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Timestamp: 2017-06-25 05:24:42
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Matched Legal Cases: ['artículo 399', 'artículo 399', 'artículo 412', 'artículo 426', 'e contrario', 'artículo 426', 'artículo 400', 'e contrario', 'artículo 426', 'artículo 426', 'artículo 429', 'artículo 429']

03/17/14 | IurisCivilis
El objeto del proceso civil se suele identifica con la pretensión jurídica que formula la parte que reclama la tutela efectiva de los tribunales solicitando un pronunciamiento judicial al respecto que ponga fin de una manera definitiva e irrevocable al litigio planteado y queda configurado inicialmente cuando dicha parte presenta el escrito de demanda, eso sí, condicionando la admisibilidad de la pretensión, pues sin su concurrencia el órgano judicial no puede entrar a examinar la relación jurídico-material debatida.
En efecto, in limine el objeto del proceso queda determinado por el escrito de demanda que delimita el proceso subjetiva y objetivamente. En primer lugar, porque es presupuesto procesal pues la ley exige la designación e identificación de las partes intervinientes y en segundo lugar, porque también constituye un requisito previo de admisibilidad la concreción de la petición en el suplico de la demanda - petitum - y su necesaria fundamentación en la causa petendi o razón de la pretensión que, lógicamente, como luego veremos, no puede alterarse en el curso del proceso. En este sentido, dispone el artículo 399.1 de la LEC que todo escrito de demanda deberá contener:
“(…) los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o residencia en que pueden ser emplazados, se expondrán numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho y se fijará con claridad y precisión lo que se pida.”
Ahora bien, dentro de la causa petendi cabe distinguir la alegación de hechos y la fundamentación jurídica, a que se refiere el susodicho artículo 399, apartados 3 y 4 LEC. Pues bien, a principios del Siglo pasado surgieron en Alemania dos doctrinas antitéticas: la de la individualización y la de la sustanciación de la demanda.
Para la teoría de la individualización lo decisivo para la formación del objeto procesal es la individualización que ha de efectuar el demandante de los hechos en los correspondientes preceptos materiales. Lo decisivo para determinar la ampliación de la demanda, la litispendencia o la futura cosa juzgada es la calificación jurídica de la relación jurídico material debatida, así entrañaría una mutación esencial de la demanda una modificación ulterior que pudiera efectuar el actor (v.gr. en las alegaciones complementarias del art. 426 o en los informes o conclusiones) de su calificación jurídica; asimismo, podría plantearse un simultáneo o posterior proceso sobre un mismo litigio siempre que dicha calificación sea distinta en el segundo proceso.
Para la teoría de la sustanciación, lo que conforma el objeto procesal son los hechos que sirven de fundamento a la pretensión. La posibilidad de plantear un simultáneo o posterior proceso sobre un mismo litigio estaría vedada, siempre que los hechos que fundamentan la petición permanezcan siendo los mismos. Siendo indiferente el cambio de calificación jurídica sobre los hechos a los efectos de tener por modificada sustancialmente la demanda.
En una primera aproximación, la doctrina jurisprudencial acogió los postulados expuestos de la teoría de la individualización. En actualidad la teoría de la individualización ha caído en desuso y el Tribunal Supremo y la doctrina científica son firmes defensores de la teoría de la sustanciación, argumentando en contra de que la causa de pedir esté integrada única y exclusivamente por hechos puros, despojados de cualquier consideración jurídica e identificándola con los “hechos jurídicamente relevantes que sirven de fundamento a la petición y delimitan, individualizan e identifican la pretensión procesal" o con los “hechos constitutivos con relevancia jurídica que constituyen condiciones específicas de la acción ejercitada” (cfr. como identificativas de ambas teorías, las STS de 20 de diciembre de 1983, 31 de mayo de 1985, 14 de abril de 1986, 11 de noviembre de 1996, 27 de noviembre de 1997, 16, 19 de junio y 24 de julio de 2000, 20 de diciembre de 2002 y 16 de mayo de 2008, entre otras muchas, entre otras).
Por tanto, siguiendo la línea doctrinal apuntada, la causa de pedir debe de tener un componente jurídico que limite las facultades del juez de aplicar libremente a los hechos el Derecho que considere más procedente o, como dice la STS de 7 de octubre de 2002 que “limita el principio iura novit curia descartando que pueda tener un carácter absoluto, como por demás resulta del art. 218 LEC al disponer que el tribunal resuelva conforme a las normas aplicables al caso pero sin acudir a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer”.
No obstante, la promulgación de la vigente ley procesal ha convertido en inútiles ambas teorías, superando un debate casi secular, al exigir en su art.400.1 que con la demanda se aleguen todos los hechos así como los fundamentos jurídicos que la fundamentan y que sean conocidos en ese momento, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso posterior: Toda demanda tiene que estar fácticamente sustanciada y jurídicamente individualizada.
El objeto inicial del proceso debe quedar fijado por la demanda (cfr. art.399 y 400.1 LEC), completado con los hechos y alegaciones que pueda haber introducido el demandado en el proceso por medio de la alegación de excepciones materiales (art.405.1), y en su caso la reconvención formulada (art.406). Así queda reflejado en el art.412.1 LEC: Establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y en su caso en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente”. Como vemos, ésta implícita mutabilidad de la pretensión jurídica viene limitada por la prohibición de alterar sustancialmente la causa de pedir que, en términos clásicos, la doctrina procesalista conoce con la utilización de la expresión de la “prohibición de la mutatio libellis” y que viene expresamente recogida en el precepto antes citado, con la finalidad de garantizar el principio de contradicción y el derecho de defensa en los que se inspira el proceso civil. De todo cuanto llevamos dicho, resulta sencillo colegir que el proceso civil evoluciona de forma natural a partir del núcleo inicial y necesario constituido por la pretensión del demandante, a la cual se sumará eventualmente la del demandado y finalmente se complementará por pretensiones adicionales (alegaciones complementarias, aclaraciones y correcciones) de ambas partes y la intervención del órgano jurisdiccional – fundamentadas en los principios dispositivos y de aportación de parte que rigen en el proceso civil.
La doctrina mayoritaria del Tribunal Supremo ha venido a propugnar que no puede alterarse la “causa petendi” ya identificada por los hechos que le sirven de base, de acuerdo con el principio de sustanciación imperante en nuestro ordenamiento, habiendo de resolverse el litigio de acuerdo con la situación fáctica existente en el momento de la interposición de la demanda (cfr. las STS de 13 de diciembre de 1996 y 7 de abril de 2004, entre otras). En palabras de la SAP de Sevilla de 13 de septiembre de 2011: “la alteración de los términos objetivos del proceso genera una mutación de la "causa petendi", y determina incongruencia "extra petita (…)". El Fundamento Jurídico 3º de la STSJ de Aragón de 4 de julio de 2012 en relación a la imposibilidad de modificar la demanda razona lo siguiente:
“El principio procesal de la " perpetuatio iurisdictionis" ( perpetuación de la jurisdicción), se refiere no sólo a las circunstancias que determinan la competencia de un órgano jurisdiccional al tiempo de constituirse la relación jurídico procesal, sino también al objeto del proceso, en cuanto ha de negarse eficacia a las variaciones que introduzcan las partes después de iniciado el procedimiento sobre el estado de los hechos, personas o casos contemplados en la demanda y contestación, conforme al principio " lite pendente nihil innovetur " (litigio pendiente, nada se innove) y a la prohibición de modificar el "thema decidendi " (objeto a decidir). Por ello no cabe modificar los términos de la demanda -prohibición de la " mutatio libelli " (cambio de la petición), sentencia del Tribunal Supremo de 26 de diciembre de 1997 -, ni cambiar el objeto del pleito en la segunda instancia, pues " pendente apellatione nihil innovetur" (pendiente la apelación, nada se innove) - Sentencia del Tribunal Supremo, n.º 1181/2006, de 17 de noviembre, y las que en ella se citan-. Y conforme al principio de congruencia y rogación, el fallo ha de adecuarse a las pretensiones y los planteamientos de las partes, de conformidad con la regla " iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium " (el juez debe juzgar según lo alegado y probado por las partes).”
No obstante el legislador y, sobre todo, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo – muy copiosa en esta materia -, se encarga de modular esta prohibición y perfilar la actividad procesal de las partes que pudiera resultar permisiva y conducente a modificar la causa de pedir, sin que rebase los límites fijados por la ley procesal. Esta relajación de los límites impuestos se encuentra reflejada en el apartado 2 del artículo 412 de la LEC cuando permite “(…) la facultad de formular alegaciones complementarias, en los términos previstos en la presente Ley".
Por otra parte, en relación a estas alegaciones complementarias – obviamente en sede del Juicio Ordinario -, señala el artículo 426.1 LEC que: "en la audiencia, los litigantes, sin alterar sustancialmente sus pretensiones ni los fundamentos de éstos expuestos en sus escritos, podrán efectuar alegaciones complementarias en relación con lo expuesto de contrario". Y, en su apdo. 2, que: "también podrán las partes aclarar las alegaciones que hubieren formulado y rectificar extremos secundarios de sus pretensiones, siempre sin alterar éstas ni sus fundamentos". La jurisprudencia suele reiterar la idea de que lo único que autoriza este artículo 426 LEC es a realizar alegaciones que sean complementarias a las ya efectuadas, aclarar las realizadas o rectificar pretensiones secundarias, sin permitir, en cualquier caso, introducir alegaciones principales que modifiquen la individualización de la pretensión planteada.
Estas facultades otorgadas a las partes en la ley procesal, deben ponerse en estrecha relación, con la previsión del artículo 400 LEC, cuyo apdo. 1 dispone que: "cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior" y con el art. 401 - sobre el momento preclusivo de la acumulación de acciones y con el párrafo segundo del apdo. 1 del art. 218 LEC, que permite al tribunal resolver:
"Conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes", pero siempre "sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer".
La doctrina jurisprudencial tradicionalmente ha venido definiendo este principio limitativo de la mutatio libellis vetando la posibilidad de introducir "excepciones, tanto dilatorias como perentorias, no alegadas en la contestación a la demanda y que entrañen, por tanto, una alteración del objeto principal del pleito aportando hecho impeditivos, extintivos o excluyentes de la acción ejercitada que pudieron y debieron alegarse en la contestación" (cfr. STS de 8 de octubre de 1976, 9 de mayo de 1989 y 16 de febrero de 1991 entre otras muchas).
Corroborando el argumento que estamos exponiendo, la STS de 26 de febrero de 2004 declara que:
"la doctrina de esta Sala viene declarando que los Tribunales deben atenerse a las cuestiones de hecho y de derecho que las partes le hayan sometido, las cuales acotan los problemas litigiosos y han de ser fijadas en los escritos de alegaciones, que son los rectores del proceso. Así lo exigen los principios de rogación (sentencias de 15 de diciembre de 1984, 4 de julio de 1986, 14 de mayo de 1987, 18 de mayo y 20 de septiembre de 1996, 11 de junio de 1997), y de contradicción (sentencias de 30 de enero de 1990 y 15 de abril de 1991), por lo que el fallo ha de adecuarse a las pretensiones y planteamientos de las partes, de conformidad con la regla "iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium" (sentencias de 19 de octubre de 1981 y 28 de abril de 1990), sin que quepa modificar los términos de la demanda (prohibición de la "mutatio libelli", sentencia de 26 de diciembre de 1997), ni cambiar el objeto del pleito en la segunda instancia ("pendente apellatione nihil innovetur", sentencias de 19 de julio de 1989, 21 de abril de 1992 y 9 de junio de 1997)".
En cuanto a las alegaciones complementarias que el art. 426.1 LEC permite efectuar a la parte demandante, lo son respecto con lo expuesto por la contraria – es decir, la parte demandada. Se trata de hechos no principales, sino accesorios o secundarios, que no configuran la causa petendi, incorporados por el actor en función de datos fácticos provenientes de la contestación a la demanda. Con esta facultad la ley está dando a las partes oportunidad de rebatir los alegatos que el contrario expuso en sus escritos. En este sentido, dispone el apartado 1 que: “. En la audiencia, los litigantes, sin alterar sustancialmente sus pretensiones ni los fundamentos de éstas expuestos en sus escritos, podrán efectuar alegaciones complementarias en relación con lo expuesto de contrario.” Distinta de las alegaciones complementarias es la posibilidad de añadir alguna petición accesoria o complementaria de las formuladas en sus escritos y que en la medida que supone la incorporación de una nueva petición, se exige la aquiescencia de la parte contraria o la aprobación judicial, en su caso. Esta previsión se encuentra contenida en el artículo 426.3 de la LEC: “Si una parte pretendiere añadir alguna petición accesoria o complementaria de las formuladas en sus escritos, se admitirá tal adición si la parte contraria se muestra conforme. Si se opusiere, el tribunal decidirá sobre la admisibilidad de la adición, que sólo acordará cuando entienda que su planteamiento en la audiencia no impide a la parte contraria ejercitar su derecho de defensa en condiciones de igualdad”.
Otra posibilidad procesal consiste en tomar en consideración hechos posteriores a la presentación de la demanda siempre que tengan un carácter complementario o interpretativo. Los hechos nuevos o de nueva noticia son hechos fácticos que ocurren una vez ha precluido el momento procesal para alegarlos y que guardan una estrecha relación con las afirmaciones introducidas en el proceso, pues su acreditación coadyuva a la ratificación o desvirtuación de la pretensión que constituye el objeto del aquél, sin que, como venimos reiterando, puedan, en ningún caso, alterar la causa de pedir. Estos hechos han de producirse una vez ha precluido el momento procesal oportuno para efectuar las alegaciones y vienen contemplados en el artículo 426.4 LEC: “Si después de la demanda o de la contestación ocurriese algún hecho de relevancia para fundamentar las pretensiones de las partes en el pleito, o hubiese llegado a noticia de las partes alguno anterior de esas características, podrán alegarlo en la audiencia” (cfr. art. 286 LEC y STS de 9 de febrero de 2010).
En este sentido, la SAP de Sevilla de 13 de septiembre de 2011 aclara la prohibición de alegar hechos nuevos fuera de los casos permitidos en la ley rituaria mediante este razonamiento:
“(…) dicha prohibición reside en que la litispendencia, entre otros efectos, provoca la prohibición de introducir hechos nuevos en el debate con posterioridad a la demanda y a la contestación, salvo los supuestos contemplado en los artículos 286 y 412 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque, como señala la Sentencia de 7 de junio de 2.002: "vulneran el principio de la "perpetuatio actionis" -prohibición de la "mutatio libelli"- (SS. 25 noviembre 1991, 26 diciembre 1997), al configurar una situación de hecho y de Derecho distinta a la existente en el momento de la incoación del pleito (SS. 2 junio 1948, 24 abril 1951, 10 diciembre 1962, 20 marzo 1982, 17 febrero 1992); que tampoco cabe modificar en segunda instancia, pues el recurso de apelación no autoriza a resolver cuestiones distintas de las planteadas en la primera ("pendente apellatione nihil innovetur", SS. 21 noviembre 1963, 19 julio 1989, 21 abril 1992, 9 junio 1997, entre otras.)".”
Por otra parte, el juez o tribunal, sin apartarse de las pretensiones y causa de pedir que expresen las partes en la demanda y contestación, podrá someter a las partes para alegaciones durante el juicio cuantas cuestiones deban ser resueltas de oficio o resulten de la fundamentación jurídica aplicable, aun cuando hubiera sido alegada de modo incompleto o incorrecto. Igualmente podrá solicitar alegaciones sobre los posibles pronunciamientos derivados que, por mandato legal o por consecuencia, resulten necesariamente de las pretensiones formuladas por las partes - cfr. arts. 218.1, 429.1. y 431.4 de la LEC.
Uno de los problemas que más han preocupado a los jueces es la interpretación que debe darse al art. 429.1 de la Ley. Dice este artículo que "cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos lo pondrá de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria. Al efectuar esta manifestación, el tribunal, ciñéndose a los elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos, podrá señalar también la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente".
La doctrina se encuentra dividida sobre el alcance de esta responsabilidad judicial. Por una parte, se interpretar que si el artículo 429 impone un deber, el juez debería controlar de oficio la idoneidad de los medios probatorios propuestos, como si se trataran de presupuestos procesales, lo que violaría el principio de aportación de parte. Por otra parte, que el artículo 429.1.II LEC no puede configurar una nueva responsabilidad judicial, la de la búsqueda de la certeza probatoria, incompatible con los sistemas procesales como el nuestro que no se basan en la investigación de oficio de los hechos alegados (cfr. SAP Burgos de 23 de julio, SAP Córdoba de 15 de diciembre y la SAP Baleares de 9 de febrero de 2006, entre otras.)
En relación al procedimiento arbitral previsto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre y la mutatio libellis, la SAP de Granada de 12 de noviembre de 2012 en su F.J. 2º sostiene que:
“contiene una más flexible regulación de la posibilidad de modificar los términos y pretensiones de las partes que el proceso ante los Tribunales de Justicia con las miras de favorecer la resolución de conflictos que puedan suscitarse ante el sistema arbitral. Así el art. 29, 2º de la Ley de Arbitraje establece que "salvo acuerdo en contrario de las partes, cualquiera de ellas podrá modificar o ampliar su demanda o contestación durante el curso de las actuaciones arbitrales, a menos que los árbitros lo consideren improcedente por razón de la demora con que se hubiere hecho".” Continuar Leyendo