Source: https://es.scribd.com/doc/102399475/la-ley-550-de-1999
Timestamp: 2016-12-06 03:13:13
Document Index: 377277253

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 22', 'artículo 30', 'artículo 11', 'artículo 33', 'Artículo 8', 'artículo 23', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 72', 'artículo 7', 'Artículo 12']

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NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArticlesPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLA LEY 550 DE 1999 Intervención económica para la reactivación empresarial y acuerdos de reestructuraciónAcuerdos de Restructuración y Promotores
Aspectos Importantes de la Ley: La Ley 550 de 1999, establece la intervención del Estado en la economía, en desarrollo de los artículos 334 y 335 de la Constitución, con el fin de promover la reactivación y el empleo, mediante la celebración de acuerdos de reestructuración a favor de las empresas que se encuentren en dificultades para atender sus obligaciones pecuniarias y que, no obstante, se consideren económicamente viables. El nuevo régimen suspende, en principio por el término de cinco (5) años, la aplicación del concordato para las personas jurídicas, con algunas excepciones. Por ello, no es impropio decir que contiene un “nuevo concordato”, totalmente renovado, con las siguientes características:
Se aplica a todas las empresas realizadas por cualquier clase de persona jurídica, de carácter privado o público – con excepción de las vigiladas por la Superintendencia bancaria y de los intermediarios vigilados por la Superintendencia de Valores, entre otras - , y a los entes territoriales. La negociación de un acuerdo puede ser promovida de oficio por las superintendencias, o solicitada por el empresario o por uno o varios acreedores, cuando dos o más obligaciones incumplidas por más de 90 días signifiquen no menos del 5% del pasivo corriente de la empresa. La solicitud se presenta ante la superintendencia que ejerza la vigilancia del empresario o de su actividad; si no está vigilado y en el domicilio de la sociedad funciona despacho de la Superintendencia de Sociedades, será ante éste, y si no existe tal despacho se presentará ante la Cámara de comercio correspondiente.
la respectiva superintendencia o cámara de comercio (que es el nominador, en términos de la ley), una vez aceptada la solicitud del acuerdo, designa a una persona natural para que actúe como promotor, y fija por cinco días un aviso sobre la promoción del acuerdo, el cual se inscribe en el registro mercantil y se publica en un diario de amplia circulación. El inicio de la negociación tienen unas consecuencias similares a las previstas para la apertura del concordato (arts. 13 al 18). Al promotor le corresponde el impulso del trámite para celebrar el acuerdo, y sus funciones están definidas en el artículo 8º de la ley, destacándose que para determinar, con la asesoría de peritos, el número de votos admisibles que corresponda a cada uno de los acreedores (internos y externos, según las reglas del art.22) y la existencia y cuantía de las acreencias que serán objeto del acuerdo. Con tal fin, el promotor tiene las facultades de amigable componedor. Dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que haya quedado definida la designación del promotor, se realizará una reunión para comunicar a los interesados la determinación de votos y acreencias, reunión en donde se podrá formular objeciones que serán resueltas por el promotor; si subsiste discrepancia, las objeciones serán decididas por la Superintendencia de Sociedades, en calidad de juez, mediante proceso verbal sumario. El acuerdo de reestructuración deberá celebrarse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que queden definidos los derechos de voto; si no se celebra en este plazo o si fracasa la negociación, se dará traslado a la autoridad competente para que inicie de oficio el proceso concursal de liquidación obligatoria. El acuerdo se aprueba con el voto favorable de un número plural de acreedores que represente, por lo menos, la mayoría absoluta de los créditos internos y externos, siempre y cuando se refleje la participación de varias clases de acreedores. Es aquí, en la aprobación del acuerdo, en donde se destacan tres de la innovaciones más importantes de la ley: 1) el carácter contractual y extrajudicial del acuerdo; 2) el hecho de que el empresario como tal no tiene voto, sino que es sustituido por el voto de los acreedores internos, es decir, de los socios, de acuerdo con la valoración dispuesta en el artículo 22 de la ley, y 3) la disminución del porcentaje de créditos externos necesarios para aprobar el acuerdo, que en el concordato era del 75%. Además, se regula un derecho de veto a favor de los trabajadoras, de los socios o de la DIAN, sobre
algunas cláusulas del acuerdo, siempre y cuando se cumplan los requisitos que señala el artículo 30 de la ley. 4. El contenido y los efectos del acuerdo se encuentran prolijamente regulados en los artículos 33 y 34 de la ley, de modo que, si bien las partes determinan los términos del acuerdo, es la propia la ley la que fija pautas detalladas con el fin de evitar que queden vacíos o cuestiones sin definir. Sobresalen dos innovaciones importantes, la primera, la libertad de pactar la prelación, plazos y condiciones en que se pagarán las acreencias anteriores a la fecha de iniciación del acuerdo, salvo excepciones para los créditos laborales y fiscales arts. 33, num. 2º, 34, num. 8º y 12), y la segunda, la obligación de pactar un código de conducta empresarial a que debe sujetase la administración de una empresa (art. 44). Las causales de terminación del acuerdo y sus efectos se prevén en los artículos 35 y 36, observándose que cuando se presenta el incumplimiento del acuerdo o del pago de acreencias causadas después de iniciada la negociación, o la ocurrencia de circunstancias que impidan su ejecución, y si no es posible remediar estas situaciones en reunión de acreedores, el acuerdo termina y deberá darse traslado a la autoridad competente para que inicie de oficio el proceso de liquidación obligatoria o el procedimiento de intervención o de liquidación que corresponda. Se contemplan también otras regulaciones importantes, como la capitalización de pasivos, la creación de un fondo adscrito al Ministerio de Desarrollo para la financiación del pasivo pensional, la concertación de la suspensión de prerrogativas laborales que excedan del mínimo legal y el establecimiento de líneas especiales de redescuento para los establecimientos de crédito que financien las empresas reestructuradas. También se incluyen medidas que seguramente serán objeto de controversia, unas laborales, como la derogatoria de la unidad de empresa prevista en el Código Sustantivo de Trabajo (art. 75 de la ley), y otras tributarias, como el establecimiento del requisito de estar al día en las obligaciones tributarias nacionales para poder licitar o contratar con el Estado (art. 57, par.3º)
La respectiva superintendencia o la cámara de comercio, según sea el caso, al decidir la promoción oficiosa o aceptar la solicitud de un acuerdo, designará a una persona natural para que actúe como promotor en el acuerdo de reestructuración. Una vez designado el promotor, el nominador procederá fijar en sus oficinas el escrito de promoción previsto en el artículo 11 de la presente ley. Los promotores participarán en la negociación, el análisis y la elaboración de los acuerdos de reestructuración en sus aspectos financieros, administrativos, contables, legales y demás que se requieran, para lo cual podrán contar con la asesoría de peritos expertos en las correspondientes materias, previa autorización y designación de los mismos por parte d la entidad nominadora del promotor. La integración y la actualización de las listas de personas elegibles como promotores y peritos y la designación de quienes actúen como tales en cada caso, se harán con sujeción a los requisitos de idoneidad profesional, posibilidad de actuación directa en el lugar del domicilio principal de los empresarios, solvencia moral e independencia que se prevean en el reglamento que al efecto expida el Gobierno Nacional. La inscripción o la cancelación de la inscripción de una persona como promotor en las listas correspondientes, así como su designación deberá efectuarse en la Superintendencia de Sociedades, ya sea en Santafé de Bogotá, o en sus respectivas regionales, de acuerdo con su jurisdicción y competencia. Una misma persona podrá ser parte de ambas listas y la Superintendencia de Sociedades mantendrá los listados correspondientes a disposición de los nominadores. Los promotores podrán ser socios o funcionarios de personas jurídicas nacionales o extranjeras que desarrollen actividades afines con las funciones propias de la promoción y del peritazgo a que se refiere la presente ley. Mientras el Gobierno Nacional expide el reglamento previsto, si en las listas de personas elegibles como promotoras o peritos se hayan inscrito personas que puedan cumplir con tales funciones, el nominador respectivo designará como promotores personas naturales que figuren inscritas como contralores
o en los centros de conciliación legalmente establecidos en las cámaras de comercio o en las superintendencias nominadoras. La inscripción o cancelación de la inscripción de una persona como liquidador, así como su designación, deberá efectuarse en la Superintendencia de Sociedades, ya sea en santafé de Bogotá, o en sus respectivas regionales, de acuerdo con su jurisdicción y competencia. (Art. 7º, parágrafos 2, 3, 4)
Funciones de los Promotores. El promotor desarrollará las siguientes funciones principales en relación con la negociación y celebración del acuerdo: 1. Analizar el estado patrimonial de la empresa y su desempeño durante por lo menos los últimos tres (3) años. 2. Examinar y elaborar las proyecciones de la empresa, con el objeto de suministrar a los acreedores elementos de juicio acerca de su sutuación operacional, financiera, de mercado, administrativa, legal y contable. 3. Mantener a disposición de todos los acreedores la información que posea y sea relevante para efectos de la negociación, en especial la correspondiente a los numerales 1º y 2º del presente artículo. 4. Determinar los derechos de voto de los acreedores. 5. Coordinar reuniones de negociación en la forma que estime conveniente. 6. Durante la negociación y en la redacción del acuerdo, actuar como amigable componedor del ministerio de la ley en los supuestos que en ella se prevén, o a solicitud de los interesados en los demás casos. 7. Proponer fórmulas de arreglo acompañadas de la correspondiente sustentación y evaluar la viabilidad de las que se examinen durante la negociación.
8. Obtener la formalización del documento en el que conste el acuerdo que llegue a celebrarse. 9. Participar en el comité de vigilancia del acuerdo, directamente o mediante terceras personas designadas por él. 10. Las demás funciones que le señale la presente ley. El promotor está legalmente facultado para examinar los bienes, libros y papeles del deudor, analizar los litigios y contingencias, comprobar la realidad y origen de los activos, pasivos, contratos, recaudos y erogaciones de la empresa, así como para exigirle a los administradores, al revisor fiscal, contralor, auditor o contador público correspondiente, las aclaraciones razonables que sean necesarias respecto de las notas a los estados financieros, dictámenes, informes de gestión y demás documentos o situaciones, de acuerdo con la competencia de cada uno de ellos. Si tales personas no atienden las solicitudes de información del promotor en forma oportuna y completa, podrán ser sancionados con la multa y con la remoción previstas en el parágrafo primero del artículo 33 de la presente ley. Los promotores están sujetos a la obligación legal de confidenciabilidad respecto de la información referente a la negociación, a la empresa y al empresario. Las personas naturales que ejerzan la función de promotor, pueden perder el derecho a su remuneración, ser removidos del cargo o excluidos de la lista correspondiente por incumplimiento de sus funciones, de conformidad con el procedimiento que se señale en el reglamento que expida el gobierno, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda deducirles de conformidad con las leyes. (Artículo 8º. Parágrafos 1º, 2º, 3º)
Remuneración de los promotores: Los honorarios de los promotores se dividirán en una remuneración inicial y una posterior. La remuneración inicial corresponderá a la gestión a adelantar hasta la determinación de los derechos de voto y las acreencias, y será fijada por el nominador. La remuneración posterior será fijada libremente por los
acreedores internos y externos con el voto de la mayoría absoluta de aquellos que concurran a la reunión prevista en el artículo 23 (reunión de votos y acreencias) de la presente ley. Si no hay acuerdo al respecto o si no concurre un número plural de acreedores, la remuneración será fijada por el nominador. El pago de las remuneraciones inicial y posterior, al igual que el de las comisiones de éxito que se reconozcan a los promotores en función de los resultados del acuerdo, así como la remuneración de los peritos, será asumido en su totalidad por la empresa. Durante la negociación y en la medida en que se causen, tales remuneraciones se atenderán como un gasto administrativo; y de celebrarse el acuerdo, su pago se estipulará expresamente y gozará de la prelación legal propia de los créditos de primera clase, una vez atendidos los créditos de pensionados y trabajadores. La labor de los promotores se regirá exclusivamente por las normas del derecho privado, y en ningún caso generará una relación laboral de éstos ni con las empresas, ni con los nominadores. La remuneración de los promotores será fijada con base en las tarifas que para el efecto establezca el Gobierno Nacional, mediante decreto en el cual señale rangos para cuya fijación se tendrán en cuenta, entre otros factores, la complejidad del problema, el valor de los activos y pasivos de la empresa, la celeridad con que se obtenga la celebración del acuerdo y los resultados del mismo. (Artículo 9º y parágrafo.)
Constitución de Garantías por los promotores: Una vez transcurridos los plazos previstos para su recusación, o una vez resueltas las recusaciones que se hayan presentado, los promotores deberán obtener del nominador la aceptación de las garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil constituidas a favor de la empresa en los términos que señale el Gobierno Nacional. (Artículo 10)
Publicidad de la Promoción del Acuerdo de Reestructuración: En la misma fecha de designación del promotor, la respectiva entidad nominadora deberá fijar en sus oficinas, en un lugar visible al público y por un
término de cinco (5) días, un escrito que informe acerca de la promoción del acuerdo. Dentro del mismo plazo, el promotor inscribirá el aviso en el registro mercantil de las cámaras de comercio con jurisdicción en los domicilios del empresario y en los de las sucursales que éste posea, inscripción que estará sujeta a la tarifa establecida por el Gobierno Nacional para la inscripción de documentos en el registro mercantil; y también deberá informar de la iniciación de la negociación del acuerdo de reestructuración mediante aviso publicado en un diario de amplia circulación en el domicilio del empresario y en los de las sucursales que éste posea. En dichos escritos y avisos se indicará. Por lo menos, lo siguiente: 1. Identificación completa del empresario o empresarios, con sus respectivos domicilios, direcciones y números de identificación tributaria. Si se hubieren presentado cambios en el domicilio, en la dirección o en el nombre del empresario durante el año inmediatamente anterior, deberán incluirse, además, los domicilios, direcciones y nombres anteriores. Identificación completa del promotor, con indicación del nominador, de la dirección, del teléfono y de las demás señas que permitan entrar en comunicación con el promotor.
El promotor comunicará al respectivo nominador el cumplimiento de lo previsto en el presente artículo e inmediatamente podrá dar comienzo a la negociación. No podrá negociarse un acuerdo de reestructuración de una empresa de los previstos en esta ley, si con anterioridad el respectivo empresario ha negociado uno de tales acuerdos sin llegar a celebrarlo. El empresario deberá promover al promotor de los fondos necesarios para los gastos correspondientes a la publicación prevista en este artículo.
(Artículo 11, parágrafo 1º, 2º, 3º)
Recusación del promotor: Dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de inscripción del aviso en el registro mercantil a que se refiere el artículo anterior, el empresario o cualquier acreedor que pruebe en forma siquiera sumaria su calidad de tal,
podrá recusar al promotor acreditando la existencia de una causal de recusación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la presente ley. El nominador resolverá la recusación dentro de los (5) cinco días siguientes a su presentación, mediante acto contra el cual no procederá recurso alguno; de encontrarla procedente, en el acto correspondiente designará el reemplazo o reemplazos y se dará otra vez cumplimiento a lo previsto en el artículo 7º de la presente ley. Para la recusación del promotor que se designe en reemplazo del promotor inicial, de los peritos o de su reemplazo, se tendrá un término de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de inscripción de la respectiva designación en el registro mercantil correspondiente. (Artículo 12) La Ley tiene un término de vigencia de cinco años; sin embargo, el Gobierno, a los tres años de su expedición, integrará una comisión intersectorial con el propósito de evaluar los resultados de la ley y proponer al Congreso la conveniencia de ampliar su vigencia o de hacer las modificaciones pertinentes
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