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Timestamp: 2018-09-21 11:30:58
Document Index: 260965414

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 33', 'artículo 169', 'artículo 50', 'artículo 11', 'artículo 129', 'artículo 169', 'artículo 50', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 50', 'artículo 65', 'artículo 294', 'artículo 263', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 132', 'artículo 32', 'artículo 35', 'artículo 39', 'artículo 169', 'artículo 21', 'artículo 4', 'artículo 169', 'artículo 3', 'artículo 169', 'artículo 2', 'artículo 169', 'artículo 169', 'artículo 169', 'artículo 50', 'artículo 11', 'artículo 129', 'artículo 169', 'artículo 17', 'artículo 33', 'artículo 50', 'artículo 71']

*050049890007CO*
Exp: 05-004989-0007-CO
Res. Nº 2006014622
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y cincuenta y ocho minutos del tres de octubre del dos mil seis.
Recurso de amparo interpuesto por Alberto Cabezas Villalobos, mayor, cédula de identidad número 1-1063-0064, contra la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio del Ambiente y Energía.
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas quince minutos del veintinueve de abril del dos mil cinco, (folio 1), el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia y manifiesta que los distritos del cantón de Santo Domingo de Heredia son abastecidos por captaciones que se ubican en quebradas y ríos por lo que existe algún grado de riesgo de presencia en el agua de organismos o sustancias químicas que produzcan enfermedades. También existen problemas de producción de agua en época de verano y turbidez de ese líquido en forma continua en estos poblados. Además no se cuenta en los distritos del este con alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas servidas, estudios de factibilidad, diseños tendentes a dotarlos de sistemas completos de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, pues en la actualidad se realiza por medio de tanques sépticos que contaminan las aguas subterráneas y a la vez en algunos casos se disponen de sistemas pluviales a cielo abierto. Igualmente no se cuenta con un plan maestro de planificación general de alcantarillado y no existe una solución total a los problemas de alcantarillado del lugar, ante lo cual es urgente tomar las medidas del caso que procuren la protección de la salud y un ambiente humano. Solicita se declare con lugar el recurso.
2.- Informa bajo juramento Ericka Linares Orozco, en su calidad de Alcaldesa Municipal de Santo Domingo de Heredia (folios 10 a 18), que efectivamente los distritos del este del cantón de Santo Domingo de Heredia son abastecidos por captaciones que se ubican en ríos y quebradas, que se ubican en los distritos de San Isidro de Heredia, Coronado y Moravia, en áreas cercanas al Parque Braulio Carrillo. Cada una de las captaciones referidas cuenta y se encuentran al día con la concesión de agua, otorgada por el Departamento de Aguas del MINAE. En su gran mayoría los sistemas de acueductos del país, se abastecen de ríos, quebradas o manantiales, situación que se puede corroborar en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Empresa de Servicios Públicos de Heredia y ASADAS. Evidentemente, como en cualquier otro acueducto del país y del mundo que se abastezca de agua de ríos, quebradas o manantiales y aún con el agua producida en pozos, siempre existirá algún grado de riesgo de que la presencia en el agua de organismos o sustancias químicas que produzcan enfermedades. Se busca disminuir el grado de contaminación al mínimo mediante procesos de desinfección del agua (entre otros por cloración). En este punto es importante anotar que a la fecha, como lo muestran los últimos análisis realizados por el A y A, el agua que se distribuye en el acueducto de los distritos del este de Santo Domingo, se encuentra 100% clorada y dentro de los rangos aceptables de potabilidad. Respecto a que existen problemas de producción de agua en época de verano y turbidez, indica que es evidente que en ese periodo la producción de agua captada en ríos, quebradas o manantiales disminuyen. En lo referente a la turbidez del agua, esta se origina por sedimentos que ante eventos como lluvias fuertes, por la escorrentía de la cuenta de los ríos o quebradas donde se ubican las captaciones superficiales afectan directamente las captaciones; por lo que no es un hecho cierto que exista turbidez en forma continua en las aguas que se sirven a los usuarios de los distritos del este. A la fecha la Municipalidad de Santo Domingo se encuentra gestionando ante el IFAM un préstamo para la construcción de una Planta de Tratamiento, que evitará los golpes de turbidez en el sistema de distribución de agua. En los distritos del este del cantón de Santo Domingo no existe un alcantarillado sanitario con sistema de tratamiento de las aguas servidas domiciliarias. Su disposición se realiza por sistemas de tanque sépticos y así son aprobadas las construcciones por esa Municipalidad y por el Ministerio de Salud, conforme lo indicado en las normas que rigen la materia: Reglamento de Construcciones, artículo VI.12, Ley de Construcciones artículos 43 y 44, Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, artículos III.3.2, III.3.2., III.3.2.4, III.3.2.8, III.3.11, III.3.12. Efectivamente sí se cuenta con un Plan maestro para los distritos del este del sistema de agua potable, el cual aún en está en proceso de implantación. Debido a su costo tan significativo, no se ha iniciado ese plan Maestro de Planificación para un Sistema de Alcantarillado Sanitario para los Distritos del Este. Nótese que aún Municipalidades con presupuestos mayores a los de la Municipalidad de Santo Domingo e instituciones como el AyA y la ESPH, no cuentan aún con el mencionado instrumento de planificación de alcantarillado sanitario. Solicita se desestime el recurso planteado.
3.- Por resolución de las once horas once minutos del 22 de setiembre del 2005 (folio 41), se ampliaron las partes consignadas en el recurso de amparo contra la Ministra de Salud, el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Ministro del Ambiente y Energía.
4.- Informa bajo juramento Francisco Cubillo Martínez, en su calidad de Ministro de Salud a.i. (folios 46 a 52), que de conformidad con el oficio RCN-ARSSD-854-2005 del 28 de setiembre del 2005, el cual suscribe la Dra. María del Carmen Bolaños Zamora, Directora del Área Rectora de Salud de Santo Domingo de Heredia, en relación con el presente amparo, la profesional citada indica: I.-"… le envío adjunto informe de la situación actual del acueducto de los Distritos del Este del Cantón de Santo Domingo de Heredia. Complementando las acciones de seguimiento al acueducto municipal mencionadas en el informe, durante este año se han programado visitas de seguimiento por parte del nivel regional en coordinación con el Área, las cuales están a cargo del Lic. Rafael Vega Alfaro de la Unidad de Protección al Ambiente. La última valoración, contenido en el oficio UPAH-RCN-683-05 de fecha 13 de abril del 2005, referida a valoración realizada el día 29 de marzo del año en curso, por la cual se emite la orden sanitaria No. 018-2005 a fin de que se corrijan algunas anomalías encontradas. Con relación a la inexistencia de un alcantarillado sanitario, esta situación se presenta en todo el cantón de Santo Domingo de Heredia no siendo exclusiva para los distritos del Este. El manejo de los desechos sólidos y líquidos, específicamente en manejo de las aguas negras y servidas procedente de viviendas, comercio e industria, esta última dependiendo de la complejidad y riesgo ambiental de sus desechos, se realiza por medios del sistema de tanque séptico o plantas de tratamiento de aguas residuales, según se establece en la Ley General de Salud en el capítulo III, de las obligaciones y restricciones para la evacuación sanitaria de excretas y aguas servidas y negras, artículos 285, 286, 287 y en el Decreto No. 31545-S-MINAE, Reglamento de Aprobación y aprobación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, Ley y Reglamento de Construcciones". Que con anterioridad al informe detallado en punto precedente, consta en el expediente administrativo que la Dra. María del Carmen Bolaños Zamora, Directora del Área Rectora de Salud de Santo Domingo de Heredia, mediante oficio RCN-ARS-SD-625-2005, del 11 de junio del 2005, le informa al Doctor Marco Tulio Zumbado Ulate sobre la "situación actual del acueducto de los distritos del Este, cantón de Santo Domingo de Heredia", el informe citado indica: "Antecedentes. El acueducto del cantón de Santo Domingo de Heredia es administrado por la Municipalidad del cantón. Consta de los siguientes sistemas de abastecimientos de agua, a saber: la naciente de Fuente de Pérez, pozo calle Lencha, Pozo Rancho Arizona, toma del Río Agrá, Quebrada Pará Blanco, Quebrada Zurquí, Quebrada Lajas, Río Pará (toma Otoniel). El pozo de Barrio Socorro se tiene como reserva, principalmente en la época de verano cuando desciende el caudal de las tomas a cielo abierto. A excepción de los pozos, el resto de las tomas se encuentran ubicadas fuera del cantón, perteneciendo éstas a los cantones de Barva, San Isidro y Moravia. Los distritos del Este, que corresponden a Pará, Tures, San Miguel y Parásito, son abastecidos por las cinco tomas a cielo abierto enunciadas anteriormente, siendo éstas las que han presentado, históricamente, la mayor problemática dado que las tomas son a cielo abierto, lo cual las hace susceptibles, primero a los cambios climatológicos, siendo que en verano el flujo disminuye en forma importante, hecho que se viene acentuando paulatinamente y segundo a contaminación por las actividades humanas circundantes, como son la actividad agropecuaria (lecherías, porquerizas, cultivos de helechos, etc.) y el crecimiento urbanístico descontrolado y sus consecuentes efectos (deforestación, irrespeto a zonas de protección, descargue de desechos sólidos y líquidos a las quebradas y ríos, manejo inadecuado a aguas residuales y fecales). En los últimos años, se ha venido intensificando las acciones de mejoría del acueducto, dada la contaminación fecal y alteración en las características organolépticas del agua, según los resultados en los análisis bacteriológicos realizados y la ocurrencia de brotes diarreicos, con la consecuente intervención del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Salud. Estas acciones dieron origen a la elaboración en 1998 del Plan Maestro de Abastecimiento de Agua de los Distritos del Este, el cual se ha venido implementando de manera paulatina. Los principales problemas a que se ha enfrentado la Municipalidad en su implementación han sido: poca capacidad administrativa institucional, falta de recurso humano calificado, ubicación de las tomas fuera de la jurisdicción cantonal, inadecuada coordinación interinstitucional e intercantonal, falta de control en el crecimiento urbanístico y desarrollo de actividad agropecuaria en las zonas donde se ubican las tomas, cambios climatológicos, trabas en el manejo presupuestario. Además, se presentaron problemas con la cloración en diversos puntos de la red, ya que los lugares en donde se ubicaban los cloradores, han sufrido de constantes acciones de vandalismo; incidiendo en los manejos presupuestarios e incrementando los costos de mantenimiento. Sobre la situación actual, según información suministrada por el Lic. Gilbert Acuña y el Ing. Luis Carlos Chávez, del Departamento de Aguas de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, se han realizado las siguientes acciones de mejoras. En lo administrativo se ha incorporado en el organigrama institucional el departamento de Acueducto Municipal, lo que equivale a aumento de personal, contando en estos momentos con un ingeniero, además del personal administrativo y de mantenimiento. Actualmente las fuentes que abastecen los distritos del Este, cuentan con filtros subacuáticos en las tomas, a excepción de la toma Zurquí. Esto viene a mejorar las características organolépticas del agua. Se realizan visitas periódicas de mantenimiento a las diferentes tomas. Se ha logrado colocar y mantener los sistemas de cloración en los diferentes puntos estratégicos definidos. El Laboratorio Nacional de Agua del SNAA (SIG) está realizando análisis de calidad del agua de los acueductos dos veces al año. Se tiene como proyectos a corto plazo la construcción de la planta de tratamiento para las aguas de los distritos del este, contándose con la aprobación del financiamiento por parte del IFAM. También se está contemplado el cambio de tubería en algunos de la red y la colocación del filtro subacuático en la toma Zurquí. Es importante hacer notar que se han evidenciado cambios en la potabilidad del agua en los distritos del este, ya que en análisis bacteriológicos realizados en la década de los noventa, éstos mostraban gran cantidad de coniformes fecales en los diferentes muestreos, llegando en algunos casos a reportarse hasta 1000 coliformes fecales NMP/100 ml. En los últimos resultados de los análisis realizados en el primer semestre del 2004, por el Laboratorio Nacional de Aguas, se reporta un máximo de 93 coliformes fecales /100 ml, en el tanque de San Miguel no detectándose cloro residual en ese momento. Ya para los primeros análisis correspondientes al mes de enero del 2005, tanto en la red procedente del Río Agrá como en los tanques Pará Nuevo, castillo y los Ángeles, así como La Red, muestran criterios de potabilidad (negativos por coniformes fecales y presencia de cloro residual en adecuada concentración). (Expediente Acueducto Municipal, Área Rectora de Salud Santo Domingo de Heredia). A pesar de eso, durante este verano se han presentado problemas en el manejo del acueducto, lo cual ha demandado que el personal del departamento de aguas se mantenga a tiempo completo avocado a proporcionar a la población de los distritos del este, del agua necesaria para sus actividades, dada la reducción tan importante que se ha dado en el caudal de las diferentes tomas, por lo que han tenido que recurrir al pozo de Barrio Socorro. También se presentaron problemas en el funcionamiento del sistema de cloración en Santa Elena, lo cual ya fue corregido, esto hizo que los muestreos de cloro residual realizados por el señor Alex Álvarez resultaran negativos. Sobre la situación de salud de la población de los distritos del este, específicamente lo referente a las enfermedades de transmisión hídrica, solamente puede hacer mención a los datos suministrados por el Área de Salud de Santo Domingo de Heredia, encargada de brindar los servicios de atención en salud de la población de los distritos de Pará y Tures, ya que no cuentan con información de interés epidemiológico de la Cooperativa de Salud Integral de Tibás, (COOPESAIN), encargada de brindar los servicios al distrito de San Miguel. En el caso de Paracito, se recibe información eventualmente por parte del Área de Salud de Moravia, donde corresponde en Puesto de Salud de Paracito. Se tomarán esos datos para inferir lo que posiblemente esté ocurriendo en el distrito de San Miguel, al contar con el mismo sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, factor que puede estar incidiendo en el comportamiento de las enfermedades de transmisión hídrica. Analizando las diarreas que se reportan en los distritos mencionados, en los últimos cinco años se observa un incremento paulatino en el número de casos reportados del año 2001 al 2004. Ese incremento es más evidente en el distrito de Pará y San Vicente, en el distrito de Tures se mantiene una tasa alta, pero sufre un leve descenso en el año 2004. Si se analizan los datos del quinquenio 2000-2004, el distrito que presenta la mayor tasa es Pará, alcanzando un 47.6 casos, por 10.000 habitantes, seguido de Tures con una tasa de 34 por 10.000 habitantes. En el primer caso es más del doble que la tasa del área referida, que resultó de 27.1 por 10 000 habitantes. El comportamiento temporal de las diarreas, semeja al observado en el ámbito nacional, incrementándose los casos durante la época de verano (febrero-abril). La Comisión de Vigilancia de la Salud y el Área Rectora de Salud, han puesto en alerta a los encargados de los servicios de salud del cantón a fin de incrementar las acciones preventivas relacionadas con esta patología, lo cual se repite cada año. Además, dados los antecedentes de las condiciones bacteriológicas de los acueductos que abastecen los distritos del este, se ha tomado a éste como un factor de riesgo en la incidencia de las diarreas, por lo que se efectúan acciones de vigilancia del acueducto, las cuales se vienen realizando en coordinación con la Unidad de Protección al Ambiente de la Dirección Regional Central Norte y el Encargado de Vigilancia de Calidad del Agua del Proceso de Control al Ambiente Humano, Departamento de Protección al Ambiente del Nivel central, con las consecuentes acciones correctivas dirigidas a la Municipalidad del cantón. Sobre la ocurrencia de otro tipo de patologías como la hepatitis o parasitismo intestinal, en el primer caso y según los datos reportados, éstos no presentan una distribución geográfica definida, presentándose un caso de hepatitis en Tures en el año 2001 y otro en el 2004, así como un caso en Parásito en el 2003 y en el primer trimestre del 2005 no se reportaron casos en el área de salud señalada. Sobre parasitismo no se cuenta con información. Sobre la vigilancia del acueducto y la calidad del agua, como ya se señaló anteriormente, el Laboratorio Nacional de Aguas del SNAA, está realizando dos veces al año los análisis de la calidad del agua de los acueductos del cantón de Santo Domingo de Heredia y emitiendo con base en los resultados las recomendaciones pertinentes. (Programa de Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano suministrada en los acueductos operados por las Municipalidades y al ESPH). El Ministerio de Salud, por medio del Área Rectora de Salud con el apoyo de la Unidad de Protección del Ambiente de la RCN y Encargado de Vigilancia de Calidad del Agua del Proceso de Control al Ambiente Humano, Departamento de Protección al Ambiente del nivel central está realizando muestreos en diversos puntos del acueducto y emitiendo resoluciones al respecto. En el ámbito local se dificulta el seguimiento adecuado a los diferentes puntos que conforman los acueductos del cantón, principalmente por falta de recursos como transporte, tiempo profesional, equipo de cómputo, entre otros. Tampoco se cuenta con los resultados de los análisis en el momento oportuno, tanto los realizados por el SNAA como los realizados en el mismo Ministerio de Salud. Como conclusiones señala que la Municipalidad del cantón ha venido desarrollando acciones correctivas para el buen funcionamiento de los acueductos municipales, principalmente en los distritos del este basados en el Plan Maestro de Abastecimiento de Agua de los Distritos del Este. También, ha fortalecido la estructura organizativa creando un departamento específico y contratando personal profesional y realizando acciones de vigilancia de la calidad del agua. A pesar de lo anterior, persisten aún problemas con la cantidad y el mantenimiento de la potabilidad del agua para consumo humano en estos distritos. Se espera lograr el objetivo con la construcción y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento para las aguas procedentes de las tomas que abastecen los distritos del este. Existe una discrepancia entre el mejoramiento de los resultados de los análisis de laboratorio y el incremento de los casos de diarreas, principalmente en Pará, por lo que se debe profundizar en el análisis de esa situación. Persisten problemas de coordinación interinstitucional, que no permiten un seguimiento adecuado de los problemas de potabilidad del agua y sus posibles efectos sobre la salud de la población. Por un lado, la Municipalidad no presenta los resultados de los análisis de calidad del agua, por otro, los servicios de salud que cubren los distritos de San Miguel y Parásito, no cumplen con el envío semanal de los reportes de enfermedades infectocontagiosas ni de otra índole, lo que imposibilita al Área Rectora a definir intervenciones y estrategias en pro de la salud de la población afectada de manera oportuna. El Ministerio de Salud debe contar con recursos adecuados para hacer valer su posición como ente rector, además de los recursos mínimos necesarios para un desempeño de calidad. Como se puede apreciar, las autoridades de salud han actuado diligentemente realizando las acciones sanitarias pertinentes para la protección de la salud de la población. Solicita se desestime el recurso planteado.
5.- Informa bajo juramento Allan René Flores Moya, en su calidad de Ministro del Ambiente y Energía a.i. (folios 100 a 102), que ese Ministerio no es la entidad a la que por deber jurídico le corresponda haber desarrollado el sistema de infraestructura urbana que se alega como inexistente o insuficiente (para dotación de agua potable y recolección de aguas servidas a la Comunidad de Santo Domingo de Heredia). Se reafirma esta conclusión al revisar en detalle, los alcances de los artículos 1, 2, 3, 5 inciso e), y 21 de la Ley No. 2726 y sus reformas, Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como los artículos 1 al 11 de la Ley No. 1634, Ley General de Agua Potable y las correlativas normas del Código Municipal, artículos 75 y 97, que establecen un marco de acciones específicas para esas corporaciones al nivel local. Visto en su conjunto ese entramado normativo, salta a la vista que el MINAE carece de las competencias jurídicamente atribuibles para ser considerado pasivamente legitimado dentro del presente recurso de amparo, y así solicita que se declare en sentencia. El recurrente ha alegado la inadecuada infraestructura para el abastecimiento de agua potable, la escasez del agua en época de verano y la turbidez constante del líquido en los poblados; también la inexistencia de alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas servidas, estudios de factibilidad, diseños tendentes a dotarlos de sistemas completos de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, ya que en la actualidad se realizan por medio de tanques sépticos que contaminan las aguas subterráneas y a la vez en algunos casos se disponen de sistemas pluviales a cielo abierto. Al respecto ese Ministerio debe ser enfático en cuanto a que carece de la competencia necesaria para desplegar acciones correctivas respecto a los fundamentos de hecho del presente amparo, no sólo por no estar puntualmente habilitado por el Ordenamiento Jurídico, sino porque se trata de situaciones que no forman parte de su ámbito competencial. Lo relativo a la calidad físico química del agua es resorte exclusivo del Laboratorio Nacional de Aguas, cuyos criterios son observancia obligatoria para el A y A (Acuerdo AN-2001-280 del A y A, publicado en La Gaceta No. 198 del 16 de octubre del 2001. pág. 71). De determinarse tal estado de turbidez del agua en la referida comunidad, las acciones correctivas, son resorte exclusivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Por otra parte, en los procesos de creación de infraestructura hidráulica, abastecimiento de agua potable, uso y reusos de aguas industriales, y manejo de aguas servidas, la competencia normativamente creada corresponde a entidades que no son ese Ministerio, tal y como permite concluirlo el Reglamento de Normas Técnicas y Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de los Sistemas de Abastecimiento de Agua, publicado en La Gaceta No. 154 del 13 de agosto del 2001 y en la misma Ley de Agua Potable, tal y como supra se indicó. Si bien la contaminación ambiental ha sido un área funcional que el legislador mediante el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, ha señalado como primaria para el MINAE, el que en este campo actúa mediante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, la que pueda ocurrir en los sistemas de agua potable, requiere de conocimiento técnicos y de la aplicación de potestades que escapan a ese Ministerio. Si bien el ordenamiento jurídico establece que el MINAE tiene competencia técnica en ciertos ámbitos relativos al recurso hídrico, tales como en el caso de las zonas protectoras a que se refieren el artículo 33 de la Ley Forestal 7575 y las que en virtud del artículo transitorio V de la Ley No. 7593, de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, corresponden al tramite de concesiones de aguas ante el Departamento de Aguas, no obstante, no corresponden a ese Ministerio la ejecución ni fiscalización de las obras y servicios a que se refiere el presente recurso de amparo, tal y como permita concluirlo el ordenamiento jurídico vigente, razones por las cuales es lo ajustado a derecho que el mismo sea desestimado en lo que al MINAE corresponde.
6.- Informa bajo juramento Heibel Rodríguez Araya, en su calidad de Gerente con poder generalísimo sin límite de suma del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (folios 103 a 114), que no es cierto lo argumentado por el recurrente en cuanto a que, según se demuestra en el informe técnico DOAM-2005-09-13, que se adjunta a la presente, el abastecimiento de agua en los distritos del cantón de Santo Domingo, es administrado por el municipio del lugar, con excepción de un pequeño sector del distrito de Parasito, en el extremo sur, en donde el abastecimiento es mediante el sistema de bombeo Los Sitios-La Trinidad-Platanares, de Región Metropolitana, en donde se surte el agua potable de excelente calidad y continuidad. El recurrente no aporta estudios que indiquen que organismos o sustancias químicas producen enfermedades, lo cual resulta temerario, ya que no tiene ningún fundamento técnico que sustente su posición. No constan los problemas de producción. Mediante informe EyP-2005-902 se indica en relación a este caso que: "El Acueducto de Santo Domingo de Heredia es operado, mantenido, controlado y facturado por la Municipalidad de ese cantón. No forma parte del área de servicio del AyA, al igual que muchos otros cantones del país que pertenecen a las respectivas municipalidades, que en esos casos tienen la responsabilidad total por los aspectos de cobertura, calidad del agua, cantidad, continuidad y presiones de servicio de los sistemas de abastecimiento de agua que por ley les pertenecen. En algunas oportunidades, las municipalidades han obtenido financiamiento, casi siempre a través del IFAM, para implementar mejoras en sus sistemas de acueductos, en cuyos casos, y a través de convenios interinstitucionales entre el AyA y el IFAM. El AyA ha elaborado proyectos para esos sistemas y participado en la supervisión de la fase constructiva de las obras. En lo relativo al Alcantarillado Sanitario, el cantón de Santo Domingo de Heredia no dispone de ese servicio y se usan tanques sépticos en su lugar. Por ser área municipal y no haber resultado prioritaria en cuanto a necesidad de cloacas con tratamiento de aguas residuales en escala de ciudad de acuerdo con los distintos modelos priorizados por el AyA; que se han aplicado a todo el área urbana del país desde 1986, la ciudad de Santo Domingo, y el resto del cantón, no están incluidos en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario para el Área de Metropolitano que el AyA está gestionando con fondos propios y del gobierno central, los mismo que con fondos de una agencia del Japón…". No se dispone de estudios completos de tránsito de contaminantes en el suelo, que demuestren que los tanques sépticos en Santo Domingo estén contaminando los acuíferos de Barva, Colima Superior y Colima Inferior, que se usan para el Acueducto Metropolitano, principalmente por encontrarse tales acuíferos a mucha profundidad respecto del nivel del terreno. En cuanto al alcantarillado pluvial, este sistema es administrado y es de competencia de la Municipalidad, en sus aspectos de planeamiento, diseño, construcción, operación, mantenimiento, control y cobro. Con fundamento en el informe UI-AyA-JBIC-2005-20, se le indica a la Sala Constitucional, que el Proyecto de Alcantarillado Sanitario del Área Metropolitana de San José tiene una cobertura hasta la margen izquierda del Río Virilla, ningún cantón de Heredia está incluido dentro del proyecto mencionado. El AyA no administra ningún sistema de alcantarillado sanitario en Santo Domingo de Heredia. De conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política la Municipalidad debe velar por los intereses de todos los habitantes del cantón, por ello el artículo 50 de la Constitucional obliga a las Municipalidades a garantizar el mayor bienestar de los ciudadanos del cantón, estimulando el desarrollo hacia una justa distribución de la riqueza con un ambiente sano ecológicamente equilibrado y por ello el artículo 11 de la Constitución obliga a esa Municipalidad y a sus funcionarios a someterse a la rendición de cuentas y evaluación de los resultados, al tenor del artículo 129 de la Constitución Política. El artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, indican que la Municipalidad, es el ente territorial que debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones por los intereses locales en forma originaria y primaria, que debe instrumentalizar las acciones necesarias para el desarrollo de las actividades en su cantón, siendo de su competencia exclusiva el alcantarillado pluvial. Por lo expuesto y con fundamento en los principios de racionabilidad, proporcionalidad y las reglas univocas de la ciencia y la técnica de la Ingeniería Sanitaria y Ambiental, solicita se declare sin lugar el recurso en lo que se refiere al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y se condene a la Municipalidad de Santo Domingo a que cumpla con lo establecido en el Código Municipal y la Ley General de Salud.
7.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diez horas diez minutos del dieciocho de noviembre del dos mil cinco, (folios 119 a 124), el recurrente indica que no solo en la resolución No. 2004-09241 del expediente número 04-004781-0007-CO de esta Sala, se le solicita a la Municipalidad de Santo Domingo solucionar el problema del agua a la menor brevedad posible sino que varias instituciones ya se han pronunciando al respecto. En la Defensoría de los Habitantes se han abierto más de 5 denuncias por contaminación del recurso hídrico que abastece los distritos este del cantón Santo Domingo. Además, el diputado Quirico Jiménez le solicitó el 6 de agosto del 2002 al Director del Área Ambiental de la Procuraduría General de la República intervenir este caso. Incluso, autoridades como la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y el Tribunal Ambiental Administrativo se han declarado incompetentes para estudiar más ese dilema, haciendo oídos sordos a solicitudes de vecinos u organizaciones como la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional ó la Asociación PRETOMA (Programa de Restauración de Tortugas Marinas).
8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
I.- Objeto del recuso. Alega el recurrente, que los distritos del este del cantón de Santo Domingo de Heredia son abastecidos, por captaciones que se ubican en quebradas y ríos en los que existe riesgo por presencia en el agua, de organismos o sustancias químicas que produzcan enfermedades. También existen problemas de producción de agua en época de verano y turbidez de ese líquido en forma continua en estos poblados. Además, no se cuenta en esos distritos con alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas servidas, estudios de factibilidad, diseños tendentes a dotarlos de sistemas completos de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, pues en la actualidad se realiza por medio de tanques sépticos que contaminan las aguas subterráneas y en algunos casos, se disponen de sistemas pluviales a cielo abierto. Igualmente, no se cuenta con un plan maestro de planificación general de alcantarillado y no existe una solución total a los problemas de alcantarillado del lugar.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a)	En el cantón de Santo Domingo de Heredia, no cuenta con alcantarillado sanitario, para el manejo de los desechos sólidos y líquidos, específicamente en manejo de las aguas negras y servidas procedente de viviendas, comercio e industria, ésta última dependiendo de la complejidad y riesgo ambiental de sus desechos, se realiza por medios del sistema de tanque séptico o plantas de tratamiento de aguas residuales. (informes a folios 10 a 18, 46 a 52).
b)	El acueducto del cantón de Santo Domingo de Heredia, es administrado por la Municipalidad del cantón y tiene los siguientes sistemas de abastecimientos de agua: la naciente de Fuente de Pérez, pozo calle Lencha, Pozo Rancho Arizona, toma del Río Agrá, Quebrada Pará Blanco, Quebrada Zurquí, Quebrada Lajas, Río Pará (toma Otoniel). El pozo de Barrio Socorro se tiene como reserva, principalmente en la época de verano cuando desciende el caudal de las tomas a cielo abierto. A excepción de los pozos, el resto de las tomas se encuentran ubicadas fuera del cantón, perteneciendo éstas a los cantones de Barva, San Isidro y Moravia. (informe a folios 46 a 52).
c)	Los distritos del este del cantón de Santo Domingo de Heredia, que corresponden a Pará, Tures, San Miguel y Parásito, son abastecidos por las cinco tomas a cielo abierto enunciadas anteriormente, siendo éstas las que han presentado, históricamente, la mayor problemática dado que las tomas son a cielo abierto, lo cual las hace susceptibles, primero a los cambios climatológicos, siendo que en verano el flujo disminuye en forma importante, hecho que se viene acentuando paulatinamente y segundo a contaminación por las actividades humanas circundantes, como son la actividad agropecuaria (lecherías, porquerizas, cultivos de helechos, etc.) y el crecimiento urbanístico descontrolado y sus consecuentes efectos (deforestación, irrespeto a zonas de protección, descargue de desechos sólidos y líquidos a las quebradas y ríos, manejo inadecuado a aguas residuales y fecales). (informe a folios 46 a 52).
d)	En los últimos años, se ha venido intensificando las acciones de mejoría del acueducto, dada la contaminación fecal y alteración en las características organolépticas del agua, según los resultados en los análisis bacteriológicos realizados y la ocurrencia de brotes diarreicos, con la consecuente intervención del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Salud. Estas acciones dieron origen a la elaboración en 1998 del Plan Maestro de Abastecimiento de Agua de los Distritos del Este, el cual se ha venido implementando de manera paulatina. (informe a folios 46 a 52).
e)	Actualmente, las fuentes que abastecen los distritos del Este, cuentan con filtros subacuáticos en las tomas, a excepción de la toma Zurquí. Esto viene a mejorar las características organolépticas del agua. Se realizan visitas periódicas de mantenimiento a las diferentes tomas. Se ha logrado colocar y mantener los sistemas de cloración en los diferentes puntos estratégicos definidos. El Laboratorio Nacional de Agua del SNAA (SIG) está realizando análisis de calidad del agua de los acueductos dos veces al año. (informe a folios 46 a 52).
f)	Se tiene como proyecto a corto plazo la construcción de la planta de tratamiento para las aguas de los distritos del este, contándose con la aprobación del financiamiento por parte del IFAM. También se está contemplado el cambio de tubería en algunos de la red y la colocación del filtro subacuático en la toma Zurquí. (informe a folios 46 a 52).
g)	Se han evidenciado cambios en la potabilidad del agua en los distritos del este del cantón de Santo Domingo de Heredia, ya que en análisis bacteriológicos realizados en la década de los noventa, éstos mostraban gran cantidad de coniformes fecales en los diferentes muestreos, llegando en algunos casos a reportarse hasta 1000 coliformes fecales NMP/100 ml. En los últimos resultados de los análisis realizados en el primer semestre del 2004, por el Laboratorio Nacional de Aguas, se reporta un máximo de 93 coliformes fecales /100 ml, en el tanque de San Miguel no detectándose cloro residual en ese momento. Ya para los primeros análisis correspondientes al mes de enero del 2005, tanto en la red procedente del Río Agrá como en los tanques Pará Nuevo, Castillo y los Ángeles, así como La Red, muestran criterios de potabilidad (negativos por coniformes fecales y presencia de cloro residual en adecuada concentración). (informe a folios 46 a 52).
h)	Sobre la situación de salud de la población de los distritos del este, por las enfermedades de transmisión hídrica, se puede hacer mención solo a los datos suministrados por el Área de Salud de Santo Domingo de Heredia, ya que es la encargada de los servicios de Pará y Tures. En el caso del Paracito, se recibe información por parte del Área de Salud de Moravia, en el sentido de se tomarán esos datos para definir que ocurre en San Miguel, ello por contar con el mismo sistema de abastecimiento de agua para consumo humano. Además se reportan diarreas en los distritos mencionados, y se observa un incremento paulatino en el número de casos reportados del año 2001 al 2004. Ese incremento es más evidente en el distrito de Pará y San Vicente, en el distrito de Tures se mantiene una tasa alta. La Comisión de Vigilancia de Salud y el Área Rectora, han puesto en alerta a los encargados de los servicios de salud del cantón con el fin de incrementar las acciones preventivas relacionadas con esta patología, lo cual se repite cada año (informe a folios 46 a 52).
i)	Dados los antecedentes de las condiciones bacteriológicas de los acueductos que abastecen los distritos del este, se ha tomado a éste como un factor de riesgo en la incidencia de las diarreas, por lo que el Ministerio de Salud efectúa las acciones de vigilancia del acueducto, mismas que se realizan en coordinación con la Unidad de Protección al Ambiente de la Dirección Regional Central Norte y el Encargado de Vigilancia de Calidad del Agua del Proceso de Control al Ambiente Humano, Departamento de Protección al Ambiente del Nivel central, con las consecuentes acciones correctivas dirigidas a la Municipalidad del cantón. (informe a folios 46 a 52).
j)	Sobre la ocurrencia de las patologías como la hepatitis o parasitismo intestinal, en el primer caso y según los datos reportados, éstos no presentan una distribución geográfica definida, presentándose un caso de hepatitis en Tures en el año 2001 y otro en el 2004, así como un caso en Parásito en el 2003 y en el primer trimestre del 2005 no se reportaron casos en el área de salud señalada. Sobre parasitismo no se cuenta con información. (informe a folios 46 a 52).
III.- Respecto al suministro de agua potable. Esta Sala en atención al recurso de amparo número 04-004781-0007-CO, emitió la sentencia número 2004-09241 de las quince horas cuarenta y nueve minutos del 25 de agosto del 2004, en la cual ordenó a Ericka Linares Orozco, en su calidad de Alcaldesa Municipal de Santo Domingo de Heredia, o a quien en su lugar ocupara el cargo, bajo la prevención por pena de desobediencia, que tomara las medidas de su competencia para que de manera inmediata se implementara un plan para optimizar el sistema de tratamiento y potabilización del agua que se suministra a las comunidades del este del Cantón de Santo Domingo, afectadas por el alto nivel de densidad de coliformes fecales y ejecutar un programa de control y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano. El anterior pronunciamiento estimatorio obedeció a que se constató que los pobladores de las comunidades del sector este del Cantón de Santo Domingo de Heredia se les suministraba agua contaminada por parte de la corporación administradora del acueducto, la cual obedecía a la falta o deficiencia de tanques de desinfección y mecanismos de cloración del agua captada. En razón de ello, se estima que respecto al alegato del recurrente en cuanto al agua que se le abastece a dichos distritos, debe estarse a lo resuelto en esa oportunidad, siendo en consecuencia de merito, entrar a resolver únicamente lo referente al alcantarillado sanitario, como en efecto se dispone.
IV.- Tratamiento de aguas residuales y protección del medio ambiente. El artículo 50 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el correlativo deber del Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho. Para el cumplimiento de este cometido corresponde, entre otras cosas, al Estado -en sentido amplio- disponer de las medidas necesarias para que en el país se brinde tratamiento oportuno y efectivo a las aguas negras y residuales, actividad indispensable para la prevención de la contaminación ambiental y del agua, aparte de establecer los mecanismos de fiscalización idóneos para que se cumplan esas medidas. La ausencia de tratamiento de las aguas negras y residuales implica que, por lo general, sean vertidas en aguas superficiales y con ello se crea un peligro obvio para la salud humana, por tratarse de un problema directamente relacionado con la presencia de enfermedades infecciosas tales como el cólera, hepatitis, disentería, gastroenteritis y muchas otras, que no pocas vidas han cobrado en el mundo. Del mismo modo, el vertido en aguas superficiales conlleva un peligro para los animales y, en general, para la ecología. El interés público involucrado en esta temática es evidente e inclusive ha sido reconocido en publicación del 7 de diciembre del 2004 realizada en La Gaceta número 239, Decreto número 32133-S del 19 de noviembre del 2004, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso en el artículo 1° lo siguiente:
"Se declara de interés público y necesidad social el diseño, financiamiento, ejecución, operación y mantenimiento de las obras requeridas para la recolección, el tratamiento y disposición final de las aguas residuales de tipo ordinario generados en los centros urbanos, donde las soluciones individuales para la disposición de las aguas residuales técnica y ambientalmente no son adecuadas".
La inercia del Estado en el cumplimiento de sus funciones en tutela del ambiente y la salud humana, como la que aquí se acusa, involucra no solo a entes como la Municipalidad recurrida, lo cual es reconocido en los "Considerandos" del Decreto antes citado. Por ese motivo, la Sala dispuso tener también como recurridos al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al Ministerio de Salud y al Ministerio del Ambiente y Energía, (folio 41), con miras a que se pronuncien sobre los agravios que plantea el recurrente y expresen cuáles medidas concretas han tomado en el marco de sus competencias, para cumplir el mandato constitucional.
V.- MARCO NORMATIVO. Al igual que sucede en otros ámbitos del Derecho Administrativo, la normativa tendiente a la protección del medio ambiente y, particularmente, lo relacionado con el tema que aquí nos ocupa se encuentra dispersa, lo que conlleva una dificultad para individualizar responsabilidades en caso de incumplimientos por parte de la Administración; no obstante, es claro que se trata de una obligación del Estado que emana de la Constitución Política y que se desarrolla en la ley. Es así como el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente estatuye lo siguiente:
"Políticas del ordenamiento territorial
Es función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico espacial con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente."
Asimismo, en su artículo 50 se refiere ese cuerpo normativo al agua como un bien de dominio público, cuya conservación y uso sostenible son de interés social. Paralelamente en el ordinal siguiente dispone los criterios que deben aplicarse para la conservación y el uso sostenible del agua, entre los que se encuentran los siguientes:
"a) Proteger, conservar y en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el ciclo hidrológico.
c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas hidrográficas."
La misma Ley, en su artículo 65 ordena que las aguas residuales de cualquier origen deberán recibir tratamiento antes de ser descargadas en ríos, lagos, mares y demás cuerpos de agua; al mismo tiempo, deberán alcanzar la calidad establecida para el cuerpo receptor, según su uso actual y potencial y para su utilización futura en otras actividades. Por su parte, la Ley General de Salud número 5395 se ocupa del tema al prohibir toda acción, práctica u operación que deteriore el medio ambiente natural o que alterando la composición o características intrínsecas de sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, produzcan una disminución de su calidad y estética, haga tales bienes inservibles para algunos de los usos a que están destinados o cree éstos para la salud humana o para la fauna o la flora inofensiva al hombre. Para tal efecto, el artículo 294 define la contaminación de la atmósfera para los efectos legales y reglamentarios como:
"...el deterioro de su pureza por la presencia de agentes de contaminación, tales como partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, materias radioactivas y otros, que el Ministerio defina como tales, en concentraciones superiores a las permitidas por las normas de pureza del aire aceptadas internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio.
Se estima contaminación del aire, para los mismos efectos, la presencia de emanación o malos olores que afecten la calidad del ambiente, perjudicando el bienestar de las personas.
Será asimismo considerada como contaminación atmosférica, la emisión de sonidos que sobrepasen las normas aceptadas internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio."
Además, instituye el cuerpo normativo antes citado como obligación de toda persona, el cumplimiento de las acciones, prácticas u obras establecidas en la ley y reglamentos destinadas a eliminar o a controlar los elementos y factores del ambiente natural, físico o biológico y del ambiente artificial, perjudiciales para la salud humana (artículo 263). De igual forma, en el Libro 1, Título III de esa Ley se consignan los deberes de las personas para la conservación y acondicionamiento del ambiente y de las restricciones a que quedan sujetas en sus actividades en beneficio de su preservación. Específicamente en el capítulo III "De las obligaciones y restricciones para la evacuación sanitaria de excretas y aguas servidas y negras" se estatuye lo siguiente:
Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales, deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad.
Toda persona, natural o jurídica, está obligada a realizar las obras de drenaje que la autoridad de salud ordene a fin de precaver la formación de focos insalubres y de infección, o de sanear los que hubiere en predios de su propiedad.
Si el propietario fuere renuente en el cumplimiento de tales órdenes, la autoridad de salud podrá hacerlos a costa del omiso.
En los casos en que el interés público, la naturaleza y envergadura de las obras de drenaje lo justificare, todo propietario de inmueble está obligado a constituir servidumbre en favor del Estado para que la autoridad de salud construya, tales obras pudiendo decretarse la expropiación del terreno cuando la servidumbre fuere incompatible con su utilización.
El mantenimiento y operación, si procedieren, estará a cargo de los beneficiarios de tales obras.
Toda persona, natural o jurídica, propietaria de viviendas o de establecimientos o edificios en que las personas desarrollen sus actividades, responderá de que tales bienes dispongan de un sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas aprobado por el Ministerio y los usuarios de viviendas, establecimientos o edificios estarán obligados a mantener dicho sistema en buenas condiciones de funcionamiento.
Todo propietario queda obligado a conectar el sistema de eliminación de excretas de aguas negras y servidas de su propiedad al alcantarillado sanitario en los lugares en que éste estuviera en funcionamiento, salvo en los casos de excepción que los reglamentos pertinentes reconozcan como procedentes.
Todo sistema de alcantarillado, quedará bajo el control técnico del Ministerio y del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado y las personas de derecho privado o público que los construyan, administren y operen se sujetarán a las normas que el Poder Ejecutivo, en consulta con el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado, dicte para condicionar su construcción, funcionamiento y la evacuación y tratamiento final de los fluentes." -El resaltado en negritas no es del original-
Se prohíbe a toda persona destruir o dañar los sistemas de desagües públicos o privados u obstruir su funcionamiento.
Queda prohibido, descargar residuos industriales y de establecimientos de salud en el alcantarillado sanitario sin autorización previa de la autoridad de salud y sin cumplir las instrucciones que ésta pueda ordenar para hacerlos inocuos, a fin de precaver cualquier daño al sistema de desagüe, o evitar la contaminación de las fuentes o cursos de agua; del suelo y del aire, o cualquier otro riesgo para la salud humana que se derive de la evacuación final inadecuada de los desagües.
Queda prohibido, en todo caso la descarga de las aguas negras, de las aguas servidas y de residuos industriales, al alcantarillado pluvial. El Ministerio queda facultado para restringir, regular, o prohibir la eliminación de productos sintéticos no biodegradables a través de los sistemas de recolección de excretas, aguas negras y servidas.
Las personas, naturales y jurídicas, que se ocupen de la urbanización de terrenos deberán presentar a la autoridad de salud competente para su estudio previo el anteproyecto correspondiente y sólo podrán iniciar sus trabajos una vez aprobado el proyecto definitivo.
La aprobación será concedida si el proyecto de urbanización está ubicado en área permitida por la reglamentación vigente o en su defecto por el Ministerio y dispone de sistemas sanitarios adecuados de suministro de agua potable, de desagüe de aguas pluviales, de disposición de excretas, aguas negras y aguas servidas.
Corresponderá privativamente a las autoridades de salud la aplicación y el control del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y de su reglamentación, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que leyes especiales otorguen e impongan a otros organismos públicos dentro de sus respectivos campos de acción. (El resaltado en negritas no es del original)
Para todos los efectos de la aplicación de esta ley y de otras leyes pertinentes a salud o sanitarias y sus reglamentos, se considerarán autoridades de salud: el Ministerio de Salubridad Pública y los funcionarios de su dependencia en posiciones de Dirección General, de Dirección o Jefatura de Divisiones o Departamentos Médicos o Técnicos de Salud o de área geográfica de salud, así como aquellos que por leyes especiales tengan tal calidad y atribuciones.
Las autoridades mencionadas, podrán delegar en funcionarios de su dependencia, para el mejor servicio y aplicación de las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, atribuciones específicas atingentes a su cargo.
Las autoridades de salud dentro de las atribuciones que les confiere esta ley y su reglamentación y de acuerdo con la competencia y jurisdicción que les asigne el reglamento orgánico del Ministerio podrán dictar resoluciones ordenando medidas de carácter general o particular, según corresponda, para la mejor aplicación y cumplimiento. (El resaltado en negritas no es del original)
Podrán, asimismo, dentro de las atribuciones y jurisdicciones mencionadas, ordenar y tomar las medidas especiales que habilita esta ley para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares.
Corresponderá asimismo, al Ministro dictar las normas técnicas de salud a que deberán ceñirse las personas físicas o jurídicas de derecho privado o público en las materias que esta ley lo requiera. (El resaltado no es del original)
Quedan, asimismo, sujetos a las normas y al control y supervigilancia, aludidos en el artículo anterior, los organismos públicos o semipúblicos de administración descentralizada o desconcentrada en cualquier grado que administren servicios de interés público tales como el abastecimiento del agua potable, alcantarillado y recolección de residuos sólidos u otros que por la naturaleza de sus funciones puedan afectar o dañar gravemente la salud de la población, por ineficiencia técnica o insuficiencia de sus servicios. (El resaltado en negritas no es del original)
Para efectos de llevar a cabo el efectivo control del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y de sus reglamentos, de resoluciones complementarias que las autoridades de salud dicten dentro de sus competencias, podrán los funcionarios dependientes del Ministerio, debidamente identificados, hacer inspecciones o visitas para practicar operaciones sanitarias, recoger muestras o recolectar antecedentes o pruebas, en edificios, viviendas y establecimientos industriales, de comercio y en cualquier lugar en el que pudieran perpetrarse infracciones a las leyes y reglamentos y resoluciones aludidos.
En el caso que las personas, físicas o jurídicas, impidieren la entrada o acceso a los lugares o inmuebles o interfirieren con la actuación de los funcionarios o se negaren a la entrega de muestras y antecedentes, podrá la autoridad de salud solicitar de la autoridad judicial la orden de allanamiento, la que deberá ser dictada dentro de las veinticuatro horas naturales de solicitada.
Los funcionarios del Ministerio a quien se les encomiende tal diligencia, practicarán el allanamiento debiendo sujetarse a las disposiciones legales pertinentes y a las disposiciones administrativas y técnicas de procedimientos del Ministerio.
Las autoridades de salud, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública y de las otras autoridades administrativas, para llevar a cabo las actuaciones inherentes a su cargo para las cuales hayan sido especialmente comisionados. (El resaltado en negritas no es del original)
Tendrán carácter de autoridad de salud los funcionarios del Ministerio, que desempeñen cargos de inspección que hayan sido especialmente comisionados para la comprobación de infracciones a esta ley o a sus reglamentos, tendrán fe pública en cuanto a las denuncias que se formulen contra personas físicas o jurídicas por hechos o actos que involucren infracción a tales disposiciones o que constituyen delito. Tendrán este mismo carácter los Inspectores de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Teniendo en vista una efectiva protección de la salud de la población y los individuos, las autoridades de salud competentes podrán decretar, medidas cuya finalidad tiendan a evitar la aparición de peligros y por propia autoridad la agravación o difusión del daño, o la continuación o reincidencia en la perpetración de infracciones legales o reglamentarias que atenten contra la salud de las personas. (El resaltado en negritas no es del original)
Se declaran medidas especiales, para los efectos señalados en el artículo anterior, la retención, el retiro del comercio o de la circulación, el decomiso, la desnaturalización y la destrucción de bienes materiales, la demolición y desalojo de viviendas y otras edificaciones destinadas a otros usos, la clausura de establecimientos; la cancelación de permisos; la orden de paralización, destrucción o ejecución de obras, según corresponda; el aislamiento, observación e internación de personas afectadas o sospechosas de estarlo por enfermedades transmisibles; de denuncia obligatoria; el aislamiento o sacrificio de animales afectados o sospechosos de estarlo por epizootias de denuncia obligatoria.
Las medidas a que se refiere el artículo anterior podrán ser ordenadas directamente por las autoridades de salud o podrán sobrevenir como accesorias de las sanciones que se apliquen por la infracción y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales de los responsables.
El omiso en el cumplimiento de las ordenes o medidas especiales o generales, dictados por las autoridades de salud, suplirá la pena de cinco a treinta días multa, si el hecho no constituye delito. "
Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados declaró a esa entidad como institución autónoma del Estado (artículo 1), a la que corresponde, entre otras cosas:
"a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas;
b) Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados; las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación;
c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas;
d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos y alcantarillados y control de la contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones;
e) Elaborar todos los planos de las obras públicas relacionadas con los fines de esta ley, así como aprobar todos los de las obras privadas que se relacionen con los sistemas de acueductos y alcantarillados, según lo determinen los reglamentos respectivos;
f) Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en ejercicio de los derechos que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y municipalidades;
g) Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos. Los sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un servicio eficiente.
Bajo ningún concepto podrá delegar la administración de los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario del Área Metropolitana.
Tampoco podrá delegar la administración de los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad financiera y mientras ésta corresponda directamente al Instituto.
Queda facultada la institución para convenir con organismos locales, la administración de tales servicios o administrarlos a través de juntas administradoras de integración mixta entre el Instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos.
Por las mismas razones y con las mismas características, también podrán crearse juntas administradoras regionales que involucren a varias municipalidades;
h) Hacer cumplir la Ley General de Agua Potable, para cuyo efecto el Instituto se considerará como el organismo sustituto de los ministerios y municipalidades indicados en dicha ley;
i) Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales; y
j) Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el Estado asigne para obras de acueductos y alcantarillado sanitario." -
En el ámbito reglamentario se cuenta con el "Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, número 26042-S-MINAE", que en su artículo 1 establece:
"Objetivos y alcances
El presente Reglamento tiene por objetivo la protección de la salud pública y del ambiente, a través de una gestión ambientalmente adecuada de las aguas residuales. Será aplicable en todo el territorio nacional para el manejo de las aguas residuales, que independiente de su origen sean vertidas o reusadas."
En su artículo 3 dispone que todo ente generador será sujeto de aplicación de lo establecido en la Ley General de Salud y en el artículo 132 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Asimismo, dice que:
"Los edificios, establecimientos e instalaciones a su cargo deberán estar provistos de los sistemas de tratamiento necesarios para que sus aguas residuales cumplan con las disposiciones del presente Reglamento, y se eviten así perjuicios a la vida silvestre, a la salud, o al bienestar humano."
La norma reglamentaria establece los parámetros fisioquímicos y bacteriológicos que deberán ser analizados en las aguas residuales que se viertan en un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario, tanto para efectos de trámites de proyectos, como para la confección de reportes operacionales y, en su artículo 32 autoriza el reuso de aguas residuales cuando se demuestre a satisfacción de la División de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud y del Ministerio del Ambiente y Energía, que este no deteriorará la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. Para la vigilancia de las aguas residuales que se reúsen, las frecuencias mínimas requeridas para la toma de muestras y la realización de los análisis de laboratorio respectivos, el Reglamento las fija expresamente, como se aprecia en su artículo 35:
"Para la vigilancia de las aguas residuales que se reúsen, las frecuencias mínimas requeridas para la toma de muestras y la realización de los análisis de laboratorio respectivos, serán las indicadas en la Tabla 8 del Apéndice, que es parte integral del presente Reglamento. La División de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud podrá exigir frecuencias distintas a las de la Tabla 8, en aquellos casos en que la protección de la salud pública o del ambiente así lo requiera. Los reportes operacionales deberán presentarse ante la División de Saneamiento Ambiental del ministerio de Salud en forma trimestral. Aquellos entes generadores que reúsen aguas residuales en períodos discontinuos, deberán presentar tres reportes equidistantes en el tiempo que dure cada ciclo de reúso."
El artículo 39 ibíd prohíbe el vertido de lodos provenientes de sistemas de tratamiento de aguas residuales y de tanques sépticos a los cuerpos de agua. Para esos efecto,s rigen las disposiciones que al respecto emita el Ministerio de Salud.
Son varias las conclusiones fácilmente extraíbles de la normativa citada, a saber: 1) Todos los habitantes del país son titulares del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; 2) Corresponde al Estado -incluyendo a las municipalidades como entes encargados de velar por los intereses locales- garantizar, defender y preservar ese derecho; 3) Es de interés público el diseño, financiamiento, ejecución, operación y mantenimiento de las obras requeridas para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales de tipo ordinario generados en los centros urbanos, donde las soluciones individuales para la disposición de las aguas residuales técnica y ambientalmente no son adecuadas; 4) Está prohibido arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no permanentes, lagos, marismas y embalses naturales o artificiales, esteros, tuberías, pantanos, aguas dulces, salobres o saladas y se sanciona con multa el incumplimiento a esa disposición; 5) Por ley se creó el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como ente público encargado de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional. A ese ente le corresponde, entre otras cosas, dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas. Debe asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos y alcantarillados y control de la contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones; 6) Por imperativo legal compete al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, aunque los sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, pero la Ley Constitutiva de ese ente es muy clara al establecer que ello es así "mientras suministren un servicio eficiente."; 7) Para garantizar el cumplimiento de la normativa en tutela del medio ambiente y la salud humana, la Ley General de Salud le confiere potestades de imperio a las autoridades de salud con miras a hacer cumplir, incluso por medio de la fuerza pública, las disposiciones y órdenes que emitan en el ejercicio de sus competencias.
VI.- Principio de Coordinación. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente, es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el SENARA, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que por supuesto tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad -y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del 14 de julio de 1999):
"De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la "tutela administrativa" del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector)."
Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente, a los recursos naturales y a la salud de los habitantes, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles sónicos en bares, karaokes y discotecas(municipalidades y Ministerio de Salud), etc.
VII.- Sobre las competencias municipales en materia de alcantarillado sanitario. La Constitución Política dispone en el artículo 169 que la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón está a cargo del Gobierno Municipal. En ese sentido, uno de los primordiales servicios que se prestan a los habitantes y que ha sido definido por este Tribunal Constitucional, como elemento integrante del derecho a la salud y a la vida, tutelados por el artículo 21 de la Constitución Política, es el de alcantarillado sanitario. Este servicio, como es lógico, debe ser brindado ya sea por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o por las organizaciones designadas por éste, en condiciones físico y sanitarias idóneas para no poner en peligro la salud de las personas del lugar, lo cual conlleva la obligación de emplear todos sus recursos para que el servicio sea brindado de manera eficiente, regular y en condiciones que no atenten contra la salud y la vida. En el caso particular de las competencias confiadas a las Municipalidades, se encuentra que el artículo 4 inciso c) del Código Municipal vigente establece en términos generales, como una atribución municipal, el administrar y prestar los servicios públicos municipales, dentro de los cuales, sin duda alguna, se encuentran los sistemas de acueductos y alcantarillados. Por esa razón, esta Sala, mediante sentencia número 2001-00591 de las 16:54 horas del 23 de enero de 2001, indicó lo siguiente:
"V.- En cuanto a la Municipalidad de Curridabat, conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, mediante adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, modernos sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; eficientes servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; y en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población"
Igualmente, resulta de importancia lo resuelto por este Tribunal en la sentencia Nº 2002-08696 de las 10:14 horas del 6 de setiembre del 2002, en la cual se concluyó en lo conducente que:
"... la atribución de crear y mantener las redes del alcantarillado sanitario, le corresponde a las municipalidades, por cuanto éstas, según el artículo 3 del Código Municipal vigente, son las principales obligadas de velar por los intereses y servicios cantonales dentro de la jurisdicción que tengan a su cargo y porque expresamente así se deriva del artículo 169 de la Constitución Política, que establece la competencia genérica de las Municipalidades en esta materia. Sin embargo, en atención a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, tal obligación debe ser compartida con el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ya que éste, como órgano rector de la materia, es el encargado a nivel nacional (sic) de dirigir, coordinar y vigilar todo lo concerniente a la evacuación de aguas negras, alcantarillados y contaminación de los recursos de agua en beneficio de los habitantes de la República."
En suma, en aquellas localidades donde el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -ente de vocación nacional- o las Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales, en asocio y concertadamente, con el primero, no prestan el servicio de administración de los acueductos, le corresponde a la Corporación Municipal hacerlo con sujeción a los principios rectores del servicio público -eficacia, eficiencia, continuidad, regularidad e igualdad-.
VIII.- Caso concreto. Partiendo de las normas citadas anteriormente, de las conclusiones que de ellas se extraen y de todo lo indicado, encuentra esta Sala que en el caso concreto, sí se han producido las infracciones a los derechos fundamentales que acusa el recurrente. En efecto, de la prueba allegada a los autos y los informes rendidos por la Alcaldesa Municipal de Santo Domingo de Heredia, así como por el Ministro de Salud, el Gerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y del Ministro del Ambiente y Energía se tiene que en los distritos del este del cantón de Santo Domingo de Heredia, que no tiene alcantarillado sanitario, el manejo de los desechos sólidos y líquidos, específicamente en manejo de las aguas negras y servidas procedente de viviendas, comercio e industria, ésta última dependiendo de la complejidad y riesgo ambiental de sus desechos, se realiza por medios del sistema de tanque séptico o plantas de tratamiento de aguas residuales. Acerca de la responsabilidad de las autoridades recurridas en las infracciones constitucionales que se constatan, se realiza un desglose para mayor facilidad de exposición.
VIII.1) Municipalidad de Santo Domingo de Heredia. El artículo 169 de la Constitución Política estipula que la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal. Ya en otras oportunidades la Sala ha dicho que esa norma no define ni da mayores elementos de juicio como para extraer en forma definitiva lo que debe entenderse por "intereses y servicios locales", pues se trata de un concepto jurídico indeterminado como otros que se encuentran en la Constitución, tales como "orden público" o "buenas costumbres"; sin embargo, la Sala ha dicho que "...la potestad atribuida a los gobiernos locales para planificar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio sí integra el concepto constitucional de "intereses y servicios locales" a que hace referencia el artículo 169 de la Constitución, competencia que fue reconocida por la Ley de Planificación Urbana" (Sentencia número 6706-93). En ese mismo fallo se dijo también, en lo que interesa:
"La planificación urbana, sea la elaboración y puesta en marcha de los planes reguladores, es una función inherente a las municipalidades con exclusión de todo otro ente público, salvo lo dicho en cuanto a las potestades de dirección general atribuidas al Ministerio de Planificación y a la Dirección de Urbanismo."
Corresponde, en consecuencia, a las municipalidades autorizar los desarrollos habitacionales en su territorio, los que en cada caso deberán ser concordados con los planes de desarrollo y mejoras a los sistemas de acueductos y alcantarillados en el cantón, sin los cuales no será posible ningún desarrollo por razones técnicas (inexistencia de redes de tuberías, tanques, caudales, etc.). Como ente encargado de velar por los intereses locales, le compete verificar que las urbanizaciones cumplan con lo establecido en la normativa urbanística vigente. Resulta así que las corporaciones municipales no pueden desligarse de la inseguridad nacional urbanística, debido a la responsabilidad constitucional que cada una de ellas tiene de velar por el desarrollo armónico y de servicios, que es parte integrante del concepto "intereses y servicios locales". En el caso que nos ocupa, la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia es el ente que administra el acueducto. Se indica, bajo la gravedad del juramento, que efectivamente en los distritos del este del cantón de Santo Domingo no existe un alcantarillado sanitario con sistema de tratamiento de las aguas servidas domiciliarias. Su disposición, se realiza por sistemas de tanque sépticos y así son aprobadas las construcciones por esa Municipalidad y por el Ministerio de Salud, conforme lo indicado en las normas que rigen la materia. Debido al costo, no se ha iniciado un plan Maestro de Planificación para un Sistema de Alcantarillado Sanitario para los Distritos del Este.
VIII. 2) Ministerio de Salud. Se desprende de la prueba allegada a los autos, que las autoridades locales conocen del problema que nos ocupa desde años y han realizado algunas intervenciones tendentes a su solución. Se indica que la Municipalidad del cantón, ha venido desarrollando acciones correctivas para el buen funcionamiento de los acueductos municipales, principalmente en los distritos del este, basados en el Plan Maestro de Abastecimiento de Agua de los Distritos del Este. También, ha fortalecido la estructura organizativa creando un departamento específico y contratando personal profesional y realizando acciones de vigilancia de la calidad del agua. A pesar de lo anterior, persisten aún problemas con la cantidad y el mantenimiento de la potabilidad del agua para consumo humano en estos distritos. Se espera lograr el objetivo, con la construcción y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento, para las aguas procedentes de las tomas que abastecen los distritos del este. Existe una discrepancia entre el mejoramiento de los resultados de los análisis de laboratorio y el incremento de los casos de diarreas, principalmente en Pará, por lo que se debe profundizar en el análisis de esa situación. Persisten problemas de coordinación interinstitucional, que no permiten un seguimiento adecuado de los problemas de potabilidad del agua y sus posibles efectos sobre la salud de la población. Por un lado, la Municipalidad no presenta los resultados de los análisis de calidad del agua, por otro, los servicios de salud que cubren los distritos de San Miguel y Parásito, no cumplen con el envío semanal de los reportes de enfermedades infectocontagiosas ni de otra índole, lo que imposibilita al Área Rectora a definir intervenciones y estrategias en pro de la salud de la población afectada de manera oportuna. El Ministerio de Salud, debe contar con recursos adecuados para hacer valer su posición como ente rector, además de los recursos mínimos necesarios para un desempeño de calidad. Como corolario de lo expuesto, se evidencia que las autoridades de salud, han actuado diligentemente realizando las acciones sanitarias pertinentes para la protección de la salud de la población como en Derecho corresponde, según las competencias asignadas a ese Órgano y las potestades de policía que la ley le confiere para hacer cumplir sus órdenes.
VIII. 3) Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se informa a la Sala que el abastecimiento de agua en los distritos del cantón de Santo Domingo, es administrado por el municipio del lugar, con excepción de un pequeño sector del distrito de Parasito, en el extremo sur, en donde el abastecimiento es mediante el sistema de bombeo Los Sitios-La Trinidad-Platanares, de Región Metropolitana, en donde se surte el agua potable de excelente calidad y continuidad. Se alega que el recurrente, no aporta estudios que indiquen que organismos o sustancias químicas producen enfermedades, lo cual resulta temerario, ya que no tiene ningún fundamento técnico que sustente su posición. No constan los problemas de producción. Mediante informe EyP-2005-902 se indica en relación a este caso que: "El Acueducto de Santo Domingo de Heredia es operado, mantenido, controlado y facturado por la Municipalidad de ese cantón. No forma parte del área de servicio del AyA, al igual que muchos otros cantones del país que pertenecen a las respectivas municipalidades, que en esos casos tienen la responsabilidad total por los aspectos de cobertura, calidad del agua, cantidad, continuidad y presiones de servicio de los sistemas de abastecimiento de agua que por ley les pertenecen. En algunas oportunidades, las municipalidades han obtenido financiamiento, casi siempre a través del IFAM, para implementar mejoras en sus sistemas de acueductos, en cuyos casos, y a través de convenios interinstitucionales entre el AyA y el IFAM. El AyA ha elaborado proyectos para esos sistemas y participado en la supervisión de la fase constructiva de las obras. En lo relativo al Alcantarillado Sanitario, el cantón de Santo Domingo de Heredia no dispone de ese servicio y se usan tanques sépticos en su lugar. Por ser área municipal y no haber resultado prioritaria en cuanto a necesidad de cloacas con tratamiento de aguas residuales en escala de ciudad de acuerdo con los distintos modelos priorizados por el AyA; que se han aplicado a todo el área urbana del país desde 1986, la ciudad de Santo Domingo, y el resto del cantón, no están incluidos en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario para el Área de Metropolitano que el AyA está gestionando con fondos propios y del gobierno central, lo mismo que con fondos de una agencia del Japón…". No se dispone de estudios completos de tránsito de contaminantes en el suelo, que demuestren que los tanques sépticos en Santo Domingo estén contaminando los acuíferos de Barva, Colima Superior y Colima Inferior, que se usan para el Acueducto Metropolitano, principalmente por encontrarse tales acuíferos a mucha profundidad respecto del nivel del terreno. En cuanto al alcantarillado pluvial, este sistema es administrado y es de competencia de la Municipalidad, en sus aspectos de planeamiento, diseño, construcción, operación, mantenimiento, control y cobro. Con fundamento en el informe UI-AyA-JBIC-2005-20, se le indica a la Sala Constitucional, que el Proyecto de Alcantarillado Sanitario del Área Metropolitana de San José, tiene una cobertura hasta la margen izquierda del Río Virilla, ningún cantón de Heredia está incluido dentro del proyecto mencionado. El AyA no administra ningún sistema de alcantarillado sanitario en Santo Domingo de Heredia. De conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política la Municipalidad debe velar por los intereses de todos los habitantes del cantón, por ello el artículo 50 Constitucional obliga a las Municipalidades a garantizar el mayor bienestar de los ciudadanos del cantón, estimulando el desarrollo hacia una justa distribución de la riqueza, con un ambiente sano ecológicamente equilibrado y por ello, el artículo 11 de la Constitución, obliga a esa Municipalidad y a sus funcionarios, a someterse a la rendición de cuentas y evaluación de los resultados, al tenor del artículo 129 de la Constitución Política. También el artículo 169 del Código Municipal, indican que la Municipalidad, es el ente territorial que debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones por los intereses locales en forma originaria y primaria, que debe instrumentalizar las acciones necesarias, para el desarrollo de las actividades en su cantón, siendo de su competencia exclusiva el alcantarillado pluvial, obviando que por imperativo legal es ese el ente encargado de dirigir y vigilar, todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales y de aguas pluviales en las área urbanas, de manera que, aunque la misma ley permite que los sistemas que actualmente estén administrados y operados por las corporaciones municipales puedan seguir a cargo de ellas, es así solamente "mientras suministren un servicio eficiente", que obviamente no es el caso que nos ocupa. Es así como la omisión en el cumplimiento de esa labor de dirección y vigilancia lo que también convierte al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en co-responsable de las lesiones constitucionales que causan la estimatoria de este recurso, con sus consecuencias.
VIII. 4) Ministerio de Ambiente y Energía. El Ministro alega que carece de la competencia necesaria para desplegar acciones correctivas respecto a los fundamentos de hecho del presente amparo, no sólo por no estar puntualmente habilitado por el Ordenamiento Jurídico, sino porque se trata de situaciones que no forman parte de su ámbito competencial. Lo relativo a la calidad físico química del agua, es resorte exclusivo del Laboratorio Nacional de Aguas, cuyos criterios son de observancia obligatoria para el A y A. De determinarse tal estado de turbidez del agua en la referida comunidad, las acciones correctivas, son resorte exclusivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Por otra parte, en los procesos de creación de infraestructura hidráulica, abastecimiento de agua potable, uso y reusos de aguas industriales, y manejo de aguas servidas, la competencia normativamente creada corresponde a entidades que no son ese Ministerio, tal y como permite concluirlo el Reglamento de Normas Técnicas y Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de los Sistemas de Abastecimiento de Agua, publicado en La Gaceta No. 154 del 13 de agosto del 2001 y en la misma Ley de Agua Potable, tal y como supra se indicó. Si bien la contaminación ambiental ha sido un área funcional que el legislador mediante el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, ha señalado como primaria para el MINAE, el que en este campo actúa mediante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, la que pueda ocurrir en los sistemas de agua potable, requiere de conocimiento técnicos y de la aplicación de potestades que escapan a ese Ministerio. Si bien el ordenamiento jurídico establece que el MINAE tiene competencia técnica en ciertos ámbitos relativos al recurso hídrico, tales como en el caso de las zonas protectoras a que se refieren el artículo 33 de la Ley Forestal 7575 y las que en virtud del artículo transitorio V de la Ley No. 7593, de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, corresponden al tramite de concesiones de aguas ante el Departamento de Aguas, no obstante, no corresponden a ese Ministerio la ejecución ni fiscalización de las obras y servicios a que se refiere el presente recurso de amparo, tal y como permita concluirlo el ordenamiento jurídico vigente. Bajo ese contexto, se considera que el Ministerio del Ambiente y Energía no ha tenido responsabilidad en la infracción a los derechos fundamentales que aquí se constata.
IX.- Conclusión. A la luz de las consideraciones efectuadas con fundamento en la prueba allegada a los autos, estima la Sala, que únicamente el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente y Energía quedan exentos de responsabilidad en las violaciones constitucionales verificadas en detrimento del medio ambiente y del derecho a la salud. No es competencia de esta Sala determinar, técnicamente, el tipo y la magnitud de contaminación que soportan los distritos del este del cantón de Santo Domingo, pero es evidente, de conformidad con el informe y la prueba aportada por el Ministro de Salud que existe contaminación, en clara violación del derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el perjuicio al derecho a la salud, razones por las que procede la estimatoria del recurso. La responsabilidad a la que se ha hecho alusión surge, primordialmente, del mero hecho de tolerar y no ejecutar las medidas que el Ordenamiento Jurídico provee para remediar una situación en la que se pone en peligro la salud humana y el derecho a gozar de un medio sano y ecológicamente equilibrado que reconoce el artículo 50 de nuestra Constitución Política, de manera que las instituciones recurridas, -Municipalidad de Santo Domingo e Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados-, no pueden posponer la solución a un problema que compromete la salud de las personas, mientras se enfrascan en una disputa para decidir cuál es la culpable del problema o en qué proporción. Igualmente, no es aceptable el argumento de problemas presupuestarios, pues ello implicaría que se antepongan criterios meramente económicos al derecho a la vida y a la salud de las personas vecinas del lugar que, para la Sala, tienen prioridad. Sobre la obligación del Estado de resguardar el derecho a la salud, la Sala se ha pronunciado en múltiples ocasiones, por lo que no viene al caso aquí detallar de nuevo la posición del Tribunal (sentencias No. 2728-91, 3891-93 y 4504-93, entre muchas otras). Es así como, en síntesis, le cabe responsabilidad, en primer lugar, a la Municipalidad de Santo Domingo, por ser el ente que le corresponde administrar y operar el sistema de alcantarillado sanitario, demostrando una total ineficiencia, puesto que se constata una situación caótica que viene arrastrándose desde hace muchos años. En segundo lugar, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por ser el ente creado por ley para dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas, al que le compete administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, sin que sea de recibo el argumento de que en el caso concreto no le atañe responsabilidad por tratarse de un sistema actualmente administrado y operado por la Municipalidad de Santo Domingo, pues claramente dice la ley que esa situación se puede mantener sólo mientras las corporaciones municipales suministren un servicio eficiente, que no es el caso que aquí se verifica. En cuanto al Ministerio de Salud, rector en materia de salud en el país, se ha constatado que ha actuado, en el marco de sus competencias, para cumplir con los cometidos que legal y constitucionalmente le fueron encomendados. Finalmente, el Ministerio del Ambiente y Energía, la infracción comprobada no ha sido de su responsabilidad.
Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente contra la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA, por medio de Ericka Linares Orozco o quien ocupe el cargo de Alcaldesa, que de inmediato se aboque a hacer las modificaciones presupuestarias que se requieran en el año dos mil siete, con el fin de que se ejecuten los estudios técnicos necesarios para que, en el dos mil ocho, se procure solución integral al problema de alcantarillado sanitario en los distritos del este de Santo Domingo de Heredia y que origina la estimatoria de este recurso. Para todo ello deberá la Municipalidad recurrida y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, realizar la coordinación que el caso amerite tendente a solucionar integralmente el problema objeto de este Recurso de Amparo y que ha originado su estimatoria. SE ORDENA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LA PERSONA DEL GERENTE DE ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES, EDWIN GAMBOA MIRANDA, que no autorice el presupuesto para el dos mil siete, proveniente de la Municipalidad de Santo Domingo, si no incluye las partidas respectivas para dar cumplimiento a este fallo. Se le advierte a Ericka Linares Orozco o a quien ocupe el cargo de Alcaldesa Municipal de Santo Domingo y a HEIBEL RODRÍGUEZ ARAYA o a quien ocupe el cargo de Gerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; a EDWIN GAMBOA MIRANDA, o a quien ocupe el cargo de Gerente del Área de Servicios Municipales de la Contraloría General de la República, que de no acatar las órdenes dichas, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. SE CONDENA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO Y AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en la vía de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Respecto al suministro de agua a los distritos del este del cantón de Santo Domingo de Heredia, estése el recurrente Alberto Cabezas Villalobos a lo resuelto por esta Sala en la sentencia número 2004-09241 de las quince horas cuarenta y nueve minutos del 25 de agosto del 2004. Se declara sin lugar el recurso en cuanto al Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente y Energía. Notifíquese la presente resolución a Ericka Linares Orozco o a quien ocupe el cargo de Alcaldesa Municipal de Santo Domingo; a EDWIN GAMBOA MIRANDA, o a quien ocupe el cargo de Gerente de Área de Servicios Municipales de la Contraloría General de la República; a HEIBEL RODRÍGUEZ ARAYA o quien en su lugar ocupe el cargo Gerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en forma personal. Comuníquese.
Fernando Cruz C. Teresita Rodríguez A.