Source: https://legislacion.vlex.es/vid/oportunidades-discriminacion-accesibilidad-192793821
Timestamp: 2018-01-19 19:17:21
Document Index: 225238232

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'Artículo 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'Artículo 10', 'ARTÍCULO 10', 'Artículo 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'Artículo 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'Artículo 20', 'ARTÍCULO 21', 'artículo 10', 'Artículo 21', 'artículo 10', 'artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 149', 'artículo 149']

Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (Ley 51/2003, de 2 de diciembre) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 192793821
Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (Ley 51/2003, de 2 de diciembre)
CAPÍTULO II. Igualdad de oportunidades - arts. 4 a 10.bis
CAPÍTULO III. Fomento y defensa
SECCIÓN 1ª. Medidas de fomento - arts. 12 a 16
SECCIÓN 2ª. Medidas de defensa - arts. 17 a 21
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Modificación del Estatuto de los Trabajadores
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Modificación de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Modificación de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Observatorio Estatal de la Discapacidad
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Facultades de ejecución y desarrollo
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Consejo Nacional de la Discapacidad
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Plan Nacional de accesibilidad
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en las relaciones con las Administraciones públicas
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público
DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social
DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los medios de transporte
DISPOSICIÓN FINAL NOVENA. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones
DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMA. Currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales
DISPOSICIÓN FINAL UNDÉCIMA. Régimen de infracciones y sanciones
DISPOSICIÓN FINAL DUODÉCIMA. Lengua de signos
DISPOSICIÓN FINAL DECIMOTERCERA. Sistema arbitral
DISPOSICIÓN FINAL DECIMOCUARTA. Fundamento constitucional
Norma citada en: 1769 sentencias, 284 artículos doctrinales, 72 resoluciones administrativas, 12 noticias
Transcurridos más de veinte años desde la promulgación de la Ley de Integración Social de los Minusválidos, sin poner en cuestión su vigencia, se considera necesario promulgar otra norma legal, que la complemente y que sirva de renovado impulso a las políticas de equiparación de las personas con discapacidad. Dos razones justifican esta nueva ley: la persistencia en la sociedad de desigualdades, pese a las inequívocas proclamaciones constitucionales y al meritorio esfuerzo hecho a partir de aquella ley, y, lo que es más importante todavía, los cambios operados en la manera de entender el fenómeno de la 'discapacidad' y, consecuentemente, la aparición de nuevos enfoques y estrategias: hoy es sabido que las desventajas que presenta una persona con discapacidad tienen su origen en sus dificultades personales, pero también y sobre todo en los obstáculos y condiciones limitativas que en la propia sociedad, concebida con arreglo al patrón de la persona media, se oponen a la plena participación de estos ciudadanos.
En esta perspectiva se mueven dos estrategias de intervención relativamente nuevas y que desde orígenes distintos van, sin embargo, convergiendo progresivamente. Se trata de la estrategia de 'lucha contra la discriminación' y la de 'accesibilidad universal'.
El artículo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea habilita al Consejo para 'adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual'. En desarrollo de esta competencia se han adoptado una serie de directivas, tales como la Directiva 2000/43/CE, que se ocupa del principio de igualdad de trato y no discriminación de las personas por motivo de su origen racial o étnico, la Directiva 2000/78/CE para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual, y la Directiva 2002/73/CE para la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo.
El concepto de accesibilidad, por su parte, está en su origen muy unido al movimiento promovido por algunas organizaciones de personas con discapacidad, organismos internacionales y expertos en favor del modelo de 'vida independiente', que defiende una participación más activa de estas personas en la comunidad sobre unas bases nuevas: como ciudadanos titulares de derechos; sujetos activos que ejercen el derecho a tomar decisiones sobre su propia existencia y no meros pacientes o beneficiarios de decisiones ajenas; como personas que tienen especiales dificultades para satisfacer unas necesidades que son normales, más que personas especiales con necesidades diferentes al resto de sus conciudadanos y como ciudadanos que para atender esas necesidades demandan apoyos personales, pero también modificaciones en los entornos que erradiquen aquellos obstáculos que les impiden su plena participación.
El movimiento en favor de una vida independiente demandó en un primer momento entornos más practicables. Posteriormente, de este concepto de eliminar barreras físicas se pasó a demandar 'diseño para todos', y no sólo de los entornos, reivindicando finalmente la 'accesibilidad universal' como condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas.
Es preciso señalar en este primer capítulo la definición de 'igualdad de oportunidades' como el resultado de sumar la ausencia de discriminación con las medidas de acción positiva.
La disposición adicional cuarta modifica la disposición adicional sexta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en relación con la supresión de la disminución de la capacidad de trabajo en la determinación de grado mínimo de minusvalía concerniente a las medidas de fomento del empleo y las modalidades de contratación.
A estos efectos, se entiende por igualdad de oportunidades la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por motivo de o sobre la base de discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Asimismo, se entiende por igualdad de oportunidades la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social.
Artículo 1, apartado 1, segundo párrafo y apartado 2 modificados por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 2 de Agosto de 2011.
Artículo citado en: 887 sentencias, 42 artículos doctrinales, 20 resoluciones administrativas, 3 noticias
Vida independiente: la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Normalización: el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona.
Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de 'diseño para todos' y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.
Diseño para todos: la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible.
Diálogo civil: el principio en virtud del cual las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad, las cuales garantizarán, en todo caso, el derecho de los niños y las niñas con discapacidad a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.
Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, el principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad.
Artículo 2, letra e), modificada por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 2 de Agosto de 2011.
Artículo citado en: 449 sentencias, 14 artículos doctrinales, 5 resoluciones administrativas
La garantía y efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, en el ámbito del empleo y la ocupación, se regirá por lo establecido en esta Ley, que tendrá carácter supletorio a lo dispuesto en la legislación específica de medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato en el empleo y la ocupación.
Artículo 3, modificado por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 2 de Agosto de 2011.
Artículo citado en: 51 sentencias, 4 artículos doctrinales, 7 resoluciones administrativas
CAPÍTULO II Igualdad de oportunidades Artículos 4 a 10.bis
ARTÍCULO 4 Vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades.
ARTÍCULO 5 Garantías del derecho a la igualdad de oportunidades.
ARTÍCULO 6 Medidas contra la discriminación.
Se entenderá que existe discriminación indirecta cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.
ARTÍCULO 7 Contenido de las medidas contra la discriminación.
Artículo citado en: 20 sentencias, 14 artículos doctrinales, una resolución administrativa
ARTÍCULO 8 Medidas de acción positiva.
Los poderes públicos adoptarán las medidas de acción positiva suplementarias para aquellas personas con discapacidad que objetivamente sufren un mayor grado de discriminación o presentan menor igualdad de oportunidades, como son las mujeres con discapacidad, los niños y niñas con discapacidad, las personas con discapacidad con más necesidades de apoyo para el ejercicio de su autonomía o para la toma libre de decisiones y las que padecen una más acusada exclusión social por razón de su discapacidad, así como las personas con discapacidad que viven habitualmente en el medio rural.
Asimismo, en el marco de la política oficial de protección a la familia, los poderes públicos adoptarán medidas especiales de acción positiva respecto de las familias alguno de cuyos miembros sea una persona con discapacidad.
Artículo 8, apartado 2, modificado por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 2 de Agosto de 2011.
Artículo citado en: 3 sentencias, 3 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 9 Contenido de las medidas de acción positiva.
Las medidas de acción positiva podrán consistir en apoyos complementarios y normas, criterios y prácticas más favorables. Los apoyos complementarios podrán ser ayudas económicas, ayudas técnicas, asistencia personal, servicios especializados y ayudas y servicios auxiliares para la comunicación.
ARTÍCULO 10 Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.
El Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, regulará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen unos mismos niveles de igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos con discapacidad.
Apoyos complementarios, tales como ayudas económicas, tecnológicas de apoyo, servicios o tratamientos especializados, otros servicios personales, así como otras formas de asistencia humana o animal. En particular, ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, como sistemas aumentativos y alternativos, sistemas de apoyos a la comunicación oral y lengua de signos, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación.
La adopción de normas internas en las empresas o centros que promuevan y estimulen la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación a las personas con discapacidad.
Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación se establecerán teniendo en cuenta a los diferentes tipos y grados de discapacidad que deberán orientar tanto el diseño inicial como los ajustes razonables de los entornos, productos y servicios de cada ámbito de aplicación de la ley.
Artículo 10, apartado 2, letra c), modificado por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 2 de Agosto de 2011.
Artículo citado en: 13 sentencias, 9 artículos doctrinales, 6 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 10 BIS Igualdad de trato en acceso a bienes y servicios.
Artículo 10 bis, añadido por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 2 de Agosto de 2011.
CAPÍTULO III Fomento y defensa Artículos 11 a 21
ARTÍCULO 11 Medidas de fomento y defensa.
SECCIÓN 1ª Medidas de fomento Artículos 12 a 16
ARTÍCULO 12 Medidas de sensibilización y formación.
ARTÍCULO 13 Medidas para fomentar la calidad.
ARTÍCULO 14 Medidas de innovación y desarrollo de normas técnicas.
Las Administraciones públicas fomentarán la innovación en todos los aspectos relacionados con la calidad de vida de las personas con discapacidad. Para ello, promoverán la investigación en las áreas relacionadas con la discapacidad en los planes de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I).
Participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias.
Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, y sus familias, a través de sus organizaciones representativas, participarán en la preparación, elaboración y adopción de las decisiones que les conciernen, siendo obligación de las Administraciones Públicas en la esfera de sus respectivas competencias promover las condiciones para asegurar que esta participación sea real y efectiva. De igual modo, se promoverá su presencia permanente en los órganos de las Administraciones Públicas, de carácter participativo y consultivo, cuyas funciones estén directamente relacionadas con materias que tengan incidencia en esferas de interés preferente para personas con discapacidad y sus familias.
El Consejo Nacional de la Discapacidad es el órgano colegiado interministerial de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el que se institucionaliza la colaboración entre las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado, con el objeto de coordinar y definir una política coherente de atención integral a este grupo ciudadano.
Artículo 15, apartado 1, modificado por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 2 de Agosto de 2011.
ARTÍCULO 16 Planes y programas de accesibilidad y para la no discriminación.
SECCIÓN 2ª Medidas de defensa Artículos 17 a 21
ARTÍCULO 17 Arbitraje.
El sometimiento de las partes al sistema arbitral será voluntario y deberá constar expresamente por escrito. 3. Los órganos de arbitraje estarán integrados por representantes de los sectores interesados, de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y de las Administraciones públicas dentro del ámbito de sus competencias.
Artículo citado en: 4 sentencias, 4 artículos doctrinales, una resolución administrativa
ARTÍCULO 18 Tutela judicial y protección contra las represalias.
La indemnización o reparación a que pueda dar lugar la reclamación correspondiente no estará limitada por un tope máximo fijado a priori. La indemnización por daño moral procederá aun cuando no existan perjuicios de carácter económico y se valorará atendiendo a las circunstancias de la infracción y a la gravedad de la lesión.
Artículo citado en: 21 sentencias, 13 artículos doctrinales
ARTÍCULO 19 Legitimación.
ARTÍCULO 20 Criterios especiales sobre la prueba de hechos relevantes.
En aquellos procesos jurisdiccionales en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón de discapacidad, corresponderá a la parte demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de la conducta y de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
Cuando en el proceso jurisdiccional se haya suscitado una cuestión de discriminación por razón de discapacidad, el Juez o Tribunal, a instancia de parte, podrá recabar informe o dictamen de los organismos públicos competentes
Lo establecido en el apartado anterior no es de aplicación a los procesos penales ni a los contenciosoadministrativos interpuestos contra resoluciones sancionadoras.
Artículo 20, apartado 1, modificado por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 2 de Agosto de 2011.
ARTÍCULO 21 Consecuencias del incumplimiento de las prohibiciones.
Sin perjuicio de otras acciones y derechos contemplados en la legislación civil y mercantil, la persona que, en el ámbito de aplicación del artículo 10 bis sufra una conducta discriminatoria por razón de discapacidad, tendrá derecho a indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
Artículo 21, añadido por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 2 de Agosto de 2011.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA Modificación del Estatuto de los Trabajadores
'También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.'
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA Modificación de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública
'También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año, los funcionarios para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.'
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal
El artículo 10 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, por la que se regula la Propiedad Horizontal, queda redactado de la siguiente manera:
'1. Será obligación de la comunidad la realización de las obras necesarias para el adecuado sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que reúna las debidas condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad.
Al pago de los gastos derivados de la realización de las obras de conservación y accesibilidad a que se refiere el presente artículo estará afecto el piso o local en los mismos términos y condiciones que los establecidos en el artículo 9 para los gastos generales.'
El artículo 11 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, por la que se regula la Propiedad Horizontal, queda redactado de la siguiente manera:
'1. Ningún propietario podrá exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, según su naturaleza y características.
La norma 1.a del artículo 17 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, por la que se regula la Propiedad Horizontal, queda redactada de la siguiente manera:
'1.a La unanimidad sólo será exigible para la validez de los acuerdos que impliquen la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad.
Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en esta norma obligan a todos los propietarios.'
Disposición citada en: 52 sentencias, 10 artículos doctrinales
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA Modificación de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social
'Disposición adicional sexta. Grado mínimo de minusvalía en relación con las medidas de fomento del empleo y las modalidades de contratación.
El grado mínimo de minusvalía necesario para generar el derecho a los beneficios establecidos en las medidas de fomento del empleo para el mercado ordinario de trabajo a favor de los discapacitados, así como para que las personas con discapacidad puedan ser contratadas en prácticas o para la formación en dicho mercado ordinario de trabajo con aplicación de las peculiaridades previstas para este colectivo deberá ser igual o superior al 33 por ciento.'
Disposición citada en: 48 sentencias, 2 artículos doctrinales
Disposición Adicional Quinta, añadida por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 2 de Agosto de 2011.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA Observatorio Estatal de la Discapacidad
Se considera al Observatorio Estatal de la Discapacidad como un instrumento técnico de la Administración General del Estado que, a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, se encarga de la recopilación, sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad.
Con carácter anual, el Observatorio Estatal de la Discapacidad confeccionará un informe amplio e integral sobre la situación y evolución de la discapacidad en España, que se elevará al Consejo Nacional de la Discapacidad, para conocimiento y debate.
Disposición Adicional Sexta, añadida por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 2 de Agosto de 2011.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA Facultades de ejecución y desarrollo
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA Consejo Nacional de la Discapacidad
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA Plan Nacional de accesibilidad
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en las relaciones con las Administraciones públicas
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno establecerá las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que, según lo previsto en el artículo 10, deberán reunir las oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano y aquéllos de participación en los asuntos públicos, incluidos los relativos a la Administración de Justicia y a la participación en la vida política y los procesos electorales.
Disposición Final Quinta, modificada por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 2 de Agosto de 2011.
Disposición citada en: 2 sentencias, 3 resoluciones administrativas
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno aprobará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, según lo previsto en el artículo 10 de esta Ley, para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad. Dichas condiciones básicas serán obligatorias según el calendario siguiente:
Disposición Final Sexta, modificada por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 2 de Agosto de 2011.
DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social
DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los medios de transporte
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno aprobará, según lo previsto en el artículo 10 de esta Ley, y en razón de las necesidades, peculiaridades y exigencias que concurran en cada supuesto, unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los medios de transporte por personas con discapacidad. Dichas condiciones serán obligatorias en los siguientes plazos a partir de la entrada en vigor de esta Ley, de cinco a siete años para las infraestructuras y material de transporte nuevo, y de doce a catorce años para todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajustes razonables.
Disposición Final octava, modificada por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 2 de Agosto de 2011.
DISPOSICIÓN FINAL NOVENA Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno aprobará, según lo previsto en su artículo 10, unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y las edificaciones, que serán obligatorias en el plazo de cinco a siete años desde la entrada en vigor de esta Ley para los espacios y edificaciones nuevos y en el plazo de doce a catorce años para todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajustes razonables.
Disposición Final Novena, modificada por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 2 de Agosto de 2011.
DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMA Currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales
El Gobierno, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta ley, desarrollará el curriculo formativo en 'diseño para todos', en todos los programas educativos, incluidos los universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información.
DISPOSICIÓN FINAL UNDÉCIMA Régimen de infracciones y sanciones
DISPOSICIÓN FINAL DUODÉCIMA Lengua de signos
DISPOSICIÓN FINAL DECIMOTERCERA Sistema arbitral
DISPOSICIÓN FINAL DECIMOCUARTA Fundamento constitucional
Esta ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, conforme al artículo 149.1.1.a de la Constitución.
La sección 2.a del capítulo III se dicta al amparo de la competencia del Estado en materia de legislación procesal, conforme al artículo 149.1.6.a de la Constitución.
Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las perso...
Real Decreto 833/1989, de 7 de Julio, por el que se deroga parcialmente la Disposicion transitoria quinta del Real decreto 1174/1987, de 18 de Septiembre.
DECRETO 4/2008, de 17 de enero, por el que se aprueba definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos asociada a la Variante Ferroviaria.