Source: https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/nuevasleyes/conversations/topics/269
Timestamp: 2017-05-28 08:32:00
Document Index: 215090033

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 25', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 19', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 17', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo\n11', 'Artículo 9', 'artículo 16', 'Artículo 10', 'artículo\n16', 'Artículo 11', 'artículo 16', 'Artículo 13', 'artículo 16', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo\n14', 'Artículo 17', 'artículo 12', 'Artículo 18', 'artículo 14', 'Artículo 19', 'artículo\n14', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 8', 'Artículo 27', 'artículo 16', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 15', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'artículo 7', 'Artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 34', 'artículo 7', 'Artículo 37', 'artículo 13', 'artículo 14', 'Artículo 38', 'artículo 23', 'artículo 23', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'artículo 48', 'artículo\n47', 'Artículo 51', 'artículo 47', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'artículo 47', 'Artículo 55']

D. 181 Ec. - Aprueba reglamento l ey 19.799, documentos electrónicos, firma electróbnica y certificación Expandir mensajes
Colegioabogados.orgPublicada en el Diario Oficial el da 17 agosto 2002 | Vea todas las normas jurdicas en http://colegioabogados.org/normas MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y
, 9 sep 2002
Publicada en el Diario Oficial el día 17 agosto 2002 | Vea
todas las normas jurídicas en http://colegioabogados.org/normasMINISTERIO DE ECONOMIA,
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION APRUEBA REGLAMENTO DE LA
LEY 19.799 SOBRE DOCUMENTOS ELECTRONICOS, FIRMA ELECTRONICA Y LA CERTIFICACION
DE DICHA FIRMA Núm. 181.- Santiago,
9 de julio de 2002.- Vistos: a) Lo dispuesto en el artículo 32º Nº 8 de la Constitución Política
de la República; b) La ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y
la certificación de dicha firma; c) Lo dispuesto en la resolución Nº 520, de 1996, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la resolución Nº 55, de 1992, ambas de la Contraloría
General de la Repú-blica. Considerando: Que en fecha 12 de abril de 2002 se publicó en el Diario
Oficial la ley Nº 19.799 sobre documento electrónico, firma electrónica y
la certificación de dicha firma, cuyo artículo 25 autoriza al Presidente de
la República a dictar el reglamento correspondiente, en el plazo de 90 días
contados desde la referida publicación, Decreto: Artículo primero:
Apruébase el siguiente Reglamento de la ley Nº 19.799 sobre documentos electrónicos,
firma electrónica y la certificación de dicha firma. Artículo 1º. Los
documentos electrónicos, la certificación y uso de la firma electrónica por
las personas naturales y jurídicas de derecho privado y la administración
del Estado, la prestación de los servicios de certificación, la acreditación
de los certificadores, y los derechos y obligaciones de los usuarios se regirá
por lo dispuesto en la ley Nº 19.799, el presente Reglamento y las normas
técnicas que se dicten al efecto. TITULO PRIMERO De los Prestadores de Servicios de Certificación Artículo 2º. Son
prestadores de servicios de certificación las personas jurídicas nacionales
o extranjeras, públicas o privadas, que otorguen certificados de firma electrónica,
sin perjuicio de los demás servicios que puedan realizar. Son prestadores acreditados de servicios de certificación las personas
jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, domiciliadas en Chile
y acreditadas en conformidad con la Ley y este Reglamento, que otorguen certificados
de firma electrónica, sin perjuicio de los demás servicios que puedan realizar.
Artículo 3º. El
cumplimiento de las normas técnicas fijadas para la aplicación del presente
Reglamento es obligatorio para los prestadores acreditados de servicios de
certificación. Artículo 4º. Los
actos administrativos que impliquen la modificación de normas técnicas para
la prestación del servicio establecerán los plazos en los cuales un prestador
acreditado de servicios de certificación deberá adecuarse a las mismas. El
incumplimiento en la adecuación a las nuevas normas técnicas será calificado
como incumplimiento grave y facultará a la Entidad Acreditadora a dejar sin
efecto la acreditación, de conformidad con el artículo 19 de la Ley y el
presente Reglamento. Artículo 5º. A
petición de parte o de oficio, y con el objeto de fijar o modificar las normas
técnicas establecidas por este Reglamento, la Entidad Acreditadora podrá
iniciar el procedimiento para la elaboración y fijación de normas téc-nicas.
De ser necesario, se podrá fijar conjuntos alternativos de normas técnicas
para la prestación del servicio con el objeto de permitir el uso de diversas
tecnologías y medios electrónicos, en conformidad a la Ley y el presente
Reglamento. Artículo 6º. Es
obligación de los prestadores de servicios de certificación contar con reglas
sobre prácticas de certificación consistentes en una descripción detallada
de las políticas, procedimientos y mecanismos que el certificador se obliga
a cumplir en la prestación de sus servicios de certificación y homologación.
Las Prácticas de Certificación deben declarar el cumplimiento de los requisitos
señalados en el artículo 17 de este Reglamento, con excepción de la póliza
de seguro que se acredita por medio de la presentación de la misma. Las Prácticas de Certificación deben ser objetivas y no discriminatorias,
y se deben comunicar a los usuarios de manera sencilla y en idioma castellano.
Dichas prácticas deberán contener al menos: a.	Una introducción, que deberá contener un resumen de las prácticas
de certificación de que se trate, mencionando tanto la entidad que suscribe
el documento, como el tipo de usuarios a los que son aplicables. b.	Consideraciones generales, debiendo contener información sobre obligaciones,
responsabilidades, cumplimiento de auditorías, confidencialidad, y derechos
de propiedad intelectual, con relación a todas las partes involucradas. c.	Identificación y autenticación, debiendo describirse tanto los procesos
de autenticación aplicados a los solicitantes de certificados, como los procesos
para autenticar a los mismos cuando piden suspensión o revocación de certificado.
d.	Requerimientos operacionales, debiendo contener información operacional
para los procesos de solicitud de certificado, emisión de certificados, suspensión
y revocación de certificados, procesos de auditoría de seguridad, almacenamiento
de información relevante, cambio de datos de creación de firma electrónica,
superación de situaciones críticas, casos de fuerza mayor y caso fortuito,
y procedimiento de término del servicio de certificación. e.	Controles de procedimiento, personal y físicos, debiendo describir
los controles de seguridad no técnicos utilizados por el prestador de servicios
de certificación para asegurar las funciones de generación de datos de creación
de firma electrónica, autenticación de usuarios, emisión de certificados,
suspensión y revocación de certificados, auditoría y almacenamiento de información
relevante. f.	Controles de seguridad técnica, debiendo señalar las medidas de seguridad
adoptadas por el prestador de servicios de certificación para proteger los
datos de creación de su propia firma electrónica. g.	Perfiles de certificados y del registro de acceso público, debiendo
especificar el formato del certificado y del registro de acceso público.
h.	Especificaciones de administración de la política de certificación,
debiendo señalar la forma en que la misma está contenida en la Práctica, los
procedimientos para cambiar, publicar y notificar la política. Artículo 7º. El
prestador de servicios de certificación deberá mantener un registro de certificados
de acceso público, en el que se garantice la disponibilidad de la información
contenida en él de manera regular y continua. A dicho registro se podrá acceder por medios electrónicos y en él deberán
constar los certificados emitidos por el certificador, indicando si los mismos
se encuentran vigentes, revocados, suspendidos, traspasados de otro prestador
de servicios de certificación u homologados. Artículo 8º. En
caso que un prestador de servicios de certificación cese en la prestación
del servicio, deberá comunicar tal situación a los titulares de los certificados
por ella emitidos en la siguiente forma: a)	Si el cese es voluntario, con una antelación de a lo menos dos meses
y señalando al titular que de no existir objeción a la transferencia de los
certificados a otro prestador de servicios de certificación, dentro del plazo
de 15 días hábiles contados desde la fecha de la comunicación, se entenderá
que el usuario ha consentido en la transferencia de los mismos. En este caso,
si el prestador es acreditado, deberá traspasar los certificados, necesariamente,
a un certificador acreditado. b)	Si el cese no es voluntario, la cancelación de la acreditación deberá
comunicarse inmediatamente a los titulares. En caso que el prestador de servicios
de certificación esté en situación de traspasar los certificados a otro prestador
acreditado, deberá informar tal situación en la forma y plazo señalado en
la letra a). Si el titular del certificado se opone a la transferencia, el certificado
quedará sin efecto sin más trámite, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
11 de este Reglamento. Artículo 9º. En caso que el cese en la prestación del servicio
sea por voluntad del prestador acreditado de servicios de certificación, deberá
solicitar a la Entidad Acreditadora, con al menos un mes de anticipación,
la cancelación de su inscripción en el registro público a que hace referencia
el artículo 16 de este Reglamento, comunicándole el destino que dará a los
datos de los certificados, especificando, en su caso, los que va a transferir
y a quién, cuando proceda. Artículo 10. El
cese de la actividad del prestador acreditado de servicios de certificación
será registrado como nota de cancelación de la inscripción de la acreditación
por la Entidad Acreditadora en el registro público a que se refiere el artículo
16 de este Reglamento. Artículo 11. Los
datos proporcionados por el titular del certificado deberán ser conservados
por el prestador de servicios de certificación a lo menos durante seis años
desde la emisión inicial de los certificados, cualquiera sea el estado en
que se encuentre el certificado. En caso que el prestador de servicios de certificación cese en su actividad,
deberá transferir dichos datos a un prestador de servicios de certificación,
que deberá estar acreditado si aquel lo fuera, o a una empresa especializada
en la custodia de datos electrónicos, por el tiempo faltante para completar
los 6 años desde la emisión de cada certificado. Esta situación deberá verse
reflejada en el registro público que señala el artículo 16 de este Reglamento.
prestadores de servicios de certificación acreditados deberán contratar y
mantener vigente un seguro de responsabilidad civil, que cubra los daños y
perjuicios que ocasionen, con motivo de la certificación y homologación de
firmas electrónicas, el que deberá contener las siguientes estipulaciones
mínimas: a)	Una suma asegurada de al menos el equivalente de cinco mil unidades
de fomento; b)	La ausencia de deducibles o franquicias, en la parte de la indemnización
que no exceda el equivalente de cinco mil unidades de fomento; c)	La responsabilidad civil asegurada, que comprenderá la originada en
hechos acontecidos durante la vigencia de la póliza, no obstante sea reclamada
con posterioridad a ella. TITULO SEGUNDO De la Acreditación de los Prestadores de Servicios de Certificación
Artículo 13. La
acreditación es el procedimiento en virtud del cual el prestador de servicios
de certificación demuestra a la Entidad Acreditadora que cuenta con las instalaciones,
sistemas, programas informáticos y los recursos humanos necesarios para otorgar
los certificados en los términos que se establecen en la Ley y en este Reglamento,
permitiendo su inscripción en el registro que se señala en el artículo 16.
funciones correspondientes a la Entidad Acreditadora serán desarrolladas por
la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, la que, a efectos
de su cumplimiento, podrá contratar expertos, a cuyos contratos se incorporarán
normas sobre probidad administrativa. Artículo 15. La
Entidad Acreditadora ejercerá la facultad inspectora sobre los prestadores
acreditados de servicios de certificación y, a tal efecto, velará porque los
requisitos que se observaron al momento de otorgarse la acreditación y las
obligaciones que impone la Ley y este Reglamento se cumplan durante la vigencia
de la acreditación. La facultad inspectora comprende tanto inspección ordinaria como la
extraordinaria. La inspección ordinaria consiste en la facultad de practicar
una visita anual a las instalaciones del prestador acreditado de servicios
de certificación, como asimismo requerir, en forma semestral, información
sobre el desarrollo de la actividad. La inspección extraordinaria será practicada
de oficio o por denuncia motivada sobre la prestación del servicio, ordenada
por el Subsecretario mediante resolución fundada. Las inspecciones podrán ser practicadas por medio de funcionarios o
peritos especialmente contratados y habilitados para estos fines, los que
en el ejercicio de sus funciones podrán requerir al certificador información
adicional a la proporcionada por él. La información solicitada por la Entidad Acreditadora deberá ser proporcionada
dentro del plazo de 5º día, contado desde la fecha de la solicitud, sin perjuicio
del otorgamiento de plazos especiales atendida la información requerida.
Artículo 16. La
Entidad Acreditadora mantendrá un registro público de prestadores acreditados
de servicios de certificación, el que deberá contener el número de la resolución
que concede la acreditación, el nombre o razón social del certificador, la
dirección social, el nombre de su Representante Legal, el número de su teléfono,
su sitio de dominio electrónico y correo electrónico así como la compañía
de seguros con que ha contratado la póliza de seguros que exige el artículo
14 de la Ley. El referido registro público deberá permitir su acceso por medios electrónicos,
sin perjuicio de la mantención del mismo en soporte de papel en la Entidad
Acreditadora. Este Registro deberá ser actualizado permanentemente, manteniendo
un acceso regular y continuo. Artículo 17. La
acreditación es voluntaria, sin perjuicio de lo cual para obtenerla el prestador
de servicios de certificación deberá cumplir, al menos, con las siguientes
condiciones: a.	Demostrar la fiabilidad necesaria de sus servicios. b.	Garantizar la existencia de un servicio seguro de consulta del registro
de certificados emitidos. c.	Emplear personal calificado para la prestación de los servicios ofrecidos,
en el ámbito de la firma electrónica y los procedimientos de seguridad y
gestión adecuados. d.	Utilizar sistemas y productos confiables que garanticen la seguridad
de sus procesos de certificación. e.	Haber contratado un seguro apropiado en los términos que señala el
artículo 12 de este Reglamento, y f.	Contar con la capacidad tecnológica necesaria para el desarrollo
de la actividad de certificación. El cumplimiento de dichas condiciones será evaluado por la Entidad Acreditadora
de conformidad con las normas técnicas aplicables a la prestación del servicio,
durante el procedimiento de acreditación. Artículo 18. El
procedimiento de acreditación de los prestadores de servicios de certificación
se iniciará por medio de una solicitud presentada a la Entidad Acreditadora,
acompañada del comprobante de pago de los costos de la acreditación y de los
antecedentes que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos de
acreditación, con excepción de la póliza de seguro a que hace referencia el
artículo 14 de la Ley. En la solicitud que presente el interesado deberá individualizarse debidamente
y para ello señalará su nombre o razón social, su RUT, el nombre y RUT del
Representante Legal, su domicilio social y dirección de correo electrónico,
aceptando expresamente dicho medio electrónico como forma de comunicación.
Artículo 19. Recibida
la solicitud, la Entidad Acreditadora procederá a verificar la admisibilidad
de la misma mediante la verificación de los antecedentes requeridos, dentro
de 5º día hábil. De ser inadmisible la solicitud, dentro de 3º día hábil se procederá
a comunicar al interesado tal situación, el que podrá completar los antecedentes
dentro del plazo de 15 días, bajo apercibimiento de ser rechazada la solicitud.
Admitida a trámite la solicitud, la Entidad Acreditadora procederá a
un examen sobre el cumplimiento de los requisitos y obligaciones exigidas
por la Ley y este Reglamento para obtener la acreditación, certificando dentro
del plazo de 90 días contados desde la fecha de la admisibilidad de la solicitud,
prorrogables por una vez e igual período y por motivos fundados, que el interesado
cumple los requisitos y obligaciones para ser acreditado y que dispone de
un plazo de 20 días para presentar la póliza de seguros que exige el artículo
14 de la Ley, bajo apercibimiento de ser rechazada la solicitud. Artículo 20. En
caso que la Entidad Acreditadora determine que el prestador de servicios de
certificación no cumple con las normas técnicas fijadas para el desarrollo
de la actividad, señalará si los incumplimientos son subsanables, y si no
afectan el correcto funcionamiento del sistema ni los fines previstos en la
Ley para la firma electrónica avanzada. En caso que los incumplimientos no sean subsanables, la Entidad Acreditadora
procederá a dictar una resolución en la que rechaza la solicitud de acreditación.
Si los incumplimientos son subsanables y no afectan el correcto funcionamiento
del sistema ni los fines previstos en la Ley para la firma electrónica avanzada,
la Entidad Acreditadora podrá acreditar al interesado, previa autorización
de un plan de medidas correctivas. Artículo 21. Una
vez completados los requisitos exigidos, la Entidad Acreditadora procederá
a acreditar al interesado en el plazo de veinte días contados desde que, a
petición del interesado, se certifique que la solicitud se encuentra en estado
de resolverse. Artículo 22. Durante
todo el proceso de acreditación, la Entidad Acreditadora podrá solicitar documentación
adicional y/o realizar visitas a las instalaciones del interesado, por intermedio
de sus funcionarios o por expertos especialmente contratados para dichos
fines. Artículo 23.
La acreditación del prestador de servicios de certificación producirá los
siguientes efectos: a.	La incorporación al registro público de prestadores acreditados que
mantiene la Entidad Acreditadora. b.	Habilitará al certificador a emitir certificados de firma electrónica
avanzada. c.	Someterá al certificador a la inspección de la Entidad Acreditadora.
d.	Los demás que establecen la Ley y este Reglamento. Artículo 24. La
Entidad Acreditadora por medio de resolución fijará dentro del primer trimestre
de cada año el arancel de los costos de la acreditación y el arancel de supervisión.
Los costos de acreditación serán pagados por el prestador de servicios
de certificación que solicite acreditarse, los que no serán restituidos en
el evento que la acreditación no se conceda por incumplimiento de los requisitos
y obligaciones legales y reglamentarias exigidos para el desarrollo de la
actividad de certificación como acreditado. El arancel de supervisión comprenderá los costos correspondientes a
las inspecciones, ordinarias y extraordinarias, y del sistema de acreditación.
El arancel deberá ser pagado por los prestadores acreditados de servicios
de certificación dentro de los 90 días siguientes a la fecha de la resolución
que los fija. Artículo 25. La
Entidad Acreditadora podrá dejar sin efecto la acreditación mediante resolución
fundada, por las causales previstas en el artículo siguiente. Dicha resolución deberá ordenar la cancelación de la inscripción del
certificador del registro público que lleve la Entidad Acreditadora. Artículo 26.
La acreditación de los certificadores se dejará sin efecto por las siguientes
causas: a)	Por solicitud del prestador acreditado de servicios de certificación,
ante la Entidad Acreditadora con una antelación de a lo menos un mes a la
fecha del término previsto por el prestador acreditado de servicios de certificación
para que se haga efectiva, indicando el destino que dará a los certificados
y a los datos de ellos, para lo cual deberá cumplir con lo dispuesto en el
artículo 8 letra a) de este Reglamento, y garantizar el pago del aviso que
deberá ser publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.
b)	Por pérdida de las condiciones que sirvieron de fundamento a su acreditación,
la que será calificada por los funcionarios o expertos que la Entidad Acreditadora
ocupe para el cumplimiento de la facultad inspectora. c)	Por incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones que establece
la Ley y este Reglamento. En los casos de las letras b) y c), la resolución deberá ser adoptada
previo traslado de cargos y audiencia del afectado, para lo cual la Entidad
Acreditadora dará un plazo de 5 días hábiles para que éste evacue sus descargos.
Recibidos éstos, la Entidad Acreditadora deberá resolver fundadamente dentro
del plazo de 15 días, prorrogables por el mismo período por motivos fundados.
Artículo 27. Los
certificadores cuya inscripción haya sido cancelada, deberán comunicar inmediatamente
este hecho a los titulares de las firmas certificadas por ellos. Sin perjuicio
de ello, la Entidad Acreditadora publicará, a costa del certificador, un
aviso dando cuenta de la cancelación. Dicho aviso deberá ser publicado en un medio de prensa escrito de circulación
nacional, sin perjuicio de la publicación de la resolución en el registro
público que señala el artículo 16 de este Reglamento. El aviso deberá señalar
que desde esta publicación los certificados quedarán sin efecto, a menos
que hayan sido transferidos a otro certificador acreditado. TITULO TERCERO De los Certificados de Firma Electrónica Artículo 28. El
certificado de firma electrónica es la certificación electrónica que da fe
del vínculo entre el firmante o titular del certificado y los datos de creación
de firma electrónica. Los certificados de firma electrónica deben contener, al menos, las
siguientes menciones: a.	Un código de identificación único del certificado. b.	Identificación del prestador de servicio de certificación, con indicación
de su nombre o razón social, rol único tributario, dirección de correo electrónico,
y, en su caso, los antecedentes de su acreditación y su propia firma electrónica
avanzada. c.	Los datos de la identidad del titular, entre los cuales deben incluir
su nombre, dirección de correo electrónico y su rol único tributario. d. Su plazo de vigencia. Artículo 29. Los
prestadores de servicios de certificación deberán introducir en los certificados
de firma electrónica que emitan, las menciones señaladas en el artículo 15
de la Ley, de acuerdo con las normas fijadas por este Reglamento para el desarrollo
de la actividad. Los atributos adicionales que los prestadores de servicios de certificación
introduzcan con la finalidad de incorporar límites al uso del certificado,
no deberán dificultar o impedir la lectura de las menciones señaladas en el
inciso anterior ni su reconocimiento por terceros. Artículo 30. Tratándose
de un certificado de firma electrónica avanzada, deberá el prestador de servicios
de certificación comprobar fehacientemente la identidad del solicitante antes
de la emisión del mismo, de conformidad con las normas técnicas. Dicha comprobación la hará el prestador de servicios de certificación,
ante sí o ante notario u oficial del Registro Civil, requiriendo la comparecencia
personal y directa del solicitante o de su representante legal si se tratare
de una persona jurídica. Artículo 31. Los
datos de creación de firma, cuando sean generados por el prestador de servicios
de certificación, deben ser entregados al usuario o titular del certificado
de manera de garantizar la recepción de los mismos en forma personal. Queda prohibido al prestador de servicios de certificación mantener copia
de los datos de creación de firma electrónica una vez que éstos hayan sido
entregados a su titular, momento desde el cual éste comenzará a ser responsable
de mantenerlos bajo su exclusivo control. Artículo 32. El
certificado de firma electrónica podrá ser usado por su titular de conformidad
con las operaciones que han sido autorizadas a realizar en las prácticas de
certificación del prestador de servicios de certificación con quien se ha
contratado. El certificado de firma electrónica avanzada deberá permitir a quien
lo reciba verificar, en forma directa o mediante consulta electrónica, que
ha sido emitido por un prestador acreditado de servicios de certificación,
con la finalidad de comprobar la validez del mismo. Artículo 33.
Procederá la suspensión de la vigencia del certificado cuando se verifique
alguna de las siguientes circunstancias: a.	Solicitud del titular del certificado. b.	Decisión del prestador de servicios de certificación en virtud de
razones técnicas. El efecto de la suspensión del certificado es el cese temporal de los
efectos jurídicos del mismo conforme a los usos que le son propios e impide
el uso legítimo del mismo por parte del titular. La suspensión del certificado terminará por cualquiera de las siguientes
causas: a.	Por la decisión del prestador de servicios de certificación de revocar
el certificado, en los casos previstos en la Ley. b.	Por la decisión del prestador de servicios de certificación de levantar
la suspensión del certificado, una vez que cesen las causas técnicas que
la originaron. c.	Por la decisión del titular del certificado, cuando la suspensión
haya sido solicitada por éste. Artículo 34. Los
certificados de firma electrónica quedarán sin efecto por la revocación practicada
por el prestador de servicios de certificación. La revocación tendrá lugar cuando el prestador de servicios de certificación
constate alguna de las siguientes circunstancias: a)	Solicitud del titular del certificado. b)	Fallecimiento del titular o disolución de la persona jurídica que
represente, en su caso. c)	Resolución judicial ejecutoriada. d)	Que el titular del certificado al momento de solicitarlo no proporcionó
los datos de la identidad personal u otras circunstancias objeto de certificación,
en forma exacta y completa. e)	Que el titular del certificado no ha custodiado adecuadamente los
mecanismos de seguridad del funcionamiento del sistema de certificación que
le proporcione el certificador. f)	Que el titular del certificado no ha actualizado sus datos al cambiar
éstos. g)	Las demás causas que convengan el prestador de servicios de certificación
con el titular del certificado. El efecto de la revocación del certificado es el cese permanente de
los efectos jurídicos de éste conforme a los usos que le son propios e impide
el uso legítimo del mismo. Artículo 35. Los
prestadores acreditados de servicios de certificación podrán homologar los
certificados de firma electrónica avanzada emitidos por certificadores no
establecidos en Chile, bajo su responsabilidad. Para ello el prestador acreditado
de servicios de certificación deberá demostrar a la Entidad Acreditadora que
los certificados por ella homologados han sido emitidos por un prestador de
servicios de certificación no establecido en Chile que cumple con normas técnicas
equivalentes a las establecidas en este Reglamento para el desarrollo de
la actividad. Una vez practicada la homologación de un certificado o de un
grupo de certificados de firma electrónica avanzada el prestador acreditado
de servicios de certificación deberá, dentro del plazo de tercero día, comunicar
tal situación a la Entidad Acreditadora y se deberá publicar, inmediatamente,
en el registro de acceso público señalado en el artículo 7 de este Reglamento.
Las prácticas de homologación deberán estar declaradas en las Prácticas de
Certificación. Artículo 36. La
revocación de un certificado de firma electrónica podrá producirse de oficio
o a petición de su titular por la concurrencia de algunas de las causales
previstas en la Ley o en este Reglamento. La solicitud de suspensión o revocación,
según corresponda, se podrá dirigir al prestador de servicios de certificación
en cualquiera de las formas que prevean sus prácticas de certificación. La
suspensión o revocación del certificado deberá ser comunicada inmediatamente
a su titular, sin perjuicio que deba publicarse en el registro de acceso público
que señala el artículo 7 de este Reglamento. Tratándose de la suspensión por
razones técnicas o revocación del certificado de firma electrónica por las
causales de las letras d), e) o f) del artículo 34, dicha decisión deberá
ser comunicada al titular con anterioridad a su puesta en práctica, indicando
la causa que la provoca y el momento en que se hará efectiva. El término de la vigencia del certificado será oponible a terceros desde
el momento de la publicación de ésta en el registro de acceso público que
señala el artículo 7 de este Reglamento. TITULO CUARTO Protección de los derechos de los usuarios Artículo 37. De
acuerdo con el artículo 13 de la Ley el cumplimiento por parte de los prestadores
no acreditados de servicios de certificación de las obligaciones que impone
la Ley, en la forma que lo hacen los prestadores acreditados, servirá como
antecedente para determinar la debida diligencia en la prestación del servicio,
para los efectos de hacer efectiva la responsabilidad del artículo 14 de
la Ley. Artículo 38. De
acuerdo con el artículo 23 de la Ley los usuarios podrán ejercer los derechos
señalados en dicho artículo 23 de conformidad con el procedimiento establecido
en la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, salvo
en lo que diga relación con el derecho a ser indemnizado y hacer valer los
seguros comprometidos, situación en la cual se regirá por el derecho común.
TITULO QUINTO Sobre la utilización de la firma electrónica por los órganos de la Administración
del Estado Párrafo 1º: Reglas comunes Artículo 39. Los
órganos de la Administración del Estado podrán ejecutar o realizar actos,
celebrar contratos y expedir cualquier documento, dentro de su ámbito de competencia,
suscribiéndolos por medio de firma electrónica. Para tal efecto, los actos administrativos, formalizados por medio de
documentos electrónicos y que consten en decretos o resoluciones, en acuerdos
de órganos colegiados, así como la celebración de contratos, la emisión de
cualquier otro documento que exprese la voluntad de un órgano o servicio público
de la Administración del Estado en ejercicio de sus potestades legales y,
en general, todo documento que revista la naturaleza de instrumento público
o aquellos que deban producir los efectos jurídicos de éstos, deberán suscribirse
mediante firma electrónica avanzada. Artículo 40. La
certificación de las firmas electrónicas avanzadas de las autoridades o funcionarios
de los órganos y servicios públicos de la Administración del Estado se realizará
por los respectivos ministros de fe. En aquellos órganos en que el ministro
de fe no se encuentre expresamente establecido, el jefe superior del servicio
deberá designar un funcionario público de planta, por resolución, para que
actúe como certificador. Artículo 41. Los
órganos de la Administración del Estado podrán contratar, de acuerdo con
las normas que rigen la contratación administrativa, los servicios de certificación
de firma electrónica con un prestador acreditado de servicios de certificación,
cuando mediante resolución fundada constaten su conveniencia técnica y económica.
La estimación de dicha conveniencia estará basada en criterios de calidad
de servicio y precio de éste. Artículo 42. Los
órganos de la Administración del Estado que utilicen documentos electrónicos
deberán contar con un Repositorio o archivo electrónico a los efectos de su
archivo una vez que haya finalizado su tramitación, de conformidad con las
normas que regulan a su respectiva oficina de partes. El Repositorio será responsabilidad del respectivo funcionario a cargo
del archivo, sin perjuicio de la celebración de convenios de cooperación entre
diferentes órganos o de la contratación de una empresa privada para que preste
el ser-vicio. El Repositorio deberá garantizar que se respeten las normas sobre publicidad
de los documentos, contenidas en la Ley 18.575 sobre Bases de la Administración
del Estado y otras leyes especiales. Artículo 43.
El Repositorio deberá garantizar la seguridad, integridad y disponibilidad
de la información en él contenida. Para ello la información deberá ser respaldada en copias de seguridad,
bajo las siguientes características: a.	La información deberá ser respaldada con cada proceso de actualización
de documentos. b.	Se deberá mantener una copia de seguridad en el lugar de operación
de los sistemas de información y otra en un centro de almacenamiento de datos
electrónicos especializado. Este centro de almacenamiento de datos electrónicos,
que puede ser propio o provisto por terceros, deberá cumplir con condiciones
tales como un estricto control de acceso, un completo y detallado registro
de entrada y salida de respaldos, resguardo de la humedad, temperatura adecuada,
control del riesgo de incendio y otras. c.	El esquema de respaldo deberá ser simple, basado en generación de
copias acumulativas, con el objeto de mantener la historia de la información
en el mínimo de versiones posibles. La seguridad, integridad y disponibilidad del Repositorio deberán estar
caracterizadas por: a.	Medidas de seguridad y barreras de protección, frente al acceso no
autorizado de usuarios. b.	Contar con monitoreo y alarmas que se activen cuando ocurra un evento
no autorizado o fuera de programación, para el caso de eventuales fallas
de las medidas de seguridad al acceso. c.	La sustitución de la información, por la versión más reciente que
se disponga, en el menor tiempo posible, en casos de alteración no programada
de aquella. d.	La existencia de un programa alternativo de acción que permita la
restauración del servicio en el menor tiempo posible, en caso que el Repositorio
deje de operar por razones no programadas. Artículo 44. Para
los efectos de garantizar la publicidad, seguridad, integridad y eficacia
en el uso de las firmas electrónicas, los certificadores de los órganos y
servicios públicos de la Administración del Estado deberán cumplir con normas
técnicas equivalentes a aquellas fijadas para los prestadores de servicios
de certificación acreditados para el desarrollo de la actividad. Artículo 45. Los
documentos electrónicos suscritos por medio de firma electrónica avanzada
deberán contener un mecanismo que permita verificar la integridad y autenticidad
de los mismos al ser impresos. Artículo 46. La
de los órganos y servicios públicos de la Administración del Estado deberá
contener, además de las menciones propias de todo certificado, la fecha y
hora de emisión del documento. Artículo 47. Créase
el Comité de Normas para el Documento Electrónico, cuya función principal
será asesorar al Presidente de la República con respecto a la fijación de
normas técnicas que deberán seguir los órganos de la Administración del Estado
para garantizar la compatibilidad de los distintos tipos de documentos electrónicos.
El Comité estará integrado por: a.	El Ministro Secretaría General de la Presidencia, quien deberá presidirlo.
b.	El Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción. c.	El Subsecretario de Telecomunicaciones. d.	El Subsecretario de Hacienda. Las labores de Secretaría Ejecutiva del Comité quedarán radicadas en
el Subsecretario de Economía en su condición de titular de la Entidad Acreditadora.
Artículo 49. El
Comité funcionará, en forma ordinaria, a lo menos dos veces al año, en los
días y horas que acuerde. Su Presidente podrá citarlo a sesión extraordinaria
cuando las necesidades del cumplimiento de su función así lo ameriten. El Comité funcionará con la mayoría de sus integrantes y tomará los
acuerdos por los dos tercios de sus miembros presentes. Artículo 50. En
el cumplimiento de su función, el Comité de Normas para el Documento Electrónico
servirá de instancia de coordinación en las acciones de los Ministerios señalados
en el artículo 48 de este decreto en el ámbito establecido en el artículo
47 y para ello estará facultado, si lo estima conveniente, para solicitar
la asistencia de otros Ministros e invitar a otras autoridades. Párrafo 2º: Sobre el uso
de firmas electrónicas en la relación con los particulares Artículo 51. Las
personas podrán relacionarse con los órganos de la Administración del Estado
a través de técnicas y medios electrónicos con firma electrónica, siempre
que se ajusten al procedimiento descrito en la Ley y que tales técnicas y
medios sean compatibles con los que utilicen dichos órganos. Con la finalidad de garantizar dicha compatibilidad se estará a las
normas técnicas fijadas a instancia del Comité creado en el artículo 47 del
presente Reglamento. Artículo 52. Las
personas que se relacionen con la Administración del Estado por medios electrónicos,
podrán utilizar firma electrónica, sin perjuicio de aquellos casos en que
se haga necesaria la comprobación fehaciente de su identidad, en los cuales
deberán emplear firma electrónica avanzada. Artículo 53. Los
órganos de la Administración del Estado podrán relacionarse por medios electrónicos
con los particulares, cuando éstos hayan consentido expresamente en esta
forma de comunicación. Artículo 54. El
Comité creado en el artículo 47, dentro del plazo de 90 días contados desde
la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento, elaborará la norma
técnica que permita que las comunicaciones por medios electrónicos efectuadas
entre los órganos de la Administración del Estado y de éstos con los ciudadanos
operen de manera efectiva y eficiente. Artículo 55. Lo
dispuesto en este Título no se aplicará a las empresas públicas creadas por
Ley, las que se regirán por las normas previstas para la emisión de documentos
y firmas electrónicas por particulares. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. En tanto
no sean aprobadas las normas chilenas aplicables, se fijan como normas técnicas
para todos los fines previstos en este Reglamento las siguientes: Prácticas de Certificación: •	ETSI TS 102 042: “Policy requirements for certification authorities
issuing public key certificates”. •	RFC 2527 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy
and Certification Practices Framework, Marzo 1999 Seguridad: •	ISO/IEC 17799:2000 Information Technology - Code of Practice for Information
Security Management (2000). •	ISO/IEC 15408: Common Criteria for Information Technology Security
Evaluation, Version 2.1 (2000) •	FIPS PUB 140-1: Security Requirements for Cryptographic Modules (Mayo
2001) Estructura de Certificados: •	IS0/IEC 9594-8:2001 “Information Technology - Open Systems Interconnection
- The Directory attributr certificate framework” •	ITU-T Rec. X.690 (1997) / ISO/IEC 8825-1:1998. ASN.1 Basic Encoding
Rules Repositorio de Información: •	[RFC 2559] Boeyen, S. et al., “Internet X.509 Public Key Infrastructure.
Operational Protocols - LDAPv2”, Abril 1999. Segunda. Se define
la siguiente gramática para incluir el RUT de empresas o personas en las
extensiones ISSUER ALT NAME Y SUBJECT ALT NAME. Según aparece en el documento de la IETF RFC 2594 la extensión Subject
Alternative Name tiene la siguiente estructura (en formato ASN.1) id-ce-subjectAltName OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ce 17} SubjectAltName ::= GeneralNames GeneralNames ::= SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF GeneralName GeneralName ::= CHOICE {otherName[0]OtherName,/* otherName será el
campo usado */ rfc822Name[1]IA5String,dNSName[2]IA5String,x400Address[3]ORAddress,directoryName[4]Name,ediPartyName[5]EDIPartyName,uniformResourceIdentifier[6]IA5String,iPAddress[7]OCTET STRING,registeredID[8] OBJECT IDENTIFIER}
OtherName ::= SEQUENCE
{ type-id OBJECT IDENTIFIER, value [0] EXPLICIT ANY DEFINED BY type-id} En este mismo documento se menciona que la opción “otherName”, es el
lugar donde se deben especificar otro tipo de identificadores. Esta es la
opción que se utilizará para almacenar el Rut. Por lo tanto la información a almacenar será la siguiente: SubjectAltName.otherName.Type-id = “
“ SubjectAltName.otherName.Value = “99999999-D” (2 tipos de string : IA5String
o PrintableString). Tercera. La OID
a usar por los prestadores de servicios de certificación será la siguiente:
Prefijo para PRIVATE ENTERPRISE NUMBERS: 1.3.6.1.4.1 Número asignado a la Entidad Acreditadora:	8321 Sufijos: RUT del titular del certificado	:	1 RUT de la certificadora emisora	:	2 Por lo tanto, el OID completo para cada uno de estos items quedaría:
RUT del titular del certificado	:	1.3.6.1.4.1.8321.1 RUT de la certificadora emisora	:	1.3.6.1.4.1.8321.2 Artículo segundo.
Derógase el decreto Nº 81, de 1999, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia. Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.-
RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Jorge Rodríguez Grossi,
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.- Javier Etcheberry Celhay,
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.- Mario Fernández Baeza, Ministro
Secretario General de la Presidencia. Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted.-
Alvaro Díaz Pérez, Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción.