Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/RAP/SUP-RAP-00221-2010.htm
Timestamp: 2019-03-20 05:52:55
Document Index: 165197097

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 151', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 45', 'artículo 116', 'Artículo 27', 'artículo 45', 'artículo 17', 'artículo 45', 'artículo 17', 'artículo 88', 'artículo 27', 'artículo 68', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 35', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 151', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 134', 'artículo 97', 'artículo 133', 'artículo 116', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 49', 'artículo 41', 'artículo 79', 'artículo 2', 'artículo 347', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 19', 'artículo 55', 'artículo 151', 'artículo 133', 'artículo 124', 'artículo 41', 'artículo 49', 'artículo 41', 'artículo 6', 'artículo 105', 'artículo 151', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 27', 'artículo 4', 'artículo 151', 'artículo 43', 'artículo 86', 'Artículo 41', 'artículo 4']

SUP-RAP-221/2010
EXPEDIENTE: SUP-RAP-221/2010
RECURRENTE: INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUILA
SECRETARIO: ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ.
México, Distrito Federal, diecinueve de enero de dos mil once.
VISTOS para resolver los autos del recurso de apelación radicado en el expediente SUP-RAP-221/2010, promovido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, en contra del Consejo General del Instituto Federal Electoral, a fin de controvertir la omisión de pronunciarse respecto del oficio IEPCC/SE/1685/2010, mediante el cual se notificó al presidente del citado Consejo General los acuerdos identificados con los números 82/2010 y 83/2010, dictados el veintiuno de octubre de dos mil diez por el instituto local mencionado; y
I. Antecedentes. De lo narrado en la demanda y de las constancias que obran en autos, así como las que se obtienen del diverso expediente SUP-RAP-199/2010 resuelto por esta Sala Superior, se advierte lo siguiente:
1. Solicitud de suspensión de propaganda institucional y gubernamental. Por oficio número IEPCC/P/1434/2010, de veintidós de septiembre de dos mil diez, el Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila solicitó al Instituto Federal Electoral girara las instrucciones necesarias a fin de que los partidos políticos suspendieran la propaganda institucional del 1 de noviembre de dos mil diez al tres de julio de dos mil once, y que las autoridades de los tres órdenes de gobierno suspendieran la propaganda gubernamental para radio y televisión en el Estado de Coahuila, del cuatro de enero al tres de julio de dos mil once.
2. Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila. El veintiuno de octubre del año dos mil diez, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila aprobó los acuerdos identificados con los números 82/2010 y 83/2010 que son del tenor siguiente:
ACUERDO NÚMERO 82/2010
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, miembros del Consejo General en presencia de la Secretaria Ejecutiva y de los representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 numeral 5 de la Constitución del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el artículo 4 numeral 1, 20, 72 numeral 1 y 2, 78 numeral 1 inciso g), 79 numeral 2 inciso w), 88 numeral 3 inciso d), 133 numeral 1, 151 numeral 5, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el artículo 7 del Reglamento de Propaganda Electoral de los Partidos Políticos y sus Candidatos, ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el acuerdo presentado por la Secretaría Ejecutiva relativo a la solicitud al Instituto Federal Electoral para la suspensión de la propaganda institucional de los Partidos Políticos para el proceso electoral 2010- 2011, que se resuelve en los siguientes términos:
PRIMERO. Se comunica al Instituto Federal Electoral la fecha de inicio del Proceso Electoral Ordinario 2010-2011, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 151, numeral 5, del Código Electoral del Estado, con la finalidad de que la propaganda institucional de los partidos políticos en radio y televisión sea suspendida a partir del día 1 de noviembre de 2010 y hasta en tanto no culmine el Proceso Electoral Ordinario 2010-2011.
SEGUNDO. Se comunica a los partidos políticos se abstengan de contratar y difundir a través de cualquier medio, propaganda institucional durante el Proceso Electoral Ordinario 2010-2011.
TERCERO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que dé cumplimiento a los resolutivos anteriores y dé seguimiento a la comunicación que realice al Instituto Federal Electoral respecto a su cumplimiento.
ACUERDO NÚMERO 83/2010
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, miembros del Consejo General en presencia de la Secretaria Ejecutiva y de los representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 numeral 5 de la Constitución del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el artículo 4, numeral 1 y 2, 20, 72 numeral 1 y 2, 78 numeral 1 inciso g), 79 numeral 2 inciso w), 88 numeral 3 inciso d), 133 numeral 1, 134 numeral 2, inciso a) y b), y 157 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el artículo 12, del Reglamento de Propaganda Electoral de los Partidos Políticos y sus Candidatos, ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el acuerdo presentado por la Secretaría Ejecutiva relativo a la solicitud al Instituto Federal Electoral para la suspensión de la propaganda gubernamental para las precampañas y campañas del Proceso Electoral 2010-2011, que se resuelve en los siguientes términos:
PRIMERO. Se comunica al Instituto Federal Electoral, que el inicio de las precampañas y campañas para el Proceso Electoral Ordinario 2010-2011, será del día 5 de enero al día 27 de enero del año 2011, periodo de precampaña en la elección de gobernador y del día 14 de febrero al día 2 de marzo del año 2011, periodo de precampaña de la elección de diputados, así como también del día 16 de mayo al día 3 de julio de 2011, periodo de campañas electorales, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4, numeral 2, del Código Electoral del Estado, en el que se ordena que deberá suspenderse la difusión de propaganda gubernamental de los tres órdenes de Gobierno, Municipal, Estatal y Federal, durante los periodos de precampañas y campañas electorales y hasta la conclusión de la Jornada Comicial.
SEGUNDO. Se comunica a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, Municipal, Estatal y Federal se abstengan de difundir en cualquier medio, propaganda gubernamental durante los periodos de precampañas y campañas electorales y hasta la conclusión de la Jornada Comicial.
3. Notificación de acuerdos mediante oficio IEPCC/SE/1685/2010. El veinticinco de octubre de dos mil diez, la Secretaria Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila emitió el oficio IEPCC/SE/1685/2010 por virtud del cual remitió al Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Coahuila, copia certificada de los acuerdos aprobados por el Consejo General del citado instituto electoral local identificados con los números 82/2010 y 83/2010 relacionados con la suspensión de propaganda institucional de los partidos políticos y propaganda gubernamental dentro del proceso electoral local 2010-2011.
4. Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de la solicitud formulada mediante oficio IEPCC/P/1434/2010. El veintisiete de octubre de dos mil diez, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante acuerdo CG376/2010, dio respuesta a la solicitud formulada por el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila al tenor de los siguientes puntos de acuerdo:
PRIMERO. No ha lugar a resolver de conformidad la petición del Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, respecto de que se giren las instrucciones necesarias a fin de suspender la propaganda gubernamental para radio y televisión en las fechas del 04 de enero al 03 de julio de 2011 y para propaganda institucional del 01 de noviembre de 2010 al 03 de julio de 2011.
SEGUNDO. Se ordena al Secretario Ejecutivo notificar el presente Acuerdo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, para los efectos procedentes.
5. Inicio de proceso electoral. El uno de noviembre de dos mil diez, inició el proceso electoral 2010-2011 en Coahuila, para elegir al Gobernador y a los integrantes del Congreso del Estado.
6. Notificación del acuerdo CG376/2010. El cinco de noviembre de dos mil diez, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en Coahuila, notificó al Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en esa entidad, el Acuerdo CG376/2010.
7. Recurso de apelación 199/2010. Inconforme con dicha resolución, el once de noviembre de dos mil diez, la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por esta Sala Superior en sesión pública de veinticuatro de noviembre de dos mil diez, desechando de plano la demanda por considerarla extemporánea.
II. Recurso de apelación. Al considerar que en la especie el Consejo General del Instituto Federal Electoral incurre en una omisión de pronunciarse respecto de los acuerdos notificados mediante el oficio IEPCC/SE/1685/2010, el veintinueve de diciembre de dos mil diez, la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, actuando como representante legal del citado órgano electoral, interpuso, ante la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el recurso de apelación que se resuelve.
III. Turno a Ponencia. Recibidas en esta Sala Superior las constancias respectivas, por acuerdo de veintinueve de diciembre del año dos mil diez, la Magistrada Presidenta de este Tribunal turnó el expediente SUP-RAP-221/2010 a la Ponencia a su cargo, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
IV. Tramitación y remisión de expediente. Mediante proveído de treinta y uno de diciembre del año próximo pasado, dado que el escrito de demanda fue presentado directamente ante esta Sala Superior, la Magistrada Instructora requirió al Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral para que girara las instrucciones correspondientes a efecto de que se diera trámite y publicidad a la demanda presentada, así como que se rindiera el respectivo informe circunstanciado.
Por oficio SCG/034/2011, de siete de enero del año que transcurre, recibido en esa misma fecha en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por conducto de su Secretario, remitió el expediente integrado con motivo del recurso de apelación promovido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila; asimismo, la responsable envió, entre otros documentos, el respectivo informe circunstanciado.
V. Admisión de la demanda y cierre de instrucción. Una vez debidamente integrado el expediente, por acuerdo de catorce de enero de dos mil once, la Magistrada Instructora admitió la demanda y una vez sustanciado, por proveído de diecisiete del mismo mes y año declaró cerrada la instrucción, por no existir diligencia alguna pendiente de desahogar, ordenando elaborar el respectivo proyecto de sentencia.
PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracciones III y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso a) y fracción V; 189, fracciones I, inciso c) y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 4, 40, párrafo 1, inciso b), 42, y 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tratarse de un recurso de apelación interpuesto por una autoridad electoral local para impugnar lo que considera una omisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de pronunciarse en lo tocante a suspender la propaganda gubernamental e institucional de los partidos políticos en radio y televisión con motivo del proceso electoral en Coahuila.
SEGUNDO. Legitimación. Por lo que hace a la legitimación del actor en el recurso de apelación, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral expresa, esencialmente en su artículo 45, que ese medio de impugnación, dependiendo el caso particular, podrá ser interpuesto por:
a) Los partidos políticos o agrupaciones políticas con registro, a través de sus representantes legítimos;
b) Los ciudadanos, por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna;
c) Las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos;
d) Las personas físicas o morales, por su propio derecho o a través de sus representantes legítimos, y
e) Los dirigentes, militantes, afiliados, adherentes o simpatizantes de un partido político nacional.
De acuerdo con lo anterior, las autoridades electorales locales, no están contempladas en el catálogo de sujetos legitimados para interponer el recurso de apelación, sin embargo, a juicio de esta Sala Superior, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, como autoridad electoral, sí está legitimada para interponer el presente recurso de apelación en contra del acto impugnado.
El Instituto Local indicado es un órgano autónomo constitucionalmente erigido a fin de organizar el proceso electoral en el Estado de Coahuila.
Efectivamente, el artículo 116, fracción IV de la Constitución federal señala:
… IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:
… b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad;
c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones…
Por su parte, la Constitución Política del Estado de Coahuila dispone:
Artículo 27.- La renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, así como de los ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
5. La organización de las elecciones, plebiscitos y referendos, es una función estatal encomendada a un organismo público autónomo denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos. El Instituto se regirá por las siguientes normas y lo que establezca la ley:
a) Será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; tendrá autonomía presupuestal;
b) La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores de su desempeño;
c) Contará en su estructura con los órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia que señale la ley. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero presidente y seis consejeros electorales; concurrirán con voz y sin voto los representantes de los partidos políticos y el Secretario Ejecutivo. La ley determinará las reglas y el procedimiento para la elección por el Congreso del Estado de los consejeros electorales y sus suplentes, mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, durarán en su encargo siete años, pudiendo ser ratificados por una sola vez en los términos que disponga la ley;
d) Tendrá a su cargo, de manera integral y directa, todas las actividades relativas a la organización y desarrollo de los procesos electorales locales, de los plebiscitos y referendos; los cómputos, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos; la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, el seguimiento de los compromisos de campaña de los candidatos mediante la emisión de informes anuales con fines meramente informativos y sin efecto vinculatorio alguno, y las demás que señale la ley;
Por su parte, el Código Electoral del Estado de Coahuila determina:
1. El Instituto es depositario de la autoridad electoral dentro del régimen interior del Estado, es responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones y los procedimientos de plebiscito, referéndum, iniciativa popular y la vigilancia y fiscalización de los partidos políticos, en su ámbito de competencia.
1. El Instituto, en el ámbito de su competencia, tendrá por objeto:
b) Promover, fomentar y preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos en el Estado;
c) Promover, fomentar y preservar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos y vigilar el cumplimiento de sus deberes;
d) Garantizar la celebración libre, auténtica y periódica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos del Estado;
e) Velar por la libertad, autenticidad y efectividad del sufragio popular;
f) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática;
g) Verificar los compromisos de campaña en los términos del presente Código.
h) Promover, fomentar y preservar la participación ciudadana;
i) Organizar y desarrollar los procesos de plebiscito y referéndum que sean convocado conforme a la ley en la materia;
j) Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio del derecho de iniciativa popular, en lo que se refiere exclusivamente a la validación del número e identidad de los ciudadanos requeridos.
2. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
1. El Instituto es un organismo público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, el presente Código y demás disposiciones aplicables.
De la transcripción anterior es posible advertir lo siguiente:
1) Que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila es un organismo autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio.
2) El indicado instituto local está constitucional y legalmente obligado a seguir los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad en el desempeño de sus funciones.
3) El Instituto mencionado está legal y constitucionalmente facultado para organizar las elecciones locales en Coahuila, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar los poderes atinentes del gobierno y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio popular.
De lo anterior se colige que, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila está facultado no sólo para organizar las elecciones locales, sino para garantizar la celebración periódica y pacífica las mismas, lo que necesariamente implica que está autorizado para defender en esta instancia judicial y por esta vía, aquellas resoluciones de los órganos centrales del Instituto Federal Electoral que no admitan recurso de revisión, y que a juicio de tal órgano colegiado le impidan cabalmente cumplir con sus funciones constitucional y legalmente establecidas.
Así las cosas cabe recordar que el acto impugnado se originó en que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila acordó solicitar al Instituto Federal Electoral la suspensión de propaganda gubernamental e institucional de los partidos políticos, a efecto de cumplir con la normativa electoral local.
En ese sentido resulta evidente que el Instituto Local indicado está legitimado para impugnar lo que considera una omisión del Instituto Federal Electoral respecto del pronunciamiento de lo solicitado, porque ese organismo público fundó su actuar en la intención de dar cumplimiento a las funciones por las que está constitucional y legalmente investido.
Así, en caso de que le asistiera razón al instituto actor, la omisión del Instituto Federal Electoral pudiera trastocar efectivamente los principios rectores del proceso electoral en el Estado de Coahuila, cuestión que por mandato constitucional y legal debe impedir el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, por las vías que jurídicamente sean aptas, específicamente por aquellas de corte jurisdiccional, y en específico por el recurso de apelación.
Por tanto, de una interpretación integral de los artículos 116, párrafo IV y 99, párrafos primero y cuarto, fracciones III y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 45 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aun cuando no existe alguna disposición expresa en la citada Ley del Sistema de Medios de Impugnación, que legitime a las autoridades electorales locales para interponer recurso de apelación, con motivo de un acto u omisión de un órgano del Instituto Federal Electoral que puede afectar directa e inmediatamente en un proceso electoral local a solicitud de la autoridad que constitucional y legalmente está obligada a organizar y garantizar ese proceso; lo cierto es que, a fin de velar por la plena vigencia de la garantía constitucional de acceso a la justicia, en términos del artículo 17 de la Ley Suprema de la Federación debe interpretarse de forma amplia la legitimación para esta vía de protección judicial.
Interpretar lo contrario obstruiría substancialmente la revisión judicial de las resoluciones u omisiones del Instituto Federal Electoral que se refieren a procesos electorales locales, con lo que pudieran trastocarse en definitiva los principios rectores que se refieren a esos procesos locales y frustraría las funciones de organización y garantía de los mismos a que el Instituto Local se encuentra obligado.
Por ello, debe concluirse que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila está legitimado para hacer valer, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los argumentos que crea son aptos para evidenciar la inconstitucionalidad o ilegalidad del actuar del Instituto Federal Electoral que supuestamente trastoca el proceso electoral que está organizando.
Es importante subrayar que a juicio de esta Sala Superior, es procedente la vía intentada por el Instituto apelante y no en diverso medio de impugnación, en atención a lo siguiente.
El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano sería improcedente, porque es una vía de protección de los derechos individuales de los ciudadanos mexicanos conforme con lo previsto en los artículos 13, párrafo 1, inciso b), y 79, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Tampoco podría interponer juicio de revisión constitucional electoral, porque dicho medio de impugnación es una vía para controvertir los actos y resoluciones de las autoridades electorales locales que organicen o califiquen los comicios en las entidades federativas, y no así de las autoridades federales.
Adicionalmente a las consideraciones anteriores debe sumarse que en términos del artículo 45, párrafo 1, inciso b), fracción IV de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral están legitimadas para la interposición del recurso de apelación "las personas físicas y morales" en general, entre las que evidentemente se incluyen a las personas morales de derecho público, como es el caso del actor, y que si bien tal norma pareciera restringir esa legitimación al caso de imposición de sanciones, la misma debe ser interpretada de forma amplia conforme con la interpretación constitucional antes indicada.
Por lo tanto, en el particular, se justifica la legitimación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila para interponer recurso de apelación.
Similar criterio sostuvo esta Sala Superior al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-224/2009 que dio lugar a la integración de la tesis relevante cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:
AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES. ESTÁN LEGITIMADAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN.—Conforme con una interpretación sistemática de los artículos 116, fracción IV, y 99, párrafos primero y cuarto, fracciones III y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 45 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las autoridades electorales locales tienen por encargo organizar las elecciones locales en forma periódica y pacífica, por ende, están legitimadas para combatir las resoluciones de los órganos del Instituto Federal Electoral que puedan afectar al proceso electoral local de que se trate o impidan el cumplimiento cabal de sus funciones constitucional y legalmente establecidas. Por ello, debe entenderse que están legitimadas para interponer el recurso de apelación correspondiente, para privilegiar la plena vigencia de la garantía constitucional de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 constitucional.
Asimismo, conviene precisar que Rosa Mirella Castillo Arias en su calidad de Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, lo cual acredita con el acuerdo 8/2009 del Consejo General de la citada autoridad electoral local que acompaña en copia certificada a su demanda, tiene personería suficiente para representar a la recurrente en términos de lo dispuesto por el inciso a) del apartado 3 del artículo 88 del Código Electoral del Estado de Coahuila que dispone que corresponde al Secretario Ejecutivo representar legalmente al Instituto ante cualquier autoridad o persona física o moral.
TERCERO. Agravios. En su escrito de demanda, el enjuiciante expresa los siguientes motivos de inconformidad:
I.Con fecha 13 de octubre de 2001 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la reforma del artículo 27 fracción III de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante la cual se crea el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, como un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de la organización de las elecciones locales, dicho artículo fue posteriormente reformado, encerrándose la actividad del organismo electoral, referido en el numeral 5, de la citada disposición constitucional.
II.El día 30 de junio de 2010, entraron en vigor los decretos 262, por medio del cual se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el 263, por medio del cual se expide el Código Electoral de Estado de Coahuila de Zaragoza, estableciendo en su artículo en su artículo 68 incisos b) y f), que el Instituto tendrá por objeto el promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del sistema de partidos en el Estado, así como llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática. Asimismo, tendrá por objeto, vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación y organización ciudadana; así como garantizar que los órganos del Instituto cumplan con los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad.
III.El día 21 de octubre de 2010 el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila aprobó los acuerdos 82/2010 y 83/2010 relativos al cumplimiento de los artículos 151 numeral 5 y el artículo 4 numeral 2 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, respectivamente.
IV.El 25 de octubre de 2010, mediante oficio número IEPCC/SE/1685/2010 firmado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, se notificaron al Instituto Federal Electoral los acuerdos 82/2010 y 83/2010 emitidos por el Consejo General de este organismo electoral, relacionados con la suspensión de propaganda gubernamental y propaganda institucional de los partidos políticos.
V.El día 1 de Noviembre de 2010 inició el Proceso Electoral Local para la elección de Gobernador y Diputados Locales en el Estado de Coahuila.
Una vez precisado lo anterior, derivado de los hechos manifestados, la omisión del Instituto Federal Electoral al no dar contestación al oficio número IEPCC/SE/1685/2010, viola los artículos 8 párrafo segundo y 116 fracción IV incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hecho que me causa los siguientes
PRIMERO. La autoridad responsable viola lo dispuesto en el artículo 8 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda vez que omite dar respuesta en relación con una solicitud de colaboración con la finalidad de suspender las transmisiones en Coahuila relacionada con la propaganda gubernamental y propaganda institucional de los partidos políticos con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2010-2011 en el cual se elegirá gobernador del Estado, así como diputados al Congreso local.
El artículo 8 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
Como ya se manifestó en el capítulo de hechos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila remitió al Instituto Federal Electoral los acuerdos del Consejo General 82/2010 y 83/2010 el pasado 25 de octubre de 2010. Sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta por parte de la autoridad responsable.
En el artículo octavo constitucional se consagra el llamado derecho de petición en favor de los habitantes de la República, que comprende en lo que importa, todo lo que tenga que ver con los procesos de elección de autoridades, formación y funcionamiento de partidos políticos y de organizaciones que pretendan influir en la toma de decisiones por parte del poder público.
Este derecho de petición puede ser solicitado en materia política únicamente por ciudadanos, sin que ello implique necesariamente que tenga que ser en lo individual, en atención a que puede acontecer que una organización o agrupación, o incluso una autoridad con el carácter de organismo público autónomo y la cual tiene la característica de ser un órgano conformado por ciudadanos, válidamente acuda ante otra autoridad a efecto de ejercerlo para efectos de colaboración entre ambas.
Es decir, lo que garantiza el artículo 8 de la Constitución Federal es el derecho a recibir una respuesta de parte de la autoridad a la que se ha dirigido la petición, en esta caso, nos encontramos, no ante una abstención por parte del Estado, que caracteriza a gran parte de los derechos políticos subjetivos, sino frente a una obligación positiva que las autoridades deben cumplir.
Lo anterior como consecuencia de las obligaciones y facultades conferidas por la Ley Suprema al Instituto Federal Electoral en materia de radio y televisión, como autoridad única para la administración del tiempo del Estado tanto para partidos políticos como para autoridades electorales federales y locales.
En el caso particular, el IEPCC ha solicitado al Instituto Federal Electoral su colaboración para efectos de dar cumplimiento a una norma de carácter local, relativa a la suspensión de propaganda gubernamental y propaganda institucional de partidos políticos con motivo del proceso electoral local, acuerdos del Consejo General de este Instituto que fueron notificados a través del oficio IEPCC/SE/1685/2010. Sin embargo, en relación con dichos acuerdos, la autoridad federal de la materia ha omitido dar una respuesta.
SEGUNDO. La autoridad responsable violenta lo dispuesto en los incisos b) y c) del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, toda vez que con la omisión del Instituto Federal Electoral, se violenta la tutela de los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.
Al efecto los incisos b) y c) del artículo 116 de la Constitución Federal disponen, en la parte que interesa, lo siguiente:
El citado artículo constitucional establece en primer lugar la obligación, para las autoridades locales en los estados, de garantizar la tutela de los principios rectores de la materia, entre ellos la certeza y equidad. Por otra parte establece que, en relación con la organización de las elecciones, las autoridades gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 68 y 79 numeral 2 inciso a) del comicial de la entidad, como autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tiene la irrenunciable obligación de velar por la observancia del principio de certeza que debe de prevalecer en todo proceso electoral.
Sin embargo, en el caso del acceso a radio y televisión para partidos políticos, dicha potestad constitucional de autonomía e independencia de la que gozan las autoridades locales se ve acotada, toda vez que la propia Ley Suprema otorga facultades absolutas al Instituto Federal Electoral, tanto para su distribución así como para garantizar el correcto acceso tanto para partidos políticos como para autoridades electorales.
Es por lo anterior que, en lo relacionado con el acceso a radio y televisión durante los procesos electorales locales, el Instituto Federal Electoral debe forzosamente colaborar con las autoridades locales con la finalidad de hacer efectivas las garantías de los partidos políticos para acceder a los medios de comunicación social como el radio y la televisión, así como para garantizar el cumplimiento de las disposiciones electorales en el desarrollo de los procesos electorales locales en materia de radio y televisión.
No obstante, la omisión del Instituto Federal Electoral provoca que esta autoridad local no tenga los elementos necesarios para garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas tanto en la Constitución Política del Estado de Coahuila así como en el Código Electoral local, con motivo del proceso electoral que se encuentra desarrollándose en la entidad, toda vez que, tratándose de radio y televisión, esta autoridad carece de facultades para ejecutar tales disposiciones, violando con ello lo dispuesto por la fracción IV incisos b) y c) del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es decir, el legislador local previó las reglas y normas a las que los actores políticos se deben de sujetar con motivo de la celebración de los procesos electorales, lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Federal. El cumplimiento de dichas disposiciones deber ser garantizado por las autoridades administrativas electorales, así como por las autoridades jurisdiccionales. Sin embargo, la omisión del Instituto Federal Electoral impide que esta autoridad electoral garantice su cumplimiento toda vez que existen normas relacionadas con el acceso a radio y televisión por parte de autoridades y partidos políticos.
En el caso del acceso a radio y televisión, el Instituto Federal Electoral tiene facultades absolutas por lo que su omisión atenta directamente con el principio de certeza ya que existe la incertidumbre por parte de los actores políticos del cumplimiento de las normas locales en el desarrollo del proceso electoral local.
Es por lo anteriormente expuesto que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila solicita a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordene al Instituto Federal Electoral se pronuncie en relación con lo aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en los acuerdos números 82/2010 y 83/2010.
CUARTO. Cuestión previa. Como se puede advertir del anterior escrito de agravios, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila alega que el Instituto Federal Electoral ha sido omiso en pronunciarse respecto de la notificación efectuada de los acuerdos adoptados en el marco del proceso electoral local en el Estado de Coahuila, relacionados con la propaganda gubernamental e institucional de los partidos políticos.
En este sentido, alega la violación al derecho de petición previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta Sala Superior considera pertinente como cuestión previa, señalar que el instituto recurrente incurre en una imprecisión al identificar como fundamento de su pretensión la violación al derecho de petición, pues tal prerrogativa es de los ciudadanos y no de las autoridades en ejercicio de sus atribuciones.
En efecto, el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. Precisa además que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
Por su parte, el diverso artículo 35 de la Carta Magna establece como prerrogativa de los ciudadanos de la República ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.
Ahora bien, conforme a la doctrina y jurisprudencia constitucional mexicana, el derecho de petición constituye una garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta.
Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los siguientes elementos:
A. La petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta.
B. La autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y,
C. La respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa.
Como se puede advertir, la configuración jurídica del derecho de petición permite concluir que su ejercicio la garantía constitucional está reservada para los particulares y no a las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones.
En el caso, se debe precisar que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, por conducto de su Secretaria Ejecutiva actuó en ejercicio de atribuciones legalmente conferidas para la preparación y organización del proceso electoral local en el Estado y no como gobernado.
Lo anterior se hace evidente si se acude al contenido de los acuerdos identificados con los números 82/2010 y 83/2010, cuyo contenido ya ha sido transcrito en los resultandos de esta ejecutoria, en los que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila instruyó a la Secretaria Ejecutiva para que diera cumplimiento a los resolutivos aprobados y seguimiento a la comunicación que realizara el Instituto Federal Electoral para su cumplimiento.
En ese contexto, fue que la Secretaria Ejecutiva del citado instituto local, emitió el oficio identificado con la clave IEPCC/SE/1685/2010 que es del tenor siguiente
LIC. LEONARDO VALDÉS ZURITA
En alcance al oficio identificado con el número IEPCC/P/1434/2010, en relación a su oficio número JLE/VE/162/2010 recibido en las instalaciones de este Instituto el 22 de octubre del año en curso, me permito remitirle copia certificada de los acuerdos aprobados por el Consejo General de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila del acuerdo número 82/2010 relativo a la suspensión de Propaganda Institucional de los partidos políticos para el proceso electoral 2010-2011 y el acuerdo número 83/2010 relativo a la suspensión de la propaganda gubernamental para las precampañas y campañas del proceso electoral 2010-2011.
Anexo al presente, encontrará copia certificada de los mencionados acuerdos.
Sin otro particular, me reitero a sus órdenes para cualquier comentario y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
LIC. ROSA MIRELLA CASTILLO ARIAS
Cabe precisar que por oficio IEPCC/P/1434/2010, de veintidós de septiembre de dos mil diez, recibido en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral el inmediato día veintitrés, el Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila informó que el uno de noviembre de dos mil diez, daría inicio el proceso electoral en el Estado de Coahuila, a fin de elegir Gobernador y diputados al Congreso local y que con fundamento en el artículo 4, párrafo 2, del Código Electoral del Estado de Coahuila, durante el periodo de precampañas y campaña electoral, hasta el día de la jornada electoral, se debe suspender la difusión, en medios de comunicación social, de toda propaganda gubernamental de cualquier ente público, y que de conformidad con lo previsto en el artículo 151, párrafo 5, del aludido Código electoral, local durante los procesos electorales, los partidos políticos no podrán contratar ni difundir propaganda institucional sin referencia a precandidatos, precampañas, candidatos o campañas.
Por lo anterior, el Instituto Electoral local solicitó que se dieran las instrucciones necesarias, a fin de suspender la difusión de propaganda gubernamental para radio y televisión durante el periodo del cuatro de enero al tres de julio de dos mil once, en tanto que, para la propaganda institucional, el periodo es del uno de noviembre de dos mil diez, al tres de julio de dos mil once.
De lo anterior, resulta evidente que la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila actuó no como particular sino como representante de la autoridad electoral en esa entidad federativa a fin de dar cumplimiento a lo instruido en los acuerdos que anexa, lo que hace evidente que no se puede tratar del ejercicio de un derecho de petición.
Luego entonces, es dable concluir que en el caso, no se está en presencia del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No obstante lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que en aplicación de los principios generales del derecho consagrados en los aforismos iura novit curia (el juez conoce el derecho) y Da mihi factum, dabo tibi ius (dame los hechos, que yo te daré el derecho), es factible analizar la pretensión del actor, no desde la óptica del derecho de petición, sino desde la perspectiva de que lo que viene a demandar al litigio es la omisión de dar respuesta a una solicitud de colaboración institucional que resulta necesaria para cumplir con las finalidades que tiene legal y constitucionalmente encomendadas.
En efecto, el artículo 4, párrafo 1 del Código Electoral del Estado de Coahuila, dispone:
1. Para el desempeño de sus funciones las autoridades electorales establecidas por la Constitución y este Código, contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades estatales y municipales; asimismo, deberán solicitar la colaboración de las autoridades federales cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.
Tal dispositivo, fue empleado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila como fundamento en la emisión de los acuerdos identificados con los números 82/2010 y 83/2010.
Incluso del contenido expreso de los acuerdos se obtiene que la comunicación al Instituto Federal Electoral tiene como finalidad el dar cumplimiento a diversas disposiciones en el ámbito de la legislación electoral local.
En ese contexto, esta Sala Superior arriba a la conclusión de que la materia de litis será estudiada no como violación al derecho de petición, sino como una omisión a atender una solicitud de colaboración efectuada por una autoridad electoral estatal a una federal para el debido cumplimiento de sus atribuciones.
Lo anterior sin prejuzgar respecto de si asiste o no razón al recurrente sino únicamente como precisión del acto reclamado y el interés jurídico que como demandante tiene en la controversia.
QUINTO. Estudio de fondo. Como se ha precisado, la pretensión medular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila como recurrente en esta apelación, es que el Consejo General del Instituto Federal Electoral emita un pronunciamiento respecto de los acuerdos dictados por esa autoridad local respecto de la suspensión de propaganda gubernamental e institucional de los partidos políticos en el proceso electoral local que se desenvuelve en el Estado de Coahuila.
Su causa de pedir deriva de que desde el veintiséis de octubre de dos mil diez, se recibió en la presidencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral el oficio IEPCC/SE/1685/2010, por el que se notificaron los acuerdos 82/2010 y 83/2010 del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, sin que a la fecha exista pronunciamiento alguno por parte de la citada autoridad electoral federal, lo que en su concepto provoca que no tenga los elementos necesarios para garantizar el cumplimiento de diversas disposiciones contenidas tanto en la Constitución Política del Estado de Coahuila como en el Código Electoral local con motivo del proceso electoral que se desarrolla en esa entidad federativa.
A efecto de tener una visión completa de los hechos que antecedieron a la omisión alegada, resulta pertinente formular una cronología detallada de los mismos, para poder precisar el alcance de la pretensión del enjuiciante.
De las documentales públicas que obran en autos, las que, valoradas en términos de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral merecen valor probatorio pleno, se obtienen las siguientes conclusiones.
Por oficio número IEPCC/P/1434/2010, de veintidós de septiembre de dos mil diez, el Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila solicitó al Instituto Federal Electoral, entre otros aspectos, girara las instrucciones necesarias a fin de que los partidos políticos suspendieran la propaganda institucional del 1 de noviembre de dos mil diez al tres de julio de dos mil once, y que las autoridades de los tres órdenes de gobierno suspendieran la propaganda gubernamental para radio y televisión en el Estado de Coahuila, del cuatro de enero al tres de julio de dos mil once.
El contenido del citado oficio es del tenor siguiente:
Por medio del presente, me permito enviarle un cordial saludo, al tiempo que aprovecho para hacer de su conocimiento, que conforme lo establecido en el Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, el día 01 de Noviembre del año 2010, dará inició el Proceso Electoral para la elección de Gobernador y Diputados Locales en el Estado de Coahuila.
En virtud de lo anterior, le informamos lo siguiente:
- Con fundamento en el art. 4 numeral 2 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza que dice "Durante el tiempo que comprendan las precampañas y campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, de cualquier ente público".
- Así mismo en el art. 151 numeral 5 del mencionado Código dice: Se entiende por propaganda institucional, la que difunden los partidos políticos sin referencia a precandidatos, precampañas, candidatos o campañas. Durante los procesos electorales, los partidos políticos no podrán contratar ni difundir este tipo de propaganda.
De tal forma que esperamos se giren las instrucciones necesarias a fin de suspender la propaganda gubernamental para radio y televisión en las fechas del 04 de enero al 03 de julio de 2011 y para propaganda institucional del 01 de noviembre de 2010 al 03 de julio de 2011.
Y dado que los partidos políticos y esta autoridad deberán acceder a las prerrogativas que en materia de acceso a radio y televisión se nos otorgan, le solicitamos de la manera más atenta nos proporcione la siguiente información:
- Especificaciones técnicas de los materiales que necesitan entregar los partidos políticos y la autoridad electoral.
- Las fechas de entrega del material de los partidos políticos y la autoridad electoral en los periodos de precampaña y campaña, y en el caso de coaliciones de partidos políticos, los plazos y fechas para hacer cambios y/o modificaciones.
- Procedimiento de monitoreo a spots, fechas de publicación de resultados.
Seguros de contar con su valiosa participación, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respecto.
Lic. Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante
El citado oficio fue recibido en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos el veintitrés de septiembre de dos mil diez y obra en copia certificada en los autos del expediente identificado con la clave SUP-RAP-199/2010 que fue resuelto el veinticuatro del noviembre de dos mil diez por esta Sala Superior.
Mediante oficio JLE/VE/162/2010 de fecha veinte de octubre de dos mil diez, recibido el inmediato día veintidós en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en Coahuila, por instrucciones del Consejero Presidente, dio respuesta al citado oficio, precisando, en lo que interesa para la materia de esta impugnación que la solicitud de instruir la suspensión de la propaganda institucional de los partidos políticos y la propaganda gubernamental, sería resuelta por el Consejo General de la citada autoridad electoral federal mediante un acuerdo específico.
Habiéndose formulado la solicitud de colaboración al Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila al Instituto Federal Electoral y antes de que ese órgano federal diera respuesta, el veintiuno de octubre del año dos mil diez, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila aprobó los acuerdos identificados con los números 82/2010 y 83/2010 que son del tenor siguiente:
El veinticinco de octubre de dos mil diez, la Secretaria Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila emitió el oficio IEPCC/SE/1685/2010 por virtud del cual remitió al Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Coahuila, copia certificada de los acuerdos aprobados por el Consejo General del citado instituto electoral local identificados con los números 82/2010 y 83/2010 relacionados con la suspensión de propaganda institucional de los partidos políticos y propaganda gubernamental dentro del proceso electoral local 2010-2011.
El citado oficio que se ha transcrito en consideraciones precedentes de esta ejecutoria precisa que se emite en alcance al diverso IEPCC/P/1434/2010 y en relación al oficio JLE/VE/162/2010 cuyo contenido ya se ha detallado anteriormente. Tal comunicación fue recibida en la Presidencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral el inmediato día veintiséis de octubre.
El veintisiete de octubre de dos mil diez, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante acuerdo CG376/2010, dio respuesta a la solicitud formulada por el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila al tenor siguiente:
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUILA, RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL Y "PROPAGANDA INSTITUCIONAL" DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN DICHA ENTIDAD.
I.El trece de noviembre de dos mil siete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación en términos de su artículo transitorio primero.
II.El catorce de enero de dos mil ocho, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, de acuerdo con su artículo transitorio primero.
III.En sesión extraordinaria celebrada el ocho de julio de dos mil ocho, con conocimiento de la opinión previa del Comité de Radio y Televisión, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo […] por el que se propone al Consejo General la expedición del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, identificado con la clave JGE62/2008, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de agosto del mismo año.
IV.En sesión extraordinaria de fecha diez de julio de dos mil ocho, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo […] por el que se expide el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral identificado con la clave CG327/2008, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dicho año, y entró en vigor al día siguiente, de conformidad con su artículo primero transitorio.
V.Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil diez, se recibió en las oficinas del Instituto Federal Electoral el oficio número IEPCC/P/1434/2010, fechado el veintidós de ese mismo mes y año, y signado por el Lic. Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, por medio del cual comunica —en lo que interesa— lo que a continuación se transcribe:
VI.Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil diez, fue recibido en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, vía transmisión telefónica facsimilar, el oficio número IEPCC/SE/1482/2010, de la misma fecha, mediante el cual la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, licenciada Rosa Mirella Castillo Arias, informó que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 133 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, el día primero de noviembre del año en curso, dará inicio el proceso electoral para la elección de gobernador y diputados locales en esa entidad, y que dicho proceso se sujetará al calendario mencionado en el Acuerdo Numero 63/2010 aprobado durante la sesión del Consejo General del mencionado organismo de fecha dos de septiembre de la misma anualidad, mismo que corre anexo al oficio de cuenta.
VII.Como es del conocimiento público, durante los años 2010-2011 se celebrará el proceso electoral para renovar diversos cargos de elección popular en el Estado de Coahuila.
1.Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, base V, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, párrafo 1; 105, párrafo 2 y 106, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones y cuyas actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
2.Que como lo señala el artículo 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, el ejercicio de la función electoral, relacionada con las entidades federativas, se deposita en autoridades electorales locales, autónomas en su funcionamiento e independientes en sus decisiones. Asimismo, el inciso i) del citado artículo constitucional señala que los partidos políticos, en el orden local, accederán a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas por el apartado B de la Base III del artículo 41 del mismo ordenamiento.
3.Que en términos de lo señalado los artículos 41, base III, Apartado A, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, párrafo 5; 105, párrafo 1, inciso h) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7, párrafo 1 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, el Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión destinado a sus propios objetivos, a los de otras autoridades electorales y al ejercicio de los derechos que corresponden a los partidos políticos en la materia.
4.Que como lo señala el primer párrafo del Apartado B de la Base III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fines electorales de las entidades federativas, el Instituto Federal Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate.
5.Que de acuerdo con el artículo 49, párrafo 6 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión, y además establecerá las pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir tanto durante los periodos que comprendan los procesos electorales, como fuera de ellos.
6.Que tal y como lo señalan los artículos 41, base III, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, párrafo 1, inciso a), y 49, párrafos 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social y, en específico, a la radio y la televisión, en los términos establecidos en las disposiciones constitucionales y legales atinentes.
7.Que los artículos 51, párrafo 1, incisos a) al f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 4, párrafo 1, incisos a) al f) del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral disponen que el Instituto Federal Electoral ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión , por medio de los órganos siguientes: i) El Consejo General; ii) La Junta General Ejecutiva; iii) La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; iv) El Comité de Radio y Televisión; v) La Comisión de Quejas y Denuncias, y vi) Los Vocales Ejecutivos y Juntas Ejecutivas en los órganos desconcentrados, locales y distritales, que tendrán funciones auxiliares.
8.Que de conformidad con lo señalado por los artículos 118, inciso i), l) y z) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 4, párrafo 1, incisos a), y 6 párrafo 1, inciso a) del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, son atribuciones del Consejo General del Instituto Federal Electoral, entre otras, (i) vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego al propio código, así como a lo dispuesto en los reglamentos que al efecto expida este Consejo General; (ii) vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad única en la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los partido políticos nacionales, de conformidad con lo establecido en este Código y demás leyes aplicables y (iv) dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en el código de referencia.
9.Aunado a lo anterior, el Consejo General del Instituto Federal Electoral es el único facultado para emitir normas generales con el objeto de desarrollar o explicitar las disposiciones contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales —normas que desde luego incluyen a las que regulan la materia de radio y televisión para fines electorales—, pues tal desarrollo o explicitación son susceptibles de ser aplicables a casos similares. Así lo han establecido las sentencias SUP-RAP243/2008 SUP-RAP-053/2009 SUP-RAP-94/2009, entre otras, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
10.Que dadas las atribuciones del Consejo General del Instituto Federal Electoral de vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad única en la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los partido políticos nacionales, de conformidad con lo establecido en el Código Electoral Federal y demás leyes aplicables, resulta procedente que este órgano colegiado atienda las peticiones formuladas en el oficio número IEPCC/P/1434/2010, suscrito por el Lic. Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, relativas a la suspensión de propaganda gubernamental e "institucional" en dicha entidad.
11.Que en relación con la petición del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila de ordenar la suspensión de la propaganda gubernamental en radio y televisión desde el inicio del periodo de precampañas y hasta la conclusión de la jornada electoral, es decir, del día el cuatro de enero al el tres de julio de dos mil once, deben tenerse en cuenta las disposiciones que refieren los siguientes puntos considerativos.
12.Que el artículo 41, base III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
De igual forma, el artículo 79 A, fracción II de la Ley Federal de Radio y Televisión establece que los permisionarios y concesionarios de radio y de televisión tendrán la obligación de suspender, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, toda propaganda gubernamental, conforme a lo dispuesto por el artículo 2, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por su parte el artículo 347, párrafo 1, inciso b) del código comicial federal constituye como infracciones de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno del Distrito Federal, órganos autónomos, y cualquier otro ente público, la difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia.
De los preceptos señalados se desprende que la propaganda gubernamental en todos los niveles de gobierno y aún la de los órganos autónomos se encuentra limitada en virtud de su contenido y su temporalidad. Es decir, en ningún momento podrá tener referencia alguna a los poderes federales y estatales, ni a los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y en general cualquier ente público; y no podrá difundirse a partir del inicio de las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral. Siendo estas dos circunstancias las únicas dos limitantes para la difusión de la propaganda gubernamental previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación federal.
Cabe señalar, respecto de la limitación en la temporalidad a que se ha hecho alusión, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el veintidós de septiembre del año en curso, en el Asunto General identificado con el número de expediente SUP-AG-45/2010, dejar sin efectos la jurisprudencia 11/2009, de rubro PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LÍMITES A SU DIFUSIÓN EN EL PROCESO ELECTORAL, en la cual se tenía como extremo inicial de la vigencia de la prohibición de transmitir propaganda gubernamental el inicio de las precampañas. Sobre este particular, resulta de interés retomar los argumentos que sirvieron de base para tomar tal decisión:
13.Que una vez establecidas las limitaciones de la difusión de la propaganda gubernamental, es importante mencionar que en términos de su artículo 1, las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales son de orden público y de observancia general en el territorio nacional y para los ciudadanos mexicanos que ejerzan su derecho al sufragio en el territorio extranjero en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Por su parte, el Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza dispone en su artículo 1 que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en el Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en materia de instituciones políticas y procedimientos electorales.
14.Que en relación con la competencia en materia electoral federal, el artículo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que la aplicación de las normas del código federal electoral corresponde al Instituto Federal Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Cámara de Diputados, en sus respectivos ámbitos de competencia.
En el ámbito estatal, el artículo 5 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza prescribe que la aplicación de las normas de este Código corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila, al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos ámbitos de competencia.
15.Que adicionalmente, debe contemplarse que de conformidad con el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. Y el Ejecutivo Federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.
Por su parte, los artículos 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión y 15 de su Reglamento disponen que compete a la Secretaría de Gobernación vigilar la eficacia de las transmisiones a que se refiere el artículo 59 de dicha ley, proporcionando a concesionarios y permisionarios el material correspondiente, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.
Que asimismo, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 establece en su artículo 19 que los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades podrán destinar recursos presupuestarios para actividades de comunicación social a través de la radio y la televisión. Los programas de comunicación social y las erogaciones que con base en estos programas realicen las dependencias y entidades deberán ser autorizados por la Secretaría de Gobernación.
De igual forma, la Ley Federal de Radio y Televisión regula los cobros que las difusoras comerciales pueden hacer por concepto de los diversos servicios que les sean contratados para su transmisión al público. A este respecto, el artículo 55 de este ordenamiento prevé la posibilidad de que existan reducciones a tales cuotas en caso de existir convenios celebrados por las difusoras, con el Gobierno Federal, Gobiernos Locales, Ayuntamientos y organismos públicos. De donde se sigue que estas instancias podrán adquirir tiempos en radio y televisión con cargo al presupuesto aprobado en su ámbito de competencia.
En razón de lo anterior, corresponde a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal determinar la procedencia de la petición del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila en el sentido de suspender la transmisión de la propaganda gubernamental a partir del 4 de enero del año en curso y hasta el inicio de la etapa de campañas del proceso electoral local.
16.Que en razón de lo explicado en los puntos resolutivos previos, lo procedente es sugerir al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila que dirija su solicitud de suspender la transmisión de propaganda gubernamental en radio y televisión del día el cuatro de enero al tres de julio de dos mil once, a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, toda vez que es esa dependencia a quien, en su caso, correspondería decidir sobre la suspensión de la entrega de los materiales que se transmitirían en los tiempos del Estado que le corresponde administrar.
17.Que en lo tocante a la solicitud de suspender lo que el organismo peticionario denomina "propaganda institucional" de los partidos políticos durante el proceso electoral local, debe tenerse en cuenta lo expuesto en los siguientes puntos considerativos para determinar la viabilidad de tal pretensión.
18.Que en términos de lo dispuesto por el artículo 151, numeral 5 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza:
"Se entiende por propaganda institucional, la que difunden los partidos políticos sin referencia a precandidatos, precampañas, candidatos o campañas. Durante los procesos electorales, los partidos políticos no podrán contratar ni difundir este tipo de propaganda."
Como se puede apreciar, el legislador estatal estableció una prohibición, esto es, una veda o impedimento para ejecutar la acción descrita en el dispositivo transcrito, a saber, la de difundir propaganda que no haga mención de precampañas y precandidatos, o bien, campañas y candidatos, según se trate, durante los procesos electorales que transcurran en dicha entidad.
19.Que de conformidad con el oficio IEPCC/SE/1482/2010, descrito en el numeral VI del apartado de antecedentes, el proceso electoral local iniciará formalmente el próximo primero de noviembre y la jornada comicial respectiva tendrá lugar el tres de julio de esa anualidad. El periodo de precampañas comenzará el cuatro de enero de dos mil once, fecha en que iniciará la vigencia de la pauta para la transmisión de los promocionales de los partidos políticos y las autoridades electorales en las emisoras de radio y televisión que participarán en la cobertura de dicho proceso electivo.
20.Que en tal contexto, la petición del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila consiste en que el Instituto Federal Electoral lleve a cabo las acciones conducentes para que la prohibición prevista en la legislación local se haga extensiva a los promocionales de los partidos políticos que se difundirán en las emisoras de radio y la televisión que operan en la entidad, a partir del primero de noviembre del año en curso y hasta el tres de julio de dos mil once.
En concordancia con la legislación estatal, durante el periodo comprendido entre el primero de noviembre del año en curso y el tres de enero de dos mil once no debiera difundirse "propaganda institucional", esto es, promocionales que no hagan mención de precampañas y precandidatos, o bien, campañas y candidatos; sin embargo, al no haber iniciado oficialmente las precampañas en el proceso electoral de esa entidad, los promocionales de los partidos políticos tampoco debieran aludir a precandidatos no registrados ni a precampañas aún no iniciadas.
21.Que al ser el Instituto Federal Electoral la autoridad única para la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión para fines electorales, y considerando que la materia de radio y televisión un asunto de jurisdicción federal en términos de la Ley Federal de Radio y Televisión, la aplicación de las normas del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, quedando fuera de la esfera de competencia del Instituto Federal Electoral.
Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 3a./J. 10/91 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación:
"LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERARQUICA, SINO DE COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCION.- El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece ninguna relación de jerarquía entre las legislaciones federal y local, sino que en el caso de una aparente contradicción entre las legislaciones mencionadas, ésta se debe resolver atendiendo a qué órgano es competente para expedir esa ley de acuerdo con el sistema de competencia que la norma fundamental establece en su artículo 124. Esta interpretación se refuerza con los artículos 16 y 103 de la propia Constitución: el primero al señalar que la actuación por autoridad competente es una garantía individual, y el segundo, al establecer la procedencia del juicio de amparo si la autoridad local o federal actúa más allá de su competencia constitucional."
22.Que el Instituto Federal Electoral está obligado a guardar y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 41, base III prescribe que los partidos políticos tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Adicionalmente, como ha quedado asentado, al Instituto Federal Electoral le corresponde la aplicación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo artículo 49, párrafo 1 prevé que los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.
23.Que en relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta que el régimen vigente de acceso a radio y televisión en materia electoral es el previsto por el inciso g) del apartado A de la base III de la Constitución federal, según el cual, fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales, será distribuido entre los partidos políticos —de manera igualitaria— el cincuenta por ciento del tiempo total asignado al Instituto Federal Electoral. Así, en cumplimiento del mandato constitucional y legal, el Instituto Federal Electoral está obligado a garantizar que dicho régimen opere con eficacia; lo cual, en modo alguno, resulta incompatible con la generación de condiciones de equidad que deben prevalecer en todo proceso electoral, como el que está a punto de iniciar en el estado de Coahuila de Zaragoza pues, como se dijo, el acceso de los partidos políticos a la radio y la televisión durante el ámbito temporal aludido es igualitario por disposición constitucional.
24.Que aunado a lo anterior, debe considerarse que el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral establece en su artículo 41 las siguientes disposiciones:
25.Que tal como lo dispone el reglamento de la materia, los partidos políticos, como cualquier otro individuo o persona colectiva, gozan del derecho fundamental a la libre expresión de sus ideas, previsto como garantía individual en el artículo 6 de la Constitución federal, de manera que el Instituto Federal Electoral no puede, ni debe, juzgar a priori —esto es, previo a su difusión— el contenido de los mensajes políticos o electorales que aquellos le presenten para su difusión en radio y televisión.
Adicionalmente, y como puntualización del régimen previsto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales relativo a la sanción de las eventuales transgresiones a las normas que rigen la difusión de propaganda político-electoral en radio y televisión, el citado reglamento añade que los partidos políticos en el ejercicio de sus prerrogativas, así como los candidatos y militantes serán sujetos a responsabilidades ulteriores.
26.Que como consecuencia de lo explicado en los puntos considerativos precedentes, al Instituto Federal Electoral le está vedado impedir la transmisión en radio y televisión de los promocionales y programas que los partidos políticos deseen difundir, salvo cuando —con posterioridad a su emisión— se desprendan elementos que, conforme a los procedimientos previamente establecidos en la preceptiva aplicable, conduzcan a los órganos competentes en la materia a ordenar el retiro de dicha propaganda. Determinar lo contrario, implicaría no sólo la restricción arbitraria del derecho a la libre expresión de las ideas por parte de los partidos políticos, sino una contravención a los fines que el artículo 105 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales atribuye al Instituto Federal Electoral, pues sus tareas fundamentales están encaminadas a garantizar, no a restringir, el ejercicio de los derechos fundamentales que asisten a los ciudadanos para la renovación pacífica y periódica de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
Así lo confirma el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la tesis jurisprudencial S3ELJ 29/2002 que se inserta enseguida:
"DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA.(Se transcribe)
27.Que en virtud de lo anotado en los puntos considerativos que anteceden, lo conducente es informar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila que el Instituto Federal Electoral carece de competencia para instruir la suspensión de las emisiones de propaganda gubernamental y propaganda "institucional" de los partidos políticos, durante los periodos que propuso en el ocurso IEPCC/P/1434/2010 del veintidós de septiembre del año en curso.
En razón de los antecedentes y considerandos expresados, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, bases III —apartados A y B— y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, párrafos 5 y 6; 51, párrafo 1, incisos a) y c); 105, párrafo 1, inciso h); 118, inciso i), l) y z); 129, párrafo 1, incisos g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, párrafo 1, inciso a), y 6, párrafo 1, inciso a) del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, este órgano colegiado emite el siguiente
PRIMERO. No ha lugar a resolver de conformidad la petición del Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, respecto de que se giren las instrucciones necesarias a fin de suspender la propaganda gubernamental para radio y televisión en las fechas del 04 de enero al 03 de julio de 2011 y para propaganda institucional del 01 de noviembre de 2010 al 03 de julio de 2011.
El cinco de noviembre de dos mil diez, mediante oficio identificado con la clave JLE/VS/435/2010, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en Coahuila, notificó al Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en esa entidad, el Acuerdo CG376/2010.
Inconforme con dicha resolución, el once de noviembre de dos mil diez, la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por esta Sala Superior en sesión pública de veinticuatro de noviembre de dos mil diez, desechando de plano la demanda por considerarla extemporánea.
Ahora bien, en el caso concreto, al rendir el informe circunstanciado ante esta Sala Superior, que cabe precisar en la especie adquiere una relevancia particular al ser materia de la litis la imputación de una conducta omisiva, la autoridad responsable considera que no le asiste razón al enjuiciante, en atención a que, en su concepto, mediante la emisión del acuerdo CG376/2010 de veintisiete de octubre del año próximo pasado, se da respuesta al contenido del oficio IEPCC/SE/1685/2010, acuerdo que, en virtud de la presentación extemporánea del recurso de apelación 199 del año pasado, ha causado estado.
Asimismo, precisa que del citado oficio se limitó a remitir los acuerdos 82/2010 y 83/2010, de cuyo contenido no se desprende que haya formulado petición, requerimiento o consulta alguna, por lo que considera que no existen las violaciones alegadas.
Una vez apreciada en su contexto la situación jurídica del caso concreto controvertido, esta Sala Superior considera que lo alegado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila resulta sustancialmente fundado.
Lo anterior es así, dado que, como se evidenciará, en el caso el Consejo General del Instituto Federal Electoral no ha emitido un pronunciamiento respecto de la solicitud que le fuera formulada por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila en los acuerdos 82/2010 y 83/2010 que fueron notificados mediante el oficio IEPCC/SE/1685/2010.
Primeramente, resulta pertinente precisar que, opuestamente a lo afirmado por la responsable al rendir el informe circunstanciado, del contenido del oficio IEPCC/SE/1685/2010 y sus anexos, si es factible obtener la formulación de una solicitud por el pleno del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila al Instituto Federal Electoral para el debido cumplimiento de la normativa electoral local.
En efecto, el argumento de la responsable, descansa en que del contenido del oficio atinente no es factible desprender petición o solicitud alguna, sin embargo tal lectura resulta sesgada e incompleta.
En concepto de este órgano jurisdiccional federal, la emisión del oficio IEPCC/SE/1685/2010 constituye un acto vinculado de manera indisoluble con el cumplimiento de lo ordenado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila en los acuerdos identificados con los números 82/2010 y 83/2010, pues tal oficio fue el mecanismo de notificación para el cumplimiento de lo ordenado en aquellos.
En efecto, en el cuerpo del oficio citado, se desprende que la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila en alcance al oficio identificado con el número IEPCC/P/1434/2010, remitió al Instituto Federal Electoral copia certificada de los acuerdos aprobados por el Consejo General de ese instituto local número 82/2010 relativo a la suspensión de Propaganda Institucional de los partidos políticos para el proceso electoral 2010-2011 y el acuerdo número 83/2010 relativo a la suspensión de la propaganda gubernamental para las precampañas y campañas del proceso electoral 2010-2011.
En ambos acuerdos se precisa que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes miembros del Consejo General, aprobaron los acuerdos.
En el caso del acuerdo 82/2010, el pleno de la autoridad electoral local acordó comunicar al Instituto Federal Electoral la fecha de inicio del Proceso Electoral Ordinario 2010-2011, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 151, numeral 5, del Código Electoral del Estado, con la finalidad de que la propaganda institucional de los partidos políticos en radio y televisión sea suspendida a partir del día primero de noviembre de dos mil diez y hasta en tanto no culmine el Proceso Electoral Ordinario 2010-2011.
En lo tocante al acuerdo 83/2010, la autoridad electoral local en Coahuila, ordenó comunicar al Instituto Federal Electoral, el inicio de las precampañas y campañas para el Proceso Electoral Ordinario 2010-2011, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4, numeral 2, del Código Electoral del Estado, en el que se ordena que deberá suspenderse la difusión de propaganda gubernamental de los tres órdenes de Gobierno, Municipal, Estatal y Federal, durante los periodos de precampañas y campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial.
Luego entonces, al analizar de manera conjunta el oficio emitido con sus anexos es factible concluir que el oficio de cuenta constituyó sólo un mecanismo para hacer llegar la solicitud del pleno de la autoridad electoral local acordada en las determinaciones que se anexaron.
En ese contexto, si bien la actora alega la omisión de emitir un pronunciamiento respecto del oficio IEPCC/SE/1685/2010, lo cierto es que la verdadera solicitud de colaboración se formula en el contenido de los acuerdos 82 y 83/2010 que se adjuntaron en copia certificada.
Lo anterior se pone de manifiesto al analizar la fundamentación de los acuerdos emitidos, dado que se cita el artículo 4, numeral 1 del Código Electoral de Coahuila en el que se faculta a la autoridad electoral local para que en el desempeño de sus funciones soliciten la colaboración de las autoridades federales cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.
No pasa inadvertido que el oficio de cuenta se remitió en alcance al diverso IEPCC/P/1434/2010, sin embargo, ello no se debe considerar como que se fusionó con la petición formulada en aquella oportunidad, sino que en adición a la solicitud efectuada por el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, se remitió la diversa efectuada por el pleno del órgano relacionada con la misma materia.
En ese contexto, es factible concluir que existieron dos solicitudes de colaboración distintas. Una primera formulada por el Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila y la segunda emitida por el Consejo General como órgano colegiado encargado de la organización de las elecciones en Coahuila.
Luego entonces, dada la existencia de la solicitud de colaboración, procede analizar si existe un pronunciamiento del Instituto Federal Electoral respecto de los acuerdos aprobados por la autoridad electoral local.
De un análisis cuidadoso y preciso respecto del contenido del acuerdo CG376/2010 de veintisiete de octubre del año próximo pasado, se obtiene que el Consejo General del Instituto Federal Electoral dio respuesta a la petición formulada por Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante en su calidad de Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante oficio IEPCC/P/1434/2010 y no así respecto de la solicitud que le fue formulada por el Consejo General del citado órgano electoral local en los acuerdos 82/2010 y 83/2010.
Como claramente se puede advertir, en ninguna parte del acuerdo citado, se citan los acuerdos de la autoridad electoral, ni mucho menos el oficio por el cual fueron notificados, no obstante que a esa fecha ya habían sido recibidos por el Instituto Federal Electoral por conducto de su Junta Local Ejecutiva en Coahuila.
Por el contrario, desde el propio rubro del acuerdo, sus antecedentes y resolutivos, se limita a precisar en todo momento que se da respuesta a la petición del Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila respecto de la suspensión de propaganda gubernamental e institucional de los partidos políticos en esa entidad federativa.
En ese contexto, contrariamente a lo afirmado por la autoridad responsable al rendir el informe circunstanciado, no es factible considerar que en el caso se haya dado respuesta a la solicitud formulada mediante la emisión del acuerdo del Consejo General CG376/2010, pues en modo alguno su contenido se refiere a ella, aún cuando la materia de su pronunciamiento sea similar o idéntica.
En efecto, no pasa inadvertido para esta Sala Superior que la materia de pronunciamiento por parte de la autoridad electoral respecto de las dos solicitudes se encuentra íntimamente relacionada, sin embargo una solicitud de colaboración no se puede entender como implícita o tácitamente atendida, dado que ello violentaría el principio de legalidad.
En concepto de esta Sala Superior resulta pertinente aclarar que, como en cualquier otro acto de autoridad, la debida fundamentación y motivación constituye un elemento indispensable para considerar que el actuar de los órganos del Estado se ajusta al principio de legalidad.
Una solicitud de colaboración, emitida por una autoridad encargada de la organización de los procesos electorales en una entidad federativa, al Instituto Federal Electoral, constituye una solicitud que, por constituir un acto que incide en el cumplimiento de las funciones electorales, debe cumplir con las formalidades del principio de legalidad, pues de lo contrario coloca en estado de indefensión a la solicitante.
Luego entonces, un elemento fundamental de la motivación del acto de autoridad constituye la precisión respecto de quien es el solicitante, la solicitud a que se atiende y el contexto en el que se emite, para que en todo caso la solicitante cuente con la certeza de tener pleno conocimiento de cual solicitud ha sido atendida y cual no.
En el caso, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral al rendir el respectivo informe circunstanciado, pretende que mediante la respuesta dada a la solicitud formulada por el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila se tenga por atendida la solicitud del Consejo General del órgano electoral local, lo que en la especie no es jurídicamente viable.
La razón más evidente que salta a la vista es que los solicitantes son personas distintas, ya que mientras en un caso la solicitud fue formulada sólo por el Consejero Presidente, la segunda fue formulada por el pleno del Consejo General en ejercicio de sus atribuciones.
En segundo lugar, se debe tomar en consideración que al momento de emitir el acuerdo respectivo, la responsable contaba ya con ambas solicitudes, sin que en ningún momento haya hecho referencia alguna a las determinaciones adoptadas por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila.
En ese orden de ideas, no obstante la respuesta dada al Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, como lo alega la recurrente, la solicitud formulada por la totalidad de sus integrantes actuando en colegiado sigue vigente y requiere un pronunciamiento de la autoridad electoral federal.
En ese orden de ideas, la impugnación y posterior desechamiento de la demanda formulada por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila respecto del acuerdo CG376/2010 del Consejo General del Instituto Federal Electoral no inciden en la materia de este recurso de apelación, dado que, como se ha evidenciado, la materia de ese acuerdo se limitó a la petición formulada por el Consejero Presidente y no del órgano colegiado.
Ahora bien, cabe precisar que desde la formulación de la solicitud el veinticinco de octubre de dos mil diez, a la fecha en que se emite esta ejecutoria, han transcurrido más de setenta días y desde hace cuarenta ha iniciado el proceso electoral en la entidad federativa, además de que el período de precampañas ha dado comienzo, por lo que resulta urgente el pronunciamiento de la autoridad electoral federal.
En ese contexto, procede ordenar al Consejo General del Instituto Federal Electoral que de inmediato, proceda a dar respuesta a la solicitud de colaboración que le fue formulada por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila en la emisión de los acuerdos 82/2010 y 83/2010 del año próximo pasado.
Una vez efectuado lo anterior, deberá notificarlo a esta Sala Superior dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.
PRIMERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Federal Electoral que de inmediato, proceda dar respuesta a la solicitud de colaboración que le fue formulada por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila en la emisión de los acuerdos 82/2010 y 83/2010 del año próximo pasado.
SEGUNDO. Una vez efectuado lo anterior, deberá informar su cumplimiento a esta Sala Superior dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.
NOTIFÍQUESE por oficio, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila y al Consejo General del Instituto Federal Electoral, anexando copia certificada de esta sentencia, y por estrados a los demás interesados, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Así por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa en el entendido que para efectos de resolución hizo suyo el proyecto de resolución el Magistrado José Alejandro Luna Ramos, y con el voto razonado del Magistrado Flavio Galván Rivera, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. Rúbricas.
VOTO RAZONADO, QUE EMITE EL MAGISTRADO FLAVIO GALVÁN RIVERA, RESPECTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-221/2010.
Aun cuando coincido con la decisión de la mayoría, al emitir la sentencia dictada en el recurso de apelación radicado en esta Sala Superior, identificado con la clave de expediente SUP-RAP-221/2010, por la cual se ordenó al Consejo General del Instituto Federal Electoral dar respuesta inmediata a la solicitud de colaboración, formulada a esa autoridad administrativa electoral federal, por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila, considero pertinente presentar este VOTO RAZONADO.
La materia de la impugnación, en el recurso que al rubro se cita, consiste en la omisión del Instituto Federal Electoral, consistente en no dar respuesta a una petición de colaboración formulada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila, a fin de dar eficacia a la normativa electoral local, en la cual se prevé que, durante el desarrollo de las precampañas, campañas y hasta la jornada electoral, se debe suspender, en todos los medios de comunicación social con cobertura en esa entidad federativa, incluidos radio y televisión, la difusión de propaganda gubernamental e institucional de los partidos políticos.
Cabe precisar que, si bien el suscrito ha manifestado, en diversos medios de impugnación, que la estructura constitucional y legal del sistema de medios de impugnación en materia electoral, tanto federal como local, está orientada, por regla, a la defensa de los ciudadanos, partidos políticos, coaliciones y agrupaciones políticas, en contra de actos, resoluciones y procedimientos, que afecten sus prerrogativas constitucionales o legales, ya de las autoridades o de los órganos de los partidos políticos, a los que estén afiliados, lo cual implica, en principio, que el sistema de justicia electoral está diseñado sólo para la defensa de los gobernados.
Sin embargo, ha sido criterio de esta Sala Superior que los sujetos de Derecho Público, como son institutos y tribunales electorales locales, pueden, por excepción, ocurrir ante esta instancia federal jurisdiccional, a fin de plantear una controversia jurídica relativa al ejercicio de un derecho que le es conferido, constitucional o legalmente.
El anterior criterio está contenido en la Tesis de Jurisprudencia 19/2009, aprobada por unanimidad del Pleno de esta Sala Superior, en sesión pública celebrada el doce de agosto de dos mil nueve, con el rubro y texto siguiente:
APELACIÓN. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN LEGITIMADAS PARA IMPUGNAR LA ASIGNACIÓN DE TIEMPO EN RADIO Y TELEVISIÓN.—La interpretación de lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base III, apartado A, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 45 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, permite concluir que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, al ser titulares del derecho a disponer de tiempo en radio y televisión, también están legitimadas para recurrir en apelación cualquier acto de la autoridad administrativa electoral federal que restrinja o vulnere ese derecho. Así, aun cuando dichas autoridades no están previstas entre los sujetos que pueden promover tal recurso, por ser este medio de impugnación, en general, el procedente para controvertir las resoluciones del Instituto Federal Electoral se les debe reconocer la posibilidad legal de interponerlo. Lo contrario implicaría sostener que por una omisión normativa dichas autoridades no puedan hacer valer ante esta Sala Superior, el derecho a disponer de tiempos en radio y televisión para sus fines propios, en franca contravención a la garantía de acceso a la jurisdicción efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución.
En el particular, dada la materia de la litis en el medio de impugnación al rubro indicado, arribo a la conclusión de que no existe un medio de impugnación expreso por el cual el ahora apelante pueda controvertir la omisión que atribuye al Instituto Federal Electoral, consistente en no dar respuesta a su solicitud de colaboración, para la suspensión, en radio y televisión, de propaganda gubernamental e institucional de los partidos políticos, dado que no existe un medio jurisdiccional de impugnación o de otra naturaleza y características, por el cual se pueda dirimir una controversia entre dos o más autoridades electorales.
Lo anterior, porque tales autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, tienen que ajustar sus actos, resoluciones y procedimientos, a la Constitución y a la ley, razón por la cual, de un análisis sobre la materia, en el contexto histórico de la legislación constitucional y legal en la materia y, especialmente, de la normativa vigente, considero que esos sujetos de Derecho Público están legitimados para controvertir, mediante el recurso de apelación previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, un acto, positivo o negativo, de la autoridad administrativa electoral federal que vulnere o afecte el ejercicio de un derecho o de sus atribuciones, conferidas en la Constitución federal o local o bien, en la legislación ordinaria, federal o local.
Esto, porque de conformidad con lo previsto en el artículo 27, base 5, de la Constitución Política del Estado de Coahuila, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la citada entidad federativa, es un sujeto de Derecho Público, con personalidad jurídica; sin embargo, ello no implica necesariamente que tenga legitimación para promover el recurso de apelación previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque no se trata de un gobernado, sino precisamente, de una autoridad.
Así, en el particular, las facultades de la autoridad administrativa electoral local, relativas a verificar que la propaganda gubernamental e institucional de los partidos políticos no se difunda en los medios de comunicación social, durante el desarrollo del procedimiento electoral, se deben ejercer con la colaboración del Instituto Federal Electoral, debido a que, acorde con el sistema constitucional federal, esta última es la autoridad única encargada de la administración del tiempo del Estado, en radio y televisión, para fines electorales.
Por tanto, si el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila, en ejercicio de sus facultades, legalmente previstas, solicitó la colaboración del Instituto Federal Electoral, y éste no ha dado respuesta a su solicitud, resulta inconcuso que, aun cuando las autoridades electorales locales no están incluidas, expresamente, entre los sujetos legitimados para promover el recurso de apelación, ese medio de impugnación es el que procede para controvertir los actos o resoluciones de los órganos centrales del Instituto Federal Electoral, entre otros.
Aunado a lo anterior se debe decir que, no obstante que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila es una autoridad, se le debe considerar legitimado para promover el recurso de apelación que se resuelve, en defensa del ejercicio de una facultad que le es conferida por la legislación del Estado de Coahuila, como ha quedado precisado.
Como he expuesto, el Instituto Electoral local tiene entre sus atribuciones la de velar por la legalidad de todos los actos tendentes a suspender la difusión, en los medios de comunicación social, de toda propaganda gubernamental, conforme a lo previsto en el artículo 4, párrafos 2 y 4, del Código Electoral del Estado de Coahuila.
Cabe señalar que a esa autoridad también compete proveer lo necesario para que, durante los procedimientos electorales, los partidos políticos no difundan propaganda institucional, acorde a lo previsto en el párrafo 5, del artículo 151, del citado código electoral local.
Además, en los incisos a) y c), del artículo 43, párrafo 1, del Código Electoral local, el cual se ubica en el capítulo intitulado "Del acceso a la radio, televisión y medios impresos", establecen, respectivamente, que los partidos políticos, precandidatos y candidatos a un cargo de elección popular, accederán a la radio y televisión a través del tiempo que la Constitución General otorga como prerrogativas, en la forma y términos establecidos en la misma y en el Código Federal; en todo caso, el Instituto electoral local debe contar con la colaboración del Instituto Federal Electoral, a fin de asegurar el cumplimiento de las normas aplicables en esta materia.
En este contexto, el artículo 86, párrafo 1, incisos a), b) y e), del ordenamiento electoral local establece:
1. La Comisión de acceso de los partidos políticos a radio y televisión tendrá las siguientes atribuciones:
a) Ser el enlace permanente con el Comité de Radio y Televisión del Instituto federal para la coordinación de todas las tareas relacionadas con el acceso de los partidos políticos a dichos medios durante los procesos electorales estatales;
b) Elaborar y presentar al Consejo General las pautas para la asignación del tiempo que corresponda a los partidos políticos en dichos medios conforme a lo establecido en la Constitución y el Código federales;
e) Conocer y resolver sobre las solicitudes de aplicación de medidas cautelares en materia de radio y televisión, cuando la queja verse sobre presuntas violaciones a lo establecido en el primer párrafo del Apartado C de la Base III del Artículo 41 de la Constitución General, dirigiéndose, en su caso, al Instituto federal para la aplicación de tales medidas; y
Todo lo anterior es acorde a lo establecido en el artículo 4, párrafo 1, del Código Electoral local citado, concerniente a que para el desempeño de sus funciones las autoridades electorales contarán con el apoyo de las autoridades estatales y municipales; asimismo, deberán solicitar la colaboración de las autoridades federales cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.
Luego entonces, si la normativa electoral estatal establece que la autoridad administrativa electoral local, para el cumplimiento de sus atribuciones, cuando incidan en materia de radio y televisión, se debe sujetar a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación federal, es inconcuso que si el Instituto local plantea, en su demanda de apelación, un conflicto de transcendencia jurídica con el Instituto Federal Electoral, a fin de poder ejercer sus facultades, esa circunstancia, en mi concepto, legitima al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila para promover el recurso de apelación que se resuelve.
Finalmente, considero deseable que en futura reforma constitucional y legal se prevea que las autoridades administrativas electorales locales tengan a su alcance algún medio de impugnación, a fin de controvertir los actos o resoluciones del Instituto Federal Electoral, cuando incidan en el ejercicio de sus atribuciones.