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Timestamp: 2019-10-20 14:21:24
Document Index: 368028952

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 36', 'artículo 36', 'artículo 10', 'artículo 74', 'artículo 6', 'artículo 52']

﻿ RESOLUCIÓN 11098 DE 1999
RESOLUCIÓN 11098 DE 22 DE ENERO DE 1999
CONTENIDO:ENTIDADES DEL SECTOR DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. SE FIJAN LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA LA PRÁCTICA DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN Y SE FIJA EL PROCESO SANCIONATORIO PARA LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 2595 DE 2003 ARTÍCULO 36 DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
RESOLUCIÓN 11098 DE 1999
“Por la cual se fijan criterios técnicos y jurídicos para la práctica de las visitas de inspección y se fija el proceso sancionatorio para los servicios de vigilancia y seguridad privada”.
(Nota: Derogada por la Resolución 2595 de 2003 artículo 36 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada)
en ejercicio de las facultades que le confiere el Decreto 2453 de 1993, el Decreto 356 de 1994, y
Que a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada como organismo del orden nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera, le corresponde ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada;
Que la seguridad es un fin del Estado colombiano y un supuesto de orden, de paz y de disfrute de todos los derechos de la colectividad y es a la vez un servicio público que puede ser prestado por los particulares, personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, con sujeción al régimen jurídico que fije la ley;
Que son objetivos de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en cualquiera de las modalidades en que se desarrolla esta industria, disminuir y prevenir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal o el tranquilo ejercicio de los legítimos derechos sobre los bienes de las personas que reciben su protección, sin alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas de la ciudadanía y sin invadir la órbita de competencia reservada a las autoridades;
Que corresponde a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, velar porque quienes presten servicios de vigilancia y seguridad privada, mantengan en forma permanente los más altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones y la de adoptar políticas de control, inspección y vigilancia dirigidas a permitir y garantizar su desarrollo;
Que compete al Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, fijar los criterios técnicos y jurídicos e instruir a los vigilados sobre las disposiciones que regulan su actividad para facilitar el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal ejecución;
Que mediante el Decreto 2453 de 1993, se determina la estructura orgánica, objetivos, funciones y régimen de sanciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se dictan otras disposiciones;
Que se hace necesario fijar criterios técnicos y jurídicos según los cuales se verifique la realización de las visitas de inspección y se determine el régimen de sanciones imponibles a los servicios de vigilancia y seguridad privada;
Que corresponde al Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, expedir y ejecutar los actos y realizar las operaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de acuerdo con las normas vigentes; por lo cual,
(Nota: Derogado por la Resolución 2594 de 2003 artículo 10 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada)
ART. 1º—Objetivo. El presente capítulo tiene por objeto establecer las normas y procedimientos para la práctica de las visitas e inspecciones a las actividades y servicios de vigilancia y seguridad privada, en ejercicio de las atribuciones legales de control, inspección y vigilancia otorgadas a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
ART. 2º—Campo de aplicación. El presente régimen se aplicará a todos los servicios de vigilancia y seguridad privada, que desarrollen las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, con licencia de funcionamiento, credencial, o sin ellas.
ART. 3º—Clases de visitas de inspección. Las visitas de inspección que practique la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se clasifican en:
1. Ordinarias. Son las practicadas a los servicios de vigilancia y seguridad privada que cuentan con la licencia de funcionamiento o credencial, de acuerdo con el plan anual de visitas, con el propósito de verificar el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones que rigen la prestación de estos servicios.
2. Extraordinarias. Son las practicadas de oficio, a solicitud del interesado, para establecer hechos y circunstancias contenidas en un oficio, solicitud, queja o denuncia formulada; o para establecer especiales circunstancias de interés de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada. El alcance o contenido de esta visita puede dirigirse a verificar el cumplimiento integral de los deberes, principios y obligaciones a cargo del visitado.
3. De verificación. Es la que se realiza para comprobar si el servicio de vigilancia visitado subsanó las irregularidades por las cuales fue sancionado.
4. De instalaciones y medios. Es aquella que se adelanta con el fin de verificar si el servicio cuenta con instalaciones físicas y medios idóneos para prestar el servicio que se pretende con la solicitud de la licencia de funcionamiento o su renovación, o para autorizar la apertura de sucursales o agencias.
5. A servicios ilegales o no autorizados. Es la que se practica a personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades de vigilancia y seguridad privada, en los términos del Decreto 356 de 1994 y demás normas complementarias, que no cuentan con la licencia de funcionamiento o credencial correspondiente. Así mismo, se podrán practicar estas visitas a los usuarios de los citados servicios a fin de verificar la contratación de los mismos.
ART. 4º—Competencia. Son competentes para practicar las visitas de inspección, los servidores públicos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el personal de la fuerza pública asignado o comisionado por esta entidad, el personal del departamento control comercio armas municiones y explosivos del comando general de las fuerzas militares y el personal de la policía nacional.
ART. 5º—Las visitas de inspección sólo se practicarán previa orden impartida por el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada o por el superintendente delegado para la inspección y control, atendiendo los criterios contenidos en el plan anual de visitas de inspección, las políticas impartidas al interior de la Superintendencia y las solicitudes formuladas por los organismos de investigación, control e inspección.
PAR.—Ningún funcionario de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada diferente a los mencionados en este artículo, podrá programar, ordenar, presentar o practicar visitas de inspección.
ART. 6º—Presentación. Los funcionarios inspectores competentes presentarán al servicio o persona visitada el auto comisorio y además acreditarán su calidad de funcionarios de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada.
ART. 7º—Apoyo técnico y operativo. El funcionario competente para ordenar la práctica de una visita de inspección, cuando considere necesario el concurso de un servidor público o persona con conocimientos técnicos o profesionales diversos a los que posee la Superintendencia o cuando se requiera de la colaboración de la fuerza pública, previa solicitud motivada, comisionará para lo pertinente indicando el objeto de la comisión e informando a la autoridad respectiva su contenido.
ART. 8º—Práctica de las visitas de inspección. Para la práctica de las visitas de inspección, se observarán los siguientes procedimientos y normas, como criterios técnicos y jurídicos a cumplir:
1. Presentar el auto comisorio al representante legal o a quien atienda la diligencia, dejando constancia en el acta de la presentación efectuada por los funcionarios inspectores.
2. Quien atienda la visita de inspección pondrá a disposición de los funcionarios la documentación e información necesarias para la práctica de la visita de conformidad con el numeral 16 del artículo 74 del Decreto 356 de 1994.
3. Los funcionarios inspectores, asignados o comisionados, deberán efectuar un análisis previo del estado y comportamiento del servicio, persona o institución objeto de visita de inspección, con base en la información periódica allegada por el mismo y teniendo presente los documentos que reposan en la entidad.
4. Los funcionarios asignados o comisionados para la práctica de la visita constatarán el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias, revisando para ello los aspectos generales, administrativos, financieros y operativos de la sede principal, sucursales o agencias y de los lugares donde se presta el servicio, de acuerdo con las instrucciones y políticas impartidas al interior de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada o del funcionario que la ordenó.
5. Los funcionarios inspectores podrán realizar encuestas escritas al personal operativo, alumnos, personal administrativo, usuarios y demás funcionarios del servicio, personas o institución, con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones legales y la calidad e idoneidad de la prestación del servicio visitado.
6. Los funcionarios inspectores deberán elaborar el acta correspondiente dejando constancia en la misma del estado del servicio en los aspectos generales, administrativos, financieros y operativos, indicando fecha, hora de iniciación y terminación de la visita o inspección, así como las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se presenten en el desarrollo de la misma. El acta deberá ser suscrita por los comisionados y por la persona que atendió la diligencia a quien se le entregará copia de la misma. En caso de negarse a suscribirla o a recibir la copia, se dejará constancia de este hecho.
7. Cuando se haga necesario, o de ser procedente, se suspenderá la visita de inspección, dejando constancia de los motivos que originaron este hecho, fecha, hora y lugar. En todo caso, se señalará la fecha y hora previstas para su reanudación.
8. En el acta se relacionarán y anexarán copias de los documentos y pruebas, en donde se constate la transgresión de obligaciones y deberes a cargo de los visitados, así como cualesquiera otros hechos y actos que resulten de interés para la evaluación de la visita. En caso de que los documentos ya reposen en los archivos de la Superintendencia, no podrán exigirse y serán examinados por los funcionarios inspectores, quienes dejarán constancia de ello o efectuarán el traslado correspondiente.
9. Si durante la práctica de la visita o inspección hay lugar a la incautación de armas, se realizarán las diligencias de ley, dejando constancia en el acta e informando a la autoridad militar competente, según lo indicado en el Decreto 2535 de 1993. Para tal efecto se podrá solicitar el concurso de la fuerza pública de manera inmediata y sin previa orden escrita. Será responsabilidad de los funcionarios inspectores dar cumplimiento a lo anterior.
10. En caso de encontrarse medios no autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, o que no reúnan la totalidad de los requisitos o características aprobadas, se procederá a su decomiso cuando sea el caso o en su defecto se dejará constancia de ello en la respectiva acta, notificando al servicio que la utilización que haga de los mismos constituye una falta sancionable en los términos de los decretos 2453 de 1993, 356 de 1994, así como de la reglamentación que se expida para el efecto. Así mismo, se informará a la autoridad competente para que actúe de conformidad sobre el hecho.
11. De la práctica de la visita de inspección se dejará constancia en el acta de todos los hechos verificados en la misma, así como de las irregularidades encontradas a juicio de los funcionarios inspectores o comisionados. Igualmente se comunicará al representante legal lo pertinente para que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación de la misma, presente ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada los argumentos, documentos y demás pruebas que considere necesarias a fin de desestimar las irregularidades, anomalías y observaciones formuladas por los funcionarios inspectores, así como lo que considere oportuno para ejercer su derecho de defensa y del debido proceso. En el acta se podrá dejar constancia de manera suscinta de todos los hechos, razones, explicaciones y anotaciones manifestados por el servicio visitado.
12. Los funcionarios inspectores dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del término consignado en el numeral anterior, o de practicadas las pruebas, presentarán al director de inspección e investigación un informe del servicio visitado, consignando los hallazgos y las irregularidades encontradas. Relacionarán además un análisis de la información registrada en la visita y las pruebas en que se basan para ello y de las que se aportaron al expediente, evaluando los argumentos presentados por el representante legal del servicio o su apoderado, según el caso.
13. Los funcionarios inspectores no podrán emitir juicios o conclusiones acerca del funcionamiento y calidad del servicio durante el desarrollo de la visita de inspección.
ART. 9º—Evaluación. El director de inspección e investigación evaluará los informes presentados por los funcionarios inspectores comisionados. En dicha evaluación consignará las inconsistencias o irregularidades detectadas en la visita de inspección, relacionando las pruebas en que se apoya, asignando el mérito que corresponde a cada una de ellas y consignará la conclusión y recomendación al funcionario competente para iniciar el respectivo proceso sancionatorio, si a ello hubiere lugar; en caso contrario, recomendará el archivo de la actuación.
ART. 10.—Funciones de las autoridades inspectoras. Los funcionarios inspectores tendrán las siguientes funciones y deberes:
1. Conocer ampliamente las normas que rigen y regulan los servicios de vigilancia y seguridad privada.
2. Practicar las inspecciones a los servicios de vigilancia y seguridad privada a que se refieren el Decreto 356 de 1994 y demás normas reglamentarias y legales.
3. Coordinar los apoyos técnicos de otras autoridades o expertos en materias especializadas, cuando así se requiera.
4. Consultar en los archivos el funcionamiento y reporte de novedades y demás antecedentes de los servicios de vigilancia y seguridad privada, con el propósito de facilitar las tareas de inspección y control.
5. Elaborar y tramitar oportunamente los informes y actas correspondientes a la práctica de las visitas de inspección.
6. En la práctica de la inspección, tratar exclusivamente temas relacionados con el objeto de la misma.
7. Incautar los elementos, medios y armas de fuego que, utilizados por los servicios de vigilancia y seguridad privada, puedan constituir objeto de infracción penal, contravencional o policiva o no autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
8. Presentar las recomendaciones y formulaciones que consideren pertinentes para el mejoramiento del servicio de vigilancia y seguridad privada inspeccionado, propendiendo por una mejor técnica, idoneidad y profesionalismo en su prestación.
ART. 11.—Titularidad de la potestad sancionatoria. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a través de los despachos del Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, el superintendente delegado para la vigilancia y el superintendente delegado para la inspección y control, son los titulares de la potestad sancionatoria de los servicios de vigilancia y seguridad privada a que se refieren los decretos 2453 de 1993 y 356 de 1994.
ART. 12.—Finalidad del régimen sancionatorio. En la interpretación de las normas del proceso sancionatorio, el funcionario competente deberá tener en cuenta —además de la prevalencia de los principios rectores— que la finalidad del procedimiento es el logro de los objetivos y funciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en el control de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada y sus actividades conexas y en el cumplimiento de las garantías debidas a las personas que en él intervienen.
ART. 13.—Principios rectores. En la actuación administrativa a que se refiere el proceso sancionatorio para los servicios de vigilancia y seguridad privada, se aplicarán las normas constitucionales y legales pertinentes, así como los principios del debido proceso, legalidad, resolución de la duda, presunción de inocencia, aplicación inmediata de la ley, gratuidad, favorabilidad, celeridad y demás principios contenidos en los códigos de procedimientos aplicables por la administración.
ART. 14.—Aplicación de normas. En la interpretación y aplicación del régimen administrativo sancionatorio de los servicios de vigilancia y seguridad privada, prevalecerán los principios contenidos en la Constitución Política, el Decreto 2453 de 1993, el Decreto 356 de 1994 y las normas contenidas en los códigos Penal, Procedimiento Penal y Contencioso Administrativo.
ART. 15.—Acción sancionatoria. La acción sancionatoria del régimen de vigilancia y seguridad privada es pública. El proceso sancionatorio en contra de los servicios de vigilancia y seguridad privada, se iniciará y adelantará de oficio, por información proveniente de servidor público, por queja formulada por cualquier persona o por cualquier otro medio, siempre que amerite credibilidad.
ART. 16.—Competencia. Serán competentes para iniciar y tramitar el correspondiente proceso sancionatorio e imponer las medidas cautelares y sanciones que correspondan, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada y los superintendentes delegados, en aplicación a lo dispuesto en los artículos 6º, numerales 6 y 15, 11, numeral 7º y 15, numeral 6º del Decreto 2453 de 1993.
ART. 17.—Competencia preferente. En desarrollo de lo establecido en el artículo 6º, numerales 6º y 15 del Decreto 2453 de 1993, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá abocar de oficio o a solicitud de parte, el conocimiento preferente de una actuación sancionatoria cuando a su juicio lo considere conveniente para salvaguardar la protección a los derechos de la seguridad ciudadana y el interés público.
Para los efectos anteriores, la dependencia que esté conociendo del trámite administrativo enviará en el estado en que se encuentren, las diligencias practicadas.
ART. 18.—Apertura del proceso y formulación de cargos. Cuando del informe rendido por el director de inspección e investigación, por la queja o comunicación de otra entidad, o por cualquier otro medio que ofrezca serios motivos de credibilidad de que se están infringiendo las disposiciones que rigen los servicios de vigilancia y seguridad privada, el funcionario competente, por auto, ordenará la apertura del proceso sancionatorio, formulando los cargos que se desprendan de las pruebas aportadas u obtenidas.
El auto de cargos que ordena la apertura del proceso se notificará personalmente al interesado en la forma y términos consagrados en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, auto que deberá contener lo siguiente:
a) Identificación de la persona o servicio contra el que se ordenó la apertura del proceso sancionatorio;
b) Relación de las pruebas en que se fundamentan las posibles faltas contra el régimen de vigilancia y seguridad privada;
c) La valoración probatoria o mérito que se asigna a las pruebas aportadas o recaudadas;
d) Relación de los cargos que se imputan a la respectiva persona o servicio, como constitutivos de posibles faltas al régimen de vigilancia y seguridad privada, y
e) Indicación del término para presentar los descargos que en todo caso no podrá ser superior a diez (10) días hábiles.
Contra el auto de apertura el proceso sancionatorio no procede ningún recurso.
ART. 19.—Descargos. El investigado dispondrá de un término de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del auto de apertura y formulación de cargos, para presentar sus descargos y solicitar o aportar pruebas si lo estima conveniente. Durante ese término el expediente permanecerá a su disposición en la secretaría del despacho del funcionario competente.
ART. 20.—Pruebas. Vencido el término anterior, el funcionario competente podrá decretar las pruebas pedidas y las que de oficio considere necesarias, para lo cual dispondrá de un término de hasta de veinte (20) días hábiles.
ART. 21.—Comisión para la práctica de pruebas. El funcionario competente podrá comisionar para la práctica de pruebas a otro funcionario idóneo.
ART. 22.—Prueba trasladada. Las pruebas obrantes en un proceso judicial, administrativo o disciplinario, podrán trasladarse al proceso sancionatorio y se apreciarán de acuerdo con las reglas preexistentes según la naturaleza de cada medio probatorio.
ART. 23.—Imposición de sanciones y medidas. En caso de ser procedente, el funcionario competente mediante resolución motivada impondrá las sanciones y medidas a que haya lugar.
ART. 24.—Recursos. Contra las providencias o resoluciones que imponen sanciones proceden los recursos de ley en la forma y términos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
Contra las providencias o resoluciones que imponen sanciones, expedidas por el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, sólo procede el recurso de reposición, en la forma y términos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
ART. 25.—Clasificación de faltas. Con el propósito de ejercer la potestad sancionatoria, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tendrá en cuenta que las faltas se clasifican en gravísimas, graves y leves.
ART. 26.—Faltas gravísimas. Se consideran faltas gravísimas las siguientes:
1. Atentar o infringir los derechos fundamentales y derechos humanos consagrados en la Constitución Política y los tratados o convenios internacionales suscritos y ratificados por Colombia.
2. Desarrollar u ofrecer servicios de vigilancia y seguridad privada, en modalidades no autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
3. Portar o tener armas de guerra o de uso privativo de la fuerza pública; utilizar, tener o portar armas de uso restringido o de uso civil no autorizadas por la autoridad militar.
4. Alterar las condiciones técnicas originales de las armas de fuego autorizadas, de acuerdo con la naturaleza de las mismas o con las especificaciones que consten en los respectivos permisos u órdenes de adquisición.
5. Utilizar las armas alteradas sin el permiso de la autoridad militar competente.
6. Falsificar, alterar o corregir permisos correspondientes al porte o tenencia de armas de fuego, sin perjuicio de las demás sanciones penales por comisión de hechos punibles.
7. Falsificar o alterar el permiso, licencia o credencial que deba expedir la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
8. Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada con medios no autorizados.
9. Prestar servicios a terceros en zonas o áreas no autorizadas u ofrecer la prestación de los mismos con propósitos ilegales, o lucrativos cuando ello no esté expresamente autorizado en la respectiva licencia de funcionamiento.
10. Capacitar o recibir capacitación en tácticas de combate, o sobre organización, instrucción o equipamiento en tácticas o procedimientos militares o terroristas, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda por infracción a las normas del Decreto 2266 de 1991 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.
11. Realizar seguimientos, requisas, allanamientos, interceptaciones, o cualquier otra actividad atentatoria contra los derechos a la intimidad, al domicilio y a la libre locomoción de las personas.
12. Desarrollar acciones ofensivas o constituirse en organizaciones de choque o enfrentamiento contra organizaciones criminales.
13. Invadir la órbita de la competencia reservada a otras autoridades legítimas.
14. Destinar las armas autorizadas a título personal para uso de los servicios de vigilancia y seguridad privada.
15. Utilizar los servicios de vigilancia y seguridad privada como medio de coacción para cualquier fin.
16. Permitir que los servicios de vigilancia y seguridad privada puedan ser utilizados como instrumento para la realización de actividades delictivas o prestar servicios a delincuentes o a personas directa o indirectamente involucradas con el tráfico de estupefacientes o actividades terroristas.
17. Abstenerse de informar a las autoridades competentes la comisión de hechos punibles, actos delictivos, violación de derechos humanos o del derecho internacional humanitario, que conozcan con ocasión de la prestación de los servicios, así como no prestar toda la colaboración debida a las autoridades para el cumplimiento de las funciones públicas.
19. Negarse a recibir o atender las visitas de inspección ordenadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
20. Expedir constancia de capacitación falsas, adulterar su contenido o expedirlas sin haber ofrecido el entrenamiento y capacitación debidos.
ART. 27.—Faltas graves. Constituyen faltas graves en la actividad y prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, las siguientes:
1. No mantener permanentemente actualizados los permisos, patentes, licencias, libros, registros, seguros y demás requisitos que exige el estatuto de vigilancia y seguridad privada; o dejar vencer los permisos y autorizaciones necesarios para realizar todas las labores atinentes a los servicios de vigilancia y seguridad privada.
2. Desarrollar actividades de vigilancia y seguridad privada en sucursales o agencias no autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
3. Permitir la participación de capital social y socios no autorizados por el Decreto 356 de 1994.
4. No informar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada sobre el cambio de instalaciones autorizadas.
5. Prestar el servicio de escoltas a personas no autorizadas o violando la reglamentación sobre la materia o en un número superior al asignado por la superintendencia.
6. Instalar, acondicionar, enajenar, importar o arrendar equipos, elementos o automotores blindados sin exigir al interesado la autorización previa expedida por la superintendencia.
7. No reportar ni actualizar la información que deba contener el registro de actividades de fabricación, importación, instalación, comercialización o arrendamiento de equipos para la vigilancia y seguridad privada.
8. No reportar la transferencia de propiedad o cualquier operación que afecte la tenencia de equipos para la vigilancia y seguridad privada a la empresa vendedora y a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
9. No elaborar el registro de compradores y usuarios de equipos para la vigilancia y seguridad privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 del Decreto 356 de 1994.
10. Impartir programas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada sin informar previamente a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada sobre el contenido que van a desarrollar los mismos, los medios a utilizar, el personal que será capacitado o el lugar en el cual se impartirá la capacitación o instrucción.
11. No impartir la capacitación al personal del servicio de vigilancia y seguridad privada de conformidad con la normatividad vigente sobre esta materia.
12. Expedir constancias de capacitación sin el cumplimiento de la intensidad académica y horaria señalada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
13. No adoptar medidas de prevención y control apropiadas y suficientes, orientadas a lograr que los servicios de vigilancia y seguridad privada prestados constituyan una garantía seria en contra de la actividad delictual; o no mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.
14. No emplear las armas de acuerdo con el uso autorizado en los respectivos permisos, o no portar la fotocopia autenticada del permiso que las ampara.
15. No dar estricto cumplimiento a los términos pactados en los contratos con los usuarios, o abandonar el servicio contratado sin previo y oportuno aviso al usuario.
16. No atender en debida forma los reclamos de los usuarios o no adoptar medidas inmediatas en el caso de que uno de sus dependientes se vea involucrado por acción u omisión, en hechos que atenten contra los bienes o personas a las cuales se brinda vigilancia o protección.
17. No prestar el servicio con personal idóneo y entrenado y con los medios adecuados según las características del servicio contratado, para prevenir y contrarrestar la acción de la delincuencia.
18. Desarrollar actividades diferentes a las establecidas en su objeto social.
19. No adoptar mecanismos de selección de personal que garanticen la idoneidad profesional y moral del personal vinculado.
20. No pagar oportunamente la contribución establecida por el Gobierno Nacional.
ART. 28.—Sanción a faltas gravísimas. Las faltas gravísimas serán sancionadas con:
1. Multas sucesivas en cuantía desde setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. La suspensión de la licencia de funcionamiento o credencial hasta por seis meses.
3. La cancelación de la licencia de funcionamiento del vigilado, sus sucursales o agencias, o de las credenciales respectivas.
PAR.—Cuando la sanción consista en la suspensión o cancelación de la licencia o credenciales legalmente expedidas, se podrán imponer de manera accesoria las siguientes medidas cautelares:
2. Terminación rápida y progresiva de los contratos o servicios desarrollados ilegalmente, mediante intervención especial de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que garantice eficazmente los derechos de terceros de buena fe.
ART. 29.—Sanción a faltas graves. Las faltas graves darán lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:
1. Multas sucesivas en cuantía desde veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes hasta setenta y cuatro (74) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. Suspensión de la licencia de funcionamiento o credencial hasta por tres (3) meses.
ART. 30.—Sanción a faltas leves. Las faltas leves serán aquellas que expresamente no estén consideradas como gravísimas o graves y darán lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:
2. Multas sucesivas en cuantía desde cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes hasta veinticuatro (24) salarios mínimos legales vigentes.
ART. 31.—Caducidad. La facultad que tiene la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para imponer la correspondiente sanción caduca a los tres (3) años de producido el último acto que pueda ocasionar la imposición de la respectiva sanción o medida.
ART. 32.—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución 5898 del 27 de mayo de 1997.