Source: http://www.televes.com/es/content/ley-101988
Timestamp: 2015-07-29 13:29:02
Document Index: 133406878

Matched Legal Cases: ['artículo 128', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 7', 'artículo 14']

Ley 10/1988 | Televes
Ley 10/1988 Mar, 03/05/1988 956
LEY 3-5-1988, núm. 10/1988 (Jefatua del Estado). TELEVISION.
Regulación de la privada.
La televisión es, en nuestro ordenamiento jurídico y en los términos del artículo 128 de la Constitución (R. 1978\2836 y Ap. 1975-85, 2875), un servicio público esencial, cuya titularidad corresponde al Estado.
El Tribunal Constitucional, en sus sentencias número 12, de 31 de marzo de 1982 (R.T. 1982\12), y número 74, de 7 de diciembre de 1982 (R.T. 1982\74), declaró que la llamada «televisión privada» no estaba constitucionalmente impedida y que su implantación no era una exigencia jurídico-constitucional, sino una decisión política que podía adoptarse siempre que, al organizarla, se respetasen los principios de libertad, igualdad y pluralismo.
El Gobierno, de acuerdo con su programa de ampliar al máximo el disfrute y la pluralidad de los medios de comunicación y la difusión de la información que a través de ellos se canaliza ha adoptado la decisión de regular la gestión indirecta de la televisión, de acuerdo con los principios señalados por el Tribunal Constitucional y los que se derivan necesariamente de su carácter de servicio público esencial.
En concordancia con estos criterios, la Ley sobre Televisión Privada establece que la actividad de las Sociedades concesionarias de dicha gestión indirecta se inspirará en los principios expresados en el artículo 4.º de la Ley 4/1980, de 10 de enero (R. 1980\75 y Ap. 1975-85, 11530), de Estatuto de la Radio y la Televisión.
La gestión indirecta por parte de las Sociedades concesionarias se inspirará en los principios expresados en el artículo 4.º de la Ley 4/1980, de 10 de enero (R. 1980\75 y Ap. 1975-85, 11530), de Estatuto de la Radio y la Televisión.
a) Las comprendidas en algunas de las circunstancias previstas en el artículo 9 de la Ley de Contratos del Estado (R. 1965\771, 1026 y R. DICC. 7365).
c) Aquéllas a las que se hubiere extinguido con anterioridad una concesión como consecuencia de sanción por infracción calificada de muy grave por la presente Ley.
d) Aquéllas cuyos accionistas hubieran sido a su vez, en un porcentaje superior al 10 por 100, accionistas de sociedades concesionarias cuya concesión se hubiese extinguido a consecuencia de sanción por infracción calificada de muy grave por la presente Ley.
1. Cada una de las sociedades concesionarias estará obligada a emitir programas televisivos durante un mínimo de cuatro horas diarias y treinta y dos semanales. A estos efectos se computarán tanto los programas emitidos con una cobertura nacional como con una cobertura limitada para cada una de las zonas territoriales a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 de la presente Ley. En ningún caso la duración diaria de la programación con dicha cobertura limitada podrá exceder la duración diaria de los programas con cobertura nacional.
3. La programación emitida deberá respetar los siguientes porcentajes, mínimos y compatibles de producción:
a) El 15 por 100 de producción propia del titular de la concesión.
b) El 40 por 100 de producción originaria en países integrantes de las Comunidades Europeas.
Asimismo el 55 por 100 de la programación emitida deberá ser en expresión originaria española.
4. El 40 por 100 de las películas comerciales emitidas en la programación mensual deberá ser de producción originaria en países integrantes de las Comunidades Europeas, y dentro de ella, el 50 por 100, al menos, en expresión originaria española. En ningún caso podrán emitirse películas comerciales hasta transcurridos dos años desde su estreno en España en una sala comercial de exhibición cinematográfica o, si no hubiera sido estrenada en España, hasta transcurridos dos años desde el de su producción, salvo que se hubiera realizado a los solos efectos de su exhibición por televisión, o hubiera sido producida, en un porcentaje superior al 30 por 100 de su coste, por el titular de la correspondiente concesión.
6. Los titulares de las concesiones deberán archivar durante un plazo de seis meses, a contar desde la fecha de su primera emisión, todos los programas emitidos por las respectivas emisoras de televisión y registrar los datos relativos a tales programas, así como su origen y a las peculiaridades de la labor de producción, a efectos de facilitar su inspección por las autoridades competentes y su consulta por los particulares conforme a la regulación general en esta materia.
d) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio de la sociedad concesionaria a una cantidad inferior a la cifra del capital social inicial, a no ser que éste se reintegre en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas (R. 1951\811, 945 y R. DICC. 28531).
2. El incumplimiento sobrevenido de los límites establecidos en el artículo 19.3 dará lugar a la extinción de la concesión, a menos que, en el plazo de un mes siguiente al requerimiento que la Administración dirija a la sociedad, ésta subsane dicho incumplimiento.
1. Las sociedades concesionarias habrán de revestir la forma de sociedades anónimas y tendrán como único y exclusivo objeto social la gestión indirecta del servicio público de la televisión con arreglo a los términos de la concesión. Las acciones de estas sociedades serán nominativas.
1. Sólo podrán ser accionistas de las sociedades concesionarias las personas físicas y aquellas personas jurídicas que revistan la forma de sociedad anónima, siempre que en este caso sus acciones sean nominativas.
2. Ninguna persona física o jurídica podrá ser titular, directa o indirectamente, de acciones en más de una sociedad concesionaria.
3. Ninguna persona física o jurídica podrá ser titular, directa o indirectamente, de más del 25 por 100 del capital de una sociedad concesionaria.
4. La totalidad de las acciones de titularidad de extranjeros no podrá en ningún momento, ni directa ni indirectamente, superar el 25 por 100 del capital de una sociedad concesionaria.
1. Requerirán la previa autorización administrativa todos los actos y negocios jurídicos que impliquen la transmisión, disposición o gravamen de las acciones de las sociedades concesionarias, así como la emisión de obligaciones o de títulos similares.
2. Será requisito constitutivo de los actos y negocios jurídicos mencionados en el apartado anterior su formalización mediante documento autorizado por fedatario público. Ningún fedatario público intervendrá o autorizará documento alguno sin que se acredite la preceptiva autorización administrativa. El acto o negocio jurídico efectuado deberá ser inscrito en el Registro Especial de Sociedades Concesionarias.
3. Las autorizaciones a que se refiere el presente artículo serán acordadas por el Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
f) La negativa, resistencia u obstrucción que impida, dificulte o retrase el ejercicio de las facultades de inspección de la Administración previstas en el artículo 7,1, c) de esta Ley.
a) La utilización de equipos y aparatos que no cumplan las especificaciones técnicas y condiciones de homologación que reglamentariamente se internacionales suscritos por España (sic).
f) El incumplimiento reiterado de las condiciones esenciales de la concesión salvo que deba considerarse como infracción muy grave conforme a lo previsto en el apartado anterior.
b) Las graves, con multa de 2.00.001 a 15.000.000 de pesetas.
2. La imposición de las sanciones se ajustará al procedimiento sancionador regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo (R. 1958\1258, 1469, 1504; R. 1959\585 y R. DICC. 24708) y su instrucción corresponderá al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
Primera.-A las sociedades que obtengan una concesión en el primer concurso público convocado tras la entrada en vigor de esta Ley no les serán de aplicación los porcentajes a que se refiere el apartado 3 del artículo 14 durante los dos primeros años de la concesión. No obstante, será preciso cubrir tales porcentajes en una tercera parte durante el primer año y en dos terceras partes durante el segundo año de la concesión.
Segunda.-En tanto no sea regulada con carácter general la publicidad referida al consumo de alcohol, tabaco y cualquier otra sustancia nociva para la salud, su emisión a través de la televisión privada quedará sometida a las mismas normas que las vigentes para el Ente Público Radiotelevisión Española.