Source: http://avancejuridico.com/actualidad/ultimoscomunicados/aj_Comunicado107.html
Timestamp: 2017-07-25 12:50:46
Document Index: 158066107

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 42', 'artículo 25', 'artículo 10', 'artículo 189', 'artículo 122', 'artículo 1', 'artículo 74']

2012 32 Comunicado de Prensa de 15 de agosto de 2012
CC SC 636 de 2012
Inepta demanda en relación con los Arts. 3 y 5 (Mod. los Arts. 42 y 45 del. C.P.T) de la Ley 1149 de 2007, "por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos"
CC SC 635 de 2012
Inepta demanda en relación con la expresión "por evasión" contenida en el inciso 20. del Art. 657 del Estatuto Tributario
CC SC 634 de 2012
¿El que la norma demandada exigiera la presentación personal ante el secretario de la respectiva Cámara de Comercio de las actas de asamblea general de accionistas, junta de socios y demás actos de personas jurídicas que deban registrarse ante las Cámaras de Comercio, excedió las facultades extraordinarias otorgadas al presidente ya que este trámite había sido eliminado por normas anteriores? Para la Corte, es evidente la contradicción entre el artículo 25 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 42 de la Ley 1429 de 2010, pues mientras el segundo señala expresamente que no se requerirá realizar presentación personal ante el secretario de la cámara de comercio de las actas de los órganos sociales y de la administración de las sociedades y entidades sin ánimo de lucro, el artículo 25 del Decreto 019 de 2012 sí exige el trámite de presentación personal. La norma que otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República se denomina como "política antitrámites" y concede atribuciones para suprimir o reformar regulaciones, procedimiento y trámites innecesarios y no para crear nuevos o revivir otros que ya existan. La Corte declaró a su vez la inconstitucionalidad del artículo 10 del Decreto 053 de 2012, por cuanto el mismo no se limitó a corregir yerros tipográficos, sino que, lejos de ello, realizó una modificación que varió sustancialmente el alcance de la norma original, asumiendo facultades que desbordan el marco de las funciones del Presidente de la república señaladas en el artículo 189 de la Constitución Política, pues dentro de las mismas no se confiere la posibilidad de crear, modificar o suprimir las leyes. Decreto 19 de 2012, "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"; Art. 25 (parcial) INEXEQUIBLE.Inepta demanda contra los Arts. 25 (parcial) y 90
CC SC 633 de 2012
¿Disponer que las prescripciones contenidas en la Ley 1476 de 2011 se aplican para investigar y fallar hechos generadores de responsabilidad ocurridos antes de su vigencia, vulnera el debido proceso? La Ley 1476 de 2011 no es el único fundamento de la responsabilidad de los servidores en ella relacionados (art. 13) por los daños ocasionados a los bienes allí definidos (arts. 12 y 34). Si bien las normas sustantivas o procesales con efectos sustantivos de la Ley 1476 de 2011 solo regirían para hechos generadores de responsabilidad administrativa ocurridos con posterioridad a su vigencia, resulta posible aplicar sus disposiciones de mero trámite o procedimiento a "hechos generadores de responsabilidad administrativa ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia" de dicha ley, con base en los principios generales del derecho que hayan preestablecido la responsabilidad de las personas por el daño inferido con la concurrencia de culpa. Ley 1476 de 2011, "por el cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza Pública"; Art. 35 : Exequible
CC SC 632 de 2012
¿Prever una prohibición de admitir la confesión provocada o espontánea de la nación, los departamentos, los municipios, los distritos y los establecimientos públicos, sin extenderla a todas las entidades públicas, configura una omisión legislativa violatoria al derecho a la igualdad? Esta exclusión carecería de justificación si el ordenamiento jurídico no contemplara otras formas de actuar frente a los comportamientos malintencionados o negligentes de los funcionarios públicos. Código de Procedimiento Civil; Art. 199 (parcial) : Exequible
CC SC 631 de 2012
¿Que el juez de paz que conozca de un determinado asunto haga parte del cuerpo colegiado que resolverá el recurso de reconsideración de su decisión, y que pueda señalar a los dos jueces de paz que integrarán el cuerpo colegiado de reconsideración con él, cuando ante la falta temporal o absoluta de estos, las partes no los determinen, de común acuerdo, desconocen los principios de la doble instancia y la autonomía e imparcialidad que deben orientar la administración de justicia, al igual que los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los usuarios de la jurisdicción especial de paz? Lejos de atentar lo que el contenido normativo acusado hace es posibilitar ante cualquier contingencia la materialización de la reconsideración de la decisión. Ley 497 de 1999, "por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento"; Art. 32 (parcial) : Exequible
CC SC 630 de 2012
(1) ¿Limitar la duración de la inhabilidad a veinte años para participar en licitaciones y celebrar contratos con las entidades estatales, de las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública, cuya pena sea privativa de la libertad o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, vulnera el inciso quinto del artículo 122 de la Constitución que no establece como permanentes las inhabilidades por las conductas en el enunciadas? La temporalidad de 20 años solo podrá tener aplicación en los demás supuestos del artículo 1 de la Ley 1476 de 2011, ajenos a las prescripciones del 122 constitucional. (2) ¿Contraviene el artículo 74 de la Carta Política que consagra la inviolabilidad del secreto profesional, prever como causal de cancelación de la inscripción de Contador Público el que actuando en calidad de Revisor Fiscal omita el deber de denuncia de los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo? El secreto profesional establecido en la Carta Política (art. 74), no es un valor absoluto, pues debe analizarse en cada caso concreto, a la luz de la cercanía de la profesión con la intimidad personal y con los fines del ejercicio de la misma. En el caso de los contadores, cuando se desempeñan como revisores fiscales, la jurisprudencia constitucional ha señalado que su función pasa de ser una relación eminentemente privada a trascender el interés público, motivo por el cual sus acciones tienen un impacto no solo en la estabilidad financiera y económica de la Empresa, sino del Estado mismo y de la sociedad. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Art. 1 (Mod. Art. 8 (parcial) de la Ley 80 de 1993) : Aparte tachado INEXEQUIBLE; Art. 7 (Mod. Art. 26 (parcial) de la Ley 43 de 1990) : Exequible