Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/1997/Secuador1-97.html
Timestamp: 2018-02-24 21:43:22
Document Index: 220049468

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 44', 'artículo 1']

INFORME No. 1/97 CASO 10.258 MANUEL GARCÍA FRANCO ECUADOR 18 de febrero de 1998
2. Los peticionarios sostienen, por ende, que la República de Ecuador (en adelante el "Estado" o "Ecuador") es responsable por omisión de respetar y garantizar los derechos y libertades protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme al artículo 1.1 de la Convención. Sostienen que agentes estatales secuestraron y detuvieron a Manuel García en forma ilegal y arbitraria, en violación del artículo 7; 1 lo torturaron, en violación del artículo 5; lo privaron de acceso al habeas corpus y a la protección judicial, en violación de los artículos 7.6 y 25; le provocaron la muerte, en violación del artículo 4, y que la omisión del Estado de investigar o tramitar las denuncias de los familiares del señor García Franco supone para ellos denegación de justicia en violación de los artículos 8 y 25.
58. En vista del hecho de que Manuel García fue secuestrado ilegalmente sin que existiera orden judicial alguna, por agentes estatales que carecían de autoridad legal para tomar esas medidas, y que fue mantenido incomunicado en un lugar clandestino, puede presumirse que el Sr. García estaba impedido de ejercer su derecho a ser presentado ante un juez y a la protección del habeas corpus, en violación del artículo 7. 5 y 6. La detención en situación de incomunicación representa la situación de una persona en custodia a la que se aisla de toda comunicación con el mundo exterior. Los responsables de la detención deben tener, por ende, control exclusivo del detenido. "La situación (de detención en incomunicación) crea una atmósfera que favorece otras prácticas ilegales, especialmente la tortura; si quienes controlan la situación no hacen aparecer al prisionero con gran premura pueden usar métodos brutales impunemente, con fines de interrogación o intimidación". La ley ecuatoriana prevé la detención en incomunicación sólo por orden judicial. Su aplicación al caso de autos, en que no existió orden judicial, contravino, por lo tanto, lo dispuesto por la legislación interna, y por ende configura una violación más del artículo 7.2.
El derecho a un tratamiento humano y estar libre de tortura previsto en el artículo 5
59. El artículo 5.1 de la Convención Americana garantiza el derecho de toda persona "a que se respete su integridad física, psíquica y moral". El artículo 5.2 establece: "Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". La tortura puede ser concebida, más específicamente, como "todo acto en virtud del cual un funcionario oficial inflija o instigue a infligir intencionalmente a una persona dolor o sufrimiento grave, físico o mental, con fines tales como obtener...información o una confesión" o con fines de castigo o intimidación. 2
63. Sobre el Estado necesariamente recae cierta responsabilidad por cualquier persona que haya sido detenida por sus agentes. Así ocurre especialmente cuando una persona ha sido detenida ilegal y arbitrariamente por agentes estatales y cuando hay indicios prima facie de que la persona pueda haber sido torturada mientras estaba bajo su control. En consecuencia, la carga de la prueba recae sobre el Estado, ya que los medios de investigar y todas las pruebas disponibles deben haber estado a disposición de las autoridades. 3
69. El Estado de Ecuador no ha presentado prueba alguna de que se haya realizado una investigación referente a los hechos del 9 de abril de 1988, ni sobre la ulterior desaparición de Manuel García. En consecuencia, el Estado no ha asumido la carga de la prueba que le correspondía. Por lo tanto, considerando: 1) el hecho de que la última noticia que se tiene del Sr. García era que estaba en custodia de agentes estatales; 2) que el Estado reconoce que el Sr. García sigue estando desaparecido; 3) que una "desaparición" no sólo constituye una privación arbitraria de la libertad sino también un grave peligro para la integridad y la seguridad personal e inclusive para la vida de la víctima", y 4) que han pasado más de ocho años desde la última vez que se vio u oyó del Sr. García, cabe presumir que Manuel García efectivamente fue privado de su derecho a la vida arbitraria e ilegalmente por agentes del Estado ecuatoriano. 4
73. El Estado de Ecuador está en omisión de su obligación de brindar un recurso legal sencillo, rápido y efectivo a la familia García, de modo que ésta pueda conocer toda la verdad sobre lo que le sucedió a Manuel, incluidas las circunstancias de su tortura y muerte. Ese deber emana de la obligación del Estado, conforme al artículo 1.1, de "usar todos los medios a su disposición para realizar una investigación seria de las violaciones de derechos cometidas dentro de su jurisdicción (para) identificar a los responsables". (Caso Velásquez Rodríguez, supra, párrafo 166). Los familiares tienen derecho a información sobre lo que sucedió a su pariente. El expediente de este caso no muestra ningún esfuerzo significativo para investigar el hecho de que no se tiene noticia del paradero de Manuel García tras su detención a manos de agentes estatales. 5
75. Además, la Comisión ha establecido que las víctimas y sus parientes tienen derecho a una investigación judicial a cargo de un tribunal penal, para identificar a quienes hayan perpetrado violaciones de derechos humanos y para sancionarlos en consecuencia. Aunque en el caso 326-88 el Fiscal emitió una acusación contra el Capitán Fausto López, en mayo de 1992, por haber detenido ilegal y arbitrariamente al Sr. García, el caso nunca fue a juicio. Nada en el expediente indica que los otros agentes estatales involucrados, todos los cuales debieron haber sido identificados, fueran investigados en ningún momento. Si bien ningún peticionario tiene derecho a que se procese a determinada persona, el Estado está obligado a investigar supuestas violaciones de derechos humanos y a someter a los implicados a un procesamiento y castigo adecuados. Como ha señalado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: "Este derecho se aplica a fortiori en casos en que los perpetradores....han sido identificados". 6
76. El Sr. García fue desaparecido forzadamente por agentes estatales, lo que constituye una violación múltiple y continua de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El objetivo de quienes perpetran una desaparición es operar al margen de la ley, para ocultar toda prueba de sus delitos y eludir toda sanción. Cuando se realiza una desaparición se eluden los medios de protección básicos establecidos por la ley y se deja indefensa a la víctima. Para ésta, la consecuencia de la desaparición forzada es, en esencia, que se le priva de todos los derechos esenciales que --conforme a derecho-- se reputan inherentes al mero hecho de que es un ser humano. En ese sentido, el acto de desaparición forzada viola el derecho de la persona, conforme al artículo 3 de la Convención Americana, "al reconocimiento de su personalidad jurídica". 7
77. El artículo 1.1 de la Convención Americana impone a los Estados Partes la obligación fundamental de respetar todos los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. "Todo menoscabo de esos derechos que puedan atribuirse, en el marco del Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública constituye un acto imputable al Estado, que asume responsabilidad en los términos previstos en la Convención". (Caso Velásquez Rodríguez, supra, párrafo 164; Caso Godínez Cruz, párrafo 173). 8
80. En el sistema interamericano, las violaciones interrelacionadas que configuran una desaparición han sido objeto de una condena especial. La práctica de la desaparición ha sido condenada por la Asamblea General de la OEA como "una afrenta a la conciencia del Hemisferio y un crimen contra la humanidad". La Corte Interamericana ha subrayado:
(Caso Velásquez Rodríguez, supra, párrafo 158). La responsabilidad del Estado en el caso de una desaparición continúa hasta que se ha determinado la suerte de la víctima y se han localizado y entregado a su familia los restos, se han identificado y procesado a los perpetradores y se ha indemnizado a la familia. 9
1 (Informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, OEA/Ser.L/V/II.53, doc. 6, 1 de julio de 1981, págs. 41-42.
2 Véase, p.ej., Declaración sobre la Protección de Todas las Personas frente a Torturas u Otro Trato o Castigo Cruel, Inhumano o Degradante", GA Res. 3452 (XXX), 9 de diciembre de 1975. Se debe notar que el artículo 44 de la Constitución de Ecuador establece que el Estado garantiza a toda persona que se encuentre en su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos civiles, políticos y otros derechos establecidos en "las declaraciones, acuerdos, convenciones y otros instrumentos internacionales en vigencia". (Se agrega el subrayado). Ecuador suscribió la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 30 de mayo de 1986, pero aun no ha depositado el instrumento de ratificación.
3 Véase, en general, CEDH, Ribitsch versus Austria, Ser. A No. 336, 4 de diciembre de 1995, párrafos 31-40 (en que se afirma que el Estado es responsable de toda persona en detención que esté en poder de sus agentes, y por lo tanto que sobre él recae la carga de presentar pruebas que pongan en duda las afirmaciones de malos tratos presentadas por un detenido que haya sido lesionado estando en custodia).
4 CIDH, Diez Años de Actividades, 317 (1982).
5 (Véase, p.ej., Informe anual de la CIDH 1985-86, OEA/Ser.L/V/II.68, doc. 8 rev. 1, pág. 193, 26 de septiembre de 1986).
6 Véase, en general, Informes Números 28/92 (Argentina) y 29/92 (Uruguay), Informe Anual de la CIDH 1992-93, OEA/Ser.L/II.83, Doc. 14, corr. 1, 12 de marzo de 1993, págs. 35, 154.
7 UNHRComm, Comunicación No. 563/1993, Decisión del 27 de octubre de 1995, párrafo 8.6.
8 Véase, artículo 1.2, Declaración sobre la Protección de Todas las Personas frente a la Desaparición Forzada, en que se caracteriza a esta última como una situación en que se coloca a la víctima:
9 Resoluciones AG/RES. 443 (IX-0/79); AG/RES. 510 (X-0/80); AG/RES. 543 (XI-0/81); AG/RES. 618 (XII-0/82); AG/RES. 666 (XIII-0/83); AG/RES. 742 (XIV-0/84) y AG/RES. 890 (XVII-0/87).