Source: https://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/11001-03-25-000-2011-000474-00(1855-11).html
Timestamp: 2020-01-23 13:13:48
Document Index: 287104703

Matched Legal Cases: ['artículo 85', 'artículo 13', 'artículo 210', 'artículo 210', 'artículo 13', 'artículo 38', 'artículo 48', 'artículo 38', 'artículo 3', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 28', 'artículo 28']

Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [11001-03-25-000-2011-000474-00(1855-11)]
Radicado : 11001-03-25-000-2011-000474-00
Nº interno	: 1855-2011
Demandante	: Luis Alberto Guevara Díaz
Demandado	: Nación – Procuraduría General de la Nación
Tema : Sanción de destitución e inhabilidad general de 5 años – Decreto 1798 de 2000 y Ley 734 de 2002
La Sala decide en única instanci sobre las pretensiones de la demanda formulada por el señor Luis Alberto Guevara Díaz contra la Nación – Procuraduría General de la Nación.
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista, en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984, el señor Luis Alberto Guevara Díaz, por conducto de apoderado, pide las siguientes declaraciones y condena:
Agregó que, en principio, la Procuraduría aceptó que las personas que terminaron involucradas como “autores de las presuntas estafas, no estaban cometiendo actos ilegales”, sin embargo, responsabilizó a un servidor público que no se encontraba en ejercicio de sus funciones para el momento de los hechos reprochados, por lo que el accionante no se aprovechó ni utilizó el cargo de oficial de la Policía para desarrollar las actividades endilgadas, lo que demuestra una clara responsabilidad objetiva, la cual está proscrita de la legislación, según el artículo 13 del Código Disciplinario Único.
Insistió la parte actora que “el Oficial de la Policía Nacional, no estaba usando ni mucho menos abusando de tal investidura para ninguna clase de acción, sea lícita o ilícita; por ello se demuestra la injusticia y contra-evidencia del auto cuestionado, pues sorprendentemente el fallador reconoce todas estas circunstancias y contrario a su propia motivación del fallo resuelve, en forma absolutamente contradictoria declarando responsable disciplinariamente al Coronel Luis Alberto Guevara Díaz por el primer cargo contemplado en el auto de citación a audiencia, clara incongruencia entre lo considerado y resuelto”.
Añadió que las pruebas allegadas no demuestran que el demandante hubiese cometido la falta disciplinaria por la cual fue sancionado, pues para ello debe existir certeza probatoria. Además el operador administrativo debió valorar los aspectos favorables y no sólo los desfavorables como ocurrió en las decisiones demandada.
Mediante auto del 22 de julio de 2011, el Juzgado 17 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, remitió el expediente a la Sección Segunda del Consejo de Estado, atendiendo que la sanción disciplinaria impuesta al actor fue de destitución del carg.
Con auto del 22 de agosto de 2012, el Despacho Sustanciador admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Luis Alberto Guevara Díaz contra la Nación – Procuraduría General de la Nació.
A través del auto del 14 de marzo de 2013, se abrió el periodo probatorio y se dispuso tener en cuenta las pruebas acompañadas por las parte.
Con auto del 24 de septiembre de 2013, se corrió traslado a las partes para que presentaran los alegatos y al Ministerio Público para que rindiera concepto, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativ.
Manifestó que el control de legalidad del proceso disciplinario no puede constituir una tercera instancia, por ello “no puede el juez fungir como intérprete de la ley disciplinaria, ni valorar las pruebas que se presentaron al interior del proceso, ya que su intervención implica una revisión de legalidad, y que se debe analizar simplemente de su parte que la actuación disciplinaria se haya ajustado a las reglas de la hermenéutica jurídica y de aplicación de la ley”.
Propuso como excepción la innominada o genéric.
Propuso como excepciones: i) falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que la institución policial no tuvo injerencia en el proceso disciplinario que se adelantó por la Procuraduría General de la Nación contra el coronel Luis Alberto Guevara Díaz; y ii) que la jurisdicción contenciosa no es una tercera instancia para dirimir las controversias disciplinaria.
Mediante auto del 24 de septiembre de 2013, el Despacho sustanciador corrió traslado a las partes para que presentaran los alegatos y al Ministerio Público para que rindiera concepto, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativ. El Ministerio Público no se pronunció al respect.
Agregó que no desconoció ningún deber funcional, ni puso en peligro el buen funcionamiento de la institución policial, y se le sancionó con responsabilidad objetiva, la cual está proscrita del régimen disciplinario, artículo 13 de la Ley 734 de 200.
La Procuraduría General de la Nación presentó el escrito de alegatos iterando los argumentos que esgrimió en la contestación de la demand.
La Nación -Ministerio de Defensa Nacional –Policía Nacional sostuvo los mismos razonamientos expuestos en la contestación de la demand.
El presente proceso que se rige por el Decreto 01 de 1984, es competencia en única instancia del Consejo de Estad
, pues esta Corporación ha precisado que le corresponde privativamente conocer de los asuntos en los cuales se controvierte una sanción disciplinaria administrativa consistente en la destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos, expedida por una autoridad nacional, como lo es la Procuraduría General de la Nación.
El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional plantea la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al estimar que la institución policial no tuvo injerencia en el proceso disciplinario que adelantó la Procuraduría General de la Nación contra el coronel Luis Alberto Guevara Díaz, sobre este asunto cabe advertir que en el auto de admisión de la demanda del 22 de agosto de 2012 exclusivamente se vinculó y ordenó notificar a la Procuraduría General de la Nació, sin embargo, pese a no haberse vinculado al proceso, por iniciativa propia la Policía Nacional contestó la demanda.
El Consejo de Estado se ha manifestado en repetidas oportunidades sobre el control judicia que ejerce respecto de las decisiones, pruebas y demás actuaciones que se presentan en desarrollo del proceso administrativo sancionatorio y actualmente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 9 de agosto de 201
, consideró frente el alcance de aquél:
“Conforme a las pruebas allegadas, hasta este momento aparece que el Coronel LUIS ALBERTO GUEVARA DÍAZ, para la época de los hechos, de enero a abril del año 2006, cuando se desempeñaba como miembro activo de la Policía Nacional, identificado con la cédula de ciudadanía No 19.442.503 de Bogotá, quien estaba adscrito a la Subdirección General de la policía Nacional, conjuntamente con otras personas, intervino en actividades dirigida a promover la salida de ciudadanos en calidad de asilados políticos, por lo que recibieron dinero de esas personas, sin que se hubiera cumplido la promesa hecha de conseguirles asilo.
2. Respecto de bienes de la institución policial, se le atribuye que puede haberlos usado en beneficio propio o de terceras personas, y que pudo darles aplicación o uso diferente. Conducta tipificada como falta GRAVE en los literales c) y d) del numeral 36 del artículo 38 del Decreto ley 1798 de 2000. […]
Mediante decisión 18 de junio de 2010, proferida por la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, se declaró responsable disciplinariamente al coronel Luis Alberto Guevara Díaz por incurrir en las faltas disciplinarias gravísima y grave, por haber obtenido para otro un incremento injustificado del patrimonio y utilizar para beneficio propio o de terceras personas los bienes de la Policía Nacional, previstas en el inciso segundo del numeral 3 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y en los literales c) y d) del numeral 36 del artículo 38 del Decreto 1798 de 2000, respectivamente, imponiéndole al disciplinado la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 5 año.
A través de la decisión de segunda instancia del 12 de noviembre de 2010, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación resolvió el recurso de apelación contra la providencia del 18 de junio de 2010, confirmando la sanción impuesta al coronel Luis Alberto Guevara Día.
Al respecto destaca la Sala que el proceso está acreditado que la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional dispuso el 17 de junio de 2008 indagación preliminar en contra del coronel Luis Alberto Guevara Día y en ésta se practicaron las declaraciones de las señoras Norma Constanza Rodríguez Castillo y Diana Consuelo Ramírez Barón.
“[…] efectivamente conversamos con DIANA INÉS VACA DE GUEVARA y PATRICIA ACOSTA ACOSTA, y le comentamos el caso de amenaza y nos dijeron que Canadá daba el asilo político, de ahí se realizó una reunión que había en el Club de la Policía en la Avenida Boyacá con 134, la cual se realizó en febrero de 2006, reunión en la cual se presentó al final el coronel GUEVARA enseñándonos las instalaciones del club, también asistí a reuniones en un apartamento ubicado en el Barrio Bochica, donde se hacía reuniones en las cuales asistió el coronel GUEVARA y nos decía que todo era legal […] luego ellos nos solicitaron $6.000.000 los cuales entregue a PATRICIA ACOSTA ACOSTA.
“Se realizaron reuniones los meses de octubre de 2005 a marzo de 2006 en la casa del coronel LUIS ALBERTO GUEVARA, en las cuales él asistía, informaba personalmente sobre el programa y la señora DIANA VACA y PATRICIA ACOSTA en dichas reuniones con lista en mano captaban el dinero..
Posteriormente, mediante auto del 19 de febrero de 2009, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional ordenó adelantar el proceso mediante el procedimiento verbal y citó audiencia pública al señor Luis Alberto Guevara Díaz, para el 11 de marzo de ese año
Diana Consuelo Ramírez Barón, expresó: “[e]l apoderado [del actor solicita que aclare la afirmación contradictoria inicial en donde dijo “de octubre de 2005 a marzo de 2006 en la casa del Coronel LUIS ALBERTO GUEVARA, en las cuales él asistía, informaba personalmente sobre el programa y la señora DIANA VACA y PATRICIA ACOSTA en dichas reuniones con lista en mano captaban el dinero.” CONTESTÓ que él no ofreció directamente el programa, pero que si lo vio en las reuniones, que no interpeló, […] Igualmente el Procurador le requiere para que diga si la señora Diana Vaca decía específicamente que el coronel Guevara estaba encargado de los trámites. CONTESTÓ: Si señor, la señora Diana Vaca dijo que el coronel Guevara y el mayor Sánchez eran los encargados de realizar los trámites, lo mismo lo indicaba Patricia Acosta.
Norma Constanza Rodríguez Castillo, afirmó: “El Procurador Delegado le cuestiona, conforme a lo manifestado, que si ella considera que la presencia del coronel Guevara le daba credibilidad al programa. CONTESTÓ que ella y su hermana siempre sintieron confianza del programa ofrecido, por cuanto las reuniones se realizaban en la casa del coronel Guevara, además era persona importante dentro de la institución policial, circunstancias que a ellas les daba garantía de que el programa no era una estafa.
Claros los anteriores aspectos, de los cuales este Despacho, contrario a lo que sostiene y pretende hacer ver la defensa del implicado, de que hay grandes contradicciones en los testimonios rendidos en el curso de esta audiencia, puede deducir, sin vacilación, que los hechos que se acaba de referir ocurrieron en la forma en que se ha dejado plantead”.
En ese orden de ideas, para la Sala no existió una indebida valoración de las pruebas por parte de la Procuraduría General de la Nación, pues éstas se apreciaron de manera integral conforme a las demás pruebas acopiadas en el proceso disciplinario y, se reitera que las declaraciones son convergentes en afirmar que el coronel Luis Alberto Guevara Díaz si bien no hizo ninguna clase de presentación en las reuniones en las que se divulgaba al programa de visas a Canadá, sí estaba involucrado en este trámite, tal como lo expresó la testigo, Diana Consuelo Ramírez Barón, al afirmar: “[c]onsidero que el coronel Guevara si debe estar involucrado en esta situación porque nadie presta su nombre para que se hagan esta clase de atropellos que causan daño a tantas personas por lucrarse ilícitamente.
Por otra parte, aunque está demostrado con las anteriores declaraciones que el señor Luis Alberto Guevara Díaz en las reuniones en su residencia, en el Barrio Bochica y en el Club de la Policía no participaba directamente, lo cierto es que su presencia en éstas y el tour que le dio a algunos interesados por el club, le permitía a los asistentes confiar y tener seguridad en el programa de obtención de visas hacía Canadá en el que debían pagar una suma de dinero; de ahí que la actuación pasiva del demandante no se puede tener como una circunstancia probatoria que desvirtúe las faltas disciplinarias reprochadas al coronel Luis Alberto Guevara Díaz, consistentes en obtener para otras personas un incremento patrimonial injustificado y utilizar bienes de la institución policial para beneficios de tercero.
La señora Magaly Lozano Martínez, sostuvo: “ella [Diana Inés Vaca Ortiz] me invitó a una reunión que había en el Club de la Policía en la Avenida Boyacá con 134, la cual se realizó en febrero de 2006, reunión en la cual se presentó al final el coronel GUEVARA enseñándonos las instalaciones del club, asistí con JORGE VIVEROS, quien estaba interesado para unos sobrinos, fuimos recibidos por la señora DIANA [esposa del demandante] quien nos condujo a un salón ubicado en el primer piso donde conocí a PATRICIA ACOSTA, donde nos proyectaron un video de Canadá y nos ofrecieron cerveza canadiense, con lo cual quedamos convencidos que era algo bueno, por cuanto nos dijeron que PATRICIA ACOSTA era la encargada de tramitar los viajes al exterior de los policías de alto rango, lo cual me dio seguridad y quedé convencida de continuar con los trámites necesarios, cuando confirmé mi decisión al coronel GUEVARA de continuar con los trámites necesarios, me felicitó por la decisión y me dijo que era lo mejor que podía hacer […].
El señor Nelson Enrique Fajardo Martínez, manifestó: “El Procurador Delegado le cuestiona sobre la prudencia del coronel GUEVARA en las reuniones. CONTESTÓ que el coronel Guevara siempre estaba en la casa, pero no participaba en la reunión y además las personas que participaban eran conocidos. El Procurador Delegado le cuestiona que si tuvo confianza por la presencia del coronel Guevara. CONTESTÓ. Que él pensó que el coronel Guevara tenía que ver en ese programa, porque no podía prestar su casa a un número tan grande de personas, si no participara en el mismo. […] El Procurador Delegado le pregunta si la presencia del coronel Guevara lo indujo a participar en el programa. CONTESTÓ. Que si lo indujo a participar en el programa. El Procurador Delegado le interroga si el coronel Guevara le informó sobre el programa. CONTESTÓ que aunque no se lo dijo a él, si a su señora.
El señor Franklin Orlando Lozano Martínez, indicó: “Refiere que en esa reunión de cumpleaños de una hija del coronel Guevara, la señora DIANA VACA le hizo el comentario sobre el plan, por lo que él le dijo que posiblemente un amigo suyo podía interesarse en dicho paquete para unos sobrinos. Posteriormente el coronel Guevara le llevó a su oficina los documentos para que se los entregara a su amigo, coincidencialmente en ese momento estaba su amigo y le entregó la información, sin saber nada más. Afirmó que posteriormente como a finales del año pasado se enteró que su hermana estaba involucrada en los hechos. El Procurador para la Policía Nacional sobre cómo estaba involucrada su hermana. CONTESTÓ que ella había entregado unos dineros para participar en el programa. El Procurador Delegado le cuestiona sobre el nombre de la hermana que participó en el programa. CONTESTÓ que se llama MAGALY LOZANO MARTÍNEZ..
El señor Edgar Yuri Castellano, manifestó: “El Procurador Delegado le pregunta sobre el contacto directo que tuvo con el coronel Guevara. CONTESTÓ que al coronel Guevara lo vio en 4 oportunidades llevando documentación de personas que estaban interesadas en viajar al exterior. El declarante aseveró que puede afirmar que el coronel Guevara llevaba documentación de personas para acceder al paquete de viaje, porque a él le correspondía organizar los documentos […].
La señora Gladys Amparo Guevara Díaz, indicó: “que a ella le pareció raro el ofrecimiento que realizaba la señora Patricia Acosta, pero la señora Luisa Guevara de Barreto le comentó que ella tenía muchas palancas, porque les había conseguido la visa americana a pesar de su precaria situación económica. Sostuvo que el 14 de enero de 2006, cuando llegó su hermano [el demandante] de la comisión de Chile, le comentó el programa, que iba dirigido más que todo a quienes no tenían estabilidad económica. Manifestó que la señora Patricia Acosta le pidió a la señora Luisa de Barreto que le presentara con su hermana Diana Vaca, por ser la esposa del coronel Guevara, quien era una persona muy conocida. […] El Procurador Delegado le requiere para que diga si sabe las razones por las cuales a su hermano, el también coronel de la Policía no tuvo las mismas precauciones y por el contrario aparece que se hicieron reuniones para promover esos viajes en su casa. CONTESTÓ que se dieron muchas cosas consecutivas y a Diana Vaca le dijeron que podía ganar dinero y como Luis Alberto la vio entusiasmada, no le dijo nada.
La señora Rocío Parra Monsalve, expresó: “Como ella desde hace 22 años conoce al coronel Guevara, en una oportunidad, cuando se acercó a su negocio, ella le preguntó sobre lo que debía hacer para enviar a su hija al exterior, él le dijo que hablara con su esposa Diana Vaca, quien estaba trabajando con una señora, vendiendo planes para el Canadá. […] Expresó que con todos esos acontecimientos ella empezó a desconfiar del programa, por lo que le dijo al coronel Guevara que Diana Vaca se iba a ver en serios problemas, pero nunca pensó que también le ocurriera eso al coronel Guevara. Indicó que se realizó una reunión en la casa del coronel Guevara a la cual asistió la señora Patricia Acosta con guardaespaldas, dentro de la cual ella tuvo una discusión y cruce de palabras con dicha señora, reunión en la que no se concluyó nada, pero ella previno nuevamente al coronel Guevara y a Diana Vaca, diciéndoles que el programa le producía desconfianza.
Para esta Procuraduría Delegada, la presencia de este oficial en los eventos mencionados, innecesaria, si tal hubiera sido su interés, inducía confianza y credibilidad en los trámites ofrecidos, lo cual facilitaba que los particulares interesados en esas ofertas de viaje, cancelaran gruesas sumas de dinero, con lo que incurrió en las conductas reprochadas en el auto de cargos al haber contribuido al incremento injustificado del patrimonio de terceros y haber utilizado instalaciones policiales para tal fin, […].
El 18 de marzo de 2009, rindió declaración en la Procuraduría General de la Nación el señor Diego Alberto Vicentes Gutiérrez, quien sobre la devolución de los 15 millones de peso que entregó a la señora Patricia Acosta para el programa de visas hacía al Canadá, sostuvo: “que para la devolución de la plata fue una rogadera para que la devolvieran y le dieron solo 8 millones de pesos, frente a su abogada, la Dra. Marisol, diciéndole que si no cogía esa plata que era la ganancia de Diana por venta de asilos, pero si quería que demandara, que hiciera lo que quisiera, que eso no tenía cárcel.
El 18 de marzo de 2009, rindió declaración en la Procuraduría General de la Nación la señora Diana Inés Vaca Ortiz, quien sobre los hechos referidos, afirmó: “El Procurador Delegado para la Policía Nacional le pregunta si tenía sociedad con Patricia Acosta. CONTESTÓ que no tenía ninguna sociedad, que solo daba información para ganarse una bonificación, que el promedio de costo de una persona era de 32 millones de pesos y le daban comisión de 8 millones, dinero que fue el que devolvió a Diego Vicentes.
De las declaraciones de los señores Diego Alberto Vicentes Gutiérrez y Diana Inés Vaca Ortiz se determina que a aquél le reintegraron $8.000.000, suma inferior a la que entregó $15.000.000, situación que de manera objetiva establece la configuración de un incremento injustificado al patrimonio de las personas que participaron en la promoción del programa de visas hacía el Canadá. Conducta que configura para el actor la falta gravísima prevista por el legislador en el inciso segundo del artículo 3 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en los siguientes términos: “[i]ncrementar injustificadamente el patrimonio directa o indirectamente, en favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga”.
Respecto del incremento injustificado al patrimonio el procurador delegado en la decisión de primera instancia del 18 de junio de 2010, determinó: “[c]omo corolario de lo anterior, es indudable que el coronel GUEVARA ha incurrido en la conducta que le fue endilgada en el auto de cargos al haber dado lugar con su conducta a que terceras personas incrementaran su patrimonio de manera injustificada, la cual está tipificada, como se precisó en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, estando plenamente probado en el plenario, que la señora Patricia Acosta acrecentó su patrimonio de manera injustificada, lo mismo que la señora Diana Vaca, quien con su actividad en este programa, recibió comisiones del plan ofrecido, el cual nunca se ejecutó.
“En cuanto a la prueba para uno y otro, ha indicado que en el enriquecimiento ilícito se requiere prueba técnica, mientras que en el incremento patrimonial, sólo se exige como prueba, la obtención de dineros o bienes, sin importar el que sea desproporcionado pues basta que se verifique y se pruebe el simple incremento de manera indebida, bien sea para sí o para un tercero, cuya carga indiscutiblemente le corresponde al Estado”(Subrayado fuera del texto)”.
Ahora bien, en lo que respecta a que no se valoraron los aspectos favorables al demandante por parte de la Procuraduría General de la Nación, la Sala advierte que el procurador delegado manifestó en la decisión de primera instancia que “[e]l disciplinado coronel LUIS ALBERTO GUEVARA DÍAZ a pesar de presentar una excelente hoja de vida y no registrar antecedentes disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación, no se hace acreedor a dosificación de la sanción, pues las conductas por derivar beneficios personal indebido para terceras personas, lo deja incurso en faltas que la misma ley cataloga de Gravísimas, las que se estiman que fueron cometidas con Dolo, en tanto tenía conocimiento de la actividad que se estaba realizando y porque su intervención fue voluntaria, consciente y dirigida a un propósito específico, lo cual bajo esas condiciones da lugar a destitución, como lo dispone la ley, por lo que no hay lugar a ninguna dosificación.
Frente a este punto, destaca la Sala que el legislador prevé la ilicitud sustancial en el artículo 5 de la Ley 734 de 2002, en los siguientes términos: “[l]a falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna”.
En efecto, está acreditado en el proceso que los testigos directos, Nelson Enrique Fajardo Martíne, Norma Constanza Rodríguez Castill, Diego Alberto Vicentes Gutiérre y Rocío Parra Monsalv, sostuvieron que al estar el coronel Luis Alberto Guevara Díaz vinculado y respaldando el proceso de las visas hacía Canadá les daba mucha seguridad y tranquilidad, por ende entregaron dinero a las señoras Patricia Acosta Acosta y Diana Inés Vaca Ortiz. Igualmente, la señora Ana Milena Rodríguez Ruí manifestó que el coronel Luis Alberto Guevara Díaz y su esposa le ofrecieron un viaje a Canadá y le informaron los costos de la visa.
Sobre la ilicitud sustancial, precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-948 de 200 en la que declaró la exequibilidad del artículo 5 de la Ley 734 de 2002, que “el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública”. Así mismo, afirmó sobre el alcance de la ilicitud sustancial, que:
“Artículo 28. Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:
7. En situación de inimputabilidad. En tales eventos se dará inmediata aplicación, por el competente, a los mecanismos administrativos que permitan el reconocimiento de las inhabilidades sobrevinientes […].”
“Para que opere la exención de responsabilidad establecida en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, es obligatorio además de la existencia del error, que éste sea invencible. Es necesario que el disciplinado tenga la creencia plena y sincera de que actuaba ajustado al ordenamiento jurídico, y adicionalmente, que el error de apreciación no era humanamente superable dadas las condiciones personales del procesado y las circunstancias en que éste se realizó, eventos en los cuales, la conducta no es reprochable a título de dolo, porque en el encartado no hay la conciencia de la ilicitud de su acción, sin el cual el fenómeno no se estructura. Tampoco le puede ser reprochable a título de culpa porque actuó con el cuidado y diligencia para determinar que su conducta no era contraria a la ley.
En el sub lite está acreditado que al señor Luis Alberto Guevara Díaz en su condición de coronel de la Policía Nacional le formularon cargos el 8 de octubre de 2009, por las actividades que desplegó de enero a abril de 2006 y el operador disciplinaria calificó provisionalmente las faltas a título de dol. Y, en la decisión de primera instancia del 18 de junio de 2010 se le sancionó con destitución y respecto al elemento subjetivo se le dijo: “se estiman que fueron cometidas con Dolo, en tanto tenía conocimiento de la actividad que se estaba realizando y porque su intervención fue voluntaria, consciente y dirigida a un propósito específico”.
“Entonces y en las circunstancias en que ocurrió la defraudación de tan importante número de personas, SE REITERA, con la experiencia de treinta (30) años que acompañaba al disciplinado como Oficial de la Policía y por ende, en la lucha contra la delincuencia común y organizada, para él, fue perfectamente previsible que se estaba ante un plan siniestro y delictuoso, sin embargo, antes que propender por dar aviso a las autoridades competentes, dejó al azar, que se materializara el punible delito de estafa, entre otros; y con él al mismo tiempo, que se fraguara su incremento patrimonial no justificado y el de otras personas. De ahí que la conclusión en este sentido, no puede ser otra que se trató de comportamientos de corte eminentemente DOLOSO.
Así mismo, está probado en el proceso que el 5 de abril de 2006 se retiró del cargo de coronel, al notificarle el Decreto 060 del 13 de enero de 2006 que aceptó la desvinculación por solicitud propi.