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Timestamp: 2019-05-20 22:58:37
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Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 14', 'artículo 96', 'artículo 1', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 90', 'artículo 50', 'artículo 96', 'artículo 88', 'artículo 47', 'artículo 36']

﻿ SENTENCIA T-885 DE AGOSTO 25 DE 2005
SENTENCIA T-885 DE 25 DE AGOSTO DE 2005
CONTENIDO:DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS A LA SALUD Y A LA PERSONALIDAD JURÍDICA. NINGUNA INSTITUCIÓN DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO PODRÁ NEGARSE A PRESTAR ATENCIÓN MÉDICA A UN MENOR QUE NO CUENTA CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD CUALIFICADO POR HABER NACIDO EN EL EXTERIOR Y ESTAR DOMICILIADO EN COLOMBIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:TARJETA DE IDENTIDAD, DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, DERECHO A LA SALUD, DERECHO A LA PERSONERÍA JURÍDICA, RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD, DERECHOS DEL MENOR DE EDAD
Sentencia T-885 de agosto 25 de 2005
Sentencia T-885 de 2005
Ref.: Expediente T-1099495
Peticionario: José Arley Zuluaga López
Procedencia: Juzgado Décimo Tercero Penal del Circuito de Medellín.
La Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy Cabra —quien la preside—, ha proferido la presente
En la revisión del fallo adoptado por Juzgado Décimo Tercero Penal del Circuito de Medellín, el 14 de marzo de 2005, en el proceso de tutela adelantado por Leonor del Carmen López Torres, en representación de su hijo José Arley Zuluaga López, en contra de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia.
El expediente de la referencia fue escogido para revisión después que la Sala Número Cinco aceptara la insistencia, por medio de auto del 6 de mayo de 2005.
La Señora Leonor del Carmen López Torres, actuando en nombre de su hijo menor José Arley Zuluaga López de 15 años, instauró acción de tutela contra de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, por considerar vulnerados los derechos fundamentales de los niños a la salud, vida, integridad física, dignidad humana y mínimo vital.
Pone de presente que su hijo, José Arley Zuluaga López, se encuentra muy enfermo, debido a que sufre de un retardo mental severo. Que actualmente lo sacaron del sistema con la advertencia que el niño debe ser nuevamente encuestado pues es extranjero y no cuenta con el registro civil colombiano.
Explica que su hijo tiene la nacionalidad venezolana, pero no ha podido conseguir el registro civil del menor pues no sabe dónde se encuentra el padre de su hijo y en Venezuela no tiene a nadie que le pueda hacer el trámite.
Manifiesta ser una persona muy pobre, que no tiene familia con quien dejar al niño, que no tiene una forma de subsistir, que no trabaja por la edad que tiene y que vive prácticamente de la caridad de sus vecinos, pues debe cuidar al niño todo el día porque sufre ataques y se agrede físicamente.
Finalmente, agrega que vive en Medellín hace aproximadamente 15 años y por ello ha perdido todo contacto con Venezuela.
2. Intervenciones de las entidades accionadas.
A continuación se hace un resumen de las intervenciones de las entidades vinculadas a este proceso.
Departamento de Planeación de Medellín.
Manifiesta el subdirector de Planeación de Medellín que al menor no se le ha sacado del sistema del Sisben. Que la señora Leonor del Carmen López Torres y el menor José Arley Zuluaga López fueron visitados y encuestados el día 6 de enero de 2004 y su situación económica corresponde a un nivel II con puntaje 38, tal y como se encuentra consignado en certificado que obra a folio 5 del expediente.
Por lo anterior, considera que no se le ha violado ninguno de los derechos que pretende la accionante y, por lo tanto, la tutela es improcedente. Además, considera que el departamento de planeación municipal no tiene competencia para asignar las ARS o brindar atención en salud, puesto que estas funciones corresponden a las Secretaría de Salud Municipal y a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, de conformidad con el nivel de atención que el paciente requiera.
El secretario de salud de Medellín hace un análisis de la Ley 715 de 2001; en él determina que es competencia del Departamento de Antioquia, en lo no cubierto por los subsidios locales, la prestación de los servicios de salud de aquellas personas que se encuentren residiendo en su jurisdicción. Pone de presente que el menor se encuentra incluido en la base de datos de ese ente territorial con puntaje 38, nivel 2 y que no cuenta con ARS, es decir, el menor pertenece a la población no atendida con subsidio a la demanda.
Concluye, manifestando que es claro que el menor se encuentra en la base de datos de la alcaldía y que al ente territorial que corresponde garantizar la atención en salud en esos niveles de complejidad, que expresa la tutelante, es a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y no al organismo que él preside.
Por lo anterior, considera que no hay razón directa que se le pueda imputar a la Secretaría de Salud de Medellín, en cuanto a la presunta violación de los derechos fundamentales del menor.
Secretaría de Salud de Antioquia.
Manifiesta que las personas encuestadas por el Sisben reciben su asignación de ARS por medio de la oficina de planeación municipal donde reside la accionante, de conformidad con el Decreto 151 de 2002. Que si bien es cierto la Dirección Seccional de Salud de Antioquia es la que atiende a la población sisbenizada en asuntos de salud, no es quien debe realizar las encuestas, estratificar o asignar ARS, toda vez que ésta no es su competencia legal.
Coordinación de Salud UPSS de Belén —Empresa Social del Estado Metrosalud—.
El coordinador de salud UPSS de Belén, mediante comunicación radicada con fecha 9 de marzo de 2005, pone de presente que aparecen reportes de atención en urgencias y de farmacia del menor José Arley Zuluaga López.
Agrega que la Secretaría de Salud de Medellín tiene convenio con esa UPSS para la prestación de servicio de salud de primer nivel, de la población vulnerable de Medellín que cumpla con los requisitos (Estar en la base que la Secretaría entrega a la empresa).
Para la atención en Salud de segundo nivel, ellos no tienen convenio vigente con la Dirección Seccional de Salud de Antioquia (DSSA), motivo por el cual solo pueden atender urgencias vitales so pena de que no sean pagadas (DSSA) si la interventoría así lo determina.
Como estrategia para evitar que suceda lo arriba explicado, manifiesta el coordinador que el gerente de la empresa determinó por medio de Circular 01 de 2005 una serie de directrices que enumera, entre las cuales se encuentra que “1. Todo usuario que requiera servicios de salud debe ser consultado en la base de datos remitida por la secretaría de salud y el documento presentado por el usuario debe corresponder al que aparece en dicha base. La copia del documento presentado, se adicionará a la historia clínica y será el soporte de las atenciones”. “4. Usuario que aparece en la base de datos remitida por la secretaría de salud , pero presenta un documento diferente a la que está en dicha base, solo se atenderá si se trata de una urgencia o de una atención por programa de promoción y prevención de primera vez. Inmediatamente se debe enviar a la oficina del Sisben o al Cerca (sic) para que le sea actualizado su documento”.
Continua argumentando que, de conformidad con lo establecido por los entes de control, cualquier detrimento causado al patrimonio de la entidad por los funcionarios que hacen parte de ella, correrá a cargo de quienes lo han causado, por lo tanto, ningún funcionario puede asumir autorizaciones que violen directivas.
Concluye manifestando que a la señora Carmen López Torres, quien representa a su hijo José Arley Zuluaga López, se le ha explicado por parte de los funcionarios encargados de la verificación de derechos, el trámite a seguir cuando se presenta una inconsistencia en la base de datos, que, para este caso, consiste en que el menor no posee documento de identidad que lo acredite como el beneficiario relacionado en la ficha Nº 685369.
De este modo, considera el coordinador que no existen razones directas por las cuales se pueda invocar que la dependencia que él representa ha violado los derechos fundamentales que menciona el tutelante.
Después de haber evacuado algunas pruebas y de haberse declarado incompetente, el Juzgado 32 Penal Municipal de Medellín remite el expediente al Juzgado Trece Penal del Circuito de Medellín, quien previamente se había declarado incompetente para conocer de la Acción pero que, finalmente, es el ente que se declara competente y profiere el fallo.
El Juzgado falla con fundamento en la comunicación que remitió la Coordinación de Salud UPSS de Belén, Empresa Social del Estado Metrosalud.
Para el juzgado, la unidad de Metrosalud no puede pasarse por alto las exigencias de la dirección seccional de salud para realizar los recobros por atenciones prestadas a los usuarios del Sisben.
Por lo anterior, estima el despacho que no puede obligar a la unidad intermedia para que preste la atención que requiere el menor Zuluaga López mediante la acción de tutela, so pena de que incumpla con los requisitos mínimos que requiere para ser atendido, de conformidad con lo que manifestó el coordinador de la UPSS de Belén y según las directrices dadas por la Circular 01 de 2005, máxime si la accionante ya ha sido advertida sobre el procedimiento a seguir en procura de que su hijo sea atendido (allegar registro civil de nacimiento).
Igualmente, estima el juzgado que no puede obligar a las dirección seccional de salud a que reconozca a la Unidad Intermedia de Belén los pagos por las atenciones prestadas a los usuarios que no cumplen con el mínimo de requisitos exigidos para ello.
Con fundamento en lo anterior, el 14 de marzo de 2005, el Juzgado Décimo Tercero Penal del Circuito de Medellín resuelve negar por improcedente la tutela que interpuso la señora Carmen López Torres representación de su hijo José Arley Zuluaga López.
a) Fotocopia de constancia del 6 de enero de 2004, expedida por el departamento administrativo de planeación de la Alcaldía de Medellín, en la que se relacionan algunas personas que fueron encuestadas por el Sisben.
b) Fotocopia de pasaporte venezolano Nº 0190757 del menor José Arley Zuluaga López.
c) Certificación del Hospital Mental de Antioquia del 28 de junio de 2004 en la que se diagnostica retardo mental, epilepsia y trastorno de conducta.
d) Fotocopia de recibo de “Acción del cumplimiento” para el cobro de la cuota de recuperación de José Arley Zuluaga López.
e) Fotocopia de la historia pediátrica del menor José Arley Zuluaga López abierta en la fundación Hospitalaria San Vicente de Paul de Medellín el 17 de octubre de 1997.
f) Fotocopia de examen de patología del 9 de octubre de 1997 efectuado al menor José Arley Zuluaga López en el departamento de patología de la facultad de medicina de la Universidad de Antioquia.
g) Fotocopia de la cédula de ciudadanía Nº 32.404.806 de Medellín correspondiente a la señora Leonor del Carmen López Torres.
h) Declaración de la señora Leonor del Carmen López Torres del 21 de febrero de 2005 ante el Juzgado 32 Penal Municipal de Medellín.
La Sala Tercera de Revisión es competente para decidir, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241, numeral 9º, de la Constitución, y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.
Consiste en determinar si a un menor de edad, nacido en Venezuela, con pasaporte venezolano, colombiano por nacimiento, que se encuentra censado por el Sisben, puede negársele la atención en salud en las IPS del régimen Subsidiado, porque no posee documento de identidad cualificado, a saber, registro civil de nacimiento.
3. Los derechos fundamentales de los niños a la salud y a la personalidad jurídica.
Frente al derecho a la Salud de los menores, la jurisprudencia de la Corte ha sido recurrente (1) , en el sentido de determinar que, al tenor del artículo 44 superior, no sólo se trata de un derecho fundamental que garantiza su dignidad sino que se trata de un derecho prevalente, en el sentido de su respeto incondicional y universal. La incondicionalidad de tal bien, hace que el Estado de manera prevalente asegure, en la medida de sus posibilidades y capacidades, su eficacia. De ahí que lo tutele cuando se lesiona o amenace en forma grave, ya que contra el derecho a la salud de un niño es altamente complejo encontrar argumentos válidos para su restricción.
En el estado de indefensión del menor José Arley Zuluaga López, se hace necesario que el Estado y la sociedad pongan, en común, especial empeño en su protección.
Se pone en peligro la vida, la salud y la integridad física del menor, de manera injustificada, al no ser atendido de manera regular en la UPSS de Belén en virtud de no allegar el registro civil de nacimiento, ya que, tal y como se prueba en la certificación expedida el 28 de junio de 2004 por el Hospital Mental de Antioquia, el menor sufre de retardo mental profundo, epilepsia y trastorno de conducta, por lo tanto, debe asistir a controles psiquiátricos y tomar medicación de por vida, procedimientos que son necesarios para preservar la vida del menor, y mejorar sus condiciones de salud, para que pueda llevar una existencia normal.
Ninguna institución de Salud del régimen subsidiado podrá negarse, entonces, a dar atención al menor, escudándose en que éste no cuenta con documento de identidad cualificado, porque esta discriminación atentaría contra su derecho prevalente a la salud.
Igualmente, hay que considerar el derecho a la personalidad jurídica, que se encuentra consagrado en el artículo 14 de la Constitución, pues éste, “no se reduce únicamente a la capacidad de la persona humana a ingresar al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones sino que comprende, además, la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e independientemente de su condición, determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho. Son los llamados atributos de la personalidad. Por consiguiente, cuando la Constitución consagra el derecho de toda persona natural a ser reconocida como persona jurídica (CP art. 14) está implícitamente estableciendo que todo ser humano tiene derecho a todos los atributos propios de la personalidad jurídica” (2) .
No podrán primar, entonces, los formalismos, cuando éstos impidan el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los menores, puesto que los colocaría en una situación de debilidad manifiesta que los hace vulnerables. La condicionalidad, en estos casos, se encuentra proscrita.
Una vez determinada la protección prevalente de los derechos fundamentales de los menores, se pasará a analizar el aspecto de la nacionalidad y el registro del menor tutelante puesto que tal aspecto será de suma importancia cuando se trate de analizar el caso concreto.
4. Nacionalidad y registro civil de un menor nacido en el exterior, de madre colombiana y domiciliado en Colombia.
Con el fin de dar claridad respecto de la nacionalidad del menor tutelante, y de la posibilidad de inscribirse en el registro civil colombiano, es necesario hacer un breve análisis de la normatividad vigente al respecto, que se concretará al caso que ocupa a la Sala en el último numeral de este capítulo.
En primer lugar, la Constitución Política en su artículo 96 (Acto Legislativo 01/02, art. 1º) establece que son colombianos por nacimiento:
“a) Los naturales de Colombia, con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento; y
b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República” (resaltado fuera de texto original).
La Ley 43 de 1993 estableció las normas relativas a la adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana. En tratándose de hijos nacidos en el exterior cuyos padres (ambos o uno de los dos) detenten la nacionalidad colombiana, se estableció que “la nacionalidad colombiana del padre o de la madre se define a la luz del principio de la doble nacionalidad según el cual, “la calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con el domicilio en Colombia, la ley lo definió como: “la residencia en Colombia acompañada del ánimo de permanecer en el territorio nacional de acuerdo con las normas pertinentes del Código Civil”.
Pero para que exista un reconocimiento formal por parte de las autoridades, es necesario que se lleve a cabo la inscripción en el registro civil, ya que esto permitirá determinar “…su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones….”, tal y como lo establece el artículo 1º del Decreto 1260 de 1970.
El procedimiento a seguir, con el objeto de lograr la inscripción en el registro civil colombiano, tratándose de personas que cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución, las leyes y las normas reglamentarias, está prescrito en el Decreto 1260 de 1970. Específicamente, tratándose de nacimientos ocurridos en el extranjero, el artículo 47 de este decreto dispone:
Respecto del funcionario competente para recibir el registro se determina en el artículo 48 de ese decreto que:
Sólo se inscribirá a quien nazca vivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Código Civil”.
El procedimiento anterior se lleva a cabo si el registro del menor se hace dentro de los treinta días siguientes al nacimiento, pero si el registro se lleva a cabo de manera extemporánea, es el mismo decreto en su artículo 50 el que establece la solución así:
Este procedimiento, se reglamentó a través del Decreto 2188 de 2001 en el que se determinó lo siguiente:
La normatividad anterior, clarifica el procedimiento que se debe llevar a cabo para acceder a la nacionalidad colombiana; esto es importante en el análisis del caso concreto, para la protección de la identidad del menor José Arley Zuluaga López, como se analizará a continuación.
En el caso que ocupa a la Sala se tutelará al menor José Arley Zuluaga el derecho a la Salud y a la personalidad jurídica del menor.
Analizando lo manifestado por la madre y las respuestas dadas por las Instituciones que intervinieron el presente proceso de Tutela así como las pruebas que obren en el expediente, esta Sala concluye lo siguiente:
— La señora Leonor del Carmen López Torres manifiesta ser madre del menor José Arley Zuluaga López y actúa como agente oficiosa de éste.
— La Señora Leonor del Carmen López Torres es ciudadana Colombiana de conformidad con copia de la cédula de ciudadanía que aportó con el escrito de tutela.
— La situación de salud del menor José Arley Zuluaga es crítica de conformidad con la historia clínica que se aportó al expediente (fls. 7-16, cdno. ppal.).
— El menor tiene la nacionalidad venezolana de conformidad con copia del pasaporte (fl. 6, cdno. ppal.).
— El menor José Arley Zuluaga cumple con los requisitos para obtener la nacionalidad Colombiana porque se adapta a los parámetros establecidos en el artículo 96 de la Constitución Política y la Ley 43 de 1993, a saber:
1. Hijo de padres colombianos (la copia de la cédula de ciudadanía que obra a folio 17 de la madre prueba por lo menos la nacionalidad de uno de los padres).
2. Nació en Venezuela el día 29 de abril de 1988 (lo prueba el pasaporte venezolano que en copia obra a folio 6 del cuaderno principal y la declaración juramentada de la madre ante el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de Medellín que obra a folio 31 del cuaderno de Revisión de esta Corte).
3. Se encuentra domiciliado en Colombia (lo prueba el domicilio de la madre de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Civil). El domicilio de la madre se puede deducir de la certificación de la situación socioeconómica establecida por el Sisben y de la declaración jurada que obra en el folio 31 de cuaderno de revisión de esta Corte).
— De conformidad con lo manifestado por la madre del menor, no ha sido posible la inscripción en el registro civil colombiano, puesto que no tiene a nadie que le ayude en Venezuela con ese trámite (fl. 1, cdno. ppal.).
— El menor se encuentra en la base de datos del Sisben, de conformidad con lo manifestado por la Secretaría de Salud de Medellín y con el certificado de la unidad de clasificación socioeconómica y estratificación de la subdirección de planeación de la Alcaldía de Medellín (fl. 32, cdno. ppal.).
— Se le impide al menor el acceso a los servicios del Sisben en la UPSS de Belén, empresa social del Estado, Metrosalud Medellín, por no aportar el documento de identidad que, según esta entidad, debe coincidir con aquel que figura en la base de datos que se consulta al momento de prestar la atención requerida y específicamente porque no cuenta con documento de identidad que lo acredite como beneficiario de la ficha 685369 (fl. 46, cdno. ppal.).
Del análisis de la normatividad vigente y de las pruebas anteriormente enunciadas, se puede determinar que la UPSS de Belén en el municipio de Medellín, empresa social del Estado, ha dado un tratamiento al menor José Arley Zuluaga López que desconoce abiertamente los derechos fundamentales de los niños a la Salud y a al personalidad jurídica analizados en el numeral tercero de la parte considerativa de esta providencia.
La UPSS de Belén desconoció la realidad en que se encuentra el menor haciendo más gravosa su situación. La falta de identificación nacional del menor no era obstáculo para la protección del derecho fundamental a la identificación y a la salud en conexión con el derecho a la vida.
El diagnóstico médico que se aporta en el expediente y la historia clínica adjunta (fls. 7-46) demuestran un estado de salud complejo que merece una atención inmediata de los organismos de salud, por lo tanto, se ordenará a la UPSS de Belén que continúe prestando la atención que merece el menor Zuluaga López, para lo cual bastará la presentación de su documento de identidad extranjero ( pasaporte venezolano) mientras se efectúan los trámites para la obtención del documento nacional.
Respecto de la identidad del menor, se hace urgente, con el fin de prever situaciones similares que atenten contra ésta, que se pongan en marcha los mecanismos estatales con el fin registrar al menor en el registro civil de nacimiento, sin perjuicio de proteger los derechos fundamentales del menor mientras se realizan los trámites pertinentes.
El primero de los mecanismos que se deben desplegar con el fin de inscribir al menor en el registro civil colombiano corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores para que a través del consulado colombiano en Caracas (Venezuela), inscriba al menor José Arley Zuluaga López en el registro civil colombiano, por ser la autoridad competente de conformidad con lo establecido por el artículo 47 Decreto 1260 de 1970, arriba transcrito.
El consulado colombiano en Caracas deberá tener en cuenta el procedimiento que establece el Decreto 2188 de 2001 para la inscripción extemporánea de un nacimiento en el registro civil colombiano y con el fin de dar cumplimiento a éste, se deberá tener en cuenta tanto los documentos obrantes en el expediente que acreditan la nacionalidad del menor, como la declaración juramentada rendida por la madre del menor y las consideraciones hechas por esta Sala.
En la declaración que se rindió por parte de la señora Leonor del Carmen López Torres ante el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de Medellín, el 25 de julio de 2005 (prueba solicitada por esta Sala mediante despacho comisorio Nº 9 de jun. 29/2005), se declaró lo siguiente:
a) Que el menor nació en Caracas, Venezuela, en la Cruz Roja Venezolana que se ubica en la Avenida Principal Carreño de esa ciudad.
b) Que el menor nació el 29 de abril de 1988.
c) Que el nombre del padre del menor es José Arley Zuluaga Marín de nacionalidad colombiana y vive en Venezuela hace como 30 años.
d) Que al menor se le tomaron huellas en el Hospital (Cruz Roja), pero el documento lo extravió
e) Que existió registro al momento del nacimiento del menor porque, según su madre, lo llevó a cabo en la jefatura de recreo en Caracas que es similar a una notaría.
f) Que no se ha podido obtener el registro civil de nacimiento del menor aunque se ha intentado obtenerlo en Venezuela a través de una hermana de la madre pero no ha sido posible.
Una vez el consulado haya efectuado el acto de registro, deberá remitirlo a la Notaría Primera del Círculo de Medellín, para que sea archivado en carpeta con el número serial de dicha notaría.
Con el propósito de completar el proceso de identificación del menor y garantizar el acceso a los servicios de salud en la unidad de clasificación socioeconómica y estratificación (Sisben), que hace parte de esa Subdirección, esta Sala ordenará a la Alcaldía de Medellín que, a través del Departamento Administrativo de Planeación, subdirección de metroinformación, acompañe a la señora Leonor del Carmen López Torres para que una vez radicado el registro del menor en la Notaría Primera de Medellín, éste se remita a la base de datos Sisben, con el fin de actualizar sus datos.
En conclusión, esta Sala revocará el fallo de instancia por encontrar violados los derechos a la identidad y a la salud en conexidad con la vida del menor José Arley Zuluaga López y en consecuencia, ordenará a la Secretaría de Salud de Antioquia y a la coordinación de salud UPSS de Belén que garantice la atención del menor. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la garantía de la identidad del menor, se ordenará al Ministerio de Relaciones Exteriores que a través del consulado de Colombia en Caracas, Venezuela, efectúe el acto de registro del menor y lo envíe a la Notaría Primera de Medellín con el fin de ser archivado. Finalmente, se ordenará a la Alcaldía de Medellín que a través del Departamento Administrativo de Planeación, efectúe los trámites necesarios con el fin de actualizar la información del menor en la base de datos del Sisben.
Primero: LEVANTAR la suspensión de términos, decretada por esta Sala mediante auto del 24 de junio de 2005, para fallar en el presente asunto.
Segundo: REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado 13 Penal del Circuito de Medellín, el 14 de marzo de 2005; en consecuencia, CONCEDER la tutela interpuesta por la señora Leonor del Carmen López Torres, en representación de su hijo menor José Arley Zuluaga López, por violación del derecho a la identidad y el derecho a la Salud en conexidad con el derecho a la vida.
Tercero: ORDENAR a la Secretaría de Salud de Antioquia que garantice la atención al menor José Arley Zuluaga López en las empresas sociales del Estado (ESE) o cualesquiera otras que tengan contrato con el Estado para atender la población cubierta con el régimen subsidiado.
Cuarto : ORDENAR a la Coordinación de Salud UPSS de Belén. Empresa social del Estado Metrosalud que brinde la atención que requiera el menor José Arley Zuluaga López dentro de los parámetros establecidos para los usuarios del Nivel II del Sisben, sin que le sea oponible la inexistencia de registro civil.
Quinto: ORDENAR al Ministerio de Relaciones Exteriores que, en el término de quince (15) días, posteriores a la notificación de la presente sentencia, a través del Consulado de Colombia en Caracas, Venezuela, efectúe el acto de registro civil del menor José Arley Zuluaga López. Una vez realizado el acto de registro, en el término de cinco (5) días hábiles, deberá ser enviada a la Notaría Primera del Círculo de Medellín copia del registro civil con el fin de ser seriada y archivada.
Sexto: ORDENAR a la Notaría Primera de Medellín que, una vez recibido el registro lo archive y, simultáneamente, informe de tal envío a la Alcaldía de Medellín, Departamento Administrativo de Planeación, subdirección de metroinformación.
Séptimo: ORDENAR a la Alcaldía de Medellín, que a través del Departamento Administrativo de Planeación, subdirección de metroinformación, una vez archivado el registro en la Notaría Primera de Medellín, en el término máximo de quince (15) días, acompañe a la señora Leonor del Carmen López Torres en todo el procedimiento de actualización de la base de datos del la unidad de clasificación socioeconómica y estratificación (Sisben) del menor José Arley Zuluaga López.
Octavo: ENVÍENSE copias de la totalidad del expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que éste a su vez, las remita al Consulado de Colombia en Caracas, Venezuela, para el cumplimiento de lo aquí ordenado.
LÍBRESE por Secretaría General, las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
(1) Sentencia T-597 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; sentencia T-447 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; sentencia T-387 de 1995, M.P. Hernando Herrera Vergara; sentencia T-1346 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; sentencia T-280 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; sentencia T-258 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.