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Timestamp: 2017-12-12 02:23:53
Document Index: 171036520

Matched Legal Cases: ['artículo 349', 'artículo 193', 'artículo 44', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 87', 'artículo 87']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 144, de 14/09/2012
cve: BOCG-10-D-144
162/000244 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la inclusión de las infraestructuras de transporte de Canarias en las redes transeuropeas de transporte de la Unión Europea. Retirada ... (Página2)
162/000412 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la red transeuropea de transporte ... (Página2)
162/000413 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a reconsiderar la subida del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable al sector cultural ... (Página5)
162/000415 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para la racionalización del régimen retributivo de los cargos políticos electivos mediante un sistema objetivo, coherente y transparente a nivel nacional ... (Página6)
162/000416 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la recuperación y regeneración integral de la isla de La Gomera ... (Página9)
162/000417 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la concesión de indulto en casos de corrupción ... (Página11)
162/000418 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a la regularización del tipo de retención a cuenta del IRPF a los trabajadores y trabajadoras del sector público ... (Página12)
161/000430 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la inclusión de las infraestructuras de transporte de Canarias en las redes transeuropeas de transporte de la Unión Europea. Retirada ... (Página13)
162/000244
Retirada de su Proposición no de Ley relativa a la inclusión de las infraestructuras de transporte de Canarias en las redes transeuropeas de transporte de la Unión Europea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 61, de 23 de marzo de 2012.
162/000412
Ana M.ª Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta para su debate en Pleno, la siguiente Proposición no de Ley sobre la red transeuropea de transporte.
En el marco del desarrollo de las nuevas propuestas reglamentarias para el próximo periodo de programación de las políticas comunitarias, la Comisión Europea presentó el pasado mes de octubre propuesta de reglamento del Consejo y del Parlamento Europeo sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte. El principal objetivo de dichas orientaciones, que sustituirán a la Decisión 661/2010/UE, es establecer una red de transporte transeuropea completa e
integrada, que abarque todos los Estados miembros y regiones y que aporte la base para el desarrollo equilibrado de todos los modos de transporte (aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario y fluvial) a fin de facilitar sus ventajas respectivas, aumentando así al máximo el valor añadido para Europa de la red.
La propuesta es un instrumento básico para la planificación futura y financiación de las infraestructuras de transporte en la UE, determinando las prioridades, los objetivos de interconexión, tanto territoriales como intermodales, y no cabe duda que, para regiones como la nuestra, desenclavadas y situadas en un entorno alejado, representan a la vez una oportunidad extraordinaria para mejorar nuestra interconectividad y propiciar un desarrollo equilibrado de nuestro territorio.
Tal como establece el propio preámbulo de la propuesta, la red global debe ser una red de transporte de ámbito europeo que garantice la accesibilidad de todas las regiones de la Unión, incluidas las remotas y ultraperiféricas, al igual que persigue la Política Marítima Integrada, y que refuerce la cohesión entre ellas.
Sin entrar a valorar la importancia de estas propuestas para el conjunto de la Unión, el correcto desarrollo de esta red debe tomar en consideración las especiales circunstancias de las islas Canarias, afectadas por un enorme alejamiento de la UE pero, al mismo tiempo, con un gran potencial como plataforma para extender el desarrollo de los servicios de transporte hacia el sur de la Unión.
Sin embargo, el análisis de la metodología utilizada como base para la propuesta de Reglamento sobre las orientaciones de la UE para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transportes, en relación a la clasificación de los nodos urbanos en la red principal permite detectar importantes errores en lo que se refiere a su aplicación en las islas Canarias.
Por un lado, se minusvalora la importancia del sector turístico en la definición de los flujos de transportes, tanto de personas como de mercancías, y en las necesidades que dichos flujos generan en el desarrollo de una infraestructura europea de transportes integrada (la mayor parte de los flujos turísticos en Europa se produce intra UE). Este tratamiento contrasta con el peso que se les da a las relaciones industriales, produciéndose como consecuencia de ello, un sesgo evidente en la selección de los nodos urbanos, identificando aquellos que tienen un peso predominante de la economía industrial y no de la economía de servicios. A ello hay que añadir que en el caso de Canarias se minusvalora el peso de la actividad turística, en relación con otras regiones con menor peso turístico que aparecen mejor posicionadas, y se producen otros errores, como la no consideración de su capitalizad regional alternante o el funcionamiento de su sistema de forma integrada como factor de atracción económica.
Las Islas Canarias es una región europea nivel NUTS2 con una población que ha ido evolucionando positivamente hasta alcanzar la cifra de más de 2,1 millones de habitantes. Archipiélago formado por siete islas, la distribución por islas muestra la concentración de la población en las dos islas centrales, Tenerife y Gran Canaria.
Población;2011
Tenerife;908.555
Gran Canaria;850.391
Lanzarote;142.517
Fuerteventura;104.072
La Palma;87.163
La Gomera;23.076
El Hierro;10.995
Total Canarias;2.126.769
Si tomáramos la población de hecho (incluyendo en esta cifra la pernoctación turística) ambas islas superarían de largo el millón de habitantes. Cada una de las islas se considera un territorio NUTS3.
El peso de las dos islas centrales en el desarrollo económico y territorial del archipiélago es, no obstante, similar, funcionando la región, como una región binodal.
Ambas islas comparten la capitalidad del archipiélago: el Parlamento de Canarias se sitúa de manera permanente en Tenerife pero la capitalidad rota cada cuatro años entre las dos islas; los departamentos del Gobierno Autónomo se reparten equilibradamente entre ambas islas y los servicios disponen de medios en ambas islas centrales. Ambas islas disponen de Universidad.
Este sistema binodal tiene importante ventajas desde el punto de vista del transporte (al reducir los costes de aprovisionamiento de manera significativa, sobre todo en las islas periféricas) y es un elemento estructural del sistema. Por poner un ejemplo, aunque el puerto de Las Palmas ha conseguido una posición relevante en el transporte internacional de mercancías (con una importante actividad en el transbordo), la isla de Tenerife (y con ella el resto de islas occidentales, La Gomera, El Hierro y La Palma) se aprovisionan directamente con líneas regulares de transporte nacionales e internacionales. Este reparto también se observa en el transporte aéreo, en donde Tenerife coge ventaja sobre Gran Canaria (más de dos millones de pasajeros más que se distribuyen en las dos instalaciones aeroportuarias existentes TFN y TFS), que, sin embargo, permiten a Gran Canaria tener un importante número de conexiones directas con el continente.
La posibilidad de que regiones insulares NUTS2 con una población superior al millón de habitantes puedan tener un nodo urbano dentro de la propuesta de reglamento, tal como está planteando la posición del Parlamento Europeo, abre la posibilidad de mejorar la posición de las islas Canarias en la propuesta de red principal, actualmente solo contemplada por la inclusión del puerto de Las Palmas en la lista de puertos principales. No obstante esta mejora, queda por definir cuál debe ser el nodo principal, circunstancia que se encuentra con la dificultad, ya explicada con anterioridad, de la naturaleza binodal del archipiélago canario.
Por un lado, Tenerife es la isla que a nivel NUTS3 dispone de más población, cerca de un millón de habitantes. Podemos considerar al conjunto de la isla como una zona urbana amplia (LUZ según sus siglas en inglés Larger Urban Zones), utilizando el nivel NUTS3 como referencia territorial.
También Tenerife es la que concentra el mayor volumen de tráfico de pasajeros tanto por vía marítima corno por vía aérea. En el caso del transporte aéreo, este tráfico se distribuye en los dos aeropuertos existentes en la isla, como ocurre en otras áreas metropolitanas que disponen de varios aeródromos, distribuidos en el norte y sur de la isla (TFN y TFS). En conjunto dispone de más de 140 conexiones directas (tanto nacionales como internacionales). En el caso del transporte marítimo de pasajeros, el puerto de Santa Cruz de Tenerife ocupa el tercer lugar a nivel nacional, solo superados por los Puertos de Barcelona y de Algeciras.
Gran Canaria dispone, por el contrario, del puerto de Las Palmas que concentra una parte importante del tráfico portuario por la captación de transbordo, habiendo sido ya incluido en la lista de puertos del anexo 11.2 de la propuesta de reglamento. Del mismo modo Gran Canaria tiene, en su capital, la población del archipiélago con mayor número de habitantes (383.343), mientras que en Santa Cruz de Tenerife, la capital de la isla de Tenerife, la población es de 222.271 habitantes.
Por otro lado, las infraestructuras portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife funcionan en buena parte de los tráficos como infraestructuras complementarias (es así en el caso del tráfico de pasajeros, fundamentalmente de cruceros, y en el de mercancías destinadas al aprovisionamiento interior), actuando de esta forma como un cluster que, por otro lado, realiza de manera conjunta actividades de cooperación y transferencia de conocimiento con los puertos de la costa occidental africana.
A todas estas razones se le une el carácter singular de Canarias en el conjunto de regiones insulares de la UE por dos razones:
1. No existen islas con una población de más de un millón de habitantes que distribuyan su actividad en dos nodos principales, como es el caso de Canarias.
2. Las islas Canarias disponen de una base jurídica autónoma en el Tratado FUE, el artículo 349, propia de las islas que permite aplicar medidas específicas a favor de las regiones ultraperiféricas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a la realización de cuantas gestiones considere necesarias ante las distintas instituciones comunitarias, Parlamento, Consejo y Comisión, para incluir en la propuesta de Reglamento sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red
Transeuropea de Transporte, a los nodos siguientes en el anexo II.1.a: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, y sus infraestructuras en los anexos Il.1.a (aeropuertos de Tenerife y Gran Canaria) y 11.2 (puertos de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife) de la propuesta de reglamento."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2012.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000413
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante el Pleno del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a reconsiderar la subida del tipo impositivo del impuesto sobre el valor añadido aplicable al sector cultural.
El Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece un aumento del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido de un 13 % al aumentar el tipo impositivo desde el 8 % hasta el 21 % para la mayor parte de prestaciones y servicios que gravan el consumo de los productos culturales, con el objetivo de reducir el déficit público del Estado.
La actual crisis económica ha tenido un impacto negativo general sobre toda la actividad económica y laboral, sin embargo hay sectores en los que su incidencia ha sido mayor, uno de estos es el sector de la cultura, en buena parte, a causa de la pérdida de apoyo público.
El artículo 44 de la Constitución dice: "Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho". En este contexto, tradicionalmente las administraciones públicas han contribuido activamente a financiar parte de las actividades culturales, financiación que con la crisis y ante la urgencia por reducir el déficit de las administraciones, se ha reducido significativamente. Son muchas las subvenciones y convenios para el desarrollo de actividades culturales que las administraciones locales, autonómicas y estatal han eliminado o reducido en los tres últimos años.
El sector de la actividad cultural y de las industrias culturales es un sector relevante en nuestra economía y actividad laboral. Hacer coincidir sobre este sector y en un mismo momento, los efectos de la crisis, con reducción de la demanda; los efectos de la debilidad del sistema financiero, los cuales comportan que se niega la financiación a numerosas actividades culturales otrora perfectamente viables; los efectos de la reducción drástica de la financiación pública de actividades culturales; y ahora los efectos de una alza explícita de la fiscalidad que grava con un 13 % más de IVA a las actividades del sector cultural, constituyen demasiados efectos, todos negativos, sin medida compensatoria alguna que permita favorecer el mantenimiento o reactivación de las actividades culturales.
De todos los efectos negativos que padece el sector, el alza de la fiscalidad, a través del IVA, sobre el sector es el que más sorprende, ya que responde a una explícita decisión política respecto a este sector y tendrá consecuencias negativas evidentes sobre la producción, distribución y la explotación de bienes y actividades culturales, contribuyendo a la destrucción del empleo y al empobrecimiento cultural del país.
Convergència i Unió siempre se ha manifestado en contra de la subida de impuestos, pero en el caso de la subida del IVA planteada, se trata de una alza explícitamente discriminatoria respecto a los sectores culturales. Para la mayoría de los demás bienes y servicios los tipos impositivos del IVA aumentan en 3 puntos si están sometidos al tipo impositivo general, en 2 puntos para los tipos impositivos reducidos y no aumentan para los bienes y servicios sometidos al tipo impositivo superreducido. En cambio, para la mayoría de las prestaciones de servicios de carácter cultural los tipos impositivos aumentan 13 puntos. Incomprensible.
La cultura es un bien a proteger tanto si estamos en crisis como si estamos en crecimiento. La mayoría de países europeos protegen al sector cultural, y tienen unos tipos impositivos reducidos del IVA para la cultura y que esta fiscalidad en muchos casos, por ejemplo en Reino Unido y Francia, viene acompañada de unos incentivos fiscales muy potentes al mecenazgo. ¿Qué razones tiene el Gobierno español para diferenciarse en esta cuestión?
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), propone la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconsiderar el aumento del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las prestaciones de servicios de carácter cultural, que contempla el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, con el fin de promover las actividades culturales y facilitar el acceso a la cultura."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
162/000415
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la racionalización del régimen retributivo de los cargos políticos electivos mediante un sistema objetivo, coherente y transparente a nivel nacional, para su debate en Pleno.
El sistema o régimen retributivo de los cargos políticos electivos es una cuestión de gran relevancia en cualquier sistema democrático, que debería estar regulado de una forma clara, transparente y racional.
En primer lugar, es importante desde un punto de cuantitativo. Baste señalar al respecto que, según los datos oficiales del Ministerio de Interior, en las últimas elecciones locales, forales y autonómicas celebradas el pasado año 2011 se eligieron, sin contar aquellas Comunidades que no celebraron elecciones autonómicas, 68.462 concejales, 8.116 alcaldes, 3.304 alcaldes pedáneos (de entidades locales menores), 1.040 diputados provinciales, 157 consejeros de cabildos insulares, 824 Diputados de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, 153 Procuradores, Apoderados y Junteros (de las Juntas Generales Territorios Históricos del País Vasco), 13 Consejeros (del Consejo General Valle de Arán-Lérida), 1.101 Representantes a Concejos de Navarra, 59 Consejeros Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza y 71 miembros de las Entidades Locales Menores de las Comunidades de Valencia, Extremadura y Andalucía,
A las anteriores cifras hemos de unir los restantes diputados autonómicos (de aquellas CCAA que no celebraron elecciones), que totalizan, conjuntamente con los ya indicados antes, 1.206 parlamentarios autonómicos, 450 diputados nacionales, 200 senadores y todas aquellas personas nombradas directamente por los cargos electivos, que conforman los órganos de gobierno ejecutivo del Estado (Ministros, Secretarios de Estado, etc.), de las Comunidades Autónomas (Presidentes, Consejeros, etc.), las altas magistraturas y organismos estatales y autonómicos (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, organismos reguladores y supervisores, etc.) y de la administración local, inclusive las más de 1.000 mancomunidades y los mas de 3.000 organismos autónomos o entidades de naturaleza pública.
El régimen retributivo de todos los cargos públicos es también relevante desde un punto de vista cualitativo, pues se trata de todo un estamento o nivel político, directa o indirectamente elegido por los ciudadanos, que integra todos los niveles del poder territorial y conforma el esqueleto del propio Estado. De ahí la importancia de que la regulación en este ámbito sea racional, clara, transparente y sencilla, garantizando la necesaria calidad y profesionalidad de nuestros representantes y evitando que se convierta en una cuestión que alimente demagogias y sospechas, sino todo lo contrario, que sirva para prestigiar a nuestras instituciones y, por ende, al propio sistema democrático.
Tradicionalmente, en nuestro país primaba un concepto paternalista y elitista de la función pública y de la política, a la que solo podían acceder personas de grandes recursos económicos, que desempeñaban sus cargos de forma gratuita, por el honor que ello conllevaba.
El advenimiento de la democracia en España, el crecimiento y modernización de nuestras instituciones y el incremento de la tarea pública prestacional del Estado provocó la creación de una nueva clase política profesionalizada, elegida a través del sistema general de elecciones y reclutada por los partidos políticos, que ha ido creciendo de forma paralela al propio desarrollo y descentralización de la estructura territorial del Estado y al propio crecimiento económico de las últimas décadas.
La profesionalización de la clase política ha sido un proceso sin duda positivo, que ha provocado la democratización de nuestras instituciones y ha colaborado a la modernización y mejora de nuestro país, pero que -visto en perspectiva- adolece también de deficiencias que es preciso corregir a fin de mejorar nuestra calidad democrática y evitar de paso que los partidos políticos o la llamada "clase política" siga siendo una de las instituciones peor valoradas por los españoles.
Para ello es necesario, en primer lugar, contar con un sistema retributivo de los cargos políticos racional, coherente y objetivo, del que actualmente carecemos.
En efecto, en la práctica y ante la falta de regulación legal a nivel nacional sobre la materia, las retribuciones de los Presidentes de las diferentes Comunidades Autónomas, de los diputados autonómicos, de los miembros del ejecutivo de las distintas Comunidades, de alcaldes, concejales, portavoces en plenos, etcétera, han sido fijadas de forma unilateral en cada nivel de gobierno por la propia Asamblea Legislativa Autonómica o el ayuntamiento respectivo en su primer pleno constituyente, adoleciendo todo el sistema retributivo de lógica o coherencia interna y transmitiendo una impresión de absoluta arbitrariedad.
Por poner algún ejemplo ilustrativo de lo que decimos: el sueldo del Presidente del Gobierno asciende actualmente a 78.185,04 euros, pero se ve superado por los de los Presidentes de siete Comunidades Autónomas (Aragón, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Navarra y País Vasco). Tales incoherencias son en algunos casos especialmente llamativas: el presidente de la Generalitat de Cataluña, con 144.030,12 euros, duplica el sueldo del Presidente del Gobierno, y las retribuciones del Lehendakari vasco o el Presidente de Castilla-La Mancha superan los 100.000 euros.
Tales diferencias carecen de justificación alguna, pero hay casos todavía peores. Por ejemplo, el Presidente del Gobierno, Sr. Rajoy, se ve también superado no solo por los alcaldes de Barcelona (110.000 euros), Zaragoza (92.000 euros) o Madrid (101.987 euros), sino también por ciudades que no son siquiera capital de provincia como Alcalá de Henares (90.500 euros), Alcobendas (97.000 euros), Las Rozas (86.894 euros), Pozuelo de Alarcón (85.419 euros) o Leganés (80.697 euros).
Sin salir del ámbito municipal resulta que las retribuciones de los portavoces de los grupos municipales de la oposición de algunos municipios, inclusive de algunos Directores Generales o Concejales Presidente de Distrito, como es en el caso de Madrid (91.788 euros de retribución), superan también el sueldo del Presidente del Gobierno, así como el de algunos concejales de la oposición superan al de muchos alcaldes, cuando en pura lógica deberían ser menores. Por no hablar de que por lo general prácticamente no existe diferencia entre los sueldos de los concejales delegados y los de los portavoces de los grupos municipales de la oposición, fruto de los acuerdos que se toman en el primer pleno, en el que realizando una subida global se busca neutralizar cualquier tarea de oposición real.
También las retribuciones de los presidentes de las diputaciones provinciales de Barcelona, Gerona, Lérida, Vizcaya o Palencia, por citar algunos, superan ampliamente el sueldo del Presidente del Gobierno y el de los restantes miembros del Gobierno e, incluso, el de sus correspondientes Presidentes autonómicos, adoleciendo todo el sistema retributivo de la más mínima lógica o coherencia.
Si analizamos otros órganos constitucionales podemos observar que se producen idénticas disfunciones. Según se indica en los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados, un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) percibe 112.249,60 euros y su presidente 130.152,62 euros y todos los magistrados del Tribunal Constitucional y consejeros del Tribunal de Cuentas rondan los 110.000 euros de retribución anual.
Ninguna duda cabe de que la remuneración de nuestros representantes y cargos políticos tiene que ser lo suficientemente atractiva como para atraer el talento hacia la función pública y prestigiar de esta manera la importante labor que realizar. Pero también es cierto que a los mismos ha de exigírseles la necesaria diligencia y profesionalidad, la máxima transparencia y la adecuación de sus retribuciones a la situación económica general, dando en propia persona ejemplo respecto de los esfuerzos y privaciones que se exigen a los administrados.
Según un estudio publicado en el año 2007 por diversos medios, tras las elecciones locales del 27 de mayo de ese año, el 92 % de los alcaldes de las capitales de provincia se subió el sueldo en torno al 30 % nada más acceder al cargo. Tras las últimas elecciones de mayo del pasado año 2011, y a la vista de la
persistente crisis económica que nos afecta, algunas corporaciones municipales han acordado -mediante un gesto sin duda loable- rebajar voluntariamente sus retribuciones o incluso prescindir de ellas, pero tales rebajas se han realizado también sin ningún tipo de criterio general o plan preconcebido, ahondándose las diferencias entre unos municipios y otros y entre los cargos públicos desempeñados en distintas Comunidades Autónomas.
Tal desbarajuste no sirve desde luego para prestigiar la política ni ganarse la confianza de la ciudadanía, en una materia en la que deberían extremarse las garantías y los controles, habida cuenta que se da la peculiar circunstancia de que los destinatarios del dinero (los propios cargos públicos) son los mismos que tienen la facultad de aprobarlos, elemento que las diferencia radicalmente de cualquier otra disposición de dinero público.
A lo anterior no ayuda tampoco la notable opacidad y falta de transparencia que afecta a las retribuciones de nuestros representantes políticos. Al ya complicado sistema retributivo, compuesto por cantidades fijas y periódicas, dietas por la asistencia a reuniones de órganos colegiados (que en muchas ocasiones se han convertido en "sueldos encubiertos") e indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo, se une la inexistencia de un registro público general y la inexistencia de un régimen exigente de incompatibilidades, impidiéndose a la ciudadanía conocer a ciencia cierta el importe de las retribuciones percibidas par sus representantes con el dinero de sus impuestos, lo cual a su vez provoca la publicación de alarmantes noticias en prensa sobre los casos más llamativos y el consiguiente desprestigio de la política, mediante un círculo vicioso que es preciso romper mediante una regulación racional, homogénea y transparente.
Con la intención de corregir las citadas disfunciones se han aprobado algunos protocolos de actuación en algunas Comunidades, a fin de intentar poner orden en la disparidad de retribuciones de los diferentes alcaldes, concejales y otros cargos de cada comunidad autónoma, pero en el mejor de los casos únicamente se ha llegado a recomendaciones frente a las que se ha impuesto finalmente la autonomía administrativa de cada uno los municipios o entes.
Más recientemente, también han fracasado otros intentos de regulación, como el proyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que planeaba el exministro socialista Jordi Sevilla, y que incluía una propuesta en línea con lo que defendemos en la presente iniciativa, así como el Código de Buen Gobierno Local que aprobó en 2009 la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que incluía recomendaciones en materia de retribuciones económicas de los electos.
Sin duda, el actual Gobierno es consciente de la necesidad de solucionar este problema y por ello ha venido realizando manifestaciones sobre la necesidad de cambiar el sistema retributivo de los alcaldes y los concejales para adecuar los salarios al tamaño de los municipios y en el reciente Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobado en el Consejo de Ministros de 27 de julio de 2012 incluye una Disposición Final Sexta que establece que "las Leyes de Presupuestos Generales del Estado establecerán cada año el baremo al que habrán de ajustarse las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno de las Entidades Locales atendiendo al tipo de entidad local de que se trate, así como a criterios objetivos de población, circunstancias socio-económicas del entorno y otras circunstancias de carácter administrativo".
Tales propósitos e iniciativas nos merecen sin duda una valoración positiva, pero consideramos que la necesidad de establecer un baremo general al que, dentro de unos límites mínimos y máximos, han de ajustarse las citadas retribuciones, ha de establecerse de forma generalizada en todo el ámbito del Estado, inclusive el Gobierno, las Cortes Generales, los órganos constitucionales, las Asambleas Legislativas y ejecutivos de las Comunidades Autónomas y los entes locales, de forma que todos los cargos políticos electivos, tanto directos como indirectos, tengan un régimen retributivo transparente, racional y objetivo, asignado bajo los principios de coordinación y jerarquía y en función de la responsabilidad asumida por cada uno de los cargos públicos.
"En su virtud, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que en el plazo máximo de seis meses apruebe un Proyecto de Ley que contemple las reformas legales necesarias a fin de establecer un sistema o régimen general retributivo de los cargos políticos electivos, sencillo, transparente, racional, coherente y objetivo, diseñado bajo los principios de coordinación y jerarquía y en función de la
responsabilidad asumida por cada uno de los cargos públicos en las distintas instancias de la administración territorial del Estado, inclusive Comunidades Autónomas y Administración Local."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000416
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la recuperación y regeneración integral de la isla de La Gomera, para su debate en el Pleno.
El incendio forestal declarado en La Gomera el pasado 4 de agosto es, salvando el desafortunado incendio de 1984 por la pérdida de un importante número de vidas humanas habida en el mismo, el más importante que ha padecido la isla, tanto desde el punto de vista de la superficie afectada como de los daños causados, entre los que destacar el importante daño medioambiental originado, de inimaginables e imprevisibles consecuencias catastróficas de no adoptar medidas de restauración y rehabilitación de forma inmediata, que establezca las condiciones para que, por una parte, evitar el avance del deterioro causado y, por otra, se adopten las medidas adecuadas tendentes a recuperar la situación medioambiental afectada.
A pesar de los recursos empleados en la extinción del mismo, la importante sequía que la isla padecía desde un año antes -la mayor de los últimos sesenta años-, las condiciones climatológicas desfavorables, determinadas por una importante ola de calor, y las especiales condiciones orográficas de la isla, definidas por importantes montañas y profundos barrancos, provocaron una rápida propagación del fuego, arrasando todo lo que encontraba a su paso con la consecuencia de la importante superficie forestal afectada. Sin duda, de los importantes daños medioambientales causados, hay que destacar, por su importancia, una considerable superficie del Parque Nacional de Garajonay, Patrimonio de la Humanidad, así como al resto de la isla, declarada recientemente, en el pasado mes de julio Reserva de la Biosfera.
La superficie afectada por el incendio, según datos facilitados por el Cabildo Insular de La Gomera, asciende a 2.424 ha aproximadamente, lo que supone el 7,7 % de la superficie total de la isla. A modo de información referencial consideramos oportuno presentar a continuación los datos relativos al análisis territorial de espacios afectados incluidos en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos:
Espacio Natural Protegido;Superficie afectada (ha)
G-0 Parque Nacional de Garajonay;750,00
G-1 Reserva Natural Integral de Benchijigua;459,57
G 13 Paisaje protegido de Orone;289,45
G-4 Parque Rural de Valle Gran Rey;214,36
G-8 Monumento Natural de La Fortaleza;30,72
G-12 Monumento Natural de Los Roques;31,59
Total;1.742,67
Del total de la superficie afectada, el 61,5 % corresponde con áreas del territorio insular incluidas en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. En relación con cada uno de ellos, el Parque Rural de Valle Gran Rey ha resultado afectado en el 11 % de su superficie, el Paisaje Protegido de Orone en un 17 %, el Parque Nacional de Garajonay en un 20 %, el Monumento Natural de Los Roques ha resultado
afectado en el 30,3 % de su superficie total, el Monumento Natural de La Fortaleza en el 57,7 %, y finalmente, la Reserva Natural Integral de Benchijigua en un 95,1 % del total de la superficie de la misma. A continuación se muestran los datos relativos al análisis territorial de espacios afectados incluidos en la Red Europea Natura 2000:
Zonas Especiales de Conservación (ZEC);Superficie afectada (ha)
ZEC ES0000044 Garajonay;750,00
ZEC ES7020028 Benchijigua;459,57
ZEC ES7020034 La Fortaleza;30,72
ZEC ES7020039 Orone;289,34
ZEC ES7020102 Barranco de Charco Hondo;127,72
ZEC ES7020104 Valle Alto de Valle Gran Rey;196,02
ZEC S7020107 Cuenca de Benchijigua-Guarimiar;417,62
Total;2.238,11
Del total de la superficie afectada por el incendio, el 79 % del territorio afectado corresponde con áreas del territorio insular incluidas en la Red Europea Natura 2000 (ZEC). En relación con cada una de ellas, la ZEC Orone ha resultado afectada en un 17 % de su superficie, la ZEC Garajonay en un 20 %, ZEC Valle Alto de Valle Gran Rey 27,7 %, ZEC Cuenca de Benchijigua Guarimiar 31,1 %, ZEC Barranco de Charco Hondo 32,5 %, ZEC La Fortaleza 57,7 % y la ZEC Benchijigua con un 95,1 % de su superficie afectada.
Además, el incendio también afectó y dañó gravemente a la infraestructura de la isla, tanto insular como municipal (red viaria, comunicaciones, energía eléctrica, telefonía, telecomunicaciones, redes de suministros de agua -tanto potable como de riego-, tanques y depósitos de agua, etc.), daños en producciones agrícolas y ganadera, así como cuartos de aperos y depósitos de productos agrarios, viviendas, establecimientos, industrias e instalaciones de particulares, instalaciones y equipos tanto de particulares y de empresas como de las propias administraciones, etc., provocando un panorama deprimente y desolador que demandan una actuación inmediata que de alguna forma amortigüe no solo los importantes daños sufridos, sino también las decisivas consecuencias que dicho evento ha de provocar irremediablemente en las economías de la isla y de sus habitantes, ya de por sí difícil de sobrellevar por su condición de isla menor periférica especialmente marcada por la doble insularidad.
El impacto económico sobre el sector turístico también va a producir numerables pérdidas vitales para el desarrollo y el empleo de la isla de La Gomera.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha de manera urgente las siguientes medidas para la recuperación integral de la isla de La Gomera:
1. Emprender las acciones necesarias para solicitar las ayudas del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, para la recuperación y regeneración de las zonas afectadas por el incendio más importante que ha padecido la isla, tanto desde el punto de vista de la superficie afectada, como de los daños causados, entre los que destacar el importante daño medioambiental y económico que ha sufrido La Gomera.
2. Adoptar con carácter inmediato cuantas medidas sean necesarias para hacer frente a los daños personales y materiales que se hayan producido por el citado incendio garantizándose el pleno restablecimiento de la normalidad en la isla. Especialmente las tendentes a evitar la erosión que como consecuencia de las previsibles próximas lluvias podrían afectar de gravedad a las playas y zonas habitadas de "Barranco de Santiago" y "Valle Gran Rey". A la vez que previsiblemente se verán afectadas la captación en los acuíferos subterráneos de nuevos caudales de agua potable para el abastecimiento de la población, actualmente mermados por la pérdida de infiltración en el subsuelo de las zonas de masa boscosa desaparecida.
3. Igualmente, el Gobierno elaborará un Plan para la recuperación y regeneración integral de la isla de La Gomera que, tomando en consideración la magnitud del incendio forestal, impulse todas las iniciativas dirigidas a impulsar la actividad económica y social y la regeneración medioambiental. En el citado Plan se contemplará la participación de todas las Administraciones Públicas implicadas, dotándose los créditos presupuestarios necesarios para la efectividad de las medidas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2012.-José Segura Clavell, Pilar Grande Pesquero, Sebastián Franquis Vera y Patricia Hernández Gutiérrez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000417
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la concesión de indulto en casos de corrupción, para su debate en Pleno.
La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, reformó la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con el objetivo de humanizar nuestro derecho penal y mejorar el cumplimiento de los mandatos constitucionales de rehabilitación y reinserción del delincuente y, a la vez, endureció el tratamiento y tipificación de tres bloques de delitos: delitos de terrorismo, los delitos sexuales más graves y en especial los producidos contra menores y los conocidos como "delitos de cuello blanco", es decir, la lucha contra la corrupción pública y privada, que probablemente fuera la causa que movió a la abstención al Partido Popular en la votación de dicha reforma.
Gracias a esta reforma, nuestro Derecho Penal cuenta con mejores instrumentos para combatir, con mayores garantías de eficacia, todos los fenómenos de corrupción cuyo poder destructivo atenta contra el núcleo mismo del Estado de Derecho.
Se tipifica de forma más exhaustiva el delito de cohecho, incorporando varios instrumentos internacionales, y se agravan las penas de este delito y el tráfico de influencias.
En el ámbito urbanístico las acciones como la ocultación de actos ilícitos observados por la inspección o la omisión de inspecciones obligatorias, pasan a tener carácter delictivo por sí mismas y se agravan las penas en correspondencia con la gravedad de este tipo de conductas.
En la lucha contra la corrupción en el sector privado: la represión de los actos encaminados a corromper a los administradores de empresas de forma similar a lo que se hace a través del delito de cohecho. El refuerzo de las medidas para el seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los productos del delito en el marco de una organización criminal. Además del incremento de la penalidad y de las multas y la mejora técnica del delito de corrupción de funcionario público extranjero en las transacciones comerciales internacionales. Y, como cierre, con el fin de evitar la impunidad se aumenta los plazos de prescripción de estos delitos.
En patente contradicción con esta opción de política legislativa, el Gobierno del Partido Popular lleva, desde el inicio de su gestión, adoptando decisiones que debilitan gravemente esta lucha, cuando no favoreciendo a los delincuentes económicos, con decisiones como la amnistía fiscal, que permite legitimar capitales de origen dudoso, o mediante relevos en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), en la Comisaría de Policía Judicial, o reduciendo los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como los Grupos de Respuesta Contra el Crimen Organizado (GRECO) o disminuyendo los recursos de la lucha contra la corrupción. Y, unido a todo ello, no menos preocupante le parece al Grupo Socialista la tendencia a conceder el indulto en una serie de supuestos vinculados claramente a la corrupción, con lo difícil que ha sido, hasta ahora, conseguir que los culpables de delitos tan despreciables se vean en situación de cumplimiento de condena.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con carácter general, no se conceda el indulto en casos relacionados con delitos de corrupción."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2012.-Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000418
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de lU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la regularización del tipo de retención a cuenta del IRPF a los trabajadores y trabajadoras del sector público, para su discusión en el Pleno.
La disminución en la cuantía de las retribuciones del año 2012 que van a sufrir los empleados y empleados públicos, establecida en el Real Decreto-ley 20/2012, hace necesario regularizar el tipo de retención que, en función del artículo 87.2.3.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se viene aplicando en las nóminas de los trabajadores y trabajadoras del sector público hasta el momento.
Tal y como señala el artículo 87.4 del mismo Reglamento, debe efectuarse dicha regularización cuando se produce, como ahora, una merma de la cuantía de las percepciones salariales. Ello quiere decir que deben comenzar a aplicarse los nuevos tipos de retención, que obligatoriamente serán más bajos que los actuales, en la nómina del mes de octubre.
Esto tiene que hacerse para evitar el desfase temporal que provocaría en el Tesoro Público el cumplimiento de las normas de regularización de las retenciones del IRPF citadas, ya que los ingresos por retenciones de todo el personal al servicio de las AA.PP. disminuirán respecto de los actuales al menos dos meses antes de que sea efectiva la reducción de haberes en la paga de diciembre 2012.
Por todo ello, presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que se proceda de inmediato, o a más tardar en la nómina del mes de octubre de 2012, a la regularización del tipo de retención a cuenta del IRPF que se ha venido aplicando hasta este momento a los trabajadores y trabajadoras al servicio de las distintas Administraciones Públicas, empresas públicas, Entes y Organismos Autónomos, Fundaciones y Consorcios dependientes de las mismas, que vayan a ver disminuida la cuantía de sus retribuciones del año 2012 motivado por la regulación establecida en el Real Decreto-Ley 20/2012."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de lU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000430
Mediante escrito de fecha 3 de septiembre de 2012 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Mixto, la Proposición no de Ley relativa a la inclusión de las infraestructuras de transporte de Canarias en las redes transeuropeas de transporte de la Unión Europea, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 63, de 27 de marzo de 2012.