Source: https://www.slideshare.net/liliagtorres/lecturas-juridicas-numero-24
Timestamp: 2019-10-15 21:30:10
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6. 5 Tabla de contenido 7 EL DERECHO INDÍGENA EN MÉXICO A PARTIR DE LA INDEPENDENCIA Lilia Lizeth DURÁN NEVÁREZ 29 DAÑO MORAL. LOS BIENES FISICOS Y LOS BIENES MORALES, CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS Jesús Javier HERRERA GÓMEZ 51 DERECHOS TRIBUTARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICOS. COMPARACIÓN DE ALGUNOS TEMAS LEGALES ENTRE LAS LEGISLACIONES MEXICANA Y ESPAÑOLA Reyes Humberto DE LAS CASAS MUÑOZ 61 IGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN EN LA ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE PATERNIDAD. INTENTADA POR UN ADULTO MAYOR José MORIEL CHÁVEZ 87 EL VALOR DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA EN LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA César RODRÍGUEZ CHACÓN 111 LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA, COMO ELEMENTO ESENCIAL DE LA AUTONOMÍA JURISDICCIONAL. CASO CHIHUAHUA Martha Cecilia ZÚÑIGA ROSAS 137 PRISION VITALICIA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD / INCONVENCIONALIDAD David Oscar CASTREJON RIVAS
8. 7 EL DERECHO INDÍGENA EN MÉXICO A PARTIR DE LA INDEPENDENCIA Lilia Lizeth DURÁN NEVÁREZ SUMARIO: I. Tratamiento del tema indígena en un México recién nacido. II. Política Asimilacionista en el México Postrevolucionario. III. Disposiciones internacionales. IV. México rumbo al reconocimiento de los Derechos Indígenas. V. Disposiciones del Artículo Segundo Constitucional. VI. A manera de conclusión. VII. Bibliografía I. TRATAMIENTO DEL TEMA INDÍGENA EN UN MÉXICO RECIÉN NACIDO México después de su independencia, hereda del poder monárquico varias características, entre estas el carácter absoluto de estado único e indivisible. Los grupos que detentaron el poder imitaron el modelo republicano, acogiendo así los principios del mismo. De esta manera la situación especial con la que habían sido tratados los pueblos indígenas durante el virreinato es suprimida. La legislación indigenista en el México independiente comienza a partir de la disposición del 17 de Noviembre de 1810, expedida por José Ma. Morelos en su cuartel general de aguacatillo, aboliendo la esclavitud y declarando que los indios deberían percibir rentas de sus propias tierras.1 El principio de Igualdad Jurídica es adoptado de manera generalizada de esta manera José María Morelos y Pavón plasmo sus ideas en el 1 Carmona-Lara, María del Carmen , “La evolución del pensamiento jurídico en México respecto al Derecho Indígena” [en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1986, [citado 13-junio-2012], Memoria del IV Congreso de Historia del Derecho Mexicano, Disponible en Internet: biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/721/17.pdf,ISBN 968-837-973-5
9. EL DERECHO INDÍGENA EN MÉXICO A PARTIR DE LA INDEPENDENCIA 8 documento denominado Sentimientos de la Nación, el 14 de septiembre de 1813, en el cual señalaba lo siguiente: “15º Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud.” El 5 de diciembre del mismo año (1813) Miguel Hidalgo expide un decreto en el que ordena que se entreguen tierras a los indígenas, disponiendo que en lo sucesivo no puedan estas arrendarse, con el fin de que el fruto de ellas sea propiedad exclusiva de los indígenas.2 La Constitución de Apatzingán de 1814, estableció: “Artículo 19. La ley debe ser igual para todos, pues su objeto no es otro que arreglar el modo con que los ciudadanos deben conducirse en las ocasiones en que la razón exija que se guíen por esta regla común.”3 Nos podemos dar cuenta que los primeros documentos independentistas hacían referencia a la igualdad entre las personas sin embargo no hablaban de los indígenas como tales. Sin lugar a dudas durante la época de la independencia nos encontramos ante la realidad de una política de liquidación de la diversidad étnica basada, tal vez, en la antropología evolucionista4 . Obviamente con esto se invalidan los sistemas indígenas de convivencia, cultura, justicia, etc. No podía existir de ninguna manera la diversidad cultural, ya que las sociedades diferentes eran sinónimo de sociedades atrasadas. Se creía que la solución para los problemas de los indígenas reinaba en la desaparición de los mismos y con esto contar con una sociedad homogénea, “desarrollada”. 2 Idem. 3 Carbonell, Miguel, Cruz Barney Oscar y Pérez Portilla, Karla, “Constituciones Históricas de México”, Editorial Porrúa, México, Segunda Edición, 2004, ISBN 970-07-5249-6, p.232 4 La Antropología Evolucionista, no es más que la teoría de la evolución que conocemos, sin embargo por aquellos tiempos, se tomó como la existencia de pueblos evolucionados y pueblos no evolucionados por lo que se debía exterminar a estos últimos y/o proveerlos del “progreso” que gozaban los pueblos “civilizados”. Léase sobre Darwinismo Social, a Luis Morgan, Edward Tylor, entre otros.
10. Lilia Lizeth DURÁN NEVÁREZ 9 Bajo este pensamiento reinante en la época se legisló, o mejor dicho “no se legisló en protección de los indígenas”. Puesto que la protección de su cultura significaba atarlos y no dejarlos avanzar hacia un estado civilizado, no dejarlos progresar. Consumada ya la independencia, se incurrió por desgracia en el error, fruto de una actitud casi romántica, de suponer que con solo decretar la igualdad jurídica de todos los habitantes de la república mexicana, por ese mismo hecho esos habitantes iban a encontrarse capacitados para gozar los mismos derechos y cumplir idénticas obligaciones.5 La nueva legislación del México independiente, inspirada en ordenamientos jurídicos europeos y estadounidenses, se adaptaban a las formas de vida de las minorías de origen europeo. Pero la gran mayoría de la población indígena quedaba totalmente al margen de dicha legislación.6 Esta situación es la constante en varias décadas y continúa al expedirse la Ley de Desamortización de Manos Muertas expedida por Comonfort el 25 de junio de 1856, con el fin de incorporar al patrimonio de la nación las riquezas acumuladas por las comunidades religiosas, y que vino a afectar también a las comunidades indígenas.7 Benito Juárez expide un decreto el 6 de Mayo de 1861 y José Salazar Harregui con el fin de dar protección a los indios de Yucatán, el primero el 6 de Mayo de 1861 y el segundo el 13 de octubre de 1864: la protección que brindaban era para que no fueran llevados a trabajar como esclavos al extranjero. El decreto es muy especial ya que permite vislumbrar la protección que Juárez quería brindar a la población maya.8 Durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo, se dejó sentir el interés de este monarca hacia la población indígena y es así que, durante su reinado en México, se expidieron varios decretos encaminados específicamente a la protección de esta. En este sentido, los decretos 5 Op. Cit., 1 6 Idem 7 Ibidem. 8 Ibidem.
11. EL DERECHO INDÍGENA EN MÉXICO A PARTIR DE LA INDEPENDENCIA 10 que se emitieron por el mencionado monarca, se orillaban de manera especial hacia realizar una efectiva protección al derecho de propiedad que los indígenas debían tener sobre sus tierras. Inclusive “la Ley agraria de 1866 concede fundo legal y ejido a los pueblos que carezcan de él.”9 La política de Estado se proponía incluir a los indígenas en la vida nacional, pero excluyendo el mantenimiento de sus particularidades culturales. La política en este caso es liquidacionista y en esa medida etnocida.10 Sin duda alguna este periodo, de la independencia a la época revolucionaria, significó para dichos pueblos una época trágica ya que, como ya se señaló, con la desamortización de tierras, las ideas liberales aniquilaron un mayor número de comunidades indígenas que la colonización española en 3 siglos. II. POLÍTICA ASIMILACIONISTA EN EL MÉXICO POSTREVOLUCIONARIO El problema indígena que fue gestado en el siglo XIX, tiene como principal característica el elemento agrario; desde el Plan de San Luis se proclama el propósito de restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo arbitrario; es decir, restituir las tierras a las comunidades indígenas.11 El Plan de Ayala proclamado por Zapata el 28 de noviembre de 1911 reitera la necesidad de repartir la tierra en beneficio de la gran masa 9 Idem. 10 Cruz-Rueda, Elisa, “Cultura Nacional y pueblos indígenas”,[en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, [citado 5-junio-2012], Análisis interdisciplinario de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. X Jornadas Lascacianas, Disponible en Internet:http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1, ISBN 968-36-9481-0. 11 Op. Cit.1
12. Lilia Lizeth DURÁN NEVÁREZ 11 indígena y rural del país, que era quien de hecho la trabajaba en beneficio de grandes latifundistas.12 Con la legislación de 1917 se considera que se dieron ciertos avances respecto a derecho indígena con la creación de la Dirección de Antropología, que en ese momento dependería de la Secretaría de Agricultura y Fomento, así como algunas dependencias del gobierno que tenían a su cargo las cuestiones de esta índole. Pero en realidad la política integracionista seguía en boga y los derechos indígenas no se dejaban ver en las legislaciones. El núcleo de los derechos indígenas, colectivos e individuales, se halla, ante todo, en la pretensión de “ser”, que enfrenta los rigores de la eliminación; en seguida, la pretensión de ser “diferente”, y por último y como consecuencia, la de “perdurar”. Nada autoriza al Estado, y en consecuencia al derecho, para imponer a los hombres uniformidad; esto sería tiránico, contrario inclusive a los principios que soportan la tradición filosófica, política y jurídica del liberalismo. Si esto es cierto en general, lo es en particular: para la cuestión indígena13 La lucha contra estos se abandera por la idea, más o menos manifiesta o encubierta de la eliminación; la resistencia tiene, por ende, el signo contrario: no ser eliminados. Desde luego, no me refiero sólo y necesariamente a una eliminación física (el etnocidio como supresión física de un grupo humano) por parte de los conquistadores o los amos; también entran en este género de adversidades la integración forzada, la autoridad abrumadora, el arrasamiento social, económico y cultural; en suma, todo aquello que abata la vida y cancela la viabilidad o la vitalidad de un pueblo.14 Podemos resumir diciendo que después de la independencia hasta principio de los años ochenta, la mentalidad con la que se legislaba o, como ya se mencionó con anterioridad, se dejaba de hacerlo era por una 12 Idem. 13 García-Ramírez, Sergio, “Los Indígenas ante el Derecho Nacional”,[en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1996, [citado 8-junio-2012], Boletín Mexicano de Derecho Comparado, número 87, Septiembre-diciembre, Disponible en Internet:http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/87/art/art7.htm, ISSN 0041 8633. 14 Idem.
13. EL DERECHO INDÍGENA EN MÉXICO A PARTIR DE LA INDEPENDENCIA 12 política indigenista que coqueteaba entre un fundamento teórico culturalista mientras la práctica seguía sustentada en el evolucionismo antropológico. Esto plantea el reconocimiento y respeto de las culturas en asedio pero imponiendo el cambio en aspectos negativos de la cultura indígena por ser contradictorios a la buena marcha de la formación nacional y el progreso.15 Los estados populistas fundan su política indigenista en la homogeneización y el integracionismo “apelando a las masas populares y a principios de justicia social”.16 Con esta política de Estado se pretende el exterminio gradual, por medio de incentivos, y transformación instantánea que ofrece el gobierno y las leyes. El Estado justifica su actuar aduciendo que se han erradicado del ejercicio estatal aquellas acciones que de manera directa iban encaminadas a la destrucción de las culturas de los pueblos indígenas. III.DISPOSICIONES INTERNACIONALES El Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo fue el primer intento internacional por legislar “a favor” de los pueblos indígenas a nivel mundial. Sin embargo las disposiciones de este convenio seguían la política integracionista o de asimilación. Misma que pretendía asimilar a estos pueblos a la población dominante. En Materia de legislación, la OIT se abocó a expedir un numeral importante de convenios que venían a tratar de mejorar las condiciones laborales de los pueblos indígenas de los países independientes. De estos es importante destacar, a manera de antecedente del Convenio 169, el Convenio 107 que cubría un amplia gama de temas relacionados a las condiciones de trabajo, a los derechos a la tierra, educación y a la salud. Este Convenio fue ratificado por 27 países. 15 Op. Cit. 10 16 Ibidem.
14. Lilia Lizeth DURÁN NEVÁREZ 13 En un principio la visión de la Organización Internacional del Trabajo respecto a pueblos indígenas era monotemática, y esto permeaba en los Estados y en las propias asociaciones integradas por los mismos. Sin embargo esto fue cambiando y se empezó a ver el problema indígena como un problema global en cuanto al sinnúmero de asuntos en los que se podía legislar en su favor. En junio de 1989, el Convenio núm. 107 fue revisado. Como producto de este estudio se tomó la decisión de incluir en él el principio de que la forma de vida de los pueblos indígenas y tribales es permanente y perdurable. Dentro de los cambios que podemos destacar es el del hecho que se introdujera la política del “reconocimiento”, de que estos pueblos existen y que son diferentes, que tienen sus propias organizaciones tradicionales y de que deben involucrarse de manera estrecha en la planificación y ejecución de los proyectos de desarrollo que los afecten. El Convenio así actualizado se adoptó como Convenio núm. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes. Este Instrumento Internacional arropa un conjunto de disposiciones internacionales mínimas, y es amigable toda vez que deja un camino andado para que los países que así los deseen y que les sea posible adopten normas más avanzadas. Además una de sus principales funciones es su pretensión por ser factor de diálogo entre las organizaciones indígenas, las organizaciones no gubernamentales y el Gobierno de los países que lo ratifiquen. Las demandas de autonomía y de autogobierno derivan de la libre determinación y consisten principalmente en la capacidad de decidir los asuntos fundamentales de acuerdo con su cultura y bajo algunas reglas pactadas con el Estado. En su preámbulo el Convenio 169, señala la necesidad de que los pueblos controlen sus instituciones propias, dentro del marco del Estado, estableciendo también los principios de la participación y consulta en la toma de decisiones y el control sobre su desarrollo social y cultural. Paralelamente al Convenio 169, México ratificó los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU: ambos
15. EL DERECHO INDÍGENA EN MÉXICO A PARTIR DE LA INDEPENDENCIA 14 establecen en su artículo 1º. El derecho a la libre determinación. Todos estos acuerdos tienen valor de ley en la nación mexicana.17 Este ordenamiento entró en vigor en México el 1º de septiembre de 1991, un año después de la fecha de la última de dos ratificaciones de estados miembros de la OIT: Noruega y México. La ratificación por parte del Senado de dicho Convenio lo hace válido en todo México en función del Artículo 133 Constitucional, y porque la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, firmada por el representante de México el día 23 de mayo de 1969, textualmente en su artículo 26 establece “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” y en su artículo siguiente agrega que “una parte no podrá invocar disposiciones de su derecho interno (Constitución Política Federal) como justificación del incumplimiento de un tratado.18 Hoy, esto es desde hace relativamente poco tiempo frente al tiempo absoluto de “la cuestión indígena”, se observan ciertas novedades. Entre ellas figuran la tendencia a constituir un derecho indígena, fuente de derechos colectivos e individuales de los indígenas; y la decisión de los indios sobre su presencia y autoridad en su propia vida: de testigos o destinatarios, pasan a sujetos y protagonistas. En suma, en el espacio de los viejos americanos ocurre, vacilante todavía, lo que sucedió hace siglos en el espacio de los europeos. Las novedades aquí son antigüedades allá.19 IV.MÉXICO RUMBO AL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS INDÍGENAS No sobra recordar, que las prevenciones constitucionales suelen tener, sobre todo en cartas fundamentales como la mexicana, una múltiple 17 Polenz-C., Juan, “El Convenio 169 de la OIT y los derechos de los Pueblos Indios de Chiapas”,[en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, [citado 10-junio-2012], Análisis interdisciplinario del Convenio 169 de la OIT. IX Jornadas Lascacianas, Disponible en Internet:http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=98, ISBN 968-36-8288-X. 18 Idem. 19 Op. Cit. 13
16. Lilia Lizeth DURÁN NEVÁREZ 15 dimensión que va más allá, o queda más acá según se vea, de la estricta norma con pretensión imperativa y eficacia vinculante inmediata sobre ciertos sujetos de derechos y deberes. En efecto, en las constituciones hay textos que son normas susceptibles de aplicación directa, sin más condición ni demora; hay fórmulas que establecen programas para el Estado, el Gobierno y la Nación; y hay referencias que guían la interpretación jurídica. Desde luego, algunos textos reúnen esta triple condición. El enunciado de los principios del derecho indígena, o acerca de los indígenas, suele corresponder a las últimas dos características.20 También en México se ha incorporado un texto constitucional indígena (además de una disposición agraria que rige para las tierras de los indígenas: artículo 27, fracción VII, segundo párrafo) que vino a integrarse por su contenido e intención, en la parte social de nuestra ley suprema, la más innovadora y las más asediada. Ahora bien, esa novedad constitucional no trajo consigo otras novedades: ni logró prevenir las explosiones indígenas, ni acertó a generar un nuevo derecho sobre su materia. En este sentido fue una especie de fuego fatuo que iluminó de pronto y sólo por un momento, a pesar de los estimables trabajos preparatorios que la precedieron.21 El 28 de Enero de 1992 se publica en el Diario Oficial de la Federación, por decreto presidencial del 27 de Enero de 1992, reforma del artículo 4to constitucional, en el que se le adicionó un primer párrafo que estableció lo siguiente “Artículo 4º.- La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley” 20 Ibidem. 21 Idem.
17. EL DERECHO INDÍGENA EN MÉXICO A PARTIR DE LA INDEPENDENCIA 16 La reforma al artículo 4to constitucional fue sin lugar a dudas un gran avance puesto que con dicha reforma se iniciaba la política del reconocimiento, ya antes rescatada por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo el texto del Artículo 4º no era suficiente para contener todos los derechos de los que los pueblos indígenas son depositarios. El artículo 4º constitucional no se refiere al derecho a la cultura en los términos planteados, pues además de reducir el alcance de la pluriculturalidad, no le da contenido jurídico, tanto por lo que se refiere al marco jurídico sustantivo, como al marco jurídico adjetivo, pues no lo define como un derecho exigible ni plantea las vías para ejercerlo. En todo caso plantea el derecho a acceder a la jurisdicción del Estado, que en los términos en que está redactado, no plantea tampoco el ejercicio de derechos culturales. Por si fuera poco el derecho de acceso a la jurisdicción del Estado se acota sólo para los juicios y procedimientos agrarios. Así el núcleo del problema no se resuelve y más bien se elude.22 Posteriormente incluso después de la reforma constitucional al Artículo 2do de 2001 en la que además se deroga el párrafo primero del artículo 4to constitucional, el 30 de abril de 2009 se pública la reforma que adiciona al artículo 4to constitucional lo siguiente: “Artículo 4º Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.” Es evidente que dicha reforma reviste de gran importancia para los pueblos indígenas aunque no se refiere a ellos en específico. 22 Op. cit. 10
18. Lilia Lizeth DURÁN NEVÁREZ 17 Sin embargo, como lo menciona García Ramírez, la reforma del artículo 4º, marchó en un derrotero bien conocido: el de la ilusión, tan frecuente en México, de que la reforma de la ley trae consigo, de inmediato, la reforma de la vida. En este error hemos incurrido con sorprendente constancia, y reincidimos en todo momento. Cada que asoma un problema queremos desvanecerlo con un exorcismo: la modificación precipitada de la ley, y si es posible, generalmente lo es, la reforma constitucional23 Por lo que toca a este precepto de la Constitución, la reforma reconoció la existencia de opresión e injusticia que victiman a los indígenas. Cabía suponer, pues, que las normas y las políticas derivadas del nuevo texto constitucional habrían de suprimir, o moderar por lo menos, esa injusticia y esa opresión. De lo contrario la reforma caería, y en efecto sucedió, en el número de las transformaciones “poéticas”, como previnieron algunos de sus opositores en el Congreso: no sería parte de la Constitución real de la República sino de la prolija Constitución imaginaria, sostenida en la fantasía que cultivamos con predilección.24 En cuanto a la relación del Estado con los pueblos indígenas, ésta se ha expresado a través de lo que se conoce como política indigenista, que ha sido diseñada bajo un concepto monolítico de cultura nacional e implementándose más con intenciones de asimilación hacia la cultura no indígena, o bien etnocidas, que para el fortalecimiento de su cultura.25 Los Acuerdos de San Andrés Larraínzar tienen una importancia política e histórica para México, ya que después de quinientos años se realizaría un pacto con los pueblos indígenas que habían estado marginados políticamente en la construcción de la nación mexicana, aunque históricamente han estado presentes en los momentos más álgidos de los conflictos sociales en la construcción del Estado nacional, excepción hecha de los cambios al artículo 4º Constitucional en 1992.26 23 Op. Cit. 13 24 Idem. 25 Op. Cit. 10 26 Zámano-R, Miguel Ángel, Los Acuerdos de San Andrés Larraínzar en el contexto de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Americanos”,[en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, [citado 5-
19. EL DERECHO INDÍGENA EN MÉXICO A PARTIR DE LA INDEPENDENCIA 18 En el proceso de la Revolución Mexicana, tan heterogéneo, es evidente que el zapatismo representó la más viva reclamación sobre los antiguos derechos de los pueblos. En este sentido, Zapata fue el “líder histórico”, con la raíz más profunda. No debe extrañar, por lo mismo, que Zapata y el zapatismo sean banderas acostumbradas en los movimientos reivindicadores de los antiguos marginados.27 Se cree que el Estado Mexicano había estado ratificando todos los convenios internacionales pero sin embargo no pretendía en realidad su observancia. Tal fue el caso de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El levantamiento armado de 1994, justo al entrar el año, fue un movimiento social que exigía del gobierno el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. El movimiento estuvo activo por algún tiempo, en marzo de 1995 se trata de resolver la situación por medio del diálogo, es así como se crea una Ley para el Diálogo y la Reconciliación en Chiapas mediante instancias mediadoras se comienza el diálogo con el movimiento zapatista. Los zapatistas habían manifestado su inconformidad respecto al cumplimiento por parte del gobierno con los Acuerdos de San Andrés, así que en el año de 1999, en el mes de marzo, convocan a la ciudadanía a una consulta en todo el país con la finalidad de tratar los temas referentes a los derechos y cultura indígena, además de discutir sobre la observancia de los acuerdos que el gobierno federal había signado algunos años atrás. Para esta consulta se logró una legitimación de más de tres y medio millones de ciudadanos en su mayoría mestizos, que se manifestaron por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, junio-2012], Análisis interdisciplinario de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. X Jornadas Lascacianas, Disponible en Internet:http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1, ISBN 968-36-9481- 0. 27 Op. Cit. 13
20. Lilia Lizeth DURÁN NEVÁREZ 19 demandando al Poder Legislativo y Ejecutivo a que se tomaran cartas en el asunto y se cumpliera con los acuerdos firmados.28 El 14 de Agosto de 2001, se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Artículo 2do constitucional y se deroga el primer párrafo del artículo 4to. Además el artículo primero es reformado de manera tal que se le adiciona en un segundo párrafo lo que desde siempre había contenido el artículo segundo. Además se le adiciona un tercer párrafo que quedó de la siguiente manera: “Artículo 1º Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”29 Este tercer párrafo del artículo 1º, vuelve a ser reformado el 4 de diciembre de 2006 y de nuevo el 10 de junio de 2011 de tal manera que el texto vigente, ahora en un 5to párrafo, queda a la fecha de la siguiente manera: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” Igual mediante la citada reforma de 14 de Agosto de 2001 se adicionó un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo al artículo 115. Sin lugar a dudas con esta reforma entramos a una nueva era para los pueblos indígenas dentro de la Constitución de los Estados Unidos 28 Op. Cit. 26 29 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el D.O.F. el 5 de Febrero de 1917
21. EL DERECHO INDÍGENA EN MÉXICO A PARTIR DE LA INDEPENDENCIA 20 Mexicanos, pues después de que los indígenas no son mencionados en el texto original de 1917 y que con la reforma al 4to constitucional son mencionados de manera raquítica pues quienes representan aproximadamente un 13 por ciento de la población nacional son mencionados en un texto constitucional en un porcentaje mucho menor casi inexistente. Con esta reforma de 2001 se dedica todo un extenso artículo a los pueblos indígenas de México y además se realizan algunas reformas en otros artículos del texto constitucional. Es loable que la reforma se haya realizado tomando en cuenta la política del reconocimiento que ya se mencionaba con anterioridad rescato el Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo. V. DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO SEGUNDO CONSTITUCIONAL De esta manera podemos destacar de las disposiciones del artículo segundo constitucional lo siguiente: 1. Reconoce la composición pluricultural de la nación.- señalando que esta pluriculturalidad se encuentra sustentada originalmente en los pueblos indígenas de México. 2. Establece la definición legal de pueblo y comunidad indígena.- en este sentido es importante destacar la similitud de estas definiciones con las que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo mismas que a continuación se reproducen: Definición del Artículo 2do Constitucional: “pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan
22. Lilia Lizeth DURÁN NEVÁREZ 21 sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.” Definición del Convenio 169 de la OIT: “Pueblos en países independientes, considerados indígena por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.” Como podemos apreciar, la definición que presenta el artículo 2do. Constitucional es muy similar a la del Convenio 169 con la salvedad de que este último toma en cuenta una visión internacional mientras que la Constitución obviamente tiene que tener una visión meramente nacional. A su vez el artículo 2do constitucional nos brinda la definición de comunidad indígena quedando como sigue: “Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.” Esta disposición es de suma importancia para el desarrollo del derecho indígena en nuestro país puesto que anteriormente con las políticas de asimilación no se hablaba de pueblos, sólo se reconocían derechos a individuos, y cabe mencionar que se les concedían
23. EL DERECHO INDÍGENA EN MÉXICO A PARTIR DE LA INDEPENDENCIA 22 exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones a los integrantes de un pueblo “el Estado Nación”. Con el reconocimiento de los Pueblos indígenas como tales se logra un gran avance puesto que estos pueblos cuentan con una serie de derechos atendiendo a su situación de diferencia respecto a población dominante. Los pueblos indígenas de hoy luchan por que se les permita seguir siendo pueblos, por vivir en colectividad, única manera que les ha garantizado su sobrevivencia.30 3. Reconoce el derecho a la autoadscripción.- Esto se refiere que por el simple hecho de que un individuo se autodefina e identifique como indígena para efectos de la ley lo será. 4. Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía.- siempre y cuando se asegure la unidad nacional. Al respecto es importante señalar que el artículo comienza señalando que la Nación Mexicana es única e indivisible. Se les reconoce autonomía para: I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. II. Aplicar sus propios sistemas normativos siempre y cuando no se violenten los derechos humanos III. Elección de sus autoridades tradicionales IV. Preservar sus lenguas, conocimientos, cultura, hábitat, integridad de sus tierras 30 Hernández, Zózimo, “Para que al final de este milenio no se diga: aquí había indios”,[en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, [citado 10-junio-2012], Análisis interdisciplinario de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. X Jornadas Lascacianas, Disponible en Internet:http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1, ISBN 968-36-9481-0.
24. Lilia Lizeth DURÁN NEVÁREZ 23 V. Acceso pleno a la jurisdicción del Estado, derecho a intérpretes y defensores con conocimiento de su lengua y cultura Podemos realizar algunos señalamientos referentes a lo que se determina en este apartado. Efectivamente se está haciendo honor a la política de reconocimiento que es la que internacionalmente se ha aceptado como válida incluso antes de que la Organización Internacional del Trabajo diera luz al Convenio 169. Con esta disposición la Carta Magna del Estado Mexicano está reconociendo que los indígenas tienen sus propias normas, sus propios sistemas de elección, su propia estructura de autoridades tradicionales. Lo que representa un enorme avance en la lucha de los pueblos indígenas por seguir existiendo. Recordaremos que anteriormente con la reforma al artículo 4º constitucional únicamente se les otorgaba pleno derecho a acceder a la jurisdicción del Estado. Señalamos aquí lo trillado de que para comenzar el artículo, el legislador decidió resaltar el hecho de que la nación es única e indivisible. Esto se debe a que se ha pensado que los pueblos indígenas al darles autonomía pretenderán separarse del Estado y formar estados autónomos. 5. Delega a los Estados el deber de legislar en cuanto al reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas. Tomando en cuenta las particularidades de los pueblos indígenas del estado que se trate. 6. La autoridades tienen la obligación de:
25. EL DERECHO INDÍGENA EN MÉXICO A PARTIR DE LA INDEPENDENCIA 24 I.- Consultar a los pueblos y comunidades indígenas II.- Impulsar el desarrollo en zonas indígenas III.- Garantizar educación bilingüe e intercultural, becas IV.- Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud V.- Extender la red de comunicaciones hacia comunidades indígenas, apoyar actividades productivas de las mismas VI.- Políticas sociales para proteger a los migrantes VI. A MANERA DE CONCLUSIÓN Pensar hoy las características de las concepciones y prácticas de los derechos (como sistemas jurídicos) de los pueblos indígenas, implica reconocer que son concepciones y prácticas que han sobrevivido, en algunos casos, en un contexto de más de cinco siglos de colonialismo jurídico, es decir, bajo la dominación de una concepción de derecho diferente a la propia. Más de cinco siglos porque no hay que olvidar que la mayor parte de los actuales pueblos indígenas vivieron sometidos bajo el imperio de la cultura jurídica azteca. En consecuencia no debemos ignorarlos, ni conceptualizarlos, ni mucho menos juzgarlos, hoy, con base en las características conceptuales del derecho de tradición jurídica europeo-continental, en nuestro caso, o de tradición jurídica angloamericana, la Common Law, o de cualquier otra que no sea la propia.31 31 Gonzalez-Galván, Jorge Alberto “Una filosofía del derecho indígena: desde una historia presente de las mentalidades jurídicas”,[en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997, [citado 11-junio-2012], Boletín Mexicano de Derecho Comparado, número 89, Mayo-Agosto, Disponible en Internet:http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/89/art/art7.htm, ISSN 0041 8633.
26. Lilia Lizeth DURÁN NEVÁREZ 25 Las disposiciones del artículo segundo constitucional desataron en los estados iniciativas de leyes indígenas, lo cual representa un gran avance ya que el derecho indígena en nuestro país se empieza a consolidar. Sin embargo aún, después de 11 años de la citada reforma, existen entidades cuyas leyes indígenas no han visto la luz. Dentro de las leyes que más se han calificado como avanzadas es por ejemplo la de San Luis Potosí. Sin embargo debemos preguntarnos cuántas de estas leyes se observan realmente. La Constitución señala, también, que se debe consultar a pueblos indígenas. Esto se origina en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en realidad es, para empezar, una de las disposiciones que urge tomar en cuenta para que no quede en letra muerta. Resulta difícil legislar sobre derechos indígenas cuando la mayoría de los legisladores no conocen la cultura de estos pueblos, es por esto que los activistas de pueblos indígenas piden se observe el derecho que tienen a ser consultados, después de todo, las leyes serán para ellos. VII. BIBLIOGRAFÍA CARBONELL, Miguel, Cruz Barney Oscar y Pérez Portilla, Karla, “Constituciones Históricas de México”, Editorial Porrúa, México, Segunda Edición, 2004, ISBN 970-07-5249-6, p.232 CARMONA-LARA, María del Carmen, “La evolución del pensamiento jurídico en México respecto al Derecho Indígena” [en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1986, [citado 13-junio-2012], Memoria del IV Congreso de Historia del Derecho Mexicano,
27. EL DERECHO INDÍGENA EN MÉXICO A PARTIR DE LA INDEPENDENCIA 26 Disponible en Internet: biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/721/17.pdf,ISBN 968-837-973-5 CRUZ-RUEDA, Elisa, “Cultura Nacional y pueblos indígenas”, [en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, [citado 5-junio- 2012], Análisis interdisciplinario de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. X Jornadas Lascacianas, Disponible en Internet: http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1, ISBN 968-36-9481- 0. GARCÍA-RAMÍREZ, Sergio, “Los Indígenas ante el Derecho Nacional”, [en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1996, [citado 8-junio-2012], Boletín Mexicano de Derecho Comparado, número 87, Septiembre-diciembre, Disponible en Internet: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/87/art/art7.htm, ISSN 0041 8633. GONZÁLEZ-GALVÁN, Jorge Alberto “Una filosofía del derecho indígena: desde una historia presente de las mentalidades jurídicas”, [en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997, [citado 11-junio- 2012], Boletín Mexicano de Derecho Comparado, número 89, Mayo- Agosto, Disponible en Internet: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/89/art/art7.htm, ISSN 0041 8633. HERNÁNDEZ, ZÓZIMO, “Para que al final de este milenio no se diga: aquí había indios”, [en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, [citado 10-junio-2012], Análisis interdisciplinario de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. X Jornadas Lascacianas, Disponible en Internet:
28. Lilia Lizeth DURÁN NEVÁREZ 27 http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1, ISBN 968-36-9481- 0. POLENZ-C., Juan, “El Convenio 169 de la OIT y los derechos de los Pueblos Indios de Chiapas”, [en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, [citado 10-junio-2012], Análisis interdisciplinario del Convenio 169 de la OIT. IX Jornadas Lascacianas, Disponible en Internet: http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=98, ISBN 968-36-8288- X. ZÁMANO-R, Miguel Ángel, Los Acuerdos de San Andrés Larraínzar en el contexto de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Americanos”, [en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, [citado 5-junio-2012], Análisis interdisciplinario de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. X Jornadas Lascacianas, Disponible en Internet: http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1, ISBN 968-36-9481- 0. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el D.O.F. el 5 de Febrero de 1917
29. EL DERECHO INDÍGENA EN MÉXICO A PARTIR DE LA INDEPENDENCIA 28
30. 29 “DAÑO MORAL, LOS BIENES FÍSICOS Y LOS BIENES MORALES, CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS” Jesús Javier HERRERA GÓMEZ1 . Sumario: I. Introducción II. Características de los bienes III. Los bienes físicos IV. Los bienes morales V. Prueba de la existencia de los bienes morales VI. El daño moral VII. Bibliografía. I.- INTRODUCCIÓN Los bienes están clasificados tanto por el Diccionario de la Lengua Española como por la doctrina jurídica en muy diversas categorías. En este estudio solamente me voy a referir a la acepción de bien como sinónimo de cosa. En este sentido los bienes son cosas materiales o inmateriales en cuanto, objetos de derecho2 , de manera que pueden ser físicos o morales. En ese orden de ideas las cosas son: todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta3 . El Código Civil Federal establece en el Libro Segundo: De Los Bienes. Título Primero: Disposiciones Preliminares artículo 747: Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio”. De donde se puede concluir que la ley reconoce que los bienes son cosas. 1 Licenciado en Derecho por la UNAM, Diplomado del Instituto Internacional de Administración Pública de Paris, Diplomado en Empresas Públicas y Desarrollo por la Universidad de Paris XI, Especialista en Fiscal por la Facultad de Contaduría de la UACH, Maestro en Impuestos por la Facultad de Contaduría de la UACH, Maestro en Derecho Financiero por la Facultad de Derecho de la UACH, actualmente cursa el Doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la UACH. Profesor de medio tiempo en la Facultad de Derecho de la UACH, autor del libro El contencioso administrativo federal, Editorial Porrúa, México, 2007. 2 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 22ª. edición, 6ª acepción, fuente: http://lema.rae.es/drae/?val=bien 3 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 22ª. edición, 1ª acepción http://lema.rae.es/drae/?val=cosa
31. DAÑO MORAL LOS BIENES FISICOS Y LOS BIENES MORALES CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 30 Las cosas conforme al artículo 748 del Código Civil Federal pueden estar dentro o fuera del comercio sin que por ello pierdan su naturaleza de bienes.4 Esta clasificación que hace la ley respecto de los bienes que están dentro o fuera del comercio resulta significativa para el estudio como se verá más adelante. Dice la ley que hay cosas o bienes que por su naturaleza no pueden ser poseídos por un solo individuo exclusivamente y que por lo tanto quedan fuera del comercio. El mismo precepto concluye que quedan fuera del comercio los bienes o cosas que ella, la ley, declare irreductibles a propiedad particular. Reserva a la ley la posibilidad o no de la comercialización de ciertos bienes5 . II.- CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES Cabe destacar que los bienes o cosas se distinguen unos de otros por sus características6 , es decir, por las cualidades que les son propias. Esas cualidades o características de los bienes se pueden apreciar ya sea por los sentidos o por el entendimiento o la conciencia. El hombre conoce los objetos por experiencia física o mental. La experiencia física para que se tenga conciencia de ella necesariamente se vincula a la mental. Una experiencia mental puede tener repercusiones físicas. Las cosas existen como tales con sus cualidades inmanentes porque las apreciamos con los sentidos y el entendimiento. De nada serviría ver un objeto si no razonamos su existencia. Incluso se habla de ceguera cognoscitiva que se presenta cuando un sujeto ve un objeto pero no se percata de ello. Platón7 señaló que este tipo de bienes se aprecian por el 4 Artículo 748 del Código Civil Federal: “Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley”. 5 Artículo 748 del Código Civil Federal: Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la Ley, las que ella declare irreductibles a propiedad particular. 6 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 21ª. edición p. 406. 7 SAVATER, Fernando, La aventura de pensar, editorial Random Mandadori, S.A. de C.V., Bogotá, Colombia 2012, p. 16.
32. Jesús Javier HERRERA GÓMEZ 31 ojo de la razón. John Locke indicó que estos bienes pueden ser apreciados por el sentido interno8 . III.- LOS BIENES FÍSICOS Los bienes físicos son los que tienen constitución y naturaleza corpórea en contraposición a moral9 . Estos bienes pueden ser apreciados por lo sentidos, en contraposición a los morales que solo pueden ser apreciados por la conciencia o el entendimiento10 . En efecto los bienes físicos de alguna manera son apreciables ya sea por la vista, por el oído, por el tacto, por el gusto o por el olfato, mientras que los morales se aprecian por la razón. John Locke opinó que las cualidades objetivas primarias de los bienes físicos son la forma, la extensión, la figura y la solidez11 . Cabe destacar que los bienes físicos se pueden clasificar en tangibles o intangibles. Por bienes tangibles se entiende aquellos que se pueden pesar, tocar o medir, e intangibles aquellos que no tienen al menos una de estas características12 . Esta clasificación contenida en la Ley del Impuesto al Valor Agregado se aparta del método de apreciación de los bienes físicos a través de los sentidos, recurre a conceptos como que puedan ser pesados, tocados o medidos, aspectos que pueden ser apreciados por los sentidos, como el tacto o la vista, pero también por la conciencia o el entendimiento. En efecto el que un objeto sea más pesado que otro se aprecia por el entendimiento, es decir por la razón, herramienta a través dela cual se hacen comparaciones y se llega a conclusiones. Dentro de los bienes intangibles encontramos las marcas comerciales, los programas de cómputo. 8 Ídem, p. 87. 9 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 21ª. edición p. 972. 10 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 21ª. edición p. 1400. 11 SAVATER, Fernando, La aventura de pensar, editorial Random Mandadori, S.A. de C.V., Bogotá, Colombia 2012, p. 86. 12 Artículo 5º último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente.
33. DAÑO MORAL LOS BIENES FISICOS Y LOS BIENES MORALES CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 32 IV.- LOS BIENES MORALES Las cosas (bienes) pueden ser también morales, es decir que, si bien no se pueden apreciar por los sentidos, si se reconocen por la conciencia o el entendimiento13 . Dentro del concepto de bienes morales encontramos: el honor, la reputación o fama, el crédito, la dignidad, entro otros. En efecto, ninguno de estos bienes se puede apreciar por los sentidos, sin embargo tenemos plena conciencia de su existencia, tanto propia como de extraños. Estos bienes se pueden apreciar pero no se pueden tocar, pesar o medir de manera que no son de los llamados intangibles ya mencionados. Para apreciar la existencia de bienes los humanos contamos con los sentidos y además estos han sido ampliados a través de herramientas, para la vista como son los lentes, incluso los microscopios o telescopios, para el oído las bocinas, para el olfato detectores de humo, para el gusto reactivos químicos, para el tacto guantes, etc. Para apreciar los bienes morales hemos desarrollado la inteligencia, es decir, nuestra capacidad para entender o comprender14 . De alguna manera asociamos que cuando un humano percibe ciertos actos o gestos reacciona positiva o negativamente según corresponda a la naturaleza positiva o negativa del impulso. De allí que se empezó a reconocer la existencia de bienes morales como el honor, la dignidad, el crédito, etc. Son tan importantes estos bienes morales para las personas, que pueden ser propietario únicamente de ellos y sentirse satisfechas. 13 Moral.- “Que no pertenece al campo de los sentidos, por ser de la apreciación del entendimiento o de la conciencia”. Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 21ª. edición p. 1400. 14 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 22ª. edición, 1ª acepción, fuente: http://lema.rae.es/drae/?val=inteligencia
34. Jesús Javier HERRERA GÓMEZ 33 Los bienes morales como el honor trascienden a la persona que lo construyó, que lo hizo crecer, de manera que el honor se puede extender a los hijos, a su pueblo, a su país. De igual forma el deshonor puede afectar a los hijos, los pueblos o los países en sentido inverso. No debe pasar desapercibido que dentro de la clasificación de los bienes morales podemos encontrar el concepto del alma o espíritu de las personas, tema que puede o no gustar en el ambiente académico pero que convive en nuestra cultura de manera incuestionable. Cuando se dice me dolió el alma, cuando se reflexiona cuando muera, mi alma ira a…..?, o aquella persona no tiene alma, a que nos referimos? La religión explica de alguna manera la existencia del alma pero bajo un tamiz de fe, que sin duda se puede profesar pero no resuelve el planteamiento del problema, dado que lo tenemos que entender para regularlo. El caso es que el alma no se reconoce como bien de las personas por cuestiones políticas, dado que el concepto puede ser considerado confesional apartado del estado laico en el que operamos; la dignidad sí, el honor también, el crédito por supuesto. Dañar la mente de una persona solo tendría sentido si se asimilara a la corrupción de la persona15 . ¿Qué es lo que se corrompe en la persona? ¿El cerebro, el espíritu, la mente? V.- PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LOS BIENES MORALES Una herramienta de la inteligencia para apreciar la existencia de los bienes morales es la prueba presuncional. En efecto una forma de apreciar la existencia de estos bienes en sentido positivo o negativo es a través de sus efectos. Una persona que tiene honor cumple lo que promete, la máxima pacta sunt servanda se basa en el sentido del honor de las personas; cuando alguien cumple una promesa se dice que honró su obligación de allí la máxima mencionada los pactos deben honrarse. Una persona con buena reputación recibe un trato distinto por los demás 15 El artículo 201 del Código Penal Federal vigente, establece como delito la corrupción de personas, de donde habría que analizar y finalmente indagar sobre el bien jurídico tutelado de dicho precepto.
35. DAÑO MORAL LOS BIENES FISICOS Y LOS BIENES MORALES CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 34 que aquellos que tiene mala reputación. Una persona con crédito se confía en él, se le prestan recursos, se hace caso a sus opiniones. Una persona con dignidad no acepta maltrato, etc. Si se publica en los periódicos que una persona es un gran científico se fortalece el honor del sujeto, de su familia, de su país, pero ¿vimos el honor engrandecerse? o solo por simple lógica entendemos que así sucedió, es decir a través del uso de la razón. En sentido inverso, si respecto del mismo científico honrado ahora se publica en los mismos periódicos que es pederasta, no vemos que el honor se marchite o desaparezca sino que lo entendemos de la misma manera, por lógica mediante el uso de la razón. Una persona por la buena fama que tenga, que honra sus obligaciones y esto es conocido por la comunidad le genera prebendas. Incluso otras personas por el solo hecho de asociársele pueden obtener beneficios de muchas índoles. Estos bienes morales pasan a formar parte del patrimonio de las personas. Igual en sentido inverso, una mala reputación o deshonor genera que la persona pierda oportunidades, que su asociación sea rechazada, le funciona como lastre. En ese sentido el patrimonio moral de las personas puede ser mayor que el patrimonio físico; incluso las personas pueden ser más apegadas a su patrimonio moral que al físico. Muchas personas prefieren la dignidad de la libertad al dinero. El dinero abre muchas puertas pero no todas. El honor, la dignidad, el crédito abre otras. Prueba de la existencia de estos bienes es que pueden ser dañados. La causa del daño puede ser natural al proceder de la persona. Si la persona obra mal pues su patrimonio constituido por bienes morales se verá mermado e incluso invertido convirtiéndose en carga. No debe pasar desapercibido que los bienes morales ser dañados por otros. Antes de entrar a la problemática del daño moral, su prueba y su indemnización, me parece oportuno hacer notar que la ley no ha
36. Jesús Javier HERRERA GÓMEZ 35 desarrollado una definición de bienes morales. A lo más que ha llegado el legislador es a definir lo que se entiende por daño moral. El código civil maestro mexicano que se materializa en el Código Civil Federal establece en su artículo 1916 lo que se entiende por daño moral “Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas”. Como se hace notar, no existe en la ley una definición específica de bienes morales, a lo más la podemos deducir del tratamientos que la ley da a los bienes en general. En la jurisprudencia encontramos un esfuerzo al respecto. Al menos en ella se definen como bienes los tutelados por el artículo 1916 del Código Civil Federal16 . VI.- EL DAÑO MORAL Todos los bienes son susceptibles de dañarse. En mi opinión algo que no pueda dañarse no califica como bien o cosa17 . Dañar significa causar 16 (2) Novena Época. Registro: 167736. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIX, Marzo de 2009. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C. J/56. Página: 2608. DAÑO MORAL. PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, se estableció por primera vez el concepto de daño moral en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, como la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho, actividad, conducta o comportamiento ilícitos. Los tratadistas conciben el daño moral como la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor notable en la vida del hombre, como son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor, entre otros. Sobre esa base, para que sea procedente la acción de daño moral, es menester que el actor demuestre los siguientes elementos: a) la existencia de un hecho o conducta ilícita provocada por una persona denominada autora; b) que ese hecho o conducta ilícita produzca afectación a una determinada persona, en cualquiera de los bienes que a título ejemplificativo tutela el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal; y, c) que haya una relación de causalidad adecuada entre el hecho antijurídico y el daño”. Ver también tesis de jurisprudencia: (5) I.11o.C. J/11 de la voz “DAÑO MORAL. HIPÓTESIS PARA LA PROCEDENCIA DE SU RECLAMACIÓN”. 17 Este razonamiento es de corte filosófico pero asumo que estén de acuerdo con él. La fuente de tal conclusión es el entendimiento.
37. DAÑO MORAL LOS BIENES FISICOS Y LOS BIENES MORALES CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 36 detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia, maltratar o echar a perder algo18 . El Código Civil Federal define el concepto de daño como la pérdida o menoscabo sufrido19 por una persona como consecuencia del incumplimiento de una obligación para con ella. Tanto la definición del diccionario como la de la ley coinciden en que por daño se entiende una pérdida o menoscabo, aspecto que complementa el artículo 1916 del Código Civil Federal con el término afectación que utiliza como sinónimo de daño, que es congruente con la definición de una de las acepciones que de la palabra afectar da el diccionario; la quinta dice: menoscabar, perjudicar, influir desfavorablemente20 Como puede entenderse de lo expuesto, el concepto de daño que maneja el diccionario es más amplio que el que maneja el Código Civil Federal, dado que el primero lo define en general mientras que el segundo se limita al daño que surge por incumplimiento de obligaciones. El concepto de daño a que se refiere el Código Civil Federal está construido de manera que se conciba su indemnización. De hecho el artículo 2104 del mismo código establece precisamente la contra o amarre del concepto de daño, que es la obligación de repararlo cuando se incurra en incumplimiento de obligaciones21 . La temática sobre el concepto de daño es muy amplia,22 incluso cuando se habla de reparación del daño se debe entender que se refiere 18 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 22ª. edición, 1ª y 2ª acepciones, fuente: http://lema.rae.es/drae/?val=daño 19 Artículo 2108 del Código Civil Federal: Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. 20 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 22ª. edición, 5ª acepción, fuente: http://lema.rae.es/drae/?val=afectar 21 Artículo 2104 del Código Civil Federal vigente: “El que estuviere obligado a prestar un hecho y dejarle de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes: I.- Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de éste. II.- Si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080. El que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el sólo hecho de la contravención.” 22 HERRERA GÓMEZ, Jesús Javier, El Contencioso Administrativo Federal, Editorial Porrúa, S.A. México 2007, p. 91.
38. Jesús Javier HERRERA GÓMEZ 37 a cubrir los gastos necesarios para la reparación o a la sustitución de la cosa dañada. Cabe destacar por otra parte que al término daño se le puede ligar el de gasto, que a su vez resulta sinónimo de la palabra desembolso o erogación, su antónimo es ahorro o entrada. El concepto de gasto también está regulado por el Código Civil Federal en sus artículos: 817, 818 y 819, que los clasifica en necesarios, útiles y voluntarios, artículos que a la letra dicen: “817.- Son gastos necesarios los que estén prescritos por la ley y aquellos sin los que la cosa se pierda o desmejora.” “818.- Son gastos útiles aquellos que, sin ser necesarios, aumentan el precio o producto de la cosa.” “819.- Son gastos voluntarios los que sirven sólo al ornato de la cosa o al placer o comodidad del poseedor.” De los anteriores conceptos, podemos concluir que un gasto necesario causado por otro, si no es reembolsado, se convierte en daño. Si se tiene necesidad de defenderse en un litigio y ello me ocasionó un gasto, el cual no me es reembolsado por quien me obligó indirectamente a realizarlo, se convierte en un daño, es decir en una pérdida o menoscabo de mi patrimonio, de allí que los gastos judiciales están regulados por el artículo 2118 del Código Civil Federal23 , que lo incluye en el ámbito del daño. De manera que el gasto de reparación está ligado al daño sufrido, ya que la manera de valuar un daño debe hacerse por el gasto que la reparación genera. Si una obra de arte por citar una escultura en mármol se daña porque alguien le arranca un pedazo. El daño debe evaluarse en el costo de restauración y no en el valor del kilogramo de mármol o del lienzo correspondiente. 23 Artículo 2118 del Código Civil Federal: El pago de los gastos judiciales será a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación, y se hará en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles.
39. DAÑO MORAL LOS BIENES FISICOS Y LOS BIENES MORALES CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 38 No debe para desapercibido que en la práctica del contrato de seguro se define otro tipo de daño como consecuencial. Este daño se explica de la siguiente manera: Para distinguirlo del daño directo, se da este nombre a aquel que es consecuencia mediata o indirecta de un siniestro. P. ej., en un incendio, daño directo es la pérdida originada por el fuego y daño consecuencial puede ser el producido por el agua que han utilizado los servicios de extinción para sofocar el incendio24 . Por otra parte es de explorado derecho y de elemental sentido común el que -nadie está obligado a aceptar daños y perjuicios- provocados ilícitamente por otro. En ese entendido el derecho garantiza la posibilidad que los afectados demanden el pago de una indemnización tanto por el daño material sufrido físico o moral como por la interrupción de la ganancia lícita -lucro cesante-. De acuerdo con la definición que el Código Civil Federal hace del “daño moral” podemos deducir que el elemento clave es la “afectación” que es la acción de afectar, de donde debemos precisar el significado de la palabra afectar, para lo cual resulta conveniente recurrir al diccionario25 , en donde se indica que afectar significa: 4. tocar. 5. Menoscabar, perjudicar; influir desfavorablemente. 6. Producir alteración o mudanza en alguna cosa. De esta manera, bajo la interpretación literal del término “afectar” podemos concluir que se trata de un sinónimo de daño, el cual se produce sobre alguno de los bienes morales de las personas. Cabe destacar que actualmente el concepto de daño moral y su indemnización, están regulados en México en los códigos civiles tanto de la Federación como de las 31 entidades federativas que la conforman. La obligación de indemnizar el daño moral se establece además en otras leyes, tales como la Ley Federal de Derechos de Autor26 , el Código 24 Fuente: Diccionario MAPFRE de seguros: http://www.mapfre.com/wdiccionario/terminos/vertermino.shtml?d/dano-consecuencial.htm 25 Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, 21ª edición, p. 51. 26 Ley Federal de Derechos de Autor, artículo 216 bis.
40. Jesús Javier HERRERA GÓMEZ 39 Penal Federal27 , la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado28 ; el tratamiento que estas leyes dan a la materia de estudio se unifica en el Código Civil Federal ya que todas ellas remiten en la parte medular a dicho ordenamiento. No debe pasar desapercibido que independientemente de la remisión que las leyes hacen al Código Civil Federal para la determinación e indemnización del daño moral, algunas establecen hipótesis de presunción de la actualización de daño moral, para ilustración me permito mencionar: “Artículo 216 bis de la Ley Federal de Derechos de Autor, adicionado el 23 de julio del 2003, según Diario Oficial de la Federación: “Artículo 216 bis.- La reparación del daño material y/o moral así como la indemnización por daños y perjuicios por violación a los derechos que confiere esta Ley en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por esta Ley. El juez con audiencia de peritos fijará el importe de la reparación del daño o de la indemnización por daños y perjuicios en aquellos casos en que no sea posible su determinación conforme al párrafo anterior. Para los efectos de este Artículo se entiende por daño moral el que ocasione la violación a cualquiera de los derechos contemplados en las Fracciones I, II, III, IV y VI del Artículo 21 de esta Ley. Las fracciones del artículo 21 al que remite son del contenido siguiente: I. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita; 27 Código Penal Federal, artículo 30. 28 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, artículos: 4, 12, 14 fracción II.
41. DAÑO MORAL LOS BIENES FISICOS Y LOS BIENES MORALES CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 40 II. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima; III. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor; IV. Modificar su obra; V. Retirar su obra del comercio, y VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción.” VII.- DOCTRINA SOBRE DAÑO MORAL La doctrina distingue entre daño moral puro como: el dolor, el sufrimiento y el daño moral patrimonial que tiene repercusión económica, como: reputación, consideración que de la persona tienen los demás, honor. Respecto de la indemnización del “daño moral” patrimonial existe coincidencia en la indemnización correspondiente con cargo al causante del mismo. Respecto de la indemnización del daño moral puro, no existe absoluta coincidencia sobre la bondad de la indemnización respectiva. En todos los casos existe coincidencia en la dificultad que existe para su cuantificación. Cabe destacar que solo algunos autores aceptan que el monto de la indemnización del daño moral debe constituir un incremento en el
42. Jesús Javier HERRERA GÓMEZ 41 patrimonio de la víctima que la recibe, y que además dicha indemnización sea de aplicación libre. Algunos señalan que el destino del monto de la indemnización debe ser para pagar costos asociados al daño sufrido, aspecto con el que no coincido. PIZARRO29 nos indica que: “Si bien la noción de daño moral era, en una primera etapa, asimilada a la de daño material, tuvo amplia aceptación en el derecho romano merced a la evolución de distintos institutos jurídicos de carácter civil y penal. Así por ejemplo, la injuria, concebida como un acto que “lesiona física o moralmente, o sea en honor a la persona misma, mediante la utilización de palabras o por vías de hecho”. BREBBIA30 , nos indica: A) Distintas formas de reparación de los daños morales”. 94.- “Nos inclinamos, pues, por la tesis que asigna una función satisfactoria a la indemnización que el ofensor debe abonar a la víctima del hecho originador de un agravio moral. El monto de la indemnización deberá hallarse proporcionado, en consecuencia, a la magnitud del agravio sufrido y no a la gravedad de la falta cometida”. GARCÍA MENDIETA31 sostiene que la idea de injuria pasó a través de las distintas legislaciones desde su concepto materialista de daño inferido a una persona física del hombre en su forma más ruda y evidente (por ejemplo, ruptura de un miembro, herida por arma), hasta llegar a abarcar las formas inmateriales de la ofensa (ataques al honor, a la intimidad de las personas, a su dignidad pública y social, a su decoro). La injuria produce o tiende a producir un daño; la doctrina civilista moderna distingue el daño material; o sea, el que apareja consecuencias patrimoniales, y el daño moral, llamado también extra patrimonial. II. Ya las legislaciones primitivas distinguían ambos tipos de daños, si bien no habían elaborado una doctrina de alcance general sobre este tópico. Las leyes de ‘Eshnuna’ (aproximadamente 2000 años AC) constituyen en el estado actual de las investigaciones el primer antecedente que se conoce sobre reparación del daño puramente moral; así, el a. 42 dispone que quien propine a otro una bofetada en la cara “pasará y entregará diez 29 PIZARRO, Ramón Daniel, Daño Moral, editorial Hammurabi, SRL, Buenos Aires, 2004, pág. 202. 30 BREBBIA, R.H., El Daño Moral, Editorial Acrópolis, México 1998, p. 193. 31 GARCÍA MENDIETA, Carmen, Enciclopedia Jurídica Mexicana, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Editorial Porrúa, Tomo III, México, 2002, p. 5 y 6.
43. DAÑO MORAL LOS BIENES FISICOS Y LOS BIENES MORALES CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 42 shekels de plata”. La injuria verbal daba lugar a una reparación de igual monto. En el derecho romano, tanto los edictos del pretor como la legislación justiniana concedieron acciones específicas al ofendido en su honor, su decoro, su consideración pública o su reputación. Pero si bien las legislaciones antiguas consideraron la protección de estos bienes jurídicos inmateriales, no alcanzaron una sistematización de los principios. Es la doctrina moderna la que, bajo la denominación de “derechos de la personalidad”, llegó a elaborar una concepción filosófico- jurídica de ciertos valores inmateriales inherentes a la esfera íntima del individuo. También desde antiguo se consagró el principio de que quien produce un daño debe repararlo. La forma en que se responda depende del tipo de sociedad de que se trate, y las soluciones, históricamente, han variado desde las taliónicas hasta la compensación pecuniaria. Esta última abarcó tanto la reparación debida por daño material como moral (pecunia doloris). A partir de fines del siglo XIX y principios del XX, la doctrina en su conjunto empieza a cuestionarse y a realizar planteamientos de origen axiológico sobre la posibilidad de compensar materialmente algo tan imposible de mesurar como el dolor, la humillación o el menoscabo de la honra. GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ32 , señala que “Durante más de 30 años, luché por el reconocimiento del patrimonio moral de las personas, y por ello mi afirmación de que los derechos de la personalidad, son no pecuniarios sino patrimoniales. Esa lucha, pues lo fue en verdad, me llevó al orgullo de que, en el Código civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala promulgado en 1976, se aceptara por primera vez, en una legislación, no sólo el reconocimiento de los derechos de la personalidad, sino que se aceptara que son patrimoniales”. Este mismo autor33 define el daño moral como: “El daño moral es el dolor cierto y actual sufrido por una persona física, o el desprestigio de una persona física o inmaterial o moral, en sus derechos de la personalidad, con motivo de un hecho ilícito o lícito y que la ley considere para responsabilizar a su autor.” H. y L. MAZEAUD, citado por Manuel Borja Soriano34 , define: “El perjuicio material es el perjuicio 32 GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto, Derecho De Las Obligaciones”, Editorial Porrúa, S.A., México, 2001, p. 847. 33 Ídem, p. 849. 34 BORJA SORIANO, Manuel, Teoría General de las Obligaciones”, Editorial Porrúa, S.A., México, 2000, p. 371.
44. Jesús Javier HERRERA GÓMEZ 43 patrimonial; el perjuicio moral, es el perjuicio extra patrimonial, no económico (número 293).” “Diferentes categorías de daños morales. Dos categorías de daños se oponen de manera muy clara. Por una parte, los que tocan a lo que se ha llamado parte social del patrimonio moral: hieren a un individuo en su honor, su reputación, su consideración; por otra parte tocan a la parte afectiva del patrimonio moral; hieren a un individuo en sus afectos: se trata, por ejemplo, del dolor experimentado por la muerte de una persona que os es querida. Los primeros están siempre o casi siempre más o menos ligados a un daño pecuniario: la falta de consideración arrojada sobre una persona la expone, las más de las veces a perjudicarla pecuniariamente sea obligándola a abandonar la situación que ocupa, sea comprometiendo su porvenir o el de sus hijos, sea haciendo peligrar su comercio o industria. Así, casi no hay dificultad para admitir una reparación… Al contrario, numerosos son los que rehúsan toda indemnización por lesión de los sentimientos de afectos. Es que, entonces, el daño moral, está, muy frecuentemente, limpio de toda mezcla; el dolor, la pena son los únicos perjuicios causados; pecuniariamente la víctima no sufre ningún daño. Por otra parte, al lado de los daños que tocan la parte social y la parte afectiva del patrimonio moral, hay otros que, porque no son pecuniarios, entran en la categoría de perjuicios morales y para los cuales plantea, por consiguiente, la cuestión de saber si deben ser reparados. Es imposible una imposible una enumeración; solamente se puede citar, a título de ejemplos, los ataques a las convicciones y a las creencias…. Y aun todos los daños que hieren a la persona física sin disminuir su capacidad de trabajo; sufrimientos, cicatrices y heridas que afectan a la estética (núm. 295)”. MEYNIALY A. ESMEIN, citados por Manuel Borja Soriano35 , indican que: “Para estos autores, la reparación del perjuicio moral no es posible sino en los casos en que este perjuicio tiene una repercusión material…. Con este sistema, es el daño material y sólo él, el que da derecho a una indemnización” BORJA SORIANO36 al respecto opina que: “733. Refutación de la teoría que niega la reparación del daño moral”. ¿La condenación civil del autor del daño no puede verdaderamente reparar el 35 Ídem, p. 372. 36 Ídem, p. 372.
45. DAÑO MORAL LOS BIENES FISICOS Y LOS BIENES MORALES CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 44 perjuicio moral? Hay ciertos casos en que el dinero es perfectamente capaz de hacer desaparecer, sea totalmente, sea en parte, un perjuicio, aunque este perjuicio no tenga un carácter pecuniario”. TUHR, citado por Manuel Borja Soriano37 , “si una pérdida material puede repararse, por poner la cosa dañada al estado en que se encontraba o por el pago de una suma de dinero, de manera tan completa que el patrimonio se encuentre tal como hubiese estado sin acaecer el daño, el perjuicio moral no podría suprimirse por una vía de derecho; en cierta medida, sin embargo, puede ser compensado más bien contrabalanceado, cuando la Ley establece a cargo del culpable una prestación pecuniaria a favor de la víctima. Frecuentemente…. La Ley lo hace a título de reparación moral. Esta prestación procura a la víctima un aumento en su patrimonio, aumento que puede aplicar a goces cualesquiera, materiales o ideales. La satisfacción que de él resulta, y el hecho de saber que esta suma de dinero se ha tomado al culpable, deben mitigar la amargura de la ofensa y calmar en cierta medida el deseo de venganza que no ha desaparecido en el hombre moderno a pesar del cristianismo y de la civilización. La reparación moral no es una pena infringida al culpable, aunque tenga por resultado, como la multa, una disminución del patrimonio. En efecto, el fin de la reparación moral no es infligir una pérdida al ofensor, sino procurar al ofendido un aumento en su patrimonio…. La reparación moral consiste generalmente en una suma de dinero cuya cifra fija el juez según las circunstancias; pero para fijarla, posee menos elementos de apreciación que en materia de indemnización de daños y perjuicios, ya que los dolores físicos o morales escapan, por su naturaleza, a una estimación. Basta algunas veces pagar una suma mínima cuando las consideraciones de la sentencia contienen una reprobación judicial de la actitud del culpable, reprobación que quizá sólo importe a la víctima” (“Tuhr, t. I. Párrafo 16, páginas 105, 106 y 108)”. CARRILLO M. Y CARRILLO F.38 , respecto de la reparación del daño indican que: “Tiende primordialmente a colocar a la persona lesionada en la situación que disfrutaba antes de que se produjera el hecho lesivo. Por tanto, la norma 37 Ídem, p, 375. 38 CARRILLO, Julián y CARRILLO Miriam, “El Detrimento Moral”, Editorial Carrillo Hermanos, Guadalajara 2007, en la página 10.
46. Jesús Javier HERRERA GÓMEZ 45 jurídica ordena que aquella situación que le fue perturbada, sea restablecida mediante la restitución si el daño se produjo por sustracción o despojo del bien o por medio de la reparación de la cosa si ha sido destruida o ha desaparecido. Solo cuando la reparación o la restitución no son posibles o cuando se trata de una lesión corporal o moral (el daño moral no es reparable propiamente), la obligación se cubre por medio del pago de una indemnización en numerario, con el que se satisface el daño material o moral causado a la víctima. Ya no se trata entonces de restituir o de reparar, sino de resarcir a través de una indemnización en numerario con el que se satisface el daño material o moral causado a la víctima. En cualquiera de estos casos, se trata sin embargo, de la responsabilidad civil”. GARCÍA GOYENA, respecto del tema que nos ocupa nos da luz cuando comenta el artículo 1890 del Código Civil Español, dice refiriéndose a las nacimiento de obligaciones: “Las segundas (formada de un hecho personal, lícito o ilícito) están fundadas en los grandes principios de moral, tan profundamente gravados en el corazón de todos los hombres, “que es necesario hacer a otros” lo que quisiéramos que ellos “hicieran por nosotros en iguales circunstancias y que estamos obligados a reparar los agravios y daños que hayamos causado.”39 Finalmente cabe hacer notar que el derecho, ha tutelado los bienes morales primero en el derecho criminal y ahora en el derecho civil. Queda el monto de la indemnización como el tema a resolver en la materia. VII. BIBLIOGRAFÍA ARELLANO GARCÍA, Carlos, TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, Editorial Porrúa18a edición, México 2010. ARISTOTELES, La Política, Editorial Época, S.A. de C.V. México. 39 GARCÍA GOYENA, Florencio, “Concordancias Motivos y Comentarios del Código Civil Español”, Tomo IV, Suprema Corte de Justicia de la Unión y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 2011, p. 197.
47. DAÑO MORAL LOS BIENES FISICOS Y LOS BIENES MORALES CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 46 BIX, Brian H., Filosofía del Derecho: Ubicación de los Problemas en su Contexto, traducción de la tercera edición en inglés por FLORES, Imer B, ORTIZ TOTORICAGÜENA, Rodrigo, VEGA GÓMEZ, Juan, Ed. UNAM, México 2010. BORJA SORIANO, Manuel, en Teoría General de las Obligaciones, Editorial Porrúa, S.A., México, 2000. BREBBIA, R.H., en su obra “El Daño Moral”, Editorial Acrópolis, México 1998. CANO VALLE, Fernando, CAMPOS CAMPOS, Alberto, CÁCERES NIETO, Enrique, DÍAZ ARANDA, Enrique, (coordinadores), DISPRAXIS, Ed. UNAM, México, 2012. CARBONEL, Miguel, Los Derechos Fundamentales en México, UNAM, Editorial Porrúa, CNDH, Primera Edición, México 2004. CARNELUTTI, Francesco, LA PRUEBA CIVIL, traducción de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Ed. Depalma, 2ª edición, Buenos Aires 1982. CARRILLO M, Julián I. y CARRILLO F. Miriam, El Detrimento Moral, Editorial Carrillo Hermanos, Guadalajara 2007. CRUZ BARNEY, Oscar, La Codificación en México, Editorial Porrúa y UNAM, México 2010. CRUZ BARNEY, Oscar, La Codificación y descodificación del derecho mercantil mexicano, Ed. Tribunal Supremo de Justicia del Distrito Federal, Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, México 2009. CRUZ BARNEY, Oscar, Historia de la Jurisdicción Mercantil en México, Editorial Porrúa, UNAM, Universidad Panamericana, México 2006.
48. Jesús Javier HERRERA GÓMEZ 47 CRUZ BARNEY, Oscar, Solución de Controversias y Antidumping en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Editorial Porrúa, UNAM, segunda edición, México 2007. CRUZ BARNEY, Oscar, Historia del Derecho en México, Oxford University Press, Segunda Edición, México 2004. DEVIS ECHANDIA, Hernando, TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA JUDICIAL, Ed. Víctor P. Zavalia, 5ª edición, Tomo I y II, Buenos Aires 1981. FIZ-ZAMUDIO, Héctor, VALENCIA CARMONA, Salvador, LAS REFORMAS EN DERECHOS HUMANOS, PROCESOS COLECTIVOS Y AMPARO, COMO NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL, Editorial Porrúa, UNAM, México 2013. FOLLETT, Ken, Los Pilares de la Tierra, Ed. Random House Mondadori, México, reimpresión 2008. GARCÍA GOYENA, Florencio, Concordancias Motivos y Comentarios del Código Civil Español, Tomo IV, edición facsimilar producida por la Suprema Corte de Justicia de la Unión y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 2011. GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Introducción Al Estudio Del Derecho, Editorial Porrúa, S.A., México, 2004. 56ª. Edición. GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, “Filosofía del Derecho”, Editorial Porrúa, S.A., México, 1997. Novena edición. GARCÍA MENDIETA, Carmen, Enciclopedia Jurídica Mexicana, Editorial Porrúa, S.A. y Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo III, México 2002. GONZÁLEZ MARTÍN, Nuria, SISTEMAS JURÍDICOS CONTEMPORÁNEOS: NOCIONES INTRODUCTORIAS Y FAMILIA JURÍDICA ROMANO-GERMÁNICA. Ediciones-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010.
49. DAÑO MORAL LOS BIENES FISICOS Y LOS BIENES MORALES CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 48 GUERRERO GALVÁN, Luis René, De acciones y trasgresiones. Los comisarios del Santo Oficio y la aplicación de la justicia inquisitorial en Zacatecas, siglo XVIII, Ed. Universidad Autónoma de Zacatecas, México 2010. GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto, Derecho De Las Obligaciones, Editorial Porrúa, S.A., México, 2001. HERRERA, Enrique, "Práctica Metodológica de la Investigación Jurídica", Ed. Astrea, Buenos Aires 2006. HERRERA GÓMEZ, Jesús Javier, El Contencioso Administrativo Federal, Editorial Porrúa, S.A., México 2007. HUDSON Jr. David L. The Handy Law Answer Book, Ed. Managing, USA, 2010, p. 310 Y 311. KELLEY HERNÁNDEZ, Santiago, TEORÍA DEL DERECHO PROCESAL, Editorial Porrúa, 6ª edición, México 2007. LARA SÁENZ, Leoncio, Procesos de Investigación Jurídica, Editorial Porrúa y UNAM, México 2012, novena edición, primera reimpresión. MARGADANT S, Guillermo F., Derecho Romano, Editorial Esfinge, 25ª edición, Naucalpan, Estado de México, 2000. MELERO de la TORRE, Mariano, DWORKIN Y SUS CRÍTICOS, Ed. Triant Lo Blanch, México 2012. MUÑOZ, Luís y CASTRO ZAVALETA, Salvador Segundo Tomo, Comentarios al Código Civil, editorial Cárdenas Editor y Distribuidor, Segunda Edición, México, D.F. 1984.
50. Jesús Javier HERRERA GÓMEZ 49 OLEA FRANCO, Pedro y SANCHEZ DEL CARPIO, Francisco L. Manual de Técnicas de Investigación Documental, Editorial Esfinge, México. 1975. OVALLE FAVELA, José, TEORÍA GENRAL DEL PROCESO, Ed. Oxford University Press, 6ª edición, México 2005. PORTE PETIT CANDAUDAP, Celestino, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE VERACRUZ – LLAVE, Ed. Cárdenas Editor y Distribuidor, 3ª edición, Tomos I y II, México 1985. PIZARRO, Ramón Daniel, Daño Moral, editorial Hammurabi, SRL, Buenos Aires, 2004. RAMOS PEÑA, Luís Alfonso, “DERECHO ADMINISTRATIVO”, editado por Tribunal Estatal Electoral, Chihuahua 2005. RECASENS SICHES, Luís, Filosofía del Derecho, Editorial Porrúa, México, 2010, vigésima edición. ROJINA VILLEGAS, Rafael en “Compendio de Derecho Civil, Teoría General de las Obligaciones”, Editorial Porrúa, S.A., México, 1993. SIRVENT GUTIÉRREZ, Consuelo, Sistemas Jurídicos Contemporáneos, Editorial Porrúa, S.A., 14ª edición, México, 2011. SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luís, Historia del Derecho Mexicano, Editorial Porrúa, Octava Edición, México 2001. TORRES MATEOS, Miguel Ángel, ERIVITI ORQUÍN, Elena, LÓPEZ GOÑI, Marta, JIMENEZ VIGIL, Ainhoa, Responsabilidad Civil II, Daños Personales y Quantum Indemnizatorio, Ed. Thomson Aranzadi, Pamplona, España, 2007.
51. DAÑO MORAL LOS BIENES FISICOS Y LOS BIENES MORALES CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 50 VILLORO TORANZO, Miguel, Introducción al Estudio del Derecho, Editorial Porrúa, S.A., México 1994. VILLORO TORANZO, Miguel, Lecciones de Filosofía del Derecho, Editorial Porrúa, S.A. Segunda edición, México 1984. VIZCARRA DÁVALOS, José, TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, Editorial Porrúa, 12ª edición, México 2011. WALTER FRISCH Philipp, José Arturo González Quintanilla, Metodología Jurídica en Jurisprudencia y Legislación, Editorial Porrúa, S.A., México 1992.
52. 51 DERECHOS TRIBUTARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICOS, COMPARACIÓN DE ALGUNOS TEMAS LEGALES ENTRE LAS LEGISLACIONES MEXICANA Y ESPAÑOLA Reyes Humberto DE LAS CASAS MUÑOZ SUMARIO: I. Introducción. II. España. III. México. IV. Conclusión. V. Fuentes de consulta. I. INTRODUCCIÓN Todas las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas1 , derivado de ello, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió jurisprudencia2 en la que establece que para determinar si una contribución es proporcional, es necesario atender a su naturaleza, a fin de conocer la forma como se manifiesta y modifica la capacidad contributiva, al considerar que esta, no se exterioriza de la misma manera en todas las contribuciones. Por lo anterior, ha sido tema de debate la forma de determinar cómo cada contribución, pueda ser proporcional. Para determinar su naturaleza, se ha tomado en consideración la clasificación utilizada por el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, de los ingresos tributarios del Estado, al clasificarlos como impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras3 . 1 Artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2 http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=3c78fffff3f7f&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=naturaleza%20fin %20conocer%20forma%20como%20manifiesta%20%20modifica%20capacidad%20contributiva&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ= 1&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=2&Epp=50&Desde=-100&Hasta=- 100&Index=0&ID=167415&Hit=1&IDs=167415,1012003 7 de abril del 2012, 15:10 horas. 3 Código Fiscal de la Federación. Diario Oficial de la Federación, México, Distrito Federal, 31 de diciembre de 1981.
53. DERECHOS TRIBUTARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICOS. COMPARACIÓN DE ALGUNOS TEMAS LEGALES ENTRE LAS LEGISLACIONES MEXICANA Y ESPAÑOLA 52 En lo que interesa al presente trabajo, es decir, respecto a los derechos tributarios de la administración centralizada, la fracción IV del artículo 2 del citado Código los define como las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Ahora bien, del citado artículo se advierte que los derechos tributarios como ingresos de la administración centralizada, a su vez, se clasifican en derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público y por los servicios que presenta el estado en carácter de ente público, estos últimos motivo del presente trabajo. De acuerdo con lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia4 considerando para que un derecho por la prestación de un servicio sea proporcional, debe existir una correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, al considerar que existe una íntima relación entre ellos, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. De igual forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 2/985 consideró en materia de equidad, que las cuotas por concepto de derechos por servicios, deben ser fijas e iguales para todos los que reciben servicios análogos. Sin embargo, en gran parte de los servicios públicos que presta el estado, no es posible identificar individualmente a cada usuario o beneficiario del servicio, como por ejemplo en el caso del alumbrado, es decir, al posible sujeto pasivo de la contribución. En cambio, en el resto de los servicios públicos que presta el estado, es decir, aquellos en los 4 http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=3c78fffff3f7f&Apendice=1000000000000&Expresion=correlaci%C3 %B3n%20%20costo%20%20servicio%20p%C3%BAblico%20prestado%20monto%20cuota&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Or den=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=10&Epp=20&Desde=-100&Hasta=- 100&Index=0&ID=196933&Hit=5&IDs=160577,175118,179604,191459,196933,196936,205418,205960,2001632,2002289 10 de diciembre del 2012, 19:15 horas 5 http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=3c78fffff3f7f&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=cuotas%20concept o%20derechos%20servicios%20fijas%20iguales%20servicios%20an%C3%A1logos%20&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orde n=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=12&Epp=20&Desde=-100&Hasta=- 100&Index=0&ID=196934&Hit=6&IDs=163369,168482,168942,172541,179929,196934,232409,234361,818770,900174,1011861 ,1012325 15 de diciembre del 2012, 17:00 horas
54. Reyes Humberto DE LAS CASAS MUÑOZ 53 que es posible identificar al beneficiario o usuario, las leyes que establecen un sistema tributario al respecto, no prevén elemento alguno que permita determinar el costo que le representa el estado la prestación de ese servicio y mucho menos si existe una correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota. Tan es así, que la Ley Federal de Derechos6 se limita a establecer Los derechos por la prestación de servicios que establece dicha ley deberán estar relacionados con el costo total del servicio, incluso el financiero, salvo en el caso de dichos cobros tengan un carácter racionalizador del servicio, pero omite establecer como se obtiene dicho costo o que elementos lo componen. En virtud de lo anterior, el objeto del presente trabajo es hacer una comparación únicamente entre las legislaciones mexicana y española, a fin de determinar y analizar el sistema de derechos tributarios en ese país. Se toma como referencia España, pues existen sistemas tributarios que no establecen, tradicionalmente, este tipo de contribuciones, como por ejemplo el sistema tributario de Estados Unidos de América, pues estese soporta básicamente por Impuestos, es decir, carecen del tipo de contribuciones objeto del presente estudio, pues los impuestos, son consignados para destinarse a fines públicos.7 Creemos además que España puede ser considerado como un punto de partida en el estudio del sistema tributario europeo, ante la homogenización y reformas en que se ha visto inmersos con motivo de su ingreso a la comunidad europea de un tiempo a la fecha. Como lo establece Albi8 , España tenía un sistema tributario latino, que inicio en 1845 con la llamada Reforma Mon-Santillán, por cuya fecha se siguieron los pasos iniciados por Francia al principio del siglo XIX. Sin embargo, lo que en España parecía novedoso, en Francia ya soportaba críticas. 6 Artículo 1 de la Ley Federal de Derechos. 7 William, B. Tributación y Federalismo en los Estados Unidos de América; Un Esquema. OAS General Secretaria, Enero 2003. 8 Emilio A, Sistema Fiscal Español I, Ariel, España, pág. 51-56.
55. DERECHOS TRIBUTARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICOS. COMPARACIÓN DE ALGUNOS TEMAS LEGALES ENTRE LAS LEGISLACIONES MEXICANA Y ESPAÑOLA 54 Por lo que si bien es cierto, España tenía un sistema tributario latino, también lo es que inicio un largo camino de reformas para la adopción de un sistema tributario europeo, a fin de homogenizar el sistema español con motivo del ingreso en la comunidad europea. La etiqueta del sistema tributario europeo hace referencia a la doctrina fiscal y elementos tributarios específicos de la Comunidad Económica Europea. II. ESPAÑA En la exposición de motivos de la Ley 8/1989 de 13 de abril, de Tasas y Precios públicos9 considera que el proceso de la ordenación de las tasas en la historia fiscal española no ha sido sencillo, ni se ha terminado y hace una pequeña reseña de la evolución, del tipo de contribuciones objeto del presente estudio, en España. De igual forma considera que la entrada de España a la Comunidad Económica Europea y las exigencias derivadas de ello, en materia de armonización fiscal, han influido directamente en el peculiar mundo de las tasas en ese país. Por otro lado, como se advierte de la exposición de motivos la ley en cita no se limita a la regulación básica de las tasas en el conjunto de los ingresos tributarios, sino que aborda, también, la de los precios públicos, como una figura mal definida e insuficientemente regulada. Para tal efecto, expone que la distinción entre precio y tasa es una cuestión clásica de la hacienda pública que ha sido minimizada por la poca significación de ingresos procedentes de los precios y distingue ambos, considerando que mientras que en este ultimo la relación que se establece es contractual y voluntaria para quien lo paga, en la tasa aparece la nota de coercitividad propia del tributo. En virtud de lo anterior, considera necesario distinguir entre ambas figuras necesario acometer a nivel legal la regulación del régimen jurídico 9 Ley 8/1989 de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, Boletín Oficial del Estado, publicada el 15 de abril de 1989.
56. Reyes Humberto DE LAS CASAS MUÑOZ 55 del precio público y su delimitación con las tasas, ya que la teoría jurídica de la distinción entre ambas figuras se encuentra poco desarrollada en España a todos los niveles. La distinción de ambas figuras en lo básico, la basa en que las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho Público, que se refieran, afecten o beneficien a los sujetos pasivo, la solicitud o recepción del presupuesto de la tasa debe ser obligatoria para el obligado a satisfacerla y, además, el servicio o actividad que se presta por parte del ente público no debe poder ser prestado por el sector privado. En cambio, se trata de precio público cuando si el servicio o actividad es susceptible de ser prestado por el sector privado o bien no existe obligatoriedad o cuando la actividad consista en la concesión de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. La exposición de motivos, permite aclarar y distinguir entre las tasas y los precios públicos, ahora bien, la Ley General Tributaria10 , establece en su artículo 2 numeral 2 inciso a), que las tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. Al igual establece, que se entiende que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen de derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad corresponda a un ente público. Elementos cuantitativos de las tasas 10 op cit.
57. DERECHOS TRIBUTARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICOS. COMPARACIÓN DE ALGUNOS TEMAS LEGALES ENTRE LAS LEGISLACIONES MEXICANA Y ESPAÑOLA 56 El artículo 19 de la ley en cita, en su numeral 2, en lo que respecta a servicios por la prestación de servicios establece que el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del costo real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. Ahora bien, por su parte el numeral 3 de dicho artículo establece que para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costos directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto con cargo al cual se satisfagan. En lo que respecta las cantidades fijas, el numeral 4 del mismo artículo establece que la cuota tributaria podrá consistir en una cantidad fija señalada al efecto que deberá determinarse en función de un tipo de gravamen aplicable sobre elementos cuantitativos que sirvan de base imponible o establecerse conjuntamente por ambos procedimientos. Resulta muy importante destacar lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 20 de la ley en estudio, pues establece que toda propuesta de establecimiento de una nueva tasa o de modificación específica del monto de una preexistente debe incluir, entre los antecedentes y estudios previos para su elaboración, una memoria económico-financiera sobre el costo o valor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía de la tasa propuesta. Incluso, se establece que l falta de este requisito determina la nulidad de las disposiciones reglamentarias que determinen las cuantías de las tasas. III.- MÉXICO