Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-935-de-diciembre-11-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f6b28895cdbf0356e0430a0101510356&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-19 03:13:34
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 16', 'artículo 241', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 47', 'artículo 93', 'artículo 24', 'artículo 3', 'artículo 23', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 18', 'artículo 12', 'artículo 66', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 29', 'artículo 47', 'artículo 10', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 10', 'artículo 16', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 16', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 16', 'artículo 93']

﻿ Sentencia C-935 de diciembre 11 de 2013
SENTENCIA C-935 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN SORDOCIEGA EN COMITÉS DE DISCAPACIDAD. EL LEGISLADOR OMITIÓ INCLUIR DENTRO DE LOS COMITÉS TERRITORIALES DE DISCAPACIDAD UN REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON SORDOCEGUERA DESCONOCIENDO EL DERECHO DE IGUALDAD Y LOS DEBERES DE PROTECCIÓN FRENTE A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. SE ANALIZA ENTRE OTROS TEMAS LAS CONDIONES PARA LA CONFIGURACIÓN DE OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA. SE DECLARÓ INEXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “SEIS (6)” DEL INCISO 1º LITERAL D) DEL ARTÍCULO 10 Y DECLARÓ EXEQUIBLES CONDICIONALMENTE ALGUNOS APARTES DEL LITERAL D) DEL ARTÍCULO 10 Y DECLARÓ EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 1145 DEL 2007.
TEMAS ESPECÍFICOS:COMITÉ DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL, DERECHO A LA PARTICIPACIÓN, PROTECCIÓN REFORZADA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, DERECHO A LA IGUALDAD, PROTECCIÓN A PERSONA CON DISCAPACIDAD, PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓ
Sentencia C-935 de diciembre 11 de 2013
Ref.: Expediente D-9669
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10, literal d (parcial) y 16 (parcial) de la Ley 1145 de 2007 “Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones”.
Bogotá, D. C., once de diciembre de dos mil trece.
A continuación se transcriben las normas demandadas, publicadas en el Diario Oficial Nº 46.685 de 10 de julio de 2007 y se subrayan los apartes acusados.
— De (sic) la Protección Social.
PAR. 3º—(Transitorio) Defínase un período de transición máximo de cuatro (4) años a partir de la vigencia de la presente ley para que la sociedad civil de la discapacidad se organice y presente sus candidatos al CND al Gobierno Nacional según lo establecido en el presente artículo.
PAR. 5º—El CND a través de su secretaría técnica reglamentará dentro de un término de seis (6) meses a partir de la vigencia de la presente ley, la mecánica de elección y el funcionamiento de los comités territoriales de discapacidad creados en los artículos 14 y 15 de este capítulo”.
La Corte Constitucional es competente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución, para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 10, literal d (parcial) y 16 (parcial) de la Ley 1145 de 2007 “Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones”
Frente a tales cuestionamientos el Ministerio de Salud y Protección Social intervino para solicitar se desestimen los cargos, al considerar que no existe una omisión legislativa pues la población sordociega puede intervenir en los mencionados espacios de interlocución en representación de las personas con discapacidad múltiple.
La Asociación Colombiana de Sordociegos, Surcoe, el Instituto Nacional para Ciegos, Inci, la Universidad Popular del Cesar y el ciudadano interviniente consideran que en los artículos 10 y 16 de la Ley 1145 de 2007, el legislador incurrió en una omisión relativa pues estableció la participación de representantes de organizaciones de personas con distintas discapacidades, pero no se incluyó a las organizaciones de personas sordociegas aunque de acuerdo al artículo 1º de la Ley 982 de 2005, la sordoceguera es una limitación singular que no puede confundirse ni subsumirse en la discapacidad múltiple porque tiene unas particularidades y necesidades de comunicación, acceso a la información, orientación y movilidad especiales y diferentes a las de las personas con limitaciones auditivas o visuales. Estos intervinientes igualmente coinciden en afirmar que esta exclusión de los órganos que integran el Sistema Nacional de Discapacidad vulnera el derecho de participación pues impide a la población sordociega tener un lugar en ellos.
Por su parte el Procurador General de la Nación, solicita a la Corte declarar exequibles los apartes acusados de los artículos 10 y 16 de la Ley 1145 de 2007 y exhortar al Congreso de la República para que regule la composición del Consejo Nacional de Discapacidad, CND, de los comités departamentales y distritales de discapacidad, CDD, y de los comités municipales y locales de discapacidad, CMD o CLD, incluyendo al menos un representante de las organizaciones de personas con sordoceguera, al considerar que si bien existe una omisión legislativa relativa porque el legislador al consagrar la representatividad de las organizaciones de personas con discapacidad en tales cuerpos colegiados no incluyó a la población sordociega, como la omisión compromete la composición del Consejo Nacional de Discapacidad y los comités territoriales de discapacidad, debe ser subsanada por el legislador, en virtud del principio democrático, conforme al criterio adoptado en la Sentencia C-1053 de 2012.
En atención a los cargos formulados en el escrito de la demanda, esta Sala Plena debe resolver si los artículos 10, literal d (parcial) y 16 (parcial) de la Ley 1145 de 2007, que determinan la conformación del Consejo Nacional de Discapacidad y de los comités distritales, municipales y locales de discapacidad con representantes de organizaciones de personas con discapacidad física, visual, auditiva, mental, cognitiva y múltiple, vulneran el principio de igualdad y el derecho de participación de la población sordociega, por no incluir un representante de personas con esta discapacidad en la conformación de los mencionados órganos del Sistema Nacional de Discapacidad.
Con el propósito de realizar el estudio respectivo la Corte se referirá a los siguientes temas: (i) Marco constitucional de protección a la población con discapacidad; (ii) Desarrollo legislativo de medidas a favor de la población con discapacidad; (iii) La sordoceguera como discapacidad única y diferente de la discapacidad auditiva y de la discapacidad visual; (iv) Elementos para la configuración de omisión legislativa relativa; y (v) análisis concreto de los cargos.
3. Marco constitucional de protección a la población con discapacidad. Protección constitucional reforzada.
Un aspecto esencial derivado de la adopción de un modelo de Estado Social de Derecho en la Constitución Política de 1991, es el propósito de asegurar condiciones de igualdad material entre los habitantes del territorio nacional, como se anticipa en el preámbulo de la Constitución(1).
El principio de igualdad se fundamenta en la dignidad humana, en reconocimiento de la diversidad entre los integrantes de la nación, el cual impone dar igual trato, derechos y oportunidades a quienes se encuentran en las mismas condiciones, y brindar un tratamiento disímil a quienes no lo están.
El artículo 13 de la Constitución recoge este aspecto del derecho a la igualdad, e igualmente reconociendo la existencia de grupos históricamente marginados o discriminados, con el fin de superar esta situación y procurar el bienestar del ser humano que es el eje central de la actividad estatal en un Estado Social, consagra la obligación de adoptar acciones afirmativas a favor de estos grupos en aras de que la igualdad sea real y efectiva(2).
En garantía del derecho fundamental a la igualdad la norma constitucional también contempla una correlativa obligación para el Estado que consiste en brindar especial protección a quienes por sus condiciones físicas, mentales o económicas se encuentran en situación de debilidad manifiesta o vulnerabilidad.
Dispone el artículo 13 de la Constitución:
Dentro de este grupo de destinatarios de medidas especiales de protección se encuentran las personas con discapacidad, quienes conforme al artículo 47 de la Constitución Política, tienen derecho a que el Estado adelante una política de previsión, rehabilitación e integración social en su favor, y a que se les preste la atención especializada que requieran(3), en atención a la situación de vulnerabilidad generada por barreras y condiciones inadecuadas en el entorno y la existencia de prácticas discriminatorias contra este grupo poblacional que ha logrado hacerse visible y ser reconocido desde su diferencia con mayor énfasis a partir de la Constitución Política de 1991, en virtud del carácter vinculante y trasversal del respeto por la dignidad humana(4).
Para cumplir con este deber constitucional se requiere el desarrollo de políticas públicas que den cuenta de su atención diferencial y se enfoquen en brindar las condiciones para el goce efectivo e integral de sus derechos y la defensa de sus intereses, eliminando barreras que impidan la integración de las personas con discapacidad(5).
Se habla entonces de adoptar medidas que se ajusten al modelo social de discapacidad,“[e]l modelo social inspirado en tales ideas, sugiere tres conclusiones importantes: (i) que la discapacidad no es ‘de la persona’, sino el resultado de su exclusión en la participación social; (ii) que la exclusión no es inevitable como se piensa, al punto en que es posible imaginar una sociedad que ha solucionado el problema de la integración social en su conjunto, y (iii) que es correcto reconstruir el concepto de personas con discapacidad, como una categoría social de personas que han sido excluidas de los estándares tradicionales de la sociedad y no simplemente como un concepto que identifica a personas que han padecido circunstancias personales de limitación. || La superación de la discapacidad desde este análisis, sugiere una intervención social que exige hacer las modificaciones ambientales que sean necesarias, para asegurar la participación plena de las personas con esta condición en las estructuras regulares del entramado colectivo. De ahí que para quienes se identifican con esta concepción de la discapacidad, el problema termine siendo de actitud, y por lo tanto su atención requiera de la introducción de cambios colectivos que permitan la integración de estas personas || La discapacidad, analizada desde la perspectiva social de no pertenecer ambientalmente al modelo humano antropométrico, mental y funcionalmente ‘perfecto’, permite en materia de accesibilidad, que personas con deficiencias permanentes, —sean mentales, físicas o sensoriales—, conjuntamente con las personas afectadas por circunstancias discapacitantes, como pueden ser las personas de la tercera edad, niños pequeños, personas embarazadas, etc., puedan ser protegidas a través de las disposiciones que sean pertinentes en materia de discapacidad y que tengan en cuenta sus específicas necesidades de integración”(6).
De igual forma, los artículos 54 y 68 de la Constitución establecen normas encaminadas a garantizar a las personas con discapacidad el acceso al trabajo y a la educación(7).
A partir de las disposiciones constitucionales en cita, la Corte Constitucional en la Sentencia C-478 de 2003, al referirse a los deberes asignados al Estado para garantizar la efectividad del derecho a la igualdad a la población con discapacidad, indicó:
“De tal suerte, que de conformidad con la Constitución el compromiso que tiene el Estado para con las personas discapacitadas es doble: por una parte, abstenerse de adoptar o ejecutar cualquier medida administrativa o legislativa que lesione el principio de igualdad de trato; por otra, con el fin de garantizar una igualdad de oportunidades, remover todos los obstáculos que en los ámbitos normativo, económico y social configuren efectivas desigualdades de hecho que se opongan al pleno disfrute de los derechos de estas personas, y en tal sentido, impulsar acciones positivas”(8).
“las personas en situación de discapacidad son sujetos de especial protección por parte del Estado y de la sociedad en general, por lo que, tanto instituciones como individuos deben facilitar de una forma activa el ejercicio de los derechos de este sector de la población. (…) Por ende las personas en situación de discapacidad deben ser tuteladas en primer lugar (i) mediante la prohibición de medidas negativas o restrictivas que constituyan obstáculos o barreras para hacer efectivos sus derechos; y en segundo término (ii) mediante medidas de acción positiva o acciones afirmativas de tipo legislativo, administrativo o de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de dicho colectivo de personas. En este último caso dichas medidas no deben ser entendidas como una forma de discriminación, sino como una preferencia que tiene como fin promover la integración social o el desarrollo individual de las personas en situación de discapacidad para su integración efectiva en la sociedad”(9).
Este deber de protección también encuentra fundamento en los compromisos del Estado frente a la población con discapacidad, asumidos a través de distintos instrumentos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad con el artículo 93 de la Constitución(10).
En primer lugar, la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y adoptada en el derecho interno mediante la Ley 16 de 1972, establece como principio general la igualdad material en el artículo 24.
Dentro de ellos igualmente cabe destacar la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en ciudad de Guatemala el 6 de julio de 1999, e incorporada al derecho interno mediante la Ley 762 de 2002(11), tiene como objetivo central contribuir a la eliminación de la discriminación(12) contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración.
“b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia” (negrillas fuera del texto).
Así mismo, unos de los compromisos asumidos por el Estado mediante la adopción de este instrumento internacional es el consagrado en el artículo V, el cual indica que:
“1. Los Estados parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus respectivas legislaciones nacionales, la participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar la presente convención.
2. Los Estados parte crearán canales de comunicación eficaces que permitan difundir entre las organizaciones públicas y privadas que trabajan con las personas con discapacidad los avances normativos y jurídicos que se logren para la eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad”.
En relación con este deber de promover la participación y efectiva intervención de las personas con discapacidad en las organizaciones que los representan, la Corte Constitucional en la Sentencia C-401 de 2003, expresó:
“El artículo quinto de la convención establece que los Estados promoverán, en la medida en que sea compatible con las respectivas legislaciones nacionales, la participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar la convención.
Dichas previsiones resultan en todo compatibles con el ordenamiento jurídico colombiano, toda vez que se encuentran acordes con los principios democráticos y participativos que lo gobiernan y en especial, concuerdan con el fin esencial del Estado de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. (C.P., art. 2º).
Cabe precisar que la norma no impone una determinada forma de participación ni establece cuotas, ni fija consecuencias específicas por la ausencia de representantes de las organizaciones especializadas en el tema o de personas con discapacidad en las instancias a que ella alude”.
De otra parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 31 de diciembre de 2006 e incorporada al derecho interno mediante la Ley 1346 de 2009(13), establece que:
Y sobre la participación indica:
ART. 29.—Participación en la vida política y pública.
a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, (…)
ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones”.
La misma convención en el artículo 3º estableció dentro de los principios generales el de no discriminación y la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
Dentro de los instrumentos internacionales que buscan brindar protección especial, garantizar la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad y constituyen un parámetro interpretativo para la aplicación en el ordenamiento interno de los Estados también se destacan la Declaración de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas de 1948, la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación, aprobada por la Resolución 3447 de la ONU del 9 de diciembre de 1975, la Declaración de Sund Berg de Torremolinos, Unesco 1981, la Declaración de las Naciones Unidas concerniente a las personas con limitación de 1983, la Recomendación 168 de la OIT de 1983, el Convenio 159 de la OIT “sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas” aprobado mediante la Ley 82 de 1988(14); el “Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad”; el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño(15); la Observación General 5 sobre las personas en situación de discapacidad proferida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Resolución 48/96 del 20 de diciembre de 1993, de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre “Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”,
Son entonces varios los instrumentos internacionales que tienen por objetivo superar la discriminación que históricamente ha afectado a las personas con discapacidad mediante el establecimiento de diversas acciones afirmativas dentro de los cuales es preciso resaltar la obligación asumida en virtud del artículo V de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, encaminada a generar espacios de participación de las personas con discapacidad en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas para este grupo poblacional.
Si bien, como lo refirió la Corte Constitucional en la Sentencia C-401 de 2003 el artículo quinto de la convención no impone una determinada forma de participación ni establece cuotas, ni fija consecuencias específicas por la ausencia de representantes de las organizaciones especializadas en el tema o de personas con discapacidad en las instancias a que ella alude, es claro que el mandato de respeto de derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución también debe proyectarse al definir tales aspectos dentro del ordenamiento interno de los Estados, pues es inadmisible considerar que la normativa internacional promueve la eliminación de la discriminación de las personas con discapacidad respecto de quienes no lo son, pero tolera prácticas, modelos o medidas de diferenciación negativa entre quienes integran la población con discapacidad, otorgando derechos que a otros niega sin justificación.
En desarrollo de la normativa que integra el marco constitucional de protección de los derechos de las personas con discapacidad, el legislador además de las leyes mediante las cuales incorpora distintos instrumentos internacionales sobre el tema, ha expedido otros ordenamientos bajo el denominador común de promover la eliminación de la discriminación de las personas con discapacidad y generar espacios de inclusión.
Es así como la Ley 361 del 11 de febrero de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, contempla normas encaminadas a asegurar una mejor prestación de los servicios de salud y educación, promover la inclusión en espacios laborales, facilitar la movilidad y la comunicación de las personas con discapacidad. De igual forma, esta normativa consagra mecanismos que buscan garantizar la efectiva incorporación social de las personas con limitaciones en todos los ámbitos de la vida en sociedad.
En particular, en el Capítulo IV la Ley 982 se ocupa de fijar el alcance de las medidas y acciones afirmativas allí consagradas respecto de los sordociegos, y al respecto señala:
“ART. 11.—Todos los derechos de educación, salud, interpretación, traducción e información referidos a los sordos señantes se extenderán a los sordociegos señantes, quienes además tendrán derecho a exigir servicio de guía-intérprete para permitir la interacción comunicativa de estas personas sordociegas mediante el uso de los diversos sistemas de comunicación.
“ART. 12.—Todos los derechos de educación, salud, interpretación, traducción e información referidos a los sordos hablantes de español se extenderán a los sordociegos hablantes, quienes, además, tendrán derecho a exigir formas táctiles de texto o intérpretes especializados en la representación táctil del español u otros sistemas de comunicación”.
El Sistema Nacional de Discapacidad, es “el mecanismo de coordinación de los diferentes actores que intervienen en la integración social de esta población, en el marco de los Derechos Humanos, con el fin de racionalizar los esfuerzos, aumentar la cobertura y organizar la oferta de programas y servicios, promover la participación de la población fortaleciendo su organización, así como la de las organizaciones públicas y de la sociedad civil que actúan mediante diversas estrategias de planeación, administración, normalización, promoción/prevención, habilitación/rehabilitación, investigación, y equiparación de oportunidades” (art. 5 ídem).
En cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 5º del artículo 16 de la Ley 1145 de 2007, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 3317 del 16 de octubre 2012, mediante la cual reglamenta la elección y funcionamiento de los comités territoriales de discapacidad.
En relación con los comités departamentales y distritales de discapacidad (CDD), indica que les corresponde la elaboración y aprobación de los planes departamentales o distritales de discapacidad, en concordancia con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1145 de 2007, y el artículo 3º le asigna los siguientes objetivos:
7. Organizar reuniones periódicas con un representante de cada CMD o CLD, según corresponda, que den lugar a la presentación de informes de gestión, socialización de la política pública de discapacidad en su territorio y de los lineamientos para la elaboración de programas y proyectos en discapacidad, coordinación y articulación de acciones en red y fortalecimiento de los comités de discapacidad”.
Corresponde a los comités municipales y locales (CMD y CLD), elaborar y aprobar los planes de discapacidad a nivel municipal o local, que deben ser incluidos en el plan de desarrollo municipal o local y estar basados en las necesidades de las personas con discapacidad, los programas y proyectos con los que cuenta la administración territorial correspondiente, los servicios que se prestan por las ONG y entidades privadas, la identificación de programas y servicios faltantes. A través de estos planes de discapacidad se definen las acciones, compromisos, responsables y corresponsables, el cronograma para su ejecución y recurso a disponer (artículo 18 de la Resolución 3317 del 16 de octubre 2012)
La resolución en mención, en el artículo 12 igualmente determina que los comités municipales y locales tienen como fines:
“1. Construir el plan municipal o local de discapacidad, el cual deberá ir articulado con el plan de desarrollo territorial correspondiente, definiendo claramente, entre otras, las líneas de política, objetivos, actividades, estrategias, metas, indicadores de cumplimento y recursos.
En el año 2011, el legislador expidió la Ley 1438, “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones” en la cual se determina que uno de los principios del referido sistema es el enfoque diferencial, en virtud del cual se “reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, condición de discapacidad y víctimas de la violencia para las cuales el Sistema General de Seguridad Social en Salud ofrecerá especiales garantías y esfuerzos encaminados a la eliminación de las situaciones de discriminación y marginación”, e igualmente determina en el artículo 66 el deber de brindar atención integral en salud para las personas con discapacidad, e implementar una política nacional de salud con un enfoque diferencial con base en un plan de salud del Ministerio de la Protección Social.
Recientemente, el 27 de febrero de 2013, se expidió la Ley Estatutaria 1618 de 2013, “por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, con el fin de garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, en concordancia con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Esta normatividad al contemplar medidas para garantizar el derecho al trabajo de la población con discapacidad, respecto de la población con discapacidad múltiple en el artículo 13 establece que el Ministerio de Salud y Protección Social deberá: “c) Desarrollar planes y programas de inclusión laboral y generación de ingresos flexibles para las personas que por su discapacidad severa o discapacidad múltiple, no puedan ser fácilmente incluidos por el mercado laboral, o vinculados en sistemas de producción rentables o empleos regulares. Para el efecto, deberá fijar estrategias protegidas o asistidas de generación de ingresos o empleo que garanticen en cualquiera de las formas ingresos dignos y en las condiciones de seguridad social que correspondan, y permitiendo a sus cuidadoras y cuidadores, y sus familias, las posibilidades de intervenir en estos procesos;”.
Y en relación con las personas con sordoceguera impone al SENA el deber de b) “Garantizar la prestación del servicio de intérpretes de lengua de señas y guías intérpretes, para la población con discapacidad auditiva y sordoceguera, y ayudas tecnológicas para las personas con discapacidad visual, así como los apoyos específicos que requieren las personas con discapacidad intelectual”.
El artículo 1º de la Ley 982 de 2005, fija el alcance de los conceptos “sordoceguera” y “sordociego”, en los siguientes términos:
“16. ‘Sordoceguera’. Es una limitación única caracterizada por una deficiencia auditiva y visual ya sea parcial o total; trae como consecuencia dificultades en la comunicación, orientación, movilidad y el acceso a la información.
17. ‘Sordociego(a)’. Es aquella persona que en cualquier momento de la vida puede presentar una deficiencia auditiva y visual tal que le ocasiona serios problemas en la comunicación, acceso a información, orientación y movilidad. Requiere de servicios especializados para su desarrollo e integración social” (resaltado fuera del texto).
A través de la disposición en cita la ley reconoce y determina que la sordoceguera es una discapacidad única que resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales (auditiva y visual). La confluencia en esta discapacidad de trastornos visuales y auditivos genera problemas de comunicación y movilidad únicos y otras necesidades muy particulares de desarrollo y aprendizaje, por cuanto las posibilidades de conexión y relación con el entorno están marcadas esencialmente por el sentido del tacto a través del cual recibe la información y se produce la comunicación con el medio y con los demás, ante las dificultades para usar el lenguaje de señas que usan los sordos. Esta afectación de las habilidades diarias necesarias para una vida mínimamente autónoma, exige una política de atención especial encaminada a establecer mecanismos que les permitan percibir, conocer y desenvolverse en su entorno.
En efecto, las intervenciones de organizaciones especializadas indican que en atención a la multiplicidad y complejidad de problemas sensoriales que se incluyen en el término “sordoceguera” no son apropiados para las personas sordociegas los programas educativos especiales para niños y jóvenes con trastornos auditivos o visuales. “Los niños que son sordos y ciegos necesitan una educación individualizada debido a que los problemas de vista y audición requieren enfoques educativos especiales y exclusivos para asegurar que los niños tengan la oportunidad de alcanzar plenamente su potencial”(16).
Estas condiciones particulares imponen igualmente la adopción de medidas especiales de protección a favor de las personas sordociegas.
La Corte Constitucional en la Sentencia T-006 de 2008, al referirse a la exigencia de un intérprete de lenguaje de señas en los centros hospitalarios para garantizar la accesibilidad al servicio de la población con limitaciones auditiva, señaló:
“la Corte ha señalado que respecto de las personas con limitaciones auditivas, de habla o de visión graves, la Constitución establece una protección constitucional reforzada orientada al establecimiento de condiciones reales de inclusión social (arts. 13, 47 y 54; art.2º)(17), lo que se extiende a: (i) la proscripción de medidas discriminatorias o excluyentes; (ii) la remoción de obstáculos y barreras de acceso a sus derechos de ciudadanía política, civil y social; (iii) las acciones afirmativas o de discriminación positiva, que les permitan acceder, en igualdad de condiciones, al goce de sus derechos fundamentales; y (iv) las políticas de prevención, rehabilitación e integración social(18). Se trata entonces de una equiparación efectiva de oportunidades para el goce de los derechos que se reconocen a toda persona(19)”.
Y recientemente, al estudiar la constitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley 982 de 2005 en la Sentencia C-605 de 2012, indicó la Corte:
“En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha reconocido el derecho fundamental que les asiste a las personas sordas, sordociegas y sordomudas a expresarse jurídicamente, de forma válida, tanto por escrito, como por señas, incluyendo, por supuesto lenguajes de señas como la lengua de señas de Colombia, LSC. Ha protegido los derechos de esta población en diversos ámbitos como el derecho a la autonomía de la voluntad y a ejercer su libertad contractual y de actuación jurídica en general, el derecho a la salud o el derecho a la educación. Es deber del juez constitucional, por tanto, proteger y garantizar los derechos de personas con discapacidades y permitir que mediante políticas de promoción y de inclusión, en desarrollo del derecho a la igualdad, que demanda la protección de minorías (como lo son personas que no tienen o no pueden usar adecuadamente sentidos que la sociedad mayoritaria privilegia en ciertas áreas y ámbitos de la vida). Pero los jueces constitucionales se han de encargar también de que la promoción de una práctica lingüística no sea leída e interpretada como un privilegio o una exclusión de ciertos grupos de personas, igual o más vulnerable que los que se pretende proteger. Promocionar no es privilegiar y muchos menos excluir”.
6. Requisitos para la configuración de omisión legislativa relativa
El quebrantamiento de las normas de la Constitución Política y aquellas que a ella se integran como parte del bloque de constitucionalidad, puede generarse por la consagración en una disposición de un contenido normativo que desconozca aquellas normas superiores, o por la inobservancia, al momento de ejercer la función legislativa, de principios y deberes de orden constitucional que llevan a crear normativas que descuidan incluir en su campo de aplicación, destinatarios o alcance, supuestos necesarios para que resulten conforme a la Constitución.
En Sentencia C-715 de 2012, al referirse a la inconstitucionalidad derivada de la omisión legislativa relativa, reiteró la Corte Constitucional que:
i) Que exista una norma en concreto de la cual se predique la omisión legislativa;
ii) Que la norma excluye de sus consecuencias jurídicas casos que por ser asimilables deben estar contenidos en la disposición demandada, o no incluye un elemento o condición que resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Constitución Política;
iii) Que la exclusión de casos, elementos o condiciones carezcan de un principio de razón suficiente;
iv) Que a falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma, y en consecuencia se vulnere el principio de igualdad por esa falta de justificación y objetividad del trato desigual; y
v) Que la omisión sea por el incumplimiento de un deber específico y concreto impuesto por una norma constitucional al legislador.
7. Análisis concreto de los cargos.
7.1. Los artículos 10, literal d y 16 de la Ley 1145 de 2007, en lo acusado, desconocen el principio de igualdad y el derecho de participación de las personas con sordoceguera.
Toda vez que la censura ciudadana parte de afirmar que el legislador omitió contemplar a un sector de la población con discapacidad en las normas demandadas y ello conlleva la trasgresión de los derechos a la igualdad y de participación de las personas con sordoceguera, el ejercicio del control constitucional se hará a partir de las cinco condiciones que deben presentarse para que pueda sostenerse que hay una omisión inconstitucional en las disposiciones legales mencionadas.
i) Que exista una norma en concreto de la cual se predique la omisión legislativa.
6. Un representante de las organizaciones de personas con discapacidad múltiple.
La omisión se predica de las citadas normas en concreto, en cuanto en la conformación de los citados órganos del Sistema Nacional de Discapacidad no instituyeron la participación de un representante de la población con sordoceguera.
ii) Que la norma excluye de sus consecuencias jurídicas casos que por ser asimilables deben estar contenidos en la disposición demandada, o no incluye un elemento o condición que resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Constitución Política.
Del mismo modo, el artículo 16 de la ley 1145 de 2007, indica que en los comités territoriales de discapacidad —CDD, CMD Y CLD—, tendrán representatividad las organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad en la siguiente conformación:
Para determinar si la condición de los sordociegos es asimilable o no a la de las demás personas con discapacidad respecto de la posibilidad de conformar los órganos en los cuales no tienen representación, es necesario considerar las funciones y objetivos de estos:
Y en un tercer nivel, los comités municipales y locales (CMD y CLD), son los encargados de elaborar y aprobar los planes de discapacidad a nivel municipal o local, que deben ser incluidos en el plan de desarrollo municipal o local y estar basados en las necesidades de las personas con discapacidad, los programas y proyectos con los que cuenta la administración territorial correspondiente, los servicios que se prestan por las ONG y entidades privadas, la identificación de programas y servicios faltantes.
Conforme con lo anterior, en los citados espacios de interlocución se diseña, formula hace seguimiento y evalúa la política pública para el sector de la discapacidad en general y con el objetivo de adoptar políticas integrales, que tengan en cuenta las necesidades particulares de todas y cada una de las clases de discapacidad, sin excluir a algún tipo de discapacidad en particular. Es por ello que en su conformación se establece la representación de organizaciones de personas con diversas limitaciones para que intervengan en la planeación, elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y proyectos dirigidos a la inclusión social y la superación de las desigualdades de la población con algún tipo de discapacidad,
De acuerdo con lo expuesto, los sordociegos, en cuanto personas con una discapacidad, se encuentran en una situación en todo asimilable a la de los demás grupos de personas con diversas discapacidades que tienen representación en el Consejo Nacional y en los comités territoriales de discapacidad. En efecto, converge en todos ellos y en las personas con sordoceguera la misma condición de tener una discapacidad. Los sordociegos, al igual que los demás grupos representados en los mencionados organismos del Sistema Nacional de Discapacidad, son personas que tienen limitaciones o deficiencias en su actividad cotidiana y restricciones en la participación social por causa de una condición de salud, o de barreras físicas, ambientales, culturales, sociales y del entorno cotidiano, que se buscan eliminar a través del diseño de políticas públicas que tengan en cuenta las necesidades especiales de cada grupo de personas con discapacidad que tiene asiento en la conformación de los mencionados organismos.
En este punto resulta fundamental reiterar que la sordoceguera, de acuerdo con el artículo 1º, numeral 16, de la Ley 982 de 2005 es una limitación única caracterizada por una deficiencia auditiva y visual ya sea parcial o total que en cuanto trae como consecuencia dificultades en la comunicación, orientación, movilidad y el acceso a la información, que son diferentes a las de las personas sordas o ciegas, requiere de la adopción del diseño de una política especial que les permita el acceso a la educación, la salud, el trabajo, la recreación, la cultura y otros espacios de socialización y desarrollo de los individuos. Como se indicó en precedencia, dado que la población con esta discapacidad padece una grave afectación de las habilidades diarias necesarias para una vida mínimamente autónoma, exige una política de atención especial encaminada a establecer mecanismos que les permitan percibir, conocer y desenvolverse en su entorno.
No obstante lo anterior, en la conformación del Consejo Nacional y los comités territoriales de discapacidad, establecida en las normas demandadas, no se contempló la representación de personas afectadas por este tipo único de discapacidad, participación que si se permite a quienes tienen otras limitaciones.
iii) Que la exclusión de casos, elementos o condiciones carezcan de un principio de razón suficiente.
La Sala no advierte razón alguna que válidamente justifique que las personas con sordoceguera no estén representadas en el Consejo Nacional y los comités territoriales de discapacidad, en cuya conformación si participan representantes de personas con otros tipos de discapacidad.
Al respecto es importante resaltar que la sordoceguera no puede asimilarse a la discapacidad múltiple, de la cual no hay una definición legal pero que ha sido entendida por los intervinientes especializados como la suma de dos limitaciones. Bajo esta perspectiva considerar que a través de la representación de personas con discapacidad múltiple los sordociegos tienen participación en el CND o en los CDD, desconoce que las medidas afirmativas dirigidas a la inclusión de los sordos y de los ciegos, no son en todo adecuadas y aplicables a los sordociegos, en cuanto han sido diseñadas partiendo de las posibilidades de comunicación muy diversas con el entorno. En el evento de los sordos, a partir de una limitación exclusivamente auditiva y para el evento de los ciegos a partir de una deficiencia exclusivamente visual que les brinda posibilidades de comunicarse y relacionarse a través de los demás sentidos; sin embargo, como lo han informado en sus intervenciones las organizaciones Surcoe e Insor, la posibilidad de relacionarse con el entorno de población sordociega gira alrededor del tacto, por las limitaciones que en esta forma de discapacidad convergen.
Para la Sala, no hay duda que en el cumplimiento del deber de construir una política pública especial, la población a favor de la cual se adopta es un actor fundamental pues a partir del conocimiento de la situación real de satisfacción de sus necesidades básicas y requerimientos especiales, se pueden fijar con mayor asertividad los lineamientos adecuados a partir de los cuales se estructurarán las políticas, planes y programas a favor de las personas con esta discapacidad.
Así las cosas, no existe entonces un argumento contundente que justifique excluir de representación en los citados organismos del Sistema Nacional de Discapacidad, a la población con sordoceguera.
iv) Que a falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma, y en consecuencia se vulnere el principio de igualdad por esa falta de justificación y objetividad del trato desigual.
Los artículos 10, literal d, y 16 de la Ley 1145 de 2007, en cuanto no permiten la participación en los citados espacios de elaboración, concertación y seguimiento de las políticas públicas en discapacidad, de un representante de las organizaciones de personas sordociegas crea una situación de desigualdad negativa o discriminación, pues de manera injustificada se niega a este grupo de población discapacitada la posibilidad de intervenir en el diseño de medidas que, atendiendo a sus necesidades particulares puedan fijarse mediante la adopción de políticas públicas dirigidas a los sordociegos, prerrogativa que sí se otorga a los representantes de personas con otras discapacidades.
La exclusión señalada, además, coarta la posibilidad que desde los espacios de participación mencionados, al igual que otras personas con discapacidad, las personas con sordoceguera realicen el seguimiento y evaluación de las normas fijadas en la Ley 982 de 2005 y que buscan superar la desigualdad en materia laboral, facilitar la comunicación, superar las restricciones de acceso a la educación y a la administración de justicia y favorecer la inclusión social y el mejoramiento de la calidad de vida de los sordociegos.
En este sentido, es preciso reiterar que el mandato de respeto del derecho a la igualdad también debe proyectarse al definir las formas de participación de la población con discapacidad en el ordenamiento colombiano, pues la eliminación de la discriminación de las personas con discapacidad no solo tiene campo de aplicación frente a las personas que no tienen esta condición, pues involucra igualmente a las organizaciones y a toda la población con discapacidad, sin que resulten admisibles prácticas, modelos o medidas de diferenciación negativa entre quienes integran la población con discapacidad, otorgando derechos que a otros se niega sin justificación.
La omisión del legislador antes advertida, implica un déficit de protección a los sordociegos que lleva al desconocimiento no solo del derecho a la igualdad sino también del derecho de participar en la adopción de las decisiones que los afectan, cuyo reconocimiento parte de la forma de democracia participativa tal como señala el artículo 2º de la Constitución.
La situación derivada de las normas demandadas impide que la comunidad sordociega tenga participación e incidencia en la elaboración de las políticas públicas enfocadas a promover la integración social de quienes tienen esta discapacidad, por lo cual riñen con los derechos constitucionales a la igualdad, de participación, a la prevención, rehabilitación y reintegración social de las personas con sordoceguera.
En este sentido cabe recordar que, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, establece que en el artículo 2º que “b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia” (negrillas fuera del texto).
La omisión de establecer la participación igualitaria de las personas con sordoceguera en los cuerpos colectivos encargados de la formulación de las políticas públicas de discapacidad desconoce el deber especial de protección que tiene el Estado frente a los sordociegos, y que dicho deber corresponde ejercerlo brindándole a estas personas las mismas prerrogativas y escenarios de participación dados a las organizaciones de personas con otras discapacidades(20).
Esta omisión legislativa igualmente desconoce las obligaciones asumidas por el Estado colombiano en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad incorporada al derecho interno mediante la Ley 1346 de 2009(21), que en el artículo 5º, numeral 2, establece: “Los Estados partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo”.
Pero no solo se trata de la inobservancia del deber de establecer oportunidades atendiendo a criterios de igualdad, pues al instituir la representación y un puesto en los mencionados órganos del Sistema Nacional de Salud para otras personas con discapacidades diversas a la sordoceguera y a estos no, constituye un desconocimiento del derecho a la participación igualitaria de las personas con discapacidad en la vida política y pública, reconocido en el artículo 29 de la la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad , conforme al cual:
“ART. 29.—Participación en la vida política y pública.
La omisión legislativa también constituye un obstáculo para el cumplimiento en condiciones de igualdad de la obligación que establece el artículo 47 de la Constitución Política, según el cual el Estado debe adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos sensoriales, y prestar la atención especializada que requiera la población con sordoceguera.
Lo anterior por cuanto debe garantizarse a las personas con sordoceguera la participación en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los diversos componentes (disponibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad y accesibilidad) de las políticas públicas adoptadas por entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal, y en relación con las obligaciones que surgen de ellas para toda la sociedad para la materialización concreta de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, sin que medie ningún tipo de discriminación, ni en relación con personas con otros tipos de discapacidades
Así, aunque no exista una obligación constitucional de incluir en la conformación del Consejo Nacional de Discapacidad y en los comités territoriales, a un representante de la población sordociega, esta participación se torna en un imperativo en virtud del principio de igualdad, teniendo en cuenta que en tales escenarios de discusión de las políticas públicas si se les permite intervenir a representantes de otras discapacidades igualmente únicas.
7.2 Consecuencias de la omisión legislativa relativa.
Establecido que el legislador incurrió en una omisión legislativa que genera una situación de discriminación en detrimento de la garantía de los derechos de un grupo particular del universo de población con discapacidad, entrará la Sala a establecer las consecuencias de la inconstitucionalidad advertida en las disposiciones acusadas.
7.2.1 Inclusión de un representante de las organizaciones de sordociegos en la Comisión Nacional de Discapacidad.
Eliminada la barrera numérica, se declarará exequible el artículo 10, en lo demás, siempre que se entienda que de su conformación también hará parte un representante de las organizaciones de personas sordociegas —sin que ello implique la exclusión de un representante de personas con otra discapacidad—.
7.2.2 Inclusión de un representante de las organizaciones de sordociegos en los comités departamental, distrital, municipal y local de discapacidad.
El artículo 16 de la Ley 1145 de 2007, será declarado exequible bajo el entendido que dentro de la composición de los representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad, tendrá participación un representante de las organizaciones de personas con sordoceguera. Lo anterior por cuanto el inciso primero de la citada disposición establece que “Los CDD, CMD o CLD, estarán conformados como mínimo por”, de tal forma que la consagración de cinco, como el número de representantes de tales organizaciones no debe entenderse en relación con los comités territoriales como una limitante, que impida dar participación a los representantes de las personas con sordoceguera, como sí sucede en el caso del Consejo Nacional de Discapacidad. En este orden, dentro de ese mínimo al que se refiere el inciso primero del artículo 16, deberá incluirse un representante de las personas con sordoceguera.
Por último, cabe resaltar que la inserción de un integrante en los cuerpos colectivos fijados por el legislador, obedece a la necesidad de adecuar la actuación estatal y de las instancias de formulación de políticas públicas a los principios de igualdad y no discriminación y de universalidad en materia de derechos humanos, y de corregir los efectos de una norma que resulta discriminatoria de un grupo especial de personas, que por sus condiciones exigen por parte del estado, la adopción de medidas necesarias para garantizar sus derechos humanos de forma plena.
Pese a que las razones expuestas son suficientes para condicionar la exequibilidad de las normas demandadas en los términos antes señalados, en atención al principio de lealtad procesal es del caso presentar los argumentos por las cuales no se acoge la solicitud del señor Procurador General de la Nación, en cuanto a declarar exequibles las normas acusadas y exhortar al Congreso de la República para que regule la composición del Consejo Nacional de Discapacidad y de los Comités territoriales de discapacidad.
La inclusión de un representante de las personas con sordoceguera en los mencionados cuerpos colectivos a través de la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “seis (6)” del inciso primero del artículo 10, literal d, de la Ley 1145 de 2007 y la exequibilidad condicionada del literal d, en todo lo demás, y del artículo 16 de la misma ley, busca subsanar la omisión legislativa advertida mediante un pronunciamiento condicionado, mecanismo este al cual ha acudido el juez constitucional cuando se trata de una omisión relativa en cuanto permite incorporar el grupo de destinatarios de la norma que ha sido injustificadamente excluido de sus efectos.
La decisión condicionada que se adopta no desconoce el criterio acogido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1053 de 2012, pues frente a la omisión que aquí se debate, la razón de la decisión es diversa pues se busca garantizar los derechos de personas frente a quienes existe un deber especial de protección y la alteración de los integrantes que conforman los organismos del Sistema Nacional de Discapacidad no tiene la incidencia de aquella oportunidad.
En efecto, en la Sentencia C-1053 de 2012 la Corte decidió declarar exequible la disposición demandada pero se exhortó al Congreso para subsanar la omisión advertida porque “en virtud del principio democrático esta corporación no es competente para definir la composición específica del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Así mismo, adoptar una decisión sobre el número de miembros que representen a los ex docentes pensionados podría tener consecuencias complejas en el funcionamiento de este organismo, pues si se agregan miembros podrían afectarse las mayorías determinadas por el legislador, lo cual debe ser decidido por el Congreso de la República”.
En este caso, la inclusión de un representante de las personas con sordoceguera en el Consejo Nacional de Discapacidad no altera sustancialmente en cuanto al número, la conformación del mencionado organismo y tampoco tiene relevancia frente a un régimen de mayorías, pues el CND es esencialmente un espacio de deliberación, formulación y análisis de políticas públicas para los diferentes grupos de personas con discapacidad(22), cuyo funcionamiento no se rige por un sistema particular de mayorías, y establecido con el fin de dar participación a todas las personas con discapacidad, a través de sus representantes, en la creación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que los afectan.
En cuanto al respeto al principio democrático es preciso tener en cuenta que desde la formulación del proyecto de ley(23) y los debates en el seno del Congreso de la República fueron enfocados a la inclusión de representantes de personas con discapacidad sin hacer exclusión de ningún sector, intención que no se vio reflejada en el artículo 10, literal d, de la Ley 1145 de 2007 por la omisión legislativa antes advertida pero que es posible subsanar mediante una decisión aditiva que respeta en lo teleológico la Ley 1145 de 2007.
La Corte Constitucional luego de analizar los deberes constitucionales de protección frente a las personas con discapacidad y en particular en relación con la población sordociega y su desarrollo legislativo, estableció que el legislador omitió incluir dentro de la conformación del Consejo Nacional de Discapacidad y de los Comités territoriales de discapacidad, un representante de las organizaciones de personas con sordoceguera, omisión que implica un desconocimiento del derecho a la igualdad en detrimento de la participación de este grupo de personas en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas enfocadas a superar las condiciones de marginalidad, discriminación y ausencia de inclusión social de las personas con esta discapacidad.
La fijación de un número específico de representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad en el Consejo Nacional de Discapacidad, excluye la posibilidad de dar igual participación a un representante de la población sordociega, por lo cual la Corte considera necesario declarar inexequible la expresión “Seis (6)”, del inciso primero del artículo 10, literal d, de la Ley 1145 de 2007.
En relación con el artículo 16 de la Ley 1145 de 2007, se declarará exequible bajo en entendido que dentro de la conformación mínima de los Comités territoriales de discapacidad, se debe dar participación a un representante de las organizaciones de personas con sordoceguera si existieren en la entidad territorial correspondiente.
Primero. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “Seis (6)”, del inciso primero literal d del artículo 10 de la Ley 1145 de 2007 “Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones”.
Segundo. Declarar EXEQUIBLES los apartes restantes del literal d del artículo 10 de la Ley 1145 de 2007 “Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones”, bajo el entendido que también hará parte del Consejo Nacional de Discapacidad, un representante de las organizaciones de personas con sordoceguera.
Tercero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 16 de la Ley 1145 de 2007 “Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones”, en lo acusado, bajo el entendido que dentro de la conformación mínima de los comités territoriales de discapacidad, se debe dar participación a un representante de las organizaciones de personas con sordoceguera si existieren en la entidad territorial correspondiente.
Cuarto. Ordenar al Ministerio de Educación Nacional que a través del Instituto Nacional de Sordos Insor e intérpretes oficiales de la lengua de señas colombiana de a conocer el contenido de este fallo a las organizaciones de personas sordociegas, a nivel nacional y territorial, a través de los sistemas especiales de comunicación utilizados por ellas e igualmente se publique en la página web del ministerio y del Instituto en mención el contenido de esta sentencia, utilizando para el efecto medios de comunicación aptos para personas con discapacidad auditiva y visual.
(1) “El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente: Constitución Política de Colombia”.
(2) (sic)
(3) ART. 47.—El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.
(4) Ver, Evaluación de las Políticas Públicas para las personas con Discapacidad desde la perspectiva del Derecho a la Salud, 2011, Defensoría del Pueblo.
(5) En la Sentencia T-429/92, al referirse a la necesidad de integrar a los niños y niñas con discapacidad a la educación regular, la Corte expresó que dichos mandatos de integración “(…) deben ser tenidos en cuenta cuando se elaboren programas educativos que conlleven los efectos nocivos de la separación o aislamiento de los niños de aquellas experiencias educativas propias del mundo de la ‘normalidad’. No puede negarse que la educación especial responde a veces a las mejores intenciones y propósitos de ayudar eficazmente a los niños a superar sus dificultades. Pero la separación o aislamiento pueden engendrar sentimientos de inferioridad, con todas sus previsibles secuelas negativas”.
(6) Sentencia T-1258 de 2008, M. P. (sic).
(7) ART. 54.—Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.
ART. 68.—(…)
(8) M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
(9) Criterio que reitera lo que ha expuesto la Cote Constitucional, entre otras sentencias, en la T-288/95, T-378/97 y C-401 de 2003.
(10) Establece el artículo 93 de la Constitución que: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
(11) Declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-401 de 2003
(12) “Discriminación contra las personas con discapacidad” es “toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales” (art. 2º).
(13) Declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-293 de 2010
(14) Revisada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-824 de 2011.
(15) Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y aprobada por Colombia a través de la Ley 12 de 1991.
(16) Miles, Barbara. “Perspectiva general sobre la sordoceguera”. Centro de Información Nacional sobre niños que son ciegos y sordos, Programa Hilton Perkins y Fundación Conrad N. Hilton. Diciembre, 1995.
(17) Declaración de Derechos de los Impedidos. Resolución 3447 de 1975, Asamblea General de la ONU: “3. El impedido tiene esencialmente derecho a que se respete su dignidad humana. El impedido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de la misma edad, lo que supone, en primer lugar, el derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible” (se subraya).
(18) Sentencia C-076 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
(19) Art. 2º Ley 1145 de 2002: “Equiparación de oportunidades: Conjunto de medidas orientadas a eliminar las barreras de acceso a oportunidades de orden físico, ambiental, social, económico y cultural que impiden al discapacitado el goce y disfrute de sus derechos”.
(20) Art. 13 de la Constitución: “(…) El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.
(21) Declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-293 de 2010.
(22) ART. 8º—El Sistema Nacional de Discapacidad estará conformado por cuatro (4) niveles.
4. Los comités municipales y locales de discapacidad, CMD o CLD, como niveles de deliberación, construcción y seguimiento de la política pública de discapacidad.
(23) Al efecto, cabe resaltar que en la exposición de motivos, en relación con la conformación de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Discapacidad se dijo:
“Por lo anteriormente expuesto, es necesario crear el Sistema Nacional de Discapacidad como el organismo de coordinación de los diferentes actores sociales que intervienen en la atención de la población con y en situación de discapacidad, con el fin de racionalizar los esfuerzos, aumentar la cobertura, descentralizar y organizar la oferta de programas y servicios y promover la participación de la población con discapacidad privilegiando su organización, así como de las organizaciones públicas y privadas de la sociedad civil que actúan mediante diversas estrategias de planeación, administración y normalización, rehabilitación, investigación, promoción, educación y de atención integral en general, unificando así las políticas públicas en discapacidad, que lo que se haga en la Nación se repercuta en los entes territoriales, por eso se hace indispensable que sistema esté en cabeza del Ministerio de la Protección Social, acompañado por el Concejo Nacional de Discapacidad”. C. del Consejo Nacional para la Atención de la Discapacidad (CND). Dado que la discapacidad forma parte del ciclo vital y es transversal a todos los programas sociales, se hace necesario diferenciar entre las organizaciones de las personas, las entidades que manejan los programas de atención a personas con o en situación de discapacidad y las entidades del Gobierno que deben confluir en la formación de políticas públicas en discapacidad. La competencia del nivel nacional es la formulación y orientación de la política pública. Por lo tanto, su quehacer debe concentrarse en los lineamientos de política y en la gestión social que implica desarrollar instrumentos y mecanismos de planeación, coordinación y concertación en función de la asistencia técnica hacia los territorios y de la necesaria transformación institucional.
En este sentido se propone la conformación de un Consejo Nacional para la Discapacidad que actúe como instancia orientadora de la política y de seguimiento a la ejecución del plan nacional de discapacidad, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, instancia esta que garantiza la continuad de la política pública en el tiempo y que tiene el poder de convocatoria sobre todos los estamentos gubernamentales y la sociedad civil. Este Consejo debe estar integrado por representantes de la sociedad civil de la discapacidad que tengan representatividad legal y legítima de orden nacional, por representantes de las redes de las organizaciones prestadoras de servicios a la discapacidad, de la academia, la empresa privada y el Gobierno Nacional. En su estructura será similar al actual Comité Consultivo Nacional (L. 361/97, art. 6º), pero con criterios de convocatoria y selección que garanticen una adecuada representatividad y con mecanismos de interacción con otras instancias en el nivel territorial”.