Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Schile133-99.html
Timestamp: 2014-04-19 01:48:38
Document Index: 126921017

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 42', 'artículo\n27', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 391', 'artículo 1', 'artículo\n3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 29', 'artículo 64', 'artículo 41', 'artículo 18', 'artículo 63', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 50', 'artículo 2', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 19', 'artículo 11']

Soria Espinoza v. Chile, Caso 11.725, Informe Nº 133/99, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 494 (1999). I. RESUMEN
2. Como resultado de su análisis, la Comisión concluye que según se desprende, entre otras fuentes, de la sentencia del 24 de mayo de
1996 de la propia Corte Suprema de Justicia de Chile, agentes del Estado
el derecho a la libertad e integridad personal y a la vida de Carmelo Soria
consagrado en el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y
del Hombre. La Comisión también concluye que el sobreseimiento definitivo de
las causas criminales abiertas por la detención y desaparición de Carmelo
Espinoza afecta el derecho a la justicia de los peticionarios y que como consecuencia
el Estado chileno ha violado sus obligaciones internacionales consagradas
los artículos 8 y 25, 1(1) y 2 de la Convención Americana; que el Decreto Ley
2.191 de 1978 de autoamnistía es incompatible con la Convención Americana,
por Chile el 21 de agosto de 1990; que la sentencia de la Corte Suprema de
Chile que declara constitucional y de aplicación obligatoria el citado Decreto Ley Nº 2.191, cuando ya había entrado en vigor para Chile la Convención Americana,
viola los artículos 1(1) y 2 de aquélla; que el Estado chileno no ha dado
al artículo 2 de la Convención Americana por no haber adaptado su legislación
a las disposiciones de la Convención; que ha dejado de cumplir con el Convenio
sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente
por haber adoptado el Decreto Ley 2.191 y porque sus órganos de administración
de justicia no han sancionado a los autores de los delitos cometidos contra
El 16 de julio de 1976 fue muerto por agentes de la DINA el economista español y funcionario de las Naciones Unidas, Carmelo Luis
Soria Espinoza, militante del Partido Socialista. El afectado fue detenido
el día anterior. Al día siguiente, el automóvil del afectado fue arrojado
por algunos agentes dentro del Canal El Carmen en el sector de La Pirámide,
con las llaves en el contacto, sin la radio ni los asientos del mismo,
del conductor, y una botella de pisco para simular un accidente. En el
mismo canal fue arrojado el cadáver del afectado, el cual fue hallado
a un kilómetro del lugar en que se encontró el auto. La Comisión se formó
la convicción de que Carmelo Soria fue ejecutado por agentes estatales,
en violación a sus derechos humanos. Dicho informe agrega: "Carmelo Soria era español, acogido al Decreto de doble nacionalidad con Chile.
Era casado, tenía tres hijos y 54 años de edad. Militaba en el Partido
Español, funcionario de Naciones Unidas, desempeñándose a la fecha de su
muerte en CELADE. El día 15 de julio de 1976 fue detenido por agentes
la DINA, después de salir de su oficina con destino a su hogar. Al día
siguiente, 16 de julio, su cadáver fue encontrado junto al automóvil
que viajaba en
el canal El Carmen en Santiago, siendo su muerte producto de la acción
de agentes de la DINA, quienes desbarrancaron el automóvil para hacer
la muerte como accidental.
16. Los peticionarios añaden que la resolución del 30 de diciembre de 1993, mediante la cual el Ministro instructor denegó la petición de declarar la nulidad del sobreseimiento definitivo en virtud de la ley de amnistía, se basó en los siguientes hechos: En el presente caso el mérito del proceso permite tener por justificado que el día 14 de julio de 1976, Carmelo Soria Espinoza,
ciudadano español que gozaba también de nacionalidad chilena y trabajaba
en nuestro país en calidad de Jefe del Departamento Editorial del Centro
Latinoamericano de Demografía (CELADE), organismo perteneciente a la
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe), dependientes ambos
de la ONU, fue detenido por un grupo de militares adscritos a la Dirección
de Inteligencia Nacional (DINA) que integraban una brigada de dicho organismo
denominada Mulchén, trasladado en su propio automóvil a un inmueble situado
en Vía Naraja 4925 del sector de Lo Curro, donde fue sometido a interrogatorios,
apremios físicos y finalmente, muerto por sus aprehensores que, al parecer,
se encontraban investigando con anterioridad a estos sucesos presuntas
de índole política desarrolladas por el nombrado Soria Espinoza. Estos hechos son constitutivos del delito de homicidio de Carmelo Soria Espinoza, delito
que sus autores inmediatamente después de perpetrado procuraron ocultar
simulando un desbarrancamiento del automóvil Volkswagen propiedad de la
víctima ocasionado por un también fingido estado de embriaguez de su conductor. 17. En virtud de esta resolución, según los peticionarios, consta en el expediente judicial que Carmelo Soria Espinoza era un funcionario de Naciones Unidas y por lo tanto, afecto a la protección del Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, que en sus artículos 2(1) y 2(2) establece que en los casos de homicidios, secuestros y otros atentados contra la integridad física o la libertad de un funcionario internacional, "cada Estado parte hará que esos delitos sean castigados con penas adecuadas que tengan en cuenta el carácter grave de los mismos". 18. Los peticionarios afirman que además el Fiscal de la Corte Suprema de Chile, en su dictamen de 17 de junio de 1996, opinó que no procedía aplicar en el caso de Carmelo Soria Espinoza el decreto sobre amnistía por impedirlo los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile.
20. Los peticionarios plantean que decisiones adoptadas por los tribunales de justicia de Chile violan los tratados internacionales sobre
derechos humanos que consideran o asimilan la desaparición forzada de personas
y a la ejecución sumaria y arbitraria cometidas por agentes del Estado a
delitos de "lesa humanidad" respecto de los cuales no cabe oponer la amnistía ni la prescripción.
B. Posición del Estado 23. El Estado no ha controvertido en sus respuestas la versión de los hechos presentada por el peticionario.
25. El Estado apuntó que "los gobiernos democráticos de Chile no han dictado ninguna ley de amnistía incompatible con la Convención
Americana, ya que el Decreto Ley 2.191 se expidió en 1978 bajo el régimen
militar de facto." Alegó que no correspondía acusar a los gobiernos democráticos por los hechos ocurridos muchos años antes de su asunción al poder o que emanan
de otros poderes del Estado, cuya independencia, por mandato constitucional,
debe respetar. Consecuentemente solicitó a la Comisión que tuviera en cuenta
el contexto histórico y la especial situación de retorno del país al régimen
democrático, dentro de la cual el nuevo gobierno tuvo que acoger las reglas
impuestas por el régimen militar de facto, que no podía modificar sino de conformidad con la ley y la Constitución.
34. El Estado señaló que el Gobierno de España, mediante nota verbal de fecha 18 de diciembre de 1996, valoró positivamente la propuesta
hecha y reconoció los "esfuerzos constructivos del Gobierno de Chile en el logro de una solución extrajudicial". A su vez, el Gobierno español expresó que "lamenta que los esfuerzos de ambos Gobiernos en el logro de una solución final no hayan tenido éxito".
37. El peticionario alega que se han agotado los recursos previstos en la jurisdicción interna. 38. En julio de 1976 se inició el sumario criminal por la muerte de Carmelo Soria Espinoza. Con fecha 3 de agosto de 1976, la familia de la víctima inició una querella criminal. Con fecha 2 de julio de 1979, el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago dictó sobreseimiento temporal en la causa, no obstante haberse acreditado el delito de homicidio, por no ser posible ubicar a los autores, cómplices o encubridores. Esta resolución fue aprobada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 28 de septiembre de 1979.
43. Con fecha 4 de junio de 1996 el Ministro instructor Eleodoro Ortíz dictó sobreseimiento definitivo en esta causa, con base en el Decreto
Ley 2.191 de 1978 sobre amnistía. La mencionada resolución de sobreseimiento
definitivo en su considerando segundo estableció que "de acuerdo con los autos acumulados durante la investigación, la muerte del Sr. Soria se produjo los días 14 o 15 de julio de 1976 y parece estar fuera de toda duda que ella fue causada por el actuar doloso de terceros". 44. Con fecha 23 de agosto de 1996 la Corte Suprema confirmó el sobreseimiento definitivo y terminó este proceso. Con esta decisión de la Corte Suprema de Chile se dieron por agotados los recursos de la jurisdicción interna.
49. En relación con la expedición y aplicación de leyes compatibles con la Convención (artículos 1 y 2), la Comisión es competente, conforme al
artículo 42 del Tratado, para determinar si éstas, entre ellas las leyes
llamadas "de amnistía", así como las conductas adoptadas con base en esta normativa, resultan violatorias de las obligaciones asumidas por el Estado parte de que
se trate2. En este sentido, la Corte ha establecido: "Como consecuencia de esta calificación, podrá la Comisión recomendar al Estado la derogación o reforma de la norma violatoria y para ello es suficiente que tal norma haya llegado por cualquier medio a su conocimiento...".3 50. La Comisión ha desarrollado jurisprudencia relativa a su competencia para examinar violaciones a los derechos humanos cometidas por los tribunales de justicia en los casos en que, como efecto de una sentencia judicial, se haya cometido una violación a la Convención cuando aquélla ha sido dictada al margen del debido proceso o aparentemente viola cualquier otro derecho garantizado por la Convención. El Estado no ha formulado objeciones en cuanto a este aspecto de la competencia de la Comisión.
52. La Comisión observa que la versión de los hechos presentada por el peticionario en relación con la presunta violación del derecho a la vida, a la libertad y la integridad personal se basan en el resultado de las investigaciones reflejadas en las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de Chile. Dichas determinaciones de hecho no han sido controvertidas por el Estado ante la Comisión. El presente caso requiere una determinación de derecho en cuanto a si el decreto-ley de 1978 y la forma como fue aplicado por los tribunales chilenos en relación a la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de Carmelo Soria, son compatibles con la Convención. 53. El Estado no ha negado la participación de sus agentes en los hechos del caso, perpetrados en la época de la dictadura militar. Al
considerar la naturaleza y gravedad de los delitos cuyo juzgamiento fue afectado
por el decreto-ley de amnistía, no puede ignorarse que el gobierno militar
estuvo en el poder desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de
1990 llevó a cabo una política sistemática de represión que resultó en miles
de víctimas de "desapariciones", ejecuciones sumarias o extrajudiciales y torturas. Al referirse a las prácticas del Estado en aquella época, la Comisión
60. Desde la perspectiva del derecho internacional, el Estado chileno no puede justificar el incumplimiento de la Convención con la excusa
de que la autoamnistía fue decretada por el gobierno anterior. Tampoco puede
justificar la no derogación del decreto-ley y su continua aplicación en base
a la abstención y omisión del Poder Legislativo y los actos del Poder Judicial.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados recoge en su artículo
27 la norma de derecho internacional consuetudinario que establece que los
parte en un tratado no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno
como justificación para incumplir ese tratado. Asimismo, la Corte Interamericana
ha sostenido que "es un principio de derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno".13
62. De conformidad con el principio de la continuidad del Estado, la responsabilidad internacional existe independientemente de los cambios de
gobierno. En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló
que "según el principio del derecho internacional de la identidad o continuidad del Estado, la responsabilidad subsiste con independencia de los cambios de gobierno en el transcurso del tiempo y, concretamente, entre el momento que se produce el hecho ilícito que genera la responsabilidad y aquél en que ella es declarada. Lo anterior es válido también en el campo de los derechos humanos, aunque desde un punto de vista ético o político, la actitud del nuevo gobierno sea mucho más respetuosa de esos derechos que la que tenía el gobierno en la época en la que las violaciones se produjeron".14
63. Los Estados partes de la Convención Americana han asumido la obligación de respetar y garantizar a las personas sometidas a su jurisdicción
todos los derechos y libertades protegidos en ella y de adecuar su legislación
con el fin de hacer efectivo el goce y ejercicio de esos derechos y libertades.
Específicamente, el artículo 2 de la Convención establece la obligación de
Estados partes de adoptar "las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias" para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en el Tratado. En consecuencia, la Comisión debe examinar la compatibilidad
de la legislación doméstica de los Estados parte con los derechos consagrados
en la Convención.15
68. La doctrina y la práctica de la CIDH en materia de amnistías coincide con el estudio sobre impunidad preparado recientemente por Louis Joinet, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Impunidad.20 En su estudio, presentado a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 2 de octubre de 1997, Joinet recomendó la adopción de cuarenta y dos principios destinados a la protección y promoción de los derechos humanos por medio de acciones tendientes a combatir la impunidad.21 69. El principio 20 se refiere al deber de los Estados en relación con la administración de justicia. En este sentido, Joinet expresa que la impunidad surge del hecho que los Estados no cumplen con su obligación de investigar estas violaciones y adoptar, particularmente en el área de la administración de justicia, medidas que garanticen que los responsables de haberlas cometido sean acusados, juzgados y castigados. Surge, además, del hecho que los Estados no adoptan medidas apropiadas para proveer a las víctimas de recursos efectivos, para reparar los daños sufridos por ellas, y para prevenir la repetición de dichas violaciones. 70. Según se ha establecido supra, la imposibilidad de juzgar a los responsables por la detención ilegal, desaparición forzada
y ejecución extrajudicial de Carmelo Soria, perpetrada por agentes del Estado
durante el pasado régimen militar, vulnera el derecho al acceso a la justicia
y la protección judicial consagrado en la Convención. Esta denegación de
se encuentra ligada a la vigencia y aplicación del Decreto Ley 2.191 de amnistía
que el gobierno militar dictó para beneficio propio de sus integrantes. El
ha mantenido en vigor esta normativa tras la ratificación de la Convención Americana y ha sido confirmada como constitucional por el Poder Judicial, quien
le ha dado aplicación en forma continua. La Comisión ya ha tenido la oportunidad
de pronunciarse en ocasiones anteriores sobre la incompatibilidad de esta normativa
y su aplicación por los tribunales en casos particulares con las obligaciones
internacionales del Estado chileno conforme a la Convención Americana.22
78. La violación del derecho a la justicia y la consiguiente impunidad en el presente caso son el resultado de una concatenación de hechos
que se inician cuando el gobierno militar expide en su favor y en el de los
agentes del Estado que cometieron violaciones de los derechos humanos, una
de normas destinadas a formar un complejo marco jurídico de impunidad. Este
proceso comenzó formalmente en 1978 cuando el gobierno militar sancionó el
No. 2.191 de autoamnistía y se consumó con la sentencia dictada por la Corte
Suprema de Justicia en 23 de agosto de 1996, mediante la cual se aplicó dicho
Decreto Ley de amnistía en contra de Carmelo Soria Espinoza, al declarar
el proceso por su muerte violenta.
79. La Comisión ha establecido en otros casos que las amnistías o sus efectos no pueden obstaculizar el derecho de las víctimas o sus familiares
o sobrevivientes a obtener, al menos, una reparación adecuada por las violaciones
de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana. Esta posición
se deriva, en gran medida, de la interpretación hecha por la Corte Interamericana
con respecto a las consecuencias que tiene la violación, por parte de un
de su deber de garantizar los derechos humanos, conforme al artículo 1(1) de
la Convención. Como expresó la Corte Interamericana en el caso Velásquez
Rodríguez "el Estado tiene la obligación de investigar las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de .asegurar a la víctima una adecuada reparación". (El subrayado es nuestro). El derecho a una compensación adecuada también está ligado íntimamente al derecho a la protección
judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención.23
87. Sobre la obligación legal que tienen los Estados de suministrar recursos internos efectivos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado lo siguiente: Según [la Convención], los Estados partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser substanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1).28
92. El artículo 1(1) de la Convención Americana dispone que los Estados partes se obligan a "respetar" los derechos consagrados en ella y a "garantizar" su libre y pleno ejercicio. Esta obligación significa, como lo ha dicho la Corte Interamericana, el cumplimiento de verdaderas "obligaciones de hacer" por parte de los Estados que permitan una eficaz garantía de tales derechos.31 En virtud de esta obligación, el Estado de Chile se encuentra en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, investigar con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, identificar a los responsables, imponerles las sanciones pertinentes y asegurar una adecuada reparación a la víctima.32 93. La Corte asimismo ha sostenido que "el Estado está en el deber jurídico de investigar seriamente con los medios a su alcance,
las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción
de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes
y de asegurar a la víctima una adecuada reparación"33.
95. La Comisión ha reiterado en casos relativos a la vigencia de leyes de amnistía que es necesario que los Estados adopten "las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables por
las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el período de facto"34; que "el Estado tiene la obligación de investigar las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a
los responsables"35; y "que el Estado de Chile [debe] adecuar su legislación interna a las disposiciones de la Convención Americana, de modo que las violaciones de derechos humanos del gobierno militar de facto puedan ser investigadas, a fin de que se individualice a los culpables, se establezcan sus responsabilidades y sean efectivamente sancionados, garantizando a las víctimas y a sus familiares el derecho a la justicia que les asiste".36
el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.37 97. La Corte ha señalado, igualmente, que
99. En el presente caso, el Estado tiene la obligación de investigar exhaustivamente y sancionar a través de sus órganos jurisdiccionales a los
responsables de los hechos que dieron lugar a la muerte de Carmelo Soria
Espinoza. Sin embargo,
no obstante haberse establecido en los considerados 2º y 3º de la resolución
de la Corte Suprema de Chile de 24 de mayo de 1995 "que los hechos descritos constituyen el delito de homicidio calificado previsto en el artículo 391 Nº 1, circunstancia 1º y 5º del Código Penal" y "que de los mismos antecedentes fluyen presunciones fundadas para estimar que a Guillermo Salinas Torres (ex-Coronel de Ejército) le ha cabido una participación de autor y al segundo de ellos José Ríos San Marín (ex-Sargento de Ejército), de cómplice", el Estado de Chile a través de la sentencia de su Corte Suprema que aplicó el Decreto Ley 2.191
de 1978 sobre amnistía, el 4 de junio de 1996 dictó sobreseimiento definitivo
de su causa. Así se hizo además, pese a que en el considerando 2º de dicha
de sobreseimiento definitivo se establecía que "de acuerdo con los autos acumulados durante la investigación, la muerte del señor Soria se produjo los días 14 o 15 de julio de 1976 y parece estar fuera de toda duda que ella fue causada por el actuar doloso de terceros". 100. Esto demuestra claramente que, en su momento, una vez identificados los presuntos responsables, el Estado no cumplió a través de sus órganos de administración de justicia con su obligación de culminar la investigación y sancionar a los responsables de los hechos relacionados con la ejecución extrajudicial de Carmelo Soria Espinoza.
101. La Comisión considera importante señalar que "la obligación de investigar debe emprenderse con seriedad y no como una simple
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido
ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, y no como una gestión
de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de la víctima
o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios,
que la autoridad pública busque efectivamente la verdad"45. En otras palabras, las autoridades debieron emprender una investigación seria de los hechos, a efecto de establecer la verdad objetiva y real. El aparato del Estado, por el contrario, actuó de tal forma que las violaciones quedaran impunes y no se restablecieran los derechos de la peticionaria. 102. La Comisión de Verdad y Reconciliación, establecida por el Gobierno democrático para investigar violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado, realizó una meritoria labor de compilación de antecedentes sobre las violaciones de los derechos humanos y la situación de los detenidos desaparecidos con miras a establecer su paradero y medidas de reparación y reivindicación para cada uno de ellos. Sin embargo, si bien su trabajo contempló una buena parte del número total de casos, ello no permitió la investigación de los hechos delictivos por parte de los agentes del Estado, ni la identificación y sanción de sus responsables, precisamente en virtud del decreto-ley de amnistía, motivo por el cual el derecho de las víctimas sobrevivientes y de los familiares a conocer la verdad de los hechos fue vulnerado por el Estado chileno. 103. Además, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no era un órgano judicial y su labor se limitaba a establecer la identidad de las víctimas de violaciones al derecho a la vida. Por la índole de su mandato, esa Comisión no estaba habilitada para publicar los nombres de quienes cometieron los delitos ni para imponer ningún tipo de sanción. Por tal razón, pese a la importancia que tuvo para establecer los hechos y otorgar compensación, no puede considerarse a la Comisión de Verdad como un sustituto adecuado de un proceso judicial.
105. El reconocimiento de responsabilidad realizado por el Gobierno, la investigación parcial de los hechos y el pago posterior
de compensaciones no son, por sí mismas, suficientes para cumplir con las
previstas en la Convención. Según lo dispuesto en el artículo 1(1), el Estado
tiene la obligación de investigar las violaciones que se hayan cometido dentro
del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de
sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.47
Se ordenó desecar el Canal y el día viernes 16 de julio de 1976, al descender considerablemente el nivel de las aguas, apareció
el cadáver de mi padre. La Comisión Gubernamental Verdad y Reconciliación
creada por el Gobierno de don Patricio Aylwin, el año 1990, estableció
relación al asesinato de mi padre: "El día 15 de julio de 1976 fue muerto por agentes de la DINA el Economista Español y funcionario de las Naciones Unidas, Carmelo Luis Soria Espinoza, militante del Partido Socialista. El afectado fue detenido el día anterior. Al día siguiente, el automóvil del afectado fue arrojado por algunos agentes dentro del Canal El Carmen en el sector de La Pirámide, con las llaves en el contacto, sus puertas cerradas, algunos vidrios quebrados, sin la radio ni los asientos del mismo, salvo del conductor, y una botella de pisco para simular un accidente. En el mismo Canal fue arrojado el cadáver del afectado, el cual fue hallado el día 17 a un kilómetro del lugar en que se encontró el auto. La Comisión se formó la convicción de que Carmelo Soria fue ejecutado por Agentes estatales, en violación a sus Derechos Humanos". Dicho informe agrega: "Carmelo Soria era Español, acogido al Derecho de doble nacionalidad con Chile. Era casado, tenía tres hijos y 54 años de edad. Militaba en el Partido Comunista Español, funcionario de Naciones Unidas, desempeñándose a la fecha de su muerte en CELADE. El día 15 de julio de 1976 fue detenido por Agentes de la DINA, después de salir de su oficina con destino a su hogar. Al día siguiente, 16 de julio, su cadáver fue encontrado junto al automóvil que viajaba en el canal El Carmen en Santiago, siendo su muerte producto de la acción de Agentes de la DINA, quienes desbarrancaron el automóvil para hacer aparecer la muerte como accidental".
109. Dentro de la interrumpida investigación judicial que se llevó a cabo con motivo de la detención ilegal, tortura y ejecución sumaria del señor Carmelo Soria Espinoza, lograron acreditarse algunos de los hechos denunciados por la peticionaria, así como también identificar a algunos de los autores. 110. Ahora bien, en el presente caso, según consta en el expediente llevado por la Comisión, la resolución dictada por el Ministro Libedinsky de la Corte Suprema de Justicia de Chile de fecha 30 de diciembre de 1993, las investigaciones del proceso lograron acreditar que el señor Carmelo Soria Espinoza fue detenido por un grupo de militares adscritos a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que integraban una brigada de dicho organismo denominada Mulchén, trasladado en su propio automóvil a un inmueble situado en Vía Naraja 4925 del sector de Lo Currro, donde fue sometido a interrogatorios, apremios físicos y finalmente, muerto por sus aprehensores que, al parecer, se encontraban investigando con anterioridad a estos sucesos presuntas actividades de índole política desarrolladas por el nombrado Soria Espinoza.
Estos hechos son constitutivos del delito de homicidio de Carmelo Soria Espinoza, delito que sus autores inmediatamente después de perpetrado procuraron ocultar simulando un desbarrancamiento del automóvil Volswagen propiedad de la víctima ocasionado por un también fingido estado de embriaguez de su conductor. 111. De la misma forma concluye la resolución de la Corte Suprema de Justicia de 24 de mayo de 1996, en la que se establece:
115. Al momento del secuestro y ejecución de la víctima, la Convención Americana no se encontraba en vigor. Sin embargo, la Comisión tiene
competencia para examinar estas violaciones en virtud de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante "la Declaración"). El artículo I de la Declaración establece:
120. En relación con la observancia del precepto sobre el derecho a la vida contemplado en la Declaración Americana y la sanción a los responsables
de la violación de dicho derecho, la Comisión ha expresado "Merece especial consideración el derecho a la vida, porque ésta constituye, sin duda alguna,
el fundamento y el sustento de todos los demás derechos.52
124. El 14 de diciembre de 1973 el Estado Chileno ratificó la Convención sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, que fue firmada por el delegado de Chile en esa misma fecha y promulgada como ley de la República el 28 de febrero de 1977 (Diario Oficial de 29 de marzo de 1977). En su condición de Estado parte de dicho Convenio, el Estado de Chile está obligado por las normas y principios del derecho internacional consuetudinario a observar este tratado de buena fe y a ajustar su legislación interna con el fin de darle cumplimiento. Además, el Estado chileno ha asumido el compromiso de respetar ese Convenio y asegurar su cumplimiento en toda circunstancia, especialmente en situaciones graves como es el caso de la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de Carmelo Soria Espinoza. 125. En efecto, el mencionado Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas establece en su artículo
3º que cada Estado parte dispondrá lo necesario para instituir su jurisdicción
sobre los delitos previstos en el párrafo 1º del artículo 2º que son, entre
otros, homicidio, secuestro u otro atentado contra la integridad física o
libertad de una persona internacionalmente protegida. Se entiende por "persona internacionalmente protegida" cualquier representante, funcionario o personalidad oficial de un Estado o cualquier funcionario, personalidad oficial u otro agente de una organización gubernamental que, en el momento y en el lugar en que se cometa un delito contra él. tenga derecho, conforme al derecho internacional, a una protección especial contra todo atentado a su persona, libertad o dignidad,
así como los miembros de su familia que forman parte de su casa; y cada Estado
hará que esos delitos sean castigados con penas adecuadas que tengan en cuenta
su carácter grave (art. 2º, Nº 2).54
127. En efecto, el artículo 2(1) del antes referido Convenio establece que en los casos de homicidios, secuestros y otros atentados contra
la integridad física o la libertad del funcionario internacional "cada Estado Parte hará que esos delitos sean castigado con penas adecuadas que tengan en cuenta el carácter grave de los mismos" (subrayado de la Comisión). 128. La violación de esta obligación internacional por el Estado chileno se comprueba con la propia sentencia de la Corte Suprema de Justicia
de Chile de 23 de agosto de 1996 que los peticionarios aportaron. Ésta pone
de manifiesto que dicho Tribunal Supremo desconoció la calidad de funcionario
internacional sujeto de protección del señor Soria, no obstante haber tenido
a la vista la constancia que otorgó el Ministerio de Relaciones Exteriores
Chile con base en un informe de la CEPAL de 8 de septiembre de 1994, que expresamente
reconoce que el señor Soria tenía la "calidad de funcionario internacional permanente de las Naciones Unidas". 129. Pese a haber tenido a la vista dicha constancia, la Corte Suprema la ignoró al declarar que no era aplicable al señor Soria la protección
internacional derivada del Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos
Personas Internacionalmente Protegidas, en consideración a "que de los documentos antes referidos sólo se infiere que el Sr. Soria era funcionario de CELADE pero no aportan elementos de convicción para establecer de manera fehaciente que haya tenido calidad de jefe o funcionario superior de planta de CEPAL o de la misión de ésta, CELADE, pues para este fin únicamente obran las meras afirmaciones de los informantes, sin respaldo documental oficial que acredite la calidad antes referida".
130. Sin perjuicio de lo anterior, la misma sentencia de la Corte Suprema consideró correcta la interpretación del fallo apelado, que finalmente confirmó, según el cual sólo procedía otorgar al señor Soria la garantía a que se refiere el citado Convenio si en su caso se hubiese establecido la respectiva infracción penal: "la punibilidad de la misma al dictarse la sentencia y la imputabilidad penal de las conductas, situación que obviamente no se da en la especia en razón de concurrir la causal objetiva de la extinción de la responsabilidad penal de la amnistía establecida en el Decreto Ley 2191 cuya aplicación resulta manifiesta en esta causa". Esta conclusión de la Corte Suprema confirmó finalmente la decisión del Poder Judicial chileno de
no aplicar el citado Convenio por razón de la amnistía con prescindencia de
la obligación adicional del Estado chileno derivada de la calidad de funcionario
internacional del señor Soria.
132. En este sentido, la Convención Americana en su artículo 29 sobre normas de interpretación establece: "Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dichos Estados". 133. Cabe destacar que la Corte Interamericana ha avalado la práctica de la Comisión de aplicar fuentes de derecho internacional contenidas en otros tratados que contengan normas sobre derechos humanos distintas a la Convención Americana. En la Opinión Consultiva Nº 156 que interpreta el término "otros tratados" en el artículo 64 de la Convención Americana, la Corte sostuvo lo siguiente:
El propósito de integración del sistema regional con el universal se advierte, igualmente, en la práctica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perfectamente ajustada al objeto y fin de la Convención, de la Declaración Americana y del Estatuto de la Comisión. En varias ocasiones, en sus informes y resoluciones, la Comisión ha invocado correctamente "otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos", con prescindencia de su carácter bilateral o multilateral, o de que se hayan adoptado o no dentro del marco o bajo
los auspicios del sistema interamericano. Ello ha ocurrido, últimamente,
en casos como los informes sobre la situación de los derechos humanos en
El Salvador (OEA/Ser.L/V/II.46, doc. 23, rev. 1, 17 noviembre 1979) págs.
37 y 38; sobre la situación de los presos políticos en Cuba (OEA/Ser.L/V/II.48,
doc. 24, 14 diciembre 1979) pág. 9; sobre la situación de los derechos
en Argentina (OEA/Ser.L/V/II.49, doc. 19, 11 abril 1980), págs. 24 y 25;
sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua (OEA/Ser.L/V/II.53,
doc. 25, 30 junio 1981) pág. 31; sobre la situación de los derechos humanos
en Colombia (OEA/Ser L/V/II.53, doc. 22, 30 junio 1981) págs. 56 y 57;
la situación de los derechos humanos en Guatemala (OEA/Ser.L/V/II.53, doc.
21, rev. 2, 13 octubre 1981) págs. 16 y 17; sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia (OEA/Ser.L/V/II.53, doc. 6, rev. 2, 13 octubre 1981)
págs. 20 y 21r y Caso 7481 Hechos ocurridos en Caracoles (Bolivia), Resolución
No. 30/82 (OEA/Ser L/V/II.55, doc. 54, 8 marzo 1982). (Subrayados de la
136. Sobre la necesidad de una instancia internacional a la que pueda recurrirse cuando los derechos humanos han sido violados por agentes
del Estado y resulta imposible obtener debida investigación y sanción en
derecho interno, la Comisión se ha pronunciado al respecto en reiteradas oportunidades.
Con fecha 8 de diciembre de 1998, al conmemorar los cincuenta años de la
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la OEA
y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
la Comisión expidió una Recomendación dirigida a los Estados del sistema
en la cual registró "como uno de los más importantes avances del derecho internacional público contemporáneo el establecimiento del principio de la responsabilidad penal del individuo en el orden internacional".
139. La recomendación agrega que "esta evolución normativa ha permitido que se consolide aún más la jurisdicción universal, en virtud
de la cual cualquier Estado tiene autoridad para perseguir, procesar y sancionar
a quienes aparezcan como responsables de dichos crímenes internacionales,
aquellos cometidos fuera de su jurisdicción territorial o que no guarden relación
con la nacionalidad del acusado o de las víctimas, puesto que tales crímenes
afectan a la humanidad entera y quebrantan el orden público de la comunidad
140. Finalmente, la Recomendación concluye que "como órgano principal del sistema interamericano, la CIDH tiene la misión de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el hemisferio, respecto de los países miembros de la OEA. Por ello, considera que la consagración definitiva del principio de responsabilidad penal individual en el orden internacional y su complemento, el principio de jurisdicción universal, contribuyen de manera notable al fortalecimiento de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos y, lo que es más significativo aún, a la consolidación del imperio del derecho y de las libertades fundamentales de la persona humana en la comunidad mundial". Por consiguiente, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 41(b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en el artículo 18(b) de su Estatuto y en el artículo 63(f) de su Reglamento,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió:
146. En cuanto a las personas sujetas a protección internacional, el tratado establece en su artículo primero lo siguiente: Para los efectos de la presente Convención:
2. Se entiende por "presunto culpable" la persona respecto de quien existan suficientes elementos de prueba para determinar
prima facie que ha cometido o participado en uno o más de los delitos
en el artículo 2o.
147. En caso de no lograrse debida atención al reclamo de investigación y sanción, la Convención sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas
Internacionalmente Protegidas Inclusive los Agentes Diplomáticos, contempla
en el inciso 3 de su artículo 3 que en tales casos no quedará excluida "ninguna jurisdicción penal", cualquiera que sea el lugar donde los responsables sean ubicados, siempre y cuando ella sea "ejercida de conformidad con la legislación nacional".
149. En el presente caso el Estado chileno, en virtud de las normas pertinentes del citado tratado se encontraba en la obligación de investigar y sancionar a los autores (agentes estatales) responsables de los crímenes de desaparición forzada, tortura y ejecución sumaria de Carmelo Soria. Al no proceder de esta manera, el Estado chileno no sólo violó sus obligaciones internacionales asumidas en el referido tratado, sino que además habilitó la entrada en funcionamiento de la jurisdicción universal para dicho propósito. Se trata en consecuencia de un típico supuesto de crimen internacional de lesa humanidad, donde el Estado si no quiere o no puede cumplir con su obligación de sancionar a los responsables debe en consecuencia aceptar la habilitación de la jurisdicción universal para tales fines. 150. En consecuencia, en el presente caso el Estado chileno violó sus obligaciones internacionales bajo los artículo 1, 2 y 3 de la Convención sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, por lo cual el Estado chileno está obligado en el presente caso, bajo la referida Convención, a aceptar la jurisdicción universal a fin del logro del objetivo de investigar y sancionar a los agentes estatales responsables de la detención ilegal, tortura y ejecución sumaria de Carmelo Soria. V. ACTUACIONES POSTERIORES AL INFORME 79/99
151. El 5 de mayo de 1999, en el curso de su 103º período de sesiones realizado entre el 29 de abril y 9 de mayo de 1999, la Comisión adoptó
el Informe 79/99 sobre el presente caso, con base en el artículo 50 de la
Americana y lo transmitió al Estado chileno con las recomendaciones pertinentes,
concediéndole el plazo de dos meses a partir de la fecha de su remisión,
que informara sobre el cumplimiento de las mismas. El Estado chileno no dio
respuesta a la Comisión, dentro del lapso indicado en el Informe 79/99 de
de mayo de 1999, ni tampoco solicitó prórroga con este fin. Vencido el plazo
otorgado por la Comisión para enviar su respuesta el Estado chileno finalmente
remitió sus observaciones el 29 de septiembre de 1999. La Comisión lamenta
falta de respuesta al informe dentro del plazo indicado, lo cual podría haber
llevado a reiterar sus conclusiones y recomendaciones sin tener a la vista
información requerida. No obstante, en virtud de la información suministrada por el Estado, la Comisión pasa a referirse a ella a continuación.
Que la adecuación del derecho interno chileno a las normas de la Convención Americana es un objetivo central de la política del Gobierno.
Pero que la derogación o modificación del decreto ley 2.191 de 1978, tiene
aspectos jurídicos complejos; que recientemente la Corte Suprema, con ocasión
de otro importante caso de violaciones a los derechos humanos, ha interpretado
la norma del decreto ley 2.191 en el sentido de que no es posible aplicar
la amnistía en aquellos casos de detenidos-desaparecidos, por ser considerados
delitos en ejecución o permanentes, y en caso de aparecer los cuerpos de
víctimas será necesario determinar la data de la muerte para determinar si
procede la aplicación de la norma exculpatoria, avanzando en el cumplimiento
de la recomendación específica de la Comisión en este sentido; que esta
contiene la reciente interpretación del decreto ley de amnistía y demuestra
la forma como la Corte Suprema se encuentra adecuando sus resoluciones a las normas internacionales de derechos humanos vigentes en el país.
153. En su nota de respuesta el Estado de Chile admite que no le ha sido posible dar pleno cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión
ni tampoco arribar a un resultado satisfactorio tendiente a encontrar un
con los peticionarios para lograr una solución amistosa en el presente caso.
Asimismo, la Comisión toma nota y valora los esfuerzos hechos por el Estado
chileno para proponer medidas indemnizatorias a los familiares de Carmelo
No obstante ello, los familiares de Carmelo Soria han expresado ante esta Comisión
en reiteradas oportunidades, que para ellos la primera reparación sustancial
y esencial consiste en el cese de la impunidad de los autores materiales
de los delitos cometidos por agentes estatales en su contra, y que no están
dispuestos a recibir indemnizaciones a cambio o sin que se garantice el castigo
efectivo de los responsables. Ello coincide con la jurisprudencia expresada
en el presente informe por la Comisión, en el sentido de que frente a las violaciones de derechos humanos los Estados deben asumir las medidas reparatorias, que
incluyen el castigo efectivo a los responsables, por lo que cualquier medida
que lo pretenda impedir, como es el caso de una ley de amnistía, resulta contraria
a la Convención. En consideración a ello, resulta claro que el Estado chileno
no ha adoptado las medidas necesarias para cumplir con a las recomendaciones
del Informe No. 78/99. La Comisión recuerda lo que ha establecido la Corte
en relación a la obligación de los Estados de dar cumplimiento a sus recomendaciones:
de la Organización de los Estados Americanos, que tiene como función "promover la observancia y la defensa de los derechos humanos" en el hemisferio".66 VI. CONCLUSIONES
159. La Comisión ratifica además que el Estado chileno no ha dado cumplimiento a las normas contenidas en el artículo 2 de la Convención Americana, puesto que no ha adaptado su legislación interna sobre amnistía a las disposiciones de dicha Convención. 160. La Comisión reitera asimismo que el Estado chileno ha violado sus obligaciones internacionales derivadas de las normas contenidas
en el Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente
Protegidas al haber aplicado el Decreto Ley 2.191 de amnistía en virtud de
sus órganos competentes de administración de justicia no han observado dichas
obligaciones internacionales al haber decidido la Corte Suprema de Chile,
sentencia de 23 de agosto de 1996, la aplicación de dicho Decreto Ley. Por
tanto, el Estado chileno ha violado dicho Convenio Internacional en su artículo
párrafo 1 --como norma de derechos humanos--al no haber dado castigo a los
delitos cometidos contra Carmelo Soria, persona internacionalmente protegida
Convenio quien, de acuerdo con la constancia emitida por la CEPAL el 8 de septiembre
de 1994 a solicitud de la Cancillería chilena, tenía la "calidad de funcionario internacional superior permanente de las Naciones Unidas".67
161. El 8 de octubre de 1999 la Comisión transmitió el informe Nº 110/99 --cuyo texto es el que antecede-- al Estado chileno y a los peticionarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 51(2) de la Convención Americana; y otorgó al Estado el plazo de un mes para el cumplimiento de las recomendaciones precedentes. 162. Conforme al artículo 51(2) citado, en este estado del procedimiento la Comisión se limitará a evaluar las medidas adoptadas por el Estado chileno para cumplir las recomendaciones y remediar la situación examinada. El Estado de Chile no dio respuesta a la nota de la Comisión con respecto al indicado informe 110/99 de 6 de octubre de 1999.
Dado y firmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de San José, Costa Rica, a los 19 días del mes de noviembre de 1999. (Firmado): Robert K. Goldman, Presidente; Hélio Bicudo, Primer Vicepresidente; Carlos Ayala, Jean Joseph Exumé y Alvaro Tirado Mejía, Comisionados. * El Comisionado Decano Claudio Grossman, de nacionalidad chilena, no participó en la discusión y decisión de este informe, conforme lo requiere el artículo 19(2)(a) del Reglamento de la Comisión.
8 Ver: AG/RES. 443 (IX-0/79); 742 (XIV-0/84); 950 (XVIII-0/88); 1022 (XIX-0/89) y 1044 (XX-0/90) y CIDH, Informes Anuales 1978; 1980/81; 1981-82; 1985/86; 1986/87; y especiales, tales como los de Argentina (1980), Chile (1985) y Guatemala (1985). 9 Tanto la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establecen jurisdicción universal para los delitos en cuestión (artículo 11 y artículos V y VI respectivamente). La Convención sobre Desaparición Forzada también establece en su artículo VII la no aplicación de prescripciones o, si ello es imposible, la aplicación de limitaciones correspondientes a los delitos más graves.
15 CIDH, Informe 29/92 Informe Anual 1992-1993, párr. 32. 16 Ver Informe Anual de la CIDH 1985-1986, pág. 204; CIDH Informe 28/92 (Argentina), Informe 29/92 (Uruguay) Informe de la CIDH 1992-1993; CIDH, Informe Nº 36/96, Caso 10.843 (Chile), Informe Anual de la CIDH 1996, párr. 49; Informe 1/99, caso 10.480 (El Salvador) Informe Anual de la CIDH 1998, párr. 107.
20 The Administration of Justice and the Human Rights of Detainees "Question of the Impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political)" (E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1). Este informe fue preparado por Louis Joinet, conforme
a la resolución 1996/119 de la Sub-Comisión sobre Prevención de Discriminación
y Protección de Minorías, de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización
22 Informe Nº 25/98 relativo a los casos 11.505, Alfonso René Chanfeau Orayce; 11.532,
Agustín Eduardo Reyes González; 11.541, Jorge Elías Andrónico Antequera
hermano Juan Carlos y Luis Francisco González Manríquez; 11.546, William Robert
Millar Sanhueza y Jorge Rogelio Marín Rossel; 11.549, Luis Armando Arias
José Delimiro Fierro Morales, Mario Alejandro Valdés Chávez, Jorge Enrique
Vásquez Escobar y Jaime Pascual Arias Ramírez; 11.569, Juan Carlos Perelman
Díaz Armijo; 11.572, Luis Alberto Sánchez Mejías; 11.573, Francisco Eduardo
Aedo Carrasco; 11.583, Carlos Eduardo Guerrero Gutiérrez; 11.585, Máximo
Gedda Ortiz; 11.595, Joel Huaiquiñir Benavides; 11.652, Guillermo González
de Asís; 11.657, Lumy Videla Moya; 11.675, Eulogio del Carmen Ortiz Fritz
Monsalve;
y 11.705, Mauricio Eduardo Jorquera Encina. Véase Informe Anual de la CIDH
1997, OEA/Ser.L/V/II.98, doc. 6, rev., del 13 de abril de 1998, pp. 520-559.
Informe Anual de la CIDH, 1996, Informe Nº 36/96 y 34/96 de Chile, pp. 162-240. Véase también a este respecto el Caso Griego, en Yearbook of the European Convention
on Human Rights, 1969, Martinus Nijhoff, La Haya, 1972.
31 "La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar" el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos." Corte I.D.H.,Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4 (1988), párr. 166, Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5 (1989), párr. 175. 32 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Idem., párr. 174, Caso Godínez Cruz, Idem., párr. 184.
37 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 166. 38 Idem., párr. 174. Véase también Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, supra nota 70, párr. 184.
48 Véase Cuarto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile OEA/Ser.L/V/II.66 doc. 17, 1985; Conclusiones pág. 313. 49 Para los Estados miembros de la Organización que no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración es el texto que determina cuáles son los derechos humanos a que se refiere la Carta. Es decir, para estos Estados la Declaración Americana constituye, en lo pertinente y en relación con la Carta de la Organización, una fuente de obligaciones internacionales. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva Nº 10, párrafo 45, pagina 25. 50 Informe Anual de la CIDH, año 1972, página 26.
59 Corte IDH, caso Castillo Páez, Sentencia del 3 de noviembre de 1997, Serie C, No. 34, párr. 90. 60 Corte IDH, caso Castillo Páez, Reparaciones, sentencia del 27 de noviembre de 1998, Serie C, No. 43, párr. 105. 61 Ibid, párr. 106.
62 Ibid, párr. 107. 63 Ibid. En la decisión concurrente separada de los jueces Cançado Trindade y Abreu
Burelli esto se declara en forma más explícita. Los jueces, en el párrafo
3, declaran
que "los Estados tienen la obligación de eliminar las medidas (que constituyen obstáculo para la realización de los derechos humanos), en conformidad con la otra obligación general de ajustar su legislación interna a las normas internacionales".
64 Ver, entre otros, Sharon A. Williams, "The prosecution of war criminals in Canada" en Timothy L.H. MacCormack & Gerry J Simpson (eds.), THE LAW OF WAR CRIMES: NATIONAL AND INTERNATIONAL APPROACHES, Kluwer Law International, The Hague,
1997, págs.156 y ss.