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Timestamp: 2020-02-18 12:51:42
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Prisión Domiciliaria Trabajo Entregado. Como Priorizar El Superior interés Del Niño
Estudio Científico, 2016
34 Páginas, Calificación: ninguna
N B Noelia Bonetto (Autor)
II-ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN
2.1Discusiones parlamentarias
2.2 Alcance de la reforma de la ley 26.472
III-MARCO SOCIOLÓGICO Y CRIMINOLÓGICO
IV-OBJETIVO
V-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
VI-HIPÓTESIS
CAPÍTULO II ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL
I-PRIMERA CUESTIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
II-SEGUNDA CUESTIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1. Bienestar de los niños. Ausencia de abandono o desamparo
2.2. Gravedad de los hechos:
2.3 Falta de vivienda. Hacinamiento:
III- IMPACTO DE LA NEGATIVA SISTEMÁTICA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS
IV- PAUTAS A TENER EN CUENTA:
A los fines de la realización del presente trabajo se utilizará el método hipotético-deductivo propio de la investigación de carácter cualitativo descripto en una obra dedicada a la construcción del conocimiento científico. Para los autores de esta obra, el método hipotético deductivo parte de la formulación de una hipótesis, entendida esta como una suposición o una afirmación provisional que sirve como punto de partida de una investigación. Se habla entonces de una hipótesis de trabajo, en donde se expresa la intuición de quien realiza la investigación del fenómeno que está observando. La hipótesis es provisional porque el objetivo de la investigación es precisamente corroborar o refutar la hipótesis de acuerdo con la teoría, las observaciones y las experiencias que utilice el investigador.[1]
Siguiendo a estos autores, este método reconoce los siguientes pasos:
1-Reunir información sobre algún suceso desconocido, inexplicado o nuevo; o reunir una información sobre algo que ya ha sido estudiado y que nos puede parecer que merezca una información más completa.
2-Formular hipótesis sobre esas observaciones.
3-Deducir una consecuencia a partir de esa hipótesis, buscando pruebas empíricas que pongan a prueba esa explicación o consecuencia.
A fin de evitar la privación de libertad en establecimientos penitenciarios de aquellos grupos que merecen especial protección, y atendiendo a fines totalmente humanitarios es que en el año 2.008 se aprueba en el Congreso de la Nación la ley N° 26.472 que modifica la Ley de Ejecución de Penas Privativas de la Libertad N° 24.660 y el Código Penal.
Es por fines humanitarios que se amplían los supuestos en los cuales se puede sustituir el encierro carcelario por el arresto domiciliario a fin de evitar la prisionización de personas que no se encuentren en condiciones de afrontar el encierro carcelario, como es el caso de las mujeres embarazadas, de las personas con discapacidad o enfermas, etc.
Así, la nueva redacción del art. 32 de la Ley 24.660 establece lo siguiente:
“El Juez de ejecución o juez competente podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria:
f) A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo.”
En virtud de la nueva normativa, los magistrados podrán disponer siempre que se den los supuestos previstos en la ley, la sustitución del encierro en prisión por el arresto domiciliario.
Conforme los fines que el legislador tuvo en mira al momento de sancionar la ley, la concesión del arresto domiciliario no debe ser interpretada como una facultad discrecional del Juez, sino como un derecho que tienen las personas en conflicto con la ley penal que se encuentren en los supuestos previstos por la ley.
Previo a adentrarnos en el tema que motiva la realización de este trabajo, es necesario indagar en la intención, en el espíritu que el legislador tuvo en miras al sancionar la ley ya que, a los fines de este trabajo, la letra de la norma resulta insuficiente.
Por ese motivo, es necesario indagar en las discusiones parlamentarias llevadas a cabo en el Congreso de la Nación que culminara con la sanción de la ley n° 26.472 a los efectos de dejar de manifiesto que el legislador no ha dado facultades discrecionales a los magistrados a la hora de resolver acerca de esta modalidad de ejecución de pena privativa de la libertad, que la discrecionalidad que se afirma no es tal.
Así, en las discusiones parlamentarias en la Cámara de Diputados, orden del día n° 1.261 quedó de manifiesto que las instituciones penitenciarias no resultan adecuadas para alojar a ciertos colectivos vulnerables[2].
Tomando nota de ello es que, en el marco de estas discusiones, el legislador tuvo la intención de aminorar en parte las consecuencias de la privación de la libertad de determinados colectivos vulnerables, en donde la prisión efectiva sea el último recurso.
En este entendimiento, conforme surge de estas discusiones, la prisión domiciliaria constituye una de las vías por las cuales el legislador ha receptado el principio de trato humanitario en la ejecución de la pena. Principio que en nuestro país tiene plena consagración normativa a tenor de lo dispuesto en el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; en el artículo XXV de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre que en su último párrafo dispone que “todo individuo…tiene derecho también a un trato humano durante la privación de su libertad”; en el artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos referido al derecho a la integridad personal, “Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”; en el artículo 10.1 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos según el cual “Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
Consagración normativa que también se encuentra presente en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que reconoce el derecho que emana de la dignidad inherente a la persona humana.[3]
Capítulo aparte merece la protección al superior interés del niño, tenido en cuenta también por el legislador como eje rector de la normativa, ya que el contacto con la madre[4] en los primeros años de vida resulta fundamental para su desarrollo.
Pensando en ese superior interés, es que el legislador procuró mantener unidos a la madre con el niño. A tal fin, dos fueron las opciones legislativas, la primera y más frecuente en los órdenes jurídicos latinoamericanos está dada por la privación de la libertad de la madre y el niño; la segunda es disponer la prisión domiciliaria de la madre.
Evidentemente la primera opción implica la privación de la libertad de un niño, sometiéndolo a las consecuencias lesivas de un proceso de institucionalización, solo para garantizarle un contacto con su madre. El legislador consideró que para estos supuestos existen medidas menos restrictivas de la libertad para el niño, como la prisión domiciliaria garantizando el cumplimiento de la pena y el contacto madre e hijo.[5]
En este sentido, el artículo 37 inc. b de la Convención de los Derechos del Niño tiene dispuesto que “Los Estados Partes velarán porque …la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”.
Los principios de legalidad y judicialidad también estuvieron presentes en las discusiones parlamentarias de la Cámara de Diputados, en el entendimiento de que esta modalidad de ejecución debe ser dispuesta por la ley y controlada por un juez y que su implementación debe ser igualitaria.
De todo lo manifestado puede concluirse que el objetivo del legislador no tiene ambigüedades. Surge claramente que lo que el legislador tuvo en miras es posibilitar que sean las mujeres condenadas a penas privativas de la libertad quienes críen a sus hijos menores de cinco años, pero no en los muros de la cárcel, ya que queda de manifiesto que la solución propuesta por la ley de ejecución de penas privativas de la libertad n° 24.660, en el sentido de que el niño se encuentre en situación de encierro resulta aberrante a la luz de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño.
No solo que resulta aberrante sino que además no se estaría dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19.1 de la Convención precitada, el cual dispone textualmente que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
De la misma manera también se estaría desconociendo lo dispuesto por los artículos 24.1 y 24.2 de la misma convención, según el cual “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”. Asimismo, el artículo 24.2 dispone que “Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para a)Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sea necesaria a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; c)combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente”. [6]
También es importante destacar que los niños y los incapaces se encuentran amparados por el principio de intrascendencia de la pena que implica que la misma debe ser personal y no trascender la persona del delincuente.
Se dijo también que la ausencia maternal durante la infancia puede generar problemas de orden psíquico que operan sobre la conducta de los niños que los puede llevar a niveles importantes de vulnerabilidad (drogas, violencia, marginalidad).
De la voluntad del legislador surge claramente que los principios que tuvieron en mira al sancionar esta ley son:
1- La preservación del principio de trascendencia mínima de la pena: Ostenta jerarquía constitucional la máxima según la cual la pena es personal, por lo que no puede trascender la persona del delincuente.
2- El contacto de la madre con su hijo, en los primeros años de su vida: Ello se inspira en el derecho del niño, de jerarquía constitucional a que se proteja su superior interés. Derecho que se encuentra normativamente consagrado en el artículo 3 inc. c) de la ley 26.051 según la cual, el superior interés del niño, niña o adolescente consiste en la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos y garantías, debiéndose respetar el pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural.
Tal como se puede desprender de la mera lectura de la discusión parlamentaria en la Cámara de Diputados de la Nación, el momento en el que el legislador hace alusión a la palabra “discrecional” es solo a los efectos de conceder una supervisión de la prisión a cargo del Patronato de Liberados o de un servicio social calificado[7].
En palabras de Felipe Fucito, el fenómeno jurídico no se agota en la descripción de las normas jurídicas, y que la ciencia normativa del derecho no da más que descripciones de lo que debe ser, de ahí la importancia de la sociología del derecho, por no ser suficiente las soluciones teóricas a los posibles conflictos interpretativos o a los casos más previstos que se brinda desde lo normativo. También afirma este autor a modo ilustrativo y citando a Levy-Bruhl (1955:23), que un tratado de derecho no nos dice en general porque una fórmula legislativa toma un sentido, porque se aleja de la idea y del pensamiento dominante de la época en que fue sancionada, para llegar a veces a invertir el sentido y decir lo contrario de la inicial interpretación.
Afirma también que las opiniones se modifican por la influencia de los restantes órdenes normativos internalizados realizados por los operadores jurídicos; si se trata de un juez, podría no prestar atención “al verdadero sentido de las palabras de la ley” ni a la opinión concordante del legislador expuesta expresamente, graficando esta afirmación con una situación que se repite en varias obras de derecho, en donde no se considera que las notas del codificador ni las exposiciones de motivos ni el debate legislativo son parte de la ley o del derecho.[8]
La única manera de corroborar el cumplimiento de la norma es en lo fáctico. En este tema en particular, de la elaboración jurisprudencial acerca de los casos en que procede (o no) la prisión domiciliaria y en especial con relación al superior interés del niño, se advierte que los argumentos sobre los que descansa la negativa no son más que valoraciones generales y postulaciones normativas sin atender al caso en concreto.
Conforme el criterio de Felipe Fucito, el punto de vista de la sociología jurídica interesa no solo en los momentos en que los rápidos cambios sociales producen una brecha entre el derecho y sociedad, sino también en aquellos donde existe un cierto ajuste entre esas normas establecidas y las conductas efectivamente realizadas por las personas a quienes se refiere. La intuición sobre la necesaria correlación entre derecho y realidad social ha existido desde antiguo.[9]
Con relación a este tema, en el caso F.C. s/legajo de ejecución penal,[10] se advierte acertadamente-conforme sus términos- de una paradoja frecuente, en la que aparece políticamente correcto abogar por los derechos de los niños, así como formular reiteradas advocaciones a las autoridades estatales para que tomen una consideración primordial del superior interés del niño en todas las decisiones que le conciernan a estos, conforme al artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero que, cuando llega el momento de discutir sobre la mejor decisión al mejor interés de los niños, quienes abogan y hacen advocaciones fallan en mostrar en cada caso en concreto que es lo más adecuado al mejor interés del niño.
Realizar un enfoque desde la criminología también es importante, ya que es lo que va a permitir realizar una revisión teórica cuyas conclusiones pueden determinar cambios institucionales o en la legislación, por más que no contribuya a aportar resoluciones de casos ni generar incumbencias.[11] Conforme Carlos Elbert, no se puede prescindir de la criminología porque es esta disciplina la que permite la profundización interpretativa de las ciencias penales desde enfoques no normativos, y por ende muy dinámicos, ligados a los procesos sociales en constantes cambios y crisis, por oposición a la estabilidad y rigidez de las estructuras legales que son mera formalización coyuntural de una selección de leyes. La criminología es la disciplina que permite tanto a los juristas como a los sociólogos, a los psicólogos la posibilidad de analizar de manera sistemática y crítica la realidad del control social, o específico del control penal.
Se trae esta disciplina a colación, y en específico a Carlos Elbert, en razón de que dedica uno de los capítulos de su libro al acceso al conocimiento, y dentro de tal capítulo habla de los prejuicios (tema que se tratará en los párrafos subsiguientes, por ser el punto de partida de las resoluciones de los magistrados), entendidos estos como influencias subjetivas, como juicios apriorísticos muy difundidos que no pueden ser comprobados pero que, pese a ello posibilitan la aceptación de una verdad aparente. Y ello es lo que ocurre con algunos magistrados a la hora de resolver los pedidos de prisión domiciliaria, quienes, y conforme lo diría Elbert, toman contacto durante años con la realidad mediante las tareas desempeñadas en tribunales, defensorías, cárceles, acumulando experiencias, pero sin dudas, y a juzgar por sus fallos, ese aprendizaje técnico -empírico social-, está plagado de prejuicios que suelen afectar seriamente sus capacidades de interpretación. Esto provoca que, de manera directa o indirecta, terminen por forzar conclusiones tendenciosas, que luego incidirán en las decisiones objetivas y legales con las que se sigue operando sobre la realidad.
Dice textualmente el autor precitado que “cuando estos criterios se fijan repetitivamente y alcanzan cierto grado de elaboración y aceptación por la comunidad jurídica, pueden llegar a constituirse en una ideología útil para justificar situaciones en nombre de una presunta objetividad racional normativa o jurídica”.
También afirma que este tipo de situaciones son muy frecuentes en el ordenamiento jurídico y en particular en la interpretación que realizan los magistrados, interpretaciones propias que atribuyen a la “letra de la ley”.
[1] BONILLA CASTRO, Elssy; HURTADO PIETRO, Jimena; JARAMILLO HERRERA, Christian, Coords. La Investigación. Aproximaciones a la construcción del conocimiento científico, 2009, 30-31.
[2] Cámara de Diputados de la Nación, sesiones ordinarias 2006, O.D. n°1261, 4. http://www.ub.edu/ospdh/ospdh_ant/pdf/arts%20areas/privacio/monitoreig/Discusi%C3%B3n%20arresto%20domiciliario.pdf (disponible en internet en fecha 13/09/17).
[3] Cámara de Diputados de la Nación, sesiones ordinarias 2006, O.D. n°1261, 8. http://www.ub.edu/ospdh/ospdh_ant/pdf/arts%20areas/privacio/monitoreig/Discusi%C3%B3n%20arresto%20domiciliario.pdf (disponible en internet en fecha 07/11/17).
[4] Si bien las razones de la arbitrariedad en la limitación de la concesión de la prisión domiciliaria en los casos del artículo 32 inc. f) a hombres-padres exceden el objeto de este trabajo, vale la pena destacar la discriminación que existe a nivel normativo, ello en virtud de que debería sustituirse por analogía el inciso f) de la ley para resolver y hacer lugar a progenitores hombres que cumplan idéntico rol de cuidador respecto de sus hijos e hijas. Afortunadamente se cuenta con jurisprudencia al respecto, incluso en este trabajo.
[5] Cámara de Diputados de la Nación, sesiones ordinarias 2006, O.D. n°1261, 9. http://www.ub.edu/ospdh/ospdh_ant/pdf/arts%20areas/privacio/monitoreig/Discusi%C3%B3n%20arresto%20domiciliario.pdf (disponible en internet en fecha 07/11/17).
[6] Cámara de Diputados de la Nación, sesiones ordinarias 2006, O.D. n°1261, 18-19. http://www.ub.edu/ospdh/ospdh_ant/pdf/arts%20areas/privacio/monitoreig/Discusi%C3%B3n%20arresto%20domiciliario.pdf (disponible en internet en fecha 07/11/17).
[7] Cámara de Diputados de la Nación, sesiones ordinarias 2006, O.D. n°1261, 10. http://www.ub.edu/ospdh/ospdh_ant/pdf/arts%20areas/privacio/monitoreig/Discusi%C3%B3n%20arresto%20domiciliario.pdf (disponible en internet en fecha 07/11/17).
[8] FUCITO Felipe, Sociología del derecho: el orden jurídico y sus condicionantes sociales. Editorial Universidad, 1993, pág. 48-49. http://escuelasuperior.com.ar/instituto/wp-content/uploads/2016/09/Sociologia-Del-Derecho-Felipe-Fucito.pdf (disponible en internet en fecha 14/12/17).
[9] FUCITO, Felipe, Concepción Sociológica del derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Ambrosio L. Gioja. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UBA, 1989.
[10] CNCCyC, Sala I “F.C. s/ legajo de ejecución penal”, causa n° 55.611/14, reg. n°204/17.
[11] ELBERT, Carlos Alberto, Manual básico de criminología, 1998, pág.13. https://yorchdocencia.files.wordpress.com/2015/04/elbert-carlos-alberto-manual-basico-de-criminologia.pdf (disponible en internet en fecha 07/11/17).
Noelia Bonetto (Autor)
V419417
9783668680593
9783668680609
Prisión Domiciliaria, Trabajo, Entregado, Nino, Superior
Noelia Bonetto (Autor), 2016, Prisión Domiciliaria Trabajo Entregado. Como Priorizar El Superior interés Del Niño, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/419417
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