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Timestamp: 2019-08-24 00:52:09
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Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 62', 'artículo 58', 'artículo 36', 'artículo 58', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 133']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 25
COMPATIBILIZACIÓN DE ACTIVIDAD DOCENTE Y PROFESIONAL DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
REGULACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE DIRECTORES Y LIMITACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN EMPRESAS ESTATALES
INTERVENCIÓN : Hamilton Depassier, Juan
REGULACIÓN DE USO DE PERROS GUÍAS, DE SEÑAL O DE SERVICIO PARA DISCAPACITADOS
EXTENSIÓN DE NORMAS SOBRE SANCIÓN A PROCEDIMIENTOS DE COBRANZAS ILEGALES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
PÉRDIDA DE RENTABILIDAD Y ALTO COSTO DE ADMINISTRACIÓN EN AFP. OFICIOS
POSIBLE EMPLAZAMIENTO EN PATAGONIA ARGENTINA DE BASE PARA PROGRAMA DE ESCUDO ANTIMISILES. OFICIOS
PAGO DE PENSIONES PROPORCIONALES A PERÍODOS DE COTIZACIONES. OFICIOS
Sesión 25ª, en miércoles 22 de agosto de 2001
(De 16:19 a 17:42)
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica el artículo 58 de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, a fin de compatibilizar actividad docente y profesional de funcionarios públicos (2719-07) (se aprueba en general y particular)........
Proyecto de ley, en primer trámite, que regula la responsabilidad de directores y limita indemnizaciones en empresas del Estado (2593-03) (se aprueba en general)
Proyecto de ley, en primer trámite, que regula uso de perros guías, de señal o de servicio, por personas con discapacidad (2595-11) (se aprueba en particular)
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que extiende ámbito de aplicación de normas que sancionan procedimientos de cobranzas ilegales (2490-07) (se aprueba su informe)
Pérdida de rentabilidad y alto costo de administración en AFP. Oficios (observaciones del señor Lavandero)
Posible emplazamiento en Patagonia argentina de base para programa de escudo antimisiles. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Pago de pensiones proporcionales a período de cotizaciones. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 21ª, ordinaria, en su parte secreta, en 8 de agosto; 22ª, extraordinaria, y 23ª, ordinaria, ambas en 14 de agosto, todas del presente año, que no han sido observadas.
Con el primero comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que crea juzgados de policía local en las comunas que indica, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 1.789-06).
Con el segundo comunica que ha aprobado el proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, en materia de inversiones de los fondos de pensiones, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2.628-13).
--Pasa a las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre la posibilidad de excluir del área que conformaría el santuario de la naturaleza en el denominado "Parque Pumalín", a las franjas fiscales del camino que se extenderá de Puerto Montt al sur.
Del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social , con el que contesta un oficio enviado en nombre de la Corporación, acerca de la posibilidad de enviar a tramitación legislativa un proyecto de ley que otorgue a los pensionados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros, los beneficios que indica.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que señala que en sesión de 21 del mes en curso, acordó solicitar a la Sala que el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de permitir sufragar a los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero en la elección de Presidente de la República (Boletín Nº 268-07), sea eximido de esa Comisión, en atención a que es una materia de competencia de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Asimismo, hace presente que el mencionado proyecto se encuentra informado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
De los Senadores señores Díez, Muñoz Barra, Ominami, Parra y Pizarro, con la que solicitan el acuerdo del Senado para autorizar a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología discutir en general y particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre educación parvularia y que regulariza la instalación de jardines infantiles (Boletín Nº 2.404-04).
Moción del Senador señor Andrés Zaldívar, con la que inicia un proyecto de ley que establece un derecho de opción para los trabajadores que tenían la calidad de funcionarios públicos a la fecha de entrada en vigencia del decreto ley Nº 3.500, de 1980, y que se incorporaron al nuevo sistema previsional, para que, al momento de acogerse a jubilación, decidan pensionarse en su respectiva Administradora de Fondos de Pensiones o a través del Instituto de Normalización Previsional.
--Se declara inadmisible por referirse a materias propias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , de conformidad a lo establecido en el Nº 5º del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental.
Esta presentación obedece al propósito de que el Gobierno inicie una discusión sobre la materia.
Señor Presidente , en la tabla de hoy figuran dos iniciativas cuya aprobación requiere quórum de ley orgánica constitucional.
Solicito que el proyecto, en primer trámite constitucional, que regula la responsabilidad de los directores y limita las indemnizaciones en las empresas del Estado, con primer informe de la Comisión de Economía, sea tratado en el segundo lugar del Orden del Día, a fin de aprovechar el quórum existente en la Sala. En caso de que éste no se reúna, pediría el aplazamiento de su votación.
Me parece que la petición de Su Señoría es razonable.
Si le parece a la Sala, se colocaría el referido proyecto en el segundo lugar de la tabla de esta sesión, a fin de dejar para el comienzo las dos iniciativas que requieren quórum especial.
Señor Presidente , hace algunos días falleció don Waldo Ortúzar , marido de la ex Senadora señora Olga Feliú .
Ella fue una Senadora que compartió y trabajó mucho con nosotros y a la cual admiramos. Ante los dolorosos momentos por los cuales está pasando, creo que corresponde que el Senado le exprese sus condolencias en forma oficial. Muchos Senadores ya le enviamos nuestro pésame; pero sería bueno hacerlo como Corporación.
La Presidencia , mediante el Departamento de Relaciones Públicas, envió el pésame correspondiente e hizo llegar una ofrenda floral, en nombre de la Corporación.
Sin perjuicio de ello, no hay inconveniente en remitir en ese sentido una comunicación a la ex Senadora señora Feliú , a petición de la Honorable señora Carmen Frei y en nombre del Senado.
Me encargaré de que dicho envío se haga efectivo.
Señor Presidente , deseo hacer una proposición.
Felicito al Senador señor Cantero por haber rendido un homenaje ayer en conmemoración del natalicio de don Bernardo O`Higgins. La verdad es que sentí preocupación -por no decir cierto rubor- por el lamentable olvido de la Corporación de no recordar el 20 de agosto al más grande prócer de Chile, al Libertador don Bernardo O`Higgins. Sólo un Honorable colega le rindió tributo en la hora de Incidentes y, por ello, reitero mis felicitaciones a Su Señoría.
Por lo tanto, propongo que la Mesa pida la anuencia de los Comités para que, en una sesión de la primera semana de septiembre, se rinda homenaje, con todo el protocolo que se merece, al Libertador de Chile, al Primer Director Supremo de la nación, al hombre tan preclaro e insigne de nuestra historia.
Cabe recordar también que el Padre de la Patria inauguró el Senado de la República y, además, fue Diputado .
Pondré en conocimiento de los Comités esa petición.
Señor Presidente , como el proyecto que recién fue declarado inadmisible trata de una materia sobre la cual muchas personas me han pedido con insistencia que legislemos, sugiero enviarlo al Ejecutivo con el propósito de pedirle su patrocinio.
Se procederá a remitir los antecedentes al Presidente de la República con ese objeto.
Señor Presidente , deseo concurrir con mi firma a suscribir el citado proyecto. También adhiero a la petición de auspicio al Ejecutivo .
Si algún otro señor Senador desea suscribir la moción, no tengo ningún inconveniente.
Proyecto, en primer trámite constitucional e iniciado en mensaje, que modifica el artículo 58 de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con el objeto de compatibilizar la actividad docente y profesional de los funcionarios públicos, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y votación pendiente.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2719-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 1ª, en 5 de junio de 2001.
Sesión 22ª, en 14 de agosto de 2001 (se aplaza su votación).
La Comisión consigna en su informe que los objetivos principales del proyecto son:
a) Permitir que los funcionarios de la Administración del Estado desarrollen actividades docentes en establecimientos privados hasta por la misma cantidad de horas semanales en que pueden desempeñar cargos docentes en establecimientos públicos.
b) Declarar ajustado a derecho el ejercicio de tales actividades docentes que se hayan realizado o se realicen desde la publicación de la Ley de Probidad Administrativa (14 de diciembre de 1999) hasta la fecha de publicación de esta ley en proyecto.
Cabe señalar que la Comisión analizó en general y en particular esta iniciativa legal, de conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento.
El informe deja constancia de la aprobación en general del proyecto por la unanimidad de los miembros de la Comisión (Senadores señores Aburto, Chadwick, Díez, Hamilton y Silva). Y en lo que respecta a la aprobación en particular, señala que también contó con la unanimidad de la Comisión.
En consecuencia, el órgano técnico recomienda a la Sala aprobar el texto del proyecto que figura en el informe.
Finalmente, cabe hacer presente que esta iniciativa requiere, para su aprobación, del pronunciamiento afirmativo de los cuatro séptimos de los señores Senadores en ejercicio; es decir, 27 votos.
Deseo hacer presente que ya se discutió el proyecto y que sólo resta votarlo.
Señor Presidente , el presente proyecto apunta a resolver los eventuales problemas relacionados con la situación de los profesionales de la Administración del Estado, tanto de los que ejercen labores docentes, especialmente en universidades, como de quienes la ley autoriza para desempeñar sus respectivas profesiones.
Durante un período se hizo distingo entre las labores docentes ejercidas en universidades estatales, con un tope de doce horas y con la debida recuperación del tiempo empleado. En el caso de las universidades privadas, también era posible desempeñarlas, siempre que no perturbaran sus deberes funcionarios, lo que se entendía como un ejercicio fuera del horario laboral.
El fundamento de esta medida radicaba en que se entendía que la docencia ejercida en establecimientos estatales constituía una suerte de prolongación del servicio público. Con todo, esto marcaba una discriminación. En cuanto al desempeño de su profesión, ésta siempre debía ser desarrollada fuera de la jornada de trabajo.
La iniciativa resuelve esta situación al establecer que "Se exceptúan las actividades docentes hasta por un máximo de doce horas semanales. Esta excepción no liberará al funcionario del cumplimiento de las obligaciones propias de su cargo, para lo cual deberá compensar las horas en que no lo desempeñare efectivamente.".
A mi entender, el desarrollo de la docencia en universidades enriquece y perfecciona la actividad pública, y ha sido la propia Administración la que la ha incentivado. Son innumerables los casos de notables funcionarios públicos que han dado ejemplo con sus actividades docentes. Me permito mencionar al Honorable colega Silva Cimma , autor del más importante Tratado de Derecho Administrativo , hoy estudiado y consultado en toda América Latina.
La iniciativa también resuelve el ejercicio docente ante universidades estatales y privadas.
En el trabajo de la Comisión se manifestó escepticismo acerca del cumplimiento efectivo del mecanismo de compensación. Y para hacerlo efectivo, es necesaria la existencia de controles y una regulación más específica en el ejercicio de este derecho.
Señor Presidente , tengo solamente una inquietud. Desconozco la cantidad de profesionales funcionarios públicos que están ejerciendo actividades docentes, porque si la dotación del Gobierno Central es de 165 mil funcionarios públicos, un porcentaje de cinco o diez por ciento significa que algunos miles de personas están faltando semanalmente a sus respectivas labores. Por tratarse de profesionales de alta categoría son imprescindibles en su grupo de trabajo, y como en el sistema estatal éstos trabajan como equipo, la ausencia de uno de ellos no es fácilmente subsanable. Ellos no ejercerán sus labores dentro del sistema, sino que lo harán fuera de éste y, obviamente, ese trabajo será, lamentablemente, ineficiente. Sin embargo, tal como lo dijo el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, distinguidos profesionales han ejercido este derecho y son, tal vez, necesarios para las universidades, por lo cual voto favorablemente el proyecto.
Señor Presidente , como se sabe, el proyecto que nos ocupa encuentra su origen en un problema interpretativo a que dio lugar el Estatuto Administrativo, referido a la posibilidad de compatibilizar el ejercicio de un cargo público y la circunstancia de que el funcionario realice actividades docentes o profesionales de carácter particular.
Quisiera recordar que la idea de autorizar a los servidores públicos la realización de labores docentes, especialmente en instituciones de educación superior, se encuentra firmemente arraigada en nuestra historia jurídica y es el resultado de los mismos criterios que inspiraron al legislador cuando estableció las bases de lo que más tarde sería conocido como el esfuerzo educacional del Estado Docente. En efecto, el principio orientador de esa relevante labor de ampliación de la cultura y de la educación, partió del supuesto de que debían aprovecharse al máximo todas las capacidades existentes, transformando a cada profesional que se desempeñaba como funcionario público en una persona que pudiera prestar su colaboración, en aras de la materialización de los objetivos educacionales del Estado, mediante la transmisión de sus habilidades y conocimientos y destrezas profesionales a las nuevas generaciones.
No puede perderse de vista, ciertamente, que cuando este proceso comenzó a gestarse, el sistema educacional del país era incipiente, reducido y de exigua cobertura, por lo cual la participación de un número relativamente escaso de profesionales existentes, dotados de la aptitud para colaborar en esa tarea nacional, constituía una exigencia inexcusable. Téngase presente que en esa época había no más de cinco universidades, por lo que tampoco se contaba con suficiente masa crítica de profesionales que pudieran ser convocados a estos cometidos.
Pues bien, el Estatuto Administrativo entendió que el desempeño de un cargo público era compatible con cargos docentes de hasta un máximo de doce horas semanales. Conforme ha advertido la Contraloría General de la República, esa disposición no se aplicaba a las horas de clases que desempeñara un funcionario en un instituto privado de educación superior, por cuanto esa letra se refería al ejercicio de cargos dentro de la Administración Pública, y no al desarrollo de actividades privadas.
Por otra parte, el mismo Estatuto permitió a los funcionarios ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio conciliable con su posición en la Administración del Estado, siempre que con ello no se perturbara el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por ley.
La Contraloría, a este respecto, resolvió que, si bien los funcionarios podían desarrollar profesiones, industrias, comercios u oficios de carácter particular, su ejercicio está condicionado, entre otras circunstancias, a que no importe una perturbación del fiel cumplimiento de las obligaciones funcionarias, entre las que se encuentra la de servir el cargo durante toda la jornada de trabajo.
Esa opinión se fundó en la idea de que siendo conciliable el ejercicio libre de cualquier profesión, industria, comercio u oficio con la calidad de funcionario público, tal alternativa puede verse afectada por prohibiciones o limitaciones legales y reglamentarias o por el interés general de la Administración.
Luego de las modificaciones introducidas por la ley Nº 19.653 a la Ley de Bases de la Administración, al Estatuto Administrativo y al Estatuto de los Funcionarios Municipales, no obstante mantenerse la regla sobre compatibilidad de cargos públicos que hemos comentado, se derogó el derecho a ejercer cualquier profesión, industria, comercio u oficio conciliable con la posición del funcionario en la Administración o en la municipalidad.
Se justificó dicha supresión en que ese derecho quedaba regulado, en términos generales, en el nuevo artículo 58 que se incorporó a la Ley de Bases. Este precepto reproduce el principio de que los funcionarios tienen derecho a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio, conciliable con su posición en la Administración, mientras no se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de los deberes funcionarios y sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por ley. A continuación precisa que tales actividades deberán desarrollarse fuera de la jornada de trabajo y con recursos privados. Concluye declarando incompatibles con la función pública las actividades particulares cuyo ejercicio deba realizarse en horarios que coincidan total o parcialmente con la jornada de trabajo que se tenga asignada. Estas normas generan indudables conflictos de interpretación, que afectan a los profesionales que ejercen labores docentes, especialmente en universidades privadas, como los autorizados legalmente para ejercer sus respectivas profesiones.
Antes de la entrada en vigencia de la ley Nº 19.653, los profesionales de la Administración podían desempeñar labores docentes o cátedras universitarias en establecimientos estatales, con un tope de doce horas semanales, debiendo recuperar el tiempo empleado, lo que implicaba ampliar su jornada de trabajo. En cuanto a las labores docentes en universidades privadas, los profesionales gozaban de compatibilidad siempre que no se perturbara el fiel y oportuno cumplimiento de los deberes funcionarios.
Concluyo manifestando mi plena adhesión a los propósitos del proyecto, en la convicción de que la norma que se somete a consideración de este Senado permitirá, por una parte, precaver posibles abusos que podrían suscitarse y, por otra, cautelar el derecho que desde hace décadas hemos reconocido a nuestros profesionales del sector público para desempeñarse en actividades docentes en la educación superior, cualquiera que sea el carácter de la institución en que ello ocurra, y prestar servicios profesionales en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.
Por tales razones, voto favorablemente.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento favorable 33 señores Senadores.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Díez, Foxley, Frei (doña Carmen), Hamilton, Horvath, Lavandero, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Páez, Parra, Pérez, Pizarro, Ríos, Ruiz (don José), Sabag, Stange, Urenda, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula la responsabilidad de los directores y limita las indemnizaciones en las empresas del Estado, con informe de la Comisión de Economía.
El objetivo principal del proyecto, según el informe de la Comisión, es ajustar la actividad empresarial que desarrolla el Estado en algunos ámbitos, a los principios de transparencia, responsabilidad e interés público, mediante disposiciones que procuran extender a los directores de empresas públicas, de empresas del Estado creadas por ley y de empresas del fuero común en que el Estado o sus organismos sean socios mayoritarios, el régimen de responsabilidad previsto en la ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas; asimilar al Banco del Estado al esquema de nombramiento de los directivos superiores de las demás sociedades de capital, públicas y privadas, de modo que sea el Consejo de dicho Banco el que designe al Gerente General y al Fiscal; fijar a las indemnizaciones convencionales por años de servicios y por término de contrato o expiración de funciones, un tope o límite de 11 meses de remuneración y excluir absolutamente dichas indemnizaciones respecto de los directivos superiores de confianza, cualquiera que sea su denominación, entendiéndose por tales a quienes ejercen la máxima autoridad ejecutiva; exceptuar de la regla general anterior, sobre límite y exclusión, a las personas contratadas en virtud de un concurso público en que se haya divulgado el perfil, requisitos y características del candidato, así como las remuneraciones y las indemnizaciones que se ofrecen.
Agrega el informe que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Economía, Honorables señores Lavandero, Novoa y Sabag, proponiendo en consecuencia a la Sala que adopte igual resolución.
Finalmente, cabe hacer presente que, según el informe, el artículo 5º de la iniciativa tiene el carácter de norma orgánica constitucional, de modo que para su aprobación necesita el voto conforme de los cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio, esto es, 27 señores Senadores.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Comisión de Economía Senador señor Novoa.
Señor Presidente , sólo quiero señalar lo siguiente.
El proyecto pretende asimilar al tratamiento que tienen los directores de sociedades anónimas la responsabilidad de los directivos de empresas del Estado o de aquéllas en que éste o sus organismos sean socios mayoritarios.
De acuerdo al mensaje del Ejecutivo , se revisó qué empresas requerían de una ley especial para establecer este tipo de responsabilidad. Y conforme a ello, se modifica el decreto con fuerza de ley que creó la Empresa Nacional de Minería; el que rige a la Empresa Nacional del Petróleo, y el que se aplica a la Empresa de Correos de Chile.
Respecto del Banco del Estado, se estimó conveniente que dos funcionarios de alto nivel, que actualmente son designados por el Presidente de la República, sean nombrados en el futuro por el Consejo Directivo del Banco.
El artículo 5º del proyecto dispone diversas regulaciones respecto de las indemnizaciones a las cuales tendrán derecho los funcionarios de las empresas públicas y de aquellas en que el Estado o sus organismos tengan participación accionaria mayoritaria.
Debo consignar -tal como consta en el informe- que el proyecto lo envió el Gobierno en octubre del año pasado para su tramitación, a raíz de una moción presentada por los Senadores señores Moreno , Pizarro , Sabag , Ruiz-Esquide y Adolfo Zaldívar , la que fue declarada inadmisible.
Naturalmente, la iniciativa se originó por el problema suscitado el año pasado con el pago de millonarias indemnizaciones a funcionarios públicos.
También quiero señalar -tal como lo dice el informe- que la Comisión estuvo esperando durante mucho tiempo que el Ejecutivo enviara un proyecto alternativo para regular en su totalidad el funcionamiento de las empresas públicas. El Ministro de Economía de la época nos indicó que el Gobierno se encontraba estudiando una iniciativa que comprendía esta materia y, por lo tanto, solicitó que no diéramos curso a la tramitación de esta iniciativa. Incluso, el Ministro fue invitado a la Comisión en algunas oportunidades, y no concurrió.
La Comisión, considerando el tiempo transcurrido y que el tema reviste gran importancia y que debe ser regulado de manera permanente, independientemente de los problemas puntuales que hayan ocurrido, resolvió, por unanimidad, aprobar en general el proyecto, entendiendo que existen posibilidades para el perfeccionamiento del mismo. Por tanto, de ser aprobado por la Sala, solicitaríamos un plazo para presentar indicaciones que pueda extenderse hasta el 4 de octubre, con el objeto de que éstas puedan prepararse adecuadamente.
Señor Presidente, primero, no cabe duda de que el proyecto que nos ocupa tiene su origen concreto en el problema de las indemnizaciones, detonado por los hechos que ocurrieron el año pasado.
Ahora, concuerdo absolutamente con los principios de transparencia, responsabilidad e interés público aludidos tanto en el mensaje como en el informe despachado por la Comisión de Economía. Sin embargo, creo que también hay que tomar en cuenta las necesidades de funcionamiento eficiente de las empresas estatales. En ese sentido, simplemente quisiera dejar constancia de que me inspiran ciertas dudas algunas disposiciones justamente del artículo 5º, porque inciden en una cuestión de orden general. Habría preferido que la iniciativa se hubiera presentado en el contexto de una visión global acerca de cómo el Estado debe ejercer su calidad de dueño respecto de las empresas públicas.
También estimo que las limitaciones que se establecen en cuanto a los problemas relativos a la indemnización son -para usar un término propio del lenguaje político actual- un tanto "autoflagelantes", por ejemplo, en lo referente a que los gerentes no tienen derecho a la indemnización por años de servicio. En esto debiera existir un sistema mediante el cual el dueño, a través de su propio holding, o de una entidad pública que tenga el criterio general de transparencia, pudiera fijar, de acuerdo a las situaciones de mercado de cada empresa pública, rangos dentro de los cuales se determinaran las remuneraciones y también las indemnizaciones. Lo mismo sería aplicable a los ejecutivos de primer nivel -distinto de los gerentes generales, que según el proyecto que no tienen derecho a indemnización por concepto de años de servicio-, para cuyas indemnizaciones el texto en debate fija un límite máximo. Esto puede ser correcto, pero tiene cierto grado de arbitrariedad, sobre todo porque a lo largo del tiempo pueden variar las condiciones de mercado en las cuales se insertan las empresas públicas.
Creo que una empresa pública eficiente tiene un lugar dentro del ordenamiento económico del país. Estimo que bien vale la pena que algunas sigan teniendo ese carácter, así como puede ser preferible privatizar otras. Pero, a mi juicio, las empresas públicas que existan como tales deben estar en condiciones de competir con eficacia. Y, en mi concepto, aquí hay cierta tendencia, reactiva al escándalo de las indemnizaciones, a generar camisas de fuerza que, francamente, pueden no ser las más adecuadas.
Ciertamente votaré a favor del proyecto. Pero creo que para los fines de la discusión en particular, habría que tener en cuenta el marco general al cual me referí.
Señor Presidente , también considero que ésta es una buena iniciativa.
Asimismo, me parece que con ella no se solucionan los problemas de fondo que tienen las empresas del Estado. No se trata de discutir, a propósito de este proyecto, qué empresas deben estar en manos del Estado y cuáles no. Pero sí habría sido conveniente que se hubieran establecido ciertas normas para regular su funcionamiento. Por ejemplo, cuáles son los cargos de confianza política dentro de una empresa del Estado. Se habla de las gerencias o de los funcionarios de primer nivel.
Por otra parte, en algunas se desempeñan funcionarios de carrera, que han permanecido en ellas durante muchos años y han adquirido un conjunto de beneficios, que los tienen como patrimonio. En el proyecto no se excluye, para los efectos de hacer una salvedad, a quienes son funcionarios de carrera dentro de la empresa y pueden ser perfectamente nominados por el directorio para ocupar los más altos cargos dentro de ella.
Se hace una prevención respecto de los ejecutivos contratados mediante concurso público, cuestión que me parece muy bien. Pero aquellos funcionarios que son de la misma empresa y por cuya capacidad, idoneidad y carrera funcionaria los nombran en un cargo de la más alta responsabilidad, no tendrían por qué perder los derechos que habían adquirido anteriormente. Y esto no se encuentra establecido en el proyecto.
Por consiguiente, me parece adecuado el plazo que se ha solicitado para presentar indicaciones. En lo personal, estudiaré si hay alguna que sea de iniciativa parlamentaria. De lo contrario, solicitaremos al Ejecutivo que introduzca alguna indicación para resguardar los derechos de funcionarios antiguos y prestigiosos, que prestan sus servicios en la empresa y que normalmente son nominados para ocupar los más altos cargos.
El Senado, en su oportunidad, rindió homenaje en memoria de don Juan Pedrals , funcionario que nació en la Empresa Nacional del Petróleo en Magallanes y que llegó a ocupar el más alto cargo dentro de ella como gerente general. Y nadie duda de la idoneidad, de la capacidad de esta persona que, desgraciadamente, falleció en actos de servicio y que, con todo derecho, debería haber cobrado -seguramente lo hicieron sus familiares- los beneficios por sus años de servicio en la empresa.
Por lo tanto, creo que habría que hacer una distinción entre los funcionarios nominados por el Gobierno de turno y que ocupan cargos de responsabilidad por su condición de adherentes a algún partido político de Gobierno, de aquellos funcionarios de carrera en la empresa, pues tal materia -como dije- no se encuentra debidamente establecida en el proyecto; y me parece que sería conveniente que así ocurriese.
De todas maneras, por creer que se trata de una buena iniciativa, votaré favorablemente.
Señor Presidente , tengo la sensación de que el articulado del proyecto no representa en su totalidad los distintos y variados aspectos contenidos en el mensaje, debido a las diferentes características de las personas que laboran en empresas del Estado.
La iniciativa intenta describir tres tipos de ejecutivos: primero, los que trabajan en entidades concretamente mencionadas en la normativa -que no son muchas-: la Empresa de Correos de Chile, la Empresa Nacional del Petróleo, la Empresa Nacional de Minería y el Banco del Estado; segundo, quienes se rigen por normas de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado -aquí es donde tengo dudas bastante grandes, porque los preceptos están dirigidos fundamentalmente a los servicios de la Administración Pública más que a empresas estatales-, y tercero, los que cumplen funciones en empresas estatales y que ingresaron en virtud de concurso.
Tengo la sensación de que estamos en presencia de una típica normativa legal que para su reglamentación requiere de muchas facultades del Ejecutivo y, a mi juicio, del texto de proyecto no se desprende que se le entreguen en plenitud las atribuciones que necesita. También me parece que, como la iniciativa está dirigida fundamentalmente a las empresas del Estado, el país requiere alguna explicación sobre los cargos políticos existentes en Ministerios y servicios públicos.
Aun cuando no me consta personalmente, pero en la opinión pública circula la información -la he conseguido a través de terceras personas y desconozco su veracidad, pues carezco de mayores antecedentes- de que los Ministros de Estado también reciben indemnizaciones por años de servicio. Ése es un tema no resuelto. Me parece que tales indemnizaciones son producto de criterios aplicados en estos últimos años, los cuales no forman parte de la historia administrativa pública del país. Por eso, no podemos marginarnos del asunto.
En consecuencia, como se trata de una normativa dirigida a las empresas del Estado, la situación referida a los funcionarios de empresas públicas podría resolverse aquí -no sé si por iniciativa del Ejecutivo a través de una indicación al proyecto en debate-, a fin de que haya un solo paquete al respecto. Desde mi punto de vista, debería al menos darse una explicación más profunda sobre el particular.
Por eso, a uno se le presentan dudas -como las que acabo de plantear- al momento de aprobar el proyecto.
Por otro lado, señor Presidente , prácticamente todas las indicaciones que podrían presentarse necesitan del patrocinio del Ejecutivo , lo cual significa que aprobaremos en general el proyecto con condiciones. Desde mi perspectiva, esas condiciones deberían ser las siguientes: primera, otorgar mayores facultades reglamentarias al Ejecutivo para resolver todos los detalles relativos a la Administración del Estado, que son infinitamente mayores que los estipulados en la respectiva norma; y segunda -la solicitud la hago formalmente al Ejecutivo a través del Ministro del Interior - que el Gobierno envíe las indicaciones del caso, a fin de que exista una política clara con respecto a indemnizaciones de Ministros, jefes de servicios y otros funcionarios que corresponden al área política.
Señor Presidente , no cabe ninguna duda de que algunos sucesos conocidos por el país determinaron, con justificada razón, la necesidad de establecer un marco en materia de indemnizaciones. Sin embargo -como señalaron algunos señores Senadores-, es pertinente que en la discusión particular del proyecto no sólo se vele por la probidad, sino también por la productividad de quienes desempeñan tales cargos.
Sobre el particular, me llama la atención el artículo 5º, que dice: "En las empresas públicas creadas por ley y en aquellas en que el Estado o sus organismos tengan participación accionaria mayoritaria, sea que se rijan por las normas del sector público o por la legislación aplicable a las sociedades anónimas, los gerentes generales o ejecutivos equivalentes, cualquiera sea su denominación, no tendrán derecho a indemnización por concepto de años de servicio, término de contrato o expiración de funciones.". Eso significa que en tales cargos se deberá nombrar a personas de mucha fortuna o a funcionarios con variadas limitaciones que acepten desempeñar una labor que no tendrá una compensación de acuerdo a la responsabilidad de su función.
La citada norma continúa: "Tratándose de otros ejecutivos de primer nivel o jerarquía de las empresas mencionadas, dichas indemnizaciones, incluidas las que se pacten bajo la modalidad a todo evento, no podrán exceder del equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con un límite máximo de once meses de remuneración. Para estos efectos, no podrá considerarse una remuneración mensual superior a 90 unidades de fomento del último día del mes anterior al pago.". O sea, una persona que trabaje en esas empresas durante 20 años en un cargo ejecutivo de primer nivel o de jerarquía, no podría jamás obtener una indemnización superior a los 20 millones de pesos.
A mi juicio, el desempeño en instituciones públicas debe tener la adecuada compensación. En caso contrario, tales organismos pueden convertirse en la cancha de aterrizaje de muchos profesionales fracasados que, a través de influencias o por diversos caminos, pueden conseguir la dirección de alguno de ellos, con lo cual el país se arriesga a obtener resultados negativos en cuanto a su productividad.
Por tal razón, en la discusión particular del proyecto es conveniente que, sin caer en la exageración ni en una especie de amedrentamiento, no confundamos la probidad con el justo pago que debe entregarse a quienes en determinado momento cumplen una función importante en las empresas públicas.
En consecuencia, señor Presidente, votaré a favor de la aprobación general del proyecto.
Señor Presidente , seré muy breve, porque comparto en gran medida lo expresado en términos críticos de la iniciativa.
Ella contiene, en lo fundamental, dos ideas: la primera apunta a la responsabilidad de los directores de las empresas públicas y la asimila a la de sus equivalentes en la empresa privada, lo cual me parece correcto y positivo desde el punto de vista de la transparencia con que se debe operar en la gestión pública.
La segunda idea dice relación al establecimiento de ciertas limitaciones especialmente en materia de indemnizaciones a los directivos o a los funcionarios de niveles más altos en las empresas públicas. Tal norma tiene su explicación en lo que ocurrió hace poco, pero podría estar no suficientemente acotada y generar limitaciones o entrabamientos al ejercicio de la carrera funcionaria. Con razón señaló un señor Senador que distinto es el caso de una persona que ejerce un alto cargo en una empresa pública por designación política del Gobierno de turno, que el de otra que llega al mismo cargo o a uno superior, pero como expresión y mérito de la carrera funcionaria que ha seguido, a veces por muchos años.
Ese tipo de distingos no se encuentra presente en el proyecto. Incluso se dice en el informe que no se pudo escuchar a autoridades de empresas públicas por la premura en aprobar la idea de legislar. No veo para qué tanta urgencia. Creo necesario dar un tiempo bastante amplio para presentar indicaciones al proyecto. Además, pido que con motivo de la elaboración del segundo informe se invite a quienes están a cargo del Sistema de Administración de Empresas (SAE), de manera que no se cause daño -por supuesto, sin intención- a las empresas públicas.
Un funcionario de una empresa estatal con determinado régimen de indemnización, que puede ser incluso excesivamente generoso, no querrá ascender o se irá a la competencia si de alguna las normas del proyecto le cercenan ahora o en el futuro lo que estima derechos adquiridos como trabajador de la empresa.
En consecuencia, señor Presidente , votaré favorablemente la idea de legislar, pero adhiero a las observaciones de la mayoría de los señores Senadores que han intervenido con anterioridad, en el sentido de que en el análisis particular del proyecto se escuche a representantes de las empresas públicas, de manera que las decisiones que se tomen a su respecto no coarten su funcionamiento, su desarrollo y estabilidad y progreso de su personal.
Señor Presidente , entiendo que la idea de la iniciativa es afianzar la probidad, lo cual no puede hacerse a costa de la eficiencia. En este sentido, me parece que, al establecer una restricción excesiva en materia de probidad, estaríamos comprando inepcia.
Por otra parte, los señores Senadores podrán apreciar que todas las modificaciones relacionadas con los primeros artículos se refieren a aumentar responsabilidades, a hacer más riesgosa la función, a responder por lo que se decide pero de manera más amplia a cómo ocurre en la actualidad y, al mismo tiempo, a limitar al máximo las remuneraciones.
En consecuencia, nos encontraríamos en una especie de conjunto vacío, en el cual nadie deseará ingresar, salvo que se pretenda echar abajo las empresas del Estado.
Eso, a mi juicio, significa ir muy lejos; por lo que resulta necesario abocarnos más bien a proyectos de ley -si éstos aún no han ingresado al Congreso, pronto llegarán- que apunten a la creación de directorios con responsabilidades equivalentes a las de las sociedades anónimas, con exclusión de los Ministros de Estado -lo que hemos discutido y que me parece mucho más sano- que contengan la creación de una instancia perfeccionada de lo que es el Sistema Administrador de Empresas (SAE), donde pueda haber una orientación estratégica distinta. Y en esa línea debemos movernos, y no en la que restringe al límite.
Por esa razón, formularé indicaciones al artículo 5º del proyecto, en el sentido de consignar una norma que modifique su alcance con respecto a la restricción impuesta, que es de 11 meses de una remuneración máxima de 90 unidades de fomento. Esto significa una cifra del orden de los 23 millones de pesos.
Imaginemos el caso de un ejecutivo de altísimo nivel que ha trabajado durante 25 años en una empresa del Estado y al cual, para los efectos de la indemnización, se establece un límite máximo de 11 meses y un tope en su remuneración que no excede las 90 UF. Considero que esto, aun cuando es un poco exagerado, está bien. Sin embargo, el hecho de establecer en la norma que a un gerente general no le corresponderá indemnización o pago alguno, aunque la haya pactado a todo evento, es algo que debe modificarse, pues, a mi juicio, es una limitación excesiva.
Por lo tanto, lo procedente sería enmendar el artículo 5º de manera de conectar el inciso primero con el segundo, señalando que: "En las empresas públicas creadas por ley y en que el Estado y sus organismos tengan participación mayoritaria, sea que se rijan por las normas del sector público o por la legislación aplicable a las sociedades anónimas, los gerentes generales o ejecutivos equivalentes y otros ejecutivos de primer nivel o jerarquía podrán recibir indemnizaciones, incluidas las que se pacten bajo la modalidad a todo evento, sin que ellas excedan el equivalente a un mes de remuneraciones por cada año de servicio...", etcétera.
Además, como consecuencia de ello, habría que eliminar la parte del inciso tercero relativa al establecimiento de cargos de primer nivel, pues en la indemnización estarían incluidos todos los altos ejecutivos.
Considero que en esos términos el proyecto queda mejor, por cuanto apuntaría en la dirección que deberán seguir las demás iniciativas tendientes a dotar a las empresas del Estado de una administración ágil, eficiente y con gente de calidad.
De otro lado, cabe señalar que el Senado acordó nombrar una comisión especial para discutir la reforma vinculada al Estado. Sobre el particular, un conjunto de Senadores analizamos la materia, y en esa reflexión coincidimos en la consulta formulada por el Presidente de la República vinculada a dicha reforma. El criterio al que arribamos apunta a que debe legislarse sobre los recursos humanos, a fin de establecer, primero, la movilidad de los funcionarios que pertenecen a los distintos servicios -esto hoy día no se permite- y, segundo, que se estimule su capacitación y formación, para que puedan llegar más lejos.
Lo anterior va en la línea de lograr un Estado más ágil, que pueda reaccionar bien en el proceso de globalización y que aborde con más expedición toda la variedad de tareas internacionales y nacionales que debe cumplir.
En tal virtud, aunque entiendo el problema, estimo que no debemos reaccionar de cierta forma frente a lo ocurrido con las indemnizaciones, que es una situación que reprobamos en muchos de sus aspectos. Sin embargo, tenemos que poner cuidado y evitar que el remedio sea peor que la enfermedad. Y, a mi juicio, en este caso el remedio resulta peor que la enfermedad, por lo menos en lo que respecta al artículo 5º.
Señor Presidente , votaré favorablemente el proyecto, por cuanto considero que va en la dirección apropiada.
Sin embargo, deseo resaltar que el debate se ha centrado mucho en el problema de las indemnizaciones, sin que, en cambio, se haya abordado el objetivo principal de la iniciativa, cual es determinar las responsabilidades de los directorios, uniformarlas y tratar de asimilarlas, en lo general, a la de los directorios de las sociedades anónimas. Me parece que esto es positivo tanto para precisar lo relacionado con las indemnizaciones como para igualarlas.
Por otra parte, en lo referente al segundo objetivo, no sé concretamente cuál es la importancia que reviste. Pero, en fin, es un hecho que el Consejo Directivo del Banco del Estado será el que designe a su Gerente General y a su Fiscal, y no necesariamente el Presidente de la República .
En cuanto al tema de las indemnizaciones -tal vez, fue lo que motivó a los autores del proyecto-, es indiscutible que acontecieron situaciones muy lamentables y que ahora se pretende corregir.
Sin embargo, concuerdo con lo planteado por un señor Senador en orden a que el artículo 5º podría ser susceptible de algún tipo de modificación, pues se deja en incisos separados aquellos casos donde la designación la hará el Presidente de la República , según corresponda.
En mi opinión, ésta es una materia en que debe haber equilibrio -como lo dijo el Honorable señor Bitar -, con el objeto de limitar las indemnizaciones y de evitar abusos como los cometidos. Pero, obviamente, se debe impedir que los directores respecto de los cuales se desea que desempeñen debidamente sus funciones, con las responsabilidades consiguientes, queden en situación desmedrada. En este sentido, resulta conveniente dar un tratamiento igualitario tanto a ellos como a los ejecutivos, cualquiera sea el caso.
El señor HOFFMANN ( Prosecretario ).-
--Se aprueba en general el proyecto, y se deja constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento favorable 33 señores Senadores.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Díez, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lavandero, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Páez, Parra, Pizarro, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Stange, Urenda, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Conforme a la solicitud planteada a la Mesa por el Presidente de la Comisión de Economía, sugiero fijar como plazo para presentar indicaciones el martes 3 de octubre, a las 12:00.
Señores Senadores, en razón de que durante el debate se aludió a la constitucionalidad de la iniciativa, sería conveniente que se la remitiera también, además de la Comisión de Economía, a la de Constitución, a fin de que revise ese aspecto.
Han llegado a la Mesa cinco informes de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que a continuación se indican:
1) El que aprueba el Acuerdo entre las Repúblicas de Chile y de Nicaragua para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, y su Protocolo, suscritos en Santiago el 8 de noviembre de 1996. (Boletín Nº 2.681-10);
2) El que aprueba el Acuerdo entre las Repúblicas de Chile y de Honduras para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, y su Protocolo, suscritos en Santiago el 11 de noviembre de 1996. (Boletín Nº 2.682-10);
3) El que aprueba el Acuerdo entre las Repúblicas de Chile y de Guatemala para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, y su Protocolo, suscritos en Santiago el 8 de noviembre de 1996. (Boletín Nº 2.683-10);
4) El que aprueba las enmiendas de 1991 y 1996 al Anexo del Protocolo relativo a la intervención en alta mar en casos de contaminación del mar por sustancias distintas de los hidrocarburos, 1973, aprobadas por el Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional, mediante las resoluciones MEPC. 49 (31), de 4 de julio de 1991, y MEPC. 72 (38), de 10 de julio de 1996, respectivamente. (Boletín Nº 2.714-10), y
5) El que aprueba diversas enmiendas al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, en su forma modificada por el Protocolo de 1978, MARPOL 73-78, adoptadas mediante resoluciones del Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional, y por la Conferencia de las Partes de MARPOL 73-78 (Boletín Nº 2.716-10).
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula el uso de perros guías, de señal o de servicio, por personas con discapacidad, con segundo informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2595-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señora Matthei y señores Bombal, Ruiz-Esquide, Silva y Viera-Gallo).
En primer trámite, sesión 3ª, en 10 de octubre de 2000.
Salud, sesión 38ª, en 18 de abril de 2001.
Salud (segundo), sesión 23ª, en 14 de agosto de 2001.
Sesiones 41ª, en 3 de mayo de 2001 (se aprueba en general y particular); 44ª, en 9 de mayo de 2001(reapertura del debate).
Este proyecto fue aprobado en general el 3 de mayo del año en curso.
En su segundo informe la Comisión de Salud hace constar, para los efectos reglamentarios, que no hubo artículos que no fueran objeto de indicaciones ni de modificaciones; que se aprobaron las indicaciones Nºs. 3, 4, 5, 6 y 9; y que se aprobaron con modificaciones las indicaciones Nºs. 1, 2, 7, 8 y 10.
Agrega que todas las modificaciones introducidas al texto aprobado en general fueron acogidas por la unanimidad de sus miembros presentes.
En conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, dichas enmiendas deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador pida discutir la propuesta de la Comisión respecto de alguna de ellas.
Señor Presidente , este proyecto ya fue analizado aquí durante la discusión en general y, tal como señaló el señor Secretario , la Comisión aprobó por unanimidad las indicaciones propuestas, que fueron más bien adecuatorias, surgidas del debate del primer informe en la Sala.
Por ese motivo, me permito sugerir que aprobemos también unánimemente el articulado, sin debate, y así dar una señal más en favor de las personas discapacitadas, que requieren de este tipo de instrumentos para poder superar su condición física.
Si le parece a la Sala, se aprobaría en particular la iniciativa.
--Se aprueba en particular y queda despachado el proyecto.
Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto que extiende el ámbito de aplicación de las normas que sancionan los procedimientos de cobranzas ilegales. (Boletín Nº 2490-07)
--Los antecedentes sobre el proyecto (2490-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 1ª, en 5 de mayo de 2001.
Economía, sesión 35ª, en 10 de abril de 2001.
Mixta, sesión 25ª, en 22 de mayo de 2001.
Sesión 41ª, en 3 de mayo de 2001 (se aprueba en general y particular).
La controversia entre ambas ramas legislativas se originó en el rechazo por la Cámara de Diputados de las modificaciones introducidas en el Senado al artículo único del proyecto.
En el informe de la Comisión Mixta se consigna que la unanimidad de sus miembros presentes -Senadores señora Matthei y señores Lavandero, Novoa y Sabag, y de los Diputados señores Álvarez (don Rodrigo), Encina, Ortiz y Villouta- aceptó, como modo de resolver la controversia, la alternativa de texto aprobada por el Senado.
La Secretaría elaboró un boletín comparado, dividido en cinco columnas, que contemplan el texto legal vigente de la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores; el proyecto aprobado por la Cámara Baja; las modificaciones introducidas por el Senado rechazadas por esa Corporación; la propuesta de la Comisión Mixta, y el texto final.
Cabe informar que la Cámara de Diputados ya dio su aprobación al informe.
La Comisión Mixta propone aprobar el texto que en su momento fue acogido por unanimidad en el Senado, en el cual se extienden a todas las operaciones de consumo -aun cuando no involucren la concesión de un crédito- las disposiciones que impiden que las cobranzas extrajudiciales afecten la privacidad de las personas, su honor o su honra.
De ese modo se subsana una omisión, ya que al aprobarse dicha norma se la limitó sólo a las operaciones de crédito.
Por lo tanto, solicito acoger unánimemente el informe de la Comisión Mixta.
Si le parece a la Sala, se aprobaría el informe.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta y queda despachado el proyecto.
Al señor Ministro del Interior , sobre REUBICACIÓN DE EQUIPOS SISMOLÓGICOS DE DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA DE UNIVERSIDAD DE CHILE (SEGUNDA REGIÓN).
Al señor Ministro de Hacienda y a la señora Ministra de Salud , relativo a ELIMINACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD A JUBILADOS.
A la señora Ministra de Salud , acerca de CREACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA.
A la señora Ministra de Relaciones Exteriores, respecto de AVANCE EXPORTADOR ENTRE 1991 Y 2001 EN NOVENA REGIÓN.
Al señor Subsecretario del Interior , con relación a CONSTRUCCIÓN DE PLANTA ELEVADORA EN BASE A BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES, EN POBLACIÓN ARBOLEDAS, y atinente a OBRAS DE MEJORAMIENTO DE AVENIDA LA CRUZ, AMBAS EN COMUNA DE PEUMO, SEXTA REGIÓN.
A la señora Ministra de Educación , al Instituto Nacional de Deportes y al señor Intendente Regional de la Décima Región de los Lagos , referente a CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN LICEO INSULAR DE COMUNA DE QUINCHAO, PROVINCIA DE CHILOÉ (DÉCIMA REGIÓN).
Señor Presidente , uno de los principales problemas que enfrenta el país es el que afecta a millones de trabajadores y -lo que es más grave aún- a los jubilados con relación a los fondos previsionales colocados en las AFP.
Cada trabajador cotiza obligadamente en una AFP el 13 por ciento de su sueldo, pero sólo el 10 por ciento queda como ahorro previsional en el Fondo de Pensiones. El 3 por ciento restante va a la administradora privada, la que toma un seguro para el imponente con un costo aproximado de 0,8 por ciento. El saldo de ese 3 por ciento corresponde al gasto operacional por administración y a las utilidades de esas empresas privadas, y constituye prácticamente el 20,46 por ciento de los recursos netos que el trabajador deposita en la AFP.
En los últimos tres años, las administradoras de fondos de pensiones obtuvieron utilidades (provenientes de ese 3 o casi 3 por ciento que deducen del 13 por ciento mensual) de más o menos 80 mil millones, 92 mil millones y 95 mil millones de pesos, respectivamente.
Como podemos apreciar, las AFP ganaron sumas colosales por un monopolio cautivo obligatorio, y los trabajadores perdieron una significativa parte de sus ahorros por este concepto.
Las pérdidas sufridas en el Fondo de Pensiones han dejado al descubierto una situación bastante grave, por la ineficiencia con que las administradoras han manejado los recursos previsionales del mundo laboral. Y éste es un sistema monopólico, en el cual la persona está obligada a cotizar.
En los tres años anteriores la rentabilidad del sistema cayó de tal manera que todos los depositantes perdieron entre 2 y 4 millones de pesos anuales.
Es falsa la aseveración que hizo en el pasado la Superintendencia de AFP, en el sentido de que el Fondo de Pensiones ha tenido una rentabilidad promedio de 11 por ciento a lo largo de su historia. En el primer año de formación del Fondo, éste llegó a 350 millones de dólares y tenía una rentabilidad de hasta 17 por ciento. Hoy maneja casi 38 mil millones de dólares y tiene una pérdida cercana a 12 por ciento. Por lo tanto, determinar un promedio de todos esos años, sin ponderar las cantidades, es como sumar peras con manzanas. En consecuencia, la rentabilidad ponderada promedio del Fondo es en realidad de 4,5 y 5,5 por ciento, según se considere o no el aspecto del seguro, lo que es la mitad de lo que públicamente expresa, no sólo el conjunto de las empresas de AFP, sino que la propia Superintendencia en el pasado.
Los administradores privados de estos fondos, a su vez, invirtieron, teniendo otras alternativas, en valores especulativos, al punto de que las acciones llegaron a constituir, en un momento, casi el 30 por ciento del Fondo, y hoy, con la caída del valor de estas acciones, ellos son los responsables de la fuerte baja en la rentabilidad del sistema.
El costo administrativo de manejar estos 38 mil millones de dólares del Fondo de Pensiones ha alcanzado más de 5 mil millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que por esta poco profesional administración, el costo para cada trabajador se eleva a la tremenda cifra de 20,46 por ciento de sus cotizaciones, lo que equivale a las utilidades que obtiene el sector privado administrador del Fondo.
Esto es un costo absolutamente excesivo. Se explica por los abusos en los sistemas de captación, tales como el hecho de que, si un trabajador se traspasa de una AFP a otra, le han regalado en el pasado, y ahora también, viajes, software, y la realidad es que todo sale del bolsillo del cotizante previsional.
El costo de administrar el Fondo, que asciende como hemos dicho a 20,46 por ciento, es muy superior al registrado en otros países, y más alto que el de las antiguas cajas de previsión de Chile. En Singapur, donde también funciona el sistema de AFP, el costo de administración es diez veces más bajo que en Chile; en Estados Unidos, ocho veces menor que lo que arroja el de todos los ahorrantes previsionales en nuestro país.
El problema es grave, y de principios, ya que las AFP se crearon para resolver problemas previsionales. No obstante, se han convertido en instrumento para que los grupos económicos puedan realizar negocios propios y personales. Se perdió así su objetivo, que era mejorar y asegurar una buena previsión a sus cotizantes. En cambio ahora, estos Fondos se aprovechan para realizar inversiones rentables para quienes, por cuenta propia o de terceros, los manejan.
En nuestro país hay cerca de 6 millones de trabajadores. Sólo el 25 por ciento va a poder jubilar por las AFP. El otro 25 por ciento es candidato sólo a una pensión mínima que le pagará el Estado. Del 50 por ciento restante, la gran mayoría sólo podrá eventualmente postular a una pensión asistencial. Éstos son los resultados concretos que nos depara este sistema previsional a todos los trabajadores chilenos.
Yo creo que debemos perfeccionar el sistema. La solución -lo hemos señalado en varias oportunidades- pasa por ese perfeccionamiento, y por un rol más activo del Ejecutivo en la materia.
Ya propuse rebajar las comisiones que cobran las AFP, de 3 por ciento de la renta mensual imponible, a 1 por ciento, que es la cifra vigente en el resto del mundo. Esta propuesta regulatoria no es una cosa extraña, porque cuando hay una situación monopólica en el mercado (como sucede con el agua potable, la telefonía o la electricidad), el Estado fija precios, comisiones y utilidades.
Otra posibilidad, y lo hemos dicho, es que los bancos se incorporen a esta actividad a través de la apertura de libretas previsionales con comisiones de no más del uno por ciento sobre el 13 por ciento del sueldo imponible. Ello, porque hoy, el propio Banco del Estado ofrece mejores condiciones de rentabilidad a sus ahorrantes que los Fondos de Pensiones.
Cualquier ahorrante con una libreta en el Banco del Estado obtiene mayor rentabilidad que la que ofrece cualquier fondo previsional manejado por estas AFP privadas.
Una tercera posibilidad, a lo mejor hipotética, porque es necesario que exista una voluntad política para aplicarla (y no veo que hoy pueda existir tal voluntad) es que las personas depositen su dinero en el INP, para obtener, con el resguardo del Estado, una previsión que no dependa de las especulaciones que se realizan con los fondos de pensiones, en la mayoría de los casos sólo en beneficio de los administradores privados.
Estos hechos ocurren a pesar de que hemos colocado algunas medidas de resguardo, peros éstas todavía no son suficientes. Por desgracia, en el Senado aun no tenemos una mayoría para llevar adelante leyes que hagan más transparente el sistema y dejen de ser una hijuela pagadora del sector privado.
Sé que se encuentran en estudio otras medidas; pero lo sucedido demuestra que el sector privado no siempre hace las cosas tan bien como se dice. Y es necesario que el Gobierno agilice medidas destinadas a mejorar las condiciones de rentabilidad de estos Fondos, y también la extensión del sistema previsional hacia aquellos que, o su sector patronal no les cotiza, o bien, dándose cuenta de que los beneficios son magros, sencillamente prefieren incorporar a sus sueldos tales recursos.
Para mayor seguridad de que los fondos previsionales sirvan a los trabajadores fundamentalmente para su jubilación efectiva, y no sólo -repito- para negocios de terceros o para políticas macroeconómicas, se hace imprescindible realizar cambios, implementando algunas o todas las fórmulas que se están proponiendo; u otras que el Gobierno pueda incorporar. Pero creo que la situación ha hecho crisis. No es posible que las Administradoras obtengan cada año miles de millones de pesos de utilidades y que quienes depositan año tras año, los trabajadores, esto es, el sector más débil, estén perdiendo los fondos que han depositado en las AFP. Pero más grave aún es que sean rebajadas las jubilaciones y las pensiones de quienes ya las han conseguido, sólo porque esas empresas privadas obtienen rentabilidades negativas o muy menguadas.
Por lo anterior, señor Presidente, solicito remitir los antecedentes expuestos al Ministerio respectivo y a la Superintendencia del ramo, a fin de que se acelere el envío de un proyecto que permita resguardar en parte los recursos que con tanto sacrificio aportan cada mes los trabajadores de nuestro país.
Corresponde el turno del Comité UDI e Independientes.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional e Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
Señor Presidente , en la sesión anterior me referí al riesgo que significa el acuerdo de procesamiento de desechos radiactivos australianos por parte de Argentina, en el sentido de que ello podría afectar la calidad del territorio austral, particularmente, en cuanto a sus aptitudes de producción limpia, y también del mar jurisdiccional de Chile y de las áreas donde hemos entrado en corresponsabilidad en virtud de los acuerdos internacionales suscritos entre ambos países.
Hoy deseo hablar de la suerte de revuelo y consternación que ha provocado la posibilidad de que en la Patagonia argentina se establezca una base para el programa de escudo antimisiles propiciado por el Gobierno de Estados Unidos. Si a ello sumamos el que con cierta periodicidad se plantea localizar en aquella zona del vecino país un depósito o repositorio para desechos radiactivos, debemos concluir que de manera permanente, sólo para obtener de manera fácil cuantiosas sumas de dinero -en el fondo, es como comprar la soga del ahorcado-, se están poniendo en riesgo la seguridad del cono sur americano y, en especial, las privilegiadas condiciones ambientales de la Patagonia tanto chilena como argentina.
En ese sentido, me gustaría que a través de la Cancillería chilena; de las instancias del MERCOSUR; de todos los acuerdos en que participan ambas naciones, y, desde el punto de vista técnico, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, se dieran a conocer estos antecedentes a niveles nacional e internacional para, de acuerdo con las reglas del juego, buscar la forma de evitar que proyectos de ese tipo fructifiquen.
Entiendo que el vecino país está pasando por una situación económica y social muy grave. Pero, por obtener dineros en forma fácil, se podría generar una crisis de muy largo aliento y con consecuencias mucho más graves.
La idea de establecer una base para la defensa contra misiles fue expuesta en el diario "The Financial Times", donde un analista económico señala que, más que por la vía de la justificación económica para Argentina, como un aliado, correspondería que el Secretario de Defensa , Donald Rumsfeld , hiciera tal planteamiento para justificar la ayuda de Estados Unidos a ese país.
Eso también ha generado cierta controversia, por cuanto no se visualiza que la nación del norte pueda ser amenazada desde el continente antártico. Empero, quiero situar el hecho en el contexto de garantizar a la Patagonia chilena y argentina su condición de zona privilegiada ecológicamente, que además le posibilita lograr un verdadero desarrollo, con calidad humana para sus habitantes, y constituirse en un polo de atracción desde la perspectiva tanto turística como de la futura llegada de inmigrantes provenientes de otros países.
Por ello, solicito oficiar a la señora Canciller y al señor Ministro de Defensa Nacional , para que nos hagan llegar los antecedentes que posean al respecto, como asimismo a la señora Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y al señor Ministro Secretario General de la Presidencia , que coordina la instancia ministerial de la CONAMA.
Señor Presidente , muchas veces, como Parlamentario, me he referido a la situación que viven en nuestro país los jubilados. Hemos visto que gradualmente se ha ido estableciendo una política de Estado que busca mejorar su calidad de vida y generarles instancias de participación ciudadana, así como mejores condiciones económicas y sociales. Sin embargo, hasta la fecha se mantiene una situación que, a mi entender, incluso tiene rasgos de ilegalidad: el cumplimiento del requisito de acreditar 1.044 semanas o 20 años de cotizaciones para jubilar. Así, numerosas personas que, pese a cumplir tal exigencia, no logran demostrar ese período de imposiciones quedan sin pensión o deben optar por pensiones asistenciales, pasando los dineros correspondientes, que les pertenecen, a manos del Fisco.
A mi juicio, eso no es justo. El Estado chileno debería hacer un esfuerzo en la materia y propiciar la dictación de una ley que permitiera a esa gente recibir al menos la parte proporcional al tiempo que pudieran demostrar como cotizantes.
En tal sentido, pido oficiar a los señores Ministros del Trabajo y de Hacienda con el objeto de que se analice en profundidad la situación descrita y se informe al Senado acerca del universo de personas que se verían beneficiadas de aprobarse una modalidad de pago proporcional como la que he planteado.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Institucionales 1, Socialista, Institucionales 2 y Mixto, ningún señor Senador hace uso de ella.
Por no haber otros asuntos que tratar, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 17:42.