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Timestamp: 2019-08-25 07:35:21
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Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 28', 'artículo 14', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 105', 'artículo 27']

09. Derecho a la educación y libertad de enseñanza - Derecho UNED
1 El derecho a la educación. Regulación jurídica
1.1 Protección jurídica internacional
1.2 La Unión Europea
1.3 El Ordenamiento Español
2 La libertad de enseñanza
2.1 Libertad de creación de centros docentes
2.2 El carácter propio de los centros. Derecho a un ideario
2.3 El régimen de conciertos escolares
3 La asignatura de religión
3.1 La Constitución y la asignatura de religión
3.2 La asignatura de religión en las distintas normas de educación
3.3 El profesorado de religión
Es preciso comenzar realizando una reflexión sobre la relación entre el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y el derecho eclesiástico del Estado.
La enseñanza religiosa no se imparte solo a través de la asignatura dedicada al estudio sistemático de una concreta confesión religiosa sino también de la restante labor docente, por lo que podemos decir que depende de las convicciones del profesorado, del contenido y presupuestos ideológicos de cada asignatura y del régimen del vigente régimen escolar en cada centro.
Educación y enseñanza son sin duda dos temas conflictivos y el artículo que nuestra Constitución (Art. 27) dedica a la materia favorece distintas interpretaciones. Encontramos dos grupos de defensores:
Los defensores de la enseñanza privada: insisten en la prioridad de la libertad de enseñanza entendida como libertad de creación de los centros docentes con un ideario determinado. Esta libertad facilita el derecho a los padres a elegir la educación más acorde con las propias convicciones y con su propia conciencia.
Los defensores de la enseñanza pública: como postura opuesta a la anterior, son quienes apuestan por que el derecho a la educación en la libertad y para la libertad del educando, sea lo que contribuye más eficazmente al pluralismo de la escuela.
El derecho a la educación. Regulación jurídica
Podemos definir la educación como un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos, es el principal medio que permite a adultos y menores participar plenamente en sus comunidades, desempeña un papel decisivo en muchos ámbitos como la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, etc. Cada vez es más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones que los Estados pueden hacer.
¿Qué es la educación entonces? Es un elemento esencial para el progreso de los pueblos, un derecho fundamental, cuya titularidad corresponde a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. De estas afirmaciones podemos decir que se derivan unas consecuencias que citamos a continuación:
Se deben establecer mecanismos de compensación de las desigualdades en el ejercicio de este derecho
Corresponde a los poderes públicos garantizar la educación (de aquí se deriva que la educación básica será gratuita en los centros públicos)
Es preciso que la metodología que se emplee asegure la participación de los alumnos
Se considera la educación como un proceso de evolución constante
¿Qué debemos entender? El derecho a recibir educación es un deber respecto a la educación básica, y sin condiciones
Conclusión: La educación es un derecho que se encuentra ampliamente reconocido por los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos y por el ordenamiento jurídico español. La educación entendida como derecho y en particular, como derecho social, es una conquista histórica.
Reconocido el derecho a la educación como derecho fundamental, debemos atender tal y como nos obliga el art. 10.2 de la Constitución, a lo que establezca la Declaración Universal de Derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
¿Dónde encontramos recogido el derecho a la educación?
En diversos textos internacionales pero centraremos nuestro análisis en tres de ellos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos: Recoge el derecho a la educación en su artículo 26 diciendo que “toda persona tiene derecho a la educación” reforzado por el artículo 2 que dice “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración sin distinción alguna de raza, sexo, color, idioma…” y tampoco podemos olvidar que la Asamblea General de Naciones Unidas propone la educación como vehículo para la transmisión y conocimiento de los valores vertidos en la Carta; por lo tanto, las claves para interpretar el derecho a la educación según la Declaración serán:
derecho universal que debe aplicarse con un criterio amplio y comprensivo.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Como continuidad del anterior, es un tratado internacional con valor jurídico vinculante para los Estados Partes en el mismo, el artículo 13 reconoce el derecho a la educación y señala como finalidad de la misma el pleno desarrollo de la personalidad humana y el respeto por los derechos humanos. Podemos concluir de la siguiente manera:
Se entiende la educación como vehículo básico para conseguir una sociedad libre y tolerante
La enseñanza básica queda configurada como gratuita y obligatoria
Los niveles superiores de enseñanza deberán ser asequibles
Añadimos a la Declaración Universal de Derechos Humanos la gratuidad y la obligatoriedad.
La Convención sobre los Derechos del Niño: que reconoce el derecho en su artículo 28 y además establece las medidas que encuentra necesarias para hacer efectivo el derecho.
Conclusión: La educación es:
Una responsabilidad que la comunidad internacional ha asumido como propia.
Una responsabilidad compartida y reconocida como motor del desarrollo humano porque: salva vidas, favorece el crecimiento económico y la distribución de la riqueza y por que permite a los ciudadanos participar en la vida pública y defender sus opiniones y derechos.
Es un derecho que se encuentra íntimamente vinculado con otros derechos fundamentales como libertad de opinión, conciencia y religión.
Paulatinamente, el derecho a la educación comienza a tener reflejo en la cooperación intergubernamental que, se articula sobre la base de tres principios básicos:
El reconocimiento del derecho a la educación como un derecho fundamental de todos
El mantenimiento de la diversidad y a la vez el sistema educativo de carácter particular de los sistemas nacionales
La definición de objetivos educativos.
A partir del Tratado de Maastricht, se entenderá la Unión como otras formas de operación distintas de las económicas, allí es donde se asumió el compromiso de respetar los derechos fundamentales y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, por lo que el tratado de la Unión, reforzará el papel de la educación en el ámbito comunitario.
Ya desde diciembre de 2000 no tenemos que remitirnos a la jurisprudencia para establecer un catálogo de derechos fundamentales, pues ya tenemos la Carta de Derechos Fundamentales donde en su artículo 14 recoge el derecho a la educación, y además es importante subrayar que desde el Tratado de Lisboa la Carta esta conferida con el mismo valor jurídico que los Tratados (el mismo valor que al derecho originario).
El Ordenamiento Español
Educación y enseñanza tienen reflejo constitucional en el artículo 27 de la Constitución1. El derecho a la educación, entendido como derecho a acceder a una formación acorde con los intereses personales, tiene su más específica regulación en los siguientes apartados:
Apartado 1 donde se afirma que todos tiene derecho a la educación
Apartado 4 se prescribe la enseñanza básica es obligatoria y gratuita
Apartado 5 en que se dice que los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación
Las normas relativas al derecho a la educación se interpretarán:
De conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos
De conformidad con los acuerdos internacionales ratificados por España
El principio de igualdad recogido en el art. 14
Ese carácter ideológico, unido a la enseñanza de la religión en la escuela, nos conduce al art. 162
Los artículos que establecen las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas
Los distintos Estatutos de Autonomía y leyes que en la materia, tengan aprobadas las diferentes autonomías.
Partidarios del pluralismo de escuelas y partidarios del pluralismo en la escuela parecen no ponerse de acuerdo a la hora de legislar, por lo que han sido aprobadas Leyes Orgánicas como pueden ser la LO de Estatutos de centros escolares, LO de derecho a la educación y en 1990 entrará en vigor la LO General del Sistema Educativo que tratará de responder a la nueva realidad autonómica de España y modificará la estructura del itinerario por curso académico entre otras cuestiones.
Tomaremos como referencia el concepto que nos ofrece la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, entendiendo la libertad de enseñanza en un sentido amplio y no restrictivo, que abarca todo el conjunto de libertades y derechos en el terreno de la educación.
La libertad de enseñanza está compuesta por:
La libertad de crear centros docentes y de dotarlos de un carácter o proyecto educativo propio.
La capacidad de los padres de poder elegir para sus hijos centros docentes distintos de los creados por los poderes públicos
La formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones.
Los propios profesores cuya libertad de Cátedra está amparada por la Constitución
Es preciso apuntar que nuestro sistema legal no permite que la libertad reconocida a los padres, pueda ser ejercida en los hogares, al menos en lo que respecta a la enseñanza obligatoria. La libertad de los padres se refiere a la facultad de enseñar a sus hijos fuera del horario escolar, a la asignatura de religión, a la elección de centro, o bien a la libertad que, como individuos tienen para crear un centro docente cuyo proyecto educativo concuerde mejor con sus preferencias.
El modelo educativo creado por la Constitución, configura un sistema mixto de escuela pública y de escuela privada.
Las escuelas públicas son erigidas por los poderes públicos
Las escuelas privadas surgirán de la iniciativa privada, el TS reconoce que el art. 27.6 es la manifestación primaria de la libertad de enseñanza.
Los centros docentes creados en virtud de lo dispuesto en el art. 27, podrán atender a enseñanzas tanto regladas como no regladas; más hemos de añadir que en opinión de la doctrina la creación de centros docentes no se agota en la creación de establecimientos de enseñanza, sino que abarca la fundación de los mismos e incluso su dirección.
La creación de centros de titularidad privada, deberá armonizarse con los demás derechos educativos señalados en la Constitución y además tendrá como límites el respeto a los derechos fundamentales y los principios constitucionales de igualdad, liberta, pluralismo… y por supuesto las leyes.
En el 2010 el TC ha enunciado un nuevo principio constitucional: la habilitación de los poderes públicos para homologar e inspeccionar el sistema educativo. La libertad de creación de centros docentes incluye además el derecho a establecer el ideario propio de los centros.
La LO de Educación remite a la LO del derecho a la educación para determinar los requisitos que se habrán de cumplir para crear un centro.
La apertura y funcionamiento de los centros privados que impartan enseñanzas, se someterán al principio de autorización administrativa, que se concederá siempre que se reúnan los requisitos mínimos que se establezcan por el Gobierno.
El carácter propio de los centros. Derecho a un ideario
El titular del centro tiene derecho a establecer el carácter propio del mismo, donde el respeto de los derechos de los padres, profesores y alumnos actuará como límite, esto forma parte del derecho a la libertad de creación de centros.
El concepto de ideario de los centros educativos no viene definido por la normativa vigente, y da pie a distintas interpretaciones; si atendemos a un concepto amplio de ideario podrá incluir además de los aspectos religiosos y morales de la actividad educativa, los distintos aspectos de su actividad. La postura contraria entiende el ideario como una concreción del derecho reconocido en el artículo 27.3.
Mediante el ideario los padres podrán conocer el tipo de educación que imparte ese centro desde la perspectiva moral y religiosa.
La LOE reconoce en su artículo 105 el derecho al carácter de propio de los centros privados a la vez que establece ciertas cautelas como pueden ser la publicidad del ideario entre otras. También afirma para no dejar lugar a dudas que la matriculación de un alumno supondrá el respeto del carácter de propio del centro.
El régimen de conciertos escolares
El sistema que consagra el texto constitucional de coexistencia de escuelas públicas y privadas, se ve reforzado por la posibilidad de acceso, por parte de los centros a un sistema de financiación pública de centros escolares de titularidad privada más la concesión de estas ayudas queda condicionada por los siguientes principios o mandatos constitucionales:
Promoción por parte de los poderes públicos de las condiciones necesarias para la igualdad y la libertad que sean reales y efectivas.
Los centros sostenidos con fondos públicos podrán ser públicos o privados estando obligados a ofrecer la educación básica de manera gratuita.
Los centros de enseñanza que así lo deseen podrán firmar acuerdos con la administración educativa, donde quedarán establecidos los derechos y deberes de las partes.
La Ley Orgánica de Educación establece en sus artículos 116 y 117 el régimen actual de los conciertos escolares. Los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas por la Ley podrán acogerse al régimen de conciertos en los términos legalmente establecidos, dejando constancia el articulado que tendrán preferencia aquellos centros que atiendan a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables, y en todo caso, los que funcionen en régimen de cooperativa.
Es el Gobierno el encargado de establecer los aspectos básicos a los que deben someterse los conciertos según lo previsto en la LOE, corresponde de la misma manera a las comunidades autónomas dictar las normas necesarias para el desarrollo de acuerdo con lo previsto en la ley.
El derecho a recibir e impartir enseñanza religiosa forma parte del contenido esencial que la LO de libertad religiosa reserva a los individuos, se entiende como una manifestación del derecho fundamental de libertad religiosa, y se puede plantear desde dos perspectivas:
Fuera del ámbito escolar: en la que se trataría de un refuerzo de la patria potestad respecto de las opciones religiosas o ideológicas de los padres.
Desde el ámbito escolar.
Podemos hacer también dentro del ámbito religioso otra distinción en el ámbito educativo que también podría hacerse desde dos perspectivas:
Aconfesional: que pasaría por el conocimiento de distintas religiones y el acercamiento, desde la mera instrucción a las mismas.
Confesional: que sería el acercamiento a la religión destinada y orientada a la formación del fiel, que no del alumno. (Esta perspectiva es la que se analizará en las próximas líneas)
En 1992 el Estado, mediante la firma de tres acuerdos contempla la posibilidad de que otros grupos religiosos puedan recibir enseñanza religiosa en la escuela pública, aunque es cierto que no es en condiciones análogas a las de la enseñanza católica. La enseñanza religiosa está reconocida en España a distintas confesiones religiosas, de las cuales, la católica goza de un sistema más beneficioso que las demás, aunque esto no significa que con ello se vulnere la legalidad vigente.
La Constitución y la asignatura de religión
La enseñanza religiosa tiene en nuestro derecho, una explicación concreta.
Debemos distinguir entre los contenidos propios del derecho a la educación y otros contenidos que afectan a las creencias religiosas o a las valoraciones morales especificas de los ciudadanos.
Los contenidos propios tienen por el objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana según el artículo 27.2 de la Constitución, son obligados para cada educación.
Los contenidos que afectan a las creencias religiosas o a las valoraciones morales específicas: siendo compatibles con el contenido esencial del derecho fundamental, no están comprometidos necesariamente en el mismo.
Aunque los poderes públicos están obligados a prestar la debida cooperación, teniendo en cuenta las creencias de la sociedad española, la cooperación deberá realizarse sin lesionar la laicidad o la igualdad. Se considerará por lo tanto el factor religión como un plus superpuesto sobre el sustrato común e ineludible de la formación obligada para garantizar el libre desarrollo de la personalidad humana.
La solución por la que han optado los poderes públicos para hacer efectivo el derecho a la enseñanza religiosa, en el marco educativo, ha pasado por la inclusión en los planes de estudio, de una asignatura de corte confesional; esto deberá hacerse siempre en clave constitucional, respetando la neutralidad y separación estatales.
El TC establece que la enseñanza religiosa que, con carácter optativo para el alumnado, se imparta en los centros públicos si tiene cabida en el marco del estado laico, ya que las enseñanzas de seguimiento libre sirven para hacer posible el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. (Art. 27.3 CE)
La asignatura de religión en las distintas normas de educación
En un sistema jurídico-político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y, la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y muy especialmente, los centros docentes estatales, han de ser ideológicamente neutrales.
La neutralidad propia del estado laico no impide, la organización en los centros públicos de enseñanzas de seguimiento libre para hacer posible el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones.
Ha sido la normativa de desarrollo y no la Ley la que ha ido estableciendo las enseñanzas mínimas de los distintos niveles educativos donde se concreta el régimen de la enseñanza de religión, incluyendo la asignatura que se ofrecerá como optativa.
Es el RD 1513/2006 de 7 de diciembre el que incluye la enseñanza religiosa para la Educación primaria y la garantía de las administraciones educativas. Con el fin de evitar la discriminación por el hecho de cursar la asignatura de religión, los centros docentes deberán adaptarse y, tener en cuenta en la organización del centro esta situación, para que los alumnos que cuyos padres no hayan optado por la asignatura confesional, reciban la debida atención educativa. La solución que otorguen los centros para compensar la elección de los padres no podrá incluir contenidos que acerquen a los alumnos al hecho religioso, ni a cualquier otra área de Primaria.
La evaluación de la asignatura se realizará en condiciones equiparables a las demás aunque no computaré en las convocatorias en las que deban entrar en concurrencia los expedientes académicos.
La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de cooperación celebrados por el Estado español con la Federación de Entidades religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España, La Comisión Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse.
El régimen del profesorado de religión queda regulado por dos disposiciones:
Real Decreto 696/2007 por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión prevista en la disposición adicional tercera de la LOE que establece: Los profesores que impartan la enseñanza de las religiones deberán cumplir los requisitos de la titulación establecidos para el nivel educativo en el que impartan docencia además de lo que para su aptitud establezcan los acuerdos suscritos entre el Estado Español y las diferentes Confesiones Religiosas. La propuesta para la docencia quedará a cargo de las entidades religiosas y se renovará cada año. La remoción, en su caso, se ajustará a Derecho.
Las confesiones religiosas no comparten el sistema de financiación para el profesorado encargado de impartir la asignatura de religión; mientras que en el caso del profesorado encargado de impartir la asignatura de religión católica el Estado se convierte en empleador, el supuesto de enseñanza islámica responde a un sistema más complejo; antes del comienzo del curso escolar, la Comisión Islámica de España comunicará las Administraciones educativas competentes las personas que considere idóneas para impartir la enseñanza en los distintos niveles educativos.