Source: http://bazica.org/p-de-la-c-1057-conferencia.html
Timestamp: 2019-05-20 17:10:48
Document Index: 209385930

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6']

P. de la C. 1057) (Conferencia)
(P. de la C. 1057)
Para derogar la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 2001, conocida como “Oficina de Control de Drogas de Puerto Rico”; añadir el inciso (o) al Artículo 5 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996”, a los fines de delegar en el Superintendente de la Policía las funciones inherentes a la seguridad pública delegadas a dicha oficina; añadir el inciso (q) a la Sección 8 de la Ley Núm. 67 de 7 de agosto de 1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción”, con el propósito de delegar en su Administrador las funciones relacionadas a la prevención, educación y rehabilitación que habían sido delegadas a dicha oficina; reasignar los fondos, materiales y toda clase recursos existentes de la Oficina de Control de Drogas de Puerto Rico a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción y el equipo relacionado con la educación, prevención, tratamiento y rehabilitación se traspasará a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción y el relacionado con seguridad e interdicción a la Policía de Puerto Rico; y para otros fines.
Esta ley deroga la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 2001, conocida como “Oficina de Control de Drogas de Puerto Rico” y en su lugar enmienda la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996”, para añadir a las facultades, atribuciones y deberes del Superintendente de la Policía, aquellas pertinentes a éste que habían sido delegadas a la Oficina de Control de Drogas.
Artículo 1.-Se deroga la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 2001, conocida como “Oficina de Control de Drogas de Puerto Rico”.
Artículo 2.-Se añade el inciso (o) al Artículo 5 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996”, para que se lea como sigue:
“Artículo 5.-Superintendente - Facultades, atribuciones y deberes
Como parte de sus funciones como custodio de la seguridad pública:
establecerá enlaces y mantendrá la coordinación entre las agencias de seguridad estatales, federales y entidades internacionales, para estructurar y viabilizar un esfuerzo conjunto de vigilancia de las costas, aeropuertos y puertos marítimos y compartir e intercambiar información y datos necesarios para proteger las fronteras de Puerto Rico contra la penetración de drogas a la Isla;
promoverá la coordinación entre las agencias de seguridad estatales y federales para la detección de las empresas criminales, el lavado de dinero y el tráfico de armas de fuego, cuando estas empresas y actividades ilícitas estén relacionadas con el tráfico ilegal de drogas;
coordinará los planes de acción y esfuerzos de los organismos gubernamentales relacionados con el control del tráfico ilegal de drogas; y
asesorará al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre mecanismos para el control de tráfico ilegal de drogas dirigido a la Isla y cada enero, rendirá un informe anual sobre las gestiones realizadas al amparo de este inciso a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y al Gobernador de Puerto Rico, al comenzar la primera sesión ordinaria del año.”
Artículo 3.-Se añade el inciso (q) a la Sección 8 de la Ley Núm. 67 de 7 de agosto de 1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción”, para que se lea como sigue:
“Sección 8.-Administrador
Como parte de los poderes necesarios y convenientes para llevar a cabo los propósitos y las disposiciones de esta Ley, el Administrador, además:
delineará y encauzará en un Plan Estratégico la planificación para el control, prevención, tratamiento y rehabilitación del uso de drogas y otras sustancias adictivas, con énfasis especial en la prevención y el tratamiento, para lo cual diseñará un abarcador programa de amplia difusión pública para persuadir a la población en general y especialmente a la juventud, que rechace el uso perjudicial de drogas ilegales y otras sustancias adictivas a través de las escuelas e instituciones educativas;
integrará en el Plan Estratégico las iniciativas estatales y federales, así como de otras jurisdicciones, previa evaluación de sus resultados y efectividad, en armonía con la política pública del Gobierno de Puerto Rico;
coordinará los recursos disponibles y dará seguimiento a la implantación de la política pública para el control, prevención, tratamiento y rehabilitación del uso perjudicial de drogas;
coordinará los planes de acción y esfuerzos de los organismos gubernamentales relacionados con el control del tráfico ilegal de drogas, su prevención, tratamiento y educación contra el uso y abuso de drogas y otras sustancias adictivas;
coordinará, evaluará y supervisará la disponibilidad y utilización de los recursos y el cumplimiento del Plan Estratégico por parte de las agencias que implantan programas y actividades sujetos a la coordinación de la Administración para que armonicen con la política pública adoptada. También coordinará el establecimiento de un sistema de apoyo y ayuda técnica que optimice el funcionamiento de dichas agencias; y
asesorará al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre mecanismos para la reducción del consumo de drogas, su prevención, tratamiento, rehabilitación y educación contra el uso y abuso de drogas y otras sustancias adictivas y cada enero, rendirá un informe anual sobre las gestiones realizadas al amparo de este inciso a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y al Gobernador de Puerto Rico, al comenzar la primera sesión ordinaria del año.”
Artículo 4.-Se reasignan los fondos, materiales y toda clase de recursos existentes de la Oficina de Control de Drogas de Puerto Rico a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. Así mismo se traspasará el equipo de la Oficina de Control de Drogas de Puerto Rico relacionado con la educación, prevención, tratamiento y rehabilitación a la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción y el relacionado con seguridad e interdicción a la Policia de Puerto Rico.
Artículo 5.-Se transfiere con status regular de carrera a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, el personal de la Oficina de Control de Drogas que a la fecha en que entre en vigor esta ley estuviere ocupando puestos regulares con funciones permanentes del Servicio de Carrera. Los empleados de confianza que a dicha fecha tuvieren derecho a reinstalación, a tenor con lo dispuesto en la Sección 9.2 de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, serán transferidos con status de confianza y permanecerán en sus puestos con ese status hasta que la autoridad nominadora determine reinstalarlos al status de carrera.
La clasificación, reclasificación y retribución de los puestos se establecerá acorde con los planes de clasificación y retribución aplicables en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. Los empleados transferidos deberán reunir los requisitos mínimos de la clasificación de los puestos a que se asignen sus funciones.
Artículo 6.-La aprobación de esta ley en forma alguna afecta o menoscaba obligaciones contraídas al amparo de la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 2001 que por la presente se deroga, especialmente de obligaciones contraídas por la Oficina de Control de Drogas de Puerto Rico con cualquier agencia de seguridad estatal, federal o internacional. Tampoco afectará esta ley procedimiento o acción iniciados de acuerdo con las normas o disposiciones de cualquier reglamento adoptado a tenor con dicha ley vigente al momento de su derogación. Esos procedimientos o acciones, si algunos, se continuarán tramitando por el Superintendente de la Policía de Puerto Rico o por el Administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, según sea el caso, de acuerdo a los deberes y funciones delegados a éstos mediante esta ley, hasta su resolución final al amparo de las disposiciones bajo las cuales se hubiesen iniciado.