Source: https://de.scribd.com/document/386104046/Restablecimiento-de-Victimas
Timestamp: 2020-08-08 00:48:54
Document Index: 162758926

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 44', 'artículo 27', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'artículo 3', 'artículo 23', 'artículo 3', 'artículo 24', 'artículo 3', 'artículo 187', 'artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 185', 'artículo 3', 'artículo 139', 'artículo 135', 'artículo 194', 'artículo 141', 'artículo 222', 'artículo 151']

Restablecimiento de Victimas | Salud mental | Violación
Restablecimiento de Victimas
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Informeee Campaña de Salud Mental Cuculí 1 (1)
7.- Salud Mental en El Peru
La atención psicosocial a personas víctimas del conflicto armado.pdf
Capitulo Zamora Et Al
Planteamiento de Metas- Grupo61
Factores Comunitarios en Salud Mental
Ensayo .Salud Mental
Psiquiatría Infanto Juvenil (1)
Se entiende por restablecimiento de los derechos de las personas menores de edad, la restauración de su dignidad e integridad como sujetos titulares de los mismos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que les han sido vulnerados.
La Autoridad Administrativa, ordenará a las entidades respectivas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, a través de las medidas de restablecimiento de derechos consagradas para tal fin, las actuaciones que deban ser adelantadas y los términos en que debe darse su cumplimiento.
Ley 1448 de 2011, artículo 35, parágrafo 2: “En cada una de las entidades públicas en las que se brinde atención y/o asistencia a víctimas, se dispondrá de personal capacitado en atención de víctimas de violencia sexual y género, que asesore y asista a las víctimas.
MEDIDAS DE REPARACION: Principios de integralidad y proporcionalidad
Las medidas de reparación, según la jurisprudencia constitucional deben regirse por dos principios; el de integralidad y el de proporcionalidad: (i) El principio de integralidad, supone que las víctimas sean sujetos de reparaciones de diferente naturaleza, que respondan a los distintos tipos de afectación que hayan sufrido, lo cual implica que estas diferentes reparaciones no son excluyentes ni exclusivas, pues cada una de ellas obedece a objetivos de reparación distintos e insustituibles. (ii) Por su parte, sobre el principio de proporcionalidad, se aduce que la reparación a las víctimas debe estar en consonancia con la altura del impacto de las violaciones de los Derechos Humanos. Una reparación, debe tener en cuenta el restablecimiento de los derechos de las víctimas, la mejora de sus condiciones de vida, asimismo, la investigación y juzgamiento de los autores de las conductas punibles, de lo contrario dicha medida perdería su eficacia y sentido.
DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS:
Incluye medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD MENTAL: Concepto y alcance
La salud mental es reconocida en la actualidad como una necesidad prioritaria teniendo en cuenta su afectación a gran escala en la población mundial. En este
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sentido, el derecho fundamental a la salud debe interpretarse en un sentido amplio e integral, en tanto comprende afecciones físicas, psíquicas, emocionales y sociales, pues todos estos aspectos contribuyen a configurar una vida de calidad e inciden fuertemente en el desarrollo integral del ser humano. Por lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que “la salud constitucionalmente no hace referencia únicamente a la integridad física sino que comprende, necesariamente, todos aquellos componentes propios del bienestar psicológico, mental y psicosomático de la persona”.
Deben brindarse programas diferenciados según las condiciones de la patología, en virtud de los cuales si no se requiere una terapia psiquiátrica al interior de una institución, el paciente ha de ser integrado nuevamente a su contexto social y familiar.
EL DERECHO A LA SALUD MENTAL FRENTE A GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS:
Los actos de violencia conllevan consecuencias psicopatológicas, no solo a nivel individual, sino también colectivo que dependen de diversos factores individuales, económicos y temporales.
Daños individuales causados a la salud mental por graves violaciones a los derechos humanos:
La violencia genera daños psicológicos individuales como graves alteraciones del sueño con insomnios y pesadillas, síntomas depresivos y angustiosos y somatizaciones. El
miedo es la emoción más constante y generalizada y limita al sujeto, impidiéndole realizar actividades cotidianas y esenciales y generando cambios cognoscitivos y comportamentales como aislamiento, silencio, desinterés, deterioro de la autoestima, sentimientos depresivos y la frecuente aparición de los recuerdos de lo vivido que invade
la memoria a través de imágenes y pensamientos intrusivos.
Daños colectivos causados a la salud mental por graves violaciones a los derechos humanos:
Los impactos psicológicos deterioran las relaciones interpersonales, afectando las redes sociales y comunitarias, transfiriendo sentimientos de rabia y dolor a terceros. La
existencia de sentimientos de culpa dentro de las familias víctimas de graves violaciones
a los derechos humanos genera una destrucción de los lazos afectivos, generando la
reproducción del caos social. Estos cambios cognoscitivos y comportamentales ocasionados por la guerra, acarrean un proceso de deshumanización, que afecta el tejido social, pues genera la indiferencia ante el dolor y la tragedia.
En Colombia el Derecho a la Salud de los niños, las niñas y los adolescentes, de acuerdo con la Constitución Política, se encuentra establecido en el artículo 44 como un derecho fundamental. De igual manera, frente al derecho a la salud y tratándose de menores de edad, la Ley 1098 de 2006 en su artículo 27 denota que: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud es un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de enfermedad. Ningún Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás entidades dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, podrán abstenerse de atender a un niño, niña que requiera atención en salud. En relación con los niños, niñas y adolescentes que no figuren como beneficiarios en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado, el costo de tales servicios estará a cargo de la Nación”.
De acuerdo con lo anterior, es primordial que las autoridades administrativas cuenten con herramientas y rutas que les permitan, en articulación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, obtener la atención que requieren los niños, las niñas y adolescentes en materia de salud, efectivizando con ello, entre otros, el principio de corresponsabilidad y materializando las competencias de los agentes de dicho Sistema. Garantizando así, además del acceso al servicio de salud, la atención oportuna desde el enfoque de derechos, en el marco de la protección integral, especialmente cuando se trata de niños, niñas y/o adolescentes en Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos.
RUTA GENERAL DE ACTUACIONES ANTE VULNERACIÓN, AMENAZA O INOBSERVANCIA DEL DERECHO A LA SALUD DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES.
Ante la situación de inobservancia, amenaza o vulneración del derecho a la salud de un menor de edad, la Autoridad Administrativa deberá:
i. Oficiar a la EPS causante de la situación que se presenta, para que proceda a brindar la atención requerida.
ii. Copiar el oficio remitido a la EPS a: la Secretaría de Salud Municipal, la Secretaría de Salud Departamental, la Superintendencia Nacional de Salud y a los entes de control tales como
la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
En el caso de las Secretarías, Superintendencia y demás entes de control, la Autoridad Administrativa deberá solicitar especialmente su intervención para obtener una oportuna atención en salud del menor de edad.
Ante lo anterior, puede ocurrir una de dos cosas:
a. Que la EPS esté dispuesta a brindar la atención requerida. En este caso, la
Autoridad Administrativa deberá comunicar tal situación al operador, para que acuda ante
la EPS correspondiente a que se brinde la atención en favor del niño, niña o adolescente del que se trate.
b. Que la EPS no esté dispuesta a brindar la atención requerida. Evento en el que la
Autoridad Administrativa deberá, en primera instancia, realizar todas las actuaciones que considere pertinentes, entre las cuales está, la articulación con el SNBF (Sistema Nacional de Bienestar Familiar), con el propósito de generar alternativas que permitan garantizar de manera oportuna el derecho a la salud del menor de edad.
En caso de que, pese a las gestiones adelantadas por la Autoridad Administrativa en articulación con el SNBF, continúe la negativa de la EPS de brindar el servicio requerido, la Autoridad Administrativa deberá iniciar las acciones administrativas o judiciales a que haya lugar, como por ejemplo, la acción de tutela y su respectivo seguimiento.
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la
restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados.
50. Restablecimiento
derechos. Se
Artículo 51. Obligación del restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. El restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes es responsabilidad del Estado en su conjunto a través de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de informar, oficiar o conducir ante la policía, las defensorías de familia, las comisarías de familia o en su defecto, los inspectores de policía o las personerías municipales o distritales, a todos los niños, las niñas o los adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad. Cuando esto ocurra, la autoridad competente deberá asegurarse de que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales.
Artículo 52. Verificación de la garantía de derechos. Reglamentado por el Decreto Nacional 4840 de 2007. En todos los casos, la autoridad competente deberá, de manera inmediata, verificar el estado de cumplimiento de cada uno de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, consagrados en el Título I del Libro I del presente código. Se deberá verificar:
Parágrafo 1°. De las anteriores actuaciones se dejará constancia expresa, que servirá de sustento para definir las medidas pertinentes para el restablecimiento de los derechos.
Parágrafo 2°. Si la autoridad competente advierte la ocurrencia de un posible delito, deberá denunciarlo ante la autoridad penal.
Artículo 53. Medidas de restablecimiento de derechos. Son medidas de
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes
las que a continuación se señalan. Para el restablecimiento de los derechos
establecidos en este código, la autoridad competente tomará alguna o varias
o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar
y ubicación en un programa de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado.
6. Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras
disposiciones legales, o cualquier otra que garantice la protección integral de
los niños, las niñas y los adolescentes.
PROCESO ASISTENCIAL POR EL PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA
Se le ordenará realizar La valoración psicológica integral y rendir el
respectivo concepto, que tendrá carácter de dictamen pericial, el cual
 Hacer uso de las técnicas pertinentes dentro de su ciencia que permitan
recabar la información suficiente y atender las preguntas formuladas por la
 Formular la hipótesis.
 Determinar el problema de investigación.
 Establecer
planteados dentro
de Restablecimiento de Derechos.
 Efectuar el Informe que tendrá carácter de pericial: para ello, deberá
elaborar la metodología de trabajo indicando: tiempos, técnicas a
implementar y desarrollar las siguientes acciones:
- Valorar al niño, niña o adolescente.
- Valorar a los padres o cuidadores.
- Valorar a los posibles miembros de la familia extensa a quienes se pueda
considerar como alternativa para el reintegro en caso de no ser viable con
los padres o cuidadores, de acuerdo con las indagaciones realizadas por
- Diseñar el plan a seguir con el niño, niña o adolescente y su familia.
- Registrar la información en informes parciales de cada actuación.
Como técnicas y herramientas en el proceso se proponen entre otras: la
observación directa, entrevista semi estructurada, test psicológicos,
pruebas, baterías entre otras.
En caso de hacer uso de herramientas psicotécnicas, se debe dar
cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes en materia de
derechos de autor y las de propiedad Intelectual, abriendo con su
desconocimiento la posibilidad de la comisión de conductas punibles
tipificadas en la Ley Penal vigente.
Para valorar el niño, niña o adolescente, el Psicólogo debe hacer uso de
técnicas de acuerdo al curso de vida, que permitan hacer una valoración
integral del estado psicológico del niño, niña o adolescente y en todo caso
 Establecer el rapport.
 Verificar el motivo de ingreso.
 Ahondar en indagación sobre las circunstancias personales, familiares y
sociales del entrevistado.
 Profundizar la evaluación desde las diferentes áreas de desarrollo: Motora,
Lenguaje, Adaptativa/Cognitiva y Social/Afectiva.
 Indagar por referentes afectivos del niño, niña o adolescente.
 Asegurarse de que el niño, niña o adolescente se encuentre estable
emocionalmente antes de finalizar la sesión.
 Explicar al niño, niña o adolescente, cuáles son los derechos que le han
sido vulnerados, amenazados e inobservados y el apoyo que recibirá por
parte de los profesionales del ICBF. El psicólogo deberá tener en cuenta el
desarrollo mental y cronológico del niño o niña, buscando la mejor manera
de decirlo de acuerdo con su cultura y procedencia.
 Realizar cierre de sesión.
El psicólogo debe, además, realizar valoración a la familia o cuidadores del
niño, la niña o el adolescente, dentro de la Valoración psicológica integral.
Para desarrollar esta entrevista, se recomienda abordar los siguientes aspectos:
- Establecer el rapport
- Identificar la problemática o motivo de ingreso e informar los derechos que
se encuentran vulnerados, amenazados o inobservados.
- Informar a los integrantes de la familia sobre el proceso a seguir
- Recibir el consentimiento.
El psicólogo debe, además, realizar valoración psicológica a aquellos
miembros de la familia extensa que puedan llegar a ser considerados como
referentes positivos para una alternativa de reintegro, (considerando
aspectos como personalidad, características relacionales, patrones de
conducta, emocionales y culturales), es decir, valorar la idoneidad mental
de los posibles cuidadores.
Dentro de su informe el profesional en psicología deberá referir la
metodología empleada en el proceso de valoración, exponer en detalle los
resultados de la información obtenida a través de las diferentes técnicas
empleadas y analizarlas emitiendo su respectivo concepto.
 Identificación del profesional que lo
elabora (nombre,
educativo, cargo), objetivo de investigación mediante solicitud de Autoridad
 Breve resumen del caso y de la impresión diagnóstica emitida
(contextualización del lector).
 Personas participantes.
 Factores psicológicos relacionados con la personalidad, emocionales,
relacionales, patrones de conducta y culturales.
 Antecedentes (información de fuentes primarias y secundarias).
 Proceso
instrumentos y tiempos de ejecución).
 Hipótesis elaboradas por el profesional.
 Técnicas implementadas para la recolección de información.
 Resultados (elementos relevantes de cada sistema analizado).
 Conclusiones y concepto (relación entre resultados y problema inicial).
Las autoridades administrativas tienen la función principal de adelantar las actuaciones necesarias para prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bajo este entendido, debe valorarse con especial atención, que el marco jurídico actual establece una normatividad específica para la atención de víctimas del conflicto armado y especialmente para la atención de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de este flagelo. De dicho marco jurídico, hacen parte principalmente, la Ley de Víctimas y sus respectivos decretos reglamentarios, así como la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional.
De allí, la importancia de que las autoridades administrativas tengan en cuenta este marco jurídico y especialmente conozcan e integren en sus actuaciones relacionadas con la atención de esta población, las definiciones propias de la atención a víctimas del conflicto armado.
Con base en lo anterior, a continuación se presentan algunas de las definiciones que es necesario enunciar a título indicativo, sin que las mismas pretendan ser absolutas o comprensivas de toda la temática a la que se refieren, constituyendo factores de orientación frente al contenido del presente documento y teniendo como referente para su descripción la Ley
1448 de 2011:
A) Víctima: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 son víctimas “(…) aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”
b) Derecho a la verdad: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley
1448 de 2011 “Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen
el derecho imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley, y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima, y al esclarecimiento
de su paradero. La Fiscalía General de la Nación y los organismos de policía judicial deberán garantizar el derecho a la búsqueda de las víctimas mientras no sean halladas vivas o muertas.
El Estado debe garantizar el derecho y acceso a la información por parte de la víctima, sus representantes y abogados con el objeto de posibilitar la materialización de sus derechos, en el marco de las normas que establecen reserva legal y regulan el manejo de información confidencial”.
C) Derecho a la justicia: El artículo 24 de la Ley 1448 de 2011 define que “Es deber del Estado adelantar una investigación efectiva que conduzca al esclarecimiento de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, la identificación de los responsables, y su respectiva sanción. Las víctimas tendrán acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación contempladas en esta ley o en otros instrumentos legales sobre la materia, sin perjuicio de su ejercicio del derecho de acceso a la justicia”.
D) Reconciliación: Al respecto el artículo 187 de la misma ley, indica que “Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a que el Estado en su conjunto, garantice un proceso de construcción de convivencia y de restauración de las relaciones de confianza entre los diferentes segmentos de la sociedad”.
E) Derecho a la reparación integral: El artículo 25 de la Ley 1448 de 2011, indica que “Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley. La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante”. Parágrafo 1º. Las medidas de asistencia adicionales consagradas en la presente ley propenden por la reparación integral de las víctimas y se consideran complementarias a las medidas de reparación al aumentar su impacto en la población beneficiaria. Por lo tanto, se reconoce el efecto reparador de las medidas de asistencia establecidas en la presente ley, en la
medida en que consagren acciones adicionales a las desarrolladas en el marco de la política social del Gobierno Nacional para la población vulnerable, incluyan criterios de priorización, así como características y elementos particulares que responden a las necesidades específicas de las víctimas. No obstante este efecto reparador de las medidas de asistencia, estas no sustituyen o reemplazan a las medidas de reparación. Por lo tanto, el costo o las erogaciones en las que incurra el Estado en la prestación de los servicios de asistencia, en ningún caso serán descontados de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas. (…)”.
Es importante señalar, que en el marco de la reparación integral son medidas que corresponden a ella, las siguientes:
- Indemnización: es una medida compensatoria, que busca contribuir al resarcimiento de los daños materiales y morales, causados con el hecho victimizante. Para el caso de los niños, niñas y adolescentes, la Ley 1448 de 2011, en el artículo 185, contempla la constitución de un encargo fiduciario con el monto correspondiente a la indemnización, para que se haga efectiva al cumplir 18 años.
- Restitución: Respecto a la restitución de tierras despojadas, tendrán derecho a ella los niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad como consecuencia del conflicto armado, cuyos padres hubieren sido o hayan sido víctimas de despojo a abandono de tierras. En este caso, será la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas la que representará al menor de 18 años de edad víctima .“Se entiende por restitución, la realización de medidas para el restablecimiento de la situación anterior a las violaciones contempladas en el artículo 3º de Ley 1448 de
2011” 157 .
- Satisfacción: En consonancia con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 1448 de 2011: "El Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo
sucedido, de acuerdo a los objetivos de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. Las medidas de satisfacción serán aquellas acciones que proporcionan bienestar y contribuyen a mitigar el dolor de la víctima”.
- Rehabilitación: Al respecto, el artículo 135 de la Ley 1448, define: “La rehabilitación como medida de reparación consiste en el conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social, dirigidas al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas en los términos de la presente ley”.
- Garantías de no repetición: El artículo 194 del Decreto 4800 de 2011,
establece que: “Cuando las violaciones graves y manifiestas a las normas
internacionales de derechos humanos o las infracciones al derecho
internacional humanitario ya han sido consumadas, el Estado debe adoptar
programas y proyectos de no repetición que incluyan acciones afirmativas,
económicas y políticas que desarrollen medidas adecuadas para que las
víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a los derechos humanos ni
infracciones al derecho internacional humanitario. Estas medidas estarán
encaminadas a disolver definitivamente los grupos armados ilegales que
persisten, derogar o cambiar disposiciones, dispositivos y conductas que
favorezcan la ocurrencia de tales violaciones y continuar fortaleciendo las
políticas de promoción y protección de los derechos humanos y aplicación
del derecho internacional humanitario en la fuerza pública”.
integral, puede
precisar que
 Reparación simbólica: El artículo 141 de la Ley 1448 de 2011, determina
que: "Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor
de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas”.
 Reparación Colectiva: El artículo 222 del Decreto 4800 de 2011 la define como: “…el conjunto de medidas a que tienen derecho los sujetos colectivos que hayan sufrido algunos de los eventos definidos en el artículo 151 de la Ley 1448 de 2011, las cuales comprenderán medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en los componentes político, material y simbólico (…)”.
- http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/T-418-15.htm
- Ley 1448 de 2011 Reparación a victimas de CAIN
- http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/procesos/misionales/
proteccion/restablecimiento-
derechos/3C15FEA84482232CE053528511ACF6B5
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