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Timestamp: 2020-01-22 19:52:08
Document Index: 57874525

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 2', 'artículo 131', 'artículo 150', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 299']

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 111, de 04/10/2001
Año 2001 VII Legislatura Núm. 111
Sesión plenaria núm. 106
celebrada el jueves, 4 de octubre de 2001
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de excelentísimos señores Diputados.
(Número de registro 046255.) . . . (Página 5395)
- Enmiendas al protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, aprobadas por la undécima reunión de las partes, en Pekín, el 3 de diciembre de 1999. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 156, de 8 de junio de 2001. (Número de expediente 110/000090.) . . . (Página 5395)
- Acuerdo sobre aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, hecho en Nueva York el 4 de agosto de 1995 y declaraciones interpretativas que España desea Formular. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 159, de 15 de junio de 2001. (Corrección de error en serie A, número 188, de 10 de septiembre de 2001. (Número de expediente 110/000091.) . . . (Página 5395)
Página 5390
- Tratado de asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Perú, hecho en Madrid el 8 de noviembre de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 162, de 29 de junio de 2001. (Número de expediente 110/000092.) . . . (Página 5395)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Eslovenia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Liubliana el 23 de mayo de 2001. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 163, de 29 de junio de 2001. (Número de expediente 110/000093.) . . .
(Página 5396)
- Canje de notas, de fechas 16 de enero y 6 de marzo de 2001, por el que se modifica el artículo 2 del Convenio de cooperación cultural entre el Gobierno del Estado Español y el Gobierno de la República Argentina de 23 de marzo de 1971. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 167, de 13 de julio de 2001. (Número de expediente 110/000094.) . . . (Página 5396)
- Protocolo de finalización del Convenio para la conservación de los recursos vivos del Atlántico Sudoriental, hecho en Madrid el 19 de julio de 1990. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 168, de 13 de julio de 2001. (Número de expediente 110/000095.) . . .
- Canje de notas, de fechas 19 y 22 de enero de 2001, constitutivo de Acuerdo entre España y los Estados Unidos de América, sobre la prórroga del Acuerdo entre ambos países sobre cooperación científica y técnica en apoyo a los programas de exploración lunar y planetaria y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través del establecimiento en España de una estación de seguimiento espacial, firmado en Madrid el 29 de enero de 1964. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 169, de 13 de julio de 2001. (Número de expediente 110/000096.) . . . (Página 5396)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República del Ecuador relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios, hecho en Madrid el 29 de mayo de 2001. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 170, de 13 de julio de 2001. (Número de expediente 110/000097.) . . . (Página 5396)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chile sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Madrid el 9 de mayo de 2001. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 171, de 13 de julio de 2001. (Número de expediente 110/ 000098.) . . . (Página 5396)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Argentina sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Madrid el 9 de mayo de 2001. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 172, de 13 de julio de 2001. (Número de expediente 110/ 000099.) . . . (Página 5397)
- Proyecto de denuncia del Canje de Notas de 26 de mayo de 1961 entre España y Colombia sobre supresión de visados. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 173, de 13 de julio de 2001. (Número de expediente 110/000100.) . . . (Página 5397)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Honduras sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Madrid el 9 de mayo de 2001. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 174, de 13 de julio de 2001. (Número de expediente 110/ 000101.) . . . (Página 5397)
- Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño, sobre la participación de niños en conflictos armados, hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000, y Declaración que España va a formular en el momento de su ratificación. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 177, de 23 de julio de 2001. (Número de expediente 110/000102.) . . . (Página 5397)
- Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 178, de 23 de julio de 2001. (Número de expediente 110/000103.) . . .
(Página 5397)
Página 5391
- Acuerdo sobre protección mutua de la información clasificada entre el Reino de España y Suiza, hecho en Madrid el 22 de mayo de 2001.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 181, de 30 de julio de 2001. (Número de expediente 110/000104.) . . . (Página 5398)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Letonia al Convenio sobre la Ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de mayo de 1971. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 182, de 30 de julio de 2001. (Número de expediente 110/000105.) . . .
(Página 5398)
- Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la diversidad biológica, hecho en Montreal el 29 de enero de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 183, de 30 de julio de 2001. (Número de expediente 110/000106.) . . .
- Enmiendas al Convenio del Consejo General de Pesca del Mediterráneo, adoptadas en Roma el 6 de noviembre de 1997. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 184, de 30 de julio de 2001. (Número de expediente 110/000107.) . . .
- Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 185, de 8 de agosto de 2001. (Número de expediente 110/000108.) . . . (Página 5398)
- Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 186, de 8 de agosto de 2001. (Número de expediente 110/000109.) . . .
- Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 187, de 8 de agosto de 2001. (Número de expediente 110/000110.) . . . (Página 5399)
- Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 29-1, de 9 de febrero de 2001. (Número de expediente 121/000029.) . . . (Página 5399)
- Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 30-1, de 9 de febrero de 2001. (Número de expediente 121/ 000030.) . . . (Página 5399)
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Niza el 26 de febrero de 2001. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 39-1, de 15 de junio de 2001. (Número de expediente 121/000039.) . . .
(Página 5416)
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana con carácter secreto.
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados . . .
(Página 5395)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de excelentísimos señores diputados . .
. (Página 5395)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los diputados, es aprobado.
Página 5392
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales . . . (Página 5395)
Enmiendas al protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, aprobadas por la undécima reunión de las partes, en Pekín el 3 de diciembre de 1999 . . . (Página 5395)
Sometido a votación se aprueba por 222 votos a favor.
Acuerdo sobre aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, hecho en Nueva York el 4 de agosto de 1995 y declaraciones interpretativas que España desea formular . . . (Página 5395)
Sometido a votación, se aprueba por 226 votos a favor.
Tratado de asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Perú, hecho en Madrid el 8 de noviembre de 2000 . . . (Página 5395)
Sometido a votación, se aprueba por 226 votos a favor y dos abstenciones.
Convenio entre el Reino de España y la República de Eslovenia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Liubliana el 23 de mayo de 2001 . . . (Página 5396)
Sometido a votación, se aprueba por 229 votos a favor y una abstención.
Canje de notas de fechas 16 de enero y 6 de marzo de 2001, por el que se modifica el artículo 2 del Convenio de cooperación cultural entre el Gobierno del Estado Español y el Gobierno de la República Argentina de 23 de marzo de 1971 . . . (Página 5396)
Sometido a votación, se aprueba por 232 votos a favor y una abstención.
Protocolo de finalización del Convenio para la conservación de los recursos vivos del Atlántico Sudoriental, hecho en Madrid el 19 de julio de 1990 . . . (Página 5396)
Sometido a votación, se aprueba por 235 votos a favor.
Canje de notas, de fechas 19 y 22 de enero de 2001, constitutivo de Acuerdo entre España y los Estados Unidos de América, sobre la prórroga del Acuerdo entre ambos países sobre cooperación científica y técnica en apoyo a los programas de exploración lunar y planetaria y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través del establecimiento en España de una estación de seguimiento espacial, firmado en Madrid el 29 de enero de 1964 . . . (Página 5396)
Sometido a votación se aprueba por 236 votos a favor y una abstención.
Acuerdo entre el Reino de España y la República del Ecuador relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios, hecho en Madrid el 29 de mayo de 2001 . . . (Página 5396)
Sometido a votación, se aprueba por 237 votos a favor.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chile sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Madrid el 9 de mayo de 2001 . . . (Página 5396)
Sometido a votación, se aprueba por 241 votos a favor y una abstención.
Página 5393
Acuerdo entre el Reino de España y la República Argentina sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Madrid el 9 de mayo de 2001 . . . (Página 5397)
Sometido a votación, se aprueba por 243 votos a favor.
Proyecto de denuncia del Canje de Notas de 26 de mayo de 1961 entre España y Colombia sobre supresión de visados . . . (Página 5397)
Sometido a votación, se aprueba por 242 votos a favor.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Honduras sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Madrid el 9 de mayo de 2001 . . . (Página 5397)
Sometido a votación, se aprueba por 242 votos a favor y dos abstenciones.
Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño, sobre la participación de niños en conflictos armados, hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000, y Declaración que España va a formular en el momento de su ratificación . . . (Página 5397)
Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000 . . . (Página 5397)
Sometido a votación, se aprueba por 244 votos a favor.
Acuerdo sobre protección mutua de la información clasificada entre el Reino de España Y Suiza, hecho en Madrid el 22 de mayo de 2001 . . .
Sometido a votación, se aprueba por 245 votos a favor.
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Letonia al Convenio sobre la Ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de mayo de 1971 . . . (Página 5398)
Sometido a votación, se aprueba por 246 votos a favor.
Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la diversidad biológica, hecho en Montreal el 29 de enero de 2000 . . . (Página 5398)
Enmiendas al Convenio del Consejo General de Pesca del Mediterráneo, adoptadas en Roma el 6 de noviembre de 1997 . . . (Página 5398)
Sometido a votación, se aprueba por 245 votos a favor y una abstención.
Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000 . . .
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000 . . . (Página 5398)
Sometido a votación, se aprueba por 247 votos a favor y uno en contra.
Página 5394
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000 . . . (Página 5399)
Sometido a votación, se aprueba por 247 votos a favor.
(Página 5399)
Proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria . . .
Proyecto de ley orgánica complementaria a la general de estabilidad presupuestaria . . . (Página 5399)
En defensa de las enmiendas mantenidas a los dos proyectos de ley, intervienen los señores Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa y Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y Fernández Marugán y la señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Cámara Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se someten a votación las enmiendas mantenidas por los grupos parlamentarios al proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria, que son rechazadas.
A continuación se somete a votación el texto del dictamen.
Sometidos a votación los artículos 2, 8, 20, 25 y la exposición de motivos, se aprueban por 184 votos a favor, 111 en contra y 14 abstenciones.
Sometido a votación el artículo 3, más la disposición final segunda, se aprueban por 180 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones.
Sometido a votación el resto del dictamen del referido proyecto de ley, se aprueba por 196 votos a favor y 113 en contra.
A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas, del dictamen y a la votación de conjunto.
En primer lugar, son sometidas a votación las enmiendas mantenidas al proyecto de ley orgánica complementaria a la Ley general de estabilidad presupuestaria, que son rechazadas.
A continuación se somete a votación la exposición de motivos del texto del dictamen, que es aprobado por 182 votos a favor, 126 en contra y una abstención.
Sometidos a votación los artículos 6, 8, 9 y 10 y la disposición adicional única, se aprueban por 181 votos a favor, 127 en contra y una abstención.
Sometido a votación el resto del dictamen, se aprueba por 195 votos a favor, 112 en contra y dos abstenciones.
Votación de conjunto . . . (Página 5416)
Sometido a votación de conjunto el proyecto de ley por tener carácter de orgánico, se aprueba por 180 votos a favor y 129 en contra, habiendo superado el número de votos previstos para las leyes orgánicas.
Proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Niza el día 26 de febrero de 2001 . . . (Página 5416)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); García Breva, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez Casañ, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Página 5395
Sometido a votación el texto del dictamen del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Niza el 26 de febrero de 2001, se aprueba por 290 votos a favor y seis abstenciones.
Votación de conjunto . . . (Página 5422)
Sometido a votación de conjunto el proyecto de ley aprobado, por su carácter de orgánico, se aprueba por 290 votos a favor y siete abstenciones.
(Número de registro 046255.)
- ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO, APROBADAS POR LA UNDÉCIMA REUNIÓN DE LAS PARTES EN PEKÍN EL 3 DE DICIEMBRE DE 1999. (Número de expediente 110/ 000090.)
La señora PRESIDENTA: Punto VIII del orden del día: dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. En primer lugar, enmiendas al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, aprobadas por la undécima reunión de las partes en Pekín el 3 de diciembre de 1999. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 222; a favor, 222.
- ACUERDO SOBRE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, DE 10 DE DICIEMBRE DE 1982, RELATIVAS A LA CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS POBLACIONES DE PECES TRANSZONALES Y LAS POBLACIONES DE PECES ALTAMENTE MIGRATORIOS, HECHO EN NUEVA YORK EL 4 DE AGOSTO DE 1995, Y DECLARACIONES INTERPRETATIVAS QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/ 000091.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo sobre aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, hecho en Nueva York el 4 de agosto de 1995, y declaraciones interpretativas que España desea formular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226; a favor, 226.
- TRATADO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PERÚ, HECHO EN MADRID EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000092.)
La señora PRESIDENTA: Tratado de asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Perú, hecho en Madrid el 8 de noviembre de 2000.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 228; a favor, 226; abstenciones, dos.
Página 5396
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIAL DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN LIUBLIANA EL 23 DE MAYO DE 2001. (Número de expediente 110/000093.)
La señora PRESIDENTA: Convenio entre el Reino de España y la República de Eslovenia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Liubliana el 23 de mayo de 2001. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 229; abstenciones, una.
- CANJE DE NOTAS, DE FECHAS 16 DE ENERO Y 6 DE MARZO DE 2001, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO ESPAÑOL Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA DE 23 DE MARZO DE 1971. (Número de expediente 110/000094.)
La señora PRESIDENTA: Canje de Notas de fechas 16 de enero y 16 de marzo de 2001 por el que se modifica el artículo 2 del Convenio de cooperación cultural entre el Gobierno del Estado Español y el Gobierno de la República Argentina, de 23 de marzo de 1971.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 233; a favor, 232; abstenciones, una.
- PROTOCOLO DE FINALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS DEL ATLÁNTICO SUDORIENTAL, HECHO EN MADRID EL 19 DE JULIO DE 1990. (Número de expediente 110/000095.)
La señora PRESIDENTA: Protocolo de finalización del Convenio para la conservación de los recursos vivos del Atlántico Sudoriental, hecho en Madrid el 19 de julio de 1990.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 235; a favor, 235.
- CANJE DE NOTAS, DE FECHAS 19 Y 22 DE ENERO DE 2001, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SOBRE LA PRÓRROGA DEL ACUERDO ENTRE AMBOS PAÍSES SOBRE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN APOYO A LOS PROGRAMAS DE EXPLORACIÓN LUNAR Y PLANETARIA Y DE VUELOS ESPACIALES TRIPULADOS Y NO TRIPULADOS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO EN ESPAÑA DE UNA ESTACIÓN DE SEGUIMIENTO ESPACIAL, FIRMADO EN MADRID EL 29 DE ENERO DE 1964. (Número de expediente 110/ 000096.)
La señora PRESIDENTA: Canje de notas de fechas 19 y 22 de enero de 2001, constitutivo de Acuerdo entre España y los Estados Unidos de América, sobre la prórroga del Acuerdo entre ambos países sobre cooperación científica y técnica en apoyo a los programas de exploración lunar y planetaria y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través del establecimiento en España de una estación de seguimiento espacial.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 236; abstenciones, una.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR RELATIVO A LA REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS, HECHO EN MADRID EL 29 DE MAYO DE 2001. (Número de expediente 110/ 000097.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República del Ecuador relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios, hecho en Madrid el 29 de mayo de 2001.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 237.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHILE SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE
MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 9 DE MAYO DE 2001. (Número de expediente 110/000098.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chile sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Madrid el 9 de mayo de 2001.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 241; abstenciones, una.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ARGENTINA SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 9 DE MAYO DE 2001. (Número de expediente 110/000099.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República Argentina sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Madrid el 9 de mayo de 2001.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 243.
- PROYECTO DE DENUNCIA DEL CANJE DE NOTAS DE 26 DE MAYO DE 1961 ENTRE ESPAÑA Y COLOMBIA SOBRE SUPRESIÓN DE VISADOS. (Número de expediente 110/000100.)
La señora PRESIDENTA: Proyecto de denuncia del canje de notas de 26 de mayo de 1961 entre España y Colombia sobre supresión de visados.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 242.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 9 DE MAYO DE 2001. (Número de expediente 110/000101.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República de Honduras sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Madrid el 9 de mayo de 2001.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 244; a favor, 242; abstenciones, dos.
- PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN CONFLICTOS ARMADOS, HECHO EN NUEVA YORK EL 25 DE MAYO DE 2000 Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE SU RATIFICACIÓN. (Número de expediente 110/000102.)
La señora PRESIDENTA: Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño, sobre la participación de niños en conflictos armados, hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000 y declaración que España va a formular en el momento de su ratificación.
- PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS EN LA PORNOGRAFÍA, HECHO EN NUEVA YORK EL 25 DE MAYO DE 2000. (Número de expediente 110/000103.)
La señora PRESIDENTA: Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización
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de niños en la pornografía, hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 244; a favor, 244.
(Número de expediente 110/000104.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo sobre protección mutua de la información clasificada entre el Reino de España y Suiza, hecho en Madrid el 22 de mayo de 2001.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 245; a favor, 245.
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE LETONIA AL CONVENIO SOBRE LA LEY APLICABLE EN MATERIA DE ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN POR CARRETERA, HECHO EN LA HAYA EL 4 DE MAYO DE 1971. (Número de expediente 110/000105.)
La señora PRESIDENTA: Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Letonia al convenio sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de mayo de 1971.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 246.
- PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, HECHO EN MONTREAL EL 29 DE ENERO DE 2000. (Número de expediente 110/000106.)
La señora PRESIDENTA: Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Montreal el 29 de enero de 2000.
- ENMIENDAS AL CONVENIO DEL CONSEJO GENERAL DE PESCA DEL MEDITERRÁNEO, ADOPTADAS EN ROMA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1997. (Número de expediente 110/000107.)
La señora PRESIDENTA: Enmiendas al Convenio del Consejo General de Pesca del Mediterráneo, adoptadas en Roma el 6 de noviembre de 1997.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 245; abstenciones, una.
- CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, HECHO EN NUEVA YORK EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2000.
(Número de expediente 110/000108.)
La señora PRESIDENTA: Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000.
- PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, HECHO EN NUEVA YORK EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000109.)
La señora PRESIDENTA: Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 247; en contra, uno.
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- PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, HECHO EN NUEVA YORK EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000110.)
La señora PRESIDENTA: Por último, protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 247; abstenciones, una.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA A LA GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (Número de expediente 121/000030.)
La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
Señorías, de acuerdo con la ordenación del debate, se debatirán conjuntamente el proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria y el proyecto de ley orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad presupuestaria. En cumplimiento del Reglamento anuncio a la Cámara que la votación de conjunto de carácter orgánico del proyecto de ley complementaria a La ley General de Estabilidad presupuestaria no se producirá antes de las once de la mañana.
Señorías, vamos a iniciar el debate del dictamen de Comisión de los dos proyectos de ley referidos. (Rumores.) Ruego una vez más a SS.SS. que ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio.
En primer lugar, para la defensa de las enmiendas mantenidas por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura.
Señoras y señores diputados, paso a defender en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds nuestras enmiendas al proyecto de ley de estabilidad presupuestaria en el marco de lo fue la intervención política en el debate de enmienda a totalidad. Desde Iniciativa per Catalunya-Verds rechazamos esta ley tanto desde la perspectiva social como desde la perspectiva autonómica. Dijimos y reiteramos hoy que esta es una ley rechazable socialmente, porque para nosotros el objetivo presupuestario del Estado español no ha de ser, en primer lugar, el déficit cero o el superávit, como plantea esta ley, sino que en el marco del Pacto de Estabilidad de la Unión Europea el objetivo fundamental es la convergencia social del Estado español con los países de la Unión Europea. Quiero recordar que España gasta 7 ú 8 puntos menos del producto nacional bruto que la media de los países de la Unión Europea en gasto social. Por tanto, esta ley va a tener consecuencias negativas sobre la calidad de vida de los ciudadanos.
Estamos de acuerdo y hemos defendido el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, pero no tiene ninguna justificación que el Gobierno español quiera ir más allá de las obligaciones que impone el pacto de estabilidad impidiendo, por tanto, el desarrollo y la construcción de guarderías, de centros para la tercera edad o de mayor gasto social.
Por tanto, el primer motivo de rechazo es desde la perspectiva social y el segundo desde la perspectiva autonómica.
Estamos ante una ley que supone una clara involución y regresión autonómica. Me atrevo a decir, señoras y señores diputados, que esta es la ley de mayor agresión al Estado de las autonomías desde la LOAPA. Después de la LOAPA esta ley es la que agrede de forma más profunda al Estado de las autonomías, es una ley que, en caso de aprobarse, va a determinar que el Gobierno del Estado español pueda adecuar de forma uniforme todos los presupuestos de las comunidades autónomas. Es una ley que incrementa de forma innecesaria las condiciones para acceder al endeudamiento de las comunidades autónomas. Es una ley que intensifica las relaciones directas entre el Estado y los entes locales. En definitiva, estamos ante una iniciativa legislativa que condiciona la autonomía de gasto de las comunidades autónomas, que condiciona la autonomía financiera de las comunidades autónomas y que, por tanto, condiciona la autonomía política. Nos encontramos ante una ley que recorta las competencias de los parlamentos autónomos, que en ningún caso -insisto- se puede justificar por el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea.
Señoras y señores diputados, estoy convencido de que esta ley acabará también en el Tribunal Constitucional. Decía hace pocos días en el debate de la Ley de universidades que una de las líneas de fondo del desarrollo legislativo del Partido Popular es el intento de
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recortar, de limitar, de hacer una regresión al actual Estado autonómico. Pues bien, esta es la ley más importante desde el punto de vista de recortar el Estado de las autonomías. Iniciativa per Catalunya hace un llamamiento al conjunto de grupos políticos que coinciden en que esta ley es una ley de involución autonómica para que 50 diputados y diputadas acudamos al Tribunal Constitucional, en el convencimiento de que esta ley tiene aspectos inconstitucionales y que es necesario que el Tribunal Constitucional así lo declare.
Señoras diputadas, señores diputados, antes de empezar Esquerra Republicana de Catalunya ya manifiesta aquí que hemos hecho los trámites oportunos y, confirmando lo que decía el señor Saura, vamos a llevar esta ley, cuando llegue a su puerto, al Tribunal Constitucional. Esta es la ley que nos prometió el señor Aznar en el debate de investidura. Su argumentación toral sobre esta legislatura se basaba fundamentalmente en dos leyes: la ley de estabilidad presupuestaria -ya decayeron las enmiendas a la totalidad- y la ley de cooperación autonómica -aún por ver y en fase de trámite-. Son dos leyes que no sólo cercenan definitivamente la autonomía, la raquítica autonomía que tenemos ya todas las comunidades autónomas, sino que incluso ahondan aún más la mala situación que tienen hoy los ayuntamientos en cuanto a su financiación. Nuestras enmiendas van en la dirección de que esta ley sólo se aplique a la Administración del Estado, por una razón muy sencilla: Ustedes tienen en el fondo de reserva de la Seguridad Social la solución a cualquier problema de déficit, la solución a cualquier problema -digámoslo en términos domésticos- de caja; no es esta la situación de ayuntamientos y comunidades autónomas.
Es una ley que se basa en cuatro disparates. Primer disparate: Es una ley absurda, que pretende dejar a comunidades autónomas y ayuntamientos en la indefensión, sin poder diseñar su propia política económica ni diseñar su política de inversiones a medio y a largo plazo. Déficit cero, sí, pero de media. Podríamos hablar de déficit cero siempre, pero con un balance de cinco o seis años. Eso sería lo deseable, lo normal. Cualquier economista liberal reconocería que déficit cero, sí, pero de media, nunca en un balance de un año.
Disparate número dos: No entiende de ciclos económicos y se basa en la creencia de que el crecimiento económico será sostenido, y en los presupuestos del año que viene, los del cacareado superávit, bajamos a déficit cero; ya veremos cómo acaba esto.
Disparate número tres: Es muy fácil imponer el déficit cero a comunidades autónomas y ayuntamientos, como decíamos antes, mientras ustedes disponen del fondo de reserva de la Seguridad Social, que les evita recurrir a la deuda si fallan sus previsiones.
Disparate número cuatro: Exigir a los ayuntamientos que los gastos de los capítulos 1 al 7 se financien solamente con los ingresos de los capítulos 1 al 7. O sea, que las inversiones -capítulo 6- y los gastos de capital -capítulo 7- no se pueden financiar con préstamos y, en cambio, sí -solución- las amortizaciones de los préstamos de capital, de los préstamos ahora vigentes. Esto es una locura. Todo esto sin un plan serio y racional de saneamiento económico-financiero de los ayuntamientos, que son los que han llevado a cabo el gasto social más importante en estas últimas décadas en el Estado español.
Cuatro disparates y tres consecuencias. Primera: Comunidades autónomas y entes locales van a perder toda capacidad de inversión y la mínima -raquítica, decíamos antes- autonomía política y financiera de la que disfrutaban. A partir de ahora habrá que jugársela a las generosas subvenciones del Gobierno. Esta va a ser la única solución para muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, cuando habían superado ya con creces esta dependencia política, esta dependencia de clientelismo del Gobierno.
Segunda consecuencia: Los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos tendrán que renunciar a muchas subvenciones europeas, como el FEDER, y de carácter local, como los pagos únicos de obras y servicios entre otros, porque habitualmente la mayoría de estas subvenciones no cubren el cien por cien de las inversiones. Se van a perder recursos de la Unión Europea y muchos ayuntamientos no podrán conseguir estas subvenciones.
Tercera consecuencia: El sector de la construcción, ejecutor de buena parte de las inversiones de los gobiernos locales y de los gobiernos autónomos, así como el sector servicios, sufrirán un impacto negativo brutal, hecho que sólo va a beneficiar a las grandes constructoras, capaces de financiarse, capaces de buscar sistemas especulativos; es decir, a las grandes constructoras, a los grupos económicos amigos del Gobierno.
Voy a hacer una reflexión final, para ir acabando -podríamos hablar aquí del presidente de un gran equipo de fútbol-. Con esta ley y la ley de cooperación autonómica, como decíamos, pueden irse ustedes, señores de la mayoría, de vacaciones. Ayuntamientos y comunidades, Cataluña entre ellas, cautivos y desarmados; misión cumplida para esta legislatura. Lo amenazó aquí el señor Aznar y lo están cumpliendo con creces, pero por medio se van a quedar inversiones, se van a quedar ayuntamientos y se va a quedar la raquítica, pequeña y muchas veces insostenible autonomía política y financiera de los gobiernos de las comunidades autónomas y, evidentemente, también de los ayuntamientos.
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Señor Aymerich.
Señorías, subo a la tribuna para defender las enmiendas que el Bloque Nacionalista presenta, tanto al proyecto de ley de estabilidad presupuestaria como al proyecto de ley orgánica complementaria de la de estabilidad presupuestaria, y para dar por defendidas las enmiendas de Eusko Alkartasuna y del Partido Andalucista.
Dijimos ya en el debate de totalidad, cuando debatimos las enmiendas a la totalidad, la de devolución del Bloque Nacionalista Galego, que estamos ante proyectos de ley que, en primer lugar, no están justificados. Los proyectos de ley no obedecen a un incumplimiento, a un mal funcionamiento de los escenarios de consolidación presupuestaria, que han tenido en las comunidades autónomas un seguimiento casi generalizado, y tampoco obedecen a nuevas exigencias comunitarias. Son proyectos de ley elaborados al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas, que es donde el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, debe elaborar el marco, el escenario presupuestario, y son proyectos de ley que quieren servir a un objetivo, a un principio, el de estabilidad presupuestaria, que no aparece recogido en la Constitución, donde sí, por cierto, aparecen otros principios, como la estabilidad económica -¿se dan ustedes cuenta de que son dos cosas distintas?- o el pleno empleo.
Podríamos establecer unas leyes, podríamos entre todos colaborar en la elaboración de proyectos de ley que estableciesen que las políticas presupuestarias, las políticas económicas de las diferentes administraciones, de los diferentes entes territoriales, tendiesen al pleno empleo, pero desde luego ése no es, a pesar de que lo diga la Constitución, el objetivo de este Gobierno ni el objetivo del Grupo Popular, o a objetivos como promover el progreso social y económico o como superar, en una línea de convergencia real, la brecha que separa actualmente a unos territorios de otros.
Con esta ley lo que se pretende es congelar el actual statu quo, es decir, impedir que comunidades, que países, como Galicia, que tienen un grado de subdesarrollo relativo notable con relación al resto del Estado y aún más con relación a la media de la Unión Europea, puedan, a través de una política económica expansiva, ir superando esta brecha, ir eliminando esta diferencia.
Ya se ha dicho que el Estado -ustedes- no tiene ningún problema. Como se ha hecho este año, no mejoramos prestaciones, seguimos racaneando en los complementos de mínimos, pero si hay que cuadrar las cuentas, aunque sea con unas previsiones de crecimiento del PIB y unas previsiones de inflación irreales, que de nuevo pagarán funcionarios y perceptores del salario mínimo interprofesional, para cuadrarlas sacamos 650.000 millones de la caja de la Seguridad Social. ¿Qué podrían hacer las comunidades autónomas? Efectivamente, crear nuevos impuestos o nuevos recargos, pero ya se encargaron ustedes, en el Congreso y en el Senado, de cercenar gravemente esta potestad tributaria de las comunidades autónomas. Olvidan ustedes que, si hablamos de escenarios y de objetivos plurianuales, las comunidades autónomas deberían participar. De nuevo es la Constitución, a la que ustedes tantas veces aluden y que luego tantas veces incumplen en lo cotidiano, la que, en su artículo 131, dice que las comunidades autónomas deben participar en la planificación económica general. Estamos ante dos leyes de planificación general de la economía, en las que ustedes no han contado con las comunidades autónomas, a las que, por cierto, quieren rebajar o quieren situar en la posición de meras diputaciones provinciales.
Quiero decirles que, por supuesto, mantenemos todas nuestras enmiendas y que desde el Parlamento galego, supongo que ya desde una posición de gobierno distinta en Galicia, instaremos la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley que, como ya se ha dicho, es, desde la LOAPA, el ataque más grave contra la autonomía no sólo presupuestaria y fiscal sino también la autonomía política de las comunidades autónomas Nada más y muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, de poco valen ya las palabras y los argumentos. Desde que celebramos en esta Cámara el debate de totalidad relativo a los proyectos de ley de estabilidad presupuestaria, y yo diría que desde mucho antes, nuestro grupo, el Grupo Vasco, ha venido argumentando el sinsentido económico y la tropelía jurídica y política que se puede llevar a cabo de aprobarse definitivamente estos proyectos, y desgraciadamente este parece el fin de los mismos. Hace dos semanas, cuando discutíamos las enmiendas en la Comisión, señalaba que me resultaba increíble que estos proyectos fueran concebidos por personas con cierta formación económica, dudando incluso que el señor Montoro fuera el padre de las criaturas; por el contrario, me inclinaba a pensar que la autoría procedía de una mente jurídica y política un tanto retorcida, tendente a creer que se puede legislar en contra de la naturaleza y de la esencia de las cosas.
Sin ir más lejos, el señor Aznar López declaró ayer que con estas leyes se está haciendo historia económica. Yo quisiera humildemente puntualizar. En mi opinión,
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lo que se está haciendo es el mayor ridículo de la reciente historia económica. En el texto justificativo de nuestra enmienda a la totalidad y, posteriormente, en el debate señalábamos -y hoy conviene recordarlo- que los proyectos de ley de estabilidad presupuestaria encadenan un cúmulo de despropósitos, que van desde el ámbito económico o macroeconómico hasta el jurídico y el político.
Decíamos entonces, y lo mantenemos ahora con mayor firmeza, que el fin último de los proyectos no era, tal y como aparece en el preámbulo, el contribuir, a través del déficit cero y superávit del conjunto de las administraciones públicas que conforman el sector público estatal, a una estabilidad presupuestaria que favorezca el crecimiento económico y el empleo en el marco de la Unión Europea y conforme a los compromisos adoptados en el seno de la misma.
Sabemos que el déficit público hoy es prácticamente inexistente, aunque también deberíamos tener en cuenta que en la actual coyuntura económica y política internacional es posible que aumente paulatinamente. El acuerdo entre las partes fue una guía entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para reducir el déficit y endeudamientos públicos cuando los problemas financieros de las administraciones locales eran acuciantes e importantes, y el déficit fue contenido con éxito. Hoy, sin apenas déficit, en el conjunto de las administraciones se quiere imponer la ley del déficit cero. Es cuestión, sin duda, de talantes políticos y de mayorías absolutas y relativas. En este caso, la mayoría absoluta nos conduce al despropósito absoluto.
Decíamos también que la irrelevancia del objetivo y la innecesariedad de hacerlo por ley ponen en evidencia la intención oculta del Gobierno del Estado, que no es sino la de entrometerse en el ámbito económicofinanciero de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, con el fin de usurparles competencias que les corresponden en exclusiva. También el señor Aznar López señaló ayer que estas leyes no suponen un ataque a la autonomía financiera de las comunidades autónomas, recordando igualmente que las autonomías nunca habían tenido tantos recursos económicos como ahora ni tantas competencias. Quisiera decirle al señor Aznar López y a su Gobierno que respecto a lo primero, los tribunales tendrán que pronunciarse, en tanto que en relación con los recursos y competencias, me gustaría preguntarle si se arrepiente de ello.
Este es nuestro diagnóstico. Sin embargo, dado el espíritu constructivo de nuestro grupo parlamentario, hemos presentado enmiendas a ambos proyectos, que lógicamente han sido rechazadas de pleno por el Grupo Popular. Con ellas se pretendía solventar algunas cuestiones que consideramos clave, y nos tendrá que explicar con mayor detalle y con argumentos sólidos por qué no han sido aceptadas.
Entendemos, por contundente, el argumento de que al Partido Nacionalista Vasco, ni agua, y si el Grupo Vasco dice A, el Grupo Popular dice B. Pero ello nos parece dialécticamente pobre, esperamos algo más.
Nuestras enmiendas, y sin ánimo de reproducirlas literalmente, iban orientadas fundamentalmente a: en primer lugar, a delimitar el objetivo y alcance de los proyectos a los requerimientos europeos reflejados en el Pacto de Estabilidad y crecimiento. Las definiciones de lo que es estabilidad en los proyectos no responde en absoluto a lo que por tal se entiende en el mencionado Pacto europeo. Tanto en el Consejo Europeo de Florencia como en el de Amsterdam se trata, como no puede ser de otra forma, de la plasmación de la idea de la adecuación del presupuesto al ciclo en una perspectiva a medio plazo, que es la que se ha llamado también la hacienda funcional. Su objetivo es evitar el déficit excesivo promoviendo la consolidación fiscal en momentos de bonanza para afrontar las situaciones de crisis, hasta el punto de que admite incluso la superación del margen del 3 por ciento. ¿Se han planteado los señores del Gobierno qué medidas van a adoptar ante la recesión o fuerte ralentización, como prefieran, que estamos viviendo a nivel internacional? ¿Va a ser el Gobierno capaz de cumplir sus propias leyes en el futuro inmediato? Nosotros tenemos dudas razonables. Si no lo ven claro, esperen y metan los proyectos en el congelador si no los quieren tirar a la basura. Desde luego, va a ser curioso ver cómo el Gobierno es incapaz de cumplir ya el primer año con el objetivo de déficit cero. Curioso ridículo el que se puede producir. El grupo vasco quiere evitarles ese sonrojo.
En segundo lugar, entendemos que la relación entre instituciones públicas han de ser de cooperación y colaboración y no de imposición.
En estos proyectos no se respetan los ámbitos competenciales de las diferentes instituciones, no se respetan los objetivos y los procedimientos, sólo se imponen los criterios del Gobierno central.
Creemos desde el grupo vasco que el acuerdo y el consenso son más eficaces que el ordeno y mando, al menos a medio y largo plazo. Las enmiendas planteadas por nuestro grupo en este sentido tampoco han sido consideradas por el Grupo Popular. También nos gustaría oír razones de peso al respecto.
En tercer lugar, y esto es realmente serio, desde el punto de vista político, quiero que los tengan en cuenta el señor Montoro y el Gobierno, al igual que estos proyectos constituyen una afrenta al concierto económico y en consecuencia al País Vasco. Esperamos desde el grupo vasco que se corrija este tema antes de su aprobación definitiva. Aprovechen el paso de los proyectos por el Senado si no lo quieren arreglar hoy. Lo hemos intentado en la Comisión, hemos ofrecido textos alternativos a nuestra enmienda inicial y ustedes los han rechazo frívolamente. No sé cómo va a explicar esto el Partido Popular en el País Vasco, desde luego lo tendrá que hacer con muchísimo cuidado.
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Me voy a referir con ciertos detalles a dos de las enmiendas planteadas por nuestro grupo a cada uno de los proyectos y que entendemos que son fundamentales. En relación al proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria, proponemos añadir una disposición adicional segunda con la siguiente redacción: Territorios forales. Las disposiciones de la presente ley se aplicarán sin prejuicio de los regímenes financieros forales de los territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra. Tenemos que tener en cuenta que los territorios históricos forales conservan un régimen especial en materia económico-financiera en lo que se refiere a su propia naturaleza de órganos forales, incluyendo su tradicional tutela sobre las entidades locales. En relación a la Comunidad Autónoma de Euskadi, es tradicional el reconocimiento que las distintas leyes de nuestro ordenamiento jurídico han venido prestando a estas especialidades, como ocurre, por ejemplo, en la disposición adicional segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la disposición adicional decimoctava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, así como en el propio concierto económico. Con el ánimo de continuar por el mismo camino exigido por la especialidad foral, habría que incurrir en esta ley una disposición como la indicada por nuestro grupo, la necesidad de adaptar la ley a las especialidades forales han sido reconocidas por el propio Consejo de Estado.
La segunda enmienda a la que me referiré es una enmienda de modificación de la disposición final del proyecto de ley orgánica complementaria a la ley general de estabilidad presupuestaria.
Creemos desde el grupo vasco que ésta debería merecer toda la atención del Partido Popular. En caso de no ser considerada en su redacción actual o en cualquiera de las dos alternativas ofrecidas por nuestro grupo al Partido Popular, entendemos que ustedes cometerán una gran agresión al concierto económico. El texto de la misma es el siguiente: Territorios forales. En virtud de su régimen foral propio, la actividad financiera de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra se ajustará a los sistemas de concierto económico y del convenio económico, respectivamente. Creemos que el proyecto de ley no contempla la especialidad de las relaciones económico-financieras entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Euskadi. Quiero insistir en que, a nuestro juicio, los compromisos y obligaciones a asumir por la comunidad autónoma del País Vasco en su relación con estos proyectos de ley, deberían ser acordados en el marco de las relaciones bilaterales, en el seno de la Comisión mixta de cupo u órganos similares, evitando así imposiciones legales que no tienen encaje en el adecuado sistema de relaciones económico-financieras entre el Estado y el País Vasco, consagrado en el Estatuto de Autonomía del País Vasco y en su concierto económico. Como pueden observar, no me he referido a la Comunidad Foral de Navarra, puesto que, a propuesta de UPN, partido integrado en el Partido Popular, el tema de Navarra ha quedado relativamente solucionado, pero no es así en el caso del País Vasco, que es donde se crea, además, un importante agravio a todas luces incomprensible. Tengo que señalar en este sentido que los responsables del Partido Popular en Euskadi han puesto menos empeño o han tenido menos éxito que los diputados de UPN. La garantía política de la bilateralidad previa y eficaz entre el Estado y la comunidad autónoma ha quedado en entredicho. El Partido Popular tendrá que dar explicaciones en Euskadi al respecto.
Por ello sean consecuentes con lo que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) está planteando hoy, corrijan al menos estas graves deficiencias en su paso por el Senado y quedará en nuestro recuerdo tan sólo como una anécdota parlamentaria.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, después del largo periplo de esta ley denominada de estabilidad presupuestaria, largo periplo que no ha sido en nuestra opinión negativo, el Gobierno y el señor Montoro deberían hacer algo racional y lógico en condiciones de hoy, que es retirar esta ley denominada de estabilidad presupuestaria, porque esta ley, que era anacrónica en el momento de su presentación, en estos momentos es una ley totalmente anacrónica.
Imagínense, señores diputados del Grupo Popular, que nos estuvieran viendo los diputados, no les digo de ningún parlamento con mayoría progresista o de izquierdas, con mayoría republicana del Congreso norteamericano o que nos estuvieran viendo los diputados de mayoría conservadora de cualquiera de los países europeos. Seguramente pensarían que estábamos fuera del tiempo o algunos llegarían incluso a pensar que estamos haciendo el ridículo. Precisamente en el momento en que hay un cambio en el ciclo económico y todos los países se aprestan a políticas económicas expansivas, a políticas de reactivación de sus economías, nosotros, en España, al margen del resto, proponemos una política de congelación, una política de estabilidad presupuestaria. Desde luego, no hay mayor anacronismo. Lo que era anacrónico en un principio, es en estos momentos aún más anacrónico. Lo que era para muchos de nosotros una obra de teatro en clave de tragedia al comienzo de la iniciativa legislativa, del proyecto de ley, hoy ha pasado por tragicómico a una verdadera comedia. En estos momentos estamos ante una comedia, porque ustedes interpretaron la
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constitucionalización del déficit de Reagan y de Margaret Thatcher, que, a propósito, no llegaron nunca a plasmar en sus constituciones, al estilo de la España cañí, que era convertir la constitucionalización del déficit en la legalización del déficit.
En aquellos tiempos, en el inicio de la tramitación parlamentaria, esta iniciativa de estabilidad presupuestaria no solamente era para nosotros una iniciativa que provenía del delirio conservador, sino que además significaba una afrenta a la autonomía parlamentaria, a la autonomía de este Parlamento, y también a la autonomía de comunidades autónomas y municipios. Era un delirio conservador, solamente comprensible a partir de la euforia de la mayoría absoluta, solamente a partir de esa euforia se puede entender que alguien pretenda constitucionalizar o legalizar el déficit, como si los ciclos económicos no existieran. Lo que más nos preocupaba a nosotros, o lo que también nos preocupaba, era el ataque a este Parlamento. No tiene precedente que un grupo parlamentario intente limitar la autonomía de este Parlamento a través de una ley que puede ser modificada por ley en cada una de las leyes presupuestarias; es un absurdo político, pero como se trata fundamentalmente de mostrar al mundo y a la Unión Europea que el señor Aznar sigue liderando las políticas de contención del déficit, vayamos adelante con ello, aunque esto signifique atentar contra el funcionamiento de este Parlamento.
Además ustedes han tenido que elaborar dos leyes para camuflar una ley de armonización de las comunidades autónomas. El Consejo de Estado les dijo que estaban peligrosamente en el borde de una ley de armonización y, como ustedes no quieren someterse en el Congreso y en el Senado a las prescripciones del artículo 150 sobre la armonización de las comunidades autónomas, lo que han hecho ha sido camuflarlas a través de dos leyes que en todo caso no eluden, en nuestra opinión, la grave afrenta a la Constitución española que significan estas iniciativas legislativas del Partido Popular. Desde el punto de vista del procedimiento seguido mediante unas leyes que intentan camuflar una ley de armonización, esta iniciativa legislativa es totalmente anticonstitucional, y por tanto nosotros intentaremos, con otros grupos y desde los gobiernos y los parlamentos de las comunidades autónomas donde tenemos influencia, presentar recursos de inconstitucionalidad.
Además, en cuanto a sus propios contenidos, esta ley también es inconstitucional, esta ley significa el intento de utilizar el precepto de planificación y coordinación económica, de intervencionismo -entre comillas- económico en el sentido más conservador, en el sentido de limitar la autonomía de gestión a las comunidades autónomas y a los municipios, y por lo mismo se podría decir que por qué ustedes no limitan el endeudamiento o el recurso al déficit por parte de las entidades privadas. En todo caso, podrían hacerlo si en este delirio conservador pueden ustedes seguir adelante no solamente con lo público, sino también con lo privado.
Decía que, a pesar de esta iniciativa en términos dramáticos al principio de esta legislatura, en nuestra opinión una iniciativa conservadora, que vulnera nuestra Constitución, que ataca la autonomía de las comunidades autónomas y de este propio Parlamento, en estos momentos la iniciativa es prácticamente un esperpento; y lo es, señorías, como decía antes, porque en un momento de bajada del ciclo económico, de retroceso en el crecimiento de la economía, ustedes proponen lo contrario de las políticas económicas que se están realizando no solamente en los países donde hay mayorías progresistas, sino, en general, en todos los países occidentales y ayer mismo en los Estados Unidos. Ustedes verán cómo casan estas propuestas de contención del déficit con el incremento que en los Estados Unidos se ha planteado a los presupuestos de defensa, con el incremento de los presupuestos en los salarios o con el incremento de los presupuestos en materia de desempleo. El Grupo Parlamentario Popular no tiene posibilidad de hacer congruente su política con el conjunto de las políticas económicas hoy en marcha frente a la amenaza de la recesión económica.
Además esta iniciativa es conflictiva, señorías, ya les he dicho que va a ser conflictiva con las comunidades autónomas, van a encontrarse ustedes con recursos de las comunidades autónomas, comunidades autónomas representativas de la mayoría de los españoles.
Contradictoriamente, aprobarán en esta Cámara, con su mayoría, esta iniciativa, pero recibirán recursos de la mayor parte de los ciudadanos gobernados por comunidades autónomas a nivel del Estado, y eso es una materia de conflicto. Esta iniciativa va a ser también materia de conflicto, se lo aviso, en la presidencia española del señor Aznar, en la presidencia española de la Unión Europea, señorías, porque su propuesta de liderar la contención del déficit público a trancas y barrancas va a provocar, como decía en el día de ayer en la Comisión de Asuntos Europeos, la polarización en la Unión Europea entre países que, en su gran mayoría, van a proponer cuentas expansivas con un recurso al déficit, racional pero con un recurso al déficit, y países como el que ustedes gobiernan en este momento, que van a hacer del dogma conservador un elemento de polarización de la actividad política y de enfrentamiento en el marco de la Unión Europea.
Lo peor de esto, señorías, no es que esta iniciativa sea anacrónica, es que es una iniciativa hipócrita, porque en los Presupuestos Generales del Estado presentados por su Gobierno para el próximo año, ustedes camuflan el déficit público, es decir, no solamente ocurre lo que se ha denunciado por otros grupos parlamentarios, que ustedes utilizan el fondo de reserva de la Seguridad Social para equilibrar una parte del déficit que se va a producir en este próximo año, sino que además, a través de empresas, entes públicos y emisión de
todo tipo de ingeniería financiera, ustedes están ocultando en esos presupuestos no 600.000 millones de pesetas que financian a través de los fondos de reserva, están ocultando más de billón y medio de pesetas en esos Presupuestos Generales del Estado, es decir, no cumplen ni sus propios criterios de déficit, que el próximo año no va a ser el año del 0,5 del déficit público, va a ser el año en que ustedes, de nuevo, estén por encima del 1 por ciento del déficit público, y con ello demostrarán que esta ley no es solamente una ley anacrónica, no es solamente una ley también, ridícula en nuestra opinión, sino que es una ley hipócrita que ustedes piensan mantener únicamente en los papeles, piensan vulnerar en la realidad y únicamente quieren que sirva de enseña del Partido Popular en la Unión Europea y también, si acaso, de cachete del Partido Popular a las comunidades autónomas y a los municipios dentro de su concepción centralista.
Mal camino lleva, señorías, esta ley, y yo les invito a que la retiren, porque esta ley puede tener sentido en un momento de euforia de la mayoría absoluta, pero no tiene ningún sentido en un momento de depresión como es la que viven ustedes en este momento.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, estamos debatiendo acerca dos proyectos de ley sobre los cuales ya ha habido pronunciamientos, debates en esta Cámara, en la Comisión de Economía, desde el momento en que debatimos en este Pleno las enmiendas de devolución presentadas por diversos grupos parlamentarios.
El Grupo Catalán de Convergència i Unió, se aproxima a estos dos proyectos de ley con una sensación ciertamente ambivalente, pero inequívoca, por tanto, dos son los análisis que efectuamos de estos dos proyectos de ley. Así, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de lo que es política económica, el Grupo Parlamentario Catalán está a favor del principio de que las administraciones públicas no gasten más de lo que ingresan. En eso nos separamos de buena parte del resto de grupos parlamentarios que han intervenido anteriormente y supongo, al hilo de lo que hemos podido conocer en debates anteriores, bien sea en Pleno, bien sea en Comisión, también del Grupo Parlamentario Socialista, que posteriormente intervendrá, aunque no quiero hacer predicciones sobre lo que dirá otro grupo parlamentario porque al tema de las predicciones y la futurología me referiré con posterioridad. Por tanto, desde el punto de vista de la política presupuestaria, estamos a favor de un esfuerzo adicional en pro del rigor, de la disciplina presupuestaria.
Aunque también hemos dicho reiteradamente en anteriores debates sobre estos proyectos de ley, que esta ley -la propia fuerza de los hechos, la evolución de los últimos años lo han demostrado- no es necesaria para cerrar los presupuestos en equilibrio presupuestario. El rigor presupuestario que se ha seguido en los últimos años ha permitido mejorar ciertamente la situación de las cuentas, las finanzas públicas y el endeudamiento público y se ha hecho sin dos leyes que sirvan de marco para esta gestión, para esta labor propia de la política presupuestaria, pero qué duda cabe que incidir en este rigor presupuestario lo valoramos positivamente. Por tanto, estamos a favor del principio de que las administraciones publicas no gasten más de lo que ingresen.
Me refería al inicio de mi intervención a que la aproximación del Grupo Parlamentario Catalán a estas leyes se hace desde una sensación de ambivalencia. Desde el punto de vista de la política presupuestaria, valoración favorable; pero desde el punto de vista político, y sobre todo de incidencia en competencias autonómicas, nuestra posición política es negativa y rotundamente crítica respecto de la incidencia de estas dos leyes, fundamentalmente el proyecto de ley con carácter orgánico complementaria a la general de estabilidad presupuestaria, en virtud de su incidencia en el ámbito competencial de las comunidades autónomas. Esta posición política, -política de carácter general- ya fue advertida por el Grupo Parlamentario Catalán en el primero de los debates que se celebró en este hemiciclo al conocer y votar las enmiendas de devolución presentadas. Ya anunciamos en aquel momento la presentación de una serie de enmiendas al articulado cuyo buen fin era importante para poder considerar nuestra posición política final en la votación sobre estos dos proyectos de ley. Cierto es que alguna de estas enmiendas fueron aprobadas en la Comisión de Economía que se celebró hace poco más de quince días; enmiendas que, en si mismas consideradas, fueron y son valoradas positivamente por este grupo parlamentario: mayor presencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la fijación del objetivo de estabilidad con carácter general en el ámbito de la ley ordinaria, que el informe de la Intervención General de la Administración del Estado sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria sea remitido al Consejo de Política Fiscal y Financiera, incorporar el principio de audiencia de las administraciones que hubieran podido contribuir al incumplimiento de los objetivos establecidos para el Estado español en el marco del pacto de estabilidad y crecimiento de la Unión Europea, una presencia reiterada de que el trazado de tutela financiera que atribuye a la Administración del Estado el proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria, no afecte a las competencias de tutela financiera de las comunidades autónomas que las hayan asumido en virtud de
sus estatutos de autonomía y también el hecho de que los planes de reequilibrio aprobados por las comunidades autónomas sean aprobados por las comunidades autónomas en sus parlamentos y no, como en el proyecto de ley en una ciertamente desafortunadísima redacción, fueran aprobadas directamente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Son enmiendas que en sí mismas valoramos positivamente, pero no son suficientes para que el Grupo Parlamentario Catalán deje de considerar que estos dos proyectos de ley afectan, vulneran, competencias de las comunidades autónomas, y el respeto competencial de las comunidades autónomas, como todos sabemos, es uno de los ejes fundamentales de nuestra identidad política. Insisto, este planteamiento político respecto del ámbito competencial afectado no quiere decir en absoluto que Convergència i Unió no esté a favor de que las ndministraciones públicas no gasten más de lo que ingresen.
Por tanto, insisto, una cosa no tiene que ver con la otra. Hay algunos puntos que son importantes para el Grupo Parlamentario Catalán que siguen presentes en la ley y condicionan el sentido negativo de nuestro voto.
Sin ánimo de exhaustividad y dando por defendidas las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario, tengo que indicar algunos de estos puntos. Por ejemplo, si estos dos proyectos de ley son un traslado, tal como reza el contenido del artículo 1 del proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria, de los objetivos, de los principios y de los contenidos del pacto de estabilidad y crecimiento, no entendemos que en el artículo 3 del proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria no se admita, siquiera con carácter meramente coyuntural, un déficit presupuestario. Estamos a favor de la corrección del rigor presupuestario pero, si tenemos que trasladar lo que prevé el pacto de estabilidad y crecimiento deberíamos haberlo hecho en todos sus extremos.
También consideramos que el artículo 8 del proyecto de ley orgánica, respecto de los planes de reequilibrio de las comunidades autónomas, se ha visto mejorado con el trámite de la Comisión, pero también creemos que el papel, los quórum y, fundamentalmente, esa presencia ulterior del Consejo de Política Fiscal y Financiera no son satisfactorios tal como aparecen formulados en estos momentos en el proyecto de ley orgánica.
Quisiera detenerme en el contenido de la disposición adicional única del proyecto de ley orgánica complementaria a la general de estabilidad presupuestaria, fundamentalmente en la redacción que se da al artículo 14.3 de la Ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas al establecer este precepto que, en todo caso, las operaciones de crédito a que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores precisarán autorización del Estado cuando, de la información suministrada por las comunidades autónomas, se constate el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
¿Qué quiere decir esto? Si tenemos en cuenta que el apartado 1 del artículo 14 hace referencia a las operaciones de crédito con un plazo máximo de un año para cubrir necesidades transitorias de tesorería, ¿quiere esto decir que, si una comunidad autónoma incurre en un déficit coyuntural del 0,1 por ciento para cubrir una necesidad transitoria de tesorería, requerirá autorización del Estado? Esta es la dicción que se desprende de la disposición adicional única del proyecto de ley orgánica. Los dos puntos anteriores -el objetivo de reequilibrio presupuestario, los planes de reequilibrio de las comunidades autónomas- y este último respecto al endeudamiento, sin perjuicio de otros temas contenidos en enmiendas también presentadas por mi grupo parlamentario, afectan, entendemos -y sin ánimo de exhaustividad en lo jurídico-, al principio de autonomía financiera contenido en los artículos 156 y 157 de la Constitución Española.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar hoy aquí que no a estas leyes, sin perjuicio de recordar -y creo que es tradición parlamentaria de mi grupo en esta Cámara- el espíritu constructivo con el que ha participado en los debates parlamentarios celebrados respecto de esta ley. Es norma de nuestra casa tratar de mejorar las leyes, de lo que es para nosotros mejorar las leyes, aportando diálogo, aportando búsquedas de consenso. Quiero dejar aquí patente también el carácter constructivo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto de este tema.
Ya que estamos en un contexto de reflexión sobre lo que ha sido el íter parlamentario en la tramitación de estas dos leyes, no puedo sino dejar de lamentar determinadas predicciones hechas sobre la posición política que mi grupo parlamentario iba a adoptar respecto de estas dos leyes, predicciones hechas por parlamentarios del Grupo Socialista. En futurología es fácil errar porque se hacen predicciones del futuro. Errar es humano y lo comprendemos pero, cuando más que un error es una cantinela política estratégica hecha más en clave de política catalana que en clave del debate que estamos haciendo de política general en este ámbito, es lícito, es respetable, pero permite formar opinión política a otros grupos parlamentarios, y a este grupo parlamentario le parece que estas predicciones que algún portavoz socialista hizo hace unos 15 días de que Grupo Catalán (Covergència i Unió) iba a votar que sí, porque no tiene identidad política y estas zarandajas, generan que haya falta de rigor político.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) está a favor del rigor presupuestario, del rigor político y en contra, hoy y siempre, de leyes que vulneren o puedan vulnerar competencias de las comunidades autónomas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, ¿cómo es posible que estemos discutiendo en un momento como éste un tipo de ley como la que hoy nos presenta el Grupo Popular? De un tiempo a esta parte, la economía mundial viene funcionando con creciente ralentización, ralentización que ha ido generalizándose y sincronizándose. Esas tendencias, lamentablemente, se han visto acentuadas después del shock del 11 de septiembre de este ejercicio. Por eso, en el mundo se alzan voces que tratan de contrarrestar el curso de los acontecimientos, que quieren una respuesta sensata destinada a paliar las dificultades que hoy padecen múltiples personas.
Un economista de prestigio como el señor Samuelson decía recientemente que era preciso actuar para producir un giro en los acontecimientos, que era necesario fustigar a quienes se prestan a hacer predicciones acomodaticias y, sobre todo, que es preciso fustigar a quienes no tienen conciencia de lo limitado de su conocimiento y no ponen por lo tanto límite a su ignorancia. Aunque él no lo supiera, yo creo que estaba haciendo una radiografía cierta de algunos miembros del Gobierno de España. En este momento, son muchas las voces que dicen que es necesario que el mundo democrático tome una iniciativa que evite el declive de la actuación económica y, como consecuencia de esa iniciativa, más vale pecar por hacer que por dejar de hacer, que los poderes públicos no deben dejar de preocuparse y que no existe ningún tipo de censura cuando se dedican a hacer más cómoda y más soportable la vida a los ciudadanos.
Frente a esta visión, existe otra que es la que ha dado origen a este proyecto de ley que hoy discutimos y del que en este momento podemos decir claramente que está totalmente desfasado. Lo es por cuatro razones; yo también voy a utilizar cuatro razones, como hacía el representante de Esquerra Republicana de Cataluña. Primero, porque carece de un sistema de resolución de conflictos. Es cierto que el ámbito de este proyecto de ley es un ámbito hipócrita, el sector público español está preñado de entes, de agentes, de gerencias que hacen que la universalidad presupuestaria haya desaparecido y que nosotros establezcamos enfáticamente un principio de control sobre un ámbito cada vez más reducido. En segundo lugar, estamos asistiendo a la discusión de un proyecto de ley que es un mal reglamento; esta ley la va a incumplir el Gobierno del Partido Popular desde el momento en que aparezca en el Boletín Oficial del Estado, es una ley rígida, reglamentista, distorsionadora, burocrática, es un tipo de ley profundamente desacreditada; lo es desde el punto de vista de la arquitectura jurídico administrativa y también desde el punto de vista político. Deberíamos buscar la estabilidad de la economía, pero deberíamos buscarla a lo largo del ciclo, no ejercicio por ejercicio, y no solamente en aquello que se refiere al área pública, habría que hacer un esfuerzo desde los poderes públicos por conseguir que el PIB real se aproxime lo más posible al PIB potencial sin crear graves desajustes. Eso es lo que dice la literatura especializada y lo que han dicho órganos como el Banco Central Europeo y la propia Unión Europea, que han señalado que, en unos momentos como los que estamos viviendo, no es bueno ni conveniente hipotecar el futuro fiscal, hipotecar la posibilidad de recurrir a este tipo de política. Gastar más cuando la economía es débil y gastar menos cuando hay superávit es una norma que ha venido funcionando con eficacia, que forma parte del sentido común y que se aleja de un planteamiento que, de manera automática, ha ido más allá del objetivo del 3 por ciento que establece el Tratado de Maastricht para situarse en el cero por ciento. En este sentido se cumple o se trata de cumplir una máxima tradicional: el señor Aznar se ha vuelto más papista que el Papa.
No son sólo estas dos consideraciones las que llevan a mi grupo a oponerse a este tipo de ley, sino que también lo hacemos porque creemos que los mecanismos que establece para la elaboración, para la ejecución y para el control del presupuesto ni son solventes ni son rigurosos. Es un hecho que todos podemos admitir que, en materia presupuestaria, no actúa del todo la ley de la gravedad; es verdad, aquí la mayor parte de las veces lo que sube no baja. También es cierto, como decía ya hace mucho tiempo con pesimismo Calvin Coolidge, que el dinero público se gasta como si no lo fuera, con bastante alegría, como si no tuviera que estar sometido a algún elemento de control. Que ocurra esto no evita que haya que tener fundamentos muy profundos para hacer una norma como ésta.
Todo proceso de liquidación necesita un liquidador y, si el liquidador en este momento es Montoro, debería decirnos cuáles son las razones que le llevan a producir una norma de esta naturaleza, porque yo no querría creer que el Gobierno ha tirado la toalla y ha dejado de postular una política juiciosa para controlar el gasto público. No querría creer que estamos al borde o en vísperas de un desbordamiento general del gasto público y que lo que algunos tratan de tejer a lo largo de unas jornadas, con alguna frecuencia se lo destejen día a día en uno de los bancos que se sitúa a la derecha de donde se sienta el señor Montoro, y que en este momento . Llo que ocurre en este momento es que el sector público español tiene comprometido, en un programa de infraestructuras ignorado por el Parlamento y por el Gobierno, un, un volumen cuantioso de recursos para los próximos ejercicios. Por que, dDee ser así, uno tendría que admitir que las cosas se hacen de otra forma, que es
necesario seguir un proceso político para colocar las cosas en su lugar.
En materia presupuestaria no hay Papá Noël, no hay fórmula mágica, no hay grial presupuestario, hay proceso político. Si hay proceso político y en este momento el Gobierno de España se encuentra con que ese conjunto de entes, de agentes, de agencias y de ministerios se comportan en el presupuesto definiendo de antemano sus proporciones, si creen algunos que el presupuesto es su iínsula Barataria, debería el Gobierno de España presentar una iniciativa política destinada a que la Cámara comprendiera esos hechos. Si no es así, si de lo que se trata única y exclusivamente es de dotar de poder, de trasladar poder territorial a poder central y poder de los departamentos a la ooficina central de Ppresupuestos, me temo que el señor Montoro se ha equivocado, o al menos no puede creer que algunos grupos le vamos a acompañar.
El ciclo presupuestario ha sido un ciclo muy bonancible desde la perspectiva del ingreso y ha permitido gastar con una enorme intensidad, pero hoy ya sabemos que en España actúan los estabilizadores automáticos y, como consecuencia de la existencia de esos estabilizadores, bien haría el Gobierno de España en invertir en conocimiento para saber qué va a pasar con algunos acontecimientos económicos, invertir en una buena y sensata administración para disponer de un sistema presupuestario eficiente y desde luego debería hacer una inversión en consenso. Una ley de esta naturaleza es, literalmente, un estorbo porque no facilita ninguna de estas tareas.
Por último, otro de los motivos por los cuales mi grupo se opone a este proyecto de ley es porque no facilita la cohesión social. El Partido Popular ha hecho una opción presupuestaria clara. Ha dicho, y lo está haciendo, que es necesario restringir las dotaciones presupuestarias de los servicios públicos y de aquellos elementos que se vinculan a prestaciones sociales, y está tratando de sacar del control de la Cámara la inversión pública. Lo que hace esta ley es poner de relieve algunas de estas contradicciones. Krupman decía con razón, hace poco tiempo, que un gobierno tenía que ser como un honrado padre de familia, que un gobierno debería preocuparse por la innovación, por la infraestructura, por el desarrollo tecnológico, por hacer avanzar una determinada sociedad, pero un gobierno que, en lugar de hacer eso, se dedica a consumir, o a la dulce vida cuando existe abundancia de recursos públicos es un mal gobierno. Este Gobierno se ha portado de esa manera. España es la sociedad europea que menos atención dedica a la inversión productiva. España es una sociedad que tiene que plantearse sus potencialidades de futuro.
Entonces, si esto ocurre, ¿para qué esta ley? Esta ley sólo tiene una finalidad, señorías: sacar del presupuesto el descontrol de la inversión pública y poner restricciones a la política social. Lo estamos diciendo muchos grupos en esta Cámara. En el próximo futuro va a haber excedentes en Seguridad Social por encima de dos billones de pesetas. Dicen que van a dedicar al fondo de reserva un billón. ¿Y el resto? ¿Qué van a hacer con el resto? ¿Van a seguir utilizando la Seguridad Social como el colchón presupuestario para cubrir las desviaciones de gasto, que deberían encontrarse en el Estado y que hoy las financia la Seguridad Social, o van a seguir haciendo una política regresiva en materia de impuestos, que prive a los agentes y a los institutos públicos de los recursos necesarios para hacer de esta sociedad una sociedad cohesionada? Esa es la opción que hay detrás de esta política presupuestaria.
Termino ya, señora presidenta, y le agradezco infinito su amabilidad.
Yo no les voy a decir que retiren la ley; solamente les anuncio que la vamos a votar enteramente en contra. No les voy a recomendar que la olviden en el Senado; no, tampoco se lo voy a recomendar. Sólo les voy a decir sinceramente que esta ley es un excelente escaparate de su ideología política, que está llena de tópicos, de falacias, de prejuicios que han servido de pretexto a un ministro reaccionario para presentar un texto de esta naturaleza y que lamentablemente ha encontrado el apoyo de un presidente autoritario. Aquel canto de la ranchera mejicana que decía lo del más grande entre los grandes lo puede decir el señor Aznar. Es hoy, dentro de los grandes países de la Unión Europea, el único capaz de hacer una ley de esta naturaleza.
Sinceramente, si ustedes fueran sensatos, si vieran en este momento cómo y de qué manera están envueltos, se verían, lamentablemente, como tantas veces ha estado la derecha española, en la autarquía intelectual. Esta ley es una quimera y serán ustedes los primeros que la incumplirán. Por eso nosotros la vamos a votar en contra.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señora presidenta.
Yo no voy a cantar la ranchera mejicana, pero sí me gustaría que el señor Montoro nos hiciera un poquito de caso.
No puedo evitar, estando en esta tribuna, dejar de hablar de algo que han dicho todos los grupos y que quizás resulte un poco repetitivo.
Me estoy refiriendo al momento económico, a la situación de incertidumbre que estamos viviendo. Hemos pasado de una especie de ralentización del crecimiento económico a la seguridad, a la convicción de que la crisis, la recesión, resulta ya inevitable, señor Montoro. Estar debatiendo una ley como la de estabilidad presupuestaria, que antes de esta situación además de resultar inútil generaba una serie de problemas, no puede deberse más que aun cierto empecinamiento, que no se entiende muy bien
a qué responde, si a la inseguridad o a una fidelidad a un modelo económico que es poco riguroso y está basado en un fundamentalismo presupuestario que nadie entiende. A lo mejor, me voy un poco al campo académico, pero renunciar a un instrumento de política económica tan importante como es el presupuesto, renunciar a la política anticíclica, a los estabilizadores automáticos o responde a un academicismo sectario y poco riguroso o es pura necedad. Por tanto, tiene que quedar muy claro que el que estemos debatiendo esto ahora aquí tiene muy poco sentido, pero sigamos.
Me voy a referir a la ley orgánica general de estabilidad presupuestaria, que en lo único en que está basada es en la desconfianza. Tiene un importante sustrato de desconfianza, una desconfianza respecto al comportamiento de las comunidades autónomas, respecto a sus actuaciones de manera democrática y responsable. Se ha pretendido pasar de un sistema de coordinación y cooperación de las distintas comunidades autónomas a una situación en la que prima la relación jerárquica del Estado. Por tanto, prima la subordinación de las comunidades autónomas al Estado. Es decir, se trata -quiero que esta calificación conste en el «Diario de Sesiones»- de una loapa financiera, señor Montoro. (Aplausos.) ¿Y qué es lo que ha pretendido la misma? Dos cosas importantes: primero, que el objetivo de estabilidad se establezca por los órganos estatales en lugar de por cada una de las comunidades autónomas; esto es, a las comunidades autónomas se les impone un objetivo de estabilidad. ¿Y qué ocurre en una situación de desequilibrio, en una situación en que las cuentas no estén claras? Que es el órgano estatal el que también debe comprobar y controlar el plan de saneamiento económico y financiero que deben presentar las comunidades autónomas. Por tanto, decir que el sustrato de esta ley orgánica es la falta de confianza en las comunidades autónomas no es decir nada raro, sino que es lo que realmente pasa; sin embargo, señor Montoro, no ha habido razones suficientes para que esto sea así, sino todo lo contrario. Lo que han hecho las comunidades autónomas durante todo este proceso ha sido colaborar precisamente en una situación de equilibrio presupuestario.
Nuestras enmiendas van encaminadas a mantener esa situación de autonomía financiera de las comunidades autónomas, concretamente las números 87, 89 y 90, que pretenden que se respete a los órganos de cada una de las comunidades autónomas.
Veo que se me está acabando el tiempo, pero no puedo finalizar mi intervención -el portavoz de Convergència i Unió me ha dado pie además para ello- sin hablar de una enmienda transaccional que se aprobó en el trámite de Comisión; me refiero a la enmienda transaccional del Grupo Popular a la número 99 de Convergència i Unió. Lo que pretendía dicha enmienda -al menos así se vendió en Comisión- era resolver el problema de la intromisión estatal en las competencias autonómicas, pero lo único que hacía era empeorar más la situación. La verdad es que no alteraba el hecho de que fuera un órgano estatal el que impusiese el objetivo de la estabilidad presupuestaria. Lo único que hacía era trasladar al Parlamento la aprobación del plan, con lo cual, teniendo en cuenta que luego tenía que ser revisado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo único que se conseguía era un enfrentamiento entre dos órganos, uno autonómico legislativo, la Asamblea de la comunidad autónoma, y otro ejecutivo de coordinación autonómica, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es decir, la enmienda transaccional era una verdadera chapuza y por otra parte, por lo que ha dicho el representante de Convergència i Unió, ha servido para que este grupo parlamentario se conciencie de lo que realmente supone esta ley, a pesar de lo ambivalente que ha sido el señor Padrol desde esta tribuna. Así pues, quiero dar la bienvenida a quienes tienen muy claro lo que esta ley supone para las comunidades autónomas, a Convergència i Unió; usted se queda solo, señor Montoro, aunque quiero reconocer desde esta tribuna que ha sido gracias a las reflexiones que se han hecho -un debate en Comisión ha servido para reconsiderar una postura y eso es bueno- y también gracias al Partido de los Socialistas de Cataluña que lo han conseguido. En cualquier caso, bienvenidos. (Aplausos.) Señor Montoro, mi compañero ha manifestado que no quería decirle que la deje morir en el Senado, pero haga usted algo por olvidar, porque va a ser mejor para todos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendizábal. ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno en contra de las enmiendas? ¿Fijación de posición? (Pausa.) Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señores y señoras diputados, sin duda estamos en el debate de estas dos leyes que es un debate realmente complicado, en un momento difícil y que además tiene una gran carga pasional y de debate de fondo. Lo cómodo es que un grupo como el nuestro pudiera adoptar una posición pasiva y de dejar pasar el debate, pero se ha entrado en algunas cuestiones que quiero dejar claras desde la dimensión de un grupo pequeño como el mío, porque es un debate muy importante para el Estado, para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos. Este debate tiene dos aspectos a los que quiero referirme brevemente: uno, el primero, sobre las políticas de estabilidad y crecimiento y, el segundo, sobre el papel de las autonomías financieras y fiscales de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
Los dos temas están implicados y coordinados, pero la intervención de los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista han abierto un debate interesante e importante que se está teniendo en estos momentos a escala europea, y que es la antesala, señor Montoro, del gran debate del proyecto de ley de presupuestos que vamos a tener dentro de tres semanas.
En un marco de incertidumbre, como el que se ha abierto el día 11 de septiembre y en el que ya antes se marcaban indicadores claros de una desaceleración de la economía mundial, ¿se esta abriendo un nuevo ciclo, en el que hay que seguir con las políticas de estabilidad que se habían marcado en los seis años anteriores y que habían llevado a la convergencia en los acuerdos del Tratado de Maastricht, o hay que cambiar de política, hay que buscar políticas expansivas y modificar las políticas de estabilidad para evitar la recesión? Este es el gran debate que algunos países europeos ya han abierto en función de que además tienen una cita electoral a lo largo del próximo año, como son Francia y Alemania. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.) En este marco de incertidumbre -esta ley que estaba hecha con cierta facilidad, en un periodo mucho más fácil, en el que durante varios años el crecimiento de la economía española ha sido alto, alrededor del 4 por ciento- había mucho margen para las políticas de reducción del déficit público e ir avanzando hacia el déficit cero. Esta ley se ha hecho en el momento más fácil, pero ahora por el Gobierno se mantiene en el momento más difícil y el debate que se abre es si corresponde o no retirarla. La posición de mi grupo es que es conveniente mantenerla.
No es casualidad que el Consejo Europeo de Bruselas, celebrado hace dos semanas, haya aprobado por unanimidad de todos los Gobiernos europeos la necesidad de reafirmar las políticas de estabilidad y crecimiento; esto tiene unos riesgos. Es verdad que el presupuesto para el próximo año, que ya ha sido presentado por el Gobierno español, se enmarca dentro de esta ley y abre el debate de si nos mantenemos en el déficit cero -la previsión de crecimiento de ingresos ya es mucho más corta de lo que pudiéramos haber tenido otros años- y si eso puede afectar o no a las políticas de gasto y a las políticas sociales. Esto abre un debate para el Consejo Europeo de Barcelona -y es algo que ha planteado el Grupo Socialista- sobre si vamos a mantener el déficit cero a costa de los gastos sociales y de la Seguridad Social. La Seguridad Social va a aumentar sus ingresos si sigue teniendo éxito la política de empleo, pero si esta falla entonces también entraría en déficit la Seguridad Social. Esto aconseja que por este marco de incertidumbre que se abre haya que reafirmar las políticas de estabilidad y crecimiento. Ahora el debate es si la política de estabilidad es también de crecimiento o si impulsa la recesión. Hemos tenido demasiados años de alegría en el gasto, de falta de equilibrio presupuestario y esas políticas expansivas produjeron efectos muy negativos en la economía española con un crecimiento del paro muy alto. Al primer síntoma de preocupación o de alarma no tenemos que volver atrás, sino reafirmar las políticas de estabilidad y crecimiento en espera de que se despejen determinadas incertidumbres y veamos si efectivamente podemos seguir avanzando en esta dirección. Generar hoy, inmediatamente después del 11 de septiembre, un clima de desconfianza ante la incertidumbre no haría sino alimentar ese incertidumbre y provocar sin duda ninguna una recesión.
Las políticas presupuestarias tienen hoy margen suficiente, con una previsión de ingreso por encima incluso de lo que fuera real en el futuro, si hay una mayor recesión de la esperada, para mantener un ligero déficit en la práctica, en la realidad, aunque teóricamente estemos en un escenario presupuestario de déficit cero. Como todo esto es el debate presupuestario que vamos a tener próximamente, lo único que queremos decir es que estamos con el Consejo Europeo de Bruselas y seguimos manteniendo que las políticas progresistas y no las conservadoras se pueden desarrollar mejor en un marco de plan de estabilidad y crecimiento que en política de expansión y de incremento del déficit, que se decía que teóricamente eran para efectos positivos de carácter social y han producido efectos nefastos y perturbadores en la economía y en la sociedad.
En segundo lugar, hay un problema de coordinación y de autonomía económica y financiera. El nuevo dato ya no es la incertidumbre, sino el nuevo modelo de financiación autonómica. Si alguien no está de acuerdo con las políticas de estabilidad y crecimiento y aprueba el nuevo modelo de financiación autonómica, no sé por qué lo aprueba. En el modelo de financiación autonómica hemos buscado incrementar la capacidad de las comunidades autónomas en las políticas de ingresos con la corresponsabilidad fiscal, por tanto dentro de la política de rigor la política del gasto. Si en el modelo de financiación autonómica hay una previsión de crecimiento y de capacidad financiera de las comunidades autónomas, hemos ganado capacidad de actuación. Lo que ocurre es que esa capacidad de actuación no es para seguir manteniendo déficit que provoquen costes a la larga. En esta ley más que rigideces de carácter económico hay una nueva cultura política que nosotros defendemos con toda claridad. Esa nueva cultura política es que los gobernantes públicos se tienen que acostumbrar a que lo fácil es gastar más de lo que uno tiene, crear gasto basado en clientelismos electorales y ganar elecciones, y así repetir el ciclo una y otra vez; eso no sólo para las administraciones públicas, sino también muchas veces para la empresa privada. La política alocada de incrementar los gastos no teniendo en cuenta los ingresos produce consecuencias negativas. Hay que crear una nueva cultura de rigor y de austeridad en una nueva generación de políticos. Si uno quiere
gastar más le tiene que explicar a los ciudadanos que tiene que incrementar sus impuestos, pero si hay que incrementarlos, demos a la comunidad autónoma y a los ayuntamientos más capacidad. Todo el mundo sabe que los ayuntamientos de España tienen en el impuesto de bienes inmuebles y en otros instrumentos fiscales una gran capacidad para incrementar el ingreso y luego el gasto, pero explíquele a los ciudadanos qué los incrementa.
El problema no es descargar la administración más próxima a los ciudadanos sobre la siguiente. Nosotros lo vivimos en la Comunidad Autónoma de Canarias. Los cabildos y los ayuntamientos piden a la comunidad autónoma que incremente sus ingresos por la vía del presupuesto de la comunidad autónoma, y a continuación reivindica a Madrid. Somos una fuerza nacionalista y tenemos dos conceptos que defendemos incluso en momentos de adversidad, por coherencia con nuestra política, aunque respetamos y defendemos también otras posiciones. En primer lugar, la Unión Europea en estos momentos de incertidumbre tiene que mantener las políticas de estabilidad y crecimiento con rigor. Esto es lo que estamos defendiendo en estos momentos en los presupuestos del Estado, y esta ley es una afirmación de esas políticas y un aviso a todos. En segundo lugar, todas las administraciones públicas tienen que responder ante los ciudadanos de que gastan lo que ingresan y no más; eso no obsta para decir al señor Montoro que esperamos que en el trámite del Senado -como ha venido insinuando de alguna manera en sus declaraciones- determinados temas que afectan al proyecto constitucional español, como la disposición adicional primera sobre el régimen foral y el concierto económico vasco, o la disposición adicional tercera sobre el régimen económico y fiscal de Canarias, sean recogidos con las matizaciones que han sido propuestas por diferentes grupos parlamentarios. Estamos seguros de que esto hará que la ley tenga definitivamente un consenso mucho más amplio que el que tiene en estos momentos.
Nuestro grupo, a pesar de ser minoritario, muy pequeñito, y de lo fácil que sería hacer una política contraria a esta ley, está a favor del rigor y de la estabilidad presupuestaria, a las duras y a las maduras. Ya hemos estado a favor en los momentos fáciles, ahora lo estamos en los momentos difíciles.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, tenía razón el señor Fernández Marugán: Esta ley es un estorbo; pero es un estorbo para ustedes. Es un estorbo para quien propugna en esta Cámara, como se ha hecho el día de hoy, la resistencia política al control de las administraciones públicas; es un estorbo para el modelo político que defiende el Grupo Parlamentario Socialista de resistencia a las políticas de crecimiento y de estabilidad; y es un estorbo a la vuelta a la España del despilfarro. Efectivamente en ese sentido es un estorbo, señorías.
En estos proyectos de ley aparecen dos modelos políticos, incluso dos modelos intelectuales diferentes y dos modelos de encarar la política económica. El señor Fernández Marugán y algún otro grupo han hablado de cuatro razones; como yo represento a la mayoría, voy a hacer referencia a cinco, una más. (Risas.) Primera: Hay dos modelos de encarar la política económica. Conocemos la manera de encarar la política económica protagonizada por el coyunturalismo político, por las políticas de parcheo, por acudir de modo apresurado a esta Cámara a presentar decretos; la conducta política caracterizada por la precipitación, la improvisación, etcétera. Nuestro grupo parlamentario, sin embargo, acude hoy a defender dos proyectos de ley con otra actitud política y con otro modelo intelectual, señor Fernández Marugán. Nuestro grupo propone el refuerzo de instrumentos de carácter estructural, como las leyes que ahora debatimos, con una visión ambiciosa y de largo recorrido, que trata de seguir corrigiendo los desequilibrios básicos con los que nuestra economía se encontró en el año 1995; hay que decir que la corrección de estos desequilibrios se ha realizado con notables resultados. En definitiva, señorías, se trata de apostar bien por seguir avanzando en políticas de estabilidad y de crecimiento, o bien por orientar inadecuadamente la política fiscal de nuestro país y que esto se convierta en un factor de interrupción del crecimiento de nuestra economía.
También hay dos formas de entender la organización del Estado. Hay una que niega al Gobierno, -como se negó durante el trámite de Comisión, aunque esta mañana no ha habido semejante atrevimiento-, la capacidad y la posibilidad de asumir obligaciones de carácter constitucional, como se establece en el texto constitucional, y otra, que es la que está presente en las leyes de estabilidad, que favorece la coordinación institucional y la corresponsabilidad de las comunidades autónomas y de los entes locales en el compromiso que España asume en su conjunto. Es extraordinariamente difícil para algún grupo de esta Cámara el poder asistir a este debate de hoy con normalidad. El Grupo Parlamentario Socialista acude a esta Cámara con una dificultad extraordinaria. El Grupo Socialista tiene que dar cobertura política a muchas cosas, a muchas situaciones políticas en España; tiene que dar cobertura política al federalismo asimétrico
del señor Maragall en Cataluña, al nacionalismo atlántico del señor Beiras en Galicia, al hiperrealismo extremeño del señor Rodríguez Ibarra, al invitado del señor Camacho en Andalucía; tiene que dar cobertura política a demasiadas realidades políticas en España, que hacen que en el día de hoy hayan tenido que ser dos portavoces los que mantengan discursos políticos diferentes. Esta es la realidad de la oposición política de España. (La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.-La señora Cunillera i Mestres: La patente se la dais vosotros.) Y no sólo hay dos formas de entender la política económica sino que hay tantas como necesidades políticas de carácter territorial. Esta es la realidad, señorías.
Además, no se han leído la ley. No se la han leído porque hablan con cierta ligereza de que las leyes de estabilidad presupuestaria prohiben el déficit, pero no es así. Lo que establece la ley de estabilidad presupuestaria es un cambio de mentalidad radical de las administraciones públicas, por tanto un cambio de carácter estructural en el entendimiento que han de tener las administraciones públicas respecto a cómo se comportan con los presupuestos que gestionan. Lo que no se puede es aceptar un mayor número de responsabilidades en cuanto al ingreso, aceptar como bueno el modelo de financiación autonómica que se plantea por parte del Gobierno del Partido Popular y no querer ninguna obligación de carácter regulador con respecto al gasto en las comunidades autónomas. Esto sencillamente es la resistencia política al control a la que hacía mención al principio de la intervención.
También -y es la cuarta- hay dos formas de encarar los compromisos que España como conjunto tiene con la Europa de la Unión: una con la resignación y la debilidad de otros tiempos, aceptando para España un papel secundario en el concierto internacional, que permitiría allanarse a mantener nuestras históricas diferencias con otros países, y otra con la ambición del Gobierno del Partido Popular, consistente en querer superar los niveles mínimos de exigencia, que incluso aparecen en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Efectivamente estas leyes de estabilidad van más allá de las exigencias mínimas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero lo cierto y verdad es que España debe converger en términos de empleo y de renta con Europa, por lo que nuestro esfuerzo ha de ser mayor que el que hacen otras economías en el resto de Europa. Quinta, efectivamente, también hay dos modelos para responder a las expectativas de los españoles. En una recentísima encuesta del CIS se pregunta a los españoles: ¿Cree usted que el Estado debe gastar más, debe gastar menos o debe gastar lo mismo? El 72 por ciento de los españoles responde a esta encuesta diciendo que se debe gastar menos o lo mismo. Por tanto, estas leyes están plenamente entroncadas en lo que quieren los españoles; a esto es a lo que necesita dar respuesta esta Cámara en el día de hoy: a si estas leyes dan o no respuesta a lo que los españoles quieren que sea el comportamiento de sus administraciones públicas, y eso lo hacen plenamente estas dos leyes. Los españoles no quieren que las administraciones se comporten de modo diferente a como se hace en las economías familiares -esto también se pone de manifiesto en estas dos leyes- en la encuesta a que hago referencia.
Además en el día de hoy se ha hecho mención en demasiadas ocasiones a que se trata de unos proyectos de ley en los que se incluye una política económica equivocada. Incluso se ha hablado por algún representante de estrépito, de equivocación, de error, de hipocresía, ¿verdad, señor Llamazares? Es cierto que las consecuencias de los terribles atentados del 11 de septiembre se ciernen sobre este Parlamento y sobre otros muchos, pero en opinión del Grupo Parlamentario Popular es la estabilidad económica y el equilibrio de las cuentas públicas lo que permitió a España afrontar con mayores garantías la crisis asiática financiera del año 1998; fue la estabilidad de nuestras cuentas públicas y los criterios de carácter económico que se pusieron en marcha con ocasión del shock petrolífero de hace no tanto tiempo los que permitieron a España resistir de mejor modo que otros países de Europa aquellos acontecimientos. Las aportaciones de otros grupos, sin embargo -recuerden, señorías-, era que había que bajar los impuestos de hidrocarburos. Alguno quizá se arrepiente todavía de aquella insistencia en tantas y tantas sesiones de control que hubieran pronosticado un futuro poco alentador para la posición de España en relación con esa cuestión.
España está hoy sin ninguna duda en mejores condiciones para afrontar las dificultades que puedan proporcionar las consecuencias políticas y económicas de los atentados del 11 de septiembre de lo que estaba hace unos años. Nuestra propuesta, ambiciosa, es seguir intentando mantener a España en las mejores condiciones para afrontar con garantías las dificultades que puedan aparecer en el horizonte de nuestra economía, y estas leyes, señorías, son la mejor garantía para que eso sea así. Esa es nuestra ambición, por lo que insistiremos en la necesidad de aprobar estos proyectos de ley. Y no es un modelo rígido, como se ha dicho por parte de algún grupo parlamentario, ni muchísimo menos. En estos proyectos se prevén cosas que algunas de SS.SS. no se han leído. Se ponen en marcha mecanismos reglados para actuar en caso de tener que atender y dar respuesta a contingencias desfavorables con las que nos podamos encontrar, y es un modelo en el que el papel de las comunidades autónomas va a ser decisivo. En Comisión aprobamos una importante serie de propuestas, algunas transaccionadas y otras no, en las que precisamente se reforzaba el papel de las comunidades autónomas, siendo sus asambleas legislativas las que iban a aprobar los planes de reequilibrio en los casos en los que hubiera que afrontar situaciones y contingenciasdesfavorables.
Por lo tanto, estamos hablando
de un modelo que no sólo no es rígido, sino que además compromete a la responsabilidad de las comunidades autónomas a restablecer el equilibrio de las cuentas públicas, sin perder de vista que el objetivo de la ley es precisamente mantener la estabilidad presupuestaria. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) Además se refuerza el control democrático del Gobierno. Ningún grupo parlamentario en el día de hoy ha hecho referencia a esta cuestión, pero a nuestro grupo se le antoja inconcebible e irresponsable que algún grupo de esta Cámara quiera que no se aborde el debate político sobre el umbral de gasto que aparece en los textos del proyecto de ley. Realmente esto es un ejemplo más de la política de oposición que están haciendo las señorías del Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara. Se resisten al control de las administraciones públicas, se resisten al rigor presupuestario y se resisten a reforzar el control democrático del Gobierno.
Voy acabando, señora presidenta. En contra de lo que se ha dicho en esta Cámara en el día de hoy, en estos proyectos de estabilidad presupuestaria se refuerza el papel de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Las comunidades autónomas van a desempeñar un papel importantísimo y nuclear en la consecución de los objetivos de estas leyes, porque se va asumiendo un nivel creciente de corresponsabilidad fiscal, para lo cual es preciso perfeccionar los mecanismos de coordinación interinstitucional como los que aparecen en estas leyes; además las comunidades autónomas, en contra de lo que se ha dicho, van a seguir decidiendo de forma autónoma, como no puede ser de otra manera, los umbrales de gasto y de ingresos. Por lo tanto, van a seguir teniendo responsabilidad sobre los ingresos y responsabilidad sobre el gasto. El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el que está llamado a desempeñar un papel clave en la coordinación de este proceso de asunción presupuestaria de los objetivos de estabilidad, que se ha reforzado con las enmiendas presentadas por nuestro grupo parlamentario en Comisión. Las asambleas legislativas de las comunidades autónomas pasan a tener un papel protagonista en la asunción de esta responsabilidad respecto a las comunidades autónomas. Se atribuyen al Consejo nuevas e importantes atribuciones que han sido silenciadas en la mañana de hoy, pero son nuevas las atribuciones de supervisión por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera; se incorporan procedimientos de audiencia en caso de incumplimiento a través de enmiendas de nuestro grupo y se posibilita que las comunidades autónomas tomen a su cargo cuantas medidas estimen pertinentes para llegar al objetivo de estas leyes. Por tanto, estas leyes, en vez de suponer una involución autonómica como se ha dicho esta mañana, suponen todo lo contrario. Suponen un decisivo refuerzo del control que van a ejercer las comunidades autónomas sobre sus propias normas y sobre sus propios textos y cuentas de carácter presupuestario.
Respecto al régimen foral del País Vasco, señor Azpiazu, celebro que siga usted aquí, pero mientras siga usted aquí preste atención a lo que tiene que decir el Grupo Parlamentario Popular. Las enmiendas presentadas por su grupo son insuficientes y tienen única y exclusivamente un contenido gramatical. Lamentablemente para ustedes el Grupo Parlamentario Popular ha mostrado más ambición en relación a la defensa del procedimiento que se establece respecto al País Vasco y Navarra y esta es la realidad; así que mientras sigan permaneciendo en la Cámara, señores del Partido Nacionalista Vasco, comprueben la existencia de otras enmiendas que lo que hacen es reforzar el papel de la Comunidad Autónoma del País Vasco respecto a sus relaciones financieras con el Estado. Además, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular no sólo refuerzan sino que suponen una garantía adicional de la que establece sin ningún género de dudas sus enmiendas; por tanto, hagan un esfuerzo y voten en esta ocasión, aunque les pueda resultar duro, las enmiendas presentadas por nuestro grupo.
Finalmente, señorías, estas leyes operan un cambio de mentalidad en las administraciones públicas. Se trata de optar porque la excepción en los presupuestos públicos sea el déficit y sea el equilibrio presupuestario el punto de partida sobre el que se elaboran los presupuestos de todo el sector público. Se trata de este cambio de mentalidad. Apartarse de la seducción fácil del déficit y optar por el equilibrio y la estabilidad de nuestra economía para poder seguir apostando por políticas de crecimiento. Esto es lo que demandan los españoles, señorías. Resistirse a esa demanda y por tanto a estas leyes, es sencillamente resistirse a la voluntad de los españoles y, so capa de pretendidas relaciones y excusas políticas, supone además optar por el despilfarro, optar por el estancamiento económico y optar porque España vuelva a papeles secundarios. Esto, señorías, sencillamente es algo a lo que el Grupo Parlamentario Popular no va a contribuir nunca, razón por la que nuestro grupo votará a favor de ambos proyectos de ley.
Nada más, señora presidenta y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cámara.
Vamos a iniciar la votación, en primer lugar de las enmiendas y luego del dictamen de la Comisión, del proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por el señor Saura Laporta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 118; en contra, 177; abstenciones, 14.
Votamos a continuación las enmiendas de la señora Lasagabaster Olazábal.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 116; en contra, 179; abstenciones, 14.
Votamos las enmiendas presentadas por el señor Puigcercós.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 116; en contra, 179, abstenciones, 14.
A continuación, votamos las enmiendas del señor Núñez Castain.
Votamos las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 114; en contra, 181; abstenciones, 13.
Puesto que las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria han sido retiradas, votamos en primer lugar la enmienda 102, del Grupo Parlamentario Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 107; en contra, 180, abstenciones, 22.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 115; en contra, 179; abstenciones, 15.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 115; en contra, 180; abstenciones, 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 127; en contra, 179, abstenciones, dos.
Por último, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Iniciamos la votación del texto del dictamen. (El señor Silva Sánchez, pide la palabra.) Señor Silva.
El señor SILVA MUÑOZ: Además de la votación separada que ha solicitado mi grupo, desearía que juntamente con los artículo 2, 8, 20 y 25, se votase la exposición de motivos.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo, señor Silva. El resto, ¿tal y como estaba previsto? (Asentimiento.) Iniciamos, como decía, la votación del texto del dictamen. En primer lugar votamos los artículos 2, 8, 20, 25 y la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 184; en contra, 111, abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen de los referidos artículos. (Rumores.) Señorías, por favor.
Votamos el artículo 3, más la disposición final segunda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 180; en contra, 127; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados dichos artículos.
Por último, votamos el resto del dictamen del referido proyecto de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 196; en contra, 113.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el resto del dictamen.
(Rumores.) Señorías, iniciamos la votación, en primer lugar de las enmiendas y después del dictamen y del conjunto, del proyecto de ley orgánica complementaria a la ley general de estabilidad presupuestaria.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar las firmadas por el señor Saura Laporta.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos a continuación las enmiendas de la señora Lasagabaster.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 115; en contra, 179; abstenciones, 13.
Votamos las enmiendas presentadas por el señor Núñez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 114; en contra, 180; abstenciones, 14.
Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el señor Rodríguez Sánchez.
Al haber sido retiradas las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, iniciamos la votación de las enmiendas presentadas y defendidas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar la número 74.
Votamos a continuación el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV).
Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 127; en contra, 180; abstenciones, una.
Por último, votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Iniciamos la votación del texto del dictamen. (El señor Silva pide la palabra.) Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Solicitamos también votación separada de la exposición de motivos de la ley orgánica.
La señora PRESIDENTA: ¿Votación independiente o acumulada?
El señor SILVA SÁNCHEZ: Independiente.
Iniciamos la votación del texto del dictamen correspondiente a la exposición de motivos. (Pausa.) Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 182; en contra, 126; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la exposición de motivos de acuerdo con el texto del dictamen.
Votamos a continuación el texto del dictamen de los artículos 6, 8, 9 y 10 y la disposición adicional única.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 181; en contra, 127; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto de los referidos artículos.
Votamos el resto del dictamen.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 195; en contra, 112; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Por último, iniciamos la votación de conjunto del proyecto de ley por tener éste el carácter de orgánico.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 180; en contra, 129.
La señora PRESIDENTA: Al haber superado el número de votos previstos -176- queda aprobado en votación de conjunto el carácter orgánico de este proyecto de ley. (Prolongados aplausos.-Rumores.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL TRATADO DE NIZA, POR EL QUE SE MODIFICAN EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, LOS TRATADOS CONSTITUTIVOS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y DETERMINADOS ACTOS CONEXOS, FIRMADO EN NIZA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2001. (Número de expediente 121/000039.)
La señora PRESIDENTA: Anuncio a SS.SS. que vamos a iniciar el debate del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza, proyecto de ley que no tiene enmiendas, con lo cual la duración de este debate es imprevisible, pero en cualquier caso no parece que vaya a ser excesivamente largo.
Señorías, este proyecto de ley tiene también el carácter de orgánico.
La votación de conjunto no se producirá antes de las 12 del mediodía.
(Pausa.-Rumores.) Vamos a continuar con el debate, por lo cual le ruego que permitan que en el hemiciclo haya las condiciones precisas para poder hacerlo.
Señorías, guarden silencio, ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura.
En nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds quiero expresar nuestra intención de voto, que va a ser de abstención.
Desde una visión europeísta, profundamente europeísta, el Tratado de Niza fue políticamente una gran frustración que recogió el propio Parlamento Europeo en la resolución que efectuó una vez acabados los trabajos de dicho tratado. Voy a leer literalmente tres o cuatro de las razones que el Parlamento Europeo expresó en relación al Tratado de Niza, y quiero destacar que es de las primeras veces que el propio Parlamento Europeo no hace indicación a los parlamentos nacionales de cuál debe ser la votación en los mismos. La resolución del Parlamento Europeo -insisto en que leo literalmente- lamenta profundamente que el Tratado de Niza sólo haya dado una respuesta tímida y en algunos casos insuficiente a los asuntos de la Agenda. Destaca el Parlamento Europeo entre los aspectos más negativos de la Conferencia Intergubernamental el hecho de que haga más confuso y menos transparente el proceso decisorio dentro de la Unión, que no respete el principio de extender la codecisión y que no integre la Carta de los Derechos Fundamentales en los tratados. Sigue diciendo la misma resolución que la preparación y las negociaciones del Tratado de Niza, como ocurrió anteriormente con el Tratado de Amsterdam, pusieron de manifiesto -esto es muy importante- el agotamiento del método puramente intergubernamental; exige el Parlamento Europeo la convocatoria de una nueva conferencia con un proceso radicalmente distinto que permita la participación de los ciudadanos, y acaba diciendo la resolución del Parlamento Europeo que reconoce que el Tratado de Niza concluye un ciclo que se inició en Maastricht y prosiguió en Amsterdam, y exige la apertura de un proceso constitucional que se vea coronado por la adopción de una Constitución de la Unión Europea.
En síntesis, la resolución del Parlamento Europeo califica de tímidas e insuficientes las cuestiones referentes al déficit democrático y a la reforma institucional, denuncia el hecho de que el Tratado de Niza no integre la Carta de los Derechos Fundamentales pero, a mi entender, lo más importante de esta resolución es que expresa claramente que se ha agotado el método puramente intergubernamental de la construcción de la Unión Europea y llama a los parlamentos nacionales a que en el momento de la ratificación del Tratado de Niza se pronuncien favorablemente sobre el compromiso de realizar la convocatoria de una convención.
Es cierto que hace ahora 15 días, en una reunión informal de los ministros de Asuntos Exteriores en Genval, se ha iniciado una reflexión para superar el método utilizado hasta ahora -que creo que está agotado- de trabajo intergubernamental. Sería importante que hoy esta Cámara y todos los grupos políticos expresaran su voluntad manifiesta de trabajar en la dirección de que la construcción europea esté más cerca de los ciudadanos y que la próxima Conferencia Intergubernamental sea producto del trabajo participativo de las instituciones, pero también de la sociedad civil.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
En los sucesivos debates que hemos tenido, tanto de las enmiendas en este Pleno como posteriormente en ponencia y comisión, nuestro grupo ha tenido ocasión de manifestar su apoyo claro, tajante y terminante a la ratificación por parte de España, por parte en este momento del Parlamento español, del Tratado de Niza. Estuvimos de acuerdo desde el primer texto y cuando el presidente del Gobierno español, señor Aznar, compareció en diciembre del pasado año para dar cuenta de los acuerdos que se habían adoptado en la cumbre de los días 7, 8 y 9 en Niza.
Entendíamos que por parte de Coalición Canaria se mantenía el reconocimiento que venía del Tratado de Amsterdam, en su artículo 299.2, referido a las regiones ultraperiféricas, lugar donde nos encontramos, reconocido y reflejado en una carta de derechos a desarrollar con su propio estatuto para que estas regiones ultraperiféricas, como es el caso en España de Canarias, encuentren acomodo fácil, respetuoso y al mismo tiempo exigente y solidario con el resto del territorio español y, por supuesto, del territorio de la Unión Europea. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Nosotros entendíamos que Niza no podía quedar en un simple debate dialéctico de si era un eje de prepotencia francoalemán o si Alemania sacaba un mayor porcentaje de poder dentro de la Unión Europea. Nosotros entendíamos que toda ampliación tiene un precio y que el Tratado de Niza, hecha ya la valoración desde nuestro punto de vista territorial de comunidad autónoma, debía ser compromiso de España dentro de la Unión Europea; que había que pagar entre todos un cierto complemento de responsabilidad para encontrar un marco nuevo, que era la ampliación.
Niza significa fundamentalmente la ampliación de la Unión Europea y hay que pagar un precio. Por un lado España tiene 50 parlamentarios en el Parlamento Europeo, y por otro pasamos de 8 a 27 en el Consejo, en la responsabilidad del voto; se han reducido aquellas materias que podían ser vetadas y se han reducido sensiblemente las cuestiones que necesiten mayoría absoluta o las que necesiten mayoría simple, donde tiene que haber acuerdos de bloqueo y donde no tiene que haber acuerdo de bloqueo. Nos parece que todo esto es una política de convivencia con los problemas que hay que resolver. Es cierto que se ha desplazado alaño 2004 el comportamiento de esta Unión Europea
ampliada. Tenemos tiempo hasta 2004. Deviene para España una responsabilidad valiosa y especial con la presidencia de la Unión Europea en el primer semestre del próximo año. Coalición Canaria cree que tenemos que dar un apoyo político al Gobierno español desde este instante para que pueda ejercer la presidencia del gobierno europeo con el respaldo del Parlamento, ratificando la aprobación ya firmada por los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea el pasado 26 de febrero y al que nosotros hoy damos el carácter solemne de compromiso político apoyando este tratado. ¿Que se han aplazado problemas hasta 2004? Por supuesto. De acuerdo. Esas son todas las fases. Siempre hemos dicho que en un solo tratado no se resuelven los problemas, que además son propios del crecimiento de una potencia económica, social, política y en todos los órdenes, e incluso de proyección de política exterior de defensa y seguridad como se tiene encomendado.
Nuestro grupo tiene puestas muchas ilusiones; desde el desarrollo de los artículos de región ultraperiférica que nos afectan hasta el compromiso de vinculación política, social, económica y de todo orden que implica el complemento del Tratado de Niza, sumándose a todos los tratados de la Unión Europea, cuyo texto articulado se sigue manteniendo, como es el caso al que me he referido y que viene desde el Tratado de Amsterdam. Por tanto nuestro voto va a ser político, en el mejor sentido de la palabra, de responsabilidad parlamentaria. De ahí que aboguemos por su ratificación para que el Gobierno español pueda presentar los documentos pertinentes ante las instancias de la Unión Europea, votando hoy favorablemente la ratificación del Tratado de Niza.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
Nuestro grupo se va a abstener en esta votación, como ya hicimos en la anterior ocasión que vino a esta Cámara, porque entendemos que el Tratado de Niza supone una frustración para las aspiraciones de una Europa más democrática.
El pasado martes, el portavoz del Grupo Popular nos venía a decir que lo mejor que podía hacer Europa era exportar democracia al Tercer Mundo, que era la panacea para acabar con todos los males. Pues bien, señorías, mal ejemplo damos desde esta Europa cuando seguimos manteniendo una Europa en la que la democracia no es ni siquiera formal y en la que todavía queda muy lejos que el Parlamento Europeo sea un Parlamento de verdad, que realmente pueda adoptar decisiones y en el que exista un gobierno que verdaderamente se someta a la mayoría popular. Por lo tanto nuestro voto va a ser de abstención.
Presentamos enmiendas al tratado, que por cuestión de procedimiento tuvieron el carácter de enmiendas a la totalidad, que trataban de hacer una Europa con más democracia y una Europa más social, porque entendemos que es otra de las grandes frustraciones de Niza. Ya se ha dicho por otro portavoz cómo la Carta de Derechos Fundamentales ha quedado, una vez más, en el cajón del olvido. Así no se avanza hacia esa Europa que pueda ser ejemplo para otras zonas del mundo; así no se avanza hacia una Europa en la que todos nos veamos integrados y no solamente en la cuestión económica, sino en la social. Este no es el camino. Con la abstención, Izquierda Unida quiere hacer esa llamada de atención para evidenciar que no es el camino que Europa necesita, puesto que Europa necesita más democracia y más contenido social. A partir de ahí, la ampliación puede tener sentido, en la medida en que a los países que se integren no les suceda lo que a España, que se integró porque evidentemente hay que integrarse en la Unión Europea, pero después vinieron las frustraciones, como muy bien sabemos los que somos portavoces de la Comisión de Agricultura. Por consiguiente, esa frustración que pueden sufrir los países que ahora están deseosos por la integración es lo que intentamos evitar. Los que han tomado la decisión serán responsables de ese futuro y esperemos que se pueda ir modificando, como muy bien reclama el Parlamento Eeuropeo.
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para manifestar nuestro apoyo y aprobación a este proyecto de ley de ratificación del Tratado de Niza y anticipo que, lógicamente, nuestro voto va a ser favorable a la ratificación del mismo.
La escasa confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y en sus socios de la Unión Europea para conducir el proceso de integración obligará, cuando menos, a realizar una amplia discusión sobre el futuro de Europa. La desorientación de la última década ha afectado a todos los países por igual, ya que, de una parte, los países pequeños creen amenazadas sus señas de identidad y temen contar cada día menos en una Europa gobernada por los grandes. Y, de otra parte, éstos, los grandes, creen que la Unión Europea ya no responde a sus intereses, como ocurría en los viejos tiempos.
En el caso de España, que no somos ni una cosa ni la otra, nuestras aspiraciones han ido hacia ser considerados como grandes para ser tenidos en cuenta y pequeños para continuar recibiendo fondos comunitarios. El Tratado de Niza aleja a nuestro país del grupo de los países pequeños y medianos, pero con nuestros 27 votos ponderados en el futuro tampoco puede considerarse que estemos en el grupo selecto de los grandes.
Una vez más, el Tratado de Niza ha puesto en evidencia dos cosas: la primera, la capacidad de acordar siempre en el último minuto las reformas precisas para despejar el camino de la ampliación. Y, la segunda, la apariencia de no existir límites en la capacidad de absorción de la propia Unión Europea.
Ya desaparecieron, hace tiempo, los frenos que en el Tratado de Roma limitaban la capacidad de expansión de la Unión Europea. En 1987, cuando se aprobó el Acta Única Europea todavía no existía el veto sobre cualquier decisión. Tras Maastricht, Amsterdam y Niza nos lamentamos de que sólo se haya eliminado el veto de 29 de las 50 políticas en que aún permanecía. Admitimos, sin embargo, que es muy positiva la elección por mayoría del presidente de la Comisión y la del señor Pesc gracias a este Tratado. Nuestra capacidad de bloqueo, así como la de alianzas, cambia el mapa de decisiones de la Unión, pero debería preocuparnos el hecho de que una política agrícola mediterránea no se resolverá por el momento con la suma de nuestros votos, los de Portugal y los de Grecia.
Los acuerdos para determinar el sistema electoral proporcional común y único para toda la Unión deberán complementarse con una nueva definición de la circunscripción electoral más cercana al ciudadano y a la vez más próxima a la configuración territorial de cada país. El Tratado de Niza crea por una parte las condiciones para la ampliación, pero al mismo tiempo lanza un proceso para profundizar en el marco de una Conferencia Intergubernamental en el año 2004, que estará presidida de un debate sobre el futuro de Europa. Por otro lado, siendo la entrada en vigor condición necesaria para las adhesiones de los países candidatos, parece casi obligado, por un deber de responsabilidad y solidaridad de la próxima presidencia de la Unión Europea, que corresponde al Estado español, agilizar al máximo los trámites para que el tratado pueda ser ratificado cuanto antes.
Convergència i Unió considera que el Tratado de Niza es un salto considerable en el camino de la integración y la ampliación, pero es del todo insuficiente. En Niza primaron por encima del interés común europeo los intereses particulares de los Estados miembros. Si por una parte esto es comprensible desde la óptica de la soberanía estatal, por la otra resulta un serio obstáculo a la hora de la toma de decisiones, el establecimiento de posiciones comunes y, sobre todo, la rapidez de respuesta ante conflictos tanto internos como externos de la Unión Europea. A título de ejemplo, esta debilidad decisoria se ha manifestado tanto en Yugoslavia como en Kosovo.
Lo que resulta sorprendente y a tener en cuenta es el hecho de que Europa reacciona a posteriori, nunca a priori, y que la reciente situación internacional de inseguridad y globalización del terrorismo ha constituido un acicate a procesos que deberían haberse puesto en marcha por sí mismos si no hubieran intervenido los centralismos estatalistas, recelosos de ceder parte de su soberanía, sobre todo en lo que atañe a política exterior, seguridad y defensa. Europa debe responder con una sola voz y anticiparse, pero esto significa generosidad de soberanía y voluntad política. Este es el camino que abre el Tratado de Niza y esta ley va en este camino y, como hemos manifestado, señorías, tendrá nuestro voto afirmativo.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Gracias, señor presidente.
En los últimos diez años se ha producido un cambio sustancial en el proceso de construcción europea. A raíz de la desintegración del sistema de influencia soviético se hace necesaria una respuesta política en el proceso de construcción europea, que se lleva a cabo a través de la articulación de la unión económica y monetaria y la formulación del proceso de la unión política. A través de ese proceso, a lo largo de los años noventa, la Unión Europea se plantea la voluntad decidida de poner en marcha un proyecto de unión política. El desarrollo del segundo y tercer pilar de una política exterior y de defensa y de una política de libertad, seguridad y justicia no sólo supone un incremento sustancial de las competencias de la Unión y el inicio de la reforma institucional, sino, sobre todo, la consagración constitucional de la política en la Unión Europea.
Desde esta perspectiva histórica, la reforma de las instituciones y el propio Tratado de Niza son la expresión de la voluntad política de avanzar también en la ampliación a los países de la Europa central y oriental. Seguramente, el mensaje más claro y contundente que hoy debe salir del Congreso de los Diputados es la decisión española inequívoca y rotunda hacia la ampliación y la decisión de mandatar al Gobierno que haga el máximo esfuerzo para que la ampliación sea una realidad para las próximas elecciones europeas. Sin embargo, el Tratado de Niza no resuelve los problemas institucionales que plantea la unión política de una Europa ampliada. La visión excesivamente aritmética y de reparto de poder y la falta de un proyecto europeo,de visión de Europa, evidente sobre todo en el Gobierno
español, han conducido a unos resultados, los de la conferencia de Niza, que no están a la altura de los retos que Europa tiene por delante, la ampliación en primer lugar, y ha transmitido a las opiniones públicas la impresión de unos gobernantes encerrados, sin contacto con las demandas de los ciudadanos y sin implicarles en las cuestiones que se debatían. El agotamiento del método intergubernamental está implícitamente reconocido en la declaración sobre el futuro de la Unión, anexo al Tratado de Niza, y esa declaración lo que implica es que la próxima Conferencia Intergubernamental debe conducir a un acuerdo de carácter constitucional para construir Europa de otra manera.
Los resultados de Niza, por lo que se refiere a la toma de decisiones, aumentan en su conjunto el déficit democrático, y por lo que se refiere a ponderación del voto y composición del Parlamento Europeo reflejan los conflictos de intereses entre los Estados más grandes y los más pequeños, reforzando la deriva intergubernamental frente al carácter supranacional de la Unión y el impulso comunitario. Con el Tratado de Niza no se cierra la reforma institucional de la Unión, sino que se abre la perspectiva para fortalecer el método comunitario y la superación del simple enfoque intergubernamental.
Nuestro grupo va a votar a favor de la ratificación de este tratado, porque es la condición indispensable para abrir el proceso post-Niza y para preparar la ampliación. La construcción europea demanda ya un cambio cualitativo hacia la unión política que ponga, en primer lugar, los valores compartidos por los europeos, que responda a las demandas de los ciudadanos, que acabe con el déficit democrático, que defienda y desarrolle el modelo social europeo, que intervenga con criterios propios en la globalización y que culmine la ampliación, sin convertir la Unión Europea en una nueva zona de libre cambio.
El Grupo Parlamentario Socialista, con su voto favorable, quiere trasladar a la Cámara, tal y como ya lo ha hecho recientemente el Parlamento Europeo, nuestro compromiso a favor de un proceso constituyente para la Unión, a través de una reforma de los tratados, que dé respuesta a las exigencias de democracia, legitimación y eficacia que plantea el futuro de la construcción europea. Ese proceso constituyente debe reforzar el método comunitario para que todas las decisiones legislativas sean adoptadas por el Consejo, por mayoría cualificada, y para que en todos los casos, se aplique, sin excepción, la codecisión del Parlamento Europeo. Asimismo debe reforzar las instituciones más europeas, como son la Comisión y el Parlamento Europeo. La votación de hoy debe constituir un mandato al Gobierno español para que en la próxima conferencia de Laeken se decida la convocatoria de una convención que prepare la reforma de los tratados y en la que participen los gobiernos, la Comisión, el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales, los países candidatos a la ampliación, el Comité de las Regiones y el Comité Económico Social, en un partenariado que aliente la participación de la opinión pública, que esté lo más cerca posible de los ciudadanos y de toda la sociedad civil, para elaborar una propuesta para la Conferencia Intergubernamental que no solamente se limite a resolver los flecos de Niza. Las cuatro cuestiones previstas en las declaración sobre el futuro de la Unión y del tratado no han de ser las únicas, ya que el proceso de reflexión que se ha abierto es mucho más amplio. Se trata de definir el papel que Europa debe tener en el mundo y en el siglo XXI. Este hecho hace que, además de la delimitación de competencias entre la Unión y los Estados, el Estatuto de la Carta de Derechos Fundamentales, la simplificación de los tratados y la función de los parlamentos nacionales en la Unión, se deben establecer también nuevas políticas.
A este respecto el Grupo Parlamentario Socialista presentó, el pasado mes de junio, su propuesta sobre la ampliación y la profundización de la Unión Europea, en la que proponíamos cinco políticas básicas: políticas de libertad y seguridad interna, política económica y de desarrollo, políticas de cohesión, territorial y social, políticas de ciudadanía, dando un carácter vinculante a la Carta de Derechos Fundamentales, y una política propia para gobernar la globalización.
Además, el euro va a demandar un gobierno económico de la Unión, la definición de una verdadera Europa social, la armonización fiscal y un presupuesto suficiente, que obtenga los ingresos a través de un nuevo sistema, y que esté de acuerdo con los objetivos que se deben alcanzar, fundamentalmente la ampliación y la cohesión. Por si todo esto no fuera suficiente, el ataque terrorista acaecido en Estados Unidos pone de manifiesto la urgente necesidad de profundizar en el proyecto europeo, sobre todo en su dimensión política. Son sumamente importantes los acuerdos que tomaron los ministros de Justicia e Interior el pasado 20 de septiembre. Europa es el futuro, es nuestro futuro y una parte importante y decisiva de nuestro presente y, sobre todo, de nuestra seguridad.
La votación de hoy nos hace exigir al Gobierno un proyecto europeo, una visión de Europa, que abandone la táctica de la permanente indefinición, o incluso el silencio, para hablar cuando ya lo han hecho los demás, para comprometerse ahora y no al final del proceso, comprometerse en la ampliación, en el modelo social europeo y en el proceso de la unión política. Debemos abandonar la manía o la preocupación de si somos grandes o pequeños, que tanto repetía el Gobierno en relación con la Cumbre de Niza, y cambiar esta actitud por otra más constructiva y positiva para facilitar compromisos permanentes y para profundizar en la Unión Europea. Nuestra posición intermedia entre grandes y pequeños es la más idónea también para defender los intereses españoles.
Finalmente, cabría pedir al Gobierno más coherencia entre los objetivos que para el futuro de Europa
marca el Tratado de Niza y sus comportamientos con respecto a las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas. Articular esas relaciones es una necesidad urgente para repensar nuestra política regional, para delimitar las competencias e incorporar a las comunidades autónomas al diálogo de las decisiones que en Bruselas afecten a sus competencias. Este ha de ser un proceso siempre abierto y más cuando los intereses de convergencia de nuestras regiones demandan una mayor participación de las comunidades autónomas, el mantenimiento de los fondos estructurales, una mayor descentralización de la gestión y un replanteamiento profundo de la selección de objetivos, porque de aquí al 2006 nos preocupa enormemente la eficacia de los fondos europeos tanto como su cuantificación.
Hoy, señorías, el Parlamento español a través de este debate es parte activa del futuro de Europa. Es imprescindible que a partir de ahora, y no sólo a través de las dos subcomisiones creadas en el seno de la Comisión mixta de la Unión Europea, sino a través de todas las comisiones del Parlamento español, el Parlamento sea un instrumento permanente de creación de opinión, de elaboración y discusión de propuestas y de difusión de una nueva cultura política, la de la Unión Europea como proyecto político, como proyecto integrador y abierto, como proyecto, en definitiva, de felicidad para todos aquellos hombres y mujeres que estamos en Europa.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor García Breva.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señor presidente.
Quiero señalar la solemnidad de este trámite parlamentario, puesto que la firma del Tratado de Niza, el día 26 de febrero de 2001, nos permite llevar a término el proceso iniciado por el Tratado de Amsterdam, con el fin de preparar las instituciones de la Unión Europea para funcionar en una Unión ampliada. Quiero resaltar que nos encontramos, como hemos dicho en muchas ocasiones, en una política de pasos. Desde Maastricht la Unión se encuentra en un continuo proceso constituyente, que pasa a ser de un simple mercado común a un proyecto de Unión Europea con dos vertientes en aquel momento, el de la unión política y monetaria y el de la unión política. Amsterdam significó en su momento un avance al profundizar en los pilares intergubernamentales de la política exterior y de seguridad común -en este momento ya se contempla la defensa- y en el tercer pilar de interior y justicia, desde los cuales se instauraron al principio ya las pasarelas que permiten pasar al método comunitario.
Los tristes acontecimientos del 11 de septiembre demuestran lo acertado de este proyecto de integración europea, de este proyecto de integración de Estados seculares con culturas diversas, lenguas distintas y una larga historia de confrontaciones bélicas y alianzas estratégicas y comerciales con otros países de ultramar.
En segundo lugar, este proceso de ampliación histórica a los países de Europa central y del Este que por razones ajenas a ellos mismos y a la voluntad de sus ciudadanos se han encontrado inmersos durante 50 años en un mundo que no les convenía, en un mundo que los denigraba y en un mundo del que se han esforzado por salir en los últimos años.
La negociación de este nuevo tratado, no desprovista de dificultades, ha demostrado, señorías, el alto perfil político de nuestro Gobierno, el peso específico de España en la Unión Europea y su firme compromiso por liderar las transformaciones hacia una Unión más democrática, más transparente y más cercana a los ciudadanos. El tratado introduce importantes modificaciones que afectan a la composición y funcionamiento de las instituciones y órganos de la Unión, al sistema jurisdiccional, mayorías cualificadas, cooperaciones reforzadas, derechos fundamentales, seguridad y defensa, cooperación judicial y penal y tratado de la CECA.
A partir del 1 de enero de 2005, cuando se haya completado el proceso de ratificación, entrará en vigor una reponderación de voto atribuido a cada Estado miembro en el Consejo, que tiene más en cuenta el factor demográfico y las nuevas reglas para determinar la mayoría cualificada. El tratado establece una nueva composición de la Comisión, que entrará también en vigor a partir del año 2005, y que modifica el modo de designación de su presidente y miembros y refuerza considerablemente las competencias del presidente. El sistema jurisdiccional de la Unión es objeto de una profunda reforma en el que el Tribunal de Justicia será competente y garante de la unidad de la interpretación y aplicación del derecho. Veintisiete disposiciones pasan íntegra o parcialmente de la unanimidad a la mayoría cualificada, y varias de éstas se regirán en adelante por el procedimiento de codecisión. Se facilita el recurso a las cooperaciones reforzadas en el ámbito del primer y tercer pilar, necesario para iniciar este proceso de ampliación, y se abre la posibilidad de instaurarlas también en el campo de la política exterior y de seguridad común.
El Tratado de la Unión Europea ha sido modificado a fin de reflejar en él los progresos realizados en el ámbito de la seguridad y la defensa, y me parece necesario y justo mencionar las funciones del Eurojust. Señorías, el tratado, como todos los tratados, refleja un compromiso. España hubiese deseado avanzar más en algunos aspectos, lo que desafortunadamente no ha podido ser, pero un tratado es un compromiso, una postura común; por ejemplo, España luchó hasta el final para que la Carta de Derechos Fundamentales formase parte integral del cuerpo de los tratados y no fue así.
Sin embargo en esta política de pasos, en esta política de compromisos, la decisión no ha sido mala. Se ha abierto un nuevo proceso de reflexión que conducirá a la Conferencia Intergubernamental del año 2004, en el que los cuatro puntos más importantes pendientes de resolución han quedado abiertos al debate: la simplificación de los tratados, la inclusión de la Carta de Derechos Fundamentales, el papel de los parlamentos nacionales y el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros.
España, que a partir de la ratificación de Niza pasa a ser un país grande y que en este momento está a las puertas de su tercera presidencia de la Unión Europea, impulsará, desde las capacidades que le otorga su presidencia, los trabajos de la convención. Una de las prioridades del Gobierno español es iniciar los trabajos de la convención, para que la próxima reforma del año 2004 cuente con el mayor respaldo popular, el mayor respaldo de los ciudadanos, y sea capaz de reflejar lo que de verdad siente la ciudadanía de la Unión Europea. La ratificación de este tratado permite a la presidencia española iniciar los trabajos de la convención y continuar con el inicio de la negociación de los capítulos más difíciles que quedan por cerrar en la negociación de la ampliación, con un compromiso y una tarea de gran envergadura.
Por todo ello, señor presidente, señorías, porque la ratificación de este tratado permite a España continuar con el proceso de reformas de una Unión que queremos que sea cada vez más democrática, más justa, más transparente y más cercana a los ciudadanos, y porque mediante la ratificación de este tratado queremos continuar y facilitar el proceso de ampliación de la Unión Europea a los países de Europa central y del este, votaremos a favor de la ratificación.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Martínez Casañ.
(La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a someter, en primer lugar, a votación el texto del dictamen del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Niza el 26 de febrero de 2001, para en una votación posterior de conjunto someter a la Cámara el carácter orgánico del referido proyecto de ley.
Iniciamos las votaciones con la del dictamen del referido proyecto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 290; abstenciones, seis.
Iniciamos la votación de conjunto, dado el carácter de ley orgánica del referido proyecto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 290; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la votación de conjunto del proyecto de ley orgánica.