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Timestamp: 2020-08-09 09:17:17
Document Index: 39266697

Matched Legal Cases: ['Artículo 123', 'artículo 3', 'artículo 119', 'artículo 127', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 5', 'artículo 296', 'artículo 119', 'artículo 3', 'artículo 282', 'artículo 282', 'artículo 127', 'artículo 130', 'artículo 282', 'artículo 3', 'artículo 18', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 29', 'artículo 6', 'artículo 18']

de 11 de diciembre de 2018 (*)
«Procedimiento prejudicial — Política económica y monetaria — Decisión (UE) 2015/774 del Banco Central Europeo — Validez — Programa de compras de valores públicos en mercados secundarios — Artículos 119 TFUE y 127 TFUE — Competencias del BCE y del Sistema Europeo de Bancos Centrales — Mantenimiento de la estabilidad de los precios — Proporcionalidad — Artículo 123 TFUE — Prohibición de financiación monetaria de los Estados miembros de la zona euro»
En el asunto C‑493/17,
– en nombre del Sr. Weiss y otros, por el Sr. C. Degenhart;
– en nombre del Sr. Lucke y otros, por el Sr. H.‑D. Horn y el Sr. G. Beck, Barrister;
– en nombre del Sr. Gauweiler, por el Sr. D. Murswiek;
– en nombre del Deutsche Bundesbank, por el Sr. A. Guericke, en calidad de agente, asistido por los Sres. U. Soltész, C. von Köckritz y B. Herz, Rechtsanwälte;
– en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. T. Henze, J. Möller y U. Häde, en calidad de agentes;
– en nombre del Gobierno helénico, por el Sr. K. Boskovits y las Sras. S. Charitaki y A. Magrippi, en calidad de agentes;
– en nombre del Gobierno francés, por los Sres. D. Colas y D. Segoin y la Sra. E. de Moustier, en calidad de agentes;
– en nombre del Gobierno portugués, por los Sres. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, T. Larsen y P. Machado, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. L. Flynn, J.‑P. Keppenne, C. Ladenburger y B. Martenczuk, en calidad de agentes;
– en nombre del Banco Central Europeo (BCE), por las Sras. C. Zilioli y K. Kaiser y el Sr. C. Kroppenstedt, en calidad de agentes, asistidos por Sr. H.‑G. Kamann, Rechtsanwalt;
«(2) El 4 de septiembre de 2014, el Consejo de Gobierno decidió que debía ponerse en marcha un nuevo programa de adquisiciones de bonos garantizados (en lo sucesivo, “el tercer programa”) y un programa de adquisiciones de bonos de titulización de activos (ABSPP). Junto con las operaciones de financiación a más largo plazo introducidas en septiembre de 2014, estos programas de compras de activos pretenden mejorar la transmisión de la política monetaria, facilitando la concesión de créditos a la economía de la zona del euro, facilitando las condiciones de los préstamos para los hogares y las empresas y contribuyendo a devolver las tasas de inflación a niveles más cercanos al 2 %, de conformidad con el objetivo primordial del BCE de mantener la estabilidad de los precios.
(3) El 22 de enero de 2015, el Consejo de Gobierno decidió que las compras de activos deberían ampliarse para incluir un programa de compras de valores públicos en mercados secundarios (en adelante, “PSPP”). Con arreglo al PSPP, los [bancos centrales nacionales], en proporciones que reflejan sus participaciones respectivas en el capital clave del BCE, y el BCE podrán realizar compras simples de instrumentos de renta fija negociables admisibles a entidades de contrapartida admisibles en los mercados secundarios. Esta decisión fue tomada como parte de la política monetaria única en vista de una serie de factores que han aumentado significativamente el riesgo a la baja de las perspectivas a medio plazo de la evolución de los precios, poniendo en peligro la consecución del objetivo primordial del BCE de mantener la estabilidad de los precios. Estos factores incluyen un estímulo monetario inferior a lo esperado de las medidas monetarias adoptadas, una caída de la mayoría de los indicadores de la inflación real y esperada en la zona del euro (tanto índices generales como índices que excluyen el impacto de los componentes volátiles como la energía y los alimentos) hacia mínimos históricos, y el aumento de efectos de segunda vuelta potenciales en la fijación de salarios y precios derivada de una reducción significativa del precio del petróleo.
«1. Con sujeción a los requisitos establecidos en el artículo 3, los instrumentos de renta fija negociables denominados en euros emitidos por administraciones centrales, regionales o locales de un Estado miembro cuya moneda es el euro, agencias reconocidas establecidas en la zona del euro, organizaciones internacionales establecidas en la zona del euro y bancos multilaterales de desarrollo establecidos en la zona del euro, podrán ser adquiridos por los bancos centrales del Eurosistema conforme al PSPP. En circunstancias excepcionales, cuando no pueda alcanzarse el importe de compras previsto, el Consejo de Gobierno podrá decidir comprar instrumentos de renta fija negociables emitidos por otras entidades establecidas en la zona del euro […].
a) el emisor o avalista de los instrumentos de renta fija negociables tendrá una calificación crediticia equivalente como mínimo a la categoría 3 de calidad crediticia de la escala de calificación armonizada del Eurosistema, […]
d) si la evaluación crediticia de emisor, avalista o emisión […] no alcanza como mínimo la categoría 3 de calidad crediticia de la escala de calificación armonizada del Eurosistema, los instrumentos de renta fija negociables solo serán admisibles si han sido emitidos o están plenamente garantizados por las administraciones centrales de Estados miembros de la zona del euro con arreglo a un programa de asistencia financiera y respecto a los cuales el Consejo de Gobierno ha suspendido la aplicación del umbral de calidad crediticia […]
«Para permitir la formación de un precio de mercado para los valores admisibles, durante un período de tiempo determinado por el Consejo de Gobierno (“período de bloqueo”) no se permitirán compras en un valor recientemente emitido o derivado de una emisión disponible en todo momento y los instrumentos de renta fija negociables con un vencimiento restante cercano, anterior o posterior, a la fecha de vencimiento de los instrumentos de renta fija negociables a emitir. […]»
b) el 33 % por código ISIN en el caso de otros instrumentos de renta fija negociables admisibles, […]
«1. Del valor contable de las compras conforme al PSPP de instrumentos de renta fija negociables admisibles, el 10 % corresponderá a valores emitidos por organizaciones internacionales y bancos multilaterales de desarrollo admisibles, y, el 90 %, a valores emitidos por administraciones centrales, regionales o locales y agencias reconocidas admisibles […].Esta asignación está sujeta a la revisión del Consejo de Gobierno. Solo los BCN efectuarán compras de instrumentos de renta fija emitidos por organizaciones internacionales, bancos multilaterales de desarrollo y administraciones regionales y locales admisibles.
14 En apoyo de sus recursos, los demandantes en el litigio principal alegan, en esencia, que las decisiones del BCE en cuestión constituyen, en su conjunto, un acto ultra vires,por cuanto infringen el reparto de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros previsto en el artículo 119 TFUE, al exceder del mandato del BCE, tal como se define en el artículo 127 TFUE, apartados 1 y 2, y en los artículos 17 a 24 del Protocolo (n.o 4) sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en lo sucesivo, «Protocolo sobre el SEBC y el BCE»), y vulneran el artículo 123 TFUE. Sostienen, además, que estas decisiones violan el principio democrático consagrado en la Grundgesetz (Ley Fundamental alemana), por lo que atentan contra la identidad constitucional alemana.
«1) ¿Infringe el artículo 123 TFUE, apartado 1, la Decisión […] 2015/774 […] en la versión […] de la Decisión […] 2016/702 […], o el modo en que se ejecuta?
2) ¿Infringe en todo caso la Decisión mencionada en la primera cuestión el artículo 123 TFUE si, ante cambios ocurridos en los mercados financieros —en particular, debido a la escasez de instrumentos de renta fija adquiribles—, su continuidad exige que se flexibilicen permanentemente las normas aplicables originariamente a las compras y si quedan sin efecto los límites a los programas de compra de deuda como el que supone el PSPP que se establecen en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia?
3) ¿Infringe la Decisión […] 2015/774 […], en su versión actual, los artículos 119 TFUE y 127 TFUE, apartados 1 y 2, así como los artículos 17 a 24 del Protocolo sobre [el SEBC y el BCE] por exceder del mandato del [BCE] en materia de política monetaria que se regula en las mencionadas disposiciones y por invadir, por tanto, competencias de los Estados miembros?
19 Sin embargo, estas alegaciones no justifican la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial, dado que, por un lado, esta petición tiene directamente por objeto la interpretación del Derecho de la Unión y la validez de actos de la Unión y, por otro, las sentencias dictadas con carácter prejudicial por el Tribunal de Justicia vinculan al juez nacional en cuanto a la interpretación de ese Derecho o a la validez de tales actos, a efectos de la resolución del litigio principal (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartados 14 y 16).
21 Se deriva, no obstante, de una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia que son admisibles las peticiones de decisión prejudicial sobre la validez de un acto de la Unión cuando el órgano jurisdiccional remitente, como sucede en el asunto principal, conoce de un litigio real en el que se cuestiona, con carácter incidental, la validez de un acto de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 29 y jurisprudencia citada).
23 A este respecto, procede recordar en primer lugar que, conforme al principio de atribución de competencias formulado en el artículo 5 TUE, apartado 2, el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) debe actuar dentro de los límites de las facultades que le confiere el Derecho primario, por lo que no puede adoptar ni ejecutar un programa que no esté comprendido en el ámbito que este Derecho atribuye a la política monetaria. Con objeto de garantizar el respeto de este principio, los actos del SEBC se hallan sujetos, en las condiciones previstas por los Tratados, al control jurisdiccional del Tribunal de Justicia (sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 41).
24 Por otro lado, debe reconocerse ciertamente al SEBC una amplia facultad de apreciación, en la medida en que ha de proceder, al elaborar y ejecutar un programa de operaciones de mercado abierto, a tomar decisiones de carácter técnico y a efectuar previsiones y apreciaciones complejas. Sin embargo, no por ello debe el Tribunal de Justicia dejar de verificar, al controlar la proporcionalidad de las medidas de este programa con los objetivos de la política monetaria, si el SEBC ha cometido un error manifiesto de apreciación a este respecto (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartados 68, 74, 81 y 91).
30 A este respecto, en lo que atañe a la supuesta inexistencia de motivación específica en las decisiones del BCE relativas al PSPP, procede recordar que en caso de que, como sucede en el presente asunto, una institución de la Unión disponga de una amplia facultad de apreciación, el control de que se han observado las garantías procedimentales, entre las que figura la obligación del SEBC de examinar minuciosa e imparcialmente todas las circunstancias pertinentes de la situación de que se trate y de motivar suficientemente sus decisiones, reviste una especial importancia (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de noviembre de 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, apartado 14, y de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartados 68 y 69).
31 Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, aunque la motivación de los actos de la Unión, exigida por el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debe revelar de manera clara e inequívoca el razonamiento del autor del acto controvertido, de modo que los interesados puedan conocer la justificación de la medida adoptada y el Tribunal de Justicia pueda ejercer su control, no se exige que especifique todas las razones de hecho o de Derecho pertinentes (sentencias de 19 de noviembre de 2013, Comisión/Consejo, C‑63/12, EU:C:2013:752, apartado 98, y de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 70).
32 En particular, cuando se trata de un acto de aplicación general que refleja esencialmente el objetivo que se proponen conseguir las instituciones, no puede exigirse una motivación específica para cada una de las decisiones técnicas por las que hayan optado (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de enero de 2006, IATA y ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, apartado 67; de 12 de diciembre de 2006, Alemania/Parlamento y Consejo, C‑380/03, EU:C:2006:772, apartado 108, y de 7 de febrero de 2018, American Express, C‑304/16, EU:C:2018:66, apartado 76).
33 Por otro lado, para apreciar si se ha cumplido la obligación de motivación no solo es preciso tener en cuenta el tenor del acto, sino también su contexto y el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (sentencias de 19 de noviembre de 2013, Comisión/Consejo, C‑63/12, EU:C:2013:752, apartado 99, y de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 70).
39 El Presidente del BCE explicó, en sucesivas conferencias de prensa, que fueron las tasas de inflación excepcionalmente bajas, a la luz del objetivo de mantener la estabilidad de precios volviendo a tasas anuales de inflación más próximas al 2 %, las que justificaron la creación del PSPP y los ajustes periódicos aportados a este programa. Antes de la adopción de las Decisiones 2015/774, 2015/2464, 2016/702 y 2017/100, la tasa anual de inflación era de – 0,2 %, 0,1 %, 0,3 % y 0,6 %, respectivamente. Hasta la conferencia de prensa de 7 de septiembre de 2017 no anunció el Presidente del BCE que la tasa anual de inflación había alcanzado el 1,5 %, aproximándose así al objetivo propuesto.
46 Procede señalar que, en virtud del artículo 119 TFUE, apartado 2, la acción de los Estados miembros y de la Unión supone una moneda única, el euro, y la definición y la aplicación de una política monetaria y de tipos de cambio única (sentencias de 27 de noviembre de 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, apartado 48, y de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 34).
47 En lo que respecta más concretamente a la política monetaria, el artículo 3 TFUE, apartado 1, letra c), establece que la Unión dispone de competencia exclusiva en el ámbito de la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro (sentencias de 27 de noviembre de 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, apartado 50, y de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 35).
48 Conforme al artículo 282 TFUE, apartado 1, el BCE y los bancos centrales de los Estados miembros cuya moneda es el euro, que constituyen el Eurosistema, dirigen la política monetaria de la Unión. Según el artículo 282 TFUE, apartado 4, el BCE adopta las medidas necesarias para desempeñar sus cometidos con arreglo a los artículos 127 TFUE a 133 TFUE y 138 TFUE y a las condiciones establecidas en los Estatutos del SEBC y del BCE (sentencias de 27 de noviembre de 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, apartado 49, y de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 36).
49 En este contexto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 TFUE, apartado 2, del artículo 130 TFUE y del artículo 282 TFUE, apartado 3, corresponde al SEBC definir y ejecutar con independencia esa política, respetando el principio de atribución de competencias, cuya observancia incumbe garantizar al Tribunal de Justicia en los términos previstos por los Tratados, mediante el ejercicio de su control jurisdiccional (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de julio de 2003, Comisión/BCE, C‑11/00, EU:C:2003:395, apartado 134, y de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartados 37, 40 y 41).
50 A este respecto, es preciso señalar que el Tratado FUE no contiene ninguna definición precisa de la política monetaria, pero sí define tanto los objetivos de la política monetaria como los medios de que dispone el SEBC para ejecutar dicha política (sentencias de 27 de noviembre de 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, apartado 53, y de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 42).
51 Así, con arreglo a los artículos 127 TFUE, apartado 1, y 282 TFUE, apartado 2, el objetivo primordial de la política monetaria de la Unión es mantener la estabilidad de precios. Por otro lado, esas mismas disposiciones establecen que, sin perjuicio de este objetivo, el SEBC prestará apoyo a las políticas económicas generales de la Unión para contribuir a la consecución de los objetivos de esta, definidos en el artículo 3 TUE (sentencias de 27 de noviembre de 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, apartado 54, y de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 43).
52 En cuanto a los medios que el Derecho primario atribuye al SEBC para la realización de estos objetivos, es preciso subrayar que el capítulo IV del Protocolo sobre el SEBC y el BCE, que especifica las funciones monetarias y las operaciones del SEBC, enumera los instrumentos que este último puede utilizar en el marco de la política monetaria (sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 45).
– Sobre la delimitación de la política monetaria de la Unión
53 Se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, para determinar si una medida está comprendida en el ámbito de la política monetaria, deben tenerse en cuenta principalmente los objetivos que se propone conseguir. Los medios que la medida utiliza para alcanzar esos objetivos son también pertinentes (sentencias de 27 de noviembre de 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, apartados 53 y 55, y de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 46).
55 A este respecto, debe subrayarse que los autores de los Tratados han optado por definir el objetivo principal de la política monetaria de la Unión —el mantenimiento de la estabilidad de precios— de manera general y abstracta, sin determinar con precisión el modo en que dicho objetivo debe concretarse desde el punto de vista cuantitativo.
61 En este contexto, procede recordar que una medida de política monetaria no puede equipararse a una medida de política económica por el mero hecho de que pueda tener efectos indirectos a cuya consecución pueda también aspirarse en el marco de la política económica (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de noviembre de 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, apartados 56, y de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 52).
63 En primer término, tanto en la sentencia de 27 de noviembre de 2012, Pringle (C‑370/12, EU:C:2012:756), como en la sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros (C‑62/14, EU:C:2015:400), el Tribunal de Justicia consideró que eran efectos indirectos, sin incidencia sobre la calificación las medidas controvertidas en esos asuntos, efectos que, ya en el momento en que se adoptaron tales medidas, eran consecuencias previsibles de estas y que, por tanto, cabía suponer voluntariamente aceptadas.
64 En segundo término, procede recordar que la dirección de la política monetaria implica influir de modo continuado en los tipos de interés y en las condiciones de refinanciación de los bancos, lo que necesariamente entraña consecuencias para las condiciones de financiación del déficit público de los Estados miembros (sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 110).
66 Por lo tanto, para ejercer influencia sobre las tasas de inflación, el SEBC debe necesariamente recurrir a medidas que produzcan determinados efectos sobre la economía real, a cuya consecución también podría aspirarse, con otros fines, en el marco de la política económica. En particular, cuando el mantenimiento de la estabilidad de los precios requiere que el SEBC se centre en aumentar la inflación, las medidas que debe adoptar a este respecto para flexibilizar las condiciones monetarias y financieras en la zona euro pueden implicar una intervención sobre los tipos de interés de los bonos soberanos, por el papel decisivo que estos desempeñan en la determinación de los tipos de interés aplicables a los diferentes actores económicos (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartados 78 y 108).
69 Ahora bien, en el artículo 18, apartado 1, del Protocolo sobre el SEBC y el BCE, incluido en su capítulo IV, se establece claramente que, con el fin de alcanzar los objetivos del SEBC y de llevar a cabo sus funciones, como resultan del Derecho primario, el BCE y los bancos centrales de los Estados miembros pueden operar, en principio, en los mercados financieros comprando y vendiendo directamente instrumentos negociables en euros. De ello se deriva que las operaciones previstas en la Decisión 2015/774 utilizan uno de los instrumentos de la política monetaria que prevé el Derecho primario (véase, por analogía, la sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 54).
– Sobre la proporcionalidad con los objetivos de la política monetaria
71 De los artículos 119 TFUE, apartado 2, y 127 TFUE, apartado 1, en relación con el artículo 5 TUE, apartado 4, se desprende que un programa de compra de bonos incluido en el ámbito de la política monetaria solo puede adoptarse y aplicarse legítimamente en tanto en cuanto las medidas que contenga sean proporcionadas a los objetivos de dicha política (sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 66).
72 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio de proporcionalidad exige que los actos de las instituciones de la Unión sean idóneos para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por la normativa de que se trate y no sobrepasen los límites de lo que es necesario para alcanzar tales objetivos (sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 67 y jurisprudencia citada).
73 En lo que respecta al control judicial de la observancia de estos requisitos, habida cuenta de que, al elaborar y aplicar un programa de operaciones de mercado abierto como el que se prevé en la Decisión 2015/774, el SEBC se ve obligado a tomar decisiones de carácter técnico y a efectuar previsiones y apreciaciones complejas, procede reconocerle, en este contexto, una amplia facultad de apreciación (sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 68 y jurisprudencia citada).
75 Se deriva de los autos de que dispone el Tribunal de Justicia que, a pesar de las medidas de política monetaria adoptadas, en aquellas fechas las tasas anuales de inflación de la zona euro estaban claramente por debajo del objetivo del 2 % fijado por el SEBC, dado que no superaban el – 0,2 % en diciembre de 2014, y que las previsiones entonces disponibles sobre la evolución de esas tasas apuntaban a su mantenimiento en niveles muy bajos o negativos en los meses siguientes. Si bien las condiciones monetarias y financieras de la zona euro han evolucionado después progresivamente, lo cierto es que, en el momento de la adopción de la Decisión 2017/100, las tasas anuales de inflación efectivas seguían estando significativamente por debajo del 2 %, situándose en el 0,6 % en noviembre de 2016.
91 A este respecto, procede recordar que el hecho de que este análisis motivado sea objeto de crítica no basta por sí solo para demostrar que el SEBC haya cometido un error manifiesto de apreciación, dado que, teniendo en cuenta la controversia que habitualmente suscitan las cuestiones de política monetaria y la amplia facultad de apreciación del SEBC, lo único que cabe exigir a este último es que utilice sus conocimientos especializados en economía y los medios técnicos necesarios de que dispone para realizar dicho análisis con diligencia y precisión (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 75).
94 En particular, si bien, como declaró ya el Tribunal de Justicia en el apartado 125 de la sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros (C‑62/14, EU:C:2015:400), las operaciones de mercado abierto autorizadas por los autores de los Tratados entrañan inevitablemente un riesgo de pérdidas, el SEBC ha adoptado diversas medidas para tener en cuenta ese riesgo y limitarlo.
97 Si, a pesar de estas medidas preventivas, la adquisición de valores en el marco del PSPP acaba por producir pérdidas eventualmente significativas, de la información facilitada al Tribunal de Justicia se desprende que las normas de reparto de las pérdidas —que se establecieron ya desde el inicio de dicho programa y se han mantenido después— prevén que, en lo que se refiere a las posibles pérdidas de un banco central nacional correspondientes a este programa, solo se repartan las pérdidas que tengan su origen en valores emitidos por emisores internacionales, que representan el 10 % del volumen total del PSPP, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, de la Decisión 2015/774. En cambio, el SEBC no ha adoptado ninguna norma que permita el reparto de las pérdidas de un banco central de un Estado miembro que se deriven de valores emitidos por emisores de este último Estado, ni ha anunciado siquiera la adopción de una norma de este tipo.
103 De lo anterior se deriva que dicha disposición prohíbe toda asistencia financiera del SEBC a un Estado miembro, sin excluir no obstante, con carácter general, la facultad del SEBC de comprar a los acreedores de dicho Estado títulos previamente emitidos por este último (sentencias de 27 de noviembre de 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, apartado 132, y de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 95).
106 Por un lado, el SEBC no está facultado para adquirir bonos en los mercados secundarios en condiciones que confieran a su intervención, en la práctica, un efecto equivalente al de la adquisición directa de bonos a las autoridades y organismos públicos de los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 97).
107 Por otro lado, el SEBC debe adoptar garantías suficientes para conciliar su intervención con la prohibición de la financiación monetaria prevista en el artículo 123 TFUE, de modo que tal programa no sea capaz de neutralizar en los Estados miembros beneficiarios la incitación a aplicar una sana política presupuestaria, que es el objetivo de dicha disposición (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartados 100 a 102 y 109).
– Sobre la supuesta equivalencia entre la intervención del PSPP y la adquisición de bonos en el mercado primario
110 A este respecto, procede recordar que la intervención del SEBC sería contraria al artículo 123 TFUE, apartado 1, si los operadores capaces de adquirir bonos soberanos en el mercado primario tuvieran la certeza de que el SEBC va a proceder a la compra de esos bonos en un plazo y en unas condiciones que les permitan actuar de hecho como intermediarios del SEBC para la adquisición directa de dichos bonos a las autoridades y organismos públicos del Estado miembro de que se trate (sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 104).
119 A este respecto, por un lado, de las normas establecidas en el artículo 2, apartado 2, de las Directrices —conforme a las cuales el importe que mencionan se refiere al conjunto del PAA y las adquisiciones en virtud del PSPP solo deben realizarse a título residual— se desprende que el importe de las adquisiciones de este tipo que han de realizarse puede variar cada mes en función del volumen de bonos emitidos por los operadores privados que estén disponibles en los mercados secundarios. Esta disposición autoriza también al Consejo de Gobierno a no atenerse excepcionalmente al importe mensual previsto, cuando las condiciones específicas del mercado así lo exijan.
126 La incertidumbre que generan a este respecto los límites de cuota se ve incrementada por las restricciones —que impone el artículo 8 de la Decisión 2015/774— a la publicación de información sobre los bonos adquiridos por el SEBC, conforme a las cuales solo se publica información agregada, con exclusión de toda indicación sobre qué parte de los bonos de una emisión concreta posee actualmente el SEBC.
– Sobre la supuesta neutralización de la incitación a aplicar una sana política presupuestaria
130 Procede declarar que la circunstancia de que la ejecución de un programa de operaciones de mercado abierto facilite, en cierto modo, la financiación de los Estados miembros beneficiarios no resulta decisiva, dado que la dirección de la política monetaria implica influir de modo continuado en los tipos de interés y en las condiciones de refinanciación de los bancos, lo que necesariamente entraña consecuencias para las condiciones de financiación del déficit público de los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartados 108 y 110).
132 Sin embargo, para evitar que se neutralice en los Estados miembros la incitación a aplicar una sana política presupuestaria, la adopción y la ejecución de un programa de este tipo no pueden generar certezas, por lo que respecta a la compra futura de bonos emitidos por los Estados miembros, que tengan por efecto que estos últimos adopten una política presupuestaria sin tener en cuenta que, en caso de déficit, se verán obligados a buscar financiación de los mercados, o que queden protegidos contra las consecuencias que pueda suponerles la evolución de su situación macroeconómica o presupuestaria (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartados 113 y 114).
135 Por otro lado, el carácter temporal del programa se ve reforzado por la facultad que conserva el SEBC, en virtud del artículo 12, apartado 2, de las Directrices, de revender los bonos adquiridos en cualquier momento, lo que le permite adaptar su programa en función de la actitud de los Estados miembros beneficiarios e impide que los operados interesados tengan la certeza de que el SEBC no hará uso de esta facultad (véase, por analogía, la sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartados 117 y 118).
136 Por lo tanto, la Decisión 2015/774 no permite que los Estados miembros adopten una política presupuestaria que no tenga en cuenta el hecho de que, a medio plazo, la continuidad de la ejecución del PSPP no está garantizada en modo alguno y de que, en consecuencia, se verán obligados a buscar financiación de los mercados en caso de déficit, sin poder disfrutar de la flexibilización de las condiciones de financiación que puede implicar la ejecución del PSPP (véase, por analogía, la sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartados 112 y 114).
138 Los efectos del PSPP sobre las condiciones de financiación de los Estados miembros de la zona euro se ven limitados por las medidas que restringen la cantidad de bonos de un Estado miembro que pueden adquirirse en el marco del PSPP (véase, por analogía, la sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 116).
140 Además, como ha alegado el BCE, la asignación, en virtud del artículo 6, apartado 2, de la Decisión 2015/774, de estas adquisiciones entre los bancos centrales nacionales con arreglo a la clave para la suscripción del capital del BCE establecida en el artículo 29 del Protocolo sobre el SEBC y el BCE —y no en función de otros criterios, como, en particular, el peso de la deuda respectiva de cada Estado miembro—, junto con la norma prevista en el artículo 6, apartado 3, de dicha Decisión —conforme a la cual cada banco central nacional compra valores de emisores públicos de su propio Estado miembro—, implica que el aumento significativo del déficit de un Estado miembro, a que podría llevar la eventual renuncia a aplicar una sana política presupuestaria, disminuye la parte de los bonos de dicho Estado miembro que adquiere el SEBC. La ejecución del PSPP no permite, por tanto, que un Estado miembro eluda las consecuencias, en materia de financiación, de la alteración de su senda presupuestaria.
– Sobre la tenencia de bonos hasta su vencimiento y sobre la adquisición de bonos con un rendimiento negativo al vencimiento
146 Por lo que respecta, en primer lugar, a la posibilidad de que el SEBC conserve los bonos adquiridos en virtud del PSPP hasta su vencimiento, procede recordar que dicha práctica no está en absoluto excluida por el artículo 18, apartado 1, del Protocolo sobre el SEBC y el BCE y que no implica renuncia alguna al cobro de su deuda al Estado miembro emisor cuando el bono llegue a vencimiento (sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 118).
152 Si bien es cierto que la conservación de los bonos puede ejercer cierta influencia en el funcionamiento del mercado primario y de los mercados secundarios de deuda soberana, procede recordar que se trata de un efecto inherente a las adquisiciones en los mercados secundarios autorizadas por el Derecho primario, efecto por lo demás indispensable para permitir una utilización eficaz de tales adquisiciones en el contexto de la política monetaria (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartado 108), y, por tanto, para contribuir al objetivo de mantener la estabilidad de los precios, subrayado en el apartado 51 de la presente sentencia.
165 A este respecto, se deriva de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que, pese a que las cuestiones prejudiciales referidas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia, el Tribunal de Justicia debe abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación o la apreciación de validez de una norma de la Unión que se ha solicitado carece de relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de julio de 2018, Jehovan todistajat, C‑25/17, EU:C:2018:551, apartado 31 y jurisprudencia citada).
166 Por consiguiente, el Tribunal de Justicia no puede, sin extralimitarse en sus funciones, responder a la quinta cuestión prejudicial formulando una opinión consultiva sobre un problema que, a día de hoy, es hipotético (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de noviembre de 2016, Private Equity Insurance Group, C‑156/15, EU:C:2016:851, apartado 56, y de 28 de marzo de 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, apartado 194).