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Timestamp: 2019-02-20 03:20:26
Document Index: 311068347

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 29', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 29', 'artículo 75', 'artículo 118', 'artículo 2', 'artículo 56', 'artículo 31', 'artículo 21', 'Artículo 29', 'Artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 118']

JUSTICIA PENAL INTERAMERICANA: EL SINALAGMA DE CONVENCIONALIDAD EN ARGENTINA
Eduardo Bernabé Toledo
Resumen: La República Argentina ha ratificado muchos tratados internacionales que protegen derechos humanos, sin embargo pocas veces se ha descripto la conexidad que puede existir entre algunos. Esta investigación indaga sobre la influencia en el orden doméstico, y las consecuencias jurídicas, de la relación entre los sistemas normativos del Estatuto de Roma, creador de la Corte Penal Internacional (CPI), y de la Convención Americana, que regula el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dando por sentado que existe una mutua influencia, a través de un enfoque cualitativo, se tratará de desarrollar un concepto prospectivo: el Sinalagma de Convencionalidad. Por ejemplo, ¿de cuáles garantías gozará una denuncia de un delito de la competencia de la CPI ante los tribunales argentinos? ¿Y la cooperación internacional con ese tribunal?
Qué ocurriría si dijéramos que, además de lo previsto por la Constitución Nacional, la denuncia está amparada por el Control de Convencionalidad que obliga a ajustar todo acto estatal a la Convención Americana de Derechos Humanos. En el análisis se incluye una solución para el sistema penal, este deberá coadyuvar siempre a proteger los derechos humanos respetando ese entramado de normas de fuente internacional.
Palabras clave: Control de Convencionalidad - Derechos Humanos - Protección indirecta - Corte Interamericana - Sistemas penales domésticos
Abstract: The Argentine Republic has ratified many international treaties that protect human rights; however, the connection that may exist between some of these treaties has rarely been described. This paper investigates the influence on the domestic order, and the legal consequences, of the relationship between the normative systems of the Rome Statute, creator of the International Criminal Court (ICC), and the American Convention, which regulates the functioning of the Inter-American Court of Human Rights. Assuming that there is a mutual influence, through a qualitative approach, we will try to develop a prospective concept: the Sinalagma of Conventionality. For example, what guarantees will a complaint of a crime under the jurisdiction of the ICC have before the Argentine courts? How would an international cooperation with this court work?
What would happen if we said that, in addition to the provisions of the Country’s Constitution, the complaint is supported by the Conventionality Control that requires that every state action is adjusted to the American Convention on Human Rights. The analysis includes a solution for the criminal system, which must always help to protect human rights by respecting this international body of laws.
Keywords: Conventionality Control - Human Rights - Indirect Protection - Inter-American Court - Domestic Criminal Systems.
Resumen: Introducción. I.- Sinalagma de Convencionalidad. II.- Influencia del Sinalagma de Convencionalidad Penal. Conclusiones. erencias bibliográficas.
La base rectora del derecho internacional de los derechos humanos son los principios de Universalidad, Indivisibilidad y Progresividad, estos han acompañado su evolución en la salvaguarda de las personas que se encuentran bajo la esfera que tuvieron los Estados y luego los órganos internacionales, cuando finalmente entraron en vigor sus respectivos marcos jurídicos. Debido a la particularidad de cada uno de estos, existen diferencias entre los institutos que se han creado para ampliar los espectros nacionales de protección y aquellos avances foráneos (producto y consecuencia de los anteriores) que se han importado para empujar los límites jurídicos.
En el sistema de los Estados Americanos esto ha sido extremadamente positivo. Sin desconocer los problemas que enfrentan, cada día, las víctimas de violaciones sistemáticas junto a la falta de protección ante toda ausencia de acceso a los derechos básicos de subsistencia de grandes comunidades a lo largo del todo el continente; si dirigimos nuestra mirada hacia África, Asia u Oceanía podemos afirmar que la creación de la Comisión Interamericana, y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CorteIDH), ha sido la razón para que millones de individuos logren amparo gracias al control de un órgano internacional con el fin de reparar situaciones que afectaban profundamente sus condiciones de vida.
De relativa proximidad temporal, otro organismo que comparte estos principios es la Corte Penal Internacional (en adelante, CPI), que desde 2002 se encuentra en actividad permanente con el objetivo de determinar responsabilidades penales individuales de aquellas personas que podrían haber cometido alguno de los delitos de su competencia. A la fecha, y hasta la revisión que se ha fijado en 2017, en virtud del artículo 5 de su estatuto pueden ser investigados los Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y el Genocidio(1).
La mayoría de los Estados Americanos ha ratificado el documento fundador de la CPI y existe un acercamiento político entre ésta y la Organización de Estados Americanos (2015), lo cual ha motivado planes de la Comisión Permanente de Derecho Internacional y un trabajo de promoción para la ratificación del Estatuto de Roma (en adelante, Estatuto de Roma o ER) en el Continente Americano. De la misma manera, la UNASUR (2015) ha comprendido la importancia de acompañar la evolución del derecho internacional en su rama penal y ha expresado su apoyo a la institución con sede en La Haya. Todo esto concluyó en un Memorando de entendimiento entre la CPI y la CorteIDH (2016) para afirmar un proceso evolutivo de cooperación entre los dos tribunales y cómo se tratará el “diálogo” de la jurisprudencia que sigue a los ordenamientos jurídicos de cada una.
Nuestro sistema regional de protección de derechos humanos (en adelante, DDHH), en concordancia con sus textos fundadores, ha tenido la posibilidad de demostrar a través de su jurisprudencia que la voluntad y el espíritu de algunos jueces con sus ideas progresistas pueden crear nuevos institutos que servirán a mejorar la letra de convenciones, pactos y protocolos que podrían ser olvidadas o caer en desuso por falta de ratificaciones de parte de los Estados. Uno de esos ejemplos es el principio pro homine, o mejor, el principio pro persona que fue previsto en la Convención America de Derechos Humanos (en adelante, CADH o CA) en su artículo 29 y que incluye una cláusula de interpretación de los textos del sistema interamericano, a fin de evitar la limitación del goce de los derechos humanos.
A partir de este, en el caso Almonacid Arellano y otros contra Chile(2) se desarrolló un instrumento que hoy es fundamental para asegurar la protección de los individuos que se encuentran en un Estado que haya ratificado la CADH y que haya aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el Control de Convencionalidad. Dado que su análisis histórico es ajeno al objetivo del presente trabajo, me limito a citar un párrafo de la sentencia que es necesario para justificar los avances interpretativos de todo tratado internacional:
(...) cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de \\\\\\\\\\\\\\\'control de convencionalidad\\\\\\\\\\\\\\\' entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En otra sentencia(3) podemos encontrar que esa primera aparición se hace presente a través de las palabras del Juez García Ramirez:
[l]a única posibilidad tutelar razonable implica que una vez fijado el \\\\\\\\\\\\\\\'criterio de interpretación y aplicación\\\\\\\\\\\\\\\', éste sea recogido por los Estados en el conjunto de su aparato jurídico: a través de políticas, leyes, sentencias que den trascendencia, universalidad y eficacia a los pronunciamientos de la Corte constituida - insisto- merced a la voluntad soberana de los Estados y para servir a decisiones fundamentales de éstos, explícitas en sus constituciones nacionales y, desde luego, en sus compromisos convencionales internacionales.
Las normas interpretativas son comunes en los tratados internacionales que se encuentran en vigor en Argentina, y en la región en general, debido a que tienen la función de salvar las lagunas que se puedan llegar a presentar al dar respuesta a las plataformas fácticas analizadas, sin embargo, los serán aplicables siempre que no contravengan la Convención Americana. De esta manera, el control de convencionalidad es compatible y complementario al control de constitucionalidad que emerge de los ordenamientos jurídicos integrantes del Sistema Interamericano de protección de DDHH(4). Como se verá en los siguientes párrafos, disentimos con la postura que pretende que “el sistema interamericano, a diferencia de otros sistemas jurídicos, no abre sus sistemas de las fuentes a todo el derecho internacional” (Malarino, 2010 p.29).
Podemos afirmar entonces que allí se encuentra la finalidad primera de esta creación jurisprudencial y, agregamos en este análisis, también se podrían utilizar normas exógenas al Sistema Interamericano para dar luz a todos los exámenes jurídicos que carezcan de sustrato americano. Como lo afirma Faundez Ledesma (2004) a partir del art. 2 de la CA:
(…)la Corte [Interamericana] ha dicho que, en el Derecho Internacional (‘derecho de gentes’, según el tribunal), una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio internacional, debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas, y que esta norma ha sido calificada por la jurisprudencia como un principio evidente; por lo tanto, es en ese orden de ideas que la Convención Americana establece la obligación de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha Convención, para garantizar los derechos en ella consagrados. (p.76).
El Estatuto de Roma, fuente de obligaciones internacionales para la República Argentina desde el 16 de enero de 2001(5), en su artículo 21 determina cuál será el camino a seguir en caso de necesitar una interpretación del cuadro normativo y dónde se encuentran los límites para esto. El derecho penal internacional(6) tiene por objeto la protección de bienes jurídicos, que no son otros que los derechos humanos internacionalmente reconocidos, esto implica la armonización de valores que pueden y deben reconocerse como globales. Asimismo, y claramente como última ratio, esta comunidad de valores se afirma a través de la descripción de conductas como delitos que generan responsabilidad penal nacional o internacional, independientemente de los tribunales que declaren su competencia y en virtud del principio de complementariedad que surge del preámbulo del ER.
En particular, el artículo 21.1.b permite la aplicación de tratados exógenos al sistema creado por el ER y de la misma manera permite que los jueces de la Corte tomen interpretaciones jurisprudenciales de otras jurisdicciones como la cortes regionales de derechos humanos, o de aquellos jueces que “normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crimen” (art. 21.1.c). Esta puerta abierta es compatible con la posibilidad de avanzar hacia la protección y la prevención de la comunidades afectadas por largas cadenas de impunidad.
El presente trabajo intenta analizar la consecuencia jurídica de la relación entre los sistemas de normas de la Corte Penal Internacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el territorio argentino. En el supuesto que el derecho penal proteja derechos fundamentales, qué ocurriría con una denuncia de las víctimas de un delito de la competencia de la CPI ante los tribunales argentinos. ¿Estaría ésta amparada por el control de convencionalidad? Si pudiéramos pensar en estos términos, la tipificación de delitos del derecho penal internacional en el ordenamiento interno significará la protección de los derechos humanos como bienes jurídicos reconocidos de manera global (en una comunidad de valores), lo que nos permitirá inferir que al poner en conocimiento a las autoridades estatales hechos que prima facie encuadren como crímenes internacionales, las autoridades argentinas deberían tener una respuesta superadora del test de convencionalidad que permitan una investigación efectiva.
I.- Sinalagma(7) de Convencionalidad
El desarrollo pretoriano del Control de Convencionalidad ha funcionado desde su reconocimiento en la jurisprudencia de la CorteIDH como una herramienta para sancionar, y en su caso evitar, las violaciones a los derechos humanos en la región. Este instrumento entraña un desarrollo que podrá traspasar los límites geográficos y que reaviva la bien conocida Cláusula de Conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos(8). No es nuevo pensar en un principio de armonización que pueda ser común a los tribunales internacionales, aún cuando tengan competencias diferentes en base a sus estatutos o regulen diferentes ramas del derecho. Este análisis y su vocación de ampliar los espectros de protección me llevan a plantear una herramienta que se desprendería del uso, con fines de interpretación, de otros instrumentos internacionales a partir del principio pro persona: el Sinalagma de Convencionalidad.
Es posible darle ese nombre al grupo de relaciones jurídicas que tendrían lugar a partir de la combinación normativa de los artículos 29 de la Convención Americana(9) y 21 del Estatuto de Roma(10); su conjugación generaría para los tribunales argentinos la obligación de controlar la convencionalidad de sus sentencias penales, de investigar y cooperar en la investigación de los delitos positivizados por la ley que implementó el ER. Ello en base al sistema interamericano que, como ha sido establecido por la jurisprudencialmente, permite a los jueces nacionales realizar un control de todos los actos que emanen de un órgano de gobierno e incluye la posibilidad de realizar un control anterior al otorgamiento de cualquiera de ellos. En caso del test de Convencionalidad, el control concentrado internacional es efectuado por la Corte Interamericana en su función contenciosa.
Si se analiza el ordenamiento jurídico argentino y su control de constitucionalidad difuso donde son los tribunales quienes protegen, caso a caso, los derechos y garantías enumerados en la Constitución Nacional, debemos determinar cuál es la responsabilidad de los tribunales penales argentinos, en relación a todo el ordenamiento interno, y no solo el plexo constitucional, para realizar un efectivo control de convencionalidad a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y, por supuesto, determinar las relaciones que ésta tiene con las normas que fueron completando un sistema híbrido que uerza la jurisdicción nacional/territorial pero que está nutrido por normas internacionales(11).
Del Sinalagma de Convencionalidad se desprende que los DDHH, comprendidos en cualquier instrumento internacional, tienen preeminencia sobre toda interpretación estatal que se realice de leyes nacionales o internacionales. En el caso del Estatuto de Roma, sus artículos 21.1.b y 21.1.c confirman esta extensión, luego de hacer una erencia a los “sistemas del mundo” que pudieran ejercer la jurisdicción sobre el delito investigado, en razón de que cualquier erencia a estos debe respetar las normas, los estándares internacionales y los “derechos humanos internacionalmente reconocidos”.
Por el contrario, en la forma que está diseñado el artículo 21, su párrafo tercero es una norma de control de la aplicación del estatuto, doble conformidad a los DDHH, “su posición es externa, y efectiva sobre la jerarquía del artículo 21.1, para ubicarse aun sobre las provisiones del estatuto mismo. En este sentido el artículo 21.3 representa una provisión quasi-constitucional” (Sheppard, 2010, p.46). Como lo tiene reconocido la jurisprudencia actual y constante, funciona como dique de contención para que todo lo actuado sea compatible con el respeto de los estándares internacionales.
Lamentablemente, en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, aún cuando comenzamos a encontrar el uso de algunos elementos del derechos internacional de los derechos humanos, podemos trazar algunas líneas de evolución que son preocupantes para el progresivo avance de los DDHH en armonía con el principio de Universalidad. Si bien esto excede el análisis del presente trabajo, la Sala de Apelaciones entiende que la Corte debe interpretar el ER y también debe aplicar la ley penal internacional de acuerdo a los derechos humanos internacionalmente reconocidos(12). Por ejemplo, en la sentencia de la Sala de Apelaciones en el caso Lubanga se citó a la Convención de los Derechos del Niño de 1989, en otro caso la Convención para la prevención y sanción del crimen de Genocidio de 1948(13) o, en la sentencia del caso Bemba para dar fundamento al término pillaje las Reglas de La Haya (1907)(14), el código Liber (1863) o las Convenciones de Ginebra .
La aplicación del Estatuto [de Roma], las Reglas [de procedimiento y prueba], y las otras fuentes subsidiarias de Derecho incluidas en el artículo 21(1) tendrán que producir siempre un resultado compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, aún si tal objetivo no surge de la aplicación del Estatuto, las Reglas, y las otras fuentes subsidiarias de Derecho proporcionadas por el artículo 21(1), como son interpretadas de acuerdo con los artículos 31 y 32 de la CVDT [Convención de Viena] adoptada el 23 de mayo de 1969. Esta interpretación sostiene la conclusión que los Derechos Humanos Internacionalmente reconocidos constituyen una fuente adicional de Derecho. (Bitti, 2015, p.437).
Así, la preeminencia de las normas para su aplicación, una vez consolidado el sistema internacional de protección de los derechos humanos, apoyado por las interpretaciones regionales y las discusiones sobre el reconocimiento de nuevos derechos que se van afianzando, debe ser la guía permanente de los tribunales nacionales e internacionales.
Los principios generales pueden también, de acuerdo con la opinión predominante, ser extraídos desde todo el espectro del soft-law internacional, como una forma de opinio juris sin la concordante práctica de los Estados. Tal entendimiento moderno de los principios general lleva a una asimilación de la costumbre internacional y los principios generales a todos los ‘principios y reglas de derecho internacional’ en el sentido del artículo 21.1.b del ER. (Ambos, 2013, p. 76)
Más aún en el caso de la Corte Penal Internacional, como incipientemente lo vienen manifestando algunos fallos de confirmación de cargos y de juicio, donde todavía no existe una unidad de criterio sobre si se deben utilizar como principios de armonización/interpretación los DDHH englobados por el ius cogens, aquellos que se encuentran en los listados de los tratados/convenciones en vigor o, y ésta es la postura que entiendo debe adoptarse, si el sistema debe considerar todos los derechos fundamentales que han sido reconocidos internacionalmente a través de un instrumento independiente como resultado de una negociación interestatal, regional o ad hoc.
En conclusión, del juego de las normas de interpretación de la Convención Americana y del Estatuto de Roma se puede desarrollar el Sinalagma de Convencionalidad que debería alumbrar cualquier interpretación que se realice en la jurisprudencia de la CPI. Esta influencia existiría entre los Tribunales Internacionales establecidos por la primera para el Continente Americano y con aspiraciones de globalidad por el segundo(15). Como veremos en la segunda parte, la erencia mutua puede otorgar una amplitud de protección consecuente con el principio pro persona a fin de invocar los tipos penales de los delitos internacionales, que son parte del ordenamiento jurídico argentino, y lograr una investigación penal que asegure la protección de los bienes jurídicos objeto del Derecho Penal Internacional.
II.- Influencia del Sinalagma de Convencionalidad Penal
La importancia de la dimensión penal doméstica de esta unión interpretativa reside en las obligaciones para las autoridades nacionales y los funcionarios del estado argentino (en principio, lo propio operaría también para el resto de los países que han ratificado la CA y el ER), ya que tendrían que ajustar sus respuestas institucionales a lo impuesto por la combinación normativa desarrollada. Esto se podría presentar principalmente en dos casos concretos como la denuncia de una víctima de delitos de la competencia de la Corte Penal Internacional y en el pedido de cooperación judicial recibido por Argentina en virtud del capítulo IX del Estatuto de Roma.
De esta manera, y como fue explicado en el apartado anterior, dentro del sistema interamericano tendríamos la posibilidad de interpretar el articulado de la Convención Americana gracias a lo previsto en su artículo 29 sin exceder las obligaciones aceptadas por los Estados al ratificarla. Ya existe un antecedente, a partir del caso Las Palmeras contra Colombia se determinó que el derecho internacional humanitario tiene efectos interpretativos pero la CorteIDH no está facultada para aplicar estas normas(16). Con el fin de desplegar todo el potencial de exégesis erido, dentro del fuero penal de los miembros de la OEA habría que utilizar el Estatuto de Roma, sus reglamentos complementarios, los Elementos de los Crímenes y la jurisprudencia producida, con el único fin de llenar las lagunas que pudieran poner en peligro la protección de bienes jurídicos tutelados por los delitos previstos en el fuero doméstico.
Lo que está prescrito es la imposibilidad de limitar el goce de los derechos humanos más allá de lo que establece la CADH y lo que democráticamente pueda ser establecido en el derecho interno. En consecuencia, siempre se puede ir a más, y se podrá acceder a un resguardo de las garantías de los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) cuando se pretende la investigación de un delito previsto por la ley 26.200. Sin embargo, de acuerdo al estado actual de la leyes penales argentinas, esto puede traer alguna confusión con el resto de la legislación internacional que forma parte del ordenamiento interno.
Debemos bregar por una actualización normativa e incluir dentro del plexo constitucional una ley que regule el ejercicio de la Jurisdicción Universal que sólo se puede rescatar de la lista de Tratados Internacionales del artículo 75 inciso 22(17) y de su conjugación con el artículo 118 de la Constitución Nacional de la República Argentina (1994) que en su texto reza:
(...) la actuación de estos juicios [criminales ordinarios] se hará en la misma provincia donde se hubiera cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio.
La necesidad de una regulación a este respecto es fundamental, pero debemos atender a los procesos de otros Estados donde se muestra un franco retroceso en la determinación de la Jurisdicción Universal, tal es el caso de España donde ser ha limitado excesivamente en razón del punto de conexión. Por el contrario, es de destacar el trabajo que realizan algunos grupos académicos que pretenden su propagación dentro de la mayor parte de los ordenamientos estatales(18). La técnica actual es deficiente para activar la competencia universal argentina, hasta el momento no se encuentra regulada positivamente y la inclusión de los tratados internacionales dentro de la Constitución Nacional sólo implica una determinación política hacia su prospectiva pero que será necesario avanzar en ese camino a través del Congreso Nacional a fin de lograr un texto legislativo preciso en la materia.
Algunos autores partiendo de la fuente de la norma(19) aclaran que estamos hablando de una herramienta para investigar y castigar los delitos más graves. Por su parte, el argumento del Profesor Fierro (2007) concluye infundadamente en la existencia de una jurisdicción universal desprendida de los tratados internacionales:
(...) la circunstancia de que un determinado código penal nada legisle acerca de la inclusión del principio universal -como ocurre en el nuestro- no es óbice para que el ordenamiento de dicho país lo recepte a través de leyes especiales o por el simple hecho de ratificar las respectivas convenciones. (p.489).
Por el contrario, se puede ver en el Anteproyecto de Código Penal de la Nación de la Comisión Zaffaroni(20), texto que se encuentra a la fecha con tratamiento legislativo, que se replican silenciosamente las palabras del Profesor Claus Roxin (2012), en tanto que el Derecho penal en un Estado no-autoritario tiene por objetivo primario la protección de bienes jurídicos muy claros: los derechos humanos.
Las concepciones actualmente dominantes en la doctrina del Derecho penal alemán no orientan su sistema a realidades ontólogicas previas como la causalidad o la finalidad, sino a los cometidos y finalidades del Derecho penal. Se habla así de proyectos funcionalistas del sistema. (...) las teorías funcionalistas coinciden en su punto de partida normativo. (...) la función del Derecho penal reside en asegurar a los ciudadanos una vida en común pacífica y libre, bajo la salvaguarda de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente. (p.4).
En la misma línea, pero de manera directa al objetivo que deberían tener los tribunales domésticos cuando investigan la comisión de un delito, encontramos que el análisis realizado por el Profesor Cherif Bassiuoni (2014) muestra que la evolución de la protección que se realiza a través del derecho penal internacional responde a la necesidad de proteger valores que las naciones han aceptado en razón de ser comunes y explica que:
(…)jus gentium y hostes humani generis están fundados en la premisa inarticulada de que existe una cierta comunidad de naciones y pueblos con valores e intereses que necesitan ser protegidos. (...) Esta visión Kantiana, a pesar de su idealismo, permitiría a los Estados de diversas latitudes determinar sus intereses y las limitaciones que podrían aceptar. (...) El desarrollo de este concepto llevaría al incremento del reconocimiento de ciertos valores-compartidos e intereses que su protección y cumplimiento pasarían por una etapa declarativa y prescriptiva, seguida de una etapa proscriptiva con la criminalización de la violación de ciertas normas. (p. 138 y 139).
Se reconoce también la importancia que tienen los ordenamientos nacionales para determinar qué será objeto de investigación penal a través de los tipos penales nacionales. Esto pareciera estar reñido con lo designado como jus cogens.
La imputación o atribución de responsabilidad penal, ya sea con los propósitos de establecer tal responsabilidad o con los propósitos de establecer o aumentar castigos, es esencialmente una decisión de política legislativa. Hay diferentes criterios para su determinación, incluyendo el efecto acumulativo dentro de la participación en la comisión de un determinado crimen y la gravedad o el daño provocado de un determinado crimen. (p.291).
Dado que se hace erencia a denuncias penales dentro del Estado argentino y no nos erimos a peticiones ante la Comisión Interamericana, aquello que consideramos que se debe afianzar es la obligación de prestar la debida atención a las denuncias cuyo rechazo infundado represente la inobservancia de lo previsto por la Convención Americana a efectos de lograr la mayor protección posible de los derechos humanos, a modo de síntesis, las obligaciones que se establecieron desde la primera sentencia de la CorteIDH en el caso Velazquez Rodriguez: prevenir, investigar, sancionar y reparar. Réplica que podemos encontrar aún en “Bulacio”, “Almonacid Arellano”, “Barrios Altos”, y la jurisprudencia constante luego de estas. En el caso “La Última Tentación de Cristo”(21) está la punta de certeza buscada a este respecto, donde la Corte estableció que:
En el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. Esta norma es universalmente aceptada, con respaldo jurisprudencial. La Convención Americana establece la obligación general de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha Convención, para garantizar los derechos en ella consagrados. Este deber general del Estado Parte implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio del effet utile). Esto significa que el Estado ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la Convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, tal como lo requiere el artículo 2de la Convención. Dichas medidas sólo son efectivas cuando el Estado adapta su actuación a la normativa de protección de la Convención.
Esto se aplicaría también a los efectos de la cooperación penal con la Corte Penal Internacional, un rechazo o desconocimiento de tal obligación asumida encarnaría una violación de DDHH. Este ejemplo no es descabellado si recordamos lo ocurrido en Kenia o Sudáfrica en relación al pedido de captura que pesa sobre el Presidente de Sudán. Estaríamos frente a una suerte de “paroxismo” del effect utile, a ello se suma el artículo 56.c. de la Carta de Naciones Unidad en el sistema global(22) y su necesidad para lograr un absoluto respeto de los derechos humanos en territorio americano (Burgorgue-Larsen, 2014). Aún cuando compartimos la idea, el impacto de la jurisprudencia de la CorteIDH en la determinación del conjunto de cargas y expectativas procesales que corresponden a la posición procesal de la víctima en la CPI, así como en relación con los principios informadores de la reparación, ha sido mucho menor hasta el momento (Olásolo y Palermo, 2010).
El respeto de las garantías emanadas por las normas de la Convención Americana y del Estatuto de Roma importan para los tribunales argentinos que sus fallos y sentencias deban ajustarse al Sinalagma de Convencionalidad Penal. No se pone en duda el principio de complementariedad ni las posibilidades de realizar un estudio de competencia de las posibles denuncias que sean recibidas por fiscales y jueces, pero entendemos que con el objetivo de afianzar la protección de los derechos humanos internacionalmente reconocidos es necesario que se verifique que el archivo de una causa, o las negativas de cooperación internacional, no generen una violación al Pacto de San Jose de Costa Rica por una inobservancia del deber de hacerlo.
La posibilidad de proteger los derechos humanos a través del derecho penal internacional debe ser asegurada a través de los mecanismos que operan a través del framework normativo de la República Argentina. Lo que se desprende sin posibilidad de ser utado de los instrumentos integrantes del plexo constitucional, su interpretación acorde con el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y, en consecuencia, de las normas de interpretación de otras convenciones que siempre deben propender a la protección máxima de las personas y a respetar el Derechos Internacional de los Derechos Humanos.
De esta forma, como existe para los Estados que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana la obligación de realizar un Control de Convencionalidad de sus actos, también existe el Sinalagma de Convencionalidad Penal que activaría un sistema de doble influencia que activaría las garantías judiciales para realizar una denuncia por delitos del Estatuto de Roma y obligaría a cooperar judicialmente en virtud del capítulo IX del mismo instrumento. Como se dijo al momento de citar el voto del Juez García Ramirez, en virtud del principio pro persona se podrían incluir y denunciar la violación otros derechos que no sean contradictorios con los de la Convención Americana pero que puedan ser descriptos por un tipo penal del Estatuto de Roma.
Este proceso respondería a un movimiento legislativo que no es ajeno para aquellos Estados que reciben la influencia exterior de los estándares internacionales a los que se obligan una vez ratificada alguna de la convenciones internacionales. En ese sentido, Diehl, Ku y Zamora(2006), afirman:
Vemos un sistema legal internacional más desarrollado donde las normas existirían sin una erencia específica al sistema donde operan pero que no pueden activarse sin operar a través de los mecanismos de un sistema. Sin embargo, el sistema normativo puede mantenerse autónomo del sistema donde opera y aún quedarse retrasado en relación a su desarrollo. (p.433).
Esto debe ser asegurado por los tribunales domésticos de los Estados, quienes tienen que cumplir y hacer cumplir los instrumentos internacionales ratificados. En primer lugar, porque el acceso a los órganos regionales de protección de los derechos humanos está sujeto al previo “agotamiento delos recursos internos”. En segundo lugar, porque los tribunales nacionales tienen una función capital que desempeñar en la puesta en práctica de las decisiones vinculantes de un órgano como la Corte Interamericana. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2004, p.382). Y finalmente, debido a que la operatividad y eficacia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en general del resto de instrumentos internacionales, está condicionada a que sean estos los que adopten las medidas judiciales necesarias.
En la evolución del derecho interno debemos incluir los avances que nos ofrecen los cuerpos internacionales, en este trabajo se encontrarán tres elementos que pueden ayudar a fortalecer cualquier ordenamiento jurídico: la Jurisdicción Universal, los marcos protectores de derechos humanos y el derecho penal nacional receptor de tipos del derecho penal internacional. Si bien todo Estado posee ratione materiae la jurisdicción que su marco jurídico le impone, los hechos que puedan ser objeto de competencia de la Corte Penal Internacional, y que sean denunciados en un tribunal nacional, deben ser analizados a la luz del principio pro persona y del artículo 21 de su estatuto.
Con todo este desarrollo no se avala una postura neo-punitivista, que justifique la imposición de penas sin el respeto de los principios generales previstos en el articulado del ER, por el contrario, es un fundamento hacia una evolución certera de la Justicia penal internacional gracias a que la mutua influencia entre los ordenamientos analizados importará la posibilidad de obtener una protección complementaria.
Finalmente, los fiscales y jueces penales argentinos deberán ajustar sus decisiones en base a esta combinación de normas interpretativas que ofrecen a las personas físicas la posibilidad de acceder a la protección de sus derechos humanos en virtud de una investigación criminal. El rechazo in limine de las denuncias de delitos internacionales o de cooperar con la Corte, será contrario al Sinalagma de Convencionalidad descripto y será plausible de ser analizado como una violación a los derechos humanos a través de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
erencias bibliográficas
1. Convenciones internacionales, constituciones, leyes y documentos oficiales
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (1969). 1155 U.N.T.S. 331.
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2004). Una viva interacción: Corte Interamericana y tribunales internos en La Corte Interamericana de Derechos Humanos - Un cuarto de Siglo: 1979-2004.
Estatuto de la Corte Penal Internacional (1998). Adoptado por la Conferencia de Plenipotenciarios de Naciones Unidas, U.N. Doc. A/CONF.183/9, 17 de Julio 1998.
Memorandum of Understanding between the International Criminal Court and the Inter-American Court of Human Rights (2016). ICC - Official Journal Publication Entry into Force: 15.02.2016.
Organización de Estados Americano (2015). Concejo permanente de la Organización de Estados Americanos, Comisión de asuntos jurídicos y políticos. Informe sobre el programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional. OEA/Ser.G - CP/CAJP/INF – 259/15.
Unión de Naciones Suramericanas (2015). Resolución del 23 de Julio de 2015 donde recuerda el Seminario realizado en Buenos Aires en Julio de 2014 y confirma su compromiso con el trabajo de la Corte Penal Internacional.
2. Jurisprudencia internacional
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 26 de septiembre de 2006, Serie C, n° 154.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “La Última Tentación de Cristo”, en la sentencia de fondo, del 5 de febrero de 2001, Serie C No 73.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Las Palmeras vs. Colombia, Excepciones Preliminares, 4 de febrero de 2000, Serie C No 67.
Corte Interamericana de Derecho Humanos, Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 24 de noviembre de 2006, Serie C, n° 158, voto razonado Juez García Ramírez.
Corte Penal Internacional. Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo. Judgment on the Appeal of Mr Thomas Lubanga Dyilo against the Decision on the Defence Challenge to the Jurisdiction of the Court Pursuant to Art 19(2)(a) of the Statute of 3 October 2006, Lubanga, Situation in the Democratic Republic of the Congo, ICC-01/04-01/06-772, AC, ICC, 14 December 2006.
Corte Penal Internacional. Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo, No. ICC-01/04-01/06-1487, Judgement on the appeal of the Prosecutor against the decision of TC I entitled ‘Decision on the consequences of non-disclosure of exculpatory materials covered by Article 54(3)(e) agreements and the application to stay the prosecution of the accused, together with certain other issues raised at the Status Conference on 10 June 2008’, 21 October 2008.
Corte Penal Internacional. Case The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir. Decision on the Prosecution\\\\\\\\\\\\\\\'s Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir. Situation in Darfur/Sudan. ICC-02/05-01/09-3, 4 April 2009.
Corte Penal Internacional. Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, No. ICC-01/05-01/08-3343, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute. 21 March 2016.
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Doutorando em Direito Penal Internacional pela Universidade Nacional de Cuyo e Universidade de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Especialista em Direito Penal Internacional e Europeu pela Universidade de Limoges.
Membro da Associação Internacional de Direito Penal (AIDP) e da Associação Internacional de Ciências Sociais do Reino Unido.
(1) Respecto del crimen de Agresión previsto en el texto del estatuto desde la revisión de la Conferencia de Kampala en 2010 y que espera las ratificaciones necesarias para su entrada en vigor, es conveniente dirigirse a Pezzano, L. (2015). El umbral de gravedad en el crimen de agresión: ¿una nueva categoría en los usos ilícitos de la fuerza? Anuario Iberoamericano De Derecho Internacional Penal ANIDIP, 4, 86-104.
(2) CorteIDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 26 de septiembre de 2006, Serie C, n° 154, párr. 124.
(3) CorteIDH, Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 24 de noviembre de 2006, Serie C, n° 158, voto razonado Juez García Ramírez, párr. 7 y 8.
(4) En los siguientes artículos se puede observar una postura crítica del Control de Convencionalidad, esto significa que la discusión está viva entre los analistas jurídicos y merece atender su evolución en los años venideros:
Henríquez, Miriam Lorena, & Núñez, José Ignacio. (2016). El control de convencionalidad: ¿hacia un no positivismo interamericano?. Iuris Tantum Revista Boliviana de Derecho, (21), 326-339.
Recuperado en 21 de junio de 2016, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2070-81572016000100017&lng=es&tlng=es
Nogueira Alcalá, H (2012):”Los desafíos del control de convencionalidad del corpus iuris interamericano para los tribunales nacionales, en especial, para los Tribunales Constitucionales", en AA.VV. El Diálogo transjudicial de los Tribunales Constitucionales entre sí y con las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. (coord. por H. Nogueira), Santiago (2012): Librotecnia, pp. 279 - 351.
(5) La ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional fue aprobada por la Ley N° 25.390, 16 de enero de 2001, la implementación se realiza con la Ley 26.200, sancionada el 13 de diciembre de 2006 y entró en vigor el 5 de enero de 2007.
(6) En el presente trabajo cuando nos erimos a \\\\\\\\\\\\\\\'derecho penal internacional\\\\\\\\\\\\\\\', en base a una elección jurídico-filosófica de tradición internacionalista que aún carece de la fuerza necesaria para calificarla de mayoritaria, estamos hablando de las norma de Derecho Internacional que disciplinan la incriminación de los delicta juris gentium por Tribunales internacionales. De la misma manera, la ley 26.200 que implementó el Estatuto de Roma en la Argentina utiliza esta terminología.
(7) Según la Real Academia Española en la edición 23º de diccionario (2014) “sinalagmático” proviene del griego συναλλαγματικός. Sinalagma, cambio o influencia en el sentido metafórico, sería συναλλαγή y no está reconocida. Si bien tiene una acepción erida al mundo de los contratos y a los intercambios bilaterales que las partes se obligan a realizar, en la lengua griega se hace erencia principalmente a los intercambios que se pueden realizar entre dos entes y también se iere a las mutuas influencias que se producirían.
(8) El análisis histórico de la Cláusula de Interpretación conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1976) excede la finalidad del presente trabajo.
(9) CADH - Artículo 29 - Normas de Interpretación: Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a. permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.
(10) ER - Artículo 21 Derecho aplicable - 1. La Corte aplicará: a) En primer lugar, el presente Estatuto, los Elementos de los crímenes y sus Reglas de Procedimiento y Prueba; b) En segundo lugar, cuando proceda, los tratados aplicables, los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios establecidos del derecho internacional de los conflictos armados; c) En su defecto, los principios generales del derecho que derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido, cuando proceda, el derecho interno de los Estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crimen, siempre que esos principios no sean incompatibles con el presente Estatuto ni con el derecho internacional ni las normas y estándares internacionalmente reconocidos. 2. La Corte podrá aplicar principios y normas de derecho respecto de los cuales hubiere hecho una interpretación en decisiones anteriores. 3. La aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el presente artículo deberá ser compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en motivos como el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, la edad, la raza, el color, el idioma, la religión o el credo, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento u otra condición.
(11) Cfr. Delmas-Marty, M. (2003). La Cour pénale internationale et les interaction entre droit interne et international. Revue de Science Criminelle, Janvier/Mars 2003, Editorial Dalloz. p. 1 a 11.
(12) Corte Penal Internacional. Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo, No. ICC-01/04-01/06-772, Judgement on the Appeal of Mr Thomas Lubanga Dyilo against the Decision on the Defense Challenge to the Jurisdiction of the Court pursuant to Article 19(2)(a) of the Statute of 3 October 2006, paras. 36 and 37, 14 December 2006; Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo, No. ICC-01/04-01/06-1487, Judgement on the appeal of the Prosecutor against the decision of TC I entitled ‘Decision on the consequences of non-disclosure of exculpatory materials covered by Article 54(3)(e) agreements and the application to stay the prosecution of the accused, together with certain other issues raised at the Status Conference on 10 June 2008’, paras. 76 to 83, 21 October 2008.
(13) Corte Penal Internacional. Case The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir. Decision on the Prosecution\\\\\\\\\\\\\\\'s Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir. Situation in Darfur/Sudan. ICC-02/05-01/09-3, 4 April 2009, paras. 117.
(14) Corte Penal Internacional. Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, No. ICC-01/05-01/08-3343, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, para.113. 21 March 2016.
(15) Confrontar el documento Asamblea de Estados Partes (2006). Plan d’action de l’Assemblée des États Parties pour parvenir à l’universalité et à la mise en œuvre intégrale du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Documents officiels de l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, cinquième session, La Haye, 23 novembre au 1er décembre 2006 (Cour pénale internationale, ICC-ASP/5/32), partie III, résolution ICC-ASP/5/Res.3, annexe I. En la sesión número 15 del año 2016 se prevé su tratamiento nuevamente con algunos puntos especificados en el documento ICC-ASP/15/PA/38.
(16) Corte IDH, Las Palmeras vs. Colombia, Excepciones Preliminares, 4 de febrero de 2000, Serie C No 67, párr. 32 y 33: “Cuando un Estado es Parte de la Convención Americana y ha aceptado la competencia de la Corte en materia contenciosa, se da la posibilidad de que ésta analice la conducta del Estado para determinar si la misma se ha ajustado o no a las disposiciones de aquella Convención aún cuando la cuestión haya sido definitivamente resuelta en el ordenamiento jurídico interno. La Corte es asimismo competente para decidir si cualquier norma del derecho interno o internacional aplicada por un Estado, en tiempos de paz o de conflicto armado, es compatible o no con la Convención Americana. En esta actividad la Corte no tiene ningún límite normativo: toda norma jurídica es susceptible de ser sometida a este examen de compatibilidad.” Ver también Corte IDH, Masacres de Ituango vs. Colombia, 1 de julio de 2006, Fondo y Reparaciones, Serie C No 148.
(17) Estos son los que fueron incluidos en el texto de la Constitución: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos son los que fueron incluidos con posterioridad a través del mecanismo parlamentario para dar jerarquía constitucional y, por ende, superior a las leyes: la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Persona y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad.
(18) Por ejemplo, la Fundación internacional Baltazar Garzón. Se puede consultar en la página www.principiosju.com . O el reporte de TRIAL, la Federación Internacional por los Derechos Humanos y el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos: Universal Jurisdiction Annual Review 2015 ( https://trialinternational.org/latest-post/universal-jurisdiction-annual-review-2015/ )
(19) Gelli, M. A. (2013). Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, 4ta edición ampliada y actualizada. Tomo II. 4° edición 6° reimpresión. Ciudad de Buenos Aires. Editorial La Ley. p. 572. En esta obra encontramos que "el art. 118 se iere, implícitamente, a la competencia federal en materia en la que está comprometido el derecho de gentes pero por delitos cometidos fuera del territorio nacional. La norma sobre el punto no es suficientemente nítida en la determinación de las hipótesis en que cabría aplicar la disposición.". Cfr. Padilla, A. J. (2001). Un aporte al estudio de los antecedentes del art. 113 de la Constitución Nacional, Boletín Informativo de la Asociación Argentina de Derechos Constitucional. Año XVII, N 179, marzo de 2001. p. 35. Este artículo es citado en la obra de la Dra. Gelli, luego de cotejarlo, nos parece importante resaltar que el autor sostiene que la fuente primera del artículo 118 es un tratado entre Gran Bretaña y la Confederación Argentina para la abolición del tráfico de esclavos. Y completamos que este sería uno de hostes humani generis que han movilizado el principio de Jurisdicción Universal desde finales del Siglo XVIII.
(20) Anteproyecto de Código Penal de la Nación (2014). Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. http://www.infojus.gob.ar/anteproyecto-codigo-penal [última visita el 1 de setiembre 2015]. Ver también, Diehl, P.F., Ku, C. y Zamora, D. (2006): “In defining the normative system, the participants in the international legal process engage in a political and legislative exercise that defines the substance and scope of the law. Normative change may occur slowly with the evolution of customary practices, a traditional source of international law”. (p.433).
(21) Corte IDH, Caso “La Última Tentación de Cristo”, en la sentencia de fondo, del 5 de febrero de 2001, Serie C No 73, parr. 87.
(22) Ver también la obra de Pinto, M. (Comp.) (2009). Las fuentes del derecho internacional en la era de la globalización. Un comentario. En: “Las fuentes del derecho internacional en la era de la globalización”; Buenos Aires, Editorial Eudeba. pp. 13-30.