Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2018/09/registro-oficial-no335--miercoles-26-de-septiembre-de-2018-suplemento-
Timestamp: 2020-05-26 02:16:52
Document Index: 406782278

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 147', 'artículo 229', 'artículo 286', 'artículo 342', 'artículo 355', 'artículo 357', 'artículo 2', 'artículo 1', 'in fine', 'artículo 74', 'artículo 147', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 355', 'artículo 70', 'artículo 147', 'artículo 129', 'artículo 474', 'artículo 557', 'artículo 11', 'artículo 141', 'artículo 147', 'artículo 10', 'artículo 129', 'artículo 11', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'in fine', 'Artículo 9', 'in fine', 'in fine', 'Artículo 10', 'Artículo 45', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 32', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 66', 'artículo 71', 'artículo 261', 'artículo 313', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 154', 'artículo 17', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 238', 'artículo 239', 'artículo 2', 'artículo 240', 'artículo 264', 'artículo 55', 'artículo 300', 'artículo 301', 'artículo 4', 'artículo 37', 'artículo 54', 'artículo 57', 'artículo 172', 'artículo 186', 'artículo 491', 'artículo 568', 'artículo 569', 'artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 60', 'artículo 240', 'artículo 20', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 55']

Registro Oficial No.335- Miércoles 26 de septiembre de 2018 Suplemento
Miércoles 26 de septiembre de 2018 (R. O.335, 26 -septiembre -2018) Suplemento
Dispónese que la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental, Yachay, pueda establecer, las remuneraciones mensuales al cargo de Rector y otras autoridades de similar jerarquía, dentro de varios límites remunerativos
Dispónese que el Servicio de Gestión Inmobi­liaria del Sector Público, INMOBILIAR, con sede principal en la ciudad de Quito, ejerza varias facultades de control de los bienes del sector público y de los bienes que disponga el ordenamiento jurídico
MINISTERIOS DE JUSTICIA, DERECHOS
HUMANOS Y CULTOS, DE HIDROCARBUROS
Y DEL AMBIENTE:
002........ Expídese el Protocolo de conducta que rige a los sujetos de control que desarrollan actividades hidrocarburíferas en zonas adyacentes y/o colindantes con la zona intangible Tagaeri - Taromenane y su zona de amortiguamiento
-............. Cantón Chambo: De remisión de intereses, multas y recargos derivados de los tributos de competencia
2 - Miércoles 26 de septiembre de 2018 Suplemento - Registro Oficial N° 335
Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, además de constituir un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir;
Que, el artículo 147, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador establece que corresponde al Presidente de la República dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su organización, regulación y control;
Que, el artículo 229 de la Constitución de la República señala que: "Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. ";
Que, la Constitución de la República del Ecuador respecto del manejo de las finanzas públicas establece en su artículo 286: "Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán deforma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica (...) ";
Que, de acuerdo con el artículo 342 de la Constitución de la República el Estado asignará de manera prioritaria y equitativa, los recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del sistema;
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República, señala que el Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable;
Que, el artículo 357 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que el Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior, y que la distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la Ley;
Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica Reformatoria al Mandato Constituyente N° 2, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 517 del 29 de enero del 2009, faculta al Presidente de la República, por excepción, definir los cargos, modalidades, plazos y montos de las remuneraciones de los funcionarios que por razones de interés público deban percibir una remuneración mayor distinta a la prevista en el artículo 1 del Mandato Constituyente ibídem;
Que, mediante Decreto Ejecutivo 247 de 24 de febrero de 2014, publicado en el Registro Oficial N° 205 de 17 de marzo de 2014, se establecieron límites remunerativos para las autoridades académicas de las universidades y escuelas politécnicas públicas del país, cuyos montos no se ajustan a la realidad económica ni presupuestaría del Estado Ecuatoriano, ya que no cumplen con principios de sostenibilidad, responsabilidad, transparencia, ni procuran estabilidad económica en las finanzas públicas;
Que, mediante Decreto Ejecutivo 135 de 1 de septiembre de 2017, publicado en el Registro Oficial Suplemento No.76 de 11 del mismo mes y año, se expiden las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público, que tiene como finalidad establecer disposiciones necesarias en relación al ahorro y austeridad en el gasto de la administración pública para una correcta y eficiente ejecución del recurso público;
Que, la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay fue creada mediante Ley, Publicada en el Registro Oficial N° 144, de 16 de diciembre de 2013, como persona jurídica de derecho público con autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa, sin fines de lucro, orientada a la docencia con investigación;
Que, la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, entre otros invaluables aportes al sistema público de educación superior, contribuye de manera sustancial al cambio de la matriz productiva del país, siendo la primera universidad de investigación intensiva en el Ecuador que ambiciona la construcción de una economía basada en el conocimiento, la ciencia y la tecnología, de manera tal que su manejo académico y de investigación exige estándares excepcionales de eficiencia, productividad y competitividad a nivel nacional e internacional;
Que, la misión y visión que persigue la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, exige atraer talento humano con alta vocación y producción científica cuya excelencia profesional sea reconocida a nivel nacional e internacional, para garantizar el éxito de una universidad de generación del conocimiento, adecuando una escala remunerativa para sus autoridades que encuentre equivalencia con el resto de universidades de investigación pública de la región;
Que, para tal propósito, la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante oficio número SENESCYT-SENESCYT-2018-0321-CO, de 11 de abril de 2018, puso a consideración de la Presidencia de la República el Informe de Evaluación de remuneraciones de los miembros de la comisión gestora y autoridades académicas de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; y, el proyecto de Decreto Ejecutivo que modifica los techos remunerativos de dichas autoridades, y que implica un ahora al presupuesto general del Estado;
Que, mediante oficio número MEF-MLNFTN-2018-0683-O, del 21 de agosto de 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas emite dictamen presupuestario favorable para la
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suscripción del proyecto de Decreto Ejecutivo en mención, dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 74 del Código de Planificación de Finanzas Públicas; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere los números 3 y 5 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador;
Artículo 1.- La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay podrá establecer, en base a su autonomía administrativa y financiera expresamente reconocida en la ley, las remuneraciones mensuales al cargo de rector, vicerrector, decanos y autoridades de similar jerarquía dentro de los siguientes límites remunerativos, siempre que tales autoridades cumplan con los perfiles que se detallan a continuación:
a) Titulo de Ph.D.;
b)Dirección de proyectos de tesis de postgrado;
c)Tener de manera acumulativa, cien publicaciones indexadas y/o patentes, al menos treinta publicaciones indexadas deberán ser de gran impacto para lo cual las revistas en las que se encuentran publicadas deben encontrarse en el veinticinco por ciento superior de los rankings científicos de ISI Web of Knowledge o SCImago Journal Rank, medido por el factor de impacto en el año de su publicación;
d) Dirección de proyectos de investigación; y,
e) Premios o distinciones.
Entre US$ 7.187,00 y US$ 8.523,00
Entre US$ 6.136,00 y US$ 7. 090,00
Decanos o autoridades académicas de similar jerarquía
Entre US$ 5.453,00 6.050,00
Artículo 2.- Las autoridades académicas de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay que no cumplan con el perfil establecido en el presente Decreto, se sujetarán a las remuneraciones previstas en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, publicado en el Registro Oficial número 54 del 8 de agosto del 2013 emitido por el Consejo de Educación Superior, las mismas que deberán ser fijadas por la instancia académica correspondiente.
Artículo 3.- Las demás Universidades y Escuelas Politécnicas Publicas, de conformidad con el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en lo que respecta a sus autoridades, se sujetarán a las regulaciones
del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor de Educación Superior, expedido mediante Resolución del Consejo de Educación Superior No. 265 publicada en el Registro Oficial Edición Especial 854 de 25 de enero de 2017.
Única.- Hasta que la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, pueda cubrir la obliga­ción contemplada en el presente Decreto con su propio presupuesto, los recursos necesarios para tal propósito serán entregados por el Ministerio de Economía y Finanzas con cargo al Presupuesto General del Estado.
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Única.- Deróguese expresamente el Decreto Ejecutivo No. 247 de 24 de febrero de 2014, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 205 de 17 de marzo de 2014; así como toda norma de igual o inferior jerarquía que se oponga al presente Decreto Ejecutivo.
Disposición final.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguense al máximo órgano colegiado académico superior de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y al Ministerio de Economía y Finanzas, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Que, los numerales 3 y 5 del artículo 147 de la Constitución de la República establecen entre las atribuciones y deberes del Presidente de la República, definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva; dirigir la Administración Pública en forma desconcentrada y expedir decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control;
Que, el artículo 129 del Código Orgánico Administrativo preceptúa la competencia normativa de carácter administrativo del Presidente de la República en relación con el conjunto de la administración pública central;
Que, la Disposición Reformatoria Primera, numerales dos y tres de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, determina en el número seis del artículo 474 y, en el inciso segundo del número uno del artículo 557 del Código Orgánico Integral Penal, que se sustituya la expresión "al organismo competente en materia de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización" por "a la institución encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado";
Que, de acuerdo a las letras a), b) y, f) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, corresponde al Presidente de la República dirigir y resolver los asuntos superiores fundamentales de la Función Ejecutiva y del Estado Ecuatoriano y; orientar los aspectos fundamentales de las actividades de los organismos y entidades que conforman la Función Ejecutiva; adoptar decisiones de carácter general o específico, según corresponda, mediante decretos ejecutivos, y; suprimir, fusionar y reorganizar organismos de la Función Ejecutiva;
Que, mediante Decreto Ejecutivo 1479 de 12 de diciembre de 2008, publicado en el Registro Oficial 495 de 24 de diciembre de 2008, se creó la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, la misma que se transformó en Secretaría mediante Decreto Ejecutivo 798 de 22 de junio de 2011, publicado en el Registro Oficial 485 de 06 de julio de 2011;
Que, mediante Decreto Ejecutivo 435 de 26 de julio de 2010, publicado en el Registro Oficial 252 de 6 de agosto de 2010, se dispuso a todos los órganos que forman la Administración Pública Central e Institucional, traspasar a título gratuito a la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, el dominio de todos los bienes inmuebles que sean de su propiedad y que no estén siendo utilizados en sus actividades principales en el plazo no mayor de sesenta días desde la expedición de dicho decreto, con excepción de los bienes dispuestos para la seguridad interna y externa del Estado, los bienes que integran el patrimonio cultural y áreas protegidas;
Que, mediante Decreto Ejecutivo 1301 de 17 de septiembre de 2012, publicado en el Registro Oficia Suplemento 79Registro Oficial N° 335 - Suplemento Miércoles 26 de septiembre de 2018 - 5de 28 de septiembre de 2012, se asignó a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBIIAR, los inmuebles que recibe el Estado dentro de las sucesiones intestadas;
Que, mediante Decreto Ejecutivo 50 de 22 de julio de 2013, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 57 de 13 de agosto de 2013, se reformó el Decreto Ejecutivo 798 de 22 de junio de 2011, publicado en el Registro Oficial 485 de 6 de julio de 2011 y, se transformó a INMOBILIAR en el SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, INMOBILIAR, como organismo de derecho público, con personería jurídica, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera y jurisdicción nacional con sede principal en la ciudad de Quito;
Que, mediante Decreto Ejecutivo 506 de 11 de diciembre de 2014, publicado en el Registro Oficial Suplemento 408 de 5 de enero de 2015, se prohibió a la Administración Pública Central e Institucional solicitar o recibir en comodato bienes que hayan sido incautados o comisados en procesos penales por delitos de producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lavado de activos, terrorismo y su financiación;
Que, mediante Decreto Ejecutivo 641 de 25 de marzo del 2015, publicado en Registro Oficial Suplemento 476 de 9 de abril del 2015, se dispuso varias reformas al Decreto Ejecutivo 798 publicado en el Registro Oficial 485 de 6 de julio del 2011;
Que, mediante Decreto Ejecutivo 837 de 25 de noviembre de 2015, publicado en el Registro Oficial 656 de 24 de diciembre de 2015, se dispuso la fusión por absorción de la Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos, EP, y de la Empresa de Infraestructuras Pesqueras del Ecuador, Empresa Pública - IPPEP, al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, asumiendo varias competencias;
Que, mediante Decreto Ejecutivo 1377 de 03 de mayo de 2017, publicado en el Registro Oficial 5 de 1 de junio de 2017, se dispuso agregar nuevas competencias al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR;
Que, mediante Decreto Ejecutivo 135 de 1 de septiembre de 2017, publicado en el Registro Oficial Primer Suplemento 76 de 11 de septiembre de 2017, se otorgó determinadas competencias respecto a bienes muebles del sector público al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR;
Que, es fundamental efectuar una administración eficiente de los bienes que, al estar vinculados al cometimiento de ciertos delitos y por mandato legal, pertenecen al régimen de bienes incautados y comisados;
Que, es necesario optimizar la gestión de bienes muebles e inmuebles por parte de la Función Ejecutiva, fortalecer los mecanismos de coordinación con otras funciones de Estado y preservar la seguridad jurídica en atención a las reformas normativas expuestas, que demandan la codificación y organización de las atribuciones del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.
En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confieren el artículo 141, numerales 3, 5 y 6 del artículo 147 y, artículos 226 y 227 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 10 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, artículo 129 del Código Orgánico Administrativo, y, las letras a), b) y, f) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.
Artículo 1.-El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, es un organismo de derecho público, dotado de personalidad jurídica, autonomía administrativa, operativa y financiera y jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de Quito. Ejercerá las facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión, administración y control de los bienes del sector público y de los bienes que disponga el ordenamiento jurídico que incluye las potestades de disponerlos, distribuirlos, custodiarlos, usarlos, enajenarlos, así como disponer su egreso y baja, además de las competencias y responsabilidades específicas derivadas de otros instrumentos jurídicos.
Artículo 2.- El ámbito de acción del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, será respecto de: los bienes inmuebles y muebles que le sean transferidos; aquellos que la entidad reciba en cumplimiento de disposiciones normativas u órdenes judiciales, y; de los bienes muebles e inmuebles urbanos de las siguientes entidades:
Las instituciones de la Administración Pública Central, entidades, organismos dependientes o adscritos a la Función Ejecutiva, así como, entidades creadas por acto de poder público de éstas.
Las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva, así como las empresas en las que el Estado posea participación accionaria mayoritaria.
Además, podrá intervenir respecto a: inmuebles rurales, siempre y cuando no hayan estado o no estén destinados a actividades agrícolas y no fueren requeridos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y; bienes dispuestos para la seguridad interna y externa del Estado y de los que integran el patrimonio cultural, natural y las áreas protegidas a petición expresa de las máximas autoridades que ejerzan la titularidad de dominio de acuerdo a las condiciones establecidas en este decreto y el ordenamiento jurídico.
Podrá además participar y realizar gestiones dentro de su ámbito, previo requerimiento formal de los siguientes organismos: Gobiernos Autónomos Descentralizados, las personas jurídicas creadas por acto normativo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la prestación de servicios públicos; organismos y dependencias de las funciones Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social, y; las instituciones financieras públicas, instituciones financieras en saneamiento y liquidación.
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Artículo 3.- El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, tendrá un Comité encargado de coordinar la política intersectorial de gestión de muebles e inmuebles, y estará integrado por:
El Secretario General de la Presidencia o su delegado, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;
El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado permanente, y;
El Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda o su delegado permanente.
Actuará como Secretario del Comité el/la Director/a General/a de INMOBILIAR, quien intervendrá con voz pero sin voto.
Artículo 4.- Son funciones del Comité de INMOBILIAR las siguientes:
Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Gestión Inmobiliaria del Sector Público para lo cual contará con facultad normativa;
Emitir la política nacional en materia de bienes muebles e inmuebles de propiedad o en administración, custodia o control de entidades del sector público;
Dictar las normas, regulaciones o políticas de gestión de muebles e inmuebles que deben aplicar las entidades del sector público, y;
Normar la organización y funcionamiento del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.
Artículo 5.- El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, será dirigido por el/la Director/a General, funcionario/a de libre nombramiento y remoción, quien será designado por el Presidente de la República.
Artículo 6.- El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, ejercerá las siguientes atribuciones:
Identificar mediante inventario los registros de los bienes inmuebles de las entidades detalladas en el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto.
Desarrollar y administrar el Catastro Único de Bienes Inmuebles del Estado, con cada uno de los bienes inmuebles de las entidades detalladas en el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto.
Establecer la situación técnica y jurídica de los bienes inmuebles de propiedad, en uso o en posesión de las entidades detalladas en el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto; aquellos sobre los que se ha establecido o consolidado el derecho de dominio; aquellos que se encuentran invadidos, abandonados, arrendados, entregados en comodato, en posesión de otras personas; aquellos cuya situación jurídica no se
encuentre regularizada; aquellos respecto de los que se tenga la expectativa legítima de adquirir su uso o dominio, o que bajo cualquier otro título se encuentren en tenencia de las referidas entidades. Esta función se extiende, inclusive, a los inmuebles aportados a fideicomisos en los que las entidades detalladas en el artículo 2 numerales 1 y 2 de este decreto, sean constituyentes, beneficiarías o que bajo cualquier título mantengan derechos fiduciarios o cuotas de participación fiduciaria.
Emitir políticas, directrices y determinar mediante informe técnico sobre el uso correcto y eficiente de los inmuebles de las entidades detalladas en el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto y, en caso de identificarse la utilización deficiente de los mismos, comunicará y requerirá de la máxima autoridad de la entidad la ejecución de los actos correctivos.
Coordinar con las dependencias de avalúos y catastros de los respectivos Gobiernos Autónomos Descentralizados, municipal o metropolitano y, la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, la elaboración de avalúos previo a la compra, venta, permuta, comodato, subasta o remate, donación o arriendo de inmuebles de o para las entidades detalladas en el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto.
Asesorar a las entidades detalladas en el artículo 2, numerales 1 y 2 en lo relacionado a bienes inmuebles.
Requerir y ejecutar con sus propios recursos construcciones, reconstrucciones, adecuaciones o avalúos que correspondan a los bienes inmuebles de las entidades detalladas en el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto.
Gestionar los requerimientos de inmuebles, así como recibir la transferencia de dominio a título gratuito de las entidades detalladas en el artículo 2 de este decreto.
Priorizar la adquisición y asignación de inmuebles para satisfacer necesidades públicas de las entidades detalladas en el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto.
Ejecutar con sus propios recursos la demolición de los edificios de las entidades detalladas en el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto cuando lo considere necesario y siempre que exista la orden de demolición de la máxima autoridad de la institución propietaria.
Administrar o emitir políticas de administración inmobiliaria para los inmuebles en los que se ubiquen dos o más de las entidades detalladas en el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto.
Emitir las políticas, lineamientos y procedimientos generales para la asignación, compra, venta, comodato, permuta, donación y arrendamiento de inmuebles de las entidades detalladas en el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto, y emitir el dictamen técnico previo al acto correspondiente.
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Emitir las políticas de estandarización de ergonomía sobre los inmuebles de propiedad o utilizadas por las entidades detalladas en el artículo 2 numerales, 1 y 2 de este decreto.
Emitir dictamen técnico previo respecto de las adecuaciones y construcciones mayores, reconstrucciones, demoliciones o rehabilitación de los bienes inmuebles de las entidades detalladas en el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto.
Dotar con sus propios recursos de mobiliario a los inmuebles que son o serán administrados por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, cuando técnicamente se haya considerado o se considere necesaria, de conformidad al Manual de Buenas Prácticas para la Administra­ción, Gestión y Uso de las Edificaciones del Sector Público.
Ejecutar reconstrucciones, adecuaciones, demoli­ciones, avalúos de los bienes inmuebles y provisión de mobiliario de otras entidades públicas no contempladas en el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto, siempre que aquellas lo soliciten formalmente y transfieran de su presupuesto propio, los recursos necesarios para su ejecución, previo la suscripción de los actos administrativos correspondientes.
Ejecutar procesos de enajenación de bienes transferidos a cualquier título al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.
Autorizar, suscribir y/o celebrar los actos, convenios, contratos y demás instrumentos, jurídicos y administrativos que fueren necesarios, incluyendo la gestión de transferencia de dominio de bienes inmuebles, de forma directa mediante resolución administrativa de la máxima autoridad de INMOBILIAR, a favor de terceros, o del propio Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, relacionados con los bienes inmuebles que estando contabilizados y en uso de diversas instituciones de la Administración Pública Central y dependencias de la Función Ejecutiva, se encuentren registrados a nombre del Gobierno Nacional en los Registros de la Propiedad respectivos.
Recibir las asignaciones de bienes inmuebles en favor del Estado dentro de las sucesiones intestadas.
Construir y habilitar la infraestructura, administrar, mantener, promover, arrendar, desarrollar, aprovechar sustentable y directamente los bienes y servicios que ofrecen los parques urbanos de propiedad de la Administración Pública Central que le asignaren.
Implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de los productos y servicios que ofrecen los parques que se le asignaren para atender las necesidades de los usuarios en general y del mercado, para lo cual podrá establecer condiciones comerciales específicas y estrategias de negocio competitivas.
Construir, implementar, administrar y definir modelos de gestión de las facilidades pesqueras asignadas, con el involucramiento efectivo de quienes laboran en el sector de la pesca artesanal, de conformidad con las directrices del órgano rector de la política de acuacultura y pesca.
Desarrollar, implementar y mejorar las infraestructuras pesqueras que le sean asignadas.
Prestar los servicios de infraestructura en las fases de la pesca que le sean asignadas.
Diseñar y promover prácticas de gestión que fomenten la participación de las comunidades locales como socios estratégicos para la administración de las facilidades pesqueras de su respectiva localidad de conformidad con los lineamientos del órgano rector de la política de acuacultura y pesca.
Realizar la evaluación de los vehículos terrestres institucionales públicos con la finalidad de su redistribución entre las entidades detalladas en el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto, con la excepción de los vehículos de uso especializado, incluidos patrulleros, vehículos tácticos militares, ambulancias, motobombas, equipo caminero, y agrícolas.
Gestionar la redistribución y/o enajenación del parque automotor de las entidades detalladas en el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto, evitando la concentración desproporcional de dichos bienes.
Autorizar y aprobar la evaluación técnica y del estado mecánico del parque automotor de las entidades detalladas en el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto, que se encuentre en mal estado de funcionamiento, en forma previa a reparar o dar de baja con el objetivo de evitar su reposición.
Autorizar el arrendamiento de bienes inmuebles dentro del territorio nacional destinados al funcionamiento de las entidades detalladas en el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto, siempre y cuando no existan inmuebles públicos disponibles en la localidad que cumplan con los requerimientos de la entidad.
Para autorizar el arriendo de inmuebles dentro del país, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR observará el costo promedio de arrendamiento de inmuebles en la localidad, y el costo de remodelaciones y adecuaciones requeridas por las entidades.
30. Autorizar el monto de gasto para remodelaciones y adecuaciones requeridas por las entidades detalladas en el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto, observándose las áreas máximas por persona y los mecanismos de recuperación o compensación de inversión en remodelación y/o adecuaciones.
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Mantener en depósito, custodiar, resguardar, administrar y controlar los bienes y demás valores incautados dentro de procesos penales, vinculados a delitos de producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, enriquecimiento privado no justificado y testaferrismo de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal o aquellos que sean dispuestos por mandato normativo u orden judicial.
Vender o disponer los bienes, fondos, activos y productos procedentes de ellos, que han sido incautados o comisados y transferidos directamente a INMOBILIAR, en caso de infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización de conformidad con el Código Integral Penal y aquellos que le sean dispuestos por mandato normativo u orden judicial.
Ejercer potestad coactiva de así disponerlo la ley.
Artículo 7.- El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, será responsable del resguardo, custodia, administración y conservación de bienes incautados y comisados, a partir de la entrega de dichos bienes por parte de la Policía Nacional o autoridad competente mediante suscripción del acta entrega recepción correspondiente.
El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, ejecutará las medidas de resguardo, custodia, administración y conservación de los bienes para su preservación, salvo el deterioro normal que sufran por el transcurso del tiempo o debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito; hasta su venta, disposición, transferencia o devolución.
El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de su función, pudiendo solicitar, apoyo para la custodia y conservación de los bienes fluviales, marítimos y aéreos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, según corresponda.
Artículo 8.- El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, podrá suscribir contratos de comodato, depósito o convenio de uso de bienes incautados con instituciones estatales y de forma excepcional con personas jurídicas sin fines de lucro, de acuerdo al reglamento que emita el Comité de INMOBILIAR, debiendo garantizar las medidas de preservación previstas en este Decreto Ejecutivo.
Artículo 9.- Sobre los bienes muebles incautados bajo resguardo, custodia, y administración del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, se podrá efectuar motivadamente su disposición anticipada, con el objetivo de precautelar el valor del bien o evitar gastos desproporcionados a su valor o administración, hasta que se determine su destino final mediante sentencia judicial ejecutoriada.
Venta por subasta pública ascendente o venta directa para bienes muebles según convenga a los intereses del Estado antes de que se dicte sentencia definitiva de conformidad con la ley;
Mediante la firma de contratos de comodato, depósito o convenio de uso de bienes muebles o inmuebles, con instituciones estatales y de forma excepcional con personas jurídicas sin fines de lucro, previa evaluación, conforme a la norma que el Comité de INMOBILIAR dicte para el efecto; y,
Venta directa de inmuebles de así disponerlo la ley.
El dinero generado por la subasta pública, debe ser depositado en la cuenta creada para el efecto, asegurando su valor e intereses hasta que la autoridad judicial determine su destino final.
Los gastos erogados por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, para la firma de contratos con instituciones estatales y de forma excepcional con personas jurídicas sin fines de lucro, deberán ser repuestos por los beneficiarios. Asimismo, los beneficiarios de los convenios establecidos en el literal b) de este artículo deberán asegurar dichos bienes por su valor, con el fin de garantizar un posible resarcimiento por pérdida o destrucción. Los beneficiarios deberán cumplir con las responsabilidades relacionadas con el uso, mantenimiento y conservación de los bienes incautados según el convenio y normativa vigente, para lo cual el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, podrá ejercer su facultad de control.
Artículo 10.- La sentencia ejecutoriada que disponga el comiso de bienes, se constituye en título legal suficiente para su inscripción a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, ante los registros públicos de inmuebles y entidades competentes de matriculación vehicular correspondientes.
PRIMERA.- Los órganos que forman la Administración Pública Central de conformidad con el Artículo 45 del Código Orgánico Administrativo que: tengan bienes inmuebles dispuestos para la seguridad interna y externa del Estado; bienes inmuebles que integren el patrimonio cultural y natural y áreas protegidas; bienes inmuebles de empresas públicas y privadas en las que tenga participación mayoritaria el Estado, y; bienes inmuebles de las instituciones financieras públicas e instituciones financieras en saneamiento y liquidación; registrados a su nombre, remitirán al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, toda la información y documentación necesaria de estos bienes para desarrollar
Registro Oficial N° 335 - Suplemento Miércoles 26 de septiembre de 2018 9
el CATASTRO ÚNICO DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO, de acuerdo a las reglas, formato y fichas desarrollada para el efecto, con el objeto de alimentar el registro de bienes inmuebles a nivel nacional.
Todos los organismos financieros públicos remitirán periódica y oportunamente al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, información sobre los procesos de remate y pública subasta de bienes inmuebles de acuerdo al requerimiento y formato que realice esa institución.
SEGUNDA.- Los miembros del Comité de INMOBILIAR, servidores de libre nombramiento y remoción, servidores públicos de carrera y quienes mantengan relación de dependencia con el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, están impedidos de intervenir a título personal en procesos de enajenación, por sí o por interpuesta persona, por intermedio de su cónyuge, personas en unión de hecho o de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Tampoco podrán participar en dichos procesos ni contratar con INMOBILIAR, a través de personas jurídicas en las que sean accionistas o socios. Si así lo hicieren, serán sancionados y sujetos a las acciones civiles y penales a que hubiere lugar observando el derecho al debido proceso.
PRIMERA.- En un plazo no mayor a noventa días desde la expedición de este decreto, los bienes muebles incautados o comisados, que a la fecha se encuentran en calidad de inservibles serán dados de baja y/o chatarrizados de conformidad al reglamento establecido por el Comité de INMOBILIAR, debiendo dejarse a salvo el derecho de devolución del valor correspondiente en caso de sentencia ratificatoria de inocencia, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto Ejecutivo, en lo que fuere aplicable.
SEGUNDA.- Todos los órganos que forman la Administración Pública Central de conformidad con el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto, traspasarán a título gratuito al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, el dominio de todos los bienes inmuebles que sean de su propiedad, incluyendo aquellos localizados fuera del territorio nacional y que no estén siendo utilizados en sus actividades principales, en un plazo no mayor de noventa días desde la expedición del presente decreto, con excepción de los bienes dispuestos para la seguridad interna y externa del Estado, los bienes que integran el patrimonio cultural y natural y áreas protegidas; y, las instalaciones e infraestructura deportiva y recreacional con que cuentan los diversos órganos de la Administración Pública Central.
Para la transferencia de dominio se estará a lo señalado en el Reglamento que dicte para el efecto el Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.
TERCERA.- Tas máximas autoridades de las entidades detalladas en el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto, en el plazo improrrogable de sesenta días, entregarán al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, la información completa de todos los bienes
muebles e inmuebles que, a cualquier título, mantengan registrados como activos en sus balances, al igual que la información de aquellos bienes inmuebles que se encuentren en patrimonios autónomos de fideicomisos cuyo constituyente o beneficiario sea una institución pública.
CUARTA.- Los procesos de enajenación de vehículos de alta gama iniciados de conformidad con el artículo 18 del Decreto Ejecutivo 135 de 7 de septiembre de 2017, publicado en el Registro Oficial Primer Suplemento 76 de 11 de septiembre de 2017, concluirán de acuerdo a las reglas previstas en tal disposición. Para procesos de enajenación de este tipo de vehículos, iniciados con posterioridad a la expedición del presente decreto ejecutivo se estará a lo dispuesto al Reglamento de Enajenación de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.
PRIMERA.- Deróguese los siguientes Decretos Ejecutivos: Decreto 435 de 26 de julio de 2010 publicado en el Registro Oficial Suplemento 252 de 6 de agosto de 2010; Decreto Ejecutivo 798 de 22 de junio de 2011 publicado en el Registro Oficial 485 de 6 de julio de 2011 así como sus reformas; Decreto Ejecutivo 1301 de 17 de septiembre de 2012 publicado en el Registro Oficial Suplemento 799 de 28 de septiembre de 2012; Decreto Ejecutivo 50 de 22 de julio de 2013 publicado en el Registro Oficial Suplemento 57 de 13 de agosto de 2013; Decreto Ejecutivo 506 de 11 de diciembre de 2014 publicado en el Registro Oficial Suplemento de 5 de enero de 2015; Decreto Ejecutivo 641 de 25 de marzo de 2015 publicado en el Registro Oficial Suplemento 476 de 9 de abril de 2015; Decreto Ejecutivo 837 de 25 de noviembre de 2015 publicado en el Registro Oficial 656 de 24 de diciembre de 2015; Decreto Ejecutivo No. 1377 de 3 de mayo de 2017, publicado en el Registro Oficial 5 de 1 de junio de 2017.
SEGUNDA.- Deróguense las disposiciones de igual o inferior jerarquía que se opongan al presente decreto ejecutivo.
DISPOSICIÓN FINAL.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo, encárguese a la Secretaría General de la Presidencia de la República y al Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR. El presente decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
f.) Tenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DET
10 - Miércoles 26 de septiembre de 2018 Suplemento - Registro Oficial N° 335
Carlos Pérez García MINISTRO DE HIDROCARBUROS
Que, el artículo 1 de la Constitución de la República reconoce al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia social, intercultural y plurinacional;
Que, los numerales 1 y 7 del artículo 3 de la Constitución de la República disponen que es deber primordial del Estado el garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, así como proteger el patrimonio natural y cultural del país;
Que, el artículo 10 de la Constitución de la República establece que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales;
Que, el numeral 4 del artículo 11 de la Constitución de la República prescribe que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales;
Que, el numeral 8 del artículo 11 de la Constitución de la República dispone que el contenido de los derechos sea desarrollado de manera progresiva a través de normativa y políticas públicas, pues es deber primordial del Estado garantizar el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos;
Que, el artículo 14 de la Constitución de la República reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay, por lo cual, se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;
Que, el artículo 32 de la Constitución de la República reconoce que es deber del Estado garantizar el derecho a la salud por medio de normativa y políticas públicas culturalmente adecuadas;
Que,el numeral 1 del artículo 57 de la Constitución de la República reconoce el derecho colectivo de comunidades, pueblos y nacionalidades a mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social;
Que, los numerales 4,5 y 11 del artículo 57 de la Constitución de la República consagran el derecho de comunidades, pueblos y nacionalidades a la propiedad comunitaria y la posesión sobre sus tierras y territorios. Dichos colectivos no serán desplazados de sus tierras y territorios pues estos son inalienables, inembargables e indivisibles;
Que, el numeral 9 del artículo 57 de la Constitución de la República consagra el derecho de comunidades, pueblos y nacionalidades a conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral, en atención a su derecho de autodeterminación;
Que, el inciso segundo del artículo 57 de la Constitución de la República reconoce que las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario son de posesión ancestral irreductibles e intangibles, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva, por lo cual, es deber del Estado adoptar medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos;
Que, el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución de la República determina como derecho y garantía de las personas a una vida digna, que asegure la salud y saneamiento ambiental;
Que, el artículo 71 de la Constitución de la República reconoce a la naturaleza el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos;
Que, el artículo 261 de la Constitución de la República le otorga potestad y competencia exclusiva al gobierno central sobre: las áreas naturales protegidas, los recursos naturales, los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales;
Que, el artículo 313 de la Constitución de la República señala que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley;
Que, el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por la República del Ecuador el 15 de mayo de 1998, reconoce el derecho de los colectivos indígenas a conservar sus costumbres, instituciones, tierras
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y territorios, por lo cual, los Estados deben reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de cada colectivo indígena;
Que, las Directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la región amazónica, el Gran Chaco, y la región oriental de Paraguay, instan a los Estados a generar políticas públicas y programas de acción que, en atención a la situación de vulnerabilidad de los pueblos en aislamiento, garanticen una mayor protección y respeto a los derechos de dichos colectivos, particularmente aquellos concernientes su vida, salud, integridad física y cultural, libre autodeterminación, no contacto, y aseguramiento de sus tierras y territorios;
Que, mediante documento MC-91/06 de 10 de mayo de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó Medidas Cautelares a favor de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane que habitan en la selva amazónica ecuatoriana situada en la zona fronteriza con el Perú y se encuentran en situación de aislamiento;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 552 de 29 de enero de 1999, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 121 de 2 de febrero de 1999, se declaró como zona intangible de conservación vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva las tierras de habitación y desarrollo de los grupos Huaorani conocidos como Tagaeri-Taromenane y otros eventuales que permanecen sin contacto, ubicadas hacia el sur de las tierras adjudicadas a la nacionalidad Huaorani en 1990 y del Parque Nacional Yasuní;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 2187 de 03 de enero de 2007, publicado en el Registro Oficial No. 1 del 16 de enero del 2007, se delimitó la Zona Intangible establecida mediante Decreto Ejecutivo No. 552;
Que, el numeral 3 del artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 1317 de 9 de septiembre del 2008 publicado en el Registro Oficial No. 428 del 18 de septiembre de 2008, señala que es una de las funciones del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, coordinar con las entidades del Estado competentes, la realización de medidas necesarias para dar cumplimiento integral a la ejecución de sentencias, medidas cautelares, medidas provisionales, acuerdo amistosos, recomendaciones y resoluciones originados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Derechos Humanos y demás obligaciones surgidas de compromisos internacionales en esta materia;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 503 de 11 de octubre de 2010, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 302 de 18 de octubre de 2010, se transfirieron las competencias del Plan de Medidas Cautelares a favor de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario Tagaeri-Taromenane del Ministerio de Ambiente al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos;
Que, el artículo 9 de la Ley de Hidrocarburos señala que el Ministro Sectorial es el funcionario encargado de formular la política de hidrocarburos aprobados por el Presidente de la República, así como de la aplicación de la referida Ley;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 869 de 03 de marzo de 2015 publicado en el Registro Oficial No. 773 de 26 de agosto de 2015, expedido por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos se incorpora a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos la Dirección de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, cuya misión es ejecutar políticas públicas referentes a la protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario a fin de garantizar la protección de su vida y sus derechos territoriales en la Zona Intangible Tagaeri - Taromenane;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 0114-2017 de 08 de agosto de 2017 publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 69 del 25 de agosto de 2017, expedido por el Ministerio de Salud Pública se emitió la Norma Técnica "Protección de Salud para los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial";
Que, mediante Oficio Nro. MAE-CGJ-2018-0462-O de 05 de junio de 2018 y posterior a las reuniones de trabajo mantenidas con los equipos técnicos y legales de las Instituciones suscriptoras, la Coordinación General Jurídica del Ministerio del Ambiente remitió a las demás Coordinaciones Jurídicas el proyecto de PROTOCOLO DE CONDUCTA QUE RIGE A LOS SUJETOS DE CONTROL QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES HIDROCARBURÍFERAS EN ZONAS ADYACENTES Y/O COLINDANTES CON LA ZONA INTANGIBLE TAGAERI - TAROMENANE Y SU ZONA DE AMORTIGUAMIENTO, a fin de que se proceda con la aprobación respectiva, previo a continuar con el proceso de suscripción correspondiente;
Que, mediante correo electrónico de 11 de junio de 2018, la Coordinación General Jurídica del Ministerio del Ambiente señala no tener observaciones al contenido del Acuerdo Interministerial;
Que, mediante oficio Nro. MH-COGEJ-2018-0247-OF de 13 de junio de 2018, el Coordinador General Jurídico del Ministerio de Hidrocarburos manifestó su conformidad con el texto remitido a fin de que se continúe con el trámite correspondiente para su suscripción;
Que, mediante Memorando Nro. MAE-CGJ-2018-1766-M de 15 de junio de 2018, la Coordinadora General Jurídica del Ministerio del Ambiente, manifestó su conformidad el contenido del Acuerdo Interministerial; y,
En ejercicio de las facultades establecidas en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;
EXPEDIR EL PROTOCOLO DE CONDUCTA QUE RIGE A LOS SUJETOS DE CONTROL QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES HIDROCARBURÍFERAS EN ZONAS ADYACENTES Y/O COLINDANTES CON LA ZONA INTANGIBLE TAGAERI -TAROMENANE Y SU ZONA DE AMORTIGUAMIENTO
12 - Miércoles 26 de septiembre de 2018 Suplemento - Registro Oficial N°335
Artículo 1.- Objeto.- El presente Protocolo de Conducta establece las normas que rigen a los sujetos de control que desarrollan actividades hidrocarburíferas en zonas adyacentes y/o colindantes a la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane y su Zonas de Amortiguamiento, en cumplimiento a los principios constitucionales y legales de respeto a los derechos y expresiones socioculturales de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, conforme la Política Nacional y en observancia al principio de no contacto.
Artículo 2.- Alcance.- El cumplimiento del presente Protocolo de Conducta es de carácter obligatorio para las empresas públicas, privadas, mixtas, nacionales, extranjeras, consorcios, asociaciones u otras formas contractuales, y las demás personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que ejecuten actividades hidrocarburíferas en zonas adyacentes o colindantes a la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane o su Zona de amortiguamiento.
Artículo 3.- Principios.- Los principios rectores del presente Protocolo de Conducta son, sin perjuicio de aquellos establecidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos:
Pro homine: En caso de conflictos o colisiones normativas, las autoridades ejecutoras aplicarán las normas que proporcionen el mayor grado de protección a los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y sus derechos.
Intangibilidad e Irreductabilidad: La Zona Tagaeri-Taromenane y las demás tierras y territorios de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario son irreductibles e intangibles, por lo cual, dentro de ellas se encuentra vedada toda actividad que violente o pueda violentar los derechos de dichos colectivos, particularmente aquellos referentes a su vida, salud, integridad personal y cultural, libre autodeterminación y no contacto. Los sujetos de control realizarán sus actividades con estricta observancia a los parámetros establecidos por la autoridad competente y, en ningún caso, podrán intervenir en la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane.
Libre Autodeterminación: Se reconoce que los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario ejercen su derecho a la libre autodeterminación, por lo cual, las autoridades ejecutoras y los sujetos de control deben asumir las medidas que se requieran para garantizar la conservación del espacio vital de dichos colectivos indígenas y asegurar que éstos disfruten de manera plena sus derechos.
No contacto: El principio de no contacto es la manifestación del derecho de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario a la libre autodeterminación y es una condición fundamental para la protección
de sus derechos y la conservación de su cultura. Las autoridades ejecutoras y los sujetos de control deben asumir las medidas necesarias para evitar de manera efectiva que personas ajenas o las acciones de éstas puedan afectar o influir, ya sea accidental o intencionalmente, a personas pertenecientes a dichos colectivos indígenas y, consecuentemente, generar posibles vulneraciones a sus derechos. El no contacto no deberá ser en ningún caso considerado como prueba de la inexistencia de estos pueblos
e) Precaución: La toma de decisiones públicas se realizará en forma oportuna y adecuada. La precaución exige tomar medidas preventivas en caso de incertidumbres o dudas sobre conductas públicas o privadas como, por ejemplo, apertura de caminos, electrificación, construcción de plataformas, sobrevuelos o demás actividades que puedan llegar a afectar los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario.
f) Dignidad: Se reconoce la igual dignidad de todos los individuos y colectivos en su diversidad, al igual que la de sus particulares cosmovisiones, filosofías, relaciones sociales, formas vida, conocimientos, organizaciones, toma de decisiones y demás expresiones socio culturales.
g) Interculturalidad: La interculturalidad busca fomentar entre todos los actores, sean estos estatales o no, procesos de diálogo consensuado y bidireccional que se orienten a generar una interrelación y articulación entre las diversas culturas con el afán de establecer relaciones igualmente beneficiosas en el marco de las decisiones asumidas por cada una de las partes. Las autoridades ejecutoras y los sujetos de control deben respetar las decisiones asumidas por los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario en ejercicio de su derecho de libre autodeterminación.
h) Interdependencia: Dado el estado de vulnerabilidad de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, se reconoce que cualquier afección a uno de sus derechos puede repercutir a su vez en el normal ejercicio de los demás derechos que estos colectivos poseen, por lo cual, en caso de posibles afecciones se tomarán medidas de reparación inmediatas, integrales y culturalmente adecuadas.
Artículo 4.- Sujetos de control.- Los sujetos de control que operen en zonas adyacentes y/o colindantes a la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane y su Zona de Amortiguamiento serán responsables de las operaciones hidrocarburíferas y de toda actividad u obra de infraestructura.
Artículo 5.- Cronograma de actividades.- Los sujetos de control, en el plazo de al mnos sesenta (60) días previos
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al inicio de operaciones, remitirán para aprobación del ente rector en materia de derechos humanos un informe que incluirá el cronograma detallado de las actividades y las zonas geo referenciadas en las que desarrollarán las mismas.
El ente rector en materia de derechos humanos, en el término máximo de veinte (30) días, emitirá un dictamen en el que podrán constar recomendaciones al sujeto de control. La misma aprobación será requerida para las modificaciones en el cronograma y/o las zonas de operación.
Artículo 6.- Lineamientos de salud.- Los sujetos de control deberán establecer medidas preventivas para evitar el contacto o mitigar los efectos adversos en la salud de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario.
Las personas que ingresen a la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane y su Zona de Amortiguamiento deberán estar en buenas condiciones de salud, no portar enfermedades infecto contagiosas y tener el esquema de inmunización completo para la influenza, fiebre amarilla, hepatitis B, sarampión, tétanos y difteria conforme la normativa expedida por Autoridad Sanitaria Nacional, referentes a Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario
Artículo 7.- Lineamientos ambientales.- Los sujetos de control cumplirán y aplicarán en sus actividades los estándares de la industria exigidos en conformidad con la legislación ambiental nacional, internacional y demás normativa ambiental aplicable a fin de prevenir, mitigar o disminuir impactos ambientales en zonas adyacentes y/o colindantes a la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane y su Zona de Amortiguamiento y, consecuentemente, cualquier posible impacto o afección a los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario.
Sin perjuicio del cumplimiento de la obligación antes descrita, los sujetos de control deberán reportar a la Autoridad Ambiental Nacional de manera inmediata cuando en la ejecución de sus actividades identifiquen alguno de los siguientes hechos:
a. Tráfico de especies de flora y fauna
b. Explotación forestal
c. Cambio de uso de suelo
d. Invasión de tierras
e. Actividades antrópicas que se contrapongan a las que se encuentran reguladas por la Autoridad Ambiental competente.
Artículo 8.- Contacto con Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario.- Los sujetos de control deberán evitar los posibles riesgos que atenten contra la seguridad, la vida y demás derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, por lo cual, en caso de señales, avistamientos, encuentros o cualquier otra situación de
contacto o posible contacto, se cumplirán con las Directrices para Situaciones de Contacto con Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario. (Anexo 1)
Artículo 9.- Reporte de contacto- Los sujetos de control deberán reportar de manera inmediata al ente rector en materia de derechos humanos, cualquier información o referencia de presencia de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario conforme el formato de reporte. (Anexo 2)
Los sujetos de control manejarán con su personal un acuerdo de confidencialidad en el manejo de la información respecto a la posible presencia de PIAV, siendo su entera responsabilidad establecer un protocolo de custodia que mantenga su confidencialidad entre la fuente del reporte y su traslado al ente rector en materia de derechos humanos, quienes serán los únicos responsables de la difusión de la información.
Artículo 10.- Capacitación.- Los sujetos de control reportarán al Comité de Seguimiento y Monitoreo el Plan Anual de Capacitación a su personal, mismo que contendrá al menos las temáticas especializada en Derechos Humanos, Derechos Colectivos, Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, Planes de Contingencia y cualquier otro aspecto que consideren necesario para mantener las mejores prácticas dentro de su operación.
El plan de capacitación y ejecución deberá ser reportado al Comité de Seguimiento y Monitoreo, podrá disponer acciones para verificar el cumplimiento de dicho plan.
CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE
SOBRE EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO
Artículo 11.- Creación del Comité de Seguimiento y Monitoreo.- Créase el Comité de Seguimiento y Monitoreo para el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en el presente Protocolo de Conducta.
Los Miembros que integrarán el Comité de Seguimiento y Monitoreo con voz y voto serán:
La máxima autoridad del ente rector en materia de derechos humanos, o su delegado/a permanente, quien lo presidirá;
La máxima autoridad del ente rector del ambiente, o su delegado/a permanente;
La máxima autoridad del ente rector en materia de hidrocarburos, o su delegado/a permanente; y,
De manera adicional la máxima autoridad del ente rector en materia de hidrocarburos designará un delegado/a para
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que actúe como Secretario/a permanente en el Comité de Seguimiento y Monitoreo. Dicho delegado/a participará con voz pero sin voto.
El Presidente del Comité de Seguimiento y Monitoreo podrá convocar a otras entidades públicas o privadas y actores ciudadanos que considere necesarios para elaborar propuestas que permitan responder de forma inmediata en casos de contacto incidental de acuerdo a los protocolos establecidos.
Artículo 12.- Competencias del Comité de Seguimiento y Monitoreo.- El Comité de Seguimiento y Monitoreo tiene entre sus atribuciones:
Difundir los principios y procedimientos establecidos en el presente Protocolo de Conducta.
Realizar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento del presente Protocolo de Conducta, sin perjuicio de las facultades o competencias que tengan otros organismos del Estado o los miembros del Comité de Seguimiento y Monitoreo.
Tomar conocimiento de los eventos suscitados con Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario.
Disponer medidas para la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario en caso de que se presente un evento cercano a las áreas donde operan los sujetos de control, conforme las atribuciones y recursos disponibles de cada institución participante.
Solicitar el desarrollo de normativa secundaria a los integrantes del Comité de Seguimiento y Monitoreo y otras entidades públicas.
Conocer el Informe anual del cumplimiento del Protocolo que incluirá el Plan de Capacitación de los sujetos de control.
La Secretaría del Comité solicitará a los sujetos de control un informe anual de cumplimiento del presente instrumento y lo pondrá en conocimiento de los miembros del Comité de Seguimiento y Monitoreo.
Artículo 13.- Informe técnico.- En caso de avistamientos, encuentro o señales (ramas, pisadas, casas, chacras, objetos de cultura material, entre otros) que indiquen presencia de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario en las zonas de influencia directa de las operaciones, el equipo técnico de la unidad encargada de la protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario del ente rector en materia de derechos humanos, en coordinación con las instituciones competentes, en el plazo máximo de diez (10) días posteriores a la notificación del evento, remitirá al Comité de Seguimiento y Monitoreo un informe técnico sobre el hecho en el cual se recomienden posibles medidas a ser asumidas.
Artículo 14.- Medidas.- En caso de avistamientos, encuentros u otras señales verificadas (ramas, pisadas,
casas, chacras, objetos de cultura material, entre otros) que indiquen presencia de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, el Comité de Seguimiento y Monitoreo sobre la base del informe del ente rector en materia de derechos humanos, podrá tomar las siguientes medidas mediante resolución motivada:
Suspensión temporal de actividades,
Restricción de ingreso a los sujetos de control a los sectores donde se han desarrollado los eventos.
Implementación de planes, programas y proyectos por parte de los sujetos control.
El Comité de Seguimiento y Monitoreo podrá solicitar al ente rector en materia de derechos humanos informes de evaluación para la revisión de las medidas asumidas.
Artículo 15.- Sesiones y convocatorias.- Las sesiones del Comité de Seguimiento y Monitoreo podrán ser ordinarias o extraordinarias conforme la necesidad del organismo y los incidentes que se registren con Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario:
Sesiones ordinarias: Las sesiones ordinarias del Comité de Seguimiento y Monitoreo serán de carácter semestral y tendrán como objetivo informar sobre los avances obtenidos en cada una de las instituciones integrantes del organismo. Las sesiones ordinarias serán convocadas con tres (3) días de anticipación al día de la sesión mediante oficio dirigido a las máximas autoridades de cada institución y/o sus delegados.
Sesiones Extraordinarias: Las sesiones extraordinarias del Comité de Seguimiento y Monitoreo se efectuarán cada vez que lo sea necesario, previa convocatoria del Presidente del Comité y según lo previsto en este instrumento. Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas en un lapso no mayor a las veinticuatro (24) horas posteriores al acontecimiento que lo amerite, mediante correo electrónico y/o comunicación oficial, y contendrá, por lo menos, el lugar y la hora de las reuniones.
Artículo 16.- Quorum y toma de decisiones.- El Comité de Seguimiento y Monitoreo, se reunirá en el lugar, fecha y hora que fueren convocados o que hubieren acordado en la convocatoria, con la presencia de la mayoría simple de sus integrantes.
De no existir el quorum necesario se convocará nuevamente a reunión del Comité de Seguimiento y Monitoreo dentro de las veinticuatro horas subsiguientes en el caso de las sesiones ordinarias e inmediatamente en el caso de
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las sesiones extraordinarias, pudiendo iniciarse con los delegados presentes en la segunda convocatoria y dejando sentado en acta los delegados que no acuden a la reunión.
Las decisiones, resoluciones y recomendaciones del Comité de Seguimiento y Monitoreo serán aprobadas con el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes presentes y podrán ser revisadas por una única vez, a pedido de uno de sus integrantes, en un plazo no mayor a cinco días. Las decisiones o recomendaciones del Comité de Seguimiento y Monitoreo serán vinculantes para las partes que lo conforman.
Artículo 17.- De las Actas.- El/la Secretario/a será responsable de sentar en actas todas las deliberaciones, decisiones, resoluciones y recomendaciones del Comité de Seguridad y Monitoreo, mismas que deberán ser aprobadas y suscritas por los integrantes del organismo y el/la Secretario/a.
El/la Secretario/a contará con registros de asistencia a las sesiones, para lo cual, deberá mantener, por lo menos, los nombres y apellidos, firmas, correo electrónico y número de celular de todos los asistentes.
Artículo 18.- De los registros de las Actas del Comité.-
Los registros del Comité de Seguimiento y Monitoreo serán archivados en la Secretaría del organismo, la misma que conservará el archivo de las actas y podrá emitir las copias necesarias para las entidades que conforman el Comité de Seguimiento y Monitoreo.
Las actas y los documentos de los expedientes de las reuniones deberán ser debidamente foliados y numerados, y estarán a cargo y custodia de el/la Secretario/a.
Artículo 19.- Funciones de el/la Secretario.- El/la Secretario/a del Comité de Seguimiento y Monitoreo será el responsable de ejercer las siguientes funciones:
Convocar a sesiones a los miembros del Comité de Seguimiento y Monitoreo, por pedido de quien lo preside.
Elaborar las actas de sesión y registro del Comité de Seguimiento y Monitoreo.
Certificar los documentos del Comité de Seguimiento y Monitoreo.
Solicitar a los sujetos de control un informe anual de cumplimiento del presente instrumento.
Mantener el archivo de las actas y documentos del Comité de Seguimiento y Monitoreo.
Artículo 20.- Normas para las comunicaciones.- Todas las comunicaciones entre los representantes de los sujetos de control y el Comité de Seguimiento y Monitoreo, deberán realizarse por escrito y/o por correo electrónico, contendrán
la fecha de su emisión y serán suscritas por los respectivos delegados.
Primera.- La inobservancia de los principios y procedimientos establecidos en este Protocolo de Conducta, estará sujeta a lo establecido en los contratos suscritos con el Estado y la normativa aplicable en la materia.
Segunda.- El ente rector en materia de derechos humanos, en el ejercicio de sus competencias, podrá disponer la aplicación del presente Acuerdo en otros territorios distintos de aquellos que forman parte de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane y su Zona de Amortiguamiento si se verificase la presencia de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario.
Primera.- El ente rector en materia de derechos humanos, en el plazo de sesenta (60) días contados a partir de la expedición del presente Acuerdo, elaborará las directrices para el desarrollo de los planes de capacitación por parte de los sujetos de control.
Segunda.- Los sujetos de control, en el plazo máximo de sesenta (60) días contados a partir de la expedición del presente Acuerdo, adaptarán sus protocolos a las disposiciones de la presente normativa.
Tercera.- Las Carteras de Estado que suscriben el presente Acuerdo, en el plazo de diez (10) días contados a partir de la expedición de la presente normativa, remitirán al ente rector en materia de derechos humanos por escrito, el nombre de los delegados permanentes al Comité de Seguimiento y Monitoreo.
Única.- Deróguese el Acuerdo Ministerial No. 120 de 6 de marzo de 2008, publicado en el Registro Oficial 315 de 14 de abril del 2008.
Única.- El presente Acuerdo Interministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en Quito, a 22 de agosto de 2018.
f.) Rosana Alvarado, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
f.) Carlos Pérez García, Ministro de Hidrocarburos.
f.) Tarcisio Granizo, Ministro del Ambiente.
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DIRECTRICES DE CONDUCTA PARA SITUACIONES DE CONTACTO CON PUEBLOS INDÍGENAS EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO
Las que se detallan a continuación están estructuradas en base a los conocimientos sociológicos y antropológicos de las culturas amazónicas así como en los principios de las Directrices de Protección de Naciones Unidas. Establecen los posibles escenarios ante encuentros con estas poblaciones y recomiendan las acciones que se deberán llevar a cabo a fin de respetar la cultura, minimizar los posibles riesgos de acciones violentas, así como precautelar la seguridad y la vida tanto de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario como de la persona que cumpla con estos protocolos.
Caso 1. Señales de posible presencia de indígenas en aislamiento en el área.
En el sendero o recorrido por la selva, se encuentran huellas de pies descalzos, fogatas y cenizas recientes, ramas u hojas cruzadas obstruyendo el paso en un sendero, animales muertos y dejados a propósito, lanzas cruzadas o quebradas o dardos de cerbatana incrustadas en un árbol cerca del camino; también puede encontrarse campamentos pequeños con hojas de palma.
Es probable que algunos indígenas aislados se encuentren por la zona, realizando actividades de caza y recolección. Las señales encontradas pueden indicar que no se debe seguir avanzando y, que es posible que los indígenas en aislamiento estén por los alrededores observando.
Es importante alejarse del lugar, evitando tocar las huellas o señales encontradas; también se deberán suspender todas las actividades y tareas que se están realizando. De ser posible, es recomendable tomar algunas fotografías de las señales observadas o elaborar dibujos descriptivos que ayuden, posteriormente, a evaluar la situación.
Informar inmediatamente a funcionarios de la Dirección de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario del Ministerio de Justicia, Derechos, Humanos y Cultos, guarda parques del Ministerio del Ambiente, o médicos de los centros de Salud del Ministerio de Salud. No olvide entregar la ficha anexa a este protocolo.
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3) Informar del hecho al Comité de Seguimiento y Monitoreo.
Caso 2. Observación de indígenas en aislamiento en el bosque o lugares alejados
Los indígenas en aislamiento son vistos caminando solos o en grupo por el bosque o en la ribera de algún río, cerca de alguna comunidad o sembrío.
Son escuchados silbidos, gritos o llamados de indígenas en aislamiento en el bosque.
Es posible que los indígenas en aislamiento estén realizando cacería o pesca, también puede ser que estén recorriendo el lugar al escuchar la presencia de extraños. Evite cualquier tipo de contacto con ellos, se podrían sentir amenazados y atacar.
Si están los indígenas en aislamiento cerca de alguna comunidad, lugares de cultivos o sembríos, es posible que estén buscando herramientas como hachas o machetes así como alimentos como plantas de yuca y plátano.
También es posible que solo tengan curiosidad porque ustedes se encuentran en alguna de las zonas por donde siempre recorren los pueblos indígenas en aislamiento.
1) Retirarse del lugar de manera rápida y tranquila. NO BUSQUE EL CONTACTO NI LOS PERSIGA. Tampoco haga señales o gestos agresivos.
Es muy importante observar todos los detalles posibles, anotar los ornamentos en el cuerpo y cara, pintura corporal, tatuajes, corte de cabello, entre otros detalles de su apariencia física; y otros detalles que puedan llamar su atención. De ser posible, es recomendable tomar algunas fotografías.
Recoger su ropa y sus pertenencias para guardarlos en casa. Amarrar a sus mascotas, sobre todo perros cerca de casa; y no los deje sueltos.
Informar inmediatamente a funcionarios de la Dirección de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, guarda parques, o médicos de los centros de Salud. No olvide entregar la ficha anexa a este protocolo.
4) Informar del hecho al Comité de Seguimiento y Monitoreo.
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Caso 3. Visita de indígenas en aislamiento a una comunidad, campamento o casa
Los indígenas en aislamiento llegan de manera pacífica a una comunidad, campamento o zona de cultivo para tratar de comunicarse con gestos, señales de brazos, tratando de entregar algunas de sus pertenencias como por ejemplo lanzas, collares, carne ahumada.
Es posible que los indígenas tengan interés en el asentamiento o sólo busquen abastecerse de herramientas y/o productos alimenticios para luego retirarse, incluyendo la carne de los animales domésticos atacados y tomando los distintos elementos deseados sin solicitarlos, debido a que su forma de comportarse es distinta.
Se debe buscar algún lugar seguro, evite realizar cualquier comportamiento que pueda interpretarse como una señal de agresión, NO se acerque directamente y tampoco se niegue si los indígenas quieren llevarse sus herramientas o animales. Es mejor perder algunos bienes que generar la posibilidad de producirse un conflicto violento.
Se debe iniciar un intento de comunicación para averiguar por qué han venido, evitando un contacto cercano y cualquier gesto de hostilidad. Recíbalos con amabilidad y ofrezca alimentos e implementos que ellos necesiten. De ser posible, es recomendable tomar algunas fotografías. NO LES ENTREGUE ROPA SUCIA o usada. Si hay algún enfermo en la casa, deben salir a otro lugar.
Informar del hecho al Comité de Seguimiento y Monitoreo.
Caso 4. Los indígenas en aislamiento permanecen más tiempo en la comunidad, campamento o casa
Luego de haber tenido un primer contacto pacífico en la comunidad o en el campamento, los indígenas en aislamiento han retornado y puede ser que quieran quedarse por algunos días. Es posible que luego retornen otra vez en los siguientes días, decidiendo quedarse un mayor tiempo en el lugar.
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Luego de superado el miedo y la desconfianza; y haber comenzado ua forma amigable de comunicación, es posible que los indígenas en aislamiento quieran permanecer en el asentamiento por curiosidad y para conocer la forma de vida que hay en el lugar. Es posible que se acerquen para explicar algún malestar o para conseguir algún objeto o ayuda que no saben de qué manera explicar.
Se debe iniciar un intento de comunicación para averiguar po qué han venido, evitando un contacto cercano y cualquier gesto de hostilidad. Recíbalos con amabilidad y ofrezca alimentos e implementos que ellos necesiten.
Se les puede ofrecer un lugar donde quedarse, si está un poco lejos de la comunidad o campamento, es mucho mejor. También se les puede ofrecer comida natural como yucas, plátanos y carne, siempre respete la decisión de los indígenas en aislamiento si desean marcharse o quedarse en el lugar. NO LES ENTREGUE ROPA USADA u objetos que hayan estado en contacto con su cuerpo. Tampoco permita que se acerquen personas que estén enfermas de gripe o con alguna infección contagiosa. De ser posible, es recomendable tomar algunas fotografías
Informar inmediatamente a funcionarios de la Dirección de Protección de Peblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, guarda parques o médicos de los centros de Salud. No olvide entregar la ficha anexa a este protocolo.
4) Informar del hecho al Comité de Seguimiento y Monitoreo. Caso 5. Ataque violento por parte de los indígenas en aislamiento Situaciones:
Los indígenas en aislamiento ingresan de manera violenta en una comunidad o campamento, atacando a las personas y animales del lugar.
Los indígenas atacan o amenazan con atacar a las personas que viajan en un bote, que se encuentran en el bosque, playa, o algún corredor nativo.
Es probable que los indígenas en aislamiento busquen herramientas o diversos productos que los extraños poseen. Puede ser que el ataque sea una reacción porque alguien de la comunidad o del campamento les hizo daño o se sintieron agredidos.
Es posible que los indígenas busquen evitar que personas extrañas se acerquen hasta el lugar donde habitan. El ataque puede servir para defender los recursos naturales de la zona, por eso algunos de estos ataques sólo constituyen una amenaza no un intento real de agresión.
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Inmediatamente debe buscar refugio y protegerse del ataque lo mejor que se pueda o retirarse del lugar junto con sus allegados, evite responder directamente ante dicho ataque y utilizar únicamente medios disuasivos. Evacué a los pobladores de forma inmediata.
Retírese lo más pronto posible de la zona, no regrese al lugar de los hechos en las próximas horas y suspenda temporalmente las actividades que se venían realizando. De ser posible, es recomendable tomar algunas fotografías.
NO LOS PERSIGA.
Informar del hecho a la Dirección de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, Parque Nacional Yasuní, al Centro de Salud más cercano y a la dependencia del Ministerio del Interior más cercana (Gobernador, Teniente Político y/o Policía Nacional). Presentar la ficha de incidentes en un puesto de vigilancia de la Dirección de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario o del Parque Nacional Yasuní, quienes deberán convocar a una reunión de emergencia para evaluar la situación y proponer mecanismos de apoyo.
Caso 6. Encuentro con indígenas en aislamiento que tienen algún tipo de enfermedades
Se observa que una persona o grupo de indígenas se acercan con intenciones de contacto. Se puede observar que hay enfermos en el grupo. Es probable que tenga algún tipo de enfermedades respiratorias como por ejemplo gripe o fiebre. Los indígenas se acercan para buscar apoyo médico.
Los indígenas en aislamientos no tienen las defensas biológicas para protegerse contra varias de nuestras enfermedades, tampoco cuentan con los medicamentos para curarse de nuestras enfermedades, lo cual les pone en una situación de alto riesgo. Por estas razones, una simple gripe puede resultar mortal.
1) Comunicar inmediatamente la situación a la Dirección de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, a personal del Parque Nacional Yasuní o al centro de Salud más cercano; a fin de planificar u organizar una campaña orientada a brindar el apoyo de salud requerido, estableciendo un alojamiento para los Indígenas en lo posible apartado de la localidad y coordinando con la Dirección de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario el abastecimiento de productos alimenticios naturales como
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yucas, plátanos y carne para su subsistencia. De ser posible, es recomendable tomar algunas fotografías.
2) Comunicar el hecho a la Defensoría del Pueblo y a la dependencia del Ministerio de Salud más cercana, además de efectuar un reporte radial o telefónico y presentar la ficha de incidentes a un puesto de vigilancia del Parque Nacional Yasuní o a la Estación de Monitoreo de la Dirección de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, quienes deberán convocar a una reunión de emergencia para evaluar y proponer mecanismos de apoyo logístico.
3) Informar del hecho al Comité de Seguimiento y Monitoreo.Caso 7. Hallazgo de cuerpos de indígenas sin vida
Mientras realiza su recorrido o actividad, usted se encuentra el cadáver de un indígena en el bosque o en el río.
Es probable que la persona haya fallecido por algún tipo de enfermedad externa de carácter infecto-contagioso, un acto de violencia (disparo de bala), como resultado de un conflicto producido en las inmediaciones del lugar.
NO SE ACERQUE AL CADÁVER
Trate de tomar algunas fotografías y notas del lugar, el estado del cuerpo, EVITE TODO TIPO DE CONTACTO con el cadáver. Debe saber que todo el lugar es importante para saber las causas que podrían haber provocado la muerte.
REPORTAR EL HECHO A LAS AUTORIDADES LOCALES DE FORMA INMEDIATA para que inicien las investigaciones correspondientes.
Usted debe avisar del hecho a la dependencia del Ministerio del Interior más cercana (Gobernador, Teniente Político y/o Policía Nacional).
Presentar la ficha de incidentes en un puesto de vigilancia de la Dirección de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario o del Parque Nacional Yasuní, quienes deberán convocar a una reunión de emergencia para contribuir en la investigación, evaluar el suceso y proponer mecanismos futuros de protección.
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6) Informar del hecho al Comité de Seguimiento y Monitoreo.
Caso 8. Lugares arqueológicos y/o restos fúnebres
Se encuentra un posible resto arqueológico, cerámica, olla de barro antigua, hacha de piedra, una tumba o cementerio nativo, recipientes de cerámica, ofrendas de productos naturales, adornos diversos, pinturas en cuevas rupestres, rocas con grabados en alto y bajo relieve, o algo que denote ser un lugar especial para los indígenas del área.
Puede ser que se trate de un lugar sagrado para la población indígena de la zona, no únicamente para los indígenas en aislamiento. Hay que tomar en cuenta que el ingreso al lugar o coger las cosas encontradas, se puede considerar una falta de respeto y provocar conflictos.
Camine con mucho respeto del lugar, no haga bulla y evite todo contacto directo con lo encontrado, así como cualquier actividad de manipulación, alteración o sustracción de elementos.
Trate de tomar fotografías y retírese del lugar sin permanecer mucho tiempo.
Llenar la ficha de incidentes y presentarla en el puesto de vigilancia más cercano de la Dirección de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario o del Parque Nacional Yasuní.
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FICHA DE REPORTE DE EVENTOS CON INDÍGENAS EN AISLAMIENTO
REPORTE DE EVENTOS CON INDÍGENAS EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO
EVENTO PRODUCIDO
VESTIGIOS LEVANTADOS
GEOREFERENCIA CIÓN
INFORMANTES/TESTIGOS
OBSERVACIONES/COMEN TARIOS
PERSONA QUE REPORTA EL EVENTO
Parámetros de importancia de incidentes:
Bajo: ramas rotas o cruzadas, huellas de pies descalzos, dardos de cerbatanas incrustadas en un árbol.
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Medio: pequeños campamentos realizados con hojas de palma, lanzas cruzadas, observación de indígenas cruzando un campamento o carretera, a orillas de un ío, gritos o silbidos, hallazgo de animales muertos, lugares arqueológicos y/o restos fúnebres.
Alto: Los indígenas en aislamiento llegan a un campamento, intentan hacer contacto, deciden permanecer algunos días en los alrededores del campamento o plataforma, ataque violento hacia los trabajadores o pobladores; y, hallazgo de cuerpos in vida de indígenas.
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Para efectos de la aplicación de este Acuerdo, se tendrá en consideración las siguientesdefiniciones:
Actividades Hidrocarburíferas: aquellas relacionadas con las fases de exploración, explotación, transporte, refinación, industrialización, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos y otras actividades u obras de infraestructura que se requieran.
Avistamiento: Situación en la que una persona es testigo de la presencia de objetos, señales o personas relacionadas con o de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Contactos Incidentales: Encuentro no planificado, ni previsto con los pueblos indígenas que viven en situación de aislamiento voluntario.
Hidrocarburos: Compuestos químicos constituidos completamente de hidrógeno y carbono.
Pueblo Tribal o Indígena: El Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes en su artículo 1 señala:
a. A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones por una legislación especial;
b. A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.1
Pueblos Indígenas en aislamiento. Los pueblos en aislamiento son pueblos o segmentos de pueblos indígenas que no mantienen contactos regulares con la población mayoritaria y que además suelen rehuir todo tipo de contacto con personas ajenas a su grupo. También pueden ser grupos pertenecientes a diversos pueblos ya contactados que tras una relación intermitente con las sociedades envolventes deciden volver a una situación de aislamiento como estrategia de supervivencia y rompen voluntariamente todas las relaciones que pudieran tener con dichas sociedades. En su mayoría, los pueblos aislados viven en bosques tropicales y/o zonas
1 CONVENIO NUM. 169 DE LA OIT SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES. Art. 1.
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de difícil acceso no transitadas, lugares que muy a menudo cuentan con grandes recursos naturales 2.
Pueblos indígenas en contacto inicial: Los pueblos en contacto inicial son pueblos que mantienen un contacto reciente con la población mayoritaria; pueden ser también pueblos que a pesar de mantener contacto desde tiempo atrás, nunca han llegado a conocer con exactitud los patrones y códigos de relación de la población mayoritaria. Esto puede deberse a que estos pueblos mantienen una situación de semi aislamiento, o a que las relaciones con la población mayoritaria no son permanentes, sino intermitentes. Los pueblos "en contacto inicial" son pueblos que previamente permanecían "en aislamiento" y que bien forzados por agentes externos, bien por decisión del grupo o por factores de otro tipo, entran en contacto con la población mayoritaria 3
Sujeto de Control: Son las empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, empresas mixtas, consorcios, asociaciones, subcontratistas, u otras formas contractuales y demás personas naturales o jurídicas, nacionales, o extranjeras, que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el en las zonas adyacentes y/o colindantes a Zona Intangible Tagaeri Taromenane.
Zona de Amortiguamiento: Es el área adicional de protección que, mediante la implementación de actividades controladas, contribuye a proteger a los grupos en aislamiento y condición de contacto inicial.
Zonas Adyacentes o Colindantes.-Son aquellas áreas o Bloques inmediatamente contiguas con la zona de amortiguamiento de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane.
Zona Intangible: Tierras y territorios a favor de los pueblos indígenas en aislamiento, que fija el comportamiento del Estado de evitar cualquier actividad, del tipo que sea, que pueda poner en peligro su supervivencia. En el caso de Ecuador, se debe considerar el Decreto Ejecutivo No. 2187 de 03 de enero de 2007 en el cual se delimita la Zona Intangible establecida mediante Decreto Ejecutivo No. 552, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 121 de 2 de febrero de 1999, misma que alcanza 758.051 hectáreas (setecientas cincuenta y ocho mil cincuenta y un hectáreas), que se ubican en las parroquias de Cononaco y Nuevo Rocafuerte, cantón Aguarico, provincia de Orellana; en la parroquia de Curaray, cantón Pastaza, provincia de Pastaza,
Territorio: El territorio es un ente complejo, producto de un conjunto de relaciones culturales, económicas, sociales y políticas que le dan sentido o contenido a un espacio. Es una construcción histórica y expresión de apropiación colectiva; por lo tanto, el territorio no es un área geográfica, un ecosistema específico o una circunscripción político administrativa,
2 ACNUDH, ''Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en aislamiento y en Contacto Inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay". Ginebr. Mayo 2012. Pag. 8
3 ACNUDH, "Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en aislamiento y en Contacto Inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay". Ginebr. Mayo 2012. Pag. 10
Registro Oficial N° 335 - Suplemento Miércoles 26 de septiembre de 2018 - 27
es la articulación productiva, económica, social, institucional dando sentido al espacio fuera de las demarcaciones administrativas; sobretodo, la construcción de redes y un sentido de pertenencia hacia una localidad determinada.4
El respeto y la garantía del derecho a las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial significa respetar los derechos territoriales que el derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido para los pueblos indígenas. Esto conlleva la protección máxima del territorio con el fin de que se evite cualquier acción que pueda alterar o modificar las características de las tierras donde habitan.5
4 CHIRIBOGA Manuel, 2
5 ACNUDH, ''Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y en Contacto Inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay". Ginebr. Mayo 2012. Pag. 25
28 - Miércoles 26 de septiembre de 2018 Suplemento - Registro Oicial ° 335
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, reconoce y garantiza la autonomía política, administrativa y financiera a los Gobiernos Autónomos Descentralizados;
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 239 y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en su artículo 2 letra a) consagra la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados;
Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los gobiernos autónomos descentralizados tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales; en concordancia con el artículo 264 número 5 de la misma Constitución y letra e) del artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los cuales señalan que los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias: "crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras;
Que, el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el régimen tributario se regirá entre otros, por los principios de generalidad, simplicidad, administrativa, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria, y fomentará conductas ecológicas, económicas y sociales responsables;
Que, el artículo 301 de la Carta Constitucional, determina que: "Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante Ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley;
Que, el artículo 4 del Código Tributario señala que: "Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y deducciones; los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que deban concederse conforme a este Código";
Que, el artículo 37 número 4 del Código Tributario, señala a la remisión como uno de los modos de extinguir la obligación tributaria;
Que, el artículo 54 del Código Tributario dispone que: "Las deudas tributarias sólo podrán condonarse o remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. Los intereses y multas que provengan de obligaciones tributarias podrán condonarse por la máxima Autoridad Tributaria correspondiente en la cuantía y cumplidos los requisitos que la Ley establezca;
Que, el artículo 57 letra a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
dispone que una de las atribuciones del Concejo Municipal es: "el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones;
Que, el inciso segundo del artículo 172 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, señala que: "Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas; los de venta de bienes y servicios; los de renta de inversiones y multas; los de venta de activos no financieros y recuperación de inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros ingresos;
Que, el artículo 186 del mismo Código, enfatiza que los gobiernos autónomos descentralizados municipales mediante ordenanza podrán: "crear, modificar, exonerar o suprimir, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas, por procesos de planificación o administrativos que incrementen el valor del suelo o la propiedad; por el establecimiento o ampliación de servicios públicos que son de su responsabilidad; el uso de bienes o espacios públicos; y, en razón de las obras que ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y circunscripción, así como la regulación de la captación de las plusvalías (...) cuando por decisión del gobierno metropolitano o municipal la prestación de un servicio público exija el cobro de una prestación patrimonial al usuario, cualquiera sea el modelo de gestión o el prestador de servicio público, esta prestación patrimonial será fijada, modificada o suprimida mediante ordenanza";
Que, el artículo 491 del mismo Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, establece las clases de impuestos municipales: "a) El impuesto sobre la propiedad urbana; b) El impuesto sobre la propiedad rural; c) El impuesto de alcabalas; d) El impuesto sobre los vehículos; e) El impuesto de matrículas y patentes; f) El impuesto a los espectáculos públicos; g) El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismos; h) El impuesto al juego; i) el impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales";
Que, en el artículo 568 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización se determinan las tasas establecidas mediante Ordenanzas: a) Aprobación de planos e inspección de construcciones; b) Rastro; c) Agua potable: d) Recolección de basura y aseo público; e) Control de alimentos; f) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales; g) Servicios administrativos; h) Alcantarillado y canalización; e,i) Otros servicios de cualquier naturaleza";
Que, el artículo 569 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización señala que el objeto de la contribución especial de mejoras es el beneficio real o presuntivo proporcionado a las propiedades inmuebles urbanas por la construcción de cualquier obra pública;
Que, la Asamblea Nacional del Ecuador expidió la "Ley Orgánica Para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y
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Equilibrio Fiscal", publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 309, de fecha 21 de agosto de 2018, que de acuerdo a su artículo 1 rige: "Remisión de intereses, multas y recargos derivados del saldo de las obligaciones tributarias o fiscales internas";
Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica Para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, dispone: "Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, así como sus empresas amparadas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, agencias, instituciones y entidades adscritas podrán aplicar la remisión de intereses, multas y recargos derivados de obligaciones tributarias, no tributarias y de servicios básicos, vencidas al 2 de abril del 2018, para lo cual expedirán la normativa pertinente, misma que deberá acoger los lineamientos en cuanto a condiciones y plazos previstos en los artículos precedentes";
Que, es necesario normar la remisión de intereses de mora, multas y recargos de impuestos, tasas y contribuciones de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chambo y sus instituciones adscritas, con el objetivo de reducir la cartera vencida, mejorar los índices de recaudación tributaria y dar la oportunidad a los contribuyentes de cumplir con sus obligaciones vencidas;
Que, los pobladores con escasos recursos económicos ubicados en el Cantón Chambo, además de ser atendidos de manera prioritaria con la obra pública municipal, y con la legalización de sus predios, necesitan incentivos en materia tributaria que les haga favorecer su desarrollo económico, razón por la cual resulta pertinente aplicar los mecanismos legales que permitan reducir el monto de sus cargas impositivas;
Que, el artículo 60 letra e) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, otorga al Alcalde la atribución de presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas en materia tributaria en el ámbito de competencias del gobierno autónomo descentralizado municipal; y,
El Concejo Municipal en uso de las atribuciones y facultades que le confieren el artículo 240 de la Constitución de la República; artículos; 57 literal a), y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el artículo 20 de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos,
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS
DE LOS TRIBUTOS DE COMPETENCIA DEL
MUNICIPAL DEL CANTÓN CHAMBO
Art. 1.- Objeto.- Esta Ordenanza rige para la remisión de intereses, multas y recargos derivados de tributos de
competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chambo.
Art. 2.- Ámbito de aplicación.- La remisión se aplicará a los intereses, multas y recargos derivados de las obligaciones tributarias, no tributarias y de servicios básicos, cuya competencia le corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chambo y sus instituciones adscritas, contenidas en los títulos de crédito, órdenes de cobro, liquidaciones en base a catastros, registros o hechos preestablecidos, o cualquier otro acto de determinación de la obligación tributaria, dentro del ámbito de la circunscripción territorial del cantón Chambo.
APLICACIÓN DE LA REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
Art. 3.- De la remisión de intereses, multas y recargos.-
Se remiten los intereses de mora, multas y recargos causados por obligaciones tributarias, no tributarias y de servicios básicos de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chambo, contenidas en los títulos de crédito, órdenes de cobro, liquidaciones sea a base de catastros, registros o hechos preestablecidos o cualquier otro acto de determinación de la obligación tributaria, que se encuentren vencidas o pendientes de pago hasta el 2 de abril del 2018, siempre que se efectué la cancelación de la totalidad del impuesto pendiente de pago, conforme a las siguientes condiciones:
3.1. La remisión de intereses de mora, multas y recargos será del cien por ciento (100%) si el pago de la totalidad de la obligación tributaria vencida (capital), es realizado dentro del plazo de noventa (90) días contados a partir del 21 de agosto del 2018;
Los contribuyentes podrán presentar solicitud de facilidades de pago o pagar la totalidad del saldo del capital, dentro del plazo de 90 días contados a partir del 21 de agosto del 2018;
Las facilidades de pago se otorgarán para realizar el cumplimiento de las obligaciones, hasta por un plazo máximo de 2 años, no siendo necesario el pago del 20% del capital; en caso de incumplimiento de dos o más cuotas consecutivas, se dejará insubsistente la remisión contemplada en la presente Ordenanza y se procederá a cobrar la obligación en su totalidad.
Solo se aplicará la remisión cuando el contribuyente cumpla con el pago del cien por ciento (100%o) del saldo del capital en los plazos previstos en este artículo o dentro del plazo otorgado para las facilidades de pago; de no agotarse este requisito, los pagos parciales que se hubieren realizado, se imputarán conforme a las reglas generales contenidas en el Código Tributario.
Art. 4. - No aplicará la remisión establecida en esta ordenanza para las obligaciones tributarias vencidas con posterioridad al 2 de abril de 2018.
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Art. 5.- Reclamos y recursos administrativos.- La remisión contemplada en el artículo 3 de la presente Ordenanza, beneficiará también a quienes tengan planteados reclamos y recursos administrativos ordinarios o extraordinarios pendientes de resolución.
Art. 6.- Convenios de pago.- En el caso de los sujetos pasivos que mantengan convenios de pago vigentes y que se encuentren al día en las cuotas correspondientes, la totalidad de los pagos realizados, incluso antes de la publicación de la Ley de remisión, se imputará al capital y de quedar saldo de impuesto a pagar podrán acogerse a la presente remisión, cancelando el cien por ciento del impuesto adeudado, y los valores no remitidos cuando corresponda. En estos casos no constituirá pago indebido cuando los montos pagados previamente hubieren superado el valor del impuesto.
Art. 7.- Procesos pendientes en sede administrativa, judicial, constitucional o arbitral.- Los contribuyentes que pretendan beneficiarse de la remisión del cien por ciento (100%) de intereses, multas y recargos derivados de sus obligaciones tributarias o fiscales, deberán además de efectuar el pago total del saldo del capital o solicitar facilidades de pago según corresponda, presentar los desistimientos de los recursos o acciones administrativas, judiciales, constitucionales o arbitrales, dentro del plazo de 90 días. Caso contrario, los pagos que se hubiesen efectuado se imputarán de conformidad con lo previsto en el artículo 3 numeral 4 de la presente Ordenanza.
Para el efecto, los contribuyentes deberán demostrar el cumplimiento de esta condición ante la Administración Tributaria, mediante la presentación de una copia certificada del desistimiento presentado ante la autoridad correspondiente, desistimiento que no dará lugar a costas ni honorarios.
Art. 8.- Procedimiento Coactivo.- Cuando la obligación tributaria sea exigida por la vía coactiva, los contribuyentes podrán comunicar su intención al funcionario ejecutor de la coactiva hasta por 30 días, quien deberá suspender el ejercicio de la acción coactiva. Si luego de vencidos los plazos de remisión, el contribuyente no cumplió con los requisitos para beneficiarse de la remisión, el funcionario ejecutor reanudará inmediatamente las acciones de cobro.
También se suspenderá el ejercicio de la acción coactiva de aquellos contribuyentes que soliciten facilidades de pago; misma que solo se reanudará cuando se incumplan las cuotas señaladas en el artículo 3 numeral 3 de la presente Ordenanza.
En caso de que durante el período de vigencia de la remisión, se realicen embargos, subastas o remates, el sujeto pasivo, deberá solicitar que los valores recaudados sean imputados al saldo del capital, sin perjuicio de la obligación del contribuyente de cumplir con el pago total del capital adeudado en los respectivos plazos de remisión.
Art. 9.- Pagos previos y pagos parciales de la obligación tributaria o fiscal.- Los pagos realizados por los
contribuyentes, indistintamente si fueren pagos totales o parciales, inclusive aquellos realizados en virtud de un convenio de facilidad de pago, o de que se hubieren realizado previo a la vigencia de la presente Ley o durante los plazos en ella establecidos, se acogerán a la remisión, previa solicitud del contribuyente, siempre que se cubra el cien por ciento (100%) del saldo del capital de las obligaciones, de conformidad con la regla establecida en el artículo 3 numeral 4 de la presente Ordenanza.
Aún cuando los pagos realizados por los contribuyentes excedan el cien por ciento (100%o) del saldo del capital de las obligaciones, no se realizarán devoluciones por pago en exceso o pago indebido.
DE LA EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Art. 10.- Extinción de obligaciones tributarias.- El pago realizado por los sujetos pasivos en aplicación de la remisión prevista en esta Ordenanza, extingue las obligaciones adeudadas. Los sujetos pasivos no podrán alegar posteriormente pago indebido sobre dichas obligaciones, ni iniciar cualquier tipo de acciones o recursos en procesos administrativos, judiciales, mediación o arbitraje.
Art. 11.- Extinción por Prescripción.- En los casos en que a la fecha de publicación de la presente Ordenanza haya transcurrido el plazo y cumplido las condiciones establecidas en el artículo 55 del Código Tributario, las obligaciones tributarias, no tributarias y de servicios públicos se podrán declarar prescritas a petición de parte del deudor; pudiendo de ser el caso además acogerse a la remisión de la que habla el Art. 3 de esta Ordenanza, del tiempo que no fuere parte de la prescripción;
La Dirección de Gestión Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chambo deberá emitir la Resolución o Resoluciones Administrativas debidamente motivadas, para hacer efectiva la extinción de la obligación por prescripción; en el caso de las obligaciones cuyo sujeto activo sean las Instituciones Adscritas al Gobierno Municipal (Bomberos), deberán actuar desde sus respectivas instancias financieras.
Primera.- El analista de Comunicación y promoción Turística del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chambo, y las unidades correspondientes de las instituciones adscritas, una vez aprobada la presente Ordenanza, efectuarán campañas de promoción en medios de comunicación sobre las ventajas y las condiciones de aplicación de la remisión.
Segunda.- De la aplicación y ejecución de la presente Ordenanza, encárguese a la Dirección de Gestión Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chambo, quien deberá emitir un informe detallado al Alcalde, y por su intermedio al Concejo Cantonal en el que contenga los valores recaudados, los títulos dados de baja y los pendientes de cobro que integran la cartera vencida.
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Tercera.- En todo aquello que no estuviere previsto en la presente Ordenanza, se aplicarán las disposiciones dé la Ley Orgánica Para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal y demás normativa relacionada vigente.
Cuarta.- La Dirección de Gestión Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chambo, y las unidades correspondientes de las instituciones adscritas, implementarán esta forma de recaudación de remisión de intereses, multas y recargos en los sistemas tecnológicos institucionales, en función de los plazos establecidos en la presente Ordenanza.
Única.- Se deroga la Ordenanza de Remisión de Intereses, Multas y Recargos sobre Tributos locales Administrados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo, expedida el 20 de mayo del 2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 559 de fecha 5 de agosto del 2015; así como todas las resoluciones y regulaciones municipales que se opongan a la presente Ordenanza.
Única.- La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de su sanción respectiva, su publicación en la página web de la Institución, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y regirá dentro de los plazos, términos y condiciones previstos en la Ley Orgánica Para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 309 de fecha 21 de agosto de 2018.
Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Cantonal de Chambo a los doce días del mes de Septiembre del dos mil dieciocho.
CERTIFICO: que "LA ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS DE LOS TRIBUTOS DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHAMBO, fue conocida, discutida y aprobada por el Concejo del GAD Municipal de Chambo, en Sesiones Extraordinarias del 3 y 12 de septiembre del 2018; en primero y segundo debate respectivamente.
De conformidad con lo prescrito en los Artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, SANCIONO "LA ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS DE LOS TRIBUTOS DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHAMBO y ordeno su promulgación a través de su publicación en la Gaceta Oficial y el Registro Oficial.
Chambo, 13 de Septiembre del 2018..
Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en la Gaceta Oficial, y el Registro Oficial "LA ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS DE LOS TRIBUTOS DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHAMBO, el Dr. Iván Rodrigo Pazmiño Núñez Alcalde del GAD Municipal de Chambo, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.- LO CERTIFICO.
Chambo, 13 de Septiembre del 2018.