Source: http://joaquinmejiarivera.blogspot.com/2016/
Timestamp: 2017-07-27 22:46:38
Document Index: 272506821

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 310', 'artículo 328', 'artículo 349', 'artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 374', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 272']

ABOGADOS POR LOS DERECHOS HUMANOS : 2016
Entre el 28 de noviembre y el 7
de diciembre de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
celebró su 159º Período Ordinario de Sesiones en Panamá, durante la cual celebró
37 audiencias públicas y 32 reuniones de trabajo sobre medidas cautelares y
soluciones amistosas. En ellas participaron varias organizaciones hondureñas de
forma individual, o aglutinadas en la Coalición contra la Impunidad.
Sobre Honduras se realizaron 3
audiencias públicas sobre la situación de los pueblos indígenas y el derecho a la
consulta, sobre la situación de la justicia y las personas defensoras de
derechos humanos, y sobre el seguimiento del mecanismo de protección de las
En relación con la situación de los pueblos
indígenas y el derecho a la consulta, se denunció (a) la criminalización y
judicialización que viven en las comunidades indígenas y las personas
defensoras del derecho a la consulta previa; y (b) la pretensión estatal de privatizar
y concesionar los ríos de sus territorios para crear proyectos mineros,
hidroeléctricos, eólicos, entre otros. Con respecto a la situación de la justicia y las
personas defensoras de derechos humanos, se denunció que Honduras sigue siendo
el país más peligroso de la región para quienes defienden los derechos humanos,
quienes continúan siendo criminalizadas, estigmatizadas y difamadas por parte
de altas autoridades del país.
En relación con la audiencia de seguimiento del
mecanismo de protección de las personas defensoras, se reconoció que la
aprobación de la ley de protección fue un paso importante, sin embargo, el
mecanismo no ha significado una disminución de los atentados y amenazas que
siguen sufriendo ni un avance en la investigación de los casos, y sigue
faltando una participación efectiva de la sociedad civil.
Frente a todo ello, la CIDH le recordó al Estado
hondureño la importancia del derecho a la consulta a la luz del Convenio 169 y según
los estándares interamericanos desarrollados por ella y por la Corte
La CIDH también ratificó su preocupación por la situación de las
personas defensoras, “instó al Estado a hacer un reconocimiento público de su
labor y su contribución al fortalecimiento de la democracia”, resaltó la
necesidad de un mecanismo fuerte y eficaz de protección, e hizo un llamado a superar
“la falta de participación de sociedad civil y la falta de transparencia de la
los últimos 8 años Honduras ha vivido 3 graves crisis constitucionales. La
primera fue en el 2009 cuando se dio un golpe de Estado cuyas consecuencias
siguen teniendo un impacto trágico sobre la vigencia de los derechos humanos y
segunda fue en diciembre de 2012 cuando el Congreso Nacional presidido por Juan
Orlando Hernández destituyó ilegalmente a 4 de los 5 magistrados de la Sala de
lo Constitucional pese a no tener la competencia y poderes para ello, y en
clara violación de los principios de separación de poderes y de independencia judicial.
la tercera la estamos viviendo actualmente debido a que el presidente Hernández
y su partido pretenden inscribir su candidatura presidencial sobre la base de
una cuestionada sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró
inaplicable la cláusula pétrea que prohíbe la reelección.
duda alguna las primeras dos crisis constituyen graves rompimientos del orden
constitucional y hasta la fecha, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos no han tomado las acciones de defensa de la
Constitución que les corresponden ni han realizado investigaciones serias y
efectivas que permitan sancionar a los responsables.
tercera crisis constitucional trae consigo nuevos desafíos y oportunidades para
estas 3 instituciones y para el Tribunal Supremo Electoral de cara a demostrar
si están sometidas al poder ejecutivo o si todavía tienen un mínimo de decencia
y respeto por la legalidad. Señor
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, ¿qué
espera para pronunciarse sobre la ilegalidad de la reelección? Usted como
defensor del pueblo debería estar al frente de quienes denuncian la flagrante
violación de los derechos políticos del pueblo hondureño a través de la
suplantación de la soberanía popular.
presidente de la Corte Suprema de Justicia, abogado Rolando Argueta, ¿qué
espera para dejar a un lado las formalidades y aclarar la cuestionada sentencia
que presuntamente permite la reelección? Usted
no puede alegar que esa resolución es algo que hizo la otra Corte porque usted
preside a un poder del Estado que es unitario y por tanto, por responsabilidad
y sentido institucional debe ratificar que el tribunal supremo no tiene la
atribución de reformar la Constitución, mucho menos modificar un artículo
pétreo que solo puede cambiar el poder constituyente.
Señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ustedes
tienen el deber de no inscribir la candidatura ilegal del presidente Hernández
porque se está suplantando el poder del pueblo y porque además se encuentra
impedido por el artículo 4 constitucional que establece la obligatoriedad de la
alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.
Fiscal General, Óscar Chinchilla, usted tiene la obligación de investigar a
todas aquellas personas y funcionarios que suplanten la soberanía popular, y acusarlos por la comisión de los delitos de traición a la patria, contra la forma de
gobierno por alteración del orden legítimo de suceder a la presidencia y de
abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios y
todos ustedes no hacen nada para impedir la ilegal e ilegítima intención continuista
del señor Hernández, serán también cómplices de una nueva ruptura del orden constitucional con
su consecuente profundización de la crisis política que venimos arrastrando
Ministro Roberto Ordóñez, señores empresarios progreseños, señor alcalde
Alexander López, ¿por qué son tan necios y no quieren entender que el derecho a
la libertad de circulación es un derecho fundamental reconocido en la
Constitución de la República y en varios tratados internacionales de derechos
humanos ratificados por Honduras?
son tan necios y no comprenden que este derecho es tan fundamental que de
acuerdo con la propia Sala de lo Constitucional forma parte de nuestro bloque
de constitucionalidad que le da validez al resto de las normas? ¿Por qué
son tan necios no quieren ver que lo anterior significa que una concesión de
carretera no puede limitar la libertad de circulación a través del cobro de un
peaje porque viola abiertamente la Constitución y los tratados que están en una
escala jerárquica superior?
son tan necios y no entienden que la autorización del cobro de peaje implica el
hecho de circular por una carretera privada construida íntegramente por una
empresa privada y no por una carretera pública construida por el Estado como
parte de su obligación?
son tan necios y no comprenden que el cobro del peaje solo es permisible si
existe una vía alterna para que las personas tengamos la elección de pagar por
un camino privado que es mejor y más rápido que por el que obligatoriamente el Estado debe
poner a nuestra disposición?
son tan necios y se escudan en supuestas futuras obras de desarrollo y de
mantenimiento de carreteras si ya pagamos un elevado impuesto cada vez que
compramos combustibles y que se presume suficiente para tales fines sin
necesidad del cobro de peaje?
Señor Ministro Roberto
Ordóñez, señores empresarios progreseños, señor alcalde Alexander López, la
ciudadanía sabe que el derecho y la razón nos asiste al oponernos a la
ilegalidad del cobro del peaje, y parafraseando a Silvio Rodríguez les decimos
que no nos vengan a convidar a arrepentirnos, a que no perdamos y a
indefinirnos porque cada vez que un carro se acerca a la tranca y no paga, es
una hermosa muestra de resistencia pacífica, de soberanía y de necedad
a la información pública es un derecho humano universal y constituye una
herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía y para el ejercicio
informado de otros derechos. A través
del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se puede proteger
derechos y prevenir abusos de parte del Estado, y luchar contra males tan
terribles para la democracia como la corrupción, la impunidad y el autoritarismo.
es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que una
sociedad que no está bien informada no es plenamente libre
y por tanto, una ciudadanía poco informada no es lo suficientemente crítica,
responsable y participativa.
sentido, uno de los aspectos que distingue a un régimen autoritario de uno
democrático es que el primero hace del secreto de la información estatal la
regla general, mientras que el segundo hace de la publicidad de la misma la
La aprobación en enero de 2014 de la Ley
para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y
Defensa Nacional, conocida como “Ley de Secretos Oficiales”, deja claro qué
tipo de régimen es el que se ha instaurado en Honduras. Mediante esta ley se clasifica la
información en ultra secreta, secreta, confidencial y reservada, y se faculta a
clasificarla así hasta por 25 años al Presidente de la República, al Consejo
Nacional de Defensa y Seguridad, a los ministros, gerentes y directores de entidades
descentralizadas del Estado, respectivamente.
Además, se pueden imponer sanciones por
divulgar información clasificada sobre seguridad y defensa, y se limita
gravemente las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública. Sin
duda alguna, esta ley es una verdadera “Ley Anti Transparencia y Pro
Con esta ley el Estado hondureño viola
abiertamente sus obligaciones internacionales en materia de transparencia,
lucha contra la corrupción y derechos humanos, y al colocar un manto de
secretividad y oscurantismo sobre la información pública demuestra que pese a
las formalidades de la democracia representativa, nos encontramos ante un
CARTA PÚBLICA DE
LA COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA FISCAL DEL MINISTERIO
PÚBLICO, KERY JOHANA MONTALVÁN ACOSTA, ANTE LA CRISIS EN LA UNIVERSIDAD
Abog. Keiry
Johana Montalván Acosta
Abog. Josué
Abog. Óscar
contra la Impunidad nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra
profunda preocupación y repudio por la presentación de cargos y solicitud de
órdenes de captura contra 50 estudiantes de la Universidad Nacional de
Agricultura (UNA), por suponerlos responsables del presunto delito de detención
de suelo o espacio de uso o dominio público propiedad del Estado de Honduras[1].
el marco de las protestas estudiantiles en la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, nos alarma que el Ministerio Público demostró una vez más
que cuando se trata de perseguir los graves casos de corrupción y de
violaciones a derechos humanos que nos han impactado como sociedad, sus
fiscales invocan el principio de inocencia y observan rigurosamente el
principio de estricta legalidad penal, pero cuando se trata de sancionar la
protesta social interpretan y aplican las leyes sin considerar las obligaciones
internacionales del Estado derivadas de los tratados de derechos humanos,
e ignoran su obligación de interpretar y aplicar la ley de la manera que
más proteja y garantice los derechos de la población.
Le recordamos a
Keiry Johana Montalván Acosta que
de acuerdo con el artículo 15 constitucional, la jurisprudencia internacional
es de obligatorio cumplimiento, lo cual fue ratificado por la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien incluso fue mucho más
allá al señalar que no solo son vinculantes las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en las que el Estado hondureño es parte en
el litigio, sino también aquellas en las que no lo es, ya que pueden ser
“relacionadas y desarrolladas pertinentemente como derecho vinculante […]”[2].
el Ministerio Público tiene la obligación de interpretar los derechos humanos
de la manera que más los favorezca[3] y
para ello debe conocer y aplicar los estándares internacionales para cumplir
con su obligación de respetarlos y garantizarlos. Por ello, frente a las
acciones de protesta del estudiantado universitario de la UNA, la Fiscal
Keiry Johana Montalván Acosta está
obligada a partir de una premisa elemental: La criminalización de la protesta
social es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen
el derecho de manifestar su opinión y en donde la protesta y la movilización
social son herramientas de petición a la autoridad pública y canales de
denuncias públicas sobre abusos a los derechos humanos[4]. Le recordamos a
Keiry Johana Montalván Acosta que acuerdo con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, es inadmisible la invocación de
normas penales que convierten en actos criminales la simple participación
en una protesta, la toma de calles, plazas, predios o espacios universitarios
“o los actos de desorden que en realidad, en sí mismos, no afectan bienes como
la vida o la libertad de las personas”[5]. Si bien la
protesta social distorsiona la rutina del funcionamiento cotidiano de la
comunidad y puede llegar a afectar el ejercicio de otros derechos que también
merecen de la protección del Estado, al momento de hacer un balance entre esos
otros derechos y el derecho de reunión y manifestación pública, “corresponde
tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más
sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda
la estructura democrática”[6]. Sin duda, la protesta
de las actividades universitarias, “pero esto no puede justificar el
tratamiento penal de las conductas”[7].
Señora Fiscal,
aunque es permisible para usted actuar cuando se dan actos de protesta que son
violentos, usted debe tomar en cuenta dos cuestiones fundamentales. En primer
lugar, la presencia de disrupciones accidentales o la mera presencia de
unos pocos agitadores durante una manifestación no la convierten en una
manifestación violenta[8]; y en segundo lugar, los
actos violentos en el marco de la protesta social deben estar
estrictamente definidos por la ley y “operar de conformidad con criterios de
proporcionalidad y bajo la premisa de que lo que puede ser objeto de reproche
penal es el uso de la violencia, no el acto de protestar. Además, es preciso
que la respuesta penal sea proporcional a la entidad del derecho afectado
porque, de lo contrario, se genera una criminalización ilegítima de la
protesta”[9].
Por tanto, usted
como representante de los intereses de la sociedad, debe evitar presentar
requerimientos fiscales en los que se suelen imputar delitos que están
tipificados de una forma amplia o ambigua, contrarios al principio de
legalidad, o se basan en tipos penales que son contrarios a los compromisos
internacionales en materia de protección de los derechos humanos que ha asumido
el Estado hondureño. Como abogada y
fiscal usted debe saber que el principio de estricta legalidad exige que “los
tipos penales estén formulados sin ambigüedades, en términos estrictos,
precisos e inequívocos, que definan con claridad las conductas penalizadas como
delitos sancionables, estableciendo con precisión cuáles son sus elementos y
los factores que les distinguen de otros comportamientos que no constituyen
delitos sancionables o son sancionables bajo otras figuras penales”[10].
llamado público para que usted, Fiscal Keiry Johana Montalván Acosta,
comprenda que la utilización de la denuncia penal para enfrentar las protestas
estudiantiles en la UNA resulta sumamente grave en una sociedad democrática, ya
que la invocación de normas que convierten en actos criminales este tipo de
acciones colectivas de exigencia de derechos, es incompatible con las
obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
el resto de funcionarios y funcionarias del Ministerio Público tienen la
obligación de incorporar en sus razonamientos los estándares internacionales
señalados que claramente establecen que la utilización de sanciones penales no
encuentra justificación alguna ni constituye el medio menos lesivo para
restringir la libertad de expresión ejercida a través de la protesta social[11].
que puede hacer el Ministerio Público a la solución de este tipo de conflictos
es extremar los medios de reducción del derecho penal y la contención del poder
punitivo, “reservándolo sólo para situaciones muy extremas de violencia
intolerable y para quienes sólo aprovechan la ocasión de la protesta para
cometer delitos”[12],
tal y como ha sucedido con la agresión sufrida por el estudiantado cuando fue
atacado por personal de la UNA con un vehículo tractor que puso en peligro la
vida e integridad de varios estudiantes.
Fiscales y Fiscal General de la República, estas acciones del Ministerio
Público solo minan la credibilidad de su autoridad y socava la confianza
pública en la correcta administración de justicia. Por ello, la Coalición
contra la Impunidad le exige al Ministerio Público lo siguiente:
1. Cumplir con la legalidad a la luz de los estándares
2. Revocar inmediatamente la decisión de presentar cargos contra el
estudiantado de la UNA que ejerce su derecho a la libertad de expresión,
reunión y asociación, y manifestación pública y pacífica dentro de los límites
constitucionales y convencionales.
3. Investigar y presentar los requerimientos fiscales respectivos
contra aquellas personas que han atentado contra la vida e integridad de los y
las estudiantes de la UNA.
conducta de la Fiscal Keiry Johana Montalván Acosta, cuyas actuaciones
son contrarias a las obligaciones estatales derivadas de los tratados de
derechos humanos y pueden generar la responsabilidad internacional del Estado.
Cc. Oficina del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras
Cc. Embajadas
acreditadas en Honduras
Cc. Comisión Interamericana
[1] Expediente # 137-2016 del Juzgado de Letras
Seccional de Catacamas, Olancho.
[2] Sentencia de la Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia del Recurso de Inconstitucional vía Acción
RI-1343-2014 acumulada con el RI-0243-2015, considerando 20.
[4] Relatoría para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Libertad de expresión en las Américas. Los
cinco primeros informes de la Relatoría para la Libertad de
Expresión, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José,
Costa Rica, 2003, pp. 244-245.
[5] Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
2008. Vol. II: “Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión”.
Capítulo IV, párr. 29 y 70. La cita textual corresponde al párr. 29.
[6] Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Informe sobre seguridad
ciudadana y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, 31 diciembre
2009, párr. 198.
[7] UPRIMNY, Rodrigo y SÁNCHEZ DUQUE, Luz
[8] Corte Europea de Derechos Humanos, Stankov and the United Macedonian
Organisation Ilinden vs. Bulgaria, 2 de octubre de 2001.
[9] UPRIMNY, Rodrigo y SÁNCHEZ DUQUE, Luz
María, “Derecho penal y protesta social”…op.
Humanos, Caso Castillo Petruzzi y
otros vs. Perú, Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Fondo, reparaciones y
costas), párr. 121; Íd., Caso Usón
Ramírez vs. Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas,
Sentencia de 20 de noviembre de 2009, párr. 55.
[11] Relatoría para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Libertad de expresión en las Américas… op. cit., pp. 247-248.
[12] UPRIMNY, Rodrigo y SÁNCHEZ DUQUE, Luz
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad
en Honduras (MACCIH) llegó al país en un ambiente de desconfianza por parte de
un amplio sector de la ciudadanía, particularmente de la que exigía en las
calles un órgano con facultades similares a las de la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala. La MACCIH se instaló con los objetivos de colaborar
activamente con las instituciones encargadas de prevenir, investigar y
sancionar la corrupción, y proponer reformas legales e institucionales dentro
del Sistema de Justicia y contribuir a fortalecer los mecanismos de rendición
De acuerdo con el convenio firmado, el Estado de
Honduras está obligado a garantizar que la MACCIH tenga libertad de movimiento
y acceso en el territorio sin restricciones, asegurar la supervisión y
colaboración activa con las autoridades en las diligencias de investigar casos,
y garantizar pleno acceso a la información que guarde relación con una
investigación, en posesión de civiles o militares.
Seis meses después, la MACCIH aún no ha realizado
alguna acción contundente que permita a la ciudadanía pensar que pese a las
limitaciones de sus facultades, puede ser un elemento fundamental para la lucha
Lo que sí hemos visto es la respuesta agresiva del
gobierno, específicamente del presidente Juan Orlando Hernández y del
presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva, quienes han dejado claro que
la MACCIH es un órgano extranjero que no tiene derecho a intervenir en los
asuntos internos del país. En concreto, el gobierno le ha dado tres bofetadas. Primero, sobre el nuevo Código Penal ha hecho caso
omiso a las recomendaciones de la MACCIH al omitir establecer los tipos penales
sobre corrupción de acuerdo con los estándares internacionales, permitir poco
rigor respecto a las penas privativas de libertad en los delitos de corrupción
y consentir la aplicación de beneficios para quienes sean condenados por tal
Segundo, sobre la nueva Ley de Política Limpia, el
Congreso reformó el artículo acerca de la creación de la Unidad de
Transparencia que de acuerdo con la propuesta de la MACCIH debía ser dirigida
por una persona y no por tres como finalmente quedó, y cuya elección estará
fuertemente controlada por los poderes dentro del gobierno.
Tercero, sobre la elección del Tribunal Superior de
Cuentas, no se tomó en cuenta las recomendaciones de la MACCIH relativas a la
garantía de autonomía e independencia y no se conocieron los criterios de selección
ni las calificaciones asignadas a las personas postulantes.
Frente a esta situación, ¿qué hará la MACCIH? Lo que está claro es que
está siendo exhibida por el gobierno como un organismo débil y provocando mayor
La declaración de inaplicabilidad
de la prohibición de la reelección por parte de la Sala de lo Constitucional
plantea dos desafíos históricos para el Fiscal General Óscar Chinchilla.
Primero, la reelección todavía no
está permitida porque su prohibición está contenida en un artículo pétreo que
opera contra los poderes constituidos y cuya reforma únicamente corresponde al
pueblo como poder constituyente.
Por tanto, mientras el pueblo
hondureño no se manifieste al respecto, la reelección está en suspenso y en
consecuencia, las intenciones de Juan Orlando Hernández de optar nuevamente a
la presidencia y su posible inscripción constituye un delito de traición a la
patria por suplantación de la soberanía popular, tal como lo estable el
artículo 2 constitucional.
Segundo, el artículo 4 de la
Constitución que establece la obligatoriedad de la alternabilidad en el
ejercicio de la presidencia, no fue declarado inaplicable por la Sala de lo Constitucional, solamente su último párrafo que establece que su infracción constituye delito de traición a la patria.
Este principio de alternabilidad obliga a que la persona titular de la
Presidencia de la República cambie periódicamente y prohíbe a quien ostenta actualmente ese cargo, ejercerlo por
otro período consecutivo sin mediar el intervalo de un período.
Por tanto, ni siquiera admitiendo
que la reelección es lícita el señor Juan Orlando Hernández podría inscribirse
como candidato a la presidencia pues tiene que esperar al menos a que pase un
Si el partido Nacional y el
Tribunal Supremo Electoral deciden inscribir su candidatura, incurrirán en
varios delitos contenidos en el Código Penal. En primer lugar, en el delito de
traición a la patria que de acuerdo al artículo 310-A se sanciona con reclusión
En segundo lugar, en un delito
contra la forma de gobierno establecido en el artículo 328 y que sanciona con
reclusión de 6 a 12 años a quienes alteren el orden legítimo de suceder a la presidencia.
Y en tercer lugar, en un delito de
abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios determinado
en el artículo 349 y que sanciona con reclusión de 3 a 6 años al funcionario o
empleado público que dicte o ejecute sentencias o resoluciones contrarias a la
Constitución o se abstenga de cumplir lo dispuesto en ella.
De acuerdo con el artículo 25 del
Código Procesal Penal, el ejercicio de la acción pública en este tipo de
delitos le corresponde al Ministerio Público, quien puede proceder de oficio. Por tanto, ante la ilegalidad de
las intenciones continuistas de Juan Orlando Hernández, el Ministerio Público debe de
iniciar de oficio el procedimiento criminal respectivo en contra de quienes
incurran en los delitos mencionados en relación con la reelección.
Señor Fiscal General Óscar
Chinchilla, esta es una oportunidad histórica para que usted le demuestre a la
sociedad hondureña que pese a su cuestionado nombramiento, el Ministerio
Público que usted rectora, en esta ocasión representará y defenderá los
intereses generales de la sociedad y no los de un aprendiz de dictador.
1. A manera de
El 12 de Marzo de 1923 los 5 Estados centroamericanos
-Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica- adoptaron un Tratado
General de Paz y Amistad con el fin de continuar con las buenas relaciones
entre ellos y establecer las más sólidas bases para la existencia de un
escenario de paz en el istmo. En virtud de este tratado, los Estados
centroamericanos se comprometieron a cumplir 3 principios fundamentales para el
fortalecimiento y la defensa común de la consolidación democrática en la
En primer lugar, considerar una amenaza para la paz
regional todo acto, disposición o medida que altere el orden democrático, ya
sea que proceda de algún poder público o de particulares, y no reconocer a
gobiernos de ninguna de las 5 repúblicas que surjan de un golpe de Estado. En
segundo lugar, inhabilitar para las altas magistraturas del Estado a los
líderes de una ruptura del orden constitucional. Y en tercer lugar, mantener en
las Constituciones nacionales el principio de no reelección del Presidente y
Vicepresidente de la República, y promover la respectiva reforma constitucional
para prohibirla en caso que estuviera permitida al momento de adoptar el
Tratado General. A
la luz de lo anterior y debido al largo periodo de gobiernos autoritarios y
golpes de Estado que provocaron una profunda inestabilidad política, la proscripción de la
reelección se constituyó en un elemento esencial de nuestra forma de gobierno,
a tal punto que fue establecida en una cláusula pétrea en nuestra Constitución
nacional con el fin de blindarla y evitar que fuera modificada incluso por el procedimiento especial que requeriría el voto
de 86 diputados y diputadas, y su ratificación en la subsiguiente legislatura.
2. La reelección a la luz
de las normas interamericanas
Como ya lo señalamos, las normas deben adaptarse
a los cambios políticos y sociales, y los Estados tienen un margen para establecer el ejercicio de los derechos
políticos conforme a los estándares universalmente aceptados. En este sentido,
la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha señalado que los derechos políticos tienen dos aspectos claramente
Por un lado, el derecho
al ejercicio directo del poder y por otro, el derecho a elegir a quienes deben
ejercerlo. Ambos aspectos suponen una concepción amplia de la democracia
representativa que descansa en la soberanía del pueblo, en la que las funciones
a través de las cuales se ejerce el poder público son desempeñadas por personas
escogidas en elecciones libres y auténticas. Estos aspectos están
íntimamente ligados entre sí y representan la expresión de las dimensiones
individual y social de la participación política. La primera supone que las ciudadanas
y ciudadanos pueden postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que
pueden ocupar cargos públicos si logran obtener la necesaria cantidad de votos;
y la segunda implica que pueden elegir libremente y en condiciones de igualdad
a quienes les representarán. La dimensión individual
está vinculada con el principio de universalidad en el sentido de asegurar la
participación política de todas las personas facultadas para hacerlo, teniendo
en cuenta que es posible establecer ciertas limitaciones o exclusiones, tales como las mencionadas en el
numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es
decir, edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad
civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. No obstante, hay que
recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia sobre
el caso Castañeda Gutman concluyó que “no es posible aplicar al sistema electoral que se
establezca en un Estado solamente las limitaciones del párrafo 2 del artículo 23
de la Convención Americana”. En otras palabras, el derecho a ser elegido puede
ser limitado por razones distintas a las ya mencionadas en dicha disposición,
siempre y cuando no implique una restricción indebida a los derechos políticos.
Sala de lo Constitucional declaró la inaplicabilidad del artículo
constitucional que prohíbe la reelección presidencial argumentando que restringe,
disminuye y tergiversa los derechos reconocidos en los tratados internacionales
de derechos humanos como la Convención Americana. Sin embargo, la pregunta
que la Sala debía responder no era si la Convención Americana limita o permite por
sí misma y de manera expresa un supuesto derecho a la reelección, sino si este
instrumento interamericano admite restricciones a los derechos contenidos en
él, entre ellos, el de ser reelegido.
Para admitir una
restricción al derecho a ser elegido mediante la prohibición de la reelección,
se requiere la aplicación de un “test tripartito” que analice su legalidad,
legitimidad y necesidad. De esta manera, para que la prohibición de la
reelección sea admisible y no se preste para una aplicación abusiva, es
necesario que (a) esté definida en forma
precisa y clara a través de una ley formal y material, (b) esté orientada al logro
de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana y (c) sea
necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que
se buscan, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida e idónea para
lograr el objetivo imperioso que pretende lograr.
Convención Americana no
impone un sistema electoral determinado ni una modalidad específica para el
ejercicio de los derechos a votar y ser electo. Las normas interamericanas
establecen lineamientos generales que determinan un contenido mínimo de los
derechos políticos y permiten a los Estados que dentro de esos parámetros
regulen tales derechos de acuerdo con sus necesidades históricas, políticas,
sociales y culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra, e incluso
en una misma sociedad, en distintos momentos históricos. A la luz de todo lo
anterior es posible sostener que la prohibición de la reelección aprueba sin
problemas el “test tripartito”.
ignorar que las normas deben adecuarse a los cambios políticos y sociales, y
Estado goza de soberanía para configurar los derechos políticos conforme a
diversas causas sociales e históricas, y bajo ciertos principios universalmente
aceptables. En este sentido, bajo el prisma de la Convención Americana un
Estado podría permitir o prohibir la reelección sin incurrir en una restricción
indebida al derecho a ser electo.
consecuencia, la prohibición o no de la
reelección no es el problema de fondo, el problema es que es un asunto que debe
ser debatido en un amplio espacio democrático de participación directa, ya que
su modificación o eliminación fue reservada exclusivamente por la Constitución
al poder constituyente, es decir, al pueblo hondureño, el único sujeto político
legítimamente facultado para reformar aquellos principios incluidos en
cláusulas pétreas por ser considerados fundamentales.
3. Prohibición de reelección, cláusulas pétreas y
La Constitución hondureña tiene las
características de una norma fundamental rígida, ya que (a) es escrita, (b) está protegida o
garantizada contra la legislación ordinaria, en el sentido de que las normas constitucionales
no pueden ser derogadas o modificadas si no es mediante un procedimiento
especial de revisión constitucional mucho más complejo que el procedimiento de
formación de leyes y (c) contiene principios constitucionales que no pueden ser
modificados en modo alguno. Estos principios están contenidos en cláusulas
pétreas que, de acuerdo con el artículo 374 constitucional, no pueden ser
modificadas en ningún caso.
Uno de los principios establecidos en las cláusulas
pétreas es la prohibición de la reelección presidencial (art. 239), no obstante,
dichas cláusulas no están dirigidas al poder constituyente
que es soberano, sino a los poderes constituidos, quienes en el ejercicio de
sus facultades de reforma parcial de la Constitución pueden modificar cualquiera
de sus disposiciones, menos las consagradas en tales artículos. Por tanto, las
cláusulas pétreas operan contra los poderes constituidos y no contra el pueblo
en el ejercicio del poder constituyente, ya que es el titular de la soberanía
establecida en el artículo 2 de la Constitución de la República y el único
facultado para realizar este tipo de reformas.
Por esta razón, la propia Sala de
lo Constitucional reconoció en su sentencia que “no tiene la atribución de
reformar la Constitución” y por tanto, aunque no tuvo la decencia de plantearlo
expresamente, nadie puede ignorar que la prohibición de la reelección está
contenida en un artículo pétreo que ni el Congreso Nacional ni el Poder Ejecutivo
ni la Corte Suprema de Justicia pueden anular. La razón es simple, tales
instituciones son poderes constituidos que emanan de la soberanía popular y no
tienen la facultad de reformar las cláusulas pétreas que operan contra ellos
para evitar que se transformen en poder constituyente.
La inclusión de la prohibición de
la reelección en una cláusula pétrea refleja que es uno de los principios
supremos y sustanciales de nuestra Constitución y por su importancia fueron
sustraídos de la competencia y la facultad reformadora de los poderes constituidos.
En consecuencia, es absolutamente ilegal que dos poderes constituidos,
es decir, la Sala de lo Constitucional con sus 5 magistrados y magistradas, y
el Congreso Nacional con los 55 diputados y diputadas que votaron en contra del
plebiscito para consultarle al pueblo hondureño sobre la reelección, puedan
reformar la cláusula pétrea que la prohíbe. De hacerlo, implicaría suplantar la
soberanía popular que reside en los más de 4 millones de hondureños y
hondureñas habilitados para votar y que son los únicos legitimados como
titulares del poder constituyente.
4. Reelección y alternabilidad en el ejercicio de la
El último párrafo del artículo 4 de
la Constitución establece que “[l]a alternabilidad en el ejercicio de la
Presidencia de la República es obligatoria”. De acuerdo con la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, la alternabilidad
“procura que exista una rotación en el poder” y según el Diccionario de Derecho
Constitucional emitido por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la
alternabilidad implica que “las personas deben turnarse sucesivamente en los
cargos, o que los cargos deben desempeñarse por turnos”.
En otras palabras y en caso que
aceptáramos la permisión de la reelección únicamente si así lo decidiera el
titular del poder constituyente, el principio de alternabilidad obliga a que la persona titular de la Presidencia
de la República cambie periódicamente y prohíbe a quien ostenta actualmente ese cargo, ejercerlo por
otro período consecutivo sin mediar el intervalo de un período. En palabras del
Dr. Edmundo Orellana que analiza el tema en un artículo que publicó para el más
reciente número de la Revista Envío-Honduras, “por este principio no podría
admitirse la reelección sucesiva o continua, aunque no sea prohibida la
Corte Suprema de Justicia de Honduras en ningún momento discutió o declaró
inaplicable la parte del artículo 4 constitucional que establece el principio de alternabilidad y en consecuencia, siguiendo al Dr.
Orellana, “[a]unque aceptáramos el absurdo de que la sentencia de marras
es legal, tendríamos que convenir, entonces, que el único que no puede
postularse como candidato a Presidente, es el actual Presidente, porque se lo
impide el principio de la ‘alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia’”.
Si el Tribunal Supremo Electoral
decide inscribir la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández, se
violentaría nuevamente la Constitución y los responsables incurrirían en un
grave delito de suplantación de la soberanía popular, de abuso de autoridad y
de traición a la patria, que el Ministerio Público tiene la obligación de
perseguir de oficio.
La actuación del Ministerio Público
puede ser fundamental para poner un alto a los abusos de quienes se consideran
por encima de la Constitución y para evitar que las Fuerzas Armadas,
principales aliados del presidente, asuman la defensa de la alternabilidad en
el ejercicio de la presidencia, tal y como lo establece el artículo 272
constitucional. La participación de los militares como supuestos guardianes de
nuestra democracia tendría nuevamente graves implicaciones para la
institucionalidad democrática pues como lo señala Víctor Meza, su intervención
y participación en la vida política nacional ha “sido una permanente pesadilla en la historia
política contemporánea del país”.
Por más que los mercaderes de la
ley al servicio del actual régimen intenten argumentar la supuesta legalidad de
la reelección de Juan Orlando Hernández, es imposible que puedan encontrar
justificaciones éticas y jurídicas para negar que la inscripción de su candidatura
provocaría una nueva ruptura del orden constitucional.
Lo que está claro es que tienen altos niveles de cinismo e hipocresía,
ya que por considerar ilegal la reelección dieron un golpe de Estado en el 2009
con nefastas consecuencias para la institucionalidad democrática y los derechos
humanos, y ahora la defienden con dogmatismo, y le niegan y arrebatan al pueblo
hondureño su facultad constituyente de modificar o no el artículo pétreo de la
prohibición de la reelección presidencial.