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Timestamp: 2019-06-25 02:28:06
Document Index: 218905121

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 87', 'artículo 3', 'artículo 83', 'artículo 83', 'Artículo 87', 'artículo 83', 'artículo 179', 'artículo 44', 'artículo 179', 'artículo 202', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 83', 'Artículo 3', 'Artículo 87', 'in fine']

ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 1.295/18
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores MIRYAM PEÑA CANDIA, GLADYS BAREIRO DE MÓDICA y ANTONIO FRETES, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “UNIVERSIDAD DEL CONO SUR DE LAS AMÉRICAS (UCSA) C/ EL ART. 3° DE LA LEY N° 5061/13”, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el abogado Afilio Gómez Grassi, en nombre y representación de la Universidad del Cono Sur de las Américas” (UCSA).
A la cuestión planteada la Doctora BAREIRO DE MÓDICA dijo: El Abogado Atilio Gómez Grassi, en nombre y representación de la “Universidad del Cono Sur de las Américas” (U.C.S.A.), según testimonio de Poder General que acompaña, promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 3 de la Ley N° 5061/13 “Que modifica disposiciones de la Ley N° 125 del 9 de enero de 1992- Que establece el nuevo régimen tributario- y dispone otras medidas de carácter tributario” en la parte que dispone:
Artículo 3°.- Modifícame los Artículos 83, 85, 87, 88 y 91 del Libro III, Título 1 “Impuesto al Valor Agregado” de la Ley N° 125 del 9 de enero de 1992 “Que Establece el Nuevo Régimen Tributario”, modificado por la Ley N° 2421/04, los cuales quedan redactados como sigue:
“Art. 83.- Exoneraciones. Se exoneran
5) Las enajenaciones e importaciones realizadas a favor de entidades educativas de enseñanza inicial y preescolar, escolar básica, media, técnica, terciaria y universitaria, reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o por Ley, consistentes en:
a) Equipos e insumos para laboratorios.
b) Utiles, muebles y equipamientos para aulas, bibliotecas o salones auditorios.
c) Equipos de informática, fotocopiadoras y de telecomunicaciones.
Para acceder a este beneficio, las entidades educativas deberán presentar al Ministerio de Hacienda un informe pormenorizado de los bienes a ser adquiridos y la unidad responsable expedirá la correspondiente resolución de liberación del Impuesto al Valor Agregado, para su presentación a la Dirección Nacional de Aduanas o al enajenante del bien. El cumplimiento de estos requisitos será de exclusiva responsabilidad de la entidad educativa y su inobservancia no dará lugar al beneficio impositivo previsto.
Los contribuyentes, que enajenen bienes o presten servicios a las entidades educativas beneficiadas con esta exoneración, deberán proceder conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 87 de la presente Ley.”
Sostiene el accionante que la nueva redacción del Art. 83 de la Ley N° 125/91 omite abruptamente una serie de servicias contratados que se encuentran intrínsecamente ligados al funcionamiento mismo de las entidades educativas y que son inherentes a las enajenaciones e importaciones exoneradas de manera restrictiva por la disposición legal impugnada, a modo de ejemplo la contratación local de servicios de mantenimiento de las instalaciones (referente a equipos e insumos para laboratorios, el mantenimiento de las construcciones, etc.), de mantenimiento de equipos (equipos de informática, fotocopiadoras y de telecomunicaciones) y el costo de los servicios indispensables para los cuales son adquiridos dichos equipos (costo del servicio de internet, telefonía fija, móvil, etc.).
Alega que por el Art. 83 de la Constitución Nacional las actividades que posean valor significativo para la difusión cultural y para la educación no se gravarán con impuestos fiscales ni municipales, con lo cual concluye que la norma impugnada limita la “inmunidad tributaria” reconocida a las Universidades por nuestra Constitución Nacional.
Así las cosas, cabe traer a colación en primer lugar lo dispuesto en el Art. 83 de la Constitución Nacional: “Los objetos, las publicaciones y las actividades que posean valor significativo para la difusión cultural y para la educación, no se gravarán con impuestos fiscales ni municipales. La ley reglamentará estas exoneraciones y establecerá un régimen de estímulo para la introducción e incorporación al país de los elementos necesarios para el ejercicio de las artes y de la investigación científica y tecnológica, así como para su difusión en el país y en el extranjero”. (Negritas y Subrayados son mías)
Como podemos ver, la Constitución Nacional prevé el otorgamiento de beneficios fiscales (exoneración) para los objetos, publicaciones y actividades con valor significativo para la difusión cultural y para la educación, y delega expresamente al legislador la reglamentación de dichos beneficios. La norma determina claramente que son “los objetos, las publicaciones y las actividades” que posean valor significativo para la difusión cultural y educativa las que estarán exoneradas del pago de impuestos fiscales y municipales, y no las entidades que las realizan.
En ese sentido, con la Ley N° 5061/13 se toma en consideración el tipo de actividad que realiza el contribuyente como elemento determinante para el otorgamiento de las exoneraciones, prescindiendo incluso del tipo de entidad que las ejecuta, contrariamente a lo previsto en la Ley N° 2421/04.
En el caso de la adquisición de bienes y servicios por parte de las Entidades Educativas e incluso en la donación de bienes, la exoneración está condicionada a que refiera a los bienes con “valor significativo” para la difusión de la educación y la cultura, los cuales la Ley considera que son: equipos e insumos para laboratorios; útiles, muebles y equipamientos para aulas, bibliotecas o salones auditorios, equipos de informática, fotocopiadoras y de telecomunicaciones.
La entidad recurrente sostiene que la enumeración del numeral 5) del Art. 83 de la Ley N° 125/91 (actualizado por Ley N° 5061/13) omite los servicios que son inherentes al funcionamiento de las entidades educativas como ser: contratación local de servicios de mantenimiento de las instalaciones, mantenimiento de equipos (equipos de informática, fotocopiadoras y telecomunicaciones), costo de servicios indispensables para dichos equipos (internet, telefonía fija y móvil) etc., por lo cual consideran que existe una limitación a la “inmunidad tributaria” reconocida a favor de las Universidades.
Sin embargo, resulta evidente que dichas actividades no poseen valor significativo para la educación, razón por la cual el legislador correctamente las excluyó de la exoneración y considero que dicha situación no puede ser tachada de inconstitucional pues se ajusta estrictamente a lo dispuesto en el Art. 83 de la Constitución Nacional. La Ley N° 5061/13 otorga expresamente la exoneración de impuestos a los servicios prestados por las entidades educativas, así como por las enajenaciones e importaciones realizadas a favor de las mismas, dando cumplimiento al mandato constitucional.
En consecuencia, y por lo expuesto en los párrafos anteriores, opino que la presente acción no puede prosperar. Es mi voto.
A su turno el Doctor FRETES dijo: El Abog. Afilio Gómez Grassi, en representación de la Universidad del Cono Sur de las Américas (U.C.S.A.), bajo patrocinio de la Abog. Emyly Stefania Storm Morán, promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 3 de la Ley N° 5061/13 “Que modifica disposiciones de la Ley N° 125 del 9 de enero de 1992 - Que establece el nuevo régimen tributario - y dispone otras medidas de carácter tributario, en especial la introducción al artículo 83 num. 5) de la Ley de la Ley N° 125/91, por entenderlos como contrarios a lo dispuesto por el artículo 83 de la Constitución.
Expone el accionante que la entidad a la que representa fue creada por Ley N° 955 del año 1996. Agrega que la Universidad del Cono Sur de las Américas como persona jurídica, adecúa su funcionamiento a las normas de la Constitución, la Ley General de Educación Superior y la Ley De Universidades, además de sus Estatutos Sociales. Manifiesta que la nueva redacción del Art. 83 de la Ley 125/91, omite abruptamente, una serie de servicios contratados que se encuentran intrínsecamente ligados al funcionamiento de las entidades educativas y que son inherentes a las enajenaciones e importaciones exoneradas, situación que limita la inmunidad tributaria reconocida por la Constitución a favor de las instituciones de educación superior, en cuanto establece en su Art. 83 que: “Los objetos, las publicaciones y las actividades que posean valor significativo para la difusión cultural y para la educación no se gravarán con impuestos fiscales ni municipales”.
Así tenemos que la disposición atacada, el art. 83, numeral 5, dice:
“Exoneraciones. Se exoneran:
Los contribuyentes, que enajenen bienes o presten servicios a las entidades educativas beneficiadas con esta exoneración, deberán proceder conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 87 de la presente Ley”.
En cuanto a las alegaciones del accionante en contra de la disposición señalada, cabe realizar cierta distinción; aparentemente y acorde a la lectura integral del artículo 83, parecería indicar que la disposición transcripta resultaría contraria a disposiciones constitucionales. Para constatar la veracidad de esta situación y como corresponde en todo control de constitucionalidad de las normas, debe atenderse al mismo tiempo lo que establece la Constitución al respecto, ya que eventualmente podría presentarse, como en cualquier caso, una decantación de atribuciones por parte de aquella en lo que haga a la planificación de las hipótesis legales con sus respectivos efectos jurídicos, o propiamente dicho, si estamos en presencia de una Reserva de Ley.
Miguel Carbonell, en su libro “Sobre la reserva de ley y su problemática actual”. Vinculo Jurídico. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. N° 42, 2000, pag. 33 encuadra este principio de la siguiente manera: “La reserva de ley. puede entenderse como la remisión que hace normalmente la Constitución y de forma excepcional la ley, para que sea una ley y no otra norma jurídica la que regule determinada materia. En otras palabras, se está frente a una reserva de ley cuando, por voluntad del constituyente o por decisión del legislador, tiene que ser una ley en sentido formal la que regule un sector concreto del ordenamiento jurídico”, así, para poner al congreso a trabajar, la Constitución dibuja un sistema de materias reservadas a la ley. Como cuando esta prescribe en su artículo 179, párrafo segundo que “Es también privativo de la ley determinar la materia imponible, los sujetos obligados y el carácter del sistema tributario”.
Para iniciar la subsunción de la garantía en el marco impositivo cabe resaltar su reconocimiento por parte de la propia Constitución, lo que le da el blindaje normativo que toma tan indiscutible como obligatoria su aplicación. Así en su artículo 44, aquella expresa tajantemente: “Nadie estará obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos por la ley. No se exigirán fianzas excesivas ni se impondrán multas desmedidas”. Seguidamente y en forma todavía más específica, se señala en el artículo 179: “Todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por la ley, respondiendo a principios económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional. Es también privativo de la ley determinar la materia imponible, los sujetos obligados y el carácter del sistema tributario”. Esto, en concordancia con lo prescripto por el artículo 202 que dispone: “Son deberes y atribuciones del Congreso: ...4) Legislar sobre materia tributaria” cierra el círculo de validación normativa del principio con su consiguiente y consecuente incorporación a ordenamiento positivo nacional.
En atención a lo dispuesto tanto por el texto constitucional como por la doctrina, es perfectamente dable entender que si la Ley establece algún tipo de restricciones a la garantía constitucional prevista en el artículo 83 es porque el mismo autoriza esa remisión al texto legal, de hecho en la disposición constitucional se lee expresamente que “...la ley reglamentará estas exoneraciones”, no siendo esto otra cosa que un ejemplo perfecto de la aplicación del Principio de Reserva de Ley al que se hiciera referencia en líneas anteriores. En líneas generales, el texto constitucional prevé un régimen de incentivos de distinta naturaleza a fin de estimular la difusión cultural, mas delega la limitación de las cuestiones impositivas al marco legal, el cual tiene por derivación suficiente autoridad y legitimidad al momento de disponer las condicionantes al campo de acción de las inmunidades impositivas que ordena la Ley Fundamental. En base a esto no puede hablarse de una extralimitación de la ley ni mucho menos de una conculcación a principios y garantías constitucionales ya que, como se explica, la ley hace lo que hace porque la Constitución se lo permite en forma expresa. Así, cuando la disposición tributaria hace una limitación a las exoneraciones en la importación y en la compra local de bienes y servicios, lo hace en aplicación de las atribuciones que le otorga la Constitución, quedando las restantes operaciones inmunes a la obligación tributaria.
En conclusión, respecto a la impugnación del artículo 83, numeral 5), de la Ley N° 125/91 modificada por la Ley N° 5061/13, surge en evidencia que, al contrastarlo con la disposición constitucional contenida en el artículo 83 referente a la difusión cultural y de la exoneración de los impuestos, no existe contradicción sino delimitación de lo que guarde relación con beneficios impositivos para tal actividad, siendo ello a su vez consecuencia de lo expresado por la propia Constitución al momento de la delegación a un ordenamiento de menor jerarquía (ley) de cuanto se considere adecuado en tal sentido, siempre en términos imponibles. En base a esto, las argumentaciones del accionante apuntadas a la declaración de inconstitucionalidad del artículo en cuestión resultan claramente erróneas, lo que decide la suerte de las mismas en la presente acción.
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las consideraciones realizadas, a las disposiciones constitucionales, legales y doctrinales citadas, y visto el parecer del Ministerio Público, considero que la presente acción no puede prosperar correspondiendo su rechazo. ES MI VOTO.
A su turno la Doctora PEÑA CANDIA dijo: Adhiero a los votos que preceden, en cuanto rechazan la acción de inconstitucionalidad respecto del Art. 3° de la Ley N°5061/2013, por los mismos fundamentos y amplio conforme lo expongo seguidamente.
Estima el accionante que su mandante, la Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA), se agravia de la Ley N° 5061/2013 - en su Art. 3° numeral 5) - porque ella excluye toda exoneración impositiva al omitir contemplar taxativamente una serie de servicios contratados que se encuentran intrínsecamente ligados al funcionamiento de las entidades educativas y que son inherentes las enajenaciones e importaciones exoneradas, situación que limita la inmunidad tributaria reconocida por la Constitución a favor de las instituciones de educación superior, en cuanto establece en su Art. 83 que: “Los objetos, las publicaciones y las actividades que posean valor significativo para la difusión cultural y para la elaboración no se gravarán con impuestos fiscales ni municipales...".
En atención a las alegaciones y pretensiones del accionante con relación a la impugnación del citado Art. 3° numeral 5) de la Ley N° 5061/2013 “QUE MODIFICA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 125 DEL 9 DE ENERO DE 1992 “QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO” Y DISPONE OTRAS MEDIDAS DE CARACTER TRIBUTARIO”, en primer lugar, debemos estudiar la cuestión con miras a los Principios Constitucionales de la Tributación.
Al respecto, y de previo al estudio de fondo de la cuestión particular, tenemos que las principales normas constitucionales que delimitan la potestad tributaria del Estado son las contenidas en los Arts. 44, 179, 180 y 181, que establecen respectivamente: Art. 44 “Nadie estará obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos por la ley. No se exigirán fianzas excesivas ni se impondrán multas desmedidas”; Art. 179 “Todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por la ley, respondiendo a principios económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional. Es también privativo de la ley determinar la materia imponible, los sujetos obligados y el carácter del sistema tributario". Art. 180 “No podrá ser objeto de doble imposición el mismo hecho generador de la obligación tributaria. En las relaciones internacionales, el Estado podrá celebrar convenios que eviten la doble imposición, sobre la base de la reciprocidad”; y el Art. 181 “La igualdad es la base del tributo. Ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio. Su creación y su vigencia atenderán a la capacidad contributiva de los habitantes y a las condiciones generales de la economía del país” (lo subrayado es mío).
El deber de contribuir -dispuesto por las normas constitucionales arriba transcriptas- está dirigido al objetivo de proporcionar ingresos económico-financieros al Estado, y se fundamenta en la constitucionalización de ese deber. Es así que el deber de los habitantes de la República de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos no es más que el deber de sujeción a las leyes y al ordenamiento jurídico. Los tributos, por tanto, derivan de un vínculo obligacional de Derecho Público. Al decir de García Afioveros “Cuando se establece el deber de contribuir en una Constitución se está estableciendo unas limitaciones al ejercicio del poder tributario del Estado. Limitaciones que tienen su base en la idea de capacidad contributiva"*1.
En consecuencia, la regla es que todos los habitantes contribuyan al Fisco sobre la base de la igualdad (Art. 181 C.N.); por lo que la exoneración es siempre una excepción a la regla y responde a diferentes razones, ya sea a mecanismos para garantizar la igualdad de las personas al exonerar del tributo a aquellas que no posean capacidad económica, o bien a políticas de Estado de diversa índole. El deber de contribuir es configurado, en lo tocante a la materia imponible, a los sujetos obligados y al carácter del sistema tributario, por medio de la ley ordinaria, de acuerdo a la capacidad contributiva y dentro de los límites constitucionales de un sistema tributario justo (Arts. 44 y 179 C.N.). El Principio de Legalidad es, pues, el eje cardinal y el soporte de todo el sistema tributario, al
*1 GARCIA AÑOVEROS, J. “Una nueva Ley General Tributaria. Problemas Constitucionales”. P. 220.
determinar el sujeto acreedor, los sujetos obligados o deudores, el hecho imponible y el objeto de la obligación tributaria. De allí que, en materia tributaria, la Constitución Nacional establece los principios rectores estáticos del sistema tributario, pero deja reservada a la ley, que es dinámica y eminentemente modificable, la regulación del mismo.
Constituye un ejemplo de ello el Art. 64 de la Ley Suprema, que estatuye: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo...” (lo subrayado es mío).
Ahora bien, cuando en el sistema tributario se desea establecer una exoneración de determinados tributos a favor de una actividad o persona, para su fomento y desarrollo, la norma constitucional deja este mecanismo reservado a la ley. Cabe en este punto recalcar que las leyes tributarias son modificables conforme la política económica-financiera que se persiga.
Una manifestación del principio de reserva de ley con relación a las exoneraciones, lo encontramos en el Art. 84 de la Carta Magna, que dispone: “El Estado promoverá los deportes, en especial los de carácter no profesional, que estimulen la educación física, brindando apoyo económico y exenciones impositivas a establecerse en la ley. Igualmente, estimulará la participación nacional en competencias internacionales ” (lo subrayado es mío).
Ahora bien, profundizando en lo relativo a las exoneraciones tributarias, los beneficios en materia tributaria constituyen aquellos tratamientos normativos mediante los cuales el Estado otorga una disminución, ya sea total o parcial, del monto de la obligación tributaria, o la postergación de la exigibilidad de dicha obligación.
Con respecto al fondo de la cuestión particular debatida en la presente acción -exoneración del pago del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en las enajenaciones de bien y prestación de servicios a favor de las entidades educativas-, ella debe ser estudiada a la luz de lo dispuesto por el Art. 83 de la Constitución Nacional, que prescribe: “Los objetos, las publicaciones y las actividades que posean valor significativo para la difusión cultural y para la educación, no se gravarán con impuestos fiscales ni municipales. La ley reglamentará estas exoneraciones y establecerá un régimen de estímulo para introducción e incorporación al país de los elementos necesarios para el ejercicio de las artes y de la investigación científica y tecnológica, así como para su difusión en el país y en el extranjero.".
En términos claros y concisos, lo que pretende el accionante es que su mandante -en su carácter de entidad educativa- se vea beneficiada por la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) al realizar actividades económicas, concretamente aquellas enunciadas en la Ley N° 125/1991 como actividades comerciales, industriales y de servicios, y en la Ley N° 1034/1983 “Del Comerciante" como actos de comercio.
Así, el Art. 3° de la Ley N°5061/2013, que modifica el Art. 83° numeral 5) de la Ley N° 125/91, establece: Artículo 3°.- Modifícame los Artículos 83, 85, 87, 88 y 91 del Libro III, Título 1 “Impuesto al Valor Agregado” de la Ley N° 125 del 9 de enero de 1992 “QUE ESTABLECE EL NUEVO REGIMEN TRIBUTARIO”, modificado por la Ley N° 2421/04, los cuales quedan redactados como sigue:
... 5) Las enajenaciones e importaciones realizadas a favor de entidades educativas de enseñanza inicial y preescolar, escolar básica, media, técnica, terciaria y universitaria, reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o por Ley, consistentes en:
b) útiles, muebles y equipamientos para aulas, bibliotecas o salones auditorios.
El servicio de docencia prestado a estas entidades estará exonerado del Impuesto al Valor Agregado. Los contribuyentes, que enajenen bienes o presten servicios a las entidades educativas beneficiadas con esta exoneración, deberán proceder conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 87 de la presente Ley.”.
Esta norma dispone una exoneración objetiva a favor de entidades educativas de enseñanza inicial y preescolar, escolar básica, media, técnica, terciaria y universitaria, reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o por Ley, siempre que las enajenaciones de bienes o las prestaciones de servicios de que se trate estén destinados únicamente al cumplimiento de los fines para los cuales fueron creadas. No obstante, ello no implica que las operaciones de inversión realizadas por tales entidades estén beneficiadas con las mismas exenciones, puesto que la norma es clara al disponer que no se exonera del tributo al sujeto obligado sino en cuanto realice ciertas actividades en particular.
En este punto vale recordar que las exoneraciones contenidas en la anterior norma (Ley N° 125/1991), han sido consagradas por ley, no existe contradicción sino delimitación constitucional como consecuencia de lo expresado por la propia Constitución al momento de la delegación a un ordenamiento de menor jerarquía (Ley), por lo que cualquier ley posterior puede derogarlas o modificarlas como ha ocurrido con la ley impugnada -que discrimina qué actividades estarán exoneradas y qué otras no-. Ello permite al Estado que las exoneraciones sean sometidas a revisión periódica, si se quiere, para constatar si cumplen sus propósitos, y si siguen siendo necesarias o si se transformaron en simples e injustificados privilegios.
Al no existir contradicción sino delimitación constitucional, entra en aplicación la potestad tributaria del Estado, entendida ésta como “la posibilidad jurídica del Estado, de exigir contribuciones con respecto a personas o bienes que se hallan en su jurisdicción”*2, hallándose aquellas Comprendidas dentro de lo que conocemos como sistema tributario general, en cumplimiento del deber de contribuir que alcanza a todos los miembros de la sociedad (personas físicas y jurídicas).
*2 JARACH, Dino. “Curso de Derecho Tributario”.
Respecto a los alcances de la exención del Impuesto al Valor Agregado, establecido por la Ley N°5061/2013, con relación a las inversiones lucrativas realizadas por la accionante, debemos decir que la duda interpretativa que propone y que pretende despejar por esta vía se plantea a nivel infraconstitucional, sin que pueda inferirse siquiera una posible afectación de normas, principios o garantías de rango constitucional, por lo que no aparece así ser de competencia de esta Sala dilucidar el posible conflicto interpretativo.
No está demás recalcar, que cuando la situación de duda o incertidumbre se plantea a nivel infraconstitucional, en relación a la interpretación de normas ordinarias, son los juzgadores ordinarios los que tienen competencia para ejercer la labor de exégesis y aplicación de una u otra al caso concreto sometido a su decisión. Ello, salvo que involucre algún posible conflicto entre la norma ordinaria y un precepto de rango constitucional, en cuyo caso es competente esta Sala para ejercer el control de constitucionalidad. Se habilita igualmente la competencia de esta Sala cuando la cuestión hermenéutica involucra cláusulas constitucionales, de conformidad con lo que prescribe el Art. 542 in fine del C.P.C. Ninguna de estas situaciones se presenta en este caso.
Asunción, 18 de diciembre de 2018.