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Timestamp: 2018-11-21 20:34:54
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﻿ Sentencia 42372 de julio 10 de 2013
SENTENCIA 42372 DE 10 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:ACUERDOS TEMPORALES DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN. SE PRECISA QUE NADA IMPIDE PARA QUE SI UN EMPLEADOR RECONOCE VOLUNTARIAMENTE UNA PENSIÓN DE JUBILACIÓN TEMPORAL A UN TRABAJADOR, LA CONDICIONE HASTA CUANDO LA ENTIDAD QUE ADMINISTRA EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL OTORGUE LA PENSIÓN DE VEJEZ Y SEA EXONERADO DE PAGAR CUALQUIER DIFERENCIA QUE PUEDA EXISTIR ENTRE AMBAS PENSIONES, PUES UNA PRESTACIÓN VOLUNTARIA Y PREVIAMENTE CONVENIDA BAJO ESTE TIPO DE CONDICIONAMIENTOS, NO CONLLEVA A LA VIOLACIÓN DE NINGÚN TIPO DE DERECHOS DEL TRABAJADOR, EN TANTO QUE POR SU CARÁCTER VOLUNTARIO PUEDE SER LIMITADO EN EL TIEMPO.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADOR, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, ADMINISTRADORA DE PENSIONES, TRABAJADOR, PENSIÓN DE VEJEZ, PENSIÓN CONVENCIONAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:510 DE JUNIO DE 2014, PÁG.1066
Sentencia 42372 de julio 10 de 2013
SL 869-2013
Radicación 42372
Fue propuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte; pretende que se case totalmente la sentencia del tribunal, y en instancia, “confirme los ordinales primero, segundo tercero de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá, de fecha 5 de octubre de 2007, mediante los cuales se condenó a la demandada a las pretensiones de la demanda; y además, revoque su ordinales cuarto y quinto, para que en su lugar, acceda a las pretensiones de devolución de los dineros correspondientes a las mesadas pagadas por Peldar entre el 11 de septiembre de 2004 y el 30 de mayo de 2005, para así garantizarle al demandante la efectividad de sus derechos ciertos e indiscutibles”.
Con fundamento en la causal primera de casación laboral, formula un cargo principal y dos subsidiarios que fueron replicados.
Textualmente lo plantea así: “acuso el fallo de violación directa de la ley sustancial en la modalidad de interpretación errónea del artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990 del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el Decreto 758 de 1990, que condujo a la violación directa de los artículos 13, 16, 19, 193, 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo; 4º, 9º, 25, 53 y 58 de la Constitución Política; y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, lo cual devino al expresar un entendimiento que no corresponde a su genuino y cabal sentido conforme a los contenidos materiales de la constitución”.
Afirma que el ad quem consideró que “conforme al parágrafo de la norma transcrita, un empleador puede dejar de asumir el pago del mayor valor del monto de la pensión reconocida por el ISS, cuando así lo convengan expresamente las partes”, entendimiento que cataloga de equivocado, en tanto que no se aviene a los principios mínimos del derecho al trabajo, concretamente la irrenunciabilidad de derechos y garantías, las facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, entre otros.
Destaca que la disposición denunciada prevé que cuando el empleador registrado en el ISS, concede pensiones de jubilación a sus trabajadores, entre otras, en forma voluntaria, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, debe continuar cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento el instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando; que no obstante, en el parágrafo de la norma se consagró que ese artículo no se aplicaría cuando en el acuerdo, se hubiera dispuesto expresamente que las pensiones así reconocidas no serían compartidas con el ISS, pero que ello iba en contra de los principios mínimos fundamentales del derecho al trabajo, pues el pago de un emolumento laboral (pensión), luego de haber entrado al patrimonio de su titular, no puede ser suspendido o eliminado por un acuerdo entre las partes, ya que contradice el mandato de la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales.
Concluye, en consecuencia, que el artículo 18 del Acuerdo 49 de1990, es contundente en tanto no otorga una facultad al empleador que reconozca pensiones voluntarias, como en este caso, de cotizar, sino que lo obliga a hacerlo al ISS hasta cuando el afiliado cumpla los requisitos para la pensión de vejez, con la finalidad de compartir el derecho, y después, conforme a la Constitución, seguir pagando el mayor valor si lo hubiere entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado, sin poder eximirse de ello con fundamento en un pacto.
Indica que la sentencia del tribunal no incurrió en el desacierto jurídico que se le endilga, por cuanto el reconocimiento de una pensión temporal y voluntaria, va hasta cuando el ISS le reconozca la pensión de vejez, como ocurrió en este caso, por lo que a partir de ese momento se extingue la obligación de la demandada, sin que subsista el pago del mayor valor entre ambas pensiones, esto es, no hay compartibilidad pensional, en tanto que en cumplimiento de lo acordado en la conciliación obrante a folio 28, la empresa no asumiría ese mayor valor por convenio expreso entre las partes, como lo permite el parágrafo del artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990.
Conforme a la vía directa seleccionada por el censor, no se discuten los supuestos fácticos que dio por demostrados el ad quem, esto es, que la sociedad demandada le reconoció al actor una pensión de jubilación temporal y voluntaria, hasta cuando el Instituto de Seguros Sociales le reconociera la de vejez, momento en el cual se le extinguía y sin que se obligara a pagar un mayor valor si lo hubiera entre las dos pensiones. Tampoco genera controversia, que el ISS otorgó la de vejez, a partir del 11 de septiembre de 2004, según la Resolución 981 de 2005.
En las condiciones que anteceden, el tema que suscita la informidad del recurrente, se circunscribe a la interpretación que le asignó el sentenciador de alzada al parágrafo del artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en tanto considera que el citado precepto no le otorga facultad al empleador que reconoció una pensión extralegal para acordar que no será compartida con la de vejez que posteriormente le otorgue el Instituto de Seguros Sociales, esto es, para eximirse del pago del mayor valor si lo hubiere entre ambas pensiones.
El artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, respecto de la cual se predica el desviado juicio hermenéutico, regula el tema de la compartibilidad de las pensiones extralegales, así:
De acuerdo con el texto transcrito, si bien es cierto la Sala en pronunciamientos anteriores, contenidos en las sentencias del 21 de febrero y 4 de abril de 2006, radicaciones 25610 y 25513, respectivamente, reiteradas en las del 1º de marzo de 2007 y 2 de mayo de 2012, con radicados 30126 y 41445, al fijar el alcance de la norma denunciada, venía sosteniendo que tal preceptiva no le otorga facultad al empleador que reconoce pensiones voluntarias, para que pacte exonerarse del mayor valor que pudiere existir entre la que otorgó y la que posteriormente conceda el Instituto de Seguros Sociales, tal criterio debe ser recogido.
En efecto, nada impide para que si un empleador voluntariamente reconoce una pensión de jubilación temporal a un trabajador, la condicione a que cuando la entidad que administra el sistema de seguridad social otorgue la de vejez, sea exonerado de cancelar cualquier diferencia que pueda existir entre ambas pensiones, pues una prestación voluntaria temporal, previamente convenida y sometida a ese tipo de condicionamientos no conlleva a la violación de derecho alguno o prerrogativa del trabajador, en tanto que dado su carácter de voluntaria bien puede limitarla en el tiempo, tal como ocurrió en el sub judice.
Y fue precisamente a esa condición a la que sometió la empresa demandada el reconocimiento de la pensión de jubilación voluntaria, conforme a lo que se dejó consignado en el acta de conciliación celebrada el 29 de octubre de 1999, ante el Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá, la cual recibió el beneplácito del demandante y del Juez 2º la aprobó, cuyo contenido no es objeto de controversia y en el que claramente se dispuso la vigencia temporal hasta cuando el ISS asuma la de vejez, y la extinción definitiva de la obligación se seguir pagando dicha pensión o el mayor valor si lo hubiere.
Como consecuencia de lo destacado, es claro que el tribunal al negar el derecho pretendido por el demandante, no incurrió en la violación de la norma denunciada, en cuanto hizo un ejercicio hermenéutico acertado del artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990.
Igual suerte corren los dos restantes cargos que planteó el censor con el carácter de subsidiarios, en tanto que se denuncia la violación de las mismas normas con argumentos similares a los planteados en el examinado.
Sin costas en el recurso de casación, en tanto que sirvió para rectificar el criterio jurisprudencial que imperaba.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 23 de abril de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso ordinario promovido por Marco Antonio Apolinar Melo contra la sociedad Cristalería Peldar S.A.