Source: https://es.scribd.com/document/43956568/Definicion-de-Medidas-Cautelares
Timestamp: 2017-05-26 15:03:13
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Este tipo de medidas derivan de un documento que trae aparejada ejecución. En el caso del sistema penal acusatorio. la parte denunciante puede hacer el señalamiento de bienes. 1. se puede otorgar la ejecución de una medida cautelar.1 Cosa Genérica Las medidas cautelares que recaen sobre cosas genéricas deben tener un tratamiento especial de preservación. estos bienes deben ser preservados por sujetos procesales que garanticen la preservación.1 Nacidas de puro conocimiento Las medidas cautelares de puro conocimiento tienen su sustento de procedencia en el principio de la buena fe de las partes procesales. En acción penal privada.2 Cosa Específica La medida cautelar sobre cosa específica recae sobre algún objeto determinado o determinable que tiene íntima relación con el hecho delictuoso. los bienes inmuebles. puede ejecutarse mediante juicio ejecutivo civil. y sin mayor trámite y previa contracautela. un acuerdo reparatorio o restitutorio celebrado ante el Juez de Control. o en su caso. la ejecución de la medida de aseguramiento de bienes va implícita en el auto de radicación. las medidas cautelares serán procedentes desde el mismo momento en que el demandante realiza un acto cognoscitivo ante el Juez de Control (en la solicitud para la formulación de la imputación. ya sea porque existen hechos ciertos con procedencia de Derecho. Las medidas cautelares de conocimiento tienen las siguientes características:
. los servicios y derechos adquiridos. o al momento mismo de la presentación de la denuncia de acción penal privada). 2 Postura de Eduardo J. Una vez decretada la medida sobre cosa específica. Las medidas cautelares sobre cosas genéricas tienen una íntima relación con la cadena de custodia. Couture 2.[10] 1. producto o instrumento del delito. Por ejemplo. En materia de extinción de dominio. pero no se trata de indicios sino de preservaciones. se debe realizar anotaciones preventivas para garantizar el debido cumplimiento de dicha medida. Por ejemplo. es decir. la permanencia de la cosa. Las cosas genéricas deben ser objeto.
que por su propia naturaleza. En el caso del procedimiento de extinción de dominio.2 Medidas de conocimiento sumario. de lo contrario. tendrá como consecuencia que la institución procesal resarza los daños y perjuicios a la persona cautelada. las medidas cautelares recaen sobre los bienes que son producto. y las resoluciones que se deriven de ambos procesos no son vinculatorias entre sí. En el ámbito de la justicia alternativa. con comienzo de ejecución provisional Las medidas cautelares derivan de: • Acuerdo reparatorio restitutotorio • De una resolución judicial (auto o sentencia) • De un documento con aparejada ejecución o título ejecutivo • Un cumplimiento de ejecutoria Las medidas cautelares tienen un fin asegurativo que se deriva del incumplimiento de la voluntad de una de las partes. por ejemplo en la congelación de cuentas bancarias.• Recaen sobre pretensiones litigiosas que se deben atender como prueba anticipada o prueba preconstituida. con independencia de la responsabilidad penal del sujeto que pudiera derivarse en el proceso respectivo.
. servicios o derechos. • Aplicación de inaudita altera pars en todos los casos. 2.3 Medidas de tutela de la propiedad o del crédito Son aquellas medidas cautelares que tienen como destinatario el derecho real de una persona. Cuando una medida cautelar ejecutada anticipadamente sea revocada. tiene relación con las formas autotutelares de solución de conflictos. que se debe hacer de manera inmediata. se desvirtuarían los bienes. El procedimiento de extinción de dominio es autónomo del proceso penal principal.4 Medidas de ejecución anticipada Son aquellas medidas. 2. [11] 2. y el órgano jurisdiccional realiza una inferencia inmediata. deben garantizarse su cumplimiento desde la primera intervención. objeto o instrumento del delito. En este procedimiento especial no existen medidas cautelares en contra de personas. a través de la justicia restaurativa. • Tiene exigencia de ser atendida con inmediatez por una carga de contingencia elevada. • Es la primera percepción que tiene el Juez respecto de los hechos.
busca lograr un balance entre el derecho de la víctima del delito de ser protegida en su persona y sus bienes. Las medidas cautelares. la aplicación de la prisión preventiva se establece como una medida de última opción. Entre las medidas cautelares negativas de carácter real se encuentran: • Prohibición de enajenación de bienes. cuya
. • Garantía económica a cargo del demandante de la medida cautelar. • Disposición normativa que faculte la restitución de bienes con accesorios. el derecho del inculpado a ser tratado como inocente y la demanda social de justicia y seguridad. • Limitación a la libertad de tránsito. • Prohibición de convivir con determinadas personas. y no como una forma de prejuzgar a quién no ha sido declarado como responsable mediante una sentencia judicial. • Suspensión de actividades profesionales.6 Medidas de contracautela Las principales medidas de contracautela son: • La garantía de justicia restaurativa. ya sea en cuanto a los bienes o en cuanto a las personas. en tratándose de una acción penal pública. A diferencia del proceso penal de corte inquisitivo. La contracautela tiene como propósito combatir o evitar los daños y perjuicios que pudiera recibir el sujeto cautelado. Entre las más importantes se encuentran: • Prohibición de ir a determinados lugares. La contracautela significa la capacidad que tiene el proceso para garantizar el pago por una indebida aplicación de medidas cautelares.5 Medidas cautelares negativas Las medidas cautelares negativas implican una inactividad o limitaciones permisivas a las que un sujeto realiza cotidianamente. • Prohibición temporal de publicación de alguna obra. 2.2. el procedimiento penal acusatorio adversarial (conocido como Juicios Orales) que inició su vigencia en el Estado de Morelos el 30 de octubre de 2008. Conforme lo exigen las normas y estándares internacionales. • Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas o estupefacientes. • Prohibición de uso de determinados objetos. • Suspensión de derechos civiles y políticos. son dispuestas únicamente para asegurar la presencia del imputado en el juicio o para asegurar la integridad de la víctima y la reparación del daño causado.
El Juez de Garantía o Tribunal de Juicio Oral. [pic]¿Quién impone las medidas cautelares? Las medidas cautelares son solicitadas por el Fiscal al Juez de Garantía o al Tribunal de Juicio Oral para asegurar la presencia del imputado en juicio. • La colocación de localizadores electrónicos. procedimientos o medios emitidos por un Juez o Tribunal.
. sin importar de quién se trate. [pic]¿A quién se le imponen las medidas cautelares? Las medidas cautelares se imponen a los imputados de la comisión de un delito. con la finalidad de garantizar las resultas o efectos del proceso. así como la reparación del daño que pudo haber causado. • La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada. • La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe. motivada y escrita. y son aquellos actos. que informe regularmente al juez. para garantizar la seguridad e integridad de la víctima u ofendido y. ya que de esta forma garantiza que su actuar. sino que deben ser acreditados por el Ministerio Público.aplicación no depende del delito imputado. para garantizar su presencia en el juicio que determinará su culpabilidad o inocencia. sólo pueden ser impuestas mediante resolución judicial fundada. de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Las medidas cautelares en contra del imputado son exclusivamente las autorizadas por la ley. según la Convención Interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares. sino de la necesidad de aplicarla. de obstaculización de la investigación o peligro para la víctima u ofendido. la nueva ley no presume. [pic]¿Qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares. para garantizar la reparación del daño que pudo causar. será siempre apegado a la legalidad. Extremos que. así como a la sanción penal que pudiera llegar a imponerse. [pic]¿Cuáles son las medidas cautelares? Las medidas cautelares que prevé la legislación vigente en el Estado de Morelos son: • La presentación de una garantía económica • La prohibición de salir del país. no menoscaba los derechos de la víctima y la sociedad. también pueden ser llamadas "medidas de seguridad" o "medidas de garantía". sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado. en concordancia con el principio de presunción de inocencia. El respeto de la autoridad a los Derechos Fundamentales del imputado. firmada por México y los demás Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). y ésta debe ser proporcional al peligro que tratan de evitar. sólo podrán imponer la medida cautelar que la Ley prevé. por existir riesgo grave de fuga. evitar la obstaculización del procedimiento y garantizar la seguridad o integridad de la víctima u ofendido. por el tiempo absolutamente indispensable.
la naturaleza jurídica de la prisión preventiva. sin vigilancia alguna o con las modalidades que el juez disponga. entre otras. en su propio domicilio o en el de otra persona. los tratadistas de esta materia generalmente omiten su análisis. este último concepto es anterior en tiempo ya que con él se designó histórica y técnicamente al edificio en que se alojaba a los procesados. que significa "detención" por la fuerza o impuesta en contra de la voluntad. y • La prisión preventiva Así mismo. En ocasiones se confunden los términos prisión y cárcel. Del latín prehensio-onis. acercarse o comunicarse con personas determinadas. mientras que presidio. sin embargo. institución prevista por nuestras normas constitucionales. así como su naturaleza política. como medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el juicio. como medidas cautelares para asegurar la presencia del imputado en el juicio. máxime que durante la Edad Media no tenía importancia jurídico-penal por ser sólo la sala de espera de las penas. siempre que no se afecte el derecho de defensa. Concepto Prisión. prisión o penitenciaría es un lugar destinado a sentenciados o condenados a una pena de privación de la libertad. Tal institución tiene. es una institución jurídica que ha sido estudiada tradicionalmente incluyéndosela en el rubro de la pena de prisión sin concedérsele la importancia necesaria. la legislación prevé la detención en caso de flagrancia o urgencia. las características que en este trabajo analizamos en una forma somera pero que trata de ser crítica. En prisión preventiva permanecen aquellas personas acusadas de la comisión de un delito en espera de una sentencia que bien podría absolverlos o condenarlos. y la orden de aprehensión. por ello. en los casos en que el estado de salud del imputado así lo amerite. I. • La separación inmediata del domicilio cuando se trate de agresiones a mujeres y niños o delitos sexuales y cuando la víctima conviva con el imputado.
. tomando en cuenta algunas consideraciones elementales de política criminal tales como la difícil distinción práctica entre prisión preventiva y prisión pena. y la orden de aprehensión. su relación con los derechos humanos. Así mismo. • La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. • Internamiento en centro de salud u hospital psiquiátrico.• El arraigo. Introducción La prisión preventiva. • La prohibición de convivir. la legislación prevé la detención en caso de flagrancia o urgencia. II. lo anterior previo breve análisis del concepto que nos ocupa y una breve reseña histórica acerca del mismo.
III. al comentar el artículo 18 constitucional(1). El segundo argumento para justificar la segregación consiste en facilitar al acusador el acopio de pruebas. segregar por peligrosidad implica desligarse del "hecho" supuestamente cometido. sentencia que bien puede ser tanto absolutoria como condenatoria. violatorio de derechos humanos ya que el privado de su libertad no podrá ofrecer pruebas. derecho de autor atentatorio del principio de legalidad y del artículo 14 constitucional. Tal argumento atenta contra el principio de igualdad de las partes en el proceso y contra el derecho de defensa. difícil si el acusado estuviera en libertad. expresa que la exigencia de la prisión preventiva deriva de un interés elemental de orden público: que al individuo a quien fundadamente se supone autor de un delito sea segregado del medio social tanto para evitar que su libre actividad pueda resultar peligrosa como para facilitar al representante de la sociedad el acopio de pruebas que permitan el esclarecimiento de la verdad. Por otro lado y como veremos más adelante. la prisión preventiva estaba acompañada de
. pero sin embargo. pero que en caso de absolución representa una violación de elementales derechos humanos irrecuperable. que en caso de ser condenatoria sólo prolongará la detención en el tiempo. colocando así al acusado en un plano de inferioridad respecto de la otra parte. situación que sería de difícil cumplimiento si el acusado estuviere libre. la prisión se utilizaba sólo como "sala de espera" de la pena que se iba a imponer y que era de naturaleza casi siempre extintiva. Santiago Barajas. Así.Entendamos prisión como privación de la libertad. Asimismo. lo que variaba era la forma de ejecución. constituye una auténtica privación de uno de los derechos más sagrados del hombre. su libertad. lo que implica una privación de derechos fundada en un derecho de autor. Es de carácter preventivo porque tiene por objeto asegurar la presencia del procesado evitando que se fugue ante la concreta e inminente amenaza de la pena privativa de la libertad mediante la sentencia. segregar a una persona por la supuesta peligrosidad futura es absurdo tanto por lo impreciso e inseguro del término "peligrosidad" como por la dificultad objetiva de emitir un juicio de peligrosidad que no es más que un juicio de probabilidad. es decir. Antes de ser pena. la prisión preventiva es antecedente de la prisión misma como pena. Antecedentes En principio. En primer lugar. la prisión preventiva como medio de asegurar la presencia en el proceso atenta contra el principio de derecho que establece que hay inocencia mientras no sea probado lo contrario. Tal comentario es bastante criticable en sus dos aspectos político-criminal. no en lo que "hace". y por prisión preventiva a la privación de la libertad que sufre quien no ha sido sentenciado. fundada en lo que el autor "es". La prisión preventiva no se considera propiamente una pena. que frecuentemente se prolonga por años y que en caso de condena se computa incluyéndola en el tiempo de prisión impuesto.
la prisión preventiva no se diferenció en cuanto a su aplicación de la prisión como pena. La pena de muerte cede su lugar a la prisión por lo que los hombres valían más vivos que muertos. El trabajo forzoso respondía a los intereses de la nueva clase social naciente. para segregar al hombre sin tener que matarlo. En el México precolombino. la Bastilla). torres como la de Londres. etc.(4) Tenemos como clases de prisiones de los aztecas el "cuauhcalli". Posteriormente. en Walnut Street Jail no había ninguna separación entre presos. por esto estuvo -sobre todo durante la Edad Media--. monasterios. durante la época de transición feudalismo-capitalismo. manicomio y custodia de deudores. aunque fue también forma de castigo o pena para delitos menores.(2) Cuando la pena de muerte encuentra su fin (excepción de casos más graves) por lo que surge un más eficaz y mejor método (la prisión como pena) para intimidar o corregir o en fin. un incremento del desamparo. acompañada de la tortura. que entre los aztecas era generalmente la de muerte. ya que todos los presos fueron sufriendo igual trato así en Europa como en los Estados Unidos de América. la prisión preventiva sigue fungiendo como siempre para retener al individuo sujeto a un proceso casi siempre inquisitivo para averiguar la "verdad". Más tarde surge la fase correccionalista y moralizadora de los siglos XVIII y XIX. Para Von Henting. sólo se podía aplicar teniendo al sujeto en prisión preventiva. durante la Edad Media la prisión preventiva era importante no en cuanto a la forma sino en cuanto a la necesidad de tener disponible al autor para la investigación. "La prisión fue siempre una situación de alto peligro.). institución preventiva de reclusión. la burguesía. y con ello un estado previo a la extinción física". la prisión fue también lugar de custodia hasta la aplicación de la pena correspondiente.trabajos forzados o era reclusión en calabozos insalubres y enloquecedores.(3) llegando hasta el aislamiento celular riguroso de principio del siglo XIX (el solitary confinement. etc. anterior a la pena de muerte. que durante el siglo XVIII la cárcel era prisión militar. A finales del siglo. ya que una vez que cometían el delito los hacían trabajar. y las "rasp-huis" en Holanda como formas de segregación punitiva (siglo XVII) consistentes en poner al preso a raspar rústicamente con una sierra la madera para la elaboración de tintes textiles. surge en Europa otro concepto de la prisión como pena: ya no se utiliza sólo para segregar o castigar. por eso siguió una suerte paralela a la de la pena privativa de la libertad. y por último el periodo reconciliador y readaptador del actual sistema penitenciario. Si la tortura era legal y necesaria. mazmorras. Los procesados estaban siempre junto con los condenados sufriendo las mismas consecuencias. Mientras la prisión como pena siguió evolucionando (pozos. sino que pretende la reforma de los reos por medio del trabajo y la disciplina asegurándose su propio mantenimiento surgiendo las "houses of correction" o "bridewells" (siglo XVI) en Inglaterra. era una jaula estrecha y sobrevigilada para hacer sentir los rigores de la muerte al reo desde su
. fincas enormes de cantera. jaulas.
Una cosa es cierta y es que la prisión preventiva se aplica posterior a la adecuación de una conducta a una hipótesis normativa de carácter jurídico-penal. siendo igual como cárcel preventiva y como pena.aprehensión. proteger a los testigos. el "malcalli" era cárcel para prisioneros de guerra. dándole este último carácter a la prisión preventiva impuesta a un presunto delincuente en tanto se celebra el juicio. diversos autores han dado a la prisión preventiva los siguientes objetivos: impedir la fuga. una medida de seguridad o de algo distinto. IV. pero desgraciadamente no se lleva a la práctica en la mayoría de las cárceles nacionales. y el "petlacalli". Durante la época colonial la detención jugaba el mismo papel que en la época medieval: era sala de espera hasta que la santa Inquisición imponía la pena que generalmente era la de muerte. proteger al acusado de sus cómplices o de la víctima o evitar se concluya el delito. habiéndose reducido enormemente la pena de muerte en su utilización. destinado para los que no iban a sufrir pena de muerte. cárcel para reos por faltas leves. Para este autor. sin olvidar la función secundaria de reforzamiento de la prevención general. el "teilpiloyan". y no es sino hasta el Constituyente de 1857 que se separan la prisión preventiva y la "compurgatoria". también preventiva y punitiva. Naturaleza jurídica Acerca de la naturaleza jurídica de la prisión preventiva. ya que se aplica a presuntos inocentes. resulta necesario determinar si se trata de una pena. la prisión preventiva no pretende retribuir ni intimar a la generalidad. asegurar las pruebas. La prisión preventiva en México sigue la misma suerte que la prisión. Algunos diputados arguyeron que tal separación servía para evitar el castigo social. asegurar la presencia en el juicio. Así. sí en el Distrito Federal donde hay reclusorios preventivos y ejecutivos desde fechas recientes. no se les seguía proceso. y que por lo tanto es una reacción del Estado contra el delito y si como hemos visto no puede tratarse de medida cautelar o de seguridad por carecer esta
. ya fuera descuartizamiento. etc. salvo el criterio peligrosista a que nos referimos en la primera parte de este trabajo y que ya hemos combatido. Rodríguez Manzanera(5) distingue la prisión como pena y como medida de seguridad. la prisión como pena debe cumplir con la función de prevención especial. porque podían presentarse causas que permitieran la libertad de los primeros. Todos estos puntos parecen ser combatibles y nos indican que la prisión preventiva se utiliza según tales argumentos doctrinarios para reemplazar la ineptitud policiaca. cámara de agua.pena durante la época posterior a la independencia. por ello no encontramos fundamento para su aplicación. Tal posición fue retomada por el actual artículo 18 constitucional. estiramiento de miembros. Sigue diciendo que como medida de seguridad. debiendo cumplirse en lugares distintos ya que era injusto encerrar juntos a procesados y condenados. garantizar la ejecución de la pena. hoguera.
En toda pena de prisión que imponga una sentencia. el carácter es punitivo y esto sale a flote tanto teórica como prácticamente.(7) La prisión preventiva no está exenta de los perjuicios de la cárcel porque no hay distinción entre presos. si la dificultad para concebir a la prisión preventiva con su carácter punitivo es tan sólo formal por no existir aún una sentencia condenatoria. la preventiva es deleznable: la prevención de nuevos delitos por una parte y el éxito procesal es por la otra". Por otro lado.(6) quien sigue diciendo: "para la más estricta justicia.. atenta contra el principio de inocencia. trabajo remunerado. separación familiar. adecuarse a ella y hacerse incapaz para aceptar el medio externo. Esta ejecución anticipada de la pena trae consigo.. ya que se mantiene aun cuando existan posibilidades relevantes de un resultado absolutorio. tradición y cultura general de la penitenciaría" que dificultan seriamente una adecuada reincorporación del sujeto al medio social al entrar en la subcultura carcelaria. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. y sí las ventajas del costo al estado. trae las consecuencias de no tener las ventajas de la ejecución de la pena impuesta en sentencia como liberación. tal dificultad no se presenta para concebirla como una "ejecución anticipada" de la pena que carece de fundamento y que.. además de las señaladas. Los últimos párrafos de la fracción X del artículo 20 constitucional disponen: "Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso. es decir.
.. pérdida de empleo. V. etc.". situación que contradice al principio de inocencia en mayor manera.pretensión de fundamento (además de que en teoría es discutible una distinción entre pena y medida y en la práctica no es posible distinguirla nítidamente: es igual la prisión preventiva que la ejecutiva. "se le está castigando para saber si se le debe castigar". etc. otras consecuencias como la prisionalización o institucionalización que consiste en la "adopción en mayor o menor grado de los usos. como se señaló. puesto que no existe certeza jurídica de que la resolución que vendrá sea condenatoria y ya se hizo sufrir mientras tanto al procesado todos los rigores de la privación de la libertad.. La prisión preventiva y los derechos humanos El artículo 18 de la Constitución Política mexicana prevé en su parte conducente lo siguiente: "Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. Por otro lado. se computará el tiempo de la detención". sobre todo cuando no hay separación entre condenados y procesados y cuando la prisión preventiva se prolonga por años). procesados y condenados en la gran mayoría de las cárceles nacionales. como dice García Ramírez. costumbres. No vale en contra de lo anterior el hecho de que la prisión preventiva no sea una "pena larga".
no tiene base científica y la "necesidad" de preservarla es difícil de demostrar para la totalidad de los casos para los que está prevista. prevé la aplicación de dicha ley en lo "conducente" a las personas sujetas a prisión preventiva. conciencia y opinión. como vimos en el apartado anterior. ya que ello corresponde a la autoridad judicial a la que se encuentra sujeto el procesado. estableciendo también que la autoridad administrativa de los reclusorios no podrá liberar provisionalmente a procesados. sin embargo. Existen pues (siguiendo con la idea) tres grandes grupos de derechos humanos: a) los que atañen a la libre disposición del cuerpo (derecho a la vida. y más aún cuando existe una relevante posibilidad de absolución porque es burla mayor al principio de inocencia. derecho a la educación y a la cultura). Consideramos a los derechos humanos como aquellos derechos del hombre históricamente condicionados y posteriores al Estado.5 por ciento de procesados dentro del total de presos). a no tener hambre. el artículo 18 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. con Lola Aniyar. es regla común en México para todos los delitos que ameritan pena corporal (que constituyen la inmensa mayoría: investigaciones de la ONU han demostrado la cifra de 68. Como podemos ver. poniéndose mayor acento en la igualdad y no en el sentido iusnaturalista de los derechos inmanentes al hombre reconocidos y perfeccionados posteriormente por el Estado. b) los que afectan la libre disposición del espíritu (libertad de pensamiento. los derechos del hombre comprometidos en los preceptos legales invocados al inicio de esta parte. Ahora bien. a la salud y al trabajo. a la libertad de movimientos. referencias importantes acerca de los derechos humanos para verificar la incongruencia de los preceptos trascritos. y en México Luis Rodríguez Manzanera ha demostrado la existencia de cerca de 50 por ciento de presos sin condena en relación con el total de privados de la libertad y con mayor razón por el hecho de que es contraria al principio de inocencia. al trabajo. Vemos enseguida.Por su parte. el apartheid y la esclavitud. a la seguridad. a la seguridad. la prisión preventiva es una institución jurídica que. condenándose la tortura. son los considerados en la primera de las clasificaciones anteriores.
. Esto es más absurdo y violatorio de derechos humanos cuando la prisión preventiva para asegurar la presencia del preso al juicio se prolonga hasta el agotamiento de la pena que se pudiera imponer. a la salud. así como los derechos políticos comprendidos en el tercer rubro (todos estos se ven mermados o perdidos debido a la situación de prisión preventiva). c) los que afectan la libre disposición de los medios para poner en práctica los anteriores (derecho a la igualdad legal y derechos políticos a votar y ser votados). según el cual si no se es culpable esta sentencia condenatoria debería entonces prevalecer la libertad y no la detención. sobre todo los derechos a la libertad.
no obstante la flagrancia. quedan registrados y estigmatizados y carecen de los beneficios que se conceden a los sentenciados.Para Rodríguez Manzanera. si este principio o la flagrancia y gravedad del delito.. los procesados siguen siendo inocentes en presunción. sobre todo cuando se prolonga por meses o años. tienen seriamente limitados sus derechos ya que comparten la institución carcelaria con verdaderos delincuentes sentenciados) ignoran cuándo saldrán en libertad. conlleva el proceso de prisionalización que entre otras consecuencias dificulta su vida en el exterior. cuya punibilidad posible en su término medio aritmético fuera razonable (mayor que el de 5 años) y nos cita ejemplos como el parricidio. etc.es una privación del bien máximo -libertad. contacto familiar.(11) la prisión preventiva es parte de ella y al sufrirla el ser humano. loable y humanitaria. y por ello es una pena anticipada como lo señalamos en el capítulo anterior. que ameritan un juicio de reproche sumamente severo. pudiera ser el hecho de que si la cárcel es una institución total (porque degrada y humilla sistemáticamente separando al interno del mundo exterior. asalto. sustentado por Marco del Pont. ya que la prisión preventiva -como él lo considera.(8) Los procesados detenidos (que son teóricamente inocentes. Es interesante en cuanto al rubro de nuestro apartado la propuesta de algunos autores como Carlos Madrazo(9). por lo que en la práctica se sigue dando en la actualidad en la averiguación previa) como forma de obtener pruebas originando una situación de desventaja para el acusado en base a los indicios.) que pugnan por reducir los plazos de prisión preventiva con el propósito de humanizar la justicia y evitar actos criminales contra personas que después demuestran su inocencia. violación.) que domestica al interno. por ello se sigue violando el principio de inocencia y habría de determinar qué es más importante. la realidad nos indica que se da más importancia al temor a que el acusado no se presente al juicio o cometa otro delito. secuestro. etc. pero además de la gravedad del delito es necesario que el autor sea sorprendido en flagrancia para que no quepa duda de su responsabilidad. que a la violación de los derechos humanos. Otro criterio en contra. etc. pierde derechos políticos. Luis de la Barreda S.
.. en el sentido de adicionar el artículo 18 constitucional para establecer la manera de que el procesado pueda gozar de una preliberación. La anterior -creemos-. Elpidio Ramírez. la tortura cedió el paso a la prisión preventiva (en ley. Tal reducción llevaría a escoger sólo en casos que por su gravedad debiera asegurarse al presunto responsable. A pesar de todo lo que implican las anteriores consideraciones. Carlos Madrazo hace referencia a otra corriente importante en cuanto al tema que nos ocupa respecto de tratadistas mexicanos(10) (incluidos básicamente Olga Islas. sin embargo. y no culpables. es una proposición bastante seria.
20 DE DICIEMBRE DE 2007) Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal. por delito doloso no grave. El inculpado esté sujeto a otro u otros procesos penales anteriores por delitos dolosos que ameriten pena privativa de libertad. por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido. (DEROGADO SEGUNDO PARRAFO.Que no se trate de delitos que por su gravedad estén previstos en el quinto párrafo del artículo 268 de este Código. y (REFORMADA. a solicitud del Ministerio Público. cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa. cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad.Que otorgue caución para el cumplimiento de las obligaciones que en términos de ley se deriven a su cargo en razón del proceso. El inculpado. servidores públicos que intervengan en el procedimiento o algún tercero. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) ARTICULO 556 Bis. el monto de la reparación no podrá ser menor del que resulte aplicándose las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo.O. G. G. III.O. 10 DE ENERO DE 1994) ARTICULO 556.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) (ADICIONADO. El inculpado se haya sustraído con anterioridad a la acción de la justicia.. III. el juez podrá negar la libertad provisional. Exista el riesgo fundado de que el inculpado cometa un delito doloso contra la víctima u ofendido. IV.En caso de delitos no graves.. cuando: I. haya sido previamente condenado por la comisión de delito doloso grave. por la conducta precedente del inculpado o por las circunstancias y características del delito cometido.. D.O.O. G.. Se entenderá que existe riesgo para el ofendido o para la sociedad. a ser puesto en libertad provisional bajo caución.. un riesgo para el ofendido o para la sociedad.
. inmediatamente que lo solicite. II. El inculpado haya cometido un delito doloso en estado de alteración voluntaria de la conciencia a que se refiere la fracción VII del artículo 138 del Código Penal para el Distrito Federal. o VI. (DEROGADO SEGUNDO PARRAFO. por algún delito calificado como grave por la ley o. 15 DE MAYO DE 2003) IV. G.. Existan elementos probatorios de que el inculpado se sustraerá a la acción de la justicia. según corresponda.Que garantice el monto estimado de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele. si la libertad provisional le es otorgada. II. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) (DEROGADO TERCER PARRAFO. G.CAPITULO III Libertad provisional bajo caución (REFORMADO.Todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa y en el proceso judicial. siempre y cuando no haya transcurrido el término de la prescripción que señala la ley. en sentencia ejecutoriada. impidiendo con ello la continuidad del proceso correspondiente.Que garantice el monto estimado de la reparación del daño. alguno de los testigos que depongan en su contra. si se reúnen los siguientes requisitos: I. si la libertad provisional le es otorgada.O. V.
El Agente del Ministerio Público.. G. En este caso. Para tal efecto. por su defensor o por el legítimo representante de aquél..Cuando proceda la libertad caucional.. D. con posterioridad a la reducción de la caución recuperó su capacidad económica para cubrir los montos de las garantías inicialmente señaladas. por causas supervenientes.La disminución acreditada de las consecuencias o efectos del delito. reunidos los requisitos legales.La información que se presente para acreditar los supuestos previstos en el artículo anterior y corra agregada en autos.O. 10 DE ENERO DE 1994) ARTICULO 560. puede solicitarse de nuevo y ser concedida.. se le revocará la libertad provisional que tenga concedida.El Juez o Agente del Ministerio Público revocarán la libertad provisional concedida al procesado o indiciado cuando se actualice cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 556 Bis o el delito se reclasifique como grave. ARTICULO 558. IV. G.O.A petición del procesado o su defensor.. III. aun con pagos parciales. V.. en todo caso. durante el procedimiento de Averiguación Previa. ARTICULO 559.La libertad bajo caución podrá pedirse en cualquier tiempo por el acusado. (ADICIONADO. G. (ADICIONADO. la caución a que se refiere la fracción III del artículo 556. el juez la decretará inmediatamente en la misma pieza de autos. II. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) ARTICULO 556 Quater. está obligado a realizar las diligencias de investigación para asegurar su cumplimiento. El Juez de la causa. se reducirá en la proporción que el juez estime justa y equitativa por cualquiera de las circunstancias siguientes: I.. dará aviso por escrito al Procurador General de Justicia del Distrito Federal cuando se desprenda de autos el incumplimiento de la disposición anterior. en ningún caso será considerada por el Juez para determinar el grado de culpabilidad al individualizar las penas y medidas de seguridad.El buen comportamiento observado en el centro de reclusión de acuerdo con el informe que rinda el Consejo Técnico Interdisciplinario... (REFORMADO. por parte del Agente del Ministerio Público.O.O. si se llegare a acreditar que para obtener la reducción el inculpado simuló su insolvencia.El tiempo que el procesado lleve privado de su libertad. Las garantías a que se refieren las fracciones I y II del artículo 556 sólo podrán ser reducidas en los términos expuestos en el primer párrafo de este artículo cuando se verifique la circunstancia señalada en la fracción III del presente artículo.En caso de que se niegue la libertad caucional.. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) ARTICULO 556 Ter. sino en los casos y bajo las condiciones que señale el Código Penal para el Distrito Federal.Otras que racionalmente conduzcan a crear seguridad de que no procurará sustraerse a la acción de la justicia. o bien. 20 DE DICIEMBRE DE 2007)
.F. de no restituir éstas en el plazo que el juez señale para ese efecto. (REFORMADO.La imposibilidad económica demostrada para otorgar la caución señalada inicialmente.. ARTICULO 557. negará la libertad provisional del inculpado cuando se actualice cualquiera de los supuestos previstos en el presente numeral.
ARTICULO 561. sea solvente e idóneo y dicho fiador proteste hacerse cargo de las exhibiciones no efectuadas por el inculpado. de conformidad con las siguientes reglas: a) Que el inculpado tenga cuando menos un año de residir en forma efectiva en el Distrito Federal o en su zona conurbada. D.O. El juez podrá eximir de esta obligación.. y deberá efectuarse antes de que se obtenga la libertad provisional. tomándose razón de ello en autos. su representante o su defensor no hagan la manifestación mencionada.La caución podrá consistir: (REFORMADO PRIMER PARRAFO.. D...En prenda. sobre inmuebles cuyo valor fiscal no sea menor que el monto de la caución. a juicio del juez. III.La naturaleza de la caución quedará a elección del inculpado.O..En hipoteca otorgada por el inculpado o por terceras personas. más la cantidad necesaria para cubrir los gastos destinados a hacer efectiva la garantía en los términos del artículo 570 del presente código. 30 DE DICIEMBRE DE 1991) ARTICULO 563. (REFORMADO. en cuyo caso el bien mueble deberá tener un valor de mercado de cuando menos dos veces el monto de la suma fijada como caución.En fideicomiso de garantía formalmente otorgado. de acuerdo con el artículo que antecede. en la institución de crédito autorizada para ello. c) El monto de la primera exhibición no podrá ser inferior al quince por ciento del monto total de la caución fijada.F. para lo cual deberá motivar su resolución. Cuando el inculpado no tenga recursos económicos suficientes para efectuar en una sola exhibición el depósito en efectivo. 30 DE DICIEMBRE DE 1991) ARTICULO 562. el fiador deberá comprobar que tiene bienes raíces. D. inscritos en el Registro Público de la Propiedad. 10 DE ENERO DE 1994) V.En depósito en efectivo. del tribunal o juzgado. el Ministerio Público o el juez recibirán la cantidad exhibida y la mandarán depositar en las mismas el primer día hábil. hecho por el inculpado o por terceras personas.O. no pueda constituirse el depósito directamente en la institución mencionada. para los efectos de la fracción V del artículo anterior. En el caso de que el inculpado. por razón de la hora o por ser día inhábil. el juez podrá autorizarlo para que lo efectúe en parcialidades. (ADICIONADA.F.. d) El inculpado deberá obligarse a efectuar las exhibiciones por los montos y en los plazos que le fije el juez. el Ministerio Público. Cuando. más la cantidad necesaria para cubrir los gastos destinados a hacer efectiva la garantía en los
. cuyo valor no sea menor que el monto de la caución.Cuando la fianza personal exceda del equivalente a cien veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal. (REFORMADO.O. profesión u ocupación lícitos que le provean medios de subsistencia. se depositará en la caja de valores del Ministerio Público. D. (REFORMADA. 10 DE ENERO DE 1994) II.En fianza personal bastante. El certificado que en estos casos se expida.. fijará las cantidades que correspondan a cada una de las formas de la caución.F.F. y demuestre estar desempeñando empleo. 10 DE ENERO DE 1994) I. que podrá constituirse en el expediente. D. y (sic) IV. el juez o el tribunal.F.O. b) Que el inculpado tenga fiador personal que. quien al solicitar la libertad manifestará la forma que elige..
o no efectúe las exhibiciones dentro de los plazos fijados por el tribunal. éstos. ARTICULO 565.El fiador propuesto.O. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable cuando se trate de afianzadoras legalmente constituidas y autorizadas.. 10 DE ENERO DE 1994) ARTICULO 567.El juez podrá revocar la libertad caucional cuando a su criterio el procesado incumpla en forma grave con cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo anterior. D. se le hará saber que contrae las siguientes obligaciones: presentarse ante el Ministerio Público o el juez cuantas veces sea citado o requerido para ello. (REFORMADO. En la notificación se hará constar que se hicieron saber al indiciado las anteriores obligaciones. bajo protesta de decir verdad.Cuando desobedeciere.Al notificarse al indiciado el auto que le concede la libertad caucional. sin causa justa y comprobada.O.. para que esa declaración se tome en cuenta al calificar su solvencia. D. al notificar el auto de sujeción a proceso le hará saber que ha contraído las dos primeras obligaciones señaladas en el primer párrafo de este mismo artículo.O. En los casos a que se refiere el artículo 133 bis. y constancia de estar al corriente en el pago de las contribuciones respectivas. pero la omisión de este requisito no libra al indiciado de ellas ni de sus consecuencias. deberán comunicarle las que hayan aceptado así como la cancelación de las mismas. (F.F.F. D. fianza personal que exceda del equivalente a cien veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal o hipoteca. 30 DE DICIEMBRE DE 1991) ARTICULO 564.Cuando se ofrezcan como garantía. (REFORMADO PRIMER PARRAFO. y presentarse ante el Ministerio Público. los jueces solicitarán del Tribunal Superior datos del índice para calificar la solvencia de un fiador. se revocará la libertad caucional en los siguientes casos: (REFORMADA.F.. (REFORMADO. para que el juez califique la solvencia..En el Tribunal Superior respectivo se llevará un índice en que se anotarán las fianzas otorgadas ante el mismo o ante los juzgados de su jurisdicción. para que también esto se anote en el índice.F. Cuando lo estimen necesario.F. D. D. a cuyo efecto. salvo cuando se trate de las mencionadas empresas afianzadoras.términos del artículo 570. 30 DE DICIEMBRE DE 1991) I.. 30 DE DICIEMBRE DE 1991)
. Asimismo. 10 DE ENERO DE 1994) ARTICULO 568.O. deberá declarar ante el juez o tribunal correspondiente. en caso de habérsele autorizado a efectuar el depósito en parcialidades. se deberá presentar certificado de libertad de gravámenes expedido por el encargado del Registro Público de la Propiedad. D. DE E. el Juez.O... 11 DE SEPTIEMBRE DE 1931) ARTICULO 566. acerca de las fianzas judiciales que con anterioridad haya otorgado.F. comunicar a los mismos los cambios de domicilio que tuviere. (REFORMADA. en su caso. juzgado o tribunal que conozca de su causa el día que se le señale de cada semana. en el término de tres días.O. así como de la cuantía y circunstancias de las mismas. las órdenes legítimas del tribunal que conozca de su asunto. que comprenda un término de diez años.
Si no pudiere desde luego presentar al inculpado.... se hará efectiva a favor de la víctima o del ofendido por el delito la garantía relativa a la reparación del daño. sin prejuicio de librar orden de reaprehensión si lo estimare oportuno. y II.O. (REFORMADO.Cuando lo solicite el mismo inculpado y se presente a su juez. La otorgada para garantizar las obligaciones derivadas del proceso se devolverán al sentenciado o a quien indique éste. hipoteca o fideicomiso para garantizar la libertad de un inculpado. VII. 10 DE ENERO DE 1994) VIII.O. la primera a favor de la víctima u ofendido por el delito y la segunda a favor del Estado. IV. D..O.F.El acusado sea absuelto. en los términos del artículo 569 de este código.. o en su caso. 10 DE ENERO DE 1994) V. de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. DE E. 10 DE ENERO DE 1994) ARTICULO 573..(DEROGADO. el juez podrá otorgarle un plazo hasta de quince días para que lo haga.Cuando amenazare a la parte ofendida o a algún testigo de los que hayan depuesto o tenga que deponer en su causa..Cuando fuere sentenciado por un nuevo delito intencional que merezca pena privativa de libertad. ARTICULO 570.O. G. D. se cancelarán. 17 DE MAYO DE 2007) ARTICULO 569. antes de que la causa en que se le concedió la libertad esté concluida por sentencia ejecutoria.Si durante la instrucción apareciere que el delito o los delitos materia del auto de formal prisión son de los considerados como graves. D.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 1931) III.O.(DEROGADA. 10 DE ENERO DE 1994) (REFORMADO..O.F. las que versen sobre las sanciones pecuniarias y para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso. Si concluido el plazo concedido al fiador no se obtiene la comparecencia del inculpado. fianza. Cuando resulte condenado el acusado que se encuentre en libertad bajo caución y se presente a cumplir su condena. se harán a favor de los Fondos de Apoyo a la Procuración y Administración de justicia.F. al agente del Ministerio Público o al secretario del juzgado o tribunal que conozca de su causa. D.
.El juez o tribunal ordenará la devolución de los depósitos o mandará cancelar las garantías.. D.. (F. las órdenes para que comparezca éste se entenderán con aquél.O.F.Cuando se dicte al indiciado auto de libertad o de extinción de la acción penal.. 10 DE ENERO DE 1994) ARTICULO 571. al juez. las cauciones para garantizar la reparación del daño y las sanciones pecuniarias se harán efectivas. se hará efectiva la garantía.O.En caso de revocación de la libertad caucional se mandará reaprehender al procesado y. y VI.(DEROGADA. (REFORMADA. D.O. 10 DE ENERO DE 1994) ARTICULO 572. o tratare de cohechar o sobornar a alguno de estos últimos..F. salvo la causa prevista en la fracción IV del artículo 568 de este código. y se ordenará la reaprehensión del inculpado.F.F. cuando: I.(DEROGADO.Cuando un tercero haya constituido depósito.. D.II. 10 DE ENERO DE 1994) (REFORMADO. D..Cuando en su proceso cause ejecutoria la sentencia dictada en primera o segunda instancia..
.Cuando se hubiese prolongado la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare al proceso.Libertad protestatoria es la que se concede al procesado siempre que se llenen los requisitos siguientes: I. (REFORMADA.Cuando se viole alguna de las disposiciones de los dos artículos anteriores. 30 DE DICIEMBRE DE 1991) V. CAPITULO II Libertad provisional bajo protesta (REFORMADO. II. D. 10 DE ENERO DE 1994) III.Que su residencia en dicho lugar sea de un año cuando menos.Que a juicio del juez.Cuando recaiga sentencia condenatoria contra el agraciado.La libertad bajo protesta.F..O.. D.Cuando habiéndose pronunciado sentencia condenatoria en Primera Instancia.O.Lo previsto en este capítulo será aplicable en lo conducente a la libertad bajo caución que otorgue el Ministerio Público en averiguación previa. D. D. en los siguientes casos: (REFORMADA. D.O.. (REFORMADO PRIMER PARRAFO.La libertad protestatoria se revocará: I. . Cabe anotar y precisar que el arraigo en materia penal a su vez está diversificado en nuestra legislación tanto en el fuero común como en el fuero federal.En los casos de revocación de la libertad caucional.Que el acusado tenga domicilio fijo y conocido en el lugar en que se siga el proceso. la cumpla íntegramente el acusado. ARTICULO 553...F. y II.F. 10 DE ENERO DE 1994) VI.O." Es la medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa o durante el proceso. (REFORMADA... en razón a no delimitarlo a una sola entidad federativa y por ser en jerarquía la Ley más próxima en su género después de los Tratados
.F. Tratándose de personas de escasos recursos. procede sin los requisitos anteriores. siempre que se le ordene. (ADICIONADO.Que proteste presentarse ante el Tribunal o Juez que conozca de su causa.La libertad protestatoria se concede siempre bajo la condición de que el agraciado desempeñe algún trabajo honesto. 10 DE ENERO DE 1994) ARTICULO 555. 10 DE ENERO DE 1994) I. IV.O.. no haya temor de que se sustraiga a la acción de la justicia..O.F. II. D. ARRAIGO PENAL. y (REFORMADA.O. D. ARTICULO 554. 19 DE MARZO DE 1971) ARTICULO 552. el juez podrá conceder este beneficio cuando la pena privativa de libertad no exceda de cinco años. ya sea en primera o en segunda instancia.Que se trate de delitos cuya pena máxima no exceda de tres años de prisión.Que el inculpado no haya sido condenado por delito intencional.ARTICULO 574.. 10 DE ENERO DE 1994) ARTICULO 574 Bis. y que para este caso se tomara como parte medular el arraigo propiamente dicho en materia federal.... y esté pendiente el recurso de apelación... se deberá oír previamente al Ministerio Público.F.F.
Así mismo nadie ignora que los sujetos a averiguación son proclives a eludirla. en razón de la investigación de un hecho delictivo. no debiendo exceder de 30 días naturales. el legislador dispuso un plazo de 30 días. Para estos supuestos nadie duda que desde al averiguación previa se deben efectuar las medidas conducentes al efecto de estar en posibilidad de integrar el cuerpo del delito. Corresponderá al Ministerio Público y a sus auxiliares vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. así como la efectividad de la sanción privativa de libertad. Con objeto de hacer factible la función persecutoria encomendada al arraigo en el Código Federal de Procedimientos Penales. para solicitar al órgano jurisdiccional el arraigo del inculpado en los casos en que se estime necesario. Editorial Porrúa. (figura establecida en el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales). No obstante la indicada regla general. las medidas en los procedimientos penales pueden ser también de carácter personal para garantizar el desarrollo del proceso. en el citado artículo 133 bis. en el caso del arraigo y de 60 días naturales. Concedido el arraigo por el juez. ocultándose o fugándose por lo cual es manifiesta la dificultad que enfrenta el representante social para integrar los elementos señalados. a la persona en contra de quien se prepare para el ejercicio de la acción penal. de Marco Antonio Díaz de León. se determina la facultad de dicho Ministerio Público Federal. Código Federal de Procedimientos Penales. debiendo levantarse dicha presunta responsabilidad. siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia. como lo establece el Diccionario de Derecho Procesal Penal y de términos usuales en el proceso penal. Para dar continuidad a la claridad de la definición del arraigo es inminente invocar el numeral del Código Federal de Procedimientos Penales. en el de la prohibición de abandonar una demarcación geográfica. específicamente el 133 bis puesto y que a la letra dice: " Artículo 133 bis. Es decir. a petición del Ministerio Público." En nuestro sistema procesal penal. la presunta responsabilidad y así ejercitar la acción penal. en los asos de sentencias condenatorias de tal pena. para los efectos de que este cumpla con los requerimientos del Ministerio Público. si existe o no presunta responsabilidad del inculpado... el arraigo es una medida cautelar que durante la averiguación previa se impone con vigilancia de la autoridad al indiciado. prorrogables por otros 30 días a petición del Ministerio Público. El arraigo domiciliario o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica se prolongarán por el tiempo estrictamente indispensable.Internacionales a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tal y como lo establece el artículo 133 de la citada Ley Fundamental. tercera edición. México 1997 y que reza como sigue: ARRAIGO. en los términos descritos se entiende que la regla general sobre su duración será la del tiempo estrictamente indispensable para determinar en la averiguación previa. Por lo antes dicho es congruente citar una definición más del arraigo en materia penal. decretar el arraigo domiciliario e imponer la prohibición de abandonar una demarcación geográfica sin su autorización. Cuando el afectado pida que el arraigo o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica queden sin
.La autoridad judicial podrá.
b) hay que puntualizar que los sujetos que intervienen en el arraigo son necesariamente el Ministerio Público en su calidad de peticionaria o solicitante del arraigo. 1. Aunque excepcionalmente la figura del arraigo puede ser así mismo un acto procesal una vez que se solicite cuando está abierto el procedimiento. forma y medios de realización señalados en la solicitud. que aunque tienen marcadas diferencias los dos son susceptibles de ser estudiados a la luz de la Constitución. a)Cabe destacar que el arraigo es un acto esencialmente prejudicial puesto que sirve como herramienta a la autoridad investigadora para que previamente a un proceso logre conformarse el cuerpo del delito.. Este comentario viene a colación para especificar que el arraigo sobre el cual versa este trabajo es la figura del ARRAIGO DOMICILIARIO. EL ARRAIGO DOMICILIARIO: Análisis sobre la afectación o no afectación de la libertad personal con su ejecución.2 Precisiones respecto a las definiciones del arraigo." Se debe puntualizar que el numeral antes citado hace una clara distinción o mejor dicho induce a la creencia de otras dos modalidades de arraigo como lo es " EL ARRAIGO DOMICILIARIO" Y UN "ARRAIGO EN UNA DEMARCACIÓN GEOGRÁFICA". si deben o no mantenerse. Ahora bien es necesario invocar el artículo 12 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en función a que también forma parte de la esfera Federal en materia penal que a la letra dice: "Artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. c)Otra precisión importante es ubicar a la figura del arraigo en su modalidad de arraigo domiciliario y aunque está en debate sólo el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. el órgano jurisdiccional o Juez en materia penal competente de conocer la procedencia de la citada solicitud y el indiciado o individuo que debe quedar arraigado una vez procedida la solicitud.efecto." Se debe advertir que no se pierda de vista tanto el artículo citado en el párrafo anterior así como el 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. la autoridad judicial decidirá escuchando al Ministerio Público y al afectado. con vigilancia de la autoridad. además de dejar establecido qué dice al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a estos criterios opuestos. el arraigo de éste en el lugar. Recordando que la finalidad del presente trabajo es analizar la inconstitucionalidad del arraigo es por lo cual se expondrán en los siguientes puntos el criterio que se ha venido sosteniendo que dicho arraigo no afecta la libertad personal propiamente dicha así como el criterio que sostiene que sí afecta la citada libertad personal. y que servirán para demostrar la hipótesis planteada .El juez podrá dictar con la simple solicitud del Ministerio Público de la Federación y tomando en cuenta las características de los hechos imputados y las circunstancias personales del inculpado. no queriendo decir esto que son exactamente iguales sino que esencialmente lo consideran de la misma manera. la que ejercerá el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares. los cuales son sustentados el primero por dos Tribunales Colegiados de Circuito en el sentido de
. las demás Legislaciones en el resto de la República hasta ahora guardan el mismo criterio respecto al arraigo en sus Legislaciones locales.
jurídicos. y por la otra otro Tribunal Colegiado de Circuito que sostiene la no afectación de la libertad personal.1. contra actos del Juez Noveno Penal del DF. 2. Es el caso que el citado Tribunal Colegiado conoció de las quejas que ahora integran las ejecutorias en razón a que en la primera de ellas con el número 33/97. Y concluye razonando por último que "a mayor abundamiento. más relevantes de las ejecutorias que integran la citada Jurisprudencia. interpuesto por Víctor Manuel Salazar Huerta cuando al haber interpuesto Juicio de Amparo con incidente de suspensión ante el Juez Segundo de Distrito en materia penal. correspondiente al mes de enero de 1999.La orden jurisdiccional de arraigo que contempla el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales." De la anterior publicación Jurisprudencial se derivan datos de vital relevancia en lo que respecta concretamente al artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. En lo que a resumidas cuentas el citado Juez de Distrito negó al quejoso la suspensión provisional de los actos reclamados por lo que al conocer la queja el Tribunal Colegiado confirmó la resolución de haber negado la suspensión provisional declarando infundados los agravios del quejoso apoyándose en el razonamiento de que el arraigo conforme al artículo 133 bis del Código federal de Procedimientos Penales. ORDEN DE. Pero para hacer las precisiones conducentes hablaremos en el punto siguiente de los razonamientos más relevantes de las tesis que integraron a esta Jurisprudencia. regulada por el artículo II de la Constitución General de la República. que a la letra dice: " ARRAIGO.1 Criterio que sostiene la postura de que el arraigo no afecta la libertad personal. En el comentario preliminar a este punto se dejo puntualizado que existen dos criterios opuestos en relación con el arraigo domiciliario controvertidos en el punto específico de que sí afecta o no la libertad personal de los indiciados. sino que sólo afecta la libertad de tránsito regulada por otro artículo.1 Razonamientos lógico . tal Tribunal es: El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. debe decirse que
. procura la debida integración previa por el Ministerio Público y su suspensión entrañaría la contravención de disposiciones de orden público con apego a lo dispuesto por los artículos 130 y 124 de la Ley de Amparo. 2.sostener el criterio de la sí afectación por así llamarla. de la novena época del semanario Judicial de la Federación y su gaceta. pero si se señalaran los puntos medulares que llevaron al Tribunal Colegiado a formar este criterio. Este Tribunal sustenta cinco tesis derivadas de sentencias ejecutorias que integraron la Jurisprudencia publicada en la Pág. como lo es el II de nuestra Carta Magna que también será punto de discusión para la demostración de nuestra hipótesis. no afecta la libertad personal propiamente dicha. Desde luego no se va a profundizar ni a tocar puntos muy particulares de los casos concretos que integran las ejecutorias de esta Jurisprudencia. ya que como se desprende este criterio asevera que el arraigo contemplado en tal precepto no afecta la libertad personal propiamente dicha. NO AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL. y la PGR y otras autoridades. a que se refiere el artículo 130 de la Ley de Amparo.. 610 del tomo IX. por lo que debo aclarar qué Tribunal específicamente sostiene el criterio de que el arraigo no afecta la multicitada libertad personal. sino tan sólo la libertad de tránsito del destinatario de la misma.
contra actos de Jueces Diversos de Distrito en materia penal como ordenadoras y contra la PGR y otras. ejecutoras. La tercera ejecutoria devengó de la queja número 73/98 interpuesto por Salvador Giorgano Gómez inconformándose por la resolución del Juez Quinto de Distrito en materia penal del D. En lo cual por un lado el Juez de Distrito concedió la suspensión provisional en lo que hace a las órdenes de aprehensión pero por otra parte decretó negar la suspensión provisional de las órdenes de arraigo y su ejecución. Por su parte el Tribunal Colegiado al conocer de la queja dada su competencia estimó correcto confirmar el auto del Juez de Distrito recurrido en la citada queja apoyado en los razonamientos de declarar infundados los agravios del recurrente. aún cuando quede sin materia el Juicio de Amparo." Pues cabe aclarar que dentro de un Juicio de Amparo al negarse la suspensión y ejecutarse el acto reclamado el fondo del citado juicio quedaría sin materia por haberse consumado." La segunda ejecutoria a la cual le correspondió la queja número 61/98 promovida por José Fernando Peña Garavito inconformándose por la resolución del Juez Duodécimo de Distrito en Materia Penal. En tal resolución del Juez de Distrito negó. a que se refiere el artículo 130 de la Ley de Amparo. en los casos anteriores la suspensión provisional y por su parte el Tribunal Colegiado al resolver la queja confirmó la resolución de negar dicha suspensión provisional quien similarmente invocó los mismos preceptos de la Ley de Amparo y declaró que la orden de arraigo no afecta la libertad personal del indiciado quien además invocó una variable importante. con respectivo incidente de suspensión. debido a que tal acto va encaminado a la debida integración de la averiguación previa por parte del Ministerio Público apoyándose en los mismos fundamentos legales de la ejecutoria anterior y concluyendo que el arraigo no afecta la libertad personal. La cuarta ejecutoria se deriva del recurso de queja número 85/98. El Juez de Distrito que conoció el asunto decretó conceder al quejoso la libertad provisional condicionada a que esta no proviniera por motivo de la Comisión de Delitos considerados como graves y no permitieran la libertad bajo caución.una orden de arraigo no afecta la libertad personal propiamente dicha.F. Inconforme con la resolución el quejoso interpuso el recurso de queja que el Tribunal Colegiado a su vez conoció. Cuando se impide la continuación del procedimiento en una averiguación previa. apuntando el quejoso que se sentía agraviado en virtud de que la suspensión no iba a surtir efectos con la condición que el Juez de
. para el efecto de que no fuera ejecutada la orden de arraigo pretendida en su contra. sino tan solo la libertad de tránsito del destinatario regulada por el artículo III Constitucional.F. quien al pedir el amparo y protección de la Justicia de la Unión ante el Juez Noveno de distrito en materia penal del D. promovido por Francisco García González. improcedencia de la. considerando que tiene aplicación la tesis que establece: " Suspensión. al cual solicitó amparo y protección de la Justicia Federal y la suspensión de los actos del Juez Segundo de Distrito en materia penal y la PGR. ante el cual interpuso juicio de amparo con incidente de suspensión de diversos actos consistentes en órdenes de aprehensión por un lado y órdenes de arraigo decretadas por el Tribunal Superior de Justicia en diversas salas y otras autoridades.
Como ya se había dicho al principio de este capítulo que existían dos criterios opuestos en cuanto al arraigo. Pero luego sobrevino la formación de una tesis que en un principio no adquiría la categoría de Jurisprudencia. Para tal efecto el Juzgado de Distrito que conoció el asunto conoció el asunto concedió la suspensión provisional sin ninguna reserva contra dichas órdenes. 2. La quinta y última ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia citada y especificada con anterioridad. razonando que la concesión del Juez de Distrito decretando la suspensión en desde un principio incorrecta. pues el arraigo era motivado por delitos graves arguyendo el quejoso que el citado Juez de Distrito debió conceder la suspensión provisional del acto reclamado también por delitos considerados como graves evocando diversos razonamientos que a su interés convenían.2 Criterio que sostiene la postura que el arraigo afecta a la libertad personal. en virtud de que la suspensión provisional no es procedente para delitos graves ni los considerados como no graves. CUANDO SE IMPIDE LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. interpuesta por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en materia penal. Por su parte el Tribunal Colegiado al resolver la queja se pronunció en el sentido de declarar infundados los agravios del quejoso." Declarando infundado el recurso de queja por los razonamientos antes expuestos. AUN CUANDO QUEDE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO. Invocó los mismos preceptos de la Ley de Amparo referidos en las ejecutorias anteriores y la tesis cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN IMPROCEDENCIA DE LA. Dando pie al conjunto de estas ejecutorias a la formación de la Jurisprudencia cuyo tomo y publicación ha quedado establecida al principio de la exposición de este criterio." Motivando su resolución esencialmente también la multicitada tesis que al rubro dice: "ARRAIGO. Por lo que el Tribunal Colegiado revocó el auto dictado por el Juez de Distrito. ahora negando la suspensión provisional al quejoso contra las órdenes de arraigo consolidando el criterio de que el arraigo. NO AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL. con incidente de suspensión contra la oren u órdenes de arraigo. fue consecuencia de la resolución de la queja número 89/98. ORDEN DE. no afecta la libertad personal. puesto que estaba formada por tres Ejecutorias. arguyendo el citado representante social que su intervención se debía a que la indebida concesión de la suspensión provisional del arraigo contravenía disposiciones de orden público. dentro del juicio de amparo que solicitó Francisco García González el cual solicitó amparo y protección ante el citado Juzgado de Distrito contra actos de diversos Jueces de Distrito en materia penal y otras autoridades. para lo cual las ejecutorias del punto anterior integraron en su momento la Jurisprudencia que ya dejamos plasmada en un principio. Por tal motivo el Ministerio Público Federal adscrito a ese Juzgado interpuso la presente queja ante el Tribunal Colegiado de Circuito cuyo número ha quedado establecido. sosteniendo que el arraigo es una disposición de orden público y de interés social. sin embargo fueron suficientes para sustentar contradicción al criterio anterior dado que estas Ejecutorias sostienen que la libertad personal sí es afectada por el arraigo. específicamente en si afecta o no la libertad personal. que busca la debida integración de la averiguación previa.Distrito expuso en el acto concesorio de la suspensión. tal es
como el caso que dio origen a una contradicción de tesis resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.La orden de arraigo no sólo afecta la libertad de tránsito sino también la personal. que a la letra dice: "ARRAIGO. pero lo aludido a su libertad de tránsito debe permanecer en el lugar de la investigación para la debida integración de la averiguación previa debiendo presentarse determinados días para corroborar su estancia en el territorio correspondiente. por lo que en términos de los artículos 133 y 136 de la Ley de Amparo. y por tanto eran aplicables los artículos 124.1 Razonamientos lógico – jurídicos. 130 y 136 de la Ley de Amparo.2. tramitando incidente de suspensión contra órdenes de arraigo negándole el citado Tribunal la suspensión provisional. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL Y DE TRANSITO. en cambio causaría su ejecución daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso. se obliga a la parte quejosa a permanecer durante el tiempo que se le fije. Es necesario hacer ver que se tratara de efectuar la misma mecánica para puntualizar los razonamientos esenciales que llevaron a estos Tribunales a resolver las Ejecutorias que a continuación exponemos: La primera Ejecutoria que forma esta tesis. que más adelante citaremos para dejar claro cuál es el criterio que debe prevalecer. siguiendo el criterio que en puntos anteriores ya quedó analizado. que integran la citada tesis. sin que pueda salir de éste. en virtud de que la concesión de la suspensión provisional contra el arraigo." La citada tesis como ya lo había dicho es sustentada por tres Ejecutorias. procede la concesión de la suspensión provisional respecto de actos de naturaleza. más relevantes de las Ejecutorias. ante el cual solicitó amparo y protección contra actos del Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito y otras Autoridades.
. ORDEN DE. por lo que invocaremos textualmente la tesis que es consultable en la página 828. una pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y las otras dos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. en el cual se inconformó por la resolución dictada por el Tercer Tribunal Unitario del Primer Circuito. correspondiente al mes de enero de 1999 de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. con lo cual no se afectaría al quejoso de modo irreparable por lo que se le concede al quejoso la suspensión para efectos de no ser privados de su libertad. Caso contrario sería que se impusiera como ámbito territorial una determinada demarcación. pues es cierto que la orden de arraigo afecta generalmente la libertad personal. 2. pues al concederse esa medida. no afecta disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social. Por lo pronto nos ocupa analizar este segundo criterio de la sí afectación del arraigo domiciliario por nombrarle de algún modo. las cuales en el siguiente punto analizaré. en un determinado inmueble. se debe al recurso de queja resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y que le corresponde el número 88/98 interpuesto por Francisco García González. Por su parte el Tribunal que conoce la queja resuelve que son fundados parcialmente los agravios del quejoso en cuanto a que sí debe concederse la medida de suspensión por los artículos de la Ley de Amparo invocados. por su parte el quejoso arguyó en sus agravios que la orden de arraigo afectaba su libertad personal además de la libertad de tránsito. del tomo IX.
al resolver la queja número 19/98. pero ineficaces los argumentos sobre la inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. promovida por Jesús Miyazawa Álvarez. ya que el recurso de queja sólo va en el sentido de resolver la inconformidad sobre la negación de la suspensión provisional. es evidentemente contradictoria a la Jurisprudencia analizada en un principio. mismo que solicitó el amparo y protección ante el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. Por lo que el Tribunal Colegiado que conoció el recurso de queja determinó fundados parcialmente los agravios del recurrente en lo que hace a que sí debe concederse la suspensión provisional contra el acto reclamado consistente en el arraigo por afectar la libertad personal. Al interponer el recurso de queja ante el Tribunal Colegiado que ya quedó asentado. de los criterios opuestos en relación al arraigo domiciliario. pasa también por alto lo que regulan los artículos 14 y 16 de nuestra norma superior. el Presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. solicitando también la suspensión provisional contra actos del Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en México.3 Contradicción de tesis resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. de lo cual se hablara en el siguiente punto. y para tal caso volvió a precisar que su Tribunal estima que la orden de arraigo sí es un acto restrictivo de la libertad personal y por consecuencia lo relativo a la suspensión.La segunda Ejecutoria que integra la tesis en cuestión fue pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. Resolviendo fundadamente que sí debe concederse tal suspensión en virtud que el arraigo domiciliario sí afecta la libertad personal. para lo cual tal contradicción fue denunciada por el Tribunal Cuarto Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La tercera Ejecutoria fue pronunciada por el mismo Tribunal Colegiado que conoció de la queja señalada en el punto anterior. negándose al quejoso la suspensión provisional contra el acto que reclama consistente en una orden de arraigo domiciliario. que según el quejoso transgrede su garantía de audiencia. denunció la mencionada contradicción con arreglo al artículo 197 A de la Ley de Amparo que le confiere tal derecho de hacerlo como lo confiere a otras autoridades susceptibles de hacerlo. Una vez que se consolidó la contradicción de tesis. 2. D. afectándose la libertad personal del quejoso además de impugnar la imposición de un arraigo apoyándose en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. debe ventilarse conforme a los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo. el quejoso expresó sus agravios en el sentido de alegar inobservancia a lo dispuesto por el artículo 124 fracción II de la Ley de Amparo. La anterior tesis de la cual invoqué los razonamientos más relevantes de los Magistrados que resolvieron las quejas que los conforman. no contravienen disposiciones de orden público e interés social. y que independientemente de su Inconstitucionalidad. y que consistió en una aclaración de sentencia derivada del mismo expediente número 19/98 que expuse en el párrafo anterior. sin embargo su ejecución significaría arraigarlo en un domicilio o cualquier otro inmueble.F. tocando conocer de tal demanda a la Primera Sala de la Suprema Corte de
. con el fin de precisar ciertos puntos de sentencia que ya había emitido. sosteniendo que la suspensión provisional en su favor. y otras autoridades.
Ausente el Señor Ministro Juan N.Justicia de la Nación quien acordó su entrada el día 20 de octubre de 1999. al resolverles la contradicción de tesis que le correspondió el número 3/99 y se remitió al Semanario Judicial de la Federación para efecto de su publicación. Este análisis exhaustivo de los criterios en contradicción y el pronunciamiento que se acaba de transcribir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un paso
. y con fundamento en los artículo 192 y 195 de la Ley de Amparo así como los demás relativos. Castro y Castro (ponente). ORDEN DE. la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la Ejecutoria pronunciándose en que la Jurisprudencia que debe prevalecer es la del siguiente texto: "ARRAIGO DOMICILIARIO. por tanto. c) Decretó resolver en el punto preciso de si afecta o no la libertad personal. José de Jesús Gudiño Pelayo. antes y después de su reforma mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de febrero de 1999. e) Por último decidió abstenerse de resolver sobre la Constitucionalidad del artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. si para ello se cumplen los requisitos exigidos por la misma Ley. De la síntesis de los anteriores razonamientos esenciales. Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Humberto Román Palacios. b) Tal órgano Jurisdiccional precisó específicamente resolver sólo en lo que hace respecto a la orden de arraigo domiciliario. 136 y demás relativos de la Ley de Amparo. al obligar a la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia. La orden de arraigo domiciliario prevista por el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. cuyos números han quedado señalados en puntos anteriores y por otro lado la tesis Jurisprudencial que sostiene que el arraigo domiciliario no afecta la libertad personal cuyos números de queja también obran en el cuerpo de la presente investigación. Juventino V. trae como consecuencia la inmovilidad de su persona en un inmueble. Entre sus razonamientos más relevantes se determinaron en síntesis los puntos siguientes: a) La Primera Sal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró procedente la denuncia de contradicción de tesis. por ser evidente tal contradicción. Silva Meza. es un acto que afecta y restringe la libertad personal que puede ser susceptible de suspensión en términos de lo dispuesto por los artículos 130. en tomo al artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. por no ser tema de contradicción entre las tesis sustentadas por los Tribunales contradictorios. d) Otro punto en el que decidió resolver por considerar que es materia de la presente contradicción fue sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión provisional del arraigo domiciliario. El 20 de octubre de 1999. declarándose competente para conocer de la contradicción entre las tesis que afirman que el arraigo domiciliario sí afecta la libertad personal. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL." Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los Señores Ministros. a permanecer en un domicilio bajo la vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora.
trascendental que demuestra una parte importante de la hipótesis. recurrirá al órgano jurisdiccional. previa solicitud del Ministerio Público mandando hacer efectiva la garantía otorgada.Cuando con motivo de una averiguación previa el Ministerio Público estime necesario el arraigo del indiciado. (REFORMADO. 10 DE ENERO DE 1994) ARTÍCULO 271. hará que tanto el ofendido como el probable responsable sean examinados inmediatamente por los médicos legistas. El Procurador determinará mediante disposiciones de carácter general el monto de la caución aplicable para gozar de la libertad provisional en la averiguación previa. La garantía se cancelará y en su caso se devolverá cuando se resuelva el no ejercicio de la acción penal o una vez que se haya presentado el probable responsable ante el juez de la causa y éste acuerde la devolución.O. En las averiguaciones previas por delitos que sean de la competencia de los juzgados de paz en materia penal o siendo de los juzgados penales cuya pena máxima no exceda de cinco años de prisión el probable responsable no será privado de su libertad en los lugares ordinarios de detención y podrá quedar
. resuelva el arraigo con vigilancia de la autoridad. tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales de aquél. que ejercerán el Ministerio Público y sus auxiliares. para que éstos dictaminen. escuchando al Ministerio Público y al arraigado. El Juez resolverá. oyendo al indiciado.El Ministerio Público que conozca de un hecho delictuoso. en su caso y concluida ésta ante el juez a quien se consigne la averiguación.. pero no excederá de treinta días. El Ministerio Público podrá hacer efectiva la garantía si el probable responsable desobedeciere. sobre la subsistencia o el levantamiento del arraigo. D. quien ordenará su presentación y si no comparece ordenará su aprehensión. ARTICULO 270 Bis. para que éste. en lo que hace a que queda legalmente establecido que el arraigo domiciliario sí afecta la libertad personal lo que nos permitirá en el siguiente capítulo demostrar los puntos inconstitucionales referidos en nuestra hipótesis. a solicitud del Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público decrete esa libertad al probable responsable lo prevendrá para que comparezca ante el mismo para la práctica de diligencias de averiguación. fundando y motivando su petición. después de un intenso debate a la luz de la Carta Magna. sin causa justificada.F. prorrogables por otros treinta días.. las órdenes que dictare. El arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que se trate. con carácter provisional acerca de su estado psicofisiológico.
solicitando al juez competente la orden de aprehensión o de comparecencia en su contra. si concurrieren las circunstancias siguientes: I. a criterio del agente investigador del Ministerio Público. a falta de otro legal. el arraigo de éste con las características y por el tiempo que el juzgador señale.En caso de que el indiciado o la persona a quien se refiere la fracción anterior.. el Ministerio Público podrá solicitar al juez fundada y motivadamente o éste disponer de oficio. podrá consistir en
. se revocará el arraigo y la averiguación previa será consignada en su caso..Los individuos comprendidos en la lista y que carecieren de los requisitos señalados en el artículo 648. sin perjuicio de que el Ministerio Público.Que tratándose de delitos por imprudencia ocasionados con motivo del tránsito de vehículos. el presunto responsable no hubiese abandonado al lesionado. sin que en ningún caso pueda exceder del término en que deba resolverse el proceso.. ARTICULO 301. determinará dicho monto.Cuando por la naturaleza del delito o de la pena aplicable. cuando no se convenga sobre el monto. Esta manifestación deberá hacerse por escrito y presentarse personalmente.El arraigo no podrá prolongarse por más de tres días. están en la obligación de manifestarlo así a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social. acompañada del justificante respectivo que. III.. con la facultad de trasladarse al lugar de su trabajo. el Ministerio Público con base en una estimación de los daños causados. II. ante el Ministerio Público de la forma en que reparará el daño causado. el imputado no deba ser internado en prisión preventiva y existan elementos para suponer que podrá sustraerse a la acción de la justicia. VI.No existan datos de que pretenda sustraerse a la acción de la justicia.Proteste presentarse ante el Ministerio Público que tramite la averiguación. en la inspección ministerial que practique... en las versiones de los sujetos relacionados con los hechos y en los demás elementos de prueba de que disponga. se comprometa.arraigado en su domicilio.Realice convenio con el ofendido o sus causahabientes.. IV. consigne la averiguación y solicite la orden mencionada. si así procediese..Que alguna persona. fundado en los datos que recabe al respecto. con audiencia del imputado. en su caso. y VII. desobedecieren sin justa causa las órdenes que dicte el Ministerio Público. V. a presentar al probable responsable cuando así se resuelva. según corresponda. ARTÍCULO 651. transcurridos éstos el arraigado podrá desplazarse libremente. bajo protesta. cuando éste lo disponga. ni participado en los hechos en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas..
declaración de dos testigos. Secretario: José de Jesús Bernal Juárez. que podrá rendirse ante la autoridad política de su localidad. MINISTERIO PÚBLICO. el decomiso de los instrumentos del delito y las cosas objeto de él y. para que esto sea posible es necesario que tales bienes se encuentren comprendidos en los supuestos de dicho numeral. Secretaria: María Elizabeth Acevedo Gaxiola. Ponente: Raúl Molina Torres. 3 de noviembre de 1994. Unanimidad de votos.. además. EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. Amparo en revisión 308/94. pero cuando de las constancias de autos se advierta que el propietario del inmueble asegurado es extraño a la averiguación previa por instruirse ésta en contra de terceras personas y tampoco se han encontrado en el inmueble objetos del delito. Dichas manifestaciones deberán presentarse dentro de los primeros veinte días del mes de noviembre. Amparo en revisión 259/94. de sus circunstancias o de la persona del acusado. Si de ésta resultare que el arraigado lo fue indebidamente. señala que las autoridades competentes inmediatamente asegurarán los bienes que pudieran ser materia del decomiso. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. aun existiendo orden de cateo. Amparo en revisión 285/94. y así es procedente conceder el amparo contra dicha medida. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. de probidad y arraigo. Unanimidad de votos. podrá arraigar al testigo por el tiempo que fuere estrictamente indispensable para que rinda su declaración. Secretario: Rubén David Aguilar Santibáñez. Amparo en revisión 264/94. Secretaria: María Elizabeth Acevedo Gaxiola. Aun cuando el artículo 40 del Código Penal Federal autoriza durante la averiguación previa o el proceso. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
. el juez. Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado y otro. ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR EL. 6 de octubre de 1994. sin embargo. Unanimidad de votos. el aseguramiento es ilegal si la parte quejosa no tiene relación con los ilícitos atribuidos a quienes se sigue la averiguación.Cuando hubiere de ausentarse alguna persona que pueda declarar acerca del delito. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado y otro. ARTÍCULO 215. Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado y otros. Unanimidad de votos. 27 de octubre de 1994. Agente del Ministerio Público Federal. a pedimento de cualquiera de las partes interesadas. tendrá derecho de exigir que se le indemnice de los daños y perjuicios causados por el arraigo. vecinos del lugar en que resida el interesado. 14 de octubre de 1994.
los palos. secuestro.Amparo en revisión 95/95. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: I. la multa excesiva. siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior. Director General de Control de Bienes Asegurados de la Procuraduría General de la República y otros. b) Aquellos que no sean instrumento. si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. II. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito. así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes. c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero. respecto de los bienes siguientes: a) Aquellos que sean instrumento. y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. Tomo I. delitos contra la salud. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Página 89. Artículo 22. Secretario: Rubén David Aguilar Santibáñez. la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. el tormento de cualquier especie. 24 de marzo de 1995. Quedan prohibidas las penas de muerte. pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada. Abril de 1995. Unanimidad de votos. objeto o producto del delito. Tribunales Colegiados de Circuito. los azotes. de mutilación. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal. CAPÍTULO SEGUNDO De las medidas cautelares
. d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros. Novena Época. aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal. la marca. ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables. Procederá en los casos de delincuencia organizada. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos. III. objeto o producto del delito. de infamia. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. robo de vehículos y trata de personas. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe.
El demandado o el afectado no podrán ofrecer garantía para obtener el levantamiento de la medida cautelar. ordenará el rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública para su ejecución. El Juez. embargados o asegurados. para la aplicación de los bienes a los fines a que se refiere el artículo 53 de esta Ley. sólo en el efecto devolutivo. Cuando los bienes objeto de la medida cautelar impuesta hayan sido previamente intervenidos. En caso de que las medidas a que se refiere el párrafo anterior sean levantadas o modificadas. subsistirá la medida cautelar que haya ordenado el Juez de extinción
. Contra la resolución que ordene o niegue el otorgamiento de las medidas cautelares procederá el recurso de apelación que se admitirá en su caso. Toda medida cautelar quedará anotada en el registro público que corresponda. Artículo 15. El Juez ordenará el aseguramiento de los bienes materia de la acción de extinción de dominio que estén identificados.Artículo 12. Son medidas cautelares: I. o ratificará el realizado por el Ministerio Público. así como al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes si fuese éste quien tuviere transferidos los bienes. pero que formen parte del procedimiento. secuestrados. Artículo 13. El embargo precautorio. Artículo 16. Los bienes asegurados no serán transmisibles por herencia o legado durante la vigencia de esta medida. se notificará la nueva medida a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. en su oportunidad. Artículo 14. el Ministerio Público podrá solicitar al Juez la ampliación de medidas cautelares respecto de los bienes sobre los que se haya ejercitado acción. Los bienes podrán continuar en custodia de quien se hubiere designado para ese fin y a disposición de la autoridad competente. El aseguramiento de bienes. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá ser notificado del otorgamiento de toda medida cautelar o levantamiento de cualquiera de éstas. Artículo 17. También se podrán solicitar medidas cautelares con relación a otros bienes sobre los que no se hayan solicitado en un principio. Artículo 18. a solicitud fundada del Ministerio Público. II. Durante la sustanciación del procedimiento. podrá imponer las medidas cautelares necesarias para garantizar la conservación de los bienes materia de la acción de extinción de dominio y. en su caso. El Juez podrá ordenar la medida cautelar que resulte procedente en el auto admisorio de la demanda o en cualquier etapa del procedimiento y. en procedimientos judiciales o administrativos distintos de la averiguación previa que haya motivado la acción de extinción de dominio.
La petición de extinción de dominio sobre los bienes y demás pretensiones. previo acuerdo del Procurador General de la República o del subprocurador en quien delegue dicha facultad. El juzgado competente. III. V. Artículo 21. Artículo 19. el acta en la que conste el inventario y su estado físico. Copia certificada de las constancias pertinentes de la averiguación previa iniciada para investigar los delitos relacionados con los bienes materia de la acción. La descripción de los bienes respecto de los cuales se solicita la extinción de dominio. IV. así como la estimación del valor de los bienes y la documentación relativa a la notificación del procedimiento para la declaratoria de abandono y en el supuesto de existir. debiendo proveer lo necesario para la preparación y desahogo de las mismas y ordenar la notificación de ésta al demandado o a su representante legal. II. en los términos que establece esta Ley. Para tales efectos. o de ambos.
. Una vez presentada la demanda con los documentos que acrediten la procedencia de la acción y demás pruebas que ofrezca el Ministerio Público. El nombre y domicilio del titular de los derechos. y IX. debiendo en ese momento exhibir las documentales o señalar el archivo donde se encuentren. y deberá contener los siguientes requisitos: I. En su caso. señalando su ubicación y demás datos para su localización. VI. Las actuaciones conducentes. de quien se ostente o comporte como tal. derivadas de otras averiguaciones previas. precisando los elementos necesarios para la substanciación y desahogo de los otros medios de prueba. la publicación de los edictos a que se refiere la fracción II del artículo 22 de esta Ley. La acción de extinción de dominio se formulará mediante demanda del Ministerio Público. Los bienes a que se refiere este Capítulo serán transferidos conforme a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público a efecto de que se disponga de los mismos en términos de dicha ley. CAPÍTULO TERCERO De la Sustanciación del Procedimiento Artículo 20. dando prioridad a su conservación. el Juez contará con un plazo de setenta y dos horas para resolver sobre la admisión de la demanda y de las pruebas ofrecidas. La solicitud de las medidas cautelares necesarias para la conservación de los bienes. ordenado por el Ministerio Público dentro de la averiguación previa. se tendrá al Juez que imponga la medida cautelar como entidad transferente. el acuerdo de aseguramiento de los bienes. la manifestación que al respecto haya hecho el interesado o su representante legal. de procesos penales en curso o de procesos concluidos. y en su caso. Las pruebas que se ofrecen. la constancia de inscripción en el registro público correspondiente y el certificado de gravámenes de los inmuebles. VII. VIII.de dominio quien podrá modificar las condiciones de su custodia.
la cual deberá realizarse dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días naturales.
. la notificación se realizará por los edictos en los términos de lo dispuesto en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles y por internet. la notificación personal se hará en el lugar donde se encuentre detenido. de la demanda y de los documentos base de la acción. En este último caso. el cual se admitirá en el efecto devolutivo. de conformidad con las reglas siguientes: a) La notificación se practicará en el domicilio del demandado o del afectado. en el acta de notificación constarán los datos de identificación del secretario o actuario que la practique. Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido. recabar nombre o media filiación y en su caso firma de la persona con quien se entienda la diligencia. En dicho auto el Juez proveerá lo conducente en relación con las medidas cautelares que en su caso hubiera solicitado el Ministerio Público en la demanda. b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio. En caso de que el demandado se encuentre privado de su libertad. II. En el auto admisorio deberá señalarse la fecha programada para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas. El Juez podrá habilitar al personal del juzgado para practicar las notificaciones en días y horas inhábiles. el nombre del o los demandados. entregar copia de la resolución que se notifique. asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Admitida la demanda. Aclarada la demanda. Artículo 22. no pudiéndose prorrogar dicha fecha. El Juez. en el auto de admisión. señalará los bienes materia del juicio.Si la demanda fuere obscura o irregular. la notificación se hará en los términos dispuestos en los artículos 312 y 313 de Código Federal de Procedimientos Civiles. Si los documentos con los que se le corriera traslado excedieren de 500 fojas. Personalmente a los demandados y a los afectados que se tengan identificados y se conozca su domicilio. la Procuraduría General de la República deberá habilitar un sitio especial en su portal de internet a fin de hacer accesible el conocimiento de la notificación a que se refiere esta fracción por cualquier interesado. En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique. Asimismo. por cada 100 de exceso o fracción se aumentará un día más de plazo para contestar la demanda sin que pueda exceder de 20 días hábiles. otorgándole para tal efecto un plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del auto que lo ordene. corrija o complete. el juez le dará curso o la desechará de plano. Contra el auto que niegue la admisión de la demanda o la admita procederá recurso de apelación. no tenga domicilio fijo o se ignore donde se encuentra. o habiéndose negado a recibirla o firmarla. el juez deberá prevenir por una sola vez al Ministerio Público para que la aclare. c) De no encontrarse el interesado o persona alguna que reciba la notificación. concediéndoles el plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación para contestar la demanda. el Juez ordenará la notificación como sigue: I.
procederá recurso de apelación que será admitido en el efecto devolutivo. El juez resolverá en un plazo de tres días hábiles. en su caso. además. Este término estará sujeto a la regla prevista en el quinto párrafo del artículo 21 de esta Ley. El demandado o los terceros que lo requieran deberán ser asesorados y representados por asesores jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública en los términos que establezca la Ley Federal de Defensoría Pública. Éste deberá recoger dichos documentos dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos el auto que ordene su entrega. contados a partir de aquél en que haya tenido conocimiento de la acción a fin de acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga. sobre la legitimación del afectado que se hubiere apersonado y. Artículo 26. El escrito de contestación de demanda deberá contener las excepciones y defensas del demandado.
.Cuando los bienes materia del procedimiento de extinción de dominio sean inmuebles. Artículo 23. las pruebas deberán ser desahogadas en la audiencia a que se refiere el artículo 40 de esta Ley. contados a partir de la comparecencia. Artículo 25. En un plazo no mayor de siete días hábiles contados a partir de que se dicte el auto admisorio. La notificación surtirá efectos al día siguiente en que hubiera sido practicada. autorizará la entrega de las copias de traslado de la demanda y del auto admisorio. debiendo exhibir las que estén a su disposición o señalar el archivo donde se encuentren. el Juez deberá ordenar las diligencias necesarias para que se efectúen las notificaciones correspondientes en los términos de esta Ley. El plazo para contestar la demanda será de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que el afectado o su representante hayan comparecido para recibir los documentos a que se refiere el párrafo anterior. en cada uno de éstos. la cédula de notificación se fijará. Todas las demás se practicarán mediante publicación por lista. Artículo 24. deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos en el lugar de residencia del Juez que conozca de la acción de extinción de dominio. En el escrito de contestación se deberán ofrecer las pruebas. Al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes se le notificará mediante oficio. El edicto surtirá efectos de notificación personal al día siguiente de su última publicación. En todo caso. Contra el auto que niegue la legitimación procesal del afectado. La única notificación personal que se realizará en el proceso de extinción de dominio será la que se realice al inicio del juicio en los términos de la presente Ley. Toda persona afectada que considere tener interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio deberá comparecer dentro de los diez días hábiles siguientes. Desde el escrito de contestación de demanda o del primer acto por el que se apersonen a juicio el demandado y el afectado.
incidentes o promociones notoriamente frívolos o improcedentes. los recursos. Cuando no comparezca el demandado o el afectado. REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. el cual se admitirá en el efecto devolutivo. no lo denunció a la autoridad o tampoco hizo algo para impedirlo. se excluyan del proceso. Esta Ley es reglamentaria del párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. salvo el incidente preferente de buena fe. motivo de la acción de extinción de dominio. los efectos de la resolución que se
. de interés social y tiene por objeto regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado. en términos del ordenamiento supletorio correspondiente. Contra la sentencia que lo resuelva procederá el recurso de apelación. en caso de requerirlo. deseche o tenga por no interpuesto el incidente a que se refiere el párrafo anterior procederá el recurso de apelación. Artículo 28. LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. el cual se admitirá en el efecto devolutivo. el Juez deberá dictar de oficio los trámites y providencias encaminados a que la justicia sea pronta y expedita. Sus disposiciones son de orden público. La autoridad judicial podrá imponer correcciones disciplinarias o medidas de apremio. REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009 SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. a pesar de ello. Todos los demás asuntos serán decididos en la sentencia definitiva. tendrán derecho a que se les garantice defensa adecuada. Durante el procedimiento. así como el procedimiento correspondiente. que tendrá por finalidad que los bienes. siempre que se acredite la titularidad de los bienes y su legítima procedencia. No será procedente este incidente si se demuestra que el promovente conocía de los hechos ilícitos que dieron origen al juicio y. Este incidente se resolverá por sentencia interlocutoria dentro de los diez días siguientes a la fecha de su presentación. En el proceso de extinción de dominio no habrá lugar al trámite de excepciones ni de incidentes de previo y especial pronunciamiento.Artículo 27. Cuando comparezcan la víctima u ofendido. El juez desechará de plano. la actuación de las autoridades competentes. Y SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE AMPARO. REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 29. Contra el auto que admita. Artículo 30. el Juez le designará un defensor quien en su ausencia realizará todas las diligencias para garantizar la audiencia y el debido proceso.
III. frutos y productos. de conformidad con
. Juez. sus objetos. En el juicio de extinción de dominio. En la administración. independientemente de quien lo tenga en su poder. que se encuentren en los supuestos señalados en el artículo 8 de esta Ley. a lo previsto en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Toda la información que se genere u obtenga con relación a esta Ley se regirá en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Bienes. II. o lo haya adquirido. enajenación y destino de los bienes. y procederá sobre cualquier bien. a lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Penales. La acción de extinción de dominio es de carácter real... El Procurador General de la República entregará un informe anual al Congreso de la Unión. el cuerpo del delito deberá acreditarse en términos de lo establecido por el artículo 45. sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. fracción III. El ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público. En los aspectos relativos a la regulación de bienes u obligaciones. se sujetará a lo dispuesto por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales. A falta de regulación suficiente en la presente Ley respecto de las instituciones y supuestos jurídicos regulados por la misma. de contenido patrimonial. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes mencionados en los artículos 2 y 8 de la presente Ley. y IV. y todo aquel derecho real o personal.Ministerio Público de la Federación. Para efectos de esta Ley se entenderá por: I. III. susceptibles de apropiación. A la acción de extinción de dominio se aplicarán las reglas de prescripción previstas para los hechos ilícitos señalados en el artículo 7. La documentación e información obtenida de averiguaciones previas.. y IV. II.emita y los medios para la intervención de terceros que se consideren afectados por la misma. La sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado.. En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio.Hecho ilícito a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 22 constitucional. sobre el ejercicio de las facultades que le otorga esta Ley. a lo previsto en el Código Civil Federal. Ministerio Público.Todas las cosas materiales que no estén excluidas del comercio. a lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 8. ya sean muebles o inmuebles. se estará a las siguientes reglas de supletoriedad: I. Cuerpo del delito. en relación con el párrafo segundo del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales.Órgano jurisdiccional competente. fracción III.
La muerte del o los probables responsables no cancela la acción de extinción de dominio. La acción de extinción de dominio se ejercerá respecto de los bienes relacionados o vinculados con los delitos a que se refiere el artículo anterior. El ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará en la información que recabe el Ministerio Público cuando se haya iniciado la averiguación previa. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. disimular o transformar bienes que son producto del delito y por mezcla de bienes. En los mismos términos. la suma o aplicación de dos o más bienes. La acción de extinción de dominio se ejercerá. Aquéllos que sean instrumento.
. antes de que se dicte sentencia definitiva. cuando de ella se desprenda que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en los supuestos del artículo siguiente. objeto o producto del delito. el Ministerio Público podrá emplear la información que se genere en las averiguaciones previas que inicie en términos del Código Federal de Procedimientos Penales y en su caso. o en las actuaciones conducentes del procedimiento penal respectivo. previo acuerdo del Procurador General de la República. la acción de esconder. excepto en el caso de los bienes que sean producto del delito que será imprescriptible. podrá desistirse de la pretensión respecto de ciertos bienes objeto de la acción de extinción de dominio. II. en cualquiera de los supuestos siguientes: I. IV. respecto de los bienes a que se refiere el artículo siguiente. Aquéllos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero. III. Se entenderá por ocultar. aún cuando no se haya determinado la responsabilidad penal en los casos de los delitos previstos en la fracción II del artículo 22 constitucional. El Ministerio Público podrá desistirse de la acción de extinción de dominio en cualquier momento. Para la preparación de la acción de extinción de dominio. si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo. Será responsabilidad del Ministerio Público acreditarlo. o de ambas. Aquéllos que estén intitulados a nombre de terceros y se acredite que los bienes son producto de la comisión de los delitos a que se refiere la fracción II del artículo 22 constitucional y el acusado por estos delitos se ostente o comporte como dueño. lo que no podrá fundarse únicamente en la confesión del inculpado del delito. Aquéllos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito.los plazos establecidos en el artículo 102 del Código Penal Federal.
Cómo se hace un Proceso. 85. de Santiago Sentis Melendo. El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número. así como en cuanto al destinatario de la medida. En cualquier caso. distinto e independiente de cualquier otro de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente. restrictiva o privativas de libertad. Editorial Ma Gister. El procedimiento de extinción de dominio será autónomo del de materia penal. internamiento domiciliario. o en la que tuviera origen. trad. de la que se haya desprendido.Quienes se consideren afectados por la acción de extinción de dominio y acredite tener un interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio. para someter al indiciado a una investigación judicial con medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa. intervenciones. El Poder Judicial de la Federación contará con jueces especializados en extinción de dominio. económica.
. [9] El ofrecimiento de contracautela se debe realizar entre pretensiones litigiosas particulares dentro de una acción penal privada. división en circuitos y competencia territorial de los mismos.. [6] Vgr. p.. la víctima dice la verdad. Francesco. Arraigos. ya sea en cuanto a los bienes o a las personas. Prisión preventiva.El ejercicio de la acción de extinción de dominio no excluye que el Ministerio Público solicite el decomiso de los mismos bienes con motivo del ejercicio de la acción penal. en un asunto de violación. [3] CONSTANTINO RIVERA. Son parte en el procedimiento de extinción de dominio: I. Buenos Aires. [2] CARNELUTTI. [5] Vgr. detenciones. 1965. El demandado y el afectado actuarán por sí o a través de sus representantes o apoderados. [4] Esto se le llama universalidad de aplicación. Economía Procesal. que será el Ministerio Público. disciplinaria. II. garantía económica.. 2006. los efectos procesales serán los mismos. Párrafo Tercero exige los requisitos para el otorgamiento de una orden de aprehensión. 66. III. en los casos que resulte procedente. tendrán derecho a reclamar la reparación del daño con cargo al Fondo a que se refiere el artículo 61 de esta Ley. abstenciones. en los términos de la legislación aplicable. cateos. Editorial EJEA.El demandado. En los casos en que existiere sentencia en el procedimiento penal en la que se determinara la falta de elementos para comprobar la existencia del cuerpo del delito. o abandono de domicilio. aseguramientos. los afectados por un proceso de extinción de dominio.El actor. que será quien se ostente como dueño o titular de los derechos reales o personales. México. Camilo. [7] Artículo 16 Constitucional. ----------------------[1] Por ejemplo. [8] Se refiere a la naturaleza de la medida: preventiva. p.
por tanto. en tanto que la extinción de dominio será sustanciado ante un Juez Civil. Lo anterior con el propósito de garantizar el éxito de una investigación. embargos precautorios. [11] El procedimiento penal lo conocerá un Juez de Control y un Tribunal Oral. intervenciones. cateos. ambos órganos jurisdiccionales son independientes en sus resoluciones
. detenciones.[10] Estas medidas cautelares auxiliares de la cadena de custodia son: aseguramientos. limitaciones a realizar actividades específicas.
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