Source: http://www.juntadeandalucia.es/boja/1999/150/1
Timestamp: 2018-03-17 22:15:22
Document Index: 253102083

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 18', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'artículo 1', 'Artículo 45', 'artículo 48', 'artículo 43', 'Artículo 48', 'artículo 80', 'Artículo 52', 'Artículo 54', 'artículo 2', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'artículo\n45', 'Artículo 60', 'artículo 58', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 68', 'Artículo 64', 'artículo 12', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'artículo 83', 'Artículo 67', 'Artículo 71', 'Artículo 73', 'Artículo 77', 'Artículo 80', 'artículo 21', 'artículo 72', 'Artículo 84', 'artículo 44', 'artículo 74', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'artículo 27', 'artículo 24', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'artículo 31', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'artículo 113', 'artículo 114', 'artículo 115', 'Artículo 112', 'artículo 4', 'artículo\n83', 'artículo 5', 'artículo\n5', 'artículo 119', 'Artículo 123', 'artículo\n47', 'artículo 38', 'artículo 6', 'artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 43', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 43', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 68', 'Artículo 15', 'artículo 57', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 68', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 3', 'Artículo 25', 'Artículo 26']

BOJA Histórico > 1999 > Boletín 150 > 1. Disposiciones generales >
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 150 de 28/12/1999
18.1.3ª, atribuye a la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y la política monetaria del Estado y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11ª y 13ª de la Constitución, la competencia exclusiva en materia de Cajas de Ahorros.
Mediante la presente Ley la Comunidad Autónoma ejercita el preciso título competencial que en materia de Cajas de Ahorros le atribuye el citado artículo 18-1-3ª del Estatuto de Autonomía, que le asigna específicamente esta materia, distinguiéndola de la atribución de competencias en fundaciones, ordenación del crédito y otras materias relacionadas con las mismas, dadas las especiales características que en las Cajas de Ahorros concurren. De una parte, su inicial configuración como entidades benéfico- sociales ha dado paso, en virtud de la evolución del sistema financiero y de la importancia actual de su actividad crediticia, a su consideración como entidades de crédito, evolución que refleja el carácter específico de este título competencial. Por otro lado, la dimensión social de las Cajas y su proyección eminentemente regional constituyen rasgos distintivos de estas entidades de crédito frente a otros intermediarios financieros, lo que también determina la atribución específica de competencias sobre las Cajas de Ahorros, con independencia de la competencia autonómica general sobre la ordenación del crédito, banca y seguros.
Las competencias reconocidas en el artículo 18-1-3ª del Estatuto de Autonomía, aunque se califican de exclusivas, concurren con la estatal en la materia, pues, entre otros límites, se confieren "en los términos de lo dispuesto en los artículos 149.1.11ª y 13ª de la Constitución", por lo que habrán de ejercerse dentro de las bases de la ordenación del crédito y de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
En este aspecto, el Tribunal Constitucional ha configurado en diversos pronunciamientos una sólida doctrina en la materia que deslinda las competencias autonómicas de las que corresponden al Estado en virtud de los antes citados preceptos constitucionales. En este sentido, la doctrina constitucional ha dejado sentado que, aunque las bases estatales de ordenación del crédito afecten fundamentalmente a la actividad crediticia, comprenden también la estructura y organización de las Cajas de Ahorros en cuanto establecen los elementos configuradores de las mismas frente a los demás intermediarios financieros. El carácter específico de las Cajas de Ahorros se refleja, no sólo en su actividad como entidades de crédito que han de cumplir una función social, sino también en su configuración, correspondiendo al Estado garantizar en ambas dimensiones esa especificidad, lo que, no obstante, ha de permitir el ejercicio pleno de las competencias autonómicas incorporando opciones políticas propias.
Los dos aspectos citados que concurren en la regulación de las Cajas de Ahorros determinan también la distribución de
competencias entre las distintas Comunidades Autónomas y, por tanto, el ámbito de aplicación de la presente Ley. Las Cajas de Ahorros se rigen en su organización por su estatuto personal determinado por su domicilio social, por lo que la competencia de la Comunidad Autónoma se extiende a todo lo relativo a la capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución, extinción y demás extremos
derivados de la aplicación de la Ley personal. Por lo que se refiere al aspecto externo o actividad, las Cajas se rigen por el principio de territorialidad que conlleva que tales
actividades queden sometidas a la competencia de la Comunidad Autónoma en que se realicen.
De esta manera, quedarán sometidas a la presente Ley las Cajas de Ahorros que tengan su domicilio social en Andalucía, tanto en sus aspectos de organización como en lo relativo a las actividades que desarrollen en esta Comunidad Autónoma. Por lo que se refiere a las Cajas de Ahorros que tengan su domicilio social en otras Comunidades Autónomas, la Ley será de
aplicación en relación con las actividades que desarrollen en Andalucía.
Una vez delimitado el complejo marco competencial, y teniendo en cuenta especialmente la experiencia adquirida en la
aplicación de la normativa reglamentaria autonómica, la Comunidad Autónoma de Andalucía puede abordar con las debidas garantías la regulación legal de las Cajas de Ahorros, en pleno ejercicio de sus competencias. Ello se efectúa mediante la presente Ley, que tiene por objeto una regulación completa de las Cajas de Ahorros, tanto en sus aspectos de organización como en los relativos a las actividades que desarrollen.
1. Las cuotas participativas son valores negociables
nominativos que representan aportaciones de dinero a plazo indefinido.
2. Podrán emitirse cuotas participativas de distinta clase o serie, correspondiendo a todas las de la misma clase iguales derechos.
3. Las cuotas participativas confieren a sus suscriptores, en los términos establecidos en la normativa de aplicación y conforme a lo previsto en el correspondiente acuerdo de emisión, como mínimo, los siguientes derechos:
a) Participar en el reparto del excedente de libre
b) Obtener el reembolso de su valor liquidativo en caso de liquidación de la Caja.
c) Suscribir preferentemente cuotas participativas en las nuevas emisiones.
4. Las cuotas carecen de todo derecho político. En ningún caso otorgará derecho a sus suscriptores a participar en los órganos de gobierno de la Caja emisora.
5. Corresponde a la Asamblea General determinar la retribución de las cuotas participativas, previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda.
6. Las Cajas de Ahorros llevarán un registro de suscriptores.
7. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio del respeto a la normativa que resulte de aplicación.
Artículo 29. Fondo de estabilización.
La Asamblea General podrá acordar y establecer en el acuerdo de emisión de cuotas participativas la constitución de un fondo de estabilización cuya finalidad será la prevista en la normativa de aplicación.
Artículo 30. Deuda subordinada.
Para tener la consideración de recursos propios, la deuda subordinada deberá cumplir los requisitos establecidos en la normativa que le sea de aplicación.
Artículo 31. Protección a la clientela.
La Consejería de Economía y Hacienda dictará las normas necesarias para proteger los derechos de la clientela de las Cajas de Ahorros que operen en Andalucía, sin perjuicio de la demás normativa que resulte de aplicación.
La Consejería de Economía y Hacienda establecerá la información que, como mínimo, las Cajas de Ahorros que operen en Andalucía han de poner a disposición del público. Tal información podrá referirse, entre otros, a los siguientes extremos:
b) Entidades jurídicas que, en su caso, forman parte del grupo consolidable.
Artículo 33. Contratos y liquidaciones.
La Consejería de Economía y Hacienda podrá, en relación a las Cajas de Ahorros que operen en Andalucía:
a) Establecer los requisitos que hayan de cumplir los
contratos financieros que celebren con sus clientes las Cajas de Ahorros para proteger los legítimos intereses de la
En todo caso, se velará para que su contenido sea claro y de fácil comprensión.
b) Acordar la obligatoriedad de la entrega al cliente de un ejemplar del contrato, debidamente suscrito por la entidad.
c) Establecer los requisitos que hayan de cumplir las
liquidaciones periódicas que las Cajas de Ahorros efectúan a sus clientes.
Artículo 34. Comunicación de la publicidad.
1. La actividad publicitaria de las Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía será objeto de comunicación previa a la Consejería de Economía y Hacienda.
2. Respecto a las Cajas de Ahorros no domiciliadas en
Andalucía, la comunicación de sus actividades publicitarias indicadas en el apartado anterior sólo será exigible cuando éstas se desarrollen en Andalucía.
3. La regulación contenida en los apartados precedentes lo será sin perjuicio de lo establecido en la demás normativa que resulte de aplicación.
De acuerdo con las bases sobre ordenación del crédito y la banca, corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda, en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma, el control de las Cajas de Ahorros conforme a lo establecido en este capítulo.
La Consejería de Economía y Hacienda ejercerá las funciones de inspección de las Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía, y de las domiciliadas en otras Comunidades Autónomas respecto a las actividades realizadas en Andalucía, sin perjuicio de las funciones que correspondan al Banco de España.
Las Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía, facilitarán a la Consejería de Economía y Hacienda cuanta información y documentación les sea solicitada sobre su actividad, gestión y situación económica.
Igualmente, las Cajas de Ahorros domiciliadas en otras
Comunidades Autónomas y que tengan oficinas en Andalucía están obligadas a facilitar a la Consejería de Economía y Hacienda cuanta información se les solicite en relación con las
actividades y operaciones realizadas en la Comunidad Autónoma.
Artículo 38. Secreto profesional.
1. Tendrán carácter reservado, sin perjuicio de lo previsto en la normativa aplicable, los datos, documentos e informaciones que obren en poder de la Consejería de Economía y Hacienda. La reserva se entenderá levantada desde el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a que aquélla se refiera.
2. Cualquier persona que tenga o haya tenido conocimiento, por razón de su cargo o empleo, de datos, documento se
informaciones de carácter reservado acerca de las Cajas de Ahorros está obligada a guardar secreto, con las excepciones establecidas legalmente en la normativa de aplicación.
La obligación de guardar secreto se mantendrá aun después de cesar en el cargo o empleo.
El incumplimiento de esta obligación determinará, en su caso, las responsabilidades penales y las demás previstas por las leyes.
Artículo 39. Auditoría.
Las Cajas de Ahorros domiciliadas en Andalucía deberán someter a auditoría externa sus cuentas anuales. Una copia del informe habrá de ser remitido, en el plazo de diez días desde su recepción por la entidad, a la Consejería de Economía y Hacienda, la cual podrá solicitar información complementaria.
Asimismo, remitirán a la Consejería de Economía y Hacienda los resultados de las inspecciones que el Banco de España o cualquier organismo competente realice sobre sus estados financieros dentro de los diez días siguientes a la recepción de aquéllos.
Artículo 40. Memoria.
1. Al cierre de cada ejercicio económico, las Cajas de Ahorros domiciliadas en Andalucía redactarán una memoria explicativa de sus actividades financieras, económicas, administrativas y sociales, la cual contendrá el balance y la cuenta de
resultados del ejercicio. Una vez aprobada por la Asamblea General, un ejemplar de la memoria se remitirá, en el plazo de diez días, a la Consejería de Economía y Hacienda.
2. Las Cajas de Ahorros domiciliadas fuera de Andalucía, que operen en esta Comunidad Autónoma, remitirán a la Consejería de Economía y Hacienda, dentro del primer trimestre de cada año, una memoria relativa a las actividades económicas,
administrativas y sociales desarrolladas el año anterior en Andalucía.
Artículo 41. Intervención y sustitución.
1. Sin perjuicio de las atribuciones que corresponden al Banco de España y a los órganos de la Administración del Estado, la intervención de las Cajas de Ahorros domiciliadas en Andalucía y la sustitución de los órganos de gobierno y de dirección de las mismas serán acordadas por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, previa audiencia de la entidad, en el plazo no inferior a diez días, cuando así lo aconsejen situaciones de grave irregularidad administrativa o económica que ponga en peligro la efectividad de sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia.
2. También podrá acordarse la intervención y sustitución, previa solicitud de la propia entidad.
3. El acuerdo de intervención y sustitución deberá de ser motivado y expresar su alcance y limitaciones, y será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado y se inscribirá en los registros públicos correspondientes.
4. En cualquier supuesto de intervención y sustitución habrá de realizarse una comparecencia parlamentaria en laque se
justifiquen tales medidas en el plazo máximo de quince días desde la adopción del acuerdo por el Consejo de Gobierno.
5. En caso de intervención y sustitución, los gastos causados por la misma serán a cargo de la Caja de Ahorros afectada.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley
31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Organos Rectores de las Cajas de Ahorros, la
administración, gestión, representación y control de las Cajas de Ahorros corresponde a los siguientes órganos:
2. Los órganos de gobierno actuarán con carácter colegiado y sus miembros ejercerán sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la Caja de Ahorros a la que pertenezcan y del cumplimiento de su función social.
1. De acuerdo con lo previsto en la normativa básica de aplicación, los compromisarios y los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros deberán reunir los siguientes requisitos:
c) Tener la condición de depositante al tiempo de formularla aceptación del cargo, en el caso de ser elegido en
representación de los impositores de la Caja de Ahorros.
2. Además de los requisitos anteriores, para ser elegido compromisario o Consejero General en representación directa de los impositores, se requerirá ser impositor de la Caja de Ahorros a que se refiera la designación con antigüedad
superiora dos años en el momento del sorteo, así como haber mantenido en el semestre anterior a esta fecha,
indistintamente, un movimiento o un saldo medio en cuentas no inferior a lo que se determine en las normas que desarrollen la presente Ley.
Dicho mínimo podrá ser objeto de revisión periódica en función del valor del dinero y en la forma que establezcan los
Estatutos de cada Caja de Ahorros.
3. Los vocales del Consejo de Administración nombras en representación de los impositores entre personas que no pertenezcan a la Asamblea General deberán reunir, además de los requisitos exigidos en el apartado 1, el de ser menores de setenta años o de la edad que, como máximo y siempre inferior a esta última, establezcan los Estatutos a estos efectos.
4. Al representante de la Comunidad Autónoma en la Comisión de Control no le serán exigibles los requisitos señalados en el apartado 1 de este artículo.
1. No podrán ser compromisarios ni miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros las personasen las que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
b) Haber sido condenada por sentencia firme a pena de la que resulte inhabilitación para el ejercicio de cargo público.
1º Mantuviesen, en el momento de ser elegidos los cargos, deudas vencidas y exigibles de cualquier clase frente a la entidad.
2º Durante el ejercicio del cargo de Consejero hubieran incurrido en incumplimiento de las obligaciones contraídas con la Caja con motivo de créditos o préstamos o por impago de deudas de cualquier clase frente a la entidad.
Artículo 45. Criterios para la determinación de la
composición de los órganos de gobierno.
Los porcentajes establecidos para determinar la composición de los diferentes órganos de gobierno se fijarán sobre el número de sus componentes. Si de la aplicación de los mismos se obtiene un número decimal, se tomará el número entero que resulte de redondear por exceso la cifra de las décimas superior o igual a cinco y por defecto la cifra inferior. Los ajustes debidos al redondeo se conseguirán aumentando o disminuyendo la representación de los impositores.
c) Defunción o por otras causas que les incapaciten legal o físicamente para el cargo.
d) Por la pérdida de cualquiera de los requisitos que
condicionan su elegibilidad o de la representación en virtud de la que hubiesen sido nombrados.
e) Haber incurrido en alguna de las causas de incompatibilidad previstas en la presente Ley.
f) Por acuerdo de revocación o separación adoptado por la Asamblea General conforme a lo establecido en el artículo 48 de esta Ley.
g) Para los vocales del Consejo de Administración y los miembros de la Comisión de Control, haber cumplido 70 años. Los vocales del Consejo de Administración nombrados por la
representación de los impositores entre personas que no pertenezcan a la Asamblea General, haber cumplido dicha edad, o la que, como máximo, y siempre inferior a ésta, fijen los Estatutos.
1. De conformidad con la normativa básica, la duración del mandato de los miembros de los órganos de gobierno se harán por un período de cuatro años.
En todos los supuestos de provisión de vacantes antes del término del ejercicio del cargo, las sustituciones lo serán por el período que reste hasta la finalización del mismo,
computándose el tiempo al sustituto como un período completo.
2. Los miembros de los órganos de gobierno podrán ser
reelegidos por otro período igual y único, si continuasen cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 43 de la presente Ley.
La duración del mandato no podrá superar los ocho años, sea cual fuere la representación que ostenten.
3. El acceso de los miembros de los órganos de gobierno de Cajas que participen en una fusión a los órganos de gobierno de la entidad resultante de la misma no interrumpirá el cómputo de tiempo de permanencia en el cargo a efectos de su duración; ya se produzca dicho acceso a los órganos de gobierno constituidos para el período transitorio o a los que se constituyan con posterioridad a dicho período.
4. Los órganos de gobierno habrán de ser renovados
parcialmente, cada dos años, conforme a los procedimientos establecidos para la designación o elección de sus miembros por cada uno de los grupos con derecho a participar en el gobierno de las Cajas de Ahorros.
Para esta renovación parcial, se formarán dos grupos. El primero de ellos lo integrarán los representantes de la Junta de Andalucía, de los impositores y de las personas o entidades fundadoras. El segundo de ellos lo integrarán los
representantes de las Corporaciones Municipales y de los empleados.
Artículo 48. Separación.
Los miembros de los órganos de gobierno podrán ser separados de su cargo en el caso de que incumplieren los deberes inherentes a dicha condición, siempre que se perjudique notoriamente con su actuación pública o privada el prestigio, buen nombre o actividad de la Caja de Ahorros.
a) Cuando la vacante afecte a un Consejero General de los grupos de las Corporaciones Municipales, las personas o entidades fundadoras y la Junta de Andalucía, mediante nueva designación, respetando la proporcionalidad originaria.
2. Las vacantes de los vocales del Consejo de Administración y de los miembros de la Comisión de Control que se produzcan con anterioridad a la finalización del ejercicio del cargo se cubrirán, dentro del mismo grupo afectado, por el
correspondiente suplente.
1. De acuerdo con la normativa básica, los miembros de los órganos de gobierno no podrán percibir retribución por el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos.
En el supuesto de actividades realizadas en representación de la Caja de Ahorros deberán reembolsar a ésta las cantidades que puedan percibir como consecuencia de su ejercicio.
2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 80, el cargo de Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración podrá ser remunerado, sin que la percepción de la remuneración que se acuerde implique, en ningún caso, vinculación laboral con la Caja de Ahorros, no pudiendo dar derecho a indemnizaciones en caso de cese.
1. Los miembros de los órganos de gobierno, el Director General y las demás personas vinculadas a la entidad por una relación laboral de carácter especial de personal de alta dirección, así como sus cónyuges, ascendientes o descendientes y las
sociedades en que dichas personas participen mayoritariamente en el capital, bien de forma aislada o conjunta, o en las que desempeñen los cargos de Presidente, Consejero, Administrador, Gerente, Director General o asimilado, no podrán obtener créditos, avales o garantías de la Caja de Ahorros respectiva, así como adquirir o enajenar a la misma bienes o valores de su propiedad o emitidos portales entidades sin que exista acuerdo del Consejo de Administración de la Caja y autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda.
2. Conforme a la normativa básica de aplicación, se extenderá la anterior prohibición, en todo caso, no sólo a las
operaciones realizadas directamente por las personas o
entidades referidas, sino también a aquellas otras en que pudiera aparecer una o varias personas físicas o jurídicas interpuestas, no siendo de aplicación a los créditos, avales o garantías para la adquisición de viviendas concedidos por la Caja de Ahorros con aportación por el titular de garantía real suficiente. Tampoco será de aplicación respecto a los
representantes del personal, para los cuales la concesión de créditos se regirá por los convenios laborales, previo informe de la Comisión de Control.
Artículo 52. Formalidades de los sorteos y de las elecciones.
En la elección y designación de los miembros de los diferentes órganos de gobierno, deberá respetarse el criterio de
proporcionalidad en las candidaturas de cada uno de los diferentes grupos.
2. La Comisión de Control habrá de comunicar a la Consejería de Economía y Hacienda cuantos nombramientos y ceses de los miembros de los órganos de gobierno se produzcan, incluso en los supuestos de provisión de vacantes, sin perjuicio de efectuar cualesquier otras comunicaciones que resulten
exigibles, de conformidad con la normativa aplicable.
1. El Consejo de Administración será responsable de la
iniciación, coordinación y desarrollo de los trámites de designación de los Consejeros Generales con la antelación necesaria para que puedan cumplirse los plazos legales de su renovación.
Artículo 54. Criterios de funcionamiento.
No obstante, los miembros que voten en contra, así como los ausentes por causa justificada, quedarán exentos de la
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los mismos.
7. Podrán ser impugnados ante la jurisdicción ordinaria los acuerdos de los órganos de gobierno que sean contrarios a la Ley o se opongan a los Estatutos. Están legitimados para impugnar los acuerdos los Consejeros que no hubiesen asistido a la reunión en que se adoptó el acuerdo impugnado o que, habiendo asistido, hiciesen constar en acta su oposición al mismo. La acción de impugnación de los acuerdos habrá de ejercerse dentro del plazo de quince días desde la aprobación del acta correspondiente, citando expresamente la disposición legal o estatutaria vulnerada por el acuerdo. La impugnación de los acuerdos no suspenderá en ningún caso la ejecución delos mismos, sin perjuicio de lo que disponga la resolución que en su día pudiera estimar la acción de impugnación, en caso de que la infracción cometida no fuera subsanable.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley
31/1985, de 2 de agosto, la Asamblea General es el órgano que, constituido por las representaciones de los intereses sociales y colectivos del ámbito de actuación de la Caja de Ahorros, asume el supremo gobierno y decisión de la entidad.
Los miembros de la Asamblea General ostentarán la denominación de Consejeros Generales.
Sin perjuicio de las facultades generales de gobierno, competen de forma especial a la Asamblea General las siguientes
f) Autorizar las emisiones de cuotas participativas,
obligaciones subordinadas u otros valores negociables agrupados en emisiones.
ñ) Cualesquier otras que le sean atribuidas por los Estatutos.
a) Las Corporaciones Municipales en cuyo término tenga
oficina abierta la Caja de Ahorros: Treinta y cinco por ciento.
b) Los impositores de la Caja de Ahorros: Veintiocho por ciento.
c) La Junta de Andalucía: Veintiuno por ciento.
d) Las personas o entidades fundadoras de la Caja de Ahorros: Nueve por ciento.
e) Los empleados de la Caja de Ahorros: Siete por ciento.
3. La determinación del número de Consejeros Generales
correspondiente a cada uno de los grupos con derecho a
participar en las Asambleas Generales de las Cajas de Ahorros se realizará mediante la aplicación del porcentaje de
participación asignado a cada uno de ellos.
Artículo 58. Nombramiento de Consejeros Generales
representantes de las Corporaciones Municipales.
La designación se efectuará por el Pleno de las Corporaciones Municipales atendiendo a la proporcionalidad con la que estén representados los grupos políticos integrantes de cada una. En el supuesto de que a una Corporación Municipal le
correspondiese un solo Consejero General, resultará elegido el que obtenga la mayoría de los votos de los miembros del Pleno.
2. A los efectos de la determinación de los Consejeros
Generales representantes de las Corporaciones Municipales, se elaborará una relación de estas Corporaciones en que la Caja de Ahorros tenga oficinas operativas.
5. Los Consejeros Generales que no hayan sido asignados a ningún municipio, según los criterios establecidos en el número
2 de este artículo, y, en su caso, aplicando las limitaciones fijadas en los números 3 y 4 del mismo, se asignarán a las Corporaciones Municipales que no hayan obtenido ningún
Artículo 59. Nombramiento de los Consejeros Generales
representantes de los impositores.
1. Los Consejeros Generales en representación de los
impositores de la Caja de Ahorros serán elegidos por
compromisarios de entre aquéllos. A estos efectos el número total de compromisarios será el resultante de multiplicar por diez el número de Consejeros Generales que corresponda al mencionado grupo.
4. En la sede social de la entidad se celebrará, ante notario, un único sorteo para la proclamación de compromisarios, que será público. A estos efectos la Caja dará publicidad, con antelación suficiente, del día, hora y lugar en que se haya de celebrar el sorteo, estando presente en los mismos el
Presidente de la Comisión de Control de la entidad y un representante de la Consejería de Economía y Hacienda.
Al mismo tiempo se convocará la elección de Consejeros
Generales, con la antelación mínima de veinte días a su celebración, por medio de carta certificada con acuse de recibo a cada compromisario, en la cual constará día, hora y lugar de celebración de la misma.
Podrán proponer candidatos para la elección de Consejeros Generales por los impositores un número de compromisarios no inferior a diez.
En votación secreta se procederá a designar entre los
compromisarios a los Consejeros Generales en representación de los mismos y a un número igual de suplentes.
6. La designación de Consejeros Generales en representación de los impositores se realizará de forma proporcional a los votos obtenidos entre las distintas candidaturas presentadas, aplicándose el proceso de redondeo establecido en el artículo
45 de la presente Ley.
Artículo 60. Adscripción de recursos.
A los efectos establecidos en el artículo 58 de esta Ley, os recursos captados por la entidad que no tengan adscripción territorial se repartirán proporcionalmente entre los recursos captados en cada uno de los municipios en los que opera la entidad.
Artículo 61. Nombramiento de los Consejeros Generales
representantes de la Junta de Andalucía.
Artículo 62. Nombramiento de los Consejeros Generales
representantes de personas o entidades fundadoras.
2. De conformidad con lo previsto en la normativa básica aplicable, en el supuesto de que no fuera posible la
designación de Consejeros Generales por la persona o entidad fundadora de la Caja de Ahorros, así como en el de renuncia de ésta a designarlos, el porcentaje de participación que le correspondiera se repartirá entre los restantes grupos, en proporción a su representación en la Asamblea General.
3. Si la Caja de Ahorros tuviese pluralidad de personas o entidades fundadoras, el número de Consejeros Generales designables por cada una de aquéllas será determinado
proporcionalmente a sus respectivas aportaciones económicas.
En el caso de que dicha aportación no pudiera ser determinada, la cuota de participación correspondiente a cada una de ellas se determinará conforme a lo dispuesto en los pactos
fundacionales y, en su defecto, por acuerdo entre las mismas. Si no lo hubiere, se realizará un reparto paritario.
Artículo 63. Nombramiento de los Consejeros Generales
representantes de empleados.
1. Los Consejeros Generales correspondientes al grupo de los empleados de la Caja de Ahorros serán elegidos por sus
representantes legales, garantizándose la publicidad del procedimiento, el secreto del voto y la proporcionalidad en el reparto de puestos entre las diferentes candidaturas que los representen.
3. De conformidad con el artículo 6.2 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, los trabajadores de la Caja de Ahorros sólo podrán acceder a la Asamblea General por el grupo de empleados de la entidad y, excepcionalmente, por el grupo de Corporaciones Municipales, de representantes de la Junta de Andalucía y de personas o entidades fundadoras.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley
31/1985, de 2 de agosto, los empleados de la Caja de Ahorros que ostenten la condición de miembros de órgano de gobierno gozarán de las garantías reconocidas a los representantes de los trabajadores por el apartado c) del artículo 68 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 64. Clases de sesiones y orden del día.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 12.1 de la Ley
31/1985, de 2 de agosto, las sesiones de la Asamblea General podrán ser ordinarias o extraordinarias.
2. El orden del día habrá de contener, en todo caso, los asuntos previstos legalmente y los contenidos en las
solicitudes de convocatoria, formuladas con arreglo a lo previsto en la presente Ley, sin que la Asamblea General pueda deliberar ni adoptar acuerdos acerca de asuntos no incluidos en aquél.
Artículo 65. Asamblea General ordinaria.
Artículo 66. Asamblea General extraordinaria.
1. El Consejo de Administración podrá convocar reunión
extraordinaria de la Asamblea General siempre que lo estime conveniente. Deberá, asimismo, convocarla a instancia de, al menos, un tercio de los Consejeros Generales de que se componga la Asamblea General, y a petición de la Comisión de Control en el supuesto previsto en el artículo 83.1.e) de esta Ley.
2. Cuando sea convocada a iniciativa del Consejo de
Administración, deberán mediar, al menos, quince días entre la última publicación de la convocatoria y la celebración de la Asamblea.
3. En el caso de que no fuese adoptado el acuerdo de
convocatoria, los solicitantes, en el plazo de siete días a partir de la fecha en que debería haberse adoptado dicho acuerdo por el Consejo, podrán dirigirse a la Consejería de Economía y Hacienda, quien la convocará, en caso de cumplirse los requisitos para ello, sin perjuicio del posible inicio del procedimiento sancionador a que hubiere lugar.
Artículo 67. Asistencia.
1. La Asamblea General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración; en ausencia de éste, por el
Vicepresidente o Vicepresidentes del mismo según su orden y, en su defecto, la Asamblea nombrará a uno de sus miembros
Presidente en funciones para dirigir la sesión de que se trate.
1. Para la válida constitución de la Asamblea General en primera convocatoria se requerirá la asistencia de Consejeros Generales que representen, al menos, la mayoría de sus
miembros. En segunda convocatoria quedará constituida la Asamblea General cualquiera que fuere el número de Consejeros Generales asistentes.
4. En los supuestos de aprobación y modificación de Estatutos y Reglamentos; disolución, liquidación, fusión, escisión y cesión global del activo y pasivo, así como los acuerdos de separación de Consejeros Generales, vocales del Consejo de Administración y miembros de la Comisión de Control, se requerirá la
asistencia de la mayoría de los miembros, siendo además necesario, para la adopción de acuerdos, como mínimo, el voto favorable de dos tercios de los asistentes.
7. El acta de la Asamblea se aprobará al término de la reunión de la propia Asamblea, o en el plazo de quince días por el Presidente y cuatro Interventores en representación de cada uno de los grupos. Dicha acta tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.
No obstante, el Consejo de Administración podrá requerirla presencia de fedatario público para que levante acta de la Asamblea, que no se someterá a trámite de aprobación, y tendrá consideración de acta de la Asamblea y fecha ejecutiva desde su cierre.
2. Las facultades de representación que ostenta el Consejo de Administración se extenderán a todos los actos comprendidos en el ámbito de la actividad prevista en los Estatutos y
particularmente a todos los asuntos pertenecientes al giro y tráfico de la entidad.
3. En el ejercicio de sus facultades, el Consejo se regirá por lo establecido en la presente Ley, en los Estatutos y en los acuerdos de la Asamblea General y demás normativa aplicable.
Artículo 71. Presidente, Vicepresidentes, Secretario y
3. El Consejo de Administración nombrará también a un
Secretario del Consejo y podrá nombrar a un Vicesecretario, que sustituirá, en caso de ausencia, al Secretario.
1. El número de vocales del Consejo de Administración será de diecisiete, debiendo existir en el mismo representantes de Corporaciones Municipales, impositores, Junta de Andalucía, personas o entidades fundadoras y personal de la Caja de Ahorros.
Finalmente, debe significarse también la oportunidad dela presente Ley en la actual coyuntura del sistema financiero. El proceso de transformación del sistema financiero español y la integración de los mercados a que ha conducido la normativa comunitaria, que va a recibir un nuevo y definitivo impulso como consecuencia de la puesta en marcha de la Unión Monetaria Europea, determinan una sustancial modificación del marco de actuación de las entidades de crédito. Sin embargo, la
ampliación de los mercados no resta validez a la existencia de entidades financieras con vocación territorial, sino que, por el contrario, refuerza su papel al convertirse en instrumentos imprescindibles para garantizar un cierto equilibrio geográfico en la distribución de las ventajas derivadas del proceso de integración económica y monetaria. Por otra parte, resulta necesario que, al menos en una magnitud significativa, la gestión y el control de los recursos financieros generados en un ámbito territorial determinado queden sujetos a las
decisiones de agentes económicos y sociales autóctonos.
Dado que en materia de organización las Cajas se rigen por su estatuto personal determinado por su domicilio social, los Títulos II, V, VII y VIII van referidos a las Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía configurando su estatuto personal.
Por lo que se refiere a las disposiciones de los restantes títulos relativas a la actividad, que se rige por el principio de territorialidad, se aplican a todas las Cajas de Ahorros en relación con las actividades que desarrollen en Andalucía, con las correspondientes precisiones en función del domicilio social.
La Ley comienza con las disposiciones generales, definiendo los referidos objeto y ámbito de aplicación, así como, la
naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorros y su régimen jurídico. También señala los principios que han de regir la actuación de las mismas y los que inspiran el ejercicio del protectorado y control públicos por parte de la Administración Autonómica.
La Ley parte de considerar que las Cajas son entidades de naturaleza fundacional de carácter muy peculiar en lasque domina su condición de entidades de crédito, que es lo que les confiere su fisonomía actual. Por otro lado, las Cajas, cualquiera que sea su fundador, no son entes públicos, sino entes de carácter social que cumplen fines de interés público o general. Esta relevancia pública justifica la existencia del control y protectorado públicos sobre las mismas para que se obtenga el interés general presente en toda fundación, dada su especial relevancia en el sistema financiero y sus
implicaciones para el ahorro y la realización de actividades sociales.
En consonancia con lo anterior, la Ley mantiene una
representación plural y equilibrada de los diversos intereses tradicionalmente presentes en los órganos de gobierno de las Cajas: Impositores, corporaciones municipales, entidades fundadoras y empleados, respetando la preeminencia de los dos primeros. Asimismo, en coherencia con el desarrollo autonómico del Estado español, el espectro de la composición delos órganos de gobierno se amplía con la incorporación de una
representación directa propia de la Comunidad Autónoma, correspondiendo su designación al Parlamento mediante la aplicación de un criterio de proporcionalidad entre los diversos grupos políticos representados en la Cámara
En todo caso, a cada uno de los grupos de la Asamblea General corresponderá, al menos, un Vocal en el Consejo de
Si por alguno de los grupos se formularan varias propuestas, éstas serán sometidas previamente a votación entre los
Consejeros Generales del grupo, atribuyéndose los puestos en el Consejo de Administración que a ese grupo correspondan, en proporción al número de votos obtenidos por cada candidatura propuesta.
Para la representación de la Junta de Andalucía, personas o entidades fundadoras y empleados, los Consejeros Generales de los citados grupos podrán proponer candidaturas que incluyan a cualquier miembro del respectivo grupo.
Artículo 73. Funcionamiento.
1. El Consejo de Administración se reunirá, al menos, una vez al mes. Además, el Presidente podrá convocar reunión
extraordinaria siempre que lo estime conveniente a los
intereses de la Caja de Ahorros.
2. Las reuniones del Consejo de Administración serán convocadas por su Presidente, al menos, con setenta y dos horas de antelación, o veinticuatro horas en caso de urgencia, mediante comunicación remitida a las personas con derecho de asistencia. La convocatoria expresará necesariamente el lugar, la fecha, la hora y el orden del día de la reunión convocada, e incluirá cuantos asuntos hayan sido objeto de solicitud por los Vocales del Consejo de Administración, en el supuesto a que se refiere el párrafo segundo del apartado anterior.
3. En el supuesto de que a la sesión del Consejo de
Administración no asistiere su Presidente, será sustituido por el Vicepresidente o Vicepresidentes según su orden, y si éstos no estuvieren presentes, por el vocal de mayor antigüedad en el ejercicio del cargo y, en caso de que asistieren varios con igual antigüedad, por el vocal de mayor edad.
4. En el caso de que a la sesión del Consejo de Administración no asistiere su Secretario, le sustituirá el Vicesecretario si lo hubiere, y en ausencia de ambos, el Vocal de menor
antigüedad en el ejercicio del cargo y, en caso de que
asistieren varios con igual antigüedad, el de menor edad.
6. Podrán asistir a las reuniones del Consejo de
Administración, sin derecho de voto, las personas que hubiesen sido convocadas al efecto, así como las admitidas a la sesión por su Presidente.
7. Para la válida constitución del Consejo de Administración se requerirá la asistencia de un número de miembros que
representen, al menos, la mayoría de aquél.
b) En representación legal de menores, ausentes, o
1. El Consejo de Administración podrá delegar funciones en el Presidente, en la Comisión Ejecutiva, en su caso, y en el Director General, así como en el Vicepresidente Primero si se previera estatutariamente.
1. En el seno del Consejo podrá constituirse una Comisión Ejecutiva con las funciones que el Consejo le delegue. Estará integrada por:
a) El Presidente del Consejo de Administración, que lo será, asimismo, de la Comisión.
b) Ocho Vocales del Consejo de Administración:
Dos de entre los Vocales del grupo de las Corporaciones Municipales.
Dos de entre los Vocales del grupo de los impositores.
Dos de entre los Vocales del grupo de la Junta de Andalucía. Un Vocal del grupo de las personas o entidades fundadoras. Un Vocal del grupo del personal.
c) El Secretario del Consejo de Administración, que también lo será de la Comisión.
2. En caso de inexistencia de entidad fundadora, el número de vocales de la Comisión Ejecutiva se reducirá a siete.
Artículo 77. Nombramiento.
2. El nombramiento como Presidente deberá recaer en persona dotada de reconocida capacidad, preparación técnica y
experiencia para desarrollar las funciones propias del cargo.
c) Por sanción de separación del cargo, impuesta por la autoridad administrativa competente en la materia, mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa.
a) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de
Administración y, en su caso, de la Comisión Ejecutiva; dirigir y ordenar sus debates; y autorizar la asistencia a las mismas de personas distintas de sus miembros, así como proclamar y asegurar la ejecución de sus acuerdos.
Artículo 80. Funciones ejecutivas.
1. El Presidente del Consejo de Administración podrá tener funciones ejecutivas, que podrán recaer también en el
Vicepresidente, o en el Vicepresidente Primero si hubiere varios.
La presidencia ejecutiva se ejercerá en régimen de dedicación exclusiva, y su titular tendrá derecho a percibir la
retribución que sea acordada por la Asamblea General. No podrá realizar ninguna otra actividad retribuida, pública o privada, ya sea a título personal o representativo, salvo las que le corresponda en representación de la Caja de Ahorros, en cuyo caso deberá reembolsar a ésta las cantidades percibidas como consecuencia de su ejercicio.
En todo caso las funciones ejecutivas del Presidente
relacionadas con aspectos propios del Consejo de Administración deben ser delegadas expresamente por éste.
3. Los acuerdos del Consejo por los que se deleguen las funciones ejecutivas en la presidencia y se fijen sus
facultades o se modifiquen las mismas deberán cumplir los siguientes requisitos:
4. El acuerdo por el que se revoquen las funciones ejecutivas del Presidente se adoptará en los términos previstos en la letra a) del apartado anterior y habrá de ser ratificado por la Asamblea General, debiendo comunicarse a la Consejería de Economía y Hacienda dentro de los tres días siguientes a la ratificación de dicho acuerdo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley
31/1985, de 2 de agosto, la Comisión de Control tiene por objeto cuidar de que la gestión de los órganos de
Administración se cumpla con la máxima eficacia y precisión dentro de las líneas generales de actuación señaladas por la Asamblea General y conforme a las directrices emanadas de la normativa financiera.
1. El número de miembros de la Comisión de Control se fijará entre un mínimo de siete y un máximo de diez, elegidos por la Asamblea General, con los mismos criterios que los del Consejo de Administración fijados en el artículo 72.2 de la presente Ley, excepto lo dispuesto en el párrafo cuarto de su letra b), entre Consejeros Generales que no ostenten la condición de Vocal del Consejo de Administración, debiendo existir en la misma, en todo caso, representantes de todos los grupos que la integren.
3. Podrá formar parte de la Comisión de Control un
representante de la Consejería de Economía y Hacienda, que habrá de reunir los requisitos adecuados y acreditados de profesionalidad, preparación técnica y experiencia suficiente en las materias relacionadas con las actividades de las Cajas, asistiendo a las reuniones de la Comisión con voz pero sin voto.
a) Examinar de forma continuada la gestión económica y
financiera de la Caja de Ahorros, de cuyas conclusiones habrá de informar semestralmente a la Consejería de Economía y Hacienda, al Banco de España y a la Asamblea General.
c) Examinar los presupuestos anuales de la obra social que el Consejo de Administración presente a la Asamblea General, de cuyas conclusiones habrá de informar a ésta en la reunión correspondiente.
La Comisión de Control arbitrará los mecanismos necesarios para el control y seguimiento efectivo de los requisitos e
incompatibilidades que deben reunir y cumplir los Consejeros Generales.
j) Comunicar a la Consejería de Economía y Hacienda el
nombramiento y cese del Director General de la Caja de Ahorros, y, en su caso, del Presidente ejecutivo.
k) Cuantas competencias se le atribuyan por los Estatutos.
Artículo 84. Incompatibilidades y limitaciones de los
miembros de la Comisión de Control.
1. A los miembros de la Comisión de Control les será de aplicación el régimen común de incompatibilidades previsto en el artículo 44 de esta Ley, así como el régimen de
inelegibilidad o incompatibilidad que el artículo 74 de la misma señala para Vocales del Consejo de Administración.
A los anteriores efectos se equipararán a las fundaciones las entidades públicas o privadas a que se refiere el artículo
Artículo 85. Funcionamiento.
1. La Comisión de Control se reunirá cuantas veces sea
necesario para el desempeño de sus funciones y, en todo caso, siempre que se reúna el Consejo de Administración.
Artículo 86. Comisión Electoral.
4. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, el ejercicio del cargo de Director General o asimilado requiere dedicación exclusiva y será, por tanto, incompatible con cualquier actividad retribuida, tanto de carácter público como privado, salvo la administración del propio patrimonio y aquellas actividades que ejerza en
representación de la Caja de Ahorros. En este último caso, los ingresos que obtenga deberán cederse a la Caja por cuya cuenta realiza dicha actividad o representación.
5. Será aplicable al Director General la normativa vigente sobre la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, siendo nulos los acuerdos suscritos por el Director General con la Caja de Ahorros en los que se determine la cuantía de la indemnización o compensación que le pudiera corresponder en caso de cese.
1. Las Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía destinarán anualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de esta Ley, la totalidad de los excedentes que no hayan de integrar sus reservas a la dotación de un fondo para la creación y mantenimiento de su obra social, que tendrá por finalidad la financiación de obras y actuaciones en los campos de los servicios sociales, sanidad, investigación, medio ambiente, enseñanza, cultura, el apoyo a la economía social, al fomento del empleo y otros análogos que favorezcan el
desarrollo socioeconómico de Andalucía.
Artículo 89. Presupuesto.
Artículo 90. Gestión del fondo.
1. Las Cajas de Ahorros domiciliadas en Andalucía, a través del Consejo de Administración, llevarán a cabo una gestión
profesionalizada de las inversiones de su obra social.
En ningún caso podrán gestionarse fondos destinados a obra social por fundaciones que no hayan sido constituidas
exclusivamente por las Cajas de Ahorros.
Artículo 91. Naturaleza.
c) Informar a las Cajas de Ahorros federadas sobre los planes de actuación de la Junta de Andalucía, así como orientara sus miembros para que lleven a cabo sus inversiones conforme a aquéllos.
d) Colaborar con las autoridades financieras para el
h) Facilitar la actuación de las Cajas de Ahorros asociadas en el exterior de la Comunidad Autónoma, ofreciendo los
servicios que éstas puedan requerir.
Artículo 93. Información.
Artículo 94. Organos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley
31/1985, de 2 de agosto, la Federación de Cajas de Ahorros de Andalucía tendrá los siguientes órganos:
Artículo 95. Consejo General.
2. Estará constituido por dos representantes de cada una de las Cajas de Ahorros federadas, que serán sus respectivos
Presidente y Director General o asimilado, así como por dos representantes de la Consejería de Economía y Hacienda, con voz y voto.
Artículo 96. Estatuto personal.
Artículo 97. Funcionamiento.
En sesión ordinaria se reunirá, al menos, una vez cada
2. Los acuerdos serán vinculantes, y cuando afecten al
funcionamiento de las Cajas de Ahorros o comporten obligaciones económicas para éstas, deberán ser ratificados por el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros afectada, salvo los relativos a la aprobación de los presupuestos federativos.
Artículo 98. Comisión Ejecutiva.
1. Podrá existir una Comisión Ejecutiva del Consejo General, integrada por miembros de éste, con la composición que
estatutariamente se determine. En todo caso, formará parte de la misma el Presidente del Consejo, que ostentará su
Artículo 99. Secretaría General.
Artículo 100. Estatutos.
Artículo 101. Presupuesto y memoria.
Artículo 102. Naturaleza y funciones.
Artículo 103. Nombramiento.
Corresponde al Parlamento de Andalucía el nombramiento del Defensor del Cliente, a propuesta del Consejo General de la Federación de Cajas de Ahorros de Andalucía, debiendo recaer en persona de reconocido prestigio e independencia y con
residencia habitual en Andalucía.
Artículo 104. Incompatibilidad e inelegibilidad.
Artículo 105. Estatuto personal.
3. El nombramiento del nuevo Defensor del Cliente se
realizará en el plazo máximo de dos meses desde el cese del anterior.
Artículo 106. Medios personales y materiales.
Artículo 107. Procedimiento.
1. Para la admisión de una reclamación será preciso acreditar haber efectuado ésta previamente ante la entidad
correspondiente, siendo desestimada total o parcialmente, o haber transcurrido un mes desde la fecha de su presentación sin haber recibido contestación.
Artículo 108. Desestimiento y rectificación.
Artículo 109. Informe anual.
2. El informe indicará el número de reclamaciones recibidas el año anterior, con expresión de las prácticas indebidas
detectadas, los criterios mantenidos por el Defensor del Cliente en sus informes, el número de reclamaciones tramitadas, así como cualquier otro dato o información que pueda considerar sede público interés.
Las Cajas domiciliadas en otras Comunidades Autónomas
únicamente podrán ser sancionadas por las infracciones
referidas en las letras a), e), g), h) y k) del artículo 113, y en las letras a), b), f), g), h), i), k) y n) del artículo 114, así como las referidas en el artículo 115.
3. Lo dispuesto en el presente Título se entenderá sin
perjuicio de lo que al respecto establezca la restante
normativa que sea de aplicación a las Cajas de Ahorros.
2. Se entenderá que ostentan cargos de administración en las Cajas de Ahorros, a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión Ejecutiva, así como los Directores Generales o asimilados, entendiéndose por tales las personas que desarrollen en la entidad funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo de Administración o de la Comisión Ejecutiva.
Artículo 112. Clasificación.
b) Iniciar sus operaciones antes de estar autorizadas para ello, así como realizar la fusión, disolución, escisión o cesión global del activo y pasivo, y modificación de los Estatutos y Reglamentos, sin observar las prescripciones de aplicación.
c) El ejercicio de actividades ajenas a su objeto exclusivo legalmente determinado, salvo que tenga un carácter meramente ocasional o aislado, de acuerdo con el artículo 4.d)de la Ley
26/1988, de 29 de julio.
h) El incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a sus depositantes, prestatarios y público en general siempre que, por el número de afectados o por la importancia de la información, tal incumplimiento pueda estimarse como
i) No convocar la Asamblea General extraordinaria cuando sea solicitada, al menos, por un tercio de los Consejeros Generales de que se componga la Asamblea General, o a petición de la Comisión de Control, en el supuesto previsto en el artículo
83.1.e) de esta Ley.
a) La realización de actos u operaciones sin autorización cuando ésta sea preceptiva o sin observar las condiciones básicas de la misma, de conformidad con el artículo 5.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio.
c) La falta de iniciación de los trámites tendentes a la designación de los Consejeros Generales, dentro del plazo que a estos efectos se establezca reglamentariamente.
i) El incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a los depositantes, prestatarios o al público en general, cuando tal incumplimiento no pueda estimarse como especialmente relevante.
j) La realización de actos fraudulentos o la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas con la finalidad de conseguir un resultado contrario a las normas de ordenación y disciplina, siempre que tal conducta no esté comprendida en la letra g) del artículo anterior, de conformidad con el artículo
5.o) de la Ley 26/1988, de 29 de julio.
l) La falta de remisión al Defensor del Cliente de la
información que éste haya solicitado a la entidad en un expediente de reclamación. A tal efecto se entenderá que existe falta de remisión cuando la información no se facilite dentro del plazo concedido para ello por el Defensor del Cliente, al recordar éste por escrito la obligación o reiterar el
n) Las infracciones leves cuando durante los dos años
anteriores a su comisión hubiera sido impuesta a la entidad sanción firme por el mismo tipo de infracción.
c) No requerir al Presidente para que convoque con carácter extraordinario la Asamblea General en los supuestos de la letra
b) de este apartado.
a) La falta de remisión a la Consejería de Economía y
Hacienda de los datos o informes que se le deban hacer llegar o que ésta requiera en el ejercicio de sus funciones, así como su remisión con notorio retraso.
c) No proponer a la Consejería de Economía y Hacienda la suspensión de la eficacia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración o por delegación de éste, cuando los mismos infrinjan manifiestamente las disposiciones vigentes y afecten injusta y gravemente a la situación patrimonial, a los resultados, al crédito de la Caja de Ahorros o a sus
impositores o clientes, siempre que ello no constituya
infracción muy grave, o no requerir en tales casos al
Presidente para que convoque Asamblea General con carácter extraordinario.
4. Constituye infracción leve la falta reiterada de
asistencia de los miembros de la Comisión de Control a sus reuniones.
De conformidad con los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, las infracciones a que se refieren los
artículos anteriores darán lugar a la imposición a las Cajas de Ahorros de una de las siguientes sanciones:
a) Multa por importe de hasta el uno por ciento de sus
recursos propios o hasta cinco millones de pesetas si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.
b) Multa por importe de hasta el medio por ciento de sus recursos propios o hasta dos millones quinientas mil pesetas si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.
1. De conformidad con los artículos 12 y 15 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, además de las sanciones que corresponda imponer a la Caja de Ahorros, por la comisión de infracciones muy graves se impondrá una de las siguientes sanciones a quienes ejerciendo cargos de administración o dirección en la misma sean responsables de la infracción, cuando ésta le sea
imputable por su conducta dolosa o negligente:
a) Multa a cada responsable por importe no superior a diez millones de pesetas.
c) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración, dirección en la misma entidad de crédito, por un plazo máximo de cinco años.
d) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración, dirección en cualquier entidad de crédito, por un plazo máximo de diez años.
En caso de imposición de las sanciones previstas en las letras c) y d) de este apartado, podrá imponerse
simultáneamente la sanción prevista en la letra a) del mismo.
2. De conformidad con los artículos 13 y 15 de la Ley
26/1988, de 29 de julio, además de las sanciones que
corresponda imponer a la Caja de Ahorros, por la comisión de infracciones graves se impondrá una de las siguientes sanciones a quienes ejerciendo cargos de administración o dirección en la Caja de Ahorros sean responsables de la infracción, cuando ésta les sea imputable por su conducta dolosa o negligente:
En otro orden de consideraciones, la regulación de las Cajas de Ahorros que se formula en la presente Ley parte de unas premisas básicas, cuales son la eficacia y profesionalidad en la gestión, toda vez que ello es requisito imprescindible para que las Cajas puedan actuar en un mercado cada vez más
liberalizado y competitivo y lograr el cumplimiento de los fines sociales que tienen encomendados.
Mediante la regulación de la Federación de Cajas de Ahorros de Andalucía que realiza el Título VII, la Ley aspira a potenciar la cooperación entre las Cajas andaluzas, entendida como instrumento para su mejor desarrollo y el más eficaz
cumplimiento de su función al servicio de la economía regional. Las Cajas de Ahorros españolas cuentan con una dilatada experiencia en el terreno de la cooperación, uno de los pilares básicos de su funcionamiento y una de las claves de su
consolidación y avance dentro del sistema financiero nacional. Aun cuando las Cajas andaluzas vienen colaborando en el seno de la Federación de Cajas de Ahorros de Andalucía, existen sólidas razones que avalan la intensificación de dicha cooperación. Al respecto pueden traerse a colación argumentos como la identidad de su naturaleza institucional, la existencia de una vocación territorial compartida o la necesidad de disponer de una capacidad de actuación de una dimensión dada ante proyectos determinados. La perspectiva casi inmediata de la formación de un gran espacio europeo asentado en la realización de la Unión Monetaria Europea y las exigencias derivadas del mismo no hacen sino reforzar la conveniencia de las estrategias de
Por lo que se refiere a los títulos de la Ley que contienen previsiones para todas las Cajas de Ahorros, con las
correspondientes precisiones en función del domicilio social, merecen destacarse una serie de aspectos:
Mediante el Título III se crea el Registro de Cajas de
Ahorros de Andalucía, que se adscribe a la Consejería de Economía y Hacienda. Dicho Registro, que en aras de la
transparencia será público, constituye un esencial instrumento para el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma. El Registro constará de tres secciones en las que se
inscribirán, respectivamente, las Cajas de Ahorros que tengan su domicilio social en Andalucía, las que, no teniéndolo, dispongan de oficinas abiertas en dicho territorio y, por último, las fundaciones de las Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía que gestionen total o parcialmente la obra social. Hay que mencionar también la reserva de denominación que la Ley efectúa en favor de las entidades inscritas en el citado Registro.
Al objeto de evitar la dispersión y falta de coordinación en los recursos que las Cajas de Ahorros destinan a la obra social, se faculta a la Consejería de Economía y Hacienda ara establecer directrices en orden a la aplicación de aquéllos, en función de las carencias y prioridades de Andalucía, sin perjuicio del respeto a la libertad de elección de las Cajas a efectos de determinar las inversiones concretas a efectuar.
Las disposiciones transitorias contienen las correspondientes previsiones en cuanto a los plazos de adaptación de Estatutos y Reglamentos, renovación y reelección de los órganos de
Por otra parte, dado el alcance de las competencias estatales en materia de ordenación del crédito que no se agotan en las normativas sino que se extienden a ciertas funciones
ejecutivas, se deja expresamente sentado que la regulación de la Ley se entiende sin perjuicio de las competencias que pueden corresponder a órganos o entidades estatales o al Banco de España.
c) Multa a cada responsable por importe no superior a cinco millones de pesetas.
d) Suspensión en el ejercicio del cargo por un plazo no superior a un año.
En caso de imposición de la sanción prevista en la letra d)de este apartado, podrá imponerse simultáneamente la sanción prevista en la letra c) del mismo.
3. Las sanciones aplicables a los miembros de las Comisiones de Control de Cajas de Ahorros que sean responsables de las infracciones muy graves o graves serán, respectivamente, las previstas en las letras b), c) y d) del apartado 1 y letras a),
b) y d) del apartado 2 de este artículo. Además, por la comisión de infracciones muy graves o graves podrán imponerse las sanciones de multa de hasta un millón de pesetas, y de hasta quinientas mil pesetas, respectivamente. Por la comisión de infracciones leves podrán imponerse la sanción de
amonestación privada o la de multa por importe de hasta cincuenta mil pesetas. Para la determinación de la sanción concreta a imponer se tendrán en cuenta, en la medida en que puedan resultar de aplicación, los criterios previstos en el artículo 119 de esta Ley.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, quedarán exentos de responsabilidad quienes, formando parte de un órgano colegiado, no hubiesen asistido por causa justificada a la reunión o hubiesen votado en contra o salvados u voto en relación con la decisión o acuerdo que hubiese dado lugar a la infracción.
Las sanciones firmes impuestas por infracciones muy graves serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. Asimismo será objeto de dicha publicación la sanción consistente en amonestación pública.
Respecto de las infracciones graves, el titular de la
Consejería de Economía y Hacienda podrá acordar la publicación de las sanciones impuestas una vez que éstas hayan adquirido firmeza.
La iniciación y tramitación de los procedimientos sancionadores por infracciones previstas en la presente Ley, competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, corresponderá a la
El procedimiento y el régimen sancionador serán desarrollados reglamentariamente, teniendo en cuenta los principios básicos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como en la Ley 4/1999, de
Artículo 123. Imposición de sanciones.
a) Será competente para la imposición de sanciones por
infracciones muy graves el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
b) Será competente para la imposición de sanciones por
infracciones graves y leves el titular de la Consejería de Economía y Hacienda.
Primera. Cajas de Ahorros fundadas por la Iglesia Católica.
2. Excepto en lo referente al nombramiento y duración del mandato a que se refiere el apartado anterior, la composición, competencias, funcionamiento, representación y demás
circunstancias que afectan a los órganos de gobierno se regirán por lo previsto en el Título V de la presente Ley.
3. En todo caso, la aplicación del apartado 1 de la presente disposición deberá respetar la proporcionalidad de la
representación de cada grupo, prevista en los artículos 57.2,
72.2, 82.1 y 45 de la presente Ley.
Segunda. Entidades Fundadoras de las Cajas de Ahorros.
A la entrada en vigor de la presente Ley, tendrán la
consideración de Entidades Fundadoras de las Cajas de Ahorros con domicilio social en la Comunidad Autónoma de Andalucía las siguientes entidades:
Por la Caja San Fernando de Sevilla y Jerez, la Excma.
Primera. Adaptación de Estatutos y Reglamentos.
Segunda. Renovación de los órganos de gobierno.
Tercera. Primera renovación parcial de los órganos de
Cuarta. Reelección de miembros de los órganos de gobierno. A los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros que con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley hubiesen sido reelegidos, no les será de
aplicación la limitación temporal contenida en el artículo
47.2, párrafo segundo, de esta Ley, pudiendo optar a la reelección por un período adicional y único de cuatro años.
Quinta. Excepciones al deber de secreto profesional.
Hasta que se aprueben las disposiciones reglamentarias
previstas en artículo 38.2 de esta Ley, y en lo que no se oponga a la misma, serán de aplicación las excepciones al deber de secreto profesional establecidas en el artículo 6.3 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio.
Unica. 1. A la entrada en vigor de la presente Ley quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la misma.
c) Orden de la Consejería de Economía y Planificación de 20 de marzo de 1984, por la que se deroga el artículo 2º de la Orden de 12 de enero de 1984.
f) Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 8 de octubre de 1986, por la que se regulan los criterios a seguir a efectos de designación de Consejeros Generales en
representación de las Corporaciones Municipales, en los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros andaluzas.
h) Decreto 299/1988, de 11 de octubre, sobre renovación de los órganos de gobierno de determinadas Cajas de Ahorros andaluzas, y modificación del Decreto 99/1986, de 28 de mayo, que
desarrolla la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las Cajas de Ahorros en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Primera. Competencias de otros órganos o entidades.
disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo previsto en la presente Ley.
Presidente de la Junta de Andalucía Al objeto de evitar un vacío normativo, la Ley declara
expresamente en vigor, en tanto no se proceda a su desarrollo y en lo que no se opongan a la misma, todas las disposiciones reglamentarias dictadas por la Comunidad Autónoma.
1. Las Cajas de Ahorros domiciliadas en Andalucía, cono sin Monte de Piedad, son entidades de crédito de naturaleza fundacional y de carácter social, sin ánimo de lucro, que orientan su actividad a la consecución de fines de interés público.
1. Las Cajas de Ahorros orientarán sus actuaciones a la consecución de fines de interés público, tales como el fomento del empleo, el apoyo a los sectores productivos, la protección y mejora del medio ambiente, el patrimonio cultural e histórico y la investigación, a fin de contribuir al desarrollo social y económico de Andalucía, así como su equilibrio territorial.
2. A tal fin, las Cajas de Ahorros se dotarán de un código de conducta que concrete la actuación de las Cajas de acuerdo con los principios recogidos en este artículo.
Artículo 4. Protectorado y principios inspiradores.
La Consejería de Economía y Hacienda, conforme a lo previsto en la normativa que resulte de aplicación, ejercerá el
protectorado y control público de las Cajas de Ahorros de acuerdo con los siguientes principios:
La garantía de los principios de democratización,
independencia, eficacia y transparencia en la configuración y funcionamiento de sus órganos de gobierno.
Artículo 5. Fundación.
4. Si la voluntad fundacional hubiera sido manifestada en testamento, será ejecutada por las personas físicas o jurídicas designadas por el testador, las cuales otorgarán la escritura pública de fundación, completando la voluntad fundacional en la forma prevista en la normativa aplicable.
1. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, conceder la autorización para la creación de nuevas Cajas de Ahorros, previo informe del Banco de España, de conformidad con el artículo 43.1 de la Ley
26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
2. Las solicitudes, en las que deberá indicarse que la Caja de Ahorros tendrá su domicilio social en Andalucía, se dirigirán a la Consejería de Economía y Hacienda adjuntándosela siguiente documentación:
c) Programa de actividades, haciendo constar el género de operaciones que pretenden realizarse y la estructura
organizativa de la entidad.
Artículo 7. Contenido mínimo de la escritura fundacional. En el proyecto de escritura fundacional de la Caja de Ahorros se hará constar como mínimo lo siguiente:
e) El patrimonio inicial. Si, como parte de éste, existieran aportaciones no dinerarias adicionales a la dotación mínima exigida legalmente, se describirán los bienes y derechos que las integran, con indicación de sus datos registrales, si los tuvieran, el título o concepto de las aportaciones, el valor de cada una de ellas y las cargas, si las hubiera.
Artículo 8. Inscripción en los registros.
1. Otorgada la escritura fundacional, e inscrita la
constitución de la Caja de Ahorros en el Registro Mercantil, se presentará en la Consejería de Economía y Hacienda, que procederá a la inscripción provisional en el Registro de Cajas de Ahorros de Andalucía y a dar traslado de la escritura fundacional al Banco de España, a efectos de su inscripción en el Registro Especial de Cajas Generales de Ahorro Popular, de conformidad con el artículo 43.2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio.
Artículo 9. Organos de gobierno.
Artículo 10. Período transitorio.
2. Durante los dos primeros años de funcionamiento de las Cajas de Ahorros de nueva creación, a los Consejeros Generales representantes de los impositores y del personal no se les exigirá el requisito de antigüedad referido en los artículos
43.2 y 63.2, respectivamente, de esta Ley.
6. Si la Consejería de Economía y Hacienda denegara la
inscripción definitiva, se aplicará en cuanto al destino del patrimonio lo establecido en la escritura fundacional o, en su defecto, lo previsto en la normativa vigente para el caso de disolución y liquidación de Cajas de Ahorros.
c) Si resulta que obtuvo la autorización por medio de
declaraciones falsas o por otro medio irregular acreditado en virtud del correspondiente expediente administrativo o
e) Si carece de fondos propios suficientes o no ofrece
garantías de poder cumplir sus obligaciones con relación a sus acreedores y, en particular, no garantiza la seguridad de los fondos que le hayan sido confiados.
Fusión, escisión y cesión global del activo y pasivo
a) Mediante la operación de fusión de las Cajas de Ahorros en una nueva Caja, por la que dichas Cajas transferirán en bloque sus respectivos patrimonios a la nueva Caja, que adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquéllas, como consecuencia de su disolución sin liquidación.
b) Mediante la operación de absorción de una o más Cajas de Ahorros por otra Caja ya existente, que adquirirá de igual forma los patrimonios de las Cajas absorbidas, como
consecuencia de su liquidación sin disolución.
e) Los balances de fusión de cada una de las entidades y el balance conjunto resultante de la fusión, expresando y
justificando las diferencias de valor que pudiesen aparecer respecto al último balance aprobado y auditado.
g) La fecha a partir de la cual las operaciones de las
entidades que se extingan habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la entidad a la que traspasan su patrimonio.
h) Composición, régimen de funcionamiento y facultades
atribuidas a los órganos o personas que, en su caso, se designen para la coordinación del proceso de fusión.
k) El texto del acuerdo de fusión que se someterá a la
aprobación de las respectivas Asambleas Generales.
3. En el plazo máximo de siete días a partir de su
aprobación, se presentará por cada entidad un ejemplar del proyecto de fusión en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio para su depósito.
1. La fusión de las Cajas de Ahorros deberá adoptarse por acuerdo de las Asambleas Generales de las respectivas
entidades, en los términos previstos en el artículo 68.4 de esta Ley.
2. A tales efectos, habrán de ser convocadas en sesión
extraordinaria para esta finalidad, debiendo hacer constar en el orden del día las menciones mínimas del proyecto de fusión y del derecho que corresponda a los representantes de las Asambleas de examinar en el domicilio social de las Cajas intervinientes los siguientes documentos:
e) El proyecto de escritura de constitución de la nueva Caja, o si se trata de una absorción, el texto íntegro de las
modificaciones que hayan de introducirse en los estatutos de la entidad absorbente.
f) Los estatutos vigentes de las Cajas que participan en a fusión.
b) Que queden a salvo los derechos y garantías de los
impositores, acreedores, trabajadores y demás afectados por la fusión.
2. Las modificaciones de los Estatutos y Reglamentos de la entidad absorbente, o los Estatutos de la nueva entidad constituida por fusión de otras, deberán ser elevados a la Consejería de Economía y Hacienda, que ordenará la adecuación de aquellos preceptos que no se ajusten a las normas o
principios establecidos en la normativa estatal y autonómica vigentes procediendo, en su caso, a su aprobación.
3. En el plazo máximo de un mes a partir de la notificación de la autorización, la fusión será elevada sin más trámites a escritura pública, y su otorgamiento publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en dos periódicos de gran circulación en las provincias en las que cada una de las Cajas que participen tengan su domicilio. En el plazo de quince días se presentará en el Registro Mercantil correspondiente y, en igual plazo a partir de la inscripción en el Registro
Mercantil, se presentará en la Consejería de Economía y Hacienda al efecto de causar inscripción definitiva en el Registro de Cajas de Andalucía y en el Registro Especial de Cajas Generales de Ahorro Popular.
4. Lo previsto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de cualesquier otras autorizaciones que sean
exigibles, de acuerdo con la normativa aplicable.
Artículo 15. Período transitorio.
1. En el caso de fusión por absorción, quedarán disueltos los órganos de gobierno de la Caja de Ahorros absorbida y la administración, gestión, representación y control de la entidad resultante corresponderá a los de la Caja de Ahorros
absorbente, respetando en todo caso las proporciones y grupos establecidos en la presente Ley.
No obstante, podrá preverse en el proyecto de fusión la incorporación de miembros de los órganos de gobierno dela Caja de Ahorros absorbida en los de la absorbente, de forma
transitoria hasta la siguiente renovación de éstos, debiendo garantizarse en los distintos grupos la representatividad establecida en el artículo 57.2 de esta Ley.
Artículo 16. Escisión o cesión global del activo y pasivo.
1. La escisión podrá realizarse mediante la extinción de una Caja de Ahorros, con división de todo su patrimonio en dos o más partes, cada una de las cuales se traspasa en bloque a Cajas de Ahorros de nueva creación o se integra en el
patrimonio de otras Cajas ya existentes, mediante su absorción.
2. En el proyecto de escisión, cuyas características,
contenido, firma, depósito, autorización, publicidad e
inscripción se ajustará a lo establecido en el presente artículo, habrá de constar necesariamente la asignación y reparto preciso de los elementos del activo y pasivo que ha de transmitirse a cada una de las Cajas beneficiarias de la operación.
Artículo 17. Causas de disolución.
b) Por cumplimiento del plazo fijado en los Estatutos,
disolviéndose la Caja de pleno derecho, salvo que con
anterioridad hubiese sido expresamente prorrogado dicho plazo e inscrita la prórroga en el Registro de Cajas de Ahorros de Andalucía y en el Registro Mercantil.
e) Por cualquier otra causa establecida en los Estatutos, requiriendo acuerdo de la Asamblea General con arreglo la o establecido en el artículo 68 de la presente Ley.
Concluida la liquidación, los administradores elaborarán el balance final, que habrá de ser suscrito, en su caso, por el interventor y aprobado por la Consejería de Economía y
El acuerdo de liquidación habrá de inscribirse en el Registro de Cajas de Ahorros de Andalucía, así como en el Registro Mercantil, debiendo solicitarse, una vez finalizada la
liquidación, la cancelación definitiva de todos los asientos referentes a la entidad.
Artículo 19. Adjudicación de los bienes.
La adjudicación de los bienes resultantes de la liquidación se ajustará a lo establecido en los Estatutos de la Caja de Ahorros o, en su defecto, se aplicará dicho remanente a la realización de fines análogos a los de su escritura
fundacional, en interés de la provincia o municipio que principalmente debieran recoger los beneficios de la Caja extinguida.
Artículo 20. Acuerdo y aprobación.
Artículo 21. Estructura y publicidad.
1. Se crea el Registro de Cajas de Ahorros de Andalucía, adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, y que constará de tres secciones.
h) Facultades otorgadas al Presidente y Vicepresidente
Ejecutivos, si los hubiere, y al Director General, así como la fecha del otorgamiento y, en su caso, modificación de aquéllas.
i) Fecha del nombramiento y cese del Director General y de las demás personas vinculadas a la entidad por una relación laboral de carácter especial de personal de alta dirección.
m) Las sanciones impuestas a la entidad y a quienes ostenten cargos de administración, dirección o control en la misma, con excepción de la de amonestación privada.
g) Las sanciones que la Comunidad Autónoma de Andalucía hubiere impuesto a la entidad y a quienes ostenten cargos de
administración, dirección o control en las mismas, con
excepción de la amonestación privada.
e) La fecha de la escritura fundacional, los datos notariales y los relativos a la inscripción de la fundación en los registros correspondientes.
Artículo 22. Reserva de denominación.
Para las entidades con domicilio social en Andalucía, las denominaciones «Caja de Ahorros¯ y «Monte de Piedad¯ serán privativas de las instituciones inscritas en el Registro de Cajas de Ahorros de Andalucía.
Ninguna entidad o empresa podrá utilizar en Andalucía
denominaciones, rótulos, anuncios o expresiones que puedan inducir a error sobre su naturaleza, en relación con las Cajas de Ahorros.
REGIMEN ECONOMICO Y CONTROL
El objeto específico de las Cajas de Ahorros domiciliadas en Andalucía, en el marco de los principios generales de actuación señalados en el artículo 3, serán el fomento del ahorro y la realización de las operaciones económicas y financieras permitidas por la normativa de aplicación, mediante acciones que garanticen la estabilidad y seguridad de los fondos en ellas depositados.
1. Las Cajas de Ahorros domiciliadas en Andalucía destinarán la totalidad de sus excedentes, que, conforme a la normativa vigente, no hayan de integrar sus reservas o sus fondos de provisión no imputables a riesgos específicos, a la creación y mantenimiento de la obra social, de acuerdo con lo previsto en el Título VI de esta Ley.
2. Corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda la autorización, conforme a la normativa aplicable, de los acuerdos adoptados por las Asambleas Generales de las Cajas de Ahorros relativos a la determinación de los excedentes y a su distribución, y al presupuesto anual de la obra social, incluido, en su caso, el de las fundaciones si las hubiere.
Artículo 25. Determinación de excedentes en grupos
consolidables.
En el caso de Cajas de Ahorros domiciliadas en Andalucía, dominantes de un grupo consolidable, en los términos
establecidos en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros, el excedente de referencia será el que resulte de los estados contables consolidados.
Artículo 26. Oficinas.
De conformidad con la normativa básica, las Cajas de Ahorros domiciliadas en Andalucía podrán abrir oficinas en cualquier parte del territorio del Estado.
Las aperturas, traslados y cierres de oficinas habrán de comunicarse a la Consejería de Economía y Hacienda. Esta obligación incumbe también a las Cajas de Ahorros domiciliadas en otras Comunidades Autónomas en lo que se refiere a las oficinas ubicadas en el territorio de Andalucía.
La apertura de oficinas en el extranjero requerirá la
comunicación previa a la Consejería de Economía y Hacienda, sin perjuicio de las competencias del Banco de España.
De acuerdo con la normativa básica, para ampliar sus recursos propios, las Cajas de Ahorros podrán obtener financiación mediante la emisión de deuda subordinada y de cuotas
En tal caso se requerirá la previa autorización de la
Consejería de Economía y Hacienda, en los términos que se determinen reglamentariamente.
BOJA nº 150 de 28/12/1999