Source: https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/05939/2017/00/0/1&q=s%3D1%26rn%3D%26ra%3D%26fd%3D01%2F12%2F2016%26fh%3D27%2F05%2F2019%26u%3D%26n%3D%26p%3D%26c1%3D%26c2%3D%26c3%3D%26tc%3D1%26tr%3D%26tp%3D%26tf%3D%26c%3D2%26pg%3D
Timestamp: 2019-06-18 02:55:44
Document Index: 351623981

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 229', 'artículo 107', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 16', 'artículo 29', 'artículo 28', 'artículo 229', 'artículo 107', 'artículo 267', 'artículo 234']

Criterio 1 de 1 de la resolución: 00/05939/2017/00/00
Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE). Base imponible.
Forman parte de la base imponible del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) los siguientes conceptos:
a) Pagos por capacidad.
b) Garantía de potencia de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (SEIE)´.
c) Reserva de potencia adicional a subir y la reserva secundaria.
d) Complemento por energía reactiva.
e) Complemento por eficiencia y Huecos de tensión.
Reitera criterio de RG 00-04780-2016 (23-04-2019)
Consulta Vinculante DGT V-1602-13.
Ley 15/2012 Medidas fiscales para la sostenibilidad energética
PROCEDIMIENTO: 00-05939-2017
RECLAMANTE: PXT, SL - NIF ...
DOMICILIO ... (BIZKAIA) - España
Se ha visto la presente reclamación contra los acuerdos dictados por la Oficina Gestora de Impuestos Especiales de Oviedo , de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), por los que se desestiman las solicitudes de devolución de ingresos indebidos presentadas en relación con el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, ejercicios 2013, 2014 y 2015 respectivamente.
El día 09/11/2017 tuvo entrada en este Tribunal la presente reclamación, interpuesta en 02/11/2017 contra los acuerdos dictados por la Oficina Gestora de Impuestos Especiales de Oviedo , de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), por los que se desestiman las solicitudes de devolución de ingresos indebidos presentadas en relación con el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, ejercicios 2013, 2014 y 2015 respectivamente.
Consta en todo lo actuado la presentación, por parte de la reclamante, de diversas solicitudes de devolución del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (en adelante, IVPEE), ante la Oficina Gestora de Impuestos Especiales de Oviedo, mediante el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones. Dichas solicitudes se referían a los pagos del citado impuesto, por el valor de la producción de energía eléctrica, medida en barras de central, efectuados en los períodos 2013, 2014 y 2015.
Nulidad de la ORDEN HAP/703/2013.
Inconstitucionalidad de la Ley 15/2012.
Infracción del Derecho de la Unión Europea por el IVPEE.
Incorrecta determinación de la base imponible.
A la vista de las citadas peticiones de rectificación de autoliquidaciones la Administración dictó las correspondientes resoluciones desestimando las solicitudes de devolución de ingresos indebidos, por considerar, en síntesis, que no existía vulneración de los principios constitucionales de generalidad, capacidad económica y no confiscatoriedad contemplados en el artículo 31 de la Constitución Española y que el impuesto se adecuaba a la normativa comunitaria
Frente a las citadas resoluciones, la reclamante interpuso, en fecha 2 de noviembre de 2017 , la present reclamación económico-administrativa que fue registrada con número R.G. 5939/2017.
Subsidiariamente, solicita la presentación de una cuestión prejudicial que determine si es conforme o no a derecho comunitario el IVPEE y si la ley 15/2012 respeta o no el tratado de funcionamiento de la unión europea.
Si los acuerdos dictados por la Oficina Gestora de Impuestos Especiales de Oviedo de la AEAT, citados en el encabezamiento, se encuentran ajustados a Derecho. TERCERO.- Fijado lo anterior procede entrar a valorar la adecuación a derecho de la reclamación económico-administrativas presentadas ante este Tribunal como se ha puesto de manifiesto en los antecedentes de hecho la entidad reclamante, es el obligado tributario, que solicitó la devolución del IVPEE, correspondiente a los ejercicios 2013, 2014 y 2015.
En el presente caso la reclamante presentó, ante la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Oviedo, los correspondientes modelos 583, aprobado por la Orden HAP/703/2013, de 29 de abril, del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, Autoliquidación y Pagos Fraccionados, que deben presentarse cuando radiquen en el territorio común los centros de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica. Por tanto, la competencia de la AEAT se limita a las autoliquidaciones gestionadas por ella, a través de las que se ingresó el impuesto y en relación con las instalaciones radicadas en el territorio común. Respecto de las cuotas devengadas por instalaciones situadas en territorios forales, la autoliquidación e ingreso debe tener lugar ante las correspondientes Haciendas Forales, siendo los correspondientes órganos de las mismas a los que corresponda pronunciarse sobre las solicitudes de rectificación y devolución de ingresos por el IVPEE autoliquidado e ingresado a las Haciendas Forales.
En consecuencia, la competencia para resolver la solicitud de rectificación de la autoliquidación y la consiguiente devolución de ingresos indebidos, corresponde a la Administración que sea competente para la gestión de la correspondiente autoliquidación. En el presente caso, el órgano competente es la Oficina Gestora de Impuestos Especiales de Oviedo de la AEAT, órgano que resolvió las solicitudes presentadas por la interesada en sentido desestimatorio.
Una vez realizadas las anteriores precisiones sobre competencia y procedimiento y, verificado el cumplimiento del procedimiento legalmente establecido, en relación con la cuestión de fondo, la reclamante alega la incompatibilidad entre la Ley 15/2012, de 27 de diciembre que regula el IVPEE, y el Derecho de la Unión Europea, así como con determinados principios de la Constitución Española.
Alega así mismo la nulidad de las actas, como consecuencia de la nulidad de la ORDEN HAP/703/2013 y la incorrecta determinación de la base imponible.
En cuanto al primero de estos motivos, constatándose la plena vigencia en el ordenamiento jurídico español, en el momento presente, de la Ley 15/2012, reguladora del IVPEE, la reclamante alega la vulneración por la Ley del IVPEE de la Directiva 2008/118/CE.
56. Ha de recordarse que, a tenor de su artículo 1, apartado 1, la Directiva 2008/118 establece el régimen general en relación con los impuestos especiales que gravan directa o indirectamente el consumo de los productos que se mencionan en esa disposición, entre los que figuran, en particular, en dicho artículo 1, apartado 1, letra a), los «productos energéticos y electricidad, regulados por la Directiva [2003/96]».
61. Sin embargo, debe recordarse que, como resulta del apartado 57 de la presente sentencia, el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118 se refiere únicamente a los impuestos indirectos, distintos de los impuestos especiales, que gravan directa o indirectamente el consumo de los «productos sujetos a impuestos especiales», según se enumeran en el artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de junio de 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C5/14, apartado 59).
62. Pues bien, aunque esta última disposición se refiere a los «productos energéticos y electricidad, regulados por la Directiva [2003/96]», resulta concretamente de los apartados 46 a 52 de la presente sentencia que un canon, como el controvertido en los litigios principales, que grava los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica no grava productos energéticos ni electricidad en el sentido de la citada Directiva.
«(...) Sobre la incidencia del Derecho comunitario. (...)
Muy recientes Sentencias del Tribunal Constitucional, como la 37/2017, de 1 de marzo, asentada en la nº 26/2017, de 16 de Febrero, hacen un compendio en esta materia, que tomamos de la última de ellas (...)».
5. En la sentencia de 20 de septiembre de 2017, Elecdey Carcelen ( C-215/16, acumulados C-216/16 y C-221/16; eu:C:2017:705), el TJUE ha dicho, en relación con el canón castellano-manchego sobre los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica , lo que sigue sobre la interpretación de la Directiva 2008/118/CE):
En lo concerniente a la inconstitucionalidad de la Ley reguladora del Impuesto, es preciso señalar que no es competencia de este Tribunal Económico-Administrativo Central decidir sobre la legalidad de las disposiciones tributarias de carácter general, puesto que el ámbito de la vía económico-administrativa está circunscrito al examen de los actos de aplicación de la normativa en vigor (artículo 229 de la Ley General Tributaria), con independencia de la legalidad intrínseca de las normas que las regulan, materia reservada a la jurisdicción contencioso-administrativa (artículo 107.3 de la Ley 30/1992) o, en su caso, al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este sentido, cabe citar la resoluciones de 20 de octubre de 2010 (R.G. 7373/08), de 23 de junio de 2010 (R.G. 2160/08), 24 de marzo de 2009 (R.G. 912/08), 26 de septiembre de 2007 (R.G. 2379/05), 1 de junio de 2006 (R.G. 3529/03), entre otras.
Plantea, asimismo, la reclamante una ilegalidad del IVPEE por incurrir en doble imposición con respecto a lo gravado por el IAE, al recaer ambos en los mismos hechos imponibles como expresión de la misma capacidad económica.
.- Sostiene la interesada la incorrecta determinación de la base imponible, por incluir los siguientes conceptos retributitos que no se encuentran dentro del hecho imponible del IVPEE:
a) Pagos por capacidad:
b) Garantía de potencia de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares
c) Reserva de potencia adicional a subir y la reserva secundaria
d) Complemento por energía reactiva
e) Complemento por eficiencia y Huecos de tensión
Por su parte el artículo 4 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, regula el hecho imponible de la siguiente forma:
Se encuentran establecidos en la Orden ITC/2794/2007, de 27 septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007 (BOE de 29 de septiembre). Así como en la Orden ITC/3127/2011, de 17 de noviembre, por la que se regula el servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad y se modifica el incentivo a la inversión a que hace referencia el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007 (BOE de 18 de noviembre).
Por su parte la Comisión Nacional de Energía, en Informe de fecha 5 de diciembre de 2012, sobre Propuesta del Mecanismo por el que se establece el Servicio de Garantía de Suministro, señala en el apartado sobre justificación del mecanismo de capacidad:
"La justificación de implementar este mecanismo adicional a la remuneración que obtienen las centrales por vender su energía en el mercado de producción se basa en la existencia de una serie de factores característicos del sector eléctrico en España......"; entre dichos mecanismos se citan: "la existencia de un techo de precios" (pues limitan el nivel de ingresos esperados por los productores), "la reducida interconexión con Europa" (se incrementan los riesgos), o "la alta participación de energías renovables".
Por lo que este Tribunal rechaza que el pago por capacidad no forme parte de la base imponible.
b) Garantía de potencia de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (SEIE):
El artículo 12 de la Ley 54/1997 remite a la reglamentación especial, en lo referido a este concepto, por lo que se aprueba el Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, que regula los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.
Por su parte la Orden ITC/914/2006, de 30 de marzo, establece el método de cálculo de la retribución de garantía de potencia, disponiendo que los pagos por garantía de potencia en los SEIE retribuyen la actividad de producción de energía eléctrica, por lo que constituyen un concepto a incluir en la base imponible del IVPEE.
Estos servicios están regulados en el artículo 3.1.k) de la Ley 54/1997, y en la Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía.
La retribución de la reserva de potencia adicional se justifica por el servicio consistente en poner a disposición del sistema suficiente reserva de potencia para garantizar la demanda y la seguridad del sistema eléctrico.
La reserva secundaria es un servicio de carácter potestativo y da lugar a los derechos de cobro y obligaciones de pago definidos en la Ley 54/1997.
Por lo que se trata de servicios que deben ser incluidos en la base imponible del IVPEE y están expresamente incluidos en el artículo 16 de la Ley 54/1997 como uno de los componentes de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica.
Dicho concepto se encuentra regulado en el artículo 29 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo , por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
Este complemento, establecido en el anexo V del reglamento, consiste en un porcentaje, en función del factor de potencia con el que se entregue la energía, que será objeto de revisión anual por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio. Debiendo las instalaciones mantenerse dentro del rango obligatorio de factor de potencia que se indica en el anexo V. En caso de incumplimiento de dicha obligación, deberán efectuar un pago cuya finalidad será la de potenciar las mejores condiciones de entrega conforme a determinados requerimientos de calidad del suministro eléctrico.
Por todo ello dicho pago supondrá un mayor valor de la energía eléctrica que se ha producido e incorporado al sistema eléctrico y por lo tanto se deberá incorporar en la base imponible del IVPEE.
Se regula en el artículo 28 del Real Decreto 661/2007, aplicable a las instalaciones de régimen especial que acrediten un rendimiento eléctrico equivalente superior al mínimo establecido en el anexo I del citado reglamento.
En aquellos casos en los que el complemento por eficiencia, así como el complemento por continuidad de suministro frente a huecos de tensión estén retribuyendo una inversión, en función de los megavatios producidos, se consideran ingresos que se deberán incluir en la base imponible del IVPEE.
De acuerdo con todo ello, este Tribunal Central reiterando lo manifestado mediante Resolucion de 23 de abril de 2019 (REC:00-04780-2016) considera que las retribuciones anteriores forman parte de la base imponible del impuesto.
En lo concerniente a la pretendida nulidad de la Orden HAP/703/2013, es preciso señalar que no es competencia de este Tribunal Económico-Administrativo Central decidir sobre la legalidad de las disposiciones tributarias de carácter general, puesto que el ámbito de la vía económico-administrativa está circunscrito al examen de los actos de aplicación de la normativa en vigor (artículo 229 de la Ley General Tributaria), con independencia de la legalidad intrínseca de las normas que las regulan, materia reservada a la jurisdicción contencioso-administrativa (artículo 107.3 de la Ley 30/1992) o, en su caso, al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este sentido, cabe citar las resoluciones de 20 de octubre de 2010 (R.G. 7373/08), de 23 de junio de 2010 (R.G. 2160/08), 24 de marzo de 2009 (R.G. 912/08), 26 de septiembre de 2007 (R.G. 2379/05), 1 de junio de 2006 (R.G. 3529/03), entre otras.
Por último, sobre su solicitud de elevar cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que ya se ha estudiado en otros casos, conforme al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo 234 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea):
"OCTAVO: Por último, el reclamante pretende plantear a través de este Tribunal Económico-Administrativo Central una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Es de señalar que, a partir de la resolución de 29 de marzo de 1990, se estableció la doctrina de que el Tribunal Económico-Administrativo Central, conforme a la interpretación que hace el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su jurisprudencia del concepto de jurisdicción, es un órgano jurisdiccional al reunir los cuatro requisitos exigidos por dicha jurisprudencia, esto es: a) origen legal, b) permanencia, c) jurisdicción obligatoria, y d) decisión en Derecho; que siendo competente para dicho planteamiento, está obligado a hacerlo, según el art. 177 del Tratado de la Comunidad Económica Europea "cuando la decisión no sea susceptible de ulterior recurso judicial conforme al derecho interno", circunstancia que aquí no concurre, puesto que la presente resolución es impugnable en la vía contenciosa-administrativa. Por lo tanto, el planteamiento de la cuestión prejudicial es potestativo para este Tribunal Central, y no se estima necesario pronunciamiento del mencionado Tribunal de Justicia respecto de la cuestión de fondo del presente recurso, por lo que debe declararse la no procedencia de plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".