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Timestamp: 2020-07-16 04:13:55
Document Index: 312120582

Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 134', 'artículo 57', 'artículo 134', 'artículo 9', 'artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 57', 'artículo 134']

Criterios para valorar bienes publicados por una Comunidad Autónoma
Los criterios para valorar bienes publicados por una Comunidad Autónoma en su página web son vinculantes para la Administración.
Los criterios para valorar bienes publicados por una Comunidad Autónoma , ¿vinculan a la Administración o puede efectuar una posterior comprobación de valores?
Analizamos la SENTENCIA dictada por el TRIBUNAL SUPREMO (Sala 3ª, Sección 2ª) de fecha 23.04.2019.
1.- En fecha 4 de enero de 2007, se formalizó escritura pública de compraventa en virtud de la cual doña AAAAA , propietaria de una casa totalmente derruida sita en xxxxxx, vende el pleno dominio de la mitad indivisa de la citada finca a su esposo don LLLLLLLL , aquí recurrente, por un precio de 73.501 euros.
2.- El Sr. LLLLLL presenta la correspondiente autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) por la compraventa efectuada.
Incoado expediente de comprobación de valores, la oficina liquidadora a partir del informe pericial realizado, asigna a la totalidad del inmueble el valor de 826.560 euros, por lo que se notifica propuesta de liquidación con una base imponible de 413.280 euros (por la mitad indivisa adquirida).
3.- Tras las alegaciones del adquirente que fueron desestimadas, la oficina liquidadora de Palamós dicta, el 23 de agosto de 2010, liquidación complementaria núm. 0000000 , de la que resulta una deuda tributaria por importe de 28.786,62 euros.
4.- Disconforme con la citada liquidación, el Sr. LLLLLL interpuso recurso núm. NUM000 ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional [«TEAR»] de Cataluña, que fue estimado en resolución de 19 de septiembre de 2014, que anula la liquidación complementaria al considerar que como el obligado tributario elaboró su declaración utilizando los valores publicados por la Dirección General de Tributos, era improcedente la comprobación realizada mediante la tasación de un perito de la Administración.
5.- La letrada de la Generalidad de Cataluña formuló recurso contencioso-administrativo que resulto estimado por sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, a su vez, anuló la resolución del TEAR por ser contraria a Derecho, resolviendo que la utilización de los valores publicados por el Agencia Tributaria de Cataluña no podía limitar la facultad de comprobación que tiene la Administración tributaria.
Esta sentencia es objeto del presente recurso de casación.
La valoración por el obligado tributario con arreglo a valores publicados por la propia Administración tributaria actuante.
Es conveniente recordar que, como ya señalamos en nuestra STS de 21 de mayo de 208, cit., la redacción del artículo 57.1.b) Ley General Tributaria (LGT) tras la Ley 36/2006 no cambia el medio de comprobación de valores previsto conforme a su redacción inicial. Es el mismo, si bien precisa que la estimación en que consiste el método de valoración puede plasmarse en la aplicación de coeficientes multiplicadores determinados y publicados por la Administración tributaria competente, añadiendo que, tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal es el Catastro Inmobiliario.
Por otra parte, el texto del artículo 134.1 ha sido siempre el mismo, antes de la Ley 36/2006 y después, de modo que, desde la entrada en vigor de la LGT, la Administración no puede comprobar los valores declarados por los obligados utilizando los parámetros publicados por ella en aplicación de alguno de los nueve métodos de comprobación previstos en el artículo 57.1.
Pues bien, la Generalidad de Cataluña publicó, mediante la Instrucción, unos coeficientes por municipio y por tributo que, aplicados al valor catastral -aprobado, por tanto, en virtud de la legislación del Estado sobre el Catastro Inmobiliario-, permitían alcanzar el valor real a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones, así como del que grava las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados.
Siendo así, no podía comprobar un valor fijado conforme a sus propios criterios, pues se lo impedía el inciso final del artículo 134.1 LGT , que es expresión positiva en este concreto ámbito del principio de seguridad jurídica, proclamado en el artículo 9.3 de la Constitución española [«CE «], y de sus corolarios consistentes en que no cabe defraudar la confianza legítima originada en los administrados por la propia Administración y en que esta última no puede ir contra sus propios actos.
Al no entenderlo así, la Sala de instancia, revocando la resolución del TEAR de Cataluña, ha incurrido en la infracción del repetido artículo 134.1 LGT , denunciada por la representación del Sr. Luis Andrés en su recurso de casación.
En consecuencia, resultan irrelevantes para la resolución de este recurso de casación las cuestiones señaladas por la Sección Primera de esta Sala en el auto de 16 de octubre de 2017 , cit., porque:
(i) Preguntarse si la institución del Catastro Inmobiliario puede limitar la capacidad de comprobación de las comunidades autónomas carece de sentido una vez que la Comunidad Autónoma de que se trate ha decidido asumir el valor catastral como parámetro de referencia.
(ii) Dilucidar cuál sea la naturaleza jurídica de una norma como la Instrucción de la Comunidad Autónoma de Cataluña a la que se sujetó el valor declarado por el contribuyente. Resulta irrelevante una vez que el artículo 134.1 LGT impide a una Administración comprobar los valores declarados por los obligados con arreglo a los criterios publicados por ella en aplicación de alguno de los nueve métodos del artículo 57.1 LGT , sin que, por lo demás, tengan peso los alegatos de la Generalidad de Cataluña sobre el carácter meramente interno de la Instrucción, como «consejos» dirigidos a sus órganos tributarios, una vez publicados en la Red y puestos a disposición de los contribuyentes.
En consecuencia, EL RECURSO DE CASACIÓN DEBE SER ESTIMADO, sin necesidad de realizar pronunciamiento interpretativo alguno más allá de la aplicación al caso debatido del artículo 134.1 LGT , que es lo que hizo el TEAR de Cataluña mediante una resolución indebidamente revocada por la Sala de instancia, por lo que la misma ha de ser anulada.
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