Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-369-de-2013?documento=legcol&contexto=legcol_d76202cf492c02dee0430a01015102de&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-20 08:43:54
Document Index: 362077503

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 8', 'Artículo 1', 'Artículo 2']

DECRETO 369 DE 05 DE MARZO DE 2013
CONTENIDO:PROMULGA LA “CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES” ADOPTADA POR LA CON¬FERENCIA NEGOCIADORA EN PARÍS, REPÚBLICA FRANCESA, EL 21 DE NOVIEMBRE DE 1997. APROBADO MEDIANTE LEY 1573 DE 2012.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCESO A EMPLEOS PÚBLICOS POR EXTRANJERO, DEBERES DEL SERVIDOR PÚBLICO, CULPABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO, CULPA DEL SERVIDOR PÚBLICO, LEY PENAL, CONVENCIÓN INTERNACIONAL, COHECHO, PROCEDIMIENTO PENAL, RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO, CONDUCTA DEL SERVIDOR PÚBLICO
DECRETO 369 DE 2013
“Por medio del cual se promulga la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales” adoptada por la Conferencia Negociadora en París, República Francesa, el 21 de noviembre de 1997”.
Que la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944, en su artículo 1º dispone que:
“[...] Los tratados, convenios, convenciones, acuerdos, arreglos u otros actos internacionales aprobados por el Congreso, de conformidad con los artículos 69 y 116 de la Constitución, no se considerarán vigentes como leyes internas, mientras no hayan sido perfeccionados por el gobierno en su carácter de tales, mediante el canje de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación, u otra formalidad equivalente [...]”;
Que la precitada ley en su artículo 2º ordena lo siguiente:
“[...] Tan pronto como sea perfeccionado el vínculo internacional que ligue a Colombia por medio de un tratado, convenio, convención, etc. el órgano ejecutivo dictará un decreto de promulgación, en el cual quedará insertado el texto del tratado o convenio en referencia, y en su caso, el texto de las reservas que el gobierno quiera formular o mantener en el momento del depósito de ratificaciones. [...]”;
Que el Congreso de la República, mediante la Ley 1573 del 2 de agosto de 2012, publicada en el Diario Oficial Nº 48.510 del 2 de agosto de 2012, aprobó la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales” adoptada por la Conferencia Negociadora en París, República Francesa, el 21 de noviembre de 1997;
Que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-944 del 14 de noviembre de 2012, declaró exequible la Ley 1573 del 2 de agosto de 2012 y la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”, adoptada por la Conferencia Negociadora en París, República Francesa, el 21 de noviembre de 1997;
Que el Gobierno de la República de Colombia depositó, el día 20 de noviembre de 2012, ante la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el instrumento de adhesión a la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”, adoptada por la Conferencia Negociadora en París, República Francesa, el 21 de noviembre de 1997;
Que de conformidad con lo anterior y en virtud de lo previsto en su artículo 13 numeral 2º, la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”, adoptada por la Conferencia Negociadora en París, República Francesa, el 21 de noviembre de 1997, entró en vigor para la República de Colombia el 19 de enero de 2013,
ART. 1º—Promúlguese la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”, adoptada por la Conferencia Negociadora en París, República Francesa, el 21 de noviembre de 1997.
(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta copia del texto de la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”, adoptada por la Conferencia Negociadora en París, República Francesa, el 21 de noviembre de 1997).
que el cohecho es un fenómeno generalizado en las transacciones comerciales internacionales, incluidos el comercio y la inversión, que suscita graves preocupaciones morales y políticas, socava el buen gobierno y el desarrollo económico, y distorsiona las condiciones competitivas internacionales;
que todos los países comparten la responsabilidad de combatir el cohecho en las transacciones comerciales internacionales;
la Recomendación revisada para combatir el cohecho en las transacciones comerciales internacionales, aprobada por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 23 de mayo de 1997, C (97) 123/Final, que, inter alia, exigió medidas eficaces para disuadir, prevenir y combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en relación con las transacciones comerciales internacionales; en especial, la pronta tipificación como delito de ese cohecho de manera eficaz y coordinada y de conformidad con los elementos comunes acordados expuestos en dicha recomendación y con los principios jurisdiccionales y otros principios jurídicos básicos de cada país.
de otras actividades recientes que promueven aún más la comprensión y la cooperación internacionales para combatir el cohecho de servidores públicos, incluidas las actuaciones de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, la Organización de Estados Americanos, el Consejo de Europa y la Unión Europea;
de los esfuerzos de empresas, organizaciones comerciales, sindicatos mercantiles, así como los de otras organizaciones no gubernamentales para combatir el cohecho;
el papel de los gobiernos para prevenir la instigación al soborno por parte de personas y empresas en las transacciones comerciales internacionales;
que para lograr progreso en este campo no sólo se requieren esfuerzos a nivel nacional sino también la cooperación multilateral, la supervisión y el seguimiento;
que lograr la equivalencia entre las medidas que deben tomar las partes es un objetivo y propósito fundamental de la convención, lo cual requiere que la convención sea ratificada sin derogaciones que afecten esta equivalencia;
1. El cohecho de un servidor público extranjero deberá ser castigable mediante sanciones penales eficaces, proporcionales y disuasorias. La escala de las sanciones será comparable a la aplicable al cohecho de servidores públicos propios de la parte y, en el caso de las personas físicas, incluirán la privación de la libertad suficiente para permitir la ayuda jurídica recíproca y la extradición.
Ayuda jurídica recíproca
4. La extradición por cohecho de un servidor público extranjero está sujeta a las condiciones establecidas en el derecho nacional y en los tratados y acuerdos aplicables de cada parte. Cuando una parte condicione la extradición a la existencia de la doble penalización del delito, esa condición deberá considerarse cumplida si el delito por el cual se pide la extradición está dentro del ámbito del artículo 1º de esta convención.
Para los fines del párrafo 3 del artículo 4º, sobre consultas; del artículo 9º, sobre asistencia jurídica recíproca y del artículo 10, sobre extradición; cada parte deberá notificar al Secretario General de la OCDE quién es o quiénes son las autoridades responsables de la preparación y recepción de solicitudes, que servirán como vía de comunicación para dichos asuntos de esa parte, sin perjuicio de otros acuerdos entre las partes.
Notas: * 1990-1995; ** 1991-1996; *** 1993-1996;
Fuente: OCDE, (1) FMI
1 Respecto a Bélgica - Luxemburgo: las estadísticas comerciales de Bélgica y Luxemburgo sólo están disponibles en forma combinada para ambos países. Para efectos del párrafo 1 del artículo 15 de la convención, si Bélgica o Luxemburgo deposita su instrumento de aceptación, aprobación o ratificación o si ambos países depositan sus instrumentos de aceptación, aprobación o ratificación, se considerará que uno de los países que tenga las diez cuotas de exportación más grandes ha depositado su instrumento y que las exportaciones conjuntas de ambos países serán contadas para el 60 por ciento de las exportaciones totales combinadas de esos diez países, que se requiere para la entrada en vigor, conforme a esta disposición.
Visto el texto del“Memorando de entendimiento relativo al Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados del AELC”, suscrito en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, a los 25 días del mes de noviembre de 2008.
Memorando de entendimiento relativo al Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y los Estados de la AELC
En relación con el subpárrafo (p) (i) del artículo 4.2 (definiciones)
Una condición necesaria para que una persona jurídica califique como “persona jurídica de una parte” de conformidad con el subpárrafo (p)(i) del artículo 4.2 (definiciones) es estar constituida o de otra forma organizada bajo la ley de esa parte. Las personas jurídicas que no cumplan con esa condición no están cubiertas por la definición del subpárrafo (p) (i), incluso si ellas cumplen con otros criterios de tal párrafo, por ejemplo, la subsidiaria en una no parte de una compañía establecida en una parte no está cubierta por la definición del subpárrafo (p)(i).
Otra condición necesaria requerida de conformidad con el subpárrafo (p)(i) es “estar dedicada a operaciones comerciales substanciales”. Una persona jurídica puede cumplir esta condición desarrollando operaciones comerciales en el territorio de cualquier parte. Una persona jurídica puede también cumplir con esta condición desarrollando operaciones comerciales en el territorio de una no parte miembro de la OMC en la medida que esa persona jurídica es propiedad o controlada por personas de esa parte que cumplen con las condiciones del subpárrafo (i)(A), por ejemplo aquellas que están constituidas o de otra forma organizadas bajo la ley de aquella otra parte y están dedicadas a operaciones comerciales substanciales en el territorio de cualquier parte.
El artículo 6º del anexo de servicios financieros cubre la adopción o exigibilidad de medidas no discriminatorias de aplicación general tomadas por un banco central o una autoridad monetaria o por cualquier otra entidad pública en cumplimiento de políticas monetarias y políticas conexas de crédito o cambiarias. Este párrafo no afectará a las obligaciones de una parte de conformidad con el artículo 4.13 (pagos y transferencias).
Sin limitar las otras aplicaciones o significados del párrafo previo, incluyendo su oración final, el párrafo previo permite a una parte aplicar regulaciones cambiarias no discriminatorias de aplicación general a la adquisición, por parte de sus residentes, de servicios financieros de proveedores transfronterizos de servicios financieros.
Una parte podrá, bajo las provisiones del artículo 6º del anexo de servicios financieros, impedir o limitar las transferencias de una institución financiera o de un proveedor transfronterizo de servicios financieros a, o en beneficio de, una persona afiliada o relacionada a dicha institución o proveedor, a través de la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de medidas relacionadas con el mantenimiento de la seguridad, solvencia, integridad o responsabilidad financiera de las instituciones financieras o de los proveedores transfronterizos de servicios financieros. Este párrafo no prejuzga respecto de cualquier otra disposición de este acuerdo que permita a la parte restringir las transferencias.
En testimonio de lo anterior, los abajo firmantes, siendo debidamente autorizados para ello, han firmado este memorando de entendimiento.
Bogotá, D.C., 31 de marzo de 2009.
ART. 1º—Apruébase el “Memorando de entendimiento relativo al Acuerdo libre comercio entre la República de Colombia y los Estados de la AELC”, suscrito en Ginebra, Confederación Suiza, a los 25 días del mes de noviembre de 2008.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Memorando de entendimiento relativo al Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y los Estados de la AELC”, suscrito en Ginebra, Confederación Suiza, a los 25 días del mes de noviembre de 2008, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.
ART. 1º—Apruébase el “Memorando de entendimiento relativo al Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y los Estados de la AELC”, suscrito en Ginebra, Confederación Suiza, a los 25 días del mes de noviembre de 2008.
ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación
Bogotá, D.C., (12) de septiembre de dos mil doce (2012).
En febrero 8 de 2012 la secretaría jurídica de la Presidencia de la República hizo llegar a esta corporación, en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución, copia auténtica de la Ley 1513 de febrero 6 de 2012, “por medio de la cual se aprueba el ‘Memorando de entendimiento relativo al Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y los Estados del AELC’, suscrito en Ginebra, Confederación Suiza, en noviembre 25 de 2008”.
Mediante providencia de febrero 27 de 2012, el magistrado sustanciador avocó el conocimiento del presente asunto y solicitó oficiar a los secretarios generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para que enviaran los antecedentes legislativos correspondientes.
Cumplido lo anterior, mediante auto de marzo 30 de 2012 se dispuso comunicar el inicio del proceso de control constitucional al Presidente de la República, al Presidente del Congreso y a los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo para los efectos legales pertinentes. En la misma providencia se dispuso que por la secretaría general se procediera a la fijación en lista del proceso y se surtiera el traslado al Procurador General de la Nación, para el concepto correspondiente.
Cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, procede esta Corte a decidir sobre la exequibilidad del memorando y de la ley que lo aprueba.
Visto el texto del “Memorando de entendimiento relativo al Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y los Estados del AELC”, suscrito en Ginebra, Confederación Suiza, en noviembre 25 de 2008, que a la letra dice:
Una condición necesaria para que una persona jurídica califique como “persona jurídica de una parte” de conformidad con el subpárrafo (p) (i) del artículo 4.2 (definiciones) es estar constituida o de otra forma organizada bajo la ley de esa parte. Las personas jurídicas que no cumplan con esa condición no están cubiertas por la definición del subpárrafo (p)(i), incluso si ellas cumplen con otros criterios de tal párrafo, por ejemplo, la subsidiaria en una no parte de una compañía establecida en una parte no está cubierta por la definición del subpárrafo (p)(i).
Sin limitar las otras aplicaciones o significados del párrafo previo, incluyendo su oración final, el párrafo previo permite a una parte aplicar regulaciones cambiarias no discriminatorias de aplicación general a la adquisición, por parte de sus residentes, de servicios financieros de proveedores transfronterizos de servicios financieros. Una parte podrá, bajo las provisiones del artículo 6º del anexo de servicios financieros, impedir o limitar las transferencias de una institución financiera o de un proveedor transfronterizo de servicios financieros a, o en beneficio de, una persona afiliada o relacionada a dicha institución o proveedor, a través de la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de medidas relacionadas con el mantenimiento de la seguridad, solvencia, integridad o responsabilidad financiera de las instituciones financieras o de los proveedores transfronterizos de servicios financieros. Este párrafo no prejuzga respecto de cualquier otra disposición de este acuerdo que permita a la parte restringir las transferencias.
Dada en Bogotá, D.C., a los 6 de febrero de 2012.
Sergio Díaz-Granados Guida”
Dentro del vencimiento del término de fijación en lista, este ministerio presentó, por conducto del director de asuntos jurídicos internacionales, un documento en el que se pronuncia a favor de la declaratoria de exequibilidad de la Ley 1513 de 2012 y del memorando de entendimiento por ella aprobada.
El interviniente presenta un breve relato sobre el objeto y contenido de este instrumento, con ocasión del cual explica la finalidad de algunas de sus cláusulas. también se refiere al trámite cumplido por los poderes ejecutivo y legislativo nacionales, que concluyó con la aprobación y sanción de la Ley 1513 de 2012, resaltando que en él se dio plena observancia a todos los requerimientos constitucionales aplicables.
Este ministerio presentó, dentro de la oportunidad correspondiente, un extenso escrito por conducto del jefe de la oficina de asuntos legales internacionales, quien solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de este instrumento y la de su ley aprobatoria.
El interviniente comienza efectuando un recuento de las diligencias realizadas durante el trámite de negociación y firma de este memorando de entendimiento, la cual tuvo lugar de manera paralela y simultánea a la del acuerdo de libre comercio al que accede, documentos todos que fueron suscritos por el entonces Ministro de Comercio, Industria y Turismo, quien fue facultado para el efecto por el Presidente de la República. Se refiere también al trámite de aprobación en el Congreso de la República de este acuerdo de libre comercio y de los otros documentos accesorios al mismo(1), así como a las circunstancias que hicieron necesaria la posterior aprobación de su memorando de entendimiento mediante la Ley 1513 de 2012, que ahora se revisa. Sobre esto último señala que el proyecto que condujo a la expedición de esta cumplió todos los requerimientos aplicables conforme a la Constitución Política y el Reglamento del Congreso.
Posteriormente realiza un estudio sobre las estipulaciones de este memorando, las cuales considera exequibles, en cuanto a través del mismo se contribuye al cumplimiento de los fines esenciales del Estado social de derecho, al promover la expansión comercial del sector servicios y el aprovechamiento de tales oportunidades por parte de profesionales colombianos.
Finalmente hace referencia a que la suscripción de este memorando es una manifestación expresa de la soberanía nacional, de la capacidad de dirigir las relaciones exteriores del Estado y de celebrar acuerdos internacionales conforme a los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
Por su parte, el apoderado especial de este ministerio, en escrito separado presentado en la misma fecha, solicita declarar exequible la Ley 1513 de 2012, al considerar que tanto el desarrollo de la negociación como el trámite de la ley en el Congreso cumplieron con todas las formalidades legales y constitucionales.
En Concepto 5361 recibido en la Secretaría de la Corte Constitucional en mayo 23 de 2012, la Procuradora General de la Nación (encargada) solicitó a esta corporación devolver al Congreso de la República la Ley 1513 del 6 de febrero de 2012, para que se subsane el vicio de forma en que el Congreso habría incurrido en su aprobación.
Previamente y como sustento de esa solicitud, la jefe del Ministerio Público examina de manera prolija y detallada el proceso legislativo cumplido ante el Congreso de la República por el Proyecto de Ley 234 de 2011 Senado, 276 de 2011 Cámara, que vino a convertirse en la Ley 1513 de 2012, cuya exequibilidad ahora se revisa. Como resultado de este análisis, señala que en la aprobación de este proyecto en primer debate en la Cámara de Representantes no se siguió el procedimiento establecido en el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, por cuanto el anuncio, según aparece en el Acta 8 de septiembre 28 de 2011, omitió indicar una fecha determinada o al menos determinable para llevar a cabo el debate en el cual se estudiaría la aprobación del proyecto, cumplido en octubre 11 de 2011, sin anuncio previo.
Al margen de esta circunstancia, destaca la importancia que este memorando de entendimiento tendría para el fomento del empleo y el desarrollo sostenible, y su posible efecto en la prosperidad general y la calidad de vida de la población.
El proyecto fue presentado a consideración del Senado de la República por los ministros de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar y de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados Guida, el día 31 de marzo de 2011.
La ponencia para primer debate, fue presentada por el senador Juan Francisco Lozano Ramírez y publicada en la Gaceta del CongresoNº 242 de mayo 9 de 2011, páginas 22 a 29. En lo que tiene que ver con el anuncio previo del proyecto, la comunicación de marzo 5 de 2012 enviada por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado informa que este proyecto fue anunciado en la sesión de mayo 11 de 2011, según consta en el Acta 32 de esa fecha, la cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso Nº 755 de octubre 11 de 2011.
De otra parte, según lo informó en marzo 6 de 2012 el Secretario General del Senado, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate con la asistencia de 95 de los senadores que conforman esa cámara legislativa en la sesión plenaria realizada en junio 14 de 2011. Información que es concordante con lo que consta en el acta 61 de la plenaria del Senado, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 486, de julio 6 de 2011.
Según puede comprobarse en el Acta 8 de esa comisión, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 869 de noviembre 21 de 2011 (págs. 39 a 43), el anuncio de votación de este proyecto en esa célula legislativa se produjo en septiembre 28 de 2011.
Seguidamente, el proyecto fue discutido y aprobado en primer debate en octubre 11 de 2011 con diez votos por el Sí y dos votos por el No del total de 18 representantes que conforman esa comisión, todo lo cual consta en el Acta 9 de la misma fecha, que fuera publicada en la Gaceta del Congreso Nº 1011 de diciembre 23 de 2011 (págs. 31 a 39).
Según se comprueba con la lectura de la citada acta, el referido anuncio fue suficientemente claro, pues antes de concluir la respectiva sesión, y a solicitud de quien la presidía, la subsecretaria (en ejercicio de la función secretarial) expresó: “se anuncian los siguientes proyectos, para la sesión Plenaria del día 30 de noviembre del 2011, o para la siguiente sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o de actos legislativos”. A continuación, se leyeron un total de 18 proyectos de ley para segundo debate, mencionándose en 4º lugar el Proyecto 276 de 2011 Cámara, que es aquel que una vez aprobado vino a convertirse en Ley 1513 de 2012.
Frente al trámite cumplido en las cámaras legislativas por el Proyecto de Ley número 234 de 2011 Senado, 276 de 2011 Cámara, que posteriormente vino a convertirse en Ley 1513 de 2012, la Corte observa lo siguiente:
Tal como anteriormente se mencionó, este breve memorando de entendimiento hace parte integrante del Acuerdo de Libre Comercio (en adelante ALC) suscrito entre la República de Colombia y los Estados del AELC, que junto con sus anexos y apéndices, fueron todos suscritos simultáneamente en noviembre de 2008. En esa medida el instrumento en revisión tiene el mismo propósito del tratado principal al que accede, que fue en su momento analizado y encontrado exequible por este Tribunal(5), y que consiste en fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre el país y los Estados miembros del AELC, así como remover los obstáculos que pudieran existir para la expansión del comercio mundial, contribuyen do al desarrollo económico y social de los Estados partes, en el marco del respeto por la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales(6).
Esas finalidades, tanto la de carácter general que anima el acuerdo de libre comercio como la específica que justifica la firma de este memorando, son compatibles con la Constitución de 1991, pues contribuyen al logro de varios de sus objetivos, entre ellos la internacionalización de las relaciones económicas y comerciales del país (art. 226 Const.), así como al cumplimiento de los fines esenciales del Estado social de derecho, al impulsar la prosperidad general (art. 2º ídem) y el mejoramiento de la calidad de vida de la población (art. 366 íd.).
Todo esto permite llevar a la práctica objetivos superiores tan importantes como la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas (art. 226 Const.) y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado social de derecho, fomentando la prosperidad general (art. 2º ídem) y el mejoramiento de la calidad de vida de la población (art. 366 íd.), lo cual conduce también a aceptar que el referido clausulado es plenamente exequible.
Primero. Declarar EXEQUIBLE el “Memorando de entendimiento relativo al ‘Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y los Estados del AELC’ suscrito en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, el 25 de noviembre de 2008.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1513 de febrero 6 de 2012 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Memorando de entendimiento relativo al Acuerdo de libre comercio entre la Republica de Colombia y los Estados del AELC’, suscrito en Ginebra, Confederación Suiza, en noviembre 25 de 2008”.
(1) Incorporados al derecho interno mediante Ley 1372 de 2010, declarada exequible por esta corporación mediante Sentencia C-941 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), salvo en lo atinente a las referencias a este memorando de entendimiento, las cuales fueron declaradas inexequibles, debido a un vicio de trámite relacionado con la publicación de su texto durante el trámite legislativo.
(4) Este principio ha sido aplicado por la Corte en el análisis de vicios procedimentales en gran cantidad de decisiones. Ver, entre las más recientes, las sentencias C-788 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-240 de 2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
(5) Cfr. Sentencia C-941 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), por la cual la Corte declaró exequible la Ley 1372 de 2010 que incorporó al derecho interno este acuerdo de libre comercio.
(7) “Artículo VI. Reglamentación nacional: 4. Con objeto de asegurarse de que las medidas relativas a las prescripciones y procedimientos en materia de títulos de aptitud, las normas técnicas y las prescripciones en materia de licencias no constituyan obstáculos innecesarios al comercio de servicios, el Consejo del Comercio de Servicios, por medio de los órganos apropiados que establezca, elaborará las disciplinas necesarias. Dichas disciplinas tendrán la finalidad de garantizar que esas prescripciones, entre otras cosas: a) se basen en criterios objetivos y transparentes, como la competencia y la capacidad de suministrar el servicio; b) no sean más gravosas de lo necesario para asegurar la calidad del servicio; c) en el caso de los procedimientos en materia de licencias, no constituyan de por sí una restricción al suministro del servicio.
(8) Artículo 1º. Anexo XVI: “… 3. ‘Nuevo servicio financiero’ significa un servicio de naturaleza financiera, incluyendo los servicios relacionados con productos nuevos o existentes, o la manera como se distribuye un producto que no es suministrado por ningún proveedor de servicios financieros en el territorio de una parte pero que se suministre en el territorio de otra parte”.
(9) Artículo 2º. Anexo XVI: “Acceso a mercados para nuevos servicios financieros. Una parte permitirá a un proveedor de servicios financieros de otra parte establecido en su territorio ofrecer en dicho territorio cualquier nuevo servicio financiero”.