Source: http://escobarenpeligro.fullblog.com.ar/los-ciudadanos-de-escobar-se-defienden.html
Timestamp: 2018-12-09 19:42:43
Document Index: 57916039

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 21', 'artículo 75', 'artículo 2', 'artículo 59', 'Artículo 41']

LOS CIUDADANOS DE ESCOBAR SE DEFIENDEN ...
« PEDIMOS ADHESIONES!!!!!
ACTORES: REBASA, VIVIANA RAQUEL DNI: 92.443.700; FERRECCIO, ENRIQUE CARLOS DNI: 8.037.105; CERCHIARI, FLAVIO DNI: 27.074.900; IGLESIAS, ELSA DNI: 1.677.133; YACUZZI, DIANA LUZ DNI 21.143.113; GAMBETTA, OSVALDO RUBEN DNI: 10.892.68; HOLTZ, AÌDA CAROLINA, DNI: 4792654; NAZARRE, MARÍA INÉS DNI: 10.163.336; ZAFFIRIO SILVIA, DNI: 10.306.894; SPERDUTI, PABLO DNI: 22.249.569.
ACCION DE AMPARO - SOLICITA MEDIDA DE NO INNOVAR
REBASA, VIVIANA RAQUEL; FERRECCIO, ENRIQUE CARLOS; CERCHIARI, FLAVIO; IGLESIAS, ELSA; YACUZZI, DIANA LUZ; GAMBETTA, OSVALDO RUBEN; HOLTZ, AÍDA CAROLINA; NAZARRE, MARÍA INÉS; ZAFFIRIO SILVIA; SPERDUTI, PABLO por derecho propio, con domicilio real en el Municipio de Escobar, Provincia de Buenos Aires, junto a nuestro letrado patrocinante Dr. Rodolfo Vázquez, abogado Tº XLIII, Fº 367, C.A.S.I., CUIT Nº 23-10.454.310-3, IVA Responsable Inscripto, con domicilio legal constituído en French Nº 222 Casillero Nº……….Campana, Provincia de Buenos Aires, respetuosamente ante V.S. nos presentamos y decimos:
Esta terminal estará localizada en Escobar, a 48 kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires. Se prevé que la terminal, conocida como "Escobar LNG", estará operativa el 25 de mayo del 2011 y tendrá la capacidad para enviar hasta 500 millones de pies cúbicos por día a la red argentina, con el peligro de daño contra la vida de la población civil del Municipio de Escobar en caso de siniestro.
A consecuencia de todo lo expuesto, en la Ley Provincial Nº 11.723 (art. 38: "Las sentencias que dicten los tribunales en virtud de lo preceptuado por este Capítulo, no harán cosa juzgada en los casos en que la decisión desfavorable al accionante, lo sea por falta de prueba"); y luego en la Ley General de Medio Ambiente Nº 25.675, sus artículos establecieron los efectos erga omnes de la sentencia en materia ambiental. En cuanto a la última ley mencionada, en su art. 33 se dispone que "la sentencia hará cosa juzgada y tendrá efectos erga omnes, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque fuere parcialmente, por cuestiones probatorias".
En materia de legitimación activa la jurisprudencia argentina ya sostenía antes de la reforma constitucional de 1994 que "en el campo de los intereses difusos es evidente que no es sólo la cosa pública la que aparece directamente dañada sino que es el conjunto de los habitantes de una manera personal y directa la víctima respecto de la cual el derecho objetivo tiene necesariamente que acordar un esquema de protección dando legitimación para obrar al grupo o individuo que alegue su representación sin necesidad de norma específica al respecto" (CNCivil, Sala K, "Cartañá, Antonio y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", fallo del 28/2/91).
"Será menester dejar de lado -destacó un fallo de este Tribunal votado por el doctor Schiffrin- el concepto iusprivatista individualista del daño resarcible dejando paso a una tendencia nueva pública, colectiva de tipo preventiva y represiva, donde se busque no tanto la reparación personal del lesionado, sino la paralización de los efectos dañosos. Uno de los medios para resolver la cuestión está en la dilatación de la legitimación de las personas afectadas para consagrar una expansividad horizontal, con fundamento en la protección de intereses legítimos o humanos que envuelven a una colmena de perjudicados" (CFed. La Plata, Sala III, "Giménez Domingo y otra c/ Estado Nacional, Ejército Argentino", fallo del 8/8/88).
A partir del año 1994 con la incorporación en la Carta Magna de los denominados "derechos humanos de tercera generación o de incidencia colectiva" se reconoce directamente la legitimación para interponer acción de amparo en causas concernientes al medio ambiente tanto al afectado como al defensor del pueblo y a las asociaciones que propendan a esos fines registradas conforme a la ley. En particular, el vocablo "afectado" no puede ser interpretado sino de manera de permitir que todo aquel sujeto de derecho, se trate de persona física o jurídica, que sienta vulnerado, en forma directa o refleja, un interés colectivo, pueda lograr una efectiva y concreta protección de su porción subjetiva del interés común (arts. 41 y 43 Constitución Nacional), como en el presente caso, quedarían legitimados para accionar todos los habitantes que colindan con la cuenca internacional del Río de la Plata.
En primer lugar, cabe resaltar que las obras, titulada "Proyecto de regasificación de GNL e inyección de gas natural de la Provincia de Buenos Aires", se ha desarrollado hasta el momento en el marco de la más absoluta falta de información y a espaldas de la población civil que colinda con la cuenca del Río de la Plata y sobre todo de la comunidad del Municipio de Escobar, pero en connivencia de funcionarios del Estado Municipal, Provincial y Nacional.
Así, el Honorable Consejo Deliberante de Escobar, el día 14 de julio del 2010, aprobó la instalación del puerto mencionado en un trámite expeditivo, sancionando afirmativamente y por unanimidad, un proyecto de Ordenanza enviado por el Ejecutivo Municipal. Llamativamente, al mismo tiempo que el Consejo Deliberativo aprobaba dicha normativa, en el Teatro Seminari se desarrolló la audiencia pública por la construcción del emprendimiento "Ciudad del Lago", evento que concitó la atención de los vecinos informados y las entidades ambientalistas, ambas aprobaciones tiene justamente un efecto acumulativo en perjuicio del ambiente y las personas.
Según se sabe, la ordenanza aprobada modificó la afectación de terrenos que estaban destinados a actividades recreativas y de uso público, creando el "Programa Mixto de Promoción de Áreas Productivas Portuarias y Fortalecimiento de los Espacios Públicos de la Costa", que tramita por expediente Nº 13.507/10.
Según consta en la nota "Aprobaron la instalación del puerto del Paraná", publicada en el periódico local "Escobar News" en su edición del 14 de julio, el Intendente Municipal Sr. SANDRO GUZMÁN había tomado el compromiso de colocar el proyecto a disposición de la prensa para permitir un sano debate del proyecto. Nada de eso ocurrió. Cuando en realidad debido a exigencias legales, art.18 ley 11723, se debería haber convocado a Audiencia Pública para la evaluación del impacto ambiental del proyecto del puerto, entre otras medidas legales.
De acuerdo a información detallada en el periódico local "El Día de Escobar" se conoce que la intención es montar una planta o un buque regasificador, con capacidad para inyectar al sistema de TGN (transportadora que atiende la zona norte y centro del país) ocho millones de metros cúbicos por día, cerca del 6 % del consumo de la Argentina, en una sociedad entre YPF -controlada por la española Repsol y gerenciada por la familia Eskenazi- y la estatal ENARSA (el brazo ejecutor del Gobierno en materia energética).
Según la investigación publicada por el periódico local Escobar News la intención es la de construir un puerto de aguas profundas. Sin embargo el proyecto titulado, "Proyecto de Regasificación de GNL e inyección de gas natural de la provincia de Buenos Aires", tendrá como único y exclusivo fin el de la regasificación del gas licuado, para su transporte por gasoducto hasta la vecina localidad de Los Cardales, partido de Exaltación de la Cruz, donde se conectaría con el gasoducto del norte.
Sin embargo, cuando el gas se enfría hasta la temperatura de -161°C, se torna líquido, reduciéndose su tamaño 600 veces. Vale decir que el GNL (gas natural líquido) ocupa 600 veces menos espacio que el que ocupa en estado gaseoso. Ello explica porqué es rentable trasladarlo en buques gasíferos (Cfr. Pertuz, David (2008): "Transporte y manejo de gas natural licuado (GNL) ¿Cuáles son los riesgos a la salud, seguridad y el medio ambiente?", artículo presentado en "2008 International Oil Spill Conference; PETROTECNIA. Revista del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (octubre de 2009): "El Gas natural licuado y la actualidad de su industria"; y "El gas natural licuado", publicación de la Asociación de Distribuidores de Gas Natural, Chile).
Cada fase demanda una inversión de capital muy significativa: la mayor parte de los cálculos supone que financiar el proceso de principio a fin demanda entre 4 y 8 mil millones de dólares ((Cfr. Pertuz, David (2008): "Transporte y manejo de gas natural licuado (GNL) ¿Cuáles son los riesgos a la salud, seguridad y el medio ambiente?", artículo presentado en "2008 International Oil Spill Conference).
Para poder proteger de la mejor manera a las personas el criterio aceptado universalmente es el de elegir el "Peor Escenario" con un fin conservador al momento de preservar vidas humanas.
"Un incendio de un depósito de GNL es intenso, quema con mucha más intensidad y rapidez que los incendios de petróleo o gasolina. No puede ser extinguido, su radiación térmica puede dañar a las personas y propiedades a una distancia considerable del propio fuego."- Informe de CRS para el Congreso, 28 de enero 2004.
"Si cerca de 11 millones de litros de GNL se derraman en el agua de un buque cisterna de GNL, los vapores inflamables desprendidos pueden viajar hasta 5 kilómetros." Profesor Jerry Havens, 16 de agosto 2005 Portland (Oregón) - Centro de Conferencias Billy Frank.
Basten sólo dos casos reales para ejemplificar lo que estamos argumentando. En noviembre de 2002, en la costa sudeste de Hong Kong, el buque gasero "Gaz Poem" sufrió un siniestro en su sala de máquinas. Las autoridades nacionales debieron evacuar toda embarcación en un radio de 30 km. Según recogió la agencia internacional de noticias REUTERS, el oficial a cargo del caso declaró: "si el fuego se mantiene, no puede ser extinguido y llega a donde se encuentra la carga, se produciría una explosión de enorme magnitud" (CITA). El buque transportaba 20 mil toneladas de gas licuado y el siniestro fue solucionado en alta mar, a casi 40 km de la costa, donde el buque debió dirigirse para evitar que la explosión afectase el territorio.
A nivel mundial, ciertos factores han motorizado un vuelco paulatino hacia la utilización del gas licuado. Entre ellos se cuentan (i) el incremento de los precios internacionales del gas y (ii) la disminución del costo de transporte y distribución por los avances tecnológicos. América del Sur no ha permanecido ajena a esta tendencia y la construcción de plantas de regasificación ha comenzado o está proyectada en varios países (Cfr. Medinaceli Monrroy, Mauricio (2009): "El Mercado de Gas Natural Licuado (GNL) en América del Sur: una aproximación preliminar", OLADE).
La terminal de GNL requeriría diariamente de la extracción, la desinfección y posteriormente la descarga de 500 a 1,000 millones de litros de agua clorada de ser esta la tecnología utilizada para subir la temperatura del gas licuado a ・163ºC y llevarlo a la temperatura ambiente.
Cerca del proyecto se encuentra la Reserva Natural Otamendi, en consecuencia, comprenderá V.S. y no hace falta extenderse sobre la importancia estratégica y ecológica de las 3 mil hectáreas que componen la reserva. Basta apuntar que ha sido el primer sitio en ser declarado "Sitio de Importancia para la Conservación de las Aves" en nuestro país, y fue designado como "sitio Ramsar", así llamado por la ciudad iraní en la que se firmó la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional…" en 1971. Además de la Reserva Ottamendi se encuentran en la zona otras de menor tamaño, sin embargo de igual características en cuanto a la diversidad biológica y por supuesto el Delta del Paraná.
Como expresara con absoluta claridad Kenton Miller, Presidente emérito de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): "conservar los espacios protegidos no es un lujo sino una necesidad".
Entre otras razones, en la medida que el Estado es la conjunción de territorio y pueblo, no puede sino concluirse que es éste el titular del dominio público, aún cuando sean sus representantes quienes lo administren. Sobre la base de esta teoría, sólo son bienes de dominio público los afectados al uso directo de la colectividad, a diferencia de los bienes patrimoniales del Estado afectados al uso indirecto, sobre los cuales es el Estado quien posee un derecho subjetivo (Marienhoff Miguel S, "Tratado de derecho administrativo- Tomo V", Ed. Lexis Nexis, 4º edición, página 73/74).
Con este objeto, en lo referente a las obras realizadas por la parte demandada, se advierte a V.S. la omisión en que incurren las Autoridades Nacionales con respecto a una serie de mecanismos de informes, notificación y negociación, por ejemplo, con la República Oriental del Uruguay, que se encaminan de una u otra forma a la utilización racional de la Cuenca del Plata, prescriptos en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, Ley 20.645, Buenos Aires, 31/01/1974, B.O. 18/02/1974; el art. 17 de dicha Ley Internacional dice: "La Parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras, deberá comunicarlo a la Comisión Administradora, la cual determinará sumariamente y en un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible al interés de la navegación de la otra Parte o al régimen del Río.
En la notificación deberán figurar los aspectos esenciales de la obra y, si fuere el caso, el modo de su operación y los demás datos técnicos que permitan a la Parte notificada hacer una evaluación del efecto probable que la obra ocasionará a la navegación o al régimen del Río".
Su art. 18 afirma: "La Parte notificada dispondrá de un plazo de ciento ochenta días para expedirse sobre el proyecto, a partir del día en que su Delegación ante la Comisión Administradora haya recibido la notificación.
Este plazo podrá ser prorrogado prudencialmente por la Comisión Administradora si la Complejidad del Proyecto así lo requiriese".
El art.19 indica: "Si la Parte notificada no opusiera objeciones o no contestara dentro del plazo establecido en el artículo 18, la otra Parte podrá realizar o autorizar la realización de la obra proyectada.
La Parte notificada tendrá, asimismo, derecho a optar por participar en igualdad de condiciones en la realización de la obra, en cuyo caso deberá comunicarlo a la otra Parte, por intermedio de la Comisión Administradora, dentro del mismo plazo a que se alude en el párrafo primero".
Art. 20 "La Parte notificada tendrá derecho a inspeccionar las obras que se estén ejecutando para comprobar si se ajustan al proyecto presentado".
Art. 21 "Si la Parte notificada llegare a la conclusión de que la ejecución de la obra o el programa de operación puede producir perjuicio sensible a la navegación o al régimen del Río, lo comunicará a la otra Parte por intermedio de la Comisión Administradora, dentro del plazo de ciento ochenta días fijados en el artículo 18.
La comunicación deberá precisar cuáles aspectos de la obra o del programa de operación podrán causar un perjuicio sensible a la navegación o al régimen del Río, las razones técnicas que permitan llegar a esa conclusión y las modificaciones que sugiera al proyecto o al programa de operación".
Art. 22 "Si las Partes no llegaran a un acuerdo dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la comunicación a que se refiere el artículo 21, se observará el procedimiento indicado en la Parte Cuarta (Solución de Controversias)".
El Capitulo VII Lecho y subsuelo (artículos 41 al 43) Art. 42 "Las instalaciones u otras obras necesarias para la exploración o explotación de los recursos del lecho y del subsuelo no podrán interferir la navegación en el río en los pasajes o canales utilizados normalmente".
CAPITULO IX Contaminación (artículos 47 al 52) Art. 47 "A los efectos del presente Tratado se entiende por contaminación la introducción directa o indirecta, por el hombre, en el medio acuático, de sustancias o energía de las que resulten efectos nocivos".
Art. 48 "Cada Parte se obliga a proteger y preservar el medio acuático y, en particular, a prevenir su contaminación, dictando las normas y adoptando las medidas apropiadas, de conformidad a los convenios internacionales aplicables y con adecuación, en lo pertinente, a las pautas y recomendaciones de los organismos técnicos internacionales."
El primer convenio es la "Declaración de Montevideo sobre Usos Agrícolas y Ganaderos de los Ríos Internacionales" de 1933, aprobada por catorce países centro y sudamericanos durante la Séptima Conferencia Inter-Americana reunida aquél año en la capital del país vecino.-
Con ella es necesario tener en cuenta la "Carta de Punta del Este" de 1961, el "Tratado de Límites del Río Uruguay" del mismo año; el "Acta de Santa Cruz de la Sierra" de 1968 (cuyo principal objetivo es preservar para las generaciones futuras el acceso a bienes y recursos naturales); el "Tratado de la Cuenca del Plata" de 1969, donde los Gobiernos de las Repúblicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, representados en la I Reunión Extraordinaria de Cancilleres de los Países de la Cuenca del Plata, realizada en Brasilia, el 22 y 23 de abril de 1969, DECIDIERON suscribir el presente Tratado para afianzar la institucionalización del Sistema de la Cuenca del Plata; donde, el Comité Intergubernamental Coordinador es reconocido como el órgano permanente de la Cuenca, encargado de promover, coordinar y seguir la marcha de las acciones multinacionales que tengan por objeto el desarrollo integrado de la Cuenca del Plata, y de la asistencia técnica y financiera que organice con el apoyo de los organismos internacionales que estime conveniente, y ejecutar las decisiones que adopten los Ministros de Relaciones Exteriores; la "Declaración Argentino-Uruguaya sobre el Recurso Agua" de 1971; la "Declaración de Asunción sobre la Utilización de Ríos Internacionales" de 1971; la "Declaración de Estocolmo" de 1972 sobre el Ambiente Humano; el "Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo" de 1973; el propio "Estatuto del Río Uruguay" de 1975; el "Acuerdo sobre las Normas Aplicables al Control de la Calidad de las Aguas del Río Uruguay" de 1977; el "Digesto de 1986 sobre el uso y aprovechamiento del Río Uruguay"; el "Convenio de Cooperación para Prevenir y Luchar contra Incidentes de Contaminación del Medio Acuático Producido por Hidrocarburos y Sustancias Perjudiciales" de 1987 vinculante para Argentina y Uruguay; el "Acuerdo sobre Evaluación y Control de los Recursos Ictícolas y de la Calidad de las Aguas del Río Paraná" de 1989, el "Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná" de 1992 y sus seis Protocolos Adicionales; la "Declaración de Río de Janeiro" de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo; las "Directrices Básicas del MERCOSUR" en materia de política ambiental de 1992 y el "Acuerdo Marco del Medio Ambiente para los Estados miembro del MERCOSUR de 2001.
En base a esta historia en común, no dudamos en afirmar que el mismo compone un sólido "Corpus Iuris Aquarum Ambientalis" de naturaleza consuetudinaria y vinculante, cuyo núcleo central esta integrado por principios, obligaciones, derechos y objetivos, a saber: 1) deber de informar y notificar al país vecino. 2) Preservación, protección y conservación del agua y de los recursos naturales; 3) Derecho a la participación social en los procesos de gestión ambiental; 4) Derecho a la información ambiental; 5) Derecho a la educación ambiental; 6) Utilización racional y equitativa del agua y de los recursos naturales; 7) Derecho al desarrollo sustentable; 8) Principio de responsabilidad inter-generacional; 9) Deber de minimizar, controlar y prevenir la contaminación del agua y del ambiente; 10) Deber de recomponer los daños causados al ambiente y a los recursos hídricos; 11) Planificación y ordenamiento ambiental del territorio; 12) Responsabilidad por los daños causados al ambiente; 13) Deber de emplear el criterio de unidad de gestión de las cuencas hídricas; 14) Cooperación y relación de buena vecindad entre los ribereños; 15) Intercambio de datos e información entre los ribereños; 16) Deber de notificar y de realizar consultas previas a cualquier plan, obra, o acción concerniente a la utilización de un curso de agua internacional; 17) Deber de mantener las condiciones de navegabilidad de los ríos; 18) Principio de libertad de navegación de los ríos internacionales; 19) Responsabilidad de los Estados por todo daño o amenaza de daño al ambiente a causa de sus propias actividades o de las actividades de las personas físicas y jurídicas domiciliadas en su territorio; 20) Deber de evitar todo daño transfronterizo significativo; 21) Enfoque ecosistémico; 22) Solución pacífica de controversias; 23) Deber de observar y fortalecer todos los tratados ambientales de los cuales los Estados ribereños son parte.
Comentario aparte merece el tema de la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales. La Reforma del 94, modificó el artículo 75 inciso 22, donde se dice que "los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes." Como se detalló anteriormente.
La primer concepción, que actualmente prevalece, es la que prioriza la cuenca hídrica como una unidad. La otra es la del enfoque de ecosistema, un planteo conservacionista, que parte del Convenio de Diversidad Biológica.La Unidad de Cuenca en la gestión: Cuenca es la región geográfica delimitada por las divisorias de aguas que discurren hacia el mar a través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único y las endorreicas, según lo define la Ley Nº 25.688 en su artículo 2.
Cabe agregar que la Unión Europea, en su Directiva Marco –Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de octubre de 2000, "Por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas", reconoce la cuenca como uno de los elementos fundamentales de su política de aguas.
Este ejercicio de la función preventiva consiste en cumplimentar exigencias legales que permitan acceder al desempeño de determinadas tareas como: "dragado del lecho", "elevación de la cota", alteración de la "línea de ribera" por perfilado; que como acaece en materia minera, donde ante el inicio de cualquier actividad deberá presentarse un informe de impacto ambiental que proyecte los impactos directos e indirectos de corta o larga duración, tanto acumulativos como reversibles o irreversibles sobre el aire, el agua, suelos, flora, fauna, alteración del régimen hidráulico de los ríos por endicamiento en mas de 4,16 mts, además por supuesto de los impactos socioeconómicos, culturales, estéticos, paisajísticos (arts. 247, 248, 249, 250, 251, 253 y conc. CM) y cuya presentación es ineludible para obtener la Declaración de Impacto Ambiental para que habilite el inicio de las extracciones del río por dragado (arts. 252 y 256 CM).
Para el control de estas actividades de dragado denunciadas, concurren como responsables de la inspección y control, tanto Autoridades Internacionales como la "Comisión Mixta Argentino Uruguaya" por el Tratado del Río de la Plata; Nacionales como la "Dirección Nacional de Vías Navegables", la "Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación" y el "Instituto Nacional del Agua y el Ambiente"; Provinciales como el "Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible" OPDS, la "Dirección de Hidráulica de la Provincia" y finalmente Autoridades del Municipio de Escobar.
Que conforme lo establecido en el art. 6 Ley Nacional 24.585 "no se podrá iniciar ningunas de las actividades indicadas en el art. 4 sin la previa presentación, por parte del interesado y ante la Autoridad de Aplicación del Informe de Impacto Ambiental Minero".
El art. 13 del mismo Decreto establece: "A partir de la obtención de la Declaratoria de Impacto Ambiental y cada 2 (dos) años el beneficiario deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación un informe de actualización del Informe del Impacto Ambiental Originario".
En el caso particular de extracción de tierras, arenas, piedras etc. la Dirección Provincial de Minería establece varios requisitos: primero estar inscripto en el Registro de los Productores Mineros de la Provincia de Buenos Aires. Además de cumplir con las Disposición Nº 068/99. También, tener el Certificado del Municipio asiento de la explotación donde conste que no existe impedimento legal alguno en cuanto a establecer dicho emprendimiento dentro de la zona solicitada como manda la Disposición Nº 75/03. Otro requisito es presentar el plano de la bodega de la embarcación o draga indicando su capacidad firmada por un profesional. Además, como otro requisito se debe presentar el Certificado de Libre Deuda de Canon expedido por CONIDELTA.En consecuencia la solicitud de la Declaración de la DNVN, el Informe de Impacto Ambiental, la Libre Deuda expedida por el CONIDELTA, la Declaratoria del Estudio de Impacto Ambiental del OPDS Res. 29/09 muestran como elementos de la jurisdicción Nacional, Provincial y Municipal convergen en esta actividad; todos estos trámites legales, obligatorios y elementales deben ser informados a la Comisión Mixta Argentino Uruguaya, para su observación o a los demás organismos conforme los Tratados Internacionales, detallados en IV.-.
La Ley Nº 18.398 que rige a la Prefectura Naval Argentina prescribe en el art. 4 : "La Prefectura Naval Argentina actúa con carácter exclusivo y excluyente en: a) Mares, ríos, lagos, canales y demás aguas navegables de la Nación que sirvan al tránsito y comercio interjurisdiccional, y en los puertos sometidos a jurisdicción nacional". Art. 5 "En concordancia con lo dispuesto en el articulo 26, incisos 23 y 24 de la Ley 18.416, corresponde a la Prefectura Naval Argentina. Actuar a) Como policía de seguridad de la navegación: 1. Intervenir en todo lo relativo a la navegación haciendo cumplir las leyes que la rigen. 2. Dictar las ordenanzas relacionadas con las leyes que rigen la navegación y proponer las que establezcan las faltas o contravenciones marítimas y fluviales y sus sanciones, siendo su autoridad de aplicación. 3. Ser órgano de aplicación en el orden técnico de los convenios internacionales sobre seguridad de la navegación y de los bienes y de la vida humana en el mar…"
La Ley 20094 de Navegación en su art. 8 detalla sobre los Bienes públicos y dice: "Las aguas navegables de la Nación que sirvan al tráfico y tránsito interjurisdiccional por agua, los puertos y cualesquiera otras obras públicas construidas o consagradas a esa finalidad, son bienes públicos destinados a la navegación y sujetos a la jurisdicción nacional."
Delimita los bienes públicos en el art. 9. "La delimitación de los bienes públicos destinados a la navegación se hará por el Estado nacional, con intervención de la provincia respectiva, cuando correspondiere".
El art. 10 dice: "El uso exclusivo de los bienes públicos destinados a la navegación, o de zonas determinadas de los mismos, es otorgado por la autoridad nacional o provincial competentes, según el caso, con intervención de los organismos públicos interesados. Cuando a juicio de éstos, el uso exclusivo otorgado constituya un obstáculo o inconveniente para la libre circulación de las riberas o zonas portuarias, afecte a la navegación o al régimen hidráulico del río, lago, canal o playa, el acto administrativo debe ser confirmado por el Poder Ejecutivo Nacional." En relación a la innovación en la forma de uso el art. 11 afirma: "Cualquier innovación en el uso público o privado de los bienes públicos destinados a la navegación, debe ser autorizada por el organismo competente, en los términos del artículo precedente."
Art. 12: "En caso de ocupación o de uso indebidos de los bienes públicos destinados a la navegación, o contrarios a las normas o requisitos que condicionaron el uso exclusivo otorgado, o cuando en esos lugares se efectúen obras no autorizadas por organismos competentes, la autoridad marítima debe intimar la desocupación de la zona afectada, hacer cesar de inmediato el uso indebido, o disponer la paralización de las obras en infracción, según corresponda. Todo ello, sin perjuicio de las acciones o recursos que podrán ejercer los organismos públicos o los particulares interesados".
Las facultades de la autoridad marítima el art. 13 prescribe: "Cuando en los casos del artículo anterior, las órdenes impartidas no se cumplan, la autoridad marítima, si razones de interés para la navegación lo justifican, podrá proveer de oficio la desocupación o demolición correspondiente, con cargo a los responsables, y sin perjuicio de las acciones o recursos que pudieran ejercer las entidades oficiales o los particulares interesados".
Con respecto a las innovaciones en las márgenes el art. 14 expresa: "Quedan comprendidas en las prescripciones de los artículos precedentes, las innovaciones que se efectúen en las márgenes de los ríos o canales navegables, hasta una distancia de treinta y cinco (35) metros a contar de la respectiva orilla, distancia que puede ser reducida en zonas cuyas características así lo justifiquen."
Por la extracción de arena y cosas similares el art. 15 indica: "La extracción de arena, piedra, juncos y cosas similares, se regirá igualmente por las normas de los artículos precedentes."
Art. 2615 Código Civil, "El propietario de un fundo no puede hacer excavaciones ni abrir fosos en su terreno que puedan causar la ruina de los edificios o plantaciones existentes en el fundo vecino, o de producir desmoronamientos de tierra."
Art. 2625 C.C. "Aun separados de las paredes medianeras o divisorias, nadie puede tener en su casa depósitos de aguas estancadas, que puedan ocasionar exhalaciones infestantes, o infiltraciones nocivas, ni hacer trabajos que transmitan a las casas vecinas gases fétidos, o perniciosos, que no resulten de las necesidades o usos ordinarios; ni fraguas, ni máquinas que lancen humo excesivo a las propiedades vecinas."
Art. 2637 C.C. "Las aguas que surgen en los terrenos de particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas y cambiar su dirección natural. El hecho de correr por los terrenos inferiores no da a los dueños de éstos derecho alguno. Cuando constituyen curso de agua por cauces naturales pertenecen al dominio público y no pueden ser alterados."
Art. 2642 C. C. "Es prohibido a los ribereños sin concesión especial de la autoridad competente, mudar el curso natural de las aguas, cavar el lecho de ellas, o sacarlas de cualquier modo y en cualquier volumen para sus terrenos."
Art. 2647 C.C. "Los terrenos inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente descienden de los terrenos superiores, sin que para eso hubiese contribuido el trabajo del hombre."
Art. 2643 C.C. "Si las aguas de los ríos se estancasen, corriesen más lentas o impetuosas, o torciesen su curso natural, los ribereños a quienes tales alteraciones perjudiquen, podrán remover los obstáculos, construir obras defensivas, o reparar las destruidas, con el fin de que las aguas se restituyan a su estado anterior."
Art. 2644 C.C. "Si tales alteraciones fueren motivadas por caso fortuito, o fuerza mayor, corresponden al Estado o provincia los gastos necesarios para volver las aguas a su estado anterior. Si fueren motivadas por culpa de alguno de los ribereños, que hiciese obra perjudicial, o destruyese las obras defensivas, los gastos serán pagados por él, a más de la indemnización del daño."
La Ley Prov. 6253/60, en su Art. 2° señala: "créanse Zonas de conservación de los desagües naturales que tendrán un ancho mínimo de 50 mts a cada lado de los ríos...En caso de desborde por crecidas extraordinarias, esta zona se extenderá hasta el límite de las mismas".
En su Art. 3° dice: "Prohíbese dentro de la zona a que se refiere el artículo anterior variar el uso de la tierra, sólo se permitirá ejecutar obras y accesiones que sean necesarias para su actual destino explotación.
El Poder Ejecutivo estimulará el desarrollo de forestación- con especies aptas para la región que contribuyan a crear una defensa para la conservación del suelo protección contra las avenidas u otros fines similares o la creación del paisaje rural.-"
En su Art. 4° ordena: "Cuando los planes reguladores establecieran la necesidad imprescindible de levantar la restricción en algún lugar de la zona de conservación de los desagües naturales, deberá previamente efectuarse a criterio del Poder Ejecutivo las obras necesarias para asegurar las condiciones de seguridad y sanidad".
En su Art. 5° estipula: "Prohíbese efectuar toda clase de construcciones a nivel inferior al de las máximas inundaciones en las zonas de conservación de los desagües naturales, donde total o parcialmente se halla dividido la tierra en lotes urbanos y hasta tanto se habiliten obras que aseguren mínimas condiciones de seguridad y sanidad."
El Art. 6° afirma: "El Poder Ejecutivo determinará las "Zonas de conservación de desagües naturales" y solicitará a las Municipalidades que establezcan las cotas mínimas de las construcciones a que se refiere el artículo anterior"
Su Decreto Reglamentario 11.368/61 en su Art. 1° sostiene que "arroyo o canal es todo curso de agua cuya cuenca tributaria supere las 4.500 hectáreas".
En su Art. 2° señala: "Cuando de la subdivisión de un inmueble resulten parcelas cuya superficie supere las diez hectáreas no será necesario prever, en estas, la "Zona de conservación de los desagües naturales", debiéndose dejar expresa constancia en los planos definitivos, que no se podrá levantar edificación estable en una franja de 100 mts. de ancho, como mínimo, hacia ambos lados del borde superior del cauce ordinario del arroyo, canal, río o laguna".
En su Art. 3° prescribe: "En los casos previstos en el Art. 4° de la Ley 6.253, los interesados deberán, presentar además de la documentación común, dos copias de la subdivisión proyectada en la que conste la certificación de que la misma se ajusta a lo establecido en el "Plan Regulador" del municipio respectivo."
"Cuando sea necesario la ejecución de obras, a efectos de asegurar las condiciones de seguridad y sanidad, deberá someterse el proyecto respectivo a consideración del Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Hidráulica).
En su Art. 4° señala: "A efectos de cumplimentar lo establecido en los Artículos 5° y 6° de la Ley 6253, el Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Hidráulica) colaborará con los municipios respectivos en la fijación de las cotas mínimas de los pisos de las construcciones permanentes. Las obras de sustentación no podrán construir un obstáculo al libre escurrimiento de las aguas".
En las Secciones de las islas del Delta del Río Paraná no se establecerán "Zonas de Conservación de desagües naturales".
En su Art. 5° ordena: "En los ríos, arroyos, canales y lagunas, cuando la zona de conservación de los desagües naturales, determinada por desbordes extraordinarios, supere los 100 mts de ancho, podrá reducirse dicha zona a esta última magnitud, contada a partir del borde superior del curso ordinario, siempre que se efectúen obras de relleno aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Hidráulica)"
En ese mismo artículo señala que deberán presentar, además de la documentación común, dos copias de la subdivisión proyectada en la que conste la certificación de que la misma se ajusta a lo establecido en el "Plan Regulador" del municipio respectivo.
En el art. 4° de la reglamentaria dispone al ejecutivo provincial para "colaborar" con los municipios en la fijación de las cotas mínimas de los pisos de las construcciones permanentes, pero la responsabilidad primaria sigue siendo municipal.
Veamos qué referencias a éstos hace la Ley, en su enunciación originaria, en su art 4° señala: "Cuando los planes reguladores establecieran la necesidad imprescindible de levantar la restricción en algún lugar de la zona de conservación de los desagües naturales, deberá previamente efectuarse a criterio del Poder Ejecutivo … "
Esta referencia a los "Planes Reguladores" indica que la iniciativa la tienen los municipios; y sólo para la disposición de criterios de obras que previamente hubieran sido consideradas de "necesidad imprescindible" por los municipios en sus "planes reguladores"… Vuelven entonces a delegar las responsabilidades primarias en los municipios.
El Art. 6° señala: "El Poder Ejecutivo solicitará a las Municipalidades que establezcan las cotas mínimas de las construcciones a que se refiere el artículo anterior"Las cotas mínimas de construcción se determinan, merced a testimonios vecinales, es determinar el nivel mínimo que las preserve de las máximas inundaciones.
Este nivel mínimo se determina "merced a los testimonios vecinales" es por mi marcado. Porque de hecho son los vecinos los que impugnarán las demarcaciones (así lo apunta el art. 20 del código de aguas), siendo sus testimonios, vinculantes.
Tan claro es esto "lo sustancial", que cuando en 1983 se vuelve a tocar el tema en el Art 59 de la 10128/83, modificatoria de 13 artículos de la 8912/77, vuelven a dejar sentado el criterio de esa línea virtual, 50 metros más allá de la línea de ribera de creciente máxima.
El artículo 59 de la Ley 10128/83, convalidado por el Art. 4° de la Disposición 984/00 del MOSPBA y refrendado por el Decreto 37/03 del Gobernador, señala que "…en oportunidad de crear o ampliar un "núcleo urbano" se deberá ceder gratuitamente al Fisco una franja de 50 metros a contar desde la línea de ribera de creciente máxima, adicionalmente, arbolada y parquizada". "A los efectos de este artículo la zona del delta del Paraná se regirá por normas específicas."Esta Ley, volvió a retomar lo acordado en la Ley 6253/60; que luego al reglamentarse en el decreto 11.368/61, perdió su sustancia que fue licuada. 27 años después volvieron a poner esta sustancia en su lugar; guardando correspondencia con toda la legislación comparada de países civilizados.
La Ley provincial 11723, acompañando al Artículo 41 de la Carta Magna, en su Capítulo I señala en su art. 3°: "Los habitantes de la Provincia tienen los siguientes deberes: Inc. a) Proteger y conservar y mejorar el medio ambiente y sus elementos constitutivos, efectuando las acciones necesarias a tal fin. Inc. b) Abstenerse de realizar acciones u obras que pudieran tener como consecuencia la degradación del ambiente de la Provincia de Buenos Aires".Art. 5°, inc. a) respecto del mantenimiento de los biomas; inc. b) evaluación de impacto ambiental previa; inc. d) planificación del crecimiento urbano… según la situación socioeconómica de cada región"
Art. 7°, "…obligación de tener en cuenta: inc. a) naturaleza de los biomas; inc. c) alteraciones por efecto de los asentamientos humanos o alteraciones por fenómenos naturales…"Art. 8°, "… las prescripciones del Art. 7° que serán aplicables: 1. b) en la fundación de nuevos centros de población y determinación de usos, destinos, localización y regulación de los mismos."Art. 9°; "…de la protección de áreas naturales para proteger flora y fauna autóctona…"Arts. 10°; 11°; 14° y 23°, inc. a; del impacto ambiental y obligación de sus informes y evaluaciones; nunca presentados; también determinadas en el Anexo II, inc. 2. a;
Ley 25688/02 de Presupuestos mínimos sobre el Régimen ambiental de aguas. Art. 5° "Se entiende por utilización de las aguas a los efectos de esta ley: a) La toma y desviación de aguas superficiales; b) El estancamiento, modificación en el flujo o la profundización de las aguas superficiales; c) La toma de sustancias sólidas o en disolución de aguas superficiales, siempre que tal acción afecte el estado o calidad de las aguas o su escurrimiento; d) La colocación, introducción o vertido de sustancias en aguas superficiales, siempre que tal acción afecte el estado o calidad de las aguas o su escurrimiento; e) La colocación e introducción de sustancias en aguas costeras, siempre que tales sustancias sean colocadas o introducidas desde tierra firme, o hayan sido transportadas a aguas costeras para ser depositadas en ellas, o instalaciones que en las aguas costeras hayan sido erigidas o amarradas en forma permanente; f) La colocación e introducción de sustancias en aguas subterráneas; g) La toma de aguas subterráneas, su elevación y conducción sobre tierra, así como su desviación; h) El estancamiento, la profundización y la desviación de aguas subterráneas, mediante instalaciones destinadas a tales acciones o que se presten para ellas; i) Las acciones aptas para provocar permanentemente o en una medida significativa, alteraciones de las propiedades físicas, químicas o biológicas del agua; j) Modificar artificialmente la fase atmosférica del ciclo hidrológico."Las excepciones que de la ley 6254 se desprenden para las islas del Delta del Paraná sólo apuntan a diferenciar para considerar aún mayores restricciones, pues la fragilidad de los suelos y subsuelos isleños es infinitamente mayor. Así, del art 2° de la ley 6254, que por referir a suelos y subsuelos de altísima fragilidad, prohíbe el cambio de destino parcelario congelando la parcela mínima en una (1) hectárea.
La responsabilidad de todas las evaluaciones de los EIA de estas zonas es exclusivamente de la OPDS; se demuestra en el presente, la imposibilidad de aprobar estos Informes de Impacto Ambiental, ni sus evaluaciones pues los demandados por la construcción del puerto regasificador no han realizado estudios de cateos sedimentarios, ni de hidrología URBANA, ni de humedales, ni de acuicludos, ni de acuíferos, para sostener los controles de los indicadores ambientales básicos (IAB) que tendrían que haber realizado por ley. Todos estos estudios de los indicadores ambientales básicos deben estar presentes en oportunidad de convocarse a la "Audiencia Pública", que fue omitida en el Municipio de Escobar.
Se omitió lo prescripto en ell Decreto Ley 8912/77 "Ordenamiento territorial y Uso del Suelo en la Provincia de Buenos Aires", y la Resolución OPDS Nº 29/09" y conforme el art. 41 de la CN y DL 8912/77, en el emprendimiento portuario los demandados no pueden eludir los Indicadores Ambientales Básicos (IAB), que corresponde a los funcionarios del OPDS controlar (Res 29/09) y antes, a los emprendedores presentar, para hacer posible todas las iniciativas administrativas, municipales y provinciales, incluso internacionales por el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo de 1973 ante la Comisión Mixta Argentina Uruguaya, o tratado Cuenca del Plata, para poder usar el suelo y subsuelos y transito de buques cisterna gasíferos.
2º. la cota de arranque de obra permanente (CAOP) fijada por la Municipalidad de Escobar.3º. cómo se elaboraron los cálculos hidrológicos y los testimonios vecinales que asistieron a la Municipalidad de Escobar en su obligación de establecer la cota de arranque de obra permanente,
4º. los estudios presentados a la AdA para que esta se aplicara a la determinación de línea de ribera de creciente máxima; recordando que los 4 m fijados en la Ley 6254 son de "cota mínima", que hoy cabe ajustar de acuerdo a las pautas de anegamientos máximos que nunca deberán ser menores a 5,24 m.
5º. Datos de modelación matemática para dos obranzas calculadas con recurrencias a 100 años son: el puente de la AU9 con fondo de viga en 5,60 m y las defensas del Riachuelo en 5 m. De aquí que estimar 5,24 m a 200 años resulta harto razonable.6º. Cateos Sedimentarios Previos al Proyecto (CSPP), que prueben con la firma de un sedimentólogo calificado con experiencia en esas áreas, descripción y control de procedimientos, estos inexcusables e irremplazables trabajos previos a todo proyecto. Pues no es posible proyectar rellenos sin antes evaluar los volúmenes rescatables del subsuelo, evitando, por supuesto, tocar el acuicludo salobre querandinense que liberaría los cloruros y sulfatos que contaminarían al Puelches, que como lo afirman pobladores del lugar se encuentran perforando tan profundo que sale agua salada adulterando las aguas dulces de superficie en el Paraná de las Palmas.
7º. Un "certificado libre de humedales" (CLH) del Laboratorio de Humedales, Ciencias Exactas y Naturales de la UBA que funciona en el piso 4° del Pabellón II en Núñez, con la firma de dos de sus titulares, probando que el área de sus obras ilegales y clandestinas, no está conformada por un milenario humedal de la importancia del Delta del Paraná, a la altura del Km 70 en el Paraná de las Palmas. 8º. Que presenten la documentación de la Municipalidad de Escobar, donde fue tratada la excepción extraordinaria con carácter de "imprescindible necesidad" y su correspondiente Inscripción en los Planes Reguladores de la Municipalidad de Escobar (IPRM), al igual que la forma en que la Municipalidad de Escobar propone "sanear" estas excepciones (también inscriptas en los PRM); para dar lugar al posterior estudio del proyecto por parte de la AdA,
9º. Si para "sanear" una "Excepción de Necesidad Imprescindible" (ENI), tienen que destruir un humedal y envenenar un acuífero en razón de que tienen algún privilegio: que lo exhiban. (ver art 4° ley 6253; art 3° Dec. Regl. 11368 e inc. c del art 3° ley 6254.)
10º. Se omitió la "Audiencia Pública". Este procedimiento es un verdadero Proceso Administrativo Justo en el cual quién presenta el proyecto asume el carácter de parte actora y los demandados tienen un derechos constitucional a conocer ese proyecto, la ley establece un plazo para que presenten todas las objeciones y luego se realice una "Audiencia Pública", es decir que el proceso de EIA es una demanda administrativa, la posibilidad de ejercer el derecho de defensa de los habitantes en general, una instancia de estudios documental y técnico y luego una audiencia pública, recién entonces se emite una Declaración de Impacto Ambiental, por medio de la autoridad de aplicación competente. 11º. Como el OPDS va a evaluar éste EIA, sin la Audiencia Pública Previa (art. 10 ss y cc Ley 11723). En definitiva, equivale esta declaración a una sentencia, pero no de la justicia sino del OPDS. No existiendo este Estudio Previo de Impacto Ambiental, ni valuación, entonces habrá una indefensión de quienes no pudieron ejercer el derecho de ser oídos, en el caso los actores representantes de todos los habitantes del Municipio de Escobar. No existiendo esa "sentencia administrativa" hay una vulneración de derechos constitucionales que permite acceder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque la Constitución Nacional art. 41 ordena "el derecho al ambiente sano"; y se estarían vulnerados esos derechos.
12º. Se ejecutaron las obranzas sin contar siquiera con un certificado de factibilidad que les permitiera comenzar a elaborar los proyectos (pero ninguna obranza); que luego tenían que ser sometidos a estos análisis de "excepcionalidad extraordinaria" con carácter de "necesidad imprescindible" y una vez admitidos e inscriptos estas "Excepciones de Necesidad Imprescindible (ENI) en los Planes Reguladores de la Municipalidad de Escobar (PRM) y establecida la forma en que la Municipalidad de Escobar propone "sanear" estas excepciones, enviados a la AdA para su consideración. Propuesta Municipal para Sanear Excepciones (PMSE)
Estas consideraciones están reflejadas en el art 3° del Decreto 11368, reglamentario de la Ley 6253, que solicita a los empresarios o emprendedores dos copias de la subdivisión proyectada en la que conste la certificación de que la misma se ajusta a lo establecido en el "Plan Regulador del Municipio de Tigre".(PRM)
A la administración se le debe reclamar que explique cómo hicieron en la AdA para considerar un proyecto que no estaba inscripto en la matriz de los (PRM) con todas las consideraciones de excepcionalidad (ENI), razonadas, aceptadas e indicadas las formas que se procedería a "sanear"; y tras inscriptas éstas, recién entonces despachadas a Provincia para la consideración de sus proyectos.
Y todo esta tramitación y reglamentación se debe al "ambiente" prescripto en el art. 41 CN "Todos los habitantes gozan del Derecho a un ambiente sano, equilibrado…"
Nomenclaturas de "Indicadores Ambientales Básicos":
Excepciones de "Necesidad Imprescindible" (ENI)
Una vez recibida esta documentación y después de revisar los soportes de ASC, EAAP y IAB, la Municipalidad de Escobar está en condiciones de canalizar las ENI, PMSE, CINI, CIPMSE, PARA, CCSS, CAOP, sin olvidar de citar a la "Audiencia Pública".
Si todos estos trámites previos, llegan en orden a la Administración Provincial veremos las RAFAMSS emitidas por la AdA sin necesidad de los CPyR y la DLRCM viabilizando las obligadas cesiones al Fisco; a la DPOUyT visando los cambios de destino parcelario por la Jefatura de Gabinete y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) gestionando las ECRAP, sin olvidar las OCRDA, las EAAP, los PARA, los IAB, ni las "respuestas debidas a las observaciones", que se hallan registrado en la Audiencia Pública.Es evidente la responsabilidad de los funcionarios públicos de los distintos Estados involucrados, que además es solidaria e imprescriptible (art.41/3 de la CN art.31 ley 25675 y art 6 y 22/3 de la ley 11723); y la Constitución Nacional otorga acción directa al particular contra TODA AUTORIDAD. El cuidado del ambiente y la tutela de los intereses colectivos de uso, disfrute y pertenencia pública, la deben observar todos los habitantes y las autoridades proveerán a la protección de esos derechos.
Se ha descuidado lo prescripto en la ley 25.688 de presupuestos mínimos sobre Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, que hace referencia en su art. 5° a la materia "flujos" y a la "sustentabilidad de las cuencas hídricas".
Art. 5. "Descripción del GNL y de los riesgos que entraña
La sobrepresión causada por la transición rápida de fases (PPT) por la interacción de GNL y agua; la sobrepresión debida a la expansión térmica del GNL atrapado."Observación:
Entre los riesgos que provoca el GNL se encuentra: "el riesgo potencial de INCENDIO o EXPLOSIÓN por las fugas de GNL".
"5.4 Posibles influencias desde el exterior
Los posibles peligros que deberían tenerse en cuenta durante las operaciones de trasvase son: Medio Ambiente Natural: Las condiciones del medio ambiente (viento, tormentas, sudestadas crecientes bajantes, etc.); El estado del mar; Condiciones sísmicas; El movimiento de las mareas"Observación:
"2- Otros riesgos: -Colisión con otro buque o con el muelle de atraque. -Movimientos del buque cisterna de GNL debido al efecto de succión, Por el paso cercano de otros barcos", entre otros.
"6- Zonas de riesgo
Zona 2: donde podría producirse una atmósfera explosiva en el caso de producirse alguna desviación de la normalidad de la operación."Observación:
"7.2 Medidas Básicas
Con el fin de proteger contra colisiones con el buque cisterna de GNL mientras está amarrado, las autoridades competentes y el operador del Terminal deberán establecer alrededor del punto de atraque zonas limitadas para el restante tráfico marítimo".Observación:
"7.2.5 Instalaciones de atraque. El barco se debe atracar de forma segura siguiendo las instrucciones de las autoridades locales y del operador de la Terminal.
El buque debería estar amarrado con seguridad, pero también de tal manera que pueda zarpar en el tiempo más breve posible. La zona de amarre debe tener el calado suficiente para poder asegurar suficiente profundidad de agua de bajo de la quilla en cualquier estado de la marea."Observación:
Conviene aquí recordar que, en el argot del marino, "zarpar" no significa solo desatracar, sino salir hasta aguas libres para la navegación. Es el único puerto que se encuentra tan adentro en un río, km. 70 del río Paraná. Observación:
Así pudo hacerlo el barco gasero Gas Poem en noviembre del año 2002, frente a las costas de Hong Kong, alejándose 40 km hacia Alta Mar, para evitar que la explosión alcance el territorio y donde pudo solucionar un siniestro en la sala de máquinas. Las autoridades nacionales debieron evacuar toda embarcación en un radio de 30 km. a la redonda. Según recogió la agencia internacional de noticias REUTERS, el oficial a cargo del caso declaró: "si el fuego se mantiene, no puede ser extinguido y llega a donde se encuentra la carga, se produciría una explosión de enorme magnitud" (CITA). El buque transportaba cerca de 20 mil toneladas de gas licuado.
"7.2.7 Principales fuentes de inflamación. En las zonas de riesgo se debe evitar cualquier riesgo de formación de chispas."
"9.2 Diseño y construcción del muelle de atraque y del equipo correspondiente
- los vientos y corrientes dominantes con el fin de limitar su influencia sobre el buque.
- la posibilidad de una colisión por parte de los otros buques que pasan de largo. El muelle debe estar situado fuera de los canales navegables principales.
- un espacio libre para que el buque con el fin de que este pueda abandonar el muelle sin ayuda ajena;
- los requisitos necesarios para un círculo de giro suficiente."Observación:
"Se tendrá en cuenta la publicación de SIGTTO titulada "Site Selection and Design for LNG Ports and Jetties" (Selección y Diseño del lugar para terminales y puertos para GNL)" (citado en 1.3).
"Se tendrán en cuenta las condiciones medio ambientales de la zona y la posible evacuación del buque en caso de emergencia. El Terminal estará orientado de forma tal que el buque pueda abandonarlo con un mínimo de asistencia y orientando el buque hacia la entrada del puerto o hacia el mar para facilitarle una ruta rápida a mar abierto". Observación:
Las normas internacionales que se incluyen en la reglamentación del GNL nos alertan que la ubicación debe ser sobre el mar para una rápida evacuación del Buque Cisterna de Gasificados a alta mar; por lo tanto dichas normas internacionales nos están alertando que la localización en el Paraná de las Palmas Km 70, es　inapropiada.
Se trata de un entendimiento alcanzado por las distintas jurisdicciones durante el Taller Gubernamental "Desarrollo Sostenible en el Delta del Paraná", realizado los días 11 y 12 de septiembre 2008 en la ciudad de Victoria (Entre Ríos), encuentro técnico del que también participaron representantes de los municipios de San Fernando, Tigre, Escobar, Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás (de Buenos Aires); Rosario, San Lorenzo, San Jerónimo y La Capital (Santa Fé) y Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy (Entre Ríos), de organizaciones no gubernamentales y expertos nacionales en el tema de ecología de paisajes y gestión integrada de los recursos naturales para la conservación y el desarrollo sostenible.
La intención de los funcionarios firmantes es la de que el PIECAS-DP se constituya en una herramienta de ordenamiento ambiental del territorio a partir de objetivos tales como el de "proteger, conservar y aprovechar en forma sostenible los componentes de la diversidad biológica y los recursos naturales en el área", y "mantener o cuando proceda, restaurar la estructura, las funciones y en general los procesos ecológicos del estratégico ecosistema del Delta del Paraná".
Además, acordaron "promover procesos tendientes al logro de una armonización normativa al servicio de la conservación y desarrollo sostenible del Delta del Paraná, contemplando la posibilidad de incorporar, cuando proceda y definidos por cada jurisdicción, diferentes niveles de protección que garanticen una efectiva sostenibilidad del proceso de desarrollo", y se pronunciaron por "encontrar soluciones viables y efectivas a la problemática vinculada a los incendios que recurrentemente afectan a diferentes zonas del Delta del Paraná, en tanto se desarrollan sobre un humedal caracterizado por su fragilidad ambiental".
Por ello, al tenerse por acreditada la falta del Certificado de Aptitud Ambiental y conforme lo establecido en el Art. 23 de la Ley 11.723 ( "si un proyecto de los comprendidos en el presente Capítulo comenzara a ejecutarse sin haber obtenido previamente la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, deberá ser suspendido…"), la cuestión de marras ha devenido de puro derecho.
En este sentido, en autos "Comunidad Indígena del pueblo Wichi Hoktek Toi c/Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable"(CSJN, 11/07/2002), el máximo tribunal sostuvo "…asimismo, constituye un exceso de rigor formal sostener que las cuestiones requerían mayor debate y prueba, pues a fin de determinar la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, resultaba suficiente controlar que los actos impugnados hubieran respetado los procedimientos exigidos por la legislación provincial y nacional vigentes para autorizar la actividad. A tal fin, bastaba con examinar si, de conformidad con las normas invocadas por la actora, la autorización y prórroga de la actividad en cuestión requería una evaluación previa de impacto ambiental y social, y si se había respetado lo dispuesto por el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional". Como V.S. puede apreciar, la Corte Suprema en la sentencia mencionada, ha afirmado el carácter de cuestión de puro derecho de éstos procesos donde basta con verificar si la actividad de obra portuaria posee la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental positiva, para saber si la misma es clandestina, y suspenderla.
X.- OFREZCO PRUEBA.Ofrezco la siguiente prueba:
2) Autorización de la Municipalidad Ordenanzas, Decretos al respecto3) Acompaño fotografías filmaciones que ilustran todo lo expresado.
4) Anexos que ilustran los hechos y conductas lesivas de los demandados.C.- RECONOCIMIENTO JUDICIAL.
2.- JOSE MOLINA Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, Calle 12 y 53 Torre II Piso 14 - C.P. 1900 La Plata, Bs. As., Argentina. Tel. (0221)429-5548
3.- ING. FEDERICO JARSUN (OPDS) Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental Calle 12 y 53 Torre II Piso 14 - C.P. 1900 La Plata, Bs. As., Argentina. Tel. (0221)429-5548
4.- LIC. PATRICIA MONICA PASTORE (OPDS) Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial, (OPDS) Calle 12 y 53 Torre II Piso 14 - C.P. 1900 La Plata, Bs. As., Argentina. Tel. (0221)429-5548
9.- Director Capitán de Ultramar SERGIO DORREGO Director Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo.10.- FRANCISCO JAVIER AMORRORTU, LE: 4.382.241, Domicilio: Lisandro de La Torre, esquina Carlos Bosch, Del Viso. CP. 1669
En este sentido, según Tomás Hutchinson (Tomo I, "Daño Ambiental" Ed. Rubinzal - Culzoni) "cuando el operador no internaliza los riesgos de la actividad riesgosa está transfiriendo la internalización de éstos a la comunidad, ya que estará poniendo en mayor peligro de daño a la sociedad".
XII.- RESERVA DEL CASO FEDERAL.Para el supuesto e improbable caso que V.S. no hiciere lugar a la presente acción, ante la omisión en la evaluación de los impactos ambientales que son justamente las actividades que tendrán que llevar a adelante los titulares de los proyectos que puedan generar futuros daños ambientales, previo a su ejecución y para demostrar la inocuidad de los emprendimientos, con el correspondiente control de las autoridades de aplicación en los distintos niveles de gobierno, es que dejamos introducida la cuestión federal.
4.-) Se decrete la medida urgente de no innovar solicitada en contra la obra de la UTE-ENARSA-REPSOL-YPF, localizada en Escobar, a 48 km al norte de Buenos Aires, denominada "Escobar LNG", margen derecha del río Paraná de las Palmas.
5.-) Se declare la cuestión de puro derecho, pues el motivo que da origen a la presente acción, es la falta u omisión del proceso administrativo justo previo, que finalice en una resolución negativa o positiva de Aptitud Ambiental para recién poder comenzar a desarrollar las obras la Empresa demandada; con el agravante, ante la omisión del Estado Provincial (OPDS) en convocar a "Audiencia Pública" al pueblo de Escobar como parte del procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo cumplimiento, debió haber sido previo al comienzo de la obranzas, localizadas en la margen derecha del Río Paraná de las Palmas, a la altura del Km. 70 correspondiente a la jurisdicción del Municipio de Escobar.
amparo, testimonios, derechos
publicado por peligroescobar a las 21:42 · 1 Comentario · Recomendar
MUY BUENO EL MENSAJE Y MEJOR AUN LA GENTE QUE SE INVOLUVRA Y NO TEME,EXELENTE ,FELICITACONES
publicado por ALEJANDRA, el 26.05.2011 16:04