Source: https://ru.scribd.com/document/109763980/Ley-Organica-Del-Tribunal-y-Contraloria-de-Cuentas
Timestamp: 2020-08-08 12:30:26
Document Index: 18798224

Matched Legal Cases: ['artículo 153', 'artículo 153', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'artículo 228', 'Artículo 12', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 13', 'artículo 147', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 36', 'Artículo 39', 'Artículo 35', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 34', 'Artículo 42', 'artículo 209', 'Artículo 44', 'Artículo 36', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'artículo 208', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 2', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'artículo 208', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 56', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112']

Ley Organica Del Tribunal y Contraloria de Cuentas | Juez | Jurisdicción
сохранитьСохранить «Ley Organica Del Tribunal y Contraloria de Cuentas» для последующего чтения
Sumario Gaceta Oficial 39.435
antejuicio 1-50
preguntas tipo test derecho administrativo.doc
trabajo de auditoria PRELIMINAR 2015.docx
1536004-1.pdf
Reseña Histórica de La Contabilidad[1]
dictamen85.700
DECRETO NUMERO-1126
Que el Organismo Ejecutivo, en resolución tomada en Consejo de Ministros con fecha 21 de septiembre del presente ano, acordó devolver al Congreso de la República el Decreto numero 1113, que contiene la Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas, para su reconsideración.
Que la resolución tomada por el Organismo Ejecutivo se ajusta a lo preceptuado en el artículo 153 de
la Constitución de la República y que son atendibles las observaciones hechas por el citado Organismo,
por lo cual esta alta Cámara acordó, en punto resolutivo, reconsiderar en su actual periodo de sesiones extraordinarias el Decreto numero 1113, al tenor del artículo 153 de la Carta Fundamental de la República,
CAPITULO I Contraloría de Cuentas
Artículo 1. La función fiscalizadora de la Hacienda Pública y de la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación, corresponde con exclusividad a la Contraloría de Cuentas. Artículo 2. La Contraloría de cuentas es una Institución Técnica con absoluta independencia de
funciones. Su función fiscalizadora se extiende a todas las personas que tengan a su cargo la custodia
y manejo de fondos públicos u otros bienes del Estado, del Municipio, de la Universidad, de las
instituciones estatales, autónomas, semiautónomas o descentralizadas, así como sobre las demás entidades o personas que reciban fondos del Estado y las que hagan colectas públicas Quedan igualmente sometidos a la fiscalización de la Contraloría de Cuentas los liquidadores, fiscalizadores c interventores cuando se trate de los bienes y fondos a que se refiere este artículo. No tendrá competencia para fiscalizar, controlar ni vigilar a los bancos privados, empresas de seguros, empresas afianzadoras, sociedades cooperativas y demás entidades privadas cuya fiscalización, control y vigilancia estén atribuidos, según sus leyes específicas, a otras dependencias gubernamentales.
Artículo 3. (Decreto-Ley 247). La Contraloría de Cuentas se integrará por un jefe y un subjefe nombrados por el Jefe del Organismo Ejecutivo, y por los funcionarios y empleados necesarios a los fines de su institución. 1 Artículo 4. Para ser Jefe de la Contraloría de Cuentas se requiere
a) Ser guatemalteco, mayor de edad.
b) Poseer el título de Contador Publico, el de Perito Contador o poseer Certificado de aptitud que haya sido expedido con arreglo a la ley y haber ejercido sus respectivas profesiones por un término mayor de 10 años.
c) No tener juicio pendiente en materia de cuentas; y
d) No estar comprendido en las prohibiciones que establece la Ley de Probidad. 2
Artículo 5. El subjefe de la Contraloría de Cuentas deberá reunir los requisitos a que se refiere el
artículo anterior, desempeñará la Jefatura del Departamento de Fiscalización y sustituirá interinamente al Jefe de la Contraloría en caso de falta de éste. (Decreto-Ley 237.) Artículo 6. La contraloría de Cuentas comprende los siguientes departamentos:
a) Departamento Administrativo; y
b) Departamento de Fiscalización.
Artículo 7. Los departamentos se dividirán en secciones, según las necesidades y especialización del trabajo que cada dependencia requiera. El funcionamiento y atribuciones de las secciones se regirán por el reglamento respectivo, como también los departamentos en lo que no esté previsto en esta ley. Articulo 8. Corresponden al Departamento Administrativo:
Las funciones propias de la Secretaria;
El registro y control del personal de la Contraloría:
La formación de estadísticas y el manejo del Archivo;
El suministro de talonarios y su control;
El registro y control de funcionarios y empleados públicos, para los efectos de la Ley de Probidad.
El servicio de Información y Asesoría Legal en materia hacendaría;
El registro de los funcionarios y empleados que cesen en sus cargos por los delitos a que se refiere el inciso c) del Articulo 10.
Artículo 9. Corresponden al Departamento de Fiscalización:
a) Las funciones de Auditoria;
b) Las de Inspección y Glosa;
c) Las de investigación: y
d) Las de Intervención y Liquidación.
Articulo 10. Para ser Contralor se requiere:
b) Ser Contador Público, Perito Contador o poseer certificado de aptitud que haya sigo expedido con arreglo a la ley y haber ejercido estas profesiones por un término mayor de cinco años, o ser
experto en asuntos fiscales, hacendarios y de auditoria, con práctica no menor de diez años debidamente comprobada; y
c) No haber sido condenado por delito contra la propiedad, ahecho, perjurio, prevaricato, falsedad, fraude, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, ni tener condena pendiente en juicios de cuentas.
Artículo 11. Todos los contralores tienen las mismas calidades, preeminencias y obligaciones.
1 Ver articulo 227 de la Constitución de la República.
2 Ver artículo 228 de la Constitución de la República.
Artículo 12. Corresponde también a la Contraloría de Cuentas:
Inspeccionar y glosar la contabilidad general de la Nación;
Velar por el efectivo y oportuno cumplimiento de las obligaciones a favor del Fisco, del Municipio y las demás entidades a que se refiere esta ley.
3) Vigilar y procurar, por los medios legales adecuados, la recaudación y efectividad de todas las
acreedurías, así como la restitución de todos los fondos y bienes que resulten deberse al Estado, al Municipio, a la Universidad y demás entidades sujetas a control y fiscalización, en virtud de examen y liquidación de cuentas, sentencia firme o por cualquier otra circunstancia. Verificar, cada vez que lo crea conveniente, el numerario, valores y demás caudales que estén en
poder de las personas o instituciones sujetas a su fiscalización. Comprobar la exactitud de las existencias y movimiento de los útiles y materiales que tengan a su cargo los organismos del Estado, del Municipio, de la Universidad y demás entidades sujetas a su
fiscalización. Revisar y verificar, cada vez que lo juzgue necesario, las existencias de especies postales, fiscales y artículos estancados u otros valores que se hallen en poder de los empleados o agentes autorizados por las leyes o reglamentos para recibir, custodiar, almacenar o expender tales especies o valores.
7) Ejercer control en las emisiones de especies postales, fiscales, de bonos, cupones y otros
documentos de la Deuda Pública emitidos por el Estado, o el Municipio, así como sobre las emisiones de billetes que efectúe el Banco emisor, los billetes de la Lotería Nacional y cualesquiera otros documentos o valores que determine la ley. 8) Controlar la incineración o destrucción de cédulas, bonos, cupones, y cualesquiera otros documentos de crédito del Estado o del Municipio y demás instituciones sujetas a su fiscalización, así como con la incineración de billetes del Bando emisor.
Hacerse representar en las licitaciones respectivas, por medio de un delegado, quien podrá hacer
las observaciones y recomendaciones pertinentes, las cuales se harán constar en acta. Cuando se trate de licitaciones privadas, el Ministerio interesado hará saber por lo menos con doce horas de anticipación, la fecha y la hora para efectuarlas. Si se tratare de licitaciones públicas, el anuncio lo hará la Oficina de Licitaciones. 10) Emitir opinión, si se le consulta, sobre cualquier erogación o gasto que se estime irregular o innecesario y sugerir las medidas que deban adoptarse en el caso para beneficio de los intereses del Estado. 11) Emitir dictamen con respecto a la procedencia o improcedencia de la exoneración del requisito de licitación y en lo relativo a los expedientes de jubilaciones, pensiones y montepíos, cuando le corresponda. 12) Examinar y glosar las cuentas de todas las entidades y personas a que se refiere el Artículo 2. de esta Ley. La glosa y fiscalización de las cuentas municipales podrá delegarla. 13) Practicar inspecciones, revisiones y auditorias en las oficinas sujetas a su jurisdicción. 14) Aprobar, improbar o modificar las liquidaciones para el pago del impuesto sobre herencias, legados y donaciones, y las que de conformidad con la ley, deban ser examinadas por la Contraloría de Cuentas. 15) Intervenir, cuando la ley la faculte, en los suministros que den o reciban el Estado, las entidades y personas sujetas a control de acuerdo con esta ley y en la compraventa o permuta de toda clase de bienes pertenecientes a las mismas. 16) Inspeccionar, en materia de su competencia, las fincas rústicas o urbanas de la Nación y las intervenidas por el Estado. 17) Investigar si existe enriquecimiento indebido de los funcionarios o empleados públicos, de acuerdo con lo que preceptúa la ley de probidad e imponer las sanciones que la misma ley determina. 18) Suspender a los funcionarios y empleados públicos sujetos a su jurisdicción, a quienes se impute transgresiones a la ley que puedan ser constitutivos de delito o falta.
Intervenir en la toma de posesión y en la entrega de cargos que aparejen el manejo de fondos públicos.
Suministrar los formularios destinados a la recepción de fondos de las entidades a que se refiere el Artículo 2. de esta ley, así como controlar y fiscalizar su manejo.
Registrar los títulos profesionales y los diplomas otorgados por la Universidad de San Carlos, por el- Estado, así como los despachos militares.
Autorizar los libros principales y auxiliares de la Contaduría General de la Nación y las demás que determine la ley.
Ser parte en los juicios de cuentas, por medio de los contralores o auditores que hayan practicado el examen y gloso de las mismas, o bien, por medio de los que designe específicamente para este fin.
Ejercer fiscalización sobre cualquier negocio del Estado que constituya deuda pública.
Investigar la falta de fianza de responsabilidad de los funcionarios o empleados que estuvieren obligados a prestarla y exigir que llene tal requisito.
Artículo 13. Son atribuciones del Jefe de la Contraloría de Cuentas:
a) Dirigir la institución y representarla;
b) Crear, dentro de cada departamento, las secciones indispensables o suprimir las que juzgue innecesarias de acuerdo con las disposiciones presupuéstales;
c) Nombrar jefes y empleados para las distintas dependencias de la Contraloría, con base en prueba que acredite capacidad y honradez, así como designar interventores en los asuntos de su competencia;
d) Permutar o destituir de sus cargos a los Jefes y empleados de la Institución, cuando sea necesario, ajustándose para ello a las disposiciones legales vigentes;
e) Conceder licencia al personal de la Contraloría, de acuerdo con su reglamento interno;
f) Enviar cada año oportunamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, el proyecto de Presupuesto de sueldos y gastos de la Institución;
g) Firmar los billetes bancarios que se pongan en circulación y los documentos que indiquen las leyes respectivas.
h) Formular los proyectos de reglamento que sean necesarios para las diferentes actividades de la Contraloría, sometiéndolos a la consideración del Presidente de la República;
i) Evacuar las audiencias y traslados en las causas que, por delitos contra la Hacienda Publica o Municipal, corran los tribunales de Justicia;
j) Dictar las medidas relativas a la rendición y revisión de cuentas de las entidades sujetas a fiscalización;
k) Imponer las sanciones económicas de uno a doscientos quetzales, a los funcionarios o empleados públicos y de las instituciones autónomas o descentralizadas, que incurran en negligencia o incumplimiento de las leyes. reglamentos y disposiciones fiscales:
l) Rebajar o condonar las multas a que se refiere el inciso anterior, cuando el caso lo justifique;
m) Rendir al congreso de la República, al Presidente de la República y al Ministro de Hacienda y Crédito Público, informe de las labores desarrolladas por la Contraloría durante cada año fiscal;
n) Enviar al Congreso de la República el informe concerniente a la revisión de la cuenta a que se refiere el inciso 4o. del artículo 147 de la Constitución; y
o) (Decreto-Ley 247). Designar interventores en los asuntos de su competencia.
Artículo 14. La Contraloría de Cuentas esta obligada a proporcionar cualquier informe, dato o dictamen, o a practicar expertaje, fiscalización o auditoria que ordenen los Organismos del Estado. Su falta de cumplimiento será castigada con las penas establecidas en el inciso k) del articulo anterior.
CAPITULO IV Rendición de Cuentas
Artículo 15. Toda persona que tenga a su cargo el manejo de fondos o valores del Estado o de las Instituciones sujetas a fiscalización, esta obligada a rendir cuentas a la Contraloría en la forma, lugar y tiempo que señale la ley o el reglamento respectivo.
Artículo 16. Cuando la persona obligada a rendir cuentas no cumpliere con hacerlo dentro del término legal, por enfermedad, fallecimiento o separación del cargo por cualquier causa, el Jefe de la Contraloría de Cuentas designara a la persona que, de oficio, debe rendirlas, de conformidad con el reglamento.
CAPITULO V Examen de Cuentas
Artículo 17. El examen de una cuenta tendrá por objeto establecer si se ha incurrido en errores matemáticos, si se ha hecho aplicación correcta de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes, y si ha habido perdida de valores o menoscabo en los intereses del Estado o de las instituciones respectivas. Artículo 18. La Contraloría de Cuentas designará al contralor o auditor que deba practicar el examen de una cuenta, quien la depurara y tendrá facultad para esclarecer los errores subsanables, a fin de que en un informe se consignen únicamente los cargos que ameriten iniciar un juicio de cuentas. Artículo 19. Los funcionarios y empleados públicos y los de las entidades sujetas a fiscalización, están obligados bajo pena de ser destituidos, a presentar a los contralores los libros y documentos a su cargo y cualquier información que les solicitaren. El incumplimiento de esta disposición se hará constar en acta para los efectos consiguientes. Artículo 20. El contralor designado para examinar una cuenta, rendirá informe a la Contraloría y formulará el pliego de reparos en el cual se señalaran concretamente los cargos que aparezcan contra los responsables. En dicho pliego figurarán las sumas reparadas, las citas de las leyes infringidas y la petición para iniciar el juicio de cuentas respectivas. Artículo 21. Si después del examen de una cuenta aparecieren nuevos cargos, la Contraloría de Cuentas ordenara la formación de nuevos pliegos de reparos, los cuales se formularan conforme lo establece el articulo anterior, así como la presentación de informes adicionales útiles al fin que se persigue. Artículo 22. Terminado el examen y glosa de una cuenta, se enviará el expediente con la providencia respectiva al Tribunal de Cuentas para la iniciación del juicio. En el caso en que el monto de los reparos no desvanecidos no exceda de diez quetzales, el Jefe de Contraloría de Cuentas, sin abrir procedimiento, impondrá al responsable una multa equivalente al valor de las sumas reparadas y la presentación de la constancia del pago será suficiente para que la cuenta sea aprobada sin mas tramites. En caso de renuncia de los obligados se procederá al cobro por la vía económico coactiva. Cuando en la contestación de los reparos o en cualquier estado del expediente de revisión, los responsables reconozcan la legitimidad de los cargos en su contra y se avengan a pagar su valor o Presenten las constancias de pago correspondientes, la Contraloría aprobara la cuenta sin mas tramites; la responsabilidad penal a que diere lugar los reparos será deducida ante los Tribunales del orden común.
Artículo 23. Finiquito es la solvencia de toda persona sujeta a glosa o juicio de Cuentas. Constara en resolución firme. ya sea de la Contraloría o del Tribunal de Cuentas. El finiquito, sin embargo, no exime de responsabilidad a la persona a cuyo favor se extendió, si con posterioridad a su otorgamiento se descubre que existió dolo, fraude o culpa lata o error, maniobra u omisión voluntaria ó involuntaria en la cuenta. En este caso podrá demandarse la enmienda de la misma y el pago al responsable. Artículo 24. Los finiquitos se expedirán a los funcionarios y empleados sujetos a fiscalización una vez que las cuentas en que figuren como responsables hayan sido aprobadas. Cuando un funcionario o empleado de los citados haya cesado en el desempeño de su cargo y solicite la expedición del finiquito respectivo, la Contraloría debe extendérselo dentro de un término que no exceda de tres meses a partir
de la fecha en que lo pida; pero si se tratare de ciudadanos postulados para cargos de elección popular, dicho término será de quince días improrrogables. El incumplimiento de esta obligación será penado con multa que no baje de cien quetzales ni exceda de trescientos quetzales en cada caso, la cual recaerá sobre el Jefe de la Contraloría de Cuentas o sobre el funcionario o empleado causante de ese incumplimiento, ya sea de la propia Contraloría o del Tribunal de Cuentas. Las personas que sirvan ad-honorem o entidades o agrupaciones que hagan colectas públicas para fines de beneficio social o de interés público y que no hayan manejado fondos personalmente, no estarán obligados a presentar finiquito por esta causa para la obtención de cargos de elección popular. Los interesados deben hacer sus solicitudes para la extensión de finiquito directamente a la Contraloría de Cuentas, expresando los cargos que han desempeñado y fechas de toma de posesión y de entrega en cada caso. Artículo 25. Los finiquitos se extenderán por períodos regulares de tiempo o por la gestión completa de un determinado cargo.
Artículo 26. Los contralores están obligados a exhibir ante los funcionarios o empleados que han de fiscalizar, constancia de la Contraloría en que se les autoriza para proceder a la investigación o fiscalización que han de efectuar. Artículo 27.La Contraloría de Cuentas, cuando lo estime conveniente, podrá delegar funciones de fiscalización u otras de las que le confiere la ley, en los gobernadores departamentales en su carácter de intendentes de hacienda, o en los administradores de rentas. Artículo 28. Los contralores ejercerán sus cargos con absoluta independencia. No podrán ser objetos de represalias ni de molestias con motivo del legítimo ejercicio de sus atribuciones. Artículo 29. Los contralores o las personas en quienes se delegue por escrito la facultad especial de hacer investigaciones fiscales en asuntos en que se presuma la comisión de un delito, tendrán el carácter de agentes de autoridad y serán personalmente responsables por cualquier infracción legal que cometan. Artículo 30. Queda prohibido a los contralores de cuentas, desempeñar trabajos particulares relacionados con su profesión en entidades sujetas a fiscalización y dedicarse, directa o indirectamente, a actividades especulativas con el Estado, sus organismos o entidades autónomas, semiautónomas o descentralizadas. Artículo 31. Los contralores deberán caucionar su responsabilidad por medio de fianza y están obligados a presentar declaración de sus bienes de acuerdo con la Ley de Probidad. Artículo 32. Ningún título, contrato de préstamo o comprobante de la deuda pública consolidada, ni otros compromisos de igual naturaleza, garantizados por el Gobierno, serán válidos sin la firma del Jefe de la Contraloría de Cuentas y el sello de la oficina.
CAPITULO I Tribunal de Cuentas Organización
Artículo 33. El Tribunal de Cuentas ejercerá con independencia absoluta, las funciones judiciales en
materia de cuentas. Artículo 34. El Tribunal de Cuentas se integra por tres jueces propietarios y tres suplentes electos por el Congreso de la República, cuyas calidades se determinan en esta ley. El primero de los electos será el Presidente del Tribunal. Artículo 35. El Tribunal de Cuentas se compone de las siguientes dependencias:
b) Departamento de Estadística y de Archivo; y
c) Las demás que fueren necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Artículo 36. Para ser miembro del Tribunal de Cuentas se requiere:
a) Ser guatemalteco, mayor de edad y estar en el ejercicio de sus derechos de ciudadano;
b) Tener titulo de Abogado, Contador Público o Perito Contador y haber ejercido dichas profesiones
por un término mayor de cinco años, o ser experto en asuntos fiscales, hacendarios o judiciales, con práctica no menor de quince años debidamente comprobada;
c) Haber sido electo en la forma que la Constitución establece; y
d) No haber sido condenado por delito contra la propiedad, cohecho, prevaricato, falsedad, fraude, malversación de caudales públicos, perjurio o exacciones ilegales, y no tener condena pendiente en juicio de cuentas.
Artículo 37. Queda prohibido a los miembros del Tribunal de Cuentas:
a) Desempeñar trabajos particulares relacionados con su profesión, salvo en asuntos propios o de sus parientes dentro de los grados de la ley;
b) Formar parte de los cuerpos directivos de cualquier entidad política; y
c) Dedicarse directa o indirectamente a actividades especulativas con el Estado. sus organismos y las
entidades autónomas. semiautónomas y descentralizadas. Artículo 38. La Secretaría será el órgano de comunicación entre el Tribunal de Cuentas y sus distintas dependencias, asimismo será el órgano de comunicación con el público. Para ser secretario del Tribunal de Cuentas deberán llenarse los requisitos que determina el Artículo 36, incisos a) y d), de esta ley. Artículo 39. Los jueces de primer grado y de lo económico-coactivo, y el personal administrativo de las dependencias a que se refiere el Artículo 35, serán nombrado por el Tribunal de Cuentas; en todo caso, con base en prueba que acredite su capacidad y honradez. Los departamentos estarán a cargo de un jefe que será el inmediato superior en el orden jerárquico. Artículo 40. Cada departamento podrá subdividirse en secciones, según las necesidades y la especialización del trabajo que cada dependencia requiera.
Artículo 41. La jurisdicción en materia de cuentas se ejerce:
a) Por el Tribunal respectivo organizado conforme lo dispone el Artículo 34 de esta ley;
b) Por los jueces de Primer Grado; y
c) (Decreto del Congreso 1783); “Por los jueces de Primera Instancia en los departamentos de la
República”. Artículo 42. La jurisdicción en materia de cuentas es privativa e improrrogable. Los jueces están en
la obligación de decidir por sí los asuntos sometidos a su potestad. El Tribunal de cuentas ejercerá jurisdicción sobre la contraloría para los fines del artículo 209 de la Constitución. Articulo 43. Los jueces de Cuentas de Primer Grado, conocerán en primera instancia de los juicios de la materia. Artículo 44. Ejercerán sus funciones con entera independencia y para el desempeño del cargo se requiere:
a) Tener titulo de Perito Contador o Contador Publico, o ser experto en asuntos fiscales, hacendarios o
jurídico-contables, con práctica no menor de diez anos debidamente comprobada: y
b) Llenar los requisitos exigidos en los incisos a) y d) del Artículo 36 de esta ley.
Artículo 45. (Decreto del congreso 1783). La jurisdicción en materia económica coactiva se ejerce por los jueces privativos de la materia del Tribunal de Cuentas, en el departamento de Guatemala y por los jueces de Primera Instancia, en los otros departamentos de la República. Tiene como fin exclusivo conocer en los procedimientos para obtener el pago de los adeudos a favor del Fisco, las municipalidades, las entidades autónomas y las instituciones descentralizadas. Los adeudos a que se refiere este artículo, son aquellos que proceden de un fallo condenatorio de cuentas; multas y demora en obligaciones tributarias. El Departamento Económico-Coactivo del Tribunal de Cuentas en el departamento de Guatemala se integrará por jueces específicos cuyo número será fijado por el Presidente del Tribunal de Cuentas.
Artículo 46. No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, las autoridades en materia de cuentas podrán encomendar determinadas diligencias de jueces del orden común, conforme lo dispuesto en la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Articulo 47. En los juicios de cuentas habrá dos instancias: la primera es ejercida por los jueces de Primer Grado. La segunda se ejercerá por el Tribunal nombrado conforme lo dispone el artículo 208 de la Constitución. Artículo 48. (Decreto del Congreso 1783). La demanda en materia económico-coactivo se presentará ante los jueces de Primer Grado en la ciudad capital y ante los jueces de Primera Instancia en los otros departamentos de la República. Artículo 49. Los jueces de Primer Grado tienen las mismas calidades, preeminencias y obligaciones entre sí. Artículo 50. Los conflictos de jurisdicción entre el Tribunal y los jueces de Cuentas por una parte y los Tribunales ordinarios por otra, serán resueltos conforme a la Ley del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
Artículo 51. El Tribunal de Cuentas en los asuntos de su competencia puede aplicar las medidas de apremio que autoriza a los jueces del orden común la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Artículo 52. (Decreto del Congreso 1783). Los jueces de Primera Instancia departamentales, serán jueces en materia económico-coactiva. Cumplirán sus funciones como jueces privativos en materia económico-coactiva con base en el expediente respectivo que les remita el Tribunal de Cuentas y deberán tramitar el procedimiento de oficio e inmediatamente que reciban los antecedentes y el auto de su designación. Artículo 53. El Tribunal de Cuentas conocerá en segunda instancia en los juicios de cuentas y los procedimientos económico-coactivos, Pasara a la Contraloría copia certificada de los fallos que dicte, para los efectos del finiquito. Artículo 54. Están sometidos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas las oficinas y personas sujetas a fiscalización a que se refiere el Artículo 2. de esta ley. Artículo 55. Para iniciar un juicio de cuentas es necesario que previamente exista el expediente de glosa con reparo no desvanecido, tramitado y formulado por la Contraloría de Cuentas. Artículo 56. La Contraloría de Cuentas está obligada a remitir al Tribunal de Cuentas los expedientes que den lugar a procedimiento, formados en virtud de revisiones, glosas, auditorias o inspecciones que efectúen de conformidad con la ley, los cuales servirán de base para el juicio respectivo. La Contraloría, al remitir los mencionados expedientes, dictara la providencia correspondiente, con las observaciones del caso. Artículo 57. Cada expediente de reparos no desvanecidos dará origen a un juicio de cuentas por separado; sin embargo, ante los jueces de Primer Grado o en segunda instancia, si no se hubiere hecho en primera, se podrá pedir la acumulación de conformidad con las reglas que para el caso fijan las leyes procesales civiles. Artículo 58. El Jefe de la Contraloría de Cuentas, o el contralor designado para el efecto, será parte en el respectivo, juicio de cuentas, actuando en representación de la Contraloría. Artículo 59. Es función potestativa del Tribunal de Cuentas y de los jueces de Primer Grado, solicitar a la contraloría de Cuentas la practica de nuevas revisiones. Artículo 60. Los juicios de cuentas y los procedimientos económico-coactivos se tramitarán en papel simple, pero en la liquidación final deberá incluirse la reposición del papel empleado. En caso de sentencia absolutoria en juicio de cuentas no procede la reposición del papel. En las constancias y certificaciones que se extiendan a los interesados para desvanecer reparos, se empleara también papel simple, debiendo advertirse en los mismos que las constancias se emiten con tal fin.
Las oficinas públicas a las cuales solicite un interesado constancia o certificaciones para desvanecer reparos, tienen la obligación de expedirlas dentro del tercero día con citación del Ministerio Público. Igual obligación tienen dichas oficinas cuando un juez de Cuentas solicite esas constancias o certificaciones. Artículo 61. Los conflictos de competencia entre las autoridades, en materia de cuentas, serán resueltos por el Tribunal de Cuentas.
Articulo 62. Al empleado o funcionario a quien se encomiende alguna diligencia, que no diere pronto cumplimiento a la misma, se le impondrá una multa de cinco o diez quetzales. Cuando los infractores fueren jueces del orden común, se enviará copia certificada a la Corte Suprema de Justicia para lo que estime procedente. Artículo 63. Si la persona comisionada esta bajo la jurisdicción de la Contraloría de Cuentas, ésta impondrá la sanción. Si se trata de un empleado del Organismo Ejecutivo, se comunicara la infracción al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que éste imponga la sanción que corresponda.
CAPITULO V Vacantes, Impedimentos, Excusas y Recusaciones
Artículo 64. Las vacantes definitivas que se presentaren serán llenados por elección del Congreso en la forma que determina la Constitución de la República. En este caso los sustitutos terminarán el periodo para el cual fueron electos sus antecesores. Artículo 65. En caso de falta temporal de uno o varios de los jueces a que se refiere el artículo 208 de la Constitución de la República, entraran a substituirlos los suplentes nombrados por el Congreso de la República, en el orden de su elección. Cuando el Tribunal no pueda integrarse por causa de impedimento legal de alguno de los suplentes, este se integrara con los jueces de Primer Grado que llenen los requisitos legales. Artículo 66. Son impedimentos y causas de excusa y de recusación, para los jueces de Cuentas, los consignados en la Ley Constitutiva del Organismo Judicial para los jueces del orden común. Unos y otros se tramitarán en la forma que dicha ley prescribe en cuanto no se opongan a lo dispuesto en esta ley orgánica.
Artículo 67. Los términos para dictar las resoluciones en el juicio de cuantas se regirán conforme lo establece la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Artículo 68. Los expedientes a que se refiere el Artículo 56 de esta ley, deben ser remitidos al Tribunal de Cuentas en un plazo no mayor de veinte días, contados desde la fecha en que se notificó la aprobación o improbación de las cuentas. Artículo 69. Todo término principia a correr para las partes desde el momento de la última notificación. Para el computo de los términos no se tomaran en consideración los días inhábiles. El término de la distancia en materia de jurisdicción de cuentas es imperativo y los jueces lo fijarán según los casos y circunstancias.
CAPITULO VII Procedimientos
Artículo 70. El juicio de cuentas tiene por objeto establecer de manera definitiva si el patrimonio nacional o de las instituciones, entidades o empresas sujetas a fiscalización ha sufrido perdidas en el
manejo de su hacienda, la restitución o pago correspondiente en caso de responsabilidad y la imposición de sanciones de acuerdo con la ley. Artículo 71. Recibidos los autos, el juez de Primer Grado dará audiencia a los interesados, por el término de quince días, entregándoles copia literal del pliego de reparos no desvanecidos. Artículo 72. Vencido el término a que se refiere el articulo anterior, si los demandados no hubieren manifestado nada en su defensa, el juez dictará sentencia, a menos que estime necesaria la apertura del juicio a prueba. Artículo 73. Si los interesados pidieren abrir el juicio a prueba, el juez lo decretará por un término de quince días. El término será de sesenta días cuando los medios de prueba hayan de obtenerse fuera de la República. Artículo 74. Vencido el termino probatorio el juez dictará sentencia dentro de los ocho días siguientes. La sentencia deberá condenar o absolver a los enjuiciados. Artículo 75. Si se hubiere interpuesto apelación, el expediente será enviado al Tribunal de Segunda Instancia, el que dará audiencia al recurrente por cuarenta y ocho horas para que exprese los motivos de su inconformidad y pueda proponer las pruebas que sean procedentes. En este ultimo caso se fijará un término de seis días para recibirlas. Si no hubiere pruebas que rendir o cuando éstos hubieran sido presentadas, el Tribunal dictara sentencia dentro de un término de ocho días, durante los cuales los interesados podrán presentar sus alegatos. Artículo 76. En esta instancia no se admitirán mas pruebas que las que no se hubieren recibido en la primera, siempre que hayan sido propuestas oportunamente.
CAPITULO VIII Sentencias
Artículo 77. Las sentencias de primera instancia que se dicten deberán declarar si se aprueban los reparos que contiene el expediente formulado por la Contraloría de Cuentas o si por el contrario, se consideran desvanecidos e infundados. Artículo 78. Toda sentencia deberá contener, fuera de la parte explicativa del caso a fallar, las consideraciones de derecho y de carácter de derecho y de carácter técnico y las prescripciones legales en que se fundamente el fallo. La parte resolutiva contendrá las declaraciones derivadas de lo que es materia del juicio. Artículo 79. Las sentencias de segunda instancia tendrán por objeto, confirmar, modificar, revocar o anular el fallo de primera instancia. Artículo 80. Las sentencias de lo económico-coactivo declararan haber lugar o no a hacer trance, remate y pago con los bienes embargados y señalará, si procediere, día y hora para la diligencia o el depósito del dinero si éste fuere el bien embargado o si se hiciera efectiva la fianza. Artículo 81. En toda sentencia absolutoria deberá mandarse que se extienda al interesado el finiquito correspondiente por el período y cargo que comprenda el expediente fallado y este documento deberá extenderse dentro de los tres días siguientes a la fecha en que la sentencia quedó firme.
CAPITULO IX Ejecución de Sentencias
Artículo 82. Todas las sentencias condenatorias del Tribunal de Cuentas, serán ejecutadas por el procedimiento económico-coactivo. Para sustanciar este procedimiento, son competentes los mismos tribunales de primera y segunda instancia que conocieron en el juicio de cuentas. Artículo 83. Solamente en virtud de titulo ejecutivo procederá la ejecución económico-coactiva. Son títulos ejecutivos los siguientes.
1. Certificación que contenga sentencia firme dictada en juicio de cuentas.
2. Certificación que contenga sentencia firme con motivo de aplicación de la Ley de Probidad.
3. Certificación o actuaciones que contengan el derecho definitivo establecido y el adeudo líquido y exigible.
4. Certificación que contenga la liquidación definitiva practicada por la autoridad competente, en caso de falta de pago total o parcial de impuestos, tasas, arbitrios, cuotas o contribuciones.
5. Certificación en que se transcriba la resolución que imponga multa administrativa o municipal y la causa de la sanción.
6. Testimonio de la escritura pública en que conste la obligación que debe hacerse efectiva.
7. Certificación del reconocimiento de la obligación hecha ante autoridad a funcionario competente.
8. Certificación de sentencia firme o resolución dictada por cualquier tribunal o autoridad
competente en la que se establezca una obligación que deba hacerse efectiva por el procedimiento económico-coactivo. Artículo 84. Con base en el título ejecutivo se dictará resolución mandando requerir de pago el obligado, y en caso de no cancelar en cl acto del requerimiento, trabar embargo en bienes suficientes que alcancen a cubrir el adeudo. En dicha resolución se prevendrá el ejecutado que dentro del término de tres días debe manifestar su oposición bajo apercibimiento de continuar el trámite en su rebeldía. Artículo 85. Si el ejecutado se opone o interpone excepciones dentro del mismo término, se mandará oír al Ministerio público y al ejecutante por el término de cinco días. Artículo 86. Si el juez lo estima necesario o lo solicitare alguna de las partes, mandará abrir a prueba las excepciones por el término de seis días. Vencido este término se resolverá sin necesidad de señalar día para la vista. Artículo 87. La excepción de Incompetencia será de previo y especial pronunciamiento y se tramitará de acuerdo con lo prescrito en la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Asimismo serán de previo y especial pronunciamiento las excepciones de falta de capacidad legal del ejecutado, personalidad, personería y litispendencia. Las demás excepciones se resolverán con el asunto principal. Artículo 88. En el procedimiento económico-coactivo, sólo cabra el recurso de apelación contra las sentencias y contra los autos que resuelvan excepciones y las que aprueben la liquidación definitiva. Artículo 89. El Tribunal de Segunda Instancia al recibir las actuaciones señalará día para la vista, la cual tendrá lugar dentro de un término que no exceda de quince días. Pasado el día de la vista se dictará sentencia dentro de los ocho días siguientes. Artículo 90. En todo lo referente a embargo y remate, se procederá de conformidad con lo que dispone el Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil. Artículo 91. Unicamente pueden interponerse tercerías excluyentes de dominio o preferentes de pago, las que se promoverán y sentenciarán ante los tribunales ordinarios. Articulo 92. Las tercerías excluyentes de dominio deberán interponerse antes de que se otorgue la escritura traslativa de dominio, y las preferentes de pago, antes de haberse efectuado éste. Articulo 93. Para que pueda suspenderse el procedimiento económico-coactivo a consecuencia de una tercería, es necesario que se compruebe en forma auténtica, que se ha interpuesto y que los tribunales ordinarios le han dado tramite. Artículo 94. El juez ordinario que conozca de una tercería tiene obligación bajo su estricta responsabilidad, de comunicar al funcionario que sigue el procedimiento económico-coactivo, que se dictó resolución firme que pone fin al juicio de tercerías, pero lo cual certificará la conducente. Artículo 95. La jurisdicción económico-coactivo, para cobro de deudas a favor de las municipalidades, deberá solicitarse ante los funcionarios que tienen dicha jurisdicción y competencia de conformidad con esta ley. Artículo 96. La gestión del pago en la vía económico-coactiva de los adeudos de carácter municipal corresponde no solo al síndico, sino también a quien debe defender los intereses municipales o a quien se delegue por la municipalidad respectiva para el efecto.
Artículo 97. En los juicios de cuentas serán procedentes los recursos siguientes revocatoria, revisión, aclaración, ampliación y apelación; los recursos de queja y de hecho que se interpondrán contra los jueces de Primer Grado y procede también el recurso de casación contra los fallos de Segunda Instancia, cuando el sujeto de glosa a juicio no sea funcionario o empleado público. Artículo 98. Las providencias que dicte el presidente del Tribunal o el jefe de algún departamento o sección, en el ejercicio de la función administrativa, podrán revocarse de oficio, o a instancia de parte, dentro de un término no mayor de cuarenta y ocho horas. Artículo 99. La primera instancia queda en suspenso desde el momento en que se interpone el recurso de apelación. Artículo 100. Los recursos de aclaración y ampliación, podrán interponerse dentro del término de veinticuatro horas contadas desde la ultima notificación a la parte. Estos recursos únicamente caben contra los fallos de Primera y Segunda Instancia. Artículo 101. El recurso de apelación podrá interponerse dentro del término de tres días contados desde la fecha de la ultima notificación a las partes. Procede contra las sentencias o autos que pongan fin al juicio. No procede cuando el monto de los reparos no excede de cincuenta quetzales. Artículo 102. El recurso de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas en los juicios de cuentas, aun cuando respecto a ellas se hubiere interpuesto el recurso de casación. El recurso de revisión no procederá contra las sentencias cuyo monto no exceda de cincuenta quetzales Dicho recurso podrá interponerse en cualquier tiempo mientras no se haya consumado la prescripción y deberá conocer el tribunal que dicto la sentencia. La revisión procede únicamente en los casos siguientes:
a) Cuando haya habido error de cálculo;
b) Cuando el interesado obtenga nuevos documentos que, de manera evidente y legítima, desvirtúen los reparos siempre que se exprese clara y satisfactoriamente ajuicio de la autoridad que conozca de la revisión, el motivo por el que no se presentaron los documentos en su oportunidad;
c) Cuando se descubra con posterioridad a la sentencia que se trata de revisar, que ésta se fundó en documentos falsos;
d) Cuando dos o más personas hayan sido condenadas en virtud de sentencias contradictorias por un mismo reparo o por una misma causa, que no pueda haber sido reparada legítimamente sino en una cuenta;
e) Cuando por el examen de otra cuenta se descubra en la que haya sido objeto de decisión definitiva, omisión de cargo, doble data o falsas aplicaciones de los fondos públicos; y
f) Cuando habiéndose fundado la sentencia en el método de tanteo, el cuentadante presente posteriormente la cuenta completa que estaba obligado a rendir o comprobantes legítimamente admisibles de las partes de ésta que se hubieren formado basándose en conjeturas.
CAPITULO XI Disposiciones Generales
Artículo 103. En los juicios de cuentas y en los procedimientos económico-coactivos, los demandados no necesitan auxilio de abogado ni están obligados a citar leyes. Deberá tramitarse por escrito, pero si hubiere necesidad de una gestión verbal urgente para el caso, se levantará acta de la diligencia en las propias actuaciones. Artículo 104. Los procedimientos en los juicios de cuentas y los económico-coactivos, serán promovidos de oficio por los mismos jueces que conozcan de ellos. Por consiguiente, no puede alegarse abandono. Artículo 105. Si al conocer los jueces de Cuentas, en Primera o Segunda Instancia, aparecieren hechos delictuosos que no hubieren sido denunciados a la autoridad ordinaria con anterioridad, se certificará inmediatamente lo conducente, aunque no se hubiere dictado fallo alguno, para remitirlo a los jueces que corresponda.
Artículo 106. Para los efectos de la Ley Orgánica del Presupuesto, el Tribunal de cuentas y sus dependencias se considerarán como una unidad y con la calidad de organismo autónomo. Artículo 107. En lo que no se oponga a la presente ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Civil, de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial.
CAPITULO XII Disposiciones Transitorias
Artículo 108. El período de los jueces a que se refiere el artículo, 208 de la Constitución de la República, se computará a partir del quince de marzo del año próximo. Artículo 109. El Organismo Ejecutivo emitirá los reglamentos necesarios para la correcta aplicación de esta ley, la cual se aplicará a todas las cuentas que se encuentren en proceso de glosa de cuentas, en lo que fuere procedente. Artículo 110. Se reconoce la validez jurídica de todos los actos que el Tribunal y Contraloría de Cuentas han realizado en ejercicio legítimo de sus funciones. Artículo 111. Quedan derogados el Decreto número 515 del Congreso, el 128 del Presidente de la República y todas las leyes y disposiciones que se opongan a la presente. Artículo 112. El presente decreto entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario oficial. Pase al Organismo Ejecutivo para su publicación y cumplimiento. Dado en el Palacio del Organismo Legislativo en Guatemala, el veintiuno de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis.
SALVADOR ORTEGA CASTELLANOS, Primer Vicepresidente en el ejercicio de la Presidencia.
BALTASAR MORALES DE LA CRUZ, Secretario
OSCAR COBAR CASTILLO Secretario
PALACIO NACIONAL: Guatemala, veintinueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis. Publíquese y cúmplase
CARLOS CASTILLO ARMAS,
El Ministro de Gobernación EDUARDO RODRIGUEZ GENIS
Документы, похожие на «Ley Organica Del Tribunal y Contraloria de Cuentas»
AlexandraHch
Jaime Patricio Olivares Mellado
Cita Para Agrgara Proyecto
Rufino Jacinto Reyes Coronel
INSTRUCTIVO_PARA_INF_GESTION_TRIMESTRAL..pdf
Res. Adm. N° 000132-2020-P-CSJLI-PJ
Другое от пользователя: Elias LobRey
Instructivo Acta Supervivencia
Juicio Oral de Relaciones de Familia
Clinica laboral 2013_1.doc
RESUMEN DE LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.1.doc
GUIA EXENTOS.pdf
DECRETO 10-2012.doc
Популярные на тему «Accountant»
SEMANA 2 - REQUISITOS PARA SER PERITO .JUDICIAL(2).pdf
auditoria Archivo Administrativo
294420584 Curriculum Mg Rodolfo Vento Egoavil
Resolucion_JD_015-2015_codifgo de etica
Regulación - réquiem
anon-226989
Balance Comprobacion Ven Nif San Julian
Emision de Comprobantes de Pago Electronico
DOC-20170901-WA0000.pdf
MONOGRAFIA Etica e Independencia de Los Auditores