Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-889-de-mayo-27-de-2017?documento=legcol&contexto=legcol_8c0318466cb54539b3cf79f09e71a4d0&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-03-19 08:41:06
Document Index: 58889741

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 169', 'artículo 1', 'artículo 2']

﻿ DECRETO 889 DE MAYO 27 DE 2017
DECRETO 889 DE 27 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:ADICIONA EL DECRETO 2067 DE 1991, EN LO RELATIVO A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE LA NORMATIVIDAD EXPEDIDA EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ESPECIAL PARA LA PAZ PARA CUMPLIR CON LA FUNCIÓN CONSTITUCIONAL QUE LE FUE ENCOMENDADA EN EL ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2016.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTROL CONSTITUCIONAL, ACTO LEGISLATIVO, REGULACIÓN DE LA LEY ESTATUTARIA, JUSTICIA DE PAZ, DECRETO LEGISLATIVO, FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, INTERVINIENTES EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONFLICTO ARMADO, DESARROLLO LEGISLATIVO, TERMINACIÓN DE CONFLICTO ARMADO, PROCESO DE PAZ
DECRETO-LEY 889 DE 2017
“Por el cual se adiciona un artículo transitorio al Decreto 2067 de 1991”.
en ejercicio de las facultades constitucionales conferidas en el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016 “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, y
Que con el fin de dar cumplimiento a este mandato constitucional, el 24 de noviembre de 2017 (sic) el Gobierno Nacional suscribió con las FARC-EP el acuerdo final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Que, asimismo, en desarrollo del valor y principio de la paz, el Congreso de la República aprobó el Acto Legislativo 1 de 2016, cuyo artículo 1º creó el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, con el propósito de agilizar y garantizar “la implementación del acuerdo final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (acuerdo final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto”.
Que a través del procedimiento Legislativo Especial para la Paz pueden aprobarse leyes y actos legislativos, los cuales, de conformidad con el literal k) del citado artículo 1º, serán objeto de control “automático y único de constitucionalidad, posterior a su entrada en vigencia”, en un procedimiento cuyos términos “se reducirán a la tercera parte de los del procedimiento ordinario y no podrán ser prorrogados”.
Que el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016 facultó al Presidente de la República para expedir “los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del acuerdo final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
Que los decretos con fuerza de ley expedidos por el Presidente de la República en desarrollo de dichas facultades también tendrán control automático de constitucionalidad “posterior a su entrada en vigencia”, ante la Corte Constitucional y dentro de los dos meses siguientes a su expedición.
Que el artículo 5º del Acto Legislativo 1 de 2016 estableció que el mismo regiría a partir de la refrendación popular del acuerdo final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Que mediante el Decreto 121 de 2017, el Gobierno Nacional adicionó un capítulo transitorio al Decreto 2067 de 1991, “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”, con el fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 1º, literal k) y el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016.
Que con el propósito de permitir a la Corte Constitucional priorizar y agilizar la revisión constitucional que le corresponde adelantar sobre los actos legislativos, leyes y decretos con fuerza de ley aprobados y expedidos en el marco del Acto Legislativo 1 de 2016 se hace necesario facultar al alto Tribunal, de manera transitoria, para que reglamente lo relativo a la suspensión de términos en procesos ordinarios de constitucionalidad que cursen ante el pleno de la corporación.
Que para otorgar dicha facultad, resulta imprescindible adicionar un artículo transitorio al Decreto 2067 de 1991 “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”, norma de rango legal expedida por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 23 transitorio de la Constitución Política.
Que, adicionalmente, el tercer inciso del artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016 establece que dicho control de constitucionalidad también deberá ser adelantado sobre los decretos leyes y establece los términos con sujeción a los cuales la Corte realizará dicho control, dentro de los dos meses siguientes a su expedición.
Que en virtud de lo anterior, el contenido de este decreto-ley tiene una naturaleza instrumental, en el sentido de que tiene por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del punto II del Acuerdo especial celebrado el 7 de noviembre de 2016, incorporado al acuerdo final, referido al control de constitucionalidad de los actos legislativos, leyes y decretos tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, así como del artículo 1º, literal k) y el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016.
Que el presente decreto-ley cumple los requisitos de conexidad objetiva, estricta y suficiente entre este y el acuerdo final, así como el requisito de necesidad estricta de su expedición, tal como se expondrá en la presente parte motiva.
Que el presente decreto se expide dentro del término de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2016, por medio del cual el legislador confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República, con el objeto de “facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del acuerdo final”, el cual empieza a contarse el 1º de diciembre de 2016, por cuanto la refrendación popular del acuerdo final tuvo lugar el 30 de noviembre de 2016.
Que este decreto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política tiene el título “Por el cual se adiciona un artículo transitorio al Decreto 2067 de 1991”, que corresponde precisamente a su contenido.
Que de conformidad con la jurisprudencia constitucional referida, el presente decreto-ley cuenta con una motivación adecuada y suficiente, como pasa a exponerse.
Que en cumplimiento del requisito de conexidad objetiva, el presente decreto-ley:
Que este decreto-ley satisface el requisito de conexidad suficiente, por su estrecha proximidad con el contenido del acuerdo final cuyo objeto es agilizar el examen de constitucionalidad de la normatividad de implementación de los compromisos asumidos en este, de conformidad con el punto II anteriormente referido.
Que, asimismo, en cumplimiento del requisito de necesidad estricta, la urgencia en la expedición del presente decreto se ve plasmada en la exigencia impostergable de que la Corte pueda suspender los términos de los asuntos ordinarios que cursan ante el pleno de la corporación, y así agilizar la revisión de la normatividad expedida en el marco del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz para cumplir con la función constitucional que le fue encomendada en el Acto Legislativo 1 de 2016.
ART. 1º—El Decreto 2067 de 1991 tendrá un nuevo artículo transitorio, así:
ART. TRANS. 5º—La Corte Constitucional, por decisión que deberá ser adoptada por la mayoría de sus miembros, podrá suspender los términos de los procesos ordinarios de constitucionalidad que cursen ante la Sala Plena, cuando esta considere que así se justifica, para que priorice el control automático, único y posterior de constitucionalidad de que trata el literal k) del artículo 1º y el inciso 3º del artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016.
ART. 2º—Vigencias y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.