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Timestamp: 2019-07-24 06:24:17
Document Index: 225781585

Matched Legal Cases: ['Artículo 10', 'artículo 20', 'Artículo 10', 'artículo 20', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 20', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 18']

Tabla No 2: Guatemala: Salarios mínimos y costo de la Canasta Básica Alimentaria (2008-2014)
Capítulo 6 Derecho a la protección y asistencia a la familia, maternidad y niñez- Violencia contra las mujeres (Artículo 10 del Pidesc)
Violencia contra las mujeres Legislación que penaliza actos de violencia en el hogar y la violencia contra las mujeres
La creación del Sistema Nacional de Información sobre Violencia en contra de la Mujer (artículo 20)
Existencia de un plan de acción nacional para luchar contra la violencia en el hogar y las medidas adoptadas para apoyar y rehabilitar a las víctimas
La violencia que se ejerce contra las y los NNA
Costo CBA
Exportadora y de maquila
Mes (Q.)
625-2007
Q.1,859.60
398-2008
Q.1,938.27
1,574.06
347.2009
Q.1,973.30
1,937.54
388.2010
Q.2,172.60
Q.2,449.80
2,171.75
Q.2,639.40
2,280.34
2,096.01
Q.2,922.30
Elaboración: MUVACOFUM con datos del BANGUAT, INE, MINECO y MINTRAB
Las trabajadoras de la maquila de confección y textiles, han reiterado en diferentes oportunidades su desacuerdo con esta diferenciación salarial, manifestando que para ellas el costo de la canasta básica no es diferenciado, sino que deben pagar igual que todas y todos los guatemaltecos.
Esta diferenciación del salario mínimo para las y los trabajadores de la maquila de confección y textil, se ha ensanchando con relación a los salarios mínimos de las otras actividades económicas, situación que pone en desventaja y desigualdad a las y los trabajadores de esta actividad económica, reduciendo más las posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas y la de sus familias, negándoseles de esta manera mejorar su nivel de vida y superar los niveles de pobreza en que se encuentran.
Condiciones de trabajo en las maquilas
A continuación se mencionan algunas de las principales violaciones a los derechos de las trabajadoras del sector maquilador:
Retención de los salarios: Las trabajadoras de maquila, refieren que se les retiene el pago de sus quincenas, aduciendo los empleadores que se debe a que aún no han recibido el pago por los envíos de ropa que han exportado, principalmente al mercado de Estados Unidos.
Despidos injustificados: Otra de las denuncias de las trabajadoras de las maquila, es que actualmente, a pesar de recurrir a la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social cuando son despedidas injustificadamente, esta dependencia del Ejecutivo, ya no tiene la facultad de sancionar a los infractores, en este caso, los empleadores, situación que deja en el desamparo a las trabajadoras. Hay cientos de casos en esta situación, las trabajadoras se quedan sin empleo, sin el pago de prestaciones laborales y sin indemnización.
Trabajo por metas y no cumplimiento de la jornada regular. El trabajo de las maquilas también está organizado a las metas de producción, por lo que el salario de las trabajadoras también depende de que puedan cumplir con las metas fijadas de manera unilateral por la empresa. Para cumplir con esas metas las trabajadoras tienen que laborar más de 8 diarias, sin apenas tener descansos para sus alimentos (de 10 a 15 minutos) o para ir al baño. Las largas horas de trabajo impactan en su salud, en su calidad de vida y sobre todo su vida productiva, situación que afecta su entorno familiar, limitando su bienestar y el de sus hijas e hijos.
No pago de horas extras. Con relación al pago de horas extras, señalan las trabajadoras que los empleadores han cambiado las tácticas para evadir este pago, las obligan a marcar la tarjeta de asistencia a la hora correspondiente a la salida, y las horas que corresponden a tiempo extraordinario laborado, no se las pagan completas, aunque la mayoría refiere que laboran como mínimo 10 horas diarias. El incumplimiento del pago de horas extras es cotidiano y las trabajadoras soportan estas condiciones de trabajo, debido al desempleo existente en el país, que no permite otras formas de trabajo.
Despidos injustificados. Se ha denunciado que muchas trabajadoras son despidas de forma injustificada sin que le sean pagadas sus prestaciones e indemnización. No obstante se acude a la IGT a presentar las denuncias correspondientes, por la incapacidad de sancionar de la IGT y por estar sobresaturada de trabajo es sumamente difícil que las trabajadoras puedan acceder a la justicia.
La seguridad y la higiene en el trabajo. Las trabajadoras de las fábricas en donde funcionan las maquilas de vestuario y textiles, señalan condiciones inadecuadas de trabajo, tales como: hacinamiento, falta de iluminación y ventilación adecuadas, escases de servicios sanitarios y agua purificada, no existencia de un botiquín de primeros auxilios, entre otras. Todo ello contradice lo que establece el Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo de 1957. A pesar de que durante los últimos quince años, algunas organizaciones que apoyan los derechos de las mujeres trabajadoras de maquila han insistido ante el Ministerio del Trabajo para actualizar el reglamento, no existe voluntad política para ello.
Abuso de la figura de contrato por periodo de prueba. La flexibilidad laboral es un mecanismo que se ha implementado en la contratación de las trabajadoras en las fábricas maquiladoras de vestuario y textiles. Las trabajadoras son aceptadas como trabajadoras durante dos meses, al término de los mismos, se le indica que no pasó el período de prueba y que no será contratada. Sin embargo, se le indica, que puede regresar al pasar unos días para someterse nuevamente al proceso. Con estos mecanismos, el empleador obvia el pago de las prestaciones laborales contempladas en el Código de Trabajo bajo la utilización de la figura de periodo de prueba que exime al patrono de pagar las indemnizaciones de ley cuando despide a una persona en los primeros dos meses de contrato.
Discriminación en el acceso al empleo. El estudio Los Rostros Ocultos en la Maquila realizado por ATHRADOM en 2012 señala diversas prácticas discriminatorias en el acceso al empleo en las maquilas128
No se contrata a mujeres mayores de 30 años, debido a que, según los empleadores no podrían llegar a cumplir con las metas de trabajo.
Se utiliza un servicio denominado Informe en el que se tiene un banco de datos de personas que de alguna manera han tenido un problema de crédito con un banco, o que han sido despedidas de alguna empresa por demandar sus derechos. Antes de contratar a la persona se hace una búsqueda para ver sus antecedentes. Este banco de información se utiliza como una lista negra.
También se ha denunciado el uso del polígrafo en los proceso de admisión al empleo.
Talleres clandestinos: Una forma de trabajo precario para las mujeres, lo constituye los talleres “clandestinos” que son subcontratados por los maquileros. La forma de operar es aceptar a las mujeres sin exigirles ningún requisito y pagarles salario diario que oscila entre los Q50.00 a Q75.00, con la advertencia de que no hay prestaciones laborales ni garantías laborales. Sobre estos talleres pequeños, que albergan entre 20 y 70 personas, según lo manifestaron algunas de las trabajadoras, no hay ningún control de parte de las instituciones que deben garantizar su funcionamiento tanto a nivel de inscripción en el Registro Mercantil, como en lo concerniente a la tutela de los derechos laborales de quienes allí trabajan.
Otro aspecto importante de mencionar es la iniciativa de Ley reguladora del trabajo por hora y su inclusión a la seguridad social, decreto No. 4648, que está pendiente de conocerse en el Congreso. Esta ley, de ser aprobada tendrá efectos negativos en la vida y condición de las mujeres, ya que si bien sus propulsores señalan que es para que las mujeres puedan atender a sus hijas e hijos (perpetuando la naturalización de las relaciones de reproducción), lo que esconde en el fondo, es vulnerar aún más la precaria economía de las mujeres y mantenerlas en situación de opresión, discriminación, inequidad e injusticia social.
Derecho a la protección y asistencia a la familia, maternidad y niñez- Violencia contra las mujeres
(Artículo 10 del Pidesc)
Comunidades de la Diversidad Sexual y de Género en Guatemala
El Estado de Guatemala se encuentra organizado para proteger a la persona y a la familia129
. No obstante, las Comunidades de la Diversidad Sexual y de Género no están debidamente integradas a la sociedad guatemalteca, muestra de ello es que, según establece el Código Civil, solo familias conformadas por “un hombre y una mujer” pueden optar al matrimonio130
o a declarar su unión de hecho131
para tener acceso a la protección económica, jurídica y social de sus familias.
Los artículos citados tergiversan los derechos y libertades garantizados por la Constitución de la República, toda vez que en Guatemala se promueve la organización de la familia “sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derechos de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos”.132
Ni en la Constitución de la República, ni en el mismo Código Civil existen requisitos o prohibiciones relacionadas al sexo (o al diferente sexo que se presume que deberían tener) los cónyuges.133
Tampoco se cuenta con previsiones legales que prohíban, impidan o dificulten el debido registro, en Guatemala, de los matrimonios de parejas guatemaltecas y/o extranjeras celebrados en el extranjero.
La discusión al respecto del matrimonio homosexual, las uniones civiles, uniones de hecho y otras posibilidades de protección, es un tema que socialmente no ha sido posible discutir por las limitaciones derivadas de los discursos religiosos que presumen que “Dios hizo al hombre y a la mujer” complementarios entre sí, como la única unión “aceptable” y “natural” y con fines reproductivos. Los discursos religiosos se encuentran perfectamente afianzados en los partidos políticos que responden a las presiones de las organizaciones religiosas, a tal punto que el 86% de los diputados ha manifestado estar en contra de la aprobación de alguna iniciativa de ley que pretendiera reconocer legalmente las uniones homosexuales.135
Lo anterior deja sin ninguna posibilidad de protección a todos los demás modelos y posibles composiciones familiares de las Comunidades de la Diversidad Sexual y de Género, las cuales merecen igual protección del Estado a la que brinda al matrimonio heterosexual en temas relacionados a seguridad social, patrimonio familiar, representación conyugal, paternidad/maternidad (convencional o asistida) y adopciones, además del mero reconocimiento social.136
Legislación que penaliza actos de violencia en el hogar y la violencia contra las mujeres
La Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, aprobada en el año 2008 (en adelante Ley contra el Femicidio), es el resultado de la constante demanda de las organizaciones de mujeres y feministas de Guatemala para establecer acciones afirmativas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, que ocurre tanto en el ámbito privado como en el público. Reconoce el delito de violencia física, sexual, económica, psicológica y femicidio, imponiendo penas de 5 a 50 años de privación de libertad. Sin embargo, a casi 6 años de su vigencia, su aplicación puede calificarse aún como incipiente.
Pese a que el contexto de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en Guatemala es cada vez más adverso, no existe un registro estadístico oficial que dé cuenta fehaciente de la magnitud de la problemática. Aunque la Ley contra el Femicidio mandata la creación del Sistema Nacional de Información sobre Violencia contra la Mujer (artículo 20), éste aún no se encuentra en funcionamiento. Los datos disponibles, que son de cada institución involucrada en la problemática, rara vez coinciden, se desconoce si son las mismas o diferentes mujeres que acuden a cada lugar, y en su mayoría la información está desactualizada y no disponible para todo el público.
Por ejemplo, en la publicación de su Memoria de Labores del 2012, el Ministerio Público informa que el delito de violencia contra la mujer representa el 14.5% del total de denuncias recibidas ese año, es decir 51,790 denuncias, lo que le convierte en el delito más denunciado durante ese año. Asimismo, informa que en el 2011, la violencia contra la mujer fue el segundo delito más denunciado con 46,020 denuncias, que representan el 13.1% del total. Es decir, que tan sólo en un año, las denuncias por violencia contra la mujer se incrementaron en un 12.5% (5,770), y el delito de violencia pasó a ocupar el primer lugar entre las denuncias presentadas en ese Ministerio.137
Ello demanda del ente encargado de realizar la investigación criminal, un alto grado de especialización, sensibilización y conocimiento de la problemática para dar respuestas eficaces y rápidas a las mujeres cuya vida, seguridad e integridad está en riesgo.
Por su parte, el Organismo Judicial reporta que en 2012 se registró a nivel nacional un total de 22,109 denuncias por el delito de violencia contra la mujer138
. En 2013 el número de denuncias por el mismo delito presentó un aumento de 76% (16,855), con un total de 38,964 registros a nivel nacional. A pesar de esta situación, el Organismo Judicial emitió únicamente 776 sentencias en 2012 (3% en relación a las denuncias recibidas) y 1582 en 2013 (4% en relación a las denuncias recibidas); Aunque no existe certeza de que las sentencias correspondan al mismo año en el que fueron emitidas, pues ese dato no está disponible, éstas reflejan el alto índice de impunidad (entre el 96-97%) en los delitos de violencia contra las mujeres.
Otro dato alarmante es el de las muertes violentas de mujeres (MVM). Según información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses-INACIF, en el año 2013 perdieron la vida violentamente 748 mujeres, 77 más que en el 2012, lo cual representa un incremento del 11%. Si bien las autoridades gubernamentales han anunciado un descenso del 6% en las muertes violentas en general (de 5999 en 2012 se redujeron a 5663 en 2013), esta disminución aplica únicamente a las muertes violentas de hombres, que descendieron en el 2013 en comparación con el año 2012 (de 5 mil 328 a 4 mil 915 en 2013), pero no fue así para las mujeres.139
Estas cifras dan cuenta de que las autoridades gubernamentales necesitan revisar su política en materia de seguridad, pues la tendencia decreciente de muertes violentas de mujeres a partir del 2009, ha tenido un repunte desde 2012 y se ha pronunciado aún más en 2013. Aún está pendiente la presentación de la Política de Prevención de la Violencia y el Delito, la cual se espera que esté más focalizada a las necesidades, vulnerabilidades y riesgos que corren las mujeres en diferentes espacios de socialización. Si bien se reconoce que ha habido avances en materia de investigación criminal, desarticulando bandas criminales y aprehendiendo a victimarios responsables de múltiples asesinatos y femicidios, principalmente de alto impacto mediático, estos avances no son suficientes para neutralizar la violencia cotidiana que viven las mujeres y para prevenir posibles muertes violentas de mujeres.140
A continuación se describe el avance de varias disposiciones establecidas en la Ley contra el Femicidio, que en la mayoría de casos, todavía presenta una implementación incipiente:
a) La creación de órganos jurisdiccionales especializados (artículo 15)
El Organismo Judicial, en el período 2010-2014, ha creado 7 juzgados y tribunales con competencia en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (en adelante juzgados especializados). Su funcionamiento ha tenido un impacto positivo, debido a las sanciones aplicadas a los agresores, la definición de los mecanismos de reparación del daño y las garantías de resarcimiento para las sobrevivientes de violencia. Sin embargo, una de sus grandes debilidades es que aún no operan en todo el país, territorialmente son poco accesibles, y solamente dos atienden en el idioma del lugar. La falta de cobertura geográfica141
, influye en que la mayoría de casos de violencia contra la mujer, sean diligenciados y conocidos en juzgados ordinarios. Por otro lado, los casos que llegan a los tribunales han debido pasar por el filtro de los receptores142
de denuncia, que son los encargados de certificar al ramo penal. Sin embargo, los receptores persisten en calificar el delito de violencia contra la mujer como faltas y/o violencia intrafamiliar (es decir, no como delitos), a la vez que recriminan y criminalizan a las mujeres por la violencia ocurrida en su contra. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de la capacitación, sensibilización y formación de todas las personas, que en un momento dado sirven de enlace entre las mujeres y los órganos jurisdiccionales, para facilitar el acceso a la justicia, y no únicamente en aquellos especializados.
b) La atención integral a mujeres sobrevivientes de violencia (artículo 16)
La Ley contra el Femicidio contempla la creación de los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS)143
, estableciendo que es obligación del Estado garantizar los recursos financieros, humanos y materiales para su funcionamiento y responsabilidad de CONAPREVI impulsar su creación, dar acompañamiento, asesoría y monitoreo a las organizaciones de mujeres especializadas que los administran.
En este sentido, varias organizaciones de mujeres han impulsado la creación de siete CAIMUS en el país, que se encuentran funcionando en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Baja Verapaz (Rabinal), Petén y Chimaltenango144
que a raíz de la creciente demanda de parte de las mujeres sobrevivientes de violencia, éstos brindan cobertura a nivel nacional.145
En cuanto a recursos, a partir del 2008 el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) logró el financiamiento público de cinco CAIMUS (8 millones de quetzales, alrededor de un millón de dólares americanos), a través del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, a pesar de la obligación del Estado de garantizar estos recursos financieros, los fondos públicos no se han ampliado, ni en el Ministerio de Gobernación, ni en ninguna otra instancia pública, por lo que la instalación de más CAIMUS es una tarea pendiente. Más allá, la entrega tardía de los fondos públicos asignados para su funcionamiento ha sido una problemática constante para su funcionamiento. Por ejemplo, en los años 2011 y 2012 se entregó a GGM solo el 50% de los fondos asignados, mientras en 2013, más de 20,000 mujeres fueron atendidas integralmente en los CAIMUS existentes; Para que los CAIMUS brinden cobertura nacional, se requieren más fuentes de financiamiento público, pero además voluntad política de parte de los funcionarios para la entrega oportuna y completa de los fondos asignados. El PLANOVI establece que para el 2014 deberían de existir 23 CAIMUS, al menos uno en cada departamento del país, pero esta meta aún dista de lograrse.
Por otro lado, los CAIMUS han sufrido descalificaciones constantes por parte de la SEPREM con la intención de deslegitimar su labor. Específicamente la realización del informe de evaluación de los CAIMUS por parte de la SEPREM se valora por parte de las organizaciones de mujeres consultadas como un proceso que excede al mandato de la institución y muestra una serie de datos incorrectos y no apegados al trabajo realizado por los CAIMUS. Este proceso es una muestra de las acciones emprendidas por la SEPREM para desfavorecer las propuestas desarrolladas y avances logrados por las organizaciones de mujeres en materia de violencia en contra de las mujeres en Guatemala. Otra acción importante, descrita en el capítulo 3, ha sido el desmantelamiento de la CONAPREVI, ente asesor y coordinador de políticas públicas relativas a la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, quien en la actualidad ha visto paralizadas sus funciones.
Si bien, en noviembre del 2013, luego de un largo silencio por parte de las actuales autoridades de Gobierno, se instaló una Mesa de Diálogo de alto nivel en el Ministerio de Gobernación con participación de las organizaciones responsables para coordinar los CAIMUS, todavía no está claro cuál será el mecanismo para la entrega oportuna de los fondos asignados en el presupuesto público del 2014. Según información del Vice Ministro de Prevención de la Violencia y el Delito, los fondos del Ministerio de Gobernación para los CAIMUS se incrementarán en el 2014 a 20 millones de quetzales anuales (aproximadamente 2.5 millones de dólares americanos), lo que permitiría la apertura de más CAIMUS en el país; sin embargo, como se dijo antes, aún no está claro el mecanismo que utilizará el Ministerio de Gobernación para la entrega oportuna de los fondos, y desde el 17 de enero 2014 la Mesa no se ha reunido, dejando en un impase la sostenibilidad de los CAIMUS.
Dado que el Estado no tiene capacidad para brindar una atención de calidad y con calidez humana a las mujeres sobrevivientes de violencia durante todo el tiempo que dura su proceso legal y de recuperación personal, los CAIMUS son la única respuesta con que cuenta el país para acompañar integralmente a las mujeres146
. Sin embargo, no ha existido voluntad política en las actuales autoridades gubernamentales para dar cumplimiento a lo establecido en el PLANOVI, respecto a la instalación de al menos un CAIMU en cada departamento del país (23 en total), para finales del año 2014, ni para cumplir con el artículo 16 de la Ley contra el Femicidio.
A pesar de que la falta de un registro estadístico oficial de la violencia contra las mujeres es una grave problemática que limita el diseño de políticas públicas más acordes a la realidad que viven las mujeres y las niñas de Guatemala, la creación del Sistema Nacional de Información sobre Violencia contra la Mujer-SNIVCM, es una tarea pendiente, que la Ley establece en su artículo 20.
La responsabilidad de hacer funcionar el Sistema es del Instituto Nacional de Estadística-INE en coordinación con la CONAPREVI. Ambas instituciones durante el período 2010-2011 y principios del 2012 avanzaron en su diseño e implementación; sin embargo, esta dinámica se vio interrumpida casi a mitad del 2012, debido a la paralización de las actividades de CONAPREVI promovida por SEPREM, quien representa al Presidente de la República en CONAPREVI; por lo tanto, los resultados esperados siguen sin alcanzarse, como el consenso sobre el conjunto de indicadores propuestos a las diferentes instituciones receptoras de denuncias, los acuerdos sobre los mecanismos de recopilación, procesamiento y traslado de la información, el funcionamiento de una plataforma electrónica para sistematizar la información estadística proveniente de las diferentes fuentes oficiales.
En el 2013, el INE promovió el seguimiento de la instalación del Sistema, pero lamentablemente, obvió los avances previos logrados en coordinación con CONAPREVI, y ante la ausencia del ente especializado en materia de violencia contra las mujeres, desvió su trabajo a una propuesta de registro de violencia intrafamiliar, con lo cual se incumple con lo establecido en el artículo 20 de la Ley contra el femicidio que específicamente se refiere a un Sistema de violencia contra la mujer. Es imperante, por lo tanto, que CONAPREVI retome la articulación con el INE para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley.
d)La obligatoriedad del Estado de asignar los recursos necesarios para implementar la Ley contra el Femicidio y el PLANOVI (2004-2014)
No existe un presupuesto específico para implementar la ley contra el Femicidio ni el PLANOVI. El presupuesto para coordinar la implementación del PLANOVI estaba bajo la responsabilidad de CONAPREVI, pero al haberse anulado este presupuesto en el 2013147
, no se tiene certeza de ningún fondo para esta finalidad. Cada institución involucrada en el cumplimiento del PLANOVI y la Ley contra el Femicidio, han asignado los fondos que estiman convenientes para cumplir con su mandato. No obstante, éstos no han sido suficientes para impactar en los índices de violencia contra las mujeres, pese a ser éste el delito más denunciado en todo el país.
Por lo tanto, se hace absolutamente necesario etiquetar un presupuesto suficiente para que cada institución involucrada en la aplicación de la Ley contra el Femicidio y el PLANOVI esté en capacidad de cumplir con su mandato en lo relacionado con la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, incluyendo el femicidio.
En las indicaciones del Comité DESC, se pregunta sobre la existencia de un Plan Nacional. Este sí existe es el PLANOVI (2004-2014), el cual fue elaborado por CONAPREVI en el año 2003, contando con amplia participación de sectores públicos y privados. Hasta principios del 2012, CONAPREVI cumplió con su responsabilidad de coordinar su implementación y armonizar su contenido con políticas públicas posteriores148
, aunque para ello contó con recursos insuficientes.
El PLANOVI está institucionalizado en la Ley contra el Femicidio (Artículo 17) por lo que su implementación es de carácter obligatorio. Como se dijo antes, CONAPREVI avanzó en promover y monitorear su implementación, definiendo mecanismos interinstitucionales de coordinación, herramientas e instrumentos de gestión pública para enfrentar la problemática desde el Estado. La propia estructura de funcionamiento de CONAPREVI estaba en función del cumplimiento de los 4 Ejes del PLANOVI, a través de 4 comisiones de trabajo: 1) Investigación análisis y estadística. 2) Prevención. 3) Atención Integral. 4) Fortalecimiento Institucional; y en el 2009 adicionó una 5ta. Comisión, la de Formación y Capacitación para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley contra el Femicidio, relativo a capacitar a funcionarios del Estado.
En el Eje de Atención Integral, el PLANOVI contempla la atención especializada a mujeres sobrevivientes de violencia, a través de los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia-CAIMUS149
, que son coordinados por organizaciones de mujeres especializadas, contando con fondos públicos para su funcionamiento, y el monitoreo, acompañamiento y seguimiento de la CONAPREVI. En el literal b) del título anterior, se brinda mayor información respecto a los CAIMUS.
Cabe resaltar que CONAPREVI no tuvo el financiamiento suficiente para promover y coordinar la implementación del PLANOVI, ya que aunque su presupuesto tuvo algunos incrementos (de 1.4 millones de quetzales en 2007 pasó a 5 millones en el período 2009-12, pero en el 2013 su presupuesto fue suprimido por parte de SEPREM150
; además, las instituciones públicas involucradas en su aplicación, no necesariamente vincularon su responsabilidad definida en el PLANOVI, a su planificación operativa anual y a su presupuesto. Aunado a ello, y derivado del debilitamiento de la institucionalidad de la CONAPREVI (señalado en el numeral 3), el PLANOVI también quedó paralizado desde principios del 2012, incluyendo el proceso previsto para su evaluación y actualización, que debió realizarse en el 2013.
Cabe preguntarse entonces, por qué siendo el PLANOVI la estrategia nacional definida para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, no ha sido una prioridad en la actual gestión gubernamental? ¿Será que la violencia contra las mujeres y niñas no es una prioridad y por tanto se relega a segundo plano la vida y dignidad de la mitad de la población de este país?
Medidas adoptadas para sensibilizar a la población en general y para capacitar a los funcionarios y funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley y a profesionales interesados en el carácter penal de los actos de violencia doméstica
Hasta 2011, CONAPREVI, en cumplimiento al mandato conferido en la Ley contra el Femicidio (artículo 18), promovió y brindó capacitación a funcionarias y funcionarios públicos involucrados en la aplicación de la Ley, así como a organizaciones de mujeres, de derechos humanos y sociedad civil en general. Mediante la Comisión de Formación y Capacitación CONAPREVI dio seguimiento a los procesos de formación y asesoría de las instituciones involucradas en la aplicación de la Ley contra el femicidio y el PLANOVI, revisó y apoyó la actualización de contenidos de materiales de formación de las unidades y escuelas de formación de instituciones públicas, en el desarrollo de docencia y facilitación de diplomados en instituciones priorizadas y brindó capacitación y sensibilización a instituciones públicas y de sociedad civil. Sin embargo, a partir del 2012 esta acción quedó paralizada debido al debilitamiento de su institucionalidad, según descrito en el numeral 3.
Por su parte el Organismo Judicial ha realizado esfuerzos para capacitar a su personal en materia de violencia contra las mujeres. En el caso de los jueces y juezas de los Juzgados y Tribunales especializados están obligados a recibir capacitaciones, más no así los jueces juezas de órganos jurisdiccionales ordinarios (que son la mayoría que conoce denuncias de violencia contra la mujer), lo que provoca una clara desigualdad de criterios jurídicos.
Representa por lo tanto, un reto, la capacitación y sensibilización a operadores de justicia para que todas las mujeres que están denunciando a nivel nacional, encuentren respuesta a su problemática de violencia y sean evitadas más muertes y agresiones de todo tipo contra las mujeres y las niñas.
Guatemala se ha inscrito en la doctrina de protección integral de derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) con la aprobación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEYPINA) y la aprobación de la Política de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Además, ha aprobado una serie de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales dando así pasos significativos para promover, observar y fomentar sus derechos más esenciales. Aun así, la realidad que afrontan hoy en día las y los NNA son peores que hace diez años.
Guatemala cuenta con 14,770,000 habitantes, de los cuales un 51% (6.5 millones) son niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años de edad151
. Las niñas y niños de primera infancia representan el 21% (2.9 millones) del total de la población, las niñas y los niños de 7 a 12 años representan al 16% (2.3 millones) y las y los adolescentes de 13 a 18 años el 14% (1.9 millones).
De acuerdo con el ICEFI Guatemala invierte Q1,472.00 (US$1915) al año por cada niño o niña, siendo el país que menos invierte en su niñez en América Latina. Esta cifra representa (solo) el 3.2% del Producto Nacional Bruto. La escasa inversión social se refleja en los reducidos niveles de calidad y cobertura de la educación – especialmente de la educación preprimaria y primaria – al igual que en las altas tasas de desnutrición y mortalidad prematura, siendo las peores tasas registradas entre las poblaciones indígenas, pobres y rurales.
Las 48 diferentes Políticas Públicas no han podido garantizar mejores condiciones de vida de las y los guatemaltecos principalmente de las y los NNA. Hace falta la conectividad entre las políticas mismas, un ejemplo de ello puede ser la aún ausencia de articulación entre la Política de Protección Integral de Niñez y Adolescencia con la de Primera Infancia y a su vez con la de Juventud. Se debe de transitar de la atención (integral) al desarrollo integral. No se trata únicamente de una sustitución semántica sino de una profunda revisión semiótica.
De acuerdo con la Comisión Nacional Contra el Maltrato Infantil (CONACMI), se estima que existen un millón de casos de NNA víctimas de abuso y/o maltrato sexual. Así mismo la Comisión determinó que en 1,230 de los casos atendidos en hospitales nacionales se sospechó que éstos fueron relacionados con el abuso sexual, al igual que 7,002 relacionados con agresión física y 3,307 con abandono.
Por otro lado, aunque no existe un claro consenso se estima que 966,361 niñas, niños y adolescentes se dedican a actividades económicas, muchas de las cuales pone en peligro su integridad física, psicológica y emocional, impidiendo su pleno desarrollo integral, violando a la vez la normativa interna y los Convenios de la OIT en materia de Trabajo Infantil.
A pesar que Guatemala cuenta con una Hoja de Ruta para la reducción y erradicación del Trabajo Infantil, este sigue estando presente en el país, ya que constituye una estrategia de sobrevivencia para las familias pobres y extremadamente pobres.
En materia de NNA con discapacidad, se proyecta que el 10% aproximado del total de NNA en Guatemala registran alguna discapacidad en diferentes grados.
Durante los últimos años las acciones delictivas y del crimen organizado se han enfatizado con las y los NNA, poniéndolos cada vez más en un riesgo mayor, haciéndolos más vulnerables y propensos a los efectos de la violencia.
Uno de los problemas más graves a los que nos estamos enfrentando es la violencia sexual, la explotación ya sea con fines laborales o sexuales y la trata de personas. Lamentablemente no se cuentan con estadísticas tanto actualizadas como datos homogéneos al respecto del total de víctimas con las cuales se haya podido constatar la concreción de estos delitos.
Sin embargo sí se puede evidenciar que existen segmentos poblacionales que son más vulnerables que otros, entre ellos están las Niñas, Niños, Adolescentes y mujeres jóvenes.
En un recuento el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) ha llegado a contabilizar hasta 22,067 casos de embarazos a temprana edad en niñas y adolescentes de 10 hasta 19 años, de los cuales 1,448 casos son en niñas de 10 a 14 años por violencia sexual.
De acuerdo con la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), desde la aprobación de la Ley específica contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (LEYVET), en el año 2009, se ha incrementado el número de denuncias sobre posibles casos de abuso y/o violencia sexual. De igual manera, la Policía Nacional Civil reporta un importante incremento de capturas de sospechosos de cometer estos delitos, sin embargo, de acuerdo con el último informe de la Procuraduría de Derechos Humanos152
, pocos son los casos judicializados y menos las sentencias emitidas a quienes se les encuentran como culpables de estos hechos. El aumento las denuncias es positivo pero no suficiente. Es todavía necesario e imprescindible mejorar la capacidad de respuesta interinstitucional para que el Sistema de Protección funcione a cabalidad.
Por otro lado, según la misma SVET, la Alerta Alba Kenneth se activa hasta 20 veces al día, en el momento en que se reportan NNA que desaparecen por cualquier razón. Eso se debe a que ha habido un aumento de la cultura de denuncia. Sin embargo, se han registrado también casos en los que NNA reportados aparecen sanos y salvos tiempo después, pero los familiares olvidan desactivar la alerta y los pocos recursos destinados a la búsqueda se dispersan y se desaprovechan.
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