Source: https://es.scribd.com/document/33380039/Proyecto-de-Ley-Organica-de-Contraloria-Social
Timestamp: 2017-10-20 14:38:46
Document Index: 277650426

Matched Legal Cases: ['artículo 62', 'artículo 66', 'artículo 138', 'artículo 14', 'artículo 58', 'artículo 59', 'artículo 60', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 75', 'artículo 76', 'artículo 37', 'artículo 77', 'artículo 259', 'artículo 272', 'artículo 274', 'artículo 203', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 10', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20']

Descripción: Proyecto de Ley Orgánica de Contraloría Social
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONTRALORIA SOCIAL EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el 15 de Diciembre de 1999, nace también la oportunidad de darnos un gobierno capaz de servir de instrumento popular para que la revolución, traducida en el bienestar común, comience a postularse y sentirse como una realidad, de este modo, los ciudadanos y el pueblo en todo su conjunto reasumen la soberanía directa, consolidando un nuevo modelo político fundamentado en el ejercicio de la democracia directa y el ejercicio del Poder Popular en la planificación, ejecución y control de la gestión pública. De esta manera se estará garantizando lo elemental de la Constitución Bolivariana: La Participación Protagónica del Pueblo, es decir, el pueblo soberano con su poder extraordinario, con sus propias manos construyendo el futuro, un mundo donde quepamos todos en convivencia y dignidad. En este sentido, impulsar la Participación Protagónica del Pueblo, a través de leyes que se conviertan en herramientas para el ejercicio del Poder Popular, no es más que convertir a las comunidades vivientes y organizadas en sujetos protagónicos para lograr, convertirse en la fuerza artífice para la transformación que queremos. Por tanto, la gestión pública y comunal, se orientaría bajo esta dinámica popular, la política del común, la inteligencia del pueblo soberano, vinculado a través de sus comunidades. Dinámica que no puede ser derrotada por una burocracia corrompida que sirve de obstáculo para que se cumplan los intereses colectivos. El futuro perfilado en esta nueva Ley Orgánica de Contraloría Social, comienza reconociendo al pueblo como parte del poder, en la participación directa, en la toma de decisiones, porque la oficina pública no puede seguir siendo un centro burocrático, un poder por encima del pueblo, sino que tiene que estar en absoluta concordancia con los intereses colectivos, pero no solo eso, esta ley por su naturaleza irradia su acción necesariamente al ámbito de lo privado, en lo que concierne a los bienes y servicios públicos, así como las actividades que tengan injerencia con la paz social y la convivencia ciudadana, como un objetivo fundamental en el desarrollo y
consolidación del nuevo Estado Democrático y social, de Derecho y de Justicia. La Contraloría Social en los actuales momentos, es uno de los escenarios o mecanismos para ejercer el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos, privados y comunitarios, constituida por un conjunto de acciones vinculadas al seguimiento, evaluación, vigilancia y control, que puede ser activada o ejercida de manera individual o colectiva, teniendo como propósito garantizar que la gestión pública, se realice de manera, eficiente y transparente, dentro del marco jurídico, libre de desviaciones o abuso de poder, que a su vez permita accionar las medidas cautelares, promover las correcciones y reorientaciones necesarias, pero no debe quedarse solo en lo económico, sino que debe ir más lejos y alcanzar además lo estructural, ético, organizativo, funcional, educativo y cultural, comunicativo, político, legal, fiscal, territorial, ecológico y humano. Uno de los principales antecedentes de lo que hoy conocemos como Contraloría Social, lo encontramos en el ideario bolivariano. A través de los pensamientos de nuestro Libertador Simón Bolívar, se pueden apreciar en la evolución de los diferentes enfoques e implicaciones de la acción contralora popular. Simón Bolívar señaló durante su discurso en el convento de San Francisco, en la ciudad de Caracas, el 02 de Febrero de 1814 que: “…La hacienda Nacional no es de quienes os gobiernan. Todos aquellos a los que habéis hecho depositarios de vuestros intereses, tienen la obligación de deciros el uso que de ellos han hecho…”. Posteriormente en el Discurso de Angostura del 15 de febrero de 1819, Bolívar, va más allá de la simple rendición de cuentas, al afirmar que: “Es el deber de todo ciudadano vigilar sobre la legítima inversión de las rentas públicas en beneficio de la sociedad”. De esta afirmación se desprenden varios elementos claves de la actual contraloría social, primero que es un “deber” de cada ciudadano; en segundo lugar que ese deber se concreta, a través de la acción de “vigilancia” que debe ejercer todo ciudadano sobre las rentas públicas y en tercer lugar que tanto la hacienda pública como el ejercicio del deber de vigilar la misma, deben estar orientadas al “beneficio de la colectividad” que constituyen la sociedad en todo su conjunto.
Durante el mensaje a la Convención de Ocaña, Bogotá 29 de febrero de 1828 Bolívar sentenció: “La corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos”, "La impunidad de los delitos hace que éstos se cometan con mas frecuencia: al fin llega el caso en que el castigo no basta para reprimirlos”, “La corrupción y la impunidad son el camino mas corto para la pérdida de la moral pública”. Para Simón Bolívar, la gestión pública se fundamenta en el principio de la honradez al expresar durante el discurso ante el congreso Constituyente de Bolivia 25 de mayo de 1826 que: “Saber y honradez, no-dinero, es lo que requiere el ejercicio del poder público”. Igualmente en una carta dirigida al Francisco de Paula Santander, del 17 de agosto de 1.820 señala que “La mejor política es la honradez”. El uso ineficiente, el despilfarro y la corrupción en el uso de los recursos públicos, son males que debilitan fundamentalmente a la revolución y tienen como aliados al burocratismo, el lujo, la mentira y a la injusticia, por eso hay que crear mecanismos poderosos para extirpar estos males, es un problema de cultura política, de mentalidades y de falta de participación ciudadana. Si no atacamos fuertemente estos males y en particular a la corrupción podemos volvernos sus cómplices. Debemos construir una capacidad especial para que el poder popular sea anticorrupto por excelencia, la contraloría social debe convertirse en una contraloría especial del poder popular que controle el manejo de los dineros del pueblo y de la manera o fines con que se utilizan los recursos privados. Los corruptos deben ser perseguidos y sancionados por la comunidad contralora; no es solo controlar lo comunal, los recursos de los Consejos Comunales y Organizaciones Sociales, sino que es abrir las instituciones públicas al control directo del poder popular en cuanto al manejo de recursos en particular. La Contraloría Social se ha introducido en el marco legal vigente en el país. Sin embargo, hasta el momento no existe una ley específica y propia, con normas y procedimientos que determinen con precisión su alcance y formas de operación desde la institucionalidad comunitaria. Veamos un resumen de sus menciones legales más significativas: Primero: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la considera (de manera directa o indirecta) en varios de sus artículos. Se incluye en el derecho a petición (articulo
51); y como un derecho y expresión de protagonismo ciudadano (artículo 62); se establece en la obligación de rendición de cuentas de parte de las autoridades ante los electores (artículo 66). La Carta Magna también la consagra en los principios de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas; y el derecho a la información oportuna y veraz de los ciudadanos y ciudadanas (artículos 70, 135, 173, 315); y finalmente, determina la inclusión de la ciudadanía en los procesos de control y evaluación de la gestión local (artículos 168 y 184). Segundo: La Ley Orgánica de la Administración Pública (2001) consagra categóricamente el control social sobre la gestión pública (artículo 138) Tercero: La Ley Orgánica de Planificación (2001) de igual manera, define en forma expresa, el control social en materia de planificación (artículo 14); así como también el derecho a participación ciudadana en ese ámbito funcional (artículo 58); la obligación a promocionar dicha participación por parte de los organismos oficiales (en su artículo 59); y la obligación a suministrar información al pueblo (artículo 60). Cuarto: La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal (2001) contienen una serie de preceptos bien precisos. Establece como un derecho, el control ciudadano sobre la gestión pública (artículo 1); además determina que los órganos responsables de la función contralora deben fomentar la participación de los ciudadanos (artículo 6). Entre las atribuciones y obligaciones del Contralor General, queda determinado el fomento de la participación ciudadana en el control de la gestión pública (artículo 14). De igual manera, los ciudadanos son considerados como parte del Control Fiscal (artículo 24), y la participación ciudadana queda definida como un principio rector del Sistema de Control Fiscal (artículo 25). La misma ley determina que el Contralor o Contralora, dicte normas destinadas al tratamiento de la atención a las iniciativas de la comunidad en el proceso de participación, las de alto impacto económico, financiero y social (artículo 75). Por último, indica que las comunidades organizadas y las organizaciones representativas de sectores de la sociedad pueden postular candidatos a los órganos de Control Fiscal (artículo 76). Quinto: La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2005), se ocupa del tema de la Contraloría Social de una manera amplia. Por ejemplo, las Juntas Parroquiales desempeñan un papel fundamental. Primero son las llamadas a promover los procesos comunitarios de Contraloría Social (artículo 37), y también se encuentran obligadas a
brindar la información necesaria a la ciudadanía sobre la gestión municipal. Por otra parte, esta ley determina que las alcaldías deben implantar la utilización de la telemática en los sistemas de información, seguimiento y control de la gestión (artículo 77). En materia de rendición de cuentas, la LOPPM obliga al alcalde a presentar un informe a las comunidades sobre su gestión. También indica que el contralor o contralora municipal podrá se destituido por la inobservancia reiterada por las comunidades en el ejercicio de la contraloría social. Pero algo bien trascendente en la LOPPM, es el reconocimiento al derecho de los ciudadanos a organizarse en contralorías sociales, con el apoyo de la contraloría municipal (artículo 259). Aún más, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal consagra la Contraloría Social como un medio de participación popular en el ejercicio de su soberanía. En tal sentido, la contraloría social es un mecanismo de vigilancia ciudadana sobre el gobierno (artículo 272), que tiene un expresión organizativa y funciones especificas: tales como: informar al resto de la ciudadanía de su actividad, presentar informes a las entidades oficiales y presentar denuncias ante los organismos competentes sobre hechos u omisiones que afectaren los intereses de la colectividad (artículo 274). Además se establece que las autoridades municipales debe dar la mayor publicidad posible a sus actos administrativos y de interés general; tales como: proyectos, licitaciones, contrataciones, y sus costos y otros aspectos relevantes (articulo275). El ejercicio pleno de la Contraloría Social depende de la acción combinada del sector público y de las comunidades. De ambos actores, sin menoscabo de uno sobre otro se requiere de una actitud positiva. Corresponde al Estado la obligación de garantizar las condiciones operativas mínimas para que los ciudadanos y sus organizaciones puedan ejercer este derecho, sin trabas. De allí que el acceso a la información sobre la gestión programática de cada entidad oficial tiene que ser fácil y desprovisto de la interminables “formalidades burocráticas”. En términos esta Ley busca el desarrollo y la consolidación de la corresponsabilidad, la participación de los ciudadanos en el control de gestión pública, superar la atención endógena del aparato público; para centrarla en los planteamientos, recomendaciones y observaciones que formulen los ciudadanos. Por otra parte, la formación, capacitación y adiestramiento público para este
desempeño es otra tarea impostergable por parte del Estado y sus gestores para contribuir al desarrollo efectivo de la contraloría social. En el contenido del Decreto del 18 de marzo de 1824, podemos apreciar un avance significativo en el pensamiento de Bolívar, en relación al alcance de la acción contralora por parte de los ciudadanos al señalar que: “Todo ciudadano tiene el derecho de velar sobre la hacienda nacional, su conservación es de interés general. los que la defrauden son enemigos capitales; y en este caso, la declaración , lejos de degradar al que la hace es una prueba de su ardiente celo por el bien público” en este decreto se consolida la controlaría social como un acto de defensa conservación o resguardo de los bienes públicos y se consagra la misma como un derecho , es decir que el contenido del discurso de Angostura en donde destaca la vigilancia como un deber, ahora es complementado por el derecho de velar y vigilar las rentas o la Hacienda Pública Nacional. La Contraloría Social, bajo el enfoque del ideario bolivariano queda expresada, como un deber y un derecho de todo ciudadano y en la obligación de rendición de cuentas públicas por parte de los funcionarios públicos. Los cuales se concreta, a través de la vigilancia y el control expresado mediante la activación de las los mecanismo propiamente de control (denuncias), porque de lo contrario pasaríamos a formar parte del sistema de complicidad, en donde tiene su origen la impunidad de los delitos. Por último, a este instrumento jurídico se le categoriza como orgánico bajo dos premisas fundamentales: 1. Operativiza el derecho constitucional de todos los ciudadanos y ciudadanas a participar libre, voluntaria y democráticamente en todos los asuntos públicos en virtud de los medios de participación y protagonismo del pueblo reconocidos por el constituyentista en los artículos 62 y 70 de la Carta Magna. 2. Regula un derecho constitucional de carácter político atribuible al contexto de derecho humano, tratándolo de manera frontal y directa. En el marco de estas premisas, se subsume entonces esta Ley a la categoría normativa de Ley Orgánica de acuerdo a los tipos normativos previstos en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. LEY ORGÁNICA DE CONTRALORÍA SOCIAL
Objeto de la Ley Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer y desarrollar los mecanismos, normas y condiciones para garantizar la promoción e impulsar el ejercicio de la contraloría social como medio de participación, protagonismo y corresponsabilidad, en el ejercicio directo e intransferible de su soberanía, para la consolidación del poder popular, a través de la acción directa de los ciudadanos y las ciudadanas en las funciones de vigilancia, seguimiento, acompañamiento y control de la gestión pública y comunitaria, así como sobre toda actividad privada que incida en los intereses públicos y colectivos. Definición Artículo 2. La Contraloría Social es el ejercicio de control y vigilancia, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva, sobre la gestión del Poder Público y de las instancias del Poder Popular, así como de las actividades privadas que afecten el bienestar común. Fines de la Contraloría Social Artículo 3. La Contraloría Social tiene como finalidad: 1. Convertir en una práctica cotidiana desde las comunidades la capacidad de controlar socialmente la gestión pública, así como todas las actividades privadas o comunitarias que atenten contra el bien común. 2. Democratizar la cultura de la participación social, en la vigilancia, supervisión, seguimiento y control de los asuntos públicos. 3. Fomentar el ejercicio contralor de la ciudadanía para el desarrollo de una sociedad justa, eficiente y eficaz. 4. Promover la cultura de la corresponsabilidad ciudadana. 5. Desarrollar la capacidad de la institucionalidad de trabajar con las comunidades. 6. Darle permanencia, continuidad y fortaleza al ejercicio de la Contraloría Social como proceso histórico de las comunidades.
7. Generar los conocimientos y valores necesarios para el desarrollo humano integral y sustentable, así como la solidaridad, la convivencia justa y la paz social. 8. Contribuir a desarrollar un sistema de petición y rendición de cuentas que facilite la Contraloría Social en todos los entes públicos. 9. Obligar a las instituciones del Estado a crear y desarrollar programas y políticas orientados a la formación y capacitación de los ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones sociales para las actividades de control social Ámbito de Aplicación Artículo 4. Las disposiciones de la presente ley son aplicables en todos los niveles de la división político territorial del Estado, a todas las actividades de las diversas instancias del Poder Público, del Poder Popular y a todas aquellas actividades del sector privado que afecten el interés colectivo. Principios Articulo 5. El ejercicio de la contraloría social se fundamenta en los principios de la ética socialista, que comprende: objetividad, disciplina, transparencia, rectitud, participación, justicia, humanismo, equidad, imparcialidad, el bien común, solidaridad, corresponsabilidad, honestidad, moral revolucionaria, deber social, para el desarrollo y fortalecimiento del Poder Popular. TÍTULO II DE LA ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL Organización Artículo 6. La Contraloría Social podrá expresarse y organizarse de manera individual o colectiva en todas las actividades de la vida social y se integrará de manera libre y voluntaria bajo la forma organizativa que sus miembros decidan. En todo caso, cuando su conformación sea de manera colectiva todos y todas sus integrantes tendrán las mismas potestades.
Para efectos de su operatividad, la Contraloría Social ejercida de manera colectiva contará con un Vocero o Vocera con su respectivo suplente, electos de manera democrática por sus integrantes. Atribuciones y Funciones De los Voceros o Voceras Artículo 7. Además de las atribuciones y funciones que se establezcan en las normativas legales y reglamentarias que desarrollen los medios de participación y protagonismo popular, los voceros y voceas tienen las siguientes: 1. Comunicar a la ciudadanía los avances y resultados de los procesos de control, vigilancia, supervisión y evaluación realizados en su área de actividad. 2. Presentar informes y resultados de sus actividades a los órganos y entidades que ejecuten programas, proyectos o contratos, realizando las recomendaciones que estimen pertinentes. 3. Remitir informes de avances y resultados de sus actividades a los órganos de control fiscal y demás organismos públicos competentes. 4. Denunciar ante las autoridades competentes los actos, hechos u omisiones presuntamente irregulares que hubieren detectado. Deberes Artículo 8. Quienes ejerzan la contraloría social deberán guardar reserva respecto de la información y documentación obtenida en el ejercicio del control social. Asimismo, deberán observar los principios y valores que rigen el control social, previstos en la presente ley, de modo que sus actuaciones estén siempre dirigidas a alcanzar el bienestar común. Ámbito de la Contraloría Social Artículo 9. La Contraloría Social comprende la vigilancia, control, seguimiento y supervisión de: 1. Todas las actividades de interés social, tanto públicas como privadas y comunitarias. 2. La gestión del Estado y todas sus instituciones; el uso de los recursos, los Ingresos y gastos públicos.
3. La gestión de las instancias del Poder Popular y todas sus actividades sociales y económicas. 4. El uso de los bienes y servicios que sean de utilidad pública e interés social, tanto públicos como privados y comunitarios. 5. Los servicios públicos, prestados directamente por entes del Estado en sus distintos niveles político territoriales, por transferencia a las instancias del Poder Popular o por entidades privadas mediante concesión. 6. El acceso de las personas a bienes y servicios de utilidad pública e interés social, así como su calidad, precios y costos. 7. El libre y oportuno acceso a la información de los entes públicos, y comunitarios; y de los privados, cuyo conocimiento sea de interés social. 8. La actuación de funcionarios públicos y funcionarias públicas, conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes sobre la función pública. 9. Todas aquellas actividades que constituyan o se correspondan con el interés social. Del ejercicio de la Contraloría Social Artículo 10. La Contraloría Social, se ejerce y realiza en la forma siguiente: 1. Se ejerce de manera individual, mediante la presentación en forma unipersonal de denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones ante los organismos competentes. 2. Se ejerce de manera colectiva a través de Contralorías Sociales constituidas por dos (2) o más ciudadanas o ciudadanos que decidan voluntaria y unilateralmente conformarlas. 3. Se ejerce de manera colectiva mediante Contralorías Sociales que actuarán como voceras de comunidades o sectores sociales organizados. En tales casos, a los fines de obtener la legitimidad que le permita actuar en nombre de éstos, los voceros y voceras contralores que la integren, deben ser electos en asambleas de ciudadanos y ciudadanas del colectivo u organización del Poder Popular al que pertenezcan. 4. Podrá coordinar y articular acciones con los órganos y entes del Poder Público en sus diversas instancias y niveles.
5. Se podrá organizar en comités e interrelacionarse o asociarse en redes de acuerdo a las áreas o materias específicas para el ejercicio de la función contralora. 6. La contraloría social podrá contar para el ejercicio de sus funciones con órganos permanentes en todos los niveles políticos territoriales del Estado, cuando los consejos comunales y en algunos casos, otras formas de organización del Poder Popular, se asocien para actuar de manera conjunta en su ámbito geográfico o en los diversos ámbitos de la vida social. Requisitos Artículo 11. Para ejercer la contraloría social se requiere: 1. Sujetar su desempeño a los principios y valores que rigen el control social, previstos en esta Ley. 2. Ser mayor de edad, salvo en los casos previstos en la ley. De las limitaciones Artículo 12. Los ciudadanos y ciudadanas que ejerzan la Contraloría Social no podrán recibir ningún beneficio económico o de otra índole, derivados del ejercicio de sus funciones. Protección Laboral Artículo 13. Los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de las funciones de Contraloría Social no podrán ser objeto de imposición de medidas que obstruyan su libre acción y desenvolvimiento de conformidad a la ley. Conformación de las Asambleas de Ciudadanas y Ciudadanos Artículo 14. A los fines previstos en el artículo 10 numeral 3, de la presente Ley, la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos deberá conformarse con un quórum del treinta por ciento (30%) en la primera convocatoria y del veinte por ciento (20%) mínimo en la segunda, de quienes integren la comunidad u organización pública. TITULO III DEL PROCEDIMIENTO
Procedimiento Artículo 15. El procedimiento a realizar, en el ejercicio de la Contraloría Social, será el siguiente: 1. Se inicia el ejercicio del control social por denuncia, noticia criminis, así como de toda persona natural o jurídica que tenga conocimiento sobre la infracción, inacción o hecho irregular que afecte los intereses individuales o colectivos de los ciudadanos y ciudadanas. 2. Informar a los organismos de control competente, local, regional y/o nacional, de la apertura del procedimiento, según su ámbito de competencia.
3. Al realizarse la fiscalización y verificarse la infracción, inacción o hecho irregular, se levantará un acta que la suscribirán los miembros de la Contraloría Social, en la cual se dejará constancia fiel de los hechos, acompañada de la documentación que soporte los mismos. Dicha acta será remitida al organismo competente en la materia, área o actividad fiscalizada, y copia donde conste su recepción por parte del organismo competente, al organismo de control fiscal que, de acuerdo al ámbito territorial, corresponda conocer de la situación. Artículo 16. Funciones Específicas Son funciones específicas de la Contraloría Social:
1. Realizar observaciones y registro en relación con el objeto de control o monitoreo. Para ello podrá revisar documentos, observar hechos, entrevistar a ejecutores y beneficiarios del proyecto y cualquier otra actividad que permita una apreciación objetiva en relación con el objeto sujeto a control. 2. Realizar indagaciones que permitan identificar el o los presuntos hechos involucrados y una síntesis de los soportes que fundamentan la investigación. 3. Elaborar informes diagnósticos parciales basados en toda la información recopilada. El borrador del informe preliminar
deberá ser del conocimiento público con la finalidad de que se puedan recoger opiniones y modificar o ampliar su contenido. 4. El informe debe contener conclusiones claras y un cuerpo de recomendaciones dirigidas al mejoramiento de lo monitoreado. Peticiones Ciudadanas Artículo 17.- Toda persona podrá dirigir denuncias o peticiones ante las Contralorías Sociales, sobre los asuntos relacionados con la gestión pública y de actividades privadas que persigan fines públicos y colectivos, así como la gestión comunitaria, que afecten negativamente los intereses individuales o colectivos de los ciudadanos o ciudadanas.
TITULO IV RESPONSABILIDADES Sanción Artículo 18. Los ciudadanos y ciudadanas que integren o ejerzan la Contraloría Social que incurran en hechos, actos u omisiones que alteren el propósito de dicha actividad serán sancionados conforme a las leyes que regulen la materia. Respuesta de la Administración Pública Artículo 19. Los informes y denuncias producidos mediante el ejercicio de la Contraloría Social y hayan sido canalizados antes los órganos competentes de la administración pública deben obtener oportuna y adecuada respuesta. De no producirse ésta, los y las funcionarias públicas podrán ser sancionados y sancionadas de conformidad a los procedimientos establecidos en la ley que regula la materia. TITULO V DE LA FORMACIÓN DEL CIUDADANO O CIUDADANA EN LA FUNCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL
De la Formación Artículo 20. Es obligación de las distintas instancias del Poder Público, así como de todas las instancias del Poder Popular, desarrollar programas, políticas y actividades orientadas a la formación y capacitación de los ciudadanos, ciudadanas y organizaciones sociales en materia relacionada con el ejercicio de la Contraloría Social. TITULO VI DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. Dentro de los seis primeros meses, contados a partir de la publicación de la gaceta oficial de la presente Ley, el Poder Ejecutivo Nacional elaborará y dictará el Reglamento de la presente Ley.
TITULO VII DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única. Queda derogadas todas las normas y actos que colidan con la presente Ley. En aquellas materias contenidas en otras leyes podrán aplicarse concatenadamente con el contenido de la presente Ley, respetando las especialidades de los asuntos regulados en este texto normativo. TITULO VIII DISPOSICIÓN FINAL Única. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
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