Source: http://llamamiento.net/2019/01/extincion-de-dominio-vocacion-por-violar-la-constitucion/
Timestamp: 2019-08-22 01:44:08
Document Index: 28220091

Matched Legal Cases: ['Artículo 99', 'artículo 99', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 18', 'artículo 15', 'artículo 7']

Extinción de dominio: vocación por violar la Constitución | Llamamiento Argentino Judío Extinción de dominio: vocación por violar la Constitución – Llamamiento Argentino Judío
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Posted on 22/01/2019 by admin	No hay comentarios ↓
Fuente: Graciana Peñafort | El Destape Web
Fecha: 22 de ENE 2019
Es tempranísimo en la mañana. Me levanto y busco el anunciado decreto de Extinción de Dominio en el Boletín Oficial. Y pienso al verlo publicado «Bueno, al menos lo publicaron. Tanto a favor del gobierno» Porque hay que señalar que este gobierno de supuestos institucionalistas se ha caracterizado por ser lo menos institucionalista del mundo. El Boletín Oficial a veces no ha salido publicado. Otras veces,salió publicado a cualquier hora. E incluso han omitido publicar normas, hasta que algún reclamo se los hizo recordar. El gobierno de Macri ha sido un periodo oscuro para la publicidad de los actos de gobierno. Y para la sana tradición republicana de publicar las normas en el Boletín Oficial, cosa que se hace desde el 1 de junio de 1893. A veces incluso parece que hubiéramos regresado al periodo pre constituyente, donde las normas se publicaban en la Gazeta de Buenos Aires. Diario que no existe más, pero existen Clarín y La Nación.
….Y advertencia a abogados desprevenidos y a personas que aprobaron educación cívica: el nivel de mamarracho de ese decreto se ha visto pocas veces. No es que les parezca a ustedes que están leyendo un disparate jurídico, es un disparate jurídico, lo mires por donde lo mires. Así que no se asusten: «No sos vos, son ellos».
Empecemos a analizarlo. El titulo del DNU 62/19 es «RÉGIMEN PROCESAL DE LA ACCIÓN CIVIL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO». Ahora bien, es tan poco civil el tema que los primeros considerandos del decreto dicen:
«Que la corrupción y los delitos contra la Administración Pública, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás delitos graves afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas para el Estado, en todas sus dimensiones, que, en definitiva, resultan en mayores costos para los ciudadanos.
Que la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, aprobada por la Ley N° 24.759, establece que de acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados pertinentes u otros acuerdos que puedan estar en vigencia entre ellos, los Estados Partes se prestarán mutuamente la más amplia asistencia posible en la identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de los delitos tipificados de conformidad con la citada Convención, de los bienes utilizados en dicha comisión o del producto de dichos bienes.»
«Artículo 99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:…inc. 3º) Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia.»
Sigo leyendo y leo esta payasada, porque argumento no es «Que la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN el 23 de junio de 2016 dio media sanción a un proyecto de Ley de Extinción de Dominio, en base al consenso arribado entre bloques de diversos orígenes partidarios. Una vez girado al HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN, fue tratado en el recinto el 22 de agosto de 2018, a poco más de tres meses de caducidad del proyecto, introduciendo modificaciones estructurales a la media sanción de Diputados.
Que, en vista de las razones aquí expuestas, y en atención al período de receso legislativo, se verifican las circunstancias de carácter excepcional a las que hace referencia el inciso 3 del artículo 99 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, que hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes.»
Y antes de empezar a escupir espuma por la boca, porque allá lejos y hace tiempo enseñé derecho constitucional y este decreto me subleva, me acuerdo de un fallo de la Corte Suprema. El caso «Verrocchi», donde la Corte dijo clarito » Por tanto, para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes.» El mismo considerando de ese fallo concluye diciendo con claridad meridiana que «…en este sentido, corresponde descartar criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.»
Necesito que alguno de mis amigos macristas me haga la caridad de llevarle ese párrafo a Macri. Sino me veré obligada a hacerlo personalmente, al grito de «burro» y con el pelo alborotado. Un espectáculo poco agradable y menos cordial, digamos.
No sé cómo explicarles que aún no llegamos a la parte dispositiva y ya hay dos inconstitucionalidades groseras en el decreto. Así que antes de convulsionar, empiezo a leer la parte dispositiva. Esto es la norma en sí misma. Y señalo que como decía mi abuelita: «lo que empieza mal, termina mal». Y mi abuelita no era abogada, pero en esto tenía razón.
Veamos, dice el articulo 5 del procedimiento pergeñado por el macrismo: «ARTÍCULO 5°.- Bienes incluidos. Estarán sujetos al presente régimen aquellos bienes incorporados al patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado que, por no corresponder razonablemente a los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representar un incremento patrimonial injustificado, permitan considerar que provienen directa o indirectamente de uno de los delitos enunciados en el artículo siguiente.»
Grito de «Alto». A ver si nos entendemos: a alguien que está acusado de delito e incluso si no está acusado también (maravilloso el art. 4 que establece que se «… podrá demandar a cualquier persona, humana o jurídica, que ostente la tenencia, posesión, titularidad o cualquier otro derecho sobre un bien objeto de la acción de extinción de dominio, se encuentre o no imputada en la investigación penal.»)
Está en nuestro texto constitucional, en el artículo 18 que establece clarito que «Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa»
Hay que recordar que cuando hay condena firme, el propio Código Penal establece que la persona condenada pierde los bienes adquiridos con el delito o utilizados para tal fin. Está en el Libro I, Capítulo II que se llama «De las Penas» y dice el art. 23, primer párrafo: «En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.»
Verán entonces que el Código Penal establece ya la pena de decomiso, exigiendo para ser operativa, que exista condena. Este decreto mamarracho no la exige. Incluso más, el propio Código Penal establece que pasa cuando no se va a poder juzgar al imputado, por ejemplo si el acusado se fugó «…serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal,cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes. «
Además corresponde señalar que el engendro de Decreto viola la Constitución en su art. 17, que no es de mis favoritos, pero existe y dice clarito » La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. »
Imaginemos una sentencia basada en este decreto. Esa sentencia diría algo así: » 1º Declárese extinguido el domino de Juan Acusado, sobre el bien inmueble cito en Av. Zaraza, Nº 666, Ciudad (poco) Autónoma de Bs As por haberse determinado que el mismo resulta fruto del presunto delito de Cohecho» «2º. Dispóngase que en caso de sobreseimiento de Juan Acusado, el Estado Nacional dispondrá la indemnización por el valor de dicho bien, mas accesorios con los recursos provenientes del fondo previsto en el artículo 15 del Decreto 62/2019.»
Sería una sentencia ridícula. Inconstitucional. Para expropiar algo por razones de utilidad pública se exige la constitución exige una ley. En el caso del decreto 62/2019 caso, que también apela al concepto de «utilidad pública» ni siquiera se exige una condena.
Pero como no les alcanzo con todas las inconstitucionalidades que ya escribieron, los macristas también decidieron violar el principio de irretroactividad de la ley. Dispusieron en el art. 21 del decreto que «La PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberá realizar un relevamiento exhaustivo de las causas penales en trámite a los efectos del artículo 7° del presente, dentro de los SESENTA (60) días contados a partir de su entrada en vigencia.» Es decir que la aplicaran a la norma incluso a causa ya iniciadas (y sospecho que la norma ha sido pensada para aplicarse precisamente a causas ya iniciadas.) No me hace reír ni siquiera que la causa Correo Argentino quede alcanzada por esta norma. Porque el decreto es inconstitucional para Franco Macri y para los hijos de Mauricio Macri también.
Hace muchos años uno de los mejores, sino el mejor juez de la Corte Suprema que tuvo este país desde el regreso de la Democracia, el Dr. Enrique Petracchi, escribió un magistral voto en minoría en el caso «Ricardo Francisco Molinas v. Nación Argentina”. Los grandes juristas hacen lo que hizo Petracchi, escriben razones y argumentos que trascienden los tiempos y los casos. Escribió Enrique Petrachi «… en épocas del Imperio Romano: Numerius —Gobernador de Narbonensis— se hallaba sometido a juicio criminal, y había asumido su propia defensa negando su culpabilidad y la falta de prueba en su contra. Delphidius, su adversario, previendo el rechazo de la acusación se dirigió a Juliano: “¡Oh! Ilustre César —le dijo— si es suficiente con negar, qué ocurrirá con los culpables”; a lo que Juliano respondió: “Y si fuese suficiente con acusar, qué le sobrevendría a los inocentes”. (Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum. L.XVIII, C.l). Tan venerable y remoto legado no puede ser desconocido sino a riesgo de negar la propia dignidad humana, y la Constitución Nacional, pues, según reza ésta, “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo” (art.18 de la Constitución Nacional). Ello significa que todo habitante debe ser considerado y tratado como inocente de los delitos que se le reprochan, hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme”.
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