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Timestamp: 2019-10-19 00:29:15
Document Index: 63027076

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 324', 'artículo 30', 'artículo 247', 'artículo 2', 'artículo 445', 'artículo 220', 'artículo 445', 'in dubio', 'artículo 21', 'in dubio', 'artículo 228', 'artículo 216', 'artículo 25', 'artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 445', 'artículo 95']

﻿ SENTENCIA 12742 DE ABRIL 4 DE 2003
SENTENCIA 12742 DE 04 DE ABRIL DE 2003
CONTENIDO:COMPLICIDAD POR OMISIÓN. EXIGENCIAS PARA SU TIPICIDAD Y POSICIÓN DE GARANTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CÓMPLICE DEL DELITO, DELITO POR OMISIÓN, POSICIÓN DE GARANTE, DELITO, DERECHO DE DEFENSA, PROCEDIMIENTO PENAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:378 DE JUNIO DE 2003, PG.1053
Sentencia 12742 de abril 4 de 2003
EXIGENCIAS PARA SU TIPICIDAD Y POSICIÓN DE GARANTE
Bogotá, D.C., cuatro de abril del dos mil tres.
Un juzgado regional de Bogotá, el 22 de junio de 1995, absolvió a José Edilson Espitia Espitia y a Elber Alfonso Medina, quienes habían sido acusados, en calidad de cómplices, del homicidio de Abraham Noguera Rodríguez, agente activo de la Policía Nacional.
La decisión fue apelada por el fiscal de la causa. El 23 de octubre de 1995, el Tribunal Nacional dispuso su revocatoria. Posteriormente, el fallo fue recurrido en casación por los defensores de los procesados.
En el sitio “Tres Esquinas”, en la vía que comunica a Ráquira con Tinjacá, un grupo de agentes de la policía, el 16 de agosto de 1993, instaló un retén.
Al día siguiente, en un parqueadero de Chiquinquirá, fue localizado el vehículo. EIber Alfonso Medina, su conductor, se presentó voluntariamente ese mismo día ante las autoridades. La captura de José Edilson Espitia Espitia, en cambio, se obtuvo a partir de las indicaciones que sobre su lugar de residencia suministró el primero de los nombrados.
1. Iniciada la investigación, luego de ser indagados Elber Alfonso Medina y José Edilson Espitia Espitia, un Fiscal Regional de Bogotá les resolvió la situación jurídica el 9 de septiembre de 1993. En esa providencia, les dictó medida de aseguramiento, sin derecho a excarcelación, por el delito de homicidio agravado. Apelada esta decisión, fue ratificada el 19 de enero de 1994, por un Fiscal Delegado ante el Tribunal Nacional.
2. Cerrada la investigación, fue calificado su mérito el 18 de agosto de 1994. En esa providencia, se acusó, a título de cómplices, a los dos procesados, por el delito de homicidio agravado y se dispuso precluir la investigación por el delito de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal. Impugnada esta providencia, y remitida al ad quem en razón del grado de consulta, fue confirmada el 15 de noviembre de 1994, por la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional.
3. Recibido el proceso por un juez regional, y seguido el trámite correspondiente, los procesados fueron absueltos el 22 de junio de 1995. Ante la apelación interpuesta por la fiscalía, el Tribunal Nacional revocó el fallo y, en su lugar, los condenó en calidad de cómplices, por el delito de homicidio agravado, a la pena principal de 21 años (le prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por un periodo de 10 años, se sostuvo de condenar por perjuicios y les negó la condena de ejecución condicional.
La sentencia viola, por vía directa, la ley sustancial. Por eso enmarca su reproche dentro de los lineamientos de la causal primera de casación. En concreto, dice que el sentenciador, por aplicar indebidamente el artículo 30, numeral 8º, de la Ley 40 de 1993, y los artículos 24 y 25 del Código Penal de 1980, dejó de aplicar el artículo 2º de esta misma obra.
En el vehículo conducido por Elber Alfonso Medina, además de Daniel, Danilo Norato y Humberto Buitrago Barreto, apodado “Natas” iba José Edilson Espitia. Los únicos testigos directos de lo ocurrido dentro del taxi, fueron el primero y el último de los nombrados.
Tal como está probado, lo anterior indica, dice el casacionista, que Elber Alfonso Medina, compelido por la amenaza contra su propia vida, fue determinado a actuar como lo hizo. Jamás existió en él, como lo supuso el tribunal, el elemento volitivo contenido en el artículo 24 del Código Penal de 1980. Puede afirmarse, por tanto, que no prestó ayuda o colaboración eficaz al ejecutor material del homicidio. Imposibilitado como se hallaba, no podía evitar la consumación del delito. Por esa razón, no existió ninguna omisión consciente de su parte.
Si Elber Alfonso Medina no prestó su voluntad para facilitarle a Humberto Buitrago la comisión del homicidio del agente Abraham Noguera, puesto que de ello no existe prueba en contrario, erróneamente el sentenciador, cuando en su fallo expresó que las circunstancias personales del autor y las materiales del hecho se comunicaban al procesado, aplicó indebidamente el artículo 25 del Código Penal de 1980.
Del mismo modo, por cuanto Medina no actuó voluntariamente para contribuir al asesinato del agente Noguera ni violó el rol de garante de su vida, el tribunal, al imponerle sanción a título de cómplice, aplicó indebidamente el numeral 8º del artículo 324 del Código Penal de 1980 y el numeral 8º del artículo 30 de la Ley 40 de 1993.
Más aún. El tribunal, sin estar demostrado el elemento subjetivo exigido por el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal de 1991, aplicó indebidamente esa norma. Sin tener certeza sobre la responsabilidad penal del procesado, y en contra de las evidencias procesales, lo declaró culpable, a título de cómplice, de un delito en el cual no tuvo participación por conducta activa u omisiva.
Constituía obligación del tribunal demostrar la responsabilidad penal del incriminado. Pero no lo hizo. Supuso que había prestado voluntariamente su concurso para facilitar el homicidio y que había quebrantado su rol de garante de la vida del agente. Por eso, porque la conducta de Medina no estuvo signada por el dolo, y por cuanto además este elemento anímico no se demostró, el juzgador dejó de aplicar el artículo 2º del Código Penal de 1980.
Además, y por último, el recurrente sostiene que el fallador, dado que la presunción de inocencia en favor de Elber Alfonso Medina nunca fue desvirtuada, dejó de aplicar el artículo 445 del Código de Procedimiento Penal de 1991.
La sentencia, en su criterio, está fundada sobre un proceso viciado de nulidad. Desde los inicios de la investigación, se estableció que eran cinco las personas involucradas en el homicidio del agente Abraham Noguera. Sólo dos de ellas —Elber Alfonso Medina y José Edilson Espitia— fueron vinculadas formalmente al proceso. Respecto de las demás, y pese a que estaban debidamente identificadas, la fiscalía decidió, por aplicación innecesaria de la figura de la ruptura procesal (CPP/91, art. 88), adelantar por separado la investigación correspondiente.
Los hechos en los cuales perdió la vida el agente Abraham Noguera, sólo fueron percibidos por los ocupantes del taxi que conducía Elber Alfonso Medina. Únicamente se escucharon las versiones de dos de ellos: la del propio Elber Medina y la de José Edilson Espitia. Apoyado en ellas y en el relato de los agentes que acudieron al lugar, se dedujo su grado de participación en el homicidio. Se imponga, para tener acceso al reflejo exacto de lo ocurrido, confrontar el contenido de sus indagatorias con las de los demás ocupantes del vehículo.
Esta visión unilateral de los hechos, no permitió al tribunal hacerse con la verdad real de lo sucedido. Su decisión no tiene correspondencia con lo probado a través de esas versiones. Lo adecuado hubiera sido que el juzgador, frente a la inocencia pregonada por los dos procesados, y a falta de prueba en contrario, los eximiera de culpabilidad. De lo dicho por ellos, no se deduce compromiso penal alguno en los hechos investigados En sus descargos, han insistido en que el acto homicida fue obra, sin su concurso, de la voluntad de Humberto Buitrago.
De ahí que la deducción de la responsabilidad penal de Espitia haya sido forzada. A Elber Alonso Medina se le condenó, en su calidad de conductor del automotor, por haber prestado supuestamente una ayuda eficaz al autor directo del homicidio. Se le acuso de haber hecho caso omiso de las señales fijadas en el retén policial y de efectuar maniobras con su carro para poner en óptima posición de tiro al homicida.
La ruptura de la unidad procesal, entonces, aparte de que afectó el derecho que defensa de su protegido, propició que se le juzgara sin la observancia de las formalidades propias de un debido proceso.
De no aclararse por ese medio esta circunstancia, forzosamente tendría que haberse concluido, a tono con la narración de los inculpados, que el agente Abraham Noguera, cuando abordó a quienes se transportaban en el automotor, viajaba sólo en la moto. Todo lo cual, por obvia inferencia, hubiera conducido a descalificar la credibilidad de los agentes que declararon dentro del proceso.
Estas tres irregularidades, imputables todas al instructor, concluye el casacionista, afectaron negativamente el debido proceso y el derecho de defensa del sentenciado. Por eso demanda de la Sala que declare la nulidad de lo actuado —a partir, inclusive, del auto mediante el cual se cerró la investigación—, para que, una vez subsanadas, su poderdante pueda ser sometido a un juicio conforme con las disposiciones legales y constitucionales.
El recurrente invoca la causal primera de casación, prevista en el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal de 1991. Por errada apreciación de todos los medios de prueba existentes en el proceso, el sentenciador violó de modo indirecto, por falta de aplicación, el artículo 445 del mismo código.
Ese error, sostiene la delegada, torna improcedente la aceptación del cargo. Pero aún si estuviere correctamente desarrollada la censura, se impone decir que el instructor, cuando ordenó romper la unidad procesal, no transgredió las formas del debido proceso. El funcionario, antes de tomar esta decisión, hizo lo posible, como lo demuestran sus actuaciones de septiembre 9 de 1993 y mayo 12 de 1994, por allegar al expediente la identificación completa de Humberto Buitrago y Daniel y Danilo Norato, como condición para proceder a su emplazamiento, sin haber obtenido resultados positivos. Frente a este obstáculo, el fiscal hizo uso de los instrumentos que la ley procesal ofrece para agilizar el avance de la investigación. Valido de ellos, ordenó compulsar copias para que se investigara por separado la conducta de estas personas.
El tribunal, sin embargo, ha considerado que el cabo González Marín sí le hacia compañía, en calidad de parrillero, a la víctima. Si los procesados no alcanzaron a verlo, fue porque él, como lo narró ante la fiscalía, al darse cuenta de que habían sido atacados con arma de fuego, se lanzó de la moto y se atrincheró tras el cuerpo de su compañero caído. Eso mismo explica, y despeja de paso la duda del censor a este respecto, por qué razón el cabo González Marín, desde tan incómodo punto de mira, no pudo acertar a dar en el blanco constituido por el vehículo y sus ocupantes.
El impugnante, a este respecto, plantea un falso juicio de existencia por omisión parcial de prueba. Pero en su desarrollo, contradictoriamente, dice que el estado de embriaguez de los procesados sí se mencionó en la sentencia. Pero está en desacuerdo con la forma como el tribunal lo evaluó. Ahí estriba su error. Si propuso un error in procedendo —la falta de una prueba—, no le estaba permitido criticar la apreciación que de ella hizo el juzgador.
Su enfoque, a este respecto, se tornó elusivo. En lugar de poner de relieve los errores de hecho detectados, enfiló sus esfuerzos hacia el ejercicio de una crítica libre en tomo al análisis y la valoración probatoria. Como este modo de proceder no es de recibo en sede de casación, no se pueden avalar los argumentos del recurrente para darle aplicación al principio del in dubio pro reo.
3.2. En el proceso se desconoció el principio de presunción de inocencia. No se demostró el nexo de causalidad entre la acción o la omisión de los acusados y el resultado muerte. Los únicos testigos presenciales de los hechos, fueron los dos sentenciados y, posiblemente, el cabo Joaquín González Marín. Elber Alfonso Medina y José Edilson Espitia han dicho, sin que mediante prueba adicional se hubiera desvirtuarlo su versión, que no prestaron su voluntad para que Humberto Buitrago, apodado “Natas”, disparara contra el agente Noguera. El cabo González Marín, a su vez, ha expresado que no pudo reconocer, porque la interposición del cuerpo de la víctima en su ángulo visual y las condiciones topográficas del terreno se lo impidieron, a quien agredió a balazos a su campanero de labores.
En el peor de los casos, y frente a este poco esclarecedor acopio de pruebas, finaliza la delegada, sobre los sentenciados gravita, en su favor, la incertidumbre. Se carece, entonces, de la certeza para desvirtuar la presunción de inocencia. Las exculpaciones de los incriminados no han sido puestas en salmuera mediante otro medio de prueba. Su complicidad en la consumación del hecho punible, por otra parte, no alcanzó a configurarse porque ellos no tenían el deber jurídico, como lo exige el artículo 21 del Código Penal de 1980, de impedir la muerte del agente Abraham Noguera.
El reproche, por las incorrecciones técnicas que signan su sustentación, como enseguida se explicará, no puede prosperar.
Cuando se acude a la violación directa de la ley sustancial, no le está permitido al recurrente controvertir los hechos ni la manera como ellos se declararon probados.
El impugnante, aunque de modo parcial acepta los hechos, abiertamente discrepa de la forma como fueron probados por el tribunal. Basta confrontar, para comprobarlo, el texto de la sentencia con los planteamientos contenidos en la demanda.
El casacionista sostiene que el fallador omitió considerar la circunstancia, debidamente probada en el proceso, de que Elber Alfonso Medina, como lo dicen a una voz ambos inculpados, fue determinado a actuar por Humberto Buitrago. La decisión de hacer caso omiso de la orden de detenerse en el retén policial, no fue fruto de su voluntad. Se vio obligado a actuar de ese modo porque su campanero de viaje y de asiento, inopinadamente, amenazándolo con un arma de fuego, así se lo ordenó.
Esto demuestra que el actor, por un lado, no acepta en su integridad la base fáctica de la que partió el tribunal y, de otro, no comparte la deducción que a partir de ella hizo. Mientras para el sentenciador la participación consciente de Elber Medina en la comisión del delito se transparenta a través de dos hechos —no haber obedecido la orden de parar en el retén y haber hecho en la huida cabriolas con el vehículo—, para el censor esa inferencia, por cuanto en su premisa falta un elemento, precisamente el de la amenaza determinante de su proceder, no consulta la realidad de lo sucedido y rompe el nexo de causalidad de la conducta.
Este tipo de diferencias no puede ser ventilada en una demanda basada en la causal primera de casación, cuerpo primero, por violación directa de la ley sustancial. Al actor le está vedado orientar su argumentación a demostrar que los hechos no ocurrieron como los plasma el juzgador en la sentencia ni a demostrar que se omitió, se supuso o se tergiversó determinada prueba.
Quien selecciona esta causal como soporte de una demanda de casación, debe asumir el debate en puro derecho. Para ello debe abstenerse de poner en tela de juicio los hechos y la forma como fueron probados por el juzgador. Su labor debe circunscribirse a mostrar, si ella existe y la ha detectado, una contradicción de fondo entre la parte motiva y la parte resolutiva del fallo. Su capacidad dialéctica debe centrarse en demostrar que el marco conceptual de la sentencia, constituido por los hechos y la valoración de las pruebas, no guarda correspondencia, por una suerte de incongruencia interna entre sus partes, con lo que en ella se ha decidido, bien porque se dejó de aplicar una norma, o porque fue aplicada indebidamente, o porque se interpretó erróneamente el precepto que era aplicable al caso.
Hacia el develamiento de esa contradicción no orientó su trabajo argumentativo el impugnante. Apartándose de la metodología propia de una demanda de casación con fundamento en la causal primera, cuerpo primero, se dedicó a demostrar que el tribunal había pasado por alto apreciar una prueba y extraído su conclusión sobre la complicidad, por ese motivo, de una base puramente conjetural.
Sin embargo, hay que decir que así hubiera acertado en el enfoque de su ataque, tampoco la demanda estaba llamada a prosperar por la vía de la causal primera, cuerpo primero, por violación directa de la norma sustancial que obliga a absolver toda duda a favor del acusado. La razón es que el tribunal encaminó sus consideraciones a demostrar el comportamiento cómplice del procesado y, consecuente con esas premisas sentadas, emitió juicio de condena acorde con ese marco conceptual y probatorio. Entre la parte motiva de la sentencia y la parte resolutiva, no se advierte contradicción. En la parte considerativa, no expresó el tribunal que careciera de certeza para condenar a los procesados como cómplices del delito de homicidio, para luego decidir condenarlos en esa calidad. La certeza que campea a lo largo de su motivación, es la misma que exterioriza en la parte resolutiva de su providencia.
El procedimiento correcto, a juzgar por el planteamiento que anida en este reproche, era que el casacionista, si quería demostrar que el tribunal supuso la certeza cuando en verdad con la prueba existente no podía llegarse a ese convencimiento, hubiera acudido a la violación indirecta de la ley sustancial. Sólo por esta vía hubiera podido presentar los cargos, por error de hecho por apreciación probatoria.
Por eso el impugnante se equivocó al momento de trazar el derrotero para cuestionar la legalidad de la sentencia. Si lo que pretendía demostrar, como se dijo, era que en el fallo se había omitido considerar el hecho de que Elber Alfonso Medina fue amenazado dentro del taxi con un revólver por Humberto Buitrago, debió acudir a la violación indirecta. Por este medio, podía acusar la sentencia, ahí si con licencia para controvertir el acervo probatorio, por error de hecho por falso juicio de existencia por omisión de prueba.
Pero su acusación, para que alcanzara eficacia, no podía quedarse apenas en el señalamiento objetivo del error. Se imponía que el actor demostrara su incidencia decisiva en el fallo, así como el sentido de la violación, esto es, hacer evidente, en la primera hipótesis, que esa prueba era indispensable para imprimirle a la decisión un rumbo cualitativamente diferente y, en la segunda, que esa violación fue producto de la aplicación indebida o de la falta de aplicación de la ley sustancial, pero jamás por interpretación errónea porque a ella sólo se llega por vía directa.
2. A nombre de José Edilson Espitia.
En materia de nulidades, la Corte no ha sido excesivamente rigurosa en cuanto a los requisitos para su formulación. Ha admitido una relativa libertad en su planteamiento. Pero esto no significa que el censor, por ese motivo, no esté obligado a observar unas reglas metodológicas mínimas en su enunciación y en su desarrollo.
Aparte de señalar con claridad y precisión la especie de nulidad que invoca, ha de demostrar el carácter sustancial del motivo que la genera. Pero ha de ir más allá. Ha de decir, y formularlo por separado, si el vicio que observa es de garantía o de estructura. Si lo es de la primera especie, ha de abogar por la protección de un derecho y demostrar su efecto trascendente en la sentencia. Si lo es de la segunda, ha de estudiar y comprobar la ruptura del rito. Pero en ambos eventos, lógico procesalmente, ha de señalar el momento a partir del cual se debe ordenar la reparación del trámite.
El censor no se ha ceñido a estas reglas mínimas. Por lo general, la violación del debido proceso acarrea el recorte del derecho de defensa. Pero, como se dan excepciones, y como además su origen y sus efectos son distintos, es deber del impugnante enunciar el cargo y los motivos de nulidad por separado.
A este respecto, el error de la demanda es evidente. Ella carece de claridad y precisión en la formulación del cargo. Bajo una misma divisa, la nulidad, ha planteado, fusionándolas, cuando lo correcto era presentarlas por separado, dos irregularidades de origen, naturaleza y efectos distintos. Simultáneamente invocó, bajo el rótulo de la nulidad, dos motivos diferentes: el derecho de defensa, que es un vicio de garantía, y el derecho al debido proceso, que es un vicio de estructura. Esta confusión, por cuanto con ella violó el principio de autonomía de las causales y los cargos, condujo al fracaso la corrección técnica de la censura.
Las tres primeras irregularidades acusadas —la falta de vinculación de los autores identificados, el no haber decretado la inspección judicial al lugar de los hechos y la omisión de la prueba de alcoholemia— se enmarcan, obviamente, dentro de la violación del derecho de defensa. Pero esos supuestos vicios de garantía, no pueden hacerse confluir, para sostener que el juzgador carecía de certeza para condenar a José Edilson Espitia, con la violación del principio de la presunción de inocencia.
Este, a juicio de la Sala, es el más notorio de los errores de técnica en que ha incurrido el impugnante. Las tres primeras irregularidades relacionadas, que teóricamente se engloban dentro de las que afectan el derecho de defensa, quedan cobijadas bajo el mismo cargo: la nulidad. Pero no pueden presentarse amalgamadas, bajo la misma causal, con la violación del principio de presunción de inocencia. La razón es evidente: el in dubio pro reo, por ser un cargo que tiene norma expresa que lo regula, no puede demandarse por nulidad (causal tercera de casación) sino por violación de la ley sustancial (causal primera). Quien proceda en esa forma, lo hace a contracorriente del principio de autonomía de los cargos y las causales
Pero aún si estuviera correctamente planteada la censura, es evidente que carece de soporte dentro del proceso. Ha denunciado el casacionista que el rompimiento temprano de la unidad procesal, porque privó al fallador de conocer las versiones de Danilo y Daniel Norato y de Humberto Buitrago, falencia que a su modo de ver viola por sí misma el debido proceso, obstaculizó el derecho de defensa del procesado.
El cargo, así presentado, no tiene respaldo en el proceso. El instructor, como lo demuestran sus actuaciones del 9 de septiembre de 1993 y del 12 de mayo de 1994, procuró por los medios legales a su alcance identificar a esas personas. Pero como no fue posible, acudió a una herramienta procedimental lícita: ordenó escindir la investigación. No actuó el instructor, entonces, a contrapelo de las ritualidades establecidas. La ley procedimental lo autorizaba a proceder como lo hizo. Por tanto, no violó el debido proceso.
Ahora bien; la falta de la inspección judicial al lugar de los hechos y de la prueba de alcoholemia, si se acepta que su omisión constituye un vicio de garantía, exigía del censor demostrar su trascendencia determinante en el fallo atacado. Pero ese efecto decisivo no se hizo evidente. El censor, con el primer cargo, pretendía demostrar que el cabo Joaquín Alberto González Marín no le hacia compañía en la moto al agente Abraham Noguera Rodríguez el día en que fue víctima del homicidio. Esa demostración no tiene trascendencia sobre el fallo. Ella no arroja ninguna luz en torno a si José Edilson Espitia prestó o no su voluntad para darle muerte a Abraham Noguera.
Igual inocuidad sobre la naturaleza del fallo comporta la prueba de alcoholemia. Con su aducción, el impugnante quería demostrar que José Edilson Espitia Espitia, ebrio como iba en el taxi, estaba imposibilitado para prestar cualquier colaboración al homicida. Esta pericia era innecesaria. De un lado, la embriaguez, por sí misma, no demuestra la inculpabilidad del sentenciado. De otro, si con ella se pretendía hacer luz sobre el estado de conciencia del incriminado, para ello bastaba remitirse a su indagatoria. En ella él reconoce que su estado de ebriedad no le impidió darse cuenta de lo sucedido.
No se acepta, en consecuencia, la censura.
Bien podía el impugnante oponerse críticamente a la apreciación probatoria realizada por el tribunal. Indiscutiblemente, quien demanda una sentencia por violación indirecta de la ley sustancial, puede hacerlo. Pero no simplemente para enfrentar su criterio al del juzgador. Su cuestionamiento debe ajustarse a las reglas propias de esta causal de casación.
El recurrente se apartó de estas previsiones metodológicas. Por eso el cargo no está correctamente formulado ni adecuadamente demostrado. Adolece de dos errores protuberantes que la Sala, por efecto del principio de limitación que rige en materia de casación, no puede entrar a corregir. En primer lugar, la acusación es genérica. El casacionista expresa, sin más, que acusa la sentencia de violar indirectamente la ley sustancial porque en ella el tribunal apreció erróneamente todas los medios de prueba. En segundo lugar, la sustentación del cargo es decididamente errática. Por falta de rigor técnico en su exposición, el actor no alcanza a articular una acusación coherente.
Al demandante le correspondía, de acuerdo con los lineamientos de la técnica de casación, establecer, en primer término, la clase de error que pretendía invocar. A partir de esta definición, era deber suyo demostrar que la sentencia, en s misma, era incongruente. Es decir, estaba obligado, como asunto medular del desarrollo de la demanda, a mostrar que entre su parte motiva y su parte resolutiva existía una contradicción esencial. Y, finalmente, luego de esta labor descriptiva y argumentativa, sobre él recaía el peso de hacer evidente que los errores descubiertos, por su magnitud y trascendencia, repercutían de manera definitiva en el carácter mismo de la decisión judicial.
Nada de esto hizo el recurrente. Tratándose de una demanda por violación indirecta de la ley sustancial, le tocaba situar sus reproches dentro del marco de referencia de esta causal de casación. Con base en esos presupuestos, era imprescindible que delimitara la clase de error o errores que había encontrado en la sentencia. Se imponía que expresara, como base de lanzamiento de su impugnación, si se trataba de errores de hecho o de derecho.
A partir de ahí, y por causa de esta omisión, la demanda perdió su rumbo. Si no precisó la clase de error descubierto, menos aún podía señalar la especie de ese yerro. Por eso en su libelo la Sala no encuentra claridad en torno a si el actor acusa la sentencia por estar construida sobre errores de hecho por falsos juicios de existencia por omisión o por suposición de pruebas, o si está edificada sobre falsos juicios de identidad o de raciocinio, o si el sentenciador incurrió en algún error de derecho. A ninguno de estos dislates hace referencia la demanda.
Lo que ha presentado el censor es un discurso argumentativo libre frente a las pruebas y la valoración que de ellas efectuó el tribunal. Por ese motivo, que es, además, el que condena al fracaso la demanda, sus argumentos no encuadran dentro del esquema de la casación.
Inicialmente, lo que parece sugerir la configuración de un error de hecho por suposición de prueba, sostiene que el tribunal, a pesar de que conocía el relato de los procesados sobre su comportamiento pasivo dentro del taxi en que viajaban, supuso que le habían prestado una ayuda eficaz al autor directo del homicidio.
Más adelante, cuando resalta que el fallador extrajo la prueba de la culpabilidad del simple hecho de compartir el vehículo con el autor material, parece estar planteando un error de hecho por falso raciocinio.
Por último, cuando refiere que a la prueba se le agregó un elemento inexistente, puesto que de ninguna parte se deduce que Humberto Buitrago y José Edilson Espitia eran amigos, el casacionista da a entender que hay allí un error de hecho por falso juicio de identidad por tergiversación de prueba. Pero como la formulación del cargo parte de una base genérica, y como no recorre una línea argumentativa definida, se torna hasta tal punto caótica y desconyuntada que es imposible prestarle receptividad en sede extraordinaria de casación.
Esas son las razones para que no sea de recibo el cargo.
Desde el punto de vista de las acusaciones que hacen los apoderados al fallo, entonces, es imposible pensar en que prospere el recurso de casación.
Sobre la viabilidad de la casación oficiosa.
De acuerdo con el artículo 228 del Código de Procedimiento Penal de 1991, similar al artículo 216 del estatuto procesal del 2000, la Corte, oficiosamente, puede declarar la nulidad de lo actuado cuando detecte la existencia de irregularidades sustanciales graves dentro del proceso, como también casar la sentencia cuando es ostensible que la misma atenta contra las garantías fundamentales. Esto último sucede con el proceso estudiado. En efecto:
En el expediente aparece demostrado que aquel día, tres personas, desde temprano, departían y consumían bebidas alcohólicas. Pasado un tiempo, decidieron dirigirse a otra localidad, para lo cual buscaron los servicios de un taxista, lo contrataron y en la búsqueda del automotor dieron con otra persona, a quien invitaron a la diversión. Así, las cinco se desplazaban y cuando vieron el retén, una de ellas, con pistola en mano, dijo al conductor que acelerara y no detuviera la marcha. Como consecuencia de ello, el automotor tumbó algunas de las señales de tránsito, zigzagueó, no cumplió los señalamientos y, cruzado el retén, fueron escuchados unos disparos, razón por la cual un agente de la policía abordó su moto e inició la persecución. Alcanzado el taxi, quien viajaba en la parte delantera, a la derecha del conductor, abrió la puerta, se apeó y disparó inmisericordemente contra el policial, para internarse luego en el monte. Varios agentes de la policía, visto lo anterior, se lanzaron a la persecución, mientras el taxi rápidamente proseguía la marcha. El agente atacado falleció.
2. Las decisiones tomadas en desarrollo del proceso.
La calificación del mérito del sumario.
El 18 de agosto de 1994, la fiscalía regional de Bogotá, previo concepto del Ministerio Público —que pedía enjuiciamiento por complicidad— calificó el mérito del sumario. Acusó a Medina y Espitia como cómplices de homicidio agravado y precluyó la investigación en favor de ellos por el delito de porte de armas de defensa personal. Los argumentos centrales de la acusación fueron los siguientes:
a) El vehículo taxi era ocupado por cinco personas: Medina —conductor—, José Edilson Espitia, Danilo y Daniel Norato, y Humberto Buitrago —“Natas”—. Esto es aceptado por los procesados.
b) Los cinco eran conocidos.
c) No se puede admitir la coacción de que era víctima el chofer Medina par parte de “Natas”, con arma de fuego, primero, porque antes de que fueran alcanzados por el agente de la moto ya hacían disparos al aire; segundo, porque si el vehículo frenaba y arrancaba y zigzagueaba, era bastante probable que los otros cuatro pudieran desarmar al que ejercía coacción; tercero, porque de autos se desprende que los ocupantes del automotor se dedicaban a jugar; y, cuarto, porque era imposible para el autor de los disparos amenazar a los viajeros y, a la vez, abrir fuego contra el agente de la policía.
d) Si bien no se ha establecido quién disparó, lo cierto es que los ocupantes del taxi tenían más de un arma de fuego, pues en Sutamarchán dieron a guardar dos.
e) Medina, tratando de eludir su responsabilidad, dio varias versiones de lo ocurrido, al paso que Espitia no lo desvirtuó.
f) De parte de los procesados existió colaboración "eficaz para llevar a cabo este hecho, ninguno de quienes se encontraban en el interior del automóvil asumió aptitud distinta a la de aceptar sin eludir ni intentar hacer que “Natas” no disparara, máxime que por el contrario lo que hacían era seguirle el juego, haciendo los que frenaban, maniobra esta que sólo el conductor del vehículo podía hacerlo, para que los apolinares(sic) igualmente se acercaran y detuvieran su marcha, momento en el cual le dispararon, aptitud similar tomaron cuando inicialmente en el retén les hicieron el pare”. Esa colaboración eficaz recuerda las precisiones del artículo 25 del Código Penal.
Impugnada esta decisión, la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional la ratificó el 15 de noviembre de 1994. Haciendo un somero análisis global de la prueba, concluyó en la existencia de la apropiada para efectos de la imputación, a la vez que confirmó —por la vía de la consulta— la preclusión a los dos procesados del cargo por porte de armas.
Confirmada la acusación y adelantado el trámite respectivo, el juzgado regional de Bogotá dictó sentencia el 22 de junio de 1995, proveído mediante el cual absolvió a los procesados. Sus razones esenciales fueron las siguientes:
a) “Con fundamento en las pruebas... inequívoco aparece en el proceso demostrado que el día 16 de agosto de 1993, por el sitio “Tres Esquinas” en la vía que conduce de Chiquinquirá a Tinjacá, cruzó raudo el taxi de servicio público de placas..., tripulado por cinco individuos, quien pese a la orden de pare impartida por los efectivos policiales que allí tenían instaurado un retén, omitió la orden de parada destruyendo de paso algunos de los conos de señalización que se encontraban instalados en la vía. De la misma manera se acreditó en el decurso procesal, que una vez sobrepasado el retén policial del vehículo infractor provinieron algunos disparos de arma de fuego, lo que motivó que se ordenara por el superior a cargo la persecución e interceptación del automotor arriba citado. Finalmente se encuentra cabalmente acreditado, que una vez alcanzado el vehículo del mismo provinieron sendos disparos de arma de fuego que impactaron en la humanidad del agente de la Policía Nacional Abraham Noguera Rodríguez y que ulteriormente determinaron su deceso”.
b) Pese a que dentro del proceso se probó que dos personas se hallaban armadas, no fue demostrado quién disparó aquella con la cual se causó la muerte al agente.
c) Ante la imposibilidad de determinar la autoría directa, y porque no existe prueba en contrario, se debe dar credibilidad a las versiones de Medina y Espitia, quienes al unísono y de manera coincidente y plenamente concatenada, señalan a “Natas” —Humberto Buitrago Barreto— como autor del hecho punible, palabras ratificadas por un tercero ajeno a los hechos, Héctor Emerio Cortés, quien en su calidad de inspector de policía se enteró de los acontecimientos, por otras personas, declarante que ante la justicia expuso de manera similar a la de los acriminados.
d) Debido a la imposibilidad de imputarle autoría a los procesados, la fiscalía dedujo en su contra complicidad, cargo que implica comprobar la conducta y el nexo de causalidad directo o indirecto de la misma con el hecho punible.
e) Siguiendo la doctrina y la jurisprudencia, estima el juez regional que ese fenómeno jurídico no es predicable de este proceso, porque:
Primero. Para que haya complicidad, se requiere una participación accesoria cuya esencia es la ejecución de acciones de ayuda, sin que se participe en la decisión ni en el dominio final del hecho.
Segundo. La coparticipación exige pluralidad de agentes, concurso voluntario de acciones u omisiones e identidad de delito, es decir, se necesita la presencia de más de una persona, la confluencia voluntaria de conductas activas u omisivas que contribuyan a la realización armónica del hecho antijurídico y la convergencia en torno a la realización de un delito previa y claramente definido
Tercero. La complicidad, a pesar de ser una figura accesoria a la autoría, “también representa una colaboración causal para la comisión del hecho principal, la cual tiene como nota fundamental o elemento característico el que debe obedecer objetiva y subjetivamente al acuerdo previo a la comisión del hecho”.
Cuarto. Tanto en la autoría como en la complicidad es menester la presencia del dolo porque en uno y otro evento siempre se actúa bajo la convicción de cometer un hecho punible o parte de él o de contribuir o prestar ayuda al autor de la conducta. Así, entre la acción u omisión del cómplice o del autor y el resultado producido, debe haber relación de causalidad.
Quinto. Está demostrado que el día de los hechos “los acriminados se encontraban en compañía del autor del homicidio y otros acompañantes dedicados al consumo de bebidas embriagantes, pues así fue revelado por los distintos testimonios acopiados en el informativo y por la propia manifestación de los inculpados. Sin embargo, del hecho de que esté acreditada la pluralidad de personas con la finalidad antes citada, no se puede “presumir” como lo hace la fiscalía, que existiera “acuerdo previo” para colaborarle en el desarrollo de un hecho punible”.
Sexto. Según el artículo 21 del Código Penal, nadie puede ser condenado por un hecho punible si el resultado del cual depende la existencia de este no es consecuencia de su acción u omisión. Igualmente, dice la norma que cuando se tiene el deber jurídico de impedir el resultado, no evitarlo, pudiéndose hacerlo, equivale a producirlo.
Es cierto que se produjo violación de reglamentos cuando no se acató la orden de “pare” emitida por la autoridad competente. Pero no existe fundamento lógico ni probatorio para inferir que esa omisión fuera realizada con el fin de facilitar la perpetración del crimen, pues de acuerdo con las evidencias el evento punible no fue resultado de la violación de reglamentos sino de un hecho naturalística y sustancialmente distinto, es decir, la conducta del autor, “Natas” —identificado luego como Humberto Buitrago Barreto—, “además de que la violación del reglamento por parte de Elber Medina, desde el punto de vista eminentemente objetivo no constituye en modo alguno una elevación del riesgo para efectos de facilitar la producción del resultado final acaecido”.
Séptimo. El hecho de que se hubiera demostrado que otra persona, además del autor, “se encontrara armada para el momento de los acontecimientos, tampoco puede servir de fundamento para predicar respecto de los vinculados participación a título de complicidad porque la simple posesión de un arma, con salvoconducto o no, no puede alcanzar al tercero que conociendo o no este hecho no ha guardado junto con el autor intencionalidad en la violación o puesta el peligro del bien jurídico y menos aún si esta última no cuenta dentro del proceso con un sólido fundamento probatorio”.
La responsabilidad no se transmite a quienes no han guardado intencionalidad en la conducta, porque la intención no es susceptible de transmisión, “ni tampoco es dable predicar acuerdo tácito, porque en la complicidad se requiere como requisito indispensable el acuerdo previo de voluntades para la colaboración en la realización del hecho punible”.
Octavo. Otras circunstancias darían para pensar en responsabilidad de los procesados. Así, el hecho de que antes de la conducta reprochable departieran en medio de bebidas alcohólicas las cinco personas, y la huida rápida una vez producidos los disparos, en vez de prestar ayuda a la víctima, justificada por los imputados en el susto que vivían.
Sin embargo, ante la existencia de razones que darían para declarar la responsabilidad, como de muchas otras que conducirían a la negación de la misma, se impone dar aplicación al principio de duda, concretado como norma rectora en el artículo 2º del Código de Procedimiento Penal, e incluido genéricamente en el artículo 445 del Código de Procedimiento Penal, como acompañante del principio de presunción de inocencia.
Como el juez regional ordenó la consulta del fallo y el fiscal regional lo apeló, el asunto llegó al Tribunal Nacional. Este revocó la sentencia para condenar a los procesados como cómplices de homicidio agravado, mediante sentencia del 23 de octubre de 1995. Sus motivos fueron los siguientes:
a) Cómplice es quien contribuye para que la acción del autor pueda ser "causa adecuada" de la lesión típica, es decir, quien presta ayuda en la ejecución de un hecho, función accesoria que carece de relevancia por sí misma, dado que jamás el cómplice puede serlo sin que exista un autor al cual le haya colaborado.
b) Para la comisión de un hecho punible, normalmente el autor recorre las etapas de ideación, preparación, ejecución y consumación. Quien únicamente cumple labores secundarias, subalternas, aunque consciente de que se involucra en un delito, es copartícipe a título de cómplice, ayuda que puede ser antecedente, concomitante o subsiguiente.
c) Para que se estructure la complicidad son necesarios cuatro requisitos: la existencia de un delito; identidad del punible frente a las acciones de quienes lo realizan o ayudan a efectivizarlo, coadyuvancia del cómplice que debe ser eficaz; dolo común a los autores y partícipes, quienes obran sabiendo que parte del trabajo delictivo deben llevar a cabo para producir el resultado criminoso; dominio del hecho íntegro por parte del autor, quien puede a voluntad continuarlo o interrumpirlo, lo cual, obviamente, no puede hacerlo el mero cómplice.
d) Lo esencial de la complicidad no es el acuerdo previo sino la eficacia de la colaboración, es decir, “que la ayuda tenga la virtualidad de servir para la efectivización del hecho punible”. Como aparece claro, “los enjuiciados tuvieron una intervención omisiva en tales sucesos”.
e) Aun cuando no existe prueba de que Medina y Espitia hubieran accionado el arma de fuego contra el agente,
“no es menos evidente que el primero de ellos, en su condición de conductor del taxi... prestó una ayuda eficaz al autor de los disparos fatales... dado que en primer lugar hizo caso omiso a las señales de pare que estaban en dicho sitio, las cuales inclusive se llevó por delante, para luego al percatarse de que en una motocicleta eran perseguidos por dos uniformados, efectuar maniobras con el rodante encaminadas a provocarlos y dejar en óptima posición de tiro al homicida... Por ello no se comparte la aseveración del a quo, en el sentido de que el comportamiento desplegado por Medina en modo alguno elevó el riesgo para efectos de facilitar la producción del resultado final acaecido, puesto que aunque él tenía la libertad de “organizar” la forma de conducir el taxi, también existía la expectativa de que con su obrar no dañara esferas ajenas, como sucedió con el infortunado agente del orden”.
Similar situación puede predicarse respecto de José Edilson Espitia Espitia, quien a pesar de ser amigo del sujeto apodado “Natas”... ninguna acción realizó encaminada a evitar que el delincuente obrara de esa cobarde manera, es decir, actuó omisivamente, circunstancia que bien puede endilgarse a los otros dos pasajeros del taxi que —junto al pistolero— se encuentran fugitivos, porque no es creíble que yendo varios sujetos en un automóvil... ninguno hubiese tenido conocimiento de los reprobables propósitos del homicida, ni hubieran impedido el vil crimen...”.
f) Desde horas de la mañana, los cinco ocupantes del taxi ingerían bebidas alcohólicas, lo que hacían en establecimientos públicos de Chiquinquirá y Sutamarchán, así como dentro del propio vehículo automotor. “En situación diferente se debatirían los encartados, si su presencia en el vehículo hubiese sido fruto de la casualidad o el azar, ya que en tal circunstancia sí sería válido el aserto del juzgador de primer grado, en el sentido de que la conducta asumida por los enjuiciados en nada favoreció la actividad del autor de los disparos...”.
g) Como la actividad comportamental de los reos consistió en contribuir a la muerte violenta del agente de la policía, deben responder como cómplices, “por cuanto las probanzas incorporadas al informativo señalan que los encausados coadyuvaron eficazmente para la realización de un delito ajeno, con la conciencia de que colaboraban con el autor de los disparos...”.
h) Los procesados, a más de típica y antijurídicamente, actuaron culpablemente “dado que del acervo probatorio puede inferirse que dirigieron el proceso mental que involucra los campos intelectivo, afectivo y volitivo de todo ser humano, a la producción del resultado criminoso pretendido, es decir, actuaron con dolo al tener pleno conocimiento de la ilicitud que cometían, tanto en la motivación que requería su realización, como en la aceptación de su posibilidad, sin que se avizore tampoco la existencia de causal eximente de culpabilidad ...”.
3. La complicidad omisiva y la tipicidad.
a) Que exista un autor —o varios.
Medina y Espitia fueron acusados y condenados como cómplices, porque dolosamente no impidieron el resultado, producto de la conducta desplegada por el señor Buitrago Barreto, conocido como “Natas”. Dicho de otra manera, son responsables —como sale de la acusación y de la sentencia de segunda instancia— porque, pudiendo hacerlo, no impidieron al autor activar su arma. Se trata, entonces, de una participación a través de la omisión.
4. Otras apreciaciones.
Evidentemente, el artículo 95 de la Constitución Nacional —en desarrollo del artículo primero de la Carta, que funda a Colombia en la “solidaridad de las personas que la integran”, al lado de los principios de dignidad y de prevalencia del interés general, así como en el derecho al trabajo— enuncia los deberes de la persona y del ciudadano, y dentro de ellos alude al de “Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.
Esta disposición fundante, sin embargo, no conforma posición de garante, primero porque es un enunciado general y abstracto; segundo, por cuanto este postulado quiere resaltar, como exigencia del “Estado social”, la preeminencia, como anhelo, de la comunidad, del altruismo, sobre el individualismo y el egoísmo que caracteriza al estado liberal escueto; tercero, porque, como es sabido, la posición de garante sólo se puede predicar de situaciones concretas, especificadas en la ley, jamás en la ley moral o social; y, cuarto, porque, como es obvio, ese deber se torna imperativo, con fuerza y capacidad coercitiva, sólo cuando la ley —en cumplimiento y desarrollo de la Constitución—, lo establece. Expresado en breve síntesis: la Constitución plasma el principio de solidaridad social y a la ley le compete, en cada caso, fijar el contenido y alcance de esos deberes. Mientras tanto, en la ley penal, o en aquella que la complementa, no existe para el ciudadano raso la obligación de impedir que una persona quite la vida a otra.
En el caso de autos, se observa lo siguiente: (i) Los viajeros, al superar el retén sin detenerse, violaron reglamentos, es cierto, pero esa acción, per se, es indiferente para el derecho penal. (ii) La conducta de los ocupantes, específicamente del conductor, no facilitaba, propiciaba ni estimulaba, dentro de la lógica y el sentido común, la comisión de un delito doloso de homicidio. (iii) Ninguno de los ocupantes tenía posición de garante para resguardar el derecho a la vida del agente ultimado. (iv) El comportamiento de los señores Medina, Espitia y Noratos no sobrepasó los límites del peligro permitido, respecto de la vida del agente de la policía, que fue eliminada dolosamente por “Natas” —Buitrago Barrera—. (v) Nada indicaba, en las escenas antecedentes, que fuera posible calcular la perpetración de un delito doloso o culposo de homicidio.
Y si a todo ello sumamos que el conductor —Medina— guiaba presionado por “Natas” y que éste descendió intempestivamente del automotor para disparar sobre el policial, la conclusión es nítida: ninguna responsabilidad es predicable de los procesados, porque al “regresar” los sucesos, a su comportamiento no les es objetivamente imputable el resultado.
Y agréguese que —a propósito de que el tribunal también alude a la responsabilidad por “organización”—, como con razón ha dicho el Ministerio Público en su concepto, “Jakobs precisamente trae el ejemplo del conductor de taxi, que “no responde del delito cometido por su cliente una vez llegado al punto de destino, aunque éste se lo haya anunciado durante el trayecto” (La imputación objetiva en derecho penal. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1994, pág. 72)”.
La respuesta tiene que ser negativa. En efecto, los ocupantes del vehículo, al desatender las normas que les imponía la obligación de respetar el “retén”, se excedieron, sin duda alguna, con lo cual fueron más allá del riesgo permitido y, en abstracto, aumentaron la posibilidad de riesgo, pero no del riesgo consistente en que alguien —“Natas”— fuera a utilizar el arma de fuego para apagar la vida del agente. Aquí es suficiente tener en cuenta que aun en los casos de incremento de riesgo, la persona queda exenta de imputación jurídica cuando el resultado que se produce ocurre por algo que se sale del canal que ordinariamente crea la conducta jurídicamente desaprobada.
Dicho de otra manera, el desconocimiento de las normas sí puede generar peligros. Pero peligros inherentes a ese desconocimiento, es decir, que la infracción no se vincula para nada con resultados extraños a lo que suele suceder. Por eso la doctrina considera, por ejemplo, que “la imputación al tipo objetivo presupone que en el resultado se haya realizado precisamente el riesgo no permitido creado por el autor. Por eso está excluida la imputación, en primer lugar, si, aunque el autor haya creado un peligro, para el bien jurídico protegido, el resultado se produce, no como efecto de plasmación de ese peligro, sino sólo en conexión casual con el mismo” (Claus Roxin. Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Madrid, Civitas, 1997, T: Diego-Manuel Luzón Peña y otros —de la 2ª edición alemana—, página 373); que “En el segundo de los niveles en el que se trata la cuestión de la imputación objetiva es el de la exigencia de que el riesgo (no permitido) creado por la acción sea el que se realiza en el resultado...” (Enrique Bacigalupo. Principios de derecho penal Parte general Madrid, Akal, 5ª edición, 1998, página 195); que "tampoco se realiza en el resultado el riesgo no permitido cuando se produce más tarde sobre una víctima que en el momento de la creación del riesgo no estaba amenazada por éste” (Enrique Bacigalupo, obra citada, pág. 196); y que si se concibe como complicidad “el incremento del riesgo jurídicamente desaprobado, causal para el resultado típico”, en general ha de entenderse que es cómplice quien “posibilita, facilita, intensifica o asegura el hecho mediante su contribución. El caso más claro de participación es la posibilitación, tal como se presenta por ejemplo en la entrega de un veneno al autor, que no puede ser detectado en el cuerpo del asesinado y que no puede ser conseguido de otra manera. El caso más frecuente es seguramente el de la acción de facilitar: mediante consejos, la entrega de armas e instrumentos, etc. La intensificación consiste en el refuerzo del impulso del autor, por ejemplo mediante el consejo de golpear más fuerte, sustraer más, etc. Finalmente, el aseguramiento se expresa en vigilar y asumir otras funciones de protección” (Claus Roxin. Dogmática penal y política criminal. Lima, Idemsa, 1998, T: Manuel Abanto Vásquez, págs. 403 y 420/1).
Como se ve con facilidad, si se afirma que Medina y Espitia aumentaron el riesgo jurídicamente inadmitido, no es posible hacerles imputación jurídica alguna, por cuanto el hilo que permitiría el reproche objetivo había sido roto, desfigurado, por el comportamiento de “Natas”, totalmente separado de aquella conducta generadora de riesgo no permitido.
Por lo dicho, entonces, se reitera, se impone casar la sentencia impugnada y, en su lugar, absolver a los procesados.
2. Absolver a los procesados Elber Alfonso Medina y José Edilson Espitia Espitia, del cargo que les fuera imputado en la resolución acusatoria, es decir, complicidad en la muerte del agente de la policía Abraham Noguera Rodríguez.
3. Tomar todas las medidas inherentes a la sentencia absolutoria definitiva.