Source: http://www.justiciaviva.org.pe/new/que-les-debe-petroperu-y-diferentes-sectores-del-gobierno-a-las-comunidades-nativas-afectadas-por-los-derrames-de-petroleo/
Timestamp: 2018-07-19 11:25:27
Document Index: 219383866

Matched Legal Cases: ['artículo 82', 'artículo 98', 'Artículo 109', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 118']

¿Qué les debe Petroperú y diferentes sectores del Gobierno a las comunidades nativas afectadas por los derrames de petróleo? | Justicia Viva
El acuerdo alcanzado entre el Estado y la comunidad nativa de Chapis recientemente, luego del derrame de petróleo en su comunidad, no solo abre la puerta del diálogo y el entendimiento, sino que le recuerda al Estado cuál es la deuda impaga que diferentes instituciones tienen con las comunidades afectadas por derrames de petróleo, desconociendo el Estado de Derecho.[1]
A continuación, lo que se les debe a los pueblos indígenas.
Compensación por derrames.
Petroperú debe compensación a las comunidades afectadas por derrames, en cumplimiento del anexo 4 del Decreto Supremo Nº 081-2007-MINEM. Adviértase que hay un mandato claro y directo que debe ser cumplido en 15 días por el operador del oleoducto norperuano:
Servidumbre petrolera por uso del territorio ancestral.
El Ministerio de Energía y Minas debe pago de servidumbre petrolera, pues los sitios por donde pasa el oleoducto son territorios ancestrales de las comunidades nativas, tengan o no título de propiedad inscrita en registros. El fundamento lo podemos encontrar en el artículo 82 y siguientes de la Ley general de hidrocarburos, Nº 26221.
Esta obligación de indemnizar, por la servidumbre, también puede ser encontrada en el artículo 98 del D.S. Nº 081-2007-MINEM, que aprobó el Reglamento de transportes de petróleo a través de ductos:
La constitución del derecho de servidumbre al amparo de la Ley y del presente Reglamento, obligaal Concesionario a indemnizar el perjuicio que ella cause y a pagar una compensación por el usodel bien gravado.
Esta indemnización y compensación será fijada por acuerdo de partes; en caso contrario, la fijaráel MINEM, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109º. Además, la servidumbre otorga alConcesionario el derecho de acceso al área necesaria de dicho predio con fines de vigilancia yconservación de las instalaciones que hayan motivado la servidumbre, debiendo adoptar lasmedidas necesarias para evitar daños y perjuicios, quedando sujeta a la responsabilidad civil openal correspondiente.
Participación de los pueblos indígenas en el canon petrolero.
Hay también una obligación que recae en los Gobiernos Regionales, y otra, en los Gobiernos municipales, que tampoco ha sido cumplida. De conformidad con el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 028-2006 y Nº 026-2010, el 10% de canon petrolero recibido por gobierno regional y el 5% recibido por los gobiernos locales debió ser invertido en obras en favor de las comunidades afectadas por la actividad petrolera.
Derecho a beneficiarse de las actividades extractivas en su territorio.
El Ministerio de Energía y Minas también tiene una deuda impaga con los pueblos indígenas en materia de beneficios fruto de la actividad extractiva. En efecto, el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT reconoce el derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de las actividades extractivas en sus territorios:
Ciertamente, “siempre que sea posible”, debe interpretarse siempre que haya rentabilidad. Esta regla ha sido reiterada por la Décima disposición complementaria, transitoria y final del D.S. Nº 001-2012-MC, que aprobó el Reglamento de la Ley de consulta previa. Dicha norma precisa:
No solo tiene cobertura normativa. El Tribunal Constitucional también ha reconocido este derecho, aunque con particularidades. En el fundamento 53 de la sentencia Nº 00022-2009-PI, ha desarrollado el principio de coparticipación de la riqueza en favor de los pueblos indígenas.
Derecho a la indemnización equitativa por cualquier daño.
Finalmente, el Gobierno central y Petroperú tienen una deuda impaga con los pueblos indígenas afectados por los derrames de petróleo. El artículo 15 del Convenio 169 de la OIT reconoce el derecho de los pueblos indígenas a una indemnización por los daños sufridos como consecuencia de las actividades extractivas:
Esta regla también ha sido reiterada por la Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final del D.S. Nº 001-2012-MC.
No es posible que el Estado y las empresas petroleras se beneficien de los activos, y que las comunidades nativas afectadas por estas actividades extractivas, sistemáticamente golpeadas por los recurrentes derrames, carguen solo y exclusivamente con los pasivos de esta actividad extractiva. El Estado, las empresas y los pueblos indígenas deben cargar por igual con activos y pasivos. Eso es llamado por la Corte Constitucional Colombina como “justicia distributiva”, recogiendo una doctrina de la agencia de ambiente de Estados Unidos en el marco del enfoque de justicia ambiental[2].
Es hora de que el Estado cumpla con sus obligaciones, y comience a dar cumplimiento al ordenamiento jurídico y al Estado de derecho. El artículo 118.1 de la Constitución es muy claro: corresponde al Presidente de la República y a todos los poderes públicos, “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales”. Los pueblos indígenas afectados por la actividad extractiva se cansaron de medidas parciales, de grapas en el tubo, de ser acusados de saboteadores del oleoducto norperuano sin la menor investigación.
(Foto: Espacio.360. imagen referencial /actualidadambiental.pe)
[1] Artículo publicado en Servindi. En: www.servindi.org/actualidad-opinion/05/12/2017/que-les-debe-petroperu-y-diferentes-sectores-del-gobierno-las&source=gmail&ust=1512762135164000&usg=AFQjCNEQdjdoVg0En-4adCk7EZiLnRLqRw
[2] Juan Carlos Ruiz Molleda. Corte Constitucional de Colombia incorpora enfoque de “justicia ambiental” en ordenamiento colombiano. Disponible en: https://www.servindi.org/actualidad/118032.
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