Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-819-de-octubre-17-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_cf6f784b4f4c0064e0430a0101510064&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-14 23:35:30
Document Index: 173187956

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 189', 'artículo 154', 'artículo 241', 'artículo 154', 'artículo 157', 'artículo 185', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 157', 'artículo 145', 'artículo 146', 'artículo 116', 'artículo 117', 'artículo 116', 'artículo 241', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 70', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 150', 'artículo 154', 'artículo 157', 'artículo 149', 'Artículo 150', 'artículo 185', 'artículo 160', 'artículo 157']

﻿ Sentencia C-819 de octubre 17 de 2012
SENTENCIA C-819 DE 17 DE OCTUBRE DE 2012
CONTENIDO:ACUERDO CELEBRADO ENTRE COLOMBIA Y BRASIL SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA ES CONSTITUCIONAL, PERO RESPECTO DE DOS DE SUS DISPOSICIONES EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEBE FORMULAR DOS DECLARACIONES INTERPRETATIVAS AL MOMENTO DE MANIFESTAR EL CONSENTIMIENTO DEL ESTADO COLOMBIANO. SE DECLARA EXEQUIBLE EL “ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL BRASIL SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA” SUSCRITO EN BOGOTÁ EL 19 DE JULIO DE 2008 Y LA LEY 1517 DE 2012 QUE LO APRUEBA. SALVO EL ARTÍCULO 5° Y EL NUMERAL 3° DEL ARTÍCULO 6° QUE LOS DECLARA EXEQUIBLE CONDICIONADAMENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEFENSA DEL ESTADO, ACUERDO INTERNACIONAL
Sentencia C-819 de octubre 17 de 2012
EXTRACTOS: «II. Texto de las normas objeto de la revisión.
“Por medio de la cual se aprueba acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
El presente acuerdo entrará en vigencia el trigésimo (30º ) día después de la fecha de recepción de la última notificación, por escrito y por vía diplomática, de que fueron cumplidos los requisitos internos necesarios para la entrada en vigencia de este acuerdo.
En relación con el aspecto formal, la Corte ha entendido que se encuentra llamada a examinar la validez de la representación del Estado colombiano durante el proceso de negociación, celebración y suscripción del tratado, al igual que la observancia de las reglas del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley sujeta a análisis. Sobre el particular, es preciso advertir que el texto constitucional no dispone un procedimiento legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado internacional, razón por la cual debe seguir, en términos generales, el mismo trámite de una ley ordinaria. Empero, esta previsión opera salvo las obligaciones de i) iniciación del debate en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (C.N., art. 154); y ii) remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva (C.N., art. 241-10).
2. En tal sentido, en razón del trámite ordinario de la ley, se requiere: i) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la República; ii) la publicación oficial del proyecto de ley; iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las Cámaras (C.N., art. 157); iv) que entre el primer y segundo debates medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (C.P., art. 160); v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, (C.P., art. 241-10).
3. Con base en lo anterior, la Corte i) describirá el trámite de la suscripción del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa de Brasil sobre Cooperación en Materia de Defensa”, y ii) el trámite que surtió la Ley 1349 de 2009 en el Congreso de la República. También, iii) se pronunciará acerca del cumplimiento de requisitos de procedimiento exigidos por la Constitución; de no presentarse vicio alguno iv) describirá el contenido del tratado; y v) se pronunciará sobre la adecuación del mismo a los preceptos que le sirven como parámetro de constitucionalidad.
4. El 18 de julio de 2008, el entonces presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez confirió plenos poderes al entonces Ministro de Defensa Nacional, Juan Manuel Santos Calderón para que a nombre del Gobierno suscribiera el “acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa de Brasil sobre Cooperación en Materia de Defensa”, tal como consta en el folio 69 del expediente (cuaderno principal).
“...la confirmación presidencial subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado, acorde al derecho de los tratados, especialmente de conformidad con la Convención de Viena de 1969, artículo 8º, en la medida en que conforme con el artículo 9º de la Carta, las relaciones internacionales del Estado se fundamentan, entre otros, en los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Además, teniendo en cuenta que conforme al artículo 189 numeral 2º de la Carta corresponde al Presidente de la República, como Jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y celebrar convenios con otros Estados, es razonable que la confirmación presidencial subsane los vicios de representación, si estos se suscitan, durante el trámite de suscripción del tratado”. (C-912 de 2004)
Ahora bien, tal y como lo ha señalado esta Corporación en múltiples oportunidades, las leyes aprobatorias de tratados internacionales, en atención a los artículos 157, 158 y 160 de la Constitución —se reitera— tienen en general el mismo trámite de cualquier ley ordinaria salvo dos aspectos específicos: a) El artículo 154 de la carta exige, por tratarse de un asunto referido a las relaciones internacionales, que su trámite se inicie en el Senado de la República y, b) el Gobierno, en atención al artículo 241 numeral 10 de la Carta, debe remitir a la Corte Constitucional el tratado y la ley que lo aprueba, dentro de los seis días siguientes a la sanción presidencial, para que esta efectúe su revisión constitucional.
5(sic). En ese orden de ideas y de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, el trámite que se dio al Proyecto de Ley 235 Senado —281 Cámara—hoy Ley 1517 de 2012, fue el siguiente:
a) En cumplimiento de lo establecido en el inciso cuarto del artículo 154 de la Constitución(6), el Proyecto de Ley 235 de 2011 del Senado (hoy Ley 1517 de 2012), inició su trámite en el Senado. De este modo fue radicado el día 31 de marzo de 2011 en el Senado de la República por los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de Colombia, según consta en el informe de ponencia para primer debate, en folios 79 a 82 del expediente (cdno. ppal.) correspondientes a las páginas 25 a 28 de la Gaceta del Congreso 316 del jueves 26 de mayo de 2011.
b) En cumplimiento del inciso 1º del artículo 157 de la Constitución(7) se publicó el Proyecto en Gaceta del Congreso 149 del 4 de abril de 2011 (páginas 1 a 6; correspondientes a los folios 1 a 6 del cuaderno 1 de pruebas), previo a la iniciación de su trámite en la comisión segunda constitucional permanente del Senado mediante la publicación del informe de ponencia para primer debate el jueves 26 de mayo de 2011(8).
c) En cumplimiento de los artículos 149 y 150 de la Ley 5ª de 1992(9), para el debate en comisión segunda del Senado se surtió la radicación del proyecto en la secretaría de dicha comisión y se designó como ponente al honorable senador Guillermo García Realpe (fl. 20 cdno. ppal. del expediente). En el mismo sentido, para el debate en comisión segunda de la cámara, la radicación del proyecto y la designación al honorable representante Juan Carlos Martínez Gutiérrez obra a folios 101 y 102 del cuaderno principal del expediente.
De igual manera, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley 5ª de 1992(10), para debate en plenaria del senado se efectuó la radicación del proyecto y se designó como ponente al honorable senador Guillermo García Realpe (fl. 55 cdno. de pruebas 1; correspondiente a la página 3 de la Gaceta del Congreso 422 del martes 14 de junio de 2011). En el mismo sentido, para debate en plenaria de la Cámara se radicó el proyecto y se designó como ponente al honorable representante Juan Carlos Martínez Gutiérrez.
d) En cumplimiento del inciso quinto del artículo 160 de la Constitución tal como fue adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003(11), para surtir el trámite del primer Debate en Comisión del Senado se convocó para votación el lunes 30 de mayo de 2011 según consta en las páginas 27 a 29 de la Gaceta del Congreso 744 del jueves 6 de octubre de 2011 (correspondiente a los folios 29 a 31 del cuaderno principal del expediente), en sesión previa a su realización, lo que aconteció el martes 31 de mayo de 2011 como consta en la página 31 de la Gaceta del Congreso 744 del jueves 6 de octubre de 2011 (correspondiente al folio 33 del cuaderno principal del expediente).
En el mismo sentido, en sesión del miércoles 15 de junio de 2011 se convocó la votación del proyecto en plenaria del Senado según consta en las páginas 4 y 8 de la Gaceta del Congreso 487 del miércoles 6 de julio de 2011 (correspondiente a los folios 72 a 76 del cuaderno de pruebas 1 del expediente), en sesión previa a su realización, lo que aconteció el jueves 16 de junio de 2011 como consta en la páginas 4 y 12 de la Gaceta del Congreso 488 del miércoles 6 de julio de 2011 (correspondiente a los folios 180 y 188 del cuaderno 1 de pruebas del expediente).
Y por último, en sesión del martes 13 de diciembre de 2011 se convocó a debate y votación del proyecto en plenaria de la Cámara de Representantes según consta en las páginas 149 y 150 de la Gaceta del Congreso 62 del lunes 12 de marzo de 2012 (correspondiente al folio 76 del cuaderno de pruebas 4 del expediente), en sesión previa a su realización, lo cual aconteció el miércoles 14 de diciembre de 2011 como consta en la páginas 92 y 94 de la Gaceta del Congreso 94 del jueves 22 de marzo de 2012 (correspondiente a los folios 47 reverso y 48 reverso del cuaderno 3 de pruebas del expediente).
e) En cumplimiento de los numerales 2º y 3º del artículo 157 de la Constitución(12): el martes 31 de mayo de 2011 se discutió y aprobó el Proyecto de Ley 235 Senado - 281 Cámara (hoy Ley 1517 de 2012), en primer debate en comisión del Senado, como consta en la página 31 de la Gaceta del Congreso 744 del jueves 6 de octubre de 2011 (correspondiente al folio 33 del cuaderno principal del expediente).
El jueves 16 de junio de 2011 se discutió y aprobó el Proyecto de Ley 235 Senado - 281 Cámara (hoy Ley 1517 de 2012), en segundo debate en Plenaria del Senado, como consta en la páginas 4 y 12 de la Gaceta del Congreso 488 del miércoles 6 de julio de 2011 (correspondiente a los folios 180 y 188 del cuaderno 1 de pruebas del expediente).
El 18 de octubre de 2011 se discutió y aprobó el Proyecto de Ley 235 Senado - 281 Cámara (hoy Ley 1517 de 2012), en primer debate en comisión de la Cámara de Representantes, como consta en las páginas 49, 58 y 59 de la Gaceta del Congreso 1011 del miércoles 6 de julio de 2011 (correspondiente a los folios 161, 165 y 166 del cuaderno principal del expediente).
El miércoles 14 de diciembre de 2011 se discutió y aprobó el Proyecto de Ley 235 Senado - 281 Cámara (hoy Ley 1517 de 2012), en segundo debate en plenaria de la Cámara de Representantes, como consta en la páginas 92 y 94 de la Gaceta del Congreso 094 del jueves 22 de marzo de 2012 (correspondiente a los folios 47 reverso y 48 reverso del cuaderno 3 de pruebas del expediente).
Y posteriormente se listan los proyectos aprobados dentro de los cuales se incluye el Proyecto de Ley 235 Senado - 281 Cámara (hoy Ley 1517 de 2012), sin que se registre voto alguno en contra (página 31 de la Gaceta del Congreso 744).
Por lo cual el mencionado proyecto fue aprobado en primer debate Senado, por siete (7) votos favorables dentro de un quórum de siete (7) asistentes, de los trece (13) miembros de la comisión segunda constitucional del Senado. De igual manera se certifica dicha votación en constancia expedida por el secretario de la comisión en cuestión (fl. 19 cdno. ppal.).
• Sobre el segundo debate en la Plenaria del Senado en la sesión del jueves 16 de junio de 2011 en la que se discutió y aprobó el Proyecto de Ley 235 Senado - 281 Cámara (hoy Ley 1517 de 2012)(14), se llamó a lista y contestaron certificando su presencia 98 senadores de los 102 miembros de dicha plenaria(15). Y para su aprobación se consignó lo siguiente en la página 12 de la Gaceta del Congreso 488 del miércoles 6 de julio de 2011:
Proyecto de Ley 235 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo del Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre cooperación en materia de la defensa?, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2008.
Por lo anterior concluye la Corte que el mencionado proyecto fue aprobado en segundo debate plenaria-Senado, por noventa y ocho (98) votos favorables dentro de un quórum de noventa y ocho (98) asistentes, de los ciento dos (102) miembros de la plenaria del Senado. De igual manera se certifica dicha votación en constancia expedida por el secretario general del Senado (fl. 2 cdno. 1).
• Respecto del primer debate en comisión de la Cámara de Representantes, en la sesión del 18 de octubre de 2011, en la que se discutió y aprobó el Proyecto de Ley 235 Senado - 281 Cámara (hoy Ley 1517 de 2012)(16), se consigna por parte del secretario de la respectiva comisión en la página 49 de la Gaceta del Congreso 1011(17) el siguiente informe:
Y posteriormente se listan los proyectos aprobados dentro de los cuales se incluye el Proyecto de Ley 235 Senado - 281 Cámara (hoy Ley 1517 de 2012), sin que se registre voto alguno en contra (página 59 de la Gaceta del Congreso 1011). El informe describe lo siguiente:
En cumplimiento a la honrosa designación que me hiciera la mesa directiva de la comisión segunda de la Cámara de Representantes, me permito presentar ponencia positiva, como también proponer a los honorables parlamentarios de la Cámara de Representantes sometan para primer debate esta ponencia para el Proyecto de Ley 281 de 2011 Cámara - 235 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre cooperación en materia de defensa, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2008.
Por lo cual el mencionado proyecto fue aprobado en primer debate de la Cámara de Representantes, por siete (7) votos favorables dentro de un quórum de siete (7) asistentes, de los trece (13) miembros de la comisión segunda constitucional de la Cámara. De igual manera se certifica dicha votación en constancia expedida por el secretario de la comisión en cuestión (fl. 101 cdno. ppal.).
• Sobre el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes en la sesión del miércoles 14 de diciembre de 2011, en la que se discutió y aprobó el Proyecto de Ley 235 Senado - 281 Cámara (hoy Ley 1517 de 2012)(18), se certificó en página 6 de la Gaceta del Congreso 94 del jueves 22 de marzo de 2012 el siguiente quórum:
Y para la aprobación del proyecto referido se consignó lo siguiente en la página 94 de la Gaceta del Congreso 94 del jueves 22 de marzo de 2012:
Por lo anterior concluye la Corte que el mencionado proyecto fue aprobado en segundo debate Plenaria-Senado, por ciento sesenta y un (161) votos favorables dentro de un quórum ciento sesenta y un (161) asistentes, de los ciento sesenta y cinco (165) miembros de la plenaria de la Cámara de Representantes.
Sobre lo anterior la Corte considera pertinente señalar que el quórum y las mayoría exigidas constitucionalmente, cumplen con lo establecido en el artículo 145 de la Constitución y la votación mínima que comprueba en dicho quórum corresponde a lo establecido en el artículo 146 de la misma, así como a lo contenido en el inciso 1º del numeral 2º del artículo 116 de la Ley 5ª de 1992 y en el numeral 1º del artículo 117 de la misma ley; luego atiende a que “…las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial”. Referente a esto, se reitera la jurisprudencia de la Corte en el sentido de establecer que de conformidad con los artículos 145 y 146 de la Constitución y el numeral 2º del artículo 116 de la Ley 5ª de 1992, salvo que la Constitución establezca otra cosa, las decisiones en plenarias y comisiones solo podrán tomarse cuando haya una asistencia mínima de la mitad mas uno de los integrantes de la corporación (quórum decisorio ordinario, C.P., art. 145 y num. 2º; L. 5ª/92, art. 116), y dentro de dicho quórum una votación mínima de la mitad mas uno (mayoría simple). Es decir que de los artículos en mención se deriva la regla general del quórum y votaciones para la aprobación de los proyectos de ley. Esta es: mayoría simple dentro de un quórum decisorio ordinario.
• Entre el primer debate y aprobación en comisión del Senado del martes 31 de mayo de 2011 y el segundo debate y aprobación en plenaria de la misma cámara el jueves 16 de junio de 2011, existe “un lapso no inferior a ocho (8) días” (Constitución, art. 160 y L. 5ª/92, art. 168).
• Entre los debates y la aprobación en plenaria del Senado el jueves 16 de junio de 2011 y el inicio del debate en Cámara de Representantes, el 18 de octubre de 2011 transcurrieron por lo menos “quince días” (Constitución, art. 160).
• Entre el primer debate y aprobación en comisión de la Cámara de Representantes, el 18 de octubre de 2011 y el segundo debate en plenaria de la misma cámara, el miércoles 14 de diciembre de 2011, existe “un lapso no inferior a ocho (8) días” (Constitución, art. 160 y L. 5ª/92, art. 168).
De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 241 Constitucional, habiéndose sancionado la Ley 1517 el 2 de febrero de 2012, dentro de los 6 días siguientes la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, allega a la Corte mediante Oficio del 7 de febrero de 2012 copia auténtica del articulado del “acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa de Brasil sobre cooperación en materia de defensa”, para el respectivo estudio de constitucionalidad.
6. Por lo anterior, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la Sala Plena encuentra que el procedimiento seguido, tanto para la suscripción “acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa de Brasil sobre Cooperación en Materia de Defensa”, como para el trámite de aprobación y sanción de la Ley 1517 de 2012 que lo aprueba, ha cumplido todos los rituales procesales establecidos en la Constitución y en la ley orgánica “por la cual se expide el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes” (L. 5ª/92). Por lo cual el “acuerdo” en comento así como la Ley 1517 de 2012, resultan constitucionales desde el punto de vista formal.
En cuanto a lafinanciación de actividades de cooperación, el artículo 3º establece que “cada parte será responsable por sus gastos de conformidad con las normas legales vigentes en cada estado”. Algunos de los gastos previstos en el acuerdo son los costos relativos a transporte hacia el estado anfitrión, alimentación y hospedaje del personal y gastos en tratamiento médico o los que generen el personal herido o enfermo.
Finalmente, los artículos 6º, 9º y 10 exponen la posibilidad que tienen las partes de celebrar protocolos complementarios en áreas de cooperación en defensa. También regulan lo relativo a la enmienda, revisión, vigencia y denuncia del acuerdo, destacando i) que el mismo solo será enmendado o revisado con el consentimiento de las partes mediante intercambio de notas o por canales diplomáticos, ii) que permanecerá vigente hasta su denuncia, y iii) que entrará en vigencia treinta días después de la fecha de recepción de la última notificación de que se hayan cumplido los requisitos internos para su entrada en vigencia.
Es precisamente en este contexto que ambos Estados han suscrito, en temas que son de relevancia para la conservación de su seguridad y la defensa de su soberanía, algunos acuerdos de cooperación con los que buscan fortalecer la protección de la frontera que los une. Así, estos son algunos de los tratados que se han celebrado:
La pretensión del acuerdo contenida en el preámbulo de “contribuir a la paz y la prosperidad internacional” y el reconocimiento que hace de “los principios de soberanía y no-interferencia en las áreas de jurisdicción exclusiva de los Estados” encuentran un claro respaldo constitucional en el artículo 9º de la Constitución Política conforme al cual las relaciones exteriores del Estado deberán estar fundamentadas en la soberanía nacional y en el respeto de la autodeterminación de los pueblos, así como en el artículo 2º relativo a la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución —como el derecho a la paz (artículo(sic))— la defensa de la independencia nacional, el mantenimiento de la integridad territorial y el aseguramiento de la convivencia pacífica.
De otra parte, el artículo 2º al subrayar que la cooperación se desarrollará mediante visitas mutuas de delegaciones, reuniones, intercambio de instructores y estudiantes, participación en cursos teóricos y prácticos, seminarios, conferencias, simposios, eventos culturales y deportivos y por medio del desarrollo de programas y proyectos de aplicación de tecnología en defensa, entre otras actividades, respalda el artículo 70 constitucional conforme al cual “el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional” (Subrayas fuera del texto original).
La Corte considera que el inciso 1º que regula el primer escenario esta ajustado a la Carta, pues la posibilidad de resolver controversias mediante “consultas y negociaciones entre las partes, por vía diplomática” respalda la intención de los Estados de conservar las buenas relaciones diplomáticas en sus procesos de integración.
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a cuya jurisdicción se encuentra sometida tanto Brasil como Colombia, ha insistido en que “las estrategias de seguridad y defensa deben respetar estrictamente los límites impuestos por los derechos humanos”(21) Al respecto, indicó:
“Esta(sic) más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero por graves que puedan ser ciertas acciones (…) no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos (…) Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana”(22).
10. En cuanto a los artículos 7º y 8º del acuerdo, la Corte no encuentra que esas disposiciones contravengan de alguna forma la Constitución, pues el consenso de las partes sobre i) la forma en que se aplicará el tratado —mediante grupos de trabajo— y ii) el modo en que quieren solucionar las disputas que surjan en torno a la interpretación o aplicación del acuerdo —mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos, como las consultas y negociaciones—, parte del reconocimiento de las competencias propias de cada Estado para determinar la forma en que reglan sus relaciones de cooperación.
11. Finalmente, en cuanto a los artículos 9º y 10º que consagran la vigencia del acuerdo hasta su denuncia por alguna de las partes y su forma de entrada en vigencia, consideramos que estas disposiciones respaldan la soberanía del Estado colombiano pues le permiten decidir hasta cuando desea permanecer obligado por el tratado e igualmente respeta los requisitos constitucionales impuestos al Estado para obligarse internacionalmente (C.P., arts. 189.2, 150.16 y 241.10), pues indica que expresamente que “entrará en vigencia el trigésimo (30) día después de la fecha de recepción de la última notificación (…) de que fueron cumplidos los requisitos internos necesarios para la entrada en vigencia”.
En conclusión, sobre de estas disposiciones, la Corte encuentra que las mismas no plantean ninguna dificultad constitucional, razón por la cual las declarará exequibles. No obstante, considera necesario pronunciarse por separado respecto de los artículos 5º y 6º del acuerdo.
El problema jurídico que ha surgido, en sede de control de constitucionalidad, respecto de los mencionados acuerdos o convenios complementarios es si éstos son tratados internacionales o no pues, en el primer caso, Colombia sólo podrá prestar su consentimiento, de acuerdo con la Constitución de 1991, tras la aprobación por parte del Congreso de la República (C.P., art. 150.16) y el control automático de esta Corte (C.P., art. 241.10), requisitos que no serían necesarios en el segundo caso(23). En definitiva, si se arriba a la primera conclusión, la facultad que otorga el convenio de cooperación consistente en celebrar futuros acuerdos o convenios complementarios estaría supeditada, en el caso de Colombia, al cumplimiento de los requisitos constitucionales ya señalados, lo que no sucedería si se concluyera lo segundo.
De conformidad con lo anterior, la Corte considera que el numeral 3º del artículo 6º del acuerdo, es constitucional condicionadamente en la medida en que las tales modificaciones se sometan a aprobación del Congreso de la República (C.P., arts. 241.10, 150.16) y al control automático de esta Corporación (C.P., art. 241.10). Así, como resultado de este condicionamiento, el Gobierno deberá formular la respectiva declaración interpretativa al momento de manifestar su consentimiento.
2. DECLARAR EXEQUIBLE CONDICIONADAMENTE el artículo 5º del “acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Brasil sobre cooperación en materia de defensa” suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2008. Como consecuencia de ello se ORDENA al Presidente de la Republica que al prestar consentimiento realice una declaración interpretativa respecto del artículo 5º según la cual el “acuerdo para la protección de información reservada” no puede implicar la asunción de obligaciones nuevas, diferentes o adicionales a las del presente acuerdo, so pena de no tener la calidad de acuerdo complementario, sino de tratado internacional y de tener que ser sometido a los procedimientos constitucionales de aprobación del Congreso y revisión de constitucionalidad por la Corte Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 150, 16 y 241 superiores.
(4) Folio 68 del cuaderno principal.
(6) Constitución Política de Colombia: “artículo 154.—(…).
(7) Constitución Política de Colombia: “artículo 157. —Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes:
(8) Folios 79 a 82 del expediente (cdno. ppal.) correspondientes a las páginas 25 a 28 de la Gaceta del Congreso 316 del jueves 26 de mayo de 2011.
(9) Ley 5ª de 1992: “artículo 149.—Radicación del proyecto. En la secretaría de la comisión respectiva será radicado y clasificado por materia, autor y clase de iniciativa presentada.
Artículo 150.—Designación de ponente. La designación de los ponentes será facultad de la mesa directiva de la respectiva comisión. Cada proyecto de ley tendrá un ponente, o varios, si las conveniencias lo aconsejan. En todo caso habrá un ponente coordinador quien además de organizar el trabajo de la ponencia ayudará al presidente en el trámite del proyecto respectivo.
(10) Ley 5ª de 1992: artículo 185.—Procedimiento similar. En la discusión y aprobación de un proyecto en segundo debate se seguirá, en lo que fuere compatible, el mismo procedimiento establecido para el primer debate”.
(11) Constitución Política de Colombia: “artículo 160.—(…).
(12) Constitución Política de Colombia: “artículo 157.—Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes:
(13) Del jueves 6 octubre de 2011. Folio 33 cuaderno principal.
(14) Trámite publicado en las páginas 4 y 12 de la Gaceta del Congreso 488 del miércoles 6 de julio de 2011 (correspondiente a los folios 180 y 188 del cuaderno 1 de pruebas del expediente).
(15) Publicado en las páginas 1 y 2 de la Gaceta del Congreso 488 del miércoles 6 de julio de 2011 (correspondiente a los folios 177 y 178 del cuaderno 1 de pruebas del expediente).
(16) Trámite publicado en las páginas 49, 58 y 59 de la Gaceta del Congreso 1011 del miércoles 6 de julio de 2011 (correspondiente a los folios 161, 165 y 166 del cuaderno principal del expediente).
(17) Del jueves 6 octubre de 2011. Folio 33 cuaderno principal.
(18) Trámite publicado en la páginas 92 y 94 de la Gaceta del Congreso 94 del jueves 22 de marzo de 2012 (correspondiente a los folios 47 reverso y 48 reverso del cuaderno 3 de pruebas del expediente).
(22) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Rodríguez Velásquez vs. Honduras, sentencia del 29 de julio de 1988.