Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-220491962
Timestamp: 2019-10-18 23:17:50
Document Index: 305520414

Matched Legal Cases: ['artículo 125', 'artículo 209', 'artículo 62', 'artículo 7', 'artículo 804', 'artículo 12', 'Artículo 12']

Sentencia de Tutela nº 507/10 de Corte Constitucional, 17 de Junio de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 220491962
Sentencia de Tutela nº 507/10 de Corte Constitucional, 17 de Junio de 2010
Igualdad, trabajo, mínimo vital. La accionante, comenta que fue nombrada como profesora en provisionalidad desde septiembre de 2003, solicita su nombramiento en carrera administrativa como etnoeducadora, sin concurso ya que según la accionante en la sentencia c-208 de 2007 se declaró que al no existir una regulación específica para concursos en carrera de educadores indígenas, la normatividad aplicable es la ley 115 de 1994 y el decreto 804 de 1995 en los cuales no se establece ningún concurso, por lo tanto su nombramiento debe hacerse simplemente con el concepto previo de las autoridades indígenas. La sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre la temeridad para presentar acciones de tutela, se pronuncia sobre los concursos públicos de méritos, el concurso público en las comunidades indígenas, los funcionarios en provisionalidad, se concluye que la alcaldía accionada al no nombrarla en carrera administrativa con el argumento de que no existe concurso público para proveer los cargos, no vulnera sus derechos, y las presuntas afectaciones al derecho al trabajo y al mínimo vital son fruto de hipótesis de difícil concreción, y existe evidencia de que la accionante ha gozado de estabilidad laboral durante más de diez años, se determina que no procede el amparo constitucional en las circunstancias anotadas por la solicitante. Niega.
T-507-10 Sentencia T-507/10
Accionante: O.O.O.P..
Magistrados de la Sala Segunda de Revisión: M.G.C., J.C.H.P. y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Demanda y pretensión
La señora O.O.O.P. fundamenta su pretensión en los siguientes hechos y medios de prueba:
1.2.2. La demandante está vinculada al Instituto Educativo Cerro de Palma de Sincelejo- Sucre (zona rural). Inició su actividad laboral bajo una orden de prestación de servicios, desde el 16 de febrero de 2000, hasta el 30 de agosto de 2003. Posteriormente, fue nombrada como profesora en provisionalidad desde el 1º de septiembre del 2003, tomando posesión el 23 de septiembre del mismo año[2]. La institución en mención se encuentra certificada por el Ministerio de Educación Nacional dentro de la jurisdicción Indígena[3].
1.2.3. El Gobernador Indígena Zenú de Sucre certificó que la accionante y otras docentes, se encuentran inscritas en el censo poblacional comunitario de nuestra parcialidad, participando activamente dentro del mismo y conservando su integridad cultural y social; fueron seleccionadas como docentes ante la Asamblea General del Consejo de Mayores para que laboren en la Institución Educativa Técnico Agropecuario Cerrito de la Palma[4]. El objetivo de estos nombramientos es que las profesoras contribuyeran a atender los niños y jóvenes de la etnia Zenú.
1.2.6. Igualmente, argumenta que se han hecho varios nombramientos en carrera, lo cual viola su derecho a la igualdad. Señala que se encuentra exactamente en las mismas condiciones que los profesores nombrados y que, por tanto, no resulta comprensible que ante situaciones iguales se produzca un tratamiento desigual. Al respecto, sostiene que pasa el tiempo y los sucesivos nombramientos por fallos judiciales en las plazas indígenas[5]. Como ejemplos, ofrece el de H.A.G.P., quien fue nombrado[6] como docente en propiedad en lal Institución educativa C.N. de Sincelejo, dando Cumplimiento a la ley 115 de 1994 y al decreto 804 de 1995. SIN CONCURSO (SIC)[7] Así mismo, se han presentado los nombramientos de la docente M.C.M.G., con Acta de Posesión No 1960 quien es nombrada en propiedad sin concurso y se encuentra laborando en la Institución educativa Altos del Rosario () Mediante decreto 193 de 2000 en donde se nombra a diez docentes sin concurso y en el articulo 3 nombran en propiedad al docente O.R.M. quien es Rector del Centro educativo Rural de Buenavista (Sic)[8].
1.2.7. En palabras de la demandante, de continuar estos nombramientos de amigos de la administración y por cumplimiento de fallos judiciales, quedaré por fuera de la administración municipal y lógicamente sin trabajo para devengar el sustento de mi familia () además se verían suspendidos los estudios de mis hijos y lógicamente se afectará la estabilidad del núcleo familiar[9].
1.2.8. Señala, que su nombramiento debe darse sin concurso pues la Sentencia C-208/07 declaró que al no existir una regulación específica para concursos de carrera de educadores indígenas, las normas de los grupos indígenas serán las contenidas en la Ley General de Educación y sus respectivos decretos reglamentarios[10]. En consecuencia, la normatividad aplicable es la Ley 115 de 1994 y el Decreto 804 de 1995 en los cuales no se establece ningún concurso, de tal suerte, que los nombramientos de etnoeducadores deben hacerse simplemente con el concepto previo de las autoridades indígenas.
2.1. La señora O.O.P. se encuentra vinculada como docente en la Institución Educativa Cerrito de Palma.
2.2. Afirma, que no ha procedido a realizar el nombramiento de la demandante por cuanto no se ha realizado un concurso de meritos que le permita proveer los cargos docentes de manera definitiva. El concurso no se ha adelantado, por cuanto la normatividad vigente no precisa los términos en que debe hacerse el concurso de etnoeducadores indígenas. En consecuencia, la administración municipal no puede hacer un concurso de méritos, pero tampoco puede proveer los cargos de manera definitiva, por interpretar que la sentencia C-588/09 determinó que el establecimiento de la carrera administrativo como óptimo instrumento para la provisión de cargos públicos y, así mismo, el criterio de mérito y el concurso público que guían el sistema general de carrera, como también los sistemas especiales constitucionalmente establecidos y los específicos de creación constitucional. De tal suerte, que considera que no puede proveer los mencionados cargos sin un concurso de méritos.
2.3. Sostiene que los nombramientos de docentes de manera definitiva a los cuales se refiere la accionante han sido fruto de órdenes judiciales, y que la Alcaldía de Sincelejo, NUNCA ha nombrado en propiedad unilateralmente docentes etnoeducadores, sólo se harán cuando se efectué el respectivo concurso abierto de méritos [11] También afirma que existen muchos otros fallos judiciales en los cuales se han negado las peticiones de amparo.
Fallo objeto de la revisión: Sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo del veintiuno (21) de octubre de dos mil nueve (2009) que revoca un fallo del Juzgado Tercero Civil Municipal de Sincelejo del quince (15) de septiembre de dos mil nueve (2009).
El juez de instancia negó la protección por vía de tutela al considerar que para que se produzca el nombramiento solicitado debe darse en un concurso público de méritos y la accionante debe superarlo, ser nombrada en período de prueba y obtener una buena calificación. Adicionalmente, consideró que la accionante no sufría ningún perjuicio real con la decisión de la Alcaldía y, por tanto, no se le vulneraba ningún derecho.
El juez de segunda instancia revocó el fallo anterior al considerar que a la accionante se le violó su derecho a la igualdad, al evidenciar que en casos similares se habían nombrado en propiedad varios docentes. Por tanto, se había brindado trato desigual a personas que se encontraban en las mismas condiciones
Temeridad para presentar acciones de tutela. Reiteración jurisprudencial.
3.1.1. El articulo 38 del decreto 1991 respecto a la temeridad señala que: Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
En desarrollo de esta normatividad, la Corte ha reiterado en abundante jurisprudencia[12] que no se puede pasar por alto aquellas situaciones que contribuyan al abuso desmesurado y al desbordamiento de la tutela para el ejercicio indebido de la misma por parte de quienes con propósitos distintos a la eficaz protección de los derechos constitucionales fundamentales de las personas la utilizan para fines lucrativos o para obtener pronunciamientos inadecuados, cuando existen otros medios idóneos de defensa judiciales. En estos eventos se deberán aplicar las sanciones previstas en la ley a quienes actúen contrariando los principios que encarnan dicha institución, obrando con temeridad o mala fé. Solo así podrá garantizarse la eficacia de la acción de tutela y su naturaleza excepcional y extraordinaria[13].
De tal suerte, que no resulta procedente, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, tramitar una acción de tutela cuando se constata la existencia de un intento previo y, en los dos procesos, coinciden unas mismas partes, una misma solicitud y unas mismas razones[14]. Adicionalmente, para que el juez constitucional pueda declarar la existencia de temeridad debe evidenciarse la mala fe en el actuar de peticionario, esto es, que debe probarse una actitud torticera, que delata un propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, que expresa un abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción, o, finalmente que constituye "un asalto inescrupuloso a la buena fe de los administradores de justicia"[15].
3.1.2. En el asunto que nos ocupa, se observa que con anterioridad la accionante había solicitado el amparo constitucional en dos ocasiones, a saber: (i) en el mes de junio de 2008 solicitó ante el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Sincelejo que a través de nombramiento en propiedad sea vinculada como docente etnoeducadora a la administración municipal de Sincelejo y se de cumplimiento así al Derecho de igualdad invocado en esta etapa. (ii) Posteriormente, la demandante, interpuso en el mes de julio de 2009 ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo acción de tutela contra del Municipio de Sincelejo y el Ministerio de Educación. La petición giró en torno a que a través de nombramiento en propiedad sea vinculada como docente etnoeducadora a la administración Municipal. Frente a estos hechos, la Alcaldía Municipal de Sincelejo, solicita que se declare la temeridad de la accionante, en la presente acción de tutela.
Al respecto, considera la Sala que si bien las dos actuaciones judiciales previas tienen identidad de sujetos y de pretensiones con la que se debate actualmente; también observa, que no existe mala fe en el actuar de la demandante. En efecto, la accionante, argumenta que entre las acciones de tutela anteriormente reseñadas y la actual aconteció el nombramiento de la docente María Clara Mercado Garrido, con acta de posesión No 1960 quien es nombrada en propiedad sin concurso se encuentra laborando en la Institución Educativa Altos del Rosario. Si bien este hecho no cambia radicalmente la condición jurídica y fáctica de la accionante, se puede evidenciar que con su actuar, no intenta defraudar la prohibición constitucional y legal estudiada en este numeral, sino que en su sentir, el nombramiento de una persona que se encuentra en su misma posición, vulnera su derecho a la igualdad. Siendo esto así, la Sala determina que no existe mala fe en el actuar de O.O.P. y, por tanto, no se presenta temeridad en la presentación de la actual acción de tutela.
3.2.1. La Corte ha entendido que la carrera administrativa es un mecanismo eficaz para lograr el cumplimiento de los fines del Estado[16], en cuanto favorece a darle a este una organización adecuada que le permita alcanzarlos, con un recurso humano que no sólo sea calificado sino que pueda desarrollar su función en el largo plazo, es decir, con vocación de perdurabilidad[17].
3.2.2. La regla general en la carrera administrativa es que el criterio de acceso, ascenso y permanencia es el mérito de los candidatos[18]. Así lo establece la Constitución Política en el artículo 125:El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes[19]. En este sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha determinado que la carrera administrativa se rige por principios generales que están enfocados a la eficacia del criterio del mérito como factor definitorio para el acceso, permanencia y retiro del empleo público[20].
Al respecto la Corte ha entendido que [e]l mérito como fundamento del ingreso, ascenso y retiro de la carrera administrativa, no solo se ajusta a los principios y valores constitucionales, sino que al encaminarse al logro de los fines consagrados en el artículo 209 Superior, propende por la supresión de los factores subjetivos en la designación de servidores públicos y la eliminación de prácticas anti-modernas como el clientelismo, el nepotismo o el amiguismo[21]. El principio de mérito garantiza que la función administrativa se desarrolle con fundamento en los principios constitucionales de igualdad, moralidad y eficacia.
3.2.3. Por otra parte, la jurisprudencia de esta Corporación ha determinado que el mérito se encuentra estrechamente ligado al concurso público, pues este permite que la selección sea objetiva y obedezca a criterios claros y uniformes para el ingreso, la permanencia, el ascenso y el retiro en carrera administrativa[22]. Debe entenderse, entonces, que por regla general la forma de garantizar el criterio básico del mérito en la carrera administrativa es que la selección de los funcionarios se produzca por medio de un concurso público. Así pues, el proceso de selección debe estar dirigido a verificar las calidades académicas, los conocimientos, la experiencia y las competencias de los aspirantes y así determinar objetivamente los más aptos para desempeñar los empleos del Estado[23]. El concurso es así un instrumento que garantiza la selección fundada en la evaluación y la determinación de la capacidad e idoneidad del aspirante para desempeñar las funciones y asumir las responsabilidades propias de un cargo, e impide que prevalezca la arbitrariedad del nominador en lugar del mérito[24].
3.2.4. El concurso busca desterrar de las prácticas públicas la selección de funcionarios con base en criterios subjetivos e irrazonables, tales como la filiación política del aspirante, su lugar de origen (), motivos ocultos, preferencias personales, animadversión o criterios tales como el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, la lengua, la religión, o la opinión pública o filosófica, para descalificar al aspirante[25].
3.3.1. Este principio tiene algunos matices cuando se trata de cargos de docentes para comunidades indígenas. Si bien, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que para proveer los cargos de etnoeducadores de las comunidades indígenas deben observarse las costumbres, lenguas y creencias de las comunidades, también ha resaltado que [a]un cuando las comunidades indígenas, en virtud de los derechos a la identidad cultural y educativa, son titulares de un tratamiento especial en relación con la vinculación, administración y formación de docentes y directivos docentes estatales, ello no desvirtúa su sometimiento a las normas constitucionales sobre las formas de acceso, permanencia y retiro de la función pública[26]
3.3.2. Por otra parte, si para proveer cargos docentes y directivos docentes destinados a educar población indígena, se abriera un concurso público convencional, podrían acceder a los mencionados cargos personas que, incluso, no tengan un conocimiento particular de la lengua y la cultura de la comunidad. Esta circunstancia afectaría la premisa en virtud de la cual los docentes de estas comunidades deben ser, en lo posible, miembros de las mismas y, sobre todo, conocedores de sus lenguas, dialectos, culturas, cosmogonías, cosmovisiones, usos, costumbres y creencias propias, conforme lo exigen la Constitución Política, la Convención 169 de la O.I.T., incorporada al derecho interno mediante la Ley 21 de 1991, e incluso la propia Ley General de Educación[27]. Por tal motivo, en la sentencia C-208 de 2007[28]la Corte determinó que si bien el estatuto de profesionalización docente, en el cual se reglamenta el concurso público para acceder a la carrera administrativa, es exequible debe entenderse que el mismo no es aplicable a las situaciones administrativas relacionadas con la vinculación, administración y formación de los docentes y directivos docentes en los establecimientos educativos estatales ubicados en territorios indígenas que atienden población indígena, con la aclaración de que, mientras el legislador procede a expedir un estatuto de profesionalización docente que regule de manera especial la materia, las disposiciones aplicables a los grupos indígenas serán las contenidas en la Ley General de Educación[29] y demás normas complementarias. Así mismo, la ley 115 de 1993 en su artículo 62[30] el cual regula el asunto de la selección de los docentes destinados en las comunidades indígenas, no recoge ninguna forma de concurso especial para el acceso de este tipo de docentes a la carrera administrativa[31].
Siendo esto así, la estabilidad de un funcionario nombrado en provisionalidad se concreta en que al ser desvinculado se le indique específicamente las razones de su declaración de insubsistencia. Igualmente, la Corte ha sido enfática en determinar que los actos en que se decide la desvinculación de los servidores en provisionalidad deben contener las razones del servicio por las cuales se separa del cargo al funcionario. Si bien el nominador cuenta con un cierto grado de discrecionalidad, ésta no puede convertirse en arbitrariedad[33]. En consecuencia, la discrecionalidad del nominador está circunscrita a atender a razones de interés general atinentes al servicio prestado por el funcionario habida cuenta de sus responsabilidades en la entidad, dentro de las cuales la Corte ha mencionado las razones disciplinarias, la calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto[34].
4.1. La señora O.O.P., miembro del Resguardo Indígena Zenú San Andrés de Sotavento, está vinculada al Instituto Educativo Cerro de Palma de Sincelejo- Sucre (zona rural) desde el año 2000 y en calidad de provisionalidad desde el año 2003, solicita que se ordene a la Alcaldía Municipal de Sincelejo su ingreso automático a la carrera administrativa sin que medie concurso público de méritos. La entidad accionada contesta que no efectúa el nombramiento en la carrera administrativa, toda vez que no existe una reglamentación que permita hacer un concurso público para proveer los cargos docentes en la comunidad indígena.
4.2. En este lugar se reitera lo afirmado en la parte motiva de esta misma sentencia, a saber, que la carrera administrativa tiene como característica ineludible que el criterio para el acceso, ascenso y permanencia sea el mérito de los aspirantes. Igualmente, que como ha señalado la Corte en su jurisprudencia la forma adecuada para calificar el mérito de los aspirantes es el concurso público. Así lo ratificó la Corte en la sentencia C-901 de 2008[35]. En la referida providencia señaló la Corte que, cuando se permite el ingreso automático de un funcionario a la carrera administrativa, se establece un privilegio a favor de una persona consistente en eximirlo del cumplimiento de requisitos que le son exigidos a otros posibles concursantes por la sola circunstancia de haber desempeñado en provisionalidad el cargo de carrera. De manera tal, que por el simple hecho de que la accionante se encuentre en provisionalidad, no procede ordenar el ingreso de la misma a la carrera administrativa sin que exista concurso público de méritos.
4.6. En segundo lugar, no comparte la Sala el argumento de la demandante según el cual, de no ser acogida su solicitud, quedará por fuera de la administración municipal y lógicamente sin trabajo[37]. Este argumento es producto de puras conjeturas que no llevan a ningún grado de certeza. Las motivaciones expuestas, no permiten siquiera afirmar con alta probabilidad, la ocurrencia de un daño irremediable. Evidentemente, la actora no ha podido demostrar que la actuación de la Alcaldía de negarse a nombrarla en carrera sin que medie concurso, conduzca inequívocamente o, por lo menos, con un grado importante de probabilidad, a que pierda su empleo. Por el contrario, en el expediente se encuentra la afirmación tanto de la accionante como de la entidad accionada, de acuerdo con la cual desde el año 2000 hasta la actualidad se encuentra vinculada, primero, por una orden de prestación de servicios y, posteriormente, a partir del 2003, en provisionalidad sin que hasta la fecha haya existido amenaza alguna de perder su trabajo. Es decir, que actualmente la accionante tiene trabajo y su ejercicio no ha sido perturbado durante 10 años y que, adicionalmente, goza de toda la protección que la jurisprudencia constitucional le ha dado a los cargos en provisionalidad. Por tanto, el perjuicio anunciado por la actora no aparece como probable o irremediable, por el contrario, existe un antecedente muy importante en virtud del cual la accionante ha gozado de estabilidad por un lapso considerable.
4.7. Tampoco es de recibo el argumento según el cual, la conducta de la Alcaldía pone en riesgo el mínimo vital de la accionante y su familia. En efecto, no obra en el expediente prueba alguna que permita concluir que en este momento la accionante vea vulnerado o se vea en peligro su mínimo vital. Por el contrario, está probado que desde hace diez años la accionante se encuentra laborando como docente en la Institución Educativa Agropecuaria Cerrito de la Palma, por lo cual, se puede concluir que la señora O.P. posee una fuente de ingreso que le permite cubrir sus necesidades de mínimo vital. Pareciera que la demandante pretende argumentar que el derecho en mención se vería comprometido al ser despedida por ocupar un cargo en calidad de provisionalidad. Nuevamente, como se expuso en el acápite anterior, esto resulta ser el producto de conjeturas sobre la ocurrencia de un hecho futuro e incierto, del cual ni siquiera existe una probabilidad de ocurrencia importante.
4.8. Adicionalmente, en material probatorio aportado por la accionante, el Gobernador Indígena Zenú de Sucre certifica que la accionante y otras docentes fueron seleccionadas como docentes ante ASAMBLEA GENERAL DEL CONSEJO DE MAYORES para que laboren como docentes en la Institución Educativa Agropecuaria Cerrito de la Palma. Como se observa, la solicitud del Gobernador gira en torno que la accionante labore en la entidad educativa mencionada, situación que efectivamente ocurre hace diez años sin que haya sido perturbada en el ejercicio de su cargo.
4.9. Igualmente, hay que señalar que la afirmación de la accionante en virtud de la cual de no ser nombrada en carrera se vería obligada al destierro, resulta sin fundamento. No se observa por qué la negativa de la Alcaldía obliga a la accionante y a su familia a abandonar su localidad de residencia. Esta afirmación resulta ser una hipótesis que no se deriva lógicamente de los hechos del caso, pues no se entiende cuál es la conexión entre el hecho de que la Alcaldía se abstenga de nombrar la accionante en carrera administrativa sin concurso público y que ella y su familia sean obligados a desplazarse de su territorio.
Se ha constatado que el hecho de que la Alcaldía Municipal de Sincelejo se abstenga de nombrar en la carrera administrativa docente a la accionante con el argumento de que no existe concurso público para proveer los cargos, no vulnera sus derechos. En efecto, se pudo evidenciar que no hay afectación a la igualdad, toda vez que los docentes referidos por la accionante, respecto de los cuales solicita igual tratamiento, fueron nombrados en virtud a un mandato judicial en sede de tutela. Igualmente, se demostró que las presuntas afectaciones al derecho al trabajo y al mínimo vital son fruto de hipótesis de difícil concreción, y por el contrario, existe evidencia de que la accionante ha gozado de estabilidad laboral desde hace diez años. De manera general, todos los perjuicios que enuncia la accionante son producto de conjeturas que no generan ningún grado de certeza. Por todo lo anterior, considera la Sala que cuando la Alcaldía Municipal de Sincelejo de abstiene de nombrar a la docente indígena, O.O.O.P., en carrera administrativa, sin concurso público, no conculca sus derechos fundamentales. Así, la Sala determina que no procede el amparo constitucional, que en las circunstancias anotadas solicita la accionante.
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo del veintiuno (21) de octubre de dos mil nueve (2009) y, en su lugar, confirmará el fallo del Juzgado Tercero Civil Municipal del quince (15) de septiembre de dos mil nueve (2009) que resolvió la acción de tutela interpuesta por O.O.O.P. contra la Alcaldía Municipal de Sincelejo. Así mismo, ordenará a la Alcaldía que realice todos los trámites necesarios para reincorporar a la accionante a su posición anterior, sin que este trámite le genere perjuicios en la continuidad en el ejercicio su trabajo y, en general, ningún detrimento económico o laboral. Por último, recordará que a pesar de que no se han protegido los derechos invocados en esta tutela, la accionante goza de todas las garantías de los trabajadores en provisionalidad.
Primero. REVOCAR la Sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo del veintiuno (21) de octubre de dos mil nueve (2009), que a su vez revocó el fallo del Juzgado Tercero Civil Municipal del quince (15) de septiembre de dos mil nueve (2009) y, en su lugar, CONFIRMAR el fallo del Juzgado Tercero Civil Municipal de Sincelejo del quince (15) de septiembre de dos mil nueve (2009) que resolvió la acción de tutela interpuesta por O.O.O.P. contra la Alcaldía Municipal de Sincelejo.
Segundo.- ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Sincelejo que en el término necesario para adelantar los trámites pertinentes, restituya a la accionante O.O.O.P. en su calidad de docente en provisionalidad en la Institución Educativa Agropecuaria Cerrito de la Palma, evitando que ello le genere perjuicios económicos o laborales en desarrollo del procedimiento administrativo.
Tercero.- RECORDAR a la Alcaldía Municipal de Sincelejo que la O.O.O.P. goza de todas las garantías de los trabajadores en provisionalidad.
[14] Ver sentencia T-433/06 Desde el punto de vista de los supuestos que el juez constitucional debe verificar para declarar la configuración de la temeridad, han de tenerse en cuenta tres requisitos determinantes. (i) Que exista identidad en los procesos, lo cual significa que el proceso fallado con antelación y el proceso propuesto al juez tienen una triple identidad, esto es, en ambos se identifican las mismas partes, la misma solicitud y las mismas razones de dicha solicitud. (ii) Que el caso no sea un caso excepcional explícitamente determinado por la ley y/o la jurisprudencia, como uno que no configura temeridad. Esto es, casos frente a los cuales se ha autorizado la procedencia del proceso propuesto a pesar del fallo anterior con el cual guarda identidad. Y (iii) que de presentarse una demanda de tutela que pretenda ser distinta a una anterior con la que guarda identidad, a partir de una argumentación diferente, se demuestre por parte del juez que el proceso propuesto y la tutela anterior se reducen a unas mismas partes, una misma solicitud y unas mismas razones. Igualmente entre otras se pueden consultar entre otras: T-919/03 y T-184/04
[18] Ver. C-588/09 De conformidad con la interpretación que de las disposiciones superiores ha realizado la Corte Constitucional, la carrera administrativa se fundamenta única y exclusivamente en el mérito y la capacidad del funcionario público, mérito que, en tanto elemento destacado de la carrera administrativa, comparte el carácter de regla general que a ésta le corresponde.
[20] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-315 de 2007. M.P.J.C.T..
[28] En esta sentencia se estudió la constitucionalidad del DECRETO 1278 DE 2002 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente. Esta norma fue demandada con el argumento principal de que la norma acusada desconoce el artículo 7 de la Cosntitución, en virtud del cual el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. La vulneración se concreta en el hecho de que la adopción del Decreto Ley 1278 de 2002 abre la puerta para que docentes que no pertenecen a los diferentes resguardos indígenas y que no conocen sus rasgos culturales, asuman la calidad de maestros en estos pueblos, situación que no garantiza la diversidad étnica y cultural de la nación.
[31] Igualmente, hay que señalar que el artículo 804 de 1995 por medio del cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos en su artículo 12 habilita a los nominadores a prescindir del concurso de méritos. Artículo 12º.- De conformidad con lo previsto en los artículos 62, 115 y 116 de la Ley 115 de 1994 y en las normas especiales vigentes que rigen la vinculación de etnoeducadores, para el nombramiento de docentes indígenas y de directivos docentes indígenas con el fin de prestar sus servicios en sus respectivas comunidades, podrá excepcionarse del requisito del título de licenciado o de normalista y del concurso.
[32] Ver T-1011/03 Sin embargo, quienes son designados en provisionalidad gozan de cierto grado de protección, en la medida en que no podrán ser removidos de su empleo sino dentro de los límites que la Constitución Política y las leyes establecen. Así, el nominador deberá tener en cuenta las condiciones de vida del funcionario que será removido. Se podrá causar agravio a los derechos fundamentales de la persona desvinculada, por ejemplo cuando se trata de madres cabeza de familia carentes de otra fuente de ingresos que no sea su salario, como también de madres solteras de las cuales depende el sustento económico de hijos menores de edad, más aún cuando no disponen de vivienda propia y con su salario pagan el canon del arrendamiento correspondiente. Las personas arbitrariamente desvinculadas de la función pública cuando ejercen cargos en provisionalidad, merecen el respeto propio de todo ser humano y el reconocimiento de condiciones dignas de vida, tanto para ellas como para quienes integran su núcleo familiar, más aún cuando hay menores que dependen afectiva y materialmente de la persona inconstitucionalmente desvinculada de su empleo.
[35] En la sentencia C-942 de 2003 la Corte estimó que se consagra un privilegio cuando a las personas se les exime de cumplir requisitos que si se les exigen a los demás concursantes, por el sólo hecho de haber desempeñado el cargo de carrera. y en la Sentencia C-733 de 2005 se precisa que quienes ocupan cargos en provisionalidad no pueden, por esa sola circunstancia, ser tratados con privilegios o ventajas, ni tampoco con desventajas. (M.P.C.I.V.H..
[36] Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 67214 de 13 de Junio de 2013