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Timestamp: 2018-08-17 07:42:42
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Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 3', 'artículo 72', 'artículo 71', 'artículo 72', 'artículo 72', 'artículo 72', 'artículo 84', 'artículo 73', 'artículo 54', 'artículo 17', 'artículo 72', 'artículo 55']

﻿ RESOLUCIÓN 604 DE 2002
RESOLUCIÓN 604 DE 12 DE MARZO DE 2002
CONTENIDO:SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. CALIFICA LA APLICACIÓN DE LICENCIAS PREVIAS A LA IMPORTACIÓN DE OLEAGINOSAS APLICADA POR EL GOBIERNO DE ECUADOR COMO RESTRICCIÓN PARA EFECTOS DEL PROGRAMA DE LIBERACIÓN.
BOLETÍN N°:772 DE MARZO 14 DE 2002
RESOLUCIÓN 604 DE 2002
(Marzo 12)
Calificación de la aplicación de licencias previas a la importación de oleaginosas aplicada por el Gobierno de Ecuador como restricción para los efectos del Programa de Liberación.
El artículo 30 y el capítulo V del Acuerdo de Cartagena sobre Programa de liberación y el reglamento de procedimientos administrativos contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y,
Que, mediante comunicación s/n recibida el 7 de enero de 2002, el Ministerio de Comercio Exterior de Colombia informó a la Secretaría General de la Comunidad Andina la posible aplicación de restricciones por parte del Gobierno de Ecuador, al haber expedido los ministerios de Comercio Exterior, industrialización, pesca y competitividad y de agricultura y ganadería un informe técnico recomendando el establecimiento del requisito de licencias previas para la importación de aceites de soya, de palma, de girasol, de maíz, grasas y aceites vegetales y sus fracciones parcial o totalmente modificados, margarina y las demás mezclas de preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales o vegetales, productos comprendidos en las subpartidas arancelarias 1507.90.00, 1511.90.00, 1512.19.00, 1515.29.00, 1516.20.00, 1517.10.00, 1517.90.00 y 1513.29.10;
Que, mediante fax SG-F/4.2.1/0021/2002 del 10 de enero, la Secretaría General de la Comunidad Andina comunicó al Gobierno de Ecuador la reclamación presentada por el Gobierno de Colombia y le solicitó informar, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, el efecto y destino del mencionado informe técnico;
Que, mediante fax SG-F/4.2.1/0020/2002 del 10 de enero, la Secretaría General de la Comunidad Andina acusó recibo de la comunicación de Colombia e informó al gobierno de ese país del requerimiento efectuado al Gobierno de Ecuador y le solicitó mayor información sustentatoria;
Que, el 22 de enero de 2002, el Gobierno de Colombia respondió la comunicación SG-F/4.2.1/0020/2002 de la secretaría general señalando que el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador (Comexi) emitió la Resolución 121 publicada en el registro oficial 468 del 5 de diciembre de 2001, en la cual las subpartidas antes mencionadas se sometían a autorizaciones previas por parte del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud, con lo cual, a juicio de Colombia, se contravendría lo dispuesto en los artículos 71 y 72 del Acuerdo de Cartagena sobre programa de liberación;
Que, mediante Fax 026 DININ/NCI de fecha 23 de enero de 2002, el Gobierno de Ecuador respondió la comunicación SG-F/4.2.1/0021/2002 remitiendo copia del informe técnico. El mencionado gobierno justificó la adopción de la medida en lo siguiente:
— La falta de cumplimiento de las disposiciones que norman el comercio subregional y la falta de armonización de las mismas, ocasionarían dificultades en el intercambio comercial en la subregión, a través de una serie de mecanismos que erosionan los niveles equitativos de competencia entre los países miembros.
— Los países miembros estarían usando, en diferente extensión, regímenes especiales aduaneros. Tales medidas estarían creando distorsiones en los mercados internos de la subregión por dos razones:
a) No habría igualdad en términos de competencia entre los países, ya que al haber una zona de libre comercio entre ellos, las “oportunidades” comerciales y de producción entre los miembros de una unión aduanera son totalmente diferentes y pueden causar una desviación de comercio importante pues podrían incentivar artificialmente las exportaciones del país socio que aplica el régimen especial debido al arancel 0% entre los miembros.
b) Se desestimularía la producción de ese mismo bien o de sus sustitutos en el país importador.
— En el sector agropecuario la situación se habría agravado en los últimos meses, al registrarse un incremento sensible en el comercio de productos sujetos a estos regímenes dentro de los países andinos. Es el caso del sector oleaginoso, donde la situación habría obligado a Venezuela a invocar una salvaguardia que condiciona las importaciones de esos productos a una licencia previa y a la aplicación de un arancel a los países miembros.
— Los países miembros al adoptar la Decisión 330 “Eliminación de subsidios y armonización de incentivos a las exportaciones intrasubregionales” aceptaron que sólo pueden existir los subsidios definidos en su artículo 3º y cuando éstos no generen perjuicios producto de su utilización, por lo cual los regímenes aduaneros son considerados, de facto, distorsionantes y perjudiciales para el comercio andino.
— Debido a la inexistencia de disposiciones claras y a la necesidad de establecer medidas que precautelen la actividad de uno de los sectores más importantes de la economía del país, se había adoptado la medida con el fin de atenuar los efectos distorsionantes de mercado y el eventual deterioro de la producción nacional ecuatoriana en la cadena agroalimentaria.
— La adopción de la medida no contravendría el espíritu de la integración andina, pues la decisión fue adoptada al no existir claridad jurídica para el tratamiento de subsidios a la exportación bajo regímenes aduaneros, más aún cuando los mismos no deberían existir;
Que, mediante fax SG-F/4.2.1/0231/2002 del 4 de febrero de 2002, la Secretaría General de la Comunidad Andina puso en conocimiento del Gobierno de Ecuador el inicio del procedimiento de investigación para determinar si dicho gobierno estaría aplicando una restricción a las importaciones de determinados productos de la cadena de las oleaginosas, concediéndole un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del mismo para la presentación de sus descargos;
Que, mediante fax SG-F/4.2.1/0249/2002 de fecha 07 de febrero de 2002, la Secretaría General de la Comunidad Andina acusó recibo de la comunicación del Gobierno de Colombia de fecha 22 de enero, informándole sobre el inicio de la investigación al Gobierno de Ecuador y requiriéndole la remisión de los mayores elementos de información disponibles para la continuación de las investigaciones;
Que, mediante fax SG-X/4.2.1/0159/2001 de fecha 07 de febrero de 2002, se puso en conocimiento a los gobiernos de Bolivia, Perú y Venezuela el inicio de la investigación, otorgándoles un plazo de diez (10) días hábiles para hacer llegar a la secretaría general cualquier comentario o información sobre el particular, sin que hasta la fecha los hayan presentado;
Que, mediante comunicación recibida el 20 de febrero de 2002, el Gobierno de Colombia informó a esta secretaría general que el gobierno ecuatoriano desde el 5 de diciembre de 2001, fecha en que expidió la Resolución 121, hasta la actualidad vendría aplicando restricciones a la importación de los principales productos de la cadena de oleaginosas, grasas y aceites vegetales;
Que, adicionalmente, en la referida comunicación el Gobierno de Colombia señala que:
— El establecimiento de la licencia previa pretendería justificarse por el efecto que tendría la imposición del arancel del 29% por parte de Venezuela a Colombia en productos de la cadena de las oleaginosas, lo cual podría desviar el comercio hacia Ecuador.
— El gobierno ecuatoriano no podría sustentar una medida restrictiva en una situación meramente especulativa, puesto que hasta la fecha no se ha demostrado evidencia de tal comportamiento y tampoco ha tenido en cuenta que en los últimos años el flujo comercial entre ambos países es deficitario para Colombia.
— El comercio desde Colombia a Ecuador de los productos en cuestión es mucho menor que el que se produce desde Ecuador a Colombia, según la información que adjuntó, lo que evidenciaría que la medida restringe el comercio intracomunitario;
Que, mediante fax 2002-022 DOC/MICIP recibido el 22 de febrero de 2002, el Gobierno de Ecuador respondió, de manera extemporánea, a la comunicación del inicio de la investigación con los siguientes argumentos:
— Para el Gobierno de Ecuador resulta necesario cautelar los intereses de la agroindustria de la cadena productiva de las semillas oleaginosas, aceites y grasas de ese país, debido a que el Gobierno de Venezuela decidió aplicar una salvaguardia para los productos de la cadena de oleaginosas provenientes de los países de la Comunidad Andina. Para el caso de Colombia y Perú, Venezuela decidió cobrar aranceles compensatorios en un nivel del 29% y para el caso ecuatoriano y boliviano decidió aplicar licencias previas para importación, hasta lograr la aprobación de dicha salvaguardia por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
— El sector de oleaginosas, aceites y grasas vegetales constituye una actividad generadora de inversiones y de fuentes de trabajo.
— Existe una distorsión generalizada en el comercio de productos que conforman la referida cadena, debido principalmente a mecanismos de internación temporal y regímenes especiales.
— Ello se suma a las diferentes preferencias otorgadas y recibidas, a la limitación del sistema andino de franjas de precios (SAFP) y del arancel externo común (AEC), así como a los diferentes techos consolidados ante la OMC por cada uno de los países miembros.
— Esta distorsión de comercio estaría siendo ocasionada por importaciones provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina, así como de fuera de ella, y tiene un efecto negativo en la producción nacional ecuatoriana;
Que, con relación al argumento del Gobierno de Ecuador, que pretende justificar la imposición de licencias en las medidas aplicadas por otros países miembros, cabe señalar que la obligación de cada país andino es de carácter individual frente al ordenamiento jurídico andino;
Que, con relación a la distorsión que estaría causando la existencia de regímenes aduaneros en la subregión, es de señalar que el Gobierno de Ecuador no ha aportado pruebas sustentatorias de la existencia de tal distorsión y, en todo caso, no ha hecho uso de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico comunitario para enfrentar situaciones como esa;
Que, los regímenes aduaneros no están prohibidos hasta la fecha por la normativa andina. En efecto, la Decisión 330 no prohíbe su existencia sino que sanciona la devolución impositiva por encima de los montos efectivamente percibidos o que corresponda percibir, con el debido descuento por desperdicios o la utilización de mecanismos cambiarios, tributarios, financieros y fiscales no tributarios que se den como consecuencia de la aplicación de dichos regímenes aduaneros que constituyan un subsidio a favor de las exportaciones. En todo caso, si un país miembro considera que otro país miembro está infringiendo una norma comunitaria, no le corresponde adoptar medidas unilaterales, sino denunciar la situación a través de los conductos jurídicos comunitarios que se encuentran a su disposición;
Que, en el mismo orden de ideas, tampoco encuentra justificación la adopción de medidas eventualmente contrarias al ordenamiento jurídico andino, por el hecho de que las mismas no se encuentren aún armonizadas;
Que, los argumentos presentados por el Gobierno de Ecuador no están contemplados en el artículo 72 del acuerdo como posible justificación para el mantenimiento y aplicación de restricciones al programa de liberación;
Que, desestimados los argumentos de defensa presentados por el Gobierno de Ecuador, en el análisis de fondo para la calificación de la medida objeto de investigación, se debe determinar si la Resolución del Comexi Nº 121 de 2000 constituye una restricción al comercio intrasubregional de productos oleaginosos;
Que el artículo 71 del Acuerdo de Cartagena señala que “el Programa de liberación tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier país miembro”;
Que el artículo 72, segundo párrafo, del Acuerdo de Cartagena considera como “restricciones de todo orden cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un país miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral”;
Que, el alcance y sentido de dicho término ha sido aclarado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para lo cual puede citarse el Proceso 5-IP-90 publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo 162 el 9 de septiembre de 1994, donde se señala que “…restringir, como lo establece el Diccionario Básico Jurídico, es la limitación o modificación que se hace de algo, disminuyéndolo. El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas nos indica que restricción es la "Disminución de facultades o derechos" y que "restrictivo" es "lo que restringe, limitativo, que reduce o coarta", concluyendo el mismo autor en identificar el "restringir" al hecho de "circunscribir, reducir, limitar. Acortar el gasto de consumo. Regatear licencias, permisos, privilegios"… En dicha interpretación el tribunal concluye que "En todo caso queda claro que restringir significa disminuir una capacidad existente de hacer algo y "restricciones de todo orden" supone una globalización general de cualquier actitud que disminuye facultades o derechos existentes anteriormente, de cualquier forma o manera, que signifiquen una situación menos favorable a la existente antes de dictarse una nueva restricción". Agrega más adelante el tribunal que "...Por medida restrictiva se entiende cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones. Dicho efecto puede consistir en imposibilitar las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional. Las medidas administrativas pueden incluir desde la imposición de precios fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos importados, de manera que creen obstáculos a los flujos de importaciones, hasta limitaciones directas a las importaciones”;
Que, conforme a la definición aludida y la precisión de sus alcances determinada por el tribunal, la medida adoptada por el Gobierno de Ecuador de exigir autorizaciones previas del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Ministerio de Salud Pública, según el caso, para la importación de determinados productos de la cadena de las oleaginosas, grasas y aceites vegetales o animales tiene por efecto limitar, dificultar y en algunos casos impedir las importaciones. Estas características, por lo tanto, corresponden a lo que el artículo 72 del acuerdo califica como “restricción”;
Que, en igual sentido se ha pronunciado este órgano comunitario en la Resolución 184, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 405 del 02 de febrero de 1999, al señalar que el establecimiento de requisitos para la concesión de permisos de importación, así como la exigencia en sí misma de estos últimos, constituyen restricciones a la importación en los términos del artículo 72 del acuerdo;
Que, en el mismo sentido, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en sentencia recaída en el Proceso 2-AI-97 afirmó que “… las solicitudes y aprobación de licencias previas por una autoridad gubernamental, caen bajo el contenido de restricciones, que es lo que el Acuerdo de Cartagena trata de eliminar en la circulación de bienes en el área subregional”;
Que, sobre la importancia del principio de libre circulación de mercancías se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del Proceso 1-AI-97 publicado en la Gaceta Oficial Nº 329 del 9 de marzo de 1999, al destacar “la libertad esencial de circulación de mercancías como parámetro de primer orden para el avance de la integración a nivel andino y latinoamericano” y que el mismo “se desprende no sólo del capítulo V sobre programa de liberación, sino fundamentalmente de los objetivos esenciales del acuerdo establecidos en los artículos 1º y 3º del tratado que propician el establecimiento de un mercado común latinoamericano”;
Que la eliminación de restricciones en el comercio entre los países miembros es un elemento esencial en el proceso de conformación del mercado común;
Que, la medida adoptada por el Gobierno de Ecuador no se fundamenta en ninguna disposición del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, pues la normativa vigente no faculta a ningún país miembro a la adopción unilateral de licencias de importación para dichos productos, como lo ha hecho el gobierno ecuatoriano;
Que, para el caso de motivaciones de orden económico, el ordenamiento jurídico andino ha previsto los mecanismos institucionalizados para la conservación y defensa de los sectores productivos de cada país miembro que pudieran ser afectados sensiblemente por importaciones provenientes de la subregión, tanto en caso de crisis interna de los mismos como de competencia desleal, lo que hace innecesario el recurso a medidas restrictivas unilaterales. Así, a la luz del ordenamiento jurídico andino, se permiten las medidas de salvaguardia, las medidas transitorias y no discriminatorias para corregir desequilibrios en balanza de pagos, los derechos compensatorios por subvenciones o dumping, y las acciones de incumplimiento, entre otros;
Que el artículo 84 del Acuerdo de Cartagena establece la obligación de los países miembros de abstenerse de introducir nuevas restricciones de todo orden a las importaciones de productos originarios de la subregión, de modo que signifique una situación menos favorable que la existente a la entrada en vigor del acuerdo. En tal sentido, la restricción de la que trata la presente resolución vulnera el señalado artículo;
Que, en función de lo expuesto, y en uso de la atribución prevista en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena y en el artículo 54 de la Decisión 425 de la Comunidad Andina, corresponde a esta secretaría general emitir resolución calificando si la medida adoptada por el Gobierno de Ecuador constituye una restricción al comercio intrasubregional;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Decisión 425, se informa que contra la presente resolución cabe recurso de reconsideración, dentro de los 45 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, así como acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su entrada en vigencia;
ART. 1º—Determinar que la exigencia por parte del Gobierno de Ecuador de licencias previas para la importación de determinados productos de la cadena de las oleaginosas, entre ellos: aceite de soya, de palma, de girasol, de maíz, grasas y aceites vegetales y sus fracciones parcial o totalmente modificados, margarina y las demás mezclas de preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales o vegetales, comprendidas en las subpartidas arancelarias 1507.90.00, 1511.90.00, 1512.19.00, 1515.29.00, 1516.20.00, 1517.10.00, 1517.90.00 y 1513.29.10, constituye una restricción al comercio intrasubregional, conforme a lo dispuesto por el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, que incide sobre la importación de productos originarios del territorio de los países miembros y por lo tanto vulnera el Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena.
ART. 2º—De conformidad con el literal e) del artículo 55 de la Decisión 425, concédase al Gobierno de Ecuador el plazo máximo de veinte (20) días calendario para el levantamiento de la restricción determinada en el artículo anterior para las importaciones originarias de los demás países miembros.
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los doce días del mes de marzo del año dos mil dos.