Source: http://www.slideshare.net/jorgeopiac/auto-n-092-de-2008
Timestamp: 2016-06-29 20:14:17
Document Index: 97626624

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 22', 'artículo 43', 'artículo 2', 'artículo 5', 'Artículo 7', 'e contrario']

Auto n° 092 de 2008
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REPUBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Segunda de Revisión AUTO N° 092 de 2008 Referencia: Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T- 025 de 2004, después de la sesión pública de información técnica realizada el 10 de mayo de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión. Magistrado Ponente: MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSABogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil ocho (2008)La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por losMagistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y RodrigoEscobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, haadoptado la presente providencia con el objeto de proteger los derechosfundamentales de las mujeres afectadas por el desplazamiento forzado porcausa del conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosasinconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, y después de haberconvocado una sesión de información técnica el día 10 de mayo de 2007 conla participación de los voceros de las mujeres desplazadas.0. SINTESIS DE LA PRESENTE DECISIONa. En la presente providencia, la Sala Segunda de Revisión de la CorteConstitucional adopta medidas comprehensivas para la protección de losderechos fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado enel país y la prevención del impacto de género desproporcionado del conflictoarmado y del desplazamiento forzado; tales medidas consisten, en síntesis, en(i) órdenes de creación de trece (13) programas específicos para colmar los
vacíos existentes en la política pública para la atención del desplazamientoforzado desde la perspectiva de las mujeres, de manera tal que se contrarrestenefectivamente los riesgos de género en el conflicto armado y las facetas degénero del desplazamiento forzado, (ii) el establecimiento de dos presuncionesconstitucionales que amparan a las mujeres desplazadas, (iii) la adopción deórdenes individuales de protección concreta para seiscientas (600) mujeresdesplazadas en el país, y (iv) la comunicación al Fiscal General de la Naciónde numerosos relatos de crímenes sexuales cometidos en el marco delconflicto armado interno colombiano.El presupuesto fáctico de esta decisión es el impacto desproporcionado, enterminos cuantitativos y cualitativos, del conflicto armado interno y deldesplazamiento forzado sobre las mujeres colombianas. El presupuestojurídico de esta providencia es el carácter de sujetos de protecciónconstitucional reforzada que tienen las mujeres desplazadas por mandato de laConstitución Política y de las obligaciones internacionales del Estadocolombiano en materia de Derechos Humanos y Derecho InternacionalHumanitario.b. El análisis y la valoración fácticos y jurídicos realizados por la CorteConstitucional se llevaron a cabo en dos ámbitos principales: (1) el campo dela prevención del impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobrelas mujeres, y (2) el campo de la atención a las mujeres que son víctimas deldesplazamiento forzado y la protección de sus derechos constitucionalesfundamentales.c. En el ámbito de la prevención del desplazamiento forzoso, la CorteConstitucional ha identificado diez (10) riesgos de género en el marco delconflicto armado colombiano, es decir, diez factores de vulnerabilidadespecíficos a los que están expuestas las mujeres por causa de su condiciónfemenina en el marco de la confrontación armada interna colombiana, que noson compartidos por los hombres, y que explican en su conjunto el impactodesproporcionado del desplazamiento forzoso sobre las mujeres. Estos riesgosson: (i) el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en elmarco del conflicto armado; (ii) el riesgo de explotación o esclavización paraejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en una sociedadcon rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales; (iii) el riesgode reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados almargen de la ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, que se hace másgrave cuando la mujer es cabeza de familia; (iv) los riesgos derivados delcontacto o de las relaciones familiares o personales -voluntarias, accidentaleso presuntas- con los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales queoperan en el país o con miembros de la Fuerza Pública, principalmente porseñalamientos o retaliaciones efectuados a posteriori por los bandos ilegalesenemigos; (v) los riesgos derivados de su pertenencia a organizacionessociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo ypromoción de los derechos humanos en zonas afectadas por el conflictoarmado; (vi) el riesgo de persecución y asesinato por las estrategias de controlcoercitivo del comportamiento público y privado de las personas que
implementan los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorionacional; (vii) el riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedoreconómico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes deapoyo material y social; (viii) el riesgo de ser despojadas de sus tierras y supatrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada suposición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmueblesrurales; (ix) los riesgos derivados de la condición de discriminación yvulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y (x)el riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económicodurante el proceso de desplazamiento. Luego de valorar jurídicamente estosdiez riesgos desde un enfoque de prevención del desplazamiento forzado, laCorte Constitucional ordena en el presente Auto que el Gobierno Nacionaladopte e implemente un programa para la prevención de los riesgos de géneroque causan un impacto desproporcionado del desplazamiento sobre lasmujeres, programa que ha de ser diseñado e iniciar su ejecución en un términobreve en atención a la gravedad del asunto – a saber, tres meses a partir de lacomunicación de la presente providencia.De igual forma, en el ámbito de la prevención del desplazamiento forzoso y alidentificar los riesgos de género en el conflicto armado colombiano, la Cortehace hincapié en el riesgo de violencia sexual, constatando la gravedad ygeneralización de la situación de que se ha puesto de presente por diversasvías procesales ante esta Corporación en este sentido, mediante informacionesreiteradas, coherentes y consistentes presentadas por las víctimas o pororganizaciones que promueven sus derechos; y explica que los relatos deepisodios de violencia sexual contra mujeres sobre los que ha sido alertadaincluyen, según informaciones fácticas detalladas que se reseñan en el acápitecorrespondiente, (a) actos de violencia sexual perpetrados como parteintegrante de operaciones violentas de mayor envergadura -tales comomasacres, tomas, pillajes y destrucciones de poblados-, cometidos contra lasmujeres, jóvenes, niñas y adultas de la localidad afectada, por parte de losintegrantes de grupos armados al margen de la ley; (b) actos deliberados deviolencia sexual cometidos ya no en el marco de acciones violentas de mayoralcance, sino individual y premeditadamente por los miembros de todos losgrupos armados que toman parte en el conflicto, que en sí mismos formanparte (i) de estrategias bélicas enfocadas en el amedrentamiento de lapoblación, (ii) de retaliación contra los auxiliadores reales o presuntos delbando enemigo a través del ejercicio de la violencia contra las mujeres de susfamilias o comunidades, (iii) de retaliación contra las mujeres acusadas de sercolaboradoras o informantes de alguno de los grupos armados enfrentados,(iv) de avance en el control territorial y de recursos, (v) de coacción paradiversos propósitos en el marco de las estrategias de avance de los gruposarmados, (vi) de obtención de información mediante el secuestro ysometimiento sexual de las víctimas, o (vii) de simple ferocidad; (c) laviolencia sexual contra mujeres señaladas de tener relaciones familiares oafectivas (reales o presuntas) con un miembro o colaborador de alguno de losactores armados legales e ilegales, por parte de sus bandos enemigos, en tantoforma de retaliación y de amedrentamiento de sus comunidades; (d) laviolencia sexual contra las mujeres, jóvenes y niñas que son reclutadas por los
grupos armados al margen de la ley, violencia sexual que incluye en formareiterada y sistemática: (i) la violación, (ii) la planificación reproductivaforzada, (iii) la esclavización y explotación sexuales, (iv) la prostituciónforzada, (v) el abuso sexual, (vi) la esclavización sexual por parte de los jefeso comandantes, (vii) el embarazo forzado, (viii) el aborto forzado y (ix) elcontagio de infecciones de transmisión sexual; (e) el sometimiento de lasmujeres, jóvenes y niñas civiles a violaciones, abusos y acosos sexualesindividuales o colectivos por parte de los miembros de los grupos armados queoperan en su región con el propósito de obtener éstos su propio placer sexual;(f) actos de violencia sexual contra las mujeres civiles que quebrantan con sucomportamiento público o privado los códigos sociales de conducta impuestosde facto por los grupos armados al margen de la ley en amplias extensionesdel territorio nacional; (g) actos de violencia sexual contra mujeres que formanparte de organizaciones sociales, comunitarias o políticas o que sedesempeñan como líderes o promotoras de derechos humanos, o contramujeres miembros de sus familias, en tanto forma de retaliación, represión ysilenciamiento de sus actividades por parte de los actores armados; (h) casosde prostitución forzada y esclavización sexual de mujeres civiles, perpetradospor miembros de los grupos armados al margen de la ley; o (i) amenazas decometer los actos anteriormente enlistados, o atrocidades semejantes.Las conductas sobre las cuales se han presentado informaciones detalladas a laCorte que se reseñan en el acápite correspondiente, incluirían, de ser ciertoslos hechos, dentro de todas las anteriores categorías: violaciones y abusossexuales individuales y colectivos, torturas sexuales, mutilaciones sexuales yposteriores homicidios de las víctimas, actos atroces de ferocidad y barbariede contenido sexual, prostitución forzada, esclavización sexual, desnudezpública forzada, humillación sexual individual y colectiva, sometimiento aviolencia sexual como medio para obtener información, o amenazas deviolencia sexual, así como el sometimiento de las víctimas a prácticas crueles,inhumanas y degradantes tales como bailes, desfiles, entretenimientos oacompañamientos forzados para complacer a los miembros de los gruposarmados, y actos de sevicia cometidos públicamente contra sus cuerpos ocadáveres, a lo largo de todo el país y contra cientos de mujeres, jóvenes,niñas y adultas mayores pertenecientes a la población civil. Algunos de estoscrímenes se han cometido en forma aislada, otros con distintos grados defrecuencia, asunto que compete determinar a las autoridades competentes pararealizar las investigaciones penales de rigor.La Corte Constitucional no es competente para verificar fácticamente nivalorar jurídicamente desde la perspectiva penal la ocurrencia de estoscrímenes. Sin embargo, al constatar -en virtud de informaciones reiteradas yconsistentes que ha recibido- que se trata de un fenómeno cuyas dimensionesno se han valorado en su plena extensión hasta el momento, la Cortecomunicará las denuncias de cientos de casos de crímenes sexuales recientesal Fiscal General de la Nación, para lo de su competencia, y solicitará a laProcuraduría General de la Nación que supervigile el avance de lasinvestigaciones y procesos penales a los que haya lugar.
Advierte la Sala que el traslado a la Fiscalía y la comunicación a laProcuraduría obedece a la necesidad de que los órganos competentesestablezcan si se cometieron las conductas de las que se ha informado a laCorte, y cuáles fueron sus autores o partícipes. Al hacer dicho traslado, laCorte no está concluyendo que la Fiscalía no haya adelantado funciones deinvestigación para superar la impunidad. Además, tales investigacionespueden haberse desarrollado en el marco de procesos relativos a otros actoresviolentos, como organizaciones de narcotraficantes, bandas urbanas o ruralesde delincuentes y otras manifestaciones de criminal organizada. Por otra parte,la Corte no se refiere al lapso posterior a la desmovilización de gruposarmados ilegales, ni a la incidencia que ello pueda tener. Es de esperar que sidicha desmovilización culmina plenamente, ello contribuya a prevenir larealización futura de estos actos.d. En el ámbito de la atención a las mujeres víctimas del desplazamientoforzado y de la protección de sus derechos, la Corte Constitucional haidentificado dieciocho (18) facetas de género del desplazamiento forzado, esdecir, aspectos del desplazamiento que impactan de manera diferencial,específica y agudizada a las mujeres, por causa de su condición femenina en elmarco del conflicto armado colombiano. Estas dieciocho facetas de género deldesplazamiento incluyen tanto (1) patrones de violencia y discriminación degénero de índole estructural en la sociedad colombiana, preexistentes aldesplazamiento pero que se ven potenciados y degenerados por el mismo,impactando en forma más aguda a las mujeres desplazadas, como (2)problemas específicos de las mujeres desplazadas, producto de la conjunciónde los factores de vulnerabilidad que soportan, y que no afectan ni a lasmujeres no desplazadas, ni a los hombres desplazados. En la categoría (1) secuentan los riesgos acentuados de las mujeres desplazadas de ser víctimas depatrones estructurales de violencia y discriminación de género tales como (i)la violencia y el abuso sexuales, incluida la prostitución forzada, la esclavitudsexual o la trata de personas con fines de explotación sexual; (ii) la violenciaintrafamiliar y la violencia comunitaria por motivos de género; (iii) eldesconocimiento y vulneración de su derecho a la salud y especialmente desus derechos sexuales y reproductivos a todo nivel, con particular gravedad enel caso de las niñas y adolescentes pero también de las mujeres gestantes ylactantes; (iv) la asunción del rol de jefatura de hogar femenina sin lascondiciones de subsistencia material mínimas requeridas por el principio dedignidad humana, con especiales complicaciones en casos de mujeres conniños pequeños, mujeres con problemas de salud, mujeres con discapacidad oadultas mayores; (v) obstáculos agravados en el acceso al sistema educativo;(vi) obstáculos agravados en la inserción al sistema económico y en el accesoa oportunidades laborales y productivas; (vii) la explotación doméstica ylaboral, incluida la trata de personas con fines de explotación económica; (viii)obstáculos agravados en el acceso a la propiedad de la tierra y en la protecciónde su patrimonio hacia el futuro, especialmente en los planes de retorno yreubicación; (ix) los cuadros de discriminación social aguda de las mujeresindígenas y afrodescendientes desplazadas; (x) la violencia contra las mujereslíderes o que adquieren visibilidad pública por sus labores de promociónsocial, cívica o de los derechos humanos; (xi) la discriminación en su
inserción a espacios públicos y políticos, con impacto especial sobre suderecho a la participación; y (xii) el desconocimiento frontal de sus derechoscomo víctimas del conflicto armado a la justicia, la verdad, la reparación y lagarantía de no repetición. La categoría (2) incluye (xiii) los especialesrequerimientos de atención y acompañamiento psicosocial de las mujeresdesplazadas, que se han visto gravemente insatisfechos; (xiv) problemasespecíficos de las mujeres ante el sistema oficial de registro de la poblacióndesplazada, así como ante el proceso de caracterización; (xv) problemas deaccesibilidad de las mujeres al sistema de atención a la población desplazada;(xvi) una alta frecuencia de funcionarios no capacitados para atender a lasmujeres desplazadas, o abiertamente hostiles e insensibles a su situación;(xvii) el enfoque a menudo “familista” del sistema de atención a la poblacióndesplazada, que descuida la atención de un altísimo número de mujeresdesplazadas que no son cabezas de familia; y (xviii) la reticencia estructuraldel sistema de atención a otorgar la prórroga de la Atención Humanitaria deEmergencia a las mujeres que llenan las condiciones para recibirla. Luego devalorar constitucionalmente cada una de estas facetas de género y explicar suincidencia sobre el disfrute de los derechos fundamentales de las mujeresafectadas, la Corte imparte las medidas de protección a las que necesariamentedebe haber lugar, consistentes en ordenar la creación de doce programasespecíficos por parte del Gobierno Nacional orientados a resolver estas facetasde género del desplazamiento forzado, dentro de un término breve dada lagravísima magnitud de la situación – a saber, tres (3) meses después de lacomunicación de la presente providencia.e. Finalmente, en respuesta a la situación concreta y particular de seiscientas(600) mujeres desplazadas por la violencia en diversos lugares del país que hasido puesta de presente por diversas vías ante esta Corporación, la CorteConstitucional impartirá las correspondientes órdenes individuales deprotección para cada uno de sus casos específicos, y ordenará que, además derecibir la atención general a la que tiene derecho cualquier personadesplazada, sean vinculadas a los programas relevantes que se habrán de crearen respuesta a las facetas de género del desplazamiento interno, que resultenpertinentes para su situación personal y familiar.f. Dada la magnitud de las violaciones de los derechos fundamentales de lasmujeres desplazadas que han sido demostradas ante la Corte Constitucional yel carácter estructural de los problemas que han de resolverse, la Sala instaráen esta providencia al mayor nivel posible de participación por parte de lasorganizaciones nacionales e internacionales que promueven los derechos delas mujeres desplazadas por la violencia en el país, en el proceso de diseño eimplementación de los trece programas que se ordena establecer mediante elpresente Auto, y en el seguimiento individual de la situación de cada una delas seiscientas beneficiarias de las órdenes concretas de protección que másadelante se impartirán.I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DELA PRESENTE DECISION
I.1. Persistencia del estado de cosas inconstitucional en el campo deldesplazamiento forzado.En la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró la existenciade un estado de cosas inconstitucional en el campo del desplazamientoforzado en el país, e impartió varias órdenes complejas encaminadas aasegurar su superación, y a avanzar hacia la garantía del goce efectivo de losderechos fundamentales de las víctimas de este crimen. Según se constató enel Auto 218 de 2006, y según lo han reconocido posteriormente diversasautoridades gubernamentales ante la Corte Constitucional, en particulardurante la audiencia pública realizada en febrero de 2008 ante estaCorporación, el estado de cosas inconstitucional persiste en la actualidad, yconlleva la continuidad de la violación masiva, sistemática, profunda ypersistente de los derechos fundamentales de millones de personas en elterritorio nacional victimizadas por este complejo fenómeno.I.2. Competencia continua de la Corte Constitucional para verificar lasuperación del estado de cosas inconstitucional.I.2.1. De conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, “el juez(…) mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido elderecho o eliminadas las causas de la amenaza.”1 La Sala Segunda deRevisión de la Corte Constitucional, en el marco del proceso de seguimientoal cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia T-025 de 2004,mantiene su competencia para verificar que las autoridades adopten lasmedidas necesarias para asegurar el goce efectivo de los derechosfundamentales de las personas desplazadas en el país.I.2.2. En virtud de decisión de la Sala Segunda de Revisión del día trece (13)de agosto de 2007, la Corte Constitucional ha reasumido la competencia paragarantizar el cumplimiento de las órdenes impartidas en el marco del procesode seguimiento de la superación del estado de cosas inconstitucional enmateria de desplazamiento interno.I.3. Identificación previa, por el juez constitucional, de la especialvulnerabilidad de las mujeres desplazadas por la violencia y la violacióngrave y sistemática de sus derechos fundamentales, así como de la ausenciade un enfoque diferencial sensible a sus necesidades específicas.I.3.1. En la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional manifestó que,en términos generales, las personas desplazadas por el conflicto armado, dadaslas circunstancias que rodean el desplazamiento, “quedan expuestas a un nivelmucho mayor de vulnerabilidad2, que implica una violación grave, masiva y1 Sobre la competencia de la Corte Constitucional para dictar autos que aseguren que el cumplimiento de loordenado en una sentencia de tutela, siempre que ello sea necesario, ver, entre otros, los Autos 010 y 045 de2004, MP: Rodrigo Escobar Gil. Ver también la sentencia T-086 de 2003, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.2 Los motivos y las manifestaciones de esta vulnerabilidad acentuada han sido caracterizados por la Cortedesde diversas perspectivas. Así, por ejemplo, en la sentencia T-602 de 2003 se precisaron los efectos nocivosde los reasentamientos que provoca el desplazamiento forzado interno dentro de los que se destacan “(i) lapérdida de la tierra y de la vivienda, (ii) el desempleo, (iii) la pérdida del hogar, (iv) la marginación, (v) el
sistemática de sus derechos fundamentales3 y, por lo mismo, amerita elotorgamiento de una especial atención por las autoridades: ‘Las personasdesplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que loshace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado’4.” Másadelante, al identificar los derechos constitucionales fundamentalesespecíficos que resultan vulnerados por las situaciones de desplazamientoforzado, la Corte señaló expresamente los derechos de los miembros de los“grupos especialmente protegidos ‘en razón de las precarias condiciones quedeben afrontar las personas que son obligadas a desplazarse’5”, entre loscuales se cuentan las mujeres cabeza de familia. La Corte precisó que lainterpretación de los derechos de los sujetos de especial protecciónconstitucional que forman parte de la población desplazada se debe realizarcon arreglo a los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Nos. 2, 4 y9, relativos a la protección especial que el Estado debe dispensar a ciertosgrupos de desplazados.I.3.2. Posteriormente, en el Auto 218 de 2006, la Corte Constitucionalconstató la persistencia del estado de cosas inconstitucional declarado en lasentencia T-025 de 2004, y entre las áreas críticas de la política pública deatención a la población desplazada que ameritaban una intervención urgente,incluyó la “falta de especificidad de la política de atención en sus diversoscomponentes”, resaltando que no se había demostrado un avance significativoen la adopción de enfoques que respondieran a las necesidades específicas delos sujetos de especial protección constitucional, que resultan afectadosagudamente por las cargas implícitas en el desplazamiento, ya que “sediferencian del resto [de la población desplazada] en cuanto a laespecificidad de sus vulnerabilidades, sus necesidades de protección y deincremento de la enfermedad y de la mortalidad, (vi) la inseguridad alimentaria, (vii) la pérdida del acceso ala propiedad entre comuneros, y (viii) la desarticulación social.”, así como el empobrecimiento y el deterioroacelerado de las condiciones de vida. Por otra parte, en la sentencia T-721 de 2003 (i) se señaló que lavulnerabilidad de los desplazados es reforzada por su proveniencia rural y (ii) se explicó el alcance de lasrepercusiones psicológicas que surte el desplazamiento y se subrayó la necesidad de incorporar unaperspectiva de género en el tratamiento de este problema, por la especial fuerza con la que afecta a lasmujeres.3 Ver, entre otras, las sentencias T-419 de 2003, SU-1150 de 2000.4 Corte Constitucional, Sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta tutela seacumulan tres demandas. La primera corresponde a un grupo de desplazados por la violencia estabacompuesto por 26 familias que habían ocupado un predio de alto riesgo de propiedad de CORVIDE y queiban a ser desalojados por las autoridades municipales de Medellín, sin que se les hubiera ofrecido atenciónhumanitaria y sin que existiera un plan de atención a la población desplazada. El segundo grupo estabacompuesto por una familia de desplazados que solicitaba ayuda a las autoridades de Cali para tener acceso alos beneficios de vivienda que se otorgaban a personas ubicadas en zonas de alto riesgo, pero a quienes se lesniega dicho auxilio con el argumento de que no estaba diseñado para atender población desplazada que sólopodían recibir ayuda de carácter temporal. El tercer grupo, también unifamiliar, interpuso la acción de tutelacontra la Red de Solidaridad, pues a pesar de haber firmado un acuerdo de reubicación voluntaria y habersetrasladado al municipio de Guayabal, la Red no había cumplido con la ayuda acordada para adelantarproyectos productivos y para obtener una solución de vivienda definitiva. La ayuda pactada para el proyectoproductivo fue finalmente entregada al actor por orden del juez de tutela, pero la ayuda para vivienda no se ledio porque estaba sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos.5 Ver, por ejemplo, las sentencias T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño, en donde la Corte tutela losderechos de 14 menores de edad a quienes se les niega el cupo para estudiar en el Colegio Sol de Oriente de laComuna Centro Oriental de Medellín, por razones de edad, ausencia de cupos disponibles e imposibilidad deasumir los costos generados; T-419 de 2003, MP: Alfredo Beltrán Sierra, donde la Corte concede el amparode los derechos a dos mujeres cabeza de familia desplazadas y a sus hijos, a quienes en un caso, no se le habíadado la ayuda humanitaria a la que tenían derecho, y en el otro, la ayuda humanitaria recibida resultabaclaramente insuficiente dadas las urgentes necesidades de la familia.
atención, y las posibilidades que tienen de reconstruir sus proyectos de vidadigna. De ahí se deriva la necesidad de adoptar un enfoque diferencial,específico, que reconozca que el desplazamiento surte efectos distintosdependiendo de la edad y del género.”6I.3.3. En consecuencia, la Sala nota que en anteriores decisiones de esta Cortese advirtió con toda claridad a las autoridades que integran el SNAIPD sobrela necesidad de adoptar un enfoque diferencial en relación con la poblacióndesplazada, que reconozca, entre otros, los derechos y necesidades especialesde las mujeres víctimas del desplazamiento forzado. Como se demostrará a lolargo de la presente providencia, esta indicación por parte del juezconstitucional no se ha traducido, a la fecha, en acciones concretas orientadasa resolver los riesgos de género propios del conflicto armado o las facetas degénero del desplazamiento interno.I.4. Las mujeres desplazadas por el conflicto armado son sujetos de especialprotección constitucional, en virtud de los mandatos de la Carta Política y delas obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia deDerechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.El punto de partida y el fundamento común de la presente providencia es elcarácter de sujetos de especial protección constitucional que tienen las mujeresdesplazadas por el conflicto armado. Esta condición de sujetos de especialprotección impone a las autoridades estatales a todo nivel, respecto de lasmujeres víctimas del desplazamiento forzado, especiales deberes de atención ysalvaguarda de sus derechos fundamentales, a cuyo cumplimiento debenprestar particular diligencia. Tal carácter de sujetos de especial protecciónconstitucional justifica, como se indicó en la sentencia T-025 de 2004, querespecto de las mujeres desplazadas se adopten medidas de diferenciaciónpositiva, que atiendan a sus condiciones de especial debilidad, vulnerabilidade indefensión y propendan, a través de un trato preferente, por materializar elgoce efectivo de sus derechos fundamentales. El carácter de sujetos de6 La Corte declaró en dicho Auto 218 de 2006 (i) que “como resultado de las fallas en la caracterización dela población desplazada y la insensibilidad que se presentó en la formulación de la política frente a lossujetos de especial protección constitucional titulares de derechos constitucionales, entre otras causasseñaladas desde la sentencia T-025 de 2004, ante la Corte no se ha demostrado que la política pública deatención al desplazamiento se haya formulado o aplicado con observancia del criterio de especificidad que sederiva del mandato de garantizar los derechos de los sujetos especialmente vulnerables. Por el contrario, hayen los informes remitidos algunos ejemplos de programas o acciones diseñados para la población vulnerableen general, a través de los cuales se continúan canalizando esfuerzos para la atención a la poblacióndesplazada, y sin que dichos programas tengan la especificidad requerida respecto de los desplazados (…)”;y (ii) que “en los informes no se muestra que los programas de atención adelantados por las distintasautoridades que conforman el sistema presten especial atención a las necesidades particulares de losancianos, los niños y las mujeres cabeza de familia que conforman la población a atender. En efecto, estossujetos de especial protección constitucional resultan afectados en forma aguda por la condición dedesplazamiento, dada la magnitud de los riesgos a los que están expuestos –por ejemplo, riesgos para susalud y su vida, de caer en redes de tráfico y prostitución, de ser reclutados forzosamente para los gruposarmados irregulares, de desnutrición de los niños o, en el caso de las mujeres y niñas, de sufrir violación desus derechos sexuales y reproductivos-. Si bien la totalidad de individuos desplazados comparten, entérminos generales, la violación de sus derechos constitucionales, estos tres grupos poblacionales sediferencian del resto en cuanto a la especificidad de sus vulnerabilidades, sus necesidades de protección y deatención, y las posibilidades que tienen de reconstruir sus proyectos de vida digna. De ahí se deriva lanecesidad de adoptar un enfoque diferencial, específico, que reconozca que el desplazamiento surte efectosdistintos dependiendo de la edad y del género.”
especial protección constitucional de las mujeres desplazadas tiene sufundamento en múltiples mandatos constitucionales, así como en diversasobligaciones del Estado Colombiano en materia de Derechos Humanos yDerecho Internacional Humanitario, como se precisa brevemente acontinuación.I.4.1. Mandatos constitucionales específicos. Las obligacionesconstitucionales del Estado colombiano relativas a la protección de la mujerfrente a todo tipo de violencia y discriminación son claras y múltiples. Elartículo 1º de la Constitución establece que Colombia es un Estado Social deDerecho fundado en el respeto de la dignidad humana. El artículo 2º consagracomo uno de los fines esenciales del Estado el de garantizar la efectividad delos principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y disponeinequívocamente que “las autoridades de la República están instituidas paraproteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar elcumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Elartículo 5º dispone que el Estado “reconoce, sin discriminación alguna, laprimacía de los derechos inalienables de la persona”. El artículo 13 estableceque “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la mismaprotección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo”,y obliga al Estado a promover las condiciones para que la igualdad sea real yefectiva, así como a adoptar “medidas en favor de grupos discriminados omarginados”. El artículo 22 consagra el derecho a la paz. Y el artículo 43dispone inequívocamente que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos yoportunidades”, y que “la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase dediscriminación”, obligando al Estado a prestar especial protección a lamaternidad y a las mujeres cabeza de familia.I.4.2. Obligaciones internacionales aplicables. Igualmente trascendentales sonlas obligaciones internacionales del Estado colombiano en relación con laprevención de la discriminación y la violencia contra la mujer, particularmentede las mujeres víctimas del conflicto armado, tales como las mujeresdesplazadas. Estas obligaciones se derivan principalmente del DerechoInternacional de los Derechos Humanos y el Derecho InternacionalHumanitario, los cuales resultan directamente aplicables al problema de laprevención del impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobrelas mujeres, y protección de los derechos fundamentales de las mujeresefectivamente desplazadas por la violencia.I.4.2.1. Obligaciones internacionales en el campo de la protección de losDerechos Humanos. En el ámbito del Derecho Internacional de los DerechosHumanos, la Corte recuerda las obligaciones estatales derivadas del derechode las mujeres a vivir dignamente, libres de toda forma de discriminación y deviolencia. Estas obligaciones están plasmadas, principalmente, en (a) laDeclaración Universal de Derechos Humanos7, (b) el Pacto Internacional de7 En virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, “todos los seres humanos nacenlibres e iguales en dignidad y derechos” (Art. 1), “toda persona tiene los derechos y libertades proclamados
Derechos Civiles y Políticos8, (c) la Convención Americana sobre DerechosHumanos9, (d) la Convención sobre la eliminación de todas las formas dediscriminación contra la mujer10, y (e) la Convención interamericana paraprevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer11.I.4.2. Obligaciones internacionales en el ámbito del Derecho InternacionalHumanitario. El Derecho Internacional Humanitario, que cobija directamentea las mujeres desplazadas por ser éstas víctimas del conflicto armadocolombiano, provee garantías de distintos grados de especificidad para estossujetos de especial protección. En primer lugar, es una norma consuetudinaria,que impone una obligación internacional al Estado Colombiano, el que lasmujeres víctimas de conflictos armados y sus necesidades particulares debenser objeto de especial atención.12 Además, las mujeres desplazadas sonen esta Declaración, sin distinción alguna de… sexo” (Art. 2), y “todos tienen derecho a igual proteccióncontra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”(Art. 7).8 Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “la libertad, la justicia y la paz en el mundotienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y desus derechos iguales e inalienables”, los cuales “se derivan de la dignidad inherente a la persona humana”(preámbulo), “los Estados Partes en el Presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres laigualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto” (Art. 3), y “laley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contracualquier discriminación por motivos de… sexo” (Art. 26).9 La Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que sus Estados Partes “se comprometen arespetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda personaque esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de… sexo” (Art. 1) y que todas laspersonas “tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley” (Art. 24).10 La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer establece que“la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de ladignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en lavida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento delbienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujerpara prestar servicio a su país y a la humanidad” (Preámbulo), que los Estados Partes se comprometen a“seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar ladiscriminación contra la mujer”, con claras obligaciones positivas que de allí se derivan (Art. 2), por lo cual“tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas lasmedidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de lamujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertadesfundamentales en igualdad de condiciones con el hombre” (Art. 3).11 De conformidad con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violenciacontra la Mujer (Convención de Belem do Pará), “la violencia contra la mujer constituye una violación de losderechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento,goce y ejercicio de tales derechos y libertades”, “la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidadhumana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”,y “la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual ysocial y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida”, por lo cual los Estados Partesreconocen que “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en elprivado” (Art. 3), “toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos losderechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobrederechos humanos” (Art. 4), “toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos,económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en losinstrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos” y “la violencia contra la mujer impide yanula el ejercicio de esos derechos” (Art. 5), obligándose en consecuencia a “adoptar, por todos los mediosapropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia” (Art. 7).12 En la sentencia C-291/07 se explicó el valor de las normas consuetudinarias que integran el DerechoInternacional, y el Derecho Internacional Humanitario en particular, en los siguientes términos: “debe tenerseen cuenta que las normas de origen consuetudinario ocupan un lugar de primera importancia en el ámbito delDerecho Internacional Humanitario. Recuerda la Sala que las normas consuetudinarias de DerechoInternacional Humanitario son vinculantes para Colombia en la misma medida en que lo son los tratados y losprincipios que conforman este ordenamiento jurídico. En términos generales, la Corte Constitucional hareconocido en su jurisprudencia el valor vinculante de la costumbre internacional para el Estado colombianoen tanto fuente primaria de obligaciones internacionales y su prevalencia normativa en el orden interno a la
beneficiarias del amparo de dos de los principios fundamentales del DerechoInternacional Humanitario, a saber, el principio de distinción –que proscribe,entre otras, los ataques dirigidos contra la población civil y los actos deviolencia destinados a sembrar terror entre la población civil, que usualmentepreceden y causan el desplazamiento, y en otras oportunidades tienen lugardespués de que el desplazamiento ha tenido lugar-, y el principio humanitarioy de respeto por las garantías fundamentales del ser humano –que cobija a lasmujeres como personas, en relación con quienes existen varias garantíasfundamentales directamente aplicables a la situación que se ha puesto depresente ante la Corte-.13 Todas las autoridades que integran el Estadocolombiano, entre ellas la Corte Constitucional, están en “la obligaciónprimordial de respetar y hacer respetar el Derecho InternacionalHumanitario”14, obligación cuyos contenidos concretos se precisarán a lolargo del presente Auto.En cuanto a los deberes estatales específicos frente a las mujeres víctimas deldesplazamiento forzado causado por el conflicto armado, éstos se encuentranpar de los tratados internacionales, así como la incorporación de las normas consuetudinarias que reconocenderechos humanos al bloque de constitucionalidad [sentencia C-1189 de 2000]. Específicamente en relacióncon el Derecho Internacional Humanitario, la Corte ha reconocido que las normas consuetudinarias que lointegran, se vean o no codificadas en disposiciones convencionales, forman parte del corpus jurídico que seintegra al bloque de constitucionalidad por mandato de los artículos 93, 94 y 44 Superiores.13 Entre ellas (i) la prohibición de la discriminación en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario,(ii) la prohibición del homicidio, (iii) la prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos ydegradantes -que es en sí misma una norma de ius cogens-, (iv) la prohibición de los castigos corporales y lossuplicios -norma de ius cogens como tal-, (v) la prohibición de las mutilaciones, de las experimentacionesmédicas o científicas u otras actuaciones médicas no requeridas por la persona afectada y contrarias a lasnormas médicas generalmente aceptadas -la cual de por sí es una norma de ius cogens-, (vi) la prohibición dela violencia de género, de la violencia sexual, de la prostitución forzada y de los atentados contra el pudor;(vii) la prohibición de la esclavitud y de la trata de esclavos -norma con rango propio de ius cogens-, (viii) laprohibición del trabajo forzado no retribuido o abusivo, (ix) la prohibición de las desapariciones forzadas, (x)la prohibición de la privación arbitraria de la libertad, (xi) la obligación de respetar las garantías judicialesesenciales y por los principios de legalidad de los delitos y de las penas y de responsabilidad penal individual,(xii) la prohibición de los castigos colectivos, (xiii) la obligación de proteger los derechos de las mujeresafectadas por los conflictos armados, (xiv) la obligación de proteger los derechos especiales de los niñosafectados por los conflictos armados, junto con la prohibición de reclutamiento infantil y la prohibición depermitir la participación directa de niños en las hostilidades, (xv) la prohibición absoluta de los crímenes delesa humanidad cometidos en el curso de un conflicto armado –norma igualmente revestida del carácterautónomo de ius cogens-, y (xxii) la prohibición de los actos de terrorismo. Ver las referencias específicas quese harán más adelante a estas garantías fundamentales. En términos generales, ver la sentencia C-291 de 2007(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).14 Sentencia C-291 de 1997 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa): “Los Estados, entre ellos el Estadocolombiano, tienen la obligación primordial de respetar y hacer respetar el Derecho InternacionalHumanitario. A nivel internacional, esta obligación se deriva de fuentes convencionales y consuetudinarias, yforma parte del deber general de los Estados de respetar el Derecho Internacional y honrar sus obligacionesinternacionales. A nivel constitucional, esta obligación encuentra su fuente en diversos artículos de la CartaPolítica. (…) Como lo han resaltado las instancias internacionales que se acaban de citar, la obligacióngeneral de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario se manifiesta en varios deberesespecíficos. Entre ellos se cuentan: (1) el deber de impartir las órdenes e instrucciones necesarias a losmiembros de las fuerzas armadas para garantizar que éstos respeten y cumplan el Derecho InternacionalHumanitario, así como de impartir los cursos de formación y asignar los asesores jurídicos que seanrequeridos en cada caso; y (2) el deber de investigar, juzgar, sancionar y reparar los crímenes de guerra, loscrímenes de lesa humanidad y el genocidio cometidos en el curso de conflictos armados internos, deber quecompete en principio a los Estados por mandato del derecho internacional consuetudinario, pues son éstos através de sus autoridades legítimamente establecidas quienes deben hacer efectiva la responsabilidad penalindividual por las infracciones serias del Derecho Internacional Humanitario –sin perjuicio del principio dejurisdicción universal respecto de la comisión de este tipo de crímenes, que hoy en día goza de aceptacióngeneral-; y (3) el deber de adoptar al nivel de derecho interno los actos de tipo legislativo, administrativo ojudicial necesarios para adaptar el ordenamiento jurídico doméstico a las pautas establecidas, en loaplicable, por el derecho humanitario.”
codificados y sintetizados en los “Principios Rectores de los DesplazamientosInternos”, los cuales se basan en las disposiciones pertinentes del DerechoInternacional Humanitario y el Derecho Internacional de los DerechosHumanos, que a su vez forman parte del bloque de constitucionalidad yresultan vinculantes por mandato de la Constitución Política (arts. 93 y 94Superiores). Es directamente aplicable, como pauta general de interpretación,el Principio 1, al disponer que “los desplazados internos disfrutarán encondiciones de igualdad de los mismos derechos y libertades que el derechointernacional y el derecho interno reconocen a los demás habitantes delpaís”. El Principio Rector 4 provee el criterio interpretativo primordial a esterespecto en relación con las mujeres desplazadas, al disponer que losPrincipios en general “se aplicarán sin distinción alguna de… sexo”, a pesarde lo cual ciertos desplazados internos, tales como “las mujeres embarazadas,las madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia” y otraspersonas especialmente vulnerables “tendrán derecho a la protección yasistencia requerida por su condición y a un tratamiento que tenga en cuentasus necesidades especiales”.I.4.3. Las anteriores obligaciones constitucionales e internacionales del Estadocolombiano proveen el fundamento jurídico general y suficiente para laadopción de la presente providencia. En forma adicional, diversasdisposiciones constitucionales e internacionales específicas obligan a lasautoridades nacionales a todo nivel a adoptar, en forma urgente, correctivoseficaces para prevenir y remediar las diversas y profundas violaciones dederechos fundamentales que soportan en la práctica las mujeres desplazadaspor el conflicto armado. La Sala se detendrá en su explicación y valoración enel capítulo correspondiente de la presente providencia.I.5. Obligación constitucional e internacional de adoptar un enfoquediferencial estricto de prevención del desplazamiento interno y su impactodesproporcionado sobre la mujer.El artículo 2 de la Constitución Política dispone que entre los fines esencialesdel Estado se incluyen los de “servir a la comunidad”, “garantizar laefectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en laConstitución”, y “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un ordenjusto”. Acto seguido dispone el mismo mandato constitucional que lasautoridades estatales han sido instituidas “para proteger a todas las personasresidentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demásderechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberessociales del Estado y de los particulares”. Más adelante, el artículo 5ºSuperior ordena que “el Estado reconoce, sin discriminación alguna, laprimacía de los derechos inalienables de la persona”. Estas cláusulas de laCarta Política son vinculantes en sí mismas, y su contenido obliga claramenteal Estado colombiano a adoptar un enfoque preventivo del desplazamientoforzado, que ataque sus causas de raíz con suficiente especificidad como parano subsumirse en una política general de seguridad interna, y que garantice asíque la respuesta estatal al desplazamiento forzado no se limita a la atención de
las víctimas a posteriori, sino que también opera directamente sobre susfactores causales.Los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia deDerecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho InternacionalHumanitario, también obligan a las autoridades a adoptar un enfoque deprevención del desplazamiento forzado que sea lo suficientementediferenciado como para incidir sobre las causas de fondo de este fenómeno ysu impacto desproporcionado sobre las mujeres. Tales obligacionesinternacionales, sintetizadas en los Principios Rectores de losDesplazamientos Internos, consisten en que (a) “Todas las autoridades yórganos internacionales respetarán y harán respetar las obligaciones que lesimpone el derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el derechohumanitario, en toda circunstancia, a fin de prevenir y evitar la aparición decondiciones que puedan provocar el desplazamiento de personas” – Principio5-; y (b) “Todo ser humano tendrá derecho a la protección contradesplazamientos arbitrarios que le alejen de su hogar o de su lugar deresidencia habitual” –Principio 6-.En cuanto al asunto específico de la prevención de la violencia contra lamujer, que se expresa en los distintos riesgos de género específicos queafectan a las mujeres en el contexto del conflicto armado y de la cual eldesplazamiento forzado es una manifestación y una secuela típica y compleja,debe recordarse lo dispuesto en el Artículo 7 de la Convención Interamericanapara prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en virtud delcual los Estados Partes se obligan a “adoptar, por todos los mediosapropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar yerradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (…) (b) actuar conla debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contrala mujer”.El enfoque diferencial estricto de prevención del desplazamiento forzado queel Estado colombiano está obligado a adoptar, también implica en términosespecíficos que las autoridades colombianas deben actuar resueltamente frentea una situación de violación de los derechos fundamentales tan grave como lade las mujeres desplazadas del país en tanto víctimas del conflicto armado.Ello, aunado a las obligaciones internacionales del Estado en materia deprevención de la violencia contra la mujer, implica que las autoridadescolombianas están en la obligación constitucional e internacional,imperativa e inmediata, de identificar y valorar los riesgos específicos a losque están expuestas las mujeres en el marco del conflicto armado, por seréstos causa directa del impacto desproporcionado que tiene sobre ellas eldesplazamiento, para así poder actuar de la manera más enérgica posiblepara prevenirlos y proteger a sus víctimas.I.6. Deberes de protección específica de mujeres desplazadas que hanrecurrido por distintas vías procesales a la Corte Constitucional para buscarla salvaguarda de sus derechos.
La Corte Constitucional ha sido informada por distintas vías –principalmentepor derechos de petición, acciones de tutela sometidas a revisión de la Corte einformes proporcionados por diversas entidades públicas, privadas einternacionales- sobre la situación específica de seiscientas (600) mujeresdesplazadas en distintos lugares del país, cuyos derechos fundamentales estánsiendo frontalmente vulnerados de conformidad con los patrones identificadosen la presente providencia, y que requieren una solución estatal inmediata pormandato de la Carta Política, en el marco del seguimiento a la sentencia detutela T-025 de 2004 y a la superación del estado de cosas inconstitucional allídeclarado -el cual se manifiesta de manera palpable, concreta y apremiante enlos casos de estas seiscientas (600) mujeres, y por lo mismo también ha de serresuelto a este nivel-. En tanto máximo juez constitucional, la CorteConstitucional debe responder en forma resuelta ante situaciones de violaciónpatente de los derechos humanos como las que se han configurado en lascircunstancias de vida de estas seiscientas mujeres desplazadas y sus núcleosfamiliares.Este deber de protección específica no se opone a la protección de todas lasmujeres desplazadas. Al igual que sucedió en la senencia T-025 de 2004, laCorte impartirá órdenes generales para garantizar los derechos de todas lasdesplazadas, y órdenes particulares en relación con las mujeres identificadascon nombre propio.En este orden de ideas, la Corte se detendrá en la descripción y valoraciónconstitucional de estos casos individuales, impartiendo las órdenes de atencióninmediata a las que haya lugar, sin perjuicio de las órdenes de alcance generalpara proteger a todas las mujeres desplazadas.I.8. La sesión técnica de información sobre la adopción de un enfoquediferencial de género en la política pública de atención al desplazamiento,como foro principal para la obtención información por la Corte.La información que ha dado lugar a la adopción de la presente providencia esvoluminosa, y atañe a múltiples campos relacionados con la situación actualde los derechos de las mujeres desplazadas por el conflicto armado enColombia.Las fuentes principales de esta información han sido los diversos informes quehan presentado ante la Corte Constitucional tanto las autoridades estatales queconforman el SNAIPD, como los entes públicos de control y lasorganizaciones nacionales e internacionales que promueven los derechos de lapoblación desplazada, con ocasión de la realización ante la Sala Segunda deRevisión de la sesión pública de información técnica que tuvo lugar el día 10de mayo de 2007, sobre la adopción de un enfoque diferencial de génerodentro de la política pública de atención a la población desplazada. Talesinformes han proporcionado a esta Corporación valoraciones comprehensivasy sistemáticas, realizadas desde diversas perspectivas, de la situación actual delas mujeres desplazadas, y de las respuestas oficiales a sus condiciones devida.
Por otra parte, la Corte Constitucional ha sido provista de una gran cantidad deinformación atinente tanto a los aspectos generales de la situación de lasmujeres desplazadas en el país como a situaciones específicas de mujeresindividuales afectadas por este fenómeno en distintas partes de Colombia; talinformación ha permitido a la Corte aproximarse en forma objetiva a larealidad fáctica de las mujeres desplazadas en tanto víctimas de seriasviolaciones de los derechos fundamentales.Resalta la Corte que el contenido de este gran cúmulo de información, pese asu diversidad y a su volumen, es sorprendentemente reiterativo, en cuanto a laidentificación constante y consistente, por múltiples fuentes, de una serie dehechos que configuran graves vulneraciones de los derechos fundamentales delas mujeres desplazadas.II. CONSTATACIONES GENERALES.II.1. Impacto diferencial y agudizado del conflicto armado sobre lasmujeres del país, dados los riesgos específicos y cargas extraordinariasque les impone por su género la violencia armada.La violencia ejercida en el conflicto armado interno colombiano victimiza demanera diferencial y agudizada a las mujeres, porque (a) por causa de sucondición de género, las mujeres están expuestas a riesgos particulares yvulnerabilidades específicas dentro del conflicto armado, que a su vez soncausas de desplazamiento, y por lo mismo explican en su conjunto elimpacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres–a saber: (i) el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexualen el marco del conflicto armado; (ii) el riesgo de explotación o esclavizaciónpara ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en unasociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales;(iii) el riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actoresarmados al margen de la ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, que sehace más grave cuando la mujer es cabeza de familia; (iv) los riesgosderivados del contacto o de las relaciones familiares o personales -voluntarias,accidentales o presuntas- con los integrantes de alguno de los grupos armadosilegales que operan en el país o con miembros de la Fuerza Pública,principalmente por señalamientos o retaliaciones efectuados a posteriori porlos bandos ilegales enemigos; (v) los riesgos derivados de su pertenencia aorganizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de sus laboresde liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por elconflicto armado; (vi) el riesgo de persecución y asesinato por las estrategiasde control coercitivo del comportamiento público y privado de las personasque implementan los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorionacional; (vii) el riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedoreconómico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes deapoyo material y social; (viii) el riesgo de ser despojadas de sus tierras y supatrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada suposición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmuebles
rurales; (ix) los riesgos derivados de la condición de discriminación yvulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y (x)el riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económicodurante el proceso de desplazamiento-; y (b) como víctimas sobrevivientesde actos violentos que se ven forzadas a asumir roles familiares,económicos y sociales distintos a los acostumbrados, las mujeres debensobrellevar cargas materiales y psicológicas de naturaleza extrema yabrupta, que no afectan de igual manera a los hombres.A la base de los factores (a) y (b) -que explican el impacto diferencial yagudizado del conflicto armado sobre las mujeres y a su vez dan cuenta deldesproporcionado impacto de género del desplazamiento forzado-, seencuentran las inequidades e injusticias propias de la discriminación, laexclusión y la marginalización habituales que de por sí deben sobrellevar lasmujeres del país en su inmensa mayoría, con la violencia que les esconsustancial en espacios públicos y privados – patrones de géneroestructurales que se ven potenciados, explotados, capitalizados y degeneradospor la confrontación armada.El impacto diferencial y agudizado del conflicto armado sobre las mujeres enColombia, y sus efectos de exacerbación y profundización de ladiscriminación, exclusión y violencia de género preexistentes -particularmenteen el caso de las mujeres indígenas, afrocolombianas y marginadas- han sidodenunciados en términos urgentes por diversas instancias internacionales en elcurso de los últimos años, entre las cuales se cuentan la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de DerechosHumanos, el Comité de vigilancia del cumplimiento de la Convención sobre laEliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, laRelatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer,la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las NacionesUnidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para losRefugiados, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el Racismo, laRelatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los DerechosHumanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, UNICEF,y prestigiosas y serias entidades internacionales promotoras de los derechoshumanos tales como Amnistía Internacional, el Comité Internacional de laCruz Roja y Human Rights Watch. Denuncias similares han sido presentadaspor diversas organizaciones de derechos humanos nacionales ante distintosforos públicos, así como ante la Corte Constitucional.II.2. Impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre lasmujeres, en términos cuantitativos y cualitativos. Facetas de género deldesplazamiento forzado.Como consecuencia del impacto diferencial y agudizado del conflictoarmado colombiano sobre las mujeres, éstas se han visto afectadas enforma manifiestamente desproporcionada por el desplazamiento forzado,en términos cuantitativos y cualitativos –es decir, con relación tanto alelevado número de personas desplazadas que son mujeres, como a la
naturaleza diferencial y la profundidad con la que el desplazamiento forzadopor el conflicto armado dificulta, obstruye o impide el ejercicio de losderechos fundamentales de las mujeres afectadas-. La dureza y desproporcióncon las que el desplazamiento afecta a las mujeres colombianas ha llevado ainstituciones tales como la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de laComisión Interamericana de Derechos Humanos15 a caracterizar eldesplazamiento forzado en sí mismo como una manifestación típica de laviolencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado.El desplazamiento interno tiene numerosas facetas de género que explicansu impacto cualitativamente desproporcionado y diferencial sobre elejercicio de los derechos fundamentales de un número igualmentedesproporcionado de mujeres. Las facetas de género del desplazamientosobre las cuales se ha alertado a la Sala suman dieciocho en total y conllevanindividualmente serias violaciones de los derechos constitucionales de lasafectadas; su efecto acumulativo, que les refuerza recíprocamente y por lotanto resulta manifiestamente contrario a la Carta Política y al principio dedignidad humana sobre el cual ésta se erige, afecta a la vez a la totalidad de lasmujeres afectadas por el desplazamiento. Estas facetas de género se puedenagrupar en dos categorías principales: (1) los patrones de violencia ydiscriminación de género que de por sí preexisten en la sociedad colombiana yque se ven intensificados exponencialmente tanto por (a) las condiciones devida de las mujeres desplazadas, como por (b) el impacto diferencial yagravado de las fallas del sistema oficial de atención a la población desplazadasobre las mujeres, y (2) los problemas y necesidades específicos de lasmujeres desplazadas como tales, que no son experimentados ni por las mujeresno desplazadas, ni por los hombres desplazados.En la categoría (1) se cuentan los riesgos acentuados de las mujeresdesplazadas de ser víctimas de patrones estructurales de violencia ydiscriminación de género tales como (i) la violencia y el abuso sexuales,incluida la prostitución forzada, la esclavitud sexual o la trata de personas confines de explotación sexual; (ii) la violencia intrafamiliar y la violenciacomunitaria por motivos de género; (iii) el desconocimiento y vulneración desu derecho a la salud y especialmente de sus derechos sexuales yreproductivos a todo nivel, con particular gravedad en el caso de las niñas yadolescentes pero también de las mujeres gestantes y lactantes; (iv) laasunción del rol de jefatura de hogar femenina sin las condiciones desubsistencia material mínimas requeridas por el principio de dignidad humana,con especiales complicaciones en casos de mujeres con niños pequeños,mujeres con problemas de salud, mujeres con discapacidad o adultas mayores;(v) obstáculos agravados en el acceso al sistema educativo; (vi) obstáculosagravados en la inserción al sistema económico y en el acceso a oportunidadeslaborales y productivas; (vii) la explotación doméstica y laboral, incluida latrata de personas con fines de explotación económica; (viii) obstáculosagravados en el acceso a la propiedad de la tierra y en la protección de su15 Visita de la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH a Colombia en junio de 2005,relacionada en el documento “Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflictoarmado en Colombia”, documento OEA/Ser.L/V/II.Doc67.Spa.
patrimonio hacia el futuro, especialmente en los planes de retorno yreubicación; (ix) los cuadros de discriminación social aguda de las mujeresindígenas y afrodescendientes desplazadas; (x) la violencia contra las mujereslíderes o que adquieren visibilidad pública por sus labores de promociónsocial, cívica o de los derechos humanos; (xi) la discriminación en suinserción a espacios públicos y políticos, con impacto especial sobre suderecho a la participación; y (xii) el desconocimiento frontal de sus derechoscomo víctimas del conflicto armado a la justicia, la verdad, la reparación y lagarantía de no repetición. La categoría (2) incluye (xiii) los especialesrequerimientos de atención y acompañamiento psicosocial de las mujeresdesplazadas, que se han visto gravemente insatisfechos; (xiv) problemasespecíficos de las mujeres ante el sistema oficial de registro de la poblacióndesplazada, así como ante el proceso de caracterización; (xv) problemas deaccesibilidad de las mujeres al sistema de atención a la población desplazada;(xvi) una alta frecuencia de funcionarios no capacitados para atender a lasmujeres desplazadas, o abiertamente hostiles e insensibles a su situación;(xvii) el enfoque a menudo “familista” del sistema de atención a la poblacióndesplazada, que descuida la atención de un altísimo número de mujeresdesplazadas que no son cabezas de familia; y (xviii) la reticencia estructuraldel sistema de atención a otorgar la prórroga de la Atención Humanitaria deEmergencia a las mujeres que llenan las condiciones para recibirla.Las dieciocho facetas de género del desplazamiento forzado perpetúan elespectro continuo de violencias, discriminaciones y exclusiones a las que lasmujeres se encuentran expuestas de por sí en la sociedad colombiana y másaún en el conflicto armado, interactuando con ellas en complejos marcos decausalidad recíproca. A la vez, las numerosas facetas de género deldesplazamiento se entrecruzan y retroalimentan entre sí, para generar nuevasinequidades e injusticias de carácter reiterado, masivo, complejo y grave, quevulneran la totalidad de los derechos constitucionales de las mujeres afectadas.Por lo tanto, para la Corte Constitucional la situación actual de las mujeresdesplazadas en el país constituye, sin lugar a duda, una de lasmanifestaciones más críticas y alarmantes del estado de cosasinconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, que ameritamedidas específicas de resolución por parte de las autoridades competentesa todo nivel, las cuales serán ordenadas en la presente providencia.II.3. Invisibilidad del problema.El impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres ysus numerosas facetas de género, con la nueva serie de violencias, inequidadese injusticias que de allí se derivan, son catalizados significativamente por lainvisibilidad del problema, particularmente a nivel oficial. Esta invisibilidadse traduce en la inexistencia de una política pública específica para responderde manera efectiva a las distintas facetas de género del desplazamientointerno, así como al impacto diferencial y agudizado del conflicto armadosobre la mujer, inexistencia que se ha acreditado con claridad meridiana anteesta Corporación. Al propiciar la configuración de cuadros abiertamentelesivos del principio de dignidad humana, tal invisibilidad constituye un
eslabón más en la cadena de inequidades e injusticias que se cierne sobre lasmujeres víctimas del desplazamiento forzado.Por otra parte, esta invisibilidad se traduce en que no se cuenta, dentro de lascategorías de medición e indicadores aplicados para dar cuenta del conflictoarmado colombiano, con instrumentos conceptuales específicos para detectarlos distintos tipos de violencias que deben afrontar las mujeres en el marco delconflicto, así como de su impacto de género desproporcionado en términoscuantitativos y cualitativos. Esta es una de las causas más obvias e inmediatasde la invisibilidad del problema de las mujeres frente al conflicto armado y eldesplazamiento interno. A nivel de la prevención de los riesgos especiales enel marco del conflicto armado, no hay una caracterización cuidadosa de lasdistintas formas de violencia de género a las que están expuestas y que, alreforzar el impacto del conflicto armado, generan un desplazamientodesproporcionado de mujeres en todo el país. En ausencia de estacaracterización difícilmente puede haber una respuesta oficial apropiada en elámbito de la prevención del desplazamiento forzado.II.4. Deberes constitucionales inmediatos y urgentes del Estadocolombiano frente a la situación de las mujeres desplazadas por laviolencia.En atención a tan grave estado de cosas, la Corte Constitucional constata queel Estado colombiano está actualmente obligado a dar cumplimiento, con elmayor grado de diligencia, a sus diversas obligaciones constitucionales einternacionales atinentes al respeto, protección, restablecimiento y promociónde los derechos de las mujeres, niñas, jóvenes y adultas mayores desplazadaspor el conflicto armado interno, así como a sus obligaciones de prevenir eldesplazamiento forzado de la población, y específicamente de prevenir suimpacto desproporcionado sobre las mujeres. Los avances logrados por lasautoridades en este campo hasta la fecha son precarios, en particular desde laadopción de la sentencia T-025 de 2004, de los Autos 176, 177 y 178 de 2005y 218 de 2006. Este deber de acción inmediata atraviesa todos loscomponentes tanto de la política pública para la atención al desplazamientoforzado como del Sistema Nacional de Atención Integral a la PoblaciónDesplazada.El Estado colombiano está, así, en la obligación constitucional e internacionalde resolver en forma ágil, decidida, acelerada y efectiva las numerosas fallas yvacíos en la respuesta oficial a la situación de las mujeres frente aldesplazamiento forzado en el marco del conflicto armado, reconociendo yrespondiendo al impacto diferencial y desproporcionado que éste surte sobreel ejercicio de sus derechos fundamentales más básicos, así como a lasposibilidades diferentes que tienen para reconstruir sus proyectos de vida unavez se ha causado el desplazamiento. Abstenerse de actuar resueltamenteen este sentido conllevaría un desconocimiento del impacto diferencial deldesplazamiento forzado sobre las mujeres, y contribuiría a su turno areforzar la afectación desproporcionada que este fenómeno surte sobresus derechos fundamentales. En consecuencia, el presente Auto se adopta
como respuesta comprehensiva a la situación de las mujeres desplazadas, en elmarco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en lasentencia T-025 de 2004, y como cumplimiento de la misión institucional deesta Corporación.En las secciones siguientes de la presente providencia, la Sala se detendrá enla descripción y valoración jurídica de cada una de las proposiciones queconforman las constataciones generales (1) a (4) recién expuestas, las cualeshan sido amplia y claramente probadas ante la Sala por diversasorganizaciones, autoridades e individuos, según se indicará en cada acápite, yademás se ilustran con una amplia serie de casos concretos individuales quehan sido puestos en conocimiento de la Corte Constitucional en el curso de losúltimos meses por vía de acciones de tutela o derechos de petición, y queserán objeto de medidas de protección individuales adoptadas también en elpresente Auto. En relación con cada una de dichas proposiciones, la Corteefectuará (i) una descripción fáctica detallada en términos generales yespecíficos, tanto de la situación como de la respuesta estatal a la misma, (ii)una valoración constitucional tanto de la situación fáctica como de la respuestaestatal a la misma, y (iii) una verificación de cuáles han de ser las medidas aadoptar para responder a los deberes constitucionales e internacionalesrelevantes en cada caso. Finalmente, la Corte impartirá las órdenes generales yespecíficas a las que haya lugar.Por su gravedad, su generalización a lo largo del país y su materialización enseiscientos (600) casos concretos de mujeres desplazadas que han sido puestosen conocimiento de la Corte Constitucional –y que serán objeto de igualnúmero de medidas específicas e individuales de protección en la presenteprovidencia por constituir una muestra diciente sobre la situación actual de loscientos de miles de mujeres desplazadas en el país que atraviesancircunstancias semejantes-, la Sala se detendrá en la descripción cuidadosa yla valoración constitucional estricta de cada una de estas proposiciones -tantode los factores de fondo que explican el impacto desproporcionado deldesplazamiento sobre las mujeres como de las facetas de género deldesplazamiento interno-, teniendo en cuenta que en virtud del principio delEstado Social de Derecho (art. 1, C.P.), es esta realidad fáctica la que ha deorientar el diseño e implementación del enfoque de género urgentementerequerido por la política de atención a la población desplazada en el país, cuyaadopción también se ordenará en el presente Auto.16III. IMPACTO DIFERENCIAL Y AGUDIZADO DEL CONFLICTOARMADO SOBRE LAS MUJERES. RIESGOS DE GENERO YCARGAS EXTRAORDINARIAS PARA LAS MUJERES EN ELMARCO DEL CONFLICTO ARMADO. ENFOQUE DIFERENCIAL16 Se puede consultar a este respecto la sentencia T-772 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), en lacual la Corte explicó que “las políticas públicas, programas o medidas diseñadas y ejecutadas por lasautoridades de un Estado Social de Derecho, han de partir de una evaluación razonable y cuidadosa de larealidad sobre la cual dichas autoridades efectuarán su intervención, y formularse de manera tal queatiendan a los resultados fácticos derivados de la evaluación en cuestión, no a un estado de cosas ideal odesactualizado, en forma tal que no se afecte indebidamente el goce efectivo de los derechos fundamentalesde las personas.”
ESTRICTO DE PREVENCION DEL DESPLAZAMIENTO FORZADODE LAS MUJERES.El primer hecho probado con amplitud y total claridad ante la CorteConstitucional es que la violencia ejercida en el marco del conflictoarmado interno colombiano, en sus distintas manifestaciones, afecta demanera diferencial y agudizada a las mujeres. Esta afectación diferencial yagudizada se explica, como ya se dijo, por dos grupos de factores: en primerlugar los riesgos y vulnerabilidades específicos de la mujer en el contexto delconflicto armado –que a su turno generan patrones particulares dedesplazamiento de mujeres-, y en segundo lugar las distintas cargas materialesy psicológicas extraordinarias que se derivan para las mujeres sobrevivientesde los actos de violencia que caracterizan dicho conflicto armado. Cada uno deestos dos grupos de factores, que a la vez son la causa del impactodesproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres, se explora yvalora jurídicamente a continuación.La Corte nota, de entrada, que ambas series de factores causantes del impactodiferencial y agudizado del conflicto armado sobre las mujeres, se derivan a suturno de la persistencia y prevalencia de patrones sociales estructurales quefomentan la discriminación, exclusión y marginalización que de por síexperimentan las mujeres colombianas en sus vidas diarias, con los alarmantesniveles de violencia y subordinación que le son consustanciales tanto enespacios públicos como en privados, y que les ubica en una posición dedesventaja en el punto de partida para afrontar el impacto del conflicto armadoen sus vidas. Organismos internacionales tales como la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos, han resaltado en repetidasoportunidades “su preocupación por la discriminación por razón de géneroque afecta a las mujeres colombianas, en particular en los ámbitos de trabajo,educación y su participación en asuntos políticos, así como las diferentesformas de violencia”, y han expresado su alarma por la ausencia de medidasestatales orientadas a eliminar los factores culturales ordinarios y“preexistentes” al conflicto armado, particularmente los estereotipos yrepresentaciones sexistas o degradantes de la mujer, que fomentan sudiscriminación y sometimiento a la violencia – en especial la violencia sexual,la violencia intrafamiliar y la trata de personas. Tal y como se ha demostradoante esta Sala, estos patrones estructurales preexistentes son potenciados,explotados, capitalizados y degenerados por los actores que toman parte en laconfrontación armada; de allí que, como se verá, las mujeres afectadas por elconflicto interno sean víctimas de una espiral de agravación y profundizaciónde la discriminación, exclusión y violencia de género que prevalecen de por síen el país. Como lo explica la Comisión Interamericana: “45. La CIDH ha manifestado reiteradamente que tanto los hombres como las mujeres colombianas que hacen parte de la población civil, ven sus derechos menoscabados dentro del conflicto armado colombiano y sufren sus peores consecuencias. Sin embargo, a pesar que los dos sufren violaciones de sus derechos humanos y cargan con las consecuencias del conflicto, los efectos son diferentes para cada uno. La fuente de esta diferencia es que las mujeres colombianas han sufrido situaciones de discriminación y violencia por el hecho de ser mujeres desde
su nacimiento y el conflicto armado se suma a esta historia ya vivida. Para las mujeres, el conflicto armado es un elemento que agrava y perpetúa esta historia. La violencia y discriminación contra las mujeres no surge sólo del conflicto armado; es un elemento fijo en la vida de las mujeres durante tiempos de paz que empeora y degenera durante el enfrentamiento interno. 46. En el ámbito del conflicto armado, todas las características que han expuesto a las mujeres a ser discriminadas y a ser sujetas de un trato inferior históricamente, sobretodo sus diferencias corporales y su capacidad reproductiva, así como las consecuencias civiles, políticas, económicas y sociales para ellas de esta situación de desventaja, son explotadas y abusadas por los actores del conflicto armado en su lucha por controlar territorio y recursos económicos. Una variedad de fuentes, incluyendo las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y organizaciones de la sociedad civil en Colombia, han identificado, descrito y documentado las múltiples formas en que los derechos de las mujeres son menoscabados en el contexto del conflicto armado, por el simple hecho de ser mujeres.”17Este empeoramiento de las condiciones de las mujeres resulta más intenso aúnen el caso de las ciudadanas que forman parte de grupos vulnerables de lapoblación, tales como las mujeres indígenas, afrodescendientes y habitantes dezonas marginadas, quienes sufren la carga de múltiples discriminaciones yviolencias superpuestas, al tiempo que son las menos preparadas paraafrontarlas en términos materiales y psicológicos cuando llegan desplazadas aun nuevo entorno.En esa medida, cualquier estrategia oficial de prevención del impactodesproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado sobre lasmujeres, que pretenda abordar los distintos factores causantes de tal impactodesproporcionado, debe a su vez prever medidas de fondo para atacar lascausas profundas que subyacen a tales factores, a saber, las discriminacionesestructurales de la mujer en numerosos ámbitos de la sociedad colombiana.La Corte recuerda a este respecto, nuevamente, el contenido de los PrincipiosRectores de los Desplazamientos Internos –que a su vez sintetizan y reflejan elcontenido de las obligaciones internacionales de Colombia en este ámbito-, envirtud de los cuales (i) las autoridades nacionales deben respetar y hacerrespetar las obligaciones derivadas del derecho internacional “a fin deprevenir y evitar la aparición de condiciones que puedan provocar eldesplazamiento de personas” (Principio 5), y (ii) toda persona tiene derecho“a la protección contra desplazamientos arbitrarios que le alejen de su hogaro de su lugar de residencia habitual” (Principio 6).III.1. Los riesgos y vulnerabilidades específicos de las mujeres en elcontexto del conflicto armado colombiano, en tanto causas directas einmediatas de desplazamiento forzado.Las mujeres colombianas están expuestas a riesgos y vulnerabilidadesespecíficos en el marco del conflicto armado interno, que no son compartidospor los hombres –o que lo son a un nivel o en un grado distinto-, y que son asu turno causa directa e inmediata del desplazamiento forzado que las afecta17 Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Las mujeres frente a la violencia y la discriminaciónderivadas del conflicto armado en Colombia”, documento OEA/Ser.L/V/II.Doc67.Spa.
desproporcionadamente. Diversas instancias han probado en forma fehacienteante la Corte Constitucional que las mujeres del país -en particular aquellasubicadas en zonas rurales o marginadas y en las áreas especialmente afectadaspor el conflicto armado o por la presencia de grupos armados ilegales- debenafrontar, además de los peligros generales que representa la violencia armadapara toda la población, los diez riesgos y vulnerabilidades de género en elcontexto del conflicto interno antes mencionados y que ahora pasa la Corte aanalizar.III.1.1. Riesgo de violencia, explotación o abuso sexual en el marco delconflicto armado.III.1.1.1. La violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual,extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armadocolombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexuales, por parte detodos los grupos armados ilegales enfrentados, y en algunos casos aislados,por parte de agentes individuales de la Fuerza Pública. Numerosas fuentesnacionales e internacionales han informado a la Corte Constitucional,mediante relatos consistentes, coherentes y reiterados, sobre la ocurrenciareciente de cientos de actos atroces de contenido sexual contra niñas,adolescentes, mujeres y adultas mayores a todo lo ancho del territorio nacionaly en distintos escenarios del conflicto armado, que en sí mismos constituyencrímenes graves bajo la legislación nacional y el Derecho InternacionalHumanitario, y que en su conjunto presentan ante esta Corporación unpanorama fáctico de violencia, crueldad y barbarie sobre el cual se ha tendidoun manto casi total de invisibilidad, silencio e impunidad a nivel oficial yextraoficial. Las numerosas fuentes de esta información han señaladoreiteradamente que la abrumadora mayoría de los casos han sido atribuidos amiembros de grupos armados ilegales que participan en el conflicto armadocolombiano.La Corte Constitucional no es la entidad judicial competente para realizar,desde el punto de vista penal, la determinación fáctica ni la valoración ycalificación jurídica de estos eventos que se han relatado ante la Sala a travésde diversos medios. No obstante, dada la gravedad de los hechos relatados y elcarácter reiterado, coherente y consistente de las informaciones presentadas ala Corte, es un deber constitucional imperativo de esta Corporación y de losMagistrados que integran la Sala Segunda de Revisión, como garantes de laintegridad de la Constitución Política y en especial de los derechosfundamentales de los asociados, el correr traslado inmediato de los relatosrecibidos al señor Fiscal General de la Nación, no solamente paradesencadenar en forma inmediata las actuaciones jurídicas a las quenecesariamente debe haber lugar –en particular en los ámbitos de laprevención y atención del desplazamiento forzado y la garantía de losderechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la garantía deno repetición-, sino también para incluir la respuesta al fenómeno de laviolencia sexual a la que han estado y están expuestas las mujerescolombianas en el marco del conflicto armado dentro del más alto nivel deprioridad de la agenda oficial de la Nación.
Se enfatiza, en este sentido, que la descripción subsiguiente de numerososepisodios de violencia sexual se deriva directamente de igual número derelatos fácticos presentados a la Corte en forma coherente, consistente yreiterada por diversas organizaciones, funcionarios y particulares; y que taldescripción no conlleva ni la constatación, ni la valoración ni la calificaciónjurídica de tales hechos, funciones que compete cumplir a las autoridades queconforman la jurisdicción penal ordinaria del país.Por otra parte, también subraya la Corte que el señalamiento en varios de estosrelatos de la posible autoria individual de ciertos crímenes por agentesindividuales de la Fuerza Pública, no equivale de ninguna manera a proferir unjuicio de descalificación sobre esta institución ni sobre la inmensa mayoría delos miembros individuales que la conforman. Por el contrario – esprecisamente en virtud del respeto que guarda la Corte hacia la dignidadinstitucional misma de la Fuerza Pública y hacia la integridad y valor de lagran mayoría de sus miembros individuales, que los posibles casos decomisión de delitos de esta gravedad por algunos de sus agentes aisladosdeben ser investigados por las autoridades competentes dentro de lajurisdicción penal ordinaria con la mayor severidad y diligencia posibles, paraasí preservar el honor de esta importante institución pública y realzar lalegitimidad de sus actuaciones.El documento separado en el cual la Sala ha consignado la información sobrelos lugares de ocurrencia de los hechos y los nombres de las víctimas que seconocen, así como las fuentes específicas de cada uno de los relatos encuestión, será comunicado directamente por la Corte Constitucional al señorFiscal General de la Nación, y se declarará reservado –sin perjuicio de queaccedan a dicha información los fiscales delegados para dirigir lainvestigación-, para así preservar la intimidad de las personas afectadas, laseguridad de las personas y organizaciones que proveyeron los relatos fácticosa la Corte, y el debido desarrollo de las actividades investigativas pertinentespor la Fiscalía General de la Nación. También se comunicará al ProcuradorGeneral de la Nación –para efectos de la supervigilancia de los procesos deinvestigación y protección de las víctimas a los que haya lugar-, y al Directorde CODHES –para efectos de promover el acompañamiento de las víctimas-.III.1.1.2. El catálogo de crímenes sexuales cometidos recientemente en elconflicto armado colombiano sobre el cual se han presentado relatos fácticosreiterados, consistentes y coherentes ante la Corte Constitucional es amplio ycrudo; tales relatos revelan que la degradación de la confrontación bélica queafecta al país ha llegado a extremos de inhumanidad sobre los que no existe unregistro oficial, y respecto de los cuales tienen que adoptarse correctivosradicales de forma inmediata, por parte de todas las autoridades concompetencias en este campo. Diversas entidades, organizaciones, funcionariosy particulares han alertado reiteradamente, mediante informaciones detalladaspresentadas a la Corte a través de distintas vías durante los últimos meses,sobre la ocurrencia repetida e incremental de actos tales como los siguientes:
(a) Actos de violencia sexual perpetrados como parte integrante deoperaciones violentas de mayor envergadura -tales como masacres, tomas,pillajes y destrucciones de poblados-, cometidos contra las mujeres, jóvenes,niñas y adultas de la localidad afectada, por parte de los integrantes de gruposarmados al margen de la ley. Estos actos incluirían, de ser ciertos: violacionesy abusos sexuales individuales y colectivos, torturas sexuales, mutilacionessexuales y posteriores homicidios de las víctimas, así como actos atroces deferocidad y barbarie de contenido sexual, crímenes que quedan invisibilizadoso sub-registrados en el contexto de la situación general de más amplio alcance,y que han afectado directamente a cientos de mujeres en todo el país. Laocurrencia reciente de estos actos de barbarie se ha reportado, entre otras, enEl Salado (Bolívar), La Hormiga (Putumayo), la región del Alto Naya –municipios de Buenos Aires y Miravalle (Cauca y Valle), Ovejas (Sucre), SanBenito Abad (Sucre), El Tarra (Norte de Santander), La Gabarra (Norte deSantander), Teorama (Norte de Santander) y Puerto Caicedo (Putumayo), pormencionar solo algunos casos.(b) Actos deliberados de violencia sexual cometidos ya no en el marco deacciones violentas de mayor alcance, sino individualmente por los miembrosde todos los grupos armados que toman y han tomado parte en el conflicto,que en sí mismos forman parte (i) de estrategias bélicas enfocadas en elamedrentamiento de la población, (ii) de retaliación contra los auxiliadoresreales o presuntos del bando enemigo a través del ejercicio de la violenciacontra las mujeres de sus familias o comunidades, (iii) de retaliación contra lasmujeres acusadas de ser colaboradoras o informantes de alguno de los gruposarmados enfrentados, (iv) de avance en el control territorial y de recursos, (v)de coacción para diversos propósitos en el marco de las estrategias de avancede los grupos armados, (vi) de obtención de información mediante el secuestroy sometimiento sexual de las víctimas, o (vii) de simple ferocidad.18 Estosactos abarcan crímenes tales como la violación colectiva o individual –amenudo seguida del asesinato de la víctima-, las torturas y mutilacionessexuales, la prostitución forzada, la esclavización sexual, la desnudez públicaforzada, la humillación sexual individual y colectiva, el sometimiento aviolencia sexual como medio para obtener información, o la amenaza deviolencia sexual, efectuados contra mujeres, jóvenes, niñas y adultas mayores,a menudo frente a sus familias o ante la totalidad de sus comunidades, asícomo su sometimiento a prácticas crueles, inhumanas y degradantes talescomo bailes, desfiles, entretenimientos o acompañamientos forzados paracomplacer a los miembros de los grupos armados, y actos de seviciacometidos públicamente contra sus cuerpos o cadáveres –tales como distintosdesmembramientos o empalamientos, en varios casos de mujeres embarazadasy de mujeres vivas-. Incidentes recientes de esta índole se han reportado en laslocalidades de Tame (Arauca), Medellín, Neiva, Jamundí (Valle), Dabeiba(Antioquia), Las Delicias, Bogotá, Villavicencio, la Sierra Nevada de Santa18 Según ha explicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe, “las entrevistas ytestimonios recabados por la CIDH en Bogotá, Valledupar y Quibdó, evidencian que la violencia sexualcontra las mujeres se usa como estrategia de guerra por sí sola o acompaña a otras formas de violenciatambién empleadas contra los hombres, como la física y la psicológica.” Comisión Interamericana deDerechos Humanos: “Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado enColombia”, documento OEA/Ser.L/V/II.Doc67.Spa.
Marta, Valledupar y Quibdó, por enumerar sólo algunos casos representativos.También, en varios casos, se ha relatado su comisión por agentesindividualmente considerados de la Fuerza Pública.(c) La violencia sexual contra mujeres señaladas de tener relaciones familiareso afectivas (reales o presuntas) con un miembro o colaborador de alguno delos actores armados legales e ilegales, por parte de sus bandos enemigos, queincluye actos tales como violaciones individuales y colectivas, torturas ymutilaciones sexuales, en tanto forma de retaliación y de amedrentamiento desus comunidades; estos crímenes se han reportado en Turbo, Toribío (Cauca),Saravena (Arauca), Cali y Mutatá (Antioquia), por mencionar algunosejemplos recientes.(d) La violencia sexual contra las mujeres, jóvenes y niñas que son reclutadasforzosamente por los grupos armados al margen de la ley, violencia sexual queincluye en forma reiterada y sistemática: (i) la violación, (ii) la planificaciónreproductiva forzada –a través de distintos medios, pero principalmentemediante la colocación de dispositivos intrauterinos y el uso de otros métodosanticonceptivos, en contra de su voluntad y sin información sobre lasconsecuencias de su implantación, en tanto “orden” de obligatoriocumplimiento-, (iii) la esclavización y explotación sexuales, (iv) laprostitución forzada, (v) el abuso sexual, (vi) la esclavización sexual por partede los jefes o comandantes, (vii) el embarazo forzado, (viii) el aborto forzadoy (ix) el contagio de infecciones de transmisión sexual. Se ha reportado pornumerosas entidades nacionales e internacionales, de manera consistente yreiterada, que los miembros tanto de las guerrillas –de las FARC y el ELN-como de los grupos paramilitares –desmovilizados y en proceso dereconfiguración- que operan a todo lo largo del territorio nacional llevan acabo este tipo de actos en forma sistemática en el curso de sus actividadescriminales.(e) El sometimiento de las mujeres, jóvenes y niñas civiles a violaciones,abusos y acosos sexuales individuales o colectivos por parte de los miembrosde los grupos armados que operan en su región con el propósito de obteneréstos su propio placer sexual, muchas veces mediante el secuestro y retenciónde las víctimas durante períodos prolongados de tiempo o mediante requisasabusivas efectuadas en los retenes de los grupos armados ilegales, así comoactos de violencia sexual cometidos como retaliación contra las mujeres quese niegan a tener relaciones sexuales con los miembros de alguno de losactores armados o que se resisten a su violencia o explotación sexualespontánea. A la vez, la realización de actos de violencia, abuso y acososexual pone a las mujeres víctimas en situación de riesgo de ser objeto derepresalias por miembros del bando armado enfrentado. Actos de este tipo sehan reportado en Mutatá (Antioquia), Granada (Antioquia), Barrancabermeja,Medellín, varias zonas del Putumayo, Arauquita (Arauca), La Mohana(Sucre), Cauca y Jamundí (Valle), por mencionar algunos casos, entre loscuales los autores de los relatos han señalado también como partícipes a títuloindividual a algunos miembros de la Fuerza Pública.
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