Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-672-de-agosto-31-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_94b84035bca1f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-17 22:04:37
Document Index: 60263601

Matched Legal Cases: ['artículo 315', 'artículo 29', 'artículo 77', 'artículo 510', 'artículo 348', 'artículo 348', 'artículo 185', 'artículo 1', 'artículo 29']

﻿ Sentencia T-672 de 31 de agosto de 2010
SENTENCIA T-672 DE 31 DE AGOSTO DE 2010
CONTENIDO:LOS EXTRACTOS BANCARIOS Y EL RESPETO POR EL ACTO PROPIO. LOS ACTOS PROFERIDOS POR UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA DEBEN OBSERVAR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA BUENA FE. CUANDO UNA ENTIDAD EXPRESA UNA POSICIÓN DEFINIDA FRENTE A UNA RELACIÓN JURÍDICA ESPECÍFICA Y DESPUÉS SE RETRACTA DE LA MISMA, CAMBIANDO SU POSICIÓN INICIAL, SIN EL CONSENTIMIENTO DE LA PERSONA SOBRE LA CUAL RECAE TAL ACTO, VULNERA LA BUENA FE CONTRACTUAL COMO BASE DEL VÍNCULO JURÍDICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LA BUENA FE, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ACTIVIDAD FINANCIERA, PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO, RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO HIPOTECARIO, DERECHO A VIVIENDA DIGNA
Ref.: Expediente T-2.395.893
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub —quien la preside—, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
1.1.1.2. El valor del crédito hipotecario por medio del cual adquirieron el inmueble fue de sesenta y cinco millones de pesos moneda corriente ($ 65.000.000 m.c.).
1.1.1.12. Por otro lado, señalan que el 4 de septiembre de 2006, dentro de una demanda ejecutiva iniciada en su contra, el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá “profiere mandamiento de pago dentro del proceso 380 del 2006, Ejecutivo Hipotecario de Central de Inversiones contra María Mercedes Prada de Pombo y Luis Pombo Gaviria”. El proceso se inició teniendo como título ejecutivo el pagaré suscrito por los accionantes a favor del Banco Central Hipotecario, quien a su vez lo cedió a la Central de Inversiones S.A.
1.1.1.15. Indican que “dentro del curso procesal, se allego(sic) por la parte actora una liquidación, donde se incluyen intereses corrientes, intereses de mora, además, de que esta, no está acorde con lo establecido en la ley, sin tener en cuenta la parte actora los documentos originales expedidos por las entidades bancarias (extractos)”.
1.1.1.16. Al hacer referencia al título valor dentro del proceso ejecutivo, aducen que “como se podrá observar, la parte actora implanto(sic), en el documento título valor fecha y año, con otro tipo de letra (maquina) diferente al que se elevo(sic) en su inicio, el documento original, tan es así, como se observa que en la fecha donde se tiene como subtitulo(sic) de fecha inicial, se les fue una X al lado de la fecha del año”.
1.1.1.17. De lo anterior, resaltan que la norma establece que “todo documento título valor en caso de implantar modificación alguna y/o agregar datos en el mismo debe ser con el consentimiento de las partes no de una sola, como lo realiza la parte demandante, quien de esta manera está alterando dicho documento, como la misma norma lo estipula”.
Indica que dentro del proceso ejecutivo mencionado, el 4 de septiembre de 2006, luego de analizados los requisitos exigidos para esta clase de demandas, libró mandamiento de pago en contra de los demandados y a favor de Central de Inversiones S.A. Después de notificados los demandados de acuerdo al artículo 315 del Código de Procedimiento Civil y una vez vencido el término de traslado, el despachó abrió a pruebas el referido proceso.
Transcurrida la etapa probatoria, se dictó sentencia donde se declararon no probadas la excepciones propuestas; inconforme con la decisión, la apoderada de la pasiva apeló el fallo ante el honorable Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, quien confirmó lo decidido en primera instancia, situación que demuestra que no existe causal alguna de procedibilidad de la tutela.
El representante legal de la Central de Inversiones S.A. señaló que debido a la naturaleza jurídica de la sociedad que representa, esta adquirió la obligación crediticia objeto de controversia por cesión del Banco Central Hipotecario, acreencia que a su vez fue vendida a la Compañía de Gerenciamiento de Activos, mediante contrato suscrito el 6 de julio de 2007 y entregado el 31 de agosto del mismo año.
1.3.1.1. Copia del extracto del crédito hipotecario 100401340238 con fecha de corte del 17 de mayo de 2002, expedido por el Banco Central Hipotecario a nombre de Luis Pombo Gaviria, en el cual se observan lo siguientes datos:
— Plazo total: 180 meses
— Cuota actual: 61
— Cuotas pendientes: 119
— Cuotas en mora: 0
— Saldo total a 17/05/2002: Valor en UVRS: -52.448.8412; Valor en pesos: $ 6.524.032
— Total pagado: Valor en UVRS: 85.9090; Valor en pesos: $ 10.752
— Saldo a favor: $ 7.994.011
— Total a pagar hasta el 13/06/2002: $0
1.3.1.2. Copia del extracto del crédito hipotecario 100401340238 con fecha de corte del 21 de abril de 2002, expedido por el Banco Central Hipotecario a nombre de Luis Pombo Gaviria, en el cual se observan lo siguientes datos:
— Saldo total a 21/04/2002: Valor en UVRS: -52.448.8412; Valor en pesos: -$ 6.524.052
— Total pagado: Valor en UVRS: 86.5218; Valor en pesos: $ 10.752
— Saldo a favor: $ 7.923.945
— Total a pagar hasta el 14/05/2002: $ 0
1.3.1.3. Copia del extracto del crédito hipotecario 100401340238 con fecha de corte del 22 de marzo de 2002, expedido por el Banco Central Hipotecario a nombre de Luis Pombo Gaviria, en el cual se observan los siguientes datos:
— Saldo total a 22/03/2002: Valor en UVRS: -52.448.8412; Valor en pesos: -$ 6.451.858
— Total pagado: Valor en UVRS: 87.6804; Valor en pesos: $ 10.752
— Saldo a favor: $ 7.869.938
— Total a pagar hasta el 15/04/2002: $0
1.3.1.4. Copia del extracto del crédito hipotecario 100401340238 con fecha de corte del 15 de febrero de 2002, expedido por el Banco Granahorrar a nombre de Luis Pombo Gaviria, en el cual se observan lo siguientes datos:
— Saldo total a 15/02/2002: Valor en UVRS: -52,448.8412; Valor en pesos: -$ 6,382.463
— Total pagado: Valor en UVRS: 88.2736; Valor en pesos: $ 10.752
— Saldo a favor: $ 7,767.580
— Total a pagar hasta el 13/03/2002: $ 0
1.3.1.5. Copia del extracto del crédito hipotecario 100401340238 con fecha de corte del 18 de enero de 2002, expedido por el Banco Granahorrar a nombre de Luis Pombo Gaviria, en el cual se observan lo siguientes datos:
— Saldo total a 18/01/2002: Valor en UVRS: -52,448.8412; Valor en pesos: -$ 6,362.894
— Total pagado: Valor en UVRS: 88.5195; Valor en pesos: $ 10.752
— Saldo a favor: $ 7,708.634
— Total a pagar hasta el 13/02/2002: $ 0
1.3.1.6. Copia del extracto del crédito hipotecario 100401340238 con fecha de corte del 21 de diciembre de 2001, expedido por el Banco Granahorrar a nombre de Luis Pombo Gaviria, en el cual se observan lo siguientes datos:
— Saldo total a 18/01/2002: Valor en UVRS: -52,448.8412; Valor en pesos: -$ 6,354.644
— Total pagado: Valor en UVRS: 88.6569; Valor en pesos: $ 10.752
— Saldo a favor: $ 7,683.901
— Total a pagar hasta el 14/01/2002: $0
1.3.1.7. Copia del extracto del crédito hipotecario 100401340238 con fecha de corte del 16 de noviembre de 2001, expedido por el Banco Granahorrar a nombre de Luis Pombo Gaviria, en el cual se observan lo siguientes datos:
— Saldo total a 18/01/2002: Valor en UVRS: -56,809.2468; Valor en pesos: -$ 6.869.604
— Total pagado: Valor en UVRS: 1243,562.2475; Valor en pesos: $ 152,345,277
— Saldo a favor: $ 6,892.115
— Total a pagar hasta el 13/12/2001: $0
1.3.1.8. Copia del pagaré 01809216-4 por valor inicial de $ 65.500.000, suscrito el 13 de septiembre de 1996 por Luis Pombo Gaviria para ser pagadero a la orden del Banco Central Hipotecario.
1.3.1.9. Copia de la nota de cesión del pagaré 01809216-4, fechada el 18 de enero de 2001, en la cual el Banco Central Hipotecario cede sin reserva alguna a la Corporación Grancolombia de Ahorro y Vivienda Granahorrar el título valor referido.
1.3.1.10. Copia de la nota de cesión del pagaré 01809216-4, fechada el 31 de octubre de 2003, en la cual la Corporación Grancolombia de Ahorro y Vivienda Granahorrar cede sin reserva alguna a la Central de Inversiones S.A. el título valor referido.
1.3.1.12. Copia de la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá, el 16 de junio de 2008 dentro del proceso ejecutivo hipotecario 2006-0380, iniciado por Central de Inversiones S.A. en contra de Luis Pombo Gaviria y María Mercedes Prada de Pombo.
“(...) encuentra la Corte sin necesidad de evaluar el contenido de las providencias criticadas, que el amparo pedido resulta a todas luces improcedente, en tanto que su promotora no satisfizo el requisito de inmediatez que caracteriza su ejercicio”.
En este sentido, indicó que la acción constitucional se instauró el 2 de junio de 2009 y las providencias acusadas por incurrir en un supuesta vía de hecho se dictaron el 16 de junio y el 24 de octubre de 2008, es decir, este último fallo tenía más de siete meses de proferido para cuando se interpuso la tutela, por lo cual no se cumplía el requisito de inmediatez exigido para la procedencia de la acción de tutela. Además, la notable tardanza para acudir a la acción de amparo por parte de los accionantes, demostraba una conformidad que descartaba el quebrantamiento inminente del derecho ahora reclamado.
“(...) en suma, ante la reviviscencia pretoriana de la acción de tutela contra sentencias judiciales, se hace imprescindible fijar un término consuntivo del recurso constitucional, pues no puede quedar abierto intemporalmente el debate judicial, ya que ello conspiraría contra la seguridad jurídica y los derechos de todas las partes involucradas en el litigio, quienes fundados en la confianza legítima que les otorga la firmeza de un fallo judicial, no podrían ser sorprendidos en cualquier momento posterior, con un nuevo debate que frustre los derechos así adquiridos y las situaciones consolidadas”.
“En el pasado las legislaciones procesales han fijado el término de perención en seis meses y ese podría ser un plazo razonable, pues si la falta de impulso extinguía el proceso, y así continúa siendo en materia contencioso administrativa, el silencio prolongado del afectado frente a una presunta vía de hecho es relevante para juzgar la ausencia de actualidad del amparo (...)”.
En segundo lugar, aducen que “la Sentencia SU-813, que además de ser clara, dicha Sentencia plasma, que todo proceso ejecutivo, con créditos anteriores al año 2000 o 1999, deben de oficio ser suspendidos, cosa que tampoco aquí sucede, de otra parte en la misma establece sobre la obligación de la reliquidación de los créditos otorgados antes del año 2000, los cuales los cobija la Ley 546 de 1999, como sería el nuestro ya que este se adquirió en el año 1996 (...)”.
En tercer lugar, respecto de lo señalado por el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá quien consideró que “la oportunidad procesal para alegar los hechos relativos a la reliquidación del crédito ordenada por la Ley 546 de 1999 y demás normas concordantes, precluyó con el vencimiento del término del traslado de la demanda, por lo tanto el despacho procede a analizar el segundo punto relacionado con la objeción para lo cual se permite practicar la liquidación del crédito de la siguiente manera (...)”, los accionantes resaltan la clara vulneración de sus derechos fundamentales, por cuanto en el momento de contestar la demanda no se presenta la liquidación del crédito. De otro lado manifiestan su inconformidad con la presentación de la liquidación que se realizó con intereses de capital y de mora, liquidando intereses sobre intereses, una práctica contraria a la ley y la Constitución.
Mediante auto del nueve (9) de diciembre de 2009, la Sala de Revisión ordenó al Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá que remitiera copia auténtica del proceso ejecutivo hipotecario que cursa en ese despacho bajo el radicado 2006-0380, iniciado por Central de Inversiones S.A. en contra de María Mercedes Prada de Pombo y Luis Pombo Gaviria. Además, que informara lo siguiente:
1. “Si ya se realizó la diligencia de remate programada por ese despacho para el día nueve (9) de noviembre de 2009; de ser así, cuál fue el resultado de la misma.
2. Si el bien inmueble objeto de la diligencia de remate fue adjudicado; y si así fue, a quién se le hizo la adjudicación. De no ser así, explicar por qué no se realizó.
3. Si actualmente existe algún escrito donde se solicite la nulidad de la diligencia de remate. De ser así, cuáles son los motivos expuestos por el memorialista”.
“1. Explique si conocía el antecedente que se cita en este auto, referido al crédito hipotecario que adquirieron los accionantes con el Banco Central Hipotecario y además de los extractos bancarios que les fueron enviados donde se indicó que la deuda era cero(0) pesos, causa primordial de la acción de tutela incoada”.
Manifiesta que actualmente carece de interés como tercero, por cuanto la obligación objeto de cobro es ahora propiedad de la Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda, según cesión que fue reconocida dentro del proceso ejecutivo el 5 de marzo de 2008 por el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá.
De igual forma, señala que “con el propósito de recuperar su inversión en el menor tiempo posible, esta compañía vendió los créditos del accionante a Inverfondos S.A., identificada con el NIT 830503499-1, cuya dirección informada a esta compañía es carrera 11A Nº 93-93 oficina 301, teléfono 6167030 quien es el actual acreedor y titular de los créditos citados...”.
En cuanto al estado actual de la obligación adquirida por el accionante, sostiene que de los extractos aportados por él que obran en el expediente “se observa que la obligación no se encuentra cancelada, tanto así que en los mismos se especifica cuota actual: 61 cuotas pendientes 119 al corte del 17 de mayo de 2002, situación esta que demuestra que el crédito a esa fecha no había sido cancelado con un faltante de 119 cuotas pendientes por cancelar (sic)”. Igualmente, señala lo extraño que resulta entender el hecho de haber cancelado una deuda de $ 152.323.773,38 sin solicitar el paz y salvo y la cancelación de la hipoteca, puesto que el común de la gente solicitaría este documento para asegurar la prueba del pago del crédito.
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones(2). En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
f. Que no se trate de sentencias de tutela(7). Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.” (negrillas fuera del original).
“i. Violación directa de la Constitución.” (negrillas fuera del original).
“(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no ‘(...) solo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución(10).’ En este caso (T-1031 de 2001) la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o cuando ‘su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados’.
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a remplazar “(...) el uso conceptual de la expresión vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad”. Así, la regla jurisprudencial se redefine en los siguientes términos...
“...todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución.”(11)”(12)”(13).
a) Relevancia constitucional del caso bajo estudio.
b) El agotamiento de todos los medios de defensa judicial —ordinarios y extraordinarios— al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
c) El cumplimiento del requisito de inmediatez.
d) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
Finalmente, constata la Sala que la presente acción no está dirigida contra una sentencia de tutela. Por estas razones, se cumplen en debida forma la totalidad de los presupuestos procesales de la acción de amparo cuando está dirigida contra fallos judiciales, de acuerdo a los expuesto en base a la Sentencia C-590 de 2005, previamente citada.
“Un tema jurídico que tiene como sustento el principio de la buena fe es el del respeto al acto propio, en virtud del cual, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe. Principio constitucional, que sanciona como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto. Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias respecto de una anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede tolerar, porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una extralimitación del propio derecho”(14).
“El principio de respeto del acto propio opera cuando un sujeto de derecho ha emitido un acto que ha generado una situación particular, concreta y definida a favor de otro. Tal principio le impide a ese sujeto de derecho modificar unilateralmente su decisión, pues la confianza del administrado no se genera por la convicción de la apariencia de legalidad de una actuación, sino por la seguridad de haber obtenido una posición jurídica definida a través de un acto que creó situaciones particulares y concretas a su favor”(15).
“Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias respecto de una anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede tolerar, porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una extralimitación del propio derecho”(16).
“b. El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona o centros de interés que crea la situación litigiosa, debido a la contradicción —atentatorio de la buena fe— existente entre ambas conductas.
“Es necesario entonces que las personas o centros de interés que intervienen en ambas conductas —como emisor o como receptor— sean los mismos. Esto es que tratándose de sujetos físicamente distintos, ha de imputarse a un mismo centro de interés el acto precedente y la pretensión ulterior”(17).
Estos presupuestos han sido reiterados en varias oportunidades por esta corporación, en las cuales ha dado aplicación a la doctrina del respeto por el acto propio en diferentes circunstancias. Así, en la Sentencia T-129 de 2005(18), la Sala Novena de Revisión analizó un caso que presenta cierta similitud con el actual, en donde el BCH había olvidado realizar la actualización de los abonos de un crédito, pero posteriormente Granahorrar le indicó al deudor que debía cierta suma de dinero; por lo que él procedió a vender la casa, pero cuando fue a solicitar el paz y salvo para el levantamiento de la hipoteca, le informaron que aún había un saldo tres veces más alto que lo indicado en un principio. Allí, la respectiva Sala determinó que “Granahorrar luego de un largo periodo de tiempo, actuando de manera unilateral, es decir, sin contar previamente con el consentimiento del accionante ni acudiendo a la jurisdicción civil decidió reversar su propio acto según el cual el señor Erwin Jacobo Ghitis Hoffstadt se encontraba a paz y salvo con la entidad bancaria, lesionándole al peticionario de esta manera su derecho al debido proceso”.
“8. La Banca, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, ejerce un servicio público en razón de la importancia que posee la actividad financiera en el marco de las relaciones económicas entre los distintos agentes del mercado. La captación de recursos del público y el suministro del crédito son labores indispensables para el desarrollo de múltiples actividades del conglomerado social, preeminencia que llevó al constituyente a consagrar la necesaria inspección y vigilancia estatal, junto con la necesidad de autorización previa para su ejercicio. Sobre el punto la Corte indicó(19):
“Ahora bien, pese a que no existe norma que de manera expresa así lo determine(20), en el derecho colombiano es claro que la actividad bancaria es un servicio público, pues sus nítidas características así lo determinan. En efecto, la importancia de la labor que desempeñan para una comunidad económicamente organizada en el sistema de mercado, el interés comunitario que le es implícito, o interés público de la actividad y la necesidad de permanencia, continuidad, regularidad y generalidad de su acción, indican que la actividad bancaria es indispensablemente un servicio público.
"la actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público, atendiendo a su propia naturaleza, reviste interés general y, por tanto, no escapa al postulado constitucional que declara su prevalencia sobre intereses particulares (art. 1º de la Constitución Política), lo cual se concreta en el carácter de servicio público"(21)”.
9. El derecho fundamental al debido proceso comprende, como lo ha señalado esta corporación(22), no solo las garantías del artículo 29 de la Carta, sino también otro cúmulo de valores y principios de la misma raigambre constitucional que hacen que vaya más allá del cumplimiento de los requisitos que la ley procesal impone (debido proceso legal), a través de la irrestricta observancia de los demás derechos que permitan la vigencia de un orden justo. Dentro de estos valores y principios, a juicio de la Sala, resulta especialmente relevante para el análisis del problema jurídico planteado, el de respeto del acto propio.
De ello se desprende que el respeto del acto propio comprende una limitación del ejercicio de los derechos consistente en la fidelidad de los individuos a las decisiones que toman, sin que puedan revocarlas por sí mismos, más aún cuando el acto posterior se funde en criterios irrazonables, desproporcionados o extemporáneos(23).
“No se discute la posibilidad que se haya cometido un error en la reliquidación del crédito, error que en caso de ser cierto, es imputable a Granahorrar, entidad que cuenta con toda la infraestructura técnica y humana requerida para ese tipo de labores. Con todo, independientemente de que tal error se haya o no presentado, lo que es absolutamente claro es que se trata de una entidad crediticia que está sujeta a la Constitución y a la ley y que está en la necesidad de agotar los mecanismos jurídicos que tiene a su alcance si lo que pretende es el reconocimiento de sumas adicionales a aquellas que fueron pagadas por el actor y que le llevaron a certificar la extinción de la obligación”.
13. Para la Sala es claro que semejante proceder conculca el derecho fundamental al debido proceso pues bastó el solo abuso de la posición dominante en que se halla una entidad financiera para constituir una obligación contra el actor, pretender el reconocimiento de intereses moratorios y negar la cancelación de la garantía prestada en razón de una obligación diferente. A una persona a la que se le había generado certeza sobre la extinción de una obligación y que se hallaba amparada por el principio de respeto del acto propio, en este caso emitido por Granahorrar, se la sorprendió no sólo con la imputación de una nueva deuda, sino con su cobro prejurídico pese a que no existía título alguno en el que tal obligación constar”.
“De otro lado, quien tenía a su disposición los mecanismos judiciales ordinarios para obtener el pago de las sumas probablemente canceladas de más por el error en la reliquidación del crédito, era la misma entidad financiera. No obstante, abusando de su condición de preeminencia, exigió, más de un año después de la cancelación del crédito, el pago de la diferencia generada por su propio yerro y lo hizo mediante la revocatoria unilateral de su propio acto y extendiendo los efectos de una garantía constituida para una obligación distinta, proceder con el que se abrogó para sí facultades que solo reposan en la jurisdicción”(24) (subrayas y negrillas fuera de texto).
Así, en un caso similar, donde el Banco Granahorrar era demandado porque estaba cobrando un saldo insoluto de un crédito respecto del cual, antes de serle cedido, el BCH ya había proferido un comunicado indicando al accionante que la obligación estaba en ceros debido a la aplicación del alivio financiero en virtud de la reliquidación practicada, la Sala Quinta de Revisión mediante Sentencia T-959 del 20 de octubre de 2003(25), sostuvo que “cuando una entidad financiera profiere una comunicación dirigida a uno de sus clientes en la cual le señala una circunstancia en particular respecto de la obligación financiera que hubieren, dicha entidad financiera asume una posición jurídica en relación con tal obligación, y no podrá modificarla de manera unilateral e inconsulta, imponiendo una nueva posición jurídica, que al no poderse controvertir por parte de su cliente, vulnera su derecho al debido proceso y en particular desconoce el principio del respeto del acto propio. Frente a estas eventualidades, lo correcto es que la entidad financiera acuda ante la jurisdicción ordinaria, pues no podrá entrar a corregir sus actos sin el consentimiento de su cliente, quien además no tiene porque asumir las consecuencias negativas de los actos de la entidad financiera”(subrayas y negrillas no son del original).
Así, gran parte de los pronunciamientos en la materia califican la vivienda digna como un derecho asistencial del cual no es posible derivar derechos subjetivos exigibles en sede de tutela por cuanto su desarrollo sólo corresponde al legislador y a la administración(26). Argumentación que del mismo modo, acompañó desde etapas tempranas las consideraciones en relación con derechos como la salud, el trabajo, la educación, la seguridad social, entre otros derechos sociales y económicos.
Pese a lo anterior, en situaciones de afectación clara de este tipo de derechos, la competencia del juez constitucional fue reivindicada con fundamento en el criterio de la conexidad, en desarrollo del cual se estableció que los derechos denominados de segunda generación podían ser amparados directamente por vía de tutela cuando se lograra demostrar un nexo inescindible entre éstos y un derecho fundamental en atención a las circunstancias del caso concreto”(27).
“... los documentos generados por las entidades bancarias se presumen veraces en su contenido y con mayor razón habrá de suponerse su veracidad, cuando la comunicación está firmada por el propio presidente del banco, lo que hace suponer que hubo un análisis cuidadoso y previo por parte de las diferentes dependencias del banco, que permitieron asegurar que la información contenida en ese documento correspondía a un procedimiento serio y que lo allí consignado reflejaba la realidad de la obligación financiera del actor”(28).
En consecuencia con lo anterior, los bancos al emitir reportes del estado del crédito, deben proporcionar información veraz y certera en cuanto deben garantizar a los usuarios que lo allí informado es consecuente con la situación real y actual del crédito. Al respecto, la jurisprudencia constitucional desde sus primeros pronunciamientos ha determinado que el derecho a la información o el habeas data es un derecho fundamental que comprende aspectos tan sustanciales como “i) el derecho de la persona a conocer las informaciones sobre sí misma; (ii) el derecho a actualizar tales informaciones; y (iii) el derecho a rectificar las informaciones que no correspondan a la verdad. En todos los casos estudiados, la Corte ha señalado que corresponde al legislador definir los límites del derecho al hábeas data, siempre dentro del respeto de los principios de razonabilidad y proporcionalidad”(29).
1. El 18 de julio del año 2006, la Central de Inversiones S.A. (CISA. S.A.), mediante apoderado judicial instauró demanda ejecutiva con título hipotecario en contra de los señores Luis Pombo Gaviria y María Mercedes Prada de Pombo, en virtud del pagaré 01809216-4. Correspondió por reparto al Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá.
2. Mediante auto fechado el 24 de julio, el juzgado de conocimiento inadmitió la demanda, y ordenó que en un término de cinco (5) días, se subsanara dando cumplimiento al artículo 77 numeral 4º del Código de Procedimiento Civil.
“1. Por el saldo del capital consistente en la suma de ciento seis millones ciento cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y tres pesos con noventa y cuatro centavos ($ 106.055.153,94).
Por cuotas vencidas y no pagadas desde el 13 de febrero de 2001, correspondiente a la suma de $ 165.913.724,77, equivalentes a 66 cuotas (...)”(las que señala en una lista, desde la cuota 38 correspondiente al 13-03-04, hasta la 66 del 13-07-06).
Por los intereses moratorios sobre la suma indicada en el numeral 1º, los liquidado a la tasa del 19.65% desde la fecha de presentación de la demanda hasta que se produzca su pago total.
Por los intereses moratorios sobre la suma indicada en el numeral 2º, liquidados a la tasa del 19.65% desde la fecha de exigibilidad de cada cuota y hasta que se produzca su pago total”.
“1. Inexistencia de la obligación: como se podrá observar, en los documentos anexos, extractos bancarios, expedidos por el Banco central (sic) Hipotecario en su vida legal y el Banco Granahorrar, cuando este adquirió en las negociaciones las obligaciones del Banco Central Hipotecario, al día, canceladas y/o pendientes, expidió a los señores María Mercedes Prada de Pombo y Luis Pombo Gaviria, Extracto Bancario, sobre el estado de su cuenta, donde el mismo y/o ambos bancos, certifican por medio de este documento, que dichos señores antes referidos, tienen saldada su cuenta hipotecaria, y a su vez encontramos un saldo a favor de los mismos, es así que observamos que no existe deuda alguna, como se pretende hacer ver por medio de esta demanda (...).
2. Cobro de lo no debido. Se explica con esta excepción, que lo pretendido por la parte actora, no es cierto, por cuanto no hay deuda, no existe, es un cobro inexistentes, ya que es indebido por cuanto reitero no tiene eficacia, es una obligación que ya se extinguió (...)”.
6. El juzgado corrió traslado de las excepciones de acuerdo al artículo 510 del Código de Procedimiento Civil(30), frente a lo cual, mediante escrito, la parte demandante respondió en tiempo, señalando que la parte pasiva dio un alcance alejado de la realidad “a lo que apenas sí es eso: Un extracto crédito hipotecario”. Además, señaló que bastaba con observar la parte superior de los extractos para advertir que si bien a la fecha de expedición de los mismos, los clientes no presentaban mora, no significaba que hubieran cubierto el total de la deuda, por tal razón el extracto indica “cuotas en mora 0, cuotas pendientes 119”, dato constante en todos los extractos. En el mismo memorial sostiene:
7. Mediante auto del 15 de marzo de 2007, el juzgado decretó el interrogatorio de parte y citó a los demandados María Mercedes Prada de Pombo y Luis Pombo Gaviria, para el 17 de mayo de 2007. La anterior actuación judicial fue impugnada por la parte pasiva el 23 de marzo de 2007, porque de acuerdo a los fallos proferidos por la Corte Constitucional en las sentencias T-727 y T-346 de 2003, sí existe un extracto bancario que da fe del estado del crédito y de la deuda cancelada, no es necesario el paz y salvo por cuanto los extractos tienen el mismo valor probatorio. El juzgado resuelve el anterior recurso el 8 de junio de 2007, negándolo de plano, al considerar que no cumple los requisitos del inciso segundo del art. 348 del Código de Procedimiento Civil; además señaló que no puede darse trámite al recurso de apelación por cuanto la reposición fue rechazada de plano.
10. El día 13 de julio de 2007, el juzgado de conocimiento indicó que se abstenía de dar trámite al memorial suscrito por la apoderada de la parte pasiva allegado a ese despacho el 29 de junio de 2007 (recurso de apelación), por cuanto no procedía según el inciso 3º del artículo 348 del Código de Procedimiento Civil; sin embargo, concedió el recurso de queja. Por otro lado, señaló como nueva fecha para el interrogatorio el día 26 de septiembre de 2007, a las 11:30 a.m. para la señora María Mercedes Prada de Pombo y a las 12:00 m. para el señor Luis Pombo Gaviria (se notificó por estado el 17/07/2007).
12. Mediante auto calendado el 14 de agosto de 2007, al resolver el recurso de reposición antes referido, el juzgado manifestó que “procesalmente no existe norma alguna que suspenda el cumplimiento de una providencia, cuando se haya formulado un recurso de queja, la providencia objeto de censura ha de mantenerse en su totalidad, máxime cuando ni siquiera se ha surtido el trámite del mismo” (notificado por estado el 16/08/07).
14. El día 24 de agosto de 2007, el juzgado de conocimiento, en respuesta al recurso interpuesto por parte pasiva, rechazó de plano tal solicitud porque de conformidad con el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil el auto que resuelve la reposición no es susceptible de recurso alguno. Por otro lado, requirió al memorialista para que “se abstenga de continuar formulando recursos manifiestamente dilatorios e improcedentes, so pena de estar incurso en la cusal primera de las faltas contra la lealtad debida a la administración de justicia, consagrada en el estatuto del abogado (L. 1233/2007), y hacerse acreedor de sanciones legales”.
16. El 1º de octubre de 2007, el juez señaló el día 21 de noviembre como nueva fecha para llevar a cabo el interrogatorio de parte. Al respecto, el señor Luis Pombo Gaviria se excusó presentando un certificado de una empresa privada donde se indica que se encuentra en comisión de trabajo por un lapso de 40 días. En consecuencia, el juzgado en auto del 20 de noviembre del mismo año, le señala el día 12 de febrero de 2008 como nueva fecha para la práctica de la diligencia.
22. El 7 de mayo de 2008, el juzgado abrió audiencia para llevar a cabo la calificación de las preguntas que contiene el interrogatorio. Ante la ausencia de la señora María Prada de Pombo, el juez la declaró confesa respecto de las preguntas uno, dos, trece y catorce(31), por ser estas de carácter asertivo. En la misma audiencia indicó que como “tampoco compareció a absolver interrogatorio de parte el demandado Luis Pombo Gaviria, sin que sea necesario conceder término para la justificación de su inasistencia a la audiencia, dado que ello es admisible por una sola vez como se advirtió en la audiencia, considera el despacho por economía procesal realizar la calificación de preguntas, toda vez que el mismo cuestionario anteriormente calificado contiene las preguntas para este demandado”. Al respecto, también lo declaró confeso ante las mismas preguntas. Posteriormente, el 21 de mayo del mismo año, el despacho ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión, por haberse vencido el término probatorio.
23. Las partes alegaron de conclusión con los mismos argumentos presentados al inicio del proceso. Por lo tanto, el juez procedió a proferir sentencia el 16 de junio de 2008. Allí manifestó que “de la prueba documental aportada con el escrito que descorrió excepciones (...), el cual no fue objeto de censura por la parte demandada, es evidente, que se presentaron irregularidades en la forma como se pretende la extinción de la obligación, debido al error en que incurrió la parte actora al realizar un abono por la suma de $ 152.334.525,18 con fecha 2 de noviembre de 2001, en la obligación de los señores Prada de Pombo y Pombo Gaviria, lo que se vio reflejado en la expedición de los extractos expedidos a los ejecutados”. Además, cuestiona la falta de diligencia de los deudores para solicitar el título valor una vez cancelada la obligación, que es por regla general lo que se hace, y así mismo ocurre con el paz y salvo, como constancia de estar extinta la obligación. Finalmente concluye que “a pesar de que los extractos fundamento de las excepciones incoadas se expidieron por la entidad demandante, lo cierto es que la suma en mención por error de la entidad bancaria fue imputada al crédito de los ejecutados, yerro que se corrigió por medio de una nota débito, de modo que no se observa que efectivamente al obligación se haya cancelado”, por lo tanto declara infundadas las excepciones de la parte pasiva, ordena que se continúe con la ejecución a favor del demandante, para lo cual decreta el remate de los bienes embargados y también la liquidación del crédito.
25. El Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil, en sentencia del 24 de octubre de 2008, confirmó la decisión inicial al considerar que la entidad demandante logró demostrar que, pese al pago referido en los extractos que en su momento expidió el Banco Granahorrar, la obligación existe y es exigible. También indicó que “por la inasistencia injustificada de los demandados a absolver el interrogatorio de parte decretado a instancia del banco acreedor, se les declaró confesos en forma ficta (...). / Por lo tanto, si los demandados reconocieron, por vía de confesión ficta, que no realizaron sus pagos y que se encuentran en mora de cancelar la deuda, quedó así infirmado el pago que se reflejó en el extracto del mes de noviembre de 2001, el cual obedeció a un error contable del que no pueden sacar provecho los demandados (...) / Y si a estos indicios se agrega que los demandados asumieron un comportamiento poco colaborador con la administración de justicia durante la fase probatoria (...), no podría menos que colegirse, tras analizar estas pruebas de manera conjunta con la confesión ficta mencionada, que las excepciones de “inexistencia de la obligación” y “cobro de lo no debido” debían ser desestimadas”.
26. Posteriormente, se presentaron varias actuaciones por parte del juzgado de conocimiento como la liquidación y aprobación de costas, del crédito etc., las cuales fueron objetados en algunos casos por la parte demandada. No obstante, surtido todo le trámite respectivo, el 11 de agosto de 2009 el despacho señaló el día 9 de noviembre de 2009 como fecha para la diligencia de remate de los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias 50N-20250992, 50N-20250931 y 50N-20250928.
28. El 9 de noviembre de 2009, se llevó a cabo la diligencia de remate de los bienes, los cuales fueron adjudicados a Inverfondos SA., como actual ejecutante, por un valor de $ 134.531.250.
3.3.1. Los extractos bancarios y el respeto por el acto propio.
Pues bien, es necesario hacer especial referencia de este último punto, es decir, la confianza legítima creada por el banco a los deudores y el respeto del acto propio, frente a la expedición de dichos extractos bancarios. Al respecto, como se dijo, en varias oportunidades la Corte Constitucional ha expresado que los actos proferidos por una persona natural o jurídica deben observar el principio constitucional de la buena fe, tal como se ha expuesto en consideraciones anteriores del presente fallo. Tal condición, reflejada en el caso particular, nos da a entender que, cuando una entidad expresa una posición definida frente a una relación jurídica específica, y después se retracta de la misma, cambiando su posición inicial, sin el consentimiento de la persona sobre la cual recae tal acto, vulnera sin duda alguna la buena fe contractual como base del vínculo jurídico. Por lo tanto, los accionantes, al recibir de forma continua durante siete veces los extractos que daban cuenta de un abono a su deuda por $ 152.345.277, con un saldo a favor de $ 6.869.604, se encontraron en una situación fáctica de imposibilidad de continuar con el pago de la obligación.
El primero de los anteriores requisitos hace relación a que la conducta debe ser jurídicamente relevante y ejecutada dentro de la relación contractual. En el presente caso, el primero de los siete extractos se expidió el 16 de noviembre de 2001, y el último el 17 de mayo de 2002, tiempo durante el cual, según los accionantes, se acercaron al BCH para solicitar explicaciones acerca de la información allí consignada, cuando se les manifestó que de haber algún problema, ellos serían informados. Por lo tanto, el BCH proporcionó permanentemente información a los actores mediante un estado de cuenta o extracto(32) contentivo de su situación crediticia, sentando su posición jurídica en relación con la obligación hipotecaria adquirida por el accionante, lo cual confirmó en siete ocasiones, como ya quedó descrito. Estos documentos por lo tanto, generaban información específica acerca de la situación actual del crédito para esa época.
En este sentido, para esta Sala es claro que el BCH al remitir a los accionantes una relación de pagos correspondiente al estado de su deuda en siete oportunidades, en las cuales se expresaba que el saldo de la deuda hipotecaria al 17 de mayo de 2002 era $0.oo, vulneró el derecho fundamental a la información de los tutelantes. Así, al remitirles información imprecisa generaron confusión en cuanto al saldo real del capital adeudado, así como de las cuotas que estaban pendientes de pago, lo cual a juicio de la Sala impedía continuar amortizando el crédito mediante el pago de cuotas mensuales. En tal medida, la mora en el pago de las mismas no les era imputable, pues no obedecía a su culpa sino a la imposibilidad de proseguir con el pago, por causa de la confusa información suministrada por el banco.
3.3.2. De la existencia de una vía de hecho en el caso bajo análisis.
Este defecto fáctico consiste en la indebida aplicación del derecho sin contar con las pruebas que permitan demostrar los hechos determinantes del supuesto legal(33). Sin embargo, el defecto fáctico tiene varias connotaciones que han sido expuestas por esta corporación en sentencias anteriores; un ejemplo de ellas es la T-039 de 2005, la cual expresa:
“Si bien el juzgador goza de un amplio margen para valorar el material probatorio en el cual ha de fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, “inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (CPC, art. 187 y CPL, art. 61)”(34), dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria. La evaluación del acervo probatorio por el juez implica, necesariamente, “la adopción de criterios objetivos(35), no simplemente supuestos por el juez, racionales(36), es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos(37), esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”(38).
La Corte ha identificado dos dimensiones en las que se presentan defectos fácticos: 1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa(39) u omite su valoración(40) y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente(41). Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez(42). 2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (C.P., art. 29) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución(43).
En concordancia con lo anterior, y tal como lo ha advertido la Corte, solo es factible fundar una acción de tutela frente a una vía de hecho por defecto fáctico cuando se observa que la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia es manifiestamente arbitraria. El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia(44)”.
Pues bien, tenemos que el 18 de julio de 2006, tal como se indica en la reseña del proceso ejecutivo, CISA S.A. instauró demanda en contra de los tutelantes por el pagaré a ellos cedido por Granahorrar, quien a su vez lo obtuvo del BCH en virtud de la liquidación de éste último(45).
Por lo tanto, la Sala concluye en este aspecto que como el último extracto bancario fue expedido mucho antes de la instauración de la demanda, debe aceptarse que desde aquel momento la obligación contenida en el pagaré 01809216-4 se encontraba en imposibilidad de ser cancelada. Así, la mora en el pago de la misma no podía ser considerada como imputable a los deudores sino al acreedor, causante del error y de la dificultad de pago causada desde el 17 de mayo de 2002, fecha en la cual estaban aún pendientes 119 cuotas mensuales.
“En efecto, es cierto que en el extracto del crédito hipotecario correspondiente al corte que se verificó el 16 de noviembre de 2001, aparece un abono en cuantía de $ 125.345.277, por gracia del cual quedó un saldo a favor de los deudores por $ 6.869.604 (fl. 178, cdno. 1). También es cierto que en los extractos de los meses subsiguientes se reflejó ese pago, como que en ellos igualmente se precisó que los hoy demandados tenían un saldo a su favor de 52,448.8412 UVRs (fls. 177 y 179 a 183, cdno. 1), Sin embargo, la Sala no puede desconocer que otras pruebas demuestran que ese pago no se verificó y que, por tanto, la obligación no fue solucionada”.
En virtud de lo anteriormente expuesto, la Sala revocará la sentencia proferida en sede de tutela por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 23 de junio de 2009, que negó el amparo solicitado por los accionantes y en su lugar les concederá la tutela de los derechos al debido proceso y a la vivienda digna, para lo cual ordenará al Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá que decrete la nulidad de la totalidad del proceso ejecutivo con radicado 2066-038, cursado en su despacho, desde la presentación de la demanda.
3.3.3. Consideraciones respecto a los cesionarios del crédito.
Finalmente, la Sala aclara que la nulidad que será decretada, que abarca también la diligencia de remate, no afecta derechos de terceros, en razón a que Inverfondos S.A(46). como cesionario de la obligación no actuó en tal calidad dentro del proceso ejecutivo, sino que se constituyó como causahabiente del BCH, desde el momento en que le fue cedida la obligación crediticia.
1. LEVANTAR la suspensión de los términos para decidir, ordenada mediante auto del 9 de diciembre de 2009.
2. REVOCAR la decisión adoptada el día veintitrés (23) de junio de 2009, por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que negó la protección solicitada por los accionantes María Mercedes Prada de Pombo y Luis Pombo Gaviria en la acción de tutela iniciada por ellos contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado 36 Civil del Circuito de la misma ciudad.
3. En su lugar, TUTELAR a los accionantes el derecho fundamental a la vivienda digna en conexidad con el debido proceso.
4. ORDENAR a Inverfondos S.A. y a los señores Luis Pombo Gaviria y María Mercedes Prada de Pombo que en el término de un mes a partir de la notificación de la presente sentencia, suscriban un nuevo pagaré por el valor insoluto del capital total adeudado, sin derecho a exigir intereses corrientes ni de mora, el cual será pagadero a la orden de Inverfondos S.A. Las partes de común acuerdo estipularan el plazo de exigibilidad y los intereses aplicables a esta clase de título valor, sin llegar a exceder el máximo permitido por la ley y en todo caso no menos favorables. Cumplido lo anterior, deberán informarlo en forma escrita al Juez 36 Civil del Circuito de Bogotá.
5. Una vez verificada la anterior disposición el señor Juez 36 Civil del Circuito de Bogotá, dentro de los tres días siguientes, decretará la nulidad de todo lo actuado a partir de la presentación de la demanda, en el proceso ejecutivo hipotecario instaurado por la Central de Inversiones S.A. contra María Mercedes Prada de Pombo y Luis Pombo Gaviria, bajo el radicado 2006-038. Posteriormente procederá a dar por terminado el proceso, operando automáticamente el fenómeno de la cosa juzgada, por lo cual el título valor en el que se basó la demanda ejecutiva carecerá de exigibilidad.
Como durante el trámite de la presente tutela se registró el auto aprobatorio del remate, el juez civil ordenará la cancelación de este registro. Cumplido lo anterior, en caso de que se hubiere efectuado la entrega del inmueble, dispondrá la restitución del mismo a los accionantes.
Magistrados: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Humberto Antonio Sierra Porto—Luis Ernesto Vargas Silva—Luis Ernesto Vargas Silva. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Luis Ernesto Vargas Silva.
(1) M.P. Jaime Córdoba Treviño. La Sentencia C-590/05 encontró contraria a la Constitución la expresión “ni acción” incluida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, pues implicaba la exclusión de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de casación de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
(4) Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05.
(6) Sentencia T-658-98.
(10) Sentencia T-1031 de 2001. En este caso se decidió que “(...) el pretermitir la utilización de los medios ordinarios de defensa, torna en improcedente la acción de tutela. Empero, la adopción rigurosa de éste postura llevaría, en el caso concreto, a una desproporcionada afectación de un derecho fundamental. En efecto, habiéndose establecido de manera fehaciente que la interpretación de una norma se ha hecho con violación de la Constitución, lo que llevó a la condena del procesado y a una reducción punitiva, no puede la forma imperar sobre lo sustancial (C.P., art. 228). De ahí que, en este caso, ante la evidente violación de los derechos constitucionales fundamentales del demandado, la Corte entiende que ha de primar la obligación estatal de garantizar la efectividad de los derechos, por encima de la exigencia de agotar los medios judiciales de defensa”.
(11) Sentencia T-949 de 2003. En este caso la Corte decidió que “(…) la infracción del deber de identificar correctamente la persona sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación, constituye un claro defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el requisito de procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales”.
(12) Sentencia T-453/05.
(13) Sentencia C-590/05.
(14) Sentencias T-295 de 1999 y T-079 de 2004.
(15) Sentencia T-083 de 2003.
(16) Sentencia T-295 de 1999.
(17) T-295 de 1999, y sentencias T-550, T-705 y T-987 de 2003.
(19) Cfr. SU-157/99. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(20) El Decreto 1593 de 1959, que se expidió con fundamento en el inciso i) del artículo 1º del Decreto 753 de 1956, fue derogado por el 3º de la Ley 48 de 1968, razón por la cual no está vigente.
(21) Sentencia T-443 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(22) Sobre el derecho al debido proceso como cláusula abierta e integradora de principios y valores constitucionales Cfr. T-280/98. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(23) Cfr. T-475 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(24) T-083 del 6 de febrero de 2003. M.P. Jaime Córdoba Treviño.
(26) En tal sentido las sentencias T-251 de 1995, T-258 de 1997, T-203 y 383 de 1999.
(27) Sentencia T-585 del 12 de junio de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(28) Sentencia T-959 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(29) Sentencia T-1037 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Treviño.
(30) El mencionado artículo establece: “De las excepciones se dará traslado al ejecutante pro diez días, mediante auto, para que se pronuncie sobre ellas, adjunte y pida las pruebas que pretende hacer valer (...)”.
(31) Las preguntas referidas son: “1. Diga como es cierto si o no, que Usted tiene conocimiento de la deuda adquirida con el Banco Central Hipotecario quien a su vez endosó a Central de Inversiones S.A. / 2.Diga como es cierto si o no, que Usted prometió cancelar la suma pactada en el pagaré en 180 cuotas. (...) / 13. Diga como es cierto si o no, que Usted se encuentra disfrutando el inmueble hipotecado y no ha realizado en forma cumplida sus pagos. / 14. diga como es cierto si o no, que Usted se encuentra en mora de cancelar su obligación”.
(32) Mediante Circular Externa 7 de 1996, modificada por la Circular Externa 85 de 2000, la Superintendencia Bancaria, define en el numeral 6.2, lo que debe entenderse como extracto dentro de una obligación financiera de crédito hipotecario. Así dice:
“Los extractos suministrados a los clientes por parte de los establecimientos de crédito deberán detallar de manera precisa el nombre del titular, número de crédito, sistema de amortización, tasa de interés pactada y cobrada en el correspondiente periodo expresada en términos efectivos anuales, aún cuando se haya pactado en términos nominales, cotización de la UVR, fecha de corte de la obligación y fecha límite de pago, número de la cuota que se cancela, número de cuotas pendientes para el pago total del crédito, plazo inicial del mismo, saldo de la obligación y la discriminación del pago anterior indicando el monto amortizado a capital, interese corrientes y de mora, sí es del caso, así como los pagos efectuados por concepto de seguros. Las cifras que se incluyan en el extracto deberán reflejarse en UVRs y en pesos, sí la obligación se encuentra denominada en UVR”.
(33) Sentencia T-953 de 2006.
(34) Sentencia T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell
(35) Sentencia SU-1300 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la sentencia anticipada. El juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”.
(36) Sentencia T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(37) Sentencia T-538 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal.
(38) Sentencia SU-157-2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(39) Sentencia T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell. Se dijo en esa oportunidad: “Se aprecia más la arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la presencia de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales, porque de esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios, derechos y valores constitucionales”.
(40) Sentencia T-239 de 1996 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”.
(41) Sentencia T-576 de 1993 M.P. Jorge Arango Mejía. En aquella oportunidad se concedió la tutela, pues todos estos antecedentes, y, en especial, el hecho de que el Inspector tomó la decisión en contra de la parte lanzada sin sustento probatorio, conducirán a la Sala a la conclusión de ver aquí una vía de hecho, y a la decisión de tutelar el derecho al debido proceso de Norma Sánchez, aclarando que si bien, en principio, la Corte no puede sustituir al funcionario de policía en la apreciación de las pruebas, cuando hay una trasgresión ostensible y grave de los más elementales principios jurídicos probatorios, la Corporación no puede permanecer impasible frente a la violación del derecho al debido proceso, derecho constitucional fundamental según el artículo 29 de la Carta.
(42) Por ejemplo, la ya citada Sentencia T-442 de 1994.
(43) La ya citada Sentencia T-538 de 1994.
(44) Sentencia T-442 de 1994.
(45) Para una mejor comprensión del caso es necesario aclarar que el Banco Central Hipotecario fue liquidado mediante el decreto 20 del 12 de enero de 2001, por lo tanto, según lo ordenado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Bancaria de la época, sus cuentas y cartera de créditos pasaron a la corporación de ahorro y vivienda Granahorrar y al Banco Bancafé.
(46) Inverfondos S.A. es el mismo rematante del inmueble.