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Timestamp: 2017-05-26 17:32:02
Document Index: 316208279

Matched Legal Cases: ['artículo 399', 'artículo 418', 'artículo 418', 'artículo 100', 'artículo 277', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 100', 'artículo 103', 'artículo 130', 'artículo 147', 'artículo 116', 'artículo 11', 'artículo 69', 'artículo 2', 'in fine', 'artículo 186', 'artículo 29']

Benito Casado Rivero
1 EN NOMBRE DE LA REPUBLICA SENTENCIA TC/0070/14 Referencia: Expediente núm. TC , relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor José Francisco Grullón Cortorreal, contra la Resolución núm , de fecha veintinueve (29) de mayo del dos mil doce (2012), dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de abril del año dos mil catorce (2014). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Samuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, jueces, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos y 277 de la Constitución, 9 y 53 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: Página 1 de 702 I. ANTECEDENTES 1. Descripción de la sentencia recurrida La Resolución núm , objeto del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, fue dictada en fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil doce (2012) por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la cual se declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por José Francisco Grullón Cortorreal y Atlántica Insurance, S. A., cuyo dispositivo dice así: Primero: Admite como intervinientes a Altagracia Mejía Germosén, Adriana Rodríguez, José Antonio Checo Cruz y Cecilia Restituyo en el recurso de casación interpuesto por José Francisco Grullón Cortorreal y Atlántica Insurance, S. A., contra sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 12 de agosto de 2011, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente resolución; Segundo: Declara inadmisible el referido recurso de casación; Tercero: Condena a los recurrentes al pago de las costas; Cuarto: Ordena que la presente resolución sea notificada a las partes. La referida sentencia fue notificada a José Francisco Grullón Cortorreal, en fecha veintiséis (26) de septiembre del dos mil doce (2012), mediante el acto sin número, del ministerial José Antonio Henríquez Vargas, alguacil ordinario del Primer Juzgado de la Instrucción de San Francisco de Macorís, a requerimiento de los señores Altagracia Mejía Germosen y José Antonio Checo Cruz. Página 2 de 703 2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional El señor José Francisco Grullón Cortorreal interpuso formal recurso de revisión constitucional de la Resolución núm en fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil doce (2012) por ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, y recibida en la Secretaría del Tribunal Constitucional en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil trece (2013), a fin de que sea anulada la referida resolución por vulnerar los derechos fundamentales de la tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y debido proceso. 3. Fundamentos de la sentencia recurrida La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró la admisibilidad del recurso de casación, esencialmente por los motivos siguientes: a. Atendido, que el artículo 399 del Código Procesal Penal, dispone que los recursos se presentan en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este código, con indicación específica y motivada de los puntos impugnados de la decisión, por su parte, el artículo 418 del código de referencia expresa que se formaliza el recurso con la presentación de un escrito motivado en la Secretaría del juez o tribunal que dictó la sentencia, en el término de diez días a partir de su notificación; en dicho escrito se debe expresar concreta y separadamente cada motivo con sus fundamentos, la norma alegadamente violada y la solución pretendida. b. Atendido, que en su escrito de casación los recurrentes José Francisco Grullón Cotorreal y Atlántica Insurance, S. A., se limitan a alegar lo siguiente: la Corte aqua (sic) incurre en un desfase incurre en incongruencia respecto del material fáctico entendiéndose como tal, los motivos del recurso de apelación a los cuales la corte a qua le aplica, el derecho declarándolo Página 3 de 704 inadmisible. Que la sentencia de la corte aqua (sic) parece mas (sic) el producto de un error que el fruto racional derivado del material factico al que subsume con el derecho pertinente vigente y cedaceado por los principios constitucionales. c. Atendiendo, que en relación a lo alegado en el presente recurso de casación, se infiere que el escrito depositado no reúne las condiciones establecidas por el artículo 418 del Código Procesal penal, toda vez que no fueron debidamente fundamentados los alegatos en que éste se basa, ya que sus argumentos no se sustentan sobre la base de la decisión impugnada; por lo tanto, el mismo deviene en inadmisible. 4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional de decisión jurisdiccional El recurrente en revisión pretende la anulación de la sentencia objeto del presente recurso. Para su justificación, alega que: a. Al señor José Francisco Grullón Cortorreal no le fue notificada la Decisión sobre inadmisibilidad del recurso de apelación núm. 278, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, en fecha doce (12) de agosto de dos mil once (2011), de acuerdo al Acto núm. 29/2012, de fecha veintitres (23) de enero de dos mil doce (2012), instrumentado por Luis A. Valerio Paulino, alguacil ordinario del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, que decide lo que sigue: PRIMERO: Declara inadmisible los recursos de apelación interpuestos por: A) LICDO. ELADIO A. REYNOSO, en representación de JOSE FRANCISCO GRULLON CORTORREAL, en fecha B) LICDO. JOSE G. SOSA VASQUEZ, en Página 4 de 705 representación del señor JOSE FRANCISCO GRULLON CORTORREAL y a la razón social INSURANCE, S. A. de fecha ; en contra de la sentencia No. 1/2011 librada, por el Juzgado de Paz Ordinario del Municipio de Castillo, en fecha 22 del mes de Febrero (sic) del año En consecuencia queda confirmada la resolución recurrida ( ). b. POR CUANTO: Tampoco se le notificó al abogado del recurrente LIC. ELADIO A. REYNOSO, ni como domicilio elegido por el recurrente ni como abogado de la Defensa Técnica, por lo (sic) en este aspecto se violó el debido proceso, y el principio de la Tutela Judicial Efectiva de los Derechos Fundamentales. c. Continua alegando que, en ocasión de la interposición del recurso de casación, interpuesto por el abogado de la compañía aseguradora del vehículo de motor envuelto en el accidente de tránsito objeto de la presente litis, se dictó la Resolución núm. 3491, de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil doce (2012), dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, siendo notificada al señor José Francisco Grullón, mediante el acto S/N, en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil doce (2012), por el ministerial José Antonio Henríquez Vargas, alguacil ordinario del Primer Juzgado de la Instrucción de San Francisco de Macorís, y es ahí cuando se entera que la Corte de Apelación dictó una resolución declarando inadmisible dicho recurso y de la interposición del recurso de casación. d. POR CUANTO: El recurrente en revisión basa este recurso bajo el presupuesto de que en su contra se vulneraron los artículos 68 y 69 de la Constitución de la República que consagran: Las Garantías de los derechos fundamentales, Tutela Judicial efectiva y debido proceso. Página 5 de 706 e. POR CUANTO: ( ) Como se puede apreciar la carta magna (sic) manda a los poderes públicos, y en este caso, al poder judicial, como órgano jurisdiccional, a tutelar los derechos fundamentales de las personas, inclusive dice que estos derechos son vinculantes a todos los poderes públicos, o sea, que toda autoridad al realizar un acto o actuación determinada debe proteger los derechos de las partes y de los terceros no envueltos en el conflicto, no vulnerados. f. POR CUANTO: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, no se percató de que la Resolución de la Corte, (sic) no había legalmente notificada (sic) al señor JOSE FRANCISCO GRULLON CORTORREAL, ya que no fue notificada ni a su persona ni a su domicilio ni con domicilio desconocido ni en la persona del abogado de la Defensa Técnica.( ) Al actuar como lo hizo, la Suprema ha incurrido en los vicios denunciados de ofrecer las garantías y protección de los derechos fundamentales: la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa y debido proceso, por lo que dicha resolución debe ser anulada. 5. Hechos y argumentos jurídicos de los recurridos en revisión constitucional de decisión jurisdiccional Los recurridos en revisión, Altagracia Mejía Germosén y José Antonio Checo Ortiz, pretenden que se declare inadmisible el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la referida resolución núm , por carecer de especial trascendencia o relevancia constitucional, alegando lo siguiente: a. ATENDIDO: A que en fecha veinticinco (25) del mes de octubre del año 2012, el SR. JOSE F. GRULLON CORTORREAL, interpuso un Recurso de Revisión por ante el Tribunal Constitucional, en contra de la Resolución No , de fecha 29 del mes de mayo del año 2012, dictada por Suprema Página 6 de 707 Corte de Justicia, alegando la violación de Derechos de carácter constitucional, relativos a la Notificación (sic) que se le debió hacer al Recurrente (sic) SR. JOSE F. GRULLON CORTORREAL de la Resolución arriba descrita, por nuestro mas (sic) alto Tribunal (sic), alegatos estos que no tienen en su contenido, ningún asidero jurídico, ni especial trascendencia o relevancia constitucional, que justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado, razón por la cual deben ser rechazados y declarados Inadmisibles (sic). b. ATENDIDO: A que el (sic) nuestro Honorable Tribunal Constitucional, se ha pronunciado en casos similares a este de la manera siguiente: El recurso de revisión no satisface los requerimientos previstos en el artículo 100 de la Ley , que de manera taxativa y específica, sujeta la admisibilidad de los recursos de revisión: ( ) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales. (Sentencia TC/0007/12, de fecha veintidós (22) del mes de marzo del año dos mil doce 2012 ( ). 6. Pruebas documentales En el trámite del presente recurso de revisión constitucional, las partes depositaron, entre otros, los siguientes documentos: 1. Resolución núm. 3491, de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil doce (2012), dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. 2. Acto S/N, notificación de sentencia, de fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil doce (2012), por José Antonio Henríquez Vargas, al señor José Francisco Grullón Cortorreal. Página 7 de 708 3. Decisión núm. 278, sobre inadmisibilidad del recurso de apelación, de fecha doce (12) de agosto de dos mil once (2011), dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. 4. Copia certificada por el secretario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís del Acto núm. 29/2012, de fecha veintitrés (23) de enero del dos mil doce (2012), instrumentado por Luis A. Valerio Paulino, alguacil ordinario del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL 7. Síntesis del conflicto Conforme a los documentos del expediente y a los hechos y argumentos invocados por las partes, la presente litis se inicia en ocasión de un accidente de tránsito ocurrido entre la parte ahora recurrente, José Francisco Grullón Cortorreal; los señores Altagracia Mejía Germosén y José Antonio Checo Ortiz, parte recurrida; y la compañía de seguros Atlántica Insurance, S. A., como entidad aseguradora del vehículo envuelto en el accidente antes referido. En ocasión del referido accidente, la parte ahora recurrida interpuso una demanda por ante el Juzgado de Paz del municipio Castillo, declarando culpable al hoy recurrente. En consecuencia, el señor José Francisco Grullón Cortorreal interpuso a dicho dictamen un recurso de apelación por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, siendo declarada la inadmisibilidad del alusivo recurso, por lo que el abogado Página 8 de 709 de la compañía de seguros, Atlántica Insurance, S. A., interpuso un recurso de casación ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que lo falló como inadmisible. Continua argumentando la parte recurrente que, con la notificación de la decisión dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, es cuando toma conocimiento del fallo dictado en ocasión del recurso de apelación, y de la interposición del recurso de casación, por lo que procedió a interponer el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional por la vulneración de la tutela judicial efectiva, el cumplimiento del debido proceso y el derecho a la defensa, derechos que se encuentran resguardados en la Constitución dominicana. 8. Competencia Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo establecido en los artículos y 277 de la Constitución y 9 y 53 de la Ley núm Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional resulta admisible, en atención a las siguientes razones: a. Según el artículo 277 de la Constitución y el 53 de la Ley núm , las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, después de la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), son susceptibles del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. En el presente caso se cumple el indicado requisito, en razón de que la decisión recurrida fue dictada por la Página 9 de 7010 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil doce (2012). b. De acuerdo con el referido artículo 53, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional procede en tres casos: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental. c. El recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto se fundamenta en las disposiciones del artículo 53.3 de la Ley núm ; es decir, el caso en el que se haya producido una violación de un derecho fundamental. Por lo que su admisibilidad, conforme lo establece el referido texto, está subordinada al cumplimiento de todos y cada uno de los siguientes requisitos : 1. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma. 2. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada. 3. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar. d. En la especie se cumplen los requisitos indicados en el párrafo anterior, ya que la violación al derecho a recurrir puede ser, eventualmente, imputable al Página 10 de 7011 tribunal que dictó la sentencia ahora recurrida, por lo que ha sido invocada la alegada vulneración en el presente recurso de revisión constitucional. Por último, la sentencia objeto del recurso de revisión que nos ocupa no es susceptible de recursos en el ámbito del Poder Judicial, ya que fue dictada por una de las salas de la Suprema Corte de Justicia y mediante ella se rechazó el referido recurso de casación. e. Conforme al artículo 100 de la Ley núm , el Tribunal Constitucional estima aplicable a esta materia la especial transcendencia o relevancia constitucional, la cual ( ) se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales. La referida noción, de naturaleza abierta e indeterminada, fue definida por este tribunal en la Sentencia TC/0007/12, de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012). f. La referida noción de naturaleza abierta e indeterminada fue definida por este tribunal (Sentencia TC/0007/12, de fecha veintidós [22] de marzo de dos mil doce [2012]), estableciéndose que la mencionada condición de admisibilidad solo se encuentra configurada, entre otros supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional. Página 11 de 7012 g. El Tribunal Constitucional estima que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho recurso y se debe conocer el fondo del mismo. La especial trascendencia o relevancia constitucional consiste en que el tratamiento y solución del conflicto expuesto permitirá a este tribunal pronunciarse acerca de los alcances del debido proceso y, de manera particular, en lo concerniente al derecho de defensa como garantía de la tutela efectiva a que tienen derecho todos los ciudadanos cuando se trata de la materia referente a accidentes de vehículos de motor, donde se encuentran envueltos como partes, penal y civilmente responsable indistintamente, imputado, aseguradora y víctima, en el caso de que únicamente se notifique sentencia dictada por un tribunal competente a la compañía aseguradora, y no al imputado. 10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional En cuanto al fondo del recurso, el Tribunal Constitucional expone los siguientes razonamientos: a. El recurrente ha invocado en su recurso que la sentencia sometida a revisión ha violentado el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el legítimo derecho a la defensa al no percatarse de que, ni al recurrente, ni al abogado de su defensa técnica se les notificó la sentencia dictada en ocasión del recurso de apelación, situación que les impidió ejercer el derecho de recurrir en casación contra la misma, tal como lo dispone el Código Procesal Civil dominicano y la Suprema Corte de Justicia. b. Sin embargo, conviene precisar que en la decisión recurrida se hace constar que, en fecha veinte (20) de diciembre de dos mil once (2011), el Lic. José G. Sosa Vásquez, actuando en nombre y representación del recurrente José Francisco Grullón Cortorreal y Atlántica Insurance, S. A., depositó en la Página 12 de 7013 Secretaría de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís un escrito motivado mediante el cual recurre en casación la sentencia dictada en ocasión del recurso de apelación, lo que plantea a este tribunal determinar si la acción recursiva satisface la garantía constitucional que encierra el derecho de recurrir del imputado. c. En ese sentido, la relación contractual entre un asegurado y la entidad aseguradora está regulada en la Ley núm sobre Seguros y Fianzas en la República Dominicana, que en su artículo 103 establece que: Si, como consecuencia de un hecho que afecte a terceros, se presenta una demanda contra el asegurado en responsabilidad civil, dicho asegurado enviará inmediatamente a la oficina del asegurador todos los documentos relativos, incluyendo citación, notificación a otros documentos que haya recibido o reciba en el futuro. Párrafo I.- La compañía tendrá el derecho de contender en tal litigio y defenderlo o de transarse si así lo prefiere, quedando obligado el asegurado a otorgar los poderes necesarios a favor del asegurador o de la persona que el asegurador designe para que en su nombre se ejerciten las acciones que dicho asegurador estime procedente ( ). d. De esta consagración legal se extrae que el asegurador puede asumir la representación del asegurado para defenderlo ante un litigio que le involucre, siempre que éste le haya otorgado poderes para ello, lo que supone la intervención de un mandato entre el beneficiario de la póliza y la compañía aseguradora o la persona ella designe para dar cumplimiento a la exigencia prevista en dicha ley. e. La misma solución rige para el ejercicio de los recursos, puesto que el artículo 130 de citada ley núm expresa que: 1 Dicha ley es de fecha 9 de septiembre de 2002 Página 13 de 7014 Cuando el asegurador del vehículo o remolque causante del accidente ha sido puesto en causa para que responda por los daños causados, los recursos (ordinarios o extraordinarios) que interpongan el prevenido como el asegurado, beneficiarán a ese asegurador y la sentencia que intervengan no podrá ser ejecutada hasta tanto se conozca del recurso de que se trate. De igual manera, el recurso interpuesto por el asegurador es suspensivo de la ejecución de la sentencia contra el prevenido y el asegurado, aún cuando éstos no la hayan recurrido. f. Por estas razones, es dable admitir que el profesional del derecho que representa los intereses del asegurador pueda intervenir en una instancia para asumir la defensa de los intereses del asegurado siempre que sea debidamente autorizado a esos fines. Sin embargo, en la especie no existe prueba de que el abogado que recurrió en nombre de Atlántica Insurance, S. A. y de José Francisco Grullón Cortorreal haya sido autorizado por el imputado, ahora recurrente; por el contrario, existe constancia en las piezas que componen el recurso de revisión constitucional de que en las instancias que proceden al recurso de casación el imputado estuvo representando por su abogado privado Lic. Eladio A. Reynoso, quien es el mismo abogado que le representa en el recurso de revisión constitucional que ocupa la atención del Tribunal. g. El derecho del imputado a ser asistido por el defensor de su elección está estrechamente relacionado con la propia configuración del derecho a la defensa, pues se trata de una relación donde el elemento confianza juega un papel de suma trascendencia en las expectativas de quien está siendo objeto de un proceso judicial como el que dio lugar a la sentencia recurrida. En efecto, era su defensor quien estaba en mejores condiciones de impugnar la decisión de la corte de San Francisco de Macorís, pues desde la primera etapa del proceso le había asistido en sus medios de defensa. Página 14 de 7015 h. Desde esta perspectiva, el recurso de casación interpuesto por el representante de Atlántica Insurance, S. A., en nombre del imputado, no satisface el derecho de recurrir que la Constitución y la norma procesal le reconoce para impugnar una decisión que le era desfavorable y, por tanto, dicha garantía ha sido lesionada como consecuencia de no poder recurrir una decisión que no le fue notificada. i. Conforme a la copia certificada por el secretario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís del Acto núm. 29/2012, de fecha veintitrés (23) de enero de dos mil doce (2012), instrumentado por Luis A. Valerio Paulino, alguacil ordinario del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, se ha podido constatar que no le fue notificada al ahora recurrente, la Decisión núm. 278, sobre inadmisibilidad del recurso de apelación, de fecha doce (12) de agosto de dos mil doce (2012), dictada en ocasión de la interposición de un recurso de apelación por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. j. El fundamento por el cual no se concretizó la referida notificación de la sentencia dictada en ocasión del recurso de apelación, se sustenta en que el requerido se había mudado y no tenían conocimiento del paradero del mismo, sin hacer traslado al abogado responsable de su defensa técnica, ni a la oficina del despacho del procurador fiscal del Distrito Judicial de Duarte, en cumplimiento con lo dispuesto en el Código Procesal Civil dominicano. k. Asimismo, a través del Acto S/N, de fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil doce (2012), del ministerial José Antonio Henríquez Vargas, al señor José Francisco Grullón Cortorreal, correspondiente a la notificación de la sentencia dictada en ocasión del recurso de casación interpuesto por la compañía aseguradora Atlántica Insurance, S. A., hemos podido evidenciar que fue notificada en el mismo domicilio que supuestamente el ahora recurrente se había Página 15 de 7016 mudado al momento de notificarle la sentencia de apelación, mediante la copia certificada por el secretario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís del Acto núm. 29/2012, de fecha veintitrés (23) de enero del dos mil doce (2012), instrumentado por Luis A. Valerio Paulino, alguacil ordinario del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte. l. El recurrente toma conocimiento pleno de que sus derechos son desconocidos o vulnerados cuando se le notifica la Sentencia núm , de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil doce (2012), dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual declaró inadmisible el recurso de casación contra la Decisión núm. 278, dictaminada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, por lo que el recurrente alega que se le ha vulnerado el derecho a la defensa, por el hecho de no haberle notificado la sentencia pronunciada en apelación y con ello, no permitirle interponer el recurso de casación y hacer valer sus medios de defensa, sino al abogado de la compañía de seguros, como parte civilmente responsable en el presente caso. m. En relación con lo antes indicado, podemos señalar que la Sentencia TC/0034/13 de este tribunal constitucional establece que: Las partes en el proceso son aquellas personas que, de alguna manera, se ven afectadas de forma directa y tienen un interés y una aptitud jurídica para reclamar en justicia sobre cualquier cuestión que deba ser resuelta por el tribunal. n. En esa mismo sentido, el artículo 147 del Código de Procedimiento Civil expresa lo siguiente: Página 16 de 7017 Cuando haya abogado constituido, no se podrá ejecutar la sentencia, sino después de haberle sido notificada, a pena de nulidad. Las sentencias provisionales y definitivas que pronunciasen condenaciones, se notificarán además a la parte, en su persona o en su domicilio, haciéndose mención de la notificación hecha al abogado. o. Conviene resaltar que el artículo 116 del antes referido código prescribe: las sentencias no pueden ser ejecutadas contra aquellos a quienes se les opone más que después de haberles sido notificadas ( ) ; por tanto, al respecto, los plazos y ejecuciones serán computados una vez se produzca la notificación. p. De igual forma, la Resolución núm , de la Suprema Corte de Justicia, establece el reglamento para la tramitación de notificaciones, citaciones y comunicaciones judiciales de la jurisdicción penal. Específicamente en su artículo 11, sobre el procedimiento en caso de requerido no localizado, dispone que: En aquellos casos en que la persona no sea localizada en el domicilio real o en el domicilio procesal previamente designado, se procederá de conformidad con las disposiciones de los artículos 141 y 360 del Código Procesal Penal, según corresponda. q. El no habérsele notificado al prevenido, señor José Francisco Grullón Cortorreal, en su calidad de parte, en su propio domicilio, ni a sus abogados que fungían como defensa técnica, en su domicilio profesional, según se constata en la certificación emitida por la Secretaría del Tribunal de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, de fecha veintidós (22) de octubre de dos mil doce (2012), afecta el derecho a la defensa y el debido proceso establecido por el artículo 69, numerales 1, 2 y 7 de la Constitución de la República, que establece: Página 17 de 7018 1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2) El derecho a ser oída, dentro del plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; ( ) 7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio. r. El derecho de defensa no debe limitarse a la oportunidad de ser representado, oído y de acceder a la justicia. Este derecho procura también la efectividad de los medios para dar a conocer el resultado de un proceso y que nada quede a merced de la voluntad o dejadez del abogado que asiste al ciudadano, sino que la parte afectada conozca por una vía de acceso directo a ella la solución dada a un conflicto de su especial interés. s. La sentencia objeto del presente recurso de revisión constitucional violenta el debido proceso de ley y el derecho a defenderse que tiene el señor José Francisco Grullón Cortorreal, al declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la compañía aseguradora del vehículo de motor envuelto en el accidente de tránsito, objeto de la presente litis, toda vez que no se le dio la oportunidad de alegar sus medios de defensa y de aportar pruebas, al no haberse hecho la correspondiente notificación a dicho prevenido, parte afectada por la sentencia objeto del recurso. t. A la luz de la precedente argumentación, el Tribunal Constitucional estima que debe acogerse el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que nos ocupa y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia recurrida, ordenando la remisión del expediente a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia con la finalidad de que el presente caso, en aplicación del artículo de la Ley núm , sea conocido nuevamente: con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional ( ) Página 18 de 7019 (Sentencia TC/194/13, de fecha treinta y uno [31] de octubre de dos mil trece [2013]). Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados Justo Pedro Castellanos Khoury y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, así como el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, Jueces. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional DECIDE: PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor José Francisco Grullón Cortorreal, contra la Resolución núm , de fecha veintinueve (29) de mayo del dos mil doce (2012), dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, ANULAR la sentencia recurrida. TERCERO: REMITIR el presente expediente a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia con la finalidad de que la Sala Penal conozca de nuevo el recurso de casación, a fin de que sea garantizado la tutela judicial efectiva y el debido proceso, y con ello, sea restaurado el legítimo derecho a la defensa que le asiste al señor José Francisco Grullón Cortorreal, consagrados en la Constitución dominicana en sus artículos 68 y 69, numeral 2. CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor José Francisco Página 19 de 7020 Grullón Cortorreal, a los recurridos, señores Altagracia Mejía Germosén y José Antonio Checo Ortiz, y a la compañía aseguradora del vehículo de motor envuelto en el accidente de tránsito objeto de la presente litis, Atlántica Insurance, S. A. QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2, parte in fine, de la Constitución de la República, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional. Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS Con el debido respeto y consideración de la mayoría de este tribunal reitero que no estoy de acuerdo con la decisión tomada en el presente caso y acogiéndome a lo previsto en el artículo 186 de la Constitución de la República, dejo constancia de mi disidencia. Página 20 de 70 Mostrar más
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SENTENCIA TC/0066/13 República Dominicana EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Referencia: Expediente No. TC-01-2012-0068, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por los señores Suleika Más detalles República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN NOMBRE DE LA REPUBLICA
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