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Timestamp: 2018-01-22 01:15:34
Document Index: 2350025

Matched Legal Cases: ['artículo 217', 'artículo 1', 'artículo 277', 'artículo 398', 'artículo 248', 'artículo 477', 'artículo 469']

B. Santander condenado a devolver comisiones devolución y descubierto
« Banco Santander pierde la apelación contra la condena que le obligaba a abonar 6.881,82 € por comisiones relacionadas con descubiertos
La A. P. de Madrid se ratifica en condenar a BBVA a la devolución de varias comisiones, entre ellas las de reclamación por posiciones deudoras y descubierto »
La A. P. de Madrid ratifica la sentencia contra Banco Santander que le condenaba a devolver 17.101,51 € por comisiones por devolución de efectos y por descubierto en cuenta
La Audiencia Provincial Civil de Madrid ratifica la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 83 de Madrid contra Banco Santander, la cual le condenaba a devolver 17.101,51 € en concepto de comisiones por devolución de efectos y comisiones por descubierto.
Respecto a las comisiones por devolución de efectos, considera que no han sido aceptadas por el cliente, sino que han sido impuestas por la entidad de crédito de un modo unilateral, además de que carecen de causa, al no responder a ningún nuevo servicio real prestado al cliente.
Y que el cobro de este tipo de comisiones exige de un consentimiento expreso sobre la base de un documento escrito donde se contengan los datos precisos para su perfecto conocimiento y cuantificación. Acordando la Sala que no existe causa o razón jurídica que justifique el cobro de estas comisiones por el banco, y que por tal motivo deberán ser devueltas al demandante.
Respecto a las comisiones por exceso en crédito y por descubierto, aunque pactadas en el contrato no describen ningún servicio o gestión realizada por el Banco, y ninguna prueba existe de la prestación efectiva de ese servicio, más allá del mero apunte contable.
Además de que la entidad bancaria apelante tampoco justifica siquiera que se liquidara conforme a las tarifas, ni que la comisión cobrada respondiera a un servicio efectivamente prestado.
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Recurso de Apelación núm. 25/2015
C/ Ferraz, 41 , Planta 2 – 28008
Recurso de Apelación 25/2015
O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 83 de Madrid
Autos de Procedimiento Ordinario 1735/2012
PROCURADOR: D. /Dña. XXXXXXXX
APELADO: XXXXXXXX
ILMO/A SR./SRA. PRESIDENTE: XXXXXXXX
ILMOS/AS SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS: XXXXXXXX y XXXXXXXX
En Madrid, a once de diciembre de dos mil quince.
La Sección Undécima de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sres. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Procedimiento Ordinario 1735/2012 seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia nº 83 de Madrid a instancia de BANCO SANTANDER S.A. como parte apelante, representada por el Procurador D. XXXXXXXX contra XXXXXXXX como parte apelada, representada por la Procuradora Dña. XXXXXXXX; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 27/10/2014 .
VISTO, Siendo Magistrada Ponente Dña. XXXXXXXX.
PRIMERO.– Por Juzgado de 1ª Instancia nº 83 de Madrid se dictó Sentencia de fecha 27/10/2014, cuyo fallo es del tenor siguiente:
“Que estimando la demanda interpuesta por la representación de XXXXXXXX contra BANCO DE SANTANDER debo declarar y declaro haber lugar a:
Condenar al demandado a pagar a la actora la cantidad de 17.101,51 €.
Condenar al demandado a pagar a la actora los intereses legales de la anterior cantidad.
Imponer al demandado el pago de las costas procesales ocasionadas a la demandante.”.
SEGUNDO.– Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de BANCO SANTANDER S.A., que fue admitido en ambos efectos, dándose traslado del mismo a la parte contraria que formuló oposición al recurso, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.
La demanda iniciada por la representación de la mercantil hoy apelada reclama a Banco Santander, S.A. la cantidad de 17.101,51 euros como principal, que desglosa en distintos conceptos: por el concepto de cobro indebido de comisiones y gastos por devolución de efectos impagados -11.536,30 euros-, y por el cobro indebido de comisiones por descubierto en cuenta -5.745,21 euros-.
Alega que debido a las relaciones mercantiles propias de los servicios bancarios que ha mantenido con el Banco demandado, ha descontado y negociado efectos comerciales, y por ello el banco ha percibido una comisión de descuento o de negociación, y también otra comisión por devolución de los efectos impagados, pese a haber abonado las comisiones por descuento; al igual que también ha cobrado comisiones por descubierto y por excedido en cuenta corriente -4,50 % trimestral (18% anual)-, a pesar de haber percibido interés por ese mismo descubierto -29% anual-.
Por su parte la entidad bancaria demandada se oponía a la demanda alegando en síntesis que las comisiones que se reclaman eran debidas ya que se encontraban pactadas, y su cuantía se corresponde con las tarifas que tiene comunicadas al Banco de España y obedecen a servicios efectivamente prestados, que fueron solicitados por la demandante.
La sentencia dictada en primera instancia estima íntegramente la demanda, examinando el contrato y sus comisiones desde una óptica civil, sin normas de protección a consumidores, puesto que estima que en el caso no hay ningún consumidor, y tras el examen de las condiciones particulares de los contratos aportados por la demandada, considera que la Quinta, que es la que habla de la retrocesión del descuento, es la estipulación en la que consta la obligación de abono de los intereses, comisiones y gastos, sin embargo no establece cuales puedan ser los mismos, pues con independencia a la remisión a la normativa bancaria aplicable, es necesario que en el contrato se encuentren de forma comprensible y clara las prestaciones de las partes y sus obligaciones; añadiendo que tampoco es clara la redacción de los gastos referentes al correo.
La apelante, demandada en la instancia, combate en primer lugar la sentencia recurrida al considerar que la Sentencia únicamente se refiere a las comisiones por descuentos de efectos y a los gastos de correo, dejando sin resolver todo lo concerniente a las comisiones por exceso en crédito y a las comisiones por descubierto.
En cuanto a las comisiones por devolución indica que solo ha cobrado una por el descuento o la gestión de cobro de los efectos, señala que cada contrato tiene su propia cláusula de cobro de comisiones, estimando que las mismas recogen con claridad su derecho al cobro de una comisión de devolución, comisión que se corresponde con la contenida en las Tarifas de comisiones, condiciones y gastos repercutibles a clientes debidamente publicadas y notificadas al Banco de España, haciéndose constar además en los contratos la entrega a la actora de un ejemplar de dichas Tarifas.
En referencia a los gastos de correo estima que están previstos contractualmente, son gastos abonados que tiene derecho a repercutir, y además su importe se encuentra dentro de lo razonable. Por lo que se refiere a las comisiones por exceso en crédito y descubierto manifiesta que además de estar expresamente pactadas, los contratos determinan expresamente su importe, que coincide con el publicado en las Tarifas de comisiones comunicadas al Banco de España.
Finalmente en su alegación tercera del recurso hace referencia la apelante a la realidad del servicio prestado por cada comisión cobrada, indicando además que la actora las ha estado abonando durante más de 7 años, sin manifestar nada a pesar de haber recibido los correspondientes extractos.
La apelada en su escrito de oposición al recurso de apelación estima que la Sentencia ha tenido en cuenta la totalidad de las cuestiones planteadas. Asimismo indica que respecto a una de las cuentas no se ha aportado contrato que permita sostener que el cobro de las cantidades se encuentra amparado, siendo los contratos aportados como documentos números 7, 8, 9 y 10 meras renovaciones del que se acompaña como documento nº 6, y refiriéndose el nº 5 a un contrato con tercera sociedad, que no es parte en este procedimiento.
Asimismo alega que el hecho de que las comisiones se comunicasen por la entidad al Banco de España ni las legitima ni por ello responden a servicios prestados, considerando de dudosa legitimidad los pactos ya que constituyen un sobreprecio añadido a lo que es el importe del descuento, desplazándose a la demandada, la carga de la prueba de la efectiva prestación de los servicios por los que cobra.
Como ya puso de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 5 de octubre de 2006:
“La doctrina jurisprudencial ha caracterizado el contrato de descuento bancario como aquel negocio jurídico por virtud del cual el banco descontante anticipa al cliente, cedente o descontario, el importe del crédito que éste tiene con un tercero, previa deducción de los intereses correspondientes por el tiempo que falta para su vencimiento, mediante la adquisición por el descontante de la titularidad del crédito cedido, y en el que la cesión tiene lugar “pro solvendo” y con la cláusula salvo buen fin – Sentencias 28 de junio de 2001, 30 de abril de 2003, 25 de noviembre de 2004 y 10 de febrero de 2006.”
Asimismo en la Sentencia núm. 215/2000 (Sala de lo Civil), de 10 marzo , define el contrato llamado de descuento, como aquél en que el poseedor de un título valor no vencido (o de un crédito ordinario) lo transfiere a una persona natural o jurídica, generalmente un Banco, para que le anticipe su importe con ciertas deducciones o descuento, de donde toma su nombre, con independencia del contrato subyacente del que surgieron los efectos descontados.
Una de las características del referido contrato de descuento es la de ser un contrato autónomo, en el que solamente son partes contratantes el cedente de los títulos (descontatario) y el Banco descontante, sin que de dicho contrato, en sí mismo considerado, se desprenda obligación alguna para el deudor de los títulos cedidos y descontados.
De este modo cuando el acreedor a plazo de una suma dineraria pretende obtener un anticipo bancario por importe normalmente equivalente al de la obligación aplazada de la que es titular activo puede obtenerlo a través de diversos cauces como el préstamo, apertura de crédito o al descuento aunque lo normal es que se recurra al contrato de descuento ya que esta operación presenta por regla general indudables ventajas económicas tanto para el cliente que solicita la financiación como para la entidad bancaria.
Pese a su difusión en la práctica económica y bancaria, la regulación positiva del descuento está carente en nuestro derecho positivo de especifica atención legal salvo la referencia que el art. 177 del Código de Comercio (LEG 1885, 21) hace a las operaciones de descuentos depósitos, cuentas corrientes, cobranzas, préstamos etc. que corresponden a los Bancos de emisión y descuento.
Sentado lo anterior, como señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 8ª) de 6 de febrero de 2011: “…en el ámbito de las “comisiones bancarias” hay que acudir a las propias directrices del organismo supervisor, el Banco de España. Así en su Circular 8/90, aunque con referencia a las comisiones propias de las cuentas corrientes, de ahorro y a plazo, establecía básicamente tres condiciones o requisitos:
Como recogen las sentencias de esta Audiencia Provincial, Sección 21ª, de 13 de octubre de 2005, que a su vez se remite a sentencias de la misma sección de 15 de abril de 2002 y 19 de octubre de 2004, referidas a las comisiones de descuento:
“En el concreto supuesto que nos ocupa, no podemos admitir (…), que exista pacto expreso que justifique el devengo de la comisión de descuento a que nos venimos refiriendo, y ello por cuanto que no existe cláusula concreta en la que se conviniera el devengo de tal comisión, sin que la remisión genérica que realiza la cláusula cuarta del contrato de negociación de documentos que vincula a las partes en litigio… sea suficiente para considerar que existía tal pacto, por cuanto que al margen de no reflejar la misma con la suficiente claridad pacto de devengo de comisión de descuento, no conviniéndose comisión en este concepto, además tampoco se previno su cuantía o modo de cálculo de la misma, ni fecha de su liquidación, no siendo válida la remisión a las “tarifas” a tales efectos, teniendo en cuenta en este punto el contenido tanto de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 12 de diciembre de 1989 (norma 7, apartado 4º.c)) como la Circular 8/1990, de 7 de septiembre (RCL 1990, 1944) del Banco de España, en los que se dice que a efectos de comisiones y gastos no serán admisibles las remisiones genéricas a tales tarifas…
Finalmente, hemos de indicar que no cabe considerar como una aceptación tácita (…) el devengo de la comisión de descuento a que nos estamos refiriendo, por el hecho de que hubiere venido satisfaciendo la misma sin alegar nada en contra (…), ya que no es que aquella entidad haya satisfecho voluntariamente estas comisiones, sino que le fueron directamente cobradas mediante los correspondientes giros en cuenta, no pudiendo por ello mantenerse que es que tal entidad haya ido en contra de unos actos no directamente por la misma ejecutados.
(…) Las consideraciones anteriormente realizadas son compartidas por la mayor parte de nuestros Tribunales, y así se recogen entre otras resoluciones, en sentencias de 18 de enero de 2000 de la sección 12ª de esta Audiencia Provincial, o en las de 10 de mayo de 2000 y 23 de abril de 2001 de las secciones 10ª y 18ª de la misma, así como en sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 2 de diciembre de 1999 de la sección 4ª EDJ 1999/57928, o en la de 22 de septiembre de 2004 de la sección 6 ª, de la Audiencia Provincial de Sevilla de 3 de abril de 2000 de la sección 2ª, de la Audiencia Provincial de Granada en sentencias de 18 de marzo y 19 de septiembre de 2000, de la Audiencia de Murcia de 2 de noviembre de 2000, sección 3ª EDJ 2000/71743, etc. (…). La sentencia de la sección 10ª, de 11 de marzo de 2008, se pronuncia en idéntico sentido y la sentencia de la sección 11ª, de 20 de febrero de 2003, da razones similares”.
En atención a los principios recogidos sobre la carga de la prueba en el artículo 217 de la LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892), debe tenerse presente que corresponde a la demandada, que opone ante la reclamación de la devolución de las comisiones y gastos cobrados, que los mismos se encuentran justificados, demostrar cumplidamente la existencia de los pactos ajustados a la normativa bancaria, así como la realidad del concreto servicio al que responden, todo ello teniendo en cuenta la facilidad probatoria con la que cuenta la entidad bancaria para acreditar tales extremos.
En este caso en primer lugar debe tenerse en cuenta que tras el examen de los contratos aportados por la demandada, se desprende que ninguno ampara las comisiones y gastos cobrados referidos a la cuenta corriente XXXXXXXX; además debe excluirse de análisis el que se aporta como documento número 5 de la contestación al estar concertado con una mercantil distinta a las partes litigantes, por lo que en modo alguno puede tomarse en consideración.
El documento número 2 de los aportados con la contestación a la demanda consistente en póliza de negociación de letras de cambio, documentos mercantiles y otras operaciones bancarias -documento nº 2-, de fecha 6 de noviembre de 2003, contempla en su condición particular 5ª referida a la retrocesión del descuento, que el acreditado se obliga a reintegrar al Banco las cantidades que le resulten debidas como consecuencia de la negociación efectuada, así como a pagar los intereses, comisiones y gastos que se devenguen a favor del Banco como consecuencia de ello.
Los documentos números 3 y 4 de la contestación consistentes en pólizas de crédito bajo la modalidad de anticipo de documentos mercantiles de fechas 22 de noviembre de 2004 y 8 de noviembre de 2005, contienen entre sus condiciones generales, la cuarta que referida a la obligación de reintegro es del siguiente tenor literal:
“En caso de impago de los documentos o de vencimiento del anticipo, el acreditado se obliga a reponer al Banco las cantidades que éste no reciba de los deudores de aquél por sus importes íntegros más los intereses, comisiones de devolución, gastos y tributos que correspondan, quedando el Banco facultado para adeudar dichos importes en las cuentas y depósitos de que el cliente sea titular o en la cuenta especial a la que se refiere la Condición General DUODECIMA.”
Estas cláusulas, conforme a los criterios expuestos con anterioridad no puede decirse que reúnan los requisitos de claridad y precisión que requiere la normativa y los criterios jurisprudenciales, para considerarlas de obligado cumplimiento, y realmente pactadas las comisiones a que se refieren, pues no fueron especificadas en debida forma, y la mera remisión a las tarifas comunicadas al Banco de España, no cumplen con el requisito de claridad exigido; además la entidad bancaria apelante tampoco justifica siquiera que se liquidara conforme a las mencionadas tarifas, ni que la comisión cobrada respondiera a un servicio efectivamente prestado, y no a una mera operación mecánica de devolución que, por lógica, estaría integrada en la gestión de cobro.
Por su parte las pólizas de crédito que se adjuntan a la contestación a la demanda como documentos 6 a 10 ambos inclusive, tienen todos ellos, una condición particular Quinta referida a las comisiones y gastos repercutibles, que no contempla la comisión de devolución analizada, por lo que en modo alguno puede decirse que la misma se encuentre pactada en tales contratos, ni siquiera con la remisión a las tarifas antes vista.
En cuanto a las comisiones por devolución en el contrato de descuento, este Tribunal en sentencias de 12 de julio de 2013, 27 de enero de 2014 y la de 13 de marzo de 2014, expresa:
Y que respondan a un servicio efectivamente prestado, aceptado o solicitado en firme por el cliente”.
Y seguíamos diciendo: “El tema de las “comisiones por devolución” ha estado frecuentemente en el punto de mira del Banco de España que – como ha señalado la doctrina- en un principio negaba que la comunicación del impago y consiguiente cobro de la comisión de devolución obedezca a un servicio solicitado por el cliente o a un gasto soportado por la entidad.
En el presente caso, ha faltado probar que el pago de “comisiones de devolución” por la actora fue pactado con la entidad bancaria y que se liquidó conforme a lo pactado y que respondió a un “servicio efectivamente prestado”, y no a una mera operación mecánica de devolución que, por lógica, estaría integrada en la gestión de cobro.
Así lo ha venido entendiendo esta Audiencia Provincial de Madrid en distintos pronunciamientos de diferentes Secciones (v.gr. Sentencia Sección 14ª de 9 de octubre de 1996 , Sentencia Sección 18ª de 10 de mayo de 2000, Sentencia Sección 12ª de 18 de enero de 2000 EDJ2000/21354 y otras), pudiéndose citar como más reciente pronunciamiento el siguiente extracto de la sentencia AP Madrid Sección 18ª de 14 de enero de 2009:
“El tema ante el que nos enfrentamos en este momento en este procedimiento, que nos corresponde examinar en grado de apelación, versa sobre la licitud y exigibilidad de las denominadas comisiones por devolución de efectos comerciales impagados tomados en negociación o descuento , en gestión de cobro o para su compensación.
La sociedad apelante rechaza la posibilidad de admitir, como ha hecho la sentencia de instancia, la aceptación tácita de las comisiones de devolución por parte del cliente del Banco, pues la norma sexta, apartado 6-c) de la Orden Ministerial de 12 diciembre de 1989 considera que prohíbe tal posibilidad, ya que tal precepto, rechazando cualquier remisión genérica a las tarifas, exige un consentimiento expreso sobre la base de un documento escrito donde se contengan los datos precisos para su perfecto conocimiento y cuantificación, tales como concepto, cuantía, fecha de devengo y liquidación.
(…) El estudio del tema de la causa del contrato nos lleva nuevamente a la normativa antes enunciada, es decir la Orden Ministerial de 12 de diciembre de 1989 y la Circular del Banco de España 8/90 (RCL 1990, 1944), mereciendo especial atención los preceptos que indican que las comisiones deben responder “a un servicio efectivamente prestado o a gastos habidos” y que “en ningún caso podrán cargarse comisiones por servicios no aceptados o solicitados en firme por el cliente“.
“En el concreto supuesto que nos ocupa, no podemos admitir, pese a las alegaciones efectuadas por (…), que exista pacto expreso que justifique el devengo de la comisión de descuento a que nos venimos refiriendo, y ello por cuanto que no existe cláusula concreta en la que se conviniera el devengo de tal comisión, sin que la remisión genérica que realiza la cláusula cuarta del contrato de negociación de documentos que vincula a las partes en litigio, y que textualmente reseñamos en el fundamento jurídico anterior, sea suficiente para considerar existía tal pacto, por cuanto que al margen de no reflejar la misma con la suficiente claridad pacto de devengo de comisión de descuento, no conviniéndose comisión en este concepto, además tampoco se previno su cuantía o modo de cálculo de la misma, ni fecha de su liquidación, no siendo válida la remisión a las “tarifas” a tales efectos, teniendo en cuenta en este punto el contenido tanto de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 12 de diciembre de 1989 (norma 7, apartado 4º.c)) como la Circular 8/1990, de 7 de septiembre del Banco de España, en los que se dice que a efectos de comisiones y gastos no serán admisibles las remisiones genéricas a tales tarifas.
Finalmente, hemos de indicar que no cabe considerar como una aceptación tácita por parte de (…) el devengo de la comisión de descuento a que nos estamos refiriendo, por el hecho de que hubiere venido satisfaciendo la misma sin alegar nada en contra, como pretende (…), ya que no es que aquella entidad haya satisfecho voluntariamente estas comisiones, sino que le fueron directamente cobradas mediante los correspondientes giros en cuenta, no pudiendo por ello mantenerse que es que tal entidad haya ido en contra de unos actos no directamente por la misma ejecutados.
Las consideraciones anteriormente realizadas son compartidas por la mayor parte de nuestros Tribunales, y así se recogen entre otras resoluciones, en sentencias de 18 de enero de 2000 de la sección 12ª de esta Audiencia Provincial, o en las de 10 de mayo de 2000 y 23 de abril de 2001 de las secciones 10 ª y 18ª de la misma, así como en sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 2 de diciembre de 1999 de la sección 4ª EDJ 1999/57928, o en la de 22 de septiembre de 2004 de la sección 6 ª, de la Audiencia Provincial de Sevilla de 3 de abril de 2000 de la sección 2 ª, de la Audiencia Provincial de Granada en sentencias de 18 de marzo y 19 de septiembre de 2000, de la Audiencia de Murcia de 2 de noviembre de 2000, sección 3ª EDJ 2000/71743, etc. (…)”.
De lo que se trata, en definitiva, como ya ha puesto de relieve este Tribunal, en Sentencia de 13 de marzo de 2014 (AC 2014, 682) Rec. 626/2013, así como la de 27 de enero de 2014 (JUR 2014, 60017) Recurso: 93/2013 , y la de 12 de julio de 2013:
“es determinar si como consecuencia del contrato (y del principio “pacta sunt servanda”) toda cláusula contractual -y entre ellas las relativas a posible comisiones por devolución- que han sido incluidas por el Banco en el documento contractual de adhesión son aplicables sea cual sea el caso, pues, tratándose como se trata de comisiones por un servicio especial y concreto que rebasaría el ámbito del contrato de descuento, habría que acreditar que realmente del propio contrato de descuento no se desprende que la gestión de la devolución del efecto descontado va incluida (que es lo más lógico y entendible para una mente objetiva) o en otro caso acreditar qué gasto real añadido le ha supuesto al Banco el gestionar la devolución del efecto, o tal vez esperar a un nuevo intento de cobro (que es de suponer no se le volvería a cobrar al cliente)”.
En relación a los gastos de correo, la póliza de negociación de valores adjuntada como documento nº 2 de la contestación establece en la condición general 9ª que serán de cargo del acreditado, entre otros, los gastos de correo u otros medios de comunicación, de acuerdo con las tarifas postales y de comunicaciones vigentes en cada momento, en que pueda incurrir el Banco en cualquier operación que en su trámite así lo requiera.
Dicha cláusula se reproduce como condición general 16ª en la póliza que se adjunta como documento nº 3, y en la que se adjunta como documento nº 4, no incluyéndose tal gasto en ninguna de las condiciones particulares o generales de las pólizas adjuntadas como documentos 6 a 10 de la contestación.
Por tanto, en relación a tales gastos de correo, debe concluirse igualmente, que o bien no se encuentran pactados en las pólizas indicadas, o bien, en aquellas que se refieren a los mismos, únicamente se efectúan remisiones genéricas a las tarifas postales y de comunicaciones vigentes en cada momento, sin que conste siquiera que en el momento del cobro, se informara de cuales fueran aquellas concretas tarifas; pero además, igual que ocurre en el caso anterior, tampoco la entidad apelante justifica el efectivo servicio que hubiera dado lugar al cobro de tal concepto, y por ello igualmente procede desestimar la oposición que respecto a este gasto efectúa la demandada-apelante.
Resta el examen de las comisiones por exceso en crédito y por descubierto, y lo primero que hay que poner de manifiesto que las únicas pólizas que hacen referencia a tal concepto son las de crédito que se adjuntan a la contestación a la demanda como documentos 6 a 10, todos ellos referidos a la cuenta XXXXXXXX, por lo que las comisiones cobradas en relación a la otra de las cuentas corrientes, carecen de soporte contractual alguno.
Ahora bien, estas comisiones, aunque pactadas en el contrato no describen ningún servicio o gestión concretas realizada por el Banco, como ya ha tenido ocasión de pronunciarse esta misma Sala, y ninguna prueba existe de la prestación efectiva de ese servicio, más allá del mero apunte contable.
La alegación de que la devolución de comisión compense el riesgo que sufren las entidades no puede acogerse, pues al margen de que ese riesgo del cedente ya viene compensado por vía del interés que se establece en el descuento lo cierto es que no hay riesgo derivado del deudor para el banco, ya que éste toma los documentos para su cobro salvo buen fin (artículo 1.170 del Código Civil (LEG 1889, 27)), esto es, sin asumir riesgo alguno derivado del impago.
Concretamente reseñaremos la Sentencia de esta Sección dictada el 3 de diciembre de 2014, rec. 365/13, que con cita, entre otras a la de la Sección 8 ª de 11 de junio de 2012, recogió lo siguiente:
“Efectivamente, el cobro de comisiones por operaciones o servicios prestados por las entidades bancarias aparece regulado, por un lado, en el apartado quinto del Capítulo Primero de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 12 de diciembre de 1989, por la que se fijan los tipos de interés y comisiones, así como las normas de actuación, información a clientes de las entidades de crédito (derogada por la letra a) de la disposición derogatoria única de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, conforme al cual:
Debe pues revocarse la sentencia dictada en primera instancia y estimarse la demanda por las comisiones de descubierto y posiciones deudoras exigidas en la misma por haber sido sin causa justificada; imponiendo a la demandada la obligación de abonar al actor la cantidad indebidamente percibida (7.795’54.-euros) que devengará los intereses legales desde la fecha de la interpelación extrajudicial de 28 de enero de 2003, conforme admite el demandado, por aplicación de lo dispuesto en el art. 1100 CC. ”
Dicha sentencia continúa:
“En el mismo sentido expuesto, se pronuncian las Sentencias de la Audiencia Provincial de Huesca de fecha 31 de julio de 2006, de Málaga (Sección 4ª) de fecha 21 de febrero de 2012 y de esta misma Audiencia (Sección 10ª), de fecha 27 de enero de 2009, en la que se recoge: “… cualquier comisión que las entidades bancarias repercutan en los clientes, debe corresponder a la prestación de un servicio real acreditado, que es el que se remunera, según se infiere del artículo 277 del Código del Comercio y de la naturaleza bilateral y contraprestacional de la propia comisión.
En este caso la situación deudora o en descubierto de la cuenta corriente queda más que suficientemente resarcida con el elevadísimo interés aplicado a la deuda, de un 29%, sin que se haya probado que la comisión examinada responda a la prestación de un servicio, por lo que la aplicación de la comisión por descubierto, es abusiva por haber sido sin causa justificada…”, y también lo hace la Memoria del Servicio de Reclamaciones del banco de España de 2010, que señala: “Las entidades pueden pactar libremente las comisiones que cobran por las operaciones o servicios que presten, y pueden repercutir a sus clientes los gastos efectivos en que hayan incurrido por prestar sus servicios…”
Por último y para dar cumplida respuesta a todas las alegaciones contenidas en el recurso de apelación interpuesto, debe descartarse la existencia de una aceptación tácita por parte de la entidad demandante en el cobro de las cantidades litigiosas, así como igualmente debe rechazarse la aplicación de la doctrina de los actos propios, siguiendo en este aspecto también el criterio mantenido por esta Sala en Sentencia de 6 de marzo de 2015 (JUR 2015, 107887), Recurso: 731/2013:
“No puede desconocerse que como razonó la sentencia de la Sección Décima de esta Audiencia Provincial de 11 de marzo de 2008 (EDJ2008/53142), si bien en relación a comisiones de descuento cobradas al cliente por un Banco, que no cabe considerar como una aceptación tácita por parte del mismo el devengo de la comisión de descuento, por el hecho de que hubiere venido satisfaciendo la misma sin alegar nada en contra, ya que no es que dicho cliente haya satisfecho voluntariamente estas comisiones, sino que le fueron directamente cobradas mediante los correspondientes giros en cuenta, no pudiendo por ello mantenerse que haya ido en contra de unos actos no directamente ejecutados por el mismo.”
Por su parte la Sentencia de esta Audiencia Provincial de Madrid, sec. 21ª, de 27-9-2011 (nº 407/2011, rec. 284/2009. Pte: Ripoll Olazabal, Guillermo EDJ 2011/234517) argumenta: “…que no cabe considerar como una aceptación tácita por parte de XXXXXXXX, el devengo de la comisión de descuento a que nos estamos refiriendo, por el hecho de que hubiere venido satisfaciendo la misma sin alegar nada en contra, como pretende Caja de Madrid, ya que no es que aquella entidad haya satisfecho voluntariamente estas comisiones, sino que le fueron directamente cobradas mediante los correspondientes giros en cuenta, no pudiendo por ello mantenerse que es que tal entidad haya ido en contra de unos actos no directamente por la misma ejecutados.”
En atención a tales criterios, debe desestimarse el recurso de apelación en su integridad y confirmar la sentencia recurrida.
En materia de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento civil, las costas de esta alzada han de imponerse a la parte apelante.
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. XXXXXXXX en nombre y representación de BANCO SANTANDER, S.A., contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 83 de Madrid, de fecha 27 de octubre de 2014, en los autos de juicio ordinario seguidos bajo el número 1.735/2012, debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS la expresa resolución, con imposición de las costas de este recurso a la parte apelante.
Se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir.
Notifíquese esta resolución a las partes y dése cumplimiento en lo previsto en el número 4 del artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578 y 2635), advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de casación, de acreditarse el interés casacional (artículo 477.2-3 º y 3 de la Ley de Enjuiciamiento civil) y recurso extraordinario por infracción procesal en los supuestos previstos en el artículo 469 de la misma Ley, en relación a su disposición final décimosexta, a interponer en el plazo de veinte días ante este Tribunal, y cuyo conocimiento corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo.
Se hace saber la necesidad de constituir, en su caso, el depósito para recurrir previsto en la disposición Adicional Décimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser consignado el mismo en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sección, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado.
agosto 7th, 2016 | Etiquetas: Banco Santander, España, Otras sentencias comisiones descubierto y similares, Reclamar a bancos | Categorías: Bancos