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Manual de sublevación ciudadana contra la Ley Sinde | DIRECTORIO de NOTICIAS
Posted by Directorio de Noticias on 21 febrero, 2011 · Dejar un comentario Manual de sublevación ciudadana contra la Ley Sinde
Por Elías Notario | 17 de Febrero de 2011, 20:14
Muchos estarán pensando —especialmente los políticos de PSOE, PP y CIU que son quienes aprobaron la Ley Sinde— que la ratificación definitiva de la normativa que nos ocupa es sinónimo de punto y final, pero se equivocan.
Por un lado la Ley Sinde no va a solucionar ningún problema sino a empeorar las cosas, y por el otro con la aprobación lo que han conseguido es dejar una única opción a los ciudadanos contrarios a la normativa: la de la sublevación contra la misma.
De forma resumida tres puntos conforman este pequeño manual: “Formación”, en el que encontraréis enlaces hacia artículos mediante los cuales ampliar el nivel de conocimiento sobre la Ley Sinde, “Acciones contra la Ley Sinde”, donde aparece una lista con acciones concretas que cualquier ciudadano que lo desee puede emprender para luchar contra la disposición final segunda, y finalmente “Consideraciones finales vitales” en el que plasmo tres ideas generales que son muy importantes.
Sin más dilación os dejo con lo interesante y cualquier aportación en los comentarios será bienvenida.
Difunde: por donde quieras, como quieras y lo que quieras, pero lo que está claro es que la difusión es vital. Puedes hacerte eco de este post en tu Twitter, o de la concentración de protesta por la Ley Sinde convocada para el 19 de febrero en tu Facebook, o del manifiesto “Digital Media Cosumption Manifesto” en tu blog. Obviamente son solamente algunos ejemplos.DEFENSOR DEL INTERNAUTA
25-01-2011 – Asociación de Internautas
La ejecución de la resolución arbitral (sección primera) de la Comisión de Propiedad Intelectual (órgano administrativo con funciones de arbitraje) se despachará en un “procedimiento ejecutivo judicial”, en un Juzgado, donde el juez ordenará que se cumpla lo dispuesto por la Comisión de Propiedad Intelectual sin opción a valorar o decidir si el contenido que se elimina es o no lícito, sin entrar a valorar el fondo de la cuestión, por la naturaleza propia del proceso judicial que se insta.
La Ley Sinde habla de: “Identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, (…) podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la cesión de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Tal requerimiento exigirá la previa autorización judicial
También explica que el art. 15. 1, de la Directiva 2002/58 establece que “los Estados miembros pueden adoptar medidas legales para limitar el alcance, en particular, de la obligación de garantizar la confidencialidad de los datos de tráfico cuando tal limitación constituya una medida necesaria, proporcionada y apropiada, en una sociedad democrática, para proteger la seguridad nacional -es decir, la seguridad del Estado-, la defensa y la seguridad pública, o la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas a que se hace referencia en el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 95/46”.
Ese art. 15.1 de la Directiva 2002/58 ofrece así a los Estados miembros “la posibilidad de establecer excepciones a la obligación de principio de garantizar la confidencialidad de los datos personales que les incumbe en virtud del artículo 5 de la misma Directiva.Sin embargo, ninguna de estas excepciones parece referirse a situaciones que precisen la iniciación de un procedimiento civil. En efecto, tienen por objeto, por una parte, la seguridad nacional, la defensa y la seguridad pública, que constituyen actividades propias del Estado o de las autoridades estatales, ajenas a la esfera de actividades de los particulares (véase, en este sentido, la sentencia Lindqvist, antes citada, apartado 43) y, por otra parte, la persecución de infracciones penales”.
– Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex.
24ENE201123:53
Idas y vueltas, retoques y modificaciones, y, al final, la ‘Ley Sinde’ sigue prácticamente como estaba.
La Disposición Final Segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, que es como en realidad se llama la normativa propuesta por el Gobierno para el cierre de sitios web de enlaces a contenidos protegidos por derechos de autor, cayó primero en el Congreso y volverá ahora en el Senado en virtud de un acuerdo entre PSOE, PP y CiU.
Llegados a este punto es tal el caos y la confusión en torno a esta norma que conviene repasar qué es, para qué sirve, cómo funciona, en qué cambia y cómo nos afectará tras su última modificación.
Y perdonen si me extiendo:
Quizá sea mejor aclarar que no es la ‘Ley Sinde’. Porque, en realidad, no es una ley.
Tampoco es un procedimiento para cerrar páginas web.
Es una modificación de una serie de leyes y normas para facilitar el cierre de páginas web que vulneren la propiedad intelectual según los criterios de una Comisión de Propiedad Intelectual que se encargaría de tramitar las denuncias sobre el particular ante la justicia, garante última del proceso.
En concreto, la ‘Ley Sinde’ reformaría la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) -sin duda, no es la norma más afortunada que hay en España-, la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sobre el papel, el objetivo de esta norma es proteger el derecho a la propiedad intelectual. Pero de forma muy curiosa por dos motivos.
El primero es que convierte al Ministerio de Cultura en garante del derecho de propiedad intelectual aunque controlado por la Justicia.
El segundo es que establece que se podrá actuar no sólo contra quien cause un daño, sino contra quien “sea susceptible de causar un daño patrimonial”.
Es decir, se trata de una medida de actuación preventiva. Algo parecido al canon cuya modificación ha pedido rotundamente la Unión Europea.
Una actuación preventida motivada porque, hasta ahora, los jueces han quitado la razón una y otra vez a la industria discográfica o del cine ya que ha absuelto una y otra vez a internautas que han descargado contenidos y a páginas web que enlazan contenido protegido.
Por algo tan sencillo como que enlazar no es un delito.
Así, mientras es imposible demostrar lo sea, sí podría argumentarse que una página web de enlaces es “susceptible de causar un daño patrimonial”.
Imagine que es el dueño de una discográfica y que ha encontrado una serie de páginas web desde las que se puede acceder a descargas gratuitas de la música que produce.
Algo que no le gusta. Así que acude a la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de mediar, arbitrar y salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, ydenuncia el caso.
Este organismo, en concreto su Sección Segunda, atiende su demanda y a continuación puede hacer dos cosas, que pueden ser simultáneas o no: acudir a la justicia para solicitar que el prestador de servicios a dicha página web -la empresa que la aloja, en la mayoría de los casos- facilite los datos del dueño del sitio -siempre bajo autorización judicial- y, por otra parte, solicitar también al proveedor de servicios que retire el contenido que infringe la ley.
Aquí de nuevo se derivan las posibilidades. Puede que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional autorice la comunicación de los datos del presunto infractor o puede que no. Y ojo, porque es una autorización rápida de unas 24 horas, como si del registro de una casa se tratase.
Si lo autoriza, el siguiente paso sería tomar medidas contra el infractor, y aquí entraría de nuevo la justicia. Si no lo autoriza, probablemente al denunciante no le quede más remedio que intentarlo de otra manera, con nuevos indicios de la infracción, hasta que lo logre.
Por otra parte, habría en marcha una petición -para la que no tiene que mediar la justica- al proveedor de servicios -insisto, normalmente empresas de hosting- para que retire el contenido problemático. En menos de 48 horas, el proveedor debe decidir qué hace. Si opta por retirar el contenido voluntariamente o tras una mediación de la Sección Primera -la forma de mediar se deja para un reglamento posterior-, se acabó el procedimiento.
Si no lo hace y apuesta por presentar alegaciones y pruebas para defenderse, habrá dos días parar practicar las pruebas y cinco para que se presenten a las partes las conclusiones de éstas. Después, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual debería dictar resolución en tres días.Según los expertos, en total, no menos de 15 días.
Pero la ejecución de su resolución sólo puede llevarse a cabo tras una autorización de un juzgado central de lo contencioso-administrativo.
Es decir, acabamos, de nuevo, ante los tribunales. Pero con las reformas explicadas anteriormente, no habría que probar que ha habido un daño, sino que el sitio infractor es “susceptible de causar un daño patrimonial”. Suena muy… preventivo, ¿no?
2.- En la nueva redacción se establece la composición de la Sección Primera, de mediación y arbitraje, de la Comisión de Propiedad Intelectual: “tres miembros nombrados por el Ministerio de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y Hacienda, Cultura y Justicia, por un período de tres años renovable una sola vex, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual.
Los Ministerios de Cultura y Economía y Haciendo nombrarán, conjuntamente, al Presidente de la Sección Primera”. Una composición muy equitativa…
Lo más triste es que, probablemente, sería una ley inútilde salir adelante porque su jurisdicción sería únicamente el territorio español.
Quizás podría suponer el cierre de un montón de páginas web de enlaces -o no- pero quedarían tantas ahí fuera que sería imposible acabar con todas.
Es decir, únicamente serviría para amedrentar, pero desde luego no tendría un efecto práctico en la disminución de las descargas.
[NOTA: Como me recuerdan, se podría bloquear una pagina web alojada fuera de España a través de su IP mediante la LSSI sin necesidad de solicitar la suspensión de su contenido. Incluso, a través de este aspecto de la LSSI, se podría llegar a intentar el cese de un servicio -como el P2P- siempre que se demuestra que es “susceptible de causar un daño patrimonial”.]
Por otra parte, no conozco ninguna página web que no use una imagen, un vídeo o una plantilla que no esté protegida por derechos de autor. Incluso sin hacerlo de forma maliciosa.
Si alguien se pusiese quisquilloso, se podría pedir el cierre del 95% de las páginas web españolas.
Y no exagero, desde el blog con menos tráfico a los medios de comunicación más grandes. No hablemos de Google, Facebook o YouTube, repletos de enlaces y contenidos protegidos.
Y, lo último y más triste de todo es que se trataría de una norma que establece como garante de un derecho a quien crea la ley para defenderlo -aunque haya control judicial en última instancia-.
¿Se imaginan que el Ministerio de Cultura crease una Ley para defender la libertad de expresión y decidiese quién la vulnera? Pues eso.
Enviado por derechoenred en 24 Enero 2011 – 23:329 Comentarios
Hace pocas horas que se conoce la propuesta de modificación de la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible pactada entre el PP y el PSOE. Las declaraciones de voluntad por parte de los representantes de los dos partidos políticos apuntaban por una nueva versión que protegería los derechos fundamentales, aumentando la tutela judicial, y al mismo tiempo garantizaría a los autores un procedimiento adecuado para la defensa de sus derechos.
A la vista del texto que se ha hecho público, lo cierto es que nos encontramos de nuevo con una serie de problemas legales que nos hacen dudar de la eficacia real de esta norma para conseguir los objetivos planteados. Muchos de estos problemas ya aparecían en el proyecto original, al cual dedicamos una sección específica (tanto para el análisis jurídico como para preguntas frecuentes al respecto), mientras que otros se han creado al intentar reforzar la intervención judicial.
El presente análisis lo realizamos desde el punto de vista estrictamente legal, y sin entrar en las interpretaciones subjetivas que dicha norma pueda desatar.
En este nuevo texto se mantiene lo siguiente, cuyos problemas ya fueron estudiados en nuestro análisis jurídico, que aún se encuentra disponible:
– La inclusión de la Propiedad Intelectual entre los intereses especialmente protegidos del Art. 8.1 de la LSSI
– Se mantiene la creación de la Sección Segunda dentro de la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano administrativo encargado de la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual
– Se continúa permitiendo que los órganos competentes para la adopción de medidas (entre los que se incluye la Sección Segunda) puedan recabar la información que precisen de los prestadores de servicios de la sociedad de la información a los efectos de poder identificar a los responsables de dichas conductas. En nuestro caso, la cesión de datos tiene su origen en una infracción de propiedad intelectual
– Serán los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo quienes autorizarán la ejecución de los actos adoptados por la Sección Segunda
Como podemos ver, muchos de los problemas jurídicos se mantienen en la nueva propuesta y, a destacar, la participación de la Administración Pública en la salvaguarda de intereses particulares y la limitada tutela judicial por parte de los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, que no entra sobre el fondo. El propio texto limita su actuación al estudio de la posible afectación a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución, sin poder entrar en el estudio de si se ha producido realmente la vulneración de los derechos de Propiedad Intelectual que ha propiciado la actuación de la Sección Segunda.
La nueva propuesta contiene los siguientes cambios importantes
– La composición de la Sección Segunda
La propuesta nos indica quienes compondrán esta sección en los siguientes términos
En el proyecto de Ley original no se hacía mención de quienes formarían parte de este órgano colegiado. Como parte positiva, podemos observar que no toman parte en ella representantes de las entidades de gestión. No obstante, la composición a base de vocales de cada uno de los Ministerios plantea asimismo la posibilidad de una serie de problemas de legitimidad que podrían haberse solventado mediante una composición estrictamente técnica de funcionarios de carrera.
– La autorización judicial para la identificación del titular
Uno de los factores más comentados respecto a la presente propuesta es el doble control judicial que supuestamente iría encaminado a garantizar la protección de los derechos fundamentales en juego durante el proceso de retirada de contenidos por parte de la Sección Segunda. Esta autorización se regula mediante la introducción de un nuevo artículo 122 bis en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
El procedimiento para obtener la autorización judicial a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, se iniciará con la solicitud de los órganos competentes en la que se expondrán las razones que justifican la petición acompañada de los documentos que sean procedentes a estos efectos. El Juzgado, en el plazo de 24 horas siguientes a la petición y, previa audiencia del Ministerio Fiscal, dictará resolución autorizando la solicitud efectuada siempre que no resulte afectado el artículo 18 apartados 1 y 3 de la Constitución.
Esta redacción implica expresamente que la solicitud de acceso a la información será autorizada con la excepción de determinados casos, limitando así de nuevo la capacidad del juez responsable de entrar a analizar la solicitud. Los artículos que podrían implicar la no autorización son los siguientes
18.1: Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
18.3: Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
El artículo 18 apartado 3 de la constitución difícilmente puede verse afectado dado que en sí mismo incluye la referencia a “salvo resolución judicial”. Debemos mencionar que no se contempla el apartado 4 de este artículo, que es el que puede verse realmente afectado
18.4: La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
Ya analizamos con oportunidad del proyecto de ley original los problemas que la actual redacción de la Ley de Conservación de Datos plantea para esta cesión, sin perjuicio de que a través de su modificación podamos entender que resultaría posible la cesión de datos en determinados supuestos como el presente.
– El procedimiento de retirada
Esta nueva propuesta incluye una regulación de cómo quedaría el procedimiento de retirada
Este procedimiento, que contempla tanto la retirada voluntaria como la ejecución forzosa tiene las siguientes características a destacar
Fija un plazo de 48 horas al prestador para retirar o contestar a la petición de la Sección Segunda. El problema es que parece limitar las alegaciones y pruebas que puede proponer el prestador a lo referente a la autorización de uso o existencia de un límite al derecho de Propiedad Intelectual (cita, parodia, etc…), y no a la existencia de la infracción en sí. Realizada esta interpretación, la alegación de no existencia de infracción correspondería única y exclusivamente al denunciado, no pudiendo hacer valer esta actuación el prestador de servicios.
La ejecución forzosa requiere de la autorización judicial. No obstante, esta autorización judicial a la que se hace mención es la que realizan los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, y que como ya habíamos visto con anterioridad no entran en el fondo del asunto. Cabe destacar que el alcance de la intervención de este órgano judicial no ha cambiado respecto a la propuesta original
¿Ha entrado ya en vigor entonces la Ley Sinde?
No. El texto hecho público es la propuesta con la que han llegado a un consenso los partidos políticos PP y PSOE. Hasta mediados de febrero no se realizará la votación, aunque la llegada a dicho consenso implica (en principio) que ambos partidos votarán a favor, lo cual permitiría la reintroducción de la Disposición Final Segunda en el texto de la Ley de Economía Sostenible.
¿Puede hacerse algo al respecto?
Sí. Toda ley es susceptible de reforma, incluso en el caso de encontrarse ya aprobada. Recordemos que solo ha finalizado el plazo de presentación de enmiendas, y que aún debe votarse el texto.
Una vez aprobada es posible que detectados los problemas de esta norma, el propio legislador sea quien modifique la Ley. Durante la tramitación de la ley, también puede suceder que el ámbito sociopolítico obligue a los partidos a no votar a favor una vez llegado el momento.
¿La nueva propuesta criminaliza el enlace?
No. La nueva propuesta no contempla ninguna modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, con lo cual la actuación de la Sección Segunda no podrá realizarse contra las webs de enlaces. Debemos recordar que con la regulación de los derechos de autor existente, no se contempla la figura de contribución al daño en Propiedad Intelectual, lo cual sumado a que el enlace no constituye comunicación pública (aunque es un tema debatido, así lo están afirmando las sucesivas sentencias judiciales) implica que no se produce ninguna infracción de propiedad intelectual, sin importarnos que haya ánimo de lucro o no.
A causa de este hecho, en el caso de una actuación de la Sección Segunda contra una web de enlaces, la resolución a que se llegara estaría viciada con una nulidad de pleno derecho por falta de competencia material.
¿Ha mejorado la tutela judicial?¿Se protegen correctamente los derechos fundamentales?
No. Las intervenciones judiciales en el procedimiento, tanto en lo que respecta a la autorización para la obtención de datos que llevarán a la identificación del responsable, como aquella referente a la ejecución forzosa de la resolución de la Sección Segunda son limitadas y no pueden entrar en el fondo. Además, el prestador de servicios una vez notificado no puede alegar la no existencia de infracción, sino únicamente que se da uno de los límites de los derechos de autor (y, recordemos, que algunos como el derecho de cita resulta casi vacío de contenido al limitarse a supuestos de docencia e investigación, siendo una infracción en el resto de casos) o que se ha producido una autorización para el uso denunciado.
¿Qué pasa con los prestadores de servicios?
La nueva propuesta contempla que la Sección Segunda se dirija a los prestadores de servicios utilizados para llevar a cabo la infracción, que deberán contestar en un plazo muy corto (48 horas). Se echa en falta una garantía de exención de responsabilidad para los prestadores que retiren voluntariamente dichos contenidos de buena fe, que no se contempla en la propuesta.
¿Tenéis alguna otra duda que no hemos respondido?
Dejadla en los comentarios y actualizaremos la lista de preguntas y respuestas. También podéis ver la lista de preguntas y respuestas que redactamos del proyecto original, dado que una gran parte continúa siendo de aplicación para este nuevo texto.
Reservas de la judicatura ante la falta de tutela judicial efectiva
La Asociación de Usuarios de Internet (AUI) prepara ya la denuncia que presentará ante el Tribunal Constitucional por el texto de la Ley Sinde -a la que pueden sumarse las otras asociaciones del sector-. El punto más conflictivo pasa por la definición de un prestador que directa o indirectamente actúe con ánimo de lucro o que haya causado “o sea susceptible de causar un daño patrimonial”, un concepto preventivo y ambiguo, que no se considera ni explica en la Constitución y por el que cualquier usuario podría incurrir en delito si la “comisión” lo viera oportuno. Una treintena de organizaciones y asociaciones ha propuesto a Cultura abrir el ‘melón’ de fondo de la reforma de la LPI y el modelo de negocio. Junto a ellas, la Asociación de Internautas descuenta que más pronto que tarde, gracias a sus propias prisas, la Ley entrará en contradicción con las líneas rojas de Bruselas y, debido a su precipitación, la ley será reformada “nada más que se publique”, ya que la UE tiene previsto revisar una directiva sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual teniendo en cuenta los retos de la difusión de la cultura en Internet y los medios digitales.
El texto reformado de la disposición adicional segunda de la LES incluye el término “autorización judicial” (para la identificación del titular y la validación de las sanciones) cuando la Constitución exige “resolución judicial”. Como se han apresurado a aclarar desde el 25 de enero los principales abogados especialistas en derecho de internet, la nueva propuesta no contempla ninguna modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, con lo cual la actuación de la Sección Segunda de la Comisión, en teoría, no podrá realizarse contra las webs de enlaces. Ni la regulación de los derechos de autor existente contempla la figura de contribución al daño en Propiedad Intelectual, ni el enlace constituye comunicación pública, como explica en el blog Derecho en Red el abogado especializado David Maeztu: la Ley no podría cerrar webs de enlaces. De hecho, tal como está redactada, la disposición adicional segunda de la LES no afecta ni a los intercambios P2P ni a los News ni sistemas de comunicación en la red. No, si no quiere arriesgarse a que su resolución esté “viciada con una nulidad de pleno derecho por falta de competencia material”. Tanto las webs que alojan el contenido como las que lo señalizan son legales hasta ahora en España. Las segundas son exculpadas por sentencias que se apoyan en una circular de la Fiscalía General del Estado de 2006. El argumento: no se puede demostrar el lucro. Las absoluciones en lo penal y las desestimaciones en lo civil hasta ahora habían sentado un precedente: que no se vulnera ningún derecho de propiedad intelectual en las webs de enlaces.
Nada que no hubiera advertido el informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), que además de “su exigencia de revisar “tarifas inequitativas y discriminatorias”, y el monopolio de la gestión de los derechos de autor, abogaba desde hace un año por instar al Gobierno a que en esta legislatura se presente una revisión sistemática y coherente de la actual Ley de Propiedad Intelectual, o la elaboración de una nueva Ley. Y mira a la regulación comunitaria para recordarles a Sinde y Caamaño que se ha olvidado de la Conservación Digital, las Obras Huérfanas y las Ediciones Agotadas, que sigue de espaldas a la valoración del daño que la copia privada produce en el sector cultural y, en el marco de la Directiva comunitaria que establece su compensación y, sobre todo, que Moncloa debe implementar los mecanismos de control y las medidas de transparencia que recomienda el Parlamento Europeo sobre la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual (publicación de tarifas y repertorios, claves de reparto y balances de ejercicio) y superar el alto grado de concentración de las entidades como la SGAE.
Sinde, Sebastián, Caamaño e incluso Moncloa trataron de sincronizar las expectativas de la regulación de los contenidos online de la LES con los ultimatums de Obama. Pero le han hecho sus ‘ciberdeberes’ sólo a medias. De hecho, la Administración estadounidense, por boca de Justin Hughes, asesor del subsecretario de Comercio para la Propiedad Intelectual de Estados Unidos cuando aseguraba que se encontraba “decepcionada” por el rechazo a la norma en el Congreso ya abogaba, como la industria, por endurecerla en un futuro. El Congreso de EE UU en su informe Caucus Antipiratería Internacional no ha retirado a España de los países más ‘piratas’ y ya no parece a tiempo de hacerlo en su nueva actualización, en febrero de 2011. Sigue ocupando un lugar ‘preferente’ en el grupo dos, bajo vigilancia junto a países como Kuwait, Líbano, Vietnam, Rumanía o Turkmenistán, un escalón por encima de de la lista prioritaria que pueblan Argentina, China, Rusia o Venezuela. La doctrina de los tribunales, la Fiscalía General y la judicatura siguen defendiendo la legalidad del P2P sin ánimo de lucro -en contra de las advertencias del Congreso, la IPPA y la lista 301 de EE UU- y la presidencia española no sirvió para impulsar el Tratado de Comercio ACTA. El último informe anual de la Federación Internacional de la Industria Discográfica la situaba a la cabeza de la “piratería” musical en Europa con una caída de ventas del 17% en 2009 y el informe de IDC encargado por la Federación Antipiratería (FAP) destaca entre sus conclusiones que el valor absoluto de los contenidos pirateados supone exactamente el 83,7% del mercado legal digital.
Y es que las luces rojas de la eficacia técnica de la ‘Ley Sinde’ se las encienden los técnicos: la legislación propuesta por el Gobierno no va a ser casi aplicable. La rapidez de los avances tecnológicos permitirá a las web irse a otros países, revivir mutadas o simplemente saltarse los bloqueos con atajos técnicos. Nuevas posibilidades de las webs de descargas descentralizadas, el éxito del streaming -que ha reemplazado al P2P y se ha hecho con dos tercios del consumo audiovisual de la red- , las empresas de VPN- que usa un 10% de los internautas-, las técnicas de identidad oculta, la movilidad de las webs y el retorno a los mismos niveles de las descargas en el mercado sueco les recuerdan a Serrano y Sinde que no será tan fácil su ‘caza de brujas’. No es nada casual que Aldo Olcese, el presidente de la Coalición de Creadores dejara sobre la mesa de la Ministra -en entrevista con el diario Público- durante el Foro de la Nueva Cultura, la necesidad de que el Reglamento que debe desarrollar la Ley Sinde deba recoger “las mutaciones” que realizan esas páginas para intentar evitar el cierre y ser una regulación abierta e interpretable por los miembros de la Comisión de Propiedad Intelectual. Tampoco que Series Yonkis, uno de los portales referentes para acceder a contenidos audiovisuales alojadas en servidores externos, señalada como objetivo de las 200 webs de ls ‘lista negra de Sinde’ por Promusicae, se esté renovando a modo de red social (de momento en fase beta).
González Sinde llegó a rebajar el tono allá en mayo de 2010, cuando su LES estaba en problemas a y defender que “el consumo ilegal de material audiovisual en España se debe a la falta de películas disponibles en el mercado”. Pero no cree en los informes británicos que le recuerdan que el 44% de aquellos que utilizan “métodos piratas” estarían dispuestos a pagar una pequeña tasa mensual para seguir descargando archivos; la encuesta de CoreData, que concluye que si los precios fuesen inferiores, la mayoría de los usuarios accederían a pagar, o el estudio de Nico van Eijk: los usuarios que más usan P2P son los mejores clientes del sector de la música, películas y videojuegos. El 68% de los usuarios que descarga música también la compra, acude a conciertos y adquiere productos de merchandising. Pero Sinde sólo tiene ojos para los cálculos de la Coalición de Creadores, que si no existieran las descargas no autorizadas, los internautas pagarían por el 60% de los contenidos culturales de la Red, hasta 6.000 millones de euros al año. La industria y las sociedades de gestión de derechos de autor saben, además, que aunque consiguieran consumar el cierre de alguna de esas páginas, e incluso aunque sumaran como aviso a navegantes algunas de las más de 700 web que se autoinculparon en su momento inscribiéndose en la página ‘La lista de Sinde’ eso no mejoraría necesariamente el mapa de los ingresos de la industria cultural española, ni les dejará a mano un nuevo modelo de negocio con el que ‘pescar’ en un mercado digital en pleno crecimiento.
Los mercados y hasta los propios informes de la industria audiovisual mundial dejan en fuera de juego las premisas de la SGAE y más de un mito de la red. Ni los contenidos gratuitos, ni el espacio sostenido en manos del P2P -aún supone un 18% del tráfico global de internet según Arbor Networks- ni el auge del ‘streaming’ han impedido que las descargas de pago de canciones sueltas hayan crecido en todo el mundo un 10% durante 2009, hasta los 3.300 millones de euros. La radiografía de la IFPI dibuja un horizonte en el que a pesar del desplome en las ventas de ejemplares físicos un 20,6%, nada ha podido ralentizar el despegue de los contenidos de pago, en música suponen un 27% ya del conjunto del negocio. Por eso, aunque aún no ha visto la luz la macroweb de contenidos apadrinada por el Ministerio de Cultura, las gestoras de derechos de autor intentarán primero hacerse hueco en la intensidad de los internautas españoles y su consumo de contenidos, al fin y al cabo los segundos más activos del mundo en el último año, un 50% de ellos dispuestos a pagar, lo que supondría unos ingresos para el Estado superiores a los 1.400 millones de euros por IVA e Impuestos de Sociedades sólo en un ejercicio.
Si la ministra esperaba que, con el día después empezaran a cumplir sus promesas de ‘macrowebs legales’ y los planes que los de Aldo Olcese cifraban en cientos de proyectos, se ha encontrado con que retoman las amenazas con las que marcaron de cerca a Sinde durante todo el proceso y le ponen, de nuevo, fecha a sus ultimátum: Se curan en salud por si la Ley cumple los vaticinios de su ineficacia. La Coalición de Creadores exigirá de nuevo a la ministra cortes directos a los usuarios (tras el modelo de Irlanda y como pretenden instaurar otros Gobiernos como el de Reino Unido) si no se reduce en menos de un año un 70% la ‘piratería’, con o sin LES. Miran sólo de reojo al antecedente galo: es verdad que la Ley Hadopi alberga opción de persecución a los usuarios, pero también que, tras estrechar el cerco de los avisos sobre más de 100.000 internautas, y no ha podido evitar que el negocio de música grabada haya caído un 5,9% en 2010, a pesar también del “cheque música joven”, por el que el Estado financia al 50% las compras de música online de los jóvenes, hasta 50 euros. Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, reconoció que le gustaba más el texto original de ley Sinde.
“El sabor agridulce es que se ha aprobado un procedimiento que es más lento”. Si las intervenciones se tramitan como dicen en unos 15 días no es un desastre; si nos vamos a tres meses, nos cargamos el sentido del procedimiento”. Le han tasado a la Administración Central sus propios retrasos. Sólo con la “piratería” en el sector del vídeo, según la Asociación Española de Empresas de Vídeo (AEVIDEO), las arcas del Gobierno “pierden 500 millones de euros al año, que tendrían que haber percibido por el IRPF de los trabajadores, impuestos de sociedades de las empresas e impuestos de seguridad social”. Más aún: la denuncia de un grupo de 13 discográficas independientes que exigen compensaciones patrimoniales a Moncloa por 375 millones de euros (por no haber atajado la “piratería” y no haber adoptado las directrices europeas en materia de propiedad intelectual) es la evidencia de que se vienen arriba, tanto como para tejer una cadena de condiciones para el bautizo de la ‘Ley Sinde’ y rebelar sus expectativas, ésas con las que la SGAE, las sociedades de derechos de autor y buena parte de la industria cultural exigieron a Moncloa el trabajo sucio de perseguir con la LES a 200 webs, a cambio de lanzar al menos dos ‘macrowebs’ de contenidos ‘legales’ financiados en un 90% por Cultura e Industria.
Al fin y al cabo, la Coalición de Autores e Industrias de Contenidos, en su informe Parasite’s Business, atribuía a cada una de estas 200 páginas gana una media de 1,5 millones de euros al año gracias a la publicidad y la cesión a terceras empresas de la dirección electrónica de los usuarios registrados. Una cifra desproporcionada según los webmasters y los abogados de las demandas españolas contra webs de enlaces e intercambio de archivos peer to peer, que en la casi totalidad de los casos han terminado en la absolución de los imputados: la ley española considera que sin ánimo de lucro, no existe delito.
El objetivo de modificar estas leyes es permitir que un grupo de personas dependientes del Ministerio de Cultura (unacomisión cultural o comisión de propiedad intelectual), tengan la potestad de cerrar páginas web que, de acuerdo a su propio criterio, vulnere los derechos propiedad intelectual previa autorización de los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo
Para que la Comisión de Propiedad Intelectual actue, debe recibir una denuncia (puede ser de particulares, cantantes, bandas, directores, como de una discográfica, estudio de cine, televisión, o sus respectivos representantes) ellos tendrán lapotestad de determinar si hay falta o no; cuando determinan que sí, hay dos vías a recorrer:
Acudir a un juez para obtener una orden judicial por medio de la cual se piden los datos de aquel o aquellos que cometen la infracción al proveedor de servicios (generalmente será una empresa de hosting que opere dentro de España) y para que se retire el contenido que vulnera los derechos de propiedad intelectual (el Copyright, pues). Los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo tienen apenas 24 horas para autorizar o no. (como se explica en el inciso 7 deldocumento de acuerdo entre los partidos). El juez puede negarse si afecta al Artículo 18 apartados 1 y 3 de la Constitución Española. (No olvidemos que la primera versión de la Ley Sinde que se dio a conocer a finales de 2009 permitía este proceso sin la necesidad de intervención de un juez)
El tercer gran problema de la Ley Sinde es su tremenda falta de claridad con respecto a sus límites. Gran parte de la discusión (para bien y para mal) se ha centrado en la necesidad de regulaciones que impidan que, por medio del internet, algunas personas se lucren con el trabajo ajeno. El problema es que no es claro qué se penalizará y qué no. Aún más grave es que no necesariamente se tiene que probar el daño, sino que hay una posibilidad de causar daño (la existencia de enlacesa contenido con Copyright, por ejemplo).
El pasado 21 de diciembre el gobierno español intentó pasar la ley por un proceso express que al final falló. Ayer, después deintensas negociaciones entre el PP y el PSOE, unas ligeras modificaciones a la Disposición Final Segunda, se comunicó que votarán a favor de su aprobación en el senado. Así estamos hoy.
Cada poco tiempo siempre aparece alguien que me hace alguna pregunta básica relacionada con el tema de la Ley Sinde (o Disposición Final Segunda). Que para qué sirve exactamente, que cómo funciona, que cuales serán sus consecuencias… y así hasta completar una lista no muy extensa —más o menos las dudas siempre son las mismas— pero que denota algo muy importante: todavía quedan muchas personas con un desconocimiento bastante importante sobre la Disposición Final Segunda y los temas importantes que la rodean y han rodeado.
Para solucionar, o al menos mitigar en lo posible, dicho desconocimiento qué mejor forma de hacerlo que con un post de preguntas frecuentes sobre la Ley Sinde como este. Concretamente tras el salto encontrareis varias preguntas habituales protagonizadas por la Disposición Final Segunda junto a sus respuestas. Y antes de dejaros con ellas aclarar queeste post irá siendo ampliado con nuevas preguntas y sus respuestas en próximos días.
La “Ley Sinde” es el nombre por el que se conoce a nivel popular la normativa llamada Disposición Final Segunda la cual está incluida dentro del marco de la Ley de Economía Sostenible (de ahora en adelante LES).
¿Por qué la propuso el Gobierno de España?
La Ley Sinde fue propuesta desde el Ministerio de Cultura de España en mayo de 2009 y su objetivo oficial es facilitar un nuevo marco regulatorio mediante el cual el Estado Español pueda “luchar” de manera más eficaz contra la piratería de contenidos protegidos en Internet mediante la clausura de páginas web en las que se facilitan enlaces a dichos contenidos.
Este es el objetivo oficial, pero hay otras razones detrás de la medida. Básicamente muchos argumentan que realmente el objetivo de la Ley Sinde no es otro que facilitarle herramientas a las grandes empresas de la industria cultural para que puedan seguir protegiendo sus obsoletos modelos de distribución y comercialización. Además de esto existen pruebas de que la “Ley Sinde” responde también a presiones realizadas desde el poderoso lobby del copyright estadounidense.
¿En qué estado se encuentra la Ley Sinde?
En el momento de la redacción de este FAQ la Disposición Final Segunda ha pasado por varios trámites. De forma resumida podemos decir que la “Ley Sinde”, tras mucha presión por una parte importante de la ciudadanía, fue rechazada en el Congreso de los Diputados el día 21 de diciembre de 2010.
Después de ese rechazo el Partido Socialista Obrero Español comenzó a negociar con el Partido Popular para revivir la Ley Sinde en el Senado. Finalmente el día 24 de enero de 2011 la Ley Sinde volvió al Senado y allí fue resucitada gracias al acuerdo alcanzado entre PSOE, PP y CIU (el acuerdo se alcanzó gracias a una enmienda de modificación que se dijo introduciría más garantías legales en el proceso de clausurar una web a petición del PP y CIU pero en la que el juez sigue sin entrar en el fondo de la cuestión).
Ahora la LES con la Ley Sinde reincorporada a su interior volverá al Congreso de los Diputados en algún momento de febrero y salvo cataclismo de última hora, la LES y por lo tanto la Ley Sinde serán aprobadas.
¿A quién le afecta la Ley Sinde?
Lo que se ha vendido desde el Gobierno es que la Ley Sinde afectará exclusivamente a las granjas web de enlaces —es decir a aquellas webs que proporcionan enlaces para descargar sin el consentimiento del autor contenidos—, pero en la práctica a muchos más actores de Internet se les podrá aplicar la normativa.
Concretamente las medidas de la “Ley Sinde” podrán ser aplicadas a cualquier persona física o jurídica que proporcione un servicio de la sociedad de la información, entendiéndose como tal según la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicio de la sociedad de la información y de comercio electrónico:
Es decir, que si por ejemplo en tu blog enlazaras, o alguien dejara un comentario con un enlace a un archivo protegido por derechos de autor, la comisión te podría denunciar, aunque no seas una granja de enlaces.
¿Cómo funciona exactamente la Ley Sinde?
De manera resumida estos son los pasos:
1 La Comisión de Propiedad Intelectual actuará cuando reciba denuncia de algún titular de derechos contra alguna web que según este se esté saltando sus derechos al proporcionar X material de su autoría sin su consentimiento.
2 En ese momento la Comisión decidirá si la web denunciada está incurriendo en falta o no. En caso de determinar que sí:
2.1 La Comisión remite la denuncia al juez quien en base a lo que le diga la Comisión y en máximo 24 horas decide autorizar o no la petición de los datos relativos al dominio en el que supuestamente se alojan los contenidos que se están saltando la ley.
2.2 La Comisión se pondrá en contacto con el titular de la web para que elimine los contenidos de su web con los que supuestamente está saltándose la propiedad intelectual. Si lo retira se terminó el proceso, si no: en dos días la parte demandante y la demandada tendrán que presentar sus alegaciones. En cinco días la Comisión presentará sus conclusiones de las pruebas. Tras esto en un plazo máximo de tres días la Comisión dictará resolución de cierre y se la remitirá a los afectados. Por último la resolución se presenta ante el juez y este autoriza o no la clausura (es decir, que se dedica a ratificar lo que llega de la Comisión pero en ningún momento participa en el proceso de determinación de culpabilidad).
Pero entonces la Ley Sinde sí que contempla la intervención de un juez
Si, pero como hemos visto solamente de una manera tangencial. Únicamente se dedica a ratificar las conclusiones en un breve periodo de tiempo de la Comisión de Propiedad Intelectual (que es importante aclarar estará formada por cargos dependientes del Gobierno de una u otra forma) sin permitirle entrar a valorar la cuestión vital: determinar si X sitio incurre en falta o no.
¿Qué efectos tendrá al Ley Sinde sobre la industria cultural y el tejido empresarial de la red?
Pues obviamente depende a quien le preguntemos. Por un lado los principales actores de la industria están convencidos de que gracias a la posibilidad de cerrar rápido cualquier sitio web que supuestamente esté vulnerando derechos de autor, el sector se revitalizará ya que en su opinión la “piratería” es la principal causa de todos sus males (en el siguiente apartado veremos por qué es poco probable que esto suceda).
Por el otro tenemos a diversos empresarios con negocios en Internet que aseguran que la norma añade dificultades innecesarias al desarrollo empresarial en la red. A esto hay que sumar también que creará inseguridad jurídica.
Por último un sector que está especialmente molesto con la “Ley Sinde” es el de las empresas de alojamiento web nacionales las cuales aseguran que la Ley Sinde podría provocar una migración de muchas empresas de hostings españoles a extranjeros (y aquí añado que me consta que ya varias empresas de Internet españolas están mudando sus servidores a otros países) y que el problema va a continúa principalmente porque la mayoría de webs de enlaces ya se encuentran alojadas fueran del territorio español.
¿Cumplirá la Ley Sinde los objetivos para los que ha sido creada?
Como decía en el anterior apartado según la industria sí, pero si nos paramos a analizar cómo está la situación en otros países en los que legislaciones similares a las que nos ocupa funcionan desde hace tiempo, vemos que en ningún caso han servido para revitalizar el sector.
Elijamos el país que elijamos con su “propia Ley Sinde en funcionamiento” los resultados siempre son los mismos: la industralización de la piratería aumenta cada año. No solamente eso sino que además también se ha visto que este tipo de norma propicia el retraso de la modernización tan necesaria para los nuevos modelos de negocio de la industria del entretenimiento, y retrasa la oportunidad de incorporar modelos de negocio acordes con lo que el público demanda que ya están funcionando en otros países.
¿Por qué existe un rechazo generalizado a la Ley Sinde a nivel popular?
Por todo lo dicho hasta aquí que podemos resumir en los siguientes puntos básicos (añado alguno más que todavía no ha aparecido en el FAQ):
Según muchos no servirá para que la industria cultural mejore sus cuentas de beneficios
Aunque se consiguiera eliminar todas las páginas de enlaces, estas serían sustituidas por otras tecnologías
En opinión de una parte importante del sector empresarial, la “Ley Sinde” supone un nuevo escollo al desarrollo de nuevo tejido empresarial en Internet
La justicia española ya protege, sin necesidad de Ley Sinde, los derechos de autor de manera eficaz
Con la Ley Sinde un órgano administrativo pasa a decir sobre cuestiones que tienen relación con derechos fundamentales como la libertad de expresión
La Ley Sinde se hizo (y resucitó) sin dialogo social alguno y de forma poco decorosa (se metió “en secreto” dentro de la LES)
06:15h.
El problema con la “ley Sinde” no son las descargas. Que no vengan con mierda, nunca han sido las descargas, eso no es lo indignante, ni siquiera las van a impedir. A pesar de las leyes abusivas y del uso de la justicia como arma de intimidación masiva, se sigue descargando en Francia, en EE.UU. o donde sea. Y se seguirá descargando aquí, le pese a quien le pese, eso lo sabemos todos.
Se trata de que una comisión de la que forman parte miembros de organizaciones interesadas, podrá imponer sanciones a los ciudadanos. ¿Recuerdas lo de ser “juez y parte”? Pues eso, el sueño húmedo de cualquier aprendiz de tirano y una aberración en un Estado de Derecho.
Se trata de que atacan a algo que forma parte de la esencia de Internet: los hipervínculos. La Web son contenidos unidos por enlaces, sin ellos no tiene sentido, pero los enlaces no son lo mismo que los contenidos. Si el problema son las descargas, la copia de ficheros entre usuarios, atacar a los enlaces es atacar al mensajero. Es una forma ruín de impedir la copia privada sin prohibirla explícitamente… para poder seguir cobrando el canon.
Se trata de que han dejado claro el valor de nuestra soberanía nacional cuando, bajo las presiones de su propia industria, otro país ha dictado leyes que vamos a tener que acatar los ciudadanos españoles.
Se trata de la indefensión que provoca una manipulación de nuestro sistema legal tan torticera e interesada, sólo para sancionar porque sí lo que ningún juez ha considerado ni podrá considerar ilegal jamás, salvo que se modifique tal cantidad de leyes, incluida la Constitución, que probablemente se tardarían décadas en conseguirlo. ¿Esto es una democracia? ¿Pueden manipular y saltarse derechos a su antojo y sancionarte por lo que les de la gana al margen de los tribunales? Entonces… ¿cuál es la diferencia con una dictadura?
Se trata de una intromisión en actividades entre particulares, sin ánimo de lucro y sin daños a terceros o a sí mismos. El único supuesto perjuicio es no gastar dinero en algo, ese lucro cesante tan interesadamente ambiguo. Para entender el problema: es como querer castigarte porque has plantado un limonero y regalas limones a tus vecinos, lo que perjudicaría los intereses de la “industria del limón”. Es el mismo concepto que subyace bajo el canon, ¿te imaginas un canon a las bicicletas porque su uso perjudica a la industria petrolífera?
Se trata de la falsedad, de la mezquindad, de la soberbia, de la prepotencia, del cinismo y del desprecio de quienes nos gobiernan. De los pactos entre partidos en los que el pueblo es sólo una moneda con la que trafican para beneficio de unos pocos.
Se trata de la escalofriante capacidad de legislar que tienen las grandes empresas para obtener privilegios legales a costa de la población de todo un país. Sin olvidar que lo mismo ocurre en medio mundo, no es exclusivamente un problema de España y es un terrible error creer que esto se limita a “los de la ceja” o a las gestoras de derechos. Esos sólo son cabilderos en España de una industria en particular, pero no son ellos los que han aprobado HADOPI en Francia, ni los que están forzando ACTA por todo el mundo, por poner un par de ejemplos.
Se trata del abuso de una industria que se niega a adaptarse a un mundo que ha cambiado, que tiene demasiado poder y que en lugar de evolucionar pretende seguir anclada en un pasado en el que podía controlar el mercado a su antojo, aunque para ello tenga que insultar, humillar y perseguir a sus potenciales clientes.
Se trata del uso de las leyes como arma contra unos ciudadanos a los que deberían proteger, mientras son incapaces de detener a los poderosos, a los que se permiten manejar el sistema a su antojo y con toda impunidad. Las leyes como telas de araña, que atrapan a los pequeños insectos mientras los grandes las rompen, dijo Anacarsis siete siglos antes de Cristo, y está más vigente ahora que nunca.
Se trata de ellos, de la basura despreciable que en lugar de representar a los ciudadanos representa al poder económico. De ellos, de los miserables corruptos a los que sólo les importa agradar al Poderoso Caballero que les permite sentar sus gordos culos sobre nuestra cara. De ellos, de esos rastreros cobardes sometidos a los designios de multinacionales que ven a los seres humanos como simple ganado al que ordeñar hasta que quede seco. De ellos, de esos cabrones ególatras que volverán utilizar la excusa de que “vienen los otros”, para pedirte que les legitimes en un poder que volverán a usar contra ti en cuanto les venga bien y sin el menor empacho. De ellos, de esos sinvergüenzas histriónicos, caras de la misma moneda, iguales entre sí, escenificando constantemente diferencias irrelevantes para convencerte de que son distintos mientras se magrean en privado, siempre de acuerdo en todo lo que les beneficie a ellos o a sus amos. De ellos, de esos hijos de puta embusteros a los que únicamente les importa la democracia cada cuatro años, durante unos días en los que tratan de embaucarte con promesas vacías para que olvides lo que son y lo que realmente han estado haciendo.
Piénsalo al menos, por favor.
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