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Timestamp: 2018-12-13 14:23:29
Document Index: 40968401

Matched Legal Cases: ['artículo 177', 'artículo 234', 'artículo 49', 'artículo 177', 'artículo 234', 'artículo 49', 'artículo 59', 'artículo 66', 'artículo 45', 'artículo 58', 'artículo 48', 'artículo 56', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 43', 'artículo 4', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 52', 'artículo 59', 'artículo 4', 'artículo 59', 'artículo 49', 'artículo 4']

Language of document : Spanish Danish German Greek English French Italian Dutch Portuguese Finnish Swedish ECLI:EU:C:2000:527
de 3 de octubre de 2000 (1)
«Libre prestación de servicios - Directiva 64/427/CEE - Servicios artesanales
de construcción - Normativa nacional que exige la inscripción de las empresas artesanales extranjeras en el Registro de Oficios - Proporcionalidad»
En el asunto C-58/98,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), por el Amtsgericht Heinsberg (Alemania), destinada a obtener, en el proceso seguido ante dicho órgano jurisdiccional contra
Josef Corsten,
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 59 del Tratado CE (actualmente artículo 49 CE, tras su modificación), 60, 65 y 66 del Tratado CE (actualmente artículos 50 CE, 54 CE y 55 CE) y de la Directiva 64/427/CEE del Consejo, de 7 de julio de 1964, relativa a las modalidades de medidas transitorias en el ámbito de las actividades por cuenta propia de transformación correspondientes a las clases 23 a 40 de la CITI (Industria y artesanía) (DO 1964, 117, p. 1863; EE 06/01, p. 43),
integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (Ponente), L. Sevón y R. Schintgen, Presidentes de Sala; P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, H. Ragnemalm y M. Wathelet, Jueces;
- en nombre del Kreis Heinsberg, por el Sr. J. Nießen, Kreisrechtsrat, en calidad de Agente,
- en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. E. Röder, Ministerialrat del Bundesministerium für Wirtschaft, y C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor del mismo Ministerio, en calidad de Agentes;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. B. Mongin y M. Niejahr, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;
oídas las observaciones orales del Kreis Heinsberg y de la Comisión, expuestas en la vista de 5 de octubre de 1999;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 30 de noviembre de 1999;
Mediante resolución de 13 de febrero de 1998, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de febrero siguiente y completada el 22 de junio de 1998, el Amtsgericht Heinsberg planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 59 del Tratado CE (actualmente artículo 49 CE, tras su modificación), 60, 65 y 66 del Tratado CE (actualmente artículos 50 CE, 54 CE y 55 CE) y de la Directiva 64/427/CEE del Consejo, de 7 de julio de 1964, relativa a las modalidades de medidas transitorias en el ámbito de las actividades por cuenta propia de transformación correspondientes a las clases 23 a 40 de la CITI (Industria y artesanía) (DO 1964, 117, p. 1863; EE 06/01, p. 43).
Esta cuestión se suscitó en el marco del proceso seguido ante dicho órgano jurisdiccional contra el Sr. Corsten, inculpado por haber infringido la legislación alemana en materia de lucha contra el trabajo no declarado.
El artículo 59, párrafo primero, del Tratado dispone:
«En el marco de las disposiciones siguientes, las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad serán progresivamente suprimidas, durante el período transitorio, para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un país de la Comunidad que no sea el del destinatario de la prestación.»
El artículo 66 del Tratado establece que son aplicables a la libre prestación de servicios los artículos 55 del Tratado CE (actualmente artículo 45 CE), 56 y 57 del Tratado CE (actualmente artículos 46 CE y 47 CE, tras su modificación), así como el artículo 58 del Tratado CE (actualmente artículo 48 CE), que figuran en la tercera parte del Tratado, Título III, Capítulo 2, titulado, «Derecho de establecimiento».
A tenor del artículo 56, apartado 1, del Tratado:
«Las disposiciones del presente Capítulo y las medidas adoptadas en virtud de las mismas no prejuzgarán la aplicabilidad de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que prevean un régimen especial para los extranjeros y que estén justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas.»
El 18 de diciembre de 1961, el Consejo adoptó, sobre la base de los artículos 54, apartado 1, y 63, apartado 1, del Tratado CE (en la actualidad artículos 44 CE, apartado 1, y 52 CE, apartado 1, tras su modificación), dos programas generales para la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios (DO 1962, 2, pp. 36 y 32 respectivamente). Para facilitar la ejecución de estos programas, el Consejo adoptó, en particular, la Directiva 64/427 el 7 de julio de 1964.
Dicha Directiva establece, en esencia, un sistema de reconocimiento mutuo de la experiencia profesional adquirida en el país de origen y se aplica tanto al establecimiento como a la prestación de servicios en otro Estado miembro.
A tenor del artículo 3 de la Directiva 64/427:
«Cuando, en su Estado miembro, el acceso a alguna de las actividades mencionadas en el apartado 2 del artículo 1 [actividades por cuenta propia de transformación correspondientes a las clases 23 a 40 de la CITI (Industria y artesanía)], o su ejercicio, esté subordinada a la posesión de conocimientos y aptitudes generales, comerciales o profesionales, el Estado miembro admitirá como prueba suficiente de dichos conocimientos y aptitudes el ejercicio efectivo en otro Estado miembro de la referida actividad:
a) sea durante seis años consecutivos, a título independiente o en calidad de directivo encargado de la gestión de la empresa,
b) sea durante tres años consecutivos, a título independiente o en calidad de directivo encargado de la gestión de la empresa, cuando el beneficiario pueda probar que ha recibido, respecto a la profesión de que se trate, una formación previa de al menos tres años, sancionada por un certificado reconocido por el Estado o que se estime plenamente válido por un organismo profesional competente;
c) sea durante tres años consecutivos a título independiente cuando el beneficiario pueda probar que ha ejercido a título dependiente la profesión de que se trate durante cinco años, como mínimo;
d) sea durante cinco años consecutivos, en funciones de dirección, de los que, al menos, tres años se hayan dedicado a funciones técnicas que entrañen la responsabilidad de, cuando menos, un sector de la empresa, cuando el beneficiario pueda probar que ha recibido, respecto a la profesión de que se trate, una formación previa de al menos tres años, sancionada por un certificado reconocido por el Estado o que se estime plenamente válido por un organismo profesional competente.
En los casos previstos letras a) y c) dicha actividad no deberá haber cesado en los diez años anteriores a la fecha de prestación de la solicitud a que se refiere el apartado 3 del artículo 4.»
El artículo 4 de la Directiva 64/427 dispone:
«Respecto a la aplicación del artículo 3:
1. Los Estados miembros en que el acceso a alguna de las profesiones que se enumeran en el apartado 2 del artículo 1, o su ejercicio, dependa de la posesiónde conocimientos y de aptitudes generales, comerciales o profesionales, informarán con ayuda de la Comisión, a los demás Estados miembros acerca de las características esenciales de la profesión (descripción de la actividad de estas profesiones).
2. La autoridad competente designada, a tal fin, por el país de procedencia, certificará acerca de las actividades profesionales que se hayan efectivamente ejercido por los beneficiarios así como de su duración. La certificación se elaborará en función del historial profesional comunicado por el Estado miembro, en el que el beneficiario desee ejercer la profesión de manera permanente o temporal.
3. El Estado miembro receptor concederá la autorización para ejercer la actividad de que se trate, previa solicitud de la persona interesada, cuando la actividad certificada concuerde con los elementos esenciales del historial profesional comunicado en virtud del apartado 1 y se cumplan, eventualmente, las demás condiciones previstas por su reglamentación.»
Hay que añadir que la Directiva 64/427, en vigor cuando se produjeron los hechos que originaron el litigio, fue derogada por la Directiva 1999/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de junio de 1999, por la que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos respecto de las actividades profesionales a que se refieren las Directivas de liberalización y de medidas transitorias (DO L 201, p. 77).
En Alemania, las actividades artesanales están reguladas por la Handwerksordnung (Ley del Artesanado) cuya versión vigente en la época de los hechos del asunto principal es la de 20 de diciembre de 1993 (BGBl. 1993 I, p. 2256). Con arreglo al artículo 1, apartado 1, primera frase, de la Handwerksordnung, la actividad artesanal a título independiente sólo será autorizada en el supuesto de personas físicas o jurídicas, así como de sociedades de personas, que estén inscritas en el Registro de Oficios («Handwerksrolle»). Tal inscripción equivale a la concesión de una autorización profesional para el ejercicio de dicha actividad.
A tenor del artículo 7, apartado 1, primera frase, de la Handwerksordnung, «en el Registro de Oficios se inscribirán las personas que hayan superado el examen de aptitud del oficio que pretendan ejercer o de un oficio relacionado [...]».
El artículo 8, apartado 1, primera frase, de la Handwerksordnung prevé que «excepcionalmente se concederá una autorización de inscripción en el Registro de Oficios cuando el solicitante acredite sus conocimientos y su aptitud para ejercer a título independiente el oficio que pretenda ejercer».
El artículo 9 de la Handwerksordnung habilita al Ministro federal de Economía para que establezca los requisitos que han de cumplir los nacionales de otros Estados miembros para obtener la autorización excepcional de inscripción en el Registro de Oficios al margen de los supuestos previstos en el artículo 8, apartado 1, de la Handwerksordnung. Sobre la base de esta disposición, el Ministro federal de Economía adoptó, el 4 de agosto de 1966, un Reglamento relativo a los requisitos de inscripción en el Registro de Oficios para los nacionales de otros Estados miembros (BGBl. 1966 I, p. 469; en lo sucesivo, «Verordnung»). Mediante el Verordnung se adaptó el Derecho alemán a lo dispuesto en los artículos 3 y 4, apartados 2 y 3, de la Directiva 64/427.
A tenor del artículo 1 del Verordnung, en su versión modificada de 20 de diciembre de 1993 (BGBl. 1993 I, p. 2256):
«Salvo los supuestos previstos en el artículo 8, apartado 1, de la Handwerksordnung, la autorización excepcional de inscripción en el Registro de Oficios para actividades contempladas en el Anexo A de la Handwerksordnung, excepto las mencionadas en los puntos 17, 89 a 91 y 93 a 95, se concederá a los nacionales de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando:
1. El solicitante haya ejercido la actividad de que se trate en otro Estado miembro reuniendo los siguientes requisitos:
a) sea durante seis años consecutivos, a título independiente o en calidad de directivo encargado de la gestión de la empresa;
b) sea durante tres años consecutivos, a título independiente o en calidad de directivo encargado de la gestión de la empresa, después de haber recibido formación de al menos tres años para el oficio de que se trate;
c) sea durante tres años consecutivos a título independiente y durante cinco años, como mínimo, a título dependiente;
d) sea durante cinco años consecutivos, en funciones de dirección, de los que, al menos, tres años se hayan dedicado a funciones técnicas que entrañen la responsabilidad de, cuando menos, un sector de la empresa, después de haber recibido, respecto a la profesión de que se trate, una formación de al menos tres años, y cuando
2. la actividad ejercida se atenga a las características del perfil profesional para el que se solicita la excepción.»
Según la resolución de remisión, el procedimiento de autorización para ejercer actividades artesanales y de inscripción en el Registro de Oficios se desarrolla del siguiente modo: el organismo competente del Estado miembro de origen delempresario expide a este último un certificado sobre la duración de su actividad profesional y a las cualificaciones obtenidas. El empresario debe presentar personalmente dicho certificado ante la Cámara de Industria y Artesanía competente, en su caso traducida al alemán. Ésta comprueba si se reúnen los requisitos mencionados en el Verordnung y transmite el certificado, junto con una solicitud de autorización de inscripción excepcional cumplimentada por el empresario, al Regierungspräsident (autoridad administrativa competente). Dicha autorización está sujeta al pago de un derecho de entre 300 DEM y 500 DEM. Tras ser expedida por el Regierungspräsident, la autorización de inscripción excepcional se envía a la dirección privada del empresario. Con dicha autorización de inscripción excepcional, y tras haber presentado un extracto reciente del Registro Mercantil y haber abonado un segundo derecho, el empresario puede solicitar a la Cámara de Industria y Artesanía competente su inscripción en el Registro de Oficios. A continuación se envía al empresario extranjero una tarjeta de artesano a su dirección profesional. Desde el momento de recepción de dicha tarjeta, el empresario extranjero está autorizado para ejercer actividades a título independiente en Alemania.
El Sr. Corsten, arquitecto independiente, encargó a una empresa establecida en los Países Bajos unas labores de enlosado en el marco de un proyecto de construcción en Alemania. La empresa encargada de dichas labores efectuaba legalmente este tipo de trabajos en los Países Bajos, pero no estaba inscrita en el Registro de Oficios alemán. El precio por metro cuadrado exigido por esta empresa para los trabajos de enlosado era considerablemente inferior al de las empresas artesanales alemanas.
Mediante resolución de 2 de enero de 1996, el servicio alemán competente de inspección de trabajo impuso al Sr. Corsten una multa administrativa de 2.000 DEM por infracción de la legislación alemana contra el trabajo no declarado. Esta normativa prevé la imposición de una multa administrativa a quien encargue la ejecución a título independiente de trabajos artesanales a una empresa no inscrita en el Registro de Oficios. Consta que en Alemania los trabajos de enlosado están comprendidos en esta categoría.
El Sr. Corsten recurrió contra esta resolución ante el Amtsgericht Heinsberg.
Por albergar dudas sobre la compatibilidad de la normativa alemana, en especial, en lo referido a la exigencia de inscripción en el Registro de Oficios, con el Derecho comunitario en materia de libre prestación de servicios, el Amtsgericht Heinsberg resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Es compatible con el Derecho comunitario en materia de libre prestación de servicios que una empresa neerlandesa, que reúne en los Países Bajos todos los requisitos para el ejercicio de una actividad profesional, se vea obligada a satisfacer requisitos adicionales, aunque sólo tengan carácter formal, para poder ejercer dicha actividad en Alemania?»
Con carácter previo debe precisarse que la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente no se refiere directamente a la situación del Sr. Corsten, sino a la de la empresa neerlandesa a la que encargó la realización de trabajos artesanales en Alemania. En efecto, de los autos se desprende que si dicha empresa no estuviera sujeta a la obligación de inscribirse en el Registro de Oficios en Alemania, de modo que hubiera podido realizar los trabajos convenidos sin efectuar tal formalidad, no se habría actuado contra el Sr. Corsten por infracción de la legislación contra el trabajo no declarado.
En tales circunstancias, debe entenderse que mediante dicha cuestión se pretende dilucidar, en esencia, si el Derecho comunitario en materia de libre prestación de servicios se opone a la normativa de un Estado miembro que supedita la realización de actividades artesanales en su territorio por prestadores de servicios establecidos en otros Estados miembros al requisito de que tales prestadores estén inscritos en un Registro de Oficios de dicho Estado miembro.
El Kreis Heinsberg niega que sea exacta la descripción dada por el órgano jurisdiccional remitente del procedimiento de autorización para ejercer actividades artesanales y de inscripción en el Registro de Oficios. En su opinión, el empresario debe dirigir, en primer lugar, una solicitud de autorización excepcional de inscripción en el Registro de Oficios a la autoridad que expide dicha autorización, que en el asunto principal es la Administración del distrito competente. Ésta consulta a la Cámara de Industria y Artesanía competente antes de adoptar una decisión. Una vez expedida dicha autorización excepcional, el empresario la presenta a la Cámara de Industria y Artesanía de que se trate para que efectúe la inscripción en el Registro de Oficios.
Según el Kreis Heinsberg, este procedimiento en su totalidad dura, en principio, de cuatro a seis semanas, lo que, en su opinión, constituye un plazo perfectamente razonable. El Kreis Heinsberg sostiene asimismo que, contrariamente a lo que ha señalado el órgano jurisdiccional remitente, el empresario no está obligado a presentar un extracto reciente del Registro Mercantil ni a abonar un nuevo derecho cuando se le inscribe en el Registro de Oficios.
Ante todo, debe recordarse que el Tribunal de Justicia no es competente ni para apreciar si es correcta la interpretación que el órgano jurisdiccional remitente efectúa de las disposiciones del Derecho nacional ni para pronunciarse, en el marcode una cuestión prejudicial, sobre la conformidad de dichas disposiciones con el Derecho comunitario. El Tribunal de Justicia sólo es competente para interpretar las disposiciones del Derecho comunitario con el fin de proporcionar al órgano jurisdiccional remitente todos los elementos útiles relativos al Derecho comunitario, de modo que éste pueda resolver el asunto del que conoce.
A este respecto, el elemento fundamental -que, por otra parte, nadie discute- es que el procedimiento de autorización para ejercer actividades artesanales y de inscripción en el Registro de Oficios consta de varias etapas. En efecto, la empresa que solicita su inscripción en el Registro de Oficios no sólo debe dirigirse a la Cámara de Industria y Artesanía competente, sino también a la autoridad administrativa competente. De este modo, la «autorización excepcional» expedida por la autoridad administrativa a la empresa no confiere a ésta el derecho a ejercer una determinada actividad artesanal, sino que sólo implica una autorización para obtener, con carácter excepcional, la inscripción en el Registro de Oficios ante la Cámara de Industria y Artesanía competente.
En efecto, las personas que solicitan su inscripción en el Registro de Oficios deben haber superado, en principio, el examen previsto por el Derecho nacional («Meisterprüfung»). Con carácter excepcional, este ordenamiento jurídico renuncia a dicha exigencia con el fin de permitir la inscripción de otras categorías de personas, entre ellas los nacionales de otros Estados miembros, con el fin de atenerse al Derecho comunitario.
El examen que permite acreditar que se reúnen los requisitos establecidos en el Verordnung se efectúa antes de que se expida la autorización excepcional de inscripción.
El Gobierno alemán sostiene que la inscripción obligatoria en el Registro de Oficios, impuesta en la Handwerksordnung, y que conlleva la afiliación obligatoria a las Cámaras de Industria y Artesanía de las empresas consideradas, no es contraria al Derecho comunitario derivado. Así, en opinión de dicho Gobierno, la Directiva 64/427 se refería al reconocimiento de las actividades en el marco del examen de los requisitos materiales relativos al ejercicio por primera vez de una actividad en otro Estado miembro, sin regular el procedimiento de inscripción en el Registro de Oficios.
La Comisión, tras recordar los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Directiva 64/427 para que las autoridades competentes del Estado miembro receptor puedan conceder la autorización para ejercer la actividad profesional de que se trate, destaca que esta Directiva no contiene ninguna disposición sobre los trámites del procedimiento para conceder la autorización. Añade que el apartado 3 de dicha disposición confiere expresamente al Estado miembro receptor la facultad de imponer requisitos adicionales a la concesión de la autorización. No obstante, la Comisión alega que dicho Estado miembro no goza de libertad plenaen esta materia, sino que, por el contrario, está obligado a determinar el procedimiento de concesión de la autorización de manera que la Directiva 64/427 no quede privada de efecto útil.
Sobre este punto debe recordarse que el objetivo de la Directiva 64/427 era facilitar la realización de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios en un amplio grupo de actividades profesionales de la industria y la artesanía, en espera de la armonización de los requisitos de acceso a dichas actividades en los diferentes Estados miembros, requisito previo indispensable para una liberalización completa en este sector (sentencia de 29 de octubre de 1998, De Castro Freitas y Escallier, asuntos acumulados C-193/97 y C-194/97, Rec. p. I-6747, apartado 19).
Aunque, a falta de tal armonización en lo que se refiere a las actividades que son objeto del procedimiento principal, los Estados miembros siguen siendo competentes para definir los requisitos de acceso a las referidas actividades, no es menos cierto que están obligados a ejercer sus competencias en este ámbito respetando tanto las libertades fundamentales garantizadas por los artículos 52 del Tratado CE (actualmente artículo 43 CE, tras su modificación) y 59 del Tratado como la eficacia de las disposiciones de una Directiva que establece medidas transitorias (sentencia De Castro Freitas y Escallier, antes citada, apartado 23). Así ocurre no sólo con los requisitos materiales de acceso a dichas actividades, sino también con las exigencias de procedimiento previstas por el Derecho nacional.
Por tanto, habida cuenta de la naturaleza de las actividades que son objeto del procedimiento principal, debe examinarse si la inscripción en el Registro de Oficios y el procedimiento administrativo para obtenerla son compatibles con el principio de la libre prestación de servicios y no ponen en peligro el efecto útil de la Directiva 64/427, en particular, de su artículo 4.
Según jurisprudencia reiterada, el artículo 59 del Tratado no sólo exige eliminar toda discriminación por razón de su nacionalidad en perjuicio del prestador de servicios establecido en otro Estado miembro, sino suprimir también cualquier restricción, aunque se aplique indistintamente a los prestadores de servicios nacionales y a los de los demás Estados miembros, cuando pueda prohibir, obstaculizar o hacer menos interesantes las actividades del prestador establecido en otro Estado miembro, en el que presta legalmente servicios análogos (véanse las sentencias de 25 de julio de 1991, Säger, C-76/90, Rec. p. I-4221, apartado 12; de 9 de agosto de 1994, Vander Elst, C-43/93, Rec. p. I-3803, apartado 14; de 28 de marzo de 1996, Guiot, C-272/94, Rec. p. I-1905, apartado 10; de 12 de diciembre de 1996, Reisebüro Broede, C-3/95, Rec. p. I-6511, apartado 25; de 9 de julio de 1997, Parodi, C-222/95, Rec. p. I-3899, apartado 18, y de 23 de noviembre de 1999, Arblade y otros, asuntos acumulados C-369/96 y C-376/96, Rec. p. I-8453, apartado 33).
A este respecto, la obligación de inscribirse en el Registro de Oficios de un Estado miembro impuesta a una empresa establecida en otro Estado miembro que desea ejercer una actividad artesanal en tanto que prestador de servicios en el primer Estado constituye una restricción a efectos del artículo 59 del Tratado.
Ahora bien, también es jurisprudencia reiterada que aun a falta de armonización en la materia, tal restricción al principio fundamental de la libre prestación de servicios sólo puede justificarse en el caso de normativas basadas en razones imperiosas de interés general que se apliquen a cualquier persona o empresa que ejerza una actividad en el Estado de destino, en la medida en que dicho interés no quede salvaguardado por las normas a las que está sujeto el prestador en el Estado miembro donde está establecido (véanse, en particular, las sentencias de 17 de diciembre de 1981, Webb, 279/80, Rec. p. 3305, apartado 17; de 26 de febrero de 1991, Comisión/Italia, C-180/89, Rec. p. I-709, apartado 17, y Comisión/Grecia, C-198/89, Rec. p. I-727, apartado 18; Säger, antes citada, apartado 15; Vander Elst, antes citada, apartado 16; Guiot, antes citada, apartado 11, y Arblade y otros, antes citada, apartado 34).
El Gobierno alemán señala que el sistema de cualificación de los artesanos, que tiene como base la exigencia del diploma de aptitud y la afiliación obligatoria a la Cámara de Industria y Artesanía, está destinado a mantener el nivel de prestación y de aptitudes profesionales del sector del artesanado. Estos intereses constituyen, en su opinión, razones imperiosas de interés general y no quedan salvaguardados por las normas del Estado miembro en que está establecido el prestador de servicios.
El Kreis Heinsberg alega que el Registro de Oficios cumple la función de un registro público que contiene información sobre los artesanos que ejercen sus actividades a título independiente en la circunscripción de cada Cámara de Industria y Artesanía. De este modo, la finalidad del Registro de Oficios es permitir a las autoridades y a los particulares conocer las empresas que están autorizadas para ejercer actividades artesanales a título independiente en la circunscripción de la Cámara de Industria y Artesanía de que se trate y, por tanto, confiar servicios artesanales a prestadores que pueden prestar servicios de calidad.
A este respecto, debe reconocerse, como ha señalado la Comisión, que el objetivo de garantizar la calidad de los trabajos artesanales y de proteger a los destinatarios de dichos trabajos constituye una razón imperiosa de interés general que puede justificar una restricción a la libre prestación de servicios.
No obstante, con arreglo al principio de proporcionalidad, la aplicación de las normas nacionales de un Estado miembro a los prestadores establecidos en otros Estados miembros debe ser adecuada para garantizar la realización del objetivo que persiguen y no debe ir más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo(véanse, en particular, las sentencias, antes citadas, Säger, apartado 15, y Arblade y otros, apartado 35).
Pues bien, una normativa como la que es objeto del procedimiento principal va más allá de lo necesario para alcanzar dichos objetivos, aun cuando se aplique con independencia de la nacionalidad de los prestadores de servicios y parezca adecuada para garantizar la consecución de objetivos destinados a mantener la calidad de los servicios prestados.
El examen que precede a la concesión de la autorización excepcional de inscripción en el Registro de Oficios sólo puede tener un carácter esencialmente formal, ya que debe limitarse a verificar si se cumplen los requisitos enunciados en el artículo 3 de la Directiva 64/427. En efecto, del artículo 4 de dicha Directiva se desprende que, al realizarse dicho examen, las autoridades del Estado miembro receptor están vinculadas, en principio, por la información, recogida en el certificado expedido por el Estado miembro de donde procede el prestador de servicios, relativa tanto a las actividades profesionales que éste efectivamente ha ejercido como a la duración de tales actividades. En la fase de inscripción en el Registro de Oficios no se realiza ningún otro examen.
En la medida en que los motivos para exigir la inscripción en el Registro de Oficios son meramente administrativos, es preciso recordar que tales consideraciones no pueden justificar que un Estado miembro establezca excepciones a las normas de Derecho comunitario, máxime cuando la referida excepción equivalga a excluir o restringir el ejercicio de una de las libertades fundamentales del Derecho comunitario (véanse, en particular, la sentencia de 26 de enero de 1999, Terhoeve, C-18/95, Rec. p. I-345, apartado 45, y Arblade y otros, antes citada, apartado 37).
Como ha señalado acertadamente el Gobierno austriaco, un Estado miembro no puede supeditar la prestación de servicios en su territorio a la observancia de todos los requisitos exigidos para el establecimiento, bajo pena de privar de efecto útil a las disposiciones del Tratado destinadas, precisamente, a garantizar la libre prestación de servicios (véase la sentencia Säger, antes citada, apartado 13).
En el asunto principal, el Derecho nacional del Estado miembro receptor no distingue, en lo que se refiere a las empresas de otros Estados miembros que desean prestar servicios artesanales en el primer Estado, entre las que sólo están establecidas en el Estado miembro de origen y las que también tienen un establecimiento, en el sentido del artículo 52 del Tratado, en el Estado miembro receptor. Ambas categorías de empresas están sujetas, del mismo modo, a la obligación de inscribirse en el Registro de Oficios para poder efectuar trabajos artesanales en el Estado miembro receptor.
Aun cuando la exigencia de inscripción en el Registro de Oficios, que supone la afiliación obligatoria de las empresas a las Cámaras de Industria y Artesanía y, por consiguiente, el pago de las cotizaciones correspondientes, podía encontrarjustificación en el supuesto de establecimiento en el Estado miembro receptor, hipótesis que no es la del asunto principal, no ocurre necesariamente lo mismo en el caso de las empresas que sólo pretenden prestar servicios en el Estado miembro receptor con carácter ocasional o, incluso, una sola vez.
En efecto, estas empresas pueden verse disuadidas de realizar un proyecto si a causa de la inscripción obligatoria en el Registro de Oficios, el procedimiento de autorización es más largo y gravoso, de modo que el beneficio previsto ya no resulta tan interesante desde el punto de vista económico, al menos en los proyectos de menor envergadura. De este modo, la libre prestación de servicios, que es un principio fundamental del Tratado, y la Directiva 64/427 pueden verse privadas de su efecto útil en lo que respecta a estas empresas.
Por consiguiente, el procedimiento de autorización establecido por el Estado miembro receptor no debe retrasar ni complicar el ejercicio del derecho que tiene una persona establecida en otro Estado miembro a prestar sus servicios en el territorio del primer Estado, una vez que se hayan examinado los requisitos de acceso a las actividades de que se trate y que se haya acreditado su cumplimiento.
Además, la exigencia eventual de inscripción en el Registro de Oficios del Estado miembro receptor, en el supuesto de que estuviera justificada, no debería dar lugar a gastos administrativos adicionales ni requerir el pago obligatorio de cotizaciones a las Cámaras de Industria y Artesanía.
En vista de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 59 del Tratado y el artículo 4 de la Directiva 64/427 se oponen a una normativa de un Estado miembro que supedita la ejecución de actividades artesanales en su territorio por prestadores de servicios establecidos en otros Estados miembros a un procedimiento de autorización que retrasa o complica el ejercicio del derecho a la libre prestación de servicios, toda vez que se han examinado los requisitos de acceso a las actividades de que se trate y que se ha acreditado el cumplimiento de tales requisitos. Además, la exigencia eventual de inscripción en el Registro de Oficios del Estado miembro receptor, en el supuesto de que estuviera justificada, no debería dar lugar a gastos administrativos adicionales ni requerir el pago obligatorio de cotizaciones a las Cámaras de Industria y Artesanía.
Los gastos efectuados por los Gobierno alemán y austriaco y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Amtsgericht Heinsberg mediante resolución de 13 de febrero de 1998, completada el 22 de junio siguiente, declara:
El artículo 59 del Tratado CE (actualmente artículo 49 CE, tras su modificación) y el artículo 4 de la Directiva 64/427 del Consejo, de 7 de julio de 1964, relativa a las modalidades de medidas transitorias en el ámbito de las actividades por cuenta propia de transformación correspondientes a las clases 23 a 40 de la CITI (Industria y artesanía), se oponen a una normativa de un Estado miembro que supedita la ejecución de actividades artesanales en su territorio por prestadores de servicios establecidos en otros Estados miembros a un procedimiento de autorización que retrasa o complica el ejercicio del derecho a la libre prestación de servicios, toda vez que se han examinado los requisitos de acceso a las actividades de que se trate y que se ha acreditado el cumplimiento de tales requisitos. Además, la exigencia eventual de inscripción en el Registro de Oficios del Estado miembro receptor, en el supuesto de que estuviera justificada, no debería dar lugar a gastos administrativos adicionales ni requerir el pago obligatorio de cotizaciones a las Cámaras de Industria y Artesanía.
GulmannRagnemalm
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de octubre de 2000.