Source: http://capsulas-de-haaz.blogspot.com/2011/
Timestamp: 2017-06-23 13:54:39
Document Index: 29042801

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'Artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 20', 'artículo 25', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo\n29', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 49', 'artículo 51', 'artículo 53', 'artículo 54', 'artículo 56', 'artículo 57', 'artículo 59', 'artículo 3', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 49', 'artículo 3', 'artículo 127']

La falta de acuerdos en el Congreso Local de Sonora que han impedido la
aprobación del presupuesto estatal 2012 (se hará hasta después del primero de
enero de 2012), hace más evidente la necesidad de reformar o cambiar por otra la añeja Ley de
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal,
de manera que las iniciativas de ingresos y egresos del Ejecutivo se presenten
a más tardar el primero de octubre y no en la primera quincena de noviembre
como está dispuesto en la citada ley. -Asimismo, que en la reforma se incorporen
disposiciones para hacer obligatoria la Presupuestación basada en Resultados a
lograr y en las evaluaciones de resultados logrados, y que se apliquen la
Participación Ciudadana y la Perspectiva de Género.
https://sites.google.com/a/ahaazd.com/presupuestos-con-perspectiva-de-genero/
autonomía de las mujeres es un factor fundamental para garantizar el ejercicio
de sus derechos humanos en un contexto de plena igualdad. El control sobre su
cuerpo (autonomía física), la capacidad de generar ingresos y recursos propios
(autonomía económica) y la plena participación en la toma de decisiones que
afectan su vida y su colectividad (autonomía en la toma de decisiones)
constituyen tres pilares para lograr una mayor igualdad de género en la región.
¿Puede un sistema de gestión de calidad ayudar en la construcción de instituciones transparentes y con procedimientos internos ágiles que proporcionen al ciudadano credibilidad y certeza en materia electoral? La certificación de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León bajo la normatividad ISO 9001 apuntaría en esa dirección.
Este artículo tiene como objetivo analizar lo que denominamos una nueva gestión administrativo-jurisdiccional en materia electoral, que refleje sustancialmente los avances normativos en la operación de las instituciones electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, y que redunde en su mejoramiento bajo estándares de calidad internacional avalados por organismos internacionales de prestigio, como la Organización de los Estados Americanos (OEA). Asimismo, abordaremos las experiencias de organismos electorales que han aplicado exitosamente estos principios normativos de eficiencia y eficacia.
Los sistemas de gestión de calidad en algunos organismos electorales del continente americano bajo la normatividad ISO 9001, son la respuesta a estas necesidades de mejoramiento de las instituciones en la materia. En virtud de lo anterior existe una tendencia hemisférica que tiene como objetivo dotar a los organismos electorales de nuevos sistemas de gestión de calidad con base en la normatividad ISO 9001. Países como México, Panamá y Perú ya han comenzado a implantar este modelo. El tránsito por un modelo de gestión de calidad forma parte de una nueva estrategia que supone la modernización en la gestión administrativa y jurisdiccional en materia electoral.
La implantación de estos sistemas de gestión de calidad coadyuva principalmente a reforzar la confianza de la ciudadanía. Responder a dicha confianza es el reto de las instituciones electorales. Por ello es importante expresar en reformas constitucionales y legales la mejora administrativa y jurisdiccional. También es indispensable una certificación externa a las instituciones que avale que éstas se fundan en esquemas administrativos y jurisdiccionales de calidad y de excelencia.
El papel de la OEA frente a la calidad en los organismos electorales En 2008, la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la búsqueda de nuevos esquema para reforzar los índices de confianza de la ciudadanía en el continente americano, se dio a la tarea de buscar en los organismos electorales de estos países las instituciones que estuvieran certificadas por la normatividad ISO 9001, y descubrió que sólo la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León se encontraba certificada en todos sus procesos.
Diagnóstico de los tribunales electorales locales Del 15 al 17 de noviembre de 2004 se celebró en la Ciudad de México el Taller Identificación y Formulación de un Proyecto de Cooperación para el Desarrollo en el Área del Sistema Electoral, bajo la organización y el patrocinio de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). En dicho taller participaron representantes del más alto nivel (presidentes y magistrados) de los tribunales electorales de los estados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de nuestro país.
“La precariedad de los sistemas de gestión administrativa y financiera de los tribunales electorales, como consecuencia de la escasa autonomía administrativa y de gestión que realmente tienen en la práctica, motivada entre otras razones por una cierta discrecionalidad en la asignación de recursos a los tribunales electorales y por la escasa dotación de medios materiales y de personal (esto, junto con la brevedad de los plazos previstos en la ley para resolver medios de impugnación) provoca una excesiva sobrecarga de trabajo durante los procesos electorales. En este contexto, resulta muy complicado realizar una planificación y una gestión administrativa y presupuestaria adecuada. Por otra parte, se reconoce la inexistencia de un modelo homogéneo de referencia para la organización y la gestión de los tribunales electorales y la escasa capacitación de los magistrados en materia de gestión. Finalmente, la labor que realizan los tribunales electorales no es suficientemente conocida y valorada por la sociedad, por los actores políticos y por los propios medios de comunicación. Los presidentes de los tribunales electorales se quejan del escaso interés de los ciudadanos por los temas electorales y reconocen la necesidad de fomentar la difusión de la labor que realizan”. Este diagnóstico elaborado en esa ocasión ha sido un motor en la búsqueda de nuevos esquemas y modelos de gestión administrativa jurisdiccional, que tiene que ver con la modernización de los organismos que imparten justicia.
El sistema de gestión de calidad en la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior del TEPJF Un notable acierto de la magistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís Figueroa, sin duda es el proyecto de implantación del sistema de gestión de calidad en la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior.
Conclusión Es importante señalar que en México el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha hecho un gran esfuerzo por lograr una modernización administrativa y jurisdiccional acorde con los requerimientos actuales de una sociedad que cada vez demanda más de las instituciones electorales.
1. La transparencia es un término opaco. Transparencia es un concepto de moda, políticamente correcto, que a fuerza de usarse a veces pierde todo sentido. Literalmente es la cualidad de algunos cuerpos para dejar pasar la luz. Por extensión, dice el diccionario, se predica de aquello que es claro, evidente, que se comprende sin duda. Por eso, es difícil saber qué debe entenderse cuando decimos que "alguien es transparente", pues, por definición, el cuerpo humano no deja pasar la luz. El asunto es aún menos claro cuando predicamos que una organización, un gobierno o hasta un país es "transparente". ¿Tiene algún sentido esta idea? ¿Puede un gobierno ser "claro" o "evidente" en su política o sus acciones, sobre todo si consideramos la complejidad social? Resulta necesario hacer un análisis contextual para aproximarnos a un significado más o menos coherente. Quizá el hilo conductor esté en la idea de "información". Cuando una persona u organización entrega información, contribuye a dar legibilidad a su pensamiento y acción, y por ello genera un mejor entendimiento y comunicación con su entorno. El problema es que esto no siempre sucede así. Un flujo continuo y abundante de información puede, por el contrario, generar confusión o desorientar (pensemos, por ejemplo, en las tácticas de "intoxicación de información" que usan algunos servicios de espionaje). Por ello, la transparencia alude a ciertas características de un flujo de información, tales como la oportunidad, la pertinencia, la verificabilidad, la calidad, la integralidad o la facilidad de acceso. Eso, quizá, signifique la transparencia. 2. El nuevo (y desconocido) principio de publicidad de la información gubernamental. En 2007 se reformó el artículo sexto constitucional. Esta reforma pasó relativamente inadvertida, pero constituye uno de los cambios más radicales que hayamos visto. Dice hoy la Constitución: "Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo federal, estatal o municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes". Este párrafo acabó de tajo con la tradición secular del secreto administrativo que permitía el manejo discrecional de la información gubernamental, o simplemente que se le considerara como patrimonio de los funcionarios y autoridades. Por ello, nada más normal que "llevarse los archivos a casa". El nuevo principio convierte a las organizaciones gubernamentales en grandes bibliotecas públicas donde cualquiera puede solicitar y obtener los documentos que ahí se generan, usan o conservan, sin necesidad de justificar su uso o propósito. La razón es simple como el agua: la información pública es pública. 3. La transparencia como política pública. La "transparencia" es algo que va más allá del derecho fundamental de acceso a la información. Éste consiste en el derecho que tiene cualquier persona para solicitar un documento al gobierno, y la obligación correlativa de éste para entregarlo de manera expedita. Así de simple. Las políticas de transparencia, en cambio, se refieren a las políticas referidas a la gestión, uso y divulgación de la información gubernamental. También supone un curso de acción deliberado para usarla como recurso estratégico en beneficio de los fines del organismo público, al mismo tiempo que se maximiza su utilidad social. Esta política es una consecuencia necesaria del principio de publicidad. Mauricio Merino lo ha resumido cuando dice: "la política de transparencia se refiere a las decisiones y los procesos asumidos por los poderes, las dependencias y los órganos públicos del Estado para darle contenido sustantivo a los principios democráticos de responsabilidad (en sus diversas acepciones), publicidad e inclusión". 4. Transparencia no es igual a rendición de cuentas. ¿Poner algo de información a disposición del público constituye un acto de rendición de cuentas? Me temo que la respuesta es claramente negativa, y es una pena que con tanta frecuencia se asuma que la "transparencia" conduce necesaria e inexorablemente a la rendición de cuentas. Esto es una mentira. Veamos por qué. La rendición de cuentas es una obligación de las autoridades en los regímenes democráticos. Supone una relación entre dos actores, en los que el primero debe informar, explicar y justificar su conducta ante el segundo, y éste debe deliberar, evaluar y, en su caso, sancionar la conducta del primero, pues cuenta con los instrumentos para hacerlo.(1) Sin la posibilidad de establecer un responsable de una obligación previa respecto de la cual se rinde cuentas, ésta se vuelve una ficción, como sucede cotidianamente en nuestro país. Así, la información -es decir, la transparencia-, constituye una condición necesaria, pero no suficiente, para que haya rendición de cuentas. 5. La transparente ficción de los portales de transparencia. Después de haberse producido leyes, cambios constitucionales y alternancia política cabe preguntarse: ¿hemos avanzado en cantidad y calidad de información disponible, especialmente en Internet? La respuesta es mixta. << Nota de Haaz: Por ejemplo, entre Usted a algún portal de gobierno estatal o municipal de México, piense en algo que desee saber y trate de encontrarlo ahí; verá que no es fácil -en la generalidad de los casos- y también observará mucha información vieja (no se actualizan con la frecuencia que debería hacerse)>>
Si comparamos la cantidad de información que se encuentra disponible en las redes públicas respecto de la que existía hace diez años, sin duda hemos dado un gran salto hacia adelante. Las mediciones hechas por diversas organizaciones muestran que prácticamente en todo el país las diferentes autoridades cuentan con portales de transparencia.(2) Otro asunto es la calidad y orientación de esa información. Aquí hay mucho camino por andar. Aunque hay excepciones, por lo general los portales de transparencia son meros repositorios de documentos medianamente organizados y sin orientación al ciudadano. De manera caricaturizada, diríase que son almacenes de información en "burocrat" (la lengua de los burócratas), frecuentemente desactualizados, sin posibilidad para verificar su contenido y sin valor agregado alguno. 6. El país es un mosaico variado y asimétrico de prácticas en materia de transparencia. Quizá algunos lectores -sobre todo si son funcionarios- no coincidan con lo dicho previamente respecto de los portales, y puedan apuntar a ejemplos concretos que muestren una realidad diferente. Seguramente tendrán razón. Como han mostrado las métricas de transparencia, ocurre que el país es un mosaico diverso y asimétrico de prácticas en la materia. El problema es que éstas no se explican ni por la entidad federativa, los recursos disponibles, el grado de desarrollo, la calidad de la legislación o el tipo de poder (Legislativo, Ejecutivo o Judicial). En un mismo estado, dos municipios contiguos pueden tener prácticas diferentes. Peor aún, la experiencia de un ciudadano puede variar si compara los portales de dos secretarías del mismo gobierno. No tenemos una respuesta satisfactoria a esta situación y será necesario seguir investigando. 7. La transparencia es un problema organizacional. Lo antes dicho no es producto de la opacidad intrínseca de los funcionarios, sino más bien el resultado de severas fallas organizacionales relacionadas con el manejo de la información en las instituciones públicas. Durante décadas, la información se fragmentó en islotes asilados. Esto servía bien al propósito de usar la información para maximizar los proyectos estratégicos de cada funcionario. Nunca se pensó en la información como un recurso estratégico de toda la organización. Esto explica en parte el catastrófico estado de los archivos, la dramática falta de recursos humanos capacitados en gestión documental, la subinversión en tecnologías de la información, así como la carencia absoluta de arquitecturas de información y de procedimientos documentados. Las obligaciones generadas por las nuevas leyes de transparencia obligaron a poner información en los portales, pero cuya operación y diseño ha sido -en la mayoría de los casos- improvisado ante la ausencia de una política capaz de repensar la gestión de la información desde una perspectiva organizacional. No es de sorprender entonces el resultado. La solución existe, pero no es mágica ni sencilla. Supone invertir tiempo y recursos, estrategias y decisiones para reinventar la manera en que el gobierno, en todos sus niveles, administra su información. Si lo logramos, habremos hecho un avance sustantivo no sólo en materia de transparencia, sino de una gestión pública más informada, racional y responsable. 8. La protección de datos personales y la transparencia son polos opuestos. El derecho a la protección de datos personales ha crecido en importancia y conocimiento público. Este derecho fue incorporado en el artículo 16 de la Constitución en 2009, y un año después el Congreso expidió la Ley Federal de Protección de Datos Personales. La terminología puede inducir al error, pues no se protege los datos personales, sino el derecho que tienen las personas a determinar el uso que puede darse a sus datos personales, y la obligación de las autoridades de velar por que esto sea efectivo. Algunos han querido ver en esta reforma un retroceso que menoscaba el derecho de acceso a la información y dificulta la transparencia, pero a mi juicio están equivocados, pues se trata de dos derechos que se complementan. Como hemos argumentado, toda la información en posesión de las autoridades es pública, pero ésta no incluye los datos personales que las autoridades recaban en el ejercicio de sus funciones. Esta protección, sin embargo, no impide en absoluto la generación de información agregada sobre las políticas públicas, su diseño, implementación y evaluación, que es lo relevante. Cierto, hay zonas grises, pero existen técnicas que permiten, mediante una ponderación de derechos, dar una solución razonable. 9. La transparencia no es una ocurrencia mexicana. A veces una mirada demasiado provinciana nos hace pensar que lo que ocurre dentro de nuestro país es un fenómeno único e irrepetible. Mirar más allá de nuestras fronteras siempre ilustra y nos permite situarnos mejor. La transparencia es un fenómeno que, aunque relativamente reciente, tiene alcances globales. La mayor parte de los países del mundo han legislado en la materia después de 1990, y existen desarrollos importantes, experiencias exitosas y fracasos rotundos en muchos países. También se ha generado una corriente crítica que considera una exageración proponer a la transparencia como la medicina para todos los males. En realidad se trata de una política que tiene sus problemas y limitaciones. El desarrollo de las tecnologías de la información y los problemas de seguridad y gobernabilidad también han impactado el concepto. En un importante ensayo, un grupo de profesores americanos (3) ha analizado cómo, en muchos casos, se asume que las políticas de transparencia son sencillas y que inevitablemente resultan beneficiosas. Pero esta concepción se enfrenta a visiones y políticas que favorecen el secreto, además de las dificultades prácticas de tener información verdaderamente accesible. Investigaciones recientes han arrojado datos que permiten entender mejor los procesos y han sugerido alternativas como la transparencia focalizada, que permiten una intervención puntual del gobierno cuando existen asimetrías de información que generan daños o dificultan la rendición de cuentas. En el fondo, se trata de buscar una transparencia sustentable que, sin ser una panacea, permita mejorar el proceso democrático de la toma de decisiones. 10. Transparencia y gobierno abierto. En septiembre de este año se formó la "Alianza para el Gobierno Abierto", una iniciativa multilateral para mejorar la calidad de los gobiernos y de la cual nuestro país forma parte. Uno de los objetivos de este esfuerzo es propiciar compromisos concretos de los gobiernos para promover, entre otras cosas, la transparencia. En esta materia se quiere que la información gubernamental sea "abierta, completa, oportuna, gratuita y de fácil acceso para el público". El paradigma que se usa es el de la "información abierta", que supone la posibilidad de procesar y tratar la información cruda, y permitir su acceso mediante herramientas tecnológicas. Cada gobierno participante, el nuestro incluido, ha presentado un Plan de Acción que contiene un conjunto de medidas que marcan el rumbo a seguir en la materia, entre los que destaca un portal ciudadano y el acuerdo de interoperabilidad y datos abiertos, que permitirá avanzar en una arquitectura de datos abierta. Si bien ésta es una iniciativa muy importante que conviene conocer, la política de transparencia no se agota en ella, pues implica una visión de conjunto del manejo de la información gubernamental y, sobre todo, una orientación que fortalezca el conjunto de la actividad del Estado en México. Autor: Sergio López Ayllón, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Ecónomicas (CIDE).
Notas: Sobre el complejo concepto de rendición de cuentas véase Merino, Mauricio, Sergio López Ayllón y Guillermo Cejudo, eds. 2010. La estructura de la rendición de cuentas en México. México: UNAM - CIDE; Schedler, Andreas. 2004. ¿Qué es la rendición de cuentas? México: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (serie Cuadernos de Transparencia no.
El 11 de Noviembre terminó exitosamente el XVI Congreso del CLAD y que estuvo centrado en las Reformas del Estado y de la Administración Pública en América Latina. Los ejes temáticos del congreso fueron:
Profesionalización del función pública; Cultura de la calidad en la función pública; Gobierno electrónico; Alto Gobierno; Participación ciudadana y Perspectivas, desafíos e innovaciones en la gestión pública.
Tres distinguidos académicos, Nuria Cunill Grau, Manuel Villoria Mendieta y Robert Putnam dictaron las esperadas conferencias plenarias del XVI Congreso. La primera, académica de la Universidad de Chile y asesora especial del CLAD, expuso y discutió el tema "¿Cómo ha cambiado lo público en América Latina en los últimos 30 años? Balance y perspectivas". El segundo, Director del Departamento de Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (España), abordó el problema ético en torno a la pregunta "¿Más libertad o más felicidad? El buen gobierno del siglo XXI". El tercero, Malkin Professor of Public Policy at Harvard University (USA), and Visiting Professor at University of Manchester (UK), presentó una disertación acerca del tema "Making democracy work: the importance of civil society".
Nuria Cunill Grau Académica de la Universidad de Chile y Asesora Especial del CLAD
de 2011.- Reformas a la Ley
de Acceso a la Información Pública, para adecuarla a las disposiciones que en
la materia establece el Artículo Sexto de la Constitución Federal, fueron
aprobadas por unanimidad del Pleno en la sesión ordinaria de este día. También
fue aprobada la convocatoria pública para designar a un vocal del Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora…
Una nueva norma secundaria
en materia de Acceso a la Información Pública, que cumple con los principios
establecidos en el Artículo Sexto de la Constitución Federal para garantizar la
máxima publicidad, la protección de datos personales, el acceso gratuito a la
información pública y con procedimientos sencillos, entre otros aspectos, fue
aprobada por unanimidad del Pleno.
En la sesión ordinaria de hoy también se aprobó la convocatoria pública
para designar a un Vocal del Instituto de Transparencia Informativa del Estado
de Sonora, al estar por vencer el nombramiento otorgado al ciudadano Ricardo
Hurtado Ibarra, por un periodo de seis años, por lo que la Comisión de
Transparencia, Comunicación y Enlace Social se encargará de desahogar los
trámites derivados de la misma.
A nombre de la Comisión, el diputado Héctor Ulises Cristópulos Ríos, dio
lectura al dictamen de Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que consagra las disposiciones relativas a las nuevas facultades que
deberá ejercer el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora,
con base en la Ley 79 de reforma a la Constitución local, que en sus párrafos
segundo y tercero del Artículo 2° establece que tendrá calidad de organismo
autónomo especializado en la materia y en la protección privada.
Agregó que la Comisión de Transparencia, Comunicación y Enlace Social conformó
un grupo técnico integrado por representantes jurídicos de cada grupo
parlamentario, personal del Poder Ejecutivo del Estado, de las áreas técnicas
del Legislativo y del ITIES, que concluyó en un proyecto de resolutivo que permite
adecuar este ordenamiento secundario a las disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de acceso a la información
pública y datos personales.
El Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora consigna lo relacionado a
la integración de su patrimonio, a la calidad de los trabajadores de confianza
de los servicios públicos que integrarán su planta laboral y al hecho de que en
su integración se deberá tomar en cuenta ambos géneros.
Debido a sus nuevas funciones se establece que el Instituto contará con un
Secretario Técnico, el cual será designado por el Presidente, de acuerdo con el
reglamento que al efecto expida el Pleno del mismo, cuyas facultades serán las
• Investigar, conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan
contra los actos y resoluciones dictados por los entes públicos con relación a
las solicitudes de acceso a la información, protegiéndose los derechos que
tutela esta Ley;
• Organizar seminarios, cursos, talleres y demás actividades
que promuevan el conocimiento de la Ley y las prerrogativas de las personas,
derivadas del Derecho de Acceso a la Información Pública;
• Establecer un sistema interno de rendición de cuentas claras,
transparentes y oportunas, así como garantizar el acceso a la información
pública dentro del Instituto en los términos de la Ley.
El diputado Cristópulos Ríos destacó la figura de la Contraloría Interna del
Instituto y la obligación que tendrá el mismo, de presentar anualmente al
Congreso del Estado, un informe sobre las actividades y los resultados logrados
durante el ejercicio inmediato anterior en relación al acceso a la información
Sostuvo que la cuenta pública del ITIES será revisada por el Instituto Superior
de Auditoría y Fiscalización y en lo relativo a la información básica que debe
ser difundida de oficio por los sujetos obligados, se amplían muchos de los
supuestos consignados y se incluyen nuevos supuestos de información, entre los
que destacan: los montos, criterios, convocatorias y listado de personas a quienes, por cualquier motivo, se les entregue o permita usar
De igual forma se integraron nuevas disposiciones con relación a la información
de acceso restringido, tanto en la de reserva como en la confidencial, dijo,
mientras que en cuanto al procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso
a la información pública, se establece que deberá regirse por los principios de
máxima publicidad, simplicidad y sencillez, gratuidad, costo razonable de la
reproducción, libertad de información, buena fe del solicitante y
orientación y asesoría a los particulares.
Sobre la convocatoria pública para designar a un Vocal del ITIES, el Presidente
de la Comisión de Transparencia, Comunicación y Enlace Social, informó que el
perfil de quienes conformen el Instituto debe incluir capacidades y habilidades
idóneas para tal responsabilidad, además se propuso al Pleno y así fue aprobado
que, en tanto se realiza la designación referida, el ciudadano Ricardo Hurtado
Ibarra continúe en el ejercicio del cargo de Vocal del Instituto.
La convocatoria está dirigida a profesionales de las licenciaturas en
Comunicación, Derecho, Ciencias Políticas, Educación u otras materias afines
con el perfil que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del
En páginas 273 a
ÚNICO.- Se reforman los artículos 2, fracción
VII; 3, fracción I, artículo 4;
5, fracción II y IV; artículo 6; artículo 7; artículo 8; artículo 10; el
artículo 14,
III; artículo 20; artículo 25; artículo 27, fracción I; artículo 27; artículo
29; artículo
artículo 31; artículo 32; artículo 33; artículo 34; artículo 35; artículo 49;
artículo 51;
52; artículo 53; artículo 54, fracciones II y III; artículo 56, fracción III y
párrafo; artículo 57 y el artículo 59. Se adicionan las fracciones XIII, XIV y
artículo 3; se agregan las secciones IV, V y VI al capítulo segundo del Título
Segundo; el
34 BIS, artículo 34 BIS A; artículo 34 BIS B; artículo 34 BIS C; artículo 34
artículo 34 BIS E; artículo 34 BIS F; artículo 34 BIS G; artículo 34 BIS H y
VIII y IX al artículo 49. Se deroga la fracción IX de artículo 3 y el artículo
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, para quedar
a VII.- …
Las personas privadas, físicas o morales, que por cualquier motivo y de
reciban recursos públicos para su ejercicio con ese carácter.
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica,
acústica, o
cualquier otro tipo, concerniente a una persona física, identificada o
a su origen étnico o racial; la que se refiera a sus características físicas,
morales o
a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad
la huella digital, domicilio, correos electrónicos personales, teléfonos
informáticas, cibernéticas y códigos personales, así como a su patrimonio,
la contenida en las declaraciones de situación patrimonial; la incluida en
fiscales o derivada de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal,
las excepciones que señalen las leyes; la concerniente a su ideología u
creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos
preferencias sexuales, circunstancias y detalles de los delitos que afecten el
íntimo de las víctimas y, en general, toda aquella información que afecte o
la intimidad de las personas físicas.
a VIII.- …
IX.-Se
a XII.- …
Máxima Publicidad: Consiste en que los sujetos obligados señalados en el
esta Ley, expongan la información que poseen al escrutinio público y, en caso
respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optará por la
XIV.-
Sistema de datos personales: El conjunto ordenado de datos personales que estén
de un sujeto obligado.
Tratamiento de Datos Personales: cualquier operación o conjunto de operaciones,
mediante procedimientos automatizados o físicos, y aplicadas a datos
como la obtención, registro, organización, conservación, elaboración o
extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o
otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así
bloqueo, suspensión o destrucción.
4.- En la aplicación e interpretación de
esta Ley deberán favorecerse los
de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad,
y máxima publicidad de sus actos, así como la protección de la vida privada y
la aplicación e interpretación de esta Ley, el derecho de acceso a la
se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y demás
internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y la
que de los mismos hayan realizado los órganos internacionales respectivos.
Proveer lo necesario para facilitar a cualquier persona el acceso a la
generada,
administrada o en posesión de los sujetos obligados, mediante el
mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión sencillos y
Hacer prevalecer, como regla general, la máxima publicidad de los documentos
las actuaciones de los sujetos obligados, y
6.- Los sujetos obligados deberán
proporcionar al Instituto la información que
determine en relación con el cumplimiento de la atribución de proporcionar a
7.- El Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, es un
autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, especializado e
imparcial en
de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos
de autonomía presupuestal, operativa, de gestión y de decisión, que tendrá a su
de lo previsto en esta Ley, atribuciones de definir, según las directrices de
lineamientos generales obligatorios para los sujetos obligados con respecto a
clasificación y difusión de la información pública, las formas de atención a
acceso a la misma y su entrega a los particulares, así como su archivo y, de
modo especial,
creación, promoción y consolidación de una cultura cívica generalizada en
de acceso a la información pública, el uso responsable de ésta y la
servidores públicos en el cumplimiento de la obligación concomitante.
8.- El Instituto estará integrado por tres
vocales que ejercerán las funciones
órgano de modo colegiado y ejecutarán sus decisiones por conducto de su
fungirá como su representante legal y será designado de entre y por ellos
durar en el cargo dos años. La Presidencia del Instituto será rotativa entre
sus tres
Salvo los casos en que deba analizarse información restringida, el Instituto
siempre públicamente cuando lo convoque el presidente o los otros dos vocales
conjuntamente, y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos.
10.- Los vocales durarán en su encargo 6 años
y podrán ser reelectos hasta
un periodo similar adicional, previa ratificación que en dicho sentido emita
el Congreso del Estado. La designación de los vocales así como su
deberá ser aprobada por el Congreso del Estado mediante el voto de las dos
partes de sus diputados integrantes. Su designación se formulará de modo que
ser substituidos escalonadamente cada dos años.
la integración del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora
conformarlo por ambos géneros.
13.- Se deroga.
14.- …
y II.- …
Las atribuciones de cada unidad administrativa, incluyendo los indicadores de
a XXIII.- …
20.- El Instituto y la Comisión Estatal de
Derechos Humanos tendrán acceso
a la información a que se refiere el presente Capítulo, el primero cuando deba
sobre su clasificación, desclasificación o, en su caso, la procedencia de
y la segunda cuando la información se relacione con investigaciones o
que dicho organismo desahogue en ejercicio de sus atribuciones.
21.- …
a X.- …
podrá invocarse el secreto bancario cuando el titular de las cuentas sea un
podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de
graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.
25.- La información reservada según el
presente Capítulo podrá permanecer
tal carácter hasta por un período de diez años, pero deberá ser desclasificada
de dicho plazo cuando se extingan las causas que dieron origen a su
o cuando así se determine por el Instituto mediante resolución fundada y
fuere indispensable información reservada para la defensa de los derechos del
procedimiento judicial de cualquier naturaleza, acreditada que fuere esta
circunstancia el
obligado o, en su caso, el Instituto permitirán el acceso a dicha información.
resultante será admitido como prueba en cualquier etapa del proceso donde sea
con la condición de que haya sido anunciado en el período probatorio y no se
dictada sentencia ejecutoriada.
27.- …
La que contenga datos personales y la relacionada con el derecho a la vida
y III.- …
29.- Los gobernados podrán entregar a los
sujetos obligados oficiales
con reserva expresa de confidencialidad referida a particularidades
del propio informante o de terceros, de lugares o de cosas, cuando dicha
limite sus efectos al entorno privado de las personas, para lo cual deberán
documentos o secciones de ellos que contengan tal información confidencial. En
dicha información se conservará confidencial y los documentos correspondientes
divulgarse con exclusión de la misma, salvo que medie consentimiento expreso
titular de dicha información.
30.- Los datos personales son irrenunciables,
intransferibles e indelegables,
lo que los sujetos obligados no podrán comunicar a terceros, ni difundir,
distribuir o
los datos personales contenidos en los sistemas de información desarrollados
el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento
expreso, por
o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga
referencia la
Esta obligación persistirá aún después de finalizada la relación entre el
con el titular de los datos personales, así como después de finalizada la
entre el sujeto obligado y el responsable del sistema de información referido
o los usuarios del mismo.
31.- No se requerirá el consentimiento
referido en el artículo anterior en los
Cuando la información sea necesaria para la prevención o combate de
enfermedades, o
diagnóstico médico, la prestación de asistencia médica o la gestión de
Cuando la información sea necesaria por razones estadísticas, científicas o de
según lo prevenga la legislación correspondiente, previo aseguramiento de que
asociarse los datos personales con la persona a quien se refieran;
Cuando se transmita entre sujetos obligados para ser utilizada en ejercicio de
Cuando exista una orden judicial;
Cuando se refiera a las partes en convenio de negociación, laboral o
necesarios para su mantenimiento y cumplimiento;
Cuando se den a conocer a terceros para la prestación de un servicio que
de datos personales, mediante la libre y legítima aceptación de una relación
cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente que la
de los datos será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la
En los demás casos que establezcan las leyes.
caso de que los destinatarios de los datos sean instituciones de otras
los sujetos obligados deberán asegurarse que tales instituciones garanticen que
con niveles de protección semejantes o superiores a los establecidos en esta
32.- El tratamiento de los datos personales
se regirá por los siguientes
Licitud: Consiste en que la posesión y tratamiento de sistemas de información
datos personales, obedecerá exclusivamente a las atribuciones legales o
de cada sujeto obligado, y tales datos personales sólo podrán obtenerse a
de los medios previstos en esas disposiciones normativas.
sistemas de información en los que consten datos personales no podrán tener
contrarias a la ley o a la moral pública y en ningún caso podrán ser utilizados
finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.
incompatible el tratamiento posterior de los datos personales, con fines
estadísticos o científicos;
Consentimiento: Se refiere a la manifestación de voluntad libre, inequívoca,
informada, mediante la cual el interesado consiente el tratamiento de sus datos
Calidad de los datos: Consiste en que los datos personales recabados deben ser
pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se
obtenido. Los datos recabados deberán ser los que respondan con veracidad a la
actual del interesado.
Confidencialidad: La garantía de que exclusivamente la persona autorizada
presente Ley, puede acceder a los datos personales o, en su caso, el
responsable o el
del sistema de información que contenga datos personales, para su tratamiento;
el deber de secrecía del responsable y los usuarios del sistema de información
todo caso, los instrumentos jurídicos que correspondan a la contratación de
del sistema de información que contenga datos personales, así como de los
deberán prever la obligación de garantizar la seguridad y confidencialidad de
de datos personales, así como la prohibición de utilizarlos con propósitos
los cuales se llevó a cabo la contratación o distintos a la finalidad del
correspondiente, así como las penas convencionales para el caso de
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la
aplicable al caso.
responsable del sistema de información que contenga datos personales o lo
ser relevados del deber de confidencialidad, por resolución judicial y cuando
razones fundadas en términos de lo dispuesto por la presente Ley;
Seguridad: Consiste en garantizar que únicamente el responsable del sistema de
que contiene datos personales o, en su caso, los usuarios autorizados, puedan
a cabo el tratamiento de los datos personales, mediante los procedimientos que
efecto se establezcan;
Disponibilidad: Se refiere a que los datos personales deberán ser almacenados o
archivados,
de modo que permitan el efectivo ejercicio de los derechos de acceso,
cancelación y oposición del interesado;
Temporalidad: Consiste en que los datos personales deberán ser destruidos
dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen
u obtenidos.
datos personales únicamente podrán ser conservados de manera íntegra,
a tratamiento, con fines históricos.
33.- Los sujetos obligados deberán adoptar
lineamientos generales emita el Instituto, para proteger la información contra
naturales, como la pérdida accidental o la destrucción por siniestro, y contra
humanos, como pérdida, consulta o tratamiento sin autorización, la utilización
de datos o la contaminación por virus informáticos.
LOS DERECHOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES
34.- Todas las personas, previa
identificación oficial, contarán con los derechos
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en
posesión de los
obligados, siendo derechos independientes, de tal forma que no puede entenderse
ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de
respuesta a cualquiera de los derechos previstos en el presente artículo,
en forma legible e inteligible.
34 BIS.- De conformidad con lo dispuesto en esta
Ley, cualquier persona
tiene derecho a acceder gratuitamente a información sobre sus datos personales
a tratamiento por parte de los sujetos obligados, el origen de dichos datos,
realizadas o que se prevean hacer con los mismos, los destinatarios de dichas
y a obtener una comunicación inteligible del objetivo de dicho tratamiento. No
lo anterior, el interesado deberá cubrir los costos de reproducción de los
de acuerdo a lo establecido en la respectiva Ley de Ingresos. En ese sentido,
de reproducción de la información solicitada se cobrarán al solicitante de
a su entrega y se calculará atendiendo a:
El costo de envío; y
La certificación de documentos cuando proceda.
sujetos obligados deberán esforzarse por reducir al mínimo los costos de
34 BIS A.- Serán rectificados o cancelados, en
su caso, los datos de carácter
cuyo tratamiento no se ajuste al principio de calidad de los datos, siempre y
no sea imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la
cancelación dará lugar al bloqueo de los datos personales, los cuales se
conservarán con
único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su
el plazo de prescripción legal de éstas. Durante dicho período, los datos
personales no
ser objeto de tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación en
de datos correspondiente, en términos de la normatividad aplicable.
los datos personales rectificados o cancelados hubieren sido transmitidos
del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a
haya transmitido, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último,
proceder a la cancelación.
cancelación de datos personales no procede cuando pudiese causar perjuicios a
intereses legítimos de terceros, o cuando exista una obligación legal de
conservar dichos
34 BIS B.- De conformidad con lo dispuesto en
esta Ley, cualquier persona
tendrá derecho a oponerse al tratamiento de los datos personales que le
conciernen,
el supuesto que los datos se hubieran recabado sin su consentimiento, cuando
fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario. De actualizarse tal
supuesto, el
obligado responsable de la base de datos correspondiente deberá excluir del
los datos personales relativos al afectado.
LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
MATERIA DE DATOS PERSONALES
34 BIS C.- Sin perjuicio de lo que dispongan
otras Leyes, sólo los interesados
acrediten su identidad podrán solicitar a una unidad de enlace, por sí mismos o
un representante debidamente acreditado, que les dé acceso, rectifiquen,
cancelen o hagan
su derecho de oposición, respecto de los datos personales que les conciernan y
en un sistema de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
34 BIS D.- La solicitud de acceso,
plantearse por escrito y contener:
El nombre y firma del solicitante, así como su domicilio u otro medio para
como el correo electrónico, así como los datos generales de su representante
su firma, en su caso. En caso de no señalar medio para recibir notificación o
señalado se encuentra en localidad diversa a la de la unidad de enlace, las
se realizarán en el tablón de avisos de la unidad de enlace, el cual deberá ser
fácil acceso para los interesados;
Los datos de identificación que acrediten que el solicitante es el titular de
sobre los que se ejerce la solicitud, así como copia de su identificación
oficial y,
su caso, la de su representante;
El nombre del sujeto obligado a quien se dirige la solicitud;
alguno de los derechos antes mencionados;
Cualquier otro elemento que facilite la localización de la información, y;
Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a sus datos
la cual podrá ser verbalmente, mediante consulta directa, copias simples,
u otro tipo de medio.
34 BIS E.- En el caso de solicitudes de
rectificación de datos personales, ésta
indicar además de los requisitos señalados en el artículo anterior, las
deban realizarse, así como la documentación que sustente la solicitud.
34 BIS F.- Tratándose de solicitudes de
cancelación, la solicitud deberá
si revoca el consentimiento otorgado en los casos en que la revocación proceda,
cancelación deriva de la existencia de un dato erróneo o inexacto, en cuyo caso
la documentación justificativa.
34 BIS G.- En las solicitudes de tratamiento,
se deberán indicar las razones
por las cuales se estima que no resulta viable la tramitación de los datos
por parte del sujeto obligado respectivo.
34 BIS H.- El interesado al que se niegue,
total o parcialmente, el ejercicio de
derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, podrá interponer el
revisión previsto en esta Ley.
35.- Presentada la solicitud de acceso,
datos personales, la unidad de enlace del sujeto obligado, observará el
Procederá a la recepción y registro de la solicitud y devolverá al interesado
solicitud registrada que servirá de acuse de recibo, en la que deberá aparecer
la hora, la fecha del registro y el nombre y cargo de la persona que la
recibió;
Registrada la solicitud, se verificará si cumple con los requisitos
establecidos por los
34 BIS D, 34 BIS E, 34 BIS F y 34 BIS G de esta Ley, y si la información
por el solicitante no basta para localizar los datos personales o son erróneos,
Unidad de Enlace podrá prevenirlo, por una sola vez y dentro de los cinco días
a la presentación de la solicitud, para que aclare o complete su solicitud,
de que de no desahogar la prevención se tendrá por no presentada la solicitud.
cumplir con los requisitos, se turnará a la o las unidades administrativas que
correspondan,
para que procedan a la localización de la información solicitada;
La o las unidades administrativas correspondientes informarán, dentro de un
días hábiles, a la unidad de enlace sobre la existencia de los datos personales
sistemas de datos personales en los cuales se realizó la búsqueda
En caso de existencia de los datos personales sobre los que se realizó la
solicitud, la
de enlace notificará en forma personal, dentro de los cinco días hábiles
dicha situación al solicitante, de igual forma, se le notificará el nombre de
la o las
administrativas responsables de realizar el trámite solicitado.
la tramitación de la solicitud implica algún costo en términos de la presente
de enlace lo notificará en el mismo acto para que el solicitante realice el
y lo compruebe ante la unidad de enlace, dentro de un plazo no mayor de
días hábiles;
la tramitación de la solicitud no implica algún costo para el solicitante, la o
responsables, darán cumplimiento al trámite solicitado y remitirán la
correspondiente a la unidad de enlace dentro de los diez días hábiles
a partir de la fecha de notificación de la existencia de los datos personales a
de enlace;
plazo de diez días hábiles, referido en el párrafo anterior, podrá ser ampliado
por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias
del caso y
notifique personalmente de esta situación al solicitante.
Una vez que el solicitante compruebe ante la unidad de enlace, haber realizado
ésta lo informará a la o las unidades administrativas responsables, a efecto
que dentro de los diez días hábiles siguientes, den cumplimiento al trámite
solicitado y
la resolución correspondiente a la unidad de enlace;
La unidad de enlace notificará personalmente la resolución a la solicitud y, en
su caso,
plazo para que el interesado o su representante legal pasen a recoger la
de su solicitud, dentro de los siete días hábiles siguientes; y
Previa exhibición del original del documento con el que acreditó su identidad
o su representante legal, se hará entrega de la información requerida.
caso de que el interesado o su representante legal no acudan a recoger la
de su solicitud, dentro del plazo señalado en la fracción anterior, la unidad
procederá a la destrucción de dicha información, de conformidad con los
que emita el Instituto.
49.- El escrito de interposición del recurso
de revisión se presentará, en forma
o por escrito, ante el Instituto o ante la unidad de enlace respectiva. En este
caso, la unidad de enlace remitirá al Instituto el escrito de referencia dentro
de doce horas, contado a partir del momento de la recepción correspondiente.
escrito de interposición del recurso de revisión deberá especificar:
El nombre del recurrente y del tercero interesado y su domicilio si los hay,
o medio que se elija para recibir notificaciones;
El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en su
caso, a quien
su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado,
aún las de
personal se harán por estrados;
El acto u omisión que se recurre;
El sujeto obligado responsable;
La fecha de notificación o conocimiento del acto reclamado;
Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause
o resolución impugnada;
En su caso, si se requieren, enumeración de las pruebas conducentes y;
La firma del recurrente al final del escrito o, en su caso, la huella dactilar
derecha en
mismos espacios. En caso de interposición del recurso por medio electrónico, el
deberá señalar los datos de identificación correspondientes de su firma
en términos de la Ley Sobre el Uso de la Firma Electrónica Avanzada para el
el promovente omite alguno de los requisitos de referencia, el Instituto lo
de un plazo de dos días hábiles a partir de la recepción del escrito respectivo
se subsane la omisión, gozando el recurrente de un término de cinco días
hábiles para
efecto, bajo el entendido de que la falta de respuesta al requerimiento
ocasionará que
recurso se tenga por no interpuesto.
51.- Si durante la substanciación del recurso
apareciere que el sujeto obligado
distinto al señalado por el recurrente, el Instituto notificará al sujeto
obligado correcto
el estado en que se encuentre el procedimiento, sin suspenderlo, para que venga
dentro de un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación relativa.
dicho sujeto obligado para comparecer al procedimiento no impedirá que el
resolución y que, en su caso, ésta afecte al referido sujeto.
52.- En todos los casos el Instituto deberá
suplir la deficiencia de la queja del
53.- …
el Instituto no resuelve en el plazo establecido por esta Ley, el acto
recurrido se
confirmado tanto en sus puntos resolutivos como en sus motivaciones y
el Instituto determine que algún servidor público pudo haber incurrido en
de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad
corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha comunicación, inicie los
54.- …
El Instituto haya conocido y resuelto previamente el asunto; o
El asunto esté siendo conocido por el mismo Instituto en otro proceso pendiente
56.- El Instituto sustanciará el recurso de
revisión conforme a las siguientes
Cuando se admitan pruebas que requieran desahogo especial, el Instituto
días hábiles para dicho particular, sin que por motivo alguno este plazo pueda
o puedan desahogarse pruebas después de su conclusión;
y V.- …
resoluciones del Instituto serán públicas una vez que hubieren causado estado.
57.- En cualquier momento pero sin suspensión
del procedimiento, el
podrá celebrar audiencias con las partes para el efecto de explorar y en su
una composición extrajudicial del recurso.
59.- El sujeto obligado dispondrá de un plazo
de cinco días hábiles para
la resolución que dicte el Instituto. En casos especiales a juicio del
Instituto, previa
del sujeto obligado y justificándose ésta, mediante acuerdo fundado y motivado
ampliarse por una sola vez este plazo hasta por otro igual, de modo tal que el
nunca deba esperar más de diez días hábiles para la entrega de la información
60.- Para obtener coactivamente el
cumplimiento de sus resoluciones, el
podrá decretar y ejecutar:
El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
subsiguientes,
el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con
de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
La multa con cargo al patrimonio personal del servidor público responsable que
el Instituto o del representante legal del sujeto obligado no oficial, hasta
el salario mínimo aplicable a la capital del Estado.
El arresto hasta por 36 horas del servidor público responsable que determine el
o del representante legal del sujeto obligado no oficial.
La suspensión del servidor público responsable que determine el Instituto hasta
días sin goce de sueldo.
El cese definitivo y la consecuente separación del cargo del servidor público
que determine el Instituto.
las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para
eficaz y eficiente de las precitadas medidas coactivas.
el caso de la fracción II, el Secretario de Hacienda será responsable de
y obtener el aseguramiento del pago de la multa correspondiente dentro de
plazo de quince días naturales a partir de la fecha en que reciba la
para cuyo efecto podrá inclusive retenerse el sueldo del servidor público
hasta por el monto que permitan las leyes de la materia. El importe de las
que se impongan en los términos de la fracción II será entregado al Instituto.
el caso de la fracción III, las policías estatales y municipales actuarán
que al efecto reciban del Instituto sin interferencia de ninguna otra
el caso de la fracción IV, el superior jerárquico del sujeto obligado será
de la retención de sueldos correspondiente, y si ésta no se ejecuta de
superior quedará automáticamente sujeto a la misma sanción. En todo caso, los
que dejen de percibirse por esta causal serán entregados al Instituto.
el caso de la fracción V, cuando el o los funcionarios responsables deban su
cargo a un
de elección popular, o hayan sido designados directamente por el Poder
la sanción la decidirá y ejecutará el Congreso del Estado a moción que sobre
particular presente el Instituto. En el mismo caso, cuando se trate de
designados de cualquier otra forma, la sanción la decidirá directamente el
y la ejecutará el superior jerárquico inmediato del sujeto obligado sancionado.
los casos será invariablemente cuidada y respetada la garantía de audiencia del
cualquier caso referente a la hipótesis de la fracción V, una vez resuelto el
cese del
público involucrado, nadie estará obligado a obedecerlo como autoridad y el que
a sabiendas será considerado copartícipe en la comisión del delito de
que se cometiere.
perjuicio de las medidas coactivas de referencia, el Instituto podrá además
asumir de
directa la ejecución de sus resoluciones, apersonándose para dicho efecto, por
del Presidente del mismo, en las oficinas de los sujetos obligados o en
lugar, con auxilio de la fuerza pública si lo considera necesario y con
atribuciones para
cerraduras e inspeccionar archivos y muebles, lugares y espacios que puedan
guardar documentos, así como para emitir en el acto todas las órdenes y
diligencias que sean conducentes para obtener el cumplimiento forzoso de las
acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier
el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este artículo, sea quien
quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos
por parte del Instituto.
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a
los noventa días naturales
al día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de
estimar que el presente dictamen debe ser considerado como de
resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley
Poder Legislativo de Sonora, se solicita la dispensa a los trámites de primera
para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión.
DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
"CONSTITUYENTES
SONORENSES DE 1917"
Sonora, a 12 de diciembre de 2011.
DIP. HÉCTOR ULISES CRISTÓPULOS RÍOS
DIP. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI
DIP. ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ
DIP. DAVID CUAUHTÉMOC GALINDO DELGADO
DIP. LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ
DIP. ELOÍSA FLORES GARCÍA
DIP. OSCAR MANUEL MADERO VALENCIA
DIP. JOSÉ GUADALUPE CURIEL