Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33170
Timestamp: 2017-11-18 12:11:53
Document Index: 178655801

Matched Legal Cases: ['artículo 126', 'artículo 126', 'artículo 48', 'ARTÍCULO 126', 'artículo 48', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 89', 'artículo 48', 'artículo 126', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 250']

Sentencia C-666 de 2008 Corte Constitucional
Demanda de inconstitucionalidad: contra el inciso 1 (parcial) del artículo 126 de la Ley 734 de 2002 "por la cual se expide el Código Disciplinario Único"
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, cumplidos los requisitos y procedimientos establecidos en el Decreto 2067 de 1991, y surtido el trámite propio del proceso de constitucionalidad, ha proferido la siguiente
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Alfonso Mora león solicita declaración de inexequibilidad del inciso 1 (parcial) del artículo 126 de la Ley 734 de 2002 "por la cual se expide el Código Disciplinario Único", o en su defecto se decida exequible, en el entendido que las solicitudes de revocatoria en el caso de las faltas disciplinarias que constituyan violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario como las contempladas en los numerales 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,12,13,14 y 15 del artículo 48 de la ley 734 de 2002 se presentarán sin limitación de términos, con la solicitud respetuosa de que si prospera la demanda, se extienda el pronunciamiento a los apartes normativos no demandados que reproduzcan aquel que sí lo fue, a fin de integrar la unidad normativa y evitar que la sentencia resulte inocua.
"ARTÍCULO 126. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA REVOCATORIA DE LOS FALLOS. La solicitud de revocatoria se formulará dentro de los cinco años siguientes a la fecha de ejecutoria del fallo, mediante escrito que debe contener:
"1. El nombre completo del investigado o de su defensor, con la indicación del documento de identidad y la dirección, que para efectos de la actuación se tendrá como única, salvo que oportunamente señalen una diferente.
"2. La identificación del fallo cuya revocatoria se solicita.
"3. La sustentación expresa de los motivos de inconformidad relacionados con la causal de revocatoria en que se fundamenta la solicitud.
"La solicitud que no reúna los anteriores requisitos será inadmitida mediante decisión que se notificará personalmente al solicitante o a su defensor, quienes tendrán un término de cinco días para corregirla o complementarla. Transcurrido éste sin que el peticionario efectuare la corrección, será rechazada".
Agrega que una conducta como la descrita en el numeral 7 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 es imprescriptible en virtud de los convenios tratados y estándares internacionales sobre derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Así, al asumirse prescriptible en el aparte demandado, se desconoce el bloque de constitucionalidad relacionado atrás, ya que la persecución de este tipo de conducta punible no puede estar limitada en el tiempo por ninguna norma legal del orden interno. Argumenta que nada distinto puede interpretarse del texto del Parágrafo del artículo 30 de la misma ley que reza: "Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique".
"- La revocatoria procede contra fallos sancionatorios y conforme a la sentencia C-014 de 2004 también contra los fallos absolutorios cuando se trate de faltas disciplinarias que constituyen violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
-Hay lugar a ella de oficio o a petición del sancionado o de la víctima. Es decir, la autoridad disciplinaria puede disponerla por sí misma o a petición de la persona en quien recayó la sanción o a solicitud de la víctima en los eventos de violaciones al DIDH y DIH.
-El competente para revocar un fallo es el funcionario que lo profirió, su superior jerárquico o el Procurador General de la Nación. Este funcionario puede asumir directamente el conocimiento de una petición de revocatoria.
-La solicitud de revocatoria puede hacerse aun cuando el sancionado hubiere acudido a la jurisdicción contenciosa, pero siempre que no se haya dictado sentencia. Si en el proceso se ha proferido sentencia, la revocatoria puede solicitarse por causa distinta a la que dio origen a la decisión judicial.
-La petición de revocatoria y su decisión no reviven términos para el ejercicio de acciones contencioso administrativas, no dan lugar a interponer recurso alguno y no permiten la aplicación del silencio administrativo".
5.3. Manifiesta que el estatuto disciplinario en el parágrafo del artículo 30 señala que los términos prescriptivos previstos en el mismo quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que ratifique y por lo tanto el término de prescripción a que alude el demandante en relación con la solicitud de revocatoria directa, se debe ajustar a lo establecido en los tratados internacionales invocados, sin embargo, considera la Procuraduría General de la Nación que "la debida interpretación de las citadas disposiciones legales, consiste en que, en primera instancia, se debe recurrir a las normas que regulan los términos de prescripción establecidos en el estatuto disciplinario y en el evento que existan tratados internacionales suscritos por Colombia que se ocupen del tema, sin duda se debe acudir al bloque de constitucionalidad para la interpretación de las normas internas".
No obstante, resalta la especial condición de las víctimas en el derecho disciplinario que las legitima para, como lo estableció la Corte en la sentencia C-014 de 2004 "intervenir en el en calidad de sujetos procesales, para que se reconozcan y realicen sus derechos al esclarecimiento y conocimiento de la verdad y a la realización de la justicia disciplinaria. Por ello, su exclusión como sujetos procesales en la actuación disciplinaria y la imposibilidad que puedan solicitar la revocatoria del fallo absolutorio, o de la decisión de archivo de la actuación que tiene efectos equivalente, o que tal revocatoria sea declarada de oficio, son decisiones legislativas irrazonables: Constituyen, entre otras cosas, limitaciones arbitrarias de los derechos a la verdad y a la justicia que les asisten a la víctima o a los perjudicados con una falta disciplinaria gravísima, potencialmente lesiva de derechos fundamentales."
5.5. Lo anterior sirve como fundamento al Ministerio Publico, para afirmar que, "las faltas disciplinarias que desconocen el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos, son de singular importancia por la afectación de los derechos fundamentales de las personas que han sido sujetas de estas violaciones, lo cual implica que la víctima cumple una labor fundamental como sujeto procesal dentro de una actuación disciplinaria y es por ello, que debe gozar de todas las garantías que le permiten intervenir en el proceso, y entre otras, que tenga la opción de interponer la revocatoria directa en el evento de los fallos absolutorios u ostensiblemente ínfimos en relación con la gravedad de la conducta.
"Es por tanto que, en aquéllas situaciones en las que estén comprometidos la vulneración del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y la víctima no tuvo la oportunidad de participar en la actuación disciplinaria, el término de la revocatoria directa debe empezar a contarse desde el momento en que la víctima se entera de la existencia de un fallo disciplinario".
El derecho disciplinario comprende, por una parte, el poder disciplinario, es decir, la facultad que hace parte del poder sancionador del Estado, en virtud de la cual aquél está legitimado para tipificar las faltas disciplinarias por la infracción de los deberes funcionales en que pueden incurrir los servidores públicos y los particulares que cumplen funciones públicas y las sanciones correspondientes teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida. De otro lado, el derecho disciplinario, en sentido positivo, comprende el conjunto de normas a través de las cuales se ejerce el poder disciplinario mediante un procedimiento que conlleva el respeto por la dignidad humana y por el debido proceso (legalidad, favorabilidad, ilicitud sustancial, culpabilidad, proporcionalidad, igualdad, debido proceso, presunción de inocencia, gratuidad, celeridad y ejecutoriedad y que culmina con una decisión que constituye cosa juzgada respecto de lo debatido en el proceso)1.
Adicionalmente, como lo ha advertido la Corte, por regla general no existen víctimas o perjudicados con una falta disciplinaria, salvo que la misma implique violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario caso en el cual las víctimas o perjudicados, en reconocimiento de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, "están legitimados para intervenir en el proceso disciplinario en calidad de sujetos procesales y, en consecuencia, para ejercer todas las facultades inherentes a ellos", por lo cual "la imposibilidad que puedan solicitar la revocatoria del fallo absolutorio, o de la decisión de archivo de la actuación que tiene efectos equivalente, o que tal revocatoria sea declarada de oficio, son decisiones legislativas irrazonables"2.
La institución de la cosa juzgada a su vez está relacionada con el principio de non bis in idem, sin que de ello pueda derivarse que a ella deban sacrificarse los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario pues ,tal como lo ha reiterado esta Corporación, si bien tales principios se establecen en beneficio del procesado, en tanto colisionen con otros como los derivados de los derechos de las víctimas y el deber estatal de investigar juzgar y sancionar las conductas violatorias de éstos para concretar la justicia material y lograr un orden justo (CP Preámbulo y arts 2° y 229) exigen una limitación de esas garantías constitucionales del procesado y "hacen necesaria la existencia de excepciones a la cosa juzgada"3.
Del mismo modo, declaró exequible el artículo 89 de la Ley 734 de 2002 "en el entendido que las víctimas o perjudicados de las faltas disciplinarias que constituyan violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario también son sujetos procesales y titulares de las facultades a ellos conferidos por la Ley".
Por otra parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el procedimiento disciplinario como un recurso interno que, si bien no puede sustituir la función de la jurisdicción penal en casos de violaciones de los derechos humanos –en razón de la naturaleza del tipo de faltas investigadas que tiende a la protección de la función administrativa y la corrección y control de los funcionarios públicos, y de los fines del órgano a cargo de la misma–, "sus resultados pueden ser valorados en el tanto coadyuven al esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de este tipo de responsabilidades"4
Es indiscutible que "El constituyente dio la más alta fuerza normativa a una concepción ética del ejercicio del poder, según la cual, nada está por encima del respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, ni siquiera en los Estados de excepción"5, y que los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario constituyen criterios hermenéuticos esenciales para determinar el contenido propio tanto de otras cláusulas constitucionales más particulares, como de las normas infraconstitucionales.
Desde esta perspectiva la tarea de la Corte es la de justificar y preservar la legitimidad de las decisiones adoptadas por las mayorías en el contexto axiológico de la Constitución Política y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que ocupan un lugar preferente, aún para esas mayorías cuya voluntad no debe ser ajena a criterios éticos, y conforman un mínimo necesario para proteger la prevalencia, sobre las decisiones políticas, de la dignidad humana entendida a la luz de la convicción jurídica común a la comunidad internacional que tales tratados recogen, que en una democracia constitucional merece extraordinario respeto y no puede ser menoscabado, vulnerado o sacrificado, no debe ser sometido a regateos políticos o de otra índole, y no admite formas mejores o peores, buenas o malas de transgresión por plausibles que puedan parecer coyunturalmente los fines que las animan, so pena de que el contenido de tales acciones tenga finalmente un efecto pernicioso en las libertades y en los fundamentos mismos de la democracia, pues los mismos constituyen "el límite al poder de configuración del congreso, de gestión del gobierno y de interpretación judicial6". Lo anterior no obsta para que el alcance de los derechos humanos pueda estar condicionado en caso de que exista una contraposición inaceptable desde el punto de vista de la justicia material entre la norma legal que se invoca como justificatoria de una conducta Estatal y el resultado que de ella se deriva7.
Lo anterior implica que aún en los casos en que exista una norma que justifique la actuación o la amplitud de la discrecionalidad otorgada a la autoridad estatal, si el resultado de la misma es inaceptable desde el punto de vista de la justicia material y los Derechos Humanos tal actuación debe ser censurada, pues el sometimiento de las autoridades a la Constitución y a la ley y la primacía de aquella sobre ésta exigen conformar su quehacer a los postulados normativos infraconstitucionales interpretándolos a la luz de los preceptos Superiores y no a la inversa. Al respecto, la Corte Constitucional destacó que "Otro de los aspectos sobresalientes de la construcción del consenso de la comunidad internacional para la protección de los valores de la dignidad humana y de repudio a la barbarie, es el reconocimiento de un conjunto de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario como crímenes internacionales, cuya sanción interesa a toda la comunidad de naciones por constituir un core delicta iuris gentium, es decir, el cuerpo fundamental de "graves crímenes cuya comisión afecta a toda la humanidad y ofende la conciencia y el derecho de todas las naciones’8"9, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: "…los Estados no están autorizados a restringir estos derechos, aun invocando la existencia de situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida del Estado o de la comunidad nacional"10.
En los eventos que atañen a los derechos humanos, tales decisiones no tienen un carácter meramente filosófico sino que de hecho apuntan a resolver problemas reales que enfrentan la sociedad y sus miembros, en tanto el contenido que se de a tales derechos les afecta, define las posibilidades de convivencia social y sustenta la legitimidad de las autoridades. "’El delincuente es llevado a la corte penal, no porque ha dañado a determinadas personas, tal como en el caso de la justicia civil, sino porque su delito pone en peligro la comunidad como entidad entera,’ anotó Hannah Arendt en relación al proceso de Nuremberg"11.
El deber de garantía de la vigencia y efectividad de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario impone al Estado una exigencia indeclinable de carácter positivo que le obliga a adoptar e implementar utilizando hasta el màximo y con extrema diligencia sus posibilidades las políticas, acciones o medidas encaminadas a lograr la primacia de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y constitucionales y una de carácter negativo que le obliga a abstenerse de adelanta, o ejecutar políticas, acciones o medidas regresivos en materia de derechos humanos o que signifiquen una carga cuya onerosidad para quien la sufre carezca de toda justificaciòn desde la perspectiva de la dignidad humana. Se demanda entonces del Estado y todas sus autoridades una inquebrantable, infatigable y seria atención a su cuidado, deber cuyo cumplimiento ¨no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole 12 (Artículos 93 y 9 C.N).
El Estado social de derecho que es un Estado Constitucional y respetuoso del consenso de la comunidad internacional en torno al valor de la dignidad humana y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que lo recogen se centra entonces en el reconocimiento de esa dignidad y su protección "atendiendo a sus condiciones reales al interior de la sociedad y no del individuo abstracto", de manera que los derechos fundamentales "Conforman lo que se puede denominar el orden público constitucional…"13.
Esa dignidad del hombre ha constituido el eje de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el concepto de derechos humanos y libertades fundamentales, en tanto "valor central del sistema y principio de principios" perspectiva desde la cual se considera fundamental "todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo. Es decir, en la medida en que resulte necesario para lograr la libertad de elección de un plan de vida concreto y la posibilidad de funcionar en sociedad y desarrollar un papel activo en ella. Tal necesidad no está determinada de manera apriorística, sino que se define a partir de los consensos (dogmática del derecho constitucional) existentes sobre la naturaleza funcionalmente necesaria de cierta prestación o abstención (traducibilidad en derecho subjetivo), así como de las circunstancias particulares de cada caso (tópica)"14.
En relación con las víctimas de conductas que implican violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, el alcance de sus derechos precisado por la jurisprudencia nacional e internacional comporta un derecho de participación efectiva15 para lograr la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de esos hechos, pues no puede considerarse que el interés de las víctimas se reduce al meramente patrimonial.
Un recuento jurisprudencial permite concluir que tales derechos se desprenden del derecho de acceso a la administración de justicia (art. 29 y 229 C.N.), del derecho a no ser objeto de tratos crueles inhumanos o degradantes (art. 12), así como de la obligación estatal de respeto y garantía plena de los derechos, el debido proceso y el derecho a un recurso judicial efectivo, consagrados en los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Estos valores y principios constitucionales que fundamentan estos derechos, tienen además una estrecha relación con el derecho de acceso a la verdad, el carácter participativo del Estado,16 y con los derechos fundamentales ,17 y la dignidad humana que le dan una dimensión objetiva a los mismos, por lo cual el interés de las víctimas y de los perjudicados en participar dentro de los procesos conducidos por el Estado relacionados con conductas que vulneran los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario trasciende necesariamente el aspecto meramente subjetivo e individual para proyectar a la sociedad entera el interés en conocimiento de la verdad y la sanción de los responsables de de esas conductas, y cuya intervención en esos procesos se realiza precisamente a través de ellas, dado que, como también lo ha sostenido, la sociedad civil en estos casos puede estar representada por cualquier ciudadano.18
Planteada así la cuestión, las víctimas o perjudicados con una falta disciplinaria constitutiva de una violación del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, en tanto encarnan bienes jurídicos que también buscan ser protegidos por el derecho disciplinario como la dignidad humana, los fines del Estado, la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo, tienen un legítimo derecho a que en el proceso disciplinario se establezca la verdad y se concrete la justicia en ese ámbito, derecho que conlleva el deber del Estado de investigar y sancionar esa conducta lesiva de la dignidad humana cuya restitución y afirmación ha de alcanzarse en el marco de los diferentes espacios en que se hace justicia entre los cuales esta el derecho disciplinario. "Es decir, en tales eventos, las víctimas tienen un derecho a la verdad y a la justicia disciplinarias pues la afirmación de su dignidad, el reconocimiento y realización de sus derechos y, por esa vía, la promoción de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo, no se circunscriben únicamente al ejercicio del poder punitivo del Estado sino que se extiende a todas las esferas de la vida pública y privada y, desde luego, también al ejercicio de la potestad estatal disciplinaria"19.
"Es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención"20.(Negrilla fuera del texto)
a. esión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
Diferenciar entre el carácter grave o leve, penal, civil, administrativo o disciplinario, de una conducta que envuelva una violación de derechos fundamentales o Derecho Internacional Humanitario no puede tener un fundamento válido a la luz de éstos o de la Constitución Política, so pena de sacrificar unos y otros a la discrecionalidad de las autoridades, erosionar la efectividad de la protección de esos derechos prevista en los estatutos jurídicos nacionales e internacionales y crear un caldo de cultivo propicio a la repetición de esas conductas, por lo cual no resulta posible determinar su alcance en función de una visión centrada en la seguridad jurídica, la cosa juzgada o el principio de non bis in idem, como tampoco en la naturaleza administrativa del proceso disciplinario, la finalidad del mismo consistente en evaluar la conducta oficial de los servidores públicos en el cumplimiento de su función, o la imposibilidad de alcanzar por este medio una reparación patrimonial, o el interés de la administración de ponerle límites a las investigaciones, de manera que no se prolonguen indefinidamente como lo manifiestan algunos intervinientes.
Puestas así las cosas es claro que la protección de los derechos de las víctimas no puede estar sujeta a una limitación que pueda hacer nugatorio su ejercicio, especialmente cuando en la vulneración de sus derechos está involucrado un servidor público, ni puede ser el transcurso del tiempo una razón válida para impedir a las víctimas el derecho a la defensa y protección frente a faltas tales como las señaladas en los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y 16 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por lo cual tampoco resulta razonable el límite impuesto a ellas por la norma demandada para solicitar la revocatoria directa, máxime si se considera que, como lo ha señalado esta Corporación las limitaciones a los derechos constitucionales de las víctimas y perjudicados por conductas lesivas de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, constituyen un ámbito en donde la libertad del Legislador es restringida21.
Primero. Declarar EXEQUIBLE la expresión "se formulará dentro de los cinco años siguientes a la fecha de ejecutoria del fallo", contenida en el inciso primero del artículo 126 de la Ley 734 de 2002, por los cargos formulados, en el entendido que cuando se trata de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, respecto de las víctimas de las conductas descritas en los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que no tuvieron la oportunidad de participar en la actuación disciplinaria, el término de 5 años para solicitar la revocatoria directa de decisiones absolutorias, de archivo o con sanciones mínimas respecto de la conducta, debe empezar a contarse desde el momento en que la víctima se entera de la existencia de tales providencias, salvo que haya operado la prescripción de la sanción disciplinaria.
1 Sentencia C-014 de 2004 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
3 Sentencias C-554 de 2001, MP Clara Inés Vargas Hernández y C-004 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett
4 Corte Interamericana de Derechos Humanos Sentencia del 31 de enero de 2006 Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia
5 C-587 de 1992 M.P Ciro Angarita Barón.
6 C-370 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
7 Entre otras, Sentencia C-004 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Al respecto resulta también ilustrativo el que en el juicio de ponderación empleado por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, al condenar a los centinelas del Muro de Berlín por los homicidios cometidos al amparo de las normas vigentes para la época de los hechos en la República Democrática Alemana, contra quienes intentaban cruzar la frontera, se concluyó que cuando se trata de una norma, justificatoria de una conducta que agrede derechos humanos, extremada, insoportable y evidentemente injusta, ella carece de validez jurídica desde su expedición por lo cual su no aplicación a un caso concreto no puede considerarse como violación de los principios de favorabilidad e irretroactividad en materia penal, y en tales casos el valor de la seguridad jurídica debe ceder ante el de la justicia. Alexi Robert, "Derecho Injusto, Retroactividad y Principio de Legalidad Penal. La doctrina del Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre los homicidios cometidos por los centinelas del Muro de Berlín". Revista Doxa Nº 23 año 2000.
8 La expresión delicta iuris gentium fue acuñada en el juicio contra Adolph Eichmann por la Corte de Israel al señalar la necesidad de contar con una jurisdicción universal para juzgar crímenes atroces en los siguientes términos: "Los crímenes atroces se definen como tales tanto en el derecho de Israel como en el de otras naciones. Aquellos crímenes cuya comisión afecta a toda la humanidad y ofende la conciencia y el derecho de todas las naciones constituyen "delicta iuris gentium". Por lo tanto, el derecho internacional antes que limitar o negar la jurisdicción de los Estados con respecto a tales crímenes, y en ausencia de una corte internacional para juzgarlos, requiere que los órganos legislativos y judiciales de cada Estado creen las condiciones para llevar a estos criminales a juicio. La jurisdicción sobre estos crímenes es universal" (Traducción no oficial). En Cr.C (Jm) 40/61, The State of Israel v. Eichmann, 1961, 45 P.M.3, part. II, para. 12, citado por Brown, Bartram. The Evolving Concept of Universal Jurisdiction. En New England Law Review, Vol 35:2, página 384. Ver también http://www.nizkor.org/hweb/people/eichmann-adolph/transcripts/judgement-002/html. El término "core" fue adicionado posteriormente para referirse al conjunto de crímenes que como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra más graves son objeto de jurisdicción universal por los Estados, independientemente de la nacionalidad del autor o de las víctimas y del lugar en donde fueron cometidos, incluidos la piratería, la esclavitud, la tortura y el apartheid. El Estatuto de Roma reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre algunos de esos crímenes.
9 Sentencia C-578 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
10 Comisión Interamericana de Derechos Humanos Informe 1/96. Caso 10.559, marzo 1 de 1996.
11 Huhle, Rainer "De Nuremberg a la Haya: Los Crímenes de derechos humanos ante la justicia. Problemas, avances y perspectivas a los 60 años del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg", Centro de Derechos Humanos de Nuremberg. Revista Análisis Político v.18 n.55 Bogotá noviembre. De 2005 Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Universidad Nacional de Colombia.
12 Corte Interamericana de Derechos Humanos Sentencia de 4 de julio de 2007 Caso Escué Zapata Vs. Colombia.
13 C-587 de 1992 M.P Ciro Angarita Barón.
14 Sentencia T-227 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
15 Sentencias C-004 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, C-014 de 2004 M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-370 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
16 En la Sentencia C-412/93, (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), la Corte vinculó expresamente estos derechos con el carácter participativo de nuestro sistema democrático. En tal ocasión sostuvo: "las personas involucradas en los hechos punibles tienen un verdadero derecho al proceso cuya naturaleza y configuración en el Estado democrático debe ser eminentemente participativa". Por su parte, en la C-228/02 dijo al respecto: "En un Estado social de derecho y en una democracia participativa (artículo 1, CP), los derechos de las víctimas de un delito resultan constitucionalmente relevantes. Por ello, el constituyente elevó a rango constitucional el concepto de víctima. Así, el numeral 4 del artículo 250 Superior, señala que el Fiscal General de la Nación debe ‘velar por la protección de las víctimas’."
17 A su vez, en otras ocasiones ha resaltado la relación que tales derechos pueden tener con ciertos derechos fundamentales de las víctimas y de los perjudicados. Relacionando tal participación con el derecho al buen nombre y a la honra ver la Sentencia T-275/94 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
18 Ver entre otras C-587 de 1992 M.P Ciro Angarita Barón, C-875 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-580 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-228 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-370 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
19 C-014 de 2004 M.P. Jaime Córdoba Triviño
20 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Vásquez Velásquez vs Honduras. Sentencia del 29 de julio de 1988.
21 C-004 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.