Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/666627-orden-eei-425-2020-de-29-may-ca-castilla-y-leon-establece-medidas-extraordinarias.html
Timestamp: 2020-07-05 05:29:30
Document Index: 302311339

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 54', 'artículo 1', 'artículo 35', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 42', 'artículo 22', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 7']

Publicado en BOCL núm. 107 de 01 de Junio de 2020
Artículo 3 Utilización de aula virtual como formación presencial
Artículo 4 Ejecución de la formación
Artículo 5 Certificados de profesionalidad
Artículo 6 Costes
Artículo 8 Seguimiento y control
Artículo 9 Participación en programas formativos
Artículo 10 Liquidación de la subvención
Primera Ampliación del plazo de ejecución de programas y planes formativos
Segunda Formación profesional específica con compromiso de contratación
Tercera Formación desarrollada por empresas de sectores estratégicos
Cuarta Actuaciones de orientación y de acompañamiento a la inserción del Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI)
La enfermedad por el coronavirus COVID-19 supone una emergencia de salud pública de importancia internacional, con diversos grados de extensión y gravedad según los territorios y actividades. La situación generada está haciendo necesario que los gobiernos nacional y autonómicos adopten las medidas que resulten en cada momento y territorio más oportunas y proporcionadas con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos con plena garantía al derecho a la salud de toda la población.
Una de las consecuencias del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha sido la generalización en el sector público y en el sector privado de prácticas y formas de desarrollar sus actividades ordinarias que hasta ahora tenía una aplicación limitada pero que ahora se manifiestan fundamentales para la vuelta a la normalidad con garantías.
Entre estas prácticas se encuentra el trabajo no presencial que se configura como un instrumento de primer orden para poder conjugar las necesarias medidas de aislamiento y contención en la propagación del virus y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad en el ejercicio de numerosas actividades empresariales, económicas y sociales.
Junto al trabajo no presencial, la teleformación es un recurso que bien gestionado permite una formación de calidad en ámbitos como el de la formación profesional para el empleo que se ha visto gravemente afectado durante la crisis sanitaria pues la situación le ha impedido continuar la ejecución de la formación presencial tal y como se regula en la actualidad, lo que afecta a un importante número de acciones formativas financiadas con cargo a este sistema.
Por ello, resulta preciso flexibilizar las condiciones en que se están ejecutando los distintos programas de formación profesional para el empleo con un triple objetivo: Mantener en la medida de lo posible la empleabilidad de los trabajadores de este sector, la mejora de la cualificación de nuestros desempleados, el fortalecimiento de la competitividad de nuestras empresas y todo ello, asegurando la adecuada aplicación de los fondos públicos.
Estas medidas, dadas las especiales características que reúnen las acciones formativas que se imparten en el ámbito de la formación profesional para el empleo, requieren que su vigencia no se circunscriba al ámbito temporal en que está en vigor el estado de alarma en nuestro país, sino que se extienda durante todo el periodo en que estas medidas resulten necesarias a la vista de los condicionantes impuestos por las autoridades sanitarias como consecuencia de esta crisis causada por la enfermedad del COVID-19.
Esta orden consta de 10 artículos, cuatro disposiciones adicionales y una disposición final.
Se incluyen diversas medidas de carácter general que afectan de forma global a la formación profesional para el empleo. Concretamente, tras definir el ámbito de aplicación, se regulan las variaciones de la impartición en modalidad presencial derivadas de la declaración del estado de alarma. También se contempla la formación dirigida a los certificados de profesionalidad, flexibilizando también su impartición en línea con las medidas recogidas en esta orden, pero adecuándolas a los requerimientos establecidos en su normativa específica.
También se establecen medidas específicas en el ámbito de la iniciativa de oferta formativa para trabajadores ocupados posibilitando el incremento del porcentaje de participación de desempleados en los programas de formación.
Por último, el plazo de ejecución de los programas formativos previsto en las convocatorias dictadas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León para financiar iniciativas de formación profesional para el empleo mediante subvenciones, dada la situación actual, hace imposible la ejecución de la actividad formativa y el cumplimiento de dichos plazos, sin menoscabo de la calidad de la misma y de su finalización, lo que situaría a todos los actores que realizan actividad formativa en una delicada situación de cara al futuro. Resulta, pues, necesario ampliar dichos plazos en un horizonte temporal que por las características específicas que reúne la formación financiada mediante subvenciones vaya más allá de la propia vigencia del Estado de alarma y se extienda durante todo el período en que estas medidas resulten necesarias a la vista de los condicionantes impuestos por las autoridades sanitarias como consecuencia de esta crisis causada por la enfermedad del CIVID-19. Es por ello que, de conformidad con lo previsto por el artículo 54.1 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se amplían los plazos correspondientes a las convocatorias que figuran en el artículo 1 de esta orden.
Todo este conjunto de medidas se adopta en el marco competencial de gestión correspondiente a la Comunidad de Castilla y León, oída la Comisión Permanente del Consejo General de Empleo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.2.b) 1 del Decreto 41/2016, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
1. La presente orden tiene por objeto el establecimiento de medidas extraordinarias encaminadas a paliar los efectos del impacto económico y social derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que posibiliten y faciliten la ejecución de la formación de los trabajadores y trabajadoras, optimizando su empleabilidad, y contribuyan a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas.
2. El ámbito de aplicación de esta orden se circunscribe a la Comunidad de Castilla y León y se extiende durante todo el periodo en que estas medidas resulten necesarias a la vista de los condicionantes impuestos por las autoridades sanitarias como consecuencia de esta crisis causada por la enfermedad del COVID-19.
3. Las modificaciones incluidas en esta orden serán de aplicación, en los términos establecidos en la misma, como normativa reguladora de las subvenciones cuyas bases se recogen a continuación y, consecuentemente, a las convocatorias dictadas al amparo de las mismas:
Orden EMP/674/2017, de 27 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI), modificada por Orden EMP/873/2018, de 27 de julio.
Resolución de 8 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI) para el año 2019.
Orden EMP/727/2017, de 24 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de Formación Profesional Específica con compromiso de contratación, modificada por Orden EMP/1066/2017, de 30 de noviembre.
Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones del programa de formación profesional específica con compromiso de contratación para los años 2020-2021.
Resolución de 12 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de programas de formación transversales para trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León para los años 2019 y 2020.
Orden EMP/592/2017, de 11 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas formativos dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la formación para el empleo, la negociación colectiva y la participación institucional en la Comunidad de Castilla y León.
Resolución de 13 de marzo de 2019, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas formativos dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la formación para el empleo, la negociación colectiva y la participación institucional en la Comunidad de Castilla y León para los años 2019 y 2020.
Resolución de 11 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones públicas destinadas a la financiación de la oferta formativa para trabajadores desempleados en la Comunidad de Castilla y León para los años 2019 y 2020.
Podrán acogerse a lo establecido en esta orden las entidades que tuviesen la condición de beneficiarias de las subvenciones indicadas en el artículo anterior en la fecha de entrada en vigor de la presente orden.
1. Con el fin de facilitar la impartición de las acciones formativas en modalidad presencial o la parte presencial de la modalidad de teleformación, la parte presencial que, en su caso, la acción formativa precise se podrá impartir en su totalidad mediante «aula virtual», considerándose ésta, en todo caso, como formación presencial.
2. La impartición de la formación mediante aula virtual se ha de estructurar y organizar de forma que se garantice en todo momento que exista conectividad sincronizada entre la persona formadora y el alumnado participante así como bidireccionalidad en las comunicaciones.
3. Cuando la formación presencial se desarrolle mediante aula virtual, ésta deberá contar con un registro de conexiones generado por la aplicación del aula virtual en que se identifique, para cada acción formativa desarrollada a través de este medio, las personas participantes en el aula, así como sus fechas y tiempos de conexión, así como contar con un mecanismo que posibilite la conexión durante el tiempo de celebración del aula por parte de los órganos de control, a efectos de las actuaciones de seguimiento y control contempladas en el artículo 8.
4. La aplicación que soporte el aula virtual, además de albergar los contenidos y materiales didácticos, así como, las tareas y pruebas de evaluación del aprendizaje, deberá disponer de un tablón de anuncios virtual en el que aparecerá expuesta toda la información dirigida a las personas participantes y, en particular, la referida al contenido del programa formativo, los derechos y obligaciones que les corresponden como participantes en las acciones subvencionadas, la imposibilidad de participar simultáneamente en varias acciones de formación profesional para el empleo del ámbito laboral financiadas por los Servicios Públicos de Empleo, los efectos que su participación en las acciones formativas tendrá sobre su demanda de empleo, la existencia y características del compromiso de inserción asumido por la entidad beneficiaria en relación con los participantes, el carácter gratuito de las actuaciones subvencionadas para los participantes, y la financiación de las actuaciones subvencionadas por la Junta de Castilla y León (Servicio Público de Empleo de Castilla y León) y, en su caso, por otros organismos públicos, o por el Fondo Social Europeo o por otro fondo comunitario o supranacional.
Asimismo, para hacer visible el carácter público de la citada financiación, en el aula virtual se incluirán los identificadores corporativos de la Junta de Castilla y León y del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, así como, en su caso, los de aquellos otros organismos públicos cofinanciadores de las actividades subvencionadas. En el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo o por otro fondo comunitario o supranacional, la entidad beneficiaria deberá incluir los emblemas, leyendas y/o lemas correspondientes, así como, cumplir las demás obligaciones de información y publicidad establecidas en la normativa comunitaria o supranacional aplicable.
1. La impartición de las acciones formativas que se hubieran suspendido, a causa de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, podrá reanudarse cuando así se determine por las autoridades sanitarias y con los condicionamientos y medidas que se prevean para el correcto desarrollo de los programas formativos.
2. Las acciones formativas suspendidas como consecuencia de la instrucción ECYL/5/2020 del Servicio Público de Empleo de Castilla y León con fecha 13 de marzo de 2020, iniciadas con anterioridad cuya modalidad de impartición fuera la modalidad presencial, podrán continuar ejecutándose, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 3 respecto de la utilización de aula virtual.
3. Lo previsto en el apartado anterior será asimismo de aplicación a las acciones formativas no iniciadas pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta orden, que se inicien durante el estado de alarma o una vez finalizado el mismo mientras persista la vigencia de las modificaciones incluidas en esta orden.
4. Mientras persista la vigencia de las modificaciones incluidas en esta orden se podrá cambiar a la modalidad de teleformación la impartición de las acciones formativas no iniciadas pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta orden, que se inicien durante el estado de alarma o una vez finalizado el mismo, cuya modalidad fuera presencial, manteniéndose el coste del módulo de la modalidad inicial de la acción formativa, con la finalidad de tener en cuenta los necesarios costes de adaptación a esta nueva modalidad.
El cambio de modalidad contemplado anteriormente se podrá realizar siempre que dicha modalidad de teleformación figurara en el Catálogo de Especialidades Formativas del SEPE.
Además, la entidad que imparta la formación deberá estar acreditada o inscrita con anterioridad al inicio de la acción formativa, para impartir la formación en la modalidad de teleformación y para la respectiva especialidad.
Si no lo estuviera, la inscripción de la entidad de formación en la modalidad de teleformación se efectuará a través de la presentación de la correspondiente declaración responsable prevista en el artículo 15.4 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. La acreditación o inscripción podrá realizarse con posterioridad a la publicación de la convocatoria de ayudas.
En la formación programada por las empresas lo anterior solo será de aplicación cuando la actividad formativa se refiera a una especialidad incluida en dicho Catálogo de Especialidades Formativas.
5. En todo caso, cuando se cambie de modalidad formativa a teleformación o se pase a realizar la parte de modalidad presencial mediante aula virtual, se deberá garantizar la transmisión de conocimientos y el desarrollo de los objetivos y contenidos previstos en las acciones formativas. Asimismo las entidades de formación deberán advertir esta circunstancia en las solicitudes correspondientes.
6. La impartición de las acciones formativas en modalidad presencial o el cambio de modalidad de impartición a teleformación, no tendrá efectos en la puntuación de la valoración técnica obtenida, ni podrá suponer una alteración en los objetivos y los compromisos de cada programa formativo.
7. Las entidades beneficiarias deberán solicitar al Servicio Público de Empleo de Castilla y León los cambios metodológicos a aplicar en cada una de las acciones formativas, de acuerdo con lo previsto en esta orden, acompañando declaración responsable sobre cumplimiento de requisitos para la impartición de la formación mediante la correspondiente metodología o modalidad, así como declaración responsable de los alumnos que aceptan continuar o realizar la acción formativa en los términos descritos en aquella solicitud. Tanto la solicitud como las declaraciones responsables se presentarán en los modelos normalizados que estarán disponibles en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Los cambios de metodología impartidora deberán ser aprobados por el órgano concedente. El plazo de resolución y notificación será de 3 días hábiles desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la administración competente para su tramitación, entendiéndose denegada por el transcurso del citado plazo sin haberse efectuado notificación del acuerdo.
8. El Servicio Público de Empleo de Castilla y León podrá proponer la modificación de las condiciones o forma de realización de la actividad propuesta por el solicitante debiendo recabar la aceptación de éste, que se entenderá tácitamente otorgada si en la propuesta de modificación quedan claramente explicitadas dichas condiciones y el beneficiario no manifiesta su oposición en el plazo de 3 días desde la notificación de la misma y siempre, en todo caso, que no se dañe derecho de tercero.
9. Además de la documentación acreditativa de la justificación prevista en la normativa en esta materia, en caso de incidencias de carácter técnico que no permitan el acceso a los datos de registro de conexiones generado por la aplicación para las acciones que se desarrollen mediante aula virtual, a la finalización de las acciones formativas la entidad de formación remitirá al Servicio Público de Empleo de Castilla y León la declaración responsable de los alumnos sobre la realización de la acción formativa mediante la correspondiente metodología o modalidad, conforme al modelo que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
2. Se permitirá el cambio de modalidad de impartición de presencial a teleformación cuando afecte a acciones formativas completas y la entidad beneficiaria esté acreditada en el correspondiente registro para impartir el mismo certificado en la modalidad de teleformación. En todo caso, la impartición en la modalidad de teleformación se efectuará de acuerdo con las especificaciones al respecto establecidas para el respectivo certificado en la normativa de aplicación.
Asimismo, se podrá realizar o continuar la impartición en la modalidad de teleformación de las acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, salvo las tutorías presenciales y las pruebas finales de evaluación de cada módulo formativo, que habrán de realizarse de manera presencial con posterioridad a la finalización del estado de alarma y con los condicionantes impuestos por las autoridades sanitarias como consecuencia de esta crisis causada por la enfermedad del COVID-19 y dentro del plazo de ejecución del programa.
3. La impartición mediante aula virtual no será de aplicación a aquellos contenidos presenciales del certificado de profesionalidad que requieran la utilización de espacios, instalaciones y/o equipamientos para la adquisición de destrezas prácticas, así como a los módulos de prácticas en centros de trabajo. Estos contenidos se deberán impartir con posterioridad a la finalización del estado de alarma y con los condicionantes impuestos por las autoridades sanitarias como consecuencia de esta crisis causada por la enfermedad del COVID-19, dentro del plazo de ejecución del programa o acción formativa.
En todo caso, las pruebas presenciales de la evaluación final de cada módulo formativo se realizarán con posterioridad a la finalización del estado de alarma y con los condicionantes impuestos por las autoridades sanitarias como consecuencia de esta crisis causada por la enfermedad del COVID-19, dentro del plazo de ejecución del programa o acción formativa.
4. La entidad que imparta el certificado de profesionalidad a través de aula virtual o cambie a la modalidad de teleformación, según lo indicado en los apartados anteriores, deberá disponer de la conformidad y acuerdo de disponibilidad de las personas participantes en la acción formativa, debiendo habilitar y poner a su disposición, al menos, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico que recoja y resuelva sus dudas, incidencias o problemas de uso y manejo de estos medios. Las personas que no den su conformidad se consideraran como colectivo preferente en las posteriores convocatorias.
5. La realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo suspendida durante el estado de alarma o pendiente de realizar, se deberá llevar a cabo cuando se permita por parte de las autoridades sanitarias y con los condicionamientos y medidas impuestas por la misma para el correcto desarrollo de la formación presencial, dentro del plazo de ejecución del programa.
2. En el caso de acciones formativas que se impartan en la modalidad de teleformación y/o aula virtual, no se considerarán financiables los gastos de transporte, manutención y alojamiento de los participantes y formadores.
3. La imputación de costes laborales, alquileres, de espacios y equipamientos, instalaciones y cualquier otro que sea ineludible para las entidades de formación durante el período de suspensión, que estén acreditados, podrán ser justificables, sin que en ningún caso suponga el incremento de la subvención concedida.
1. A los efectos de lo previsto en esta orden, se permite la firma electrónica de las personas responsables de formación, personas formadoras y alumnado mediante captura de firma digitalizada o con datos biométricos en cualquiera de los documentos que precisen de su firma, que tendrá que estar asociada al correspondiente N.I.F. o D.N.I.
2. El sistema de captura de firma digitalizada deberá garantizar en todo caso la autenticidad de los datos correspondientes a la misma mediante el uso de la aplicación AutoFirma, disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León a través del siguiente enlace https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1284386354238/_/_/_
3. Se permitirá el uso de medios electrónicos para garantizar la asistencia de las personas participantes siempre que quede debidamente acreditada la identidad de las personas firmantes a través de los mecanismos propuestos por las entidades de formación en la solicitud de cambios de metodología en la impartición de formación, que deberá ser aprobada por el órgano concedente tal y como dispone el artículo 4, apartado 7 de esta orden.
1. El Servicio Púbico de Empleo de Castilla y León podrá realizar en cualquier momento, mediante los procedimientos pertinentes, las comprobaciones oportunas respecto al destino y aplicación de las subvenciones concedidas. El Servicio Público de Empleo de Castilla y León realizará el seguimiento de las acciones formativas con el fin de supervisar que la ejecución de las acciones formativas aprobadas para cada uno de los programas de formación se realiza en los términos solicitados por las entidades beneficiarias.
2. En el caso de la formación cuyo proceso de aprendizaje se desarrolle mediante aula virtual, la entidad beneficiaria antes de iniciar la acción deberá poner a disposición del Servicio Público de Empleo de Catilla y León, la información y los instrumentos técnicos necesarios para el ejercicio de las actuaciones de seguimiento y control de la actividad formativa, tanto en tiempo real como ex post.
3. A tal efecto, se deberá poner a disposición de los órganos de control los medios necesarios para poder realizar la conexión durante la impartición de la formación, con el fin de comprobar la ejecución de la actividad formativa y el cumplimiento de los requisitos legalmente previstos. Asimismo, el sistema técnico empleado deberá estar habilitado para generar registros de actividad a disposición de los órganos de control, con el fin de comprobar, una vez finalizada la formación, los tiempos de conexión detallados de cada participante y permitir una identificación de los mismos.
4. Durante las actuaciones de seguimiento, al objeto de documentar las mismas, los órganos de control podrán recabar la firma de las personas responsables de formación, personas formadoras y alumnado, en los documentos de recogida de datos, mediante captura de firma digitalizada con datos biométricos u otros medios electrónicos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.
No obstante lo dispuesto en el artículo 5.1.b) del Real Decreto 694/2017, a los efectos de la presente orden, dada la incidencia en el empleo del impacto económico y social del COVID-19, se incrementa el porcentaje de personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, que pueden participar en la oferta formativa para trabajadores ocupados. La participación de trabajadores desempleados en las acciones formativas programadas en los programas de formación transversales para trabajadores ocupados será de hasta un máximo del 40 por ciento del total de participantes programados. El cómputo de dicho porcentaje se efectuará respecto de los participantes de cada programa de formación.
1. Al objeto del cálculo de la cuantía de la subvención en el momento de su justificación y liquidación, así como, en su caso, de la determinación y cuantificación económica de los supuestos de incumplimiento, si se produjeran abandonos en una acción formativa con posterioridad a la impartición del 25 por ciento de las horas de formación, se admitirán desviaciones de hasta un 15 por ciento del número de participantes que hubieran iniciado dicha acción formativa.
2. A efectos de la justificación posterior por parte del beneficiario, se considerará que han finalizado la acción formativa, en el supuesto de trabajadores desempleados, aquellos que tuvieran que abandonarla por haber encontrado empleo, así como aquellos participantes que hayan causado baja en el curso por enfermedad o accidente acreditado, siempre que en ambos supuestos hubiesen realizado un porcentaje de al menos, el 25 por ciento de la actividad formativa.
1. En los procedimientos de concesión de subvenciones, las órdenes y resoluciones de convocatoria y concesión de subvenciones y ayudas públicas previstas en el artículo 1, apartado tercero de esta orden podrán ser modificadas para ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladoras, en los términos del artículo 42 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, y 54 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo.
A estos efectos, el órgano competente deberá justificar únicamente la imposibilidad de realizar la actividad subvencionada durante el período en que estas medidas resulten necesarias a la vista de los condicionantes impuestos por las autoridades sanitarias como consecuencia de esta crisis causada por la enfermedad del COVID-19, así como la insuficiencia del plazo que reste tras su finalización para la realización de la actividad subvencionada o su justificación o comprobación.
2. También podrán ser modificadas, a instancia del beneficiario, las resoluciones de concesión de subvenciones previstas en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en las mismas condiciones y con los mismos requisitos previstos en el apartado anterior.
En la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación del programa de formación profesional específica con compromiso de contratación, aprobada por Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, las entidades que a la entrada en vigor de la presente orden tuviesen la condición de beneficiarias podrán adecuar la metodología de impartición de la actividad formativa que no se refiera a una especialidad incluida en el Catálogo de Especialidades Formativas a la utilización de aula virtual como formación presencial, comunicando al Servicio Público de Empleo de Castilla y León las adecuaciones realizadas. Estas adecuaciones no supondrán modificación de las subvenciones concedidas, manteniéndose el coste del módulo aplicable a las actividades formativas.
1. En la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de acciones de formación profesional para el empleo desarrolladas por empresas del sector de automoción, aprobada por Resolución de 21 de junio de 2019, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, modificada por Resolución de 27 de agosto de 2019, las entidades que, a la entrada en vigor de la presente orden, tuviesen la condición de beneficiarias podrán adecuar la metodología de impartición a fin de permitir la realización de las actividades formativas previstas, incluyendo la utilización de aula virtual como formación presencial, comunicando al Servicio Público de Empleo de Castilla y León las adecuaciones realizadas. Estas adecuaciones no supondrán modificación de las subvenciones concedidas, manteniéndose el coste del módulo aplicable a las actividades formativas.
2. Podrán ser destinatarias y participar en la formación desarrollada por las empresas de sectores estratégicos los trabajadores ocupados en empresas del sector de la automoción en centros de trabajo de Castilla y León. En todo caso, podrán participar las personas trabajadoras cuyos contratos se hayan suspendido por un expediente de regulación temporal de empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, durante los períodos de suspensión. Según establece el artículo 47.4 de dicho Estatuto de los Trabajadores, podrán participar en las acciones formativas los trabajadores durante las suspensiones de contratos, con independencia de que la suspensión haya sido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.
Los costes de personal de los beneficiarios de la formación, cuando se trate de trabajadores cuyos contratos se hayan suspendido por un expediente de regulación temporal de empleo, serán subvencionables en tanto dichos gastos sean soportados directamente por la entidad beneficiaria de la subvención durante la ejecución del proyecto formativo.
En la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación del Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI), aprobada por Resolución de 8 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, las entidades beneficiarias podrán adecuar la metodología de impartición de las actuaciones de orientación y de acompañamiento a los destinatarios del programa en la búsqueda activa de empleo, incluyendo medios electrónicos, a fin de permitir la realización, a distancia y de forma individual, de las que en el momento de su reanudación se encuentren en ejecución o pendientes de iniciar, comunicando al Servicio Público de Empleo de Castilla y León las adecuaciones realizadas.
A efectos de lo anterior, se consideran medios electrónicos válidos aquellos sistemas de comunicación telemática, plataformas de teleorientación o cualesquiera otros que, reuniendo los requisitos de seguridad jurídica, aseguren la identidad y asistencia de los usuarios, la interactividad e intercomunicación con ellos, la disponibilidad de los medios, guías y materiales didácticos específicos, el acceso a las tareas de control y seguimiento, así como a la documentación acreditativa establecida en convocatoria.
Cuando se pase a realizar las actuaciones de orientación y de acompañamiento a la inserción por medios electrónicos, las entidades beneficiarias deberán advertir de esta circunstancia a las personas participantes y obtener la conformidad y acuerdo de disponibilidad de cada una de ellas, debiendo habilitar y poner a su disposición, al menos, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico que recoja y resuelva sus dudas, incidencias o problemas de uso y manejo de estos medios.
En las actuaciones de orientación y acompañamiento a la inserción se permite el uso de firma electrónica y medios electrónicos de acuerdo con previsto en el artículo 7 de esta orden.