Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S201504348326.HTML
Timestamp: 2019-04-18 10:55:42
Document Index: 273194674

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 3', 'artículo 732', 'artículo 270', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 641', 'artículo 645', 'artículo 306', 'artículo 306', 'artículo 14', 'artículo 306', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 60', 'artículo 70', 'artículo 644', 'in fine', 'artículo 92']

CAMARA DE SENADORES - Distribuido N° 434/2015
(Son las 15:16).
–Vamos a dar comienzo a la sesión de la tarde de la Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y recibimos a la delegación de la Asociación de Autismo del Uruguay, integrada por su Presidenta, la señora Raquel Navarro, y los señores Andrés Rodríguez, tesorero, y Yonatan Colman, vocal.
SEÑORA NAVARRO.- Buenas tardes, mi nombre es Raquel Navarro, soy Presidenta de la Asociación de Autismo del Uruguay e intentaré ser breve, inclusive, por si mis compañeros quieren hacer uso de la palabra.
Nuestra Asociación no es de larga data, ya que tenemos exactamente un año, y debo decir que este período ha sido difícil, aunque bastante productivo ya que nacimos para intentar cambiar la realidad del autismo en el Uruguay a todos los niveles. Hemos hecho muchos esfuerzos, pero creo que el saldo en este primer año ha sido bastante positivo. Hemos hecho campañas de concientización durante todo el año, desde Artigas hasta Montevideo, en todos los lugares que nos ha sido posible, que no han sido todos los que hemos querido, pero sí bastantes. Diría que esta fue la primera campaña de concientización sobre el autismo que se ha hecho a nivel nacional. Asimismo, hubo diversas jornadas a nivel nacional y declaramos un día de concientización sobre el autismo que se lleva a cabo el segundo día de cada mes. En realidad, tomamos como referencia el día 2 de abril, que es el día de concientización, pero pensamos que era muy poco salir una vez al año y por eso lo hacemos el día 2 de cada mes. Hemos hecho alguna campaña importante en determinadas zonas para que fuera bien visible.
De alguna manera, este ha sido el trabajo de la Asociación, más allá de alguna ayuda que brindamos en las situaciones más complejas con las que nos hemos encontrado –que son muchas–; la complejidad es diversa y –obviamente– no hemos podido ayudar a todos los que lo necesitan, pero sí hemos trabajado en los casos cuya complejidad es mayor. Inclusive, en este momento estamos pagando algún tratamiento, que se suma a los que ya otorga, por ejemplo, el BPS, porque en estos casos eran completamente insuficientes.
Este es un pequeño resumen de lo que hace la Asociación de Autismo del Uruguay al día de hoy. En cuanto a los planes para el futuro, puedo decir que la Asociación tiene fines muy amplios porque abarcan prácticamente todo lo que hace a la vida de un individuo desde su nacimiento hasta la muerte. Es algo muy amplio y no podemos hacer la práctica desde el comienzo porque sería imposible, así que decidimos poner el énfasis en nuestro proyecto para hacerlo realidad a partir del año próximo. Como les decía, pretendemos atender aquellos sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. De acuerdo con las franjas etarias, estos sectores abarcarían, por ejemplo, a los más chiquitos apenas son diagnosticados y a los jóvenes –aquellos que han tenido acceso– cuando egresan de los centros de estudio y no encuentran un lugar donde seguir recibiendo ese estímulo que, en el caso de las personas con autismo, es para toda la vida.
En principio, el próximo año queremos comenzar el trabajo con los chicos y sus familias, apenas son diagnosticados. Pensamos que es necesario darle un énfasis muy marcado a la formación familiar, fundamentalmente al núcleo que convive con él. Entendemos que el tratamiento no se puede reducir al técnico que lo ve dos veces a la semana; la persona con autismo lo será para toda la vida y es necesario que la familia coparticipe de ese tratamiento durante toda su vida también.
Insisto, pretendemos recibir a los chicos junto a sus padres –aquellos que lo deseen– apenas son diagnosticados, inclusive, en el caso de los del interior, con alojamiento por unos días si fuera necesario. Queremos que un equipo técnico los reciba, trabaje con los niños y sus padres, los ayude a comprender de qué se trata el autismo y les brinde las herramientas para lograr que se desarrolle.
Todo esto sería complementario del trabajo terapéutico que reciba durante toda su niñez, su juventud y adultez.
Soy mamá de un chico de 22 años con autismo y puedo afirmar que muchos de los logros –es estable, armónico, no es un autismo leve, no está medicado y tiene una vida bastante integrada a la sociedad– se debe al apoyo familiar; es un chico feliz.
Lo que tiene mi hijo hoy lo quisiera para todos los chicos autistas del Uruguay –y más allá si se pudiera también– y en gran parte se debe –sin desvalorizar el trabajo de los técnicos que ha tenido– al apoyo que recibe en el ámbito familiar. Eso es lo que intentamos que puedan tener todas las familias y chicos con autismo.
Respecto a los jóvenes nos encontramos con que llegan a los quince, dieciocho, veinte años y los que tienen la suerte de que sus familias pueden pagar un colegio siguen con un formato escolar, que ya no es lo indicado, que les aburre y no les da ninguna proyección de futuro.
Queremos un centro que reciba a los jóvenes en forma paulatina, que no sea un lugar de depósito; un centro en donde se pueda empezar a desarrollar lo que será un sistema de trabajo con apoyo, logrando convenios en diversas áreas que quizás ayuden a sostener ese propio centro y que pueda ser, inclusive, en algunos casos, hasta una ayuda familiar. Es muy complejo para desarrollar en detalle, pero básicamente es eso. Estamos hablando de un lugar donde los jóvenes empiecen a verlo como su segundo hogar y esté destinado a ser su hogar definitivo en los casos en que sea necesario.
Para comenzar, esto es lo que deseamos lograr para este año, porque cuando los proyectos se alargan demasiado en el tiempo muchas veces terminan no concretándose. Para eso pedimos el apoyo del Parlamento. Obviamente, es costoso –todo lo que se refiere al autismo es costoso– y requerimos un apoyo que nos permita comenzar esta obra y mantenerla.
SEÑOR RODRÍGUEZ.- Me llamo Andrés Rodríguez y también soy hijo de Raquel Navarro, por lo que soy hermano del muchacho a quien ella hizo referencia.
Quería comentar algo que mi madre no mencionó y es que sabemos que actualmente en el país hay muchos chiquilines con autismo que no están recibiendo ningún tipo de escolaridad, lo que es malo para ellos y, además, genera una situación complicada para los padres que tienen que ocuparse todo el día de esos niños. Hablamos de chiquilines que están en una peor situación que la mayoría.
SEÑORA NAVARRO.- Creo que en la delegación está muy bien representada la asociación porque hay una mamá de un niño autista, un papá, un hermano y un activista que, seguramente, algún día nos ayudará en el trabajo de la asociación.
Sin duda, el tema del autismo es muy complejo y lo que recién se mencionó es la realidad. A pesar de las pocas donaciones con las que contamos, estamos utilizándolas hasta para suplir la educación de algunos chicos, que de otra manera no la tienen. También estamos pagando algún tratamiento, pañales, canastas y estamos comprando camas. Si bien es poco para lo que se necesita, es bastante para lo poco que tenemos. Creo que ese es el espíritu de la asociación.
No nos planteamos solucionar la vida de los integrantes de la asociación; ese nunca fue el motivo de la formación de la asociación. Lo que queremos es tratar de cambiar la realidad del autismo en Uruguay.
Si bien me gustaría hablarles más de los proyectos, sé que el tiempo con el que contamos es muy escaso. Como dije al comienzo, en nuestros proyectos y objetivos está contemplada toda la vida del individuo, desde que nace hasta que fallece, y no olvidemos que los autistas son longevos. Cada etapa es distinta y tiene necesidades diferentes. Es más, la vida misma planteará desafíos diferentes, como el que se presentará cuando los padres ya no estemos. Para todos esos momentos y situaciones vamos pensando distintas respuestas. Sabemos que falta tiempo y que el tema es complejo, pero lo real es que falta escolarización, escuelas especializadas y centros especializados, que es a lo que aspiramos convertirnos. Queremos ser un centro específico para el autismo en el Uruguay, con todo lo que esto implica, como cubrir todas las áreas y trabajar mucho en formación. No puede haber una buena formación sobre autismo si no se cuenta con un centro específico para formarse. En los lugares donde el tema se ha abordado más y donde están más avanzados los tratamientos, la formación de cualquier técnico en autismo requiere de ocho horas: una teórica y siete de práctica. Y eso solo puede lograrse en centros que se dediquen al tratamiento, al análisis y a la investigación. En todo el mundo es así y no se puede hacer de otra manera. Sabemos que nuestro proyecto es ambicioso, que llevará su tiempo y que lo podremos concretar antes o después dependiendo de la ayuda con la que contemos. Siempre digo que las acciones son las que van a responder por nosotros; lo que sucede es que en un comienzo es poco lo que hay para mostrar, por lo que solo podemos hablar de lo poquito que hemos podido hacer hasta ahora que nos muestra como asociación. No hemos solucionado los problemas de la gente de la asociación, sino que hemos tratado de solucionar los problemas de otros. Creo que esto muestra hacia dónde nos orientamos.
Si tienen alguna pregunta, estamos a las órdenes.
SEÑORA PRESIDENTA.- Les pedimos que si tienen algún material lo dejen en Secretaría para que después nos lo hagan llegar a todos los integrantes de la Comisión.
SEÑORA NAVARRO.- Nosotros nunca tenemos mucho tiempo porque somos familiares de chicos con autismo. Les vamos a dejar, sí, una copia de lo que fue nuestra proclama del 2 de abril, Día Internacional de Concientización sobre el Autismo. Ese día hicimos una jornada maravillosa, que se realizó en todo el país, además.
Lamentablemente, esa pequeña proclama no tuvo mucha difusión, porque los medios no acompañaron, pero creo que en ese documento está muy sintetizado cómo vemos la sociedad y allí van a encontrar al pie la página web de la asociación. De manera que, si están interesados, pueden entrar en la página, donde van a encontrar links para otros materiales que tenemos en Facebook y van a tener un pantallazo mínimo de lo que hemos estado haciendo hasta ahora.
SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos, entonces, a la delegación de la Asociación Autismo en Uruguay por su presencia en la sesión de hoy.
(Se retira de sala la delegación de la Asociación Autismo en Uruguay).
(Ingresa a sala una delegación de la Asociación de Hemofílicos del Uruguay).
–Damos la bienvenida a una delegación de la Asociación de Hemofílicos del Uruguay, integrada por la señora Rosario Lapaz, Tesorera, y el señor Nelson Abe, Vocal, a quienes con mucho gusto ofrecemos la palabra.
SEÑORA LAPAZ.- Gracias, señora Presidenta.
La Asociación de Hemofílicos del Uruguay está funcionando desde hace 41 años. Somos un Organismo Miembro de la Federación Mundial de Hemofilia y nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas con hemofilia y su entorno.
Nosotros recibimos una partida en el Presupuesto anterior y los señores Senadores tienen, en las carpetas que entregamos, las rendiciones que realizamos al Ministerio de Salud Pública. En concreto, la hemos utilizado para la realización de un proyecto que se llamó Hemosinergia, que fue declarado de interés ministerial, en el que tendíamos redes con el interior del país para tratar de ver las necesidades que había porque nunca habíamos podido llegar a ellos más que telefónicamente. Nos encontramos con realidades bastante complicadas en cuanto a la parte de atención integral, fundamentalmente la parte musculoesquelética.
Encontramos chicos con deficiencias en las articulaciones, con problemas articulares en los brazos y, sobre todo, en las piernas. Existe una necesidad muy grande por parte de los padres de tener contacto con nuestra asociación para interiorizarse en la forma en que se estaban dando los tratamientos.
Quiero señalar que este proyecto fue educativo por excelencia. Fuimos con un grupo de médicos hemoterapeutas, un grupo de transfusionistas y odontólogas. Hicimos cinco talleres y para ello dividimos al país en cinco regiones. De esa forma, tuvimos contacto con las personas, con los médicos que trataban a los pacientes con hemofilia y con sus familias.
Hicimos ese proyecto en dos años; al finalizar ese período realizamos un segundo recorrido. Ahora hacemos una solicitud para continuar con esta partida porque queremos seguir implementando un proyecto de hemosinergia 2 –ya lo hemos planificado– para saber la repercusión que ha tenido el trabajo que hemos hecho. De acuerdo con estos resultados, pensamos evaluar en qué regiones o zonas podemos hacer hincapié y qué tipos de tratamiento son los que los médicos pueden intentar aplicar a los pacientes hemofílicos.
Consideramos que no podemos seguir encontrando niños, sobre todo de siete años, con articulaciones muy maltratadas. Decimos que esta situación refleja una contradicción porque somos 230 hemofílicos y el tratamiento a aplicar es caro. Entonces, cuanto mejor y más integral sea el tratamiento, va a resultar también menos costoso para el Estado.
Como dijimos en la Comisión de la Cámara de Representantes, nosotros somos una especie de socios con el gobierno porque, a veces, el gobierno puede tener dificultades para llegar a determinadas zonas a las que las ONG pueden acceder.
Tal vez el señor Abe puede aclarar más el aspecto económico.
SEÑOR ABE.- Buenas tardes.
Como decía mi compañera, consideramos que en la actualidad no podemos encontrar chicos de 8, 9 o 10 años con una rodilla con una artropatía bastante avanzada cuando hacemos la recorrida por el interior del país. El Estado uruguayo, solo en ASSE, está gastando USD 4:000.000 en Factor VIII, que es la medicación fundamental para la hemofilia, es el factor coagulante que nos falta.
Allí se presenta un problema de logística que todavía no está aceitado en el país y que tiene que ver con la distribución. Además, debemos tener en cuenta el tema del conocimiento del asunto por parte de los pacientes y de sus padres, de los derechos que tienen. Hay una necesidad de información. Quizás es el trabajo del asistente social, que todavía no lo tenemos. De todas maneras, en estos dos o tres años en que estuvimos en el interior del país, informamos a los padres de niños hemofílicos acerca de las posibilidades de cómo pueden acceder al Factor VIII.
Estuvimos con gente de Tranqueras que eran obligados a ir al Hospital de Rivera. Allí recibían una muy mala atención. Sin embargo, tenían una muy buena atención en el Hospital de Tacuarembó. En consecuencia, la salud de ese chiquilín cambió notablemente y no fue necesario que viniera a Montevideo. Lo mismo sucede con mucha gente. Tal es el caso de los pacientes de Artigas.
Una dosis de Factor VIII debido a un sangrado de rodilla cuesta USD 300. Cuando se presenta un episodio de ese tipo hay que darle tres o cuatro veces la medicación. Entonces, estamos hablando que este asunto le cuesta USD 1.200 al Estado uruguayo.
Una persona con hemofilia severa tiene un sangrado cada diez días. El chiquilín de Tranqueras estaba hacía diez días con el sangrado y no fue al Centro de Salud por vivir lejos, porque su mamá no estaba informada y porque la atención en el Hospital de Rivera no es buena. Entonces, ese chiquilín quedó con secuelas. A esa edad, las secuelas se pueden revertir con fisioterapia, de lo contrario, la persona queda como yo, con muletas. En este momento, los chiquilines que viven en Montevideo de 25, 26 años, no tienen secuelas. El 100 % de la gente de mi edad –las generaciones de 40 o 50 años– tiene secuelas. Eso le cuesta al Estado una cantidad impresionante de dinero porque la mayoría de esas personas solo puede acceder a trabajos precarios. ¿Por qué? Porque desde niños no pudieron asistir a clase por los sangrados que tienen cada siete, ocho o diez días. Entonces, no logran completar una educación mínima que les permita acceder a un trabajo más o menos bien pago en la etapa adulta. Muchos viven de una pensión por invalidez, como este chico de Tranqueras que, si no es atendido rápidamente con una rehabilitación correcta, terminará viviendo de una pensión por invalidez.
SEÑORA LAPAZ.- Pienso que la prevención es importante en todo esto. Es por ello que nuestro objetivo es continuar con este proyecto porque apunta a educar a las familias para que sepan que sus hijos, tratados correctamente, pueden llevar una vida normal. Siempre tratamos de desmitificar la hemofilia; no vivir para la hemofilia, pero sí respetarla. No queremos que siga sucediendo todo lo que ha relatado mi compañero.
Por otra parte, existe una gran carencia en lo que tiene que ver con la asistencia social a las madres del interior. La Asociación no ha podido acceder aún a un equipo integrado por una psicóloga y una asistente social –que sería lo ideal– y muchas veces las madres se encuentran con que no tienen la contención que necesitan. Sienten mucha impotencia porque sus hijos no son tratados adecuadamente y ven cómo se van deteriorando.
Hay mucho trabajo para hacer. Concretamente, lo que pedimos es continuar realizando este trabajo.
SEÑOR ABE.- La hemofilia, con sus sangrados, es un cuadro muy doloroso. El sangrado en las rodillas o en cualquier articulación grande, genera presión a nivel articular y es muy doloroso. Cuando esto sucede, los padres no saben qué hacer y sienten una angustia tremenda. Entonces, o los sobreprotegen o no saben cómo encarar, por ejemplo, el juego. Los niños con hemofilia no pueden hacer determinadas cosas, como subirse a los árboles o jugar al fútbol, pero hay cosas que sí pueden y que deberían hacer, como algún deporte que no sea de contacto.
Lo que ha hecho la asociación en estos dos o tres años es educar a los papás, sobre todo, a los jóvenes.
SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Cuántas personas hay con hemofilia, varones, en nuestro país?
SEÑORA LAPAZ.- En nuestro país hay alrededor de 230 varones. En cuanto a sus edades, van desde la infancia hasta los 50 o 60 años.
SEÑOR ABE.- En realidad, hay mayores de esa edad, porque gracias al Factor 8 ha aumentado la expectativa de vida tanto en Uruguay como en el mundo. En este momento es común ver hemofílicos con 60 o 70 años. De hecho, nuestro Presidente falleció con más de 80 años. En lo personal, tengo 52 años y padezco artropatías tremendas y sufro dolores en las articulaciones. El 100 % de los adultos mayores de 38 años tenemos graves artropatías en las articulaciones y necesitamos prótesis. En este sentido, quiero destacar que una intervención de prótesis le cuesta al Estado US$ 90.000 sólo por los medicamentos, sin contar la prótesis, y no hay que olvidar que estamos hablando de alrededor de 80 personas adultas.
SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos a la delegación la información que nos ha brindado. Suponemos que si tenían documentación para entregar, la habrán dejado aquí en la Comisión.
(Se retira de sala la delegación de la Asociación de Hemofílicos del Uruguay).
(Ingresa a Sala la delegación de la Caja Notarial).
–La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado da la bienvenida a la delegación de la Caja Notarial, integrada por la escribana Eva Shirley Guerra Guerrero, el escribano Marcelo Pérez Pastorini, el escribano José Osvaldo Rocca Bustos, la escribana Laura Guasch Massons y el doctor José Luis Baumgartner Linari.
SEÑORA GUERRA.- Agradecemos a la Comisión por recibirnos. Hemos venido en representación de la Caja Notarial, para hablar sobre el tema relativo al Fondo de Solidaridad, ya que algunas disposiciones muestran ciertas inconsistencias. Sin perjuicio de ello, también se nombra a la Caja Notarial con relación a otras materias, como es el caso del cambio de rol. Precisamente, el tema que nos motivó a solicitar esta audiencia es la emisión de la constancia de situación regular de pagos.
SEÑORA GUASCH.- La primera aclaración que queremos hacer es que el Directorio de la Caja Notarial se entera de estas modificaciones que incluye el proyecto de ley de Presupuesto sobre esta materia por la prensa. La Caja Notarial cuenta con un delegado en la Comisión Honoraria del Fondo de Solidaridad y estos temas no fueron tratados en ese ámbito. Como bien dijo la escribana Guerra, si bien hay otras disposiciones que hacen referencia a la Caja, venimos por el tema de la emisión de la constancia de estar al día.
En el memorándum que estamos entregando relatamos cuál es el régimen vigente, cuáles son las modificaciones y qué implicancias tienen.
En cuanto al régimen vigente, el artículo 40 de la Ley Nº 17.437, Ley Orgánica de la Caja Notarial, establece que el Estado, los Gobiernos Departamentales, Servicios Descentralizados, Entes Autónomos y demás personas públicas, no pueden pagarle a los escribanos ninguna retribución si no exhiben una constancia de situación regular de pagos con el organismo. Por su parte, el artículo 3º de la ley que crea el Fondo de Solidaridad, en su actual redacción prevé que este emita a los egresados una constancia de estar al día o exceptuado del pago, en el caso que corresponda. El Decreto Nº 325 de 2002 establece que el Fondo de Solidaridad debe emitir la constancia a aquellos egresados que pagan por el Banco de la República o a aquellos que están exceptuados del pago y, en el caso de los afiliados a la Caja Profesional y a la Caja Notarial, la constancia de situación regular de estos organismos acredita si están al día o no con el Fondo de Solidaridad.
Por otro lado, en el régimen vigente somos un organismo recaudador de este impuesto y, a partir del año 2014, la Caja Notarial traspasó toda la gestión y administración de los estados de cuenta del Fondo de Solidaridad al propio fondo. Es decir que hoy, el fondo administra los estados de cuenta y las cuentas de los escribanos en esta materia, y la Caja recauda y emite su constancia en la que a la vez acredita si está al día con el fondo. Entonces se emiten dos tipos de constancia: una que dice que está al día con la Caja y con el fondo y, otra, que dice que está al día con la Caja y que tiene deuda con el fondo.
Ahora bien; como se modifica el inciso sexto del artículo 3º de la Ley Nº 16.524 y sus modificativas, se prevé que el Fondo de Solidaridad expedirá la constancia a solicitud de los contribuyentes no afiliados a las cajas y se mantiene la redacción de que la constancia de los contribuyentes afiliados a la Caja Profesional y a la Caja Notarial acreditan la situación con el fondo. ¿Cuál es el cambio? Que ahora se podrán expedir siempre que el fondo no informe que existen deudas de los afiliados. O sea que no vamos a poder expedir más esa constancia que dice que se está al día con la Caja y se debe al fondo, porque acá está tan vinculada la constancia que solo se puede expedir si está al día en ambos conceptos.
Por otro lado, se elimina la recaudación del fondo por parte de la Caja Notarial, que pasa a ser recaudado en el caso de los escribanos por el propio Fondo de Solidaridad.
Marcamos aquí alguna inconsistencia. Por un lado, la Caja no recauda, no tiene más la administración de los estados de cuenta ni tiene conocimiento de la morosidad de sus afiliados y, sin embargo, igual queda ligada con la emisión de su constancia a lo que el fondo disponga y nos informe respecto a la situación contributiva con esta otra contribución. Entonces, por un lado se desvincula de todo lo que es la administración, el pago y la recaudación, pero seguimos vinculados cuando se trata de personas públicas de carácter autónomo con otra finalidad y estamos dependiendo de las comunicaciones de otra persona pública no estatal y de la conducta que tenga el contribuyente respecto de esta contribución.
Entonces, el artículo 6º se modifica con esta redacción, pero se mantiene la misma en el séptimo inciso y en el último. En el inciso séptimo se prevé que ni las personas públicas ni las personas privadas pueden pagar retribución alguna a los profesionales si no exhiben la constancia a que refiere el inciso anterior. Es muy difícil modificar un inciso de un artículo y mantener la redacción de los siguientes que hacen referencia a este si no se modifican los siguientes, porque se les cambia un poco el sentido. El sentido del artículo 7º es que no se puedan cobrar sueldos en instituciones públicas o privadas si no se presenta la constancia de estar al día con el fondo. La ley de la Caja –como ya dijimos– solo tiene esa previsión para personas públicas. Un escribano que le debe a la Caja puede cobrar en un Organismo privado, no tiene tal limitación. Entonces, al vincularse las constancias de esta manera, la Caja no puede emitir una constancia que diga que está al día con el fondo, pero que le debe a la Caja, con la que sí podría cobrar porque según nuestra ley los afiliados que trabajan en instituciones privadas pueden cobrar sueldos. Con tal vinculación estaríamos yendo a una exigencia mucho mayor a la que la propia ley del organismo está previendo para la posibilidad de cobrar remuneraciones. El inciso final dice que el Banco de Previsión Social y las demás entidades previsionales no podrán dar curso a ninguna solicitud de jubilación si no se presenta la referida constancia que es la que da el Fondo, no la que tiene que dar en simultáneo con la caja y que supone que tiene que estar al día con ambos conceptos.
Entonces, un afiliado de la Caja Notarial –un escribano–, que le debe a la Caja, no va a poder jubilarse del BPS, porque no podrá presentar la constancia de estar al día con el Fondo si le debe a la Caja. Nos parece que se llegan a resultados que son paradójicos y que en la medida en que estamos totalmente desvinculados de la recaudación, la administración y el control, lo lógico sería que estuvieran desvinculadas las constancias; o sea, que la caja emita la constancia de estar al día, por el artículo 40, y que el Fondo emitiera a los egresados escribanos –así como se la emite al resto de los contribuyentes que no son afiliados a la caja–, la constancia. Esto no implicaría un desarrollo mayor del Fondo, porque ya tiene un sistema de división de constancias para todos los demás egresados.
Otra acotación es que nos parece que este inciso sexto que se modifica genera un vacío, al no decir quién emite la constancia a los no contribuyentes. Porque la redacción original del inciso sexto decía que el Fondo se la emitía tanto a los contribuyentes que pagan en el República como los que están exceptuados de la norma que son aquellos que tienen menos de 8 BPC de ingresos mensuales que no pagan Fondo de Solidaridad. Esta nueva redacción dice, «el Fondo a los contribuyentes no afiliados a las cajas, y las cajas a los contribuyentes afiliados a estas», se dejó de lado quién se la da al que no es contribuyente. Un escribano que tiene menos de 8 BPC se presenta al fondo tramita la exoneración, la Caja no se la puede dar porque la ley no lo prevé, y como el Fondo tampoco, se quedaría sin constancia. Entonces, nos parece que la solución lógica con esta modificación, además de otros aspectos, es se eliminar la recaudación – nosotros en 2014 le pasamos toda la gestión de los estados de cuenta de los afiliados al Fondo–, la lógica sería que vinculemos las constancias y que cada organismo emita la suya. Entonces, por el artículo 40 de la ley de la Caja tengo que cumplir con quien esté al día conmigo, y el Fondo a los contribuyentes escribanos que estén al día con eso.
El tema no es dejar la colaboración porque la Caja desde el año 94 que se crea el Fondo de Solidaridad se efectuó todo un desarrollo informático para llevar los estados de cuenta; para hacer la gestión de morosidad; para hacer los cálculos de multas y recargos en el caso de los contribuyentes que se atrasaban y se efectuó la recaudación; es decir, no es un problema mala voluntad, es que ahora que estamos tan desligados nos parece que hacer más fuerte la constancia nuestra que la ley prevé que solo los organismos públicos no les paguen, dejarla tan vinculada y afectar al escribano de tal modo que si debe dos cajas no se pueda jubilar del organismo o si debe caja no pueda cobrar el organismo privado nos parece que es ir más allá de lo que prevé la ley orgánica de la Caja.
SEÑORA GUERRA.- Nosotros entendemos que la solución es que la administración de cada una de las instituciones expida su respectiva constancia. El objetivo es tratar de frenar la posibilidad del cobro de honorarios por parte de oficinas públicas, porque si se exige la constancia del organismo de seguridad social y la constancia de la DGI en forma independiente, se logran los mismos objetivos, ya que esa persona no va a percibir los honorarios o sus ingresos si no cumple con todos los organismos; basta que falte una de las constancias para que no se le pueda pagar. En definitiva, si cada uno expide su propia constancia se puede llegar perfectamente al mismo resultado. Es así que nosotros para salvaguardar estas incongruencias que van a ser una complicación más que una solución, tenemos dos opciones de la propuesta para modificar la redacción del inciso sexto, del artículo 3º de la Ley Nº 16.524, de 1994 y sus modificativas. Es decir, tenemos dos opciones que llegan al mismo resultado.
SEÑORA MOREIRA.- Quiero saber si comprendí bien. El inciso al que ustedes se refieren tiene que ver con el artículo 732. Son el seis y el siete, que ya tuvieron una modificación introducida por la Cámara de Representantes. Entiendo que lo determinante es que, en el párrafo en el que se hace referencia a las constancias, estas se hagan por separado.
SEÑORA GUERRA.- Así es.
SEÑORA MOREIRA.- ¿Ustedes trajeron la modificación que plantean?
SEÑORA GUERRA.- Sí, está al final.
SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, para sintetizar, ustedes están pidiendo el desenganche.
SEÑORA GUERRA.- Sí, la desvinculación.
SEÑORA PRESIDENTA.- Y aquí tenemos la documentación, en la que ustedes plantean dos opciones que analizaremos oportunamente.
Si nadie desea hacer uso de la palabra, les agradecemos su presencia y quedamos con la documentación correspondiente.
(Se retira de sala la delegación de la Caja Notarial).
(Ingresa a sala la delegación de la Asociación Uruguaya de Escuelas Familiares Agrarias).
–Damos la bienvenida a la delegación de la Asociación Uruguaya de Escuelas Familiares Agrarias, integrada por Fabián Barreto, Fernando Daguerre, Cristina Canteras y Juan María Cabrera.
SEÑOR CABRERA.- Agradecemos la oportunidad que nos dan para expresar la inquietud social que tenemos desde hace 35 años.
Venimos aquí a pedir la ayuda de ustedes. Nosotros pertenecemos a un movimiento de familias rurales que nos asociamos con el fin de buscar una solución a los problemas sociales, económicos y culturales de nuestros pueblos del interior. Por eso formamos la Asociación Uruguaya de Escuelas Familiares Agrarias.
Creemos en el futuro de nuestro país, sobre todo del interior, que necesita de la juventud. Por eso nosotros nos dedicamos a trabajar con los jóvenes rurales. Somos familias que nos preocupamos por el desarrollo local y por la educación de nuestros hijos.
Queremos y necesitamos la ayuda de ustedes, porque las familias rurales somos de bajos recursos y no somos capaces de sostener nuestras propias Escuelas. La Asociación Uruguaya de Escuelas Familiares Agrarias nuclea a tres Escuelas en el país y cursos de formación profesional itinerantes. Estas Escuelas son: Los Nogales y Las Camelias, del departamento de Canelones, y la Siembra, del departamento de Rivera, ruta 26, kilómetro 72.
Estas tres escuelas forman jóvenes para tener un trabajo digno, ser microempresarios o empleados, con una capacitación acorde a sus necesidades; para poder desarrollarse personalmente. Los Nogales es la primera escuela que se formó a impulso de las familias rurales y hace 35 años que funciona. Cuenta con cursos habilitados, con un grupo de exalumnos –más de 600 jóvenes– que hoy están trabajando en el medio rural de Canelones. Tengo aquí a mi derecha a Fabián Barreto, exalumno; luego él les va a contar su experiencia laboral y de vida.
También está la escuela Las Camelias, que funciona desde el año 1999; y La Siembra, desde el año 2005, que es de Rivera, de la zona de Tres Puentes, netamente rural, rodeada de pueblos o caseríos. Algunos tienen viviendas de Mevir, pero otros simplemente viven en ranchos.
Necesitamos de la ayuda de ustedes para poder mantener estas escuelas que trasmiten a los jóvenes un impulso, un espíritu emprendedor para desarrollar su trabajo, su proyecto de vida y, de esa manera, dignificarse como personas y dignificar su familia y el medio rural. Podríamos decir que las Escuelas utilizan un mecanismo de sostenimiento público‑privado. La asociación de familias –cada escuela tiene su asociación de familias particular– se nuclea en una sola, que es la Asociación Uruguaya de Escuelas Familiares Agrarias. Estas son las que gestionan y promocionan el centro educativo, las que se responsabilizan en sacarlo adelante, las que contratan el personal docente, las que se involucran en gestionar las ayudas económicas para poder sostenerlas. Aquí estoy rodeado de un padre y de una madre de familia.
Los alumnos que van a nuestras Escuelas, como dije, provienen de familias carenciadas, son hijas o hijos de obreros, de peones rurales o de madres jefas de hogar. Las de Canelones provienen de barrios periféricos, ya sea de Progreso y Las Piedras, barrio Obelisco, barrio Municipio, Villa Foresti, El Dorado; las del interior, de Tres Puentes, Cerro Pelado, etcétera. Son pueblos o caseríos cercanos a la escuela.
Los objetivos de las escuelas son dos: el desarrollo del medio rural; desarrollo económico, cultural, social, humano y político. Y la formación integral de la persona, del joven; un joven emprendedor, con visión abierta, con ganas de trabajar y de hacer las cosas bien.
Los medios que tenemos para poder lograr esos objetivos son cuatro. El primero, a través de la Asociación de familias, que son las responsables de la marcha de la escuela. El segundo, a través de pequeños grupos de alumnos. ¿Por qué? Porque cada alumno tiene su tutor. Hay un seguimiento personalizado del joven en el desarrollo personal y profesional. El tercero, por un equipo de educadores que se dedica full time a trabajar con los jóvenes. Y cuarto, por un método de pedagogía de alternancia. Este método no lo inventamos nosotros y ya tiene más de 70 años de existencia. Fue iniciado en Francia y se trata de una formación continua con períodos discontinuos. ¿Por qué? Porque hay un período de internación o de estadía en la escuela, y un período de trabajo profesional en el medio rural.
Creemos que estas escuelas son necesarias para nuestro país; hoy contamos con tres de ellas, pero necesitamos apoyo para sostener las que ya están y para abrir otras nuevas porque las familias así lo piden.
Como dije antes, nucleamos a más de doscientas familias, casi todas rurales, en este momento asisten 158 jóvenes a las distintas actividades y cursos de capacitación, y el nivel económico de las familias es de escasos recursos.
¿Por qué ayudarnos? Nos parece necesario atender a más jóvenes rurales afincados en el medio, ya que ellos potencian y dinamizan la localidad y la región en la que viven. Por otro lado, más jóvenes carenciados podrían tener una vida más digna, una formación y capacitación adecuadas para tener un emprendimiento propio y un empleo digno.
Con la ayuda de ustedes podríamos tener más cursos y más escuelas con este método de gestión y promoción por parte de las familias, más jóvenes tendrían más oportunidades, mejor atención y acompañamiento en su desarrollo personal y profesional.
SEÑOR BARRETO.- Mi nombre es Fabián Barreto, soy ex alumno y Presidente de la Comisión de la Escuela de Canelones; soy productor rural y me dedico a la elaboración y producción de vinos.
La idea es contarles mi experiencia para que sepan por qué nos tienen que apoyar. Hemos venido porque necesitamos que nos ayuden, queremos ver si existe la posibilidad de que nos incluyan en la Ley Nº 18.834; nos referimos a los artículos 269 y 270, que tienen que ver con las donaciones especiales y los beneficios fiscales.
Como ya se ha dicho, más allá de la formación que recibimos, lo que se vive y lo que se respira en estas escuelas es el espíritu emprendedor y la solidaridad.
SEÑORA CANTERA.- Mi nombre es Cristina Canteras, soy madre de un exalumno y hace cuatro años que me quedé colaborando en Los Nogales porque la formación que le dieron a mi hijo fue muy buena, le ha servido para salir a trabajar y está pagando el First con su trabajo. Él está en una fábrica de pastas, donde empezó como ayudante de chofer y luego lo pasaron para el local; hay días en los que le toca lavar pisos y lo hace. Eso es producto de lo que hizo en Los Nogales, porque le enseñaron a hacer el trabajo bien hecho, no importa si se trata de carpir, de lavar un piso o de aprender química, física o matemática.
Estoy orgullosa de lo que hacemos y quiero que nos ayuden, porque me gustaría que más jóvenes pudieran ir ahí y no estuvieran en las calles perdiendo el tiempo, ya que ahí se forma para el trabajo, para la cultura, para hacer el bien y no pensar en otras cosas. Da tristeza cuando andamos por las calles y vemos chiquilines de 15, 16 o 17 años perdiendo el tiempo. ¡Me gustaría que fueran como mi hijo! Disculpen que me emocione, pero cuando un patrón me dijo «tu hijo tiene el don de la seriedad, de la responsabilidad y del trabajo bien hecho», me sentí muy orgullosa. Mi marido es jubilado y todos sabemos que las jubilaciones en el Uruguay no son muy buenas, así que el hecho de que mi hijo se pueda pagar los estudios, que se pueda pagar el First, que esté terminando sexto año en un instituto público y que vaya a su trabajo todos los días me enorgullece.
Por estas razones estoy aquí, pidiendo ayuda para las Escuelas Familiares Agrarias. En realidad, allí se trabaja de familia a familia; se trabaja con el chico, pero también se cuenta con el apoyo de la familia. Ahí se les enseña mucha cosa, hay talleres agrarios, hacen sus propios productos, los venden y los llevan a los institutos de ancianos; pero también están con los ancianos, les leen un libro y comparten los panes, los bizcochos y los dulces que hacen. Los invito a conocer cualquiera de nuestras escuelas y a que vean el trabajo que realizan.
SEÑORA MOREIRA.- Mientras hablaban, googleaba sobre el sistema de alternancia; vi que son talleres de ocho, nueve y diez meses y luego se incorporan al mercado laboral. ¿Es así efectivamente? ¿Qué implica estar incluidos en la ley? ¿Qué implica la modificación de la ley a los efectos de que estén incluidos?
SEÑOR CABRERA.- El sistema de alternancia es un método pedagógico que consiste en la formación continua en períodos discontinuos. Los jóvenes están un período en el medio rural socioprofesional, con sus familias y los profesionales del sector. La comunidad le aporta conocimiento, experiencia, y el joven lo asimila. Después hay un período en la escuela o de ida y vuelta a la escuela. Es decir que la formación en alternancia es continua a pesar de estar en diferentes espacios.
Queremos integrar la lista de entidades que consta en el artículo 270 de la Ley Nº 18.834, donde figura, por ejemplo, Niños con Alas, la Escuela Roosevelt, etcétera. Queremos ser ingresados a esa lista.
SEÑORA PRESIDENTA.- Eso está incluido en el capítulo de subsidios y subvenciones. Por lo que veo en el planillado ya están recibiendo colaboración. Luego estudiaremos el proyecto tal como vino de la Cámara de Representantes, los planillados y la solicitud que están haciendo en este momento y que constará en la versión taquigráfica que vamos a leer.
SEÑOR HEBER.- Según el planillado que nosotros tenemos, hay cero para 2016. Hay un inconveniente porque hay cero de incremento; hay que arreglar esa planilla. Para 2017 hay $ 35.000. ¿Podrían corroborarnos la cantidad que solicitaron en la Cámara de Representantes?
SEÑORA PRESIDENTA.- Tenemos los datos que nos proporcionó el Ministerio de Economía y Finanzas con la asignación de $ 345.000 anuales vigentes para 2015, 2016 y en la Cámara de Representantes también hay un aumento de rubros. Por lo tanto, señor Senador Heber, en el planillado va a encontrar el aumento que asignó la Cámara de Representantes, pero la línea de base está en el planillado.
SEÑOR HEBER.- Esa es la confusión que tenemos. ¿Esos son los números reales?
SEÑOR CABRERA.- Queremos ver si podemos ingresar como entidad en la lista de donaciones especiales a través de beneficios fiscales para las empresas.
SEÑORA PRESIDENTA.- El tiempo ha vencido; no obstante, vamos a ver si allanamos algunas cosas. Los señores Senadores y las señoras Senadoras vamos a analizar esta solicitud, pero recordemos que las entidades que reciban subsidios o subvenciones del presupuesto deberán optar entre percibir subsidio o subvención o ampararse en el beneficio previsto en la norma. Esa es la norma que rige; analizaremos el tema. Tienen la posibilidad de optar. En este momento están en un planillado de subsidios y subvenciones. La alternativa que están planteando significa una opción; la analizaremos y nos pondremos en contacto a los efectos de ver si podemos solucionarlo.
Buenas tardes. Es un gusto haberlos recibido.
(Se retiran de sala representantes de la Asociación Uruguaya de Escuelas Familiares Agrarias).
(Ingresan a sala representantes de la Unión de Funcionarios del Codicén, CSEU, PIT-CNT).
–Damos la bienvenida a la delegación de la Unión de Funcionarios del Codicén, representada por las señoras Mónica Ramírez, Mabel Paternostro, Patricia Muñoz, Verónica Morel y Graciela Cafferatta.
SEÑORA CAFFERATTA.- Como trabajadores del Impuesto de Primaria venimos a plantear la situación creada a partir del artículo 7 de la ley que establece el pasaje de este impuesto a la DGI, la que se refleja en las tareas, ya que el trabajo con relación al impuesto va a permanecer hasta el 31 de diciembre de 2017.
Antes que nada queremos manifestar que el documento que les hemos dado ayer lo entregamos en el Codicén. Si bien nos habían recibido antes, recién ayer tomaron posición al respecto. Queríamos hacer la aclaración porque en el documento que les entregamos se dice que no hemos sido escuchados por las autoridades. Hemos hablado con parlamentarios de todos los partidos y con el director de la DGI. Nos faltaba la opinión del Codicén pero, como dije, ayer nos escucharon.
En cuanto al trabajo por el Impuesto de Primaria, debemos decir que se incrementaría en forma sustancial, porque aunque la recaudación de la mayoría de los padrones rurales está a cargo de la DGI, una parte se sigue gestionando en el local de Impuesto de Primaria. Por otro lado, el control y la actualización de la totalidad de esos padrones, tanto los que recauda la DGI como los urbanos que se recaudan en Impuesto de Primaria, se gestionan en la sede del Impuesto de Primaria. Por eso, por un lado, el trabajo se vio incrementado y, por otro, se ha creado una situación de incertidumbre respecto de lo que va a pasar con nosotros a partir del 1º de enero de 2018. Por todo ello, el ambiente creado no facilita el trabajo ni su ejecutividad.
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que en el Impuesto de Primaria se dan tres situaciones con relación a los trabajadores. Están los funcionarios que pertenecen a Codicén y trabajan para el Impuesto de Primaria en el local del Impuesto de Primaria y otros que pertenecen al Consejo de Educación Inicial y Primaria. En el Impuesto de Primaria hay tres trabajadores en esas condiciones que cobran por Primaria, excepto una parte que la perciben por el Codicén. En el interior hay dos trabajadores, en Canelones y en Maldonado, que son del Codicén y trabajan para el impuesto. De todas formas, esto, que puede parecer algo confuso, también está explicado en el documento que les hemos entregado. Son situaciones diversas.
A partir de eso, es necesario considerar estas situaciones, porque no es lo mismo el que depende del Codicén que el que depende de Primaria, según sea lo que la autoridad resuelva hacer con esos trabajadores.
Es fundamental considerar, por otra parte, que no estamos planteando un aumento de salario, sino que venimos a reivindicar que no nos quiten nada del salario que ganamos, es decir, que no nos surja una rebaja salarial. No queremos lesionar los derechos de ningún trabajador y aspiramos a que nuestros derechos tampoco sean lesionados.
SEÑORA MUÑOZ.- La realidad es que el impuesto pasa del ámbito del Codicén a la DGI y los funcionarios del impuesto vamos a sufrir una rebaja salarial, debido a que cobramos una contrapartida desde el año 1997 por la especialidad de nuestras funciones en el cobro de este tributo.
Esta contrapartida que nosotros percibimos de marzo a diciembre es fija y es parte de nuestro salario, por lo que entendemos que es un derecho adquirido que tiene que ser tomado en cuenta. Representa, en promedio, un 35 % de nuestro salario. Sabemos que si el impuesto desaparece, también desaparece el presupuesto para cobrar la contrapartida. Entenderán que la pérdida de la misma repercute en forma considerable en nuestras economías.
Por otro lado, es una situación que escapa a los trabajadores. Entendemos que si se tomó la decisión política de pasar el impuesto a la DGI, corresponde también que se considere el conjunto de los funcionarios que trabajamos hace muchos años en este impuesto –en algunos casos hace más de veinte– y que no se lesionen nuestros derechos.
Por todo lo expuesto, solicitamos se incluya el siguiente aditivo al artículo 7 de la Ley Nº 19.333, a los efectos de contemplar la situación de los funcionarios del Impuesto de Primaria y evitar la lesión de sus derechos adquiridos: «Los funcionarios de los escalafones A, B, C, D, E y F (presupuestados y contratados) que cumplen tareas en el Impuesto de Enseñanza Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública, mantendrán las retribuciones totales que perciben, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, cualquiera sea el destino de los mismos al momento de su redistribución. Se entiende por retribuciones totales: sueldo base, ajustes y reajustes; diferencia de grado, compensaciones por permanencia a la orden; tareas extraordinarias; así como las partidas extraordinarias nominales, mensuales con cargo al Rubro “0” financiación 1.1 Rentas Generales.
En caso de que la Administración resuelva el pasaje del conjunto de trabajadores a otro u otros organismos, la misma contemplará las decisiones de quienes opten por permanecer en el Codicén o en el Consejo de Educación Inicial y Primaria».
Es importante destacar que esta contrapartida ya está presupuestada, de manera que no estamos pidiendo un aumento. Solo queremos mantener nuestro salario y que tengan en cuenta que hace más de diez, quince y veinte años que cobramos esta contraprestación, por lo que ya integra nuestro salario.
SEÑORA PRESIDENTA.- Queda claro cuál es el planteo y tomamos nota. Además, tenemos sobre la mesa el texto que se acaba de leer.
Agradecemos, entonces, a la delegación de la Unión de Funcionarios del Codicén por su presencia en la sesión de hoy.
(Se retira de sala la delegación de la Unión de Funcionarios del Codicén).
(Ingresan a sala los representantes de Atención Ciudadana Cardal).
–Damos la bienvenida a funcionarios de los Centros de Atención Ciudadana Cardal, integrada por Lourdes, Anchano, Julio Tengido, Javier Alzugaray, María Noel Gama y Rodolfo Ruiz, a quienes con mucho gusto ofrecemos la palabra.
SEÑOR ANCHANO.- Buenas tardes.
Queremos agradecer que nos hayan recibido y la respuesta inmediata que tuvimos a la solicitud de audiencia.
La problemática que estamos enfrentando hoy los ejecutivos de los centros de atención ciudadana de todo el país –son 23 centros– es que si bien oficialmente no tenemos una comunicación oficial, extraoficialmente se nos ha dicho que el proyecto –que en el primer Gobierno del doctor Tabaré Vázquez y junto con el Plan Ceibal fueron elementos muy importantes para la población–, quedaría sin efecto.
De concretarse eso, si bien nosotros somos funcionarios en Comisión –la gran mayoría provenientes de las Intendencias–, estaríamos quedándonos sin ese trabajo. Además, este hecho afecta a las poblaciones del interior porque los Centros de Atención Ciudadana están instalados en poblaciones donde los vecinos no pueden acceder a los trámites que tienen que ver con el gobierno central. Actualmente estamos haciendo más de doscientos trámites, además del cobro de facturas. Entonces, esas poblaciones se estarían quedando sin ese servicio que es sumamente importante.
A su vez, a nosotros, que somos ciudadanos comunes, nos cuesta entender que el propio Presidente esté cerrando hoy esos Centros de Atención Ciudadana, cuando se trata de un proyecto que tiene buen andamiento, para el que enviaron a funcionarios del Correo a fin de que les enseñáramos la dinámica del mismo porque lo iban a presentar en Colombia y para ello los equiparon con tecnología de última generación.
Esa es la preocupación que tenemos; más allá de que entendemos que es nuestra fuente de trabajo y seríamos unas cincuenta familias que nos estaríamos quedando sin ese plus, también hay que tener en cuenta que es un servicio que se está prestando a las comunidades. Por eso estamos golpeando todas las puertas que podemos porque entendemos que los centros no deberían cerrarse. Y también, dentro del Presupuesto, solicitamos que se nos contemple de alguna manera, porque no podemos estar cada cinco años o determinado tiempo con esta incertidumbre de adónde vamos a parar y quién se va a hacer cargo de nosotros. En su momento, al inicio, dependíamos directamente de la OPP. Después pasamos a depender de Agesic y, hoy por hoy, la operativa la tiene el Correo. Entonces, sentimos una gran incertidumbre porque no sabemos qué va a ser de nuestro trabajo, de nuestras familias y de los servicios que prestamos a la población.
SEÑOR HEBER.- Creo que los Centros de Atención Ciudadana son muy importantes; me parece que se ha evolucionado al concentrar todas las oficinas del Estado en un solo lugar.
Lo que no entendí muy bien de la exposición fue por qué existe el temor de que esos centros puedan quedar sin efecto, si son algo bueno, que ha generado ahorro de esfuerzos por parte del Estado en el interior. Al concentrarse distintas oficinas en un solo lugar, el ciudadano puede ir allí y pagar todas sus cuentas o a hacer trámites. Sinceramente, no vi ningún artículo en el Presupuesto que dispusiera el cierre de estos centros. Quizá ustedes me puedan explicar mejor por qué creen que este avance se revertirá.
En lo personal, me opongo y creo que todo el mundo piensa lo mismo porque, como decía, esto es un avance en todo sentido para el Estado y para el ciudadano.
SEÑORA ANCHANO.- Oficialmente no se han comunicado con nosotros –ni en nuestras oficinas ni por correo electrónico–, pero sí sabemos por quienes fueron nuestros Coordinadores de la OPP que el proyecto termina a fin de año.
Una de las cosas que logramos en los centros de atención ciudadana fue revertir la imagen de los funcionarios públicos que, de alguna manera, se había implantado en la sociedad. A todos nos ha pasado el tener que hacer un trámite en una oficina pública y no poder concretarlo por no encontrarse la persona responsable, ya sea porque está de licencia o enferma.
Dentro de la capacitación que recibimos –que fueron unos cuantos meses y en distintos organismos del Estado–, entendimos que somos servidores públicos, que nos debemos a los ciudadanos que van a hacer sus trámites. Entonces, si bien no todos pueden irse con el tramite solucionado, logramos que cada persona que acude a nuestros centros se lleve al menos una respuesta sobre adónde tiene que dirigirse para hacer el trámite por el que fue a consultarnos.
SEÑORA PRESIDENTA.- Tomamos nota de su preocupación y les damos las gracias por haber concurrido.
(Se retiran de sala los representantes de Atención Ciudadana Cardal).
(Ingresa a sala la delegación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa).
–La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado tiene el gusto de recibir a la delegación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, integrada por la profesora Alex Mazzei, el licenciado Marcelo Ubal y a la magíster Edith Moraes.
SEÑORA MAZZEI.- En primer lugar, queremos pedir disculpas por haber llegado un poco tarde, pero el tránsito estaba muy complicado, nuestra sede queda en el LATU y, además, estábamos en una reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo.
En segundo término, queremos agradecer a la subcomisión por recibirnos. Esta es la primera vez que mantenemos contacto con los señores Senadores en esta nueva Legislatura. Como bien saben, la Institución es muy joven: fue creada con la ley de educación en 2008 y empezó a funcionar con el nombramiento de una Comisión directiva en el año 2012. En 2013 nombramos a todo el equipo de investigación y a fines de 2014 presentamos –como lo establece el mandato legal– el primer informe sobre el estado de la educación en el Uruguay. Todo ese período lo desarrollamos sin Presupuesto propio elaborado por nosotros. En el 2008 se crea, repito, por la ley de educación, y en el Presupuesto de 2010 se adjudica un monto ficto, que es con el que nos manejamos. Eso ha determinado que, en esta instancia, tengamos que encarar una verdadera y primera elaboración de un Presupuesto desarrollado entre todos. Mantuvimos conversaciones con el Ministerio de Educación y Cultura y con el Ministerio de Economía y Finanzas pero, como ya dije, hasta este momento teníamos un presupuesto ficto y adaptamos las actividades a los recursos asignados.
Hoy tenemos que cumplir con los mandatos legales. Por lo tanto, el Presupuesto nuevo tiene que estar asignado a las actividades que se propone el instituto.
Hay tres ejes fundamentales de actividades que queremos realizar en este período porque consideramos que son fundamentales y tienen que ver con el mandato legal al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Una parte es el monitoreo de las metas y de las actividades de la Administración Nacional de la Educación Pública, que es el trayecto educativo que le compete al instituto en materia de educación inicial y primaria, educación media, técnica y secundaria. De manera que uno de los objetivos de este quinquenio es hacer un seguimiento riguroso de metas y de resultados, de evaluación del sistema educativo en su conjunto. Estamos ante cambios que han sido anunciados en el sistema; algunos los estamos conociendo desde adentro, como la formación de perfiles, etcétera. Esta es una de las cuestiones que obliga al instituto a hacer un seguimiento riguroso.
Otro de los ejes de trabajo de este período tiene que ver con empezar a trabajar en lo que son los resultados de logros de aprendizaje de los estudiantes. Hasta ahora eso no se ha hecho en el país; no hay un sistema de evaluación de aprendizaje nacional que pueda dar cuenta en forma sistemática de los resultados de los jóvenes. En ese sentido estamos pensando en trabajar en dos niveles: por un lado, hacer pruebas en 3º y 6º año de Primaria y 3º año de Ciclo Básico. En realidad, ANEP desarrolla pruebas internacionales como las pruebas PISA, que se les plantean a jóvenes de 15 años, o las Serce, que es la evaluación de la Unesco que se hace en 3º y 6º de escuela. No existe una evaluación sistemática de resultados de aprendizaje en el país. Creemos que ese es un aporte importante que hay que desarrollar y lo consideramos en dos niveles. Por un lado, una foto –diría– de aprendizaje de 3º y 6º año de Escuela y 3º año de Ciclo Básico y, por otro lado, vamos a desarrollar paneles de seguimiento de cohorte de alumnos para poder evaluar realmente cuáles son los resultados del aprendizaje, que conceptualmente es diferente a lo logros, que los pueden traer desde su historia personal, social y familiar. Los resultados del aprendizaje medidos año a año en la misma cohorte nos van a dar cuenta del efecto que tiene el proceso de intervención de la institución educativa y del sistema educativo.
En un país donde hay tanta dificultad en lograr la equidad en la distribución del conocimiento –hoy la estamos logrando en el ingreso y acceso a la educación–, es muy importante hacer el seguimiento riguroso y mirar desde otra perspectiva. Estamos desarrollando una nueva línea de trabajo, que es la evaluación de las habilidades socioemocionales en los resultados de aprendizaje. Eso lo estudiamos con los resultados anteriores de PISA y hemos visto que, por ejemplo, las tensiones a las que se someten los estudiantes en el marco de las pruebas disminuye el ritmo de producción de conocimiento.
Existen una serie de factores que se perciben como más graves en la enseñanza pública –sobre todo en las zonas más desfavorecidas– que en la enseñanza privada. Además, hay que tener en cuenta las condiciones de estabilidad socioemocional: si son familias constituidas y si tienen recursos económicos, alimentos, etcétera. De manera que en esos focos queremos seguir investigando para aportar caminos a recorrer al sistema educativo.
Otra cuestión que es muy importante es desarrollar un informe sobre el estado de la educación en el Uruguay en el 2017, que será el segundo en el país, o el tercero si tomamos el de la CIDE de hace más de 50 años. Además, advertimos que muchas de estas cuestiones que se plantearon en aquel entonces están todavía en proceso de resolución.
El Instituto se propone no solamente hacer un relato o una investigación cuantitativa de presentación de datos, de resultados, sino que también aborda, investiga y proyecta, de forma comparativa con otros países, caminos a recorrer para poder salvar algunas de esas dificultades. Creemos que todo esto es de utilidad para quienes toman decisiones y también para enriquecer los debates pedagógicos. Sabemos que hoy, por suerte, la sociedad está inquieta y preocupada por la educación, pero también creemos que habría que trabajar más con datos, con información rigurosa y sistemática que el país todavía no tiene. De manera que esa es nuestra preocupación.
Como decía, el presupuesto asignado que recibimos era ficto y ascendía a $ 40:000.000 al año 2015, llegándose en los cuatro años a $ 161:000.000, lo que nos permitió, mediante ahorros, poder llegar a gastar este año $ 67:000.000 porque años anteriores fuimos armando el instituto, tal como expliqué. El Presupuesto real del Instituto es hoy de $ 55:000.000 y como se trata de una institución pública de Derecho Privado no tenemos incrementos salariales en función del PBI más allá del Presupuesto. Quienes trabajamos en la Educación Pública sabemos que, después, se complementan con partidas los incrementos salariales y los de costo de vida. Sin embargo, en el caso de estas instituciones todos los aumentos tienen que salir del volumen de recursos que se asignan, de modo que eso constituye un adicional a tener en cuenta a la hora de pensar que si hoy estamos gastando $ 55:000.000 por año, para 2016 seguramente tendremos que incrementarlo en función del costo de vida y de los aumentos salariales de los investigadores.
Hemos elaborado un presupuesto en tres etapas: un primer presupuesto que hizo el instituto para presentar a ANEP, que es el punto dos del cuadro que les presentamos. En él se prevén $ 77:000.000 para el 2016; $ 96:000.000 para el 2017; $ 107:000.000 para el 2018 y $ 122:000.000 para el 2019, cuando se incrementa mucho porque es el año en que se hacen las evaluaciones de aprendizajes en forma más generalizada. Esto da un total de $ 402:000.000.
Luego de un trabajo sistemático con el Subsecretario de Educación y Cultura llegamos a un acuerdo presupuestal, que es el punto tercero. Ajustamos el Presupuesto, con lo que los montos son de $ 76:000.000 para 2016; $ 94:00.000 para 2017; $ 107:000.000 para 2018 y $ 112:000.000 para 2019, lo que da un total de $ 388:000.000. No obstante, una vez que llegamos a estos acuerdos, nos encontramos con que el mensaje que remite el Ministerio de Economía y Finanzas recorta todavía más lo que ya se había acordado. Entonces, en total se nos asignan $ 273:000.000: $ 63:000.000 para 2016; $ 70:000.000 para 2017; $ 70:000.000 para 2018 y $ 70:000.000 para 2019. Consideramos que estos montos van a ser insuficientes para poder desarrollar las actividades que tenemos previstas y planteadas en el plan estratégico que el instituto elabora en acuerdo con las distintas instituciones del Estado.
En total estamos con un déficit de $ 115:000.000 en el quinquenio. Aclaro que estamos hablando de millones de pesos, que en el presupuesto general de la educación representa apenas un 0,004%.
El instituto quiere –y sabemos que es voluntad de los Legisladores que aprobaron la ley– transformarse en una Institución referente de la evaluación educativa, rigurosa y sistemática del país. Por lo tanto, consideramos que el presupuesto forma parte, también, de la jerarquización del trabajo que debe hacer. Por eso queríamos poner a los señores Senadores en conocimiento de esta situación y de las dificultades que tendríamos con el presupuesto asignado, tanto en este primer año como en los próximos.
En el siguiente cuadro vemos la relación que hacemos con el gasto de ANEP. A continuación figuran algunas estimaciones –que podemos dejar a los integrantes de la Comisión– en relación al Presupuesto Nacional, al PBI y al Presupuesto de la educación. Como todos se podrán imaginar, los volúmenes de que hablábamos en millones de pesos implican unos USD 18:000.000 para todo el período, lo que sabemos no es demasiado costoso.
Esta diapositiva sintetiza la distribución del presupuesto, según las tres actividades clave. Todo esto requiere de una serie de estudios e investigaciones que nos permiten llegar al final a estos trabajos. En el cuadro que ven se muestra cómo se distribuye el presupuesto entre las distintas actividades y lo que lleva más recursos en el período –casi $ 14:000.000– tiene que ver con la evaluación de programas y de aprendizajes. Creemos que esto último es fundamental, porque nos va a permitir llegar a lugares comunes para poder hablar de los resultados del sistema educativo del país. Se destinan casi $ 86:000.000 para investigar qué saben nuestros estudiantes y –con el avance que está teniendo el Codicén en la elaboración de perfiles– qué tendrían que saber, según lo que se propone la Administración Nacional de Educación Pública.
En conclusión, la reducción presupuestal compromete el cumplimiento de los cometidos del INEEd, una entidad que está llamada a cumplir un rol fundamental en la transformación de la educación, en la consolidación de una política nacional a partir de criterios rigurosos de evaluación.
SEÑOR HEBER.- Ante todo, les damos una calurosa bienvenida y les pedimos disculpas, porque me parece que fue un error –que no adjudico a la mesa ni a la Presidencia– que una Institución pública no estatal concurra a la subcomisión de audiencias, con solo 15 minutos para exponer. Quizás ustedes hayan solicitado audiencia a la Comisión y la falta de experiencia haya generado este inconveniente. La verdad es que este es un tema clave y muy importante que debería haber sido discutido con toda la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.
El Instituto de Evaluación Educativa es vital, sobre todo porque muchas veces se ha dicho que las pruebas internacionales no reflejan mucho nuestra idiosincrasia, cuestión que ha sido motivo de discusión. Entonces, el hecho de que tengamos una Institución de evaluación educativa es –reitero– vital, es muy importante. Esta evaluación debe ser no sólo sobre escuelas públicas y privadas, sino también sobre resultados en el estudiantado, ya que esa es la forma de evaluar a los docentes. Por supuesto, hay que tener en cuenta los contextos sociales, que pueden ser determinantes, pero seguramente ustedes, como técnicos, lo harán.
Por tanto, reitero mis disculpas por el hecho de que ustedes hayan venido en esta oportunidad, cuando en realidad tendrían que haber venido al pleno de la Comisión, porque a muchos legisladores les hubiera interesado escuchar, evaluar y preguntar con más tiempo.
Para nosotros, es muy importante tratar de ayudar a que se les otorgue lo que ustedes están reclamando. En realidad, me quedan algunas interrogantes sobre esta figura pública no estatal por la falta de tiempo. Por ejemplo, me gustaría saber cuáles son los plantes de evaluación, de qué manera se van a hacer, de qué cuerpo inspectivo disponen, qué autonomía consideran que deberían tener para poder evaluar. Como ustedes dicen, disponen del 0,004% del Presupuesto para evaluar los resultados de la educación.
Para mí no hay reforma posible sin un buen trabajo de parte de ustedes. No se puede hablar de cambiar mucho los planes, las reformas. No quiero entrar en polémica porque no se trata de eso, pero se está hablando de cambiar los ADN de la propia educación sin que les demos a quienes tienen que evaluar – y decirle al país cómo va, dónde fallamos, dónde estamos fallando–, la oportunidad de poder hacerlo. Tenemos ejemplos, conocemos casos porque andamos en liceos públicos que son excepcionales en sus resultados, mientras que hay otros que están en el otro extremo. Realmente, es muy importante saber a qué se debe esa situación. Nunca es solamente explicable por el contexto social en el que actúan. Naturalmente, es un elemento a tener en cuenta, pero no conocemos ni estamos en este tema; por eso, es una lástima que gente de nuestro partido que entiende mucho de esto hoy no tenga la oportunidad de ayudar a la evaluación.
Sabemos de la importancia de este asunto y quizás en otra oportunidad pidamos una audiencia con el instituto, porque para nosotros es muy importante conocer un poco los planes y ver de qué manera se va a ir desarrollando el INEEd y qué rol futuro va a desempeñar. Nació hace poco y este es el primer presupuesto que tiene. Ha actuado en función de dineros que se le ha dado por parte de la Administración, pero pensamos que debería tener un rol mucho más grande que el que hoy tiene, y no solamente queremos el resultado o ver lo que puede hacer en estos programas que ustedes nos han planteado rápidamente, sino que también queremos saber cuál es la proyección futura, pues nos resulta vital que ustedes tengan no solamente la independencia sino, además, la autonomía financiera como para poder llevar a cabo su misión.
Entonces, más que una pregunta quería hacer este comentario a los efectos de poder establecer el compromiso que nuestro partido tuvo cuando se creó el INEEd y, sobre todo, el que tenemos hoy en ayudarlos a que tomen una dimensión mucho más grande y abarcativa que la que tienen hoy en estos pocos años de existencia.
SEÑORA MOREIRA.- Quería decir dos cosas. Con relación al artículo 641, en el que se incrementa el presupuesto al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, doy por sentado que tenía un presupuesto de unos $ 55:000.000. Entonces, como en el 2016 se le incrementan $ 23:000.000, pasa a tener un presupuesto de $ 78:000.000. Y como los otros son todos incrementos de $ 30:000.000, me da que en el año 2019 el presupuesto del INEEd va a ser de $ 168:000.000. Lo que hago es sumar los incrementos. Le incrementé $ 23:000.000, con lo cual en el 2016 va a tener $ 78:000.000; en el 2017, $ 108:000.000; en el 2018, $ 138:000.000, y en el 2019, $ 168:000.000. Digo esto porque son incrementos presupuestales de $ 30:000.000 por año. ¿Es así?
SEÑOR HEBER.- No son acumulativos.
SEÑORA MOREIRA.- ¿No son acumulativos? ¿Cómo pueden no serlo? Si yo le incremento $ 23:000.000 a los $ 55:000.000, me da $ 78:000.000; y como al año siguiente le agrego $ 30:000.000, me da $ 108:000.000, etcétera. Quería formular esa pregunta porque a mí me da que el INEEd va a terminar con $ 168:000.000.
Asimismo, quería hacer una sugerencia: estaría muy bueno que el INEEd asistiera a la Comisión de Educación y Cultura del Senado a efectos de que haga una presentación, porque ahora vi los informes y me dio la impresión de que tiene unos datos bien importantes. Por lo tanto, me parece que es un convite –por lo menos para esa Comisión del Senado– que también ayuda a cualificar y mostrar la imagen del INEEd.
SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, redondeamos la respuesta y queda pendiente la invitación para que concurran a la Comisión de Educación y Cultura del Senado.
SEÑORA MAZZEI.- Con respecto al Presupuesto, lo que toma el Ministerio de Educación y Cultura no son $ 55:000.000 sino $ 40:000.000 porque, en realidad, lo que estaba asignado presupuestalmente en años anteriores era ese monto. Como las instituciones privadas no tienen que hacer una devolución de lo no ejecutado por año, al tener un presupuesto tan ajustado el INEEd trató de ahorrar para acumular. En definitiva, gastamos $ 55:000.000, pero presupuestalmente estaban asignados $ 40:000.000 y de esa realidad parte el Ministerio para aumentarnos el presupuesto. Insisto en que esto era ficto. Es algo complejo de entender. Se parte de la base de lo que ya teníamos pero, en realidad, lo que teníamos era insuficiente. ¿Por qué tuvimos más? Porque ahorramos en los años anteriores, acumulamos y pudimos llegar hasta donde llegamos.
SEÑOR HEBER.- Acá hay $ 40:000.000 que están vigentes como base y en el año 2016 les darán $ 23:000.000, lo que hace un total de $ 63:000.000. En el 2017 no se parte de la base de esos $ 63:000.000 sino de los $ 40:000.000; por eso al darles $ 30:000.000, llegan a $ 70:000.000, que es la cifra que se mantiene durante el resto del período. Lo cierto es que para el año 2016 ustedes habían pedido $ 77:000.000 y eso significa $ 14:000.000 menos; son $ 26:000.000 menos para 2017; $ 37:000.000 menos para el año 2018, y $ 50:000.000 menos para 2019. Digo esto para poder entendernos en los que respecta a las cifras. Esto hace ese total de $ 115:000.000 de situación deficitaria, en función de lo que ustedes presupuestaron.
Simplemente quería aclarar los números en esta discusión.
SEÑOR UBAL.- Soy integrante de la Comisión Directiva del INEEd.
Básicamente, quiero hacer dos puntualizaciones. Ante todo, hay que ver qué recortaríamos; puede ser el análisis de las metas educativas o la evaluación de aprendizajes. Para nosotros, cualquiera de estos dos elementos es absolutamente fundamental para crear una línea de base que nos permita comenzar un acumulado de conocimiento que habilite a tener una fuente nacional confiable e independiente.
Por otra parte, ya hay coordinaciones con la interna de la ANEP para los diferentes estudios e investigaciones, a fin de que no se superpongan. Si bien sabemos que existen evaluaciones estandarizadas a nivel internacional, aspiramos a que el INEEd se encargue de hacerlas. Todas aquellas evaluaciones censales, es decir, aquellas que apunten a mejorar el aprendizaje de cada estudiante, correrían por parte de la ANEP; ya está organizado el trabajo y hay un acuerdo en ese sentido. ¿De qué nos encargaríamos nosotros? De la evaluación general del sistema, con un carácter más muestral. Precisamente, lo que más presupuesto lleva es esta evaluación de los logros de aprendizaje, con los perfiles de egreso que están en proceso de desarrollo. En ese sentido, hemos acercado técnicos del INEEd para poder contar con perfiles de egreso que sean evaluables, que sean compatibles con la evaluación y no sencillamente declaraciones de interés de lo que quisiéramos.
En resumen, entendemos que cualquier recorte que se hiciera implicaría una falta de información vital, al tiempo que no se contaría con la suficiente independencia para poder abordar las mejoras de la política educativa. En ese sentido, nos parece que el Presupuesto que se propone desde los Ministerios de Educación y Cultura y de Economía y Finanzas quizás haya tenido como intención el tratar de obligarnos a coordinar con la interna de ANEP; ese puede ser un argumento, pero queremos dejar en claro que nos vamos a dedicar a cosas específicas y diferentes. Si dejamos de hacer esas evaluaciones, la ANEP no las va a hacer. Entendemos que ese tema debe ser claramente propuesto y ¡qué mejor que llevar adelante una evaluación de aprendizaje de carácter nacional por una Institución Nacional –que viene haciendo un camino corto pero fructífero– para tratar de buscar un vínculo con los docentes y centros educativos que lleve a que se acepten positivamente las evaluaciones. Este es un tema absolutamente fundamental porque si bien estamos comprometidos con evaluaciones como las de PISA y Serce, entre otras de carácter internacional, vemos que muchas veces cuentan con un cierto nivel de resistencia. Aspiramos a que, sin prescindir de esos datos, podamos generar una evaluación por parte de un Instituto Nacional que viene proponiendo una relación diferente con los centros y los docentes en general, a los efectos de que puedan tenerse en cuenta esos datos no solamente a nivel del Gobierno de la Educación, sino también de los centros y los docentes, y así contribuir a que los cambios se produzcan efectivamente.
SEÑORA MAZZEI.- Queremos agradecer a los señores Senadores por habernos recibido y contarles que ya hemos invitado a la Comisión de Educación y Cultura del Senado a que visite nuestra sede en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en el parque tecnológico del LATU, edificio Los naranjos. Estaba prevista una reunión, pero por razones de agenda –sabemos que este año el estudio del proyecto de presupuesto es muy complicado– no se pudo concretar. De todos modos, esperamos su visita cuando lo deseen.
SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos su visita. Tenemos los materiales para seguir profundizando la propuesta que nos han planteado.
(Se retiran de Sala los representantes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa).
(Ingresan a Sala representantes de la Fundación Chamangá).
– La Subcomisión de Audiencias tiene el agrado de recibir a la delegación de la Fundación Chamangá integrada por Ana Fernández, Carlos Paolino y Alejandra Bértola.
SEÑORA BÉRTOLA.- Soy la Secretaria Ejecutiva de la fundación.
Brevemente comenzaríamos haciendo una reseña histórica. La Fundación Chamangá surge en el año 2000 a partir de una iniciativa de amigos uruguayos y franceses que al ver la complicada situación del país –era la época de la fuga de cerebros, en la que muchos jóvenes estudiaban acá y luego se iban al exterior– decidieron comenzar con un plan piloto acompañando con becas a jóvenes vocacionales que quisieran formarse en Uruguay, con el compromiso de continuar en él y así aportar al desarrollo del país.
Se comenzó dando cinco becas, después diez y en estos quinces años hemos otorgado trescientas cincuenta y dos becas a jóvenes vocacionales. Fundamentalmente son becas para estudios terciarios y universitarios que tienen un diferencial importante respecto de otras existentes. Por suerte, hoy en día nuestro país no tiene problemas de becas en sí, pero es importante lo que la Fundación Chamangá brinda acompañando el factor económico. El becario tiene un tutor para el acompañamiento académico durante el año de carrera, además hay un equipo técnico integrado por una sicóloga y una trabajadora social que realizan el acompañamiento afectivo. Hay muchos jóvenes de distintas partes del país que sufren el desarraigo, por eso, a pesar de que tengan gran capacidad intelectual, el factor afectivo les pesa mucho. Además, el joven se integra a un colectivo con otros muchachos. Una vez por mes en Montevideo se hace una reunión a la que vienen jóvenes de distintas partes del interior, entonces, hay una circulación en cuanto a lo cultural. Por ejemplo, conseguimos entradas en el Sodre y vamos a ver espectáculos a los que, de otra forma, no podrían acceder.
Otro factor fundamental es el trabajo comunitario. El becario tiene que realizar entre dos a cuatro horas semanales una tarea voluntaria comunitaria dentro del área de su formación. En los boletines que entregamos, pueden encontrar testimonios. Por ejemplo, una chica de Rivera de nombre Dahiana vino a Montevideo a hacer su primer año de arquitectura y su trabajo comunitario lo está llevando a cabo en el Plan Juntos. Para ella fue maravilloso porque estaba rodeada de arquitectos y pudo darse cuenta que su profesión tiene una dimensión social que hasta el momento desconocía. Si bien el trabajo comunitario es para la comunidad, estos jóvenes encuentran un retorno.
En estos momentos estamos diversificando los apoyos que la Fundación Chamangá otorga. Nuestra fundación siempre ha dependido de la donante fundamental Anne Marie Sendic, su fundadora. Durante dos años contamos con el apoyo de Antel que otorgaba cinco becas, pero ya no lo hace más. Ahora nos está apoyando con cinco becas una fundación holandesa que realiza tareas en el norte del país. La reducción que se produjo porque Antel no está apoyando, más la situación conflictiva que se está dando en Europa con respecto a los impuestos y demás, hace que en los próximos años se vean reducidos sustancialmente los apoyos. Por eso estamos buscando también cierta estabilidad y, además, poder institucionalizar la experiencia que Chamangá está haciendo acá en el Uruguay. Para dar un ejemplo, este año hicimos un convenio con el Fondo de Solidaridad, que ve con buenos ojos el trabajo que nosotros hacemos, porque para ellos es imposible hacer el acompañamiento de tutor, trabajo comunitario, con 7.000, pero sí quieren ir viendo la modalidad de trabajo para poder aplicar alguna de estas metodologías. Entonces, el próximo año quizás algunos becarios del fondo van a poder participar del plus que tiene Chamangá.
En la misma línea, acabamos de firmar un convenio con UTEC, para poder apoyar estas licenciaturas tecnológicas, sobre todo en el interior del país, y estamos en tratativas con el Consejo de Formación en Educación. Eso nos da este apoyo y esta garantía Institucional que Chamangá quiere para un futuro, es decir, poder aportar al sistema nacional de becas con esta alternativa del apoyo humano más allá de lo económico.
SEÑORA FERNÁNDEZ.- Mi nombre es Ana Fernández y soy parte del Consejo de Administración Honorario.
Solamente quería agregar a lo que decía la señora Alejandra Bértola que nosotros anualmente tenemos entre 300 y 500 candidatos que se postulan en todo el país. Valoramos muchísimo que podemos llegar a ciudades y pueblos que por lo menos yo no sabía que existían. Llegan candidatos de todas partes, a través de una difusión que se hace de nuestra parte. Además, hoy en día, después de 15 años, hay muchos bedeles de UTU y de liceos y profesores que saben que existe Chamangá y que nos mandan candidatos. Una de las cosas que les pedimos a esos candidatos es que hagan una carta manuscrita en donde digan por qué creen que tienen una vocación y cuáles son los aspectos que la definen. Les puedo asegurar que es conmovedor ver cómo los chiquilines encuentran la manera de expresar qué es lo que quieren hacer, que va desde las artes, la educación, UTU, hasta ser carpinteros o lo que sea.
Es importante también todo el proceso de selección, que abarca sucesivas etapas que se llevan a cabo por personas expertas, exdocentes, en forma honoraria. Se toma en cuenta el material y se hacen entrevistas, hasta que queda una generación de treinta, de los cuales veinticinco terminan siendo becados.
Nosotros estamos convencidos de que la vocación es algo que hace crecer al ser humano y a la sociedad en su entorno. Por eso creemos que vale la pena esta experiencia, que es piloto. Fundación Chamangá es muy chica y tenemos muy pocos costos administrativos, pero hay muchísima gente trabajando alrededor, porque es algo que vale la pena.
SEÑOR PAOLINO.- Mi nombre es Carlos Paolino y también integro el Consejo Directivo de la fundación.
Esta es una experiencia chica, como decían las compañeras, basada en trabajo voluntario, que apunta precisamente a construir capital social junto con gente que viene de ingresos medios y bajos y con foco en el interior del país. Cuando uno compara esas cuestiones con datos más macro, nos damos cuenta de que Uruguay tiene un problema grave en términos de los indicadores básicos de educación. Los señores Senadores lo saben mejor que nosotros, pero cuando se observa el porcentaje de jóvenes de entre 20 y 24 años que terminaron educación media superior, se comprueba que Uruguay está muy bajo en la comparación de América Latina. Estamos en el 36%, mientras que Brasil está en el 63% y Argentina, en el 85%. La situación es realmente crítica. Y esto no pretende ser una alternativa a la política educativa, pero nos sentimos convocados por nuestra voluntad de ayudar al país a buscar experiencias que pueden ser de utilidad para todos.
En ese sentido, creemos que construir el capital social implica darle afecto, tutoría y apoyo a jóvenes con ingresos muy bajos, que tienen dificultades, es una vía que queremos ir probando y construyendo juntos. Hasta ahora, los resultados han sido muy buenos, muy prometedores y eso nos alienta a seguir adelante.
En el material que les entregamos hicimos una especie de estimación de retorno social de esta inversión. En él contabilizamos el trabajo voluntario, los recursos que estamos solicitando al Parlamento y el retorno social que tiene.
¿Cómo estimamos ese retorno social? Si no existiera Chamangá, en el mejor de los casos el joven estaría recibiendo un ingreso futuro como trabajador no calificado. Sin embargo, pasando por Chamangá sus ingresos se multiplican. Y no solamente los de él, sino también del entorno, porque ese trabajo más calificado impacta en el conjunto de la sociedad. Con ese tipo de indicadores –está en el material que les entregamos– este tipo de experiencia nos da un retorno social muy alto.
Sabemos que en Uruguay hay varias experiencias parecidas, entonces, pienso que sería interesante para el Parlamento, para los representantes del pueblo que puedan conocer y compararlas porque nos permitirían construir alternativas juntos, sin querer sustituir, por supuesto, lo que corresponde a las políticas educativas, pero sí que puedan evaluarse caminos alternativos basados en el trabajo voluntario que complementan los esfuerzos que mucha gente está haciendo.
Es como una experiencia piloto que nos satisface y nos da aliento para seguir adelante. Entonces, los recursos que estamos pidiendo van en esa dirección. Es rentable, altamente rentable desde el punto de vista social y se basa en el trabajo voluntario con resultados de quince años, con retornos sociales muy altos. Todo eso está justificado en la documentación que les entregamos.
Estamos a la orden para volver en el momento que lo requieran para explicarles y ver si podemos ayudar todos juntos.
SEÑOR HEBER.- Entendemos la importancia de la Fundación y de su labor social. Ustedes nos han alcanzado abundante material para leer.
Quisiera hacer una pregunta acerca de las cifras que le han puesto en la Cámara de Representantes: $ 150.000 para el año 2016 y $ 200.000 para el año 2017. Según tengo entendido, ustedes no tenían ninguna partida anterior y no sabemos si este monto los ayuda mucho, poco o si es insuficiente. Por tanto, queríamos saber si esta cifra de $ 150.000 para el año 2016 y de $ 200.000 para 2017 los ayuda de la forma en que están solicitando ahora.
SEÑORA BÉRTOLA.- Soy Secretaria Ejecutiva de la Institución.
Nuestra solicitud fue para doce becas. Eso representa unos setenta y nueve mil, y estamos hablando de unos tres mil. Obviamente, hay una gran diferencia.
Lo que nosotros buscamos es que nos conozcan. Quizás este es el primer paso para que nos vayan conociendo y después seguir aumentando. Si existe la posibilidad de un aumento mayor, nos gustaría que ustedes vean la manera en que esto es rentable y se puede seguir apostando. Sería aceptarlo con el desafío de seguir aumentando.
SEÑOR BERTERRECHE.- La Fundación está comprendida en el artículo 645, que es el que asigna partidas presupuestales a instituciones. ¿Esto quiere decir que antes no recibían dinero y ahora si lo harán?
Por otra parte, si bien la fundación se basa en el voluntariado y es honoraria, quisiera saber el costo que tiene, más allá de las becas que otorgan.
SEÑORA FERNÁNDEZ.- Por estatuto, no tenemos un costo en gastos de administración de más del 17%. Está fijado en el estatuto y eso es lo que tenemos. Sí tenemos gastos de acompañamiento a becarios –asistente social y psicólogo–, que forman parte del costo asociado a la beca como, por ejemplo, los pasajes para que los muchachos vengan una vez al mes y se reúnan. La beca no es solo el dinero que le damos al chiquilín, sino también el servicio profesionalizado.
SEÑORA AYALA.- ¿Continúan con el sistema que le otorgaba becas a aquellos chiquilines que vienen a la universidad?
SEÑORA BÉRTOLA.- Nosotros apoyamos a jóvenes de entre 18 y 30 años que tengan dificultades económicas y/o sociales para continuar con los estudios, que sean residentes ciudadanos uruguayos y que presenten pruebas de vocación. Esto apunta a diversos centros de formación, como por ejemplo la UTU, los centros de especialización, la Escuela de Enfermería, la Escuela Nacional de Arte Lírico, la Escuela Nacional de Danza del Sodre, entre otras. Tenemos casos ejemplares de chicos que vienen de pueblo Lavalleja, Salto, que quieren ser bailarines de ballet y son excelentes. Concretamente nos interesa encontrar esos tesoros y esas vocaciones perdidas.
Chamangá sale al interior en el período junio-julio y se apoya en una red del interior que nos ayuda a difundir nuestra labor y a encontrar a esos pequeños tesoros que están escondidos en los pueblitos perdidos. Nuestro objetivo es darle apoyo en cualquiera de los Institutos y Centros Educativos, inclusive, en aquellos Centros de formación que no están en el ámbito público. También hemos dado becas para la formación privada. Hace varios años la carrera de Recreación y Tiempo Libre no existía en la Universidad de la República, pero sí en la Universidad Católica. Tenemos una chica que estuvo trabajando en el MEC y la verdad que es fenomenal. Ella hizo la licenciatura en la Universidad Católica con el apoyo de Chamangá. Otro ejemplo, es el cantante Edgardo Rocha –que ahora es un famoso cantante lírico–, que vino de Rivera a la Escuela Nacional de Arte Lírico, pero como la escuela no tiene posibilidades de dar becas, de alguna forma Chamangá le da cabida a esos huecos que se generan, además de todo el plus, que es capital social.
SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos la presencia y ya se llevan la noticia de que por lo menos la Cámara de Representantes les asignó partidas para que puedan continuar con su labor.
Nos quedamos con el material para interiorizarnos en la tarea que llevan a cabo.
(Se retiran de sala los representantes de la Fundación Chamangá).
(Ingresa a sala la delegación de la Asociación de Funcionarios de la Corte Electoral).
–La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado tiene el gusto de recibir a la delegación de funcionarios de la Corte Electoral, integrada por su Presidenta, la señora Lía Vinci y los señores Fernando Lozano, Aldo Scarpa, Carlos Marcarián, Juan Pablo Rodigari y al contador Daniel Mesa, asesor.
Tiene la palabra la señora Vinci.
SEÑORA VINCI.- En nombre de la Asociación de Funcionarios de la Corte Electoral agradecemos a la Subcomisión por habernos recibido. Hemos llegado a esta instancia con mucha ansiedad y también con optimismo de que en esta etapa pueda resolverse lo que quedó pendiente en la de la Cámara de Representantes. Allí los señores Representantes nos dijeron que pasaban los artículos correspondientes al Inciso 18 para su tratamiento en el Senado, debido a que no habían tenido tiempo suficiente para analizarlos con la profundidad que el tema requería.
Por otra parte, queremos decir que luego de la presentación del mensaje y de nuestra audiencia en aquella Cámara tuvimos un intercambio numérico con la Corte Electoral, más allá de continuar con las negociaciones para encontrar salidas a los impedimentos que se habían planteado en primera instancia. Pero, fundamentalmente, nos percatamos de un dato que para nosotros es muy trascendente y que el contador Mesa va a poder desarrollar con más idoneidad. Me refiero a la diferencia en cuanto al cálculo realizado del costo del quinquenio del nuevo sistema retributivo, que fue actualizado por IPC, sobre el que nosotros pensamos que debe ser hecho por el valor de la extensión horaria al valor 2015, que surge a posteriori de lo acordado en función del artículo 306 de la Ley Nº 19.149 de la Rendición de Cuentas de 2013. Más allá de ese planteo nuevo que traemos al Senado, queremos destacar que, a nuestro juicio, es indispensable que el Parlamento cumpla con el mandato legal que el propio Parlamento votó; me refiero al artículo mencionado anteriormente de la Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de 2013. En virtud de esa disposición, se otorga un plazo de dos años a la Corte Electoral para crear un nuevo sistema retributivo en el marco de la negociación colectiva con el sindicato. Esos términos se cumplieron y queremos que esta Comisión tome conocimiento que a solicitud de nuestro sindicato la central de trabajadores se puso en contacto con el ministro de Trabajo y Seguridad Social quien, a través de una nota, se comunicó con Presidencia de la República a efectos de trasmitir lo que había sido el convenio firmado entre las partes. Los señores Senadores lo tienen en la carpeta que distribuimos, donde dice: «Ministerio de Trabajo y Seguridad Social» se solicita que se tenga especial atención a lo acordado entre las partes.
La doctora Panizza, como responsable del equipo negociador del Ministerio, hace un pormenorizado detalle del proceso de acuerdo que fue refrendado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Por lo tanto, reitero, hay dos aspectos que creemos que deben ser respetados: el texto del artículo 306 de la ley de Rendición de Cuentas de 2013 y el convenio firmado entre la Corte Electoral y el sindicato en el marco del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en las instancias bipartitas, luego refrendadas en la cartera.
SEÑOR MESA.- Trataré de ser lo más breve posible para explicar el problema.
La Corte Electoral tiene un sistema especial de financiación. Es decir, tiene lo que aparece en los presupuestos y en las rendiciones de cuenta y financia todo el gasto de los actos electorales con refuerzos de rubro de acuerdo con disposiciones viejas vigentes. En el correr del último quinquenio, por ejemplo, eso significó $ 679:000.000 para decirlo en cifras redondas. Es una cantidad demasiado grande para estar financiando con refuerzos de rubros, cuando son gastos previsibles que se sabe que van a ocurrir. Esa es la base del nuevo sistema de retribución: pasar la parte de retribución de personal –que está incluido en esos refuerzos de rubros, excepción a todas las leyes– a una cantidad conocida e igual todos los meses durante los cinco años. El costo del nuevo sistema de retribución para el próximo quinquenio, que es la propuesta acordada entre la Corte Electoral y el sindicato, sería de $ 984:000.000 a valores de enero de 2015. Es decir que respecto a lo gastado en el semestre anterior habría una diferencia importante. Hay que hacer una comparación entre el costo del nuevo sistema retributivo y cuánto saldría no tenerlo, es decir, cuánto gastaría el Estado en el próximo quinquenio, para lo que se tomó el dato de cuántas horas extras se pagaron en el quinquenio pasado en la Corte Electoral. Concretamente, fueron 1:802.221 horas extras. Teniendo en cuenta el precio actual de la hora extra más los aguinaldos y los aportes patronales el costo es de $ 757:000.000, no seiscientos setenta y nueve sino setecientos cincuenta y siete. Esto da, en términos del quinquenio, un sobrecosto para la propuesta de $ 227:000.000, que llevado a cifras anuales, es un aumento anual del presupuesto de $45:000.000.
La Corte Electoral ha manifestado en su presentación que está dispuesta a eliminar vacantes para financiar parte de esta nueva retribución y plantea eliminar 125 vacantes que equivalen a disminuir el rubro 0 en unos $ 37:000.000 más o menos, de modo que quedarían poco más de $ 8:000.000 por año a cubrir. Si se eliminaran 29 vacantes más, el nuevo sistema no tendría costo adicional respecto a su nueva existencia: si no hay nuevo sistema el costo sería tal, y si hay un nuevo sistema, el costo sería el mismo eliminando las vacantes. Esa es la situación al día de hoy.
Más allá de que tenemos un convenio firmado entre la Corte Electoral y el Sindicato a través de una negociación tripartita con participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de que se pidió que se aplicara el artículo 14 de la Ley de Negociación Colectiva para que el Ministerio de Economía y Finanzas, la OPP y la Oficina del Servicio Civil fueran los que asesoraran en la negociación –lo que fue negado sistemáticamente por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social–, lo peor fue que se respaldó el resultado de la negociación enviando una nota a la Presidencia en el día de ayer.
Esa es la situación que se nos presenta. Tenemos un convenio firmado que hay que respetar, el artículo 306 de la Ley de Rendición de Cuentas de 2012 votada en 2013, y todo un esquema que es beneficioso para el Estado, para la Corte Electoral y para el Sindicato en el sentido de tener un sistema de retribución que sea permanente, previsible, sobre el que no hay que pensar cuánto va a salir si hay un alguna otra convocatoria de democracia directa que signifique un costo importante. Por ejemplo, el acto de adhesión para la interrupción voluntaria del embarazo tuvo un costo de $ 73:000.000 a valores de 2013; si lo actualizamos es mucho más. De realizarse uno o dos actos de esas características, el costo calculado por el sistema actual se va al diablo y, sin embargo, con el nuevo sistema no varía porque queda estabilizado en el valor de la retribución.
No quiero hacer perder más tiempo a los señores Senadores; este es el planteo general que tiene el sindicato.
SEÑOR HEBER.- Nosotros tuvimos oportunidad de analizar este artículo con la Corte Electoral y vimos que lo que es importante en esta audiencia es que el Sindicato está diciendo que hubo una nota del Ministerio avalando el convenio tripartito que, de alguna manera, se realizó y si no votamos lo estaríamos invalidando. Acá hubo una instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se llegó a un entendimiento, que es el que refleja el artículo 1º –creo que ese es el número– del mensaje de la Corte Electoral y si nosotros no votamos estaríamos desandando un camino que no solo llevó mucho tiempo, sino también muchas negociaciones de por medio, donde el Poder Ejecutivo estuvo presente en la figura del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que ahora ustedes dicen que salió a respaldar el entendimiento mediante una carta al Presidente de la República o al Ministerio de Economía y Finanzas.
SEÑORA VINCI.- Está en la carpeta, es la que dice MTSS-Corte Electoral.
SEÑOR HEBER.- Esto es muy importante y tiene que ser determinante para ayudar a que este artículo sea viable después de tanto tiempo de negociación.
SEÑORA VINCI.- Quiero decirles que para dar trascendencia al nuevo sistema retributivo dejamos de lado algo que también fue acordado, como consta en las actas adjuntas y en el racontto que hace la doctora Carolina Panizza en el informe que el ministro envía. Los artículos acordados a ser presentados por la Corte Electoral son: 1 a 5, que componen el nuevo sistema retributivo; el 6, que es la transformación de los grados 8 y 9 en 10 –que tenía un costo de $ 10:000.000 anuales–, y el 8, que no tiene costo y refiere a la unificación de la carrera. Salvo una duda planteada por un señor Representante, no tuvimos ningún fundamento para no contemplar, de lo acordado, ni siquiera este último artículo.
Inclusive, para poder solventar el financiamiento del sobrecosto, nosotros estuvimos dispuestos a negociar lo acordado sobre el artículo 6, que transforma los grados 8 y 9 del Escalafón Administrativo en grado 10. Quiere decir que el Sindicato demostró su disposición a negociar en aras de obtener el nuevo sistema retributivo, ya que eso significaba un beneficio para determinado sector de trabajadores, que están en la franja más baja del escalafón. Aclaro, entonces, que esto está dentro de lo acordado; no lo planteamos en la Comisión de la Cámara de Representantes y por ello no consta en la versión taquigráfica, por lo que queremos aclararlo en esta instancia.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si nadie desea hacer uso de la palabra, les agradecemos su presencia. Tenemos la versión taquigráfica para analizar, así como los documentos que nos entregaron.
(Se retira de sala la delegación de la Asociación de Funcionarios de la Corte Electoral).
(Ingresa a sala una delegación de la Fundación Génesis Uruguay)
–Estamos recibiendo a representantes de la Fundación Génesis Uruguay, concretamente a la doctora Adriana Della Valle y al coronel retirado Orosmán Pereyra.
Es un gusto tenerlos acá y les cedemos el uso de la palabra.
SEÑOR PEREYRA.- Muchas gracias por habernos recibido.
En primer lugar, mi nombre es Orosmán Pereyra, soy coronel retirado y actualmente me desempeño como Secretario de la Fundación Génesis Uruguay, que tiene personería jurídica desde el año 2009. El objetivo de la Fundación es contribuir a la investigación del desarrollo de las afecciones oncológicas en general, en especial las afecciones oncológicas hereditarias de la población uruguaya, e implícitamente, propender a disminuir la morbimortalidad de la enfermedad por su diagnóstico temprano, pudiendo sugerir respecto a profilaxis, tratamiento y seguimiento de la población de riesgo.
El segundo objetivo es cooperar con el suministro de bienes y servicios, en especial con recursos humanos, técnicos, financieros y económicos de cualquier índole, propios de la fundación o provenientes de terceros, de forma tal de facilitar la actuación, en especial del grupo técnico o Grupo Colaborativo Uruguayo de Investigación de Afecciones Oncológicas Hereditarias, del cual la doctora Della Valle es integrante. Este grupo colaborativo es el único Organismo en nuestro país que, en forma totalmente gratuita, brinda consejería genética a familias con riesgo de cáncer hereditario, sean de la esfera pública o privada, tanto de Montevideo como del interior. Está integrado por oncólogos, cirujanos y mastólogos, psicólogos, pasantes y nurses. Es el único lugar profesional certificado en consejería genética para cáncer hereditario.
Sus actividades de investigación han sido declaradas de interés nacional, de acuerdo a la resolución del Poder Ejecutivo de diciembre de 1999. Con más de 30 años de experiencia en el campo del cáncer hereditario, es considerado hasta el momento como el único centro de referencia nacional especializado en afecciones oncológicas hereditarias, entre las que se incluye el cáncer de mama.
Estoy tratando de resumir lo que tengo escrito para después darle la palabra a la doctora Della Valle.
Se han llevado a cabo acciones por parte de la fundación para poder cumplir nuestros objetivos. Hemos tenido contacto con el Ministerio de Educación y Cultura para solicitar que se promoviera ante el Poder Ejecutivo su inclusión en el artículo 60 bis del Decreto Nº 250/07, de 26 de abril del 2007, que contribuiría a la proporción, al flujo de ingresos de carácter sostenido para la fundación. Este artículo prevé la posibilidad de que empresas puedan debitar impuestos al realizar donaciones.
Hemos tenido contacto con distintas personalidades políticas, como fue el caso de la Senadora Topolansky, que nos recibió y ha comprendido todo nuestro trabajo. También hemos tenido contacto con el Ministro de Defensa Nacional, que nos derivó al ex Diputado Carlos Gamou, en su momento Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, y a partir de estas gestiones fue que se consiguió una subvención, que fue recibida durante los ejercicios 2014 y 2015 por parte del Ministerio de Salud Pública; son fondos con los cuales se atendieron las solicitudes del Grupo Colaborativo Uruguayo de Investigación de Afecciones Oncológicas Hereditarias para realizar los exámenes a personas captadas por estos profesionales, y posteriormente se rindió cuenta al Ministerio de Salud Pública, en tiempo y forma, de los fondos adjudicados por las mencionadas subvenciones anuales. Las fotocopias de las rendiciones de cuentas acompañan la documentación que fue entregada por nosotros.
En un rápido resumen de apoyos a los exámenes solicitados por el Grupo Colaborativo Uruguayo: en el año 2013 se atendieron 19 personas, 19 familias que representan a 513 personas examinadas. Estas atenciones se hicieron con los rubros de la cena benéfica que se realizó con el apoyo del entonces Diputado Gamou –como ya dije–, en la que se recaudaron USD 12.000. En el año 2014 se atendieron 21 personas, 21 familias; esto significa que 567 personas fueron examinadas con la primera subvención del año 2014 recibida por el Ministerio de Salud Pública, por $ 200.000. En el año 2015 se atendieron 13 familias, es decir que se examinó a 571 personas, con la segunda subvención del año en curso, por $ 200.000.
Por último, me gustaría decir que nuestra intención es pedir que se considere aumentar la subvención de $ 200.000 y, de no ser posible, que podamos mantener el monto ya adjudicado de $ 200.000. Además, quisiéramos solicitar que se realicen gestiones para que se promueva ante el Poder Ejecutivo la inscripción de nuestra Fundación Génesis Uruguay en el artículo 70 bis del Decreto Nº 150/07, del 26 de abril de 2007.
Agradecemos a la señora Presidenta y a los demás integrantes de la Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda por el tiempo y la atención que nos han dispensado. No olviden que nuestra voz es la de aquellas personas –ellos y sus descendientes– que no tienen dinero, pero tienen un problema a resolver, una herencia, una carga genética heredada. Esa gente es la que nosotros atendemos y es su voz la que habla a través de nosotros.
Si la señora Presidenta lo permite, me gustaría ceder el uso de la palabra a la doctora Della Valle para que responda las inquietudes de carácter médico profesional que puedan surgir.
SEÑORA DELLA VALLE.- Buenas tardes. Mi nombre es Adriana Della Valle, soy oncóloga y trabajo en el Grupo Colaborativo Uruguayo desde el año 1996. Como decía el coronel Pereyra, somos un grupo de médicos y otros especialistas en salud que atiende gente con cáncer heredado.
Hasta el momento, en Uruguay no hay ningún sistema público o privado que cubra la prestación de buscar las alteraciones genéticas que trasmiten estas enfermedades, que son cerca del 20% de todos los cánceres que se diagnostican en Uruguay, particularmente de mama y de colon, que son los más frecuentes, y la segunda causa de muerte. Trabajamos y hacemos la consulta oncogenética en forma totalmente gratuita, pero a veces determinamos que se necesita hacer un estudio genético. Hoy en día se puede hacer tanto en Uruguay como en otras partes del mundo, y gracias a la fundación logramos que los costos sean muy reducidos, de acuerdo con lo que se cobra habitualmente. Una vez que se logra detectar esa alteración genética podemos decirle al resto de la familia qué es lo que tiene que hacer para prevenir que le aparezca un cáncer y evitar que se mueran por dicha enfermedad.
En definitiva, la importancia de realizar estos estudios genéticos es enorme. ¡Ojalá que en un futuro el Ministerio de Salud Pública lo pueda hacer para todos! Actualmente no tiene posibilidades para ello, pero nuestro grupo sí. A través de la fundación, de cenas, de rifas y de la subvención que se logró a partir del año 2013, aquellas personas más necesitadas y que de ninguna manera podrían pagar –si bien ahora los costos se han reducido, como dije, y son un poco más accesibles para la población en general–, acceden a esta posibilidad para prevenir la aparición del cáncer. Esto significa un ahorro en costos y en salud para una persona que no necesita tratamientos oncológicos –tan en boga últimamente–, una cirugía ni otro tipo de procedimientos más que los controles adecuados en los momentos oportunos. Simplemente quería redondear la idea planteada por el coronel Pereyra.
SEÑOR BERTERRECHE.- Ante todo quiero dar la bienvenida a los representantes de la fundación.
Según entiendo, están incluidos en el artículo 644, que comienza diciendo: «Increméntanse», por lo cual supongo que ya se les está dando dinero. ¿Cuál era el monto?
SEÑOR PEREYRA.- Nos daban $ 200.000. Esto daba para hacer exámenes a 13 personas, pero cada una es representativa de una familia de unos 27 integrantes.
SEÑORA PRESIDENTA.- Se exhorta a evitar los dialogados porque resulta imposible tomar la versión taquigráfica.
SEÑOR BERTERRECHE.- Quisiera que se aclarara a cuántas personas se cubre con esos $ 200.000.
SEÑORA DELLA VALLE.- Actualmente esos $ 200.000 alcanzan para hacer la búsqueda de mutaciones genéticas en trece personas. Una vez que detectamos dónde está la alteración genética –que es lo más caro–, después se puede repetir el estudio a un costo mucho menor en el Uruguay. A través de esa persona llegamos al resto de la familia. Tenemos un promedio de veintisiete familiares por cada persona que consulta. Es decir que por cada persona llegamos a veintisiete.
SEÑOR PEREYRA.- Sería alrededor de 350 personas, ciudadanos que reciben una atención preventiva que les va a permitir saber si van a tener o no la enfermedad y tomar las providencias del caso.
SEÑOR BERTERRECHE.- En la Cámara de Representantes se les asigna un incremento que vamos a analizar. Me parece que esto es importante y, en lo personal, valoro muchísimo ese tipo de actividades.
Por otra parte, quisiera saber si esto, en cierta manera, no tendría que estar a cargo o muy relacionado con los programas de salud pública.
SEÑORA DELLA VALLE.- ¡Por supuesto! ¡Ojalá así fuera! Pensamos que debe estar dentro de la órbita del Ministerio de Salud Pública, de ASSE o de algún área dirigida a la salud. La medicina del futuro va a ser así. Son estudios personalizados, medicina personalizada y tratamientos personalizados.
SEÑOR PEREYRA.- Justamente, antes de ingresar a la sala estuvimos hablando con la doctora sobre qué les íbamos a responder si al brindarles esta información nos hacían esta pregunta.
La fundación no interesa; lo que interesa es el ciudadano, o sea, nuestros conciudadanos. En este momento la fundación es sola una herramienta y si el Estado considera que puede lograr que el examen sea gratuito para toda la población del Uruguay, bienvenido sea. Si la fundación tiene que dejar de existir por esa razón, bienvenido sea. La fundación existe no por una omisión –esta no es una omisión–, sino porque los estudios han avanzado tanto y tan rápidamente que de repente el Estado no ha podido ponerse a tiro. Si el Estado decidiera que es un estudio obligatorio y gratuito para todos los ciudadanos, insisto: bienvenido sea.
SEÑORA PRESIDENTA.- El tema quedó claro –como bien decía el señor Senador Berterreche está dentro del artículo que prevé los incrementos–, tenemos antecedentes de sus presentaciones y además el material que nos han dejado.
Les agradecemos la visita.
SEÑOR PEREYRA.- Muchas gracias.
(Se retiran de sala representantes de la Fundación Génesis)
(Ingresan a sala representantes de la Asociación Civil Encuentro - Trastornos del Espectro Autista)
(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Ayala)
SEÑORA PRESIDENTA.- La Subcomisión de Audiencias da la bienvenida a la delegación de la Asociación Civil Encuentro - Trastornos del Espectro Autista.
SEÑOR PARIANI.- Mi nombre es Gustavo Pariani y estoy acompañado de Alicia Ferraro e Isabel Batlle. Integramos una Asociación de padres Encuentro-TEA que tiene el objetivo de trabajar con personas del espectro autista, familiares y amigos.
Nos presentamos ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes y, en el entendido de que se aprobó una partida, queríamos ponerlos en conocimiento del trabajo que realizamos durante el año. Además, queremos fundamentar el apoyo económico. Todos somos padres o madres de chiquilines que tienen este trastorno. Luego de mi exposición las madres harán un breve esbozo de lo que significa el autismo en el Uruguay, su tratamiento y una referencia a las estadísticas.
En estos años hemos descubierto que el grupo de menor cobertura pública para las personas que tienen este trastorno es el laboral, porque se desconoce la capacidad que tiene un gran porcentajes de estas personas –me refiero a los adultos– que, con un pequeño apoyo y capacitación, podrían ser incluidas laboralmente. Creemos que con capacitación estos jóvenes podrían lograr cierta autonomía en la sociedad. Ellos necesitan contar con capacitación para comprender el lenguaje de las personas que a diario están en una oficina, empresa o fábrica. Como asociación de padres hemos detectado ese faltante.
Venimos a darles un pantallazo de lo que pensamos hacer con una población de entre 10 y 12 chiquilines, mediante talleres mensuales. En el material que les entregamos está la información. Pensamos realizar algunas salidas de campo y trabajar en la capacitación laboral de acuerdo con sus perfiles y características. Vamos a realizar salidas a zonas rurales porque por las características y ubicación de la vivienda de algunos chiquilines es muy probable que algunos terminen trabajando en el entorno rural.
También vamos a tratar el tema del cooperativismo. Creemos que en una futura participación interinstitucional –los recursos están, llámese Instituto Nacional de Colonización o INIA– se podría llegar a formar una especie de cooperativa con estos chiquilines para que les brinden al Estado productos que ellos puedan elaborar, con el acompañamiento de un coordinador.
Ahora las madres podrían dar un pantallazo de lo que es el trastorno en el Uruguay y brindar algunas cifras. Quedamos a las órdenes para responder cualquier pregunta o duda que tengan.
SEÑORA FERRARO.- Este trastorno actualmente se denomina del espectro autista porque abarca un gran abanico, desde los trastornos más profundos hasta los más leves, que a veces pueden pasar inadvertidos en el trato cotidiano. Por razones que se desconocen, ha habido un real aumento. No solamente hay una mayor precisión en el diagnóstico en el momento actual, sino que a nivel mundial se ha visto que su frecuencia ha ido en aumento. De ser un trastorno muy raro cuando se comenzó a describir, en 1942 –en ese momento se había estimado 1 cada 1.000 o 1 cada 10.000–, en los últimos años ha ido subiendo a 1 cada 150, 1 cada 100, y en las últimas estimaciones se habla de 1 cada 88. Por supuesto, dentro de este grupo entran los casos más leves, pero sí existe un alto porcentaje en la población. En nuestro caso, consideramos que los muchachos a los que nos referimos perfectamente pueden tener una inclusión laboral.
SEÑOR BERTERRECHE.- Bienvenidos a esta Comisión.
Más temprano recibimos a la Asociación Autismo en Uruguay y hay un monto que se destina por presupuesto a la Asociación Uruguaya de Padres de Personas con Autismo Infantil. Entonces, dada la importancia que tiene el tema y la sensibilidad que despierta en todo el espacio político nacional, me pregunto por qué hay esa dispersión institucional. Tal vez sería mucho mejor poder focalizar los fondos y encontrar apoyos, tanto del Estado como a nivel privado, con una visión más unificada.
SEÑORA BATLLE.- Mi nombre es Isabel Batlle y también soy madre de un joven con espectro autista.
En Uruguay existen muchas Asociaciones de padres a lo largo de la República, que tienen como finalidad primera dar una respuesta a sus asociados, como toda asociación civil. La dispersión se da porque no todas las Asociaciones tienen las mismas necesidades, incluso dentro de un mismo departamento. Cada una puede tener un concepto diferente, una visión distinta o manejar una población diferente. Una asociación es como una especie de familia. Nos conocemos todos, pero tenemos diferentes finalidades, por el tipo de población que manejamos.
De todos modos, las Asociaciones estamos nucleadas en la Federación Autismo, que es el Organismo a través del cual políticamente nos vinculamos con el Gobierno. Pero las Asociaciones son grupos familiares con diferentes intereses y prioridades. No es la misma la prioridad de un grupo donde predominan los adolescentes que la de un grupo donde predominan los pequeños, los que no hablan o los que viven en la frontera. Las Asociaciones son como familias.
En el caso de nuestra asociación, no tenemos centro educativo ni ningún tipo de trabajo escolar, sino simplemente estamos orientados hacia la actividad de las familias.
SEÑOR PARIANI.- En el Uruguay, el tema del autismo es relativamente nuevo. Entonces, abarca a todo el espectro de la población que está de alguna manera vinculada con esto y se generan Asociaciones y centros. Nosotros no somos un centro. Un centro es un lugar donde, a partir de un convenio con el Estado, algunas familias pueden llevar unas horas a sus hijos. Y muchas veces es el único lugar que los recibe. En Montevideo hay varios y en el interior hay algunos.
Lo que sucede es que nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro de padres. Entonces, con relación a la pregunta que se nos formulaba respecto a por qué no se coadyuvan todos los fondos es porque en un centro yo llevo a mi hijo a la una y lo retiro a las cuatro. Sin embargo, lo que yo quiero aquí es que mi hijo pueda ser incluido laboralmente con una cantidad de padres que se comprometan en el proceso. ¿Por qué? Porque sin la familia es muy difícil hacerlo.
Entonces, en vez de venir a pedir un importe para trabajar con los padres, para nosotros sería mucho mejor pedir un local y conseguir un asistente social, un psicomotricista y un psicólogo. De esa manera, ya podríamos poner un Centro. Ahora bien, no es la idea y es por eso que tenemos distintos objetivos.
Lo que sí creemos –y aprovecho esta instancia– es que desde lo gubernamental y apoyándose un poco en los diagnósticos de la familia, el Gobierno puede lograr detectar las carencias que puede haber, porque recursos hay. Hoy, por ejemplo, hay una escuela especial, creo que está por abrirse otra y también hay centros especializados. Sin embargo, no tenemos un lugar donde internar a los chicos de quince o dieciséis años en adelante que no sea en el Hospital Vilardebó, en Don Orione o en la Colonia Etchepare, en San José.
Por tanto, esas cosas no las hacen los centros sino las Asociaciones de padres fortalecidas, que es lo que nosotros queremos. Ojalá nosotros fuéramos quinientos, pero somos un grupo de setenta padres. Eso es así porque cuesta mucho.
En definitiva, la síntesis de la respuesta es: no es que solamente haya distintas Direcciones sino, como decía la doctora, a veces tenemos objetivos al final juntos, pero en el camino vamos construyendo de distinta manera.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si los señores Senadores no desean formular más preguntas, agradecemos el planteo a nuestros visitantes. Lo tomaremos en cuenta en la discusión que realice la Comisión.
(Se retiran de sala los representantes de la Asociación Civil Encuentro Trastornos del Espectro Autista).
(Ingresan a sala los representantes de la Intergremial de Transporte de Carga Terrestre del Uruguay).
–Damos la bienvenida a los representantes de la Intergremial de Transporte de Carga Terrestre del Uruguay.
SEÑOR REPETO.- Buenas tardes. Soy Fernando Repeto, Presidente de la Intergremial de Transporte de Carga Terrestre del Uruguay.
Antes de que el señor Ernesto Toledo explique el porqué de nuestro pedido, voy a hacer una breve introducción. Nosotros venimos a defender un par de artículos que presentó el ministro Rossi con relación al Órgano de control de transporte de carga y a la creación del registro de cargadores, que ya había sido presentado en la Cámara de Representantes pero no se incluyó en el proyecto de ley de Presupuesto.
SEÑOR TOLEDO.- Como decía Fernando Repeto, hemos venido conversando con los candidatos a la Presidencia de todos los partidos políticos sobre la situación que vive el sector de transporte de carga. En los últimos años, el sector ha experimentado un importante crecimiento y una importante inversión, a efectos de enfrentar el desarrollo que ha tenido el país y la demanda en servicios que ha generado el aumento de la producción. Este crecimiento se dio de una manera algo desordenada. Hemos previsto –y hoy lo tenemos prácticamente confirmado por la realidad que estamos teniendo– un enfriamiento y un enlentecimiento de la economía, que llevará al sector a vivir una situación muy difícil. Una inversión para esta nueva situación desmedida generará una situación complicada.
A estos efectos, hemos conversado con el actual Ministro de Transporte y Obras Públicas –tal como lo hiciéramos previamente con los representantes de todos los partidos políticos– sobre la necesidad de adoptar medidas a largo plazo, tendientes a regular nuestro sector para que no tenga estos altos y bajos que, en definitiva, llevan a crisis sistemáticas que vive cada tanto tiempo. Para esto, hemos acordado la definición de políticas a largo plazo, en las que el Estado debe crear un mecanismo de estudio de todas estas situaciones. El instrumento es el actual órgano de control que funciona en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; lo integran la Intergremial de Transporte de Carga junto con el citado Ministerio y también el de Economía y Finanzas. Este Órgano cumple una función estrictamente de control de la regularidad del sector, y se busca darle las potestades de órgano consultivo del Poder Ejecutivo y analítico de las situaciones y propuestas de soluciones a futuro. Precisamente, el artículo presentado por el ministro de Transporte y Obras Públicas le amplía las facultades de control.
Por nuestra parte, pensamos que este es el mejor camino porque no conlleva un incremento presupuestal, ya que los recursos que hoy tenemos destinados al control de la regularidad del sector a través del Órgano, los aplicamos al análisis de estas situaciones a las que me he referido.
Como decía, los artículos refieren directamente a eso y lo que hacen es ampliar las facultades de este órgano de control incluyéndose la coordinación y evaluación de las políticas públicas referidas al sector, los estudios relativos a la demanda del transporte de carga en el país y lo referente a las condiciones y requisitos para la inscripción de las empresas.
Por otro lado, hay un artículo que crea un registro de cargadores. Actualmente existe el registro de transportistas profesionales y de transporte propio, pero no un registro de cargadores. Este resulta imprescindible para el desarrollo de la actividad y para la futura aplicación de la guía de carga que está prevista para el próximo año; en esa guía de carga una de las partes es el transportista, que confecciona la guía, y la otra parte es el cargador, que origina la carga y valida los datos de la mercadería. Entonces, es imprescindible contar con ese registro a nivel del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para poder desarrollar esa actividad.
Es cuanto queríamos manifestar y estamos a las órdenes para responder las preguntas que los señores Senadores deseen hacer.
SEÑOR HEBER.- Veamos si he entendido bien. ¿Esto fue acordado con el Ministerio pero luego no fue votado en la Cámara de Representantes? De haber sido así, me gustaría saber por qué ocurrió eso.
SEÑORA MOREIRA.- Por mi parte, quisiera saber el número del artículo del Poder Ejecutivo que fue modificado en la Cámara de Representantes.
SEÑORA PRESIDENTA.- El artículo que está presentando la delegación no está en el articulado; se trata de un anexo que hace el proyecto de ley, que no fue votado en la Cámara de Representantes.
SEÑOR TOLEDO.- Quizás los señores Senadores recuerden que hace un par de meses hubo una movilización de transportistas que no integran nuestra gremial, que realizaron una serie de reclamos. Tomamos contacto con ellos atendiendo a la realidad que planteaban y, a raíz de eso, surgió un intercambio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el que analizamos estos temas junto con esos transportistas. Cuando llegamos a la solución de la conformación de estos artículos, el articulado relativo al Ministerio ya estaba armado y, por lo tanto, no hubo tiempo de presentar este texto. Fue por esa razón que el Ministro de Transporte y Obras Públicas lo presentó como un anexo al de la Cámara de Representantes. La información que recibimos de los Legisladores de esa Cámara es que no había oposición a los artículos, sino que como llegaron tarde, de alguna manera, no tuvieron tiempo de agregarlos y por eso sugerían al Senado que fueran analizados e incluidos en este ámbito. Esta semana tuvimos una reunión con la Comisión de Transporte de la Cámara de Representantes y allí se nos confirmó que no había inconveniente con estos artículos y que no fueron votados solo por una cuestión de falta de tiempo.
SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la presencia de esta delegación y la información que nos han brindado.
(Se retira de sala la delegación de la Intergremial de Transporte de Carga Terrestre del Uruguay)
(Ingresa a sala la delegación del Sindicato de Trabajadores Tercerizados de INDA)
–La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado da la bienvenida a la delegación del Sindicato de Trabajadores Tercerizados de INDA.
Les damos la palabra a los efectos de que realicen su planteo.
SEÑORA FLEITAS.- Pertenecemos al Sindicato tercerizado del Instituto Nacional de Alimentación y venimos a presentar un artículo.
Nos desempeñamos en el Organismo a través de un contrato con una empresa privada. Si bien las empresas van cambiando de acuerdo a licitación, el personal se mantiene en las mismas oficinas y tareas. Es decir que los funcionarios mantenemos un vínculo permanente con el INDA, con una antigüedad entre ocho y quince años. Actualmente somos 80 funcionarios tercerizados entre administrativos, operarios de servicio, limpieza y mantenimiento y el instituto depende de nosotros para que el servicio se cumpla.
En 2012 tuvimos una reunión con la Comisión que estudia los asuntos de trabajo, y desde 2010 venimos trabajando sobre este tema de la tercerización.
Queremos presentar el artículo 92 de la Ley Nº 19.121 del año 2013 que refiere a un contrato directo con el Estado, sacando a las empresas, para encontrar una solución. En el artículo nombramos al Mides porque a partir del 1º de enero el INDA pasa a ser una Unidad Ejecutora de ese Ministerio.
También dejamos en claro que el artículo no supone un incremento presupuestal ya que se trata de una reasignación del objeto de gasto. Por ejemplo, si la empresa cobra $ 200 la hora, al trabajador se le paga entre $ 60 y $ 70 por hora, y eso no lo queremos.
Actualmente en INDA se van a generar alrededor de 15 vacantes entre administrativos, ayudantes de cocina, funcionarios de diferentes oficios y otros cargos. También hay 21 vacantes de ingresos.
SEÑORA SANTOMÉ.- Independientemente de las vacantes existentes tenemos alrededor de 15 causales jubilatorias, por lo menos en la parte administrativa. Está claro que el personal de INDA lleva mucho tiempo trabajando en sus tareas. Durante estos años el Instituto se ha ido modificando y sigue haciéndolo cada vez más. En esas modificaciones entramos nosotros, hacemos las tareas o las vamos aprendiendo a los tumbos –que quede claro– independientemente de los conocimientos que podemos llegar a tener. Supuestamente al pasar al Mides como Unidad Ejecutora todo queda como está, pero no tenemos la seguridad.
En mi caso, por ejemplo, esta es la tercera empresa por la que paso en seis años. Si quiero alquilar un inmueble no puedo porque tengo solamente seis meses de antigüedad. Además no tengo derecho a licencia. Cuando falleció mi suegro tuve que pedir licencia especial, que me descontaron, porque no tengo días generados, cuando llevo casi siete años trabajando en el mismo lugar. No tenemos un montón de derechos, aparte de la pérdida salarial que implica cada cambio de empresa, porque las cosas que conseguimos con una empresa las perdemos una vez que viene la siguiente. Hay que arrancar de cero nuevamente, y eso es lo que no queremos; no nos parece justo porque las vacantes existen, el presupuesto no aumenta, solamente hay que hacer una nueva definición y pasar del rubro por el que se paga a la empresa, al rubro cero. No se incrementa el gasto, todo lo contrario, si comparan los números, hasta el Estado sale ganando.
SEÑORA PRESIDENTA.- Han sido muy claros en el planteo. Les agradecemos la presencia y les decimos que lo vamos a discutir.
(Son las 18:41).