Source: http://periodicoproclama.com/index.php/participacion/marco-legal/292-goce-efectivo-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad
Timestamp: 2018-02-21 22:58:58
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 3', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 7', 'ARTÍCULO 9', 'artículo 19', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'artículo 28', 'ARTÍCULO 13', 'artículo 24', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 27', 'ARTÍCULO 15', 'artículo 9', 'ARTÍCULO 16', 'artículo 9', 'artículo 20', 'ARTÍCULO 17', 'artículo 21', 'ARTÍCULO 18', 'artículo 30', 'ARTÍCULO 19', 'artículo 30', 'ARTÍCULO 20', 'artículo 28', 'ARTÍCULO 21', 'artículo 13', 'artículo 12', 'ARTÍCULO 22', 'artículo 103', 'ARTÍCULO 22', 'artículo 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'artículo 6', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'artículo 2', 'artículo 5', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 34', 'artículo 33', 'ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 36', 'ARTÍCULO 37', 'Artículo 1', 'Artículo 1']

GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MEDIDAS DE GARANTÍA Y PROTECCIÓN DE DERCHOS E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO 1º. OBJETO. El objeto de la presente ley es promover la garantía de los derechos de las personas con discapacidad a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través de medidas de inclusión social, acción afirmativa, ajustes razonables, diseño universal, y mecanismos para la eliminación de toda forma de discriminación por razón de discapacidad. ARTÍCULO 2º. PRINCIPIOS La presente Ley se rige por los principios de dignidad humana, igualdad, equiparación de oportunidades, inclusión social, desarrollo humano, no discriminación por razón de discapacidad, solidaridad, pluralismo, diversidad, respeto, participación de las personas con discapacidad y la superación del asistencialismo. ARTÍCULO 3º. DIMENSIÓN NORMATIVA. La presente Ley se complementa con los pactos, convenios y convenciones internacionales sobre derechos humanos relativos a las Personas con Discapacidad, aprobados por Colombia, que integran el bloque de constitucionalidad.
ARTÍCULO 4: DEFINICIONES. A la luz de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, y la jurisprudencia constitucional relevante, para efectos de la presente ley se entiendo por : Personas con discapacidad: aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Apartir de la presente ley se entiende que el término apropiado para referirse a las personas de que trata la presente ley es el de personas con discapacidad, sin que con ello se puedan entender derogados los contenidos de las demás normas que se refieran a estas personas en otros términos. Inclusión social: posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad. La inclusión parte del reconocimiento de la discapacidad como un factor de la diversidad humana y del reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad, al igual que de sus aportes a la sociedad. Por oposición al concepto de inclusión, se entiende cualquier actividad o servicio que tenga como objeto o efecto segregar a las personas con discapacidad del resto de las personas. Ajuste razonable: modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Discriminación por motivos de discapacidad: cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Acciones Afirmativas: políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor representación. Diseño universal: diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluiría las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesite. Accesibilidad: medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas: a ) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; b ) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. Barreras: Las barreras a las que hace referencia la presente ley, pueden ser de diferentes tipos, entre otras:
a. Actitudinales: aquellos prejuicios, conductas, palabras, frases, sentimientos, miedos que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a los espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad.
b. Comunicativas: aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información, al conocimiento y en general el desarrollo en condiciones de igualdad del proceso comunicativo de las personas con discapacidad a través de cualquier medio o modo de comunicación.
c. Físicas: aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios a de carácter público y privado, en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad. Dentro de todos los tipos de barreras se incluyen las omisiones conscientes o inconscientes de autoridades públicas y de la sociedad en general que excluyen o discriminan. ARTÍCULO 5. GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN Las entidades públicas del orden nacional, departamental y local, son responsables de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, de conformidad con el artículo 3º literal c, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y la Ley 1346 de 2009. Para tal fin las autoridades públicas deberán, entre otras, implementar las siguientes acciones::
1. Incorporar y ajustar sus planes de desarrollo, sus políticas, planes y programas sectoriales e institucionales, para incluir acciones que garanticen el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad y sus familias a los diferentes servicios sociales que se ofrecen al resto de ciudadanos.
2. Asegurar que en el diseño, seguimiento y evaluación de sus Planes, Programas y Proyectos se incluya un enfoque de discapacidad, que permita garantizar que las personas con discapacidad, se beneficien en igualdad de condiciones con las demás personas del respectivo plan, programa o proyecto.
3. Incorporar en su presupuesto y planes de inversiones los recursos destinados para implementar los ajustes razonables que se requieran para que las personas con discapacidad puedan acceder a un determinado bien o servicio social, y publicar esta información para consulta de los ciudadanos.
4. Contar con mecanismos actualizados de localización y caracterización de las personas con discapacidad, integrados en un sistema de información nacional sobre discapacidad, establecido por el Ministerio de la Protección Social, o quien haga sus veces.
5. Disponer de mecanismos que incentiven y orienten las estrategias de cooperación internacional e inversión social privada, en la implementación de ajustes razonables y acciones de inclusión social de las personas con discapacidad, bajo la coordinación de la agencia colomnbiana de cooperación internacional o quien haga sus veces.;
6. Adoptar políticas de promoción y estímulos para fomentar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.
7. Consultar o solicitar la asesoría de los Consejos Departamentales, Distritales, Municipales y Locales de discapacidad sobre los mecanismos apropiados para lograr la inclusión efectiva de las personas con discapacidad a un determinado bien o servicio. ARTÍCULO 6. DEBERES DE LA SOCIEDAD Y DE LOS INDIVIDUOS. Son deberes de la sociedad, de las instituciones educativas, de las organizaciones privadas de todo tipo, de la familia y de todas las personas:
1. Promover el goce efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad para garantizar su plena inclusión.
2. Asumir la responsabilidad compartida de evitar y/o eliminar barreras actitudinales, físicas, arquitectónicas, de comunicación, y de cualquier otro tipo, que impiden la efectiva participación de las personas con discapacidad y sus familias.
3. Participar en la construcción e implementación de las políticas de inclusión social de las personas con discapacidad
4. Velar por el respeto y garantía de los derechos de las personas con discapacidad
5. Denunciar cualquier acto de exclusión o segregación contra las personas con discapacidad
6. Ser veedores de las políticas, programas y recursos para la garantía de derechos e inclusión social de las personas con discapacidad ARTICULO 7. ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS Y REDES DE APOYO. Las familias tienen el deber de promover el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.
Las medidas de inclusión de las personas con discapacidad, deben considerar a sus familias en su conjunto, y darse prioridad a aquellas de bajos recursos en todos las políticas, planes y programas de desarrollo social y superación de la pobreza. Así mismo deberá considerarse prioritarias las familias con discapacidad que por razones de género, etnia, o ciclo de vida, puedan estar en un mayor riesgo de exclusión o discriminación. CAPITULO II. MEDIDAS PARA AVANZAR EN LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ARTICULO 8. DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD
De acuerdo con la Constitución Política Nacional y el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009, todos los niños y niñas con discapacidad deben gozar plenamente de sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Para ello, el Gobierno nacional, a través de las instancias y organismos responsables, deberá:
1. Asegurar que todas las políticas y estrategias de atención integral y protección desde la primera infancia, garanticen los derechos de los niños y niñas con discapacidad y les permita su inclusión con los demás niños y niñas.
2. Establecer programas de detección y atención temprana para los niños y niñas con discapacidad.
3. Establecer programas de apoyo y orientación a madres gestantes de niños con discapacidad y acompañamiento durante sus primeros años de vida.
4. Definir rutas de atención integral para la realización de los derechos de los niños y niñas con discapacidad y mecanismos de orientación y apoyo a sus familias.
5. Establecer estrategias de promoción y pedagogia sobre los derechos de los niños y niñas con discapacidad.
6. Asegurar la atención integral de los niños y niñas con discapacidad
7. Asegurar la educación inicial inclusiva de los niños y niñas con discapacidad ARTÍCULO 9. DERECHO A LA VIDA EN COMUNIDAD. de acuerdo al artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009, todas las personas con discapacidad tienen el derecho a vivir en comunidad y a relacionarse con el resto de las personas:
Para asegurar la realización de este derecho, las autoridades publicas del orden nacional y local, deben adoptar entre otras, las siguientes medidas:
1. Garantizar que las personas con discapacidad, durante todo el ciclo de vida, tengan oportunidad de elegir su lugar de residencia, decidir dónde y con quien quieren vivir, en igualdad de condiciones que las demás,
2. Promover acciones que faciliten la interacción, relacionamiento y la participación de las personas con discapacidad con los demás ciudadanos
3. Tomar todas las medidas necesarias para evitar que cualquier servicio o medida tenga por objeto o efecto, aislar o segregar a la persona con discapacidad de la vida en la comunidad con el resto de ciudadanos.
4. Garantizar que las instalaciones y los servicios sociales y comunitarios que se ofrecen a la población en general cuenten con los ajustes y medidas necesarias para garantizar el acceso y participación de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta sus necesidades. Todos los programas de protección de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, ofrecidos por entidades del orden nacional y local, deberán asegurar la inclusión y participación de este grupo con el resto de los ciudadanos. El Ministerio publico deberá establecer estrategias de control especial para garantizar este derecho, y sancionar cualquier acción u omisión de las autoridades públicas que lo desconozca. ARTÍCULO 10. DERECHO A LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a los procesos de habilitación y rehabilitación respetando sus necesidades y posibilidades específicas con el objetivo de lograr y mantener la máxima independencia, su capacidad física, mental y vocacional, así como la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. Para materializar este derecho, le corresponde al Ministerio de la Protección Social o quien haga sus veces, implementar, entre otras, las siguientes acciones:
1. Definir mecanismos para que el Sistema general de seguridad social y salud- SGSSS incorpore dentro de los planes de obligatorios, la cobertura completa de los servicios rehabilitación y habilitación integral.
2. Definir estándares de calidad en la prestación de estos servicios, y sistemas de monitorio, seguimiento correspondiente.
3. Definir el alianza con la Superintendencia de salud y organismos de control, esquemas de vigilancia, control y sanción a los prestadores de servicios que no cumplan con los lineamientos de calidad o impidan o limiten el acceso a las personas con discapacidad y sus familias.
4. Asegurar la coordinación entre los diferentes sectores involucrados en los procesos de rehabilitación y habilitación integral, tanto entre las entidades del orden nacional como local.
5. Garantizar la implementación de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad, evitando su aislamiento;
6. Implementar servicios nacionales y locales de atención e información a los usurarios con discapacidad y sus familias.
7. Asegurar que las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud implementen programas y servicios de detección y atención integral temprana de la discapacidad.
8. Asegurar el diseño e implementación de un sistema de banco de ayudas técnicas que garantice el suministro oportuno y de calidad de las ayudas requeridas por las personas con discapacidad.
9. Establecer en alianza con la Superintendecia de salud mecanismos de control y sanciones a las entidades que limiten u obstruyan la prestación de estos servicios o desconozcan este derecho. ARTÍCULO 11. DERECHO A LA SALUD. Para la garantía del derecho a la salud de las personas con discapacidad, se adoptarán entre otras, las siguientes medidas:
1. El Ministerio de Protección social o salud, deberá:
a. Asegurar que el Sistema General de Salud en sus planes obligatorios y de atención básica garantice la prestación oportuna de todos los servicios de salud, y el suministro de todos los servicios y ayudas técnicas necesarias para la habilitación y rehabilitación integral de las personas con discapacidad.
b. Asegurar que los Programas de salud pública establezcan acciones de promoción de los derechos de las personas con discapacidad desde la gestación, y desarrolle programas de prevención de factores de riesgo asociados a la discapacidad que no afecten la imagen y la dignidad de las personas que ya se encuentran en situación de discapacidad.
c. Prohibir que la discapacidad sea entendida como una preexistencia o circunstancia que restrinja el acceso a los servicios de salud, desde la gestación y durante todo el ciclo de vida de la persona.
d. Asegurar que los programas de salud sexual y reproductiva consideren de manera especial medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
e. Desarrollar políticas y programas de promoción y prevención en salud mental y, atención psicosocial a la sociedad.
f. Coordinar el sistema de registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad y sus familias, y se articule con otros los sistemas de protección social y los registros y sistemas de información de otros programas sociales.
g. Asegurar que el Sistema de Prevención y Atención de Desastres y ayuda humanitaria deberá prever lineamientos y acciones para atender en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad en situaciones de desastres y emergencia humanitaria.
a. Garantizar la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad en todos sus procedimientos, lugares y servicios
b. Establecer programas de capacitación a sus profesionales y empleados para favorecer los procesos de inclusión de las personas con discapacidad.
c. Garantizar el acceso, integralidad, permanencia e idoneidad de los medicamentos, proceso, tratamientos y acceso a citas con especialistas, así como en todos los elementos que indirecta o directamente se usen para la prestación del servicio a las personas con discapacidad
d. Ofrecer los servicios de salud en los lugares más cercanos posibles a la residencia de la persona con discapacidad, incluso en las zonas rurales
e. Establecer programas de atención domiciliaria o extramural para la atención integral en salud de las personas con discapacidad
f. Eliminar cualquier medida, acción o procedimiento administrativo o de otro tipo que directa o indirectamente dificulte el acceso a los servicios de salud para las personas con discapacidad.
g. Tomar medidas disciplinarias y sancionatorias contra los empleados y profesionales que impidan o dificulten el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud.
h. Observar y acoger estándares internacionales y buenas prácticas en el tratamiento de la discapacidad.
3. La Superintendencia Nacional de Salud, la Secretarías de Salud y los entes de control deberán asegurar la calidad en la prestación de los servicios de salud por parte de las entidades responsables, y sancionar cualquier acciones u omición que impida o dificulte el acceso de las personas con discapacidad.
4. La rama judicial y los organismos de control realizarán seguimiento sobre las acciones de tutelas generadas por la negación de servicios de salud y rehabilitación y habilitación, para las personas con discapacidad y sus familias, y definirá los correctivos y sanciones necesarios para evitar que se desconozcan o vulneren los derechos de este grupo, por parte de los prestadores de servicios. ARTÍCULO 12. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. Las personas con discapacidad tienen derecho al goce efectivo del derecho a la seguridad social, de acuerdo al (artículo 28º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009), Para la realización de este derecho, el Ministerio de Protección Social, o quien haga sus veces, y demás autoridades competentes, adoptarán entre otras, las siguientes medidas:
1. Asegurar que los sistemas de bienestar y promoción social establezcan acciones para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
2. Asegurar que todos los programas de protección y promoción social, incluyan a las personas con discapacidad con un enfoque de derechos e inclusión, y promuevan su desarrollo humano, el desarrollo de capacidades y su participación social;
3. Establecer mecanismos que favorezcan la formalización del empleo de las
4. personas con discapacidad y programas de aseguramiento de sus riesgos laborales y no laborales.
5. Establecer programas de apoyo y acompañamiento a las madres de personas con discapacidad desde la gestación, y durante los primeros 2 años de vida del menor, y asegurar que las medidas excepcionales que amplían la licencia de maternidad incluya a las madres y padres de los niños con con discapacidad
6. Establecer estándares de calidad en los programas y servicios sociales de manera que se respeten los derechos de las personas con discapacidad bajo un enfoque de inclusión, y se cuente con mecanismos de seguimiento .
7. Asegurar que los servicios de bienestar social y compensación familiar garanticen el acceso de las personas con discapacidad, sin ningún tipo de discriminación por razón de su discapacidad.
8. Garantizar que las personas con discapacidad en condiciones de pobreza, tengan acceso y atención prioritario a los programas nacionales y locales de atención social
9. Establecer programas flexibles para facilitar y garantizar el acceso a pensiones. Bajo ninguna circunstancia podrá perderse el derecho a la pensión de una personas con discapacidad.
10. Ajustar los programas de subsidios para las personas con discapacidad, para que también se involucren acciones de acompañamiento y apoyo para su desarrollo humano e inclusión efectiva en la sociedad
11. Ajustar y optimizar el funcionamiento de las Juntas de calificación de invalidez, conforme a la Clasificación Internacional de Funcionamiento, y a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual;
12. Implementar planes de transformación institucional para garantizar servicios que reconozcan los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, y se desmonten los servicios que segreguen a esta población.
13. el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, deberá establecer un programa de apoyo y acompañamiento a las familias de las personas con discapacidad, debidamente articulado con otros programas o estrategias de inclusión, desarrollo social y de superación de la pobreza;
14. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, deberá ajustar y establecer programas de apoyo, acompañamiento y formación a las familias y redes de apoyo de las personas con discapacidad, en alianza con el SENA y los entes territoriales. ARTÍCULO 13. DERECHO A LA EDUCACIÓN. Las instituciones de educación públicas o privadas en todos los niveles y modalidades deberán prestar el servicio público de la educación de manera inclusiva asumiendo todos los costos de diseño, implementación, financiación y evaluación de este proceso. Para el desarrollo de dichos ajustes razonables se deberá tener como centro las especiales necesidades, posibilidades y oportunidades de las personas con discapacidad, para ello se adoptarán, entre otras, las siguientes medidas: 1. El Ministerio de Educación Nacional deberá:
a. Consolidar la política de educación inclusiva conforme al artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ley general de educación y los lineamientos de educación para todos de la Unesco.
b. Asegurar que todos los exámenes y pruebas desarrollados para evaluar y medir la calidad, cobertura, entre otros del servicio público de la educación en todos sus niveles y modalidades, así como servicios o elementos análogos deberán ser plenamente accesibles a las personas con discapacidad.
c. Solicitar ante el Consejo Nacional de Acreditación y demás entidades competentes en un término no superior a un año incorporarán criterios de inclusión educativa de personas con discapacidad y accesibilidad como elementos necesarios para la acreditación de programas profesionales e institucionales en alta calidad.
d. Implementar mecanismos programas de formación de docentes regulares, para la inclusión educativa de la diversidad, la flexibilización curricular y en especial, la enseñanza a todas las personas con discapacidad, que cumplan con estándares de calidad.
e. Priorizar la asignación de recursos financieros suficientes para asegurar el cumplimiento de las políticas de educación inclusivas.
f. Asegurar y garantizar a las personas con discapacidad el acceso, en igualdad de condiciones con las demás y sin discriminación, a una educación inclusiva y de calidad, incluyendo su ingreso, permanencia y progreso en el sistema educativo, que facilite su inserción productiva en todos los ámbitos de la sociedad.
g. Realizar los ajustes razonables para asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria, ni de la
h. Educación secundaria, y que los jóvenes y adultos con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos, la educación para el trabajo y el aprendizaje durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.
i. Promover culturas y entornos escolares adaptados a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad y necesidades educativas especiales en el sistema educativo general, en un entorno incluyente que sean propicios para un aprendizaje efectivo, que sean saludables y protectores y que respeten la igualdad entre los géneros.
j. Diseñar y desarrollar programas de atención y educación de la primera infancia (AEPI) que promueva la inclusión, así como detecciones e intervenciones precoces relacionadas con todo el desarrollo de los niños y las niñas. En este marco de acción debe promover programas de educación temprana, que tengan como objetivo desarrollar las habilidades de los niños y niñas con discapacidad en edad preescolar, de acuerdo a sus necesidades específicas.
k. Asignar el presupuesto suficiente para que los establecimientos educativos cuenten con personal de apoyo: intérpretes de Lengua de Señas Colombiana (LSC), modelos lingüísticos y culturales, guías - intérpretes y mediadores; profesionales en psicopedagogía, educación especial o en disciplinas como psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, tiflología, quienes deben acreditar formación y experiencia específica y con un suministro adecuado y permanente de recursos didácticos y pedagógicos apropiados y de calidad.
l. Considerar la diversidad lingüística y cultural en el aula como un recurso valioso, y promover el uso de la lengua de señas colombiana durante los primeros años de escolarización.
m. Facilitar el aprendizaje del sistema Braille, la escritura alternativa, otras formas y modos de comunicación alternativa aumentativa, Diseño Universal, lengua de señas. habilidades de orientación y de movilidad, en los programas de estudios del sistema de educación pública, desde la enseñanza primaria hasta la secundaria y superior.
n. Asegurar la eliminación de las barreras físicas, actitudinales, técnicas y tecnológicas que impiden el acceso, la permanencia y la promoción de los estudiantes con necesidades asociadas a su discapacidad en todos los niveles de la educación, como un requisito para desarrollar acciones de inclusión educativa.
o. Priorizar la asignación de recursos financieros suficientes para ofrecer capacitación continua, presencial y a distancia, de los docentes de todos los niveles educativos y de otros profesionales vinculados a la temática de la discapacidad, que favorezcan la formulación y el normal desarrollo de las políticas de inclusión, con énfasis en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, como parte del plan territorial de capacitación.
p. Asignar recursos financieros para el diseño y ejecución de programas educativos que utilicen las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, con el fin de garantizar un mayor acceso a las oportunidades de aprendizaje, para atender las necesidades educativas asociadas con la discapacidad, por tipo de discapacidad, que permitan brindar una respuesta efectiva a los estudiantes con discapacidad y garantizar su efectivo aprendizaje, en particular en las zonas rurales, alejadas y desfavorecidas.
q. Generar programas intersectoriales de desarrollo y asistencia para las familias de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad, de manera que la pobreza no sea un impedimento para el acceso a una adecuada educación pública.
r. Incluir dentro del Programa Nacional de Alfabetización metas claras para la reducción del analfabetismo de jóvenes, adultas y adultos con discapacidad y así trabajar en aras de la inclusión, teniendo presente la importancia que tiene para la educación de los niños y las niñas que padres y madres sepan leer y escribir.
s. Obtener y utilizar los datos estadísticos pertinentes relacionados con todas las personas excluidas, independientemente del tipo de exclusión, incluida la de la población con discapacidad con el fin de desarrollar mejor las políticas y las reformas educativas encaminadas a su inclusión; y desarrollar mecanismos nacionales de seguimiento y evaluación al respecto.
2. Todas las secretarías municipales, distritales, departamentales de educación deberán:
a. Implementar mecanismos idóneos, eficientes y pertinentes para garantizar el acceso, la promoción, la permanencia y la pertinencia a estudiantes con discapacidad, estableciendo el correspondiente sistema de seguimiento y monitoreo a dicha implementación.
b. Proveer los servicios de apoyo educativo necesarios para la inclusión en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad, estos servicios incluyen, entre otros: intérpretes, guías-intérpretes, modelos lingüísticos, personal de apoyo personal en el aula y en la institución.
c. Controlar y prevenir cualquier caso de exclusion o discriminación de estudiantes con discapacidad en los colegios publicos y privados.
d. Desarrollarán acciones específicas para fomentar la producción, distribución y comercialización de textos y tecnologías especiales destinadas a la educación inclusiva de las personas con discapacidad. 3. Las instituciones educativas públicas y privadas, de todo nivel y en todas las modalidades deberán:
a. Garantizar el personal docente idóneo y suficiente para el desarrollo de los procesos de inclusión social, así como fomentar su formación y capacitación permanente.
c. Adaptar sus currículos y en general todas las prácticas didácticas y pedagógicas que desarrollen para incluir efectivamente a todas las personas con discapacidad.
d. Contar con un plan de mejoramiento para la gestión escolar inclusiva acorde con la política de educación inclusiva.
e. Todas las instituciones de educación superior públicas y privadas deberán generar estrategias y programas para la inclusión de personas con discapacidad. Dichos programas deberán permitir y fomentar el aumento progresivo de las personas con discapacidad matriculadas en programas técnicos, tecnológicos, de pregrado y de posgrado en cada una de dichas instituciones.
4. El ICETEX y demás entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales que ofrezcan financiación, créditos, becas entre otros, deberán diseñar, desarrollar y evaluar planes que les permitan aumentar progresivamente la cantidad de personas con discapacidad beneficiarias.
5. El Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX o quien haga sus veces, creará un fondo de becas para la formación profesional y técnica con recursos públicos, privados y de cooperación nacional e internacional, destinados a la educación inclusiva de las personas con discapacidad. ARTÍCULO 14. DERECHO AL TRABAJO. Todas las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, esto incluye la oportunidad de elegir libremente su trabajo, desempeñarlo en condiciones de igualdad, inclusión y accesibilidad. Para promover el acceso y permanencia en el trabajo de las personas con discapacidad:
1. Bajo el liderazgo del Ministerio de la Protección Social, o quien haga sus veces, y con el apoyo efectivo del SENA se desarrollará un proceso que contendrá, por lo menos, las siguientes etapas: compilará todos los beneficios legales existentes que fomenten el acceso al empleo formal de las personas con discapacidad, evaluará el éxito e impacto real de dichas medidas, comparará la situación colombiana con experiencias internacionales exitosas de inclusión educativa de las personas con discapacidad, generará recomendaciones de acción para avanzar efectivamente en la implementación del artículo 27 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
2. El liderazgo del Ministerio de la Protección Social, o quien haga sus veces, y con el apoyo efectivo del SENA, se fomentará el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de programas públicos y privados de inclusión educativa de las personas con discapacidad que, por lo menos, integren todos los tipos de discapacidad, integren facetas o mecanismos de formación y capacitación para el empleo, generen servicios, estrategias y mecanismos de asesoría y acompañamientos a los empleadores públicos y privados, mecanismos de seguimiento y evaluación, generen herramientas de acceso progresivo y promoción interna en el empleo.
3. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de la Protección Social, o quien haga sus veces, incluirá dentro de la política nacional de empleo, medidas pertinentes dirigidas a la creación, fomento y cualificación de las fuentes de trabajo para las personas con discapacidad.
4. El Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Hacienda desarrollará políticas y estrategias para fomentar la creación y fortalecimiento de unidades productivas de personas con discapacidad, por medio de: capacitación técnica y empresarial, líneas de crédito específicas para el sector con una baja tasa de interés, apoyo con tecnologías de la información y la comunicación, así como todas las demás que sean pertinentes. ARTÍCULO 15. ACCESIBILIDAD. Como manifestación directa de la igualdad material y con el objetivo de fomentar la vida autónoma e independiente de las personas con discapacidad, se garantiza el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, el espacio público, los bienes públicos, los lugares abiertos al público y los servicios públicos, tanto en zonas urbanas como rurales. Para lograrlo:
1. Corresponde a las entidades públicas y privadas encargadas de la prestación de los servicios públicos, de cualquier naturaleza, tipo y nivel desarrollar sus funciones, competencias, objetos sociales y en general todas las actividades siguiendo los postulados del diseño universal.
2. Corresponde a las entidades públicas y privadas encargadas de la prestación de los servicios públicos, de cualquier naturaleza, tipo y nivel desarrollar sus funciones, competencias, objetos sociales y en general todas las actividades de manera que no se excluya o limite el acceso en condiciones de igualdad, en todo o en parte, a ninguna persona por razón de su discapacidad. Para ello dichas entidades deberán diseñar, implementar y financiar todos los ajustes razonables que sean necesarios para cumplir con los fines del artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
3. El ICONTEC compilará y pondrá a disposición de la sociedad colombiana de forma gratuita todas las normas técnicas disponibles sobre accesibilidad en Colombia en un término no superior a 6 meses.
4. El servicio público del transporte deberá ser accesible a todas las personas con discapacidad. Todos los sistemas, medios y modos en que a partir de la promulgación de la presente ley se contraten deberán ajustarse a los postulados del diseño universal. Aquellos que funcionan actualmente deberán adoptar planes integrales de accesibilidad que garanticen en avance progresivo de la misma que en un término de máximo 10 años logren niveles que superen el 80 de la accesibilidad total. Los ajustes razonables para lograrlos deberán ser diseñados, implementados y financiados por el responsable de la prestación directa del servicio.
5. Las entidades municipales y distritales, con el apoyo del gobierno departamental y nacional deberán diseñar en un término no mayor a 1 año un plan de accesibilidad al espacio público y a los bienes públicos de su circunscripción. En dicho plan deberán fijarse los ajustes razonables necesarios para avanzar progresivamente en la inclusión de las personas con discapacidad, establecer un presupuesto y un cronograma que en no más de 10 años permita avanzar en niveles de accesibilidad del 80% como mínimo. Dicho plan deberá fijar los criterios de diseño universal que deberán ser acatados por todas las obras públicas y privadas de la entidad pública a partir de su adopción. ARTÍCULO 16º. DERECHO AL TRANSPORTE. Las personas con discapacidad tienen derecho al goce efectivo de todos los sistemas de transporte en concordancia con el artículo 9º numeral 1º literal a y el artículo 20, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009. Para esto el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Aeronáutica Civil y demás entidades relacionadas deben adoptar las siguientes medidas:
1. Establecer mecanismos de control, vigilancia y sanción, para que desde las secretarías de transporte y movilidad o las que cumplan esta función, se asegure que todos los servicios de transporte público garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad de acuerdo con los criterios técnicos de accesibilidad en la movilidad.
3. La señalización de los aeropuertos, terminales de transporte, medios de transporte masivo y espacios públicos deberán contar con la señalización adecuada para las personas con discapacidad. Parágrafo 1: los semáforos y espacios públicos deberán ser adaptados y adecuados para que las personas con discapacidad puedan movilizarse con seguridad. La adecuación deberá ser gradual y para ello las autoridades responsables en los diferentes niveles de Gobierno, deberán diseñar un plan de acción en donde se defina por etapas el progreso en estas adaptaciones. Parágrafo 2: Los aeropuertos y las terminales de transporte marítimo y terrestre contarán con un servicio de guía y asistencia a personas con discapacidad. 4. En el caso del transporte aéreo en rutas internacionales, la tarifa será conforme a lo establecido en los convenios internacionales respectivos, ratificados por Colombia.
6. El Gobierno Nacional, las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales, Municipales y Locales, establecerán subsidios para todos los modos de transporte a favor de los usuarios con discapacidad, de acuerdo con los estudios que adelantará el Ministerio de Transporte sobre su conveniencia.
11. Los vehículos de transporte público que se nieguen a prestar el servicio a una persona con discapacidad, serán multados con 30 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además, la autoridad de tránsito cancelará la tarjeta de operaciones del vehículo.
12. Los vehículos que transporten una persona con discapacidad, estarán exento de las restricciones que establezcan los departamentos y municipios, (pico y placa), para lo cual el Ministerio de Transportes reglamentará dentro de los 6 meses siguientes estas excepciones. ARTÍCULO 17. DERECHO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. Las personas con discapacidad tienen derecho al goce efectivo del derecho a la información y acceder a las comunicaciones en igualdad de condiciones, con base en el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009. Para esto el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y demás entidades competentes tendrán en cuenta las siguientes medidas:
1. Propiciar espacios en los canales de televisión estatales nacionales y regionales con programas que incluyan la traducción en lengua de señas o con subtítulos.
2. Desarrollar programas que faciliten el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de las personas con discapacidad. Las instituciones educativas públicas y privadas deberán garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones de la población en igualdad de condiciones. Los decretos reglamentarios de esta ley, establecerá el alcance de esta disposición en lo que tiene que ver con los esquemas de financiamiento de la implementación de esta medida.
3. Promover estrategias y campañas de información, comunicación y educación permanentes, para incidir en la percepción de las potencialidades y capacidades de las personas con discapacidad.
4. Todas las entidades públicas deberán incluir en sus presupuestos las estrategias de información y divulgación accesibles para personas con discapacidad. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, facilitará espacios de comunicación públicos.
5. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promoverá el uso del software libre de los programas para personas con discapacidad dentro de los términos que se reglamente la presente ley.
6. Todas las bibliotecas públicas y privadas deberá estar dotadas de la tecnología de acceso a la información y a las comunicaciones para la población con discapacidad.
7. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, diseñará los programas necesarios para la capacitación en tecnologías de la información y comunicaciones para personas con discapacidad.
8. Las entidades públicas y privadas encargadas de la prestación de los servicios públicos, de cualquier naturaleza, tipo y nivel tendrán la responsabilidad de sufragar el servicio de información a las personas con discapacidad de acuerdo con las necesidades que de acuerdo con su discapacidad estas requieran. ARTÍCULO 18. DERECHO A LA CULTURA. El Estado garantizará el goce efectivo a la cultura de las personas con discapacidad, en concordancia con el (artículo 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009), para lo cual el Ministerio de Cultura deberá velar por la inclusión de las personas con discapacidad a los servicios culturales que se ofrecen a los demás ciudadanos, debiendo adoptar las siguientes medidas:
1. Garantizar que las entidades culturales, cumplan con las normas de accesibilidad arquitectónica y de comunicación para la población con discapacidad;
7. Garantizar el derecho de las personas con discapacidad, a al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural. ARTÍCULO 19º. DERECHO A LA RECREACIÓN Y DEPORTE. El Estado garantizará el goce efectivo al derecho a la recreación y el deporte de las personas con discapacidad, de conformidad con el artículo 30º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009.
Con este fin, el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación Nacional y Coldeportes junto con los actores del Sistema Nacional del Deporte, formularán e implementarán programas inclusivos para las personas con discapacidad y los lineamientos para la práctica de educación física, recreación, actividad física y deporte para la población con discapacidad. Además, se fortalecerá el ámbito administrativo y técnico para lo cual adoptarán las siguientes medidas:
1. Fortalecer el deporte de las personas con discapacidad, incluyendo el deporte paralímpico y garantizar áreas de entrenamiento, juzgamiento, apoyo médico y terapéutico, así como la clasificación funcional por parte del Estado, asegurando financiación para tal efecto.
2. Apoyar actividades de ejercicio deportivo para las personas con discapacidad, sin exclusión alguna de los escenarios deportivos;
3. Suministrar el soporte para el desarrollo, importación o intercambio de implementos deportivos específicos según estudios técnicos sobre las necesidades de las personas con discapacidad, en concordancia con las disciplinas deportivas y sin el cobro de los aranceles de importación;
5. Promover la actividad física en las personas con discapacidad a través de inclusión en los currículos de los diferentes niveles de estudio, sobre actividad física con esta población, con la acreditación de profesionales idóneos y generación de estudios complementarios con énfasis en educación física adaptada o incluyente.
6. Efectuar las medidas necesarias que garanticen la recreación para las personas con discapacidad, en condiciones de inclusión;
7. Promover ajustes y abrir espacios de formación deportiva, en condiciones de igualdad y en entornos inclusivos para personas con discapacidad intelectual.
8. Las personas con discapacidad tendrán una exoneración del 50% en las tarifas de los espectáculos públicos deportivos de las entidades públicas y privadas; ARTÍCULO 20. ACCESO A VIVIENDA. El Estado garantizará el goce efectivo del derecho a la vivienda de las personas con discapacidad, de acuerdo con el artículo 28º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009. Con este propósito, el Ministerio de Vivienda deberá garantizar el goce efectivo del derecho a la vivienda digna de las personas con discapacidad, para lo cual adoptará las siguientes medidas:
1. Asegurar programas de subsidio y acceso a la vivienda de interés social para las personas con discapacidad;
2. La población con discapacidad deberá ser incluida como población preferente en la asignación de subsidios de vivienda.
3. Las curadurías urbanas, o quien haga sus veces, deberán priorizar el otorgamiento de licencias de construcción a aquellas empresas constructoras que cumplan con la normas de accesibilidad de acuerdo a estándares internacionales.
4. Todo plan de vivienda de interés social deberá respetar las normas de diseño universal, que garantice la accesibilidad incluidos los espacios públicos;
5. Cuando una persona con discapacidad deba adquirir una vivienda no adaptada, podrá acceder a un subsidio de mejoramiento de vivienda para persona con discapacidad. El Estado hará una evaluación de los costos de adaptación y, definirá el acceso y monto del subsidio. El decreto reglamentario de esta ley, definirá el plan de acción para el diseño del subsidio para el mejoramiento de vivienda para persona con discapacidad.
6. Todo plan de vivienda de interés social, asignará un porcentaje mínimo del 5% para personas con discapacidad;
7. El Ministerio de Vivienda o quien haga sus veces, asignará subsidios de vivienda para las personas con discapacidad, de manera prioritaria; ARTÍCULO 21. DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA. El Estado garantizará el goce efectivo de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, en concordancia con el artículo 13º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009. Con este propósito el Ministerio del Interior y de Justicia, en alianza con el Ministerio Público, los organismos de control y la rama judicial, deberán garantizar el acceso de las personas con discapacidad en todos los programas de acceso a la Justicia, para ello, adoptará entre otras, las siguientes medidas:
1. El Ministerios del interior y de justicia, o quien haga sus veces, en alianza con el Ministerio público y demás organismos de control establecerán programas de fortalecimiento de los servicios de justicia para la atención y gestión de casos que involucren a las personas con discapacidad
2. El Ministerios del interior y de justicia deberá proponer aumento de penas en los casos de abuso, explotación y maltrato de las personas con discapacidad.
3. El Ministerio de del interior y de justicia, y la rama judicial, deberá implementar programas de formación y gestión para la atención de casos de violación a los derechos de las personas con discapacidad, que involucren a jueces, auxiliares de justicia, , casas de justicia, centros de conciliación, comisarías de familia, personerías, entre otros.
4. El Ministerios del interior y de justicia, o quien haga sus veces, en alianza con el Ministerio Público y las comisarias de familia y el ICBF, deberan proponer e implementar ajustes y reformas al sistema de Interdicción judicial de manera que se desarrolle un sistema que favorezca el ejercicio de la capacidad juridica y la toma de decisiones con apoyo de las personas con discapacidad, conforme al artículo 12 de la Convención de personas con discapacidad.
5. El Ministerio Público creará una delegatura para la inclusión social de las personas con discapacidad, responsable de vigilar el cumplimiento y las garantías de los derechos de esta población.
6. El Gobierno Nacional desarrollará un proyecto de fortalecimiento y apoyo a las organizaciones de y para personas con discapacidad en todo el país, para dar a conocer sus derechos y la forma de hacerlos efectivos;
7. Las universidades que cuenten con facultades de derecho y consultorios jurídicos, deberán desarrollar programas de formación y apoyo al restablecimiento de derechos de las personas con discapacidad; CAPÍTULO III
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ARTÍCULO 22. PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Todas las personas con discapacidad tienen el derecho a participar de las decisiones que los afecten. La participación en la gestión administrativa se ejercerá por las personas con discapacidad y por sus organizaciones en los términos que define la Constitución, la Ley 134 de 1994, las demás normas que desarrolla el inciso tercero del artículo 103 de la Constitución Política y los artículos 29 y 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 1346 de 2009). ARTÍCULO 22. PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL. La población con discapacidad ejercerá el derecho y el deber del control social a todo el proceso de la gestión pública relacionada con las políticas, los planes, los programas, los proyectos y las acciones de atención a la población con discapacidad. Para el efecto, podrán constituir veedurías ciudadanas de acuerdo con la ley 850 de 2003 o la norma pertinente y adoptar otras modalidades de control social, como las siguientes: 1. El gobierno nacional, a través de sus ministerios apoyará la promoción de estas veedurías y de sus redes, así como la formación de los veedores ciudadanos que las conforman. Las entidades que forman parte de la Red institucional de apoyo a las veedurías Ciudadanas de que trata el artículo 22 de la Ley 850 de 2003, se vincularán de acuerdo a su competencia.
2. La población con discapacidad, sus organizaciones y voceros, participarán activamente en los eventos de rendición de cuentas que presenten las diferentes entidades vinculadas a esta política pública de atención a la discapacidad. ARTÍCULO 23. PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES DE DISCAPACIDAD. Se garantizará la participación de las personas y organizaciones de discapacidad en los siguientes ámbitos y espacios de participación propios del sector:
1. En la toma de decisión del sector de la discapacidad, en el aspecto social, económico, político y cultural.
2. En el diseño, implementación y seguimiento de la política pública de discapacidad.
3. En el seguimiento e implementación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás instrumentos internacionales ratificados por Colombia que afecten al sector de la discapacidad.
4. En las distintas instancias del Sistema Nacional de Discapacidad
5. A través de sus federaciones u organizaciones de mayor representatividad, en el nombramiento de los delegados en el Consejo Nacional de Discapacidad;
6. En diferentes instancias de coordinación interinstitucional como el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral de la Víctimas, en la Comisión Intersectorial de la Red Unidos; asi como en las juntas directivas del ICETEX, ICBF, Consejo Nacional de Seguridad Social de Salud, Fondo de Riesgos Profesionales, Fondo MYPIMES, Coldeportes, Fondo Emprender y Seguro Social. El Gobierno nacional nombrará un representante del sector de la discapacidad (quien deberá ser una persona con discapacidad)
7. En la formulación de leyes o normas que afecten a las personas u organizaciones de discapacidad.
8. El Consejo Nacional de Discapacidad de la mano con el Ministerio del Interior y Justicia o quien haga sus veces, nombrará una comisión asesora de las direcciones o directivas de los partidos o movimientos políticos.
9. Las personas con discapacidad tendrán derecho a representarse a sí mismas siempre y cuando su grado de discapacidad lo permita, respetando su capacidad de toma de decisiones con o sin apoyo, y en caso contrario se les garantizará la asistencia jurídica necesaria para ejercer su representación.
10. En todo caso, cualquier política, proyecto o programa dirigido a las personas con discapacidad o que las afecte directamente deberá ser consultado con el Consejo Nacionale de Discapacidad, en el orden Nacional, o con los Consejos Departamentales o Municipales de Discapacidad, si se trata de una política, programa o proyecto del orden territorial. ARTÍCULO 24. MUJER Y DISCAPACIDAD. El Estado de conformidad con el artículo 6º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009, adoptará las siguientes medidas para garantizar el goce efectivo de todos los derechos de las mujeres con discapacidad:
1. El Gobierno nacional deberá diseñar estrategias para la inclusión laboral y educativa de la mujer con discapacidad en los ámbitos nacionales, regionales y locales específicos de discapacidad. Se reglamentará bajo los parámetros definidos en la presente ley, los mecanismos que garantizarán esta inclusión. Parágrafo 1: Los instrumentos de política, programas y proyectos diseñados por el Gobierno nacional para la generación de ingresos, deberán incluir de manera diferencial a las mujeres con discapacidad y madres de niños y niñas con discapacidad.
2. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, o quien haga sus veces, deberá diseñar una estrategia para la inclusión de las mujeres con discapaciadad en todos los programas y proyectos del Gobierno nacional.
3. El Ministerio del Interior y de Justicia o quien haga sus veces, definirá los mecanismos de prevención y atención integral de abusos y maltrato de las mujeres con discapacidad. Deberá estudiar las condiciones que propician los actos violentos ejercidos contra las mujeres y niñas con discapacidad, y hacer de conocimiento público la situación de niñas y mujeres con discapacidad en relación con las violencias de género. Parágrafo 1: El Gobierno deberá diseñar instrumentos de comunicación teniendo en cuentas los diferentes lenguajes de las personas con discapacidad, en donde se de a conocer las rutas y protocolos de la oferta para la prevención y atención de las violencias de género. Estos instrumentos deberán ser socializados para su difusión y conocimiento por parte de la comunidad con discapacidad. CAPÍTULO III
ACCIONES JUDICIALES QUE GARANTICEN EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN ARTÍCULO 25. ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS. Para la protección de sus derechos, las personas con discapacidad podrán recurrir a todas las acciones legales tales como las constitucionales, penales, patrimoniales individuales o de grupo, laborales, disciplinarias y administrativas contempladas en el ordenamiento jurídico colombiano en igualdad de condiciones con todas las personas.
Todas estas acciones son compatibles, de conformidad con lo establecido en las leyes respectivas. Asimismo, podrá acceder, cuando fuere del caso, a los mecanismos internacionales de protección de los derechos. Las instituciones estatales ante quienes se presente la acción que sea del caso, deberán disponer ajustes razonables, físicos, actitudinales u organizacionales (incluyendo los procedimentales) para garantizar el acceso efectivo a dichos mecanismos. Ninguno de los ajustes razonables implicará costos adicionales para la persona con discapacidades que los solicite.
ARTÍCULO 26. CAPACITACIÓN DE LAS AUTORIDADES. Con el fin de asegurar el acceso efectivo a los mecanismos legales disponibles, las autoridades, bajo la coordinación del Ministerio de Justicia, o de quien haga sus veces, recibirán formación dirigida a la prestación de servicios de justicia a personas con discapacidades. CAPÍTULO IV
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE DISCAPACIDAD ARTÍCULO 27. ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE DISCAPACIDAD. El estado de conformidad con el (artículo 2º inciso 3 y artículo 5º numeral 2, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009, adoptará las medidas que sean necesarias para eliminar la discriminación por razón de discapacidad.
Toda persona con discapacidad que sea discriminada por razón de su discapacidad, podrá presentar ante cualquier juez acción de tutela para que el juez imparta medidas preventivas, cautelares o sancionatorias que eliminen la discriminación.
Todo incumplimiento de lo preceptuado en esta ley y los procesos que se fundamenten en la discriminación por razón de discapacidad, o la violación de los derechos de las personas con discapacidad, el Juez de la competencia podrá imponer una multa de diez a cincuenta salarios mínimos legales vigentes en la sentencia respectiva.
ARTÍCULO 28. REPARACIÓN INTEGRAL. Toda persona víctima de una conducta discriminatoria por razón de discapacidad, tiene derecho a una reparación integral, entendiéndose por esta, la petición de perdón, la restitución, indemnización de todos los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales, rehabilitación y la garantía de no repetición, a través de una o más prestaciones a cargo del responsable de la conducta, realizada a favor de la víctima.
ARTÍCULO 29. SANCIONES EN MATERIA LABORAL. La discriminación laboral por discapacidad dará lugar a las siguientes sanciones impuestas por el Ministerio de Protección Social o quien haga sus veces:
1. Multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes y la obligación de equiparar los salarios, prestaciones y condiciones laborales de la persona con discapacidad, cuando fuere del caso.
2. Si la discriminación es ejercida por un funcionario público, además de las sanciones establecidas en la ley, incurrirá causal de mala conducta y de pérdida del empleo.
ARTÍCULO 30. SANCIONES ADMINISTRATIVAS. El incumplimiento de los preceptos establecidos por esta Ley y las demás normas de discapacidad, será sancionado conforme lo prevé la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás normas aplicables.
Se impartirá una sanción administrativa y disciplinaria a los funcionarios que hagan una destinación diferente a los recursos originalmente destinados al fortalecimiento y goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. CAPÍTULO V.
DISPOSICIONES FINALES ARTÍCULO 31. La presente ley no exime al Gobierno de su obligación de revisar las normas del ordenamiento jurídico para determinar su compatibilidad con lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Gobierno Nacional deberá promover los ajustes al ordenamiento jurídico que se requieran y en cumplimiento de esta obligación, el Ministerio del Interior y de Justicia o quien haga sus veces, coordinará la elaboración de un informe de diagnóstico que será presentado ante el Congreso de la República dentro del término de un año a partir de la promulgación de la presente ley, el cual reflejará las normas que deberán ser derogadas y modificadas para adecuar el ordenamiento interno a las disposiciones de la Convención. Dicho dignóstico, deberá contener además un plan de acción en el que se indiquen las acciones a seguir en el corto, mediano y largo plazo; ii) los funcionarios responsables de cumplir las acciones y iii) un cronograma que plasme cuándo deben ser ejecutadas las medidas y tareas. Para la elaboración del diagnóstico que será presentado al Congreso de la República, el Gobierno deberá contar con la participación real y efectiva del Sistema Nacional de Discapacidad, de la academia y de otras organizaciones que defiendan los derechos de las personas con discapacidad. ARTÍCULO 32. PUBLICIDAD. La presente ley deberá ser traducida en los diferentes lenguajes de las distintas discapacidades y deberá ser socializado a nivel nacional con el fin que la comunidad con discapacidad la conozca. El Consejo Nacional de Discapacidad deberá apoyar la difusión y deberá participar activamente en la comunicación de esta ley.
ARTÍCULO 33. REGLAMENTACIÓN DE LA LEY. Los decretos reglamentarios de la presente ley deberán ser elaborados en un plazo máximo de dos años a partir de un proceso participativo el cual deberá ser acordado con el Consejo Nacional de Discapacidad. El Consejo Nacional de Discapacidad deberá proponer una metodología de participación, la cual deberá ser acordada con el Gobierno Nacional.
ARTÍCULO 34. MONITOREO. El Ministerio del Interior y de Justicia o de quien haga sus veces creará en la Dirección de Derechos Humanos, un organismo de seguimiento a la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de acuerdo al artículo 33 de la misma. Esta dirección construirá y aplicará indicadores con base en los cuales se pueda hacer seguimiento a la implementación de esta ley.
ARTÍCULO 35. ADICIÓN LEGISLATIVA. La presente ley se adiciona a las demás normas que protegen los derechos de las personas con discapacidad, con el fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos, así como su exigibilidad.
ARTÍCULO 36. REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES. El Estado deberá aprobar en un plazo de dos años un régimen de fracciones y sanciones de las conductas discriminatorias en contra de la población en situación de discapacidad.
ARTÍCULO 37. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. ________________________________________
[1] Artículo 1 Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 2006.
[2] Parra Dussan, Carlos. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: Antecedentes y sus Nuevos Enfoques, en Internacional Law. Universidad Javeriana Bogotá 2010.
[3] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Preámbulo, inc. k. “Observando con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundo”.
[4] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Preámbulo, incs. e, i, o, v, y; arts. 1; 2 (que estipula definiciones claramente inspiradas en el modelo social, como la de “ajuste razonable”), 3 c, d, e, f; 4.1 e, f, g, h, i; 8; 9; 13; 14.2; 19; 20; 21; 24; 25; 26.1 b, 27 h, i; 28; 29; 30. La lista es meramente indicativa.
[5] DNP. Documento CONPES 80, 2004
[6] “Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales, o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.” Artículo 1 Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 2006
[7] En este Informe se proyecta un aumento en la prevalencia de la discapacidad señalando que casi mil millones de personas en el mundo viven con alguna forma de discapacidad (15% de la población mundial), de ellas casi 200 millones presentan dificultades considerables en su funcionamiento.
discapacidades infantiles (0-14 años), con una estimación de 95 millones de niños (5,1%), 13 millones de los cuales (0,7%) tienen “discapacidad grave”.
las personas ancianas tienen un mayor riesgo de discapacidad- y al incremento global de los problemas crónicos de salud asociados a discapacidad, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales..
[8] Censo 2005. Departamento Nacional de Estadísticas- Dane
[9] En el 70% de los casos este cuidador es una mujer (la mamá o la abuela)
[10] Estado de la educación en Colombia. Alfredo Sarmiento. Educación Compromiso de Todos. Bogotá 2010.
[11] La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el Pacto el 16 de diciembre de 1996, quedando abierto para que los Estados lo firmen, ratifiquen y adhieran.