Source: https://es.scribd.com/document/351916947/Amparo-Fotomultas
Timestamp: 2020-08-06 14:14:21
Document Index: 167671805

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 62', 'artículo 38', 'artículo 66', 'artículo 116', 'artículo 4', 'artículo 43', 'artículo 14', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 61', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 122', 'artículo 44', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 61', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 107', 'artículo 73', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 31', 'artículo 67', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 13', 'artículo 2', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 43', 'Artículo 43', 'artículo 14', 'Artículo 59', 'artículo 61', 'Artículo 60', 'artículo 61', 'Artículo 61', 'artículo 60', 'artículo 34', 'Artículo 62', 'artículo 33', 'Artículo 64', 'artículo 63', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 31', 'artículo 62', 'artículo 62', 'Artículo 62', 'artículo 33', 'artículo 11', 'artículo 38', 'artículo 38', 'Artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 61', 'Artículo 61', 'artículo 60', 'artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 66', 'artículo 66', 'Artículo 66', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 27', 'artículo 27']

Amparo Fotomultas | Ciudad de México | México
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bosquejo ashly alejandro y jonathan
Gaceta 13 Ene 17
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AMER Mexico Rural Tomo II Reduc
ASUNTO: Se promueve amparo indirecto por inconsitucionalidad de leyes
C. JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL CON SEDE EN EL DISTRITO FEDERAL.
, por mi propio derecho y en mi carácter de
conductor que maneja un vehículo en cualquiera de sus modalidades, incluso particular, de transporte, motorizado, automotor y/o de motocicleta, con domicilio
constitucional para recibir notificaciones, acuerdos, comunicaciones o
correspondencia en el domicilio marcado con el número
de la Calle ,
Usted, con el debido respeto, comparezco y expongo en el presente Amparo
Indirecto Autoaplicativo:
, en la Ciudad de México, a mi propio nombre, ante
Que por medio del presente como gobernado y conductor de un vehículo que transita en la Ciudad de México, siendo titular de un interés legítimo afectado por actos de autoridad en concreto derivados de varias disposiciones contenidas en el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal que entró en vigencia el día quince de diciembre del año dos mil quince, vengo a demandar EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, contra los actos de autoridad que violan los Derechos Humanos y las Garantías Individuales del suscrito derivados por la invasión de la esfera de la Autoridad Federal, que más adelante precisaré, por lo que manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, los hechos y abstenciones que me consta y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, así como los fundamentos de los conceptos de violación, basándome para ello con los siguientes capítulos:
1.- No he cometido delito ni falta administrativa alguna.
2.- Que el día diecisiete del mes de agosto del año dos mil quince, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Órgano escrito del Gobierno del Distrito Federal, el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, ordenándose su vigor a partir del día quince de diciembre del año dos mil quince.
3.- Dicho reglamento que considero es inconstitucional por la razón de que su invasión de su esfera transciende a la violación de mis Derechos Humanos y Garantías Individuales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se encuentra paginada de la tres a la ciento veintitrés, de la Gaceta Oficial citada, muy particular al caso entre otras lo relativo a la afectación a la salud física y mental por la agravante de que bajo el nuevo marco normativo habrá mayor concentración vehicular en las vialidades de la ciudad y
por tiempos más prolongados, y por lo tanto mayores niveles de gases contaminantes en la atmósfera de la Ciudad de México, según se desprende de los artículos 8 fracción V, 9 fracciones II y III, 10 fracción X, 11 fracción II; así como por la aplicación de disposiciones distintas a las especificaciones técnicas de vehículos que circulan desde años previos con ciertas características de fábrica
o de concesionario y que son desconocidas en dicho reglamento, según se
desprende del artículo 43 fracción VII; así como a las sanciones con multa y a las equivalencias en veces con la “Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente” que da lugar a un total acto de discrecionalidad de los agentes o elementos de la Policía del Distrito Federal que apliquen las multas o sanciones, así como por la desproporcionalidad de las sanciones en cuanto a su monto, según lo señalado a
lo largo de todo el reglamento en comento y en especial a los artículos 59, 60,61,
62, 64, 66, y 67; y a lo contenido en los artículos 69 y 70 de dicho reglamento mediante los cuales al ciudadano y conductor se deja en total indefensión; así como por facultar a un agente para retirar la placa delantera o retener la licencia o
tarjeta de circulación al conductor de un vehículo que sea de otra entidad federativa o país, en un acto de total arbitrariedad y violación a los Derechos
Humanos y a las Garantías Individuales según lo dispone el artículo 62; y a la ilegitima prohibición que la autoridad se reserva hacer del conductor para ejercer sus derechos Humanos y garantía de libre tránsito al no consignar en dicho reglamento que en caso de que sea detenido por alguna posible infracción por algún agente o elemento de la Policía del Distrito Federal que no esté autorizado a levantar infracciones que el conductor tenga que esperar a la llegada del agente autorizado, por lo que en su caso, debiesen todos los agentes estar facultados para levantar la infracción correspondiente o permitir al conductor que siga su camino, constituyéndose en una detención ilegal y arbitraria. Además por el artículo 38 fracción II inciso e) del reglamento en comento que prohíbe el uso de teléfonos celulares por parte del conductor pues precisa, “los conductores de vehículos son responsables de evitar realizar acciones que pongan en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios de la vía”, siendo que la autoridad que dicta el reglamento en comento no efectúa acciones legales en contra de quienes colocan anuncios exteriores en las vías de acceso controlado, en las vías primarias, secundarias y cualquier otra vía en la Ciudad de México, y que de la misma forma que un teléfono celular distraen la atención de los conductores por lo que también al ser objeto los conductores de atención comercial o propagandística o publicitaria mediante dichos medios de anuncios exteriores podrían realizar de manera involuntaria alguna acción que ponga en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios de la vía, pero aún ante este hecho, la autoridad no efectúa acción de reordenamiento o prohibición de presencia excesiva de tales anuncios exteriores colocados en las vías de tránsito de los vehículos en la Ciudad de México. Asimismo al Capítulo I “De las Sanciones” y específicamente los artículos 61, que para el primer caso se trata de la inconstitucionalidad de aplicar
infracciones detectadas a través de equipos y sistemas tecnológicos que capten imágenes al vehículo pero sin que sea posible la identificación del conductor por lo que la sanción le sería atribuida al propietario del vehículo infraccionado sin necesidad de que el propietario fuese quien condujera el vehículo y por lo tanto cometiera la falta al reglamento en comento, pero siendo más grave aún el hecho
de que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal por conducto de sus subordinados
ha ordenado la “subrogación de servicios para imponer multas a través del Sistema Integral de Fotomultas” con lo que renuncia a una facultad exclusiva del Ejecutivo Local de aplicar las sanciones administrativas a los conductores con el agravio evidente a los Derechos Humanos de éstos; y para el segundo caso en el artículo 66 por reservarse la autoridad representada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal el ejercicio de asignar “puntos” acumulativos a las licencias de los conductores del Distrito Federal por cada una de las infracciones que le sean
levantadas y como una sanción adicional a la sanción administrativa económica. Y por último al transitorio tercero que abroga el Reglamento de Tránsito Metropolitano, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veinte de junio
de dos mil siete, y dadas las condiciones de la metrópoli misma a mí me resulta
necesario transitar continuamente en la Ciudad de México y su zona conurbada en
condiciones de equidad y con pleno goce de mis Derechos Humanos y libertades constitucionales.
Como no tengo recurso ordinario que hacer valer, recurro ante Usted, a solicitar la Protección de la Justicia Federal, y al efecto cumplo con lo ordenado en el artículo 116 de la Ley de Amparo en vigor, manifiesto:
Mi nombre y domicilio ha quedado asentado en el proemio de esta demanda.
II.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. No existe dada la naturaleza del acto reclamado. Sin embargo, para el caso de que se considere que existen, AD CAUTELAM señalo a la Sociedad de la Ciudad de México y su zona conurbada, cuyo domicilio se ubica en la propia sociedad, representada para estos actos por el Ministerio Público de la Federación, en su carácter social adscrito a su jurisdicción.
III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORAS.- Señalo como autoridad responsable, en su calidad de ordenadora:
a).- Al Titular del Ejecutivo Local, señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal, C. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con domicilio Oficial bien conocido en Plaza de la Constitución número 1, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México.
b).- Al Secretario de Seguridad Pública, C. Hiram Almeida Estrada, con domicilio Oficial bien conocido en Plaza de la Constitución número 1, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México.
EJECUTORAS.- Señalo como autoridad Responsable Ejecutora:
PRIMERO.- En la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Órgano escrito del Gobierno del Distrito Federal, se publicó el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, con vigencia a partir del día quince de diciembre del año dos mil quince, siendo que entre otros aspectos que mencionaré más adelante, dicho reglamento es inconstitucional porque se aparta del precepto constitucional que nos otorga el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, a saber, y según lo dispuesto por el artículo 4º., párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. Siendo que como señala Tania García López en su estudio sobre La Constitución y los Principios Rectores del Derecho Ambiental, “la salud y el bienestar del ser humano constituyen el punto central de la estrategia de protección ambiental. El medio ambiente se protege en tanto que aspecto fundamental para garantizar la propia sobrevivencia del hombre, el cual es el sujeto y objeto último de las normas ambientales”. En tanto que las disposiciones del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal ahora vigente, ocasiona mediante las conductas que se exigen en sus artículos 8 fracción V, 9 fracciones II y III, 10 fracción X, y 11 fracción II, que en la Ciudad de México sobrevenga un mayor flujo vehicular en modo detenido o parado o sin circular, o que circulará con mayor lentitud e ineficiencia, dando resultado a mayores congestionamientos viales y por tiempos más prolongados, mayor tiempo en los recorridos de los vehículos por la disminución sensible en los límites de velocidad y/o las prohibiciones de las vueltas continuas, y por ende con los motores de los vehículos encendidos por mayores lapsos de tiempo en función de la falta de movilidad adecuada y eficiente que ocasionará dicho reglamento y derivado de los artículos antes señalados, por lo que las emisiones de gases contaminantes al aire y a la atmósfera de la Ciudad de México serán mayores, provocando un grave daño ambiental y a la salud de las personas que habiten o transiten la Ciudad de México a partir de la entrada en vigor de dicho reglamento, siendo que a futuro se puede causar por estas acciones de la autoridad daños serios a la salud, el sistema respiratorio de las personas, e inclusive alguna enfermedad crónica degenerativa como el cáncer u otras. La inclusión de tales artículos en dicho reglamento a decir de la autoridad, responden a la necesidad de preservar la seguridad de los conductores y habitantes de la Ciudad de México, siendo que tal aseveración es falsa en función de que la seguridad de las personas comienza por el buen estado de la infraestructura en vialidades y banquetas, y en la existencia de la adecuada señalización, pintura de carriles de circulación y de las áreas de espera para bicicletas y motocicletas, cuando es un hecho atestiguado por la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México que las condiciones de ellas son a tal grado deficientes y en malas condiciones que los baches son un elemento importante para el surgimiento de accidentes viales que a la autoridad no le ha importado atender dado que este problema no solo prevalece sino que se extiende a todas las demarcaciones o delegaciones políticas de la ciudad. Adicionalmente, el hecho de privilegiar el uso de las motocicletas sobre los vehículos, al asignar zonas exclusivas para este tipo de transporte, entre la zona
de cruce de peatones y el área en donde los vehículos automotores deben mantenerse a la espera cuando se encuentren detenidos por estar frente a un semáforo con luz roja o por indicación de algún agente o elemento de la Policía del Distrito Federal, conlleva a un mayor riesgo en el incremento de los gases contaminantes a la atmósfera dado que el hecho de que una o varias motocicletas se encuentren ubicadas al frente de la fila de vehículos listos para reiniciar su movimiento cuando el semáforo cambia a luz verde o el agente o elemento de la Policía del Distrito Federal conceda el paso, hará que el movimiento de los vehículos automotores sea más lento y por lo tanto sume una cantidad mayor de minutos y tiempo de permanencia de vehículos totales en modo de encendido y/o de trayecto, causando una mayor cantidad de gases contaminantes al aire y atmósfera de la Ciudad de México.
La mala calidad del aire se puede comprobar al entrar al sitio de Internet operado por el proveedor “Twitter”, en donde se puede consultar la cuenta “@AireMexicoDF” con el propósito de probar que los gases contaminantes en el aire y atmósfera de la Ciudad de México constituyen un riesgo para la salud de las personas que viven y transitan por la ciudad, siendo que una de las principales causas de los altos índices de contaminación provienen de los automóviles que circulan diariamente, por lo que una inadecuada política de movilidad agravará el problema de contaminantes en la Ciudad de México y en este sentido lo hacen las disposiciones arriba señaladas en este numeral primero contenidas en el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, con vigencia a partir del día quince de diciembre del año dos mil quince.
Para efectos de presentar prueba de la discrecionalidad someto a la consideración de esta autoridad superior judicial, el artículo del periódico “El Universal en Línea”, que en su Página de Internet da testimonio de los altos índices de contaminación que se presentaron en la Ciudad de México a los diez días en que entró en vigor el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, con vigencia a partir del día quince de diciembre del año dos mil quince:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/12/25/aumentan-niveles-
de-contaminacion-en-el-valle-de-mexico
Así como de la declaración de Precontingencia Ambiental declarada por la Comisión Ambiental de la Ciudad de México el veinticinco de diciembre de dos mil quince, publicado en el diario “Reloj Ciudadano en Línea”, que en su Página de Internet da testimonio:
http://www.relojciudadano.com/2015/12/25/precontingencia-ambiental-por-altos-
niveles-contaminantes-en-el-valle-de-mexico/
SEGUNDO.- La pretensión de aplicar el nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, con vigencia a partir del día quince de diciembre del año dos mil quince, con efectos retroactivos a las condiciones de fabricación y comercialización de algunos vehículos actualmente y desde hace varios años en circulación, como lo relativo a la aplicación de películas protectoras contra asaltos en la vía pública, que en efecto oscurecen en cierto grado la visibilidad hacia el interior de los vehículos, pero que son necesarios instalar en los vehículos como un accesorio que proteja en cierto nivel la integridad y la vida de los conductores y habitantes de la Ciudad de México, ante el alto índice de criminalidad que existe en la Ciudad de México también derivado de la incapacidad de la autoridad ejecutiva del Gobierno del Distrito Federal para proteger a los automovilistas y habitantes en general de la ciudad ante tales delitos. Lo anterior debido a la conducta que dicho reglamento exige a los conductores y propietarios de vehículos que transitan en la Ciudad de México en su artículo 43 fracción VII y que resulta totalmente inconstitucional. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. A este respecto, el jurista Andrés Serra Rojas sostiene que “La legislación administrativa mexicana mantiene el principio de la no retroactividad bajo tres aspectos importantes. Como un mandato constitucional referido a las leyes, como un principio de derecho privado, como un principio general de derecho”.
A este respecto es conveniente agregar algunos datos relacionados con el tema de la inseguridad pública y en específico con respecto a los asaltos o robos a vehículos que padecen los conductores, ciudadanos y personas que viven en la Ciudad de México o transitan por ella, al señalar que de acuerdo a los datos publicados por el portal o sitio de Internet ciudadano y de la organización civil denominado “Semáforo Delictivo” (con dirección de http: “www.semaforo.com.mx”) la “incidencia de robo a vehículo” en el Distrito Federal, solo para el año dos mil quince señala los siguientes datos numéricos: fue de 1,161 en el mes de enero, 1,088 en febrero, 1,152 en marzo, 1,013 en abril, 992 en mayo, 1,038 en junio, 1,082 en julio, 1,022 en agosto, 1,001 en septiembre, 1,057 en octubre y 1,014 en noviembre
TERCERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 21 que “…Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.” Además en su artículo 22 establece que “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.” Por otro lado, el artículo 31 fracción IV establece que “son obligaciones de los mexicanos… Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.” Siendo entonces que una sanción administrativa es equiparable al hecho de contribuir en virtud de que el recurso económico procedente de una sanción administrativa pagada por algún ciudadano infractor también contribuye a los gastos públicos, luego entonces, el principio de proporcionalidad y equidad aplican en este hecho reclamado. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado en la Tesis Jurisprudencial P./J. 10/2003 de rubro “PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES.” que fue aprobada por el Tribunal Pleno en la novena época y que aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, mayo de 2003, p. 144., que “el principio de proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, lo que significa que los tributos deben establecerse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo”… El Profesor en Derecho José Francisco Duque Alanís comenta que “Los principios de proporcionalidad y equidad no deben entenderse constreñidos únicamente a la obligación sustantiva del pago de las contribuciones… ya que la proporcionalidad no solo se manifiesta de manera positiva obligando al particular a contribuir en la medida de su capacidad, sino de manera negativa, prohibiendo a la autoridad recaudar cantidades superiores a las debidas y obligándola a reintegrar al particular las sumas obtenidas injustificadamente y que en el mismo sentido la equidad se adviene no solamente exigiendo que los particulares que se encuentren en una misma posición frente al hecho imponible, entregue cantidad igual de dinero, sino obligando al Estado a reparar la desigualdad que nace cuando una persona entrega una cantidad superior a la debida, reintegrándole el quebranto patrimonial sufrido injustamente.”
La inconstitucionalidad del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, con vigencia a partir del día quince de diciembre del año dos mil quince, establece sanciones consideradas como de “multa excesiva” según lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de nuestra Carta Magna, así como desproporcionadas según su artículo 31 fracción IV, con respecto a los ingresos de la mayoría de los
ciudadanos que habitan y transitan en la Ciudad de México. Por una parte las sanciones son consideradas como de “multa excesiva” porque primero, desconoce que nuestra Carta Magna señala que “…Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso”, siendo que los montos de las sanciones o infracciones establecidas en el acto reclamado se precisan en un rango amplio en donde el límite inferior de las multas es muy superior al importe del jornal o salario de un día de cualquier trabajador que pudiese ser infraccionado. Adicionalmente, la multa es excesiva dado que las condiciones económicas de los ciudadanos en general no han mejorado, ni mucho menos su poder adquisitivo tal y como la propia autoridad del Gobierno del Distrito Federal lo admite en su proyecto de incremento al salario mínimo que lo llama insuficiente, y al constatar que dicha autoridad ha propuesto un aumento al salario mínimo del 18 por ciento (18%) para que se considere como un salario digno. Por ello es claro que existe desproporcionalidad e inequidad en la definición de los nuevos montos de las sanciones e infracciones del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, con vigencia a partir del día quince de diciembre del año dos mil quince. Respecto a la desproporcionalidad de las sanciones del acto reclamado también es evidente al realizar Derecho Comparado con el reglamento de vigencia anterior denominado Reglamento Metropolitano que tuvo efectos hasta el catorce de diciembre del año dos mil quince, en donde se puede apreciar que las sanciones administrativas del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, con vigencia a partir del día quince de diciembre del año dos mil quince realiza incrementos desproporcionales e inequitativos como se muestra a continuación en el siguiente párrafo y en los siguientes cuadros de datos:
Monto del incremento de las sanciones administrativas en datos numéricos, respecto del Reglamento anterior y el Reglamento ahora vigente, solo para algunos casos que nos permitan ejemplificar el grado de multa excesiva,
desproporcionalidad e inequidad de las sanciones administrativas, considerando como Salario Mínimo vigente la cantidad de $73.04 pesos y como Unidad de Cuenta de la Ciudad de México la cantidad de $69.95 pesos:
a) Por exceso de velocidad en vías primarias y vías secundarias una multa máxima de $365.20 pesos en el Reglamento anterior denominado Metropolitano y de $1,399.00 pesos en el Reglamento ahora vigente (artículo 9 fracciones II y III), que representa un incremento de 383% o 3.8 veces; y que a su vez es un incremento mayor en 378% o 3.8 veces al aumento efectuado al salario mínimo vigente y del 365% o 3.7 veces al aumento propuesto por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal al salario mínimo de $86.33 pesos. En el mismo caso de incrementos se encuentran los preceptos que sancionan las conductas relacionadas con no respetar la señalización (artículo 8 fracción I), así como no conducir en el sentido que indique la vía (artículo 8 fracción IV). En cualquier modo que se revise el incremento en las sanciones administrativas, multas o infracciones del reglamento ahora vigente es excesivo, desproporcional e inequitativo. Constituye un acto de Abuso de Autoridad;
b) Por detener el vehículo en los cruces peatonales una multa máxima de $365.20 pesos en el Reglamento anterior denominado Metropolitano y de $2,098.50 pesos en el Reglamento ahora vigente (artículo 11 fracción I), que representa un incremento de 574% o 5.7 veces; y que a su vez es un incremento mayor en 570% o 5.7 veces al aumento efectuado al salario mínimo vigente y del 556% o 5.5 veces al aumento propuesto por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal al salario mínimo de $86.33 pesos.
c) Por rebasar por el lado derecho una multa máxima de $699.50 pesos en el Reglamento ahora vigente (artículo 8 fracción V), siendo que tal infracción no estaba considerada en el Reglamento anterior denominado Metropolitano pero que en todo caso el monto de la multa más baja era de $365.20 pesos.
d) Por hacer vuelta continua a la derecha una multa máxima de $1,399.00 pesos en el Reglamento ahora vigente (artículo 10 fracción X), siendo que tal infracción no estaba considerada en el Reglamento anterior denominado
Metropolitano pero que en todo caso el monto de la multa más baja era de $365.20 pesos.
Con el propósito de demostrar el nivel de desproporcionalidad e inequidad de las sanciones del Reglamento ahora vigente, en la siguiente tabla de datos se muestra el número de infracciones tipificadas respecto del monto máximo de la sanción administrativa, considerando que el monto más bajo es de 1 vez la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México es decir de $69.95 pesos.
Monto Máximo desde $69.95 en pesos
Para comprobar aún más el nivel de desproporcionalidad e inequidad de las sanciones del Reglamento ahora vigente, en la siguiente tabla se muestra la diferencia con respecto del Reglamento anterior denominado Metropolitano.
Monto Máximo desde
Para comprobar aún más el nivel de desproporcionalidad e inequidad de las sanciones del Reglamento ahora vigente, en la siguiente tabla se muestran los tipos de infracciones en cuanto a su monto y el porcentaje que representa cada uno en el universo de infracciones tanto del Reglamento ahora vigente como del Reglamento anterior denominado Metropolitano.
Infraccio-
Como se puede apreciar en esta tabla mientras que el Reglamento anterior denominado Metropolitano establecía que casi la mitad del total de las infracciones de dicho reglamento (45.6%) correspondían a un monto máximo de $701.00 pesos, en el Reglamento ahora vigente cerca de la mitad del total de las infracciones (42.4%) corresponden a un monto máximo de $1,399.00 pesos; siendo que el monto máximo de casi una quinta parte de las infracciones del Reglamento anterior denominado Metropolitano (19.5%) correspondían a un monto máximo de $350.50 pesos, mientras que en el Reglamento ahora vigente un poco más de una quinta parte (24.6%) correspondían a un monto máximo de $699.50 pesos. Lo anterior, como prueba plena de que el Reglamento ahora vigente tiene una finalidad recaudatoria, bajo un criterio de multa excesiva, desproporcional e inequitativa en contra del conductor y ciudadano de la Ciudad de México y de quienes transitan por ella. Para el caso más representativo de ambos reglamentos que corresponde a las infracciones que representan entre el 42% y el 45%, se puede observar que el incremento en el monto máximo de las infracciones es del 99.57%, mientras que el incremento que propone el Jefe de Gobierno del Distrito Federal al salario mínimo, bajo su propuesta denominada “Salario Digno” es del 18.20%, que va de $73.04 pesos a $86.33 pesos. Asimismo es conveniente señalar algunos de los índices que prueban el nivel no proporcional de ingresos de los ciudadanos de la Ciudad de México y del país con respecto a los aumentos desproporcionales e inequitativos del Reglamento ahora vigente y como siguen: índice general inflacionario INPC anualizado al cierre del mes de noviembre de dos mil quince fue de 2.21% (dato del Banco de México); Producto Interno Bruto (PIB) al tercer trimestre de dos mil quince con una variación porcentual respecto al trimestre anterior del 0.8% y una variación porcentual respecto a igual trimestre de dos mi catorce de 2.6% (dato del INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática); Tasa Objetivo Interbancaria al tres de enero de dos mil dieciséis de 3.25% (dato del Banco de México), así como Fondeo Bancario al treinta y uno de diciembre de dos mil quince de 3.37%, CETES a 28 días de 3.05%; Población en situación de pobreza en porcentaje al dos mil doce de 45.5% de la población total del país, que corresponde a 53.3 millones de personas, Población en situación de pobreza moderada al dos mil doce de 35.7% de la población total del país, que corresponde a 41.8 millones de personas, Población en situación de pobreza extrema al dos mil doce de 9.8% de la población total del país, que corresponde a 11.5 millones de personas (datos del CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; y un Tipo de Cambio Peso/Dólar para solventar obligaciones denominadas en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica pagaderas en la República Mexicana al cierre del treinta y uno de diciembre de
dos mil quince de $17.2487 pesos por un dólar, en comparación al cierre del treinta y uno de diciembre de dos mil catorce de $14.7414 pesos por un dólar (dato del Banco de México).
La desproporcionalidad e inequidad de las sanciones del Reglamento ahora vigente también son evidentes al evidenciar la negligencia e irresponsabilidad de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal por mantener en condiciones deplorables, de mala calidad y en mal estado la infraestructura de movilidad de la Ciudad de México, así como de las vialidades, señalización, falta de pintura de carriles de circulación y de las áreas de espera para bicicletas y motocicletas, y del sistema de transporte público de la ciudad, lo que hace evidente la inequidad en la definición de dichas sanciones o infracciones, sin que a la fecha existan sanciones claras y probadas en hechos de los responsables del Gobierno del Distrito Federal por no dar solución a esos problemas y por posiblemente emplear los recursos del presupuesto público de la Ciudad de México asignado para el gasto público a conceptos de menor importancia como el gasto en comunicación social del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y sus subordinados.
Para efectos de presentar prueba de las sanciones y multas excesivas, someto a la consideración de esta autoridad superior judicial, el artículo del medio de comunicación “Radio Fórmula en Línea”, que en su Página de Internet da testimonio del abogado litigante Elías Arturo Morelos:
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=554065&idFC=2015
Por otro lado, el reglamento en cuestión da lugar a la discrecionalidad de los agentes o elementos de la Policía del Distrito Federal para determinar los montos de las sanciones o infracciones que le corresponden al conductor, siendo que en todos los casos los rangos de aplicación de dichas sanciones tienen una holgura demasiado amplia y como se muestra en la siguiente tabla de datos para efectos de prueba suficiente. Esta tabla permite demostrar el grado de discrecionalidad con el que se le permite al agente o elemento de la Policía del Distrito Federal determinar por “motu proprio” el monto de la sanción, lo anterior para efectos de probar el margen de maniobra que un agente corrupto tiene para extorsionar al conductor o ciudadano, en la siguiente tabla se muestra el rango del monto económico que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y sus subordinados le han extendido a dichos agentes o elementos. Es muy oportuno aclarar que en el Reglamento anterior denominado Metropolitano, no existía margen de discrecionalidad en la aplicación de las sanciones administrativas, dado que el agente o elemento de la Policía del Distrito Federal debía circunscribirse a aplicar el monto establecido en el propio reglamento, sin márgenes para la interpretación de las conductas.
discrecio-
Los hechos de corrupción y extorsión por parte de la autoridad, de los agentes o elementos de la Policía del Distrito Federal es un hecho tan común y consumado
en la Ciudad de México, que a diferencia de muchos países del mundo, en México se cuenta con un sitio en Internet a través del proveedor denominado “Twitter”, cuya cuenta se inscribe con la denominación de “@retioDF” y en donde se publican en tiempo real en la modalidad de “minuto a minuto” denuncias, avisos, acusaciones y otro tipo de comentarios por parte de los ciudadanos a cerca de policías corruptos que pueden o están extorsionando a conductores, automovilistas y ciudadanos, así como sobre avisos de deficiencias en la infraestructura de la ciudad, en los servicios públicos y/o alertas acerca de riesgos y peligros para las personas que viven o transitan por la Ciudad de México y su zona conurbada. En dicho sitio de Internet es posible consultar en tiempo hacia atrás varias de las notificaciones de los ciudadanos de la Ciudad de México que han alertado sobre los actos de corrupción y extorsión de agentes o elementos de la Policía del Distrito Federal, para efectos de probar el nivel de desconfianza de los ciudadanos a que los preceptos establecidos en el nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, con vigencia a partir del día quince de diciembre del año dos mil quince sean debidamente aplicados por dichos agentes o elementos.
Lo anterior demuestra claramente la intención de la autoridad que promulga el nuevo reglamento de promover y alentar los actos de extorsión de los agentes y elementos de la Policía del Distrito Federal en contra de los conductores y ciudadanos, por lo que dicho reglamento al dar lugar a la discrecionalidad en la aplicación de los montos de las sanciones o infracciones privilegia la corrupción y la acumulación de dineros ilícitos a favor de los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, y que entre sus obligaciones están llamados a respetar los Derechos Humanos y las Garantías Individuales de los ciudadanos y de las personas y a preservar el Estado de Derecho. Siendo además claro que bajo la misma metodología en la aplicación de las sanciones o infracciones, dicho reglamento dará lugar a la captación de dineros ilícitos por parte de la autoridad, cuando el mismo agente o elemento de la Policía del Distrito Federal use como coacción moral en contra del conductor la posibilidad de que aplique el monto mayor de dicha sanción o infracción para obtener una dádiva económica producto de cohecho para su beneficio personal y del grupo faccioso con el que interactúe.
Por lo antes dicho, es claro que la desproporcionalidad de las sanciones o infracciones del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal vigente a partir del quince de diciembre del año dos mil quince, así como la discrecionalidad en la aplicación de esas sanciones o infracciones, constituyen un acto de abuso de autoridad por parte del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y los servidores públicos que han rubricado dicho reglamento.
Para efectos de presentar prueba de la discrecionalidad someto a la consideración de esta autoridad superior judicial, el artículo del periódico “El Universal en Línea”, que en su Página de Internet da testimonio de la discrecionalidad con la que la autoridad del Gobierno del Distrito Federal y/o de la Ciudad de México aplica las sanciones administrativas, siendo que el Reglamento Vigente en su transitorio segundo que indica que “El presente Reglamento entrará en vigor a los ciento veinte días naturales siguientes de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal”, siendo que esa fecha de inicio de vigencia es a partir del quince de diciembre del dos mil quince, por lo que cualquier suspensión temporal de las sanciones administrativas de dicho reglamento, como sucede con el acto decidido por el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal en el testimonio que en la siguiente “liga de acceso a la Página de Internet” se muestra, es una prueba fehaciente de que la autoridad aplica las sanciones administrativas de manera discrecional
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/01/15/arrancan-multas-el-16-de-
CUARTO.- La arbitrariedad de la autoridad de reservarse la decisión de impedir el libre tránsito del conductor y ciudadano, cuando ese conductor cometa alguna infracción de las citadas en el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal vigente a partir del quince de diciembre del año dos mil quince y el agente o elemento de la Policía del Distrito Federal no esté facultado por la autoridad para levantar las infracciones correspondientes, de tal forma que el conductor sea impedido para
proseguir su tránsito y movimiento hacia su destino y sólo por el simple hecho de que dicho agente no sea agente autorizado para infraccionar por la presunción que hacen sus propios superiores jerárquicos dentro de esa institución pública de seguridad pública, de que la mayoría de los agentes o elementos de la Policía del Distrito Federal no cuentan con la confianza suficiente de sus superiores para esa función dados los niveles de corrupción que persisten en dicha institución y entre los elementos de la Policía del Distrito Federal, siendo que ello no es responsabilidad del conductor o ciudadano infraccionado, sino por el contrario, es quien debe ser protegido y respetado en su individualidad, sus Derechos Humanos y sus Garantías Individuales. Así como por facultar a un agente o elemento de la Policía del Distrito Federal para retirar la placa delantera o retener la licencia o tarjeta de circulación al conductor de un vehículo que sea de otra entidad federativa o país, en un acto de total arbitrariedad y violación a los Derechos Humanos y a las Garantías Individuales y a la afectación que se hace al conductor y ciudadano de ejercer su libertad de tránsito por el hecho de habérsele retirado la placa delantera de su vehículo o retener la licencia o tarjeta de circulación, lo cual no solo afecta su libre tránsito sino que coloca al conductor y ciudadano en una posición de indefensión total y de posible riesgo a su seguridad física y jurídica para el caso de que alguna otra autoridad le requiriese que se identifique en un evento posterior a aquel en el que se le retiró la placa delantera de su vehículo o retuvo la licencia o tarjeta de circulación. Lo señalado a lo largo de este numeral constituye también un acto de abuso de autoridad por la autoridad misma que ha emitido y promulgado el presente Reglamento de Tránsito del Distrito Federal vigente a partir del quince de diciembre del año dos mil quince, para los efectos a los que dé lugar. Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 11 que “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.” Lo anterior sin embargo no otorga facultad alguna a un agente o elemento de la Policía del Distrito Federal para detener el libre tránsito de un conductor, ciudadano o persona que transite por la Ciudad de México solo por el hecho de que ese agente o elemento no cuente con la autorización para levantar una infracción a algún conductor, por una tentativa descalificación que haga la propia autoridad respecto de ese agente o elemento por considerarlo como potencialmente dispuesto a incurrir en un acto de extorsión o cohecho en contra de un conductor, ciudadano o persona que transite por la Ciudad de México y sea detenido en su traslado para ser infraccionado por la presunta responsabilidad de cometer una falta al Reglamento de Tránsito del Distrito Federal vigente a partir del quince de diciembre del año dos mil quince.
El jurista Miguel Carbonell señala en su trabajo “Los derechos humanos de libertad de tránsito, asilo y refugio” que “… Al permitir un ejercicio arbitrario por parte de la autoridad (en el sentido de que no está sujeto a reglas claramente establecidas que especifiquen los supuestos y formas en que se pueden llevar a cabo), las detenciones contrarias a la libre circulación violan la garantía de motivación de los actos del poder público, también establecida en el artículo 16 constitucional”. Y agrega que “Por la ya mencionada gravedad del tema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha tenido que dedicar su Recomendación General 2/2001 al tema de la práctica de las detenciones arbitrarias… En su Recomendación, la CNDH precisa que las detenciones arbitrarias constituyen una práctica común de los agentes de la Policía Judicial y de los elementos que integran los diversos cuerpos policiacos”. Dice también que “…el tema de la libertad de tránsito y su vulneración a través de las detenciones arbitrarias en México han sido objeto de un interesante informe rendido ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU; se trata del Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria acerca de su visita a México, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil dos. En su informe el grupo de trabajo constata que las detenciones arbitrarias son una de las principales violaciones de los
derechos humanos en México, hasta el grado de que, según la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, una de cada diez detenciones realizadas por las autoridades es arbitraria.”
Para efectos de presentar prueba de que sólo un mil cuatrocientos agentes o elementos de la Policía del Distrito Federal, serán los autorizados a levantar sanciones administrativas o infracciones relacionadas con el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal vigente a partir del quince de diciembre del dos mil quince, someto a la consideración de esta autoridad superior judicial, el artículo del medio de comunicación “Paréntesis Plus”, que en su Página de Internet da testimonio del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, en donde reconoce que solamente un mil cuatrocientos agentes contarán con dicha autorización y sobre la forma cómo deberán ser reconocidos por los conductores:
http://parentesisplus.com/2015/12/05/preparan-a-1400-agentes-para-infraccionar/
QUINTO.- La injusticia de la autoridad y abuso por considerar que puede determinar, definir, decidir a juicio propio que el uso de un teléfono celular distrae al conductor mientras que la existencia en exceso de anuncios exteriores, mantas, lonas para difundir publicidad y propaganda o información difundida por las propias instancias del Gobierno del Distrito Federal o de los partidos políticos en las llamadas vías de acceso controlado, vías primarias, secundarias y de todo tipo no le han merecido el mismo tratamiento ni elaboración de una reglamentación adecuada o cuando menos análoga, bajo la consideración de que tanto el uso del celular como la presencia de los anuncios exteriores en exceso como a la fecha prevalece en la Ciudad de México, en efecto, distraen al conductor y podrían ser causa de algún incidente o accidente vehicular con leves, graves o inclusive muy graves consecuencias, y muestra de ello es que los anuncios exteriores colocados en los perímetros de las vías de acceso controlado, vías primarias, secundarias y de todo tipo tienen un punto de orientación dirigido a alcanzar la atención de los conductores de los vehículos que transitan en dichas vías a lo ancho y largo de la Ciudad de México y pese a que el artículo 2 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal establece que “… El espacio público está constituido por las calles, paseos, plazas, parques, jardines y demás lugares de encuentro de las personas, por lo cual debe ser considerado un punto de convivencia que merece cuidado y preservación constante… La publicidad exterior desordenada y la saturación publicitaria, provocan contaminación visual… La contaminación visual es la alteración del paisaje urbano provocada por factores de impacto negativo que distorsionan la percepción visual del entorno e impiden su contemplación y disfrute armónico en detrimento de la calidad de vida de las personas… Toda persona tiene derecho a percibir una ciudad libre de estímulos publicitarios, y en general, de todo agente contaminante.” Por lo que entonces los anuncios exteriores que se encuentran colocados en dichas vías debiesen ser removidos y prohibidos bajo la misma lógica en que la autoridad se ha auto asignado la función de prohibir el uso del celular, o en caso contrario no sancionar por el uso de tal dispositivo si el estado que guarda la colocación de los anuncios exteriores para difundir publicidad y propaganda se mantiene igual.
De cualquier modo la disposición en comento y que constituye el quinto acto reclamado es inconstitucional mientras no se atienda la problemática de los anuncios exteriores en exceso en la Ciudad de México, pues tanto los anuncios exteriores como el uso de los teléfonos celulares ocasionan distracciones a los conductores de vehículos que pudiesen resultar en algún incidente de tránsito si como dice la autoridad el interés de los preceptos contenidos en el nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, con vigencia a partir del día quince de diciembre del año dos mil quince es la seguridad del conductor, los pasajeros, peatones y personas en general que viven o transitan por la Ciudad de México. De modo contrario resulta un acto inequitativo y de abuso de autoridad que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y sus subordinados hayan decidido prohibir el uso del celular al conducir y al sancionarlo con multa máxima en dato numérico de $2,448.25 pesos, cuando no han hecho prohibición alguna por la presencia desmedida de los anuncios exteriores a los que hago referencia en este numeral. Al respecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 1º. que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece… Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia… Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala en el documento intitulado “El Impacto de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos en la Labor Jurisdiccional en México” del Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que “Así sintetizados, estos tres párrafos están cambiando ya nuestro orden jurídico… En palabras simples, lo que implica esta transformación en el modo de concebir a los derechos, desde un punto de vista extra jurídico, es que las personas no le deben pleitesía, reverencia, acatamiento, sumisión, sometimiento u obediencia alguna al Estado porque les concede graciosamente sus derechos, sino que se sirven de las instituciones estatales y del Derecho que las crea, organiza y norma, para que se les reconozcan los derechos por los que históricamente han luchado. Visto así, ese cambio de concepción puede contribuir al más ambicioso cambio cultural de compromiso democrático que se persigue con la reforma constitucional… los derechos de los que gozamos las personas no se agotan en los 136 artículos constitucionales sino que deben completarse con los reconocidos en los tratados internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. En otras palabras, tratándose de derechos humanos, nuestro texto constitucional se ha abierto para incluir con idéntica fuerza normativa disposiciones de fuente internacional sobre la materia. Esta cláusula de apertura está dando pauta para reafirmar la presencia en nuestro sistema jurídico de un bloque constitucional extenso que impone más altos parámetros de validez… Respetar derechos impone no obstaculizar su ejercicio, ni inmiscuirse en su disfrute. Normalmente se ha asociado esa obligación, cuando se entroniza frente a las demás, con una visión extra jurídica desequilibradamente liberal. Como sea, este deber de respeto también se ha completado con el aseguramiento de las condiciones mínimas requeridas para que el goce de los derechos sea efectivo. Siendo así, la extensión que es debido darle a esta obligación será la que maximice el efecto útil de las disposiciones normativas sobre derechos humanos y que mejor balance de entre los mismos, para el mayor beneficio de sus titulares… Promover derechos impone abstenerse de establecer políticas públicas regresivas… En esta línea, prevenir violaciones a los derechos humanos compele al Estado Mexicano a diseñar y operar instituciones eficientes y eficaces para desincentivar su quebranto, incluido el establecimiento de legislaciones adecuadas. En otros casos, le obliga a no profundizar la situación de vulnerabilidad de las personas titulares de derechos, sino al contrario, a contribuir en la disminución de factores de riesgo de todo tipo.”
SEXTO.- La inconstitucionalidad del Capítulo I “De las Sanciones” y específicamente del artículo 61 debido a que se incluye la modalidad de aplicar infracciones detectadas a través de equipos y sistemas tecnológicos que capten imágenes al vehículo pero con la agravante de que dichos sistemas, equipos o dispositivos por una parte no han sido claramente definidos en cuanto a la confiabilidad de la tecnología para evitar que provoquen errores en la captación de las imágenes o del hecho sancionado, y como mejor prueba se menciona que en ningún apartado del reglamento en comento se especifica el tipo de tecnología o los estándares bajo los que se deben calibrar dichos sistemas, equipos o dispositivos, dado que aunque no existe una Norma Oficial Mexicana aplicable, es la Secretaría de Energía del Gobierno Federal la encargada de realizar las verificaciones necesarias a petición expresa del Gobierno del Distrito Federal, siendo que ello no ha ocurrido, actividad con la que debe cumplir y por lo tanto con la que se debe garantizar que dicha tecnología, sistemas, equipos o dispositivos
variados sean confiables al grado de ser usados para sancionar a un conductor o ciudadano, y sobre todo para identificar sin error al vehículo infractor y la identidad del conductor del vehículo sancionado, siendo que en casos variados el propietario del vehículo no necesariamente será el conductor del vehículo que cometa la infracción, pudiéndose tratar de un empleado del propietario, chofer, mecánico, familiar, amigo, “valet parking” o inclusive de un tercereo que por razones muy variadas e incluso infrecuentes se encuentre conduciendo el vehículo, siendo clara entonces la inconstitucionalidad de sancionar a una persona o ciudadano por las acciones de un tercero sólo por el hecho de que el vehículo con el que se cometió la infracción sea propiedad del afectado, pues la tecnología no podrá comprobar la identidad del infractor, siendo que ni siquiera se tiene la seguridad de que dicha tecnología pueda captar la identificación plena del vehículo en cuestión, en tanto que por las condiciones de las vialidades de la Ciudad de México, el alto y denso flujo vehicular y el desorden vial que en ocasiones es ocasionado inclusive por la propia autoridad puede ser impreciso entre varios vehículos el determinar cuál cometió la infracción o confundir la matrícula vehicular de un vehículo no infractor con el verdaderamente infractor.
Asimismo existe inconstitucional en función de que no se conoce el modo operativo ni las bases o manuales operativos del monitoreo de dichos sistemas, equipos y dispositivos en cuanto al personal encargado para tales efectos, siendo que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y sus subordinados no especifican si dicho sistema será operado por personal de la Policía del Distrito Federal o por una empresa, dado que por otra parte el Jefe de Gobierno por conducto de sus subordinados, ha ordenado que se encomiende a un tercero la realización del servicio de “Subrogación de Servicios para Imponer Multas a través del Sistema Integral de Fotomultas”, de acuerdo al Contrato Administrativo Multianual SSP/BE/S/312/2015 celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y Autotraffic, S.A. de C.V., siendo que la propia autoridad se ha negado ante las peticiones formales de los ciudadanos, a mostrar dicho contrato de manera íntegra, por lo que en este mismo Acto, solicito atenta y respetuosamente a esta autoridad judicial superior, que se le exija al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal que presenten a esta respetable y honorable autoridad judicial, el contrato en mención, en virtud de que el contrato señalado posiblemente ordena a la empresa a levantar una cuota mínima de una hasta cinco mil fotomultas al día o más, de cada una de las cuales cobrará cuarenta y seis por ciento y que tiene una vigencia del primero de septiembre de dos mil quince al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, siendo que es inconstitucional establecer a priori que los conductores como el suscrito y ciudadanos de la Ciudad de México o de alguna otra entidad federativa que circulemos en la ciudad, seamos considerados culpables por la autoridad de manera anticipada por cometer una falta administrativa al reglamento de tránsito, pues en el momento en que dicha autoridad se compromete con un tercero mediante un convenio o contrato a que debe levantarse un número determinado de infracciones, parte del hecho que culpa sin fundamento legal alguno y por conductas aún no existentes ni cometidas,
a los conductores o ciudadanos que en este momento son inocentes y no
responsables de cometer dichas faltas, infracciones, conductas irregulares, ilícitas
o idóneas que sancionan las disposiciones legales en materia de Seguridad
Pública en el Distrito Federal. Así y dado que el hecho de haber celebrado dicho contrato representa una grave violación a mis Derechos Humanos y al de todos los ciudadanos de la Ciudad de México y del país entero, pues ninguna autoridad
Ejecutiva Local ni Federal tiene facultad para renunciar a las atribuciones que le confieren la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias, en cuanto a que las funciones público administrativas relacionadas con la aplicación de sanciones administrativas, imposición de multas
o infracciones por una autoridad, no pueden ser transferidas, trasladadas,
subrogadas o concesionadas bajo ninguna modalidad a un tercero o particular, y siendo violatorio además que se realice un ejercicio programático de aplicación
mínima de infracciones por conductas que no se han presentado ni existen, reitero
la inconstitucional del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, con vigencia a
partir del día quince de diciembre del año dos mil quince.
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “… Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas… La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.” Es por lo tanto un mandato constitucional que la competencia a la que se refiere el artículo 21 Constitucional sólo puede ser ejercida por las propias autoridades, y que bajo ninguna modalidad, nuestra Carta Magna contempla que dicha competencia pueda ser transferida, trasladada, subrogada o concesionada a un particular o tercero, y menos aún que sea constitucional ni legal establecer contrato alguno en el que se pacte con un particular la aplicación de un mínimo de multas o infracciones, cuando no se conoce si algún conductor o ciudadano incurrirá en incumplimiento con alguna de las disposiciones legales de los reglamentos gubernativos en materia de seguridad pública, tránsito o vialidad. Lo anterior constituye una grave falta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y sus subordinados por el hecho de facultar a un particular o tercero para suplantar sus funciones administrativas y por ordenar la “subrogación de servicios para imponer multas a través del Sistema Integral de Fotomultas” con lo que renuncia a una facultad exclusiva del Ejecutivo Local de aplicar las sanciones administrativas a los conductores con el agravio evidente a los Derechos Humanos de éstos.
El propio Jefe de Gobierno del Distrito Federal al trasladar las responsabilidades señaladas en los párrafos anteriores a un tercero y /o particular, renuncia tácitamente a ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública según lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 122, que dice: “Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo. Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia… El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la entidad y recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta… II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes: e) Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de conformidad con el Estatuto de Gobierno.”
Pero también es violatorio de mis Derechos Humanos y Garantías Individuales por el hecho de que un particular o tercero opere el sistema denominado “Subrogación de Servicios para Imponer Multas a través del Sistema Integral de Fotomultas”, lo que representa que dicho particular o tercero tendrá acceso a mis datos personales cuando yo no he autorizado que ese particular o tercero tenga acceso a mis datos personales. El artículo 16 de nuestra Carta Magna dispone que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.” Por lo que en este mismo acto, expreso formalmente que NO AUTORIZO A NINGUNA AUTORIDAD FEDERAL, LOCAL Y/O MUNICIPAL, NI AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
O SUS SUBORDINADOS, A QUE COMPARTAN MIS DATOS PERSONALES
CON UN TERCERO, PARTICULAR O EMPRESA.
No omito comentar, que en este acto reclamado señalo que es clara la violación a mis Derechos Humanos como lo dispone el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que cito: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece… Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia… Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. En este mismo sentido, hago valer las consideraciones del Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal citadas en el numeral anterior. También es inconstitucional porque transgrede el artículo 21 de nuestra Carta Magna que dispone: “…La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.
La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.
Para efectos de presentar prueba de la inconstitucionalidad del Capítulo I “De las Sanciones” y específicamente del artículo 61 debido a que se incluye la modalidad de aplicar infracciones detectadas a través de equipos y sistemas tecnológicos que capten imágenes al vehículo y por ordenar la “subrogación de servicios para imponer multas a través del Sistema Integral de Fotomultas”, someto a la consideración de esta autoridad superior judicial, el artículo del periódico “El Sol de México en Línea”, que en su Página de Internet da testimonio de que el Gobierno del Distrito Federal no ha solicitado la verificación ni calibración de los equipos en comento a la Secretaría de Economía por lo que dichos equipos no consta que operen bajo los estándares técnicos idóneos para ser precisos en la captación de infracciones que puedan cometer los conductores de vehículos en la Ciudad de México:
http://elsoldemexico.com.mx/metropoli/103956-ejecutivo-solo-puede-inspeccionar-
radares-bajo-peticion-del-gdf
Y de la misma forma para probar la imprecisión del funcionamiento de los equipos en comento, someto a la consideración de esta autoridad superior judicial, el artículo del diario “24 Horas en Línea”, que en su Página de Internet da testimonio:
http://www.24-horas.mx/automovilista-protesta-por-40-fotomultas-fantasma/
SÉPTIMO.- La inconstitucionalidad del artículo 66 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal del día diecisiete del mes de agosto del año dos mil quince, por reservarse la autoridad representada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal y de sus subordinados, el ejercicio de asignar “puntos” acumulativos a las licencias de los conductores del Distrito Federal por cada una de las infracciones que le sean levantadas y como una sanción adicional a la sanción administrativa económica, ya de por sí desproporcional, inequitativa y con claras tendencias a otorgar discrecionalidad al agente o elemento de la Policía del Distrito Federal, de tal forma que resulta totalmente inconstitucional el cancelar dicha licencia al acumular los doce puntos de penalización que indica ese artículo 66 del reglamento en comento, como lo es que la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal realice el
cómputo de los puntos de penalización con base en las boletas de sanción expedidas por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito federal, así como la acumulación de puntos de penalización hasta su anulación, además de determinar que los puntos de penalización tengan una vigencia de un año a partir de la fecha de expedición de la boleta de sanción y como determinar que la reexpedición de una licencia que se haya extinguido por penalización proceda sólo después de transcurridos tres años. Siendo que además de inconstitucional por contravenir lo tutelado por los artículos 1º y 11 constitucionales, en contraparte, la autoridad no aplica ningún tipo de metodología similar para sancionar a los propios funcionarios del Gobierno del Distrito Federal por las irregularidades que pueden cometer diariamente en el ejercicio de sus funciones y atribuciones como lo manda la ley, empezando por las propias del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y sus subordinados, de tal forma que bajo la metodología con la que se pretende castigar a los conductores y ciudadanos que incurran en alguna de las faltas consignadas a lo largo del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal expedido el día diecisiete del mes de agosto del año dos mil quince y que amerite la acumulación de puntos hasta la cancelación de la licencia de conducir, que de la misma manera se asignaran puntos a cada servidor público del Gobierno del Distrito Federal por no ejercer sus funciones de manera oportuna o adecuada, o por incurrir además en irregularidades diversas en sus funciones, o en actos de negligencia, irresponsabilidad, ineptitud y/o corrupción. Considerando además quea mí me resulta necesario transitar continuamente por la ciudad y su zona conurbada en condiciones de equidad y con pleno goce de mis libertades constitucionales, siendo que en el hecho de consignar que puedo ser injustamente desprendido de mi licencia de conducir por su cancelación debido a la acumulación de puntos que se explican en el artículo 66 de dicho reglamento, también viola mi libertad de tránsito, según se desprende del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.”
Por ello y considerando lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece… Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia… Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. En este mismo sentido, hago valer las consideraciones del Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal citadas en el numeral anterior. Asimismo por violar lo establecido en el artículo 21 de nuestra Carta Magna que dispone: “…La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.
OCTAVO.- Asimismo, en su aspecto toral deviene la falta y estricta aplicación formal del reglamento en su transitorio tercero, dado que abroga el Reglamento de Tránsito Metropolitano, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veinte de junio de dos mil siete, haciendo valer mis argumentos respecto a la violación del artículo 1º y 11 de nuestra Carta Magna, así como por lo señalado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de acuerdo a lo citado en el numeral anterior. En este mismo sentido, no omito señalar que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal ha declarado frente a los medios de comunicación, que el objeto de emitir el nuevo reglamento vigente el quince de diciembre de dos mil quince y de la inclusión de los artículos señalados en los numerales anteriores de los actos reclamados del presente Amparo, es preservar la seguridad de los peatones, ciclistas, conductores de todo tipo de vehículos y motocicletas, siendo que tal aseveración es falsa en función de que la seguridad de las personas comienza por mantener el buen estado de la infraestructura en vialidades y banquetas, y en la existencia de una adecuada señalización, pintura de carriles de circulación y de las áreas de espera para bicicletas y motocicletas, cuando es un hecho atestiguado por la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México, que tales condiciones en las vialidades son a tal grado deficientes y que se encuentran en malas condiciones, que los baches, topes, falta de señalización, de pintura en el pavimento, son un elemento importante para el surgimiento de accidentes viales que a la autoridad no le ha importado atender dado que este problema no solo prevalece desde hace varios años, sino que se ha extendido cada vez más a un mayor número de vialidades y que se extiende a todas las demarcaciones o delegaciones políticas de la ciudad. Así antes de abrogar el Reglamento de Tránsito Metropolitano, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y sus subordinados, debiesen de cumplir con su obligación como servidores públicos de dar mantenimiento adecuado a las vialidades para evitar accidentes, en vez de rubricar un reglamento nuevo que es violatorio de los Derechos Humanos y Garantías Individuales de los conductores de vehículos de la Ciudad de México y de otras poblaciones que circulan en la ciudad.
Para efectos de presentar prueba de que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal ha insistido en que emitir un nuevo reglamento responde a “que su único objetivo es el de salvar vidas” de los conductores de vehículos que transitan en la Ciudad de México y que “las nuevas disposiciones fueron hechas bajo una visión cero, con el objetivo de reducir el número de accidentes viales” sin por lo tanto atender lo relacionado con la seguridad de las vialidades y la infraestructura de movilidad o
la cultura y educación viales entre los peatones, ciclistas, conductores de todo tipo de vehículos y motocicletas, someto a la consideración de esta autoridad superior judicial, el artículo del diario “El Universal en Línea”, que en su Página de Internet da testimonio de las declaraciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/22/defiende-mancera-
nuevo-reglamento-de-transito
La inconstitucionalidad del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal que el día diecisiete del mes de agosto del año dos mil quince, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y vigente a partir del quince de diciembre del mismo año y que se encuentra paginada de la tres a la ciento veintitrés de la Gaceta citada, signada en la página cuarenta y ocho por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la Secretaria de Gobierno del Distrito Federal, el Secretario de Movilidad del Distrito Federal, la Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, el Secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, y el Secretario de Finanzas del Distrito Federal.
De las autoridades responsables señaladas como ejecutora les reclamo: los actos por los cuales pretenden dar cumplimiento a dicho Reglamento, así como todas y cada una de las consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de dicho acto y que se traducen en la ejecución material del mismo, esto es, que se me obligue a cumplir con los preceptos violatorios de mis Derechos Humanos y Garantías Individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo que el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal vigente a partir del quince de diciembre del año dos mil quince es violatorio, entre
otros, y como lo expuse en los numerales del primero al quinto de los “Actos Reclamados”, de mi garantía a preservar mi salud física y mental por la agravante de que bajo el nuevo marco normativo habrá mayor concentración vehicular en las vialidades de la ciudad y por tiempos más prolongados, y por lo tanto mayores niveles de gases contaminantes en la atmósfera de la Ciudad de México; así como por la aplicación de disposiciones distintas a las especificaciones técnicas de vehículos que circulan desde años previos con ciertas características de fábrica o de concesionario y que son desconocidas en dicho reglamento; así como a las equivalencias en veces con la “Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente” que da lugar a un total acto de discrecionalidad de los agentes que apliquen las multas o sanciones, así como por la desproporcionalidad de las sanciones en cuanto a su monto, según lo señalado a lo largo de todo el reglamento en comento; así como por facultar a un agente para retirar la placa delantera o retener la licencia o tarjeta de circulación al conductor de un vehículo que sea de otra entidad federativa o país, en un acto de total arbitrariedad y violación a los Derechos Humanos y a las Garantías Individuales y a la ilegitima prohibición que la autoridad se reserva hacer del conductor para ejercer su garantía de libre tránsito al no consignar en dicho reglamento que en caso de que sea detenido por alguna posible infracción por algún agente o elemento de la Policía del Distrito Federal que no esté autorizado a levantar infracciones que el conductor tenga que esperar a la llegada del agente autorizado, por lo que en su caso, debiesen todos los agentes estar facultados para levantar la infracción correspondiente o permitir al conductor que siga su camino; así como al artículo transitorio tercero que abroga el Reglamento de Tránsito Metropolitano, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veinte de junio de dos mil siete, al ser el reglamento anterior de validez metropolitano mientras que el nuevo por el que ahora solicito amparo no lo es, y dadas las condiciones de la metrópoli misma a mí me resulta necesario transitar continuamente en la Ciudad de México y su zona conurbada en condiciones de equidad y con pleno goce de mis libertades constitucionales.
De esta manera, la resolución reclamada, efectivamente le causa un perjuicio al quejoso, puesto que conculca mis derechos fundamentales, contenidos en los numerales expresados en los preceptos constitucionales violados, por las razones que se contienen en los conceptos de violación, que más adelante se hacen valer, puesto que le impiden y limitan mis derechos humanos. Debe estimarse, el contenido de las siguientes Tesis:
10a. Época; 1a. Sala; S.J.F y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1; Pág. 822. INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO, SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La Reforma al artículo 107 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquél interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMERA SALA
Amparo en revisión 366/2012. Carlos Rubén Nobara Suárez. 5 de septiembre de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara
10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3; Pág. 1908 INTERÉS LEGÍTIMO. EN QUÉ CONSISTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El interés legítimo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, consiste en el poder de exigencia con que cuenta un sujeto, que si bien no se traduce en un derecho subjetivo, permite reconocerle la facultad de impugnar la actuación o la omisión de una autoridad en
orden a la afectación que ello le genera, al no acatar lo previsto por determinadas disposiciones jurídicas que le reportan una situación favorable o ventajosa. Dicho en otras palabras, es la pretensión o poder de exigencia que deriva de una lesión
o principio de afectación a la esfera jurídica de un gobernado, generada por un
acto de autoridad y sus consecuencias, cuya anulación o declaratoria de ilegalidad
trae consigo una ventaja para éste, por hallarse en una situación especial o cualificada.
CUARTO TRIUBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRAIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 130/2012. Promo Medios de Comunicación, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa. En concreto respecto a las denominadas “Fotomultas”:
Época: Décima Época Registro: 2010878 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Materia(s): (Común) Tesis: XI.1o.A.T.27 K (10a.) SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE UN CONTRATO CELEBRADO POR EL GOBIERNO DE UN ESTADO PARA ADQUIRIR VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y/O CALCOMANÍAS DE CIRCULACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR LOCAL. El contrato administrativo se caracteriza, entre otros, por los principios de legalidad y equilibrio financiero, los cuales brindan la certeza de que el gasto público se realizará adecuada, eficiente
y honestamente. Por su parte, la licitación pública es la vía aceptable para que, por regla general, se lleven a cabo esas contrataciones, pues garantiza la
transparencia, igualdad de oportunidades y legalidad en la utilización de los recursos del erario público, en razón del interés social; de ahí que las excepciones
a ésta, legalmente permitidas a la autoridad bajo su responsabilidad, son las
menos preferibles. En estas condiciones, todo acto sobre el que recaiga la sospecha de ir contra los principios aludidos, debe ser suspendido en el juicio constitucional, a fin de evitar que su consumación produzca un daño irreparable. Por tanto, procede conceder la suspensión en el amparo contra la adjudicación directa de un contrato celebrado por el gobierno de un Estado para adquirir valores de tránsito, placas, tarjetas y/o calcomanías de circulación del parque vehicular local. No obsta a lo anterior que mantener actualizado en forma óptima el padrón vehicular y los fines recaudatorios asociados revistan, en cierta medida, un interés social, pues éste no puede anteponerse al de que todo acto de autoridad
se apegue a derecho, sobre todo cuando está de por medio el patrimonio público. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Queja 139/2015. Comercial e Industrial Cancal, S.A. de C.V. 21 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Francisco Javier López Ávila.
Cabe mencionar sobre la PROCEDENCIA además de lo expresado en párrafo anterior, que en la especie debe considerarse lo dispuesto en el artículo 5º. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional, que está reservada únicamente a quien resiente un perjuicio o lesión, con motivo de un acto de autoridad o por la Ley, como lo es el presente caso, por lo que esta acción esta en esa tesitura y el quejoso, por ende, está facultado para ocurrir a esta instancia constitucional, al considerar que lo aquí, sustentado como interés legítimo, que es con base a las Tesis de Jurisprudencia que en adelante serán expresadas, todo ello, es y son la base jurídica para la solicitud del presente Amparo, y además por lo inconstitucional del Reglamento reclamado que le ocasionan perjuicios en su interés legítimo y, por ende, el reclamado le transgrede sus derechos objetivos y
subjetivos tutelados por la Constitución y la Ley de Amparo, que necesariamente le repercuten en su esfera jurídica y patrimonial. CIRCUNSTANCIAS ANTERIORES CON LAS QUE SE ACREDITAN LA PROCEDENCIA DE ESTE AMPARO Y SU INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLO, POR PARTE DEL QUEJOSO.
V.- DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS. Las contenidas que se contraen en las Garantías de Igualdad que establecen los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las Garantías de Seguridad Jurídica que establece el artículo 14, 16, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Libertad de Tránsito que establece el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y así como respecto de las Obligaciones de los Mexicanos que establece el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VI.- PRINCIPIOS Y PRECEPTOS SECUNDARIOS VIOLADOS:
a).- Por no cumplir con el mandato legal del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal ni preservar el espíritu legal de dicho ordenamiento, específicamente en lo relativo al artículo 67 fracción XX, incisos a) al e).
b).- Por dejar de aplicar lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, específicamente en lo concerniente al artículo 3 fracciones I, II y IV; artículo 8 fracciones I y XI; artículo 13 fracciones II y IV; artículo 15 y artículo 18 fracciones I a IX.
c).- Por injusta aplicación de la Ley de Desarrollo Metropolitano en su artículo 4 fracciones I y VII.
d).- Por inexacta e injusta aplicación de las disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, específicamente en lo concerniente al artículo 2 fracciones II y III; artículo 5; artículo 6 fracciones I a VI; artículo 7 fracciones I a X; artículo 13 fracciones I a IV; artículos 35, 36, 37 fracciones I a XI; artículos 67, 68, 170 fracciones I a IV; artículos 186, 187, 188 fracción III; y artículos 194, 195, 196, 198, 219, 220, y 221.
e).- Por la falta de aplicación exacta del artículo 2 fracciones III, V, VI y VII de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal.
f).- Por no atender a lo dispuesto en la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal en lo contenido en los artículos 2, 5, 9, 16, 17, 57, 67, 68, 69 y 70.
El acto que se impugna consiste en la aprobación, expedición y promulgación del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día diecisiete del mes de agosto del año dos mil quince, Órgano escrito del Gobierno del Distrito Federal, siendo rubricado por el Titular del Ejecutivo Local, señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal, C. Miguel Ángel Mancera Espinosa; la Secretaria de Gobierno, C. Dora Patricia Mercado Castro; el Secretario de Movilidad, C. Héctor Serrano Cortés; la Secretaria de Medio Ambiente, C. Tanya Müller García; el Secretario de Obras y Servicios, C. Edgar Oswaldo Tungüí Rodríguez; el Secretario de Seguridad Pública, C. Hiram Almeida Estrada; y el Secretario de Finanzas, C. Édgar Abraham Amador Zamora, que se dice en su segundo Transitorio que se ordena su vigor a los ciento veinte días naturales siguientes de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y que corresponden al quince de diciembre del año dos mil quince, que consta de setenta artículos establecidos y que se encuentran paginados de la tres a la ciento veintitrés de dicha gaceta incluyendo sus cinco anexos.
a) Por lo que se me impone la carga de cumplir con dicho reglamento y sus disposiciones, siendo los preceptos que afectan mis Derechos Humanos y
Garantías Individuales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, muy particular al caso entre otras lo relativo a la afectación a la salud física y mental por la agravante de que bajo el nuevo marco normativo habrá mayor concentración vehicular en las vialidades de la ciudad y por tiempos más prolongados, y por lo tanto mayores niveles de gases contaminantes en la atmósfera de la Ciudad de México, según se desprende de los artículos 8 fracción
V, 9 fracciones II y III, 10 fracción X, 11 fracción II que a continuación cito:
V. Rebasar otro vehículo sólo por el lado izquierdo; en el caso de vehículos
motorizados que adelanten a ciclistas o motociclistas deben otorgar al
menos la distancia de 1.50 metros de separación lateral. Artículo 9.- Los conductores de vehículos deberán respetar los límites de velocidad establecidos en la señalización vial. A falta de señalamiento restrictivo específico, los límites de velocidad se establecerán de acuerdo a lo siguiente:
controlado, la velocidad máxima será de 40 kilómetros por hora. Artículo 10.- Para las preferencias de paso en las intersecciones, el conductor se ajustará al señalamiento restrictivo y a las siguientes reglas:
X. La vuelta continua, a la derecha y a la izquierda, está prohibida, excepto
cuando exista un señalamiento que expresamente lo permita, en cuyo caso deberá cederse el paso a los peatones que estén cruzando y a los vehículos que transiten por la vía a la que se pretende incorporar. Artículo 11.- Se prohíbe a los conductores de todo tipo de vehículos:
II. Detener su vehículo sobre un área de espera para bicicletas o
motocicletas, a menos que se trate del usuario para el cual está destinado.
La garantía Constitucional invocada, ordena rigurosamente en el artículo 4º párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que “Toda persona tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”.
b) Asimismo se me impone la carga de cumplir con la aplicación de disposiciones distintas a las especificaciones técnicas de vehículos que circulan desde años previos con ciertas características de fábrica o de concesionario y que son desconocidas en dicho reglamento, según se desprende del artículo 43 fracción
que a continuación cito:
Artículo 43.- Se prohíbe instalar o utilizar en vehículos motorizados:
VII. Películas de control solar (polarizado) u oscurecimiento de vidrios laterales o traseros en un porcentaje mayor al 20%. Cuando así se requiera por razones médicas, debidamente acreditadas ante la Secretaría, y deberá constar en la tarjeta de circulación.
garantía Constitucional invocada, ordena rigurosamente en el artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que “A ninguna ley se dará
efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.
c) Así como a las sanciones con multa y a las equivalencias en veces con la
“Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente” que da lugar a un total acto de discrecionalidad de los agentes que apliquen las multas o sanciones, así como por
la desproporcionalidad de las sanciones en cuanto a su monto, según lo señalado
a lo largo de todo el reglamento en comento y en especial a los artículos 59,
60,61, 62, 64, 66, y 67; y a lo contenido en los artículos 69 y 70 de dicho reglamento que a continuación cito:
Artículo 59.- Cuando algún usuario de la vía cometa una infracción a lo dispuesto en este Reglamento y demás disposiciones aplicables, el agente procederá de la manera siguiente:
II. Cuando se trate de conductores de vehículos motorizados:
d) Señalará al conductor la infracción que cometió y le mostrará el artículo del Reglamento que lo fundamenta, así como la sanción que proceda por la
e) Solicitará al conductor del vehículo motorizado la licencia para conducir,
la tarjeta de circulación y en su caso la póliza de seguro de responsabilidad
civil por daños a terceros vigente, documentos que serán entregados para su revisión. En caso de que el conductor no presente para su revisión alguno de los documentos, el agente procederá a imponer a la sanción correspondiente;
g) El agente procederá a llenar la boleta de sanción, de la que extenderá
una copia al interesado.
h) Le devolverá la documentación entregada para revisión, si ésta se
encuentra vigente y corresponde al vehículo y al conductor, de lo contrario
se aplicará la sanción prevista en este ordenamiento.
i) Para el caso de infracciones detectadas a través de la información
obtenida con equipos y sistemas tecnológicos de Seguridad Pública, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 61 del presente Reglamento; y Artículo 60.- Las sanciones en materia de tránsito, señaladas en este Reglamento y demás disposiciones jurídicas, serán impuestas por el agente que tenga conocimiento de su comisión y se harán constar a través de boletas seriadas autorizadas por la Secretaría y por Seguridad Pública o recibos emitidos por los equipos electrónicos portátiles (Hand held), que
para su validez contendrán:
a) Artículos de la Ley o del presente Reglamento que prevén la infracción cometida y artículos que establecen la sanción impuesta;
d) Cuando esté presente el conductor: nombre y domicilio, número y tipo de licencia o permiso de conducir; y
e) Nombre, número de placa, adscripción y firma del agente que tenga conocimiento de la infracción, la cual debe ser en forma autógrafa o electrónica, en cuyo caso se estará a lo previsto en la Ley de la materia.
Seguridad Pública coadyuvará con la Secretaría para la aplicación de sanciones por el incumplimiento a la Ley y a este Reglamento cuando exista flagrancia. Cuando se trate de infracciones detectadas a través de los equipos y sistemas tecnológicos se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 61 del presente Reglamento. Artículo 61.- Las infracciones a este Reglamento que sean detectadas a través de equipos y sistemas tecnológicos, serán impuestas por el agente que se encuentre asignado para ello, lo cual se hará constar en boletas seriadas autorizadas por Seguridad Pública. Adicionalmente a lo indicado en el artículo 60, las boletas señalarán:
II. Formato expedido por el propio instrumento tecnológico que captó la
infracción o copia de la imagen y/o sonidos y su trascripción en su caso,
con la confirmación de que los elementos corresponden en forma auténtica
La información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, con base en la cual se determine la imposición de la sanción, hará prueba plena en términos de lo que dispone el artículo 34 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. Artículo 62.- El pago de la multa se puede realizar en:
I. Oficinas de la Administración Tributaria de la Tesorería del Distrito Federal de la Secretaría de Finanzas;
II. Centros autorizados para este fin, incluyendo medios electrónicos de
III. Con el agente que impuso la infracción en caso de que cuente con el
equipo electrónico portátil (Hand held). El infractor tendrá un plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de emisión de la boleta de sanción para realizar el pago, teniendo derecho a que se le descuente un 50% del monto de la misma, con
excepción de la sanción que establece el artículo 33, fracción II de este Reglamento; vencido el plazo señalado sin que se realice el pago, deberá cubrir los demás créditos fiscales que establece el Código Fiscal del Distrito Federal. Para el caso de las infracciones que son notificadas vía correo certificado o con acuse de recibo, el ciudadano podrá promover la aplicación del derecho mencionado si la línea de captura que acompaña al documento expira antes del plazo mencionado, siempre y cuando se acredite, en las Oficinas de Atención Ciudadana para la Aclaración de Infracciones, que la fecha de notificación domiciliaria fue extemporánea. Cuando la infracción sea cometida por conductores que manejan un vehículo con placas de matrícula de otra entidad federativa o país, el agente deberá retirar la placa delantera o retener la licencia de conducir o la tarjeta de circulación, cuando el cobro de la sanción no sea realizado en el sitio e indicar en la boleta de infracción que se procedió de esa forma. La placa de matrícula o documentación retenida le será devuelta al conductor en las oficinas de Seguridad Pública, una vez realizado el pago. Artículo 64.- Cuando se trate de infracciones a este Reglamento captadas por equipos y sistemas tecnológicos portátiles (Hand held), la boleta de infracción será entregada en forma personal por conducto del agente que la expida, de lo cual dejará constancia. Si el infractor se negara a recibirla se hará constar esa situación para los efectos correspondientes. Las multas expedidas con apoyo de equipos y sistemas tecnológicos, en el caso que no fuera posible la entrega personal al infractor en el momento que se expida, será notificada por correo certificado o con acuse de recibo en el domicilio registrado del propietario del vehículo quien será responsable de su pago. En el caso de los vehículos matriculados en el Distrito Federal, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 63 del presente Reglamento, se presume salvo prueba en contrario, que el propietario del vehículo toma conocimiento de la infracción cometida, el día inmediato subsecuente al momento en que con motivo del trámite de verificación vehicular recibe el informe de la multa que aparece registrada en el sistema con cargo al vehículo. Las multas impuestas por violación al presente Reglamento con motivo del uso o tenencia de vehículos podrán consultarse en la página de Internet del Sistema del Infracciones del Gobierno del Distrito Federal http://www.finanzas.df.gob.mx/sma/consulta_ciudadana.php para su pago oportuno. Artículo 66.- Las licencia para conducir se cancelarán al acumular doce puntos de penalización. La Secretaría realizará el cómputo de los puntos de penalización con base en las boletas de sanción expedidas por Seguridad Pública, que hubieran sido impuestas con información de la licencia del conductor presente en el momento de la conducta infractora. Los puntos de penalización se acumularán de acuerdo a lo indicado en la tabla de sanciones de cada artículo. Cuando una boleta de sanción sea anulada, los puntos se descontarán por la Secretaría con base en copia de la resolución judicial o administrativa respectiva. La acumulación de puntos no eximirá al titular de la licencia de cumplir con la sanción económica que corresponda a la infracción cometida. Los puntos de penalización tendrán una vigencia de un año a partir de la fecha de la expedición de la boleta de sanción. La reexpedición de una licencia que se haya extinguido por penalización procederá sólo después de transcurridos tres años. Las personas cuya licencia haya sido cancelada y conduzcan algún vehículo en el lapso a que se refiere el párrafo anterior, serán sancionadas con la remisión del vehículo al depósito y una multa de ciento ochenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. Artículo 67.- En los casos en que proceda la remisión del vehículo al depósito y previamente a que se haya iniciado el proceso de arrastre, los
agentes deben sellarlo para garantizar la guarda y custodia de los objetos que en él se encuentren.
Procederá la remisión del vehículo al depósito aun cuando esté el conductor
a bordo. Si se encontrasen personas menores de 16 años, mayores de 65
años, con discapacidad o mascotas, el agente levantará la infracción que corresponda y esperará hasta que llegue el conductor o persona responsable para proceder en forma inmediata a la remisión del vehículo al depósito, salvo que se encuentre dentro de los supuestos previstos en el artículo 68 de este Reglamento. Si el conductor o la persona responsable se oponen a la remisión del
vehículo y/o se niega a salir de él, será presentado ante el Juez Cívico, para
la determinación y aplicación de la sanción correspondiente.
El agente que lleve a cabo la remisión al depósito, informará de inmediato al centro de control correspondiente los datos del depósito al cual se remitió, tipo de vehículo y matrícula, así como el lugar del que fue retirado.
Seguridad Pública puede auxiliarse de terceros para la remisión de vehículos a depósitos propios o de los terceros. Cuando el vehículo sea remitido a un depósito vehicular, el conductor
deberá cubrir los respectivos derechos por concepto del servicio de arrastre
y almacenaje del vehículo, conforme lo determine el Código Fiscal para el
Distrito Federal. Para la devolución del vehículo en los depósitos, será indispensable la comprobación de su propiedad o legal posesión, el pago previo de las multas adeudadas y derechos que procedan, exhibición de la licencia para conducir, una copia de la misma y portar las llaves del vehículo. Asimismo, se deberá comprobar la no existencia de créditos por concepto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, federal o local, según corresponda y derechos por servicios de control vehicular, del ejercicio fiscal anterior al de la devolución del vehículo y acreditar contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil vigente, en los términos de la Ley y este reglamento. Artículo 69.- Los particulares afectados por los actos y resoluciones de las autoridades, podrán en los términos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, interponer el recurso de inconformidad, ante la autoridad competente o impugnar la imposición de las sanciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en los términos y formas señalados por la ley que lo rige. Cuando se trate de multas, la interposición del recurso de inconformidad suspenderá el plazo referido. Artículo 70.- A los agentes que violen lo establecido en este Reglamento o que en aplicación del mismo remitan a un conductor ante un Juzgado Cívico, sin que medie infracción de tránsito alguna o remitan un vehículo a un depósito sin causa justificada, se les aplicarán las sanciones correspondientes. Los particulares pueden acudir ante el Ministerio Público, la Contraloría General del Distrito Federal, la Contraloría Interna o los Órganos internos de Disciplina de Seguridad Pública a denunciar presuntos
actos ilícitos de un agente.
La garantía Constitucional invocada, ordena rigurosamente en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que “…Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.” Además en su artículo 22 establece que “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y
trascendentales.” Por otro lado, el artículo 31 fracción IV establece que “son obligaciones de los mexicanos… Contribuir para los gastos públicos, así de la
Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de
la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”
d) También como por facultar a un agente para retirar la placa delantera o retener la licencia o tarjeta de circulación al conductor de un vehículo que sea de otra entidad federativa o país, en un acto de total arbitrariedad y violación a los Derechos Humanos y a las Garantías Individuales según lo dispone el artículo 62;
y a la ilegitima prohibición que la autoridad se reserva hacer del conductor para
ejercer sus derechos Humanos y garantía de libre tránsito al no consignar en dicho reglamento que en caso de que sea detenido por alguna posible infracción por algún agente o elemento de la Policía del Distrito Federal que no esté autorizado a levantar infracciones que el conductor tenga que esperar a la llegada del agente autorizado, por lo que en su caso, debiesen todos los agentes estar facultados para levantar la infracción correspondiente o permitir al conductor que siga su camino. A continuación cito el artículo 62 de dicho reglamento:
Artículo 62.- El pago de la multa se puede realizar en:
pago; o III. Con el agente que impuso la infracción en caso de que cuente con el equipo electrónico portátil (Hand held).
El infractor tendrá un plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de emisión de la boleta de sanción para realizar el pago, teniendo derecho a que se le descuente un 50% del monto de la misma, con excepción de la sanción que establece el artículo 33, fracción II de este Reglamento; vencido el plazo señalado sin que se realice el pago, deberá cubrir los demás créditos fiscales que establece el Código Fiscal del Distrito
Para el caso de las infracciones que son notificadas vía correo certificado o con acuse de recibo, el ciudadano podrá promover la aplicación del derecho mencionado si la línea de captura que acompaña al documento expira antes del plazo mencionado, siempre y cuando se acredite, en las Oficinas de Atención Ciudadana para la Aclaración de Infracciones, que la fecha de notificación domiciliaria fue extemporánea. Cuando la infracción sea cometida por conductores que manejan un vehículo con placas de matrícula de otra entidad federativa o país, el agente deberá retirar la placa delantera o retener la licencia de conducir o la tarjeta de circulación, cuando el cobro de la sanción no sea realizado en el sitio e indicar en la boleta de infracción que se procedió de esa forma. La placa de matrícula o documentación retenida le será devuelta al conductor en las oficinas de Seguridad Pública, una vez realizado el pago.
La garantía Constitucional invocada, ordena rigurosamente en el artículo 11 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil,
y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.”
e) Además por el artículo 38 fracción II inciso e) del reglamento en comento que prohíbe el uso de teléfonos celulares por parte del conductor pues precisa, “los conductores de vehículos son responsables de evitar realizar acciones que pongan en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios de la vía”, siendo que la autoridad que dicta el reglamento en comento no efectúa acciones legales en contra de quienes colocan anuncios exteriores en las vías de acceso controlado, en las vías primarias, secundarias y cualquier otra vía en la Ciudad de México, y que de la misma forma que un teléfono celular distraen la atención de
los conductores por lo que también al ser objeto los conductores de atención comercial o propagandística o publicitaria mediante dichos medios de anuncios exteriores podrían realizar de manera involuntaria alguna acción que ponga en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios de la vía, pero aún ante este hecho, la autoridad no efectúa acción de reordenamiento o prohibición de presencia excesiva de tales anuncios exteriores colocados en las vías de tránsito de los vehículos en la Ciudad de México. A continuación cito el artículo 38 fracción II, inciso e) de dicho reglamento:
Artículo 38.- Los conductores de vehículos son responsables de evitar realizar acciones que pongan en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios de la vía, por lo que se prohíbe:
II. A los conductores de vehículos motorizados:
e) Utilizar teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación mientras el vehículo esté en movimiento, cualquier manipulación deberá hacerse con el vehículo detenido;
La garantía Constitucional invocada, ordena rigurosamente en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece… Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia… Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
f) Asimismo al Capítulo I “De las Sanciones” y específicamente los artículos 61, que para el primer caso se trata de la inconstitucionalidad de aplicar infracciones detectadas a través de equipos y sistemas tecnológicos que capten imágenes al vehículo pero sin que sea posible la identificación del conductor por lo que la sanción le sería atribuida al propietario del vehículo infraccionado sin necesidad de que el propietario fuese quien condujera el vehículo y por lo tanto cometiera la falta al reglamento en comento. Y por el hecho de que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal por conducto de sus subordinados ha ordenado la “subrogación de servicios para imponer multas a través del Sistema Integral de Fotomultas” a un particular o tercero, con lo que renuncia a una facultad exclusiva del Ejecutivo Local de aplicar las sanciones administrativas a los conductores con el agravio evidente a mis Derechos Humanos. A continuación cito el artículo 61 de dicho reglamento:
Artículo 61.- Las infracciones a este Reglamento que sean detectadas a través de equipos y sistemas tecnológicos, serán impuestas por el agente que se encuentre asignado para ello, lo cual se hará constar en boletas seriadas autorizadas por Seguridad Pública. Adicionalmente a lo indicado en el artículo 60, las boletas señalarán:
I. Tecnología utilizada para captar la comisión de la infracción y el lugar en que se encontraba el equipo tecnológico al momento de ser detectada la infracción cometida; y II. Formato expedido por el propio instrumento tecnológico que captó la infracción o copia de la imagen y/o sonidos y su trascripción en su caso, con la confirmación de que los elementos corresponden en forma auténtica y sin alteración de ningún tipo a lo captado por el instrumento tecnológico utilizado. La información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, con base en la cual se determine la imposición de la sanción, hará prueba plena en términos de lo que dispone el artículo 34 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal.
Además señalo los datos principales del Contrato Administrativo Multianual SSP/BE/S/312/2015 celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y Autotraffic, S.A. de C.V., consistente en la “subrogación de servicios para imponer multas a través del Sistema Integral de Fotomultas”, del cual solicito respetuosamente a esta autoridad judicial, que se le ordene al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, que exhiba el contrato referido para revisar el contenido y los alcances del mismo, toda vez que esta autoridad se ha negado a presentar públicamente el contenido del mismo pese a las solicitudes formales de los ciudadanos, y que se refiere a un contrato que ordena a la empresa a levantar una cuota mínima de cinco mil fotomultas al día, de cada una de las cuales cobrará cuarenta y seis por ciento y que tiene una vigencia del primero de septiembre de dos mil quince al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.
La garantía Constitucional invocada, ordena rigurosamente en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece… Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia… Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. También invoco los artículos 16 de nuestra Carta Magna que dice: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros; y el 21 Constitucional que dispone: “…La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.
g) Y también para el segundo caso en el artículo 66 por reservarse la autoridad representada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal el ejercicio de asignar “puntos” acumulativos a las licencias de los conductores del Distrito Federal por cada una de las infracciones que le sean levantadas y como una sanción adicional a la sanción administrativa económica. A continuación cito el artículo 66 de dicho reglamento:
Artículo 66.- Las licencia para conducir se cancelarán al acumular doce puntos de penalización. La Secretaría realizará el cómputo de los puntos de penalización con base en las boletas de sanción expedidas por Seguridad Pública, que hubieran sido impuestas con información de la licencia del conductor presente en el momento de la conducta infractora. Los puntos de penalización se acumularán de acuerdo a lo indicado en la tabla de sanciones de cada artículo.
Cuando una boleta de sanción sea anulada, los puntos se descontarán por la Secretaría con base en copia de la resolución judicial o administrativa respectiva. La acumulación de puntos no eximirá al titular de la licencia de cumplir con la sanción económica que corresponda a la infracción cometida. Los puntos de penalización tendrán una vigencia de un año a partir de la fecha de la expedición de la boleta de sanción. La reexpedición de una licencia que se haya extinguido por penalización procederá sólo después de transcurridos tres años. Las personas cuya licencia haya sido cancelada y conduzcan algún vehículo en el lapso a que se refiere el párrafo anterior, serán sancionadas con la remisión del vehículo al depósito y una multa de ciento ochenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente.
La garantía Constitucional invocada, ordena rigurosamente en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece… Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia… Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. También invoco el artículo 21 de nuestra Carta Magna que dispone: “…La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”. Asimismo por violar lo establecido en el artículo 21 de nuestra Carta Magna que dispone: “…La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.
h) Y por último al transitorio tercero que abroga el Reglamento de Tránsito Metropolitano, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veinte de junio de dos mil siete, y dadas las condiciones de la metrópoli misma a mí me resulta necesario transitar continuamente en la Ciudad de México y su zona conurbada en condiciones de equidad y con pleno goce de mis Derechos Humanos y libertades constitucionales. A continuación cito el transitorio tercero de dicho reglamento:
TERCERO.- A partir de la entrada en vigor de este Reglamento, se abroga el Reglamento de Tránsito Metropolitano, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veinte de junio de dos mil siete.
La garantía Constitucional invocada, ordena rigurosamente en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece… Las normas relativas a los
derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia… Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. También invoco el artículo 11 de nuestra Carta Magna que dispone: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país… En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones.
En el caso, el bien jurídico tutelado que reclamo, se dice se encuentra regulado por una aprobación, expedición y promulgación de la Autoridad Responsable, según hizo en su transitorio tercero multicitado, coligado con sus preceptos respectivos, con el ánimo de obligarme a los conceptos de derechos a Transitar con mi vehículo libremente en vía pública ejerciendo mis Derechos Humanos y Garantías Individuales como ha sido señalado en los incisos anteriores de este apartado de Conceptos de Violación.
No obstante, la autoridad ordenadora y ahora Responsable ordena ilegalmente el cumplimiento al Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, con vigencia a partir del día quince de diciembre del año dos mil quince
PRUEBAS: Tomando en consideración que el suscrito tiene el derecho de ofrecer y desahogar en su momento por conducto de su autorizado con la facultad que prescribe el artículo 27 de la Ley de Amparo, los siguientes medios de prueba independientemente de las exhibidas: La Documental Pública y Privada, Pericial, Reconocimiento, Inspección Judicial, Testimonial, Fotográfica, Copias Fotostática, Fama Pública, Presuncional Legal Humana, Actuaciones Judiciales, Informes, Cotejo, Ratificación de contenido y Firma, razones, Exhibición de cosas y de documentos, Fotografías, Copias Fotostáticas, telemáticos, mensajes de datos, razones, certificaciones, comparecencias, Interrogatorios, Compulsas de cosas, base de datos, Grabaciones en cintas magnetofónicas o disco compacto y demás innominadas permitidas por la Ley que causan convicción, que servirán de sustento para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado.
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. Artículos 103, Fracción I, y 107, Fracción I, II, VII, X, de la Constitución Federal de la República; 1º Fracción I, 5º, 11, 27, 114, 120, 141 y 149 de la Ley de Amparo.
El suscrito es la persona para recibir y oír las notificaciones, así como para interponer recursos o impugnaciones que procedan, ofrecer, rendir y participar en el desahogo de pruebas, alegar en audiencia, solicitar suspensión del acto reclamado, diferimiento de la misma, pedir dicte sentencia o cualquier otro acto procesal que resulte necesario en defensa de los intereses del suscrito, en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo en vigor.
SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS:
Con fundamento en los artículos 124, 125, 130, 131, 132 y 142 de la Ley de Amparo, solicito se me conceda la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los actos reclamados, que he señalado del PRIMERO al OCTAVO ya relacionados, se tramite por duplicado el Incidente, se pida a las Responsables su Informe Previo y Justificado, y al resolver se me conceda la Suspensión Definitiva.
Se me e x p i d a COPIA CERTIFICADA POR DUPLICADO del proveído en el que se decrete y conceda dicha medida suspensiva.
A USTED C. JUEZ FEDERAL, atentamente solicito: Se sirva admitir mi demanda en la forma y términos en que la propongo; se forme expediente, se registre en el Libro de este Juzgado; se pide Informes Justificados y previos a las responsables; por autorizados para recibirlas a los profesionistas indicados, autorizándolos también para recibir notificaciones; se señale día y hora para la Audiencia Constitucional y seguido el Juicio por todos sus actos procésales y al resolverse se me conceda el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN.
Designo como domicilio procesal para recibir notificaciones y acuerdos, el edificio marcado con el numero número 320 de la Calle Lago Alberto, en el interior de la Torre Central departamento 707, Colonia Anáhuac, Código Postal 11320 en la Ciudad de México.
Ciudad de México a dieciocho de enero del dos mil dieciséis.
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