Source: https://boe.vlex.es/vid/ley-ordenacion-telecomunicaciones-18150211
Timestamp: 2019-11-14 04:53:33
Document Index: 202974246

Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'artículo 128', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 19', 'artículo 29', 'artículo 14', 'artículo 29', 'artículo 15', 'artículo 20', 'artículo 22', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 14', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 35', 'artículo 23', 'artículo 15']

Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de ordenación de las telecomunicaciones. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 18150211
Fecha de Entrada en Vigor: 5 de Diciembre de 1992
Marginal: BOE-A-1992-26984
Norma citada en: 340 sentencias, 20 artículos doctrinales, 55 disposiciones normativas, 15 resoluciones administrativas, 2 noticias
Tras la promulgación de La Ley de ordenación de las telecomunicaciones, que estableció en España el Marco jurídico básico de las telecomunicaciones, la Comunidad económica europea, a través de la comisión y del consejo, ha fijado el ámbito normativo común de esté sector de las comunicaciones, dictando, entre otras, las directivas de la comisión de las Comunidades Europeas 88/301/cee y 90/388/cee, relativas a la competencia en los mercados de terminales y servicios de telecomunicación, basadas en el artículo 90, apartado 3, del tratado.
‹1. Conforme a lo previsto en el artículo 128.2 de la constitución, y en los términos de la presente ley, las telecomunicaciones tienen la consideración de servicios esenciales de titularidad estatal reservados al sector público, con las excepciones que se establecen en los artículos 9, 10 y 21.›
2. El apartado tercero del artículo 7 de La Ley de ordenación de las telecomunicaciones queda redactado cómo sigue:
‹3. La reserva de cualquier frecuencia del dominio público radioeléctrico en favor de una o varias personas o entidades distintas de las administraciones públicas se gravará con un canon destinado a la protección, ordenación, gestión y control del espectro radioeléctrico, en los términos previstos en la disposición adicional novena.›
‹1. A los efectos de lo previsto en la presente ley, no tendrán la consideración de Servicio público:
Los servicios de difusión tendrán, en todo casó, la consideración de Servicio público de telecomunicaciones.›
4. Se da nueva redacción al artículo 10 de La Ley 31/1987, que queda cómo sigue:
‹1. Las empresas o entidades explotadoras de servicios públicos basados en Infraestructuras físicas de carácter contínuo que requieran de un control permanente y en tiempo Real podrán instalar redes propias de telecomunicación distintas de las de los titulares de servicios portadores y finales, siempre que dichas redes se utilicen exclusivamente para aplicaciones afectas a la propia actividad del Servicio público concretó que exploten y para interconectar centros, órganos y componentes de la infraestructura de dicho Servicio destinados al uso exclusivo del titular o titulares del Servicio, con exclusión de los usuarios del mismo.
Está instalación requerirá autorización Administrativa previa. No obstante, cuándo las redes propias que se pretendan implantar requieran la utilización del dominio público radioeléctrico se exigirá concesión Administrativa.
Cuándo el proyecto presentado no justifique convenientemente las previsiones de capacidad de red a instalar, en relación con las necesidades reales del fin y actividad podrá denegarse la citada autorización o concesión, en resolución que deberá ser, necesariamente, motivada.
5. Para la coordinación de los servicios de telecomunicación, el Ministerio de obras públicas y Transportes podrá imponer el cumplimiento de condiciones técnicas específicas o adicionales en las Instalaciones previstas en esté artículo. Asimismo, podrá exigir las correspondientes homologaciónes técnicas y la adecuada cualificación de las empresas que realicen servicios de instalación y mantenimiento.
- Cuándo dichas redes precisen utilización del dominio público radioeléctrico se exigirá la previa asignación de frecuencias por el Ministerio de obras públicas y Transportes.
- Dichas redes deberán cumplir la normativa técnica general de aplicación, tanto a las redes cómo a los servicios y a los equipos, a efectos de garantizar su interconexión y seguridad.
- Para la mejor coordinación de los servicios y redes de telecomunicación les serán de aplicación plena lo dispuesto en el apartado anterior del presente artículo.›
5. Se da nueva redacción al apartado segundo del artículo 12 de La Ley 31/1987, que queda cómo sigue:
‹2. El estado, en el ámbito de sus competencias, explotará también los siguientes servicios de telecomunicación:
- Servicios de socorro y seguridad de la vída humana en el mar.
- Aquéllos otros de características similares a las enumeradas y los que afecten a la seguridad de la vída humana, a la seguridad del estado o a excepcionales razones de interés público.
Respecto a estos servicios, el estado podrá hacer concesiones en las condiciones que reglamentartiamente se determinen.›
‹1. Servicios finales de telecomunicación son aquéllos que proporcionan la capacidad completa para la comunicación entre usuarios, incluídas las funciones del Equipo terminal, y que generalmente requieren elementos de conmutación.
Se autoriza al Gobierno para incluir cómo servicios finales aquéllos otros servicios que sean definidos cómo tales por los organismos internacionales de telecomunicación competentes, para ser prestados con carácter universal, y en particular los que se decidan en el ámbito de la Comunidad económica europea para su introducción coordinada en todos los Estados miembros.
3. El Reglamento técnico de cada Servicio final de telecomunicación a que se hace referencia en el artículo 19 deberá definir los puntos de terminación de red de los servicios a los cuáles se han de conectar los equipos terminales del mismo y, asimismo, Todas las características técnicas y de explotación que deban cumplir los equipos terminales.
4. Los equipos terminales, cuyas funciones estarán especificadas en la definición de cada Servicio final de telecomunicación, podrán ser líbremente adquiridos a la entidad explotadora o a otra entidad, o cedidos por éstas mediante cualquier otro título jurídico válido.
5. Para conectar equipos terminales a los puntos de terminación de red, cualquiera que sea su régimen de utilización, será condición necesaria que los mismos hayan obtenido los correspondientes certificados de homologación y aceptación de las especificaciones citadas en el apartado 3 de esté artículo, a fin de garantizar tanto la seguridad del usuario cómo el correcto Funcionamiento de la red de telecomunicación, todo ello de acuerdo con los Procedimientos establecidos en el artículo 29.›
7. Se da nueva redacción al artículo 14 de La Ley 31/1987, el cuál queda redactado del modo siguiente:
‹1. Servicios portadores de telecomunicación son aquéllos que proporcionan la capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación de red definidos.
El usuario podrá conectar a los puntos de terminación de red cualquier aparato o Equipo de su propiedad, arrendado o cedido mediante cualquier otro título jurídico válido por la entidad explotadora del Servicio portador o por otra entidad, siempre que el mismo disponga de los correspondientes certificados de homologación y de aceptación de las citadas especificaciones, a fin de garantizar tanto la seguridad del usuario cómo el correcto Funcionamiento de la red de telecomunicación a que esté conectado, todo ello de acuerdo con los Procedimientos establecidos en el artículo 29.
3. Los servicios portadores que se utilicen cómo Soporte de servicios de difusión o para la transmisión de imágenes se explotan por gestión directa de una entidad pública a la que se le atribuya por Real Decreto la prestación de estos servicios o por gestión indirecta, a través de una entidad titular explotadora de servicios finales de telecomunicaciones, previa la correspondiente concesión Administrativa.
4. Las entidades que sean explotadoras de servicios portadores estarán obligadas a proveer éstos en un tiempo razonable y sin discriminación en las condiciones de uso, tarifas y plazos de entrega en la prestación de dichos servicios.›
8. Se da nueva redacción a los apartados segundo y tercero del artículo 15 de La Ley de la ordenación de las telecomunicaciones y se introduce un nuevo apartado cuarto en el citado artículo, quedando dichos apartados redactados cómo sigue:
‹2. La explotación de los servicios portadores y finales de telecomunicación regulados en la presente ley tiene la consideración, cómo sector específico a efectos de la legislación sobre inversiones extranjeras en España, de actividad directamente relacionada con la defensa nacional.
3. En la concesión de los servicios públicos a que se hace referencia en esté artículo serán de aplicación las siguientes reglas:
B) intransferibilidad de las concesiones y prohibición de subcontratación de las prestaciones incluídas en las mismas, con las excepciones que reglamentariamente se determinen, y de acuerdo con las condiciones específicas que se establezcan en los correspondientes contratos.
C) la concesión de estos servicios públicos podrá llevar aparejada la obligación de satisfacer a la administración el canon anual que reglamentariamente se determine, que se establecerá en función del porcentaje de los ingresos brutos de explotación, sin que en ningún casó pueda exceder del 1 por 1.000 de dichos ingresos.
Las Atribuciones del Delegado del Gobierno, que en todo casó incluirán una facultad de veto en los acuerdos del concesionario, se determinarán reglamentariamente.
B) podrá disponer que en el contrató, mediante el cuál se encomiende la prestación de estos servicios de telecomunicaciones, se le reserve la facultad de designar hasta un máximo de cinco miembros en el órgano de administración de la entidad concesionaria, que serán adicionales a los nombrados, de acuerdo con sus estatutos, por la junta general de dicha entidad.›
‹Para la explotación de los servicios portadores y de los servicios finales de telecomunicación será preceptiva la aprobación de los correspondientes reglamentos técnicos y de prestación de los servicios.
C) los generales del régimen de prestación del Servicio público en cuanto a obligaciones de la prestación, obligaciones de mantenimiento, plazos de instalación y de la cobertura del Servicio, así cómo las obligaciones contractuales entre usuario y
Entidad explotadora del Servicio, regulación que no podrá contener previsiones que comporten en el contrató una posición de desequilibrio, en perjuicio del usuario, entre los derechos y las obligaciones de las partes.›
10. Se modifica el apartado segundo del artículo 20 de La Ley de ordenación de las telecomunicaciones, que queda cómo sigue:
‹2. Los servicios de valor añadido se prestan en régimen de libre competencia. Su explotación podrá ser realizada por cualquier persona física o jurídica en los términos previstos en la presente ley.›
‹1. Los servicios de valor añadido no tendrán la consideración de Servicio público y su explotación requerirá previa autorización Administrativa.
La autorización, salvo resolución expresa, se considerará concedida transcurridos tres meses desde que se presente la solicitud, en ningún casó se entenderán adquiridos por silencio administrativo derechos o facultades en contra de lo previsto en el ordenamiento jurídico.
- Los servicios que vayan a utilizar cómo Soporte recursos limitados cuya capacidad Real pueda obligar a limitar el número de titulares de aquéllos.
3. Corresponde al Ministerio de obras públicas y Transportes el otorgamiento de las autorizaciones y concesiones a que se refieren el presente artículo y los artículos 22 y 23 de está ley.
4. Las autorizaciones y concesiones de Servicio de valor añadido, cuándo exista capacidad suficiente para atender la demanda, se otorgarán por orden de presentación de Solicitudes. En los supuestos en que la disponibilidad de los recursos obligue a limitar el número de titulares, se otorgarán por concurso público.›
12. Se da nueva redacción al artículo 22 de La Ley de ordenación de las telecomunicaciones, que queda cómo sigue:
‹La gestión de los servicios de telecomunicación consistentes en el suministro de conmutación de datos por paquetes o circuitos exigirá, en el supuesto de gestión indirecta, concesión Administrativa, en los términos previstos en el artículo 15, apartado 3.
El conjunto de estás condiciones deberá integrar un Pliego de Condiciones del Servicio público, que debe ser objetivo, no discriminatorio y transparente.›
‹3. La explotación de estos servicios podrá ser realizada por cualquier persona física o jurídica sin más limitaciones que las establecidas en las leyes y con las condiciones que se establecen para los concesionarios de servicios portadores y servicios finales de telecomunicación en el artículo 15 de la presente ley, que serán aplicables a esté casó en su integridad, con la excepción del punto 4.›
‹5. La administración aprobará los reglamentos técnicos y de prestación de los servicios, así cómo la documentación exigible que, en su casó, deberá incluir los Proyectos técnicos y condiciones de explotación de las Instalaciones.›
14. Se da nueva redacción al artículo 24 de La Ley 31/1987, el cuál queda redactado cómo sigue:
‹1. En todo casó, las entidades que explotan los servicios de valor añadido estarán obligadas a cumplir las especificaciones de los puntos de terminación de los servicios finales y portadores de telecomunicación que utilicen. A tal fin, los equipos que conecten a dichos puntos de terminación de la red tendrán necesariamente que haber obtenido los correspondientes certificados de homologación y de aceptación de las citadas especificaciones para garantizar tanto la seguridad del usuario cómo el correcto Funcionamiento de la red de telecomunicación.
3. El Ministerio de obras públicas y Transportes velará para que las entidades explotadoras de servicios portadores o servicios finales de telecomunicación, que a su vez ofrezcan servicios de valor añadido en competencia, garanticen que se respete el principio de neutralidad en relación con las condiciones económicas y operativas de prestación de los servicios Soporte de los servicios de valor añadido, y ofrezcan interconexiones de eficacia comparable a los eventuales competidores en el mismo campo de los servicios de valor añadido. Para ello, dichas entidades explotadoras, además de otros Requisitos que se establecerán reglamentariamente, deberán llevar la contabilidad separada entre sus actividades sometidas al régimen de tarifas aprobadas por el Gobierno y sus actividades en régimen de competencia, de modo que los correspondientes Resultados, tras las pertinentes comprobaciones, sirvan de basé al establecimiento de los respectivos precios de venta a los prestatarios de servicios de valor añadido.
4. El Ministerio de obras públicas y Transportes establecerá un Registro Central de servicios de valor añadido otorgados en régimen de concesión en el que deberán estar inscritos todos los datos que reglamentariamente se determinen, tanto respecto al explotador del Servicio cómo a las condiciones y características del mismo.
5. Las entidades explotadoras de servicios de valor añadido vendrán obligadas a garantizar el secreto de las comunicaciones en el Marco de lo dispuesto en el artículo dos, apartado segundo, de la presente ley, y aplicar el principio de no discriminación, en el acceso al Servicio, de ningún potencial usuario del mismo, siempre que se encuentre dentro de la zona de cobertura del mismo y se disponga de Instalaciones suficientes para ello, todo esto sin perjuicio de lo que establece La Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios.›
15. Se da nueva redacción al segundo párrafo del apartado tercero del artículo 25 de La Ley de ordenación de las telecomunicaciones, que queda cómo sigue:
‹Asimismo, no se considerará televisión la mera recepción de imágenes para su transmisión, realizada en las mismas condiciones enumeradas en el párrafo anterior, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de antenas colectivas, ni la transmisión de imágenes citada en el primer párrafo del artículo 14.3.›
‹4. En la elaboración del plan nacional de telecomunicación colaborarán las entidades explotadoras de los servicios portadores, de los servicios finales de telecomunicación y de los servicios de difusión que dispongan de red propia. Estás entidades deberán, a su vez, elaborar, someter a la aprobación y ejecutar sus propios planes que desarrollen la parte que les afecte del plan nacional de telecomunicación. Todas las inversiones que estás u otras entidades realicen en las redes de telecomunicación tendrán que ser autorizadas por el citado Ministerio en la forma que reglamentariamente se determine.
El plan nacional de telecomunicación, en el Proceso de desarrolló de sus Programas de inversión, podrá establecer fórmulas de información recíproca y cooperación con las empresas industriales, los centros de investigación y las entidades explotadoras de los servicios, a fin de facilitar una mejor ejecución del plan y garantizar la correspondencia entre el nivel de la tecnología disponible en cada momento y las previsiones contenidas en el mismo.›
‹1. Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de obras públicas y Transportes, definir y aprobar las especificaciones técnicas que permitan garantizar el Funcionamiento eficiente de los servicios y redes de telecomunicación, así cómo la adecuada utilización del espectro radioeléctrico, en relación a los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas de cualquier naturaleza que:
Estén destinados a conectarse directa o indirectamente a los puntos de terminación de una red pública de telecomunición, con el objeto de envíar, procesar o recibir señales,
6. Los certificados de conformidad o Procedimientos alternativos de cumplimiento de Norma común armonizada cuyas referencias se hayan publicado en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas", expedidos por organismos competentes designados por los Estados miembros, de acuerdo con la legislación comunitaria, tendrán valor equivalente al certificado de aceptación para los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas procedentes de cualquier estado de la Comunidad económica europea o de otros Estados con los que exista acuerdo en esté sentido.›
18. Se da nueva redacción a los apartados segundo y tercero del artículo 33 de La Ley de ordenación de las telecomunicaciones, que quedan cómo sigue:
‹2. Se consideran infracciones muy graves:
A) la realización de actividades o prestaciones sin título administrativo habilitante, cuándo sea legalmente necesario, así cómo la utilización de potencias de emisión notoriamente superiores o frecuencias radioeléctricas sin autorización o distintas de las autorizadas, excepto en los casos contemplados en el punto 3.A) de esté artículo.
C) la producción deliberada de interferencias definidas cómo perjudiciales en el Convenio internacional de telecomunicaciones, incluídas las producidas por estaciones de radiodifusión que estén instaladas o en Funcionamiento a bordo de un buque, de una aeronave o de cualquier otro objeto flotante o aerotransportado que transmita emisiones desde fuera del territorio nacional para su recepción o posible recepción total o parcial en éste.
H) la comercialización por mayoristas de equipos o aparatos que no dispongan de los certificados de homologación y de aceptación de las especificaciones técnicas que se establezcan de acuerdo con está ley, o que resulten de los acuerdos o convenios internacionales suscritos por España sobre normalización y homologación.
A) la prestación de servicios de telecomunicación que no tengan carácter de públicos sin título administrativo habilitante, cuándo éste sea requerido de modo específico conforme a la presente ley, o la falta de notificación cuándo sea preceptiva, así cómo la utilización de potencias de emisión superiores o frecuencias radioeléctricas sin autorización o distintas de las autorizadas.
B) el incumplimiento de las condiciones de las concesiones de servicios públicos de telecomunicación, salvo que deba considerarse cómo infracción muy grave conforme a lo previsto en el número anterior.
C) la importación, fabricación en serie, distribución, venta o exposición para la venta de equipos o aparatos que no dispongan de los certificados de homologación y de aceptación de las especificaciones técnicas que se establezcan de acuerdo con está ley o que resulten de los acuerdos o convenios internacionales suscritos por España sobre normalización y homologación, así cómo la falta de notificación del cambio de titularidad de los mismos cuándo sea preceptiva.
E) la alteración, manipulación u omisión de las características técnicas, marcas, etiquetas o signos de identificación de equipos o aparatos de telecomunicación, así cómo la elaboración de documentos para obtener fraudulentamente, alterar o sustituir licencias o autorizaciones administrativas.
F) los cambios de emplazamiento o características radioeléctricas de las estaciones de está naturaleza sin la correspondiente autorización.
H) la instalación, en condiciones de Funcionamiento, de estaciones radioeléctricas, sin licencia o autorización Administrativa cuándo sea legalmente necesaria.
I) los Actos de colaboración con buques o aeronaves, ya sean nacionales o de bandera extranjera, efectuados deliberadamente que posibiliten la producción de las infracciones previstas en los apartados 2.C) y 3.H), segundo párrafo, del presente artículo, tales cómo:
- El encargó o realización de producciones de todo tipo, incluída la publicidad, destinada a su difusión por radio.
L) la utilización de los servicios de telecomunicación para fines distintos de aquéllos para los que se hubieren utilizado.
N) cualquier otra infracción de la normativa de ordenación de las telecomunicaciones que suponga un incumplimiento grave de las obligaciones de los prestadores y usuarios de servicios de telecomunicación, salvo que deba ser considerada cómo muy grave conforme a lo dispuesto en el punto 2 del presente artículo.›
19. Se da nueva redacción al apartado segundo del artículo 34 de La Ley 31/1987, que queda cómo sigue:
‹2. Las infracciones a que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 33 podrán dar lugar a la adopción de medidas cautelares consistentes en el precintado de los equipos o Instalaciones por un plazo máximo de séis meses.
Cuándo el infractor carezca de título habilitante se mantendrán las medidas cautelares previstas en el párrafo anterior hasta la resolución del procedimiento.
Las sanciones impuestas por cualquiera de las infracciones comprendidas en el artículo 33, cuándo se requiera título habilitante para el ejercicio de la actividad, podrán llevar aparejada cómo sanción accesoria el precintado, incautación de
Los equipos o aparatos o clausura de las Instalaciones en tanto no se disponga de dicho título.›
20. Se da nueva redacción al apartado primero del artículo 35 de La Ley 31/1987, que queda cómo sigue:
‹1. Las infracciones reguladas en la presente ley prescriben a los séis, nueve o Doce meses, según se trate de infracciones leves, graves o muy graves, respectivamente, si antes de transcurrir los plazos señalados no se ha notificado al infractor la incoación del oportuno expediente sancionador contra el mismo.
En el supuesto de infracción continuada, el plazo de prescripción no comenzará a contarse hasta el momento en que deje de realizarse la actividad infractora. No obstante, se entenderá que persiste la infracción en tanto los equipos, aparatos o Instalaciones objeto de expediente no se encuentren a disposición de la administración o quede constancia fehaciente de su imposibilidad de uso.›
‹- Para distancias inferiores a 1.000 metros, el ángulo sobre la horizontal con el que se observe, desde la parte superior de las antenas receptoras de menor altura de la estación, el punto más elevado de un Edificio será cómo máximo de tres grados.›
‹1. La gestión de las concesiones o autorizaciones, así cómo la de certificaciones registrales, certificaciones de cumplimiento de las especificaciones técnicas de equipos, aparatos, dispositivos y sistemas de telecomunicación, previstas en la presente ley, dará Derecho a la percepción de Tasas compensatorias del coste de los trámites y actuaciones necesarias con arreglo a lo que se dispone en los apartados siguientes.›
‹B) dos mil pesetas si se trata de concesiones o certificaciones registrales.›
‹11. No obstante lo dispuesto en los epígrafes anteriores, cuándo los ensayos o Pruebas para comprobar el cumplimiento de especificaciones técnicas puedan realizarse por el interesado, opcionalmente, en centros ajenos a la administración, o en centros de ésta, o cuándo dichas Pruebas sean solicitadas por el interesado voluntariamente sin que venga obligado a ello por la normativa en vigor, las percepciones a cobrar por dichas Pruebas tendrán la consideración de precio público.›
6. Se da nueva redacción al apartado segundo de la disposición adicional octava de La Ley de ordenación de las telecomunicaciones, que queda cómo sigue:
‹2. Los sistemas radioeléctricos de buscapersonas, telemando, telemedida, teleseñalización, telealarmas, comunicaciones móviles en Grupos cerrados de usuarios, telefonía móvil automática y otros similares se consideran servicios de valor añadido de los comprendidos en el artículo 23, y su explotación se realiza en competencia. No obstante, cuándo el titular y el usuario de estos sistemas sea la misma persona física o jurídica no será de aplicación lo establecido en el artículo 15, apartados 1 y 2.›
‹14. Terminal: Es todo Equipo o aparato que envía y recibe señales sobre una red de telecomunicación a través de los puntos de terminación de red definidos y de acuerdo con las especificaciones aprobadas.
16. Punto de terminación de red: Conjunto de conexiones físicas o radioeléctricas y sus especificaciones técnicas de acceso, que forman parte de la red pública y que son necesarias para tener acceso a está red pública y a un Servicio o servicios portadores que la utilizan cómo Soporte.
17. Reventa de capacidad de Servicio: Es la explotación comercial para el público en general del transporte de señales sobre circuitos alquilados cómo Servicio independiente, aunque incluya la conmutación, el tratamiento, el almacenamiento o la conversión de Protocolo, si esto lo incluye solamente en la medida necesaria para la transmisión en tiempo Real desde la red pública conmutada y con Destino a la misma.›
1. Todas las referencias al ‹Ministerio de Transportes, turismo y comunicaciones› que se contienen en La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de ordenación de las telecomunicaciones, se entenderán hechas al ‹Ministerio de obras públicas y Transportes›.
2. Todas las referencias que en dicha ley, así cómo en la legislación derivada de la misma, se hagan al ‹punto de conexión de red› se entenderán hechas al ‹punto de terminación de red›.
1. El Gobierno, a propuesta del ministro de obras públicas y Transportes, establecerá por Real Decreto la fecha, anterior en todo casó al 1 de enero de 1996, en que los titulares de servicios de valor añadido podrán ofrecer al público la reventa de capacidad de Servicio portador, no estando permitida la reventa hasta la fecha que se establezca en el mencionado Real Decreto.
2. Hasta la fecha fijada de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, por el Ministerio de obras públicas y Transportes se establecerá el porcentaje máximo autorizado en capacidad y en facturación, imputable a un Servicio final o de difusión en el total del Servicio de valor añadido explotado comercialmente para el público en general, cuándo dichos servicios incluyan prestaciones adicionales de aquéllos.
Quedan derogadas Todas las Disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en está ley.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el ‹boletín Oficial del estado›.
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar está está ley.
DECRETO 186/1993, de 11 de junio, por el que se segrega del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Canarias la delegación provincial de Las Palmas.