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Timestamp: 2018-04-20 06:41:43
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Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'Artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'Artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 257', 'Artículo 257', 'artículo 271', 'artículo 271', 'artículo 271', 'artículo 257', 'artículo 371', 'artículo 160', 'artículo 241', 'artículo 160', 'artículo 241', 'artículo 371', 'artículo 158', 'artículo 71', 'Artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 71']

Nota Tributaria - Sentencia C-178 de 2016. Expediente D-10957. (Comunicado de Prensa). - Parafiscalidad - Contribuciones Parafiscales - Contribución Parafiscal del Turismo - Destinación de los Recursos del Fondo Nacional de Turismo FONTUR - Fondo Cuenta para Atender Pasivos Pensionales del Sector Hotelero - Atención de las Obligaciones Laborales y Pensionales del Sector Hotelero - Principios Constitucionales Tributarios - Igualdad Tributaria - Equidad Tributaria - Límite a la Potestad Tributaria del Congreso de la República. Con Salvamentos de Voto de los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo - Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-218. FALLO: Declarar INEXEQUIBLE el numeral 5º del parágrafo del artículo 15 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, ‘Todos por un nuevo país’. - Corte Constitucional. - M.P. María Victoria Calle Correa. - - NORMA DEMANDADA: Artículo 15 Ley 1753 de 2002 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. - Para la Corte, la norma objeto de control altera la estructura de la contribución parafiscal del turismo, de una forma que no es válida desde el punto de vista constitucional, puesto que produce una afectación a la igualdad, la equidad tributaria y la prevalencia del interés general. En realidad, no puede inferirse razonablemente que la norma beneficie a los aportantes de la contribución del turismo. No parece claro que los veintiún aportantes de la contribución parafiscal de fomento al turismo reciban un beneficio directo de la nueva destinación prevista en el Plan Nacional de Desarrollo. Como lo indica el demandante, esta decisión beneficia exclusivamente a un subgrupo de los veintiún contribuyentes, un conjunto limitado de hoteles que fueron objeto de extinción del dominio. Descartada la existencia de un beneficio directo para este sector, dada la cantidad de actores que lo configuran, la nueva destinación desvirtúa también la homogeneidad del grupo y se torna inequitativa. La limitación de los recursos se anuncia, pero no se explica en qué consiste y menos aún, se presentan los criterios técnicos para comprender su alcance. La transitoriedad de la medida, a su turno, resulta discutible, pues depende del “fondeo” de un pasivo pensional (y eventualmente laboral) que, dada la naturaleza periódica de esta prestaciones, puede que no se obtenga en un plazo corto, ni determinable. Dada esta vaguedad, este último argumento esgrimido a favor de la constitucionalidad de la medida legal es incompatible con el principio de legalidad del tributo, ya que solo en sede administrativa podría preciarse su transitoriedad y sus limitaciones. // Por consiguiente, la Corte procedió a declarar la inexequibilidad del numeral 5º y del parágrafo del artículo 15 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, por alterar la estructura de la contribución parafiscal del turismo, de una forma que no es válida desde el punto de vista constitucional, toda vez que produce una afectación de la igualdad, la equidad tributaria y la prevalencia del interés general.
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Sentencia C-178 de 2016. Expediente D-10957. (Comunicado de Prensa). Corte Constitucional. Parafiscalidad - Contribuciones Parafiscales - Contribución Parafiscal del Turismo - Destinación de los Recursos del Fondo Nacional de Turismo FONTUR - Fondo Cuenta para Atender Pasivos Pensionales del Sector Hotelero - Atención de las Obligaciones Laborales y Pensionales del Sector Hotelero - Principios Constitucionales Tributarios - Igualdad Tributaria - Equidad Tributaria - Límite a la Potestad Tributaria del Congreso de la República. Con Salvamentos de Voto de los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo - Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-218. FALLO: Declarar INEXEQUIBLE el numeral 5º del parágrafo del artículo 15 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, ‘Todos por un nuevo país’. M.P. María Victoria Calle Correa. NORMA DEMANDADA: Artículo 15 Ley 1753 de 2002 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Para la Corte, la norma objeto de control altera la estructura de la contribución parafiscal del turismo, de una forma que no es válida desde el punto de vista constitucional, puesto que produce una afectación a la igualdad, la equidad tributaria y la prevalencia del interés general. En realidad, no puede inferirse razonablemente que la norma beneficie a los aportantes de la contribución del turismo. No parece claro que los veintiún aportantes de la contribución parafiscal de fomento al turismo reciban un beneficio directo de la nueva destinación prevista en el Plan Nacional de Desarrollo. Como lo indica el demandante, esta decisión beneficia exclusivamente a un subgrupo de los veintiún contribuyentes, un conjunto limitado de hoteles que fueron objeto de extinción del dominio. Descartada la existencia de un beneficio directo para este sector, dada la cantidad de actores que lo configuran, la nueva destinación desvirtúa también la homogeneidad del grupo y se torna inequitativa. La limitación de los recursos se anuncia, pero no se explica en qué consiste y menos aún, se presentan los criterios técnicos para comprender su alcance. La transitoriedad de la medida, a su turno, resulta discutible, pues depende del “fondeo” de un pasivo pensional (y eventualmente laboral) que, dada la naturaleza periódica de esta prestaciones, puede que no se obtenga en un plazo corto, ni determinable. Dada esta vaguedad, este último argumento esgrimido a favor de la constitucionalidad de la medida legal es incompatible con el principio de legalidad del tributo, ya que solo en sede administrativa podría preciarse su transitoriedad y sus limitaciones. // Por consiguiente, la Corte procedió a declarar la inexequibilidad del numeral 5º y del parágrafo del artículo 15 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, por alterar la estructura de la contribución parafiscal del turismo, de una forma que no es válida desde el punto de vista constitucional, toda vez que produce una afectación de la igualdad, la equidad tributaria y la prevalencia del interés general.
Sentencia C-179 de 2016. Expediente D-10973. (Comunicado de Prensa). Corte Constitucional. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo C.P.A.C.A. - Recursos Extraordinarios - Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia - Alcance - Sentencias de Única y Segunda Instancia de los Tribunales Administrativos - Principios Constitucionales - Derecho a la Igualdad - Acceso a la Administración de Justicia - Principio de Seguridad Jurídica. Con Salvamentos de Voto de los Magistrados Alejandro Linares Cantillo y Alberto Rojas Ríos. FALLO: Declarar EXEQUIBLE la expresión “por los tribunales administrativos” consagrada en el artículo 257 de la Ley 1437 de 2011, por los cargos analizados en esta sentencia. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. NORMA DEMANDADA: Artículo 257 Ley 1437 de 2011 (parcial). Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Lo primero que advirtió la Corte es que la norma acusada no desconoce el derecho a la igualdad, puesto que los sujetos y la situación que se compara no se encuentran en idénticas circunstancias y de ahí que resulta válida la limitación de procedencia que se impone en la ley. En efecto, la restricción del recurso a las sentencias dictadas en única y segunda instancia por los tribunales administrativos (y no permitirla contra las que profieren las secciones del Consejo de Estado) busca preservar con exclusividad, como ya se explicó el precedente vertical que se deriva de las sentencias de unificación. En tal virtud, el señalamiento de la citada autoridad no corresponde a una decisión carente de sentido, por cuanto, de una parte, se entiende que las decisiones de los juzgados administrativos deben seguir igualmente el mismo precedente y que en el caso que lo desconozcan, se activa la posibilidad de controvertir lo fallado mediante los recursos ordinarios. Por ello, una de las reglas de prosperidad del recurso extraordinario en cuestión, es que haya apelado la sentencia de primer grado, “cuando el fallo de segundo grado sea exclusivamente confirmatorio de aquella”. De otro lado, porque en el caso de las divisiones que se producen dentro de la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, esto es, las secciones y subsecciones que la integran, corresponde a una medida de distribución del trabajo, pero no existe ninguna relación jerárquica o de subordinación funcional entre ellas, así como en su relación con la Sala Plena, en los asuntos que son objeto de su exclusivo conocimiento. // En segundo lugar, la Corte determinó que visto el objeto del recurso extraordinario de unificación, es claro que no resulta comparable la situación de hecho planteada por el demandante. Mientras que la delimitación que se hace del recurso a los fallos de única y segunda instancia de los tribunales administrativos, se justifica en que la contradicción con una sentencia de unificación puede estar mediada por el desconocimiento a la decisión de plantear un apartamiento justificado de la línea vigente, como lógica que subyace en el principio de obligatoriedad de un precedente vertical. En la medida en que no se presenta una relación jerárquica entre las secciones y subsecciones, como en su relación con la Sala Plena, la circunstancia de hecho que se plantea es totalmente distinta. Si llegare a hacerse necesario modificar un precedente horizontal planteado en una sentencia de unificación el artículo 271 del CPACA permite definir o sentar nuevos precedentes (v.gr. en casos de importancia jurídica o trascendencia económica). Este mecanismo alternativo puede activarse por actuación del propio Consejo de Estado, solicitud del Ministerio Público o solicitud de parte, lo cual facilita el acceso a la justicia. // En conclusión, la Corte estableció que no resulta comparable la situación de hecho plateada por el accionante, toda vez que visto el objeto del recurso, se encuentra que su construcción teórica y normativa se articula alrededor de la protección del precedente vertical formulado en sentencias de unificación, mientras que el precedente horizontal que surge de las mismas, se garantiza a través de otras herramientas judiciales, como son las previstas en el artículo 271 del CPACA. // Por último, la Corporación no encontró que la limitación que se impugna lleva consigo una vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, ni del principio de seguridad jurídica. A su juicio, la restricción impuesta corresponde a una manifestación de la potestad normativa en materia procesal, lo que habilita que el diseño de cada recurso se haga a partir de la búsqueda de un fin u objetivo concreto que lo torne ajustado a su naturaleza jurídica, siempre que se respeten los valores, principios y derechos consagrados en la Carta. A partir de las distinciones anteriores, la Corte no advirtió que dicha limitación suponga un desconocimiento de estos preceptos constitucionales; por el contrario, consideró que se trata de una medida que contribuye a la realización y al fortalecimiento de la función de unificación jurisprudencial que cumple el Consejo de Estado, como órgano de cierre y Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. En todo caso, para eliminar cualquier posibilidad de incoherencia o de tratamiento distinto en casos iguales, como ya se indicó, el CPACA dispuso un mecanismo de unificación interna en el artículo 271, que permite preservar una interpretación uniforme y consistente del ordenamiento jurídico. En ese orden, la Corte concluyó en la declaración de exequibilidad de la expresión normativa demandad del artículo 257 de la Ley 1437 de 2011.
Sentencia C-184 de 2016. Expediente LAT-438. (Comunicado de Prensa). Corte Constitucional. Convenios Internacionales - Convenios Comerciales - Tratado de Libre Comercio - TLC - Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea - Zonas de Libre Comercio - Control de Constitucionalidad de la Ley 1747 de 2014 - Fallo de Exequibilidad Condicionado - Competencias de la Junta Directiva del Banco de la República. Con Aclaraciones de Voto de los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado y Alberto Rojas Ríos. FALLO: Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1747 de 2014 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea’, firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013”. // Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013”, salvo el literal A, numeral 2 del Anexo 8C del Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, que se declara EXEQUIBLE con la condición de que se interprete que el plazo allí establecido tiene el carácter de una orientación de política exterior a las autoridades competentes, por cuanto las competencias constitucionales autónomas del Banco Emisor no pueden tener las restricciones allí previstas conforme al artículo 371 de la Constitución. En consecuencia, ORDENAR al Presidente de la República que al manifestar el consentimiento del Estado colombiano en obligarse por este tratado mediante el depósito del instrumento de ratificación, formule esta declaración interpretativa. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 1747 DE 2014. La Corte determinó que la revisión formal de constitucionalidad del instrumento y de su ley aprobatoria, muestra que se cumplieron las reglas y subreglas jurisprudenciales establecidas para las fases: (i) previa gubernamental: que acreditó la representación válida del Estado colombiano por el entonces Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados Guida, en la negociación, celebración y suscripción del instrumento internacional, así como en su aprobación y remisión al Congreso de la República por parte del Presidente de la República. Así mismo, del contenido del tratado no se derivó la obligación de agotar el mecanismo de consulta previa; (ii) legislativa: en la que se verificó el cumplimiento del procedimiento legislativo establecido para las leyes ordinarias y en especial, la exigencia de anuncio previo conforme el artículo 160 de la Constitución, los quórums deliberatorios y decisorios de los debates legislativos; y (iii) posterior gubernamental: que consagra el deber del Presidente de la República de sancionar la ley y remitirla a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, en cumplimiento del artículo 241.10 de la Constitución Política. // La Corte determinó que la revisión formal de constitucionalidad del instrumento y de su ley aprobatoria, muestra que se cumplieron las reglas y subreglas jurisprudenciales establecidas para las fases: (i) previa gubernamental: que acreditó la representación válida del Estado colombiano por el entonces Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados Guida, en la negociación, celebración y suscripción del instrumento internacional, así como en su aprobación y remisión al Congreso de la República por parte del Presidente de la República. Así mismo, del contenido del tratado no se derivó la obligación de agotar el mecanismo de consulta previa; (ii) legislativa: en la que se verificó el cumplimiento del procedimiento legislativo establecido para las leyes ordinarias y en especial, la exigencia de anuncio previo conforme el artículo 160 de la Constitución, los quórums deliberatorios y decisorios de los debates legislativos; y (iii) posterior gubernamental: que consagra el deber del Presidente de la República de sancionar la ley y remitirla a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, en cumplimiento del artículo 241.10 de la Constitución Política.// Sobre las cláusulas específicas del tratado examinado, la Corte efectuó un análisis de manera separada para concluir en su constitucionalidad a priori, sin perjuicio de que desarrollos legislativos concretos del instrumento puedan conducir a infracciones de los postulados y preceptos constitucionales, salvo respecto del literal A, numeral 2 del Anexo 8C del Acuerdo, en relación con el cual la Corte ordena al Presidente de la República formule una declaración interpretativa, que preserva la estipulación acordada pero de manera compatible con la Constitución Política de Colombia. En particular, la Corte encontró que el plazo que allí se establece para que el Banco Emisor en cada Estado parte adopten o mantengan medidas temporales de salvaguarda, respecto de pagos y movimientos de capital en situaciones de dificultades o amenaza de crisis de balanza o desequilibrios macroeconómicos , desconoce la competencia constitucional de la Junta Directiva del Banco de la República, en materia de regulación de cambios internacionales y la fijación de sistemas de cambio, dentro del ámbito de la autonomía que consagra el artículo 371 de la Carta Política. En consecuencia, se declaró la exequibilidad del Acuerdo, salvo lo estipulado en el literal A, numeral 2 del Anexo 8C, respecto del cual se condicionó a que se interprete que el plazo allí establecido tiene el carácter de una orientación de política exterior a las autoridades competentes y en este sentido, el Presidente de la República, al momento de manifestar el consentimiento del Estado colombiano en obligarse por este Acuerdo mediante el depósito del instrumento de ratificación, formule la respectiva declaración interpretativa.
Sentencia C-208 de 2016. Expediente D-10970. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Contrabando - Proceso de Formación de la Ley 1762 de 2015 “Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal - Trámite Legislativo - Principios de Publicidad y Unidad de Materia. FALLO: Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1762 de 2015, por los cargos analizados en esta sentencia. // Segundo.- INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo acerca del resto de los cargos presentados por la demanda de la referencia en contra de la Ley 1762 de 2015, por no fundarse en razones susceptibles de ser analizadas en sede de constitucionalidad. M.P. María Victoria Calle Correa. NORMA DEMANDADA: LEY 1762 DE 2015, “Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal”. Examinado el trámite cursado en el Congreso por la Ley 1762 de 2015, la Corte constató que no se había violado el principio de publicidad al dejar de publicar en el Acta del debate en Comisión y en la Gaceta del Congreso en la que se publicó dicha Acta, el texto del proyecto de ley que fue aprobado en debate en Comisión, cuando el texto en cuestión sí fue publicado en una Gaceta del Congreso diferente, incluyendo las modificaciones que fueron introducidas y las razones para ello. // De igual modo, la corporación determinó que el Congreso de la República no desconoció las reglas de competencia de las comisiones constitucionales permanentes, al tramitar un proyecto de ley que tiene un objeto complejo que aborda diversas áreas del derecho, por medio de comisiones que se ocupan especialmente de esos asuntos o los temas más afines y prevalentes del proyecto de ley de que se trate. // Por otro lado, el tribunal constitucional reiteró que la violación del principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 de la Carta Política sólo puede predicarse de aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad temática, causal, teleológica, sistémica o por consecuencia, con la materia dominante de la misma. Por tal motivo, el legislador no vulneró el principio de unidad de materia al haber aprobado una ley con el objeto de “prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal” , como se estableció en la Ley 1762 de 2015, por el solo hecho de haber introducido una diversidad de temas tales como reformas al Código de Comercio, al cobro del impuesto al consumo y las sanciones por el no pago, puesto que se trata de cuestiones que guardan de una u otra manera, conexidad, con la materia principal de la ley. // Por último, la Corte se inhibió en relación con los demás cargos de inconstitucionalidad que se formularon contra la Ley 1762 de 2015, relativos al desconocimiento de las reglas de votación en el Congreso, la reserva de ley estatutaria y ley orgánica, las competencias del Gobierno Nacional en materia aduanera, los principios de tipicidad, non bis in ídem y derecho penal mínimo, en atención a que no cumplieron con los requisitos que se exigen para emitir una decisión de fondo.
Sentencia C-209 de 2016. Expediente D-10885. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Impuesto Nacional al Consumo - Hecho Generador - Servicios de Alimentación bajo Contrato - Tarifa del 8% - Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa Relativa - Servicios de Alimentación Contratados por el Estado destinados a Instituciones de Asistencia Social - Fallo de Exequibilidad Condicionada - Principios Constitucionales Tributarios - Igualdad Tributaria - Equidad Tributaria - Justicia del Sistema Tributario. Con Salvamento de Voto de los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Gloria Stella Ortiz Delgado. FALLO: Declarar EXEQUIBLE, por el cargo examinado, la expresión “los servicios de alimentación bajo contrato”, contenida en el numeral 3 del artículo 71 de la Ley 1607 de 2012, en el entendido de que se exceptúan del impuesto nacional al consumo los celebrados por instituciones del Estado con recursos públicos y destinados a la asistencia social. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. NORMA DEMANDADA: Numeral 3 Artículo 71 Ley 1607 de 2012 "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones". (parcial). Le correspondió a la Corte Constitucional definir, si el legislador al gravar con el impuesto nacional al consumo los servicios de alimentación bajo contrato, equivalente a una tarifa del 8% vulneró los artículos 1º, 2º, 13, 44, 46, 47 y 363 de la Constitución, al no haber excluido a quienes por su condición económica o discapacidad no tienen acceso a los bienes y servicios básicos, que son aquellos contratos celebrados con recursos públicos y destinados a la asistencia social. En concreto, se cuestiona que la creación del impuesto se estableció de manera generalizada, sin excluir los contratos celebrados por entidades del Estado con recursos públicos y destinados a la asistencia social. Si bien el parágrafo 3º del artículo 71 de la Ley 1607 de 2012 previó algunas exclusiones (vgr. a nivel territorial en Amazonas y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y santa Catalina), no tuvo en cuenta los servicios de alimentos contratados por entidades como la Secretaría de Integración social de Bogotá, a favor de los sectores vulnerables de la ciudad o los prestados en comedores comunitarios. // La Corte determinó que la aplicación del impuesto al consumo a todos los servicios de alimentación bajo contrato, sin distinguir entre los distintos sujetos pasivos que estarían obligados a pagar dicho tributo, incluido el consumidor final, desconoce la filosofía que inspira el modelo constitucional del Estado social de derecho y en particular, la efectividad de los principios y derechos como la alimentación y el mínimo vital de la población vulnerable, el principio de progresividad de los derechos sociales, así como los principios de equidad y justicia del sistema tributario, toda vez que el impuesto nacional al consumo gravó indiscriminadamente los servicios de alimentación bajo contrato, sin excluir expresamente a ciertos sectores vulnerables de la población. // Observó que en los impuestos indirectos como el de consumo el sujeto pasivo de iure como responsable jurídico del impuesto traslada integralmente el peso del gravamen al consumidor final, que es el sujeto pasivo de facto o socioeconómico del impuesto. En la práctica, resultan gravados los recursos públicos que las entidades de asistencia social destinan a la compra de alimentos por contratación, con la consecuencia de disminuir el monto efectivo destinado a cubrir las necesidades básicas de la población vulnerable, dado que están gravados con una tarifa del 8% que encarece el servicio. De esta manera, los programas de asistencia social alimentaria desarrollados por entidades del Estado vendrían a perder capacidad de ampliación, al establecerse un tributo que terminan incrementando el valor de los contratos de prestación del servicio de alimentación. // Para la Corte, no se encuentran razones que justifiquen que dentro de las exenciones del impuesto al consumo, el legislador no haya previsto el servicio de alimentación por contrato financiado por el Estado destinado a las instituciones de asistencia social. Un enfoque centrado en el derecho a la igualdad y los principios de equidad y justicia del sistema tributario lleva a concluir que las excepciones que se previeron en la norma acusada, desconocieron estos postulados constitucionales, al no haberlo establecido para el servicio de alimentos por contrato en la hipótesis señalada. Al mismo tiempo, se desconoció el principio de homogeneidad, según el cual, toda exclusión tributaria debe aplicarse por igual a los contribuyentes que se encuentren en el mismo supuesto de hecho, sin distinciones injustificadas, so pena de vulnerar el derecho a la igualdad y el principio de equidad tributaria. Por consiguiente, la omisión legislativa relativa que se configura en la norma acusada, condujo a una declaración de exequibilidad condicionada de la expresión demandada que hace parte del numeral 3 del artículo 71 de la Ley 1607 de 2012, en el sentido de excluir del impuesto al consumo, los servicios de alimentación por contrato celebrados por instituciones del Estado con recursos públicos destinados a la asistencia social.
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