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Timestamp: 2018-05-28 03:28:17
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Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 323', 'artículo 2', 'artículo 46', 'artículo 2', 'artículo 323', 'artículo 11', 'artículo 11', 'ARTÍCULO 3']

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UBER y la Ley
¿Es UBER ilegal? No, al menos que yo sepa. De hecho mucha gente está dando sus interpretaciones, incluyendo a abogados reconocidos y diputados, tanto que quise hacer este post donde sumarizo las propuestas y les doy mis comentarios basado en la legislación que he leído y lo que entiendo.
Primero quiero aclarar que no soy abogado, pero sí aficionado a discutir leyes. Lo que aquí digo queda abierto a ser refutado con fundamento y se agradecen las correcciones.
Procedamos entonces:
La legalidad de la tecnología.
Mucha gente repite sin sentido que prohibir a UBER es como prohibir a Skype o Netflix. Primero hay que aclarar que nadie ha dicho que UBER sea ilegal. UBER es una empresa que ofrece la capacidad de poner en contacto a un usuario y un proveedor de transporte utilizando la tecnología móvil. Nadie está en contra de eso, de hecho en el país ya funcionan otras dos aplicaciones, Easy Taxi y Taxible, que hacen exactamente lo mismo.
El problema no es la tecnología, sino el bien sobre el cual se ofrece el servicio. Hace años se pretendió defender al ICE porque supuestamente Skype competía en el ámbito de las telefonía. Eso no fructificó simplemente porque el medio utilizado era internet y no había regulación sobre eso. Igualmente, Netflix utiliza internet, si usara el espectro nacional para transmitir, tendría que estar concesionado. Pero no es así, por lo que Netflix tampoco estaría siendo prohibido, eso es absurdo.
Igualmente, UBER no puede prohibirse por su uso de internet o tecnología. El problema real es que el servicio de UBER une a usuario y proveedor de servicio de transporte remunerado, el mal llamado chofer UBER, y este proveedor debe estar bien con la ley. Pero, los conductores que se afilian a UBER no están a derecho, por no tener permiso ni concesión. Ese es el problema, los conductores, no el servicio UBER.
La falacia del servicio esporádico.
Muchos también comparan UBER con ejemplos como: “si una compañera de trabajo va para donde yo voy, la llevo, y ella me paga, ¿estoy también de ilegal?”. Dentro del sentido común, una golondrina no hace verano. Si yo le vendo a un compañero de trabajo un DVD viejo que yo tenía, no me convierto en vendedor de DVDs. Si tengo una venta de garaje el fin de semana, no me convierto en dueño de bazar. Y, más relevante, si me inscribo en una página de venta de autos, para vender mi carrito, no me convierto en comerciante de autos. Todas son acciones esporádicas, como bien lo menciona don Jaime Ordoñez en su exposición sobre el ámbito privado . Pero, claro está, si la actividad se vuelve constante, repetitiva, y consigo servicios que me permitan llevarla a cabo, estamos hablando ya no de actividades esporádicas sino de una actividad sostenida. En el caso de UBER, que una persona se inscriba como chofer, con el solo objetivo de que UBER le consiga clientes (porque para eso es la aplicación), elimina toda posibilidad de considerar eso como esporádico. Por tanto, no, no es lo mismo cobrarle a la compañera de vez en cuando que yo la llevo. Incluso si la llevara todos los días, eso es esporádico y no constituye una actividad comercial. Meterse en UBER sí lo es.
El caso del ámbito privado.
Muchos apelan a que UBER, o los choferes inscritos en la plataforma, brindan un servicio en el ámbito de lo privado, por lo que se rigen por el derecho privado y no puede ser prohibido por el gobierno. Así lo entiende don Jaime, referenciado arriba. Incluso Otto Guevara, en su artículo en La Nación habla de que dicho servicio es privado, usando como soporte una opinión jurídica de la contraloría OJ-127-2001 (en realidad es la OJ-127-2000) y el Criterio de procuraduría C-226-2002. El primero, dice don Otto, explica lo que debe diferencia un servicio público de uno privado y el segundo lo ratifica de manera vinculante por ser un criterio. Ahora, uno de las conclusiones más importantes de estos dos textos es “El servicio de transporte que presta un grupo de personas a otras ( que constituye un grupo cerrado), que no involucra elementos propios del servicio público de transporte, es jurídicamente posible en nuestro medio. La relación entre ellos estaría regulada por el Derecho Comercial.”. Esto es, estos pronunciamientos del 2000 y el 2002, declaran que se puede tener un servicio de transporte privado, siempre y cuando no sea público. Ajá. ¿Qué es público? Ante esto, la misma procuraduría dice: “A nuestro modo de ver, una solución acorde con el Derecho de la Constitución ( valores, principios y normas) en este caso, consiste en que la Administración Pública defina por la vía reglamentaria, mediante Decreto Ejecutivo ( artículo 19 de la Ley General de la Administración Pública), los elementos esenciales, inherentes o propios al servicio público de transporte, de conformidad con las normas técnicas y los principios de razonabilidad y proporcionalidad, los cuales, según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tienen rango constitucional. Una vez establecido lo anterior, todos aquellos particulares que no cuenten con una concesión o un permiso para prestar el servicio público de transporte, que estén desarrollando una de esas actividades, deberán ser sancionados de conformidad con el ordenamiento jurídico. Fuera de esas actividades o conductas, las cuales estarían prohibidas para todas aquellas personas que no se encuentren en la situación que hemos descrito supra, los privados pueden desarrollar todas las demás e, incluso, inventar nuevas, ya sea través del contrato de transporte o mediante otras modalidades contractuales que ellos lleguen a crear.”
¿Qué significa eso? Que sí hay (en realidad, hubo antes del 2011) un servicio privado que se define como aquel que no es público, y la definición de qué es público no está clara para la procuraduría en ese momento y por eso sugiere la creación de un reglamento.
Pues, para aclararlo, en el 2011, mediante ley 8955, se cambió la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi (Ley No. 7969) y el código de comercio. El código de comercio, en su artículo 323, explicaba que el porteo era el transporte privado de personas y mercancía. Este “personas” es sobre lo que se basan los dos pronunciamientos que Otto indica. Con esta modificación simplemente se elimina el término “personas” y deja al porteo del código de comercio como transporte de mercancías y servicios. Esto deja sin efecto toda la discusión de ambos pronunciamientos. Para terminar de aclarar las cosas, la ley 7969 sufrió una modificación en su artículo 2, que ahora indica que todo servicio remunerado de personas es declarado servicio público, eliminando de facto la figura de servicio privado.
Bueno, dice don Otto que eso no es posible, que una ley así no podría pasar. Pero pasó y está vigente. Por tanto, nadie puede alegar que da un servicios remunerado de personas privado, porque eso no existe, todos son públicos y por ende sujetos a concesión o permiso.
Sobre la inconstitucionalidad de la prohibición.
Don Jaime y otros diputados, dicen que prohibir la prestación de servicios de transporte es inconstitucional. De hecho, si es así, la nueva ley 7969, modificada por la 8955 que mencioné arriba, sería inconstitucional, ¿no? En particular, afectaría el artículo 46 como dice don Jaime, pero también los artículos 28, 45, y 56, según opinaron algunos diputados que estaban cuando dicha ley se cambió. Bueno, luego de primer debate donde la ley se aprobó, la misma fue enviada a la Sala Cuarta para preguntar por unos vicios de procedimiento y sobre la inconstitucionalidad de dicho cambio de ley en los artículos arriba mencionados. Pues la resolución Nº 2011-04778 de la Sala IV dice:
“XVI.- El Estado, desde hace ya bastante tiempo, ha considerado la actividad de transporte de personas como una necesidad social imperante cuya vigencia resulta esencial, como condición fundamental para el mantenimiento del estado de derecho y la paz social. Por esta razón ha promulgado una serie de leyes siendo, actualmente, las más importantes en esta materia la Ley Reguladora de Transporte Remunerado Personas Vehículos Automotores (Ley No. 3503) y la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi (Ley No. 7969), cuya reforma se conoce en esta consulta. En el último quinquenio, es público y notorio que este tema del transporte de personas ha ido adquiriendo mayor trascendencia para la sociedad costarricense, no sólo desde el punto de vista social sino también económico, hasta convertirse en un tema de interés general, que va más allá de la satisfacción de una necesidad meramente privada, requiriendo la intervención del Estado para darle una solución. El Estado –en este caso el legislador ordinario- puede, dentro del marco permitido por la Constitución Política y las normas de carácter legal, optar por la solución que considere más oportuna. Como recién se dijo, una de esas posibles soluciones es regular dicha actividad y declararla servicio público, que es precisamente lo que hace el proyecto consultado, cumpliendo, necesariamente, con los dos elementos antes señalados. En virtud de lo expuesto, la Sala no estima contraria a la Constitución Política la reforma al artículo 2 de la Ley número 7969 para considerar el transporte remunerado de personas en la modalidad de taxi un servicio público del cual es titular el Estado y que se explotará mediante la figura de la concesión administrativa o el permiso en el caso de servicios especiales estables de taxi.
XVII.- Como consecuencia de declarar servicio público el transporte remunerado de personas en la modalidad taxi, en cualquiera de sus dos formas de prestación, el proyecto de ley consultado reforma el artículo 323 del Código de Comercio para eliminar la palabra “personas” de dicho artículo y así eliminar el porteo de personas. Con esta reforma el legislador busca, de una vez por todas, abstraer de la esfera privada la prestación del servicio de transporte de personas que en su totalidad ha sido declarado servicio público por el legislador y hace que sean otras las reglas del juego y principios jurídicos a aplicar: Los particulares se convierten en colaboradores de la Administración Pública en la prestación de ese servicio que, por sus características y la evidente existencia de un interés público, debe ser en principio, asumido por el Estado sin que estén de por medio principios y derechos que rigen las relaciones privadas, como lo son el principio de autonomía de la voluntad o la libertad de comercio. En consecuencia, el Tribunal estima que el proyecto de ley consultado no lesiona los artículos 28, 45, 46 y 56 de la Constitución Política.”
Más que claro. El cambio realizado en el 2011 por medio de la ley 8955, declara que todo servicio remunerado de transporte es público, se rige por el derecho público, deja de existir la figura de transporte privado y eso no es inconstitucional.
Sobre el CAFTA.
Para cerrar, don Henry Mora, diputado, da una teoría sobre el efecto del TLC con Estados Unidos (CAFTA) sobre UBER.
Don Henry explica con muchos detalle y muy claro, cómo el artículo 11 del CAFTA le da la posibilidad a UBER de entrar como compañía de porteo, a como se entendía antes del 2011 (porque cambios en la ley no debería afectar a lo firmado en el CAFTA). Sin embargo, quedan algunas dudas que no las siento resueltas.
Dice don Henry, que en el CAFTA, Costa Rica negoció la liberalización y apertura de los servicios (incluido el transporte de pasajeros), por medio de listas negativas. Esto es, lo que se apunta en la lista no se libera. Dice don Henry que dentro de las listas se metieron varias leyes, incluyendo la 7969 discutida arriba (pero antes del cambio) y que pero no aparece ninguna medida disconforme (reserva) para el sector de transporte de pasajeros modalidad porte (o porteo). Es decir, el porteo quedó fuera de la lista. Ahora, según se tiene entonces, el país puede regular el servicio público, y dentro de las definiciones del CAFTA, el servicio de transporte se define como:
Los primeros incluyen una subcategoría que es “una subclase que incluye servicios de transporte de pasajeros por itinerarios y con horarios predeterminados para un segmento específico de usuarios, por ejemplo, colegios o empresas” y a eso llama “Porteo”.
Luego dice que por CAFTA, usando el artículo 11, la compañía puede solicitar el ingreso al mercado nacional y pedir trato de nacional. O sea, podría pedir que se le dé el trato que tenían los porteadores en el año que se firmó el CAFTA.
La duda recae en dos hechos:
1. UBER no es una empresa de porteo, son los choferes los que hacen contratos privados, no UBER, los choferes no son empleados de UBER y UBER no maneja ni tiene automóviles registrados a su nombre. ¿Cómo puede pedir entrar como empresa de porteo? Los choferes son nacionales así que ese artículo no les aplica, no podría exigirlo.
2. La definición de Porteo con la que se firmó el CAFTA difiere de la que se tenía antes del 2011, porque indica itinerarios y horarios predeterminados para ofrecer el servicio, y siendo UBER por demanda, esa figura no calza.
Siendo así, no estoy seguro que el análisis aplique a este caso. ¿Qué opinan?
Sobre las comunidades de autoabastecimiento.
Bueno, hasta aquí lo que dice todo el mundo, pero tenemos que oír a UBER. La empresa dice que entra a funcionar como una Comunidad de Autoabastecimiento. Aquí La Nación me ayuda un poco porque no encontré mucho de jurisprudencia. Esta figura no está en ninguna ley, pero se refiere a la capacidad que tienen ciertos grupos organizados de administrar servicios que son públicos, como el agua o la electricidad (e.g. las ASADAS). Según criterios de abogados, esto es un grupo privado que se auto abastece del servicio (de transporte) y por ende se rige por el derecho privado. ¡Pero ya vimos arriba que puede que eso no sea así!
De todas maneras, ser una comunidad de autoabastecimiento tampoco los exime de ser regulados. Si fuera un servicio como el de salud, por ejemplo, donde los miembros de la comunidad se autoabastecen de servicios de salud, si los miembros que ofrecen el servicio no están el colegio de médicos o ni siquiera son médicos, no podrían ejercer. ¿Cierto? Bueno, en este caso el servicio de transporte no sería problema si fuera gratuito, pero al ser remunerado se convierte en bien público que debe ser regulado. Y volvemos a lo mismo. Es más, una comunidad de autoabastecimiento usualmente debe tener un ente rector y estar registradas y autorizada, no todas las ASADAS están bajo la ley. Así que el modelo escogido por UBER aún deja muchas dudas si le servirá o no.
Así estamos, estas son las ideas que andan por ahí. Todo apunta a que realmente el servicio planteado por los choferes es ilegal, a falta de resolver algunas dudas que posiblemente serán dirimidas en los tribunales.
Explicando UBER
Mucha gente cree que UBER es un servicio de taxis privados. Eso no es tan cierto, al menos no como la gente lo percibe. Intentemos explicar cómo funciona todo para estar un tanto más claros.
UBER es un servicio que se creó con el nombre de UberCab, por el año de 2009, fundada por Travis Kalanick y Garrett Camp. Esta compañía no era una compañía de taxis, sino que crearon una aplicación para ser usada por taxistas. La aplicación ponía en contacto a los posibles clientes con los taxistas, una forma de “pedir un taxi” que no fuera por teléfono. La aplicación utilizó en esos entonces la tecnología de ubicación geográfica y mapas, para poder indicar al cliente dónde estaba su taxi, y al taxi dónde estaba su cliente. Otra característica importante, es que el pago del servicio lo calcula UBER usando el tiempo y la distancia, y ese pago se realiza por medio de tarjeta de crédito que el cliente registra con UBER. El taxista no cobra nada de momento, sino que UBER le paga su parte luego.
Con el paso del tiempo, la aplicación ha ido evolucionando y tiene ahora ciertas funcionalidades muy interesantes, tales como poder dividir el pago entre varios e incluso avisar a los contactos el tiempo estimado de arribo. Pero no solo eso cambió: al inicio UBER hacía convenio solo con taxistas acreditados como tales, pero luego abrió el negocio para que cualquier que tenga un carro con ciertas características pueda dar el servicio.
Esto es muy importante entenderlo: UBER no da el servicio de transporte, sino el taxista o chofer registrado. UBER no es dueña del carro, ni el chofer es empleado de UBER. No hay más que un contrato en el que el chofer se compromete a tener todo en regla para poder ser elegible a ser contactado por un cliente. UBER entonces ofrece “servicios agregados” al del transporte: ayuda al cliente a localizar un taxi, ayuda al taxi a encontrar servicios, calcula recorridos y costos, manejar los cobros del servicio, entre otras cosas. Todo esto lo hace con la aplicación móvil, y por dar estos servicios cobra una comisión.
¿Queda más claro? Quien presta el servicio de transporte es el chofer, quien tiene que pagar el mantenimiento del carro, la gasolina, los seguros, el marchamo, las revisiones de RITEVE, etc. UBER entre tanto solo espera una solicitud, selecciona un auto disponible en la cercanía, calcula el recorrido y cobra por el servicio. De hecho, al ser UBER quien cobra, es el que maneja el flujo de efectivo (que es masivo), de lo cual obviamente obtiene también ganancia por intereses.
UBER tiene causas de ilegalidad en muchos países. Mucha gente cree que dar un servicio de transporte remunerado es libre en todo el mundo y que el modelo de UBER es legal por naturaleza. Pues no, están muy equivocados. En la mayoría de lugares el servicio de transporte está regulado, y la gente con carro no puede simplemente montar otra gente y cobrarle por el transporte. El problema es que los gobiernos no han podido detener a UBER debido a que su modelo no incluye regionalización de operaciones: es como pagar Netflix, el descuento de la tarjeta se hace en USA y es como si comparar un servicio allá, no en el país. Es decir, UBER no daría facturas locales, posiblemente no reportaría a Hacienda ni pagaría impuestos. Quienes debieran registrarse y pagar serían los choferes, y muy probablemente no lo harán. Los choferes serían los que estarían fuera de la ley al dar el servicio de transporte y el gobierno le queda perseguirlos y amonestarlos. Actualmente, UBER enfrenta protestas en Alemania, India, España, Francia, Italia, China e Inglaterra. Incluso, sus ejecutivos fueron arrestados en Francia en Junio de este año.
Ahora: la gente que apoya UBER muchas veces habla de la mejora en servicio para el cliente y de las ventajas de la tecnología. En general, tienen razón a medias. Por el lado de la tecnología, es un sistema muy simple que ofrece una solución simple de gran impacto. Eso es lo maravilloso de la tecnología, que con poco puede mejorar servicios y ofrecer nuevas funcionalidades que ayudan un montón. Por el otro lado, la mejora del servicio se da en dos frentes: uno es la mejora en el servicio de contratación del transporte, cosa que UBER hace; el otro es el servicio que el chofer presta, y este no tiene nada que ver con UBER sino con la idea de servicio que tienen los choferes. Mucha gente dice que los choferes tienen agua gratis, y confites, pero nada de eso lo provee o exige UBER, es una idea propia de los choferes para poder tener buenos comentarios.
El otro punto importante, es que la tecnología es genial, pero el modelo de negocios que UBER parece haber desarrollado no lo es tanto, simplemente porque trabaja a contrapelo con la legalidad de cada país. La prepotencia con la que ha entrado en Costa Rica parece ser similar a lo hecho en otros países, pasando por encima de la legislación y regulaciones. Por otro lado, UBER no es la única compañía que ofrece ese tipo de servicios, en muchos lugares (aquí en Costa Rica también) hay otras aplicaciones que dan un servicio parecido, y que no han crecido tanto simplemente porque sí se apegan a la legalidad y trabajan solo con taxistas autorizados.
Ahora sí, entendido cómo trabaja UBER y lo que en realidad es, debemos entonces discutir si es bueno que entre en el país. La discusión irá enfocada en dos aspectos: ¿Es permitido que una compañía violente las regulaciones de un país de esta manera o debemos ponerla a raya, que trabaje bajo la ley? El otro es: ¿Tenemos una buena regulación o debemos intentar mejorarla? Aquí mucha gente está pidiendo la eliminación completa de la regulación, que el mercado se mueva libremente y que cualquier con carro pueda ofrecer el servicio. Hay muchos problemas con eso, siendo la primera la creación de trabajo informal en un servicio que tiene problemas de seguridad y que es un hecho mundial que debe ser regulado.
Dejo abierta entonces la discusión, ya con un conocimiento más claro sobre el asunto.
Este “virus” no es más que un ataque de ingeniería social para instalar un troyano (clase especial de “malware” que simula un caballo de troya, diciendo que es algo que tiene adentro una desagradable sorpresa), y dicha ingeniería usa la curiosidad por la morbosidad para hacer caer a sus víctimas. Aclaremos cómo funciona el famoso virus de Facebook:
1. Una persona ve una publicación en el muro (timeline/biografía) de otra , usualmente algo morboso que despierta la curiosidad, y decide echarle una hojeada.
2. Al entrar al sitio de esa publicación, es engañado para que actualice algún paquete de software, usualmente se le dice que la versión de flash que tiene está desactualizada y que para poder ver el video o el contenido, debe actualizarla.
3. Es obvio que lo que baja no es una actualización de flash, sino un troyano, que una vez instalado cambia las configuraciones del máquina, puede robar contraseñas y se adueña del facebook de la víctima (porque tiene la sesión abierta).
4. Es ahí cuando se intenta propagar. Como tiene acceso a la cuenta facebook de la víctima, postea la misma publicación en su timeline de forma pública (así queda visible para cualquiera que pueda ver el timeline de la víctima). Para que más gente la lea, utiliza las “etiquetas”: etiqueta contactos de la víctima al azahar. Las víctimas etiquetadas serán notificadas y podrán ver la publicación. Lo peor es que los amigos de la persona etiquetada también son notificados y también verán la publicación. Para ellos, parecería que la publicación viene de la persona etiquetada, pero es una cadena que vas hasta la víctima original.
5. Lo anterior debe quedar claro: hay dos víctimas, la original que quedó infectada y la que es etiquetada en una publicación de tal tipo. La etiquetada no tiene la máquina infectada, tampoco las personas amigas de esta que sean notificadas, pero su reputación puede verse afectada.
Ahora: ¿Cómo solucionarlo? Veamos:
1. Primero que nada, NUNCA SE METAN A ESOS SITIOS. No dejen que la curiosidad los meta en problemas. Si es algo morboso, no entren, huelan el peligro. Y si entran, nunca acepten bajar actualizaciones de nada, ni le den click a ningún mensaje, NINGUNO, cierren el tab. Si no los deja, maten el browser, apaguen la máquina, lo que sea.
2. Mantengan un antivirus actualizado en su máquina, eso siempre ayuda.
3. Si a pesar de todo se infectan, busquen limpiar la máquina, borrar la publicación. Esto es muy difícil, ese troyano es muy complicado de eliminar, por eso incluso sugeriría que busquen ayuda con algún profesional.
4. Para evitar las notificaciones por las etiquetas, en Facebook uno puede irse a la flechita del lado derecho, arriba (es un menú en el facebook visto desde una computadora, en los teléfonos hay que buscar la opción) y seleccionar “Configuración” (Configuration). En la página de configuración, del lado izquierdo hay una opción que dice “Biografía y Etiquetado” (Timeline and tagging). Al hacer click en ella, aparece una página con opciones. El primer grupo de opciones es “¿Quien puede agregar contenido a mi biografía?”, cuya segunda opción es “¿Quieres revisar las publicaciones en las que tus amigos te etiquetan antes de que aparezcan en tu biografía?”. Si está apagada, enciéndala. Eso le avisa cuando alguien lo etiqueta a uno y le permite rechazar eso. Con eso no serán notificados los amigos y cortamos la cadena de una vez.
5. Lo anterior funciona mucho mejor que ese montón de mensajitos diciendo que si sale un mensaje morboso no fui yo.
Mismo consejo otra vez: No caigan en la morbosidad, dejen de andar entrando en sitios de ese tipo sin importar que el mejor amigo lo sugiera en su timeline, tuiter, skype, lo que sea. Si tienen tantas ganas de verlo, pregunten a su amigo si realmente mandaron ese link.
Sobre Colegiaturas, el CPIC y el gremio de Informáticos.
El ecosistema informático a nivel mundial es bastante complejo. Primero tenemos que entender que a pesar de ser una profesión basada en conocimiento especializado y servicios, el ejercerla genera un producto tangible (soluciones informáticas). Esto hace que su economía (compra venta de tales productos) busque remunerar por producción más que por conocimiento nominal. Esto es, los profesionales se les valora y paga por su capacidad de producción más que por estudios. Esto está claro y aceptado por el gremio. Un recién graduado de cualquier universidad o instituto tendrá conocimiento, un potencial de producción, pero deberá desarrollarlo con experiencia y es este desarrollo el que le incrementará el valor en el mercado. Adicionalmente, es una actividad transversal, donde actores de otras ramas también realizan trabajos informáticas luego de la correspondiente extensión educativa.
Aclarado lo anterior, la obligatoriedad planteada en el proyecto 18 928 actualmente dictaminado positivo en la asamblea, se convierte en una amenaza, al menos mientras no se reestructure el CPIC de forma que sea más inclusivo. Me explico: actualmente el CPIC cobija sólo a graduados universitarios. La realidad es que hay muchos más profesionales en informática sin título universitario (que no significa que no estén preparados para lo que hacen) fungiendo actualmente que no quedarían cobijados y que serían excluidos de la actividad. Esto traería graves consecuencias en la industria y en la economía de miles de personas.
Ante esta situación, es mucho más sensato que el CPIC haga un alto en el camino y haga un llamado al gremio para llegar a un consenso y plantear una reestructuración similar a la intentada en el proyecto 18919 aún en la asamblea, pero ahora tomando en cuenta a todos los involucrados; gremio, industria y academia. Una nueva propuesta que incluya beneficio a todos los trabajadores actuales. Estoy seguro que el CPIC ha podido notar que las actuales propuestas de ley han tenido un costo político muy alto en contra, dejando de ser representantes de facto del gremio y ganando animadversión. Ante esto, sé que ellos están trabajando en busca del bien del gremio y vendrán con mejores propuestas prontamente.
Claro, el CPIC no es sólo su junta directiva, sino que debemos ser todos nosotros los informáticos. Esto también es un llamado a todos nosotros que estamos dejando pasar esta grandiosa oportunidad de contar con un colegio creado por ley de la república y respaldado constitucionalmente, de hacerlo nuestro.
¿Mi sugerencia? Sacar de la corriente legislativa los dos proyectos actuales y proceder a llamar a una concentración nacional multisectorial que plantee las necesidades del gremio y se proceda a mejorar el CPIC, contando con la participación de todos, para generar un nuevo proyecto de ley que lleve la bendición de todos.
William Martínez Pomares
Reflexivas, Servicios, Tecnología e Información
Sobre Colegios e Informáticos: Aclarando conceptos
Existe una petición para el archivado de dos proyectos de ley que se encuentran en la comisión de Asuntos Sociales, a saber el proyecto 18928 ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 3 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN, Y SUS REFORMAS y el 18919 REFORMA INTEGRAL DE LA LEY Nº 7537, LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN, Y SUS REFORMAS. En ambos se intenta volver obligatoria la pertenencia al Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC), incluyendo pena de cárcel si se “ejerce” la informatica sin estar colegiado.
Esto ha suscitado mucha discusión y un pronto rechazo por parte del gremio. Sin embargo, para que gente fuera de esta actividad, hay mucha confusión, no entienden cómo los informáticos rechazan pertenecer a un colegio que les puede dar muchos beneficios. Otros incluso piensan que el rechazo se debe a que se quiere seguir trabajando de forma “ilegal”. Por eso quiero con este artículo aclarar algunos conceptos sobre la profesión y el ecosistema.
¿Qué es un informático? El primer error que se comete es pensar que los informáticos son desarrolladores y solo eso. En realidad, es un campo muy amplio y de carácter complementario, lo que implica que hay mucha zona gris o mezcla con otras áreas. Veamos:
Tenemos a los conocidos Ingenieros de Sistemas. Estos profesionales están capacitados para diseñar y construir sistemas intensivos en software (que puede incluir otros componentes como hardware y personas pero que su mayoría está compuesta por software), siguiendo técnicas análogas a las demás ingenierías. Tenemos también a los Científicos de la Computación e Informática, capacitados también para la construcción de dichos sistemas, pero que tienen una base orientada a la investigación e la innovación. También tenemos a los Ingenieros de Calidad, enfocados a diseñar pruebas y validar que el sistema cumple con lo establecido de la mejor forma. No hay que olvidar a los Arquitectos de Sistemas de Tecnologías de Información, con especialidades como Arquitectura de Software, de Infraestructura, de Negocios y de Información, cuyo objetivo es el proveer valor de negocio con estrategia tecnológica. Hay Auditores Informáticos, consultores, programadores, analistas, especialistas en ventas, educadores, expertos en seguridad informática, directores de proyectos, especialistas en redes y comunicaciones. Existen incluso especialistas multidisciplinarios, como los biotecnólogos.
Entonces, un “informático” (si usamos esa palabra para denominar lo que los proyectos de ley llaman “profesionales en informática y computación”) no es un mero desarrollador de sistemas, sino una enorme gama de especialidades y profesiones. Sí, porque no es lo mismo un educador que un arquitecto que un director de proyectos, hay incluso diferentes carreras universitarias para diferentes especialidades. También hay diferentes grados de capacitación, hay trabajos que requieren un título de técnico o diplomado y otros que requieren maestría o doctorado. Existen incluso grados menores impartidos en colegios.
¿De dónde salen? La UCR imparte la carrera de Ciencias de la Computación e Informática y la de Informática Empresarial, mientras que el TEC ofrece Ingeniería de Sistemas. La UNED ofrece Informática Educativa y una carrera para “Quality Assurance” de Software. La UNA ofrece maestrías en dirección de proyectos. CENFOTEC ofrece maestría en Seguridad Informática. Igual se ofrecen carreras técnicas en otras universidades y como mencioné incluso en colegios se dan diplomados.
Por otro lado, están las certificaciones. La certificación es una evaluación de una institución reconocida que otorga una fe pública de que la persona certificada sabe y es experta en algo. Hay muchas para el ramo. Desde certificaciones en un producto o marco de trabajo (como las de CISCO o TOGAF), hasta las generales (como los CITA de Iasa para arquitectos o el CSSLP del ISC2 para seguridad en el ciclo de desarrollo de sistemas). La certificación puede requerir un grado académico afín, pero no todas lo hacen, porque simplemente confirman un conocimiento del certificado.
Dejando lo anterior claro, hablemos del ecosistema. El país tiene escases de profesionales en todas las ramas mencionadas y en todos los niveles. La inversión que viene al país busca gente en diseño, en producción de software, en investigación, y cada una de esas está suplida por diferentes carreras. Las universidades se saturan y no pueden solventar la demanda. Muchos profesionales de otras carreras se vuelcan a la informática, usualmente en alguna de las carreras híbridas mencionadas anteriormente. También hay estudiantes laborando, usualmente en sus últimos años de carrera. Incluso, hay muchos que no tienen título porque les hizo falta algún curso.
¿Calidad? Se pregunta la gente si no sería mejor tener a alguien que habilite a la gente para poder ejercer y así controlar la calidad. Bueno, existen informáticos “empíricos” que tienen una capacidad pobre para muchas ramas en comparación con alguien graduado. Usualmente estos son desarrolladores y el nicho de mercado que cubren es el informal, donde la calidad no es actualmente un tema de preocupación (¡pero debiera serlo!) y en el cual los graduados no buscan competir. En otros niveles de mercado, como la empresa privada o el gobierno, sí es requisito ser graduado o estar estudiando. La calidad es impuesta por las normas internacionales y el conocimiento medido con certificaciones. El mercado impone sus requisitos. Bajo este modelo, es el cliente el que exige certificaciones de un ente neutral y especializado en lo que se ocupa. Si alguien ocupa un trabajo en arquitectura, probablemente solicitaría certificaciones en CITA-S de Iasa y TOGAF del OpenGroup, o in CISSP de ISC2 si es en seguridad, o un CISA de ISACA si es en auditoría.
Dado lo anterior, un único ente que habilite no tiene sentido. Tiene sentido una reglamentación que pida como requisitos ciertas certificaciones, al menos para el estado, porque el lado privado ya toma en cuenta esas cosas. No tiene sentido un único ente que revise la calidad tampoco, dado que hay incluso profesionales en ese ramo. ¿Ética? Cada una de las organizaciones que mantienen sus certificaciones tiene su código de ética. En fin, la habilitación se da en forma natural, nadie contrata a alguien no calificado para hacer cosas de riesgo.
Espero quede claro lo complejo del asunto. No es un simple amenazar a quien programe sin ser graduado con ir a la cárcel, porque los problemas son otros. Cualquiera programa, hay niños de 12 años haciéndolo sin tener ningún estudio previo. La informática es algo mucho más grande y el sistema de control mucho más complejo y vivo. La centralización de dicho control no tiene sentido.
Colegio de Informática, Informática
Sobre el Cobro por Descarga – Sin fanatismos
Ante las rasgaduras de vestimenta por la propuesta de SUTEL de pago por descarga, me gustaría aclarar un poco para tomar mejores decisiones.
Primero debemos todos entender que internet per se es gratuita, pero no así toda la maquinaria y tecnología utilizada para llevarla hasta su casa o su celular. Eso tiene dos costos, el Costo de Capital (CAPEX) y el de operación (OPEX), y claro, poner un servicio requiere también obtener una ganancia. Entonces, debe quedar claro que la internet NO ES REGALADA, es mentira que los operadores toman aire gratuito y lo embotellan para ganar, los operadores proveen servicios de conexión y sin ellos NO TENDRÍAMOS INTERNET. Esto es un hecho. Por tanto, todos los que andan pidiendo libertad con internet gratuita están equivocados. Si alguien quiere agua gratuita que vaya a buscar un río no contaminado, pero si quiere que le llegue a la casa descontaminada debe pagar, así es.
También, internet celular es costosa por su limitada capacidad. Son datos enviados por radio, por el aire, y en una frecuencia, lo que limita la cantidad de datos que puede mandarse. Esa cantidad de datos se debe compartir entre las personas que están en una zona particular. Si hay muchas personas, se satura. Así que hay que saber cuándo usarla. La internet móvil es para tener acceso a internet limitada cuando uno anda en movimiento. La idea de usarla como internet fija está equivocada, eso no se hace, va contra las reglas y el sentido común. Dicen que hay gente que debe hacerlo por su trabajo, pues esta gente necesita una solución distinta y se debe exigir, pero forzar la internet móvil para que supla la fija es algo contraproducente y debe evitarse a cualquier costo.
Ahora, el modelo adoptado actualmente tasa el costo por velocidad. Esto implica el control del ancho de banda. Es como tener un río y que le den a uno una pajilla para beber. Quien quiere beber más rápido paga una pajilla más ancha, los otros pagan una pajilla más delgada. El problema es que, según los estudios, hay un 5% de consumidores que se están tomando la mitad del agua que corre, y dejan para el otro 95% la otra mitad. Esto es independiente del tamaño de la pajilla, lo que implica que gente que paga por una pajilla más ancha no está pudiendo beber a mayor velocidad.
Entonces, el modelo de tasado por velocidad no funciona. Me venden una pajilla más ancha pero no hay mucha agua que beber, porque otros se la están tomando. En este punto, muchos se están quejando porque posiblemente no les llega lo que compraron. Es un problema REAL. ¿Quieren seguir pagando por una pajilla grande y no tener agua que beber?
Bueno, la propuesta es que se cobre por cantidad de agua tomada. Así de simple. Esto implica que ya no hay cobro por velocidad. ¿Qué pasa entonces con la velocidad? Bueno, una opción es estandarizarla, dejar ir el control de ancho de banda. Esto es, ya no habrá gente con diferentes pajillas, todos tendrán el mismo ancho de pajilla, pero se restringirá su cantidad de agua por tomar. Esto permitirá acceder a mejores velocidades. La gente comenzará a monitorear su consumo. Déjenme decirles que esto se usa ya en tantos países, que los teléfonos inteligentes ya vienen con restricciones (como que no actualizan aplicaciones ni bajan cantidades enormes de datos si están pegados a internet celular).
¿Incrementará eso el costo? Depende de su uso. Si usted no tiene internet fija en casa y usa el teléfono para bajar cantidades enormes de datos, tiene problemas. Le sale más barato contratar internet fija. Y ESA ES LA IDEA. Que la gente que no tiene fija contrate por el bajo costo en lugar de saturar. ¿Qué tal si usted anda en la calle y requiere de enormes cantidades de datos? No estoy seguro de cuáles serían esos casos, pero si conforman un modelo de negocios habrá que buscar una opción con las operadoras. Ellas son las que ofrecen los servicios basados en mercado, pero hay que seguir las reglas de uso.
Escuché en los noticieros unos montos alarmistas. Mucho. Dijeron cosas incorrectas, como que le llegue a uno un correo le costará mucho dinero. Nada de eso, todas las aplicaciones vienen ya optimizadas para minimizar o controlar el uso de datos. En el caso del correo, el mensaje en texto es el que se baja, incluso solo el “Asunto” es bajado. Los archivos adjuntos nunca se bajan, solo si usted lo pide explícitamente (un botón de ver adjunto). La aplicaciones de “streaming” o bajando de datos continuos como videos o música, utilizan siempre una baja calidad si detectan que se está usando el servicio celular de datos. El mismo Apple, antes de aceptar las aplicaciones y publicarlas, hace medidas del consumo de datos.
¿Entonces el cambio no encarecerá? Pues sí, sí lo hará y bastante. Mi caso: Tengo una velocidad de 1 mbps (millón de bits por segundo) en un paquete profesional, que ya la incluye, pero si tuviera uno regular tendría que contratar el internet adicional y tendría un costo en Kolbi de unos 4 000 colones. Tengo mi internet en casa y cuando llego mi teléfono lo pego a esta red, así que ya no consumo internet móvil. Es ahí donde veo películas y bajo mis aplicaciones. Por correo me llega cualquier cantidad de spam, cientos de correos, y gasto en un mes muy alto fue de 31 megas, que tendría un costo de 243 colones. En ese mes gasté 1.39 Gigas, que serían 10 931 colones. Esa cantidad de gigas corresponde a 11,940,009,082 bits que a mi velocidad serían 11940 segundos de uso continuo que son 3.31 horas continuas de uso. Ahora, con mi uso “moderado” con una velocidad baja y en zonas donde da lástima pegarse por el poco ancho de banda disponible, me saldría en 6 931 colones adicionales a lo que me costaría con tarifa plana. ¿Más caro? Sin duda, pero ojo que lo comparo con una velocidad baja.
Hay gente que consume hasta 5 gigas o más. Los 5 gigas salen en 39 321 colones. Por eso, algunos teléfonos incluso tienen control de límite de datos, usualmente con un tope de 2 gigas (15 728 colones). Si tomamos esos 2 gigas como un tope de uso promedio, pero subimos la velocidad (ya que no se cobra por velocidad) a 2 mbps (ahora en el ICE a 12 000 colones) o incluso a 5 mbps (24 000 colones), el incremento sería de 3 000 colones o incluso nos saldría más barato por 8 272 colones. Ante esto, tiene sentido que se dé un modelo híbrido de consumo. Explicamos:
Para la SUTEL, la solución está atacando a los altos consumidores. Sin embargo, el pequeño consumidor puede ver su costo incrementado de por sí. Pero, si el modelo de tarifa plana con un costo menor hasta un tope particular, digamos los 2 gb, se mantiene, y los que pasen de 2 gb se tasan por descarga, ese 95% que consume poco no verá afectado su costo. Aquí hablamos de velocidades pequeñas, dando mayor ancho de banda a los grandes consumidores lo que da beneficio por el costo.
Entonces, el cambio de modelo es necesario, pero para que la propuesta tenga un menor impacto en el consumidor pequeño, que es quien la SUTEL supuestamente quiere proteger, el modelo mejor adaptado sería el híbrido, mi opinión personal.
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