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Timestamp: 2019-07-16 00:33:44
Document Index: 312014042

Matched Legal Cases: ['Artículo 37', 'Artículo 67', 'Artículo 23', 'Artículo 33', 'Artículo 7', 'artículo 17', 'artículo 94', 'artículo 96', 'Artículo 16', 'Artículo 92', 'Artículo 96', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 3']

CELEBRADA EL MARTES 1º DE DICIEMBRE DE 2009.
FRANCISCO AGUSTIN ARROYO VIEYRA.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR FRANCISCO AGUSTIN ARROYO VIEYRA (12:35 HORAS): Se ruega a la Secretaría informar a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores y señoras Senadores y Senadoras para conocer si existe el quórum reglamentario.
-EL C. SECRETARIO SENADOR ADRIAN RIVERA PEREZ: Honorable Asamblea: De acuerdo al sistema electrónico, informo que se encuentran presentes 80 Senadores y Senadoras.
-EL PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: En consecuencia, se abre la sesión.
-El Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.
-EL C. SENADOR JESUS MURILLO KARAM (Desde su escaño): Señor Presidente, solicito la palabra.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: ¿Con qué objeto, señor Senador Murillo Káram?
-EL C. SENADOR MURILLO KARAM: En relación al Orden del Día.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Sonido En el escaño del Senador Jesús Murillo Káram.
-EL C. SENADOR MURILLO KARAM (Desde su escaño): Nada más para preguntar por qué no aparece, no lo encuentro en esta Orden del Día, el dictamen que subió la Comisión de Gobernación sobre Protección Civil.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Me informa la Secretaría que no tenía las firmas suficientes, pero que en cuento estén las firmas, que lo tendremos en unos minutos, el dictamen en primera lectura se inserta en el Orden del Día.
-EL C. SENADOR MURILLO KARAM (Desde su escaño): Muchas gracias, muy amable.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Por nada, señor Senador.
-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Continúe, la Secretaría.
-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite nombramientos a favor de los ciudadanos José Rafael Cervantes Villarreal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Ernesto Campos Tenorio, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República del Ecuador, y
Carlos Pujalte Piñeiro, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Bolivariana de Venezuela.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Túrnense las tres propuestas a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe.
-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: También de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuera Aerea mexicanos, y de la Ley de Ascensos de la Armada de México.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Túrnese a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional de Marina, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen.
-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: Asimismo, se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación con tres solicitudes de permiso a que se refiere el Artículo 37 Constitucional para aceptar y usar Condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Túrnese a la Comisión de Gobernación para los efectos correspondientes.
-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: Así también de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Informe Semestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro correspondiente al periodo julio-septiembre de 2009.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Remítase la documentación a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.
-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: De la misma forma, de la Secretaría de Gobernación se recibieron oficios con los que remite de la Secretaría de Energía, informe de avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios correspondiente al tercer trimestre de 2009, y Tercer Informe trimestral respecto de la operación y gestión de Petróleos Mexicanos.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Remítase la documentación descrita a la Comisión de Energía.
-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: De la Secretaría de Reforma Agraria se recibió un oficio con el que remite documento denominado “Lineamientos, Plazos y Términos para la Habilitación de Técnicos 2010 de los Programas Fondo para el Apoyo Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios y Programa de la Mujer en el Sector Agrario.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Remítase a la Comisión de Reforma Agraria.
-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se recibió oficio con información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de octubre de 2009.
Información sobre la recaudación federal participable; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de octubre de 2009, e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de octubre de 2009.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Remítase Dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: Se recibió de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la Ceremonia Conmemorativa del 180 Aniversario del Natalicio de Francisco Zarco Mateos, a celebrarse el viernes 4 de diciembre en esta ciudad.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Para asistir a esta Ceremonia, en representación de esta honorable Cámara de Senadores, se designa en comisión a la Senadora Rosario Ybarra.
-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: Se recibió de la Cámara de Diputados una Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 77 bis, 12 y 77 bis, 13 de la Ley General de Salud.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.
-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: También de la Cámara de Diputados se recibió un Acuerdo por el que se designa a los Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura que se integrarán a la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión.
Remítase a la Comisión Bicameral del Canal de Televisión.
-EL C. SECRETARIO RENAN CLEOMINIO ZOREDA NOVELO: Doy lectura a Acuerdo suscrito por los integrantes de esta Mesa Directiva, en relación con la visita de la Gobernadora General de Canadá.
“El martes 8 de diciembre de 2009, a las 12 horas, el Senado de la República realizará Sesión Solemne para recibir en el Pleno la visita de la señora Michaëllo Jean, Gobernadora General de Canadá.
-Segundo.- Durante su presencia en el salón de Sesiones de este Organo Legislativo, a la señora Michaëllo Jean se le asignará un escaño en el Presidium.
-Tercero.- El Presidente de la Mesa Directiva, en representación del Senado de la República dirigirá un mensaje de bienvenida a la Gobernadora General de Canadá.
Cuarto.- En su visita la señora Michaëllo Jean, hará uso de la palabra para dirigir un mensaje a la Asamblea.
Séptimo.- En reconocimiento a la alta investidura de la visitante y de los invitados, la Presidencia de la Mesa Directiva designará las Comisiones de Ceremonial a las que se refiere el Artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General”.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 26 de noviembre de 2009, y lo suscriben todos los integrantes de la Mesa Directiva.
-EL C. PRESIDENTE ARROY VIEYRA: Está a la consideración de la Asamblea.
No habiendo quien haga uso de la palabra, pregunte la Secretaría…….
… directiva.
No habiendo quien haga uso de la palabra, pregunte la secretaría, en votación económica, si es de aprobarse.
-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo al que se acaba de dar lectura.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Aprobado el acuerdo por el que se determina la realización de una Sesión Solemne para recibir la visita de la Gobernadora General de Canadá.
-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Se recibieron cinco comunicaciones suscritas por la directiva de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial por las que informa de la atención a diversos puntos de acuerdo.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Se instruye a la Secretaría Paramentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.
-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Así también se recibió una comunicación suscrita por el senador Francisco Herrera León, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Sur, con la que remite el informe de actividades de dicha comisión correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura.
Nuestro siguiente asunto en el Orden del Día es un pronunciamiento relativo a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
Por acuerdo de la Mesa Directiva, es que solicito al señor senador don José Guadarrama Márquez, haga la lectura de un pronunciamiento desde su escaño.
-EL C. SENADOR JOSE GUADARRAMA MARQUEZ: Gracias señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores.
A partir de hoy, el 1° de diciembre de 2009, será recordado a nivel mundial como la fecha conmemorativa de la entrad en vigor del Tratado de Lisboa.
Tuvieron que pasar casi dos años para que el texto suscrito el 13 de diciembre de 2007, por los 27 jefes de Estado de la Unión Europea, por fin pudiera comenzar a operar.
Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se cumple una de las etapas más significativas evolutivo de la Unión Europea y se da un paso más hacia el fortalecimiento y la consolidación de una Europa más unida, más eficaz y más democrática. Enhorabuena.
A grandes rasgos, el Tratado de Lisboa representa un paso adelante porque promoverá el fortalecimiento del papel del Parlamento Europea y de los parlamentos nacionales.
Reforzará los derechos de los ciudadanos europeos en la unión y mejorará sustantivamente el funcionamiento de las instituciones europeas.
En suma, el Tratado de Lisboa vendrá a dotar a la Unión Europea de los instrumentos y las instituciones necesarias para consolidar la influencia y la presencia mundial de un bloque político y económico que está llamado a jugar un papel cada vez más protagónico en el escenario internacional de nuestro tiempo.
Y esto es sumamente importante porque el Tratado establece de manera más clave y visible los valores sobre los que se fundamenta la Unión Europea, así como sus objetivos y principios.
De igual forma porque establece que toda la legislación estará sometida al control de los parlamentos nacionales y el parlamento europeo, situación que derivará en un nivel de escrutinio que no tiene precedente en ningún otro proceso de integración regional.
De ahí la importancia de que un país como el nuestro, además de congratularse por el fortalecimiento de una región a la que nos unen innumerables principios y valores, tenga la capacidad de reflexionar y aprender de la experiencia integracionista europea.
La Europa de nuestro tiempo, más allá de sus paradojas y sus contradicciones, es un ejemplo de respeto a la dignidad humana, de paz y de libertad, de tolerancia y solidaridad, de democracia y de respeto al estado de derecho.
En suma, Europa es hoy un modelo de desarrollo que contrasta radicalmente con el modelo imperante en la mayoría de países y regiones del mundo.
Por ello, las y los senadores de la República externamos nuestra más sincera felicitación a los países miembros de la Unión Europea y hacemos propicia la ocasión para reflexionar entorno a las oportunidades y los retos futuros de nuestra relación con Europa.
Una relación de amistad, sustentada en principios democráticos fundamentales y en una visión compartida del futuro, en donde nuestros pueblos están llamados a jugar un papel determinante en la construcción de un nuevo orden internacional, basado fundamentalmente en la legalidad, la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diversidad, la preocupación por las minorías y la disminución de las desigualdades.
En suma, Europa y México están llamados a promover en el concierto de las naciones un sistema internacional más justo y menos excluyente, un sistema en donde el apego a los principios y fundamentos de la carta de la ONU nos permita dirimir nuestras controversias y hacer frente de manera colectiva a los grandes restos que hoy amenazan a la humanidad.
De manera más específica, en un contexto en el que la vulnerabilidad de nuestra economía frente a los altibajos, de la economía de los Estados Unidos ha hecho más patente que nunca lo peligroso que resulta, que más del 85 por ciento de nuestro comercio se encuentre concentrado en América del Norte, resulta indispensable que en nuestro país comience a ver a Europa como una alternativa real de diversificación y comience a realizar las acciones necesarias para convencer a los europeos de la necesidad de estrechar aún más nuestros vínculos.
Debemos de ser capaces de hacerle ver a los europeos la utilidad que para ambas partes representa el reciente establecimiento de una asociación estratégica que respalde con más comercio e inversiones el privilegiado nivel de diálogo y entendimiento político que priva entre nuestros gobiernos y entre nuestros parlamentos.
Necesitamos que nuestra relación de confianza y amistad se traduzca en una recesión prioritaria y estratégica que nos permita enfrentar en mejores condiciones la competencia internacional.
Sirva, pues, esta oportunidad para expresar nuestra más sincera felicitación y de éxito a todos y cada uno de los países miembros de la Unión Europea por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
Señor presidente, muchas gracias y gracias a todos por su atención…
. . .. . . . . . . … por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
Señor Presidente, muchas gracias, y gracias a todos por su atención.
- EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Comuníquese.
En otro apartado de la orden del día tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Agricultura y Ganadería con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo Internacional del Café de 2007, adoptado en Londres el 28 de septiembre de 2007, en el marco de la Organización Internacional del Café; el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se omite su lectura.
- EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen, los que estén porque se omita, favor de levantar la mano.
Los que estén porque no se omita, favor de levantar la mano.
- EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Queda de primera lectura, continuamos con la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; de Comercio y Fomento Industrial con proyecto de decreto por el que se aprueba el protocolo modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel, firmado en la Ciudad de México el 18 de noviembre de 2008, el dictamen se encuentra publicado, consulte la Secretaría a la Asamblea si se omite su lectura.
- EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen, los que estén porque se omita, favor de levantar la mano.
- EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Queda de primera. Continuamos con la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas y Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Primera con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. El dictamen se encuentra publicado, pregunte si se omite su lectura.
- EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen, los que estén por que se omita, favor de levantar la mano.
- EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Queda de primera lectura.
Ahora la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto que reforma el Artículo 23, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. El dictamen se encuentra publicado, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se omite su lectura.
- EL C. SECRETARIO ZORDA NOVELO: Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen, los que estén porque se omita, favor de levantar la mano.
- EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología. El dictamen se encuentra publicado, consulte la Secretaría si es de omitirse la lectura.
Sí se omite la lectura.
- EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Continuamos con la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, el dictamen se encuentra publicado, pregunte la Secretaría si es de omitirse la lectura.
-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano
- EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Queda de primera. Tenemos ahora la primera lectura a diversos dictámenes de comisiones en sentido negativo a los cuales solicito a la Secretaría de inscribir para conocimiento de la Asamblea.
-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Energía y de Estudios Legislativos en relación con el proyecto de decreto que reforma y adiciona el Artículo 33, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos Primera en relación con el proyecto de decreto que reforma la Fracción X, del Artículo 7, y adiciona dos párrafos al Artículo Segundo de la Ley General de Educación.
Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos Primera, en relación con el proyecto de decreto que adicional el Artículo Séptimo de la Ley General de Educación.
- EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de este día, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se omite su lectura.
- EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura de los dictámenes que han sido descritos, quienes estén porque se omita la lectura de los dictámenes, favor de levantar la mano.
Sí se omite la lectura de los dictámenes, Presidente.
- EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Primera lectura. Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda, con punto de acuerdo relativo a los requisitos de legibilidad de los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Doy lectura a la parte resolutiva del dictamen.
Con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y de derecho del dictamen que se formula, las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios Legislativos Primera, y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores determinan que los ciudadanos propuestos en las ternas presentadas por el Presidente de la República, reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución de los ciudadanos Mariano Azuela Huitrón, y Genaro David Góngora Pimentel.
En consecuencia son elegibles para sustituir al ciudadano Mariano Azuela Huitrón por reunir los requisitos constitucionales procedentes los ciudadanos Luis María Aguilar Morales, María Luisa Martínez Delgadillo y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
En l os mismos términos del resolutivo primero que antecede son elegibles para sustituir al ciudadano Genaro David Góngora Pimentel por reunir los requisitos constitucionales procedentes, los ciudadanos Jorge Carlos Adame Godard, Eduardo Ferrer Mc Gregor Poisot y Arturo Fernando Zaldívar Lelo de la Rea.
- EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Está a la consideración del Pleno. Con que objeto? Para razonar el voto tiene el uso de la tribuna el Senador Ricardo Monreal.
Como todos ustedes saben, en 1996, hubo una reforma, en materia del Poder Judicial de trascendencia………
….hubo una reforma en materia del Poder Judicial de trascendencia.
Hace 15 años la Constitución se reformó para dar paso a esta nueva composición de la Corte, para elegir cada 15 años a los ministros de la Corte, y para erigirlo en un tribunal de auténtico control constitucional.
Han pasado 15 años desde entonces. En aquel momento también era senador de la República, hubo un sobrado optimismo sobre el futuro del Poder Judicial Federal. Hoy a 15 años podríamos decir, sin lugar a dudas que no se cumplieron del todo las expectativas generadas en aquel momento.
Hoy en una sesión rápida, en unos días, en una audiencia de 15 minutos y en una comparecencia posterior de 15 minutos se pretende que cada uno de los senadores ilustre su conocimiento para emitir su voto razonado en torno a uno de los integrantes de la terna.
Percibo que es un procedimiento demasiado atropellado. Vean ustedes a la asamblea, ni siquiera les interesa saber de lo que estamos hablando, murmullos, acuerdos de pasillo, nadie atiene al orador, bueno, hay un sector importante que sí atiende siempre, y a ellos les expreso mis respetos porque siempre están atentos aun cuando la mayoría se encuentra ocupada en otras actividades y en otros trámites.
Este Senado de la República se ha negado sistemáticamente convertirse en una auténtico órgano de decisiones; se ha negado a erigirse y a ejercer las facultades que la Constitución le otorga en materia de ratificación de altos servidores públicos, en materia de análisis de la política exterior mexicana, en materia de ratificación, y casi todo aparece y surge de manera rápida y apresurada.
Por esa razón y por otras, porque nos falta tiempo para revisar los antecedentes académicos jurisdiccionales de ejercicio libre de los candidatos, al más alto puesto del Poder Judicial de la Nación, me permito solicitar una moción suspensiva para que podamos todavía otra semana más revisar los antecedentes, los expedientes, la experiencia y la idoneidad de cada uno de los propuestos.
Siempre he criticado y seguiré haciéndolo que las decisiones del Senado las toman un grupo selecto de tres o cuatro personas. Les aseguro que el 90 por ciento de los senadores no sabe de los antecedentes de los propuestos, simplemente se orienta su voto en razón de lo que el coordinador y el grupo aprueba, no debería ser así, porque la aspiración del pueblo de México sigue siendo todavía la misma, una honrada impartición de justicia, ministros independientes, imparciales del poder, no defensores de la oligarquía económica y política de este país.
Por eso, ciudadanos senadores y senadoras, llamo la atención. Debemos escuchar a colegios de abogados, de juristas, escuelas e institutos de Ciencias Jurídicas y del Derecho, no hagamos que crezca el abismo entre la sociedad y esta elite en la que se ha convertido el Poder Judicial y la clase política mexicana.
Tenemos que permear más la opinión de la sociedad, tenemos que hacer caso de lo que está pasando allá afuera, y no seguir en la burbuja de los privilegios y de la indiferencia total de lo que pase.
Le solicito, ciudadano presidente, se inscriba íntegro mi moción suspensiva y le de el trámite correspondiente. Por su atención de los que la ponen, muchas gracias, y de los que no, también muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE NAVARRETE RUIZ: En virtud de la propuesta que ha hecho el senador Ricardo Monreal, consulto si hay algún orador inscrito para impugnar la propuesta de moción suspensiva presentada.
En tal sentido, dado que no hay oradores que impugnen, pasaremos a la votación. Solicito a la secretaría consulte a la asamblea, en votación económica si se toma en consideración la moción suspensiva presentada.
-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: Consulto a la asamblea, en votación económica, si se toma en consideración la moción suspensiva.
No se toma en consideración, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE NAVARRETE RUIZ: Se da por desechada la moción suspensiva presentada. Pregunto a la asamblea, a los señores integrantes de esta asamblea, si algún otro senador o senadora desea hacer uso de la palabra. En consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal sobre el acuerdo presentado.
-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: Señor presidente, conforme al registro electrónico, de votación, le informo que se emitieron 82 votos en pro, cero en contra, dos abstenciones; 83 con Castro Trenti, 84 con …..
...0 en contra, 2 abstenciones. 83 con Castro Trenti; 84 con Guillermo Tamborrel.
-EL C. PRESIDENTE NAVARRETE RUIZ: Aprobado el dictamen que establece que los ciudadanos propuestos para el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplen con los requisitos de legibilidad.
Para dar cumplimiento al acuerdo aprobado el pasado 26 de noviembre nuestro siguiente asunto a desahogar será la exposición de los ciudadanos Luis María Aguilar Morales, María Luisa Martínez Delgadillo y Jorge Mario Pardo Rebolledo, propuestos por el Titular del Poder Ejecutivo Federal para el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución del Ciudadano Mariano Azuela Güitrón.
Conforme al acuerdo aprobado cada uno de los candidatos tendrá un tiempo máximo de quince minutos para su exposición y no habrá lugar a preguntas o interpelaciones por parte de los senadores.
En consecuencia, solicito a los ciudadanos senadores: Jesús Garibay García y Luis Maldonado Venegas, introduzcan a este salón al Licenciado Luis María Aguilar, y hago un respetuoso llamado a los señores senadores y senadoras para que ocupen sus lugares y estemos atentos a la exposición; y a nuestro equipo auxiliar y asesores les solicito suspendan llamadas telefónicas dentro del recinto y suspendan conversaciones bilaterales para tener las condiciones propicias para escuchar las exposiciones.
Ciudadano Luis María Aguilar Morales, a nombre del Senado de la República doy a usted la bienvenida a esta Sesión. Conforme al acuerdo aprobado hará usted uso de la tribuna para su exposición, hasta por quince minutos. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra. Adelante.
-EL C. LUIS MARIA AGUILAR MORALES: Con su venia, señor presidente.
Distinguidas señoras senadoras de la República; respetables señores senadores de la República:
Estar aquí por haber sido distinguido para integrar una de las ternas para elegir a quienes habrán de ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación me llena de orgullo profesional y me compromete a presentarme ante ustedes con absoluta lealtad institucional y transparencia.
La gran importancia que tiene la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como su legitimación constitucional y democrática se explica por la participación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la determinación de quiénes deban ser los miembros que conformen el Tribunal Constitucional Mexicano.
La función jurisdiccional federal ha sido siempre parte de mi vida. Nací oyendo del juicio de amparo, crecí comentándolo en casa, lo estudié por el amor que a él me inculcaron y me he especializado en la defensa jurisdiccional de la Constitución y los derechos que para todos consagra por absoluta convicción de hacer bien a México.
Todo porque mi padre fue como jurista un pertinaz enamorado del Poder Judicial de la Federación donde trabajó cuarenta años y me hacía ver el orgullo de pertenecer a esta institución, lo que ahora me hace sentir un gran compromiso con la función protectora del Tribunal Constitucional.
Cuando debí elegir la profesión a seguir puedo decirles que no tuve duda alguna en abocarme al estudio de la ciencia del derecho, y, sin más, absolutamente convencido, presenté examen de admisión en la Universidad Nacional Autónoma de México habiendo ingresado en febrero de 1969 a la Facultad de Derecho.
He tenido el privilegio de vivir día a día desde hace más de 35 años la impartición de la Justicia Federal, la que se hace realidad en cada caso concreto sometido a la potestad de los tribunales, esa que debe ser la justicia real y alcanzable, la que surge de la recta interpretación y aplicación de la norma jurídica suprema, la que sirve en la vida cotidiana y permite la convivencia social, la que hace prevalecer los derechos de los seres humanos frente a la autoridad y procura de la sociedad un ente organizado.
Experiencia que he obtenido desde los puestos más elementales en el Poder Judicial de la Federación como mecanógrafo, siendo estudiante, y posteriormente como Secretario, ya como abogado. Y si ello fue enriquecedor también lo han sido los más de 29 años en la alta responsabilidad de ser juzgador federal, primero como juez de Distrito, y los últimos 24 años como Magistrado de Circuito.
Como Juez de Distrito, en 1980, y más tarde como Magistrado, en 1985, y en muchos sitios del territorio nacional he conocido los más variados problemas sociales en casos penales, civiles, laborales, así como en la riquísima y amplia materia administrativa en la que destaca, sin duda alguna, la interesante y a veces compleja materia fiscal por su afinada técnica jurídica y por el frecuente planteamiento sobre constitucionalidad de leyes.
Tuve la oportunidad de participar muy de cerca en la implementación de la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación con motivo de las reformas de 1994, pues desde el encargo de Secretario General de la Presidencia y Oficial Mayor en la Suprema Corte pude incidir directamente en la conformación administrativa y presupuestal de lo que ahora es el Consejo de la Judicatura Federal.
Convencido de que las oportunidades son siempre aprovechables para bien, como funcionario de la administración de la Corte impulsé su modernización administrativa y tecnológica, pero especialmente pude conocer muy de cerca de su gente, desde el más sencillo trabajador, hasta cada uno de los ministros.
Ayer, 30 de noviembre, dio fin a mi responsabilidad como Consejero de la Judicatura Federal para el que me honró eligiéndome el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2004. Desde esa responsabilidad pude impulsar el mejoramiento de la carrera judicial, los concursos para la selección de jueces y magistrados, y las normas disciplinarias y de vigilancia, así como la transparencia del quehacer institucional.
Nunca antes las decisiones de los jueces han sido tan importantes, nunca antes la vida social y democrática ha encauzado tanto sus conflictos en decisiones a través de los procedimientos imparciales, autónomos e independientes que por antonomasia deben garantizar los juzgadores.
Así, los ministros de la Suprema Corte tienen la facultad constitucional como preservadores e intérpretes máximo de ella, de examinar los actos de autoridad para verificar su conformidad con los principios constitucionales y para lograr el debido equilibrio entre las funciones y responsabilidades que le han sido reservadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de forma que las decisiones de la Corte se alcen como una guía respetuosa de la gran responsabilidad social que a cada uno de esos otros poderes de la Unión corresponde.
Estoy convencido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo órgano jurisdiccional del país se encuentra obligada ahora, más que nunca, a mostrarse a la sociedad, a transparentar sus ideas, a demostrar públicamente las razones y motivos que la llevan a tomar una decisión.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta muchos retos derivado de los problemas que conoce como órgano jurisdiccional y de su compromiso por cumplir ante el pueblo de México con una justicia constitucional idónea, aquella que ofrezca soluciones a los conflictos sociales y que permita mantener, con base en el respeto, la colaboración entre…
. . . soluciones a los conflictos sociales y que permita mantener, con base en el respeto la colaboración entre los poderes, la excelencia en la prestación del servicio de impartición de justicia no es un mero ideal del discurso, sino que exige constituirse en la meta concreta y real que se debe perseguir continuamente.
Para ello es necesario cuidar la calidad de las resoluciones y favorecer la prontitud en su dictado, pero sobre todo, es necesario tener en la mente como juzgador, la convicción de que se sirve a México y que las decisiones, si bien resuelven las controversias, también propician el orden y la paz social.
Para mí, la Constitución es la norma condicionante que requiere ser entendida e interpretada de manera amplia, tanto por el Legislador como por el Tribunal Constitucional, es la norma que da sustrato de validez a la organización, a las facultades y a los ordenamientos que de ella derivan, con el claro objetivo de logra la satisfacción de las necesidades sociales, pero especialmente para en una conceptualización abierta, lograr su efectiva protección.
Son los derechos humanos, las garantías constitucionales la meta de mi ejercicio como juzgador, lo he hecho durante 30 años, como juez de distrito y como Magistrado de Circuito, y como Ministro de la Suprema Corte, podré ampliar mis posibilidades, si ustedes, señoras senadoras y señores senadores, así lo determinan.
Por ello, desde esta tribuna y de frente al Senado de mi paí, me comprometo a trabajar para garantizar la Supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para lograr la mayor amplitud en el significado y alcance de los derechos humanos y su más completa protección jurisdiccional. Estaré atento a los derechos humanos que están consagrados en los tratados internacionales que este Senado ha decidido y en el futuro decida ratificar.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, será un punto de inspiración y de reflexión permanente en mi quehacer jurisdiccional.
Es mi convicción que los derechos humanos deben ser protegidos invariablemente y sin condicionamiento alguno, mi compromiso es aportar y contribuir, mediante el ejercicio de una función jurisdiccional independiente, al orden de la República, a la paz social, a la protección íntegra y cabal de los derechos humanos, sociales, ecológicos e individuales, y lo asumo para hacer de ello mi meta permanente, mi compromiso es fortalecer la función jurisdiccional del alto Tribunal, especialmente en su tarea de control constitucional de las leyes.
También me comprometo, señoras y señores senadores, a resolver las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que se presenten con el fin de lograr el equilibrio que fortalezca la República mediante el respeto a la autonomía de las entidades federativas, de los ayuntamientos y del Distrito Federal, sin mengua de las necesarias competencias de la federación.
Ofrezco mi compromiso decidido con las mujeres, y en mi desempeño como juzgador, actuaré para lograr los objetivos de no discriminación, igualdad de oportunidades y de trata entre los géneros, del ejercicio de todos sus derechos y de una participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, sancionando con rigor la violencia de la que puedan ser víctimas.
Me comprometo a impulsar la reforma penal de junio del 2008, en la medida y en el ámbito de competencia de la Suprema Corte, pues considero que la aprobación de la reforma fue, sin duda un acierto de nuestro poder reformador de la Constitución y que merece todo mi respaldo, mis compromisos se darán, desde luego, dentro del marco de la transparencia, la rendición de cuentas y la comunicación entre el alto tribunal y la sociedad, reconociéndolos como factores que fortalecen la confianza de los mexicanos en la institución y con ello la legitimidad de sus decisiones.
Por ello, refrendo mi compromiso personal con la justicia en una defensa incansable por la protección de los derechos humanos, y ofrezco mi compromiso institucional para que el tribunal constitucional de México se mantenga a la vanguardia en esta defensa dentro del marco que la norma fundamental le asigna como órgano jurisdiccional.
Mi compromiso, en fin, es actuar con valentía y fortaleza contra la corrupción, cualquiera que sea su cara y asegurar el cumplimiento de la garantía sustancial, patrimonio de todos, contenida en el artículo 17 que manda una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita.
Señoras senadoras, señores senadores, el Estado Mexicano evoluciona constantemente hacia la democracia y el estado de derecho, la Suprema Corte, como parte del Estado, debe evolucionar y prepararse para enfrentar las misiones que se agregan a la vida institucional de México, debe prever los retos que se avizoran en el horizonte nacional; el Tribunal Constitucional no puede ignorar los reclamos de justicia del pueblo de México, ningún juez puede serlo si no presta oídos atentos a los reclamos de la sociedad, los toma en consideración, los pondera frente a la norma suprema y toma la decisión que su conciencia le dicte como la mejor.
Estoy profundamente convencido del alto tribunal está obligado a tener una visión de estado, basada en la norma fundamental, para tomar la mejor decisión sobre la protección de los derechos humanos.
Mi vida profesional en el Poder Judicial de la Federación, ha sido una ruta de construcción de experiencias y conocimientos, alcanzar el alto sitial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si este Honorable Senado de la República, así lo considera, representa para un juzgador de carrera como yo, la realización y culminación de toda una vida consagrada a la impartición de la justicia constitucional, es lo que mejor sé hacer, es en donde más puedo ser útil a los demás, a mi comunidad, a mi país, a nuestro México.
Tengo la certeza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es cada día más elemento fundamental en la vida político constitucional de nuestro país, pivote en el equilibrio de los poderes de la Unión, máximo vigilante de los derechos humanos y con ello garante de la supremacía constitucional en tanto sustrato esencial del estado de derecho.
Estoy consciente de la gran responsabilidad que pretendo asumir, no me es extraña, soy juzgador federal de carrera, con absoluta transparencia ofrezco mi experiencia y el haber servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de la justicia como exige el artículo 94 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos.
Que mi experiencia y profundo conocimiento, no sólo del Poder Judicial de la Federación, sino también, y especialmente de las necesidades de los justiciables, que durante largos años he percibido como juzgador federal, puedan significarse como garantía de mis compromisos personales e institucionales, los problemas a los que enfrentamos son enormes y complejos, pero como lo ha señalado acertadamente el jurista italiano Luigi Ferrajoli, con independencia de nuestro optimismo o nuestro pesimismo, no existe otra respuesta a la crisis del derecho que el derecho mismo y no hay alternativas posibles a la razón jurídica. Este es el único camino para responder a la complejidad social y para salvar, con el futuro del derecho, también el futuro de la democracia.
Esa sería mi tarea en la Corte, proteger los derechos de todos, fortalecer la democracia y el equilibrio ante poderes y con ello trabajar para un México mejor.
-EL C. PRESIDENTE NAVARRETE RUIZ: Muchas gracias por su intervención, ciudadano Luis María Aguilar Morales.
Le solicito a la Comisión de Senadores, acompañe al señor Aguilar al Salón contiguo, por favor.
Solicito a los señores senadores: Alejandro González Alcocer y el Senador Pedro Joaquín Coldwell, inviten a pasar a este recinto. . .
…Alcocer, y el Senador Pedro Joaquín Coldwell, inviten a pasar a este Recinto a la licenciada María Luisa Martínez Delgadillo.
-Bienvenida, licenciada Martínez Delgadillo.
-Tiene usted el uso de la palabra hasta por 15 minutos para su exposición.
-LA C. LIC. MARIA LUISA MARTINEZ DELGADILLO, Aspirante a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Muchas gracias.
“El desempeño del juzgador no es un trabajo más en nuestra vida, sino el trabajo de nuestra vida”. Palabras del señor Ministro en retiro, Don Juan Díaz Romero.
Honorable Cámara de Senadores del
Honorable Presidente y miembros del presidio;
Comparezco ante ustedes, en términos del artículo 96 de nuestra Constitución, con gran beneplácito y profundo agradecimiento por el enorme privilegio de integrar la terna de aspirantes del Poder Judicial de la Federación para sustituir al señor Ministro Don Mariano Azuela Guitrón quien, dicho sea de paso, fue quien hizo posible que ingresara como Secretaria de Estudio y Cuenta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia del señor Ministro Don Santiago Rodríguez Roldán, y por eso les debo a ambos eterna gratitud.
Cobra también especial relevancia a título personal, el hecho de que soy la única mujer entre los aspirantes, lo cual me honra, pues el significativo constatar que hoy en día la mujer va ocupando poco a poco mayores y mejores espacios en la vida pública.
Claro está, soy conciente de que la decisión final que adopten ustedes, Senadoras y Senadores, no está basada centralmente en la idea de equidad de género, sino en dotar a la Suprema Corte de la persona profesionalmente idónea para el cargo, como debe ser.
Ahora quiero compartirles un incidente sucedido en mi época de Secretaria de Estudio y Cuenta.
Cuando un Ministro en retiro llegó a visitar al Ministro Rodríguez Roldán, y mientras lo esperaba, se dirigió a otra compañera de la ponencia y a mí, y nos pregunto.
¿Cuándo llegarán a ser Ministras de la Suprema Corte?
Nosotras nos reímos con timidez, y el Ministro se enojó un poco por nuestra reacción, y nos dijo muy serio:
“Si no aspiran a ser Ministras, no merecen ser Secretarias de Estudio y Cuenta”.
Una buena lección de que superar implica poner la mira muy alto en ideales, que aunque parezcan inalcanzables, son una fuente de motivación para impulsarnos al cumplimiento impecable de nuestra tarea institucional, y nos ayudan a amar lo que hacemos, porque sólo así el trabajo jurisdiccional se convierte en nuestra vida, pues se trata de nuestra vocación se servicio.
En mi caso particular, la función como juzgadora, me ha cautivado por más de 31 años en distintos cargos. De manera que el trabajo de mi vida es éste, que me ha permitido a lo largo de 31 años aportar cotidianamente mi granito de arena en la forja del Estado de derecho en México, tareas que he podido llevar a cabo gracias al apoyo incondicional de mi esposo, en su momento, y de nuestros 8 hijos, que para mi orgullo y satisfacción son hombres y mujeres de bien.
También la vida me ha dado otras generosas y apasionantes vivencias profesionales, como estudiar en el extranjero e incursionar en el derecho francés, austriaco e internacional público, lo que ha venido a reforzar mi entusiasmo por mi labor y el amor a la patria.
En otro aspecto, cabe recordar que los juzgadores compartimos la noble y ardua tarea de mantener el imperio de la ley, y por consiguiente la seguridad jurídica en nuestro país, lo que también garantiza su estabilidad, por una parte; y el avance de la democracia, por otro.
En este contexto, descuella el papel de la Suprema Corte, tribunal constitucional por excelencia, encargado de la tutela e interpretación de la carta magna.
Las garantías constitucionales comprenden aquellos instrumentos predominantemente procesales, establecidos en el propio texto fundamental, cuya finalidad es la reintegración del orden constitucional cuando ha sido desconocido o violado por los órganos de poder, en especial, cuando los medios de protección de la ley suprema no han sido suficientes para evitar el quebranto de la norma superior.
El estudio sistemático de las garantías constitucionales en su significado moderno, es la materia de derecho procesal constitucional.
En la Constitución mexicana, fundamentalmente se prevén como garantías las siguientes: “El juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, la facultad de investigación, el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, el juicio de revisión constitucional electoral, el juicio político y el procedimiento ante los organismos autónomos protectores de los derechos humanos”.
En suma, el ejercicio del control constitucional, en todas las formas señaladas, ha sido el fruto de múltiples reformas al pacto federal, las que a su vez han permitido que la Corte resuelva cuestiones relacionadas con política, antes vedadas.
En efecto, antes de 1994, las diferencias políticas se dirimían mediante el diálogo interpartidario, y desde la fecha citada, tienen un marco jurídico a través de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales.
De ahí que la Corte, con tales medios de control, soluciona los conflictos entre los distintos entes de gobierno, y fortalece su autonomía e independencia como tribunal constitucional.
Vistas en su conjunto, las amplias facultades de la Suprema Corte, patentizan el respeto a la norma fundamental y al principio de división de poderes en la medida en que el más alto tribunal se ha convertido en su garante.
Esto es así, porque la democracia que comúnmente se define como el Gobierno del pueblo, por y para el pueblo, implica un Estado de derecho respetado y que gire en torno a la Constitución, de manera que se resuelvan pacíficamente todo tipo de controversias en la comunidad sin violencia de ninguna clase.
Así lo explicó el Ministro en retiro Don Juan Díaz Romero, en el discurso mencionado al principio.
Cito: “La democracia constituye el triunfo del derecho sobre la violencia, al mismo tiempo legitima los poderes públicos y limita sus atribuciones generando la base indispensable para que la sociedad viva en un Estado de derecho, donde el juez se vuelve el actor principal, porque es el guardián de la no violencia.
El Constituyente y el Legislador establecen las normas jurídicas, pero en abstracto.
Sólo el juez alza su tienda de campaña en la línea de fuego, ahí donde se enfrentan los contrarios para disipar los aires de violencia, diciendo el derecho: pueden tolerarse la equivocación, porque somos seres humanos, pero no puede tolerarse la mala fe, porque somos jueces”. Hasta aquí la cita.
En esta trinchera, la Suprema Corte se ha pronunciado recientemente sobre temas relevantes, tales como menores infractores, militares con VIH, ley de medios, reconocimiento de paternidad ADN, despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación, entre otros, en los que escuchó a peritos, científicos, abogados, doctrinarios, etcétera, con el fin de transparentar sus decisiones, lo cual generó un imagen positiva, y una vez más fue reconocida como órgano celoso y guardián de la Constitución.
…..y una vez más fue reconocida como órgano celoso y guardián de la Constitución.
-Asimismo, tales actuaciones permitieron fortalecer la confianza de la ciudadanía en general, partidos políticos y sectores diversos respecto al papel fundamental que juega la Suprema Corte en nuestros días.
En la evolución de la democracia en México, se han dado momentos difíciles y además de las cuestiones internas, no podemos ignorar los eventos que nos repercuten como miembros de la Comunidad Internacional. Tal es el caso de la crisis económica mundial que nos impone un reto más para tomar conciencia de la necesidad de aceptar una vida austera.
En otro ámbito de cambios cabe destacar que nuestro sistema de justicia en el orden común también ha evolucionado y proporcionado la reforma judicial en materia penal, concretamente de los Artículo 16 a 22 constitucionales.
Según la exposición de motivos correspondiente, esta reforma pretende salvaguardar los derechos reconocidos a las víctimas del delito, así como a los acusados, a través de un procedimiento acusatorio y oral en el que se observan los principios de delito proceso, inmediación, concentración, publicidad y continuidad, utilizando la oralidad como herramienta indispensable.
Asimismo, tal reforma creó, entre otras, figuras novedosas, la denominada extinción de dominio para combatir a la delincuencia organizada; su aplicación indudablemente generará, en su momento, la Suprema Corte vierta sus criterios respecto de la forma del actuar tanto de las autoridades encargadas de la procuración y la investigación de los delitos, como de los Jueces ante quienes se tramite el procedimiento relativo. Todo lo cual conlleva un impacto en la sociedad, pues es de todos conocido el grave problema que significa la delincuencia organizada a lo largo y ancho del territorio nacional.
Efectivamente, las medidas adoptadas sin duda alguna repercutirán en los recursos financieros del narcotráfico, lo que se reflejará en la tranquilidad social.
Es grande el reto y además da la oportunidad de que se realicen los ajustes necesarios para el mejoramiento de la justicia. En esta lucha vamos de la mano y de cara a la ciudadanía el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que integramos los Poderes de la Unión.
La reforma en comento, en lo que atañe a los juicios orales, actualmente funciona en varios Estados de la República, y al ser impugnadas las resoluciones a través del Juicio de Amparo son del conocimiento de los Jueces de Distrito y de los Tribunales Colegiados correspondientes.
De manera paralela a esta reforma, resulta imprescindible mencionar que nuestro sistema constitucional existe una estrecha vinculación entre federalismo y democracia. Por su parte, la democracia está ligada con el reconocimiento y garantía de los derechos humanos, tanto los contenidos en el derecho interno, como los que provienen del derecho internacional y que comprenden tanto garantías individuales como sociales.
No obstante, ha causado polémica la necesidad de dotar de mayor fuerza a la protección a los derechos humanos, a pesar de que es reconocida. Tal fortaleza se puede lograr mediante el mecanismo de criterios interpretativos, a fin de que los Tribunales Federales apliquen directamente los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por nuestro país, y así los traigan al caso concreto en forma más efectiva.
En otra vertiente, y por así estipularlo el Artículo 92 de la Carta Magna, de llegar a concedérseme el honor de ser Ministra del Alto Tribunal, estimo oportuno dejar patentizado mi respeto a la autonomía e independencia de que goza el Poder Judicial de la Federación hacia dentro, en relación de las decisiones del Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados, Unitarios, Juzgados de Distrito, y en el plano administrativo el Consejo de la Judicatura. Salvo en aquellos casos específicamente consignados, constitucional y legalmente en que está facultada la Suprema Corte para conocer de cuestiones inherentes a las atribuciones compartidas.
César Landa, al comentar sobre los antecedentes de la Jurisdicción Constitucional, no revela una postura teórica de la importancia y trascendencia del Derecho Procesal Constitucional, de cuya fuente puede devenir un sin fin de posibilidades creativas y de cambio del entorno político actual.
Cito textualmente: “En todo sistema político moderno que se preste y de ser democrático, el Poder del Gobierno no se puede legitimar por sí mismo, sino desde la existencia y la operatividad a nivel real de la oposición, para lo cual la Constitución ha establecido instituciones tales como la justicia constitucional encargada de controlar el Poder, hacer respetar lso derechos fundamentales y cautelar los derechos de las minorías”.
-En suma, el quehacer jurisdiccional cotidiano, fruto de la experiencia al sustentar innumerables proyectos de resolución, las diversas reformas legales que he podido presencial y aplicar; la doctrina y el estudio de la jurisprudencia, me han enseñado que el derecho es un instrumento evolutivo que no puede permanecer estático ante los cambios de la sociedad.
De manera que el significado de justicia, en su acepción elemental, dar a cada quien lo que le pertenece, debe ser moldeado en forma tal que permita aplicar el derecho no solo en sentido estricto, sino también con un enfoque integral e incluyente acorde a los tiempos que vivimos.
Como corolario, quiero decirles que las razones por las que aspiro a ocupar la vacante del Ministro Don Mariano Azuela Guitrón, no son otras que el deseo de seguir superándome profesionalmente, y el anhelo de participar en forma activa en los grandes retos que supone tan alto cargo, para realizar, día a día, el trabajo de mi vida y humildemente poner al servicio de la sociedad y de la Patria los dones que la vida me ha concedido.
-EL C. PRESIDENTE NAVARRETE RUIZ: Muchas gracias.
-Gracias por su exposición ciudadana Martínez Delgadillo.
Solicito a la Comisión acompañe a la ciudadana Martínez Delgadillo al salón contiguo, por favor.
-Solicito a los señores Senadores Javier Orozco Gómez, Ricardo García Cervantes y a la Senadora María Teresa Ortuño, sean tan amables de invitar a pasar a este Recinto al licenciado Jorge Mario Pardo Rebolledo.
-Bienvenido licenciado Jorge Mario Pardo Revolledo.
Dispone usted hasta de 15 minutos para realizar su exposición.
-EL C. LIC. JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO: Con la venia del señor Presidente.
-Señoras y Señores Senadores de la República: En el marco de lo dispuesto por el Artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tengo el privilegio de comparecer ante este honorable Pleno para expresar algunas reflexiones en relación con el papel que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Estado Constitucional de Derecho.
Con genuina emoción expreso que la oportunidad de dirigirme a tan selecto auditorio representa un doble honor: en primer término como ciudadano al que le fueron inculcados los valores patrióticos esenciales, entre ellos, el respeto a las Instituciones que, como el Senado, orientan la marcha de nuestra Nación. Pero, sobre todo, como Magistrado Federal que desde la sencillez y sobriedad del Tribunal en el que desarrolla su labor recibe la distinción de participar en este proceso de designación en un acto que yo interpreto de reconocimiento al principio de carrera judicial……
(SIGUE 9ª. PARTE).
…de reconocimiento al principio de carrera judicial establecida en nuestra Constitución.
El concepto moderno de la democracia no se agota únicamente con el gobierno del pueblo a través de su representante, sino que, además, los órganos del Estado deben actuar de manera decidida a favor de la protección de los derechos humanos y el respeto en general a todos los principios consagrados a nivel constitucional.
Si no se diseña un sistema que asegure el respeto a los derechos humanos, el carácter democrático de un Estado será endeble y vulnerable.
La historia nos ha enseñado que aunque las autoridades sean designadas a través del voto popular, si los electos no actúan con estricto apego a la Constitución y dando certeza al goce y ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el ejercicio de ese poder no podrá llamarse democrático.
Esencialmente porque el gobierno del pueblo, a través de sus representantes, debe garantizar la convivencia pacífica y la armonía en un clima de respeto absoluto a los derechos de todos.
Así, la supremacía constitucional es una garantía de todo estado democrático y se traduce en un derecho de los habitantes de la nación. Por tal motivo, es necesario contar con mecanismos o medios de defensa destinados a preservar el orden constitucional, pues los habitantes de una nación sólo logran el respeto de sus derechos constitucionales cuando tienen a su alcance la forma de hacer efectiva esa supremacía.
En el contexto antes precisado, corresponde al Poder Judicial de la Federación y de manera relevante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la esencial tarea de dar vida y actualidad a los principios y valores consagrados en nuestra Carta Magna.
El quehacer jurisdiccional enfrenta el reto de definir y adaptar a los tiempos actuales aquellos conceptos y definiciones que plasmó el Constituyente de 1917 en la Carta Magna, haciendo de ésta lo que “Sagrevelsky” denomina una constitución viviente.
La experiencia cotidiana de los tribunales de control constitucional adquiere valor en la medida en que a través de la interpretación, del sentido y propósito de los preceptos del Código Supremo, propician orden y armonía en la convivencia social mediante la definición del alcance y protección de los derechos fundamentales de cualquier particular.
Sobre la base de los principios antes señalados, los juzgadores federales, con nuestra actividad cotidiana, contribuimos de manera discreta, pero decidida, a la consolidación del Estado constitucional de derecho, al fortalecimiento de la democracia y especialmente a la estabilidad social y gobernabilidad en nuestro país.
Nuestro Tribunal constitucional y los demás órganos que integran la judicatura federal, al declarar que una ley o un acto resultan contrarios al texto constitucional, bajo ningún supuesto generan vulneración al principio de división de poderes, pretendiendo ubicarse por encima de las autoridades cuyos actos revisa.
Por el contrario, es la propia Constitución que nos rige la que le otorga a la Suprema Corte el carácter de intérprete último de sus normas y principios y determina cuáles son las facultades de cada uno de los órganos que integran el Supremo Poder de la Federación, que aunque radica originalmente en el pueblo, se divide para su ejercicio. Y es ahí en el texto de la Carta Magana donde se atribuye al Poder Judicial de la Federación la potestad de analizar y, en su caso, declarar la inconstitucionalidad de leyes y actos de los demás poderes.
Por ello, sostengo que la actividad judicial federal, lejos de contravenir la división de poderes, la garantiza.
Aunque durante más de un siglo en nuestro país los legisladores, los jueces y los doctrinarios coincidieron en señalar que a la Suprema Corte le estaba vedado intervenir en asuntos relacionados con temas políticos, el poder reformador de la Constitución en 1994 determinó de manera clara suprimir esa militante y a partir de dicha modificación el máximo Tribunal conoce de controversia entre autoridades eminentemente políticas respecto de la constitucionalidad de sus actos.
No obstante lo anterior, tales facultades concedidas a la Suprema Corte, no la convierten en un actor político involucrado directamente en la disputa por el poder público ni le delegan facultades para tomar las decisiones fundamentales para la marcha del Estado mexicano, invadiendo así el ámbito del ejercicio del poder que ostentan las autoridades que son electas mediante el voto popular y que por ese motivo constituyen representantes del pueblo.
La Suprema Corte al cumplir con el cometido que le asigna la Ley Fundamental, como cualquier otra autoridad constituida, debe someterse a los límites que le marca el propio texto constitucional.
Las sentencias que emita no deben tener otra finalidad más que la de garantizar la vigencia de los principios y las normas que se contienen en la Constitución: restablecer el orden constitucional y general seguridad jurídica.
Sus decisiones deben dar testimonio de respeto irrestricto al principio de división de poderes, a los derechos humanos, al régimen democrático que nos caracteriza y a la consecución del bien común.
Considero que la ocasión y el foro resultan más que propicios para externar algunas ideas que podrían contribuir a la evolución del derecho procesal constitucional mexicano y a la modernización de nuestro sistema de control constitucional.
En mi opinión, sería conveniente que el Poder Legislativo Federal se planteara la posibilidad de fortalecer y consolidar la función de nuestro Tribunal constitucional a través de instrumentos tales como el interés legítimo, las acciones colectivas y la procedencia de la suplencia de la deficiencia de la queja en todos los casos dentro del juicio de amparo.
El reconocimiento expreso en la Constitución de todos los derechos fundamentales establecidos en los tratados internacionales firmados por México.
La ampliación de los órganos legitimados para hacer valer las acciones de inconstitucionalidad reflexionando sobre la conveniencia de modificar el porcentaje del 33 por ciento que se prevé actualmente, así como el requisito de la mayoría calificada de ocho votos para la declaratoria de inconstitucionalidad.
El establecimiento de la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa, que incluso ya se encuentra prevista en varias constituciones estatales como las de Coahuila, Chiapas, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.
Abrir en toda su magnitud el ámbito protector de labias corpus y de labias data y, por último, prever el control preventivo sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales antes de su aplicación en el derecho nacional.
Debe reconocerse como un hecho innegable que la sociedad mexicana en general tiene un mal concepto de la impartición de justicia.
La figura del juez ha sido devaluada en el entorno sociocultural, unas veces con razones objetivas; otras en forma injustificada.
Los juzgadores mexicanos tenemos el reto permanente de incrementar la confianza de la sociedad en nuestro trabajo. Y para lograrlo no existen medios más eficaces que la rendición de cuentas, la transparencia y la preparación y actualización permanente a fin de estar a la altura de la grave responsabilidad que implica…
. . . . . . . . . y la preparación y actualización permanente a fin de estar a la altura de la grave responsabilidad que implica juzgar a nuestros semejantes.
La legitimación de la investidura del juez en nuestro sistema no deriva de un proceso democrático de elección popular, sino de la solidez y claridad de los argumentos que sostienen las decisiones plasmadas en sus sentencias.
Así como de la sensibilidad y compromisos sociales que deben estar presentes en toda decisión judicial.
La Suprema Corte de Justicia desde la trinchera que le es asignada constitucionalmente y en pleno ejercicio de su autonomía e independencia debe contribuir con sus criterios a logros de los objetivos que como estado nos hemos fijado.
A la búsqueda de las soluciones adecuadas para los delicados problemas que nos aquejan como sociedad, y al establecimiento de un ambiente propicio para el respeto y desarrollo de los derechos fundamentales de todos los que integramos esta maravillosa nación.
Para todos los que hemos asumido a la judicatura como una forma de vida, y como el camino idóneo para lograr una plena realización en nuestro desarrollo profesional, resulta incuestionable que la ardua labor cotidiana, el compromiso de preparación y actualización permanente en el ámbito del derecho, la renovación cotidiana del compromiso de servir a nuestra sociedad sin reservas, y la convicción firme y perenne de actuar en todo momento con honestidad, objetividad y honradez, siempre se encuentran animados tal vez de manera inconsciente, pero constante por la aspiración legítima de algún día ocupar el cargo de Ministro de Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tomado en cuenta y delicado y trascendente de los problemas que son puestos en consideración de los integrantes del Tribunal Constitucional, se requiere de estudio constante, trabajo en equipo, rectitud en el actuar, compromiso, prudencia, excelencia, vocación de servicio y, desde luego, responsabilidad en el ejercicio de la profesión.
Atributos, todos éstos que sostengo, todos los jueces de distrito y magistrados de circuito ponemos en práctica cotidianamente en el ejercicio de la función que tenemos constitucionalmente asignadas.
Estoy consciente de lo difícil que resulta poder llegar a ser considerado para ocupar un lugar en el máximo tribunal de mi país.
Reconozco y pondero la calidad humana y profesional, así como la trayectoria e indiscutibles méritos de mis compañeros de terna. Sin embargo, me he formado en la cultura del esfuerzo, sé que nada es gratuito, y que vale la pena luchara para lograr alcanzar las metas que se anhelan.
Estoy convencido que impartir justicia es un privilegio, que debemos ejecutar con todo respeto y dignidad.
Coincido con el pensamiento de Aarón Barak en el sentido de que el acto de juzgar no es pasión, sino razón; no es maestría, sino modestia; no es fortaleza, sino compasión; no es riqueza, sino reputación.
Esta Cámara de Senadores ha asumido con gran responsabilidad y visión de estado el compromiso de nombrar a dos nuevos ministros de la Suprema Corte, estoy seguro que la decisión que se tome será la más conveniente para el pueblo de México.
En el supuesto de que resultara honrado con tan alta distinción, la asumiría con la misma convicción y orgullo que lo he hecho durante mis 26 años de carrera judicial.
Quiero y respeto a la institución en que laboro, soy un hombre de principios, y creo en la ley como único estandarte; soy juzgador de vocación, ya sea desde mi sencillo tribunal o, si este Senado así lo decidiera, desde el máximo tribunal de la nación.
Mi único compromiso es con la justicia, mi único vínculo es con la Constitución, y mi único objetivo es servir a mi patria.
- EL C. PRESIDENTE NAVARRETE RUIZ: Muchas gracias por su intervención. Solicito a la Comisión acompañe al ciudadano Pardo Rebolledo al salón contiguo, por favor.
Una vez concluida las intervenciones de los candidatos de la primera terna para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procederemos a la elección correspondiente.
Informo a la Asamblea que se entregarán sobres personalizados para todas las votaciones que se llevan a cabo en cuyo interior se encuentra la cédula respectiva.
Si no se reúne la primera votación la mayoría de las dos terceras partes, pasaremos a la exposición y elección de los candidatos de la segunda terna.
Concluida ésta, realizaremos la segunda votación de la primera terna.
Solicito, en consecuencia al personal de apoyo proceda a distribuir las cédulas de votación entre las senadoras y los senadores.
Y se ha procedido a distribuir las cédulas correspondientes. Proceda la Secretaría pasar lista de asistencia de los señores senadores, a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna que se ha dispuesto para tal propósito.
- EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO:
(INICIA LISTA DE ASISTENCIA )
(INICIA LA VOTACION)
Procederemos a realizar el escrutinio.
Procederemos al resultado del escrutinio:
Jorge Mario Pardo Rebolledo: 12 votos, y un voto nulo, Presidente. . . . . . . .
…. Jorge Mario Pardo Rebolledo, 12 votos y un voto nulo, presidente.
Señoras senadoras, señores senadores, antes de pasar a conocer la exposiciones de los integrantes de la Segunda Terna que ha sido recibida por este Senado de la República, solicito a ustedes un minuto de su atención.
El 27 de noviembre el Instituto Federal Electoral, en acatamiento a una sentencia del Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación, sancionó con amonestación pública al senador del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar y Vega, por emplear frases de índole electoral durante una entrevista en radio, concedida dos días antes de la jornada comicial, del cinco de julio pasado.
Ante esta resolución del Instituto Federal Electoral la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión expresa lo siguiente:
Primero.- Que el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los diputados y senadores son inviolables, por las opiniones que manifiesten, en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidas por ella.
Segundo. Que en el mismo precepto constitucional, en su segunda párrafo, establece con precisión que el presidente de cada cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma, y por la inviolabilidad del recinto donde se reúna a sesionar.
Con base en lo anterior, esta Presidencia expresa su enérgico rechazo a la amonestación pública que el Instituto Federal Electoral impuso al senador Arturo Escobar y Vega, toda vez que en términos de lo dispuesto en el artículo 61 constitucional los senadores de la República son inviolables por sus opiniones en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ella. (Aplausos).
Procederemos ahora a recibir las exposiciones de los ciudadanos Jorge Carlos Adame Goddard, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, y Arturo Fernando Saldivar Lelo de la “Larrea”, propuestos por el titular del Poder Ejecutivo Federal para el cargo de Ministros, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución del ciudadano Genaro David Góngora Pimentel.
Como ya se informó, cada uno de los candidatos tendrá un tiempo máximo de 15 minutos para su exposición, y los senadores no podrán hacer preguntas ni interpelar a los oradores.
En consecuencia, solicito a los senadores: Jorge Legorreta, Santiago Creel y Claudia Corichi, introduzcan a este salón al licenciado Jorge Carlos Adame Goddard.
Y esta presidencia desea hacer un respetuoso llamado a los senadores y senadoras de la República para que mantengan su presencia y su asistencia en este salón del pleno….
...que mantengan su presencia y su asistencia en este salón de plenos.
Son las dos treinta y ocho de la tarde, y este Senado debe cumplir con su obligación de escuchar las exposiciones y de proceder a votar el nombramiento de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asunto de la mayor trascendencia para el Poder Judicial. Con este llamado esperaremos el arribo del primer expositor.
Carlos Adame Goddard, doy a usted la más cordial bienvenida a esta Sesión. Hará usted uso de la tribuna para su exposición por un tiempo máximo de quince minutos. Se le concede el uso de la palabra.
-EL C. JORGE CARLOS ADAME GODDARD: Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes, que quiero aprovechar para presentar de manera resumida mi visión acerca de la justicia constitucional y en consecuencia el trabajo de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia.
La justicia judicial o justicia del juicio consiste en la declaración fundada de la conducta adecuada para resolver alguna controversia. Es la justicia del caso concreto, la justicia posible. La declaración de lo que es justo en situaciones concretas es el resultado de un proceso racional, de un juicio en el que debe predominar, como en todos los juicios, el hábito mental de la objetividad, es decir, la intención firme de conocer los hechos del caso y las reglas aplicables al mismo tal como son.
En el juicio judicial se distinguen claramente dos fases: en la primera se concluye si en el caso concreto hay algún deber incumplido o no; en la segunda se decide la conducta que debe practicarse para reparar el deber incumplido. En la primera fase el juicio consiste en una afirmación o negación sobre algo que ha ocurrido realmente, para hacerla correctamente es necesario la objetividad en diversos momentos del juicio, objetividad primero para conocer los hechos tal como sucedieron sin omitir alguno que pudiera ser relevante.
Objetividad también para discernir cuáles son de entre las múltiples reglas jurídicas aquellas directamente aplicables al caso concreto. Objetividad especialmente para entenderla e interpretar el contenido y el alcance de las reglas jurídicas aplicables. Y objetividad, finalmente, para hacer el juicio acerca del ajuste o desajuste de las conductas del caso con las reglas jurídicamente aplicables que concluye con el señalamiento de si hay o no un deber incumplido.
Si se concluye que no hay un deber incumplido el juicio termina con la absolución del demandado, si se concluye que hay un deber incumplido es preciso realizar un nuevo juicio para determinar qué conducta debe seguirse para reparar el incumplimiento. Ese es un juicio de naturaleza diferente, pues no concluye afirmando o negando acerca de lo que es o ha sido, sino determinando una conducta que debe practicarse en el futuro.
En este juicio prevalece la lógica de medio a fin, de suerte que el juicio es acertado cuando la conducta elegida es un medio adecuado y oportuno para reparar el deber incumplido. En ambas fases el juez necesita proceder con independencia de los intereses económicos y políticos que podrían influirlo para decidir en un sentido favorable a ellos, en vez de ajustar el juicio a la verdad de los hechos y las reglas jurídicas aplicables.
Cuando el juez juzga sin consideración de la verdad de los hechos y las reglas y favoreciendo determinados intereses comete una injusticia grave, más grave mientras más alto sea el rango del juez y especialmente cuando se trata de un juicio de la Suprema Corte que no admite apelación.
La independencia de los jueces respecto a los intereses económicos y políticos es condición indispensable para la objetividad y justicia de esos juicios. Por eso me ha parecido un acierto importante en este proceso de designación de ministros para la Suprema Corte que los propios partidos políticos hayan organizado encuentros de diálogo entre sus senadores y los candidatos a ministros, a fin de que los senadores los puedan conocer mejor y tengan más elementos para tomar una decisión fundada al momento de elegir.
Esos encuentros hacen innecesario que los candidatos se reúnan en forma privada con los senadores interesados y se evita así la impresión de que los elegidos adquirieron compromisos previos. La justicia constitucional es la declaración de lo justo para resolver las controversias en las que está implicada la aplicación de la Constitución de la República, son básicamente dos tipos de controversias: unas son las que se suscitan entre los diferentes poderes o instancias políticas establecidas con motivo del ejercicio del poder, y las otras, las que se producen entre los habitantes y ciudadanos con los poderes constituidos.
Para la declaración de lo justo en estas controversias se sigue esencialmente el mismo razonamiento que en las demás controversias judiciales.
Tras la justicia constitucional tiene algunas particularidades específicas, la primera es: que la regla que se aplica es precisamente la Constitución de la República, que no es simplemente una regla o una norma jurídica más, sino la ley fundamental que organiza y rige la vida política de la nación; la segunda, es que las decisiones de la justicia constitucional afectan de manera importante no sólo a las partes en juicio, sino a toda la nación.
El juez constitucional debe conocer los hechos controvertidos con la misma objetividad que el juez ordinario y hacer el juicio sobre la concordancia o discordancia de los hechos con los preceptos constitucionales también con la misma objetividad con que el juez ordinario lo hace.
La tarea del juez constitucional se especifica en lo relativo al conocimiento e interpretación de los preceptos constitucionales. El conocimiento e interpretación de la Constitución es una tarea compleja, pues aquella comprende no sólo normas de conducta, sino también directrices organizativas, referencias a otras normas jurídicas y principios fundamentales; por eso se ha dicho que la Constitución, más que una norma, es un orden jurídico complejo.
La Constitución no es solamente el texto constitucional, es finalmente el modo del ser del pueblo en relación con el establecimiento, organización y ejercicio del poder político. Desde esta perspectiva cabe afirmar que la Constitución es la historia política de la nación que se condensa o plasma en el texto constitucional, por eso la interpretación del conocimiento de la Constitución tienen un componente histórico fundamental.
Al momento de juzgar el juez constitucional debe esforzarse por comprender objetivamente el significado y el alcance de las normas constitucionales en juego. El punto de partida indispensable es la comprensión del sentido literal del texto constitucional, y sólo cuando éste resulte ambiguo, confuso o insuficiente para resolver la controversia el juez puede y debe acudir a los distintos recursos para interpretarlo y reconocer el sentido que tiene para resolver la controversia.
La objetividad en el conocimiento del texto constitucional consiste, primeramente, en la fidelidad a su sentido literal, cuando éste no es suficiente la objetividad consiste…
. . .en la fidelidad a su sentido literal, cuando éste no es suficiente, la objetividad consiste en hacer una interpretación adecuada por medio del os recursos comúnmente afectados, interpretación sistemática, interpretación tecnológica, interpretación histórica o interpretación pro hómine por sólo mencionar algunos.
La interpretación constitucional es una labor intelectual también sujeta a la regla de la objetividad, la interpretación constitucional no puede consistir en la simple afirmación de la opinión subjetiva y mayoritaria de las faldas o del pleno de la Suprema Corte, de modo que la interpretación variara simplemente por los cambios en la integración de esos cuerpos colegiados.
La objetividad de la interpretación constitucional radica en su fidelidad al texto constitucional, considerado en su conjunto, especialmente considerando sus principios fundamentales y en la fidelidad a la historia constitucional.
En última instancia, me parece que la objetividad de la interpretación constitucional consiste en su fidelidad al principio esencial de toda organización política, que es la solidaridad de la comunidad con todos sus integrantes y la solidaridad de éstos con la comunidad.
Cualquier interpretación constitucional debe servir para encausar el ejercicio del poder hacia el beneficio del pueblo y para ordenar la conducta de los habitantes hacia el bien de la comunidad.
Cualquier interpretación constitucional que legitime el ejercicio del poder político para fines particulares o que promueva la realización de conductas antisociales es errónea. La justicia constitucional es una justicia solidaria que integra a todos y fortalece la unidad del conjunto, un factor que juega hoy un papel muy importante en la interpretación constitucional son los tratados internacionales y especialmente los tratados sobre derechos humanos, porque éstos señalan deberes que los estados asumen respecto de sus propios nacionales.
En la actual coyuntura mundial en la que se intensifican las relaciones entre las naciones y se conforman organismos supranacionales que toman decisiones que inciden directamente en la vía de las naciones se hace necesario para el juez constitucional considerar el papel que juegan los tratados en el orden y en la interpretación de la Constitución.
Considero que el papel principal del estado es el beneficio y progreso de nuestro propio pueblo, cuando un estado mediante un tratado asume un compromiso ante la comunidad internacional, lo hace por solidaridad con la comunidad de naciones, pero principalmente por solidaridad con el propio pueblo al que pretende beneficiar al asumir determinada responsabilidad ante las naciones.
Si el Estado asume obligaciones internacionales que perjudican al pueblo, el tratado que contiene tales obligaciones puede ser denunciado ante la comunidad internacional y suspenderse el cumplimiento de tales obligaciones, como lo establecen comúnmente todos los tratados internacionales.
Por eso considero que el juez constitucional tiene la facultad de juzgar acerca de la constitucionalidad, de las disposiciones contenidas en los tratados, con lo cual se asegura la congruencia efectiva de los tratados con el orden constitucional y el carácter instrumental de los compromisos internacionales subordinados al desarrollo nacional.
En el caso de los tratados de derechos humanos, me parece que su contenido e interpretación que hagan del mismo los tribunales internacionales de derechos humanos, deben ser tomados en cuenta por los jueces constitucionales para complementar o ampliar el contenido e interpretación de los preceptos relativos a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, pero no para contradecir la Constitución.
Por eso para que la interpretación y la doctrina internacional de derechos humanos sea normativa en el orden constitucional mexicano, se requiere que haya sido primero asumida y aprobada por la Suprema Corte, es decir, que se haya convertido en interpretación de la propia Corte.
La prevalencia de la Constitución respecto de los Tratados y de la interpretación de la Corte Nacional, respecto de la realizada por organismos y tribunales internacionales, es una salvaguarda de la independencia y la soberanía de la nación, esto no está reñido con la posibilidad de incorporar a la Constitución, preceptos contenidos en los tratados, pero esto es facultad del constituyente permanente.
Si por el modo establecido se modifica la constitución, con preceptos provenientes de los tratados, la Suprema Corte podrá aplicarlos o interpretarlos como los demás preceptos constitucionales.
Además de las peculiaridades que tiene la justicia constitucional, por razón de la complejidad, del conocimiento e interpretación de la Constitución misma, tiene otra que no se puede pasar por alto, ésta se refiere al juicio sobre la conducta que determina para reparar algún deber constitucional y cumplido.
Las medidas que dispone el juez constitucional afectan no sólo a las partes en juicio, sino en general a toda la nación. De ahí que el juez constitucional requiera una amplia capacidad de previsión para entrever y sopesar las consecuencias económicas, políticas y sociales que tendrían sus sentencias y poder así determinar un medio de reparación que resulte adecuado y oportuno en las circunstancias predominantes.
Esto es muy claro, por ejemplo, en los juicios sobre constitucionalidad de las leyes fiscales que deben procurar formas de reparación del orden constitucional que no afecten desproporcionadamente las finanzas públicas. Cabe aquí, también considerar el principio de solidaridad para determinar la solución adecuada.
Considero, en síntesis que la justicia constitucional o declaración del o justo constitucional es el resultado de un juicio objetivo, emitido por un juez independiente, que interpreta la Constitución en un sentido integral y solidario anteponiendo sin exclusivismo la historia y el desarrollo nacional a los compromisos internacionales.
Para concluir, quiero agradecer cumplidamente al Presidente de la República, por haberme considerado como candidato para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia, a los partidos políticos que propiciaron los encuentros y diálogos de los candidatos con sus respectivos senadores, a las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos ante la cual comparecimos los aspirantes, y a todos ustedes, senadores de la República por haberme escuchado.
Confío en que sabrán tomar la decisión que más convenga a nuestra patria común que es México.
-EL C. PRESIDENTE NUÑEZ JIMENEZ: Muchas gracias por su intervención, Licenciado Adame Goddard.
Solicito a la Comisión designada acompañe al Licenciado Adame al salón contiguo.
Solicito a los señores senadores: Fernando Castro Trenti, José Luis Lobato Campos y María del Socorro García Quiroz, sean tan amables en invitar a pasar al recinto al Licenciado Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot.
-Sea usted bienvenido, Licenciado Ferrer Mac-Gregor, tiene usted el uso de la palabra hasta por quince minutos para su intervención.
-EL C. LIC. EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT: Con su venia, señor Presidente.
Muy respetable, senadoras y senadores de la República, faltan las palabras para expresar las emociones que me produce este momento, tengo el alto honor de comparecer ante ustedes, a fin de participar en uno de los sucesos más trascendentes de la vida republicana, la designación de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo anterior por sí solo constituye una distinción a mi persona y un pasaje inolvidable en mi vida, que comparto con familiares y amigos.
Además me honro en integrar esta terna al lado de dos juristas con quien me une la amistad cordial y el compañerismo generoso. . .
…con quienes me une la amistad cordial y el compañerismo generoso.
La encomienda de ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se haya entre las de mayor importancia y responsabilidad en la vida de la nación.
La función judicial en general ya es algo que inspira respeto.
Calificar a nuestros semejantes es una tarea que requiere distintas virtudes y capacidades técnicas para llevar con justicia la ley al caso particular.
Si así resulta de manera general, la impartición de justicia constitucional viene acompañada de problemas adicionales que pueden resumirse en uno solo: su relación con la democracia.
Por tal razón centraré esta exposición sobre mi concepto de lo que debe ser un Ministro de la Suprema Corte de Justicia en nuestra democracia, y lo que para ella implica la justicia constitucional.
El juzgador constitucional lidia cotidianamente con los más relevantes conflictos de la sociedad. Su tarea consiste en hacer respetar los valores, principios y normas de la Constitución, los cuales rigen la actuación de los órganos del Estado, pero también los aspectos más fundamentales de la vida de los ciudadanos.
En todo problema constitucional, no se debate únicamente la situación jurídica de los interesados, sino también la configuración y contenido de los derechos y libertades fundamentales, así como el sano funcionamiento de los poderes públicos.
Las sentencias constitucionales, más allá de resolver la cuestión efectivamente planteada, trasciende a la estabilidad social, económica y política del país.
Por eso debe el juez constitucional tener una especial prudencia, teniendo como parámetro la mejor manera de realizar el proyecto de nuestra ley suprema.
La Constitución es la expresión normativa del ideal de convivencia que desea el pueblo mexicano; es el sistema de vida que los ciudadanos de este país hemos plasmado en su texto alrededor de su ideal democrático, como indica su artículo 3º, y a cuya realización aspiramos sin distinción de género, posición o pensamiento.
Mediante la ley fundamental, el pueblo de esta gran nación, ha comprometido su vida en alcanzar altos y grandes objetivos. Por eso su salvaguardia judicial es una función republicana correspondiente a la cosa pública, a aquello en lo que todos estamos interesados.
Los Ministros de la Suprema Corte deben servir a estos altos y grandes objetivos que el pueblo mexicano señaló en su ley fundamental.
No son los únicos actores en su realización y tampoco los más importantes. Antes que a ellos, la Constitución ha encomendado esta tarea a servidores públicos más cercanos a los ciudadanos, como los integrantes de esta Cámara Parlamentaria.
Sin embargo, el encargo de la justicia constitucional no es de poca monta, consiste en defender estos principios que dan sentido a nuestra vida pública, y con ello la voluntad popular que los estableció.
Lo anterior justicia que esta función recaiga sobre un órgano que debe caracterizarse por su independencia, imparcialidad y objetividad, porque el verdadero imperio de la Constitución exige que los conflictos sean resueltos con estricto apego a sus disposiciones para hacer efectivos los ideales de los mexicanos.
Me referiré a la última característica, la objetividad, por ser la más próxima al talante personal de los jueces, que al diseño institucional y procesal del tribunal se integran.
La objetividad en la aplicación del derecho, precisa del esfuerzo de los juzgadores para superar sus personales convicciones ideológicas, pero también de la apertura intelectual y moral para encontrar una perspectiva común a él, sus colegas y la sociedad.
Para garantizar un grado de suficiente objetividad en la impartición de justicia, creo que todo juez puede y debe llevar a cabo su labor desprendiéndose de condicionamientos personales y siendo ajeno a las presiones sociales, sin dejar por ello de ser insensible a sus significados. Este imperativo lo considero más intenso para el juzgador que ha de pronunciar el derecho de la ley fundamental.
En los últimos 3 lustros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha servido para estos propósitos. Su actuación vela porque los derechos fundamentales de los ciudadanos no sean agraviados; es árbitro de las diferencias entre los diversos órganos de gobierno del Estado; cuanta con la potestad de expulsar del sistema jurídico las leyes que contravenga la Constitución, incluso las concernientes a la difícil materia electoral, y además tiene en su objetada, pero existente facultad de investigar violaciones graves a las garantías individuales una atribución que la ubica en el centro de complejos problemas de nuestra vida pública.
Sin entrar en detalle, la Suprema Corte Mexicana es tan poderosa como cualquier otro tribunal constitucional. Este poder no es absoluto, su límite lo marca la propia Constitución.
Pese a su abstracción, los términos del Constituyente tienen significados limitados que demarcan las potestades del juzgador:
Democracia, por ejemplo, en situaciones específicas puede significar cosas distintas para cada uno de nosotros, pero siempre estaremos de acuerdo en que este principio impone el respeto a los derechos fundamentales y también un margen al legislador para que en representación de los ciudadanos expida las normas que regulen nuestra vida social.
El sentido democrático sustantivo de la justicia constitucional puede verse en diversos aspectos:
Primero.- En la vigencia de los derechos fundamentales.
Segundo.- En el respeto al Legislador y otros Titulares del Poder Público.
Tercero.- En la defensa del diseño orgánico de la ley suprema, especialmente en cuanto a las relaciones entre sus órdenes de gobierno, y por último, en su misma interpretación constitucional, me referiré a cada uno de ellos.
Los derechos fundamentales son la piedra angular del sistema constitucional.
La misma democracia carecería de sentido si no apuntara en último término a lograr una vida de libertad para las personas.
Es inconcebible vivir dignamente sin los derechos que promete nuestra Constitución.
En el cada vez más pequeño mundo en que nos tocó vivir, la protección de los derechos que garantiza la Constitución, también requiere atender los compromisos que nuestra nación ha adquirido frente a la comunidad internacional.
Como ustedes saben muy bien, son muchos los convenios celebrados por México en que hemos contraído las obligaciones de respetar los derechos humanos, y resultan complejos los problemas que derivan de su aplicación. Para solucionarlos, se requiere un amplio conocimiento jurídico que trasciende el ámbito estrictamente constitucional.
Son muchos los retos que tan solo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos trae para la justicia constitucional mexicana. Resolver adecuadamente dichos problemas…
…..trae para la justicia constitucional mexicana, resolver adecuadamente dichos problemas será tarea ineludible de nuestro máximo Tribunal en los años próximos y nos jugamos en ello nada menos que la protección de la dignidad de las personas y el prestigio de nuestra nación ante el mundo.
El sistema democrático es además límite para los Jueces constitucionales, aunque la indeterminación de la Carta Magna otorga a su intérprete amplias posibilidades de actuación, no debe llegarse al extremo de desconocer las funciones de los órganos directamente representativos del pueblo, ya que corresponden a principios que también debe salvaguardar la justicia constitucional.
El respeto a las atribuciones de otros órganos no es un mero principio ético que debe regir la justicia constitucional, sino un mandato jurídico del más alto rango. Tutelar el diseño orgánico de nuestra Constitución es asimismo otra de las más importantes tareas de la justicia constitucional. También en él puede advertirse una inclinación democrática. El Federalismo y el Municipio Libre permiten a los ciudadanos de distintas regiones y localidades decidir lo más conveniente a sus propias necesidades, según ellos mismos las viven.
Quienes provenimos de los Estados de la República y hemos habitado esta capital, sabemos que aquí las cosas pueden verse muy diferentes a como son, y que a pesar de compartir ideales comunes podemos tener diversidades importantes.
Un juzgador constitucional igualmente debe de ser sensible a la composición multicultural de nuestra nación. Debe tener la visión y la sutileza necesarias para percibir, en cada caso, si la Constitución manda respetar la autodeterminación regional y local o hacer valer nuestros principios sustantivos comunes.
La gran complejidad de nuestro ordenamiento actualmente incluye problemas surgidos por la coincidencia entre los distintos órdenes de Gobierno y numerosos conflictos por la interpretación de las leyes que distribuyen tales facultades concurrentes. Sin hablar de otros procesos, varias controversias constitucionales han sido generadas por esta causa.
Para un Ministro de la Suprema Corte es indispensable un horizonte amplio que le permita resolver estas dificultades con el mayor equilibrio entre los integrantes del Estado Mexicano.
La legitimidad de la interpretación judicial de la Constitución no solamente proviene de una férrea e impecable argumentación racional, el juzgador constitucional debe buscar que sus decisiones sean realmente persuasivas para los ciudadanos y que estos formen un consenso sobre el sentido que den a la Ley Fundamental.
Lo anterior tiene varias vertientes. Manteniendo el rigor técnico debe el Juez acercar el Derecho Constitucional a los justiciables y a los ciudadanos siendo claro en sus resoluciones y llano en su lenguaje; atender y comprender las necesidades y tendencias sociales que provienen de la continua transformación de la vida y considerar que en todo asunto bajo su decisión también se comprende la opinión de los mexicanos sobre lo que quiere decir su Ley Fundamental.
El Juez Constitucional ha de percibir lo anterior y considerar que la interpretación de la Carta Magna ocurre dentro de un espacio de discusión pública mucho más amplio que el análisis judicial de un expediente y sin perder de vista los derechos de los justiciables en el caso particular.
Este equilibrio debe establecerlo bajo la consigna de que antes servirá a los principios que expresan las disposiciones constitucionales que al deseo de ganar simpatías, pues ellas son el verdadero mandato popular a que está sometido.
Nuestro Derecho Procesal Constitucional ofrece vías formales y legítimas para que la Suprema Corte reciba este influjo de los más variados actores sociales y lo considere al emitir su decisión.
Un Juez encargado de atribuir significado a la Constitución no puede soslayar este aspecto político de su labor consistente en procurar el consenso social alrededor de la Ley Fundamental.
La Constitución es la Ley que nos rige a todos y su contenido se ha establecido en beneficio de todos; el Juez Constitucional debe estar plenamente consciente de que su actuación repercute en nuestra democracia sustantiva y que debe desempeñarla para el bien de todos los mexicanos, especialmente en los difíciles momentos sociales y económicos que atraviesa nuestra nación.
Este es mi pensamiento sobre la justicia constitucional y la debida actuación de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia en nuestra democracia.
Confío plenamente en que esta Alta Cámara elegirá a la persona idónea entre quienes nos presentamos ante ella para encomendarle esta trascendental labor.
-EL C. PRESIDENTE NAVARRETE RUIZ: Muchas gracias por su exposición, licenciado Ferrer Mac-Gregor.
-Solicito a la Comisión acompañe al licenciado Ferrer al salón contiguo.
-Solicito a los ciudadanos Senadores Tomás Torres, Alejandro Zapata, y a la Senadora Adriana González, inviten a pasar a este Recinto al licenciado Arturo Fernández Saldívar Lelo de Larrea.
-Bienvenido licenciado Arturo Fernández Saldívar Lelo de Larrea. Dispone usted hasta de 15 minutos para su exposición.
Gracias por permitirme exponer, así sea brevemente, mi visión sobre la Suprema Corte y la justicia constitucional en nuestro país.
He dedicado toda mi vida al estudio y a la práctica del Derecho Constitucional; de los diversos instrumentos de Derecho Procesal Constitucional, especialmente del Juicio de Amparo. Y por ende de los derechos fundamentales.
A lo largo de mi carrera profesional he combinado el mundo de la academia con el libre ejercicio de la profesión de abogado en materia constitucional.
Hace 25 años me gradué como abogado de la Escuela Libre de Derecho. Soy orgullosamente doctor por nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México……….
(SIGUE 16ª. PARTE).
… de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y he sido catedrático en varias universidades públicas y privadas del país, lo que me ha permitido participar activamente en la reflexión académica sobre las últimas tendencias y corrientes del derecho público contemporáneo.
Me defino como un hombre de principios, un jurista demócrata, garantista, apegado a una visión creativa e innovadora de la interpretación constitucional.
Me asumo en el humanismo en el sentido más amplio del concepto, mis dos valore prioritarios se resumen en las palabras: libertad y justicia.
Tener la posibilidad de servir a México como Ministro de la Suprema Corte de Justicia es, sin duda, el privilegio más grande al que puede aspirar un jurista, un privilegio que demanda una profunda vocación por la defensa de las libertades consagradas en nuestra Constitución y que conlleva, ante todo, una gran responsabilidad.
Responsabilidad porque implica ser heredero de la gran tradición de juristas mexicanos que a lo largo de nuestra historia han integrado la Suprema Corte.
Responsabilidad porque significa la elevada función de interpretar la Constitución juzgando muchos de los asuntos más delicados y los problemas más sensibles para los mexicanos.
Responsabilidad porque ser Ministro de la Suprema Corte representa el retro de aportarle a México mejores condiciones de acceso a la justicia y desarrollo de los derechos fundamentales.
Quiero ser un juez constitucional a partir de mi experiencia de muchos años como académico y abogado postulante, porque estoy convencido que este perfil fortalece la integración de la Corte y puede enriquecer con una visión diferente los debates de nuestro Tribunal Constitucional.
El hecho de que un abogado postulante acceda a la función jurisdiccional es una condición normal en la integración de los tribunales constitucionales contemporáneos que se caracterizan por su pluralidad y su diversidad.
Esta tendencia aporta un tribunal la vivencia del derecho real en su ejercicio práctico, la visión del justiciable, del ciudadano.
Se traslada la sensibilidad de quien pide justicia a la sensibilidad de quien imparte justicia.
La integración y actuación de nuestro Tribunal constitucional es un asunto que compete a todos los mexicanos. Esto porque la Suprema Corte está llamada a desempeñar un papel estratégico, un papel determinante en nuestros sistema democrático.
Bajo el paradigma del Estado constitucional democrático de nuestros días, la democracia es mucho más que un sistema de reglas que establecen mecanismos de acceso al poder.
La democracia requiere una dimensión sustantiva, una dimensión adicional a los aspectos formales o procesales y que se refiere precisamente a cómo se ejerce el poder en una sociedad.
No es posible hablar hoy de democracia sin hablar también de Constitución, y más aún de constitucionalidad.
Esa es la idea central del constitucionalismo, la limitación del poder que no puede lograrse si no a través de mecanismos de control del poder, límite y control se convierten así en binomio inseparable de forma similar a lo que ocurre con derecho y garantía.
Para que los límites que fija la norma constitucional sean eficaces, se requieren órganos jurisdiccionales independientes que aseguren a los ciudadanos que dichos límites serán respetados.
Los mexicanos hemos avanzado de manera consistente en esta dirección.
Hemos construido y estamos construyendo la Corte de nuestra democracia, un auténtico Tribunal constitucional que ha ido asumiendo y debe seguir desempeñando su papel como garante de la Constitución.
Una corte para la democracia que debe ser también la Corte de la consolidación de la democracia.
Una Corte que como todo Tribunal de constitucionalidad tiene encomendadas dos funciones esenciales para la vida democrática.
Primero, constituirse en árbitro de las controversias político constitucionales, juzgando la política desde fuera de la política, desde la óptica de la Constitución.
Y segundo, ser protectora y garante de los derechos fundamentales que claramente son la razón de ser y el fin último de toda la ingeniería constitucional.
Por lo anterior, estoy convencido que la consolidación de la democracia mexicana, el desarrollo de los derechos fundamentales y cualquier reforma profunda del estado, pasa necesariamente por una Suprema Corte responsable, prestigiada, comprometida y que se legitime todos los días a través de la argumentación contenida en sus resoluciones.
Considero que la Corte debe acometer una agenda pendiente que les ruego me permitan sintetizar en los siguientes diez puntos.
Primero.- Es de la mayor importancia que la Suprema Corte construya una doctrina constitucional que dote de mayor consistencia y coherencia sus fallos, que sirva de referencia para su labor interpretativa y que haga más predecibles sus resoluciones. Necesitamos una Corte más congruente.
Segundo.- Es necesario que la Suprema Corte profundice en la calidad interpretativa de sus sentencias, a efecto de que la argumentación que la sustenta justifique suficientemente el sentido de las resoluciones y que, si bien alguno de sus fallos puedan ser discutibles, nunca puedan ser tildados de arbitrarios. En esto se juega la legitimidad de su función como máximo intérprete de la Constitución.
Es necesario construir un Tribunal garantista en sentido técnico y no demagógico.
Debemos superar una justicia constitucional desequilibrada que privilegie a la resolución de conflictos entre órganos de poder frente a aquella que se ocupa de la defensa y desarrollo de los derechos fundamentales.
Cuarto.- La Suprema Corte debe fundar su trabajo en una ética de la responsabilidad. Esto significa que la justicia no se imparte en abstracto ni de manera aislada, no es un acto teórico, la justicia es algo vivo que afecta la vida diaria de las personas.
En la ética de la responsabilidad, el juez constitucional dicta sentencia para un momento determinado y una realidad concreta, debe tener presente, en la medida que el caso lo permita, las consecuencias políticas y sociales de sus resoluciones.
Cada una de las palabras que se escriben en una sentencia debe estar alimentada de una gran conciencia social y de una visión de país. En cada sentencia se construye el futuro de México.
Quinto.- Considero que el delicado papel que la Constitución otorga a la Corte exige prudencia y autolimitación. El juez constitucional debe ser valiente, pero sobre todo prudente. Debe ser audaz, pero siempre equilibrado. Debe tener presente que está obligado a tutelar al individuo en sus derechos fundamentales, pero también al Estado en su viabilidad.
En todo el mundo los tribunales constitucionales parten de un principio de deferencia hacia los otros poderes del estado, en especial al Legislativo.
Esto significa que salvo que se afecte el núcleo esencial de un derecho fundamental, en principio las políticas públicas y las atribuciones de carácter técnico no son materia de control constitucional.
Sexto.- Es necesario una Suprema Corte comprometida con la reforma integral del juicio de amparo, el instrumento por excelencia para la protección de los derechos fundamentales y, sin duda, la mayor aportación de nuestro país a la justicia constitucional comparada.
Lamentablemente el amparo mexicano se ha quedado rezagado y no responde a las necesidades de una sociedad moderna.
Por un lado, es insuficiente para la protección eficaz de los derechos fundamentales y, por el otro, sus anacronismos y formalismos provocan abusos en su utilización.
Celebro la decisión del Senado de la República de emprender la tan postergada reforma integral del juicio de aparo. Con la cual, por cierto, he estado comprometido desde hace más de una década.
Es indispensable que la Suprema Corte se comprometa con el nuevo paradigma de nuestro juicio constitucional.
Séptimo.- Uno de los graves problemas de nuestro país es la falta de acceso a la justicia para los que menos tienen. Presenciamos todos los días una justicia elitista, una justicia que trata de manera diferente a quien tiene recursos económicos frente a quien carece de ellos.
La Corte debe comprometerse con…
. . . . . . . . . . . . de manera diferente a quien tiene recursos económicos frente a quien carece de ellos.
La Corte debe comprometerse con aquellos criterios y prácticas judiciales que permitan un mayor acceso a la justicia constitucional y que impregnen la función jurisdiccional con una eminente conciencia social.
Octavo. Desde el Tribunal Constitucional deben prenderse un esfuerzo serio y profundo para que los procesos constitucionales sean más expeditos, y para que la justicia constitucional sea impartida con oportunidad y prontitud.
Noveno. Nuestro Tribunal Constitucional ha avanzado mucho en su agenda de transparencia y comunicación. Creo, sin embargo, que debe simplificarse la forma en que se redactan las sentencias, requerimos resoluciones más claras, más breves y que sean entendibles por la comunidad.
Décimo. Los mexicanos esperan un mayor compromiso de la Suprema Corte con la austeridad y la rendición de cuentas. Por conciencia elemental de los tiempos que vive el país es necesario impulsar un control efectivo del gasto público y una actuación responsable, republicana que sumen a la autoridad moral y a la credibilidad de nuestro más alto tribunal.
Esta es mi visión sobre la Corte, de la manera más respetuosa la someto a su consideración.
En ella están reflejadas mi vocación y mi aspiración para desempeñar el honroso cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En caso de ser favorecido con la confianza de esta Soberanía, me comprometo con la defensa de los valores, los principios y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución a trabajar por México y por su gente, con una clara conciencia social; me comprometo a conducirme de manera honesta y honorable, y a cuidar en todo momento la dignidad de la investidura.
Actuar con prudencia, con responsabilidad y con absoluta humildad intelectual.
Me comprometo abrir las ventanas de la Corte para que entre aire fresco, el aire fresco de la sociedad; el aire nuevo de los jóvenes; y el aire de las doctrinas modernas sobre los derechos fundamentales y la interpretación constitucional.
Los mexicanos queremos justicia, pocos reclamos hay en nuestro país tan añejos y tan vigentes; la Corte debe proporcionarla con imparcialidad, congruencia y transparencia, con sentido de Estado, con visión de país.
Asumo con lealtad, con claro, total e irrestricto compromiso con las instituciones de un Estado democrático de derecho.
Asumo con lealtad, con claro compromiso con México.
- EL C. PRESIDENTE NAVARRETE RUIZ: Muchas gracias, licenciado Zaldívar por su intervención.
Solicito a la Comisión designada acompañe al licenciado Arturo Zaldívar al salón contiguo.
Una vez concluidas las intervenciones de los candidatos de la segunda terna para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procederemos a la elección correspondiente.
Solicito al personal de apoyo, proceda a distribuir las cédulas de votación entre las senadoras y los señores senadores.
(INICIA LISTA DE ASISTENCIA)
(INICIA VOTACION)
- EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ:
(SE PROCEDE A REALIZAR EL ESCRUTINIO)
Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea sobre los asuntos que se turnarán a comisiones en acuerdo con los propios iniciantes.
- EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: El Senador Héctor Pérez Plazola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorre los párrafos segundo al octavo, para quedar como párrafo tercero al noveno, al Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
Del Grupo Parlamentario del Partido del Partido Verde Ecologista de México un punto de acuerdo sobre las medidas y acciones emprendidas por el Gobierno Federal para controlar el ingreso de los árboles de Navidad de importación a nuestro país, mismo que se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
De la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, un punto de acuerdo. . . . . .
… del Partido Verde Ecologista de México, un punto de acuerdo por el que se crea una comisión especial para dar seguimiento a los crímenes contra periodistas, el cual se turna a la Junta de Coordinación Política.
Del senador Rubén Fernando Velázquez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia a favor del proceso de inscripción del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, como patrimonio cultural de la humanidad, mismo que se turna a la Comisión de Cultura.
Del Senador Graco Ramírez Garrido Abreu, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno de Tabasco y al gobierno Federal un informe detallado relativo a la construcción de las obras de infraestructura, el cual se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
De los senadores Sebastián Calderón Centeno, Luis Alberto Coppola Joffroy, y Humberto Andrade Quezada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un punto de acuerdo por el que exhorta al Congreso del Estado de Baja California, Sur,…
...Estado de Baja California Sur a desechar en su parte conducente, la iniciativa de decreto por la que el titular del Ejecutivo de ese estado solicita autorización para promocionar, licitar y en su caso, enajenar a título oneroso, una fracción del predio denominado “Punta Belcher”, ubicado en la Isla Bahía Magdalena, del Municipio de Comondú, el cual se turna a la Comisión de Gobernación.
De la Senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Educación Pública a implementar a partir del próximo calendario escolar de educación inicial, básica y media superior 2010-2011, una materia enfocada a concientizar a las niñas, niños y jóvenes, respecto de la equidad de género, el cual se turna a la Comisión de Equidad y Género.
Del Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los siguientes puntos de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la publicación del Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos, el cual se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Por el que se solicita a la Secretaría de Turismo expida el Reglamento de la Ley General de Turismo, el cual se turna a la Comisión de Turismo; y por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a promover e incentivar el desarrollo tecnológico y la innovación de procesos productivos del sector agrícola orgánico en las regiones indígenas del país, mismo que se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Del Senador Ramón Galindo Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un punto de acuerdo por el que se condenan los actos violentos que han sido perpetrados en contra de la comunidad académica y estudiantil de Ciudad Juárez, Chihuahua, que se turna a la Comisión de Seguridad Pública.
De la Senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de la Directora General del Instituto Nacional de las Mujeres a fin de que informe acerca de las acciones emprendidas por el estado mexicano para prevenir y sancionar la violencia de género, el cual se turna a la Comisión de Equidad y Género.
De la Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su solidaridad y apoyo a la marcha mundial por la paz y la no violencia, el cual se turna a la Comisión de Gobernación.
Del Senador Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a modificar el calendario escolar 2009-2010 para contar con 60 días sin clases en las escuelas públicas ante el brote del virus de la Influenza AH1N1, mismo que se turna a la Comisión de Educación.
-EL C. PRESIDENTE NAVARRETE RUIZ: Pasemos al siguiente asunto, secretario.
-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: Doy lectura al orden del día de la siguiente Sesión. (Leyó)
Ciudadano presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
-EL C. PRESIDENTE NAVARRETE RUIZ: Se cita a la siguiente Sesión el jueves tres de diciembre a las once horas. Se levanta la Sesión.
(SE LEVANTO LA SESION A LAS 15:55 HORAS.)