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Timestamp: 2017-08-24 01:06:36
Document Index: 260272374

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 209', 'artículo 88', 'artículo 202', 'artículo 203', 'artículo 205']

Miércoles, Ago 23rd
Actualizado12:53:54 PM
Constitución y lucha contra la corrupción.
Domingo, 16 Abril 2017 09:00
Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 16 de abril de 2017 en El Colombiano.
Reflexión socio jurídica de Semana Santa. Nunca es tarde para intensificar la cruzada que viene adelantando el país contra la corrupción. Podría pensarse que superada la etapa crucial del proceso de paz con las FARC y encontrándonos en plena negociación con el ELN, la sociedad del pos acuerdo debe ocuparse de otras formas de violencia, entre las que se destaca la corrupción. Toda maniobra que suponga un comportamiento corrupto, implica un estado de violencia contra alguna persona individual o grupalmente reconocida, y en todo caso un atentado contra la estabilidad económica, social, jurídica y moral de la nación.
El constituyente de 1991 no fue ajeno a este llamado y por esa razón incorporó en la Carta varias disposiciones orientadas a proteger los intereses de los ciudadanos frente a toda práctica corrupta. El artículo 2° del Texto dispone que uno de los fines del Estado es “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. En igual sentido se expresa el artículo 209 cuando dispone que la “función administrativa... se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad...”, esquema sustancial, que recoge desde el punto de vista procedimental el artículo 88 al afirmar que “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos colectivos relacionados ...con la moral administrativa”.
Lo expuesto significa que la Constitución Política, como era apenas lógico, propende por la persecución de las conductas corruptas, no sólo cuando se trata de actuaciones al margen de la ley, sino que va más allá y superando el límite de lo estrictamente legal, condena todo comportamiento que atente contra la moral pública. Se trata de un alcance ético - social que es necesario tener en cuenta al momento de evaluar el comportamiento de quienes tienen que ver con lo público.
Es que el constituyente no podía olvidar que las formas más sutiles de corrupción, muchas veces se adelantan dentro de un confuso marco de legalidad. Es el caso de los servidores públicos y aún de particulares, que buscan otorgarle a ciertas disposiciones un significado acomodado a sus intereses particulares, de manera que bajo una aparente o real sujeción a lo legal, terminan por adelantar conductas en contra de la ética social. La falta de definición legal y la relativa ausencia de formación conceptual, hacen que en más de una ocasión se carezca de certeza sobre el contenido moral de la conducta pública, dando la oportunidad a que comportamientos con propósitos oscuros, formalmente ajustados a la ley, se consideren de recibo, cuando en realidad no obedecen a un ajustado juicio de ética social.
La sociedad debe guardar especial cuidado, el tema de la corrupción no puede limitarse a conductas justiciables desde el punto de vista penal, hay un aspecto de moral pública o administrativa previsto por la Constitución, que no puede pasar desapercibido y debe ser objeto, por lo menos, de un estricto control social y político.
Venezuela: un drama constitucional que puede extenderse
Viernes, 07 Abril 2017 09:24
Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 7 de abril de 2017 en El Colombiano.
Independiente del significado de la curiosa revisión final, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, tomó la decisión de declarar la insuficiencia funcional de la Asamblea Nacional y asumir las funciones propias a esta.
El paso del estado legal al estado constitucional, que se construye bajo el postulado de que los jueces constitucionales deben velar por la adopción de medidas de inclusión y la protección de los derechos constitucionales, cuando los órganos constituidos del ejecutivo o del legislativo no actúan con esos propósitos, propios al modelo del estado social de derecho, se ha hecho coincidir con un nuevo esquema de interpretación, que permite a los tribunales constitucionales determinar los alcances de sus decisiones, mediante mecanismos de modulación de sentencias.
El problema consiste en mantener y defender esquemas fundamentales para la convivencia como la seguridad jurídica y el debido proceso, cuando los operadores manejan de manera abierta, con marcado sentimiento político, el afán protector y realizador de derecho, pues cuando así se actúa, es posible que se vulneren otros derechos, especialmente de quienes se encuentran en desacuerdo con las acciones y ejecuciones del gobernante de turno, quien además se preocupa por conformar una Corte de acuerdo con sus intereses particulares.
En la técnica jurídica tradicional, cuando un órgano actúa por fuera de la órbita funcional de sus atribuciones, la sanción consiste en anular sus decisiones por inconstitucionales o ilegales e investigar disciplinaria y hasta penalmente a quien por exceso o defecto vulneró los limites racionales de su competencia. Bajo el nuevo esquema del control de constitucionalidad, el operador judicial, al momento de determinar los alcances de los efectos de sus decisiones, no le basta con anular decisiones que considera contrarias a derecho, sino que obliga a los demás órganos a adoptar medidas o lo que es aún más preocupante, el órgano judicial de cierre resuelve asumir una determinada competencia, ignorando los principios de separación de funciones y las normas constitucionales y legales sobre asignación expresa de competencias. Es decir, el órgano de cierre deja de actuar como juez, y desarrolla tareas que son propias de otros órganos de poder.
Pero, como toda institución que se va desnaturalizando, la absorción indebida de funciones por parte del órgano judicial de cierre, es cada día mayor, hasta llegar al caso extremo de Venezuela, donde al Tribunal Superior de Justicia no le bastó con asumir algunas competencias ajenas, sino que optó por asignarse todas las atribuciones de la Asamblea Nacional, con el argumento de que esta se encontraba en una situación de “desacato” a sentencias del propio Tribunal.
Dispuso que serían asumidas por la Sala Constitucional o por el órgano que ella dispusiera, supuestamente en defensa de estado de derecho, desvertebrando el esquema de la división y separación de poderes, principio rector del constitucionalismo occidental.
Se trata de un golpe de estado propiciado por el órgano judicial de cierre, que desconoce la esencia del estado de derecho y construye una tiranía judicial.
Domingo, 26 Marzo 2017 09:24
Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J.* | publicado el 24 de marzo de 2017 en El Colombiano.
El artículo 202 de la Constitución Política dispone que “el Vicepresidente de la República será elegido por votación popular el mismo día y en la misma fórmula con el Presidente de la República”.
Más adelante agrega: “El Vicepresidente tendrá el mismo periodo del Presidente y lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas, aún en el caso de que estas se presenten antes de su posesión. En caso de falta absoluta, el Vicepresidente asumirá el cargo hasta el final del periodo. En las faltas temporales bastará con que el Vicepresidente tome posesión del cargo en la primera oportunidad para que pueda ejercerlo cuantas veces fuere necesario”.
Por su parte, el artículo 203 Superior estatuye que “A falta del Vicepresidente cuando estuviera ejerciendo la Presidencia, esta será asumida por un Ministro en el orden que establezca la ley”. Dispone, que la persona que reemplace al Presidente, pertenecerá a su mismo partido o movimiento y ejercerá la Presidencia hasta cuando el Congreso, por derecho propio, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se produzca la vacancia presidencial, elija al Vicepresidente, quien tomará posesión de la Presidencia de la República.
La Constitución Política regula la posibilidad de que el Vicepresidente asuma la presidencia en caso de falta absoluta del Presidente de la República, así como el procedimiento constitucional que se seguiría, cuando posteriormente se presente falta absoluta del Vicepresidente, estando en ejercicio de la presidencia.
En otro orden de ideas, el artículo 205 de la Carta dispone a la letra: “En caso de falta absoluta del Vicepresidente, el Congreso se reunirá por derecho propio o por convocatoria del Presidente de la República, a fin de elegir a quien haya de reemplazarlo por el resto del periodo. Son faltas absolutas del Vicepresidente: su muerte, su renuncia aceptada y la incapacidad física permanente reconocida por el Congreso”.
Las normas transcritas permiten establecer claridad sobre las circunstancias y situaciones especiales que se presentan en caso de faltas absolutas del Presidente de la República y del Vicepresidente, tanto en el caso en que se encuentre ejerciendo las funciones de Presidente, como cuando solamente detenta la investidura de Vicepresidente.
Pero, ¿qué sucede durante el tiempo que transcurre entre el momento en que el Vicepresidente muere o se le acepta su renuncia y la fecha en la que el Congreso elige al nuevo Vicepresidente? Aunque el Vicepresidente es una especie de servidor virtual, cuya vocación real para ejercer la Presidencia se supedita a que se presente una falta del Jefe de Estado, puede ocurrir que el Congreso acepte la renuncia presentada por el Vicepresidente, como acaba de suceder con el Dr. Germán Vargas Lleras, pero resuelva aplazar la elección del nuevo Vicepresidente para una fecha posterior, como efectivamente lo ha decidido el Congreso. El grave peligro consiste en que existe la posibilidad de que en ese entretiempo se produzca una falta absoluta del Presidente, sin que haya claridad sobre las consecuencias que generaría ese súbito vacío de poder.
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