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Timestamp: 2016-09-30 11:42:10
Document Index: 352959897

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 478', 'Artículo 14', 'artículo 479', 'Artículo 478', 'Artículo 1', 'Artículo 121', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 480', 'artículo 49', 'artículo 467', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 479', 'artículo 1', 'artículo 1']

Sentencia de Constitucionalidad nº 1050/01 de Corte Constitucional, 4 de Octubre de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43615319
Sentencia de Constitucionalidad nº 1050/01 de Corte Constitucional, 4 de Octubre de 2001
Expediente:D-3394
Decreto legislativo 616 de 1954. Art. 14. Codigo sustantivo del trabajo. Art. 478. Ley 141 de 1961. Art. 1. Convencion colectiva de trabajo. Denuncia. Prorroga automatica. Cosa juzgada relativa. Caracter permanente de decretos excepcionales cuya vigencia terminaba con el levantamiento del estado de sitio. Exequible.
Sentencia citada en: 30 sentencias, 2 artículos doctrinales, un tema práctico
La denuncia de la convención colectiva y la revisión de la misma son instituciones que no deben confundirse, sin que pueda afirmarse que el ejercicio de la una haga inocua o peligrosa la utilización de la otra. Mientras que la denuncia tal sólo tiene la virtualidad de comunicar la intención de renegociar la convención colectiva vigente que sigue estándolo hasta tanto no se firme una nueva, la solicitud de revisión responde a ''imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica'', que ameritan su discusión por las partes o la posterior intervención de la ''justicia del trabajo'' en caso de no llegarse a un acuerdo.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Luis Alonso Velasco Parrado, como persona natural, y Hever Maradiago, como persona natural y en representación de SINALTRABAVARIA, demandaron los artículos 14 del Decreto Legislativo 616 de 1954 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo, ''disposiciones que regulan el instituto de la Denuncia a las Convenciones Colectivas de Trabajo y su prórroga automática'', así como el artículo 1º de la Ley 141 de 1961 ''en cuanto dio carácter legal al artículo 14 del Decreto Legislativo 616 de 1954 y al artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo''.
Artículo 14. ''El artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así:
2. Formulada así la denuncia de la convención colectiva, ésta continuará vigente hasta tanto se firme una nueva convención.''
Artículo 478.- ''Prórroga automática. A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su término, las partes o una de ellas no hubieren hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses, que se contarán desde la fecha señalada para su terminación.''
Artículo 1.- ''Adóptanse como leyes los decretos legislativos dictados con invocación del Artículo 121 de la Constitución desde el nueve (9) de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve (1949) hasta el veinte (20) de julio de mil novecientos cincuenta y ocho (1958), en cuanto sus normas no hayan sido abolidas o modificadas por leyes posteriores.''
Los demandantes solicitan a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de las normas demandadas. Para sustentar su petición esgrimen dos cargos: por un lado, acusan a las normas transcritas de vulnerar los artículos 22, 38, 39, 53 inciso 4º y final y 55 de la Constitución Nacional así como la Ley 32 de 1985 (por medio de la que se aprobó la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados) y la Ley 27 de 1976 (que ratificó el Convenio 98 de la O.I.T.); y, en segundo lugar, aducen que dichas normas vulneran los artículos 212 y 53 de la Constitución Política ''en relación con los artículos 9º y 3º de la Ley 153 de 1887''.
1. Los actores fundamentan el primer cargo en que los preceptos constitucionales presuntamente vulnerados y el Convenio 98 de la O.I.T en su artículo 4º no consagraron la denuncia de la convención colectiva, por lo que es obvio colegir que las normas demandadas - en cuanto consagran dicha institución - violan normas de rango superior. A su juicio, ''el ejercicio del derecho a la negociación colectiva en la nueva constitución, da el derecho y facultad privativo a los sindicatos de presentar pliegos de peticiones.'' En su concepto los sindicatos tienen ''la vocación y titularidad exclusiva de promover el conflicto mediante la adopción y presentación del pliego de peticiones''.
1.1 Sostienen los impugnantes que la denuncia de la Convención Colectiva es una figura extraña y ajena a la negociación colectiva y que ella ha sido un medio de los empleadores para presentar los denominados ''contra-pliegos'', lo que contraría el deber de paz que reclama la Constitución.
''(L)a denuncia ejercida por el empleador resulta siendo un medio tendiente a desconocer y eliminar derechos adquiridos por los trabajadores en la mesa de negociación, se debilita entonces el escenario natural de la negociación, cuando la misma legislación ofrece otro escenario igual o mejor, a saber: la Revisión por operancia de la Teoría del Imprevisión mediada o articulada por la intervención inicial de los sujetos naturales de la controversia y, a falta de desacuerdo (sic), la jurisdicción del trabajo.''
Segundo cargo: vulneración de los artículos 212 y 53 de la Constitución Política ''en relación con los artículos 9º y 3º de la Ley 153 de 1887''
En cuanto a la presunta inconstitucionalidad porque ni la Constitución ni los Convenios de la OIT mencionan la institución de la denuncia, manifiesta que la demanda no plantea controversia real alguna en el plano constitucional. Considera que la argumentación presentada por los actores resulta improcedente pues pretenden que se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones legales sobre la denuncia por el solo hecho de no estar contenidas expresamente en el texto constitucional. Con ello ignoran - sostiene - que la Constitución sólo se limita a enunciar los principios y deja al legislador la tarea de desarrollarlos específicamente. Opina que la Convención Colectiva es ''una forma de Negociación Colectiva y por tanto se encuentra reconocida en el Art. 55 de la Constitución'', pero la legislación que desarrolla ese derecho no tiene porque formar parte de la misma. Lo mismo puede predicarse del Convenio 98 de la OIT; el solo hecho de no contemplar expresamente el procedimiento de la denuncia, no quiere decir que lo excluya.
''Cuando la convención vigente es denunciada por el empleador, aquellas obligaciones a su cargo de las cuales pretende liberarse serán materia de decisión arbitral siempre que la organización sindical de trabajadores haya admitido discutirlas, en el entendimiento de que resulta inadmisible, frente a nuestro régimen legal, que el empleador dentro del proceso de la negociación colectiva pueda por sí solo y de manera unilateral `hacer conflictivos aspectos sobre los cuales el sindicato o el grupo de trabajadores coligados no quiere disputar' (Sentencia de homologación de 24 de septiembre de 1990)''. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, Sentencia de homologación del 16 de julio de 1993, M.P. Hugo Suescún Pujols.
¿Viola la Constitución la institución de la denuncia de la convención colectiva de trabajo (art. 479 del C.S.T.)?
¿Viola la Constitución el establecimiento de la prórroga automática de las convenciones colectivas de trabajo (art. 478 del C.S.T.)?
¿Existe cosa juzgada absoluta respecto del artículo 1º de la Ley 141 de 1961, norma que le confirió carácter permanente a los artículos del Código Sustantivo del Trabajo demandados y sobre la cual ya se pronunció esta Corte?
La Ley General del Trabajo en México dispone sobre la institución que nos interesa, denominada en el derecho mexicano "revisión de la convención colectiva" - y que no debe confundirse con la revisión establecida en el artículo 480 del C.S.T colombiano -, que el contrato colectivo de trabajo es revisable por solicitud del sindicato de trabajadores o por el patrono dentro de los plazos establecidos por la ley según la modalidad del contrato. La Lez General del Trabajo de México dispone:
cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen, y
Por su parte, el Código Laboral Canadiense consagra la facultad de cualquiera de las dos partes del convenio colectivo de requerir a la contraparte para comenzar la negociación colectiva con miras a llegar a un nuevo acuerdo. Tal facultad debe ser dentro de los tres meses anteriores a la expiración del término de la convención o dentro del plazo previsto por ésta para el efecto. El Código Laboral canadiense dispone en su artículo 49:
Un tercer ejemplo es la legislación paraguaya. La Ley del trabajo del Paraguay igualmente establece la posibilidad de que cualquiera de las dos partes solicite la revisión total o parcial de la convención colectiva cada dos años. La Ley núm. 213, que establece el Código del Trabajo, dispone:
El legislador define la convención colectiva de trabajo como ''la que se celebra entre uno o varios patronos o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia'' (art. 467 del C.S.T.).
''La finalidad de la convención colectiva de trabajo, según la norma transcrita, es la de "fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo", lo cual revela el carácter normativo que la doctrina y la jurisprudencia le reconocen.
Se distingue igualmente en la convención colectiva, por la doctrina y la jurisprudencia, el denominado elemento obligatorio o aspecto obligacional, que está conformado por aquellas cláusulas que señalan deberes u obligaciones recíprocos de las partes, destinadas a asegurar la efectividad de las normas convencionales, como son, por ejemplo, las cláusulas que establecen las comisiones o tribunales de conciliación y arbitraje, las que fijan sanciones por la violación de las estipulaciones que constituyen la parte normativa En cuanto al contenido de la convención el art. 468 del C.S.T., se refiere a un aspecto de fondo, como es "la responsabilidad que su incumplimiento entrañe"., o las que establecen mecanismos para garantizar la libertad sindical.
Finalmente se destacan en la convención, las regulaciones de orden económico, que atañen a las cargas económicas que para la empresa representan las diferentes estipulaciones de la convención, frente a los trabajadores en particular o ante la organización sindical.'' Corte Constitucional, Sentencia C-009 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Mediante esta decisión la Corte declaró exequible la expresión ''durante su vigencia'' contenida en el artículo 467 del C.S.T - relativo a la definición de la convención colectiva de trabajo y su función de fijar las condiciones que rigen los contratos de trabajo durante su vigencia - para lo cual se ocupó, entre otros, de los alcances del derecho a la negociación colectiva, del derecho a la asociación sindical, de la convención colectiva de trabajo, de la teoría de la imprevisión en materia del derecho laboral colectivo y de los derechos adquiridos de los trabajadores.
En cuanto a los límites de la convención colectiva de trabajo es claro que ella no puede menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores (art. 53 inc. final C.P.). La ley - con sujeción a los principios fundamentales que debe contener el Estatuto del Trabajo - regula lo concerniente a su ejercicio, en especial, a la forma en que debe celebrarse, a quiénes se aplica, a su extensión a otros trabajadores por ley o acto gubernamental, a su plazo, revisión, denuncia y prórroga automática (arts. 467 y ss. C.S.T.). Sobre la naturaleza jurídica de la convención colectiva de trabajo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, así como de la Corte Constitucional ha sido profusa. Ver, entre otras, la sentencia de la Corte Constitucional C-009 de 1994 y las sentencias de la Sala de Casación Laboral, Sección Primera, junio 1 de 1983 y de la Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, abril 7 de 1995, M.P. Rafael Méndez Arango Aspecto central del presente proceso lo constituyen estos dos últimos puntos: la denuncia de la convención y su prórroga automática.
La legislación y la doctrina diferencian entre las instituciones de la revisión y la denuncia de la convención colectiva de trabajo. Con la primera se introduce la teoría de la imprevisión al ámbito laboral, con lo que se permite a las partes pedir la revisión de la convención colectiva cuando sobrevienen ''imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica'' (art. 480 C.S.T) que hacen excesivamente oneroso e incluso imposible continuar con la operación de la empresa. En este evento, se ha entendido que la revisión no puede afectar toda la convención sino sólo las cláusulas de contenido económico que dieron lugar al desequilibro que se pretende corregir, bien sea mediante el acuerdo de las partes o mediante la intervención del juez laboral. La denuncia de la convención, por el contrario, no responde a condiciones imprevisibles; es regulada legalmente como una facultad que pueden ejercer las partes contratantes para manifestar su inconformidad con la convención colectiva vigente, sin que aquélla sea suficiente para afectar la continuidad de la misma mientras se firma una nueva.
''Formulada así la denuncia de la convención colectiva, ésta continuará vigente hasta tanto se firme una nueva convención.''
''El derecho colectivo de trabajo se presenta en el ámbito constitucional, como el derecho regulador de una esfera de libertad en cabeza de los patronos y los trabajadores, originada especialmente en el reconocimiento constitucional de los derechos al trabajo, a la asociación sindical, a la negociación colectiva y a la huelga, para que unos y otros, en forma organizada, contribuyan a la solución pacífica de los conflictos laborales, y promuevan y realicen la defensa de los derechos e intereses que le son comunes, según la particular situación que ocupan en la empresa, y las relaciones que surgen de sus condiciones de dadores o prestadores de trabajo.
La libertad de asociación sindical, esto es el derecho de unirse en defensa de los intereses comunes de la respectiva profesión u oficio, que en el art. 39 de la C.P., tiene una regulación autónoma diferente a la libertad de asociación que, de modo general, consagra el art. 38 de la misma obra (...).
La institución de la asociación profesional que actúa en defensa de los referidos intereses comunes, y se reconoce no sólo en el texto constitucional antes transcrito, sino a nivel legal, en la regulación que de ella se hace en los arts. 353 y siguientes del C.S.T.
El derecho a la "negociación colectiva para regular las relaciones laborales", que se hace efectivo y adquiere vigencia y operatividad, a través de la celebración de los "acuerdos y convenios de trabajo", denominados en nuestra legislación Pactos Colectivos o Convenciones Colectivas de Trabajo, que constituyen los mecanismos ideados, además de la concertación, para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo (art. 53, inciso final, 55 y 56, inciso final C.P.).''
El derecho de huelga, garantizado en el art. 56 de la C.P., salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador, que igualmente constituye un medio para que los trabajadores y las organizaciones sindicales defiendan sus intereses económicos y sociales, en lo relativo a la obtención de mejoras en las condiciones de trabajo y reivindicaciones en el ámbito de la respectiva profesión u oficio, como también en la implementación de políticas gubernamentales en el campo social y económico.
"Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociaciones voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo". Corte Constitucional, Sentencia C-009 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
Considera la Corte que la anterior perspectiva institucional responde a una visión que se toma en serio los derechos, libertades, intereses, pero también los deberes y las obligaciones de las personas. A partir de esta perspectiva, además del respeto de las competencias públicas y de las facultades privadas en la regulación de las relaciones de trabajo - tema neurálgico para cualquier sociedad constituida en Estado democrático y social de derecho -, es necesario armonizar los derechos en pugna, de forma que se maximice su realización sin con ello sacrificar unos u otros como precio de la lucha ideológica, sin duda legítima en una democracia pluralista, pero que no determina el significado de una Constitución nacida del consenso sobre las decisiones políticas fundamentales que deben ser respetadas por todos, cualquiera sea su postura ideológica, mientras la Constitución no sea modificada por los procedimientos en ella establecidos. El derecho colectivo del trabajo está llamado a interpretarse a la luz del principio de armonización concreta Este principio se formuló inicialmente en sentencia T-425 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, en un caso en el cual colisionaban los derechos a la vida e integridad personal con los derechos al trabajo y a la libertad de empresa. Si bien en esta oportunidad se está ante un contexto fáctico diferente, el principio de armonización concreta es un principio de interpretación aplicable en general a la resolución de colisiones entre principios, derechos o bienes. Según la Corte, el ''principio de armonización concreta implica la mutua delimitación de los bienes contrapuestos, mediante la concordancia práctica de las respectivas normas constitucionales, de modo que se asegure su máxima efectividad.'' El principio de armonización concreta se ha aplicado posteriormente en las siguientes sentencias: T-575 de 1995, T-622 de 1995, T-061 de 1996, T- 198 de 1996, T-200 de 1996, C-075 de 1997 y T-801 de 1998. de derechos e intereses constitucionales en las relaciones entre trabajadores y patronos. El ejercicio de dichos derechos e intereses no puede, en consecuencia, significar la anulación de otros que le sean contrarios, mas aún cuando es finalidad constitucional promover la solución pacífica de los conflictos colectivos del trabajo (art. 55 inc. 2º C.P.). Este principio de hermenéutica constitucional se aplica en toda su amplitud en el ámbito del derecho colectivo del trabajo y guía el análisis de constitucionalidad de las normas demandadas.
La definición de la convención colectiva en un contexto nacional depende del ejercicio concreto que se haga de ella. International Enciclopedia of Comparative Law, Labour Law, Vol. XV, Chapter 12 Collective Agreements and Collective Bargaining, Folke Schmidt/Alan C. Neal, Tübingen et al, 1984, p. 3. Esto significa que la función institucional que cumplen las convenciones colectivas en las diferentes sociedades depende más de la práctica que de una estructura rígida sugerida o impuesta a la realidad nacional. En este orden de ideas, tan importantes como su estructura legal parecen ser las relaciones sociales que subyacen a la convención colectiva de trabajo.
Por lo general se entiende la convención colectiva como un acuerdo entre dos partes que lo consideran vinculante. Este último aspecto es determinante para garantizar la estabilidad laboral. Sólo en la medida de que las partes que suscriben una convención colectiva de trabajo tengan el genuino propósito, y actúen en consecuencia, de respetar los acuerdos logrados, es posible asegurar que las relaciones entre empresarios y trabajadores constituyan el entorno de cooperación necesario para el mantenimiento de paz laboral. Desde esta perspectiva, la convención colectiva es descrita como un acuerdo bilateral, donde existen elementos de intercambio - quid pro quo - y que establece las reglas que regulan, entre otras cosas, los derechos y las obligaciones de las partes de la relación, las normas sobre el inicio, desarrollo y terminación de la relación laboral y las normas referidas al negocio entre las que se incluyen normas de organización y de solidaridad. Ibíd., p. 4.
1.- Como un pacto de paz entre las partes, gracias al cual se logra una cesación temporal del conflicto laboral. La función de la convención colectiva como pacto de paz es fundamental desde una perspectiva de la convención como acuerdo, por el cual las partes adquieren derechos y obligaciones. El empleador se compromete a pagar determinado nivel de salarios y prestaciones así como a cumplir con las demás condiciones pactadas a cambio de que el sindicato garantice la continuidad del trabajo. De tal manera que una convención no beneficia sólo a los trabajadores, aunque tiene un claro fin protector de la parte débil en la relación laboral que busca con la negociación colectiva equilibrar la asimetría de poder. Ibíd., p. 11.
2.- Como instrumento de regulación de la oferta de trabajo y de protección de los trabajadores ante las presiones que sobre ellos puedan presentarse. Tal enfoque de la convención colectiva surge del reconocimiento del poder del sindicato como entidad que goza de algún control en el establecimiento de las condiciones bajo las cuales se ofrece trabajo - p.ej. en decisiones sobre si se aumenta el personal, se reducen las calidades exigidas, etc. -, con miras a proteger los intereses de los trabajadores. Ibíd., p. 13.
3.- Como forma de definición de las condiciones generales del trabajo, por ejemplo en materia de política de aseguramiento. En algunos países como Inglaterra, el sueldo y la modalidad de trabajo a ofrecer a un nuevo trabajador deben ser discutidos por el empleador con el sindicato. Otras condiciones del contrato pueden ser leídas por el trabajador en la convención colectiva de trabajo que, para este aspecto, cumple la función de estatuto que regula las condiciones generales del contrato. Ibíd., p. 15.
4.- Como instrumento de cooperación entre las partes asociadas. Se trata aquí de una función de la convención colectiva como parte de los medios para introducir "democracia industrial" u otra forma de actividad cooperativa entre las "partes sociales". La cogestión alemana o los órganos de codeterminación en Suecia son algunos ejemplos del uso de las convenciones colectivas de trabajo como instrumento de cooperación. En Francia un comité presidido por un representante del Ministerio de Trabajo cumple la función de órgano que fomenta la cooperación entre las partes de la relación laboral, Ibíd., p. 16. de forma similar al deber del Estado de promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos laborales (art. 55 inc. 2 C.P.).
5.- Como especie de código industrial o método de regular los salarios y otras condiciones del empleo. Se trata aquí de una función de la convención colectiva de trabajo que varía enormemente de país a país, e incluso dentro de un país de una industria a otra. Tal concepción remite al carácter jurídico vinculante de la convención para regular aspectos centrales de la relación laboral, en particular a la problemática de si como especie de código industrial se extiende su aplicación a trabajadores no sindicalizados. Ibíd., p. 17.
Desde el enfoque de su regulación legal, la institución de la convención colectiva de trabajo puede asumir diferentes formas, que van desde su entendimiento como fenómeno social de impacto mayor y como instrumento legislativo hasta su comprensión como acuerdo privado de dimensión colectiva y como consolidación de los términos de trabajo existentes. Ibíd., p. 18-24.
''ARTICULO 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley.
Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.''
''Artículo 4.- Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.''
Sin embargo, del tenor literal de la norma constitucional, así como del Convenio 98 de la O.I.T., no se puede derivar esta conclusión ya que el derecho a la negociación colectiva fue consagrado sin limitar su titularidad a una de las partes y, además, de las expresiones ''negociación'' y ''relaciones'' se deduce que tal derecho carece de una dimensión unilateral. El artículo 4 del Convenio 98 citado también reconoce expresamente que la negociación colectiva y la convención colectiva comprenden necesariamente una dimensión bilateral o plurilateral. También enfatiza que la negociación es voluntaria en la medida en que ninguno de los extremos de la relación puede ser compelido a contraer obligaciones, o sea, a ninguno se le puede imponer unilateralmente unas condiciones de empleo. La negociación entre las partes de una relación colectiva de trabajo abarca diversos aspectos, por lo que no es aceptable la interpretación tendiente a reducirla a la inciación del conflicto colectivo de trabajo. Una cosa es la denuncia de la convención y otra la iniciación de una negociación después de que se ha planteado un conflicto colectivo. La denuncia de la convención colectiva no tiene la virtud, por sí sola, de plantearlo. Ella es manifestación del ejercicio de las facultades emanantes del derecho a la negociación colectiva, sin que deba confundirse con otras instituciones como la iniciación del conflicto colectivo ni atribuírsele efectos que no surgen de la norma demandada.
Este cambio de la concepción para pasar del antagonismo ineludible a la cooperación deseable, como "una buena práctica y un buen ejercicio", aparece claramente en la justificación del derecho a la negociación colectiva y parte no de una aspiración idílica sino de una constatación de las experiencias internacionales que los constituyentes estimaron exitosas. Es el caso - por ejemplo - de la experiencia alemana en materia de la participación de los trabajadores en la administración de las empresas, que fuera establecida primero en 1951 para las empresas mineras y luego en 1976 para las empresas con más de dos mil trabajadores.
En efecto, uno de los dirigentes sindicales elegido como delegatario por el movimiento M-19 planteó la necesidad de ''sacar las relaciones laborales de la vieja concepción'', según sus palabras. A la comisión quinta se presentó por parte del delegatario Angelino Garzón, el proyecto No. 16 con una propuesta laboral para la nueva Constitución. En la exposición de motivos de su propuesta el Constituyente Garzón afirmaba:
''En la concepción global de la democracia, en esa compleja relación de autonomía entre el sindicato y la empresa, entre el capital y el trabajo, es muy importante estimular la educación y la concepción, entre los trabajadores y entre los empresarios, sobre el papel de la empresa y el sindicato como instituciones de la democracia, de su importancia para la sociedad y de la función que debe cumplir el Estado en esa relación, para superar la vieja concepción de dos enemigos, de hacer de las diferencias sociales y de intereses algo totalmente antagónico y en la óptica de cómo uno puede debilitar al otro.
En tal sentido, los conflictos sociales que se lleguen a presentar no los encaramos con el criterio de odios o posiciones irreconciliables, sino como un medio al cual se recurre, en un momento determinado y de manera forzada, como último recurso para buscar solución a los problemas laborales. Eso explica por qué reivindicamos los plenos derechos de asociación, de negociación colectiva y de huelga para todos los trabajadores colombianos. Es un compromiso que el Estado tiene con muchos de los aspectos contemplados en la Declaración de los Derechos Humanos y en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. También para sacar las relaciones laborales de la vieja concepción del antagonismo, del irrespeto, del conflicto por el conflicto, de la desconfianza y de la intolerancia, que ha llevado en Colombia a la más flagrante violación de elementales derechos sindicales por parte del Estado y de muchos empresarios del sector privado.'' Gaceta Constitucional N° 11, miércoles 27 de febrero de 1991. Proyecto No. 16. Propuestas laborales para la Nueva Constitución. Angelino Garzón. Pág. 11 (subrayado fuera de texto)
''Negociación colectiva y concertación laboral.
Esa realidad es la que creemos recoge las propuestas que, en materia laboral, surgieron en las mesas de trabajo, lo mismo que varios proyectos de reforma constitucional, cuando insisten en la necesidad del diálogo, de la concertación y de los acuerdos, como forma de evitar los conflictos laborales y de afianzar un clima de tranquilidad social. Es un derecho y una práctica que consideramos debe hacerse extensiva a todos los trabajadores, incluyendo a los empleados públicos, por cuanto es muy negativo que a estos trabajadores se les siga dando un tratamiento de ciudadanos de segunda categoría, con relación a algunos derechos laborales. Fomentar el diálogo, la negociación y la concertación en el campo laboral y social, es una buena práctica y un buen principio, que mucho nos puede contribuir a encontrar formas civilizadas de solución a los graves problemas sociales que hoy se viven en Colombia y a consolidar un clima de tranquilidad y de paz ciudadana.'' Ponencia: Asociación sindical. Ponentes: Angelino Garzón, Guillermo Guerrero, Tulio Cuevas, Iván Marulanda, Guillermo Perry, Jaime Benítez. Gaceta Constitucional N° 45, página 3. (subrayado fuera de texto)
''La finalidad propia de las asociaciones de trabajadores y empleadores es celebrar negociaciones colectivas sobre las condiciones materiales, económicas y jurídicas en que debe realizarse el trabajo. Por tanto, una vez elevado a categoría suprema el derecho de asociación deviene imperativo establecer por la Constitución el derecho a la negociación colectiva, ya existente en el Código Sustantivo de Trabajo.
Un grupo minoritario de constituyentes considera de gran importancia la creación de un organismo de concertación laboral, que en su opinión mucho contribuiría a evitar conflictos laborales y a generar una nueva concepción de relaciones laborales.'' Miércoles 29 de Mayo de 1991. Derecho al trabajo. Juan C. Esguerra. Angelino Garzón. Guillermo Guerrero. Germán Toro Zuluaga. Antonio Yepes. Gaceta Constitucional No. 85, p. 3. (subrayado fuera de texto)
De esta forma, la cooperación se erigió como principio medular de las relaciones de trabajo entre empleadores y trabajadores. Diversas disposiciones constitucionales así lo reflejan: el artículo 2º consagra la participación en las decisiones que los afectan, el 55 inc. 2º promueve la concertación, el 56 inc. 3º ordena la creación de una comisión de ''buenas relaciones laborales'', el 57 autoriza a la ley para crear estímulos a la cogestión y el 340 consagra la participación de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales en el Consejo Nacional de Planeación.
A este respecto la Corte acoge el concepto fiscal cuando sostiene que en este punto ''la demanda no plantea controversia real alguna en el plano constitucional''. Esto es necesariamente así porque la no inclusión de una determinada institución jurídica - aquí la denuncia de la convención colectiva - en el texto Constitucional o en los tratados o convenios internacionales de derecho al trabajo, no hace, por sí sola, inconstitucional su consagración legal.
El segundo argumento esgrimido por los actores para solicitar la declaratoria de inexequibilidad de la norma aquí demandada consiste en afirmar que la denuncia de la convención colectiva ''es una figura extraña y ajena a la negociación colectiva'', además de ser empleada como instrumento para la presentación de ''contra-pliegos'' por parte de los empleadores.
Finalmente, los demandantes afirman que la ''denuncia ejercida por el empleador resulta siendo un medio tendiente a desconocer y eliminar los derechos adquiridos por los trabajadores en la mesa de negociación'' y debilita ''el escenario natural de la negociación, cuando la misma legislación ofrece otro escenario igual o mejor, a saber: la Revisión por operancia de la teoría de la imprevisión ...''. Este argumento tampoco es suficiente para configurar un cargo de inconstitucionalidad debidamente fundamentado, ya que los demandantes no sólo igualan erróneamente los alcances de la denuncia y de la revisión, dos figuras jurídicas con diferentes funciones y finalidades, sino que se basan en la apreciación puramente hipotética del abuso que en la práctica el empleador puede hacer de la denuncia. Como ha quedado sentado arriba (ver supra 3.2.3), la denuncia de la convención colectiva y la revisión de la misma son instituciones que no deben confundirse, sin que pueda afirmarse que el ejercicio de la una haga inocua o peligrosa la utilización de la otra. Mientras que la denuncia tal sólo tiene la virtualidad de comunicar la intención de renegociar la convención colectiva vigente que sigue estándolo hasta tanto no se firme una nueva (art. 479 inc. 2º C.S.T.), la solicitud de revisión responde a ''imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica'', que ameritan su discusión por las partes o la posterior intervención de la ''justicia del trabajo'' en caso de no llegarse a un acuerdo (art. 480 C.S.T.).
''Prórroga automática. A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su término las partes o una de ellas no hubiere hecho manisfestación escrita de su voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses, que se contarán desde la fecha señalada para su terminación.''
Para contestar al cargo baste remitir a lo expuesto por la Corte más arriba respecto del cargo fundamentado en idéntico razonamiento contra el artículo 479 C.S.T., e insistir en que ''del silencio de la Constitución en relación con alguna materia desarrollada a nivel legal no se sigue su inconstitucionalidad''. Ahora bien, con respecto a la materia específica del artículo acusado ya se había pronunciado esta Corporación en el pasado cuando se demandó la vigencia limitada de las convenciones colectivas. Dijo la Corte en esa ocasión:
''Sostener la vigencia indefinida de las normas convencionales equivaldría a negar la esencia misma del derecho a la negociación colectiva que consagra nuestra Carta Política, como mecanismo idóneo para regular las relaciones del trabajo, lo que demanda que periódicamente se revisen y se hagan ajustes a las normas convencionales para adaptarlas a las necesidades e intereses, tanto de los patronos como de los trabajadores.
El respeto de los derechos adquiridos por los trabajadores mediante una convención, no se opone a la vigencia temporal de la misma, pues la convención puede ser prorrogada expresamente por voluntad de las partes o en forma automática, cuando las partes o una de ellas no hubiere hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, a través de su denuncia (art. 478 y 479 del C.S.T.) en cuyo caso los derechos adquiridos por los trabajadores quedan incólumes.''
Sobre la constitucionalidad del artículo 1º de la Ley 141 de 1961 se ha pronunciado tanto la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia - sentencia 18 de Julio de 1973, M.P. José Gabriel de la Vega - como la Sala Plena de la Corte Constitucional - sentencia C-593 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz -, ambas sentencias con efectos de cosa juzgada relativa. Los demandantes parten de la premisa, contraria al texto de las providencias citadas, de que la declaratoria de inexequibilidad del artículo 1º de la Ley 141 de 1961 por parte de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia tuvo efectos absolutos, cuando lo cierto es que ella sólo se predicó de la incorporación de una norma específica diferente a las ahora demandadas, y los efectos del mencionado fallo fueron únicamente relativos.
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala civil nº 18001221400020010213 de 11 de Junio de 2001
Acuerdo nº PSAA07-3964 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa de 2 de Marzo de 2007
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala civil nº 1100102030002009-00027-00 de 29 de Enero de 2009
de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº de 11 de Septiembre de 1996
Tutela de Corte Suprema de Justicia - nº 11-001-02-03-002-2006-075 de 21 de Junio de 2006
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 28523 de 5 de Diciembre de 2007