Source: https://www.parcan.es/pub/ds.py/2015/155/5/
Timestamp: 2019-11-18 06:23:23
Document Index: 254537630

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 24', 'artículo 11', 'artículo 11']

Diario de Sesiones 155/2015, de fecha 27/1/2015 - Punto 5 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 155/2015, de fecha 27/1/2015 - Punto 5
8L/PL-0019 DICTAMEN DE COMISIÓN. DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, VIVIENDA, CULTURA Y DEPORTES, SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2007, DE 17 DE ENERO, POR LA QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN.
Dictámenes de comisión: de la Comisión de Asuntos Sociales, Vivienda, Cultura y Deportes, sobre el proyecto de Ley de modificación de la Ley de 17 de enero, de 17 de enero de 2007, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.
Grupo Parlamentario Mixto, Prestación Canaria de Inserción.
Cada grupo parlamentario tiene diez minutos, más dos minutos para establecer las conclusiones.
La ley que tramitamos, en su última etapa, en el día de hoy, que modifica la ley de la Prestación Canaria de Inserción, es una ley relevante, una ley importante, porque trata de paliar uno de los problemas más evidentes que tiene nuestra sociedad que es la exclusión, el desempleo, el deterioro socioeconómico de una parte de la ciudadanía. Esta ley debió ser modificada al inicio de la crisis, porque la crisis tenía consecuencias sobre una parte de la ciudadanía, y no solamente no ocurrió eso sino que, en uno de sus aspectos relevantes, no el más importante, que son los plazos, el Gobierno, en el año 2011, lo que hizo fue pasar de dos meses de tramitación gubernamental a seis meses. De manera que, en relación con esta importante norma, que trata de, insisto, paliar los problemas más graves de exclusión, de pobreza, de nuestra comunidad en medio de la crisis, no solamente no se revisó la ley sino que la revisión que se hizo en el año 2011 fue para ampliar los plazos de tramitación y pasar de dos meses por parte gubernamental a seis meses por parte gubernamental. (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta segunda, Tavío Ascanio).
Debió ser, el debate en torno a la exclusión y a la pobreza que algunos insistentemente planteamos en esta Cámara hizo que el Gobierno de Canarias tomara, yo insisto en que tarde y mal, la necesidad de establecer un programa, un plan, una estrategia para la lucha contra la pobreza y la exclusión, como uno de los males de nuestra sociedad, acrecentado, desgraciadamente, por esa dura crisis que estamos viviendo.
Aunque inicialmente el Gobierno no reconoció la gravedad, la entidad, la urgencia del tema, al final las circunstancias de la opinión pública, de los colegios profesionales, de la oposición política, de los medios de comunicación, obligaron al Gobierno -insisto, tarde y mal- a retomar la necesidad de una estrategia, de un plan, frente a la exclusión y la pobreza. Y en julio del año 2013, después de haber negado lo elemental, propuso un plan contra la exclusión social y el desarrollo humano, con una denominación rimbombante, con un conjunto de medidas que, en el mejor de los casos, juntaban actividades y propuestas de los gobiernos previamente existentes que en absoluto establecían ni los medios ni los programas y las actuaciones necesarios para atajar, para paliar, el grave problema de exclusión y pobreza que tenemos en nuestra comunidad.
Entre los muchos compromisos, digo compromisos, que no realidades, estaba modificar esta ley para adaptarla a las actuales circunstancias. Y llega al final de la legislatura; dos años después hemos logrado consensuar en lo esencial una modificación de esta norma que trata de adecuarse al momento socioeconómico que estamos viviendo. Y he de decir que los aspectos genéricos de la norma han sido, en el proceso de debate en ponencia y en comisión, yo creo que claramente mejorados. Se trataba de que la norma revisada reconociera la nueva situación. Ya no se trata solo de personas en exclusión, a las que hay que, además, ayudarles económicamente a buscar una estrategia de reinserción, sino que se trata de reconocer que hay gente perfectamente integrada, con las condiciones laborales y las habilidades sociales adecuadas, pero que ha perdido toda fuente de ingresos y, por lo tanto, debemos tratar de responder a esta nueva realidad. La ley de la Prestación Canaria de Inserción, con esta modificación, reconoce que no se trata solo de ayudar a la gente en exclusión sino que se trata también, además de a este colectivo de personas, a gente que lo ha perdido todo y precisa de una ayuda económica para sobrevivir y, en todo caso, de la reinserción laboral pertinente. Nos parece buena esta consideración.
Nos parece bien también, y ahí hemos contribuido a flexibilizarlo, que los criterios de acceso al derecho de recibir esta prestación se flexibilicen en relación con la residencia, las condiciones económicas, etcétera, porque nos parece que la norma del 2007 no respondía a esta realidad sino a otra, y, por lo tanto, todo el proceso de flexibilización de las condiciones de las personas que van a tener derecho a una Prestación Canaria de Inserción... se flexibilizan.
Se hace un esfuerzo insuficiente en materia de la gestión temporal de la solicitud. Dos meses en los ayuntamientos nos parece a nosotros razonable, porque estamos hablando de construir expedientes con pocos medios y en ayuntamientos de diverso tamaño y consideración. Por lo tanto, el tiempo de dos meses en el ámbito municipal pudiera estar ajustado a una realidad inevitable, que los ayuntamientos son ochenta y ocho, los hay grandes y pequeños, los hay adecuadamente financiados y otros peor, de manera que los tiempos de gestión de las solicitudes en el ámbito municipal, que es donde se sustancian los expedientes, nos parecen bien. Nos parece mal lo que hizo el Gobierno. En la ley originaria -escuchen bien este dato, ¿no?-, en la ley del 2007, el plazo gubernamental era de dos meses, una vez llegaba el expediente completo de los ayuntamientos. La Ley de Presupuestos del año 2011 amplía de dos meses a seis meses después de que el expediente llegara completo del ayuntamiento. En medio de la crisis, no antes de la crisis, en medio de la crisis. Ahora el Gobierno plantea tres meses desde que se recibe la solicitud municipal. A nosotros nos sigue pareciendo excesivo y defendemos un mes, porque creemos que lo sustancial de este expediente se hace en el ámbito municipal y las verificaciones, con los soportes informáticos pertinentes, las hace el Gobierno a través de sus distintos departamentos que intervienen en el tema.
Nos parece que el tiempo es muy importante cuando se trata de personas en situación de extrema necesidad, de manera que la propuesta, que hasta ahora no ha sido aceptada y por eso mantenemos una enmienda, nosotros sostenemos que dos meses para la tramitación municipal y un mes para la respuesta gubernamental, nos parece más que suficiente. Y mantener los tres meses que mantiene el Gobierno nos parece exagerado y no reconocer la gravedad de la situación.
En cualquier caso, sí decimos que, al margen de esta consideración, a nosotros nos parece que la ley ha mejorado su texto originario, no solo por lo antedicho, sino porque pretendía eliminar las renovaciones, que las hemos recuperado, y creemos que la ley mejora. Producía una rebaja sobre los porcentajes básicos y los complementos en relación con el Iprem, que se recuperan en la tramitación de ponencia y comisión, de manera que se mantiene al 76% como la cuantía básica mensual, cuando habían bajado en el proyecto de ley en tramitación al 72%. Y hay que recordar -y este es un dato relevante-, del año 2007 hasta la actualidad, el IPC se ha incrementado en un 15,4 y el Iprem, en ese mismo periodo, un 6,6. Quiere decirse que las personas beneficiarias, las pocas personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción, han perdido una capacidad adquisitiva de un 9% en el tiempo de vigencia de la ley. Por lo menos esto se recupera. Cierto es, nosotros mantenemos la enmienda 7 viva en relación con los complementos de la cuantía básica, que nosotros sostenemos que no debe ser por menores adicionales sino por personas de la unidad familiar. Nos parece que los niños, evidentemente, estarían incluidos en esta condición y nosotros somos más generosos, digamos, en la incorporación de los adicionales sobre la renta o la cuantía básica y proponemos cantidades superiores. Cierto es que esto no sería determinante.
Y lo más importante: nos parece que llega tarde la norma, nos parece que la norma se debió adecuar al inicio de la crisis a las nuevas necesidades. Nos parece bien ampliar los nuevos perfiles, nos parece bien recuperar la renovación, nos parece bien gestionar de manera eficiente y más rápida la respuesta, pero todo esto se quedará en agua de borrajas, en nada, si no se acompaña de la ficha financiera pertinente y por eso, aunque la norma ha aceptado una enmienda de nuestro grupo diciendo que los créditos en relación con la PCI deben ser ampliables en las leyes de presupuestos, debemos saber -porque he visto algún despiste en este tema- que esto nos vincula a las leyes de presupuestos y tendrá que ser la voluntad política expresada en cada ley de presupuestos la que determine la apertura de los créditos como ampliables con cobertura, y nosotros sostenemos que esta es la clave de la norma. Con 28 millones nosotros no atacamos ni el 10% del problema de exclusión y de falta de ingresos de los hogares canarios, ¡ni el 10%! Por eso nosotros sostenemos que hay que hacer un esfuerzo presupuestario, también este año, y hemos apuntado que, dado que se liberan intereses del pago de la deuda, en virtud de la reestructuración unilateral de la deuda por parte del Gobierno de España, que se amplíen los créditos para la Prestación Canaria de Inserción en el ejercicio 2015 hasta los 50 millones, que nos permitiría, nos permitiría, llegar a lo mejor en torno al 20% de las familias que potencialmente puedan ser beneficiarias de esta prestación. Si esto no se hiciera así, habremos hecho una ley que mejora la cobertura, que flexibiliza los criterios para acceder a ella, que permite la renovación, que acorta razonablemente los plazos, menos de lo que quisiéramos, pero no conseguirá el objetivo primordial, que es ayudar a la mucha gente que tiene necesidades para sobrevivir. Y solo se conseguirá si los créditos son suficientes y con 28 millones llegamos escasamente al 10% de las familias, con todos los miembros en paro y sin ningún ingreso reglado, y con 50 millones casi duplicaríamos esta cantidad y estaríamos hablando del 20% de este colectivo.
Por lo tanto... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional) estaríamos manteniendo las enmiendas de la reducción de los plazos gubernamentales de tres a un mes, mantenemos las cuantías adicionales en función de los miembros de la familia y no solo de los menores e insistimos en lo más importante, que no toca porque esta ley no tiene capacidad para generar ese compromiso, pero esa la tiene el Gobierno: o aumentamos las cantidades de forma significativa o no impactaremos en la grave situación de pobreza, exclusión, de miseria, de una parte de la ciudadanía, ya en los que teníamos en etapas de bonanza pero ahora más que duplicados por esta injusta, desigual crisis, que ha colocado, insisto, a más de cincuenta mil familias donde no existe ningún ingreso reglado.
Ese es el objeto de nuestras enmiendas y de nuestras aportaciones.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, su señoría... ¡Ah!, el turno en contra. De acuerdo. Tiene la palabra para un turno en contra la diputada del Grupo de Coalición Canaria doña Flora Marrero Ramos.
La señora MARRERO RAMOS: ... el mismo criterio que hemos mantenido tanto en la ponencia como en la comisión parlamentaria en relación con los porcentajes del Iprem, que, como bien argumentábamos en su momento, estamos hablando de un 2%, pero no podemos olvidar que el motivo por el que nosotros vamos a rechazar las enmiendas del Mixto, la 6, la 7 y la 8, es porque, como sabemos, la modificación de la Prestación Canaria de Inserción amplía las personas beneficiarias, que no solo son las personas que están en exclusión social sino las que están en riesgo de exclusión social, y a nosotros nos parece uno de los motivos por el que entendemos que deben rechazarse.
En esta modificación de la ley del 2007 hay que decir, y quiero destacar y poner en valor, que ha sido por unanimidad prácticamente de toda la ponencia, de los grupos. Hemos tenido dos reuniones, dos ponencias, donde hemos podido llegar a acuerdos sustanciales en los asuntos que son más importantes. Y hay que recordar que esto también fue una propuesta, la modificación de la PCI, de nuestro grupo, del Grupo Parlamentario Nacionalista, en relación con la comunicación del Gobierno de la estrategia frente a la pobreza, que a mí siempre me gusta denominarla "junto a la pobreza", no "frente a la pobreza".
Y no olvidemos, y lo digo en relación con el tema financiero, que esta comunicación vino en su momento con una ficha financiera y que tiene un carácter transversal, y por eso estaba, recogía políticas de las diferentes consejerías, de Empleo, de Industria, es decir, de todas, y a nosotros nos parecía que era importante e imprescindible esta modificación, como estamos debatiendo en este momento.
En relación con el segundo punto, a la enmienda 9, que coincide además con la del Grupo Parlamentario Popular, de reducir los plazos del Gobierno a un mes, nosotros lo hemos dicho en ponencia y lo dijimos en la comisión: nosotros entendemos que el plazo tiene que ser de dos meses. Hacemos una transaccional, porque es verdad que no está recogido en la ponencia, lo acabamos de ver, le ofrecemos una transaccional de seguir manteniendo, como lo hemos hablado en la ponencia y en la comisión, de los dos meses. ¿Por qué?, porque los ayuntamientos, cada ayuntamiento tiene dos meses, desde que se solicita la prestación hasta que se envía al Gobierno, tiene un plazo de estos dos meses para montar todo el expediente y el Gobierno tiene estos dos meses que es un plazo máximo. El Gobierno podría hacerlo, en función de cómo llegan los expedientes, podría resolver en quince días, en una semana o en un mes. Los dos meses, hay que recordar, es el plazo máximo en que nosotros entendemos que podrían resolverse los expedientes de la PCI. Esto es una decisión que nosotros la hemos consultado con los ayuntamientos y nos han dicho que lo entienden razonable. Repito, son ochenta y ocho los ayuntamientos los que tiene que resolver el Gobierno, por eso este plazo de dos meses que a nosotros nos parece importante.
Y yo quiero aprovechar, algunos aspectos que también se han tenido en cuenta en la ley, que lo hemos hablado, son en relación con las nuevas personas que pueden solicitar la PCI, que son las personas -y a mí me parece que es un aspecto importante- que no están empadronadas, que al día de hoy no podrían solicitar la PCI pero con esta modificación sí la pueden solicitar, con un previo informe de los trabajadores sociales y un informe policial, pero para poder percibirla necesitarían estar empadronadas. Esta es una manera que entendíamos los grupos parlamentarios, y es una propuesta que nosotros llevamos, de integrarlas socialmente.
Y después hay un concepto que quiero que conste en el Diario de Sesiones: está recogido a las personas víctimas de violencia de género, a las personas sin hogar -como acabo de decir-, a las que hayan sido obligadas a fijar su residencia fuera de la comunidad autónoma -fue una propuesta del Partido Popular-, pero también a las personas víctimas de violencia intragénero -es la primera vez que se habla en esta Cámara, pero a mí me parece que es importante recogerlo. Nosotros lo hablamos con los colectivos-, que son, las víctimas de violencia intragénero es la entendida como aquella que se da en parejas o exparejas del mismo sexo, casadas o no, con o sin convivencia, pudiendo ser violencia física, psicológica, sexual o económica. Esto es un avance, es una propuesta que hemos hecho que nos parece importante y fue aceptada por los grupos.
Y sobre todo, como ya no voy a intervenir más porque le tocaría a mi compañera en la otra intervención, agradecer a los servicios de la Cámara, al letrado y sobre todo la predisposición de los grupos parlamentarios, porque es verdad que siempre hemos pensado y hemos hablado, hemos tenido en cuenta, no la política, sino a las personas que están en exclusión social y en riesgo de exclusión social, porque es lo que hemos priorizado y en lo que hemos pensado y por eso hemos podido llegar hasta este consenso tan amplio, que a mí me parece que es importantísimo y creo que el Parlamento ha estado a la altura de lo que se nos pedía ahí fuera, la sociedad y los colectivos con los que nos hemos reunido.
Simplemente dejo sobre la mesa el tema de la transaccional a ver si fuese tenida en cuenta.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Imagino que compartirán el turno en contra. Tiene la palabra, en nombre del grupo... (comentarios desde los escaños). Claro, es que lo que se le había comunicado a la Mesa es que se iba a ver primero, iban a intervenir los grupos y después se iban a ver las enmiendas, pero lo cambiamos sobre la marcha, no hay problema.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, su señoría, la señora diputada doña Milagros Bethencourt Aguilar.
La señora BETHENCOURT AGUILAR: Muchas gracias, señora presidenta, y felicidades por su nuevo cargo.
Señorías, buenos días. Quiero mandar un saludo especial y cariñoso a un visitante que tenemos hoy en la tribuna, que es Jose, de La Palma. Nuestro cariñoso saludo a Jose.
Señorías, a mediados del 2013, esta Cámara dio luz verde a la Estrategia Canaria frente a la Pobreza y la Exclusión Social, planteada por el Gobierno de Canarias con el objetivo de paliar los efectos que la crisis económica estaba teniendo sobre las personas y familias canarias. Este documento establecía, como una de las líneas prioritarias, la modificación de la Ley 1/2007, reguladora de la Prestación Canaria de Inserción, con el fin de ampliar el colectivo, simplificar los procedimientos y aumentar de manera especial la protección a las familias con menores a cargo. Pues bien, señorías, el año 2013 finalizó con más de seiscientos tres mil canarios afectados por procesos de exclusión social, es decir, el 28,6% del total de la población canaria, lo que supone casi doscientos doce mil hogares de las islas. Pero lo que era más grave, señorías, es que, dentro de ese espacio de exclusión del archipiélago, 230.000 personas se encontraban en exclusión social severa. Estamos hablando de que más de ochenta mil hogares canarios lo estaban pasando y lo están pasando verdaderamente mal.
Sin embargo, a pesar de esa urgencia de los miles de canarios, que tenían depositada su esperanza en esta modificación, el Gobierno de Canarias se tomó su tiempo para traer la modificación a este Parlamento. Hoy por fin, año y medio después, uno de los pilares de la estrategia va a ver la luz. Hoy, señorías, es, por tanto, un día muy importante para muchas familias canarias que están pasando verdaderas dificultades. Sin embargo, hoy los ciudadanos de Canarias tienen que saber que el texto que hoy se somete a votación poco o nada tiene que ver con el proyecto de ley elevado por el Gobierno de Canarias. Un texto que, muy al contrario del compromiso del Gobierno de Canarias en el marco de la estrategia, restringía duramente el acceso a las prestaciones, eliminaba de un plumazo la renovación y ponía límite presupuestario a la dotación económica anual. En fin, señorías, tengo que decirlo, empeoraba con creces el texto vigente y ahondaba en la espiral de la exclusión y pobreza. Hoy, por tanto, nos sentimos especialmente contentos porque hemos logrado dar la vuelta a ese texto elevado por el Gobierno de Canarias y adaptarlo para cumplir los compromisos de la estrategia de la pobreza. Hoy, señorías, no caben medallas del Gobierno de Canarias; hoy las medallas son para los grupos parlamentarios.
Mi grupo parlamentario ya lo anunció en el debate de primera lectura, que presentaríamos enmiendas para corregir ese desaguisado y hemos cumplido con nuestro compromiso. Quiero dejar constancia de que mi grupo parlamentario ha trabajado para que esta ley salga adelante, porque es mucha gente la que está ahí afuera esperando por esta modificación.
Quiero señalar que el Grupo Parlamentario Popular presentó 19 enmiendas, de las cuales fueron aceptadas por los grupos que apoyan al Gobierno 17, de esas 19, y que han sido incorporadas tanto al informe de la ponencia como al dictamen de la comisión. Hemos recuperado, como no puede ser de otra manera, la renovación como herramienta imprescindible para dar continuidad a las medidas de formación e integración; se ha admitido por unanimidad en el articulado la enmienda número 42, del Partido Popular, de los créditos ampliables.
Mi grupo ha incorporado importantes novedades a este texto. Quisiera resaltar alguna, como la posibilidad de firmar convenios con entidades públicas y privadas para fomentar los itinerarios formativos, así como la inserción laboral. Otra de las enmiendas admitidas de mi grupo ha sido poder subrogar la ayuda económica cuando el perceptor de la PCI hubiera fallecido; contemplar a las mujeres víctimas de violencia de género o a los huérfanos de padre y madre sin derecho a prestación entre los colectivos exentos por la edad; también poder crear unidades de convivencia a aquellas familias que tengan personas con discapacidad o dependencia a su cargo.
Pero es verdad, señorías, que nuestra satisfacción hoy no es completa: dos enmiendas han sido rechazadas por nacionalistas y socialistas. Dos enmiendas que no son capricho, que son vitales para que se pueda cumplir el objetivo de esta ley. Señorías, nuestra enmienda número 32, coincidente con la número 9 del Grupo Mixto, persigue garantizar el acceso rápido y efectivo a la ayuda. Señorías nacionalistas y socialistas, la propia naturaleza de la Prestación Canaria de Inserción es cubrir las necesidades básicas de las familias -alimentación, vivienda, agua y luz-, lo que lleva implícito acortar los tiempos de respuesta. Entendemos que lo razonable para estas ayudas son tres meses: dos para los ayuntamientos, que llevan el grueso del expediente -la recepción de la solicitud, el informe social, la elaboración de los programas de actividades de inserción-, y un mes para la consejería, porque la consejería lo único que tiene que hacer es dictar la resolución. Reducir el plazo a un mes a la consejería competente en la materia, porque, además, tengo que recordarles que los expedientes físicos no vienen de los ayuntamientos, que lo que viene es, a través de la aplicación informática, toda la documentación y la consejería solo tiene que chequear esa documentación vía informática y dictar resolución. Cinco meses para una ayuda básica nos parece desproporcionado, sigue siendo mucho tiempo, señorías.
Y con respecto a nuestra enmienda número 40, miren, el éxito de la Prestación Canaria de Inserción solo se puede sustentar bajo cuatro pilares. Primero, ampliación de la cobertura, lo tenemos; recuperación de la renovación, lo tenemos; dotaciones anuales significativas y créditos ampliables, tenemos que tener esa dotación suficiente anual; y, señorías, la cuarta, financiación a los entes gestores, que son nada más y nada menos que los ayuntamientos. Estos son los cuatro pilares para que esta ley sea fuerte, para que esta ley tenga una estructura sólida y sea garantista. Y esta enmienda que ahora defiendo, señorías, cubre precisamente ese objetivo: garantizar la financiación a los ochenta y ocho ayuntamientos canarios para que puedan gestionar de manera eficiente la Prestación Canaria de Inserción.
Señorías, la PCI solo puede ser solicitada en los ayuntamientos. Los ayuntamientos, insisto, son la única puerta de entrada para que las familias puedan presentar la solicitud de la Prestación Canaria de Inserción. Por lo tanto, los ayuntamientos son claves en esta prestación, en esta modificación. Si no disponen de garantía en la financiación, no podrán contratar a los trabajadores sociales los 365 días del año y no como está sucediendo ahora, que son dos meses, tres meses, y lo que hay que tener, lo que hay que garantizar es el personal cualificado, trabajadores sociales, 365 días al año. Y seguirán las listas de espera si no aprobamos esta enmienda y habrá un embudo en los ayuntamientos si no aprobamos esta enmienda, señorías, y de nada, de nada, de nada servirá esta modificación si no agilizamos la tramitación en los ayuntamientos dotándolos de financiación.
Y no podemos olvidar tampoco los PAI -los programas de actividades de inserción-. Hay que mejorar las acciones formativas, hay que intensificar el seguimiento, tutorizar socialmente a los beneficiarios, si queremos buscar la inserción efectiva y real. Y esto, señorías -que quede también claro-, también es una tarea de los ayuntamientos.
Señorías nacionalistas y socialistas, el argumento utilizado en ponencia y en comisión para rechazar esta enmienda, que consideramos importantísima, que consideramos un pilar de la modificación, no se sostiene. Y, miren, no se sostiene porque la propia ley de reforma estatal, de reforma local, obliga, obliga a financiar aquellas competencias que sean atribuidas por ley a los ayuntamientos y esta es una competencia que se está atribuyendo a los ayuntamientos por ley. Por lo tanto, aquí tiene que ser la competencia atribuida por ley pero también garantizar esa financiación. Sin embargo, en este texto que hoy tenemos entre manos no se está garantizando para nada la financiación a los ayuntamientos. No podemos olvidar que este nuevo texto amplía la cobertura, no solamente a las personas ya en exclusión social sino también a las personas en riesgo de estarlo, con lo cual los ayuntamientos se van a ver desbordados con la demanda que van a recibir y no van a tener los recursos para poder hacer frente a esta situación.
Señorías, mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, les pide reflexión y les pide por supuesto el apoyo a estas dos enmiendas que consideramos vitales para que hoy la modificación de la Prestación Canaria de Inserción sea un éxito y podamos cumplir los objetivos.
Y finalizo, señorías, agradeciendo también a los ponentes -a don Román Rodríguez, a doña Flora Marrero, a doña Rosa Jerez-, también, por supuesto, al letrado don Ignacio Navarro, el ambiente de colaboración que hubo durante la tramitación de este proyecto de ley. También decir y agradecer a mi grupo parlamentario que me haya designado ponente.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Señorías, se ha presentado una enmienda transaccional. Para su pronunciamiento, tiene la palabra el Grupo Socialista, doña Rosa Jerez Padilla. La enmienda número 9, del Grupo Mixto, y la enmienda número 32, del Grupo Popular, en función de la que se acepte decaería la siguiente y en su caso habría que hacer una modificación en la exposición de motivos.
La señora JEREZ PADILLA (Desde su escaño): Gracias. Entiendo que aquí tengo mi intervención de la enmienda tanto del Grupo Popular como del Grupo Mixto, tendría que hacer yo la intervención mía, ¿no?, de unos diez minutos.
Bien, señorías, lo que menos me gusta a mí, cuando hablamos de una ley como es la Ley de la PCI, es hablar de medallas. Medallas son las que realmente, en este caso, tiene ahora mismo la sociedad canaria, son las que se lleva la sociedad canaria, no los parlamentarios.
Mi intervención empezaba felicitando a los grupos parlamentarios; yo no tengo que felicitar a los grupos parlamentarios, felicito a las personas, a los parlamentarios en este caso que participaron en la ponencia, al letrado que nos ayudó en la redacción de alguna de las enmiendas y, sobre todo, en abrirnos el camino, porque gracias, señorías, a la buena predisposición de sacar esta ley para adelante muchas enmiendas salieron. Muchas veces porque todos coincidíamos: aquí nadie que se arrogue enmiendas propias. Muchas enmiendas tanto del Grupo Popular como del Grupo Mixto, como del Grupo de Coalición Canaria y del PSOE coincidían y, por tanto, no era necesario debatirlas, sino aceptarlas tal cual; y otras porque veíamos que eran necesarias para enriquecer la ley y, por tanto, se proponían. Y eso es lo que ha dado, que es lo que realmente nos interesa destacar aquí, que esta ley saliera con el 90% de aceptación de las propuestas de los grupos parlamentarios. Pero es más, se aprueba -y esto hay que decirlo- por unanimidad el informe de la ponencia en la Comisión de Servicios Sociales. Esto da a entender, señorías, el compromiso tan grande que teníamos las personas que estábamos participando en esa comisión, el compromiso tan importante que teníamos todos hacia la sociedad canaria.
Señorías, para los socialistas la PCI es un derecho que tienen todos aquellos ciudadanos de Canarias que se encuentren en una situación de pobreza o en una situación muy difícil para poder atender a veces sus necesidades básicas porque han agotado todas sus prestaciones y subsidios y su modificación era una de las cuestiones que el Partido Socialista le ha exigido continuamente al Gobierno desde el momento en que la crisis ha sido más notable. Podemos comprobar, si todos nos hemos leído parte de lo que se ha presentado, la nueva ley no tiene nada que ver con la que se presentó en su momento. La nueva modificación acoge a un mayor número de beneficiarios y es mucho más rápida en la resolución de las solicitudes, y sobre todo se garantiza su renovación. La modificación tiene en cuenta a aquellas personas que han perdido su vivienda, su trabajo e incluso sus empresas, así como a otros colectivos que se ven abocados a vivir en condiciones precarias, siendo, en muchos de estos casos, la Prestación Canaria de Inserción una oportunidad para conseguir unos mínimos económicos que le puedan sostener durante un tiempo y que ahora ese tiempo se hace mayor debido a las bajas posibilidades de empleabilidad y sin posibilidad de acceder a recursos económicos.
Hay que destacar, señorías, algo muy importante, que es la renovación de la PCI, y esta es automática si la persona sigue estando en la misma situación que cuando la solicitó. Esto era incuestionable y no era discutible por ninguno de los grupos parlamentarios.
Se intenta evitar, por todos los medios, las listas de espera para acceder a las ayudas y es por eso el tiempo. Ahora es de cuatro meses, frente a los seis que se proponía en un principio en la ley.
Las listas de espera también se daban por la falta de fondos; ahora el Gobierno, señorías, está obligado a contar con los fondos suficientes para atender la demanda de todas aquellas personas que cumplan los requisitos, porque se ha suprimido la coletilla, señorías, se ha suprimido la coletilla de que vinculaba la PCI a la disponibilidad de fondos por parte del Gobierno. Y esto es muy importante.
Señorías, decirles también que es una ley que promueve la superación de las personas de la situación de riesgo y evita que desmotive a las mismas a la búsqueda de empleo. Hay que destacar, además, que muchos colectivos, sobre todo el de trabajadores sociales, ven positivas todas las modificaciones realizadas, claro está, siempre y cuando, desde luego, que estas no se queden en el papel, y por supuesto y desde luego que el Partido Socialista, el Grupo Socialista, los socialistas en general, nos comprometemos a vigilar que esta ley se lleve a cabo tal cual está recogida ahora mismo.
Con respecto a las enmiendas, en este sentido, yo se lo dije, se lo dije a sus señorías en comisión, hay que recordar que se está tramitando una ley de cabildos y otra de municipios y que la gestión de la PCI es objeto de convenios anuales entre consejería y ayuntamientos y, en ese marco, es donde se debe fijar la contribución del Gobierno. Doña Milagros, vamos a no tener en cuenta lo de la reforma local, tan criticada por todo el mundo, usted lo sabe igual que yo, que hemos visto colectivos que no creen en esa reforma. De todos modos decirle que la propuesta de modificación del apartado 2 del artículo 42, en este caso, en el sentido de sustituir los términos, que es "contribuir a financiar" por "financiar", entendemos que no debe prosperar, desde luego, por cuanto es una interpretación restrictiva de la ley en estos términos y que implicaría fijar en una ley sectorial la obligación del Gobierno de Canarias de financiar competencias municipales. Lo correcto sería, señoría, mantener el artículo en los términos actuales en que está, que fija la obligación del Gobierno de contribuir a la financiación y que sea en el marco de una norma de distribución competencial o mediante un acuerdo ejecutivo entre Fecam y Gobierno donde se fijen los porcentajes de contribución del Gobierno de Canarias. Es decir, vamos a dejarlo a criterio de la Fecam.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): La enmienda la ha rechazado y, por lo tanto, tendríamos que votarlas. A continuación...
¿Sí? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, el señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez.
Dos dudas. Una en relación con el porcentaje del Iprem: la enmienda del Grupo Mixto número -les digo enseguida-, número 6 yo la entendí decaída porque se había suprimido del proyecto de ley el apartado 7, de manera que se recuperaban los porcentajes de la ley, que era el 76%. Hay un error aquí... Sí. Vamos a ver, la ley habla del 76%, el proyecto de ley lo rebajó al setenta y dos y pico, nosotros presentamos una enmienda volviendo al 76%, en la ponencia y en la comisión los grupos del Gobierno eliminaron el apartado 7, con lo que volvemos a la ley originaria, de manera que nuestra enmienda carecería de sentido puesto que se ha recuperado el texto originario. Lo digo porque tendríamos este error. O sea, que no votaríamos la enmienda 6 porque la entendemos incorporada ahí. ¿De acuerdo?
Y luego mantendríamos la 7 y 8, que están referidas también a las cantidades, pero a otros conceptos: las adicionales, las cantidades adicionales, y la cantidad máxima, que sabemos que no las van a aceptar.
Y sobre la consideración de los plazos, aceptamos la transaccional de los grupos del Gobierno, primero porque recuperamos los plazos de la ley originaria. Insisto en este tema. La ley originaria del 2007 daba dos meses de plazo al Gobierno una vez el expediente completo llegaba de los ayuntamientos. Se subió a seis meses en el año 2011 en la Ley de Presupuestos. Han propuesto ahora tres, que en la ponencia se ha dicho que dos, y se queda en dos. Pero que sepamos, aceptamos el tema, porque el consenso ha presidido el debate, pero que seamos conscientes de que recuperamos los plazos gubernamentales que ya tenía la ley originaria. Que no han hecho un gran esfuerzo, quiero decirles. Pero nosotros, a favor del consenso, aceptamos ese tema, mantenemos las enmiendas restantes, por patriotismo, digamos, pero votaremos al final por la ley en su conjunto.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasaríamos a votar las enmiendas... (El señor Figuereo Force solicita intervenir).
¿Sí?, señor...
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): He entendido que, dado que la rechazaba el Grupo Socialista, tendríamos que pasar a... Pero si quiere explicar por qué quiere mantenerla... De acuerdo. Es que han modificado el orden del día que me había dado el presidente y que se había pactado en la Mesa. He procurado mantener el buen...
Sí, doña Milagros tiene la palabra y con posterioridad pasaríamos ya a la votación.
La señora BETHENCOURT AGUILAR (Desde su escaño): Sí, señora presidenta, estamos hablando de dos enmiendas, que son las que ha defendido el Grupo Parlamentario Popular, y en este caso estamos hablando de la primera, de la enmienda número 32, que habla de los plazos. Nosotros seguimos insistiendo en que el plazo ideal para la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción son tres meses, pero en este caso vamos a aceptar la transaccional porque dos meses es mejor que tres y lo que pretendemos es que esa ayuda llegue lo antes posible a las familias canarias, y en este sentido vamos a aceptar esta transaccional.
(La Presidencia hace sonar el timbre de llamada a la votación. Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas al proyecto de Ley de modificación de la Ley por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción. Vamos a votar las enmiendas. La última que votaremos es la transaccional. Mantienen vivas, al artículo 7, la número 7 y la número 8. ¿Se pueden votar conjuntamente, agrupadas? ¿Y la 40? La 40, del Grupo Popular, ¿podemos votarla...? No, no procede, distinto grupo, correcto, sí.
Vamos a votar las del Grupo Mixto al artículo 7, enmiendas número 7 y número 8. Comienza la votación. (Pausa).
Resultado: 52 presentes; 2 a favor, 31 en contra y 19 abstenciones.
Enmienda número 40, del Grupo Parlamentario Popular, al artículo 24 de la ley: comienza la votación. (Pausa).
Resultado: 50 presentes; 19 a favor, 31 en contra y ninguna abstención.
Al artículo 11 hay una transaccional, que me dicen los servicios de la Cámara que conocen el texto por parte de todos los grupos. Entonces vamos a votar la enmienda transaccional al artículo 11. Comienza la votación. (Pausa).
Vamos a votar todo el resto de artículos de la ley, menos el título y la exposición de motivos, y ya les diré por qué. Entonces el resto de artículos del proyecto de ley: comienza la votación. (Pausa).
Vamos a votar la exposición de motivos, tal como está, pero que lleva una precisión técnica debida a la transaccional. No sé si me explico. Creo que lo conocen todos los grupos y, por lo tanto, vamos a votar la exposición de motivos adaptada a la transaccional que se ha aprobado. Comienza la votación. (Pausa).
Queda aprobada la exposición de motivos.
Y vamos a votar el título de la ley y las disposiciones adicionales, transitorias y finales, que no tienen enmiendas, evidentemente. Comienza la votación. (Pausa).
Por lo tanto, queda aprobado, con las enmiendas introducidas, el proyecto de Ley de modificación de la Prestación Canaria de Inserción, o por el que se regula, perdón, por el que se regula la Prestación Canaria de Inserción.
Pasamos al siguiente proyecto de ley... Ay, perdón, sí, sí, doña Inés Rojas, del Gobierno, tiene la palabra.
La señora CONSEJERA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Rojas de León): Señor presidente, señorías, buenos días. Primero, dar la bienvenida al nuevo diputado que se incorpora hoy. Va a ser justito y poquito, pero espero que le sea gratificante.
También felicitar a la presidenta, a la nueva vicepresidenta de la Mesa del Parlamento y desde luego desearle también mucho éxito y mucha suerte a Mari Mar en su nueva andadura como senadora por la comunidad autónoma, que supongo que es todo un orgullo, seguro.
Señorías, quiero hoy, en nombre del Gobierno de Canarias, congratularme por la aprobación de la modificación de la ley de la Prestación Canaria de Inserción. Saben ustedes que está dentro de la estrategia canaria para hacerle frente a la pobreza modificar dos leyes absolutamente importantes, como es la ley de vivienda y la ley de la Prestación Canaria de Inserción, porque tenemos una nueva sociedad, una nueva realidad socioeconómica y se hace necesario que las leyes, desde luego, estén adaptadas a esa nueva realidad.
Quiero poner en valor, además, el trabajo que se ha hecho, como bien decía la diputada del Grupo Parlamentario Socialista. Yo creo que sí, que hay que valorar a todos los grupos parlamentarios, pero está claro que especialmente a las personas de cada grupo que han estado inmersas en ese trabajo. Especialmente, a mí me ha tocado, directamente, tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el de Coalición Canaria para ir viendo todas las modificaciones que hacíamos de la propuesta que había presentado el Gobierno para que realmente pudiéramos llegar a este día, a aprobar una ley absolutamente consensuada y siempre pensando, no en quedar bien, sino en hacer el bien, en hacer lo mejor para la gente, que es para quien va dirigida esta ley. No olvidemos que el objetivo de esta ley es para que las personas logren estar el menor tiempo posible desempleadas y, por lo tanto, logren esa inserción laboral, y debemos poner, como pone esta ley, herramientas para que la gente pueda y quiera acceder al puesto de trabajo que pudiera ofrecérsele, sin perder nunca la posibilidad de que, una vez perdida, puedan tener, contar con esa Prestación Canaria de Inserción.
Por eso, mi valoración positiva, mi congratulación a que el Parlamento hoy, por unanimidad, haya sacado esta ley adelante y valorar y agradecer el trabajo de los parlamentarios, que conjuntamente con el Gobierno hemos sido capaces de llegar a este consenso.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora consejera, doña Inés Rojas.