Source: http://psicolog.org/reporte-de-consulta-v4.html
Timestamp: 2019-06-27 01:53:59
Document Index: 154953491

Matched Legal Cases: ['artículo 154', 'artículo 411', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 281', 'artículo 16', 'artículo 25', 'artículo 6', 'artículo 42', 'artículo 154', 'artículo 281', 'artículo 281']

NÚMERO DE PROCESO : T 75391 NÚMERO DE PROVIDENCIA
DECISIÓN : REVOCA NIEGA TUTELA ACCIONADO
ACTA n.º : 35 FUENTE FORMAL
TEMA: DERECHO DE ALIMENTOS
DERECHO CIVIL / FAMILIA
SALVAMENTO VOTO CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO DERECHO A LA IGUALDAD
T 75391
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
REVOCA NIEGA TUTELA
SALA FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, EXTENSIVO AL JUZGADO ONCE DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, DEFENSOR DE FAMILIA, PROCURADOR JUDICIAL DE FAMILIA, VIRGILIO ALBÁN MEDINA
LUZ STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO
Código General del Proceso art. 281 / Código Civil art. 154, 411 y 414 / Convención Americana sobre Derechos Humanos art. 1, 2, 8 y 25 / Ley 446 de 1998 art. 16 / •Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. / Ley 1257 de 2008 / Ley 1542 de 2012 / Constitución Política de Colombia de 1991 art. 228 y 230 / Convención Internacional Belém Do Pará
¿Se vulnera el derecho al debido proceso de la accionante, en el proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico, adelantado con base en el numeral 3 del artículo 154 del Codigo Civil, al no considerar la posibilidad de conceder a la víctima del maltrato, la indemnización a cargo del cónyuge declarado culpable?
TEMA: DERECHO DE ALIMENTOS - Elementos axiológicos de la obligación alimentaria
«Los juzgadores que conocieron el asunto controvertido, tanto en la sentencia de primera como en la de segunda instancia, al estudiar la pretensión para que se otorgara cuota de alimentos "para contribuir con la manutención" de la demandante, estimaron que para su causación se debían reunir los requisitos que configuran la obligación alimentaria, valga recordar, la necesidad del alimentario, la existencia de un vínculo jurídico del que surja la obligación (art. 411 CC) y la capacidad del alimentante, de los cuales no se demostró el primero».
DERECHO DE ALIMENTOS - La naturaleza de la obligación alimentaria no es de carácter indemnizatorio ligado al daño contractual o extracontractual
«(...) es dable concluir que, tal como lo consideró la Sala de Casación Civil, la decisión proferida el 14 de febrero de 2017 por el Tribunal cuestionado, es razonable en lo atinente con la absolución de los alimentos solicitados en el proceso.
Lo anterior es predominante resaltarlo de entrada, pues justamente la accionante, a través de este mecanismo tutelar, insistió en que se le otorgara la prestación de alimentos conforme al numeral 4 del artículo 411 del Código Civil, esta vez, a título de resarcimiento según lo consagra la cláusula convencional que refirió en su escrito; sin embargo, itera la Corte que el marco normativo que regula las obligaciones de tipo alimentario, no edifica una prestación indemnizatoria en perspectiva a la reparación de los daños derivados, una vez acreditada la responsabilidad civil contractual o extracontractual, que es lo que sugiere la tesis planteada por la promotora del amparo, al fundar una petición de perjuicios de naturaleza material o inmaterial, en la comprobación de la violencia intrafamiliar de la que fue víctima.
Esa cuestión jurídica fue apuntada por la propia Sala de Casación Civil, al subrayar que "de la hermenéutica de los preceptos 411 y 414 no puede inferirse naturaleza indemnizatoria en la obligación alimentaria para ser asimilada como una prestación ligada al daño contractual o extracontractual", lo que se vislumbra patente en el siguiente párrafo:
[…] Aun cuando en las normas reguladoras de los trámites de divorcio y de cesación de efectos civiles del matrimonio o por la terminación abrupta de la relación de pareja, no existe un capítulo específico dedicado a la indemnización por menoscabos sufridos; para resolver ese vacío meramente aparente se debe acudir al acápite relativo a la responsabilidad civil, régimen compatible y complementario en armonía a las pautas constitucionales atrás referidas, y los principios del régimen convencional vigente (Pacto de San José) aplicables a la materia, siguiendo los principios, valores y derechos que postula la Carta […]» .
DERECHO INTERNACIONAL - Convención Americana sobre Derechos Humanos: deberes de los Estados
DERECHO INTERNACIONAL - Convención Americana sobre Derechos Humanos: obligación de protección judicial en consideración de las garantías judiciales
«Una vez superado el debate jurídico de los alimentos pedidos por la actora, pasa esta Sala a estudiar su pretensión en sede de tutela, esto es la reparación de perjuicios, cuya presunta causación fue determinante para que la Sala de Casación Civil concediera el amparo, por cuanto, en su sentir, evidenció vulneración de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"[…] Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades […]. "
De esta manera, toda persona podrá acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resolución de sus litigios, al tenerse en consideración las prerrogativas a las "garantías judiciales" y a la "protección judicial", previstas en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en consideración de la Sala de Casación Civil fueron transgredidos, pero que en realidad, tal como adelante se explicará, en el juicio objetado no es posible señalar que se desconocieron».
DERECHO CIVIL / FAMILIA - Matrimonio - Indemnización en caso de disolución por violencia intrafamiliar: posibilidad de solicitarla como responsabilidad civil contractual o extracontractual del cónyuge culpable
DERECHO PROCESAL - La posibilidad de fallar ultra y extra petita en los asuntos de familia, no excluye la obligación de fallar con fundamento en las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Valoración del daño en los procesos judiciales: obligación de probar los perjuicios en el proceso ordinario, para obtener el resarcimiento
«En efecto, si lo que se pretende con el amparo otorgado es imponerle al Tribunal que determine las eventuales consecuencias indemnizatorias a partir de los hechos que fundan el maltrato de la mujer que, en últimas, condujeron a la ruptura definitiva del vínculo entre la señora Stella Conto y Virgilio Albán, es pertinente recordar que la accionante, en el juicio objetado, fundó sus pretensiones en el marco normativo que regula las obligaciones alimentarias, y no al que gobierna los perjuicios originados en la responsabilidad contractual o extracontractual, según el caso, emolumentos que en todo caso, ni siquiera impetró.
Tan evidente es que la actora no pidió en ningún momento el resarcimiento de perjuicios, pues una vez notificada la sentencia, solicitó aclaración únicamente con respecto a la valoración de la prueba de los ingresos del demandado, al punto de limitarse a señalar que éstos eran superiores a los que estableció el Tribunal, pero nada señaló en relación a la reparación mencionada que, se itera, solo reclamó a través de esta acción.
Ahora, con relación a las facultades ultra y extra petita, que al decir del a quo debieron ser utilizadas por el tribunal, hay que decir que, si bien el juez de familia tiene esa potestad según lo previsto en el parágrafo 1.º del artículo 281 del CGP, el cual la consagra "cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole", urge precisar que tal entendimiento en ningún momento puede soslayar la obligación de fallar con fundamento en lo que resulte probado en el juicio, pues lo que se vaya a conceder con apego a tales poderes, debe ser debidamente confrontado frente al asunto controvertido, en aras de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso.
En tal sentido, la Sala advierte que aunque estima viable la posibilidad de que cualquier persona pueda obtener la reparación integral de perjuicios, a partir de las normas internacionales y su desarrollo interno, entre otros, en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, lo cierto es que no se puede imponer un resarcimiento que, más allá de haber sido expresamente solicitado, es menester que haya sido debatido y probado en el juicio ordinario, pues si bien se demostró en el caso sub examine un maltrato psicológico, no se probó el valor de los perjuicios ocasionados a efecto de tasar la eventual indemnización, ello por cuanto ni siquiera fueron estimados por quien ahora los reclama» .
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Principio de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción: otro mecanismo de defensa judicial
DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - Marco normativo
«(...) esta Corporación actuando como juez constitucional, estaría en la imposibilidad de zanjar un asunto que ni siquiera fue discutido ante el juez natural; actuar de otra manera, implicaría la transgresión de otras garantías, como el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa, circunstancia que, de admitirse, podría cercenar la posibilidad de encauzar la oposición de quienes pueden resultar gravados con aquellos
En ese mismo sentido, se advierte que dicha protección se ha desarrollado en el ordenamiento jurídico interno, entre otras, en la Ley 1257 de 2008 y la Ley 1542 de 2012, esta última con el objeto de garantizar la protección y diligencia de las autoridades en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, de las cuales se deriva la posibilidad de obtener el resarcimiento, dentro del proceso penal, de los presuntos perjuicios ocasionados como consecuencia de tales conductas punibles».
ACCIÓN DE TUTELA - Indemnizaciones y costas - Indemnización de perjuicios: subreglas jurisprudenciales para su procedencia
«(...) aun cuando no es aplicable a este caso, se hace necesario también recalcar, que si bien la acción de tutela no es, en principio, el mecanismo apto para solicitar la indemnización de perjuicios causados por autoridades públicas o particulares, el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, que trata sobre indemnizaciones y costas, establece, que si el interesado no cuenta con otro medio judicial, en el fallo de tutela el juez puede ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente que se ocasione si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho.
[…] La jurisprudencia ha explicado que es posible solicitar la indemnización por perjuicios siempre que se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones mínimas: (i) Que se conceda la tutela. (ii) Que no se disponga de otro medio judicial para obtener el resarcimiento del perjuicio. (iii) Que la violación del derecho haya sido manifiesta y sea consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria. (iv) Que la indemnización sea necesaria para garantizar el goce efectivo del derecho. (v) Que la indemnización sólo cobije el daño emergente causado. (vi) Que se le haya garantizado el debido proceso a quien resulte condenado. (vii) Que haya tenido la oportunidad de controvertir las pruebas […].
De la misma manera, la Sala advierte que la indemnización de perjuicios a través de este mecanismo es procedente, siempre que con ésta se asegure el goce efectivo de los derechos fundamentales, que son el objeto de esta acción, y además, se cumplan los requisitos anteriormente enunciados. Pero si tal reconocimiento no depende de esa prestación económica, se debe acudir a los mecanismos de defensa idóneos previstos en el ordenamiento jurídico».
DERECHO INTERNACIONAL - Convención Americana Sobre Derechos Humanos - Control de convecionalidad: ausencia de vulneración
«(...) se insiste, lo planteado en esta queja no tiene asidero constitucional, menos si se tiene en cuenta que la aspiración principal es obtener el pago de un perjuicio, discusión que involucra un aspecto meramente económico que, como se ha sostenido jurisprudencialmente, es improcedente en este escenario, pues riñe con la naturaleza de la acción de tutela, máxime cuando en este caso el disfrute de los derechos fundamentales no depende del resarcimiento solicitado y la actora cuenta con los espacios idóneos y pertinentes para exigirlo, si considera tener derecho a ellos.
Conforme con lo expuesto, para esta Sala no se presenta vulneración de las garantías previstas en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como lo entendió la homóloga civil, toda vez que en el proceso de alimentos analizado, se observa que se respetaron los postulados que definen el debido proceso y demás garantías judiciales, en la medida que el Tribunal se sujetó al escenario fáctico que le fue planteado desde el inicio, el cual abordó en torno a la dimensión jurídica que lo regulaba. Adicionalmente, con esta providencia de tutela no se le está despojando a la actora de las prerrogativas previstas en el citado instrumento convencional, pues como ha quedado indicado, ésta cuenta con las herramientas del derecho interno, como puede ser a través de un proceso de responsabilidad extracontractual, para hacer valer sus peticiones, y si bien es cierto la acción de tutela está consagrada para la protección de derechos fundamentales, su procedencia se encuentra condicionada a la no existencia de otros mecanismos judiciales de defensa, como lo prevé el artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991, que como se ha indicado anteriormente, no han sido utilizados por quien acudió a este mecanismo excepcional».
DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico: ausencia de vulneración
DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - La negativa a otorgar alimentos a la cónyuge no culpable, víctima de maltrato, no conlleva violencia intrafamiliar ni desconoce el principio de no discriminación contra las mujeres
DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - Reconocimiento de la situación de violencia sufrida por la accionante
DERECHO INTERNACIONAL - Convención Belém Do Pará: el objetivo de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer esta garantizado a través de los mecanismos de defensa judiciales del ordenamiento jurídico interno
«(...) frente a los derechos planteados por la accionante presuntamente conculcados, la Sala advierte que el Tribunal atacado, actuó conforme a los mandatos legales sin descuidar las normas, presupuestos normativos y jurisprudenciales como la protección constitucional; precísese que la negativa a otorgar tales alimentos, no conlleva, per se, una vulneración a los derechos a la no discriminación o violencia intrafamiliar por parte de la autoridad accionada, pues son derechos que no pueden estimarse conculcados por dicha actuación.
Es significativo y necesario puntualizar que para esta Sala de la Corte no pasa desapercibido el componente social frente a la protección de la mujer que es víctima de violencia intrafamiliar y, en esa medida, no es ajena a la problemática de la violencia ejercida al interior de la familia contra los niños y las mujeres, siendo la familia el fundamento de la construcción de la sociedad y de la democracia, ni desconoce que los jueces naturales concluyeron que hubo un maltrato y un incumplimiento grave de deberes y obligaciones por parte del señor Virgilio Albán Medina contra la promotora como fue declarado por los jueces de instancia; sin embargo, esta situación no impide que se adelante el trámite correspondiente para solicitar, discutir y definir un asunto, sobre el cual, jamás se puso en movimiento el aparato judicial en sede ordinaria.
Por último, es claro que la accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales, "a no ser discriminada por razones de género, ni víctima de violencia contra la mujer e intrafamiliar", con apoyo de la Convención Belém Do Pará; debe esta Sala precisar que como se dijo arriba, tal documento internacional tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, lo cual, está garantizado a través de los mecanismos de defensa judiciales establecidos en el ordenamiento jurídico interno, que garantizan y desarrollan los compromisos adquiridos en tales instrumentos, y al no ser utilizados, impiden la intervención del juez constitucional, como se ha indicado a lo largo de todo el análisis precedente, a través del proceso ordinario, que es el medio idóneo para buscar su fin, el cual es el resarcimiento de perjuicios a través de una indemnización».
SALVAMENTO VOTO CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
DERECHO A LA IGUALDAD - Enfoque de género en la administración de justicia: obligación del juez de incluirlo en sus decisiones
DERECHO A LA IGUALDAD - Principio de no discriminación contra la mujer: definición
DERECHO A LA IGUALDAD - El rol del juez en la construcción de la igualdad: deberes
DERECHO A LA IGUALDAD - Enfoque de género en la administración de justicia: finalidad
DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - Directrices y principios que deben acatar las autoridades en la solución de casos de violencia intrafamiliar (c. j.)
DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - Violencia contra la mujer: definición
DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - Conclusiones de la sentencia CC T-967-14
«Obligación del juez de incluir el enfoque de género en sus decisiones
Constituye un deber del juez que las decisiones que lo ameriten, contengan una perspectiva que reconozca las desigualdades y la discriminación; precisamente, como una forma de contribuir a superar tales patrones a través de la actividad de administrar justicia, pues si bien en el ejercicio de esta función se reconocen derechos, eventualmente, también se puede llegar a confirmar o tolerar ese tipo de conductas.
En efecto, la necesidad de garantizar una administración de justicia con criterios de igualdad y equidad responde a una obligación que imponen la Constitución Política y las normas internacionales vigentes para Colombia en materia de derechos humanos.
De ahí que la discriminación contra la mujer, entendida como "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera", no solo constituye una forma de exclusión que menoscaba y en ocasiones, anula el conocimiento, goce y ejercicio de sus derechos, sino que también ha sido reconocida internacionalmente como una forma de violencia.
Así, en mi concepto, el rol del juez en la construcción de la igualdad, le impone identificar toda relación de poder que afecte la autonomía e individualidad de la mujer, y visibilizar en sus decisiones, esas circunstancias como lo que son: una injusticia. Ello, en tanto las providencias judiciales tienen el impacto suficiente en la sociedad para trazar rutas de transformación, superación de sus dificultades, y establecimiento de pautas de conducta.
Luego, el reconocimiento, la tutela y la protección efectiva de los derechos fundamentales de las mujeres no puede limitarse solo a aquellos que están en pugna, también se debe materializar la garantía de los cuales somos titulares.
Así, considero que en este preciso asunto conforme los hechos puestos en conocimiento de la administración de justicia, se debía visualizar la situación específica de la accionante como parte de un contexto social, cultural y económico propio e incluir el enfoque de género como uno de los criterios jurídicos para adoptar la decisión.
Y es que la aplicación de la hermenéutica de género no conlleva a que el funcionario judicial comprometa su imparcialidad o independencia, pues lo que a través de ella se persigue, no es fallar en favor de la mujer, sino analizar su particular condición y, de contera, garantizar un trato de no discriminación. Dicho en otras palabras, si la decisión judicial le otorga a la mujer derechos que no le corresponden, ello trasmuta en un atentado contra su dignidad, porque de lo que se trata no es de regalarle unos derechos, sino de concederle aquellos que le pertenecen.
Ahora bien, en el plano internacional, los ordenamientos jurídicos han dispuesto normas tendientes a la protección de los derechos de la mujer en el ámbito público y privado. Así, los Estados y organizaciones internacionales han proferido manifestaciones y han adoptado instrumentos vinculantes, tales como: la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y las Convenciones Americana sobre Derechos Humanos e Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer o "Convención de Belém do Pará".
Tales estándares internacionales constituyen fuentes de obligación del Estado, pero también son normas aplicables a casos concretos. Acorde con ello, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso que estudió esta Sala y que debieron servir como parámetro normativo para ese propósito.
Ahora, el desarrollo normativo interno para la protección de las mujeres en Colombia, no ha sido ajeno a las circunstancias internacionales. En tal virtud, tanto legisladores como jueces han trazado un marco que debe ser utilizado por los funcionarios judiciales jurídicos al solucionar controversias, cuando en estas se involucren situaciones de violencia o discriminación contra la mujer.
Esto es, las normas tradicionales del derecho no pueden, ni deben, con base en los estándares nacionales e internacionales, leerse sin enfoques de género que adecuen la justicia en escenarios tradicionalmente discriminatorios. Menos aún aquellas que tanto a nivel legal como jurisprudencial se han expedido con el fin de materializar ese propósito, por ejemplo en temas económicos, de protección a la maternidad y pensionales, de acceso a cargos públicos, de libertades sexuales y reproductivas, de igualdad de oportunidades y de violencia contra la mujer y las formas para combatirla.
En ese contexto, considero pertinente referirme a la sentencia T-967 de 2014 que resumió los estándares legales de protección de la mujer en Colombia. En dicha oportunidad, la máxima guardiana de la Constitución, concluyó que en la Ley 294 de 1996 -por medio de la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución y se dictan disposiciones para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar- se emitieron directrices y principios que toda autoridad debe acatar cuando se solucione casos de violencia intrafamiliar.
Entre ellos destacó: "a) la primacía de los derechos fundamentales y el reconocimiento de la familia como institución básica de la sociedad; b) que toda forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y por lo tanto, será prevenida, corregida y sancionada por las autoridades públicas; c) la igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer". De la misma manera, se establecieron medidas de protección en favor de la mujer cuando ocurren este tipo de eventos y la manera sobre cómo proceder para asistir a las víctimas.
En el mismo sentido, se promulgó la Ley 1257 de 2008, por medio de la cual se dictaron normas con el propósito de "garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización", e incorporó una serie de daños que se ocasionan a las mujeres cuando se presentan actos de violencia y/o discriminación.
La importancia de tal normativa radica en que el legislador incorporó en nuestro ordenamiento un tratamiento especial para esta clase de asuntos, a la vez que reconoció que los actos de violencia contra las mujeres deben ser resueltos y analizados con base en criterios diferentes a los que tradicionalmente se utilizan y definió que "por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado".
Concluyo entonces que: (i) los ordenamientos jurídicos tanto internacional como interno han incorporado estándares normativos tendientes a la protección real de los derechos de las mujeres; (ii) existe una prohibición de discriminación y violencia en contra de esta población; (iii) el enfoque de género debe ser observado en la interpretación que los jueces y autoridades públicas realicen cuando a ello haya lugar.
Estas últimas circunstancias, son las que, precisamente, no se tuvieron en cuenta en el proveído del que me aparto».
DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - Prohibición de todas las formas de discriminación contra las mujeres: decisiones judiciales como fuente de discriminación de la mujer
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Tutela judicial efectiva: obligación del juez de garantizar el acceso real de la mujer a la administración de justicia
«Decisiones judiciales como fuente de discriminación de la mujer
"No Discriminación. Todas las mujeres con independencia de sus circunstancias personales, sociales o económicas tales como edad, etnia, orientación sexual, procedencia rural o urbana, religión entre otras, tendrán garantizados los derechos establecidos en esta ley a través una previsión de estándares mínimos en todo el territorio nacional".
Las mujeres hemos sido históricamente un grupo discriminado, lo que ha reforzado la desigualdad entre hombres y mujeres e incentivado la dominación, en favor de aquellos, en distintos ámbitos del poder. Uno de ellos, usualmente, el familiar.
Y no obstante, hablar de igualdad género y de los problemas de las mujeres en el siglo XXI, supone un avance en la materia, debido a nuestra actual situación política, social y económica, en mi sentir, al momento de judicializar ciertos asuntos, aún persisten algunas formas de discriminación debido a los estereotipos de género.
En efecto, considero que pese a que hoy en día las discriminaciones y exclusiones formales inscritas en el derecho, han sido prácticamente superadas, las limitaciones a las libertades y al desarrollo pleno de nuestras capacidades se mantienen, debido a la persuasión de los estereotipos y prejuicios de limitar el papel de la mujer en la sociedad democrática, en abierta contradicción de los valores fundamentales del Estado social de derecho, como la solidaridad y la dignidad humana.
De ahí que el verdadero reto que tenemos los operadores judiciales frente a nuestra función de administrar justicia, lo constituye la transformación de los mandatos legales existentes en realidades y, en esa vía, asegurar efectivamente la igualdad de la mujer dentro de la sociedad de la que formamos parte integral.
Bajo tal derrotero, estimo que los jueces constitucionales, en su labor de proteger los derechos fundamentales de las mujeres ante violaciones y amenazas de los mismos, deben ser sensibles a esta perspectiva y con fundamento en el principio de progresividad, garantizar su cumplimiento y evitar que puedan ser desconocidos o limitados.
En tal virtud, a los jueces les corresponde garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de la mujer no solo con la construcción de una jurisprudencia libre de discriminación, sino garantizando el real acceso a la administración de justicia, esto es, (i) con el cumplimiento de plenas garantías dentro del proceso en la búsqueda de una tutela judicial efectiva, y (ii) a través de la obtención de una decisión pronta y cumplida que ponga fin al conflicto surgido con ocasión de las relaciones propias de la vida en comunidad.
En mi concepto, la decisión adoptada por la mayoría de la Sala tampoco se compadece con tales postulados».
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Procedencia excepcional de la acción ante vía de hecho
DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Poceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico - Vulneración: vía de hecho al apartarse de la teoría de no discriminación contra la mujer y de la necesidad de reparar el daño al cónyuge inocente en el proceso de divorcio
«Configuración de la causal de procedibilidad de tutela contra decisiones judiciales
La decisión del Tribunal que se confuta a través de la acción de tutela encaja dentro de las premisas que determinan la existencia de una vía de hecho. A tal conclusión arribo en tanto considero insuficiente la razonabilidad de los fundamentos jurídicos tomados en cuenta por el ad quem en la decisión cuestionada por la accionante, a efectos de omitir el pago del resarcimiento a que se hizo acreedora, ante la demostración de su calidad de cónyuge inocente frente a la configuración de la causal 3° del artículo 154 del Código Civil.
Lo anterior, en tanto se apartó de toda la teoría de la no discriminación contra la mujer y, en esa dirección, de la necesidad de reparar el daño, en tratándose del cónyuge inocente en proceso de divorcio, pues pese a que encontró fehacientemente demostrada la configuración de la citada causal tercera, esto es, los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra a que fue sometida la tutelante desde el inició de su vínculo marital, no reparó en el resarcimiento económico a que tenía derecho y que debió otorgar en aplicación del parágrafo primero del artículo 281 del Código General del Proceso.
A cambio de lo anterior, se conformó con exponer que el hecho de que la accionante percibía ingresos superiores a los de su esposo, no la hacía merecedora de reparación alguna, conforme lo establece la ley. Así lo señaló textualmente:
"(…) aunque se encuentre demostrada la culpabilidad del demandado (…) es claro que no está acreditada la necesidad en el plenario de los alimentos por la parte de la cónyuge (…) pues conforme a lo probado percibe ingresos suficientes para sustituir y también para proveer alimentos a sus hijos en lo que le correspondan con arreglo a la ley e, inclusive, sus ingresos superan sustancialmente los que por concepto de pensión percibe el demandado".
Tal consideración, evidentemente no se compadece con el imperioso mandato de los administradores de justicia, de excluir de sus decisiones cualquier asomo de discriminación -positiva o negativa- que produzca y reproduzca desigualdades en el acceso a derechos, recursos y oportunidades.
Ese deber, de por sí valioso para un Estado social de derecho, reitero, impone la eliminación de los denominados roles de género y estereotipos, que tradicionalmente se han considerado como válidos, en ocasiones, en grave menoscabo de un grupo poblacional determinado, pues precisamente, esas construcciones teóricas de la sociedad que establecen expectativas acerca de lo que se espera haga u omita realizar una persona en función de su género, han prefigurado a lo largo de la historia, posiciones erróneas en la estructura social de donde surgieron consideraciones desventajosas como, por ejemplo, que algunos seres humanos no eran personas sino cosas.
En conclusión, como quiera que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, resulta válida en todos aquellos casos en los que la actuación de la autoridad judicial carezca de fundamento objetivo y que, como en el presunto asunto, traiga como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona, por desconocer su obligación de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y según las pruebas aportadas al mismo, considero que le correspondía al juez constitucional acceder al amparo de los derechos fundamentales que la actora demostró, le fueron conculcados por la autoridad judicial convocada».
DERECHO PROCESAL - Principio de congruencia: facultad del juez de fallar ultra y extra petita en asuntos de familia
«Facultades ultra y extra petita de los jueces de instancias en asuntos de familia
Aún si se aceptara la tesis de que la hoy accionante en su demanda de divorcio no solicitó el reconocimiento de la reparación económica a que tenía derecho dada su calidad de cónyuge inocente, en la configuración de la causal 3° de divorcio, lo cierto es que tal como lo concluyó el juez constitucional de primer grado, conforme el parágrafo 1° del artículo 281 del Código General del Proceso, "en los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultra petita y extra petita, cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole".
En tal dirección, el colegiado censurado estaba plenamente facultado para hacer uso de tales atribuciones en tanto los hechos que servían de soporte para imponer tal condena, fueron debatidos y probados en el proceso de acuerdo con los preceptos legales respectivos, tal y como él mismo, expresamente lo refirió en su proveído.
No obstante, nuevamente se sustrajo de hacer uso de la potestad que le otorga la ley, en detrimento de los intereses de la hoy impugnante, sin sopesar el derecho fundamental que le estaba desconociendo y sobre la base de una argumentación a todas luces discriminatoria.
Con lo anterior, desconoció también su obligación de acatar la observancia de los principios de eficacia y eficiencia que deben caracterizar la función de administrar justicia, pues precisamente uno de los fines de las disposiciones legales que confieren esas facultades excepcionales a algunos juzgadores -fallar ultra y extra petita- es la de lograr una pronta y eficaz resolución de los litigios.
En realidad, estimo que bajo ningún punto de vista se puede conminar a la accionante a tramitar un nuevo proceso -de responsabilidad extracontractual- a fin de obtener la reparación dineraria a que tiene derecho, como lo sugiere la sentencia de la cual me aparto, pues además de que ello se aleja de los referidos postulados que deben imperar en la administración de justicia, nuevamente se la deja en situación de desventaja frente a una posible prescripción de la acción, conforme las normas que regulan la materia».
DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Poceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico - Vulneración: protección constitucional para superar la revictimización de la accionante, al no haber recibido de la administración de justicia, una solución eficaz a su problema
«Revictimización de la accionante
La violencia psicológica que se ocasiona con acciones u omisiones dirigidas "intencionalmente a producir en una persona sentimientos de desvalorización e inferioridad sobre sí misma, que le generan baja de autoestima", se evidencia a través de agresiones a la moral de la mujer, su autonomía y desarrollo personal.
Ahora bien, según la Organización Mundial de la Salud, existen conductas específicas de violencia psicológica. Por ejemplo, cuando la mujer es insultada; cuando es humillada delante de los demás; cuando es intimidada o asustada a propósito; cuando es amenazada con daños físicos (de forma directa o indirecta, mediante la amenaza de herir a alguien importante para ella); impedirle ver a sus amigos y/o amigas; limitar el contacto con su familia; insistir en saber dónde está en todo momento; ignorarla o tratarla con indiferencia; enojarse con ella si habla con otros hombres; acusarla constantemente de ser infiel; controlar su acceso a la atención en salud.
Justamente, ese tipo de violencia fue la conducta que el juez ordinario le atribuyó al cónyuge de la entonces demandante hoy accionante; no obstante, fue precisamente el abusador quien resultó airoso en el proceso, mientras que su cónyuge, por demás inocente, fue doblemente victimizada.
La primera vez, cuando en el seno de su propia familia, la cual además es considerada como el núcleo esencial de la sociedad, tuvo que padecer los ultrajes y humillaciones de la persona que se suponía era su compañero de vida y de quien se esperaba debía brindarle amor, comprensión y apoyo, lo cual le generó efectos sicosociales que deterioraron su vida en condiciones dignas.
Y la segunda, en el momento que decide acudir a la administración de justicia y delega en el Estado la protección de su libertad, su vida y sus pertenencias, y en busca de que este haga responder a su agresor por la reparación del daño causado -expondiendo incluso su vida privada ante terceros ajenos a su problemática- y, en lugar de ello, se convierte en objeto de discriminación por parte de los administradores de justicia, y lo que es peor, por sus calidades profesionales y la remuneración que en tal virtud percibe.
Evidentemente, con la decisión de la que disiento, sale avante la estrategia de opresión de Albán Medina, en detrimento de los derechos de la víctima».
JURISPRUDENCIA RELACIONADA: Rad: CC T-179-15 Rad: CC T-967-14 Rad: CC SU070-13 Rad: CSJ SL4791-2015
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