Source: http://otrochacoesposible.com.ar/posts/view.aspx?id=314
Timestamp: 2017-12-12 02:27:29
Document Index: 115176301

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 6', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 178', 'artículo 62', 'artículo 74', 'artículo 46', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 29', 'Artículo 38', 'artículo 75', 'Artículo 63', 'artículo 63', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 1', 'artículo 54', 'artículo 42', 'in fine', 'artículo 106']

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1- DERECHOS CIUDADANOS.
4- DERECHOS HUMANOS.
5- ASUNTOS MUNICIPLES.
6- TRABAJO Y PRODUCCIÓN.
7- TRANSPORTE PÚBLICO.
8- ECONOMÍA SOCIAL.
9- TRABAJO Y REMUNERACIÓN.
11- ASUNTOS CONSTITUCIONALES.
12- POLÍTICA TRIBUTARIA.
13- PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
14- MEMORIA HISTÓRICA.
15- CULTURA.
16- JORNADAS DE DEBATE.
Los derechos ciudadanos debieran propender a criterios de equidad y justicia social y la legislación provincial por su parte, apuntar a que esta se manifieste en favor de la justicia social y la solidaridad en el seno mismo de la comunidad, reconociendo que quienes han hecho de la acumulación económica un fin supremo, son hoy un obstáculo para el libre ejercicio de estos derechos.
La representación parlamentaria de los diferentes partidos políticos en la Legislatura debe velar por el acceso a la información de sus mandantes. Esta representación parlamentaria acciona, en diversas ocasiones como un dique entre la información que circula en los ámbitos del “Poder” y la información que recibe el “pueblo”, que se colectiviza a través de las declaraciones de los funcionarios y de los medios de prensa. Lamentablemente, muy a menudo, la información real difiere de la información que trasciende de los ámbitos del poder, a través de los medios de prensa y sus voceros.
Un instrumento habilitado en la labor legislativa es el Pedido de Informes por parte del diputado a las diversas áreas del Poder Ejecutivo, las que deben responder en un plazo perentorio a dichos requerimientos. Esto, en la actualidad no se cumple.
En el Proyecto de Ley N° 2606/06 se reclama al Poder Ejecutivo, para que por sí, o a través de sus ministros u organismo que corresponda, debe dar cumplimiento a los requerimientos de informes que desde el Cuerpo Legislativo o de una Comisión de la Cámara se formulen, en el marco del artículo 107, de la Constitución Provincial 1957-1994 y de la Ley Nº 664.
El plazo establecido por la norma reglamentaria del artículo constitucional, es de veinte (20) días hábiles posteriores a la recepción del requerimiento, pero en muchos casos los funcionarios o responsables de organismos del estado hacen caso omiso de la norma, aun a costa de ser intimados nuevamente por el Cuerpo.
La iniciativa obedece a la necesidad, de dar a conocer y recordar a los funcionarios de los cuales depende la respuesta a un requerimiento, de los términos y sanciones por inobservancia de la norma, la que se funda en la facultad de acceso a la información que ostenta la Cámara de Diputados o sus Comisiones.
Otra mora por parte del Gobierno del Sr. Roy Abelardo Nikisch es el de diferir la entrega del edificio donde funcionó la tenebrosa Brigada de Investigaciones de la Policía provincial. A través del Proyecto de Resolución N° 2938/06 se le solicitó al Poder Ejecutivo el inmediato cumplimiento –antes del próximo 13 de Diciembre- del artículo 6º de la Ley Nº 5582, procediendo a disponer la utilización del edificio previsto para el funcionamiento de la Comisión de la Memoria.
Sin menoscabo de cumplir con la ordenado por la Jueza Interviniente en el Expediente Nº 3111/06, que se tramita por ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 que requiere “procedan a adoptar los recaudos necesarios de conformidad a las normativas legales y constitucionales a fin de encontrar un inmueble adecuado dentro del radio del casco céntrico de la ciudad de Resistencia para el traslado de las Oficinas Centrales de la Administración Provincial del Agua que reúna similares características al que actualmente ocupan y que no vulnere los derechos de los trabajadores y de la comunidad.”
Los consumidores son un sector importante en la cadena de comercialización, el fin último, pero su heterogeneidad y su dispersión lo vuelven vulnerable ante la voracidad de parte de de las empresas de servicios públicos, muchas de ellas, en situación monopólica. El Proyecto de Ley N° 2389/06 pretende realizar un aporte en lo referido a la protección del derecho de los consumidores.
A través de esta herramienta, que se inspira en la Ley 1997 de la Ciudad de Buenos Aires, se pretende que los consumidores puedan llamar a un número telefónico, contactarse a una dirección electrónica o concurrir personalmente a un organismo del Estado en sus diferentes niveles y evacuar todas las dudas que se tenga al firmar un contrato de servicios o bien conocer los derechos que los mismos poseen ante un posible incumplimiento contractual de las empresas prestadoras de servicios.
El uso de la posición cuasi monopólica –y en algunos casos monopólicas, tergiversa la relación consumidor-prestador, debiendo el Estado intervenir para equilibrar –o al menos intentarlo- ésta relación. La difusión de espacios de defensa públicos es una forma de atenuar ésta relación que en ocasiones hace acordar a David y Goliat.
También las empresas públicas provinciales, cuando apelamos a la justicia social y a la solidaridad, deben prestar atención especial a aquellos sectores que se han visto fuera de la economía formal y encuentran serias y casi insalvables posibilidades de alcanzarla. A través de los Decretos 47/02 y 49/02 el Poder Ejecutivo Provincial implemento el Sistema de Bonos para Servicio Eléctrico y de Agua denominado AI´PO, por el cual se asistió a numerosas familias carenciadas de la Provincia.
Estos Bonos forman parte del Sistema Social Articulado Provincial AI´PO, el que tiene afectada partidas del Presupuesto Provincial para hacer frente al financiamiento de casi todos sus componentes.
Casi todos, porque en lo referente a los Bonos para servicio Eléctrico y de Agua - servicios públicos prestados por SAMEEP y SECHEEP -, la partida de gastos necesaria para subsidiar el consumo de familias carenciadas es afrontada por las mismas Empresas Públicas, trasladando la carga de una medida de gobierno al resultado económico de las prestadoras.
El incremento de tarifas y la situación financiera de las Empresas de Servicios Públicos fue puesto en el centro de la escena por el Gobierno Provincial en oportunidad de resistir una demanda de aumento salarial de los trabajadores.
Fue en esa oportunidad cuando tomó estado público que eran las Empresas las que financiaban el costo de los Bonos AI´PO de Agua y Luz.
En la situación actual donde el Estado ha mejorado su situación financiera, reflejada en los saldo de sus cuentas y en las perspectivas de ingresos, frente a Empresas afectadas económicamente por los aumentos de costos de los servicios que prestan, esta situación merece una urgente redefinición.
Pretendemos con este Proyecto de Ley N° 1480/06 que los 16.049 beneficiarios de los Bonos de Luz – 12,13% del total de los usuarios – y los 47.172 beneficiarios del Bono de Agua – 20,49% de los usuarios – continúen obteniendo este beneficio, pero que el mismo no sea al costo de un aumento de tarifas que perjudicará también a sectores de bajos ingresos, sino, a través del pago por parte del Gobierno Provincial con Rentas Generales.
Como todos los años en los que nos tocó ocupar un espacio de representación social y política en el seno de la Legislatura, la situación de la Educación Pública formo parte de una de las áreas donde mayor protagonismo se nos requirió. Esta acción se vio traducida, en parte, en los siguientes trabajos legislativos presentados durante el presente año:
Uno de los temas centrales de este año fue sin duda el Debate convocado por el Gobierno Nacional para elaborar una nueva Ley de Educación, decisión que compartimos y acompañamos desde la Legislatura con los siguientes proyectos: el Proyecto de Resolución N° 1479 a través del cual se convoca a las 1ras. Jornadas Legislativas de Debate hacia una nueva Ley de Educación Nacional.
Para acompañar desde esta Legislatura el Debate que en todo el país, se estaba dando con motivo de la Elaboración de una nueva Ley de Educación Nacional que derogue la nefasta Ley Federal.
En este mismo sentido se presento el Proyecto de Resolución N°2469 donde se plantea: solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la inmediata convocatoria a la realización de "Jornadas Institucionales por una nueva Ley de educación", en cada uno de los establecimientos educativos de la provincia, con la participación de toda la comunidad educativa, a los efectos de debatir el Anteproyecto de Ley de Educación Nacional.
Este proyecto se originó debido a que el Ministerio de Educación de la Provincia no genero estos espacios, sino por el contrario implementa decisiones políticas para evitar que ese debate se concrete, totalmente a contramano de lo que se plantea desde el gobierno Nacional.
En lo que respecta al conflicto educativo que vive nuestra Provincia, desde este Bloque hemos presentado el Proyecto de Resolución N° 2719 solicitando al Poder Ejecutivo que cumpla en forma inmediata la sentencia emanada de la Justicia Provincial que establece la devolución de los descuentos indebidos realizados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a los docentes de nuestra provincia por las medidas de fuerzas llevadas adelante y que asimismo se abstenga de seguir realizando descuentos a los docentes por el ejercicio del derecho de huelga.
Entendemos que es uno de los reclamos mas importantes que realizan los docentes, que se respete y se cumpla con las sentencias judiciales .
Sobre la situación de conflicto con el sector docente que vivió el Gobierno de la Provincia durante todo el año, debemos recordar también que otra de las causas es el incumplimiento por parte del Gobierno Provincial del Art. 83 de la Constitución Provincial. Sobre este tema desde el Bloque del Frente Grande se han presentado dos Proyectos de Ley el N° 1157/04 y el 418/05 para constituir el “Fondo Educativo Provincial”en el marco de lo que establece la Constitución, que siguen sin ser discutidos debido a la oposición del los legisladores de la Alianza .
Dos hechos importantes para destacar durante este año tienen que ver con la aprobación del Proyecto de Ley N° 1973/05 por el cual se declaro Patrimonio Cultural Viviente, al Conjunto Coral Toba Chelaalapí; estableciéndose que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Subsecretaría de Cultura, debe garantizar la investigación, preservación, salvaguarda, protección, promoción, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Cultural Viviente que se instituye por dicho proyecto, asegurando el trasvasamiento generacional en el aprendizaje de esta manifestación.
El Coro Chelaalapi (Bandada de Zorzales) fue creado en el año 1962 por la iniciativa de la Sra. Inés García de Márquez, en el ámbito de la Escuela del Barrio Toba de la Provincia del Chaco este grupo coral es el único coro aborigen reconocido oficialmente en la República Argentina.
Otro punto importante fue el debate y la sanción de la “Ley de Educación Sexual Integral”, debate en el cual participamos a partir del Proyecto de Ley N° 2186 que presentamos en 2005.
Al igual que años anteriores, la salud pública sufrió nuevamente el paulatino deterioro que viene soportando desde hace ya muchos años. Se puede concluir sin temor a equivocarnos, que estos últimos gobiernos no ven, ni siquiera de lejos la necesidad de optimizar los recursos de la salud pública en beneficio de la población chaqueña, que debe recurrir a ella. Esto solo se puede entender si lo vinculamos al mantenimiento por parte del gobierno, de la pérfida práctica clientelar ejercida por punteros y dirigentes políticos del oficialismo. El abandono de la salud también se entiende desde la misma lógica de las políticas indolentes y agresivas aplicadas por este gobierno, hacia el sector educativo y hacia los gremios docentes, con quienes aplican la política del avestruz y la difamación de los dirigentes.
Persiste en el área de salud, así como respecto a la educación o hacia la justicia, para quien el objetivo parece ser ponerla en caja, una lógica de dilación e imprudencia, diluyendo la búsqueda de consenso, de salida, a una crisis que mortifica y margina a la gran mayoría de los chaqueños.
Desde el Bloque Legislativo del Frente Grande se presentó el Proyecto de Ley N° 447/06 de adhesión a la Ley Nacional N° 25.929 que establece que las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con "el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto", incorporándose las mismas al Programa Médico Obligatorio y el Derecho de los Padres y de la Persona Recién Nacida.
En el convencimiento que el nacimiento tiene características muy especiales, claramente diferenciadas del resto de los procesos atendidos habitualmente en los servicios de salud, ya que, en primer lugar, es un proceso natural en el que, además de sus caracteres fisiológicos, entran en juego otros factores de no menor importancia, como son los psicológicos, afectivos y sociales.
Por ello, el nacimiento no puede contemplarse como un hecho aislado, sino que forma parte de un proceso continuo, que comienza con el embarazo e incluye el parto y la crianza del niño, proceso, éste, en el cual el protagonismo de los padres es fundamental. En este sentido, es necesario promover una mayor participación y protagonismo de las mujeres, y de la familia en su conjunto, en el parto, permitiéndoles ser acompañadas por una persona a su elección.
Este proyecto tiene por finalidad que todas las mujeres, especialmente las más humildes, reciban en ese especial momento de su vida un trato digno y respetuoso de sus costumbres y sentimientos, teniendo en cuenta que los primeros momentos de la vida son claves para la constitución del vínculo madre-hijo, fundamento para un desarrollo saludable.
En la misma dirección, el legislador del Frente Grande presentó el Proyecto de Ley N° 1050/06 cuyo objetivo es establecer la obligatoriedad por parte del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de realizar exámenes de aptitud psicofísica integral a niñas, niños y adolescentes que practican deportes a través de asociaciones civiles o entidades de promoción del deporte. Estos deberán ser gratuitos y deberán repetirse por lo menos cada semestre.
El Estado asegurará la gratuidad de todos los exámenes necesarios para la obtención del certificado de aptitud psicofísica a integrantes de equipos deportivos, los que deberán repetirse por lo menos cada semestre.
Una vez realizados los exámenes, registrados los estudios y observado la ausencia de inconvenientes tanto físico como psíquico, se otorgará el certificado de aptitud psicofísica deportiva, que tendrá una vigencia de seis (6) meses. Una vez transcurrido este lapso deberán reiterarse los exámenes y los estudios realizados previamente.
El certificado médico de aptitud física será requisito imprescindible e impostergable, para participar de todo evento deportivo infanto-juvenil, organizado por la Provincia a través de la Subsecretaría de Deporte y Turismo, ligas oficiales y por asociaciones civiles.
Ante la frecuente la aparición de accidentes cardiovasculares en este tipo de actividades deportivas y el incremento de la mortalidad en deportistas la prevención es la única herramienta eficaz para evitar accidentes. Con más razón respecto de las niñas, niños y adolescentes.
Otra iniciativa que pretende cubrir un vacío en la legislación fue el Proyecto de ley N° 1422/06 por el que se establece para el agente varón dependiente de la Administración Publica Provincial, comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley Nº 3.521, el derecho al goce de la Licencia Ordinaria por Maternidad o Gravidez, conforme lo determina el artículo 12 de la citada norma, en caso de fallecimiento de su cónyuge durante o posteriormente al parto, siempre que el hecho hubiere ocurrido como máximo dentro del período comprendido para el goce del permiso por lactancia.
Esta iniciativa tiene por objetivo llenar un vacío legal en lo referente a una situación tan fortuita como dolorosa, como es la muerte de la madre, durante el trabajo de parto o posteriormente a este, amparando de esta manera al menor en todo lo referido a su cuidado. Por ello, este proyecto, pretende extender al agente varón dependiente de la Administración Publica Provincial el derecho al goce de la Licencia Ordinaria por Maternidad o Gravidez, conforme lo determina el artículo 12 de la citada norma, en caso de fallecimiento de su cónyuge durante o posteriormente al parto.
El Proyecto de Ley N° 1598/06 tiene por objeto operativizar el derecho humano personalísimo de disponer sobre el cuidado del propio cuerpo para la realización de una intervención quirúrgica que limite, en forma transitoria o excluya en forma definitiva, la posibilidad de una persona de procrear. Concretamente, hablamos de autorizar la llamada “ligadura bilateral de las trompas de Falopio” o su resección en el caso de las mujeres, y la vasectomía u otra cirugía equivalente en el caso de los hombres.
Las ligaduras de trompas de Falopio y vasectomía son en la actualidad técnicas simples, eficaces y seguras cuya finalidad es solo impedir la fecundación y por lo tanto no son ABORTIVAS. Las ligaduras de trompas de Falopio consisten en una intervención quirúrgica que en la mayoría de los casos requiere hospitalización o internación muy breve y se puede realizar en cualquier momento de la vida reproductiva de una mujer mayor de edad, inclusive durante una cesárea. La ligadura y sección o colocación de un dispositivo mecánico que comprima la luz de estas trompas impedirá la movilización de los óvulos al útero y por consiguiente la fecundación.
La vasectomía se realiza seccionando o bloqueando los conductos deferentes, la ubicación de estos es muy franca de determinar y son muy accesibles por lo que prácticamente convierte a este procedimiento en una cirugía sencilla y prácticamente ambulatoria.
Entendemos pues, que se trata de garantizar los derechos reproductivos, del respeto de la libre opción de la maternidad y paternidad, de una planificación familiar responsable y voluntaria, del respeto y la equidad de género y del derecho al goce pleno de una vida sexual satisfactoria.
A través del Proyecto de Ley N° 2037/06 se propuso que toda mujer embarazada tiene derecho a realizarse el estudio para la detección de infección por Estreptococo Grupo B –E.G.B.-. A partir de la promulgación de la ley se determina la obligatoriedad de la prevención de la enfermedad invasiva por Estreptococo Grupo B en el recién nacido, a fin de disminuir la incidencia de infección de esta enfermedad y la consecuente disminución de los casos de muerte neonatal y la mortalidad asociada al E.G.B, estableciéndose el carácter obligatorio para todos los establecimientos públicos y privados de salud, de realizar el estudio a toda mujer embarazada entre la semana veintiocho (28) y la treinta y siete (37) de gestación.
El estreptococo grupo B es una bacteria que puede hallarse en el aparato digestivo de cualquier persona, aunque en la mujer a veces puede detectarse en la vagina y la vejiga urinaria. Si bien la ocurrencia de esta enfermedad es comparativamente pequeña, de 0,5 a 1,5 casos cada 1000 nacimientos, la misma da origen a varias infecciones severas en el neonato pudiendo poner en riesgo su vida, con una tasa de mortalidad del 20% en los bebés infectados.
Este año se cumplió el 30 aniversario de la más salvaje dictadura cívico-militar conocida en nuestro país, autodenominada “Proceso de reorganización Nacional”, y desde nuestro lugar quisimos hacer un aporte a la memoria y a la lucha que llevan adelante los organismos de derechos humanos por mantenerla viva. Es así que impulsamos un proyecto, convertido en ley Nº2506/06 que establece en forma obligatoria la inscripción en los documentos públicos de la provincia la leyenda “30 años de lucha por la verdad y la justicia”, y por medio del Proyecto de Resolución 2049/06, conmemoramos el 30 de agosto el día del detenido desaparecido.
También, adherimos a otros esfuerzos por mantener viva la memoria a través de iniciativas culturales como ser la instalación del Monumento a los caídos y desaparecidos en el Chaco en la Laguna Argüello, proyecto de resolución 2321/06. Asimismo, celebramos la reedición del informe elaborado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en 1979 denominado “Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la Argentina”, que desnudaba la realidad de los argentinos.
En este mismo sentido, hemos acompañado desde nuestro bloque legislativo, difundiéndola, la difícil tarea de recuperar la identidad de los cientos de bebés apropiados durante la última dictadura cívico militar llevada adelante por Abuelas de Plaza de Mayo. Celebramos cada vez que uno de estos niños, convertidos hoy en jóvenes, se reencontró con su verdadera –aunque dolorosa - historia de vida. Así impulsamos los proyectos de resolución 09/06, 1349/06,1673/06 y 2282/06, que expresan nuestra satisfacción por la recuperación de los nietos, que ya suman más de ochenta.
Como reconocimiento a la lucha de estas mujeres, de hacer realidad el derecho a la identidad de los niños nacidos durante el cautiverio de sus madres o secuestrados junto a sus padres por los usurpadores del gobierno democrático, se instauró por Ley Nacional 26001 el 22 de octubre de cada año, el “Día del Derecho a la Identidad”. Esta tarea no puede ser sólo preocupación y reclamo de las Abuelas de Plaza de Mayo, debe ser de toda la sociedad. Un pueblo se construye sobre la verdad y de ninguna manera el derecho a la identidad puede acotarse al campo de lo individual, es un derecho colectivo. Por ello impulsamos la adhesión a esta ley a través del Proyecto de Ley 730/06.
Lamentablemente, la etapa entre los años 1976 y 1983 fue una de la más negra de la historia y en la actualidad todavía hay hechos que pretenden revivir el terror de aquellos años. Así se suceden episodios de amenazas hacia los organismos de derechos humanos y los actores judiciales que valientemente investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Pero fue, quizás, la desaparición de Julio López, testigo en la causa que condenó al ex – Director General de Investigaciones de la Policía de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz, lo que más golpeó a los luchadores por la verdad y la justicia, convirtiéndose esto en la reafirmación de que el aparato represor aún se mantiene en nuestra sociedad. Por ello impulsamos los proyectos de resolución 2321/06, 2343/06, 344/06 y 409/06, expresando nuestro repudio y preocupación por estos actos y solidarizándonos con las víctimas.
Nuestro compromiso por lograr una reparación histórica con los damnificados directos de este proceso sangriento, que por medio del terror pretendió imponer un modelo de exclusión, llevó a que en años anteriores se presentara un proyecto convertido en ley 5452, por el que se solicita la re-incorporación, a la administración provincial, de los cesanteados por razones políticas durante la última dictadura militar. Este año presentamos el proyecto de ley 1400/06, ampliando este beneficio a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia cesanteados por el Decreto Provincial 420 del 1 de junio de 1976 o por otros instrumentos similares en su naturaleza.
En el entendimiento de que la reparación debe ser integral, presentamos el proyecto de ley 526/06, por el cual recibirán los beneficios de la obra social de la provincia las personas incluidas en el artículos 1º de la ley nacional 24403 y artículos 1º y 2º de la ley nacional 24411, y aquellos que acrediten fehacientemente haber sido restringidos en sus derechos civiles por razones políticas hasta el 10 de diciembre de 1983.
Es nuestra preocupación que estas reparaciones lleguen a todas las reparticiones del estado y a todas las jurisdicciones, por lo que presentamos un pedido de informe, que lleva el número 1270/06, a la Municipalidad de Resistencia para conocer si el municipio capitalino adhirió a las distintas leyes que permiten la reincorporación de los cesanteados durante la dictadura.
Queremos resaltar que todas esta iniciativas se inscriben en un contexto de acciones ciudadanas, de organizaciones de derechos humanos y del Poder Judicial tendientes a lograr el esclarecimiento de las responsabilidades civiles y militares. Es nuestro compromiso y participamos con agrado en la lucha cotidiana por obtener justicia y no dejaremos nuestra militancia hasta lograr este objetivo.
5- ASUNTOS MUNICIPALES
Desde la Comisión de Asuntos Municipales, que nos toca presidir, propiciamos la autonomía de los municipios y la transparencia en la gestión municipal.
El Proyecto de Resolución N°129/06 pretende obtener información respecto de los fondos obtenidos y remitos a los municipios durante los últimos 3 años (2003, 2004, 2005), en este sentido se expresaba que el artículo 178 de la Constitución de la Provincia del Chaco establece que “el Tribunal de Cuentas es el órgano de control externo del sector público provincial y municipal y de entidades privadas beneficiarias de aportes estatales” y que sus atribuciones son, entre otras, la de controlar el cumplimiento de la participación impositiva de los municipios prevista en el artículo 62 de la mencionada Constitución de la Provincia.
En el mismo sentido se presentó el Proyecto de Resolución N° 1208/06 cuyo objetivo es el de recabar información referida al contrato para el gerenciamiento tributario que une al Municipio de la Ciudad de Resistencia y la Empresa Relevamientos Catastrales S.A.”, máxime teniendo en cuenta los montos pecuniarios que se giraron en torno a dicho contrato de manera extraoficial y de los incumplimientos contractuales que notifican los organismos de control. Es sabido del profundo deterioro del erario municipal provocado por el contrato con esta empresa y de la preocupación de la comunidad de nuestra ciudad por esta cuestión.
Este informe, de ser contestado, permitiría evaluar el alcance de la herramienta de tercerización como experiencia –a nuestro juicio inoportuna- para otros Municipios.
A través del Proyecto de Resolución N°1271/06 se buscó información respecto del funcionamiento administrativo y organizacional de la Caja Municipal de Resistencia.
Este se realizo teniendo en cuenta la necesidad de entender las formas en que se toman las decisiones políticas y administrativas de esa entidad y si las mismas se corresponden con la normativa vigente.
A lo largo del año se han suscitado situaciones complejas en esta entidad que ha dado lugar a la preocupación de distintos sectores que se encuentran vinculadas de manera directa o indirecta con esta entidad financiera.
6- TRABAJO Y PRODUCCION
El Proyecto de Ley N° 1587/06 de Instauración del Día del Empleado Legislativo fue unánimemente aceptada por los trabajadores del Poder, para instituir el 6 de julio como día del trabajador legislativo en conmemoración a los que dieron su vida por la defensa de la instituciones de la democracia. Se pretende que las demás legislaturas provinciales y el Congreso Nacional adopten normas tendientes a instituir esta fecha a manera de unificar el sentido de la conmemoración.
Es así, que la Legislatura de Santa Cruz, sanciona el 18 de junio de 1985, la Ley Nº 1747, por la que instituye el día 6 de julio de cada año, como día del empleado legislativo en conmemoración de la fecha en que se celebrara en la ciudad de Salta, el Primer Congreso Nacional de empleados legislativos.
Asimismo, por Ley 3684, de la Provincia de San Luis, de fecha 24 de Octubre de 1975, por la que se sanciona el Estatuto de los Empleados Legislativos de esa provincia, se declara en su artículo 74, como día del Empleado Legislativo el seis (6) de julio de cada año, el que será no laborable para este personal.
Estos antecedentes, se incorporaron al presente proyecto, a manera de que sean tenidos en cuanta al momento de su análisis por la comisión respectiva.
No menos importante resulta la petición realizada por la Unión de Empleados Legislativos, en la persona de su Secretario General, a través del Expediente Nº 451/06, por la que solicita la institución de este día por ley.
El Proyecto de Ley N° 2380/06 de adhesión a la ley Nacional de desarrollo del ganado caprino ha pretendido la adhesión por parte de nuestra provincia a la ley Nacional 26141 de Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina y tiene por objeto establecer el correlato provincial para la adecuación y modernización de los sistemas productivos en un marco sostenible en el tiempo, mediante la incorporación de tecnologías apropiadas que aumenten la eficiencia y favorezcan la conservación de los recursos naturales, permitiendo de esta manera el incremento de las fuentes de trabajo y consolidando la radicación de la familia en el medio rural.
Su objetivo central es lograr una producción caprina sustentable con vista al autoconsumo y comercialización nacional y/o internacional, ya sea de animales en pie, carne, cuero, fibra, leche, semen y embriones, en forma primaria o industrializada favoreciendo el desarrollo de las micro regiones de nuestra provincia donde esta actividad es importante.
La adhesión de la presente norma a la Ley 26141 tendrá un impacto social relevante, teniendo en cuenta que en nuestra provincia el productor caprino generalmente es una pequeña unidad productiva y su actividad constituye el medio de vida de numerosas familias.
7- TRANSPORTE PUBLICO
El acuerdo al que arribaron los representantes de la Estación Terminal de Ómnibus de Resistencia (E.T.O.), para el área metropolitana, que incluye los municipios de Fontana y Barranqueras y los representantes de las empresas de corta y media distancia para el transporte público de pasajeros y las autoridades municipales de Resistencia, lejos de solucionar el conflicto suscitado por la decisión judicial de levantar la parada intermedia que funcionada en la intersección de la Avenida Hernandarias y calle Julio A. Roca, impuso la necesidad de presentar el Proyecto de Ley que lleva el N°148/06, por cuanto un gran números de chaqueños procedentes de distintos puntos del interior de nuestro territorio, justamente el más empobrecido y desamparado, viene sufriendo las consecuencias de un servicio que resulta, ya de antes, inseguro, retrasado, costoso e incómodo, situación que se agravo con la solución arribada.
Esta claro que la situación no es sencilla y corresponde agudizar los sentidos para beneficiar a quien corresponde en primer lugar en un estado de derecho: el ciudadano.
En ese sentido es tarea también de autoridades provinciales y municipales de la ciudad de Resistencia conjuntamente con los representantes de sector privado empresarial en conflicto, sobre la base del diálogo y sin resignar de sus legítimos derechos e intereses en juego, arribar a un acuerdo definitivo que beneficie también a los usuarios - clientes de este servicio.
El Proyecto de ley N° 2314/06 crea el Área Metropolitana del transporte, alternativo a la propuesta del oficialismo.
Tiene como objetivo establecer una normativa alternativa a la presentada por el Poder Ejecutivo Provincial en lo que hace a la creación del Área Metropolitana del Transporte de Pasajeros.
Desde nuestro bloque planteamos la necesidad de discutir maduramente la forma en que esta nueva jurisdicción se constituiría sin pasar por alto la Constitución de la Provincia del Chaco y la Carta orgánica de la Ciudad de Resistencia, sobre todo cuando del proyecto original se desprendía un avance sobre la autonomía municipal y no se contemplan los derechos de los usuarios del servicio ni de los trabajadores del sector, los cuales se encuentran expresamente consagrados en el Art. 47 y 54 de nuestra Carta Magna.
La iniciativa de constitución de una Autoridad Metropolitana de Transporte no debe estar condicionada a que los Municipios resignen facultades o se creen grandes negocios para unos pocos. Es razonable que quien conduce el Municipio de la Ciudad de Resistencia se abrace a la idea de la tabla salvadora de la Provincia, pues ha demostrado su ineptitud para resolver la cuestión. Pero un proyecto de la envergadura que se ha planteado debe levantar la cabeza por sobre estos intereses y mirar el horizonte: la mitad de los habitantes de la Provincia involucrados en una formula para los próximos 10 años y cuyo resultado es impredecible con el marco normativo propuesto.
Es por ello que desde nuestro bloque propusimos: a) Incorporar a esta ley todo el sistema de transporte del área metropolitana incluido el trazado de la empresa SEFECHA en el área metropolitana. b) La incorporación en el CONSEJO DEL TRANSPORTE DEL AREA METROPOLITANA (COTAM) de un lugar para cada uno de los municipios del área metropolitana así como también un lugar para los usuarios y trabajadores elegidos en forma directa por sus representados. c) Otorgarle al COTAM la categoría de ente autárquico con plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del Derecho Público y Privado estando su patrimonio constituido por los bienes que la provincia del Chaco y los Municipios le transfieran. d) Establecer una clara forma de distribución de los excedentes presupuestarios que se podrían generar en el futuro. e) Para evitar el avance sobre las autonomías municipales establecemos que la Provincia como los municipios podrán vetar las resoluciones del Consejo cuando consideren que vulneran las potestades que mantienen sobre sus jurisdicciones así mismo los municipios podrán ejercer el poder de policía en su respectiva jurisdicción o establecer convenios de colaboración en la materia. f) En lo que hace a las facultades, solo incorporamos a las demás la posibilidad de establecer un sistema de cobertura contra siniestros y accidentes para el área metropolitana que sirva de reaseguro a los usuarios del transporte automotor. g) A diferencia del proyecto original proponemos que la autoridad ejecutiva de las Resoluciones del COTAM sea un Directorio que a tal efecto se designe a pluralidad de votos integrado por 3 (tres) miembros del Consejo el que será presidido por el Director General de Transporte de la Provincia o por quien el designe. h) En lo que concierne a la participación de los distintos sectores, creamos el sistema de participación comunitaria y sectorial que servirá para debatir las resoluciones del COTAM que afecten los intereses de las partes intervinientes. i) Creemos necesario que la ley establezca expresamente que las empresas prestadoras mantendrán las concesiones y permisos precarios de hasta su correspondiente finalización. j) Proponemos que el marco normativo de las licitaciones garantice: La participación de empresas locales tal lo prevé la ley 4713; Evitar la configuración de monopolios y oligopolios tal lo expresa el artículo 46 de la Constitución de la Provincia del Chaco; y el mantenimiento irrestricto de las fuentes de trabajo del sector del transporte. k) Por ultimo sostenemos que para que esta ley pueda regir, debe primero concretarse la adhesión de todas las jurisdicciones que integran el COTAM.
8- ECONOMIA SOCIAL
No fue menos importante la labor parlamentaria en lo referido a ECONOMÍA SOCIAL, siendo esta temática una preocupación constante, más teniendo en cuenta que la economía social en todas sus formas debe ser la base para el desarrollo socio económico de una provincia tan postergada como la nuestra.
Ejemplo de ello es el Proyecto de Resolución Nº 1.680/06 donde se reitera el requerimiento efectuado por la Resolución Nº 685/2006 begin_of_the_skype_highlighting 685/2006 end_of_the_skype_highlighting por el que se solicitó al Poder Ejecutivo Provincial informe acerca de la Entidad Bancaria en donde se encuentran depositados los fondos remitidos por la Nación de acuerdo a la Ley Nº 23.427 y al artículo 3 de la Ley Nº 3.384 indicando número de cuenta; movimientos de fondos de la cuenta a que se hace referencia en inciso anterior desde el año 1995 y saldo actual y asistencias, préstamos y/o subsidios otorgados desde el año 2.000 a la fecha, indicando beneficiarios, destino e importes asignados y el detalle mensual de los recursos recibidos del Gobierno Nacional desde el año 1995 a la fecha.
La citada Ley Nacional Nº 23.427 y la Ley Provincial Nº 3.384 de adhesión, crea un fondo donde sus recursos deber ser invertidos en educación y promoción cooperativa y que lamentablemente la contestación por parte del Gobierno Provincial a través del expediente Nº 465/06 no contempla lo solicitado en varios puntos de la resolución antes mencionada.
Otro ejemplo es el Proyecto de Ley Nº 1.726, de adhesión de la Provincia del Chaco a la Ley Nacional Nº 26.117 de promoción del microcrédito para el desarrollo de la economía social con el fin de estimular el desarrollo integral de personas de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad social que desarrollen emprendimientos de tipo asociativo que colaboran en el cumplimiento de las políticas sociales. Esta iniciativa ha sido aprobada en sesión del 20/12/2006.
Es dable destacar el Proyecto de Resolución Nº 1.941/06 que declaró de interés provincial y educativo el Primer Encuentro Provincial de Empresas y Fábricas Recuperadas y Autogestionadas que se desarrolló el pasado 6 de septiembre de 2006 en las instalaciones de la Cooperativa de Trabajo y Consumo "La Prensa", editora de El DIARIO DE LA REGIÓN de la ciudad de Resistencia y que contó en el cierre con la actuación del cantautor Horacio “Negro” Fontova. Un proyecto de vital importancia para las diversas formas de asociativismo económico es el Proyecto de Ley 2.225/06 que crea el INSTITUTO CHAQUEÑO DE ECONOMIAS SOCIALES (I.Cha.E.S.) como entidad autárquica y con independencia funcional y que tiene por finalidad fortalecer y ampliar el contexto de trabajo y promoción de la actual Dirección de Cooperativas y Mutualidades de nuestra Provincia, creando al efecto un Instituto que centralice todo lo atinente a las entidades vinculada a la economía social, creando con ello una herramienta fundamental para el desarrollo de estas clases de entidades.
9- TRABAJO Y REMUNERACION
Otros de los ejes de la labor legislativa fue todo lo atinente a CONDICIONES DE TRABAJO Y REMUNERACIÓN, teniendo en cuenta la importancia de bregar por escenarios de trabajo y sueldos dignos y justos que coadyuven a niveles de vida decorosos para el desarrollo socio económico del trabajador y su familia.
Una muestra que corrobora lo anteriormente dicho es el Proyecto de Ley Nº 1.290/06, proyecto que tiene por objeto la eliminación de toda forma de violencia laboral (maltrato psíquico y social; maltrato físico; discriminación; acoso sexual; inequidad salarial) en el ámbito de la Administración Pública Provincial, el tratamiento de sus consecuencias y la discusión de la temática en todos los niveles de decisión.
El Proyecto de Ley Nº 2.103/06, por su parte, establece condiciones para los anticipos de haberes, préstamos y financiaciones cuya cobranza total o parcial utilice el régimen de deducciones sobre los haberes de los agentes activos del Sector Público Provincial y pasivos cuyos haberes se encuentran a cargo del In.S.S.Se.P. protegiendo de abusos y estableciendo como referencia una tasa de interés testigo para los créditos al consumo para los trabajadores del estado provincial.
Debe mencionarse la presentación del Proyecto de Ley Nº 2.466/06 que establece que el Poder Ejecutivo dictará los decretos que fueren necesarios para incorporar como agentes de planta permanente dentro del ámbito definido por el artículo 7 de la Ley Nº 4.787, a los beneficiarios del Programa Jefes y Jefas de Hogar que se encuentren cumpliendo funciones en dependencias de la Administración Pública Provincial, con una antigüedad mínima de un (1) año, al 30 de Septiembre de 2006, siendo dicho proyecto de cabal justicia social y en consonancia con lo establecido por la Constitución de la Provincia del Chaco, artículo 29, inciso 2, 2º párrafo: “A igual trabajo corresponde igual retribución.”.
Otra muestra que creemos que aporta a la justicia social es el Proyecto de Ley Nº 2.653/06 que modifica la Ley Nº 5.495, impulsando un incremento a $ 800 de la prestación remunerativa para ex empleados del Banco del Chaco S.E.M. Dentro de esta misma tónica encontramos el Proyecto de Ley Nº 2.654/06 que también promueve un incremento de la prestación social remunerativa para los ex empleados retirados por los bonos BOCEP a $ 800.
El Proyecto de Ley Nº 705/06 crea el Programa Provincial de Apoyo para acceder a la Jubilación promovida por la Ley Nacional Nº 25.994, cuyos objetivos y acciones será brindar información y asistencia en materia previsional a las personas que están en condiciones de jubilarse y asistir económica y financieramente a aquellas que tramiten y obtengan el beneficio jubilatorio, de tal modo que puedan efectivamente percibir el mismo, promoviendo el mismo la distribución justa de la riqueza.
El Proyecto de Ley Nº 3097/06 propone incluir Beneficiarios Leyes 5495 y 5496 alcances del Dto. 2152/06 por el que establece una ayuda extraordinaria de $ 100 al personal comprendido en las Leyes 1276 -de facto- y 1134. Esta iniciativa ha sido aprobada en sesión del 20 de diciembre de2006.
La creciente depredación de los bosques chaqueños pusieron durante este año 2006 en el centro de la escena política de la provincia las constantes e irregulares adjudicaciones de tierras fiscales por parte de las autoridades del Instituto de Colonización y la salvaje deforestación por parte de quienes llegan a la provincia con el único fin de obtener rápida rentabilidad a través del cultivo de la soja transgénica y la comercialización de nuestros recursos madereros en otras latitudes, despojando al Chaco de la materia prima sin incluirle valor agregado en nuestro suelo.
El lamentable estado de nuestros ríos, contaminados por los desechos industriales y la falta de conciencia ambiental de algunos pobladores ribereños han ido incorporando conciencia ambiental en miles de chaqueños que comienzan a darse cuenta que el daño al medio ambiente, los afecta directamente he hipoteca el futuro de nuestras próximas generaciones.
Desde el Frente Grande se presentó el Proyecto Ley N° 2313/06 adhiriendo a la Provincia del Chaco a la Ley Nacional Nº 24.605, que declara "Día Nacional de la Conciencia Ambiental" el 27 de septiembre de cada año en memoria de las personas fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993.
En los fundamentos del proyecto se hace mención al Artículo 38 de la Constitución Provincial:” Todos los habitantes de la Provincia tienen el derecho inalienable a vivir en un ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano, y a participar en las decisiones y gestiones públicas para preservarlo, así como el deber de conservarlo y defenderlo”.
“Es deber de los poderes públicos dictar normas que aseguren básicamente:
3) El resguardo de la biodiversidad ambiental, la protección y el control de bancos y reservas genéticas de especies vegetales y animales.
Toda persona está legitimada para accionar ante autoridad jurisdiccional o administrativa en defensa y protección de los intereses ambientales y ecológicos reconocidos, explícita o implícitamente, por esta Constitución y por las leyes.”
El cuidado del medio ambiente es una de las responsabilidades primarias de todos los habitantes del mundo. La conmemoración de este día debe ayudar a concienciar sobre la importancia del cuidado del planeta, para nosotros y para las generaciones venideras.
A través del Proyecto de Ley N° 2855/06 se propuso ratificar el Decreto Provincial Nº 1341, de fecha 11 de agosto de 2006, por el que se establece la Suspensión del Otorgamiento de Permisos de Desmonte.
Esta iniciativa pretende que se prohíba a los propietarios de tierras que posean bosques nativos, por si o por terceros, el desmonte o la explotación comercial de los mismos, hasta que finalice el Ordenamiento Territorial de la Provincia en un todo de acuerdo a lo estipulado en la presente.
La finalidad es promover el debate legislativo respecto de la situación del monte chaqueño y la necesidad de tomar medidas drásticas que modifiquen el sentido de la política –de derecho, pero también de hecho- actual del Poder Ejecutivo Provincial.
Sabemos que el estado del debate todavía es incipiente, y que se requiere madurar en la sociedad una conciencia mas profunda en cuanto a que la tierra, el agua y el monte son creadores de vida, no solo meros recursos productivos. Los pueblos originarios nos han marcado el camino y la sociedad –aún en el capitalismo mas salvaje- debe saber que se está suicidando con el actual modelo de producción y consumo.
La gravedad que ha adquirido la desertificación, sobre todo en nuestra provincia es alarmante y debería traducirse en acciones y actitudes de cambio en los ciudadanos y por supuesto del gobierno. El desarrollo económico si se lo limita a la producción forestal y se lo pone en un lugar antagónico o en guerra al Medio Ambiente estamos acabados, desbastados, perdidos, hasta podría decirse descerebrados.
Es vergonzoso como el discurso imperante habla del bosque solamente cuando se hace referencia madera, leña, fauna sin tener en cuenta lo valiosísimo de la capacidad de los bosques de ser grandes reguladores del clima, depuradores de la atmósfera y protectores de las cuencas al absorber el agua de lluvia, evitando inundaciones o liberándola en tiempo de sequía. El enfoque del bosque como una materia prima, olvidando los roles mas importantes es un lenguaje falaz que distorsiona la realidad.
La explotación de la madera dejó de ser sustentable, porque se violó la armonía en los ciclos naturales de las distintas especies. Sobretodo el patrimonio forestal es de todos, no de unos pocos que masacraron el bosque chaqueño. La degradación de los ecosistemas en las distintas regiones fueron diversas; en nuestra provincia el principal problema sería la sobreexplotación selectiva de maderas duras, la extracción de leña y carbón, expansión de la frontera agropecuaria, venta de tierra pública con irregularidades gravísimas, expulsión de comunidades de indígenas y pequeños y medianos productores campesinos. Con una política forestal extractiva, de tipo minera no planificada, no planificada y sin criterio conservacionista sin una mínima conciencia forestal: ES IMPERATIVO TRABAJAR EN UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA UNA EXPLOTACION SUSTENTABLE EN EL TIEMPO CON UN ADECUADO ESTUDIO AMBIENTAL.
No se puede negar la desgarradora realidad del impenetrable chaqueño, los desmontes, quemazones, chacras abandonadas sin laboreos, animales muertos, poco agua y contaminada por animales muertos, paleocauces secos, aprovechamientos ilegales, clandestinos, desproporcionados e insustentables, situación critica de pobladores aborígenes y campesinos. En este momento todo se recrudece por la terrible sequía de la que son víctimas. Urge que los poderes del Estado, pensando en el bien común asuman la responsabilidad que le compete en el tema a cada uno. Urge parar las quemazones para eliminar restos de las topadas con que se depreda el monte nativo, tala de especies como algarrobo, quebracho blanco, colorado y santiagueño, topados indiscriminados que destruyen el ecosistema chaqueño (última reserva del Norte Argentino).
El instrumento que se ratifica tiene por objetivo asegurar la subsistencia y continuidad del remanente sobreviviente de nuestros bosques. Suspende el otorgamiento de permisos para desmontar por lo tanto el aprovechamiento sigue vigente con el permiso previo existente. Todos deberíamos defenderlo sobre todo los productores porque es para que no desaparezca el monte como fuente de recursos.
Por otra parte, se propone un esquema con la finalidad de financiar la reconversión de las actuales pequeñas explotaciones forestales. En este sentido asignamos en este proyecto recursos para la reconversión, en tanto sabemos que de sancionarse la presente tendría efectos negativos respecto trabajadores y las pequeñas explotaciones forestales. Por ello se propone un sistema destinado a paliar sus efectos mediante la creación de un fondo destinado a ese fin asignando recursos con esa finalidad por el término de un año a partir de la vigencia de la misma.
Es así que, por un lado estamos convencidos que la situación de los bosques nativos en nuestra provincia es critica y al mismo tiempo entendemos que implementar medidas destinas a revertir esta situación necesariamente generara inconvenientes, sobre todos a los sectores mas vulnerables del sector como ser los trabajadores y a los pequeños productores forestales.
A los fines de esta ley, se entienden por "Bosque Nativo" a las formaciones vegetales arbóreas naturales, establecidas sin el concurso del hombre, que se componen de una o más especies y que se encuentren ubicadas en tierras públicas o privadas.
El Ordenamiento Territorial de la Provincia propuesto deberá realizarse con el objetivo de garantizar el uso sustentable de la tierra, el agua y los bosques nativos y cuyo uso no perjudique la calidad de vida de la población, el patrimonio natural y cultural, la conservación de la biodiversidad ni afecte el equilibrio de los ecosistemas.
Se propone además la conformación de una Comisión integrada con dos representantes del Poder Ejecutivo, dos representantes de organizaciones no gubernamentales vinculados a la temática ambiental, dos representantes de asociaciones u organizaciones indígenas, dos representantes de la Legislatura Provincial, dos representantes del Instituto del Aborigen Chaqueño y un representante por cada una de las siguientes instituciones: INTA, Facultad Agronomía de la UNNE y Facultad de Agroindustrias. Las deliberaciones y el funcionamiento de la Comisión serán de participación abierta a ciudadanos interesados. La Comisión deberá tener por objetivo principal llevar adelante el Ordenamiento Territorial de la Provincia, darle el marco y contenido y sus conclusiones formarán parte del marco normativo.
Asimismo propone la creación de un Fondo que tendrá como objetivo la reconversión de la actividad forestal con criterios de sustentabilidad ambiental y dar asistencia económica y social a los trabajadores del sector y a las pequeñas explotaciones que se encuentren en vulnerabilidad social como consecuencia de la suspensión en el otorgamiento de los permisos de desmonte.
A través del Proyecto de Resolución N° 2856/06 se propuso declarar de Interés Provincial y Legislativo el documento ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS, LA ALTERNATIVA PARA SALVAR LOS BOSQUES EN LA ARGENTINA, elaborado por Greenpace Argentina.
Dicho documento emitido por Greenpeace Argentina, constituye un aporte para el debate sobre el futuro del bosque en nuestro país. En ese sentido, el documento bajo análisis es orientador y profundiza seriamente sobre la situación actual y profundiza un enfoque jurídico que seguramente será de utilidad en el marco ejecutivo y legislativo de nuestro país y de nuestra Provincia.
Otro conflicto que pone en contradicción los intereses económicos de las industrias contaminantes y la comunidad local y circundante, así como con otras industrias locales es el caso de la pastera Bosnia y desde el Bloque del Frente Grande se propició la ratificación de la “Declaración de Gualeguaychú”.
El pasado 5 de mayo de 2006 el Presidente de la Nación y representantes de 19 Provincias suscribieron la DECLARACIÓN DE GUALEGUAYCHU en un acto de vital relevancia que no distinguió partidos políticos ni sectores sociales. A través del Proyecto de Resolución N° 860/06 se propuso declarar de Interés Legislativo la convocatoria realizada en la ciudad de Gualeguaychu, donde se reunieron convocados por el Presidente de la Nación, Gobernadores, Intendentes y Legisladores del todo el país con la finalidad de expresar el rechazo a la construcción de dos plantas de celulosa en la República Oriental del Uruguay.
A través de la declaración, los gobernadores presentes en el acto que se celebró en Gualeguaychú en defensa del medio ambiente acordaron una serie de medidas tendientes a reafirmar el compromiso de profundizar la implementación de políticas tendientes a proteger el medio ambiente. Además, manifestaron su acompañamiento a la presentación del gobierno nacional contra las pasteras ante la Corte Internacional de La Haya y solicitaron “promover el trabajo mancomunado de las provincias y la Nación”.
El Presidente Kirchner al firmar con los gobernadores el acta en la que la preservación del ecosistema quedó explicitada como "política de Estado", instó a los países desarrollados a "respetar el medio ambiente" y a "no transferir empresas contaminantes al mundo en desarrollo". "Latinoamérica valora el derecho a la vida como un bien supremo y debe hacerse cargo de la lucha para que los países centrales no nos parcelen en función de sus intereses, aprovechando nuestras carencias y evadiendo las responsabilidades que tienen con la degradación del medio ambiente".
En ese documento el Poder Ejecutivo debe convocar en el término de 30 (treinta) días de promulgada la Ley a los sectores sociales y políticos que compartan los términos de la Declaración de Gualeguaychú a conformar un espacio social y político en defensa del medio ambiente que establecerá un programa de cumplimiento de la Declaración.
En los fundamentos de la Declaración se sostiene que el desarrollo ambiental y el cuidado de su calidad, resultan cuestiones claramente vinculadas a la naturaleza misma de los derechos del hombre.
Nuestra misma Constitución Nacional reconoce el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. En ese mismo sentido, la República Argentina como miembro de la comunidad internacional, ha suscripto diversas declaraciones, tratados y convenios, con igual inteligencia, internamente ha adoptado los Objetivos de Desarrollo del Milenio, construyendo a partir de 2003, con la participación de las provincias, la sociedad civil y el sector privado, la Agenda Ambiental Nacional.
Que con fundamento en tales principios y ante una clara trasgresión al Tratado del río Uruguay suscripto por nuestro país y la República Oriental del Uruguay en 1975, consiste en la instalación autorizada de dos plantas industriales productoras de planta celulosa, el Gobierno Nacional, ha promovido acciones jurisdiccionales ante la Corte Internacional de Justicia en pos de garantizar la protección integral de nuestro medio ambiente y de nuestro desarrollo sostenible.
El ambiente es patrimonio común de la sociedad y que de él depende la calidad de vida y las posibilidades presentes y futuras para el desarrollo del país.
La devastación de la naturaleza y la contaminación ambiental suelen ser el resultado, en la mayor parte de los casos, de la exacerbación de modelos económicos que, en procura de la obtención de mayores utilidades, desatienden y vulneran los recursos ambientales de los que se vale el ciudadano para poder crecer en un contexto sano y saludable.
El Estado tiene el deber de proveer a la protección del derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y para ello se torna imprescindible la coordinación entre los distintos niveles gubernamentales. La comunidad internacional incorporó el paradigma del desarrollo sostenible, comprometiéndose a promover la integración de sus tres componentes: el crecimiento económico, la equidad social y la protección del ambiente; en consecuencia, el tema ambiental es uno de los elementos centrales en la consideración de las cuestiones que determinan de manera directa nuestro bienestar general. Nuestro país detenta un importante patrimonio natural que constituye una ventaja competitiva, y no debe ser puesto en riesgo por modelos económicos que provocan daño ambiental e inequidad social; es nuestra responsabilidad con las generaciones presentes y futuras, evitar acciones que representen la continuidad de modelos que, erróneamente, contraponen el crecimiento económico a la protección ambiental.
La Declaración de Gualeguaychú propone acompañar el reclamo argentino ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el que se denuncia la violación al Estatuto del Río Uruguay como consecuencia de la autorización dada por el Superior Gobierno de la República Oriental del Uruguay para la radicación de dos empresas industriales productoras de pasta de celulosa en la localidad de Fray Bentos, Estado de Río Negro, República Oriental del Uruguay; alcanzar el desarrollo sostenible constituye en la República Argentina una política de Estado.
Las Provincias y la Nación trabajarán mancomunadamente para asegurar la plena operatividad de este propósito, a través de políticas integrales, que incorporen adecuadamente las dimensiones ambientales, sociales y económicas. La agenda ambiental estará incorporada en las políticas sectoriales de todos los niveles de gobierno.
Optimizar el uso de instrumentos tales como: el ordenamiento del territorio, la evaluación de impacto ambiental, los sistemas de control y monitoreo, la educación ambiental, el sistema de diagnóstico e información ambiental, la participación ciudadana y el régimen económico de promoción del desarrollo sostenible.
Pero la declaración suscripta en Gualeguaychú es amplia, mucho más amplia que la cuestión de las pasteras sobre el Río Uruguay. A tal nivel que sólo el primero de sus 7 puntos se refiere a ellas. El legado de la lucha de la sociedad civil para todos los argentinos abarca además los 6 puntos restantes, donde se trazan líneas de acción para una nueva política ambiental.
Ratificar por Ley lo resuelto en Gualeguaychú es otorgarle una demostración de mayor compromiso del Chaco con aquel acuerdo.
11- ASUNTOS CONSTITUCIONALES
A través del Proyecto de Ley N° 2101/06 se ratifica la propiedad de los recursos gasíferos existentes en la jurisdicción de la Provincia del Chaco, como pertenencia exclusiva y excluyente del estado provincial. La prestación del servicio de distribución domiciliaria por redes y la del gas envasado en todas sus formas y su transporte, compete al Estado Provincial conforme a los artículos 41 y 52 de la Constitución Provincial 1957-1994.
El proyecto propone que la provincia del Chaco ratifique y reivindique para sí el poder concedente del servicio público de transporte y producción de gas, los cuales estarán a cargo de empresas estatales o cooperativas. Por lo que es obligatoria su intervención y participación en los procesos de concesión o transferencia a la Provincia de la explotación de las instalaciones y redes troncales, principales y domiciliarias existentes o a instalarse en su territorio. Se garantizará el acceso igualitario de todos los habitantes de la Provincia al servicio, la participación real y efectiva de los municipios, cooperativas de servicios públicos y usuarios, en la planificación, ejecución y manejo del recurso. El fin es lograr el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los habitantes y la preservación del medio ambiente. La Provincia protegerá, favorecerá y estimulará la investigación y exploración de reservas gasíferas dentro de su jurisdicción.
Mediante el Proyecto de Resolución N° 2106/06 se pide informe al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de la Ley 5565.
La Ley 5565, promulgada el 04/07/2005, establece la adhesión a la Ley nacional 25.607, que establece la realización de una campaña de difusión de los derechos de los pueblos indígenas contenidos en el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Asimismo ordena la confección de un digesto normativo que contendrá la Resolución 169 de la OIT, la Constitución Provincial y las normas vinculadas a los derechos de la comunidad aborigen, todo ello en un marco de participación con la propia comunidad, sectores sociales y organizaciones representativas vinculadas a los pueblos indígenas y el propio Instituto del Aborigen Chaqueño.
La información obrante en nuestro ámbito indica que, a mas de un año de su sanción, nada se habría realizado a los efectos del cumplimiento de la mencionada Ley por parte de la Autoridad de Aplicación, que de acuerdo a la Ley es el Ministerio de Gobierno.
El Proyecto de Ley N° 401/06 obligaría a que las negociaciones que lleve adelante el Poder Ejecutivo relacionadas con operaciones de crédito público y que en consecuencia requieran el tramité del Artículo 63 de la Constitución Provincial deberán realizarse con participación del Poder Legislativo, a través de la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto.
El primer párrafo del artículo 63 de la Constitución Provincial le da a la Cámara de Diputados un protagonismo especial en cuanto a su participación en materia de crédito público. El Constituyente, atendiendo a lo delicado de la cuestión, estableció en materia de crédito público los siguientes requisitos: 1-La operación debe ser previamente autorizada por ley. 2-La ley debe ser aprobada por una mayoría especial de dos tercios. 3-La norma además debe indicar en forma concreta el objetivo de la operación y los recursos afectados para su servicio.
El trámite dado en los últimos años a las operaciones de crédito público ha restado la importancia que la Constitución Provincial le otorga a la Legislatura. Se ha instaurado un mecanismo mediante el cual, salvo honrosas excepciones, el Poder Ejecutivo tramita operaciones de crédito público, las rubrica mediante un convenio con el oferente del crédito o con el acreedor en caso de refinanciaciones, y remite el convenio para su ratificación o rechazo por la Legislatura.
Éste trámite le quita toda la esencia a la participación de la Cámara de Diputados, esencia que con la presente iniciativa se pretende recuperar.
El Proyecto de Resolución N° 2004/06 expresa su acompañamiento a la sanción y promulgación de la Ley Nacional Nº 26134 que deja sin efecto el carácter secreto o reservado de toda ley que haya sido sancionada con tal condición, la publicación de las mismas dentro de 60 días, la prohibición del dictado de leyes de carácter secreto o reservado y deroga asimismo la ley 18.032 y el decreto ley 5315/1956 begin_of_the_skype_highlighting 5315/1956 end_of_the_skype_highlighting, dictados durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y que permitió la distribución de fondos reservados.
La sanción y promulgación de esta ley significa, ni más ni menos, dejar atrás la constante violación de la Constitución Nacional en lo referido a la publicación de todas las leyes que tutelan la vida institucional de nuestra Nación.
12- POLITICA TRIBUTARIA
El Proyecto de Ley N° 1117/06 plantea la creación del “Régimen Simplificado del Impuesto a los Ingresos Brutos”, el cual busca amortiguar los efectos negativos de este impuesto al simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales para los pequeños contribuyentes, a los que clasifica según la categoría del Monotributo y determina una cuota mensual para cancelar la obligación material del IIB y del adicional de la Ley 3565 de Consorcios Camineros.
El monto propuesto para cumplir con la obligación mensual depende de la alícuota de la actividad y de la categoría de Monotributo en la que se encuentre el contribuyente, pero para todos los casos contiene una implícita baja en el impuesto, lo que de alguna manera disminuye la regresividad del mismo, ya que quienes menos tienen pagarían menos.
El Proyecto de Ley N° 1981/06 tiene por finalidad adecuar alícuotas del impuesto a los ingresos brutos de la actividad financiera incorporando a nuestra Provincia a una tendencia nacional en materia del mencionado impuesto.
En ese sentido, la iniciativa que aquí se fundamenta es complementaria del proyecto de ley 29/02 que incursiona la cuestión de los seguros, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, los peajes, los juegos de azar y la compraventa de bonos. Asimismo el esquema se completaría totalmente al adecuar –hacia abajo- la alícuota general del impuesto llevándola al 2,5%, propuesta que se ha expresado en la iniciativa 1642/05 que también se encuentra en análisis de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
Concretamente se propone incrementar las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos a una tasa del 5,5 de las siguientes actividades: a) financieras, tanto realizadas por entidades reguladas por la ley nacional y las que no se encuadran en dicho tipo; b) casas de empeño que anticipen dinero; y c) empresas dedicadas a la compra de órdenes de compra.
Ambas iniciativas han sido aprobadas en sesión del día 20 de Diciembre por unanimidad.
El Proyecto de Ley N° 2237/06 tiene por finalidad hacer compatible las prestaciones sociales establecidas por Leyes 5495 y 5496 –ex empleados del Banco del Chaco SEM y personal retirado por BOCEP, respectivamente- con las pensiones establecidas por Ley 4569 para ex combatientes de la guerra de Malvinas, en un todo de acuerdo con lo que estableció el Artículo 7º de ésta última Ley.
En general, el criterio respecto de los beneficios a ex combatientes, tanto del orden nacional como provincial, es el de no establecer incompatibilidades entre si y con otros beneficios sociales y/o previsionales así como con la percepción de remuneraciones.
Obviamente, al momento de sancionar las leyes 4596 no se previeron estas dos prestaciones y podría ser suficiente con una interpretación amplia por parte del poder administrador del mencionado Artículo 7º. Pero no fue así, por ello solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Por su parte el Proyecto de Ley N° 329/06 propone la constitución de fondos fiduciarios como herramienta financiera que tiene su origen en el ámbito privado. Su incorporación en el sector publico, se realiza a partir de la sanción de la ley 24.441. Como todo instrumento financiero, debe ser utilizada para la finalidad adecuada, en el momento oportuno y los controles correspondientes, para evitar su desnaturalización y proliferación desordenada e inorgánica.
Pero la maleabilidad de la herramienta y determinadas ventajas que atrae la afectación de un patrimonio, fundamentalmente en el ámbito del sector público, puede traer aparejado la tentación de administrar este instrumento con objetivos meramente de elusión de pautas de control, de transparencia y administración que en el ámbito de los fondos públicos no deben soslayarse.
Para poner coto a eventuales utilizaciones y asegurar que su uso tenga buena finalidad, se propone en la presente que los fideicomisos que se constituyan con fondos y/o bienes públicos deberán desarrollar sus operaciones de obras públicas, compras y contrataciones de servicios sin apartarse de la normativa general que rijan esas operaciones en su ámbito. Se propone establecer el Artículo 1º una pauta general luego adecuar la ley de obras públicas 4990 y la ley 5005 que crea y establece el marco normativo de Fiduciaria del norte SA.
El proyecto de ley N° 778/06 tiene por objeto adecuar el Código Tributario en lo que respecta al Fondo para Salud Pública, incorporando como remuneraciones exentas de aportes del personal y aporte patronal las exentas en el régimen previsional de los trabajadores en relación de dependencia de la actividad privada.
El régimen actual alcanza con la contribución mencionada a todas las remuneraciones, estableciendo una base de cálculo diferencial respecto del conjunto de aportes y contribuciones del régimen previsional y del régimen de obras sociales.
13- PARTICIPACION CIUDADANA
La existencia de una Escuela de Gobierno constituye una oportunidad para la formación y capacitación de ciudadanos de todas partes de la Provincia y a la vez un aporte a la propia democracia, que pide una reforma política más que necesaria, y una clase de dirigentes sociales honesta y con el objetivo de trabajar para el crecimiento del país, y la correcta representación política. Se entiende que por esto es necesario incorporar en la sociedad elementos que permitan un conocimiento de los grandes problemas del Estado y de la sociedad, del gobierno y de las instituciones.
La Escuela de Gobierno representa un espacio común que permite a los representantes de los partidos políticos, gremios, empresas e integrantes del tercer sector, construir, desde un lugar en el que no existen disputas de poder, una clase dirigente capacitada y responsable, dotada de habilidades para el diálogo y la concertación social, que contribuya al mejoramiento de una democracia pluralista y garantice una gobernabilidad sustentable. Una clase de dirigentes sociales honesta y con el objetivo de trabajar para el crecimiento de la patria, dará como resultado una correcta representación política. Se entiende que por esto es necesario incorporar en la sociedad elementos que permitan un conocimiento de los grandes problemas del Estado y de la sociedad, del gobierno y de las instituciones.
En ese marco se propone el Proyecto de Ley N° 1380 con destino no sólo a los que “hacen política” en términos tradicionales, sino también a quienes la hacen en la verdadera acepción de la palabra: todos los niveles de dirigencia y la sociedad en general.
El Proyecto de Ley N° 1962 tiene por finalidad establecer como mecanismo obligatorio previo a producir cualquier variación tarifaria por parte de las Empresas del Estado la convocatoria a audiencias públicas.
La audiencia pública es un mecanismo de información propiciado por la Administración Pública, para que los ciudadanos conozcan sobre la gestión y los resultados de la formulación, ejecución y evaluación de políticas y recursos asignados para el cumplimiento de la misión de la Entidad. Este mecanismo facilita el control social, la deliberación pública y la participación en la definición de asuntos de interés público.
En nuestra Provincia, a través de la Ley 4654, se regula el procedimiento para convocar a audiencias públicas, aunque su convocatoria es una facultad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Por su parte, el Proyecto de Ley N° 2537 instituye la Comisión de Regularización del Control Público de la Provincia del Chaco, la que tendrá como principal objetivo buscar la regularización del sistema de control de las cuentas públicas del Estado Provincial.
La situación real de las cuentas públicas es algo que debe involucrar a todos los niveles del Estado y a los ciudadanos y ciudadanas. La Cámara de Diputados no debe permanecer ajena a la precaria situación de registración y control que se evidencia, entre otras cosas, en la cuenta del ejercicio. El Contador General de la Provincia advierte reiteradamente que el sistema de controles –enfatiza principalmente sobre el control interno, su ámbito de actuación- se encuentra esterilizado por no aplicación de la normativa vigente. Advierte, además, que existe un vacío de procedimientos tendiente a determinar, en forma ágil y expeditiva, la responsabilidad patrimonial de los agentes públicos. El Tribunal de Cuentas también pone a la luz
A través del Proyecto de Ley N° 2607 se propone promover el uso de programas (software) libres en los sistemas y equipamientos informáticos del Sector Público Provincial.
Independencia y economía son las dos razones principales sobre las cuales asentamos nuestra iniciativa. Entendemos indispensable garantizar la independencia del Estado Provincial de proveedores que en muchos casos en condiciones monopólicas comercializan sus productos y el mantenimiento, pudiendo disponer de la información sensible del Estado Provincial por su sola condición de proveedores. Sistemas que permitan la persistencia de los datos públicos y cuya evolución pueda ser garantizada a partir del acceso al código fuente. Sistemas que disminuyan la dependencia tecnológica y en consecuencia las decisiones unilaterales de proveedores en cuanto a términos, plazos y precios.
La economía de costo, hija dilecta de la independencia previamente citada. El programa no sólo tiene un precio de licencia, sino también su costo de operarlo, ajustarlo, mantenerlo. El software libre disminuye sensiblemente esos costos, los trasparenta.
Con fecha 15/08/2006 el Tribunal de Cuentas de la Provincia remite bajo el número de expediente 653 del registro de ésta Cámara de Diputados convenios suscriptos con organismos nacionales de control para la integración a la RED FEDERAL DE CONTROL PUBLICO, cuya finalidad es establecer un régimen de coordinación y cooperación técnica sobre control gubernamental de los fondos que la Nación transfiere con afectación específica a Provincia y Municipios, así como de los fondos de coparticipación que la Nación gira a cada una de las Provincias.
El Tribunal de Cuentas propone su ratificación a través de una Ley, propuesta que es adoptada por éste Legislador a través del Proyecto de Ley N° 2682 para su tratamiento legislativo considerando que la constitución de la red seguramente redundará en una mejor administración de los fondos públicos.
Mediante los Proyectos de Ley N°s. 866 y 867 éste Diputado planteó modificar los artículos 8º, de las Leyes 1307 y 10º de la Ley 2499, dejando librado el mecanismo de elección de los representes de usuarios y trabajadores en el Directorio de las Empresas Públicas, al dictado de legislación especial que defina los mismos.
Estos proyectos constituyen una propuesta de creación del mecanismo de elección del representante de los Usuarios en el Directorio de las Empresas de Servicios Públicos, tal como lo define el artículo 54 de la Constitución Provincial
La característica fundamental del mecanismo propuesto, consiste el la “Elección por voto directo de los usuarios, garantizando así la representatividad del mismo.
De esta manera estamos haciendo un aporte al debate, instalando este tema en las Comisiones Legislativas, buscando que desde la Cámara de Diputados se dicte la normativa necesaria para concretar la integración del Directorio de las Empresas prestadoras de Servicios Públicos y dar cumplimiento así a la Constitución Provincial.
Con la presentación del Proyecto de ley N° 959/06 se propone crear La Comisión de Investigación Parlamentaria sobre la Tierra Pública. La Constitución Provincial (1957 – 1994), expresa claramente en su artículo 42:
El régimen de división o adjudicación de la tierra pública será establecido por ley, con sujeción a planes de colonización, con fines de fomento, desarrollo y producción que prevean:
La distribución por unidades económicas de tipo familiar, de acuerdo con su calidad y destino.
La explotación directa y racional por el adjudicatario.
La entrega y adjudicación preferencial a los aborígenes, ocupantes, pequeños productores y su descendencia; grupos de organización cooperativa y entidades intermedias sin fines de lucro.
La seguridad del crédito oficial con destino a la vivienda y a la producción, el asesoramiento y la asistencia técnica.
El trámite preferencial y sumario para el otorgamiento de los títulos, o el resguardo de derecho, una vez cumplidas las exigencias legales por parte de los adjudicatarios.
La reversión a favor de la Provincia, por vía de expropiación, en caso de incumplimiento de los fines de la propiedad, a cuyo efecto la ley declarará de interés social la tierra adjudicada, o la disolución del contrato, en su caso.”
La misma Carta Magna, establece la facultad de la Cámara de Diputados (artículo 106), de “… designar comisiones con fines de fiscalización o investigación en cualquier dependencia centralizada o descentralizada de la administración provincial y es libre el acceso de los diputados a la información de los actos y procedimientos administrativos, con obligación de los jefes de reparticiones de facilitar el examen y verificación de los libros y documentos que les fueren requeridos”.
La Legislatura debe receptar la demandas sociales, más aún si ellas denuncian violaciones a derechos constitucionales. Desde hace varias décadas y hasta la fecha, vienen sucediéndose innumerables denuncias desde Organizaciones No Gubernamentales: Sociales, Políticas, Aborígenes, Gremiales, etc ; muchas de ellas traducidas en presentaciones judiciales con relación al manejo arbitrario en el destino de la tierra pública y de la violación sistemática a la ley 2913(Régimen de Tierras Fiscales).
Las reiteradas denuncias públicas, no son atendidas y resueltas desde las instituciones de nuestro sistema democrático en el que todas convergen en un mismo criterio de hermética incertidumbre generando un profundo descreimiento al sistema democrático. Por todo esto que creemos necesario la Creación de esta Comisión y la búsqueda de la verdad y la justicia con respecto a este tema que afecta al conjunto de la sociedad Chaqueña.
14- MEMORIA HISTÓRICA
Estamos convencidos en la necesidad de avanzar hacia una sociedad más justa, de mayor equidad y donde la solidaridad vuelva a ser un valor común entre todos nosotros. Consideramos imprescindible la vigencia de una democracia cada día más plena y donde todos debiéramos ser custodios de los derechos humanos, de su vigencia, de su defensa.
Desde allí entendemos den la importancia de memoria histórica, en cuanto experiencia social que debe ser conservada y valorizada como resultado de procesos pasados que nos permiten proyectarnos hacia este presente de extraordinarias contradicciones y en dirección ( en eso estamos ) a un futuro de mayor equidad, que contenga sobre todo, a quienes fueron marginados y aplastados por las últimas políticas económicas, y hoy, se organizan para integrarse y participar como ciudadanos con plenos derechos.
A través de diferentes Proyectos de Resolución conmemoramos, con pesar, el 30 aniversario de la Masacre de San Patricio, en la que un grupo de tareas de la dictadura militar asesinó a tres sacerdotes y dos seminaristas de la comunidad palotina de San Patricio. A través del mismo instrumento legislativo evocamos a Kosteki y Santillán, recordamos los aniversarios de FORJA y del Bombardeo de Plaza de Mayo. Recordamos a Alfredo Bravo, a Arturo Jauretche, Agustín Tosco, Haroldo Conti, al Padre Mujica, etc.
A través del Proyecto de Resolución N° 403 – recordamos a Carlos Zamudio, trabajador de la educación, Auxiliar Docente en el Colegio Nacional “José M. Paz” de la ciudad de Resistencia, del cual también fuera alumno, asesinado el 13 de Diciembre de 1976 en la Masacre de Margarita Belén .-
Propusimos declarar de Interés Legislativo las actividades recordatorias en el trigésimo aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 organizadas por jóvenes de Pie del Chaco, MTD Evita y Agrupación Hijos.
Propusimos evocar el 29º Aniversario de la Carta Abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, publicada el 24 de marzo de 1977, en ocasión de conmemorarse el 1º Aniversario del Golpe de Estado.
Declaramos de Interés Legislativo Provincial al “Ciclo de Cine por la Memoria para Jóvenes Estudiantes”, que se llevara a cabo el día viernes 13 de octubre de 2006, en las instalaciones de la Escuela de Nivel Secundario Nº 75.
Del mismo modo lo hicimos con la Charla Debate sobre “TERRORISMO DE ESTADO - DELITOS DE LESA HUMANIDAD - IMPRESCRIPTIBILIDAD”, que contara con la disertación de Procurador Fiscal General del Fuero Federal, Dr. Jorge AUAT y el Especialista en derecho Penal y DD HH, Dr. Mario Federico BOSCH y se realizara en el Salón Auditorio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Chaco.
A través del Proyecto de Resolución n° 2388 propusimos declarar de Interés Provincial y Cultural, el Acto Homenaje "Semana del Che", organizado por la Casa de la Amistad Argentino Cubana, en conmemoración del 39º aniversario de la desaparición física de Ernesto “Che” Guevara de la Serna.
Recordamos el fallecimiento del Dr. John William Cooke, ocurrido el 19 de Septiembre de 1968, quien fuera Diputado Nacional y referente del pensamiento nacional y popular. El fallecimiento de Susana Valle, la Noche de los lápices, el Aniversario del golpe de 1955, conmemoramos el Centenario del nacimiento del Historiador y doctrinario del Pensamiento Nacional Dr. José María Rosa, cumplido el 20 de agosto de 2006.
A través del Proyecto de Resolución N° 1777, conmemoramos el Aniversario del Mural de Margarita Belén, el trigésimo Aniversario del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli. Evocamos el fallecimiento del dirigente sindical de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y fundador del Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA) Germán Abdala, quien dejó de existir el 13 de Julio de 1993.
Evocar un nuevo aniversario del fallecimiento del historiador argentino Rodolfo Puiggros, quien fuera uno de los más destacados intelectuales del campo nacional y popular, ocurrido el 12 de noviembre de 1980, en la ciudad de la Habana, Cuba.
Adherimos al acto programado en homenaje a Secundino “Taco” Vallejos, hijo de Villa Berthet, militante desaparecido y al Dr. Hugo Rogelio Vocouber, abogado y dirigente sindical de las Ligas Agrarias del Chaco como víctimas del terrorismo de Estado instaurado en el país a partir del 24 de marzo de 1976, realizado en el marco de las celebraciones y actividades previstas por el 75 Aniversario de la Fundación de Villa Berthet.
Reivindicamos la actitud valiente del Dr. Elías Slimel, que durante la dictadura militar instaurada en el país a partir del 24 de marzo de 1976, en su carácter de presidente del Colegio Médico Gremial de Resistencia, lo llevó a visitar a los médicos detenidos, averiguar el paraderos de los que se encontraban desaparecidos y llevar tranquilidad a las familias afectadas.
Con motivo de cumplirse el 30º Aniversario de la Masacre de Margarita Belén adherimos a cada una de las actividades programadas y propusimos instrumentar todos los mecanismos necesarios para mantener viva la memoria, reclamar inmediata justicia, hechos que revalorizarán nuestra democracia.
Las actividades culturales que se desarrollan en el ámbito de nuestra provincia aportan a nuestra identidad, a nuestro desarrollo como sociedad y promueven diferentes capacidades y talentos a quienes, desde esta representación legislativa hemos tratado de apoyar.
Mediante el Proyecto de Resolución N° 2148 hemos declarado de Interés Legislativo la muestra Clic”, autoría del plástico Pablo Martín Latorre Scozarro, realizada desde 29 de septiembre al 29 de octubre del corriente año, en las instalaciones del Taller de Artes Visuales dependiente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional del Nordeste
A través de los Proyectos de Resolución 2097 y 2098 se declararon de Interés legislativo la presentación de los Libros “Voces del alma” y “Sol del Norte” de autores chaqueños.
El Proyecto de Resolución N°1801 declara de Interés Provincial la película que cuenta la historia de lucha de los trabajadores de EL DIARIO DE LA REGION y el proceso de recuperación de su fuente de trabajo.
El Proyecto de Resolución N° 960 declara de Interés Legislativo Provincial Educativo y Cultural al Taller de Cerámica A. S. I. ( Arte, Salud e Integración ), cuyo objetivo constituye el desarrollo de procesos de integración para personas con dificultades de reinserción en la comunidad y El taller va a los barrios, destinado a despertar el interés en distintas manifestaciones artísticas de niños, adolescentes y adultos de villas y barrios de Resistencia, que desde la Casa Taller LA FABRIL, se editaran a partir del presente año.
Desde el Proyecto de Resolución N° 523 se declaró de Interés la revista chaqueña “Cuna” y del N° 399 se destacó a “la semana del cine cubano”
Mediante el Proyecto de Resolución N° 2044 se declaró de Interés Legislativo el “VIII Festival Nacional de Cine y video documental” . Desde el Frente Grande se colaboró en el “Premio del Público”.
Desde el Proyecto de Resolución N° 1670 se apoyó a la presentación del libro “nosotras presas políticas”
A través del Proyecto de Resolución N° 2857 se declaró de Interés Legislativo Provincial y Cultural el festival “Levántate contra la Pobreza”, que se realizó el 10 de diciembre del 2006, en el Paseo de los Artesanos de la Ciudad de Resistencia y fue organizado en la provincia del Chaco por la RED MERCOSUR. Este festival se enmarca en la campaña mundial “Llamado contra las causas de la pobreza” basada en la Declaración del Milenio, de la ONU, que propone la erradicación de la pobreza para el año 2015 .-
Se declaró de Interés Legislativo, Cultural y Artístico, a través del Proyecto de Resolución N° 2645 a las actividades que se desarrollaron el domingo 29 de octubre, en la Pérgola “Ángel Greco” de la Plaza 25 de mayo de 1.810, al celebrarse ese día “el Festivalito N° 100” por parte de los artesanos de la Pérgola.
A través del Proyecto de Resolución N° 2581 se declaró de Interés Educativo y Cultural el libro de poemas “TIERRA ARISCA” del autor Catalino “El Gaucho” Insaurralde. Desde nuestro Bloque legislativo se acompañó la presentación realizada el 10 de noviembre de 2006 en el Museo del Hombre Chaqueño “Ertivio Acosta”.
También se declaró de Interés Legislativo Provincial, Cultural y Artístico ( Proyecto de Resolución N° 2563 ) la movida cultural de arte y urbanismo “Resistencia no duerme”, que se realizó del 26 de octubre al 28 de octubre del 2006, en distintos lugares de la ciudad de Resistencia, incluyendo al Pub “Elsa one”, el CECUAL, el Centro Cultural Nordeste, el GUIDO MIRANDA, la Plaza 25 de Mayo, el Pub “La Rea”, el “MUBA”, Museo de Medios, el Espacio de Arte de Radio Libertad, el Espacio de Lotería Chaqueña, el Centro “Leopoldo Marechal”, el “Club del Vino” y el Parque de las Esculturas. Estos eventos fueron organizados por un núcleo de profesionales y la Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Chaco.
16- JORNADAS DE DEBATE
Los hechos de violencia producidos el jueves 5 de enero de 2006, durante el desalojo de los vecinos que ocuparon las casas del Barrio 218 Viviendas, de la localidad de Puerto Vilelas, fue noticia nacional, por su brutalidad, por el trato inhumano dado a esos ciudadanos, en su mayoría mujeres y niños.
Desde este Bloque Legislativo, al cumplirse tres meses de aquellos hechos, acompañamos a los vecinos en la realización ( Proyecto de Resolución Nº 485/06) de una "Jornada de Testimonios y Reflexión sobre los hechos acontecidos en el desalojo del Barrio 218 Viviendas de Puerto Vilelas”, que se realizó el 5 de abril del corriente año, en el Recinto de la Cámara de Diputados, con la participación de vecinos desalojados. En esta ocasión se proyectó un video que contenía las imágenes de estos sucesos.
En el marco de la conmemoración del Día del Trabajador, el 1º de mayo, se organizó una "Jornada de Descanso Dominical”, realizada el 26 de abril del corriente año, en el Recinto de la Cámara de Diputados “Escribano Deolindo Felipe Bittel”. Los objetivos de esta Jornada, inspirada a partir del Proyecto de Resolución N° 706/06 apuntan a producir un debate tan necesario en estos tiempos, sobre uno de los tantos derechos laborales conculcados a los trabajadores.
Un gran número de familias pertenecientes a los pueblos originarios en la provincia, acamparon durante el 2005 en la Plaza 25 de Mayo de 1810, de nuestra ciudad, en reclamo del efectivo reconocimiento y cumplimiento a derechos consagrados constitucionalmente y por leyes reglamentarias.
El reclamo adquiere un rostro extremadamente urgente, por cuanto un gran número de mujeres, niños y ancianos pertenecientes a las etnias toba, wichí y mocoví, permanecen en el lugar en un estado total de abandono e indefensión.
Estas imágenes fueron captadas, entre otros, por el fotógrafo Raúl POSTILLONE, de nuestra ciudad, quien a través de una muestra, intentó poner en evidencia la resistencia y la lucha que llevan adelante estos pueblos que se niegan a desaparecer.
Por tal motivo presentamos el Proyecto de Resolución N° 1990/06 y organizamos la Muestra Fotográfica “Crónicas de una condena”, que se exhibió el jueves 17 y viernes 18 de agosto de 2006, en la Plaza 25 de Mayo de 1810.
En ocasión de un nuevo Aniversario del golpe anticonstitucional que derrocó al General Juan Domingo Perón el 16 de septiembre de 1955, se organizó la proyección la proyección de la película “Maten a Perón”, del Director Fernando Musante, el jueves 14 de septiembre a las 19 hs. en el Recinto de la Cámara de Diputados “Escribano Deolindo F. Bittel”. La misma fue presentada por el Dr. Carlos A. Díaz abogado que iniciara una acción resarcitoria a favor de victimas y herederos de las víctimas del bombardeo a Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955.
La iniciativa fue presentada a través del Proyecto de Resolución Nº 2149/06.
En el marco de Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA, se organizó La Jornada de Información, Reflexión y Prevención del VIH - SIDA, que se desarrolló entre el 30 de octubre y el 1º de diciembre del corriente año en nuestra provincia, y comprendió una serie de acciones y actividades, como charlas – debate, proyección de películas, radio abierta, talleres, barrileteada, intervenciones artísticas callejeras, etc..
Los objetivos de este evento, expresado en el Proyecto de Resolución Nº 2672/06 consistían en debatir como impacta la pandemia del VIH –SIDA en la región, los recursos que son destinados por la provincia para la prevención y control de este mal y como generar espacios de discusión e información en el tema.
Esta Jornada fue organizada por este Bloque, juntamente con la Asociación Civil Convivir, la Iglesia Evangélica Luterana Unida, la FTV del Chaco, el Programa Nacional Juana Azurduy, el Movimiento Barrios de Pié, UTRE CETERA CHACO, la Cruz Roja Argentina Filial Resistencia, el Programa Tertulia en Libertad de la Radio Facundo Quiroga y la Bioquímica Mariana Cancián.
También, desde el Bloque Legislativo se impulsó a través del Proyecto de Resolución N° 2946/06 declarando de Interés Legislativo Provincial las JORNADAS DE REFLEXIÓN Y DEBATE “SEMANA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”, que se celebraron en la ciudad de Resistencia del 20 al 25 de noviembre de 2006, en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y de los 10 años del PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCCION Y ASISTENCIA INTEGRAL A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.
En los últimos tiempos la sociedad argentina y la internacional asisten a un profundo proceso de reconocimiento y valoración de la mujer como persona humana, razón por la cual la temática se inscribe de pleno derecho como temática de "interés provincial".
A partir de esta premisa, en las Jornadas de Reflexión y Debate “SEMANA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”, se abordaron las cuestiones pendientes sobre el papel de los poderes del Estado y el papel de la educación en las escuelas y su relación con la sociedad en la que se inserta, así como cuales son los medios y las formas concretas en que estos inciden en los distintos grupos de la sociedad y su relación con otras formas y estructuras sociales particulares.
Desde una perspectiva científica e interdisciplinaria, “ahora se reconoce que el orden simbólico de género es reproducido y producido en gran medida a partir de la escuela, siguiéndola en el orden la estructuración de las fuerzas de seguridad y después la estructuración de la forma de trabajo y relaciones de producción”, todo ello en el marco del congelamiento o desarrollo -según los casos- de las normativas vigentes o las que se promuevan a favor del género. Es necesario por ende, reflexionar y debatir sobre las distintas maneras en las que el orden establecido que promueve el sistema de poderes en general y el educativo en particular, afecta de manera específica y singular a las mujeres y, por tanto, apostar entre todos, a construir una sociedad equitativa, que torne digna la convivencia, mediante el respeto, la igualdad de oportunidades y el desarrollo pleno e integral de cada persona.
Este evento fue organizado por las siguientes entidades de carácter social: Mujeres en Movimiento, Fundación para las Amas de Casa, Asociación Civil Construyendo Esperanza y Programa Nacional Juana Azurduy.