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Timestamp: 2016-12-03 21:47:21
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Sentencia T-201/12
Acción de tutela promovida mediante apoderada por Raúl Aurelio Guerrero Maldonado, contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga y otro.
NILSON PINILLA PINILLA. Bogotá, D. C., catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012).
En la revisión del fallo dictado en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela promovida mediante apoderada por Raúl Aurelio Guerrero Maldonado, contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado 5° Laboral del Circuito de la misma ciudad.
Raúl Aurelio Guerrero Maldonado promovió tutela en junio 3 de 2011, contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga y otro, aduciendo violación de sus derechos al debido proceso, al mínimo vital, a la vida digna, a la igualdad, al trabajo y a la seguridad social, por los hechos relatados a continuación.
l. Afirmó la apoderada, que el sacerdote Raúl Aurelio Guerrero Maldonado nació en diciembre 25 de 1937, de donde se desprende que actualmente tiene 74 años de edad y que en diciembre 25 de 1997 habría cumplido el requisito para obtener una pensión de vejez, es decir 60 años.
2. Según se aseveró, el sacerdote laboró en el Instituto Nacional de Enseñanza Media, INEM, de Bucaramanga, entre julio 14 de 1980 y febrero 1° de 1986, aportando para pensión en CAJANAL EICE por “cinco (5) años, seis (6) meses, diecisiete (17) días que equivalen a 266.27 semanas cotizadas” (f. 3 cd. inicial).
3. Por cuenta de la Arquidiócesis de Bucaramanga, el actor continuó aportando para pensión de vejez al Instituto de Seguros Sociales, en adelante ISS, seccional Santander, entre julio 11 de 1991 y diciembre 31 de 1994, “es decir 3 años, 5 meses, y 20 días, que equivalen a 181.4286 semanas cotizadas”; así mismo, entre febrero 24 de 1995 y diciembre 24 de 1997, “2 años y 10 meses que equivalen a otras 136 semanas cotizadas” (f. 4 ib.). Señaló la apoderada que en diciembre 25 de 1997, el peticionario había cumplido 60 años de edad y cotizado 583.6986 semanas en los últimos 20 años, así:
4. Por lo anterior, el actor solicitó al ISS seccional Santander, reconocer y empezar a pagar “su pensión de jubilación con fundamento en el régimen pensional contenido en el decreto 758 de 1990… (Art. 12) que exige como requisitos para acceder a la pensión de vejez, haber cumplido la edad de 60 años y haber cotizado mínimo 500 semanas durante los 20 años anteriores al cumplimiento de esa edad”, acogiéndose al régimen de transición (f. 5 ib.).
Sentencia de noviembre 26 de 2009, dictada en primera instancia por el Juzgado 5° Laboral del Circuito de Bucaramanga, que negó las pretensiones de la demanda, argumentando que el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 regula la pensión de vejez de los trabajadores particulares, teniendo en cuenta para su reconocimiento solo los aportes hechos al ISS. Para dicho Juzgado, “es claro que ninguno de los requisitos para la pensión de vejez del ISS así consagrada los cumple el actor, porque no tiene aportes por 500 semanas a ese instituto entre el 25 de diciembre de 1977 y el 25 de diciembre de 1997”, y tampoco tiene “1000… en cualquier tiempo. Recuérdese que como se concluyó anteriormente el total de los aportes para el ISS, fue de 316 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima…” (f. 6 ib.).
Apelada dicha decisión, en sentencia de abril 27 de 2011 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga la confirmó, argumentando que “las previsiones del Acuerdo 049 de 1990 se dirigen a regular la pensión de vejez de los afiliados al Instituto que cumplan… los requisitos de sus reglamentos para obtenerlas. Es razón por la que los Acuerdos que reglamentan los derechos de los afiliados al ISS solo atienden las cotizaciones que sus asegurados realizan a dicho Instituto” (f. 6 ib.).
8. Indicó la apoderada del actor que contra esa decisión del Tribunal Superior no procedía el recurso extraordinario de casación, pues la cuantía del proceso no excedía “de doscientos veinte (220) veces el salario mínimo legal mensual vigente”, que para abril 27 de 2011, era la exigida legalmente por el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, posteriormente declarado inexequible (f. 7 ib.).
9. Señaló que el ISS y los despachos judiciales accionados incurrieron en violación del principio de favorabilidad hacia el empleado, consagrado en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en adelante CST, y el 53 de la Constitución, ya que, el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 no exige que las semanas sean exclusivamente cotizadas al ISS. Igualmente, acusó los fallos de ser contrarios a los precedentes jurisprudenciales pertinentes, resaltando particularmente las sentencias T-398 de julio 4 de 2009, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-090 de febrero 17 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
10. La parte actora afirmó que el sacerdote Raúl Aurelio Guerrero Maldonado “solo recibe como ingreso lo correspondiente a cada Eucaristía que celebra cada vez que lo puede hacer…, pues por los problemas de salud, no puede hacerlo diariamente,… vive en arriendo en un apartamento y se encuentra a cargo del sostenimiento de su anciana madre… de 90 años de edad”, padeciendo el actor una enfermedad “degenerativa definitiva crónica (incurable) denominada ESPONDILOARTROSIS LUMBAR, LUMBALGIA y HERNIA DISCAL afección del nervio ciático, que afecta sus vertebras lumbares” (f. 8 ib.). Por lo anterior, se impetra la pensión de vejez, aduciendo que la Corte Constitucional ha reconocido ese derecho a personas en circunstancias similares, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable contra Raúl Aurelio Guerrero Maldonado, reclamándose el amparo de sus derechos fundamentales, previa revocatoria de las decisiones proferidas por el Juzgado 5° Laboral del Circuito y el Tribunal Superior, Sala Laboral, ambos de Bucaramanga, a los cuales se debe ordenar proferir la decisión que acoja las pretensiones de la demanda y disponga el reconocimiento y pago de la pensión de vejez.
B. Documentos relevantes cuya copia obra en el expediente. 1. Cédula de ciudadanía de Raúl Aurelio Guerrero Maldonado (f. 21 ib.).
2. Fallo emitido en noviembre 26 de 2009, por el Juzgado 5° Laboral del Circuito de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario incoado por Raúl Aurelio Guerrero Maldonado contra el ISS (fs. 22 a 27 ib.).
3. Fallo dictado en abril 27 de 2011, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, confirmando el anterior (fs. 28 a 43 ib.).
5. Constancia expedida en septiembre 13 de 1994, por el subdirector administrativo del INEM Custodio García Rovira, certificando que Raúl Aurelio Guerrero Maldonado laboró para esa institución educativa desde julio 14 de 1980 hasta febrero 10 de 1986, lapso durante el cual estuvo afiliado a CAJANAL (f. 45 ib.). 6. Historia laboral del actor, expedida por la vicepresidencia de pensiones del ISS, donde constan los periodos de afiliación entre julio 11 de 1991 y diciembre 31 de 1994, y entre febrero 24 de 1995 y septiembre 12 de 1997 (fs. 46 a 49 ib.). 7. Respuesta a derecho de petición incoado por la apoderada del actor, en el cual el ISS informó “que mediante Resolución No 10337 de 2007 se resolvió la Revocatoria Directa en la que se decidió NO REVOCAR la Resolución No 00659 del 18 de marzo de 1998, en la cual se negó la pensión de vejez” (f. 50 ib.).
8. Formato del “Sistema de Autoliquidación de Aportes Mensual” del ISS, en el que se relacionan cotizaciones a pensión del señor Guerrero Maldonado entre enero de 1995 y abril de 2001, es decir 348.42 semanas (fs. 51 a 54 y 56 a 60 ib.).
9. Reporte de semanas cotizadas por Raúl Aurelio Guerrero Maldonado al ISS, en el periodo de 1967 a 1994, en el cual constan 181.42 (f. 55 ib.).
13. Historia clínica y certificación de un médico neurocirujano del Hospital Militar Central, indicando que “el Padre Raúl Guerrero presenta hace 9 años lumbalgia… limitante que no le ha permitido trabajar en sus ocupaciones” (fs. 65 a 67 ib.).
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto de junio 9 de 2011, avocó conocimiento de la presente acción de tutela y corrió traslado a los accionados, para que en el término de un día, a partir de la notificación de dicha providencia, rindieran informe sobre los hechos narrados. El Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Laboral, respondió la acción de tutela señalando que “revisada la actuación procesal y los parámetros de la decisión que puso fin a la alzada, encontramos que ningún derecho fundamental del demandante en tutela fue vulnerado por la corporación; a nuestro juicio la decisión que se adoptó en el proceso no estructura una vía de hecho que pueda cuestionarse por vía de tutela por violación al debido proceso, como quiera que se realizó el estudio a la luz de las disposiciones que reglan el derecho debatido en juicio… no se actuó en forma caprichosa, arbitraria, ni en absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico…” (fs. 11 y 12 cd. 2).
En providencia de junio 21 de 2011, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela impetrada, bajo el argumento de que el accionante “debió utilizar las herramientas que el ordenamiento jurídico le concede para proteger sus derechos, es decir, presentar el recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, teniendo en cuenta que el interés para recurrir no solo se limita a la cuantía de las pretensiones al momento del fallo, sino su incidencia futura, por lo que no empleó el mecanismo idóneo y eficaz establecido en la ley para salvaguardar sus derechos y garantías” (f. 35 cd. 2).
La apoderada del accionante impugnó la sentencia al discrepar de la consideración en torno a la viabilidad del recurso extraordinario de casación, pues consideró que para la época en que se profirió la sentencia de segunda instancia en el proceso ordinario, es decir abril 27 de 2011, estaba vigente el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010 que había incrementado el monto para recurrir a la casación en materia laboral, a 220 veces el salario mínimo legal mensual vigente, SMLMV.
Argumentó que la liquidación de las mesadas pensionales indexadas del actor, incluyendo la incidencia futura, dio un total de $ 84’886.785, suma que no superaba 220 veces el SMLMV, por lo cual era imposible presentar el recurso extraordinario de casación, pues iba a ser rechazado.
Recordó las especiales circunstancias del actor y las providencias de la Corte Constitucional, diciendo que en casos similares ha permitido la suma de las semanas cotizadas al ISS y a otras cajas, entidades o fondos, del sector público o privado. C. Sentencia de segunda instancia.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de octubre 13 de 2011, confirmó la decisión estimando que “…no es acertada la afirmación de la apoderada del actor de considerar las providencias cuestionadas como vulneradoras de garantías constitucionales, puesto que de manera seria y motivada expusieron las razones fácticas que impidieron reconocerle la pensión de vejez… las autoridades judiciales actuaron con competencia para proferir los proveídos de instancia en el proceso ordinario laboral, sin que el normal desacuerdo respecto de lo allí decidido deba estimarse como actuación irregular vulneradora de las garantías fundamentales del actor” (f. 18 cd. 2).
Debe esta Sala de Revisión determinar si los derechos al debido proceso, al mínimo vital, a la vida digna, a la igualdad, al trabajo y a la seguridad social del sacerdote Raúl Aurelio Guerrero Maldonado, fueron vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, al confirmar el fallo del Juzgado 5° Laboral del Circuito de esa ciudad, al no otorgarle la pensión de vejez de acuerdo al artículo 12 del Acuerdo N° 049 de 1990, anotando que las 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida, no fueron cotizadas exclusivamente al ISS.
3.1. Como es bien sabido, mediante sentencia C-543 de octubre 1° de 1992, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, esta Corte declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 (también, desde otro enfoque, fueron entonces excluidos del ordenamiento jurídico los artículos 11 y 12 ibídem), norma que establecía reglas relacionadas con el trámite de acciones de tutela contra determinaciones judiciales que pongan fin a un proceso, cuya inconstitucionalidad derivó de afirmarse la improcedencia del amparo contra tal clase de providencias, salvo si se trata de una ostensible y grave “actuación de hecho”, perpetrada por el propio funcionario judicial.
3.2. Sin embargo, a partir de algunas manifestaciones que la propia Corte incluyó dentro de esa providencia, entre ellas que los jueces de la República tienen el carácter de autoridades públicas y pueden incurrir en “actuaciones” de hecho, fue dándose origen a la doctrina de la vía de hecho, a partir de la cual, de forma muy excepcional, se permite el uso de la acción de tutela para cuestionar aquellas “decisiones” que por contrariar de manera grave, flagrante y grosera el ordenamiento constitucional, no puedan en realidad reputarse como verdaderos pronunciamientos judiciales. Así, siendo claro e indiscutible que también los administradores de justicia deben respeto a la Constitución y a las leyes, más aún en el ejercicio de sus competencias, ello implica que las decisiones judiciales han de ser adoptadas con estricto apego al ordenamiento jurídico, en el cual la primacía de los derechos fundamentales ocupa un lugar significativo. En ese sentido, el proceso ordinario constituye el espacio idóneo para lograr la eventual corrección de las actuaciones que constituyan afectaciones a esas garantías que resulten comprometidas.
4.1. Como es sabido, antes de la Constitución de 1991 y de la Ley 100 de 1993, en Colombia no se contaba con un sistema integral de pensiones, sino que coexistían múltiples regímenes, administrados por distintas entidades. Por ello, según sentencia C-177 de mayo 4 de 1998, M. P. Alejandro Martínez Caballero, “una de las finalidades esenciales de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad que rigen la seguridad social (CP art. 48), fue superar esa desarticulación entre los distintos regímenes pensionales, que no solo hacía más difícil el manejo general de esta prestación sino que se traducía en inequidades manifiestas para los trabajadores”. Sin embargo, el legislador estableció el artículo 36 del referido cuerpo normativo, atendiendo a la necesidad de proteger a aquellas personas que tenían una expectativa legítima de pensionarse bajo los anteriores regímenes; es así como, en el entendido de esta corporación, “la creación de un régimen de transición constituye entonces un mecanismo de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión, por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho, por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionarse, en el momento del tránsito legislativo”. Las condiciones que dicho artículo impuso se pueden resumir así: las personas que en abril 1° de 1994, tuvieran (i) treinta y cinco años o más si son mujeres, (ii) cuarenta años o más si son hombres o, (iii) quince años o más de servicios cotizados.
4.2. Ahora bien, el “régimen anterior al cual se encontraban los afiliados a esa fecha” es el que establece las condiciones de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y monto de la pensión de vejez del beneficiario de la transición para cada caso concreto. Así, es relevante precisar a efectos de esta sentencia, que dichas especificidades se encuentran en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990: “ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSIÓN POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
El artículo 53 superior indica, en efecto, que “el Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principio mínimos fundamentales: … situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”.
También en el parágrafo 1° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, régimen de transición, se lee: “Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera que sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio” (no está en negrilla en el texto original).
De esta manera la Corte Constitucional, acompasando las citadas disposiciones, ha posibilitado el reconocimiento, por parte del ISS, de pensiones de vejez del régimen de transición bajo el Acuerdo N° 049 de 1990, acumulando semanas cotizadas a ese Instituto y a otras entidades previsoras, para aquellas personas que además del requisito de edad, cumplieron 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo. Así, inicialmente, en sentencia T-090 de febrero 17 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, se concedió al actor la pensión de vejez bajo el Acuerdo 049 de 1990, “sumando el tiempo laborado a entidades del Estado y el cotizado al ISS” pues “el recurrente acredita un total de 7050 días que equivalen a 1007 semanas”, para lo cual la Corte, al evaluar las diferentes posibilidades de interpretación del artículo 12 precitado, optó por la más beneficiosa al trabajador, en aplicación del principio de favorabilidad:
“Esta interpretación es apoyada por una interpretación finalista e histórica pues, como arriba se señaló, la ley 100 de 1993 buscó crear un sistema integral de seguridad social que permitiera acumular semanas o tiempos de trabajo laborados frente a distintos patronos, públicos o privados, para que los(as) trabajadores(as) tuvieran posibilidades reales de cumplir con el número de semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez, lo que antes se dificultaba de forma injusta por las limitaciones a la acumulación pues aunque las personas trabajaban durante un tiempo para una empresa privada o entidad pública si cambiaban de empleador este tiempo no les servía para obtener su pensión de vejez.
Adicionalmente, esta interpretación encuentra fundamento en la filosofía que inspira el derecho a la pensión de vejez que estriba en que ‘el trabajo continuado durante largos años sea la base para disfrutar el descanso en condiciones dignas, cuando la disminución de la capacidad laboral es evidente’. Como consecuencia de la segunda interpretación, el actor podría conservar los beneficios del régimen de transición y tendría derecho a que se le efectúe la acumulación que solicita con el fin de cumplir con el número de semanas cotizadas.”
Más tarde, en sentencia T-398 de junio 4 de 2009, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, esta corporación reafirmó la posibilidad de acumulación de semanas cotizadas al ISS y a otras entidades para el reconocimiento de una pensión bajo el Acuerdo N° 049, al analizar el caso de una señora que tenía 1000 semanas de cotización, pero le fue negada la pensión, pues no eran exclusivamente cotizadas al ISS. En ese fallo se lee: “La anterior justificación no es de recibo para esta Sala, pues el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 en ninguno de sus apartes exige que las cotizaciones se efectúen de manera exclusiva al fondo del Instituto de Seguros Sociales. Por lo que dicha resolución incurre en un error al interpretar una norma de manera distinta a lo que realmente es establecido por ella.”
Al continuar el análisis de un caso similar, en que la persona accionante cumplió los requisitos de edad y 1000 semanas de cotización, esta corporación en sentencia T-583 de julio 4 de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, advirtió que “el ISS incurre en un error interpretativo, ya que el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 aprobatorio del Acuerdo 49 de 1990 en ninguno de sus apartes exige que las cotizaciones se efectúen de manera exclusiva y permanente al fondo del Instituto de Seguros Sociales… esta Corporación considera que el ISS debió aplicar para el reconocimiento de la pensión de vejez del accionante las normas contenidas en el régimen de transición (acuerdo 049 de 1990 – decreto 758 de 1990) del cual el actor forma parte y que al apartarse de tal aplicación, configuró una vulneración al debido proceso incurriendo en una vía de hecho que directamente afectó los derechos a la seguridad social, conculcando todas las garantías procesales al realizar una interpretación errada de la norma que resultó desfavorable para los interés del actor”.
En ulterior fallo, T-093 de febrero 17 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, esta corporación refiriéndose al artículo 12 del Acuerdo N° 049 de 1990, indicó que “en cuanto a la aplicación de este régimen de transición, aunque el ISS ha sostenido que los beneficiarios deben haber cotizado todo el tiempo de servicios requerido, únicamente a ese instituto, lo cierto es que en aplicación del principio de favorabilidad, la Corte Constitucional ha reconocido que es posible la acumulación de tiempos no cotizados al ISS”, concediendo al actor la pensión de vejez con 1000 semanas de cotización y la edad requerida.
Igualmente, en sentencia T-334 de mayo 4 de 2011, con ponencia de quien ahora cumple igual función, se reiteró la aplicación del principio de favorabilidad en caso de duda en la interpretación de las fuentes formales de derecho, concediendo la pensión de vejez bajo el Acuerdo N° 049, a una señora que cumplió los requisitos de edad y 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo, estimándose que “el ISS asumió que las 1000 semanas consagradas en el artículo 12 del Decreto citado deben ser ‘exclusivamente’ cotizadas a este Instituto; empero, esa posición carece de fundamento normativo, pues del tenor literal de la norma no se deduce razonamiento parecido. Por ende, es arbitrario exigir dicho requerimiento.”
Por último, este tribunal constitucional en revisión de expedientes acumulados emitió la sentencia T-559 de julio 14 de 2011, donde fueron estudiados casos en que las personas cumplieron respectivamente la edad (según el sexo) y 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo, pero sus pensiones fueron negadas, reafirmando que “en efecto, existiendo concurrentemente esas posibilidades de interpretación, el principio rector pro operario hace obligatorio asumir la opción favorable al trabajador, que conduce a que el ISS compute todos los períodos y permita a los accionantes pensionarse bajo el régimen de transición, sin más condicionamientos que el cumplimiento de la edad y de las 1000 semanas cotizadas”.
5.1. A través de apoderada, Raúl Aurelio Guerrero Maldonado promovió acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga y el Juzgado 5° Laboral del Circuito de esa ciudad, aduciendo violación de sus derechos al debido proceso, al mínimo vital, a la vida digna, a la igualdad y a la seguridad social, al serle negada la pensión de vejez, desconociendo presuntamente el precedente jurisprudencial trazado por la Corte Constitucional, aún cuando tenía 500 semanas de cotización en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida y 74 años en el momento de proferidos los fallos.
5.3. Los fallos adoptados dentro del proceso laboral ordinario, fueron acusados de vulnerar los derechos fundamentales a la igualdad y la seguridad social, entre otros, del sacerdote Raúl Aurelio Guerrero Maldonado, al no dar cabal aplicación al principio de favorabilidad, ni respetar el precedente jurisprudencial, omitiendo también considerar las especiales circunstancias en que se halla el accionante, en razón de su avanzada edad, su estado de salud y la persona que tiene a cargo.
5.5.1. La sentencia de noviembre 26 de 2009, dictada por el Juzgado 5° Laboral del Circuito de Bucaramanga, negó las pretensiones de la demanda, argumentando que el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, regula la pensión de vejez de los servidores particulares, teniendo en cuenta para su reconocimiento los aportes hechos al ISS, no concurriendo con otro régimen “precisamente porque son distintos y no resulta válido jurídicamente hacerlo, a riesgo de crear una normatividad distinta, tomando de uno y otro lado lo que más convenga al beneficiario del derecho, a su capricho; en estos presupuestos y prohibiciones se edifica el principio de inescindibilidad de la regla que consagran los artículos 53 de la Constitución y 21 del C.S.T” (no está en negrilla en el texto original, f. 25 ib.).
5.5.2. En la sentencia de abril 27 de 2011, mediante la cual la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó la antes reseñada, se explicó con acierto que “la revisión de la historia laboral del afiliado, RAÚL AURELIO GUERRERO MALDONADO, quien cumplió 60 años el 25 de diciembre de 1997, nos informa que no alcanzó a reunir las 1000 semanas de cotización que le exigía el acuerdo 049 de 1990, ni las previsiones de la ley 71 de 1988, de la que también se beneficia por el régimen de transición; ni de las disposiciones de la ley 100 de 1993 antes de las modificaciones que le introdujo la ley 797 de 2003. Computando los años de servicios al sector público y los aportes al ISS, acumuló en total 11 años, 08 meses y 10 días, insuficientes para obtener la prestación vitalicia al amparo de cualquiera de tales estipulaciones, pues como se explicó no alcanzó a completar las 500 semanas de cotización en los veinte años anteriores a los sesenta años de edad” (no está en negrilla en el texto original, f. 42 ib.).
5.6. Con fundamento en lo anterior, será confirmada la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en su momento confirmó la proferida por la Sala de Casación Laboral de la misma corporación, negando la acción de tutela incoada por el sacerdote Raúl Aurelio Guerrero Maldonado, contra la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, que confirmó la proferida por el Juzgado 5° Laboral del Circuito de la misma ciudad.
Primero.- CONFIRMAR la decisión de octubre 13 de 2011, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la dictada en junio 21 de 2011, por la Sala de Casación Laboral de la misma corporación, negando la acción de tutela incoada por el sacerdote Raúl Aurelio Guerrero Maldonado, contra la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, que confirmó la proferida por el Juzgado 5° Laboral del Circuito de la misma ciudad. Segundo.- Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que alude el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.