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Timestamp: 2019-08-21 20:24:50
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VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZA CECILIA MEDINA QUIROGA EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL
Resumen de los aspectos más importantes de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México
II. Reconocimiento parcial de responsabilidad.
IV. Sobre el contexto de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y la impunidad de estos crímenes
VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZA CECILIA MEDINA QUIROGA EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2009.
Aun cuando concuerdo con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte” o “Tribunal”) en este caso, en el sentido de que existe una violación del artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención Americana” o “Convención”), no concuerdo con el hecho de que la Corte no haya calificado como tortura las acciones perpetradas en contra de las víctimas.
Desde un punto de vista práctico-jurídico no hay mayores diferencias en calificar o no una conducta como tortura. Tanto la tortura como los tratos crueles, inhumanos o degradantes son violaciones de un derecho humano y todos estos actos se regulan prácticamente de la misma manera. Sin perjuicio de esto, la Corte no ha vacilado en otros casos en calificar una conducta como tortura, a menudo sin mencionar las razones por las cuales lo ha hecho y se advierte que el elemento principal es el de la severidad de la acción y cómo la misma afecta a la víctima. Es la conducta, en general, la que determina la distinción entre tortura y otros tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. La razón de calificar un acto como tortura obedece al mayor estigma que se asigna a éste en relación con otros también incompatibles con el artículo 5.2 de la Convención.
La Corte decidió explicitar los requisitos que se exigían para que hubiera tortura en el caso Bueno Alves Vs. Argentina, entendiendo que se está frente a un acto constitutivo de tortura cuando el maltrato es: a) intencional; b) cause severos sufrimientos físicos o mentales, y c) se cometa con determinado fin o propósito570. Si analizamos estos tres elementos, veremos que el primero y el tercero pueden hallarse presentes en otros tratamientos incompatibles con el artículo 5.2 de la Convención. La intencionalidad se refiere a la conciencia del sujeto de que está realizando un acto que va a causar un sufrimiento o un sentimiento de humillación y el propósito se refiere a las razones por las cuales lo ejecuta: dominación, discriminación, sadismo, logro de alguna acción u omisión de la víctima u otros. Ambos elementos pueden existir en los tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. Por lo tanto, lo que realmente distingue la tortura de otros tratos, en los términos en que se formuló por la Corte en el caso Bueno Alves, es la severidad del sufrimiento físico o mental.
La Corte Europea de Derechos Humanos (en adelante “Corte Europea”) adoptó precisamente esa posición. En este sentido, en el caso Irlanda Vs. Reino Unido, decidió que la tortura se refiere a “un trato inhumano que causa sufrimiento muy serio y cruel” 571.
La Observación General 20 al Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante “el Pacto”), del Comité de Derechos Humanos572, sostiene que la distinción entre las distintas formas de tratamiento a las que hace referencia el Pacto “depende de la clase, propósito y severidad del tratamiento particular”573. Ese mismo Comité no hizo distinciones entre los diversos tipos de conducta cuando sostuvo en la Observación señalada que:
La finalidad de las disposiciones del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es proteger la dignidad y la integridad física y mental de la persona. El Estado Parte tiene el deber de brindar a toda persona, mediante medidas legislativas y de otra índole, la protección necesaria contra los actos prohibidos por el artículo 7, sean infligidos por personas que actúen en el desempeño de sus funciones oficiales, al margen de dichas funciones o incluso a título privado574
6. Tampoco hizo distinción alguna la Corte Europea en el reciente caso Opuz Vs. Turquía575, donde sostuvo:
En cuanto a la cuestión de si puede considerarse al Estado responsable, bajo el artículo 3, por los malos tratos infligidos a personas por parte de actores no estatales, la Corte recuerda que la obligación de los Estados Partes conforme al artículo 1 de la Convención de asegurar a toda persona bajo su jurisdicción los derechos y libertades consagrados en la Convención, conjuntamente con el artículo 3, requiere de los Estados que tomen medidas diseñadas para asegurar que los individuos bajo su jurisdicción no sean objeto de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo malos tratos perpetrados por individuos privados (ver, mutatis mutandi, H.L.R. v. France, 29 April 1997, § 40, Reports 1997-III). Particularmente, los niños y otros individuos vulnerables tienen derecho a protección por parte del Estado, en forma de disuasión efectiva, contra aquellas violaciones serias a la integridad personal (ver A. v. the United Kingdom, 23 September 1998, § 22, Reports 1998-VI)576.
7. Como puede observarse, ninguna de estas decisiones o interpretaciones hace alusión al requisito de la exigencia de la participación activa, la aquiescencia o tolerancia, o la inacción de un agente estatal. Ese es un requisito agregado por la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “la CIPST”) y por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante “Convención contra la Tortura”). Ambas Convenciones son posteriores a la Convención Americana, habiendo entrado en vigor en 1987.
8. Si se leen los párrafos 218, 219, 220 y 230 de este fallo, puede advertirse que las tres víctimas sufrieron graves agresiones físicas y muy probablemente violencia sexual de algún tipo antes de su muerte. La descripción del estado de los cadáveres, aunque fue hecha de manera ineficiente en los primeros momentos, muestra la magnitud del tratamiento que se les infligió, de modo que los hechos permitían ser considerados como actos de tortura.
9. No parece pues, haber justificación al hecho de que el tratamiento que se aplicó a las tres víctimas de este caso no se haya calificado como tortura, salvo el hecho de que la Corte consideró que no era posible encontrar que un Estado pudiera ser responsable de un acto de tortura si no había prueba de que éste hubiera sido perpetrado por agentes del Estado o se hubiera llevado a cabo cuando un empleado o funcionario público pudiendo impedir el acto no lo hubiera hecho (artículo 3.a577 de la CIPST) o, en los términos del artículo 1578 de la Convención contra la Tortura, el acto se hubiera realizado con la aquiescencia de un agente del Estado.
10. Con respecto a la formulación de la Convención contra la Tortura, baste decir que el propio Comité contra la Tortura, creado por dicha Convención, ha sostenido que:
cuando las autoridades del Estado […] tienen conocimiento o motivos fundados para creer que sujetos privados o actores no estatales perpetran actos de tortura o malos tratos y no ejercen la debida diligencia para impedir, investigar, enjuiciar y castigar a dichos sujetos privados o actores no estatales […] el Estado es responsable […] por consentir o tolerar esos actos inaceptables. La negligencia del Estado a la hora de intervenir para poner fin a esos actos, sancionar a los autores y ofrecer reparación a las víctimas de la tortura facilita y hace posible que los actores no estatales cometan impunemente actos prohibidos por la Convención, por lo que la indiferencia o inacción del Estado constituye una forma de incitación y/o de autorización de hecho. El Comité ha aplicado este principio a los casos en que los Estados Partes no han impedido actos de violencia de género, como la violación, la violencia en el hogar, la mutilación genital femenina o la trata, o no han protegido a las víctimas579.
11. También el Relator especial sobre la cuestión de la tortura, refiriéndose al artículo 1 de la Convención contra la Tortura, que consagra obligaciones similares al citado artículo 3 de la CIPST, señaló que
se ha utilizado con frecuencia para excluir del ámbito de protección que dispone la Convención la violencia contra la mujer al margen del control directo del Estado. No obstante, [dicho artículo,] cuando habla de consentimiento o aquiescencia del funcionario público[,] hace extensivas claramente las obligaciones del Estado a la esfera privada y debería entenderse que abarca la falta de protección por parte del Estado de las personas que estén dentro de su jurisdicción contra la tortura y los malos tratos por particulares580.
12. En cuanto a la CIPST, tres puntos son pertinentes de destacar. El primero es que la Convención Americana, vigente desde julio de 1978, no contiene una definición de esta conducta y que la Corte ha debido construirla de acuerdo a sus facultades como órgano autorizado para dar una interpretación auténtica de las disposiciones de ese tratado, por lo que el concepto de tortura del Tribunal, explicitado o no explicitado en los fallos, pero presente en la mente de los juzgadores, no debe ser necesariamente igual al de dichas convenciones y no debe ineludiblemente ser aplicado. El segundo es que no todos los Estados partes de la Convención Americana lo son de la CIPST, por lo que la Corte hasta hoy puede estar enfrentada a conocer de un caso de tortura sin poder aplicar esa Convención directamente. De hecho, en este fallo no se aplica la Convención Interamericana contra la Tortura, ni se utiliza para iluminar la interpretación de las normas de la Convención Americana. El tercero recuerda que el propio Tribunal determinó que, tras considerar el concepto de tortura desarrollado en el sistema europeo de derechos humanos y la definición prevista en la CIPST, había llegado a la conclusión de “que se ha formado un verdadero régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura”581, tanto física como psicológica582.
13. Habiéndose formulado un corpus juris internacional, es procedente ver cómo se aplica para dar la mayor protección a los derechos humanos de los individuos. Quizás el mejor resumen de la posición que se pueda adoptar en este caso, que es un caso de violación grave de la integridad de dos niñas y una jóven mujer- de por sí pertenecientes a un sector colocado por la sociedad en un estado de vulnerabilidad, que a su vez es permitido por el Estado -, se encuentra en un fallo de la Corte Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia (en adelante “Tribunal para la Ex-Yugoslavia”).
14. En el caso Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac y Zoran Vukovic583, el Tribunal para la Ex-Yugoslavia acude, en el párrafo 479, a la jurisprudencia de la Corte Europea584 y, en el párrafo 482, a su propia jurisprudencia585 para sostener que la definición de la Convención contra la Tortura no constituye una norma de derecho consuetudinario. La definición contenida en esa Convención sólo puede ser utilizada en la medida en que otros instrumentos internacionales o leyes nacionales no den al individuo una protección más amplia o mejor. Ésto repite, por lo demás, una de las normas básicas de la aplicación de los instrumentos de derechos humanos que se encuentra en el artículo 29.b.586 de la Convención Americana y en el artículo 5.2587 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
15. El Tribunal para la Ex-Yugoslavia, después de examinar el conjunto de normas y reglas que se refieren a la tortura, llega, por una parte, a la conclusión, que comparto, de que hay tres elementos en la tortura que no son objetados y que constituyen, por consiguiente, jus cogens: i) el sufrimiento o dolor severos, físicos o mentales, ya sea por acción u omisión; ii) la intencionalidad del acto y iii) la motivación o fin del acto para conseguir algo588. Por otra parte, hay tres elementos que permanecen en contienda y, por lo tanto, no forman parte del jus cogens: i) la lista de motivaciones por las cuales el acto se comete; ii) la necesidad de que el acto se cometa en conexión con un conflicto armado; y iii) el requisito de que el acto sea perpetrado o sea instigado por un agente del Estado o se realice con su consentimiento o aquiescencia589.
16. Todo este razonamiento me lleva a sostener que la Corte no está obligada a aplicar o a guiarse ni por la definición de la CIPST ni por la de la Convención contra la Tortura, sino que debería hacer prevalecer la concepción del jus cogens, puesto que ella establece la mejor protección para las víctimas de tortura. Recuerdo, por lo demás, que el artículo 16 de la CIPST dispone que esa Convención “deja a salvo lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por otras convenciones sobre la materia y por el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del delito de tortura”, de modo que interpretar la tortura apartándose de dicha Convención no constituye un incumplimiento de la misma sino , por el contrario, su aplicación fiel.
17. Si la Corte es independiente para definir la tortura y por lo tanto no necesita integrar como un elemento del concepto de la misma la participación por acción u omisión de un agente del Estado (ni necesita tampoco interpretar de manera estrecha el concepto de aquiescencia, puesto que en este caso – basándome en los hechos - sostengo que usando el concepto de aquiescencia del Comité contra la Tortura había aquiescencia del Estado) el único problema que debería analizarse es si es posible atribuirle al Estado el no haber cumplido con su obligación de garantizar la integridad personal de las víctimas frente a la posibilidad de la tortura. No necesito repetir lo que la Corte ha dicho en numerosos fallos y que reitera en éste en cuanto a que la obligación de garantizar requiere el deber de prevenir.
18. El fallo en este caso establece dos momentos en que el Estado no cumplió con ese deber a cabalidad. El primero es el de antes de la desaparición de las víctimas y no se refiere a la obligación de impedir que esas tres víctimas fueran secuestradas; ello sería desproporcionado. Lo que sí se podía exigir es que desde el momento en que el Estado tuvo conocimiento oficial (no menciono el no oficial), es decir, por lo menos desde el momento en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió oficialmente sobre la existencia del patrón de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, hubo una ausencia de políticas destinadas a intentar revertir la situación.
19. El segundo momento, que es el que me interesa para este voto, es el lapso entre el momento en que las tres víctimas desaparecieron y la respuesta del Estado frente a esa desaparición, que fue, de acuerdo al fallo, completamente tardía y hasta hoy insuficiente. La Corte reconoce en el párrafo 283 del fallo que el Estado “tuvo conocimiento de que existía un riesgo real e inmediato de que las víctimas fueran agredidas sexualmente, sometidas a vejámenes y asesinadas”, y que, por consiguiente, “considera que ante tal contexto surge un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias de desaparición de mujeres, respecto a su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días”.
20. Si la Corte hubiera concluído que el Estado era en este caso responsable de la tortura a la que fueron sometidas las víctimas, el Tribunal hubiera seguido la tendencia de otros órganos de supervisión internacionales, ya citados, que han venido instituyendo una tendencia en cuanto a la responsabilidad de los Estados por actos de tortura cometidos por agentes no estatales, lo que, estimo, hubiera constituido un importante desarrollo y aclaración de un tema sobre el cual la Corte con certeza deberá seguir ocupándose.
Fanny Gómez-Lugo*
El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”) emitió su sentencia en el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. El caso trata sobre “la desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera
Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez (en adelante “las tres víctimas”), cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la CIDH”) alegó ante la Corte la responsabilidad internacional del Estado mexicano por (i) la falta de medidas de protección a las víctimas; (ii) la falta de prevención de estos crímenes, pese al conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género en la zona; (iii) la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición; (iv) la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos; y (v) la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada.
En este sentido, la Comisión demandó al Estado ante la Corte solicitando que ésta declarara la responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento de los derechos a la vida, a la integridad personal, garantías judiciales, de la niñez, y protección judicial en relación con las obligaciones de respeto, garantía y no discriminación de los derechos humanos, así como el deber de adoptar las disposiciones de derecho interno que sean necesarias para hacer efectivos dichos derechos, de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”). Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante la “Convención de Belém do Pará”)1. Por su parte, las y los representantes de las víctimas, alegaron adicionalmente la violación de otros derechos establecidos en la Convención Americana, a saber, el derecho a la libertad personal y a la protección de la honra y de la dignidad, y las obligaciones establecidas en los artículos 8 (obligaciones “progresivas” relacionadas con la prevención y protección) y del artículo 9 de la Convención de Belém do Pará (relacionado con factores adicionales de riesgo para mujeres de ciertos grupos); así como la inclusión de otras víctimas.
El Estado hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad, indicando que si bien en la primera etapa de las investigaciones entre los años 2001 y 2003, se presentaron “irregularidades”, en la segunda etapa de las investigaciones de los 3 casos –a partir del año 2004- “se subsanaron plenamente las irregularidades”. Asimismo, reconoció que como consecuencia de dichas irregularidades, se afectó el derecho a la integridad psíquica y la dignidad de las y los familiares. Sin embargo, el Estado alegó que no podía ser considerado responsable por la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la honra y a la dignidad, y los derechos de la niñez en perjuicio de las tres víctimas. Por otro lado, solicitó a la Corte que declara que había cumplido con su deber de prevención, investigación y reparación en relación con los derechos a la vida y a la integridad personal.
El Estado mexicano solicitó a la Corte que declarara su incompetencia en materia contenciosa
para conocer de la Convención Belém do Pará. Esta petición fue rechazada por la Corte.
En su sentencia, la Corte hizo la aclaratoria -a pesar de haberse pronunciado al respecto en
casos anteriores (véanse sentencias en los casos del Penal Miguel Castro Castro, Ríos y otros, Perozo y
otros)- que tenía competencia contenciosa para examinar la Convención de Belém do Pará. La Corte
llegó a esta conclusión luego de un análisis detallado de los principios de interpretación de normas de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (párr. 32), a saber, la interpretación literal (párrs.
40-41); interpretación sistemática (párrs. 54-58); objeto y fin del tratado (párrs. 59-65); y de manera
únicamente complementaria, la interpretación de acuerdo a los trabajos preparatorios de la Convención
de Belém do Pará (párrs. 68-73).
Asimismo, la Corte estableció que no tenía competencia contenciosa para examinar
directamente violaciones a las disposiciones contenidas en los artículos 8 y 9 de la Convención de Belém
do Pará –cuyas violaciones alegaron las y los representantes - ya que del mismo texto de la Convención
(artículo 12) se desprendía que la competencia para conocer de peticiones y casos individuales se
limitaba a las obligaciones establecidas en el artículo 7 de dicho tratado. Sin embargo, indicó que ello no
excluía la posibilidad de que dichas disposiciones –al igual que otros artículos de dicho tratado- fueran
utilizados a manera de interpretación (párr. 79).
IV. Sobre el contexto de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y la impunidad de
En relación con el contexto de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, la Corte hizo
referencia a diversos informes y estudios realizados por mecanismos nacionales e internacionales de
vigilancia de los derechos humanos, incluyendo el informe Situación de los Derechos de la Mujer en
Ciudad Juárez, publicado por la CIDH en el año 20032 (párrs. 113, 116, 117). Al respecto, la Corte
observó que “no existen datos claros sobre la cifra exacta de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez a
partir del año 1993” (párr. 118). Sin embargo, sostuvo que el aumento de homicidios ha significado que
“por lo menos” 264 mujeres han sido asesinadas hasta el año 2001 y 379 hasta el 2005 (párr. 164). Sin
embargo, sostuvo la Corte “más allá de las cifras” es preocupante que algunos de estos crímenes
parecen presentar altos grados de violencia y violencia sexual, y que en general han sido influenciados -
tal como lo acepta el Estado (párr. 132)- por una cultura de discriminación contra la mujer, que ha
incidido en los motivos y en la modalidad de los crímenes, así como en la respuesta dada por las
autoridades (párr. 164).
En relación con la impunidad de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, la Corte inidicó
que la ineficiencia e indiferencia por parte de las autoridades estatales en relación con la investigación de
dichos crímenes “parecen haber permitido que se haya perpetuado la violencia contra la mujer” (párr. 164). En este sentido, la Corte afirmó que hasta el 2005, la mayoría de los crímenes no habían sido
esclarecidos, “siendo los homicidios que presentan características de violencia sexual los que presentan
mayores niveles de impunidad” (párr. 164)3. Una de las consecuencias de la impunidad de este tipo de
delitos es el mensaje que se envía a la sociedad de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que
promueve su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, y genera el sentimiento de desconfianza
de las mujeres en el sistema de administración de justicia (párr. 400).
Respecto a la utilización de estereotipos de género por parte de agentes estatales y su efecto en
la impunidad de estos crímenes, la Corte citó el informe Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de
Violencia, publicado por la Comisión en el año 2007, indicando que:
[l]a influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de
la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de
responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta
sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales,
policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en forma
negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse marcada
por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones
interpersonales4.