Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-ac-12024-de-septiembre-21-de-2000?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041af5af034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-22 09:48:03
Document Index: 192984900

Matched Legal Cases: ['artículo 125', 'artículo 25', 'artículo 86', 'artículo 32', 'artículo 6', 'artículo 36', 'artículo 128', 'artículo 66', 'artículo 64']

﻿ SENTENCIA AC-12024 DE SEPTIEMBRE 21 DE 2000
SENTENCIA AC-12024 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000
CONTENIDO:ACTOS QUE NIEGAN LA INSCRIPCIÓN EN LA CARRERA JUDICIAL. PARA IMPUGNAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PARTICULAR POR LA VÍA GUBERNATIVA, Y LUEGO, POR LA VÍA JURISDICCIONAL, SE DEBE FRUSTRAR EL AGOTAMIENTO DE LA PRIMERA, QUE OTORGA EL CARÁCTER DE EJECUTIVO Y EJECUTORIO AL ACTO Y, CAUSA SU FIRMEZA DEFINITIVA, LO MISMO QUE CUANDO SE PRESENTA LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTENCIOSA SUBJETIVA..
TEMAS ESPECÍFICOS:VÍA GUBERNATIVA, PROCESO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR, CARRERA JUDICIAL, SELECCIÓN EN LA CARRERA JUDICIAL, EXCLUSIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL
Sentencia AC-12024 de septiembre 21 de 2000
Ref.: Exp. AC-12.024, sep. 21/2000
Actor: Ramón Joaquín Niño Galeano
Apelación sentencia de tutela
Se decide a continuación sobre la impugnación presentada contra el fallo del 21 de julio del presente año, dictado por la Sala de Decisión 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante el cual se tutela en forma transitoria el derecho a la igualdad del peticionario.
Por conducto de apoderado, el señor Joaquín Ramón Niño Galeano, magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, demanda en acción de tutela, como mecanismo transitorio, la protección de sus derechos a la igualdad y a la igualdad y al trabajo, que considera vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura, en sus Salas administrativa y jurisdiccional disciplinaria, la primera por formular lista de elegibles para ocupar el cargo que él viene desempeñando, y la segunda por expedir el Acuerdo 14 del 14 de junio del presente año, por el cual se designa en su reemplazo al señor Orlando Alzate Salazar.
Se pide que para el efecto se deje sin efecto el nombramiento hecho al señor Orlando Alzate Salazar en reemplazo del actor, se ordene a la Sala disciplinaria suspender la tramitación subsiguiente a dicho nombramiento y se disponga la permanencia del demandante en el cargo.
Los hechos en que se sustenta la acción de tutela son:
El señor Ramón Joaquín Niño Galeano se presentó a concurso para el cargo de magistrado de Sala Disciplinaria de Consejo Seccional de la Judicatura, convocado por Acuerdo 12 de 1993 del Consejo Superior, el cual superó; en consecuencia fue designado en propiedad en el Consejo Seccional de Boyacá, mediante Acuerdo 12 del 25 de octubre de 1993 de la Sala Jurisdiccional Disciplinario del Consejo Superior de la Judicatura.
El Decreto 2652 de 1991 señaló un período fijo de cuatro años para los magistrados seccionales disciplinarios, lo que guardaba armonía con el sistema de carrera judicial acogido por la Carta de 1986 (arts. 157 y 158) y algunas disposiciones del Decreto 52 de 1987; pero la Carta Política de 1991 lo modificó por el del período indefinido, sujeto a las condiciones de su artículo 125 (calificación insatisfactoria, falta disciplinaria, edad de retiro forzoso) desarrollado por la Ley 270 de 1996 que establece el régimen administrativo de la rama judicial; de manera que el actor, es su razonamiento, adquirió los derechos que confiere la carrera judicial, fue elegido por período indefinido y es inamovible, como lo vienen sosteniendo en casos bastante parecidos el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, según fallos de la Sección Segunda y de la Sala de Revisión de Tutela, respectivamente.
En la demanda se encuentran segmentos de varias de las sentencias han definido casos similares, se citan numerosas disposiciones de la Carta, de los estatutos de carrera judicial y de la administración de justicia (D. 052/87 y L. 270/96), de los códigos Contencioso Administrativo y de Procedimiento Civil y acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura y de sus dos Salas, como fuente de los derechos cuya protección se reclama, y se hacen serios comentarios alrededor del tema.
Se sustenta la procedencia de la pretensión (amparo transitorio) y su secuela (suspensión del acto administrativo) en los artículos séptimo y octavo del Decreto 2591 de 1991, y en la circunstancia de que la separación inminente del cargo suprime las actividades profesionales y elimina los ingresos salariales del actor, de una parte, como también, de otra parte, que sale lesionado por el desconocimiento de unos derechos y privilegios reconocidos a otras personas colocadas en la misma situación.
a) El presidente del Consejo Superior de la Judicatura contestó que el actor se hallaba en provisionalidad desde el vencimiento del período, que esa situación no puede sobrepasar los seis meses (L. 270/96, art. 132-2), que le había sido negado el ingreso a la carrera judicial y que la Sala Administrativa había solicitado la designación de magistrado en propiedad, mediante oficios 1955 de 8 de junio de 1999 y 3015 del 1º de junio de 2000.
Cita la sentencia SU-961 del 1º de diciembre de 1999 de la Corte Constitucional sobre la necesidad de acudir en acción de tutela en forma oportuna, para que sea razonable la necesidad de protección y no se creen derechos de terceros que tampoco pueden ser afectados; cita la sentencia T-315 de 1998 de la misma corporación, que, dice, negó el carácter de concurso a la primera convocatoria y los derechos de carrera. Apela también a la sentencia del 16 de marzo del presente año, expediente AC-9684, de esta Sala, que rechazó por improcedente la solicitud de tutela del señor José David Pascuas, magistrado del Consejo Seccional del Quindío.
b) Contestó el señor Orlando Alzate Salazar, escogido por la Sala Disciplinaria para desempeñar el oficio de magistrado del Consejo de la Judicatura de Boyacá, quien comparte las consideraciones anteriores.
Dentro de la documentación enviada por el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Nacional de Administración Judicial, se encuentran los oficios y acuerdos relacionados con la situación del señor Ramón Joaquín Niño Galeano, desde que formó parte de los concursantes seleccionados, su nombramiento, posesión, hasta el nombramiento de su reemplazo, debido a que, como se dijo, se le negó el derecho a ingresar a la carrera judicial, la provisionalidad en su caso se consideraba excesiva.
Punto de especial referencia es el de la condición del actor respecto de la carrera judicial. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante las resoluciones 514 del 5 de agosto de 1996 y 25 del 21 de enero de 1997, le negó la inscripción en carrera con razones tales como las de que no provenía de ella porque el Decreto 2652 de 1991 había señalado en su caso un período de cuatro años, porque no hubo real concurso de méritos sino una entrevista que el artículo 25 del Decreto 52 de 1987 desautorizaba como base única del concurso, porque en esa primera ocasión se acudió a procedimientos especiales creados por el Consejo Superior de la Judicatura y que la Ley 270 de 1996 era irretroactiva y no había modificado situaciones individuales.
El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 3, acogió la solicitud de tutela del derecho a la igualdad, como mecanismo transitorio y se ordenó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura proceder a inaplicar el numeral 2º del Acuerdo 14 de 1000, hasta tanto opere decisión judicial, mediante el ejercicio de la respectiva acción dentro de los 4 meses siguientes.
En el fallo se hacen algunas consideraciones sobre las características de la acción de tutela, que es residual, que no es supletoria, salvo que la ausencia de preceptiva aplicable al caso haga menester que esa acción entre a solucionarlo. Que esa es la medida que se debe tomar para evitar el perjuicio irremediable que acosa al actor y, entonces, destaca el fallo que todos los pronunciamientos jurisdiccionales aledaños a este tema, han sido favorables a los interesados; pero sin desconocerles sus efectos interpartes, como una especie de espectro, los lleva a cubrir las consecuencias de todos los demás casos. Que el Consejo Superior de la Judicatura no podía desestimar las decisiones de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que esa pretermisión no legitima los actos que negaron el ingreso a carrera a los magistrados disciplinarios, mucho menos si algunos de ellos no los han demandado ante la justicia administrativa, porque la incuria, olvido o indiferencia del particular no puede constituirse en corona de la ilegalidad, y, finalmente que la seguridad jurídica y la prevalencia del derecho sustancial mandan acudir en defensa de idénticas situaciones, pues la legalidad es una sola.
1. El presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura califica de ilógico el fallo, pues una fue la decisión general sobre el concurso y otra sobre los actos concretos que dispusieron no registrar en carrera a los magistrados que debían ser demandados por cada magistrado, porque de lo contrario adquieren firmeza por aplicación de los principios de la presunción de legalidad y seguridad jurídica.
Manifiesta además que, al tutelarse y suspenderse el nombramiento del doctor Alzate, se incurre en violación de los derechos que a éste le asisten y cierra el camino para debatir ante el contencioso sus derechos que quedan en suspenso y en manos de la decisión del actor.
2. Orlando Salazar Alzate dice que se le ha vulnerado su derecho a ocupar el cargo y que su nombramiento debe ser demandado por la vía ordinaria contencioso administrativa y no por la de tutela que califica de improcedente, como lo determinó el fallo del 16 de marzo pasado de esta Sala; con lo cual, manifiesta, se violaron sus indiscutibles derechos fundamentales y se desconoció la validez de un acto administrativo caracterizado por las presunciones, de legalidad y acierto.
Reitera que en forma alguna puede compararse la situación del actor con la de quienes ejercieron las acciones judiciales y lograron a través del contencioso administrativo la declaración de nulidad de los actos individuales que les negaron derechos en carrera, y se remite a los fallos T-315 de 1998 y T-624 de 2000 de la Corte Constitucional, en las cuales se concluye que no es viable el reconocimiento de tales derechos, reclamados extemporáneamente y por vía de tutela, y que la vía apropiada es la contencioso administrativa oportunamente iniciada.
El artículo 86 de la Carta Política establece que toda persona puede interponer acción de tutela para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y que ésta es procedente cuando el afectado no dispone de otro medio judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Esta Sala es competente para resolver sobre la impugnación presentada contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, conforme al artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
El actor solicita que a través de la tutela como mecanismo transitorio sean protegidos sus derechos fundamentales; para evitar un perjuicio irremediable que se deriva de la pérdida de los ingresos laborales.
El tribunal en el fallo impugnado, concluyó que es idónea la acción de tutela intentada en esta oportunidad, como mecanismo transitorio, frente a las consecuencias que arroja sobre el interés jurídico del actor, el acuerdo 14 de 14 de junio de 2000 de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
El artículo 6-1 del Decreto 2591 de 1991 dispone:
"ART. 6º—Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medio de defensa judiciales, salvo que aquellos se utilicen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
De la norma transcrita se deduce que, cuando la acción de tutela se utiliza como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irremediable, se entiende que coexisten otros recursos o medios de defensa judiciales, pero cuyo ejercicio no previene aquél perjuicio.
Para considerar que la acción de tutela, es idónea como mecanismo transitorio en este caso, el tribunal dice acatar la jurisprudencia acogida en la sentencia T-624 del 29 de mayo de 2000 de la Corte Constitucional, según la cual, tratándose de nombramiento en cargo de carrera, y aun existiendo acciones ordinarias para discutir su legalidad, las prerrogativas constitucionales es esta materia sólo encuentran su razón de ser en la medida de la oportunidad en que sean utilizadas.
Sobre la procedencia de la acción de tutela la mencionada sentencia afirma:
"... en repetidas providencias, la Corte Constitucional ha expresado que el recurso de amparo es procedente —e incluso constituye la vía judicial principal— cuando se trata de exigir que en los nombramientos que realicen las entidades estatales para cargos de carrera administrativa se respeten los resultados de las oposiciones, de manera tal que las personas que ocupen los primeros lugares en los mencionados concursos de méritos sean las que reciban las designaciones ...".
"Por regla general, los conflictos relacionados con la inscripción en la carrera judicial o con la convocatoria a concursos por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura son de conocimiento del Consejo de Estado en virtud de los numerales 1º y 2º del artículo 36 de la Ley 446 de 1998, norma que modificó el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo. Por lo tanto es a esta corporación judicial a la que le compete resolver si el proceso de selección realizado en el año de 1993 para los nombramientos de magistrados de las Salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura constituyó un concurso de méritos y, en consecuencia, si las personas escogidas a través de ese proceso gozan de los derechos propios de la carrera judicial".
Ni lo transcrito, ni el resto de la providencia indican que la acción de tutela instaurada en este caso sea procedente, como lo entiende el actor. Sin embargo en ella se alude a la sentencia T-318 de 1998 (1) en la cual sobre un caso similar al que es objeto de este proceso, la Corte Constitucional halló que la acción de tutela sí era viable con carácter transitorio. De esta sentencia son los siguientes apartes:
(1) De fecha 25 de junio de 1998. Magistrado Ponente Fernando Cifuentes Muñoz.
"La Corte ha indicado que, en principio, la acción de tutela no procede para controvertir actos administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos. Sin embargo, posteriormente la jurisprudencia constitucional encontró que existen, al menos, dos excepciones a la regla antes planteada. En primer lugar, se trata de aquellos casos en los que la persona afectada no tiene un mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran o porque la cuestión debatida es eminentemente constitucional. En segundo lugar, procede la tutela cuando por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que de no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción. Estos casos son más complejos que los que aparecen cobijados por la excepción anterior, pues en ellos existen cuestiones legales o reglamentarias que, en principio deben ser definidos por el juez contencioso administrativo pero que, dadas las circunstancias concretas y la inminente consumación de un daño iusfundamental deben ser, al menos transitoriamente, resueltas por el juez constitucional.
“En múltiples oportunidades esta corporación ha indicado que el único perjuicio que habilita la procedencia transitoria de la acción de tutela es aquel que cumple las siguientes condiciones: (1) se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (2) de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (3) su ocurrencia es inminente; (4) resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y, (5) la gravedad de los hechos, es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.
“Podría afirmarse que la desvinculación arbitraria de un servidor público de su empleo, no ocasionaría un perjuicio irremediable respecto del derecho al trabajo (C.P., art. 25), pues, como fue expuesto por las decisiones de instancia, de resultar vencedor en el proceso contencioso administrativo el demandante adquiriría el derecho a ser reintegrado a un cargo de igual o superior jerarquía. En consecuencia, mal podría sostenerse que se trata de un daño irreparable. Adicionalmente, puede alegarse que no se lesiona de manera irremediable el derecho al trabajo, en la medida en que la persona conserva intactas sus capacidades laborales y puede entrar a competir, en igualdad de condiciones, al mercado laboral, mientras se resuelve la cuestión contencioso administrativa.
No obstante, como lo ha manifestado la Corte, el acceso a algunos cargos sólo puede ser garantizado si la orden de nombrar y posesionar a quien originalmente tiene el correspondiente derecho se produce antes de que se consoliden situaciones jurídicas concretas —como el nuevo nombramiento de un tercero de buena fe—, que luego no podrían fácilmente deshacerse, cuando se trata de cargos o empleos escasos, en los que no existen, usualmente, vacantes y que no tienen, dentro del respectivo escalafón, grados superiores de los que pueda fácilmente disponerse. En efecto, en estas circunstancias, si se produjo un nombramiento legítimo en el cargo para el cual el actor o demandante aspiraba y no existen cargos de similar o mayor jerarquía, podría afirmarse que sólo es posible el pago de una indemnización y, por lo tanto se consolida la violación del derecho fundamental inicialmente comprometido”.
De manera que según el criterio de la Corte Constitucional, en estos casos procede el trámite de la acción de tutela, propuesta como mecanismo transitorio, y pertinente que se resuelva fallo de mérito, como lo hizo el tribunal.
De la información que obra en el expediente se deducen los siguientes hechos:
1. El Decreto 2652 de 1991, reglamentó, entre otras materias, la creación de los concejos seccionales de la judicatura y que el cargo de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, sería llenado previo concurso de méritos (art. 6º), por un período fijo de cuatro años.
2. El proceso para ocupar el cargo de magistrado disciplinario fue reglamentado mediante los acuerdos 24 de 1992, 03, 11, 12 de 1993 de la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura y, 31 y 35 de 1993, de la Sala Administrativa de la misma corporación.
3. El actor fue elegido en propiedad para uno de esos cargos, el de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Tunja, por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, y se posesionó el 2 de noviembre del mismo año, para desempeñarse hasta el 2 de noviembre de 1997.
4. Para la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, este proceso de selección no constituía un genuino concurso de méritos, que diera lugar a la inscripción en carrera judicial. Con este pretexto indicó que cuando se hizo el nombramiento del actor, las normas reglamentarias del proceso administrativo para acceder a un cargo de carrera judicial, estaban consignadas en el Decreto 52 de 1987, decreto que prohibía como único factor de selección la entrevista personal, lo cual no obstaba para que la selección de los magistrados de Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura, se produjera así, debido a que el período fijo no permitía inscribirlos en carrera judicial.
5. Estas razones aunadas a la del cambio de régimen de término fijo a indefinido, llevaron al Consejo Superior de la Judicatura a organizar un nuevo concurso, supeditado a las reglas generales actuales sobre el concurso público de méritos en la rama judicial, para seleccionar a los magistrados que ingresarían a carrera, formarían parte de las listas de elegibles y reemplazarían a aquellos que fueron designados para un período de cuatro años, que ya se había vencido.
6. Como resultado de dicho concurso fue seleccionado el señor Orlando Alzate Salazar, quien fue designado en propiedad y en el régimen de carrera judicial, en reemplazo del actor, mediante el citado Acuerdo 14 del 14 de junio de 2000.
7. A este desenlace se llegó porque mucho antes la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en la Resolución 514 del 5 de agosto de 1966, ratificada en reposición en la Resolución 25 de 21 de enero de 1997, había tomado la decisión de negar la inscripción del actor en la carrera judicial. Se agotó de esta manera la vía gubernativa.
8. Según lo manifiesta la corporación, contra las mencionadas resoluciones no se propuso la acción contenciosa administrativa pertinente, es decir que no se encuentra sub-júdice aquella determinación, afirmación que el actor no ha controvertido en estos estrados.
9. Sin embargo, sobre actos administrativos similares, vale decir adversos a la vinculación de magistrados disciplinarios a carrera judicial, que superaron el original concurso de 1993, se conoce que por la jurisdicción contencioso administrativa se han dictado decisiones favorables a los particulares que acudieron al ejercicio de las correspondientes acciones.
La Sala de Decisión Nº 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá accedió al amparo de tutela impetrado porque consideró que como el control de legalidad de los actos de la administración es de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, además del efecto particular que producen las decisiones judiciales dictadas en ese sentido, también tienen consecuencias generales o de amplio espectro, así las califica el a quo, en cuanto imprimen en un ámbito más extenso el principio de legalidad y de esa forma define los reales límites de la capacidad administrativa. En otras palabras para el a quo la consecuencia del efecto interpartes es igual a la del efecto erga omnes, puesto que uno y otro vinculan a la administración en el mismo sentido.
Expuestas así las razones del fallo revisado, en él se prosigue con la censura del Consejo Superior de la Judicatura por desconocer los pronunciamientos reiterados de la jurisdicción contencioso administrativa, favorables a la tesis de los magistrados disciplinarios sobre la obligación de inscribirlos en carrera judicial. Explica la primera instancia que es perfectamente inane el argumento de que no se acudió, como otros acudieron ante el Consejo de Estado, a demandar en acción de nulidad y restablecimiento del derecho los actos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, pues con este argumento se quebranta la Carta Política que garantiza la prevalencia del derecho sustancial.
Esta Sala de ninguna manera comparte las anteriores apreciaciones de la primera instancia, por razones tales como las siguientes:
Dada la consideración contemporánea de que la autoridad legítimamente constituida no puede entrar en pugna con el ordenamiento jurídico, sino que acude a su modificación por los procedimientos constitucionales, en el derecho moderno se han acuñado los principios de la legalidad y de la seguridad jurídica, para dar a entender que el Estado en defensa de su propia existencia, se autolimita, se autocontrola y supedita a la normatividad aceptada que constituye su razón de ser y entonces se le denomina “Estado de derecho”, y que sus actos de gobierno son válidos, se presumen ajustados a las normas superiores y deben ser acatados por sus propios representantes y por los particulares para asegurar el orden político, la convivencia, la estabilidad de las relaciones interpersonales y la permanencia del mismo Estado.
Desde el momento de entrar en vigencia la norma, de modo particular el acto administrativo, se le reputa conforme con el derecho a menos que se demuestre lo contrario, lo cual se traduce en que el acto debe ser obedecido por la autoridad y por el gobernado mientras no sea derogado o anulado por la autoridad competente por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad.
La presunción de legalidad de los actos de la administración, que en eso consiste lo antes expuesto, la consagra el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.
“Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo...”.
Contra los actos administrativos que le negaron al autor de esta tutela el ingreso a la carrera judicial, que son la causa directa de su anunciado retiro del servicio, el actor no ejerció las acciones contencioso administrativas; de donde se sigue que esas resoluciones adquirieron firmeza y eso a términos del artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, las hace suficientes per se “para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento” aun contra la voluntad de los interesados.
Refiriéndose a la obligatoriedad de los actos administrativos, esta corporación ha expresado (2) :
(2) Sentencia del 3 de agosto de 1998. Sección Segunda. Exp. 1609. Consejero Ponente Álvaro Lecompte.
“No es lícito al administrado desobedecer o desconocer lo dispuesto en los actos administrativos, salvo en casos de grosera y protuberante ilegalidad.
“En virtud de la presunción de legalidad, hay una especie de igualdad provisional de los actos legítimos o anulables, salvo, obviamente, que su defecto o vicio sean protuberantemente groseros. Si no fuera así, la ejecutoriedad, la obediencia y cumplimiento y el acatamiento del acto se verían sometidos al capricho o a la subjetiva creencia del administrado que impediría su realización y su operatividad ejecutoria”.
De acuerdo con lo anterior, por acto administrativo en firme el Consejo Superior de la Judicatura tomó una decisión que podía hacerla cumplir directamente, aun contra la voluntad del solicitante de esta tutela, como es la de disponer del cargo que él viene ocupando en precario, para adjudicarlo a la persona que por haber triunfado en el concurso de méritos, ingresó al escalafón y adquirió el derecho de ocuparlo en propiedad.
Parecería innecesario recordar que la ley señala la oportunidad para impugnar por la vía gubernativa los actos administrativos de carácter particular, y, luego, por la vía jurisdiccional, de tal manera que frustrar el agotamiento de la primera, otorga el carácter de ejecutivo y ejecutorio al acto, causa su firmeza definitiva, lo mismo que cuando se presenta la caducidad de la acción contenciosa subjetiva (CCA, art. 136).
Contra los actos que negaron su inscripción en carrera judicial, el interesado no ejerció en forma oportuna la acción subjetiva de nulidad y restablecimiento del derecho, en otras palabras, renunció a ella y a los derechos de allí derivados aceptó la decisión con sus consecuencias, pasó a ocupar la magistratura en provisionalidad y así nació, entonces, un nuevo estado de cosas protegido por una legalidad en su momento no cuestionada, que bajo esas condiciones es intangible en el futuro y que creó derechos particulares que se vienen reclamando y que no se pueden desconocer en beneficio de quien abandonó los suyos.
Desvirtuada en los términos anteriores la tesis de la primera instancia que protege una virtual condición en el actor de funcionario de carrera judicial, por efecto de fallos judiciales favorables a terceros, en casos similares, lo indicado en esta segunda instancia es revocar el impugnado y en su lugar negar la solicitud de tutela, incoada como mecanismo transitorio, pues no existe derecho alguno menoscabado en acto ni en potencia y es equivocada la protección del derecho fundamental a una igualdad que en otras situaciones se ha resuelto por la vía jurisdiccional que el actor menospreció.
REVÓCASE el fallo del 21 de julio de 2000 proferido por la Sala de Decisión Nº 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá. En su lugar deniégase la solicitud de tutela presentada por el señor Ramón Joaquín Niño Galeano contra el Consejo Superior de la Judicatura.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, envíese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, y copia de esta providencia al tribunal de origen.
Mercedes Tovar de Herrán, S ecretaria General.