Source: https://fiscalizacion.es/2009/05/17/reglamento-de-desarrollo-parcial-de-la-ley-contratos-del-sector-publico/
Timestamp: 2018-12-13 07:02:10
Document Index: 332655358

Matched Legal Cases: ['artículo 134', 'artículo 114', 'artículo 27', 'artículo 43', 'artículo 134', 'artículo 181', 'artículo8', 'artículo 136', 'artículo 97', 'artículo 81', 'artículo 182', 'artículo 19', 'artículo 28', 'artículo 73', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 268', 'artículo 21', 'artículo 149', 'artículo 21', 'artículo 130', 'artículo 294', 'artículo 29', 'artículo 28', 'artículo 54', 'artículo 29', 'artículo 38', 'artículo 82', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 107', 'artículo 37', 'artículo 27', 'artículo 22', 'artículo 81', 'artículo 48', 'artículo 27', 'artículo 131', 'artículo 54', 'artículo 36', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 52', 'artículo 54', 'artículo 25', 'artículo 54', 'artículo 155', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 130', 'artículo 26', 'artículo 26', 'in fine', 'artículo 96', 'artículo 96', 'artículo 117', 'artículo 96', 'artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 23', 'artículo 149', 'artículo 152', 'artículo 144', 'artículo 144', 'artículo 96', 'artículo 296', 'artículo 144', 'artículo 144', 'artículo 136', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 136', 'artículo 83', 'artículo 76']

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley contratos del sector público – Fiscalizacion.es
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley contratos del sector público
en 17/05/2009 por Antonio Arias Rodriguezen Contratación
El viernes 15 de mayo el BOE publicó el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
A pesar del detallado articulado de la Ley, se necesitaba desarrollar algunos aspectos como las nuevas figuras procedimentales o algunas de las modificaciones que la nueva Ley introduce con respecto a la normativa anteriormente vigente.
Así, el real decreto regula determinados aspectos de la clasificación de las empresas contratistas, el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, la valoración de los criterios de apreciación subjetiva, especialmente cuando deba hacerse a través del comité de expertos u organismo independiente a que se refiere el artículo 134.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, las Mesas de Contratación a constituir en el ámbito de las Administraciones Públicas y las comunicaciones al Registro Oficial de Contratos. El RD entrará en vigor transcurrido un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el B.O.E., es decir, el 16-6-2009.
Sin embargo, las disposiciones reguladoras del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado entrarán en vigor a partir de la publicación de la Orden Ministerial que acuerde la puesta en funcionamiento de la aplicación informática desarrollada al efecto. Hasta tal fecha subsistirán los registros voluntarios de licitadores creados en los diferentes órganos de la Administración.
En definitiva, han optado por un Reglamento que nuestro querido colaborador Miguel Trueno califica de superminirreducido. De sus interesantes comentarios, que intentaremos resumir en esta entrada, destacamos:
“Son aprovechables para la gestión nueve artículos. Los anexos no dicen nada.
“Se ha producido una incoherencia o contradicción absoluta entre algunas disposiciones en el texto del Real Decreto. Precisamente se han producido como consecuencia de haberse variado el texto para recoger sugerencias”.
Teresa Moreo descubre la contradicción, en relación a la DF 7ª que ha dejado a la Seguridad Social en la eterna incógnita del IVA.
María Bilbao hace notar otra discordancia, en la Disposición Final Primera, cuando relaciona los artículos que se consideran básicos, en concreto la referencia a los artículos 1 y 2.
EsPúblico (I)
EsPublico (II)
contratosreforma legislativa
Ana Caro al Gobierno Vasco
169 comentarios en “Reglamento de desarrollo parcial de la Ley contratos del sector público”
Enhorabuena, Teresa. Ya me imaginaba que ibas a ser tu quien encontrara la incoherencia a la que me refería en mi comentario de ayer día 15.
Pero todo tiene su explicación. La contaré despacito para que se entienda.
1) En el proyecto primitivo que se somete a examen del Consejo de Estado ÚNICAMENTE se alude a unas disposiciones finales (la cuarta y la quinta) en las que sube el umbral para solicitar designación de representante a 50.000 euros. En dicho proyecto ni se habla del IVA, ni de la Seguridad Social. Si leeis el informe del Consejo de Estado así lo comprobaréis.
2) Como en toda disposición que se aprueba en Consejo de Ministros se hace llegar en el último momento inmediatamente anterior a que lo examine la Comisión de Subsecretarios el texto que se va a someter a dicho examen. Ya viene corregido con lo que ha dicho el Consejo de Estado en su informe del día 23 de abril. Me explico: se “circula” el texto final para que si procede se haga una ULTIMÍSIMA lectura y se aporten sugerencias que se incorporan como mejoras. Como podeis comprender ya no se van a admitir observaciones SALVO que Hacienda considere que tienen una especialísima relevancia. En el caso que nos ocupa el tiempo para las “sugerencias u observaciones” últimas empezó el jueves 30 de abril y acababa en la mañana del martes 5. Aunque parezca mucho tiempo no lo fue porque coincidía con el puente del 1 de mayo. En resumen: Apenas 24/36 horas para poder formular algún comentario.
3) Apenas se formularon observaciones finales.
4) Yo -personalmente- formulé una serie de observaciones, debiendo deciros que me fueron en su mayor parte aceptadas. Las había de forma y de fondo. No viene al caso, señalarlas. Así consta por escrito a nivel Departamental.
5) Sugerí que en las nuevas disposiciones finales 5.ª y 6.ª se añadiera la exclusión expresa del IVA en relación con los 50.000 euros. Además ya se había cambiado la numeración de las disposiciones (ahora son la 5.ª y la 6.ª, mientras que el Consejo de Estado habla de la 4.ª y 5.ª). Mi sugererencia fue aceptada y se intercaló el inciso “con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido”.
6) De forma simultánea un determinado Ministerio formuló una sugerencia en el sentido de añadir una nueva disposición final 7.ª (inexistente) en el que proponía modificar el Real Decreto 706/1997 relativo a la Intervención de la Seguridad Social. En dicha sugerencia el citado Ministerio propone elevar a 50.000 euros el límite dentro de su ámbito, SIN HACER NINGUNA MENCIÓN AL IVA.
7) Hacienda sostuvo que debía ser el Ministerio XX el que ha de redactar un Real Decreto en el que cambie sus normas de intervención, aunque si dicho Ministerio entiende que se puede aprovechar el Real Decreto de Hacienda, pues, adelante y que se aproveche la ocasión.
Y la ocasión se aprovechó, de forma que se añade una Disposición final séptima con el literal propuesto por quien formuló la sugerencia.
9) Resultado: como consecuencia de aceptar mi sugerencia y de aceptar la sugerencia del citado Ministerio se produce la incoherencia absoluta de excluir expresamente el IVA en el ámbito de la AGE y sus OO.AA., mientras que en el ámbito de la Seguridad Social no se dice nada.
10) Todo esto sucede porque las prisas suelen ser malas consejeras.
Así que ya sabeis las razones por las que aparece de forma distinta el tratamiento a los famosos 50.000 euros. Solo me cabe decir que propuse la exclusión del IVA para dejar en su valor íntegro el contrato menor de obras y así saber para siempre que NUNCA se pedirá representante en estos contratos. De paso elevo el umbral neto a 49.999,99 euros para todos los contratos, excluido el IVA. También os digo que hay por ahí un nota de los que están en la función de “Controlador” que está muy enfadado con esto.
Que lo paseis bien. Un abrazo. Felicidades otra vez, Teresa.
17/05/2009 a las 8:23 pm	 Responder
Pare el coordinador: Muchas gracias públicamente por llamarme “querido colaborador”. Soy uno más, Antonio. Únicamente pretendo que todos aquellos que estén cerca de los temas de contratación posean la mayor información posible y puedan aplicarla a sus procedimientos.
Ahora nos toca un plato fuerte con dos hitos fundamentales:
1) Dar contenido sustantivo al acto público de apertura de los sobres que contengan los criterios subjetivos.
2) Perfeccionar el contenido de los informes técnicos que se efectuén de forma que no se nos venga encima un aluvión de reclamaciones, quejas, recursos, etc. etc.
Suerte para todos y permitidme una licencia: ¡VISCA EL BARÇA!
17/05/2009 a las 10:25 pm	 Responder
Tengo una duda, bueno más que una duda es una sorpresa. Con el nuevo reglamento también debe enviarse información, al Registro Público de Contratos, sobre los contratos menores, al desaparecer la exclusión que contemplaba el art. 114 del reglamento de la LCAP. ¿Es así o se me ha escapado alguna cosa?
18/05/2009 a las 6:06 pm	 Responder
Joaquín: No te preocupes. En principio, no es necesario remitir infomación sobre los contratos menores, aunque se haya derogado el artículo 114. No tengo tiempo para explicartelo, pero será como te digo.
Un abrazo. ¡Qué callados estáis!
20/05/2009 a las 9:03 am	 Responder
Gracias Miguel. Confio en que como siempre tengas razón y la correspondiente orden ministerial lo aclare. En caso contrario, para poder cumplimentar los datos exigidos, habrá que elaborar un expediente completo para cada contrato menor.
Me gustaría plantear otra cuestión: el párrafo segundo del artículo 27.1 (nuevo reglamento) determina el plazo para la subsanación de errores u omisiones en la documentación administrativa (siempre previo a la apertura de las proposición cuya ponderación dependa de un jucio de valor). De la literalidad del texto podrían concederse hasta 5 días naturales para subsanar ¿Deroga éste artículo el límite de 3 días hábiles del art. 81. 2 del reglamento de la LCAP? En mi opinión no, la obligatoriedad de abrir las proposiciones en público forzará a que se califique la documentación administrativa previamente, evitando problemas derivados de valorar proposiciones de licitadores que se encontrarían excluidos.
20/05/2009 a las 12:23 pm	 Responder
Joaquin: No preguntes tanto, hombre.
1) Te vuelvo a reiterar lo de los menores. No te preocupes. Se lo que digo.
2) NUNCA -ni antes ni ahora- se pueden abrir las proposiciones económica-técnicas sin haber calificado previamente la documentación administrativa. Tu frase en la que hablas de “forzará a que se califique la documentación administrativa previamente” no resulta procedente y, si alguien ha actuado así, ya te digo que vulnera la legislación vigente. Como acertadamente señalas se puede producir -llevándolo al absurdo-que hiciésemos informes sobre licitadotes que no reunian las condiciones del artículo 43.
3) Planteas un tema sobre la subsanación. Interesante. La respuesta la encuentras en el nuevo Real Decreto en combinación con el 81.2. Aquí se debe hilar fino, pero es fácil.
Si hay criterios evaluables subjetivos el plazo de subsanación será el del 27.1 como máximo.
Si unicamente hay un criterio o todos los criterios son evaluables mediante fórmulas, SOLO habrá un acto público de apertura y, en consecuencia, el plazo será de 3 días habiles para subsanar.
4) Esto no es una opinión. Es el criterio de los autores.
Por cierto, a ver si todos los que leen, pero callan, dicen algo. Hay algún sabihondo por ahí -aunque se le tome a chufla en la capital de Reino- que debería decir algo.
20/05/2009 a las 3:56 pm	 Responder
Pues si, a ver si animamos un poquito este foro.
Someto a vuestra consideración unas cuestiones.
Una vez aprobado y publicado el tan esperado y defraudante Reglamento de desarrollo “pírrico” de la LCSP, cuando entre en vigor (que todo llega)
¿a partir de qué importe se exigirá clasificación en los contratos de servicios? ¿120.202,42 o 120.000 euros?
¿qué clasificación se exigirá en contratos de servicios de las categorías por ejemplo 11 y 12 del Anexo II de la LCSP?
espero vuestras respuestas, porque creo que me he quedado pillado con estas dudas…
20/05/2009 a las 8:40 pm	 Responder
El capítulo IV del RD 817/2009 interpreto que será de aplicación cuando en procedimientos abiertos o restringidos se hayan fijado criterios evaluables mediante un juicio de valor en una ponderación superior a aquellos criterios cuya cuantificación dependa de la aplicación de fórmulas matemáticas; es decir que se haya requerido la constitución de un comité de expertos. No en los demas casos en que la ponderación de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor sean inferiores a los establecidos mediante fórmula.
Es ese el sentir del legislador sobre el artículo 134.2 de la LCSP y quiza de quienes han desarrollado ahora parcialmente la ley?
22/05/2009 a las 2:32 pm	 Responder
Querido tocayo: PUES, NO. El Capítulo IV se aplica a la ponderación de los criterios que dependan de un jucio de valor sean mayores o menores en su puntuación. El comité de expertos actúa cuando suman más puntos, en el resto no actúa, pero el nuevo sistema que introduce el Reglamento se aplica a todo.
22/05/2009 a las 4:40 pm	 Responder
Muchas gracias a todos por los comentarios de este foro, y especialmente a Miguel Trueno por sus sabias y valiosas aportaciones interpretativas.
Os planteo una duda que me gustaría aclarar:
Tengo que celebrar un ACUERDO MARCO CON ÚNICO EMPRESARIO y, teniendo en cuenta las normas de procedimiento que le son aplicables –art. 181.1 Ley–, me surge la duda de si debe exigirse o no garantía definitiva del 5% del Valor Máximo Estimado.
Os espero. Un saludo
23/05/2009 a las 8:30 pm	 Responder
Anzur: Con los pocos datos que das es díficil dar una respuesta. Pero te anticipo esto:
1) La garantia definitiva la puedes dispensar.
2) Si la exiges, debe cifrarla en el 5% del presupuesto base de licitación.
3) Te sugiero que entres en la Plataforma de Contratación del Estado y busques -por ejemplo en Fomento, ahora mismo- lo que se hace por ahí.
No me deis tanto las gracias, porque repito otra vez -y espero que sea la última- que yo soy uno más en este foro.
23/05/2009 a las 9:07 pm	 Responder
Muchas gracias, por la aclaración sobre el capítulo IV. entiendo que el segundo párrafo del articulo 25 es clave. Aprovecho para felicitar a todos por el alto nivel del foro. He oido voces interpretativas del sentido de la expresión “ponderación” (articulo 30.3) pero creo imaginar que no ofrece duda que se refiere al resultado de la puntuación obtenida por los licitadores sobre aquellos criterios objeto de valoración separada. Y que será dada a conocer a los licitadores que asistan al que será segundo acto público de apertura de proposiciones.
En relación con la duda de Anzur, en el acuerdo marco podría dispensarse la garantia definitiva. Y exigirse tras la adjudicación provisional de cada contrato basado en ese acuerdo marco.
25/05/2009 a las 10:39 am	 Responder
Miguel, lamento disentir de tu opinión pero sigo sin verlo claro, ya que los contratos basados en un acuerdo marco carecen de la doble adjudicación (provisional y definitiva), y solo tienen adjudicación definitiva (“se adjudicarán con arreglo a los términos en él [acuerdo marco] establecidos.”).
En el acuerdo marco sí entiendo que debe haber adjudicación provisional y definitiva, pero en sus contratos específicos o derivados creo que no.
El acuerdo marco que tengo que montar es de suministros, con único empresario, por cuatro años, de productos de consumo ordinario, regular y periódico, con un valor máximo estimado de 4 millones de euros, iva excluido, ¿debo exigir al adjudicatario provisional del acuerdo marco la constitución de una garantía definitiva de 200.000 euros (5% de los 4 millones) y su mantenimiento durante los 4 años? El adquirente no se obliga a un determinado volumen de compra ¿y si a los 4 años el consumo real ha resultado ser significativamente inferior a lo inicialmente previsto? ¿querrá licitar de nuevo otro acuerdo marco?
25/05/2009 a las 7:48 pm	 Responder
Para mi tocayo Miguel y para Anzur: Leeros pliegos que versen sobre acuerdos marcos y entendereis el sistema que rige en este tipo de contratos. La garantía -vuelvo a repetirlo- es susceptible de dispensa.
25/05/2009 a las 9:19 pm	 Responder
Planificando futuras licitaciones me surge una cuestión. Ruego vuestros comentarios.
Una licitación de un procedimiento abierto para obras o servicios suponiendo que ya ha entrado en vigor el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo. Pensemos que por la cuantía es exigible clasificación a los licitadores.
El grupo, subgrupo y categoría exigible en obras y servicios venía determinado en los primeros artículos del Borrador de Proyecto de Real Decreto de desarrollo de la LCSP.
Por lo tanto, para indicar grupo, subgrupo y categoría exigible una vez que entre en vigor el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, en qué me baso? ¿Arts. 25 y ss. del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre?
26/05/2009 a las 1:19 pm	 Responder
Miguel, a mi me parece que, como su nombre indica y establece la Exposición de Motivos, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, y concretamente aquellos preceptos “cuya regulación reglamentaria es conveniente efectuar con la máxima celeridad posible”, y parece ser que, finalmente, desarrollar los nuevos grupos y subgrupos de clasificación no parecia tan “urgente” y se ha dejado al margen de este desarrollo parcial.
Por ello, entiendo que sigue plenamente vigente y aplicable la regulación contenida en los artículos 25 y siguientes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
La Disposición derogatoria única por su parte solo deroga los artículos 79 y 114 a 117 del citado Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (y los Anexos VII, VIII y IX).
Otra cuestión, a los antiguos contratos de consultoría y asistencia (categorías 11 y 12) seguimos sin exigir clasificación ¿no?
A mi, sin embargo, me sigue teniendo preocupada el asunto de la revisión de precios, y aunque estoy buscando en la red, no veo ninguna licitación reciente de obras que contenga la previsión de fórmulas de revisión de precios a las que quitar la indice de mano de obra. ¿En Fomento por fin que van a hacer?
26/05/2009 a las 6:32 pm	 Responder
María, no se si te servirá de mucho, la Junta Consultiva de Contratación de Galicia ha dicho que procede, hasta que el Estado apruebe nuevas fórumlas de revisión, (cito literalmente, espero que la traducción sea razonable): “..eliminar en la aplicación de las fórmulas polinómicas dicho índice de variación (h y t)” . Por tanto, mientras el gobierno no modifique nada, las fórmulas serán las que reflejó Paco-Madrid en su comentario del 14 de mayo. Desde luego en la Xunta de Galicia es lo que deberá aplicarse.
26/05/2009 a las 9:39 pm	 Responder
Vamos a aclarar algunos conceptos porque parece :
26/05/2009 a las 9:58 pm	 Responder
Veo que se está tocando el tema de los acuerdos marco, uno de los más novedosos de la Ley. He consultado un acuerdo marco con un único empresario perteneciente al Ministerio de Fomento (compra de material de oficina no inventariable) y requiere garantía provisional y definitiva, pero, ¿cuál es el presupuesto de licitación de un acuerdo marco con un único empresario, este concepto es igual al valor estimado del contrato? Opino que no. La Ley en el artículo 181.1 señala que “Para la celebración de un acuerdo marco se seguirán las normas de procedimiento establecidas en el Libro II, y en el Capítulo I del Título I de este Libro (III)”, precisamente la regulación de las garantías están fuera de estos apartados. Por otro lado, el pliego citado no indica cómo se celebran los contratos “derivados” o “específicos” del Acuerdo Marco del que traen su causa. Hubiera sido deseable que la L.C.S.P. hubiera sido más concreta en esta cuestión (la Ley de Navarra si lo fue) para evitar las múltiples discusiones y criterios diferentes que se van a generar. Un saludo a todos.
31/05/2009 a las 7:03 pm	 Responder
A propósito de los comentarios sobre el acuerdo-marco:
1) La filosofía del acuerdo-marco está bien explicada en la LCSP. Ni caben multiples discusiones, ni deben suscitarse multiples discusiones y criterios diferentes en sua plicación, salvo que su causa venga derivada del desconocimiento en materia de contratación de los que operen con ellos.
2) No comparto, pues, aunque naturalmente respeto, la opinión de Elmun Semue a quien doy la bienvenida a este foro ya que no recuerdo alguna entrada suya anterior.
3) En un comentario anterior sugería asomarse a la Plataforma y estudiar un contrato que está licitando Fomento. Supongo que es el mismo a que se refiere Elmun (el toner de la impresora).
4) Los contratos derivados del Acuerdo marco con un único empesario se limitan a peticiones formales al suministrador. No hay que celebrar un procedimiento.
5) Quien esté en el ámbito del Estado concocerá bien los bienes homologados por Patrimonio. Eso es un acuerdo marco.
6) La garantía provisonal y la definitiva se pueden dispensar.
7) No hay afan de mayor polémica en mis palabras.
8) Se sigue trabajando en el nuevo Reglamento. Todo llegará. Bastante patas arriba tenemos todo.
9) Saludos a todos. Ahora no puedo intervenir tanto.
10) Te reitero el saludo Elmun.
31/05/2009 a las 8:32 pm	 Responder
UNA DUDA DE PROCEDIMIENTO
El art. 144 LCSP dispone que “la APERTURA DE LAS PROPOSICIONES deberá efectuarse en el plazo máximo de UN MES contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto público,”
Si en el plazo de UN MES la mesa de contratación tiene que: 1º abrir los sobres de la documentación personal (capacidad y solvencia), 2º dar plazo de subsanación, en su caso, 3º analizar la documentación de subsanación presentada, 4º declarar los licitadores definitivamente admitidos y excluidos, 5º abrir en sesión pública los sobres con los criterios “subjetivos”, 6º evaluar los criterios “subjetivos” (comité de expertos o informe técnico), 7º dar publicidad a la valoración de los criterios “subjetivos” , 8º abrir en sesión pública las ofertas económicas y los sobres con el resto de los criterios “objetivos”, [todos ellos automáticos] formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación de manera inmediata, salvo que haya alguna oferta anormal o desproporcionada, en cuyo caso, interpreto que la mesa dispondrá de 15 días para efectuar los trámites previstos en el art. 136.3.
¿Qué sentido tiene entonces que la ley le otorgue al órgano de contratación un plazo de DOS MESES DESDE LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES (art. 145.2) para que efectuar la adjudicación provisional? ¿Por qué dar tanto tiempo para efectuar la adjudicación provisional? ¿Qué sentido tiene que el art. 145.3 posibilite la ampliación en 15 días del plazo de dos meses, caso de concurrir ofertas anormales o desproporcionadas, si ha tenido que ser la mesa (art. 22.1.f) del Reglamento Parcial) quien con anterioridad a la propuesta de adjudicación haya efectuado los trámites necesarios?
Espero vuestras aclaraciones. Un saludo
31/05/2009 a las 8:41 pm	 Responder
Anzur, en mi opinión, el plazo de 2 meses (15 días cuando el único criterio sea el precio) es preciso para realizar los pasos 6º, 7º y 8º de tu exposición. La Mesa abrirá las proposiciones en el plazo máximo de un mes desde la presentación de las ofertas, previamente habrá calificado la documentación administrativa, es por tanto un plazo límite para la apertura no para la valoración de las ofertas. Desde la apertura habrá un plazo máximo de 2 meses para la adjudicación provisional.
En cuanto al plazo de 15 días hábiles, para las bajas temerarias, sigue el mismo principio: tengo dos meses desde la apertura para adjudicar, si existen proposiciones con presunción de temeridad el plazo se amplia para poder ejecutar los trámites del Art. 136. 3. En esta cuestión yo también tengo una duda ¿Cuál es el plazo de audiencia al licitador, 2 días del Art. 87. 1 del reglamento o 3 días del 81. 2?
01/06/2009 a las 9:23 am	 Responder
No quería entrar en el foro, pero lo hago para puntualizar algún despiste que hay por ahí.
Los plazos de dos días del artículo8 7.1 o el de tres días del 81.2 NO TIENEN LA MENOR RELACIÓN con el trámite de audiencia previsto en el artículo 136.3 de la LCSP.
No existe un plazo, ni en la Ley ni en sus normas de desarrollo que cuantifiquen este plazo. A título orientativo os sugiero que utiliceis POR ANALOGÍA (no por otra cosa) el plazo de cinco días hábiles previsto en el artículo 97 del Reglamento para audiencia en caso de incidencias por diferencia en la interpretación del clausulado.
En todo caso, si me interesa destacar que no se deben confundir los artículo 81 y 87 del Reglamento con el tema de las bajas temerarias.
Un saludio a la afición.
01/06/2009 a las 12:51 pm	 Responder
El pasado 31 de mayo Miguel Trueno decía: “5) Quien esté en el ámbito del Estado conocerá bien los bienes homologados por Patrimonio. Eso es un acuerdo Marco”, casi estoy de acuerdo, pero el Tribunal de Justicia de la Comunidad Euopea en la sentencia de 13 de enero de 2005 no lo estuvo. Esa fue la defensa del Estado español, decir que nuestro sistema de bienes homologados era un acuerdo marco y el Tribunal sentenció que nuestro artículo 182.g) del TRLCAP era una incorrecta incorporación de las directivas comunitarias.
Lo que pongo sobre la mesa es la discusión sobre la naturaleza de los acuerdos marco en los que tiene un papel fundamental su valor estimado, no el presupuesto de licitación porque entiendo que no lo tienen y creo que los pliegos de los acuerdos marco no ponen el acento en cómo se formalizan, ejecutan o desarrollan los contratos derivados del acuerdo marco. Pensemos un acuerdo marco con un alto valor estimado al que le exigimos garantía definitiva y luego la Administración formaliza un pequeño importe en la ejecución del mismo, ¿es lógico haber pedido la garantía al acuerdo marco? (Se puede dispensar, dirá Miguel), ya lo sé, ¿no es más correcto decir que no tiene garantía? ¿Y el seguimiento del valor estimado, quién lo hace? Porque realmente eso es lo que le interesa a los europeos, la publicidad. Bueno la publicidad y por desgracia como veremos en el futuro la modificación de los contratos, el sistema de recursos, etc. Saludos. Por cierto lanzo otro tema, ¿le queda poca vida al contrato de gestión de servicios públicos tal como lo conocemos?
01/06/2009 a las 4:36 pm	 Responder
Joaquín, la proposición la integran tanto la documentación personal, los criterios subjetivos y los criterios objetivos (entre los cuales estará la oferta económica).
Si la apertura debe hacerse en el plazo de 1 mes, significa que la oferta económica y demás criterios objetivos deben abrirse en dicho plazo de 1 mes, Y DESPUES EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DISPONDRÁ DE 2 MESES (o 15 días) PARA DECIDIR LA ADJUDICACIÓN PROV ISIONAL.
Insisto: ¿No te parece desproporcionado que la mesa tenga 1 mes para hacer prácticamente todo el trabajo y que luego el órgano de contratación disponga de 2 meses para “pensárselo”?.
Estoy totalmente de acuerdo con Miguel Trueno en lo referente a los plazos del art. 87.1 y 81.2 del Reglamento.
01/06/2009 a las 10:17 pm	 Responder
Es posible utilizar la figura del contrato menor para los contratos de naturaleza administrativa especial del artículo 19.1 b) de la LCSP.
Conozco el informe 38/05, de 26 de octubre de 2005 de la JCCA.
Que os parece estar en mesas eternamente, ¿ CUATRO MESAS ?.
02/06/2009 a las 3:51 pm	 Responder
Estoy de acuerdo con vecino, con la nueva Ley creo que el sentido de ese informe hubiera sido diferente. Sobre las mesas… mejor me callo.
02/06/2009 a las 4:23 pm	 Responder
¿ Se ha discutido en el foro el por qué de tener que pedir informe a los servicios jurídicos para la prórroga de los contratos al estar recogida ésta necesidad en el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008?. Algún interventor sostiene que el articulo 97del RCAP es la base juridica de tal requerimiento. Que risa.
03/06/2009 a las 9:58 am	 Responder
Los problemas de interpretación de la Ley
¿ Creéis que el apartado 2 de la Disposición transitoria primera de la Ley 30/2007 permite que la modificación de un contrato adjudicado con anterioridad a su entrada en vigor se tramite por el TRLCAP y que ésta modificación afecte al contenido de varias clausulas del PCAP que reguló el concurso para su adjudicación?.
Mi respuesta es negativa reservándome los argumentos para plantear el debate
04/06/2009 a las 9:44 am	 Responder
Arsenio, sin ánimo de polémica, no coincido con tu planteamiento sobre la posibilidad de modificar un contrato “pre LCSP”, con arreglo al TRLCAP.
La disposición transitoria primera de la Ley 30/2007 establece que los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. El modificado de un contrato adjudicado antes del 30/04/08, se regirá por el TRLCAP, concretamente por los artículos 101, 146, 163, 189, 212 y 250. Los límites de los modificados, además de los que se dan en la propia ley, están y estaban ya antes del 30/04/08, establecidos por la Jurisprudencia, los pronunciamientos de las Juntas Consultivas y la Doctrina. Siempre que se justifique el interés general, la aparición de causas imprevistas que resulte imprescindible atender para poder llevar a cabo el objeto del contrato y no se modifiquen condiciones esenciales, entendiendo por tales aquellas que de haberse conocido por los licitadores hubieran hecho que estos modificaran sus proposiciones, sí que se puede modificar alguna cláusula del pliego, como tú dices.
04/06/2009 a las 9:13 pm	 Responder
¿Qué debe entenderse por “órgano que proponga la celebración del contrato”, a que se refiere el inciso final del apartado 2, del artículo 28 del RD 817/2009, de 8 mayo?.
10/06/2009 a las 10:21 am	 Responder
Julían probablemente la única opción razonable sea entender que, el “órgano que proponga la celebración”, se corresponde con el “servicio que promueva la contratación” del artículo 73.2 del reglamento general de la LCAP.
10/06/2009 a las 1:55 pm	 Responder
En relación con el “órgano proponente” se clarificó por la autoridad competente -y reproduzco textualmente su respuesta- que “la redacción del Real Decreto deja claro que se trata de un órgano distinto del “órgano de contratación”, y que es aquél órgano que ejerza de forma directa la iniciativa en el expediente de contratación. Mayores aclaraciones conducirían a la utilización de fórmulas demasiado estrcitas que podrían dejar fuera del concepto una serie de supuestos y no es eso lo que se pretende. (SIC).
10/06/2009 a las 2:44 pm	 Responder
¿Considerais aplicable a las Entidades Locales el artículo 21.2 del RD 817/2009 sobre composición de las Mesas?
Lo pregunto porque la DA 2ª.10 de la Ley ya estableció la composición de las Mesas en estas Entidades y señala que “sin que su número, en total, (entiendo que el de vocales no el total de los miembros de la mesa), sea inferior a tres”. En cambio el artículo 21.2 del nuevo RD establece el número de vocales al menos en cuatro.
10/06/2009 a las 7:49 pm	 Responder
En un contrato de suministro, se produce deterioro en los muebles objeto del contrato, como consecuencia de una inundación, durante el tiempo que los mismos han permanecido en depósito en los almacenes del contratista, previa modificación del plazo de la entrega por parte de la Administración. ¿Existe obligación del pago de la mercancía dañada por parte de la Administración, en aplicación del artículo 268.2 LCSP?
11/06/2009 a las 7:23 pm	 Responder
Mesa contratación Entidades Locales.
En mi opinión la D.A.2ª.10 de la LCSP, está dando un tratamiento especial a las Entidades Locales, apartándose de la regla general para el resto de las Administraciones Públicas. Por tanto no resultaría aplicable el artículo 21.2 del RD 817/2009. Por otra parte el número mínimo de vocales (3), está excluyendo de tal cómputo al Presidente, al Secretario, al Asesor Jurídico y al Interventor; es decir, esos 3 vocales han de pertenecer al personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la Corporación.
11/06/2009 a las 7:33 pm	 Responder
TERESA: Gracias por tu intervención. La teoría que has expuesto era la que defendía y, entendía que estaba clarísima en la Ley hasta que tuve que tramitar un expediente de modificación – gestión de servicio público – y medito sobre el contenido de la DDTT 1ª , en concreto ” en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas” y al acudir al TRLCAP observo que el art 163 se encuentra ubicado en una sección distinta, la II del Capítulo IV del Título II de las secciones que regulan “los efectos, cumplimiento y extinción” del contrato. es decir, en la DDTT no se incluye la modificación del contrato.
Por otro lado, el régimen jurídico actual de las modificaciones es más riguroso que el anterior y deduzco que el legislador ha excluido a propósito que la modificación del contrato se tramite por el TRLCAP.
En el expediente que se tramitaba no existía ese problema por afectar a las condiciones esenciales del contrato, incluso a una Base reguladora que incidía en la ponderación de los criterios de valoración.
¿Sigues opinando lo mismo con la seguridad jurídica que afirmabas en tu comentario?.
12/06/2009 a las 11:33 am	 Responder
Querido amigo Arsenio:
Permíteme un pequeño comentario.
Te puedo afirmar -creo que con bastante conocimiento de causa- que tu locución “deduzco que el legislador ha excluido a propósito que la modificación del contrato se tramite por el TRLCAP” carece de fundamento. Esa idea no la han contemplado los redactores del texto legal.
Cuestión distinta es el nuevo régimen sobre los modificados sobre los que -por cierto- se está trabajando en ciertos ámbitos que no viene al caso citar por no ser procedente.
Tiene razón Teresa Moreo en su comentario.
No hay afan de polémica en mis palabras. Tu tema ya ha sido discutido por la Junta Consultiva. Haz una consulta y verás lo que te contestan.
Después del verano puede haber movimiento …
12/06/2009 a las 10:15 pm	 Responder
He leído tres veces tu comentario y reconozco que no entiendo los motivos que te llevan a la conclusión, que es clara: el legislador ha excluido a propósito que la modificación del contrato se tramite por el TRLCAP.
Sin ánimo de polémica y con seguridad (dejemos lo de seguridad jurídica para los Principios del Derecho), discrepo de tu planteamiento.
Desconozco la intención de los redactores del texto legal (nuestro amigo Miguel Trueno sí la conoce y es de fiar) pero, desde luego si la intención de las mentes pensantes era excluir que las modificaciones de contratos que han nacido antes del 30/04/08, se tramiten por el TRLCA, tenemos un problema, porque se ha incurrido en un error obstativo.
La disposición final duodécima y la disposición transitoria primera no permiten tal exclusión.
La eficacia temporal de las normas viene determinada por el momento en que entran en vigor y se aplican, desde este momento, a las relaciones jurídicas que nazcan con posterioridad. (Principio General de Irretroactividad: art. 9.3 de la C’78 y 2.3 del CC)
Este Principio siempre está conectado con el Principio de Seguridad Jurídica. (ahora sí es válida la expresión)
Es cierto que las disposiciones de derecho transitorio, incluso el carácter retroactivo de las normas dependen de una decisión que queda en manos del legislador, siempre con las límitaciones constitucionales, pero tal decisión debe manifestarse de forma expresa en el texto legal, precedida de la correspondiente justificación en la Exposición de Motivos, cosa que no se ha producido.
Un saludo y que siga la controversia
14/06/2009 a las 9:26 pm	 Responder
Miguel – Teresa.-:
Quizás mi “deducción” no fue de lo más apropiada, tan sólo planteaba un nuevo criterio de interpretación de la DT1ª de forma que excluyese la modificación del contrato al amparo del TRLCAP y se tramitase con los principios más rigurosos de la LCSP.
Sinceramente no la encuentro descabellada a pesar de que, cómo ya manifesté, mi opinión coincidía con la manifestada por Teresa el pasado 4 de junio.
15/06/2009 a las 12:33 pm	 Responder
Ya está en fase de información el Real Decreto que establece las nuevas fórmulas de revisión de precios. Es breve: dos artículos, una transitoria, una derogatoria y una final. Naturalemente un anexo con las fórmulas.
17/06/2009 a las 10:51 am	 Responder
En el BOE de hoy sale una corrección de “errores” del mini Reglamento. ¡Qué cosas tengo que leer! Yo diría más bien corrección de “Horrores”.
18/06/2009 a las 8:46 am	 Responder
Estimados compañeros, soy una fiel seguidora del blog y de los comentarios que hacéis. Estos días he tenido la suerte de conocer a Teresa Moreo en persona, gran profesional y mejor persona, y me ha animado a comentar…
Aunque no estoy a vuestra altura en conocimiento y experiencia, me gustaría comentaros una pregunta que nos ha surgido hoy en referencia a la designación de la mesa de contratación: el término “composición” es diferente a “designación“: no hay que definir personalmente (con nombre y apellidos) a los integrantes, únicamente el cargo… qué creeis?
19/06/2009 a las 2:48 pm	 Responder
Con fecha de ayer 18 de junio de 2009, se ha publicado en el BOE la Orden EHA/1636/2009, de 15 de junio, por la que se publican los indices referidos al periodo julio-diciembre 08 aplicables a las revisiones de precios.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/18/pdfs/BOE-A-2009-10145.pdf
19/06/2009 a las 6:33 pm	 Responder
Buenos días a todos y una cariñosa bienvenida a Elena Florido.
En primer lugar, manifestar mi sorpresa ante la “corrección parcial de horrores” (parafraseando a MT) del RD817/09 que se publicó el pasado jueves.
María Bilbao, por favor, llámales y recuérdales los apartados que tienen los artículos 1 y 2. Ahora que igual te dicen que no lo han corregido porque es un error sin importancia y fácil de subsanar; además solo se trata del artículo 149.1.18.ª de la C’78……..nada….una tontería.
Tal vez la intención sea que se mantenga la indefinición que apuntaban Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuerte, catedráticos de Derecho administrativo de la Universidad de León, en un delicioso artículo en el que comparaban a la nueva ley con la famosa opereta de Johann Strauss hijo, el Murciélago. En el argumento de dicho vodevil, los personajes representan a otros personajes en una fiesta organizada por el Príncipe, de manera que nadie sabe quién es quién pero todos se divierten bajo una máxima “Chacun a son goût”, cada uno a su gusto.
Decían los autores que así es la nueva ley: Organismos públicos hacen obras, suministros o servicios privados, empresas públicas, fundaciones y sociedades ventilan sus conflictos en el orden civil o contencioso en función de la cuantía del contrato, consorcios, agencias y demás organismos con un régimen indefinido en la ley adquieren la condición de Administración Pública por voluntad propia,….., “Chacun a son goût”
Parecidas pero no iguales, como dice Sosa Wagner, en lugar de la hermosa música leemos una penosa e incorrecta redacción.
Respecto al tema que plantea Elena Florido sobre si hay que designar con nombre y apellido los miembros de la mesa, interesa ver el contenido del artículo 21 del D817/09 cuando dice que la designación de los miembros de la mesa de contratación podrá hacerse con carácter permanente o de manera específica para la adjudicación de cada contrato y que su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación correspondiente con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrar para la calificación de la documentación referida en el artículo 130.1 de la Ley.
A mi modo de ver, dicho artículo debe interpretarse a la luz del artículo 294 de la LCSP que establece que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que intervengan en los procedimientos de contratación deberán abstenerse o podrán ser recusados en los casos y en la forma previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Estas dos instituciones, voluntaria una y forzosa la otra, protegen la imparcialidad en las decisiones de las personas que intervienen en un procedimiento de adjudicación, entre otros, los miembros de la Mesa.
Para que los interesados puedan poner en marcha un procedimiento de recusación contra alguno de dichos miembros, de acuerdo con el artículo 29 de la L30/92, es necesario que concurra alguna de las circunstancias prevista en el artículo 28 de dicha ley como motivos de abstención y por tanto, entiendo que la designación innominada no resulta suficiente, salvo que en el propio Perfil se facilite el organigrama de la Administración contratante, de manera que sea posible identificar al titular del cargo/puesto de trabajo que figura en la relación de componentes de la Mesa. Evidentemente, la designación deberá ser de titular y suplente para evitar problemas a la hora de constituirse la mesa.
Me gustaria escuchar otras opiniones al respecto.
21/06/2009 a las 12:07 pm	 Responder
Lo mejor del artículo de Sosa y Fuentes, es que al final en la opereta el protagonista pide disculpas porque el champán tuvo la culpa, luego se necesita una nueva borrachera para reformar la Ley.
En cuanto a lo de la mesa , sólo apuntar que el único organismo, que yo conozca, que publica los componentes de la mesa con nombres y apellidos es el tribunal de cuentas( BOE 1/06/2008 ), ¿ por qué será ?.
22/06/2009 a las 11:06 am	 Responder
Si bien cada cual hará de su capa un sayo, la composición de los miembros de la Mesa ha de hacerse de forma completa, esto es, nombre y cargo/puesto de trabajo. Esa es la forma en virtud de la cual es operativa el régimen de recusaciones previsto en la Ley 30/1992.
No obstante, la proverbial buena fama, diligencia, disposición, iniciativa, y así un largo etcétera nos llevará a que pongamos unos datos genéricos y no nos quebremos la cabeza averiguando cómo se llama el pimpollo/a que hace las veces de Presidente de la Mesa.
Como siempre mi buena amiga Terera Moreo acierta en su comentario.
22/06/2009 a las 2:39 pm	 Responder
TXUTXI SANMARTINHO
De conformidad con la Disposición Adicional sexta del Real Decreto-Ley 9/2008 por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la dinamización de la Economía y el Empleo:”A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley, no será exigible la clasificación en los contratos de obras de valor inferior a 350.000,00 €uros”.
¿Como se come esto?:
– Exención de clasificación para todos los contratos de obras de valor inferior a 350.000,00 €uros (Informe 1/2009 de 6 de febrero de la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía)
– Exención de clasificación para los contratos de obras de valor inferior a 350.000,00 €uros financiados con los fondos regulados en el mencionado Real Decreto-Ley 9/2008.
24/06/2009 a las 11:21 am	 Responder
Para TXUTXI SANMARTINHO. Caray, que díficil me ha sido escribir tu nombre. Me he quedado en Atapuerca.
Mira, tu pregunta sobre cómo se come lo de la clasificación tiene una respuesta sencillita:
1) Se come despacito. La disposición habla de “obras”, sin más detalle. Luego el límite se refiere a todos los contratos de obras.
2) Me dirás que la dispensa de clasificación se refleja en una norma referida a ciertas obras. Si, es cierto. Pero la dispensa se establece en una disposición adicional, no en el articulado. A poco que conozcas de técnica legislativa sabrás que esta circunstancia hace que la aplicación lo sea para todo.
3) Al tratarse de un Real Decreto-Ley “comprende” a la Ley.
24/06/2009 a las 12:52 pm	 Responder
24/06/2009 a las 1:56 pm	 Responder
Después de consultar este foro, que me parece interesantísimo, quiero plantear la duda siguiente, en relación con el “comité de expertos” previsto en los artículos 134.2 y 144.1 de la LCSP, el cual ha de estar “formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato”.
Y el problema (al menos, para mí) se encuentra que ni la LCSP ni el nuevo R.D. 817/2009 clarifican qué ha de entenderse por “órgano proponente del contrato”.
D. Miguel Trueno, en un comentario del pasado 10-06-2009, dice lo siguiente:
“En relación con el “órgano proponente” se clarificó por la autoridad competente –y reproduzco textualmente su respuesta– que “la redacción del Real Decreto deja claro que se trata de un órgano distinto del “órgano de contratación”, y que es aquél órgano que ejerza de forma directa la iniciativa en el expediente de contratación. Mayores aclaraciones conducirían a la utilización de fórmulas demasiado estrictas que podrían dejar fuera del concepto una serie de supuestos y no es eso lo que se pretende”.
¿Alguien me podría indicar quién es esa autoridad y en qué resolución, documento o informe se contiene este criterio (con el que estoy totalmente de acuerdo)? Lo he buscado y no he sido capaz de encontrarlo.
Trabajo en un organismo público de una Comunidad Autónoma, y la Asesoría Jurídica del organismo mantiene un criterio para mí totalmente erróneo sobre quién es el “órgano proponente del contrato”, lo que permite que haya una “manga ancha” enorme a la hora de determinar quiénes pueden ser miembros de ese “comité de expertos”.
01/07/2009 a las 8:24 pm	 Responder
Debe haber ya mucha gente de vacaciones o casi todo el mundo ha cogido el tranquillo a esta normativa contractual y no surgen ya cuestiones, porque este foro, otras veces tan animado, parece que ha decaído.
Yo, sin embargo, que debo ser muy torpe, sigo planteandome cada dia cuestiones nuevas, y, donde antes tenía muy claras las cosas ahora dudo.
LCSP. Párrafo 2º apartado 1 del artículo 54. Exigencia de clasificación.
¿Habría que admitir a la licitación a una empresa no clasificada en obras o clasificada en obras pero no en el K/9/e, que aportara el compromiso de subcontratar la ejecución de la porción especializada con otros empresarios clasificados en el K/9/e?¿con esta interpretación se daría la paradoja de que para ir en UTE la exigencia es mayor (requisito: que todas esten clasificadas en obras y una dentro del Grupo exigido), que la que se presenta sin clasificación con compromiso de subcontratar con clasificada?
Supuesto de hecho contrato de obras.
– presupuesto de licitación –IVA excluido–: 4.297.089,46 €
– clasificación Grupo K Especiales/Subgrupo 9 Instalaciones contra incendios/ Categoría e
A ver si hay por ahi algún miembro de este foro que todavía lo siga y se anime a opinar.
Un saludo y gracias de todos modos anticipadamente a todos,
07/07/2009 a las 1:56 pm	 Responder
Desde Tartessos:
Entiendo que el órgano proponente del contrato es la mesa de contratación (Arts. 144.1 y 295 de la LCSP).
El comité de expertos no estará formado por tanto por ningún miembro de la mesa, en eso creo que estaremos todos de acuerdo. ¿Quiénes serán?. Siempre que sea posible (luego habrá veces que no lo sea porque por ejemplo no tengan cualificación profesional) será personal al servicio del departamento ministerial u organismo contratante (Art. 28.2 del Reglamento de desarrollo).
En este tema creo que confudimos nuestros deseos, a mí muchas veces me ocurre (lo que garantizaría la máxima objetividad es que el comité de expertos lo formaran miembros ajenos al órgano de contratación), con la realidad jurídica que tenemos delante, por ello entiendo (aunque me pese) que el comité de expertos puede estar formado por funcionarios del órgano de contratación (reitero, no miembros de la mesa). Un saludo a todos.
08/07/2009 a las 5:02 pm	 Responder
Aclaración al comentario anterior: El nuevo reglamento no utiliza la expresión funcionarios sino personal. Lo cual abre otros interrogantes. ¿Se podría contratar a alguien en virtud de su cualificación profesional para ser miembro de un comité de expertos?
Por cierto María Bilbao, realmente ese artículo tiene miga, no tengo una opinión al respecto. Un saludo.
08/07/2009 a las 5:13 pm	 Responder
Un saludo a todos (los que estan de vacaciones y los que no)
Como bien dices, María, la mayoría de compañeros deben de estar en el chiringuito, que es lo que toca por estas fechas y los que no, lo estaremos pronto.
¿Qué problema tienes con el 54? Se permite suplir la clasificación del licitador por la del subcontratista, siempre que no supere el 50%. Ello no impide que se le deba exigir al licitador estar clasificado como contratista de obras, en el grupo y subgrupo correspondiente al resto de la obra. No se puede presentar sin clasificación, como tú dices.
ELMUN SEMUE , siento decirte que no estamos todos de acuerdo en el significado que das a la expresión “órgano que propone el contrato”. Tú afirmas que es la mesa y citas dos artículos de la ley en los que se le atribuye a la mesa la competencia para proponer la adjudicación del contrato. Cosa distinta es proponer el contrato, acción que corresponde normalmente al servicio o departamento que tenga que satisfacer sus necesidades mediante el contrato. En definitiva entiendo que la expresión se refiere al promotor y no a la mesa.
El comité de expertos en la LCSP se configura como un órgano independiente que emite una opinión técnica sobre el asunto.
Son muchas las incógnitas por despejar alrededor del tema.
Como ya se ha apuntado en este foro, la primera se manifiesta en la elección de sus miembros. ¿Con qué criterios?
Es condición indispensable que sean personas de amplios conocimientos sobre la materia objeto del contrato pero eso no basta, deberán conocer también los principios fundamentales que informan la aplicación de los criterios de adjudicación a la hora de elegir la oferta más ventajosa. (Relación directa con el objeto del contrato, imposibilidad de valorar la experiencia de la empresa que presenta la oferta, motivación, racionabilidad, igualdad de trato, seguridad jurídica: sujeción al pliego, …etc., etc., etc.)
El perfil que resulta de tales exigencias no se encuentra fácilmente en el entorno de la Administración contratante, y digo Administración porque los PANAP y resto del Sector Público, no precisan de la intervención del comité de expertos para valorar sus ofertas. Así las cosas, seria deseable que proliferara la creación de comités de expertos especializados en las diferentes áreas y constituidos como órganos colegiados, lo que permitiría aplicarles el régimen de la Ley 30/92, cosa que no es posible si se designan en el pliego.
08/07/2009 a las 6:43 pm	 Responder
En cuanto al comité de expertos, también creo yo que no es la mesa sino en Departamento interesado el que propone el contrato.
Lo que no entiendo bien del Reglamento, en el art. 28, es su aplicación a Administraciones Públicas que no son Administración del Estado, donde se da (en mi caso) ocasiones en que el Departamento proponente de un contrato es a su vez órgano de contratación, salvo que lo consideremos en sentido estricto (por ejemplo un servicio del Departamento lo propone, el organo de contratación es el titular del departamento y los miembros del comité son “expertos” en la materia pero de otro servicio de ese Departamento).
Lo de creación de comités de expertos especializados como órganos colegiados, lo cierto es que el Reglamento, el artículo 29, en interpretación literal parace contemplar que, o se designe su composición en el pliego o en el pliego se determine el procedimiento para efectuarla (¿es con esa segunda posibilidad como crees que puede caber la creación de comité constituido como órgano colegiado?)
09/07/2009 a las 10:30 am	 Responder
Quiero decir que no es suficiente que en el pliego se indique que fulano, zutano y mengano, constituyen el comité de expertos para la valoración de los criterios subjetivos que han de decidir la adjudicación del contrato, para que se le atribuya a dicho grupo carácter de órgano colegiado.
Me estoy refiriendo a los requisitos del artículo 38 y siguientes de la LOFAGE o de las normas autonómicas que regulen la creación de órganos colegiados. (requisitos formales para su creación, instrumento de creación, aceptación en caso de formar parte diferentes personalidades jurídicas, criterios para designar presidente,…)
Por otro lado, apuntaba que podría ser interesante que se constituyeran comités de expertos en áreas materiales significativas en el entorno de cada administración, formados por miembros de distinta procedencia y designados por sus especiales conocimientos en la materia, que actuarían para distintos órganos de contratación en los procedimientos que lo requieran.
10/07/2009 a las 7:05 am	 Responder
Hoy 14-julio-2009, se vuelve a publicar en el BOE una corrección de errores al Real Decreto 817/2009 de desarrollo parcial de la LCSP. En concreto se refiere a la inconsistencia de la Disposición Final 1ª que habia detectado María Bilbao y también a la Disposición Final 5ª.
14/07/2009 a las 9:30 am	 Responder
Visto el gran nivel que hay en este foro, permitidme que os plantee la siguiente cuestión que nos ha surgido en una mesa sobre un procedimiento abierto de un contrato SARA
De acuerdo con el art. 22.1.b) RD 817/2009, la mesa de contratación ha de determinar los licitadores que han de quedar excluidos del procedimiento por no acreditar que reúnen los requisitos del pliego (por ejemplo, requisitos de solvencia). De acuerdo con el artículo 82 del RD 1098/2001, no derogado de forma expresa, la mesa debe emitir un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y las causas de su rechazo. De acuerdo con el artículo 37 Ley 30/2007, en los contratos sujetos a regulación armonizada, la decisión de excluir a un licitador seria impugnable vía recurso especial (sin efecto suspensivo), por tratarse de un acto de trámite que determina al interesado la imposibilidad de continuar el procedimiento. El plazo para interponer el recurso (art. 37.6) es de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se notifique o publique el acto impugnado.
Las cuestiones que nos plantea este supuesto son las siguientes:
1)Es necesario notificar de forma individualizada al licitador excluido de que ha sido excluido de la licitación y las causas y los recursos que caben contra esta decisión?
2)Si no fuera necesaria la notificación singular, cuando empieza a correr el plazo para interponer el recurso especial? Desde que se decide la exclusión por la mesa en un acto público? Desde que se publica en el perfil del contratante, si fuera el caso, aun cuando no es obligatorio, de acuerdo con el art. 42 Ley 30/2007?
3)Una vez la mesa ha decidido excluir al licitador, resulta necesario notificarle actuaciones posteriores como el plazo de alegaciones de dos días previsto en el art. 87 RGLCAP o la adjudicación provisional?
17/07/2009 a las 11:56 am	 Responder
Respuesta a Victotia
El acto de exclusión de un licitador debe ser notificado a éste en el mismo acto público, si fuera posible por encontrarse algún representante de la empresa presente en dicho acto o, en su defecto, con arreglo al procedimiento establecido en la Ley 30/1992.
Contra dicho acto de la mesa de contratación podrá interponerse, ante el órgano de contratación, el recurso especial en materia de contratación previsto en el artículo 37 de la LCSP o bien el recurso ordinario previsto en el artículo 107 de la L30/92, en función del objeto del contrato y su cuantía.
El plazo para interponer el recurso especial del artículo 37 contra la decisión de la mesa, es de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en que se notifique el acto impugnado y su presentación no supondrá la paralización del procedimiento aunque los licitadores, podrán solicitar la adopción de medidas provisionales para impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, incluidas medidas destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de contratación.
18/07/2009 a las 3:31 pm	 Responder
Saludo a todos y feliz domingo
Queria platear un tema de procedimiento.
El artículo 27 del RD817/09 se encuentra dentro del capítulo IV, denominado “Aplicación de criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor” y en consecuencia, no debe considerarse derogado tácitamente el artículo 22 RLCAP, relativo al plazo de cinco días naturales para aclaraciones de solvencia, en todos los casos, sino exclusivamente en los procedimientos en que se aplican criterios sometidos a juicio de valor.
En estos procedimientos, el plazo general de 3 días hábiles, establecido en el artículo 81 del RD1098/01, se podrá ampliar a discrecionalidad de la Mesa siempre que se garantice que en el plazo máximo de 7 días, se proceda al acto público de apertura del sobre que contiene dichos crietrios.
La cuestión que voy a plantear es la siguiente:
¿7 días hábiles o 7 días naturales?
La disposición adicional segunda del RD1098/01 establecía que lo dispuesto en la ley en cuanto a cómputo de plazos seria igualmente aplicable al reglamento (art.76 TRLCAP, días naturales)
En el RD817/09, no se establece tal remisión a las reglas de la LCSP (DA 15ª, naturales). En el texto del RD 817/09 aparecen 7 referencias a plazos indicando simplemente los días.
El artículo 48 de la L30/92 determina que siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.
Reitero la pregunta, ¿Los 7 días establecidos en el artículo 27 del RD817/09, son hábiles o naturales? Habrá que ponerse de acuerdo y probablemete ya existan pronunciamientos que desconozco por lo que animo a los foreros a trabajar en domingo y aportar opiniones al asunto.
19/07/2009 a las 10:16 am	 Responder
Buenas, me gustaría plantearos una duda que me asalta. ¿Qué opinión os merece la introducción, como criterio de valoración objetivo, de la ejecución de mejoras adicionales gratuitas por el licitador relacionadas con el objeto del contrato (sea este de obras, servicios o suministros) por un valor estimado por el propio licitador? Más concretamente,
1- ¿Sería legal dejar al licitador proponer mejoras, al margen de cualquier previsión en el contrato? (pensemos que la mejora puede ser la entrega de un vehículo para comprobar la corecta ejecución de una obra)
2- ¿Sería un criterio objetivo, teniendo en cuenta que el valor de la mejora lo estima el propio licitador?
3- ¿Cómo se certificaría la ejecución de la mejora gratuita?
4- ¿Incidencia fiscal? Se supone que las entregas gratuitas también devengan IVA.
20/07/2009 a las 3:54 pm	 Responder
Para Jose_Mancera
Revista El consultor Nº 11 de 15 de junio de 2007. Legalidad de incluir en el pliego de condiciones de un contrato de obras, como criterio de adjudicación, la valoración de la ejecución adicional de obras gratuitas a determinar por el Ayuntamiento
20/07/2009 a las 7:43 pm	 Responder
Para Teresa Moreo.
Esa consulta hace referencia a contratos de obras, pero ¿se pueden extender sus conclusiones a un contrato de suministros o servicios?
20/07/2009 a las 8:00 pm	 Responder
Mi opinión es que sí. Sus conclusiones se pueden extender a otros contratos.
El objeto del contrato debe estar perfectamente definido aún cuando no se trate de una obra, cuya ejecución, como se cita en el artículo, siempre se condiciona a la previa aprobación de un proyecto.
Los criterios de adjudicación deben estar directamente relacionados con el objeto y su ejecución. Por eso, no debería figurar entre ellos las “mejoras”, “prestaciones adicionales”, en suma, “dádivas” que, incluso resultando enriquecedoras para el Tesoro Público, nada tienen que ver con la ejecución del objeto del contrato.
Ya se pronunció la Junta Consultiva sobre las “aportaciones voluntarias”, como primas de adjudicación por las empresas adjudicatarias, repudiando tales exigencias.
Lo que sí puede estar permitido en determinados casos (para cualquier tipo de contrato), son las variantes o alternativas, denominadas en la LCSP variantes o mejoras. (permíteme que utilice la terminología TRLCAP pero me parece más ilustrativa)
Las variantes son en definitiva diferentes soluciones a la solución tipo que presenta la Administración. Si la empresa, previa habilitación en el pliego, presenta una variante, presentará dos ofertas económicas: una a la solución tipo y otra a la variante. Esta técnica es utilizada la Administración cuando considera que la solución que ha dado, es susceptible de ser perfilada por las empresas licitadoras, siempre dentro de los límites que se impongan en el pliego.
El régimen de admisión de variantes establecido en el artículo 131 de la LCSP, nada tiene que ver con las “mejoras” como criterio de adjudicación del contrato, cuya utilización me merece una opinión bastante negativa.
22/07/2009 a las 7:58 pm	 Responder
En esta primera intervención en este magnífico foro quiero expresar mi admiración por sus organizadores y participantes. Resulta muy instructivo y, generalmente, ameno, lo que de por sí ya tiene mérito.
Si no he entendido mal la respuesta de Teresa Moreo a María Bilbao en relación con el artículo 54.1, segundo párrafo, la falta de clasificación de un contratista sería sustituible en todo caso por el compromiso de subcontratar con otro empresario clasificado, siempre que la falta de clasificación corresponda a una parte de la obra que no exceda del 50% del total.
Si esa es la interpretación de Teresa Moreo, yo no estoy de acuerdo porque prescinde del supuesto de hecho básico de la excepción que contempla esa norma: la necesidad de que la parte de la obra o del servicio en cuestión tenga que ser realizada por empresas que “cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional”.
En definitiva, el criterio de la nueva Ley no es muy distinto del establecido en el artículo 36.3 del RGLCAP, en el que no veo grandes difultades para entender que sigue vigente.
Por el contrario, estoy de acuerdo con María Bilbao en que una interpretación tan amplia como la que, si no he entendido mal, propone Teresa Moreo, resulta contraria al tradicional sistema de clasificación, continuado en lo fundamental por la LCSP, que tiene su reflejo en la regulación de la clasificación de las UTE, regulación que perdería toda su funcionalidad con esa interpretación amplia que hace Teresa Moreo del supuesto excepcional previsto en el artículo 54 LCSP.
23/07/2009 a las 10:30 am	 Responder
María Bilbao, matizo mi comentario. No en todo caso pero sí en los casos que concurran las circunstancias del artículo 54:
-. Que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional.
-. Que el importe no exceda del 50%.
-. Que exista compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación.
Podría ser el ejemplo que tu has puesto, K 9, Instalaciones contra incendios, o el K 7, Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos, entre otros.
23/07/2009 a las 8:11 pm	 Responder
Joaquín Marsá
En relación con el “nuevo” artículo 52, un caso que se está planteando, es el siguiente.
El subcontratista aporta la solvencia técnica del licitador y así figurará en la oferta. La parte subcontratada está cercana al 60%.
No obstante el licitador ha tenido noticia de que el subcontratista también va a participar como subcontratista de otro licitador en el mismo concurso.
Paradójicamente la ley no lo prohibe por ningún sitio, no obstante creo que puede afectar a la concurrencia.
30/07/2009 a las 7:40 pm	 Responder
Vaya. Veo a la vuelta de mis vacaciones que habéis estado dándole caña al tema de los contratitos. Eso está bien. Seguid en esa línea.
Un saludo en particular a mi buena amiga Teresa y al coordinador.
31/07/2009 a las 10:35 pm	 Responder
En esta mi primera intervención quisiera felicitaros por el gran nivel existente. Me gustaría hacer una pregunta referente a la exigencia de clasificación, en este caso, sobre el contrato de servicios, previsto en el apartado 1 del artículo 54 de la LCSP, y ello con independencia del reenvio por la la DT 5 al artículo 25 de la LCAP, la duda que me surge es si para exigir la clasificación (120.000 euros), se tienen que tener en cuenta las posibles prórrogas o no.
13/08/2009 a las 4:18 pm	 Responder
Hola, Ada Blanca: Tu pregunta ya se aclaró en el foro hace tiempo. No, no se tienen en cuenta las posibles prórrogas a efectos del cómputo de clasificación.
13/08/2009 a las 6:31 pm	 Responder
Muchas gracias Miguel por tu respuesta. He descubierto este foro recientemente y me asombra lo que sabes. En tu respuesta haces referencia a que ya se aclaró en foro hace tiempo, no obstante no he logrado localizar dicha aclaración a pesar de dedicarle un par de horas, sino es mucho pedir podrías darme alguna indicación para localizarlo, o más facil aún, ponerme si ello fuera posible, el enlace de la página.
14/08/2009 a las 1:16 am	 Responder
Ada: La cuestión es sencilla: El artículo 54 al citar los importes no habla de valor estimado, luego NO se computa la prórroga. Ten presente que si se computase la prórroga llegaríamo al extremo de exigir clasificación en contratos que DE SALIDA no exigible.
Un contrato de servicios de 60.500 euros (sin IVA). Duración un año e HIPOTETICAMENTE susceptible de prórroga popr otro año. ¿Qué se pide? Pues únicamente solvencia.
Si miramos el valor estimado, si se tiene en cuenta la prórroga (60.500+60.500 = 121.000) lo que nos impide hacer un negociado, nos obliga a un abierto, pero no afecta a la clasificación porque en definitiva tu retención de crédito la haces por el importe REAL (1 AÑO).
Buen fin de semana. La pregunta era muy facilita, ADA.
14/08/2009 a las 11:51 am	 Responder
Quizá haya alguien que esté interesado en conocer que hoy en el Diario Oficial de la UniónEuropea L216/76, 20.8.2009, se ha publicado la DIRECTIVA 2009/81/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 13 de julio de 2009 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y por la que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE.
20/08/2009 a las 9:52 am	 Responder
Buenos días, me gustaría plantear una cuestión en relación con los poderes adjudicadores y sus instrucciones de contratación, por si alguien pudiera ayudarme.
En la redacción de estas instrucciones, los poderes adjudicadores ¿podrían por ejemplo elevar las cuantías de sus contratos menores? En cuanto a los procedimientos de contratación, ¿pueden “inventar” cualquiera, salvaguardando los principios de la Ley? por ejemplo, podrían regular un negociado sin publicidad hasta 200.000 euros? o deben ajustarse al negociado de la Ley? Muchas gracias y un saludo
27/08/2009 a las 11:12 am	 Responder
Buenas tardes, Sarah. Hace muchísimo tiempo que puse a disposición de los foreros una Instrucción de la Abogacía General del Estado sobre los contratos a celebrar por los poderes adjudicadores que no tienen la condición de Administraciones Públicas. Te sugiero que la leas y sigas sus directrices.
27/08/2009 a las 8:09 pm	 Responder
Tengo algunas dudas respecto al tema de subcontratación en materia de obras, así como del tema de las UTES.
¿Podría alguien indicarme o enviarme información para que la estudie con más detenimiento antes de formular preguntas al foro?
28/08/2009 a las 12:57 pm	 Responder
El pasado 1 de julio formulé una cuestión en este foro en relación con el “comité de expertos” previsto en los artículos 134.2 y 144.1 de la LCSP, el cual ha de estar “formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato”, puesto que ni la LCSP ni el nuevo R.D. 817/2009 clarifican qué ha de entenderse por “órgano proponente del contrato”.
Sin embargo, pasadas ya las vacaciones, sigo con la duda.
Os animo a que leáis mi intervención en el foro del 01-07-2009, a ver si me alguien me puede solucionar la cuestión planteada.
12/09/2009 a las 10:43 am	 Responder
Ya no intervengo en el foro, pero por alusiones contesto a Tartessos.
Ya dije en su día -y Vd. me cita expresamente en su comentario del día 1 de julio- qué debía entenderse por órgano proponente.
Vd. reproducía lo que yo a su vez había reproducido textualmente de la “autoridad competente” sobre el tema en cuestión.
No puedo ir más allá en este comentario, si bien únicamente le puedo complementar que la información que yo daba era la respuesta literal que los autores-redactores materiales del Reglamento daban a esa pregunta que Vd. se hace en el trámite de alegaciones finales previos a la aprobación en Consejo de Ministros del texto del Real Decreto. Obviamente, la respuesta -que consta escrita- no es un documento público que circule sin más.
Así que ya lo sabe: La “autoridad competente” es Hacienda, que somos todos.
Para acabar tres notas sencillitas para las marujas/os:
1) Este año el Barça volverá a ganar la Liga.
2) A mi me cae muy bien la Campanario.
3) Si me llamase Andrea, quisiera ser mayor e irme a un lugar en el que no me conocieran, lo cual va a ser díficil ya que me dicen que en el planeta Marte tambien ya la conocen. Su madre que dice que “es la voz del pueblo” (¿de qué pueblo?) les ha contado a los marcianos las bondades de su hija y las maldades del diestro. !que cosas!
Adios y no os enfadéis, que es malo para la salud.
12/09/2009 a las 6:36 pm	 Responder
Buenos dias a todos, no se si es que vengo muy espesa de las vacaciones pero me ha surgido una duda.
Para la formalización de un Modificado ¿cual es el plazo? Ya no son 30 dias, obviamente, pero si aplico el de 10 dias (el art. 202 LCSP se remite al 140 que lo fija en 10 días hábiles) no me cuadra con los 15 que tiene el contratista para depositar la garantía ajustada (art. 87).
Creeis que en la Resolución aprobando y adjudicando el modificado al contratista le de el plazo común de 15 dias para suscribir el contrato y formalizar la garantía?
En respuesta a Tartessos, tanto Teresa Moreo como yo contestamos lo que entendiamos por organo proponente (Teresa con más acierto y precisión)¿podrías aclarar por que no te parece que esa sea la interpretación y por que, por el contrario, crees que debe ser la Mesa?
¿Alguien se ha leido la Directiva y sabe si va a afectar mucho a lo que ahora tenemos o no hay nada nuevo bajo el sol? (Confieso que aún no he podido, andamos de cabeza sobre todo ahora con tanta apertura pública)
18/09/2009 a las 12:07 pm	 Responder
Yo creo que prevalece el plazo del Art. 140. 1 (10 días hábiles). Por tanto yo, en la resolución del órgano de contratación, incorporaría un único plazo de 10 días hábiles para: aportación documentación (obligaciones tributarias y de Seg. Social), reajuste de garantía y formalización del contrato).
La incongruencia del Art. 87. 3 o la interpretamos como un error del legislador o deberíamos entender que el modificado se abre una nueva fase de adjudicación: 15 días para documentación y reajuste (artículos 87. 3 y 135. 4) y considerar que el plazo de 10 días hábiles cuenta desde la “adjudicación” definitiva. Si optamos por esta opción también deberíamos cumplir las obligaciones de publicidad de las adjudicaciones (al menos en el Perfil de Contratante).
La verdad es que este tema me lo he planteado varias veces y creo que, aunque con cierta reticencia, la primera opción es la más racional.
18/09/2009 a las 12:42 pm	 Responder
No recuerdo quién ha sido (le pido disculpas) el compañero que ha hecho una referencia a un informe de la Junta Consultiva Gallega sobre la composición del comité de expertos (4/2009). Si lo he entendido bien (no lo he visto en español), reafirma la opinión de María Bilbao y Teresa Moreo sobre la composición del comité de expertos, es decir no pueden ser miembros del comité de expertos funcionarios pertencientes al servicio que promovió la celebración del contrato. Por mi parte está claro. Un saludo a todos.
19/09/2009 a las 5:01 pm	 Responder
Veo que estamos a vueltas con el comité de expertos.
Me encanta ver que se hacen variadas interpretaciones sobre la propia interpretación que hacen del asunto las propias personas que han escrito y redactado el Reglamento. Eso está bien.
Parafraseando a los autores materiales del texto reglamentario (a cuya redacción final he contribuido con mis modestas propuestas) -y esperando que los repetido autores no se enfaden más conmigo- os diré que el quid de la cuestión estriba en distinguir entre “órgano de contratación” y “órgano que ejerza de forma directa la iniciativa en el expediente de contratación”. Ejemplo sencillito: Allá donde hay una Junta de Contratación que actúa como órgano de contratatación (291.4) es muy fácil la creación del comite de expertos, ya que sus componentes -los del comité- no estan integrados en la Junta.
A partir de ahí, que cada cual se haga su particular composición sobre el famoso comité, pero a poco que penséis os percataréis que los autores del Reglamneto NO HAN QUERIDO IR MÁS ALLÁ en este tema. Podéis estar de acuerdo o no con su actuación, pero eso es lo que se ha querido y eso es lo que se ha hecho, guste o deje de gustar.
Nota final: Estad atentos al porvenir …
A lo mejor -o a lo peor- hay novedades.
¡Qué ganas tengo de jubilarme, chica/os!
19/09/2009 a las 9:06 pm	 Responder
Si el proyecto de presupuestos aprobado por el Gobierno llega a buen puerto, desde el 1 de julio de 2010 el tipo general del IVA subirá dos puntos, hasta el 18%, y el tipo reducido un punto hasta el 8%, manteniéndose el superreducido en un 4%. Esta circunstancia afectará a los contratos.
Por una lado, en los contratos que se encuentren en ejecución, tanto si se adjudicaron con la LCSP como si fue con el anterior TRLCAP en los que la oferta del contratista incluía el IVA, la Administración deberá hacerse cargo del incremento del IVA y deberá pagar al contratista la repercusión del incremento del tipo. De alguna manera habrá que habilitar crédito ????? a tal efecto y proceder al pago.
Por otro, aquellos expedientes de contratación que se vayan a iniciar una vez publicada la ley, en mi opinión, deberían corregir los proyectos, presupuestos, reservas de crédito. ..etc. con el fin de adaptarlos a la nueva regulación. Habrá que tener en cuenta que el tipo impositivo aplicable a cada operación será el vigente en el momento del devengo, es decir, la entrega de los bienes y servicios. (en las obras, el del pago de la certificación a buena cuenta)
Los contratos cuya ejecución deba iniciarse en el primer semestre de 2010 pero su ejecución alcance más allá en el tiempo y por tanto se vayan a expedir certificaciones en distintos momentos que originen el devengo, deberían reflejar esta circunstancia en la documentación del expediente y contar con la consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a las consecuencias de la nueva regulación.
¿Cómo lo veis compañeros? Me gustaria escuchar vuestras opiniones.
04/10/2009 a las 7:48 pm	 Responder
Mi querida Teresa: Estoy en deuda contigo.
Con este comentario hago público reconocimiento de dicha deuda y te agradezco infinito la atención a mi persona por razones onomásticas. Discúlpame si por otras vías no te he dado las gracias, aunque lo hubiese prometido.
Queridos compañeros del foro: Teresa Moreo es una gran compañera, una excelente conocedora de la normativa en materia de contratación y, sobre todo, una mejor y extraordinaria amiga.
Hecho el merecido agasajo, paso a la materia.
Quiero humildemente contribuir al comentario que Teresa ha hecho sobre el IVA que se avecina.
Esta cuestión -variación del IVA- ya se ha sucitado en épocas pasadas, por ejemplo hace 17 años.
Los comentarios de Teresa son -como siempre- acertados y por mi parte, únicamente, quiero señalar alguna cosilla que hay por ahí sobre la materia y que puede servir para ilustrar con mejor conocimiento el tema:
Sugiero que se lea lo siguiente:
a) Circular 2/1992, de 22 de enero de 1992, de la Dirección General de Tributos por la que se dictan los criterios para la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido en los contratos del Estado cuando se produce una variación en el tipo impositivo.
b) Carta de la IGAE de fecha 30 de marzo de 1992 en relación con la fiscalización de expedientes cuando se eleva el tipo impositivo del IVA en la contratación administrativa.
c) Instrucción de la IGAE de fecha 20 de mayo de 1992 en relación con los criterios para la aplicación del IVA en los contratos del Estado cuando se produce una variación en el tipo impositivo
Con la lectura de los documentos indicados se clarifican todas las cosas.
05/10/2009 a las 9:22 am	 Responder
Hola Miguel, gracias por tu útil información. Habrá que exprimir la base de datos de la IGAE a ver si llega tan lejos. Supongo que sacarán otra instrucción para el 2010. Agradezco mucho tus halagos que no merezco.
05/10/2009 a las 6:56 pm	 Responder
Sólo he tenido acceso a la Circular 2/1992, de 22 de enero de 1992, los otros dos documentos no consigo obtenerlos.
Si tuviéseis la amabilidad de establecer un link para obtenerlos os lo agradecería.
09/10/2009 a las 9:22 am	 Responder
Si quereis más información sobre la subida del IVA y su repercusión en la contratación administrativa, cuestión por otro lado ya resuelta hace muchos años, se pueden leer los informes 24/91, 2/92 y 4/92 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. Complementan la información que os proporcioné en días pasados.
En cuanto a la petición que se hace sobre colgar un link para leer la documentación, le corresponde al Coordinador -si lo juzga pertinente- hacer los trabajos para ello.
No obstante, me resulta extraño que -una y otra vez- proporcione información y no encuentre correspondencia en el resto de los foreros. En esta línea, me llama la atención el silencio de un “pavito” norteño que poseyendo estos datos que facilito, no intervenga en el foro. Será que no quiere intervenir porque de tanto intervenir ha acabado intervenido con su intervención.
Ya me llegó la hora. Me jubilo, queridos.
10/10/2009 a las 1:53 pm	 Responder
Tengo una duda: en el procedimiento abierto ¿puede la Administración renunciar o desistir de un contrato una vez abiertos todos los sobres y realizadas las puntuaciones pero cuando todavía no ha firmado la adjudicación provisional?
11/10/2009 a las 6:31 pm	 Responder
Clara: Pues, si. Lee el 139 LCSP. Ojo, pero si se cumplen los requisitos de dicho artículo.
En sentido contrario,te digo que no se pueden hacer cosas “raras”, es decir, que no se puede desistir o renunciar por el único motivo de que no sale “El Bigotes” como adjudicatario (que es nuestro “caballo favorito”) o porque no me gusta el que sale ganador porque ha dicho que no me regala trajes. Cuidadito con esto y sobre todo cuidadito con las órdenes o “deseos” del mando.
¡Que me quiero jubilar!
12/10/2009 a las 10:23 am	 Responder
Muchas gracias. Me parece increible que se pueda renunciar o desistir aún cuando ya se sabe quien debería ser el adjudicatario…Supongo que el tema está en que hay que justificar muy bien el motivo, porqué si no, la empresa a la que se debería haber adjudicado podría alegar que se ha renunciado o desistido porqué no se les quiere adjudicar a ellos por motivos poco claros.
19/10/2009 a las 1:22 pm	 Responder
Miguel Trueno, no se que pensarán los demás, pero que te jubiles no quiere decir que dejes este foro ¡Lo tienes prohibido! al reves, si te jubilas, tendrás más tiempo y más libertad para intervenir ¿no?
13/10/2009 a las 10:46 am	 Responder
Muchas gracias, María Bilbao. El tiempo lo dirá.
13/10/2009 a las 12:11 pm	 Responder
En otros comentarios os había dicho qué se debía entender por “órgano proponente” cuando se habla del famoso comité de expertos. Os dije lo que sobre el particular interpretaban los propios autores del Real Decreto 817/09.
Ahora podéis encontrar reproducido con más detalle aquello que os comenté, si se lee el informe 34/09 de la Junta Consultiva del Estado.
Repito lo que dije en su día: Se puede estar o no de acuerdo, pero eso es lo que hay.
PD. Aunque el Barça perdió ayer, es solo una cosa que se hace para dar emoción.
21/10/2009 a las 4:34 pm	 Responder
Me gustaría saber vuestra opinión sobre la aplicación del art. 102 acerca de las condiciones especiales de ejecución del contrato en que se llegan a fijar en el pliego de clausulas una serie de mejoras en el objeto del contrato que seran a cargo del adjudicatario y sobre ellas se fijan criterios de valoración a fin de poder cuantificarlos. Se ha utilizado para las obras financiadas por el FEIL y alguna otra mas.
Y una pregunta para Miguel Trueno: llegará la reforma de la ley en materia de modificados?
22/10/2009 a las 11:36 am	 Responder
De un Miguel a otro Miguel: Ni está, ni se le espera. Está en la sala de espera. Pero cuando aparezca nos vamos a enterar…
Estad más atentos al porvenir que se avecinan cambios.
22/10/2009 a las 9:23 pm	 Responder
Buenos días, estoy tramitando unos contratos de mantenimiento (servicios) por procedimiento negociado sin publicidad, y en los pliegos administrativos únicamente establezco los aspectos técnicos y económicos a negociar, sin baremarlos, entendiendo que el 134.4 de la LCSP se refiere únicamente a los criterios de adjudicación. ¿Es obligatorio baremar tales aspectos? ¿Es aplicable el 134.4 de la LCSP al procedimiento negociado sin publicidad? Y no hablo de procedencia hablo de obligatoriedad.
Mi criterio, atendiendo a diversos estudios y a la literalidad de la Recomendación de la Junta Consiultiva sobre el contenido de los PCAP, es que no es necesario baremar, bastando la mera enunciación de tales aspectos (que no criterios). Me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Muchas gracias
13/11/2009 a las 11:59 am	 Responder
Sin publicidad, simplemente aspectos sin baremación obligatoria. Si algún “intervenido” quiere fastidiar pedirá baremación. Le pondremos una película: “Si, bwuana”. O a lo mejor le gusta más la película: “Sufre, mamón”.
No os compliqueis la vida. Ya me falta un día menos. Los cuento como las cuentas de un rosario.
13/11/2009 a las 5:38 pm	 Responder
Muchas gracias maestro. Es un lujo contar con tu criterio… En mi caso además de una “intervenido” tengo una “asecretariada”…Intentaré llevarles a ver “La Pasión de Cristo”, a ver si se dan por aludidos…
Y mucha suerte y felicidad!
14/11/2009 a las 5:52 pm	 Responder
Buenos días: El BOE de hoy 18 de noviembre publica el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Conviene leer su contenido y no olvidar lo que dispone su disposición adicional primera.1:
18/11/2009 a las 9:23 am	 Responder
Quiero felicitar en primer lugar a todos los participantes en el foro, puesto que gracias a sus comentarios se comprende mejor la Ley de Contratos del Sector Público.
Asimismo, planteo la siguiente cuestión: En un contrato de obras tramitado por un procedimiento negociado sin publicidad, por un importe de licitación de 199.000 euros, si fuera necesario realizar obras complementarias por importe de 30.000 euros, es posible utilizar el procedimiento negociado previsto en el artículo 155 b) de la LCSP o podrían adjudicarse a través de un contrato menor al empresario de la obra principal, es relevante que si sumamos el importe de licitación más el que corresponde a las obras complementarias se supera el límite establecido para el procedimiento negociado sin publicidad.
A través de éstas obras complementarias o en su caso modificados, en los procedimientos tramitados como negociados sin publicidad, se podrían estar eludiendo los principios de publicidad
19/11/2009 a las 12:11 pm	 Responder
Álvaro: Tu cuestión es un asunto que se ha dado -como dijo el otro- toda la vida. No se trata de algo nuevo. Si ocurre la hipótesis que planteas estaríamos utilizando de forma fraudulenta la Ley. Pero esta Ley, y la anterior Ley y la anterior a la anterior.
Si las obras son complementarias -de verdad, es decir que no son un “invento”- debes saber que se trata de un contrato NUEVO, que exige un pliego NUEVO y un proyecto NUEVO. No se utiliza la documentación de la obra primitiva.
Si se trata de un modificado, SUBSISTE el pliego del contrato primitivo y es válida la documentación de la obra, modificándola.
En cuanto a la utilización del contrato menor la cuestión estriba en si hay o no proyecto.
Un día menos en las cuentas que cuento para tomarme una vacación definitiva.
20/11/2009 a las 10:22 am	 Responder
En este foro se ha discutido y al final parece haber quedado claro que para exigir clasificaicón debemos tener en cuenta el importe de licitación del contrato y no el valor estimado del mismo.
Sin embargo, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en su informe 19/09, de 25 de septiembre, en la conclusión de este informe, manifiesta que es necesario aportar el documento de clasificación en aquellos contratos que por su objeto y valor estimado es exigible.
24/11/2009 a las 2:25 pm	 Responder
Muy agudo lo tuyo, Alvaro.
Pero si lees con detenimiento el informe observarás que en el parrafo primero de la consideraciones jurídicas dice textualmente: “adjudicación de un contrato para el que por razón de su objeto y DE SU IMPORTE”.
Sin embargo, al llegar a las conclusiones, se altera el criterio (y también se aparta de la Ley) y se cambia la palabra “importe” por la locución “valor estimado”. Esto te enseñará que a veces la “sapiencia” de algunos se ve desbordada. La Junta también se equivoca, compañero.
24/11/2009 a las 4:57 pm	 Responder
Hola es la primera vez que participo y me gustaría plantear lo siguiente:
Conforme al artículo 26 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, “la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor debe presentarse, en todo caso, en sobre independiente del resto de la proposición con objeto de evitar el conocimiento de esta última antes de que se haya efectuado la valoración de aquéllos” en principio sería aplicable con independencia de que la valoración de estos criterios la tenga que realizar un comité de expertos o la propia Mesa, sin embargo hay quien opina que este artículo debe interpretarse conjuntamente con el 27.2 por lo que sólo debe presentarse en sobre independiente la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor en el caso de que la valoración de los mismos la realice un órgano diferente a la Mesa, a mi me da la impresión de que la norma persigue que la valoración de esos criterios “subjetivos” no se vea condicionada por el conocimiento de otros criterios “objetivos” como el precio, y de esta forma pueda realizarse un juicio de valor más neutro que si ya se conoce el precio de las distintas propuestas, y en consecuencia el artículo 26 debe aplicarse siempre que se hayan fijado criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor, en fin me gustaría mucho conocer vuestra opinión al respecto.
Un saludo y enhorabuena por el foro, es de una magnífica calidad.
28/11/2009 a las 12:21 pm	 Responder
Amigo Peter: Había leido interpretaciones curiosas del nuevo Real Decreto, pero he de confesarte que esa que cuentas es un poco estrámbotica.
Mira -y entiendo un poco del Reglamneto porque he contribuido a su redacción final- las cosas funcionan así:
1) En un sobre la documentación a que se refiere el artículo 130.1 (escritura, poderes, etc).
2) En otro sobre distinto la documentación que permita valorar los crierios subjetivos.
3) En un tercer sobre los documentos relativos a los criterios evaluables de forma automática o mediante fórmulas matemáticas.
Esto es así, con Mesa, con expertos, con silla o con pizarra. El “organo” interviniente no varía la exigencia de sobres y evaluación por separado.
Ya conté en otra entrada cual había sido la intención y la interpretación de los autores materiales del Reglamento.
Por favor, dejad de hacer interpretaciones que no llevan a ningún lado.
Repito ya por enésima vez: Podrá gustar o no gustar lo que hay en el Real Decreto. Pero eso es lo que hay y eso es lo que se ha querido.
28/11/2009 a las 5:39 pm	 Responder
Muchas gracias, Miguel Trueno.
Me alegro de que me confirmes que debe atenderse a la literalidad de la norma, es decir, en todo caso, como dice el artículo 26, no te creas que la estrambótica interpretación, tal y como tú la calificas, se trata de algo aislado, es más, me han llegado a argumentar que una interpretación finalista de la norma nos lleva a la conclusión de que no tiene ningún sentido separar en dos sobres la propuesta cuando los criterios los va a valorar el mismo órgano, ahí es nada, cuando yo creo que queda bien claro en el artículo 26 “in fine”, que lo que se persigue es evitar que el conocimiento del resto de la proposición cuya valoración no depende de un juicio de valor se conozca con carácter previo a la valoración de aquellos otros criterios que sí dependen de un juicio de valor, y ello con independencia de quién realice la valoración, menos mal que el artículo se ha redactado con la expresión “en todo caso”, en fin, muchas gracias una vez más.
29/11/2009 a las 12:19 pm	 Responder
Amigo Peter: No me des las gracias, hombre. Cada uno aporta su análisis.
El tema que planteaste -por lo que algunos al parecer opinan- me sorprendió ya que va en dirección absolutamente opuesta a los que se ha querido.
Peter: Por encima de todo, el principio de transparencia.
Te doy un dato: La redacción primitiva del Real Decreto no contemplaba el acto público de apertura del sobre “subjetivo”. Esto lo dijo el Consejo de Estado y Hacienda lo hizo suyo.
Me hace sonreir que estemos -me incluyo- impulsando la mayor transparencia en todas las fases del procedimiento contractual y salgan algunos que nos interpreten en sentido contrario a lo que nosotros mismos pretendemos.
¡Qué cosas! De ahí mi calificativo de estarámboticas.
PD. Madridistas: Prepararos esta noche. El Barça os va a dejar suaves como el terciopelo.
29/11/2009 a las 12:40 pm	 Responder
¿Qué os parece la posibilidad de realizar una declaración de urgencia del artículo 96 para tramitar un expediente por procedimiento negociado sin publicidad?
¿Y en el caso de un procedimiento negociado sin publicidad al amparo del 158e)?
Aplicación práctica, planteo el siguiente supuesto ahora que estamos a final de ejercicio y todo corre mucha prisa:
Tengo una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, que demanda una pronta ejecución del contrato, concretamente quiero adquirir unos determinados bienes objeto de un suministro por un valor estimado igual a 60.000 €, en principio podría recurrir a la opción del procedimiento negociado sin publicidad al amparo del 154e), pero para ello tendría que además cumplirse que dicha pronta ejecución no pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgencia regulada en el artículo 96, por lo tanto en este caso podría valorar también la posibilidad de recurrir a un procedimiento negociado sin publicidad en base al 157f) y hacer una declaración de urgencia, procedimiento por el cual debido a la reducción de plazos consiga adjudicar definitivamente antes que mediante el 154e), por tanto pregunto: ¿No parece un contrasentido que el procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa urgencia pueda llegar a ser el más “lento de los procedimientos negociados sin publicidad”?
29/11/2009 a las 1:10 pm	 Responder
Peter: Los supuestos del 154.e están pensados para otra cosa distinta a las que tu planteas.
Además, no te debe sorprender, porque este supuesto -urgencia sobrevenida- es más viejo que Matusalem (lee el artículo 117 del Reglamento de 1975).
Imagínate que esos suministos que tu quieres contratar tienen un valor estimado de 110.000 euros, se venden por varios empresarios, pero tenemos unas “imperiosa urgencia”. Observarás que el 154.e) te permite saltarte el procedimineto abierto, aunque sea declarado urgente.
No confundas los conceptos.
29/11/2009 a las 5:00 pm	 Responder
El DOUE de hoy publica el Reglamento 1177/2009. Este reglamento modifica los umbrales a partir de los cuales un contrato es SARA. Es de aplicación directa desde el 1 de enero de 2010.
-Obras: de 5.150.000€ baja a 4.845.000 €
-Servicios y suministros:
AGE: de 133.000€ a 125.000€
CC.AA. EE.LL y otros: de 206.000€ a 193.000€
01/12/2009 a las 11:53 am	 Responder
Queridas amigas (a los amigos, otro día):
Ya conocéis el texto de la Ley de Economía Sostenible. ¡Hala, cuidadito con los modificados!
Estudiadla con calma, aunque ya os anticipo que pocas modificaciones habrá en su trámite parlamentario.
01/12/2009 a las 3:47 pm	 Responder
Hola a todos: a los clásicos y a los nuevos. Me complace enormemente comprobar que el foro no ha muerto aunque las entradas son más espaciadas de lo que eran en mayo de 2008 cuando todos esperábamos el estruendo de la puesta en práctica del Murciélago. (Sosa Wagner). Diecinueve meses después, cuando ya nos habíamos aprendido la lección, nos lo van a cambiar. Bueno eso traerá más entradas en el foro, de lo cual me alegro mucho y aprovecho para manifestar mi agradecimiento a dos personas: al coordinador, que fue quien nos brindó la oportunidad de encontrarnos aquí y a MT, porque sin él, el foro sería otra cosa.
Como veo que a Peter, le interesa el tema de la urgencia quiero aportar mi granito de arena al tema compartiendo las experiencias que en este tema he vivido en los años que llevo trabajando con expedientes de contratación. He visto urgencias vestidas de Loewe, de Zara y de Todoacien, pero al final motivadas por la falta de previsión de los órganos de contratación. Como muy bien señalas, la inejecución presupuestaria que por estas fechas ataca a todos, es una de las causas de la utilización de este procedimiento pero no la única. En la ley de contratos hay tres estadios o niveles: el artículo 96, urgencia, el 154 imperiosa urgencia y el 97, emergencia (palabras mayores). Dejando a un lado este último, en los otros dos se puede hacer la declaración de urgencia y con ello acortar los plazos, sin más requisito que se den las circunstancias de necesidades inaplazables o cuya adjudicación sea preciso acelerar (¿cuándo no se da eso?). Fíjate que la ley, en el 96, no habla de “imprevisibles y no imputables al órgano de contratación”. El Tribunal Supremo exige siempre dos circunstancias para justificar la motivación de la urgencia (sobre todo se manifiesta en procedimientos expropiatorios por el art. 52 LEF): ha de ser manifiesta y objetivamente evaluable. No obstante, una vez declarada la urgencia, deberían depurarse responsabilidades por la falta de celeridad en la tramitación de los expedientes, a todos los niveles. (no solo a nivel de funcionario que es el último mono que decide)
No es baladí la elección de la tramitación de urgencia puesto que, en el caso de no SARA, con ella se acortan sensiblemente los periodos de exposición pública de las contratas y las posibilidades de las empresas de preparar sus ofertas. El sagrado Principio de Concurrencia se ve mermado en estos expedientes. Te voy a contar la situación paradójica que vivimos hoy día en nuestra comunidad autónoma. Por un lado, dentro de las medidas de reactivación e impulso de la actividad económica, se aprueba un Decreto Ley que declara urgentes todas las obras que se hagan en la comunidad autónoma. Por otro lado, la Dirección General de Fondos europeos – trasladando el sentir de Europa que no entiende de urgencias, modificados, complementarios, criterios donde no cuenta el precio y demás inventos typical spanish – envía un comunicado a todas la unidades de contratación en el que advierte de la prohibición de utilizar el procedimiento de urgencia en aquellos contratos financiados con fondos europeos. Incongruente, ¿no?
02/12/2009 a las 6:55 am	 Responder
Muy bueno lo tuyo, Teresa. Ya dije un día que eras el “alma mater” (no vas ser “pater”) del cotarro. Luego está el coordinador, que sin él no habría nada que rascar.
Suscribo totalmente lo que dices de la urgencia. Al resto del foro les invito a que participen. No guardad silencio.
PD: Madridistas, habéis perdido y a mi Messi le dan el Globo de Oro. Envidia cochina.
02/12/2009 a las 3:07 pm	 Responder
Tengo una dudillas que quizás me podáis ayudar a resolver:
1. Una empresa privada está interesada en colaborar con nosotros, Concejalía de Cultura, en diversos eventos culturales. Esta empresa nos daría dinero y a cambio nosotros pondríamos publicidad de su empresa en el material publicitario que hagamos relativos a estos eventos.
En los diversos informes que he encontrado respecto al contrato de patrocinio siempre es la Administración la que actúa como patrocinador -da dinero a un tercero a cambio de publicitar su imagen (Informe de la Intervención General de la comunidad de Madrid de 21 de abril 2009; Informe 1/2009, de 11 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón)en nuestro caso ellos nos dan el dinero ¿seguiría siendo un contrato de patrocinio? si es asi al ser un contrato privado podré tramitarlo por el procedimiento negociado en base a lo establecido en el art. 154. d Cuando, por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado, ¿no?
2. Por otro lado motivado por el reducido presupuesto con que va a contar esta Concejalía para el año que viene, tengo que modificar varios contratos de servicios a los efectos de que se ajusten al crédito disponible, veis correcto basar el interés público del modificado en el ahorro económico (dictámenes Consejo de Estado 3895/1996, 4337/1996) y la causa imprevista en la reducción presupuestaria para el año 2010.
Me gustaría aportar algo pero como podréis comprobar por mis consultas no tengo el nivel suficiente.
Muchísimas gracias a todos los que participais en el foro ya que gracias a vosotros he aclarado muchos conceptos.
08/12/2009 a las 11:44 pm	 Responder
María: Que agradable noticia es esa de que “(…) una empresa está interesada en colaborar con nostotros y … nos daría dinero [sic]). Qué majos, generosos y desprendidos son estos empresarios.
Te sugiero que leas el Informe 28/93 de la Junta Consultiva del Estado. Aclara alguno de los puntos que te planteas.
Por otra parte, la falta de crédito por razones de austeridad en el gasto público constituye un motivo más que suficiente para amparar las modificaciones a la baja del contrato. No obstante, siempre podrá venir uno de esos empresarios que nos dan dinero -¡Viva los Reyes Magos!- e igual nos lo hacen gratis.
Feliz Navidad y mejor 2010 para todos, con especial recuerdo al Coordinador y a mi amiga Teresa.
Mensaje para el Coordinador: Espero que nos felicites las fiestas.
13/12/2009 a las 5:38 pm	 Responder
Muchas gracias por tu ayuda Miguel! y felices fiestas!
13/12/2009 a las 11:47 pm	 Responder
Hola a todos y enhorabuena por este estupendo foro que ayuda a resolver no pocas dudas de la nueva Ley de contratos.
Quería plantear una duda.
En aplicación del artículo 136.2 de la LCSP, nuestros pliegos de procedimiento abierto con varios criterios de valoración prevén que se considerará que las proposiciones incluyen valores anormales o desproporcionados cuando el porcentaje de baja exceda en diez unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.
Al sumar la puntuación obtenida por los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor a la obtenida por el criterio del precio y clasificar las proposiciones por orden decreciente, ocurre en alguna ocasión que la oferta del licitador clasificado en primer lugar no incluye valores desproporcionados según el criterio establecido en el pliego y sin embargo las de otros licitadores sí que incluyen valores desproporcionados.
Consieraía que sería necesario dar audiencia a estos licitadores para que justifiquen la valoración de su oferta (art. 136.3) en previsión de que el licitador clasificado en primer lugar no aporte la documentación prevista en el art. 136.4 y se quisiera efectuar nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes (art. 136.5) o por el contrario no sería necesario dar audiencia a estos licitadores ya que no son los clasificados en primer lugar, entendiendo que en tal caso no sería posible efectuar esta nueva adjudicación provisional.
16/12/2009 a las 1:34 pm	 Responder
Querido amigo Isaac: Las normas están para cumplirlas aunque a veces nos causen “más trabajo”. A tu problema tu mismo le has dado la solución. ¿Qué sucedería si el licitador que resulta en primer lugar está en deuda con Hacienda? Pues, en previsión, a cumplir lo que dice el 136. Como ves, tenías la solución.
Entiendo que es un “rollo” el tener que hacer los papelitos, pero así es la vida.
16/12/2009 a las 2:16 pm	 Responder
No es por el “rollo” de tener que hacer los papelitos pero me parece absurdo retrasar “innecesariamente” la adjudicación y hacer que los licitadores gasten su tiempo y dinero en justificar su oferta cuando es prácticamente seguro que no van a ser adjudicatarios.
Además, analizando el 136.4 me han surgido dudas porque señala que si el organo de contratación estimase que la oferta no puede ser cumplida acordará la adjudicación provisional a la siguiente proposición. Por tanto, si no es la del 1º clasificado la que incluye valores desproporcionados difilmente puede adjudicarse a la siguiente proposición.
17/12/2009 a las 8:30 am	 Responder
Isaac: El artículo 136.4 entra en juego después de haber practicado todas las actuaciones relativas a las bajas desproporcionadas.
17/12/2009 a las 12:53 pm	 Responder
He llegado a esta página porque como opositora estoy un poco despitada con la ley 30/2007 y su reglamento de 2009.
Por un lado del la Ley se desprende que es el órgano de contratación el encargado de comprobar la personalidad y solvencia de los solicitantes en los procedimientos restringidos, negociado y diálogo competitivo (art. 149) pero en el reglamento la competencia es de la mesa de contratación que examinará la documentación administrativa(art 20).
Por otro lado, en el diálogo competitivo el art. 167 asigna una serie de actuaciones al órgano de contratación, que luego el reglamento en el artículo 23 asigna de forma literal a la mesa de contratación.
En este sentido los artículos referidos a la Ley son básicos y los artículos mencionados del reglamento no lo son. Pero hay alguna otra explicación?
19/12/2009 a las 9:23 pm	 Responder
Hola, Nuria: Pues sí, hay otra explicación y es muy sencillita.
Lee tranquilamente el artículo 149, que citas. Fíjate que después de la expresión “El órgano de contratación” viene una “coma” y dice “,una vez comprobada la personalidad …”, y zas otra coma. Esto no quiere decir que sea el propio órgano de contratación ya que -repito- si te fijas atentamentel la frase está entre comas.
Luego puedes leer el artículo 152 y verás que dice “será de aplicación lo previsto en el artículo 144”. ¿Y de qué trata el artículo 144? Pues, de la Mesa de contratación.
La pregunta que has hecho era muy sencillita. Que tengas suerte con la oposición y feliz Navidad.
Queridos amigos madridistas: Sufrid otro poquito. Somos campeones del mundo: ¡Visça el Barça!.
19/12/2009 a las 10:18 pm	 Responder
Muchas gracias i visca el Barça!!
Totalmente de acuerdo con tu aclaración.
Y respecto al procedimiento en el diálogo competitivo?
19/12/2009 a las 11:00 pm	 Responder
Y otra duda que tengo es la secuencia siguiente:
Procedimiento abierto, tramitación urgente. Criterio ponderables juicio de valor. No SARA Contrato no de obras. Varios criterios
1º Anuncio de licitación
8 días naturales para presentar proposiciones (1/2 de 15 días Art 143 LCSP)
2º Acto público apertura documentación administrativa
3º Acto público apertura documentación relativa a criterios de adjudicación criterios ponderables en función juicio de valor
— Esta debe realizarse en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas (1/2 de 1 mes Art. 144 LCSP)
— También debe realizarse en un plazo no superior a 4 días a contar desde la apertura de documentación administrativa. (1/2 de 7 dias Art 27 Reglamento 2009)
A partir de este momento los expertos/o quien proceda, entiendo que tienen 5 días, prorrogables a 10 para emitir informe valorando las proposiciones según el artículo 96.2.a de la Ley.
4º Acto público apertura documentación ponderable mediante fórmulas
5º Adjudicación provisional como máximo al mes (1/2 de 2 meses) a contar de la apertura de proposiciones, entiendo que del punto 3º.
Si tras la apertura de la documentación administrativa se informa a un licitador que debe subsanar defectos y omisiones y este no realiza ninguna acción, se considera que retira injustificadamente su proposición y se le incauta la garantía provisional?
Muchas gracias!! Creo que por hoy ya es suficiente, Felices Fiestas!!
19/12/2009 a las 11:48 pm	 Responder
Nuria: Esto es un foro, no una academia.
1) La Mesa interviene en los procedimientos abiertos, restringidos y negociados con publicidad, así como en el diálogo competitivo. Lee el artículo 296.
2) La documentación administrativa no se abre en acto público. ¿De dónde te has sacado eso?
3) Plazo de subsanación de defectos (3 días hábiles o máximo seis naturales, según haya uno o varios criterios de adjudicación).
4) Apertura en acto público de la documentación relativa a criterios de juicio de valor en un plazo no superior a siete días desde la apertura de la documentación administrativa.
5) Apertura en acto público de la documentación que contiene los criterios evaluables mediante fórmulas. Con carácter previo se da a conocer a los licitadores la puntuación obtenida en la valoración de los criterios de juicio de valor.
El plazo: máximo de un mes desde la finalización del plazo de presentación de ofertas.
6) Si un licitador no subsana los defectos de su documentación administrativa, sencillamente queda excluido. Ni se le incauta nada, ni se considera retirada injustificada de su oferta.
Nuria: las cosas son más sencillas de lo que te pueda parecer. Tu problema parece residir en que no haces expedientes de contratación. Intentar aprender contratación administrativa mediante la preparación de una oposición es como intentar aprender a nadar estudiándose un manual y no haber visto nunca una piscina.
Feliz Navidad al personal. A ver si se ois ve el pelo por el foro. Parece que soy yo el que mantiene este negocia.
20/12/2009 a las 1:44 pm	 Responder
20/12/2009 a las 11:37 pm	 Responder
Respecto a las bajas temerarias, estoy de acuerdo con la interpretación que hace Miguel Trueno de los artículos de la ley. No sé si los argumentos de Miguel han convencido del todo a Isaac ni me preocupa demasiado ya que, como dice Miguel, esto es un foro de debate y no una academia. así que todos somos mayorcitos y responsables de nuestro criterio, ¿verdad?
De todas maneras, en el Derecho, siempre hay criterios superiores y en este caso me parece muy didáctico el informe 163/2008, de la Abogado General del Estado, de Fuentes Bardají, como respuesta a la consulta formulada por la Secretaria General del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias respecto a la postura que esta entidad mantiene en cuanto a la valoración de las ofertas, frente al criterio discrepante de la Intervención delegada. Las posturas enfrentadas pueden resumirse en los siguientes términos:
Postura A, defendida por ADIF: La depuración de posibles bajas temerarias es anterior a cualquier tarea de valoración de las ofertas y por tanto, aquellas que incurran en temeridad y no puedan justificar su oferta en el trámite de audiencia, son excluidas. Esta entidad defiende que el hecho de establecer que las ‘bajas temerarias” excluidas no se tengan en cuenta para el cálculo de la puntuación económica de las restantes ofertas que no presentan valores anormales o desproporcionados permite evitar posibles acuerdos fraudulentos entre empresas, presentando una de ellas una baja muy importante aun a sabiendas de su inviabilidad, con el único objetivo de que otra empresa pueda conocer de antemano la baja más económica que servirá de cociente en la fórmula de cálculo
Postura B, defendida por la Intervención: Todas las ofertas son valoradas y posteriormente, en el caso de que la posible adjudicataria incurra en temeridad, se le da audiencia para que justifique la oferta.
En suma, para la postura A, las bajas temerarias no se tienen en cuenta para el cálculo de la fórmula del precio mientras que para la postura B, todas las ofertas se incluyen en dicho cálculo.
A la cuestión planteada responde el Abogado General de Estado concluyendo que, a la vista de lo dispuesto en la LCSP, debe darse audiencia a todos los licitadores cuyas ofertas presenten valores anormales o desproporcionados a efectos de que puedan realizar su correspondiente justificación, con carácter previo al cálculo de la puntuación económica de las ofertas y su ordenación consiguiente a los efectos de adjudicar provisionalmente el contrato, en consecuencia, el cálculo de la puntuación económica de las ofertas debe realizarse con posterioridad al análisis y valoración de la justificación de las ofertas anormales o desproporcionadas, excluyendo a las no admitidas por no haberse estimado la justificación sobre su viabilidad tras el mencionado trámite de audiencia. Como vereis, el Criterio Superior dejó sin argumentos a la Intervención.
21/12/2009 a las 7:14 am	 Responder
¡Pero que bien te explicas, Teresa Moreo!
Y me adhiero a lo que dices: Que siga el debate y animad el cotarro.
Otra vez feliz Navidad para todos, incluidos los madridistas.
21/12/2009 a las 12:35 pm	 Responder
Buenos días a todos! Quería exponeros un problema que nunca se me había planteado: en un procedimiento negociado un ofertante presenta un solo sobre (el de la oferta, lo cual se advierte clara,ente en el mismo “OFERTA”),pero no presenta el segundo sobre de documentación administrativa. El mismo día que lo presenta en el Registro de plicas se le advierte verbalmente de este hecho pero transcurre el plazo de presentación de ofertas sin que presente el sobre que le falta. Es subsanable la falta total del sobre de documentación administrativa. (No se exigía garantía provisional…).
Felices fiestas (y enhorabuena a los culés!)(a ver si nos dejais algo a los madridistas en 2010…)
22/12/2009 a las 8:49 am	 Responder
Lo siento, era una pregunta…es subsanable la omisión total del sobre de documentación administrativa? (insisto, no se exigía garantía provisional)
22/12/2009 a las 8:52 am	 Responder
Josebomb: No sufras más. El Madrid va a seguir nuestra estela, pero detrás de nosotros.
En relación con tu problema entiendo que eso te sucede -como afirmas -con un negociado. Suele ser muy frecuente, sobne todos en los procedimientos en que hay tres ofertas, pero sólo uno presenta los papelitos. Dale plazo para subsanar, aunque
personalmente yo no le volvía a invitar.
Pasa buena Navidad y a ver si apareces más por aquí.
PD: La no exigencia de garantía provisonal es irrelevante. De otro lado, las “informaciones verbales” al licitador sobre los documentos que aporta o deja de aportar no deben practicarse: notificaciones, querido y buen amigo.
22/12/2009 a las 9:00 am	 Responder
Muchas gracias Miguel Trueno! Tomo buena nota (está hecho un Leo Messi en la Contratación Administrativa, sin duda…). Bueno, respecto a lo de seguir la estela del Barça…será un placer…ahí estaremos acechando. De cualquier forma es un lujo verles jugar al fútbol y su actitud tan deportiva es digna de elogio, en serio. Ojalá nos veamos en la final de la “championlí”.
PD: Recuerdas mi problema con los criterios de adjudicación en los negociados… Al final me tocó puntuarlos (aunque me planté en que se denominasen “aspectos”; así evitaba lo de los tres sobres…). El argumento de la Secretaria y la Inetrventora era definitivo “somos dos contra uno” (literal, no es broma), y claro, ante eso… Vamo, que nada nuevo bajo el sol mediterráneo. Chao maestro y gracias por tu entrega! Feliz 2010 a todos!
22/12/2009 a las 2:38 pm	 Responder
Podrías decirme donde encontrar el informe 163/2008, de la Abogacía General del Estado.
(Para Miguel: El año que viene será el Barcelona el que “intente” seguir la estela del Madrid).
22/12/2009 a las 1:55 pm	 Responder
Querido Josebomb:
Con pesadumbre te doy mi más sentido pésame. Dos son los motivos que me llevan a ello:
1) La estela del Barça no se puede seguir. Sucumbiréis en el camino. Déjalo.
2) Te ha tocado una “intervenida” y una “segregaria” (que hace de gregaria)que te amargarán la vida. Dáles una piruleta (de menta ácida a ser posible) que seguro se sentirán reconfortadas.
Por último, me has recordado con tus frases una expresión que decíamos de pequeño y que dice así:
“Dos contra uno, m… para cada uno”.
Sr. Coordinador: Permítenos estas licencias navideñas. Por otro lado, si me dices algo, ya sabes que se puede colgar del foro un enlace a ese informe de la Abogacía General del Estado sobre las bajas desproporcionadas.
22/12/2009 a las 6:33 pm	 Responder
FELIZ AÑO 2010 PARA TODO EL PERSONAL.
04/01/2010 a las 2:57 pm	 Responder
Gracias Miguel, feliz año a ti y a todos.
04/01/2010 a las 7:21 pm	 Responder
Creía que ya lo tenía claro, pero hoy veo que no. Es en relación con el “Comité de Expertos”.
Tengo claro que los expertos deben ser personal del organismo contratante, no integrados en el órgano que proponga la celebración del contrato (art. 73.2 del RGLCAP) y con cualificación profesional adecuada (art. 28 del D_817/09). De otra parte, el Informe 34/2009, de JCCA aclara que no pueden pertenecer a la Mesa de Contratación.
Mi duda es la siguiente: ¿puede formar parte del comité de expertos la persona titular del órgano de contratación en su calidad de experto en la materia, y aparecer designado en el propio pliego aprobado por dicho órgano de contratación?
07/01/2010 a las 12:40 pm	 Responder
Se va a incorporar la Directiva de Recursos al articulado de la LCSP. Va a suponer un cambio radical en muchos aspectos. Los que trabajan en temas de contratación pueden prepararse porque vais a tener que hacer los papelitos de nuevo.
Es una modificación de la LCSP inminentísima.
ANZUR: El órgano de contratación SÓLO hace las veces de órgano de contratación. Aunque no versa sobre el Comité de Expertos te recomiendo la lectura del Informe INFORME 1/2002 DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE CANARIAS. Te aclara el papel que nuega el órgano de contratación.
¿Os han traido muchas cosas los Reyes Magos? Espero que sí, ya que sois buenas/os chicas/os. A un pavo que merodea por ahí le han traido carbón: se lo merece.
07/01/2010 a las 2:59 pm	 Responder
Querido Miguel Trueno,
Ante todo, gracias por tu rápida contestación.
La respuesta que me das sobre el comité de expertos me parece muy lógica, la suscribo plenamente y la aplicaría al expediente en cuestión si estuviera en mi mano. El problema es que ya está todo hecho, se trata de un caso real con el que convivo y donde se utiliza un pliego que tiene todas las ‘bendiciones’ del servicio jurídico correspondiente, al cual, al parecer, no se ha cuestionado el tema (aunque creo que lo conoce) y donde se ha limitado a hacer una interpretación literal de la ley para sustentar la solución adoptada.
Dado que, como demuestras, tienes tan buena información, me interesaría saber si hay algo parecido a lo de Canarias en la JCCA del Ministerio de Hacienda.
08/01/2010 a las 8:28 pm	 Responder
A la vista de lo que dices poca solución hay. La Junta Consultiva del Estado no ha tratado el tema del Comité de expertos, salvo en el informe 34/2009 que citas. En la recta final de aprobación del Reglamentillo se preguntó varias veces a Hacienda -se bien lo que digo- sobre el famoso “órgano proponente”. Ya he contado lo que dijo Hacienda en otra entrada hace algún tiempo.
Nadie, absolutamente nadie, planteó la posibilidad de que la persona física que ostenta la titularidad de órgano de contratación formase parte del comité de expertos porque las cosas funcionan con arreglo a la Ley y según ella, cada elemento que interviene en el procedimiento cumple su función. Pasa como en el ajedrez: el peón hace de peón y al alfil hace de alfil. El alfil se muecve por diagonales y el peón, no.
Pongamos un ejemplo: el Interventor forma parte de la Mesa, pero no para ejercer funciones de fiscalización en su calidad de Interventor. Eso se tuvo que aclarar porque alguien pensó que el Interventor como vocal nato de la Mesa estaba allí -en la Mesa- para fiscalizar. Pues, no.
Idéntico sucede ahora: El comité de expertos eleva su propuesta a la Mesa y esta no puede desvincularse de dicha propuesta (artículo 144.1 LCSP). A continuación la Mesa eleva dicha propuesta al órgano de ocntratación.
De aceptar que el órgano de contratación formae parte del comité de expertos se llegaría a situaciones esperpénticas y que viciarían el procedimiento. Me explico:
El comité de expertos (en el que está “Juan” que es el órgano de contratación) eleva su propuesta a la Mesa: La adjudicación a favor de “Fulano S.A.”.
La Mesa de Contratación dice: Amen.Hágase lo que dice el comité de expertos. Propuesta de adjudicación a favor de Fulano S.A.
Y ahora, el cachondeo generalizado: Juan que es el órgano de contratación se desvía del criterio de la Mesa y adjudica el contrato a Mengano S.A. (artículo 144.2 LCSP):
Insólito: el comité de expertos -que es Juan- se desvía a si mismo de su propia propueta cundo hace de órgano de contratación.
La literalidad de la Ley hay que interpretarla y para eso está el Código Civil. El “servicio jurídico” se ha columpiado.
Que tengas suerte. ¡qué cosas pasan por ahí! Cuéntale mi respuesta a los interfectos y asegúrales que voy a comentar esta anécdota para que sirva de general conocimiento.
Un abrazo cariñoso. Hoy, día 9 de enero, es mi cumpleaños. Ya está cerca, muy cerca, el retiro.
09/01/2010 a las 10:02 am	 Responder
Un artículo reciente
COMPOSICIÓN DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN Y DE LOS COMITÉS DE EXPERTOS EN EL ÁMBITO DE LAS ENTIDADES LOCALES
Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas, ISSN 1579-3036, Nº. 93, 2010 , pags. 17-19
09/01/2010 a las 11:14 am	 Responder
Estaría muy interesada en conseguir el Informe 163/2008 de que hablaban Teresa Moreo y Miguel Trueno antes de fiestas. He intentado localizarlo en internet pero no lo he conseguido.
Para futuras ocasiones, dónde pueden encontrarse estos informes? Existe alguna recopilación periódica de los mismos que pueda adquirirse?
12/01/2010 a las 6:56 pm	 Responder
Vanesa: Los informes que pides son de circulación restringida ya que proceden de la Dirección Generl del Servicio Jurídico del Estado – Abogacía General del Estado. No están disponbles en Internet ni en ningún otro lugar.
Ya hice una sugerencia al Coordinador de la página sobre este tema en el sentido de que si el lo ve bien, se puede colgar este Informe en el foro que yo le facilitaría.
13/01/2010 a las 9:09 am	 Responder
Una pregunta para el Maestro D. Miguel Trueno:
En la actualidad se están tramitando sendos anteproyectos de Ley que reforman la Ley de Contratos del Sector Público.
De una parte, en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible se modifican varios artículos y se introducen otros de nueva redacción.
De otra, en el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley 30/2007, en lo poco que he visto de él ya que sólo he accedido a un resumen, se modifica sustancialmente la Ley (adjudicación, formalización, recursos, etc.).
No cree usted que este segundo anteproyecto de Ley debería recoger lo contenido en el primero y que sólo tengamos una modificación de la LCSP.
De hacerse de otra forma, y con alguna modificacioncilla que se cuele en otra Ley, dentro de poco tendrá que publicarse un nuevo Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Por último, dónde se puede acceder al texto completo del Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley 30/2007.
18/01/2010 a las 6:25 pm	 Responder
Hola a todos, debido a unos problemillas he estado una temporada desconectado, observo con agrado que el foro sigue avanzando, muy interesante la aportación de Teresa sobre las bajas temerarias, me gustaría mucho poder leer el informe 163/2008 de la Abogacía General del Estado, ya que sinceramente antes de leer dicha aportación yo también mantenía la tesis que defendía la Intervención de ADIF, no obstante y parafraseando a Teresa me someto al superior criterio de la Abogacía General del Estado, y me sumo a la petición al Coordinador para que permita que dicho informe se cuelgue en el foro aprovechando que Miguel se ha ofrecido a facilitarlo tan amablemente.
¡Feliz Cumpleaños Miguel!, aunque con mucho retraso ya lo sé, magnífica tu aportación sobre la posibilidad de que la persona física que ostenta la titularidad de órgano de contratación integre el comité de expertos, la verdad es que el ejemplo que planteas es del todo ilustrativo.
Bueno me despido, estaremos a la espera de las inminentes modificaciones de la LCSP, sobre todo lo relativo a las modificaciones de contratos, valga la redundancia, y también al nuevo Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, la verdad es que puede animar mucho el foro, sobre todo el tema de las modificaciones de contratos, que ya sufrió una buena envestida por la IGAE aunque bien defendida por la JCCA que hizo un buen ejercicio interpretativo en su informe 43/2008, evitando de esta forma el absurdo de tener que prever en el pliego las modificaciones que obedezcan a causas imprevistas.
18/01/2010 a las 7:17 pm	 Responder
A ver Francico, lo de Maestro me viene grande. Si acaso, alumno aplicado, pero más por la edad que por otra cosa.
Estamos avisados para que no se “repitan” los artículos, no vaya a ser que pase lo que pasó con la LCSP que resultó algo así como cachondeable (no viene al caso que os cuente las anécdotas que son jugosas). La tramitación de un proyecto de Ley lleva un proceso que -como ahora- puede producir que se modifiqe egislativa
18/01/2010 a las 7:19 pm	 Responder
El Anteproyecto lo puedes obtener en la seccion de noticias de la pagina de contratacion del Estado
18/01/2010 a las 7:26 pm	 Responder
Sigo el comentario porque se cortó. Lo que incorpora la Ley de Economía Sostenible está orientado fundamentalmente a las modificacions de los contratos para adecuarnos a lo que dicen las directivas comunitarias sobre este tema.
El otro proyecto de Ley trata de la incorporación a nuestro ordenamiento de la Directiva de Recursos. Su contenido gira en torno al recurso especial y comporta -por efecto rebote- la modificación de muchos artículos que se ven afectados por el nuevo procedimiento.
Yo ya le he encontrado errores, que espero se aclararán.
En cuanto a la disponibilidad del texto te sugiero -y se lo que me digo- que te pongas en contacto con el coordinador de la página. Así se despejará tus dudas. Díle al coordinador que me haga caso.
Por último, por favor, dejadme de adular que yo ya soy el abuelo cebolleta. ¿De acuerdo, amigo Francisco?
18/01/2010 a las 7:28 pm	 Responder
El informe de marras 163/2008 sobre las bajas temerarias lo puse a disposición del coordinador hace tiempo.
Pensad como se puede areglar. Yo me presto a lo que me digáis, siempre que no consista en que me ponga de “repartidor” del informe. En este sentido, sufro un continuo bombardeo de gente que quiere información. No siempre puedo facilitarla aunque la tenga. Hay otras razones que también actúan y no es este el lugar para comentarlas.
Asi que, Peter, gracias por recordarme lo viejo que soy y si quereis el informe a ver como lo podemos hacer.
18/01/2010 a las 7:35 pm	 Responder
Vamos a ver Miguel, aunque mis conocimientos de informática son escasos, me ofrezco para intentar arreglar el fichero si me lo envías, a lo mejor es un problema del formato que tiene, aunque me imagino que será un “pdf”, si consigo arreglarlo me comprometo a remitírselo al coordinador para que él lo cuelgue, eso sí, necesitaría saber cuál es su dirección de correo electrónico, la mía es la siguiente faluyo@gmail.com, por otra parte tampoco me importaría encargarme yo de remitirlo personalmente a otras direcciones de correo de aquellas personas que puedan estar interesadas, siempre y cuando no te veas comprometido por la distribución de dicho informe y me autorices para hacerlo.
Un saludo y muchas gracias en todo caso.
18/01/2010 a las 8:08 pm	 Responder
Ya pasé el informe 163/2008 de tif a pdf. Antes pesaba 2 megas y ahora medio.
18/01/2010 a las 8:15 pm	 Responder
Ya me he podido descargar el informe, el enlace funciona perfectamente, muchas gracias tanto a Miguel por aportar el informe como al coordinador por su trabajo de conversión desde el formato “tiff” a “pdf”.
18/01/2010 a las 8:20 pm	 Responder
Por si alguno no lo sabe: El proyecto de Ley para la modificación de la LCSP como consecuncia de la introducción de la Directiva de Recursos está disponible en la Plataforma-Normativa.
Un saludo en especial a Peter. Me alegro de que se haya podido hacer con el informe. Al Coordinador le agradezco el esfuerzo que le ha supuesto. Aquí, cada uno pone su granito de arena.
19/01/2010 a las 9:57 am	 Responder
19/01/2010 a las 9:58 am	 Responder
Antonio: Por favor, pon mi mensaje anterior porque daba una información al personal que les puede ser de utilidad.
19/01/2010 a las 9:59 am	 Responder
Muchas gracias a Miguel por el informe, al coordinador por ponerlo a nuestra disposición y a Teresa que fue la primera que lo mencionó.
Y por supuesto a todos los que participaís en el foro haciéndolo tan interesante.
20/01/2010 a las 9:47 am	 Responder
Tengo que reconocer que yo era uno más de los que cometía el error de hacer una interpretación literal del artículo 136.4 en relación con el artículo 135 apartados 1 y 2, pero una vez leído el informe no sólo me “someto al superior criterio” de la Abogacía del Estado sino que lo comparto, además me alegra que el anteproyecto de modificación de la LCSP contemple nuevas redacciones para el artículo 135 y 136.4 que dejarán definitivamente zanjado el asunto.
Voy a ver si me pongo a estudiar con detenimiento el Proyecto de Ley para la modificación de la LCSP, a ver si encuentro alguno de esos errores que ha detectado Miguel y podemos animar un poco el foro, espero que no cambie mucho en trámite parlamentario.
20/01/2010 a las 7:11 pm	 Responder
TEngo una duda sobre el que quizás podais ayudarme:
La no realización de acto público de apertura de de ofertas técnicas previstas en el art 27 del RD 817/2009 puede ser considerada una infraccion no subsanable que de lugar al desistimiento de la administración.
20/01/2010 a las 9:09 pm	 Responder
los anteproyectos se quedan obsoletos antes de convertirse en proyectos
uno de los 2 deberá reconstruir nuevamente el contenido del artículo 135 de la LCSP.
21/01/2010 a las 11:19 am	 Responder
Para Azu: Tu cuestión vulnera las normas reguladoras del procedimiento y tienes dos opciones:
a) Proceder a retrotraer actuaciones, siempre y cuando no se haya dado a conocer la puntaución en crietrios objetivos y subjetivos, procediendoa la apertura pública de proposiciones.
b) Desistir del procedimiento. Naturalmente descarto que se hagan cosas en fraude de Ley. ¿me entiendes, Azu?
Para mi tocayo Miguel:
Ninguno de los dos proyectios tendrá que “reconstruir el artículo 135”. Simplemente sólo saldrá en una de las normas.
Por cierto, ¿qué error encontráis en la nueva redacción? Una pista. Afecta al iter procedimiental.
No estudies con tanto detenimiento. Simplemente, desmáyate con lo que se piensa hacer.
Por enésima vez digo que no me deis las gracias.
21/01/2010 a las 3:51 pm	 Responder
Pues mira Miguel, desmayado aún no estoy, pero si que ando un poco mareado de “navegar”, entre los dos proyectos de modificación, esto es una locura. Por lo que respecta al recurso especial en materia de contratación ya he comentado en el foro dedicado al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que no entiendo por qué se lía tanto el tema con lo de tener que anunciar previamente el recurso al órgano de contratación.
Por cierto, en cuanto a lo de retrotraer las actuaciones que le comentas a Azu dime una cosa Miguel, ¿cómo lo hacen si ya han abierto los sobres?, yo creo que ahí solo cabe el desistimiento.
21/01/2010 a las 6:49 pm	 Responder
Peter: Azu no dice en su comentario que “ya han sido abiertos los sobres”, como tu afirmas. Ella plantea que si ese acto no se hace público puede dar lugar al dessitimiento.
En cuanto a la necesidad de anuncar el recurso es una materia procesal.
21/01/2010 a las 9:36 pm	 Responder
La Interpretación del Abogado del Estado del artículo 136 de la Ley de Contratos del Sector Público sobre las ofertas anormales o desproporcionados, supone la inaplicación del apartado 4 del citado artículo, dejándolo vacío de contenido.
¿En qué supuestos el órgano de contratación acordará la adjudicación provisional a favor de la siguiente proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas?
22/01/2010 a las 11:46 am	 Responder
Tienes razón Miguel, Azu no dice literalmente que se hayan abierto los sobres, pero yo entiendo que si la pregunta se refiere a si “la no realización de acto público de apertura de ofertas técnicas” es subsanable, quiere decir que ya se ha llevado a cabo la apertura de ofertas técnicas sin realizar acto público por que si no, ¿qué es lo que hay que subsanar?
Álvaro, yo creo que si atendemos únicamente a la literalidad del 136.4 tienes razón, no obstante como ya he dicho anteriormente a mi me convence la argumentación de la Abogacía del Estado para justificar su interpretación, en todo caso si los artículos 135 y 136.4 quedan redactados tal y como figuran en el proyecto de modificación de las Leyes 30/2007 y 31/2007 queda claro que queda recogida dicha interpretación. ¿No te parece?
Cambiando de tercio, algunas cosillas que me han llamado la atención:
¿Qué os parece la nueva redacción pretendida para el artículo 83? desde mi punto de vista los términos “adjudicatarios” e “importe de adjudicación” no son los más acertados, en el momento de constituir la garantía aún no puede hablarse de adjudicatarios sino de adjudicatarios propuestos, tampoco existe aún importe de adjudicación sino más bien importe de la oferta económicamente más ventajosa.
Tampoco me convence mucho el término “adjudicatario en la redacción del 91 “Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantía provisional responderá de las obligaciones que le impone el segundo párrafo del 135.2” entiendo que si no cumple dichas obligaciones nunca va a resultar adjudicatario, ¿quizás sería mejor hablar de adjudicatario propuesto?
La nueva redacción al artículo 76 por la Ley de Economía Sostenible ya recoge expresamente que si se ha previsto la posibilidad de modificar el contrato esta circunstancia debe tenerse en cuenta en el cálculo del valor estimado, se acabaron las dudas sobre si la posibilidad de modificar el contrato era o no una “opción eventual” y por lo tanto debía computarse a efectos del valor estimando del contrato.
22/01/2010 a las 7:12 pm	 Responder
Tengo una duda respecto la Disposición Transitória cuarta del RLCSP: La publicación de la convocatòria de la licitación es la fecha que determina la aplicación del RLCSP o del RGLCAP. Si se trata de un contrato armonizado qué publicación hay que tener en cuenta, de acuerdo con el art. 126 de la LCSP, ¿sólo la fecha de la publicación en el DOUE? ¿Sólo la fecha de publicación en el BOE? ¿Ambas fechas?
23/02/2010 a las 1:37 pm	 Responder
Marieta leyendo la disposición transitoria cuarta del RPLCSP creo que bastaría que se hubiera publicado la licitación del contrato SARA en cualquiera de las dos publicaciones oficiales a las que aludes (BOE y DOUE). Si la norma reglamentaria no distingue tampoco nosotros debemos distinguir.
24/02/2010 a las 6:50 pm	 Responder
Buenos días , con relación a la reforma de la modificación de los contratos públicos, merece la pena, creo, lo que escribe F. Javier Escrihuelas Morales en el número 95 de la revista de la Ley ” Contratación Administrativa PRÁCTICA”.
17/03/2010 a las 12:55 pm	 Responder