Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-5785-de-octubre-23-de-1995?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920416410f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-11 05:01:29
Document Index: 320189866

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 85', 'artículo 40', 'artículo 40']

﻿ AUTO 5785 DE OCTUBRE 23 DE 1995
AUTO 5785 DE 23 DE OCTUBRE DE 1995
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD PERSONAL Y DIRECTA DEL JUEZ. DEMANDA CONTRA MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CIVIL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, AUTO, MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, RESPONSABILIDAD DEL JUEZ
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:289 DE ENERO DE 1996, PÁG.12
Auto 5785 de octubre 23 de 1995
RESPONSABILIDAD PERSONAL Y DIRECTA DEL JUEZ
DEMANDA CONTRA MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Ref: Expediente 5785
Santafé de Bogotá, D.C. veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y cinco.
En relación con la precedente demanda de responsabilidad civil, presentada con fundamento en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil por el abogado Francisco José Vergara Carulla, en frente de los magistrados de la Corte Constitucional, doctores Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, se considera:
1. La imputación de responsabilidad civil a los magistrados y jueces por razón de los perjuicios que causen a las partes, así como los motivos que dan lugar a declararla judicialmente, tal como se encuentra establecida en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a una regulación de carácter excepcional que, por serlo, necesitaba de mandato legal expreso como el citado, puesto que, en principio, dicha responsabilidad, cuando emana de los actos u omisiones de los funcionarios públicos, corre directamente a cargo del Estado, y de modo derivado, a cargo de los mismos en el ámbito personal.
2. Justamente por tratarse de una regulación excepcional, en la cual —con prescindencia de la responsabilidad del Estado— los magistrados y jueces responden directa y personalmente por los daños que les causen a las partes cuando actúan en ejercicio de la función judicial que desempeñan a nombre de aquél, en los casos que de manera taxativa se enumeran en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, es dable afirmar que este precepto sólo es aplicable a quienes a partir de su vigencia estuvieren ejerciendo o llegaren a ejercer los mencionados cargos —en la Corte, en los tribunales o en los juzgados—, sin importar la naturaleza de las jurisdicciones a las que estuvieran adscritos.
3. Empero, los magistrados de la Corte Constitucional, por fuerza, no podían estar incluidos, como sujetos pasivos de la responsabilidad que regula el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, dado que la jurisdicción constitucional y el organismo encargado de ejercerla —la Corte Constitucional—, fueron creados a raíz de la expedición de la Constitución Política de 1991, o sea, mucho tiempo después de que entró a regir aquel precepto. En tal virtud, para ellos aun no se halla establecida la responsabilidad personal en cuestión.
4. Con otros términos, toda vez que la existencia de la Corte Constitucional dimana de la propia Constitución Política, el régimen de responsabilidades de los magistrados que la integran debe estar previsto en la propia Constitución —lo que para el caso no acontece—, o requiere de ley que lo establezca en desarrollo de ésta.
5. Por consiguiente, se puede aseverar que si una de las partes en los procesos que son de conocimiento de la Corte Constitucional se cree perjudicada por actos u omisiones imputables a los magistrados que la conforman, el asunto, siguiendo el principio general, compromete la responsabilidad del Estado, y, por derivación, la de los funcionarios, mientras no exista ley que los incluya en el régimen excepcional de responsabilidad directa como el previsto en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil; por tanto, las controversias de ese orden que en el momento actual se presenten caen dentro de la órbita de la jurisdicción administrativa; tal es el caso de la demanda en estudio.
6. Vistas así las cosas, el conocimiento de la demanda presentada por el doctor Francisco José Vergara Carulla no corresponde a la jurisdicción civil, toda vez que no versa sobre los procesos de responsabilidad a que se refiere el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, por ser quienes son los sujetos pasivos en frente de los cuales dirige su libelo; ciertamente que esta norma, con la restricción explicada, es atributiva de responsabilidad a los magistrados y jueces, y el estatuto procesal civil, en esa medida, le otorga competencia para conocer de los mismos a la Corte —en el caso de los magistrados de la Corte y de los tribunales (CPC, art. 25-6)— y a los tribunales superiores —en el caso de los jueces (art. 26-2 íb)—. No se incluye, pues, en el ámbito funcional de la Sala de Casación Civil de la Corte, el conocimiento de procesos de responsabilidad contra los magistrados de la Corte Constitucional.
7. Síguese de lo dicho que, en aplicación del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, se dispondrá el rechazo de plano de la demanda arriba mencionada, por falta de jurisdicción, dirigida como viene a establecer la responsabilidad civil de que trata el artículo 40 íb., respecto de varios magistrados de la Corte Constitucional.
En mérito de los expuesto, por falta de jurisdicción se RECHAZA la demanda de responsabilidad civil fundada en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, presentada por el abogado Francisco José Vergara Carulla, frente a los magistrados de la Corte Constitucional, doctores Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sin necesidad de desglose, se ordena devolver los anexos.
Se reconoce personería al abogado demandante, Dr. Francisco José Vergara Carulla, para actuar en nombre propio. Notifíquese.
Héctor Marín Naranjo.