Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2017-00027-de-marzo-1-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_6df1cd31ae734a97a661fb663c90ad4f&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-07-16 02:31:06
Document Index: 382964251

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 3', 'artículo 98', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 98', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 37', 'artículo 11']

﻿ SENTENCIA 2017-00027 DE MARZO 1 DE 2018
SENTENCIA 2017-00027 DE 01 DE MARZO DE 2018
CONTENIDO:NO EXISTE EXTRALIMITACIÓN EN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 01 DE 2017 PARA SER PARTE DE UN PROCESO DE SELECCIÓN DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL. SE DEMANDAN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS POR LA PRESUNTA EXTRALIMITACIÓN EN LA FIJACIÓN DE REQUISITOS POR PARTE DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL. SOSTIENE LA DEMANDANTE QUE EN EL ACUERDO 01 DE 1017 LA COMISIÓN FUE MÁS ALLÁ DE LO ORDENADO POR LA LEY 270 DE 1996 PUES ESTABLECIÓ UNOS REQUISITOS Y DECIDIÓ CALIFICAR EXPERIENCIA ADICIONAL, ASIGNANDO PUNTOS PARA CADA ESPECIALIZACIÓN ADICIONAL ASIGNANDO PUNTAJES Y ADELANTAR UNA ENTREVISTA CON UNA METODOLOGÍA CONOCIDA COMO ENTREVISTA ESTRUCTURADA. ANALIZADOS LOS CARGOS Y CONTRASTADAS AMBAS NORMAS, SE CONCLUYÓ QUE LA INSTITUCIÓN NO SE EXTRALIMITÓ PORQUE EN NINGÚN MOMENTO FIJÓ CRITERIOS ADICIONALES A LOS YA ESTABLECIDOS EN LA LEY 270 DE 1996, EN EFECTO, DE LA LECTURA DEL ARTÍCULO 3º DEL ACUERDO 001 DE 2017, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DE LA CONVOCATORIA, SE ADVIERTE QUE DICHO PRECEPTO SE LIMITÓ A REFERIR EN TÉRMINOS GENERALES A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES. QUIERE DECIR LO ANTERIOR QUE, NO SE ENCUENTRA QUE DICHA CONVOCATORIA CONTENGA EXIGENCIAS DIFERENTES A LAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA TODOS AQUELLOS ASPIRANTES A OCUPAR EL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. EN ESTE SENTIDO, NO SE CREARON REQUISITOS ADICIONALES A LOS LEGALMENTE PREVISTOS PARA EJERCER EL CARGO, SOLO SE ESTABLECIÓ LA FORMA MERITOCRÁTICA PARA QUE ENTRE LOS INSCRITOS SE ELIGIERA A LOS PRESELECCIONADOS, TODO LO CUAL LLEVA A NEGAR LOS CARGOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, RAMA JUDICIAL, CONVOCATORIA A NUEVA ELECCIÓN, COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL, EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES
Sentencia 2017-00027 de marzo 1º de 2018
Bogotá, D.C., primero (1º) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
Rad.: 11001-03-28-000-2017-00027-00
Actor: Diana Fernanda Flórez Sáenz
Demandado: José Mauricio Cuestas Gómez, director ejecutivo de administración judicial
Asunto: Fallo electoral de única instancia, niega pretensiones
El demandante requiere la nulidad de las resoluciones Nos. PCSJSR17-90 de 28 de julio de 2017 “Por la cual se efectúa el nombramiento del director ejecutivo de administración judicial” del señor JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ y PCSJR17-92 del 11 de agosto de 2017 “Por la cual se confirma un nombramiento”, ambas, expedidas por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura.
El litigio se fijó en “...“...Determinar si la Resolución Nº PCSJSR17-90 de 28 de julio de 2017 ´Por la cual se efectúa el nombramiento del director ejecutivo de administración judicial” del señor JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ y la Resolución Nº PCSJR17-92 del 11 de agosto de 2017 “Por la cual se confirma un nombramiento´ expedidas por la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, son nulas porque atentan contra los artículos: i) 1, 4, 13, 25, 29, 40, 83, 126.4 y 209 de la Constitución Política; ii) 11, 14 y 15 del Decreto 2772 de 2005, modificado por el Decreto 4476 de 2007; iii) 9º del Acuerdo 01 de 2017 la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial; iv) 98 y 99 de la Ley 270 de 1996; v) 2 y 14 del Decreto 1785 de 2014 y vi) 2.2.2.2.1 del Decreto 1083 de 2015, de conformidad con los términos antes expuestos y habida cuenta de que los considera vulneratorios de las normas en que debía fundarse y la falta de requisitos y calidades del elegido y de los integrantes de la terna”.
Para resolver lo anterior, la Sala antes de abordar los cargos formulados en la demanda, precisará el trámite surtido para la designación del demandado como director ejecutivo de administración judicial.
2.1. Trámite surtido en sede administrativa para la designación del demandado como director ejecutivo de administración judicial.
La designación que se acusa de ilegal tuvo su comienzo en la expedición del Acuerdo Nº 001 de 7 de febrero de 2017(13), “por medio del cual se realiza la convocatoria pública para conformar la terna de candidatos para el cargo de director (a) ejecutivo (a) de administración judicial”.
Destaca la Sala que el objeto del citado acuerdo era convocar a los interesados en despeñar el cargo de director ejecutivo de administración judicial a participar en el proceso de conformación de la terna, para que de conformidad con el artículo 98.2 de la Ley 270 de 1996, el Consejo Superior de la Judicatura procediera a su elección.
Además dicho acto estableció las fases de la convocatoria pública —art. 4º—, el proceso de inscripción —art. 6º—, publicación de los inscritos y fase de observaciones —art. 8º—, criterios aplicables a los preseleccionados —art. 9º—, entrevista de los preseleccionados —art. 10— y, conformación y publicación de la terna de candidatos —art. 11—. Posteriormente, se publicó la convocatoria pública que contenía el cronograma, así:
Publicación 19 de febrero de 2017
Postulación e inscripción de aspirantes 20 de febrero al 10 de marzo de 2017
Publicación de inscritos en la página web de la Rama Judicial 13 al 17 de marzo de 2017
Formulación de observaciones y apreciaciones sobre la lista de inscritos 21 al 27 marzo de 2017
Conformación de lista de preseleccionados 28 de marzo al 24 de abril de 2017
Publicación de la lista de preseleccionados en la página web de la Rama Judicial 24 de abril al 2 de mayo de 2017
Entrevista en audiencia pública 8 de mayo de 2017
Conformación y publicación de la terna 15 de mayo de 2017
Sin embargo, el anterior cronograma fue modificado el 3 de marzo de 2017, por la necesidad de ampliar el plazo para la “postulación e inscripción de aspirantes” porque “se están realizando ajustes técnicos extraordinarios al aplicativo de inscripción”, y se fijó, así:
Postulación e inscripción de aspirantes 20 de febrero al 14 de marzo de 2017. Hora 6 pm.
Publicación de inscritos en la página web de la Rama Judicial 16 marzo al 23 de marzo de 2017
Formulación de observaciones y apreciaciones sobre la lista de inscritos 24 marzo al 30 de marzo de 2017
Conformación de lista de preseleccionados 31 de marzo al 24 de abril de 2017
Acto seguido, el 16 de marzo de 2017 se publicó la lista de los 65 aspirantes inscritos, la cual fue motivo de adenda(14) para incluir 1 candidato más; es decir, un total de 66.
El 26 de abril de 2017, se publicó la lista de 15 preseleccionados, en acto que preciso que la entrevista se llevaría a cabo el 9 de mayo de esa anualidad.
El 3 de mayo de 2017, se informó que la entrevista de los preseleccionados se realizaría el 16 de mayo de 2017 y la conformación de la terna se llevaría a cabo a partir del 22 de mayo de ese mismo año.
El 16 de mayo se entrevistó a los 15 preseleccionados y se publicaron los puntajes obtenidos.
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial profirió el Acuerdo Nº 006 de 16 de mayo de 2017 por el cual se conformó la terna de candidatos para el cargo de director ejecutivo de administración judicial.
Luego, el Consejo Superior de la Judicatura publicó, el 3 de junio de 2017 el “cronograma para la designación del director ejecutivo de administración judicial”, según el cual:
Publicación en la página web de las hojas de vida de los ternados para observaciones y apreciaciones. Del 30 de junio al 7 de julio de 2017
Entrevista en audiencia pública 12 de julio de 2017
Designación del director ejecutivo de administración judicial A partir del 12 de julio de 2017
Surtidas las entrevistas previstas, mediante Resolución Nº PCSJSR17-90 de 28 de julio de 2017 se eligió a JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ, director ejecutivo de administración judicial y el 11 de agosto mediante Resolución Nº PCSJSR 17-92 se confirmó su elección.
2.2. De los cargos de la demanda.
De conformidad con la fijación de litigio, se advierte que se acusa la designación del demandado por considerar que desatiende la normativa en la que debió fundarse la expedición de los actos de nombramiento y confirmación, para lo cual se citan como infringidos los artículos: i) 1º, 4º, 13, 25, 29, 40, 83, 126.4 y 209 de la Constitución Política; ii) 11, 14 y 15 del Decreto 2772 de 2005, modificado por el Decreto 4476 de 2007; iii) 9º del Acuerdo 01 de 2017 la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial; iv) 98 y 99 de la Ley 270 de 1996; v) 2º y 14 del Decreto 1785 de 2014 y vi) 2.2.2.2.1 del Decreto 1083 de 2015.
Los reparos de la demandante recaen en el cuestionamiento de: i) la presunta extralimitación en la fijación de requisitos por parte de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial; ii) la forma en la que se realizó la entrevista de los preseleccionados; iii) modificación del cronograma; iv) la experiencia acreditada por los preseleccionados, los ternados y el demandado y; v) la falta de homologación de los títulos obtenidos por los ternados en el extranjero.
Establecido lo anterior, pasa la Sala a resolver cada uno de las irregularidades en que se funda la demanda:
2.2.1. De la presunta extralimitación en la fijación de requisitos por parte de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.
Aduce la parte actora, que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial dictó el Acuerdo Nº 01 de 2017(15), pero “...fue más allá de lo ordenado” por la Ley 270 de 1996, pues “...estableció unos requisitos y decidió calificar experiencia adicional, asignando puntos para cada especialización adicional asignando puntajes y adelantar una entrevista con una metodología conocida como entrevista estructurada”.
Además, sostuvo que el citado acuerdo se aprobó sin el quorum legalmente establecido.
Al respecto, analizado el Acuerdo 01 de 2017 en lo referente a los requisitos exigidos a los aspirantes se encuentra que el artículo 3º dispone:
“Requisitos para participar. La terna que elabore la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial deberá estar integrada por ciudadanos que cumplan los requisitos constitucionales y legales para ejercer el cargo”.
El mismo acto, en su artículo 9º señala:
“Preselección y criterios aplicables. Del número de espirantes inscritos la Comisión Interinstitucional seleccionará quince (15) personas conforme los siguientes criterios:
a. Trayectoria y experiencia profesional específica en los campos económicos, financieros o administrativos, adicional al requisito mínimo, hasta 80 puntos, 4 por cada año de experiencia.
b. Formación académica adicional al requisito mínimo al requisito mínimo exigido por la ley estatutaria, se calificará solo una por cada especialidad así; por un doctorado 10 puntos, una maestría 5, una especialización 4, en los campos económicos, financieros o administrativos, hasta 20 puntos.
En caso de empate, para la escogencia de los quince (15) candidatos prevalecerá la trayectoria y experiencia de la letra a”.
Ahora, en lo referente con los requisitos de orden legal exigidos para el cargo de director ejecutivo de administración judicial, la Ley 270 de 1996(16), prevé:
“ART. 99.—Del director ejecutivo de administración judicial. El director ejecutivo de administración judicial deberá tener título profesional, maestría en ciencias económicas, financieras o administrativas y experiencia no inferior a cinco años en dichos campos”.
Por su parte, en el artículo 98 de la citada ley se encuentra que el director ejecutivo de administración judicial “...será elegido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de tres (3) candidatos postulados por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial”.
De conformidad con las normas antes expuestas, la Sala concluye que no advierte la “extralimitación” de la que se acusa a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Primero, porque en momento alguno fijó criterios adicionales a los ya establecidos en la Ley 270 de 1996, en efecto, de la lectura del artículo 3º del Acuerdo 001 de 2017, que establece los requisitos para participar de la convocatoria, se advierte que dicho precepto se limitó a referir en términos generales a los requerimientos legales y constitucionales.
Quiere decir lo anterior que, de entrada, no se encuentra que dicha convocatoria contenga exigencias diferentes a las legalmente previstas para todos aquellos aspirantes a ocupar el cargo de director ejecutivo de administración judicial.
Ahora bien, encuentra la Sala que el artículo que refiere a la “Preselección y criterios aplicables”, contrario a fijar requisitos adicionales para ocupar dicho cargo, procuró porque de las personas ya inscritas que cumplían las exigencias legales, fueran preseleccionadas aquellas que contaran con mayor experiencia profesional y formación académica, lo cual contrario a atentar contra los demás participantes o las reglas de la convocatoria, tiene un alto contenido de meritocracia que debería redundar en beneficios para la administración en el cumplimiento de las funciones a desempeñar por el designado.
Para la Sala los anteriores criterios resultan aplicables a la elección de los 15 aspirantes que continuarían en el proceso eleccionario, pues, se insiste, se limita al análisis de la “trayectoria y experiencia profesional específica” y “la formación académica” de los aspirantes, los cuales, por supuesto deben ser diferentes a los mínimos requeridos, pues solo de esta manera se podría llevar a cabo la requerida selección de quince candidatos.
En lo referente a la presunta falta de quórum requerido para dictar el Acuerdo 001 de 7 de febrero de 2017 la Sala advierte que el cargo carece de precisión, pues la parte actora omite indicar cuál es la norma presuntamente vulnerada, cuál era la mayoría requerida, sea para debatir o aprobar dicho acto, lo que impide abordar de fondo dicho reparo.
Se reitera, no se crearon requisitos adicionales a los legalmente previstos para ejercer el cargo, solo se estableció la forma meritocrática para que entre los inscritos se eligiera a los preseleccionados, todo lo cual lleva a esta Sala a negar este cargo.
ii)(sic) De la forma en la que se realizó la entrevista de los preseleccionados.
Según la parte actora, se preseleccionó a 15 aspirantes, quienes fueron entrevistados el 16 de mayo de 2017 “...sin los requisitos de la metodología propuesta en el Acuerdo 01 de 2017, por cuanto como se puede constatar en los videos, fueron preguntas diferentes para cada uno de los preseleccionados, y el número de preguntas no fue igual al de los criterios a evaluar, esto es pensamiento flexible, responsabilidad social, comunicación asertiva y conductual” (Negrillas fuera de texto original).
Lo anterior, a pesar que en la Guía del Aspirante se definió que se realizaría una “entrevista estructurada por competencias”, sin embargo, las que se surtieron no cumplen con ese requerimiento porque no se hicieron las mismas preguntas a todos los aspirantes “y por ello no hay manera de comparar”.
Además, indicó que no fue posible recurrir la calificación “sobre las evaluaciones”, porque primero se publicó la terna y luego la calificación de las entrevistas.
Lo primero que debe manifestar la Sala es que la actora adujo que las entrevistas constan en video pero el mismo no obra en el expediente, pues no se aportó con la demanda y tampoco la demandante lo pidió como prueba ni procuró por su consecución a lo largo del proceso.
Ahora bien, en el Acta Nº 10 de la sesión ordinaria de la comisión interinstitucional del 16 de mayo de 2017, consta que “la jornada de entrevista se transmitió por la página web de la Rama Judicial, cuya grabación está publicada en la página web de la Rama Judicial”(17), pero consultado dicho portal ya no se encontró dicha publicación(18).
No obstante, lo anterior en la medida que el cargo formulado se sustenta en el presunto desconocimiento del Acuerdo Nº 01 de 2017 y en la Guía del Aspirante, la Sala encuentra que estos no contienen la imposibilidad de realizar diferentes preguntas a los entrevistados y tampoco un número fijo de preguntas a realizar, como lo expone la demandante.
En efecto, en lo referente a la entrevista de los preseleccionados, el Acuerdo Nº 001 de 2017 en su artículo 10: dispuso:
“Entrevista en audiencia pública. Vencido el término anterior, los preseleccionados serán oídos y entrevistados por la Comisión Institucional de la Rama Judicial, en audiencia pública, por espacio de quince (15) minutos cada uno. Con base en la entrevista se conformará la terna, de acuerdo con los siguientes criterios:
a. Pensamiento flexible...
b. Responsabilidad social...
d. Conductual...
Cada uno de estos criterios se calificará con hasta 25 puntos, sin que sean acumulables a los previstos en el artículo noveno de este acuerdo.
La audiencia pública será transmitida en directo vía internet o por otro medio masivo. Podrán asistir los medios de comunicación y la ciudadanía en general”.
Por su parte, la Guía del Aspirante en lo referente a la realización de la entrevista señala:
“FASE III. EXPLORACIÓN
En esta fase los aspirantes tienen la posibilidad de interactuar con los Evaluadores para lo cual será necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
• No se permitirá a los entrevistados hacer alusión a temas que no estén dentro del contexto de la entrevista.
• Los miembros de la comisión podrán realizar diferentes tipos de preguntas, incluyendo aspectos relacionados con una visión general de la Rama Judicial y con las responsabilidades del cargo.
• El tiempo será limitado, para lo cual se utilizará un cronómetro o dispositivo que indique el tiempo de corte, sin prórrogas.
• Tenga presente que este procedimiento exige extrema atención para responder de forma concreta y segura.
• El tiempo establecido en esta fase será máximo de diez 10’ minutos para su desarrollo”.
De acuerdo con lo anterior, concluye la Sala que no se advierte la irregularidad a la que alude demandante, pues más allá de poder verificar si, en efecto, las preguntas a los entrevistados fueron diferentes en cuanto a su contenido y cantidad, es lo cierto que ni el Acuerdo Nº 001 de 2017 y tampoco la guía del aspirante regularon estos aspectos, lo que impone concluir que no existe su infracción.
Resta manifestar que la demandante señala que no tuvo oportunidad de cuestionar la calificación de la entrevista porque primero se publicó la terna y luego los resultados de las entrevistas.
Para resolver lo anterior, basta con precisar que la convocatoria pública, en su cronograma, no tenía previsto un lapso para recurrir el resultado de la entrevista(19) y que el cargo motivo de análisis no cuestiona la NO creación de esta oportunidad sino que se omitió esta instancia, la que como ya se dijo no fue establecida.
iii) De la modificación del cronograma
La parte demandante advirtió la vulneración del artículo 9º del Acuerdo 01 de 2017 de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial porque “...se estableció que la elección del candidato se daría ocho (8) días después de oír a los ternados, no obstante el nombramiento del director de la Rama Judicial se hizo ocho días antes de la fecha establecida”.
La Sala pone de presente que como antes se expuso, en el curso del procedimiento de designación el 3 de mayo de 2017, se informó que la entrevista de los preseleccionados se realizaría el 16 de mayo de 2017 y la conformación de la terna se efectuaría a partir del 22 de mayo de ese mismo año.
Luego, el 16 de mayo se entrevistó a los 15 preseleccionados y ese mismo día, se publicaron los puntajes obtenidos, por cada uno de los aspirantes.
Finalmente, el mismo 16 de mayo, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial profirió el Acuerdo Nº 006 de 2017 por el cual se conforma la terna de candidatos para el cargo de director ejecutivo de administración judicial.
En principio, le asiste razón al reparo formulado por la demandante, en el entendido de que la “conformación y publicación de la terna” se realizó antes de la fecha en que se anunció en el cronograma de la convocatoria pública, pues data del 16 de mayo de 2017.
Sin embargo, en este sentido, se debe recordar que ha sido tesis de esta Sección señalar que no basta con acreditar la irregularidad en el decurso de la actuación administrativa que culmina con el acto acusado, sino que se requiere que se demuestre que “...que afectó de forma directa el sentido de la decisión. En otras palabras la irregularidad que se presente debe ser sustancial, trascendental y con incidencia directa en el contenido y/o sentido del acto definitivo”.(20)
En este caso, no encuentra la Sala que la irregularidad advertida, tenga la entidad de viciar de nulidad el acto de elección que se pide anular, pues no se advierte que esta actuación anticipada haya tenido incidencia en la conformación de la terna y en la designación final.
Lo anterior porque el haber elaborado y publicado la terna de candidatos al cargo de director ejecutivo de administración judicial, en nada afectó a los 15 preseleccionados, pues luego de la entrevista y su respectiva calificación, como antes se precisó no existía etapa prevista diferente a dictar y publicar la terna.
Así las cosas, si bien le asiste razón a la parte actora en cuanto afirma que la terna se conformó y publicó antes de lo previsto en el cronograma, esta circunstancia carece de la entidad suficiente para llevar al traste con el nombramiento que se pide anular, razón por la cual este cargo se despacha de manera negativa a las pretensiones de la demandante(21).
iv) De la experiencia acreditada por los preseleccionados, los ternados y el demandado.
Afirmó la parte actora que “la calificación de hojas de vida incluyó en la terna tres personas que no llenan los requisitos”, en la medida que:
i) José Mauricio Cuestas Gómez fue rechazado como aspirante a la Gerencia de la Rama Judicial por no cumplir los requisitos legales de que trata el inciso 3º del artículo 15 del Acto Legislativo 02 de 2015, además, le valoraron “...la experiencia de profesional y profesional especializado como si las mismas fueran directivas”.
ii) Liliana María Hurtado y el demandado presentaron “maestrías online que no han sido convalidadas por el Ministerio de Educación” y;
iii) Marcela Yepes acreditó experiencia obtenida en una empresa liquidada, otra simultánea en Cali, Manizales y Pereira “lo cual física y materialmente es imposible de cumplir”.
Lo primero que debe aclarar la Sala es que, únicamente, se ocupará del análisis de este cargo en lo relacionado con el demandado, pues se recuerda que lo que está en tela de juicio es su elección y confirmación como director ejecutivo de administración judicial.
Así las cosas, de advertirse alguna inconsistencia en los requisitos acreditados por los demás ternados, esta situación no afectaría la elección de JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ, que en últimas es el objeto del presente medio de control.
En este mismo sentido se pronunció la Sección en sentencia de 8 de febrero de 2018:(22)
“La Sala concuerda con el Ministerio Público y encuentra que este reproche no tiene la vocación de modificar la sentencia de primera instancia, comoquiera que la señora
Tabares no resultó electa, y por consiguiente, resulta superfluo examinar si aquella estaba inhabilitada o no”.
Así las cosas, en la hipótesis de que prosperaran los reparos formulados respecto de la experiencia de Liliana María Hurtado y Marcela Yepes, esa determinación no afectaría los actos de elección y confirmación que se piden anular, por lo que se hace inane su análisis.
Aclarado lo anterior, estudiará la Sala si el demandado JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ cumple con los requisitos exigidos para el cargo de director ejecutivo de administración judicial, recordando que la demandante afirma que no los atiende en debida forma porque entiende que al designado se le asignó como experiencia calificada el desempeño de funciones en cargos de nivel profesional y profesional especializado, cuando debió ser únicamente contabilizada la experiencia que obtuvo en cargos directivos y con posterioridad a la obtención del grado de la maestría.
Recuerda la Sala que este aspecto ya fue dilucidado en el auto admisorio de la presente demanda(23), al indicar que el cargo de director ejecutivo de administración judicial impone como requisitos de estudios, el título profesional y de postgrado en la modalidad de maestría, pero no es cierto que la experiencia requerida de cinco (5) años esté sometida a la condición que invoca la accionante, esto es, que sea posterior al grado de la maestría en los enfoques y áreas exigidas, conclusión a la que se arriba luego de analizar el contenido del artículo 99 de la Ley 270 de 1996.
En esta sentencia, la Sala ratifica que no es dable otorgarle el alcance que pretende la demandante al artículo 99 de la Ley 270 de 1996, porque su tesis de que la experiencia debe contabilizarse luego de la obtención del título de maestría constituye una restricción que en realidad la norma no prevé.
En esta medida, ante la improsperidad del reparo, por medio del cual la demandante pretendía cuestionar la experiencia del demandado aduciendo que debería ser contabilizada desde su título de maestría y toda vez que no hay un reparo frente a las certificaciones con las cuales JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ, demostró el cumplimiento de las exigencias del cargo en el cual finalmente fue nombrado, la Sala concluye la negativa del mismo.
Sin perjuicio de lo anterior, vale la pena señalar que de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, se demostró que el demandado acreditó más de 26 años de experiencia profesional, la que se insiste no fue cuestionada, lo que permite a esta Sala concluir que este aspecto fue superado con gran suficiencia. Razones estas que permiten denegar el cargo.
v) De la falta de homologación de los títulos obtenidos por los ternados en el extranjero.
Reitera la Sala que este cargo al igual que el anterior, solo se analizará frente al demandado, por las razones ya expuestas.
Según la parte actora, con la elección del demandado se vulneran los artículos 11, 14 y 15 del Decreto 2772 de 2005(24), en la medida que aportó título de maestría otorgado en el extranjero que no ha sido homologado.
Al respecto, debe insistirse que el artículo 37(25) del Decreto 1785 de 2014(26), derogó el Decreto 2772 de 2005 lo que, por obvias razones imposibilita que la Sala examine dichos preceptos frente a los actos que se piden anular.
En conclusión la Sala negará las pretensiones de la demanda ante la improsperidad de los cargos formulados por la parte actora.
1. NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por la señora Diana Fernanda Flórez Sáenz, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión.
2. Se advierte a las partes que contra la presente providencia no procede recurso alguno.
3. ARCHIVAR el expediente una vez quede en firme el fallo.
13 Fls. 38 al (sic).
14 Del 28 de marzo de 2017.
15 “Por medio del cual se realiza la convocatoria pública para conformar la terna de candidatos para el cargo de director (a) ejecutivo (a) de administración judicial”.
16 Estatutaria de la Administración de Justicia.
17 Fl. 57.
18 https://www.ramajudicial.gov.co/web/comision-interinstitucional/convocatoria-proceso-de- integracion-de-la-terna-de-director-ejecutivo-de-administracion-judicial.
19 Como puede verse en la transcripción realizada a folio 14 de esta providencia.
20 Sentencia de 27 de octubre de 2016, Rad. 52001-23-33-000-2016-00115-01, C.P Carlos Enrique Moreno Rubio.
21 Resulta pertinente señalar que de conformidad con el artículo 11 de la convocatoria —Acuerdo 001 de 2017—, luego de las entrevistas la comisión “...dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, elaborará la terna de candidatos”, lo cual evidencia que no se vulneró dicho acto al haber conformado la terna el mismo día de la finalización de las entrevistas.
22 Rad. 2017-0212-01, actor: Gilberto Zaraza Ardila, C.P. Alberto Yepes Barrero.
23 Del 19 de octubre de 2017.
24 “Por el cual se establecen las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones”.
25 “ART. 37.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, derogalos decretos2772de2005, 871 de 2006, 4476 de 2007, 3717 de 2010 y las disposiciones que le sean contrarias”.
26 “Por el cual se establecen las funciones y los requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones”.