Source: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=0564-D-2018
Timestamp: 2019-11-20 14:08:00
Document Index: 112635114

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 21', 'artículo 64', 'artículo 72', 'artículo 105', 'artículo 72', 'artículo 73', 'artículo 72', 'artículo 64', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 64']

Expediente 0564-D-2018
Sumario: REGLAMENTO DE LA H. CAMARA. MODIFICACIONES, SOBRE IMPUGNACIONES DE LOS DIPLOMAS DE LOS DIPUTADOS ELECTOS Y AUTORIZACION PARA EJERCER CARGOS ELECTIVOS
MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE LA HCDN SOBRE IMPUGNACIONES DE LOS DIPLOMAS DE LOS DIPUTADOS ELECTOS
Artículo 1.- Modificar el artículo 2° del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2.- Modificar el artículo 3° del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3.- Modificar el artículo 4° del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4.- Modificar el artículo 21° del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
El presente proyecto de resolución es una representación del expediente 0828-D-2017.
De conformidad con las atribuciones con las atribuciones de esta Cámara en orden al artículo 64 y 48, 72, 73 y 105 de la Constitución Nacional resulta necesario plasmar en el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, la incompatibilidad ejercer el cargo de Diputado con cualquier otro cargo electivo federal, provincial o municipal de cualquier jurisdicción.
En tal sentido, de darse esas condiciones, no podrá prestar juramento el diputado que haya sido electo hasta tanto no opte debidamente, a fin de ocupar sólo uno de los dos cargos públicos electivos, o en caso de ser sobreviniente la incompatibilidad, deberá ser notificado de la misma, todo lo que deberá hacerse de de oficio o a través de impugnación por parte de cualquier otro diputado electo, en ejercicio o cualquier partido politico de la jusridicción por la que haya sido elegido el diputado impugnado. Esto en virtud de que quienes detenten el cargo de diputado de la nación y otro cargo electivo incumplen con las calidades exigidas por la Constitución Nacional, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 48 en concordancia con los arts. 72, 73 y 105 de la Carta Magna. Realizando una interpretación integral y armónica de esos artículos con la forma republicana y federal de gobierno, adoptada (arts. 1 y 5 C.N.).
Al resepcto, el artículo 72 de la Constitución Nacional dispone que "ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva". Por otra parte, el artículo 105 -como contratara del artículo 72- prevé que el jefe de gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo "no pueden ser senadores ni diputados, sin renunciar previamente a su cargo"; y el artículo 73 dispone que "los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando".
Esto en tanto, "El objeto de las incompatibilidades de los legisladores del artículo 72 es robustecer la independencia del Congreso, evitando que los legisladores contraigan lealtades que puedan interferir con su conciencia y así obstruir el ejercicio de sus funciones legislativas"(Conf. Miguel Angel Ekmekdjian, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo IV, Pag 417).
En tal sentido, como lo enseñara Bidart Campos "33. Las incompatibilidades de los artículos 72 y 105 se fundan en varias razones: a) en un sistema de división de poderes que quiere independizar al Congreso del Ejecutivo, y viceversa; b) en el propósito de obtener una dedicación eficaz e integral al cargo parlamentario; e) en el principio ético de que dicho cargo exige una independencia de criterio y de actuación que puede resentirse por el desempeño simultáneo de otras ocupaciones o empleos oficiales o privados (...).
De todo lo cual, surge claramente que nuestra Constitución Nacional establece como una de las incompatibilidades implícitas, las existentes respecto de todos los ordenes de gobierno, federal, pronvincial y municipal.
Pueden darse supuestos que por lo burdos dejan grafican la cuestiónó. Por ejemplo, el Presidente de la Nación podría ser candidato a Diputado Nacional en la elección legislativa de mitad de su mandato presidencia, asumir el cargo de diputado pidiendo licencia y dejando al Vicepresidente a cargo del Poder ejecutivo, y volver cuando estime necesario a la Presidencia de la Nación pidiendo licencia como Diputado Nacional en esta Cámara. Lo mismo podrían hacer intendentes o gobernadores, como ya ha sucedido. Incluso podría haber senadores de la Nación que ocupansen tambien el cargo de Diputados Nacionales y pidan alternativamente licencias en alguno de esos cargos a fin de ocupar su lugar en cada una de la Cámaras.
Sin dudas, quien sea elegido como diputado nacional, debé renunciar previamente a su otro cargo electivo para asumir como tal, y no basta con la obtención de una licencia en dicho cargo como ha sucedido hasta ahora. Ello así, pues, la interpretación en torno a las incompatibilidades debe ser restrictiva, puesto que está en juego nada menos que la división de poderes.
Y la licencia no es más que un estado expectante, que precisamente garantiza la "reserva" del cargo al cual se continúa perteneciendo.
Al respecto, resulta oportuno traer a consideración, un antecedente de importancia como fue el rechazo del diploma de Antonio Bussi por inidoneidad moral (conf. Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones Ordinarias del Año 2000, Orden del Día Nº 117), oportunidad en la que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación aprobó en un dictamen luego votado por el plenario de la Cámara, que advirtiera: "...también es cierto que ese juzgamiento de validez de títulos del artículo 64 no puede reducirse a un análisis mecanicista o burocrático de los diplomas de los diputados electos. De no ser así, muy poca diferencia existiría con la regla constitucional del artículo 48 de la Constitución Nacional y la del 64. Es claro que el constituyente ha buscado crear otra regla de juicio diferente a las del artículo 48, para determinar la validez o no de los diplomas y derechos emergentes de la soberanía popular (...) Esta Comisión sostiene que los artículos 48 y 64 de la Constitución Nacional aluden y se refieren a dos `espacios investigativos´ diferentes y no simplemente a dos momentos investigativos sucesivos (...) Se trata para esta Comisión de dos juicios de legitimidad diferentes. El artículo 48 verifica los requisitos de la legitimidad de origen y el artículo 64 verifica los requisitos de la legitimidad política-moral del diputado ya electo .
Y pese a que se ha sostenido que la Cámara de Diputados no puede añadir nuevos requisitos o condiciones para acceder al ejercicio del cargo de diputado nacional, ya que el juicio de admisibilidad de un legislador sólo se debe ceñir a la verificación de los supuestos contenidos en el art. 48 de la Carta Magna, de acuerdo a la doctrina sentada por la Suprema Corte estadounidense en el caso "Powell vs. Mc. Cormack" (395 U.S. 486). También es cierto que existen diferencias sustanciales entre las normas de la Constitución Norteamericana y las de nuestra Carta Magna, y así lo señaló el Dr. Maqueda al emitir su voto en "Bussi, Antonio Domingo c/ EN. (Congreso de la Nación - Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados", (sentencia del 4 de noviembre de 2003, fs. 1070 y ss, en la que se discutía si el caso podía o no ser revisado por el Poder Judicial).
Sostuvo también que "tal diferencia - entre las constituciones de Estados Unidos y la de Argentina- surge aun más claramente si se tienen en cuenta las constituciones nacionales de nuestro país que no habían contemplado este concepto de los derechos de los miembros que fue introducido por Juan Bautista Alberdi en el art. 46 de su proyecto de constitución de julio de 1852 y que es idéntico, en este aspecto, al actual art. 64 de la Constitución Nacional. En efecto, el art. XXII del cap. 3 de la Constitución de 1819 y el art. 32 del cap. 3 de la Constitución de 1826 se referían solamente a la facultad de cada sala de ser juez "para calificar la elección de sus miembros" .