Source: http://www.forodeabogados.org.ar/edicion14/tema19.html
Timestamp: 2014-07-31 15:32:00
Document Index: 105375529

Matched Legal Cases: ['in fine', 'Artículo 296', 'Artículo 374', 'Artículo 503', 'artículo 286', 'artículo 10', 'artículo 71']

NOVIEMBRE DE 2011 - AÑO IV - Nº 14
La Querella en el Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe(Análisis a la luz de la Ley 12.912)
Dr. Alejandro María Otte
Sumario: I. La Reforma – II. El querellante y su posición en el derecho procesal penal argentino – III. Breve comentario de la normativa específica – IV. Consideraciones finales – V. Bibliografía.
El Código Procesal Penal de Santa Fe (C.P.P.), según ley 12.734, produjo una reformulación total del sistema de enjuiciamiento penal de la provincia, al instituir un modelo procedimental opuesto a su predecesor1, cuyos postulados incorporan principios que son propios de los regímenes procesales modernos y concordantes con la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales incorporados con la reforma de 1994 (art. 75, inc. 22), tales como: oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediatez, simplificación y celeridad (art. 3 C.P.P.). Se incorporó el denominado “principio de oportunidad”, excluyendo de la persecución del Ministerio Fiscal aquellos supuestos que por su insignificancia no afecten gravemente el interés público, los que deben ajustarse a los extremos contenidos en la normativa procesal (art. 19).
Con la sanción de la Ley N° 12.912 (B.O. 07.10.2008), se dio comienzo al Proceso de implementación progresiva del nuevo sistema de justicia de la provincia de Santa Fe, el cual puso en vigencia varios institutos de la Ley N° 12.734, y alteró la correlatividad del articulado dispuesto por esta última; generando así, una especie de tercer código en materia procedimental.
En el marco de esta reforma procesal histórica (si se nos permite la calificación), un punto de trascendental importancia lo constituye la participación acordada al ofendido en el proceso penal, quien gozaba de limitadas facultades en el sistema procesal anterior2.
El Código procesal penal según ley 12.912, reitera los postulados del art. 108 II3, con algunas diferencias basadas en la nueva concepción del sistema de enjuiciamiento penal santafesino; empero, y en concordancia con los principios que emanan de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales con idéntica jerarquía (art. 75, inc. 22 C.N.)4, se consagra el derecho de quien pretendiera ser ofendido penalmente por un delito de acción pública a intervenir en el proceso como querellante (art. 108 inc. 9° y art. 67 II C.P.P.). Asimismo, se extiende la facultad a los herederos forzosos de aquél como así también a la persona jurídica cuyo objeto fuera la protección del bien jurídico tutelado en la figura penal cuando se trate de delitos que afecten intereses colectivos o difusos (conf. art. 67 II C.P.P.).
II. El querellante y su posición en el derecho procesal penal argentino:
En relación a la figura del querellante, se ha debatido ampliamente acerca de la conveniencia de su intervención en un proceso penal motivado por un delito perseguible de oficio, y dicha discusión se ha trasladado a la legislación procesal del país y de los distintos digestos procesales de las provincias.
De esta manera, en la controversia por mantener o suprimir esta figura (tanto en el ordenamiento procesal nacional como en los distintos regímenes provinciales) se han esbozado argumentos de diversa índole, a los que haremos referencia para luego compararlos con lo dispuesto en el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe.
El derogado Código de Procedimientos en Materia Penal regulaba en su art. 170 la intervención en el proceso del particular damnificado por un delito de acción pública. Tal como lo señalara el propio autor del catálogo normativo, la razón sustancial por la que se introdujo la figura del querellante como parte activa del sistema procedimental penal se debe a que “no es posible, en mi concepto, desconocer en la persona damnificada el derecho de velar por el castigo del culpable, y tanto más, cuanto el resultado del juicio criminal tiene una influencia decisiva respecto de la existencia de las acciones criminales que nacen del delito”.
El sistema del “Código Obarrio” preveía entonces, la figura del querellante conjunto. El perimido digesto instrumental se enrolaba, en palabras de Cafferata Nores, en la tendencia “no abolicionista”, para la cual el querellante conjunto debía tener su lugar dentro del esquema procesal penal por argumentos tales como que al ofendido le asiste el derecho natural de pedir al Estado el castigo de quien ha violado la ley penal, afectando su propio bien jurídico que esa ley protege, que su intervención significa una cooperación para el Ministerio Público, o que su abolición responde a criterios sustentados por principios centralistas o de absolutismo político, opuestos al sistema republicano de gobierno5.
Otros de los argumentos esgrimidos en pro de su admisión, se basan en que su intervención significa, en la práctica, una eficaz cooperación para el Ministerio Fiscal, y un poderoso estímulo para su diligente actuación6.
En la tesitura opuesta se encontraba el Proyecto original elaborado por Levene (h), (art. 6), el que suprimía la intervención del querellante conjunto; tal actitud responde al convencimiento de que el estado no debe prestar servicios al interés o a la venganza personal, “que son generalmente los móviles que llevan al damnificado a ejercer la acción pública”.
Esa fue la opinión de Vélez Mariconde, quien estimaba que “el carácter eminentemente público del derecho penal, en consecuencia, ha derruido el fundamento de la institución” y el único derecho que tiene el particular ofendido no es otro que resarcirse del daño causado por el delito mediante el ejercicio de la acción civil7.
Empero, tras una serie de modificaciones al proyecto original, en el Código Procesal Penal según ley N° 23.984, se contempla, en el Libro Primero, Título IV, Capítulo IV, como parte, al querellante particular, al establecer que toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en parte querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que en este código se establezcan (conf. art. 82 C.P.P.N.).
Sin perjuicio de su reconocimiento expreso en el C.P.P.N. y en la mayoría de los catálogos normativos provinciales, la discusión se ha mantenido hasta la actualidad.
De esta manera, se ha sostenido que la querella es un resabio de la acusación privada, y más aun, reminiscencia de la venganza individual a pesar de su control por el Estado; es decir, que en la práctica, el ofendido es impulsado casi siempre por la idea de venganza y un interés pecuniario contrarios a los de justicia que deben guiar la acusación, por lo cual ha de ser un obstáculo para la recta administración de justicia, y que su intervención provocará que el acusador público se despreocupe, delegando la actividad en quien sólo vela por el interés particular y “que es la quinta rueda del carro, que pone al imputado frente a una doble acusación”8.
Sin embargo, la concepción que fundamenta su eliminación de los códigos procesales en la idea de que legitima la venganza privada, al decir de MAIER, éste es un prejuicio nunca demostrado, por el contrario, si se compara el resultado de los intentos de conciliación en la acción penal privada, se puede decir que la figura de la víctima “vengativa”, al menos con exclusión de los delitos de mayor gravedad y por medio del procedimiento judicial, no existe o existe en sus justos límites: la víctima tiene derecho, en primer lugar, a la disculpa del agresor y, en segundo, a que él repare el daño causado por su acción; y tiene también derecho, como cualquier ciudadano, a esperar la aplicación racional de la ley penal por parte de los órganos judiciales y a colaborar, para ello, en la búsqueda de la verdad, paradigma actual de la administración de justicia9.
Igualmente, debe tenerse en cuenta que la actividad del querellante se lleva a cabo en el marco del proceso, por lo que la misma encuentra sus límites tanto en la normativa específica como en los derechos y garantías reconocidos al imputado por nuestra Carta Magna y los tratados internacionales incorporados a ella a través de la reforma de 1.994.
Con respecto al argumento que sostiene que con la incorporación del querellante el imputado se ve sometido a una doble acusación, lo que repercutiría negativamente en su capacidad real de defensa en un proceso penal concreto, se ha dicho que en realidad, no es la intervención privada la que rompe el equilibrio, sino, la persecución penal oficial dotada del monopolio de la fuerza pública, a través del Ministerio Público con el auxilio de la policía, estructuras ambas organizadas y entrenadas para perseguir penalmente10.
En el ordenamiento procesal santafesino, previo a la reforma integral producida por la ley N° 12.734, la figura del querellante sólo estaba prevista para los delitos de acción privada, es decir, aquellos contemplados en el art. 73 Código Penal (art. 508 y sgtes. C.P.P.), desconociendo, por consiguiente, la facultad de adoptar dicha calidad en delitos de acción pública.
Con la nueva redacción, el legislador santafesino consagró como un derecho de quien pretendiera ser ofendido penalmente por un delito de acción pública a intervenir en el proceso como (parte) querellante (art. 108 C.P.P.)11.
III. Breve comentario de la normativa específica:
Art. 67 II: “Sin perjuicio de lo establecido por este Código para el juicio por delito de acción privada, quien pretendiera ser ofendido penalmente por un delito de acción pública o sus herederos forzosos, podrán intervenir en el proceso como parte querellante y ejercer todos los derechos que este Código establece. También podrá serlo la persona jurídica cuyo objeto fuera la protección del bien jurídico tutelado en la figura penal cuando se trate de delitos que afecten intereses colectivos o difusos”.
Se ha denominado al querellante como la persona que, además del ministerio público fiscal, está autorizada por la ley a perseguir penalmente en un procedimiento penal12; tanto para provocarlo como para introducirse en uno ya iniciado13; se trata de una suerte de sustituto procesal, ya que ejercita en nombre e interés propio una serie de actividades enderezadas a proteger un derecho ajeno, tal cual es el del Estado de someter al delincuente al cumplimiento de una pena14.
En el caso del digesto santafesino, el ofendido puede tomar intervención en la investigación ya iniciada15.
Ofendido penalmente, no es quien sufre un daño cualquiera a raíz del delito, incluso reparable según las reglas del derecho privado o público, sino quien porta en el contexto concreto el bien jurídico protegido por la norma penal de prohibición o de mandato presuntamente infringida, por tanto, el bien jurídico concretamente dañado o puesto en peligro16.
Vale remarcar que el carácter de ofendido por el delito, sólo se requiere a título de hipótesis. Exigir su previa comprobación implicaría la demostración del hecho investigado, lo que constituye el objeto del proceso.
Asimismo, se contempla la posibilidad de extender la legitimación a los herederos forzosos, es decir, aquéllos que tienen derecho a reclamar una porción legítima en la sucesión del causante (arts. 3.591 y ss. Código Civil): cónyuge, hijos y padres; desplazando a los colaterales y convivientes.
A diferencia de lo previsto en el art. 82, tercer párrafo del C.P.P.N., el código santafesino no aclara si dicha facultad sólo opera en los casos en los que el hecho punible objeto del proceso haya producido la muerte del titular del bien jurídico tutelado. Entendemos que al respecto, que el concepto de heredero forzoso del art. 67 II, sólo cobra valor luego de la muerte del causante, en virtud de que no existe una previsión normativa expresa que lo legitime a pretender ser tenido como parte querellante en los casos en que no se produjere la muerte del ofendido.
Una interpretación contraria legitimaría a quienes revisten tal carácter a impulsar o presentarse en un proceso penal, prescindiendo, ni más ni menos, de la voluntad de la víctima del hecho que motiva la constitución del proceso.
Por último, el art. 67 II in fine, extiende la legitimación a la persona jurídica cuyo objeto fuera la protección del bien jurídico tutelado en la figura penal cuando se trate de delitos que afecten intereses colectivos o difusos.
A diferencia de lo que ocurre con el ordenamiento procesal de la Nación, el legislador santafesino contempló la posibilidad de extender la legitimación a las personas jurídicas.
Lo antedicho encuentra su fundamento en la existencia de bienes jurídicos de carácter colectivo, supraindividual o universal y de intereses difusos, protegidos generalmente de manera programática por sociedades intermedias u Organizaciones No Gubernamentales.
De este modo, podrán constituirse como querellantes en los supuestos en los que el delito objeto del proceso se vea comprendido por el objeto de la asociación y en los casos de tutelar el bien jurídico lesionado por el delito, sin perjuicio de que exista un ofendido individual con derecho a presentar querella.
Requisitos de la instancia: Art. 67 III: “La instancia deberá formularse personalmente o por representante con poder especial, y en su caso con patrocinio letrado. El escrito deberá contener:
4) la petición de ser tenido como parte querellante y la firma”.
La solicitud de constituirse en parte querellante sólo admite la forma escrita. La pieza puede ser presentada por el propio querellante, con patrocinio letrado o bien por su mandatario voluntario, adjuntando el poder especial correspondiente17.
La exigencia en relación al patrocinio responde a la naturaleza eminentemente técnica de la tarea descripta, exceptuando el caso en que quien pretenda ser tenido como parte querellante sea un abogado.
La relación del hecho a la que refiere la primera parte del inciso 2°, resulta de gran utilidad a los fines de determinar si sobre la cuestión existe litispendencia, o algún pronunciamiento definitivo sobre el hecho que se indica en el escrito liminar de querella, y el sustrato fáctico de la imputación penal y que funda la pretensión del querellante.
La última parte del inciso comentado, permite individualizar en el escrito si quien pretende constituirse como parte querellante posee la legitimación (activa) requerida para dicho fin.
Los datos indicados en el inciso tercero resultan ineludibles a los fines de individualizar contra quien se dirige la querella. A diferencia de lo normado por el C.P.P.N. no se requiere el domicilio del querellado.
El inciso cuarto establece que el escrito debe contener la petición de ser tenido como parte querellante.
En materia de firmas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene entendido que su autenticidad en escritos judiciales resulta ineludible; de acreditarse lo contrario, los actos procesales así documentados carecen de toda eficacia jurídica y son insusceptibles de convalidación posterior18.
Finalmente, cabe agregar que en la presentación también deberá acreditarse, los extremos de la personería que se invocan, ya que, en virtud de lo establecido por el art. 163, inc. 2°, correspondería la declaración de inadmisibilidad.
Art. 67 IV: “La instancia de constitución como parte querellante podrá tener lugar hasta la audiencia preliminar.
Pasado ese momento, la instancia se rechazará, sin recurso.
En ningún caso paralizará la tramitación de la causa”.
El presente artículo fija como instante preclusivo para la constitución como parte querellante la audiencia preliminar (art. 296), es decir, aquella convocada por el Juez de la Investigación Penal Preparatoria a los fines de que se produzca la prueba ofrecida y admitida, y en la que las partes tienen oportunidad de fundamentar sus pretensiones (art. 302), previo al juicio propiamente dicho.
Sin embargo, por aplicación de lo normado en el art. 4° del Decreto N° 125/09, en tanto no se implemente la audiencia preliminar contemplada en el Artículo 296 de la Ley 12734, la instancia de constitución como parte querellante, podrán efectuarse hasta el dictado del decreto de elevación de la causa a juicio previsto en el Artículo 374 de la Ley 6740 o hasta la admisión formal de la requisitoria de elevación a juicio regulada en el Artículo 503 de la misma Ley, según corresponda. Dado que la constitución como parte querellante consiste en una presentación (por escrito) que debe reunir los requisitos del art. 94, resulta lógico establecer que la misma no paralice la tramitación de la causa; sin perjuicio que para la continuación de la misma, deberá haberse resuelto con antelación todo lo vinculado a su legitimación.
Finalmente, resta aclarar que conforme lo dispuesto en el art. 3.982 del Código Civil, si la víctima de un hecho ilícito hubiera deducido querella criminal contra los responsables, su ejercicio suspende el término de la prescripción de la acción civil aunque en sede penal no hubiera pedido el resarcimiento de los daños. La suspensión cesa por terminación del proceso penal o desistimiento de la querella19.
Art. 67 V: La instancia será presentada, con copia para cada querellado, ante el Fiscal de Distrito interviniente, quien, expresando si acepta o rechaza el pedido, lo remitirá sin demora al Tribunal de la investigación penal preparatoria.
El Tribunal convocará a las partes a una audiencia dentro del plazo de cinco días, y decidirá de inmediato. Si admite la constitución del querellante, le ordenará al fiscal que le acuerde la intervención correspondiente.
En primer lugar, corresponde aclarar que el art. 8, tercer párrafo de la Ley de implementación dispone que cuando se hace referencia a “Fiscal de Distrito” y “Fiscal General”, deberá entenderse que se hace referencia a “Fiscal de Primera Instancia” y “Fiscal de Cámara” respectivamente, u órgano de similar jerarquía que los reemplace. Por Tribunal de la Investigación Penal Preparatoria debemos entender “Juez de Instrucción” o “Juez Correccional”, según corresponda. Luego de la presentación del escrito al que refiere el art. 67 III (el que deberá ser efectuado con tantas copias como querellados haya), ante el Fiscal de Distrito, éste debe remitirlo al Tribunal de la Investigación penal preparatoria, con constancia de si acepta o rechaza el pedido de constitución solicitado; para luego concurrir a la audiencia (junto con quien presentó la solicitud) que convocará el Tribunal.
Tal como lo ha sostenido calificada doctrina (y como de hecho ocurre en la práctica), “aun en esta instancia de implementación del CPP, no existen obstáculos para oralizar la audiencia, como lo prescribe el art. 1° III. No se trata de correr traslados sino de citar a todas las partes a una hora y día determinados para celebrar un acto en el cual el querellante, el Fiscal y la defensa (si es que hay imputado) se dirijan verbalmente al juez esgrimiendo sus pretensiones, tras lo cual el magistrado resuelva lo solicitado informándolo oralmente”20.
Si bien la norma no prevé las consecuencias en caso de ausencia de una de las partes, entendemos que en el caso que no asista sea el Fiscal, la cuestión pueda resolver con los elementos contenidos en el escrito de constitución de querellante.
En cambio, la incomparecencia del pretenso querellante, debe considerarse como un supuesto de desistimiento tácito (art. 67 VII), salvo que exista justa causa.
Sin perjuicio de lo establecido por el art. 7°, al consagrar el principio de interpretar restrictivamente toda disposición legal que limite el ejercicio de un poder conferido a los sujetos del proceso o establezca invalidaciones procesales, no puede soslayarse que el acto procesal que motiva la audiencia del art. 67 V, es la presentación de la instancia conforme lo estipulado por el art. 67 III, y su fin, consiste en corroborar que se han cumplimentado los extremos requeridos por dicho artículo, mediante una participación activa de la defensa, oponiéndose la constitución del querellante en caso de que alguno de ellos se encuentre ausente o se haya formulado deficientemente; y del pretenso querellante, cuya carga consiste en ratificar aquélla presentación, so pena de interpretar dicha actitud como pérdida del interés en la prosecución del proceso.
Una vez finalizada la audiencia, se abren dos alternativas: si el juez admite la constitución del querellante, le ordenará al Fiscal que le acuerde la participación correspondiente; en el caso contrario, la norma prevé la posibilidad de interponer el recurso de apelación, lo que constituye un acierto, habida cuenta de que dicha decisión jurisdiccional puede, incluso, ser considerada un supuesto de gravedad institucional (lo que habilitaría el recurso extraordinario federal), al desconocer la función de querellante.
Art. 67 VI: Sin perjuicio de los derechos reconocidos a toda víctima, quien haya sido admitido como querellante, durante el transcurso de la Investigación Penal Preparatoria y de todo el proceso, tendrá los siguientes derechos y facultades:
1) proporcionar durante la Investigación Penal Preparatoria elementos de prueba y solicitar diligencias particulares para el esclarecimiento del hecho objeto de la misma, la responsabilidad penal del imputado y la cuantificación del daño causado. Estas instancias serán presentadas al Fiscal Interviniente, y su rechazo otorgará la facultad de proceder conforme lo establecido por el artículo 286, con el propósito de obtener un pronunciamiento definitivo, acerca de la procedencia de la solicitud o propuesta;
2) pedir medidas cautelares para asegurar el pago de la indemnización civil y costas;
3) asistir a las declaraciones de testigos durante la investigación penal preparatoria, con facultad para formular preguntas y pedir aclaraciones, pero no deberá necesariamente ser citado con anticipación, salvo que lo requiera por escrito;
8) recurrir en los casos, por los medios y en la forma prevista para los representantes del Ministerio Público.
El primer párrafo del artículo en glosa, al mencionar los derechos que se le reconocen al querellante como víctima, remite a los consagrados en el art. 108 II, y a la vez, reitera la exigencia de que el mismo haya sido admitido como tal. Asimismo, deja sentado que los derechos que se le reconocen (al igual que sus obligaciones) operan a lo largo de todo el proceso.
El inciso primero, otorga al querellante una serie de facultades (las cuales no le son privativas, en virtud de que también lo pueden hacer las otras partes) que se condicen con el estadio procesal de la Investigación Penal Preparatoria y el objeto de la misma: averiguación de hechos con apariencia delictiva que permitan la apertura del juicio penal; reunión de elementos que permitan probar la individualización de los presuntos autores, cómplices o instigadores y eventual extensión del daño causado.
En caso de que los elementos de prueba y las diligencias propuestas por el querellante sean rechazados por el Fiscal, atendiendo a que el art. 286 no se puso en vigencia, en principio debería acudirse al art. 358 del antiguo CPP, que prevé la intervención del Fiscal de Cámara. En caso de no obtener respuesta satisfactoria, podrá renovar su petición en el debate21.
El inciso segundo, prevé la facultad de solicitar medidas cautelares a los fines de asegurar el pago de la indemnización civil y de las costas del proceso. Como presupuestos de su imposición, debe existir la apariencia de responsabilidad en el titular del derecho a afectar por la medida cautelar; existencia de peligro frente a la demora en despachar la medida cautelar; proporcionalidad entre la medida cautelar y el objeto de la cautela; y, para el caso en el que la solicite el querellante, la existencia de una contracautela (conf. art. 298 I).
De acuerdo al texto del artículo, entendemos que el querellante no se encuentra facultado para solicitar medidas de coerción personal, sin que ello implique una interpretación contraria al principio consagrado en el art. 7. En el inciso tercero, se le otorga la facultad de asistir a las declaraciones de testigos en la Investigación Penal Preparatoria (Instrucción), siempre que lo haya solicitado por escrito, dado que no es obligatoria su citación; lo que resulta un acierto del legislador santafesino, si partimos de la base que la circunstancia de haberse constituido como querellante es una prueba fidedigna de su interés en la causa; y sólo depende de él, realizar un seguimiento cercano de lo que ocurre en el proceso.
La previsión del inciso cuarto parecería sobreabundante, toda vez que remite a las normas que regulan la actuación del querellante a lo largo del proceso.
El inciso quinto, lo habilita a ejercer todos los actos que sean conducentes a activar el proceso, tanto en relación a facultades propositivas, recursivas o en caso de mora en la sustanciación de la investigación.
El inciso sexto, habilita al querellante a deducir pronto despacho en los casos en los que hubiere vencido el término para el dictado de la resolución; asimismo, en caso de no obtener un pronunciamiento en el término de tres días, podrá interponer que por retardo de justicia ante el superior que correspondiere (conf. art. 374 IX).
El inciso séptimo, prevé la facultad de formular acusación. La misma requiere que el Fiscal estime agotada la investigación (conf. art. 287) y que se hubiere celebrado la audiencia imputativa del art. 274 (a la que puede asistir el querellante, siempre que el imputado prestare su consentimiento). Luego de cumplimentados dichos extremos, el Fiscal citará al querellante y le proporcionará las copias y las explicaciones necesarias para que se imponga del procedimiento, de su decisión de abrir o no el juicio y de los extremos que habrá de contener su acusación (conf. art. 287).
A partir de ese momento, se le acordará un plazo de 5 días para que señale por escrito sus eventuales diferencias. En caso de que no las hubiera, tendrá 60 días para formular su acusación, la que deberá contener:
1) los datos personales del imputado y su domicilio legal; 2) una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho, con detalle de la extensión del daño causado; en caso de contener varios hechos punibles independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos; 3) los fundamentos de la acusación, con la expresión de los elementos de convicción que la motivan; 4) la calificación legal de los hechos, con expresión precisa de los preceptos jurídicos aplicables; 5) la pena que se solicita para el o los imputados o, en su caso, la medida de seguridad, indicando las circunstancias de interés para la determinación de ellas; 6) la solicitud de apertura del juicio.
El art. 467 lo habilita durante el debate, a ampliar la acusación por inclusión de un hecho nuevo o circunstancia que modifique la calificación legal o la pena del mismo hecho objeto del debate, o que integre la continuación delictiva, que no hubieran sido mencionados originariamente.
Con la acusación se acompañarán los documentos y medios de prueba materiales que se tuvieran.
El inciso octavo, equipara en materia recursiva al querellante con el Ministerio Público Fiscal. Dicha equiparación se reitera en el art. 383. De esta manera, se encuentra habilitado para interponer el recurso de reposición (arts. 416 y sgtes.), de apelación (arts. 420 y sgtes.) de queja (arts.444 y sgtes.).
Dado que la calidad de querellante no lo exime del deber de declarar como testigo, lo estipulado por la norma es una derivación directa de que el testimonio constituye una carga pública, y salvo los casos de excepción, está obligado a responder al llamamiento judicial (conf. art. 246). En el caso de no comparecer, en virtud de las facultades coercitivas previstas por el art. 248, puede ser compelido por la fuerza. Asimismo, puede incurrir en el delito de falso testimonio (conf. art. 275 C.P.). Como este precepto no fija límite alguno, también es posible convocarlo como testigo también en la etapa del debate. Finalmente, la circunstancia de no concurrir a prestar declaración testimonial, conlleva la presunción de que ha desistido tácitamente de la querella (conf. art. 67 VII, inc. 1). El último párrafo del artículo en glosa, constituye la manifestación más concreta de la autonomía que inviste el querellante en el ordenamiento procesal santafesino22, desde que su actividad no está subordinada a directivas ni conclusiones del Fiscal. Asimismo, se han plasmado en la norma, no sólo los principios que emergen de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de igual jerarquía, sino también, los postulados dogmáticos y los antecedentes jurisprudenciales en la materia, a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En efecto, la solución del párrafo comentado, sigue la línea de lo resuelto en lo que puede considerarse un hito en lo referido a la posición del querellante en el proceso penal, el fallo “Santillán”, (CSJN, 13.08.1998), oportunidad en la que se sostuvo que “el derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en el art. 18 de la Carta Magna y cuyo alcance, como la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes (Fallos: 199:617; 305:2150 -La Ley, 1984-B, 206-, entre otros), es coincidente con el que reconocen los arts. 8º, párrafo primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Tal como lo afirmara oportunamente CAFFERATA NORES, la Corte en el citado fallo, “ha reconocido que la víctima de un delito tiene una facultad autónoma de reclamar ante los tribunales la aplicación, al partícipe de aquél, de la sanción, prevista en la ley penal, atribución que se le reconoce sólo a ella por su condición de tal, es decir, por haber sido lesionado en su interés o en su derecho concreto”23.
En la misma línea de pensamiento, y consolidando el rol protagónico (y autónomo, me atrevería a decir) del querellante en el proceso penal, puede destacarse el fallo “Quiroga”24, (CSJN, 23.12.2004).
En el mismo, se decretó la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 348 del C.P.P.N., por entender que dicha norma se encuentra en franca colisión con la independencia funcional del Ministerio Público Fiscal, derivada del art. 120 de la C.N..
De lo expuesto, el nuevo Código Procesal de Santa Fe, permite al querellante particular provocar con su sola acusación arribar a la etapa del debate autónomamente, incluso en aquellos supuestos en los cuales el Ministerio Público hubiese optado por aplicar el criterio de oportunidad previsto en el artículo 10 II, o bien dispusiere el archivo de las actuaciones (en ambos casos la acción pública se tramitará conforme lo previsto para el procedimiento de querella), lo que conlleva a la posibilidad de arribar por sí solo a una condena por delito de acción pública.
Art. 67 VII: El querellante podrá desistir de su participación en cualquier momento, presentando renuncia expresa, aunque quedará obligado a las costas que su intervención hubiera causado.
En los casos de incomparecencia señalados precedentemente, la existencia de justa causa deberá acreditarse antes del inicio de la audiencia o diligencia, o en su defecto, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.
Dado su carácter de sujeto eventual en el proceso penal, su intervención en el mismo puede cesar en cualquier momento; sin perjuicio de quedar sometido a las responsabilidades nacidas de los actos que hubiere llevado a cabo. El desistimiento puede producirse mediante renuncia expresa (conf. art. 67 VII, primera parte), o bien tácitamente, en los supuestos que se detallan a través de sus cuatro incisos. Todos ellos tienen en común que se tratan de actos fundamentales dentro del proceso penal, motivo por el que, la falta de intervención del querellante en dichos momentos, conlleva lógicamente a la idea de una ausencia de interés en proseguir la causa.
Claro está que, la presunción a la que hacemos referencia, es una presunción iuris tantum, desde el momento en el que el querellante que ha incurrido en alguna los supuestos de desistimiento tácito, tiene la posibilidad en un plazo de 48 horas, las causas por las cuales no llevó a cabo el acto procesal que por ley correspondía en virtud de su calidad de querellante, y así proseguir el trámite con normalidad.
En el supuesto de no comparecer a la audiencia del art. 67 V, nos remitimos a su comentario. Finalmente, la declaración de desistimiento podrá declararla el Tribunal de oficio o a pedido de parte.
Eventual reparación del perjuicio:
Art. 67 VIII: Mediando sentencia penal condenatoria, quien hubiera actuado como querellante podrá reclamar la indemnización del daño causado o la restitución de la cosa obtenida por el delito, en la forma y condiciones establecidas en este Código.
Teniendo en cuenta que el capítulo que regulaba al actor y a los demandados civiles fue derogado (arts. 94 a 108), la facultad de reclamar el perjuicio sufrido por el delito se rige por el procedimiento previsto en los arts. 575 a 575 VII. A tales efectos, únicamente se encuentra legitimado el querellante (art. 575 II); contra el penalmente condenado, con el alcance del debate y dentro de los límites de la sentencia (art. 575 III); cuya presentación deberá realizarse por escrito, expresando los daños sufridos y la relación que tiene con el hecho delictivo (art. 575 IV); pudiendo ser presentada por el mismo letrado que intervino en la querella (art. 575 V). Luego del examen de admisibilidad efectuado por el Tribunal del Juicio, se le correrá traslado al condenado, quien deberá contestar en el plazo perentorio de 5 días (art. 575 VI). Finalmente, el Tribunal convocará a una audiencia dentro de un plazo máximo de 5 días; oídas las partes, pronunciará sentencia sobre la cuestión accesoria (art. 575 VII).
La incorporación de la figura del querellante prevista en el nuevo Código Procesal Penal de Santa Fe (Ley 12.734), ha provocado un cambio sustancial en la manera de concebir al ofendido, desde el momento en que, más allá de que se trate de un sujeto eventual del proceso, lo considera parte del mismo.
Paralelamente, constituyó un hito en la historia legislativa de la provincia, sobre todo si se tiene en cuenta que la misma se condice con las modernas corrientes dogmáticas y jurisprudenciales en la materia.
Consideramos que se ha conciliado con gran criterio la existencia de dos perseguidores, uno oficial, y otro particular, que podrán desenvolverse dentro del proceso en forma simultánea; pero a la vez, autónomamente, con derechos y obligaciones que les son propios, y siempre en procura de respetar las garantías que emergen de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de igual jerarquía.
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ROXIN, Claus, Derecho Penal. Parte General. T. I. 1 El anterior régimen procesal poseía un marcado tinte inquisitivo, con un juez de instrucción con amplísimas facultades discrecionales (al extremo de estar facultado para iniciar de oficio la instrucción –art. 174–), en franca contraposición con al adagio ne procedat iudex ex oficio, actuación secreta (lo que se opone a la publicidad de los actos de gobierno a la que responde el poder judicial), una actuación totalmente escrita, que constituye (en la práctica) un obstáculo al principio de inmediatez procesal, y finalmente, un ofendido que se encontraba ausente en el proceso y consecuentemente, desprovisto de la facultad de perseguir penalmente. 2 La reforma producida por la ley N° 12.162 (B.O., 3/12/2003), incorporó al Código procesal penal de la provincia de Santa Fe, un Capítulo V al Título IV del Libro Primero, denominado “Víctimas y damnificados”, en los que se estipulan una serie de derechos a favor de quienes aparezcan como víctimas u ofendidos penalmente por el delito (art. 108 II) , el de recibir un trato digno y respetuoso, a la documentación de las lesiones o daños que se afirman sufridos por el hecho que motiva la investigación, obtener información sobre la marcha del proceso y el resultado de la investigación, a que se le minimicen las molestias que se le ocasionan como consecuencia del procedimiento, la salvaguarda de su intimidad, a la protección de su seguridad, de la de sus familiares y la de los testigos que depongan en su favor, a requerir el inmediato reintegro de los efectos sustraídos, a obtener la revisión de la desestimación de la denuncia o el archivo de las actuaciones (conf. art. 80 C.P.P.).
3 Ver Nota N° 2.
4 Con la incorporación de los pactos y tratados de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.), de los cuales pueden destacarse el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.1) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8, párrafo primero), las garantías del debido proceso se extienden a la víctimas u ofendidos por el delito.
5 CAFFERATA NORES, José, Temas de derecho procesal penal, Ed. Depalma, 1.988, ps. 81 y sgtes.
6 CLARIA OLMEDO, Jorge A., Derecho Procesal Penal, Actualizado por CHIARA DIAZ, Carlos A., Rubinzal Culzoni, Tomo II, p. 38.
7 VELEZ MARICONDE, Alfredo, cit. por D’ALBORA, Francisco, Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado. Lexis Nexis, 2005, T. I, p. 196.
8 CLARIA OLMEDO, J., ob. cit. p. 39.
9 MAIER, Julio A., Derecho Procesal Penal. Sujetos Procesales. Editores del Puerto S.R.L., 2004, T. II, p. 606.
10 MAIER, J. ob. cit., p. 607.
11 La redacción del nuevo código, solucionó el problema en relación a los casos del artículo 71 de la normativa de fondo: tradicionalmente se sostuvo, que al establecer dicho artículo el principio de que deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las previstas en los artículos 72 y 73 del mismo cuerpo normativo, el querellante no estaba ni impuesto ni excluido; pero al deber iniciarse de oficio la acción, surgía una especie de límite en cuanto a la promoción del proceso penal por el mismo. Cfr. CLARIA OLMEDO, J., ob. cit., p. 40.
12 MAIER, J. ob. cit., p. 680.
13 Conf. CLARIA OLMEDO, J., ob. cit., p. 30.
14 D’ALBORA, F., Ob. cit, Tomo I, p. 197.
15 “Impulsar el proceso no debe ser confundido con promover el mismo, tarea exclusiva del Ministerio Público Fiscal. Al respecto, el art. 254 de la Ley 12.734, prescribe que la investigación penal podrá iniciarse por decisión del Ministerio Público Fiscal o por acción de la Policía” (Conf. OROÑO, Néstor A., El Querellante en el Nuevo Código Procesal Penal de Santa Fe: Razones y Normativa, en http://www.naoabogado.com.ar/doctrina.php?pckbaspc=2
16 El profesor cordobés proporciona un ejemplo académico que es de gran utilidad a los fines de dilucidar la cuestión: “en las lesiones corporales (art. 89 y ss. C.P.), es ofendido aquel que sufre la lesión que afecta o disminuye su integridad física; no lo es, en cambio, quien, por efecto del hecho punible así calificado ve disminuido su patrimonio (ensuciada una pared o rota una vidriera al caer un objeto o el cuerpo de la víctima), salvo que además de las lesiones, pueda imputarse daño, sólo prohibido cuando el autor obra con dolo (art. 183 C.P.)”; conf. MAIER, ob. cit., p. 681.
17 En cuanto al objeto del poder, la jurisprudencia ha sostenido que “resulta insuficiente el poder que contiene una referencia genérica en relación al delito por el cual se acciona y carece de una mínima descripción al supuesto de hecho, al lugar o al tiempo en que habría ocurrido” (Conf. C.C.C. Fed., Sala I, en L.L., del 9/XI/2001).
18 Fallos, 307:859.
19 Conf. ERBETTA, Daniel y Otros, Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe Comentado Ley 12734, Ed. Zeus, 2.008,p. 244.
20 Conf. ERBETTA, Daniel; FRANCESCHETTI, Gustavo y ORSO, Tomás, Ob. cit., p. 128.
21 Conf. ERBETTA, Daniel, FRANCESCHETTI, Gustavo, ORSO, Tomás, Ob. cit., p. 129.
22 En un principio se consideró la alternativa de implementar un querellante de naturaleza adhesiva que controlaba y contribuía a la acusación del Fiscal; empero, posteriormente se estableció la posición conforme a la cual debía establecerse un querellante absolutamente autónomo, que no debía quedar subordinado a ninguna actividad ni directiva del Ministerio Público Fiscal.
23 Cafferata Nores, J., ¿Se terminó el “monopolio” del Ministerio Público Fiscal sobre la acción penal?, en La Ley, 1998-E-329 y sgtes.
24 Q. 162. XXXVIII. -"Quiroga, Edgardo Oscar s/ causa N° 4302" - CSJN - 23/12/2004