Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2016/as201610100.html
Timestamp: 2019-03-22 15:14:41
Document Index: 160339793

Matched Legal Cases: ['in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'e contrario', 'in dubio']

as201610100
AUTO SUPREMO N� 100/2016-RRC
Expediente : Chuquisaca 20/2015
Parte Imputada : Mario Alvis Calder�n y otros
Por memorial presentado el 14 de julio 2015, cursante de fs. 804 a 806, Antonio Lennar Loredo R�os, en representaci�n legal de V�as Bolivia, interpone recurso de casaci�n, impugnando el Auto de Vista 241/015 de 1 de julio de 2015, de fs. 790 a 793 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio P�blico y el recurrente contra Mario Alvis Calder�n, Alexander Canaviri Guti�rrez y Rolando Mois�s Vicente Loaiza Rojas, por la presunta comisi�n de los delitos de Peculado, Uso Indebido de Influencias y Concusi�n previstos y sancionados por los arts. 142, 146 y 151 del C�digo Penal (CP), respectivamente.
a) Por Sentencia 10/2015 de 24 de febrero (fs. 694 a 709 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declar� a Mario Alvis Calder�n, autor de la comisi�n de los delitos de Peculado, Uso Indebido de Influencias y Concusi�n, previstos y sancionados por los arts. 142, 146 y 151 del CP, imponi�ndole la pena de ocho a�os de presidio y multa de doscientos d�as a raz�n de Bs. 2.- (dos bolivianos), con costas, pago de da�os y perjuicios; y, absuelto de pena y culpa del delito de Extorsi�n tipificado en el art. 333 del CP. Por otra parte, absolvi� de pena y culpa a los co-imputados Alexander Canaviri Guti�rrez y Rolando Mois�s Vicente Loaiza Rojas, por los delitos endilgados en su contra, previstos y sancionados por los arts. 146, 151 y 333 con relaci�n al art. 45 del CP.
b) Contra la mencionada Sentencia, la parte querellante (fs. 733 a 736 vta.) y Marcelo Ayala Urquizo, Defensor de Oficio por el imputado Mario Alvis Calder�n, declarado rebelde (fs. 738 a 740 vta.), interpusieron recursos de apelaci�n restringida, que previo memorial presentado por el querellante (fs. 779 a 780 vta.), fueron resueltos por Auto de Vista 241/015 de 1 de julio, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que rechaz� por inadmisible los referidos medios de impugnaci�n, motivando a formulaci�n de recurso de casaci�n.
I.1.1. Motivo del recurso de casaci�n
Del memorial de recurso de casaci�n y del Auto Supremo 563/2015-RA de 27 de agosto, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resoluci�n, sobre el cual este Tribunal circunscribir� su an�lisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del C�digo de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del �rgano Judicial (LOJ).
El recurrente denuncia que el Tribunal de alzada, rehuyendo resolver el fondo de su apelaci�n restringida y esbozando argumentos forzados, con excesivo rigorismo y carente de justificaci�n y fundamentaci�n, rechaz� por inadmisible el recurso, con el fundamento de que el recurrente no cumpli� con el requisito de fundamentar su agravio y por ser err�nea la aplicaci�n pretendida; que a pesar de haber subsanado los defectos observados por el Tribunal de alzada, �ste rechaz� el recurso, a pesar de cumplir con los requisitos de forma exigidos por ley, al haber planteado de forma separada la violaci�n en el que incurri� el Tribunal de m�rito, al no valorar correctamente las pruebas de modo integral, mencionando normas legales y jurisprudencia establecida en Autos Supremos emitidos por el m�ximo Tribunal de Justicia; limitando de esta manera su derecho a la defensa, igualdad, acceso a la justicia, a impugnar fallos, tutela judicial efectiva y al debido proceso, precautelados por los arts. 115 y 180.II de la Constituci�n Pol�tica del Estado (CPE) y art. 407 del CPP; sobre este agravio invoc� los Autos Supremos 372 de 22 de junio de 2004, 20/2012 de 14 de febrero y 276/2007 de 5 de octubre.
Por lo expuesto, el recurrente pide se declare admisible el recurso y existiendo contradicci�n entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes contradictorios invocados, se dicte resoluci�n declarando la doctrina legal aplicable, de acuerdo al art. 419 del CPP; en consecuencia, se anule el Auto de Vista impugnado y se disponga el pronunciamiento de un nuevo que resuelva en el fondo la apelaci�n restringida.
Mediante Auto Supremo 563/2015-RA, cursante de fs. 819 a 821 vta., este Tribunal admiti� el recurso formulado para su an�lisis de fondo.
El acusador particular, plante� recurso de apelaci�n restringida contra la Sentencia 10/2015 de 24 de febrero, argumentando:
La Sentencia contiene defectos, conforme establece el art. 370 inc. 6) del CPP; por cuanto, el Tribunal de Sentencia estableci� que, con relaci�n a los acusados Rolando Mois�s Vicente Loaiza Rojas y Alexander Canaviri Guti�rrez exist�a duda razonable sobre la comisi�n de los delitos endilgados, en aplicaci�n del principio in dubio pro reo; sin embargo, no consider� que dentro de la prueba aportada exist�an m�s razones suficientes para sostener un grado de culpabilidad y no as� dudas en cuanto a su participaci�n en los hechos denunciados. As�, conforme al art. 173 del CPP, el Tribunal Segundo de Sentencia estableci� que, efectuado el an�lisis probatorio y su valoraci�n conforme a las reglas de la sana cr�tica, debidamente justificadas y razonadas cada una de las pruebas en su conjunto, de manera arm�nica y considerada esencial, estableci� las siguientes conclusiones: a) La prueba documental P.D.4, en la que consta que Claudia Mamani �lvarez, denunci� las irregularidades referentes a que Alexander Canaviri, le solicit� realizar un aporte personal de Bs. 250.- (doscientos cincuenta bolivianos 00/100), extremo ratificado en su declaraci�n testifical; la prueba documental P.D.6, consistente en el informe de Jes�s Bladimir Ram�rez Caballero, en el que indic�: �En esos momentos cuando el Sr. Mart�nez empez� a cobrar el descuento, muchos compa�eros entraron donde el DIRECTOR LIC. ROLANDO LOAIZA a reclamar lo sucedido, donde �l nos indic� que todo esto era �rdenes del Sr. Germ�n Mancilla, el cual por retener su cargo (ROLANDO MOISES LOAIZA) ten�a que aceptar las decisiones del Sr. Mancilla� (sic); la prueba P.D.9, referida al informe de V�ctor Hugo Aldunate, quien inform� a Rolando Loaiza, pero �l mismo les dio la orden de depositar los dineros de las recaudaciones del Reten de Machareti, a la cuenta de Mario Alvis Calder�n.
Al respecto, sostiene que existen dos pruebas documentales que acreditan la complicidad con la que actu� Rolando Mois�s Vicente Loaiza Rojas, pruebas que no fueron valoradas a efectos de sancionar la conducta delictiva acusada; en consecuencia, el principio in dubio pro reo, no es aplicable a los dos coacusados, al no haber existido duda razonable de acuerdo a las pruebas aportadas sobre el grado de participaci�n que tuvieron Rolando Mois�s Loaiza y Alexander Canaviri en la comisi�n de los delitos acusados.
En el apartado de fundamentaci�n jur�dica, expresa que, en aplicaci�n del art. 20, Alexander Canaviri Guti�rrez, configur� su conducta en el tipo penal de Concusi�n, previsto en el art. 151 del CP; y, en m�rito al art. 23 del CP, en consideraci�n a la prueba documental aportada, se demuestra que Rolando Mois�s Loaiza, tuvo conocimiento de los cobros que exist�an, y que los dep�sitos de las recaudaciones se iban a realizar en otra cuenta; sin embargo, dio su consentimiento facilitando que se comentan los il�citos acusados.
Por lo expuesto, sostuvo que el Tribunal debi� dictar Sentencia condenatoria contra los coacusados, conden�ndoles por los delitos a los cuales acomodaron su conducta, debido a que la Sentencia se bas� en valoraci�n defectuosa de la prueba, citando al respecto la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 67 de 27 de enero de 2006.
II.2. De la observaci�n al recurso y del memorial presentado.
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a trav�s del Auto de 4 de mayo de 2015 (fs. 772), observa el memorial de apelaci�n formulado por Antonio Lennar Loredo R�os, en representaci�n legal de V�as Bolivia, por no cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos por el art. 408 del CPP, relativos a que: No refiere la norma habilitante, sino siete art�culos diferentes; empero, no refiere de manera separada la norma violada o err�neamente aplicada. Por �ltimo, no expresa la aplicaci�n que pretende de cada norma violada o err�neamente aplicada, a cuyo efecto, en aplicaci�n del art. 399 primer p�rrafo del CPP, concede el plazo de tres d�as al recurrente, a efectos de efectuar la subsanaci�n.
Como efecto de ello, el recurrente, a trav�s de memorial que consta de fs. 779 a 780 vta., alega subsanar las observaciones efectuadas por el Tribunal de alzada, aclarando que no hizo alusi�n a siete art�culos como expresa el Tribunal de apelaci�n; sino, �nicamente al art. 370 inc. 6) del CPP, que prev� un defecto de Sentencia en el que incurrieron algunos miembros del Tribunal Segundo de Sentencia; por lo que, ratifica el recurso de apelaci�n restringida, argumentando:
i) Se valor� de manera defectuosa la prueba producida, sin pronunciamiento sobre la totalidad de medios probatorios como es obligaci�n del Juzgador; por cuanto, la prueba sebe ser valorada integralmente y no puede ser obviada al momento de fundamentar. En ese contexto, la prueba documental signada como P.D.4, no se incorpor� legalmente a juicio, incurriendo en el defecto establecido en el art�culo procesal citado, situaci�n que especific� y reclam� en la apelaci�n restringida, debido a que la decisi�n fue basada en hechos inexistentes o no acreditados como en la defectuosa valoraci�n de la prueba; por lo que, asevera que se desvirt�a la duda razonable sobre la comisi�n del il�cito penal de Concusi�n por parte de Alexander Canaviri Guti�rrez, de acuerdo a la prueba documental y testifical; en consecuencia, siendo inaplicable el principio in dubio pro reo;
ii) Las pruebas documentales signadas como P.D.6 y P.D.9 cuyo contenido describe, acreditan la complicidad con la que actu� Rolando Mois�s Loaiza, las que no fueron valoradas a efectos de sancionar la conducta delictiva acusada. Al efecto, insiste en que los medios probatorios presentados demuestran que no existe una duda razonable a favor de los coacusados en relaci�n a los delitos endilgados; por cuanto, el Tribunal inferior incurri� en el defecto establecido en el art. 370 inc. 6) del CPP, habiendo vulnerando las reglas de la sana cr�tica dispuestos en el art. 173 del CPP;
iii) Recalca que Alexander Canaviri Guti�rrez, acomod� su conducta en el delito de Concusi�n, como autor directo (art. 20 del CP), habiendo actuado con dolo (art. 14 del CP); entonces, debi� haber sido sancionado y no absuelto, siendo de voto disidente el Juez Esteban Monz�n;
iv) Rolando Mois�s Vicente Loaiza Rojas, de acuerdo a la prueba documental aportada, tuvo conocimiento de los cobros que exist�an, debido a que se le consult� sobre los hechos y se le inform� que se iban a realizar los dep�sitos de las recaudaciones en otra cuenta, quien dio su consentimiento facilitando a que se cumplan los il�citos acusados; por lo que, su conducta debe ser sancionada en base al art. 23 del CP;
v) Por lo expuesto, el Tribunal de Sentencia debi� dictar sentencia condenatoria para los encausados Rolando Mois�s Vicente Loaiza Rojas y Alexander Canaviri Guti�rrez, conden�ndoles por los delitos endilgados por los cuales acomodaron su conducta; asimismo, no era aplicable el principio de in dubio pro reo para absolver a los acusados, por cuanto la duda razonable es aplicable cuando no existen elementos probatorios para dar fe de que los delitos hubiese sido cometidos por los acusados, lo que no se dio en el caso;
iv) Finalmente, sostiene que al haberse valorado de manera defectuosa la prueba introducida a juicio, se atent� la seguridad jur�dica y el debido proceso.
La Sala Penal Primera, rechaz� por inadmisible el recurso de casaci�n formulado por el presentante legal de V�as Bolivia, de acuerdo a los siguientes fundamentos:
1) En cuanto, al cumplimiento de la previsi�n contenida en el art. 396 inc. 3) segunda parte del CPP, que impone ��con indicaci�n espec�fica de los aspectos cuestionados de la resoluci�n�� (sic), el memorial de apelaci�n y el de subsanaci�n, contienen alegaciones generales, sin fundamento sobre qu� parte del razonamiento del Juez inferior, fue contrario a la norma; por lo que, el recurrente no subsan� las observaciones efectuadas al recurso, no respondi� a todas y cada una de las observaciones realizadas de manera clara, precisa e individualizada, denotando incumplimiento de los requisitos exigidos en los arts. 407 y 408 del CPP, lo que imposibilita la apertura de la competencia del Tribunal de alzada para ingresar a resolver en el fondo del recurso formulado;
2) Las formas de resoluci�n se encuentran previstas en el art. 413 del CPP; y, cada una de ellas responde a los defectos de Sentencia contenidos en el art. 370 del CPP y defectos de procedimiento previstos en el art. 169 del citado procedimiento, de ah� que se hace de ineludible cumplimiento la exposici�n de la fundamentaci�n de hecho y derecho, sobre los aspectos cuestionados, siendo exigible que se exponga con claridad, precisi�n y de manera puntual la aplicaci�n que se pretende de las normas acusadas como inobservadas o err�neamente aplicadas y la forma de resoluci�n que se espera obtener, adem�s de no referir la norma habilitante;
3) Por lo expuesto, corresponde aplicar lo determinado en el 399 del CPP, advertido al recurrente a tiempo de realizar las observaciones al recurso, bajo apercibimiento de rechazo para el caso de su inobservancia o incumplimiento; toda vez, que si bien el derecho a recurrir las resoluciones judiciales se encuentra garantizado por el art. 180.II de la CPE y art. 394 del CPP; sin embargo, el se�alado derecho debe ser ejercido en los t�rminos y condiciones previstas por ley, al efecto destaca que su competencia est� limitada �nicamente a �..los aspectos cuestionados de la Resoluci�n�, conforme dispone el art. 398 del C�digo citado; en ese marco, dicha competencia est� destinada a verificar que los fundamentos, razonamientos, conclusiones y determinaciones que el Juez o Tribunal de instancia habr�an plasmado en la resoluci�n apelada, se enmarquen a derecho y por ello, el recurrente tiene la ineludible obligaci�n de otorgar una correcta y suficiente motivaci�n a su recurso; por cuanto, el pronunciamiento sobre el fondo del mismo, ser� en proporci�n a la motivaci�n expresada en dicho recurso, as� lo estableci� la uniforme jurisprudencia constitucional (Sentencia Constitucional 1306/2011) y la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 60 de 7 de marzo de 2013, entre otros, extremo que en el memorial del recurso en examen no acontece; en consecuencia, se encuentra impedido de pronunciarse respecto a la Sentencia recurrida, al no haber abierto su competencia para ello.
El recurrente asevera que el Tribunal de alzada, en el Auto de Vista recurrido, sin fundamentaci�n ni justificaci�n del fallo rechaz� por inadmisible el recurso de apelaci�n restringida, expresando err�neamente que no cumpli� con el requisito de fundamentar su agravio y por ser err�nea la aplicaci�n pretendida; no obstante, que cumpli� los requisitos de forma exigidos por ley. Por lo que, adem�s de vulnerar sus derechos a la defensa, igualdad, acceso a la justicia, a impugnar fallos, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, contradijo la doctrina legal invocada.
III.1.Sobre los precedentes invocados y el cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 408 del CPP.
El Auto Supremo 276/2007 de 5 de octubre, fue emitido en un caso en el que el Tribunal de Alzada declar� con argumentos sin valor, inadmisible el recurso de apelaci�n interpuesto por la v�ctima, debido a que concluy� err�neamente que la impugnante no present� acusaci�n particular y, por ello, interpret� la ausencia de ese requisito como abandono de querella en aplicaci�n de la previsi�n contenida en el inc. 3) del art. 292 del mismo C�digo, conculcando el principio constitucional de derecho a la defensa preceptuado en el numeral II del art. 16 de la CPE, raz�n por la cual la extinta Corte Suprema de Justicia, dej� sin efecto el Auto de Vista recurrido, con el siguiente razonamiento:
�Los Autos de Vista contienen el defecto absoluto no susceptibles de convalidaci�n a que hace referencia el numeral 3) del art�culo 169 del C�digo de Procedimiento Penal, cuando declaran inadmisible un recurso de apelaci�n restringida desconociendo la existencia de claros datos expuestos durante el juicio oral que acreditan el cumplimiento, por parte del recurrente, de reglas procesales no advertidas por los juzgadores o equivocadamente valoradas como no observadas, vulnerando as� la garant�a del debido proceso por descuido en la revisi�n de antecedentes, negando por ello al recurrente su derecho a la defensa. Los Tribunales de Alzada est�n en la inexcusable obligaci�n de fundamentar sus resoluciones sobre la base de una revisi�n prolija de los antecedentes y actos procesales que motivaron el recurso de apelaci�n restringida, evitando apreciaciones que desconozcan los actos procesales ejecutados por las partes en atenci�n a sus derechos u obligaciones o por el Juez o Tribunal en m�rito a su competencia�.
El supuesto f�ctico que dio lugar al precedente desarrollado, referido a la legitimaci�n del recurrente de apelaci�n, al no guardar similitud con la problem�tica formulada en el recurso de casaci�n, estrictamente referido al an�lisis de admisibilidad a que est� obligado el Tribunal de apelaci�n respecto a la observancia de los requisitos previstos en el art. 408 del CPP, no corresponde ser considerado a efectos de contrastaci�n.
El Auto Supremo 372 de 22 de junio de 2004, determin� dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, debido a que constat� que el Tribunal de alzada, infringi� el art. 411 del CPP, al no haber se�alado d�a y hora de audiencia de fundamentaci�n, no obstante haber sido expresamente solicitada por el impugnante; y, al haber concluido que el recurrente no dio cumplimiento a los requisitos establecidos en el art. 408 del Procesal Penal err�neamente calificados de fondo, cuando lo correcto consist�a en conminar al apelante a que subsane los elementos observados de su recurso sin rechazarlo in limine; por lo que, consider� que incurri� en violaci�n del art. 399 del C�digo citado, desarrollando la efecto la siguiente jurisprudencia:
�Las normas procesales que efectivizan derechos fundamentales que hacen al debido proceso, como el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva, son de orden p�blico y de cumplimiento obligatorio; por lo que por una parte, si se ha solicitado expresamente audiencia de fundamentaci�n del recurso, el Tribunal no puede omitir fijar d�a y hora de la audiencia para tal fin.
Por otro lado, el Tribunal de apelaci�n no puede rechazar el recurso de apelaci�n restringida por defectos de forma subsanables -salvo la presentaci�n fuera del plazo previsto por el art. 408 que es imposible de subsanar- estando, m�s bien obligado a conceder al recurrente la oportunidad de subsanar los defectos de forma en el plazo establecido por el art. 399 del C�digo de Procedimiento Penal. Si la parte recurrente no corrige o ampl�a su recurso, reci�n corresponde su rechazo.
De lo expuesto, se evidencia la existencia de un fallo dictado sin la observancia de las reglas del debido proceso y las garant�as constitucionales, que constituye un defecto absoluto al tenor del art. 169-3) del C�digo de Procedimiento Penal, lo que amerita en aplicaci�n del art. 419 del C�digo de Procedimiento Penal, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, para que las omisiones observadas, sean subsanadas�.
El precedente tambi�n invocado por el apelante, no resulta aplicable al caso concreto, debido a que dej� sin efecto el Auto de Vista recurrido, por haber concluido err�neamente, entre otros argumentos, que el recurrente no observ� los requisitos previstos en el art. 408 del CPP, sin antes otorgarle el plazo de subsanaci�n previo a la declaratoria de rechazo in limine, aspecto diferente al que se analizar� en el caso concreto, donde el cuestionamiento se circunscribe al an�lisis de admisibilidad, una vez otorgado el plazo de tres d�as para subsanar las observaciones efectuadas por el Tribunal de alzada; en consecuencia, no es posible efectuar una contrastaci�n de su contenido con el motivo de casaci�n.
El Auto Supremo 20/2012 de 14 de febrero, fue emitido por este M�ximo Tribunal de Justicia, a tiempo de resolver un caso en el que el Tribunal de alzada no cumpli� con responder los puntos cuestionados en el segundo memorial de recurso de apelaci�n restringida, con el fundamento errado de que �nicamente el primer memorial fue presentado en el plazo legal formulado; sin embargo, en antecedentes se constat� que ambos memoriales fueron interpuestos dentro del plazo legal; por ende se determin� dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, en base a la siguiente doctrina legal:
�El Tribunal de alzada competente al sustanciar y tramitar los distintos recursos previstos en la Ley Adjetiva Penal, tiene la obligaci�n de evitar violaciones flagrantes a la garant�a judicial de impugnar las resoluciones judiciales, por lo que le corresponde revisar con todo cuidado los datos procesales, en especial la diligencia de notificaci�n con el Auto Complementario que da inicio al c�mputo del plazo legal para la interposici�n del recurso de apelaci�n restringida, para evitar la vulneraci�n de los derechos de la parte recurrente, pues la omisi�n de esa labor puede generar la concurrencia de defecto absoluto ante la falta de consideraci�n y resoluci�n de un recurso interpuesto dentro del t�rmino de ley.
Por otra parte, en el entendido de que el recurso de apelaci�n restringida conforme a las disposiciones contenidas en el C�digo de Procedimiento Penal, es el �nico medio legal para impugnar una sentencia, ning�n tribunal debe rechazar o dejar de considerar un recurso y su correspondiente fundamentaci�n oral en la audiencia se�alada para el efecto, sin constatar previamente el hecho de su presentaci�n dentro de los plazos establecidos para el efecto, generando el deber ineludible de exponer los motivos que sustentan su decisi�n, con relaci�n a todos los aspectos cuestionados de la resoluci�n en el recurso de apelaci�n restringida, pues lo contrario implica un desconocimiento a uno de los presupuestos del �mbito del derecho al debido proceso que exige que toda resoluci�n judicial sea debidamente fundamentada�.
El supuesto f�ctico resuelto, guarda similitud con la denuncia efectuada por el recurrente en el recurso de casaci�n en estudio, debido a que el motivo de casaci�n radica en que err�neamente el Tribunal de alzada concluy� que el impugnante no cumpli� con observar algunos requisitos de admisibilidad, previstos en el art. 408 del CPP, teni�ndose que en el precedente invocado se resolvi� la denuncia relativa a la err�nea concepci�n del Tribunal de alzada sobre la falta de cumplimiento de un requisito de admisi�n, referente al plazo para su interposici�n; raz�n por la cual corresponde su contraste jurisprudencial.
Adicionalmente debe considerarse que, este Tribunal estableci� los siguientes lineamientos en cuanto al juicio de admisibilidad del recurso de apelaci�n restringida, con la finalidad de evitar una rigurosidad excesiva en la verificaci�n del cumplimiento de los requisitos legales para su admisi�n, que signifiquen una negaci�n de acceso a la justicia del impugnante, elemento del derecho-garant�a-principio del debido proceso. As�, se estableci� el siguiente razonamiento:
De acuerdo a los antecedentes expuestos, se tiene que la Sala Penal Primera, actuando como Tribunal de apelaci�n, una vez conocido el recurso de apelaci�n restringida formulado por el apelante, lo observ� a trav�s del Auto de 4 de mayo de 2015, extra�ando el cumplimiento de los siguientes aspectos:
1) La falta de cita de la norma habilitante, aclarando que en el recurso constaba la cita de siete art�culos diferentes, que no refer�an de manera separada la norma violada o err�neamente aplicada; y,
2) La ausencia de explicaci�n de la aplicaci�n que pretend�a de cada norma violada o err�neamente aplicada.
Como efecto de ello, el recurrente present� memorial de subsanaci�n, aclarando que en el memorial de apelaci�n restringida no cit� siete art�culos como hac�a referencia el Auto de observaci�n; sino, solamente el art. 370 inc. 6) del CPP, que prev� el defecto de valoraci�n defectuosa de la prueba en la Sentencia, a cuyo efecto ratific� su primer memorial, reiterando y ampliando los fundamentos de su apelaci�n restringida.
En ese contexto, de la revisi�n del recurso de apelaci�n restringida, se constata que el recurrente, cit� expresamente como defecto de Sentencia el previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, fundamentando que algunos miembros del Tribunal de Sentencia (el Juez T�cnico Esteban Monz�n Miranda, fue de voto disidente), valoraron de forma defectuosa la prueba consistente en las documentales P.D.4, consistente en una denuncia que formul� Claudia Mamani �lvarez, sobre las irregularidades referentes a que Alexander Canaviri Guti�rrez, le solicit� realizar un aporte personal de Bs. 250.- (doscientos cincuenta bolivianos), extremo ratificado en su declaraci�n testifical; P.D.6., referente a un informe de Jes�s Bladimir Ram�rez Caballero, en el que indic�: �En esos momentos cuando el Sr. Mart�nez empez� a cobrar el descuento, muchos compa�eros entraron donde el DIRECTOR LIC. ROLANDO LOAIZA a reclamar lo sucedido, donde �l nos indic� que todo esto era �rdenes del Sr. Germ�n Mancilla, el cual por retener su cargo (ROLANDO MOISES LOAIZA) ten�a que aceptar las decisiones del Sr. Mancilla� (sic); y, la prueba P.D.9, referida al informe de V�ctor Hugo Aldunate, quien inform� a Rolando Mois�s Vicente Loaiza Rojas sobre las irregularidades, pero �l mismo les dio la orden de depositar los dineros de las recaudaciones del Reten de Machareti, a la cuenta de Mario Alvis Calder�n.
La referida identificaci�n de la norma procesal que el Tribunal de Sentencia incumpli�, acompa�ada de la explicaci�n sobre las pruebas que no habr�an sido consideradas, fue reiterada en el memorial de subsanaci�n por el apelante; sin embargo, aclar� que las pruebas citadas, no fueron valoradas a efectos de sancionar el actuar delictivo de los coimputados (Alexander Canaviri Guti�rrez y Rolando Mois�s Vicente Loaiza Rojas); por cuanto, si las mismas hubieren sido tomadas en cuenta, habr�a sido evidente la inaplicabilidad del principio in dubio pro reo y dado lugar a su condena.
Analizados dichos argumentos, se advierte que conforme afirm� el apelante, no cit� siete art�culos en la apelaci�n restringida, como err�neamente asever� el Tribunal de alzada en el Auto de observaci�n; sino, que a efectos de sustentar el defecto de la Sentencia, invoc� el defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, haciendo referencia a una defectuosa valoraci�n de la prueba, inicialmente; para despu�s aclarar, en el memorial de subsanaci�n, que las pruebas descritas (P.D.4, P.D.6 y P.D.9), no fueron valoradas, de lo contrario hubiere dado lugar a declarar la culpabilidad de los co-acusados y dictar sentencia condenatoria contra ellos.
Por lo expuesto, se advierte que tanto en el memorial de apelaci�n restringida como en el de subsanaci�n, el recurrente especific� la norma inobservada por el Tribunal de Sentencia [art. 370 inc. 6) del CPP]; la forma en la que los Juzgadores de m�rito la habr�an inobservado (falta de valoraci�n de las pruebas); y, la aplicaci�n que pretend�a (a trav�s de una correcta valoraci�n de la prueba descrita, se declare la culpabilidad de los acusados declarados absueltos, resolviendo su condena), argumentos que resultan suficientemente claros para declarar la admisibilidad del recurso de apelaci�n restringida y no as� su rechazo por inadmisible, con el argumento err�neo de falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 408 del CPP.
As�, de los antecedentes expuestos y su correspondiente an�lisis, se advierte que el Tribunal de alzada contradijo la doctrina legal invocada por el recurrente y la adicional citada en este Auto Supremo; por cuanto, sin efectuar un an�lisis exhaustivo y cuidadoso de los memoriales de apelaci�n y subsanaci�n, ni observar los principios de interpretaci�n m�s favorable a la admisi�n del recurso, de proporcionalidad y de subsanaci�n, declar� inadmisible el recurso de apelaci�n restringida, inhibi�ndose de conocer el fondo de las denuncias, resultando restricci�n al derecho de recurrir del apelante; por lo que, corresponde dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, a los fines de que el Tribunal de alzada emita nueva resoluci�n resolviendo en el fondo la apelaci�n formulada por la parte recurrente.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casaci�n interpuesto por Antonio Lennar Loredo R�os en representaci�n legal de V�as Bolivia, cursantes de fs. 804 a 806. y en aplicaci�n del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 241/015 de 1 de julio de 2015, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resoluci�n.