Source: https://tengoderechogt.wordpress.com/2015/02/
Timestamp: 2018-03-24 05:52:44
Document Index: 77717718

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 102', 'artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 1538', 'artículo 273']

febrero 2015 – tengoderechogt
TRABAJO FORZOSO EN PLANTACIONES Y FINCAS DE GUATEMALA -Conceptos básicos-
TRABAJO FORZOSO EN PLANTACIONES Y FINCAS DE GUATEMALA
-Conceptos básicos-
Asesor y consultor en asuntos laborales.
Profesor universitario de derecho y derecho laboral.
Este documento tiene como propósito describir los aspectos básicos que definen el Trabajo Forzoso para que trabajadores, sus organizaciones, académicos y operadores del sistema de justicia penal y laboral cuenten con un documento operativo que sirva de instrumento inicial para un estudio completo y amplio sobre este tema.
El contenido se ha delimitado para la situación de las condiciones de trabajo en fincas y plantaciones que realizan exportación de productos agrícolas desde Guatemala y cuyo destino es principalmente los Estados Unidos y Europa.
El concepto de plantación que sirve de base para estas definiciones está regulado por el artículo 1 del convenio 110 sobre plantaciones de la Organización Internacional del Trabajo[1]:
A los efectos del presente Convenio, el término plantación comprende toda empresa agrícola, situada en una zona tropical o subtropical, que ocupe con regularidad a trabajadores asalariados y que principalmente se dedique al cultivo o producción, para fines comerciales, de: café, té, caña de azúcar, caucho, plátanos, cacao, coco, maní, algodón, tabaco, fibras (sisal, yute y cáñamo), frutas cítricas, aceite de palma, quina y piña. Este Convenio no es aplicable a las empresas familiares o pequeñas empresas que produzcan para el mercado local y que no empleen regularmente trabajadores asalariados.
Se entiende como trabajador agrícola de plantación a la persona que es contratada bajo subordinación a laborar en este tipo de empresas agrícolas. En consecuencia esta definición no se aplica a los trabajadores agrícolas que subsisten por cuenta propia (campesinos) los que a pesar de ser trabajadores agrícolas viven y se reproducen su vida y la de sus familias en condiciones muy distintas a los que se someten a la subordinación de empresarios agrícolas nacionales y transnacionales.
La situación de trabajo forzoso que se define en este documento se realiza para señalar formas y sistemas de trabajo impuestos por empresarios de plantaciones – también llamadas fincas en sentido popular- y constituye violaciones a principios y derechos fundamentales en el trabajo.[2]
Es una forma de organizar el trabajo en la economía del país en la que las autoridades públicas (el Estado) permiten que los patronos contraten trabajadores sometiéndolos a condiciones laborales equivalentes a situaciones de servidumbre, con el propósito de reducir los costos de producción en sus empresas y alcanzar la mayor ganancia que sea posible.
Las condiciones que caracterizan una situación de trabajo forzoso pueden ser por lo menos:
Que los trabajadores pierdan a favor del patrono el derecho a la libertad en el trabajo. Los trabajadores en una situación de Trabajo Forzoso no son libres de elegir un empleo digno sino que se ven obligados a aceptar, por diversos mecanismos de coacción, el empleo que forzosamente el patrono impone con condiciones trabajo indignas, quedan a disposición del patrono bajo las condiciones de trabajo que éste fije sin que su voluntad pueda liberarlos de esa situación.
La corrupción del Estado, es decir, para que exista Trabajo Forzoso es condición ineludible, que los funcionarios y empleados públicos encargados de hacer respetar la ley, en particular las que garantizan derechos humanos como la libertad, toleren el comportamiento de los patronos asociándose con ellos para lograr la impunidad de sus actos.[3]
En la historia de la economía de Guatemala el trabajo forzoso en las actividades agrícolas tiene una larga existencia. Desde la invasión de los Españoles en el siglo XVI y durante toda la época colonial, en la independencia y el establecimiento del sistema político republicano en el siglo XIX y durante todo el siglo XX los propietarios de haciendas, fincas y plantaciones se han enriquecido organizando sus procesos productivos sobre la base de formas que van desde la esclavitud directa hasta la servidumbre.[4]
En el siglo XXI perdura esta forma de organizar la economía del país sobre la base del trabajo forzoso de los trabajadores agrícolas en modernas plantaciones y fincas dedicadas a la exportación. Nuevas y sutiles formas de trabajo forzoso por medio de fraudes, tergiversaciones y limitaciones de derechos fundamentales en el trabajo, todo tolerado por las autoridades públicas, permiten a diferentes empresas alcanzar el éxito en la globalización por medio de injusticias y explotación de trabajadores agrícolas.
El trabajo forzoso es la otra cara de la moneda del paradigma del Trabajo Decente impulsado por la OIT como referente de trabajo digno, productivo, libre y bien remunerado. La existencia y tolerancia del trabajo forzoso en una sociedad constituye una fuente de exclusión, pobreza y es un obstáculo para la democracia y el desarrollo económico y social de la población. Se considera que uno de los sectores más vulnerables ante situaciones de trabajo forzoso es precisamente el trabajo agrícola en plantaciones.[5]
Definición legal de trabajo forzoso:
La regulación legal del trabajo forzoso dentro del sistema jurídico guatemalteco se encuentra en el artículo 2 del convenio 29 sobre trabajo forzoso de la OIT. Esta definición es válida desde el punto legal, aunque esté en un convenio internacional, porque según el inciso t) del artículo 102 de la Constitución Política de Guatemala los convenios ratificados por el Estado pasan a ser el nuevo derecho social mínimo de los trabajadores y rigen la actividad de las autoridades y tribunales de trabajo. Cuando dichas normas internacionales contienen mejores protecciones que la ley local pasan a ser parte del derecho interno en forma automática.[6]
“….la expresión [trabajo forzoso u obligatorio] designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente.”
Los elementos básicos de esta definición jurídica son: a) No hay ningún tipo de trabajo excluido, es decir, cualquier trabajo puede ser objeto de esta definición; b) que se exija dicho trabajo bajo la amenaza de recibir un castigo o pena de cualquier tipo si el trabajador se niega a realizarlo; y c) que el trabajador acepte realizar dicho trabajo por verse obligado o compelido a hacerlo, es decir, que lo haga pero en el fondo lo hace en contra de su voluntad y quede a la disposición del patrono bajo las condiciones que éste decida imponer.
La base fundamental de esta situación es el derecho humano de libertad regulado en el artículo 4 de la Constitución Política de Guatemala. En ese artículo se acepta que todas las personas somos libres e iguales en dignidad y derechos y el Estado garantiza que nadie puede ser sometido a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Ese derecho de libertad e igualdad que toda persona tiene se expresa en el mundo del trabajo en el derecho de libertad en el trabajo establecido en el inciso a) de la Constitución Política:
Derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna;..
El trabajo forzoso es lo contrario a trabajo libre, es cuando se da una situación en donde el trabajador por temor a un castigo o pena acepta condiciones de trabajo indignas que privan al trabajador y su familia alcanzar el bienestar.
Caracterización del trabajo forzoso en las plantaciones:
Un esquema provisional –análisis posteriores completarán esta propuesta- de explicación sobre como las empresas de plantaciones generan ganancias estableciendo condiciones de trabajo bajo esquemas de trabajo forzoso es el siguiente:
Cuando el trabajador es contratado por una plantación se le imponen metas de producción o “tareas” –como se les conoce popularmente- que son imposibles de realizar durante una jornada de trabajo. La intensidad de trabajo que es necesario realizar para cumplir esas tareas rebasa los límites de la capacidad normal del ser humano bajo las condiciones de productividad (los métodos e instrumentos de trabajo) existentes en el sector agrícola en donde son desarrolladas. Estas “metas de producción” –que forman parte del objeto del contrato de trabajo- constituyen hechos imposibles del objeto del contrato o relación de trabajo y son impuestos por la fuerza por el patrono. La meta de producción o tarea es parte del objeto del contrato de trabajo (artículo 20 del Código de Trabajo) y todo objeto de contrato debe estar constituido por hechos posibles (artículo 1538 del Código Civil) para ser legítimo y legal. Al estar constituido por hechos imposibles la meta de producción o tarea no puede constituir una obligación válida que el trabajador tenga que cumplir ante el patrono, es decir, al no cumplirla no debería haber ninguna consecuencia negativa contra el trabajador.
La realización de este tipo de trabajo no se hace en forma voluntaria por parte del trabajador ya que éste acepta realizarlo porque no tiene opción ya que de no hacerlo se le amenaza con el despido o sufre la consecuencia de recibir un salario mucho menor si no se esfuerza por alcanzar la meta de producción imposible.
La plantación impone la condición de que si el trabajador incumple la tarea o meta de producción entonces el pago del salario, incluso el salario mínimo establecido por la ley, se paga en menor proporción según la cantidad de trabajo alcanzada en un día tomando como referencia de cálculo la meta o tarea que es imposible de realizar. De esta forma se produce la pena de carácter económico de someter al trabajador a realizar, en contra de su voluntad, un trabajo en condiciones en donde se impone un salario menor incluso al salario mínimo aprovechando la vulnerabilidad del trabajador agrícola que no tiene otra opción de empleo en todo el territorio en donde opera la plantación.
No se trata solamente de una situación de malas condiciones de trabajo sino que se trata de una forma de organización del trabajo en donde la explotación económica del trabajador agrícola se basa en el establecimiento de una pena que puede ser el despido o una remuneración inferior al mínimo legal sobre la base de exigir metas de producción o tareas que son imposibles de realizar. La existencia de la pena y la coerción sobre el trabajador es lo que convierte un incumplimiento de condiciones de trabajo en una situación de trabajo forzoso.[7]
La coacción existente en esta situación se visualiza de mejor manera cuando se observa, en no pocas plantaciones que se dedican a la exportación de bienes agrícolas, que para cumplir la meta de producción impuesta por el patrono el trabajador la realiza con el trabajo de su esposa o compañera de vida e incluso de sus hijos menores de edad. Hay casos en que la plantación (principalmente en las que producen café) no reconoce el trabajo de los miembros de la familia del trabajador y solamente paga un salario y hay otros casos en donde sí reconoce el trabajo de la mujer y de los niños pero con remuneraciones muy inferiores al del hombre que ya recibe una remuneración menor que el salario mínimo vigente.
En este caso la incorporación del todo el grupo familiar para poder cumplir una meta de producción o tarea fijada sobre hechos imposibles es la forma moderna y sutil de establecer una pena sobre el trabajador que para obtener una remuneración se ve obligado a aceptar esas condiciones de trabajo sobre un esquema de trabajo forzoso que implica una forma tradicional de esclavitud.
La combinación del establecimiento de una meta o tarea imposible de realizar junto con la condición de cumplimiento de esa meta para el acceso al salario mínimo, constituyen una forma simulada de trabajo por deudas ya que el patrono considera que ha sido defraudado por el trabajador al haber incumplido la tarea y sobre esa base niega el derecho al salario mínimo o incluso al pactado cuando este es mayor que el mínimo. La meta o tarea imposible opera como una deuda de trabajo en la que el trabajador tiene la necesidad, en contra de su voluntad, de cumplir ante el patrono para mantener el empleo y aceptando, también en contra de su voluntad, una retribución menor a la que por derecho le corresponde.
Otra serie de fraudes legal complementan la situación de trabajo forzoso en las plantaciones:
La simulación de contratos temporales cuando en realidad se trata de contrataciones a tiempo indefinido. Las plantaciones establecen categoría de trabajo temporal que no está regulado en la ley amenazando a los trabajadores con negarles el trabajo a tiempo permanente de no aceptar las forzosas condiciones de trabajo que implican remuneraciones menores al salario mínimo, sin día de descanso semanal ni asuetos remunerado, sin vacaciones pagadas, sin seguro social, etc.
Situaciones de subcontratación. Las plantaciones utilizan el fraude de esconderse bajo el velo de empresas mercantiles que aparentan ser distintas a la empresa principal que constituye la plantación. Por medio de este fraude las plantaciones intentan señalar que las condiciones de trabajo forzoso son imputables a otras empresas ajenas a la plantación cuando en realidad dichas empresas solo sirve de velo o de fachada para ocultar la responsabilidad de la empresa principal.
Por último el trabajo forzoso se asegura con la existencia de una permanente situación de discriminación antisindical. La impunidad total de los actos en contra de los esfuerzos de los trabajadores para organizarse es la condición fundamental que asegura la existencia de las prácticas de trabajo forzoso en las plantaciones. Al impedirse la organización los trabajadores agrícolas en forma individual elevan su situación de vulnerabilidad al extremo de renunciar a prácticamente todos los derechos sociales mínimos que les corresponden con el propósito de conservar el empleo (hay casos en donde existiendo sindicato y convenios colectivos los trabajadores aceptan remuneraciones y prestaciones menores, a las establecidas en el convenio y en la ley con tal de no perder el trabajo en la plantación).
Así el patrono adquiere elevadas ganancias y fuertes ventajas comerciales al reducir sus costos de producción. Un reporte de la OIT de 2014 señala que a nivel mundial las ganancias provenientes de actividades agrícolas que usan trabajo forzoso son de 9 billones de dólares.[8]
Las condiciones de inequidad producidas por el incumplimiento del pago del salario mínimo están claramente explicadas en el alegato inicial de los Estados Unidos en contra del gobierno de Guatemala (del 3 de noviembre de 2014) cuando afirma que dicho incumplimiento permite la reducción de costos de mano de obra con lo que se afecta el comercio entre las partes debido a una situación de incumplimiento de la ley laboral (párrafos 184 al 190 del escrito inicial).
Guatemala, febrero de 2015.
Imágenes y fotos tomadas de El Mundo del Trabajo en el Siglo XXI, Wendy Santa Cruz y Simona Yagenova, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO- Guatemala, 2009.
[1] Fue ratificado por Guatemala el 4 de agosto de 1961. Esta desarrollado por el acuerdo gubernativo 103-84.
[2] Se denominan Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo a los declarados por la Organización Internacional del Trabajo en 1998 y son:
La libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva,
La abolición del trabajo infantil, y
Estos derechos humanos en el trabajo tienen la categoría de fundamentales porque sirven para caracterizar la existencia de un régimen político basado en la democracia y el estado de derecho. Si un país permite la violación de estos derechos fundamentales entonces el estado ha fracasado en su intento de ser democrático. Por lo tanto, los derechos y principios fundamentales en el trabajo no solo son garantías de las personas que trabajan sino que constituyen indicadores de medición del nivel de democracia y desarrollo de un país.
[3] Aquí se utiliza la definición jurídica de corrupción contenida en el artículo VI inciso c) de la Convención Interamericana contra la corrupción que está ratificada por Guatemala y que establece como acto de corrupción cuando un funcionario público hace o deja de hacer el cumplimiento de sus funciones en beneficio propio o de un tercero. En este caso el artículo 273 del Código de Trabajo complementa esta definición legal con la enumeración de los casos de responsabilización de estos funcionarios y empleados públicos cuando toleran, permiten o promueven violaciones a las leyes laborales. La idea de señalar la corrupción como forma de tipificar la producción de impunidad laboral consiste en la evidencia que diferentes funcionarios y empleados públicos a lo largo de mucho tiempo conocen las violaciones a las leyes laborales en las plantaciones dedicadas a la exportación y omiten por completo cumplir sus funciones de aplicar la ley o realizan actos directos para exonerar de consecuencias a los empresarios que practican formas de trabajo forzado.
[4] Diferentes estudios, ensayos y monografías pueden explicar con propiedad esta afirmación: Martínez, Severo 1970
La patria del criollo: Ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca (Guatemala, Editorial Universitaria); Taracena Arriola, Arturo 2002 Etnicidad, estado y nación en Guatemala 1808-1944, volumen I (Guatemala, CIRMA) Colección ¿ Por qué estamos como estamos?; Cambranes, Julio 1996 Café y campesinos. Los orígenes de la economía de plantación moderna en Guatemala (Guatemala, Catriel).
[5] Oficina Internacional del Trabajo 2014 Profits and poverty: The economics of forced labour (Ginebra, Special Action Programme to Combat Forced Labour -SAP-FL-, Fundamental Principles and Rights at Work Branch-FPRW-). Página 20.
[6] Esta interpretación jurídica ha sido confirmada por doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad que acepta que las normas internacionales contenidas en convenios, tratados y convenciones ratificadas por Guatemala pasan a ser el nuevo derecho social mínimo. Entre otros antecedentes se encuentran las sentencias de apelación de amparo en los expedientes: 1861-2012, 2843-2011, 4621-2010, 1110-2010, 1066-2010, 851-2010 y 567-2010.
[7] Oficina Internacional del Trabajo 2012 Estudio General sobre los convenios fundamentales relativos a los derechos en el trabajo a la luz de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, 2008 (Ginebra, Conferencia Internacional del Trabajo 101) página 130 párrafo 292.
[8] Oficina Internacional del Trabajo, Profits….. (ob. Cit)
DOCUMENTO TOMADO DE: http://docs.com/1ILB4
https://www.facebook.com/LaMurallaEstudioLaboral?fref=nf
Tengo Derecho	Guatemala	Deja un comentario febrero 27, 2015 febrero 27, 2015 13 Minutes
Embajador USA Aboga por educación, seguridad y empleos
Los temas medulares en la próxima contienda electoral, así como la situación de la prensa y sus impresiones sobre los salarios diferenciados, fueron asuntos que ejecutivos y editores de Siglo.21 conversaron ayer con Todd David Robinson, embajador de Estados Unidos en Guatemala.
En una visita de cortesía a este diario, Robinson analizó también la trascendencia de la Alianza para la Prosperidad, que promueve su país y que beneficiará al Triángulo Norte, y los eventuales cambios constitucionales, los que, dijo, son un asunto interno.
Según Robinson, propuestas en materia de educación, oportunidades económicas y seguridad serán prioritarias en los comicios, pues son temas que permiten el avance de las naciones. Sobre los salarios diferenciados, consideró que no deben descartarse los modelos y que se tiene que ser reflexible en todas las discusiones.
En cuanto a la seguridad, afirmó que hay que trabajar, sobre todo por las relaciones entre autoridades y los criminales. En cuanto a los cambios constitucionales, adelantó que si el país está dispuesto a hacerlos, Guatemala encontrará aliados externos.
“Será difícil atraer compañías extranjeras si no hay seguridad y población con suficiente educación para el trabajo”.— Todd David Robinson, Embajador de EE. UU.
http://www.s21.com.gt/nacionales/2015/02/27/aboga-educacion-seguridad-empleos
Tengo Derecho	Guatemala	Deja un comentario febrero 27, 2015 1 Minute
¿Es éticamente sostenible pagar salarios que no cubren lo “mínimo”?
La iniciativa de reducir el salario mínimo en varios municipios resulta una pobre solución a un gran problema. La canasta básica tiene un costo que ya es superior al salario mínimo. Entonces, ¿qué implica ganar menos? Básicamente, que el dinero por trabajar durante un mes, ocho horas diarias, no servirá para el acto básico de sobrevivir. ¿Es motivador trabajar para recibir un salario que es menos que lo “mínimo”?
Cuando hablamos de políticas económicas, ¿de qué estamos hablando? Detrás de una política económica siempre hay un sustento ideológico que sirve a determinados intereses. Según la línea de pensamiento neoliberal, capitalista, lo importante es proteger al capital. La sustentación teórica es que cuando el capital está incentivado, se genera tanto empleo que impulsa alzas salariales de manera “natural”. Metafóricamente, se presenta esta teoría con la imagen de una copa que al estar llena, rebalsa y se derrama.
Pues en Guatemala desde la Revolución de 1871 estamos esperando el famoso “derrame”. La verdad es que en economía nada sucede de manera “natural”. El capital está siempre bien armado de brazos políticos, (para eso pagan campañas generosas) y, entonces, las “políticas públicas” no son la respuesta a las necesidades de la mayoría, sino del capital. Así se articula la emisión de leyes, se manipulan decisiones, se maneja el país.
Crear una megaindustrialización maquilera no es la mejor opción para Guatemala. Apuntar a eso como respuesta a la necesidad de empleo, es apuntar a lo más bajo. Ser perezosos, poco creativos, nada propositivos. Ni siquiera para un capitalismo inteligente tiene sentido esta solución. Henry Ford lo dijo con claridad al fundar su imperio automovilístico. Su filosofía era crear automóviles que sus obreros pudieran comprar.
Entonces, la salida al laberinto económico está justamente al lado opuesto del salario “diferenciado”. No se trata de crear más pobreza mediante los salarios pauperizantes. Se trata de crear riqueza mediante salarios que permitan a la gente gastar. Porque cuando la gente tiene dinero adicional, hay opción para la creatividad empresarial, para la generación de ideas y empleos motivadores.
El año recién pasado el presidente Correa visitó Guatemala. Habló de la solución que ha dado Ecuador a la desigualdad y la pobreza: salir del estigma del salario mínimo para pasar al “salario digno”, es decir un salario motivador que permite a la gente no solamente sobrevivir, sino también buscar otros satisfactores. Él ha tenido éxito. ¿Por qué en Guatemala no podemos aspirar a una solución humana y digna?
http://www.elperiodico.com.gt/es/20150227/opinion/9193/Salarios-dignos.htm
Tengo Derecho	Guatemala	Deja un comentario febrero 27, 2015 2 Minutes
Gobierno sandinista fija nuevo salario mínimo en Nicaragua
El Gobierno de Nicaragua que preside el sandinista Daniel Ortega fija hoy el nuevo salario mínimo de los trabajadores, cuyo promedio en la actualidad es de 4,261 córdobas (159 dólares) .
Tengo Derecho	Tengo Derecho	Deja un comentario febrero 27, 2015 1 Minute
Mitos, propaganda, falsos dilemas, y una propuesta sobre el salario mínimo diferenciado
Jorge Morales Soberanis
“Seamos humanos, dejemos que la gente gane mejor” versus “Seamos humanos, cumplamos la ley, no discriminemos”.
A finales del 2014 el Gobierno aprobó el decreto que establece un salario diferenciado en cuatro municipios de Guatemala (Masagua, San Agustín Acasaguastlán, Guastatoya y Estanzuela). Con el amparo provisional que la Corte de Constitucionalidad le otorgó al Procurador de Derechos Humanos, se ha intensificado el debate entre sus promotores, encabezados por un lado por los ministros de Economía, Sergio de la Torre, y de Trabajo, Carlos Contreras, y por académicos, la PDH y organizaciones sociales, por la otra. Un debate que no analiza a fondo la estrategia de la maquila para la generación de empleo, y que parte de una serie de supuestos que generan trampas argumentativas. Ni el sustento ideológico de esta propuesta ni las razones de fondo no emergen con claridad, y el debate está disfrazado de una acción humanista urgente para atender a la población más pobre.
Esta discusión se da en un entorno disociado. Las autoridades indican que la economía del país está sana, que creció un 4% el año pasado, que la moneda está estable, y la inflación baja. Los pudientes prosperan al calor de todo tipo de negocios, lícitos o ilícitos. Pero aunque la teoría económica nos dice que cuando la economía va bien, los salarios suben, el consumo sube y la economía sigue creciendo, en realidad cada vez hay más excluidos, el presupuesto estatal no alcanza, la ley se viola impunemente, y se discrimina y excluye a los jóvenes (200 mil se incorporan cada año al mercado laboral, y sólo 40 mil encuentran empleo), a los pueblos indígenas, a las mujeres.
Por eso parece contradictorio que en una “economía buena” se disfrace de humanismo el planteamiento de bajar el salario mínimo al que por derecho tienen todos los trabajadores. Otra cosa es que el salario fijado garantice una vida digna, algo que pocas veces se discute.
Lo que es y lo que debiera ser… y lo incoherente
Desde que propusieron la ley de Inversión y Empleo pero sobre todo en las últimas semanas, se ha gestado una fuerte discusión. La argumentación en torno al salario mínimo diferenciado discurre entre lo que es y lo que debiera ser, en una confusión que no aclara nada.
Los ministros de Economía y Trabajo, ponentes y defensores de la iniciativa, señalan que los trabajadores de esos municipios perciben ingresos que rondan los Q 600 (lo que es), y que ante tal injusticia y barbaridad, hay que hacer algo urgente para subir sus ingresos. De ahí, se argumenta con fuerza, la necesidad de incrementar el salario, y la vía de hacerlo es con “manufactura ligera” (un eufemismo para la maquila).
Sus detractores argumentan que de acuerdo a la legislación vigente nadie debe trabajar por menos del salario mínimo: Q2,644.50 para actividades agrícolas y no agrícolas, y Q2,450.95 para la maquila (lo que debiera ser, según la ley). Este salario (que en rigor no es el deber ser, pues no es digno) ni siquiera está al alcance de la mayoría de los trabajadores en cualquier ámbito de la economía.
El discurso de las partes se mueve de forma indistinta entre lo que es y lo que debiera ser, y por lo tanto resulta a veces falaz y confuso. Se habla de lo que proponen (los Q 1,500) como el deber ser. Los opositores alegan lo discriminatorio de un salario que, aunque superior al actual –el ser, Q600– es inferior a lo que debiera ser. Los entrevistadores y formadores de opinión no aclaran esto tampoco.
Pareciera que ninguno de los actores se cuestiona el fin de todo esto de forma explícita. Hablan de la creación de empleo como si más allá del trabajo asalariado no hubiera otras formas de vida, y dan a entender que la “manufactura ligera” fuese la única o la más eficiente manera de crearlo.
Pues resulta que en realidad la gente se gana la vida por medio de una infinidad de estrategias muchas veces combinadas. Los trabajos sobre pobreza del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IDIES) muestran que la actividad económica del trabajador no sólo se remite a un tipo: por lo regular trabajan en varias cosas. “Ganarse la vida”, además, no sólo implica actividades remuneradas.
El empleo es solo una de las formas, pero hacen que parezca la única.
Es la reducción de la desigualdad la que genera mejores indicadores de desarrollo social. Guatemala, más que un país pobre, es un país profundamente desigual e injusto.
De todas maneras, ¿es cierto lo que nos aseguran? Que esta estrategia de salario diferenciado generará empleos. Los defensores de esta iniciativa esto hablan de nuevas inversiones pero no hay ni siquiera estimados. Se argumenta que los inversores están en fila para invertir pendientes de esta decisión. ¿Será posible? Conociendo al sector maquilero, ¿cómo no creer que se cerrarán las fábricas de Chimaltenango para abrirlas en los cuatro nuevos municipios seleccionados? Que la ley lo prohíbe, replican. Como si no lo hubiera prohibido siempre, sin ningún resultado.
Además, ¿por qué tenemos que condenar a nuestros jóvenes, en especial a las mujeres madres solteras a esta forma de explotación? ¿Por qué tenemos que “poner todos los huevos en la misma canasta”? Y en una tan delicada. El ministro de Economía argumenta que, ya organizados, los trabajadores lucharán por el aumento salarial. ¿Se le habrá olvidado que no hay sindicatos en las maquilas?
Ante la pregunta de qué pasaría si este “experimento” resultara exitoso, el funcionario responde que se generalizaría a todo el país. ¡Al fin! Ahí se destapa la evidencia del interés de bajar el salario mínimo.
Lo anterior nos empuja hacia trampas argumentativas. Los ponentes nos ponen en un juego simplón entre los buenos y los malos:
La trampa del callejón sin salida.
Ambos ministros y los alcaldes de los municipios donde se pretende implantar esa medida plantean el asunto de tal manera que quien no apoye su propuesta es un desalmado que niega el derecho al trabajo. Y quienes se oponen a la iniciativa lo plantean como la lucha por el salario mínimo. Pues ni un enfoque ni otro son el apropiado. La discusión debiera ir sobre la posibilidad de modos de vida que permitan la reproducción de las familias y las sociedades de manera digna.
La trampa del menos es más.
Los ponentes indican que es una alternativa diseñada para elevar el salario, bajo el argumento de que la gente gana alrededor de Q600 mensuales. Al no apoyar la iniciativa, aducen, se condena a la gente a ganar menos. Por otro lado, los oponentes indican que esta medida implica aprobar un salario mínimo menor, y por lo tanto condenar a que la gente gane menos. La legislación laboral indica los salarios que debe ganar el trabajador. Que estos no se logren en su gran mayoría muestran la impunidad e injusticia en esta sociedad y su Estado, incapaz de garantizar este mínimo pactado en la legislación. Esto no se soluciona bajando el salario mínimo.
La trampa del usted solo critica.
Los ponentes indican que los que rechazan la medida no proponen nada alternativo. Es otra vez la trampa de llevar la discusión al “todo o nada”. Es decir: o se aprueba esto —pues traerá inversiones nuevas, que en su turno crearán nuevos empleos, y generarán nuevo bienestar— o no se hace nada. Incluso los opositores parecieran estar de acuerdo con estas premisas o parte de ellas. Existen alternativas, pero no se discuten.
La trampa de la fe en los burócratas.
La argumentación, como se planteó arriba, es que se crearán nuevos empleos y se dinamizará la economía. Sin embargo, no se presentan proyecciones ni planes para ver cómo esto funcionaría. Habría que creer a ciegas en los beneficios de esta medida. En su afán de lograr el apoyo masivo, se muestra la movilización de los alcaldes de los municipios y la opinión de algunas personas. Sin análisis serio de políticas públicas.
¿Qué supuestos ideológicos hay detrás de esto?
Toda esta discusión está cruzada por una serie de argumentaciones o supuestos ideológicos que aparecen planteados como verdades irrefutables, sustentados en trozos de información a medias. En ambos lados podemos ver trazas del sustento ideológico del actual modelo de desarrollo.
El bienestar social viene por el derrame.
La argumentación sobre si la gente gana más o menos, la dinamización de la actividad económica, la creación de empleos como único modo de vida, las inversiones externas como único modo de progreso y el crecimiento económico como única alternativa, implican que en el sistema económico neoliberal está la salida a la crisis. No se discuten alternativas fuera de estos parámetros.
La atracción de este tipo de capitales causará el impulso económico que necesitamos.
Pareciera reforzarse la idea de la exportación como la única y mejor alternativa para dinamizar la economía. No se toman en cuenta los costos/beneficios en exenciones de impuestos, el impacto ambiental, la violación sistemática de los derechos laborales, la falta de organización gremial, entre otros aspectos centrales en la discusión de la operación de este tipo de capitales.
El crecimiento económico como salida a los problemas.
El paradigma ideológico del crecimiento económico pareciera ser otra de esas verdades incuestionables. Aunque la producción de riqueza es importante y necesaria, existe suficiente evidencia científica que indica que más que el crecimiento, es la reducción de la desigualdad la que genera mejores indicadores de desarrollo social. Guatemala, más que un país pobre, es un país profundamente desigual e injusto.
Shhhh. Eso no se dice.
Todo esto se presenta como una cruzada para favorecer a los más pobres. Nadie discute el modelo económico y cómo todas estas alternativas son estrategias que profundizan la reproducción social del orden actual. ¿Pero qué es lo que hay detrás?
Por un lado está la ampliación de la rentabilidad a costa del trabajador. En resumen, mayor extracción de plusvalía. Ello implica que la economía nacional es de importancia mínima para los que diseñan las políticas públicas y está subordinada a la exportación. Mejorar el clima de negocios y la rentabilidad es planteado como un asunto único de mayor explotación de la mano de obra. La creación de empleo y el bienestar de la población no son importantes en el fondo, aunque sean el argumento de forma.
También la necesidad de mano de obra acrítica y mansa responde a un modelo del trabajador ideal. Ante la gran necesidad de modos de vida, se propugna y refuerza que esta es la vía para salir adelante. No hay que organizarse; hay que obedecer y ser buenos, para no molestar a los inversores.
La agricultura campesina, satanizada como algo anacrónico y atrasado por casi todos, es la que nos sigue dando de comer.
Y transformar a la fuerza laboral en empleada (el empleo como única forma de trabajo y única alternativa) es una forma de proletarizar el país. En esta línea, hoy, encontramos el auge de la maquila como panacea. Una actividad que requiere mano de obra poco calificada, desorganizada, vulnerable y obediente para la que el costo del jornal es uno de los dos aspectos centrales de su “competitividad”. El otro son los llamados “estímulos”: estrictamente, exenciones de impuestos, tarifas especiales, etcétera, que se le cargan al contribuyente. Por eso es que van de Guatemala a Honduras, Nicaragua, El Salvador y a Guatemala, en un círculo nómada en donde violan de forma sistemática los derechos de los trabajadores y expolian países.
Y está la posibilidad de generalizar esto para todo el país. Aunque se habla de los cuatro municipios pilotos, la posibilidad de generalización es evidente, condenando a las mayorías a la exclusión social.
Acá es donde reside el verdadero argumento del abordaje, que se pinta, barniza o disfraza de humanitarismo.
La alternativa no voraz
Algunos formadores de opinión indican que, aun reconociendo que el trato es discriminatorio, apoyarían esta estrategia ante la urgencia de generar trabajo y la ausencia de propuestas alternativas. Una posición extremadamente pragmática.
Lo cierto es que, aun si de manera precaria, las empresas pequeñas y medianas y el sector informal generan en la actualidad la mayoría del empleo (entre el 70% y el 80%). La gran empresa, incluida la maquila, hasta el 19%. Muchos argumentan que las medianas y pequeñas empresas funcionan alrededor de estos “motores” de la economía, y por lo tanto hay que fortalecerlos. Sin embargo, se puede concluir que la legislación, las políticas públicas y la institucionalidad nacional, pública y privada, está montada para favorecer a estos “motores” de la economía, y por lo tanto las pequeñas y medianas empresas la tienen cuesta arriba. El sentido común nos indica que hay que favorecer a estos pequeños actores, que generan empleo y modos de vida, lo que redundará también en su formalización y la mayor tributación del país. He ahí una alternativa.
Por otro lado, la agricultura campesina, satanizada como algo anacrónico y atrasado por casi todos, es la que nos sigue dando de comer. En contra de la creencia de que es la gran agricultura industrializada y monocultivadora la que tiene más capacidad para alimentarnos, hoy sabemos que la seguridad alimentaria depende de los pequeños productores. El estudio del Instituto de Aagricultura Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) “Distribución sectorial del crecimiento del empleo en el altiplano guatemalteco”demuestra que es el motor económico principal y el que tiene mayor poder redistributivo. Todo esto parece estar lejos del interés de nuestros hacedores de políticas económicas y ni la legislación, ni las políticas públicas, ni la infraestructura ni el acceso a medios y estímulos lo atienden. La red vial, por ejemplo, debiera estar diseñada en función de este sector que puede garantizar la seguridad, la estabilidad y crecimiento de la actividad económica nacional.
La escasa industria nacional dirigida al mercado local está en declive. Sin sugerir que repliquemos los esquemas de la era de la “sustitución de importaciones”, ¿qué nos detiene para desarrollar este gran mercado? Que vemos Guatemala como exportador y satisfactor de necesidades externas. Y quizá la agricultura campesina no sea tan rentable como la agroexportación o exportación de bienes terminados o materias primas (quizá: hay que ahondar), pero abona a la seguridad alimentaria y a los modos de vida dignos y desarrollo.
Recientemente, Pedro Trujillo comentó que, según estudios empresariales desarrollados por la Universidad Francisco Marroquín, el costo de la mano de obra ocupa una posición muy baja en el listado de incentivos para la inversión productiva. Lo anteceden la infraestructura, los servicios, las vías de comunicación, puertos, certeza jurídica de la propiedad, servicios para la población, etcétera.
En todo el debate ni siquiera se considera el desarrollo del comercio interno ni la seguridad alimentaria. Para los sectores nacionales e internacionales que se beneficiarían, el desarrollo de actividades endógenas no se presenta como las más atractivas, dada su hipotética menor rentabilidad. Sin embargo, el mercado interno promete estabilidad, crecimiento económico y mecanismos de redistribución que reducen la desigualdad. La agroecología también restaura el ambiente natural, reduce la vulnerabilidad al abandonar el monocultivo, y genera alimentos más sanos para la población.
Muy ligado a lo anterior, la seguridad alimentaria en la actualidad está sobre los hombros de los pequeños agricultores. La pretensión de proletarizar a toda la fuerza laboral, con el correspondiente aumento de la tasa de urbanización, haría a los guatemaltecos, entre otras cosas, más vulnerables respecto a la alimentación de lo que ya son, y profundizaría la problemática urbana y de depredación de los medios naturales.
En conclusión, frente a la propuesta gubernamental y empresarial de los salarios diferenciados, sí existen alternativas, sí hay recursos para echarlas a andar con medios propios, los niveles de inversión no son altísimos y no se dependería necesariamente de recursos (inversiones o créditos) externos para desarrollarlas.
Más allá de bloquear una iniciativa que es un viejo proyecto del sector empresarial, se debe debatir la posibilidad de un “cambio civilizatorio” que incluya el cambio del modelo de desarrollo, una civilización de la austeridad, la vida digna y el respeto de la madre naturaleza, para lograr eso de la sociedad justa y solidaria. Pero eso ya es otro asunto pendiente de discutir.
http://www.plazapublica.com.gt/content/mitos-propaganda-falsos-dilemas-y-una-propuesta-sobre-el-salario-minimo-diferenciado
Tengo Derecho	Guatemala	Deja un comentario febrero 24, 2015 12 Minutes
Diferenciación: Decisión acertada
La diferenciación regional del salario ha sido utilizado para reconocer las disparidades adentro de un mismo país.
A pesar del grado de avance y perfeccionamiento en el proceso de integración económica y política de la Unión Europea, y el compromiso de esta región con la defensa irrestricta de los derechos humanos, sus autoridades políticas y económicas reconocen la importancia de mantener regulaciones laborales diferenciadas de acuerdo a las necesidades de generación de empleo en distintos países, regiones, y segmentos poblacionales. El uso de salarios mínimos diferenciados por sector, región, edad, ocupación o calificación es muy común alrededor del mundo. En la Unión Europea, por ejemplo, en 2004, solamente tres de los 26 países que componían la Unión en ese momento carecían de alguna forma de diferenciación en su normativa sobre el salario mínimo. Tratos diferenciados que van desde la reducción de las obligaciones patronales a la seguridad social e impuestos al trabajo por contratar jóvenes y personas sin experiencia hasta salarios mínimos más bajos que el general de acuerdo a la edad o la experiencia del trabajador.
Incluso, la tan atacada diferenciación regional del salario es algo que ha sido utilizado para reconocer las disparidades adentro de un mismo país. En 1997, el Gobierno alemán estableció un salario mínimo para los trabajadores de la construcción de Alemania Oriental equivalente al 64 por ciento del salario mínimo vigente en ese momento para ese mismo tipo de trabajador en Alemania Occidental. A nadie sorprende estas amplias disparidades en la regulación relativa al salario mínimo en la Unión Europea; el distinto grado de desarrollo de los países que componen esta región demanda que las regulaciones laborales reflejen las distintas posibilidades de creación de empleo y generación de ingresos laborales en cada región. Saben bien las autoridades europeas que deben existir regulaciones laborales distintas de acuerdo con la situación de desempleo y productividad de las distintas regiones y/o segmentos de la población.
Ante un mismo costo unitario de la mano de obra, la mayoría de la inversión, creación de nuevas empresas y generación de empleo ocurrirá en regiones con mejor infraestructura productiva, productividad de los trabajadores, ventajas de ubicación y acceso a mercados. Algo que saben bien, y no cuestionan, defensores de derechos humanos y relatores especiales de la ONU, que con tanta autoridad hablan sobre lo que debería hacer o no un país para buscar su desarrollo. Carecería de sentido acusar a la Unión Europea de violar los derechos humanos y laborales por permitir que existan salarios diferenciados entre las regiones ricas y las pobres, con valores tan dispares como los US$210 del noroccidente de Bulgaria, la región más pobre de la Unión, con unos US$210 mensuales, y los US$2 mil 200 mensuales de Luxemburgo. No permitir esta diferenciación gravitaría en contra de las regiones con menores niveles de capacitación de sus trabajadores, mayores tasas de desempleo, mayores limitantes estructurales a la producción y peores condiciones para hacer negocios.
http://www.elperiodico.com.gt/es/20150224/opinion/9019/Diferenciaci%C3%B3n-Decisi%C3%B3n-acertada.htm
Tengo Derecho	Guatemala	Deja un comentario febrero 24, 2015 2 Minutes
DGAC gasta Q74.3 millones en trabajadores temporales
Empresas de una familia han sido beneficiadas como proveedoras con Q33.6 millones en diferentes entidades.
El interventor de Aeronáutica Civil, Jair Samayoa Gutiérrez, evadió ayer la citación que le realizó la bancada Encuentro por Guatemala (EG). El funcionario contestó por medio de una carta recibida a última hora, en la que informaba que se encontraba en una reunión convocada por el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), José Domingo Trejo.
Los legisladores cuestionarían desde la contratación de personal temporal hasta “compras anómalas” efectuadas por la institución en los últimos meses. Con documentos en mano, el diputado Luis Pedro Álvarez criticó el exceso de plazas en el Reglón 029, así como las adjudicaciones a empresas familiares.
“Es evidente el aumento de personal durante el año pasado”, denunció Álvarez, al señalar que de las contrataciones temporales, un buen número son “fantasmas”. De acuerdo con la página de información pública de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), 1,960 trabajadores están contratados bajo este renglón.
Los congresistas cuestionaron, además, salarios que van desde Q3 mil hasta Q30 mil 500. Otra de las dudas era conocer si la DGAC cuenta con los informes laborales de cada trabajador temporal.
Álvarez evidenció, que la DGAC ha beneficiado con más de una decena de contratos por Q5.8 millones a cuatro empresas diferentes, todas propiedad de la familia del Val Guerrero, quienes realizan trabajos varios, desde chapeo de áreas verdes hasta servicios de mantenimiento en pistas de aterrizaje.
Ana del Rosario Guerrero Mayorga del Val, Juan Rafael, Ana Gabriel, César Augusto y Alba Amanda, todos de apellido Del Val Guerrero, se han convertido no solo en proveedores de Aeronáutica Civil (desde 2008 a la fecha ) sino también de los Ministerios de Comunicaciones y Gobernación. La familia ha recibido en contratos Q33.6 millones.
Se buscó la opinión del interventor, Jair Samayoa, nombrado por el presidente Otto Pérez Molina en noviembre de 2013, pero el Departamento de Comunicación de la DGAC informó que se encontraba reunido y no podía dar una respuesta. La bancada de EG convocó al funcionario para una segunda citación.
Renglones de Personal de AeronÁutica Civil
Q2.5 millones
Q1.7 millones
Q2.09 millones
Q74.3 millones
Los salarios van desde Q3 mil hasta Q30 mil.
“Es evidente el aumento de personal durante el año pasado”. Luis Pedro Álvarez, diputado de Encuentro por Guatemala.
http://www.elperiodico.com.gt/es/20150224/pais/9029/DGAC-gasta-Q743-millones-en-trabajadores-temporales.htm
Tengo Derecho	Guatemala	1 comentario febrero 24, 2015 2 Minutes