Source: http://elyoacusoargentino.blogspot.com/
Timestamp: 2017-03-29 11:11:54
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Capítulo 916 - Señaló la Procuración General de la Nación que no es posible afirmar que en la Argentina haya existido un CANI
Prosiguen las “Instrucciones
citadas precedentemente, señalando que “En función de lo
expuesto y nuevamente sobre los hechos que
damnificaron al Teniente Coronel Larrabure,
resulta imposible concluir que éstos
constituyen crímenes de guerra, dado que a la época en que estos
acontecimientos ocurrieron la configuración de este tipo de delitos sólo tenía lugar
frente a determinadas violaciones del derecho internacional humanitario aplicable a conflictos
armados de índole internacional. Sólo una prohibida aplicación retroactiva del derecho penal internacional consuetudinario-tal como se
desarrolló en el apartado III.A-, permitiría
afirmar que violaciones al ius in bello aplicable a
situaciones de conflicto armado interno acontecidas en la década de 1970 pueden ser consideradas crímenes
de guerra. Ello, sin perjuicio de que, como se dirá
en el punto siguiente, no es posible afirmar que en la República Argentina haya existido un conflicto armado interno de acuerdo al derecho internacional aplicable.
“Todo conflicto armado presupone
el recurso a la fuerza o a la violencia armada entre partes. Un
conflicto armado interno puede tener lugar entre autoridades gubernamentales y
grupos armados organizados o entre dichos grupos dentro del
territorio de un Estado. Si bien los Convenios de Ginebra -en el artículo 3
común- no otorgan mayores detalles acerca de qué debe entenderse por conflicto
armado no internacional, precisiones sobre este concepto aparecen en el
Protocolo II, aprobado en 1977, esto es, algunos años después de los hechos del
caso del Teniente Coronel Larrabure. En su artículo 1 dispone: "El
presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales
condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no
estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de
los conflictos armados internacionales (Protocolo 1) y que se desarrollen en el
que les permita realizar operaciones militares sostenidas 'concertadas y
aplicar el presente Protocolo". A continuación se
agrega que el Protocolo "[...] no se aplicará a las situaciones de
tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los
motines, los
actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos
armados". Desde las prescripciones de este Protocolo puede
afirmarse que la idea de conflicto armado interno exige que los grupos en pugna tengan cierto grado de organización interna, lo que implica
una estructura jerárquica que asegure un
control operacional por un mando responsable y un control disciplinario que permita aplicar la normativa del Protocolo; a
operaciones militares de manera continuada a raíz del control ejercido sobre
una parte del territorio del Estado afectado. De
la jurisprudencia de los tribunales ad hoc no
surge una postura clara respecto a cómo se interpretó a partir de la década de
1990 el concepto de conflicto armado interno
-y a la idea de control territorial como parte constitutiva de esta noción[ . En
los pronunciamientos del TPIY -específicamente,
desde el fallo Tadic- comenzó a extenderse la
concepción de conflicto armado, permitiéndose
dar por acreditada esta situación sin necesidad
de que los grupos armados implicados en el
conflicto controlen una parte del territorio del
Estado afectado.
Esta tendencia fue
posteriormente confirmada de modo expreso por el mismo Tribunal en el fallo
Milosevic, ocasión en la cual afirmó que el control de territorio no se requería
para la existencia de un conflicto armado. Contrariamente a lo expuesto,
en el fallo Musema del TPIR, se estableció que en caso de conflicto armado
interno las fuerzas armadas disidentes deben ser capaces de dominar una parte
suficiente del territorio como para mantener operaciones militares sostenidas y
concertadas y estar en posición de implementar el Protocolo.” “Debe decirse que en todos los casos,
más allá de la cuestión específica del control territorial, se han requerido
operaciones sostenidas entre las fuerzas beligerantes, esto es, una confrontación
armada de una entidad mucho mayor que la de los eventos ocurridos en
nuestro país. La
cuestión de la gravedad del conflicto fue también tratada recientemente en uno de los primeros pronunciamientos de la Corte Penal
Internacional. En la ocasión, luego de
mencionar los aspectos que exige el Protocolo (II) para que se configure un conflicto armado interno y lo
sostenido por la Sala de Apelaciones del TPIY,
la Corte expresó que la violencia del conflicto debe ser sostenida y haber
alcanzado cierto grado de intensidad.” (Capítulo 644)
El escollo, para nosotros, y las facilidades
axiológicas para otros, trazan caminos inconducentes, que desembocan en un
fangal o en una ideología radicalizada. Para todos los gustos, pero que no
alcanza a convertirse en doctrina judicial, ni por asomo podríamos pensar
siquiera que la jurisprudencia, se alimenta del rencor de los vencidos. La
equidad aleja tal pretensión. ¿Qué abona tales manifestaciones del Procurador
General, en cuanto hace referencia a una violencia de un eventual conflicto,
que puede calificarse como “sostenida”? ¿Alguien es poseedor del “aparato” para
medir la intensidad de una violencia en un CANI, por ejemplo? Huecas y vacías
palabras, no sirven como elementos convictivos. (Capítulo 916)
no es necesario control territorial en un CANI.,
Procuración General de la Nación y los CANI
Capítulo 915 - Para la Argentina. en la década del 70 no existió un conflicto armado no internacional
La sección C versa sobre las violaciones graves del artículo 3 común y en la sección D se enumeran otras violaciones del derecho aplicable a los conflictos armados internos. Numerosos Estados se han declarado partidarios de la inclusión de la primera o de las dos secciones (con matices sobre el contenido de la segunda). Solamente algunos se han mostrado reticentes y unos pocos se han declarado abiertamente contrarios a cualquier inclusión de elementos relacionados con los conflictos armados internos. Por lo demás, la oposición de dichos Estados no necesariamente concierne a la pertinencia de la noción de crimen de guerra en caso de conflicto armado no internacional. En ocasiones, se limita estrictamente a la cuestión de la amplitud del ámbito de competencia específico de la futura corte. En cualquier caso, es indiscutible que, en los últimos cinco años, se ha registrado el desarrollo extremadamente rápido de una opinión favorable a la atribución de responsabilidad penal individual a los autores de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas durante un conflicto armado no internacional.”.
Si nos es permitido por el lector, trasladándonos a la Madre Patria por un instante, recordemos al respecto que la Audiencia Nacional española ha dictado una Sentencia, de 19 de abril de 2005, en la que se aplica el 607 bis del código sustantivo español por primera vez, en el caso Scilingo, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura Argentina, en el lapso comprendido entre 1976 y 1981. Sentencia que presenta algunas cuestiones de dudosa legalidad, al decir de la prestigiosa catedrática española Gil Gil. En efecto: si a la época en que se cometieron los eventos criminosos aludidos, regía la norma internacional humanitaria consuetudinaria que contenía la exigencia de un conflicto armado internacional en conexión con tales hechos aberrantes, como en la actualidad se agravó el tipo y la exigencia de un conflicto armado no existe más, debería aplicarse la ley más benigna, vale decir si Scilingo cometió los eventos aberrantes que se le endilgan, debería aplicársele la norma consuetudinaria que regía al tiempo de comisión de ellos.
Como para muestra basta un botón, la tesitura referida exhibe falencias intencionales o un desvío arbitrario tendiente a concretar el ánimo retaliativo, imperante en algunos magistrados de nuestro país. En la Argentina, como reconoce el propio Estado argentino, para esa época no hubo un conflicto armado no internacional, es imposible aplicarle como se hizo, la calificación de delito de lesa humanidad a la actividad criminal desplegada por el encartado. Volveremos sobre este punto tan trascendental, que es la válvula de escape que permite evitar una eventual sentencia arbitraria e inconstitucional. De la recopilación de fallos que hemos examinado, relacionados con los hechos del 70, no hemos observado que se haya impugnado alguno, por aplicación de una norma penal in malam parte como sería tal caso.
Sobre el estado de la cuestión, al momento de establecerse el TPIY, cabe citar el comentario al Estatuto de ese tribunal efectuado en el año 1993 por el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el marco del cual se expresó que, de acuerdo a como entonces se encontraba el derecho internacional humanitario, la noción de crímenes de guerra estaba limitada a situaciones de conflicto armado internacional. En la misma línea se ubica el informe final del año 1994 de la Comisión de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas (para Yugoslavia), en el cual se expresó que el contenido del derecho consuetudinario aplicable a conflictos armados internos era discutible y no parecía estar allí incluido el concepto de crimen de guerra. Se dijo también en ese documento que las violaciones de leyes o prácticas de guerra a las que se refiere el artículo 3 del Estatuto para el TPIY son crímenes si se cometen en conflictos armados de índole internacional, no así en conflictos armados internos.” “Posteriormente, el TPIY entendió, a partir de una decisión adoptada en el caso Tadic, - una suerte de leading case dictado en 1995-, que "las leyes o prácticas de la guerra" también se referían a conflictos armados internos. Esta decisión, de fecha posterior a la aprobación del Estatuto del TPIR, marcó un hito en la materia y determinó que el TPIY pudiera juzgar conductas cometidas en el marco de conflictos armados internos pese a que ello no surgía explícitamente de la letra del Estatuto, ni parecía posible según las interpretaciones que ya se han citado. Es entonces a partir del Estatuto para el TPIR y de jurisprudencia de los tribunales ad hoc posterior a él que se aceptó que las infracciones del derecho internacional humanitario aplicable en conflictos armados no internacionales pueden ser punibles en virtud del derecho internacional consuetudinario.”
aplicación de la ley mas benigna.,
GIL Gil,
la sentencia contra Scilingo es de dudosa legalidad,
violaciones graves al art.3 común
Capítulo 914 - Lubanga y el crimen de reclutamiento forzoso de niños.
En segundo lugar, con respecto a la -ya mencionada- responsabilidad por JCE III, la cuestión que surge es cómo esta extensión de la responsabilidad, que va más allá de la mera coautoría, puede ser cubierta por el artículo 25(3) del
Estatuto de la CPI y
por lo tanto, cómo su
eventual aplicación ante la CPI puede ser reconciliada con la interpretación
estricta y la prohibición de analogía, íntimamente ligada a la primera, requisitos del principio del nullum crimen (véase art. 22(2) 1 párrafo). Una
interpretación literal del artículo 25(3) parece indicar que la JCE III no puede
ser subsumida bajo el sub-parágrafo (c) ni bajo el sub-parágrafo (d).80 En cuanto al subparágrafo (c), éste difiere en el elemento subjetivo de la JCE II y III: ya que requiere, por un lado, conocimiento
o intención conforme el significado del artículo 30 del Estatuto de la CPI y, por el otro, un acto “con el propósito de facilitar la comisión
de tal crimen”. En cuanto al subparágrafo (d) la situación es más compleja.
Mientras la Sala de Apelaciones en el caso Tadic consideró que el
sub-parágrafo (d) contiene una noción sustancialmente similar y mantiene la
doctrina de la JCE, este
punto de vista adolece de una
entre las categorías del JCE creada por la misma
decisión y un
análisis claro del sub-parágrafo
que la JCE I constituye, como se mencionara anteriormente, una forma de
coautoría y por tanto, queda subsumida en el significado del artículo 25(3a)
alternativa 2, las JCE II y III no están incluidas en el artículo 25(3d), por
lo menos por dos razones. Primero, el sub-parágrafo (ii) del artículo 25(3d)
requiere “conocimiento” respecto a la intención criminal del grupo, es decir, más
que una mera previsibilidad, como requiere la JCE II y III. Segundo, si bien
podría sostenerse que la JCE II y III están contenidas en el artículo 25(3d)(i),
toda vez que el elemento subjetivo
en este sub-parágrafo (“con
el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo…”) no es incompatible con la previsibilidad, la contribución
al crimen colectivo debe ser, en
todo caso, intencional (art.
25(3d) 1ª cláusula), es
decir, que requiere más que una mera previsibilidad. Para la futura jurisprudencia de la CPI esto significa que la aplicación de la
doctrina de la JCE III sobre la base del artículo 25 -y esta es la única base que tiene- supondría una violación de una lex stricta conforme el significado del artículo 22(2)
1ª cláusula. Con respecto a los crímenes, la aplicación del nullum crimen es
bastante clara porque el artículo 22(1) limita la responsabilidad penal a una
conducta que “en
el momento en que tiene lugar” constituye
“un crimen de la competencia
de la Corte”. Esto
excluye los
crímenes que no se encuentran en el Estatuto.
El artículo 22(3),
que conserva “la tipificación de una conducta como crimen de derecho internacional
independientemente del presente Estatuto”, no cambia esta situación ya que el Estatuto
prevalecerá sobre esta disposición (art. 21(1): “En primer lugar…”) y sólo se
aplicará - de acuerdo con el artículo 15(2) del PIDCP y del artículo 7(2) del
CEDH al derecho penal internacional aplicado por otros tribunales (nacionales e
internacionales). Sin embargo, podría haber una excepción en el caso de una
declaración ad hoc retroactiva de un Estado de conformidad con el
artículo 12(3). Con arreglo a esta disposición, un Estado podría aceptar la jurisdicción
de la CPI con respecto a una situación específica, pero ¿podría darle un efecto retroactivo a esta
declaración, por ejemplo, declarando que los
crímenes de lesa humanidad son aplicables aunque
se hubieran cometido con anterioridad a la
entrada en vigor del Estatuto para ese Estado? La disposición sobre la jurisdicción temporal, artículo
11(2), parece confirmar esto en la última parte del parágrafo 2, disponiendo
que “a menos que éste haya hecho una declaración de conformidad con el párrafo
3 del artículo 12”, es decir, haciendo en este caso una excepción a la regla
general relativa a que “la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con
respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente
Estatuto”
respecto de ese
Estado (art. 11(2) primera parte). Por lo tanto, una
lectura conjunta de todas estas disposiciones sugiere que el Estado puede, a
través de una declaración expresa, permitir la aplicación retroactiva del
Estatuto respecto de una situación presentada en los términos del artículo
12(3). Sin
embargo, una interpretación teleológica demanda
que este efecto retroactivo “situacional” no debe ser extendido más allá de la fecha de la entrada en vigencia del Estatuto (1° de julio 2002, art. 126(1)), ya que de otra manera la regla general del nullum crimen, referida al Estatuto como un todo (arts. 11(1), 22 a 24), quedaría menoscabada. Además, toda vez que el Estatuto no existe como un instrumento
legal efectivo antes de su entrada en vigor, no
podría ser aplicable a situaciones ocurridas en ese período de tiempo.
Un ejemplo concreto surge del juicio a Lubanga, y se refiere al crimen de reclutamiento forzoso de niños. La Sala de
Cuestiones Preliminares debió aplicar el artículo 8(2b) (xxvi), toda vez que
consideró el conflicto en la región de Ituri de la República Democrática del
Congo (DRC en sus siglas en inglés) desde julio de 2002 hasta el 2 de junio de
2003, como uno de carácter internacional. Esta disposición criminaliza el reclutamiento
de niños dentro de las “fuerzas armadas nacionales” -en contraste al artículo
8(2e)(vii)-, aplicable a los conflictos armados no internacionales, que se
refieren a “fuerzas armadas o grupos”. Como consecuencia,
la SCP se enfrentó con la difícil cuestión de si el reclutamiento de niños
dentro de un grupo no estatal rebelde o movimientos insurgentes, como las Forces
Patriotiques pour la Libération de Congo (en adelante, FPLC), está
subsumido dentro de este delito. Si bien el FPLC ciertamente califica como una
fuerza armada, el término “nacional” puede restringir el alcance de la
disposición a fuerzas armadas gubernamentales y ser, por lo tanto, inaplicable
al reclutamiento dentro de una fuerza irregular como el FPLC. Guiada por el
artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la SCP
comienza su interpretación analizando el significado ordinario del término
“nacional”.88 Refiriéndose a varias sentencias del TPIY, la Sala sostiene que “nacionales”
no significa necesariamente fuerzas armadas “gubernamentales”. Sin embargo, en esas
decisiones, el TPIY analizó la cuestión de si “nacional” en los términos del
artículo 4(1) del IV Convenio de Ginebra podría ser interpretado como “étnico”
o como “perteneciente al partido de la oposición”, es decir, que estas
sentencias fueron emitidas en un contexto totalmente diferente. Por lo tanto,
es muy cuestionable que estas consideraciones puedan ser aplicadas sin más a la
interpretación de “fuerzas armadas nacionales”.89 Sin ninguna referencia a los travaux,
la Sala sostiene además que los redactores del Estatuto pretendieron incluir en
el artículo 8 del Estatuto una serie más amplia de conductas criminales
cometidas en el contexto de un conflicto armado internacional.90 Sin embargo,
esta afirmación se contradice con la historia de la redacción y no puede ser
conciliada con el principio nullum crimen por las siguientes razones:
Como correctamente
sostiene la Sala, el artículo 8 (2b)(xxvi) está basado en el artículo 77 del Protocolo
Adicional I (en adelante, PA I) del CG IV que obliga a los Estados miembros a
tomar todas las medidas posibles para prevenir que los niños participen directamente
en las hostilidades. La Sala sostiene que el PA I no está
limitado a las fuerzas armadas gubernamentales.91 En el mismo
sentido, la propuesta original del Comité
Preparatorio preveía el reclutamiento de niños dentro de las fuerzas armadas; solo después se agregó el término “nacional”.
Esto se hizo para dar respuesta a las preocupaciones de varios Estados árabes, especialmente
El Líbano, que temía que la primera versión pudiera cubrir las fuerzas de Hezbollah.
Más aún, el mero hecho de su incorporación muestra la intención de los
redactores de limitar la aplicación de esta disposición sólo a las fuerzas armadas
del Estado.92 Precisamente por esta razón esta disposición fue criticada por
varios grupos de derechos humanos que objetaban que los movimientos rebeldes
serían excluidos.93
De acuerdo a estos
antecedentes, no es sorprendente que la Sala no tuviera otra opción que la de sostener
una interpretación extensiva de la disposición en discusión tomando en cuenta “consideraciones
humanitarias y el sentido común.”94 Según la
Sala un resultado diferente sería
contrario al objeto y fin del Estatuto de la Corte, que no es otro que el de asegurar que los crímenes más graves de
trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no queden sin castigo.95 Sin embargo,
estas consideraciones -convincentes como son desde el punto de vista de una
política general- no pueden eximir a la Sala de la interpretación correcta y
exacta de las disposiciones correspondientes. El artículo 21(1a) obliga a la Sala, en forma explícita, a aplicar en
primer lugar el
Estatuto y no la
Convención de Viena que,
de hecho, es un
mero instrumento de interpretación. Si el Estatuto utiliza un término como “nacional” y éste fue incluido expresando la clara intención de los
redactores, la Sala
debe aceptar este término e interpretarlo. No se puede hacer caso omiso de una redacción clara recurriendo al objeto y fin del Estatuto. En caso de ambigüedad, el término debe
ser interpretado a favor del sospechoso o acusado (art. 22(2) cláusula 2). Aún
se podría sostener que la disposición pudiese ser extendida a grupos armados no gubernamentales, sin embargo, ese argumento debería estar
basado en una interpretación
conforme a las reglas generales de interpretación, y no sólo sobre la base de
consideraciones humanitarias y
sentido común. En consecuencia, la
extensión de la disposición realizada por la Sala a todas las fuerzas armadas ignora la decisión legislativa de los
Estados miembros y viola la lex
stricta del artículo 22(2) de la cláusula 1.97.
Este tour d’horizon desde la imposición (vertical) del sistema ad hoc de la justicia penal internacional al
régimen universal (horizontal)
de la CPI, muestra que hay varias cuestiones sin
una necesidad creciente de mayor reflexión e investigación. El artículo no pretende dar ninguna
respuesta definitiva a las acuciantes cuestiones legales discutidas, sino que
la intención fue la de primeramente identificarlas y crear un necesario estado
de alerta. En
cualquier caso parece claro que la
“crisis de identidad del derecho penal internacional” sólo puede ser resuelta si el derecho penal internacional se establece como una disciplina por
propio derecho y sobre
la base de los principios fundamentales del derecho penal, inherentes a cualquier sistema legal
justo y liberal. En este contexto, vale la pena echar una mirada a los fundamentos metodológicos o
puntos de partida del debate de
la doctrina internacional en general y de los sistemas legales penales
subyacentes en particular.”
volver a un punto que, no por discutido en forma casi exhaustiva, es menos
importante en lo relacionado con el delito de lesa humanidad y la exigencia de
la calidad de ser funcionario público el victimario. A
principios de diciembre de 1997, el Comité preparatorio prosiguió el examen de
la cuestión. Un nuevo proyecto de artículo sobre los crímenes de guerra
(artículo 20 C), que contiene numerosas opciones, incluye dos secciones
dedicadas a los conflictos armados no internacionales. Publicado por
Lubanga y el crimen de reclutamiento forzoso de niños.
Capítulo 913 - En algunos casos la responsabilidad por omisión está excluída. (continuación)
La amplitud y flexibilidad del Estatuto de la CPI permite a los jueces tener una amplia discrecionalidad.” No olvidamos puntualizar que en nuestro país, los jueces hacen a
un lado, posiblemente
debido a su ignorancia o falta de experiencia, que tanto el derecho de fondo como el formal no pueden sustraerse a aplicar el derecho internacional
procesal al que
venimos haciendo referencia. Es notoria la falta de
experiencia y práctica que permite que los magistrados, denieguen la
excarcelación de los imputados militares, alegando a favor de su tesitura,
exigencias que en el derecho internacional no existen. Al punto que parecería,
no lo afirmamos, que la justicia, con minúscula, estuviera buscando una excusa
legal a fin de fundamentar su negativa a excarcelar a los imputados, con la
condición de que hayan sido militares.
a nuestra memoria, distintos fallos del Tribunal Europeo de los Derechos
Humanos, relacionados con la prisión preventiva -allí denominada prisión
provisional- y el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo
razonable, los que sostienen lo que afirmamos precedentemente. Refiere este
Tribunal lo siguiente, a través de diversos fallos casi del mismo tenor: “El Tribunal ha confirmado a lo largo de
su jurisprudencia que el
inicio de la prisión provisional se
momento de la detención,
finalizando el día en que se dicte la Sentencia que ponga fin al proceso (asunto Wemhoff c.Alemania, de 27 de junio de 1968). En cuanto a los
motivos que sustentan la orden de prisión provisional, el Tribunal ha insistido en la necesidad de que existan
indicios razonables de la comisión de un delito.
No obstante, el Tribunal ha requerido
igualmente la existencia de motivos adicionales que
justifiquen la decisión del juez. Así, la
jurisprudencia ha estimado adecuado, entre otros motivos, el riesgo de fuga (Letellier c. Francia, de 26 de junio de
1991), el riesgo de alteración o destrucción
de pruebas (Imre c. Hungría, de 2 de diciembre
de 2003), el riesgo de reincidencia en la
comisión del delito (Stögmuller c. Austria, de
10 de noviembre de 1969) o la protección de las víctimas o denunciantes (I.A.
c.Francia, de 23 de septiembre de 1998).” Sigue
refiriendo el autor de esta nota que “En el procedimiento dependerá de su formación jurídica que el juicio sea más adversarial o, por el contrario, más inquisitivo. En el derecho sustantivo, el recurso a los principios generales en
el sentido del artículo 21 será vital para completar las lagunas del Estatuto de la CPI. El significado de los principios
generales y por lo
tanto del derecho penal comparado de conformidad con el régimen de la CPI ha sido demostrado por
Fabián Raimondo. Coincido con la esencia de sus conclusiones, que pueden ser
resumidas de la siguiente manera:
certezas de los principios generales del derecho penal contribuyen al
desarrollo del derecho penal internacional echando luz sobre cuestiones no
reguladas por el derecho convencional y consuetudinario.
principios generales tienen, en la mayoría de los casos, la función de
completar los vacíos legales del derecho penal internacional.
• El método de derecho comparado tal como es
empleado por los tribunales y cortes de derecho penal internacional requiere
mejoras. En especial con respecto a la selección de los sistemas legales nacionales analizados. Para mejorar la legitimidad de un principio general de derecho, la muestra debe incluir, pero no
limitarse, a los
sistemas jurídicos más importantes del mundo, por ejemplo, el anglo-americano “common law” o el sistema romano-germánico “derecho continental”. Además, de
los sistemas más trascendentes del common law y del derecho
continental, otros
sistemas menos importantes o de otras culturas, como
por ejemplo el Islam, deberían incluirse.
diferencias estructurales entre los sistemas jurídicos nacionales y el derecho
(penal) internacional no han sido un serio obstáculo en la transferencia de los
principios legales de los primeros a los últimos. En última instancia, el
contenido de los principios puede ser adaptado, si fuera necesario, a las
especificidades del derecho internacional. Por lo tanto, resulta claro que los principios generales tendrán que brindarnos el material normativo
apropiadas en los casos concretos. Claramente, los principios
en sí mismos son demasiado abstractos para la solución de los casos reales. Su aplicación
concreta y apropiada queda en manos de los jueces, quienes así adquieren mayor discrecionalidad.
Todo esto parece resumirse en el famoso dictum de Oliver Wendell Holmes:
“Los principios generales no deciden casos concretos… la decisión dependerá del juicio o intuición,
que son más sutiles que
cualquiera de las premisas más importantes que hayan sido expresadas”.
Es indiscutible que la discrecionalidad judicial y los principios
generales no
convierten al sistema de Roma en un
sistema de derecho producido por el juez comparable al clásico common law, en el que el juez puede incluso crear
delitos y eliminar defensas. Sin embargo, aún surge la cuestión de si
en este sistema puede existir un principio de legalidad estricto.
Los artículos 22-24 del Estatuto de la CPI establecen el principio nullum crimen en todas sus formas (leges scripta, stricta, certa y praevia). ¿Esto
significa que los jueces de la CPI no deben recurrir al derecho aplicable de
acuerdo al significado del artículo 21 para ampliar su derecho penal aplicable
y/o completar los vacíos legales en el Estatuto? En mi opinión, la
cuestión requiere un enfoque con dos elementos, distinguiendo entre la
parte general y
los delitos. En cuanto al primero, parece sensato realizar una distinción
más entre las reglas de la imputación y las circunstancias eximentes de responsabilidad. En
cuanto al último, está claro que el principio nullum crimen no impide la
posibilidad de recurrir a circunstancias adicionales excluyentes de responsabilidad.
Este recurso y también la interpretación extensiva de las
condiciones reconocidas en el Estatuto favorecerían al acusado y está establecido, en forma explícita, en el artículo 31(3): Este es el momento de decir algo acerca de la terminología. El
difundido uso de los términos common law y derecho continental (civil
law) para referirse al sistema anglo americano y romano germánico
respectivamente resulta problemático al menos por dos razones. Primero, el término “common law” se refiere stricto sensu solamente al derecho inglés consuetudinario e ignora el “derecho escrito” (“statute law”) tal como se da hoy en día en las antiguas colonias inglesas (supra nota
n° 15). En
segundo lugar, el término
“civil law” genera malos entendidos, al menos en idiomas distintos del inglés, ya que “civil law” puede hacer
derecho de los contratos, de daños, etc. Acerca de esta terminología
también puede consultarse “... la Corte podrá tener en cuenta una circunstancia
eximente de responsabilidad penal distinta de las indicadas en el párrafo 1
siempre que dicha circunstancia se desprenda del derecho aplicable de
conformidad con el artículo 21.”
En el mismo sentido, el principio nullum crimen se
aplica a las formas de responsabilidad, en especial al artículo 25, porque esas reglas conectan la conducta individual a los crímenes y como tales
deben ser consideradas como
la base para la
responsabilidad penal. En este sentido, existen por
lo menos dos posibles conflictos con el principio nullum crimen. En primer lugar, con respecto a la responsabilidad general
surge la pregunta acerca de si esa responsabilidad
puede existir a
pesar de la ausencia de una
disposición específica en este sentido en el Estatuto de la CPI. La jurisprudencia de los tribunales ad
hoc generalmente
han aceptado que la responsabilidad de conformidad con el artículo 7(1) del TPIY incluye
además la comisión por omisión. La SCP
en el caso Lubanga, parece sostener el mismo punto de vista,
refiriéndose a “acciones u omisiones” con respecto al concepto de crimen como
está contenido en el artículo 30. La
doctrina también considera que la
conducta abarca acciones positivas u omisiones, y que una responsabilidad general por omisiones pueden derivarse del derecho consuetudinario
y/o de los
principios generales. Más aún, una omisión puede implicar apoyo moral, y por lo tanto
ser calificada como complicidad. En resumen, la responsabilidad por omisión es
claramente parte del derecho penal internacional general y también está contenida
en otras disposiciones del Estatuto (en especial art. 28, pero también en
algunos delitos, como por ejemplo, art. 8(2b) (xxv) (“inanición”) o art.7 (1b)
concomitantemente con el (2b) (“privación”)). Sin embargo, en
el caso de las disposiciones que no se refieren clara y explícitamente a una
omisión como base de la conducta criminal, una estricta comprensión de nullum crimen sugiere que la responsabilidad por una
omisión está
En algunos casos la responsabilidad por omisión está excluída.