Source: http://pensamientocritico.sisej.com/?p=269
Timestamp: 2013-12-04 17:34:22
Document Index: 212519782

Matched Legal Cases: ['Artículo 35', 'Artículo 35', 'Artículo 35', 'artículo 576', 'artículo 21', 'artículo 815', 'in fine', 'artículo 246']

LA DIFÍCIL REPERCUSIÓN DE LA TASA JUDICIAL EN EL PROCEDIMIENTO MONITORIO | P e n s a m i e n t o c r í t i c o . S i s e j
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Posted on 9 mayo, 2011 by admin	LA ÚLTIMA REFORMA DE LA LEC Y FUTURAS REFORMAS LEGISLATIVAS EN TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA.
Por Juan Manuel Fonoll Pueyo
Secretario Juzgado Mixto nº1 Sant Boi de Llobregat
El pasado 14 de abril de 2001 entró en vigor la reforma operada por le Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la LEC, para facilitar la aplicación en España de los procesos monitorios y de escasa cuantía (BOE nº 72 de 25.03.2011, pp. 31831 y ss.). Entre las modificaciones, la que ha producido mayores reticencias, es sin duda la exigencia de la tasa judicial (modelo 696) para la petición inicial del procedimiento monitorio, que afecta ya a los sujetos pasivos no exentos de tal tributo previo a la interpelación judicial.
Artículo 35.1.Uno.a): “La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución en el orden jurisdiccional civil, la formulación de la reconvención y la presentación inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo”.
Artículo 35.1.Tres,b): “La presentación de la demanda en juicio ordinario en caso de oposición del deudor, en los supuestos de procedimiento monitorio y proceso monitorio europeo por los que se haya satisfecho la tasa”.
Artículo 35.1.Cuatro.f): “Presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo.”
En los supuestos en que el deudor, por rebasar la cuantía legalmente estipulada del momento, debía acudir al juicio ordinario, a éste se le exigía el pago de la tasa, pese a derivar de una reclamación monitoria, y como en todos los casos, de no presentarla junto con la demanda se le requería por término de dos días para que lo subsanara, bajo apercibimiento legal de no dar curso a la misma. Ello no ocurría si la reclamación no superaba la cuantía límite del juicio verbal (art. 818.2 LEC), en la que en la misma pieza de autos se convocaba a una vista –muchas veces de mera puesta en escena puesto que el acervo probatorio se limitaba a la prueba documental, la mayoría ya obrante en las actuaciones—, no exigiéndose la tasa con carácter muy general, lo que propiciaba la incoherencia de su no obligatoriedad para reclamaciones, por ejemplo, de 5.990 euros, y su preceptividad para reclamaciones ligeramente superiores.
II. LA CUESTIONADA INCLUSIÓN EX LEGE DE LA TASA JUDICIAL EN LAS TASACIONES DE COSTAS EN LOS TRABAJOS PRELEISLATIVOS Y SU DIFICIL ACOMODACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS MONITORIOS.
La propia Exposición de Motivos de la Ley vigente, 4/2001 (vid. V), justifica la nueva carga fiscal en la distorsión detectada en relación con estos sencillos procedimientos, a los cuales es constatable estadísticamente que se ha recurrido, con toda seguridad por la delicada situación económica, de manera masiva para eludir –en palabras del legislador—,procesos en los que sí resultaba exigible dicho tributo (léase procedimientos declarativos, ejecuciones de títulos no judiciales o juicio cambiario).
Es llano que a nadie interesa, afectaciones tributarias a un lado, resarcirse de una factura, o mejor, de un capital prestado cuyos pagos no se han hecho frente, renunciando a los intereses procesales ex artículo 576 LEC y a indemnizarse por las costas que haya podido general una hipotética –aunque frecuente—intervención profesional. Sin perjuicio de adicionar a la reclamación monitoria los intereses devengados (capitalización de intereses), resulta claro que los dos últimos conceptos no tienen cabida en el procedimiento monitorio ordinario (quitando la especialidad al respecto que prescribe el artículo 21.6 LPH) y si se opta por éste no es por otras razones que la rapidez, ya sea en el cobro, ya sea en la obtención de un título ejecutivo de carácter jurisdiccional, o en la probabilidad de que el deudor no pueda hacer frente a la deuda, o a parte de ella, en cuyo caso ya ni cabe plantearse el cobro de los intereses moratorios y/o procesales, ni mucho menos las costas. Resarcimiento parcial que era de coste económico mínimo, o nulo, como un mal menor para el acreedor.
“7º. La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando ésta sea preceptiva.”
Con ligera diferencia respecto el texto anterior, el anteproyecto de finales de 2010, el cual matizaba que este tributo debía incluirse en las tasaciones de costas como resarcimiento de gastos del proceso en el mismo precepto y apartado, sólo que se trataba de un inciso de tipo aclaratorio en su inicio, pero apartándolo del listado de conceptos específicos de costas, el Proyecto de Ley lo incluye expresamente como tal en el nuevo ordinal (art. 241.1.7º LEC). Su matiz final de “, cuando ésta sea preceptiva”, no merece ningún comentario, puesto que el nuevo “gasto”, en consonancia con su naturaleza enteramente tributaria, será preceptivo siempre en los casos determinados en su normativa reguladora (Ley 53/2002), con independencia de cualquier visicitud del procedimiento.
El aspecto negativo aparece conjugando el derecho vigente, como es el de la reforma de la Ley 4/2011, con el texto prelegislativo, pues obviamente no hace este último ninguna referencia a las costas derivadas de procedimientos monitorios, toda vez que su exigencia respecto a éstos nace de una Ley posterior –paradójicamente—a los textos proyectados.
En algunas reclamaciones, principalmente de entidades financieras, ha habido una capitalización de los intereses devengados a la fecha de la reclamación (fecha de la solicitud o petición monitoria), adicionando su importe al de la principal deuda. Tras alguna reticencia doctrinal, se llegó a aceptar por la jurisprudencia menor argumentando –después de unos años de vigencia de la LEC 1/2000—que la posible disconformidad del deudor con la liquidación (que debe constar junto con la petición inicial o debe insertarse en la misma) podía ser combatida mediante la oposición de éste (art. 818 LEC).
Si se pretendiera incluir este concepto fiscal en la reclamación, por aplicación del vigente artículo 815.3 LEC, el secretario judicial deberá dar cuenta al juez (mediante simple diligencia de constancia debidamente documentada en las actuaciones) quien, por medio de auto –recurrible en apelación según las reglas generales (arts. 206.1.párr.2º in fine y 455.1 LEC)—podrá plantear al peticionario aceptar una propuesta de requerimiento de pago por importe inferior (por ejemplo, suprimiendo el importe de la tasa), informando al mismo de que si en un plazo (hasta 10 días hábiles) no se pronuncia, se le tendrá por desistido.
a) En los casos de desestimación de la demanda (juicio ordinario accionado por el ahora actor, peticionario en el proceso monitorio), como en los casos de estimación de la impugnación del contradictor requerido de pago (juicio verbal), el principio genérico del vencimiento objetivo propiciará de ordinario la condena en costas de quien solicitó el mandato de pago, por lo que no podrá, en consecuencia, recuperar lo satisfecho por la tasa judicial.
b) Si el demandante o peticionario venciera en el juicio declarativo, con las costas, no debe olvidarse que la condena (en costas) se refiere al propio procedimiento declarativo pero también exclusivamente a éste, con lo cual la repercusión de la tasa abonada en un procedimiento anterior puede ser fácilmente combatible en sede de impugnación ex artículo 246 LEC.
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