Source: https://de.scribd.com/document/112801323/OSCE
Timestamp: 2020-05-28 02:48:27
Document Index: 107922513

Matched Legal Cases: ['artículo 1351', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 201', 'artículo 158', 'artículo 161', 'artículo 177', 'artículo 177', 'artículo 177', 'artículo 150', 'artículo 84', 'artículo 82', 'artículo 87', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 54', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 41', 'artículo 233', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 28', 'artículo 38', 'artículo 23', 'artículo 148', 'artículo 137', 'artículo 203', 'artículo 43', 'artículo 23', 'Artículo 45', 'artículo 137', 'artículo 160', 'artículo 171', 'artículo 50', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 23', 'artículo 41', 'Artículo 43', 'artículo 23', 'artículo 48', 'Artículo 41', 'artículo 48', 'artículo 23', 'artículo 77', 'artículo 46', 'Artículo 49', 'Artículo 46', 'Artículo 50', 'artículo 51', 'artículo 48', 'Artículo 47', 'artículo 3', 'artículo 47', 'artículo 295', 'artículo 51', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 294', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 15', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 324', 'artículo 46', 'artículo 40', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 22', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 6', 'artículo 38', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 61', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 18']

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Manual de Preguntas y respuestas de La Ley de Contrataciones Del Estado del Perú- Alberto Retamozo Linares
Carlos Medellin-Conferencia
(24639) Myriam Guerrero de Escobar
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Cuestionario Aspectos Legales (1)
Preguntas de Examen de Certificacion 22 de Febrero
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MANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE EJECUCIÓN DE OBRAS
CONSUCODE - MANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE EJECUCIÓN DE OBRAS
Dr. Ricardo Salazar Chávez Presidente del CONSUCODE
Dra. Ana Teresa Revilla Vergara Jefa del Proyecto Transparencia en las Adquisiciones Estatales
Lic. Beatriz Aurora Alcalá Espinoza Dr. Marco Aurelio Montoya Lazarte
Ing. Carlos López Avilés
LA REALIZACIÓN DE ESTE MATERIAL FUE POSIBLE GRACIAS AL APOYO BRINDADO POR USAID/PERÚ.
Las opiniones expresadas en este documento pertenecen a sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID
La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley 26850, ha experimentado modificaciones que han ido incorporando criterios y modalidades de contratación que tienen como propósito incrementar la eficiencia en la contratación estatal, dentro de un ambiente de seguridad y transparencia.
En este escenario, además de precisiones y mejoras al mecanismo clásico de contratación, han surgido nuevas formas para las contrataciones estatales, como las compras corporativas, la subasta inversa, el convenio marco de precios y la contratación electrónica a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, resultando fundamentales estas figuras novedosas que han abierto una gran oportunidad para incrementar eficiencia, ahorros, seguridad y transparencia en la contratación pública.
El CONSUCODE, a través del Proyecto “Transparencia en las Adquisiciones Estatales”, ejecutado con el valioso apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional - USAID, ha diseñado y elaborado, con el apoyo de especialistas en la materia, seis manuales que permitan un mayor y fácil conocimiento de la normativa contractual, de modo que sirvan de instrumento de apoyo en las actividades de los usuarios públicos y privados que participan en los procesos de contratación, así como de toda persona interesada en la contratación pública.
Los mencionados manuales desarrollan los siguientes temas: adquisición de bienes y suministros; la contratación de servicios y servicios de consultoría; la ejecución de obras; la solución de controversias en el proceso de selección y en la etapa de ejecución contractual; procesos de menor cuantía; así como un compendio de la normativa relacionada a la contrataciones pública.
El CONSUCODE espera que los manuales alcancen el objetivo de brindarle a los operadores de la norma y a los interesados en general instrumentos teórico - prácticos para obtener información que les permita realizar en forma eficaz su gestión y poder hacer de las contrataciones públicas actos caracterizados por la eficiencia, de transparencia, equidad y justicia
PRIMERA PARTE ASPECTOS GENERALES
1 ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN PUBLICA
1.1 El contrato del Estado
1.2 La contratación del Estado
1.3 La contratación del Estado en la Constitución
1.4 Alcances de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
1.5 Especialidad de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
1.6.1 Aspecto subjetivo: La Entidades
1.6.2 Aspecto Objetivo
1.6.2.1 Materias a las que se aplica la LCAE
1.6.2.2 Materias en las que no se aplica la LCAE.
1.7 Los actores del proceso
1.7.1 El Titular del Pliego Presupuestario
1.7.2 La máxima autoridad administrativa
1.7.3 Competencias en materia de contrataciones
1.7.4 El Área Usuaria
1.7.4.1 Definición
1.7.4.2 El requerimiento
1.7.4.3 Competencia
1.7.5 Definición
1.7.5.1 La dependencia encargada de Contrataciones y Adquisiciones
1.7.5.2 Competencia
1.7.5.2.1 Planificación de los procesos de selección
1.7.5.2.2 Organización, conducción y ejecución de los procesos de menor cuantía.
1.7.6 Contrataciones y Adquisiciones exoneradas
1.7.7 Formalización del contrato
1.7.8 Comité Especial
1.7.8.1 Definición
1.7.8.2 Competencia
1.7.8.3 Designación
1.7.8.4 Comité Especial para más de un proceso y Comité especial permanente.
1.7.8.5 Conformación
1.7.8.6 Intervención de los miembros suplentes.
1.7.8.7 Contratación o adquisición de bienes sofisticados, servicios especializados u obras.
1.7.8.8 Contratación de expertos independientes
1.7.8.9 Impedimentos
1.7.8.10 Formalización y actuación
1.7.8.11 Quórum y acuerdos
1.7.8.12 Remoción, renuncia y cese
1.7.8.13 Responsabilidad
1.7.9 Postores y Contratistas
1.7.9.1 Los Postores
1.7.9.2 Los Contratistas
1.7.9.3 Impedimentos
1.7.9.4 Prohibición de prácticas restrictivas
1.7.9.5 Prácticas restrictivas de la libre competencia en la contratación del Estado.
1.7.9.6 Sanción
1.8 Los Registros
1.8.1 El Registro Nacional de Proveedores
1.8.1.1 Definición
1.8.1.2 Función
1.8.1.3 Obligatoriedad
1.8.1.4 Aspectos Administrativos
1.8.1.5 Capítulos
1.8.1.5.1 Capítulo de Proveedores de Bienes
1.8.1.5.2 Capítulo de Proveedores de Servicios
1.8.1.5.3 Capítulo de ejecutores de obras
1.8.1.5.4 Capítulo de consultores de obras
1.8.1.5.5 Capítulo de Inhabilitados para contratar con el Estado
1.8.2 Prohibición de Registro de Proveedores
1.8.3 Listado de Entidades Contratantes
1.8.4 Registro de Contratos
1.8.5 Libro de actas de procesos
1.9 El Expediente de Contratación
1.9.1 Definición
1.9.2 Importancia
1.9.3 Formación del expediente de contratación
1.9.4 El expediente Técnico
1.9.4.1 Definición
1.9.4.2 Utilidad e importancia
1.9.4.3 Aprobación
1.10 Los Principios
1.10.1 Moralidad
1.10.2 Libre competencia
1.10.3 Imparcialidad
1.10.4 Eficiencia
1.10.5 Transparencia
1.10.6 Economía
1.10.7 Vigencia Tecnológica
1.10.8 Trato justo e igualitario
1.11 El Plan Anual de Adquisiciones
1.11.1 Planificación
1.11.2 El Plan Anual
1.11.3 Importancia
1.11.4 Elaboración
1.11.5 Contenido
1.11.6 Aprobación
1.11.7 Modificación del Plan Anual
1.11.8 Cuadro Sinóptico del PAAC
2 LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
2.1 Clasificación de los procesos
2.1.1 Licitación Pública
2.1.3 Adjudicación Directa
2.1.3.1 Adjudicación Directa Pública
2.1.3.2 Adjudicación Directa Selectiva
2.1.3.3 Adjudicación de menor cuantía
2.2 Aspectos procesales
2.2.1 Cómputo de Plazos
2.2.2 Declaraciones Juradas
2.2.2.1 Contenido
2.2.3 Prórrogas y postergaciones
2.2.4 Cancelación del proceso
2.2.4.1 Causales
2.2.4.2 Formalización
2.2.4.3 Comunicación y reintegro
2.3 Procesos de selección desierto
2.3.1 Casos Especiales
2.3.1.1 Proceso de selección parcialmente desierto.
2.3.1.2 Proceso de selección declarado desierto luego del otorgamiento de la buena pro.
2.3.2 Publicación.
2.3.3 Nueva convocatoria
2.3.4 Desierto Reiterado
2.4 Medios electrónicos de comunicación
2.4.1 Notificación de actos
2.5 Nulidad de oficio
2.6 Exoneración del Proceso de Selección
2.6.1 Causales de exoneración del proceso de selección
2.6.2 Contratación entre Entidades
2.6.3 Contratación de Entidades que realizan actividad empresarial
2.6.4 Para contratar Servicios Públicos con Tarifa Única
2.6.4.1 Condiciones
2.6.5 Situación de Emergencia
2.6.5.1 Supuestos
2.6.5.2 Alcances de la exoneración
2.6.5.3 Procedimiento
2.6.6 Situación de Desabastecimiento Inminente
2.6.7 Con carácter de Secreto Militar o de Orden Interno
2.6.8 Cuando los Bienes o servicios no admiten sustitutos
2.6.9 Para servicios personalísimos.
2.6.10 Procedimiento de exoneración.
3. LAS BASES
3.2 Condiciones mínimas
3.3 Las Bases deben contener las características de los bienes, servicios y obras
3.3.1 Requisitos Generales
3.3.2 Requisitos excepcionales en los casos de ejecución de obras
3.4 EL Sistema Nacional de Inversión Pública
3.5 Precisiones y restricciones de las especificaciones técnicas
3.6 Reglamentos Técnicos, Normas Técnicas, Metrológicas y/o Sanitarias Nacionales
3.7 Moneda
3.8 Fórmulas de reajuste
3.8.1 Contratos de tracto sucesivo o de ejecución periódica o continuada de bienes o servicios
3.8.2 Contratos de obras pactadas en moneda nacional
3.8.3 Contratos de consultoría
3.8.4 Contratos pactados en moneda extranjera
3.9 Sistemas de contratación
3.9.1 Suma Alzada
3.9.2 Precios Unitarios, tarifas o porcentajes
3.10 Modalidades de ejecución contractual
3.10.1 Por el financiamiento
3.10.1.1 Con financiamiento de la Entidad
3.10.1.2 Con financiamiento del Contratista
3.10.1.3 Con financiamiento de terceros
3.10.2 Por el alcance del contrato
3.10.2.1 Llave en mano
3.10.2.2 Concurso oferta
3.11 Aprobación de las bases
4 LAS ETAPAS DEL PROCESO
4.2 Registro de participantes
4.3 Formulación y absolución de consultas
4.3.2 Absolución
4.4 Formulación y absolución de observaciones
4.4.1 Presentación
4.4.2 Absolución
4.5 Integración de bases
4.5.2 Implicancias
4.6 Presentación de propuestas
4.6.1 Documentos
4.6.2 Formalidad
4.6.3 Requisitos de las propuestas
4.6.4 Acreditación de los representantes
4.6.5 Presentación de propuestas
4.6.6 Apertura de sobres
4.7 Evaluación de propuestas
4.8 Propuestas en consorcio
4.9 La Buena Pro
4.9.1 Otorgamiento
4.9.2 Consentimiento
4.10 Cancelación del Proceso
4.11 Proceso de selección desierto
5 EL CONTRATO
5.1 Cláusulas obligatorias
5.2 Suscripción del contrato
5.3 Cómputo del plazo de duración del contrato y prórrogas
5.4 Subcontratación
5.5 Las Garantías
5.5.1 Garantías permitidas
5.5.2 Garantía de fiel cumplimiento
5.5.3 Garantía adicional por el monto diferencial de propuesta
5.5.4 Ejecución de garantías
5.6 Requisitos especiales
5.6.1 Fallas o defectos en la ejecución de contratos
5.6.2 Responsabilidad de la entidad
5.6.3 Responsabilidades del contratista
5.7 Adelantos y pagos
5.7.1 Clases de adelantos
5.7.2 Entrega de adelantos
5.7.3 Amortización de adelantos
5.7.4 Pagos y plazos para los pagos
5.8 Adicionales, reducciones y ampliaciones
5.9 Culminación de la ejecución contractual
5.9.1 Recepción y conformidad
5.9.2 Constancia de presentación
5.9.3 Liquidación del contrato de obra
5.10 Incumplimiento del contrato y penalidades
5.10.1 Penalidad por mora en la ejecución de la prestación
5.11 Resolución del contrato
SEGUNDA PARTE ASPECTOS ESPECIFICOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
6. EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE OBRAS
6.1 Proceso de selección y determinación del proceso de selección
6.2 Firma de contrato
6.3 El residente de obra
6.4 De la inspección o supervisión de la obra
6.5 Cuaderno de obra
6.6 Entrega de terreno
6.7 Aspectos relacionados con el control del plazo de ejecución
6.7.1 Cómputo e inicio del plazo contractual
6.7.2 Calendarios contractuales
6.7.3 Ampliación de plazo
6.7.4 Intervención económica del contrato
6.7.5 Solución de controversias en ampliación de plazo.
6.7.6 Consideraciones adicionales en torno a la ampliación del plazo.
6.7.7 Penalidad en caso de incumplimiento
6.8 Aspectos relacionados con el control económico
6.8.1 Adelantos
6.8.2 Determinación de los metrados de avance en la obra
6.8.3 Valorización de los metrados de avance en la obra
6.8.4 Obras adicionales
6.8.5 Reajuste de precios
6.8.6 Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados
6.8.7 Liquidación del contrato de obra
6.9 Aspectos relacionados con la entrega de la obra
6.9.1 Comunicación del ejecutor de obra e informe del inspector o supervisor
6.9.2 Designación del Comité de recepción
6.9.3 Acto de verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales y suscripción del Acta de Recepción.
6.9.4 Observaciones en el acto de verificación y su subsanación
6.9.5 Incumplimiento en la subsanación de las observaciones
6.9.6 Discrepancias con las observaciones.
6.9.7 Recepción parcial
6.9.8 Retraso en la recepción de obra por causas ajenas al contratista.
6.9.9 Resolución del contrato de ejecución de obra.
6.10 Resolución del contrato de ejecución de obra
7. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
7.1 Normatividad aplicable
7.2 Condiciones para su ejecución
7.3 El expediente técnico
7.4 Recursos para su ejecución
7.5 La dirección de la obra por administración directa
7.6 La inspección o supervisión de las obras por administración directa
7.7 Los procesos de control
7.7.1 Las modificaciones en el expediente técnico
7.7.2 El control del plazo
7.7.3 El control económico
7.7.4 El control técnico y de calidad
7.8 El cierre de obra
7.9 La liquidación técnica y financiera
8. NORMAS PERTENENCIENTES A OTROS MODELOS DE
8.1 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF
8.1.1 Aplicación de la norma
8.1.2 Examen por el Banco
8.1.3 Elegibilidad
8.1.4 Asociación en participación
8.1.5 La Licitación Pública Internacional
8.1.6 Notificación y Publicidad
8.1.7 Precalificación de licitantes
8.1.8 Documentos de licitación
8.1.9 Consideraciones que deben estar contenidas en los documentos de Licitación.
8.1.10 Disposiciones relacionadas con la presentación de ofertas.
8.1.11 Otros métodos de contratación
8.2 Japan Bank for International Cooperation – JBIC
8.2.1 Aspectos Generales
8.2.2 La Licitación Pública Internacional
8.2.3 Licitación en dos etapas y Licitación en dos sobres
8.2.4 Documentos de Licitación
8.3 Banco Interamericano de Desarrollo – BID
8.3.1 Uso eficiente y económico de los recursos del Banco
8.3.2 Responsabilidades Básicas
8.3.3 Elegibilidad de contratistas y Bienes
8.3.4 Elegibilidad de contratistas de obras por nacionalidad.
8.3.5 Licitación Pública Internacional
8.3.6 Tipos y montos de contrato.
8.3.7 Publicidad para la Licitación Pública Internacional
8.3.8 Precalificación
8.3.9 Documentos de Licitación
8.3.10 Condiciones Contractuales
8.3.11 Otros Modelos de Adquisiciones
8.4 Oficina de Servicios Para Proyectos de las Naciones Unidas – UNOPS
8.4.1 Base Legal
8.4.2 Participación de UNOPS
8.4.3 Encargo a UNOPS
8.4.4 Las Bases de Licitación
8.4.5 Conclusión del encargo a UNOPS y firma del contrato.
8.4.6 Otra modalidad de participación de UNOPS aplicada en el Perú
8.5 Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos – USAID
8.5.1 Proceso de Adquisición por “Best Value”
8.5.2 Sistema de evaluación
8.5.3 Discusiones
8.5.4 Condiciones contractuales
ANEXOS Modelo de Bases Administrativas para los Procesos de Selección de Ejecución. Modelos de Actas y Resoluciones Casos Prácticos Bibliografía Normas legales aplicables Selección de Pronunciamientos de la GTN en el tema de obras Selección de Resoluciones del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en el tema de obras
El presente Manual de Contratación Pública de Ejecución de Obras ha sido preparado por encargo del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE – en el marco del Proyecto Transparencia en las Adquisiciones Estatales (CARTA DE ENTENDIMIENTO LA-527-0402-
CONSUCODE-01).
Este Manual forma parte de un conjunto de cuatro manuales, tres dedicados a los procesos de selección y contratación de bienes, servicios y consultoría y ejecución de obra, respectivamente y el cuarto dedicado al tema de la solución de controversias.
El Manual está divido en dos partes, siendo la primera de ellas común a los tres primeros manuales mencionados en el párrafo anterior y la segunda propia de este Manual. Los cinco primeros capítulos constituyen la primera parte común a los tres manuales y son: 1
El primer capítulo que trata sobre aspectos generales, en la que se define el concepto y los alcances de la contratación pública, se precisa el ámbito de aplicación de la legislación actual, se explican los principios en los que se inspira y se expone en detalle las características y objetivos del Plan Anual de Adquisiciones, del Registro Nacional de Proveedores, de los Registros que cada Entidad administra y del Comité Especial, que es el órgano encargado de convocar y llevar adelante los procesos de selección.
El segundo capítulo se ocupa de los procesos de selección describiendo las licitaciones, los concursos, las adjudicaciones directas y las adjudicaciones de menor cuantía y todos los detalles propios de los procesos de selección, incluido el siempre complicado asunto de las exoneraciones, las situaciones de desabastecimiento inminente y de emergencia así como el tema del valor referencial o presupuesto base que en la mayoría de Entidades hasta ahora no se calcula de manera correcta.
1 La autoría de la parte común a los tres manuales es de la siguiente manera: los autores del Manual de Adquisición de Bienes (Drs. Julio Augusto Fernández Cartagena; y Braulio Iván Rosillo Larios) han redactado el primer y segundo capítulo, el autor del Manual sobre Contra- tación de Servicios en General y Servicios de Consultoría (Dr. Luis Ricardo Gandolfo Cortés) redactó los capítulos cuarto y quinto y el autor del presente Manual (Ing. Carlos Antonio Ló- pez Avilés) fue encargado de la redacción del tercer capítulo y del numeral 4.7 del cuarto.
El tercer capítulo repasa la forma de elaborar las Bases de los procesos, sus condiciones mínimas y características al tiempo de definir los sistemas y modalidades de contratación. Entre los primeros se encuentran, como se sabe, la suma alzada y el de precios unitarios, tarifas o porcentajes. En la práctica Entidades y proveedores se hacen múltiples confusiones y no captan que en uno objeto, plazo y monto son fijos y en el otro son referenciales. Las modalidades, por su parte, han quedado reducidas a seis. Tres en razón de la procedencia del financiamiento, que puede ser de la Entidad, del contratista o de un tercero, y tres por su alcance: llave en mano, administración controlada y concurso oferta.
El cuarto capítulo analiza las etapas del proceso desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena pro o, en su caso, de la declaratoria de desierto o de su cancelación, pasando por la inscripción de participación, la presentación y absolución de consultas, la formulación y absolución de observaciones, instancias ambas que tienen sus características muy especiales y que deben ser ampliamente conocidas por funcionarios y postores, la fundamental integración de Bases, la presentación y entrega de propuestas y su evaluación, etapas estas últimas, como se sabe, de vital importancia para el resultado del proceso.
El quinto capítulo define el contrato, las partes que lo integran y sus cláusulas obligatorias. Explica las características del momento en que se suscribe, la forma como se hace el cómputo de sus plazos, las garantías que debe comprender, las responsabilidades que acarrea, el sistema de adelantos y las formas de pago, la institución de los adicionales, las reducciones y las ampliaciones, los incumplimientos y penalidades y las diversas maneras en las que culmina y se liquida el contrato, bien sea a satisfacción de la Entidad, con la consiguiente entrega del respectivo certificado de prestación, o por resolución.
La segunda parte del presente Manual se refiere exclusivamente a la ejecución de obras y consta a su vez de tres capítulos:
o El capítulo sexto que se refiera a la Ejecución Contractual de Obras, partiendo desde la firma del contrato, pasando por las diversas actividades y procesos propios de la ejecución de obras, como son el pago de adelantos, la entrega del terreno, la apertura del cuaderno de obra, las valorizaciones, los adicionales, el control del plazo y las ampliaciones del mismo, la entrega / recepción de obras y la liquidación del contrato.
o El capítulo sétimo que trata sobre la ejecución de obra por Administración Directa donde se analiza y describe esta modalidad de ejecución que es sumamente requerida sobre todo por los gobiernos regionales y locales para la ejecución de obras de infraestructura urbana y rural de pequeño alcance, pero que en la práctica son un gran número de obras.
El octavo y último capítulo que se refieren a la contratación de obras bajo otros regímenes contractuales como son los del Banco Mundial, JBIC, BID, UNOPS y USAID.
El autor de este Manual agradece la confianza depositada en él por el CONSUCODE, así como la colaboración mutua que ha existido con los autores de los otros manuales.
El Estado está conformado por un conjunto de Entidades, cada una de las cuales desarrolla determinada actividad para cumplir las funciones que por ley le han sido asignadas. En el curso de esa actividad, las Entidades del Estado necesitan vincularse con los particulares para que las provean de los bienes y servicios que no pueden abastecerse por sí mismas. Para dar forma jurídica a esos vínculos es que se hace uso de la figura del “contrato”.
El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial 2 . Cuando una de las partes que interviene en un contrato es una Entidad del Estado, decimos que estamos frente a un “contrato del Estado”
En efecto, mediante el contrato, las Entidades del Estado establecen relaciones de colaboración e intercambio con los particulares para obtener los bienes y servicios que requieren para cumplir sus funciones 3 . El contrato tiene entonces un papel fundamentalmente instrumental, no es un fin en sí mismo, sirve más bien para alcanzar el objetivo trazado por la Entidad.
La Contratación Del Estado
En el apartado anterior hemos esbozado una idea general del concepto “contrato del Estado”, en el que indicamos que a fin de cuentas, es aquel acto en el que una de las partes es una Entidad del Estado. Con el término “contratación del Estado", en cambio, la
2 Definición proveniente del artículo 1351 del Código Civil
3 Al respecto García de Enterría y Fernández sostienen que en los contratos del Estado “La
Administración actúa (
simple colaboración o intercambio patrimonial paga dinero o transmite posibilidades de actua-
como ‘cliente’ de los empresarios privados, esto es, en un terreno de
ción frente al público a ella reservadas a cambio de cosas o de servicios que busca y que reci-
Administrativo. Tomo I, Civitas Ediciones S.L., décima edición, Madrid, 2000, p. 666).
(GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 4 (en adelante LCAE) quiere aludir al proceso seguido por las Entidades del Estado para suscribir un contrato. Ello incluye toda la serie de pasos, mecanismos y procedimientos necesarios para la celebración de un contrato. Así, mientras el contrato se refiere al acuerdo de voluntades, al acto jurídico; la contratación hace referencia a la
actividad. La contratación es el camino que se transita, el contrato es
el final del camino, por decirlo de un modo más gráfico.
En este término comprendemos, entonces, todas las reglas que regulan desde la determinación de los requerimientos y necesidades de las Entidades del Estado, pasando por los procedimientos y exigencias para la generación de una voluntad estatal válida, la selección del proveedor o contratista y, finalmente, la suscripción del contrato y su posterior ejecución.
Este conjunto de normas generan lo que podemos denominar un régimen jurídico. Lo importante a tener en cuenta es que la contratación del Estado persigue garantizar que cada contrato que celebra el Estado concuerde con los fines de éste.
1.1.2. La Contratación del Estado en la Constitución:
El artículo 76 de la Constitución dispone expresamente que el Estado
debe licitar toda obra o adquisición de suministros, así como someter
a concurso público la contratación de servicios y proyectos, según la cuantía que establezca la Ley de Presupuesto 5 .
De esa manera, la Constitución obliga al Estado a seleccionar de manera imparcial y con criterios objetivos con quién va a contratar. Se puede decir que sobre la base de estas pautas se desarrolla todo el régimen de contratación del Estado.
4 Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado-, aprobado mediante D.S. Nº 083-2004-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de noviembre de 2004.
5 El artículo 76 de la Constitución dispone lo siguiente:
“Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas res- ponsabilidades”.
• El contrato del Estado es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial pero con la particularidad de que por lo menos una de las partes es una Entidad del Estado.
• Mediante el contrato, las Entidades del Estado establecen relaciones de colaboración e intercambio con los particulares para obtener los bienes, obras y servicios que requieren para cumplir sus funciones.
Son contratos del Estado los contratos de suministro de medicinas en los que el suministrante es un particular y el suministrado es el Hospital Militar (que es una Entidad del Estado). Asimismo, es un contrato del Estado el contrato que celebra la Municipalidad Distrital de Yanacancha con un particular para que éste construya un puente.
La LCAE (y su reglamento 6 ) establece los principios y reglas específicos que deben observar las Entidades del Sector Público para contratar la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras (artículo 1º de la LCAE).
En este sentido la LCAE se ocupa de regular (i) las reglas de formación de voluntad del Estado para la determinación del objeto de la contratación hasta la convocatoria del proceso de selección, (ii) el proceso de selección del contratista, (iii) las obligaciones y derechos derivados de la calidad de postor y contratista; y, (iv) el contrato, su celebración y ejecución.
De los puntos mencionados en el párrafo precedente, la LCAE regula con mayor detalle los procesos de selección de contratistas, pues permiten que la voluntad contractual del Estado responda íntegramente a los intereses públicos. Dichos procesos garantizan un
6 Aprobado mediante D.S. Nº 084-2004-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de noviembre de 2004.
mínimo de transparencia y objetividad en los contratos que celebra el Estado, y ayudan a disciplinar el gasto público, de ahí el énfasis que pone la LCAE en su regulación.
1.5 Especialidad De La Ley De Contrataciones Y Adquisiciones Del Estado Por su especialidad, las disposiciones contenidas en la LCAE prevalecen sobre las normas generales de procedimientos administrativos y sobre aquellas de las demás ramas del derecho que le sean aplicables (artículo 4 de la LCAE).
Las disposiciones de la LCAE y su Reglamento prevalecen sobre las normas generales de procedimientos administrativos y sobre aquellas de derecho común que fueran aplicables. (Pronunciamiento Nº 199-2003 (GTN) del 5 de diciembre de 2003)
ALCANCES DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
• La LCAE establece los principios y reglas que deben observar las
Entidades del Sector Público para contratar los bienes, servicios y
obras que requieren.
• Las disposiciones de esta norma prevalecen respecto a cualquier
otra norma de procedimiento administrativo general u otras normas
En el ámbito de aplicación de la LCAE se distinguen dos aspectos, uno subjetivo y otro objetivo. El primero se refiere a los sujetos que deben seguir sus disposiciones para contratar, es decir, las Entidades del Estado. En cambio, en el aspecto objetivo se precisan las materias que regula la LCAE.
Aspecto Subjetivo: Las Entidades
Las Entidades son los principales destinatarios de las normas contenidas en la LCAE. Por ello reviste especial importancia la definición de este término.
Atendiendo a los fines de este manual, podemos decir que las Entidades son aquellos organismos u órganos estatales, ya sea que se sujeten al Derecho Público (vg. Ministerios) o al Derecho Privado (las empresas del Estado, por ejemplo), a las que el ordenamiento jurídico nacional les ha otorgado capacidad jurídica para contratar 7 .
El literal k), inciso 1 del artículo 2 de la LCAE señala que, en general, el término Entidad comprende a “todas las dependencias como organismos públicos descentralizados, unidades orgánicas, proyectos, programas, empresas, fondos pertenecientes o adscritos a los niveles de gobierno central, regional o local, así como los organismos a los que alude la Constitución Política y demás que son creados y reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional”.
Sin perjuicio de ese enunciado que define de manera general qué se entiende por Entidad, la LCAE enumera en su artículo 2.1 los diferentes órganos o Entidades a los que resultan aplicables sus disposiciones bajo el término Entidad. A saber:
Gobierno Central, Gobiernos Locales y Regionales, con sus respectivas dependencias y reparticiones. Organismos constitucionales autónomos 8 , 9
7 La capacidad de contratación es otorgada a la Entidad en el acto de su constitución (bien mediante una ley de creación o un acto administrativo). La LCAE lo que hace, en estricto, es reconocer la capacidad de contratar que otras normas ya han establecido. 8 Se entiende por organismo constitucional autónomo aquél que tiene su origen en la Constitu- ción y que no depende de ninguna otra entidad (como por ejemplo los Ministerios o la Presi-
Universidades públicas, sociedades de beneficencia y juntas de participación social Institutos Armados, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú Empresas del Estado, de derecho público o privado, ya sean de propiedad del gobierno nacional, regional o local; y, las empresas mixtas en las cuales el control de las decisiones de los órganos de gestión esté en manos del Estado 10 .
Materias a las que se aplica la LCAE
Para establecer el ámbito objetivo de la LCAE ésta consagra una regla general y acto seguido señala las excepciones a la misma. Así tenemos que según el artículo 2.2 de la LCAE, sus normas se aplican a todos los contratos a título oneroso que celebran las Entidades para la adquisición de bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Para apreciar el carácter oneroso de un contrato del Estado, debe observarse si depara un beneficio patrimonial, directo o indirecto, a las partes que intervienen en su celebración.
dencia del Consejo de Ministros). Así, la SUNAT no es un organismo constitucional autónomo porque su origen no es constitucional y está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas.
9 Conforme a la Constitución de 1993 los organismos constitucionales autónomos son los si- guientes:
El Tribunal Constitucional (artículo 201 de la Constitución),
El Ministerio Público (artículo 158 de la Constitución),
La Defensoría del Pueblo (artículo 161de la Constitución),
El Jurado Nacional de Elecciones (artículo 177 de la Constitución),
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (artículo 177 de la Constitución),
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (artículo 177 de la Constitución),
El Consejo Nacional de la Magistratura (artículo 150 de la Constitución),
El Banco Central de Reserva del Perú (artículo 84 de la Constitución),
La Contraloría General de la República (artículo 82 de la Constitución); y,
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensio- nes (artículo 87 de la Constitución). 10 Conforme a la Ley de Actividad Empresarial del Estado, Ley Nº 24948 son empresas de De- recho Público las que se crean por ley y gozan de atributos propios de la Administración Públi- ca (artículo 6). En cambio, las empresas del Estado de derecho privado son aquellas constitui- das o reorganizadas como sociedad anónima de acuerdo a ley, cuyo capital pertenece total- mente al Estado (artículo 7). También son personas jurídicas de derecho privado las Empresas de Economía Mixta, en las cuales el Estado tiene directa o indirectamente una participación accionaria mayoritaria que le garantiza el control de las decisiones de toda índole en los órga- nos de gobierno de la sociedad (artículo 8).
Respecto a la necesidad de los bienes, servicios u obras que se contratan para el ejercicio de las funciones de la Entidad, debemos señalar que todas las prestaciones objeto de los contratos del Estado sirven, en mayor o menor medida, a la realización de las funciones de cada Entidad.
Siendo así, en principio, todos los contratos que celebren las Entidades a título oneroso para adquirir o contratar bienes, servicios u obras deberán regirse por las disposiciones de la LCAE.
1.6.2.2 Materias en las que no se aplica la LCAE
El artículo 2.3 de la LCAE excluye de su ámbito de aplicación a las siguientes materias:
La contratación de trabajadores, servidores o funcionarios públicos sujetos a los regímenes de la carrera administrativa o laboral de la actividad privada, La contratación de auditorías externas en o para las Entidades del Sector Público, Las operaciones de endeudamiento interno o externo, Los contratos bancarios y financieros celebrados por las Entidades, Los contratos de locación de servicios que se celebren con los presidentes de Directorio o Consejo Directivo, que desempeñen funciones a tiempo completo en las Entidades o empresas del Estado, Los actos de disposición y de administración y gestión de los bienes de propiedad estatal, Las adquisiciones y contrataciones cuyos montos, en cada caso, sean iguales o inferiores a una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de la transacción, La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones previstas en la LCAE y su Reglamento, Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de conciliación, instituciones arbitrales y demás derivados de la función conciliatoria y arbitral, Las publicaciones oficiales que deban hacerse en el Diario Oficial El Peruano por mandato expreso de ley o de norma reglamentaria, La concesión de recursos naturales y obras públicas de infraestructura, bienes y servicios públicos,
La transferencia al sector privado de acciones y activos de propiedad del Estado, en el marco del proceso de privatización, Las modalidades de ejecución presupuestal distintas al contrato contempladas en la normativa de la materia, salvo las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que se requieran para ello, Los contratos internacionales, los cuales se regulan por los tratados en que el Perú sea parte o, en su defecto, por la costumbre y las prácticas del comercio internacional, Las contrataciones y adquisiciones que realicen las Misiones del Servicio Exterior de la República, exclusivamente para su funcionamiento y gestión.
disposiciones de la LCAE.
Entidades son las dependencias como organismos públicos descentralizados, unidades orgánicas, proyectos, programas, empresas, fondos pertenecientes o adscritos a los niveles de gobierno central, regional o local, así como los organismos a los que alude la Constitución Política y demás que son creados y reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional.
Las normas de la LCAE se aplican a todos los contratos a título oneroso que celebran las Entidades para la adquisición de bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones, a excepción de las materias previstas en el artículo 2.3. de la LCAE.
La contratación del Estado se sujeta a un proceso formal y público que comprende la elaboración del expediente de contratación, la selección del contratista y la celebración y ejecución del contrato. Este proceso es desarrollado por la LCAE y su reglamento, y se aplica a todas las Entidades.
Para comprenderlo, primero se debe identificar a los actores que dentro de cada Entidad participan en él, conocer sus roles, competencias y obligaciones. Por eso el presente capítulo se referirá a los sujetos que intervienen en los procesos de contrataciones, de acuerdo a las competencias y roles que la LCAE les asigna.
Máxima Autoridad Administrativa
Dependencia encargada de las contrataciones y adquisiciones
AJENOS A LA
1.7.1 El Titular del Pliego Presupuestario 11
Es la máxima autoridad ejecutiva de la Entidad (según lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 28411 12 y el inciso 1) del artículo 2 del Reglamento 13 ). En el caso de las empresas o Entidades sujetas al ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento del Estado (FONAFE) y demás empresas del Estado, el Directorio ejerce las funciones previstas por la LCAE para el Titular del Pliego.
En materia de contrataciones, el Titular del Pliego se ocupa de las funciones que tengan relación con la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de adquisiciones y contrataciones.
Dicho funcionario puede delegar la autoridad que la LCAE le otorga, siendo en este caso responsable solidario con el delegado; salvo disposición en contrario de la misma Ley o su Reglamento (artículo 4.2. de la LCAE y último párrafo del artículo 2 del Reglamento).
11 El artículo 5.2. de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 28411, esta- blece que los pliegos presupuestarios están constituidos por las Entidades Públicas a las que se les aprueba un crédito presupuestario en la Ley de Presupuesto del Sector Público.
La mencionada norma se refiere al Titular de la Entidad.
13 El Reglamento, y en algunas ocasiones la LCAE, se refiere al Titular del Pliego como Titular de la Entidad.
Ejemplo: Son delegables las siguientes funciones:
- la aprobación de Bases Administrativas,
- la designación del Comité Especial,
- la resolución de los Recursos de Apelación
- la firma de contratos, etc.
Es el funcionario de mayor nivel jerárquico en las Entidades del Estado, cualquiera sea su régimen presupuestario. Tiene a su cargo
la gestión técnica, administrativa y financiera de los asuntos de la
Entidad, en virtud de sus normas de organización interna y, en particular, la dirección y ejecución de los asuntos relativos a los
procesos de adquisición y contratación.
En el caso de las empresas del Estado, el inciso 2) del artículo 2 del Reglamento dispone que se entienda por Máxima Autoridad Administrativa a la Dirección Ejecutiva o Gerencia General, según corresponda.
Además, conforme al último párrafo del artículo 2 del Reglamento, la Máxima Autoridad Administrativa puede “designar a los funcionarios y dependencias de la Entidad encargados de los diferentes aspectos de las adquisiciones y contrataciones, delegándoles los distintos niveles de decisión y autoridad, bajo responsabilidad, salvo en aquellos asuntos que, por indicación expresa de la Ley y/o del Reglamento, sean indelegables”.
La LCAE, establece las competencias que le corresponden al Titular del Pliego o a la Máxima Autoridad Administrativa. Sin embargo, debemos señalar que en su regulación no ha sido muy clara, pues no resuelve de manera contundente cuándo debe intervenir el Titular del Pliego y cuándo debe hacerlo la Máxima Autoridad Administrativa.
A continuación presentamos un cuadro en el que se resumen las
principales competencias asignadas por la LCAE a estos órganos:
Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Aprobar mediante resolución exoneraciones a los procesos de selección
Designar un Comité Especial para que organice, conduzca y ejecute los procesos de adjudicación de menor cuantía, cuando lo considere pertinente.
Aprobar las Bases de una Licitación o Concurso Público 16
Aprobar la asignación de recursos necesarios para el otorgamiento de la Buena Pro a propuestas que excedan el valor referencial.
Autorizar la realización de obras adicionales
Aprobar la resolución de los contratos
Evaluar el desempeño de los funcionarios o servidores en las decisiones discrecionales
Conocer en apelación las discrepancias relacionadas con actos administrativos producidos desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato 17
Declarar de oficio la nulidad del proceso de selección
dependencias de la Entidad efectúen sus requerimientos.
14 Titular del Pliego
16 En el caso de las empresas del Estado, esta competencia le corresponde a su Directorio.
El artículo 54 modificado por la Ley N° 28267 omitió señalar que esa competencia le corres- ponde a la Máxima Autoridad Administrativa.
Asimismo, la LCAE señala que dichos órganos son responsables por:
Observar la prohibición de fraccionamiento
Remitir a la Contraloría General de la República y al CONSUCODE la documentación necesaria para la aprobación de las exoneraciones
Que la postergación o prórroga del proceso de selección no genere una situación de desabastecimiento de la Entidad
Poner en conocimiento de CONSUCODE la resolución que resuelve la apelación
Que en la descripción de los bienes y servicios a adquirir o contratar no se solicite una marca o tipo de producto determinado.
El Gerente General es la máxima autoridad administrativa de las empresas del Estado, ya que es el funcionario de mayor nivel jerárquico que tiene a su cargo la gestión técnica, administrativa y financiera de la misma. (Opinión GTN Nº 90-2002)
En el caso de las unidades ejecutivas, cuando la normativa señale que será de competencia de ‘el Titular del Pliego o la Máxima Autoridad Administrativa’, la emisión de determinados actos administrativos, deberá entenderse que dicha atribución corresponde principalmente al segundo de ellos. En el caso de las unidades ejecutoras corresponde a la máxima autoridad administrativa de estas, por competencia propia, la emisión y aprobación de determinados actos administrativos señalados en la normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; pudiendo inclusive delegar funciones cuando la norma expresamente no lo prohíba. (Opinión GTN Nº 98-2003)
18 Titular del Pliego 19 Máxima Autoridad Administrativa
Área usuaria es el nombre genérico bajo el cual se designa a la dependencia de la Entidad que ante la necesidad de un determinado bien, servicio u obra para el desarrollo de sus funciones formula el requerimiento, iniciando de este modo el proceso de contratación.
En la contratación de un programa de actualización de normas legales, el área usuaria será la Gerencia Legal pues dicha dependencia solicitó tal adquisición. En cambio, en la compra de computadoras para implementar la red de la Entidad, el área usuaria será el Departamento de Informática pues de ésa dependencia partió el requerimiento.
El requerimiento es el acto mediante el cual el área usuaria informa a la dependencia responsable de las contrataciones de la Entidad que necesita determinado bien, servicio u obra con el fin de que sea contratado o adquirido por la Entidad.
Competencia La LCAE reconoce que ésta área juega un rol importante en las contrataciones del Estado, tal es así que el Reglamento regula expresamente su participación en el ciclo de la contratación atribuyéndole las siguientes funciones:
Formular el requerimiento (v. artículo 28) Coordinar y colaborar con la dependencia responsable de las contrataciones y adquisiciones para que ésta establezca las características técnicas del bien, servicio u obra a contratar (v. artículo 28). Integrar el Comité Especial pues necesariamente uno de los miembros del área usuaria debe formar parte del Comité Especial (v. artículo 41). Verificar el cumplimiento del contrato, preparando el informe necesario para la conformidad (v. artículo 233).
Además, el área usuaria puede asumir otras funciones en el proceso de contratación mediante delegación.
Definición Se trata de la dependencia (o dependencias) responsable de planificar los procesos de adquisición o contratación, atendiendo a las necesidades de la Entidad a la que pertenece.
En la mayoría de las Entidades esta responsabilidad recae en el departamento de logística o en la oficina de abastecimiento. Normalmente el primero se encarga de planificar las adquisiciones y contrataciones que la Entidad requerirá para el año, mientras que la oficina de abastecimiento se encarga de ejecutar el plan anual de adquisiciones y contrataciones.
En cualquier caso, el artículo 5 de la LCAE dispone que cada Entidad debe establecer en sus normas de organización y funciones qué dependencia se encargará de los procesos de adquisición o contratación.
1.7.5.2.1 Planificación de los procesos de selección La dependencia que es responsable de las contrataciones, debe planificar los procesos de selección sobre la base de los requerimientos y especificaciones formulados por el área usuaria. Para ello debe seguir una serie de pasos establecidos en el artículo 12 de la LCAE y el artículo 28 del Reglamento:
Efectuar las indagaciones o estudios de mercado, así
como recabar la información que le permita describir los bienes, servicios u obras que pretende contratar. Definir con precisión, en coordinación con el área usuaria, la cantidad y las características de los bienes, servicios y obras a ser adquiridos o contratados.
Establecer los costos y el valor referencial a tener en cuenta en el proceso de selección. Una vez realizados estos pasos, la dependencia responsable de las contrataciones deberá remitir el expediente de contratación para su aprobación (v. artículo 38 del Reglamento).
1.7.5.2.2 Organización, conducción y ejecución de los procesos de menor cuantía Asimismo, este departamento se encarga de la organización, conducción y ejecución de los procesos de adjudicación de menor cuantía, salvo en los casos que el Titular del Pliego o la Máxima Autoridad Administrativa designa un Comité Especial (artículo 23 de la LCAE).
Contrataciones y adquisiciones exoneradas
La dependencia encargada de las contrataciones o adquisiciones de la Entidad, en principio, se encarga de realizar todo el proceso de contratación de los bienes, obras u servicios exonerados del proceso de selección (v. artículo 148 del Reglamento).
Formalización del contrato La dependencia encargada de las contrataciones y adquisiciones se encarga de la realización de los actos necesarios para la formalización del contrato (artículo 137 del Reglamento), como por ejemplo, citar al postor ganador del proceso de selección para la firma del contrato (artículo 203 del Reglamento).
El Comité Especial es el órgano encargado de conducir el proceso de selección 20 . Es el órgano ejecutor del proceso de selección pues tiene a su cargo la organización, conducción y ejecución del proceso
20 En los procesos de adjudicación de menor cuantía sólo excepcionalmente se designa a un Comité Especial, pues esa función recae en la dependencia encargada de las contrataciones y adquisiciones de cada Entidad (artículo 43 del Reglamento).
de selección hasta antes de la suscripción del contrato (artículo 23 de la LCAE) 21 .
Se caracteriza por ser un órgano colegiado y autónomo en sus decisiones. Es colegiado por que lo integra una pluralidad de miembros, y las decisiones que adopta responden a la voluntad del órgano (es adoptada por el voto de la mayoría de sus integrantes) y no a la de cada una de las personas que lo componen. Además, es autónomo porque en el ejercicio de sus competencias, su actuación no se sujeta a mandato imperativo de otro órgano.
Competencia 22
El Comité Especial conduce el proceso de selección hasta que el otorgamiento de la Buena Pro quede consentido 23 , administrativamente firme 24 o se produce la cancelación del proceso 25 .
En tal sentido, se encarga principalmente de:
Elaborar las bases, Convocar al proceso, Absolver las consultas y observaciones, Integrar las bases Evaluar las propuestas, Otorgar la Buena Pro, Declarar desierto, Consultar o proponer las modificaciones o características técnicas y el valor referencial.
Además debe efectuar todo acto necesario para el desarrollo del proceso de selección hasta el consentimiento de la buena pro.
21 En concordancia con los artículos 45 y 137 del Reglamento, se entiende que las funciones del Comité Especial concluyen cuando el otorgamiento de la buena pro queda firme pues luego de ello el Comité Especial debe remitir el expediente de contratación a la dependencia encar- gada de las adquisiciones y contrataciones.
Artículo 45 del Reglamento.
23 El otorgamiento de la Buena Pro queda consentido cuando no se apela dentro del plazo di- cho acto (v. artículo 137 del Reglamento).
Se entiende que el otorgamiento de la Buena Pro queda administrativamente firme en cual- quiera de los siguientes supuestos: (i) cuando habiéndose impugnado el otorgamiento de la Buena Pro no se interpuso el recurso de revisión contra la Resolución de la Entidad que otorga la Buena Pro al resolver la apelación (artículo 160 del Reglamento); o, (ii) cuando el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado se pronuncia sobre el otorgamiento de la Buena Pro dentro del recurso de revisión interpuesto (artículo 171 del Reglamento).
Sobre cancelación del proceso ver capítulo 3/4 del manual.
Finalmente, el Comité Especial, en el cumplimiento de sus funciones, está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, quienes estarán obligadas a brindar la asistencia solicitada (artículo 50 del Reglamento).
1.7.8.3 Designación 26
El Comité Especial es designado por escrito por el Titular del Pliego o la Máxima Autoridad Administrativa de la Entidad, según corresponda.
En la designación se debe indicar:
El número de miembros del Comité Especial, Los nombres de las personas designadas, señalando si son miembros titulares o suplentes; y, El nombre del miembro que actuará como presidente del Comité Especial.
1.7.8.4 Comité Especial para más de un proceso y Comité Especial Permanente
El Comité Especial puede ser designado para más de un proceso de selección, siempre que así se establezca en la designación (artículo 43 del Reglamento).
Incluso se puede designar un Comité Especial permanente para que se encargue de todas las adjudicaciones directas y adjudicaciones de menor cuantía (artículo 44 del Reglamento). Este Comité permanente no se encargará de los procesos derivados de una declaratoria de desierto pues de ello se ocupa el mismo Comité Especial que condujo el proceso de selección original (artículo 23 de la LCAE).
El Comité Especial puede estar integrado por tres o cinco miembros titulares (e igual número de miembros suplentes). Debe estar conformado de acuerdo a las siguientes reglas (artículo 41 del Reglamento):
26 Artículo 43 del Reglamento
- Uno de sus miembros debe representar al área que hizo el requerimiento (área usuaria) * ,
- Otro, debe pertenecer a la dependencia encargada de las contrataciones y adquisiciones de la Entidad.
- Uno de los miembros titulares debe tener conocimiento técnico sobre el objeto de la convocatoria.
1.7.8.6 Intervención de los miembros suplentes
Las reglas de conformación citadas en el punto precedente deben ser observadas en todo momento, incluso en la intervención de miembros suplentes 27 .
Al representante del área usuaria no lo podría reemplazar un miembro suplente que pertenezca a la dependencia encargada de las contrataciones y adquisiciones, sólo puede ser reemplazado por un suplente que provenga de la misma área que el titular, en este caso, del área usuaria.
Cabe señalar que el reemplazo de un miembro titular por un suplente tiene carácter permanente 28 . Ello significa que el miembro suplente reemplazará al miembro titular hasta que el otorgamiento de la buena pro quede consentido, administrativamente firme o se cancele el proceso de selección.
1.7.8.7 Contratación o adquisición de bienes sofisticados, servicios especializados u obras
En la contratación o adquisición de bienes sofisticados, servicios especializados u obras normalmente se requiere que en el Comité Especial participen personas ajenas a la Entidad que tengan un conocimiento específico sobre el objeto a contratar. Por esa razón se permite que en estos casos el Comité Especial sea integrado por (i) uno o más expertos independientes, que no laboren
* Exigencia del artículo 23 de la LCAE.
Por ello el artículo 48 del Reglamento establece que “cualquier suplente puede sustituir a un titular por ausencia de este último, siempre y cuando se respete la conformación establecida en el Artículo 41”. 28 Al respecto, el artículo 48 del Reglamento precisa que “Una vez que el miembro titular ha sido reemplazado por el miembro suplente ya no podrá reincorporarse al proceso de selección”.
en la Entidad contratante; y/o, (ii) funcionarios que laboran en otras Entidades del Sector Público (artículo 23 de la LCAE).
1.7.8.8 Contratación de expertos independientes 29
Puede designarse como miembros expertos independientes a personas naturales o jurídicas. En este último caso, el giro principal de la persona jurídica deberá estar vinculado con el objeto de la convocatoria y para desempeñar sus funciones en el Comité Especial deberá designar a una persona natural que la represente.
La contratación de expertos independientes se realiza mediante adjudicación directa de menor cuantía (artículo 77 del Reglamento). Cabe señalar que las personas designadas como expertos independientes no requieren estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores.
El Reglamento establece los impedimentos para pertenecer al Comité Especial, es decir, los supuestos que impiden que una persona integre dicho órgano.
Al respecto, el artículo 46 del Reglamento 30 establece que están impedidos de integrar un Comité Especial:
El Titular o la Máxima Autoridad Administrativa de la Entidad, Todos los funcionarios que tengan atribuciones de control o fiscalización como regidores, Consejeros Regionales, directores de empresas, auditores, entre otros,
29 Artículo 49 del Reglamento 30 El Artículo 46 del Reglamento establece lo siguiente:
“Se encuentran impedidos de formar parte de un Comité Especial:
1) El Titular o la Máxima Autoridad Administrativa de la Entidad; 2) Todos los funcionarios que tengan atribuciones de control o fiscalización como regidores, Consejeros Regionales, directores de empresas, auditores, entre otros; 3) Los funcionarios que por delegación hayan aprobado el expediente, designado el Comité Especial, aprobado las Bases o tenga facultades para resolver el recurso de apelación; 4) Los funcionarios o servidores por cuya actuación como integrante de un Comité Especial hayan sido sancionados por Resolución debidamente motivada; En el caso del inciso 3), el impedimento se circunscribe al proceso de contratación a que se refieren las delegaciones en él señaladas. En el caso del inciso 4), antes de su designación, los funcionarios o servidores deberán presen- tar una declaración jurada de no tener sanción vigente”.
Los funcionarios que por delegación hayan aprobado el expediente, designado el Comité Especial, aprobado las Bases o tenga facultades para resolver el recurso de apelación (impedimento para el proceso de contratación específico en el que haya participado), Los funcionarios o servidores por cuya actuación como integrante de un Comité Especial hayan sido sancionados por Resolución debidamente motivada.
El primer y tercer impedimento responden a la idea de que las personas que hayan tenido que ver con la aprobación del expediente, con la designación del Comité Especial, con la aprobación de las Bases o que tengan facultades para resolver un eventual recurso de apelación en el proceso de selección no deben participar en el Comité Especial pues ello restaría imparcialidad y viciaría el proceso.
En segundo lugar, se considera que las personas que tienen facultades para fiscalizar el desarrollo del proceso tales como los regidores en el caso de las municipalidades, o los Consejeros Regionales en el caso de las Regiones, no pueden integrar el Comité Especial. Este impedimento se basa en que la facultad de
fiscalización debe ser ejercida por personas que puedan apreciar los actos con objetividad y transparencia, requisitos que no se cumplen
si el fiscalizador a su vez ha sido partícipe de la actividad a fiscalizar.
Finalmente, aquellas personas que hayan sido sancionadas por su actuación como integrantes en un proceso de selección no podrán ser miembros del Comité Especial. Ello se justifica en la necesaria idoneidad que deben demostrar los miembros del Comité Especial.
1.7.8.10 Formalización y actuación 31
cada uno de los miembros del Comité Especial se le debe notificar
designación. En el mismo acto debe entregarse al presidente del
Comité el expediente de la contratación y toda la información técnica
o económica que le pueda ser útil para el cumplimiento de su función.
Después de ser notificados de la designación, los miembros del Comité Especial inician su actuación de la siguiente manera:
31 Artículo 50 del Reglamento
- Una vez recibido el expediente de la contratación y otros documentos relevantes, el presidente convoca a los demás miembros para instalar el Comité Especial.
- Luego de instalado, el Comité Especial elabora las bases.
- Las bases elaboradas son presentadas por el Comité Especial a la autoridad competente (Máxima Autoridad Administrativa o Titular del Pliego) para su aprobación.
- Una vez aprobadas las bases, el Comité Especial dispone la realización de la convocatoria.
1.7.8.10 Quórum y acuerdos
Conforme al artículo 51 del Reglamento:
- Para el funcionamiento del Comité se requiere la presencia de todos sus miembros. En caso de ausencia de alguno de los miembros titulares, podrá ser sustituido por un suplente 32 .
- Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría. En las votaciones los miembros del Comité Especial deben expresar su posición, por ello no cabe la abstención de sus miembros. No obstante, se podrá fundamentar el voto o dejar constancia del voto discrepante en las actas que, debidamente suscritas, son llevadas por el Comité para dejar constancia de sus actos.
1.7.8.11 Remoción, renuncia y cese 33
En principio ningún integrante del Comité Especial, ya sea miembro titular o suplente, puede ser removido del cargo.
Sin embargo, existen supuestos de remoción que habilitan al órgano competente (aquél que designó al Comité Especial) a retirar del cargo a alguno o a todos los miembros del Comité. A saber: caso fortuito 34 , fuerza mayor 35 o cese en el servicio.
32 Debe señalarse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 del Reglamento una vez que el miembro titular es reemplazado por el suplente, ya no podrá reincorporarse al pro- ceso de selección.
33 Artículo 47 del Reglamento
34 Caso fortuito es el hecho imprevisible e irresistible proveniente de la naturaleza que impide que el Comité Especial ejerza sus funciones.
Fuerza mayor en este caso se refiere a aquel hecho imprevisible e irresistible que proviene del acto de terceros y que impide a alguno o algunos de los miembros del Comité que cumplan con sus funciones.
La verificación de estos supuestos de remoción debe ser declarada mediante documento debidamente motivado.
Por su lado, los miembros del Comité no podrán renunciar al cargo. No obstante, consideramos que esta regla no se aplica en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor.
Los miembros del Comité Especial son solidariamente responsables por que la selección realizada se encuentre arreglada a ley. Así, responden administrativa y/o judicialmente, en su caso, de cualquier irregularidad cometida en el proceso de selección que les sea imputable.
Al desempeñar sus funciones los miembros del Comité Especial tienen un amplio margen de discrecionalidad. Sin embargo, deben observar los principios de las contrataciones del Estado (establecidos en el artículo 3 de la LCAE) 36 para no incurrir en responsabilidades por el ejercicio de sus funciones.
Además, la responsabilidad de los miembros se sujeta a lo dispuesto en el artículo 47 de la LCAE.
Los expertos independientes que, formando parte del Comité, incurran en responsabilidad serán incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado. Para tal efecto, se comunicará este hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE) en el plazo de 10 días (artículo 295 del Reglamento).
36 Los principios que rigen las contrataciones públicas son los siguientes: de moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y trato justo e igualitario (ver capítulo 1/7 del manual).
El Comité Especial es un órgano ejecutor, que tiene a su cargo la organización, conducción y ejecución del proceso de selección y que elabora las Bases para someterlas luego a la aprobación de la autoridad jerárquica correspondiente. (Resolución del Tribunal de CONSUCODE Nº 071/2003.TC-S2 del 22 de enero de 2003) Se transgrede el Reglamento 37 si en el acto de evaluación de propuestas y otorgamiento de buena pro, no participan todos los integrantes del Comité Especial 38 . (Resolución del Tribunal de Contrataciones y Contrataciones del Estado Nº 001/2004.TC-S2 del 2 de enero de 2004) El Comité Especial es el único autorizado para interpretar las Bases durante el ejercicio de sus funciones y sólo para efectos de su aplicación. Ello no significa que pueda transgredirlas o desnaturalizarlas sin viciar de nulidad su determinación. (Resolución Nº 012/2002.TC-S1 del10 de enero de 2002) El nombramiento de los miembros del Comité Especial es “intuito persona”, es decir, se nombra como miembro a una persona determinada, con nombre propio, y no en función a un cargo determinado ya que ello podría quebrantar el principio de especialidad 39 (Pronunciamiento N° 180-2003 (GTN) del 11 de noviembre de 2003). Constituye deber del Comité Especial absolver las consultas, aclarar las Bases o pronunciarse sobre las solicitudes que formulen los adquirentes de Bases, mediante un pliego absolutorio debidamente fundamentado y sustentado. (Pronunciamiento N° 23-2004 (GTN)
Postores y Contratistas
Los Postores son las personas naturales o jurídicas que participan en los procesos de selección presentando propuestas con la finalidad de obtener la buena pro y contratar con el Estado (definición 44 del Anexo I del Reglamento).
37 La Resolución del Tribunal hace referencia a un artículo del Reglamento derogado. Sin em- bargo, la misma norma es recogida por el artículo 51 del Reglamento que dispone que para el funcionamiento del Comité Especial se requiere la presencia de la totalidad de sus miembros.
38 En el caso específico que originó la Resolución sólo participaron cuatro de los cinco integran- tes del Comité Especial.
Además, en este pronunciamiento se destaca que “uno de los principios que rige el accionar del Comité Especial es su especialidad, es decir, sus miembros se eligen en atención a la es- pecialidad del objeto de la convocatoria, respetando los mínimos previstos por la norma”.
Para ser postor se debe cumplir una serie de requisitos, como estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y no estar sancionado ni impedido para contratar con el Estado.
Por dicha razón el artículo 8 de la LCAE dispone que el postor en su propuesta debe presentar copia simple del Certificado de Inscripción ante el RNP y una declaración jurada de no tener sanción vigente según el mismo registro 40 .
Por su lado, los contratistas son aquellos proveedores que han sido contratados por el Estado conforme a las disposiciones de la LCAE y el Reglamento (definición 44 del Anexo I del Reglamento).
Los impedimentos son supuestos de hecho que imposibilitan que una persona participe en los procesos de contratación del Estado, ya sea como postor o contratista.
El artículo 9 de la LCAE señala taxativamente los impedimentos para contratar con el Estado 41 .
40 Cabe señalar que conforme al artículo 2 del Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, el artículo 8 de la LCAE entrará en vigencia a los seis (6) meses de la publicación del Reglamento y la LCAE, por lo que durante este período las entidades no exigirán la inscripción en el RNP a los proveedores de bienes y servicios para su participación en el proceso de selección ni para la celebración del contrato.
41 El artículo 9 de la LCAE establece taxativamente que están impedidos de ser postores y/o contratistas:
“a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los representantes al Congreso de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionales autónomos, hasta un año después de haber dejado el cargo;
b) Los titulares de instituciones o de organismos públicos descentralizados, los presi-
dentes y vicepresidentes regionales, los consejeros de los Gobiernos Regionales, los alcaldes, los regidores, los demás funcionarios y servidores públicos, los directores y funcionarios de las
empresas del Estado; y, en general, las personas naturales contractualmente vinculadas a la Entidad que tengan intervención directa en la definición de necesidades, especificaciones, eva- luación de ofertas, selección de alternativas, autorización de adquisiciones o pagos;
c) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad de las personas a que se refieren los literales precedentes;
d) Las personas jurídicas en las que las personas naturales a que se refieren los litera-
les a), b) y c) tengan una participación superior al cinco por ciento del capital o patrimonio so-
cial, dentro de los veinticuatro meses anteriores a la convocatoria;
e) Las personas jurídicas o naturales cuyos apoderados o representantes legales sean
cónyuge, conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afini-
dad de las personas a que se refieren los literales a) y b) precedentes;
Estos impedimentos se establecen con el objeto de evitar los conflictos de intereses en las contrataciones del Estado, así como garantizar la transparencia del proceso de selección. La ley considera que la participación en el proceso de una persona que encaja en el supuesto de impedimento no es idónea para contratar con la Entidad pues su participación enturbiaría el proceso y/o no cuenta con las condiciones necesarias para contratar con el Estado.
Así por ejemplo, el Alcalde de un municipio no podría participar como postor en un proceso de selección convocado por dicha Entidad pues se dudaría de la transparencia al proceso. Tampoco podría contratar con esta Entidad una empresa con sanción de inhabilitación para contratar con el Estado pues evidentemente no cuenta con la capacidad necesaria para contratar.
Ahora bien, los impedimentos previstos en el artículo 9 son taxativos, es decir, esos son los únicos supuestos que impiden que una persona se presente como postor o que celebre contratos con el Estado. Por tanto, en ningún otro caso distinto a los que establece la ley, se podrá impedir a alguien intervenir en la contratación del Estado. Tampoco se podrán aplicar por analogía a situaciones distintas a las enumeradas, aun cuando fueran similares, pues las normas restrictivas de derechos (como el artículo 9 de la LCAE, bajo comentario) no admiten una interpretación analógica.
Finalmente, las propuestas presentadas por sujetos impedidos de ser postores o contratistas, conforme a lo dispuesto por el artículo 9 de la
f) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativa-
mente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar
en procesos de selección y para contratar con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la pre- sente Ley y su Reglamento;
g) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas o titulares hayan
formado parte de personas jurídicas sancionadas administrativamente con inhabilitación tempo- ral o permanente para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado, o que habiendo actuado como personas naturales se encontraran con los mismos tipos de sanción; conforme a los criterios señalados en la Ley y en el Reglamento; y,
h) La persona natural o jurídica que haya participado como tal en la elaboración de los
estudios o información técnica previa que da origen al proceso de selección y sirve de base para el objeto del contrato, salvo en el caso de los contratos de supervisión. En los casos a que se refieren los incisos b), c) y d) el impedimento para ser postor se restringe al ámbito de la jurisdicción o sector al que pertenecen las personas a que se refieren los litera- les a) y b). En el caso de los organismos constitucionales autónomos, el impedimento se cir- cunscribe a las adquisiciones y contrataciones que realizan dichas Entidades”
LCAE, se tendrán por no presentadas. Asimismo, los contratos que ilegalmente se celebren con dichos sujetos serán nulos 42 .
Las Bases no pueden establecer restricciones a la participación de los sujetos en los procesos de selección, salvo que se encuentren previstas en una norma jurídica. En tal sentido, cualquier persona, sea natural o jurídica, puede participar de un proceso de selección y eventualmente contratar con el Estado, con excepción de aquellas actividades que expresamente se encuentren limitadas a las personas jurídicas 43 . (Pronunciamiento N° 093-2003 (GTN) del 30 de junio de 2003) El Comité Especial no puede restringir la participación de potenciales postores sólo por considerar que la naturaleza de la contratación no lo permite o porque otros proyectos lo hicieron de esa manera. (Pronunciamiento N° 032-2004 (GTN) del 12 de febrero de 2004) Para la aplicación de los impedimentos previstos en la LCAE, se entiende por sector al ámbito político originado por desconcentración de la función ejecutiva del gobierno nacional, regido de acuerdo a los lineamientos dictados por el Ministerio competente (Opinión Nº 100-2004).
1.7.9 4
El artículo 10 de la LCAE prohíbe que los postores realicen prácticas restrictivas de la libre competencia 44 , bajo sanción de quedar inhabilitados para contratar con el Estado. En virtud de dicha disposición, los postores no podrán celebrar acuerdos, entre sí o con
42 Al respecto, el último párrafo del artículo 9 de la LCAE dispone que “Las propuestas que contravengan a lo dispuesto en el presente artículo se tendrán por no presentadas, bajo res- ponsabilidad de los miembros del Comité Especial. Los contratos celebrados en contravención de lo dispuesto por el presente artículo son nulos sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar”.
43 Las bases observadas que ameritaron este Pronunciamiento establecían como requisito para ser postor el estar constituido como persona jurídica, impidiendo así la participación de las per- sonas naturales. En consecuencia se debieron modificar las bases permitiendo la concurrencia de las personas naturales.
Al respecto, el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 701, publicado en el diario oficial El Pe- ruano el 7 de noviembre 1991, define a las prácticas restrictivas de la libre competencia como “los acuerdos, decisiones, recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia”.
terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia 45 .
1.7.9.5 Prácticas restrictivas de la libre competencia en la contratación del Estado
En el ámbito de la contratación del Estado las prácticas restrictivas de la libre competencia suponen la actuación de los proveedores en concierto o mediante acuerdos con terceros, con el fin de restringir, impedir o falsear la competencia que debe regir los procesos de selección.
Por un lado, estas prácticas se dan cuando un grupo de postores concierta entre sí las condiciones en las que se presentarán al proceso de selección, con el fin de fijar los precios que deberá pagar la Entidad. Así sucede, por ejemplo, cuando los postores acuerdan el monto de la propuesta económica a presentar. Ello evidentemente perjudica los intereses de la Administración, pues deberá pagar un precio mayor al del mercado.
También se puede restringir la libre competencia mediante acuerdos con terceros. En efecto, imaginemos el caso en el que uno o más postores acuerdan con un tercero (fabricante del bien requerido por la Entidad) que a cambio de distribuir sus productos, éste último no podrá intervenir en el proceso de selección convocado por la
45 El Decreto Legislativo Nº 701 establece qué conductas son típicamente restrictivas de la libre competencia, a saber:
La fijación concertada entre competidores de forma directa o indirecta, de precios o de
La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplemen-
otras condiciones comerciales o de servicio, El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento,
El reparto de las cuotas de producción,
La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a normas técnicas
nacionales o internacionales y afecte negativamente al consumidor, La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros,
tarias que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales contratos, La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición,
las ofertas de venta o prestación, de productos o servicios,
La limitación o el control concertados de la producción, la distribución, el desarrollo técnico
las inversiones,
El establecimiento, la concertación o la coordinación de las ofertas o de la abstención de
presentar ofertas en las licitaciones, los concursos, los remates o las subastas públicas, Otros casos de efecto equivalente.
Administración. Como es obvio, dicha práctica encarece el producto que adquirirá la Entidad, pues en vez de comprar el producto al fabricante, tendrá que hacerlo a los comercializadores.
La competencia propicia que los postores mejoren sus ofertas a fin de obtener la preferencia de la Entidad. Por el contrario, las prácticas restrictivas de la libre competencia entorpecen la correcta formación del precio, en perjuicio del interés de la Administración, de ahí que sean reprimidas por la LCAE.
En tal sentido, el inciso 8 del artículo 294 del Reglamento dispone que los postores, proveedores o contratistas que realicen prácticas restrictivas de la libre competencia podrán ser sancionados por el Tribunal del CONSUCODE con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un período no menor de tres (3) meses ni mayor de un (1) año.
La realización de prácticas restrictivas de la libre competencia se sanciona con inhabilitación para contratar con el Estado. Sin embargo, en tanto no se imponga la sanción no constituye impedimento para contratar con el Estado. La sanción que se imponga se inscribe en el Capítulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado. (Pronunciamiento N° 138-2003 (GTN) del 11 de setiembre de 2003)
aprobación, autorización y supervisión de los procesos de adquisiciones y contrataciones
Órgano encargado de la dirección
relativos a los procesos de
Dependencia de la Entidad que formula el requerimiento
La dependencia encargada de las contrataciones y adquisiciones
Área responsable de planificar los procesos de adquisición o contratación y de la ejecución de los actos tendientes a la formalización del contrato
organización, conducción y ejecución del proceso de selección
Persona natural o jurídica que presenta su propuesta al proceso de selección.
Proveedores que son contratados
El Registro Nacional De Proveedores (RNP)
Es el Registro en el que se inscribe a las personas naturales o jurídicas interesadas en proveer bienes, servicios u obras al Estado, a quienes se califica como proveedores de bienes, de servicios, ejecutores o consultores de obras.
La inscripción de los postores en el Registro permite controlar la capacidad e idoneidad de las personas que pretenden contratar con el Estado.
En tal sentido, el RNP evalúa que los proveedores estén legalmente capacitados para contratar, que posean capacidad técnica y de contratación, solvencia económica y organización suficiente, según sea el caso.
El Registro Nacional de Proveedores resulta un mecanismo muy importante en la contratación del Estado pues permite disminuir el riesgo de que en el proceso de contratación participen sujetos que no se encuentren aptos para contratar con el Estado o que tengan menor capacidad y aptitud de la requerida por el objeto de la contratación. Además permite identificar y facilitar la calificación de los postores gracias a la centralización de la información.
Por su lado, la implementación del RNP también beneficia a los proveedores pues supone una simplificación de los trámites administrativos, así como una calificación técnica previa que les brinda mayor seguridad jurídica respecto a lo que pueden esperar en un proceso de selección.
Los proveedores deben estar inscritos en el RNP para participar como postores de los procesos de selección convocados por las Entidades 46 .
Además, los proveedores tienen la obligación de comunicar todos los hechos que sean relevantes para mantener el RNP actualizado. La comunicación de dichas ocurrencias dentro del plazo no podrá originar el cobro de un derecho (artículo 8 del Reglamento).
46 Conforme al artículo 2 del Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, el artículo 8 de la LCAE en- trará en vigencia a los seis (6) meses de la publicación del Reglamento y la LCAE, por lo que durante este período las Entidades no exigirán la inscripción en el RNP a los proveedores de bienes y servicios para su participación en el proceso de selección ni para la celebración del contrato.
En el aspecto funcional, el RNP es administrado por el CONSUCODE. Dicho órgano debe mantener el Registro actualizado en su página Web a efectos de permitir el acceso de las Entidades y proveedores (artículo 15 del Reglamento).
El artículo 8 de la LCAE también dispone que el RNP debe tener carácter desconcentrado a fin de no perjudicar ni generar mayores costos de transacción a las pequeñas y microempresas localizadas en las diversas regiones del país.
Conforme al artículo 6 del Reglamento, el RNP se compone de los siguientes capítulos:
1.8.1.5.1 Capítulo de Proveedores de Bienes:
Acredita a los proveedores de bienes asentando información suficiente acerca del objeto de sus actividades. Además les asigna una determinada capacidad de contratación, que los habilita para ser postores en los procesos de adquisición y suministro de bienes (artículo 6.1. del Reglamento).
1.8.1.5.2 Capítulo de Proveedores de Servicios:
Acredita a los proveedores de servicios registrando información suficiente acerca de la naturaleza y objeto de sus actividades. Les asigna una determinada capacidad de contratación, que los habilita para ser postores en los procesos de contratación de servicios en general y consultoría distinto de obras (artículo 6.2. del Reglamento).
1.8.1.5.3 Capítulo de Ejecutores de Obras:
Fija una capacidad máxima de contratación para los ejecutores de obras, habilitándolos para ser postores en los procesos seguidos para la ejecución de obras (artículo 6.4. del Reglamento).
1.8.1.5.4 Capítulo de Consultores de Obras:
Asigna a los proveedores de obras sus especialidades, habilitándolos para ser postores en los procesos selección de contratistas para la consultoría de obras (artículo 6.3. del Reglamento).
1.8.1.5.5 Capítulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado:
naturales o jurídicas sancionadas
administrativamente por el Tribunal del
definitiva de su derecho a participar en procesos de selección y a contratar con el Estado (artículo 6.5. del Reglamento).
CONSUCODE con inhabilitación
información relativa a las personas
El RNP cumple principalmente las siguientes funciones:
- Establecen la capacidad de contratación de postores.
- Acreditan a los proveedores de bienes, servicios y obras.
- Registran información acerca de la naturaleza y objeto de actividades de los proveedores.
- Controlan la capacidad técnica y económica de los proveedores.
1.8.2 Prohibición de Registro de Proveedores 47
La única Entidad facultada a llevar un Registro de Proveedores es el CONSUCODE. Por el contrario, por prohibición expresa del artículo 8 de la LCAE, las Entidades no pueden llevar Registro de Proveedores, entendido como un mecanismo para verificar la idoneidad y la capacidad de los proveedores.
47 Artículo 8 de la LCAE
Ello implica que las Entidades no deben exigir a los proveedores que se inscriban en un Registro distinto al de Proveedores para participar en el proceso de selección.
No obstante, las Entidades sí podrán llevar y mantener un listado interno de proveedores. El mismo que consiste en una base de datos donde aparece la relación de proveedores que atienden a la Entidad. La incorporación de proveedores en este listado es discrecional y gratuita.
En ningún caso, la Entidad podrá condicionar la participación de los proveedores en los procesos de selección que convoque a la incorporación en dicho listado.
El CONSUCODE tiene a su cargo la implementación de un Listado de Entidades Contratantes, en el que incluirá a todas las Entidades del Estado sujetas al ámbito de aplicación de la LCAE (artículo 324 del Reglamento).
En los puntos anteriores hemos señalado las pautas que rigen el Registro a cargo de CONSUCODE. Las Entidades, por su parte, deben llevar un Registro de Contratos. En efecto, el artículo 46 de la LCAE establece que cada Entidad está obligada a llevar un Registro Público en el que debe asentar lo siguiente: (i) los procesos de selección que convoque; y, (ii) los contratos suscritos y su información básica.
La Entidad deberá remitir trimestralmente al CONSUCODE una estadística de la información que acopie en su Registro, en la forma que establezca el Reglamento.
Aunque no está conceptualizado como un registro conviene mencionar en este apartado que toda Entidad debe contar con un libro de actas en el que se dejan constancia de todos los acuerdos adoptados por el Comité Especial.
Para tal efecto, la Entidad deberá llevar un libro de actas de licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones directas públicas y adjudicaciones directas selectivas, o un libro de actas por cada tipo de proceso de selección, debidamente foliado y legalizado, el mismo que podrá ser llevado en hojas mecanizadas.
Facultativamente, también podrá incluir las actas de las adjudicaciones de menor cuantía o contar con un libro de actas para este tipo de procesos (artículo 40 del Reglamento).
LOS REGISTROS El Registro Nacional de Proveedores (RNP) Permite controlar la capacidad e idoneidad de las personas que pretenden contratar con el Estado. Es administrado por el CONSUCODE La inscripción en este Registro es obligatoria
Se compone de 5 Capítulos: (i) Capítulo de Proveedores de Bienes, (ii) Capítulo de Proveedores de Servicios, (iii) Capítulo de Ejecutores de Obras, (iv) Capítulo de Consultores de Obras; y, (v) Capítulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado. Las Entidades no pueden llevar Registro de Proveedores.
Listado de Entidades Contratantes En él se incluirá a todas las Entidades del Estado
Su implementación está a cargo de CONSUCODE Registro de Contratos En él se asienta lo siguiente: (i) los procesos de selección que convoca la Entidad; y, (ii) los contratos suscritos y su información básica
Cada Entidad es responsable de llevar éste Registro.
La LCAE define al expediente de contratación como el conjunto de documentos donde constan todas las actuaciones del proceso de contratación o adquisición desde la decisión para adquirir o contratar hasta la culminación del contrato (artículo 6 de la LCAE y definición 27 del Reglamento).
Siendo así, podría decirse que el expediente de contratación es la memoria del proceso de selección, pues en él no sólo constan todas las actuaciones del proceso, sino que también se detallan los motivos que originaron la convocatoria, es decir, la necesidad de los bienes, obras o servicios a contratar.
El expediente de contratación es muy importante. Sólo se puede convocar a un proceso de selección cuando se cuenta con el expediente de contratación debidamente aprobado para la adquisición o contratación respectiva. De lo contrario el proceso será nulo (artículo 11 de la LCAE).
El único supuesto en el que no se exige la tramitación del expediente de contratación es en el caso de una situación de emergencia (artículo 22 de la LCAE).
Luego de recibir el requerimiento del área usuaria, la dependencia encargada de las contrataciones y adquisiciones reúne información sobre las características técnicas, el valor referencial y la disponibilidad presupuestal necesarias para la contratación. Sobre la base de dicha información formula el expediente de contratación, en el que debe constar la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento. Finalmente, dicha dependencia remite el expediente de contratación a la autoridad correspondiente para su aprobación (artículo 38 del Reglamento).
El expediente de contratación será aprobado por el funcionario que resulte competente de acuerdo a las normas de organización interna de cada Entidad. Debemos señalar que los procedimientos y plazos para la determinación y aprobación del expediente de contratación deben estar determinados por cada Entidad en sus respectivas normas (artículo 39 del Reglamento).
Una vez aprobado el expediente de contratación, deberán incluirse en él todos los actos del proceso, tales como el nombramiento del Comité Especial, la convocatoria, etc.
Finalmente, el expediente de contratación se cierra con la conformidad de recepción de la última prestación (en el caso de bienes o servicios) o la liquidación debidamente aprobada (en el caso de la ejecución o consultoría de obras).
El Expediente Técnico 48
El Anexo 1 del Reglamento define al expediente técnico como “El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto, Valor Referencial, análisis de precios, calendario de avance, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios”.
Es decir, el expediente técnico es el instrumento en el que constan al detalle las características técnicas de la obra a realizar y los plazos de ejecución de la misma.
Para la contratación de obras, la Entidad deberá elaborar un expediente técnico (además del expediente de contratación). En él se deben detallar las características de la obra a realizar y los plazos de ejecución de la misma.
Los errores en el expediente técnico pueden conllevar la realización de obras adicionales, o incluso la resolución del contrato. Atendiendo a ello, la Entidad debe prestar especial cuidado en la calidad técnica de éste expediente y en reducir al mínimo la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de ejecución de obras (artículo 6 de la LCAE).
Las deficiencias del expediente técnico pueden acarrear la responsabilidad del proyectista encargado de su elaboración.
48 Cabe advertir que el expediente técnico no es utilizado en la adquisición de bienes y suminis- tros, materia del presente manual. No obstante ello, en el presente punto nos referimos al ex- pediente técnico con la finalidad de otorgar al lector un panorama general de la contratación y evitar confusiones.
Aprobación El expediente técnico, es anexado al expediente de contratación y remitido por la dependencia encargada de las contrataciones y adquisiciones del Estado al funcionario competente de cada Entidad para su aprobación (artículo 38 del Reglamento).
EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Registro donde constan todas las actuaciones del proceso de contratación o adquisición desde la decisión para adquirir o contratar hasta la culminación del contrato (artículo 6 de la LCAE) Para convocar a un proceso de selección se requiere contar con un expediente de contratación debidamente aprobado Para la contratación de obras se debe elaborar, además del expediente de contratación, el expediente técnico. El expediente técnico es el instrumento en el que constan al detalle las características técnicas de la obra a realizar y los plazos de ejecución de la misma.
El artículo 3 de la LCAE consagra los principios que rigen todos los procesos de contratación del Estado. Conforme a lo dispuesto por el mencionado artículo, los principios cumplen los siguientes fines:
• Garantizan que las Entidades obtengan bienes, servicios y obras de calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados.
• Sirven como criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de la LCAE y su Reglamento,
• Otorgan parámetros para la actuación de los funcionarios y dependencias responsables, y
• Suplen los vacíos de la LCAE y su Reglamento.
Los actos referidos a las contrataciones y adquisiciones deben caracterizarse por la honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad.
La LCAE ha querido destacar a la moralidad como principio que rige especialmente los procesos de selección. Dicho principio apunta al comportamiento que deben mantener los sujetos que participan en el proceso de selección, tanto por parte de la Entidad como los ajenos a ella. En ese sentido, por el principio de moralidad se busca un comportamiento éticamente correcto de los partícipes del proceso.
Los funcionarios o sujetos que intervienen en el proceso de selección no deben practicar ningún acto de corrupción, tal como solicitar o entregar alguna prebenda a cambio de favorecer a algún postor o agilizar algún tipo de trámite indebidamente.
Los participantes del proceso de selección deben mantener una conducta veraz, es decir, que pueda ser calificada como auténtica y que no genere suspicacias. Igualmente, toda la información que presenten al proceso deberá cumplir con dicho requisito.
La noción de justicia ha sido largamente discutida, pero en términos generales podemos entenderla como dar a cada cual lo que le corresponde. En el ámbito de las contrataciones del Estado, ella exigirá que los funcionarios actúen con equidad frente a los administrados y en especial respecto a los postores, evaluando a cada uno de ellos sin subjetividades.
Finalmente, la probidad de los sujetos del proceso de selección se refiere a que deben rechazar cualquier provecho o ventaja indebida.
Resolución Nº 272/2004.TC-SU Por el principio de moralidad los documentos e información que el postor presente al proceso de selección deben responder a la realidad, sin importar si han sido o no requeridos por las bases, o si han sido o no materia de evaluación. Para ello el Reglamento dispone que el postor sea responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta al proceso de selección.
1.10.2 Libre Competencia:
En los procedimientos de adquisiciones y contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia y objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores potenciales.
Constitución 49 , permite que sean las reglas del mercado (oferta y
valor de los intercambios
La libre competencia implica necesariamente la pluralidad de ofertas en el mercado. En esa medida, este principio resulta indispensable para el desarrollo de los procesos de selección, pues permite que todos los sujetos que estén en condiciones de ofrecer a la Administración los bienes, servicios u obras que requiera participen del proceso de selección y, que gracias a la pugna entre los postores, la Administración elija la mejor oferta.
En tal sentido, la Administración debe ejercer un rol activo, promoviendo que participen en el proceso de selección todos los sujetos que se encuentran en condiciones de atender sus requerimientos.
Si a pesar de los esfuerzos de la Administración, no concurriera al proceso de selección más de un postor, ello no vulnera el referido principio.
En efecto, el principio de libre competencia no exige que exista pluralidad de ofertas en el proceso de selección, sino más bien, que la Administración genere las condiciones necesarias para que todos aquellos que puedan proveer al Estado de los bienes, servicios u obras que requiere participen en el proceso. De esta manera, si sólo un sujeto acude a la convocatoria de la Entidad, ello no vulnera el principio de concurrencia, siempre que la Administración haya cumplido con generar dichas condiciones.
La libre competencia también requiere que los postores pugnen por obtener la buena pro del contrato y convertirse en contratista del Estado. Es decir, presupone la competencia de ofertas, a fin de que el contratista elegido sea el que plantee las mejores condiciones (tanto de precio, como de calidad) a la Administración. Sólo la
49 Este principio es consagrado por el artículo 61 de la Constitución que dispone lo siguiente:
“El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni esta- blecer monopolios”.
competencia permite que el precio a pagar por la Entidad refleje la situación del mercado.
En aplicación del principio de libre competencia, se deben rechazar las conductas que impidan o perjudiquen la competencia de postores en los procesos de selección. En tal sentido se proscribe el ejercicio de posiciones de dominio, los acuerdos entre postores, etc.
Los Acuerdos y Resoluciones de los funcionarios y dependencias responsables de las adquisiciones y contrataciones de la Entidad, se adoptarán en estricta aplicación de la Ley y el Reglamento; así como en atención a criterios técnicos que permitan objetividad en el tratamiento a los postores y contratistas.
El principio de imparcialidad implica al principio de trato igualitario, también consagrado en la LCAE. Una exigencia del principio de imparcialidad es que los actos de la Administración se realicen sobre la base de criterios técnicos y objetivos para que de esta manera se logre el correcto tratamiento de los sujetos que intervienen en el proceso de selección.
Los bienes, servicios o ejecución de obras que se adquieran o contraten deben reunir los requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y entrega y deberán efectuarse en las mejores condiciones en su uso final.
Mediante los procesos de selección la Entidad busca adquirir o contratar bienes, servicios u obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados. El principio de eficiencia pretende que dichos procesos maximicen los beneficios de la Administración. Esto significa que los procesos de selección deben permitir que la Entidad consiga las mejores condiciones que el mercado le puede ofrecer para contratar, a un menor costo y con la menor inversión de tiempo posible.
Toda adquisición o contratación deberá realizarse sobre la base de criterios de calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la documentación de las adquisiciones y las contrataciones. Salvo las excepciones previstas en la Ley y el Reglamento, la convocatoria, el otorgamiento de buena pro y resultados deben ser de público conocimiento.
Por el principio de transparencia, la elección del contratista deberá hacerse sobre la base de criterios objetivos. Asimismo, el principio de transparencia supone el deber de brindar información por parte de la Administración y, a su vez, un derecho de los administrados (incluyendo a los postores) a solicitar dicha información y conocer sobre el desarrollo del proceso de selección.
Por este principio se exige que la Administración despliegue su actividad con la finalidad de que los ciudadanos conozcan los aspectos más importantes del proceso de selección (como por ejemplo, la convocatoria a un proceso de selección). Para ello la Administración deberá realizar acciones concretas, tales como publicitar dicha información en diarios de circulación importante, y en la página Web de la Entidad, etc.
En efecto, por el principio de transparencia se debe mantener a los sujetos que intervienen en el proceso de selección al tanto de su desarrollo y otorgarles las facilidades para obtener cualquier información sobre el mismo, no caben pues, reservas injustificadas 50 .
En aplicación del principio de transparencia se deben evaluar y calificar las propuestas sobre la base de criterios objetivos, los mismos que deben constar en las bases (Resolución Nº 016/2002.TC-S1 del 11 de enero de 2002) La transparencia debe primar en todo proceso de selección,
50 Sobre el particular, es bueno señalar que el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de abril de 2003, establece que las únicas limita- ciones al derecho a la información pública (reconocido en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución) son las siguientes: (i) información secreta, (ii) información reservada; y, (iii) infor- mación confidencial. Siendo así, las restricciones al acceso a la información sólo se podrán justificar en las mencionadas causales.
independientemente de la realización pública o privada de los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro. En consecuencia, toda la información referida al proceso de selección, que obra en el expediente de contratación, debe ser accesible a los postores, los mismos que podrán conocerla en cualquier momento. (Pronunciamiento N° 216-2003 (GTN), del 29 de diciembre de 2003) Conforme al principio de transparencia los adquirentes de bases deben estar en posibilidades de comprender los términos contractuales contenidos en las bases. Así, en caso que la proforma del contrato hubiera sido redactada en idioma inglés, el Comité Especial deberá incluir la traducción del mismo (Pronunciamiento N° 031-2002 (GTN), del 8 de marzo de 2002)
En toda adquisición o contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar en las Bases y en los contratos exigencias y formalidades costosas e innecesarias.
Por el principio de economía, los procesos de selección deben desarrollarse en la menor cantidad de actos posible y generar un ahorro en los recursos de la Entidad. Para ello se deberá evitar la dilatación excesiva del proceso de selección y prescindir de las formalidades costosas e innecesarias.
En virtud del principio de economía no se debe dilatar innecesariamente el proceso de selección. Así, a fin de evitar dilaciones innecesarias, la Entidad al resolver los recursos de apelación, y en la medida que tenga las herramientas necesarias para ello, debe efectuar el análisis pertinente sobre el fondo del asunto otorgando directamente la Buena Pro a quien corresponda. (Resolución Nº 255/2004.TC-SU del 31 de mayo de 2004)
Los bienes, servicios o ejecución de obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológica necesarias para cumplir con efectividad los fines para los que son requeridos, desde el mismo momento en que son adquiridos o contratados, y por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse, si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos.
Con el principio de vigencia tecnológica se pretende garantizar que los bienes, obras o servicios que contrate la Entidad gocen de las características tecnológicas necesarias para servir a la Entidad por un determinado espacio de tiempo.
Todo postor de bienes, servicios o ejecución de obras debe tener participación y acceso para contratar con las Entidades en condiciones semejantes a las de los demás, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas, salvo las excepciones de ley.
Este principio es una emanación del derecho fundamental a la igualdad, reconocido en el artículo 2.2. de nuestra Constitución. El trato justo e igualitario, supone que la Entidad debe tratar de la misma manera a los postores durante todo el proceso de selección. Siendo así, no debe establecer excepciones o privilegios en favor de algunos, dejando a los demás postores en condiciones menos ventajosas de cara al proceso de selección.
Ello no significa que no puedan establecerse diferencias en la calificación de los postores. La igualdad supone tratar igual a los iguales, y desigual a los desiguales. En tal sentido, la Entidad podría establecer condiciones distintas para situaciones diferentes, pero sólo en la medida que una norma le asigne dicha prerrogativa y que la distinción en el trato no sea arbitraria ni injustificada, sino más bien que atienda a criterios de razonabilidad.
Nuestra legislación consagra diversas preferencias, en especial en favor de los productos nacionales. Así, sólo se convocará a una
licitación internacional cuando la ejecución de la obra requiera de participación internacional. Asimismo, existe una preferencia legal por las pequeñas y microempresas. Dichas excepciones no son irracionales o arbitrarias, se justifican en que de esta manera el Estado despliega su rol promotor.
Este principio tiene especial relevancia en la preparación de las bases, pues se debe procurar que ellas no favorezcan ilegítimamente a algún postor. Atendiendo a ello, se deben evitar que las bases incluyan especificaciones irracionales y sin fundamento que sólo pretendan favorecer a un postor.
La planificación de las adquisiciones es uno de los actos preparatorios que las Entidades están obligadas a seguir (artículo 18 del Reglamento).