Source: https://es.scribd.com/doc/46205571/Derecho-Penal-Mexicano
Timestamp: 2019-05-22 00:52:36
Document Index: 411364029

Matched Legal Cases: ['artículo 386', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 29', 'artículo 302', 'artículo 307']

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TEORÍA GENERAL DE LA LEY PENAL
TEORÍA DE LA CULPABILIDAD Y EL SUJETO RESPONSABLE
Copyright © 2003, por
GUSTAVO MALO CAMACHO Antiguo Camino Real de Diligencias No. 8, Magdalena Petlacalco, Tlalpan, México, DF
Esta edición y sus característica son propiedad de la
EDITORIAL PORRÚA, SA de CV
ISBN 970-07-4222-9
A mis dos Cielitos A Ian Sergio Malo Bolivar
En memoria de Gustavo Malo Camacho
Cumplo el encargo amistoso, que estimo grandemente, de formular el prologo de este Derecho penal mexicano. El libro exigiría mejor prologuista. En todo caso, hubiera preferido hacerlo en otro tiempo y en otra circunstancia: dentro de algunos años, por lo menos, al cabo de otras publicaciones de su autor y an- tes de varias más que vinieran. En una hora neutra, de reflexión y sosiego, examinando con el autor sus páginas y mis comentarios; es decir, analizando, como lo hicimos muchas veces, sus ideas y las mías y aprendiendo algo o mu- cho el uno del otro, como suele ser entre los amigos que se quieren y respetan, que cultivan la misma profesión y que han caminado, en afectuosa compañía, un buen tramo de la vida. Todo eso hubiera deseado. Cuando Gustavo malo Camacho me hizo saber la empresa que tenía entre manos, esta obra que aborda la parte general del derecho punitivo, le dije que seguramente se trataba del “libro de su vida”. Me explico: en la biobibliografía del intelectual que pone por escrito sus búsquedas y reflexiones, sus dudas y anhelos, sus hallazgos y proyectos, puede haber, entre muchos libros, alguno que reúna, en cierta manera, a todos los otros, que los aproveche como pelda- ños en un ejercicio ascendente, que sea su culminación y paradigma. Esta obra sería, estrictamente, “la obra” del autor. En ella resumiría su vocación, su ca- pacidad y quizás la razón de su existencia. A esto se llama el “libro de una vida”. Y esto es, para Gustavo Malo Camacho, el Derecho penal mexicano al que estas líneas sirven como prólogo, pero también como homenaje. Mal Camacho ya no está entre nosotros. No está físicamente, quiero decir. Perdura, sin embargo, de muchas formas: en su esposa, en sus hijos, en sus amigos, en las leyes que contribuyó a crear, en las publicaciones que se le de- ben, en su Academia Mexicana de Ciencias penales. Tiene esa virtud y esa ventaja. En un libro se aloja quien lo hizo y subsiste en sus páginas. Ahí depo- sita una parte de su espíritu. El hecho de que el Libro aparezca ahora, una vez fallecido su autor, explica el sentido y las características de mi prólogo. Conocí a Gustavo Malo Camacho poco después de su regreso de Roma, hace unos treinta años. Venía tras haber cursado los estudios superiores de de- recho penal. Me visitó en la dirección del Centro Penitenciario del Estado de
México, llevado por don Alfonso Quiroz Cuarón, maestro común. El joven pe- nalista regresaba a la patria para aplicar su talento, sus conocimientos y su la- borisidad en la disciplina de su predilección. A partir de ahí, incursionó en la investigación jurídica, en la cátedra y en el servicio público. En 1970, Malo Camacho se incorporó al equipo de funcionarios de la Pro- curaduría General de Justicia del Distrito Federal, entonces a mi cargo. Como subdirector de Averiguaciones Previas, escrupuloso y enérgico, tendría un exce- lente desempeño. La procuración de justicia atraía. Progresó en este camino:
sería Visitador General y Controlador en la Procuraduría General de la República y Procurador General de justicia en su estado natal, Morelos, en el que tenía arraigo familiar y personal y al que sirvió con amor y fidelidad. Como funcionario de la Procuraduría General de la República, le correspondió compartir con otros colegas el trabajo por mejorar el despacho de ésta y afirmar la soberanía y la dignidad de México frente a pretensiones tan injustas como excesivas en el ámbito de atribuciones de aquella Procuraduría. Otra vertiente de su labor profesional fue la administración de justicia, tra- bajo que pone a prueba, como la procuración, el rigor y la probidad del hom- bre y del funcionario. Por supuesto, de estas pruebas Malo Camacho salió siempre con calificación sobresaliente. En Morelos fue magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Corriendo el tiempo, sería magistrado de sala penal en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Este fue su últi- mo cargo, el cual cumplió con la mayor devoción, hasta el final. No quedaba ahí la inquietud profesional del jurista. Sabía que la readapta- ción social constituye la piedra de toque de la justicia penal: el proceso, que recoge al delito y al delincuente y fija la consecuencia jurídica de la conducta punible, tiene un destino claro: la pena. En la ejecución de ésta se verá si las instituciones y los hechos corresponden al discurso penal del Estado o corren por su cuenta, como suele suceder. Malo Camacho fue subdirector de la Peni- tenciaría del Distrito Federal y presidente de la Comisión de Reclusorios. De sus manos firmes y honestas recibí esta presidencia, en el distante 1976. Todo lo anterior dice mucho y dice ben de Malo Camacho. Hay que agre- gar, para que sea completo y fidedigno el perfil del maestro desaparecido, su ejercicio académico. Colaboró en el instituto de investigaciones Jurídicas de la Universidad nacional Autónoma de México, donde fuimos colegas. Impartió derecho penal en la Facultad de Derecho de la misma Universidad, hasta 1995. Un profesor puntual y competente, miembro de esa pléyade de penalistas que ha ilustrado, desde hace muchos años, los estudios de esta especialidad en México. Un lugar especial en la biografía de Malo Camacho, merece su paso por el Instituto Nacional de Ciencia Penales. Este organismo, llamado a ser el eje del desarrollo penal, criminológico y criminalístico en México, fue instalado a me- diados de 1976, como iniciativa de la secretaría de Gobernación. En los trabajos
que condujeron a la fundación del Instituto –el INACIPE, como luego se le conocería, dentro y fuera de México— figuró el profesor Malo Camacho al lado de otros catedráticos: Javier Piña y Palacios, Alfonso Quiroz Cuarón, Ce- lestino Porte Petit, Rafael Moreno González, Antonio Sánchez Galindo, Victo- ria Adato Green, Héctor Solís Quiroga, Olga Islas de González Mariscal y yo mismo. El flamante plantel inició sus actividades, previa inauguración por el Presidente Echeverría, el 25 de junio de 1976, sustentado en el “decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Ciencias Penales”, que se publicó en el “Diario Oficial” del 22 de ese mismo mes. Malo Camacho sucedió a don Celestino Porte Petit en la dirección del INACIPE y antecedió a este cargo a Gustavo Barreto Rangel. Presidía la Junta de Gobierno del INACIPE un distinguido jurista, con el que Malo Camacho había colaborado en la Secretaría de Gobernación: don José Rivera Pérez Cam- pos. En 1993 desapareció el INACIPE, suprimido por una decisión errónea, que retrasó el desarrollo de las ciencias penales en México. En el Derecho penal mexicano, el antiguo director del INACIPE dice de éste: “hoy inexplicable- mente suspendido en su función de formación en altos estudios, lo que espera- mos sea pronto rectificado en bien del país”. Lástima que Malo Camacho no alcanzó a ver, en el Diario Oficial de la Federación del 11 de abril de 1996, un nuevo “Decreto por el que se crea el instituto nacional de Ciencias Pena- les” (en realidad, no se crea, sino se restablece). En su condición de penalista destacado, Malo Camacho intervino activa- mente en la formulación de diversos proyectos de ley. En este sector de activi- dades requiere mención particular el anteproyecto de Código Penal para la Federación y el Distrito y Territorios Federales, redactado en 1983, tras una verdadera “Consulta nacional sobre Procuración de Justicia y Seguridad Públi- ca”. El anteproyecto fue elaborado por una comisión de las Procuradurías de la República y del Distrito Federal, aspa como del Instituto Nacional de Ciencias Penales, integrada por los abogados Celestino Porte Petit, Victoria Adato Green, Luís Porte Petit, Sergio García Ramírez y el propio Gustavo Malo Ca- macho. Fue éste quien hizo entrega del valioso documento al Presidente De la Madrid, el 8 de agosto de 1983, al concluir la Consulta Nacional mencionada, en la biblioteca “Emilio Portes Gil” de la Procuraduría General de la República. Ese anteproyecto, en el que se halla la profunda huella de mi dilecto com- pañero y amigo, fue la cantera de la que se tomarían las propuestas que año con año, a partir de 1983, modificarían radicalmente el rumbo del derecho pe- nal mexicano. Por eso se ha sostenido, con razón, que la reforma penal de 1983 ha sido la más relevante de todas las realizadas, a propósito de la legisla- ción penal mexicana, entre 1931 y el presente. Sería imposible decir en qué puntos del anteproyecto intervino más el doctor Malo Camacho. Lo hizo en to- dos, tanto en la parte general como de la especial. Por ello su nombre se aso- cia, con justo título, a la más fecunda reforma penal mexicana. En los meses
anteriores a su desaparición física, compartía conmigo la tarea de redactar el proyecto para un Código Penal de Morelos. Dije que el libro Derecho penal mexicano es la obra de una vida. Pero no fue la única que produjo su autor. Entre las muchas que dio a la prensa, sólo me permitiré mencionar algunas: Tentativa del delito (UNAM, 1971), Método para la aplicación práctica de la Ley de Normas Mínimas para la Readap- tación de Sentenciados (ENAG, 1973), Manual de Derecho penitenciario mexicano (Secretaría de Gobernación-Instituto Nacional de Ciencias Penales, 1976), etcétera. A raíz de la reforma penal de 1983 (por el año de su promulgación) o de
1984 (por el de su publicación: 13 de enero y entrada en vigor: 12 de abril),
elaboró el artículo “La reforma de 1984 al Código Penal, Parte General. Algu-
nos comentarios”, que figura en la obra colectiva La reforma jurídica de
1983 en la administración de justicia (PGR, 1984). Otro ensayo suyo aparece
en la más importante obra jurídica colectiva hecha recientemente en México: la Obra jurídica mexicana (PGR, tomo V; coeditor: Gobierno del Estado de Guerrero, 1988); se denominó “Los derechos humanos en el sistema de justicia penal (instrumentos de protección)”. ¿Qué pudo llevar a Malo Camacho a dedicarse, en el ejercicio de una exi- tosa profesión, al cultivo de las ciencias penales, y específicamente, del derecho penal sustantivo? Acaso fue su interés por la expresión más humana del dere- cho, la más intensa y dramática, que se explaya en el oscuro fenómeno de la delincuencia y en su protagonista, el autor del hecho reprochable, el criminal. Este es, desde luego, un terreno resbaladizo: ora sirve para exaltar, preservar, defender la dignidad humana, ora para humillarla, menoscabarla, negarla. La tipificación penal de las conductas y la formulación de las penas, por una parte la organización del proceso y de las participaciones procesales, por la otra y el régimen de ejecución de penas y medidas, finalmente, pueden dar tes- timonio de autoritarismo o de humanismo. Malo Camacho, como la generalidad de los penalistas mexicanos, se ha inclinado por esta última versión del orden penal del Estado. El derecho punitivo mexicano ha recorrido un largo camino desde que flo- recieron en la antigua Mesoamérica las culturas originales. Derecho minucioso y terrible, aquél. Vino luego el sistema jurídico español e indiano, introducido por la invasión europea y aclimatada en lo que fuera la Nueva España. Y al fi- nal de nuestra guerra insurgente –la primera Revolución Mexicana--, México se
dio un nuevo derecho, paulatinamente, al paso en que construía con infinito esfuerzo, entre toda suerte de avatares, sus instituciones políticas. Desde los Códigos de Corona, en Veracruz, y el Código de Martínez de Castro para la Federación y el Distrito Federal, en el tiempo del ilustre Presi- dente Juárez, el signo dominante del derecho penal mexicano ha sido humanis- ta. Hoy se dice, generalmente, “democrático”. Se habla, así, de un derecho
penal democrático. Pero no es la democracia –ni siquiera como democracia in- tegral, ya no simplemente electoral—el valor que preside el orden jurídico pu- nitivo; lo es el “humanismo”; culto de ser humano, respeto a los bienes preciosos que encarna el hombre, inclinación frente al destino humano en si tránsito por la Tierra. Debemos hablar, pues, de un derecho penal humanista, por oposición al derecho penal autoritario. Ese humanismo ha recogido el pensamiento y el esfuerzo de la mayoría de los penalistas y se ha traducido –las más de las veces, pero no todas—en los textos de nuestras leyes y en las páginas de nuestros libros especializados. Me refiero a este asunto, porque quiero identificar la afiliación del jurista Malo Camacho y la filiación de su Derecho penal mexicano. En la primera parte de la obra, pletórica de enseñanzas y sugerencias, malo Camacho, filósofo del derecho penal, cultivador de la dogmática penal, el ciu- dadano consciente de la necesidad y de los riesgos del sistema punitivo, advier- te: “Un estado de derecho democrático y liberal que reconoce a la persona en su dimensión individual y social, como un ámbito medular del contenido de su decisión política fundamental, en la que se recogen también las garantías cons- titucionales individuales y sociales como contenido mismo de su afirmación de respeto a los derechos humanos, establece la delimitación de las características fundamentales de sus sistema punitivo y, consecuentemente, del contenido y el alcance de la pena. Esto, a la vez, enuncia el sentido y contenido político de la pena, a través de la cual el Estado también se define y se afirma”. El humanismo de esta aseveración enlaza con otras precisiones rotundas que el Libro encierra. Ante todo, la inteligencia del orden penal como recurso ultimo del control social; la idea, en fin, de que este orden debe atenerse al principio de intervención mínima; su espacio y su frontera tienen una referen- cia estricta: lo absolutamente indispensable, no menos. También hay humanis- mo cuando Malo Camacho asegura que “la pena… no debe ser un ámbito que coarte al individuo en su capacidad de búsqueda y alcance de su espacio social, sino, por el contrario, un ámbito, promovido por el Estado, justamente a la consecución de dicho fin”. En consecuencia de lo anterior y a la vista de nuestro mundo atribulado, Malo camacho abriga un temor ampliamente compartido. Habla del crecimiento demográfico y de la disminución en el nivel de vida –esto es, reflexiona sobre los efectos de la imprevisión, es cierto; pero, también de la injusticia—y medi- ta: “Frente a este panorama, no es difícil intuir las posibilidades de un incre- mento en los niveles de violencia, sobre todo la urbana y, consecuentemente, como reacción frente a esta, la rigidización del derecho y del sistema de justi- cia en general para mantener el orden público y la seguridad”. Por eso, insta a enarbolar los derechos humanos y los principios de la democracia. El finalismo llego tarde a México. Se había desarrollado ampliamente en Alemania, de donde es oriundo, y en otros países, cuando en México era, toda-
vía, desconocido. Los estudiantes de mi época juvenil –que fue la misma de Malo Camacho—no supieron del finalismo. Las cosas han cambiado. Hoy esa orientación va dominando los estudios juspenalistas e ingresa ya en el derecho positivo. Malo Camacho se confiesa finalista. Sigue a Welzel, cuya doctrina es, “en nuestra opinión –escribe--, más integrada y completa que las precedentes”. Tras examinar la teoría de la ley penal, emprende la del delito y en esta explora los elementos y las causas de exclusión. La teoría del delito “supone una verdadera ‘disección jurídica, acerca del contenido social del precepto de la ley penal, la cual aparece observada desde la perspectiva no del análisis abs- tracto, general e impersonal de la ley penal que, en general, se constituyó en el método lógico normativo de la época del racionalismo clásico, sino en sentido inverso, es decir, a partir del hecho social regulado (conducta típica), a la luz de todos y cada uno de los elementos del delito (tipicidad, antijuricidad y culpabilidad) lo que, en general, a fin de determinar si la misma es o no constitutiva de delito”. En la línea del pensamiento que profesa estima que “conducta es la mani- festación de voluntad finalisticamente determinada”, y reconoce al dolo en la tipicidad, como su elemento subjetivo”: un “querer la parte objetiva y normati- va del tipo”. Al abordar la culpabilidad, asegura: “culpabilidad es responsabili- dad, responsabilidad propia, de su presencia como actor y, también, como parte de la dinámica social… Culpabilidad es responsabilidad; no es solo el reproche derivado del planteamiento de que podría actuar de otra manera… Culpabilidad es juicio de reproche, pero su contenido esta determinado, precisamente, por la responsabilidad, que a su vez, determina su función”. La última parte de la obra se asigna a la teoría de la pena. El autor se mueve aquí con la misma competencia que demostró en el desarrollo de las teorías de la ley y del delito. Su vocación humanista se exhibe de nuevo. En este caso, además, acude a las enseñanzas que él mismo reunió en obras prece- dentes, como aquella –antes mencionada—que dedicara a la historia de las cár- celes en México. Cuando analiza la pena de prisión, reconoce: “no sin razón, se ha cuestionado la realidad de la prisión, en cuanto forma de tratamiento para la readaptación social, orientado a lo fines de la prevención especial, debiendo reconocer que, salvo contadas excepciones, el así denominado tratamiento peni- tenciario ha implicado fuertes reveses, sobre todo, en relación con los efectos de la prisionización y de la despersonalización que se genera con la privación de la libertad mas prolongada”. Por eso ha sido necesario “replantear las ventajas y desventajas de la pri- sión como pena y, en su caso, la búsqueda de soluciones alternas que puedan resultar asimismo eficaces… este es el camino por el que hoy el mundo de las penas transita”. No deja de observar, empero, que se advierte “también, a la vez, el grave riesgo de la sombra del pasado, con sus penas corporales, infa-
mantes, deshumanizadas y de la pena capital, como el fácil recurso social eli- minatorio…”. El mundo violentado, pues, pudiera optar por la justicia entendida apenas como “la medida defensiva del status establecido, sin reconocer que una parte importante de la violencia se vería disminuida frente a una mejor res- puesta de la justicia social”. Malo Camacho cita a los autores cuyas ideas comparte o combate, ambas cosas con argumentos y respeto intelectual. En el numero de esos tratadistas, que pueden significar influencias valiosas –por admisión o por oposición--, fi- guran los pensadores, filósofos, politólogos, historiadores, literatos inclusive, que contribuyen al marco general de las reflexiones de un jurista y, especifica- mente de un penalista, que debe vivir y trabajar arraigado en unas ideas y ro- deado –e ilustrado—por un horizonte que confiera asidero, profundidad y trascendencia a su pensamiento. Es imposible y, en todo caso inconveniente, que el derecho penal se recluya en si mismo, abastecido solo de sus propias su- gerencias: abarcaría convertido en un artificio, tal vez ingenioso, pero distante y ajeno y sus cultivadores constituirían individuos de una nueva tecnocracia, des- humanizada y fría. También recurre el autor, por supuesto, a un amplio conjunto de penalistas, nacionales y extranjeros. No extrema las citas. Las modera, según lo aconseja la exposición de cada tema. Entre los mexicanos, hay algunos que parecen pe- sar más –maestros o colegas—en la obra de Malo Camacho. Me parece que éstos son, por una parte, Celestino Porte Petit y, por la otra, Olga Islas de Gon- zalez Mariscal y Elpidio Ramírez. Dedica un buen espacio, justamente, al mo- delo lógico formal del tipo, desarrollado por estos notables juristas. Diré, por ultimo, que aunque el autor insiste en que su libro constituye un manual de derecho penal mexicano y, efectivamente se trata de una obra de aquel género, vinculada con el derecho y la jurisprudencia nacionales, su estu- dio puede ser muy útil para penalistas de otros lugares. Si se hace abstracción de las referencias al sistema jurídico nacional, aun quedara un macizo volumen, una buena construcción doctrinaria, que satisfará el interés de estudiantes y pro- fesionistas, mexicanos o no, por conocer la parte general de esta disciplina. Me asombra y admira que Gustavo Malo Camacho haya encontrado fuer- zas, en su último año difícil, para concluir el libro Derecho penal mexicano que, un buen día, su hijo llevo a mi cubículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Lo redacto, en esta etapa, contra viento u marsa, resistiéndose al ase- dio que pudo vencer a otros, pero no derroto a Gustavo. Lo hizo con la misma entereza, decisión y competencia con que seguía estudiando los expedientes de su ponencia de magistrado en el Tribunal Superior de Justicia. Mucho debieron fortalecerlo la lealtad, la cercanía, el afecto de su esposa y sus hijos. Estos fue- ron, sin duda, su baluarte: en los buenos y en los malos tiempos. Es natural, por lo tanto, que Gustavo les hubiese dedicado el Libro, para que su nombre, de esposo y de padre, se ligara también aquí con los nombres de quienes lo
acompañaron, sin fallarle, hasta el umbral de esa otra dimensión de la vida que alguna vez todos franquearemos. Durante varios meses de 1995, Gustavo Malo Camacho formo parte del Consejo Consultivo del Instituto de Formación profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Asistió con entusiasmo y aporto lo que le sugirieron, con buena fe, sus conocimientos y su experiencia. El Procurador José Antonio González Fernández dispuso que la sala de reuniones de aquel Consejo, en la nueva instalación del instituto, llevara el nombre del Dr. Gusta- vo Malo Camacho. Hizo la oración correspondiente otro amigo recordado, Gus- tavo Barreto Rangel, sucesor de Malo Camacho, como señale, en la dirección del INACIPE. En el discurso de Barreto se hablo de malo Camacho estudiante, catedráti- co, funcionario. En todas esas dimensiones se le recuerda –lo recuerdo yo mismo- como sumo aprecio. Lo tengo presente, por ejemplo, en su asistencia al Quinto Congreso de naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Trata- miento del Delincuente, en Ginebra (1975), cuando participamos en la delega- ción mexicana. Y en su primera entrevista con don Luís Garrido, que le brindo su apoyo hospitalario, con una nobleza muy suya, para ingresar a la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Y en las numerosas jornadas de vigilia, pobla- das de papeles y debates, dedicadas a la elaboración del anteproyecto de Códi- go penal de 1983. Y en muchas horas de conversación sobre reformas penales, procuración de justicia, menores infractores, prisiones o, también, cada vez más, sobre las tribulaciones de México, un tema recurrente, que le apasionaba. Y en su última visita, en que lo vi, lucido, amable, valiente, sin decir nada, ab- solutamente nada, ni con el gesto ni con la palabra, sobre lo que ya llegaba. Ese es el Dr. Gustavo Malo Camacho que yo conocí. Así lo recuerdo, más allá de los códigos penales y los libros que escribió. Por su edad, por la madu- rez de su talento, por su producción en marcha, me queda la impresión de que murió antes de tiempo; de que aun podía dar mucho a su familia, a su tribunal, a sus colegas, a sus alumnos. En todo caso, dio mucho a su patria, de la que tanto había recibido.
Ciudad Universitaria, México, Abril de 1996
La presente obra, intitulada: Derecho penal mexicano, ha sido elaborada a nivel de Manual y, por lo mismo, recoge como contenido un conocimiento general de la Materia; su contenido y estructura sistemática adopta los lineamientos que a continuación se describen. En primer lugar, se parte del entendimiento de que el derecho es un “or- den de relación social” que se explica a partir de la regulación de la conducta social del hombre, para su convivencia; convivencia propugnada a partir de la seguridad jurídica, en función de la protección de los bienes jurídicos de los miembros de la comunidad para el establecimiento y mantenimiento del equili- brio, de la paz y del orden social. Este argumento aparece recogido y reiterado como base del análisis de cada uno de los temas de que se ocupa esta obra. El derecho es un orden de relación social eminentemente dinámico, dialéc- tico y de comunicación; lo que se refleja, lo mismo en la estructura de la nor- ma, como en las características del sistema jurídico general. Esto significa que el derecho requiera ser entendido a partir de una concepción ética social, más que ética individual, y debe ser explicado, precisamente, en dicho sentido; inde- pendientemente de que en la base de sus normas puedan buscarse, también, ob- jetivos morales y éticos individuales que, sin embargo, están más allá del ámbito específico del derecho. En segundo lugar, entendemos que el derecho, y específicamente el derecho penal, debe encontrar como base de su contenido, las características de la estructura jurídico política en que se manifiesta, lo que, naturalmente, recoge ámbitos socio-económicos, dentro de la delimitación histórica cultural que se da en tiempo y espacio. Así, el derecho deber ser interpretado a la luz de los prin- cipios recogidos en la ley constitucional que lo afirma, y debe ser reconocido, precisamente, con las características afirmadas en ella. Es en este sentido que el presente libro constituye un Manual de derecho penal mexicano, aludiendo al hecho de que se trata del derecho penal vigente en el Estado mexicano; derecho que, por ello, exige ser interpretado a la luz de sus principios fundamentales, recogidos en la Constitución de la Republica y en las constituciones de lo Estados. Esto significa que necesariamente la ley pe- nal mexicana se fundamenta y nutre de los principios que definen el ius pu-
niendi del Estado mexicano, con fundamento en la decisión política fundamen- tal, en relación con la definición de las garantías individuales y sociales que la misma reconoce, especialmente, pero no exclusivamente, las relacionadas con los principios de seguridad jurídica. De esta forma, la presente obra responde a la concepción de un derecho penal democrático y liberal, que entiende al dere- cho y, lógicamente, también a la sociedad y al Estado, en función del individuo reconocido individual y socialmente, y no al revés, es decir, el individuo, no puede ser entendido solo en función y como parte de la sociedad o del Estado. Es sobre estas bases que debe darse la interpretación del contenido, el sentido y el alcance de la ley penal. Esto obliga a entender al derecho, como he señalado al principio, en fun- ción de la protección y salvaguarda de los bienes jurídicos de las personas miembros de la comunidad, que es la razón que genera la norma de cultura que esta en su base, y que, a su vez, origina su elevación a norma jurídica penal, con la coercibilidad como característica de diferencia especifica, como expre- sión de la potestad punitiva del Estado, que a su vez se concreta a partir de la culpabilidad del autor. El objetivo del derecho penal propugnado por la sociedad y el Estado, tan- to en la definición de sus normas preceptuales, como en el concepto mismo de la pena, como expresión y autocontestacion ideológica y formal del propio Es- tado, necesariamente dentro de los límites de su estructura de poder recogida en la constitución, no es solo la protección y defensa del Estado mismo, en el interés de convalidar su existencia, sino el objetivo es salvaguardar las bases que permitan la relación social necesaria para la convivencia, dentro de la defi- nición democrática en que la estructura del Estado reconoce, es decir, el ob- jetivo de la seguridad jurídica a partir de la protección y salvaguarda de los bienes jurídicos de las personas que integran la comunidad. Entender al derecho como la sola autocontestacion de la potestad punitiva estatal, incluso afirmada en relación con fines de convivencia, en función de objetivos de seguridad jurí- dica, siendo una explicación valida en si, implica, sin embargo, un contexto
que abarca también concepciones cuyo punto de sustentación no son necesariamente
las que corresponden al perfil de la democracia liberal, en un estado de derecho. El modelo sistemático que adopta la obra, responde a un criterio político criminal funcionalista del derecho penal, a su vez sustentado en la estructura fi- nalista de la conducta típica, que, a nuestro parecer, es el que mejor responde a los objetivos de la dogmática jurídica penal, toda vez que permite su mejor y mas precisa interpretación, con lo que en consecuencia, se facilitan los criterios que autorizan una administración de la justicia mas eficaz y congruente. Se aborda así, en primer termino, el estudio de la teoría de la ley penal, misma que se inicia, precisamente, con el estudio de la estructura y función de la norma y de la pena, vinculada con la responsabilidad, para atender, ensegui-
da, el estudio y desarrollo de las diversas instituciones jurídicas relacionadas. Después, se atiende el estudio de la teoría del delito, en dos partes: primero, la teoría de los presupuestos de la conducta típica (bien jurídico y tipo), cuyo es- tudio se inicia bajo un criterio funcional y no cronológico de estos, y después, la teoría de los elementos del delito, cuyo estudio, a su vez se inicia con el análisis de la conducta típica, en sus elementos normativos, objetivos, y subjeti- vos, que permiten determinar la atribuibilidad de la propia conducta al tipo de la ley penal y, consecuentemente, su antinormatividad penal, a partir de la ini- cial e indiciaria lesión al bien jurídico y la violación a los deberes ordenados o prohibidos por la norma. Tal determinación, naturalmente, exige también el análisis de las atipicidades. Se aborda a continuación el estudio de la antijuricidad, la cual, contrario a la frecuente observación en el sentido de que no tiene un contenido propio, obligando su estudio solos a partir de sus elementos negativos (causas de justi- ficación), es concebida como un ámbito fundamental del derecho, que se ocupa, precisamente, del reconocimiento que el propio orden jurídico hace acerca de los derechos que asisten a las personas, lo que se sostiene sobre la base de en- tender que el propio derecho es un orden que establece y reconoce obligaciones y derechos y, en consecuencia, es en relación con estos últimos que se Constru- yen las reglas permisivas que reconoce el orden jurídico en general y no sólo el derecho penal, determinando las situaciones legitimantes o causas de justifi- cación, unidos los conceptos de la tipicidad y la antijuricidad, conforman el injusto. La culpabilidad es entendida en sentido estrictamente normativo, como re- proche a la persona por su responsabilidad en la comisión de un delito, lo que exige el estudio de tres aspectos: la imputabilidad (como responsabilidad de la persona, en función de su capacidad de autodeterminación y para actuar confor- me con ella); el estudio del conocimiento y comprensión de la persona acerca de la antijuricidad de su conducta; y los casos de la no exigibilidad de otra conducta. Naturalmente, en relación con los anteriores temas se aborda el estu- dio de las causas de inculpabilidad. Congruente con la concepción del derecho en el sentido de ser un orden de relación social, la culpabilidad es entendida en sentido ético social y no ético individual, lo que permite un fundamento que no necesariamente tiene que estar apoyada solo en el libre albedrío, cuestionado por la dificultad de su comprobación; a la vez que se afirma su fundamental contenido garantizador, similarmente al que observan también la tipicidad y la antijuricidad. Esta formula sistemática, permite hacer énfasis en la persona del sujeto res- ponsable, favoreciendo la mayor facilidad para observar su estudio de manera autónoma, reconociendo su entidad y dimensión como persona, que con mayor propiedad le corresponde y no solo como un elemento mas para la conforma-
ción del delito. Esta misma situación, a la vez, armoniza con la teoría de los presupuestos de la pena, que reconoce al injusto o delito en sentido estricto (conducta típica y antijurídica) y a la culpabilidad, como los presupuestos de la punibilidad y de la pena. Para los efectos de la interpretación de la ley, misma que afirma a la pena como consecuencia del delito, naturalmente será necesario entender al propio delito, bajo una concepción amplia que abarque a los dos presupuestos de la punibilidad antes señalados. Por ultimo, la pena, a la vez que es entendida en un sentido funcional po- lítico criminal, congruente con el fin mismo de la norma y del derecho penal en todo su conjunto, su contenido observa, también un sentido de prevención general que le deriva de la característica de conminación y retribución vincu- lante de la coercibilidad propia del derecho. De igual manera, se reconoce que la pena esta conformada también por los fines de prevención especial, que se orientan hacia objetivos de carácter correctivo, reconociendo la condición hu- mana de la persona a quien se la aplica, lo que obviamente le fija un limite y sentido a la propia pena, en la medida en que, independientemente de que por su naturaleza implique una aflicción a la persona misma , sin embargo, sólo debe suponer acciones que no impidan o coarten las facultades del hombre en su derecho para ser y hacer, sino que las fortalezcan, dentro de la obvia delimi- tación a las libertades que naturalmente supone la función punitiva, orientándo- se asimismo, en cuanto posible, a la reincorporación social útil de la persona. Finalmente, vaya mi agradecimiento a las personas que de una forma u otra contribuyeron de manera importante en la realización del libro: A Sergio García Ramírez, jurista ejemplar, quien además de aportar opiniones siempre relevantes, tuvo la atención de prolongar y presentar el libro; a los distinguidos jurisconsultos sobre todo especialistas en el derecho penal, con formación jurí- dica occidental europea de origen latino, de México y de diversos países del mundo, quienes en sus obras desarrollaron las orientaciones doctrinales que han sido relevantes en la formación del autor y en su definición doctrinal, lo que naturalmente se refleja en la orientación político criminal de la obra, en la defi- nición acerca de los conceptos, estructura y sistemática seguida y, en fin, en el tratamiento de cada uno de los temas abordados. Así, a la literatura penal ex- tranjera, sobre todo, Carrara, Feuerbach, Binding, Lizt, Beling, Radbruch, Mez-
ger, Antolisei, Bettiol, Petrocelli, Vaninni, Manzini, Mezgler, Vassalli, Briccola,
Baratta, Kelsen, Welzel, maurach, Kaufmann, Hulsman, Stratewerth, Jescheck, Roxin, Shunemann, Jakobs, Córdoba Roda, Mir Puig, Beristain, Cuello Calón, Gimerbernat Ordeig, Cerezo Mir, Bustos Ramírez, Jesús Ma. Silva, Muñoz Conde, Jiménez de Asua, Soler, Novoa Monreal, Echeverri, Zaffaroni, Baciga- lupo, Edgardo A. Donna, Reyes Echendia, Lola Aniyar, Rosa del Olmo, entre otros; muy especialmente Lizt, Welzel, Roxin, Shunemann, Jakobs, Cerezo Mir, Bustos Ramírez, Zafarroni y Antolisei. De la literatura penal y criminoló-
gica mexicana, salvo omisión, Larzabal y Uribe (de origen), Cororna, Martinez de Castro, Macedo, Luis Garrido, Jose Angel Ceniceros, Teja Zabre, Chico Roerme, Franco Sodi, Porte Petit, Quiroz Cuarón, Piña y Palacios, Edmundo Buentelo, Carranca y Trujillo, Jiménez Huerta, González de la Vega, Castella- nos Tena, pavón Vasconcelos, García Villalobos, Raúl F. Cardenas, Franco Guzmán, Carrancá y Rivas, García Ramírez, Olga Islas, Elpidio Ramírez, Ra- fael Moreno, Victoria Adato, Fernandez Doblado, Moisés Moreno, Rodríguez Manzanera, Sanchez Galindo, Gustavo Barreto, Vela Traviño, Zamora Pierce, Alvaro Bunster, Antonio de P. Moreno, Marquez Piñeiro, González Quintanilla, Hernández Silva, Rene González de la Vega, Acosta Romero, Cortes Ibarra, Lopez Bentacourt, Orellana Viarco. Entre los jovenes nuevos valores González Salas, Carlos Dhaza y Enrique Díaz Aranda, principalmente. A mi esposa Cielito Bolivar, que apoyo coordinando el trabajo preliminar para la edición de la obra; a mis hijos Ian Sergio Malo Bolivar, quien se encar- gó de procesar la composición de la misma y Cielito Malo Bolivar, que partici- pó en el proceso de su revisión; a mis colaboradores y compañeros del Instituto Nacional de Ciencias Penales, excelente centro de estudios y de formación es- pecializada en relacion con el sistema de la justicia penal (hoy inexplicable- mente suspendido en su función de formación en altos estudios, lo que esperamos sea pronto rectificado en bien del país), que en el trabajo y en el es- tudio compartido favoreciendo la mejor comprensión de no pocos de los temas tratados en el texto; a mis compañeros profesores e investigadores de la Facul- tad de Derecho, y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con quienes me ha unido el interés invariable por la justicia y por la ciencia del derecho penal; a mis alumnos, a quienes de manera especial aparece dedicada la elaboración del libro; a mis excompañeros de Tribunal Superior de Justicia, de la Procuraduría General de Justicia, de la universidad y del foro en el Estado de Morelos, de quienes guardo grato re- cuerdo; y a mis compañeros magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y a mis compañeros de Sala, con quienes he tenido el honor de trabajar en el desempeño de una justicia siempre digna y con quienes al igual que con mis compañeros Pascual Cisneros, Roberto Ávila y Jose Antonio Al- mazan, en el ejercicio diario de la función jurisdiccional, en la discusión de los casos, con el permanente interés de impartir una justicia siempre digna y pron- ta, se facilito la aclaración de problemas, a los que naturalmente se refiere la doctrina y la jurisprudencia, permitiendo la adopción de una posición definida y cierta en la interpretación y exacta aplicación de la ley, invariablemente ente- dida a partir del alcance de su fundamento constitucional, a la vez que teniendo presente el objetivo invariable de la seguridad jurídica a que tiene derecho el justiciable y también la sociedad, lo que naturalmente aparece abordado y afir- mado permanentemente en la obra, confirmando, finalmente, que el estudio de
la ley penal y su precisa y congruente interpretación, tiene como fin ultimo el hacer justicia a quien la espera y tiene derecho a ella, lo que, expresado en otros términos, es solo afirmar la seguridad jurídica de la sociedad; a mis maestro y amigos, el primero, mi padre, Rodolfo Malo Paulin, y a quienes en su enseñanza y generosidad favorecieron la definición existencial y profesional del autor, particularmente Alfonso Quiroz Cuarón y Celestino Porte Petit.
El presente libro es un manual
de derecho penal que se ocupa del estudio de
los conceptos e instituciones jurídicas que conforman el contenido del derecho
penal, en el nivel de conocimiento básico y general que corresponde a un manual,
si bien procurando agotar la temática que abarca la materia. El contenido de la obra responde, en general, al programa académico de la materia de derecho penal, parte general, que estudia las diversas instituciones jurídicas que conforman el contenido del libro primero del código penal, las cuales, sin embargo, para su entendimiento, naturalmente exigen ser estudiadas en relación estrecha con los tipos de delito previstos en el libro segundo del mismo ordenamiento. El contenido de este programa académico, en algunas Universidades apare- ce divido en dos o tres cursos o módulos, respectivamente referidos a la teo- ría de la ley penal, a la teoría del delito (a la que en su caso se suma la teoría de la culpabilidad o del sujeto responsable) y la teoría de la pena (tal es el caso de la Facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi- co que, en su nuevo programa académico de la materia, la recoge en los módu- los “Introducción al estudio del derecho penal” y “teoría del delito”). La presente obra, naturalmente, aborda todo este contenido. El libro también es de utilidad para el curso segundo de derecho penal, el cual se orienta hacia el estudio y análisis especifico de cada uno de los delitos en particular, previstos en el libro segundo del código penal, los cuales exigen
ser estudiados en función de las instituciones jurídico penales recogidas basicamen-
te en el libro primero, si bien en su aplicación especifica a cada tipo de delito. La ley penal utilizada como base de estudio en esta obra es el código pe- nal vigente en México, para el Distrito Federal y para la Federación, de 1931, con sus reformas. Eventualmente, se hacen algunas referencias a las legislacio- nes de los Estados de la Republica. Consecuentemente, su uso como bibliog- rafía básica de la materia, en los Estados exige tener presente lo dispuesto en
sus respectivas leyes penales, considerando sus similitudes y diferencias respecto de
lo dispuesto en la ley penal Federal y del Distrito Federal. La obra esta dirigida fundamentalmente a los estudiantes de la materia de derecho penal. Asimismo, es de utilidad como libro de consulta general para los profesionistas, estudiosos e interesados en el derecho penal, profesores uni-
versitarios, jueces, agentes del ministerio público, abogados, penitenciarios y, en general, personas interesadas en el conocimiento del derecho penal o rela- cionadas con el servicio de la justicia penal. El libro procura ofrecer un conocimiento general de la materia del derecho penal conforme con una sistemática que intenta integrar de manera armónica todas las instituciones jurídicas analizadas. Todas las obras para el conocimiento del derecho penal son útiles, tanto las generales, de este tipo, como las más específicas, relativas al estudio de los de- litos en particular, o bien al estudio monográfico sobre determinadas institucio- nes jurídicas. Debe tenerse presente, sin embargo, que los modelos de análisis pueden ser distintos, de acuerdo con las posiciones filosóficas que los sustenten y, consecuentemente, las orientaciones doctrinales que supongan, las que natu- ralmente se reflejan en el planteamiento, tratamiento y solución de los proble- mas propios del derecho penal. Por esto, resulta aconsejable, para el estudiante, seguir el estudio de la materia conforma con una sola sistemática y solo cuan- do se ha concluido el estudio inicial de la materia conforme con ella, será de evidente utilidad para quienes se interesen en una mayor profundización en el conocimiento de la materia, abrevar en otra obras generales o mas especificas, lo que naturalmente redundará en un marco referencial más amplio en el cono- cimiento del derecho penal. En términos generales el programa académico de la materia de derecho pe- nal, en las universidades del país, ha sido tradicionalmente en dos partes, en los términos expuestos, en forma similar a como en general acontece en los programas académicos de la materia de otras universidades del extranje- ro, cuya formación jurídica responde también al ascendiente del derecho occi- dental europeo de origen latino. Naturalmente este contenido, aparece diversificado tanto en función de los objetivos propugnados y afirmados por cada Estado, de acuerdo con la definición constitucional de su estado de dere- cho, con todas sus características de cultura, que naturalmente se reflejan en las políticas educativas y también en las orientaciones doctrinales que sustentan su orden jurídico. Así, lo mismo la temática y sistemática de los programas acadé- micos, como la doctrina que recogen y también la metodología de exposición, que incluso puede adoptar el sistema de “casos”, siendo diferentes, no necesa- riamente implican la alteración del conocimiento básico de la materia, respecto del programa académico. En ocasiones el programa académico del derecho penal se ve ampliado con un tercer curso, o más, que incorpora sobre todo como objeto de estudio a las leyes penales especiales, es decir, las disposiciones penales que se encuentran localizadas en otros ordenamientos diversos del código penal; o bien, al estudio especifico del algunos delitos, lo algunas instituciones jurídico penales en espe- cial; o también a los delitos de la competencia Federal. Para favorecer el apoyo didáctico en este sentido, la obra recoge en la parte introductoria una informa- ción general relativa a las leyes penales especiales.
SUMARIO: I. Contenido de la obra. II. El contenido general del Código Penal Federal y para el distrito Federal.
El conocimiento y el estudio de la materia se emprende con una parte introductoria, que acerca al lector al conocimiento del derecho penal al establecer un marco referencial que permite ubicar mejor al derecho penal dentro de lo que es el sistema de la justicia penal. El tema se aborda, naturalmente, solo después de hacer algunas explicacio- nes iniciales acerca del programa académico y el contenido de la obra. El estudio de la materia del derecho penal, en si, se inicia con la parte primera de la obra, denominada Teoría General de la Ley Penal, frecuentemente enunciada en la bibliografía, como “teoría de la norma”, “teoría de la ley penal”, “teoría del conocimiento penal” o “teoría del saber penal”. Su contenido general se ocupa del concepto del derecho penal en sentido objetivo y subjetivo, ámbitos en los cuales respectiva- mente se atiende los elementos conceptuales relativos a la estructura de la norma y del sistema jurídico, su contenido valorativo y su génesis, y después al estudio de la sanción del derecho penal (penas y medidas), vinculados armónicamente con el contenido de la prohibición en fun-cion de la protección de los bienes, como base de la seguridad jurídica para el equilibrio, la paz social y el orden social que permitan la convi-vencia. En seguida se procura el estudio de los temas relativos al objeto; el método; la interpretación e integración de la ley penal, las fuentes del derecho penal; la aplicación de la ley penal en el tiempo, en el espacio, en orden a las personas y a la materia y el concurso aparente de normas. Finaliza con una referencia complementaria acerca de la historia de la ley penal en el mundo y en México. A continuación, como segunda parte del manual, se desarrolla la Teoría General del Delito que supone, precisamente, el estudio del conte- nido social del derecho, el cual aparece desarrollado en dos momentos:
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la teoría de los presupuestos y la teoría de los elementos del delito. Dentro de la última se parte el estudio de la tipicidad, lo cual analiza la conducta típica para revisar su atribuibilidad al tipo de la ley penal, para analizar después la antijuricidad, con lo cual es posible afirmar el injusto. El concepto del delito, así, si bien implica una construcción jurídica, en tanto que surge a partir de la norma de la ley penal, a la vez se re- conoce su contenido social, que naturalmente supone el contenido social dinámico del derecho, y que consiste en las situaciones de conflicto so- cial que como desiderata de la voluntad social se pretenden regular y evitar en aras del objetivo de convivencia, y que, en la medida en que acontecen, implican el concepto del delito en sentido social, que supone la conducta típica, antijurídica y culpable, a que regularmente se refiere la teoría del delito. A la vez, la prohibición como contenido del ele- mento normativo de la conducta típica, como toda la conducta misma, es estudiada en relación y a partir del bien jurídico (y su lesión), que implica el contenido político social de la ley, en tanto que su protección es la razón político social que la justicia. La ubicación sistemática para el estudio del bien jurídico, por esto, al igual que el tipo, aparece recogida básicamente en la teoría de los presupuestos, toda vez que es el objeto que, existiendo en la sociedad y representando un cierto valor para la misma, es objeto de protección por la ley y su lesión por vía de la conducta típica y antijurídica es lo que determina la existencia del delito. Por esto el bien jurídico es, a la vez, un concepto que se presenta como punto de intersección entre los presupuestos y los elementos del delitos mismo. En la teoría del delito s mencionan los diferentes métodos de ana- lisis del delito, tanto de las teorías unitaristas como de las teorías plura- listas. Por su contenido de mayor precisión y, por lo mismo mas garantizadora para los miembros de la sociedad y para el justiciable, el estudio del delito se atiende conforme al segundo modelo, lo que significa su análisis en sus diversos momentos susceptibles de estudio, afir-mándolo o negándolos, en manera de permitir, en cada momento o fase, afirmar o negar la existencia del delito y la responsabilidad del agente, como presupuestos de la punibilidad. En su oportunidad, se abordara el estudio de la punibilidad y de la necesidad de aplicación de la pena. En consecuencia, el analisis estratificado del delito es el método de estudio seguido en la obra por estimarse el mar preciso para el analisis de las situaciones concretas, respecto de las cuales se pretende determi-
nar si existe o no un delito y si puede afirmarse o no la responsabili- dad del autor, lo que naturalmente se refleja en garantía de seguridad
jurídica y explica su regular manejo, tanto en la practica judicial como en la doctrina. Toda vez que en relación con el analisis estratificado del delito exis- ten diferentes modelos, en la parte inicial del estudio de la teoría gene- ral del delito, se enuncian las características fundamentales de los diversos sistemas, para concluir, lógicamente, en la aceptación del mo- delo que se estima mas sostenible en la solución de los problemas que plantea el derecho penal, lo que es dado desde la perspectiva de la fun- cion y fin del orden jurídico penal. La tercera parte del texto, integra dentro del tomo segundo del manual, se refiere al analisis de la Teoría de la Culpabilidad, entendida como el reproche al agente por su responsabilidad en la comisión del injusto penal. El tratamiento del tema aparece desarrollado como ámbito fuera del injusto, integrado su contenido con todo lo relacionado con la persona que comete el delito, observándolo precisamente en su di- mension biopsicosocial, con todo su contenido especifico, lo que eviden- temente parece ser mas acertado. La cuarta parte, que corresponde al tomo tercero del manual, se refiere a la Teoría de la Pena, ámbito dentro del cual son objeto de aten- ción: el concepto de la coercibilidad penal o punibilidad y el de la sanción misma, que cubre a la penas y medidas. En dichos rubros se es- tudian las causas personales de exclusión y de cancelación de la pena o
excusas absolutorias; las penas y medidas, con especial atención de la pena
de prisión, con el analisis critico de la pena de muerte; la pena pecu- naria de multa y la reparación del daño; el trabajo a favor de la co- munidad. El tratamiento en libertad y en semilibertad, así como las restantes penas que previene la ley penal en México, los sustitutivos pe- nales en la función jurisdiccional y en la ejecución, la condena condicio- nal y la libertad preparatoria, las causas de extinción del delito y la individualización de la pena.
EL CONTENIDO GENERAL DE L CODIGO PENAL FEDERAL Y PARA EL DISTRITO FEDERAL
El ordenamiento penal utilizado como base de estudio en la pesen- te obra es el código penal vigente para el Distrito Federal en materia de jurisdicción común y para toda la Federación en materia de jurisdic-
cion federal, oficialmente denominado: Código penal para el Distrito Fe- deral en materia de fuero común y para toda la Republica en materia del fuero federal.
El código fue promulgado el 2 de enero de 1931 y publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de agosto de 1931, para en-
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trar en vigor a partir del 17 de septiembre de 1931, conforme con lo señalado en el articulo primero transitorio que determino el periodo de vacatio legis mencionado. A su vez, el articulo transitorio decla- ro abrogado el código penal de 15 de diciembre de 1929 y las demás leyes que se opusieron a la nueva ley. Para precisar el contenido del derecho penal en México, vale obser- var que el país se encuentra políticamente constituido como una fede- ración de estados, atento a lo señalado en el articulo 40 de la constitución de 1917 vigente, siendo cada estado libre y soberano en cuanto a su régimen interior (articulo 124 constitucional), salvo en las materias expresamente convenidas como de jurisdicción federal en el pacto federal (Articulo 73 constitucional) y, toda vez que la materia pe- nal no forma parte de ellas, origina que la legislación penal sustantiva, adjetiva y ejecutiva, así como naturalmente la orgánica relacionada, co- rresponda a la jurisdicción de los Estados. Esto significa que en el país existen 32 códigos penales y un igual numero de leyes penales proce- sales y de ejecución de sanciones, una para cada estado de la republica, además del código penal para el Distrito Federal, que es el mismo de la Federación(esto, a su vez origina la jurisdicción doble del código penal vigente para el distrito federal en la materia común y para toda la Fe- deracion en la materia federal). En materia procesal y ejecutiva existen códigos diferentes. Cuando en la obra se hace referencia genéricamente a las expresio- nes “ley”, “ordenamiento”, “ley penal” o “código”, debe entenderse que se alude al código penal federal y del Distrito federal. Igualmente, cuando de manera general se aluda a la “Constitución”, debe entender- se que se hace referencia a la federal del país. Vale señalar, por ultimo, que si bien, desde su origen, existe una cercanía general en el contenido de las leyes penales del país, y la orientación legislativa penal ha marchado en la línea de evolución hacia la mejor protección a los derechos humanos, tanto respecto de los tipos de delito como de las penas, y en general las instituciones jurídicas re- lacionadas, tales como los criterios de individualización y de los sustitu- tivos penales, sobre todo en las ultimas décadas, algunos Estados las han incorporado con mayor celeridad o e grado diverso, por lo que en tal sentido el contenido de las legislaciones penales del país se ha diversificado. En el panorama de la legislaci ón penal del mundo, dentro del mar- co de los países de formación jurídica latina, responde a la cultura
occidental europea, entre los que se encuentran sobre todo Europa y América, algunos ordenamientos penales siguen el modelo francés que originalmente dividido su ley penal en tres libros. Crimines, delitos y
contravenciones. La ley penal mexicana, cuyo origen primario, al igual que la generalidad de aquellos, es también, en parte importante, el co- digo penal napoleónico de 1810; en su estructura temática actual, sigue una división diferente que hace referencia exclusivamente a los delitos,
concepto lógico bajo el cual se comprende tanto el rubro relativo a crímenes
como a los delitos en sentido estricto, quedando fuera de la ley penal contravenciones, las cuales son reguladas en leyes administrativas diver- sas, básicamente en la ley de faltas de policía y de buen gobierno. El libro primero, en relación a su sistemática, aparece integrado en seis títulos, además de un titulo preliminar. Cada titulo dividido en ca- pitulos, en los que se integran los artículos, a su vez, divididos en frac- ciones que se subdividen en incisos. La sistemática general seguida en la ley penal es la siguiente: el li- bro primero, relativo a la parte general, permite observar un conjunto de normas, permisiones y reglas que son de aplicación general en rela- cion con los delitos o tipos delictivos previstos en el libro segundo. Na- turalmente, tales temas, como la sistemática misma,. Son un indicador claro de la orientación político penal del código, que, a su vez, encuen- tra secuencia en el libro segundo siguiente. De aquí que resulte siem- pre útil y revelador el análisis preliminar del índice del código penal. En este sentido, el contenido general del libro primero del código pe- nal es como sigue:
LIBRO PRMERO
TÍTULO PRIMERO (Responsabilidad Penal) Capitulo I. Reglas generales sobre delitos y responsabilidad, Capitulo II. Tentativa, Capitulo III. Personas responsables de los delitos, Capitulo IV. Circunstancias excluyentes de responsabilidad, Capitulo V. Concurso de delitos, Capitulo VI. Reincidencia.
TÍTULO SEGUNDO Capitulo I. Penas y medidas de seguridad, Capitulo II. Prisión, Capitulo III. Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo a favor de la comuni- dad, Capitulo IV. Confinamiento, Capitulo V. sanción pecuniaria, Capitu- lo VI. Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito, Capitulo VII. Amonestación, Capitulo VIII. Apercibimiento y caución de no ofen-
der, Capitulo IX. Suspensión de derechos, Capitulo X. publicación espe- cial de sentencia, Capitulo XI. Vigilancia de la autoridad.
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Capitulo I. reglas Generales, Capitulo II. Aplicación de sanciones a los delitos culposos, Capitulo III. Aplicación de sanciones en caso de tentati- va, Capitulo IV. Aplicación de sanciones en caso de concurso, delito continuado, complicidad, reincidencia y error vencible, Capitulo V. Trata- miento de inimputables y de quienes tengan el habito o la necesidad de consumir estupefacientes y psicotropicos, en internamiento o en libertad, Capitulo VI. Sustitución y conmutación de sanciones.
Capitulo I. ejecución de sentencias, Capitulo II. Trabajo de los presos,
Capitulo III. Libertad preparatoria, Capitulo IV. Condena condicional.
Capitulo I. muerte del delincuente, Capitulo II. Amnistía, Capitulo III. Perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo, Capitulo IV. Reco- nocimiento de inocencia o indulto, Capitulo V. Rehabilitación, Capitulo VI. Prescripción, Capitulo VII. Cumplimiento de la pena o medida de se- guridad, Capitulo VIII. Vigencia y aplicación de una nueva ley mas favo- rable, Capitulo IX. Existencia de una sentencia anterior dictada en proceso seguido por los mismos hechos, Capitulo X. extinción de las me- didas de tratamiento de inimputables.
Delincuencia de menores (Derogado)
Capítulo Único. De los menores
El libro segundo del código penal, a su vez, aparece integrado con títulos, divididos en capítulos en los que se contienen los artículos, dividi- dos en párrafos, a veces distribuidos en fracciones e incisos. No es precisa la afirmación en el sentido de que cada articulo de la ley penal prevé un delito; esto no ocurre necesariamente así, por el contrario, es frecuente el caso de que un mismo articulo describa diver- sas conductas, cada una de las cuales, de configurarse, habrá de impli- car un delito (véase, por ejemplo: artículo 386); o bien, igualmente se da el caso de tipos delictivos que aparecen descritos en más de un articulo (véase, por ejemplo: artículos 288 y 289), que es también el su-
puesto en que se dan los casos mencionados como de extensión de la responsabilidad penal como son la tentativa o la participación. También es frecuente que la ley penal completa, con la norma y la sanción, apa-
rezca recogida en más de un artículo, de manera que el precepto o tipo se encuentra recogido en un artículo y la sanción en otro (véase, por ejemplo: artículos 367 y 370). El contenido general del LIBRO SEGUNDO del código penal, es como sigue:
Capitulo I. Traición a la Patria, Capitulo II. Espionaje, Capitulo III. Sedi-
cion, Capitulo IV. Motín, Capitulo V. rebelión, Capitulo VI. Terrorismo,
Capitulo VII. Sabotaje, Capitulo VIII. Conspiración, Capitulo IX. Disposi-
ciones comunes para los capítulos de este Titulo.
Capitulo I. piratería, Capitulo II. Violación de inmunidad y de neutra-
Capitulo I. violaciones de los deberes de humanidad, Capitulo II. Ge- nocidio.
Capitulo I. evasión de presos, Capitulo II. Quebrantamiento de sanción,
Capitulo III. Armas prohibidas, Capitulo IV. Asociación delictuosa.
Delitos en materia de vías de comunicación y de Correspondencia
Capitulo I. ataques a las vías de comunicación y violación de correspon-
dencia, Capitulo I bis. Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, Capítulo II. Violación de correspondencia.
Capitulo I. desobediencia y resistencia de particulares, Capitulo II. Oposi- ción a que se ejecute alguna obra o trabajo públicos, Capitulo III. Que-
brantamiento de sellos, Capitulo IV. Delitos cometidos contra funcionarios
públicos, Capitulo V. ultraje a las insignias nacionales.
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TÍTULO SÉPTIMO Delitos contra la salud Capitulo I. de la producción, tenencia, trafico, proselitismo y otros actos en materia de estupefacientes y psicotrópicos, Capitulo II. Del peligro del contagio.
Capitulo I. ultrajes a la moral pública, Capitulo II. Corrupción de meno-
res, Capitulo III. Trata de personas y lenocinio, Capitulo IV. Provocación de un delito y apología de este o de algún vicio.
Capitulo I. (Sin denominación), Capitulo II. Ejercicio indebido del servicio público, Capitulo III. Abuso de autoridad, Capitulo IV. Coalición de servi-
dores públicos, Capitulo V. uso indebido de atribuciones y facultades, Ca- pitulo VI. Concusión, Capitulo VII. Intimidación, Capitulo VIII. Ejercicio abusivo de funciones, Capitulo IX. Trafico de influencia, Capitulo X. Co- hecho, Capitulo XII. Peculado, Capitulo XIII. Enriquecimiento ilícito.
Capitulo I. Delitos cometidos por los servidores públicos, Capitulo II.
Ejercicio indebido del propio derecho.
Capitulo I. Disposiciones generales, Capitulo II. Delitos de abogados, pa- trones y litigantes.
Capitulo I. Falsificación y alteración de moneda, Capitulo II. Falsificación de billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito publico,
Capitulo III. Falsificación de sellos, llaves, cuños o troqueles, marcas, pe- sas y medidas, Capitulo IV. Falsificación de documentos en general, Capí- tulo V. falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una
autoridad, Capitulo VI. Variación del nombre o del domicilio, Capítulo VII. Usurpación de funciones publicas o de profesión y uso indebido de
Condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas,
Capitulo VIII. Disposiciones comunes a los capítulos precedentes.
Capitulo I. Delitos contra el consumo y la riqueza nacional, Capítulo II.
Vagos y malvimientes (derogado), Capítulo III. Juegos prohibidos.
Capitulo I. Atentados al pudor, estrupo y violación, Capitulo II. Rapto,
Incesto, Capitulo IV. Adulterio, Capitulo V. disposiciones
Capitulo Único. Delitos contra el estado civil y bigamia.
Capitulo Único. Violación de las leyes sobre inhumaciones y exhuma-
Capitulo I. Amenazas, Capitulo II. Allanamiento de morada.
Capitulo I. Lesiones, Capitulo II. Homicidio, Capitulo III. Reglas comunes
para lesiones y homicidio, Capitulo IV. Homicidio en razón del parentes- co o relación, Capitulo V. infanticidio (derogado), Capitulo VI. Aborto, Capitulo VII. Abandono de persona.
(Derogados),
II. Injurias y difamación
(injurias derogado), Capitulo III.
Privación de la libertad y de otras garantías
Capítulo Único (sin denominación).
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Capitulo I. Robo, Capitulo II. Abuso de confianza, Capitulo III. Fraude, Capitulo III bis. Extorsión, Capitulo IV. De los delitos cometidos por los comerciantes sujetos a concurso, Capitulo V.
inmuebles o de
aguas, Capitulo VI. Daño en
Capitulo Único (sin denominación).
TÍTULO VIGESIMOCUARTO
Capitulo Único. (sin denominación).
LAS LEYES ESPECIALES. Además de los tipos delictivos previstos como tales en el código penal, existen, asimismo, otros que aparecen recogidos en las leyes diversas de aquel, regularmente denominadas por la doctrina: “leyes penales especiales”.
Estas figuras suponen leyes penales completas en tanto que observan en su contenido la presencia del precepto y al sanción. En su formulación siguen técnicas que no siempre son iguales. En ocasiones, la ley especial en cuestión incorpora el tipo de delito, señalándole también la pena, a veces, inmediatamente después, o bien, posteriormente en articulo diverso; en otras ocasiones, la ley especial incluye el tipo delictivo pero reenvía al código penal para los efectos de la pena; o bien , refiere el delito pero hace el reenvió a la ley penal tanto para le definición del tipo como para la determinación de la pena.
En relación con estas figuras de los tipos delictivos especiales, debe cuidarse de no confundirlos con la expresa prohibición constitucional de la ley fundamental mexicana, similar a la existente en otros países, relativas a la prohib ición de las “leyes privativas” frecuentemente denominadas también como “leyes penales especiales” y que prohíbe el artículo 13 constitucional.
Una información sintetizada acerca de las leyes penales especiales existentes en el estado mexicano, salvo error u omisión, responde a la relación siguiente:
Ley aduanera (diario oficial de la federación de 30 de diciembre de 1981, con reformas de 1983, 1984, 1985, 1988, 1989, 1992, 1993, y 1994.) la ley previene infracciones administrativas (artículos 102-103), cuyo contenido aparece estrechamente vinculado con el delito de contrabando (artículos 102-107), previsto en la ley penal especial incorporada en el código fiscal de la federación .
Ley de amparo reglamentaria
política de los estados unidos mexicanos. (Diario oficial de la
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ción de 10 de enero de 1936 con reformas en 1984 , 1986 y 1988 y 1994.)
Ley federal de armas de fuego y explosivos. (Diario oficial de la federación de 11 de marzo de 1972, con reformas en 1984, 1985 y 1989), (delitos previstos en el titulo IV, relativo a las sanciones, articulo 77-91).
Ley general de bienes nacionales. (Diario oficial de la federación de 8 de enero de 1982, reformada, en 1984, 1985, y 1992), (delitos previstos en el capitulo XI, relativo a las sanciones, artículos 96-100).
Ley federal de caza. (Diario oficial de la federación de 5 de enero 1952), (delitos previstos en el capitulo XI, relativo a los delitos y faltas en materia de caza, artículos 29-40, relacionados con el articulo 160 del C.P.)
Ley de la defensoria de oficio en el fuero federal. (Diario oficial de la federación de 9 de febrero de 1922), (delitos previstos en los artículos 2 al 7 transitorios relacionados con los artículos 43 y 231 del C.P., sobre responsabilidad profesional).
Ley federal de derechos de autor. (Diario oficial de la federación de 21 de diciembre de 1963, que reformo y adiciono la ley de 29 de diciembre de 1956, con reformas de 1991), (delitos previstos en capitulo VIII, relativo a las sanciones, articulo 135 a 144, que guardan relación con el articulo 386 del C.P.)
Ley sobre la elaboración y venta del café tostado. (Diario oficial de la federación de
25 de mayo de 1972), (delitos previstos en los artículos 3, 7 y 9 que hacen reenvió al
articulo 253 del código penal).
Código de instituciones y procedimientos electorales. (los delitos en materia electoral aparecerán en el código penal federal, artículos 401 a 410, por reforma publicada en el diario oficial de la federación de 21 de enero de 1985, reformado el 17 de julio de 1992, originalmente los delitos en materia electoral aparecian el código federal electoral, artículos 340 a 351. al ser abrogada dicha ley por el COFIPE , publicado el diario oficial de la federación de 15 de agosto de 1990, la misma dejo de regular dichos delitos por haberse incluido los mismos en el C.P. la reforma constitucional aprobada por el congreso el 15 de septiembre de 1993 dio origen a un nuevo código electoral).
Ley sobre el escudo, la bandera, y el himno nacional. (Diario oficial de la federación
de 8 de febrero de 1984, reformada el 9 de enero
de 1991), (delitos previstos en
capitulo VII, sobre competencia y sanciones, en los artículos 55 y 56 relativos a los
artículos 191, 192 del C.P.)
Ley de extradición internacional. (Diario oficial de la federación de 29 de diciembre de 1975, reformada el 4 de diciembre de 1984.)
Código fiscal de la federación. (Diario oficial de la federación de 31 de diciembre de 1981, reformado en 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,1988,
1989, y 1992), (delitos previstos en el capitulo I, relativo a las infracciones y delitos fiscales, artículos 70 al 114 bis, y 207).
Ley forestal. (Diario oficial de la federación de 22 de diciembre de 1992.)
Ley de hacienda del departamento del distrito federal. (diario oficial de la federación
31 de diciembre de 1982, reformada el 29 de siembre de 1983, 31 de diciembre de
1985, 29 de diciembre de 1989, 28 de diciembre de 1990, 26 de diciembre de 1991 y
20 de julio de 1992), (delitos previstos en el capitulo I, sobre las infracciones y de los
delitos, artículos 136 al 150).
Ley de imprenta. (Diario oficial de la federación de 12 de abril de 1917), (delitos previstos el los artículos 10 al 22.)
Ley de instituciones de fianzas. (diario oficial de la federación de 29 de diciembre de 1950, reformada el 30 de diciembre de 1965, 29 de diciembre de 1981, 31 de diciembre del 1984, 3 de enero de 1990 y 14 de julio de 1993), (delitos previstos en los artículos 68 al 122 bis).
Ley general de instituciones de crédito y organizaciones auxiliares. (Diario oficial de la federación de 31 de mayo de 1941.) Esta ley ha sufrido numerosas modificaciones alterando, adicionando y en ocasiones reformando totalmente el texto, sigue vigente para el city bank, conforme al artículo decimocuarto transitorio de la nueva ley de instituciones de crédito. (Diario oficial de la federación de 18 de julio de 1990.) Esta Ley fue derogada el 1982 y actualmente (1993) solo es aplicable al city bank, (delitos previsto en el capitulo IV, relativo a las prohibiciones generales y las sanciones), (articulo 143 a 153 bis 1 a 153 bis 4).
Ley de instituciones de crédito. (diario oficial de la federación de 14 de enero de 1985, reformada el 18 de julio de 1990, reformada y adicionada el 9 de junio de 1992, y el
23 de julio de 1993), (delitos previstos en el capitulo I, relativo a las prohibiciones,
sanciones administrativas y delitos, artículos 103 a 116).
Ley general de instituciones y sociedades mutualistas de seguros. (Diario oficial de la federación de 31 de agosto de 1935, reformada el 14 de enero de 1985, 3 de enero de 1990, y 14 de julio de 1993), (delitos previstos en los artículos 108 a 146).
Ley del instituto de l fondo nacional de la vivienda de los trabajadores. (Diario oficial
de la federación de 24 de abril de 1972, reformada el 23 de diciembre de 1974, el 30 de diciembre de 1983 y el 24 de febrero de 1992), (delitos previstos en los artículos
55 al 58).
Ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado. (Diario oficial de la federación de 27 de diciembre de 1983, reformada el 23 de julio
de 1993),
(delitos
sexto, de
responsabilidades y sanciones, artículos 189 a196).
Ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera. (Diario oficial de la federación de 9 de marzo de 1973), (delitos pre
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vistos en el capitulo VI, relativo a las disposiciones generales, artículos 28 a 31.
Ley federal de juegos y sorteos. (Diario oficial de la federación de 31 de diciembre de 1947), (delitos previstos en los artículos 8 a 17).
Ley del mercado de valores. (diario oficial d la federación de 2 de enero de 1975, reformada el 8 de febrero, 27 de diciembre de 1985, 4 de enero de 1990, 18 de julio de 1990, y 23 de julio de 1993), (delitos previstos en el articulo 50).
Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas. (Diario oficial de la federación de 6 de mayo de 1972, reformada el 23 de diciembre de 1974), (delitos previstos en los artículos 12 a 55).
Ley de navegación y comercio marítimo. (Diario oficial de la federación de 21 de noviembre de 1963, reformada el 22 de diciembre de 1975), (delitos previstos en los artículos 4 a 5).
Ley orgánica del patronato del ahorro nacional. (Diario oficial de la federación de 19 de julio de 1991), (delitos previstos en el capitulo V, relativo a las disposiciones generales, articulo 36).
Ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito. (Diario oficial de la federación de 14 de enero de 1985, reformada el 26 de diciembre de 1986, 3 de enero de 1990, 27 de diciembre de 1991 y 15 de julio de 1993), (delitos previstos en el titulo VI, capitulo I, relativo a las infracciones administrativas, artículos 88 al 101).
Ley general de población. (Diario oficial de la federación de 7 enero de 1974, reformada el 7 de julio de 1990 y 22 de julio de 1992), (delitos previstos en el capitulo VIII, relativo a las sanciones, artículos 113 a 144).
Ley federal para prevenir y sancionar la tortura. (Diario oficial de la federación de 27 de mayo de 1986, reformada el 27 de diciembre de 1992, a 2 de julio de 1992), (delitos previstos en el artículo 14). Código federal de procedimientos penales. (Diario oficial de la federación de 30 de agosto de 1934), (delitos previsto en titulo sexto, capitulo IV, artículos 228 a 316).
Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. (Diario oficial de la federación de 11 de enero de 1982, reformada el 28 de enero de 1988), (delitos previstos en el capitulo IV, sanciones administrativas, artículos 171 a 227). Ley de fomento a la propiedad industrial. (Diario oficial de la federación de 27 de junio de 1991), (delitos previstos en el capitulo III, artículos 226 a 227).
Ley de quiebras y suspensión de pagos. (Diario oficial de la federación de 20 de abril de 1943, reformada el 13 de enero de 1987), (delitos previstos en el titulo primero, capitulo III, relativo a la sentencia de declaración y de su publicidad, oposición y revocación, artículos 17 a 449.
Ley federal de radio y televisión. (Diario oficial de la federación de 19 de enero de 1960, reformada, el 31 de diciembre, de 1974, y adicionada el 13 de enero de 1986), (delitos) previstos en el titulo sexto, capitulo único, relativo a las infracciones y sanciones, artículos 101 a 106
Ley Federal del trabajo.(diario oficial de la federación
reformada, el 4 de enero de 1980), (delitos previstos en el titulo XVI, sobre responsabilidades y sanciones, artículos 992 1010).
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Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda la republica en Materia Federal (Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1991), (delitos Previstos en los artículos 42 a 109) Ley de las Vías Generales de Comunicación (Diario oficial de la Federación del 19 de febrero de 1940, Reformada el 15 de diciembre de 1975 ,29 de diciembre de 1975, 31 de diciembre de 1976, 21 de enero de 1985, 19 de noviembre de 1986 y 15 de junio de 1992), (delitos previstos en el capitulo XI, articulo 127 a 592) Ley Federal de vivienda (Diario oficial de la Federación del 7 de febrero de 1984, y 12 de julio de 1990), delitos previstos en el artículo 29.
Decreto de Promulgación de la Convención de las Naciones Unidas contra el trafico ilícito contra estupefacientes y sustancias psicotrópicas Viena Austria 20 de diciembre de 1988 publicado en el Diario oficial de la Federación del 5 de septiembre de 1990, articulo 3 sobre delitos y sanciones articulo 5 decomiso, articulo 6 extradición, articulo 7 asistencia judicial reciproca y articulo 8, remisión de actuaciones penales). Leyes que contienen remisiones directas al código penal:
Ley de Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Diario Oficial de la Federación del 29 de junio de 1976) delitos previstos en el titulo cuarto, sobre prevenciones generales capitulo único artículos 220 a 225) Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos (Diario Oficial de la Federación de 27 de julio de 1931, reformada el 7 de enero de 1980, 23 de julio de 1992 , en vigor el primero de enero de 1993, capitulo primero de la moneda y de su régimen legal) (delitos previstos en los artículos 10 al 21 sobre dispocisiones transitorias) En relación con los artículos 2 a 7 del código penal para el distrito federal en materia común y para toda la republica en materia federal (reformada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de enero de 1991, el 30 de diciembre de 1991, y el 17 de julio de 1992) (Delitos previstos en los artículos 30 bis y 400).
SOCIEDAD, ESTRUCTURA DE PODER, CONTROL SOCIAL, SISTEMA PENAL Y DERECHO.
SUMARIO I. A Sociedad y Sistema Penal. II. Estructura de poder y control Social III El control Social IV Las ideologías V. Los discursos VI Derechos Humanos y Control Social VII. Sistema Penal y Control Social. VIII. Los Segmentos del Sistema Penal. IX Derecho y sistema Penal X Derecho Penal. IX Ley Penal y Delito
I. SOCIEDAD Y SISTEMA PENAL.
El hombre es un ser socia. Independientemente de la diversidad de posiciones orientadas a explicar y fundar esta verdad, lo cierto es que desde todos los tiempos el hombre se a manifestado eminentemente social. No faltaba razón a Aristóteles cuando en sus consideraciones en torno al hombre lo entendía como el zoon politiron o ser político, lo que naturalmente implica su condición de ser social.
Desde las mas diversas perspectivas, históricas, sociológica, económica, política, psicológica, o de cualquier otra índole, es lo cierto que invariablemente aparece reconocida esta necesidad social del ser humano; esencia que resume la condición de necesaria relación en que el hombre existe, en la que se identifica así mismo y se manifiesta, lo que da sentido a la convivencia y permite entender así mismo y manifiesta, lo que da sentido a la convivencia y permite entender, a si mismo, el sentido de que la afirmación de que existir y coexistir es lo mismo, ya que solo se existe coexistiendo.
Al respecto, basta considerar que únicamente en el seno social puede el hombre satisfacer no solo sus necesidades, si no sus instinto mas primarios y atávico, como pudieran ser los de conversación y reproducción. A su vez, desde los tiempos mas remotos que escudriñan y exploran la historia del hombre, en la arqueología, la arqueología y la paleontología, invariablemente su referencia a sido reconocida siempre dentro de la estructura social.
Si tomamos encuentra el calendario solar a que se refiere Carl Sagan, cuando intentaba medir el tiempo de todos lo tiempos, es decir, el tiempo del universo, trasvolándolo y reduciéndolo al lapso de un año y
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donde incluye la probable aparición del hombre solo durante los últimos minutos de tal cronología, en la inteligencia de que plantea la antigüedad probable del universo en 15 millones de años y el nacimiento probable de la tierra en 4.5 millones de años. En tal medición las primeras manifestaciones de la evolución que llevaría a la presencia del hombre, datan, según alguna de las mas recientes opiniones, probablemente desde hace 3 millones de años, etapa en que su condición prehomínido, da el primer gran salto en la evolución cuando desciende los árboles para empezar a caminar erecto aquel, australopihecus Afarensis, para iniciar su marcha en el largo camino en el protopaleolitico para llegar al paleolítico (periodo de la piedra tallada de hace un millón de años, en que manifiesta ya el homo habilis y el homo erectus primitivos que descubren el uso del fuego. La carrera será muy larga para llegar neolítico (periodo de la piedra pulimentada), en que se manifiesta el homo sapiens solo hasta solo hasta hace unos 15, 000 millones de años, y en que, después de su continuo peregrinar de hace unos 40,000 años que lo llevan a poblar todos los continentes a tierra, se produce el segundo gran cambio en la evolución, cuando el futuro del hombre al subsistir su base económica depredadora (caza, pesca, y recolección de frutos), para traducir en el futuro, una economía de producción que, con base en la agricultura y la ganadería le permite asentarse, danto origen así al surgimiento de las nuevas culturas iniciales de la humanidad, en esa etapa, frecuentemente apuntada como del “creciente fértil” en que aprovechando, las tierras de aluvión, en los deltas y márgenes de los grandes ríos, hace aproximadamente 10,000 años se propicia el desarrollo de los grandes centros urbanos que alcanzan su primer y mas remoto esplendor aproximadamente a los 3,000 a.C.
Durante todo este proceso, el hombre aparece presente, en escala ascendiente, dentro de un invariable contesto de definición social. Así lo mismo en las manifestaciones remotas de las culturas más primitivas en cromagnon o en Altamira, como milenio después de las primeras grandes culturas del mundo, en la mesopotámica (Ur. Uruk, Lagash, etcétera); en
Egipto; o en la india (Moenho Daro y Harappa), o el Jericó israelita, todas ellas dan testimonio de esa naturaleza social.
Independientemente de tales consideraciones, una mas por si sola, logra expedirla. El hombre, en cuanto ente racional, tiene posibilidad de plantearse fines y de realizar lo necesario para su consecución, aprovechando para esto su experiencia y su conocimiento acerca de los procesos causales, o dicho de otra manera, el hombre como ser pensante en atención a su capacidad de autodeterminación y para conducirse conforme a ella, puede tener conciencia de si mismo. Solo en la medida
en que tenga conciencia del mundo que lo rodea puede identificar su “yo” frente a un “tu” del cual se distinga por esta razón, hablar de la existencia del hombre es lo mismo que hablar la coexistencia, que solo es el conjunto de existencia comunes Atento a lo anterior se afirma, con razón la importancia de la delación social. El hombre es un ser de delación; es un ente de relación social; es un ente de convivencia. Todo lo que se refiere sal hombre a de planearse así, necesariamente, dentro de un ámbito dialogal y dialéctico, precisamente por que su mundo es un mundo de relación social con sus congénes que, a su vez, supone un mundo dinámico, en permanente cambio Por la misma razón el derecho se extiende, también solo en función del hombre y en su naturaleza de relación, igualmente en su ámbito dialéctico, dialogal y eminentemente dinámico, que refleja el mundo de relación en que se mueve y desarrolla el hombre.
II ESTRUCTURA DE PODER Y CONTROL SOCIAL
Sobre la base de la afirmación anterior, como apunta zaffaroni, vale observar que en todos los grupos sociales, existe la tendencia a la integración de grupos que se unen o distancian, básicamente en distinción, básicamente en función de intereses comunes que, a su vez se jerarquizan Al equilibrarse las fuerzas y los intereses entre los diversos grupos y reconocerse las jerararquias, se conforma y generaliza la estructura de poder del grupo socia, lo que es un fenómeno político natural de todas las sociedades del mundo, independientemente de las características que identifiquen esa misma estructura. Lo cierto es que en todas las sociedades del mundo existen grupos dominantes y grupos dominados, que son cambiantes pero siempre se presentan. Asimismo se presenta que en todas las sociedades de todos los tiempos, que el grupo en el poder, en su interés por mantenerse, determina sus objetivos y fines y también sus métodos en función de ellos, intenta
establecer las formas de control social que estima mas adecuadas y eficaces para la consecución de sus objetivos y sus fines. Naturalmente, en este proceso, se define también las características de esa estructura de poder
III. EL CONRTROL SOCIAL. Independientemente de las características de la estructura de poder, invariablemente se manifiesta en todo grupo social una cierta forma de control que, por lo demás, es también indispensable para mantener el orden social dentro del grupo en que se manifiesta.
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El control social esta en relación directa con el esquema mismo de la estructura de poder existente. Así, en un estado de derecho, aparecerán recogidas sus características precisamente en el orden legal que le da vida, y será el marco constitucional donde se definan los rasgos característicos de la propia estructura de poder. En México tales preceptos aparecen recogidos como la decisión política fundamental del estado mexicano, en los artículos 39, 40, 41 y 49 de la constitución, que lo definen como un estado democrático y liberal, a partir de la voluntad soberana del pueblo, que es la afirmación política básica del estado, a partir de la cual se entienden las restantes, que a su vez, lo definen como constituido en una republica, federal, respectiva con el régimen de la división de poderes como formula para el equilibrio en el ejercicio del poder, como garantía de la relación política entre gobernándoos y gobernados y gobernantes, unido al expreso reconocimiento de los derechos humanos que como garantías individuales y sociales se incorporan en el texto de la propia constitución la estructura de poder en México y el control social que la misma ejerce, reúne por lo tanto , los rasgos de definición política afirmadas en la constitución de la Republica y se manifiesta precisamente con las características señaladas,. El control social se reconoce, en general, como institucionalizado o formal el que aparece integrado e incorporado dentro de la estructura del gobierno, en alguna de las diversas instituciones políticas, sociales ,culturales y económicas deportivas y educativas o de cualquier otro tipo que la conforman, integradas dentro del poder establecido. Por otra parte, se denomina como control social difuso e informal a las diversas formas de control que existiéndose y manifestándose en la sociedad, no aparecen directamente integradas como parte de la estructura gubernamental. El control social naturalmente esta presente en su manifestación de sistema formal como en el informal. Entre las ultimas basta tener presente las características de la estructura familiar, los medios de información de la prensa, radio o televisión; y entre las primera, lo
mismo se puede pensar en el sistema de educación, con todas sus características de contenidos, formas de exposición, desarrollo, favorecimiento o no de los diversos niveles educativos, apoyo o no a la investigación científica y específicamente, a los contenidos de la investigación; o bien en la cultura, las formas de expresión autística que aparecen favorecidas o limitadas, el teatro, la pintura, el cine, la música, etcétera; o bien, en el ejercicio profesional, el favorecimiento y apoyo para el desarrollo o no del ámbito general o de una cierta parte de la medicina, el derecho, la
ingeniería, la arquitectura, la economía, las finanzas, etc.; o bien, en el sistema de justicia. El sistema de control social institucionalizado puede aparecer expresado a través de un discurso formalmente punitivo. Es decir puede estar directamente vinculado, de una manera abierta, con el control social, según se puede observar de la relación muy sucinta de ejemplos expuestos sobre las más diversas actividades en el que se manifiesta. El sistema de la justicia penal, por definición la forma mas visible y clara del sistema del control social institucionalizado con discurso punitivo, mismo que se manifiesta a través de las instituciones expresamente establecidas y al efecto que básicamente aparece conformada con la policía del ministerio publico, los tribunales, las instituciones penitenciarias y otra de la ejecución. Así mismo se integran en aquel, el publico cuya presencia y participación es decisiva en la dinámica del sistema; también el poder legislativo, el cual en cuanto órgano generador de la ley, es base de la función del propio sistema. Tal sistema de justicia, así conformado, debe responder a la característica de la estructura del poder constitucionalmente integrado en el estado de derecho, conformando lo que con frecuencia se conoce y reconoce como el ius puniendo del estado mexicano o potestad punitiva del mismo.
IV LAS IDEOLOGIAS
El concepto de la ideología, aparece estrechamente relacionado con aquellos otros del poder y del control social. Por “ideología”, recuerda abbagnano, se entiende todo aquel conjunto de creencias o sistema de ideas que siendo útiles son adoptadas para el control del conocimiento de colectivo independientemente del contenido de validez objetiva de sus afirmaciones. Es decir, son los argumentos utilizados por el poder establecido (Estado) para la consecución de sus objetivos, en la inteligencia que pueden responder a afirmaciones ciertas o bien aprovechar de ellas solo los aspectos mas utilizables y manejables
para la consecución de sus objetivos; incluso, incluso duden llegar a manejar contenidos obscuros o hasta imaginarios. Naturalmente el contenido de la ideología no t6iene nada que ver con el significado mismo de la ideológica en si, si no que esta relacionado con quienes las utilizan para sus objetivos. La ideología, entendida así, corresponde a un sentido no peyorativo y significa no solo un método, un sistema de ideas para la consecución d un objetivo, lo que naturalmente es independiente de la verdad o valides objetiva de sus contenidos Todos los países, en cuanto a estructuras de poder establecido, han
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observado siempre sistemas de control; y en todos los tiempos el control se ha valido de las ideologías para el logro de sus objetivos. Ciertamente, existen estructuras de poder que las han manejado con verdad y honestidad, y tan bien han existido otras que las han utilizado para la consecución de objetivos socialmente negativos.
V. LOS DISCURSOS
Por “discurso” se entiende el argumento utilizado para sostener una idea. Se habla también de los “discursos” estableciendo una diferencia del contenido del llamado “discurso de realidad” y los “discursos” jurídicos, políticos, sociales, o de cualquier otra índole. Lo que intenta significarse con esto, es la diferencia que puede existir entre el contenido del texto de una ley, o de una afirmación de contenido económico, social, político y cultural, y el contenido de realidad que ese mismo tipo guarda en el mundo de la realidad social. Es siempre deseable, obviamente la coincidencia o el mayor acortamiento entre la distancia que guarda el discurso y los discursos de otro cualquier contenido especifico,. En el campo del derecho, naturalmente, esto significa la desiderata de la diferencia mínima entre las afirmaciones de los contenidos relacionados con el sistema de la justicia y los contenidos de realidad acerca de los mismos. Esto mismo, por otra parte, guarda relación con el texto de la ley y el contenido de realidad acerca de los mismos. Esto mismo, por otra parte, guarda relación con el texto de la ley y el contenido de realidad social de la misma, lo que a su vez se relacionado con la dinámica propia del derecho.
VI DERECHOS HUMANOS Y CONTROL SOCIAL
En todos los tiempos han sido afirmados y aprovechados argumentos (discursos que reflejan y son expresión de ideologías) al amparo de las cuales se han llegado a cometer algunas de las mas graves de que tiene noticia la conciencia mundial al amparo de “la liberación de los pueblos” se han producido guerras que han producido miles de muertes y la afectación a los bienes de todos; con el supuesto apoyo en el avance de la
ciencia, y específicamente en la teoría de la evolución, se han desencadenado hechos aberrantes y acciones genocidio a la tesis del sano “sentimiento del pueblo” y de la “supremacía de la raza”, relacionada a su vez con la teoría del superhombre (segunda guerra mundial), también, fundado en la teoría de la evolución y en la teoría de la estructura económica generadora de desigualdades sociales, la cual independientemente de la validez de sus afirmaciones , se perfilo hacia un sistema “liberalizador” que, en poco tiempo, en su interés por regular y controlar los factores de la
Producción, introdujo un sistema que en una aplicaron practica tradujo un totalitarismo que resulto ser mas cortador de la libertad individual que el sistema que se intentaba superar ante sus deficiencias o insuficiencias sistemáticas. Lo mismo ocurrió en la época de la colonización etapa en la cual las acciones aparecieron apoyadas en razones adujeron verdades de la religión, imprimiéndose, la presencia de la cultura considerada como superior y mas avanzada, interesada en participar a los otros pueblos su cultura y avance. Todos estos sistemas, en sus extremos penales, rompieron también la certeza jurídica, derivada del principio de legalidad, en la medida en que entendieron como delito a la conducta considerada en general como contraria al interés del Estado, como antes lo había sido contraria al interés del monarca o de la autoridad en turno. Por razón de esto, y en el antecedente y la experiencia de las conflagraciones mundiales sucintadas, la conciencia mundial derivada del concierto de las naciones, perfilo una serie de recomendaciones, a nivel internacional, que, en la medida que fueron suscitas y ratificadas por los países miembros de la Organización de Naciones Unidas, en la esfera internacional y de la organización de los Estados Americanos, en lo referente a los países integrantes de dicho continente, crearon un limite internacional a todas las acciones estimadas violatorias de los derechos humanos, perpetradas y justificadas al amparo de las respectivas ideologías. Tales regulaciones internacionales aparecen incorporadas principalmente en: La Declaración Universal de los Derechos del Hombre (10 de diciembre de 1948), La Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre (Carta de Bogota de 1948) El pacto Internacional de los Derechos civiles y Políticos (16 de diciembre de 1966) vigente a partir de 1976, después del plazo de 10 años para la ratificion por los Estados, La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José costa Rica, de 1969 ), y la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados (Carta de Tlatelolco, suscrita en México el 12 de diciembre de 1974)
Con suscripción de tales documentos, que representan y reflejan la desiderata de la conciencia universal en la materia, es clara la definición y relimitación que marcan todos los países acerca de la cual es, a nivel internacional, el concepto y contenido del limite mínimo del respeto a los derechos humanos, lo que sin duda es, sobre todo en el ámbito de la conciencia ética de los países, un importante limite en sus respectivas definiciones. No significa esto que la sola presencia de tales instrumentos internacionales supongan, pese, y prácticamente por decreto, que ya no existan violaciones a los derechos humanos en los diversos piases, lo que evi
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dentemente resulta falso, pero
independientemente de los discursos internos justificadores de las violaciones de los países que incurren en sus practicas, siempre resultan tales conductas como lesivas a los limites establecidos por la conciencia mundial, y esto, en si, representa un fundamento en la garantía de seguridad jurídica de todos los hombres.
VII SISTEMA PENALY CONTROL SOCIAL
En términos de lo expuesto, el sistema pernal forma parte del sistema del control social. Es necesario precisar, ahora, cual es el lugar que tiene el sistema penal dentro del control social y, sobre todo, cual es el contenido del así denominado sistema penal que nos permita conceptuarlo y entenderlo. El lugar que ocupa el sistema penal dentro del sistema de control social, no es único y tampoco es necesariamente el más relevante. Esta reflexión exige ser considerada dentro de la perspectiva interna de cada país, a la luz de su estructura jurídica política y de los objetivos reales del grupo en el poder. Lo mismo acontece con la otra forma del control social, tanto del formal como del informal. Como antes fue señalado, el sistema penal es, por definición, la parte el sistema del control social institucionalizado con discursos punitivo. Implica en consecuencia todo el conjunto de acciones y situaciones que van desde la creación misma de la ley penal y demás leyes demás leyes relacionadas con la justicia penal (leyes procesales, ejecutivas, orgánicas y las de responsabilidades de funcionarios como, asimismo, toda la secuela de acciones que transcurren desde que se tiene conocimiento de la comisión de un delito, hasta la fase en que el responsable cumple la pena impuesta, e incluso el momento posterior relacionado con las llamadas formas de preliberación en la ejecución, de la ordena condicional, de la libertad preparatoria y, también, las acciones relacionadas con la asistencia social del liberado
VIII. LOS SEGMENTOS DEL SISTEMA PENAL
Así, el sistema penal abarca desde la actividad de la policía en la prevención (policía Preventiva) y la investigación de delitos (policía judicial); la del ministerio publico, como órgano a cargo de la persecución de los delitos, en ejercicio de la acción penal; de los jueces, entendidos en sentido genérico como los órganos a cargo de la función de la administración e imparticion de justicia (jueces, magistrados, ministros); los órganos a cargo del sistema de la ejecución de las penas. También involucra a la actividad de los legisladores, en la medida en
que intervienen, precisamente, en el proceso de la formación de la ley penal, en representación de los miembros de la sociedad; en presencia del publico o miembros mismos de la comunidad, quienes precisamente, con su intervención e interés, son los que pueden determinar los cambio y ajustes de la dinámica del derecho exige, como también, con su presencia, son los que pueden determinar el avance del procedimiento y determinar la orientación de las políticas vinculadas con la justicia penal. Esta explicación acerca del sistema penal y contenido de base también para el entendimiento para lo así denominado “segmentos del sistema penal”, concepto por el cual se hace referencia precisamente a uno de los ámbitos en que se manifiesta el sistema penal o sistema de la justicia penal (policía, ministerio publico, tribunales, órgano de la ejecución, legisladores y publico) vinculados y analizando sus características especificas, como vía para entender mejor al manera en que funciona el sistema penal mismo. Se estudian, así, los discursos conforme a los cuales actúan cada uno de los segmentos, fundamentalmente los segmentos llamados básicos (policía, ministerio publico, tribunales, y sistema ejecutivo); las características de las personas que integran a cada uno , haciendo funcionar el sistema. Y, en relación con estos y otros factores, se entiende el estudio de su problemática y las propuestas de solución, como también el sistema penal mismo. Los discursos de los segmentos son diferentes entre si, el de la policía es en general moralista y moralizante. El del poder judicial es principalmente jurídico y garantizador; orientado al estricto análisis de la ley y, en el momento de la imposición, es retributivo en la línea de la pena, de la prevención general y especial orientada por la necesidad de la pena y por el discurso de la readaptación social como fin de la pena. El discurso del ministerio público es en parte garantizador y jurídico y en parte moralizante. El discurso de la ejecución es en de carácter terapéutico. El discurso de la ejecución es de carácter terapéutico.
El estudio de este ámbito, plantea como problema, la insufiente comunicaron entre los discursos y la acciones frecuentemente independientes entre si de cada uno de los segmentos, generando la “compartí mentalización” de los discursos, programas y acciones, que significan el sierre hacia dentro de los mismos, dificultando la necesaria intercomunicación, interrelación e interacción funcional entre ellos, para el logro mas eficaz en los objetivos del sistema penal. De aquí la necesidad de reconocer los aspectos positivos y negativos del funcionamiento de cada uno de segmentos, que permitan ofrecer, en su oportunidad, una mejor respuesta social y de mayor eficacia para el funcionamiento del sistema penal
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En este sentido, es frecuente escuchar los cuestionamientos al segmentó policial, en relación con la falta o insuficiente preparación de la misma y los fenómenos de desviación o de falta de conciencia acerca del ejercicio; el segmento judicial es principalmente cuestionado en relación con los elementos burocratizantes de sus procedimientos; el segmentó de la función penitenciaria aparece cuestionado en relación con la pena de prisión y su eficacia respecto de sus fines de readaptación social, con los problemas derivados de la reclusión y la despersonalización, en las desviaciones relacionadas con aspectos de violación a los derechos humanos, en relación a los elevados costos que exige su eficaz funcionamiento y los problemas de la sobrepoblación; o bien, en relación con la incorporación de otros mecanismos subsidiarios y substitutos, que a su vez, exigen de la infraestructura necesaria para su adecuado funcionamiento, al mismo tiempo que, exigen también de 1a reflexión serena acerca de su aplicación, tanto por los órganos de jurisdicción como los de la ejecución, en el sentido de que su aplicación indiscriminada o irreflexiva puede, a su vez, traducirse en puerta falsa a la impunidad. En fin, tales son las objeciones que prin cipalmente se plantean al sistema penal, los cuales, nos parece, están todos vinculados con aspectos del proceso de cultura, que implica el valor social y político de aquellos. ¿Qué es lo que la sociedad estima que debe ser el sistema penal? ¿Qué es la que espera de éste? y ¿Qué es lo que está dispuesta a hacer para lograrlo? , interrogantes que a su vez implican la conciencia de la función que tiene el sistema de la justicia, basada en la seguridad jurídica yen los objetivos de equilibrio, paz y orden social, como también el sistema de la seguridad pública. Aspectos, éstos, todos, en que necesariamente interviene toda la sociedad, tanto los gobernados como los gobernantes. En síntesis, para procurar la mejor atención de estos aspectos, es in- dispensable que se acorten los espacios entre los discursos de los diversos segmentos del sistema penal entre sí y, especialmente, que se acorten también las diferencias entre los discursos de cada uno y el discurso de realidad que los cuestiona, lo que debe ser entendido no como una mera
posición de crítica sino como el punto de partida crítico del interés social, que refleja la preocupación por el problema y que el interesen su solución, que, naturalmente, sólo puede estar en la respuesta social que conjuntamente ofrezcan gobernados y gobernantes, lo que implica el esfuerzo conjunto de ellos.
IX. DERECHO PENAL SISTEMA PENAL
El derecho penal o ley penal, en sentido amplio, a la vez que forma parte del sistema penal es, al mismo tiempo, la base normativa del pro
pio sistema penal. En este sentido, son conceptos que mutuamente se condicionan. El derecho penal se presenta como un conjunto de normas jurídico penales que son el espacio y el límite dentro del cual el sistema penal puede actuar. Entendido el derecho en forma amplia, aparece subsumido dentro de su concepto, no sólo el campo estricto de la ley penal, sino, asimismo, aquellas previsiones que caen en el terreno de lo administrativo penal, frecuentemente enunciadas como infracciones administrativas de poli-da y buen gobierno, cuya violación origina el arresto o la multa; como también la ejecución de medidas de tratamiento administrativo, que a su vez, significan otras formas de respuesta social, sin la necesidad de un procedimiento penal. Encuadran también en el mismo concepto, las acciones policiales o incluso, en circunstancias extraordinarias del ejército cuya ejecución pueden constituir acciones que caen en el campo que regularmente corresponde al ámbito penal. Al hacer referencia al ámbito de la ley penal debe cuidarse de no caer en el equívoco de creer que la sola creación de la ley, o bien su reforma, resuelve la conflictiva social que el propio Estado, con la promulgación de la nueva ley, evidentemente se muestra interesado en atender. La ley sólo fija el nuevo espacio social dentro del cual habrá de desplegar su acción el sistema penal en su conjunto. Esto permite entender también el contenido eminentemente programá- tico que tiene el derecho, ya que, en efecto, al crearse los nuevos tipos delictivos, señala el espacio social deseado, y de aquí su carácter progra- mático; como también ocurre, similarmente, en el ámbito de los procedimientos.
X. DERECHO PENAL Y LEY PENAL
Si el derecho penal, al que frecuentemente se alude con la expresión genérica de ley penal, implica la presencia de un conjunto de normas y de reglas jurídicas, es evidente que la diferencia entre tal concepto y el de la ley penal en sentido estricto, es que esta última, en términos generales,
hace referencia al concepto mismo de la disposición legal penal que contiene a la norma penal ya la punibilidad. Así, ley penal en sentido amplio es el conjunto de normas, en tanto que ley penal en sentido estricto es la disposición legal en sí, con su contenido de precepto y de sanción penal.
XI. LEY PENAL Y DELITO
Existe una estrecha relación entre la ley penal en sentido estricto y el delito, en tanto que, efectivamente, el delito surge como una cons-
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Traducción jurídica, a partir de su prevención legal en una norma jurídico penal. Naturalmente, a la vez, tal dispocision o tipo penal, no surge de la nada, o como minerva de a la cabeza de Zeus, si no que precisamente, obedece a la situación de conflicto social que a partir del interés social, genera la norma de cultura que a sus vez origina la norma jurídica al preparar el proceso de formación jurídica respectiva. Así, es el contenido social consistente en el interés de superar la situación de conflicto social lo que determina la ley penal y, consecuentemente, es esto lo que se constituye en el contenido social de la ley. En este orden de ideas, el delito será, precisamente la conducta que lesionar bienes jurídicos penalmente protegidos, viole por lo mismo la ley penal, en tanto que se constituya en una conducta típica, antijurídica y culpable, con lo que hace merecedor, al responsable, de una determinada sanción penal.
PRIMERA PARTE TEORIA GENERAL DE LA LEY PENAL
EL DERECHO PENAL CAPITULO I
IUS POENALE. LA NORMA. ASPECTOS GENERALES
SUMARIO: I. Denominación. II. Concepto del derecho penal. III .La norma penal. 1 El delito como construcción jurídica y como fenómeno factico social. a) consideraciones generales. b)el delito como fenómeno jurídico y factico. IV. Teoría de la norma penal. 1. concepto y evolución. 2. teoría monista de las normas. 3. teoría dualista de las normas. 4. la teoria pura del derecho. V. La estructura de la norma y la estructura del sistema jurídico penal. VI. Origen de la norma penal. 1. teoría del consenso. 2. teoría del disenso o conflicto.
I. DENOMINACION.
La materia que nos ocupa es el derecho penal. Tal denominación ha sido siempre la misma; ha variado en el tiempo, siendo evidentemente que aparece históricamente condicionada. En tiempo de los romanos fueron utilizadas las expresiones ius poenale y ius criminale que conoció aquel derecho, las que tambi8en fueron utilizadas en la Edad Media. Durante esta ultima etapa, el contenido del derecho penal estuvo fuertemente influenciado por la iglesia, lo que determino una relación estrecha entre los conceptos de delito-pena y pecado-penitencia. Un ejemplo claro es el de el derecho alemán, en donde para referir la mataría que nos ocupa se utilizaron sucesivamente las expresiones peinliche Rect.y criminal Rect., entendiendo, el primero, como un concepto de la pena estrechamente vinculada con la idea de la expiación, de fuerte contenido religioso y que durante largo tiempo significo el fundamento de la imposición; en tanto que por criminal Rect., se entendió un contenido mas amplio, haciendo referencia a las normas relativas al crimen o delito, involucrando al agente y a su consecuencia penal.
Con posterioridad al iluminismo europeo del siglo VVIII, el orden jurídico penal se incorpora en codificaciones sistematizadas y especificas para cada materia, lo que acontece sobre todo a partir del siglo XIX, observando como punto de partida a la legislación napoleónica, que en el ámbito penal, parte del código penal de 1810. En este a diferencia
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del concepto antiguo de “código”, conocido a partir del derecho romano y durante la Edad Media, donde se lo entendió fundamentalmente bajo la idea de compilación de leyes, que no necesariamente eran de la misma materia, el nuevo concepto de “código”, apareció entendido como ordenamiento integrado con normas de una misma rama jurídica, debidamente sistematizada de acuerdo con un objetivo, lo que ocurrió a la luz principalmente del racionalismo contractualita, con la tipificación de los delitos conminados con penas, que recogían el interés en el principio de legalidad que fue característico de este periodo histórico, fijando las bases para individualizar la responsabilidad penal de quienes hubieran podido participar en su comisión, con lo que, a la vez, se fijaron las bases para desarrollar la doctrina penal. A si mismo, en esta época se adopto como denominación de la materia aquella de derecho penal, denotando, con esto, la característica fundamental de esta rama jurídica, la pena, a diferencia de otras ramas jurídicas cuya coercibilidad implica la imposición de otras respuestas no `punitivas o penales y de sentido básicamente preparatorio. Posteriormente, con el crecimiento y desarrollo del positivismo naturalista, que en otra de sus manifestaciones refiere también una orientación biológica, antropológica y sociológica, a mediados del siglo XIX, con ella, la denominación derecho penal, sufrió su mas fuerte embate para sostener nuevamente la expresión derecho criminal frente a la naciente preocupación por el delincuente o criminal, en la medida en que el acento se pone en este ultimo, atendiendo a consideraciones antropológicas o sociológicas, que disminuyen el interés por la norma que prevé el delito, para traducirlo en el interés por el delincuente. Tal orientación favoreció el que se desarrollara el nombre de “derecho criminal” para sustituir al de “derecho penal”, y de que se hablara de la responsabilidad social y de las medidas de seguridad predelictivas y posdelictivas y que bajo el concepto de la “defensa social” se hablara también de un “derecho de defensa social” y hasta de un” derecho protector de los criminales” como en España lo hiciera Dorado Montero.
Superadas las manifestaciones del positivismo sociológico, con la misma corriente positivista se manifestó una nueva reorientación del interés hacia el estudio del derecho y así, hacia la norma, el delito y el sujeto responsable, si bien en una línea causal naturalista, obviamente de origen positivista, que recogió aportes de la tendencia precedente, con lo cual favoreció la expresión de “derecho penal”, que ha sido la que en general ha alcanzado una mayor aceptación por la doctrina penal; sin embargo, a la vez, también se mantuvo el interés defensita, que favoreció la denominación “derecho criminal”, por estimar que la expresión “criminal” permitía mas fácilmente le fenómeno social de la criminalidad y a la persona del criminal, esto fue sostenido sobre
todo por algunos de los seguidores de la “escuela de la defensa social”, tesis defendida de manera relevante en los foros internacionales, aun en tiempos posteriores, bien entrada y cercana la mitad del siglo XX. Esta orientación, conocida como escuela positivista, en su oportunidad tuvo importante influencia en la legislación penal de su tiempo, no pocos países, como ocurrió también en Latinoamérica y específicamente en México, no solo con el contenido fuertemente positivista del código penal de 1929, sino también, en diversas instituciones recogidas por la ley penal vigente de 1931. En síntesis se observa en general que en lo países de formación jurídica occidental europea se habla preferentemente de derecho penal. En Italia, de dirito penale; en los países del habla hispana de Europa y de Latinoamérica, de “derecho penal”; en Francia, de droit penale; en Alemania de strafrecht y penal Recht.; y solo en los países sajones de habla inglesa, se utiliza con mas frecuencia la expresión de criminal law, en lugar de penal law aun cuando también esta ultima es utilizada. Actualmente las diferencias en relación con la materia, aparecen mas en orden a las posiciones doctrinales sostenidas en su contenido que en relación a la denominación misma.
II. CONCEPTO DE DERECHO PENAL
El derecho penal puede ser entendido en sentido objetivo y en sentido subjetivo. En el primer caso, como derecho penal objetivo, se hace referencia al conjunto de normas que integran la legislación objetivamente considerada o ius poenale y que aparece conformando las respectivas leyes penales; son las normas y reglas jurídicas que previenen los delitos, establecen las bases para individualizar las penas a los responsables y fijan las penas y medidas de seguridad. Se entiende por derecho penal subjetivo la referencia a la ley penal desde la perspectiva del órgano donde emana; se hace alusión así, al ius puniendi del Estado o potestad punitiva del mismo. Uno y otros conceptos de derecho penal, en sentido objetivo y subjetivo, aparecen
interrelacionados y exigen ser explicados. El contenido de uno y otro son tema del presente y siguiente capítulos.
III. LA NORMA PENAL.
1. El delito como construcción jurídica social
y como fenómeno factico
El estudio del derecho penal exige el inicial entendimiento de lo que es
“delito” y lo que es la “pena” como su consecuencia jurídica penal.
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La conceptuación del delito y su contenido no ha sido uniforme. Al Transcurso del tiempo ha sido objeto de variadas interpretaciones que han correspondido a las características histórico culturales, determinadas dentro de las coordenadas de tiempo y espacio, relacionadas con variables económicas, sociales y políticas, a su vez, conformadas en consideraciones filosóficas y de avance científico que, en su momento, ha definido el concepto de derecho y, específicamente, del orden jurídico penal, como también del delito, cuanto contenido de los preceptos de aquel y también como fenómeno de la realidad social. Ello ha determinado la concepción del derecho la dinámica misma de la evolución de las ideas penales y su metodología. Esta diferencia en forma de entender y conceptualizar el delito, se hace aun mas patente en la época moderna, siguiente al siglo XIX, y durante el siglo XX, una vez que frente a la existencia de nuevas legislaciones penales nacionales conformadas bajo el nuevo mapa geopolítico europeo, y el desarrollo penal de la doctrina consecuente, siguiente a la concepción del estado de derecho en sentido moderno, el que, naturalmente recibe la presencia de las corrientes filosofías iluministas, del racionalismo, el jusnaturalismo, y el utilitarismo, después recoge y refleja también, el impacto cientificista del positivismo, que, con su ideología fundada en la experiencia, plantea un cambio, también, en el estudio del derecho penal, pronunciando un nuevo interés por el concepto del delito, en manera tal que su estudio, primero planteado en su perspectiva de estricto concepto jurídico, con previsión de la norma penal, cambia su concepción, para ser estudiado como fenómeno social, entendido en sentido naturalistico y factico, sea en sentido antropológico o sociológico, para después, en el posterior retorno de la doctrina penal al interés jurídico por la norma y su contenido, si bien con el impacto de la decisiva influencia positivista, que deviene en la concepción causal naturalista de la dogmática jurídica penal, recoge el interés por el estudio de la ley(teoría de la ley penal) y, también, por el estudio de su contenido
social, el delito,(teoría del delito). Esta concepción del delito trascenderá en los futuros modelos sistemáticos, según se reconoce en el causalismo valorativo y en el finalismo, como también en la orientación político criminal, cuyas raíces derivan también del positivismo jurídico. La excepción a esta línea de pensamiento se reconoce, acaso, en las posiciones mas extremas de la formula polarizada del formalismo lógico del derecho.
En síntesis esto lleva a observar que dentro del estudio del derecho penal, se planten dos conceptos en torno al “delito”, mismos que actualmente se manejan reconociendo su contenido social. Así, parten,
uno, del entendimiento del delito como fenómeno jurídico, que presenta dos vertientes, la primera , que concibe al delito solo a través de la presencia del precepto o tipo de la norma penal, estimando que, toda vez que el estudio del derecho se agota en la ley, es por tanto innecesaria y equívoca la referencia a la teoría del delito, siendo preferible, por tanto, el análisis unitario de la ley; y una segunda vertiente que, reconociendo la estructura normativa, a la vez, reconoce también el contenido social del derecho, y es en tal sentido que admite y procura el estudio de la teoría del delito. Para la segunda posición, si bien se admite el estudio analítico del delito, sin embargo, es improcedente el análisis de la conducta como un concepto “prejuridico”. Una segunda formula para esta segunda posición, en cambio, es frecuente que inicie el estudio de la teoría del delito precisamente apartar de la “conducta”, como el primer momento de análisis del delito, lo que sistemáticamente parece conceptuarla como un concepto “prejuridico” del delito que se delimita en el momento inmediato siguiente, con el análisis de la tipicidad, que precisamente limita la conducta dentro del marco de la ley penal. Sobre el particular, no parece que tiene que existir congruencia entre la concepción del delito, su ubicación sistemática y su metodología de estudio, sí reconocemos en el derecho un orden de relación social, de regulación de la conducta humana, precisamente por la vía jurídica, debemos concluir que su contenido es necesariamente la realidad social, y no tendría sentido su estudio por una vía metodologica que perdiera esta característica esencial del derecho. A la vez, es evidente que asta en tanto no exista una norma jurídica que le de vida, no puede existir el delito y, por lo mismo, es bordando sobre la base de estas dos consideraciones que debe ser conceptuado el delito. En este orden de ideas entendemos que el delito es una construcción jurídica, que tiene como origen una situación de conflicto en la realidad social que el Estado pretende evitar a través de la creación de la ley penal, lo que precisamente “tipifica” al delito, creándolo. A partir de esto, todas las nuevas situaciones de conflicto social, naturalmente
causadas por la conducta del hombre, serán constitutivas de “delito” si son atribuibles al tipo penal en cuestión, de aquí la importancia del estudio del derecho penal también a través de de la teoría del delito, que juntamente reconoce y recoge la relevancia de este contenido social del derecho penal, contrastando el contenido del “delito” en sentido naturalistico, con el concepto del “delito” en sentido normativo jurídico, afirmado con esto, un elemento garantizador de fundamental importancia para la seguridad jurídica. En este orden de ideas, a la vez que se reconoce la naturaleza jurídica del delito como su origen, se reconoce también su contenido social que lo explica y justifica, y en base a esto se fija la me
todología y sistemática de su estudio, en la teoría del delito, que preci- samente se desarrolla en relación con el concepto social y fáctico del mismo, a partir del estudio de la conducta típica.
b) El delito como fenómeno jurídico y fáctico El delito es una configuración jurídica. Es una construcción legal que nace y surge con la creación misma de la ley penal que, por lo mismo, no tiene una individualidad fáctica social propia. Basta tener presente, al res- pecto, que si prescindiéramos de la existencia de la ley, podríamos obser- var que ninguna relación guardan entre sí las diferentes conductas y hechos que la ley penal previene como delitos, salvo el hecho de que implican situaciones de conflicto social. En efecto, ninguna relación guarda entre sí el hecho de sustraer un objeto ajeno para alcanzar un beneficio económico (robo), con la violen- cia ejercida sobre una mujer para satisfacer un deseo erótico-sexual (vio- lación) o con la expedición de un cheque librado sin previsión de fondos para alcanzar un lucro indebido y causando un perjuicio económico a un tercero (fraude); o con las imprecaciones amenazantes lanzadas en un altercado entre vecinos (amenazas) o con el funcionamiento de una industria contaminante a sabiendas de que ello afecta la salud general de la población (delito ecológico) o con la alteración de precios para el pago de los alimentos (fraude), etcétera. En todos estos casos, hasta este momento el único denominador común es el hecho mismo de la situación de conflicto social que invariablemente se plantea. En cambio, los mismos aparecen socialmente uniformados como conductas consideradas contrarias al interés social que los califica como "delitos", a partir del momento en que son institucionalizados como tales por vía de su tipificación en la ley penal. con la amenaza de una pena, la cual será aplicada sólo mediante un proceso de verificación, previsto en leyes que emanan del órgano del Estado constitucionalmente reconocido para ello (legisladores) y en donde funcionarios públicos tienen la obligación de perseguirlos y resolver sobre su existencia y sobre la
responsabilidad de sus autores, bajo la amenaza de que, de no hacerla en los limites de lo legalmente previsto, podrán ser, a su vez, objeto de responsabilidad. Todo esto permite constatar que el delito es una configuración jurídica y no una realidad social individualizadle. En la realidad física y naturalística lo que existe son fenómenos físicos, únicamente vinculados por leyes físicas, regidas por el principio de la causalidad que mueve la mecánica física del mundo y en donde todo Efecto es producido por una causa. A su vez, lo "social", entendido como el ámbito de la realidad natural afectado por la presencia del hombre en su relación social con sus congéneres, en que se distingue el ser huma
no precisamente, por su conducta finalmente determinada, lo que existen son "fenómenos sociales", en los que invariablemente interviene el hombre en su ámbito de relación y comunicación social, lo que, a su vez, sólo puede manifestarse a través de conductas. En esa realidad social, en consecuencia, lo que se dan son comportamientos, es decir, conductas y resultados (causalmente producidos por conductas), que en el ámbito social se presentan como situaciones de conflicto social, que afectan a la vida de convivencia y que, por lo mismo, en aras del objetivo mismo de convivencia, exigen de su atención para controlar las y evitarlas. El Estado, en cuanto estructura jurídico política encargada de velar por lo necesario para asegurar la convivencia dentro de los rasgos de la relación social definida en la Constitución, no puede ordenar que los fenómenos físicos ocurran o dejen de acontecer, lo que sí puede hacer, en cambio, es regular la conducta de las personas que conviven e integran la misma sociedad, en manera tal que, a partir de la definición de la conducta socialmente deseada, vía la ley, que a su vez implica la definición de la conducta prohibida, se procure, por dicho medio, evitar los resultados no deseados, a la vez de inhibir las conductas generadora s de las situaciones de conflicto social. Los comportamientos que generan situaciones de conflicto son de diversa índole, sin que tengan entre sí más relación que la de plantearse como situaciones de conflicto que la sociedad debe de resolver. Así, para dar tales soluciones y garantizar la natural relación social que es necesaria para la convivencia. el derecho procura la regulación de la conducta humana y, atendiendo a la diversidad de esas situaciones de conflicto, plantea regulaciones que son, también de diferente especie. Los proble- mas derivados de la falta de pago de salarios o por incumplimiento en el trabajo será origen del derecho laboral; conflictos derivados del uso y tenencia del suelo será origen del derecho agrario; la dilucidación de conflictos concretos entre particulares y no como conflicto de una comu- nidad social dará origen al contenido de la regulación del derecho civil o mercantil; la fijación de los procedimientos de verificación dará origen al derecho procesal, etcétera. Lo mismo ocurre en el campo del derecho penal que, sin embargo. se ocupa de atender la regulación de aquellas conductas cuya normal regulación por otras vías jurídicas no aparecen suficientemente garantizadas, lo que naturalmente exige tal valoración a la luz de la relevancia de los bienes jurídicos protegidos y las características de la eficacia de su regulación.
En el ámbito del derecho penal este objetivo se logra precisamente a través de la previsión en la ley penal de las conductas consideradas
como delito (tipos penales), las que se plantean como obligatorias a partir de la amenaza de un castigo o respuesta social para el caso de su violación (coercibilidad de la norma, que en la semántica penal se iden- tifica con la punibilidad). Otras conductas, también generadoras de situaciones de conflicto, a su vez, si no son particularmente relevantes desde la perspectiva social. o bien, siéndolo, desde esta misma, se estima que no deben ser objeto de regulación por parte del derecho, las mismas naturalmente, quedarán como ámbitos específicos de la relación social del individuo, pero que no tienen relevancia jurídica penal o jurídica de otra clase. (Vgr.: las relaciones familiares internas pueden suponer eventualmente discusiones u otro tipo de respuestas que, sin embargo, no tienen relevancia jurídica, salvo que impliquen la violación a una norma específica sea del derecho familiar, civil, penal o cualesquiera otro). Por otra parte, por cuanto se refiere a la coercibilidad de la norma jurídica o, específicamente, a la punibilidad de la norma jurídica penal, se observa que la misma implica el sostén del contenido ético social del derecho, a la vez que representa, también, el factor especificante vincu- lante del orden normativo jurídico. La pena, así, en cuanto respuesta social del Estado frente a la lesión a bienes jurídicos y, consecuentemen- te, a la violación da la norma, es lo que determina la presencia del de- recho penal. En este sentido vale observar que, frente a las situaciones de conflicto que hacen nacer la norma jurídica, el Estado, en su posibilidad de respuesta, tiene diversas opciones: la reparatoria, la eliminatoria, la punitiva y la terapéutica. El derecho, en general. en su coercibilidad se rige por la respuesta reparatoria; sólo el derecho penal hace uso de la respuesta punitiva (pena), como también hace uso de otras, si bien de manera colateral. dentro del contexto de la respuesta penal. Por esto, el derecho penal se rige por el principio de intervención mínima. que significa que sólo debe tener cabida cuando no sean suficientes otras formas de regulación del orden jurídico.
IV. TEORíA DE LA NORMA PENAL
l. Concepto y evolución
En relación con el concepto de la norma dos han sido principalmente las
expresiones con las que con mayor frecuencia se ha utilizado. Lato sensu se entiende como toda regla de comportamiento, obligatoria o no; stricto sensu se entiende como regla de comportamiento que impone deberes o confiere obligaciones. El supuesto filosófico que contiene, radica en la libertad para determinar sus actos, en mane
ra tal que el imperativo de acatada se contiene en el "deber ser" que implica la misma.
Las normas pueden ser de diverso tipo. Entre éstaS, fundamentalmente se encuentran las normas morales, las religiosas, las de convención social Y las jurídicas.
Las características de las normas en general, son:
a) Bilateralidad o unilateralidad:
Bilateralidad. Cuando el contenido de la norma supone la imposición de "deberes", respecto de los cuales surgen facultades correlativas; o lo que es lo mismo, reconocen "derechos" que son correlativos de las "obligaciones" que generan. Unilateralidad. Cuando el contenido de la norma sólo genera obli- gaciones. b) Autonomía Y heteronimia:
Autonomía. Cuando su fuente es la voluntad de quien debe acatarla, es decir, es la norma que la persona dictada a sí misma. Heteronimia. Cuando su origen no está en la voluntad de la persona sujeta a ella, sino en la de un sujeto diverso, en otros términos, sufuente procede del exterior.
c) Externas e internas: Externas. Regulan la conducta contenido de carácter ético social.
Internas. Se orientan a regular la conducta interna observando en consecuencia un contenido ético moral.
d) Coercibilidad e incoercibilidad:
consecuentemente, su sanción procede aun en contra de la voluntad del obligado.
Incoercibles. La imposición proviene del exterior, y solo se efectúa de manera espontánea por la voluntad misma de obligado.
Al hacer referencia al concepto del derecho penal señalamos que el mismo puede ser entendido en sentido objetivo, en tanto referido a la existencia de un conjunto de normas integradas dentro de sistema normativo penal y, en sentido objetivo, en cuanto potestad punitiva del estado
Derecho penal, en sentido objetivo, es aquella parte del orden jurídico general que define el delito, previene las penas o medidas que le son aplicables y determina la base para individualizarlas en la persona que lo cometió, a partir de su responsabilidad.
Esto significa que el derecho penal en sentido objetivo, en cuanto sistema normativo, tiene un sentido eminentemente sistemático que supone la explicación coherente y racional de las reglas jurídicas referidas al delito, a la persona responsable y a las penas y medidas de seguridad. con un sentido de validez general. Punto de partida del contenido del derecho penal en este sentido objetivo es, por tanto, el entendimiento del concepto mismo de la norma. a partir de su estructura, lo que naturalmente lleva a la necesidad de analizar el contenido del precepto y de la sanción, como el contenido de la culpabilidad, a partir de la responsabilidad de la persona, en la inteligencia de que las penas no son aplicadas a los hechos sino a las personas. Es en función de estos conceptos que se debe de entender el derecho, conformado con las normas y las diversas reglas jurídicas que lo integran. El contenido preceptivo de la norma, dentro de la semántica específica del derecho penal aparece recogido en el concepto del "tipo". Esto lleva a observar que, obviamente, el concepto del tipo es un concepto medular de la teoría de la ley penal que, por tanto, encuentra allí su ubicación natural. A la vez, sin embargo, dado que su ámbito conceptual es el punto de partida para el estudio de la teoría del delito, convencionalmente, en la obra, se recoge el estudio específico de la "teoría del tipo" dentro del ámbito de la teoría de los presupuestos, como segmento inmediato que precede el estudio de los elementos del delito. En síntesis, el contenido del derecho, en cuanto orden normativo, debe de ser entendido en su función de ser un orden de relación social, a partir de la regulación de la conducta humana, que se explica y justifica en función de los fines de convivencia y coexistencia.
2. Teoría monisla de las normas
La teoría monista de las normas, conocida también como teoría de los imperativos, reconoce la característica fundamental de éstas, en función del carácter imperativo que las define. Entendiendo el orden jurídico como un orden de regulación de la conducta humana, la esencia de las normas aparece definida precisamente en esa regulación que señala el "deber ser" recogido en los mandatos y prohibiciones contenidos en ellas, precisando el deber de hacer algo o el
deber de abstenerse de hacerlo. Algunas normas "ordenan" una cierta conducta, lo que significa la obligación de la persona para hacer precisamente esa conducta y no
otra, dentro de las diversas opciones que la realidad social le presenta, de manera de que su libertad de ejercicio, aparece limitado en los términos del cumplimiento de la acción ordenada (Vgr.: se ,ordena auxiliar al atropellado; cuidar a los hijos; cuidar a los internos de una institución penitenciaria; etcétera). Otras, en cambio, que representan el grupo ma- yoritario de normas, observan un contenido que "prohíbe" la conducta incriminada, lo que se traduce en la posibilidad para el individuo de rea- lizar cualquier conducta que ,en el ejercicio de su libertad individual quiera realizar, excepto la que expresamente implica la prohibición jurí- dica penal (Vgr,: se prohíbe matar, robar, etcétera). En síntesis, para esta posición doctrinal. la característica fundamental del derecho es el carácter imperativo que supone el orden de regulación de la conducta humana; afirmación, sin embargo, que aparece precisada y delimitada por dos consideraciones:
a) El orden de regulación de conductas no es arbitrario. Existe y opera en función del objetivo último de la convivencia humana que. a su vez, se delimita en función de un objetivo inmediato, representado por la protección y salvaguarda de los bienes Jurídicos de los miembros de la comunidad social, como base de la seguridad jurídica, como principio fundamental de la convivencia. b) La afirmación del carácter imperativo de las normas no significa que se desconozca la presencia de otras reglas jurídicas que en sentido estricto no precisan mandatos o prohibiciones, sino que a las mismas se las reconoce v entiende dentro del contexto de las normas imperativas, como reglas que les son dependientes y a las que sirven en la interpre- tación y aplicación, razón por la cual su presencia sólo integra y conva- lida el contenido de las normas imperativas que. para esta teoría, son las únicas que conforman el universo normativo. Este orden de ideas naturalmente tendrá repercusión y relevancia en los modelos de sistematización jurídica de la dogmática penal. Así, una de las modernas orientaciones del derecho penal, recoge esta línea de pensamiento en la teoría de los elementos negativos del tipo.
3. Teoría dualista de las normas
Como en el caso de la teoría de monista, también la teoría dualista de las
normas parte del reconocimiento de la existencia de normas, en sentido estricto, entendiéndolas con su específico carácter normativo, del deber, que a su vez implica el contenido imperativo (preceptivo o prohibitivo) recogido en los mandatos o prohibiciones. A diferencia de aquélla, sin embargo, en lugar de entender al grupo restante de reglas jurídicas que conforman al derecho como un conjunto de disposiciones complementarias de las anteriores, las reconoce con un contenido que
supone una valoración específica de las mismas, que le es propia y que tiene su propio significado. Reconoce esta teoría, así, que el orden jurídico, en cuanto orden de rela- ción y significación social, se integra no sólo con la presencia de normas en sentido estricto, orientadas a la regulación de la conducta humana a través de los imperativos normativos dados en las prohibiciones o mandatos, sino que, asimismo, el derecho aparece integrado también por otra serie de reglas jurídicas que suponen valoraciones independientes y diversas de las anteriores (normas preceptúales), las cuales en el campo penal aparecen recogidas como reglas de permiso, con una valoración específica y diferente de la que implica el contenido de la valoración normativa de la prohibición. Con las reglas preceptivas se define la conducta social deseada; con las reglas permisivas se recoge la valoración que responde al ámbito del reconocimiento de los derechos de la persona, que encuentran sentido cuando frente a situaciones reales que suponen peligro de lesión a bienes jurídicos penalmente tutelados, el derecho permite a la persona actuar para su salvaguarda, legitimando su comportamiento. A la vez, el derecho contiene también otra serie de valoraciones, como son las que representan los bienes jurídicos, los cuales, de bienes existentes como entes de la realidad social, al ser recogidos por el dere- cho. De vienen bienes jurídicamente protegidos que suponen una valora- ción que, evidentemente, no es la misma que la que implica en sí. la prohibición de la norma, independientemente de la estrecha y conver- gente relación que entre ambas existe. A partir principalmente de Binding, la doctrina penal se ha perfilado mayoritariamente favorable a este orden de ideas, entendiendo que el análisis estratificado del delito, al estudiar la tipicidad (a partir de la conducta típica), la antijuridicidad y la culpabilidad, lo que hace es pro- curar un análisis más garantista, orientado a procurar la mayor precisión, armonía y uniformidad en la interpretación de la ley, para determinar la existencia del delito. Lo que creemos se explica. a su vez, por la naturaleza y jerarquía de los bienes jurídicos en juego en el derecho penal. La admisión del análisis estratificado en la dogmática jurídica de ninguna manera significa que se deje de reconocer que el delito es un todo único, que nace de una con atrucción jurídica y que sólo por razones de mayor garantía y seguridad jurídica es que aprovecha el análisis estratificado. En síntesis, para la teoría monista de las normas, en el orden jurídico, no existe más que lo que es conforme y lo que es contrario al derecho; lo que es delictivo y lo que no es delictivo. El punto crítico que
distingue una y otra situación se centra en la lesión al "bien jurídico" y en la violación al "deber ser" de la norma; lo que viola el deber ser esto contrario al derecho penal y, por lo mismo, es lo único relevante desde el punto de vista jurídico penal; en cambio, lo que no representa una específica violación al deber penal no guarda relación con el propio derecho penal y por tanto no tiene relevancia jurídico penal. Binding cuestionó seriamente tal afirmación al observar que dicha concepción dejaba fuera del orden jurídico todo lo vinculado con los derechos subjetivos y que si lo único relevante para el derecho son los "deberes" y no los "derechos", entonces no existe espacio jurídico para estos últimos.
Con posterioridad, Welzel, se ocuparía del mismo problema y, en respuesta a la teoría de los elementos negativos del tipo, observaría agudamente que entonces para tal teoría resulta lo mismo matar un hombre (en legítima defensa) que matar a un mosquito, lo que eviden- temente no puede ser lo mismo y no puede tener la misma significación jurídica; a esto, a su vez. Roxin, uno de los más relevantes sostenedores de dicha teoría, contestaría que desde el punto de vista estrictamente jurídico penal, la conducta de matar a un hombre en legítima defensa es irrelevante, al igual que cualquier conducta que no aparezca recogida en un tipo del código penal. En nuestra opinión una y otra observaciones dejan en claro el acierto de las diversas valoraciones que supone el derecho y específicamente el derecho penal. El derecho es un orden de valoración normativa. cuyo contenido implica no sólo una valoración única sino que es expresión y concreción de diversas valoraciones, que tienen cada una su propio senti- do y que, en su conjunto, se unen e integran en la afirmación general de ser el derecho un orden valorativo. De esta manera reconocemos las valoraciones que identifican el orden normativo penal. en sentido estricto, definiendo la conducta social deseada y, por otra parte, reconocemos también otras valoraciones reco- gidas por todo el orden jurídico general, que suponen el reconocimiento a los derechos de la persona y que aparecen identificados en las reglas permisivas que concretan las causas de justificación o legitimación. Así, tan juicio de valor es el que determina la antijuridicidad de la conducta típica, como el que la declara legitimada. y todavía existen otras valora- ciones más que supone el derecho, como lo son la que crea el bien jurí- dico protegido. Nos parece, así, que el derecho sí distingue, reconoce Y valora, que no es lo mismo matar a una persona en legítima defensa que matar a un insecto, o la realización de cualquier otro hecho que desde su inicio resul- ta ser irrelevante para el derecho penal. Al derecho, concretamente alderecho penal, sí le interesa la protección de ciertos bienes lo que hace
nacer el bien jurídico penalmente protegido, entre estos, la vida humana, de aquí su expreso interés en recoger el tipo de homicidio dentro del ámbito de la normatividad penal como expresión de la conducta que socialmente se rechaza, lo que genera la existencia del delito de homicidio con la amenaza de una pena para quien lo cometa. A la vez, por otra parte, el propio orden jurídico, en valoración del todo distinta a la anterior, que tiene su propio sentido, y cuyo ámbito es el de la an- tijuridicidad, recoge otras valoraciones que implican el reconocimiento a situaciones de la realidad social que suponen el ejercicio del derecho que tiene la persona para actuar de la manera en que lo hizo, razón por la cual, al estar reconocida por el mismo derecho, tal situación elimina el desvalor inicial de la antinormatividad que implica la tipicidad. En síntesis, cada ámbito de valoración del orden jurídico tiene su específica función que es independiente una de la otra, pero que se complementan en la conformación del derecho en cuanto orden no so- lamente de regulación de la conducta humana, sino, asimismo. Como orden de regulación de la relación social para la convivencia. Norma y ley. Es también Binding quien reflexiona acerca del contenido de la norma y su relación con la ley, cuando señala que si bien es cierto que las normas aparecen conformadas a partir del imperativo de prohibición o mandato que contienen, tal norma sin embargo, está más allá de la ley penal; esto es, la persona que viola la norma, más que in- fringir el texto de la ley penal, lo que hace es adecuar su conducta a lo previsto en la misma (Vgr.: el artículo 302 previene que homicidio es la privación de la vida de otro y el artículo 307 previene la penalidad co- rrespondiente), así, la persona que viola la norma del "no debes matar" que aparece ínsita en la ley penal, adecua su conducta a lo previsto en la ley penal, generando la posibilidad de aplicación de la sanción que la propia ley previene. Por otra parte, de la anterior exposición se observa que como nota común de las teorías monista y dualista, ambas entienden que una es la norma con su contenido preceptivo o prohibitivo y otra es la sanción, entendida como coercibilidad o punibilidad, conformando, ambas, el contenido imperativo del derecho, pero reconociendo la diferencia entre ellos, cada uno con su propia y específica función. Así, si tanto el contenido preceptivo de la norma como el contenido de su coercibilidad para darle fuerza vinculante, son relevantes para el orden jurídico y constituyen los componentes que lo caracterizan, a la vez, es incuestionable que las funciones de uno y otro, si bien interrelacionados, son diferentes, en la concepción misma del derecho, en cuanto orden de regulación social; de ahí que resulta diferente, si es entendido como un orden de relación social a partir de la regulación de la conducta humana para el objetivo de la convivencia, con los lími
tes que la propia ley fijó a la norma y a la pena o si bien es entendido, ese mismo derecho, como orden social sólo en función de la coercibilidad, como manifestación de la potestad punitiva del estado.
4. La teoría pura del derecho
Una orientación que guarda relación medular con el tema que nos ocupa y que ha tenido una gran relevancia en el estudio del orden jurídico desde la mitad del siglo xx ha sido la Teoría pura del derecho, introducida por Kelsen, en donde el autor refiere importantes observaciones que precisan el contenido del universo normativo, en orientación que se apunta con claridad desde su denominación misma, y en donde, a la vez, también se ocupa de la coercibilidad como característica definitoria de la norma de derecho a partir de la potestad soberana del Estado. Reconoce el autor que el contenido del orden jurídico es resultado de la imposición de deberes, de manera similar, en este aspecto, al contenido de la teoría de los imperativos. Al mismo tiempo, sin embargo, al reconocer que la imposición de tales deberes proviene de un acto de la voluntad soberana del Estado, da base a la interpretación de la teoría. en el sentido de trasladar el epicentro del orden jurídico, de la regulación de la conducta humana para la salvaguarda de los bienes jurídicos como base
de la seguridad jurídica para la convivencia, al ámbito de la potestad del Estado para imponer sanciones a quienes infringen las conductas ordenadas por el propio Estado, como característica fundamental del orden jurídico y, a su vez, como la base para la consecución de la seguridad jurídica para la convivencia, como fin del derecho. El riesgo de este orden de ideas es que tal interpretación del derecho puede desviar el interés natural del orden jurídico de un estado de derecho democrático, interesado en la salvaguarda de los bienes jurídicos de los miembros del grupo social como base de su seguridad jurídica, hacia una concepción distinta. que si bien puede seguir afirmando el objetivo de la seguridad jurídica, como también de otros fines, como los relacionados con el equilibrio social, la paz social, el orden público, sin embargo, de entenderlo a partir del primario interés del propio Estado para hacer respetar el cumplimiento de sus mandatos, en la idea de que no puede permitir que sean violadas sus normas sin la debida respuesta punitiva en aras de la salvaguarda de su autoridad soberana, es decir. del interés del Estado en la salvaguarda de sus propias decisiones que derivan de su potestad punitiva, como objetivo directo fundamental del derecho, en nuestra opinión implica el peligro de observar disminuido y postergado el interés de protección a los bienes jurídicos de los miembros de la comunidad social, base de su derecho democrático libe
ral. Con independencia de reconocer el acierto y la relevancia del con- tenido coercitivo del derecho que, naturalmente, no se puede perder, a riesgo de trastocar su naturaleza vinculante, que es el otro ámbito fun- damental que constata la fuerza de su vigencia y consecuente eficacia. En nuestra opinión, por esto, ambos aspectos exigen ser respetados y cumplidos, dentro de un equilibrio que no puede ser otro que el de las características del estado de derecho que definen a un país y que, en el caso de México, supone la presencia de un estado de derecho de- mocrático y liberal. A nuestro parecer, a partir de la ecuación "A debe ser B y si no es B será C", como base de la estructura lógico normativa, se afirma tanto la función de relación social y de regulación de la conducta del derecho, como también su característica de coercibilidad, que implica la potestad punitiva del Estado que, como tercero tiene a su cargo la expectativa punitiva. En síntesis, si bien es inobjetable la estructura lógica de la norma que se describe, el problema se presenta en el alcance equívoco que ofrece el desvío en su interpretación, cuando se trastoca el interés en la definición y regulación de la conducta social deseada para la salvaguarda de bienes jurídicos de las personas miembros de la sociedad, en que ejerce su vigencia y fuerza vinculante la ley, para sustituirla por el solo interés del Estado, en cuanto estructura del poder, en relación con su potestad punitiva, lo que lleva a confundir y trastocar el sentido de la ley, entendiendo su cumplimiento o incumplimiento por parte de la sociedad civil, sólo como el presupuesto para el ejercicio de la facultad punitiva del Estado, lo que naturalmente desnaturaliza el sentido del derecho y abre una puerta falsa a los autoritarismos. En resumen. a nuestro parecer, una y otra situaciones son relevantes y fundamentales. Los contenidos preceptivos o prohibitivos de la norma sólo se explican en función de la protección de los bienes jurídicos que salvaguardan el interés de los miembros de la comunidad como base fundamental de la convivencia. A la vez. es también fundamental el entendimiento y reconocimiento de la potestad punitiva como autoafir- mación del Estado, en cuanto estructura del poder legítimamente establecido y que, en el campo penal, se traduce tanto en la facultad legislativa para crear la ley penal (los tipos delictivos y las penas), como, también en la facultad para atender el proceso de verificación que determine la existencia del delito en los casos concretos e individualice a los responsables concretando su grado del reproche, para ejecutar las penas legalmente procedentes. Por esto, con razón, se afirma que la pena es autoafirmación y auto constatación simbólica del Estado.
Uno y otro conceptos son fundamentales y deben ser tomados en