Source: http://www.cidh.oas.org/Indigenas/EEUU.11.140.htm
Timestamp: 2020-07-09 11:04:59
Document Index: 241693687

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 26', 'artículo 37', 'artículo 46', 'artículo 37', 'artículo 29', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 19', 'artículo 29', 'artículo 26', 'artículo 46']

Estados Unidos Caso 11.140 Mary y Carrie Dann
1. El presente informe se refiere a denuncias de presuntas violaciones de los derechos humanos de estadounidenses nativos, indígenas estadounidenses de la Nación Western Shoshone, consagrados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (en adelante, “la Declaración Americana”).
2. El 2 de abril de 1993, Steven M. Tullberg y Robert T. Coulter, del Indian Law Resource Center (en adelante, “los peticionarios”) presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión”) en nombre de Mary y Carrie Dann, hermanas entre sí e indígenas estadounidenses (en adelante, “las hermanas Dann” o “las Dann”), contra los Estados Unidos de América (en adelante, “Estados Unidos” o “el Estado”).
3. Los peticionarios manifiestan que las hermanas Dann son ciudadanas de los Estados Unidos y miembros y portavoces del Grupo Dann de la Nación Western Shoshone, y que viven en una hacienda en tierras del Grupo Dann, en la pequeña comunidad rural de Crescent Valley, Nevada. Los peticionarios manifiestan también que las tierras del Grupo Dann han sido reconocidas desde hace largo tiempo por la Nación Western Shoshone como propiedad de dicha nación, ocupadas y utilizadas por el Grupo Dann, y que no forman parte de ninguna de las pequeñas reservas y “colonias” de la Nación Western Shoshone que el Gobierno Federal reconoce como propias de esa nación en Nevada.
4. Los peticionarios manifiestan que Estados Unidos reconoce, conforme a su legislación, que los Western Shoshone son indígenas estadounidenses, y que el gobierno de ese país mantiene una relación oficial con algunas tribus de la misma Nación registradas a nivel federal. [2] Los peticionarios manifiestan también que ni el Grupo Dann ni Mary y Carrie Dann son miembros de ninguna de esas entidades tribales. Además manifiestan que Estados Unidos mantiene con los Western Shoshone una relación basada en un tratado vigente, a saber, el Tratado de Ruby Valley de 1863, que es un “Tratado entre los Estados Unidos de América y Grupos Occidentales de los Indios Shoshone, ratificado por los Estados Unidos en 1866 y promulgado el 21 de octubre de 1869”. [3] Los peticionarios manifiestan también que ni el Grupo Dann ni Mary y Carrie Dann son miembros de ninguna de esas entidades tribales. Los peticionarios manifiestan también que conforme a la legislación estadounidense, el Tratado de Ruby Valley está plenamente en vigor, y que la Constitución de los Estados Unidos establece que todos los tratados, incluidos los celebrados con indígenas estadounidenses, forman parte de la legislación suprema de los Estados Unidos.
5. Los peticionarios manifiestan que las hermanas Dann han invocado los títulos aboriginales de la Nación Shoshone, y derechos basados en el Tratado, y sostienen que ellas y sus ancestros han utilizado y ocupado las tierras de que se trata desde época inmemorial. Los peticionarios manifiestan también que la utilización, por parte de las hermanas Dann, de las tierras de origen de la Nación Western Shoshone, estuvo exenta de perturbación y de impugnaciones hasta principios de la década de los setenta, en que el Gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Interior, intimó a las hermanas Dann a retirar el ganado “intruso” que estaba en las tierras de dichas hermanas. [4]
7. Los peticionarios sostienen que Estados Unidos ha violado los derechos de las hermanas Dann al confiscar las tierras de la Nación Western Shoshone “a través de la utilización de un procedimiento groseramente injusto que extinguió el título indígena a la tierra a cambio del pago de unos pocos centavos por acre”. Los peticionarios manifiestan también que las hermanas Dann y muchas otras personas impugnaron la reivindicación de sus tierras realizada por los Estados Unidos, pero que nunca lograron impedir esa apropiación. Además, los peticionarios manifiestan que como consecuencia del procedimiento referido, el Gobierno de los Estados Unidos ha venido invadiendo ilegalmente sus tierras, y ha amenazado con confiscar su ganado e inmueble sin respetar el debido proceso y sin justa indemnización.
12. El 16 de agosto de 1993, los peticionarios escribieron a la Comisión y le informaron que Estados Unidos publicó una notificación (que se adjunta para información de la Comisión) el 3 de agosto de 1993, en que establecía que la Oficina de Administración de Tierras de los Estados Unidos (en adelante, “BLM”, United States Bureau of Land Management) se propone confiscar todo el ganado que se encuentre en las tierras que las Dann han utilizado para apacentar a su ganado durante muchas generaciones. Los peticionarios señalaron que el Gobierno de los Estados Unidos probablemente se proponga vender el ganado de las Dann y del Consejo Nacional de la Nación Western Shoshone que se encuentra en las tierras. Afirmaron que ello tendría consecuencias devastadoras para las Dann y para la Nación Western Shoshone, y agravaría aún más las enormes perturbaciones que el Gobierno ya les ha infligido. Además, los peticionarios solicitaron a la Comisión que considerara el caso en forma urgente y dictara medidas cautelares conforme al artículo 29(2) de su Reglamento.
15. El 9 de septiembre de 1993, Estados Unidos remitió su Contestación de la demanda y sostuvo que el caso era inadmisible conforme al artículo 37 del Reglamento de la Comisión, y negó haber violado los derechos humanos de las Dann. Afirmó también que había establecido un mecanismo destinado a indemnizar a la Nación Western Shoshone por la apropiación de sus derechos como pueblos aborígenes a lo largo de la historia, y que la labor encaminada a completar este procedimiento administrativo aún no había finalizado. Además, el Gobierno de los Estados Unidos se declaró plenamente identificado con el objetivo de lograr una solución pacífica y equitativa de los referidos asuntos. Asimismo manifestó que se reservaba el derecho de considerar más detenidamente el fundamento de los argumentos de los peticionarios, si fuera necesario. [5] El 22 de septiembre de 1993, la Comisión remitió a los peticionarios las partes pertinentes de la contestación del Estado, solicitándoles que presentaran a la Comisión sus observaciones sobre la misma dentro de un plazo de 45 días. El 2 de noviembre de 1993, los peticionarios escribieron a la Comisión solicitando una prórroga hasta el 14 de diciembre de 1993 para responder a la Contestación del Estado. La Comisión otorgó la prórroga solicitada hasta el 3 de noviembre de 1993.
17. El 3 de enero de 1994, los peticionarios escribieron a la Comisión y le informaron que “en la sección introductoria de las Observaciones de los peticionarios en el caso arriba referido, observamos que la petición fue presentada dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha de agotamiento de los recursos internos. Tal como se aclara en el texto de nuestra argumentación, esa presentación tuvo lugar dentro de los seis meses siguientes al agotamiento de los recursos internos. Esperamos que esta carta disipe todo malentendido”. La Comisión remitió a los Estados Unidos las partes pertinentes de la Respuesta de los peticionarios el 6 de enero de 1994, y solicitó al Estado que adoptara todas las medidas que considerara necesarias para que la Comisión pudiera recibir toda la información pertinente a este caso dentro de un plazo de 30 días.
27. Contestación del Estado: [6] El Estado contestó que a la fecha de la sentencia definitiva (agosto de 1977), recaída en el caso de la Comisión de Reivindicaciones Indígenas, la ley establecía que la suma adjudicada debía ser depositada en el registro, en que acumularía intereses hasta que fuera acordado y aprobado un plan de distribución por parte del Departamento del Interior, si se llegaba a ese acuerdo dentro de un plazo de seis meses o por parte del Congreso, si se excedía ese plazo. El Estado manifestó que hasta la fecha no se había elaborado ningún plan de distribución debido a la falta de acuerdo entre los diversos participantes, y que la cuestión de la distribución no había dado lugar a ningún rechazo directo de la distribución por parte de los participantes. El Estado sostuvo que, entretanto, el dinero se mantiene en una cuenta a interés y que una vez que se elabore un plan, el mismo será presentado al Congreso de los Estados Unidos a los efectos de su aprobación, y que una vez aprobado el plan se distribuirá el monto dispuesto por la sentencia, incluidos los intereses.
29. El Estado sostuvo que a ese modo se agrega el denominado “de expropiación a la inversa”, que consiste en que algún acto realizado por el Estado, distinto de la interposición de una acción judicial, dé como resultado que un particular sea privado de la utilización de sus bienes. El Estado sostuvo que ello puede ser causado, por ejemplo, por el anegamiento del inmueble en relación con la construcción y el llenado de una represa, y que esa medida del Estado constituye un acto oficial encaminado a alcanzar una finalidad de interés público. El Estado sostuvo que en ambos casos se otorga una justa indemnización.
40. El 5 de agosto de 1998 el Estado respondió a la nota de la Comisión del 6 de marzo de 1998, y entre otras cosas estableció que “por respeto hacia la Comisión, el Departamento de Estado había iniciado un diálogo interinstitucional con los organismos federales pertinentes, para considerar más detenidamente la solicitud de la Comisión. No obstante, entretanto no dejaría en suspenso la aplicación normal de sus leyes”.
43. Además, los peticionarios manifestaron que el 28 de mayo de 1999, apenas dos días después que las Dann hubieran recibido la respuesta de la BLM a su proyecto, la Oficina había emitido una “notificación de intención de incautar” todo “ganado no autorizado que pastara en tierras públicas”, y que en la notificación se preveía que toda incautación que se realizara podía efectuarse sin previo aviso y en cualquier momento una vez transcurridos cinco días de la notificación, dentro de un período de 12 meses. Los peticionarios solicitaron a la Comisión que dictara medidas cautelares y manifestaron, entre otras cosas, que la notificación afectaba a las hermanas Dann y a la mayor parte de las restantes comunidades de la Nación Western Shoshone, y que ponía de manifiesto la intención de Estados Unidos de privarlas del acceso a sus tierras ancestrales y de la utilización de las mismas.
49. Los peticionarios manifiestan que en 1978 la Corte Federal de Apelaciones [7] devolvió el caso de las Dann a la corte de primera instancia para la realización de un juicio, que la corte de primera instancia no adoptó medida alguna durante cuatro años, al parecer a la espera de que se decidiera en forma definitiva el litigio planteado ante la Comisión de Reivindicaciones Indígenas. Los peticionarios manifiestan que se dictó una resolución definitiva en el caso planteado ante la Comisión de Reivindicaciones Indígenas el 12 de diciembre de 1979, y cuatro meses más tarde la corte de primera instancia dictó sentencia sin apertura de causa según la cual el título de la Nación Western Shoshone a sus tierras aborígenes se había extinguido el 12 de diciembre de 1979, en virtud de esa misma resolución de la Comisión de Reivindicaciones Indígenas. Los peticionarios manifiestan también que, conforme a ese fallo, el Gobierno de los Estados Unidos recién extinguió el título a las tierras de las Dann y lo adquirió para sí cinco años después de haber incoado el caso contra las Dann.
50. Los peticionarios manifiestan que las Dann no aceptaron la validez de ese fallo y lo impugnaron ante la Corte de Apelaciones, que en 1983 volvió a revocar la decisión de la corte de primera instancia y falló a favor de las Dann. [8] La Corte de Apelaciones declaró que el título de la Nación Western Shoshone no podía haberse extinguido, porque aun cuando se había llegado a una resolución definitiva en el litigio planteado ante la Comisión de Reivindicaciones Indígenas, no se había pagado la indemnización monetaria a los miembros de ese pueblo. Los peticionarios manifiestan que debieron transcurrir casi 10 años de litigios y dos instancias de apelación para que se llegara a un fallo favorable a las Dann. No obstante, el Estado apeló ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
51. Los peticionarios manifiestan que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó sentencia [9] en respaldo del argumento del Gobierno de que a los miembros de la Nación Western Shoshone se les había “pagado” la indemnización en dinero correspondiente al caso planteado ante la Comisión de Reivindicaciones Indígenas, y que ese pago “tuvo lugar cuando el Congreso realizó la apropiación de esa suma y la depositó en una cuenta de la Tesorería de los Estados Unidos controlada por el Secretario del Interior". Los peticionarios manifiestan que la Corte Suprema se rehusó a entender en las reclamaciones constitucionales de las Dann, que existía una oposición generalizada de los miembros de la Nación Western Shoshone a aceptar el dinero, y que ninguna suma ha llegado a manos de los miembros de dicha nación indígena.
52. Los peticionarios manifiestan que la Corte Suprema devolvió el caso a la Corte de Primera Instancia para que instruyera nuevas actuaciones. Los peticionarios manifiestan que la Corte de Primera Instancia acogió por tercera vez el argumento del Gobierno de que, como consecuencia del pago, en 1979, de la suma adjudicada por la Comisión de Reivindicaciones Indígenas, las Dann han quedado privadas del derecho de reivindicar títulos a las tierras de los indígenas de la Nación Western Shoshone. Las Dann apelaron el fallo ante la Corte Federal de Apelaciones. Ésta confirmó la sentencia de la Corte de Primera Instancia y declaró como fecha de extinción la estipulada por los abogados, 1872, emanada del litigio planteado ante la Comisión de Asuntos Indígenas. Declaró que si bien no era posible seguir litigando con respecto a los derechos tribales de la Nación Western Shoshone, las Dann podrían tener derecho a reivindicar “derechos aboriginales” conforme a la legislación estadounidense que estuviera en vigencia antes de 1934, año en que Estados Unidos promovió la colonización de tierras por parte de personas no indígenas en Nevada. La Corte de Apelaciones devolvió una vez más el caso a la Corte de Primera Instancia.
54. Los peticionarios sostienen que el Consejo Nacional de la Nación Western Shoshone y varios miembros de esa nación a título individual iniciaron una acción por derechos de caza y pesca en que se plantearon temas directamente vinculados a los problemas jurídicos planteados por las Dann. Los peticionarios manifiestan en ese caso que los Demandantes de la Nación Western Shoshone afirmaron que la adjudicación y pago, en el litigio planteado ante la Comisión de Reivindicaciones Indígenas, no podía dar lugar a la extinción general de los derechos de la Nación Western Shoshone en virtud de lo que manifestaba el Estado. Los peticionarios afirman que, conforme a normas de preclusión federal firmemente establecidas, los demandantes de la Nación Western Shoshone manifiestan que debería subsistir el derecho a seguir litigando sobre todos los temas, salvo aquellos que fueron objeto de procedimientos y resolución específicos por parte de la Comisión de Reivindicaciones Indígenas, porque dicha Comisión no trató la cuestión de los derechos “continuos” previstos en el tratado celebrado con la Nación Western Shoshone, y que no debería impedirse la interposición de una acción sobre ese tema en otro caso.
56. Los peticionarios argumentan que el agotamiento de los recursos internos se produjo al concluir el juicio Western Shoshone National Council c. Molini [10] , el 5 de octubre de 1992, conforme al artículo 37 del Reglamento de la Comisión. Los peticionarios manifiestan también que la petición fue presentada en tiempo, dentro de un plazo de seis meses, conforme al artículo 38 del Reglamento de la Comisión, y que el rechazo del pedido de avocación por parte de la Corte Suprema, el 5 de octubre de 1992, determinó la fecha de agotamiento definitivo de los recursos internos en el caso, y que la situación de las Dann es de carácter “continuo”.
57. Los peticionarios argumentan que se han intentado y agotado otros recursos internos. En una carta presentada ante la Comisión y fechada el 3 de junio de 1999, [11] los peticionarios manifiestan que las Dann impugnaron el contenido de las cartas presentadas por la Oficina de Administración de Tierras de los Estados Unidos (BLM) y que el 18 de diciembre de 1998 el Departamento del Interior de los Estados Unidos, a través de la Junta de Recursos Administrativos sobre Tierras [12] se pronunció contra ellas y declaró que la BLM está facultada para incautar el ganado de las Dann y confiscar su propiedad. La resolución de la Junta de Recursos Administrativos sobre Tierras del Ministerio del Interior establece: “se confirman las decisiones del 26 de mayo de 1998, y el 2 de abril de 1998, por las que se declara que las Dann, que son las recurrentes, tienen calidad de 'intrusas', y se intima el retiro del ganado y las mejoras y se determinan los daños y perjuicios”.
59. Los peticionarios manifiestan que el 26 de enero de 1999, las Dann fueron instadas a reunirse con la BLM y a presentar un proyecto de acuerdo de medidas provisionales, que la BLM rechazó, y contrapuso a la propuesta de las Dann condiciones en las que esencialmente se repite que los integrantes de la Nación Western Shoshone ya no tienen derecho a sus tierras ancestrales. [13] Además, los peticionarios manifiestan que el 28 de mayo de 1999, apenas dos días después que las Dann hubieran recibido la respuesta de la BLM a su propuesta, la BLM emitió una “notificación de intención de incautar” todo “ganado no autorizado que pastara en tierras públicas”, estableciendo que ello podría realizarse sin más trámite, dentro de un período de 12 meses.
60. Además, los peticionarios manifiestan que las Dann han agotado los recursos internos de Estados Unidos conforme al artículo 37 del Reglamento de la Comisión y que la petición fue presentada en tiempo conforme al artículo 38 de dicho Reglamento, porque se trata de una situación “continua”.
61. En la contestación a la petición de fechada el 9 de septiembre de 1993 y en sus subsiguientes respuestas, el Estado niega haber violado los derechos humanos de las Dann o de los miembros de la Nación Western Shoshone previstos en los artículos II, XVII y XVIII de la Declaración Americana por haberse apropiado o haber expropiado tierras del Grupo Dann. [14] El Estado afirma que las reclamaciones de las Dann no se refieren en modo alguno a una violación de derechos humanos, sino que guardan relación con prolongados litigios sobre títulos inmobiliarios y cuestiones de utilización de tierras que han sido cuidadosamente considerados por los tres poderes del Gobierno de los Estados Unidos.
66. El Estado manifiesta que los peticionarios no han agotado los recursos internos disponibles en los Estados Unidos y que la petición de las Dann es inadmisible conforme al artículo 37 del Reglamento de la Comisión. Señala que la BLM trató de manejar el asunto en la esfera administrativa con las Dann, a quienes envió cartas y con las que analizó el tema, pero que ellas se rehusaron a retirar los animales que superaban el número permitido. El Estado afirma que la incautación de equinos de las Dann fue un acto de aplicación coercitiva de normas legales encaminado a hacer cumplir las disposiciones sobre pastoreo, y no una “confiscación”, situación que habría planteado cuestiones constitucionales.
68. El Estado afirma que los intentos de resolver el asunto fueron infructuosos, por lo cual interpuso una acción judicial contra los peticionarios, con la finalidad de hacer que las Dann retiraran el ganado no autorizado. Agrega que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró [15] que si bien la suma de dinero no ha sido distribuida, el establecimiento de una cuenta fiduciaria constituye el pago y el pleno cumplimiento de las obligaciones de los Estados Unidos en todos los asuntos referentes a la controversia. El Estado sostiene que en la sentencia de la Corte se establece claramente que la cuestión del título tribal original a las tierras en cuestión fue resuelta por la Comisión de Reivindicaciones Indígenas; no obstante, en la resolución se establece específicamente que la Comisión no resolvió cuestiones referentes a ningún derecho aboriginal individual que pudieran tener las Dann.
69. El Estado afirma que las Dann todavía podrían tratar de hacer efectiva su reivindicación sobre las tierras en cuestión ante las cortes de los Estados Unidos tomando como base “títulos aboriginales individuales”. Agrega que los peticionarios optaron voluntariamente por no invocar ni agotar ese ámbito de recursos legales que estaba a su disposición y que ahora tratan de agotar ante la Comisión.
70. El Estado manifiesta que las Dann han omitido agotar los recursos internos y que la petición se ha presentado fuera de plazo conforme al artículo 38(1) del Reglamento de la Comisión, ya que fue interpuesta más de seis meses después de la resolución final del caso, [16] que se dictó más de siete años antes de que presentaran su demanda, por lo cual es inadmisible. El Estado sostiene también que los peticionarios no pueden eludir el requisito de la presentación en tiempo sosteniendo que ha existido una violación continua de sus supuestos derechos, ya que han omitido interponer, y con mucho más razón agotar, los recursos internos disponibles en la materia.
71. El Estado manifiesta que los peticionarios no pueden basarse en el caso Western Shoshone National Council c. Molini [17] para evitar la aplicación del artículo 38 (1) del Reglamento de la Comisión, porque ese caso se refería a la afirmación del Consejo Nacional de Western Shoshone de que sus derechos como aboriginales previstos en tratados de caza y pesca debían sobrevivir a la extinción de su título a esas tierras. El Estado manifiesta que el caso “Molini” no guarda relación con la reivindicación del título aboriginal cuya existencia invocan las Dann pero al que decidieron renunciar, ante las cortes de los Estados Unidos. Agrega que, aun cuando el caso “Molini” u otro caso fuera pertinente, ello no alteraría el hecho de que las Dann tenían a su disposición un ámbito de recursos legales --la reivindicación de un “título aboriginal individual-- que optaron por no agotar”.
72. Los peticionarios manifiestan que el Estado ha violado sus derechos consagrados en los artículos II, XVII y XVIII de la Declaración Americana. La petición fue planteada por los peticionarios, el Indian Law Resource Center y los señores Steven M. Tullberg, Robert T. Coulter y S. James Anaya, abogados registrados, todos los cuales están legitimados para presentar una petición a la Comisión conforme al artículo 26 de su Reglamento. [18]
74. El Estado argumenta que el agotamiento final en el caso de las Dann se produjo con la desestimación de su caso en forma definitiva por la Corte de Distrito de Nevada, tras el retiro de sus reivindicaciones el 6 de junio de 1991. El Estado argumenta también que las Dann no han agotado los recursos internos en virtud del artículo 37 del Reglamento de la Comisión y que no pueden basarse en el caso "Molini”, laudado el 5 de octubre de 1992, porque no atañe a las Dann, ya que no fueron partes del mismo.
76. A los efectos del análisis, la Comisión hace referencia a la Opinión Consultiva OC-11/90 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la cuestión del agotamiento de los recursos internos, en la cual la Corte, al interpretar el artículo 46(1)(a) y 46(2) de la Convención Americana [19] , que son similares al artículo 37(1) y 37(2) del Reglamento de la Comisión, señaló:
De los principios de Derecho internacional generalmente reconocidos resulta, en primer lugar, que se trata de una regla cuya invocación puede ser renunciada en forma expresa o tácita por el Estado que tiene derecho a invocarla, lo que ya ha sido reconocido por la Corte en anterior oportunidad (v. Asunto de Viviana Gallardo y otras, Decisión del 13 de noviembre de 1981, No. G 101/81. Serie A, párr. 26). En segundo lugar, que la excepción de no agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de los cual podrá presumirse la renuncia tácita a valerse de la misma por parte del Estado interesado. En tercer lugar, que el Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el señalamiento de los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad. [20]
79. La Comisión señala lo prolongado del litigio y la historia de este caso en las cortes internas de los Estados Unidos, conforme a lo que surge de los escritos presentados por ambas partes, y asimismo en la decisión de la Suprema Corte recaída en el caso Western Shoshone National Council c. Molini. [21] Las Dann argumentan que la decisión final en “Molini” se produjo el 5 de octubre de 1992, y que esa es la fecha del agotamiento definitivo de los recursos internos puesto que fue la fecha en que la Corte Suprema de Estados Unidos denegó la revisión del caso. Los peticionarios han argumentado que la decisión en el caso “Molini” efectivamente impide toda reparación judicial de las reivindicaciones contractuales de las Dann y de otros Western Shoshones.
81. Además la Comisión toma nota de que las Dann recurrieron las órdenes y decisiones adoptadas en su contra por la Oficina de Administración de Tierras (BLM), y que el 18 de diciembre de 1998, la Junta de Recursos Inmobiliarios del Departamento del Interior de los Estados Unidos declaró que la BLM puede incautar ganado de las Dann y confiscar su propiedad. [22] Esta información figuraba en la carta de los peticionarios fechada el 3 de junio de 1999, y las partes pertinentes de la misma fueron remitidas al Gobierno de los Estados Unidos, e incluidas en la carta de la Comisión dirigida a ese Gobierno el 28 de junio de 1999; en ella la Comisión decretaba la adopción de medidas cautelares contra los Estados Unidos conforme al artículo 29(2) de su Reglamento. [23] No consta en autos ningún escrito de Estados Unidos respecto de las reclamaciones de los peticionarios remitidas al Estado el 28 de junio de 1999 en relación con el tema del agotamiento de los recursos internos respecto de la sentencia de la Junta de Apelaciones Inmobiliarias del 18 de diciembre de 1998, [24] y los renovados intentos de las Dann el 26 de enero de 1999 por resolver el caso.
82. Además, la Comisión señala que las Dann iniciaron un diálogo con la BLM a los efectos de llegar a un acuerdo con respecto a la utilización y administración, por parte de las Dann, de las tierras que se describen en las notificaciones sobre ocupación ilegal, y que tras una reunión celebrada el 26 de enero de 1999, los peticionarios manifestaron que se había instado a las Dann a presentar un proyecto encaminado a resolver las reclamaciones. La Comisión señala que el 28 de marzo de 1999, tomando como base los escritos presentados por los peticionarios el 3 de junio de 1999, la BLM rechazó la propuesta formulada por las Dann para resolver este caso y expidió una “notificación de intención de incautar todo ganado no autorizado que paste en tierras públicas, lo que podrá realizarse sin previo aviso dentro de un período de 12 meses”.
83. Por lo tanto, la Comisión concluye, tomando como base lo que antecede, que las Dann han invocado y agotado a lo largo de los años los recursos internos disponibles en los Estados Unidos conforme al artículo 37 de su Reglamento y, más recientemente, el 18 de diciembre de 1998, cuando la Junta de Recursos Inmobiliarios del Departamento del Interior rechazó los recursos interpuestos por las Dann, contra las órdenes y notificaciones de la BLM, y el 28 de mayo de 1999 cuando las Dann recibieron una “notificación de intención de incautar su ganado” apenas dos días después de haber recibido la contestación de la BLM a su propuesta del 28 de marzo de 1999.
85. La Comisión toma nota del argumento de las partes sobre el tema de la presentación en plazo, que puede encontrarse en la Parte III del presente informe, donde los peticionarios han afirmado que la decisión en el caso “Molini” de 1992 debe tomarse como fecha de la decisión definitiva en el caso de las Dann. Los peticionarios también han suministrado a la Comisión información adicional en la que muestran nuevos intentos por agotar los recursos internos al apelar a la Junta de Recursos Inmobiliarios del Departamento del Interior, que dictó su decisión final el 18 de diciembre de 1998. Además, los peticionarios sostienen que las Dann se reunieron con representantes del BLM y les presentaron una propuesta para resolver el caso y que esta propuesta fue denegada en mayo de 1999. Además, los peticionarios afirman que la situación denunciada es “continua” y que las Dann han realizado varios intentos de invocar y agotar los recursos internos.
86. La Comisión toma nota del argumento del Estado sobre el tema de la presentación de la petición en plazo, con anterioridad a la comunicación de la Comisión al Estado el 28 de junio de 1999. El Estado argumentó en sus escritos anteriores que la fecha del dictamen final en el caso de las Dann es de 1991, cuando el tribunal de distrito de los Estados Unidos falló contra las Dann por invasión de propiedad, después que la causa fuera devuelta por la Corte Suprema al tribunal de distrito en 1985. El Estado argumenta que la petición de las Dann fue interpuesta fuera de plazo de acuerdo con el artículo 38(1) del Reglamento de la Comisión, y que los peticionarios no pueden basarse en el caso “Molini”, que no se relaciona con las Dann puesto que no fueron partes en el mismo.
87. La Comisión hace referencia a diversas fechas que podrían tomarse con las fechas en que se produjo el dictamen definitivo. Además, la situación materia de la denuncia en este caso es “continua” y “vigente”. Primero, en 1991, segundo, el 5 de octubre de 1992 y, tercero, el 18 de diciembre de 1998, cuando la Junta de Recursos Inmobiliarios del Departamento del Interior falló contra las Dann, que habían apelado las órdenes y notificaciones del BLM. Segundo, el 28 de mayo de 1999, cuando las Dann recibieron una “notificación de intención de incautar su ganado”, apenas dos días después de que recibieran la respuesta del BLM a su propuesta del 28 de marzo de 1999.
88. Por lo tanto, la Comisión concluye, teniendo en cuenta lo que antecede, que esta petición fue presentada en plazo de acuerdo con el artículo 38(1) de su Reglamento, sobra la base de la decisión de la Corte, específicamente, en 1992. La Comisión también concluye que la situación denunciada por las Dann, desde la decisión de 1992, es “continua” y “vigente” , por lo cual su petición no es inadmisible por imperio de la norma de los seis meses dispuesta en el artículo 38(1) del Reglamento.
1. Declarar que la petición es admisible conforme a los artículos 37 y 38 de su Reglamento.
2. Ponerse a disposición de las partes a los efectos de llegar a un acuerdo amistoso en este caso.
3. Mantener en vigencia las medidas cautelares dispuestas el 28 de junio de 1999.
4. Transmitir el presente Informe a los Estados Unidos de América y a los peticionarios.
5. Hacer público el presente Informe y publicarlo en su Informe Anual a la Asamblea General.
[1] Los miembros de la Comisión Robert Goldman, Presidente, y Claudio Grossman no participaron de las deliberaciones y decisión sobre este informe, en virtud del artículo 19(2)(a) del Reglamento de la Comisión.
[2] El Consejo del Grupo de Battle Mountain; la Tribu Duckwater Shoshone, el Consejo del Grupo Elko; el Consejo Shoshone Ely; el Consejo del Grupo Fork South; el Consejo Tribal Temoak; la Tribu Shoshone Timbisha; el Consejo del Grupo Wells; el Consejo Tribal Yomba.
[3] (18 Stat. 689).
[4] Se da el nombre de “tierras de las Dann” a las tierras de la Nación Western Shoshone utilizadas y ocupadas por dichas hermanas.
[5] El argumento de los Estados Unidos con respecto a la admisibilidad de la petición aparece en el Capítulo III de este Informe en la sección titulada “Posición de los Estados Unidos sobre la Admisibilidad”.
[6] Contestación de los Estados Unidos fechada el 28 de febrero de 1997.
[7] United States of America v. Mary Dann and Carrie Dann, No. 77-1696, Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, Noveno Circuito, 15 de marzo de 1978.
[8] United States of America v. Mary Dann and Carrie Dann, Nos. 80-4298, 80-4345, Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, Noveno Circuito, 19 de mayo de 1983.
[9] 8 470 U.S. 39 (1985).
[10] 49 951 F. 2o. 200 (Noveno Circ. 1991), av. Denegado (1992).
[11] El 28 de junio de 1999 la Comisión adjuntó y remitió al Gobierno de los Estados Unidos las partes pertinentes de esa carta, y dictó medidas cautelares conforme al artículo 29.2 de su Reglamento. Véase el Capítulo II del presente Informe, titulado “Procedimientos realizados ante la Comisión”.
[12] Decisión de la Junta de Recursos Administrativos sobre Tierras de la Secretaría del Interior, 18 de diciembre, IBLA 98-372.
[13] Idem. Véase la carta de los peticionarios del 3 de junio de 1999, Procedimientos realizados ante la Comisión.
[14] Estos argumentos serán incluidos en el Informe sobre los méritos de la petición.
[15] Véase United States v. Dann, 470, U.S. 30 (1985) y 873 F. 2o. 1189, 1200 (Noveno Cir.) (“Dann III”), av. Denegado, 493 U.S. 890 (1989).
[16] Véase United States v. Dann 470 U.S. 39 (1985).
[17] 951 F. 2o. 200 (Noveno Cir. 1991), av. Denegado, 113 S.Ct. 74 1992.
[18] El artículo 26 (1) del Reglamento de la Comisión establece: “Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización puede presentar a la Comisión peticiones de conformidad con el presente Reglamento, en su propio nombre o en el de terceras personas, referentes a presuntas violaciones de un derecho humano reconocido, según el caso, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
[19] Estados Unidos no es parte de la Convención Americana. El artículo 46(1) de la Convención Americana dispone:
[20] Objeciones Preliminares (Sentencia del 28 de junio de 1987), Decisiones y Sentencias No.3.
[21] Idem 951 F. 2o. 200 (Noveno Cir. 1991), av. Denegado, 113 S.Ct. (1992)
[22] Decisión de la Junta de Recursos Inmobiliarios del Ministerio del Interior, el 18 de diciembre, IBLA 98-372.
[23] Véase el Capítulo II, Procedimientos realizados ante la Comisión.
[24] Ibid, IBLA 98-372.