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Timestamp: 2017-10-20 10:55:12
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Matched Legal Cases: ['Artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 17', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 17']

María Santos Villarreal: junio 2017
Publicado en versión resumida en Altavoz México: ver aquí.
El día 29 de mayo del presente año, se aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal para el estado de Nuevo León (CPENL) en la que se modifica el artículo relativo a las justificantes de la comisión de delitos.
Los delitos, de acuerdo con la teoría pentatónica, son conductas típicas, antijurídicas, culpables y punibles. En otras palabras, un delito es una acción que encuadra en una disposición normativa de la legislación penal, que es contraria a Derecho, que es imputable a la persona que la cometió por haberse podido conducir en forma distinta en el caso concreto y, por último, que está sancionada penalmente por el Estado.
Tomando como base esta definición, las causas de justificación de los delitos son excluyentes del elemento de antijuridicidad, es decir, una justificante hace que la conducta típica, culpable y punible no sea antijurídica y, por lo tanto, al no reunir los cinco elementos, no puede ser considerada como delito. Se considera que las justificantes hacen que la conducta no sea antijurídica porque el sujeto no pudo conducirse en forma distinta (conforme a Derecho) en el caso concreto.
El numeral 17 del CPENL establece cuáles son causas de justificación, entre las cuales se encuentra la legítima defensa:
Artículo 17.- Son causas de justificación:
I.- Obrar en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho consignado en la ley;
II.- Contravenir lo dispuesto en una ley penal, dejando de hacer lo que manda, por un impedimiento (sic) legítimo;
iii.- Obrar el acusado en defensa de su persona, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, y de la cual resulte un peligro inminente, a no ser que se pruebe que intervino alguna de las circunstancias siguientes:
Primera: que el agredido provocó la agresión, dando causa inmediata y suficiente para ella.
Segunda: que previó la agresión y pudo fácilmente evitarla por otros medios legales.
Tercera: que no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa; y
Cuarta: que el daño que iba a causar el agresor, era fácilmente reparable después por medios legales o era notoriamente de poca importancia comparado con el que causó la defensa.
Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto de aquel que rechazare al agresor, en el momento mismo de estarse verificando el escalamiento o fractura de los cercados, paredes, o entrada de su casa o departamento habitado, o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor.
Igual presunción favorecerá al que causare cualquier daño a un extraño a quien encontrare dentro de su hogar; en la casa en que se encuentra su familia, aun cuando no sea su hogar habitual; en un hogar ajeno que aquel tenga obligación de defender; en el local en que aquel tenga sus bienes, o donde se encuentren bienes ajenos que tenga obligación legal de defender, y el intruso ejerza violencia sobre las personas o sobre las cosas que en tales sitios se hallen. [1]
Ahora bien, en el artículo 20 del mismo ordenamiento, se establece como delito (culposo) el exceso en la legítima defensa y se le da una pena no menor a la sexta parte de la mínima ni mayor a la mitad de la máxima. No obstante, no se regula en qué consiste este delito, es decir, no se establecen los elementos constitutivos del mismo.
Para dar un poco de luz a esta falta de certeza sobre en qué consiste el delito de exceso en legítima defensa, vale la pena echarle un ojo al engrose de una sentencia de amparo directo que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace 60 años, en la que se establece que, conforme a la legislación mexicana, “se considera que hay exceso en la defensa y el mal que se causa, se convierte en delito de culpa, para los efectos de la penalidad aplicable: 1o. Cuando no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa; 2o. Cuando el daño que iba a causar el agresor era fácilmente reparable después por medios legales, o era notoriamente de poca importancia comparado con el que causó la defensa. Dicho exceso es grave o leve, y para calificarlo deberá tomarse en consideración, no sólo el hecho material, sino también el grado de agitación y de sobresalto del agredido; la hora, sitio y lugar de la agresión; la edad, sexo, constitución física y demás circunstancias del agresor y del agredido; el número de los que atacaron y de los que se defendieron, y las armas empleadas en el ataque y en la defensa”.[2]
Es claro, de conformidad con el artículo 17 del CPENL vigente, que la legítima defensa ya está reconocida, incluso con sus excepciones, por lo que no es cierto aquello que se ha repetido recientemente en diversos medios de que se acaba de reconocer la figura. Lo que sí es verdad es que acaba de aprobarse, como se mencionó anteriormente, una reforma a la legislación penal del estado que amplía este concepto. Sin embargo, la reforma aún no ha terminado todo el proceso legislativo: falta que el titular del Gobierno del estado la sancione y la promulgue, así como que el Director del Periódico Oficial del estado la publique; bien podría el Gobernador vetar la reforma y ahí quedó. Es importante aclarar que el hecho de que se haya aprobado por unanimidad en el Congreso no hace que la reforma ya sea derecho vigente.
Esta reforma aprobada comenzó su proceso legislativo el día 8 de noviembre de 2016, cuando el Diputado Local Marcos Mendoza Vázquez, integrante de la bancada del PAN, presentó la iniciativa con proyecto de decreto.
En la exposición de motivos[3] de esta iniciativa se detalló que los mismos radican en la creciente inseguridad que se vive en Nuevo León, principalmente respecto de robos y homicidios. Cabe citarse: “Lo más preocupante para los vecinos [del sur de Monterrey] y que seguramente es extensivo en todo el [e]stado, es que alguien irrumpa en su domicilio o negocio para cometer un delito y puedan sufrir lesiones, perder la libertad o aun peor, su vida o la de sus familiares y seres queridos[…]” ¡Pero claro! Y para eso está el Estado (con mayúscula): para dotar de seguridad a la ciudadanía. “[L]a preocupación no solo es por lo que acabo de mencionar si no por la impotencia y el miedo de no poder actuar como piensan es lo correcto[…]” ¿Y cómo es eso? “[…]para defender a su familia y sus vidas ya que en ese momento aun y cuando ellos piensan que actúan bajo el supuesto de legitima (sic) defensa muchos ciudadanos manifiestan desconocer las leyes, el alcance y consecuencias de las mismas en caso de defenderse contra el agresor y causarle alguna lesión[…]” ¿Entonces el problema no es la legislación como está, sino que la gente no la conoce?
La breve exposición de motivos continúa: “[L]a presunción de legítima defensa limita a ‘al que causare calquier (sic) daño’ sin mencionar ‘lesiones u homicidio’, esto quiere decir que si alguien irrumpe en tu hogar donde se encuentra tu familia y el intruso ejerce violencia sobre tu persona o las personas que se encuentren dentro del hogar y al defender a tu persona o a las personas le causes algún tipo de lesión leves o graves o inclusive pierda la vida accidentalmente por algún golpe en el forcejeo, no estas (sic) jurídicamente protegido por el presente artículo.”
La interpretación de la ley vigente que hace el legislador es imprecisa, ya que “cualquier daño” sí incluye lesiones, siempre y cuando sean proporcionales, por supuesto; lo de “homicidio” es debatible, ya que si el sujeto activo estaba intentando privar de la vida al sujeto pasivo (tentativa) y éste, tratando de proteger su vida, termina por privar de la suya al activo, podría argumentarse legítima defensa.
En este sentido, se considera que, con el texto vigente, no está “desprotegida” la ciudadanía ante la delincuencia; sí tiene la facultad de ejercer legítima defensa. El problema que indubitablemente tiene la legislación actual, es que no es clara o lo suficientemente exhaustiva o completa como para dar certeza jurídica a la ciudadanía en cuanto a hasta qué punto es legítima defensa y en qué momento se vuelve exceso de la misma.
O sea, el tema es que la determinación de la legítima defensa, por falta de precisión en el texto normativo, termina siendo discrecional, es decir, queda al arbitrio de la autoridad juzgadora penal si la conducta típica, culpable y punible es antijurídica o no (o sea, si es en legítima defensa o no). Y más discrecional aún es la determinación de si hubo o no exceso en la misma, ya que, como se expuso en un párrafo anterior, el artículo que tipifica el exceso en la legítima defensa no establece los elementos constitutivos de este delito y, cabe precisarse, no hay jurisprudencia que aclare el dilema.
Pero, ¿exactamente en qué consiste la reforma?
Se modifica el artículo 17 del multicitado Código para adicionar una causa de justificación en la que se especifique que podrá causarse cualquier daño o lesión e incluso privarse de la vida a cualquier persona extraña que ingrese al hogar, entre otros supuestos, y esa persona intrusa represente un peligro inminente. En cuanto a las excepciones de la legítima defensa que ya están establecidas, se agrega que, en este caso, no habrá exceso en la misma aun y cuando pudo haberse previsto o evitado la agresión. Para mayor claridad respecto de los cambios aprobados, se presenta el siguiente cuadro comparativo del texto normativo:
Texto con la reforma aprobada
Artículo 17 (CPENL).- Son causas de justificación:
Igual presunción favorecerá al que causare cualquier daño a un extraño a quien encontrare dentro de su hogar; en la casa en que se encuentra su familia, aun cuando no sea su hogar habitual; en un hogar ajeno que aquel tenga obligación de defender; en el local en que aquel tenga sus bienes, o donde se encuentren bienes ajenos que tenga obligación legal de defender, y el intruso ejerza violencia sobre las personas o sobre las cosas que en tales sitios se hallen.
III.- Al que causare cualquier daño, lesiones y homicidio a un extraño a quien encontrare dentro de su hogar; en la casa en que se encuentra su familia, aun cuando no sea su hogar habitual; en un hogar ajeno que aquel tenga obligación de defender; en el local en que aquel tenga sus bienes, o donde se encuentren bienes ajenos que tenga la obligación legal de defender, y el intruso ejerza violencia sobre las personas o sobre las cosas que en tales sitios se hallen donde resulte un peligro inminente.
IV.- Obrar el acusado en defensa de su persona, y/o familia, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, y de la cual resulte un peligro inminente, a no ser que se pruebe que intervino alguna de las circunstancias siguientes:
Segunda: que previó la agresión y pudo fácilmente evitarla por otros medios legales, con excepción de la fracción III de este artículo.
A simple vista, pareciera lógico –e incluso justo– dotar a las víctimas de la delincuencia de la facultad de defenderse de su agresor(a); empero, si se analiza esta modificación legal a fondo, puede advertirse que se trata de una norma que, si bien tiene una ratio legítima, es peligrosa. ¿Por qué?
1. Es deber del Estado (con mayúscula) garantizar seguridad pública. El Estado, que en este caso concreto se materializa en el Gobernador, el Congreso y el Poder Judicial del estado de Nuevo León, tiene el deber constitucional de garantizar seguridad a las personas ciudadanas neoleonesas, ya que, de lo contrario, estaría violando su derechos humanos e incumpliendo con el Contrato Social. Lo que hace esta reforma es trasladar esa atribución del Estado a los particulares, como si fuera su responsabilidad.
2. Contribuye a la agenda de la ‘legalización’ de las armas de fuego. Un Senador, Jorge Luis Preciado Rodríguez, también perteneciente al PAN, ha militado a favor de la ‘legalización’ de las armas de fuego, inspirando su principal iniciativa (presentada en el Congreso de la Unión en octubre de 2016) en la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Diversos políticos, en su mayoría panistas, apoyan esta intención de permitir la portación de armas de fuego por parte de toda persona mayor de edad, tanto en su domicilio, como en sus negocios y vehículos de transporte (¡!). La reforma al artículo 17 del CPENL parece abrir el camino para que el siguiente paso sea la permisión para portar armas de fuego, como pasa en nuestro vecino del norte (y que ha provocado una gravísima crisis de seguridad pública en dicho país).
3. No se especifican los límites de esta legítima defensa. Si bien continuaría vigente el resto del artículo 17 y el artículo 20 en el que se habla del exceso de la legítima defensa, es evidente que el nuevo texto del artículo 17 dejaría tan amplio el concepto de legítima defensa que da a entender que no hay excepciones ni límites (sobre todo con la adición al tercer párrafo de la actual fracción III, que con la reforma sería una fracción IV). ¿Cómo es posible que pudiendo prevenir e incluso evitar la agresión sea condonado el homicidio? ¿No se trata de una licencia para matar? Además, en este mismo orden de ideas, cabe recalcarse: si no hay límites establecidos para ejercerla, ¿hasta qué punto es legítima defensa y en qué momento se vuelve exceso de la misma? ¿Quién lo determina? ¿Dejarlo enteramente al arbitrio de la autoridad jurisdiccional no es una evidente violación a la seguridad jurídica de la ciudadanía?
Es claro que la violencia que se vive en Nuevo León actualmente ha crecido en forma considerable y tiene a la gente tensa y temerosa. Pero también es claro que a quien le compete tener segura a su ciudadanía es al Estado, nunca a la propia ciudadanía (la Ley del Talión ya no existe).
Asimismo, resulta sospechoso que se haya aprobado esta reforma en fast track: sin mayor publicidad ni discusión y, además, por unanimidad. Cuando pasa algo así, vale la pena preguntarse: ¿quién está detrás? ¿Quién se está beneficiando de esta agenda? ¿La ciudadanía; el Estado? O tal vez ninguno de los dos, tal vez las que se benefician de ésto son las corporaciones que se dedican al comercio de armas de fuego y van a encargarse de ‘proteger’ a la ciudadanía de la inseguridad que azota a nuestro estado (las mismas corporaciones que han impulsado desde hace tiempo (aunque recientemente con más fuerza) las iniciativas para reformar nuestra Constitución Federal y nuestras leyes para que en México sea como es actualmente en Estados Unidos: que cualquier mayor de edad pueda comprar un arma de fuego en la tiendita de la esquina).
Las intenciones pueden ser buenas (aunque no hay nada que indique que lo sean), pero la reforma a nuestro Código Penal no está bien hecha; mientras no se delimiten las hipótesis y no se establezcan límites claros, no va a beneficiarse la ciudadanía. De la inseguridad jurídica nadie se beneficia.
Ojo: No pretendo que no exista la legítima defensa ni que no se reforme el texto vigente que, por cierto, también deja mucho qué desear. Simplemente me parece que una reforma legal de esta magnitud, es decir, con este nivel de trascendencia en la vida pública, debiera ser, por lo menos, más discutida en el Congreso y tomando en cuenta las opiniones de personas expertas en temas de seguridad pública.
[1] Código Penal para el estado de Nuevo León. (P.O. Marzo 26, 1990/ U.R. Mayo 5, 2017.)
[2] Sentencia del amparo directo 5431/54, resuelto en agosto de 1956 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para más referencias, también vale la pena revisar la resolución en el amparo directo 1632/79, resuelto en enero de 1980 por la Primera Sala.
[3] Expediente legislativo 10390/LXXIV (Congreso del estado de Nuevo León).
Publicadas por María Sv a la/s 08:40 No hay comentarios.:
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