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Timestamp: 2019-01-23 01:28:32
Document Index: 254582842

Matched Legal Cases: ['artículo 436', 'artículo 2', 'artículo 436', 'artículo 82', 'artículo 25', 'artículo 76', 'artículo 198', 'artículo 82', 'artículo 3']

Derecho Ecuador - Garantías Jurisdiccionales de la Corte Constitucional: Precedentes jurisprudenciales, salas de selección y revisión de sentencias
Garantías Jurisdiccionales de la Corte Constitucional: Precedentes jurisprudenciales, salas de selección y revisión de sentencias
Garantías Jurisdiccionales de la Corte Constitucional:
Precedentes jurisprudenciales, salas de selección y revisión de sentencias
El Principio stare decisis
La institución des stare decisis et quieta non moveré también propia del common law, significa estar a lo decidido, o mantenerse frente a lo decidido, y no cuestionar los puntos ya resueltos. La vinculación que implica el stare decisis conlleva suministrar a la sentencia precedente una validez de fuente normativa general, en la medida que se requiere, de los jueces de la misma jurisdicción, de jerarquía coordinada o inferior recurran a ella como fuente objetiva de derecho cuando tengan que resolver casos que ofrezcan cierta similitud.
Como ya se mencionó el stare decisis no tenía cabida en el anterior esquema constitucional, por lo que era práctica común que el Tribunal Constitucional emita sentencias discordantes y transgredan en reiteradas ocasiones sus propias resoluciones, vulnerando abierta y sistemáticamente los derechos a la igualdad y seguridad jurídica. La Corte Constitucional a través de la primera sentencia de jurisprudencia vinculante, reconoció la incorporación del stare decisis, entendido como el deber de las juezas y jueces de adherirse a lo decidido por ellos mismos en el pasado o por las juezas y jueces superiores de la misma jurisdicción; dicho en otras palabras, en virtud de este principio, el juez debe decidir de acuerdo con lo resuelto en el pasado y no contradecir lo decidido sin una razón racionalmente fundamentada. En efecto, tras el reconocimiento del principio del stare decisis la jurisprudencia se constituye como una fuente directa de derecho, con efectos horizontales y verticales. Mediante las sentencias de jurisprudencia vinculante la Corte Constitucional señala su intensión de crear líneas jurisprudenciales en determinados escenarios constitucionales que eviten la superposición entre las diferentes garantías jurisdiccionales, que clarifiquen y desarrollen su naturaleza, presupuestos de procedibilidad, efectos, procedimiento, y fundamentalmente, ilustrando a partir de sus fallos a la ciudadanía en general sobre el contenido de los derechos y cómo ejercerlos.
La jurisprudencia vinculante trastoca, sin lugar a duda, la concepción tradicional de la ley como la fuente preponderante de derecho, marcada por la prevalencia del derecho legislado sobre el derecho judicial, reducido el último a un mero aplicador mecánico de la ley. Ciertamente, el derecho judicial adquiere una importante revalorización, que requiere de jueces comprometidos con la Constitución y los derechos, a fin de cumplir con los objetivos y mandatos establecidos en la Constitución de la República. Esta finalidad muy difícilmente podría ser alcanzada por medio de una aplicación aislada de la ley, con prescindencia de otras manifestaciones jurídicas, tales como la jurisprudencia, en tanto verdadera fuente objetiva de aplicación en el derecho judicial.
Efectos del principio stare decisis en el derecho judicial
Para la aplicación del derecho judicial, el principio stare decisis trae importantes consecuencias, entre las que podemos destacar:
a) En primer lugar, se ha señalado que las reglas jurisprudenciales dictadas por la Corte Constitucional, a través de esta competencia, vinculan como cualquier precepto normativo, es decir, tiene similares efectos jurídicos que aquellas normas contendidas en la Constitución o la ley en sentido positivo, dependiendo de la disposición normativa que es interpretada. En definitiva, es de obligatorio cumplimiento para los jueces y ciudadanos, por lo que su incumplimiento también prevé diversas consecuencias jurídicas.
b) En segundo lugar, se ha señalado que la potestad de dictar jurisprudencia vinculante es propia y exclusiva de la Corte Constitucional. El artículo 436, numeral 1, establece que las sentencias e interpretaciones realizadas por la Corte Constitucional tendrán efectos vinculantes, y de manera específica, el numeral 6 (ibíd.), determina que dicho órgano podrá dictar jurisprudencia vinculante entre otros procesos, los relativos a protección de derechos constitucionales. A ningún otro órgano judicial, ya sean jueces de primera o segunda instancia constitucionales, se les ha conferido esta potestad en la tramitación de garantías jurisdiccionales.
c) Con la finalidad de garantizar los principios de seguridad jurídica e igualdad, la jurisprudencia vinculante tiene efectos horizontales y verticales. Horizontales, pues la jurisprudencia no debe ser alternada para casos futuros, excepto por razones justificadas, para lo cual se requiere una gran carga argumentativa, lo que se conoce en el derecho comparado como las figuras del distinguish (señalar las particularidades del caso que denotan la necesidad de tomar de una decisión alejada del precedente) y el overrulling (cambiar el criterio para la resolución de un caso en que ya existía un precedente, ya sea, porque las circunstacias han cambiado, o simplemente se quiere corregir el criterio dado). De esta manera, la Corte Constitucional solo puede alejarse del precedente sentado por ella misma, comunicándolo en forma explícita, argumentada y con la finalidad de garantizar la progresividad de los derechos o la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia, según lo establece el artículo 2, numeral 3, de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC).
d) Respecto de los efectos verticales, todos los jueces que sustancian garantías jurisdiccionales están obligados a respetar, como norma jurídica, los parámetros interpretativos dictados por la Corte Constitucional. Así, se verifican los efectos vinculantes para todo el aparato jurisdiccional, cuando se encuentren los parámetros interpretativos fijados por la Corte, respecto de los hechos y las normas de un caso concreto. Así, los jueces constitucionales no tienen la facultad de eludir la aplicación del precedente vinculante si existe conexión fáctica y conexión conceptual entre los casos analizados. El cumplimiento del precedente es simplemente obligatorio por expreso mandato de la Constitución, por su eficacia como norma jurídica en sí misma, bajo el nuevo paradigma y de fuentes del derecho.
e) Bajo esta línea, el precedente jurisprudencial tiene efectos erga omnes, es decir, efectos frente a todos. En oposición a las jurisprudencias tradicionales con efectos inter partes, esta jurisprudencia se aplica a todos los sujetos y operadores jurídicos, constituyéndose en nuestro ordenamiento jurídico como una verdadera fuente de derecho objetivo.
f) Finalmente, el precedente vinculante esta dictado en el ejercicio de una función jurisdiccional dentro de un caso concreto, y también podría generar efectos inter partes, comunis y pares. No podría la Corte Constitucional dictar un precedente, por su propia naturaleza jurisdiccional, sin relación a las circunstancias fácticas del caso seleccionado. El precedente emitido siempre estará dado por los hechos constitucionalmente relevantes del caso y su relación con el derecho que se susciten dentro de un proceso de garantías jurisdiccionales, es así que se busca crear derecho objetivo para la resolución de futuras controversias similares, o esclarecer puntos trascendentales de derecho respecto a la procedencia, requisitos o naturaleza de las diferentes garantías jurisdiccionales. De esta manera, se discute un punto de derecho importante para aplicarlo en la sentencia a ciertos hechos, que servirán para la elaboración de un precedente jurisprudencial.
Como colofón la Corte Constitucional a través de la potestad prevista en el artículo 436, numerales 1 y 6 de la Constitución, está orientada a garantizar los derechos a la igualdad y seguridad jurídica de las personas, conforme lo dispone el artículo 82 de la Constitución, concretando certeza a través de una nueva fuente directa del derecho en el sistema constitucional ecuatoriano. Adicionalmente se busca reconocer el aspecto sociológico y dinámico del derecho como un fenómeno vivo, mediante precedentes firmes pero no inmutables, con altas dosis de argumentación jurídica que permita el alejamiento de precedentes bajo circunstancias extraordinarias. Por medio de esta fuente de derecho lo que se busca es que al jurisprudencia no presente los mismo problemas que la estatización de la ley, regulando a priori y con grados de inmutabilidad, abstracción y generalidad los conflictos sociales que se presentan en la sociedad.
Parámetros de selección de la Corte Constitucional
En este marco jurídico la selección traslada la atención, de la solución al caso que le dio origen, a las pautas para la resolución de casos futuros, en utilización de la técnica del precedente constitucional. En efecto, la vocación misma de la competencia de la Corte Constitucional de revisión de las sentencias de garantías jurisdiccionales de los derechos en la generación de las reglas jurisprudenciales, el caso sub judice, sirve como escenario constitucional para desarrollar los derechos y garantías constitucionales, es decir, son las circunstancias fácticas del caso concreto las que utiliza la Corte para la generación del derecho objetivo reflejado en las reglas jurisprudenciales.
En cuanto a los parámetros de selección que las Salas de Selección de la Corte Constitucional deben observar, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina en el artículo 25 numeral 4, aquellos que deberán ser explicados en el respectivo ?auto de selección?, con lo cual se debería cumplir con el mandato constitucional contenido en el literal l, numeral 7, del artículo 76, aun cuando en la LOGJCC, se disponga en el artículo 198 inciso final que ?Las decisiones de la Sala de Selección serán discrecionales y no cabrá ningún recurso contra ellas?, toda vez que discrecionalidad no puede ser entendida como arbitrariedad en un Estado Constitucional.
Los parámetros de selección que hace referencia la ley son:
a) Gravedad del asunto;
b) Novedad del caso e inexistencia de precedente jurisprudencial;
c) Negación de los precedentes judiciales fijados por la Corte Constitucional;
d) Relevancia o trascendencia nacional del asunto resuelto en sentencia.
En cuanto a la gravedad como primer parámetro de selección, debe ser calificado en virtud de dos presupuestos en concreto: primero, la materia que regula el caso y que podría merecer una revisión, fortalecimiento o revocatoria del criterio; segundo, dada la recurrencia de los hechos presentados, y tercero, si a partir de la sentencia venida en grado, se ha generado una vulneración a los derechos del accionante. Estos criterios deben ser evaluados ?en conjunto?, precisamente para evitar confundir la revisión con una apelación.
Con respecto a la novedad del caso, es claro que ante la existencia de una nueva Constitución, con garantías y derechos novedosos, la mayoría de casos han cumplido con este parámetro, con excepción de aquellos casos en que los problemas jurídicos ya se hayan presentado en el pasado con otras garantías constitucionales equivalentes. Sin embrago, al no ser vinculantes para los jueces los fallos dados por los tribunales constitucionales, todos los caos resultan novedosos en términos jurisdiccionales. En cuanto a la falta de precedentes jurisprudenciales, es claro que ante la ausencia del principio stare decisis en la Constitución de 1998, la Corte debe examinar sus pronunciamientos y verificar en qué supuestos no se ha pronunciado y es necesario crear precedentes. Respecto al incumplimiento del precedente o cambio de precedente, bajo las mismas razones citadas ene l requisito anterior, la Corte debe verificar sus criterios para confrontarlos con las sentencias que le llegan para la selección. Finalmente, con respecto a la relevancia nacional del caso, el parámetro para el cumplimiento de dicho requisito se sustenta en el acontecimiento que por su naturaleza y características genere un impacto social, económico o político ligado a una afectación de la vigencia de los derechos, requisito sin lugar a duda que genera polémica dentro de la lógica de igual jerarquía de los derechos del Estado constitucional ecuatoriano.
?En síntesis, las labores de las Salas de Selección y Revisión están encaminadas a garantizar los derechos a la igualdad y seguridad jurídica de las personas, conforme lo dispone el artículo 82 de la Constitución, logrando certeza en una novedosa fuente directa del derecho en el sistema constitucional ecuatoriano: la jurisprudencia constitucional. Aquello será posible a partir del respeto a los precedentes jurisprudenciales dictados dentro de un determinado escenario constitucional. Cabe precisar que partiendo del carácter dinámico y sociológico de la jurisprudencia ?derecho vivo- es claro, tal como lo señala el artículo 3, numeral 4 de la LOGJCC, que los criterios jurisprudenciales, al igual que aquellos plasmados en las normas legislativas, no permanecen inmutables; por el contrario, a través de una adecuada carga de argumentación jurídica existe técnicas que configuran la posibilidad de un alejamiento de precedentes jurisprudenciales. Una realidad distinta, llevaría a que la jurisprudencia adolezca de los mismos problemas que ha experimentado la ley en sentido formal, tratar de regular a priori y consagrados de inmutabilidad todos los conflictos sociales de la humanidad?. (Corte Constitucional para el Período de Transición. Sentencia nº 001-10-PJO-CC.
Secretaria Técnica Jurisdiccional del Corte Constitucional del Ecuador