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Timestamp: 2016-10-26 20:47:02
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DIRECTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de octubre de 2013 sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad ...
sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos
a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento
de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la
necesaria aproximación de las legislaciones facilitarían la
cooperación entre autoridades competentes y la protec­
ción judicial de los derechos individuales.
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en
particular, su artículo 82, apartado 2, letra b),
En virtud del artículo 82, apartado 1, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), «la coo­
peración judicial en materia penal en la Unión se basará
en el principio de reconocimiento mutuo de las senten­
cias y resoluciones judiciales».
La aplicación del principio de reconocimiento mutuo de
las resoluciones en materia penal presupone que los Es­
tados miembros confían en los sistemas judiciales penales
de los demás Estados miembros. El grado de reconoci­
miento mutuo depende en gran medida de una serie de
factores, entre los que se incluyen los mecanismos de
protección de los derechos de los sospechosos o acusa­
dos y la definición de normas mínimas comunes necesa­
rias para facilitar la aplicación del principio de reconoci­
Aunque los Estados miembros son partes en el CEDH y
en el Pacto, la experiencia ha puesto de manifiesto que,
por sí sola, esa circunstancia no siempre aporta el grado
de confianza suficiente en los sistemas judiciales penales
de los demás Estados miembros.
El reconocimiento mutuo de resoluciones en materia pe­
nal solo puede funcionar eficazmente en un clima de
confianza, en el que no solamente las autoridades judi­
ciales, sino también todos los participantes en el proceso
penal consideren las decisiones de las autoridades judi­
ciales de otros Estados miembros equivalentes a las de su
propio Estado, lo que implica no solo confianza en lo
adecuado de las normas de los otros Estados miembros,
sino también en que dichas normas se aplican correcta­
mente. El refuerzo de la confianza mutua exige normas
detalladas para la protección de las garantías y los dere­
chos procesales derivados de la Carta, del CEDH y del
Pacto. También requiere, a través de la presente Directiva
y de otras medidas, un mayor desarrollo dentro de la
Unión de las normas mínimas establecidas en la Carta
y en el CEDH.
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parla­
El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea (en lo sucesivo denominada «Carta»),
el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
(CEDH) y el artículo 14 del Pacto Internacional de Dere­
chos Civiles y Políticos (en lo sucesivo denominado «Pac­
to») consagran el derecho a un juicio imparcial. El artícu­
lo 48, apartado 2, de la Carta garantiza el respeto de los
derechos de la defensa.
La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarro­
llar un espacio de libertad, seguridad y justicia. Según las
Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de
Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999 y, en
particular, su punto 33, el principio del reconocimiento
mutuo de sentencias y otras resoluciones de autoridades
judiciales debe convertirse en la piedra angular de la coo­
peración judicial en materia civil y penal en la Unión,
puesto que un mayor reconocimiento mutuo y la
(2) Posición del Parlamento Europeo de 10 de septiembre de 2013 (no
publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 7 de
El artículo 82, apartado 2, del TFUE prevé el estableci­
miento de normas mínimas aplicables en los Estados
miembros a fin de facilitar el reconocimiento mutuo de
las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación
policial y judicial en asuntos penales con dimensión
transfronteriza. Dicho artículo menciona «los derechos
de las personas durante el proceso penal» entre los ám­
bitos en los que pueden establecerse normas mínimas.
El 30 de noviembre de 2009, el Consejo adoptó una
Resolución relativa al plan de trabajo para reforzar los
derechos procesales de sospechosos y acusados en los
procesos penales (en lo sucesivo, «plan de trabajo») (1).
Mediante un enfoque gradual, dicho plan reclama la
adopción de medidas relativas al derecho a la traducción
e interpretación (medida A), el derecho a ser informado
de sus derechos y de la acusación (medida B), el derecho
a asistencia letrada y asistencia jurídica gratuita (medida
C) y el derecho a la comunicación con familiares, em­
pleadores y autoridades consulares (medida D), así como
a salvaguardias especiales para aquellos sospechosos o
acusados que sean personas vulnerables (medida E). En
el plan de trabajo se subraya que el orden en el que se
mencionan los derechos es solamente indicativo, por lo
que puede modificarse en función de las prioridades. El
plan de trabajo está concebido para funcionar como un
conjunto; solo cuando se ejecutan todos sus componen­
tes se alcanzan plenamente sus beneficios.
2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la informa­
ción en los procesos penales (4).
La presente Directiva establece normas mínimas relativas
al derecho a la asistencia de letrado en los procesos
penales y en los procedimientos de ejecución de una
orden de detención europea, conforme a la Decisión
Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de
2002, relativa a la orden de detención europea y a los
procedimientos de entrega entre Estados miembros (5)
(procedimientos de la orden de detención europea), al
derecho a que se informe a un tercero en el momento
de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y
con autoridades consulares durante la privación de liber­
tad. De ese modo, promueve la aplicación de la Carta y,
en particular, de sus artículos 4, 6, 7, 47 y 48, desarro­
llando lo establecido en los artículos 3, 5, 6 y 8 del
CEDH, conforme a la interpretación del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, que, en su jurisprudencia, esta­
blece con frecuencia normas sobre el derecho a la asis­
tencia de letrado. Dicha jurisprudencia establece, entre
otras cosas, que la imparcialidad del proceso exige que
el sospechoso o acusado pueda obtener toda la gama de
servicios que se asocian específicamente con la asistencia
letrada. En tal sentido, el letrado del sospechoso o acu­
sado debe poder ejercer sin restricciones los aspectos
fundamentales de la defensa.
Sin perjuicio de las obligaciones contraídas por los Esta­
dos miembros en virtud del CEDH de garantizar el dere­
cho a un proceso imparcial, no se consideran procesos
penales a efectos de la presente Directiva ni los procedi­
mientos relativos a infracciones leves cometidas dentro
de una prisión, ni los procedimientos relativos a infrac­
ciones cometidas en un contexto militar y tramitadas por
un oficial de mando.
La presente Directiva debe aplicarse teniendo en cuenta
las disposiciones de la Directiva 2012/13/UE, que exige
que todo sospechoso o acusado reciba con prontitud
información sobre el derecho a tener acceso a un abo­
gado (asistencia de letrado), y que todo sospechoso o
acusado que sea detenido o privado de libertad reciba
con prontitud una declaración de derechos por escrito,
que contenga información sobre el derecho a la asistencia
En la presente Directiva se entiende por «letrado» cual­
quier persona que, con arreglo al Derecho nacional, esté
cualificada y facultada, también mediante su acreditación
por parte de un órgano autorizado, para prestar asesora­
miento y asistencia jurídicos a sospechosos o acusados.
En algunos Estados miembros una autoridad distinta de
un tribunal con competencia en materia penal puede ser
competente para imponer sanciones que no sean la pri­
vación de libertad cuando se trata de infracciones relati­
vamente leves. Así puede suceder, por ejemplo, con las
infracciones de tráfico que se cometen en gran número y
de las que puede quedar constancia mediante un control
de tráfico. En tales situaciones, no sería razonable exigir
Las normas mínimas comunes deben conducir a una
mayor confianza en los sistemas judiciales penales de
todos los Estados miembros, lo cual, a su vez, debe dar
lugar a una cooperación judicial más eficaz en un clima
de confianza recíproca y al fomento de una cultura de
derechos fundamentales en la Unión. Dichas normas mí­
nimas comunes deben asimismo eliminar los obstáculos
a la libre circulación de los ciudadanos dentro del terri­
torio de los Estados miembros. Dichas normas mínimas
comunes, deben establecerse por lo que se refiere al de­
recho a la asistencia de letrado en los procesos penales, al
derecho a que se informe a un tercero en el momento de
la privación de libertad, y al derecho a la comunicación
con terceros y con autoridades consulares durante la
El 11 de diciembre de 2009, el Consejo Europeo acogió
favorablemente el plan de trabajo y lo incorporó al Pro­
grama de Estocolmo: una Europa abierta y segura que
sirva y proteja al ciudadano (2) (punto 2.4). El Consejo
Europeo subrayó el carácter no exhaustivo del plan de
trabajo, e invitó a la Comisión a examinar nuevos ele­
mentos de los derechos procesales mínimos de los sos­
pechosos y acusados y a evaluar la necesidad de abordar
otras cuestiones, por ejemplo la presunción de inocencia,
para fomentar una mejor cooperación en este ámbito.
Hasta ahora se han adoptado dos medidas en virtud del
plan de trabajo, a saber, la Directiva 2010/64/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre
de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traduc­
ción en los procesos penales (3), y la Directiva
(1) DO C 295 de 4.12.2009, p. 1.
(3) DO L 280 de 26.10.2010, p. 1.
(4) DO L 142 de 1.6.2012, p. 1.
que la autoridad competente garantice todos los derechos
que ampara la presente Directiva. Por lo tanto, en los
casos en que la normativa de un Estado miembro con­
temple que esas autoridades impongan una sanción con
respecto a infracciones leves, y exista o bien el derecho
de recurso, o bien, de no ejercerse este, la posibilidad de
que el expediente se remita a un tribunal competente en
materia penal, la presente Directiva se aplica únicamente
al proceso incoado ante ese tribunal a raíz de dicho
recurso o remisión.
El ámbito de aplicación de la presente Directiva en rela­
ción con ciertas infracciones leves no debe ser óbice para
que los Estados miembros respeten las obligaciones que
hayan contraído en virtud del CEDH a fin de garantizar
el derecho a un proceso imparcial, lo que incluye la
obtención de asistencia letrada.
A efectos de la presente Directiva, el interrogatorio no
incluye los interrogatorios preliminares que efectúen la
policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad con el
propósito de identificar a la persona de que se trate,
comprobar la posesión de armas u otras cuestiones de
seguridad similares, o determinar si debe abrirse una
investigación, por ejemplo en el trascurso de un control
de carreteras, o con motivo de controles aleatorios ruti­
narios cuando no se haya identificado aún al sospechoso
En caso de que una persona que no sea sospechoso ni
acusado, por ejemplo un testigo, se convierta en sospe­
choso o acusado, dicha persona debe gozar de protección
contra la autoinculpación y tener derecho a guardar si­
lencio, según lo confirma la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, la presente
Directiva hace referencia expresa a la situación concreta
en que esa persona se convierte en sospechoso o acusa­
do, en el curso del interrogatorio por parte de la policía u
otras fuerzas o cuerpos de seguridad en el contexto de un
proceso penal. En caso de que, en el curso de tal inte­
rrogatorio, una persona que no sea sospechoso ni acu­
sado se convierta en sospechoso o acusado, se ha de
Los sospechosos o acusados deben tener derecho a reu­
nirse en privado con el letrado que les represente. Los
Estados miembros pueden adoptar disposiciones relativas
a la duración y frecuencia de las reuniones entre un
sospechoso o acusado y su letrado, atendiendo a las
circunstancias de cada proceso, en particular a la com­
plejidad del caso y las fases procesales de que se trate.
Los Estados miembros también pueden adoptar disposi­
ciones prácticas para garantizar la seguridad y la protec­
ción, en especial del letrado y del sospechoso o acusado,
en el lugar en que se celebre la reunión. Esas disposicio­
nes prácticas no deben ir en detrimento del ejercicio
efectivo ni del contenido esencial del derecho del sospe­
choso o acusado a reunirse con el letrado.
Los sospechosos o acusados deben tener derecho a co­
municarse con el letrado que los represente. Esta comu­
nicación puede tener lugar en cualquier momento del
proceso, inclusive antes de ejercer el derecho a reunirse
con el letrado. Los Estados miembros pueden adoptar
disposiciones prácticas sobre la duración, la frecuencia
y los medios de dicha comunicación, incluido el uso de
la videoconferencia y otras tecnologías de la comunica­
ción con el fin de que pueda tener lugar tal comunica­
ción, siempre que dichas disposiciones prácticas no vayan
en detrimento del ejercicio efectivo ni del contenido
esencial del derecho de esas personas a comunicarse
con sus letrados.
Respecto de ciertas infracciones leves, la presente Direc­
tiva no debe impedir que los Estados miembros dispon­
gan que el derecho del sospechoso o acusado a la asis­
tencia de un letrado se ejerza por vía telefónica. No obs­
tante, debe restringirse este modo limitado de ese dere­
cho a aquellos casos en los que ni la policía ni otras
fuerzas o cuerpos de seguridad vayan a interrogar al
Los Estados miembros han de velar por que el sospe­
choso o acusado tenga derecho a que el letrado esté
presente y participe efectivamente cuando lo interrogue
la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o auto­
ridades de instrucción o judiciales, así como durante la
vista. Esa participación debe ser ejercida de manera
acorde con aquellos procedimientos de la normativa na­
cional que regulen la participación de un letrado en los
interrogatorios de la policía u otras fuerzas o cuerpos de
seguridad o autoridades de instrucción o judiciales, así
como durante las vistas, siempre que esos procedimientos
no vayan en detrimento del ejercicio efectivo ni del con­
tenido esencial de los derechos correspondientes. Durante
Los Estados miembros deben asegurarse de que los sos­
pechosos o acusados tengan derecho a la asistencia de
letrado sin demora injustificada, de conformidad con la
presente Directiva. En cualquier caso, debe concederse a
los sospechosos o acusados asistencia de letrado durante
el proceso penal ante un tribunal, siempre que no hayan
renunciado a ese derecho.
suspender de inmediato todo interrogatorio. No obstante,
el interrogatorio puede proseguir si se ha informado a la
persona de que se trate de que es sospechoso o acusado y
si puede ejercer plenamente los derechos que se otorgan
En algunos Estados miembros se consideran infracciones
penales ciertas infracciones leves, en particular infraccio­
nes leves de tráfico, infracciones leves de ordenanzas
municipales generales e infracciones leves del orden pú­
blico. En tales situaciones, no sería razonable exigir que
las autoridades competentes garanticen todos los dere­
chos que ampara la presente Directiva. Así pues, en los
casos en que con arreglo a la normativa de un Estado
miembro no puedan imponerse sanciones que conlleven
privación de libertad para infracciones leves, la presente
Directiva se aplica únicamente a los procesos incoados
ante tribunales competentes en materia penal.
derecho. Dichas disposiciones podrían suponer, entre
otras cosas, que las autoridades competentes tramiten la
asistencia de un letrado a partir de una lista de letrados
disponibles de la que el sospechoso o acusado podría
elegir a uno. Si procede, dichas disposiciones podrían
incluir las relativas a la asistencia jurídica gratuita.
el interrogatorio del sospechoso o acusado por parte de
ridades de instrucción o judiciales, o en el curso de la
vista, el letrado puede, entre otras cosas y ateniéndose a
las reglas del procedimiento, formular preguntas, pedir
aclaraciones y efectuar declaraciones de los que se debe
dejar constancia de conformidad con la normativa nacio­
El sospechoso o acusado tiene derecho a la presencia del
letrado durante los actos de investigación o de obtención
de pruebas, en la medida en que así se disponga en la
normativa nacional pertinente y en la medida en que se
exija o se permita la presencia del sospechoso o acusado.
Dichos actos deben incluir al menos las ruedas de reco­
nocimiento, en las que un sospechoso o acusado figura
entre otras personas con el fin de poder ser identificado
por una víctima o un testigo; los careos, en los que se
confronta a un sospechoso o acusado con uno o más
testigos o víctimas cuando hay desacuerdo entre ellos
respecto de hechos o cuestiones importantes; y las re­
construcciones de los hechos, en presencia de un sospe­
choso o acusado, con el fin de comprender mejor la
forma y las circunstancias en las que se cometió un delito
y estar en condiciones de hacer preguntas concretas al
sospechoso o acusado. Los Estados miembros pueden
adoptar disposiciones prácticas relativas a la presencia
del letrado durante los actos de investigación u otros
actos de obtención de pruebas. Dichas disposiciones
prácticas no deben ir en detrimento del ejercicio efectivo
ni el contenido esencial de los derechos correspondientes.
Cuando el letrado esté presente durante un acto de in­
vestigación o de obtención de pruebas, se ha de dejar
constancia de este extremo, de acuerdo con el procedi­
miento específico que prevea para ello la normativa del
Estado miembro de que se trate.
Los Estados miembros deben procurar que se disponga
de información general, por ejemplo en un sitio de in­
ternet o por medio de un folleto disponible en las comi­
sarías, con el fin de facilitar a los sospechosos o acusados
un letrado. Sin embargo, no es necesario que los Estados
miembros tomen medidas de modo activo para garanti­
zar que un sospechoso o acusado que no esté privado de
libertad sea asistido por un letrado, en caso de que la
persona de que se trate no se lo procure por sí misma. El
sospechoso o acusado debe tener la posibilidad de po­
nerse en contacto, consultar y ser asistido libremente por
dicho letrado.
En los casos en que un sospechoso o acusado sea privado
de libertad, los Estados miembros han de adoptar las
disposiciones necesarias para garantizar que la persona
de que se trate esté en condiciones de ejercer efectiva­
mente su derecho a ser asistido por un letrado, incluso
organizando la asistencia de letrado cuando la persona
no tenga uno, a menos que haya renunciado a ese
Las condiciones en las que se encuentran los sospechosos
y acusados privados de libertad deben respetar plenamen­
te, cuando proceda, las normas establecidas en el CEDH y
en la Carta, así como en la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tribunal de
Justicia») y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Cuando se preste asistencia en virtud de la presente Di­
rectiva a un sospechoso o acusado que se encuentre
privado de libertad, el letrado debe tener la posibilidad
de interpelar a las autoridades competentes sobre las
condiciones en las que dicha persona está privada de
En caso de lejanía geográfica del sospechoso o acusado,
como por ejemplo, en territorios de ultramar o cuando el
Estado miembro lleva a cabo o participa en operaciones
militares fuera de su territorio, los Estados miembros
pueden establecer una excepción temporal al derecho
del sospechoso o acusado a la asistencia de letrado sin
demora injustificada tras la privación de libertad. Durante
la vigencia de una excepción temporal por este motivo,
las autoridades competentes no deberían interrogar al
interesado ni llevar a cabo ninguno de los actos de in­
vestigación o de obtención de pruebas establecidos en la
presente Directiva. En caso de que, debido a la lejanía
geográfica del sospechoso o acusado, no sea posible de
inmediato la asistencia de letrado, los Estados miembros
deben facilitar la comunicación telefónica o por video­
conferencia, salvo que dicha comunicación sea imposible.
Los Estados miembros pueden establecer una excepción
temporal al derecho a la asistencia de letrado en la fase
de instrucción, cuando exista una necesidad urgente, con
el fin de evitar graves consecuencias adversas para la vida,
la libertad o la integridad física de una persona. Durante
las autoridades competentes pueden interrogar a un sos­
pechoso o acusado sin la presencia del letrado, a condi­
ción de que se haya informado al sospechoso o acusado
de su derecho a guardar silencio, de que pueda ejercer ese
derecho y de que el interrogatorio no menoscabe los
derechos de la defensa, incluida la protección frente a
la autoinculpación. Únicamente puede efectuarse el inte­
rrogatorio con el objetivo y en la medida necesaria para
obtener información que resulte indispensable a fin de
evitar graves consecuencias adversas para la vida, la liber­
tad o la integridad física de una persona. En principio, el
recurso abusivo a esta excepción supondría un perjuicio
irremediable para los derechos de la defensa.
Debe permitirse también a los Estados miembros estable­
cer una excepción temporal al derecho a ser asistido por
un letrado en la fase de instrucción, cuando resulte in­
dispensable una actuación inmediata de las autoridades
de instrucción para evitar comprometer de modo grave el
proceso penal, en particular con el fin de impedir la
destrucción o la alteración de pruebas esenciales o de
impedir la manipulación de los testigos. Durante la vi­
gencia de una excepción temporal por este motivo, las
autoridades competentes pueden interrogar a un sospe­
choso o acusado sin la presencia del letrado, a condición
de que se haya informado al sospechoso o acusado de su
derecho a guardar silencio, de que pueda ejercer ese de­
recho y de que el interrogatorio no menoscabe los dere­
chos de la defensa, incluida la protección frente a la
autoinculpación. Únicamente puede efectuarse el interro­
gatorio con el objetivo y en la medida necesaria para
evitar comprometer de modo grave el proceso penal. En
principio, el recurso abusivo a esta excepción supondría
un perjuicio irremediable para los derechos de la defensa.
La confidencialidad de las comunicaciones entre un sos­
pechoso o acusado y su letrado es indispensable para
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la de­
fensa, y constituye una parte esencial del derecho a un
juicio justo. Por consiguiente, los Estados miembros de­
ben respetar, sin excepción alguna, la confidencialidad de
las reuniones y otras formas de comunicación entre el
letrado y el sospechoso o acusado en el ejercicio del
derecho a la asistencia de letrado contemplado en la
presente Directiva. La presente Directiva se entiende sin
perjuicio de los procedimientos aplicables a la situación
en que se sospeche, a partir de indicios objetivos y fác­
ticos, que el letrado está implicado junto con el sospe­
choso o acusado en la comisión de una infracción penal.
Una actividad delictiva del letrado no puede reputarse
asistencia legítima a los sospechosos o acusados en el
marco de la presente Directiva. La obligación de respeto
de la confidencialidad implica no solo que los Estados
miembros deben abstenerse de obstaculizar dichas comu­
nicaciones o de acceder a ellas, sino también que, en caso
de que el sospechoso o acusado esté privado de libertad
o se encuentre sujeto al control del Estado de otra forma,
los Estados miembros deben velar por que las disposicio­
nes en materia de comunicación sustenten y protejan la
confidencialidad. Ello se entiende sin perjuicio de los
mecanismos existentes en las instalaciones de detención
para impedir que el detenido reciba envíos ilícitos, como
puede ser el cribado de la correspondencia, siempre que
tales mecanismos no permitan a las autoridades compe­
tentes leer las comunicaciones entre el sospechoso o
acusado y su letrado. La presente Directiva se entiende
asimismo sin perjuicio de los procedimientos de la nor­
mativa nacional en virtud de los cuales pueda denegarse
la transmisión de la correspondencia si el remitente no
admite que dicha correspondencia se presente previa­
mente ante un órgano jurisdiccional competente.
La presente Directiva se entiende sin perjuicio de
un posible menoscabo incidental del derecho de
confidencialidad que resulte de una operación legal de
vigilancia por parte de las autoridades competentes. La
presente Directiva se entiende asimismo sin perjuicio de
la labor llevada a cabo, por ejemplo, por los servicios
nacionales de inteligencia, a fin de garantizar la seguridad
nacional de conformidad con el artículo 4, apartado 2,
del Tratado de la Unión Europea (TUE), o de toda labor
que se incluya en el artículo 72 del TFUE, en virtud de
cual el título V, relativo al espacio de libertad, seguridad y
justicia, se entiende sin perjuicio del ejercicio de las res­
ponsabilidades que incumban a los Estados miembros en
cuanto al mantenimiento del orden público y la salva­
guardia de la seguridad interior.
Los sospechosos o acusados privados de libertad tienen
derecho a que, sin demora injustificada, se informe de su
privación de libertad al menos a una persona, como un
familiar o empleador, designada por ellos, sin perjuicio
del buen desarrollo del proceso penal contra la persona
de que se trate o de cualquier otro proceso penal. Debe
ser posible para los Estados miembros adoptar disposi­
ciones prácticas relativas a la aplicación de ese derecho.
Dichas disposiciones prácticas no deberían ir en detri­
mento del ejercicio efectivo ni del contenido esencial
del derecho. No obstante, en circunstancias limitadas y
excepcionales, es posible apartarse temporalmente de la
aplicación de este derecho cuando esté justificado, a la
luz de las circunstancias particulares del caso, por alguna
de las razones imperiosas previstas en la presente Direc­
tiva. En caso de que las autoridades competentes prevean
establecer una excepción temporal de esta índole respecto
de un tercero determinado, han de estudiar en primer
lugar si cabría informar a otro tercero, designado por
el sospechoso o acusado, de la privación de libertad.
Los sospechosos o acusados, mientras estén privados de
libertad, deben tener derecho a comunicarse sin demora
injustificada con al menos un tercero de su elección, por
ejemplo un familiar. Los Estados miembros pueden limi­
tar o aplazar el ejercicio de ese derecho por razones
imperiosas o necesidades prácticas proporcionadas. Entre
esas necesidades debe incluirse la de evitar graves conse­
cuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad
física de una persona, evitar que se perjudique el proceso
penal, prevenir una infracción penal, aguardar que se
celebre una vista y proteger a las víctimas de un delito.
Cuando las autoridades competentes prevean la limita­
ción o aplazamiento del derecho de comunicación res­
pecto de un tercero determinado, han de estudiar en
primer lugar si cabría que el sospechoso o acusado pu­
diera comunicarse con otro tercero de su elección. Los
Estados miembros pueden adoptar disposiciones prácticas
relativas al momento, los medios, la duración y la fre­
cuencia de la comunicación con terceros, atendiendo a la
necesidad de mantener el orden, la seguridad y la pro­
tección en el lugar de detención del interesado.
El derecho a la asistencia consular de los sospechosos o
acusados a los que se haya privado de libertad está con­
sagrado en el artículo 36 de la Convención de Viena de
1963 sobre Relaciones Consulares, que confiere a los
Estados el derecho a tener acceso a sus nacionales. La
presente Directiva confiere un derecho equivalente a los
sospechosos o acusados o a las personas que se haya
privado de libertad, si así lo desean. Las autoridades di­
plomáticas pueden ejercer la protección consular cuando
actúen en calidad de autoridades consulares.
Los Estados miembros deben estipular claramente en su
normativa nacional los motivos y criterios por los que se
aplique cualquier excepción temporal a los derechos re­
conocidos en la presente Directiva, y deben hacer un uso
restringido de la excepción. Toda excepción temporal
debe ser proporcionada, estrictamente limitada en el
tiempo, no basarse exclusivamente en el tipo o la grave­
dad del presunto delito y no ir en perjuicio de la impar­
cialidad general del proceso. Los Estados miembros de­
berían velar por que, cuando una autoridad judicial que
no sea un juez o un tribunal haya autorizado una excep­
ción temporal en el marco de la presente Directiva, un
órgano jurisdiccional pueda examinar la resolución de
autorización de la excepción temporal, al menos durante
la fase del juicio.
La renuncia y las circunstancias de esta deben consig­
narse con arreglo a la normativa del Estado miembro
de que se trate. Ello no debe suponer para los Estados
miembros ninguna obligación adicional de introducir
nuevos mecanismos o cualquier otra carga administrativa
cosas y de conformidad con los procedimientos previstos
en la normativa nacional, hacer preguntas, solicitar acla­
raciones y realizar declaraciones. Se dejará constancia de
la participación del letrado en dicha toma de declaración,
de conformidad con la normativa del Estado miembro de
Las personas reclamadas deben tener derecho a mantener
una entrevista privada con el letrado que las represente
en el Estado de ejecución. Los Estados miembros pueden
adoptar disposiciones prácticas sobre la duración y la
frecuencia de tales reuniones, teniendo en cuenta las cir­
cunstancias particulares del caso. Los Estados miembros
pueden también adoptar disposiciones prácticas para ga­
rantizar la seguridad y la protección, en especial del le­
trado y de la persona reclamada, en el lugar en que se
celebre la reunión. Dichas disposiciones prácticas no de­
ben ir en detrimento del ejercicio efectivo ni del conte­
nido esencial del derecho de la persona reclamada a
entrevistarse con su letrado.
Las personas reclamadas deben tener derecho a comuni­
carse con el letrado que las represente en el Estado
miembro de ejecución. Esta comunicación debe poder
tener lugar en cualquier momento, inclusive antes de
ejercer el derecho a entrevistarse con el letrado. Los Es­
tados miembros pueden adoptar disposiciones prácticas
sobre la duración, la frecuencia y los medios de comu­
nicación entre la persona reclamada y su letrado, incluido
el recurso a videoconferencias y otras tecnologías de la
comunicación con el fin de que pueda tener lugar dicha
comunicación. Esas disposiciones prácticas no deben ir
esencial del derecho de la persona reclamada a comuni­
carse con su letrado.
Los Estados miembros de ejecución deben adoptar las
reclamada esté en condiciones de ejercer efectivamente
su derecho a la asistencia de letrado en el Estado miem­
bro de ejecución, incluso organizando la asistencia de un
letrado cuando la persona reclamada no tenga uno, a
menos que haya renunciado a este derecho. Estas medi­
das, incluidas en su caso las relativas a la asistencia jurí­
dica gratuita, deben regirse por la normativa nacional.
Podrían suponer, entre otras posibilidades, que las auto­
ridades competentes tramiten la asistencia letrada a partir
de una lista de letrados disponibles de la que la persona
reclamada pueda elegir a uno.
Sin demora injustificada a partir del momento en que
tiene conocimiento de que la persona reclamada desea
designar a un letrado en el Estado miembro emisor, la
autoridad competente de dicho Estado miembro debe
suministrar a la persona reclamada información destinada
a facilitarle la designación de un letrado en dicho Estado
El sospechoso o acusado debe tener la posibilidad de
renunciar a un derecho reconocido en la presente Direc­
tiva siempre que se le haya facilitado, verbalmente o por
escrito, información clara y suficiente en un lenguaje
sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho de­
recho y las posibles consecuencias de renunciar a él.
Cuando se proporcione la información, deben tenerse
en cuenta las condiciones específicas del sospechoso o
acusado de que se trate, incluida su edad y condición
Cuando un sospechoso o acusado revoque su renuncia de
conformidad con la presente Directiva, no debe ser ne­
cesario proceder de nuevo al interrogatorio ni repetir
cualquier acto procesal que se haya realizado durante el
período en que se había renunciado al derecho.
Para poder ejercer efectivamente los derechos que le am­
paran en virtud de la Decisión Marco 2002/584/JAI, toda
persona sujeta a una orden de detención europea (en lo
sucesivo, «persona reclamada») debe tener derecho a la
asistencia de un letrado en el Estado miembro de ejecu­
ción. Cuando el letrado participe en la toma de declara­
ción de una persona reclamada por parte de una autori­
dad judicial de ejecución, el letrado podrá, entre otras
miembro. Esta información podría abarcar, por ejemplo,
una lista vigente de letrados, o el nombre del letrado de
guardia en el Estado miembro emisor, que pueda facilitar
información y asesoramiento en asuntos relacionados
con la orden de detención europea. Los Estados miem­
bros podrían solicitar que la elaboración de esta lista
corra a cargo del colegio de abogados correspondiente.
El procedimiento de entrega es crucial para la coopera­
ción en materia penal entre Estados miembros. La obser­
vancia de los plazos contenidos en la Decisión Marco
2002/584/JAI es esencial para dicha cooperación. Por
consiguiente, si bien las personas reclamadas deben tener
la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos a tenor
de la presente Directiva en procedimientos relativos a la
orden de detención europea, dichos plazos deben respe­
Los Estados miembros deben garantizar que se respeten
los derechos de la defensa y el derecho a un juicio justo a
la hora de sopesar las declaraciones que haga un sospe­
choso o acusado o las pruebas que se obtengan vulne­
rando su derecho a un letrado, o en aquellos casos para
los que se establezca una excepción a este derecho de
conformidad con la presente Directiva. En este contexto,
debe tenerse presente la jurisprudencia del Tribunal Eu­
ropeo de Derechos Humanos según la cual los derechos
de la defensa se verán en principio irrevocablemente le­
sionados si se utilizan para la obtención de una condena
declaraciones inculpatorias efectuadas durante los interro­
gatorios policiales sin posibilidad de acceso a un letrado.
Ello debe entenderse sin perjuicio de la utilización de las
declaraciones con otros fines permitidos por la normativa
nacional, como la necesidad de llevar a cabo actos de
instrucción urgentes o de evitar la perpetración de otros
delitos o de graves consecuencias adversas para cualquier
persona, o en relación con una necesidad urgente de
evitar comprometer de modo grave el proceso penal en
caso de que la instrucción en curso sobre un delito grave
fuese a verse irremediablemente perjudicada por el hecho
de que se permita la asistencia de letrado o se retrase la
investigación. Por otro lado, ello se entiende sin perjuicio
de las disposiciones o sistemas nacionales sobre la admi­
sibilidad de pruebas, y no debe impedir que los Estados
miembros mantengan un sistema con arreglo al cual
puedan presentarse ante un tribunal o un juez todas las
pruebas existentes, sin que se realice una valoración in­
dependiente o previa sobre la admisibilidad de dicha
La presente Directiva promueve los derechos y principios
fundamentales reconocidos por la Carta, incluidos la pro­
hibición de la tortura y del trato inhumano o degradante,
el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto de la
vida privada y familiar, el derecho a la integridad de la
persona, los derechos del menor, la integración de las
personas discapacitadas, el derecho a la tutela judicial
efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia
y los derechos de defensa. La presente Directiva debe
aplicarse de conformidad con esos derechos y principios.
Los Estados miembros deben asegurarse de que las dis­
posiciones de la presente Directiva, cuando correspondan
a derechos garantizados por el CEDH, se apliquen de
manera coherente con las disposiciones de ese Convenio
y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
La presente Directiva establece normas mínimas. Los Es­
tados miembros pueden ampliar los derechos estableci­
dos en la presente Directiva para ofrecer un mayor nivel
de protección. Este mayor nivel de protección no debe
ser óbice al reconocimiento recíproco de las resoluciones
judiciales que estas normas mínimas pretenden facilitar.
El nivel de protección nunca debe ser inferior al dispen­
sado por la Carta y el CEDH, según la interpretación de
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal
La presente Directiva promueve los derechos de los me­
nores, para lo que se tienen en cuenta las Directrices del
Consejo de Europa sobre una justicia adaptada a los
menores y, en particular, sus disposiciones en lo que
respecta a la información y asesoramiento que deben
darse a los menores. La Directiva garantiza que a los
sospechosos y acusados, incluidos los menores, se les
proporcione información adecuada para que comprendan
las consecuencias de renunciar a alguno de los derechos
previstos en la presente Directiva, y que la renuncia sea
voluntaria e inequívoca. Cuando el sospechoso o acusado
sea un menor la persona en quien recaiga la responsabi­
lidad parental debe ser informada lo antes posible de la
privación de libertad de aquel y de las razones que la han
motivado. Si la comunicación de dicha información a la
persona en quien recae la responsabilidad parental del
menor es contraria a los intereses de este último, debe
informarse en su lugar a otro adulto, como por ejemplo
a un familiar. Este extremo se entiende sin perjuicio de
De conformidad con el principio de eficacia del Derecho
de la Unión, los Estados miembros deben establecer vías
de recurso adecuadas y efectivas para la protección de los
derechos que la presente Directiva confiere a las perso­
En tanto no se adopte un acto legislativo de la Unión
sobre asistencia jurídica gratuita, los Estados miembros
deben aplicar su normativa nacional en la materia, que
debe ajustarse a la Carta, al CEDH y a la jurisprudencia
El deber de velar por los sospechosos o acusados que se
encuentran en una posible situación vulnerable está en la
base de una administración equitativa de justicia. Por
tanto, la fiscalía y las autoridades policiales y judiciales
deben propiciar que dichas personas puedan ejercer de
manera efectiva los derechos que se establecen en la
presente Directiva, por ejemplo teniendo en cuenta cual­
quier posible vulnerabilidad que afecte a su capacidad de
ejercer el derecho a la asistencia de letrado y de que se
informe a un tercero en el momento de su privación de
libertad, y tomando las medidas necesarias para garanti­
zar dichos derechos.
las disposiciones de la normativa nacional que exijan que
determinadas autoridades, instituciones o personas espe­
cíficas, en especial las que sean responsables de la pro­
tección o del bienestar de los menores, sean asimismo
informadas de la privación de libertad de un menor.
Excepto en circunstancias sumamente excepcionales, los
Estados miembros deben abstenerse de limitar o aplazar
el ejercicio del derecho de comunicación con un tercero
en lo que respecta a menores sospechosos o acusados
que se encuentren privados de libertad. En caso de que
se aplique un aplazamiento en relación con el menor, no
debe mantenerse incomunicado a este en ningún caso,
sino que se le debe permitir comunicarse, por ejemplo,
con una institución o una persona responsable de la
protección o del bienestar de los menores.
De conformidad con la Declaración política común, de
28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de
la Comisión, sobre los documentos explicativos (1), los
Estados miembros se han comprometido a adjuntar a
la notificación de sus medidas de transposición, en aque­
llos casos en que esté justificado, uno o varios documen­
tos que expliquen la relación entre los elementos de una
directiva y las partes correspondientes de los instrumen­
tos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la
presente Directiva, el legislador considera que la trans­
misión de tales documentos está justificada.
Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber,
establecer normas mínimas comunes en cuanto al dere­
cho a la asistencia de letrado en los procesos penales y
en los procedimientos relativos a la orden de detención
europea, y al derecho a que se informe a un tercero de la
privación de libertad y a comunicarse con terceros y con
las autoridades consulares durante la misma, no pueden
ser alcanzados de manera suficiente por los Estados
miembros, y, por consiguiente, debido a la dimensión
de las medidas, pueden lograrse mejor a escala de la
del TUE. De conformidad con el principio de proporcio­
nalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva
no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.
De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n
21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda res­
pecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al
TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho
Protocolo, estos Estados miembros no participan en la
adopción de la presente Directiva y no quedan vinculados
por la misma ni sujetos a su aplicación.
De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no
22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al
TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la pre­
sente Directiva y no queda vinculada por la misma ni
La presente Directiva establece normas mínimas relativas a los
derechos de sospechosos y acusados en procesos penales y de
las personas que sean objeto de procedimientos en virtud de la
Decisión Marco 2002/584/JAI («procedimientos de la orden de
detención europea») a ser asistidos por un letrado, a que se
informe de su privación de libertad a un tercero y a comuni­
carse con tercero y con autoridades consulares durante la pri­
La presente Directiva se aplica a los sospechosos o acusa­
dos en procesos penales desde el momento en que las autori­
dades competentes de un Estado miembro hayan puesto en su
conocimiento, mediante notificación oficial u otro medio, que
son sospechosos o que se les acusa de haber cometido una
infracción penal, y con independencia de si están privados de
libertad. Se aplica hasta la conclusión del proceso, es decir, hasta
la decisión definitiva que determina si el sospechoso o acusado
ha cometido o no la infracción, incluidas, cuando proceda, la
imposición de la condena y la resolución de cualquier recurso.
La presente Directiva se aplica a las personas que sean
objeto de los procedimientos relativos a la orden de detención
europea (personas reclamadas) a partir del momento de su de­
tención en el Estado miembro de ejecución con arreglo al ar­
tículo 10.
La presente Directiva se aplica asimismo, en idénticas con­
diciones a las previstas en el apartado 1, a las personas que no
sean sospechosas ni acusadas y que pasen a serlo en el curso de
un interrogatorio por la policía u otras fuerzas o cuerpos de
Sin perjuicio del derecho a un juicio justo, con respecto a
a) para las que la normativa de un Estado miembro disponga la
imposición de sanciones por parte de una autoridad distinta
de un tribunal competente en materia penal, y la sanción
pueda ser objeto de recurso o remitirse a este tipo de tribu­
nal, o
b) para las que no pueda imponerse como sanción la privación
la presente Directiva se aplicará únicamente a los procedimien­
tos ante un tribunal competente en materia penal.
En cualquier caso, la presente Directiva será de plena aplicación
cuando se haya privado de libertad al sospechoso o acusado,
independientemente de la fase en que se encuentre el proceso
Los Estados miembros velarán por que los sospechosos y
acusados tengan derecho a ser asistidos por un letrado en el
momento y del modo que les permita ejercer sus derechos de
defensa en la práctica y de manera efectiva.
El sospechoso o acusado tendrá derecho a ser asistido por
un letrado sin demora injustificada. En cualquier caso, el sospe­
choso o acusado tendrá derecho a ser asistido por un letrado a
partir del momento que antes se produzca de entre los que se
a) antes de que el sospechoso o acusado sea interrogado por la
policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades
b) en el momento en que las autoridades de instrucción u otras
autoridades competentes realicen una actuación de investiga­
ción o de obtención de pruebas con arreglo al apartado 3,
d) con la suficiente antelación antes de que el sospechoso o
acusado citado a personarse ante el tribunal competente en
materia penal se presente ante dicho tribunal.
a) los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acu­
sado tenga derecho a entrevistarse en privado y a comuni­
carse con el letrado que lo represente, inclusive con anterio­
ridad a que sea interrogado por la policía u otras fuerzas o
cuerpos de seguridad o autoridades judiciales;
b) los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acu­
sado tenga derecho a que su letrado esté presente e inter­
venga de manera efectiva cuando lo interroguen. Esta inter­
vención será acorde con los procedimientos previstos por la
normativa nacional, a condición de que tales procedimientos
no menoscaben el ejercicio efectivo ni el contenido esencial
del derecho de que se trate. Cuando un abogado intervenga
durante un interrogatorio, se hará constar así de conformi­
dad con los procedimientos pertinentes de la normativa na­
c) los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acu­
sado tenga derecho al menos a que su letrado esté presente
en las siguientes actuaciones de investigación o de obtención
de pruebas, si dichas actuaciones están previstas en la nor­
mativa nacional y se exige o permite que el sospechoso o
acusado asista a dicho acto:
Los Estados miembros se esforzarán por difundir informa­
ción general con el fin de facilitar a los sospechosos o acusados
la designación de un letrado.
No obstante lo dispuesto en la normativa nacional en relación
con la presencia obligatoria de un letrado, los Estados miembros
adoptarán las disposiciones necesarias para garantizar que los
sospechosos o acusados a los que se haya privado de libertad
estén en condiciones de ejercer efectivamente su derecho a ser
asistidos por un letrado, a menos que hayan renunciado a ese
derecho de conformidad con el artículo 9.
En circunstancias excepcionales y únicamente en la fase de
instrucción, los Estados miembros podrán dejar de aplicar tem­
poralmente lo dispuesto en el apartado 2, letra c), en caso de
que la lejanía geográfica de un sospechoso o acusado imposibi­
lite el ejercicio del derecho a la asistencia de letrado sin demora
injustificada tras la privación de libertad.
poralmente los derechos previstos en el apartado 3 en la medida
en que esté justificado, en vista de las circunstancias específicas
del caso, sobre la base de alguna o varias de las razones impe­
riosas siguientes:
a) una necesidad urgente de evitar graves consecuencias adver­
sas para la vida, la libertad o la integridad física de una
b) una necesidad urgente de una actuación inmediata de las
autoridades de instrucción para evitar comprometer de
Los Estados miembros respetarán la confidencialidad de las co­
municaciones entre los sospechosos o acusados y sus letrados,
en el ejercicio del derecho a la asistencia de letrado previsto en
la presente Directiva. Dichas comunicaciones incluirán las reu­
niones, la correspondencia, las conversaciones telefónicas y
otras formas de comunicación permitidas de conformidad con
Derecho a que se informe de la privación de libertad a un
Los Estados miembros se asegurarán de que todo sospe­
choso o acusado que se vea privado de libertad tenga derecho a
que se informe al menos a una persona que él mismo designe,
como un familiar o un empleador, de su privación de libertad
sin demora injustificada, si así lo desea.
Cuando el sospechoso o acusado sea un menor, los Esta­
dos miembros se asegurarán de que la persona en quien recae la
responsabilidad parental del menor sea informada lo antes posi­
ble de su privación de libertad y de los motivos de tal situación,
salvo que ello resulte contrario a los intereses del menor, en
cuyo caso se informará a otro adulto que se considere apropia­
do. A efectos del presente apartado, se considerará menor a
toda persona de menos de 18 años.
Los Estados miembros podrán dejar de aplicar temporal­
mente los derechos previstos en los apartados 1 y 2 cuando, en
vista de las circunstancias específicas del caso, así se justifique
con base en alguna de las razones imperiosas siguientes:
Todo sospechoso o acusado tendrá asimismo derecho a
que lo visiten sus autoridades consulares, a conversar y mante­
ner correspondencia con ellas, y a que estas le faciliten repre­
sentación legal, siempre que dichas autoridades estén de acuerdo
y si así lo desea el sospechoso o acusado de que se trate.
El ejercicio de los derechos establecidos en el presente
artículo podrá regularse en la normativa o los procedimientos
nacionales, siempre que se permita que se alcancen plenamente
los fines para los que se han previsto estos derechos.
Las excepciones temporales previstas en el artículo 3,
apartados 5 y 6, o en el artículo 5, apartado 3:
a) deberán ser proporcionadas y limitarse a lo estrictamente
b) una necesidad urgente de prevenir una situación en la que
pueda comprometerse de modo grave el proceso penal.
En caso de que los Estados miembros establezcan una
excepción temporal a la aplicación del derecho previsto en el
apartado 2, se asegurarán de que una autoridad responsable de
la protección o el bienestar de los menores sea informada, sin
demora injustificada, de la privación de libertad del menor.
c) no podrán basarse exclusivamente en el tipo o la gravedad
de la presunta infracción, y
apartados 5 y 6, solo podrán autorizarse en virtud de una
resolución debidamente motivada e individual adoptada por
una autoridad judicial o por otra autoridad competente, siempre
que su decisión pueda ser objeto de control jurisdiccional. La
resolución debidamente motivada se hará constar de conformi­
dad con los procedimientos pertinentes de la normativa del
Derecho de la persona en situación de privación de
libertad a comunicarse con terceros
Los Estados miembros velarán por que los sospechosos o
acusados que estén privados de libertad tengan derecho a co­
municarse sin demora injustificada con, al menos, un tercero de
su elección, por ejemplo un familiar.
d) no podrán menoscabar las garantías generales de un juicio
Los Estados miembros podrán limitar o aplazar el ejercicio
del derecho a que se refiere el apartado 1 por razones imperio­
sas o necesidades prácticas de carácter proporcionado.
Las excepciones temporales previstas en el artículo 5,
apartado 3, solo podrá autorizarlas, de forma individual, una
autoridad judicial u otra autoridad competente, a condición de
que su decisión pueda ser objeto de control jurisdiccional.
Cada Estado miembro velará por que todo sospechoso o
acusado que no sea nacional suyo y se vea privado de libertad
goce del derecho a que se informe, sin demora injustificada, a
las autoridades consulares del Estado del que sea nacional de
que se encuentra privado de libertad, y a comunicarse con
dichas autoridades, si así lo desea. No obstante, en caso de
que el sospechoso o acusado tenga dos o más nacionalidades,
podrá elegir a qué autoridades consulares debe informarse, en su
caso, de que se encuentra privado de libertad y con quién desea
Sin perjuicio de si la normativa nacional exige la presencia
o la asistencia obligatoria de un letrado, los Estados miembros
garantizarán que, en lo que se refiere a toda renuncia a un
derecho contemplado en los artículos 3 y 10:
a) se haya facilitado al sospechoso o acusado, verbalmente o
por escrito, información clara y suficiente en un lenguaje
sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho
y las posibles consecuencias de renunciar a él, y
La renuncia, que podrá hacerse por escrito u oralmente, se
hará constar, así como las circunstancias de la misma, con
arreglo al procedimiento previsto para ello por la normativa
Los Estados miembros garantizarán que todo sospechoso
o acusado pueda revocar una renuncia posteriormente en cual­
quier momento del proceso penal y que el sospechoso o acu­
sado haya sido informado de tal posibilidad. La revocación de
una renuncia surtirá efectos desde el momento en que se efec­
Derecho a ser asistido por un letrado en los
procedimientos de la orden de detención europea
Los Estados miembros se asegurarán de que toda persona
reclamada tenga derecho a la asistencia de letrado en el Estado
miembro de ejecución tan pronto como se produzca su deten­
ción en virtud de una orden de detención europea.
En cuanto al contenido del derecho a la asistencia de
letrado en el Estado miembro de ejecución, la persona recla­
mada gozará en dicho Estado de los derechos siguientes:
a) el derecho a ser asistida por un letrado en el momento y del
modo que permitan ejercer a la persona reclamada sus dere­
chos efectivamente, y en cualquier caso sin demora injusti­
ficada tras la privación de libertad;
b) el derecho a comunicarse y reunirse con el letrado que la
c) el derecho a que el letrado esté presente e intervenga, con
arreglo a los procedimientos de la normativa nacional, du­
rante la toma de declaración de la persona reclamada por
parte de la autoridad judicial de ejecución. Cuando un le­
trado intervenga durante una toma de declaración, se hará
constar así de conformidad con el procedimiento pertinente
de la normativa nacional del Estado miembro de que se trate.
Los derechos previstos en los artículos 4, 5, 6, 7, 9 y,
cuando se aplique una excepción temporal a tenor del artículo 5,
apartado 3, en el artículo 8, se aplicarán, mutatis mutandis, a los
procedimientos de la orden de detención europea en el Estado
miembro de ejecución.
La autoridad competente del Estado miembro de ejecución
informará a la persona reclamada, sin demora injustificada tras
su privación de libertad, de que tiene derecho a designar a un
letrado en el Estado miembro emisor. La función de dicho
letrado en el Estado miembro emisor consistirá en prestar asis­
tencia al letrado del Estado miembro de ejecución facilitándole
información y asesoramiento con vistas a que la persona recla­
mada pueda ejercer efectivamente los derechos que le confiere la
Decisión Marco 2002/584/JAI.
En caso de que la persona reclamada desee ejercer el
derecho a designar a un letrado en el Estado miembro emisor
y no disponga ya del mismo, la autoridad competente del Es­
tado miembro de ejecución informará de ello con prontitud a la
autoridad competente del Estado miembro emisor. La autoridad
competente de dicho Estado miembro suministrará a la persona
reclamada, sin demora injustificada, información que le facilite
la designación de un letrado en ese Estado.
El derecho de una persona reclamada a designar a un
letrado en el Estado miembro emisor se entenderá sin perjuicio
de los plazos establecidos en la Decisión Marco 2002/584/JAI
ni de la obligación de la autoridad judicial de ejecución de
decidir acerca de la entrega de la persona, en los plazos y
condiciones definidos en dicha Decisión Marco.
La presente Directiva se entiende sin perjuicio de lo dispuesto
en la normativa nacional en materia de asistencia jurídica gra­
tuita, que se aplicará de conformidad con la Carta y con el
acusados en procesos penales y las personas reclamadas en el
marco de procedimientos relativos a la orden judicial europea
dispongan de vías de recurso efectivas conforme a la normativa
nacional en los casos en que se hayan vulnerado los derechos
que les confiere la presente Directiva.
Sin perjuicio de las disposiciones y sistemas nacionales
sobre admisibilidad de pruebas, los Estados miembros garanti­
zarán que en los procesos penales se respeten los derechos de la
defensa y las garantías de un juicio justo a la hora de sopesar las
declaraciones que haga un sospechoso o acusado, o las pruebas
que se obtengan vulnerando su derecho a un letrado, o en
aquellos casos para los que el artículo 3, apartado 6, autorice
que se establezca una excepción a este derecho.
Los Estados miembros garantizarán que, cuando se aplique la
presente Directiva, se tomen en consideración las necesidades
específicas de los sospechosos y acusados que sean vulnerables.
Ninguna disposición de la presente Directiva se interpretará en
el sentido de limitar o derogar los derechos o las garantías
procesales que estén reconocidos al amparo de la Carta, del
CEDH, del Pacto o de, otras disposiciones pertinentes de Dere­
cho internacional o de la normativa de los Estados miembros
que garantice un nivel de protección más elevado.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más
tardar el 27 de noviembre de 2016. Informarán inmediatamente
de ello a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposicio­
nes, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán
Estados miembros establecerán las modalidades de la mencio­
nada referencia.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto
de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el
ámbito regulado por la presente Directiva.
A más tardar el 28 de noviembre de 2019, la Comisión pre­
sentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el
que evaluará en qué medida los Estados miembros han tomado
las medidas necesarias para cumplir la presente Directiva, y que
comprenderá una evaluación de la aplicación del artículo 3,
apartado 6, en conjunción con el artículo 8, apartados 1 y 2,
e irá acompañado, si fuera necesario, de propuestas legislativas.
bros de conformidad con lo dispuesto en los Tratados.
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