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Timestamp: 2018-01-16 19:21:28
Document Index: 185479000

Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'in fine', 'in fine', 'artículo 463', 'artículo 556', 'artículo 650', 'artículo 556']

CUARTO.- El juicio oral se celebró el día 20 de abril de 2011 con la presencia de las partes. - PDF
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Mariano Quintana Nieto
1 En Pamplona/Iruña a 2 de junio de 2011, por el/la Ilmo./a. Sr/a. María Alemán Ezcaray, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Pampllona/Iruña quien ha visto los presentes autos de Procedimiento Abreviado núm. 551/2009 y dimanantes de sus Diligencias Previas 96/ , seguidos por delito de obstrucción a la justicia, habiendo sido parte como acusado/a Luis María, con DNI, hijo/a de Luis y de María Paz, nacido/a en Pamplona el día 17 de agosto de 1952 y con domicilio en Avenida B., núm. 2, representado/a por el/la Procurador/a Ana Imirizaldu Pandilla y asistido/a por el/la Letrado/a Andrés Percaz Napal, y habiendo intervenido el Ministerio Fiscal en la representación que la Ley le otorga. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona acordó continuar la tramitación de las Diligencias Previas número 304/09, seguidas por un presunto delito de obstrucción a la justicia, por los trámites previstos en el Capítulo IV del Título II del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ha correspondido a este Juzgado de lo Penal su enjuiciamiento y resolución. SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal formuló escrito de acusación contra la persona citada en el encabezamiento de esta resolución como autor de un delito de obstrucción a la justicia, solicitando la imposición de la pena de 9 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, con responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago conforme al artículo 53 del CP, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de dos años, y pago de las costas del procedimiento. TERCERO.- La defensa en sus conclusiones provisionales manifestó su total disconformidad con dichas calificaciones, solicitando la libre absolución de su patrocinado. CUARTO.- El juicio oral se celebró el día 20 de abril de 2011 con la presencia de las partes. En el mismo se practicó como prueba el interrogatorio del acusado y la documental.
2 A continuación, las partes elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales, calificando los hechos la defensa de manera alternativa como una falta de desobediencia leve, interesando igualmente la consideración de la concurrencia de un eximente o atenuante muy cualificada por el estado mental del acusado, solicitando en ese caso la imposición de la pena mínima con una cuota diaria de tres euros. Seguidamente, informaron lo que tuvieron por conveniente en apoyo de las calificaciones que habían realizado, quedando el juicio, tras concederse la última palabra al acusado, visto para sentencia. Debiéndose declarar, conforme a la prueba practicada como hechos probados: Luis María, mayor de edad y sin antecedentes penales, Letrado en ejercicio del Colegio de Abogados de Pamplona, fue designado como abogado defensor de Cristian, en el procedimiento abreviado núm. 694/2007 del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Pamplona, causa en la que el imputado se encontraba en libertad. Citada en legal forma para la celebración del juicio oral que se iba a celebrar el día 16 de julio de 2008, consciente y voluntariamente no compareció a dicho acto, por lo que provocó la suspensión de ese juicio, sin causa alguna que justificara su no comparecencia. Señalado nuevamente el juicio oral para el día 1 de octubre de 2008, Luis María consciente y voluntariamente tampoco compareció, sin causa legal para ello, a pesar de que estaba citado en legal forma, por lo que se tuvo que volver a suspender el juicio oral. Dado que era la segunda vez que provocaba la suspensión del juicio oral sin causa justa, se puso el hecho en conocimiento del Colegio de Abogados y se volvió a señalar la celebración del juicio oral para el día 8 de enero de 2009, citando al letrado acusado en debida forma, pese a lo cual consciente y voluntariamente tampoco en esta tercera ocasión acudió a la celebración del juicio oral, por lo que nuevamente se tuvo que suspender por su causa, sin que tuviera motivo alguno que justificara su incomparecencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO
3 PRIMERO.- El acusado en su declaración a preguntas de la Sra. Fiscal sostuvo que tiene problemas de salud, apuntando de modo genérico a que como son habituales no pide certificados de asistencia al médico, e incluso que llega a quedarse en casa cuando nota que tiene problemas con la tensión. Ello no obstante, preguntado sobre el hecho de que su cliente afirmó que puesto en contacto con él en el primer señalamiento le manifestó que estaba fuera de Pamplona, señaló que puede ser, que no recuerda. Preguntado sobre su segunda incomparecencia, señaló que se debió a motivos médicos, pese a lo cual admitió que no tiene certificado alguno, que sólo habla con su médico de cabecera, y no consta nada por escrito. Y en relación a la tercera incomparecencia, sostuvo que se cayó y estaba con el brazo roto, incurriendo en una contradicción al manifestar primero que como no esperaba que nadie le pidiera explicaciones no pidió informe alguno, para luego admitir que es letrado en ejercicio desde hace muchos años, y que sabe que tiene que justificar las incomparecencias, aunque sostuvo que no lo pensó. En general, dio unas respuestas abstractas, en las que confundió los distintos señalamientos y sus fechas, sin recordar qué hizo en los días en que se tenía que haber celebrado el juicio. De su declaración no resulte acreditada ninguna circunstancia que desvirtúe los hechos antes señalados como probados; de las tres actas del Juzgado de lo penal núm. 3 de Pamplona obrantes en las actuaciones, resulta acreditado que efectivamente el ahora acusado entonces letrado, no compareció en ninguna de las vistas, provocando en todos los casos la suspensión. No existe ningún documento o certificado médico alguno que acredite o fundamente las alegaciones realizadas en sala, salvo el informe de un brazo roto en noviembre de 2008 que en modo alguno puede fundamentar la incomparecencia injustificada y no avisada a juicio en enero de 2009; sin embargo, sí consta que su propio cliente indicó al Juzgado de lo penal que en el primer señalamiento el ahora acusado, entonces su letrado, se había puesto en contacto con él para decirle que no estaba en Pamplona. Es más, de la lectura de la declaración de imputado obrante al folio 21 de las actuaciones, resulta que el acusado tampoco ha mantenido una versión constante de los hechos, ya que manifestó que en la primera suspensión había remitido por fax al Juzgado de lo Penal núm. 3 el día anterior al juicio, alegando
4 motivos de salud, fax al que el acusado en sala no hizo referencia alguna, ni consta en el expediente del Juzgado, ni se ha aportado el original. En definitiva, de la prueba obrante en las actuaciones han quedado acreditados los hechos por los que se mantiene acusación, cuya calificación jurídica procede realizar en este momento. SEGUNDO.- Por parte del Ministerio Fiscal se han calificado los hechos declarados probados como un delito de obstrucción a la del artículo in fine y 2 del CP, que sanciona al que citado en legal forma, dejaré voluntariamente de comparecer sin justa causa, ante un juzgado o tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional provocando la suspensión del juicio oral, estableciendo un subtipo atenuado al sancionar in fine al que, habiendo sido advertido, lo hiciera por segunda vez en causa criminal sin reo en prisión, haya provocado o no la suspensión. El párrafo segundo del mismo precepto establece a su vez una agravación, si el responsable de este delito fuese abogado, procurador, o representante del Ministerio Fiscal, en actuación profesional o ejercicio de su función. Tal y como establece la Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, el artículo 463 exige con carácter general los siguientes elementos: I) Que el sujeto activo del delito haya sido citado en legal forma para asistir a un proceso criminal en fase de juicio oral, agravándose la penalidad en caso de que el responsable del delito fuese abogado, procurador o representante del Ministerio Fiscal, e igualmente cuando se trate del Juez o miembro del Tribunal o de quien ejerza funciones de Secretario Judicial. II) Que deje de comparecer sin justa causa. III) Si es causa con reo en prisión provisional, que la incomparecencia provoque la suspensión del juicio, suspensión que en esa situación deviene en una condición objetiva de punibilidad.
5 IV) Si es causa criminal sin reo en prisión, se suspenda o no la vista se sanciona a quien por segunda vez, y advertido previamente, no comparezca. Ello supone, evidentemente, que si el reo se encuentra en prisión provisional, una primera desatención al llamamiento judicial que provoque la suspensión del juicio oral, da lugar al delito de obstrucción y, en cambio, cuando se trata de causa en la que el acusado se encuentra en libertad (como sucede en el caso que nos ocupa), sólo la desatención a una segunda citación en que se haya hecho la advertencia pertinente da lugar a la comisión del delito con independencia que la misma haya provocado o no la suspensión de las sesiones del Juicio Oral. Y en este supuesto, con el entonces acusado en libertad, debo indicar que de la lectura de la documentación obrante en autos no queda acreditado que el ahora acusado fuera advertido de las consecuencias de su incomparecencia: evidentemente el hecho de que se trate de un letrado supone que debe conocer la ley, pero el tipo penal es muy claro señalar la necesidad de una advertencia previa, que no se ha probado en este caso. Descartada, pues, la comisión de un delito de obstrucción a la justicia, existe la posibilidad de que los hechos quedaran subsumidos en un delito de desobediencia, previsto y penado en el artículo 556 del CP, que sanciona a los que, sin estar comprendidos en el artículo 650 del CP, resistieron a la autoridad o sus agentes o los desobedecieron gravemente en el ejercicio de sus funciones. La apreciación del delito a desobediencia requiere la concurrencia de los siguientes requisitos establecidos por la Jurisprudencia. A) Como elemento normativo la existencia de una orden o mandato, emanado de la Autoridad o de sus Agentes, mandato que para ser legítimo debe revestir las formalidades legales y hallarse dentro de la competencia de quien lo emite. Además debe tener naturaleza concreta y no abstracta, y dirigirse o hallarse especialmente destinado al sujeto que debe obedecerlo, engendrando su legitimidad el deber correlativo de acatamiento (STS 5 julio 1989). Es preciso que haya mediado una orden o requerimiento preciso claro, expreso y
6 terminante, pues los mandatos genéricos no son suficientes por su generalidad y falta de concreción para que se cumpla una orden en un momento dado. B) Como elemento objetivo, una conducta de material desobediencia cuya naturaleza -como señala la sentencia citada de 5 de julio de dependerá de que el mandato implique un hacer o un no hacer, por lo cual en el primer caso se tratará de una omisión, y en el segundo de una acción propiamente dicha o de sentido estricto. C) En cuanto a la culpabilidad, la voluntariedad en el incumplimiento de la orden o mandato (Sentencias TS Sala , ), a lo que a veces añade la jurisprudencia (por ejemplo la de ), el específico ánimo por parte del autor de menospreciar el principio de autoridad, representado por quien emite o transmite el orden. En todo caso es precisa la voluntariedad en la oposición al cumplimiento mediante actos persistentes y reiterados (Sentencia de 5 de julio de 1989). Y en este caso, de la lectura de las actuaciones debo indicar que quedan acreditados todos los elementos exigidos por el tipo y ello porque el mandato cuyo incumplimiento se amputa al acusado con las sucesivas la citaciones judiciales a juicio en este caso por medio de procurador, realizadas con todas las prevenciones legales. Y en el testimonio del Juzgado de lo penal núm. 3 de Pamplona durante a los folios 34 y ss de las actuaciones a solicitud del Ministerio Fiscal, se incluyen las tres citaciones a juicio que recibió el ahora acusado por medio de su procurador. Por ello, queda acreditado que el acusado estaba legal y correctamente citado a juicio y que con conocimiento de ese mandato concreto emanado de la autoridad, y que implicaba una conducta activa, como es comparecer a juicio, consciente y voluntariamente no lo hizo. TERCERO.- Luis maría, de conformidad con los artículos 27 y ss del CP, es responsable criminal del hecho enjuiciado por su directa participación en los hechos denunciados, en concepto de autor de un delito de desobediencia grave a la autoridad.
7 CUARTO.- No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. QUINTO.- Por lo que se refiere a la concreta pena a imponer por el delito cometido, el artículo 556 del Código Penal castiga la conducta tipificada con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. No concurriendo circunstancias alguna modificativa de la responsabilidad penal, y tratándose de hechos que no revisten especial gravedad, aun siendo delito, procede imponer la pena mínima de seis meses de prisión, extensión que se mantiene, en todo caso, dentro de los límites fijados en el art. 556 del CP. SEXTO.- El art. 56 del CP establece las penas accesorias que los jueces o tribunales deben imponer en atención a la gravedad del delito, en las penas de prisión inferiores a 10 años. En el caso que nos ocupe es procedente imponer al acusado como pena accesoria la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. SÉPTIMO.- En atención a lo dispuesto en los artículos 123 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a todo responsable criminalmente de un delito o falta le viene impuesto, por ley, el pago de las costas procesales causadas en el curso del procedimiento seguido para su enjuiciamiento. Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación, dicto el siguiente FALLO Que debo condenar y condeno a Luis María, como autor responsable de un delito de desobediencia a la autoridad, a la pena de 6 meses de prisión, con
8 inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como el pago de las costas causadas en este procedimiento. Esta resolución no es firme, sino que la misma es susceptible de recurso de apelación ante este Juzgado dentro de los diez días siguientes a su notificación, cuyo conocimiento corresponde a la Audiencia Provincial de Navarra. Una vez firme, comuníquelo al Registro Central de Penados y rebeldes de Ministerio de Justicia. Líbrese testimonio de la presente sentencia, que se unirá a los presentes autos, quedando el original en el Libro de Sentencias de este Juzgado. Así por esta mi sentencia, acuerdo, mando y firmo. María Alemán Ezcaray. Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Juez que la suscribe, celebrada Audiencia Pública en el mismo día de su fecha, de lo que yo, la Secretaría Judicial, doy fe.
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