Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2013-00432-de-noviembre-15-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_77c35196fb3d40ebb8e0e5eaccda8712&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-19 16:11:11
Document Index: 219007912

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 35', 'artículo 37', 'artículo 35', 'artículo 38', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 35', 'artículo 37', 'artículo 35', 'artículo 112', 'artículo 256', 'artículo 112', 'artículo 256', 'artículo 59', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 37', 'artículo 35', 'artículo 37', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 37', 'artículo 35', 'artículo 67', 'artículo 37', 'artículo 35', 'artículo 37', 'artículo 35']

﻿ SENTENCIA 2013-00432 DE NOVIEMBRE 15 DE 2017
SENTENCIA 2013-00432 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:ABOGADO ES SUSPENDIDO POR NO SUBSANAR UN TRÁMITE Y RETARDASE EN ENTREGA DE DOCUMENTOS. SE EXPLICA QUE ES SUSPENDIDO EL JURISTA DEL EJERCICIO PROFESIONAL A UN LITIGANTE POR LA COMISIÓN DE LAS FALTAS DESCRITAS EN EL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 37 Y EN EL NUMERAL 4° DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 1123 DEL 2007. LO ANTERIOR, YA QUE RESULTA CLARO QUE EL DESCUIDO Y LAS FALTAS EN QUE INCURRIÓ EL INVESTIGADO ESTÁN SUFICIENTEMENTE DEMOSTRADAS, YA QUE LA COMISIÓN DE LA FALTA A LA DEBIDA DILIGENCIA PROFESIONAL SE MATERIALIZÓ POR CUANTO PRESENTÓ UNA DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANTE UN JUZGADO SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES, ESTO ES, SIN ACREDITAR DENTRO DE ELLA QUE YA SE HABÍA SURTIDO EL TRÁMITE PREVIO Y OBLIGATORIO DE ALLEGAR COPIA DEL ACTA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, EL CUAL ES UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA DEMANDA INTERPUESTA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SANCIONES AL ABOGADO, ABOGADO, ACTUACIÓN DEL ABOGADO, DEBERES DEL ABOGADO, FUNCIONES DEL ABOGADO, ESTATUTO DEL ABOGADO, REQUISITOS DE PROCEDENCIA, SUSPENSIÓN DEL ABOGADO, FALTAS DEL ABOGADO, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO
Sentencia 2013-00432 de noviembre 15 de 2017
Radicación: 410011102000201300432 01
Aprobado según acta 98 de la misma fecha
Procede esta Superioridad a pronunciarse sobre el recurso de APELACIÓN, interpuesto contra la sentencia proferida el día 31 de agosto de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila(1), mediante la cual se sancionó con SUSPENSIÓN DE CUATRO (4) MESES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN al abogado WILMER MONTENEGRO VILLAREAL, tras hallarlo responsable de la comisión de las faltas disciplinarias descritas en el artículo 37 numeral 1º y artículo 35, numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, conductas cometidas en la modalidad de culpa la primera y a título de dolo la segunda.
El día 14 de marzo de 2013 la señora BLANCA ESTHER PERDOMO SUÁREZ, presentó queja contra el abogado WILMER MONTENEGRO VILLAREAL, a quien su señora madre MARÍA NIRZA SUÁREZ otorgó poder para reclamar el pago de los daños causados a esta última con ocasión de un accidente de tránsito.
Afirma la quejosa BLANCA ESTHER PERDOMO que desde el día 8 de agosto de 2012 su señora madre confirió el poder señalado y a la fecha y a pesar de habérsele pagado la suma de $ 150.000 no ha hecho nada y se ha limitado a pedirle unos poderes (3) y que ella como hija representante de su señora madre le ha pedido explicación, o la documentación y el dinero y él se ha limitado a insultarla vía telefónica (fl. 2, cdno. 1).
Una vez comprobada la calidad de abogado en ejercicio del doctor WILMER MONTENEGRO VILLAREAL, C.C. 7.725.468 y T.P. 175.030 del Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo al certificado 05502-2013 expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados, se dispuso abrir investigación disciplinaria en su contra según providencia de fecha 29 de abril de 2013 y se procedió a adelantar la siguiente actuación procesal y probatoria:
1. Audiencia de pruebas y calificación provisional.
El día 12 de febrero de 2014 se da inicio a la audiencia de pruebas y calificación provisional, en ella la quejosa señora BLANCA ESTHER PERDOMO reitera los hechos materia de la denuncia y se decreta la práctica de unas pruebas (fl. 41, cdno. 1).
El día 3 de junio de 2014 se continúa con la audiencia de pruebas y calificación provisional y en ella se dispone la práctica de unas pruebas, entre ellas se allega copia del auto de fecha 14 de febrero de 2013 proferido por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva - Huila, según el cual se inadmitió una demanda ordinaria de menor cuantía de responsabilidad civil extracontractual presentada por la señora NIRZA SUÁREZ por medio de apoderado contra ERWIN ALEXÁNDER RAMÍREZ GUIZA, por cuanto no se anexo a la demanda el acta de conciliación que ordena el artículo 38 de la Ley 640 de 2001 como requisito de prosedibilidad(sic) y se reconoce al doctor WILMER MONTENEGRO VILLAREAL como apoderado de la demandante (fl. 71).
El día 7 de mayo de 2015 se prosigue con la audiencia de pruebas y calificación provisional y se procede a formular pliego de cargos contra el abogado WILMER MONTENEGRO VILLAREAL por las faltas previstas en los artículos 37, numeral 1º y 35, numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, calificadas provisionalmente a título de culpa y dolo respectivamente (fl. 90).
Las faltas disciplinarias endilgadas se sustentaron en los siguientes hechos: la prevista en el 35, numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, por cuanto el disciplinado no devolvió a la quejosa los documentos y el dinero que recibió por cuenta del encargo profesional encomendado que finalmente resultó frustrado, esta falta fue calificada a título de dolo; la segunda falta fue la prevista en el artículo 37, numeral 1º, por cuanto el querellado faltó a la debida diligencia profesional al no realizar la gestión previa e indispensable consistente en agotar el requisito de la conciliación prejudicial para adjuntarlo a la demanda presentada en favor de la señora MARÍA NIRZA SUÁREZ, demanda que posteriormente fue rechazada precisamente por falta de esta condición previa, falta calificada a título de culpa.
2. Audiencia de alegatos de conclusión y juzgamiento.
El día 6 de agosto de 2015 se lleva a cabo la audiencia de alegatos de conclusión, en ella el defensor de oficio del disciplinado argumenta que su defendido sí ejecutó actuaciones en favor de la señora NIRZA SUÁREZ, como presentar la demanda de responsabilidad civil extra contractual ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva, que fue inadmitida por falta de agotamiento del requisito de conciliación previa, que además el disciplinado intentó la conciliación prejudicial ante un centro de conciliación de la Policía Nacional, por ser gratuito pero que a la postre no pudo llevarse a cabo por falta de competencia de dicho centro, indica que a la quejosa sí le devolvieron los documentos que entregó al abogado disciplinado y que su hija señora BLANCA ESTHER PERDOMO acepta que si los recibió a través de correo certificado, reitera que su defendido realizó gestiones diligentes para favorecer los intereses de la poderdante y que no se han afectado los derechos de la señora NIRZA SUÁREZ, concluyó solicitando que su representado sea absuelto de los cargos que se le endilgan (copia audio de la audiencia señalada).
La Sala Dual de instancia, mediante sentencia del día 31 de agosto de 2015, sancionó con SUSPENSIÓN DE CUATRO (4) MESES al abogado WILMER MONTENEGRO VILLARREAL, tras hallarlo responsable de la comisión de la falta a la debida diligencia profesional consagrada en el numeral 1º del artículo 37 y la falta a la honradez del abogado prevista en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, faltas calificadas la primera a título culpa y la segunda a título de dolo.
Una vez analizada la totalidad del acervo probatorio allegado al expediente y realizar el estudio pertinente, la Sala determinó con grado de certeza que el abogado investigado incurrió en las faltas señaladas por cuanto:
“Lo contenido en el expediente disciplinario resulta suficiente para endilgar la falta prevista en el artículo 37, numeral 1º de la Ley 1123 de 2007 denominada falta al deber de diligencia profesional, descuidando de esta manera el proceso de responsabilidad civil extra contractual, pues basta que se pruebe la existencia del poder, y que el abogado no cumpla con sus deberes profesionales al no cumplir con la carga procesal que se le imponía, pues no agotó el requisito de procedibilidad previo a presentar la demanda y si bien intento corregir su indiligencia, lo hizo igualmente de manera errada a una entidad no competente, no pudiendo entonces subsanar.
Ahora bien, respecto de la falta del artículo 35, numeral 4º, ibídem, que señala que constituyen faltas a la honradez del abogado:
“no entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional o demorar la comunicación de este recibo” (resaltado fuera de texto).
Por cuanto se ha señalado, aparece en el expediente adelantado por el Juzgado Octavo Civil Municipal que se entregó la demanda y sus anexos al togado dado que aparece una firma con número de cédula 7.725.468 y T.P. 175.030 en el vuelto a folio 72, que corresponde a los números de identificación del abogado WILMER MONTENEGRO VILLARREAL, conforme la constancia del juzgado que fue el litigante el que retiro los documentos y aun se configura, toda vez que no se ha probado la entrega de los documentos a su poderdante y sin dar información de la suerte de los mismos pese a los requerimientos que le hizo la demandante.
Notificada la sentencia a las partes, el disciplinado presentó en términos el recurso de alzada, razón, por la cual al tenor de lo preceptuado en el parágrafo 1º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, el expediente fue remitido a esta superioridad.
Los argumentos sobre los cuales se fundamentó el recurso interpuesto son:
Es cierto que recibió poder de la quejosa y se acordó presentar la demanda de responsabilidad civil extracontractual por el accidente que sufrió la señora MARÍA NIRZA SUÁREZ y recibió la suma de $ 150.000 como abono a los honorarios.
La demanda fue inadmitida por falta del acta de conciliación prejudicial, y por ello acudió al centro de conciliación de la Policía Nacional porque allí prestan ese servicio de manera gratuita.
La señora BLANCA ESTHER PERDOMO SUÁREZ se molestó y le dijo que le devolviera los documentos y el dinero a lo que él se negó pues considera que si realizó las gestiones que estuvieron a su alcance y el proceso no pudo continuarse por causa atribuible a la contratante.
En vista de lo anterior, él decidió terminar unilateralmente el contrato de servicios profesionales haciendo entrega de los documentos que soportaron la demanda.
Finalmente el apoderado del inculpado doctor EDUARDO RÍOS JOVEL sustenta el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, apoyando su argumentación en la “falta de legitimación por activa de la señora BLANCA ESTHER PERDOMO”, pues según su entender “la quejosa no es la afectada ni tiene interés dentro de la queja”.
Conforme a las atribuciones conferidas en el artículo 256 numeral 3º de la Constitución Política; artículo 112 numeral 4º y parágrafo 1º de este mismo artículo de la Ley 270 de 1996, artículo 256 numeral 3º de la Constitución Política de Colombia y artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, esta colegiatura es competente para resolver las impugnaciones y grado de consulta que procedan contra las providencias proferidas por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura existentes en el país.
Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.
Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.
Se entra a decidir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia sancionatoria proferida el día 31 de agosto de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, mediante la cual se sancionó con SUSPENSIÓN DE CUATRO (4) MESES al abogado WILMER MONTENEGRO VILLARREAL, tras hallarlo responsable de la comisión de las faltas a la debida diligencia profesional consagrada en el numeral 1º del artículo 37 y artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa.
Para el presente caso en estudio, de acuerdo con las pruebas recaudadas por el a quo se pudo concluir que el disciplinado aceptó el poder que le fuera conferido por la señora MARÍA NIRZA SUÁREZ, para que presentara demanda de responsabilidad civil extra contractual con ocasión de los daños y perjuicios que le fueron causados en un accidente de tránsito, encargo que el profesional del derecho ejecutó en un comienzo con la presentación de la demanda respectiva ante el Juez Octavo Civil Municipal de Neiva y que fue inadmitida según auto de fecha 14 de febrero de 2013 por no reunir el requisito de proseguibilidad(sic) y referido al trámite previo de la conciliación prejudicial.
Una vez se ha verificado por parte de esta Sala la génesis y cronología de los hechos que motivaron la presente queja, se tiene certeza de lo siguiente:
• El día 14 de marzo de 2013 la señora BLANCA ESTHER PERDOMO formula denuncia disciplinaria contra el abogado WILMER MONTENEGRO VILLAREAL pues según afirma en día 8 de agosto de 2012 su señora madre MARÍA NIRZA SUÁREZ otorgó poder al denunciado con el fin de efectuar una reclamación en favor de su madre y referida a los daños causados a esta última con ocasión de un accidente de tránsito.
• A folio 5 del expediente reposa copia del poder señalado anteriormente y en el cual se evidencia que el encargo profesional consistía en la presentación de una demanda ordinaria de responsabilidad civil extra contractual contra el señor ERWIN ALEXÁNDER RAMÍREZ GUIZA.
• A folio 6 aparece copia de dos recibos por la suma de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000), dinero que fue entregado al abogado disciplinado por parte de la señora BLANCA ESTHER PERDOMO SUÁREZ.
• A folio 44 costa un oficio de fecha 28 de agosto de 2013 suscrito por el abogado WILMER MONTENEGRO VILLARREAL, dirigido a las señoras MARÍA NIRZA SUÁREZ Y BLANCA ESTHER PERDOMO SUÁREZ en el cual les informa sobre la terminación unilateral de la prestación de servicios de abogado por cuanto ellas no le han hecho entrega del acta de la conciliación prejudicial lo cual el abogado interpreta como desinterés.
• A folio 71 figura copia del auto proferido por el Juzgado Octavo Civil de Neiva de fecha 14 de febrero de 2013 y en el cual consta que la demanda interpuesta por el abogado WILMER MONTENEGRO VILLARREAL, en contra del señor ERWIN ALEXÁNDER RAMÍREZ GUIZA fue inadmitida por falta del acta de conciliación prejudicial, necesaria para dar trámite a la demanda.
• A folio 72 obra constancia secretarial del 19 de marzo de 2013 en la cual se informa que vencido el término legal para subsanar la demanda la parte demandante no lo hizo.
• Al respaldo del folio 72 y con fecha 22 de marzo de 2013 consta la firma del abogado WILMER MONTENEGRO VILLARREAL, como prueba del retiro de la demanda y sus anexos.
• A folio 115 se encuentra un recibo de envió de correspondencia, guía 900005058003 del 27 de agosto de 2013 en el cual el abogado disciplinado WILMER MONTENEGRO VILLARREAL a través de correo certificado devuelve a las señoras MARÍA NIRZA SUÁREZ Y BLANCA ESTHER PERDOMO SUÁREZ unos documentos.
De los hechos anteriores, resulta claro que el descuido y faltas en que incurrió el investigado WILMER MONTENEGRO VILLARREAL están suficientemente demostradas: la comisión de la falta a la debida diligencia profesional consagrada en el numeral 1º del artículo 37, se materializó por cuanto del disciplinado presentó una demanda de responsabilidad civil ante el Juzgado octavo Civil Municipal de Neiva sin el lleno de los requisitos legales, esto es sin acreditar dentro de ella que ya se había surtido el trámite previo y obligatorio de allegar copia del acta de conciliación prejudicial, ya que éste es un requisito de procedibilidad de la demanda interpuesta, y es precisamente la falta de esta formalidad “habilitante” lo que motivó al señor Juez Octavo Civil Municipal de Neiva a inadmitir la demanda y a ordenar que fuera subsanada, cosa que no hizo el disciplinado.
Posteriormente el denunciado acude ante un centro de conciliación que no es competente para conocer del asunto materia de los hechos de la demanda, ante lo cual afirma que él había tramitado otros asuntos allá, pero que por organización interna de dicho centro de conciliación de la Policía Nacional le respondieron que no eran competentes por el asunto materia de conciliación.
Respecto de la falta prevista en el artículo 35.4 de la Ley 1123 de 2007 y atribuida a título de culpa, es evidente que el togado retiró la demanda y sus anexos el día 22 de marzo de 2013 (fl. 72 vlto.) y obra al expediente el comprobante de envió de tales documentos a la quejosa, según guía 900005058003 del 27 de agosto de 2013, quiere decir lo anterior que entre la fecha de retiro de los documentos señalados y su devolución a la denunciante transcurrieron cinco (5) meses, sin que exista una justificación para tal demora, lo cual necesariamente lo hace incurso en la falta prevista en el artículo 35, numeral 4º que prevé:
“Constituyen faltas a la honradez del abogado. Numeral 4º. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional o demorar la comunicación de este recibo” (resaltado fuera de texto).
Hechas las anteriores precisiones, corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado WILMER MONTENEGRO VILLARREAL y por su apoderado doctor EDUARDO RÍOS JOVEL, para lo cual se efectuará un pronunciamiento por separado ya que los argumentos de uno y otro son diferentes.
Respecto a los argumentos del recurso de alzada esgrimidos por el disciplinado, esta Sala observa que algunas de sus afirmaciones corresponden a reiteración de hechos que ya son conocidos dentro del expediente y sobre ellas no hay la menor duda o discusión por lo cual procederá a pronunciarse sobre aquellas que controvierten el fallo proferido en primera instancia, así:
1. Que es cierto que recibió poder de la quejosa y que se acordó presentar la demanda de responsabilidad civil extracontractual por el accidente que sufrió la señora MARÍA NIRZA SUÁREZ y que recibió por ello la suma de $ 150.000. Esta afirmación corresponde a una realidad demostrada en el expediente.
2. Que presentada la demanda fue inadmitida por falta del acta de conciliación prejudicial, que él acudió al centro de conciliación de la Policía Nacional porque allí prestan ese servicio de manera gratuita y que dentro de otro proceso sí fue posible hacer dicha conciliación en este centro. Este hecho igualmente se encuentra acreditado dentro del expediente y sobre él, esta Sala reprocha la falta de previsión y diligencia por cuanto lo pertinente era allegar conjuntamente con la demanda interpuesta el acta que acreditara el cumplimiento del agotamiento de la conciliación prejudicial y no pretender allegarla dentro del término concedido para subsanar la demanda que fue inadmitida por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva por cuanto esto riñe con los deberes de diligencia, cuidado y previsión que regulan el ejercicio de la profesión de abogado, pues difícilmente se podrá elevar una solicitud de realización de una conciliación prejudicial, notificar a la contra parte y llevarla a cabo dentro del término de cinco (5) días que el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva otorgó para el efecto y que a la postre el disciplinado no logró cumplir, porque se reitera debió surtirse primero el requisito de procedibilidad exigido para la demanda.
3. Que la señora BLANCA ESTHER PERDOMO SUÁREZ se molestó por lo anterior y le dijo que le devolviera los documentos y el dinero recibido a lo que él se negó pues considera que si realizó las gestiones que estuvieron a su alcance y que las demoras no eran atribuibles a él.
Sobre esta afirmación, la Sala encuentra que el hecho de que el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva inadmitiera la demanda y que además no la subsanara, es un hecho que compromete su responsabilidad como abogado, sin que pueda esgrimirse como excusa la actitud de “molestia” que asumió su clienta.
4. Que en vista de lo anterior, él decidió terminar unilateralmente el contrato de servicios profesionales haciendo entrega de los documentos que soportaron la demanda.
Sobre estas afirmaciones debe decirse que corresponden a hechos demostrados, sin embargo la entrega o devolución de los documentos a la denunciante se efectuó cinco (5) meses después de que fueran retirados por el denunciado del Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva, lapso de tiempo que demuestra una demora injustificada y no corresponde con un actuar diligente.
5. Que no comprende porqué se le reprocha y sanciona cuando el proceso no pudo continuarse por causa atribuible a la contratante.
De lo extensamente probado dentro del presente proceso disciplinario se evidencia que el reproche que se hace al togado por la falta prevista en el artículo 37, numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, es coherente y concordante con los hechos que se encuentran plenamente probados como son presentar una demanda sin el lleno de los requisitos legales, no proceder a subsanarla según lo ordenado por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva, no prever oportunamente la diligencia de conciliación prejudicial requerida ante un centro competente y respecto al reproche que se le hace sobre la falta disciplinaria contenida en el artículo 35 numeral 4º, resulta patente que se refiere a la demora injustificada en hacer entrega o devolución a su poderdante de los documentos que le fueron entregados con ocasión de la gestión profesional que le fue encomendada.
De otra parte, el apoderado del inculpado doctor EDUARDO RÍOS JOVEL sustenta el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, apoyando su argumentación en la “falta de legitimación por activa de la señora BLANCA ESTHER PERDOMO”, pues según su entender “la quejosa no es la afectada ni tiene interés dentro de la queja”, sobre este argumento la Sala manifiesta que no está llamado a prosperar de acuerdo a lo normado en el artículo 67 de la Ley 1123 de 2007 que establece:
“Formas de iniciar la actuación disciplinaria. La actuación disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también mediante queja presentada por cualquier persona” (resaltado fuera de texto).
Lo anterior lleva a esta Sala a concluir que efectivamente el abogado inculpado doctor WILMER MONTENEGRO VILLAREAL se encuentra incurso en las faltas disciplinarias por las que fue indagado y sancionado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, esto es las consagradas en el numeral 1º del artículo 37 y artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa la primera y a título de dolo la segunda.
En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de atribuciones constitucionales y legales,
1. CONFIRMAR la sentencia proferida el día 31 de agosto de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, mediante la cual se sancionó con SUSPENSIÓN DE CUATRO (4) MESES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN al abogado WILMER MONTENEGRO VILLAREAL, tras hallarlo responsable de la comisión de las faltas disciplinarias descritas en el artículo 37 numeral 1º y artículo 35, numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, conductas cometidas en la modalidad de culpa la primera y a título de dolo la segunda.
2. Por secretaría judicial comuníquese al disciplinado, el defensor de oficio y a la quejosa en los términos establecidos en la Ley 1123 de 2007.
Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Presidente—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—Julia Emma Garzón de Gómez—María Lourdes Hernández Mindiola.
1 Sala Dual, M.P. Dra. Floralba Poveda Villalba y Teresa Helena Muñoz de Castro.