Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-131-de-febrero-19-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041ef90f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-03-23 19:19:44
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 51', 'artículo 51', 'artículo 50', 'artículo 51', 'artículo 83', 'artículo 17', 'artículo 83', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 50', 'artículo 83', 'artículo 51']

﻿ SENTENCIA C-131 DE FEBRERO 19 DE 2004
SENTENCIA C-131 DE 19 DE FEBRERO DE 2004
CONTENIDO:CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO. SOMETER A LOS VEHÍCULOS PARTICULARES A UNA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA CADA DOS AÑOS NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LA BUENA FE Y CONFIANZA LEGÍTIMA, DEBIDO A QUE ÉSTE MECANISMO SE EJERCE PARA CONTROLAR EL BUEN ESTADO DE LOS VEHÍCULOS, A FIN DE PROTEGER EL DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN. SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN " Y LOS DE SERVICIO DIFERENTE AL SERVICIO PÚBLICO CADA DOS AÑOS" DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY 769 DE 2002.
TEMAS ESPECÍFICOS:CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO, REVISIÓN DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR, VEHÍCULO DE SERVICIO PARTICULAR
Sentencia C-131 de febrero 19 de 2004
Sentencia C-131 de 2004
Ref.: Expediente D-4599
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 51 (parcial) de la Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
Bogotá D.C., febrero diecinueve de dos mil cuatro.
Se transcribe a continuación la disposición demandada, y se resalta la expresión demandada.
ART. 51.—Revisión vehículos de servicio público. Los vehículos automotores de servicio público, servicio escolar y de turismo, deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica, y los de servicio diferente al servicio público cada dos años.Está revisión estará destinada a verificar:
5. Eficiencia de sistema de combustión interno.
Aduce además que el legislador vulneró el principio de la confianza legítima, corolario de aquel de la buena fe, ya que durante más de ocho años, es decir, desde la entrada en vigor del Decreto 2150 de 1995, no estuvo vigente en el país la obligación de someter a los vehículos particulares a una revisión técnico-mecánica. En consecuencia, el legislador restableció un trámite administrativo innecesario lesionando, de esta forma, una expectativa válida y jurídicamente tutelada en el sentido de que únicamente le correspondía al propietario o tenedor del vehículo particular cumplir con su deber legal de mantenerlo en perfecto estado mecánico, sin necesidad de que el Estado periódicamente se asegurase que efectivamente se estaba cumpliendo con las normas en la materia.
En este orden de ideas, la Corte examinará si la decisión del legislador en el sentido de restablecer el deber de someter cada dos años a los vehículos particulares a una revisión técnico-mecánica vulnera los principios constitucionales de la buena fe y confianza legítima, e igualmente, si se trata de una medida razonable y proporcional.
En su demanda, el ciudadano considera que el legislador vulneró el principio de la buena fe al restablecer una revisión técnico-mecánica bianual a los vehículos particulares por cuanto, a su juicio, se debe presumir que los propietarios o tenedores de los mismos han venido cumpliendo con la ley en el sentido de mantener sus automotores en perfectas condiciones, y que solo en caso de incumplimiento, deben ser sancionados administrativamente. En otros términos, si de conformidad con el artículo 50 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, es una obligación del propietario o tenedor del vehículo “mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad”, no se justifica que el artículo 51 imponga una revisión técnico-mecánica de los mismos por parte del Estado. No comparte la Sala estas aseveraciones, por las razones que pasan a explicarse.
La vista fiscal y casi todos los intervinientes consideran que la expresión acusada debe ser declarada exequible por no vulnerar el principio de la buena fe ni la confianza legítima, dado que se pretende prevenir que como consecuencia del mal estado de los vehículos se causen accidentes, norma que encuentra su sentido también en el principio del interés general.
En relación con el principio de la buena fe cabe recordar que es uno de los principios generales del derecho (1) , consagrado en el artículo 83 de la Constitución, el cual gobierna las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos, y que sirve de fundamento al ordenamiento jurídico, informa la labor del intérprete y constituye un decisivo instrumento de integración del sistema de fuentes colombiano.
En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante estas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico.
Ahora bien, en numerosas ocasiones, la Corte se ha pronunciado respecto del principio de la buena fe, por lo que en la actualidad se cuenta con una sólida línea jurisprudencial en la materia. Al respecto ha indicado que el principio de la buena fe no es absoluto, por cuanto no es ajeno a limitaciones y precisiones, y que igualmente, su aplicación, en un caso concreto, debe ser ponderada con otros principios constitucionales igualmente importantes para la organización social como lo son, por ejemplo, la seguridad jurídica, el interés general o la salvaguarda de los derechos de terceros (2) . Así mismo, el juez constitucional ha considerado que el principio de la buena fe no implica que las autoridades públicas deban regular los asuntos suponiendo que las personas se portan siempre bondadosamente y que cumplen voluntariamente con todas sus obligaciones legales (3) . Tampoco se opone a que, con el propósito de salvaguardar el interés general, el legislador prevea la posibilidad de que se den ciertos comportamientos contrarios a derecho y adopte medidas para prevenir sus efectos ni a que se establezcan determinadas regulaciones y trámites administrativos (4) .
A propósito del examen de constitucionalidad sobre algunas disposiciones legales referentes a la acción de repetición, la Corte reiteró que el principio de la buena fe no es ilimitado y estimó que el citado principio está orientado a proteger al particular de los obstáculos y trabas que las autoridades públicas, y los particulares que ejercen funciones públicas, ponen frente a él en todas sus gestiones, como si se presumiera su mala fe, y no su buena fe (5) . Posteriormente, con ocasión de un pronunciamiento referente a la tipificación de una modalidad del delito de receptación, esta corporación estimó que “el principio de la buena fe no se constituye en un límite al ejercicio de la libertad de configuración del legislador, lo cual de modo alguno significa que aquel no resulte aplicable al momento de valorar la conducta del sindicado” (6) .
En el presente caso, el aparte acusado del artículo 17 de la Ley 769 de 2002 obliga a renovar las licencias de conducción que no cuenten con ciertos requisitos técnicos, y lo hace no solo porque se haya estimado que en la actualidad un amplio margen de las licencias que detentan los conductores son falsas, sino también porque el Estado debe asegurarse que quienes conducen automotores sean personas capacitadas para ello, pues en el ejercicio de esta actividad, que tradicionalmente el derecho ha considerado como “peligrosa”, se ven implicados caros intereses públicos como lo son la protección general de la vida y la integridad física de la ciudadanía expuesta al riesgo correspondiente. Dentro de este contexto, los dispositivos tecnológicos incorporados en las nuevas licencias, que permiten la plena identificación del conductor y el conocimiento de sus antecedentes como tal, constituyen una garantía para las autoridades ypara el público en general, de que quienes conducen vehículos automotores son realmente las personas a quienes el Estado ha concedido autorización para ello, por haber verificado su idoneidad para el desempeño de la actividad. Estimar que la presunción general de buena fe impide de manera general la imposición de los nuevos requisitos señalados, que gracias a los avances tecnológicos permiten al Estado ejercer un mejor control sobre la identidad e idoneidad de los conductores, es olvidar que también la Constitución obliga a las autoridades a garantizar de la mejor manera la vida de los ciudadanos y que el interés general prima sobre el particular (resaltado fuera de texto).
Así pues, la satisfacción del interés general implícito en la regulación legal del derecho a la libre circulación, expedida con miras a garantizar la seguridad de los ciudadanos, es fundamento constitucional suficiente para exigir requisitos que, como el que se establece en la norma acusada, pretenden asegurar que quien conduce un vehículo automotor esté realmente capacitado para ello. Por todo lo anterior, la Corte desestima el cargo de inconstitucionalidad relativo al desconocimiento del artículo 83 de la Constitución Política (7) .
Esta medida además es razonable, en cuanto se apoya en la necesidad de disminuir los índices de accidentalidad, pues siendo la conducción de vehículos automotores una actividad de suyo peligrosa o riesgosa, que rompe el equilibrio que debe existir entre los asociados y que coloca per se a la comunidad ante inminente peligro de recibir lesión (8) , ha sido tomada por el legislador en cumplimiento del deber constitucional que corresponde al Estado de proteger a todos los ciudadanos en su vida y bienes.
Considera el ciudadano demandante que la decisión del legislador en el sentido de restablecer un trámite administrativo que había sido derogado por el artículo 140 del Decreto 2150 de 1995 (9) constituye una violación al principio de la confianza legítima puesto que, en su opinión, se le hizo creer a los ciudadanos, durante mucho tiempo, que la obligación de mantener su vehículo en buen estado les incumbía exclusivamente a ellos. No comparte la Sala estas afirmaciones por las razones que pasan a explicarse.
En efecto, el artículo 140 del decreto 2150 de 1995 eliminó la realización de “la revisión técnico-mecánica y la expedición del certificado de movilización para todos los vehículos automotores, con excepción de aquellos que cumplen el servicio público de transporte de pasajeros, carga o mixto”, dejando únicamente en cabeza de los particulares propietarios o tenedores de los mismos, el cumplimiento del deber de mantener en óptimas condiciones sus automotores.
El nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre, en su artículo 50 dispone asimismo que, por razones de seguridad vial y de protección del medio ambiente, los propietarios y tenedores de vehículos de placas nacionales o extranjeras que circulen por el territorio nacional “tendrán la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad”. Con todo, en el artículo siguiente, establece la obligación de someter a los vehículos de transporte público a una revisión anual de carácter técnico-mecánico, en tanto que los particulares solo deben cumplir con el mismo cada dos años. En otros términos, se restableció un trámite administrativo que había sido derogado hace más de ocho años, pero no por ello se puede alegar válidamente en este caso una vulneración al principio de la confianza legítima.
En tal sentido cabe señalar que como corolario del principio de la buena fe, la doctrina y jurisprudencia foráneas, desde mediados de la década de los sesenta (10) , han venido elaborando una teoría sobre la confianza legítima, el cual ha conocido originales e importantes desarrollos a lo largo de diversos pronunciamientos de esta Corte.
Así pues, en esencia, la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en cual pueda confiar. Para Müller (11) , este vocablo significa, en términos muy generales, que ciertas expectativas, que son suscitadas por un sujeto de derecho en razón de un determinado comportamiento en relación con otro, o ante la comunidad jurídica en su conjunto, y que producen determinados efectos jurídicos; y si se trata de autoridades públicas, consiste en que la obligación para las mismas de preservar un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares, surgido en un acto o acciones anteriores, incluso ilegales, salvo interés público imperioso contrario.
Se trata, por tanto, que el particular debe ser protegido frente a cambios bruscos e inesperados efectuados por las autoridades públicas. En tal sentido, no se trata de amparar situaciones en las cuales el administrado sea titular de un derecho adquirido, ya que su posición jurídica es susceptible de ser modificada por la administración, es decir, se trata de una mera expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas intempestivamente (12) . De allí que el Estado se encuentre, en estos casos, ante la obligación de proporcionarle al afectado un plazo razonable, así como los medios, para adaptarse a la nueva situación (13) .
De igual manera, la doctrina foránea considera que, en virtud del principio de la confianza legítima, la administración pública no le exigirá al ciudadano más de lo estrictamente necesario para la realización de los fines públicos que en cada caso persiga (14) . No obstante, la jurisprudencia extranjera también ha considerado que el mencionado principio no es absoluto, que es necesario ponderar su vigencia con otros principios fundamentales del ordenamiento jurídico, en especial, con la salvaguarda del interés general en materia económica (15) .
Con apoyo en estos avances del derecho comparado, esta corporación consideró, en un caso de una acción de tutela instaurada por un nutrido grupo de vendedores ambulantes, que la confianza legítima constituía una medida de protección para los ciudadanos, que se originaba cuando “de un acto de aplicación de una norma, aun procedente del poder legislativo, supone para sus destinatarios un sacrificio patrimonial que merece un calificativo especial, en comparación del que pueda derivarse para el resto de la colectividad” (16) . No se trata, en palabras de la Corte, de una forma de indemnización, donación, reparación o resarcimiento de los afectados, ni tampoco de un desconocimiento del principio del interés general (17) .
La jurisprudencia de la Corte ha sido además constante en señalar que el principio de la confianza legítima es una proyección de aquel de la buena fe, en la medida en que el administrado, a pesar de encontrarse ante una mera expectativa, confía en que una determinada regulación se mantendrá. En palabras de la Corte “Eso sucede, por ejemplo, cuando una autoridad decide súbitamente prohibir una actividad que antes se encontraba permitida, por cuanto en ese evento, es deber del Estado permitir que el afectado pueda enfrentar ese cambio de política” (18) .
Posteriormente, en un esfuerzo de sistematización, el juez constitucional consideró que el principio de la confianza legítima partía de tres presupuestos: (i) la necesidad de preservar el interés general; (ii) una desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la administración y los administrados, y (iii) la necesidad de adoptar medidas de carácter transitorio (19) .
De igual manera, cabe señalar que la Corte ha considerado que el principio de la confianza legítima no se limita al espectro de las relaciones entre administración y administrados, sino que irradia a la actividad judicial. En tal sentido, se consideró que “En su aspecto subjetivo, la seguridad jurídica está relacionada con la buena fe, consagrada en el artículo 83 de la Constitución, a partir del principio de la confianza legítima. Este principio constitucional garantiza a las personas que ni el Estado, ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tenga un fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias. En estos casos, la actuación posterior es contraria al principio de la buena fe, pues resulta contraria a lo que razonablemente se puede esperar de las autoridades estatales, conforme a su comportamientoanterior frente a una misma situación. Esta garantía solo adquiere su plena dimensión constitucional si el respeto del propio acto se aplica a las autoridades judiciales, proscribiendo comportamientos que, aunque tengan algún tipo de fundamento legal formal, sean irracionales, según la máxima latina venire contra factum propriurn non valet” (20) .
La anterior línea jurisprudencial ha sido mantenida y profundizada por la Corte al estimar que la interpretación judicial debe estar acompañada de una necesaria certidumbre y que el fallador debe abstenerse de operar cambios intempestivos en la interpretación que de las normas jurídicas venía realizando, y por ende, el ciudadano puede invocar a su favor, en estos casos, el respeto por el principio de la confianza legítima (21) .
De igual manera, la Corte ha insistido en que la garantía de la confianza legítima, de forma alguna se opone a que el Congreso de la República modifique las leyes existentes, lo cual iría en contra del principio democrático. No se trata, por tanto, de petrificar el sistema jurídico. De tal suerte que, en el ámbito tributario, esta corporación ha considerado que únicamente es viable predicar la vigencia del citado principio cuando quiera que existan realmente razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, como por ejemplo, cuando la norma en cuestión ha estado vigente por un largo período, no ha estado sujeta a modificaciones ni se ha propuesto su reforma, su existencia es obligatoria “es decir, no es discrecional para las autoridades responsables suprimir el beneficio” (22) y ha generado “efectos previsibles significativos”, esto es, que los particulares han acomodado su comportamiento a lo prescrito por la norma.
En suma, el principio de la confianza legítima es un corolario de aquel de la buena fe y consiste en que el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban susrelaciones con los particulares, sin que se les otorgue a estos últimos un período de transición para que ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica. No se trata, por tanto, de lesionar o vulnerar derechos adquiridos, sino tan solo de amparar unas expectativas válidas que los particulares se habían hecho con base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que se trate de comportamientos activos o pasivos de la administración pública, regulaciones legales o interpretaciones de las normas jurídicas. De igual manera, como cualquier otro principio, la confianza legítima debe ser ponderada, en el caso concreto, con los otros, en especial, con la salvaguarda del interés general y el principio democrático.
Declarar exequible la expresión “y los de servicio diferente al servicio público cada dos años” del artículo 51 de la Ley 769 de 2002, por los cargos analizados en la sentencia».
(1) Ver al respecto, A. Jeanneau, “Les principes généraux du droit dans la jurisprudence, administrative”, Paris, LGDJ, 1954 y Ch. Letourneur, “Les principes généraux du droit dons la jurisprudence du conseil d'' Etat”, Paris, LGDJ, 1980.
(2) Corte Constitucional, Sentencia C-963 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(3) Corte Constitucional, Sentencia C-490 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(4) Corte Constitucional, Sentencia C-412 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(5) Corte Constitucional, Sentencia C-374 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(6) Corte Constitucional, Sentencia C-205 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Salvamentos de voto de los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil.
(7) Corte Constitucional, Sentencia C-780 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(8) Sentencia C-1090 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, Salvamento de voto del magistrado Rodrigo Escobar Gil.
(9) ART. 140—Eliminación del certificado de movilización. Elimínese en todo el territorio nacional el trámite de la revisión técnico-mecánica y la expedición del certificado de movilización para todos los vehículos automotores, con excepción de aquellos que cumplen el servicio público de transporte de pasajeros, carga o mixto.
Los vehículos que cumplen el servicio público de transporte de pasajeros deberán someterse anualmente a una revisión técnico-mecánica para que le sea verificado su estado general. Los vehículos nuevos de servicio público solo empezarán a someterse a la revisión técnico-mecánica transcurrido un año desde su matrícula.
(10) Ricardo García Macho. “Contenido y límites del principio de la confianza legítima”, en libro homenaje al profesor José Luis Villar Palasí, Madrid, Edit. Civitas, 1989, pág. 461.
(11) Müller J.P. Vertrauesnsschutz im Völkerrecht, Berli, 1971, citado por Silvia Calmes, Du principe de protection de la confiance légitime en droits allemand, communautaire et francais, Paris, Ed. Dalloz, 2002, pág. 567.
(12) Tribunal de Justicia de las comunidades europeas, sentencia del 17 de diciembre de 1992, asunto Holtbecker, en J. Boulouis y M. Chevallier, Grands Arréts de la Cour de Justice des Communautés européennes, Paris, Dalloz, 1993, p. 77. En este fallo el tribunal consideró que el principio de la confianza legítima se definía como la situación en la cual se encuentra un ciudadano al cual la administración comunitaria, con su comportamiento, le había creado unas esperanzas fundadas de que una determinada situación jurídica o regulación no sería objeto de modificación alguna.
(13) Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sentencia del 8 de junio de 1977, asunto Merkur. En J. Boulouis y M. Chevallier, Grands Arréts de la Cour de Justice des Coummunautés Européennes, Paris, Dalloz, 1993, pág. 218. En esta sentencia el tribunal consideró que el principio de la confianza legítima podía llegar a ser vulnerado por la comunidad europea debido a la supresión o modificación con efectos inmediatos, en ausencia de unas medidas transitorias adecuadas y sin que se estuviera ante la salvaguarda de un interés general perentorio.
(14) Jesús González Pérez. El principio general de la buena fe en el derecho administrativo, Madrid, Edit. Civitas. 1989. pág. 60.
(15) Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sentencia del 15 de julio de 1981, asunto Edeka en J. Boulouis y M. Chevallier, Grands Arréts de la Cour de Justice des Communautés Européennes, Paris, Dalloz, 1993, pág. 77. En este fallo, el TJCE consideró que “las instituciones comunitarias disponen de un margen de apreciación en cuanto a los medios para la realización de su política económica; los operadores económicos no pueden justificar una posición de confianza legítima en el mantenimiento de una situación existente que puede ser modificada por esas instituciones en el marco de sus poderes de apreciación”.
(16) Corte Constitucional, Sentencia T-617 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(17) Recientemente, ver al respecto, Sentencia T-772 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(18) Corte Constitucional, Sentencia C-478 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(19) Corte Constitucional, Sentencia T-084 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(20) Corte Constitucional, Sentencia C-836 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Salvamentos de voto de los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis.
(21) Corte Constitucional, Sentencia SU-120 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Salvamentos de voto de los magistrados Clara Inés Vargas Hernández y Jaime Araújo Rentería.
(22) Corte Constitucional, Sentencia C-007 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.