Source: https://www.scribd.com/document/136156166/C-604-12
Timestamp: 2018-12-16 18:02:19
Document Index: 203150487

Matched Legal Cases: ['artículo 195', 'artículo 192', 'artículo 195', 'Artículo 195', 'artículo 192', 'artículo 195', 'artículo 72', 'artículo 195', 'artículo 209', 'artículo 195', 'artículo 345', 'artículo 195', 'artículo 209', 'artículo 90', 'artículo 209', 'artículo 209', 'artículo 209', 'artículo 13', 'artículo 195', 'artículo 241', 'artículo 195', 'artículo 195', 'artículo 104', 'artículo 192', 'artículo 72', 'artículo 192', 'Artículo 192', 'artículo 2232', 'artículo 2235', 'artículo 6', 'artículo 177', 'artículo 60', 'artículo 90', 'artículo 209', 'artículo 90', 'artículo 177', 'Artículo 1617', 'artículo 2232', 'artículo 2231', 'artículo 72', 'Artículo 884', 'artículo 635', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 192', 'Artículo 192', 'artículo 192', 'artículo 195', 'Artículo 195', 'artículo 60', 'artículo 195', 'artículo 6', 'artículo 72', 'artículo 195', 'artículo 192', 'artículo 192', 'artículo 192', 'artículo 195']

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Sentencia C-604/12 CONDENA JUDICIAL O ACUERDO CONCILIATORIO DE ENTIDAD PUBLICA-Reglas de trámite para su pago en Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo INTERESES MORATORIOS EN CONDENAS O CONCILIACIONES A CARGO DEL ESTADO-Reconocimiento y pago a tasas diferentes DTF y Comercial no vulnera el derecho a la igualdad/INTERESES MORATORIOS EN CONDENAS O CONCILIACIONES A CARGO DEL ESTADO-Justificación de reconocimiento a tasas DTF y Comercial En el presente caso en que se demanda el inciso primero del numeral 4º del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, norma que establece un tratamiento especial para el pago de intereses moratorios respecto del incumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de entidades públicas al precisar que el Estado deberá pagar intereses moratorios a la tasa DTF dentro de los 10 meses siguientes a la fecha en que esté en firme la providencia que establezca la condena o de la celebración del acuerdo conciliatorio, y vencido este término sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades liquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa comercial, encontrando la Corte que este procedimiento que le otorga al Estado unos plazos para el cumplimiento de las sentencias y conciliaciones con miras a que pueda dar aplicación a las reglas del presupuesto y a los principios de legalidad y planeación no vulnera el derecho a la igualdad, toda vez que se reconoce el pago de intereses moratorios por parte del Estado a una tasa especial justificada, sin que se pretermitan los principios presupuestales y los trámites administrativos al interior de las entidades públicas INTERESES MORATORIOS EN CONDENAS O CONCILIACIONES EN CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-Reconocimiento a tasas diferentes se ajusta a principios de razonabilidad y proporcionalidad INTERES CIVIL E INTERES COMERCIAL-Distinción INTERES Distinción LEGAL REMUNERATORIO Y MORATORIO-
2 Los intereses moratorios son aquellos que se pagan para el resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida. La mora genera que se hagan correr en contra del deudor los daños y perjuicios llamados moratorios que representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso en la ejecución de la obligación. INTERES MORATORIO LEGAL Y CONVENCIONAL EN CODIGO CIVIL-Determinación/INTERES MORATORIO LEGAL EN CODIGO CIVIL-Carácter supletorio El Código Civil de Colombia consagra los intereses moratorios como una indemnización derivada del retardo, la cual podrá ser convencional si es tasada por las partes o en su defecto legal, caso en el cual será equivalente al 6 por ciento anual. INTERES MORATORIO Determinación EN CODIGO DE COMERCIO-
En el caso comercial, la inexistencia de previsión convencional sobre intereses moratorios autoriza que se cobre una y media veces el interés bancario corriente. INTERES MORATORIO-Contenido indemnizatorio/INTERES MORATORIO-Tasas pueden ser variables dependiendo los regímenes En Colombia el interés moratorio tiene un contenido indemnizatorio distinto a la simple corrección monetaria, situación que no puede ser desconocida por el legislador al momento de determinar las tasas a las cuales lo vincula, por lo cual los intereses moratorios deberán contemplan un componente inflacionario o de corrección monetaria y uno indemnizatorio, que podrá variar teniendo en cuenta la existencia de diversos regímenes en cuanto a las tasas de interés, tal como sucede en relación con los intereses civiles y comerciales TASA DTF-Definición/TASA DTF-Componentes/TASA DTF-Uso en casos de interés moratorio La DTF es una tasa de referencia creada por el Banco de la República, que se calcula y determina con base en el promedio ponderado de las tasas de interés efectivas de captación a noventa (90) días de los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y corporaciones de ahorro y vivienda. La DTF permite reconocer la pérdida de poder adquisitivo del dinero y además contempla un valor adicional establecido por el mercado financiero con miras a fomentar el ahorro. En el caso del interés moratorio en contra de la administración pública, la DTF no solamente tiene un componente inflacionario, sino
3 también un valor adicional que se reconoce en este caso como el elemento indemnizatorio. PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL PRESUPUESTO-Cumplimiento implica prever los procedimientos para la realización de la disponibilidad presupuestal/PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL PRESUPUESTOAfecta el cumplimiento inmediato de sentencia o acuerdo conciliatorio/SENTENCIAS DE CONDENA Y ACUERDOS CONCILIATORIOS DE ENTIDADES PUBLICAS-Plazo para cumplimiento en Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no constituye incumplimiento El respeto de los principios del presupuesto exige que no se pueda obligar a una entidad a cumplir inmediatamente con una sentencia o acuerdo conciliatorio, sin atender a los trámites y procedimientos internos para efectuar el pago, tales como los relacionados con la disponibilidad presupuestal, en cuyo caso su incumplimiento vulneraría el principio de legalidad, corriéndose el riesgo de que al hacerlo se tengan que desconocer las normas del presupuesto y de las actuaciones administrativas, reglas a las cuales no está sometido un particular a quien por tanto sí le es exigible que cumpla inmediatamente con un fallo o acuerdo. Es así como el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contempla en su artículo 192 un procedimiento expresamente dirigido al cumplimiento de las sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas, el cual establece expresamente que las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, plazo éste en el cual las reglas aplicables al pago de intereses no pueden ser las mismas que las que se emplean frente al incumplimiento de una obligación por parte del Estado. SENTENCIAS DE CONDENA Y ACUERDOS CONCILIATORIOS DE ENTIDADES PUBLICAS-Reconocimiento de interés moratoria a tasas DTF y comercial
Referencia: expediente D-8896 Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso primero del numeral 4º del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva. -quien la preside-.1. Mauricio González Cuervo. las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa comercial”.4 Bogotá. primero (1º) de agosto de dos mil doce (2012) La Sala Plena de la Corte Constitucional . María Victoria Calle Correa. se subraya la parte acusada: “Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” Artículo 195. 1. una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones.1. el ciudadano WILSON RUIZ OREJUELA demandó la constitucionalidad del inciso primero del numeral 4º del artículo 195 de la ley 1437 de 2011. ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes. devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria.C. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad.. en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991. . conformada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada. lo que ocurra primero. D. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación. No obstante. Adriana Guillén Arango. Jorge Iván Palacio Palacio. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas: (…) 4. Nilson Pinilla Pinilla. por considerarlo violatorio de los artículos 13. sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido.1. 209 y 229 de la Constitución Política 1.
2. declarando la inconstitucionalidad parcial del artículo 72 de la ley 446 de 1998. .2. Adicionalmente manifiesta que también se vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia. la Corte Constitucional señaló que no existe ninguna justificación para que el Estado ejerza una posición dominante como deudor.2. Por otro lado.5. 1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA El ciudadano WILSON RUIZ OREJUELA demandó la constitucionalidad del inciso primero del numeral 4º del artículo 195 de la ley 1437 de 2011.2. 1. el accionante señala que en la sentencia C – 188 de 1999 . 209 y 229 de la Constitución Política por las siguientes razones: 1.1. en eventos que además se derivan del descuido de los servidores públicos responsables de la actuación. pues en caso de no hacerse efectivo el pago en el plazo máximo indicado no se consagra la posibilidad de ejecutar la obligación como sí lo hacía el Código Contencioso Administrativo. la cual disponía que “Las cantidades líquidas reconocidas en el acuerdo conciliatorio devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes al plazo acordado para su pago y moratorios después de este último”. al generar un interés más bajo que la tasa comercial. la disposición demandada establece un tratamiento menos oneroso cuando el incumplimiento proviene del Estado. el actor considera que el artículo demandado lesiona los principios de igualdad. por considerarlo violatorio de los artículos 13. 1. Para argumentar su pretensión. añade que la tasa del DTF ha tenido serios reparos al no reflejar correctamente el costo real de los recursos en la economía. pues el interesado tendría que esperar hasta diez (10) meses para obtener el pago de una condena judicial. Agrega que la disposición demandada lesiona el poder adquisitivo de los acreedores del Estado. pues mientras la Ley castiga severamente al particular que no cumple con sus obligaciones tributarias.5 1. periodo durante el cual solamente podría obtener intereses vinculados al DTF. Así mismo.2. pues establece que durante un término de diez (10) meses desde que se ha declarado la obligación el acreedor devengará solamente intereses moratorios al DTF y no intereses moratorios comerciales.2. lo cual impone al particular una carga que no debe soportar. eficacia y celeridad de la función administrativa contemplados en el artículo 209 de la Constitución.3.2. En este sentido. El accionante señala que la norma acusada vulnera el derecho a la igualdad y el principio de equidad.4. el actor señala que se vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia. 1.
1. Dr. 2.6 INTERVENCIONES 2. Afirma que la norma es constitucional. pues contiene una medida legítima. que señala que los intereses moratorios se generan a partir de la ejecutoria de la sentencia o del vencimiento del plazo del acuerdo conciliatorio.1. 2. Intervención de la Secretaría Jurídica de la Presidencia La Doctora Cristina Pardo Schlesinger. la norma intenta reconocer que el procedimiento de desembolso de los créditos a cargo del Estado tiene un procedimiento de orden legal que no puede omitirse sin grave deterioro de las finanzas públicas. Juan Ángel Palacio Hincapié . Señala que el precedente de la Sentencia C . Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República solicita a la Corte Constitucional que se declare inhibida para emitir pronunciamiento de fondo sobre la demanda o subsidiariamente se declare la constitucionalidad del numeral 4º del artículo 195 de la ley 1437 de 2011. Manifiesta que existe una ineptitud sustantiva de la demanda.2. razonable y proporcionada para la preservación del patrimonio público y los intereses generales.4.3.1.1. Dr. 2. En este sentido señala: “En efecto. al permitir que los intereses moratorios generados a partir del reconocimiento de la prestación económica se liquiden durante los primeros 10 meses con la tasa del DTF.1. pues esta norma precisamente señala que se deben reconocer los intereses moratorios sobre las deudas de las entidades públicas a partir de la ejecutoria de la providencia que la liquide o que apruebe una conciliación. pues no se señalan las razones por las cuales el trato diferenciado que se acusa resulta inaceptable desde el punto de vista constitucional.1. Intervención de la Universidad Sergio Arboleda El Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda.2. 2. Agrega que la norma reconoce que el proceso de disposición de bienes públicos tiene plazos internos que no pueden obviarse porque con ello se violentaría el principio de legalidad del gasto público. por las siguientes razones: 2.188 de 1999. consagrado en el artículo 345 de la Constitución. pero que tampoco puede agilizarse según la rapidez con que los particulares disponen de su patrimonio personal”. 2. José María del Castillo Abello y el director de la escuela de derecho público de la misma Universidad. no es aplicable al artículo 195 demandado.
2.2.7 solicitan que la norma demandada sea declarada inconstitucional al considerar que vulnera los artículos 13 y 209 de la Constitución Política por las siguientes razones: 2.3. . 2. 2.3.3. Afirman que la disposición no vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia. Consideran que la norma vulnera el derecho a la igualdad y la equidad.3. por el desgreño administrativo o por la imprevisión de sus funcionarios no puede constituirse en una fuente de empobrecimiento para el acreedor particular.3. Señalan que la norma demandada vulnera los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución política pues se afecta la celeridad y la economía de las actuaciones administrativas y el legislador se convertiría en un legitimador de conductas contrarias a la eficiencia de la Administración Pública.1.1.2. pues la demora de la administración en cancelar sus obligaciones por la omisión en el cumplimiento de las mismas. Señala que desde el punto de vista económico la norma puede resultar contraproducente para las finanzas públicas. Afirma que las actuaciones de las autoridades ordenadoras del gasto que comprometan efectivamente los recursos presupuestales deben ser consideradas en la ejecución del presupuesto y por ello la norma demandada debió haberse incluido en la Ley Orgánica del Presupuesto. Intervención de la Universidad del Rosario El doctor Manuel Alberto Restrepo Medina.4. razón por la cual debió haberse tramitado a través de una ley orgánica. en calidad de profesor de la Universidad del Rosario solicita que se declare la inexequibilidad de la norma demandada por las siguientes razones: 2. pues sólo se dirige a reducir contablemente el monto a pagar del acreedor estatal pero no se afectan los incentivos de los agentes estatales que generan condenas en contra del Estado al no eliminarse el problema de fondo.2.2.2. 2. pues esta garantía se protege cuando cualquier persona puede acudir ante su juez natural para solicitar que se le prodigue justicia en un caso determinado y esa petición es recibida. 2.3. Manifiestan que la Corte Constitucional fue enfática en la sentencia C 188 de 1999 en exigir el respeto a la igualdad en el pago de las obligaciones originadas en providencias judiciales. 2. Manifiesta que la regla demandada menoscaba el compromiso creíble del Estado de indemnizar los daños que cause y con ello el artículo 90 de la Constitución Política. 2.
3.4. Señala que las entidades públicas deben seguir reglas propias de los procesos presupuestales como un sistema de programación y ejecución ordenada de sus ingresos y sus gastos a las cuales no están sujetos los particulares. 2. por lo cual no se encuentran en la misma situación. 2. Manifiestan que la norma concede una prerrogativa pública que es proporcional. Afirman que la norma acusada castiga la ineficiencia administrativa y a la vez adopta una medida de protección de los recursos públicos a partir .5.4.2. Intervención del Consejo de Estado Los Magistrados Gustavo Eduardo Gómez Aranguren y William Zambrano Cetina. respectivamente.5. solicitan que se declare la constitucionalidad de la norma demandada por las siguientes razones: 2. ágil y con respeto de los derechos de los beneficiarios. 2.5. Señala que la norma no establece plazos de gracia o franquicias en los 2. en calidad de Presidente y Vicepresidente del Consejo de Estado.3.4.4. Afirma que la Corte Constitucional ha avalado el cobro de intereses a una tasa del DTF y además ha reconocido la constitucionalidad de establecer tasas de interés a una tasa distinta al interés bancario corriente. cuales la Administración no reconozca intereses de mora ni impone una cláusula exorbitante que desconozca los deberes del Estado. por cuanto la argumentación del demandante no es clara y corresponde simplemente a lucubraciones del actor. pues el Estado se encuentra en una situación especial frente a los particulares y la regulación de las finanzas públicas impone la necesidad de organizar el pago de las sentencias de manera ordenada. Señalan que la norma demandada no vulnera el derecho a la igualdad.5.8 Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público La apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicita que se declare la constitucionalidad de la norma demandada por las siguientes razones: 2.5. pues tiene en cuenta la función especialísima que cumple el Estado en la gestión de los recursos públicos.4.2. 2.1.4. 2. Señala que el legislador determinó una tasa como el DTF que incluye el componente inflacionario capaz de amortizar la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Solicita que la Corte Constitucional se inhiba de hacer un pronunciamiento sobre la presunta vulneración del artículo 209 de la Constitución y del derecho al libre acceso a la justicia.1.4. 2. 2.
2.7. Manifiesta que la demanda no cumple los requisitos y criterios necesarios para acusar el quebrantamiento del principio a la igualdad de la norma. 2. en calidad de Directora del Centro de Estudios en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana solicita que la Corte Constitucional se inhiba de pronunciarse respecto de los cargos formulados contra la norma demandada por las siguientes razones: 2. consideran que la norma se ajusta al principio de sostenibilidad fiscal que debe orientar a las ramas y órganos del poder público. Intervención de la Universidad Javeriana La doctora Vanesa Suelt Cock. Finalmente. Manifiesta que la condición de inferioridad en la cual el Estado coloca al particular le impide tener el acceso a la eficaz administración de justicia llegando a ella dentro de una relación abiertamente desequilibrada: .2.1. Sociales y Educación de la Universidad del Sinú solicita que se declare la inconstitucionalidad de la norma por los siguientes motivos: 2.1. Señala que la norma vulnera el derecho a la igualdad.6.6. 2. Intervención de la Universidad del Sinú La doctora Alma Lafont Mendoza.7.9 del reconocimiento de las realidades presupuestales que debe seguir el Estado en el pago de sus condenas. por lo cual concluye: “Con fundamento en las razones brevemente expuestas. en calidad de Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Señala que los cargos en relación con la vulneración al artículo 209 de la Constitución y la supuesta vulneración al derecho al libre acceso a la administración de justicia son afirmaciones vagas y sin fundamento pues no concretan la acusación de inconstitucionalidad.7. pues el Estado y las entidades públicas como personas jurídicas debe someterse a las reglas contempladas en el Código Civil respecto del cobro de intereses moratorios. se considera que le asiste razón al demandante en su pretensión de solicitar la inexequibilidad de la norma demandada con fundamento en el principio de igualdad” 2.6. dentro de sus competencias en un marco de colaboración armónica.5.2. 2.4.
Agrega que es razonable el establecimiento de un plazo especial para que el Estado pueda hacer lo necesario para el cumplimiento de sus obligaciones teniendo en cuenta que la aplicación del presupuesto está sometida a disponibilidades y trámites especiales: “La circunstancia de que la aplicación de un presupuesto público no dependa sólo de la voluntad del ente público que debe ejecutarlo. 3. . Manifiesta que la simple existencia de un interés.8. hace razonable que el 3.10 “Así mismo. Afirma que la norma demandada. Manifiesta que se vulnera el principio a la igualdad en el cobro de los intereses. sino que en todo caso está sometida a disponibilidades y a una serie de trámites que suelen tomar algún tiempo.8. así su tasa se fije con arreglo al DTF. le impide tener acceso libre y eficaz a la administración de justicia llegando a ella dentro de una relación abiertamente desequilibrada”.3. 2.1.4. Señala que la norma es un desarrollo de la libertad de configuración del legislador en materia administrativa y no vulnera ninguna garantía fundamental.8.8.1. toda vez que la condición de inferioridad en la cual el Estado coloca al particular. establece una medida adecuada y proporcional para el acreedor y para el deudor y garantiza que el poder adquisitivo de la suma objeto de la condena o de la conciliación no sufrirá merma.3. 3.P. 3. Intervención de la Universidad Externado de Colombia El Grupo de Investigación en Derecho administrativo de la Universidad Externado de Colombia solicita que la norma demandada sea declarada inexequible con la siguiente argumentación: 2. elimina el riesgo de pérdida del poder adquisitivo de la moneda. y especialmente de un interés moratorio. es pertinente el argumento sobre la vulneración del artículo 209 de la C. generando una propensión al pago no oportuno de los intereses a favor de las víctimas del daño antijurídico.2. 2.2. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El Procurador General de la Nación solicita que se declare exequible la norma demandada por las siguientes consideraciones: 3.. Afirma que se atenta contra el principio de eficacia de la función administrativa. 2. Señala que la Corte Constitucional ya ha declarado inconstitucional una norma muy similar a la hoy examinada en la sentencia C – 188 de 1999.
4. quien en un término de hasta 10 meses por la obligación declarada y no pagada. Finalmente considera que no es posible equiparar las obligaciones de las entidades públicas con los particulares a las que tienen los particulares con los entes públicos. sin que el Estado haya apropiado los recursos ni cancelado la obligación”. Cargos de la demanda y problema jurídico El accionante señala que la norma acusada vulnera el derecho a la igualdad y el principio de equidad. lo que la hace flagrantemente vulneratoria del artículo 13 constitucional”. Adicionalmente. de hasta 10 meses. para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de numeral 4º del artículo 195 de la ley 1437 de 2011. perjudicando a los interesados sin ninguna justificación de la diferencia entre un periodo y otro de la obligación.2.11 legislador prevea en la norma demandada un período de tiempo. de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución. es decir. antes y después de los 10 meses de que trata la norma acusada. mientras reconoce al acreedor unos intereses moratorios”. vulnera el derecho a la igualdad y el principio de equidad. . sólo devengará intereses moratorios al DTF y sólo los moratorios comerciales pasados los 10 meses de los que establece la norma.1. 4. CONSIDERACIONES 4. COMPETENCIA La Corte Constitucional es competente. pues se disminuye el valor del dinero frente a la tasa comercial: “Así. en los cuales el ente público pueda hacer lo necesario para cumplir con su obligación. el demandante agrega que el reconocimiento de intereses atados al DTF perjudica al acreedor. pues afecta gravemente los intereses del acreedor del Estado. pues establece que durante un término de diez (10) meses desde que se ha declarado la obligación el acreedor devengará solamente intereses moratorios al DTF y no intereses moratorios comerciales.5. lo cual le impondría al particular una carga que no debe soportar: “La condición que genera la norma acusada. el reconocimiento de intereses atados a la DTF disminuye el valor del dinero frente a la tasa comercial. anualidad y universalidad del gasto público. pues en el primer caso la actividad presupuestal está sujeta a los principios de legalidad. 3.
(v) tanto las obligaciones a cargo de las entidades públicas como las que están en cabeza de los administrados tienen el mismo alcance jurídico”. si la disposición demandada establece un tratamiento especial en el pago de intereses moratorios frente a las entidades públicas. es decir. (iii) la circunstancia es equivalente. lo que ocurra 1 El artículo 195 de la ley 1437 se encuentra dentro del capítulo VI “sentencia” de la parte segunda del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo denominada: “Organización de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y de sus funciones jurisdiccional y consultiva” . omisiones y operaciones. cuando se presente el incumplimiento de obligaciones impuestas en fallos de condena o acuerdos conciliatorios. en los que estén involucradas las entidades públicas. la de ser acreedor. De esta manera. sujetos al derecho administrativo.12 Para explicar la vulneración del derecho a la igualdad. teniendo en cuenta el tenor literal del artículo 195 de esta ley: “4. contratos. No obstante. (iv) el perjuicio económico sufrido por el acreedor (el gobernado o la administración pública generada en la mora es similar y. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación. devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. de las controversias y litigios originados en actos. así: (i) el deudor puede ser el gobernado o la administración pública. es decir. circunstancia que restringe su ámbito de aplicación a una serie de asuntos contemplados en el artículo 104 de la Ley 1437: “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer. La norma demandada se encuentra en el capítulo de la Ley 1437 de 2011 que regula las sentencias dentro del proceso contencioso administrativo1 y solamente se aplica al cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. . una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior. antes de entrar en el análisis de la constitucionalidad de la norma se debe establecer brevemente si existe certeza del cargo. esto es. o los particulares cuando ejerzan función administrativa”. sumas de dinero que el Estado adeuda al particular o que éste último debe a la administración pública. (ii) el hecho es el mismo. hechos. En este sentido. el accionante refiere las razones aducidas por la sentencia C – 188 de 1999 para resolver un caso muy similar: “La vulneración del derecho a la igualdad es evidente por las razones expuestas por la propia Corte Constitucional en la sentencia C – 188 de 1999 en un tema similar. además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales. el cargo de la demanda se funda en el tratamiento desigual que otorgaría la norma a las entidades públicas respecto de los particulares en el pago de intereses moratorios.
. el cual se refiere al cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas: “Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. (ii) La naturaleza y el contenido de los intereses moratorios.3. la norma demandada hace referencia expresa a la entidad obligada. es claro que existe cargo y que el problema jurídico a resolver es si es constitucional que la norma demandada establece un tratamiento especial para el pago de intereses moratorios respecto del incumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Para abordar este problema jurídico esta Corporación analizará: (i) La Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el pago de intereses moratorios por las entidades públicas. La Sentencia C . 4.188 de 1999 declaró inconstitucional el inciso segundo del artículo 72 de la ley 446 de 1998. la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación. las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratoria a la tasa comercial” (negrillas y subrayado fuera de texto). y (iv) La norma demandada.1. esta disposición hace una remisión directa al artículo 192 de la ley 1437 de 2011. En consecuencia. pero además.13 primero. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero. adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento. 2 Artículo 192 de la ley 1437 de 2011. (…)”2(negrillas y subrayado fuera de texto). según el cual: “Las cantidades líquidas reconocidas en el acuerdo conciliatorio devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes al plazo acordado para su pago y moratorios después de este último”. Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el pago de intereses moratorios La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el pago de intereses moratorios señalando que el Estado debe pagar intereses moratorios y que pueden existir tasas de intereses distintas como la civil y la comercial: 4. sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido.3. Como se aprecia. (iii) Las prerrogativas públicas o de la administración.
José Gregorio Hernández Galindo. En ese orden de ideas. que incumple” .14 En esta sentencia. Por consiguiente. con notorio perjuicio para los particulares que han debido recibir oportunamente los recursos pactados. no resulta contrario a la Carta ni al principio a la igualdad. el tratamiento diferenciado está provisto de una justificación objetiva y razonable. como lo pretende el actor. el principio de igualdad entre estas dos legislaciones. el anacronismo y la aparente inequidad del interés legal del 6% anual fijado en el Código Civil. el dinero no recibido por el acreedor pierde poder adquisitivo y no existe razón válida para que esa pérdida la deba soportar el particular y no el Estado. sin que se justifique en modo alguno que mientras el Estado cobra a los contribuyentes intereses moratorios cuando ellos no pagan a tiempo los impuestos. tal y como lo expresan las normas particulares. que permitiera asegurar una regulación expedita del las áreas de su competencia.188 de 1999.3.2. no se vulnera en materia de intereses. M. porque el Código Civil tiene en ese aspecto su campo de aplicación para los negocios jurídicos civiles. mientras que los intereses de que trata el Código de Comercio se predican de los negocios mercantiles. las obligaciones en mora a cargo del Estado deban forzosamente permanecer libres de la obligación de cancelar dichos réditos durante seis meses. . precisamente. la finalidad del legislador en este caso. es evidente que nos encontramos frente a situaciones virtualmente diferentes. cada uno estructurado acorde con su especialidad.364 de 2000 declaró EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 2232 y el artículo 2235 del Código Civil considerando que la inconveniencia. no son razones que hagan de suyo inconstitucional el monto de tal interés. Así mismo consideró constitucional la distinción entre los intereses civiles y los intereses comerciales en razón a que estos últimos se presentan en una actividad específica como es el comercio: “En ese sentido. La Sentencia C . Durante ese tiempo. que en consecuencia. que el legislador haya procedido a definir el Sentencia de la Corte Constitucional C . más aún si como se ha visto. la Corte Constitucional consideró que si los particulares pagan intereses moratorios cuando no se pagan a tiempo los impuestos el Estado también debe hacerlo frente a sus deudas: “Para la Corte es claro que el principio de igualdad y la equidad imponen que en estos casos las dos partes reciban igual trato. es claro que desde el punto de vista del test de igualdad presentado en la primera parte de esta reflexión. 4. era la de contar con dos regímenes legales. pueden gozar de un tratamiento diverso.P. En efecto. y ello a partir del primer día de retardo en el pago.
En el evento en que las partes hayan estipulado la causación de intereses de plazo. En el Código de comercio. acorde con la especialidad de regímenes jurídicos”3. M. el interés legal fijado. salvo estipulación en contrario. la inexistencia de previsión convencional sobre moratorios autoriza que se cobre una y media veces el interés bancario corriente”4. por el carácter oneroso de la actividad mercantil se presume el interés lucrativo.364 de 2000. sin perjuicio de los eventos legales en que se autoriza la causación de intereses corrientes (art. 4 Sentencia de la Corte Constitucional C . M. ni que en materia de intereses haya consagrado unas normas específicas en cada caso. 1617). Alejandro Martínez Caballero. Alejandro Martínez Caballero. salvo pacto expreso en contrario. por ende se excluye el carácter gratuito del mutuo. Cuando se trata de. es el 6% anual.892 de 2001 5.3. o en ausencia de tal supuesto empieza a deberse el interés legal del 6%.: Dr. .P.15 ámbito de cada estatuto jurídico. se dispone que en ausencia de estipulación contractual sobre intereses moratorios. esta Corporación estudió la constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de la ley 598 de 2000. La Corte declaró inconstitucional la norma demandada al considerar que vulneraba el principio de responsabilidad contractual consagrado en el 3 Sentencia de la Corte Constitucional C .364 de 2000. iv) intereses moratorios. Rodrigo Escobar Gil. En la misma sentencia se señaló la distinción entre los intereses legales. No operan cuando los particulares han fijado convencionalmente los intereses sino únicamente. a instancia de las partes. En la legislación civil se concibe que el mutuo puede ser gratuito u oneroso. las entidades del Estado. se presume que el mutuo es gratuito. los intereses legales. pero en ausencia de manifestación alguna en cuanto a los iii) intereses remuneratorios. en el Código Civil.3. 4.P. pero hayan omitido su cuantía. En el caso comercial. según el cual “Para evitar la distorsión de precios por el incumplimiento de los pagos. reconocerán un interés equivalente al DTF transcurrido 90 días de la fecha establecida para los pagos”. en ausencia de tal expresión de voluntad a fin de suplirla. En la Sentencia C . 5 M. son aquellos cuya tasa determina el legislador. remuneratorios y moratorios: “De otro modo. se siguen debiendo los intereses convencionales si fueron pactados a un interés superior al legal. de tal forma que el interés legal equivale al bancario corriente.P.
lo cual redunda en perjuicio de los derechos del particular que colabora con la Administración en la realización de sus fines”7 (negrillas y subrayado fuera de texto). 7 Sentencia de la Corte Constitucional C . reconocer a la administración un periodo de gracia en el pago de intereses moratorios. por causa de la norma impugnada. cesará 6 Sentencia de la Corte Constitucional C .4. 13. En la Sentencia C – 428 de 2002. igualdad. encuentra la Corte que la norma parcialmente acusada.: Dr. por esa misma vía. M. Sin duda. sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva. en cuanto establece un plazo de gracia de 90 días para que la administración empiece a reconocer intereses de mora. contenidos en los artículos 2°. Adicionase el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo con los siguientes incisos: Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación.3. M. Así mismo. acompañando la documentación exigida para el efecto. los principios de justicia conmutativa. luego de vencido el plazo para el pago. la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 60 de la ley 446 el cual señalaba: “Pago de sentencias. los principios de justicia conmutativa. Rodrigo Escobar Gil.: Rodrigo Escobar Gil. 58 y 83 del mismo ordenamiento Superior.892 de 2001. Igualmente. deba asumir de su peculio el detrimento patrimonial que le ocasiona el Estado por el incumplimiento de sus obligaciones. y en estricto derecho.892 de 2001.P. esta Corporación recordó que no existe ninguna justificación para que el particular deba asumir de su peculio el detrimento patrimonial que le ocasiona el Estado por el incumplimiento de sus obligaciones: “En virtud de lo dicho.P. para la Corte no existe ningún principio de justicia material que justifique el que el contratista. viola el principio de responsabilidad contractual consagrado en el artículo 90 de la Carta y. respeto por los derechos adquiridos con justo título y buena fe. por esa misma vía. la previsión demandada resulta contraria a los principios que desarrollan la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Carta”6. respeto por los derechos adquiridos con justo título y buena fe: “En conclusión.16 artículo 90 de la Carta y. 4. . igualdad. comporta un desconocimiento del carácter sinalagmático que ostenta el contrato estatal.
según los cuales: “Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales (durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria) y moratorios (después de este término).188 de 1999 y C .3.3. En consecuencia.17 la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma”8. en punto a la presunta violación de los principios de la buena fe y la autonomía e independencia judicial. por cuanto se ha sostenido hasta la saciedad que el contenido normativo del inciso acusado persigue un fin legitimo amparado por la Constitución. originado en una conducta omisiva y negligente del titular del crédito judicial consistente en no proceder a su reclamo a tiempo. y que frente al particular la colaboración exigida además de propender también por su propio beneficio. M. por el mismo principio de la buena fe” 4. . la Corte Constitucional consideró que la norma simplemente buscaba establecer una consecuencia jurídica sobre el particular que de manera omisiva y negligente no procedía al reclamo oportuno de la obligación: “5.428 de 2002 en relación con lo dispuesto en los incisos 5° y 6° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. honesta y leal a la cual está obligado. incluso.P. por lo tanto. Por lo demás. M. la Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en las Sentencias C .6. Rodrigo Escobar Gil.P. antes que constituir un derecho de propiedad en cabeza del acreedor. 8 Sentencia de la Corte Constitucional C – 428 de 2002. como es la defensa del patrimonio público y del interés de la comunidad. no le asiste razón al demandante con relación al cargo esbozado pues nadie puede alegar su propia culpa en su propio beneficio.5. Desde este punto de vista.3.5. sobre los intereses que podría generar la hipotética abolición de la medida cuestionada en este juicio. lo que exige de éste es una actitud diligente. En esta ocasión. no resultan válidos los cuestionamientos que se aducen en la demanda. no se configura ninguna obligación patrimonial a cargo del Estado y. Rodrigo Escobar Gil. lo que comporta es un enriquecimiento sin causa o un lucro indebido en perjuicio del patrimonio público. 5. En la Sentencia C-965 de 2003. Sentencia de la Corte Constitucional C – 428 de 2002. En relación con lo primero.
4. en algunos apartes de la Sentencia C-188 de 1999. quien ve deteriorado el poder adquisitivo de su dinero” . la jurisprudencia de la Corte ha señalado que el Estado deberá pagar intereses moratorios por el incumplimiento de sus obligaciones y que pueden existir distintos regímenes de intereses tal como sucede con los intereses civiles y los intereses comerciales. Madrid. 1997. Buenos Aires. Fernando: Tratado de las Obligaciones. 1983. La mora genera que se hagan correr en contra del deudor los daños y perjuicios llamados moratorios que representan el perjuicio causado al 9 Sentencia de la Corte Constitucional C 965 de 2003. M. concluyó que cualquier interpretación en contrario genera una injustificada e inequitativa discriminación que favorece la ineficacia y falta de celeridad en la gestión pública. PADILLA. 632. Geoger: Derecho Civil. Astrea. 10 PLANIOL. 8.P:: Rodrigo Escobar Gil. la Corte reiteró que el Estado deberá pagar intereses moratorios y que cualquier interpretación en contrario genera una discriminación injustificada e inequitativa: “Sobre el punto. pág. 165.18 Pago de sentencias. y además un enriquecimiento sin causa a favor del Estado y en perjuicio del particular. Edisofer. pág. cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma”9. ALBALADERO. . para efectos de los conflictos patrimoniales que se puedan suceder. En consecuencia. En esta sentencia. sostuvo la Corte que el patrimonio de los particulares goza de una clara protección constitucional. II. razón por la cual. René: La mora en las obligaciones. 70. Universidad Externado de Colombia. Manuel: Derecho Civil.4. el principio de igualdad y la equidad imponen que las dos partes reciban un mismo trato. T. Harla.P:: Rodrigo Escobar Gil. sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva. pág. Sentencia de la Corte Constitucional C 965 de 2003. acompañando la documentación exigida para el efecto. Derecho de obligaciones. HINESTROSA FORERO. Naturaleza y contenido de los intereses moratorios Los intereses moratorios son aquellos que se pagan para el resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida 10. México. 2004. Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación. M. Bogotá. de manera que si el Estado cobra a los particulares intereses bancarios y moratorios por el incumplimiento oportuno de sus obligaciones. Ripert. En este contexto. pág. también aquél debe asumir esas mismas cargas cuando no paga en tiempo. 2002. V. 225. Marcel.
472 y 473. 12 PLANIOL. Marcel. pág. Los daños y perjuicios compensatorios tienen por objeto colocar al acreedor en la misma situación jurídica en la que se encontraría si la obligación hubiera sido ejecutada como debía. Kart: 349 y 350. 339. Sobre este aspecto afirman Planiol y Ripert: 11 “Los daños y perjuicios moratorios tienen como carácter esencial. pág. total o parcial. Ediciones Jurídicas Europa América. PADILLA. 1993. italiana y alemana reconocen el carácter indemnizatorio de los intereses moratorios: (i) La doctrina francesa. 1963. 472. 617. Pág. Geoger: Derecho Civil. Santiago. 1988. Henri / MAZEAUD. Buenos Aires. Kart: Derecho de Obligaciones. distingue entre los daños y perjuicios compensatorios y los daños y perjuicios moratorios: los primeros tienen lugar cuando hay una inejecución propiamente dicha. Geoger: Derecho Civil. 94 16 MESSINEO. André: Tratado teórico y prático de la responsabilidad civil delictual y contractual. Madrid 1999. Pág. por ello MESSINEO los define como “la medida del resarcimiento”17. Ediciones Jurídicas Europa América. 3. pág. Harla. los intereses moratorios tienen una función de resarcimiento del daño sufrido por el acreedor como consecuencia del retraso en el cumplimiento de la obligación (art. León / TUNC. 339 y 340. se acumulables necesariamente con el cumplimiento efectivo de la obligación. T. Por eso se afirma que en las obligaciones pecuniarias como principio general. LARENZ. León / TUNC. Editorial Revista de Derecho Privado. I. V. la doctrina francesa. IV. En sentido similar. V. Luis: Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. MAZEAUD. cuando existe un simple retraso en la ejecución de la obligación13. solo caben los daños y perjuicios moratorios15. V. perjuicio que no se repara por el ulterior cumplimiento de la obligación”12 (negrillas y subrayado fuera de texto). ¡983. t. I. Pág. IV. Mardid. André: Tratado teórico y prático de la responsabilidad civil delictual y contractual. Astrea. 710. pág. León / TUNC. Editorial Jurídica de Chile / Editorial Temis. El Código Civil Alemán supedita. 15 MÚRTULA Lafuente. 8. 1958. André: Tratado teórico y prático de la responsabilidad civil delictual y contractual. 17 MESSINEO. La prestación de intereses. y los segundos. Buenos Aires. Editorial Mc Graw Hill. 1997. I. Buenos Aires. México. Ripert. 3. En Italia. 723. 1963. 1963. pág. V. 1997. Fracesco: Manual de Derecho Civil y Comercial. 339. V. T. V. Fracesco: Manual de Derecho Civil y Comercial. pág. puesto que representan el perjuicio resultante del retraso. 14 MAZEAUD. . MANASEVICH. 641. Harla. 8. Marcel. Buenos Aires. T. CLARO DEL SOLAR. 3. Santiago. 504. Rene Abeliuk: Las Obligaciones. En este sentido. México. René. LARENZ. 13 MAZEAUD.19 acreedor por el retraso en la ejecución de la obligación . Ediciones Jurídicas Europa América.)16. pág. Ripert. t. 1224 del C. La mora en las obligaciones. pág.c. 220. como regla general el devengo de los intereses moratorios a la constitución en mora del deudor y (ii) (iii) 11 PLANIOL. V. Virginia. mientras que los daños y perjuicios moratorios tienen por objeto reparar el perjuicio que el acreedor ha sufrido como consecuencia del retraso en el cumplimiento de la obligación14. pág.
) El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses. el 1614. en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos. 165 20 Artículo 1617 del Código Civil de Colombia. sin embargo. señalando que la ley respeta las convenciones que se hagan y por ello el interés del 6 por ciento es un interés supletorio: “Los artículos anteriores al 1617. . porque señala los que debe satisfacer una persona que es deudora de una suma de dinero y no la paga el 18 LARENZ. el 1613. el Código Civil de Colombia consagra los intereses moratorios como una indemnización derivada del retardo19. Universidad externado de Colombia. 3a.) Los intereses atrasados no producen interés. como lo afirma don Fernando Vélez: "Decimos que este artículo es una excepción a las reglas sobre perjuicios. o empiezan a deberse los intereses legales. 4a.20 los identifica como una indemnización de perjuicios al deudor por el incumplimiento: “Por consiguiente a pesar de la mora el deudor continua obligado a cumplir la prestación y además ha de indemnizar al acreedor los daños causados por la mora”18. si se ha pactado un interés superior al legal. 2002. basta el hecho del retardo. 2a. quedando. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero. 1958. cánones y pensiones periódicas”20.) Se siguen debiendo los intereses convencionales. Con razón se ha sostenido que el 1617 es una excepción a las reglas mencionadas. pág. caso en el cual será equivalente al 6 por ciento anual: “Indemnización por mora en obligaciones de dinero. Fernando: Tratado de las obligaciones. El interés legal se fija en seis por ciento anual. Siguiendo estas vertientes. Madrid. el 1615 y 1616. Kart: Derecho de obligaciones. es decir. el 1612. la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes: 1a. La Corte Constitucional declaró exequible esta norma que determina las reglas para indemnizar los perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones. 349 y 350 19 HINESTROSA FORERO. en el caso contrario. Editorial Revista de Derecho Privado. pág. la cual podrá ser convencional si es tasada por las partes o en su defecto legal. en especial la francesa.) La regla anterior se aplica a toda especie de rentas. establecen las reglas que deben seguirse para indemnizar los perjuicios causados por el incumplimiento de la obligación.
En suma. de conformidad con la cual "si en la convención se estipulan intereses sin expresarse la cuota. Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital. es decir. se entenderán fijados los intereses legales ". porque determina el hecho que constituye en mora al deudor. (Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. en general. basta la mora en el pago para que deba intereses el deudor". si lo solicitare el deudor". tomo VI.: Dr. Sentencia de la Corte Constitucional C – 485 de 1995. ni si hay dolo por parte del deudor. en consecuencia. fija el interés anual en el 6%. Por eso. 248)”21.. Queda claro. Edición. o si los perjuicios pudieron o no preverse. M. 1). Por el contrario. cit. éste será el bancario corriente. M. Imprenta París América. ni lucro cesante.. en la vida corriente de los negocios no es frecuente el otorgamiento de préstamos de dinero sin la estipulación de intereses. lo que se observa es la tendencia a pactar intereses excesivos. ni el que éstos se convengan sin determinar su tasa.. 1608. pág. Jorge Arango Mejía. que la ley.P. La norma que obliga al pago del interés legal. 2a. los intereses moratorios serán equivalentes a una y media veces el interés bancario corriente: “Limite de intereses y sanción por exceso. si las partes no han estipulado el interés moratorio.P. sin que se especifique por convenio el interés. El Código de Comercio también se refiere al interés moratorio estableciendo que a falta de estipulación. y el deudor incurre en mora. pues los intereses legales sólo se deben cuando no se ha pactado un interés superior al legal. el inciso primero de la regla primera. . al referirse al interés legal.21 día que se vence el plazo. Jorge Arango Mejía. 249). respeta la autonomía de la voluntad en lo relativo al pacto de intereses. Pero.. Este es poco en las actuales circunstancias del país en que el interés corriente es muy elevado" (ob. Y también es claramente supletoria la norma del artículo 2232 del Código Civil. su intervención se limita a impedir que se incurra en prácticas usurarias” . el artículo 2231 del Código Civil ordena al juez reducir al interés corriente el que "exceda de una mitad al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención. No.: Dr.. en principio. Y que. pág. y porque los intereses se deben sin tener en cuenta ni daño emergente. sin que sea necesario para que ésta exista reconvención judicial (art. anota: "El inciso segundo de la regla 1a. El autor citado. es supletoria. será equivalente a una y media veces del bancario 21 Sentencia de la Corte Constitucional C – 485 de 1995.
4. la tasa de interés moratorio será la tasa equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora”24. M. Alejandro Martínez Caballero 24 Articulo 635 del Estatuto Tributario. Estas reglas para el cobro de intereses también han sido reconocidas por la propia Corte Constitucional: “(…) Cuando se trata de. sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990.”23 Por su parte. 1617). situación que no puede ser desconocida por el legislador al momento de determinar las tasas a las cuales lo vincula. Para efectos tributarios y frente a obligaciones cuyo vencimiento legal sea a partir del 1o de enero de 2006. sin perjuicio de los eventos legales en que se autoriza la causación de intereses corrientes (art. tal como sucede en relación con los intereses civiles y comerciales según se reconoció en la sentencia C . C-364 de 2000. en Colombia el interés moratorio tiene un contenido indemnizatorio distinto a la simple corrección monetaria. Por lo anterior. Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria”22. en el Código Civil. En el caso comercial. . Análisis de la norma demandada 22 Artículo 884 del Código de Comercio. por lo cual los intereses moratorios deberán contemplar un componente inflacionario o de corrección monetaria y uno indemnizatorio. 23 Sentencia de la Corte Constitucional. la inexistencia de previsión convencional sobre moratorios autoriza que se cobre una y media veces el interés bancario corriente. “Determinación de la tasa de interés moratorio.22 corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses. iv) intereses moratorios.364 de 2000.5. se siguen debiendo los intereses convencionales si fueron pactados a un interés superior al legal. se dispone que en ausencia de estipulación contractual sobre intereses moratorios. el cual podrá variar teniendo en cuenta la existencia de diversos regímenes en cuanto a las tasas de interés. o en ausencia de tal supuesto empieza a deberse el interés legal del 6%. el inciso primero del artículo 635 del Estatuto Tributario señala que la tasa de interés moratorio será la tasa equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora.P.
htm en: .23 De acuerdo a lo anteriormente señalado el Estado debe pagar intereses moratorios en caso de incumplimiento. según la cual: “La tasa variable DTF a que se refiere la Resolución 42 de 1988 de la Junta Monetaria del Banco de la República con base en el promedio ponderado de las tasas de interés efectivas de captación a noventa (90) días de los establecimientos bancarios.5. 180 y 360 días. Disponible http://www. corporaciones financieras. 26 Artículo 1º de la Resolución 092 de 1988. así como también. a continuación se determinará si la tasa del DTF puede reflejar un componente indemnizatorio y por ello puede constituir un interés moratorio. se 4. corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial)” . 27 Banco de la República: ¿Qué es la tasa de interés?.co/estad/economia/consulta-tasa-interes4. Posteriormente. La naturaleza y componentes de la DTF La DTF es “una tasa de referencia que calcula y divulga el Banco de la República con base en la información relativa a las captaciones a 90 días de los intermediarios financieros (bancos. 25 Artículo 3 de la Resolución 109 de 1983 del Banco de la República. los establecimientos de crédito podrán cobrar una tasa de interés variable. De esta manera. los cuales deben en todo caso tener un componente indemnizatorio. corporaciones financieras.banrep. compañías de financiamiento comercial y corporaciones de ahorro y vivienda”26.1. la resolución 092 de 1988 determinó un cálculo para la DTF teniendo en cuenta las captaciones de los DTF a 90. disposición que fue modificada a través de la resolución 17 de 1993. la DTF permite reconocer la pérdida de poder adquisitivo del dinero. pero Concepto 2008066136-004 del 31 de octubre de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia. no superior en tres (3) puntos a la "tasa de costo promedio de captación a través de certificados de depósito a término" que semanalmente señale el Banco de la República”25.gov. En la actualidad la DTF es “es el promedio ponderado de las tasas de interés efectivas de captación a 90 días (las tasas de los Certificados de Depósito a Término a 90 días) de los establecimientos bancarios. Esta tasa fue creada a través de la resolución 109 de 1983 del Banco de la República y se determina de acuerdo a operaciones de captación mediante certificados de depósito a término fijo: “Respecto de la parte no redescontada por el Banco de la República. compañías de financiamiento comercial y corporaciones de ahorro y vivienda”27. Por lo anterior. La norma demandada establece que el Estado deberá pagar intereses moratorios a la tasa del DTF dentro de los 10 meses siguientes a la fecha en que esté en firme la providencia que establezca la condena o de la celebración del acuerdo conciliatorio.
74 6. junto a otros criterios como los agregados monetarios (base monetaria. el consumo y la inversión). marzo de 2002: (págs.44 8. 4. 20 a 49).15 12.banrep.66 4. marzo de 2003 (págs. la DTF no solamente tiene un componente inflacionario que reconoce la pérdida del poder adquisitivo del dinero.17 3. lo cual explica que la DTF ha sido históricamente superior en varios puntos a la inflación. 48 a 55).5.co/publicaciones/jd_info_infla. el empleo. Cumplimiento de las sentencias por el Estado y principios del presupuesto 28 Ver los informes sobre la inflación del Banco de la República Los informes de marzo de 2000 (págs.8 7. 23 a 36). 53 a 65) y marzo de 2011 (págs. pues los Certificados de Depósito a Término superan siempre el valor de la inflación.24 además contempla un valor adicional establecido por el mercado financiero. la industria. la Tasa Bancaria Corriente y la Tasa Legal Máxima de Usura (límite del interés moratorio) 2930 Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio de la Tasa del DTF 12. 15 a 29). 30 Fuente DANE.7 7.2.gov.99 6.6 6.49 5. Disponibles en: http://www. .48 5. tal como puede verse en la siguiente tabla. Cuadro comparativo entre el DTF. marzo de 2006 (págs.94 7.69 7.01 6.htm 29 Fuente Banco de la República. 19 a 36). marzo de 2010 (págs.85 4.73 De esta manera.50 4. marzo de 2008 (págs. marzo de 2009 (págs. 46 a 49) en los cuales se explican de manera detallada los factores que determinan la inflación. crédito). los tipos de cambio (tasa de cambio).01 9. la oferta y la demanda (según el producto interno bruto. las tasas de interés (DTF y la tasa de interés de colocación). medios de pago M1. los salarios. la utilización de la capacidad instalada y la situación fiscal (déficit) 28. M3 más bonos. La DTF es uno de los múltiples factores que anualmente utiliza el Banco de la República para la determinación de la inflación.15 3.67 2 3.27 8.21 Inflación promedio anual 8. sino que también incluye una tasa adicional que busca fomentar el ahorro en el mercado financiero. 33 a 40).8 7.
sin atender a los trámites y procedimientos internos para efectuar el pago. cuyo incumplimiento vulneraría flagrantemente el principio de legalidad.2. el legislador no tuvo en cuenta los plazos que requiere una entidad pública para el cumplimiento de los trámites presupuestales y de principios como el de legalidad administrativa y el de planeación presupuestal. El Código Contencioso Administrativo no establecía un procedimiento especial a través del cual las entidades públicas realizaran el cumplimiento de sentencias o acuerdos conciliatorios. el cual establece expresamente que las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses: “Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas.25 El procedimiento para el cumplimiento de los acuerdos conciliatorios y los fallos proferidos en contra del Estado ha tenido una evolución en los últimos años. El respeto de los principios del presupuesto exige que no se pueda obligar a una entidad a cumplir inmediatamente con una sentencia o acuerdo conciliatorio.2. 4. reglas a las cuales no está sometido un particular a quien por tanto sí le es exigible que cumpla inmediatamente con un fallo o acuerdo.5. pues hasta la expedición de la ley 1437 de 2011 no existía un procedimiento específico para tal efecto: 4.2. fiscal y penal. Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el . adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento. situación que podría dar lugar incluso a responsabilidades de carácter disciplinario. El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contempla en su artículo 192 un procedimiento expresamente dirigido al cumplimiento de las sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero. el Estatuto Orgánico del Presupuesto establece una serie de procedimientos necesarios para la realización de una disponibilidad patrimonial por parte de una entidad pública. Por lo anterior.5.1. la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación. En este sentido. pues se correría el riesgo de que al hacerlo se tengan que desconocer las normas del presupuesto y de las actuaciones administrativas.
no al incumplimiento de los mismos. el Juez o Magistrado deberá citar a audiencia de conciliación. la Secretaría remitirá los oficios correspondientes”31. sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva. Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto. Ejecutoriada la sentencia. cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.26 pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses. fiscales y patrimoniales a que haya lugar. El incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones relacionadas con el reconocimiento y pago de créditos judicialmente reconocidos acarreará las sanciones penales. el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada. Para tal efecto. según lo previsto en este Código. se declarará desierto el recurso. Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación. por lo cual el plazo de diez meses señalado en esta norma no es la primera fase del incumplimiento de la entidad. contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Esta norma se refiere textualmente al cumplimiento de las sentencias y acuerdos conciliatorios. La asistencia a esta audiencia será obligatoria. En asuntos de carácter laboral. . este no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado. disciplinarias. Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación. para su cumplimiento. si dentro del término de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga. Si el apelante no asiste a la audiencia. en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo. sino un plazo para el cumplimiento en 31 Artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. cuando se condene al reintegro. que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso.
Ciertamente. El trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas: 1. de manera que la hipótesis de incumplimiento solamente se presenta al cabo de los 10 meses. el legislador asumía que el incumplimiento se producía una vez vencido el término fijado por las partes para el efecto en ejercicio de la autonomía de la voluntad. 3. En la sentencia C-188 de 1999. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. respetando el orden de radicación de los requerimientos a que se refiere el numeral anterior. la entidad obligada. esta es que el Estado tiene un término de 10 meses para cumplir sus acuerdos conciliatorios.188 de 1999 y C – 428 de 2002 se referían a eventos en los cuales el Estado incumple con sus obligaciones. Recuérdese que en este caso el artículo 192 de la ley 1437 introdujo otra regla. La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena al beneficiario. 4. el artículo 195 de la ley 1437 de 2011 establece un procedimiento específico para el pago que le otorga al Estado unos plazos para el cumplimiento de las sentencias o autos que aprueben el cumplimiento: “Artículo 195. mientras que las sentencias C . La misma diferencia se presenta entre el artículo 60 de la ley 446 –examinado en la sentencia C-428 de 2002. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación. devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. examinado en la sentencia C-892 de 2001.el Estado no tuviera que pagar intereses y el particular sí. Ejecutoriada la providencia que imponga una condena o apruebe una conciliación cuya contingencia haya sido provisionada en el Fondo de Contingencias. requerirá al Fondo el giro de los recursos para el respectivo pago. antes de la expedición de la ley 1437 la regla general era que las entidades estatales tenían que cumplir las sentencias a más tardar dentro del término de ejecutoria. En este sentido. 2. Las diferencias son mayores entre el numeral 4 del artículo 195 de la ley 1437 y el artículo 6 de la ley 598. No obstante. la disposición acusada era el artículo 72 de la ley 446. en el artículo 195 de la ley 1437 de 2011 se analizan los intereses que se devengan durante el tiempo que el propio artículo 192 le otorga al Estado para el cumplimiento de las sentencias o autos que aprueban el cumplimiento de acuerdos conciliatorios. en un plazo máximo de diez (10) días. el cual se refería al pago de intereses por incumplimiento del término fijado en el acuerdo conciliatorio para pagar. una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días 32 En este sentido. de modo que existía incumplimiento una vez venciera dicho término.y el precepto bajo estudio. dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos. . El Fondo adelantará los trámites correspondientes para girar los recursos a la entidad obligada en el menor tiempo posible.27 el cual las reglas aplicables al pago de intereses no pueden ser las mismas que las que empleaban frente al incumplimiento de una obligación por parte del Estado32. pues este último versa sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales y no de sentencias judiciales. de modo que resultaba contrario a la igualdad que ante la misma hipótesis –incumplimiento. En esa disposición.
el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 contempla un procedimiento que deben llevar a cabo las entidades públicas para el cumplimiento de sus obligaciones en un plazo de 10 meses. históricamente las tasas de interés contempladas en el Código de Comercio han sido muy superiores a la tasa de interés del 6 por ciento anual establecida en el Código Civil. pues la DTF no solamente tiene un componente inflacionario. el cual no se encontraba regulado en el Código Contencioso Administrativo. . situación que ha variado las reglas aplicables antes de la vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.1. por lo cual resulta razonable establecer un plazo distinto para el cumplimiento de las obligaciones del Estado.5.2.3. llegando incluso a ser 4.3. sino también un valor adicional que se reconoce en este caso como el elemento indemnizatorio. esta Corporación ha reconocido la posibilidad de que existan diferencias entre las tasas de interés en el ordenamiento jurídico colombiano. sin embargo esta Corporación encuentra que no existe vulneración a este derecho por las siguientes razones: 4.5. 4. la norma sí consagra un interés moratorio en contra de la administración pública. En segundo lugar.5. lo que ocurra primero. el procedimiento para el pago de las obligaciones de la administración pública es completamente distinto al llevado a cabo por los particulares. Inexistencia de vulneración del derecho a la igualdad El accionante señala que la norma acusada desconoce el derecho a la igualdad. En este sentido.28 establecidos en el numeral anterior. sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido. En tercer lugar. lo cual impondría al particular una carga que no debe soportar. En primer lugar.5. pues éstos no deben cumplir con las normas del presupuesto ni con los procedimientos internos de las entidades públicas. pues establece que durante un término de diez (10) meses desde que se ha declarado la obligación el acreedor devengará solamente intereses moratorios al DTF y no intereses moratorios comerciales.3. En este sentido. las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa comercial” De esta manera la Ley 1437 de 2011 le otorga un plazo al Estado para el cumplimiento de las sentencias y conciliaciones para garantizar que pueda dar aplicación a las reglas del presupuesto y a los principios de legalidad y planeación. por lo cual sería completamente contradictorio que de un lado se establezcan estas reglas y de otro se apliquen al Estado los máximos intereses legales cuando se cumplen estos plazos. tal como sucede con los intereses civiles y los comerciales.3.3. 4.
2006 (16..83).75).56). 2009 (19.22).58). 2011 (17. 2010 (15. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Presidente MARIA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada ADRIANA GUILLÉN ARANGO Magistrada (E) MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Magistrado JORGE IVAN PALACIO PALACIO 33 Promedio anual de las tasas de interés bancario corriente: 2000 (21. 2002 (20.17).15).08). RESUELVE: PRIMERO.04). administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. 2004 (19.6).29 más de cuatro veces mayor en el año 2001 . 2005 (18. 33 Por lo anterior se considera que la norma demandada no vulnera el derecho a la igualdad. 2012 (20.Declarar EXEQUIBLE el numeral cuarto del artículo 195 de la ley 1437 de 2011. 2001 (24. . la Sala Plena de la Corte Constitucional. DECISIÓN Con fundamento en las consideraciones precedentes. 2007 (17.57).02). 2008 (21.57). pues reconoce el pago de intereses moratorios por parte del Estado a una tasa especial justificada en virtud del procedimiento para el pago que deben cumplir las entidades públicas según la propia ley 1437 de 2011 para no desconocer los principios presupuestales y los trámites administrativos al interior de las entidades públicas. 2003 (19.
30 Magistrado NILSON ELIAS PINILLA PINILLA Magistrado JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO Magistrado LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Magistrado Con aclaración de voto LUIS CARLOS MARIN PULGARIN Secretario Ad-Hoc .
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