Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1991/060/004.html
Timestamp: 2020-08-03 21:39:08
Document Index: 329341354

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 16', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 15', 'Artículo 19', 'artículo 14']

BOC - 1991/060. Miércoles 8 de Mayo de 1991 - 566
BOC Nº 060. Miércoles 8 de Mayo de 1991 - 566
566 - DECRETO 79/1991, de 16 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes de inserción social en la Comunidad Autónoma de Canarias.
La Comunidad Autónoma de Canarias en el desarrollo de las competencias que tiene atribuidas en materia de asistencia y servicios sociales ha venido, en los últimos años, incrementando su acción protectora, hasta el punto que es posible afirmar que las medidas iniciales adoptadas hasta el presente alcanzan el conjunto de la población canaria.
Sin embargo, la experiencia de una lucha integral contra la pobreza aconseja extender la acción protectora mediante el establecimiento de un serie de medidas de inserción social en la Comunidad Autónoma de Canarias, y es, por ello, por lo que el Gobierno de Canarias y los agentes sociales, conscientes de esta necesidad, formalizaron el pasado año un Acuerdo en tal sentido suscrito por las Centrales Sindicales U.G.T. y CC.OO.
Tales medidas se articulan en tres Programas que, vinculando a cuantas Administraciones Públicas inciden en la esfera del bienestar social, permitan abordar los objetivos de inserción social con garantías suficientes, a saber: Programa de Accesibilidad, que pretende garantizar, mediante una actuación pública promocional, el acceso a los sistemas ordinarios de protección de aquellos colectivos que mayores dificultades presentan; el Programa de Integración, para fomentar la incorporación de estos colectivos mediante medidas de carácter socio-laboral; y el Programa de Prestaciones Económicas Regladas, de carácter transitorio, que garanticen los mínimos vitales de aquellas personas o unidades de convivencia con dificultades de subsistencia, dando cumplimiento con todo ello a la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de septiembre de 1988 y las disposiciones de la Carta Social Europea.
Las medidas de inserción social a adoptar tienen además, como pilar fundamental, la colaboración de los Ayuntamientos, no solo por imperativo normativo, sino también por cuanto es la Administración Pública más próxima a los ciudadanos, y por tanto la más calificada para detectar las necesidades sociales. En tal sentido, su participación se realizará no solo en el ámbito ejecutivo, sino también en el asesor, mediante la participación en las Comisiones Insulares y Regional de Seguimiento y prevista en esta norma, integrando así el conjunto de medidas de inserción en el ámbito de los Servicios Sociales generales, materia ésta de competencia municipal.
Finalmente debe destacarse que este conjunto de actuaciones de medidas de carácter público van orientadas a facilitar el acceso a aquellos colectivos sin protección suficiente, siendo premisa de las mismas la existencia de una situación de desprotección que no puede ser atendida con los mecanismos existentes.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 16 de abril de 1991,
1. El presente Decreto tiene por objeto aprobar medidas de inserción social en la Comunidad Autónoma de Canarias, recogiendo para ello el conjunto de actuaciones y prestaciones que, dentro de un sistema de responsabilidad pública, tendentes a garantizar, en el ámbito territorial canario, el acceso de todos los ciudadanos a los niveles básicos de protección social.
2. Será responsabilidad del Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos canarios, en el ámbito de sus respectivas competencias, arbitrar los instrumentos y ejecutar las medidas tendentes al logro de la finalidad enunciada en el apartado anterior, según determina la Ley 9/1987, de 28 de abril, artículos 12 y 13.
1. Las actuaciones en que se concreten las medidas de inserción social se articularán en torno a los tres Programas siguientes: Programa de Accesibilidad, Programa de Integración y Programa de Prestaciones Económicas Regladas.
2. Las actuaciones sectoriales que pudieran incidir en los objetivos de las medidas de inserción social, o en las que en el futuro pudieran incorporarse, deberán adecuarse a los objetivos enunciados en este Decreto.
1. Corresponderá a la Comunidad Autónoma de Canarias a través de la Comisión Interdepartamental de Asuntos Sociales la ejecución de las medidas de inserción social de Canarias. 2. Los Cabildos y Ayuntamientos integrarán en las responsabilidades del conjunto de medidas de inserción social de Canarias según el orden de competencias que le reconocen los artículos 12 y 13 de la Ley Territorial 9/1987, de 28 de abril.
Artículo 4.- Comisiones Insulares.
1. Se crean Comisiones Insulares como órganos superiores de seguimiento de medidas de inserción social y de coordinación de las diferentes Administraciones Públicas competentes para la aplicación del presente Decreto así como de participación de los agentes públicos implicados.
2. Las Comisiones Insulares estarán compuestas por:
- El Presidente, la titular de la Dirección General de Servicios Sociales o persona en quien delegue, que la presidirá.
- Seis representantes del Gobierno de Canarias por las Consejerías implicadas en la ejecución de los programas, a través de las correspondientes Direcciones Generales.
- Tres representantes del Cabildo, uno de los cuales actuará de Secretario de la Comisión.
- Tres representantes de los municipios de la isla designados a través de la F.E.C.A.M.
- Dos representantes designados por las Centrales Sindicales más representativas en el ámbito insular.
- Dos representantes designados por las Confederaciones Empresariales más representativas en el ámbito insular.
3. La Comisión Insular ejercerá las siguientes funciones:
a) Informar sobre las medidas de inserción y, en especial, las referidas al Programa de Integración, así como su evaluación, en el ámbito insular.
b) Adoptar las medidas necesarias para la coordinación de las actuaciones que en el ámbito insular, se realicen en aplicación del presente Decreto, y en particular emitir las propuestas de aprobación o denegación de las Prestaciones Regladas.
c) Ejercer cuantas otras funciones se le atribuyan.
4. La Comisión se reunirá una vez al mes o cuando la convoque su Presidente.
5. La Comisión aprobará por mayoría absoluta de sus miembros su propio Reglamento de Funcionamiento.
Artículo 5.- Comisión Regional.
1. Se crea una Comisión Regional, como órgano superior de seguimiento de las medidas urgentes de inserción social, en el ámbito regional, que coordine a las diferentes Administraciones Públicas competentes para la aplicación del presente Decreto, así como de participación de los agentes públicos implicados.
2. La Comisión Regional estará compuesta por:
- El Consejero de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales o persona en quien delegue, que la presidirá.
- Un representante por cada una de las Consejerías del Gobierno de Canarias.
- Un representante por cada Cabildo.
- Cuatro representantes de los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias, designados a través de la F.E.C.A.M. - Cuatro representantes de las Organizaciones Sindicales más representativas en la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Cuatro representantes de las Organizaciones Empresariales más representativas en la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Un funcionario de la Dirección General de Servicios Sociales, con voz y sin voto, que actuará de Secretario.
3. La Comisión Regional ejercerá las siguientes funciones:
a) Informar en el ámbito regional, las medidas de inserción, y en especial, las referidas al Programa de Integración, así como su evaluación.
b) Sugerir las mejoras en el desarrollo y aplicación de la normativa.
c) Impulsar la aplicación del programa en todos sus aspectos.
d) Planificación, programación, seguimiento y evaluación de los programas.
e) Elevar al Gobierno de Canarias propuestas sobre necesidades presupuestarias para el desarrollo de las medidas de inserción social. f) Ejercer cuantas otras funciones se le atribuyan.
4. La Comisión Regional se reunirá, al menos, dos veces al año.
5. La Comisión aprobará, por mayoría absoluta de sus miembros, su propio Reglamento de Funcionamiento.
Artículo 6.- Finalidad.
El Programa de Accesibilidad consiste en el conjunto de medidas de carácter público orientadas a facilitar el acceso a los sistemas ordinarios de protección social de aquellos individuos o unidades de convivencia que así lo precisen, y que se preven en el artículo siguiente.
1. Serán beneficiarios del Programa de Accesibilidad, en toda su extensión, aquellas personas o unidades de convivencia a las que se les reconozca el derecho a percibir las Prestaciones Económicas Regladas de la sección III del capítulo II de este Decreto, y durante el tiempo de duración de aquéllas, así como las personas mayores de 65 años perceptoras de pensiones no contributivas, de las pensiones emanadas de la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) o pensiones asistenciales.
2. Transcurrido el plazo máximo de percepción de las Prestaciones Económicas Regladas, podrán prorrogarse las prestaciones que integran el Programa de Accesibilidad, a petición del interesado, siempre que su situación económica social justifique dicha prórroga, previo informe de la Comisión Insular correspondiente.
3. Con carácter excepcional, podrán ser beneficiarios del Programa de Accesibilidad las personas menores de 25 años en situación de necesidad debidamente justificada, previa solicitud de los interesados. La condición de beneficiarios se extinguirá al finalizar la situación de necesidad y, en todo caso, cuando el mismo cumpla 25 años de edad, previo informe de la Comisión Insular correspondiente.
Artículo 8.- Contenido.
Los beneficiarios del Programa de Accesibilidad tendrán derecho a las siguientes prestaciones: a) A instrucción elemental y profesional, así como asistencia complementaria a la educación en la forma que se determine por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) A la adjudicación de viviendas de promoción pública del Gobierno de Canarias, en la forma que reglamentariamente se establezca a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
c) A ser beneficiarios de los Programas de fomento del empleo y de formación ocupacional del Gobierno de Canarias.
d) A tener preferencia en la concesión de las ayudas de emergencia de los Servicios Sociales Generales.
El Programa de Integración consiste en el conjunto de medidas de carácter socio-laboral orientadas a facilitar su desarrollo personal y la plena incorporación social.
1. Serán beneficiarios del Programa de Integración aquellas personas en las que concurran circunstancias que permitan razonablemente presumir graves dificultades para la integración social, tanto a nivel individual o familiar como colectivo.
2. Sin perjuicio de las medidas que se adopten para personas o unidades de convivencia en situación de precariedad económica, las Administraciones Públicas implicadas en el desarrollo de este Programa realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, aquellas actuaciones de carácter comunitario que tengan por finalidad la dinamización e integración social de determinados grupos o colectivos.
Artículo 11.- Contenido.
1. El Programa de Integración incorpora las siguientes medidas:
a) Equipamientos e infraestructura social básica de los barrios o zonas afectadas por el Programa.
b) Actuaciones destinadas a la erradicación del chabolismo y vivienda precaria.
c) Incorporación de los beneficiarios a los Programas de fomento de empleo determinados por la Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales. A través de la Administración se podrán destinar al Programa ayudas a la contratación para la realización de obras o servicios de utilidad social, que en régimen de gestión directa promuevan los Ayuntamientos.
d) Adoptar medidas cara al desarrollo del potencial endógeno de las zonas que se determinen.
e) Medidas individualizadas establecidas para cada caso, bajo responsabilidad del Ayuntamiento, en gestión directa o concertada con Instituciones Sociales (O.N.G.).
f) Programas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes encaminados a la erradicación del analfabetismo, así como la recuperación de jóvenes con gran absentismo escolar.
PRESTACIONES ECONOMICAS REGLADAS
1. Las Prestaciones Económicas Regladas (PER) serán de carácter temporal y van dirigidas a personas físicas o unidades de convivencia que carezcan de medios suficientes de subsistencia. Su cuantía será proporcional a los recursos económicos y cargas familiares del beneficiario.
2. Estas prestaciones son de carácter personal, siendo en consecuencia intransferibles, estándose en los supuestos de embargo, retención o prenda a lo dispuesto en la legislación civil del Estado.
Artículo 13.- Finalidad.
1. Las Prestaciones Económicas Regladas toman como base el principio de solidaridad y su finalidad es garantizar unos medios económicos mínimos para que la persona o unidad familiar que los reciba pueda subvenir a las subvenciones básicas de la vida y conseguir su integración socio-laboral.
2. El derecho a percibir estas prestaciones estará condicionado a las disponibilidades presupuestarias de acuerdo con las dotaciones aprobadas por el Parlamento de Canarias en las correspondientes Leyes de Presupuestos.
3. Para la consecución de los objetivos propuestos, la percepción de estas prestaciones conllevará la obligación por parte del beneficiario, que deberá ser demandante de empleo en las oficinas del INEM, de participar en las actividades de formación o de cooperación social que se determine en la propuesta de concesión y que, entre otras, pueden ser: a) Escolarización, con asistencia normalizada y regular, de los miembros de la unidad familiar que posean edad escolar, así como las asistencias a cursos de formación permanente de adultos, si alguno de ellos lo precisara.
b) Asistencia a cursos de formación y/o reciclaje profesional organizados por la Comunidad Autónoma de Canarias, por el INEM o por otros organismos o entidades.
c) Aceptación, salvo situaciones justificadas, de las ofertas de trabajo que se hagan al solicitante o a cualquier miembro de la unidad familiar, aunque tuvieran carácter temporal.
d) Aceptación de incorporación a programas de lucha contra las toxicomanías, si algún miembro de la familia lo requiere.
e) No ejercer la mendicidad, o cualquier otra actividad ilícita de orden social o penal.
f) Cualquiera otra que, dirigida al fin previsto, pudiera acordarse en cada caso concreto.
Artículo 14.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las Prestaciones Económicas Regladas, personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar empadronados, como residentes, en cualquier municipio de la Comunidad Canaria, con un año de antelación, al menos a la fecha de presentación de la solicitud de acogida a la PER.
b) Constituir un hogar independiente como mínimo un año antes de la fecha de presentación de la solicitud de acogida a la PER. Se considerará hogar independiente el marco físico de residencia permanente de una sola persona, o bien de dos o más formando unidad familiar según el concepto establecido en el artículo 16. Queda excluida la convivencia por razones de amistad o conveniencia.
En la normativa de desarrollo de este Decreto se determinarán los supuestos de marco físico de residencia colectiva, que puedan ser considerados hogares independientes a los efectos de este artículo.
No podrá conjuntarse más de un hogar independiente en un mismo marco físico de residencia permanente.
c) Ser mayor de 25 años y menor de 65, o, en su caso, menor de 25 años siempre que tenga hijos o familiares a su cargo. d) No disponer, el solicitante o la unidad familiar de la que forme parte, de unos ingresos anuales, por cualquier concepto, que superen el importe de la PER, que la pudiera corresponder computado anualmente. En casos excepcionales, a determinar por Orden de la Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales, no se computarán los ingresos de menores de 25 años miembros de la unidad familiar.
e) No ser beneficiario el solicitante de cualquier tipo de pensión o de ayuda concedida por organismo público cuya finalidad sea atender sus necesidades de subsistencia.
f) No se concederán las prestaciones si el solicitante o cualquiera de los miembros de la unidad familiar es propietario o usufructuario de bienes muebles o inmuebles que, por las características de los mismos, indiquen de forma notoria que existen bienes materiales suficientes para atender a la subsistencia. La mera titularidad de la vivienda habitual no implica necesariamente la denegación de las prestaciones.
g) Ser demandante de empleo del INEM.
Los beneficiarios de las Prestaciones Económicas Regladas, o en su caso, sus representantes legales, vendrán obligados a:
a) Aplicar el importe de la ayuda a la finalidad de la misma.
b) Comunicar al Ayuntamiento respectivo, en el plazo máximo de quince días naturales, cualquier variación de sus circunstancias personales o familiares que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la ayuda, quien lo comunicará a la Comisión Insular en el plazo máximo de quince días.
c) Manifestar documentalmente, ante la Administración Pública que establezca la medida de inserción, la aceptación y cumplimiento de las actuaciones que se hayan determinado, tendentes a posibilitar la integración del sujeto solicitante.
Artículo 16.- Importe, devengo y pago.
1. El importe de la prestación no excederá del 75% del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento sin que se considere en este cómputo los siguientes complementos adicionales por hijos, menores de 18 años no emancipados que convivan en el hogar y minusválidos no emancipados aunque hayan superado dicha edad:
a) 5.000 por el primer hijo. b) 4.000 por el segundo hijo.
c) 3.000 por el tercer hijo.
d) 1.000 por cada hijo de los restantes, a partir del cuarto hijo inclusive.
El beneficiario de esta prestación será el cabeza de familia o quien lo ostente en cada unidad familiar. Se entiende por unidad familiar aquella unidad de convivencia formada por una o más personas, unidas por vínculos matrimoniales u otra relación estable análoga; por adopción, consaguinidad o hasta el segundo grado, y por afinidad hasta el primer grado probado fehacientemente.
2. Del importe global se deducirán los ingresos y demás rentas con que cuente el beneficiario o la unidad familiar, incluyendo como ingresos las cantidades que se perciban por ayuda familiar del I.N.S.S.
3. Las Prestaciones Económicas Regladas se devengarán desde el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud en el órgano competente, sin perjuicio de que la materialización del pago se realice con posterioridad al otorgamiento de la prestación.
Artículo 17.- Renovación, modificación, suspensión y extinción.
1. Las Prestaciones Económicas Regladas serán renovables por periodos de seis meses, hasta un máximo de tres años siempre que subsistan las causas que motivaron su reconocimiento y que se valore de forma favorable el proceso de integración.
A partir del primer año de la entrada en vigor del presente Decreto, las prórrogas se autorizarán por cantidades que no excedan de las que correspondería percibir por las prestaciones del Instituto Nacional de Empleo correspondientes al salario mínimo.
2. La modificación sobrevenida de los requisitos establecidos para el reconocimiento de la prestación podrá dar lugar, según los casos, al aumento o disminución del importe de aquélla periódicamente.
3. Cuando cualquier miembro de la unidad familiar obtenga, de forma temporal, ingresos superiores al importe mensual de la prestación, se suspenderá el abono de la misma hasta que decaigan las causas que motivaron la suspensión. Dicha suspensión no afectará al cómputo del periodo máximo de la prestación.
Se tendrá en cuenta lo dicho en el artículo 14, apartado c), referido a los ingresos de los menores de 25 años.
4. La prestación se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas:
a) Defunción de la persona receptora, en cuyo caso se devengará la mensualidad completa.
b) Pérdida de cualquiera de los requisitos que motivaron su reconocimiento.
c) Actuación fraudulenta para obtener o conservar la prestación.
d) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 15.
e) Renuncia de la persona perceptora.
f) Transcurso de tres años desde su reconocimiento, a excepción de aquellos casos que se determinen reglamentariamente.
g) No aceptación de puestos de trabajo ofertados por el INEM.
1. La Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales regulará el procedimiento de tramitación y reconocimiento de las Prestaciones Económicas Regladas, con su sujeción, en todo caso, a los principios de economía, eficacia y celeridad. En los supuestos de duda razonable, se estará a la solución más favorable para el beneficiario. A estas prestaciones les será de aplicación el Decreto 18/1991, de 21 de febrero, sobre Régimen General de Ayudas y Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en tanto que no se oponga a lo regulado en el presente Decreto.
2. Los Ayuntamientos serán competentes para la recepción de las solicitudes y tramitación de las mismas y las elevarán, con su informe, a la Comisión Insular correspondiente. Asimismo efectuarán el seguimiento de los procesos de inserción y comunicarán al órgano competente para su resolución cualquier variación de las condiciones que pudiera originar la modificación, suspensión o extinción del derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del presente Decreto.
3. Corresponderá a la Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, el reconocimiento o denegación del derecho a percibir las Prestaciones Económicas Regladas, así como, en su caso, declarar su renovación, modificación, suspensión o extinción, previa propuesta de la Comisión Insular correspondiente. Artículo 19.- Financiación.
Los recursos económicos destinados a financiar las Prestaciones Económicas Regladas se consignarán en las partidas correspondientes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de los convenios que se pudieran suscribir con los Ayuntamientos para financiar la infraestructura de los Programas de inserción.
Primera.- Las distintas Consejerías implicadas en las medidas de inserción social deberán simplificar los procedimientos para la realización de los Programas contenidos en este Decreto, mediante una comunicación adecuada, información, divulgación y simplificación en las actuaciones, realizando, en su caso, cuantas adaptaciones normativas fueren necesarias.
Segunda.- Las normas que en un futuro aprueben las Administraciones Públicas implicadas en el desarrollo de este Decreto deberán sujetarse a las prescripciones del mismo cuando afecten a aspectos relativos a la inserción social y, en todo caso, cuando la Comisión de Seguimiento Regional entienda que tal actuación debe ser incorporada al contenido de las medidas de inserción social.
Tercera.- La no aplicación de los fondos por parte del beneficiario a las finalidades para las que conceden las prestaciones será causa determinante de la revocación de la ayuda y del reintegro de su importe, previo requerimiento, que caso de no ser atendido, dará lugar a la incoación de expediente administrativo con audiencia del interesado.
Primera.- La edad de 65 años establecida en el artículo 14, apartado c), será sustituida por la edad mínima exigida en la legislación correspondiente para tener derecho a una pensión pública de carácter contributivo o no, por ancianidad.
Segunda.- La implantación de las Prestaciones Económicas Regladas se efectuará de forma progresiva, de acuerdo con los criterios que eleve la Comisión Regional a la Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales, en función de la previsible demanda y de la infraestructura existente para la realización de las medidas de inserción social. En todo caso, la implantación se efectuará prioritariamente en aquellos municipios con mayor depresión social.
Primera.- Se autoriza a la Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del Programa de Prestaciones Económicas Regladas.
Segunda.- Quedan incluidas la Comisión Regional y las Comisiones Insulares en el grupo IV del anexo V del Decreto 124/1990, de 29 de junio, sobre indemnizaciones por razón del Servicio.
Tercera.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, excepto en lo referente a las Prestaciones Económicas Regladas y actuaciones destinadas a la erradicación del chabolismo y vivienda precaria, que precisarán de ulterior desarrollo normativo.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 16 de abril de 1991. EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Lorenzo Olarte Cullen.