Source: https://it.scribd.com/document/59704613/Comision-de-la-Verdad-Tomo-I
Timestamp: 2020-08-13 03:14:24
Document Index: 102893024

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 245', 'Artículo 117', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 246', 'artículo 205', 'artículo 205', 'artículo 237', 'artículo 272', 'artículo 246', 'artículo 205', 'artículo 237', 'artículo 272', 'artículo 245']

Comisión de la Verdad -Tomo I | Democracia | Estado (política)
Para que los hechos no se repitan. Informe de la Comisiòn de la Verdad y la Reconciliaciòn TOMO I
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© CVR, Honduras, 2011 Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR)
Esta publicación puede ser reproducida total o en partes, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico, mecanico o fotocopiado o de otro tipo, siempre y cuando se cite la fuente.
Sobre la portada: Cuadro “Morazán y Valle” del pintor hondureño Miguel Ángel Ruíz Matute, usado con permi- so de la Galería Nacional de Arte de Tegucigalpa.
ISBN: 978-99926-804-0-7
Presentamos aquí el resultado del trabajo que nos encomendaron desde hace poco más de un año:
esclarecer los hechos antes y después de la crisis del 28 de junio de 2009, y presentar al pueblo hon- dureño elementos para que no se repitan.
Lo hacemos con profundo respeto y gratitud por la población de este país. Lo hacemos con la con- vicción de un trabajo sistemático, riguroso y ponderado, dentro de lo humanamente posible, para lograr acceder a la objetividad de los hechos ciertos y comprobables. Pero también con la sencillez y la prudencia de toda obra humana, que sin duda exhibe limitaciones. Lo hacemos con la serenidad de un desempeño totalmente abierto y sin exclusiones, así como con un esfuerzo permanente de mantener en todo momento la independencia, imparcialidad y la neutralidad de la Comisión.
Estuvimos persuadidos desde un inicio, que nuestro trabajo no debía circunscribirse a Tegucigalpa, sino que debíamos visitar los 18 departamentos del país para escuchar directamente a la población representativa de toda la geografía nacional. Así lo hicimos, en aproximadamente 70 reuniones con liderazgos y autoridades locales por todo el país. Estuvimos, también desde un inicio, abiertos a cual- quier contribución y testimonio, sin exclusión de ningún sector o de ningún liderazgo, por razón de su credo o de sus preferencias políticas, ni tampoco de su condición social o profesional. Quienes no acogieron la convocatoria de la Comisión, o rechazaron nuestra permanente disposición a visitarlos, fue por propia decisión y la respetamos.
Igualmente, desde un inicio se hizo evidente que no podíamos circunscribir nuestro esfuerzo de esclarecimiento a problemas inmediatamente próximos al día 28 de junio. Nuestra hipótesis sobre la necesidad de explorar procesos de más largo aliento, que sobrepasaran las confrontaciones de las semanas previas al 28 de junio de 2009, se vio ampliamente refrendada a lo largo de nuestros traba- jos. La magnitud, complejidad, profundidad, abarcamiento y dimensiones de la crisis política que desembocó en la expulsión del presidente Zelaya de su cargo y de su país, probaron ser el último desenlace en una cadena de desarreglos e insuﬁciencias económicas, sociales, políticas institucionales y jurídicas, las que se fueron desarrollando y complicando a lo largo de varios años y fueron a desem- bocar en lo que ya conocemos, epitomizado en los antagonismos y rupturas en torno a la cuarta urna.
De allí que decidiéramos arrancar el esfuerzo de esclarecimiento a partir de una mirada amplia a la historia reciente de Honduras, sobre sus últimos 30 años de democracia, como un proceso. Igual- mente decidimos acometerlo como una lectura obligada desde varias disciplinas y líneas de investi- gación, de una muy abundante documentación impresa y audiovisual, clasiﬁcada y analizada (más de 50,000 folios, más de 1000 videos), así como de entrevistas con protagonistas y observadores caliﬁcados de la crisis. Todo lo cual dio como resultado un esfuerzo bastante más amplio de escla- recimiento, dibujando una crisis construida a través de varias dinámicas y procesos acumulados de desavenencias, vacíos (no advertidos o pretendidos) en los marcos legales y sus procedimientos, falta de claridad en las fronteras jurisdiccionales entre los Poderes del Estado e incumplimiento de la ley.
Esa es la cronología de una crisis anticipada que no encontró una salida natural a través de los pactos
y negociaciones políticas, evidenciando el fracaso de la clase política y de la institucionalidad, en encontrar una salida a la misma.
No es este lugar para reiterar el impacto devastador en la ciudadanía respecto de la extrema polariza- ción de toda la población con opiniones enfrentadas y antagónicas, que llegó a dividir familias, co- munidades, barrios, aldeas, organizaciones, gremios, iglesias y a la nación entera. Lo más importante
a partir de este esfuerzo de esclarecimiento, es el conjunto de elementos y recomendaciones para que
no se repitan. Junto con las voces de dolor, de frustración, de impotencia, de indignación, de temor
y de protesta, también recogimos abundantes voces de esperanza: esperanza de que de que la verdad
puede ser explorada e investigada; puede ser dicha, examinada, analizada, estudiada y enriquecida; y que ella puede, en efecto, fundamentar el camino de la reconciliación, en el respeto a la diversidad,
pero acordando un rumbo común.
Si algo recogimos los comisionados a lo largo y ancho del país, fue el clamor general por participar.
La población quiere ser oída y quiere ser tomada en cuenta en las decisiones que le afectan. El segun- do clamor es que la población quiere avanzar, quiere salir adelante. Dejar los temas de confrontación
y división, y acometer las agendas de mejoramiento de su calidad de vida, con servicios básicos y
con oportunidades de un empleo digno. El tercer clamor, similar a los otros, es por justicia. Existe un sentimiento extendido en el país en contra de la impunidad. Un sentimiento extendido de que ocurren cosas graves que afectan a la gente, a un sector o a todo el país, y nunca pasa nada. No hay consecuencias. Junto a estos clamores recogimos también un conjunto de expresiones diversas de frustración frente a la clase política y a las insuﬁciencias del Estado hondureño.
Se presenta, por lo tanto, una oportunidad única para el país, si se logran procesar constructivamente los ingredientes de la crisis, y se emprenden esfuerzos de reforma y de transformación, en la ruta de
la justicia, de la reconciliación y del bienestar nacional. No hay que desperdiciar esta crisis tan pro-
funda, sino aprovecharla para recuperar una ruta de verdadera transición a la democracia, que parece haber quedado interrumpida.
De allí se han nutrido nuestras recomendaciones. Es la construcción de la esperanza centrada en la memoria, la que da futuro al país. De allí se parte. Son un conjunto de aproximadamente 88 reco- mendaciones en 8 ámbitos: constitucional, institucional, derechos humanos, fortalecimiento del Estado de derecho, político electoral, combate a la corrupción, medios de comunicación, ámbito
internacional y política de la memoria. Es un conjunto de recomendaciones que no agotan en modo alguno el horizonte de renovación de la sociedad hondureña y del Estado hondureño. Las entrega- mos al pueblo de Honduras como un insumo, no el único, con la esperanza de que sí es posible una reconciliación nacional y que sí es posible avanzar en una transformación que permita con seguridad que estos hechos no se vuelvan a producir en el futuro de Honduras. Hacemos un llamado a los ciudadanos y ciudadanas hondureños a aportar al proceso de verdad y reconciliación. Reconocemos que sin justicia, no hay reconciliación y sin reconciliación no hay futuro, como nos enseñó y legó el obispo Desmond Tutu, expresidente de la CVR de Sudáfrica.
En este sentido, ni nuestro trabajo ni este Informe que lo condensa, deben verse como un punto de llegada y ﬁnalización. Mucho menos como un conjunto de veredictos. Presentamos nuestro Informe al pueblo hondureño y a sus autoridades en cumplimiento del mandato recibido, más bien como un punto de partida. Es una aproximación a la verdad de la crisis más compleja, difícil y traumática que esta nación haya vivido en varias décadas. El conocimiento pleno de la verdad, si ella conlleva la experiencia de todo un pueblo, no se agota aquí, ni mucho menos. Esto no es más que un conjunto de ingredientes en manos de hondureñas y hondureños, que son los responsables últimos de la forja de su propia nación. Esto no es más que un aporte, para que la ciudadanía responsable pueda nutrirse en su propio caminar. Esto no es más que un instrumento de futuro, si sus contenidos son aprove- chados por la propia población hondureña para conocerse mejor, para comprenderse mejor, pero, sobre todo, para trabajar juntos en el desarrollo de su propia sociedad, con la indispensable tolerancia y respeto por las opiniones y creencias de cada quien.
La más esperanzadora experiencia vivida por los comisionados a lo largo de este año de trabajo, fue la enorme lección de humanidad que nos dio el pueblo hondureño: pueblo noble y esforzado que nos acogió con tanta apertura y franqueza, y nos conﬁó sus vivencias, sus experiencias, sus temores y esperanzas, así como sus ideas para superar su situación actual y caminar hacia una mejor Honduras. Aportes y criterios que, aunque la mayoría de las veces estuvieron alejados de la soﬁsticación técnica del especialista, también de los intereses y de las complejas agendas del quehacer político, supieron calar con lucidez y con mirada honda y clara lo que su familia, su comunidad, su región y su país ne- cesitan, y a lo que tienen derecho a aspirar. A ese pueblo hondureño, y sobre todo la niñez y la juventud de Honduras, es que entregamos y dedicamos este Informe.
Por otro lado, la más inquietante experiencia vivida igualmente por los comisionados, ha sido la constatación de que aún permanecen las raíces estructurales de desigualdad profunda y las serias disfunciones del Estado hondureño sobre las que se desarrolló la crisis. Y que si no se atienden y se van resolviendo debidamente, con el concurso de toda la ciudadanía, pueden volver a surgir graves problemas y confrontaciones. Los innegables avances políticos y diplomáticos recientes que se han obtenido para ir resolviendo parte de las diﬁcultades, son hechos muy positivos. Pero no deben servir de coartada para desentenderse de las graves agendas pendientes. Las causas profundas de los conﬂic- tos siguen allí. Reiniciar esa verdadera transición a la democracia es el gran desafío.
Honduras ya no volverá a ser lo que fue. Pero no signiﬁca que por fuerza deba evolucionar hacia algo peor. Al contrario. Están abiertas las puertas para transitar a una agenda de construcción conjunta de Honduras. Sin embargo, para quienes pretenden la ruta del Gatopardo de Lampedusa, que hay que
cambiar un poco para que todo siga igual, están pretendiendo ignorar peligrosamente una realidad de conciencia ciudadana creciente de sus derechos, que no lo va a permitir.
En una nación democrática, la impunidad y la dignidad son absolutamente incompatibles. Por ello, el conjunto de recomendaciones tiene la esperanza de ser un arsenal constructivo, en manos hon- dureñas, para contribuir a luchar contra la impunidad, fortalecer la institucionalidad democrática y elevar la estima y dignidad de la propia población hondureña. Solo ella puede hacerlo. Encontramos en Honduras muchas voces de reconciliación y perdón, y clamando ver hacia el futuro, lo cual es esperanzador. Pero no se puede construir ese futuro sin justicia para todos y sin memoria que fun- damente ese futuro. Con amnesia no hay pasado, pero tampoco hay futuro. Toda sociedad debe reencontrase, perdonarse, fortalecerse y crecer junta y solidariamente, respetándose, alcanzando su nivel de convivencia en un pacto social renovado y democrático, fundamentado en la voluntad de la mayoría de la población.
La constante demanda de la ciudadanía de imaginar el país posible es señal que la ciudadanía quiere algo más que discursos y cambios cosméticos. Quiere trasformaciones y soluciones eﬁcaces. Por ello estas recomendaciones para que esta historia no se repita, son fundamentales en la construcción de ciudadanía, requisito esencial parar plantear la reconstrucción del Estado hondureño que como ave fénix se levanta para trasformar. El Informe de la CVR que ahora presentamos es uno de los primeros pasos en esta dirección.
Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento y reconocimiento al pueblo hondureño y a sus auto- ridades que quisieron comprometerse con este esfuerzo “Para que estos hechos no se repitan”, y nos conﬁaron su desarrollo. Esperamos contribuir a esa ruta de reconciliación, que solamente la pobla- ción hondureña puede realizar. Estas páginas llevan impregnado nuestro anhelo como comisionados para que este querido país de Honduras, se reencuentre en el camino hacia la paz y la transformación, a ﬁn de que, como lo soñaron los próceres centroamericanos y hondureños, Valle y Morazán, impere la paz, la felicidad y la unidad.
Comisionados Michael F. Kergin María Amabilia Zavala Valladares Julieta Castellanos Jorge Omar Casco Zelaya
Secretario ejecutivo Sergio A. Membreño Cedillo
“Cuando una nación llega a sufrir grandes revoluciones y trastornos en su orden interior, sus más celosos hijos se dedican a examinar la causa que los produjo y los centroamericanos animados de tan sublime sentimientos, se ocupan hoy en investigar el origen de los males que han aﬂigido a la República”.
Mensaje del Comisionado Coordinador – Dr. Eduardo Stein Barillas
Decreto de Creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
Decreto ejecutivo No. 001-2010
PARTE I. MANDATO, MARCO JURÍDICO, METODOLOGÍA Y PROGRAMA DE TRABAJO
Capítulo 1 Mandato y lineamientos del Informe
Proceso de Creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
Fundamento y mandato de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
Marco ético de la verdad y la reconciliación
La perspectiva de la reconciliación
Verdad, perdón, renuncia y reconciliación
Objetivos del informe y objeto de la investigación
Proceso metodológico de elaboración del Informe
Experiencias hondureñas anteriores en la búsqueda de la verdad y la reconciliación
Características del actual conﬂicto
Capítulo 2 Honduras en su historia reciente
Una transición hacia la democracia desde arriba, 1981-1989
El ajuste estructural de la economía y el cambio de modelo de
La reforma política y los cambios en el sistema político durante el período 2001-2005
Capítulo 3 Avances y limitaciones de la democracia y el desarrollo en Honduras
Déﬁcit en el desarrollo humano
Un sistema político institucional débil
El aumento de la desconﬁanza institucional
Rasgos de la cultura política hondureña
Crisis políticas institucionales
Capítulo 4 Honduras desde una perspectiva internacional
EE.UU. su relación con América Latina y Honduras
Centroamérica y los cambios ideológicos latinoamericanos
Centroamérica y las organizaciones regionales
El régimen de la promoción de la democracia de la OEA
Centroamérica entre el crimen organizado y la narcoactividad
PARTE 3 ESCLARECIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS HECHOS DEL 28 DE JUNIO
Capítulo 5. El Gobierno de Manuel Zelaya Rosales y los Poderes del Estado de Honduras
La conformación del Gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales
Medidas de política económica en los sectores energético y de telecomunicaciones
La política monetaria, crediticia y cambiaria
Relaciones y enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo
Huelga de ﬁscales
La elección de la Corte
La ﬁrma de los acuerdos de PETROCARIBE y la integración al ALBA
La iniciativa de la cuarta urna
Algunos resultados económicos y sociales de la administración
Gestión estatal y corrupción
Capítulo 6 Los hechos del 28 de junio de 2009
Reseña de hechos antes del 28 junio de 2009
Puntos relevantes de la sesión del Congreso Nacional del 25 de junio de 2009
Retiro del material de la encuesta popular
Publicación legal de decretos ejecutivos de la encuesta popular
Presentación de requerimiento ﬁscal contra José Manuel Zelaya
Reacciones institucionales a la captura y expatriación del presidente de la república
Acciones e iniciativas a ﬁn de encontrar una salida negociada al proceso de la encuesta popular
Cronología de reuniones y llamadas telefónicas
Capítulo 7 Análisis de hitos institucionales y jurídicos del 28 de junio de 2008
Posiciones legales con relación a los acontecimientos del 28 de junio de 2009
Análisis legal de la “consulta” o “encuesta” propuesta por el presidente Zelaya Rosales
Análisis legal de las acciones del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia en conexión con el caso penal en contra del presidente Zelaya Rosales
Análisis legal de las acciones del Congreso Nacional
Hechos previos, señales de alerta al 28 de junio de 2009
Bloqueo presupuestario del Poder Ejecutivo ante otros Poderes del Estado
Análisis y valoración de los hechos
Mecanismos para el control de retrasos en la presentación y aprobación de los presupuestos
Mecanismos para el ejercicio del control sobre los procesos presupuestarios en Honduras
Sobre las amenazas al Congreso de la República en enero de 2009
Sobre el alegado desacato de órdenes judiciales, el papel de las Fuerzas Armadas en el proceso contencioso administrativo y el despido del jefe del Estado Mayor Conjunto
Aclaración metodológica y sustantiva
Sobre la constitucionalidad y legalidad o no de la consulta popular del 28 de junio
Sobre la conveniencia o no de la existencia de normas pétreas en Honduras
El fundamento de la consulta popular
Acerca de la naturaleza del plebiscito, referéndum y cabildos abiertos
Acerca del fundamento de la demanda interpuesta por la ﬁscalía
La falta de publicación
La administración de la consulta popular Sobre la constitucionalidad o legalidad de las órdenes del Ejecutivo
Órdenes judiciales a las Fuerzas Armadas para detener la consulta
las Fuerzas Armadas para coadyuvar con la consulta
llamar a cuentas al presidente de la república (juicio político o impeachment)
La incineración del material de la consulta
Sobre la detención y expulsión del presidente Manuel Zelaya
Acerca de la construcción institucional del Ministerio Público
Las actuaciones del Ministerio Público y el Poder Judicial
El régimen de delitos acusados y la ausencia de inmunidades
Acerca de la ausencia de procedimientos deﬁnidos para remover
en el actual sistema jurídico hondureño
La necesidad de la ﬁgura del juicio político (impeachment)
Sobre los casos de corrupción relacionados al 28 de junio del 2009
Casos abiertos contra José Manuel Zelaya Rosales y exfuncionarios de su administración
La persecución del delito y los derechos fundamentales del imputado
La imputación formulada y la forma legal de proceder
Vulneración a los derechos fundamentales
La conformación de la comisión del Congreso de la república del 25 de junio y la resolución destitutoria del Congreso del viernes 26 de junio del 2009
Capítulo 8 Los actores institucionales y sociopolíticos en los hechos del 28 de junio de 2009
La Secretaría de Seguridad y la Policía
PARTE 4 CONSECUENCIAS DE LOS HECHOS DEL 28 DE JUNIO
Capítulo 9 El impacto social y político
El conﬂicto social
El impacto en el sistema de partidos
Surgimiento de nuevos actores sociopolíticos
El impacto en el proceso electoral 2009
La inscripción de candidaturas partidistas e independientes
Elecciones, proceso de escrutinios y declaratoria de resultados deﬁnitivos
Evaluación del proceso de las elecciones generales
Impactos regionales e internacionales del proceso electoral
Capítulo 10 El ámbito internacional de la crisis
La reacción internacional inmediata al 28 de junio
La suspensión de Honduras de la OEA
La respuesta internacional al 28 de junio
La respuesta internacional: 6 de julio de 2009-26 de enero de 2010
La polarización continua y el papel de la sociedad civil y política
La búsqueda de una solución negociada
Erosionando la unidad internacional: polarización y desacuerdo
El ingreso y la estadía de Manuel Zelaya en la Embajada de Brasil en Honduras (21 septiembre de 2009 –26 de enero de 2010) y el salvoconducto del Gobierno mexicano (9 de diciembre de 2009)
Capítulo 11 Impacto en la macroeconomía del país
La situación antes del 28 de junio de 2009: desempeño macroeconómico en 2008
La evolución anticipada de la economía en 2009 antes de la crisis política
Desempeño económico e impacto de la crisis política en 2009
Capítulo 12 El impacto en los derechos humanos
Precedentes de impunidad
Mandato y metodología
Marco conceptual: las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias
Tipología de violaciones al derecho a la vida
Violaciones al derecho a la vida mediante el uso desproporcionado de la fuerza
Caso 1. Muerte de Isis Obed Murillo
Caso 2. Muertes a la salida del Estadio Nacional de Tegucigalpa
Caso 3. Muerte de Elvin Jacobo Euceda Perdomo
Caso 4. Muerte de Francisco Alvarado
Caso 5. Muerte de Jairo Ludin Sánchez
Caso 6. Muerte de Ángel Fabricio Salgado Hernández
Caso 7. Muerte de Róger Abraham Vallejo Soriano
Caso 8. Muertes por inhalación de gases lacrimógenos
Caso 9. Muerte de Pedro Pablo Hernández
Caso 1. Muerte de Pedro Magdiel Muñoz Salvador
Caso 2. Muerte de Sergio Eliseo Hernández Juárez
Caso 3. Muerte de Walter Orlando Tróchez
Caso 4. Muerte de Luis Gradis Espinal
Otros casos de violación al derecho a la vida, mediante ejecuciones selectivas, que presentan niveles de convicción insuﬁcientes
Félix Orlando Murillo
Róger Iván Bados
Anastasio Barrera
Santos Corrales García
1. Tegucigalpa: Allanamiento, detención ilegal y deportación del presidente José Zelaya Rosales y de su ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas
2. San Pedro Sula. Detención ilegal, uso excesivo de la fuerza e incumplimiento de formalidades de la
3. Limones, Olancho: Retención en la carretera y tratos crueles, inhumanos
4. Tegucigalpa: Detención ilegal y tortura
5. Tegucigalpa: Retención en la vía pública y malos tratos
6. San Pedro Sula: Allanamiento y detención ilegales
7. Comayagua: Detención masiva y malos tratos durante desalojo de carretera
8. Gracias, Lempira: Inﬁltración de agentes policiales y uso excesivo de la fuerza
9. Trujillo, Colón: Detención selectiva por agentes inﬁltrados
10. Tegucigalpa, Estadio “Chochi” Sosa: Detención en recinto no habilitado
11. Tegucigalpa, bajos del Congreso Nacional y Comando de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (“Cobras”): Detención en recinto no habilitado y tratos crueles, inhumanos y
12. Tegucigalpa, bajos del Congreso Nacional y Comando de Operaciones
Especiales de la Policía Nacional (“Cobras”): Detención en recinto no habilitado, tortura y allanamiento ilegal contra Milko Durán Céspedes
13. El Progreso, Yoro: Detención ilegal y malos tratos en desalojo del puente “La Democracia”
14. El Progreso, Yoro: Detención ilegal de regidor municipal
15. Tegucigalpa, Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Universidad Pedagógica: violaciones de la autonomía universitaria
16. Choluteca: Detención y criminalización de la protesta
17. Tegucigalpa: Detención ilegal y malos tratos por uso excesivo de la fuerza
18. El Progreso, Yoro. Amenazas trabajadores de Radio Progreso
19. Copán. Amenazas a personas detenidas en manifestación
1. La persecución, secuestro y torturas inferidas al periodista César Omar Silva
2. La tortura aplicada por agentes de la Policía Nacional Preventiva a Julio César Corea . 336
3. Las torturas inferidas a Delmer Membreño, fotógrafo del periódico El Libertador
El ejercicio de la libertad de expresión en Honduras
La violación a la libertad de expresión
Casos ilustrativos de violaciones a la libertad de expresión
1. La ocupación militar de Radio Juticalpa en el departamento de Olancho
2. Las ocupaciones militares de Canal 36, Radio Cholusat Sur, Radio La Catracha y Radio Globo y el decomiso de sus aparatos de transmisión
3. La persecución, amenazas y hostigamientos contra periodistas y la intervención
de las Fuerzas Armadas, empresarios y políticos para obtener el control de los medios de comunicación de la ciudad de Tocoa
4. Las amenazas y hostigamientos al personal y cierre de Radio Progreso
en el departamento de Yoro
5. Los atentados y presiones económicas a los medios de comunicación escritos
6. La represión que afectó a las niñas y niños que estudian locución en la Radio Uno de San Pedro Sula
Sobre los responsables y responsabilidades de los hechos
El jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Armadas
PARTE 5 ELEMENTOS PARA QUE LOS HECHOS NO SE VUELVAN A REPETIR
Capítulo 13 Hallazgos principales del trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
Sobre la democracia en Honduras
Sobre el Gobierno de Manuel Zelaya
Sobre lo que ocurrió el 28 de junio de 2009: las instituciones y las leyes
Sobre los partidos políticos y organizaciones sociales
Sobre la Organización de los Estados Americanos
Sobre las consecuencias de los hechos del 29 de junio de 2009
Capítulo 14 Elementos para que los hechos no se repitan
Principios en que se basan los elementos para que los hechos no se repitan
El principio de la soberanía popular
1. Recomendaciones en el ámbito constitucional
Con respecto los procesos de cambio constitucional
La Constitución política debería regular el juicio político (Impeachment)
separación del cargo de los miembros del Poder Ejecutivo
Sobre las facultades del Congreso Nacional
Restricción de las competencias, derechos y obligaciones de las Fuerzas Armadas Reformas a los llamados “remedios constitucionales”, por medio de una reforma
la Constitución de la República y la Ley de Justicia
Revisión de normas constitucionales referidas a procedimientos de control del poder
de fortalecimiento de garantías civiles y ciudadanas
Mecanismos de extensión del presupuesto nacional por parte del Congreso Nacional ante demoras en la presentación de los proyectos
2. Recomendaciones en el ámbito de los derechos humanos
3. Recomendaciones en el combate a la corrupción
4. Recomendaciones para fortalecer el Estado democrático de derecho y la democracia durante una crisis
Nombramiento de magistrados de la CSJ y ﬁscales del Ministerio Público
5. Recomendaciones en el ámbito político electoral
6. Recomendaciones para el ámbito internacional
los periodistas y comunicadores sociales
la relatoría especial de la libertad de expresión y de opinión de la OEA y la ONU
los organismos internacionales y multilaterales de cooperación
Capítulo 15 El camino hacia la reconciliación
Condiciones necesarias para la reconciliación
Una reconciliación basada en valores democráticos
Propuesta de mínimos morales
Priorización del interés público y el beneﬁcio general sobre el beneﬁcio particular
Cuatro medios efectivos para reconciliar sociedades que han padecido violencia y ruptura del tejido social y políticos
Características políticas que debe asumir el proceso de reconciliación
Acciones por ejecutar en el proceso de reconciliación nacional
Institucionalidad para la reconciliación nacional
Índice de cuadros y gráﬁcos
Cuadros Cuadro 3.1. Principales crisis sociopolíticas en Honduras, 1981 a 2005
Cuadro 5.1 Honduras: principales violaciones a la ley entre el 2006 al 2009
Cuadro 7.1. Funciones que tienen los diferentes niveles organizativos dentro del sistema . 186
Cuadro 11.1. Donaciones suspendidas en 2009 (Millones de dólares)
Cuadro 11.2. Principales indicadores macroeconómicos, 2008-2009 (Tasas de variación y porcentajes del PIB)
Cuadro 11.3. Estimaciones del impacto ﬁscal del golpe de Estado, 2009 (Ingresos no recibidos, millones de lempiras)
Cuadro 11.4. Inﬂación mensual, 2009 (Tasa de variación)
Cuadro 11.5. Principales factores de divisas en 2009 (Millones de dólares)
Cuadro 11.6. Recapitulación del impacto económico (Millones de lempiras)
Cuadro 12.1. Número de muertes y grados de convicción en violación a derechos humanos
Cuadro 12.2. Número de muertes mediante el uso desproporcionado de la fuerza
Cuadro 12.3. Número de muertes mediante asesinatos selectivos
Cuadro 12.4. Honduras, número de homicidios de periodistas (2006 a 2009)
Cuadro 12.5. Resolución de recursos de amparos presentados y otorgados
Gráﬁcos Gráﬁco 11.1. Desempeño del PIB antes y después de los desastres y del golpe de estado, 1997-2010 (Tasas de variación anual real)
Gráﬁco 11.2. Pérdida de reservas durante la crisis política (Millones de dólares)
Gráﬁco 11.3. Índice mensual de actividad económica, 2009 (Tasas de variación)
Gráﬁco 11.4. Inversión extranjera directa, 2006-2009 (Millones de dólares y porcentajes del PIB)
LA GACETA DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
AÑO CXXXIII. TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A. VIERNES 30 DE ABRIL DE 2010 NUM.
Decreta: Créase la Comisión de la Verdad y la Reconciliación dotada de independencia funcional, adminis- trativa, técnica y ﬁnanciera la cual tiene como objetivos esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009.
PCM-011-2010
DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-011-2010
CONSIDERANDO: Que Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.
CONSIDERANDO: Que Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que pro- penden a la solidaridad humana, el respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y el aﬁanzamiento de la paz y la democracia universal.
CONSIDERANDO: Que el presidente de la República de Honduras, en seguimiento a los pactos contenidos en el Acuerdo Tegucigalpa - San José en octubre de 2009, teniendo como principal objetivo la paz, la concor-
dia y la convivencia pacíﬁca del pueblo hondureño, así como el pleno ejercicio de sus libertades democráticas, asume con total convicción la necesidad de que se esclarezcan los hechos en torno a la reciente crisis política y social vivida en nuestro país a ﬁn de generar los elementos necesarios para que tales situaciones no se vuelvan
a repetir y se establezca la reconciliación y el entendimiento entre hondureñas y hondureños.
CONSIDERANDO: Que en tal sentido, el Gobierno de Honduras ha tomado la decisión de asumir como responsabilidad de su actual administración, la organización y la puesta en marcha de la Comisión de la Ver- dad y la Reconciliación, siguiendo la recomendación que acordaran los negociadores de las partes en el referi- do Acuerdo Tegucigalpa - San José y en los términos en que fuera negociada por las partes en octubre de 2009.
CONSIDERANDO: Que con esta determinación entendemos el mandato recibido por voto popular en las urnas, en los que se ha tenido la mayor aﬂuencia de votantes en la historia democrática de nuestro país y sien- do favorecidos con el más alto porcentaje en las recientes elecciones generales, como un signo claro e inequí- voco de la población hondureña a favor de un camino político y social de entendimiento, de reconciliación y de convivencia pacíﬁca, dejando atrás la confrontación, las divisiones, las posiciones extremas y las fracturas internas que nos impiden un sano desarrollo democrático.
POR TANTO: El presidente de la República de Honduras en consejo de ministros y en aplicación de los ar-
tículos 1, 2, 3, 4, 5, 15, 235, 245; numerales 1 y 11 de la Constitución de la República. Artículos 11, 13, 14, 117 y demás aplicables de la Ley General de la Administración Pública; cláusula sexta del Acuerdo Tegucigalpa
- San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras.
Artículo 1. Créase la Comisión de la Verdad y la Reconciliación dotada de independencia funcional, admi- nistrativa, técnica y ﬁnanciera, la cual tiene como objetivos esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009, a ﬁn de identiﬁcar los actos que condujeron a la situación de la crisis y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro.
Artículo 2. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación iniciará sus funciones a partir de la juramentación de sus miembros y tendrá una duración de al menos 8 meses.
Artículo 3. La Comisión estará integrada por cinco (5) comisionados de reconocida honorabilidad e impar- cialidad y tomarán sus decisiones por mayoría caliﬁcada de cuatro de sus miembros. Dos de sus miembros serán nacionales de Honduras y tres de ellos serán invitados de otros países. Uno de los comisionados interna- cionales fungirá como coordinador de la Comisión.
La Comisión, personal, bienes y haberes gozarán de los privilegios e inmunidades establecidas en los artículos 2, 3, 4, 5, 7 y 10 del Acuerdo de Privilegios e Inmunidades de la Organización de los Estados Americanos, en adelante la OEA, adoptada el 15 de mayo de 1949, del cual es parte la República de Honduras, al depositar el Gobierno su instrumento de ratiﬁcación el 25 de agosto de 1964, lo cual será formalizado por medio de notas reversales (canje de notas) entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 4. La Comisión en ejercicio de su independencia emitirá su reglamento interno, plan de trabajo y lineamientos y no estará bajo la inﬂuencia de ningún ente gubernamental ni privado dentro o fuera de Hon- duras, grupos de presión o interés ni de ningún Gobierno, organización u organismo internacional.
Artículo 5. La Comisión tendrá su patrimonio propio formado por las aportaciones de cooperación recibido
a través de la Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y recursos proveídos
por otros sujetos de derecho internacional y organismos de cooperación en forma directa a un fondo especial que administrará la Comisión. La ejecución de los fondos estará sujeta a la auditoría interna correspondiente
y la auditoría internacional convenida entre los comisionados y los donantes.
Artículo 6. La Comisión tendrá acceso irrestricto a la información de los entes públicos centralizados, descen- tralizados o desconcentrados del Poder Ejecutivo y podrá solicitar entrevistas a las personas que estime conve- niente para sus funciones de esclarecimiento. En el marco de la complementariedad de los Poderes del Estado, la Comisión podrá solicitar por conducto de titulares de los Poderes Legislativos y Judicial que coadyuven a las tareas y cumplimiento de sus atribuciones de la Comisión y se sirvan atender los requerimientos de infor- mación de la misma.
Artículo 7. La Comisión contará con un equipo básico de soporte técnico, secretarial y logístico a tiempo completo, con un nivel de competencia y autonomía bajo la responsabilidad de un secretario ejecutivo de nacionalidad hondureña. La Comisión solicitará el apoyo técnico y ﬁnanciero de Gobiernos, organismos internacionales y organismos que tengan la voluntad de apoyarla.
Artículo 8. La Comisión tendrá su sede en la ciudad capital de Honduras y para efectos de recolectar la in- formación, documentación y testimonios procederá a trasladarse temporalmente en pleno o a través de una comisión, a los lugares dentro o fuera del país según se justiﬁque y proceda.
Artículo 9. El coordinador de la Comisión dirigirá al equipo técnico, administrativo y operativo de la Comi- sión y podrá delegar en el secretario ejecutivo las gestiones técnicas, administrativas y operativas que procedan.
Artículo 10. La Comisión tiene las siguientes atribuciones:
Emitir su reglamento interior.
Preparar y aprobar su propio presupuesto de egresos e ingresos.
Contratar con carácter interino y temporal al personal asistencial, secretarial, administrativo, de servicio, de seguridad y profesional que estime necesario para el cumplimiento de sus objetivos.
Contratar, adquirir y arrendar los bienes y servicios necesarios para el manejo de los recursos ﬁnancieros
Formular los lineamientos para el establecimiento de un método de investigación con los sectores políti- cos, institucionales, de sociedad civil, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que hagan constar los hechos y circunstancias objeto del informe ﬁnal que propicie y favorezca la reconciliación y el entendimiento entre la ciudadanía hondureña.
Asegurar la difusión mediante comunicados escritos y portal de Internet de los lineamientos de investiga- ción y estado actual de las actividades de la Comisión para mantener informado al pueblo hondureño y
Emitir un informe que aporte elementos al pueblo hondureño para evitar crisis similares; formular reco- mendaciones constructivas que fortalezcan su institucionalidad y su desarrollo democrático, así como la defensa y garantía de los derechos humanos.
Recomendar y proponer métodos de seguimiento de los elementos que propicien y favorezcan la recon- ciliación de la familia hondureña.
Gestionar el ﬁnanciamiento de sus actividades en fuentes internacionales que, sin condicionamiento al- guno, quieran favorecer este esfuerzo de reconciliación entre la familia hondureña
Determinar el ámbito temporal de sus tareas de esclarecimiento, según el tenor del referido acuerdo (an- tes y después del 28 de junio de 2009) mediante la identiﬁcación de antecedentes con vinculación a la crisis política aludida, que pudieron haberse dado durante el período de Gobierno del presidente Manuel Zelaya, pasando por los 7 meses subsiguientes al 28 de junio hasta la fecha de toma de posesión del pre- sidente Porﬁrio Lobo Sosa. La precisión de ese marco temporal de esclarecimiento lo irán deﬁniendo los comisionados, de acuerdo a su trabajo de reconstrucción de los hechos a esclarecer.
Organizar un archivo con todos los elementos documentales y audiovisuales acopiados en el marco de sus tareas de reconstrucción y esclarecimiento que deberá custodiar con plena reserva durante el período de su mandato.
Artículo 11. Se insta a las universidades y centros de investigación académica que tengan a bien brindar su apoyo a la Comisión en las tareas de reconstrucción de los hechos a esclarecerse. Se solicita a los docentes y estudiantes de Derecho y de Periodismo de las universidades de Honduras, que coadyuven con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en la búsqueda e identiﬁcación de evidencias que certiﬁquen los hechos re- cabados.
Artículo 12. Todos los miembros de la Comisión, así como el personal administrativo, de servicio y profesio- nales independientes contratados, estarán obligados a observar un compromiso de conﬁdencialidad y reserva sobre toda la información testimonial, documental y de toda naturaleza que recabaren en el ejercicio de su mandato y servicios.
Artículo 13. Al ﬁnalizar su mandato, la Comisión deberá entregar su informe a los Poderes del Estado hon- dureño, así como al pueblo hondureño en general, para lo cual deberá proponer al organismo ejecutivo un plan de socialización y divulgación extensa por diversos medios de comunicación y colaborar en forma directa en su ejecución.
Artículo 14. Al ﬁnalizar su vigencia y luego de presentar su informe ﬁnal, la Comisión deberá seleccionar y separar aquella documentación y materiales que tengan carácter conﬁdencial, la cual será trasladada a la en- tidad internacional que se acuerde, quien garantizará su custodia sin revelar su contenido durante diez años, cumplido ese plazo esa documentación pasará a ser parte del Archivo de la Biblioteca Nacional de Honduras.
Artículo 15. Los bienes y activos de la Comisión podrán ser donados por ésta a la unidad de seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y, en su defecto, a las universidades públicas que presenten un programa de fortalecimiento de la paz y la democracia.
Artículo 16. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oﬁcial La Gaceta.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de abril de dos mil diez.
PORFIRIO LOBO SOSA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
JOSÉ FRANCISCO ZELAYA SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, POR LEY
MARÍA ANTONIETA GUILLÉN VÁSQUEZ DESIGNADA PRESIDENCIAL ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPA- CHO PRESIDENCIAL
MARIO MIGUEL CANAHUATI CANAHUATI SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES
WILLIAM CHONG WONG SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
ÓSCAR ARMANDO ESCALANTE AYALA SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MARLON PASCUA CERRATO SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
ÓSCAR ARTURO ÁLVAREZ GUERRERO SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
NELLY KARINA JERÉZ CABALLERO SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO
FELÍCITO ÁVILA ORDOÑEZ SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
ARTURO BENDAÑA PINEL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
JOSÉ ALEJANDRO VENTURA SORIANO SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN
BERNARD MARTÍNEZ VALERIO SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
MIGUEL RODRIGO PASTOR MEJÍA SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VI- VIENDA
JUAN ÁNGEL ARTICA RIVERA SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, POR LEY
MARCO JONATHAN LAÍNEZ ORDÓÑEZ SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, POR LEY
HILDA ROSARIO HERNÁNDEZ ALVARADO SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL
ROBERTO ORDOÑEZ SECRETARIO TÉCNICO DE PLANEACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA, POR LEY
CÉSAR DAVID HAM PEÑA MINISTRO-DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
NASRY JUAN ASFURA MINISTRO-DIRECTOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
MARÍA ANTONIETA BOTTO MINISTRA-DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
MARÍA ELENA ZEPEDA WILLS MINISTRA-DIRECTORA DEL PROGRAMA DE ASIGNACIÓN FAMILIAR
JOSÉ TRINIDAD SUAZO DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE
LA GACETA – REPÚBLICA DE HONDURAS TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE MAYO DE 2010 NÚMERO 32,211
CONSIDERANDO: Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como República libre, de- mocrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bien- estar económico y social.
CONSIDERANDO: Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propen- den a la solidaridad humana, el respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y el aﬁanzamiento de la paz y la democracia universal.
CONSIDERANDO: Que en fecha treinta (30) de octubre de dos mil nueve (2009) se ﬁrmó el DIÁLOGO GUAYMURAS ACUERDO TEGUCIGALPA/SAN JOSÉ para la “Reconciliación Nacional y el Fortale- cimiento de la Democracia en Honduras”, que incluye como sexto acuerdo la creación de una Comisión de la Verdad con el ﬁn de esclarecer los hechos ocurridos antes y después del veintiocho (28) de junio de dos mil nueve (2009) y proporcionar al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos acontecimientos se repitan en el futuro. En ese acuerdo se recomendó a este Gobierno constituir dicha Comisión de la Verdad en el primer semestre del año dos mil diez (2010).
CONSIDERANDO: Atendiendo esa recomendación, el presidente constitucional de la República de Hon- duras en consejo de ministros, emitió el decreto ejecutivo número PCM-011-2010 de fecha trece (13) de abril de dos mil diez (2010), publicado en “La Gaceta” Diario Oﬁcial de la República, número 32,200 y, de fecha treinta (30) de abril de dos mil diez (2010), mediante el cual se creó la Comisión de la Verdad y la Reconci- liación para cumplir con el cometido antes señalado.
CONSIDERANDO: Que según el decreto ejecutivo número PCM-011-2010 la Comisión de la Verdad y la Reconciliación estará integrada por cinco comisionados de reconocida honorabilidad e imparcialidad y toma- rá sus decisiones por mayoría caliﬁcada de cuatro de sus miembros. En la vía de la justicia transicional para asegurar la transparencia, imparcialidad y objetividad de sus actuaciones. El decreto relacionado establece que dos de los comisionados serán nacionales del país y tres serán extranjeros. Uno de los comisionados extranjeros fungirá como coordinador de la Comisión y contará con un secretario ejecutivo que será nacional del país.
POR TANTO: El presidente constitucional de la República de Honduras en aplicación del artículo 245, nu- meral 11, de la Constitución de la República; Artículo 117 de la Ley General de la Administración Pública; acuerdo sexto del DIÁLOGO GUAYMURAS ACUERDO TEGUCIGALPA/SAN JOSÉ para la “Recon- ciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras”; y, el decreto ejecutivo número PCM-011-2010 de fecha trece (13) de abril de dos mil diez (2010) publicado en “La Gaceta” Diario Oﬁcial de la República número 32,200 y de fecha treinta (30) de abril de dos mil diez (2010).
ARTÍCULO 1. Instalar formalmente la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ordenada en el decreto ejecutivo número PCM-011-2010 de fecha trece (13) de abril de dos mil diez (2010), integrada por don Eduardo Stein Barillas de nacionalidad guatemalteca, don Michael Kergin de nacionalidad canadiense, doña María Amabilia Zavala Valladares de nacionalidad peruana, doña Julieta Castellanos Ruiz de nacionalidad hondureña y don Jorge Omar Casco Zelaya de nacionalidad hondureña.
La Comisión desempeñará sus funciones a partir de la fecha, por un término de al menos ocho meses.
ARTÍCULO 2. El presente decreto ejecutivo es de ejecución inmediata y deberá publicarse en “La Gaceta” Diario Oﬁcial de la República.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los cuatro (4) días del mes de mayo del año dos mil diez (2010).
MARLON RAMSSES TÁBORA MUÑOZ SECRETARIO DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR LEY
Al pueblo de Honduras, a quienes sufrieron y sufren el impacto y las consecuencias del 28 de junio de 2009, por su conﬁanza y cariño expresado en múltiples formas, tiempos y espacios a través de todo el país.
Especialmente a la juventud y niñez de Honduras, a quienes dedica- mos este esfuerzo y llamamos su atención para que tomen y se apro- pien de la verdad, la justicia y caminen hacia la reconciliación, con esperanza y la convicción de que una nueva Honduras emerge y se levanta.
Los comisionados, a nombre propio y del personal de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), expresamos nuestro mayor agradecimiento y reconocimiento a diferentes instituciones y organismos naciona- les e internacionales, cooperantes, líderes y personas que aportaron de diversas maneras al trabajo desarrollado por la CVR durante su periodo de operación, desde mayo de 2010 a junio de 2011.
Al señor presidente Porﬁrio Lobo Sosa, por su apoyo y conﬁanza a esta Comisión y el pleno respeto a la auto- nomía de la CVR; a los presidentes del Poder Judicial, abogado Jorge Rivera Avilés y abogado Juan Orlando Hernández, quienes junto al resto de la institucionalidad hondureña contribuyeron y respondieron a la cons- tante demanda de información y entrevistas solicitadas.
A las víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares “quienes aportaron más de 250 testimonios”
por su conﬁanza, valentía y aporte al esclarecimiento de la verdad y su convicción de que la verdad conduce a
la justicia y que con justicia es posible la reconciliación.
A los diversos líderes que aceptaron facilitar y aportar sus testimonios, ideas, sugerencias a los comisionados.
A muchos alcaldes y alcaldesas, que con su liderazgo regional y local apoyaron las reuniones y las convoca-
torias, entre ellos los de las Alcaldías de Comayagua, Siguatepeque, San Pedro Sula, Roatán, Trujillo, Puerto Lempira, Juticalpa, Catacamas, Choluteca, San Lorenzo, Sabanagrande, Nacaome, La Paz, Marcala, El Paraí- so, Danlí, Yuscarán, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, Copán Ruinas, Ocotepeque, Gracias, La Esperanza y Yamaranguila. Asimismo, a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), ya que a través de su invitación logramos presentar la CVR a más de 95 alcaldes en foros regionales celebrados en Ocotepeque, Lempira, Francisco Morazán, Choluteca, Valle y Olancho.
A los representantes de más de 300 organizaciones de la sociedad civil en los 18 departamentos de Honduras,
a los representante de los cinco partidos políticos, organizaciones de la empresa privada nacional y regionales,
como las Cámaras de Comercio de Cortés, Atlántida y Choluteca; igualmente a los líderes de opinión, inte- lectuales, académicos y profesionales.
A la cooperación internacional y al G-16, muy especialmente a aquellos Gobiernos y organizaciones que
apoyaron ﬁnanciera y técnicamente el trabajo de la CVR. Especial agradecimiento por su apoyo y conﬁanza
a los Gobiernos de Estados Unidos de América, Canadá, Suecia y España, así como a Naciones Unidas, al
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a la Unión Europea y a la Organización de Estados
A los equipos de consultores e instituciones académicas que nos apoyaron con el desarrollo de la investigación
académica, tales como la Universidad de Salamanca de España, Instituto Centroamericano de Gobernabili- dad (ICG) de Costa Rica, Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sede México y expertos de DD.HH. del PNUD.
Al comisionado nacional de los Derechos Humanos, Dr. Ramón Custodio, y delegados regionales y departa-
mentales, especialmente de San Pedro Sula, Tocoa y Danlí.
Al ﬁscal general, Luis Rubí, a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, dirigida por la abogada Sandra Ponce
su cuerpo de ﬁscales, especialmente los asignados a las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.
los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por la información brindada.
diversos líderes, locales y regionales del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
funcionarios del Gobierno de Porﬁrio Lobo Sosa por su dispocisión con las entrevistas de la CVR.
exfuncionarios del Gobierno de Manuel Zelaya Rosales.
Roberto Micheletti Baìn y exfuncionarios de su Gobierno por sus entrevistas a la CVR.
representantes de los medios de comunicación, nacionales e internacionales, por sus testimonios y cober-
Al expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, por su apoyo y entrevistas a la
Al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, por su apoyo y entrevista a la CVR.
El Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) fue elaborado a lo largo de un año de haberse instalado la Comisión -el 4 de mayo de 2010- por instancia del presidente Porﬁrio Lobo Sosa, fun- damentada en el Diálogo Guaymuras Acuerdo, Tegucigalpa/San José. El Informe de la CVR fue presentado
a la ciudadanía hondureña y a los representantes de los tres Poderes del Estado el jueves 7 de julio de 2011.
El Informe presentado es producto de un largo proceso de trabajo que se fundamentó en al menos 7 diferen- tes tipos de insumos: estudios en 15 líneas de investigación, entrevistas a los protagonistas principales (37), entrevistas y testimonios de las víctimas de violaciones de derechos humanos (250), entrevistas a actores claves (180), reuniones colectivas en los 18 departamentos (125), ﬁlmaciones y documentales (870), información documental y legal del Estado, informes y documentación preparados por organizaciones de la sociedad civil
y organizaciones internacionales, en total suman aproximadamente 50,000 hojas de documentación.
Así, el proceso de desarrollo del Informe fue producto del trabajo directo de los comisionados, junto al secre- tario ejecutivo, personal técnico y consultores de la CVR, mediante un proceso minucioso de reuniones y en- trevistas -realizadas en los 18 departamentos, 26 ciudades y 98 municipalidades-, las cuales permitieron a los comisionados tener una visión más completa e integral del conﬂicto del 28 de junio de 2009 y de su impacto en la dimensión nacional, regional y local.
La estructura del Informe es secuencial e integral, dividiéndose en dos tomos. El primer tomo incluye 5 partes principales. La primera parte denominada Mandato, marco jurídico, metodología y programa de trabajo, presen- ta en su primer capítulo las líneas siguientes: el mandato de la CVR, su marco jurídico, el fundamento ético de la verdad y la reconciliación, el objetivo de la CVR, su metodología de trabajo y las experiencias previas de reconciliación, verdad y concertación en Honduras. Esta primera parte es el fundamento sobre el cual descan- sa la estructura del informe.
La segunda parte, Honduras: transición a la democracia 1981-2005, inicia con el segundo capítulo, Honduras en su historia reciente, el cual parte de una mirada histórica del proceso político, económico y social del país
y de capturar un aprendizaje histórico del periodo reciente: ¿qué lecciones se obtienen de este período para la generación de hondureñas y hondureños del siglo XXI?, ¿qué se aprendió? y ¿qué se puede aportar a la com- prensión de lo ocurrido el 28 de junio de 2009 y al futuro del país?
No obstante, de esa historia hay procesos y lecciones aún no aprendidas, mensajes todavía no aplicados y tareas no acabadas en términos de cultura, ciudadanía, institucionalidad. Los comisionados consideramos que esa interpretación histórica es fundamental para entender la crisis compleja del 28 de junio de 2009.
El tercer capítulo presenta una mirada a los avances y obstáculos de la democracia y desarrollo de Honduras:
qué tipo de democracia, cuál desarrollo y cómo se entrelazan la institucionalidad con el capital social, es decir, la organización de la ciudadanía y la participación democrática. Finalmente, en el capítulo cuarto se aborda la contextualización del ámbito internacional de Honduras y sus implicaciones geopolíticas.
En la tercera parte, Esclarecimiento de los hechos del 28 de junio de 2009, se aborda en el capítulo quinto el tema del Gobierno de José Manuel Zelaya Rosales, destacando aspectos de su visión de Gobierno, los resultados económicos y sociales, así como los enfrentamientos con los otros Poderes del Estado, la crisis de la CSJ, la gestión pública y la corrupción, fundamento altamente relacionado con la institucionalidad y la clase política del país; igualmente, en el capítulo sexto se aborda de manera detallada el desarrollo principal de los hechos sucedidos el 28 de junio de 2009 con relación a la institucionalidad del país. En el séptimo capítulo se presenta el análisis de los hitos institucionales y jurídicos del 28 de junio de 2009 y en el capítulo octavo el posiciona- miento de los actores institucionales y sociopolíticos en los hechos del 28 de junio de 2009, tales como Fuerzas Armadas, Policía, políticos, empresarios de los medios y líderes religiosos.
Una cuarta parte, Consecuencias de los hechos del 28 de junio de 2009, que incluye el capítulo nueve que aborda los impactos en los ámbitos social y político; en el capítulo diez, el impacto internacional de la crisis; en el capítulo once, el impacto en la macroeconomía del país y, ﬁnalmente, en el capítulo doce, el impacto a los derechos humanos.
En la quinta parte, Elemento para que los hechos no se vuelvan a repetir, Hacia la reconciliación nacional, se presentan tres capítulos ﬁnales: en el capítulo trece se presentan los principales hallazgos en el trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación; en el capítulo catorce hay elementos para que los hechos no se repitan, que consta de ocho ámbitos de recomendaciones: constitucional, derechos humanos, combate a la corrupción, fortalecimiento del Estado de derecho y democracia, político-electoral, internacional, medios de comunicación y la política de la memoria y, ﬁnalmente, se concluye con el capítulo quince: el camino hacia la reconciliación.
En el segundo tomo se presentan las tres cronologías de hechos en el ámbito institucional, de derechos huma- nos y ámbito internacional; asimismo, los anexos y elementos relevantes de los hechos institucionales.
En consecuencia, los comisionados entregamos al pueblo de Honduras un informe objetivo, consistente, documentado y centrado en la esperanza de que sirva para construir puentes hacia la reconciliación, tal como lo aﬁrma Desmond Tutu: “No puede haber reconciliación sin justicia y sin reconciliación no hay futuro”. O, como lo declaraba a esta Comisión un testigo de violaciones a los derechos humanos: “La reconciliación no viene con el tiempo, sino con la justicia”.
Mandato, Marco Jurídico, Metodología y Programa de Trabajo
Mandato y lineamientos del Informe
El punto de partida del presente Informe es esta- blecer las reglas y los lineamientos principales con los cuales fue elaborado. En tal sentido, en este primer capítulo se presenta el contexto y el proceso que dio origen de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, su mandato y el marco conceptual y metodológico que deﬁne el mandato de la CVR para la elaboración de este Informe.
Desde el día 28 de junio de 2009, Honduras ha vivido una de las mayores crisis y fractura política de su historia reciente, especialmente desde los inicios de la transición a la democracia iniciada en 1981, con enormes costos para su desarrollo socioeconómi- co y fortalecimiento democrático. Tal crisis tiene que ser interpretada como una posibilidad de revisión o enjuiciamiento. La sociedad hondureña se polarizó, conﬂictos anteriores se agravaron, surgieron posicio- nes a favor o en contra por la expulsión del presi- dente y hubo diferentes esfuerzos por reconciliar a las partes en conﬂicto; por ejemplo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y otras instancias han aﬂorado con mucha fuerza para que la crisis sea interpretada como un enjuiciamiento y como una posibilidad de revisión profunda de la propia nación hondureña. Para ello, los comisionados considera- mos que el país tiene que retomar algunos de los im-
pulsos del primer proceso de transición e iniciar uno nuevo, orientado a asumir y vencer diversos obstácu- los y debilidades que la crisis ha impuesto. Partiendo de este enfoque es que, de entre las diversas búsquedas de resolución de esta crisis, los actores políticos del conﬂicto acordaron la creación de una Comisión de la Verdad, con la ﬁnalidad de esclarecer la naturaleza del proceso y los hechos del 28 de junio de 2009, conocer sus causas y buscar las formas para que estos hechos no se repitan, así como aclarar. La convicción fundamental que sustentó la for- mación de la Comisión de la Verdad y la Reconcilia- ción (CVR), y que ha animado su trabajo, se halla en el Acuerdo Tegucigalpa/San José del 30 de octubre de 2009: “Un Acuerdo político que habrá de permi- tir restablecer la convivencia ciudadana y asegurar un clima apropiado para la gobernabilidad democrática en nuestra patria. Este Acuerdo, estamos seguros, marcará el camino hacia la paz, la reconciliación y la democracia, demandas urgentes de la sociedad hon- dureña. La concertación de este Acuerdo demues- tra, una vez más, que los hondureños y hondureñas somos capaces de practicar exitosamente el diálogo y, gracias a él y a través del mismo, alcanzar las al- tas metas que la sociedad demanda y la patria nos exige”. 1
1 Véase en anexos el Acuerdo Tegucigalpa/San José, página 1.
Basándose en el desarrollo de la investigación y en las consultas hechas a diversos sectores de la socie- dad hondureña, como comisionados podemos decir que la aspiración de este Acuerdo sobre establecer el diálogo y buscar nuevas metas como sociedad, con
base a la verdad y reconciliación, puede ser realizable. La sociedad hondureña quiere superar este con- ﬂicto bajo una idea de cambio y transformación. En ese sentido, demanda cambios en su sistema políti- co e institucional en la perspectiva de alcanzar una democracia y un desarrollo más equitativo e inclu- yente. Así, la fractura política y social como conse- cuencia de los acontecimientos posteriores al 28 de junio de 2009, se encuentra claramente registrada en la memoria ciudadana, pero con la certeza de que una situación de esta naturaleza no debe repetirse nunca más y que la senda que la sociedad hondureña ha de seguir para evitarlo es el fortalecimiento de su democracia. En efecto, la CVR está convencida de que nin- gún proyecto de nación será posible sin la equidad
inclusión de todos los sectores, cuyos ciudadanos
ciudadanas conforman la totalidad de la sociedad
hondureña. La CVR descifra la voluntad del pueblo hondureño de esclarecer la verdad de los hechos, co- nocer sus causas y buscar las alternativas para que no se vuelvan a suceder y, por lo tanto, comprende su mandato como parte de un proceso para la reconci- liación plena de la sociedad hondureña. Con la ﬁnalidad de que los lectores de este In- forme conozcan íntegramente cómo y por qué se elaboró este documento, en los siguientes apartados se detallan aspectos sobre su creación, objetivos, pro- pósitos y principios de su mandato que han guiado su elaboración, sus métodos de investigación para el esclarecimiento histórico de los hechos, sus causas, consecuencias y elementos para superarlos. De igual manera se presenta el marco ético de la verdad y la
reconciliación en el que se basa e inspira este Informe. Aunque han sido muchos los estudios, encuen- tros, entrevistas y testimonios que se han efectuado en este proceso —los cuales representan una riqueza documental y testimonial que la CVR asume y em- plea con responsabilidad bajo un enfoque metodo- lógico orientado al esclarecimiento de los hechos—, como sociedad hondureña es posible construir una memoria histórica para que estos hechos no vuelvan
a repetirse; razón por la cual la ciudadanía tiene que conocer quiénes son los responsables y quiénes fue- ron las víctimas de estos acontecimientos.
Proceso de creación de la Comisión de la Ver- dad y la Reconciliación
El proceso de creación de la Comisión de la Ver- dad y la Reconciliación se fundamenta en los acuer- dos políticos expresados en el Acuerdo San José, 2 el Acuerdo Tegucigalpa/San José (Diálogo Guaymuras) del 30 de octubre de 2009, el Acuerdo de Reconcilia- ción y Fortalecimiento Democrático y, ﬁnalmente, en decretos ejecutivos que permiten la organización
y funcionamiento de la CVR. En síntesis, la génesis
de la creación de la CVR está relacionada con los acuerdos que se fueron generando entre las partes en conﬂicto a partir del mes de julio de ese año. El acuerdo denominado Diálogo Guaymuras, tiene como antecedente el Acuerdo San José, lidera- do por el entonces presidente de Costa Rica, Óscar Arias, quien se ofreció como mediador en la crisis hondureña expresando que: “Nadie se puede negar a
ayudar a salir de la crisis, a la que no se le ve la luz al ﬁnal del túnel”. El 6 de julio el expresidente Óscar Arias se reunió por separado con el depuesto presidente José Manuel Zelaya Rosales y con Roberto Micheletti Baín, bus- cando un acercamiento entre ambos. Sin embargo, en entrevista con los comisionados de la CVR, el 9 de febrero de 2011, Arias reconoció que no pudo sentar a ambos en la misma mesa para iniciar un diá- logo y no fue hasta el 22 de julio de 2009 que las partes en conﬂicto se presentaron. El Acuerdo de San José tuvo como contrapar- tes, de ambos grupos en conﬂicto, a los siguientes negociadores: por el expresidente Zelaya, al excan- ciller Milton Jiménez Puerto, la excanciller Patricia Rodas Baca, al dirigente indígena Salvador Zúniga,
a la diputada del Partido Uniﬁcación Democrática
Silvia Ayala y la abogada Rixi Moncada; por parte de Roberto Micheletti, al abogado Mauricio Villeda, al doctor Carlos López Contreras, a la abogada Vilma Cecilia Morales y al ingeniero Arturo Corrales. Di- cho Acuerdo proponía los siguientes puntos:
1. Sobre el Gobierno de unidad y reconciliación na- cional
Para lograr la reconciliación y fortalecer la demo- cracia, conformaremos un Gobierno de unidad y reconciliación nacional, integrado por representan-
2 Véase en anexos el texto del Acuerdo San José.
tes de los diversos partidos políticos, reconocidos por su capacidad, honorabilidad, idoneidad y voluntad para dialogar, quienes ocuparán las distintas secreta- rías y subsecretarías de Estado, de conformidad con
el artículo 246 y siguientes de la Constitución de la
República de Honduras. En vista de que con ante- lación al 28 de junio el Poder Ejecutivo no había remitido a consideración del Congreso Nacional el proyecto de presupuesto general de ingresos y egre- sos, de conformidad con lo establecido en el artículo 205, numeral 32, de la Constitución de la Repúbli- ca de Honduras, este Gobierno de unidad y reconci- liación nacional respetará y funcionará sobre la base del presupuesto general recientemente aprobado por el Congreso Nacional para el ejercicio ﬁscal 2009.
Para lograr la reconciliación y fortalecer la democra- cia, solicitamos al Congreso Nacional la declaratoria de una amnistía general, exclusivamente para los de- litos políticos cometidos con ocasión de este conﬂicto, antes y después del 28 de junio de 2009 y hasta la ﬁrma de este Acuerdo, según los términos del artículo 205, numeral 16, de la Constitución de la República de Honduras y la legislación especial vigente que re- gule la materia. La amnistía deberá, además, garan- tizar con claridad las condiciones de seguridad y de libertad de las personas que queden bajo su amparo. De la misma manera, nos comprometemos a no iniciar ni continuar acciones legales por los actos anteriores al 1 de julio de 2009 que se deriven del presente conﬂicto, por un periodo de seis meses. El incumplimiento de cualquiera de los compromisos contenidos en este Acuerdo, comprobado y declarado por la Comisión de Veriﬁcación a la que se reﬁere el punto 7, anulará los efectos de esta moratoria para el trasgresor o los trasgresores.
3. Sobre la renuncia a convocar a una asamblea na- cional constituyente o reformar la constitución en lo irreformable
Para lograr la reconciliación y fortalecer la demo- cracia, reiteramos nuestro respeto a la Constitución
y las leyes de nuestro país, absteniéndonos de hacer
llamamientos a la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, de modo directo o indi- recto, renunciando también a promover o apoyar cualquier consulta popular con el ﬁn de reformar la
Constitución para permitir la reelección presiden- cial, modiﬁcar la forma de Gobierno o contravenir cualquiera de los artículos irreformables de nuestra Carta Fundamental. En particular, no realizaremos declaraciones públi- cas ni ejerceremos algún tipo de inﬂuencia incon- sistente con los artículos 5, 239, 373 y 374 de la Constitución de la República de Honduras y recha- zaremos enérgicamente toda manifestación contra- ria al espíritu de dichos artículos y de la ley especial que regula el referéndum y el plebiscito.
Para lograr la reconciliación y fortalecer la demo- cracia, instamos al Tribunal Supremo Electoral para que considere el adelantamiento de las eleccio- nes nacionales convocadas para el 29 de noviembre de 2009, al 28 de octubre de 2009; y el consecuente adelanto de la campaña electoral del 1 de septiem- bre de 2009, al 1 de agosto de 2009. Reiteramos que, de conformidad con los artículos 44 y 51 de la Constitución de la República de Honduras, el voto es universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto, y corresponde al Tribunal Supremo Electoral, con plena autonomía e independencia, supervisar y ejecutar todo lo relacionado con los ac- tos y procesos electorales. Asimismo, realizamos un llamado al pueblo hon- dureño para que participe pacíﬁcamente en las próximas elecciones generales y evite todo tipo de manifestaciones que se opongan a las elecciones o a su resultado, o promuevan la insurrección, la con- ducta antijurídica, la desobediencia civil u otros actos que pudieren producir confrontaciones violen- tas o transgresiones a la ley. Con el ﬁn de demostrar la transparencia y legitimi- dad del proceso electoral, instamos al Tribunal Su- premo Electoral a que autorice y acredite la presencia de misiones internacionales desde ahora y hasta la de- claratoria del resultado de las elecciones generales, así como durante el traspaso de Poderes que tendrá lugar, conforme con el artículo 237 de la Constitución de la República de Honduras, el 27 de enero de 2010.
Para lograr la reconciliación y fortalecer la demo- cracia, ratiﬁcamos nuestra voluntad de acatar en
todos sus extremos el artículo 272 de la Constitu- ción de la República de Honduras, conforme con el cual las Fuerzas Armadas quedan a disposición del Tribunal Supremo Electoral desde un mes antes de las elecciones generales, a efectos de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transpor- te y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso. Reaﬁrmamos el carácter profesional, apolítico, obediente y no de- liberante de las Fuerzas Armadas hondureñas. De igual forma, reconocemos la profesionalidad de la Policía Nacional, cuya rotación deberá sujetarse es- trictamente a lo que prescribe su legislación especial.
6. Sobre el retorno de los Poderes del Estado a su inte- gración previa al 28 de junio
Para lograr la reconciliación y fortalecer la demo- cracia, solicitamos al Congreso Nacional que, a efectos de recuperar la integración y legítima con- formación de los Poderes constituidos al 28 de junio de 2009, en lo procedente retrotraiga la situación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo Electoral a su estado previo al 28 de junio, por haber sido conformados según los artículos 202, 205, numerales 9 y 11, y 236 de la Constitución de la República de Hondu- ras. Lo anterior implica el retorno de José Manuel Zelaya Rosales a la presidencia de la república hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010.
7. Sobre la Comisión de Veriﬁcación y la Comisión de la Verdad
Para lograr la reconciliación y fortalecer la demo- cracia, disponemos la creación de una Comisión de Veriﬁcación de los compromisos asumidos en este Acuerdo y los que de él se deriven, presidida por la Organización de Estados Americanos (OEA) y las personas que esta considere idóneas entre las ﬁgu- ras nacionales e internacionales. La Comisión de Veriﬁcación será la encargada de dar fe del estricto cumplimiento de todos los puntos de este Acuerdo y recibirá para ello la plena cooperación de las insti- tuciones públicas hondureñas. Con el ﬁn de esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009, se creará también una Comisión de la Verdad que identiﬁque los actos que condujeron a la situación actual y proporcione
al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro. El trabajo de la Comisión de la Verdad será fundamental en la recu- peración de la conﬁanza del pueblo hondureño en su Constitución y en su Gobierno. Para asegurar la imparcialidad en la ejecución de esta tarea, designa- mos como conductor de la Comisión de la Verdad al Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
8. Sobre la normalización de las relaciones de la Repú- blica de Honduras con la comunidad internacional
Al comprometernos a cumplir ﬁelmente los compro- misos asumidos en el presente Acuerdo, solicitamos respetuosamente la inmediata revocatoria de aque- llas medidas o sanciones adoptadas a nivel bilate- ral o multilateral que de alguna manera afectan la reinserción y participación plena de la Repúbli- ca de Honduras en la comunidad internacional y su acceso a todas las formas de cooperación. Hacemos un llamado a la comunidad internacio- nal para que reactive lo antes posible los proyectos vigentes de cooperación con la República de Hondu- ras y continúe con la negociación de los futuros. En particular, instamos a que, a solicitud de las auto- ridades competentes, se haga efectiva la cooperación internacional que resulte necesaria y oportuna para que la Comisión de Veriﬁcación y la Comisión de la Verdad aseguren el ﬁel cumplimiento y seguimiento de los compromisos adquiridos en este Acuerdo.
Todos los compromisos asumidos cobran formal y total vigencia desde el momento mismo de su sus- cripción.
10. Disposiciones ﬁnales
Toda diferencia de interpretación o aplicación del presente Acuerdo será sometida a la Comisión de
Veriﬁcación, la que determinará, en apego a lo dis- puesto en la Constitución de la República de Hon- duras y en la legislación vigente, y mediante una interpretación auténtica del presente Acuerdo, la solución que corresponda. Tomando en cuenta que
el presente Acuerdo es producto del entendimiento
y la fraternidad entre hondureños, solicitamos ve- hementemente a la comunidad internacional que
respete la soberanía de la República de Honduras
y observe plenamente el principio consagrado en la Carta de las Naciones Unidas de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados.
Dada la entrada en vigencia inmediata de este Acuerdo a partir de su fecha de suscripción, y con
el ﬁn de clariﬁcar los tiempos de cumplimiento y
de seguimiento de los compromisos adquiridos para alcanzar la reconciliación nacional, convenimos el siguiente calendario de cumplimiento:
1. Suscripción y entrada en vigencia del Acuerdo de San José
José para hacer el respectivo análisis: “Entonces habrá un pronunciamiento deﬁnitivo; aunque, el retorno de José Manuel Zelaya no está en discusión”, expresó el canciller Carlos López Contreras. Este también ma- nifestó que: “Es inconcebible e inaceptable pretender que Manuel Zelaya vuelva al poder en Honduras”. 5 Entre el primer proceso de negociación para res- taurar la democracia en Honduras, iniciado por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza,
y el segundo protagonizado por el expresidente de
Costa Rica, Óscar Arias, vemos como el cambio de actores obedece a la inﬂuencia y poder de mediar que pierde la OEA debido a su participación en el pro- ceso de la encuesta popular, por medio de la misión de acompañamiento, y a la postura asumida por la OEA que no daba margen de negociación. Es en este panorama, donde surge la mediación del expresiden- te de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar
Arias. 6 Siendo maniﬁesto el respaldo hacia su media-
ción de los Estados Unido de América. 7
Frente a la no resolución del conﬂicto con este
Conformación de la Comisión de Veriﬁcación
Acuerdo, las negociaciones continuaron. Es así como
30 de octubre de 2009 se ﬁrmó el acuerdo deno-
minado Diálogo Guaymuras, Acuerdo Tegucigalpa/
Conformación del Gobierno de Unión y de
San José 8 , que fue negociado por las dos partes en
conﬂicto que representaron al expresidente Manuel
Conformación de la Comisión de la Verdad
Zelaya Rosales y al señor Roberto Micheletti Baín.
Las comisiones negociadoras estuvieron integra- das de la siguiente manera: por parte del expresiden-
Celebración del traspaso de Gobierno
José Manuel Zelaya Rosales estuvo Víctor Meza,
El Acuerdo San José, liderado por el presidente Óscar Arias, no tuvo los resultados esperados, funda- mentalmente porque no se logra el punto del acuer- do referente a la restitución del presidente Zelaya a la presidencia; por su parte, Roberto Micheletti ase- gura que José Manuel Zelaya no volverá a ocupar el poder en Honduras: “Bajo ninguna circunstancia y que si regresa al país deberá enfrentarse a la justicia”. 3 La jefa de la delegación de José Manuel Zelaya, abogada Rixi Moncada, determina dar por fracasado el diálogo con el mandatario costarricense al expresar que: “Para nosotros, el acuerdo propuesto en este mo- mento, como Acuerdo de San José, ha fracasado por la intransigencia del régimen militar golpista”. 4 Sin embargo, la delegación de Micheletti indicó que ana- lizarían el borrador y aseguraron que contestarían la propuesta de Arias cuando llegase la delegación de San
Véase cronología del Acuerdo Tegucigalpa en el to mo II de la CVR.
Véase cronología en el tom o II de la CVR (22 de julio de 2009).
Mayra Mejía y Rodil Rivera, este último sustituyó
a Juan Barahona; 9 por parte de Roberto Micheletti integraron la comisión negociadora Arturo Corrales, Vilma Morales y Armando Aguilar Cruz. 10
5 Véase cronología en el to mo II de la CVR (julio de 2009).
6 “El presidente José Manuel Zelaya se reúne con la secretaria de Estado, Hillar y Clinton, en Washington, para conversar sobre la situación política en Honduras y el proceso de m ediación en Costa Rica que conllevará a su res- tauración. Ver: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/53592-NN/ zelaya-llega-a-washington-para-su-encuentro-con-clinton/
7 “La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillar y Clinton, anuncia que el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, mediará para resolver la crisis política desatada en Honduras. El anuncio lo hizo tras reunirse con el presidente José Manuel Zelaya en Washington. Sostuvo que: “en Honduras necesitan un m e- diador, y nosotros apoya m os al presidente Arias de Costa Rica”. Ver en: http://
www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20090708/53739853479/para-
zelaya-la- mediacion-de-oscar-arias-es-la-salida-de-los-golpistas.htm l
8 Véase la cronología del Acuerdo Tegucigalpa/San José en el tom o II de la CVR.
9 Juan Barahonarahona sese retiróretiró dede lala delegacióndelegación elel 1313 dede octubreoctubre alal nono con-con- siderarse com o punto del acuerdo el referido a la renuncia de una asam blea nacional constituyente. 10 Véase anexo 2, donde se detallan los diferentes negociadores de am- bas partes desde el inicio del Acuerdo Tegucigalpa/San José, hasta la inte- gración de la Co m isión de Verificación y la Co misión de la Verdad y la Rec- onciliación (CVR).
Los puntos de este Acuerdo fueron los siguien-
3. Sobre las elecciones generales y el traspaso de Go-
bierno Para lograr la reconciliación y fortalecer la demo-
Sobre el Gobierno de unidad y reconciliación na- cional
Para lograr la reconciliación y fortalecer la demo- cracia, conformaremos un Gobierno de unidad y
cracia, reiteramos que, de conformidad con los ar- tículos 44 y 51 de la Constitución de la Repúbli- ca de Honduras, el voto es universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto, y corresponde al Tribunal Supremo Electoral, con plena autonomía
reconciliación nacional integrado por representan-
independencia, supervisar y ejecutar todo lo rela-
tes de los diversos partidos políticos y organizaciones sociales, reconocidos por su capacidad, honorabili- dad, idoneidad y voluntad para dialogar, quienes ocuparán las distintas secretarías y subsecretarías, así como otras dependencias del Estado, de confor- midad con el artículo 246 y siguientes de la Consti- tución de la República de Honduras. En vista de que con antelación al 28 de junio el Poder Ejecutivo no había remitido a consideración del Congreso Nacional el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos, de conformidad con lo establecido en el artículo 205, inciso 32, de la Constitución de la República de Honduras, este Go- bierno de unidad y reconciliación nacional respeta- rá y funcionará sobre la base del presupuesto general recientemente aprobado por el Congreso Nacional para el ejercicio ﬁscal 2009.
cionado con los actos y procesos electorales. Asimismo, realizamos un llamado al pueblo hon- dureño para que participe pacíﬁcamente en las próximas elecciones generales y evite todo tipo de manifestaciones que se opongan a las elecciones o a su resultado, o promuevan la insurrección, la con- ducta antijurídica, la desobediencia civil u otros actos que pudieren producir confrontaciones violen- tas o transgresiones a la ley. Con el ﬁn de demostrar la transparencia y legiti- midad del proceso electoral, instamos al Tribunal Supremo Electoral a que autorice y acredite la pre- sencia de misiones internacionales desde ahora y hasta la declaratoria del resultado de las elecciones generales, así como durante el traspaso de poderes que tendrá lugar, conforme con el artículo 237 de la Constitución de la República de Honduras, el 27 de enero de 2010.
Sobre la renuncia a convocar a una asamblea na- cional constituyente o reformar la Constitución en lo irreformable
Para lograr la reconciliación y fortalecer la democra- cia, reiteramos nuestro respeto a la Constitución y las leyes de nuestro país, absteniéndonos de hacer llama- mientos a la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, de modo directo o indirecto, y renun- ciando también a promover o apoyar cualquier con- sulta popular con el ﬁn de reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial, modiﬁcar la forma de Gobierno o contravenir cualquiera de los ar- tículos irreformables de nuestra Carta Fundamental. En particular, no realizaremos declaraciones públi- cas ni ejerceremos algún tipo de inﬂuencia incon- sistente con los artículos 5, 239, 373 y 374 de la Constitución de la República de Honduras y recha- zaremos enérgicamente toda manifestación contra- ria al espíritu de dichos artículos y de la ley especial que regula el referéndum y el plebiscito.
Para lograr la reconciliación y fortalecer la demo- cracia, ratiﬁcamos nuestra voluntad de acatar en todos sus extremos el artículo 272 de la Constitu- ción de la República de Honduras, conforme con el cual las Fuerzas Armadas quedan a disposición del Tribunal Supremo Electoral desde un mes antes de las elecciones generales, a efectos de garantizar
el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transpor-
te y vigilancia de los materiales electorales y demás
aspectos de la seguridad del proceso. Reaﬁrmamos el carácter profesional, apolítico, obediente y no de- liberante de las Fuerzas Armadas hondureñas. De
igual forma, coincidimos en que la Policía Nacio- nal deberá sujetarse estrictamente a lo que prescribe su legislación especial.
Para lograr la reconciliación y fortalecer la demo- cracia, en el espíritu de los temas de la propuesta del Acuerdo de San José, ambas comisiones negocia- doras hemos decidido, respetuosamente, que el Con- greso Nacional, como una expresión institucional de la soberanía popular, en uso de sus facultades, en consulta con las instancias que considere pertinentes como la Corte Suprema de Justicia y conforme a ley, resuelva en lo procedente en respecto a “retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010”. La deci- sión que adopte el Congreso Nacional deberá sentar las bases para alcanzar la paz social, la tranquili- dad política y gobernabilidad democrática que la sociedad demanda y el país necesita”.
6. Sobre la Comisión de Veriﬁcación y la Comisión de la Verdad
Para lograr la reconciliación y fortalecer la demo- cracia, disponemos la creación de una Comisión de Veriﬁcación de los compromisos asumidos en este Acuerdo, y los que de él se deriven, coordinada por la Organización de Estados Americanos (OEA). Dicha Comisión estará integrada por dos miembros de la comunidad internacional y dos miembros de la comunidad nacional, estos últimos serán escogi- dos uno por cada una de las partes. La Comisión de Veriﬁcación será la encargada de dar fe del estricto cumplimiento de todos los puntos de este Acuerdo y recibirá para ello la plena coope- ración de las instituciones públicas hondureñas. El incumplimiento de cualquiera de los compromi- sos contenidos en este Acuerdo, comprobado y decla- rado por la Comisión de Veriﬁcación, producirá la activación de medidas que establecerá la Comisión para el transgresor o los transgresores. Con el ﬁn de esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009, se creará también una Comisión de la Verdad que identiﬁque los actos que condujeron a la situación actual y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro. Esta Comisión de Diálogo recomienda que el próxi- mo Gobierno, en el marco de un consenso nacional, constituya dicha Comisión de la Verdad en el pri- mer semestre del año 2010.
7. Sobre la normalización de las relaciones de la Repú- blica de Honduras con la comunidad internacional
Al comprometernos a cumplir ﬁelmente los compro- misos asumidos en el presente Acuerdo, solicitamos respetuosamente la inmediata revocatoria de aque-
llas medidas o sanciones adoptadas a nivel bilateral
o multilateral, que de alguna manera afectan la
reinserción y participación plena de la República de Honduras en la comunidad internacional y su acceso a todas las formas de cooperación. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que reactive lo antes posible los proyectos vigen- tes de cooperación con la República de Honduras y continúe con la negociación de los futuros. En parti- cular, instamos a que, a solicitud de las autoridades competentes, se haga efectiva la cooperación interna- cional que resulte necesaria y oportuna para que la Comisión de Veriﬁcación y la futura Comisión de la Verdad aseguren el ﬁel cumplimiento y seguimiento de los compromisos adquiridos en este Acuerdo.
8. Disposiciones ﬁnales
Toda diferencia de interpretación o aplicación del presente Acuerdo será sometida a la Comisión de Veriﬁcación, la que determinará, en apego a lo dis- puesto en la Constitución de la República de Hon- duras y en la legislación vigente, y mediante una interpretación auténtica del presente Acuerdo, la solución que corresponda. Tomando en cuenta que el presente Acuerdo es producto del entendimiento y la fraternidad entre hondureños y hondureñas, solicitamos vehemente- mente a la comunidad internacional que respete la soberanía de la República de Honduras y observe plenamente el principio consagrado en la Carta de las Naciones Unidas de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados.
Dada la entrada en vigencia inmediata de este
Acuerdo a partir de su fecha de suscripción, y con
2 de noviembre de 2009 1. Conformación de la Comisión de Veriﬁcación. A partir de la suscripción del presente Acuerdo y a más tardar el 5 de noviembre
1. Conformación e instalación del Gobierno de
unidad y reconciliación nacional
1. Celebración del traspaso de Gobierno
1. Conformación de la Comisión de la Verdad
Es así como a partir de dicho Acuerdo se crea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, tal como queda planteado en el punto sexto del mismo. Cabe decir que por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) participaron en el proceso de ne- gociaciones y apoyo técnico: John Biel, nombrado por el secretario general José Miguel Insulza, Víctor Rico y Claudia Barrientos; por parte de los Estados Unidos de América hubo un seguimiento cercano de Thomas Shanon, Craig Kelly y el mismo embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens. La Comisión de Veriﬁcación fue establecida en el punto sexto del Diálogo Guaymuras y fueron nom- brados como miembros el expresidente de Chile, Ri- cardo Lagos y la secretaria de Trabajo de la adminis- tración Obama, señora Hilda Solís; completándola el ingeniero Arturo Corrales por el señor Roberto Micheletti y el abogado Jorge Arturo Reina por el señor José Manuel Zelaya. La Comisión tiene como función dar seguimiento al cumplimiento de todos los Acuerdos y cuenta con su propio reglamento in- terno. El Acuerdo señala que: “La Comisión de Veriﬁ- cación será la encargada de dar fe del estricto cum- plimiento de todos los puntos de este Acuerdo y recibirá para ello la plena cooperación de las institu- ciones públicas hondureñas. El incumplimiento de cualquiera de los compromisos contenidos en este Acuerdo, comprobado y declarado por la Comisión de Veriﬁcación, producirá la activación de medidas
que establecerá la Comisión para el transgresor o los transgresores. Con el ﬁn de esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009, se creará también una Comisión de la Verdad que identiﬁque los actos que condujeron a la situación actual y proporcione al pueblo de Honduras ele- mentos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro. Esta Comisión de Diálogo recomienda que el próximo Gobierno, en el marco de un consenso nacional, constituya dicha Comisión de la Verdad en el primer semestre del año 2010”. En el marco del punto sexto del Diálogo Gua- ymuras, Acuerdo Tegucigalpa/San José para la Re- conciliación Nacional y el Fortalecimiento de la De- mocracia en Honduras, el presidente de la república, Porﬁrio Lobo Sosa, haciendo uso de la facultad con- ferida en el artículo 245, numeral 11, de la Consti- tución de la república, en consejo de ministros con fecha trece (13) de abril de dos mil diez (2010), crea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), mediante el decreto ejecutivo PCM-011-2009 pu- blicado en el Diario Oﬁcial La Gaceta No. 32,200 del treinta (30) de abril de dos mil diez (2010). Posteriormente, con la aprobación del decreto ejecutivo No. 001-2010, del cuatro (4) de mayo de dos mil diez (2010) y publicado en el Diario Oﬁcial La Gaceta No. 32,211 del 14 de mayo del mismo año, se instala formalmente la CVR y se nombran como comisionados internacionales a Eduardo Stein Barillas, Michael Kergin, María Amabilia Zavala Valladares; Julieta Castellanos Ruiz y Jorge Omar Casco Zelaya, como comisionados nacionales, 11 y Sergio A. Membreño Cedillo como su secretario ejecutivo. Consecuentemente y derivado de lo antes es- bozado, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y el expresidente Manuel Zelaya desconoce- rán el Acuerdo Tegucigalpa/San José y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Su argu- mento fue que la CVR fue conformada unilateral- mente por el Gobierno del presidente Porﬁrio Lobo Sosa, el cual es una extensión del golpe de Estado del 28 junio y en la que no se incluyen representantes de las víctimas de violaciones a derechos humanos. La CVR cumple con los parámetros internacio- nales en cuanto a la organización, alcance, metodo- logía y fundamentos.
11 Véase perfil biográfico de los comisionados en: http://www.cvr.hn/
ho m e/la-co m ision/perfiles/.
Fundamento y mandato de la Comisión de la Ver- dad y la Reconciliación
El decreto ejecutivo dota a la CVR de indepen- dencia funcional, administrativa, técnica y ﬁnancie- ra. Establece que, en el ejercicio de su independen- cia, no estará bajo la inﬂuencia de ningún ente gu- bernamental ni privado dentro o fuera de Honduras, grupos de presión o interés ni de ningún Gobierno, organización u organismo internacional. Además, faculta a la CVR para emitir su reglamento interno, plan de trabajo y lineamientos. El decreto dispone el acto de juramentación de los cinco (5) comisionados que la integran, como la fecha de inicio de funciones de la CVR, establecien- do como mínimo el período de 8 meses de funciona- miento. Al respecto, la Oﬁcina del Alto Comisiona- do de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostiene que: “Las comisiones de la verdad son ór- ganos de investigación oﬁcialmente autorizados, de carácter temporal y no judicial, que disponen de un plazo relativamente corto para tomar declaraciones, realizar investigaciones y estudios, y celebrar audien- cias públicas, antes de ultimar su labor con la publi- cación de un informe”. En ese contexto, la CVR se creó como resultado del punto 6 del Acuerdo Tegucigalpa/San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras (Diálogo Guaymuras) ﬁrmado el 30 de octubre de 2009. Los estándares internacionales de comisiones de la verdad, creados por el oﬁcial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos son: proceso de consulta, mandato, selección de los miembros de la comisión, periodo preparatorio, dotación de perso- nal. Así, la CVR de Honduras cumple cabalmente con los estándares internacional deﬁnidos por Na- ciones Unidas. Para el cumplimiento de su mandato, la Co- misión tiene acceso irrestricto a la información de los entes públicos centralizados, descentralizados o desconcentrados del Poder Ejecutivo y está faculta- da para solicitar entrevistas a las personas que estime conveniente para sus funciones de esclarecimiento. En el marco de la complementariedad de los Poderes del Estado, la Comisión puede solicitar por conduc- to de los titulares de los Poderes Legislativo y Judi- cial que coadyuven a las tareas y cumplimiento de sus atribuciones, así como que atiendan sus requeri- mientos de información.
En el ámbito internacional, la Comisión de la Verdad sustenta sus actuaciones en el derecho a la verdad, derecho que, aunque no es reconocido ex- presamente a través de una convención u otro instru- mento internacional, se ha ido construyendo por me- dio de resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancias que a lo largo de los años han ido transformando y enriqueciendo este concepto hasta llegar a establecer que el derecho a la verdad es:
“Un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos y un derecho particular para los familiares de las víctimas…”. 12 La Comisión igualmente declaró que: “…Toda sociedad tiene el derecho inalienable de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y cir- cunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a ﬁn de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro…”; 13 resoluciones y sentencias que se sustentan en los artículos 1, 8, 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Huma- nos. 14 La Comisión de la Verdad y la Reconciliación también se fundamente en la justicia transicional. Desde su ﬁnalidad, podemos decir que la justicia transicional “…Abarca toda la variedad de proce- sos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a ﬁn de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación”. 15 Se entiende, en- tonces, que los mecanismos de la justicia transicional abordan la herencia de violaciones a los derechos hu- manos y al derecho internacional humanitario du- rante la transición de una sociedad que se recupera de un conﬂicto o un régimen autoritario. Ese abordaje tiene características puntuales, en
12 CIDH. Caso 10.480, Infor me No. 1/99, El Salvador, Lucio Parada Cea, Héc- tor Joaquín Miranda Marroquín, Fausto García Funes, Andrés Hernández Car- pio, José Catalino Meléndez y Carlos Antonio Martínez, 27 de enero de 1999.
13 CIDH. Casos 11.505, 11.532, 11.541, 11.546, 11.549, 11.569, 11.572, 11.573, 11.583, 11.595, 11.657 y 11.705, Infor me No. 25/98, Chile, Alfonso René Chanfeau Orac ye y otros, 7 de abril de 1998.
14 Ver ta mbién Caso 10.580, Infor me No. 10/95, Ecuador, Manuel Bolaños, 12 de septie mbre de 1995; Caso 10.488, Infor m e No. 136/99, El Salvador, Ig- nacio Ellacuría y otros, 22 de dicie mbre de 1999; y, Caso 11.481, Infor me No. 37/00, El Salvador, m onseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdá mez, 13 de abril de 2000, entre otros.
15 SGNU (2004). El Estado de derecho y la justicia de transición en las so- ciedades que sufren o han sufrido conflictos. Infor me del secretario general al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 3 de agosto de 2004, in. doc S/2004/616. pág.6
tanto que los arreglos, judiciales o no, que se dan
a sí mismas las sociedades en transición a la demo-
cracia, se establecen para garantizar la moralidad de su vuelta o su avance a la normalidad. 16 El cumpli- miento del criterio de moralidad se materializa en la
garantía, frente a las violaciones graves a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, de
la protección de los derechos fundamentales y de los
principios básicos de la justicia transicional: la justi- cia, la verdad y la reparación. En resumen, el mandato de la Comisión consiste en esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009 en Honduras, a ﬁn de identiﬁcar los actos que condujeron a la situación de la crisis y proporcionar al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro. En ese sentido, el mandato principal de la CVR se establece en tres aspectos claramente interrelacionados:
Esclarecer los hechos ocurridos antes y des- pués del 28 de junio del año 2009. Identiﬁcar los actos que condujeron a la si- tuación de crisis. Proponer elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro.
Proponer un marco ético de la verdad y la recon- ciliación es una tarea diferente a investigar lo sucedi- do. No consiste en descubrir la verdad sobre lo acon- tecido o identiﬁcar contextos que explican lo que ocurrió, sino que hace referencia a normas y princi- pios morales para enjuiciar y formular propuestas de reconciliación. El enjuiciamiento ético presupone la investigación sobre la verdad de los hechos. Los hechos a ser enjuiciados deben interpretarse como partes de un proceso general y complejo, político, económico, social y cultural, y no como hechos aislados. Las versiones de las partes interesadas sobre los hechos tienen por lo general una carga ideológica que se orienta a justiﬁcarlos o a condenarlos a priori. Lo ideológico siempre deﬁende intereses; en consecuen- cia, un desafío metodológico es evitar las valoraciones interesadas que deforman el enjuiciamiento moral. El enjuiciamiento ético, como la reconciliación, se construye sobre la base de la verdad. Si los hechos
16 Valencia Villa, H. (2003) Diccionario de Derechos Hum anos. Madrid: Espasa.
no se aclaran, las posibilidades de valoración mo- ral, así como de sanación de heridas y acercamiento genuino entre partes en conﬂicto son limitadas. La verdad se constituye, entonces, en una condición para la actuación moralmente correcta y para que el enfrentamiento entre las partes ceda el paso al reen- cuentro de la nación consigo misma.
La verdad está referida a hechos. Consiste en aﬁr- maciones que describen y explican hechos a partir de todas las evidencias disponibles sobre los mismos. El descubrimiento de la verdad permite precisar la exis-
tencia de los hechos, el tiempo, el lugar y la forma en que acontecieron, las personas involucradas o parti- cipantes en los mismos y la relación entre distintos hechos. La verdad es objetiva, es decir, presenta eviden- cias de los hechos, de su existencia y del modo como ocurrieron. Es racional, se descubre y se explica con los métodos de la razón. Es única cuando sobre un hecho no hay dos o más verdades, aunque en acontecimientos sociopo- líticos, y más aún en asuntos conﬂictivos, sí puede existir sobre el mismo hecho más de una versión, pero apoyadas en evidencias parciales. También so- bre determinados hechos existen opiniones que sue- len corresponder a las partes interesadas y que con frecuencia surgen para justiﬁcar actuaciones, ocul- tando o deformando la verdad. En tales condiciones, descubrir la verdad sobre los hechos a partir de varias versiones y distintas opiniones es un trabajo com- plejo y no siempre logrado, pues suele suceder que con las evidencias con que se cuenta no siempre se puede establecer plenamente la verdad sobre uno o varios hechos. Ahora es importante preguntarse: ¿en qué con- siste la verdad en contextos de conﬂicto político, so- cial y violaciones a derechos humanos? La verdad en tales contextos está referida a hechos de dos tipos:
violación a derechos humanos y hechos relacionados con el ejercicio del poder político y con el respeto
o violación de normas jurídicas. La búsqueda de la
verdad sobre estos dos tipos de hechos consiste en es- tablecer si los hechos presuntos realmente ocurrieron
y de qué manera sucedieron. En tal sentido, una verdad corresponde a un he- cho probado. La verdad —en singular— respecto al conﬂicto político social en el cual han ocurrido vio-
laciones a derechos humanos es una forma de referir- se a muchos plurales. Hace referencia a las verdades sobre un gran número de hechos de distinto tipo que han ocurrido y que elevan considerablemente el ni- vel de complejidad de la realidad, en este caso, de los sucesos de antes y después del 28 de junio de 2009. En vista de tal complejidad, es imposible que se pueda establecer la comprobación de todo lo acon- tecido, por lo cual es razonable aﬁrmar que no hay una verdad que haga referencia a todos los hechos que constituyen o forman parte del proceso conﬂic- tivo analizado. Las verdades son siempre limitadas y cuando se reﬁeren a procesos complejos y conﬂic- tivos, su mayor o menor limitación está en relación directa con el mayor o menor número de hechos que hayan sido aclarados. Ha sido importante en este proceso de búsqueda de la verdad no confundir entre la verdad y la opi- nión con respecto a hechos controversiales. La opi- nión de una parte interesada tiende a ser presentada por esta como la verdad, alegando con vehemencia que su versión de los hechos es tal y apelando a todos los recursos a su alcance para intentar convencer que se trata de la verdad y no de una opinión. En las opiniones hay creencias no plenamente demostradas acerca del por qué, el cómo y las con- secuencias de determinados procesos, especialmente sociales, sobre la base de identidades, simpatías, pre- juicios o intereses. Por ello una opinión es siempre tendenciosa o interesada, pretende ser aceptada y con ello conferir razón a una parte o a una posición en un asunto controversial. Una opinión trata de jus- tiﬁcar acciones o posiciones, más que explicarlas con rigor. Sus explicaciones están orientadas a justiﬁcar determinadas actitudes, posiciones o acontecimien- tos, pretendiendo que dichas explicaciones suplan- ten la verdad y el conocimiento en el pensamiento de las personas. Asimismo, en la búsqueda de aceptación de las opiniones interesadas, para que sean consideradas verdades, también se apela a la credibilidad que pudieran tener personas socialmente respetadas y que las hacen suyas. En este sentido, las opiniones frecuentemente usan la falacia conocida como “ad baculum” o apelación a la autoridad social, políti- ca, económica o religiosa para pretender imponerse sutilmente en la conciencia de las personas. En ese sentido se pretende hacer creer que una aﬁrmación es cierta porque la aﬁrma alguien investido de alguna forma de autoridad, poder o prestigio.
Otro recurso para lograr la aceptación de una opinión interesada es la apelación al escepticismo, argumentando que el conocimiento verdadero no existe, que todo es cuestión de opiniones y que una opinión es tan buena como la otra. Se llega a seña- lar que las opiniones son subjetivas o relativas y que todo es cuestión de gusto. El debate y la controversia sobre asuntos públi- cos y temas conﬂictivos suele suceder a nivel de la opinión; o sea, a la confrontación de opiniones. Lo cual lleva a creer que los acuerdos entre personas o grupos sobre temas controversiales se logran hacien- do converger las opiniones diversas. Sin embargo, en temas tan complejos y decisivos como la reconciliación de una sociedad escindida, es la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos una base muchísimo más consistente que el bucear en los oscuros mares de las opiniones. La aspiración racional y social es superar el reino de la opinión interesada, mediante la verdad y el conoci- miento. El ir más allá de las opiniones o versiones in- teresadas en justiﬁcar lo que se hizo, lo que no se hizo o lo que se está haciendo, ha sido uno de los grandes desafíos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, dado que estamos obligados a ganar dimensión racional y objetiva y a dar cuenta de la realidad sin deformarla, deduciendo de los hechos lo que de ellos puede inferirse, sin hacer concesiones a favor de alguna parte interesada. Esto lleva a rebasar la propaganda disfrazada de verdad, viendo más allá de lo trivial y de lo que algunos quieren hacer ver, ya que se necesita esclarecer lo decisivo de lo que ha sucedido, diferenciándolo de las apariencias siempre justiﬁcadoras como medio para superar parcializa- ciones y polarizaciones, induciéndonos a la verdad. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación no descubre una verdad total, única o unilateral, sino que precisa el grado de verdad o falsedad de múlti- ples informaciones sometidas a su conocimiento que están relacionadas con violaciones a derechos huma- nos y con sucesos políticos. Frente a denuncias de violación a derechos hu- manos es responsabilidad de la Comisión esclarecer cómo sucedió cada hecho denunciado, pronunciar- se si constituye o no una violación a los derechos humanos e identiﬁcar a los posibles imputados o responsables. Al reconocer la veracidad de hechos violatorios a derechos humanos, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación inició la investigación de
tales hechos, pero no es su responsabilidad concluir las investigaciones. Frente a los hechos políticos, la tarea de la Co- misión de la Verdad y la Reconciliación ha sido la
de esclarecer el grado de legalidad o ilegalidad de las acciones políticas ejecutadas. Esta es una tarea aún más controversial, en la cual las posiciones enfrenta- das reclaman, cada una, estar en posesión de la ver- dad y tener el suﬁciente fundamento jurídico para actuar. El aproximarse a la verdad política-jurídica ha permitido despejar las dudas acerca de asuntos en los que hay posiciones fuertemente enfrentadas:
¿era legal la abortada consulta sobre la cuarta urna?, ¿se estaba siguiendo el procedimiento correcto en la gestión de dicha consulta?, ¿fue golpe de Estado el acto mediante el cual se depuso al presidente Ma- nuel Zelaya?, ¿es procedente una asamblea nacional constituyente?, ¿cómo proceder ante actos adminis- trativos oscuros señalados tanto en el Gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales como en el perío- do que resultó del golpe de Estado? Un gran desafío en el proceso de esclarecimiento de la verdad y la reconciliación en Honduras es lo- grar que la vulnerable e incompleta democracia res- ponda con eﬁcacia a los daños humanos y políticos- jurídicos causados antes y después del 28 de junio de 2009, sin debilitar su régimen democrático o poner en riesgo sus perspectivas de desarrollo equitativo y de largo plazo, sin sacriﬁcar la justicia. El período de respuesta social e institucional a las violaciones de derechos humanos y a los daños
a la institucionalidad política-jurídica es un período
de transición entre una democracia que estaba con- solidándose y la reconstrucción de esa democracia. En tales condiciones, el sentido de justicia respecto a los daños humanos y políticos-jurídicos debe ser un criterio decisivo para la acción durante dicho perío- do. En consecuencia, el proceso que media entre el inicio y la superación de la crisis y que hará posible dicha superación, es un período de justicia transi- cional.
Reconciliar es lograr que la mayoría de personas
y sectores que constituyen la nación puedan superar
en sus mentes, en su moral, en sus prácticas cotidia- nas y en la vida colectiva, social, política y econó- mica, los traumas causados por la violación de dere- chos humanos y de las normas políticas y jurídicas,
y logren la interacción social y convivencia armónica
entre víctimas y perpetradores, y entre sectores que antes estuvieron enfrentados o polarizados. Hay reconciliación cuando la nación entera asu- me propósitos comunes y trabaja lealmente para lo-
grarlos. La palabra reconciliación suele ser inacepta- ble para las víctimas de violaciones a derechos hu- manos y delitos políticos, generando reacciones que pueden diﬁcultar el proceso; sin embargo, más allá del uso del término, se considera iniciado un proceso de reconciliación cuando existe un mínimo de co- existencia pacíﬁca y tolerancia entre sectores que han estado enfrentados o entre víctimas y victimarios, con crecientes niveles de cooperación entre dichos sectores. Los seres humanos en forma individual y las so- ciedades en actuación colectiva tienen la capacidad de perdonar a los ejecutores de acciones que les han causado graves daños. Entendemos el perdón como la superación de la animosidad y la suspensión de cargos morales y jurídicos otorgado por las víctimas de dichos actos, sus familiares y aﬁnes o la sociedad entera, contra quienes han ejecutado actos indebi- dos. En tal sentido, el perdón no es el olvido impune de las ofensas cometidas, es un punto de llegada y no uno de partida. El perdón así entendido es el re- sultado de procesos previos, entre los que destacan:
el reconocimiento de las acciones cometidas por una
y otra parte y por los perpetradores; su decisión de
no volver a cometer las mismas o similares acciones; la reparación del daño causado y el trabajo para que los hechos cometidos no vuelvan a suceder más. El perdón es un proceso que puede ser recíproco entre las partes involucradas. La sociedad hondureña necesita dialogar en pro- fundidad para lograr paz y decidir colectivamente el curso futuro de la nación; pero la sociedad en todos sus niveles y espacios geográﬁcos, pues no solo sus cúpulas deben dialogar. La paz que se debe construir mediante el diálogo no es paciﬁcación, entendida esta como supremacía de uno por exterminio del otro. Por esta vía únicamente se prolonga la vio- lencia. La paz se obtiene cuando los contendores re- nuncian a los medios violentos y adoptan otras vías que excluyen el uso de la fuerza para la solución de los conﬂictos. El proceso de reconciliación requiere de respon- sables en sus distintas partes y etapas. Para que pueda ejecutarse requiere institucionalidad y, a la vez, las instituciones de la reconciliación deben ser legítimas.
Para que dicha institucionalidad sea legítima debe ser creada mediante un esfuerzo compartido entre el Es- tado y los sectores sociales, lo cual implica que puede tener un carácter no estatal, sino mixto. Dicha insti- tución debe tener facultades de concertación y ejecu- ción. El principio moral decisivo para el buen funcio- namiento de dicha institución es la transparencia.
La reconciliación se erige fundada en la verdad. No
puede haber plena reconciliación al interior de una so-
ciedad si no se conoce, por parte de toda la población y especialmente de las víctimas y sus familiares, la infor- mación con respecto a los acontecimientos y procesos que generaron conﬂictos y heridas. El reconocimiento de los hechos sucedidos, por parte de las instituciones
y personas involucradas en los mismos, el relato ﬁde-
digno sobre cómo sucedieron tales hechos, los lugares
y fechas precisas y la identiﬁcación de los responsables,
son los contenidos esenciales de la verdad sobre la que es previsible erigir la reconciliación.
La historia reciente en países como Sudáfrica, Zimbabue y Guatemala, muestra una relación según la cual entre mayor y más contundente ha sido la verdad conocida y aceptada por los responsables de hechos abominables, más profunda y eﬁcaz ha sido la reconciliación. Conociendo la verdad, estando en posesión de
ella, es posible discernir sobre las acciones que se de- rivarán de la misma. Corresponde a las instituciones, organizaciones y personas que ostentan mayor legi- timidad social y autoridad moral, por su actitud du- rante el conﬂicto, orientar e interpretar el consenso de toda la sociedad, incluyendo el de las víctimas y de quienes han estado sin voz debido a prácticas de exclusión social. El consenso es el indicador fundamental del rumbo que debe seguirse a partir del conocimiento de la verdad. La formación del consenso, con respec- to a lo que debe hacerse a partir de la verdad, está a su vez orientado por lo que sea más adecuado y eﬁcaz para lograr la reconciliación.
A partir del conocimiento de la verdad, el ob-
jetivo próximo es avanzar en el proceso de cierre de heridas, sanación y reencuentro nacional. Todas las acciones por ejecutarse deben tener por ﬁnalidad aportar a la reducción de la polarización, a la supe- ración del enfrentamiento interno generado por el golpe de Estado y a asumir con responsabilidad el
destino colectivo derivado de la condición de na- ción, que no es común. Consecuentemente, aquellas acciones que van a mantener la polarización y el enfrentamiento deben ser dejadas de lado, aun cuando sean del interés o la conveniencia de un sector o de uno de los polos del conﬂicto. Renunciar a las prácticas o acciones que en lugar de reconciliar mantengan la confrontación y la crisis en la nación, es una responsabilidad moral de todos los sectores. Es aquí donde el proceso de reconciliación puede enfrentar diﬁcultades. Si los sectores polarizados o algunos de ellos no están dispuestos a la renuncia, quizás la reconciliación sea inalcanzable en la coyun- tura actual y el proceso demorará más de lo necesa- rio, con el consiguiente agravamiento de la crisis y perjuicio para la mayoría. La renuncia es un modo eﬁcaz de desmotar voluntariamente las estrategias encaminadas a pro- longar la supremacía de unos sobre otros, o las que buscan mantener un clima de convulsión social con propósitos de desestabilización. Por ello la reconci- liación pasa por la renuncia. En el marco de la renuncia al enfrentamiento y preeminencia de la reconciliación, a la luz de la ver- dad sobre los hechos que nos han polarizado, debe decidirse en la nación el curso de acción que nos re- sulte más saludable y de beneﬁcio para todos. Así, la verdad nos lleva a disyuntivas especíﬁcas en las que corresponde decidir sobre el castigo o el perdón, el enjuiciamiento o la amnistía: ¿qué es, a partir de la verdad, más adecuado para reconciliarnos? Encaminemos la racionalidad que nos orienta al análisis de un caso especíﬁco que es decisivo para cerrar heridas internas y superar el aislamiento in- ternacional al que nos condujo el golpe de Estado:
los dos juicios incoados después del golpe contra el expresidente Zelaya por suponerlo responsable de los delitos de fraude y falsiﬁcación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública y de la admi- nistración del Estado, seguidos de la situación de permanencia involuntaria del expresidente fuera del territorio nacional.
Objetivos del Informe y objeto de la investi- gación
De acuerdo con el mandato de la CVR y aten- diendo al marco ético y moral de la verdad y la re- conciliación, el objetivo general no es otro que el de:
“Esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009 a ﬁn de identiﬁcar los actos que
condujeron a la situación de la crisis y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”. Los ejes centrales de la investigación, tal como se indicó al inicio del fundamento jurídico del acuerdo de creación de la CVR, son tres:
Esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio del año 2009. Identiﬁcar los actos que condujeron a la situa- ción de crisis. Proponer elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro. El primer eje implica una identiﬁcación riguro- sa, completa, objetiva y puntual de los hechos que conducen a la crisis que se expresa el 28 de junio de 2009, los hechos más visibles y aquellos hechos aún no conocidos por la ciudadanía o manejados en cír- culos más restringidos es, sobre todo, una cronología
y análisis de los acontecimientos. El segundo eje requiere de la reconstrucción del
proceso de crisis, la inclusión de los Poderes del Esta- do y la totalidad de actores incluidos del Estado y la sociedad; esta es la visión integral, de corto y media- no plazo, que ha permitido a la CVR identiﬁcar los elementos desencadenantes de la crisis. El tercer eje es la parte propositiva, cuya base de sustentación descansará sobre lo que se aporte en los dos ejes anteriores y en el proceso de diálogo con to- dos los sectores de la sociedad hondureña, en una di- mensión local, departamental y ﬁnalmente nacional,
a ﬁn de proponer recomendaciones para que estos
hechos no se repitan. El objeto de la investigación son los hitos prin-
cipales de la crisis del 28 de junio que se enumeran
a. Proceso de adhesión al ALBA y suscripción del convenio con PETROCARIBE.
b. La crisis institucional (25 de enero de 2009) sobre el nombramiento de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia.
c. Debate sobre la legalidad o no del proyecto co- nocido como la “cuarta urna” y las acciones em- prendidas desde la institucionalidad para evitar que el mismo fuera consumado.
d. Destitución del general Romeo Vásquez Velás- quez, jefe del Estado Mayor Conjunto y renun- cia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana (24 de junio de 2009).
e. Acción consumada del presidente Zelaya de res- catar el material electoral de la Base Aérea, en compañía de los adherentes a la consulta (25 de junio de 2009).
f. Proceso de captura del presidente y su expulsión hacia Costa Rica el 28 de junio de 2009.