Source: https://es.scribd.com/doc/58015594/tema-V-Analisis-Constitucional-de-Venezuela-hasta-1999
Timestamp: 2016-10-24 23:48:25
Document Index: 408509425

Matched Legal Cases: ['Artículo 114', 'Artículo 70', 'artículo 105', 'artículo 82', 'Artículo 109', 'artículo 187', 'Artículo 274', 'artículo 281', 'artículo 285', 'artículo 289', 'Artículo 293', 'artículo 140', 'artículo 141', 'artículo 143', 'artículo 144', 'artículo 145', 'artículo 146', 'artículo 62', 'artículo 184', 'artículo 315', 'Artículo 303', 'Artículo 20', 'artículo 187', 'Artículo 274']

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PROGRAMA DE FORMACION DE GRADO ESTUDIOS JURIDICOS II TRAMO I PERIODO UNIDAD CURRICULAR SISTEMA POLITICO Y CONSTITUCIÓN SECCIÓN EJ3-2
TALLER DEL TEMA V ESTUDIO POLÍTICO – IDEOLÓGICO DE LAS CONSTITUCIONES DE 1961 Y 1999
FACILITADOR: Profa. Ygnacia Castillo.
PARTICIPANTES: Cindy Vásquez Marlín Guácara Miguel Ortega Teresa Rodríguez Yenny Lizardi
1. Introducción La Historia del constitucionalismo venezolano, mejor dicho laa Constitución, en Venezuela, es la norma fundamental o Carta Magna, establecida para regir jurídicamente al país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la federación: poder legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral entre los tres niveles diferenciados del gobierno (el nacional, estadal y municipal), y entre todos aquellos y los ciudadanos; asimismo, establece las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta; y garantiza finalmente, en tanto que pacto social supremo de la sociedad venezolana, los derechos y los deberes del pueblo. Venezuela ha tenido diversas constituciones a lo largo de su historia. Constitución Federal de los Estados de Venezuela de 1811, hasta nuestros días. La Constitución de carácter federal aprobada el 23 de enero de 1961 por el Congreso de la República durante la presidencia de Rómulo Betancourt. Estuvo vigente 38 años hasta que fue derogada por la aprobación de la Constitución de 1999 mediante Referéndum popular el 15 de diciembre de 1999, Establece el principio de inviolabilidad de la Constitución. El país se llamó Republica de Venezuela, conformada por 252 artículos, tiene los 3 mismos poderes; poder ejecutivo, Presidente, ministros, poder legislativo, Congreso legislativo nacional se divide en--cámara de diputados--cámara de senadores, poder judicial, corte suprema de justicia, el periodo presidencial de 5 años, por el voto directo y secreto, estuvo constituida por 19 estados--Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. A esta Constitución le fueron aprobadas la dos Enmiendas por el Congreso Nacional. La Constitución de 1999, ha tenido un origen distinto; ha sido el resultado de una conmoción social debida al deterioro persistente del estado económico del país, en particular de las clases populares. Con la
Texto constitucional vigente y único que ha sido aprobado mediante referéndum popular el 15 de diciembre de 1999 y promulgado por una Asamblea Constituyente el 30 de diciembre de 1999, durante la presidencia de Hugo Chávez. Establece que Venezuela es un Estado Social de Derecho y de Justicia, Democrático y Federal. El país cambia de nombre por Republica Bolivariana de Venezuela, tiene 350 artículos, y ahora tiene 5 poderes públicos--Ejecutivo--Legislativo--Judicial--Electoral— Ciudadano; poder ejecutivo, presidente, vicepresidente, ministros, poder legislativo, asamblea legislativa, pode judicial, tribunal, supremo de justicia, poder electoral, consejo nacional electoral, poder ciudadano, consejo moral republicano y fiscalía general de la republica, y el periodo presidencial de 6 años, por el voto directo, universal, secreto y con derecho a votar a todos los ciudadanos mayores de 18 años, está conformada por 26 estados. A esta Constitución le fue introducida la Enmienda N° 1 que contempla la modificación de 5 artículos de la Constitución de 1999 (160, 162, 174, 192 y 230) con el fin de permitir la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua o indefinida, propuesta por la Asamblea Nacional, y aprobada en Referéndum popular el 15 de febrero de 2009. Periodo de transición, desde 1811 hasta 1999, Venezuela ha tenido 35 presidentes, sin contar los numerosos encargados del poder ejecutivo, ni los que han presidido juntas de gobierno, como es el caso de Carlos Delgado Chalbaud (1948-1950), Germán Suárez Flamerich (1950-1952), Wolfgang Larrazábal (23 de enero a 13 de noviembre de 1958) y Edgar Sanabria (13 de noviembre de 1958 a 13 de febrero de 1959). La creación del Estado venezolano, Venezuela se convirtió en república independiente. En el mismo año de 1830 se firmó la Constitución. El nuevo Estado venezolano tuvo a José Antonio Páez como primer magistrado. Páez gobernó durante dos periodos constitucionales (del 24 de marzo de 1830 al 6 de febrero de 1835 y desde el 1 de febrero de 1839 al 28 de enero de 1843). El presidente de la federación fue Juan Crisóstomo Falcón; cumplió primero dos periodos como presidente provisional (17 de junio al 24 de diciembre de 1863); ratificado, asumió el poder el 21 de enero de 1864;
después, desarrolló su periodo constitucional a partir del 7 de junio de 1865 hasta que el 28 de abril de 1868 la “revolución azul” acabó por sustituirle. Chávez presidente, las elecciones legislativas fueron el preludio de las presidenciales, celebradas en diciembre. El constitucionalismo venezolano quedó modificado con la nueva Constitución impulsada por Chávez, aprobada por la Asamblea y ratificada por medio del referéndum que tuvo lugar el 15 de diciembre de 1999, con el 71,9% de los votos emitidos, si bien la participación no llegó al 46%. La Constitución no sólo cambió el nombre del país (que pasó a llamarse desde su entrada en vigor República Bolivariana de Venezuela) sino que reforzó el poder presidencial, entre otras medidas significativas, como el mayor control estatal de la actividad económica o el de los medios de comunicación. Asimismo, el nuevo texto constitucional proclamó que su principal objetivo era el de “refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado”. Chávez juró el cargo el 19 de agosto siguiente y anunció su decisión de afrontar una profunda transformación de las estructuras económicas y sociales del país. El 7 de noviembre de 2000 la Asamblea Nacional aprobó la denominada Ley de Habilitación, que le facultaba para legislar por decreto durante un año en materias económica, social y de administración pública. El Proceso Bolivariano 1. La propuesta ideológica bolivariana tiene como base la experiencia venezolana (gobierno de Hugo Chávez, Movimiento V República, Polo Patriótico). 2. El eje bolivariano internacional (Venezuela no puede quedar aislada si intenta un camino antiimperialista y anticapitalista o al menos anti neoliberal y por ello propone la Alianza Bolivariana de las Américas, frente al ALCA)) se orienta principalmente hacia Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador y, obviamente, Venezuela. 3. En otro frente internacional, la experiencia bolivariana hace de la amistad y colaboración con Cuba un eje de su política exterior. Venezuela recibe mucho apoyo militante y profesional cubano (salud, seguridad, organización social) y Venezuela contribuye a paliar los déficits de la economía cubana.
Revolución Bolivariana es el nombre dado en Venezuela, por Hugo Chávez y sus partidarios, al proyecto ideológico y social que comenzó en 1998, con la elección de Chávez como presidente del país. Una de sus primeras medidas fue el aprobar mediante referéndum popular la constitución de 1999. Los puntos centrales que la revolución bolivariana adapta del bolivarianismo a su práctica son: • • • • Autonomía nacional. Participación del pueblo mediante elecciones populares, referendos, y otros medios de democracia participativa. Economía auto sostenible. Ética de servicio al pueblo.
Chávez como símbolo de la izquierda, desde la muerte de Allende, quizás ningún político latinoamericano ha generado tanta reverberación internacional como Hugo Chávez. 2. Evolución histórica de las Constituciones Venezolanas La Historia del constitucionalismo venezolano, mejor dicho la Constitución, en Venezuela, es la norma fundamental o Carta Magna, establecida para regir jurídicamente al país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la federación: poder legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral entre los tres niveles diferenciados del gobierno (el nacional, estadal y municipal), y entre todos aquellos y los ciudadanos; asimismo, establece las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta; y garantiza finalmente, en tanto que pacto social supremo de la sociedad venezolana, los derechos y los deberes del pueblo. Venezuela ha tenido diversas constituciones a lo largo de su historia. Desde que devino una nación libre e independiente, se ha dado, según el momento histórico y la circunstancia, varias constituciones hasta llegar a la que rige en la actualidad, que fue promulgada el 20 de diciembre de 1999. Cada una de ellas ha tenido su razón política de
ser y un impacto social determinado. He aquí un breve resumen de cada una de ellas y de su historia En nuestra larga vida republicana hemos sido regidos por 25 Cartas Fundamentales, en la lista que se presenta a continuación se presentan veinte de ellas (sobre las otras no se ha podido conseguir información por el momento).
Fecha Características principales Separación de la Gran Colombia. Elección indirecta y censitaria. Se 1830 mantiene división de poderes. Se consagra principio Uti Possidetis Juris. Otros 1857 El período presidencial pasa a 6 años y el presidente puede ser reelegido. Sistema Centro-federal. Elección de presidente, vicepresidente y otros 1858 funcionarios por votación universal, directa y secreta. Período presidencial 4 años Sistema federal. Los estados serían independientes y se unirían para formar 1864 la nación con el nombre de Estados Unidos de Venezuela. El presidente sería elegido por votación directa y secreta. Duraría 4 años en el poder. Se modifica la anterior para reducir el período constitucional a 2 años. El 1874 voto es público y firmado. Un senador dos diputados por cada estado elegirán al Presidente de la República. Se lleva el período presidencial a 4 años nuevamente. Elecciones directas y 1894 secretas determinarán al presidente. 1901 El presidente es elegido por los Concejos Municipales 1904 Se lleva el período presidencial a 6 años. 1909 Retorno al período de 4 años, el Presidente es elegido por el Congreso. 1914 El período presidencial aumenta a 7 años, con posibilidad de reelección. 1922 Modificaciones menores por cuenta de Juan V. Gómez 1925 Modificaciones menores por cuenta de Juan V. Gómez 1928 Modificaciones menores por cuenta de Juan V. Gómez 1929 Modificaciones menores por cuenta de Juan V. Gómez 1931 Modificaciones menores por cuenta de Juan V. Gómez 1936 Período presidencial a 5 años El Presidente, los congresantes, miembros de Asambleas legislativas y 1947 concejales debían elegirse por el voto universal, directo y secreto. 1948 Restitución de la constitución de 1936 1952 La edad para votar es de 21 años. 1961 Establece el principio de inviolabilidad
La primera Constitución de Venezuela, y también de Hispanoamérica, fue aprobada en 1811. Sería la primera de una larga lista durante el siglo XIX y la mitad del siglo XX, causadas mayormente por guerras, triunfos momentáneos de revoluciones y gobiernos dictatoriales.
A continuación una lista de estas constituciones junto a algunos documentos que las modificaron, aprobaron o derogaron, y que sirvieron en algunos casos como constituciones de facto. Constitución Federal de los Estados de Venezuela de 1811 La Constitución de Venezuela de 1811 fue la primera Constitución de Venezuela y de América Latina, promulgada y redactada por Cristóbal Mendoza y Juan Germán Roscio y sancionada por el Congreso Constituyente de 1811 en la ciudad de Caracas el día 4 de diciembre de 1811. La misma establecía un gobierno federal, pero fue derogada el 21 de julio de 1812 por la capitulación de Francisco de Miranda en San Mateo. La constitución tuvo una vigencia de un año. Constitución de la República de Venezuela de 1819 La misma fue propuesta por el Libertador Simón Bolívar ante el Congreso de Angostura con el fin de organizar políticamente la República luego de la reconquista por el Ejercito Libertador. Constitución de la República de Colombia de 1821 La Constitución de 1821 fue el resultado del Congreso de Cúcuta que se desarrolló el 30 de agosto de 1821 y cuyo objetivo principal fue crear la República de Colombia mediante la unificación de Nueva Granada (Colombia y Panamá) y Venezuela. Posteriormente Ecuador se unió a esta enorme Nación. El 30 de agosto de 1821 es proclamada la Constitución y se expide el 12 de julio. Esta estuvo vigente hasta la disolución de 1830. La misma permitió el alcance de nuevas reformas de contrato para la libertad social, económica y política Constitución del Estado de Venezuela 1830 La Carta Magna surge como consecuencia de la separación del Departamento Venezuela de la Gran Colombia para constituir el Estado de Venezuela. Sancionada por el Congreso Constituyente de Valencia el 22 de septiembre de 1830, se establecía la elección indirecta. Se mantiene división de poderes. Se consagra principio Uti Possidetis Juris. Para gozar de derechos ciudadanos se necesita: "ser venezolano, casado o mayor de veintiún años, saber leer y escribir, dueño de una propiedad raíz cuya renta anual sea de cincuenta pesos, o tener una profesión, oficio o industria útil que produzca
cien pesos anuales sin dependencia de otro en clase de sirviente doméstico o gozar de un sueldo anual de ciento cincuenta pesos". Para ser diputado se requiere "una propiedad raíz cuya renta anual sea de cuatrocientos pesos, o tener una profesión, oficio o industria útil que produzca quinientos pesos o gozar de un sueldo anual de seiscientos pesos". Y para senador requiere "ser dueño de una propiedad raíz cuya renta anual sea de ochocientos pesos, o tener una profesión, oficio o industria útil que produzca mil pesos o gozar de un sueldo anual de mil doscientos pesos". Duro vigente 27 años lo que la convierte en la segunda Constitución de más larga duración después de la de 1961. Estados de Venezuela conformada por 228 artículos y tiene 3 poderes, Ejecutivo, legislativo, judicial, poder ejecutivo, presidente, vicepresidente, el poder legislativo, cámara de representantes, cámara de senadores. El poder judicial, corte suprema, juzgados de primera instancia, el periodo presidencial de 4 años, por voto indirecto, privilegiado y solo de hombres, fue conformada por los 11 estados -- Cumana, Barcelona, Margarita, Caracas, Carabobo, Coro, Maracaibo, Mérida, Barinas, Apure y Guayana. Constitución de 1857 Constitución sancionada por el Congreso de la República el 16 de abril de 1857, el propósito de la misma era aumentar el período presidencial a 6 años y el presidente puede ser reelegido, centralizar la organización del Estado, se eleva a rango constitucional la abolición de la esclavitud decretada en 1854 por José Gregorio Monagas y se abolió la pena de muerte por delitos políticos. Tuvo vigencia de menos de un año. Constitución de 1858 Fue sancionada por la Convención Nacional de Valencia el 24 de diciembre de 1858. Esta nueva Constitución otorga mas autónomia a las Provincias, la elección del presidente, vicepresidente y otros funcionarios por votación universal, directa y secreta. con períodos presidenciales de 4 años. Esta vigente por poco tiempo ya que estalla la Guerra Federal el 20 de febrero de 1859. Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1864
Aprobada por la Asamblea Constituyente de la Federación el 28 de marzo de 1864. Consagra el sistema federal vigente hasta nuestros días, en el que los Estados serían independientes y se unirían para formar la nación con el nombre de Estados Unidos de Venezuela. El presidente sería elegido por votación directa y secreta. Duraría 4 años en el poder. Estados Unidos de Venezuela conformada por 123 artículos y tiene los mismo 3 poderes; poder ejecutivo, presidente o designados, poder legislativo, legislatura nacional se divide en--cámara de senadores--cámara de diputados, poder judicial, corte federal, el periodo presidencial de 4 años, por el voto directo y secreto, estaba conformada por 20 estados --Apure, Aragua, Barcelona, Barinas, Barquisimeto, Carabobo, Caracas, Cojedes, Coro, Cumaná, Guárico, Guayana, Maracaibo, Maturín, Mérida, Margarita, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Yaracuy. Constitución Federal de 1874 Esta Constitución es sancionada el 24 de mayo de 1974. Constitución Federal de 1881 Se modifica la anterior para reducir el período constitucional a 2 años. El voto es público y firmado. Un senador y dos diputados por cada estado elegirán al Presidente de la República. El período constitucional se lleva a 2 años. El voto es público y firmado y se crea la Corte de Casación. Constitución Federal de 1891 Sancionada por el Congreso de la Unión el 9 de abril de 1891. Su objetivo principal fue prolongar el periodo presidencial de 2 a 4 años, así como la eliminación del Colegio Federal regresando al voto directo del Presidente. Constitución Federal de 1893 Sancionada en Caracas el 12 de junio de 1893 por la Asamblea Nacional Constituyente y promulgada por el presidente Joaquín Crespo, donde se lleva el período presidencial a 4 años. Elecciones directas y secretas para elegir al presidente. Constitución Federal de 1901
En esta Constitución el Presidente, primer Vicepresidente y segundo Vicepresidente de la República es elegido por los Concejos Municipales. Constitución Federal de 1904 Sancionada por el Congreso Constituyente de los Estados Unidos de Venezuela, en Caracas el 27 de abril de 1904 y promulgada el mismo día por el presidente Cipriano Castro, donde se lleva el período presidencial a 6 años. Constitución Federal de 1909 En esta Constitución se altera el régimen electoral, sustituyendo la elección directa del presidente de la República por una elección indirecta hecha por el Congreso, Retorno al período de 4 años. Constitución Federal de 1914 Sancionada por el Congreso de Diputados Plenipotenciarios en Caracas, el 13 de junio de 1914 y promulgada por el presidente provisional Victorino Márquez Bustillos, donde el período presidencial aumenta a 7 años, con posibilidad de reelección. Constitución Federal de 1925 Sancionada por el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela en Caracas, el 24 de junio de 1925 y promulgada por el presidente Juan Vicente Gómez el 1 de julio del mismo año, donde se consagraba la centralización de la Administración Pública, echando las bases de una República unitaria de corte presidencialista. Por el hito que marcó en la evolución de los principios institucionales del país, puede ser considerada como una de las constituciones más importantes que ha tenido Venezuela en el siglo XX. Constitución Federal de 1936 Este documento fue refrendado durante el gobierno de Eleazar López Contreras, y suplanto la última constitución vigente durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. Período presidencial se establece en 5 años. La misma fue reformada parcialmente en 1945. Constitución Federal de 1947
Aprobada el 5 de julio de 1947 por la Constituyente, durante la presidencia de Rómulo Betancourt en la Junta Revolucionaria de Gobierno creada en 1945. Tuvo una vigencia de 1 año y 4 meses y fue derogada por acto de fuerza el 24 de noviembre de 1948. El Presidente, los congresistas, miembros de Asambleas legislativas y concejales debían elegirse por el voto universal, directo y secreto. Constitución de la República de Venezuela de 1953 Constitución Federal aprobada el 11 de abril de 1953 por la Constituyente, durante la presidencia del Gral. Marcos Pérez Jiménez, tuvo una vigencia de 5 años y fue derogada como consecuencia de la Revolución del 23 de enero de 1958. La edad para votar es de 21 años. 3. Estudio Comparativo político – ideológico contemplado en la Constitución de 1961 y 1999 Constitución de la República de Venezuela de 1961 Constitución de carácter federal aprobada el 23 de enero de 1961 por el Congreso de la República durante la presidencia de Rómulo Betancourt. Estuvo vigente 38 años hasta que fue derogada por la aprobación de la Constitución de 1999 mediante Referéndum popular el 15 de diciembre de 1999, Establece el principio de inviolabilidad de la Constitución. El país se llamó Republica de Venezuela, conformada por 252 artículos, tiene los 3 mismos poderes; poder ejecutivo, Presidente, ministros, poder legislativo, Congreso legislativo nacional se divide en--cámara de diputados--cámara de senadores, poder judicial, corte suprema de justicia, el periodo presidencial de 5 años, por el voto directo y secreto, estuvo constituida por 19 estados--Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia A esta Constitución le fue aprobada la Enmienda N° 1 por el Congreso Nacional, fue Sancionada el 9 de mayo de 1973, promulgada el 11 del mismo mes y año, y publicada en la Gaceta Oficial N° 1585 del 11 de mayo de 1973. Su objetivo fue inhabilitar al exdictador Marcos Pérez Jiménez de ser electo Presidente de la República o desempeñar cargos parlamentarios ante el Congreso.
En 1983 se aprobó la Enmienda N° 2 Aprobada por el Congreso, fue Promulgada el 16 de marzo del mismo año, contempló varios aspectos innovadores. Entre otros: la reforma del sistema electoral para los Concejos Municipales y las Asambleas Legislativas. La enmienda fue sancionada tras dos años de discusiones del proyecto original, el cual no fue aprobado en su totalidad. Una propuesta de ampliación de los derechos políticos de los venezolanos por naturalización y permitir la intervención de los Concejos Municipales por parte del Congreso Nacional fueron rechazadas. La Constitución de 1961, se implantó a raíz de una conmoción de tipo político, que fue la caída del general Pérez Jiménez, y que abrió las puertas a la democracia parlamentaria. Sancionada por el Congreso de la República, en Caracas el 23 de enero de 1961 y promulgada por el presidente Rómulo Betancourt el mismo día. Fue enmendada en 2 oportunidades: La Enmienda núm. 1, sancionada por el Congreso el 9 de mayo de 1973 y promulgada por el presidente Rafael Caldera el 11 del mismo mes y año; y la Enmienda núm. 2, sancionada por el Congreso el 16 de marzo de 1983 promulgada el mismo día por el presidente Luis Herrera Camping. La Constitución de 1999, ha tenido un origen distinto; ha sido el resultado de una conmoción social debida al deterioro persistente del estado económico del país, en particular de las clases populares. Características de la Constitución de 1961: • • • • • • La Constitución de 1961 estaba dividida en cuatro partes. El preámbulo donde se invoca la protección de Dios y se exalta al Libertador Simón Bolívar y a los "grandes servidores de la patria". La parte dogmática en la cual se establecen como pilares la democracia, la independencia y el carácter de forma federal del Estado venezolano, entre otros; La parte orgánica, que constaba de doce títulos para un total de 252 artículos; y las disposiciones transitorias compuestas por 23 disposiciones. Sólo se reconocía como idioma oficial el castellano y no de las lenguas indígenas como en la Constitución de 1999. El Estado venezolano se divide en: Estados, el Distrito Federal, Territorios Federales y las Dependencias Federales.
Los Estados se dividen en Distritos y estos en Municipios. No existía la doble nacionalidad, por lo tanto el venezolano que obtuviese otra nacionalidad perdía automáticamente la nacionalidad venezolana. Por primera vez en la historia constitucional venezolana no se hace mención al nombre o número de Estados...
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 Texto constitucional vigente y único que ha sido aprobado mediante referéndum popular el 15 de diciembre de 1999 y promulgado por una Asamblea Constituyente el 30 de diciembre de 1999, durante la presidencia de Hugo Chávez. Establece que Venezuela es un Estado Social de Derecho y de Justicia, Democrático y Federal. El país cambia de nombre por Republica Bolivariana de Venezuela, tiene 350 artículos, y ahora tiene 5 poderes públicos--Ejecutivo--Legislativo--Judicial--Electoral— Ciudadano; poder ejecutivo, presidente, vicepresidente, ministros, poder legislativo, asamblea legislativa, pode judicial, tribunal, supremo de justicia, poder electoral, consejo nacional electoral, poder ciudadano, consejo moral republicano y fiscalía general de la republica, y el periodo presidencial de 6 años, por el voto directo, universal, secreto y con derecho a votar a todos los ciudadanos mayores de 18 años, está conformada por 26 estados. A esta Constitución le fue introducida la Enmienda N° 1 que contempla la modificación de 5 artículos de la Constitución de 1999 (160, 162, 174, 192 y 230) con el fin de permitir la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua o indefinida, propuesta por la Asamblea Nacional, y aprobada en Referéndum popular el 15 de febrero de 2009. COMENTARIO DE LOS PREAMBULOS La invocación en ambas Constituciones (1961 y 1999) es al Todopoderoso y a Simón Bolívar, pero también -ahora- a nuestros antepasados aborígenes. Puede afirmarse que el Preámbulo, en general, está elaborado bajo la misma direccionalidad filosófica, sólo que ideas de antes se compendian en frases tales como; “la democratización de la sociedad internacional”; y se incorporan referencias nuevas a temas como el desarme nuclear y el equilibrio ecológico. En la Constitución de 1999 se habla de refundar la
República para establecer una democracia, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de Justicia e igualdad, en esta nueva constitución una de sus grandes características es la acción protagónica que se le da al pueblo, a éste se le dá poder para participar. En el Título I (Principios Fundamentales): A diferencia de la Constitución de 1961, en la actual aparece el agregado de la declaratoria de la República de Venezuela como Bolivariana. Su definición como Estado Federal Descentralizado. La consideración del Gobierno, aparecía democrático, alternativo y responsable (C.N. 61); ahora como participativo, electivo, descentralizado, pluralista y de mandatos revocables. Se ratifica el castellano como idioma oficial (C.N. 61) e igualmente en la constitución actual con el agregado que se establece que los idiomas indígenas son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el Territorio Nacional. En el Titulo II (Del Espacio Geográfico y la División Política): Aún cuando se adopta la misma definición del territorio y demás espacios que en la anterior Constitución, ahora se establece un agregado sutil y diferenciador: Territorio y Espacio Geográfico correspondiente a la Capitanía General de Venezuela con las modificaciones resultantes de los tratados celebrados válidamente por la República (antes); y laudos arbitrales no viciados de nulidad (ahora), para efectos de actualizar las reclamaciones internacionales sobre los despojos del territorio nacional. Se definen el espacio insular; los espacios acuáticos y los derechos sobre ellos y sobre el espacio ultraterrestre supra yacente; así como bienes del dominio público a los yacimientos mineros e hidrocarburos existentes en estas áreas. Se enuncia como imperativo constitucional la elaboración de una Política Integral de Fronteras. En materia de división política (Capitulo II. C.N 99), se mantiene la organización territorial con base en: estados, dependencias territorios federales y municipios, pero se agrega, en el caso del Distrito Capital, mediante Ley Especial, la integración de municipios de éste con municipios del estado Miranda, mediante un sistema de gobierno municipal a dos niveles. Se hace referencia expresa a una Ley Orgánica que regule lo concerniente a la división político territorial y que garantice la autonomía municipal y la descentralización político-administrativa. Las competencias tanto del Poder Público
Nacional, como del Poder Público Estadal y del Poder Público Municipal pasan a ser definidas (C.N. 99) en el Título IV. (Del Poder Público). Con respecto al Título III (De los Deberes, Derechos Humanos y Garantías): En el nuevo Texto Constitucional (1999) el tema de los Derechos Humanos adquiere una significación y relevancia a tono con la realidad actual, la cual no aparecía en la Constitución de 1961. En materia de nacionalidad, a diferencia de la anterior Los antes denominados Derechos Constitución se consagra la doble nacionalidad.
Individuales pasan ahora a denominarse Derechos Civiles (C.N. 99). Son ratificados en su mayoría, pero se establece la condición de veraz, oportuna e imparcial para efectos del derecho a la información que tiene todo ciudadano. En cuanto a los Derechos Políticos y el Referéndum Popular (Capítulo IV): Se elimina la discriminación contemplada en el Artículo 114 (C.N. 61) con relación a la participación ciudadana en la orientación política del país, solamente a través de los Partidos Políticos. Se elimina expresamente el financiamiento de las organizaciones políticas con fondos del Estado. Se establecen (Artículo 70) nuevos medios de participación ciudadana, tanto en lo político (referéndum, revocatoria del mandato, etc., como mecanismos de consulta popular con decisiones vinculantes) como en lo económico-social: autogestión, cogestión, las cooperativas, cajas de ahorro, etc. Se consagra en el nuevo Texto Constitucional, de manera más amplia que en el anterior (1961), los aspectos inherentes al referéndum. En el Texto de 1961 sólo se encontraba plasmado en el Articulo 246, para el caso de la reforma general de dicho Texto. Debe señalarse que en el Proyecto de Reforma Constitucional elaborado por la Cámara de Diputados, a partir de abril de 1992, sobre la base del Proyecto que a su vez había redactado la Comisión Bicameral que venía trabajando desde 1991, se contemplaba la posibilidad de reconocer hasta veinte referendos, agrupados en cuatro categorías: consultivos, sancionatorios, abrogatorios y revocatorios; los cuales por el ámbito de realización vendrían a ser: nacionales, estadales y municipales. Vale agregar, que dicho número está por encima de los que existen en Suiza, nación que desde el Siglo XVI ha desarrollado esta institución. Afortunadamente, en el caso de la nueva Constitución, tal número se redujo considerablemente, adaptándolo a la realidad actual.
En cuanto al Capítulo V (De los Derechos Sociales y de las Familias): Se observa que la nueva Carta Magna, en términos generales, ratifica la tendencia presente en el constitucionalismo latinoamericano, iniciada desde comienzos de siglo, en México, cuando los derechos sociales que se van creando por la vía de los acuerdos y convenciones internacionales pasan a ser parte de los Textos Constitucionales. En el caso nuestro, hay una orientación política e ideológica concreta, que toma partido frente al denominado “darwinismo social” representado hoy en día por los intentos de “desregulación y flexibilización laboral” promovidos desde la óptica del neoliberalismo ortodoxo. Capítulo VI. De los Derechos Culturales y Educativos: Aquí aparte de ratificarse mucho de lo contenido en el Texto Constitucional anterior (1961) en materia educativa, es menester poner de relieve que se amplía el espectro en cuanto a lo específicamente cultural y lo relacionado con la ciencia, la tecnología y el deporte y la recreación, como Políticas de Estado. El artículo 105 recoge lo pautado en el artículo 82 (C.N. 99) y aún cuando antes se establecía la colegiación obligatoria para las profesiones universitarias, ahora queda sujeto y diferido para reglamentarlo en una ley respectiva. Acerca de la Autonomía Universitaria, podemos decir que se ratifica ahora con rango constitucional, pero con limitaciones importantes: “bajo el control de vigilancia que a tales efectos establezca la Ley” (Artículo 109). Como una muestra de las incongruencias y lo falaz de algunas argumentaciones en contra de la Constitución de 1999 y las diferencias en cuanto a la participación de la iniciativa privada para la fundación y mantenimiento de instituciones educativas, basta contrastar los artículos 79 (C.N, 61) con el 105 (C.N. 99) para advertir que esta iniciativa se mantiene. El Capítulo VII De los Derechos Económicos. Está dedicado a los Derechos Económicos, materia polémica por naturaleza, cuando se analiza a partir de las contradicciones de intereses entre el capital y el trabajo, entre lo social y lo individual, cuestiones éstas que por lo demás, forman parte de la confrontación secular entre los modelos políticos que coparon la escena durante el Siglo que culmina. Sin duda que no es fácil hablar de la Constitución Económica o del Modelo Económico en la Constitución, tal como lo concibe la modelística actual, pero es evidente y lo que se subraya con énfasis es que una concepción de esa naturaleza se
puede precisar con mayor acierto en la Constitución de 1999. Al respecto se advierte que la noción de Constitución Económica es de origen alemán y se refiere al conjunto de normas de jerarquía constitucional en las cuales se consagra el marco jurídico clave para el desarrollo de la actividad económica (Combellas: 1994). En Venezuela, el modelo de sustitución de importaciones y la planificación se instituyen, en la Constitución de 1961, consagrándose así un modelo de economía mixta que combina el papel relevante del Estado con la iniciativa privada y con las fuerzas del mercado, teniendo como norte principios de justicia social. Todo ello tipificado específicamente en el Capítulo V, referido a los Derechos Económicos (Artículos 95 al 109). En medio del Proceso Constituyente, al momento de redactarse la Nueva Constitución, aparecieron dos (2) enfoques con relación al modelo económico, a saber: En primer lugar, uno vinculado al neoliberalismo puro que demanda el fin del intervencionismo estadal; la eliminación de los derechos sociales; el desmontaje del Estado de Bienestar y la instauración de una economía de mercado libre; y la vuelta a la tesis individualista de los derechos fundamentales. Una variante de este enfoque apuntaba a mantener la concepción económica prevista en la Constitución de 1961. Muy vinculados con los Derechos antes mencionados, en especial con los Derechos Sociales tradicionales, la Constitución Bolivariana establece un conjunto de Derechos Económicos, orientados hacia la persona humana, es decir, a salvaguardar tales Derechos en función del ciudadano. Así tenemos que la Nueva Constitución reconoce y protege los Derechos a la Libertad económica de los ciudadanos (Art. 112 CBV), a la propiedad (Art. 115 CBV), al acceso de bienes y servicios de calidad (Art. 117 CBV) y a fundar y promover asociaciones y cooperativas para la consecución de fines económicos, en especial de los trabajadores aunque se establece tal disposición jurídica en beneficio de la comunidad en general (Art. 118 CBV). En términos generales, la nueva Constitución establece normas económicas generales universalmente aceptadas para la iniciativa privada, con pleno respeto a los derechos de la propiedad privada, y limites bien demarcados en las leyes y el derecho para su restricción y expropiación. Se fundamenta en la libre competencia y la eficiencia, con responsabilidades compartidas entre el Estado y la iniciativa privada. La nueva Carta Magna no sólo define los Derechos Económicos sino que avanza significativamente con relación a la anterior (C.N. 61) al incorporar en el Titulo Vilo relativo al Sistema Socioeconómico y en los Capítulos sucesivos, importantes aspectos en este sentido, referidos, por ejemplo, a la
función del Estado en la economía, al régimen presupuestario, al sistema tributario, al sistema monetario y el Banco Central de Venezuela y la coordinación macroeconómica en pro del bienestar social. En el Capítulo VIII, que trata de los Derechos de los Pueblos Indígenas: Se aprecia como otro aspecto novedoso e innovador, de nuestra nueva Constitución, (en comparación con la de 1961). Si se tuviese que evaluar la efectividad, la eficiencia y la productividad de los Constituyentitas, tal como se plantea dentro de las modernas técnicas de gestión, en general, tendríamos que reconocer que los pueblos indígenas encontraron y ubicaron en la Asamblea Nacional Constituyente a sus mejores representantes, por los logros consagrados en esta materia. Este conjunto de derechos suponen un reconocimiento a un grupo humano heterogéneo de etnias que es de gran significación para Venezuela, por razones históricas ya que simbolizan la lucha contra el conquistador Español, nuestros pueblos indígenas siempre habían sido marginado por el constituyente venezolano. En este Capítulo se establece un conjunto de Derechos especialmente reconocidos para los pueblos indígenas, lo que viene a configurar un régimen jurídico especialísimo para este sector de la población, que aunque es muy reducido en número y poco representativo, es cultura dominante en nuestro país, es un grupo humano de significativa importancia histórica para Venezuela. En este Capítulo se establece el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas en Venezuela ( Art. 119 CBV), se protege la identidad y cultura indígena (Art. 121 CBV), se reconoce la medicina tradicional indígena (Art. 122 CBV), se reconocen las practicas económicas de la sociedad indígena ( Art. 123 CBV), Se tutela la propiedad intelectual y colectiva de los pueblos indígenas (Art. 124 CBV), Se protege el Derecho a la participación política en Venezuela de los pueblos indígenas (Art. 125 CBV) y se reconocen los pueblos indígenas como parte del pueblo Venezolano e integrantes del territorio de la Nación (Art. 126 CBV). El reconocimiento formal y expreso de un capítulo que consagra los derechos de nuestros Pueblos Indígenas en la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituye sin lugar a dudas el mayor logro político y social del movimiento indígena venezolano, el cual demostró una clara ideología de su propio accionar histórico cultural en la lucha por sus derechos propios y vitales, y cuyo objetivo principal es la construcción de una Nación Plurinacional en cada uno de los territorios donde se encuentran asentados.
El Capítulo IX: De los Derechos Ambientales Merece una consideración similar a la Constitución anterior. Evidentemente en este caso, la Constitución de 1999 se pone a tono con una materia que en los últimos años ha pasado a convertirse en una preocupación de carácter mundial por las implicaciones diversas que se refiere a la conservación de nuestro planeta y que precisamente con base en los acuerdos internacionales y la legislación que se va creando, pasa ahora a tener preeminencia Constitucional. Este capítulo constitucional es de suma importancia, ya que en los tiempos actuales en nuestra Nación estamos viviendo las consecuencias de un mal uso, mantenimiento, y conservación de nuestros recursos naturales y espacios ambientales, estos artículos vienen a controlar y dar uso racional a nuestros recursos naturales y proteger nuestro ecosistema. El Título IV: Del Poder Público Corresponde a lo que eran antes las Disposiciones Generales (C.N. 61, Capitulo 1), pero ahora el articulado se desagrega en secciones relativas a los aspectos generales, la Administración Pública, la Función Pública, los Contratos de Interés Público y las Relaciones Internacionales. En general, se mantiene el Texto y el espíritu prevaleciente en la Constitución de 1961, sin embargo, tal como se demuestra supra, la concepción político-jurídica que impregna el nuevo texto Constitucional, le asigna relevancia dentro del modelo de gerencia pública que allí se prefigura e institucionaliza. El Poder Público se transformó del tradicional esquema de tres poderes (CN 1961), heredado de las ideas de Charles Montesquieu (1689-1755) y Juan Jacobo Rousseau (1712-1778), a una estructura de cinco poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral, (Art. 136 de la CN 1999) . En la antigua constitución de 1961 se mencionaban tres poderes, en comparación con esta nueva constitución se establecen cinco poderes: TITULO V DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO NACIONAL CAPITULO I: Del Poder Legislativo Nacional El Poder Legislativo, anteriormente regido por el Congreso Nacional, es ejercido ahora por una Asamblea Nacional de estructura unicameral, es decir, esta Asamblea sólo estará conformada por una cámara, a diferencia del pasado Congreso Nacional que estaba compuesta por dos: La Cámara Baja o de Diputados y la Cámara Alta, Senado o de senadores, este poder legislativo concentra las tradicionales funciones legislativas y de control político, administrativo y financiero de la Acción del Gobierno y la
Administración Pública, que definen al sistema de gobierno como presidencialista con sujeción parlamentaria; A diferencia de la anterior Constitución de 1961, que sólo permitía la postulación al cargo parlamentario a venezolanos por nacimiento, la Carta Magna vigente también acepta la postulación de los venezolanos por naturalización con quince años de residencia en territorio venezolano. Para ser diputado se requiere ser mayor de 21 años y haber residido cuatro años consecutivos en la entidad correspondiente antes de la fecha de la elección. Existen otras objeciones para la elección y desempeño de los Diputados, estipulados en los artículos 189, 190 y 191 en la Sección Primera del Capítulo I. Los Diputados gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones, desde su proclamación hasta la conclusión o renuncia de su mandato. Sólo el Tribunal Supremo de Justicia podrá ordenar la detención de un Diputado, con la autorización de la Asamblea Nacional. El artículo 187 enumera las atribuciones de la Asamblea Nacional. CAPITULO II: Del Poder Ejecutivo Nacional El Poder Ejecutivo; presidido por el Presidente de la república igualmente como en la CN 1961. La nueva Constitución de 1999 introduce la novedad del Vicepresidente Ejecutivo, el Presidente de la República continúa ejerciendo la jefatura del Estado y del Ejecutivo Nacional. El Vicepresidente Ejecutivo es colaborador inmediato del Jefe de Estado y de Gobierno y es designado y removido por éste. CAPITULO III: Del Poder Judicial y el Sistema de Justicia El Poder Judicial se constituye por el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley. Como características más sobresalientes de la rama judicial en la nueva Constitución cabe resaltar, ante todo, que la justicia emana y está al servicio de los ciudadanos. Los seres humanos tienen derecho al acceso a la justicia, un derecho garantizado por el Estado, que se manifiesta en que la justicia a partir de ahora debe velar por los atributos de gratuidad, accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, equidad, y debe ser administrada en forma expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles. La Constitución Bolivariana establece el requisito del concurso de oposición para la carrera judicial, en aras de la formación y promoción de jueces idóneos y probos, independientes de factores perturbadores de la sagrada función de impartir justicia, por lo cual prohíbe expresamente el activismo político y el gremialismo y la sindicación de
los jueces. También destaca en la nueva Constitución la participación ciudadana, a garantizar por la ley, en el procedimiento de selección y designación de los jueces, y de manera especial crea una institución de asesoramiento para la selección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, como para los colegios electorales judiciales para la elección de los jueces de la jurisdicción disciplinaria: el Comité de Postulaciones Judiciales, integrados por representantes de los diferentes sectores de la sociedad en los términos que fije la ley. Asimismo es de mencionar aquí la eliminación del Consejo de la Judicatura. La CB crea la jurisdicción disciplinaria judicial, a cargo de los tribunales especiales que determine la ley. La administración del Poder Judicial corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, único órgano de dirección, gobierno y administración judicial, que a los efectos de desconcentración de tan delicadas funciones se apoya en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Igualmente, una conquista valiosa que enaltece la justicia, lo es sin duda la creación del situado judicial, consistente en una partida no menor del dos por ciento del presupuesto ordinario nacional, para el funcionamiento del sistema judicial, la cual no podrá ser reducida o modificada sin autorización previa de la Asamblea Nacional. Otro paso de avance, en esta nueva constitución en beneficio de la progresiva protección de los derechos humanos, lo es la consagración constitucional de la jurisdicción penal militar como parte integrante del Poder Judicial, cuya competencia se limita a los de naturaleza militar. La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos, y crímenes de lesa humanidad, serán de ahora en adelante juzgados por los tribunales ordinarios. En fin, y para concluir el punto, la Constitución establece la obligación del Estado de garantizar un sistema penitenciario que asegure rehabilitación del interno y el respeto de sus derechos humanos, y fija compromisos concretos en función de la construcción de un sistema penitenciario humanitario y moderno, de acuerdo con las tendencias más avanzadas predominantes en el mundo sobre tan relevante materia. CAPITULO IV: Del Poder Ciudadano El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República. Los órganos que ejercen el Poder Ciudadano son la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Estos tienen a su cargo, prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio
público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado, e igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo. (Artículo 274). Atribuciones del Defensor (a) del Pueblo, artículo 281. Atribuciones del Ministerio Público, artículo 285. Atribuciones de la Contraloría General de la República, artículo 289 El Poder Ciudadano se integra de dos instituciones con tradición constitucional (el Ministerio Público y la Contraloría General de la República), y la Defensoría del Pueblo: Ministerio Público, bajo la dirección del Fiscal General de la República, tiene un papel sobresaliente en el ejercicio del la acción penal, la investigación penal y celoso vigilante de la responsabilidad de los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, amén de velar por la celeridad y buena marcha de la administración de justicia y garantizar el respeto de los derechos y garantías constitucionales en los procesos judiciales. La Contraloría General de la República, bajo la dirección del Contralor General de la República, es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos. Ellas se suma la Defensoría del Pueblo, novedosa institución de protección de los derechos humanos y guardián del correcto funcionamiento de los servicios públicos. Los tres altos funcionarios integran el Consejo Moral Republicano, suerte de órgano supremo de unión y coordinación de políticas de prevención, investigación y sanción de hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa. CAPITULO V: Del Poder Electoral El Poder Electoral lo ejerce el Consejo Nacional Electoral (CNE) como ente rector y, como órganos subordinados al CNE: la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Según el Artículo 293. El Poder Electoral tiene por función:
1. Reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que éstas susciten o contengan. 2. Formular su presupuesto, el cual tramitará directamente ante la Asamblea Nacional y administrará autónomamente. 3. Emitir directivas vinculantes en materia de financiamiento y publicidad político electorales y aplicar sanciones cuando no sean acatadas. 4. Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones. 5. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos. 6. Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley. Así mismo, podrán organizar procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas, o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, entidades y organizaciones aquí referidas cubrirán los costos de sus procesos eleccionarios. 7. Mantener, organizar, dirigir y supervisar el registro civil y electoral. 8. Organizar la inscripción y registro de las organizaciones con fines políticos y velar porque éstas cumplan las disposiciones sobre su régimen establecidas en la Constitución y la ley. En especial, decidirá sobre las solicitudes de constitución, renovación y cancelación de organizaciones con fines políticos, la determinación de sus autoridades legítimas y sus denominaciones provisionales, colores y símbolos. 9. Controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines políticos. 10. Las demás que determine la ley. Los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional. El Poder Electoral, remembranza de la idea original bolivariana, aunque de distinta configuración, bajo la dirección del Consejo Nacional Electoral, tiene por función prioritaria la organización, dirección y administración de los procesos electorales y convocatorias refrendarías. Resaltan tres cualidades del Poder Electoral: primero, su integración por representantes postulados por la sociedad civil; segundo, el principio de
la despartidización de los organismos electorales. Sus miembros no deben estar ligados a partidos u organizaciones políticas; y tercero, la prohibición del financiamiento público de los partidos, organizaciones y asociaciones con fines políticos. La organización y funcionamiento de los organismos que integran el Poder Electoral (junto al Consejo Nacional Electoral, y subordinados a éste, la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral, y la Comisión de Participación Política y Financiamiento), corresponderá desarrollarlos a la ley orgánica correspondiente. La Constitución Bolivariana crea, para concluir, una jurisdicción contenciosa electoral en cuyo pináculo se encuentra la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. TITULO VI: Del sistema Socio Económico La Constitución Bolivariana dedica un título completo al sistema socioeconómico, dividido en dos capítulos, que suman veintidós artículos. Su descripción, análisis y evaluación desbordan los límites trazados a esta síntesis. Sin embargo, así sea resumidamente, unos comentarios de rigor considero necesario hacer. Para comenzar, la Constitución de 1999, al igual que la Constitución derogada de 1961, se enmarca dentro del modelo de la economía mixta, es decir, promueve la libertad económica y la iniciativa privada empresarial, conjuntamente con sanos principios de intervencionismo estatal, tal como se expresa en la promoción conjunta del desarrollo armónico de la economía nacional. Resalta la protección del ambiente como limitación a la libertad económica. Igualmente, en reconocimiento expreso y la consiguiente protección de los consumidores. En materia de monopolios, se fijan claros principios para combatir las prácticas monopólicas y sus deletéreos efectos en el principio de la competencia y la libertad de los mercados. También es de mencionar el reconocimiento y promoción de la economía y la empresa comunitaria, en aras de fomentar formas alternativas de empresariado popular. El tema polémico de la reserva estatal de determinadas industrias tiene un tratamiento distinto en la Constitución de 1999, respecto a la Constitución derogada, pues en esta última se hablaba de la obligación del estado en proponer la creación de una industria básica pesada bajo su control, lo que tenía su explicación en el incipiente desarrollo industrial de fines de los años cincuenta y los años sesenta. El enfoque ahora es distinto, pues se da prioridad a la actividad petrolera, aunque se deja abierta la posibilidad del control estatal sobre otras industrias por razones de interés público o estratégico. En efecto, uno de los artículos
más controversiales de la nueva Constitución económica lo es la reserva de la totalidad de las acciones de PDVSA por parte del Estado venezolano. La pregunta que surge esta en el rango constitucional que se confirió a una materia que para algunos debió regularse con criterios flexibles, sin la rigidez de las normas constitucionales. Otro aspecto interesante de la Constitución Bolivariana consiste en el carácter estratégico que se le concede a la agricultura, así como la garantía por parte del estado de la seguridad alimentaria de la población. Una tendencia moderna, incluso en estados propulsores de la libertad de los mercados en la protección de su agricultura frente a la competencia foránea, al igual que conceder rango de alta política nacional a la seguridad alimentaria, para así superar la vulnerabilidad consecuente de potenciales conflictos económicos entre las naciones. Para concluir, un tema de la mayor importancia regulado por la Constitución de 1999 es el concerniente al Banco Central de Venezuela, sobre lo cual contempla aspectos positivos y aspectos controversiales. Dentro de los primeros incluyo que, por primera vez en la historia constitucional venezolana, se reconoce estatus constitucional al BCV con autonomía suficiente para formular y ejecutar la política monetaria, así como diseñar y ejecutar la política cambiaria y regular la moneda, el crédito y las tasas de interés y administrar las reservas internacionales (Art. 318). Un tema controversial atañe a la autonomía del BCV, en efecto la CB exige a esta institución la rendición exhaustiva de cuentas ante la Asamblea Nacional, e inspección y vigilancia por parte del organismo público de supervisión bancaria. TITULO VII: De la Seguridad de la Nación En este Titulo de tanta importancia, existen grandes diferencias y muchas comparaciones que hacer con respecto a la deroga constitución, uno de los puntos incluidos en la nueva constitución es la participación de la Fuerza Armada en la institucionalidad democrática venezolana. La Constitución Bolivariana flexibiliza la participación militar más allá de su tradicional rol profesional, sin traspasar los límites de la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada sirve a la nación, a su seguridad, a su defensa. La CB no autoriza un protagonismo directo y militante de deliberación política ni alienta el militarismo. Se les concede el derecho al sufragio más no pueden optar a cargos de elección popular. TITULO VIII: De la Protección de la Constitución
Se elaboró el título VIII, con dos capítulos, uno dedicado a la garantía de la Constitución y otro a los estados de excepción. El guardián por excelencia de la Constitución Bolivariana es la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, entidad especializada y concentrada donde reside la jurisdicción constitucional. Los estados de excepción están mejor regulados que en la Constitución derogada de 1961. Se distinguen claramente sus tres modalidades (estado de alarma, estado de emergencia económica y estado de conmoción interior o exterior), y lo más sobresaliente, se señalan expresamente las garantías que en ningún caso podrán ser restringidas (las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles), así como se pauta que el decreto que declara el estado de excepción debe cumplir con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. TITULO IX: De la Reforma Constitucional En este Titulo se tratan tres Capítulos que distinguen en la Constitución de 1999 tres procedimientos de reforma: la enmienda, la reforma constitucional y la asamblea nacional constituyente. Su deferencia es de grado, dependiendo de la magnitud de la revisión. Independientemente del procedimiento adoptado, toda revisión constitucional debía someterse a referendo popular. La motivación está en la jerarquía de las normas constitucionales por una parte, y en el valor de la democracia participativa por la otra. Si la Constitución tiene un fuerte contenido participativo en muchas de sus disposiciones, resulta coherente que la modificación de normas de tanta jerarquía fuera consultada con el pueblo. 4. Procesos de transformación política – Constitucional en Venezuela El periodo de transición. Desde 1811 hasta 1999, Venezuela ha tenido 35 presidentes, sin contar los numerosos encargados del poder ejecutivo, ni los que han presidido juntas de gobierno, como es el caso de Carlos Delgado Chalbaud (1948-1950), Germán Suárez Flamerich (1950-1952), Wolfgang Larrazábal (23 de enero a 13 de noviembre de 1958) y Edgar Sanabria (13 de noviembre de 1958 a 13 de febrero de 1959).
El primer presidente de Venezuela fue Cristóbal Mendoza, quien encabezó un triunvirato el 6 de marzo de 1811. Le siguieron en turno Baltasar Padrón y Juan de Escalona. Este gobierno republicano inicial terminó sus funciones el 24 de marzo de 1812. El II triunvirato entró en funciones de gobierno el mismo 24 de marzo de 1812 y se disolvió el 25 de julio de ese año, al capitular Francisco de Miranda. Del 15 de febrero al 17 de diciembre de 1819, Simón Bolívar fue elegido por el Congreso de Angostura presidente de Venezuela. A partir de ese 17 de diciembre de 1819 y hasta 1830, Venezuela formó parte de la República de Colombia (véase República de la Gran Colombia), de la que también Bolívar era el presidente. La creación del Estado venezolano, a finales de 1829 se generalizó el sentimiento separatista, que se consumó el año siguiente. Venezuela se convirtió en república independiente. En el mismo año de 1830 se firmó la Constitución. El nuevo Estado venezolano tuvo a José Antonio Páez como primer magistrado. Páez gobernó durante dos periodos constitucionales (del 24 de marzo de 1830 al 6 de febrero de 1835 y desde el 1 de febrero de 1839 al 28 de enero de 1843). Posteriormente estableció una dictadura que duró del 10 de septiembre de 1861 al 15 de junio de 1863. José María Vargas sustituyó a Páez y gobernó desde el 9 de febrero de 1835 hasta su renuncia, el 24 de abril del año siguiente. Carlos Soublette fue presidente por segunda vez desde el 28 de enero de 1843 hasta el 1 de marzo de 1847, fecha en que asumió la presidencia José Tadeo Monagas, quien gobernó hasta el 20 de enero de 1851; volvió a presidir el gobierno desde el 31 de enero de 1855 hasta el 15 de marzo de 1858, fecha en la que lo derrocó Julián Castro; todavía Monagas, ya octogenario, se acercó una vez más al poder, gracias a la “revolución azul”, a partir del 25 de junio de 1868. El Congreso nombró a Monagas para un nuevo periodo, pero éste murió el 18 de noviembre antes de tomar posesión. José Gregorio Monagas, que gobernó desde el 5 de febrero de 1851 hasta el 20 de enero de 1855, completó la hegemonía. Julián Castro llegó al poder por un golpe de Estado en marzo de 1858, pero fue derrocado el 1 de agosto de 1859. Manuel Felipe de Tovar fue el primer presidente elegido por sufragio universal directo y secreto (12 de abril de 1860), pero renunció al
poder el 20 de mayo de 1861. Asumió la presidencia provisionalmente Pedro Gual, hasta el 29 de agosto de 1861, en que se inició el gobierno de hecho de Páez. El presidente de la federación fue Juan Crisóstomo Falcón; cumplió primero dos periodos como presidente provisional (17 de junio al 24 de diciembre de 1863); ratificado, asumió el poder el 21 de enero de 1864; después, desarrolló su periodo constitucional a partir del 7 de junio de 1865 hasta que el 28 de abril de 1868 la “revolución azul” acabó por sustituirle. Antonio Guzmán Blanco gobernó primero un septenio (del 27 de abril de 1870 al 20 de febrero de 1877); después un quinquenio (27 de abril de 1879 al 27 de marzo de 1884); en un tercer periodo, llamado “la Aclamación”, volvió a gobernar, aunque de forma incompleta, desde el 14 de septiembre de 1886 hasta el 8 de agosto de 1887, año en que marchó a París. Francisco Linares Alcántara gobernó desde el 2 de marzo de 1877 hasta el día de su muerte, el 30 de noviembre de 1878. Joaquín Crespo tuvo primero un bienio (27 de abril de 1884 al 27 de abril de 1886); después, al frente de la revolución legalista, gobernó de 1893 al 20 de febrero de 1898. Juan Pablo Rojas Paúl también ocupó la presidencia durante un bienio (5 de julio de 1888 al 19 de marzo de 1890); ese mismo día se posesionó Raimundo Andueza Palacio y gobernó hasta el 17 de junio de 1892. Ignacio Andrade no gobernó el tiempo que le correspondía legalmente, sino sólo desde el 20 de febrero de 1898 hasta su derrocamiento, el 19 de octubre del año siguiente. El siglo XX, Cipriano Castro entró a gobernar el 23 de octubre de 1899 y se mantuvo en el poder hasta el 24 de noviembre de 1908, cuando viajó al extranjero en busca de atención médica; dejó el cargo a su compadre Juan Vicente Gómez, quien se apoderó del gobierno hasta su muerte, el 17 de diciembre de 1935. Durante el mandato gomecista, además de varios encargados de la presidencia, hubo un presidente constitucional, Juan Bautista Pérez (30 de mayo de 1929 al 13 de junio de 1931). Eleazar López Contreras inició otra era, la denominada “de la nueva democracia”. Tomó posesión del cargo el 18 de diciembre de 1935, al día siguiente de la muerte de Gómez, y fue elegido presidente constitucional por el Congreso el 30 de junio de 1936; terminó su mandato el 5 de mayo de 1941. El mismo día tomó posesión Isaías Medina
Angarita y gobernó hasta que fue derrocado el 18 de octubre de 1945, cuando asumió el poder una Junta Revolucionaria de gobierno presidida por Rómulo Betancourt. El 15 de febrero de 1948 hizo su juramento el escritor y político Rómulo Gallegos Freire, quien no llegó a completar su periodo debido al golpe de Estado del 24 de noviembre de ese año, en el que se hizo con el control del país una Junta militar. Marcos Pérez Jiménez, miembro de esa Junta y ministro de Defensa, no reconoció los resultados de las elecciones de 1952 y asumió el poder dictatorialmente desde 1953 hasta el 23 de enero de 1958, fecha en que fue derrocado. Una nueva Junta gobernó en este periodo, presidida por Wolfgang Larrazábal, quien renunció el 13 de noviembre de 1958 y fue sustituido por Edgar Sanabria. El nuevo presidente constitucional fue Rómulo Betancourt (13 de febrero de 1959 al 11 de marzo de 1964). En esta última fecha tomó juramento Raúl Leoni y ejerció el poder hasta el 11 de marzo de 1969, cuando traspasó la banda presidencial a Rafael Caldera; éste presidió hasta el 12 de marzo de 1974. Su sucesor fue Carlos Andrés Pérez, cuyo periodo presidencial terminó el 12 de marzo de 1979 y comenzó el de Luis Herrera Campins. Por reforma de la Constitución, Herrera concluyó el 2 de febrero de 1984, cuando se inició el gobierno de Jaime Lusinchi. A continuación, Carlos Andrés Pérez es nuevamente elegido durante los comicios de diciembre de 1988. Su vuelta a la presidencia a partir de 1989 generó un periodo de gran inestabilidad política, pues se produjeron dos intentonas de golpe de Estado en 1992 (4 de febrero y 27 de noviembre); su mandato debía culminar en febrero de 1994, pero fue interrumpido. El periodo de mandato del presidente Carlos Andrés Pérez se redujo considerablemente, pues se produjo en la historia venezolana el primer juicio a un presidente en ejercicio. El 12 de marzo de 1993, mientras el presidente Pérez presentaba ante el Congreso Nacional su mensaje anual, el fiscal general de la República, Ramón Escovar Salom, sorprendió con la introducción ante la Corte Suprema de Justicia de una demanda contra Pérez por malversación y peculado de partidas secretas. La Corte se reunió el 20 de mayo de 1993 y declaró que sí había indicios para enjuiciar al presidente; de acuerdo con la Constitución, Carlos Andrés Pérez fue suspendido de sus funciones públicas y se encargó de la primera magistratura el presidente del Senado,
Octavio Lepage, en tanto el mismo Congreso designó a la persona que gobernaría el país con carácter de interino hasta la finalización del periodo que correspondía a Pérez, en caso de que el juicio no le fuera favorable y la sentencia se produjera antes del 2 de febrero de 1994. La sentencia condenatoria de la Corte se produjo el 30 de mayo de 1996, sin la agravante de peculado. El presidente interino seleccionado por el Congreso fue el senador por Acción Democrática Ramón Velásquez, quien contó con los votos de AD y COPEI, más otros partidos minoritarios; prestó juramento el sábado 5 de junio de 1993. En las elecciones de 1993 obtuvo de nuevo la presidencia Rafael Caldera, “autoexcluido” de COPEI, encabezando esta vez un nuevo partido, Convergencia, y apoyado por otras organizaciones como MAS, PCV y MIN. Caldera tomó posesión el 2 de febrero de 1994 para un periodo que debe concluir a los cinco años. Mientras, Pérez, que había cumplido su condena de dos años de prisión domiciliaria, anunció su intención de regresar a la actividad política, lo cual se plasmó en marzo de 1997 con su fundación de un nuevo partido, el Movimiento de Apertura y Participación Nacional, compuesto por miembros independientes y por disidentes de Acción Democrática. En abril de 1998 el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público ordenó la detención de Carlos Andrés Pérez bajo la acusación de enriquecimiento indebido al desviar fondos públicos a cuentas bancarias conjuntas en el extranjero. Aunque dicha orden no significó su ingreso en prisión, debido a su avanzada edad, dificultó la elección de Pérez como senador por el estado de Táchira en los comicios legislativos previstos para el mes de octubre. Chávez presidente, con las elecciones legislativas fueron el preludio de las presidenciales, celebradas en diciembre. El vencedor fue Hugo Chávez, el oficial que encabezó la intentona golpista de 1992, quien supo aglutinar (con un mensaje de corte nacionalista y populista) a un amplio sector de la población descontento con el sistema político vigente, caracterizado por la alternancia de los dos partidos tradicionales, la creciente corrupción y la crítica situación económica, que había originado enormes desigualdades sociales y el surgimiento de amplias bolsas de pobreza.
El presidente electo, que tomó posesión del cargo en febrero de 1999, tuvo entre sus prioridades más inmediatas la disolución del Congreso y la convocatoria de una Asamblea Constituyente que procediera a dotar al país de una nueva ley fundamental. En los comicios a la Asamblea Constituyente, celebrados en julio de ese año y que registraron una abstención cercana al 53%, los seguidores de Chávez (pertenecientes al Polo Patriótico) lograron una amplísima mayoría que les permitió ocupar 120 de los 131 escaños electos. El constitucionalismo venezolano quedó modificado con la nueva Constitución impulsada por Chávez, aprobada por la Asamblea y ratificada por medio del referéndum que tuvo lugar el 15 de diciembre de 1999, con el 71,9% de los votos emitidos, si bien la participación no llegó al 46%. Al mismo tiempo que la población acudía a votar en el plebiscito, comenzaban unas gravísimas y dañinas inundaciones que produjeron cuantiosas pérdidas económicas y miles de muertos. La Constitución no sólo cambió el nombre del país (que pasó a llamarse desde su entrada en vigor República Bolivariana de Venezuela) sino que reforzó el poder presidencial, entre otras medidas significativas, como el mayor control estatal de la actividad económica o el de los medios de comunicación. Asimismo, el nuevo texto constitucional proclamó que su principal objetivo era el de “refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado”. Eliminado el Senado, el poder legislativo pasó a recaer en una única cámara, la Asamblea Nacional, elegida por sufragio universal. El 30 de julio de 2000, en virtud del nuevo orden constitucional, se celebraron elecciones presidenciales y legislativas, cuyos resultados, dieron la reelección del Presidente Chávez (que logró más del 55% de los votos emitidos) y la victoria por mayoría absoluta de su coalición, el Polo Patriótico. Chávez juró el cargo el 19 de agosto siguiente y anunció su decisión de afrontar una profunda transformación de las estructuras económicas y sociales del país. Para ello, y pese a gozar de mayoría en la cámara, solicitó a ésta nuevamente poderes legislativos especiales. El 7 de noviembre de 2000 la Asamblea Nacional aprobó la denominada Ley de Habilitación, que le facultaba para legislar por decreto durante un año en materias económica, social y de administración pública.
Algunos antecedentes históricos, la implementación en Venezuela del sistema político democrático en el año 1958 y hasta el presente, el sector público nacional ha venido siendo objeto –progresiva y constantemente- de diferentes intentos y procesos de cambio institucional, dirigidos hacia la maximización de su capacidad de gestión. Han sido diversas las iniciativas y los enfoques teóricos con que ha sido abordada la programación y la ejecución del cambio institucional en Venezuela. Estos procesos evolucionaron de lo simple a lo complejo. Y si tomamos como referente a las distintas comisiones encargadas del tema en cada gobierno, encontraremos que poseemos una experiencia muy rica en los últimos 45 años. Dentro del marco de la democracia representativa, la primera iniciativa emprendida para estructurar la administración gubernamental con un sentido moderno, correspondió a la Comisión de Administración Pública, creada en el año 1958. La gestión de la CAP estuvo centrada en la formalización de los sistemas, métodos y procedimientos empleados en las agencias estatales. Hacia 1969, se formula en Venezuela, el primer Plan de Reforma Administrativa; bajo la responsabilidad de la Oficina de Planificación y Coordinación de la Presidencia de la República (CORDIPLAN). Esta dependencia creada también en 1958, terminó por asimilar a la CAP y por convertirse en el organismo rector de las políticas institucionales del Estado venezolano, hasta su eliminación en el año 1999. Cabe señalar; sin embargo que, aquel Plan de Reforma Administrativa elaborado en CORDIPLAN no fue implementado; quedando tan sólo como una referencia técnica. Posteriormente, fue creada la Comisión Presidencial para la Reforma Integral de la Administración Pública (CRIAP), en 1974. La actividad de la CRIAP hizo énfasis en la reorganización del nivel descentralizado de la administración pública nacional (institutos autónomos y empresas estatales) buscando su maximización económica. La Comisión para la Reforma Fiscal (1979), constituyó otra iniciativa emprendida que, desde una óptica fiscal propuso una serie de recomendaciones técnicas orientadas a mejorar las operaciones de la administración pública. Empero, quizás el momento más interesante del proceso de reforma institucional en Venezuela, lo representa la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) en el año 1984. De hecho, esta instancia fue la última en su especie. La COPRE constituyó un “thinks tanks” destinado a repensar la sociedad venezolana y la calidad de sus instituciones gubernamentales. Es más, para algunos especialistas e
investigadores muchas de las ideas expuestas y debatidas en el reciente proceso constituyente venezolano tuvieron su origen allí, en la COPRE. Bajo lectura histórica, es posible identificar tres grandes estrategias de cambio institucional empleadas en Venezuela; a saber: la reestructuración de entes públicos, la descentralización y transferencia de competencias y la privatización. Y en realidad, estas estrategias de reforma institucional fueron aplicadas bien como medidas complementarias entre sí, destinadas a incrementar la eficiencia y la eficacia de la administración pública. Bajo la rectoría de CORDIPLAN, la reestructuración de organismos públicos; por ejemplo, fue la estrategia de reforma más utilizada en los procesos de modernización y cambio de la administración pública nacional (central y descentralizada). Durante todo el período democrático, el aparato gubernamental venezolano fue reorganizado o reestructurado buscando básicamente tres objetivos: la racionalización de su ámbito de gestión, la reducción del gasto corriente utilizado para su funcionamiento y la optimización de su rendimiento operativo. La descentralización y transferencia de competencias del poder nacional hacia los estados (provincias o regiones) se inició en firme a partir de 1989. Esta estrategia perseguía la democratización de la gestión pública; así como también el fortalecimiento de los gobiernos locales y la regionalización de las políticas públicas. En su aplicación se observó una amplia iniciativa de los gobiernos estadales en contraposición con cierta resistencia del Poder Nacional. La descentralización estuvo centrada en sectores del área social; tales como: la salud, el deporte, la atención a la infancia y la educación. Y la estrategia muestra éxitos inocultables. Incluso instituciones académicas nacionales y organismos multilaterales como el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) o el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), han destacado los avances de la descentralización. La tercera estrategia fue la privatización de entes públicos. Esta estrategia puede ubicarse como un intento por “liberalizar” al Estado venezolano de ciertas responsabilidades consideradas como no-estratégicas. La privatización se orientó hacia la reducción del tamaño del Estado, el fortalecimiento del sector privado de la economía
y, por último, hacia la disminución del gasto y del déficit fiscal. Luego de un inicio incierto en los años 90 y con serias oposiciones; tanto gremiales como ideológicopolíticas, la ejecución de esta estrategia ofreció logros concretos. Por ejemplo, hasta el año 1998 y, a través de la gestión del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), se transfirieron al sector privado cuarenta y cuatro (44) entes públicos y otros activos; mediante la venta de acciones y el otorgamiento de concesiones que, -según informaciones de ese mismo organismo-, significaron ingresos al Estado venezolano por la cantidad de $ 4.740.8 MM y la transferencia al sector privado de unos 50 mil trabajadores; aproximadamente. ¿Hay una nueva institucionalidad propuesta? Indudablemente que si la hay. Tal propuesta implica la expansión funcional del Estado, la redefinición de cualidades de la administración gubernamental y la inclusión de la participación ciudadana en la gestión pública. Veamos algunos de los temas más relevantes. Primero, la presencia funcional del Estado se ha expandido aunque de manera desigual. La división clásica de poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) fue incrementada con dos poderes más: el Poder Moral que suma a su vez la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo; y el Poder Electoral, edificado sobre el Consejo Nacional Electoral. Cabe apuntar que el Poder Legislativo fue reducido drásticamente, al ser eliminada la Cámara del Senado. Mientras el Poder Ejecutivo concentró una amplia gama de competencias en materia de organización administrativa que antes no tenía. Además el Ejecutivo puede incluso legislar mediante un proceso habilitante, sin mayores controles. Fueron creados la Vicepresidencia Ejecutiva y el Consejo de Estado. Segundo, las cualidades de la administración y de la función pública son tratados con precisión en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por ejemplo, el artículo 140 determina la responsabilidad patrimonial del Estado ante los particulares, si su acción u omisión han provocado lesiones. Por otra parte, el artículo 141 indica como principios fundamentales de la administración estatal, la honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. El artículo 143 consagra el derecho de los ciudadanos
a la información sobre el estado de los asuntos que les interesen directamente. En cuanto a la función pública, la nueva constitución establece un conjunto de características destinadas a normar el régimen de la función pública. Entre otros artículos mencionaré: el artículo 144 que indica el establecimiento del Estatuto de la Función Pública, el artículo 145 que establece “la neutralidad” del funcionario público, en atención a que se encontraría al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna y, el artículo 146 que determina los tipos de cargos de la administración pública; tales como: de carrera, aquellos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, y las obreras y obreros. Tercero, hay otros preceptos constitucionales estratégicos que determinan la participación ciudadana en la administración pública. Entre ellos, podemos mencionar muy rápidamente, el artículo 62 que consagra la intervención de la población en la formación, ejecución y control de los asuntos públicos; el artículo 184, que manda la transferencia de la prestación de un conjunto de servicios y actividades hacia las comunidades y entidades no estatales, de parte de los gobiernos subnacionales (estados y municipios) y, el artículo 315 que prescribe la rendición de cuentas y los indicadores de desempeño con base al presupuesto público de gastos. Sobre ese mismo tema, no podemos olvidar el mandato constitucional, que crea una red de mecanismos institucionales representativos destinados a propiciar la participación ciudadana en la gestión pública; tales como: el Consejo Federal de Gobierno, los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, los Consejos Locales de Planificación Pública; y aún más micro-localizados los Consejos Parroquiales y los Comunales. También el nuevo marco constitucional determinó la creación de la Vicepresidencia Ejecutiva y la del Consejo de Estado, como instancia de asesoría, deliberación y consulta en materia de desarrollo institucional. Cuarto, por otra parte, las propuestas del nuevo aparato gubernamental poseen una plataforma técnica muy importante en el Plan de Desarrollo Económico-Social 20012007. Y en efecto, en dicho documento se concibe a la nueva administración pública como un mecanismo estratégico para alcanzar la “democracia bolivariana”. Esto mediante la construcción del Estado Federal descentralizado, la creación de un sistema nacional de planificación, la institucionalización de los compromisos de gestión y la
rendición de cuentas y, la construcción de un nuevo esquema funcional para el aparato público; entre otras. Quinto, otro referente técnico es el enfoque denominado “nueva gestión pública” o “reforma gerencial” que pretendería dotar al Estado de una serie de capacidades institucionales y operativas que permitan a sus administradores enfrentar con éxito las deficiencias o perversiones del mercado, por razones de equidad. El enfoque de la “reforma gerencial” propondría asimismo hacer más eficiente al Estado para atender las demandas de los ciudadanos, con base a su mayor eficiencia y gestión democrática. Bajo este enfoque la nueva institucionalidad pública venezolana se basaría en los siguientes principios: • • • • • delimitar las responsabilidades propias del Estado frente a la sociedad civil, promover una gestión gubernamental transparente y responsable; mediante la gestión por resultados y la rendición de cuentas, involucrar a la ciudadanía a la acción de gobierno mediante la participación, descentralizar la ejecución de los servicios públicos y, promover la profesionalización de la burocracia pública, como un elemento básico de la nueva institucionalidad. Y sexto, debe mencionarse que la responsabilidad ejecutora de este vasto proceso de cambio institucional recayó fundamentalmente en el Ministerio de Planificación y Desarrollo, el cual sustituyó a las antiguas Oficinas Centrales de la Coordinación y Planificación (CORDIPLAN) y de Personal (OCP) que compartían responsabilidades operativas en el tema. Por último, también en el año 2002, se creó como en el pasado una entidad encargada de la reforma estatal denominada esta vez, Comisión Presidencial para la Transformación de la Administración Pública; y que por cierto, ya tendría que estar ofreciendo resultados específicos de su gestión. ¿Se han realizado cambios en la estructura del Estado venezolano? En efecto, se han producido una serie de nuevas situaciones en el ámbito operativo y funcional del sector público. Y no cabe duda, que con el proceso constituyente realizado en el año 1999, se transformó de manera formal el marco legislativo, orgánico y funcional del Estado venezolano. En consecuencia (y resulta innegable), que se ha
producido en el país un inusitado interés de parte de amplios sectores poblacionales en involucrarse en los procesos vinculados a la ejecución de ciertas políticas públicas. De hecho, existe un amplio desarrollo legislativo posterior a la promulgación de la Constitución de 1999, en el cual destaca un fuerte componente dedicado a propiciar (al menos, en el papel) la participación ciudadana. Citaré algunos casos como: la Ley Orgánica de Administración Pública (2001), la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal (2001), y la Ley Orgánica de Planificación (2002); entre otras. Todo lo anterior es cierto. Empero, de otra parte, que la burocracia estatal se ha incrementado de manera notable en su complejidad y, lo que es peor ha bajado su credibilidad. Por ejemplo, en la opinión pública venezolana hay señalamientos serios sobre la calidad, objetividad, e imparcialidad de los servicios que vienen prestando los organismos componentes del Poder Moral y del Poder Electoral. Otro caso es la reforma del Poder Judicial. Ésta concebida como un objetivo central en el presente período, luego de seis años, ha quedado hasta ahora sólo en el papel, desaprovechándose incluso la ayuda proveniente de agencias multilaterales de cooperación técnica. Otro punto oscuro en este proceso de cambio es el eventual debilitamiento de la descentralización en el país. Y en efecto el alto gobierno venezolano (según sus propios documentos políticos más recientes) visualiza a la descentralización como un elemento que afectaría la unidad nacional. Este es un craso error conceptual porque la descentralización y la desconcentración acercan la gestión pública al ciudadano, propiciando de esta manera su participación y protagonismo y por ende, fortaleciendo una gestión corresponsable entre el Estado y la sociedad civil. El debilitamiento de la descentralización se contrapondría a los Artículos 156, 157 y 184 de la nueva Constitución Bolivariana, que establecen mandatos claros y terminantes hacia una gestión descentralizada del gobierno. A esta situación se le suma el retraso de la aprobación definitiva de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, devuelta por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional; y también la Ley del Consejo Federal de Gobierno, que constituiría un pivote para el impuso de la descentralización en el país.
La creación de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas ha sido lenta (tan sólo cuatro funcionan en el país). Y si bien, la instalación de los Consejos Locales de Planificación Pública ha avanzado con mayor rapidez; tales instancias aún son frágiles y, en muchos casos han sido secuestradas por factores políticos (de todos los matices) que aún se resisten a su presencia, como mecanismos de participación ciudadana. Un nuevo elemento importante en la conformación de la “nueva institucionalidad gubernamental bolivariana” es el crecimiento desmesurado de las entidades gubernamentales. De hecho, producto de una serie de cambios y re-cambios, la red gubernamental ha venido incrementándose en forma progresiva y ya posee hasta unos veintiséis ministerios, sin contar los vice-ministerios (figura administrativa nueva) y los entes descentralizados funcionalmente. A lo anterior se le debe agregar la “nueva modalidad” que se ha consolidado en el gobierno de turno, de ejecutar políticas públicas; mediante estructuras paralelas a las existentes. Así ocurrió en el caso del “Plan Bolívar 2000” con los resultados conocidos, y ahora más recientemente con las denominadas Misiones (Rivas, Sucre, Robinson, Barrio Adentro, Vuelvan Caras; entre otras). Estos programas independientemente de los beneficios otorgados a los sectores más vulnerables de la sociedad venezolana, han venido complicando la operatividad de la trama institucional del aparato público. Por ende, y sin los correctivos pertinentes este paralelismo terminará conspirando contra el cumplimiento efectivo de los propios objetivos asignados a cada programa. En síntesis, el excesivo crecimiento de los entes estatales y el paralelismo institucional se han convertido en dos de los principales adversarios de la estabilización de un aparato público acorde con las metas previstas por el mismo gobierno. Por lo demás, en el ámbito del Ejecutivo Nacional, la creación de la figura de la Vicepresidencia ha sido un innegable acierto, opacado sin embargo, por su designación digital (el cargo debería ser de elección popular), el retraso en la aprobación de la Ley del Consejo Federal de Gobierno -ya mencionada-, y la inexistencia del Consejo de Estado.
Ahora bien y, aunque parezca curioso (en atención al discurso anti-liberal y ahora también socialista del gobierno), la posibilidad de privatizar la prestación de ciertos servicios públicos ha sido consagrada en la nueva legislación bolivariana. Y esto es importante porque podría convertirse en un elemento dinamizador para el protagonismo ciudadano; así mismo como un cambio institucional importante en el modelo de gestión pública. En efecto, la Constitución Bolivariana, establece a lo largo de su articulado distintas posibilidades de cogestión entre el sector público y privado para la operación de servicios públicos. Una muestra de esto es la inclusión del sector privado en la administración de los centros penitenciarios (Artículos 279). Otra posibilidad es la participación de capital privado en el manejo de las empresas filiales y asociaciones estratégicas vinculadas al negocio petrolero (Artículo 303) y, ciertamente, el presente gobierno se ha entendido muy bien con las grandes empresas trasnacionales en materia de gas y petróleo. También sobre este tema, la Ley Orgánica de la Administración Pública, determina que se pueden transferir al sector privado o a las comunidades, la prestación de ciertos servicios en atención a razones de economía y eficiencia (Artículo 20). Un comentario adicional sobre las posibilidades de privatización debe referirse hacia las cooperativas como modalidades asociativas no estatales (y por lo tanto privadas) que podrían encargarse de operar ciertas áreas reservadas por ahora al sector público. Y de verdad el desarrollo de las cooperativas pudiera traducirse en un mecanismo interesante para el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, hay mucha incertidumbre sobre todas estas iniciativas por la baja confianza de los particulares, ante la posibilidad de un predominio del clientelismo y la falta de transparencia en la negociación de estos procesos. Otro aspecto indispensable para una nueva institucionalidad pública es el relacionado con la “responsabilización” del gobierno, el sistema de gestión por resultados y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Sin embargo, en estos temas se ha avanzado muy poco. Y es que todo indica que ni el Ministerio de Planificación y Desarrollo, ni la Comisión Presidencial para la Transformación del Estado, han podido elaborar un Plan de Desarrollo Institucional que oriente la acción del alto gobierno en la construcción de una administración pública que dé la cara al pueblo y a los contribuyentes.
En materia de profesionalización del talento humano del Estado, se han adelantado iniciativas relativamente importantes. Una de ellas fue la aprobación de la Ley del Estatuto de la Función Pública (2002). Otra, es el programa denominado “Formación para el Fortalecimiento de las Relaciones Estado-Sociedad en el Nuevo Marco Constitucional”. Este programa de capacitación viene siendo tímidamente aplicado en algunas entidades oficiales y no ha sido aprovechado de manera suficiente, pese a los notables esfuerzos que realiza el equipo encargado (no se llega a 20 mil funcionarios adiestrados, en un universo de más de un millón de personas). Una última apreciación (y no por eso menos importante), comprende el contexto político donde se desarrollan estas iniciativas de reforma. En realidad, dicho ambiente no es el más favorecedor para la construcción de una nueva institucionalidad pública al servicio de la ciudadanía. Y no lo es, por el conjunto de contradicciones que se aprecian a diario entre el incumplimiento de una constitución ahora meramente formal (sí aquella aprobada en 1999, ¿la recuerdan?) y otra constitución, real y de uso diario, pero que poco tiene que aportar al relanzamiento de Venezuela con base a la democracia, la inclusión, la prosperidad y la modernidad. 3.1. Patrones de conducta política
La transición entre siglos encuentra a América Latina como región inserta en tres procesos básicos: a) la globalización o mundialización inducida b) el “consenso de Washington” que debería abrir paso a un Tratado de Libre Comercio Americano c) la democratización (gobiernos civiles electos) bajo la forma de democracias poliárquicas restrictivas (poliarquías restrictivas). Estos tres procesos se dan en relación con un eje común: la extinción de un proyecto nacional de desarrollo y, con ello, la liquidación en la práctica de las tesis o imaginarios sobre la presencia o ausencia de una burguesía nacional en el subcontinente. No existe desarrollo nacional: puede o no existir un crecimiento precario derivado de una inserción en la lógica trasnacional de acumulación de capital. Los protagonistas “locales” de este crecimiento son políticos/empresarios trasnacionalizados y tecnócratas privados y públicos.
De los tres procesos, los dos últimos se encuentran o en un momento de estancamiento o exhibiendo signos de su fragilidad estructural. Estos procesos dominantes, o sus efectos, encuentran resistencias sociales populares, ciudadanas, electorales y estatales, muchas veces fragmentarias, que toman formas diversas. En las economías grandes surgen, por ejemplo, la rebelión zapatista (1994), y la posibilidad de triunfo electoral de un candidato presidencial emergente (López Obrador) en México, la movilización “piqueterista” en Argentina, y se consolida el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil. Este último país se da el gobierno de Lula (2002) con apoyo, entre otros, del Partido de los Trabajadores y el MST. Ninguno de estos procesos, sin embargo tiene (ni aspira) a irradiar o incidir en el imaginario popular latinoamericano. Constituyen fenómenos locales. Dos de estos países- economías, en cambio, han avanzado en la configuración de un núcleo regional (MERCOSUR) que constituya un polo de acumulación subregional de capital que frene la hegemonía unilateral de Estados Unidos en el área y la inserte más diversificadamente en la economía transnacionalizada o global. En otros países se dan principalmente movilizaciones rurales populares con efecto o alcance urbano y ciudadano, como en Ecuador, e incluso un gobierno (República Bolivariana de Venezuela) que se declara revolucionario, bolivariano (integrador) y socialista, partidistas y sociales (Bolivia) y triunfos electorales “de izquierda”, como en Uruguay. La experiencia cubana no colapsa aunque se encuentra (desde finales de la década de los ochenta) notoriamente disminuida en su capacidad para avanzar posibilidades alternativas. En su frente, las estructuras político-militares que combaten en Colombia siguen mostrando capacidad para sostenerse como actores de una guerra, pero no como conducción política alternativa. En Chile se sostiene la irritación por la impunidad de los responsables de violaciones a derechos humanos. El área centroamericana y caribeña insular se presenta como la políticamente más deprimida en el nuevo siglo: Haití, con crisis de ingobernabilidad y casi total colapso económico-social, Guatemala, donde se manifiestan tendencias hacia la anomia, Honduras y Nicaragua ubicadas persistentemente entre las economías-
sociedades más empobrecidas de la región y la última ingresando en una crisis de ingobernabilidad. El Salvador refirmando su carácter oligárquico y Costa Rica sumida en procesos de corrupción estatal y de sensibilidad pública, venalidad gubernamental y colapso partidario. Como signo de su debilidad, los gobiernos de estos países, a los que se une República Dominicana, avanzan en tiempo record hacia Tratados de “Libre Comercio” sin mayor consulta ni contenido ciudadano, popular o nacional. Con ello, y con su participación en el Plan Puebla-Panamá, se determinan como uno de los principales soportes regionales, junto al gobierno de Colombia, del injerencismo estadounidense practicado abiertamente por la administración Bush. En una primera aproximación esta coyuntura larga muestra que la economía transnacionalizada, en su forma actual, no es instrumento de desarrollo para el área (tampoco ha garantizado su crecimiento), ni para cada economía entendido como colectivo o proyecto-de-país, que las economías- sociedades latinoamericanas mantienen su incapacidad para agregar significativamente valor a la economía global (y por ello aumentan su carácter dependiente e intensifican su polarización y enrarecimiento internos) y que las instituciones de las democracias restrictivas no tienen capacidad para administrar ni las estabilidades parciales o momentáneas (Argentina, América Central, Perú) ni las crisis de gobernabilidad e ingobernabilidad (Nicaragua, Argentina, Ecuador, Bolivia). La excepción, en el período, sería Chile. Sin embargo, las formas políticas más extremas de injerencismo estadounidense también han fracasado (como lo muestra la reciente elección de Secretario General de la OEA y la negativa de esa instancia para acceder a una “tutela democrática” en la región) y las derrotas militares del gobierno de Colombia. La región, con todas sus debilidades, y pese al colapso de las principales sociedades del socialismo histórico hace ya quince años, muestra que sus resistencias sociales con alcance político tienen raíces propias o autónomas (no son el reflejo de la actividad de un actor externo) y esta resistencia social posee, en el inicio del siglo, capacidad para desestabilizar y generar incertidumbre y, en menor medida, de
acuerdo a condiciones internas, capacidad de propuesta alternativa. Su mayor debilidad está en su carácter regionalmente estanco y a veces incluso localmente fragmentario (o sea sin capacidad para una convocatoria plural, determinada y a la vez masiva). En este panorama se inscribe la propuesta y experiencia de proceso bolivariano, cuyo foco inicial está en el proceso venezolano pero que aspira a transformarse en una filosofía y política regional opuesta tanto al neoliberalismo y a la globalización actual (propone un desarrollo nacional, regionalmente integrado y popular) como al capitalismo (propone un Nuevo Socialismo del Siglo XXI: economía de equivalencias y democracia participativa). En la perspectiva se dibuja la continuidad del proceso de globalización inducida (capitalismo intensivo, transnacionalizado, en red), con acentuación de las dependencias y la fatiga del ambiente democrático que podría abrir el paso a instituciones explícitamente autoritarias con conducción civil (Colombia) o militar (Perú, Bolivia). En una frase: crisis social del mercado, reconfiguración transnacional-autoritaria del Estado. Las alternativas a esta perspectiva pasan por intensificar política y aceleradamente la capacidad para agregar valor “nacional” a los procesos de trabajo, las reformas estructurales internas orientadas a ese fin, la articulación regional (infraestructura) con base social popular y las diversas formas de poder local (desconcentración estatal, participación ciudadana y popular) con incidencia en la propuesta de una nueva cultura política. En una frase: crisis del mercado global o en red monopólica, reconfiguración popular del Estado, de la cultura política y reconformación de las tramas sociales. 3.2. Proceso Bolivariano
1.- La propuesta ideológica bolivariana tiene como base la experiencia venezolana (gobierno de Hugo Chávez, Movimiento V República, Polo Patriótico). Se trata de un `proceso original, que se quiere revolucionario y que ha avanzado significativamente en el período (1998-2010) al menos en:
la reconfiguración de la institucionalidad política el aislamiento y derrota de la oposición interna la legitimidad de la conducción chavista y su respaldo social y electoral la proyección de imagen internacional la vuelta de la propuesta ideológica (bolivianismo político, Nuevo Socialismo).
En la medida que la propuesta bolivariana descansan en la articulación constructiva “pueblo - FF. AA.”, se afirma también en su tensión y conflictividad. Si se acentúa al factor popular, el bolivianismo contiene los valores del poder local (sujeto popular plural, instituciones democráticas con lógica participativa y responsabilidad colectiva). Si se acentúa el factor militar, el bolivianismo porta los valores de la modernización clasista refleja, la “voluntad general” con control o inducción mesiánica y el autoritarismo. Es prematuro indicar el carácter de una resolución de esta tensión (y en ella puede ocupar un lugar decisivo el entorno internacional), pero hasta el momento dominan, explicablemente, los segundos factores. La Carta Social de las Américas, que Venezuela impulsa desde el 2001, enfatiza claramente la institucionalización y el ejercicio del poder “desde abajo”, o sea popular. 2.- El eje bolivariano internacional (Venezuela no puede quedar aislada si intenta un camino antiimperialista y anticapitalista o al menos anti neoliberal y por ello propone la Alianza Bolivariana de las Américas, frente al ALCA)) se orienta principalmente hacia Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador y, obviamente, Venezuela. Propone por el momento diálogo político, aumento del comercio regional e infraestructura integrada y un frente de comunicación de masas (Telesur) como elementos estratégicos para la confirmación de un bloque regional latinoamericano con caracteres sociohistóricos populares que se expresarían políticamente como democracia participativa. Un frente especial de la política internacional bolivariana es el desplegado en relación con la producción y potenciación de los recursos energéticos. En el año en curso Venezuela ha institucionalizado acuerdos con Argentina y Brasil (Petroamérica), el Caribe (Petrocaribe) y Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (Petroandina) orientados a cerrar el paso a la hegemonía estadounidense en el área y a practicar un tipo diferente de cooperación internacional al que se gestiona por
parte de la economía-red transnacionalizada. La debilidad inevitable de estos acuerdos es que comprometen a gobiernos y no a los pueblos respectivos. 3.- En otro frente internacional, la experiencia bolivariana hace de la amistad y colaboración con Cuba un eje de su política exterior. Venezuela recibe mucho apoyo militante y profesional cubano (salud, seguridad, organización social) y Venezuela contribuye a paliar los déficits de la economía cubana. La propuesta bolivariana, más recientemente, se planteó como “socialismo del siglo XXI”. Este socialismo no entrará en la agenda de discusión venezolana interna hasta el año 2008. Uno de sus principales expositores por el momento es Heinz Dieterich Steffan (Socialismo = economía de equivalencias, democracia participativa, humanismo). Revolución Bolivariana es el nombre dado en Venezuela, por Hugo Chávez y sus partidarios, al proyecto ideológico y social que comienza en 1998, con la elección de Chávez como presidente del país. La revolución está basada en el ideario del libertador Simón Bolívar, en las doctrinas de Simón Rodríguez, quien proponía que Latinoamérica inventase su propio sistema político, y el General Ezequiel Zamora "Tierras y Hombres Libres" y "Terror a la Oligarquía", quien defendía la tenencia de la tierra para los campesinos que la trabajaban. Tiene como fin llegar a un nuevo socialismo. Una de sus primeras medidas fue el aprobar mediante referéndum popular la constitución de 1999. Las reformas llevadas a cabo en el marco de la Revolución Bolivariana, ha derivado en la polarización política de la sociedad venezolana, hacia posiciones irreconciliables, lo que ha llevado en algunos casos en situaciones de violencia. Según el discurso pronunciado y propuesto por el gobierno como una definición en el XVI Festival de la Juventud y los Estudiantes (FMJE) expresa que es el tránsito y evolución de cuatro macro dinámicas autoimpuestas: 1. La revolución anti-imperialista.
2. La revolución democrática-burguesa. 3. La contrarrevolución neoliberal. 4. La pretensión de llegar a una sociedad socialista del siglo XXI. Esto afecta de forma directa o indirecta a grupos de personas, algunas personas creen que a gobiernos también. Existen muchos puntos de vista al respecto dentro y fuera del país producto de la desinformación y el fanatismo de las partes en conflicto. Se cree que la vía auto inducida se encuentra en un estado de no-retorno. Los detractores más moderados opinan que este proceso es necesario para el correcto desarrollo del país pero critican el método utilizado por el grupo de gobierno. En líneas generales el flujo de opiniones, poco o medianamente documentadas generan desestabilización en grupos fanáticos de las partes en disputa. Este movimiento ha sido tomado como bandera en países de la región contagiándose la misma conflictividad. Lo significativo de este período en Venezuela es la belicosidad generada en la sociedad por la interpretación de la idoneidad de la distribución de los recursos, la falta de diplomacia por parte del gobierno en el momento de opinar sobre los asuntos políticos y sobre los intereses y tendencias de grupos sociales y nacionales, el cuestionamiento de las decisiones del gobierno no aceptada por grupos sociales influyentes, el incremento de la participación de Venezuela en los asuntos ideológicos regionales y la reevaluación de la "teoría del caos de la democracia" venezolana. En 1958 el partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y un sector de las Fuerzas Armadas Nacionales derrocan al dictador Marcos Pérez Jiménez. Después del derrocamiento, AD se alía con el partido demócrata cristiano COPEI para permitir la gobernabilidad, formando así una alianza llamada Pacto de Punto Fijo; en la práctica, sin embargo, ambos partidos se alternaron en el poder y el sistema se volvió bipartidista. Esto, según alega la izquierda, fue en parte consecuencia de la fuerte presión estadounidense que en plena guerra fría trataba de asegurarse el control de América Latina impidiendo que accedieran al poder tendencias izquierdistas.
Ante lo que los sectores más radicales de la izquierda ven como una coartación democrática se inician las actividades guerrilleras, promovidas por el PCV y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), desprendimiento de la juventud de AD. Después de casi una década de esas actividades, se logra un diálogo que los reintegra a la vida civil y política. Muchos de ellos son asimilados por los partidos aliados o forman sus propias agrupaciones, el contexto político desmoviliza la guerrilla y los pocos irreductibles son reducidos por las Fuerzas Armadas. De esta forma, durante la segunda mitad del siglo XX se puede decir que se ha pacificado el país y los dos partidos dominantes son Acción Democrática y COPEI. Primer y segundo gobierno de Pérez, luego de la crisis del petróleo de 1973, durante el primer periodo presidencial (1974-1979) de Carlos Andrés Pérez, los ingresos aumentaron tan rápidamente que el país se convirtió en uno de los más desarrollados de Latinoamérica. Según Arturo Úslar Pietri, "... gracias a la exportación de petróleo, entre 1973 y 1983 Venezuela recibió alrededor de 240 mil millones de dólares". Esta situación, unida con la alternancia política llevó al país a una estabilidad política extraordinaria en el contexto latinoamericano. Durante este periodo de bonanza económica no se realizaron inversiones para crear una industria alternativa a la del petróleo. Por ello, cuando en 1983 cayeron drásticamente los precios, con una deuda externa creciente (casi 35 mil millones de dólares en 1993), la economía experimenta una profunda crisis. Durante su segundo periodo presidencial (1989-1993), Carlos Andrés Pérez, siguiendo las recomendaciones del FMI (Fondo Monetario Internacional), inició un programa neoliberal de transformación de la economía. Como consecuencia del aumento de precios, y de un polémico "paquete económico" el 27 de febrero de 1989 aconteció el llamado "Caracazo". Personas que vivían en los "barrios" (las zonas más pobres de la ciudad) organizaron fuertes protestas y saqueos en las zonas comerciales de la ciudad, especialmente de alimentación, vestido y electrodomésticos; inclusive algunas personas atestiguan que en sus propias casas se produjeron robos, saqueos o violaciones. El gobierno de Pérez
utilizó la fuerza pública para reprimir las protestas. Los muertos se cuentan entre 200 y 5000 personas, porque se persiguió a los manifestantes sin ninguna clase de control; muchos murieron en sus hogares, o sin atención médica en los hospitales. Según declaraciones del parlamentario opositor, de izquierdas, Pablo Medina, el Caracazo fue provocado por el MBR-200 de Chávez para crear caos y confusión y tomar el poder de la ciudad de Caracas. Sin embargo, no existen pruebas al respecto. Estos hechos fueron sucedidos por dos intentos de golpes de estado en 1992, uno el 4 de febrero dirigido por Hugo Chávez y otro el 27 de noviembre. Luego sobrevino una recesión en la economía y en 1993 se dicta una sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra el presidente Pérez por peculado. Pérez fue forzado a retirarse de la Presidencia y lo sucedieron dos presidentes interinos. La popularidad de Chávez era manifiesta en los sectores más pobres. Aunque la sentencia contra Pérez habla de peculado (re direccionamiento de dinero para fines distintos a los previstos por el Estado), muchos dicen que estaba inmerso en actos de corrupción, pero en realidad en aquellos años no se le procesó siquiera por ellos. Otros alegan que fue sacrificado por los sectores dominantes para "comprar tiempo". La cifra oficial de muertos de ambos golpes de estado es de 185 personas, la cifra no oficial, es de 350 personas. En 1994 Rafael Caldera se convierte en el nuevo Presidente de la República. Una de sus promesas políticas era el indulto a Hugo Chávez. Caldera logró estabilizar medianamente en lo político al país. Asimismo, en lo económico, Venezuela no mejoró (cuando asumió la presidencia la inflación era del 71%, existía una fuerte crisis cambiaria y el sistema financiero estaba colapsado tras la crisis de 93; incluso la inflación llegó al 100% - ó 99% como fueron las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela). Fundamentación ideológica Sobre el final de los años 1970 se formó en el ejército venezolano una corriente bolivariana y nacionalista en la que el joven Chávez participó. En sus palabras, el
actual presidente de Venezuela describe el proceso de formación de la revolución bolivariana y su fundamentación ideológica diciendo. "… ni siquiera se planteaba una revolución. A mediados de los 80 propuse a mis compañeros militares agregar la letra R -de revolución- a la sigla de nuestro movimiento que se llamaba EB200 -Ejército Bolivariano 200 porque en 1983 era el bicentenario del nacimiento de Bolívar-. (...) El movimiento había crecido pero todavía éramos pequeños grupos, que al fin nos definimos como un movimiento bolivariano revolucionario. Lo que perseguíamos era eso, una revolución, una transformación política, social, económica y cultural inspirada en el planteamiento de Bolívar. Diseñamos así lo que hemos llamado el ’árbol de las tres raíces’, que es nuestra fuente ideológica. Consiste en la raíz bolivariana (su planteamiento de igualdad y libertad, y su visión geopolítica de integración de América Latina); la raíz zamorana (por Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano y de la unidad cívicomilitar) y la raíz Robinsonianas (por Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, el Robinson, el sabio de la educación popular, la libertad y la igualdad). Este ’árbol de las tres raíces’ dio sustancia ideológica a nuestro movimiento..." Los puntos centrales que la revolución bolivariana adapta del bolivarianismo a su práctica son: • Autonomía nacional. • Participación del pueblo mediante elecciones populares, referendos, y otros medios de democracia participativa.
• Economía auto sostenible.
• Ética de servicio al pueblo. • Distribución justa de los ingresos petroleros.
• Lucha contra la corrupción y la pobreza.
Acerca de éste Chávez afirma que debe "nutrirse de las corrientes más auténticas del cristianismo", porque "el primer socialista de nuestra era fue Cristo". Reconoce que este nuevo socialismo debe poseer fundamentalmente una actitud ética de solidaridad y cooperativismo, aplicando la autogestión. El modelo político sería de democracia participativa y protagónica con poder popular y posibilidad de pluralidad de partidos. Propone basarse en los ejemplos históricos de Simón Bolívar, José Artigas, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, así como de las comunas de Brasil y Paraguay y de los aborígenes. Círculos bolivarianos Su política fue llamada Revolución Bolivariana, debido a que se sustenta fuertemente en el apoyo de la población y que la integración en la política de elementos democráticos básicos siendo el concepto fundamental del bolivarianismo, en el año 2000 Hugo Chávez invitó a la formación de los llamados Círculos Bolivarianos y autorizó al entonces vice-presidente Diosdado Cabello a apoyar económicamente a estas formaciones. Adicionalmente, para el año 2005 se aprueban los círculos. Los círculos debían constituirse de manera descentralizada, organizadas en los barrios y, a pesar de sus orígenes, debían ser autónomos, para llevar las ideas bolivarianas a la población y conformar un foro para una cooperación efectiva, especialmente en labores sociales de mutuo auxilio. A diferencia de, por ejemplo, las asociaciones de vecinos, su autonomía no quedaba limitada a la política local, sino que también se expresaban en cuestiones políticas nacionales. La oposición acusa a los Círculos Bolivarianos de administrar la fuerza e incluso ejecutar crímenes políticos. Los Círculos Bolivarianos no están restringidos a Venezuela ni a los venezolanos, también se encuentran en el extranjero; por ejemplo se pueden localizar en lugares como Barcelona, Galicia, Madrid, Lisboa, Tenerife, Miami y São Paulo, por mencionar algunas con raíces latinas.
La constitución Bolivariana, o la Revolución Bolivariana incluyó la elaboración de una nueva constitución, denominada por el gobierno "Constitución Bolivariana", que sería aprobada en referéndum, y en la cual se definen cinco poderes poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y ciudadano. Se cambia además el nombre oficial del país a República Bolivariana de Venezuela. Los programas sociales, en la revolución bolivariana tiene un importante componente social, en especial cuando Chávez se declaró -con el transcurrir de su gobierno- como socialista y aseguró que Simón Bolívar fue igualmente socialista, y en nombre de "dar poder a los pobres", creó diversos programas denominadas "misiones", conocidos en general como, misiones Bolivarianas o misión Cristo; entre ella se destacan las educativas, como la misión Robinson, Rivas y Sucre; y sobre todo la más publicitada, misión Barrio Adentro, de carácter médicoasistencial. Todas ejecutadas en el segundo periodo constitucional de Chávez. Aunque en sus primeros años de gobiernos estaba el programa Plan Bolívar 2000 cuya características eran la de embellecimientos de lugares públicos y la creación de mercados de gran envergadura usando el ejército. Este último plan desapareció, pero el sistema de mercados continuó y se aglutinó en el reciente Misión mercal -incluida en las misiones bolivarianas-, usando más al personal civil. La política internacional, es desde el inicio de su gobierno, Chávez ha tenido una política exterior muy activa, caracterizada con innumerables cumbres y visitas a buena parte de los países del mundo, en especial Latinoamérica y los países árabes. Se distanció de los antiguos países aliados a los gobiernos predecesores de AD y COPEI, como Colombia y especialmente Estados Unidos, acercándose a otros países como Cuba, cuyas relaciones habían sido bastante frías durante los gobiernos anteriores. Algunos sectores de la comunidad internacional, especialmente la administración estadounidense, y la oposición venezolana acusan a Chávez de apoyar a grupos que la opinión pública cataloga de Terroristas como las FARC o ETA, o desestabilizadoras, como los sin tierra del Brasil, los cocaleros de Bolivia o los piqueteros de Argentina. Ninguna de estas acusaciones se ha podido probar, e incluso los gobernantes de los países afectados o los miembros de los organismos
internacionales han desestimado las acusaciones por carecer de fundamentos o pruebas. Sin embargo, este podría ser uno de los aspectos que ha dañado más la imagen de Chávez en el exterior. Pero al mismo tiempo, la diferencia ideológica y práctica con algunos de estos grupos es evidente sobre todo las organizaciones sociales de base que no se plantean la toma del poder, aunque por otro lado el relacionarlos equivocadamente con estos grupos aumenta la simpatía por Chávez entre personas de izquierda. Chávez y Estados Unidos, como cualquier otro país latinoamericano, Venezuela estuvo ligada a Estados Unidos a principios de siglo XX, por el significado estratégico que poseen sus reservas petrolíferas y otras materias primas. La política de Chávez ponía el acento en la soberanía e independencia nacionales, por lo que estaba reñida con la doctrina Monroe estadounidense que consideraba a Latinoamérica su patio trasero, lo cual sirvió de justificación a substanciales intervenciones militares en la región (como las que realizó Estados Unidos en Cuba, Guatemala, República Dominicana, Haití, Panamá, Nicaragua, etc.). En general los cambios en la industria petrolera no sólo privaron de beneficios a la clase alta local sino que también conllevaron la pérdida de privilegios de la industria petrolera estadounidense. Esta situación se intensificó con la revitalización de la OPEP conducida por Venezuela, que tenía como meta fortalecer nuevamente los precios del petróleo, una necesidad para el país, que se sumía en una fuerte crisis económica desde el colapso de 1983. El resultado fue que los precios se fueron al alza, incluso llegaron a los 60 dólares por barril en 2005. La relación estrecha entre Chávez y Fidel Castro incrementó aún más la antipatía de Estados Unidos En octubre y noviembre de 2003, diputados del parlamento venezolano publicaron material que sugería que se preparaba un nuevo golpe de estado de los círculos derechistas de Venezuela en conjunto con la CIA. En febrero de 2004, Chávez tildó a George Bush de "pendejo", luego de acusarlo de haber apoyado el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide, el primer presidente elegido democráticamente de Haití. Además, Chávez ha responsabilizado reiteradamente a Bush de cualquier posible atentado contra su vida.
Con Cuba, por otro lado, Chávez ha mantenido una relación estrecha con Fidel Castro, y tal como se mencionó antes, se ha declarado a favor de políticas de izquierda. La relación entre ambos se inició incluso antes de que Chávez fuera elegido presidente, y en este momento se evidencia en los proyectos conjuntos que involucran a Venezuela y Cuba. El más conocido y criticado por la oposición es el intercambio de petróleo por médicos, educadores, entrenadores deportivos y otros servicios profesionales, para después crear la organización internacional ALBA, que por el momento agrupa a Venezuela, Bolivia (desde 2005), Nicaragua (2007) y Cuba, y está destinada como una alternativa al ALCA promovido por Estados Unidos. El rechazo de la oposición por la estrecha relación cubano-venezolana se manifestó abiertamente durante el Golpe de estado de 2002 cuando la embajada cubana en Caracas fue atacada violentamente por manifestantes extremistas de la oposición, Chávez acusó a militantes del partido Primero Justicia, y en particular sus dirigentes Leopoldo López y Henrique Capriles Radonsky, en ese entonces alcaldes de los municipios Chacao y Baruta respectivamente, de dirigir los actos vandálicos. La oposición acusa a Chávez de querer implantar un régimen comunista al estilo cubano. Chávez responde a estas acusaciones que no pretende copiar a ningún país, ni Cuba, ni Estados Unidos, ni ningún otro. Venezuela le vende a Cuba el petróleo a precios preferenciales y a crédito, otras veces como intercambio (Venezuela otorga Petróleo y Cuba envía servicios profesionales), cabe destacar que el Gobierno de Cuba no utiliza todo el petroleo que recibe de Venezuela, vendiendo a precios internacionales el excedente, generando así ingresos para la isla. Las Relaciones con México, Chávez por su parte descalificó a Fox llamándolo "cachorro del imperio" (Chávez se refiere como imperio a Estados Unidos), lo que provocó la indignación de Fox y sus partidarios, quienes calificaron el hecho como un insulto al pueblo mexicano. Luis Ernesto Derbez, Secretario de Relaciones Exteriores mexicano, entró en conversación con el canciller venezolano, con el cual se estaba llegando a un acuerdo.
Pero el domingo 13 de noviembre, en su programa radiofónico Aló Presidente, Chávez le dedicó a Fox un verso de una canción llanera venezolana de Alberto Arvelo Torrealba:Yo soy como el espinito que en la sabana florea, le doy aroma al que pasa y espino al que me menea" y terminó diciéndole a Fox: "No se meta conmigo caballero, porque sale espinao", lo que provocó que México exigiera una disculpa al gobierno de Venezuela, el cual respondió retirando a su embajador en México, haciendo México lo mismo con su embajador en Venezuela manteniéndose desde entonces una relación de encargados de negocios. Relaciones latinoamericanas, Néstor Kirchner presidente de Argentina y Hugo Chávez en julio de 2004, ambos mandatarios han estrechados enormemente las relaciones bilaterales, cuyo anteriores gobiernos de ambos países eran casi inexistentes, la buenas relaciones entre ambos ha llevado a la creación del canal pana-latinoamericano Telesur y otros proyectos en conjunto. Desde que Chávez llegó al poder ha tenido ásperas relaciones con México, cuando resultó elegido Vicente Fox, representante de la derecha de ese país, ambos mandatarios poseen grandes diferencias ideológicas y de intereses, Fox es un entusiasta promotor del ALCA, al cual Chávez se opone tajantemente, Fox pretendía que se discutiera el tratado del ALCA, durante la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina en noviembre de 2005, la posición de Chávez y del presidente argentino y anfitrión de la cumbre Néstor Kirchner (izquierdista, aliado de Chávez), Fox dijo: "La impresión que nos llevamos varios ahí es que el pensamiento del conductor, en este caso el presidente (Kirchner), estaba más orientado a cumplir con la opinión pública argentina y con la imagen del presidente ante los argentinos, que con el logro eficaz de una cumbre". Kirchner le respondió diciéndole que se ocupara de sus asuntos y que "para algunos, la buena diplomacia es tener una actitud de pleitesía y de bajar la cabeza frente a los grandes". Chávez ha tenido prioridad en las relaciones de Latinoamérica con los países de Sudamérica, en particular los integrantes del Mercosur, cuyos gobiernos son izquierdistas y más opuestos a Estados Unidos, en cambio con la comunidad andina (de la que Venezuela ha formado parte desde 1973) las relaciones han sido frías, porque los gobiernos de los países miembros (exceptuando Venezuela, y desde
2006, Bolivia), están a favor de ALCA y han negociado además un tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos. Con Colombia hubo diferencias sobre el paso de camioneros venezolanos a territorio colombiano. El gobierno colombiano de Andrés Pastrana ofreció asilo al presidente golpista venezolano Pedro Carmona -que derrocó por dos días al gobierno de Chávez-, además de a varios militares venezolanos sublevados. Cuando llegó a la presidencia colombiana Álvaro Uribe Vélez -sucesor de Pastrana-, éste decidió apresar al miembro de las FARC Rodrigo Granda en territorio venezolano (véase, Caso Rodrigo Granda) sin permiso, intensificándose los roces diplomáticos, incluyendo cruces de declaraciones donde el gobierno de Chávez acusaba al gobierno colombiano de apoyar el golpe de estado del 2002 y el de Colombia al gobierno venezolano de apoyar a las guerrillas colombianas. Con Perú, Chávez tuvo un incidente diplomático por la estadía de Vladimiro Montesinos en territorio venezolano de forma ilegal (véase, Caso Vladimiro Montesinos), donde peligró las relaciones diplomáticas con el entonces presidente peruano Valentín Paniagua, con su sucesor Alejandro Toledo, mejoraron en un primer momento, pero se volvieron a deteriorar a finales de 2005 cuando Chávez declaró su apoyo al que fuera candidato Ollanta Humala a las elecciones de 2006 en Perú, el gobierno de Toledo consideró esta acción una intromisión de Chávez en los asuntos internos peruanos y rompió relaciones con Venezuela, Chávez desestimo estas críticas de su homologo peruano, recibiéndose insultos mutuamente. Igualmente persisten las declaraciones subidas de tono con el sucesor a la presidencia peruana Alan García. Con Ecuador, las relaciones son regulares el préstamo de petróleo por parte de Venezuela al gobierno de Alfredo Palacios, para contrarrestar los efectos de una huelga petrolera y ha habido acuerdos petroleros en conjunto. Con Bolivia en un principio no fueron mejores, pero al ser elegido Evo Morales presidente del país, se percibió un importante acercamiento en las relaciones bolivianas-venezolanas, con Chile también hubo fricciones en donde el entonces presidente de ese país Ricardo Lagos decidió igual que otros mandatarios con fricciones con Chávez en retirar su embajador de Venezuela porque Chávez declaró
que desearía bañarse en una playa boliviana, las relaciones con este país mejoraron después con la sucesora de Lagos Michelle Bachelet, pero no son muy dinámicas, en cambio las relaciones con Brasil, Argentina y Uruguay, son espléndidas (como proyectos en conjunto, Telesur o Petrosur, entre otros), incluso Venezuela accedió al Mercosur, algo impensable en el pasado; estas relaciones solo son superadas por las cubano-venezolanas. Además de la citada diferencia con México, Colombia, Perú y Chile, Chávez ha tenido pobres relaciones con los países centroamericanos, porque todos sus gobiernos son derechistas o centristas, esto se evidenció cuando Chávez decidió apoyar al candidato chileno, José Miguel Inzulza, como secretario de OEA (a pesar de la diferencia de Chávez con el gobierno de ese país), en contra de los candidatos salvadoreño y mexicano, Francisco Flores y Derbez respectivamente, lo que evidenció la división de la política interlatinoamericana en dos bloques bien diferenciados. Las relaciones con los países caribeños anglófonos y francófonos se han mejorado ostensiblemente con la creación de Petrocaribe, especialmente con Jamaica, pero hay diferencias con Anguila, Dominica y Barbados (por el litigio de la isla de Aves wikinoticias) Trinidad y Tobago (Petrocaribe, le perjudica su negocio petrolero). Relaciones con los países árabes y musulmanes, desde que Chávez llegó al poder, se ha ido acercando a los países árabes, teniendo en cuenta que la mayoría de estos, al igual que Venezuela, son grandes productores de petróleo. Chávez promovió la celebración de una cumbre extraordinaria con los países de la OPEP (todos lo países miembros son de religión musulmana, excepto la propia Venezuela) y visitó todos los países miembros incluyendo a Qadafi presidente de Libia y Saddam Hussein por esos momentos presidente de Irak, hecho que enfurecería al gobierno de los Estados Unidos, el cual consideraba a estos dos países como integrantes del llamado "eje del mal". Con estas acciones se está logrando estrechar las relaciones del gobierno de Chávez con los regímenes de países de Medio Oriente, en especial Irán también perteneciente al "eje del mal".
En este aspecto alabó la creación del canal de noticias qatarí Al-Yazira diciendo que es una gran alternativa a los conglomerados de canales de noticias estadounidense como CNN, y en parte esto influyó a Chávez para crear Telesur. Es importante también mencionar la oposición del chavismo a la Invasión de Irak por parte de Estados Unidos. Chávez está con la causa palestina en tener un estado propio, soberano e independiente, esto ha causado la enemistad del régimen chavista con los sionistas y judíos de derecha, y una vez más con los estadounidenses (Estados Unidos es un aliado incondicional de Israel). En este aspecto, en una oportunidad y debido a que Chávez fue citado errónea, selectivamente y fuera de contexto, el Centro Simón Wiesenthal lo acusó de antisemita basado en un discurso en el que habló sobre la muerte de Jesucristo aunque no mencionó a los judíos, los propios judíos asentados en Venezuela rechazaron esa acusación del centro y le dieron apoyo a Chávez. Por su parte Chávez califico dichas acusaciones como infamias a favor de los intereses de Estados Unidos, que buscan desestabilizar a su gobierno. Sin embargo, Israel continúa siendo uno de los pocos (si no el único) país del medio oriente al cual el presidente no ha otorgado una visita oficial en sus 8 años de gobierno, esto a pesar que Venezuela tiene una población judía de 30.000 personas. Como sucede con el apoyo a Palestina, Chávez también apoya a la autodeterminación del Sáhara Occidental, que actualmente se encuentra ocupada por Marruecos. Relaciones con Canadá y la Reforma agraria, es a partir de septiembre de 2005, el gobierno bolivariano empezó a expropiar terrenos agropecuarios y hatos en manos de terrateniente y transnacionales productivos con la intención de repartirlo entre campesinos pobres y ponerlos en producción. Esta política de expropiaciones está considerada por Chávez una profundización de la revolución bolivariana, pero la oposición la ha calificado de inconstitucional y comunista. Chávez por el contrario menciona que la expropiación de latifundio afianza la seguridad alimentaria, ya que en el paro petrolero se puso en evidencia la vulnerabilidad en el país en producción de alimentos.
Chávez como símbolo de la izquierda, desde la muerte de Allende, quizás ningún político latinoamericano ha generado tanta reverberación internacional como Hugo Chávez. Para muchos latinoamericanos representa las ideas no dogmáticas y modernas de la izquierda democrática. La división se extiende también hacia la esfera internacional, algunos consideran que es un lastre para Venezuela y otros consideran que representa una de las voces más claras contra el neoliberalismo y el imperialismo. En todo caso, la fuerte identificación del ideal revolucionario bolivariano con la figura de Chávez y su carácter polémico y poco diplomático, conlleva el riesgo de que su liderazgo y carisma estén añadiéndole un marcado toque personalista a la Revolución Bolivariana. 4. Conclusión La creación del Estado venezolano, Venezuela se convirtió en república independiente, en el mismo año de 1830 cuando se firmó la Constitución. El nuevo Estado venezolano tuvo a José Antonio Páez como primer magistrado. Si bien Venezuela ha tenido diversas constituciones a lo largo de su historia. Venezuela ha tenido diversas constituciones a lo largo de su historia, comienza con la Constitución Federal de los Estados de Venezuela de 1811, fue la primera Constitución de Venezuela y de América Latina, promulgada y redactada por Cristóbal Mendoza y Juan Germán Roscio y sancionada por el Congreso Constituyente de 1811 en la ciudad de Caracas el día 4 de diciembre de 1811. La misma establecía un gobierno federal, pero fue derogada el 21 de julio de 1812 por la capitulación de Francisco de Miranda en San Mateo. La constitución tuvo una vigencia de un año. Esta estuvo vigente hasta la disolución de 1830. La misma permitió el alcance de nuevas reformas de contrato para la libertad social, económica y política La Constitución del Estado de Venezuela 1830, Carta Magna que surge como consecuencia de la separación del Departamento Venezuela de la Gran Colombia para constituir el Estado de Venezuela. Duro vigente 27 años lo que la convierte en la segunda Constitución de más larga duración después de la de 1961, conformada por los Estados de Venezuela conformada por 228 artículos y tiene 3 poderes, Ejecutivo, legislativo, judicial, poder ejecutivo, presidente, vicepresidente, el poder legislativo,
cámara de representantes, cámara de senadores. Esta vigente por poco tiempo ya que estalla la Guerra Federal el 20 de febrero de 1859. Constitución de la República de Venezuela de 1961, fue una Constitución de carácter federal aprobada el 23 de enero de 1961 por el Congreso de la República durante la presidencia de Rómulo Betancourt, estaba dividida en cuatro partes. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, es el texto constitucional vigente y único que ha sido aprobado mediante referéndum popular el 15 de diciembre de 1999 y promulgado por una Asamblea Constituyente el 30 de diciembre de 1999, durante la presidencia de Hugo Chávez. Establece que Venezuela es un Estado Social de Derecho y de Justicia, Democrático y Federal, tiene 350 artículos, y ahora tiene 5 poderes públicos--Ejecutivo--Legislativo--Judicial--Electoral— Ciudadano; poder ejecutivo, presidente, vicepresidente, ministros, poder legislativo, asamblea legislativa, pode judicial, tribunal, supremo de justicia, poder electoral, consejo nacional electoral, poder ciudadano, consejo moral republicano y fiscalía general de la republica, y el periodo presidencial de 6 años, por el voto directo, universal, secreto y con derecho a votar a todos los ciudadanos mayores de 18 años, está conformada por 26 estados. Constitucionalmente se establece que Venezuela es un Estado Social de Derecho y de Justicia, Democrático y Federal. A partir de 1999 el país cambia de nombre por Republica Bolivariana de Venezuela, tiene 350 artículos, y ahora tiene 5 poderes públicos--Ejecutivo--Legislativo--Judicial--Electoral—Ciudadano; poder ejecutivo, presidente, vicepresidente, ministros, poder legislativo, asamblea legislativa, pode judicial, tribunal, supremo de justicia, poder electoral, consejo nacional electoral, poder ciudadano, consejo moral republicano y fiscalía general de la republica, y el periodo presidencial de 6 años, por el voto directo, universal, secreto y con derecho a votar a todos los ciudadanos mayores de 18 años, está conformada por 26 estados. Como propuesta ideológica el proceso bolivariano internacionalmente tiene como base la experiencia venezolana (gobierno de Hugo Chávez, Movimiento V República, Polo Patriótico). Venezuela recibe mucho apoyo militante y profesional cubano (salud, seguridad, organización social) y Venezuela contribuye a paliar los déficits de la
economía cubana. Revolución Bolivariana es el nombre dado en Venezuela, por Hugo Chávez y sus partidarios, al proyecto ideológico y social que comenzó en 1998, con la elección de Chávez como presidente del país, fue una de sus primeras medidas fue el aprobar mediante referéndum popular la constitución de 1999. Los puntos centrales que la revolución bolivariana adapta del bolivarianismo a su práctica son, Autonomía nacional, la Participación del pueblo mediante elecciones populares, referendos, y otros medios de democracia participativa, la Economía auto sostenible, la Ética de servicio al pueblo, la Distribución justa de los ingresos petroleros, y la Lucha contra la corrupción y la pobreza. Su definición como Estado Federal Descentralizado. Las competencias tanto del Poder Público Nacional, como del Poder Público Estadal y del Poder Público Municipal pasan a ser definidas (C.N. 99) en el Título IV. (Del Poder Público). Se elimina expresamente el financiamiento de las organizaciones políticas con fondos del Estado, (124 CBV), Se protege el Derecho a la participación política en Venezuela de los pueblos indígenas (Art. 119). El Capítulo IX: De los Derechos Ambientales, merece una consideración similar a la Constitución anterior. El artículo 187 enumera las atribuciones de la Asamblea Nacional. Capítulo II: Del Poder Ejecutivo Nacional: El Poder Ejecutivo; es presidido por el Presidente de la república igualmente como en la CN 1961. La nueva Constitución de 1999 introduce la novedad del Vicepresidente Ejecutivo, el Presidente de la República continúa ejerciendo la jefatura del Estado y del Ejecutivo Nacional. Los órganos que ejercen el Poder Ciudadano son la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. (Artículo 274). La Constitución Bolivariana crea, para concluir, una jurisdicción contenciosa electoral en cuyo pináculo se encuentra la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Título VIII: De la Protección de la Constitución: Con dos capítulos, uno dedicado a la garantía de la Constitución y otro a los estados de excepción. Titulo IX: De la Reforma Constitucional, en este Titulo se trataron tres Capítulos que distinguen en la Constitución de 1999 tres procedimientos de reforma: la enmienda, la reforma constitucional y la asamblea nacional constituyente.
La propuesta ideológica bolivariana con base la experiencia venezolana (gobierno de Hugo Chávez, Movimiento V República, Polo Patriótico). Revolución Bolivariana es el nombre dado en Venezuela, por Hugo Chávez y sus partidarios, al proyecto ideológico y social que comienza en 1998, con la elección de Chávez como presidente del país. El gobierno de Pérez utilizó la fuerza pública para reprimir las protestas. La popularidad de Chávez era manifiesta en los sectores más pobres. Una de sus promesas políticas era la inclusión social y gobernar con el pueblo. Uno de los puntos centrales que la revolución bolivariana adapta del bolivarianismo a su práctica es la Autonomía nacional. La constitución Bolivariana, o la Revolución Bolivariana incluyó la elaboración de una nueva constitución, denominada por el gobierno "Constitución Bolivariana", que sería aprobada en referéndum, y en la cual se definen cinco poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y ciudadano. Las misiones sociales y educativas ejecutadas en el segundo periodo constitucional de Chávez, y su distanciamiento de los antiguos países aliados a los gobiernos predecesores de AD y COPEI, como Colombia y especialmente Estados Unidos, acercándose a otros países como Cuba, cuyas relaciones habían sido bastante frías durante los gobiernos anteriores. Chávez ha respondido a muchas acusaciones, que no pretende copiar a ningún país, ni Cuba, ni Estados Unidos, ni ningún otro. 5. Referencia Bibliográfica
http://www.auyantepui.com/historia/constituciones.html http://www.xuletas.es/ficha/constituciones-de-venezuela/ http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/HISTORIA/constituciondeunpais.html http://www.analitica.com/vam/1999.02/nacional/01.htm http://es.wikipedia.org/w/index.php? title=Historia_del_constitucionalismo_venezolano&printable=yes
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