Source: https://svr.tse.go.cr/actas/2005/42-2005-extraordinaria-del-28-de-abril-del-2005.htm
Timestamp: 2020-02-27 12:24:08
Document Index: 346230558

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 176', 'artículo 176', 'artículo 192', 'artículo 192', 'Artículo 66', 'Artículo 47', 'artículo 2', 'artículo 177']

TSE, Acta 42-2005
ACTA Nº 42-2005
Sesión extraordinaria celebrada por el Tribunal Supremo de Elecciones a las quince horas del dos de mayo del dos mil cinco, con asistencia de los señores Magistrados Fonseca Montoya, quien preside, Sobrado González, Casafont Odor y Rodríguez Chaverri.
ARTÍCULO UNICO.- De la señora Sonia Mata Valle, Jefa de Área de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, se conoce oficio Nº CE-07-5796 del 19 de abril de 2005, mediante el cual se consulta el criterio del Tribunal sobre el dictamen afirmativo de mayoría del proyecto de “REFORMA A VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY Nº 1536 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1952 Y SUS REFORMAS”, de la Comisión Especial Investigadora de Financiamiento y Donaciones de Partidos Políticos, que se tramita con el número de expediente 15.796”.
SE ACUERDA: en los términos del artículo 97 constitucional, contestar la consulta formulada en los siguientes términos:
Con agrado acusamos recibo del dictamen afirmativo de mayoría del proyecto de “REFORMA A VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY Nº 1536 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1952 Y SUS REFORMAS”, de la Comisión Especial Investigadora de Financiamiento y Donaciones de Partidos Políticos, que se tramita con el número de expediente 15.796.
El Tribunal Supremo de Elecciones sometió a conocimiento de la Asamblea Legislativa, en febrero del 2001, un proyecto de Código Electoral, en el que plantea una reforma integral a dicho cuerpo normativo.
Posteriormente, a mediados del 2003, entregó a la Asamblea Legislativa una propuesta de proyecto de ley de “Reforma, Adición y Derogatoria de varios artículos del Código Electoral, Ley N°. 1536 de 10 de diciembre de 1952 y sus reformas”. Se trata de una alternativa que contempla una reforma parcial al Código Electoral vigente, en relación con el tema específico del financiamiento de los partidos políticos.
Ambos documentos contienen disposiciones similares y expresan en forma amplia y puntual la posición del Tribunal Supremo de Elecciones sobre la regulación y el control del financiamiento público y privado de los partidos políticos.
El tema de fondo de la consulta ha sido objeto de examen por parte de este Tribunal en varias ocasiones anteriores, en virtud de múltiples consultas efectuadas por la Asamblea Legislativa en relación con éste y otros proyectos de ley. Por lo tanto, los comentarios y observaciones realizados por el Tribunal, así como las dos propuestas de proyecto de Ley presentadas por este organismo electoral ante la Asamblea Legislativa, son referentes necesarios e integran el presente informe.
Entre otros, deben integrarse los criterios externados con ocasión de los proyectos: “Modificación de la Ley nº 1536, de 10 de diciembre de 1952, Código Electoral y sus Reformas”, Expediente N° 15798; “Reforma al artículo 176 BIS y adición de un nuevo artículo 176 TER al Código Electoral, Ley nº 1536, de 10 de diciembre de 1952 y sus Reformas”, Expediente Nº 15.799; y “Reforma de varios artículos del Código Electoral, Ley nº 1536, de 10 de diciembre de 1952 y sus Reformas”, Expediente Nº 15.800, remitidos a la Asamblea Legislativa mediante oficio Nº 1307-TSE-2005 del 07 de marzo del año en curso, “Reforma a varios artículos del Código Electoral, Ley N° 1536 del 10 de diciembre de 1952 Y sus reformas”, de fecha 9 de diciembre del 2004, que se tramita con el número de expediente 15.002, remitido a la Asamblea Legislativa mediante oficio N° 0690-TSE-2005, del 10 de febrero del año en curso.
Lamentablemente, pero por ser falaces, nos vemos obligados a rechazar en forma enérgica, las aseveraciones contenidas en la “Exposición de motivos” del proyecto sometido a consulta, en relación con el desempeño del Tribunal Supremo de Elecciones. Como lo hemos sostenido en anteriores contestaciones a la Asamblea Legislativa, nunca este organismo electoral se ha apartado de su mandato legal; por el contrario, hemos cumplido a cabalidad todas y cada una de las obligaciones y deberes que le impone el ordenamiento jurídico, pero dentro de los límites de actuación impuestos por el principio de legalidad.
En los últimos años, gracias a la instauración del recurso de amparo electoral, hemos sido vigilantes de que se cumpla el precepto constitucional que obliga a la democratización interna de los partidos, anulando aquellas actuaciones que se apartan de ese principio; también vía jurisprudencia se ha delimitado la forma en que debía cumplirse con el porcentaje de participación femenina, al establecer este organismo que debía hacerse efectivo en los puestos elegibles, lo que derivó en un aumento en la cantidad de diputadas y regidoras electas en los pasados comicios, además de llevar adelante los procesos electorales en forma transparente y con total apego al ordenamiento. De ahí que no podemos aceptar que se nos responsabilice por aspectos que no son competencia de este Tribunal.
En efecto, en lo que se refiere al tema de las donaciones o aportes privados a los partidos políticos, el único numeral donde se regula esta materia es el 176 bis del Código Electoral, norma que en modo alguno confiere al Tribunal potestades de control o fiscalización que le permitan supervisar de manera más efectiva el manejo de esta forma de financiamiento de los partidos políticos, sino que la única atribución que en tal sentido se le brinda al organismo electoral es la de registrar las donaciones o aportes que reporten los partidos, velar porque éstos cumplan con su obligación de presentar dichos reportes con la periodicidad que dicha disposición señala, así como denunciar penalmente la omisión de enviar esa información en el momento oportuno. Pero de ninguna manera se puede entender que ese numeral habilita al Tribunal para investigar el origen de esos aportes, ordenar la realización de auditorías o aplicar inexistentes sanciones administrativas.
Conscientes de tales limitaciones y de la necesidad de adecuar la legislación a la cada vez más compleja realidad política de nuestro país, el Tribunal se abocó, desde finales de la década de los noventa, con la colaboración de otras instancias, entre ellas, el Centro de Asesoría y Capacitación Electoral (CAPEL), a la elaboración de un proyecto de reforma integral al Código Electoral; documento que, luego de múltiples ajustes y revisiones, culminó con la presentación a la Asamblea Legislativa, en febrero del 2001, de un proyecto de Código Electoral. Posteriormente, presentamos, en el 2003, una propuesta alternativa que contempla una reforma parcial al Código Electoral vigente, en relación con el tema específico del financiamiento de los partidos políticos.
Ambas propuestas han sido insumo fundamental para los distintos proyectos de ley elaborados por diputados y diputadas para su discusión en el Congreso. Además, nuestros funcionarios han participado activamente en las Comisiones legislativas a las que han sido convocados, evacuando consultas y dudas tanto de los diputados como de sus asesores, ello con el afán de colaborar en la medida de nuestras posibilidades para lograr la adopción de las reformas legislativas en materia electoral.
En relación con el contenido mismo del proyecto que ahora nos ocupa, vemos con beneplácito el que la mayoría de los temas medulares coinciden con los planteamientos generales previstos en las propuestas del Tribunal Supremo de Elecciones y aunque hemos podido constatar que el texto sometido a consulta presenta algunas omisiones, contradicciones y otros aspectos de forma que estamos seguros serán oportunamente corregidos en el seno de la propia Asamblea Legislativa, avalamos el proyecto con las siguientes sugerencias.
Sugerencias en relación con aspectos relevantes del proyecto, bajo el expediente legislativo N°. 15.796:
- Sobre las Auditorías Internas de los Partidos Políticos (artículo 192):
El Tribunal apoya la creación de la figura del auditor interno como órgano permanente dentro de la organización partidaria. El artículo 192 del proyecto que se somete a consulta, menciona al auditor interno, pero su creación como órgano partidario no está expresamente prevista en ninguna otra norma ni se establece como una disposición que obligatoriamente deban contener los estatutos partidarios.
En el proyecto de Código Electoral que el Tribunal envió a la Asamblea, se propuso la regulación que de seguido se trascribe:
“Artículo 66. Órganos de los partidos políticos:
g) Una auditoría interna, siempre que el partido cuente con recursos provenientes de la contribución estatal”.
El Código Electoral vigente no contiene una disposición similar, por lo que el proyecto sobre el que ahora rendimos informe requerirá integrar una norma de ese tipo para dar contenido a la referencia que hace el proyecto a la auditoría interna de los partidos políticos.
Resulta interesante hacer notar que el “Reglamento sobre el pago de los gastos de los Partidos Políticos”, de la Contraloría General de la República, contiene una disposición que sugerimos sea atendida para la regulación de esta materia:
“Artículo 47.-
Toda agrupación política que en la última elección hubiere recibido (al menos cien millones de colones como aporte del Estado) a la campaña electoral, deberá contar con una unidad de auditoría interna, cuyo superior jerárquico deberá ser un Contador Público Autorizado, y dependerá del Comité Ejecutivo del partido. Esta Unidad de Auditoría Interna tendrá plena independencia, en cuanto a criterio y acción, respecto a todas las funciones que realice”.
Norma que, en nuestro criterio, introduce elementos de equidad que protegen a las agrupaciones políticas “pequeñas” y en general, a aquellas, que no cuentan con la capacidad económica para afrontar el gasto que representa una unidad de auditoría.
- Sobre la creación de la “Dirección General de Financiamiento Privado de los Partidos Políticos” (artículos 189 a 191)
20) Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones y mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, modifique la Relación de Puestos del Título 125 –Tribunal Supremo de Elecciones contenida en el artículo 2° de la Ley N° 8428 del 29 de noviembre del 2004, a efecto de incorporar los puestos y realizar las modificaciones que sean necesarias para dar cumplimiento al artículo _____ de la presente Ley. El costo por la incorporación de nuevos puestos o la modificación de los existentes en la Relación de Puestos citada, obtendrá su financiamiento del saldo de la subpartida 900 “Imprevistos” Título 125 Tribunal Supremo de Elecciones, contenida en la Ley N° 8428, por considerarse erogaciones cuyo fin se enmarca dentro de lo que establece el artículo 177 de la Constitución Política, o en su defecto de cualquier otra fuente de recursos dentro del presupuesto del Tribunal sin que ello contravenga lo establecido en el Decreto Ejecutivo 30906-H y sus modificaciones”.
Por lo expuesto y con las sugerencias y observaciones realizadas, el Tribunal Supremo de Elecciones avala el proyecto de “REFORMA A VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY Nº 1536 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1952 Y SUS REFORMAS”, de la Comisión Especial Investigadora de Financiamiento y Donaciones de Partidos Políticos, que se tramita con el número de expediente 15.796. ACUERDO FIRME.