Source: http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/1/leg/leg9.htm
Timestamp: 2020-08-08 17:33:10
Document Index: 297364745

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 308', 'artículo 4', 'artículo 940', 'artículo 301', 'artículo 323', 'artículo 321', 'artículo 273', 'artículo 2192', 'artículo 303', 'artículo 273', 'artículo 941', 'artículo 942', 'artículo 943', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 22', 'e contrario', 'artículo 13', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 22', 'e contrario', 'artículo 15', 'artículo 13', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 6', 'Artículo 4', 'Artículo 311', 'Artículo 15', 'artículo 11', 'Artículo 14', 'Artículo 17']

LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS EN EL MARCO DE LA FAMILIA PARA EL CASO DE MENORES EN EL DISTRITO FEDERAL
En este tema en particular resulta importante recordar que existe disposición constitucional, es el caso del artículo 4o. de la Constitución, que señala el deber del Estado para proteger a la familia a través de la ley: "...Ésta protegerá la organización y desarrollo de la familia...".
De igual modo, el mismo artículo establece obligaciones -que son derechos respecto de los hijos-, para los padres o quienes ejerzan la patria potestad o tutela sobre menores al señalar que: "Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos a la protección de los menores, a cargo de las instituciones públicas".
Y recordemos también que los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles nos dicen que todas las controversias del orden familiar se consideran de orden público y que el juez de lo familiar podrá intervenir de oficio en ellos, especialmente tratándose de aquellos en que se vean afectados los intereses, la situación de los menores o los alimentos.
Igualmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus artículos 25 y 11, respectivamente, reconocen al derecho a alimentos como un derecho fundamental del hombre.
Por ello resulta interesante, en primer lugar, que a través de este trabajo se puedan observar las medidas que se han adoptado con el fin de establecer mecanismos que permitan a los acreedores alimentarios, en este caso los menores, la posibilidad de exigir el cumplimiento de la obligación alimentaria del deudor, aún cuando alguno de ellos se encuentre fuera del territorio nacional. Y en segundo lugar, la posibilidad de desarrollar un breve estudio sobre el marco legal de los alimentos como una prestación familiar debida a los menores, con lo que se obtendrá un análisis de la legislación en la materia.
Ello nos llevará invariablemente a estar en la posibilidad de determinar si se han adoptado las medidas que garanticen en todo momento la satisfacción del conjunto de necesidades básicas que los niños requieren para su pleno desarrollo, y que, como ya hemos mencionado, son materia de compromisos nacionales e internacionales.
La doctrina ha definido a los alimentos como el derecho que, en este caso concreto, tiene el menor para obtener de sus ascendientes u otros parientes obligados, conforme a la ley, aquello que es indispensable no sólo para sobrevivir sino para desarrollarse y vivir con dignidad y calidad de vida:
Puede definirse el derecho de alimentos como aquel que tiene todo individuo para obtener todo aquello que le es necesario para vivir... plenamente. Así, pues, no es el derecho alimentario la posibilidad que tiene una persona para percibir alimentos propiamente dichos, significa mucho más; incluye lo necesario pa-ra estar bien nutrido, vestirse, tener un techo, recibir educación y asistencia médica.1
El artículo 308 del Código Civil señala limitativamente aquellas prestaciones que constituyen los alimentos en materia familiar de la siguiente forma: "Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales".
Como ya mencionamos al principio de este trabajo, la situación física, psicológica y moral de los menores, al interior de su núcleo de formación, esto es la familia, se encuentra protegida por el último párrafo del artículo 4o. constitucional.
Los artículos 301 al 323 del Código Civil regulan el derecho y la obligación alimentaria, de tal modo que se establecen las reglas para la obtención y reclamo de la obligación alimentaria.
II. De los juicios contenciosos relativos al matrimonio a su ilicitud o nulidad; de divorcio; que se refieren al régimen de bienes en el matrimonio, que afecten al parentesco, a los alimentos, a la paternidad y a la filiación;...
4. Código de Procedimientos Civiles
Este Código regula dentro de las controversias del orden familiar las relativas a la obtención de los alimentos en los artículos 940 a 956, en el que fija las reglas de, entre otros, los casos de demanda de alimentos.
IV. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FIGURA DE LOS ALIMENTOS
El Código Civil reconoce y regula tanto el derecho como la obligación que tienen los miembros de la familia de proporcionarse alimentos,2 con base en principios tales como los de proteger a la institución de la familia y los valores sobre los cuales descansa como son la unidad, la solidaridad y la asistencia, que como ya hemos dicho nacen, en este caso, de la filiación y del parentesco. De conformidad con el artículo 940 del Código de Procedimientos Civiles los asuntos relativos a alimentos, por ser inherentes a la familia, son de orden público y el juez podrá intervenir en ellos de oficio. La obligación es recíproca para cualquiera de los sujetos contemplados en la norma para este caso concreto, como lo señala el artículo 301 del Código Civil.
Existe la posibilidad de garantizar el aseguramientode los alimentos, que se encuentra regulado por los artículos 315 a 317 del Código Civil, éste se podrá solicitar una vez interpuesta la demanda de alimentos.
Los alimentos deben ser proporcionales a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades del que debe recibirlos. La cuantía de éstos será determinada por convenio o por sentencia y deberán tener un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, salvo que quien debe dar los alimentos demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción, caso en el cual el aumento en la cuantía de los alimentos se hará conforme al aumento real comprobado que hubiera habido en los ingresos del deudor alimentario. Si fueran varios los que deben pagar los alimentos, el juez determinará la proporción que corresponde aportar a cada uno tomando como base el haber o posibilidades de cada uno de los deudores alimentarios. En caso de que sólo uno de los deudores tuviera posibilidades de pagar los alimentos, sobre éste recaerá toda la obligación, asimismo si sólo algunos pudieran cubrir la deuda alimentaria, el juez podrá repartir el importe de los mismos entre ellos.3
Por lo que hace a la proporcionalidad de los alimentos, existe jurisprudencia que señala:
Los Convenios y las sentencias relacionados con la ministración de alimentos no tienen validez invariable en el ámbito temporal, toda vez que por naturaleza de los alimentos deben ajustarse a las diversas circunstancias que se vayan presentando, entre ellas los cambios que sufra la posibilidad del que debe de darlos y la necesidad del que debe recibirlos, a fin de acatar lo dispuesto por el artículo 323 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, pudiendo así presentarse situaciones en que nazca o cese la obligación de dar alimentos, o bien debe aumentarse o disminuirse el monto de lo mismo.4
Se considera la posibilidad de la divisibilidad de la deuda alimentaria entre todos aquellos que resultaren obligados para cada caso concreto conforme con la norma, siempre que estén en posibilidad económica de asumir la deuda y de acuerdo, por supuesto, con sus posibilidades, de lo que deberá comprobar el juez de lo familiar, en caso de que se optara por esta opción.
El derecho y la obligación de recibir y dar los alimentos se da entre sujetos perfectamente determinados por la ley, los cuales para ejercitar el reclamo de este derecho o el cumplimiento de la obligación deben tener las características de acreedor o deudor alimentario establecidas por la legislación civil; por lo tanto, los alimentos son personalísimos.
La obligación alimentaria no es negociableen los términos del artículo 321, es decir que no puede ser materia de transacción, salvo en el caso previsto por la propia ley en el artículo 273 del Código Civil para el Distrito Federal.
Los artículos 321, 273 y 1372 establecen el carácter irrenunciable de los alimentos. Del mismo modo el artículo 2192 del Código Civil para el Distrito Federal establece la imposibilidad de que los alimentos sean materia de compensación y el 1160 la imprescriptibilidad de los mismos.
Como se desprende del artículo 303 del Código Civil para el Distrito Federal, los padres están obligados con los hijos, y a falta o imposibilidad de éstos tienen la obligación los demás ascendientes más próximos en grado (como por ejemplo los abuelos o los bisabuelos) tanto por la línea paterna como por la materna. Cuando los ascendientes no estuvieran en posibilidad de proporcionar alimentos, entonces la obligación recaerá sobre los hermanos de padre y madre y a falta de alguno de éstos, en los que fueren de madre o en los que fueren de padre en el caso concreto. Por último, a falta de todos éstos, la obligación recae sobre los parientes colaterales hasta el cuarto grado (hermanos, primos, tíos) cuando se trate de menores de edad hasta que cumplan la mayoría de edad. En el caso de la adopción simple, el adoptante tiene obligación de proporcionar los alimentos de igual forma que la ley lo establece para padres e hijos, y en el caso de la adopción plena, tanto el adoptante como sus parientes tiene obligación de dar alimentos al menor adoptado.
Cuando el que proporciona los alimentos no se encontrare presente para pagarlos o encontrándose se negara a proporcionarlos a los miembros de su familia, cuando así correspondiera con arreglo a la ley, se hará responsable de las deudas que éstos contraigan para cubrir sus necesidades, pero sólo en la cuantía estrictamente necesaria para ese objeto y siempre que no se trate de gastos de lujo.
La deuda alimentaria será exigible a partir del momento en que nace la obligación por las razones ya expuestas o cuando surge el estado de necesidad; el importe de los alimentos debiera ser proporcionado por el simple acuerdo entre las partes; sin embargo, en muchas ocasiones para que el deudor alimentario los reciba se hace necesario requerirlos por la vía judicial, es decir, mediante una determinación del juez de lo familiar e incluso mediante la retención del importe de los alimentos hecha directamente de la nómina o sueldo del deudor alimentario por órdenes del mismo juez. El derecho a recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción alguna.
El deber de proporcionar alimentos termina cuando el que tiene la obligación no tiene medios para cubrir el importe de los mismos, cuando quien debe recibir los alimentos deja de necesitarlos, cuando quien debe recibir los alimentos cometa actos de injuria, faltas o daños graves contra el que debe proporcionarlos, cuando la necesidad de los alimentos provenga de las conductas viciosas o de la falta de aplicación al trabajo de quien deba recibirlos, pudiéndolo hacer; en éstos dos últimos casos, la causal termina cuando tales conductas desaparezcan, y finalmente cuando quien debe recibir los alimentos abandone la casa de la persona que se los provee sin consentimiento y por causa injustificable.
1. Los convenios de acuerdo con el Código Civil
Cuando se trata de casos de divorcio no contencioso, existe la obligación de presentar junto con la demanda de divorcio un convenio en el que se estipulen las condiciones en que se ejercerán los derechos y se cumplirán las obligaciones relativos a los hijos.
En el convenio se acordará voluntariamente por las partes, en este caso los ascendientes, sobre el cumplimiento de la obligación alimentaria y la forma en que se cubrirá y garantizará la misma, como se desprende del contenido del artículo 273 del Código Civil:
II. El modo de subvenir a las necesidades de los hijos, tanto durante el procedimiento como después de ejecutoriado el divorcio.
De cualquier forma, mientras se declara el divorcio, el juez decretará las medidas que juzgue necesarias para garantizar la subsistencia de los menores hijos, con respecto de los cuales existe la obligación de dar alimentos.
La jurisprudencia en materia de convenios relativos a alimentos señala que en caso de que exista un conflicto respecto de la cantidad pactada por alimentos, su actualización deberá estarse al siguiente criterio:
Si existe un Convenio para proporcionar alimentos, a él debe estarse, y si se considera que la cantidad pactada no basta para cubrir los alimentos de los menores, debe solicitarse un aumento acreditando previamente la insuficiencia de la cantidad estipulada, y, naturalmente, probando también que el demandado tiene posibilidades económicas; pero si se sostiene que el demandado no proporciona alimentos y este demuestra lo contrario y acepta seguir pagando la cantidad pactada, la autoridad responsable actúa correctamente al conformar la sentencia de primera instancia que condenó al demandado únicamente a pagar la cantidad pactada.5
El procedimiento establecido por la legislación se encuentra contenido en el título decimosexto, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, denominado De las controversias del orden familiar, y de conformidad con el artículo 941 del mismo código la autoridad competente para conocer de estos casos es el juez de lo familiar.
Las disposiciones del título que tratamos nos muestran una serie de reglas conforme a las cuales habrá de llevarse a cabo el procedimiento de alimentos. El artículo 942 señala que no se requiere de formalidad alguna para la tramitación de la demanda de alimentos ante el juez de lo familiar. El artículo 943 establece que la parte interesada podrá acudir al juez por escrito o en forma oral, y que en aquellos casos en que la demanda no sea correctamente planteada conforme al derecho, el juez tendrá la obligación de suplir esas deficiencias. El mismo artículo señala para el caso específico de los alimentos que: "Tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por... disposición de la ley, el juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante información que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio".
En todos y cada uno de estos casos la autoridad encargada de conocer es la judicial, esto es, concretamente el juez de lo familiar, a quien tocará resolver de acuerdo con el derecho y en el mejor interés de la familia, como institución, y de los integrantes de la misma en lo individual, ya que se considera que todos los problemas que se refieran a la familia, incluyendo los relativos a los alimentos, son de orden público.
En el mismo sentido se le otorgan facultades al juez, sobre todo cuando se trate de menores, para intervenir de oficio en los casos relativos a los alimentos, pero siempre con la obligación de determinar las medidas precautorias que aseguren y preserven, en este caso, los derechos de los menores.
La conciliación es un elemento importante de la intervención del juez en este tipo de conflictos; en caso de que las partes llegaran a un acuerdo sobre los alimentos, éste deberá quedar establecido mediante un convenio, como ya hemos visto en el presente trabajo.
Ahora bien, si no se llegó a un arreglo mediante la conciliación, una vez que ha sido presentada la demanda, el juez procederá a notificar a la contraparte, la que podrá contestar lo que a su derecho convenga, para ello contará con un término de nueve días a partir de haber recibido la notificación de la demanda.
En el caso de los alimentos, el juez podrá a petición del acreedor alimentario, y tomando en consideración la información que éste le presente, fijar los alimentos provisionalmente mientras se resuelve el juicio.
En la audiencia que resuelva la controversia sobre los alimentos, las partes deberán aportar todas la pruebas que procedan. Dicha audiencia podrá llevarse a cabo con o sin la presencia de las partes y deberá tener verificativo dentro de los treinta días siguientes al auto que ordene el traslado.6
Los artículos 290 a 400 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establecen los medios de prueba que se pueden hacer valer en este tipo de juicios, que serán todos aquellos que establece el propio Código, excepto aquellos que sean contrarios a la ley, las que deberán ser ofrecidas y desahogadas en una audiencia establecida para tales fines.
Los artículos 402, 403, 404, 412 y 422 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal nos señalan que para que el juez pueda resolver en justicia sobre la demanda de alimentos, deberá comprobar que los hechos presentados y argumentados son ciertos; para ello deberá evaluarlos personalmente y con el auxilio de los especialistas y/o instituciones especializadas que considere pertinentes o que establezca la ley. La valoración de los hechos, las pruebas y los informes tendrá que hacerse en su conjunto atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, señalando en la sentencia los fundamentos de la valoración jurídica que llevaron a esa resolución.
3. Otros medios existentes: legislación convencional específica
La legislación convencional internacional surge de la preocupación por resolver el problema de las personas sin recursos que tienen derecho a recibir alimentos y que encuentran problemas para obtenerlos en virtud de que el acreedor o el deudor alimentarios tienen su residencia habitual en Estados distintos.
Es así como surgen dos importantes instrumentos internacionales firmados y ratificados por México con el fin de apoyar al cumplimiento de esta obligación que defiende el derecho a la vida y a un sano desarrollo humano y a una buena calidad de vida:
La Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero.7
Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias.8
A. La Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero
Fue creada o concebida en la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de facilitar los tramites judiciales que se tengan que realizar en el extranjero para poder obtener una pensión alimenticia por quien tiene el derecho a ella.
Como veremos durante el análisis de este documento, el mismo tiene por objeto establecer reglas o mecanismos muy claros, que permitan una tramitación eficiente y segura de los alimentos.
En primer término se establece el fin y las condiciones bajo las cuales se podrá aplicar la convención: "La finalidad de la presente Convención es facilitar a una persona, llamada en lo sucesivo demandante, que se encuentra en el territorio de una de las Partes Contratantes, la obtención de los alimentos que pretende tener derecho a recibir de otra persona, llamada en lo sucesivo demandado, que está sujeta a la jurisdicción de otra parte contratante".9
Se reconoce un principio de seguridad jurídica y supremacía de la ley al establecer que las disposiciones de la presente convención sirven como apoyo a los medios previstos para el mismo fin en las legislaciones internas y no como substitutivos de los mismos: "Los medios jurídicos a que se refiere la presente Convención son adicionales a cualesquiera otros medios que puedan utilizarse conforme al derecho interno o al derecho internacional, y no substitutivos de los mismos".10
Señala que para la implementación de esta convención, los Estados parte deberán designar autoridades que se encargarán de realizar los tramites a que haya lugar con motivo de la solicitud de los alimentos que serán la autoridad remitente y las instituciones intermedias.
Las funciones de la autoridad remitente en los términos de la convención serán las de recibir la solicitud del acreedor alimentario (demandante) para hacerla del conocimiento de las autoridades correspondientes en el otro Estado parte. Deberá verificar que la solicitud cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley de los Estados involucrados, deberá permanecer al tanto de los tramites que se realicen con motivo de la solicitud o demanda de alimentos, transmitirá los documentos y la demanda a la institución intermedia del Estado demandado y podrá emitir opinión sobre el asunto, así como recomendar se conceda asistencia jurídica gratuita y exención de costas al demandante. Por otro lado, esta autoridad será la encargada de transmitir cualquier resolución provisional o definitiva al demandante, así como cualquier otro acto judicial en que haya intervenido en materia de alimentos en favor del demandante; en caso de que fuera necesario deberá entregar al demandante copia de las actuaciones procesales y de la resolución misma.
Las actividades de la institución intermedia serán, siempre dentro de las facultades que se le hubieran otorgado por el demandante, tomar y solicitar todas las medidas para obtener el pago de los alimentos, iniciar un procedimiento jurisdiccional con motivo de la determinación y obtención de la pensión alimenticia o la de hacer cumplir y/o verificar que se ejecute cualquier sentencia, decisión u otro acto judicial; deberá tener informada a la autoridad remitente sobre los trámites o acciones ejercitados y si no pudiera actuar le hará saber la razón y le devolverá toda la documentación que se le hubiere hecho llegar; es decir, intervendrá como representante legal del demandante.
El derecho aplicable a la resolución de estos conflictos será el del Estado demandado,11 y en estos términos la solicitud hecha por el acreedor alimentario deberá cumplir con los requisitos establecidos por tal legislación, independientemente de que en principio, para ser admitida por la autoridad remitente, deberá cumplir también con los requisitos establecidos por la legislación del Estado donde tiene su domicilio o residencia habitual. Respecto al contenido de la solicitud, se deberá expresar el nombre y apellidos del demandante, su dirección, fecha de nacimiento, nacionalidad, ocupación y los datos de su representante legal; los mismos datos con relación al demandado, una exposición de motivos y, deberá, además, estar acompañada de todos los documentos que sean necesarios para comprobar el derecho a los alimentos que tiene el acreedor, una foto del demandante y otra del demandado.
Las resoluciones provisionales o definitivas, así como cualquier otro acto judicial podrán ser remitidos a las autoridades competentes del Estado donde se tengan que ejecutar o conocer con el fin de reemplazar, en un momento dado, o completar los documentos y datos que deben ser contenidos en la solicitud que se entregue a la autoridad remitente por el demandante.
Por último, relativo a los exhortos, se determinan cinco reglas para diligenciarlos y que son:
1) El tribunal que conozca del procedimiento iniciado con motivo de los alimentos podrá enviar exhortos con el fin de obtener más pruebas o información que le permitan dictar una resolución, a la autoridad y/o institución designadas por el otro Estado parte.
2) Para que las partes puedan estar presentes durante las diligencias que se lleven a cabo con motivo del procedimiento, la autoridad requerida deberá hacer del conocimiento de la autoridad remitente, de la institución intermedia y del demandado, la fecha y el lugar en que se hayan de verificar.
3) Los exhortos deberán cumplirse dentro de los cuatro meses siguientes a que se hubiera recibido por la autoridad requerida; en caso de que no fuera así, dichas autoridades deberá notificar a la autoridad requiriente las razones por las que no se ha cumplido.
4) La tramitación del exhorto podrá negarse en dos casos concretos: si no se hubiere establecido la autenticidad del documento y cuando el mismo represente o se interprete como contrario a la soberanía o seguridad del país donde se tiene que diligenciar.
B. La Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias
Como se puede notar, es de carácter regional, por lo que sólo obliga a su cumplimiento a los Estados integrantes de la OEA que la hubieran ratificado.12
El objeto que persigue la convención es determinar cuál es el derecho aplicable en las controversias relativas a los alimentos y las autoridades competentes para conocer de las mismas. Como requisito indispensable para la aplicación de la convención se señala la circunstancia de que el acreedor alimentario tenga su domicilio o residencia habitual en un Estado parte y el deudor alimentario tenga su domicilio, residencia habitual, bienes o ingresos en otro Estado parte. También para la aplicación de la convención, cuando se trate de menores, que es el tema que nos ocupa, se señala que sólo se considerará menor a quien no haya cumplido la mayoría de edad (18 años).
La convención, en congruencia con el derecho de igualdad establecido en los documentos internacionales de derechos humanos, establece que los acreedores alimentarios deben ser tratados sin distinción alguna por cuanto a los procedimientos para la obtención de los alimentos, su nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen, situación migratoria o cualquier otra forma de discriminación.13
Por cuanto a los posibles conflictos de leyes, la convención presenta dos reglas fundamentales que tienden a establecer un criterio para determinar en cada caso concreto en qué consistirá la obligación alimentaria, y quienes podrán tener la calidad de acreedores y deudores alimentarios.14
En primer lugar, el criterio que se adoptará para la elección del derecho aplicable será el de quien resulte más favorable al acreedor alimentario, que en este caso será el menor, que podrá ser el del Estado del domicilio o residencia del acreedor o el del deudor.
En segundo lugar, se fijan limitativamente cuáles serán las materias que podrán ser regidas por la legislación más favorable al acreedor y que se refieren a la determinación del monto de la pensión alimenticia, así como los plazos y montos en los que deberá ser cubierta, y a la determinación de quienes pueden demandar los alimentos en representación del menor, así como cualquier otra condición que determine la ley para acreditar el derecho a exigir alimentos.15
Se considera que para cada caso concreto serán autoridades competentes el juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor, del deudor o el juez o autoridad del Estado en el cual el deudor alimentario cuente con bienes personales tales como, posesión de bienes, percepción de ingresos o cualquier otra fuente de ingresos económicos.16
Relativo al aumento o disminución de la cuantía de la pensión alimenticia, existe un criterio de competencia en el siguiente sentido: para el primer caso será competente cualquiera de las autoridades antes señaladas; pero para el segundo sólo se considerarán competentes para conocer a aquellas que antes hubieran conocido de la fijación de la misma. Lo dispuesto por el artículo 10 de la convención existe en perfecta congruencia con la característica de proporcionalidad de los alimentos consagrada por el Código Civil para el Distrito Federal: "Los alimentos deben ser proporcionales tanto a la necesidad del alimentario como a la capacidad económica del alimentante".17
También se consideran para efectos de representación a las autoridades diplomáticas o consulares, las que fungirán, en algunos casos, como intermediarios entre los demandantes de la pensión alimenticia y el juez:
Las autoridades jurisdiccionales de los Estados Parte en esta Convención ordenarán y ejecutarán, a solicitud de parte o a través del agente diplomático o consular correspondiente, las medidas provisionales o de urgencia que tengan carácter de territorial y cuya finalidad sea garantizar el resultado de una reclamación de alimentos pendiente por instaurarse.18
Para que las sentencias dictadas por las autoridades competentes en el extranjero tengan validez, de acuerdo con la presente convención, en el Estado donde tienen que ser ejecutadas será necesario que se cumpla con siete requisitos fundamentales y que necesariamente deberán haberse cumplido durante el proceso.
En este primer bloque veremos los requisitos que se refieren a la formalidades que se deben cumplir respecto de la sentencia y documentos anexos que deban ser puestos a disposición del Estado donde se vaya a ejecutar la sentencia. Así las cosas, el primero tiene que ver con la competencia internacional de la autoridad, la que deberá quedar acreditada en los términos ya señalados en el inciso anterior. El segundo y el tercero establecen que todas las actuaciones ejercitadas ante el juez durante el proceso, y que sean requeridos por la convención, especialmente la sentencia, deberán encontrarse debidamente traducidas al idioma oficial del Estado donde se vaya a ejecutar la sentencia, así como legalizadas. El cuarto se refiere a la formalidad que deben tener tanto la sentencia como cualquier otro documento anexo que requiera la convención con el fin de que no quepa duda sobre su autenticidad, y el quinto establece que la sentencia debe tener el carácter de cosa juzgada en el Estado donde fue dictada.19
En un segundo bloque podemos agrupar a los requisitos de validez que se refieren a aspectos procesales respecto de las partes como son: el sexto elemento que se refiere a que el demandado haya sido debidamente notificado y emplazado de acuerdo con el derecho, y el séptimo, relativo a que se haya garantizado la defensa de las partes.20
Los documentos que deben ser comprobados para que la sentencia pueda ser ejecutada en el Estado que corresponde, siempre que se cumpla con los requisitos antes dispuestos son, copia auténtica de la sentencia, copia auténtica de las diligencias y actuaciones procesales que confirmen la notificación y garantía de la defensa de las partes, así como copia auténtica del auto que declare firme la sentencia o la apelación. Todo esto deberá ser comprobado por el juez que tenga que ejecutar la sentencia en audiencia en la que estará presente el Ministerio Público y el deudor alimentario. Queda claro que en esta parte del procedimiento el juez que ejecuta la sentencia no puede entrar al estudio del fondo de la resolución sino que sólo deberá notificarla a la parte obligada a pagar los alimentos y asegurarse de que se ejecute de acuerdo con el derecho.
Se habla en la convención del beneficio de una declaración oficial de pobreza hecha en favor del acreedor alimentario en el Estado parte en el que hace su reclamación de alimentos, la que en caso de existir deberá reconocerse en el Estado parte en el que se tenga que ejecutar la sentencia. Dicho beneficio consistirá en que el Estado parte en que se encuentre el beneficiario de tal declaración o donde se ejecute la sentencia deberán prestarle asistencia judicial gratuita.21
Para que se pueda dar la intervención de las autoridades en los casos de las medidas provisionales o de urgencia sólo será necesario que los bienes o ingresos del deudor alimentario se encuentren dentro del territorio donde se están promoviendo las medidas provisionales o de urgencia. Claro que el hecho de que éstas se otorguen no implica por sí el reconocimiento de la validez de la sentencia o la obligación de ejecutar la sentencia que en su momento se dictare si no se cumple con los re-quisitos ya señalados.
Las resoluciones interlocutorias y las medidas provisionales dictadas en materia de alimentos deberán ser ejecutadas por las autoridades competentes aunque éstas se encontraran sujetas a recursos de apelación en el Estado parte donde fueron dictadas, lo cual es congruente con lo dispuesto por el artículo 13 de la misma convención.22
Los Estados parte sólo podrán rehusarse a cumplir con las sentencias o con el derecho extranjero aplicable, de acuerdo con el artículo 22 de la convención, cuando alguno de ellos lo considere manifiestamente contrario a su derecho. Cabe agregar que el artículo 13, fracción V del Código Civil para el Distrito Federal, establece que salvo las excepciones establecidas por ese mismo artículo, y que ya mencionamos a lo largo de este trabajo, los efectos jurídicos de los actos y contratos deberán regirse por la ley del lugar donde deban de ser ejecutados, excepto en aquellos casos en que las partes hubieran designado válidamente la aplicación de otro derecho, como lo es en el caso de lo dispuesto por los criterios de aplicabilidad de la ley de acuerdo con las convenciones internacionales en materia de alimentos.
La protección que se debe dar al menor en este caso concreto, se da en virtud de la condición de inmadurez en que se encuentra para valerse por sí mismo, ya que no ha alcanzado su pleno desarrollo biológico, psíquico y tampoco social, lo que jurídicamente lo coloca en un estado de incapacidad, haciéndose necesaria la existencia de normas dirigidas a preservar y proteger sus derechos, ya no sólo como parte de una sociedad sino también como integrantes de un núcleo familiar específicamente, y que éstas se encaminen a los objetivos de tutelar y de orientar sus disposiciones hacia una cultura de respeto de los derechos del niño.
En el caso de la obtención de alimentos para los menores, será indispensable que las autoridades correspondientes tomen en consideración el interés superior de los niños, es decir, que deberán resolver, en cada caso concreto, atendiendo a lo más benéfico, conveniente y justo para el menor, de tal forma que se garantice que ambos progenitores, o en su caso a quien corresponda de acuerdo con la ley, procuren lo necesario para que éste se pueda desarrollar integral y armónicamente tanto al interior de la familia como en sociedad, esto es, deberá velarse por la integridad física, psicológica y material de los mismos, en tanto no sean capaces de valerse por sí mismos.
Los criterios respecto a la ley aplicable, cuando se hace valer una convención internacional, han tendido a variar de uno de nacionalidad de las partes que invocan la convención a los relativos al domicilio o residencia habitualde éstas. Entre las causas que se argumentan para este cambio se encuentra la que señala que el considerar la nacionalidad como punto de conexión representa la posibilidad de que se presente un conflicto de leyes difícil de resolver, considerando que el padre, la madre y el hijo pueden contar con nacionalidades diferentes. En este sentido hay que mencionar la conveniencia de los dos últimos criterios, ya que pueden intervenir y se encuentran legitimados para ejercitar acción, reclamando en un juicio el pago de los alimentos: el acreedor alimentario, el ascendiente que lo tenga bajo su patria potestad, el tutor, y tanto los hermanos como los demás parientes dentro del cuarto grado, los que pueden no coincidir en nacionalidad entre ellos y con el deudor alimentario.23
Relativo a este punto cabe hacer notar que en el caso de la Convención de Nueva York, es decir, la Convención sobre Obtención de Alimentos en el Extranjero se establece concretamente que la legislación aplicable a la demanda de alimentos será la del Estado en que se encuentre el demandado,a nuestro entender, independientemente de cualquiera que sea el estatus que guarde con respecto a ese Estado; como podemos observar esta convención no hace referencia específica a los criterios que se han venido adoptando por las convenciones internacionales sobre la ley aplicable por cuanto al domicilio, al Estado de origen o la residencia habitual, aunque del texto se desprende que definitivamente la ley aplicable para resolver la controversia será la del Estado donde se encuentre el deudor alimentario a la notificación de la demanda, por lo que queda resuelto el posible conflicto de leyes por cuanto a los Estados que hayan ratificado la convención.
Un ejemplo claro de instrumentos internacionales que establecen los criterios más recientes es el de la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Adopción de Menores en la que existen disposiciones muy concretas: se aplicarán tanto las disposiciones del Estado en que los solicitantes tengan su domicilio, por cuanto a los re-quisitos que éstos deben cumplir, como las del Estado de origen del menor, en lo relativo a los consentimientos y la capacidad para poder ser adoptado.
La misma convención en materia de adopción su artículo 4o. señala: " En el supuesto de que los requisitos de la ley del adoptante (o adoptantes) sean manifiestamente menos estrictos a los señalados por la ley de la residencia habitual del adoptado, regirá la ley de éste". El contenido de este artículo no sólo nos da otra muestra de los criterios a que ya hicimos referencia sino que también nos permite establecer la pertinencia de que exista una disposición similar en la Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero, cumpliéndose así con lo dispuesto por la propia Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3.1 relativo al interés superior del niño, en el sentido de contemplar que en caso de ser necesario se aplicará la ley que beneficie más al menor, ya que, como vimos, la Convención sobre Obtención de Alimentos es muy clara respecto a que sean cuales fueren las condiciones de la legislación con respecto a las partes, siempre se aplicará la del Estado en donde se encuentre el demandado.
Por lo que hace a la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, parece no haber necesidad de hacer la observación anterior ya que en su artículo 6o. establece que todo lo relacionado con los alimentos se determinará por las autoridades competentes conforme la legislación más favorable para el acreedor alimentario.
Por otro lado, en este caso, el mismo artículo establece claramente los posibles criterios de aplicación de la ley al señalar que se podrán aplicar la ley del Estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor o del deudor, la que sea más favorable.
Cualquier controversia en el ámbito internacional deberá resolverse atendiendo a la reciprocidad y equidad que de antemano debe existir entre los Estados, en virtud de su voluntad de cumplir con lo establecido con las convenciones que ratifican.24
Vale la pena recordar lo señalado en el artículo 14, fracción V del Código Civil que a la letra dice:
Cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén regulados por diversos derechos, estos serán aplicados armónicamente, procurando rea-lizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos. Las dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos se resolverán tomado en cuenta las exigencias de la equidad en el caso concreto.
Ahora bien, la Convención sobre Obtención de Alimentos en el Extranjero hace referencia únicamente a la intervención de las autoridades administrativas que han de auxiliar a la integración de la demanda y a servir de intermediarias entre las partes y la autoridad judicial en el juicio, que son las autoridades remitentes e instituciones intermediarias. Sin embargo, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias no establece autoridades remitentes o intermediarias, sólo reconoce en primer lugar a las autoridades judiciales, y del contenido del último párrafo del artículo 8o. se comprende que podrán intervenir autoridades administrativas que no se determinan, y que serán competentes, a nuestro entender, en los términos que establezca la legislación interna.
Hay que mencionar el hecho de que la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias agrega dentro de las autoridades judiciales o administrativas competentes dos elementos que no se consideran, por lo menos textualmente, en la Convención sobre Obtención de Alimentos en el Extranjero, que son: en primer lugar, la intervención de autoridades judiciales o administrativas donde el deudor tenga, ya no su domicilio o su residencia habitual, sino posesiones, ingresos o cuente con cualquier tipo de ingresos económicos. Y en segundo lugar, la posibilidad de que intervengan autoridades de otros Estados, que no tenga ningún nexo de domicilio, residencia o posesiones con las partes, siempre que se cumpla con la condición de que el demandado en el juicio no hubiera objetado, de origen o de principio, comparecer ante tal autoridad.
En el caso de la última hipótesis, se puede pensar que esto daría lugar a un problema frente al contenido del artículo 6o. de la misma convención respecto a la ley competente o aplicable, sin embargo no es así ya que, en primer lugar, las reglas para la aplicación de la ley que competa son claras: únicamente se aplicarán las leyes del Estado de residencia habitual o domicilio de las partes, por lo que la única posibilidad viable para la resolución del conflicto, aun cuando intervenga un Estado conforme al último párrafo del artículo 8o., es la aplicación del derecho del Estado donde se presentó la demanda, es decir, la del Estado del domicilio o residencia habitual del acreedor alimentario, el cual es el que de origen y de facto tiene un interés, y se encuentra legitimado conforme al artículo 6o.
Sobre el particular, el artículo 12 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal señala: "Las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentran en la República, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción y aquellos que se sometan a dichas leyes, salvo cuando estas prevean la aplicación de un derecho extranjero y salvo, además, lo previsto en los tratados y convenciones de que México sea parte".
Asimismo, el artículo 13, fracción I, del mismo Código señala: "Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un Estado extranjero conforme a su derecho, deberán ser reconocidas".
El auxilio judicial internacional entre autoridades de los Estados involucrados se basa en la colaboración que voluntaria y libremente convinieron para la ratificación de los instrumentos internacionales.
Existen tres formas de auxilio judicial reconocidos, el primero es a través de comunicación directa, cuando existe un exhorto de por medio, entre los tribunales involucrados. El segundo es la vía consular, en la que esta autoridad interviene como enlace con la autoridad competente del Estado requerido o bien como quien realiza directamente una diligencia, como puede ser una notificación. La tercera, que se considera es la menos usual en la actualidad, es la diplomática, mediante la cual intervienen las más altas autoridades diplomáticas de ambos Estados con el fin de llegar al tribunal o autoridad competente que han de hacer cumplir la obligación o hacer respetar el derecho reclamado.25
Por el contenido de la Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero se puede desprender que se optó por hacer uso del segundo tipo de comunicación, es decir, la que se realiza por vía consular, o por lo menos uno similar a éste, puesto que las autoridades señaladas en los artículos 2o., 3o. y 6o. del documento actúan indispensable y obligadamente como coadyuvantes en el proceso judicial. Mientras que en el caso de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, existe un apartado específico que regula la cooperación procesal internacional (auxilio judicial internacional) que comprende los artículos 8o., 11 y 13, y en los que encontramos que primordialmente se atiende a la comunicación directa entre las autoridades judiciales que han de resolver y /o ejecutar las resoluciones.
Por lo que hace al estado y capacidad de las personas físicas que intervengan en una controversia de alimentos, así como a la forma de las comunicaciones que se tengan que hacer o llevar a cabo con autoridades extranjeras, nuestro Código Civil establece en su artículo 13, fracciones II y IV, que las primeras se rigen por el derecho del lugar de su domicilio y la segunda por el derecho del lugar donde se celebren, y agrega: "Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en este Código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal...".
Respecto a los efectos jurídicos de las sentencias, la Convención Interamericana señala que los Estados parte sólo podrán rehusarse a cumplir con las sentencias o con el derecho extranjero aplicable, conforme al artículo 22 de la convención, cuando alguno de ellos lo considere manifiestamente contrario a su derecho.
El artículo 15 del Código Civil para el Distrito Federal señala en su fracción II que no se aplicará el derecho extranjero: "Cuando las disposiciones del derecho extranjero o resultado de su aplicación sean contrarios a principios o instituciones del orden público mexicano".
Podemos agregar que el artículo 13, fracción V, del Código Civil para el Distrito Federal establece que salvo las excepciones establecidas por ese mismo artículo, y que ya mencionamos a lo largo de este trabajo, los efectos jurídicos de los actos y contratos deberán regirse por la ley del lugar donde deban de ser ejecutados, excepto en aquellos casos en que las partes hubieran designado válidamente la aplicación de otro derecho, como puede ser de conformidad con lo dispuesto por las convenciones internacionales en materia de alimentos respecto de los criterios de aplicabilidad de la ley y el interés superior del niño.
Finalmente, nuestra legislación vigente definitivamente contempla como principios y valores fundamentales los preceptos relativos a la protección de la familia y de los menores, integrándolos así, en primer lugar, como parte de las garantías fundamentales de todo mexicano; en segundo lugar como normas específicas establecidas en la legislación secundaria dirigidas a la familia y al menor como sujetos de protección, y finalmente, en tercer lugar, mediante la ratificación de instrumentos internacionales; con lo cual el Estado asume tanto su compromiso de afianzar al grupo social básico como el de velar por que el menor reciba toda la atención necesaria.
2 Capítulo II, del título sexto, del Código Civil para el Distrito Federal.
3 Artículos 311 a 313 del Código Civil para el Distrito Federal.
4 Amparo directo 2000/75. Arnoldo López Yáñez. 4 de julio de 1977. Mayoría de votos. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. Secretario: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Disidente: J. Ramón Palacios Vargas. Informe, 1977. Tercera sala, p. 53.
5 Amparo directo 4623/74. Gloria Marina de la Mora Alonso. 14 de enero de 1976. 5 votos. Ponente David Franco Rodríguez.
6 Artículos 944 a 947 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
7 El decreto de aprobación del Senado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de enero de 1992, y el decreto de promulgación el 29 de septiembre de 1992.
8 El decreto de aprobación del Senado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de julio de 1994, y el decreto de promulgación el 18 de noviembre de 1994.
9 Artículo 1.1 de la Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero.
10 Artículo 1.2 de la convención.
11 Artículo 6.3 de la Convención para la Obtención de Alimentos en el Extranjero.
12 Álvarez de Lara, Rosa María, "Introducción a la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias", Revista de Derecho Privado, México, año 6, número 17, mayo-agosto de 1995.
13 Artículo 4o. de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias.
14 En el caso de nuestra legislación, estos aspectos quedan determinados en los artículos 308 y 303, respectivamente, del Código Civil para el Distrito Federal.
15 Artículos 6o. y 7o. de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias.
16 Artículos 8o. y 9o. de la convención.
17 Artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal.
18 Artículo 15 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias.
19 La sentencia firme que es apelada no suspende la ejecución de la sentencia: "En caso de que existiera apelación de la sentencia ésta no tendrá efecto suspensivo".
20 Véase artículo 11 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias.
21 Artículo 14 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias.
22 Artículo 17 de la convención.
24 Ramos Méndez, Francisco, Arbitraje y proceso internacional, Barcelona, España, Librería Bosch, 1987, pp. 245 y 246.