Source: https://ciudadanodefensor.cl/venta-ficticia/
Timestamp: 2020-04-03 11:52:47
Document Index: 382656293

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Venta Ficticia – Ciudadano Defensor
El otorgamiento de contratos simulados constituye una de las muchas modalidades a través de las cuales puede defraudarse el patrimonio ajeno, dando cuenta de un espacio de injusto que justifica y exige su descripción y punibilidad en la legislación penal. Al mismo tiempo, la versatilidad estructural de la figura y el amplio espectro de casos en que puede presentarse ha llevado al legislador a incorporarla en varios tipos legales, generando las naturales dificultades de inteligencia al tiempo de calificar correctamente los supuestos de hecho en que se presenta.
En nuestra legislación el otorgamiento de contrato simulado con consecuencias penales se presenta en varias figuras penales: como otorgamiento en perjuicio a terceros figura en el Título relativo a las “Estafas y otros engaños” del Código Penal en su artículo 471 N° 2; como otorgamiento en perjuicio de los acreedores respecto del deudor no comerciante en el Título relativo a las “Defraudaciones”, artículo 466 inc. 2°; como reconocimiento de deudas supuestas y suposición de enajenaciones, con perjuicio de sus acreedores, respecto del deudor calificado fallido en el artículo 220 N°s. 2 Y 3 del Libro IV del Código de Comercio; como actos simulados o aparentes ejecutados con el propósito de perjudicar al alimentario en la Ley Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias; finalmente, como simulación de operaciones tributarias para obtener devoluciones de impuestos que no correspondan, en el artículo 97 N° 4 inciso 3° del Código Tributario.
Ante todo, ha de tenerse en cuenta que el otorgamiento de un contrato simulado como tal no es necesariamente constitutivo de delito, ni siquiera es un acto inevitablemente ilícito o antijurídico desde la perspectiva del derecho común. Pudiendo obedecer a propósitos lícitos y hasta loables en algunos casos -como la modestia y reserva de un filántropo- la celebración de un contrato simulado se inserta plenamente dentro de las posibilidades que otorga la autonomía de la voluntad a las personas, no solo para obligarse en los términos que les parezcan útiles a sus intereses, limitado solo por las normas de orden público, la moral y las buenas costumbres, sino que también para revestir sus manifestaciones de voluntad de las apariencias que les parezcan adecuadas.
En fin, el otorgamiento de contratos simulados como tal no es ilícito tampoco desde la perspectiva penal sino en los casos en que específicamente la ley les da tal carácter, en cuyo caso se acompaña el otorgamiento de exigencias adicionales como la de “actuar en perjuicio de otro”, o bien producir dolosamente determinados efectos, sobre todo patrimoniales, ya sea el Fisco, particulares, el alimentario, etc.
Más allá incluso, en materia penal ni siquiera se castiga simplemente la mentira. Esto porque no se hace extensiva a los particulares -como sí ocurre con ciertos funcionarios públicos- una obligación jurídicamente exigible de decir la verdad, salvo en ámbitos específicos donde la falta a la verdad puede importar la afectación de bienes jurídicos de relevancia, como la recta administración de justicia, el correcto funcionamiento de los mercados o el patrimonio.
1.- Teorías Unitarias
En opinión de ETCHEBERRY, el delito del otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de los acreedores, del artículo 466, exige que el deudor se encuentre en quiebra, pues de otra manera nada diferenciaría la figura de aquella del artículo 471 N° 2. Dicho de otro modo, el delito del artículo 466 es el mismo del artículo 471 N° 2, pero agravado cuando el sujeto activo es un deudor no comerciante que ha provocado su insolvencia y ha sido declarado en quiebra.
Para LABATUT, comete delito el deudor no dedicado al comercio que otorgare contrato simulado en perjuicio de los acreedores conforme el artículo 466; en los demás casos, el que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado comete estafa, de acuerdo al artículo 471 N° 2 del Código Penal. Este último delito comprendería todos los otros casos en que la simulación perjudica a terceros, sin considerar la calidad personal del culpable y sin que por ello el simulador se coloque en estado de insolvencia voluntaria. En definitiva, “la comparación de ambas disposiciones permite concluir que entre ellas existe una relación de género a especie”.
GARRIDO halla la diferencia entre las disposiciones de los artículos 466 y 471 N° 2 en la calidad de los sujetos que intervienen en los delitos, ya que en aquel del artículo 466 el sujeto es especial, porque debe tener la calidad de deudor de aquellos en cuyo perjuicio se celebra el acto simulado, que han de ser sus acreedores, en tanto que el delito reglado en el art. 471 N° 2 es un delito común, que puede ser realizado por personas que no requieren tener una calidad especial o particular.
Según DEL RÍO, los contratos simulados, además de las consecuencias civiles que pueden acarrear, están sometidos a sanción de acuerdo al artículo 466 cuando se trata de un deudor insolvente no comerciante, y de acuerdo con el artículo 471 N° 2 en los demás casos.
Tratándose del deudor comerciante que reconoce deudas supuestas o supone enajenaciones, con perjuicio de sus acreedores, se le presume de derecho9 quebrado fraudulento en los casos de quiebra, quedando en los demás casos sujeto a la disposición del artículo 471 N° 2.
Para DIEZ, el Código Penal ampara a todo tercero en el artículo 471 N° 2, y a terceros que tienen la calidad de acreedores en el artículo 466.
VALENZUELA, advierte que no puede afirmarse que los artículos 466 inciso 2° y 471 N° 2 tengan idéntico contenido, es decir, que se refieran a una misma materia o contemplen una misma figura delictiva. Sostiene que la órbita de acción del artículo 466 es específica y limitada, pues el autor debe reunir la calidad de deudor no comerciante que perjudica a sus acreedores al simular insolvencia, mientras que la del Art. 471 es general y amplia pues sanciona a cualquiera que cause un perjuicio a tercero al otorgar contrato simulado con este propósito. Ambas figuras difieren en sus elementos específicos hasta el punto de constituir hechos diversos, motivo por el cual se les asignó penas distintas. Un delito es general, el de simulación de contrato, y el otro especial, el de insolvencia simulada.
Agrega que el legislador pudo considerar una opción diferente, consignando solo la disposición del artículo 471 N° 2, la que sería “de por sí comprensiva de todas las situaciones que pudieren originarse de una simulación”. Tal habría sido el caso de la legislación española de entonces, en que el artículo 532 N° 212 del Código Penal contemplaba una disposición en todo igual a la de nuestro artículo 471, no obstante el artículo 51913, que trataba del alzamiento de bienes, no hacía mención al caso de simulación contemplado en nuestro artículo 466. A partir de lo anterior y haciendo referencia siempre al derecho español, concluía que el ya citado artículo 532 N° 2 debería aplicarse a todos los actos simulados que fueren en perjuicio de terceras personas, sin importar su carácter o el de los simuladores o la forma del fraude, mientras que del delito de alzamiento del artículo 519 habría de excluirse el empleo de simulación. Reconoce, sin embargo, que no fue ésa la posición seguida por la jurisprudencia española, la que teniendo en cuenta “que uno de los medios más frecuentes de alzamiento, ocultación o insolvencia maliciosa es la simulación de contratos” terminó comprendiendo dentro del concepto del alzamiento punible, entre otras modalidades, “la venta simulada o fraudulenta del mismo … siempre que la finalidad perseguida sea la de evitar el pago de acreedores legítimos, y de hecho se haya quedado insolvente por tal modo el deudor”. Sin embargo apunta la paradoja de que al mismo tiempo y en numerosísimas sentencias, los tribunales españoles comprendieron dentro del artículo 532 N° 2 “la insolvencia voluntaria en que se ha colocado un deudor con el fin de burlar los legítimos derechos de sus acreedores”.
2.- Teorías de la Identidad
RIVACOBA, asigna una singular estructura al delito de otorgamiento de contrato simulado, el que importaría dos variedades o funciones, una como estafa y otra en que el contrato simulado hace imposible la exigencia eficaz del cumplimiento de una obligación civil. A partir de allí ubica nuestro artículo 466 en la última de las modalidades mencionadas, estimando su tipificación algo “redundante y perturbador” pues para castigar esta hipótesis en relación con los acreedores sería suficiente, como ocurre en el derecho español, con la invocación del delito de alzamiento de bienes. Junto con reconocer en este delito una patente diferencia en estructura y gravedad respecto del “tipo básico” (nuestro 471 N° 2), derivada de la mayor reprobación que merece defraudar a un acreedor que a un extraño, concluye afirmando que con esta disposición se evita el concurso del tipo básico con el alzamiento de bienes. Sin embargo, al ostentar la misma penalidad y no ser respecto del alzamiento más que una “simple modalidad particularizada por el medio empleado”, la disposición es redundante y superflua. Incluso finaliza su obra observando que la agregación del delito de otorgamiento de contrato simulado en nuestro artículo 466 obedece a un criterio puramente histórico y a una interpretación acabadamente literal y muy propia de la mentalidad que prevalecía en la época en que se gesta el Código, conforme la cual no se incluyó el otorgamiento de contrato simulado dentro de las demás modalidades del inciso 1° del artículo, esto es, la ocultación, dilapidación y enajenación maliciosa. Para no dejarle fuera del tipo, se le mencionó por separado, dando a entender que su omisión no habría dejado impunes las conductas por él descritas, ya que pueden entenderse abarcadas por las demás figuras del artículo 466, con su misma penalidad.
BASCUÑÁN, asigna también un significado diverso a las distintas expresiones del otorgamiento de contrato simulado punible, cuyo tratamiento por el legislador lo estima “anómalo”. Indica que “por una parte, constituye una hipótesis de insolvencia punible”, refiriéndose a las presunciones de quiebra fraudulenta de los artículo 2°, 3° y 16° del artículo 220 de la ley 18.175 (hoy Libro IV del Código de Comercio) y al artículo 466 inciso 2° del Código Penal respecto del deudor civil. Y “por otra parte, aparece tipificado como figura desligada de los delitos concursales en el artículo 471 N° 2 del Código Penal”, al que una consideración sistemática ´le asignaría como objeto de protección uno análogo al de variadas hipótesis que fragmentariamente protegen ciertas situaciones crediticias específicas”, de modo que el “otro” en esta última disposición debe ser un acreedor titular de un derecho particular y concreto, análogo en su significación patrimonial al derecho del acreedor que ha obtenido la traba de un embargo, o del acreedor prendario de prenda sin desplazamiento o del vendedor de cosa mueble a plazo. Tal sería el caso de un acreedor de una obligación de especie o cuerpo cierto, respecto de contratos simulados que inciden precisamente sobre el objeto de la prestación debida.
3.- El Bien Jurídico
El bien jurídico protegido en el delito del inciso 2° del artículo 466 es de naturaleza claramente patrimonial. En efecto, los contratos que se prohíben por ser simulados son los que comprometen la integridad del patrimonio del deudor, concretamente los bienes que le constituyen y que eventualmente serían el objetivo de los acreedores que quieran pagarse de sus acreencias cuando estas se incumplan. En eso consiste el ánimo de perjudicar a los acreedores, en volverse el deudor insolvente al punto que los bienes que retiene en su patrimonio no satisfarán la totalidad de sus pasivos.
De este modo es acertada la afirmación de GARRIDO que reconoce como bien jurídico penal en este delito “la facultad de los acreedores para exigir que el deudor mantenga bienes suficientes donde hacer efectivos sus derechos cuando corresponda, es evitar el peligro de que quede en insolvencia”93. Lo que se busca es que el patrimonio del deudor conserve una cantidad suficiente de bienes para responder de sus deudas y que ello no se estropee a través de maniobras defraudadoras desplegadas por este, tales como los contratos simulados, el alzamiento de bienes o el ocultamiento, enajenación maliciosa y dilapidación de sus bienes. Se trata de un bien jurídico común a todos los delitos del artículo 466, toda vez que la pretensión de los acreedores puede verse frustrada por cualquiera de esas vías en la medida que tengan la virtualidad de provocar o agravar la situación de insolvencia
A.- TIPICIDAD OBJETIVA
El sujeto activo del delito es el deudor no comerciante. Así se deriva del texto expreso de la disposición legal y del bien jurídico que se protege con su establecimiento El concepto de deudor no comerciante no se encuentra definido en el Código Penal, sino que ha de hurgarse en la legislación mercantil para darle significado por ser allí donde se regula extensamente esta figura, además de que en su origen el establecimiento del delito estuvo íntimamente ligado a dicha regulación. Conforme lo dispuesto en el artículo 7° del Código de Comercio son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual, definición complementada por el artículo siguiente, conforme el cual no es comerciante el que ejecuta accidentalmente un acto de comercio.
Por su parte, la profesión de comerciante se define por la realización habitual de “actos de comercio”, taxativamente enumerada en el listado del artículo 3 ° del Código de Comercio. De esta forma, podemos señalar que el sujeto activo del delito está constituido por:
a) Quienes nunca realizan actos de comercio.
b) Quienes realizan actos de comercio pero solo de modo accidental.
c) Los que realizan actos de comercio habitualmente, pero carecen de capacidad para contratar.
d) La mujer casada que realiza actos de comercio pero no lo hace en forma separada del comercio de su marido (artículo 14 del Código de Comercio).
Fuera de los casos expuestos la celebración de contratos simulados en perjuicio de los acreedores no da lugar al delito del artículo 466. No es relevante por ende para la incardinación en dicha figura el carácter que tenga la obligación previa de la que se deriva la recíproca calidad de deudores y acreedores, ni tampoco el carácter mercantil que pudiese tener el propio contrato simulado, sino que solo la calidad personal que ostenta el sujeto activo. La obligación que se pretende evadir a través del contrato simulado podría provenir perfectamente de un acto de comercio, pero con tal que el deudor no realice actividades de ese tipo en forma habitual, de todos modos será sancionado de conformidad al artículo 466. Por el contrario, si el deudor es comerciante en los términos del artículo 7° y celebra un contrato simulado para evadir una obligación civil (por haber incurrido por ej. en responsabilidad extracontractual) no será sancionado ni por el artículo 466, ni por delito alguno, salvo que sea declarado en quiebra y se diese la presunción de quiebra fraudulenta del artículo 220 N° 3 de la Ley de Quiebras (Libro IV del Código de Comercio). Una situación especial se produce con los deudores calificados no comerciantes del artículo 41 del Libro IV del Código de Comercio y con los deudores no comerciantes cuya quiebra se declara por fuga u ocultamiento. Por disposición del artículo 234 de dicho cuerpo legal, los delitos de quiebra fraudulenta y culpable proceden solo respecto de los deudores enumerados en el artículo 41 -que incluye dos casos de deudores propiamente comerciantes (el deudor que ejerce una actividad comercial e industrial) y dos no comerciantes (el deudor que ejerce actividades mineras y agrícola)-, y respecto del quebrado, cualquiera sea su tipo, declarado en quiebra conforme el artículo 43 N° 3 (cuando el deudor se fugue del territorio de la República o se oculte dejando cerradas sus oficinas o establecimientos, sin haber nombrado persona que administre sus bienes con facultades para dar cumplimiento a sus obligaciones y contestar nuevas demandas).
A su vez, dentro de las hipótesis de quiebra fraudulenta del artículo 220, la del N° 3 prevé aquella del deudor calificado que “hubiere supuesto enajenaciones, con perjuicio de sus acreedores”, situación del todo análoga a la celebración de contratos simulados.
Luego, podría darse el caso de un deudor no comerciante, pero calificado por su actividad minera o agrícola, o declarado en quiebra por fuga u ocultamiento, que otorgue contratos simulados en perjuicio de sus acreedores, situación que aparentemente podría ser castigada por la vía del delito del artículo 466 y como quiebra fraudulenta. Este aparente conflicto -y no es causal la expresión que utilizamos- ha sido expresamente resuelto por el artículo 234 del Libro IV del Código de Comercio, en cuanto dispone que:
“Las disposiciones del presente Título no se aplicarán al deudor no comprendido en el artículo 41°, el que quedará sujeto a las prescripciones del Código Penal”. De esta forma, declarada la quiebra prima la punición por quiebra fraudulenta para el deudor calificado, mientras que se aplicará el artículo 466 para el deudor no calificado declarado en quiebra por fuga u ocultamiento.
Es autor del delito quien realiza materialmente los presupuestos del tipo penal, siéndole objetiva y subjetivamente imputable el hecho punible. Tal calidad alcanza en este caso a quien otorga el contrato simulado, a quien concurre con su voluntad a su celebración en perjuicio de sus acreedores, cayendo o agravando su situación de insolvencia.
En este delito se requiere de un sujeto calificado, puesto que sólo puede ser agente alguien que tiene acreedores de índole pecuniaria, y no cualquier persona.
a) Deudores comerciantes o no comerciantes que celebran el contrato pero sin ánimo de perjudicar a sus acreedores propios sino que solo para permitir que otro de los contratantes, un deudor no comerciante, perjudique a sus propios acreedores. Estos contratantes, lo mismo que quien recibe el bien simuladamente, cualquiera sea su calidad, responderán a título de partícipe del delito del artículo 466. Como el concierto previo resulta evidente, lo serán en calidad de autores cómplices del artículo 15 N° 3 del Código Penal.
b) Deudor no comerciante que celebra el contrato simulado para perjudicar a sus acreedores en conjunto con otros deudores no comerciantes que persiguen el mismo fin respecto de sus propios acreedores. Cada uno de ellos responde como coautor del delito del artículo 466.
c) Deudor comerciante que celebra el contrato con ánimo de perjudicar a sus acreedores en conjunto con un deudor no comerciante que persigue el mismo fin respecto sus propios acreedores. El primero responderá como autor del delito de quiebra fraudulenta si ha caído en ese estado, o bien como partícipe del delito del artículo 466 en el caso contrario. Por cierto el deudor no comerciante responderá como autor.
Actuación del representante de una persona incapaz para obligarse
Este es el caso del padre o madre que ejercen la patria potestad sobre los bienes de sus hijos no emancipados, y de los guardadores, tutores o curadores. Pueden estos celebrar contratos simulados sobre los bienes de sus hijos, pupilos o de la herencia yacente para perjudicar a los acreedores de estos, en cuyo caso cabe preguntar si pueden ser considerados autores del delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de los acreedores. La solución en estos casos ha de ser similar a la de las personas jurídicas, ya que quienes actúan en representación de otros no tienen personalmente la calidad especial que funda el injusto en el delito, esto es, la calidad de deudores. No pueden de forma alguna ser considerados autores o coautores del delito.
2.- EL SUJETO PASIVO
El sujeto pasivo del delito es el acreedor del deudor no comerciante, quien tiene derecho a exigirle el cumplimiento de la obligación contraída.
Como ya se señaló, el bien jurídico protegido en este delito es el derecho de los acreedores a ver satisfechos sus créditos en los bienes del deudor, como una forma indirecta de proteger su patrimonio. Se descarta de esta forma la concurrencia de un bien jurídico de carácter macro social o supraindividual, conforme el cual el sujeto pasivo pudo extenderse, más allá de los acreedores, a la sociedad en su conjunto.
El artículo 466 identifica el sujeto pasivo del delito de la siguiente forma: “dichos acreedores”, en plural, de lo que cabe preguntarse si el sujeto El artículo 466 identifica el sujeto pasivo del delito de la siguiente forma: “dichos acreedores”, en plural, de lo que cabe preguntarse si el sujeto en este delito ha de ser el conjunto de los acreedores del deudor no comerciante, o puede ser parte de ellos, o aun uno solo.
3.- EL OBJETO MATERIAL
El objeto material de la conducta u objeto de la acción es la cosa o persona sobre la que recae la acción delictiva.
La acción típica en este delito, consistente en “otorgar”, ha de recaer en contratos (simulados) y estos a su vez han de involucrar bienes pertenecientes al deudor.
Conforme lo dispuesto en el artículo 1438 del Código Civil “contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa”. Existe coincidencia en señalar que la equiparación efectuada por el legislador entre contrato y convención es errónea, ya que ambos conceptos se sitúan entre sí en relación de género a especie, en que la convención es el género que abarca todo acuerdo de voluntades destinado a crear, modificar, extinguir o transferir derechos u obligaciones, y el contrato la especie de acuerdos de voluntades exclusivamente destinados a la creación de derechos personales y de las correlativas obligaciones.
El concepto estricto de contrato como creador de obligaciones parece no presentar mayores dificultades para efectos del delito, sobre todo cuando engloba la mayor cantidad de supuestos fácticos con que se presenta la simulación: compraventas, donaciones, sociedades, etc. Sin embargo, se simulan también otros actos jurídicos que no importan creación de obligaciones, sino que modificaciones o extinción de estas para perjudicar a los acreedores. Es el caso de pagos simulados, aporte de bienes a sociedades, liquidaciones de sociedades y comunidades con las consiguientes adjudicaciones defraudadoras, novaciones, etc., todas conducentes a vaciar aparentemente el patrimonio y sustraer los bienes respectivos a la atención de las obligaciones. No se trata en este caso precisamente de contratos, sino del concepto más extenso de convención al que antes hicimos referencia.
La comprensión amplia del objeto material del delito “contrato” hasta incluir convenciones que no crean obligaciones, sino que las sustituyen o extinguen, es posible considerando que si bien el concepto de “contrato” se encuentra definido en el Código Civil, no lo está en la legislación penal, por lo que para estos efectos puede tomársele en su sentido “natural y obvio” que abarca todo acto jurídico voluntario que recaiga sobre todo o parte de patrimonio del deudor, reduciéndolo o gravándolo para perjudicar a los acreedores. Apoya esta opinión el propio Código Civil, que en sus artículos 1437 y 1438 equipara los conceptos de “contrato” y “convención”, definición que puede hacerse extensiva a la legislación penal.
Por lo demás, una reducción del concepto de contrato a la pura celebración de aquella convención que crea obligaciones daría una protección inesperadamente amplia al bien jurídico penal inherente al delito, toda vez que ya hemos mencionado que su punición se justifica cuando el contrato simulado ha producido la insolvencia del deudor como resultado jurídico, es decir, cuando el contrato ha disminuido los haberes del patrimonio hasta volver insuficiente su importe frente a aquel de las obligaciones existentes. Es sabido que el contrato solo genera obligaciones para sus otorgantes de dar, hacer o no hacer alguna cosa, pero por sí solo no provoca la salida de bienes del patrimonio sino que solo lo carga con estas obligaciones adicionales. Por su parte, el derecho de crédito de los acreedores busca realizarse en los bienes que forman parte de dicho patrimonio, los que en rigor no salen de él con ocasión del contrato sino que con el correspondiente y correlativo modo de adquirir el dominio por parte del co-contratante, normalmente la tradición. Mientras el bien se encuentre aún dentro del patrimonio del deudor, los acreedores podrán intentar pagarse con él de sus acreencias, para lo cual no será obstáculo ni fundamento de una eventual tercería de pago o dominio por parte de la contraparte en el contrato simulado, la existencia de las obligaciones derivadas de este. Solo perderán el derecho de perseguirlo cuando se haya efectuado la tradición de la cosa, momento en que estrictamente se manifestará la insolvencia derivada de la simulación.
Se ha resuelto, no obstante, por nuestros tribunales que extender el concepto de “contrato” al de “convención” para efectos de tipicidad objetiva en el delito transgrede la prohibición de analogía que rige en materia penal, decisión de la que discrepamos ya que entender comprendido el concepto de convención dentro de aquel de contrato en estos delitos no es aplicar analogía, sino que asignar adecuadamente a las palabras de la ley su significado “cuando el legislador las haya definido expresamente”, como reza el artículo 20 del Código Civil, remitiéndonos al efecto al artículo 1438 del mismo cuerpo legal. Finalmente, el contrato puede ser real, consensual o solemne, sin importar las formalidades a que esté sujeto, con tal que permita la disminución del patrimonio del deudor.
El contrato es simulado cuando existe disconformidad entre la voluntad declarada y manifestada por los contratantes, y la interna, real de los declarantes. Etimológicamente la palabra simular deriva de la raíz sanscrita “sa”, de donde proviene la palabra latina simulare y gramaticalmente significa “representar una cosa fingiendo o imitando lo que no es”. Su reconocimiento brinda tributo a la primacía en el derecho común de la voluntad como elemento subjetivo y proceso de conciencia, por sobre la voluntad manifestada y expresada. Es por ello que existe consenso en la doctrina y jurisprudencia en cuanto a la legitimidad general de la simulación contractual en nuestro derecho, como reconocimiento amplio de la libertad contractual expresada en el artículo 1545 del Código Civil, fuente válida de responsabilidad contractual.
Obedece adicionalmente a la idea de que no existe en términos amplios, para los particulares, la obligación de decir verdad.
De este modo, la simulación contractual solo se encuentra prohibida excepcionalmente, sobre todo cuando causa perjuicio a terceros, en que incluso con lleva sanción penal. En la legislación común, la teoría de la simulación contractual se levanta alrededor de la disposición del artículo 1707 del Código Civil, que al disponer que las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública no producirán efecto contra terceros, y las contraescrituras tampoco a menos que se hayan consignado al margen de la original, a contrario sensu atribuye pleno valor a las escrituras privadas y contraescrituras entre los propios contratantes, limitando su aplicación respecto de terceros. Y aun respecto de estos últimos, sólo en la medida que prefieran valerse de la voluntad real y no de la declarada por los otorgantes.
Por su alcance, se distingue entre simulación absoluta y relativa.
La simulación es absoluta cuando la voluntad declarada no corresponde a voluntad real alguna, nada se disimula, no existe intención alguna de crear, modificar o extinguir una relación jurídica. El negocio se limita a una forma vacía destinada a engañar al público, es un fantasma.
Como tal, su propósito es normalmente fraudulento y tiende a causar perjuicio a terceras personas. El fin que se pretende es disminuir ficticiamente el patrimonio o aumentar aparentemente los pasivos para afectar el derecho de prenda general que asiste a los acreedores. El delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de los acreedores se comete precisamente a través de simulaciones absolutas en que se aparentan actos jurídicos que reducen o gravan el patrimonio, pero que en realidad solo pretenden aparentar la insolvencia del deudor para evadir el pago de sus obligaciones. Las formas son variadas: contratos de enajenación a título oneroso, a título gratuito, contratos en que no se transfiere el dominio sino que el valor de uso de los bienes, etc.
La simulación es relativa cuando se celebra una convención real, pero con las apariencias de otro acto. La idea es celebrar un acto real, con la expectativa de que produzca efectos, solo que su contenido no es aquel que se manifiesta. Por este motivo, la acción civil de simulación en este caso no va dirigida a negar los efectos del acto simulado, sino a que se atribuya valor y eficacia al acto verdaderamente querido por las partes, el que incluso puede ser válido. Si la simulación absoluta es un fantasma, la relativa es un disfraz.
La simulación relativa puede ocultar la naturaleza, el contenido o los sujetos de la convención aparente. Se simula la naturaleza de la convención por ej. Cuando se dice vender pero nunca medió precio alguno por lo que en realidad se dona, situación de ocurrencia frecuente entre cónyuges para burlar los derechos de los acreedores o las prohibiciones de ventas existentes entre estos. Se simula el contenido cuando en realidad se pacta sobre objetos distintos, con fechas distintas o con cláusulas no coincidentes. Se simulan en fin los sujetos de la convención cuando se actúa por interposición de personas, esto es, cuando se hace figurar como parte en el vínculo aparente a persona diversa de aquella que en verdad es la parte de acuerdo con la voluntad real de los otorgantes.
Indicios de simulación absoluta
1.- Utilización de familiares o personas de gran confianza. Para evitar que el testaferro abuse de su condición de titular aparente de los bienes que le han sido transferidos o entregados en tenencia, posesión o garantía, el autor de la simulación se vale de algún pariente próximo: hijo, hermano, cónyuge, de un amigo íntimo, o de alguna persona cuya voluntad pueda controlar.
2.- Imposibilidad económica en el adquirente para realizar el contrato y cumplir las obligaciones que de él nacen. El comprador, el cesionario, carecen de las condiciones patrimoniales que les permitan pagar el precio acordado, el que normalmente se da por enterado en el mismo acto de la contratación.
3.- Naturaleza y cuantía de los bienes enajenados. El deudor se desprende normalmente de sus bienes más valiosos, aquellos que debiese tener mayor interés en conservar, cuando no de todo su patrimonio.
4.- Falta de ejecución material del contrato simulado. El contrato ha producido un cambio en las relaciones jurídicas, pero la situación de hecho de los bienes sigue siendo la misma. El enajenante sigue ostentando la tenencia material de los bienes y obteniendo provecho de ellos.
5.- Manera de realizarse el contrato. A fin de impedir que se conozca la enajenación, los simuladores guardan la mayor cautela posible, obrando en secreto y clandestinamente, utilizando documentos privados u otorgándolos por escritura pública en un lugar alejado. Los contratos normalmente se otorgan atropelladamente, muchas veces con descuido y falta de prolijidad que obliga a corregirles una y otra vez. Se celebran al mismo tiempo en que se hacen exigibles o intentan ejecutarse las obligaciones que pesan sobre el patrimonio del deudor.
Indicios de simulación relativa
1.- Vínculo de afecto entre los contratantes. Aquí normalmente lo que prima no es una relación de confianza entre los otorgantes, sino que lo que se busca es una ventaja para alguien cercano que goza de predilección por parte del enajenante. Se simula una donación encubierta como compraventa entre el padre y alguno de sus hijos, o con el conviviente, normalmente por una persona de edad avanzada o afectada en su salud.
2.- Contenido del contrato. Las ventas suelen hacerse a precios inverosímiles para que parezcan estar al alcance del adquirente, o bien el precio no se entrega sino que queda aplazado, o bien se señala que ha sido entregado con anterioridad, o el importe del precio es entregado secretamente en paralelo por el vendedor al comprador. También ocurre que el enajenante conserva el usufructo de los bienes o los recibe en arrendamiento a un precio vil.
3.- Inexistencia de causa para la enajenación a título oneroso. Dada la posición o calidad del enajenante, el contrato carece de utilidad para él.
4.- Imposibilidad económica por parte del comprador para adquirir a título oneroso.
5.- Estado del patrimonio del enajenante. Una vez celebrado el contrato simulado, no se encuentra en el patrimonio del enajenante el precio que habría recibido por este, ni su ausencia puede atribuirse a malos negocios o a su sustracción por terceras personas.
El delito se castiga con una pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.
Una pena única, no ligada a la cuantía de las acreencias existentes contra el deudor, es reafirmación de que se trata de un delito solo de peligro, ya que para efectos de determinación de la pena no resulta relevante el perjuicio que eventualmente se cause si los créditos adeudados finalmente no se pagan como consecuencia de la simulación punible.
De otra parte, debe mencionarse que la pena de este delito es la misma que el resto de la disposición, el artículo 466, asigna a las otras hipótesis allí contempladas, esto es, el alzamiento en perjuicio de los acreedores y la constitución en insolvencia por ocultación, dilapidación o enajenación maliciosa de los bienes propios. Tal decisión es demostración de que todas las figuras reunidas en la misma disposición comparten un elemento en común, cual es, la constitución o agravamiento de la insolvencia del deudor no comerciante para que se castiguen las distintas modalidades comisivas contempladas.
Permiso laboral para efectuarse exámenes de mamografía y próstata.