Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-423-03.htm
Timestamp: 2017-11-24 09:14:45
Document Index: 275509967

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 51', 'artículo 36']

T-423-03
Sentencia T-423/03
CONTRATO DE ADQUISICION DE VIVIENDA-Características
Los contratos celebrados en el marco de los sistemas para adquisición de vivienda entre entidades financieras y personas naturales, tienen principalmente tres características: (i) ser contratos de derecho privado (ii) que están altamente intervenidos por el Estado y (iii) que respecto de su ejecución, la entidad financiera goza de posición dominante negocial.
Serán derechos fundamentales sólo aquellos que puedan ser catalogados como universales “en el sentido lógico de la cuantificación universal de la clase de los sujetos que son sus titulares”, que son indisponibles e inenajenables por su propio titular y por el Estado (contramayoritarios), que tienen su título ex lege o ex constitutionem, que establecen relaciones verticales (relaciones de poder, jerarquía o subordinación), y que cuentan con una protección judicial reforzada (acciones ordinarias y acciones especiales como la de tutela).
DERECHOS PATRIMONIALES-Definición
Serán derechos patrimoniales aquellos derechos singulares “en el sentido asimismo lógico de que para cada uno de ellos existe un titular determinado”, que son disponibles o enajenables por su propio titular y eventualmente por el Estado (es decir que están sujetos a limitaciones), que por regla general tienen su título ex negotium, en los cuales se establecen relaciones horizontales entre pares contractuales (relaciones de coordinación e igualdad) y que para su protección judicial cuentan solamente con acciones ordinarias.
DERECHO A LA AUTONOMIA PRIVADA-No es derecho patrimonial
El derecho a la autonomía privada no es entonces un derecho patrimonial, no es reconocido ex singuli, ni depende de ciertas situaciones jurídicas, no es disponible ni enajenable por parte de su titular o de un tercero (Estado o particular) y no es atribuido ex negotium sino que tiene su fuente directa en la Constitución y en la Ley, y constituye desarrollo imprescindible tanto del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 14 Superior) como del derecho al libre desarrollo de la personalidad y el principio general de libertad.
DERECHO A LA AUTONOMIA PRIVADA-Modificación de contratos requiere consentimiento de las partes/DERECHO A LA AUTONOMIA PRIVADA-Modificación de contratos excepcionalmente no requiere consentimiento de las partes
Para la Corte es claro que la alteración de los términos contractuales operada de manera unilateral por alguna de las partes desconoce la regla básica de los contratos “el contrato es ley para las partes” o pacta sunt servanda y constituye un atentado contra el derecho fundamental a la autonomía de la voluntad en relación con el contrato. En este sentido, el derecho a que los términos del contrato no sean alterados de manera unilateral por una de las partes integraría el contenido del derecho fundamental a la autonomía privada, precisamente por tratarse de una de las típicas situaciones que se encuentran dentro de su ámbito de protección. Lo anterior implica que, por regla general, cualquier modificación del contrato debe estar sometido al concurso de voluntades o consentimiento de las partes. No obstante, la Corte reconoce que esta regla tiene excepciones, algunas derivadas de la naturaleza misma de las relaciones contractuales especialmente en lo que respecta a la función de intervención del Estado en la economía.
DERECHO A LA AUTONOMIA PRIVADA-Modificación unilateral de contrato en cumplimiento de un deber legal
ENTIDAD BANCARIA-Agotamiento del deber legal hace improcedente la modificación unilateral de contrato
La potestad que implicaba el cumplimiento del deber legal contenido en las referidas disposiciones se agotó una vez concluyó el procedimiento de reliquidación aplicado por Granahorrar al crédito de la demandante. En este sentido resultaba inadmisible alegar competencias reglamentarias para reversar de manera unilateral la reliquidación inicialmente efectuada. Para la Corte es claro que, una vez transcurridos dieciséis (16) meses desde la época de la reliquidación inicial, para este caso había desaparecido la potestad derivada del cumplimiento de un deber legal y es por esta razón que la segunda conducta de Granahorrar (reversión de la reliquidación) es considerada por la Corte como violatoria del derecho fundamental a la autonomía privada.
ENTIDAD BANCARIA-Abuso de posición dominante/DERECHO A LA AUTONOMIA PRIVADA-Vulneración por Granahorrar
Granahorrar no tenía la facultad legal o contractual de reversar la reliquidación inicial y de nuevamente alterar los términos del contrato bajo el discutible argumento de una "necesidad objetiva". Para la Corte resulta constitucionalmente inadmisible que Granahorrar valiéndose de su posición dominante altere de manera unilateral las condiciones contractuales fijadas por ella misma en cumplimiento de un deber legal y desconozca abiertamente el derecho fundamental a la autonomía privada de su contraparte.
DERECHO A LA AUTONOMIA PRIVADA-Protección por tutela
Referencia: expediente T-695086
Acción de tutela instaurada por Amparo Franco Vélez contra Granahorrar.
Bogotá D. C., veintitrés (23) de mayo de dos mil tres (2003).
1.- En el mes de mayo de 1993 la señora Amparo Franco Vélez adquirió un inmueble destinado a vivienda mediante la celebración de un contrato de mutuo con la entidad Granahorrar; entre las mismas partes se celebró, con fines de garantía, contrato de hipoteca sobre el inmueble (fls. 1-12).
2.- El pago de la suma de dinero adeudada quedó diferido a 180 cuotas, así, en el mes de junio de 1993 la señora Franco Vélez canceló la primera por un valor de $75.556.32. Durante la ejecución del contrato la deudora cumplió oportunamente con sus obligaciones (fls 24-136).
3.- En el mes de junio de 2000, de manera unilateral, Granahorrar incluyó a la señora Franco Vélez en el programa de alivios a deudores de créditos hipotecarios otorgados por la ley 546 de 1999 (ley marco de financiación de vivienda), lo que generó una reducción de la cuota cercana al 130% de su valor anterior.
En virtud de esta reliquidación la señora Franco Vélez pasó de cancelar cuotas mensuales por valor de ciento cincuenta mil pesos ($150.000.oo) a cancelar nuevas cuotas mensuales por valor de sesenta mil pesos ($60.000.oo) (fls. 106 a 111).
4.- En el mes de octubre de 2001 Granahorrar, nuevamente de manera unilateral, después de revisar el crédito de la señora Franco Vélez constató la existencia de un error en el proceso de reliquidación. Consideró la entidad que se había abonado al capital adeudado un valor superior al que efectivamente correspondía (cerca de seis millones y medio de pesos), razón por la cual decidió cargarlo nuevamente al saldo de la obligación y realizar las adecuaciones respectivas.
En virtud de la nueva reliquidación la señora Franco Vélez pasó de cancelar cuotas mensuales por valor de setenta mil pesos ($70.000.oo) a cancelar nuevas cuotas mensuales por valor de ciento setenta mil pesos ($170.000.oo) aproximadamente (fls. 125 a 129).
5.- En el mes de noviembre de 2001, la señora Franco Vélez elevó una petición a la Superintendencia Bancaria en la cual solicitó una explicación sobre el alcance de los beneficios de la ley 546 de 1999 y sobre la conducta adelantada por el banco Granahorrar (fl. 12).
6.- En el mes de noviembre de 2001 la Superintendencia Bancaria dio respuesta a la petición anterior informándole a la señora Franco Vélez (i) que la Subdirección Actuaria de la entidad, había encontrado que la reliquidación del crédito se ajustaba a la ley 546 de 1999 y a las circulares externas 048 y 056 de 2000 de la Superintendencia Bancaria, y (ii) que la petición elevada había sido remitida a Granahorrar con el fin de que dicha entidad le diera igualmente una respuesta (fl. 13).
En esta respuesta se le indicó a la peticionaria cuál fue el proceso seguido para la reliquidación definitiva (fls 14 a 19).
7.- En el mes de noviembre de 2002 la señora Franco Vélez presenta acción de tutela contra Granahorrar solicitando que se declare que no está obligada a pagar los intereses generados por el último ajuste, que se obligue a la entidad demandada a devolverle una suma equivalente a la de los intereses indebidamente cobrados y, que se le obligue a cobrarle la cuota más baja que estaría pagando a la fecha si no se hubiesen realizado las reliquidaciones.
8.- Una vez notificada, en el escrito de informe la entidad demandada afirma (i) que la reliquidación efectuada por el Banco constituye el cumplimiento de un deber legal respecto de un vínculo contractual de índole privada (en aplicación a lo dispuesto en la ley 546 de 1999 y de las circulares externas 007, 048 y 056 de 2000); (ii) que este deber legal implica para el Banco la necesidad objetiva de readecuar el proceso de reliquidación, ante la obligación de proteger los dineros públicos (Granahorrar es una sociedad de economía mixta); (iii) la existencia de esta necesidad objetiva niega toda posibilidad de que en el caso de la reversión de la reliquidación se presente abuso de posición dominante, (iv) que no existe en el ordenamiento jurídico reglas que determinen el procedimiento para reversar una reliquidación y que en cambio la aplicación de las circulares de la Superintendencia son las que determinan para el banco el contenido del debido proceso; (v) que si bien el Banco cometió un error en la reliquidación, el no corregirlo implicaría propiciar la apropiación indebida de dineros públicos; (vi) que el banco no ha desconocido el derecho a la información sino que ha tratado de mantener informada a la señora Franco Vélez, ni le ha desconocido su derecho a la igualdad, pues la reversión de todas las reliquidaciones mal efectuadas se ha sometido al mismo trámite, tampoco le ha desconocido el derecho a la vivienda digna, pues por el contrario el crédito es el medio que lo permite; y (vii) que el Banco ha respondido todas las peticiones de la señora Franco Vélez, situación distinta y comprensible es que la misma no esté satisfecha con las explicaciones aportadas.
II. DECISIÓN DE INSTANCIA.
1. De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9, de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial mencionada.
2. En el año de 1993 la Señora Franco Vélez mediante el sistema de financiación para la adquisición de vivienda UPAC celebró un contrato de mutuo garantizado con hipoteca con Granahorrar. Durante la ejecución del contrato la deudora cumplió cabalmente con sus obligaciones. En el mes de junio de 2000 Granahorrar, bajo el argumento del cumplimiento de la ley 546 de 1999 y de las circulares externas 048 y 056 de 2000 de la Superintendencia Bancaria le concedió a la señora Franco Vélez un “alivio financiero” cercano a siete millones de pesos el cual se imputó al capital adeudado para la fecha.
Granahorrar afirma que su conducta es producto de una "necesidad objetiva" impuesta por las normas que regulan su actividad, la cual se desarrolla en el ámbito de un contrato de derecho privado y que no afecta ningún derecho fundamental.
Problemas jurídicos y asuntos constitucionales a tratar
En segundo lugar, se considera que con posterioridad a los pronunciamientos de la Corte[1] acerca de las condiciones y requisitos, tanto formales como materiales, que deben satisfacer los sistemas de financiación de vivienda a largo plazo, es indudable que este tipo de relaciones contractuales, enderezadas a realizar el mandato del artículo 51 de la Carta en lo que a sistemas adecuados de financiación para la adquisición de vivienda respecta, son objeto en grado superlativo de la intervención del Estado.
"Así, en la Sentencia C-955/00 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) se estableció que un sistema especializado de financiación de vivienda debe, entre otros fines, (i) crear las condiciones necesarias para la democratización del acceso al crédito para todas las personas, aún las de menores ingresos; (ii) separar la determinación de las tasas de interés y las condiciones contractuales de la libre estipulación por parte de las entidades financieras estableciendo para ello métodos de intervención y vigilancia estatal sobre estos aspectos; (iii) prohibir la inclusión en los modelos de financiación y amortización de condiciones excesivamente gravosas para los deudores (capitalización de intereses, tasas irrazonables, cuotas por fuera del monto del ingreso del usuario del crédito) que lleven a la imposibilidad del ejercicio adecuado del derecho prestacional a la vivienda digna; y (iv) contener disposiciones que permitan la conservación del equilibrio económico entre las entidades financieras y los deudores dentro del contrato de mutuo con garantía hipotecaria destinado a la adquisición de vivienda."[2]
En este sentido debe destacarse la expedición de la ley 546 de 1999, ley marco “por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones", y de las circulares externas 048 y 056 de 2000, mediante las cuales se regulan ciertos aspectos técnicos a los que deben someterse las reliquidaciones de los créditos hipotecarios, que fueron expedidas por la Superintendencia Bancaria.
Constituye entonces una parte del orden público económico del ordenamiento jurídico colombiano la regulación, tanto legal como reglamentaria, en la que se define la disciplina negocial de los contratos que se celebran en el marco de los sistemas de financiación de vivienda, ya que es precisamente esta regulación la que permite realizar los mandatos del artículo 51 de la Carta (principio de adecuación)
Por otro lado, es importante señalar que este tipo de relaciones contractuales está caracterizado por la asimetría del poder de negociación de las partes. En este sentido se ha afirmado por esta Corte[3] que las entidades financieras se encuentran respecto de los usuarios de sus servicios (contrapartes contractuales) en una clara posición de supremacía material o de posición dominante, independientemente de que se trate de entidades públicas, mixtas o privadas.
Para la Corte es evidente que este tipo de controversias debe ser debatida ante el juez natural del contrato, es decir ante el juez ordinario especializado en asuntos civiles y comerciales[4]. No podría entonces el juez constitucional bajo el expediente de una eventual arbitrariedad de la entidad financiera, desconociendo la dogmática constitucional en materia de acción de tutela, entrar a resolver una controversia contractual y proceder al amparo de derechos patrimoniales bajo el discutible velo de que los mismos constituyen derechos fundamentales.
7. Sobre este punto la Corte considera importante la distinción existente entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales a partir de la clarificación del alcance de los derechos de libertad y de propiedad.[5]
En este sentido serán derechos fundamentales sólo aquellos que puedan ser catalogados como universales “en el sentido lógico de la cuantificación universal de la clase de los sujetos que son sus titulares”[6], que son indisponibles e inenajenables por su propio titular y por el Estado (contramayoritarios), que tienen su título ex lege o ex constitutionem, que establecen relaciones verticales (relaciones de poder, jerarquía o subordinación), y que cuentan con una protección judicial reforzada (acciones ordinarias y acciones especiales como la de tutela).
Por otro lado, serán derechos patrimoniales aquellos derechos singulares “en el sentido asimismo lógico de que para cada uno de ellos existe un titular determinado”,[7] que son disponibles o enajenables por su propio titular y eventualmente por el Estado (es decir que están sujetos a limitaciones), que por regla general tienen su título ex negotium, en los cuales se establecen relaciones horizontales entre pares contractuales (relaciones de coordinación e igualdad) y que para su protección judicial cuentan solamente con acciones ordinarias.
En primer lugar, se puede afirmar que la calidad de parte contractual presupone el derecho de la autonomía de la voluntad llamada también autonomía privada o autonomía contractual. Este derecho se encuentra reconocido en normas de derecho positivo tanto de rango constitucional como de rango legal (artículos 14, 16, 333 Superiores, 1502, 1503 Código Civil, y 12, 864 del Código de Comercio) en las que se establece su titularidad de manera universal a todas las personas que gozan de la capacidad de obrar.
El derecho a la autonomía privada no es entonces un derecho patrimonial, no es reconocido ex singuli, ni depende de ciertas situaciones jurídicas, no es disponible ni enajenable por parte de su titular o de un tercero (Estado o particular) y no es atribuido ex negotium sino que tiene su fuente directa en la Constitución y en la Ley, y constituye desarrollo imprescindible tanto del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 14 Superior) como del derecho al libre desarrollo de la personalidad y el principio general de libertad (artículo 16 Superior).
Es del caso entonces señalar que la primera conducta de Granahorrar (reliquidación inicial) se efectúa en cumplimiento de un deber legal y reglamentario contenido en la ley 546 de 1999 y en las circulares externas 048 y 056 de 2000 de la Superintendencia Bancaria, las cuales tenían como propósito hacer efectivo el mandato derivado del principio de adecuación (artículo 51 superior).
Es así como Granahorrar en cumplimiento de los referidos mandatos, de manera unilateral y amparada en una "necesidad objetiva", modificó en el mes de junio de 2000 el contenido de la obligación a cargo de la señora Franco Vélez al reducir el valor de las cuotas en un 130%, modificando las prestaciones de dar en que consistía la principal obligación de la mutuaria.
Por otro lado, Granahorrar no tenía la facultad legal o contractual de reversar la reliquidación inicial y de nuevamente alterar los términos del contrato bajo el discutible argumento de una "necesidad objetiva". En este punto llama la atención la Corte sobre la necesidad de que Granahorrar hubiese respetado la horizontalidad de la relación contractual y en este sentido hubiese tratado de acordar con su contraparte unas nuevas reglas para el desarrollo de sus relaciones patrimoniales, y no que por el contrario, prevalida de su preeminencia contractual hubiese impuesto sus razones de manera unilateral e inconsulta.
En efecto, sería el juez ordinario el más indicado para declarar, si así se lograse establecer en el proceso, el incumplimiento del contrato o el eventual abuso de la posición dominante negocial; igualmente, sería él el encargado de hacer las respectivas condenas respecto del pago de los eventuales perjuicios que se llegasen a causar; para la Corte todas estas son formas indirectas mediante las cuales el juez ordinario podría proveer a la protección judicial del derecho fundamental a la autonomía privada.
La existencia de posición dominante y la disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos (proceso ejecutivo) para la protección de los propios intereses constituyen suficientes argumentos de juicio para que la Corte considere que la señora Franco Vélez está en hipótesis del riesgo de sufrir un perjuicio irremediable sobre su derecho a la autonomía privada (alteración de su plan vital y el de su familia) e incluso sobre su derecho a la vivienda digna (ante la posibilidad del remate del bien inmueble). Por lo tanto es procedente conceder la tutela al derecho a la autonomía privada.
Primero. Revocar la sentencia proferida por Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad de Pereira (Risaralda) y, en su lugar, conceder la tutela al derecho fundamental a la autonomía privada (libre desarrollo de la personalidad) de la ciudadana Amparo Franco Vélez.
Segundo. Ordenar a Granahorrar dejar sin efectos la segunda reliquidación efectuada en el mes de octubre de 2001 al crédito de la ciudadana Amparo Franco Vélez y en consecuencia, tener como vigente, para todos los efectos, la reliquidación inicial efectuada en el mes de junio de 2000, de conformidad con los términos de la parte motiva de esta sentencia (en especial la consideración 14).
Tercero. Por Secretaría General Librar las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
[1] Cfr. Sentencias C-252 de 1998, C-383 de 1999, C-700 de 1999 y C-955 de 2000.
[2] Cfr. Sentencia T-083 de 2003. Para una síntesis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de sistemas de financiación de vivienda a largo plazo Cfr. Sentencias T-231 de 2001 y T-083 de 2003.
[3] Cfr. Sentencia C-134 de 1994 y T-083 de 2003.
[4] Cfr. Sentencias SU-846 de 2000 y T-235 de 2001.
[5] Sobre la distinción entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales la doctrina italiana ha adelantado importantes trabajos, uno de ellos puede apreciarse en Los fundamentos de los derechos fundamentales. Luigi Ferrajoli. Trotta; Madrid, 2001.