Source: https://juicioluisviale.wordpress.com/home/la-causa-y-el-juicio/
Timestamp: 2018-11-16 05:49:03
Document Index: 239917861

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 4', 'artículo 145', 'artículo 117', 'artículo 4', 'artículo 117', 'artículo 4', 'artículo 35', 'artículo 4']

La causa y el juicio – Campaña por justicia para las víctimas del incendio del taller textil en Luis Viale (2006)
Hasta el momento los condenados por la tragedia son los encargados del taller, quienes cumplen una condena a 13 años de prisión por reducción a la servidumbre. La causa sigue su curso con la investigación a los dueños de las marcas (Daniel Alberto Fichberg y Jaime Geiler) en el Juzgado Criminal y Correccional Nro 27 (juez Alberto Baños).
El Juicio a los encargados del taller se realizó entre el 18 de abril y el 21 de junio de 2015. El fiscal a cargo fue Fabián Céliz y el tribunal fue el Tribunal Oral Criminal (TOC) Nro 5 de CABA, cuyos jueces son Adrián Pérez Lance, Rafael Alejandro Oliden y Fátima Ruiz López (foto).
Fátima Ruiz López (izq), Rafael Oliden y Adrián Pérez Lance, del TOC Nro 5, fueron los jueces del juicio a los encargados del taller.
Fabián Céliz fue el fiscal del juicio
El primer juez de instrucción asignado a la causa fue el Dr. Baños, el mismo que había participado en el juicio por Cromañón, y el mismo que actualmente investiga a los dueños de las marcas. Si bien en esa causa se investigaron las responsabilidades de los funcionarios y de los empresarios – justo unas semanas antes del incendio de Luis Viale había sido destituido Ibarra – en este caso Baños omitió instruir una investigación dirigida a profundizar en la responsabilidad de funcionarios y empresarios. En otras palabras, el juez a cargo de la causa actualmente ya dictó la falta de mérito a los empresarios hace unos años.
La causa recorrió un camino signado por dilaciones e irregularidades llamativas. El primer tribunal en expedirse fue el Tribunal Oral Criminal Nro 23. Fue en diciembre de 2007 y se resolvió por el mecanismo de juicio abreviado, por pedido del fiscal(!) Friele. Con ello se pretendía cerrar la causa condenando a los talleristas a la pena excarcelable de 3 años de prisión.
Fiscales Friele (izq.) y De Luca. Pretendieron cerrar la causa dejando en libertad a los imputados.
Dos años más tarde, en 2010, Casación resolvió que se realizase el juicio oral, con lo que la causa volvió a primera instancia y recayó en el Tribunal Oral Nro 17. En 2011, este Tribunal (a cargo de los jueces Nocetti Achaval, Vega y Giudice Bravo) repitió el mecanismo de juicio abreviado, algo que resulta ilegal, y que involucra también al fiscal Ghirimoldi. Ante la apelación de la querella, a fines de 2012 Casación volvió a fallar en favor del juicio. Es decir que a pesar de que el segundo intento de juicio abreviado haya sido ilegal, con ello se logró “dormir” la causa por dos años.
Finalmente la causa recayó en el TOC Nro 5 en marzo de 2013. Más de un año después (mayo de 2014) los jueces Pérez Lance, Oliden y Ruiz López analizaron la causa. En esa oportunidad plantearon la prescripción porque a su entender se trata de un delito culposo. La querella apeló aludiendo que si la causa había prescripto era por las dilaciones propias de la Justicia. En julio de 2015 Casación ordenó por tercera vez hacer el juicio oral, a pesar de que el fiscal De Luca pidió no hacer lugar a la apelación de la querella.
El juicio comenzó el 18 de abril y culminó el 21 de junio de 20l5 con la condena a 13 años de prisión a los encargados del taller, y la instrucción de investigar a los dueños de las marcas, cuya responabilidad quedó clara durante los debates del juicio, pues los mismos encargados del taller (y sus abogados) los implicaron. El juez a cago en la actualidad es Alberto Baños, del Juzgado Nro 27.
En resumidas cuentas, Casación se mostró siempre favorable a que se realizase el juicio oral, si bien la causa durmió en sus cajones durante nada menos que 3 años. A su vez, dos de los fiscales actuantes (Friele y Ghirimoldi) jugaron en favor de la resolución mediante juicio abreviado, mientras que de Luca (fiscal de Casación) pidió que la causa fuese declarada prescrita, con lo cual los tres fiscales intentaron activamente dejar en libertad a los únicos imputados. Los jueces del TOC Nro 5, que en diciembre de 2014 habían dictado la prescripción de la causa, cambiaron su opinión tras la realización del juicio y en un contexto de alta exposición pública debido a esta Campaña. El juez Baños está dilatando la investigación, y el rol de la fiscal Betina Vota habilita el lento accionar del juez. Todo indicaría que la Justicia no quiere condenar a los dueños de las marcas.
El taller cosía principalmente jeans para 3 marcas: LDV (Loderville), JD y Wol. Las 3 son propiedad de Javier Darío Geiler y Damián Fischberg (que son primos hermanos) y su fábrica de cabecera está a la vuelta (Galicia 1241, que sigue en funcionamiento). Las declaraciones de los talleristas (únicos imputados) en los juzgados dan cuenta de que el taller de Viale era un típico “taller satélite”, totalmente dependiente de las órdenes de la fábrica de Galicia. La operatoria es sencilla y es muy utilizada en esta industria: cuando una fábrica alcanza el tope de su capacidad productiva, en vez de ampliarse, abre fábricas/talleres satélite. Esto se hace “poniéndole un taller” a un empleado: se le otorga el predio para el funcionamiento, se hace un contrato de alquiler (para que parezca un taller independiente) y se le facilitan las máquinas. Así la marca busca ampliarse evadiendo los costos fiscales y laborales, pagando los salarios más bajos del mercado y trasladando la totalidad del riesgo empresario a los talleristas y sus trabajadores.
En el caso de Viale, la propiedad era de los dueños de las marcas (más precisamente de sus padres, que de a poco fueron transfiriendo el negocio a sus hijos). Éstos le alquilaron el espacio a los talleristas (Correa y Sillerico). El primero puso la mayor parte de la maquinaria (entregada por las marcas), y el segundo se encargó de “conseguir” la mano de obra y de poner algunas máquinas.
Las declaraciones de los trabajadores dejan en claro que el taller trabajaba solo para las marcas que funcionaban en la calle Galicia. Asimismo, las declaraciones de los talleristas demuestran que ellos estaban endeudados con las marcas, que les habían comprado la maquinaria. La responsabilidad de las marcas, entonces, queda clara. Los jueces del Tribunal Oral Criminal Nro 5, a cargo de la causa, deberían solicitar que se investigue a sus dueños por violación al artículo 35 de la Ley de Trabajo a Domicilio 12.713 (cuyo artículo 4to establece la responsabilidad solidaria).
La causa está caratulada como “Incendio o estrago agravado seguido de muerte”, por lo que recae en Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal. Asimismo, la legislación que aplica es la que existía al momento de la tragedia. En ese entonces no existía la Ley 26.364 de trata de personas, sancionada en 2008 y modificada en diciembre de 2012. Tampoco existía la Ley 26.390 de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, por lo cual la edad mínima para trabajar era de 14 años (mientras que hoy es de 16 años).
La querella busca que se condene a los imputados por homicidio por dolo eventual. Asimismo, busca que se investigue la violación de los delitos de reducción a la servidumbre (actual artículo 145 del CP) y violación al artículo 117 de la Ley 25.871 de Migraciones. Finalmente, se busca que los dueños de las marcas (dadores de trabajo) sean condenados por los mismos delitos, en virtud de la responsabilidad solidaria que les cabe, establecida en el artículo 4 de la Ley 12.713 de trabajo a domicilio.
En el expediente constan sobradas evidencias que apuntan a la comisión del delito de reducción a la servidumbre (art 145 del Código Penal). Se trata de un delito Federal. Si bien no está descripta en la legislación existente, un fallo de 2008 del juez federal Sergio Torres sentó jurisprudencia para su aplicación sobre criterios precisos en casos de explotación en talleres de costura. En el fallo, el juez entiende que si bien existe reducción a la servidumbre cuando un trabajador está encerrado en el taller o cuando sus documentos son retenidos, ésta no se reduce a estas dos condiciones. La esencia del delito es el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra el trabajador migrante a los fines de obtener un mayor beneficio económico de su fuerza de trabajo. Precisamente, imponerle al obrero jornadas de 14 horas de trabajo, retenerle sus salarios y pagarle mucho menos que la mitad del salario de convenio (a pesar de trabajar mucho más), implica aprovecharse de su vulnerabilidad (falta de vínculos sociales en Buenos Aires, pérdida de vivienda si se va del taller, miedo a ser deportado por las autoridades, etc). En el caso del taller de la calle Viale, los trabajadores llevaban 5 meses cobrando solo $50 por semana, que se descontarían en un supuesto pago futuro de lo que se les había prometido (los $0,70 a $1,20 por prenda). En primer lugar, ello implicaba que les resultara imposible alquilar una vivienda propia, por lo cual estaban forzados de hecho a vivir en el taller bajo precarias condiciones. Y en segundo lugar, la retención de sus salarios funcionaba como mecanismo para asegurarse de que no buscasen trabajo en otro taller, ya que al renunciar podían perder sus salarios adeudados. En resumidas cuentas, estaban trabajando bajo pena de un apercibimiento, elemento fundamental de la definición de “trabajo forzoso” de la Organización Internacional del Trabajo.
Ley de Migraciones (25.871/04)
El artículo 117 de la Ley 25.871 de Migraciones establece que “será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis (6) años el que promoviere o facilitare la permanencia ilegal de extranjeros en el Territorio de la República Argentina con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio.” En el taller prácticamente ningún trabajador tenía residencia legal en el país. El cuadro de vulnerabilidad en el que se encontraban forzaba a los trabajadores a aceptar esas condiciones dado el riesgo de deportación (que era exagerado por los talleristas para aumentar la vulnerabilidad de los trabajadores bajo expresiones del tipo “¿y quién más te va a dar trabajo a vos, si no tenés residencia?” o “si te vas y te agarra la Policía en la calle, te mandan de vuelta”). La pena es mayor aun cuando para el aprovechamiento se emplea “la violencia, intimidación o engaño o abusando de una necesidad o inexperiencia de la víctima” (art. 119).
Ley de Trabajo a Domicilio (12.713/41)
El taller de Viale funcionaba como taller a domicilio, ya que se trataba de un trabajo realizado “en la vivienda o local de un tallerista, entendiéndose por tal el que hace elaborar, por obreros a su cargo, mercaderías recibidas de un patrono o intermediario” (art 3).
El artículo 4 de dicha Ley establece que la marca, intermediarios y talleristas son responsables solidariamente por el pago de los salarios, los accidentes y las condiciones en que se realiza el trabajo.
La responsabilidad de la marca queda evidenciada en las declaraciones y pruebas que constan en el expediente. El taller cosía principalmente jeans para 3 marcas: LDV (Loderville), JD y Wol. Las 3 son propiedad de Javier Darío Geiler y Damián Fischberg (que son primos hermanos) y su fábrica de cabecera está a la vuelta (Galicia 1241, que sigue en funcionamiento). Las declaraciones de los talleristas (únicos imputados) en los juzgados dan cuenta de que el taller de Viale era un típico “taller satélite”, totalmente dependiente de las órdenes de la fábrica de Galicia. La operatoria es sencilla y es muy utilizada en esta industria: cuando una fábrica alcanza el tope de su capacidad productiva, en vez de ampliarse, abre fábricas/talleres satélite. Esto se hace “poniéndole un taller” a un empleado: se le otorga el predio para el funcionamiento, se hace un contrato de alquiler (para que parezca un taller independiente) y se le facilitan las máquinas. Así la marca busca ampliarse evadiendo los costos fiscales y laborales, pagando los salarios más bajos del mercado y trasladando la totalidad del riesgo empresario a los talleristas y sus trabajadores.
En el caso de Viale, la propiedad era de los dueños de las marcas (más precisamente de sus padres, que de a poco fueron transfiriendo el negocio a sus hijos). Éstos le alquilaron el espacio a uno de los talleristas (Correa). El primero puso la mayor parte de la maquinaria (entregada por las marcas), y el segundo se encargó de “conseguir” la mano de obra y de poner algunas máquinas.
Las declaraciones de los trabajadores dejan en claro que el taller trabajaba solo para las marcas que funcionaban en la calle Galicia. Asimismo, las declaraciones de los talleristas demuestran que estaban endeudados con las marcas, que habían comprado la maquinaria. La responsabilidad de las marcas, entonces, queda clara. Los jueces del Tribunal Oral Criminal Nro 5, a cargo de la causa, deberían solicitar que se las investigue por violación al artículo 35 de la Ley de Trabajo a Domicilio 12.713 (cuyo artículo 4to establece la responsabilidad solidaria).