Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-888-de-mayo-27-de-2017?documento=legcol&contexto=legcol_25b53288edf3430c9a3a1d67e4de08db&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-12-13 13:56:23
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 115', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 92']

﻿ DECRETO 888 DE MAYO 27 DE 2017
DECRETO 888 DE 27 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:MODIFICA EL DECRETO-LEY 267 DE 2000, EN EL SENTIDO DE CREAR EN LA ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN EL NIVEL SUPERIOR DE DIRECCIÓN DEL NIVEL CENTRAL, LA DEPENDENCIA DENOMINADA UNIDAD DELEGADA PARA EL POSCONFLICTO, ADSCRITA AL DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:NIVEL ADMINISTRATIVO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, NIVEL PROFESIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, FUNCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DIRECTOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, TERMINACIÓN DE CONFLICTO ARMADO
DIARIO OFICIAL N°:50246 DE MAYO 27 DE 2017
“Por el cual se modifica la estructura y se crean unos cargos en la planta de la Contraloría General de la República”.
en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016 “Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
Que el presente decreto ley se expidió dentro del término de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2016, que según el artículo 5º de ese mismo acto legislativo es a partir de la refrendación popular, la cual se llevó a cabo por el Congreso de la República mediante decisión política de refrendación del 30 de noviembre de 2016.
Que el presente decreto ley es suscrito, en cumplimiento del artículo 115 inciso 3º de la Constitución Política, por el Presidente de la República y el Ministro o Director de Departamento Administrativo correspondiente, que para este negocio en particular constituyen Gobierno.
Que el artículo 3º del mismo acto-legislativo incorpora un Plan de inversiones para la paz que establece que durante los próximos 20 años el Gobierno nacional deberá incluir en el Plan plurianual de inversiones del Plan Nacional de Desarrollo “un componente específico para la paz priorizando los ciudadanos y las entidades territoriales más afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional y el conflicto armado” y señaló que “estos recursos serán adicionales a las inversiones ya programadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial y se orientarán a cerrar las brechas sociales, económicas e institucionales, en dichas entidades territoriales”. Asimismo, el citado artículo estableció que “el Gobierno podrá efectuar los ajustes institucionales y normativos necesarios para ejecutar el componente de paz del Plan plurianual de inversiones”.
Que el tercer inciso del artículo 3º del Acto Legislativo 1 de 2016 le da un mandato expreso a la Contraloría General de la República de presentar al Congreso un informe detallado sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan plurianual de inversiones al inicio de cada legislatura.
Que este mandato le impone a la Contraloría General de la República una función específica de vigilancia técnica y sistemática sobre el Plan plurianual de inversiones para la paz y los recursos adicionales que se incluyan en el presupuesto para la paz, con miras al cumplimiento de metas específicas que comprometen al Estado en su conjunto, cuya ejecución estará a cargo de varias entidades públicas no sólo del orden nacional, sino territorial —departamentos, distritos y municipios— pertenecientes a distintos sectores de la administración pública colombiana.
Que los artículos 1º a 5º del presente decreto ley, sobre la organización y funcionamiento de la Unidad Delegada para el Posconflicto, responde a los puntos 1.2.4, 3.4.4, 3.4.7.2, 5.1.2, 6, 6.1.5 y 6.3.1 del Acuerdo Final, por cuanto permite materializar un espacio institucional, hoy inexistente, a través del cual la Contraloría General de la República podría cumplir de manera rigurosa y oportuna las tareas de vigilancia y control fiscal sobre los recursos asignados por el Estado para financiar y desarrollar el posconflicto y el cumplimiento de las metas del componente para la paz del plan plurianual de inversiones, así:
1.2.4 Mecanismos de participación.El alcance en las competencias de la Contraloría General de la República implica un acompañamiento a las instancias que se establezcan para garantizar la participación ciudadana, en la definición de prioridades en la implementación de los planes nacionales, asegurar la participación comunitaria en la ejecución de las obras y su mantenimiento y el establecimiento de mecanismos de seguimiento y veedurías de los proyectos.
3.4.4 Unidad especial de investigaciones para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales.Este punto hace referencia directa a la Contraloría General de la República y a su rol de investigación de responsabilidades fiscales (marco de auditorías y juicios de responsabilidad fiscal).
3.4.7.2 Sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política.Este punto hace referencia directa a que la Contraloría General de la República en su calidad de órgano de control fiscal, podrá ser invitada por el Gobierno nacional, cuando este lo considere pertinente, a las reuniones de la instancia de alto nivel del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, que tiene como propósito la implementación del sistema de seguridad para el ejercicio de la política, garantizando su funcionamiento, articulación y supervisión, y que será el espacio de interlocución y seguimiento para la seguridad y protección de las y los integrantes de los partidos y movimientos políticos y sociales, especialmente los que ejerzan la oposición, y el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil.
5.1.2Justicia - Jurisdicción especial para la paz.Hace alusión directa a la necesidad de que los órganos de control produzcan información e investiguen acciones relacionadas y/o realizadas en medio del conflicto. Particularmente la Contraloría General de la República deberá remitir informes a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, sobre todas las investigaciones en curso relativas a las conductas cometidas con ocasión del conflicto armado, incluidas las que ya hayan llegado a juicio o concluidas por la Contraloría. Adicionalmente, este punto implica para la Contraloría General de la República una articulación posible con el tribunal para la paz con el fin de suministrar la información sobre investigaciones y hallazgos realizados o juzgados.
6. Implementación de los acuerdos (Introducción).Este punto hace referencia directa a la competencia de la Contraloría General de la República, para verificar la correcta ejecución de recursos, desde la asignación hasta la ejecución final de los recursos, que permita su seguimiento de manera sencilla, para la lucha contra la corrupción.
6.1.5 Sistema integrado de información y medidas para la transparencia para la implementación.Hace referencia directa a la competencia de la Contraloría General de la República, para que controle y realice acompañamiento especial a la ejecución de los recursos para la implementación de los planes y proyectos contemplados en los acuerdos en los territorios.
6.3.1 Criterios orientadores de los mecanismos de verificación.Dentro de los criterios orientadores de los procedimientos de verificación, en el de transparencia se establece que el componente internacional solicitará al Gobierno nacional y a las agencias que realizan el acompañamiento internacional, para efectos del proceso de verificación, informes sobre los avances de la implementación de los acuerdos, en lo que corresponde a la destinación e inversión de los recursos públicos para la implementación de los mismos y que a efectos de cumplir con sus tareas de verificación, el componente internacional podrá igualmente coordinar con los órganos de control del Estado, lo cual requiere por ende de la participación de la Contraloría y la correspondiente articulación con los mecanismos de verificación internacional.
Los artículos 1º al 5º, que tratan sobre la organización, funciones de la Unidad Delegada para el Posconflicto, creación de la planta de la Unidad Delegada para el Posconflicto, asignación de empleos y ejercicio del sector intersectorial de control, tienen una conexidad próxima y estrecha con los siguientes puntos del Acuerdo Final, cuya evidencia no es incidental ni indirecta, como se expone a continuación:
1.2.4. Mecanismos de participación. Demanda el acompañamiento de los órganos de control para el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial. Por ejemplo, el numeral 4º del artículo 2º del presente decreto ley sobre funciones de la Unidad Delegada para el Posconflicto señala: Orientar técnicamente, la definición de los estudios integrales de cada uno de los sectores relacionados con el cumplimiento del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, para lo cual se coordinará con la contraloría delegada para economía y finanzas públicas y los contralores delegados competentes. Asimismo, el numeral 15 del artículo 2º del presente decreto ley, señala: Responder los derechos de petición concernientes al campo de sus actuaciones y apoyar la atención y trámite de las denuncias alusivas a las materias objeto del presente decreto ley.
3.4.4 Unidad especial de investigaciones para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales (...). Apoyo a la investigación de responsabilidad fiscal en el marco de las funciones de la Unidad Especial de Investigaciones para el Desmantelamiento de las Organizaciones y Conductas Criminales. Por ejemplo, el numeral 6º del artículo 2º del presente decreto ley sobre funciones de la Unidad Delegada para el Posconflicto señala: Apoyar y fortalecer el ejercicio de los instrumentos de vigilancia y de control fiscal sobre los recursos, bienes e intereses de la Nación objeto del presente decreto ley, por parte de las contralorías delegadas generales, sectoriales e intersectoriales. Asimismo, el numeral 8º del artículo 2º del presente decreto ley señala: Participar conjuntamente con los contralores delegados generales, sectoriales e intersectoriales, en la coordinación de las auditorías a las actividades que se realicen en el marco de los cinco ejes temáticos del Acuerdo Final relacionados con: i) Reforma Rural Integral; ii) Participación Política; iii) Fin del Conflicto; iv) Solución Integral al Problema de las Drogas Ilícitas y v) Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto. Igualmente, el sexto punto atinente a la implementación y el numeral 11 del artículo 2º del presente decreto ley que señala: Participar en las auditorías intersectoriales en conjunto con las contralorías delegadas generales, sectoriales e intersectoriales, que se adelanten para el cumplimiento de los propósitos del presente decreto ley y cuando así se determine en el Plan de vigilancia fiscal.
3.4.7.2 Sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Acompañamiento del aseguramiento del ejercicio de la política (estatuto de oposición). Por ejemplo, el numeral 9º del artículo 2º del presente decreto ley sobre funciones de la Unidad Delegada para el Posconflicto señala: Responder por los resultados e informes de su competencia, sin perjuicio de la facultad de revisión de los mismos por parte del Contralor General de la República.
5.1.2 Justicia - Jurisdicción especial para la paz. Punto III Procedimientos, órganos y sanciones del componente de justicia del SIVJRNR - particularmente sobre las funciones de la sala de reconocimiento de la verdad y responsabilidad de determinación de los hechos y conductas: “Recibir los informes que le presentarán la Fiscalía General de la Nación, los órganos competentes de la justicia penal militar, la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes o el órgano que la reemplace, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y cualquier jurisdicción que opere en Colombia, sobre todas las investigaciones en curso relativas a las conductas cometidas con ocasión del conflicto armado, incluidas las que ya hayan llegado a juicio o concluidas por la Procuraduría o la Controlaría o por cualquier jurisdicción (...)”. Por ejemplo, el numeral 1º del artículo 2º del presente decreto ley sobre funciones de la Unidad Delegada para el Posconflicto señala: Elaborar el informe de ejecución de recursos y cumplimiento de las metas del componente de paz del Plan plurianual de inversiones, a partir de la información que le reporten las diferentes dependencias de la Contraloría General de la República. Asimismo, el numeral 9º del artículo 2º del presente decreto ley sobre funciones de la Unidad Delegada para el Posconflicto que señala: Responder por los resultados e informes de su competencia, sin perjuicio de la facultad de revisión de los mismos por parte del Contralor General de la República y el numeral 12 del artículo 2º del presente decreto ley que señala: Definir conjuntamente con la contraloría delegada de economía y finanzas públicas y la oficina de planeación, las fuentes de información que deberán compartir, los flujos de la información, las materias de análisis, investigación y de resultados relevantes de su actividad, observando como principio rector la simplificación y racionalización de las exigencias de información y evitando la duplicidad de solicitudes que de la misma se realicen a los sujetos pasivos de la vigilancia fiscal.
5.1.2 Justicia - Jurisdicción especial para la paz. Punto III. Procedimientos, órganos v sanciones del componente de justicia del SIVJRNR - Hace referencia directamente al Tribunal para la Paz y la sección de revisión de sentencias en donde se pretende: “revisar las proferidas por la justicia, de conformidad con lo establecido en el numeral 58. A petición del sancionado, recibirá los casos ya juzgados por órganos jurisdiccionales o sancionados por la Procuraduría o la Contraloría, siempre que no vayan a ser objeto de amnistía o indulto”. Por ejemplo, el numeral 6º del artículo 2º del presente decreto ley sobre funciones que señala: Apoyar y fortalecer el ejercicio de los instrumentos de vigilancia y de control fiscal sobre los recursos, bienes e intereses de la Nación objeto del presente decreto, por parte de las contralorías delegadas generales, sectoriales e intersectoriales y, el numeral 7º del artículo 2º del presente decreto ley que señala: Articular, orientar y concertar con las contralorías delegadas generales, sectoriales e intersectoriales y demás dependencias de la Contraloría General de la República, todos los aspectos que permitan la adecuada vigilancia y control sobre los asuntos de que trata el presente decreto ley.
6. Implementación de los acuerdos (Introducción). Transparencia control social y lucha contra la corrupción. Por ejemplo, el numeral 4º del artículo 2º del presente decreto ley sobre funciones de la Unidad Delegada para el Posconflicto señala: Orientar técnicamente, la definición de los estudios integrales de cada uno de los sectores relacionados con el cumplimiento del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, para lo cual se coordinará con la contraloría delegada para economía y finanzas públicas, los contralores delegados sectoriales e Intersectoriales competentes.
6.1.5. Sistema integrado de información y medidas para la transparencia para la implementación.Control y acompañamiento especial de los órganos de control a la ejecución de los recursos para implementación de los planes y proyectos contemplados en los acuerdos en los territorios. Por ejemplo, el numeral 8º del artículo 2º del presente decreto ley sobre funciones de la Unidad Delegada para el Posconflicto señala: Participar conjuntamente con los contralores delegados generales, sectoriales e intersectoriales, en la coordinación de las auditorías a las actividades que se realicen en el marco de los cinco ejes temáticos del Acuerdo Final relacionados con: i) Reforma Rural Integral; ii) Participación Política; iii) Fin del Conflicto; iv) Solución Integral al Problema de las Drogas Ilícitas y v) Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto; así como un sexto punto atinente a la implementación y el numeral 12 del artículo 2º del presente decreto ley que señala: Definir conjuntamente con la contraloría delegada de economía y finanzas públicas y la oficina de planeación, las fuentes de información que deberán compartir, los flujos de la información, las materias de análisis, investigación y de resultados relevantes de su actividad, observando como principio rector la simplificación y racionalización de las exigencias de información y evitando la duplicidad de solicitudes que de la misma se realicen a los sujetos pasivos de la vigilancia fiscal.
6.3.1. Criterios orientadores de los mecanismos de verificación apoyados por los órganos de control.Transparencia: a efectos de cumplir con sus tareas de verificación, el componente internacional podrá igualmente coordinar con los órganos de control del Estado. Por ejemplo, el numeral 2º del artículo 2º del presente decreto ley sobre funciones de la Unidad Delegada para el Posconflicto señala: Articular los estudios y validar los conceptos sobre el comportamiento de la gestión fiscal de los recursos destinados al componente de paz en el posconflicto.
Que en cumplimiento del requisito de necesidad estricta, el presente decreto ley (i) regula materias para las cuales ni el trámite legislativo ordinario ni el procedimiento legislativo especial del artículo 1º del Acto Legislativo 1/16 eran idóneos para expedir esta regulación; (ii) trata temas cuya regulación por decreto ley tiene un carácter urgente e imperioso en la medida en que no es objetivamente posible tramitar el asunto a través de los canales deliberativos ordinario o de fast track, por la falta de idoneidad en el procedimiento legislativo; (iii) no regula asuntos que por su naturaleza requieren la mayor discusión democrática posible, y que por lo mismo están sometidos a reserva estricta de ley, como por ejemplo la limitación del núcleo esencial de la libertad de expresión u otros derechos fundamentales o la creación de nuevos delitos o penas; (iv) sirve de medio para la implementación del acuerdo respecto de aquellos asuntos eminentemente instrumentales.
Que el Acuerdo Final, exige a la Contraloría General de la República una actuación en los términos del Acto Legislativo 1 de 2016 que se impone no solo sobre los recursos asignados, sino sobre el cumplimiento de las metas propuestas en cada proyecto, programa y política pública diseñada para el cumplimiento de los compromisos que emanan del Acuerdo Final, lo cual como se ha señalado reiteradamente no puede realizarse bajo los parámetros de un modelo sectorial como el actualmente vigente, que se centra en los sujetos de control antes que en los recursos, por lo que es necesario crear un espacio institucional dotado de competencias para impulsar y coordinar ejercicios de control fiscal macro y micro, que respondan a la caracterización de un modelo de control integral, transversal y expedito, que priorice además de la adecuada y transparente ejecución de esos recursos, la pertinencia e impacto del gasto público en perspectiva de superación y erradicación de las causas estructurales que dieron origen a la vigencia y prolongación del conflicto armado en Colombia.
Que como lo señaló el jefe del máximo órgano de control fiscal “el proyecto de decreto ley por medio del cual el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016, crearía en la Contraloría General de la República una Unidad Delegada para el Posconflicto, daría vía a un instrumento urgente y necesario para el debido y oportuno cumplimiento de las funciones que se le atribuyen al máximo órgano de control fiscal del país, la Contraloría General de la República, derivadas de los compromisos consignados en el Acuerdo Final de Paz”. Lo anterior, al permitir materializar “un espacio institucional, hoy inexistente, a través del cual podría cumplir de manera rigurosa y oportuna las tareas de vigilancia y control fiscal sobre los recursos asignados por el Estado para financiar y desarrollar el posconflicto y el cumplimiento de las metas del componente para la paz del plan plurianual de inversiones”.
Que otro escenario constituye la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y de las instituciones que lo conforman, entre ellas la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y la jurisdicción especial para la paz contenidos en el punto 5 e implementados a través del Acto legislativo 1 de 2017 y los decretos 588 y 589 de 2017, entre otros. Sobre este aspecto, según el parágrafo 2º del artículo 6º transitorio 1 del citado acto legislativo, el Estado podrá, con miras a garantizar la autonomía administrativa y financiera y la suficiencia presupuestal de esa nueva y transicional institucionalidad, hacer uso del Plan de inversiones para la paz al que se refiere el artículo 3º del Acto Legislativo 1 de 2016, sobre el cual esa misma norma superior obliga a la Contraloría General de la República a efectuar una vigilancia y control especial durante los próximos 20 años presentando informes anuales al Congreso sobre su ejecución y cumplimiento de metas.
Que en cuanto al traslado de recursos ya asignados para apoyar de manera inmediata la implementación del Acuerdo de Paz el Gobierno nacional presentó al Congreso de la República en marzo de 2017 el proyecto de acto legislativo, por medio del cual se modifica la distribución del sistema general de regalías, recursos que deberán también ser vigilados por parte de la Contraloría General de la República, atendiendo los parámetros del Acto Legislativo 1 de 2016.
Que concomitante al trámite legislativo para la expedición de una ley ordinaria se estarían ejecutando cuantiosos recursos públicos, en forma célere, sin que el organismo de control, en sus condiciones actuales, cuente con la capacidad de respuesta para hacer el seguimiento y auditoría debidos, en forma inmediata y permanente; así como para gestionar la información detallada que le permita emitir el informe anual a que se refiere el inciso tercero del artículo 3º transitorio del Acto Legislativo 1 de 2016.
Que como respuesta a las condiciones planteadas, resulta necesaria la expedición del decreto ley mediante el cual se cree la Unidad Delegada para el Posconflicto en la Contraloría General de la República, mediante el ejercicio de la facultad legislativa temporal otorgada al Presidente de la República, como único mecanismo idóneo para que el organismo de control fiscal, amparado en estas condiciones excepcionales en cuanto al tiempo de aprobación, pueda conformar un equipo que le permita coordinar la auditoría a los recursos invertidos por los diferentes organismos del Estado con esta finalidad, hacer el seguimiento y acompañamiento ordenados por el Acto Legislativo 1 de 2016 y obtener la información seria y veraz como insumo para emitir el informe anual detallado al Congreso, al inicio de cada legislatura, sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del plan plurianual de inversiones.
Que dadas las características e impacto de los Acuerdos de Paz y de las normas que para implementarlo expida el Congreso de la República, se hace necesario que la Contraloría General de la República no solo cuente con un espacio institucional que, bajo la dirección del Contralor General, asuma las responsabilidades de diseño, elaboración y seguimiento de los informes que deriven del proceso de implementación de los acuerdos y aquellos que ordene la normatividad expedida para el posconflicto, en especial el referido inciso tercero del artículo tercero del Acto Legislativo 1 de 2016, sino que pueda realizar de manera integral y transversal las funciones ordinarias de vigilancia y control, en coordinación con las demás dependencias de la Contraloría General de la República, en relación con: i) Los recursos públicos destinados para tal efecto; ii) La institucionalidad creada para cumplir los compromisos asumidos por el Estado; y iii) Las políticas públicas diseñadas y desarrolladas por estas.
ART. 1º—Objeto. El presente decreto ley tiene por objeto modificar el artículo 11 del Decreto-Ley 267 de 2000, en el sentido de crear en la organización de la Contraloría General de la República, en el nivel superior de dirección del nivel central, la dependencia denominada Unidad Delegada para el Posconflicto, adscrita al despacho del Contralor General de la República.
ART. 2º—Funciones de la Unidad Delegada para el Posconflicto. La Unidad Delegada para el Posconflicto bajo la dirección del Contralor General de la República, tiene la misión de liderar, coordinar y hacer seguimiento de toda la acción de la Contraloría General de la República, en relación con la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; los recursos públicos destinados para tal efecto; la institucionalidad creada para cumplir los compromisos asumidos por el Estado; y las políticas públicas diseñadas y desarrolladas por estas.
PAR.—Los conflictos de competencia que llegaren a presentarse entre la Unidad Delegada para el Posconflicto y otras dependencias de la Contraloría General de la República, serán dirimidas por el Contralor General de la República
ART. 3º—Creación de planta de la Unidad Delegada para el Posconflicto. Créase dentro de la planta global de la Contraloría General de la República, un cargo de Jefe de unidad nivel directivo grado 04 y 6 cargos de asesor de despacho, nivel asesor grado 02, adscritos al despacho del Contralor General, para el cumplimiento de las funciones previstas en el presente decreto ley.
ART. 4º—Asignación de empleos. El Contralor General de la República, mediante resolución, podrá asignar los cargos de la planta actual de personal a la Unidad a la que se refiere el presente decreto ley, teniendo en cuenta las necesidades del servicio, los planes, programas, procesos, proyectos y políticas de la Contraloría General de la República.
ART. 5º—Ejercicio intersectorial del control. El control fiscal de los recursos, entidades y asuntos relacionados con el objeto del presente decreto ley y, en general, con el posconflicto podrá ser ejercido mediante procedimientos de auditoría que comprendan sujetos, objetos, recursos y asuntos atinentes a varios sectores, según lo disponga el Contralor General de la República en uso de sus atribuciones constitucionales y legales.
ART. 6º—Efectos fiscales. Para efectos fiscales los gastos que demande el presente decreto-ley serán cubiertos con cargo al presupuesto de servicios personales indirectos de la Contraloría General de la República en el marco de lo previsto en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000, por ende, su costo es neutro.
ART. 7º—Vigencia y derogatorias. El presente decreto ley rige a partir de su publicación y modifica el Decreto-Ley 267 de 2000.
Dado en Bogotá, D.C., a 27 de mayo de 2017.