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Timestamp: 2020-04-01 00:50:30
Document Index: 130143056

Matched Legal Cases: ['artículo 212', 'artículo 429', 'artículo 317', 'artículo 49', 'artículo 244', 'artículo 1', 'artículo 508', 'artículo 317', 'artículo 26', 'artículo 325', 'artículo 7', 'artículo 257', 'artículo 334']

Sentencia nº 354 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Marzo de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 593319830
Número de Expediente: 12-1252
Exp. N°12-1252
Mediante escrito presentado, el 15 de noviembre de 2012, ante esta Sala Constitucional, los abogados R.S. y L.A.S.R., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 29.977 y 53.042, con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano M.Á.P.D.M., venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 5.966.974; solicitó la revisión constitucional de la sentencia dictada, el 24 de octubre de 2012, por la Sala de Casación Civil de este m.T.; mediante la cual, declaró sin lugar el recurso de casación ejercido contra la sentencia dictada el 5 de octubre de 2011, por el Juzgado Superior Marítimo Accidental con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, en el curso del juicio de indemnización por daño emergente, seguido por la empresa Inversiones Cachamay C.A., contra el ciudadano M.Á.P.D.M..
El 19 de noviembre de 2012, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora C.Z.d.M..
El 5 de febrero de 2014, en virtud de la reincorporación del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López por haber finalizado la licencia que le fue concedida, esta Sala Constitucional quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Doctora G.M.G.A., Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados Doctores L.E.M.L., M.T.D.P., C.Z.d.M., A.D.R. y J.J.M.J., ratificándose la ponencia a la magistrada C.Z.d.M., quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En reunión de Sala Plena del 11 de febrero de 2015, se eligió la Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia, quedando la Sala Constitucional constituida de la siguiente manera: G.M.G.A., en su condición de Presidenta, A.D.R. como Vicepresidente, y los Magistrados y Magistradas L.E.M.L., Francisco Antonio Carrasquero López, M.T.D.P., Carmen A. Zuleta de Merchán y J.J.M.J.; ratificándose en la ponencia a la Magistrada C.Z.d.M., quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Los abogados R.S. y L.A.S.R., apoderados judiciales del ciudadano M.Á.P.D.M., fundamentaron la solicitud de revisión constitucional mediante los alegatos que se indican a continuación:
Que su representado “fue propietario de una lancha denominada RADAMAR que vendió al ciudadano L.G.U. tal y como consta en documento autenticado ante la Notaría Pública Primera de Maturín del Estado Monagas, en fecha 3 de febrero de 2005, quedando anotado bajo el N 10, tomo 19 de los libros respectivos, pero que no se llegó a inscribir en el Registro Naval previsto en la Ley General de Marina y Actividades Conexas”.
Que “[e]sa embarcación RADAMAR, una vez vendida a L.G.U., estando atracada se incendió y los vecinos cortaron las amarras por lo cual quedó libre y el fuego se trasladó a la lancha Cachamay cuyo propietario, Inversiones Cachamay C.A. mediante apoderados demandó por daño emergente a M.Á.P.D.M. ante el Tribunal de Primera Instancia Marítimo con Competencia Nacional y sede en Caracas, juzgado éste que el 02 de junio de 2009 declaró con lugar la demanda”.
Señalaron que apelada dicha decisión, le correspondió el conocimiento al Juzgado Superior Marítimo con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas “en donde se declaró sin lugar la apelación, por lo cual se ejerció un primer recurso de casación declarado con lugar mediante sentencia RC-000536 en fecha 18 de noviembre de 2010 por considerar la Sala de Casación Civil que la recurrida incurrió en el vicio de reforma en perjuicio del único apelante”.
Que “[p]or tal razón se devolvió el expediente al juzgado Superior Marítimo con competencia nacional y sede en Caracas el cual, actuando como tribunal de reenvío dictó sentencia mediante la cual confirmó la decisión de la primera instancia. Ejercido recurso de casación contra esta sentencia de reenvío, fue declarado sin lugar por la Sala de Casación Civil”.
Que “[l]a revisión solicitada se fundamenta en que la decisión impugnada, y así lo venimos a demostrar, desconoció precedentes jurisprudenciales de la Sala Constitucional e incurrió en el quebrantamiento de principios jurídicos fundamentales como lo son el principio de igualdad, tutela judicial efectiva y debido proceso que comprende, entre otros aspectos, el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, el derecho a ser oído y el derecho al juez natural previstos en los artículos 49 y 26 de la Constitución Nacional (sic)”.
Que “como consecuencia de la declaratoria sin lugar del citado recurso”, los dispositivos de la decisión recurrida en casación adquirieron fuerza de cosa juzgada.
Que “[c]laramente se observa que en dispositivo tercero se condena al demandado a pagar Bs. 1.100.000,00, como indemnización por daño emergente; es decir la reposición del valor de un bien, o sea, se trata de obligación de valor.
Ahora, en el particular quinto se ordena a la parte demandada ‘…el pago por indexación o corrección monetaria de la cantidad señalada en el punto TERCERO de la presente decisión…’”.
Que “[d]e esta manera la sentencia cuya revisión solicitamos se apartó de manera indubitable de los precedentes sentados por esa Sala Constitucional en las sentencias citadas en cuanto a que ‘La situación en materia de daños y perjuicios contractuales o extracontractuales, tiene otra cariz, ya que los daños (emergente y lucro cesante) se liquidan efectivamente para el momento del pago, por lo que es a los precios para esa oportunidad, que se calculan, y siendo así, teóricamente la indexación no puede tener lugar’”.
Reiteraron que “[d]e la misma manera desconoció el precedente expuesto en la misma sentencia por lo que respecta a que: ‘…existen las llamadas obligaciones de valor, donde el accionante pretende se le indemnice en base a un valor de referencia o se le reponga el valor de un bien, y donde el monto en dinero se fija con base en el valor real del bien para el momento de la condena…’ y que ‘… a estas obligaciones no les es aplicable indexación alguna, sino el valor del bien para la época de la condena o de la ejecución’. La consecuencia para estas conductas de los jueces la trae la misma sentencia de esa Sala cuando concluyó que: ‘La Sala considera que no ceñirse a estas disposiciones, significa infringir el derecho de defensa y el debido proceso del ejecutado’”.
Que “[n]o puede quedar duda alguna entonces de que el juzgado superior infringió el derecho de defensa y el debido proceso del demandado y que esta situación debía ser remediada por la Sala de Casación Civil al conocer el recurso de casación formalizado en contra de esta decisión, aún y cuando no se le denunciara, desde luego que de lo contrario estaría permitiendo el quebrantamiento de leyes de orden público, lo cual no es posible ni siquiera con el consentimiento expreso de las partes, tal y como establece el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil”.
Que “…en virtud de que la Sala de Casación Civil no corrigió esta situación, incurrió también en desconocimiento de otro precedente de esa Sala Constitucional, establecido con carácter vinculante, como lo es la naturaleza de la casación de oficio”, el cual constituye un imperativo constitucional, que consiste en declarar la nulidad del fallo recurrido aún cuando no se le hubiere hecho la denuncia respectiva.
Que “…en esas condiciones el demandado M.P. tenía legítimo derecho a considerar que la Sala de Casación Civil, en caso de existencia de vicios como el denunciado, acataría los antecedentes de la Sala Constitucional con relación a las obligaciones indexables y a la casación de oficio pues, de lo contrario se produciría la violación del principio de igualdad y de la confianza legítima o expectativa plausible; es decir, en quebrantamiento del deber de la tutela judicial efectiva y del derecho al debido proceso”.
Luego de citar la jurisprudencia de la Sala Constitucional, relativa a la tutela judicial efectiva y la técnica casacional, señalaron que “…el demandado fue propietario de un lancha y la vendió mediante documento autenticado que no se llegó a inscribir en el registro previsto en la Ley General de Marina y Actividades Conexas”.
Que “[e]n el juicio se hizo valer esa venta y se llevó a los autos copia fotostática del documento de venta que no fue impugnada por la demandante y en consecuencia adquirió la fuerza probatoria prevista en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil”, y al no haber sido valorada por la alzada, denunciaron el vicio de silencio de prueba.
Que “[f]ácil es observar cómo la Sala de Casación Civil asegura que los artículos 317 y 320 del Código de Procedimiento Civil exigen una técnica especial para las denuncias de error en la valoración de pruebas, por cuanto de lo contrario, imposibilitaría a la Sala ejercer sus facultades excepcionales en el examen de las actas”; por lo que, en su criterio, “[d]e acuerdo con el principio de la técnica casacional, en este caso era inocuo e irrelevante que a la Sala de Casación Civil se le demostrara un error o vicio en la valoración de la prueba, por cuanto si no se cumplía con la ‘técnica casacional’ el recurso debía ser desechado”.
Que “…observar el error o vicio y no atenderlo por falta de técnica casacional, es absolutamente injusto y desde todo punto de vista contrario a la doctrina de la Sala Constitucional antes citada en materia tutela judicial efectiva y el debido proceso”.
Que “…el artículo 317 establece el lapso para formalizar el recurso de casación; el lugar para su consignación y los requisitos que debe contener el escrito respectivo.
Allí aparte del requisito de que tal escrito sea razonado y del orden que deben contener las denuncias no aparece ningún requisito de técnica que impida a la Sala de Casación Civil el ejercicio de su facultad revisora”.
Que “…la sentencia cuya revisión venimos a solicitar aparece que en el escrito de formalización se alegó que en el juicio se hizo valer un documento autenticado donde consta que el demandado había vendido la lancha Radamar a Luís García Urdaneta”.
Que “…si la pretensión de la actora era la indemnización de daño emergente, la misma quedó satisfecha con la condena del dispositivo tercero, relativo específicamente del daño emergente.
En consecuencia, esa condena del dispositivo cuarto a pagar una compensación monetaria diferente al daño emergente reclamado, sólo puede significar alguna de las siguientes situaciones:
Que se condenó a M.P. a pagar doble indemnización con base en los mismos hechos, con evidente quebrantamiento del artículo 49.7 constitucional, o
Que se concedió al demandante más de lo que demandó, incurriendo así en el vicio de incongruencia objetiva positiva o ultrapetita sancionada por el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil con la nulidad de la sentencia”.
Concluyeron que, en cualquiera de los casos, la Sala de Casación Civil debió anular de oficio la sentencia recurrida en casación.
Solicitaron “…para evitar la grave lesión o de difícil reparación que puede resultar para M.P. la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Marítimo Accidental con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, en fecha 5 de octubre de 2011, conociendo en reenvió, en el curso del juicio por daño emergente, seguido por la empresa Inversiones Cachamay C.A., contra el ciudadano M.Á.P.D.M., se ordene la suspensión de la ejecución de dicha sentencia hasta tanto se pronuncie la sentencia con respecto a esta solicitud”.
Asimismo, solicitaron se “… anule la sentencia número RC-000672, dictada por la Sala de Casación Civil de ese Tribunal Supremo de Justicia en fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012) en el expediente número AA20-C-2012-000314, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de casación formalizado por la demandada contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Marítimo Accidental con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas…”.
Mediante decisión N° 672 dictada el 24 de octubre de 2012, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, declaró sin lugar el recurso de casación ejercido contra la sentencia dictada el 5 de octubre de 2011, por el Juzgado Superior Marítimo Accidental con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, teniendo como argumento para ello, lo siguiente:
En este sentido, se considera que tales normas de valoración de la prueba son aquellas que le indican al juez como (sic) debe proceder para la valorarla, tal es el caso del artículo 1.401 y 1.402 del Código Civil –de la prueba de confesión- o del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil de la prueba testimonial, entre otros.
Por los anteriores motivos, la Sala desecha la denuncia de falta de aplicación de los artículos 320 de la Ley de Comercio Marítimo, 274, 429 y 485 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece”.
Ahora bien, por cuanto fue propuesta ante esta Sala la solicitud de revisión de una sentencia dictada por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales antes citadas, esta Sala se declara competente para conocerla. Así se declara.
Estimó la parte solicitante que, la sentencia cuya constitucionalidad se cuestiona “se apartó de manera indubitable de los precedentes sentados por esa Sala Constitucional en las sentencias citadas en cuanto a que ‘La situación en materia de daños y perjuicios contractuales o extracontractuales, tiene otra cariz, ya que los daños (emergente y lucro cesante) se liquidan efectivamente para el momento del pago, por lo que es a los precios para esa oportunidad, que se calculan, y siendo así, teóricamente la indexación no puede tener lugar’”.
Considera entonces la parte solicitante que no haber sido casada de oficio una decisión en la que fue ordenada la indexación de la cantidad que por daño emergente se le condenó a pagar, constituye una violación de sus derechos constitucionales y un desconocimiento a los precedentes establecidos por esta Sala Constitucional.
Al respecto, es necesario advertir lo siguiente:
La casación de oficio no es una herramienta a disposición del justiciable, que pueda ser invocada indiscriminadamente por el recurrente; se trata, por el contrario, de una facultad excepcional de la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, que ha de emplearse, de manera imperativa, frente a violaciones constatadas al orden público, tal como ha sostenido esta Sala Constitucional de manera reiterada. (ver entre otras: Sent. N° 1641/11 Caso: Motorvenca).
El que la Sala de Casación Civil haya considerado que los recurrentes en casación, no dieron cumplimiento a las exigencias establecidas en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, no significa per se que exista un atentado contra la tutela judicial efectiva y se impida el acceso a la justicia; de allí que sea necesario precisar que esta Sala ha hecho hincapié en que, la aplicación de los preceptos constitucionales contenidos en los artículo 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no puede significar un desconocimiento a las formas básicas legalmente establecidas como cargas para el justiciable.
En ese sentido es pertinente citar lo expuesto en sentencia N° 1803/04, en la que esta Sala, al resolver el recurso de nulidad interpuesto contra el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil, señaló lo siguiente:
Ahora bien, uno de los principios rectores en materia adjetiva es el principio de la legalidad de las formas procesales, según el cual los actos procesales deben practicarse de acuerdo con las formas consagradas en el ordenamiento jurídico, para producir los efectos que la ley le atribuye (Cf. M. Pesci Feltri Martínez, Teoría General del Proceso, Tomo I. Colección Estudios Jurídicos, n° 65. Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1998, p. 102); en este sentido, el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil dispone que “los actos procesales se realizarán en la forma prevista en este Código y en las leyes especiales (...)”. Asimismo, si bien del artículo 257 constitucional deriva el principio antiformalista, según el cual no se sacrificará la justicia por formalismos inútiles, el mismo “no quiere decir que las formas procesales carezcan de significación en la ordenación del proceso, pues no puede dejarse al arbitrio de las partes ni su cumplimiento ni la decisión del momento en que van a cumplirlas” (Cf. F. Garrido Falla, y otros: Comentarios a la Constitución, 3ª edición ampliada, Madrid, Civitas Edic., 2001, p. 539).
Conforme con el referido principio procesal, el escrito de formalización del recurso de casación debe cumplir con las condiciones de modo, lugar y tiempo establecidas por la ley, cuya inobservancia comporta la ineficacia de dicho acto.
Más recientemente, esta Sala expresó en sentencia N° 651/13 (Caso: Saleh Same Saleh de Abu), que:
En definitiva, si bien la casación de oficio puede ser vista como una garantía a los justiciables, frente a casos en los que, a diferencia del presente, realmente se haya violentado el orden público, su empleo debe estar guiado por la prudencia. Así se desprende de sentencia N° 1359/14 (Caso: J.P.D.A.) en el que esta Sala Constitucional al declarar ha lugar una solicitud de revisión, precisamente por haberse hecho uso de la casación de oficio, precisó que:
Tal actuación de la Sala de Casación Civil se aparta del deber de garante de derechos constitucionales, que al igual que todo tribunal de la República ha de cumplir de conformidad con lo establecido en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante en el juicio principal, y solicitante de la presente revisión, ciudadano J.P.d.A., además de violentar su derecho a la defensa, en virtud de haber hecho uso inadecuado la Sala de Casación Civil de su potestad de casar de oficio
Así las cosas, en el presente caso estima esta Sala que al no existir violaciones de orden público, ni de tipo constitucional, la Sala de Casación Civil no se encontraba en el deber de hacer uso de la casación de oficio, por lo que la decisión que dictó el 24 de octubre de 2012, y que constituye el objeto de la presente solicitud, se encuentra conforme a derecho.
En efecto, en la sentencia cuya constitucionalidad se cuestiona no se aprecian violaciones a preceptos constitucionales ni a interpretaciones efectuadas por esta Sala sobre el alcance y contenido de normas con ese rango, y no le es dado a esta instancia, a través de este mecanismo excepcional de revisión pasar a efectuar consideraciones sobre las sumas a las que fue condenada la parte demandada por los jueces de instancia, mucho menos cuando, tal y como señaló la Sala de Casación Civil, no satisfizo las exigencias básicas para lograr que sus denuncias fueran analizadas por esa instancia jurisdiccional.
En consecuencia, aprecia esta Sala que lo que persigue el solicitante es obtener un nuevo pronunciamiento sobre lo ya a.e.l.i. en desconocimiento de la institución de la cosa juzgada, lo cual, como ha sido expresado de manera reiterada por esta Sala Constitucional, se aparta del fin de su potestad revisora, tal como se indicó en la sentencia N° 129/12 (Caso: F.G.D.V.):
En la hipótesis de autos, se observa que la parte solicitante no encuadró su fundamentación acorde con los supuestos que claramente delimitó inicialmente este Supremo Tribunal en la sentencia N° 93/2001 (Caso: Corpoturismo), ni en los establecidos ahora en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pues, por el contrario, como ya se afirmó, pretende, por una parte, un reexamen del asunto debatido en las respectivas instancias, y por otra, una nueva solución a los supuestos agravios a su situación jurídica subjetiva, en forma que el presente caso resulta irrelevante para la uniformidad de la interpretación cuya salvaguarda ejerce esta Sala, entre otros medios, a través de la revisión constitucional.
Por todo lo expuesto y, en virtud de que la Sala considera que la revisión de la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil el 24 de octubre de 2012, no contribuiría con la homogeneidad jurisprudencial, se declara no ha lugar la revisión de autos. Así se decide.
Vista la declaratoria anterior, esta Sala considera inoficioso pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada.
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara: NO HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional, interpuesta por los abogados R.S. y L.A.S.R., apoderados judiciales del ciudadano M.Á.P.D.M., de la sentencia dictada, el 24 de octubre de 2012, por la Sala de Casación Civil de este M.T.; mediante la cual, declaró sin lugar el recurso de casación ejercido contra la sentencia dictada el 5 de octubre de 2011, por el Juzgado Superior Marítimo Accidental con Competencia Nacional y sede en la Cuidad de Caracas, en el curso del juicio de indemnización por daño emergente, seguido por la empresa Inversiones Cachamay C.A., contra el ciudadano M.Á.P.D.M..
Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 27 días del mes de marzo de dos mil quince (2015). Años: 204º de la Independencia y 156º de la Federación.
Exp. 12-1252
Decisión nº 1C-797-04 de Tribunal Primero de Control del L.O.P.N.A. Area Penal Extensión Barlovento de Miranda, de 9 de Enero de 2008