Source: https://supremo.vlex.es/vid/certificados-administrativos-equivalencia-i-20551247
Timestamp: 2020-04-01 09:12:35
Document Index: 373295563

Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'artículo 24', 'artículo 120', 'artículo 24', 'artículo 88', 'artículo 14', 'artículo 23', 'artículo 139', 'artículo 9', 'artículo 129', 'artículo 130', 'artículo 1', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 88', 'artículo 120', 'artículo 88', 'artículo 7', 'artículo 14', 'e contrario', 'artículo 23']

STS, 15 de Marzo de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 20551247
Número de Recurso: 8075/1999
IMPUGNACIÓN. CERTIFICADOS ADMINISTRATIVOS. EQUIVALENCIA ESTABLECIDA. Se reclama contra sentencia que desestimó el recurso contencioso- administrativo que interpusieron Acció Cultural Del País Valenciá Y Sindicat De Treballadors I Treballadores De L'ensenyament Del País Valenciá- Intersindical Valenciana contra la Orden de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana, cuyo artículo único derogó los apartados del artículo cuarto de la Orden. La Generalidad Valenciana, para el ejercicio de las potestades normativas que le corresponden dentro del marco de competencias que tenga asumidas, también dispone de un amplio espacio de discrecionalidad y, consiguientemente, sus decisiones en materia lingüística no tienen por qué ser coincidentes con las que hayan sido dictadas por una Universidad en el marco de su específica y distinta autonomía. Es cierto que la discrecionalidad inherente al poder político que ostentan las Comunidades Autónomas exige respetar los criterios de oportunidad que hayan asumido en su acción de gobierno, pero no lo es menos que esta acción de gobierno está vinculada a las exigencias que impone la observancia de los derechos fundamentales. Se hace lugar al recurso de casación.
RAMON TRILLO TORRESJUAN JOSE GONZALEZ RIVASNICOLAS ANTONIO MAURANDI GUILLENPABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVAEDUARDO CALVO ROJAS
"(...) dicte sentencia por la que, con estimación de los motivos de casación alegados, al amparo del apartado c) del artículo 88.1 LJ , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia por incongruencia, por infracción de los artículos 33 y 67 de la Ley Jurisdiccional en relación con el artículo 24.1 de la Constitución Española y por falta de motivación con infracción del artículo 120.3 de la CE , en relación con el artículo 24.1 de la Constitución Española ; y al amparo del apartado d) del artículo 88.1 LJ , por infracción de normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, por infracción del artículo 14 de la CE ; del artículo 23.2 de la CE ; del artículo 139.1 de la C.E .; del artículo 9.3 de la C.E .; del artículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo ; del artículo 130 de la Ley de Procedimiento Administrativo ; del artículo 1.2 del Código Civil ; del Real Decreto 3118/1976 de 26 de noviembre ; del Real Decreto 1988/1984 de 26 de septiembre ; del Real Decreto 1496/1987 de 6 de noviembre ; del Real Decreto 1435/1990 de 26 de octubre ; de la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 29 de noviembre de 1995 y de la STC 75/1997 de 21 de abril ; case la sentencia recurrida y resuelva de conformidad a la súplica del escrito de demanda".
Conclusas las actuaciones se señaló para votación y fallo del presente recurso la audiencia de 1 de febrero de 2006 , pero la deliberación hubo de continuarse en fechas correspondientes a señalamientos posteriores como consecuencia del elevado número de asuntos.
La sentencia que aquí se recurre en casación desestimó el recurso contencioso- administrativo que interpusieron ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÁ y SINDICAT DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÁ- INTERSINDICAL VALENCIANA contra la Orden de 22 de diciembre de 1995 de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana, cuyo artículo único derogó los apartados 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3 y 4.4 del artículo cuarto de la Orden de 16 de agosto de 1994 .
La sentencia recurrida aborda inicialmente la inadmisión que fue opuesta por la Generalidad Valenciana sobre la base de que los recurrentes carecían de legitimación y la rechaza.
- dos causas de nulidad absoluta, al amparo del artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -LRJAP/-PAC -, por vulneración, respectivamente, de los artículos 14 y 23.2 (en relación con el 139.1) de la Constitución ;
- nulidad absoluta, al amparo del artículo 62.1.e) de la LRJAP/PAC , por infracción de los artículos 129 y 130 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 ;
- nulidad en virtud de lo establecido en el artículo 62.2 de la LRJAP/PAC , por oponerse a una disposición de rango superior, representada en concreto por el Decreto del Gobierno Valenciano 47/1989, de 4 de abril ; y
Más adelante estudia y desestima las impugnaciones que, a través de la invocación de los artículos 129 y 130 de la Ley de Procedimiento Administrativo -LPA- de 1958 , denunciaban vicios en el proceso de elaboración de la Orden recurrida; y lo mismo hace con la impugnación que le reprochaba su oposición a lo establecido en una disposición administrativa de rango superior, representada por el Decreto de 4 de abril de 1989 del Consell de la Generalidad Valenciana .
Finalmente, para rechazar esa denunciada discriminación se apoya en el criterio que sentó la sentencia de 20 de noviembre de 1992 de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo , que parcialmente transcribe, y lo completa con la afirmación de que no corresponde a los Tribunales pronunciarse sobre si la valenciana y la catalana son o no la misma lengua.
El recurso de casación de ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÁ y SINDICAT DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÁ- INTERSINDICAL VALENCIANA invoca en su apoyo varios motivos que se formalizan por diferente cauce casacional.
Hay dos primeros que son deducidos a través de la letra C) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional -LJCA- y critican a la sentencia recurrida el haber incurrido en infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por adolecer de incongruencia (con infracción de los artículos 33 y 67 de la LJCA, en relación con el 24 de la Constitución (CE ) y falta de motivación (se denuncia la infracción del artículo 120, en relación con el 24, ambos de la CE .
Y hay otros trece motivos, amparados en la letra D) de ese mismo artículo 88.1 LJCA , que lo que cuestionan es la solución que sobre el problema de fondo del litigio adoptó la Sala de Valencia.
Dentro de ese segundo grupo de motivos de casación, el decimotercero refiere la infracción que pretende sostener a la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Constitucional -STC- 75/1997, de 21 de abril , que precisamente otorgó el amparo solicitado por la Universidad de Valencia y anuló la sentencia de esta Sala -STS- de 20 de noviembre de 1992 .
Más antes de realizar ese análisis, y para terminar de acotar debidamente el actual debate, debe subrayarse también que esa repetida sentencia de 1992 había desestimado un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 18 de mayo de 1998 de la entonces Audiencia Territorial de Valencia , y ésta, a su vez, había anulado un acuerdo de la Universidad de Valencia que aludía a la lengua catalana y declarado "de uso obligado la denominación legal y oficial de la lengua e idioma valenciano en el ámbito de la Universidad de Valencia" (así se dice en los antecedentes de la STC 75/1997 ).
Sin embargo, esta inicial duda queda disipada si se tiene en cuenta que la sentencia aquí recurrida (a través de ese criterio que asume de la STS de 20 de noviembre de 1992 ) no fundamenta su decisión en la discrecionalidad que es inherente al poder reglamentario de la Generalidad Valenciana, sino en la interpretación que hace de la regulación que sobre la lengua propia se contiene en el Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana; y también si, tras lo anterior, se toma en consideración que esa interpretación no ha sido compartida y ha sido rechazada por la STC 75/1997 , que hace estas declaraciones:
Ha de concluirse, pues, que ese básico criterio decisor de la sentencia aquí recurrida en casación no puede ser confirmado porque es contrario a la doctrina contenida en esa STC 75/1996 ; y que, en consecuencia, el motivo de casación decimotercero (del segundo grupo) merece ser acogido.
Y la conclusión que se intenta derivar de todo ello es que la aquí discutida convalidación entre títulos o certificados, por estar referidos a lo que en el campo científico se considera un mismo saber académico, es una exigencia del principio constitucional de igualdad que reconocen (en ámbitos distintos) los artículos 14 y 23.2 de la Constitución .
La Generalitat Valenciana, en su contestación a la demanda, la oposición principal que realizó al anterior planteamiento de la parte actora consistió en invocar lo establecido sobre el valenciano en el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana , y en señalar también que el cumplimiento de ese mandato lo llevó a cabo la Ley autonómica de uso y enseñanza del Valenciano; y con apoyo en esas referencias normativas argumentó principalmente que la desigualdad entre el valenciano y el catalán no podía ser contraria al artículo 14 de la Constitución porque se basaba en las previsiones que la Ley establecía al efecto.
En la actual fase de casación, el escrito de oposición al recurso presentado por la Generalitat Valenciana ha completado su inicial defensa (frente a esa vulneración del principio de igualdad denunciada de contrario) con este nuevo argumento: que la parte recurrente reconoce que el valenciano es "la variedad de la lengua catalana hablada en la Comunidad Valenciana", y esto significa que, no estando referidos a dicha "variedad" los títulos de esas otras Administraciones cuya convalidación se pretende, no cabe hablar de una diferencia de trato carente de fundamentación razonable y objetiva, ni puede admitirse la existencia de una situación contraria al mandato de igualdad del artículo 23.2 CE .
Ese problema de si son o no lenguas diferentes el valenciano y el catalán ya ha de aceptarse que no está resuelto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, según ha declarado la STC 75/1997 .
También lo demuestra la legislación estatal de educación que ha invocado la parte demandante: en el catálogo de áreas de conocimiento que recogía el anexo del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre , figuraba la de Filología Catalana; en el apartado IV del catálogo de Títulos Universitarios Oficiales que incluyó el anexo del Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre , figuró el Título de Licenciado en Filología Catalana; y la Orden de 29 de diciembre de 1995 incluyó en el mencionado anexo del RD 1954/1994 los títulos de Licenciado en Filología, Sección Hispánica (Valenciana) y de Filosofía y Letras, División Filología (Filología Valenciana), como homologados o equivalentes al título de Filología Catalana, y expresó que así se hacía a propuesta del Consejo de Universidades.
Y en cuanto a las costas procesales, no son de apreciar circunstancias para hacer especial imposición sobre las correspondientes a la instancia ni sobre las de esta fase de casación ( art. 139 de la Ley jurisdiccional).
- Haber lugar al recurso de casación interpuesto por ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÁ y SINDICAT DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÁ-INTERSINDICAL VALENCIANA contra sentencia de 1 de julio de 1999 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y anular dicha sentencia a los efectos de lo que se declara a continuación.
- Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto en el proceso de instancia y anular, por no ser conforme a Derecho, la Orden de 22 de diciembre de 1995 de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana.
STS 22/2007, 22 de Enero de 2007