría de las veces nulo, dentro de las instituciones. Esto confirma los resultados obtenidos 0"/ 1./ )"E03#)4.()*"/ L?%3/ &0$0(@%3/ 1)"4A-3#)(%3/ &0/ 1%3/ 2'0<1%3/ H/ (%;'")&.&03/ indígenas en la procuración y administración de justicia: marco teórico-2$D(#)(%R/ (CEPIADET, 2008). Algunos mecanismos de seguimiento y evaluación que serían imprescindibles para difundir efectivamente los derechos lingüísticos son encuestas sobre el conocimiento de los derechos lingüísticos, o bien, diagnósticos como el presente, en donde se evalúan las condiciones mínimas necesarias para su ejercicio en el ámbito de procuración y administración de justicia. Asimismo las instituciones tendrían que implementar una planeación estratégica con un sistema de indicadores de proceso y resultado que den cuenta de cómo se avanza progresivamente en la realización de los derechos lingüísticos. En el trabajo cotidiano de CEPIADET y Fundar, Centro de Análisis e Información, así como en la realización de este informe, se detectaron muchos casos en los que se violan los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Paradójicamente, en ninguna de las comisiones estatal y nacional de derechos humanos existe un registro de quejas sobre la violación a estos derechos. Este panorama evidencia la falta de acción de parte de las instituciones públicas a las que les corresponde promover y difundir los derechos lingüísticos con el fin de hacerlos exigibles. 3.2. Existencia de intérpretes y traductores Una premisa fundamental de los derechos lingüísticos, especialmente en el ámbito de procuración y administración de justicia, es que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por
intérpretes y defensores que tengan
conocimiento de su lengua y cultura. ! !
Para medir el nivel de cumplimiento que en el estado de Oaxaca se le da a esta garantía, se le preguntó a 6 instituciones federales y 5 estatales, si cuentan con intérpretes y traductores de lenguas indígenas. Como lo ilustra la tabla siguiente la respuesta mayoritaria fue negativa. Tabla 9. Dependencias que reportaron contar con intérpretes No. de Dependencias que no Dependencias Solicitud cuentan con intérpretes que SÍ cuentan y traductores con intérpretes y traductores 0001700130110 PGR 0062500021610 CDI 1131100005610 INALI 00049310 CNDH T259/2010 Tribunal Superior Agrario (Tribunal Unitario Agrario número 21, número 46, número 22) 01210610 Juzgado Primero de Distrito 01212310 01212510 01214310 01214510 01214610 01214710
3066 3067 3068 3069 3071 01214210 01214410 01214810
Dependencias que violaron el derecho a la información
Juzgado Segundo de Distrito Juzgado Tercero de Distrito Juzgado Quinto de Distrito Juzgado Séptimo de Distrito Juzgado Octavo de Distrito Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito PGJO CDDHO TSJO PRODI SAI Juzgado Cuarto de Distrito Juzgado Sexto de Distrito Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito
La CDI y el INALI declararon no contar con un cuerpo de intérpretes y traductores; 3)"/ 0;<.$4%M/ .;<.3/ )"3#)#'()%"03/ );2'13."/ 03#$.#04).3/ &0/ LJ%$;.()*"/ H/ .($0&)#.()*"R5/ I%$/ 3'/ 2.$#0/ 01/ !ZT?!M/ ./ #$.EG3/ &01/ :%"30,%/ Z.()%".1/ &0/ Normalización y Certificación de Competencias (CONOCER), es la única ! !
institución a nivel nacional que tiene la facultad de llevar a cabo el proceso de certificación de intérpretes y traductores de lenguas indígenas11. Las acciones de estas dos instituciones han derivado en la creación de un Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas (PANITLI), cuyo fin es brindar información para satisfacer las demandas institucionales y sociales de servicios de interpretación y traducción de lenguas indígenas. Es importante destacar que de todas las entrevistas realizadas, en ningún caso los funcionarios tuvieron noticias del PANITLI y por tanto no era un medio reconocido para la localización de intérpretes y traductores. Actualmente el PANITLI está integrado por 259 intérpretes (Solicitud de información con folio 1131100005710), sin embargo, si cada uno fuera de una variante diferente, sólo estarían cubiertas el 71% de éstas. No obstante, es difícil suponer que los 259 intérpretes provienen todos de variantes distintas lo que significaría que algunas variantes se encuentran subrepresentadas en el PANITLI. Por otra parte el INALI reporta que en el PANITLI están representados 25 grupos lingüísticos nacionales, cuando son 68 los reconocidos oficialmente. Ahora bien, de los 16 grupos lingüísticos reconocidos constitucionalmente en Oaxaca parece que solo 10 están representados en el PANITLI. (Este dato es una estimación puesto que el INALI no ofreció una relación de grupos lingüísticos por entidad federativa).
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Esta facultad del INALI surge en virtud de la reforma al inciso D del artículo 14 de la
LGDLPI, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2010.
Gráfica 1. Lenguas indígenas.
De las instituciones estatales, únicamente la SAI y la PRODI dijeron que cuentan con un padrón de intérpretes (Solicitud de información con folio 3071, 3524). Se tiene conocimiento que la SAI no tiene intérpretes contratados, sino un padrón conformado por personas que asistieron a los cursos de capacitación y que no son necesariamente intérpretes y traductores en funciones. Además, el padrón de la PRODI lo constituyen los mismos defensores que son habilitados como intérpretes cuando así se requiere12, lo cual es incorrecto procesalmente. Como lo muestra la gráfica siguiente, aun suponiendo que estos intérpretes estuvieran en funciones no alcanzan a cubrir el número de variantes lingüísticas que existen en Oaxaca.
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Información obtenida en la entrevista realizada al Procurador para la Defensa del Indígena
y 3 defensores bilingües adscritos a la PRODI.
Gráfica 2. Lenguas indígenas representadas en los padrones de SAI y PRODI.
La mayoría de las instituciones expresaron que para llevar a cabo sus funciones es necesario contar con intérpretes y traductores; no obstante esta necesidad, el sentido de obligatoriedad es todavía un concepto ajeno a los funcionarios. Con respecto a este tema, los Juzgados Cuarto y Sexto de Distrito y el Segundo Tribunal Unitario, todos pertenecientes al Décimo Tercer Circuito, violaron el derecho a la información al no responder en tiempo y forma, y al mismo tiempo obstaculizan el poder conocer el estado de cumplimiento de sus obligaciones y la garantía del derecho (Solicitud de información con folio 01214210, 01214410 y 01214810). De igual forma, la propia CDDHO expresa poco compromiso para la realización de los derechos lingüísticos de las personas indígenas, puesto que afirma que tiene resuelta la garantía de traductor e intérprete para las personas indígenas que desean presentar una queja, dado que !(0*' 1,&70*0*8' 30%' (0' 6&#&%)(8' A/&#&#' acompañados de otras personas que les pueden traducir e interpretar su lengua al &*3)L0(2' y existe personal de la propia comisión que es hablante de algunas 10"4'.3/ )"&-40".35/ ?./ :UU7a/ (%"(1'H0K/ Lel personal con que cuenta este organismo que habla lengua indígena, es suficiente para atender a la población que requiere sus servicios; asimismo en dado caso de requerir los servicios de interpretación y traducción de lenguas indígenas, lo cual no ha sido el caso en ! !
&*$&' 0%6)#/*+08' *&' *0(/-/$)%=' ()' -0()40%)-/@#' 5&' ()' MNOFP2' (Solicitud de información con folio 3067 y 3523). A partir de lo expresado en estas respuestas se puede asumir que paradójicamente para la CDDHO hablar en la lengua materna no es un derecho sino una necesidad que cubren de manera superficial cuando la persona indígena no sabe hablar español. Además, dada la composición étnica del estado de Oaxaca es difícil dar por cierta la afirmación de que nunca se han requerido los servicios de traducción e interpretación. Como lo reflejan los datos aportados por la CDI, todos los juzgados, la procuraduría y hospitales han solicitado intérpretes y traductores de lenguas indígenas (Solicitud de información con folio 0062500017310). Ante esto es evidente que a pesar de que existe un derecho y una necesidad de contar con intérpretes y traductores, las instituciones públicas no cuentan con los mecanismos para cumplir con esta obligación, tal es el caso de la PGR que una de sus atribuciones es L(010<$.$/ .('0$&%3/ %/ (%"E0")%3/ (%"/ )"3#)#'()%"03/ 2B<1)(.3/ %/ privadas para garantizar a los inculpados ofendidos, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas la disponibilidad de intérpretes y traductores N+OR pues así lo establece el artículo 5, fracción XII de su ley orgánica. Sin embargo cuando se les cuestionó sobre el número de convenios suscritos para este fin, su respuesta fue que hasta el momento no hay ninguno firmado. (0001700135010) Un aspecto que se considera clave es el de la remuneración de los servicios de interpretación y traducción de lenguas indígenas. Es preocupante que en ninguna institución existe un rubro destinado a cubrir esos gastos. Todas las instituciones a las que se les preguntó
al respecto, respondieron que no cuentan con los
recursos destinados al pago de intérpretes y traductores. En casos más graves, hubo tribunales que respondieron que no saben si los intérpretes o traductores reciben un pago. La respuesta del Tribunal Unitario Agrario no. 46 da cuenta de lo anterior: !"*$&' $%/4,#)(' 5&*-0#0-&' */' (0*' $%)5,-$0%&*' 04$/&#&#' ,#' 3)go por sus servicios, ya que se ha contado con ellos, proporcionados por el INALI o los ! !
-&#$%0*' -00%5/#)50%&*' 3)%)' &(' 5&*)%%0((0' 5&' (0*' 3,&4(0*' /#596&#)*' QDR' #0' .)-&#' -0#*$)%'$)('.&-.0'Q()'%&+,#&%)-/@#R'2. Por su parte el Tribunal Unitario Agrario no. 22 declara: !P6#0%0' */' (0*' /#$C%3%&$&*' 0' $%)5,-$0%&*' 5&' (&#6,)*' /#596&#)*' 1,&' 3%030%-/0#)#' ()*' 5&3&#5&#-/)*' QDR' %&-/4&#' ,#' 3)60' 30%' (0*' *&%A/-/0*' 3%&*$)50*8' $05)'A&>'1,&'#0'*0#'-,&*$/0#)50*')('%&*3&-$02' (Solicitud de información con folio T377/2010). La Dirección General de Recursos Financieros del Tribunal Superior T4$.$)%/ ;.")J03#*/ Q'0/ L0"/ #%&%3/ 1%3/ .\%3/ Q'0/ #)0"0"/ )"3#.'$.&%3/ 1%3/ #$)<'".103/ agrarios, no han sido programados recurso presupuestario para ese tipo de gastos, esto derivado que no sea (sic) tenido requerimiento económico alguno en 03#./;.#0$).R/Sf%1)()#'&/ &0/ )"J%$;.()*"/ (%"/J%1)%/VCccl=W>WY5/ / 83#%/ 0E)&0"()./ Q'0/ los servidores públicos no asumen su obligación en cuanto a garantizar los derechos lingüísticos y no buscan asegurar los recursos económicos necesarios para cumplirlos. Lo anterior se refuerza con la respuesta de la Comisión de Asuntos Indígenas de 1./ :D;.$./ &0/ U)2'#.&%3/ &01/ :%"4$03%/ &0/ 1./ [")*"M/ Q')0"03/ .J)$;."/ LQ'0/ 03/ &0/ suponer que el ejecutivo al presentar el Proyecto de Presupuesto debería indicar lo correspondiente al gasto en materia de justicia, sin embargo el Ejecutivo ha 0E.&)&%/ 3)3#0;D#)(.;0"#0/ &)(@./ %<1)4.()*"R/ Sf%1)()#'&/ &0/ )"J%$;.()*"/ (%"/ J%1)%/ 4768). De acuerdo a las entrevistas realizadas a los intérpretes, se tiene conocimiento de que en algunas instituciones son los funcionarios quienes toman dinero de otros rubros o de sus propios recursos para cubrir el costo de esos servicios. Este pago no obedece a ningún estándar y es discrecional como lo ilustra el siguiente relato. Ld0/ 11.;.$%"/ &01/ _'b4.&%/ &0/ m.$."#-.3/ &0/ V1.P).(%/ 2.$./ .3)3#)$/ ./ '"/ 2$%(03.&%/ mixteco. Les pregunté cuánto me iban a pagar y me dijeron que no sabían, que a lo mejor me podrían dar unos doscientos pesos. Como las audiencias duran de cuatro a cinco horas y yo tengo que pagarle a alguien que cuide a mi hijo, les dije
que no era suficiente. Ya no me llamaron y despuĂŠs supe que contrataron a .14')0"/3)"/(.2.()&.&/Q'0/.(02#*/03./(."#)&.&R13.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 13
!94+*1.-!:;$*<!=-2#.-3'>!+*?6!@A!2',.*7(+*!@BCB6!
3.3 Capacitación, certificación y seguimiento de los intérpretes y traductores de lenguas indígenas. El panorama en el caso de la capacitación, certificación y seguimiento de los intérpretes y traductores de lenguas indígenas no dista mucho de los escenarios anteriores pues, también en este aspecto, las acciones implementadas por las instituciones son insuficientes y en algunos casos inadecuados. Las acciones que se han llevado a cabo en esta materia han sido coordinadas por instancias federales y las instituciones locales (carentes de propuestas y programas propios) sólo se han adherido a las iniciativas del INALI y de CDI. Esta situación impide que haya una política consistente en el estado para la profesionalización de intérpretes y con ello se avance en el cumplimiento del derecho. Las dos instituciones federales sobre las que recae con mayor peso esta obligación son la CDI y el INALI. Es por ello que ambas instituciones se propusieron como meta del Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012, que para el 2012 existan 360 intérpretes y traductores de lenguas indígenas certificados. A un año de la fecha prevista sólo se tiene registro de 9 intérpretes y traductores certificados; ninguno corresponde a Oaxaca (Solicitud de información con folio 1131100005610). Los recursos destinados a la certificación de intérpretes, tal como lo reporta el INALI, son claramente insuficientes. Desde el año 2010 se destina al INALI un rubro para llevar a cabo procesos de evaluación y certificación de intérpretes y traductores, mismo que asciende a $470 870.55 (Solicitud de información con folio 1131100005010). Para cumplir con su propia meta de certificar a 360 intérpretes en 2012 se requeriría un presupuesto 13 veces mayor al actualmente asignado. De acuerdo con las cifras proporcionadas por la institución sobre el costo ! !
individual de la certificación, se necesitarían aproximadamente $ 6 094 237.50 pesos. En el estado de Oaxaca, con la puesta en marcha del sistema acusatorio adversarial, se ha posicionado la figura del intérprete y traductor como pieza clave de los juicios. Sin embargo, hasta el momento las instituciones del estado incluyendo al poder judicial no han podido llevar a cabo por sí mismas acciones de capacitación. Sólo se han podido llevar a cabo mediante la alianza entre el INALI, CDI, SAI y el TSJO por iniciativa de las instituciones federales, quienes habían planeado encabezar los primeros diplomados para después dejar esta tarea a las instituciones locales. Cuando concluyó el diplomado de la Mixteca, las instituciones locales no continuaron los procesos de capacitación y hasta la fecha no se ha realizado ningún otro. Un elemento que también ilustra lo anterior es la aportación diferenciada de recursos por parte de las instituciones como lo describe la tabla 10. En 2008 y 2009 fueron INALI y CDI quienes aportaron la mayor parte de los recursos económicos utilizados. La SAI también contó con presupuesto para estas actividades, sin embargo no se sabe cuanto fue ni como se lo gastó, pues
inevitablemente genera sospechas de corrupción y viola el derecho a la información. Tabla 10. Recursos aportados para la profesionalización de intérpretes en Oaxaca. INSTITUCIÓN MONTO APORTADO INALI
Región del Istmo: $ 536, 000.00 Región Mixteca: $ 696 000.00 (Solicitud de información con folio: 1131100005710 ) Región del Istmo: $ 395, 555.00 Región Mixteca: $ 487, 270.00 (Solicitud de información con folio: 0062500021610) Violación al derecho a la información y opacidad en el manejo de los recursos. Indicó no contar con información referida al presupuesto asignado y ejercido en cada ejercicio fiscal para la capacitación de intérpretes y traductores de lenguas indígenas. (Solicitud de información con folio:3315)
Retomando el asunto de la realización de los diplomados en las regiones Istmo y Mixteca, debemos hacer las siguientes precisiones; cada diplomado tuvo una duración de 180 horas, tiempo insuficiente para abarcar con profundidad los elementos básicos del perfil ideal del intérprete y traductor de lenguas indígenas. Los resultados de dichos diplomados son poco confiables, pues hubo inconsistencias en aspectos como la planeación de las sesiones y la difusión de la convocatoria, que no fue lo suficientemente amplia. Testimonios de algunos participantes en ambos diplomados dan cuenta de la falta de planeación y de la improvisación de las sesiones. De igual manera, abogados indígenas integrantes de CEPIADET que fueron contratados como asesores en lengua -Lic. Aquiles Felipe Carrasco, hablante del mixe bajo, Gabriel Sánchez Cruz hablante del zapoteco de la planicie costera y Norma González Jiménez, hablante del mixteco alto- aseguran que el mapa curricular no se elaboró a partir de las necesidades y participación de los pueblos y comunidades indígenas. Resulta difícil evaluar los resultados de estas acciones ya que las instituciones no cuentan con información sobre ello, lo que revela su falta de planeación, poco compromiso con los resultados de su trabajo y refuerza la idea de que no tienen una buena coordinación. La SAI manifiesta que tiene estrecha relación con los intérpretes y traductores acreditados, quienes brindan sus servicios a los defensores de oficio y públicos que tiene a cargo la PRODI (solicitud de información con folio 3315). Sin embargo, las entrevistas realizadas a su titular y tres defensores de oficio dependientes de este organismo arrojan información contradictoria en relación a lo que SAI señala en las solicitudes de información. Aún cuando la PRODI reporta contar con intérpretes, no cuenta con ninguno acreditado, ni certificado y tampoco tiene programas de capacitación para los mismos (Solicitud de información con folio 3524).
Por último, el estándar de competencia laboral para la certificación de intérpretes y traductores de lenguas indígenas en el ámbito de impartición de justicia, implementado por el INALI, no satisface las necesidades comunicativas y culturales de los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes. Dicho estándar está basado en modelos de certificación laboral que miden la competencia de trabajos técnicos y materiales, dejando a un lado el aspecto actitudinal de los intérpretes y traductores. Por otra parte, siendo una norma que mide la competencia de intérpretes y traductores en el ámbito de impartición de justicia, se limita a considerar 17 términos jurídicos en materia procesal penal y omite otros aspectos del derecho procesal, particularmente de las ramas civil, laboral, mercantil, amparo y sobre todo el derecho agrario. Asimismo, no considera las técnicas y modalidades de la disciplina. Existe una incongruencia entre los contenidos de los cursos de capacitación del INALI y lo que después evalúa sus normas técnicas.
3.4. Procesos legales El derecho de los indígenas a que en todos los procesos legales cuenten con intérpretes y traductores de sus lenguas indígenas se trastoca de manera sistemática porque, como ya se ha observado, faltan profesionales en la materia. Esto aumenta el riesgo de que personas inocentes sean encarceladas, especialmente las personas indígenas que no hablan castellano. No hay datos oficiales precisos sobre el número de personas indígenas privadas de la libertad. La CDI, la PGR, la CNDH la SSP federal y local manejan estimados diferentes. Tampoco existen datos estadísticos que informen sobre el número de casos en donde fueron requeridos los servicios de interpretación y traducción en los procesos jurisdiccionales ni sobre el número de casos en dónde efectivamente fueron provistos. Esta ausencia de información constituye una violación al derecho a la información y con ello una afectación a los derechos lingüísticos. ! !
Un ejemplo permite mostrar lo que puede suceder a partir de la violación de los derechos lingüísticos El Sr. Edmundo Espinosa Guzmán, indígena zapoteco de la comunidad de Guevea de Humbolt fue detenido y recluido en el centro penitenciario de Tehuantepec en el año 2002. Fue acusado de homicidio y le fue asignado un defensor de oficio, quien en la primera entrevista con el indiciado le preguntó ¿cuál es su cabecera?, refiriéndose al municipio de donde venía. Edmundo respondió -yo no uso cabecera, acostumbro a dormir en hamaca y no tengo cabecera-. Ante esta respuesta, el defensor, violando los derechos del procesado lo abandonó y a la postre Edmundo fue encontrado culpable y sentenciado. En una entrevista reciente Edmundo afirmó ser inocente pero no haber podido demostrarlo en el juicio14. Por
intérpretes/traductores de lenguas indígenas en diversos procesos, CEPIADET puede afirmar que los procesos legales están plagados de irregularidades. En la visión de los jueces, más que el contenido de la ley, permean sus prejuicios sobre la población indígena, una visión paternalista, y su falta de conocimiento sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el Juez Tercero de Distrito afirma Q'0/L01/&0$0(@%/20".1/03/2.$./.21)(.$30/./1%3/2%<$03/N+O/porque hay que pensarse en contraposición a lo que es el derecho civil, en el derecho civil no hablamos de cárcel, hablamos nada mas de acciones, Juzgados, peritos, etcétera, porque
demandados, testigos,
en derecho civil se discuten bienes, se discuten
cuestiones personales, no cárcel, mientras que en derecho penal, es el estado con su soberanía sobre el individ'%/ Q'0/ 2%$/ .b.$03/ &01/ &03#)"%/ &01)"Q'0M/ N+O/ / 01/ indígena, el pobre indigente que cosa puede ir a pelear en un juzgado civil, no tiene nada que pelear, no tienen nada, entonces el ámbito donde uno encuentra a esta gente, dicen, pues es en el ámbito penal y se aplica comúnmente a los pobres y por consecuencia al indígena, que es el más pobre en toda la escala !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 14 Edmundo Espinosa Guzmán, ref. 14 de noviembre 2010. ! !
social15R/ . Estas opiniones racistas permean en la mentalidad de los jueces y se traducen en violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. A lo largo de la entrevista este mismo juez mostró un desconocimiento de los derechos específicos de los pueblos indígenas, pues a pregunta expresa nunca citó el marco normativo aplicable a dichos pueblos. Asimismo, citamos las respuestas proporcionadas por la PGR y la PGJO cuando se les cuestionó sobre el personal hablante de lenguas indígenas adscrito a sus dependencias, la PGR señaló que ninguno de sus Ministerios Públicos es indígena (Solicitud de información con folio 0001700130110), por su parte la PGJO dijo no tener identificado a su personal hablante de lengua indígena (Solicitud de información con folio 3640). Con esto se puede afirmar que en el mejor de los casos los operadores del sistema de justicia ven la traducción e interpretación como una herramienta para agilizar su trabajo pero nunca como una garantía procesal. Frente a una solicitud de información que pregunta sobre los mecanismos para detectar cuando una persona habla alguna lengua indígena, el Tribunal Unitario T4$.$)%/ Fj/ $032%"&0/ L./ 03#0/ V$)<'nal acuden en su mayoría, ya sea como parte actora, demanda, terceros interesados o testigos, que pertenecen a poblaciones que hablan Mixteco, Amuzgo o Triqui y sus abogados previamente hacen de nuestro conocimiento cuando sus asesorados únicamente hablan en lengua indígena y requieren de traductor, cabe mencionar que algunos abogados incluso @.<1."/ #.;<)G"/ '"./ 10"4'./ )"&-40".R/ Sf%1)()#'&/ &0/ )"J%$;.()*"/ (%"/ J%1)%/ T25/2010). Una vez más, esta declaración deja ver que los funcionarios consideran que el derecho a contar con interprete-traductor únicamente corresponde a las personas que no hablan español y se satisface de manera incidental. Otro aspecto que cabe resaltar es que algunos funcionarios de las instancias de justicia no conciben su función como un servicio público y perciben estar exentos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15 Juez Tercero de Distrito del Décimo Tercer Circuito, ref. 12 de octubre 2010. ! !
de cualquier ejercicio de rendición de cuentas, más si es requerido por los ciudadanos. Tal es el caso del Juez Séptimo de lo Penal y el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, quienes se negaron a ser entrevistados aún cuando se les solicitó la entrevista con antelación y notificó sobre el objetivo del presente proyecto. El primero argumentó que no era competente y que además atendía otros asuntos, mientras el segundo alegó tener fuertes cargas de trabajo y no disponer de tiempo. Estas negativas dan cuenta del desconocimiento de los servidores públicos respecto a los derechos de la ciudadanía, pues no solo violentaron el derecho a la información, sino además violentan los derechos lingüísticos. También existe un velo de opacidad respecto a la información estadística sobre quiénes de las partes de un proceso judicial son indígenas. Contar con esta información puede revelar cuántos son los sujetos con los que las instituciones tienen la obligación de garantizar sus derechos lingüísticos. A los Juzgados de Distrito y los Tribunales Unitarios se les solicitó la siguiente información estadística: ¿En cuántos procesos llevados por esta institución han intervenido hablantes de lenguas indígenas? y ¿En cuántos de estos procesos intervinieron intérpretes y traductores de lenguas indígenas? Algunos como el Juzgado Segundo de Distrito declara que no cuenta con la información solicitada y el Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, únicamente da un .2$%P);.&%/ 3%<$0/ 1%3/ (.3%3/ (%"/ )"&-40".3/ Q'0/ "%/ L0"#)0"&0"/ españolR/ Sf%1)()#'&/ &0/ )"J%$;.()*"/ (%"/ J%1)%/ W>=>Fc>WY. Por su parte el Juzgado fG2#);%/&0/U)3#$)#%/30/03('&./0"/Q'0/L(%;%/"%/0P)3#0/&)32%3)()*" legal alguna que establezca la obligación para los juzgados federales de llevar una estadística relacionada con los aspectos indicados, no se cuenta con la información 3%1)()#.&.R (Solicitud de información con folio 01214510). El Juzgado Tercero de U)3#$)#%/ &0(1.$.K/ L@."/ )"#0$E0")&%/ 3030"#./ H/ &%3/ 20$3%".3/ N+O/ Q'0/ 30/ @."/ .'#%.&3($)#%/ (%;%/20$#0"0()0"#03/./ '"./ 0#")./ N+O/ &0/ 1%3/ ('.103/ ()"('0"#./ H/ 30)3/ manifestaron y se comprobó que hablan y entienden el idioma español, siendo que ! !
solo en seis procesos han participado intérpretes o traductores, porque no hablab."/ %/ 0"#0"&-."/ 3'J)()0"#0;0"#0/ 01/ 032.\%1R/ Sf%1)()#'&/ &0/ )"J%$;.()*"/ (%"/ folio 01212510). Sobre la misma pregunta, el Juzgado Octavo de Distrito, $032%"&)*/Q'0/L0"/01/3)3#0;./(%"/Q'0/('0"#./03#0/_'b4.&%/"%/0P)3#0/'"/$'<$%/(%"/ el apartado de intérpretes o traductores, por lo anterior esa información no puede 30$/2$%2%$()%".&.R (Solicitud de información con folio 01214610). Las respuestas de los Juzgados citados dan cuenta de que no existen criterios unificados para la sistematización de información y que el órgano administrativo encargado de crearlos, en este caso el Consejo de la Judicatura Federal, no lo está haciendo, incumpliendo la fracción XXXV del art. 81 de su ley orgánica que establece LJ),.$/1.3/<.303/&0/1./2%1-#)(./)"J%$;D#)(./H/&0/)"J%$;.()*"/0stadística que permitan conocer y planear el desarrollo del Poder Judicial de la F0&0$.()*"R Este tipo de respuestas reflejan que no existe una unidad de criterios respecto a sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas; también reflejan poca sensibilidad hacia la diversidad cultural reconocida constitucionalmente. En algunos casos como el juez séptimo refleja además un formalismo rígido ningún sentido abona a la comunicación entre la sociedad civil y el Estado. Gráfica 3. Intérpretes y traductores en procesos legales.
También se le preguntó a las instituciones si: ¿garantizan los derechos lingüísticos de las personas hablantes de alguna lengua indígena que son parte en algún juicio? T/ 03#%/ 01/Vf_a/ $032%"&0/ Q'0/ LU0/ (%"J%$;)&.&/ ./ 1%/ Q'0/ dispone la ley orgánica del poder judicial de Oaxaca en su artículo 2, sólo en materia penal se garantizan los derechos lingüísticos de los hablantes de lengua indígena que son parte de un procedimiento judicial, no así en materia civil, mercantil y familiar, ya que la legislación sustantiva y adjetiva que regulan los procesos judiciales en el estado de Oaxaca prevén que sólo las partes puedan designar intérpretes o traductores, lo anterior en base a los principios de legalidad, imparcialidad y del debido proceso que fundamentan la función jurisdiccional a (.$4%/ &0/ 03#0/ I%&0$/ _'&)().1R/ Sf%1)()#'&/ &0/ )"J%$;.()*"/ (%"/ J%1)%/ CWjnY5/ 83#./ 03/ una visión limitada de los derechos lingüísticos pues sólo los circunscriben a la materia penal y los servidores públicos no entienden como una obligación del Estado el garantizarlos. Otra circunstancia que altera el debido proceso para los indígenas es que a falta de intérpretes y traductores formalmente capacitados, los jueces habilitan a ! !
cualquier persona para realizar este trabajo. A través de la práctica profesional se ha podido constatar cómo reclusos, familiares, policías, personal de limpieza y administrativos son improvisados como intérpretes en audiencias que sólo sirven para cubrir las formalidades del proceso. L+#0"0mos que desahogar exhortos, con gente que no habla bien, son mixes, son indígenas;
lo que pasa es que afortunadamente nosotros en el Juzgado,
contamos con una personita que nos auxilia, y ella es de aquí, es una muchacha originaria de aquí, nos auxilia hacer el aseo al Juzgado, y es de aquí, cuando hay oportunidad pues acudimos a ella para que sea intérprete, en la lengua mixe, ella nació aquí, cuántos años tiene 22 años de lengua mixe, yo digo que la domina, pero hasta ella misma nos ha platicado, pues hay cosas que varían ¿no?, en &)3#)"#.3/2%<1.()%"03R16.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16 Juez Mixto de Primera Instancia, Distrito Mixe, ref. Noviembre 2010 ! !
Conclusiones y Propuestas ! Hemos visto que en México existe un marco normativo que ha avanzado en el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, partiendo de la premisa de que es una Nación pluricultural. Aunque este arco aún tiene muchas deficiencias y lagunas da pie para entender que el Estado mexicano se tiene que transformar para ser más representativo de esta sociedad culturalmente diversa. ! Un elemento importante de este reconocimiento es la garantía que tienen las personas indígenas de acceder a la justicia del Estado y, por otra parte, de mantener y desarrollar sus lenguas. Relacionando ambas prerrogativas se puede asumir que es un derecho de las personas indígenas hablar en su idioma cuando por alguna razón tienen que comparecer ante instancias jurisdiccionales. ! No obstante lo anterior los datos recabados nos permiten afirmar que no han existido hasta ahora reformas programáticas y presupuestales sustantivas que adecuen estructuralmente a las instituciones a fin de hacerlas acordes a esta nueva normatividad. Asimismo, se encontró que las perspectivas culturales y las prácticas de los servidores públicos en términos generales son ajenas a la definición constitucional de la Nación pluricultural y, en cambio, reproducen prejuicios sociales que definen al indígena como un sujeto marinado y atrasado. ! Se pudo verificar que pocas instituciones han desarrollado programas de promoción y difusión de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, de hecho estos conceptos ni siquiera han permeado en las autoridades responsables de procurar y administrar justicia, menos aún en la población en general. Aunque la CDI cuenta con un sistema de radiodifusoras culturales que transmiten en lenguas ! !
indígenas es difícil saber cual es el contenido y la programación de las mismas y si tienen impacto entre los radioescuchas. Por su parte las acciones del INALI se ven desvinculadas de las de CDI y no reflejan una programación sistemática y estratégica para ampliar progresivamente el conocimiento de la población sobre los derechos lingüísticos. Tampoco hay parámetros para constatar el impacto de estas acciones. ! Si las acciones de las instituciones federales son escasas y débiles, las instituciones estatales reportan un desempeño aún más pobre, así como serios problemas para tener información precisa y rendir cuentas a la sociedad. Es de llamar la atención que en el estado con mayor diversidad cultural en el país las políticas públicas y la sensibilidad de los funcionarios sean casi por completo ajenas a la presencia de los pueblos indígenas. ! Para ir avanzando en esta problemática, sería fundamental que las dependencias de gobierno tanto federales como estatales coordinen sus programas y acciones a fin de ser más eficientes con los pocos recursos que tienen a su disposición.
Es importante aplicar mecanismos de
seguimiento y evaluación que efectivamente den cuenta del avance en la realización de esto derechos, además de elevar el presupuesto para tales fines. ! Con respecto a la existencia de intérpretes y traductores, el estudio ha podido mostrar que el Estado no ha asumido como parte de sus obligaciones la necesidad que tiene de comunicarse con la población del país en sus propias lenguas. Prevalece la inexistencia de traductores intérpretes profesionalizados, aún cuando hay evidencia de que muchas personas hablantes de lengua indígena se relacionan cotidianamente con las instituciones del Estado. Para muchos funcionarios no existe una noción de derecho relacionada a la existencia de traductores e intérpretes, más ! !
bien se considera que excepcionalmente, cuando las personas indígenas no hablan español, estos deben ser requeridos. ! Asociado a estas concepciones vemos que no existen nuevas instancias administrativas, presupuestos, ni siquiera padrones útiles, que permitan a las dependencias de gobierno realizar plenamente estos derechos y acercar al Estado a nociones básicas de pluralismo. ! Sería muy recomendable que hubiera cada vez más servidores públicos originarios de comunidades indígenas y hablantes de las lenguas que pudieran acercar las acciones de gobierno a la sociedad indígena. Como este es un objetivo a largo plazo, otra medida necesaria es la de contar con intérpretes y traductores en la planta laboral de las instituciones, o bien tener padrones confiables y presupuestos suficientes para acceder a ellos en el momento en que sean requeridos. ! En lo relativo a la capacitación, certificación y seguimiento de los intérpretes y traductores, se encontró que las instituciones del estado de Oaxaca no han asumido ninguna responsabilidad. El papel de la SAI y del TSJO, tal como consta en la información proporcionada, se reduce a sumarse a las iniciativas federales sin contemplar su continuación de manera local. Por su parte, las instituciones federales no han cumplido con los objetivos que ellas mismas establecieron en cuanto a la certificación de intérpretes. Los resultados reportados sobre intérpretes y traductores certificados son escuetos y con escasa representatividad de las lenguas y variantes habladas en el país y estado. ! El proceso de certificación implementado por el INALI es susceptible de muchas mejoras para lograr el perfil ideal del intérprete y traductor de lenguas indígenas. Las normas técnicas que se han diseñado para evaluar las competencias de los intérpretes y traductores no corresponden a los procesos de capacitación que la misma institución ha promovido. Éstas no ! !
incluyen elementos actitudinales, ni elementos técnicos sobre interpretación y traducción; tampoco abarcan elementos jurídicos de materias diferentes a la del proceso penal. ! Mediante este estudio se observó que los procesos legales en donde participan personas indígenas no se apegan a la normatividad vigente en materia de derechos indígenas. Esta situación tiene su origen en la falta de preparación de los servidores públicos y la ausencia de unidad de criterios con respecto a sus obligaciones, mismas que se suplen con prejuicios y opiniones de sentido común que reflejan añejas y discriminatorias concepciones sociales. ! Los procesos legales, particularmente los del fuero común, transcurren en un contexto de precariedad que lleva a los juzgadores a salidas fáciles, informales e inadecuadas para lograr una comunicación con la población a la que atienden. En estos contextos es fácil entender que la mayor parte de la población indígena prefiera resolver sus conflictos ante sus propias instancias. ! Es recomendable capacitar a todos los servidores públicos del sistema de procuración y administración de justicia, así como profesionalizar a los intérpretes y ampliar los recursos para garantizar los derechos lingüísticos. ! Este diagnóstico es un punto de partida para comprender el estado en que se encuentran los derechos lingüísticos y los problemas que obstaculizan su realización. La contribución que se busca es superar dichos obstáculos para que de manera conjunta Estado y sociedad avancemos en la conformación de una sociedad más justa, más plural y mejor cohesionada.
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ANEXOS Anexo 1. Intérpretes y traductores entrevistados NOMBRE Leonardo Sarabia
ORIGEN López
Juchitán Zaragoza
Es intérprete y traductor acreditado por el INALI. Ha fungido como intérprete en procesos de fuero común en los juzgado 2° 5° y 7° penal del centro y en procesos de fuero Federal en el juzgado 2° y 4° de Distrito del centro. Defensor de la Procuraduría para la Defensa del Indígena.
Edgar Steven Nicolás Pérez
Florentino Francisco Pimentel Girón
Cerro Metate, San Juan Mixtepec
Carapan Municipio de Chilchote del estado de Michoacán. San Mateo del Mar, Tehuantepec Oaxaca
Herminio Martin Rojas López
Saúl Oviedo
Verónica Rosalba Reyes García
Santo Tomás Ocotepec, Tlaxiaco Oaxaca. San Martín Itunyoso, Tlaxiaco, Oaxaca. Villa de Santiago
Ha fungido como intérprete en los 7 municipios del distrito de Juxtlahuaca, y algunos municipios de la costa, también en los Juzgados 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 8° de Distrito. Actualmente es Defensor de Oficio adscrito al Juzgado de Ixtlán de Juárez, y está adscrito a la PRODI. Ha fungido como intérprete en Procuradurías, Ministerio Públicos, en el sistema colectivo del metro en el DF, y trabaja en proyectos educativos Interculturales en la ciudad de México. Lic. en sistemas computacionales. Trabaja en el área de informática del juzgado de garantías de Salina Cruz, por ser hablante de la lengua Ombeayiüts (Huave del Oeste) es habilitado como intérprete cuando así se requiere. Es perito traductor y perito cultural. Ha fungido como intérprete en la Procuraduría General de Justicia del DF, en el Tribunal Superior de Justicia del DF, en la Procuraduría General de la República, en algunos Juzgados Federales. Agrónoma, capacitadora en comunidades indígenas del estado en materia forestal (Emplea su lengua indígena para impartir dichas capacitaciones) Intérprete de la lengua Triqui acreditado por el INALI. Ha fungido como intérprete en los Juzgados ubicados en la Ciudad de Tlaxiaco. Ha fungido como intérprete en varios Juzgados del estado de Oaxaca.
Cruz López Gerardo Martínez
Elia López Velasco
Aquiles Carrasco
Jamiltepec, Oaxaca. Santiago Yaitepec, Juquila, Oaxaca. Santiago Nuyoó, Tlaxiaco Oaxaca. El Chocolate, Guichicovi. Juchitán Oaxaca.
Abogado indígena. Ha fungido como intérprete en varios Juzgados del estado de Oaxaca.
Abogada indígena, ha fungido como intérprete en varios Juzgados del estado de Oaxaca.
Ha fungido como intérprete en diversos Juzgados. Participó como asesor de la lengua Mixe bajo en el Diplomado para la Profesionalización de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas en el Istmo de Tehuantepec. Abogado indígena, ha fungido como intérprete en varios Juzgados del estado de Oaxaca y en Tribunales en Estados Unidos. Odontóloga: Ha fungido como intérprete en Juzgados de Distrito y Juzgados para menores. Se ha desempeñado como intérprete en Juzgados del Fuero común y Federal.
Villa Díaz Ordáz Tlacolula Oaxaca.
Santa María Zacatepec, Putla Oaxaca. Santa Cruz Loxicha, Pochutla, Oaxaca. Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca.
Ha fungido como intérprete en Juzgados del Fuero común y Federal.
Anexo 2. Marco Jurídico Internacional, Nacional y Estatal que fundamenta el derecho de los pueblos indígenas a contar con un intérprete y traductor de lenguas indígenas En el entramado jurídico del Estado mexicano, el reconocimiento de la figura del intérprete y traductor ha sido un paso importante, sin embargo, estas legislaciones no han alcanzado garantizar las aspiraciones de un acceso pleno a la justicia para los pueblos y comunidades indígenas. A continuación, transcribiremos diversos preceptos jurídicos que sustentan el derecho a contar con intérprete y traductor. ! LEGISLACIÓN Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT
Art. 14.3.3
CONTENIDO INTERNACIONAL !F&4&%=#' $0+)%*&' +&5idas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles si fuere #&-&*)%/08'/#$C%3%&$&*','0$%0*'+&5/0*'&</-)-&*2: !F,%)#$&' &(' 3%0-&*08' $05)' 3&%*0#)' )-,*)5)' 5&' ,#' 5&(/$0' tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: !F&%&-.0' 5&(' /#-,(3)50' 5&' *&%' )*/*$/50' 6%)$,/$)+&#$&' 30%' &(' traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzg)50'0'$%/4,#)(:2' !F,%)#$&' &(' 3%0-&*08' $05)' 3&%*0#)' )-,*)5)' 5&' ,#' 5&(/$0' tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no -0+3%&#5&'0'#0'.)4()'&('/5/0+)'&+3(&)50'&#'&('$%/4,#)(D2 !G:' S050' &(' +,#50' $/&#&' 5&%&-.0' )' ,*)%' 5&' 3)()4%)' B' 30%' escrito, en los Tribunales de Justicia, la lengua históricamente hablada en el territorio donde están ubicados. Los Tribunales deben utilizar la lengua propia del territorio en sus actuaciones internas y, si por razón de la organización judicial del Estado, el procedimiento se sigue fuera del lugar de origen, hay que mantener la lengua de origen. 2. Con todo, todo el mundo tiene derecho a ser juzgado en una lengua que le sea comprensible y pueda hablar, o a
04$&#&%'6%)$,/$)+&#$&',#'/#$C%3%&$&:2'
Art. 13 !T:';0*'"*$)50*')503$)%=#'+&5/5)*'&</-)-&*'3)%)'6)%)#$/>)%' la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios 5&'/#$&%3%&$)-/@#','0$%0*'+&5/0*')5&-,)50*:2 LEGISLACIÓN NACIONAL
Art. 2, apartado A, fracción VIII
!U--&5&%' 3(&#)+&#$&' )' ()' 7,%/*5/--/@#' 5&(' "*$)50:' M)%)' garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su (&#6,)'B'-,($,%)2: !"(' "*$)50' 6)%)#$/>)%=' &(' 5&%&-.0' 5&' (0*' 3,&4(0*' B' comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean ha4()#$&*2: !;)*'),$0%/5)5&*'<&5&%)(&*'%&*30#*)4(&*'5&'()'3%0-,%)-/@#'B' administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores 1,&'$&#6)#'-0#0-/+/&#$0'5&'*,'(&#6,)'/#596&#)'B'-,($,%)2:
Art. 28 Código Federal de Procedimientos Penales Art. 103
!K,)#50' /#$&%A&#6)#' &#' ()*' )-$,)-/0#&*' 3&%*0#)*' pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas, deberán ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, debiendo )*&#$)%*&'$)('-/%-,#*$)#-/)'&(')-$)'%&*3&-$/A):2 !K,)#50' &(' /#-,(3)508' &(' 0<&#5/50' 0' &(' 5&#,#-/)#$&8' (0*' testigos o los peritos no hablen o no entiendan suficientemente el idioma castellano, se les nombrará a petición de parte o de oficio, uno o más traductores, quienes deberán traducir fielmente las preguntas y contestaciones 1,&'.)B)#'5&'$%)#*+/$/%:2 !;)*'#0$/</-)-/0#&*'*&'.)%=#D')*/*$/C#50*&'5&'$%)5,-$0%'*/'()' persona por notificarse no habla o no entiende *,</-/&#$&+&#$&'&('/5/0+)'-)*$&(()#0:2
!"#' ()' )A&%/6,)-/@#' 3%&A/)' &#' -0#$%)' 5&' 3&%*0#)*' 1,&' #0' hablen o no entiendan suficientemente el castellano, se les nombrará un traductor desde el primer día de su detención, quien deberá asistirlas en todos los actos procedimentales sucesivos y en la correcta comunicación que haya de tener con su defensor. El juez, en su caso, de oficio, o a petición de parte, verificará que perdure ese canal de comunicación; y si lo estimare prudente, podrá nombrar el defensor o el traductor que mejoren dicha comunicación. Tratándose de personas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas, tanto el defensor como el intérprete correspondiente deberán tener pleno conocimiento de su (&#6,)'B'-,($,%):2
Art. 128, fracción IV
!K,)#50' &(' 5&$&#/50' 3&%$&#&-/&%&' )' ,#' 3,&4(0' 0' -0+,#/5)5' indígena o fuere extranjero, que no hable o no entienda suficientemente el español, se le designará un traductor que le hará saber los derechos a que se refiere la fracción )#$&%/0%:2 !;)' 5&-()%)-/@#' 3%&3)%)$0%/)' -0+&#>)%=' 30%' ()*' 6&#&%)(&*' 5&(' /#-,(3)508' &#' ()*' 1,&' *&' /#-(,/%=#' $)+4/C#D' &(' 6%,30' étnico indígena al que pertenezca, en su caso si habla y &#$/&#5&'*,</-/&#$&+&#$&'&('-)*$&(()#0D Si el inculpado pertenece a un pueblo o comunidad indígena, se le hará saber el derecho que tiene de ser asistido por un intérprete y por un defensor que tengan conocimiento de su (&#6,)'B'-,($,%):2
Art. 7º, Fracción IV
!M%0+0A&%' +&5/)#$&' ()' &#*&L)#>)' &(' -0#0-/+/&#$08' 5&' ()' pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la &5,-)-/@#'04(/6)$0%/)'&#'*,'3%03/)'(&#6,)'B'&*3)L0(2:'
Art. 9, Párrafo I, Fracción XII
!V0'$&#5%='A)(0%'3%04)$0%/0')(6,#0'()'-0#<&*/@#'%&#5/5)')#$&' una autoridad policíaca; ni la rendida ante el Ministerio Público o autoridad judicial, sin la presencia del defensor o persona de confianza del inculpado y, en su caso, del $%)5,-$0%2: !W,&5a prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades. A efecto de lo anterior, se consideran como conductas
5/*-%/+/#)$0%/)*X2 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Impedir que se les escuche en todo procedimiento judicial o administrativo en que se vean involucrados, incluyendo a las niñas y los niños en los casos que la ley así lo disponga, así como negar la asistencia de intérpretes en procedimientos administrativos o judiciales, de conformidad -0#'()*'#0%+)*')3(/-)4(&*D2 Art. 14, párrafo I, fracción VI y VII
!;0*' @%6)#0*' 3Y4(/-0*' B' ()*' ),$0%/5)5&*' <&5&%)(&*8' &#' &(' ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para la población indígena: VI. Garantizar que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de la Constitución, y VII. Garantizar, a lo largo de cualquier proceso legal, el derecho a ser asistidos, si así lo solicitan, por intérpretes y 5&<&#*0%&*'1,&'$&#6)#'-0#0-/+/&#$0'5&'*,'(&#6,):2
Art. 164 !"#' (0*' 7,/-/0*' &#' 1,&' /#A0(,-%&#' $/&%ras de los grupos indígenas, los Tribunales deberán considerar las costumbres y usos de cada grupo mientras no contravengan lo dispuesto por esta ley ni se afecten derechos de terceros. Asimismo, cuando se haga necesario, el Tribunal se asegurará de que lo*'/#596&#)*'-,&#$&#'-0#'$%)5,-$0%&*:2 LEGISLACIÓN ESTATAL
Art. 16, Párrafo V
Ley de Derechos de los Pueblos y
!"#'(0*'7,/-/0*'&#'1,&',#'/#596&#)'*&)'3)%$&8'()*'),$0%/5)5&*' se asegurarán que de preferencia, los procuradores de justicia y los jueces sean hablantes de la lengua nativa o, en su defecto, cuenten con un traductor bilingüe y se tomarán en consideración dentro del marco de la Ley vigente, su condición, prácticas y costumbres, durante el proceso y al dictar sentenci):2 !M)%)' 6)%)#$/>)%' &(' &<&-$/A0' )--&*0' 5&' (0*' 3,&4(0*' B' comunidades indígenas al ejercicio del derecho de petición, toda promoción que se presente ante las autoridades estatales, por cualquier pueblo o comunidad indígena o por cualquier indígena que no hable español, podrá ser redactada en su propia lengua. Las autoridades tienen el deber de recibirla, previniendo en términos de ley la intervención de un traductor y de darle respuesta escrita en los términos prescritos por la Constitución Política del "*$)50:2 !U' </#' 5&' 6)%)#$/>)%' &(' &<&-$/A0' )--&*0' 5&' (0*' 3,&4(0*' B' comunidades indígenas a la jurisdicción del Estado, en los procesos penales, civiles, agrarios, administrativos o cualquier procedimiento que se desarrolle en forma de juicio,
Comunidades Indígenas del estado de Oaxaca
que sea competencia de las autoridades del Estado y en el que intervenga un miembro de algún pueblo indígena que ignore el español, éste contara con un traductor bilingüe ya sea oficial o particular. Los jueces, procuradores y demás autoridades administrativas que conozcan del asunto, bajo su responsabilidad se asegurarán del cumplimiento de está disposición. En todas las etapas procesales y al dictar resolución, los jueces, procuradores y demás autoridades administrativas que conozcan del asunto, deberán tomar en consideración la condición, prácticas, tradiciones y costumbres del o de los miembros de los pueblos y comunidades indígenas. El Estado, por conducto de la Secretaría de Asuntos Indígenas, en coordinación con el Ministerio Público, vigilará la eficaz protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, desde el inicio de las averiguaciones previas hasta la consignación de los casos, cerciorándose que aquéllos cuenten oportunamente con la asistencia de traductores bilingües y de defensores de oficio. En los casos en que se omita dicha asistencia, la Secretaría de Asuntos Indígenas o los interesados, solicitarán a la Representación Social que, de nueva cuenta, se desahoguen las diligencias subsanando dichas omisiones a efecto de ejercitar acción penal correspondiente.
En los casos en que los indígenas o sus pueblos o comunidades sean parte o partes, se abrirá de oficio la segunda instancia a efecto de verificar que los derechos individuales y sociales de aquéllos efectivamente hayan sido reconocidos y respetados. Los Magistrados revisarán las actuaciones de los jueces que conocieron en primera /#*$)#-/):2 !"(' M05&%' "7ecutivo del Estado a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas y de la Secretaria de Salud, hará la traducción de estas reformas a las lenguas de los pueblos indígenas a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca; hará del conocimiento de la población del Estado el contenido de estas reformas y sus traducciones, difundiéndola en los pueblos y comunidades indígenas, dependencias y Organismos de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, especialmente en instituciones educativas y, en general en las organizaciones %&3%&*&#$)$/A)*'5&'()'*0-/&5)5'-/A/('0)?)1,&L)2
Art. 27 Párrafo I, fracción XXIV
!' U' ()' Z&-%&$)%9a de las Culturas y Artes de Oaxaca, corresponde le despacho de los siguientes asuntos:
!U' ()' Zecretaría de Asuntos Indígenas corresponde el
XXIV.- Garantizar a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad, así como su 3)$%/+0#/0'-,($,%)('B'(/#6[9*$/-02
Artículo 28 párrafo II
!"(' )50(&*-&#$&' 1,&' #0' -0+3%&#5)' #/' 3,&5)' 5)%*&' )' entender en español deberá ser provisto de un traductor o interprete a fin de que pueda expresarse en su propia lengua. Incluso si habla o comprende el español, si se trata de un adolescente indígena, se le nombrará un intérprete con sólo solicitarlo Si se trata de un adolescente mudo, se le harán oralmente las preguntas y las responderá por escrito; si fuere un sordomudo, las preguntas y respuestas serán escritas. Si el adolescente no supiere leer y escribir se le #0+4%)%='/#$C%3%&$&'/5@#&0:2
Art. 22, fracción IV Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca
V. Formular con los pueblos y comunidades indígenas, los programas para la defensa de los recursos naturales, conocimientos y preservación de sus sistemas normativos consuet,5/#)%/0*::2 Derecho a ser oído
!K,)#50' &(' 5etenido fuere un indígena o extranjero que no hable o no entienda suficientemente el castellano, se le 5&*/6#)%=',#'$%)5,-$0%'1,&'(&'.)%='*)4&%'*,*'5&%&-.0*:2
!K,)#50' &(' /#-,(3)508' &(' 0<&#5/508' (0*' $&*$/60*' 0' (0*' 3&%/$0*' no hablen el idioma castellano, se les nombrara de oficio, uno o más intérpretes, que deberán traducir fielmente las preguntas y contestaciones que hayan de transmitir. Cuando lo solicite cualquiera de las partes, podrá escribirse la declaración en el idioma del declarante, sin que esto obste 3)%)'1,&'&('/#$C%3%&$&'.)6)'()'$%)5,--/@#2:
!;0*' *&%A/50%&*' 3Y4(/-0*' 5&(' M05&%' \,5/-/)(' )' 1,/&#&*' ()' (&B' encomienda hacer las notificaciones, y asistiéndose del traductor si la persona por notificarse no habla o no entiende *,</-/&#$&+&#$&'&('/5/0+)'-)*$&(()#02:
Art. 27, párrafo II, III y IV
!;0*')-$0*'3%0-&*)(&*'5&4&%=#'%&)(/>)%*&'&#'&*3)L0(: Cuando una persona no comprenda o no se exprese con facilidad en español, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar en este idioma. Deberá proveerse traductor o intérprete, según corresponda, a las personas que no comprendan el español, a quienes se les permitirá hacer uso de su propia lengua, así como a quienes tengan algún impedimento para darse a entender. En el caso de los miembros de grupos indígenas se les
nombrará intérprete si lo solicitan, aun cuando hablen español. Los documentos y las grabaciones en una lengua distinta del español deber=#'*&%'$%)5,-/50*:2
Ley de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
Art. 16 Párrafo I, fracción XII
!;)'K0+/*/@#'3)%)'()'F&<&#*)'5&'(0*'F&%&-.0*'],+)#0*'&*' un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es la defensa, promoción de la cultura del respeto, estudio y divulgación de los derechos humanos; el fomento del respeto a la identidad y derechos de las comunidades y pueblos indígenas del Estado, el combate a toda forma de discriminación y exclusión, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados ^#/50*'_&?/-)#0*'B'()'M)%$/-,()%'5&('"*$)50:2 !"(' M%&*/5&#$&' 5&' ()' K0+/*/@#' 3)%)' ()' F&<&#*)' 5&' (0*' Derechos Humanos del Estado Libre y Soberano de Oaxaca no estará sujeto a mandato imperativo alguno, desempeñará sus funciones con autonomía, y sin más restricciones que las que le señalen la Constitución Federal, la local y las leyes que de ellas emanen. Tendrá las siguientes facultades y obligaciones: XII. Fomentar y difundir los derechos humanos y los derechos de los pueblos y las -0+,#/5)5&*'/#596&#)*2
Art. 65 Párrafo I, fracción IV
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral Para el Estado de Oaxaca
Art. 76, Numeral 1, inciso a
Art. 4 Ley Orgánica de la Junta de Conciliación Agraria
!D' S%)$=#50*&' 5&' 3&%*0#)*' 1,&' #0' .)4(&#' 0' &#$/&#5)#' correctamente el idioma español, se les proporcionará gratuitamente ,#'$%)5,-$0%:2 !;)'K0+/*/@#'3)%)'()'F&<&#*)'5&'(0*'F&%&-.0*'],+)#0*'5&(' Estado Libre y Soberano de Oaxaca en la promoción y difusión de una cultura de conocimiento y respeto a los derechos humanos podrá: IV.- Formular y ejecutar permanentemente un programa editorial, procurando publicar en sistema braille, lenguaje de señas y en las lenguas indígenas que se hablan en el Estado 5&'O)?)-):2 !G:' Z0#' 3)%$&*' &#' &(' 3%0-&5/+/&#$0' 5&' (0*' +&5/0*' 5&' impugnación las siguientes: a) El actor o recurrente, que será quien estando legitimado, lo presente por sí mismo; podrá ser asistido por intérprete que tenga conciencia de su identidad indígena y conocimiento de la lengua y -,($,%)'5&('3,&4(0'0'-0+,#/5)5'/#596&#)2 !;)' \,#$)' *&' /#$&6%)%=' -0#' $%&*' -0#-/(/)50%&*8' 5&#$%0' 5&' (0*' cuales uno tendrá el carácter de Presidente, un Secretario General y otro de Acuerdos, intérpretes bilingües que hablen español y las lenguas indígenas del Estado y el personal técnico administrativo que sea necesario, de acuerdo a su
Art. 11, fracción VIII Ley Orgánica de la Procuraduría Para la Defensa del Indígena
asignación presupuestal. Los conciliadores y secretarios serán nombrados por el Gobernador del Estado. Los secretarios suplirán a los conciliadores en sus faltas $&+30%)(&*:2 !Z0#' )$%/4,-/0#&*' 5&(' Z,43%0-,%)50%' 5&' K0#-&%$ación las siguientes: VIII.- Preparar materiales bilingües para difundir la legislación internacional, nacional y local vigente, %&()-/0#)5)'-0#'(0*'6%,30*'C$#/-0*:2 !F";'F"MUNSU_"VSO'F"'FP`^ZPOV'a'MNO_OKPOV
Art. 12, fracción IV
Son atribuciones del Departamento, las siguientes:
Art. 3, fracción I, numeral 1.
IV.- Colaborar con los traductores en las campañas para promover la difusión de las formas de organización social, derecho consuetudinario y estructura de los pueblos /#596&#)*:2 !;)' M%0-,%)5uría para la Defensa del Indígena estará presidida por el Procurador en su carácter de Titular de la Institución, quien ejercerá sus atribuciones por sí o por conducto de los Subprocuradores, Defensores de Oficios y Auxiliares, conforme a la siguiente composición orgánica: I.- Subprocuraduría de Defensa y Asesoría Jurídica que será auxiliada, por: 4.- ?%3/I0$)#%3/H/V$.&'(#%$03R !Z0#'<,#-/0#&*'5&('_/#/*$&%/0'MY4(/-0X
Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Oaxaca
Art. 3 VI. Vigilar la correcta aplicación de la ley en todos los casos que conozca y, especialmente, en aquellos en que alguna de ()*'3)%$&*'*&)'+/&+4%0'5&',#)'-0+,#/5)5'/#596&#)2
Acceso a la Información Pública: Síntesis de respuestas por
dependencia a información solicitada Instituciones
Número de preguntas enviadas
Preguntas improcede ntes
Preguntas reservadas
Procuraduría General de la República Instituto de Defensoría Pública Federal (Delegación Oaxaca) Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Honorable Congreso de la Unión (diputados y senadores) Tribunal Superior Agrario
Consejo de la Judicatura Federal (8 Juzgados de Distrito y 2 Tribunales Unitarios de Circuito) Secretaría de Seguridad Pública Federal Comisión Nacional de los Derechos Humanos Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del estado de Oaxaca Honorable Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca Procuraduría para la Defensa del Indígena Honorable Congreso del estado de Oaxaca Secretaría de Asuntos Indígenas Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca
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INFORME DERECHOS LINGUISTICOS DE CEPIADET
Informe sobre el estado que guardan los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades en el sistema de procuración y administración de...
cepiadetactraductores