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Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'Artículo 5', 'artículo 70', 'artículo 100', 'artículo 44', 'artículo 70', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 43', 'Artículo 7', 'artículo 70', 'artículo 100', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'Artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 41']

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Sentencia derogando la doctrina Parot del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo
Posted on 21 Octubre 2013 by thervasf
El Tribunal emite su sentencia de la Gran Sala en el caso Del Río Prada
En la sentencia de la Sala Grande de hoy en el caso de Del Río Prada v España ( solicitud. No 42750 / 09 ), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo : por quince votos contra dos , que se había producido una violación del artículo 7 (no hay pena sin ley ) de
el Convenio Europeo de Derechos Humanos; por unanimidad , que desde 03 de julio 2008 la detención de la demandante no había sido legal , en violación de Artículo 5 § 1 de la Convención , y por dieciséis votos contra uno , que el Estado demandado era asegurar que la demandante fuera puesta en libertad en la mayor brevedad posible .
El caso se refería a la postergación de la versión final de una persona condenada por delitos de terrorismo, sobre la base de un nuevo enfoque – conocido como la “doctrina Parot ” – adoptado por el Supremo después de haber sido condenado . El Tribunal consideró que la demandante no podía haber previsto o bien que la Corte Suprema de Justicia sería apartarse de su jurisprudencia anterior en febrero de 2006 , o que este cambio de enfoque sería aplicado a ella y se traduciría en la fecha de su liberación se aplazó por casi nueve años – de 02 de julio 2008 hasta el 27 de junio de 2017. Por tanto, el demandante había cumplido una pena de más de encarcelamiento de lo que debería haber servido en el ordenamiento jurídico español en funcionamiento en el momento de su condena. En consecuencia , corresponde a las autoridades españolas a asegurar que ella sea excarcelada en la mayor brevedad posible.
El demandante, Inés del Río Prada, es una nacional española que nació en 1958 y actualmente está cumpliendo una pena de prisión en la región de Galicia ( España ) . Entre diciembre de 1988 y mayo de 2000, en ocho conjuntos separados de los procesos penales , recibió una serie de sentencias de prisión por diversos delitos relativos a los ataques terroristas llevados a cabo entre 1982 y 1987. En total, las sentencias ascendió a más de 3.000 años . Sin embargo , en virtud del artículo 70.2 del Código Penal de 1973, vigente en el momento de los hechos , la máxima ” período de ejercicio ” ( Condena ) de una persona condenada tenía 30 años. Esta regla también fue aplicable en caso de múltiples condenas ( penas ) se habían impuesto en distintos procesos si, como en caso de Del Río Prada, los delitos en cuestión podría haber sido tratado como un solo caso , debido a la vínculos jurídicos y cronológica entre ellos. En noviembre de 2000, la Audiencia Nacional decidió combinar frases del solicitante y fijar un plazo máximo para ser servido, lo que reduce el total de 3.000 años a una pena de 30 años de prisión .
A raíz de varias decisiones adoptadas entre 1993 y 2004 por los jueces encargados de la ejecución ,a la Sra. del Río Prada le fueron concedidas remisiones de pena por valor de casi nueve años de la obra que había hecho mientras estaba en prisión , de conformidad con el artículo 100 del Código Penal de 1973. en
1 Gran Sala sentencias son firmes (artículo 44 de la Convención) .
Todas las sentencias definitivas se transmitirán al Comité de Ministros del Consejo de Europa para la supervisión de su ejecución. además
información sobre el proceso de ejecución se puede encontrar aquí : http://www.coe.int / t / dghl / monitoreo / ejecución
Abril de 2008, la deducción de estas remisiones en el término máximo de 30 años , las autoridades de Prisión de Murcia ( España ), donde la Sra. del Río Prada fue detenida con propuesta de 2 de julio de 2008 la Audiencia Nacional como la fecha para su liberación.
Mientras tanto , el Tribunal Supremo español se había apartado de su anterior jurisprudencia sobre remisión de la pena. Después de haber encontrado en una sentencia de 8 de marzo de 1994, que el máximo de 30 años plazo previsto en el artículo 70.2 del Código Penal de 1973 se veía como una “nueva e independiente frase ” a los que todas las remisiones de pena se aplicaran , se consideró en una sentencia de
28 de febrero 2006 que este término ya no debe ser tratado como una sentencia separada de los impuesto en las distintas sentencias condenatorias , sino más bien como el plazo máximo de un el condenado debe pasar en prisión. En consecuencia , las remisiones de pena eran a partir de ahora ser aplicado a cada una de las frases tomadas individualmente.
A la luz de este nuevo enfoque – conocido como la “doctrina Parot ” – la Audiencia Nacional pidió a las autoridades de la prisión un cambio de la fecha prevista de la liberación de la Sra. del Río Prada y calcular una nueva fecha en línea con la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema . En un auto de 23 de junio de 2008, sobre la base de un nuevo propuesta de las autoridades de la prisión , la Audiencia Nacional fijó la fecha para la final de la demandante liberar a 27 junio de 2017. Una apelación de la demandante a la Audiencia Nacional fue rechazada en julio 2008 , y su posterior recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional fue despedido en febrero 2009
Quejas , procedimiento y composición de la Corte
Basándose en el artículo 7 (no hay pena sin ley ), la Sra. del Río Prada se quejó de que el Supremo en la jurisprudencia relativa a las remisiones de sentencia había sido con carácter retroactivo aplicada a ella después de haber sido condenado , extendiendo así su detención por casi nueve años. En virtud del artículo 5 § 1 (derecho a la libertad ya la seguridad ) , se alegó , además, que había sido mantenido en detención en violación de los requisitos de la ” legalidad ” y ” al procedimiento establecido por la ley” . La demanda fue presentada ante la Corte Europea de Derechos Humanos el 3 de agosto de 2009. En una sentencia de 10 de julio 2012 el Tribunal de Justicia consideró que había habido una violación del artículo 7 y del artículo 5 § 1 de la Convención. El 4 de octubre 2012, el Gobierno solicitó que el caso se remitirá a la Gran Sala en virtud del artículo 43 de la Convención ( referencia a la Gran Sala ) . El 22 de octubre 2012 el panel de la Gran Sala aceptó esa petición. La vista se celebró el 20 de marzo de 2013.
Se dio el juicio por la Gran Sala de 17 jueces , compuesto de la siguiente manera :
Dean Spielmann (Luxemburgo ) , el presidente ,
Guido Raimondi (Italia ) ,
Ineta Ziemele (Letonia ) ,
Marcos Villiger (Liechtenstein ) ,
Isabelle Berro -Lefèvre ( Mónaco),
Elisabeth Steiner (Austria ) ,
George Nicolaou (Chipre ) ,
Luis López Guerra ( España ) ,
Ledi Bianku (Albania ) ,
Ann Power- Forde (Irlanda ) ,
Isil Karakaş (Turquía ) ,
Paul Lemmens (Bélgica ) ,
Paul Mahoney ( el Reino Unido) ,
Aleš Pejchal ( la República Checa) ,
Johannes Silvis ( Países Bajos),
Valeriu Griţco ( la República de Moldova),
Faris Vehabović (Bosnia y Herzegovina) ,
y Michael O’Boyle , Secretario adjunto .
Artículo 7 ( no hay pena sin ley)
En primer lugar , la Corte se propuso determinar , sobre la base de la ley y la práctica de los tribunales españoles , el alcance de la “pena ” impuesta a la Sra. del Río Prada. Al parecer, en el artículo 70.2 del 1973 Código Penal que el concepto de ” período de ejercicio ” ( Condena ) , correspondiente a la máxima plazo de 30 años de prisión , difiere de la de las “oraciones” ( penas ) impuesta en el varias sentencias condenatorias . Al mismo tiempo, el artículo 100 del Código Penal de 1973 había facilitado que los presos debían ser concedida remisiones de pena por el trabajo que hicieron en prisión, a pesar de que no contenía ninguna orientación específica sobre la forma de aplicar tales remisiones cuando múltiples sentencias se combinaron y la duración total de la pena de prisión se fijó .
A pesar de la ambigüedad de las mismas , antes de que la Corte Suprema había establecido la ” doctrina Parot ” en su sentencia de febrero de 2006, que había sido la práctica habitual de la prisión española y las autoridades judiciales, al combinar múltiples condenas impuestas a la misma persona y establecer un plazo máximo para ser servido, para aplicar cualquier remisión de condena a la máxima de 30 años
plazo y no a cada una de las “sentencias ” individuales impuestas en las diversas sentencias que condenan a la acusada. En efecto , en su sentencia 03 1994 la Corte Suprema de la propia Comisión apoyó este enfoque.
Hasta la salida de la jurisprudencia en febrero de 2006 , este enfoque lo había aplicado a una gran número de presos que , como la Sra. del Río Prada, habían sido condenados por el Código Penal de 1973. Por tanto, el demandante había tenido razones para creer que iba a ser tratado de la misma manera. Es decir , tanto en el momento en que se cometieron los delitos, y cuando la Audiencia Nacional decidió en 2000 para combinar las oraciones y fijar una pena de prisión máxima , la ley española – incluyendo la práctica de los tribunales – ha sido suficientemente precisa para que la Sra. del Río Prada para comprender el ámbito de aplicación de la “pena ” impuesta a ella, a saber, un plazo máximo de 30 años de prisión , de que se deducirán las remisiones de pena por el trabajo realizado durante la detención.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia se propuso determinar si la aplicación de la “doctrina Parot ” a la Sra. del Río Prada había alterado sólo el ” modo de ejecución ” de la frase o , por el contrario , tenía afectado a su “alcance” . A este respecto, reiteró la distinción entre medidas que constituyen una “Pena ” y las medidas relativas a su ” modo de ejecución “, en teoría, sólo los primeros eran contemplados en el artículo 7 . Sin embargo, también señaló que esta distinción no siempre es clara en práctica. Las medidas adoptadas por el Estado después de la última frase se habían impuesto , o bien es siendo servido posiblemente podría dar lugar a la redefinición o modificación del ámbito de aplicación de la “Sanción ” impuesta por el tribunal de primera instancia . En consecuencia , el Tribunal de Justicia tuvo que examinar en cada caso cuál es el “Sanción ” impuesta en realidad implicaba el derecho interno – o, en otras palabras , cuál es su intrínseca
naturaleza era .
En el presente caso , la duración total de las remisiones de pena concedida a la Sra. del Río Prada – nueve años aproximadamente – no había sido cuestionada por cualquiera de los tribunales que se ocupan de su caso. La final de junio de 2008 en el que la Audiencia Nacional aplaza la fecha de la última de la señora del Río Prada liberar hasta junio de 2017 se lo tanto, no se refería a si se merecía estas remisiones , pero
más bien a la forma en que debían aplicarse .
La aplicación de la “doctrina Parot ” a la situación de la Sra. del Río Prada había privado de toda utilidad efectuar las remisiones de la pena a la que se suponía que debía tener derecho . La demandante, que tenía recibió múltiples sentencias, ahora tendría que servir un término real de 30 años de prisión , en que sus remisiones de pena no tuvieron efecto alguno. En consecuencia, la Audiencia Nacional de recurrir al nuevo método de aplicación de las remisiones de condena sobre la base de la “doctrina Parot “.
No había dado únicamente en la alteración de la “manera de la ejecución ” de la sanción impuesta a la Sra. del Río Prada, sino que también ha llevado a la redefinición de su “alcance” . Siendo así, la orden de 23 de junio 2008 disminuye dentro del ámbito del artículo 7 . En tercer lugar y por último , la Corte dispuso a establecer si la “doctrina Parot ” había sido razonablemente previsible. Señaló a este respecto que el cambio en el sistema de aplicación de las remisiones de sentencia en el caso de la señora del Río Prada había sido el resultado de una nueva interpretación de la ley por el Corte Suprema de Justicia en 2006. Por tanto, era necesario determinar si esta nueva interpretación
había sido coherente con una línea perceptible del desarrollo jurisprudencial. Sin embargo , el único relevante precedente había sido la sentencia de marzo de 1994 en la que el Tribunal Supremo había tomado la enfoque opuesto al perseguido en su sentencia después de febrero de 2006. Por otra parte , incluso antes la sentencia de marzo de 1994, que había sido la práctica sistemática de la prisión y judicial
autoridades que aplican las remisiones de pena por el trabajo realizado durante la detención de un plazo máximo de 30 año .
En consecuencia, en el momento en que la Sra. del Río Prada recibió sus diversas sentencias y cuando estaba notificado de la decisión de combinar y establecer una pena máxima de prisión , no había habido indicación de cualquier línea perceptible del desarrollo jurisprudencia de acuerdo con la Suprema Corte de sentencia de febrero de 2006. Por lo tanto, la Sra. del Río Prada había tenido ninguna razón para prever la salida de jurisprudencia anterior como resultado de la introducción de la “doctrina Parot ” , o creer que el Audiencia Nacional , en consecuencia, se aplicarán las remisiones de pena que había sido concedidos a cada uno de sus frases individualmente .
Por consiguiente, el Tribunal llegó a la conclusión de que había habido una violación del artículo 7 . Artículo 5 § 1 (derecho a la libertad ya la seguridad ). El Tribunal de Justicia señaló , en primer lugar , que la distinción que se hace a los efectos del artículo 7, entre el “Pena ” y su ” modo de ejecución ” no fue determinante en relación con el artículo 5 § 1 . Medidas en relación con la “ejecución ” de una sentencia podría afectar al derecho a la libertad consagrado en el artículo 5 § 1 , como la duración real de la privación de la libertad dependía en parte de su aplicación . En consecuencia , mientras que el artículo 7 se aplica a la “pena ” impuesto por el tribunal de sentencia , el artículo 5 se aplica a la resultando detenidos.
En el presente caso, la Corte no tenía ninguna duda de que el demandante había sido condenado por un tribunal competente de acuerdo con un procedimiento establecido por la ley. En efecto , la Sra. del Río Prada a sí misma no había negado que su detención había sido legal hasta el 2 de julio de 2008, la fecha propuesta inicialmente por las autoridades de la prisión para su liberación final. Sin embargo , la cuestión que se determinará es si prolongada detención de Del Río Prada después de esa fecha había sido legal . Esto requiere un examen de si, en el momento de su condena inicial y durante todo el periodo de duración de la detención, la “ley ” que autorice su detención continuada más allá de 02 de julio 2008 había sido suficientemente previsible en su solicitud. A la luz de las consideraciones que la llevaron a encontrar una violación del artículo 7 , el Tribunal llegó a la conclusión que la Sra. del Río Prada no podía razonablemente prever que el método utilizado para aplicar remisiones de la pena por el trabajo realizado durante la detención habría sido modificadas como consecuencia de un cambio de la jurisprudencia de la Tribunal Supremo en febrero de 2006 y que el nuevo enfoque se aplican a ella. la
aplicación de la “doctrina Parot ” en el caso de la Sra. del Río Prada había dado lugar a retrasar la fecha de su liberar por casi nueve años. Por consiguiente, había cumplido una pena de prisión más larga de lo que debería haber servido en el ordenamiento jurídico español en funcionamiento en el momento de su condena , tomando en cuenta las remisiones de pena que ya habían sido concedidas de conformidad con la ley. Por tanto, el Tribunal concluye que desde el 3 de julio de 2008, la detención de la señora del Río Prada no había sido
legal, en violación del artículo 5 § 1 .
El artículo 46 (fuerza vinculante y ejecución de sentencias )
En virtud del artículo 46 , las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar la Corte la final
resoluciones judiciales en los litigios en que sean partes , la ejecución está supervisada por el Comité de
Ministros . En determinadas situaciones , con el fin de ayudar al Estado demandado en el cumplimiento de su
obligaciones en virtud del artículo 46 , la Corte podría tratar de indicar el tipo de persona y / o general
medidas que podrían adoptarse con el fin de poner fin a la situación que había dado lugar a la
hallazgo de una violación .
A veces , cuando la naturaleza de la violación encontraron dejado otra opción real en cuanto a las medidas necesarias
para remediarlo , la Corte podría decidir indicar sólo una de las medidas individuales . Visto
las circunstancias particulares del presente caso y la urgente necesidad de poner fin a la
violaciónes que había encontrado , consideró que corresponde a las autoridades españolas a asegurar que la Sra. del
Río Prada fue puesto en libertad a la mayor brevedad posible.
Satisfacción equitativa (artículo 41 )
El Tribunal de Justicia declaró , por diez votos contra siete, que España debía pagar Sra. del Río Prada 30.000 euros ( EUR)
plazo de tres meses , en concepto de daño moral . También declaró, por unanimidad, que España era
a pagar 1.500 euros a la Sra. del Río Prada en concepto de costas y gastos.
Los votos razonados
Nicolaou Juez expresó una opinión concurrente .
Jueces Villiger , Steiner , Power- Forde, Lemmens y Griţco expresaron un conjunto parcialmente disidente
Jueces Mahoney y Vehabović expresaron una opinión parcialmente disidente conjunta .
Juez Mahoney expresó una opinión parcialmente disidente .
Estas opiniones se adjuntan a la sentencia.
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El Govern vol crear un grup de “bons catalans”
La Generalitat vol crear un grup de ciutadans que expressin de manera pública la seva adhesió a les polítiques que tira endavant el govern de CiU. Així ho recull el “Projecte d’ordre pel qual es crea el fitxer Adhesions a propostes impulsades pel Govern de la Generalitat” que ara està en informació pública. Aquesta segmentació d’una part de la ciutadania perquè expressi de manera pública el seu suport a l’acció governamental ” fa necessària la creació d’un fitxer de dades personals en què es recullin i es tractin aquestes dades.
El fitxer “Adhesions a propostes impulsades pel Govern de la Generalitat” permetrà que l’Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament de la Presidència, faci aquest tractament. El nou fitxer també preveu la possibilitat d’obtenir el consentiment per part de la ciutadania per a difondre aquestes adhesions mitjançant els canals que l’administració de la Generalitat consideri oportuns.”
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L’Ajuntament de Barcelona no negociarà amb les families que han retingut la quota de les bressols. També notifica que les poden acabar embargant
Posted on 10 Mai 2013 by thervasf
L’Ajuntament de Barcelona, i concretament el regidor d’Educació Gerard Ardanuy, ha enviat una carta a totes les ampes de les bressols municipals on avisa que, si no es paguen les quotes, es procedirà a “traslladar l’expedient a l’Institut Municipal d’Hisenda perquè iniciï el procediment de recaptació executiva”. És la resposta a la retenció del pagament que prop de 400 families de nens i nenes de bressols han decidit realitzar per mirar de dialogar sobre les retallades que han patit.
I, que és la recaptació executiva? “Son aquell conjunt d’actuacions portades a terme per l’Administració tributària, per tal d’aconseguir el cobrament d’un deute de dret públic. Aquestes actuacions poden comportar fins i tot l’embargament de béns si el deute no és ingressat en el període de pagament reglamentàriament establert.”
Ardanuy acaba la missiva instant a les ampes a “que s’informi a les famílies de les consequències ” de la seva decisió.
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