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Timestamp: 2018-01-21 08:25:43
Document Index: 36751768

Matched Legal Cases: ['artículo 128', 'Artículo 128', 'artículo 10', 'artículo 128', 'artículo 10', 'artículo 68']

Criterio “Parcializado y Servil” de la Procuradora Presiona de Nuevo al Gobierno por Reforma Procesal Laboral | El Gurú Todo lo Sabe
Criterio “Parcializado y Servil” de la Procuradora Presiona de Nuevo al Gobierno por Reforma Procesal Laboral
El “Criterio de Procuraduría presiona de nuevo al Gobierno por Reforma Procesal Laboral”; Criterio “Parcializado y Servil” A Favor de los Empresarios y Empleadores Privados; Ya Que, la “Procuraduría ve ilegal retiro de veto a Código Procesal Laboral”; Eso Por Cuanto;
“El documento, firmado por la procuradora general Ana Lorena Brenes, consideró que la decisión de Solís “sería inconstitucional” porque proviene de acto que también habría violado la Constitución Política y que, por tanto, anularía todo lo que se hiciera luego.
Ese acto fue responsabilidad de la presidenta Laura Chinchilla en mayo del 2013, cuando decidió levantar parcialmente el veto que ella misma había decretado en el 2012 sobre la reforma al Código Procesal Laboral, después que había sido impulsada por su ministra de Trabajo, Sandra Piszk (actual diputada) y apoyada por diputados oficialistas de ese momento.
El acuerdo firmado por Chinchilla en el 2013, el DP-316-2013, cometió el error de retirar el veto en lo correspondiente a las “ razones de constitucionalidad”, pero sin tener facultades para ello, según la Procuraduría. Se argumenta que Chinchilla debía esperar que su veto fuera acogido por los diputados y enviado a consulta en la Sala IV, como manda el artículo 128 de la Constitución.
Eso, dice la Procuraduría, anulaba todo lo que ocurriera después con esa ley.”…
Entonces, Según el Propio Razonamiento de la Procuradora, la Acción de Inconstitucionalidad Presentada por Diputados Opositores Debería Ser Contra el “acuerdo firmado por Chinchilla en el 2013, el DP-316-2013, cometió el error de retirar el veto en lo correspondiente a las “ razones de constitucionalidad”; NO Contra el “acuerdo 21-MPMTSS, firmado por Solís y sus ministros el 12 de diciembre”, “en medio de una fuerte presión política y de sectores interesados”. Ya Que, Como Ella Misma Dijo, “anulaba todo lo que ocurriera después con esa ley.”…
Pero Eso No Es Todo, Dice el Artículo 128 en Que Se Basa la Procuradora
“Si el veto se funda en razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la Asamblea Legislativa, ésta enviará el decreto legislativo a la Sala indicada en el artículo 10, para que resuelva el diferendo dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que reciba el expediente.
Se tendrán por desechadas las disposiciones declaradas inconstitucionales y las demás se enviarán a la Asamblea Legislativa para la tramitación correspondiente. Lo mismo se hará con el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, cuando la Sala declare que no contiene disposiciones inconstitucionales.”
¿Se dieron por desechadas las disposiciones declaradas inconstitucionales?
¿Se enviaron las demás a la Asamblea Legislativa para la tramitación correspondiente?
¿Se hizo lo mismo con el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa?
¿Declaró la Sala que no contenía disposiciones inconstitucionales?
¡Nada de Eso Se Hizo!
Tan Es Así Que, Es Hasta Ahora Que, “Conflicto por retiros del veto a Reforma Procesal Laboral entra en terrenos de la Sala IV”.
Ver Mas en Poder y Corrupción en la Clase Política Nacional.
Criterio de Procuraduría presiona de nuevo al Gobierno por Reforma Procesal Laboral
El 12 de di­ciem­bre, el Pre­si­den­te le­van­tó el veto a la Re­for­ma Pro­ce­sal La­bo­ral. (Ima­gen de Casa Pre­si­den­cial)
El con­flic­to sus­ci­ta­do por la Re­for­ma Pro­ce­sal La­bo­ral se man­te­nía en cier­ta calma, a la es­pe­ra de la de­ci­sión final de la Sala Cons­ti­tu­cio­nal. Pero el cri­te­rio ne­ga­ti­vo de la Pro­cu­ra­du­ría Ge­ne­ral de la Re­pú­bli­ca vuel­ve a pre­sio­nar al Go­bierno, en uno de sus pla­nes más de­fen­di­dos.
Este martes, la institución entregó a la Sala su criterio sobre el tema, según el cual el levantamiento del veto, firmado por Luis Guillermo Solís el 12 de diciembre, sería inconstitucional. Las razones de la Procuraduría ni siquiera se deben al fondo del tema, a las huelgas o al no poder contratar personal si hay un paro; sino por forma y proceso.
El Procurador Adjunto, Jorge Oviedo, recordó que la acción de inconstitucionalidad, por la cual respondieron, está interpuesta contra el levantamiento del veto que hizo, el gobierno de Laura Chinchilla, el 20 de mayo del 2013, por razones de inconstitucionalidad.
El abogado del Estado no analizó las razones de los tres actos en cuestión, sino el proceso del veto y los dos levantamientos, a la luz del artículo 128 de la Constitución Política, que ordena el proceso para levantar un veto.
Cuestión de forma: los diputados debieron enviar el tema a la Sala
Es la tercera ocasión en que la Procuraduría difiere con el Gobierno. (CRH)
La opinión de la Procuraduría, que no es vinculante pero si es un gran peso ya que son por Ley órgano consultor de la Sala, se basa en que cuando Laura Chinchilla levantó parcialmente su propio veto se dio por razones de constitucionalidad. Esto implica que tenía que llevar su propio procedimiento.
Oviedo explicó que al ser el acto – tanto en el veto como en el posterior levantamiento – de tema constitucional, los diputados debían enviarlo inmediatamente a la Sala Constitucional, para que diera su resolución, sobre las razones del Poder Ejecutivo.
El Procurador Adjunto señaló que por razones de inconstitucionalidad, el veto no se puede retirar, pues se ve limitado por la Constitución. Según la interpretación de la Procuraduría, el Congreso debe indicar si acepta las razones del Ejecutivo. Si es así, se eliminan las normas objetadas. Sino, entonces se debe enviar de forma obligatoria, a la Sala.
Si el veto se funda en razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la Asamblea Legislativa, ésta enviará el decreto legislativo a la Sala indicada en el artículo 10, para que resuelva el diferendo dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que reciba el expediente.
Se tendrán por desechadas las disposiciones declaradas inconstitucionales y las demás se enviarán a la Asamblea Legislativa para la tramitación correspondiente. Lo mismo se hará con el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, cuando la Sala declare que no contiene disposiciones inconstitucionales.
La entonces presidenta Laura Chinchilla envía al presidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Emilio Granados, la carta oficial mediante la cual realiza el veto parcial al Decreto Legislativo 9076 – Reforma Procesal Laboral.
En el documento, Chinchilla relata que tras el análisis del proyecto de ley del momento, si bien aceptaban la necesidad de ajustar la legislación laboral, encontraron dos aspectos inconvenientes y de inconstitucionalidad, dos motivos para hacer el veto.
La doctrina costarricense permite vetos parciales, con lo cual el Poder Ejecutivo sanciona (o aprueba) las partes no objetadas. Pero no se puede promulgar parcialmente ese texto aprobado, ya que todo el proyecto debe regresar al Congreso. Eso si, igual debe enviar su veto.
Sus dos objeciones fueron la permisión de huelgas en servicios esenciales, que es contrario al artículo 68 de la Carta Magna, bajo ese análisis de Presidencia. También alegó las consecuencias de paros en el campo de la salud, entre otros.
Por otro lado vetó la prohibición para contratar personal temporal para sustituir a huelguistas, hasta que el movimiento haya sido calificado ilegal. “Tal situación limita inconvenientemente las potestades atribuidas constitucionalmente al Poder Ejecutivo”, expresó.
La propia Laura Chinchilla retira el veto, pero únicamente el que hizo por razones de inconstitucionalidad. Fue el primer levantamiento del veto, también parcial, que se hizo por medio del acuerdo del Poder Ejecutivo DP-316-2013.
El presidente Luis Guillermo Solís realiza el segundo retiro del veto, ahora por las razones de inconveniencia u oportunidad, con el Acuerdo Ejecutivo N.° 21-MP-MTSS-MJ. Con esta decisión, la Administración terminó de levantar ese veto que realizó Chinchilla.
Todo lo siguiente estaría viciado
Según la Procuraduría, se busca “proteger la supremacía de la Constitución”. Al ser un proceso especial, el retiro del veto del 2013 sería inconstitucional. Mismo defecto tendrían los actos siguientes, es decir el levantamiento del 2014, hecho por Luis Guillermo Solís, esto si los magistrados coinciden.
El Procurador Adjunto, Jorge Oviedo, insistió en que el procedimiento era obligado y los diputados debían enviar el levantamiento, por razones constitucionales, a la Sala.
El presidente de la Asamblea Legislativa en el periodo 2013-2014, electo el 1° de mayo, Luis Fernando Mendoza, aseguró que en ese momento no se dio una discusión por el tema, en el plenario. El Directorio envió el veto a la Comisión Dictaminadora, que era la de Asuntos Jurídicos.
Solamente se discutió por una resolución de Mendoza por el lugar donde se ubicaba el veto en el orden del día, al ser un proyecto con algún nivel de dictamen. Según el exdiputado, regresó al Plenario, cuando se afirmó que estaba en el lugar correcto, más allá del puesto 150.
Gobierno tranquilo a la espera del fallo final: es una opinión
La Procuraduría ya había contrariado al Ejecutivo, en el nombramiento de Melvin Jiménez y el levantamiento del veto por la calle 13 bis. (CRH)
Casa Presidencial no quiso externar su posición por medio de ninguno de sus jerarcas, sino que lo hizo por medio de su representante legal.
Marvin Carvajal, director jurídico de la Presidencia, dijo que la conclusión a la que llegó la Procuraduría era una de las posibilidades que barajaban en Zapote.
Carvajal dijo que en la casa de Gobierno se respeta la opinión de la Procuraduría, que calificó como importante, pero recordó que esta no es vinculante.
Desde el punto de vista de Carvajal, hay varios aspectos que se deben de sopesar y que respaldan su criterio de que la acción de inconstitucionalidad carece de validez.
Entre ellas mencionó que los diputados que presentaron la acción carecen de legitimación para hacerlo, pues no pueden ponerla solo para eliminar una norma, sino que tienen que verse afectados de manera directa e indirecta, lo que su criterio no sucede.
Sector privado celebra pronunciamiento de la Procuraduría
Las huelgas en servicios esenciales, como los médicos, fue uno de los puntos en conflicto. (CRH)
El presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), Francisco Llobet, manifestó que la noticia se da “en buena hora”, aunque no es vinculante para la Sala Constitucional.
“Creemos que el levantamiento de veto a la reforma procesal laboral alejaba la inversión privada, nacional y extranjera y amenazaba el panorama jurídico del sector empresarial, esto porque promueve la convocatoria a huelga y la imposibilidad de sancionar oportunamente”, destacó.
Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), manifestó que están muy contentos con la noticia debido a que esto ayudaría a dar más confianza a la inversión y también a prohibir que se hagan huelgas en servicios esenciales como la salud y la educación.
El vicepresidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) José Alvaro Jenkins, invitó a las autoridades a que acojan ese criterio.
Esto con el propósito de resguardar la vida, la salud y la seguridad de los costarricenses, así como la necesaria seguridad jurídica para incentivar la generación de empleos en el país.
“El sector productivo reitera su compromiso con la búsqueda de la agilización de la justicia laboral, tanto para trabajadores como para patronos.
Pero también insiste en la necesidad de corregir el proyecto de modo que se permita la contratación de trabajadores temporales que operen los servicios suspendidos por huelgas, así como las sanciones laborales, penales y civiles por el ejercicio abusivo del derecho o por la coacción o la violencia sobre personas y bienes”, agregó Jenkins.
Lunes 29 agosto, 2005
Este día el gobierno de Abel Pacheco envío al Congreso el proyecto número 15.990. El texto contaba con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia.
Martes17 agosto, 2010
Después de cinco años en la corriente legislativa, el plan fue dictaminado por la comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
Lunes 13 de diciembre , 2010
Jueves 13 de setiembre, 2012
El expediente fue aprobado en segundo debate en el Plenario.
La entonces presidenta de la República, Laura Chinchilla vetó el plan. El veto quedó en firme cuando salió publicado en el diario oficial La Gaceta el 19 de marzo de 2013.
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís levantó el veto a la Ley Procesal Laboral y anunció que firmaría un decreto que prohíba la realización de huelgas en servicios esenciales mientras se reforman, mediante el proyecto de ley supracitado, los artículos de la ley vetada que avalan este aspecto. La ley entrará a regir en mayo de 2016, pues contempla que entrara a regir 18 meses después.
Decisión en pleno escándalo y pugna entre Ejecutivo y Procuraduría
El criterio de la Procuraduría General de la República llega cuando aún no se asienta el escándalo por el Caso Soley, que se desató hace dos semanas, por el supuesto ofrecimiento del exvicepresidente Daniel Soley de una embajada, a la Procuradora Ana Lorena Brenes, para que dejara el cargo antes de su plazo.
Tras comparecencias, cuestionamientos a la Presidencia y hasta dimes y diretes porque las versiones no calzan, el Legislativo aún no ha emitido sus recomendaciones, que el Ejecutivo aún no ha dicho si acatará.
Martes 6 de enero, 2014
El viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, mantiene una conversación y reunión con la procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes, primero en el despacho de esta y luego en un café en Los Yoses, San Pedro.
Soley le comunicó a su superior inmediato, Melvin Jiménez, que realizaría el diálogo y le comentó cuando regresó tras el mismo; si bien para el Ministro no fue una reunión oficial ni ordenada, sino una conversación entre “amigos”.
La procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes, pide al presidente, Luis Guillermo Solís, una reunión de emergencia para conversar sobre la cita con Soley.
El mandatario le asegura que no dio ninguna orden para que se realizara la reunión; para ofrecer puestos a cambio de que dejara el suyo; y descarta cualquier tipo de presión.
Antes Soley dio una entrevista al diario La Nación sobre su reunión. Le informa al Ministro Jiménez, mientras Brenes estaba a punto de realizar la audiencia con el Presidente. Posteriormente se contraponen la queja de la Procuradora con la versión del Viceministro.
El diario La Nación publica que la Presidencia, a través de su viceministro Daniel Soley, ofreció un puesto en una embajada, a la Procuradora. Esto – según la publicación – para alejar de su puesto a Ana Lorena Brenes, que sería una persona incómoda para el Gobierno, por dos informes contrarios al criterio oficial.
Inician las críticas
El diputado Ottón Solís lanza críticas y asegura que Daniel Soley debe renunciar y nunca volver a la función pública. Ya cuando se le nombró Viceministro, el diputado y fundador del PAC lo criticó, pues cuando Soley fue Defensor de los Habitantes pidió a la Sala Constitucional que ordenara al Estado la compra de la vacuna del neumococo, remedio que fue comprado a una empresa para que la que trabajaba su hermana y cuñado.
Los diputados del Partido Liberación Nacional arremeten contra la presunta oferta y el Frente Amplio pone en duda su alianza con el Gobierno
Tras regresar de China y realizar el Consejo de Gobierno, en la conferencia de prensa, el presidente, Luis Guillermo Solís, desmiente que quiera “socavar” a la Procuradora y asegura que respeta su trabajo y planea estar cerca de la institución, a pesar de criterios opuestos.
Agrega que no conocía de los detalles. “No estuve presente en la reunión ni he pedido un detalle”, dijo, a pesar de que un día antes, la Procuradora le dio su versión de los hechos y Soley los suyos.
El ministro de Relaciones Exteriores, Manuel González, se suma a la voz del Presidente Solís y aclara que nunca se ordenó un ofrecimiento de una embajada, competencia de su cartera y del mandatario. Agrega que cada quien debe asumir sus errores, si se dieron.
Por su parte, el Presidente asegura que él asume el proceso de investigación, aunque no anuncia medidas. Además menciona que ya “habló mucho” y claro del caso.
Los partidos de oposición elevan el tono y presionan al Gobierno por lo que consideran un acto de corrupción, para que se destituya a Daniel Soley. El propio PAC pide al Poder Ejecutivo una respuesta sobre el asunto. Incluso ocho de los 13 diputados oficialistas critican el acto.
Casa Presidencial anuncia que Daniel Soley renunció al cargo. En su carta aduce que siempre cumplió con la legalidad y aduce que su familia se ve afectada por la situación. En cartas, el ministro Melvin Jiménez defiende su trabajo y no se refiere al supuesto ofrecimiento.
Por medio de una carta al presidente del Congreso, Henry Mora, Melvin Jiménez asegura que se referirá al tema, ante los diputados en una comisión.
La Procuradora envía un comunicado de prensa en la que confirma que en la reunión se tocó el tema de su permanencia en el cargo y que está anuente a hablar del tema en la Asamblea Legislativa.
El Presidente Solís defiende la gestión hecha ante el caso, pues se debe resolver en la Asamblea Legislativa. Por su parte, Melvin Jiménez no se refiere al caso, ya que lo hará únicamente en el Congreso.
Los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y del Gasto Público aprueban las mociones para convocar a audiencia, a la procuradora General, Ana Lorena Brenes, el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez y el ex viceministro Daniel Soley.
A partir de las 6:00 p.m., comparecen Brenes y Jiménez. Primero, la Procuradora afirma que hubo una oferta para ocupar un puesto en embajadas o juntas directovas; presión para que renunciara; y que fue incómodo. Sin embargo, menciona que contempló la posibilidad y en primera instancia no finalizó la conversación.
Luego, el Ministro Jiménez leyó un comunicado en el que culpó a la prensa; avaló la versión de Soley y no desmintió a la Procuradora.
El diario La Nación publica la entrevista íntegra de Daniel Soley sobre el caso, en el cual admite que efectivamente se tocó el tema de la posibilidad de ocupar puestos en embajadas y otros puestos. Pero fue “en un esquema de donde ella se proyectaba en el futuro”.
En su continuación, Melvin Jiménez insiste en que el proceso lo lideró el Presidente Solís, por lo que él no tuvo responsabilidad.
Por su parte, Daniel Soley aseguró que la Procuradora mintió.
El presidente Luis Guillermo Solís no podía levantar el veto a la controvertida ley que reforma el Código Procesal Laboral, concluyó la Procuraduría General de la República (PGR) en un informe entregado ayer a las 4:13 p. m. a la Sala IV, que estudia una acción de inconstitucionalidad presentada por diputados opositores .
Ocho minutos antes de que la Presidencia de la República planteara su alegato de defensa, en el último día otorgado por el alto tribunal para recoger ambos criterios, la PGR cumplió con la obligación de dar las conclusiones del estudio jurídico sobre el acuerdo 21-MPMTSS, firmado por Solís y sus ministros el 12 de diciembre, en medio de una fuerte presión política y de sectores interesados.
El documento, firmado por la procuradora general Ana Lorena Brenes, consideró que la decisión de Solís “sería inconstitucional” porque proviene de acto que también habría violado la Constitución Política y que, por tanto, anularía todo lo que se hiciera luego.
Eso, dice la Procuraduría, anulaba todo lo que ocurriera después con esa ley.
No obstante, el mandatario Solís y sus ministros consideraron que seguía vigente el expediente, aunque congelado con el veto que Chinchilla había emitido “por razones de conveniencia”. Y eso fue lo que quisieron descongelar ese 12 de diciembre, bajo el argumento de que la ley es el mayor avance a la legislación laboral desde el Código de 1943.
Pero ya nada sería legal, opina la Procuraduría en el dictamen que no es de acatamiento obligatorio para los magistrados, dueños de la última palabra.
Polémica. De ellos depende que se aplique la ley que agiliza juicios laborales y fija medidas cautelares a favor de trabajadores que denuncien discriminación o abusos. La reforma también amplía el derecho de huelga en servicios públicos esenciales e incrementa la posibilidad de que se sindicalicen trabajadores privados.
Esa ley se convirtió en centro de una polémica intensa a finales del 2014, cuando Solís decidió activarla presionado por el Frente Amplio, el partido que hasta ahora ha sido aliado en el intento por manejar la Asamblea Legislativa. Del otro lado, dirigentes empresariales y una parte de los diputados opositores criticaron el Gobierno por esa decisión.
No fue posible ayer consultar sobre el tema al ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, pues su encargado de prensa, Arturo Gudiño no contestó mensajes de voz y texto. Tampoco se pudo contactar a jerarca de Trabajo, Víctor Morales, pues no contestó su teléfono celular.
Ambos firmaron el alegato que el presidente Solís remitió a la Sala Constitucional minutos después del de la Procuraduría. Alegan que, por la forma, la acción de inconstitucionalidad debería ser rechazada. Por la forma, insiste en que la Presidencia tenía las potestades y el tiempo correcto para levantar el veto.
Este es el tercer pronunciamiento de la Procuraduría contrario a decisiones de este gobierno impugnadas en la Sala IV. El primero fue sobre el levantamiento del veto a la ley que da a comerciantes de artesanía el uso de la calle 13 bis (San José) y el segundo, un criterio en contra de la permanencia de Melvin Jiménez por ser obispo luterano .
Conflicto por retiros del veto a Reforma Procesal Laboral entra en terrenos de la Sala IV
Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional; Otto Guevara, del Libertario; Mario Redondo, de la ADC; Juan Marín, Rolando González y Juan Luis Jiménez (de pie) del PLN, más Rosibel Ramos, del PUSC, procuran traerse abajo el levantamiento del veto a la reforma laboral.
Diputados de cinco fracciones legislativas se unieron para llevar el conflicto sobre los retiros del veto a la Reforma Procesal Laboral a los terrenos de la Sala Constitucional.
Se trata de 21 legisladores de las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), el Movimiento Libertario, Restauración Nacional y la Alianza Demócrata Cristiana (ADC).
El bloque planteó dos acciones de inconstitucionalidad distintas: la primera contra una decisión en el 2013 de la entonces presidenta Laura Chinchilla y, la segunda, por otra del mandatario Luis Guillermo Solís.
En el caso de Chinchilla, ella vetó la Reforma Procesal Laboral en octubre del 2012, al alegar razones de conveniencia y de inconstitucionalidad. Sin embargo, en mayo del año pasado, la gobernante retiró sus objeciones por el segundo punto, en una carta enviada al Congreso.
Solo mantuvo sus discrepancias sobre el permiso creado en la reforma para las huelgas en servicios públicos esenciales.
El legislador del PLN, Juan Marín, estimó que ese retiro hecho por Chinchilla fue inconstitucional, además de que los diputados de ese momento no procedieron como lo establece la Constitución, pues no consultaron el veto original ante la Sala.
El otro reclamo del bloque opositor va en contra de la decisión tomada la semana pasada por el presidente Luis Guillermo Solís, de levantar el veto de Chinchilla.
Sobre esto, el diputado Mario Redondo, de la ADC, señaló que con la acción de inconstitucionalidad buscan hacer respetar las competencias legislativas, pues una comisión dictaminadora del Congreso ya había emitido tres informes sobre el veto original.
Marín fue más allá y añadió que Solís “secuestró” la Reforma Laboral, al levantar el veto pocos días después de convocar el proyecto a sesiones extraordinarias.
División de poderes. Para el socialcristiano Gerardo Vargas, lo que hizo Solís “irrumpe” en la división de poderes. Por eso, los opositores reclaman una violación al principio constitucional de la especificidad de las funciones de cada poder del Estado.
La intención principal de ambas acciones es traerse abajo la decisión de levantar el veto y, a la vez, cerrar la posibilidad de huelgas en hospitales, Policía, transportes y en la prestación de servicios como agua y luz.
Pendientes. La Reforma Laboral entraría en vigor en 18 meses y el Gobierno espera que los diputados más bien usen ese tiempo para reformar la ley.
Mientras, pretende aplicar un reglamento sobre las huelgas ilegales en servicios esenciales, que establece un procedimiento para que esos servicios continúen en caso de un paro de labores.
Daniel Soley, viceministro de la Presidencia, reconoció que los legisladores tienen el derecho de acudir a la instancia constitucional, pero insistió en que el presidente actuó acorde a las posibilidades legales vigentes.
Desde agosto, los magistrados mantienen en estudio otra acción presentada contra la decisión de Solís, en julio, de anular el veto impuesto en el 2009 por el entonces mandatario Óscar Arias, a la ley que entrega la calle 13 bis de San José a un grupo de artesanos que operan en el lugar.
La Procuraduría General de la República consideró que ese acto fue inconstitucional.
Dice una Máxima Política “el Poder Corrompe y el Poder Absoluto Corrompe Absolutamente”; Tristemente, Ayer y Hoy Sigue Siendo Cierta en Costa Rica.
Tristemente, Ayer y Hoy el “Concepto de corrupción” en Costa Rica Sigue Estando Estrecha y Angostamente Vinculado al “Concepto de partidocracia” Que Nos Conduce a la “Cleptocracia” Controlada por la “Plutocracia” que Ordena a Quienes Nos Gobiernan.
El “Presidente levanta el veto a Reforma Procesal Laboral”; Inmediatamente, los “Empresarios enfilan críticas contra la Reforma Procesal Laboral “; y Llaman a sus Serviles, digo Aliados Políticos a Que los Acuerpen: el “Expresidente Calderón duda si levantamiento del veto a Reforma Procesal Laboral es constitucional”; “Alcaldesa presenta acción de inconstitucionalidad a levantamiento de veto del presidente Solís”; “Diputados presentan acciones de inconstitucionalidad contra levantamiento del veto a la reforma Procesal Laboral”; y la “Sala IV da curso a acción de inconstitucionalidad contra el levantamiento del veto a la Reforma Procesal Laboral”; Aduciendo Todos que, el “Levantamiento de veto hecho por Solís sería inconstitucional, pero Gobierno lo defiende”.
¿Será Eso Cierto? Veamos, la “Constitución Política de Costa Rica” en su TÍTULO X: Capítulo II: Deberes y Atribuciones de quienes ejercen el Poder Ejecutivo Señala… Continúa.
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