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Timestamp: 2019-10-23 17:57:30
Document Index: 80434922

Matched Legal Cases: ['artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 22', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 139']

ATS, 15 de Diciembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 663441993
Número de Recurso: 2621/2016
PRIMERO .- Por la procuradora de los Tribunales D. ª Mónica Ana Liceras Vallina, en nombre y representación de D. Jorge , se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 28 de junio de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de la Audiencia Nacional, en el recurso nº 2383/2014 , sobre denegación de nacionalidad.
SEGUNDO .- En virtud de providencia de 10 de octubre de 2016 se acordó poner de manifiesto a las partes, por un plazo común de diez días para alegaciones, la posible concurrencia de las siguientes causas de inadmisión del recurso:
- Carecer manifiestamente de fundamento el recurso interpuesto, al no contener una crítica razonada de la concreta fundamentación jurídica de la sentencia recurrida; así como pretenderse a través del recurso de casación una revisión de la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de instancia, lo que no es posible en el recurso extraordinario de casación ( artículo 93.2.d) LRJCA ); y
- Carecer de interés casacional, por concurrir en el caso examinado en este recurso de casación las circunstancias previstas a tal efecto en el artículo 93.2.e) de la Ley de la Jurisdicción 29/1998.
Han presentado alegaciones las partes personadas, el Sr. abogado del Estado, como parte recurrida, y D. Jorge , como parte recurrente.
PRIMERO .- La sentencia impugnada desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Jorge contra la resolución del Ministerio de Justicia de 4 de agosto de 2014, que le denegó la nacionalidad española.
Dicha sentencia contiene la siguiente fundamentación jurídica (que transcribimos en cuanto ahora interesa):
[...] SEGUNDO.- Está acreditado que el recurrente, Jorge , quien había obtenido permiso de residencia inicial en España el 9 de mayo de 2000, formuló su solicitud de nacionalidad española el 15 de enero de 2013 ante el Registro Civil de Reus. Nació en Marruecos el día NUM000 de 1958. Ha trabajado en España. Presenta copia de declaración IRPF de 2011. Está casado. Según informe del Ministerio del Interior que obra en el expediente administrativo remitido a este tribunal, no le constan antecedentes penales. El Juez Encargado del Registro Civil informó desfavorablemente la solicitud de nacionalidad española formulada por el recurrente. El Ministerio Fiscal no informó la solicitud por falta de datos.
Del examen de exploración que obra en el expediente administrativo y que tuvo lugar el 15 de enero de 2013, cuyo contenido se da aquí por reproducido, así como del informe del Encargado del Registro Civil, se desprende que el recurrente, Jorge , desconoce lo que es la Constitución española, las instituciones y actualidad políticas, así como datos culturales elementales de España y su realidad política, social y cultural. [...]
CUARTO.- Jorge no aparece integrado en la sociedad española, como se pone de manifiesto en la información obrante en el expediente administrativo, más arriba referida y que sirvió de fundamento y motivación de la actuación administrativa objeto del presente recurso. El recurrente desconoce las instituciones y actualidad políticas, así como datos culturales y geográficos elementales de España y su realidad política, social y cultural, a pesar de que reside en España desde 2000. Pero lo cierto es que no basta, para considerar que una persona que pretende la nacionalidad española reúne el requisito relativo a la integración en su sociedad, con el hecho de su matrimonio, su residencia habitual, el lugar de radicación de sus actividades económicas y familiares y su patrimonio inmobiliario. El recurrente ignora aspectos fundamentales sobre España y su sociedad (desconoce fundamentalmente datos geográficos de España, datos políticos y lo que es la Constitución española), por lo que hemos de concluir que tal desconocimiento se debe a su falta de implicación en las relaciones sociales y culturales, así como con las leyes, las instituciones, costumbres y forma de vida de nuestra sociedad. Por ello, este tribunal concluye -STS de 24 de abril de 1999 , entre otras- que la denegación de la nacionalidad española de la recurrente por falta de integración en la sociedad española aparece debidamente motivada y es ajustada a derecho, según lo previsto en el artículo 22.4 del Código Civil , en relación con los artículos 220 y 221 del Reglamento del Registro Civil , por lo que debe descartarse la existencia de arbitrariedad o de indefensión alguna.
En consecuencia, debe desestimarse el presente recurso. [...]
SEGUNDO .- En el escrito de interposición del presente recurso de casación se articulan cuatro motivos, en los que se denuncian claramente vicios "in iudicando", incardinables en el motivo casacional del subapartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional .
Así, en el primer motivo del recurso, se denuncia la infracción de los artículos 54 y 63 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , insistiendo en esencia el recurrente en la falta de motivación de la resolución dictada por la Administración; en el segundo motivo, aduce la infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la motivación de los actos discrecionales de la Administración; en el tercer motivo, alega la infracción de los artículos 21 y 22 del Código Civil y 220 y 221 del Reglamento del Registro Civil , pues entiende que sí está suficientemente integrado en la sociedad española (aludiendo a criterios que considera esenciales y que estima no tomados en consideración, como la residencia continuada en territorio nacional durante más de diez años, el conocimiento del idioma o su estabilidad laboral); y, finalmente, en el motivo cuarto, alude a la STS de 26 de septiembre de 2011 , para, a continuación, defender que, en su caso, no estamos ante un «palmario desconocimiento de aspectos elementales del funcionamiento de las instituciones públicas españolas», pues no presenta un desconocimiento de tal magnitud.
TERCERO .- Este recurso de casación presenta una carencia manifiesta de fundamento que justifica su inadmisión, pues lo cierto es que ,en su desarrollo, la parte recurrente se limita a manifestar su discrepancia frente a la sentencia de instancia, pero sin decir nada útil para rebatir o contrarrestar las concretas razones por las que se desestimó su recurso contencioso-administrativo, que se contienen especialmente en los fundamentos jurídicos segundo y cuarto de la sentencia de instancia -más arriba trascritos- de cuya lectura conjunta resulta la apreciación por la sala a quo de la falta de integración en la sociedad española del allí demandante, razonándose asimismo la suficiente motivación de la resolución administrativa impugnada.
Así, respecto de la cuestión específicamente denunciada en los dos primeros motivos del recurso referida a la supuesta falta de motivación de la resolución administrativa impugnada, dicha denuncia carece manifiestamente de fundamento, ante todo porque la sentencia de instancia dedica a este concreto tema de la motivación de la resolución administrativa unas específicas consideraciones (en los antes referidos fundamentos jurídicos segundo y cuarto de la sentencia de instancia), sobre las que nada dice el recurrente. Y, en cualquier caso, porque, tal y como razona la sentencia, de «[...] la información obrante en el expediente administrativo, [...] que sirvió de fundamento y motivación de la actuación administrativa objeto del presente recurso [...]», esto es, del «[...] examen de exploración que obra en el expediente administrativo y que tuvo lugar el 15 de enero de 2013, [...] así como del informe del Encargado del Registro Civil, se desprende que el recurrente, Jorge , desconoce lo que es la Constitución española, las instituciones y actualidad políticas, así como datos culturales elementales de España y su realidad política, social y cultural. [...]» de forma que no puede decirse que la decisión de la Administración carezca de una justificación relativa a las circunstancias concurrentes en este caso.
CUARTO .- Lo dicho es bastante para inadmitir este recurso de casación. De cualquier forma, a mayor abundamiento, se ha suscitado en este caso la posible concurrencia de la causa de inadmisión consistente en carecer el recurso de interés casacional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 93.2.e] de la LJCA , a cuyo tenor la sala dictará auto de inadmisión «en los asuntos de cuantía indeterminada que no se refieran a la impugnación directa o indirecta de una disposición general, si el recurso estuviese fundado en el motivo del artículo 88.1. d) y se apreciase que el asunto carece de interés casacional por no afectar a un gran número de situaciones o no poseer el suficiente contenido de generalidad».
QUINTO .- Pues bien, acerca de la interpretación de dicho artículo 93.2.e) nos hemos pronunciado en autos de esta sala y sección de 28 de octubre y 25 de noviembre de 2010 ( RRC 3287/2009 y 2785/2009 ) -cuya fundamentación jurídica ha sido recogida en otros posteriores- señalando en este último lo siguiente:
[...] para responder a ese interrogante resulta obligado situar la controversia en el contexto de la naturaleza y significado del recurso de casación y de la propia posición institucional del Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes ( art. 123 CE ), de la que fluye que el recurso de casación tiene como misión fundamental asegurar la unidad del Ordenamiento Jurídico garantizando una aplicación judicial de las Leyes correcta, uniforme y previsible. Por eso, esta Sala ha afirmado reiteradamente que la finalidad del recurso de casación es corregir los errores en que hubieran podido incurrir los Tribunales de instancia en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, y no someter a revisión la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de instancia.
SEXTO .- Partiendo, pues, de estas premisas, y descendiendo al examen del caso que ahora nos ocupa, hemos de concluir que este recurso de casación carece asimismo de interés casacional y por ende resulta inadmisible, toda vez que las cuestiones suscitadas por la parte recurrente en torno a la interpretación y valoración del concepto jurídico indeterminado «suficiente grado de integración en la sociedad española» ( art. 22.4 CC ), en lo que respecta a la exigencia de un suficiente grado de conocimiento de aspectos básicos de las instituciones y/o costumbres españolas, han sido ya examinadas y resueltas por una jurisprudencia consolidada y uniforme, que, lejos de haber sido ignorada por la sala de instancia, ha sido respetada en su sentencia y aplicada al caso examinado.
Así las cosas, la cuestión litigiosa queda reducida al problema singular y casuístico de si en atención a las circunstancias puramente personales del interesado, este reúne el requisito del «suficiente grado de integración en la sociedad española» a efectos del reconocimiento de la nacionalidad española. Pues bien, es claro que esta específica cuestión no presenta una relevancia jurídica tal que justifique su examen por el Tribunal Supremo.
SÉPTIMO .- En definitiva, por las razones cumplidamente expuestas, procede declarar la inadmisión del presente recurso, en aplicación del artículo 93.2, apartados d ) y e), de la Ley Jurisdiccional ; no obstando a la anterior conclusión las alegaciones vertidas por la parte recurrente con ocasión del trámite de audiencia, que ya han recibido cumplida respuesta a través de lo expuesto anteriormente en el cuerpo de esta resolución.
OCTAVO .- Al declararse inadmisible el recurso de casación es procedente condenar a la parte recurrente en las costas de aquél, si bien esta sala, haciendo uso de la facultad concedida por el artículo 139.2, y a la vista de las actuaciones procesales, fija en 250 euros la cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida por todos los conceptos.
Inadmitir el recurso de casación nº 2621/2016 interpuesto por la representación procesal de D. Jorge contra la sentencia de 28 de junio de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de la Audiencia Nacional, en el recurso nº 2383/2014 , resolución que se declara firme; con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en este recurso, en los términos expresados en el último razonamiento jurídico.