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Timestamp: 2017-07-20 18:44:56
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La implementación de la fase intermedia en el proceso penal cubano
Yoruanys Súñez Tejera(CV)ysunez@ucf.edu.cuJuana M. Álvarez VázquezUniversidad de Cienfuegos Descargar en PDF
La Ley de Procedimiento Penal cubana no regula la fase intermedia, si bien reconoce ciertos actos que pudieran considerarse como tal, estos no tienen la estructura y los elementos que han de caracterizarlos para que se le reconozca de dicha forma, por lo que se favorece la vulneración de principios como el de oralidad, debate y contradicción, que han de prevalecer, así como, derechos inherentes al acusado, tales como el de defensa y presunción de inocencia, que igualmente han de predominar. Es propósito de la presente investigación elaborar una propuesta de implementación de la etapa intermedia del proceso ordinario en Cuba. Para ello se realiza un análisis de las diferentes posiciones adoptadas por la doctrina, relacionadas con el tema, así como un estudio de diferentes leyes procesales de otros países. Como resultados, se establecen los actos que han de conformar la fase intermedia del procedimiento ordinario en el proceso penal cubano. Se contribuye además, a garantizar un proceso legal y justo a todo acusado, con el aseguramiento y la vigencia efectiva de los principios jurídicos.
Palabras Claves: Intermedia-garantía-principios-oralidad-imparcialidad-derechos-defensa-inocencia-mérito-acusación.
A partir de un momento histórico determinado el Estado hizo suya la facultad de reacción frente a una infracción penal, al excluir la posibilidad lícita de una respuesta individual por el particular. El ius puniendi[1] corresponde así al Estado, que lo expropió a los particulares, con el fin de restablecer el orden jurídico quebrantado. Derecho que materializa por medio del proceso penal.
Prieto Castro (2012) señala que el proceso penal es la actividad por medio de la cual el Estado protege el orden jurídico público, y castiga los actos definidos como punibles por el Derecho Penal. Mientras Fernández Pereira (2006, p. 11) lo describe como un conjunto de actos normados jurídicamente, donde los actores son la trilogía formada por el tribunal y las partes, del cual se derivan o devienen una serie de relaciones jurídicas. Es una institución jurídica que preside la actuación y la finalidad de solucionar una situación de carácter penal.
Al respecto Viada citado por Díaz Pinillo (2006, p. 138), plantea que debe entenderse a partir de la teoría del conflicto, encontrándose la sociedad de un lado y el imputado del otro. La colectividad tiene interés en que se castigue al culpable de un delito y el imputado de evitar el castigo. El imputado, culpable o inocente, no es un ente aislado, separado del grupo social; él es parte del grupo y en consecuencia al ir contra suyo, la sociedad va contra si misma. El delito es un fenómeno social y es la sociedad la que de una forma u otra lo ha proporcionado o lo ha condicionado (Días Pinillo, et al., 2006, p. 139).
Para Ferri citado por Sorhegui Mato (1990, p. 76), el delito acontece en determinado medio social, bajo ciertas condiciones individuales y sociales. Por lo expuesto, el mejor proceso penal, será aquel que responda a los dos intereses en conflicto, la totalidad de sus derechos, y los principios que han de prevalecer en un proceso justo.
Los principios[2] del proceso penal se encuentran plasmados en instrumentos internacionales.[3] Los mismos sirven para guiar a los Estados en la organización de sus legislaciones procesales. Declaraciones que se enmarcan históricamente con posterioridad a la culminación de la segunda Guerra Mundial, con el surgimiento del sistema de las Naciones Unidas y la conformación de sus principales programas (Mendoza Díaz, et al., 2006, p. 53).
Los referidos principios buscan; mantener un equilibrio entre la búsqueda de la verdad material y los derechos del procesado, además de otorgarle al mismo un marco de seguridad jurídica. Constituyen un límite al poder punitivo estatal, cuya protección y respeto no pueden ser ajenos a una justicia penal contemporánea (Meléndez, 2004, p. 4). Su cumplimiento garantiza una efectiva protección al acusado a través de los ulteriores derechos[4] reconocidos en la ley.
El proceso penal contemporáneo, en la mayoría de los sistemas de enjuiciamiento,[5] se divide en tres etapas; preparatoria, intermedia y de juicio (Rossi, 1995b, p. 27). La fase intermedia[6] en el proceso ordinario[7] es aquella en que se realiza determinados actos procesales tendentes a comprobar si existe mérito y necesidad de proceder a la apertura del juicio (Rossi, 1995b, p. 383). En otras palabras, es en dicha fase donde se decidirá si habrá o no juicio oral. La misma, dentro de la sistemática mixta, aparece como necesaria para relacionar armónicamente el anterior período instructorio, de índole inquisitivo, con el posterior debate acusatorio (Rossi, 1995b, p. 384).
En Cuba el proceso penal se integra por varias etapas, entre las cuales resalta la preparatoria y la de juicio oral. Aunque la Ley Procesal cubana (1977) no reconoce ninguna otra, según Candia Ferreyra (2004, p. 167) es evidente que existe una fase, anterior al inicio de la vista oral que no tiene carácter de instructiva, es decir, resulta diferente a la fase investigativa. En tal sentido, De la Cruz Ochoa (1991, p. 30) y Bodes Torres (2007, p. 168) coinciden de forma similar con lo expresado.
De conformidad con lo expuesto, la aludida fase se desarrolla entre la instrucción previa y el juicio oral (Candia Ferreyra, et al., 2004, p. 168). La misma comienza cuando el fiscal recibe el expediente terminado del instructor, y lo eleva en cualquier estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 122 de la propia Ley Procesal y debe concluir, normalmente, con el auto de admisión de pruebas y señalamiento del juicio oral. Puede finalizar también sin llegar a dicho trámite, mediante sobreseimiento provisional o libre, o mediante la declaración de la extinción de la responsabilidad penal del acusado.
A los actos antes relacionados de acuerdo con lo expresado, se le reconoce como fase intermedia, si bien no se identifican legalmente como tal, ni tienen la estructura y los elementos que han de caracterizar a la citada etapa toda vez que no existe. Además durante su práctica, por la forma en que se encuentran concebidos, se posibilita que se vulneren principios, tales como: el de oralidad, imparcialidad y contradicción, que han de caracterizar al proceso, así como, derechos inherentes al acusado, como el de defensa y presunción de inocencia, que igualmente han de prevalecer.
Todos los ordenamientos jurídicos a través de la historia han contenido normas tendentes a asegurar el cumplimiento de un orden. El hombre pone su confianza en el Estado como órgano supremo encargado de legislar y hacer cumplir por igual dichas leyes, que a su vez aseguraran la estabilidad para el efectivo desarrollo de las relaciones sociales. El mismo está obligado según el Derecho Internacional, los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional, a garantizar el debido proceso legal respecto a toda persona, sin excepciones, lo cual implica el aseguramiento y la vigencia efectiva de los principios jurídicos, a fin de garantizar la protección debida a los derechos y libertades de las partes. El Estado cubano no constituye una excepción, es por ello de gran importancia implementar la fase intermedia en el proceso penal a fin de garantizar un proceso legal justo a todo acusado, por lo que urge establecer qué actos han de conformarla.
1. GENERALIDADES EN TORNO A LA FASE INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL.
1.1. Los principios que han de primar en el proceso penal.
El proceso penal está revestido de diversos principios de reconocimiento constitucional. Los mismos buscan no sólo otorgar al procesado un marco de seguridad jurídica, sino, en última instancia, mantener un equilibrio entre la búsqueda de la verdad material y los derechos del imputado.
Constituyen un límite al poder punitivo estatal, a fin de que el procesado enfrente el sistema penal con garantías y derechos en un plano de igualdad jurídica y de respeto a su dignidad como persona humana. En ese contexto, los principios del proceso penal se erigen como límite y marco de actuación de la justicia penal; de ahí que resulte de suma importancia ajustarlos a las exigencias de la sociedad moderna.
La relación procesal se desarrolla conforme a determinados principios, ya que los actos del procedimiento no pueden ser ejecutados a capricho o aisladamente (Levene, 1993, p. 216). Los mismos constituyen una guía indispensable para el desenvolvimiento de un proceso penal, donde la justicia ha de prevalecer con independencia del sistema adoptado en cada país. Forman las bases fundamentales, marcos y criterios orientadores indispensables para construir un determinado ordenamiento jurídico. Los legisladores, se sustentan en ellos para establecer el procedimiento a que debe sujetarse todo proceso.
Básicamente todo sistema procesal penal reconoce principios como el de necesidad u obligatoriedad, legalidad, investigación oficial, oralidad, inmediación, contradicción, igualdad, imparcialidad, la verdad material, concentración y el de economía procesal, entre otros. Su cumplimiento garantiza una efectiva protección al acusado a través de los ulteriores derechos reconocidos en la ley.
El principio de necesidad u obligatoriedad, significa que el proceso penal es obligatorio para averiguar la infracción delictiva, encontrar al autor, juzgarlo e imponerle la pena. Dicho principio si bien le reconoce al Estado su titularidad del ius puniendi no lo hace valer directamente sino a través de los órganos jurisdiccionales y mediante un proceso penal (Díaz Pinillo, et al., 2006, p. 142).
Carnelutti citado por Díaz Pinillo (2006, p. 142) manifiesta: “delito, pena y proceso son tres categorías indisolublemente vinculadas y la exclusión de una de ellas implica la falta de sustantividad de los restantes.” Resulta entonces, que el principio de nullum crimen, nulla poena sine previa lege penale et iudicio,[8] es refrendador del principio de necesidad del proceso. El artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal cubana regula que “no puede imponerse sanción o medida de seguridad sino de conformidad con las normas de procedimiento establecidas en la Ley y en virtud de resolución dictada por tribunal competente” y en ese mismo orden lo regula la Constitución de Cuba en su artículo 59 (2002) cuando establece que nadie puede ser encausado ni condenado sino por el tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establecen.
El principio de legalidad es igualmente importante en esencia es una continuación, consecuencia y complemento del principio de necesidad u obligatoriedad. El mismo se basa esencialmente en el deber que le viene impuesto al Estado de perseguir todo aquel proceder que tenga rasgos de delito según los elementos de tipicidad comprendidos en la legislación penal vigente. La obligación del órgano estatal de esclarecer los hechos se extiende hasta el final del proceso. Una vez emprendida la investigación al tener conocimiento de un hecho con caracteres de delito, ninguna autoridad está facultada para interrumpir discrecionalmente la trayectoria procesal del asunto. El Ministerio Fiscal no puede solicitar el sobreseimiento en tanto subsistan elementos indicativos de culpabilidad (Mendoza Díaz, 2001, p. 26).
Las actividades de perseguir penalmente, juzgar, y eventualmente imponer penas, se encuentran orientadas por el principio de legalidad, como única o principal respuesta a la infracción penal. Tal principio se orienta a proteger los derechos e intereses de la víctima del delito al dirigir aquellos actos que establece la ley para el esclarecimiento de los hechos (Cafferata, 2000a, p. 23).
También es un principio del proceso penal estrechamente unido al de obligatoriedad, el de investigación oficial, su fin, es la intervención del poder estatal en la persecución de los delitos. Si el Estado posee el ius pluniendi se hace necesario entonces su intervención en la investigación del hecho delictivo, en la acusación formal y solución final del caso. Pero la cuestión estriba en que al seguir consecuentemente la historia del proceso, hay que convenir que no puede ni debe ser el mismo órgano estatal quien investigue, acuse y sancione o absuelva al imputado (Díaz Pinillo, et al., 2006, p. 143). Se impone entonces que un órgano independiente sea quien realice las investigaciones y acuse y otro distinto quien juzgue y resuelva el asunto. De lo anterior se desprende que la intervención estatal en todas las etapas del proceso es imprescindible, según la índole de la cuestión que se ventila, es decir, la culpabilidad o inocencia de una persona (Díaz Pinillo, et al., 2006, p. 143).
La verdad material es otro de los principios, que han de guiar la litis. La finalidad básica del proceso penal, planteado en términos tradicionales, ha sido siempre la búsqueda de la verdad real o material. Todavía hoy tiene vital importancia como delimitadora de la actividad probatoria. Desde ese punto de vista, González Álvarez (1988, p. 99) expresa, que el proceso penal tiene por objeto averiguar la verdad respecto del hecho acusado, ya sea para confirmar la autoría del imputado o para descartarla. Para Mendoza (2006, p. 145), el tribunal de lo penal debe tratar de fundar sus resoluciones en la fidelidad histórica de lo acontecido.
La oralidad, es de igual forma un principio importante en el proceso penal, es el instrumento que mejor puede garantizar la realización de principios como la concentración, continuación, inmediación, publicidad. Así también, es cardinal para el ejercicio de una defensa eficiente de los intereses del acusado. La audiencia oral, es donde de viva voz las personas exponen sus versiones, alegatos o sus conocimientos sobre los hechos. Expresa Madrigal Zamora (2012, p. 4) que la oralidad, es la que mejor posibilita la aproximación a la realidad acaecida e investigada y la posibilidad real de influir en las decisiones de los jueces.
El intercambio verbal la discusión frente a frene y de manera simultánea y la percepción directa de los argumentos y actitudes que permite la oralidad, es una garantía de justicia. Es la manera más efectiva de comunicación y de contención, que es justamente la esencia del acusatorio: el examen cruzado y la confrontación directa entre los involucrados.
Otro principio que orienta el proceso penal es el de inmediación, el cual en sentido general y en lo relativo a la relación interpersonal, significa la absoluta exclusión de intermediarios o la directa relación entre quienes se comunican. Desde el punto de vista jurídico procesal se plantea como una consecuencia lógica del principio de oralidad, incluso existen autores como Gimeno Sendra que, aunque no niegan su autonomía, lo llegan a considerar un subprincipio de éste (Arranz Castillero, et al., 2004, p. 24). Para Levene (1993, p. 111) la oralidad es condición de una auténtica inmediación, de un contacto directo entre el juzgador y los sujetos y la materia sometida a decisión.
La inmediación permite al juez ponerse en contacto directo con las pruebas y las partes y captar aspectos y declaraciones imposibles de conseguir de otra manera, así se obtiene las pruebas de las fuentes originarias. Se facilita de ese modo el mutuo control entre el juez y las partes, y se asegura la comprensión, evitándose que se altere o deforme la realidad, lo cual ocurre cuando llega a conocimiento del tribunal en forma mediata o indirecta por el procedimiento escrito, que de por sí incita a la delegación de funciones (Levene, 1993, p. 111).
La contradicción es otro principio que orienta el proceso penal, según Mendoza (2006, p. 60) dicho principio garantiza que el debate se manifieste como una indiscutible disputa entre partes, bajo la premisa constitucional de que nadie puede ser inculpado si antes no ha tenido la posibilidad de ser escuchado y vencido en juicio, lo cual se conoce como derecho a resistir la imputación. Montero (1997, p. 87) especifica que ambas partes en el proceso pueden comparecer para hacer valer sus pretensiones, y proponer pruebas ante una tercera que deberá asumir imparcialmente la función jurisdiccional.
Para Fernández Romo (2005, p. 28), el principio de contradicción consiste en el enfrentamiento, en la confrontación pública y antagónica, en condiciones de igualdad entre las partes, acusación y defensa, con el fin de lograr cada una su pretensión. Mientras, para Remigio Martínez (2005, p. 35), la contradicción en el proceso es entendida como la antinomia entre acusación y defensa. La misma no se limita al trámite de conclusiones provisionales, definitivas, o a los informes, sino que influye directamente en la práctica de la prueba al interrogar a los testigos de cargo y descargo, en las preguntas formuladas a los peritos y en las precisiones o aclaraciones del tribunal sobre las respuestas a las interrogantes formuladas por las partes.
La contradicción sobre la que se mueve el proceso penal está identificada por dos partes encontradas en virtud de pretensiones que resultan contradictorias.[9] En un extremo se ubica la parte acusadora, está constituida por una institución estatal que recibe el nombre de Ministerio Público, Ministerio Fiscal o Procuraduría. En el otro extremo se encuentra la parte acusada, la cual forma parte esencial en el proceso y a través de ella se complementa el principio de contradicción, del cual se deriva el derecho a la defensa.
El principio de igualdad es otro de los principios, el mismo en lo político constituye una derivación hacia el proceso penal de la igualdad de los ciudadanos ante la Ley, lo que se manifiesta en casi todos los ordenamientos constitucionales como un derecho fundamental. Desde el punto de vista procesal dicho principio está estrechamente vinculado con el de contradicción, es una manifestación de aquel postulado básico. Pues lo que condiciona que exista la bilateralidad mencionada es precisamente la previa aceptación de un presupuesto de igualdad entre los que intervienen en el debate penal (Mendoza Díaz, et al., 2006, p. 69).
La igualdad de las partes en el proceso penal no tendrá mejor modo de expresarse, que respetando el principio contradictorio. Éste exige no sólo la existencia de una imputación del hecho delictivo cuya hipótesis origina el proceso y la oportunidad de refutarla. Requiere, además, que sea reconocido al acusador, al imputado y a su defensor, iguales atribuciones para procurar y producir públicamente pruebas de cargo y de descargo, respectivamente; para controlar activa y personalmente y en presencia de los otros sujetos actuantes el ingreso y recepción de los elementos probatorios. Para argumentar ante los jueces que las recibieron y frente al público sobre su eficacia en orden a los hechos contenidos en la acusación o los afirmados por la defensa, así como las consecuencias jurídico penales. Para tener de tal modo la igual oportunidad de intentar lograr una decisión jurisdiccional que reconozca el interés que cada uno defiende, haciéndolo prevalecer sobre el del contrario (Cafferata Nores, 2000b, p. 25).
Cafferata (2000b, p. 106) expresa que la defensa del imputado se desarrollará en condiciones de plena igualdad, cuando aquél tenga, no sólo en teoría sino también en la práctica, las mismas posibilidades que el acusador para influir en las decisiones de los jueces sobre el caso. Todas las personas son iguales, ante los tribunales y las cortes de justicia, durante el proceso penal, cualquiera que sea la condición personal, no puede haber privilegios ni discriminación de ninguna naturaleza, por ninguna razón, durante el proceso, ni en la decisión final. Cualquiera que sea el sentido que ésta adopte, deberá ser equitativa e imparcial.[10]
El principio de igualdad de partes o de igualdad de armas,[11] supone que las partes que intervienen en el proceso penal, tanto el Ministerio Fiscal como el acusado deben de disponer de idénticos derechos procesales. La igualdad ha de ser considerada como principio y a la vez como derecho fundamental; lo que exige que la ley sea aplicada por igual a todos.
Otro principio importante, en el proceso penal es el de imparcialidad, vocablo que está formulado en sentido negativo, es decir, es imparcial quien no es parcial. Así en sentido lato se define, a la imparcialidad como falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud (CREA Diccionario de la Lengua Española, 2012).
Para arribar a una conceptualización sobre lo que se entiende por imparcialidad se ha de valorar el aporte de Goldschmidt según su criterio “la imparcialidad consiste en poner entre paréntesis todas las consideraciones subjetivas del juez” (1939, p.208). De acuerdo con ello, la independencia y la imparcialidad aparecen emparejadas. La independencia supone la afirmación de ese ámbito de actuación propio frente a los poderes públicos y privados, define la posición institucional del juez y pertenece a su estatuto profesional. Es la garantía estatutaria del derecho fundamental a la imparcialidad del juez en el proceso, que existe en función de la misma. La imparcialidad se refiere en cambio, a la actuación que debe mantener el juez frente a las partes.
La imparcialidad es la condición del tercero desinteresado, es decir, la de no ser parte, ni tener prejuicios a favor o en contra, ni estar involucrado con los intereses del acusado ni del acusador o de la víctima, ni comprometido con sus posiciones, ni vinculado personalmente con éstos, es el tercero en discordia. Se manifestará en la actitud de mantener durante todo el proceso la misma neutralidad respecto de la hipótesis acusatoria y la defensiva, sin colaborar con ninguna hasta el momento de elaborar la sentencia (Cafferata Nores, 2000b, p. 33).
Para Cafferata (2000b, p. 33), la imparcialidad de cualquier juez o tribunal se verá en riesgo cuando se le permita o se le imponga la obligación de investigar u ordenar por sí las pruebas que le proporcione conocimiento referente a los hechos de la acusación sobre la que deberá luego decidir. En las causas criminales, el juez debe limitarse a resolver las cuestiones planteadas por la acusación y la defensa, sin convertirse jamás en acusador.
La imparcialidad asegura el derecho de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Se trata de imponer la más elevada ética y honestidad en el cumplimiento de la administración de justicia. Constituye un presupuesto necesario para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas. La imparcialidad del juzgador no es un regalo virtuoso instalado por alguna suerte de gracia divina en la mente y corazón, es un logro que se debe construir cotidianamente (Soulier, 2012, p. 4).
En el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Penal cubana se establece la posición que deben asumir el juez a la hora de dictar sentencia, la cual tiene que ser adoptada sin concesiones, facilidades, ni prioridades. El mismo está en el deber ineludible de consignar las circunstancias tanto adveras como favorables al acusado y a instruirlo de sus derechos.
1.2. Los derechos inherentes al acusado que han de prevalecer en el proceso penal. Desde la antigüedad se ha atribuido al Estado la facultad o derecho de castigar, lo que de manera real no es otra cosa que la manifestación de poder; tal facultad se ha justificado por la necesidad de arbitrar medios tendientes a proteger la convivencia humana en la comunidad, asegurando el orden jurídico (Vázquez Rossi, 1995a, p. 49). Al mismo tiempo que el derecho o poder de castigar le corresponde al Estado los individuos tienen la obligación de soportar la pena y el derecho subjetivo[12] de ser penalmente respetados por el Estado (Clariá Olmedo, 1998a, p. 24). De un lado está el aparato oficial de la autoridad pública y del otro el simple individuo, por lo que es necesario potenciar los límites del primero y las facultades del segundo, por elementales razones de equidad.
Fernández Bulté (2005, pp. 147,148) expresa que los derechos subjetivos emanan y son realidad sólo en cuanto se encuentran reconocidos, plasmados, constituidos en las normas jurídicas y, en consecuencia, se realizan en determinadas relaciones jurídicas. Los mismos se clasifican en patrimoniales y extrapatrimoniales. Los primeros, son los que tienen un determinado contenido económico y los segundos, los que consagran valores humanos esenciales que al convertirse en derechos subjetivos devienen valores jurídicamente protegidos.
Los derechos del individuo se ven reflejados en las garantías[13] expresadas en las legislaciones sustantivas de los estados (Arranz Castillero, 1991, p. 72), lo cual exige del legislador un profundo conocimiento de las leyes objetivas del desarrollo social y una amplia información de los logros de las ciencias sociales, especialmente de las ciencias jurídicas. Los derechos fundamentales son reconocidos por el sistema constitucional, que establece instituciones políticas y jurídicas (Cafferata Nores, 2000b, p. 48).
A través de las convenciones internacionales los Estados han reconocido los más fundamentales de estos derechos que pertenecen en forma inalienable a la persona humana, ha contraído la obligación de respetarlos y garantizarlos, para lo cual ha establecido mecanismos de protección (Banda Vergara, 1999, p. 102). Los mismos son: el derecho a la igualdad, a la presunción de inocencia, a la defensa a la libertad, entre otros.
El derecho de igualdad comienza en el nivel de conciencia jurídica actual de la humanidad, a partir del reconocimiento de todas las personas como iguales. La más básica de las visiones acerca del mismo se encuentra consignada en todo el derecho constitucional occidental como la dignidad de todas las personas naturales, lo cual es independiente de su edad, capacidad intelectual o estado de conciencia (Nogueira Alcalá, 1997, p. 236). Es difundido tanto por las declaraciones y convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos,[14] como por las decisiones jurisdiccionales de varios países.[15]
Gimeno Sendra (1993, p. 84) considera que el derecho de las partes a no sufrir discriminación alguna en el ámbito del proceso y a tener las mismas posibilidades de alegación, prueba e impugnación. Es un derecho fundamental autónomo, consagrado genéricamente en la Constitución y más explícitamente al derecho a un proceso con todas las garantías.
La igualdad de los hombres se manifiesta en la autodeterminación consciente y responsable de su propia vida, por la idea de que las personas son siempre sujetos y nunca instrumentos o medios para el desarrollo de otros fines (Gómez Ramírez, 2005, p. 18). Se encuentra sobre todo principio o valor que trate de negarla, por lo que, ninguna norma jurídica puede ir en oposición a ella (Nogueira Alcalá, 2006, p.801).
Derecho imprescindible para el acusado, es el de presunción de inocencia en las referencias históricas en torno al mencionado derecho se encuentra a Ulpiano que en su Corpus Juris Civiles,[16] precisa que nadie puede ser condenado por sospecha, porque es mejor que se deje impune el delito, que condenar a un inocente (Montañes Pardo, 1999, p. 29). Tales ideas eran tomadas en cuenta por las prácticas inquisitivas de la baja Edad Media que se proyectaron hasta los tiempos modernos, donde el imputado era considerado culpable, mientras no desvirtuara las conjeturas de culpabilidad que demostraran su inocencia (Váldés Cruz, Bedón Moreno, & Zubizarreta Prieto, 2012, p. 92)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Jiménez, 1996, p. 12) alega que la presunción de inocencia es un derecho que infiere una confianza a favor del individuo acusado de un delito. De manera que toda persona es considerada inocente hasta que la responsabilidad criminal sea establecida por los tribunales. La presunción de inocencia es en sí el derecho que tienen todas las personas a que se considere como regla general que ellas actúan de acuerdo a la recta razón. Que se comportan de acuerdo a los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, mientras un tribunal no adquiera la convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y responsabilidad en el hecho punible
Nogueira Alcalá (2005, p. 10) opina que el derecho a la presunción de inocencia exige que el estado no condene informalmente a una persona o emita criterio ante la sociedad, que contribuya así a formar una opinión pública en su descrédito, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella. La Ley Procesal Penal cubana en el artículo 1 establece el derecho de presunción de inocencia al regular que se presume inocente a todo acusado mientras no se dicte fallo condenatorio contra él, independientemente del testimonio del acusado, de su cónyuge y de sus familiares.
Según Manzini (1951, p. 180) la presunción de inocencia establece la calidad jurídica de no culpable penalmente y es inherente a la persona. Su pérdida debe ser acreditada con elementos empíricos y argumentos racionales, por los órganos que ejercen la función represiva del Estado, cuando un individuo lesiona o pone en peligro los bienes jurídicos que la sociedad estima valiosos, dignos de protección por la potestad punitiva de aquel.
La presunción de inocencia, según Binder (1993, p. 20) significa que el acusado no puede ser tratado como culpable, mientras no exista una declaración judicial. Es decir, que toda persona se considera inocente hasta que no sea reconocida como responsable del ilícito penal, mediante una decisión que es adoptada por el órgano competente para ello.
Otro derecho importante para el acusado, es el de la defensa, la cual significa literalmente el rechazo a una ofensa o agresión y constituye la manifestación del instinto más básico de todo ser vivo, que es el de la supervivencia o autoconservación. Como tal, debe ser reconocido en todos los mecanismos de solución de conflictos, que nacen precisamente de una pretensión que resulta resistida o rechazada. La defensa, es un derecho a reaccionar frente a un ataque previo, de carácter jurídico, que específicamente en el proceso penal está constituido por la imputación o atribución a una persona determinada de la comisión de un hecho presuntamente delictivo (Carocca Pérez, 1998, p. 205).
En consecuencia, en este contexto, el derecho de defensa adquiere una importancia esencial, por cuanto se traduce en el derecho del imputado a ser oído y a que sea tomado en cuenta por el juez para formar su decisión, aunque tales alegaciones sean completamente rechazadas. La decisión jurisdiccional se caracteriza por ser producto de la interacción de los que resultaran afectados. Por ello se comprende la exactitud de la afirmación de que sin defensa no hay proceso justo o debido, porque es la que asegura la participación de los interesados en la producción de la decisión (Carocca Pérez, 2005, p. 85).
Dicho derecho es fundamental dentro del proceso penal, pues, si no es posible ejercerlo cabalmente por el imputado en todas sus manifestaciones, carecerá de toda validez el juicio penal que sea incoado en su contra, ya que a través del derecho de defensa adquieren efectividad las demás garantías procesales del imputado. De nada sirve que se le reconozcan una serie de derechos si no va tener la posibilidad de rebatir los cargos que se le imputan, ni podrá probar su propia verdad en el proceso (Banda Vergara, 1999, p. 129).
Se trata de una de las garantías que se encuentra reconocida explícitamente en la Constitución de Cuba, en cuanto señala en el artículo 59, que todo acusado tiene derecho a la defensa. Este derecho comprende varios aspectos: derecho a conocer el contenido de la imputación; resulta imprescindible para realizar una defensa eficaz. Si el acusado, no tiene conocimiento de cuál es el hecho por el que se le persigue penalmente, será muy difícil que pueda intervenir eficazmente en el proceso (Carocca Pérez, 2005, p. 85). Derecho a formular sus alegaciones. Una vez conocido los hechos que se le atribuyen, el imputado puede hacer valer los fundamentos que estime conveniente para su defensa, con el respeto a las normas del procedimiento.
Derecho al defensor técnico; está asegurada a partir de la presencia del abogado defensor en el proceso, quien tiene la obligación legalmente impuesta de contribuir con su actuación en favor de la situación procesal de su defendido. Tiene derecho durante la fase investigativa a entrevistarse con su representado si se encuentra detenido, con la debida privacidad y cuantas veces lo considere oportuno,[17] así como examinar los documentos que conforman las actuaciones investigativas, a proponer pruebas, a presentar documentos y a solicitar la revocación o modificación de la medida cautelar impuesta a su representado (Mendoza Díaz, et al., 2006, p. 67).
1.3. Los principios y derechos del acusado que históricamente han prevalecido en la fase intermedia del proceso penal.
Desde el inicio del proceso penal, no existió la fase intermedia, lo inverso ocurre con los principios y los derechos inherentes a las personas que desde que surge el proceso penal, han tenido una manifestación histórica progresiva. Suceden, en la medida que la sociedad avanza y adquiere el hombre una mejor y más solvente posición frente a los poderes públicos, dando lugar a una formación positiva en los ordenamientos procesales (Mendoza Díaz, et al., 2006, p. 53).
En Atenas en el siglo 600 antes de Cristo, con el régimen democrático, el pueblo se apoderó del derecho de juzgar, se constituyó un tribunal de jurados llamado El Helida.[18] La intervención de los mismos es consustancial del sistema acusatorio[19] y del desarrollo del procedimiento, oral y contradictorio, con inmediación probatoria. Las partes acusador y acusado ante el tribunal, exponían sus razones instaurándose el debate para la resolución de la causa (Rossi, 1995a, p. 118). El acusado se defendía a sí mismo y en ciertas ocasiones auxiliado por otras personas (Rossi, 1995b, p. 172). Por ello se considera que la profesión de abogado comenzó a ser ejercida en Grecia (Levene, 1993, p. 237).
Los romanos, en el siglo 451 antes de Cristo, adoptaron las instituciones del derecho griego y con el tiempo las transformaron, otorgándoles características muy peculiares (Clariá Olmedo, 1998a, p. 118). En la república se definía un tipo de proceso penal, denominado accusatio,[20] en el cual se puede percibir los principios de imparcialidad, contradicción, publicidad, la oralidad y la inmediación, por las características en las que se desarrollaba el mismo. El juicio era presidido por el pretor, e intervinieron jurados, cuyo número era de los 32 a los 75, se sorteaban de unas listas y podían ser recusados por el acusado. El cual tenía el derecho de ser oído, y de ser defendido por terceras personas (Levene, 1993, p. 30).
En Roma republicana, la primera manifestación del Derecho escrito es la Ley de las XII Tablas,[21] la cual surge como resultado político-jurídico de las luchas sociales entre los patricios y plebeyos. Según Ferrajoli (1995, p. 550) los antecedentes del derecho a la presunción de inocencia se encuentran en el Derecho Romano, en la tabla IX, regula que no se puede castigar sin condena previa (Rossi, 1995a, p.119). Quiere decir que sin la condena el acusado no se puede considerar culpable.
A medida que la república se sustituye por el imperio, se modificó también el procedimiento penal (Rossi, 1995a, p. 120). Se operó una paulatina sustitución de la accusatio. Gradualmente desaparecieron los tribunales populares, reemplazados por órganos de justicia delegados por el emperador. De tal manera se perfiló la cognitio extra ordinem,[22] que comenzó limitada a determinado tipo de delitos y coexistiendo durante cierto tiempo con la accusatio. La legitimidad estatal, pasó de la soberanía popular a la del emperador, avanzando hasta transformarse en el método predominante. El nuevo sistema obtuvo la nota dominante de oficialidad y con él, nació el sistema de persecución penal pública que llega hasta los días de hoy (Maier, 1989, p. 102).
A lo largo de la Edad Medía el Derecho Germano se entremezcla con el Derecho Romano decadente y con el surgimiento del canónico. En la Iglesia se acuna el tipo inquisitivo y se desarrolla hasta los resultados más extremos(Clariá Olmedo, 1998a, p. 119). La idea de imparcialidad, que conceptualmente se identifica con la de jurisdicción, luce ausente, ya que el juez era en realidad la parte que sostenía la incriminación y trabajaba para acreditarla. Se abandona la discusión, la publicidad, y se agudiza el predominio del poder institucionalizado.[23] Durante siglos, lo básico de dicho sistema influyó decisivamente sobre el desenvolvimiento del Derecho Procesal Penal (Rossi, 1995a, p. 125).
La fase intermedia en el proceso penal tiene sus antecedentes en el respeto de Inglaterra a las libertades ciudadanas.[24] Los ingleses durante las Edades Media y Moderna conservaron sin contaminación inquisitiva el sistema acusatorio popular. Un gran jurado que se componía de veinticuatro miembros, ejercía el control de las acusaciones, analizaba los elementos probatorios recogidos en la investigación preliminar que fundamentaba la acusación para evitar que se realizaran juicios infundados. Como conclusión de su análisis, el tribunal determinaba si la causa debía o no pasar a juicio, el que se encontraba a cargo de un pequeño jurado, integrado por doce miembros que presidía el juez y ante quien se desarrolla el juicio (Clariá Olmedo, 1998a, p. 122). Dicha forma de valoración del mérito de la acusación permitía que la mente del juez del juicio se mantuviese imparcial. Además que considerase al acusado inocente ya que el mismo no realizaba un prejuicio de la causa que juzgará luego. Dichos actos es lo primero que se conoce como lo más cercano a la fase intermedia en el proceso penal.
El ius naturalismo[25] en el siglo XVIII, marcó el camino de reformas sociales entre las que se encuentra la referida al sistema penal. El análisis racional conduce a la búsqueda de normas fundamentales, inmutables y universales que, en todo tiempo y lugar, definan los derechos del individuo y los límites al poder estatal. Así se instituyó los derechos del hombre y del ciudadano, que se constituirán en el sistema de ideas y fuerzas de las revoluciones norteamericana y francesa (Rossi, 1995a, p. 120).
Como se manifiesta anteriormente la idea de un cambio sobre el sistema penal se instalo en la conciencia jurídica de la época. La importancia dada al enjuiciamiento penal por los revolucionarios franceses se hace evidente, cuando se modifica la Ordenanza de 1670,[26] por la Asamblea Constituyente, en octubre de 1789, atendiendo fundamentalmente a los principios del proceso penal que aseguran, los derechos, y garantías del acusado (Rossi, 1995a, p. 136).
En 1791 se deroga totalmente la ordenanza de 1670, y se inicia un período de transformación del enjuiciamiento penal en Francia. Se establece el jurado de acusación y el de veredicto definitivo, ya que para los revolucionarios franceses el jurado anglosajón aparece como paradigma de las libertades públicas y se les presenta como lo diametralmente opuesto al régimen antiguo de la monarquía absoluta y de los jueces delegados del rey (Maier, 1996, p. 342).
Si bien no se acepta plenamente por los franceses un sistema acusatorio ya que el peso de la tradición inquisitiva lo impedía, se advierte una importante aproximación. El momento fundamental del proceso esta dado por un juicio oral y público, con intervención de jurados. Para arribar a dicha instancia el proceso debe transitar primero por la investigación oficial y una etapa intermedia de mérito de la acusación, también ante jurados (Rossi, 1995a, p. 137). La evaluación de la apertura a juicio, se realiza de forma oral, contradictoria, imparcial y en plena igualdad de partes. El cambio no perdura, la aplicación de este régimen resulta difícil, por sus propios problemas y por las resistencias conservadoras de los operadores.
En el año 1808 se proclama el Código de Instrucción Criminal de Francia bajo la influencia de Napoleón Bonaparte (Rossi, 1995a, p. 137), el cual instituye un proceso penal mixto. La instrucción preparatoria sólo fundamenta la acusación, y se realiza en secreto, por escrito, y sin posibilidad de contradictorio. Una vez concluida, el juez pasa los autos a la Cámara de Acusación, que dictamina sobre si procede o no la elevación a juicio. El cual se realiza ante las Cortes de Assises[27] y los jurados populares; el acusador es público y el fallo se fundamenta después por los jueces técnicos (Clariá Olmedo, 1998a, p. 123). Se aprecia como el tribunal que dicta sentencia no es quien analiza el mérito de la apertura al juicio oral. Se cumple con el principio de imparcialidad a que están sometidos los magistrados y permite que el acusado sea considerado inocente hasta tanto no se dicte sentencia.
El Código de Instrucción Criminal francés de 1808, ejerce notoria influencia sobre la legislación penal de la Europa continental durante el siglo XIX. Constituye un ejemplo para las diversas modificaciones que se realizaron con posterioridad en otros países, se puede mencionar entre otros, Austria en 1873, España en 1882, e Italia en 1913 (Rossi, 1995a, p. 138).
La Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1882, regulaba que una vez concluido el sumario, el juez de instrucción lo remitía al fiscal de la audiencia y en caso de estimarlo completo, solicitaba que se dictara auto de terminación del sumario y la apertura del juicio oral. Así como, ante la concurrencia de determinados presupuestos legales procedería a la devolución del sumario para la práctica de determinadas diligencias de investigación cuyo resultado podía presumir que tuviera influencia en la calificación de los hechos. Pues, en este propio trámite con independencia de la solicitud de apertura a juicio oral, podía disponer el sobreseimiento de las actuaciones (Zaragoza Pupo, 2004, p. 3). Se aprecia como se laceran, los principios de imparcialidad, inmediación, contradicción, la oralidad, así como derechos del acusado a la defensa y a la presunción de inocencia.
Las leyes procesales del contexto europeo carecieron del reconocimiento legal de la fase intermedia, así como aquellos países que por derecho colonial heredaron ese sistema de justicia.[28] Dicha situación provocó intensos debates en la doctrina científica[29] en relación con su finalidad, límites y actos procesales que la componen (Arranz Castillero, et al., 2004, p. 24). Hoy su admisión es casi unánime, ello se evidencia en su regulación por el Código tipo de Procedimiento Penal para América Latina[30] cuerpo legal que, aunque lleva ese nombre, según declara su exposición de motivos, fue elaborado por expertos en dicha materia con el propósito de que sirviera de modelo a las futuras legislaciones de los países de la comunidad hispana (Arranz Castillero, et al., 2004, p. 32).
1.4. La fase intermedia, concepto, objeto e importancia de su implementación.
La fase intermedia en el proceso ordinario, es aquella en la que se ponderará si existe mérito y necesidad de proceder a la apertura del juicio, mediante discusión entre las partes sobre las circunstancias de hecho y de derecho, fundamentándose las respectivas posiciones, las que se concretarán en las peticiones. El órgano jurisdiccional pronunciará si hay elementos para una condena o en el caso contrario, para el sobreseimiento (Rossi, 1995b, p. 445). Según Roxín (2000, p. 347) es aquella en la que se produce “la decisión judicial sobre la apertura del procedimiento principal”.
Pérez Sarmiento (2008, p. 106) define la fase intermedia como el conjunto de actos procesales que median desde la resolución que declara consumado el sumario hasta la resolución que decide la apertura o no de la causa a juicio oral. Expresa que recibe dicho nombre, puesto que ocupa un lugar medio entre la fase preparatoria y la fase de juicio. Por su parte, Rivera Morales (2010, p. 106) expone que es una fase de juzgamiento, pues el juez puede o no admitir la acusación, dictar sobreseimiento, decidir sobre la legalidad o licitud de las pruebas.
Para Binder (1993, p. 225), desde el aspecto formal, la fase intermedia constituye el conjunto de actos procesales que tienen como fin la corrección o saneamiento formal de los requerimientos o actos conclusivos de la investigación. Desde el aspecto sustancial, consiste en una discusión preliminar sobre las condiciones de fondo de cada uno de los actos o requerimientos conclusivos.
De los conceptos expuestos, se deduce que es una etapa en la cual el juez ejerce un control de la acusación, por cuanto debe examinar los fundamentos fácticos jurídicos en los cuales el representante del Ministerio Público basa su imputación. También determinar si existe o no elementos para someter a una persona a juicio oral por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo. Con tal control según Maier (1996, p. 245), se busca racionalizar la administración de justicia penal, evitando juicios inútiles por defectos de la acusación.
Rivero (2007, p. 4) señala que el objeto de la fase intermedia radica en evitar juicios carentes de fundamentos de hecho o de derecho. Además expresa que el procedimiento principal se debe abrir cuando, en el resultado del preliminar, el procesado es suficientemente sospechoso de haber cometido una acción punible. Criterio con el cual se coincide ya que como expresa Binder (1993, p. 212) “la fase intermedia se instituye en la idea de que los juicios deben ser preparados convenientemente y se debe llegar a ellos luego de una actividad responsable”.
Así también expresa Roxín (2000, p. 123) que la importancia principal del procedimiento intermedio reside en su función de control negativa, pues en ella se discute la admisibilidad y la necesidad de una persecución penal posterior. Se pretende proporcionar otra posibilidad de evitar el juicio oral, que siempre es discriminatorio para el afectado.
El juicio es público lo cual significa que el imputado deberá defenderse de la acusación en un proceso abierto, que puede ser conocido por cualquier ciudadano.
Así como la publicidad implica una garantía en la estructuración del proceso penal, también tiene un costo, por más que la persona sea absuelta y se compruebe su absoluta inocencia, el solo sometimiento a juicio siempre habrá significado una cuota considerable de sufrimiento, gastos y aun de descrédito público. Por tal razón, un proceso correctamente estructurado tiene que garantizar también, que la decisión de someter a juicio al imputado no sea apresurada, superficial o arbitraria.
También la fase intermedia tiene su fundamento en el principio de economía procesal, toda vez que se busca finalizar sin juicio oral, un caso que no merece ser sometido al debate. Así mismo, se pretende lograr que el Estado evite malgastar sus recursos económicos y humanos en procesos evidentemente sin futuro.
La fase que realiza la evaluación del mérito de la acusación, la intermedia, adquiere una importancia mayor cuando se efectúa durante una audiencia preliminar y por un tribunal que no tenga a cargo el procedimiento principal, ya que se realiza de forma oral, contradictoria, imparcial y en plena igualdad de partes. Dicho modo favorece el derecho del acusado a la presunción de inocencia, ya que al no tener participación en la fase intermedia, el juez del juicio oral, no realiza un prejuicio de la causa que juzgará.
En dicho contexto, el derecho a la defensa adquiere una importancia esencial, por cuanto se traduce en el derecho del imputado a ser oído y a que sea tomado en cuenta por el juez para formar su decisión. La que seria producto de la interacción de los afectados.
La fase intermedia es una garantía importante y necesaria en el proceso penal. La misma de ningún modo puede ser contemplada como un mero aspecto formal del procedimiento penal, como un vínculo entre la investigación preparatoria y el juzgamiento. Dicha etapa despliega efectos determinantes en cuanto a la persecución penal.
Por todo lo expuesto se considera, que la fase intermedia, se caracteriza por ser un procedimiento, donde predominen principios como la oralidad, la contradicción, la imparcialidad y la plena igualdad de las partes. Donde el acusador y el acusado representado por su defensor exponen sus razones ante un tribunal imparcial, constituido por jueces distintos a los del juzgamiento. Para que el tribunal valore el mérito de la acusación y la necesidad de proceder a la apertura del juicio oral o en caso contrario al sobreseimiento de las actuaciones y evitar que se realicen juicios infundados. Además decidir sobre la admisión o inadmisión de pruebas y otros particulares.
2. LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACTOS QUE HAN DE CONFORMAR LA FASE INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO.
2.1. El proceso ordinario, características y diferencias con otros procesos en la legislación penal cubana. El proceso ordinario es el proceso de conocimiento tipo, por ello es la regla general, todas las cuestiones que no tengan señalado un trámite especial, se deben tramitar por juicio ordinario. Cuando la ley ha establecido para una controversia un tipo de proceso, sumario, abreviado, querella, entre otros, deberá ventilarse en los propios. Por el contrario, cuando la ley no ha establecido un trámite especial para esa controversia, corresponde seguir el juicio ordinario.
En el proceso penal, el ordinario se encuentra concebido para resolver cuestiones que por su importancia cuantitativa o cualitativa requieran un conocimiento amplio y de fondo, por parte del tribunal. Se concede a las partes amplias facultades para formular sus alegaciones y proponer sus pruebas sin perjuicios de las facultades concebidas al juez para proceder de oficio.
En Cuba el proceso penal ordinario se integra por varias etapas, entre las cuales resalta la preparatoria conocida también como fase de instrucción o sumarial y la fase del juicio oral llamada además proceso decisorio o plenario. Vinculados ambos por determinados actos procesales tendentes a comprobar si existe mérito y necesidad de proceder a la apertura del juicio oral. Aunque la Ley Procesal no reconoce dichos actos como otra fase, según se explico antes es evidente que existe una, anterior al inicio de la vista oral que no tiene carácter de instructiva, es decir, resulta diferente a la fase investigativa.
El artículo 104 de la Ley de Procedimiento Penal define la fase preparatoria del proceso ordinario como el conjunto de diligencias previas dirigidas a averiguar y comprobar la existencia del delito, así como sus circunstancias. También dispone que se recojan y conserven los instrumentos y pruebas materiales del mismo, además se practique cualquier otra diligencia que no admita dilación, de modo que permita hacer la calificación legal del hecho y determinar la participación o no de los presuntos responsables, su grado, y asegurar, en su caso, la persona que lo perpetró.
El expediente de fase preparatoria se inicia por: a) denuncia; b) confesión del participante en el hecho[31]; c) noticias recibidas por cualquier medio; d) descubrimiento directo de indicios de un delito por parte de los instructores, el fiscal, el tribunal o la policía.[32] En los supuestos a), b) y c) sólo se iniciará el expediente cuando concurran indicios suficientes de la comisión de un delito.
Las diligencias de investigación, según la Ley cubana, puede estar a cargo de la policía, a través de la figura del instructor o ser ejecutadas directamente por la propia fiscalía. En ambos casos, le corresponde al fiscal la función de controlar la ejecución de la investigación y velar por el cumplimiento de la legalidad.[33] La acción penal se encuentra a cargo del Ministerio Fiscal, constituye un acto de voluntad, una manifestación de las actividades impuestas a dicha figura estatal dirigida a investir al juez del conocimiento de la noticia del delito (1988, pág. 53), para que el mismo actúe conforme a la Ley.
El juicio oral, Rivero García (2004, p. 279) lo define como la fase decisoria o principal del proceso penal. Tiene como objetivo acreditar con certeza, fundada en las pruebas en él recibidas de forma oral y pública que el acusado es penalmente responsable del delito que se le atribuye. Esto es determinado en una sentencia condenatoria o mediante una decisión absolutoria. Constituye el momento culminante del proceso penal, su fase fundamental o estelar. Las anteriores etapas, giran alrededor de la idea de preparar y organizar el mismo. Es donde se determina la culpabilidad o no del acusado. El cual es representado en el juicio oral por un abogado para su defensa técnica. Si el mismo no lo designa se le nombrará un defensor de oficio.
Practicadas las pruebas corresponde las calificaciones definitivas, uso de la fórmula del artículo 350 por el tribunal cuando proceda y alegatos orales o informes. Después se le otorga al acusado el derecho de última palabra. Celebrada la vista del juicio oral, el tribunal dicta sentencia por escrito, la cual notifica a las partes con entrega de copia y se advierte del derecho que tienen de establecer recurso de casación dentro del plazo de diez días, ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo Popular.[34]
Los procesos ordinarios competencia de los tribunales municipales populares, por delitos menos graves, son aquellos cuya sanción discurre en un marco de uno a tres años de privación de libertad o multa superior de trescientas cuotas, o ambas. Los mismos tienen un procedimiento similar a los que se siguen a los delitos graves, con la peculiaridad de que, en el juicio oral, concluida la práctica de las pruebas el tribunal se retira de los estrados para deliberar y dar continuación al fallo de manera oral. Así queda notificada las partes y, desde ese momento, cuentan con un termino de 5 días para establecer recurso de apelación contra la sentencia dictada.[35]
En Cuba, el proceso penal sumario es aquel que se produce por delitos leves, sancionables con privación de libertad no superior a un año o multa que no exceda de trescientas cuotas o ambas. Se inicia por el Tribunal Municipal Popular correspondiente inmediatamente que se reciba denuncia o en cualquier otra forma tenga conocimiento, de hechos punibles de su competencia.[36]
Dicho procedimiento tiene sustanciales diferencias con el denominado procedimiento ordinario, no se desarrolla la fase de investigación previa o preparatoria para acumular las pruebas y preparar el juicio oral. El acusador y acusado aportan sus pruebas directamente al tribunal en el acto decisorio, en el que se resuelve lo pertinente conforme a la ley. Como actuaciones previa, solo consta el acta de denuncia realizada en estación de policía, documento en el cual se recogen los datos de los testigos que propone la parte acusadora y la existencia de alguna otra prueba documental o pericial si obrare. Así como los descargos realizados por la contraparte, la cual puede también aportar en ese momento sus pruebas o llevarlas después directamente al momento del juicio, para que el tribunal las examine (Bodes Torres, 2001, p. 44).
El proceso sumario es muy ágil y expedito, eminentemente oral, pues aun cuando se recogen por escrito algunos datos y detalles del suceso, lo fundamental se ventila en el juicio ante el tribunal que examinará las declaraciones del acusador y el acusado (Bodes Torres, 2001, p. 44). El cual podrá hacerse acompañar de su abogado defensor para que lo represente en el juicio y alegue a su favor lo que estime pertinente. No será imprescindible la presencia del defensor, ni la del fiscal para celebrar el juicio, pues el tribunal actuará como órgano imparcial que ventila y resuelve la litis establecida con la denuncia (Bodes Torres, 2001, p. 44).
El fallo se pronuncia de manera oral en el mismo acto después que el tribunal se retira de los estrados para la correspondiente deliberación. Contra esa decisión judicial, las partes, tienen la posibilidad de establecer recursos de apelación, por propio derecho, el acusado y a través del fiscal, el acusador. Dicho recurso será resuelto por el tribunal provincial popular correspondiente del territorio municipal en que tuvo lugar el referido juicio incluso celebrando un nuevo juicio, si la reclamación así lo requiere.[37]
Otras de las diferencias importantes del proceso sumario con el procedimiento ordinario son: el ejercicio de la acción penal no es una facultad privativa del Ministerio Fiscal. Corresponde al juez el sobreseimiento del proceso en los casos que establece la Ley. Además el Tribunal no está vinculado a las solicitudes del Fiscal, de asistir al juicio oral, por lo que no tendrá que hacer uso de la fórmula del artículo 350 (Rivero García, 2012, p. 269).
El Decreto Ley 151 del 10 de junio de 1994, introdujo en la legislación procesal penal un procedimiento especial denominado abreviado, el cual, tiene como finalidad dotar al sistema de justicia de un procedimiento ágil para conocer y resolver casos cuya evidencia es incuestionable[38] y que exista conformidad entre las partes en cuanto a los hechos imputados y la responsabilidad de quien se tiene por procesado. Para el debate penal queda la adecuación de la sanción, la ulterior decisión jurisdiccional y las demás medidas que de ella se deriven (Candia Ferreyra, et al., 2009, p. 14).
Dicho procedimiento permite una justicia pronta y expedita, en beneficio del reo que tiene derecho a un juicio rápido. Al mismo tiempo se puede cumplir con mejor eficacia las expectativas de las víctimas que necesitan la solución del caso y en especial el resarcimiento de los perjuicios que no se dilaten. También tiene como beneficio que se reduce las demoras en la administración de la justicia, implica menos costos y permite el descongestionamiento de los diferentes órganos, beneficiando la atención a los demás procesos.
En la regulación del proceso abreviado se introducen modificaciones significativas que lo distingue del proceso ordinario, no solo en los términos sino también en el contenido de algunas instituciones importantes, como son: solo admite el proceso basado en la persecución oficial realizada por el Ministerio Publico; el papel que se concede a la confesión del acusado en la etapa prejudicial como elemento que junto con otras circunstancias sirve de base para la elección del procedimiento aplicable. Un mayor dominio de la fase preparatoria por el Fiscal; la independencia de la intervención del defensor en la imposición de medidas cautelares a los acusados (Candia Ferreyra, et al., 2009, p. 25).
Existe también, la posibilidad de reducir al mínimo la práctica de pruebas en el juicio o incluso prescindir de ella; más estrecha vinculación de la sentencia a la solicitud de la acusación; la facultad de dictar sentencia a partir de la conformidad de las partes. Además la sentencia se puede hacer firme en el acto si ambas partes manifiestan su conformidad con ella en el momento de notificarse. Contra las sentencias dictadas en juicio seguido por el procedimiento abreviado se autoriza el recurso de apelación ante el Tribunal Provincial Popular competente o la sala o sección correspondiente del Tribunal Supremo Popular, según el caso.[39]
Un elemento importante que caracteriza al procedimiento abreviado, es su alternatividad. Aunque el mismo es de aplicación específica para determinados casos legalmente definidos y no puede emplearse en otros, resulta una alternativa posible del procedimiento ordinario. Lo cual significa que, en los casos de aplicación legalmente previstos no se sustituye obligatoriamente el procedimiento ordinario, sino que puede aplicarse uno u otro.
La alternatividad y en cierto modo la relativa identidad entre ambos procedimientos se manifiesta también en el hecho de que en cualquier momento antes del juicio oral un procedimiento ordinario puede continuarse como abreviado o a la inversa. El tribunal, presentada la acusación puede también decidir continuarlo por los trámites abreviados o cambiarlo al ordinario.
2.2. Regulación de la fase intermedia en otros sistemas judiciales.
En diversas leyes procesales se encuentra regulada la fase intermedia. Entre otras se encuentra, la Ley de Procedimiento Penal Alemana,[40] en la cual, la fase intermedia, la efectúa el tribunal del juicio,[41] que decide sobre su apertura, sin la intervención de jueces legos. El artículo 156 del propio cuerpo legal regula que la fase intermedia se inicia con la recepción del escrito de la acusación promovida por el Fiscal y el presidente le comunica el pliego acusatorio al imputado, el que a partir de ese momento se denomina procesado, invitándolo a presentar solicitudes de pruebas u objeciones a la apertura del juicio. Si el mismo no ha elegido defensor se le nombra uno de oficio en el caso de defensa necesaria.
La Ley Procesal Penal alemana regula excepciones al principio de legalidad en la fase intermedia el tribunal decide el sobreseimiento definitivo por motivos de oportunidad. El artículo 153 norma que se puede prescindir de la acusación ante hechos insignificantes, en los que no haya interés en la persecución o el mismo pueda ser satisfecho de otro modo, como por reparaciones. También el fiscal prescinde de la acción penal por recompensa al arrepentimiento activo. Según Roxín (2000, p. 90), dichas excepciones han permitido que, en el ámbito de la criminalidad leve y gran parte de la media, rija el principio de oportunidad.
El artículo 202 regula que el tribunal de oficio o a pedido del interesado, puede disponer investigaciones complementarias y ordenar la producción de pruebas a la fiscalía o a la policía. La fase intermedia concluye por auto, cuyo contenido puede consistir en el rechazo por diferentes motivos, entre los que se encuentra: la carencia de sospecha suficiente, por un impedimento procesal, y porque el hecho no es constitutivo de delito, así como el sobreseimiento por motivos de oportunidad, para lo que se requiere el consentimiento de la fiscalía y el procesado.
En caso de admitir el tribunal la acusación, por considerar al procesado suficientemente sospechoso, puede apartarse de la misma en cuanto a su contenido. Ejemplos: denegando la persecución por alguno de los hechos imputados, al observar carencia de fundamentos probatorios; o apreciando de manera divergente las calificaciones jurídicas. Cuando es acordado el auto de apertura el procesado pasa a llamarse acusado. Declarada la apertura del juicio oral, el señorío del proceso se transfiere al tribunal. Si el acusado guarda prisión provisional, al resolver el tribunal sobre esta fase, tiene que pronunciarse sobre mantenimiento o cese de dicho estado.
En Venezuela, según lo regulado en el artículo 103 del Código Orgánico Procesal Penal (1998), el control de la investigación y la fase intermedia esta a cargo de un tribunal unipersonal que se denomina tribunal de control. A partir del artículo 322 del propio cuerpo legal se comienza a regular los actos conclusivos de la fase preparatoria. Dentro de ellos la ley regula el archivo de las actuaciones por parte del fiscal y solicitar al juez de control el sobreseimiento de las actuaciones cuando el resultado de la investigación resulte insuficiente para acusar.
El artículo 326 hace referencia a que una vez presentada la solicitud de sobreseimiento el juez podrá convocar a las partes y a la víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición. Si el juez no acepta la solicitud enviará las actuaciones al fiscal superior del Ministerio Público para que ratifique o rectifique la petición fiscal. Si el fiscal superior ratifica el pedido de sobreseimiento, el juez lo dictará pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el fiscal superior del Ministerio Público no estuviere de acuerdo con la solicitud ordenará a otro fiscal que formule la acusación.
A partir del artículo 330 se regula la fase intermedia, en la cual se establece que presentada la acusación el juez convocará a las partes a una audiencia oral, que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de diez días ni mayor de veinte. La víctima podrá dentro del plazo de cinco días, contados desde la notificación de la convocatoria adherirse a la acusación del fiscal o presentar una acusación propia cumpliendo con los requisitos del artículo 303.
Antes del vencimiento del plazo fijado para la audiencia oral, el fiscal, el querellante y el imputado, podrán realizar por escrito los actos siguientes: oponer las excepciones previstas en el Código, cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos; pedir la imposición o revocación de una medida cautelar; solicitar la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos; proponer acuerdos reparatorios e indicar la prueba que el imputado producirá en el juicio oral.
El artículo 332 regula el desarrollo de la audiencia en la cual las partes expondrán brevemente los fundamentos de sus peticiones. Durante la misma el imputado podrá solicitar que se le reciba su declaración, la cual será rendida con las formalidades previstas en el Código. El juez informará a las partes sobre las medidas alternativas a la continuación del proceso y en ningún caso se permitirá que se planteen cuestiones que son propias del juicio oral y público.
Finalizada la audiencia el juez resolverá, en presencia de las partes, sobre las cuestiones siguientes según sea el caso: admitir total o parcialmente, la acusación del Ministerio Público o del querellante y ordenar la apertura a juicio; sobreseer si desestima totalmente la acusación del Ministerio Público; resolver las excepciones opuestas; decidir acerca de medidas cautelares; sentenciar conforme al procedimiento por admisión de los hechos; aprobar los acuerdos reparatorios; decidir sobre la pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio oral.
En el artículo 334 se regula lo relacionado con el auto de apertura al juicio oral. La decisión por la cual el juez admite la acusación se dictará ante las partes y contendrá la identificación de la persona acusada, la descripción precisa del hecho objeto del juicio y su calificación jurídica. En ese mismo acto se emitirá la orden de abrir el juicio oral y público; el emplazamiento de las partes para que, en el plazo común de cinco días concurran ante el juez de juicio y la instrucción al secretario de remitir al tribunal competente la documentación de las actuaciones y los objetos que se incautaron. El auto será inapelable.
En el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (1997) Argentina, el análisis del mérito de la acusación se regula a partir del artículo 334, cuando el Fiscal estima contar con los elementos suficientes para el ejercicio de la acción, procede a formular por escrito su requisitoria de citación a juicio ante un juez de garantía. Las conclusiones del requerimiento se notifican al defensor del imputado quien puede, en un término de 15 días, oponerse instando al sobreseimiento o al cambio de la calificación legal, u oponiendo las excepciones que correspondan.
El artículo 337 regula que el juez de garantías resuelve la oposición en el término de cinco días. Si no tiene lugar, dispone por auto la elevación de la causa a juicio. De igual modo procede si acepta el cambio de calificación propuesto por la defensa. Cuando no se efectúa oposición, el expediente se remite por simple decreto al tribunal de juicio. El auto de elevación a juicio es apelable por el defensor que realiza la oposición.
El Código Procesal Penal de Costa Rica (1998), norma en el titulo II, capitulo I, el procedimiento intermedio. En el artículo 310 regula que el juez a cargo del análisis del mérito de la acusación tiene la tarea de controlar y examinar las gestiones que a solicitud del fiscal pretendan evacuarse, para lo cual puede disponer realizar la audiencia preliminar. Forma típica a seguir cuando se le traslada la solicitud de sobreseimiento,[42] con el fin de acreditar las causales y los hechos en que se sustenta.
Firme el sobreseimiento definitivo, cierra irrevocablemente el procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicte e impide una nueva persecución penal por el mismo hecho y cesa las medidas cautelares impuestas. Si no corresponde el sobreseimiento definitivo y los elementos de prueba resultan insuficientes para realizar el juicio, se ordena el provisional. Si nuevos elementos de prueba permiten la continuación del procedimiento, el tribunal, a pedido de cualquiera de las partes, admitirá la continuación de la investigación. Si dentro del año de dictado el sobreseimiento provisional no se solicita la reapertura, se declara, de oficio, la extinción de la acción penal.
Cuando se formule la acusación o la querella, aún cuando existan también otras solicitudes o requerimientos, el tribunal del procedimiento intermedio notificará a las partes y pondrá a su disposición las actuaciones y las evidencias reunidas durante la investigación, para que puedan examinarlas en el plazo común de cinco días. En la misma resolución, convocará a las partes a una audiencia oral y privada que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de diez días, apoyado en el artículo 316 de la propia Ley.
El artículo 317 regula que las partes podrán: objetar la solicitud que haya formulado el Ministerio Público o el querellante, por defectos formales o sustanciales. Oponer excepciones; solicitar el sobreseimiento definitivo o provisional, la suspensión del proceso a prueba, la imposición o revocación de una medida cautelar o el anticipo de prueba. Solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o la conciliación. Ofrecer la prueba para el juicio oral y público, conforme a las exigencias señaladas para la acusación, así como plantear cualquier otra cuestión que permita una mejor preparación del juicio.
A la audiencia deberán asistir obligatoriamente el fiscal y el defensor, pero si este último no se presenta será sustituido por un defensor público. En su caso, el querellante y el actor civil también deben concurrir, pero su inasistencia no suspende el acto. El imputado y los demandados civiles también pueden intervenir. Cuando la conciliación sea procedente, la víctima de domicilio conocido deberá ser convocada para que participe en la audiencia. El tribunal intentará que las partes se concilien. Si la misma no se produce o no procede, continuará la audiencia preliminar. En la audiencia de la fase intermedia se evitará que se discutan cuestiones que son propias del juicio oral.
Finalizada la audiencia, el tribunal resolverá inmediatamente las cuestiones planteadas. Analizará la procedencia de la acusación o la querella, con el fin de determinar si hay base para el juicio o, en su caso, si corresponde total o parcialmente desestimar la causa o sobreseer al imputado. También podrá examinar, conforme al procedimiento establecido, si corresponde aplicar un criterio de oportunidad, el procedimiento abreviado, suspender el procedimiento a prueba o autorizar la aplicación de las reglas para asuntos de tramitación compleja. Resolverá las excepciones planteadas, ordenará los anticipos de prueba que correspondan. Decidirá sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida para el juicio. Si las partes han llegado a algún acuerdo sobre la acción civil, ordenará lo necesario para ejecutar lo acordado. En esta misma oportunidad, el tribunal deberá examinar la procedencia, ratificación, revocación o sustitución de las medidas cautelares.
El tribunal del procedimiento intermedio admitirá la prueba pertinente para la correcta solución del caso y ordenará de oficio la que resulte esencial. Rechazará la que considere evidentemente abundante o innecesaria. De oficio podrá ordenar que se reciba prueba en el debate, sólo cuando sea manifiesta la negligencia de alguna de las partes y su fuente resida en las actuaciones ya realizadas.
El auto de apertura a juicio indicará la parte de la acusación o de la querella que resulte admitida, la disposición de enviar a juicio el asunto. Así como el emplazamiento a las partes para que, en el plazo común de cinco días concurran ante el tribunal de sentencia e indiquen el lugar o la forma para recibir notificaciones.
Según lo analizado se constata, que en diversas leyes procesales de otros países se encuentra regulada la fase intermedia. En las mismas por lo general la valoración de la acusación para proceder al juicio oral, se realiza en una audiencia preliminar, por jueces distintos a los de la sentencia, con una diversidad de funciones, como la decisión sobre la solicitud del sobreseimiento de las actuaciones, la evaluación apriorística de las mismas, la formulación adecuada de la imputación, la decisión sobre el material probatorio que se presenta en el juicio. Además aprueban salidas alternativas al juzgamiento en virtud del principio de oportunidad.
2.3. Características de los actos efectuados entre la fase investigativa y el juicio oral en el proceso penal cubano. En el Título V del Libro II, “Disposiciones Especiales de la Fase Preparatoria”, se regula lo que ocurre a partir de que el instructor concluye el expediente en el que ha acumulado las actas de las diligencias y otras acciones practicadas durante la fase preparatoria. Dispone en el artículo 261 que si el fiscal aprecia que es imprescindible realizar alguna otra diligencia que resulte esencial en relación con el hecho justiciable, puede practicarla directamente en un plazo no superior a diez días o bien devolver el expediente al Instructor para que practique las diligencias indispensables en el término que se le señale, que no puede ser superior a veinte días.
Cuando el fiscal, al recibir el expediente terminado, estime que se encuentra completo, dentro de los cinco días hábiles siguientes, que pueden prorrogarse por otros cinco días más, tiene la potestad de: decretar cualquier medida cautelar, si no se hubiere hecho antes, o modificar o revocar la que se hubiere aplicado anteriormente; sobreseer o archivar provisionalmente las actuaciones; presentar el expediente al tribunal competente para solicitar que se sobresea libremente, es decir, archivarlo definitivamente; que se tramite y resuelva alguno de los artículos de previo y especial pronunciamiento según el artículo 290[43] de la propia ley o que se disponga la apertura del juicio oral, y con ello formula las conclusiones provisionales acusatorias correspondientes.
Aunque el artículo 262 no lo especifica, otra petición que puede hacer el fiscal en esa oportunidad, es la de que se declare la extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento de un acusado, de acuerdo con lo señalado en el artículo 122 de la propia Ley de Procedimiento Penal. En el artículo siguiente, en el 263,[44] se prevé que si el fiscal formula conclusiones provisionales y solicita la apertura del juicio oral, el tribunal podrá devolverle el expediente si encuentra que hay alguna insuficiencia importante en el expediente de fase preparatoria o errores en el escrito de calificación del Ministerio Público.
Cuando la devolución del expediente se basa solo en cuestiones previstas en los apartados 3 ó 4 del artículo 263, el tribunal señala concreta y claramente al fiscal cuáles son los puntos contradictorios, los elementos o circunstancias omitidos y los errores padecidos. En ese caso, el fiscal puede insistir en su petición sin realizar modificación alguna y el tribunal tendrá que aceptar en tales condiciones las conclusiones formuladas y abrir a juicio la causa. Tal alternativa parece totalmente lógica tratándose de los casos previstos en el apartado 4, ya que la falta de un elemento no esencial en la exposición de los hechos o algún error de orden técnico jurídico, pueden enmendarse por el Ministerio Público en el juicio oral. Pero si los hechos narrados en el escrito acusatorio no se corresponden realmente con lo investigado en el expediente, el iniciar el juicio en tales condiciones convertiría el resto del proceso en una inútil pérdida de tiempo.
En los casos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 263, establece la propia norma que el tribunal debe señalar concretamente los preceptos infringidos o las investigaciones y diligencias que deben practicarse y el fiscal ordenará al instructor la subsanación del quebrantamiento o la práctica de las diligencias omitidas, cumplido lo cual presentará el expediente al tribunal. En dicho caso no se autoriza al Ministerio Público para que insista en su solicitud de apertura del juicio, pero ante disposiciones infundadas al respecto por la sala, no hay nada que impida que el fiscal recurra la resolución del tribunal mediante súplica,[45] ya que no se prohíbe expresamente ni se concede otro remedio procesal.
Según Candia Ferreyra (2004, p. 170) en relación con las facultades otorgadas al tribunal, ha de reconocerse que no se aviene con el estilo del modelo de proceso acusatorio ideal o puro. Por cuanto se faculta al órgano jurisdiccional para inmiscuirse en el ejercicio de la acción por la parte procesal que tiene esa potestad, con lo que en cierta medida el tribunal toma partido en relación con la acusación. No obstante lo anterior, tal situación no es privativa del procedimiento penal cubano, que la heredó en cierta forma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española. La concesión de tal facultad a la sala se justifica por el carácter oficial no sólo del ejercicio de la acción, sino de todo el proceso penal, como actividad estatal que tiene por fin esencial el descubrimiento de la verdad histórica con el objetivo de defender a la sociedad y al propio Estado y para ello ejecutar el poder punitivo estatal.
Por ello, se crean condiciones para que se decida la apertura a juicio oral cuando realmente hay suficientes condiciones y razones. Por otra parte, para evitar en lo posible que en una fase más adelantada del proceso se haga necesario volver atrás, como consecuencia de errores en la formulación de la imputación que pueden resolverse antes.
Sin embargo, resulta significativo que, ya que se optó por facultar de este modo al tribunal, el legislador, en el caso del apartado 4) haya limitado las posibilidades del órgano jurisdiccional para indicar la rectificación sobre elementos y circunstancias del hecho a aquéllos que sin alterarlo fundamentalmente, pudieran afectar la calificación del delito. Si en dicho momento no ha comenzado el juicio oral ni siquiera se le ha dado traslado a las demás partes de las conclusiones del fiscal, por lo que éstas pudieran ser enmendadas totalmente en esa oportunidad.
Mientras que no podría rectificarse en el juicio por la acusación, ya que está expresamente prohibido modificar las conclusiones después de finalizada la práctica de pruebas en el juicio, incluir elementos o circunstancias que alteren sustancialmente el hecho imputado.[46] Prieto Morales (1982, p. 26) considera que dicha limitación legislativa se comprende ante la vulneración del derecho a la defensa que significa admitir lo contrario.
El sobreseimiento de las actuaciones significa cesar la tramitación del proceso, ya sea temporalmente o de modo definitivo. Según Prieto Morales (1982, p. 36) sobreseer proviene del latín super cederé y significa literalmente sentarse sobre, lo que en lenguaje forense se traduce como detener el curso de las actuaciones, dejarlas en el estado en que están, es decir, archivarlas.
El sobreseimiento puede aplicarse de manera total, cuando se refiere a todos los acusados o a todos los hechos punibles investigados en un mismo proceso, o parcial, cuando se refiere solo a algún acusado o a varios de ellos o a uno o varios de los hechos imputados, pero el proceso continúa respecto a otro u otros hechos o acusados, procediéndose al archivo de la documentación del proceso solo cuando se dispone el sobreseimiento total.
El sobreseimiento es provisional[47] y por tanto tiene carácter temporal, cuando por alguna razón no puede continuarse el proceso, pero tampoco es posible llevarlo a una solución definitiva. El mismo permite que se reabra el proceso en cualquier momento si surgen nuevos elementos o si por otras razones hay mérito suficiente para ello o se identifican los presuntos autores. Reservándose al fiscal exclusivamente el ejercicio de la acción penal en los casos que fueron sobreseídos provisionalmente, como consecuencia lógica de que si es el fiscal el único facultado para disponerlo, del mismo modo es el que puede dejar sin efecto la decisión.
La Ley Procesal Penal no fija límite de tiempo para el sobreseimiento provisional. Sin embargo carece de utilidad práctica la reapertura del proceso cuando haya transcurrido el tiempo, en las condiciones previstas, para la prescripción de la acción penal según las reglas de la legislación sustantiva[48]
El sobreseimiento libre pone fin de manera definitiva al proceso e impide toda actuación posterior sobre los mismos hechos, atribuyéndosele por la ley los mismos efectos que una sentencia absolutoria. Por tales características, la decisión del sobreseimiento libre, sea total o parcial, está legalmente atribuida no al fiscal, sino al tribunal, es decir, el primero debe plantear la solicitud al órgano jurisdiccional y la decisión a instancias del órgano acusador solo se adopta previo examen del órgano juzgador, que puede rechazar tal petición.
De no estar conforme la sala de justicia con lo solicitado por el fiscal, estimándolo injustificado, mediante auto fundado el tribunal devuelve el expediente para que el fiscal reconsidere su petición. El representante del Ministerio Público puede decidir formular conclusiones provisionales acusatorias, pero si el fiscal insiste en el sobreseimiento requerido y aporta nuevos elementos para fundarlo, el tribunal podrá acoger lo planteado. De continuar inconforme, ofrecerá directamente el procedimiento al perjudicado para que en un plazo no superior a diez días hábiles ejercite la acción penal, si lo entiende procedente, mediante la acusación particular.
El acusador particular, ejercitará la acción en los mismos términos y condiciones que se establecen para el fiscal y éste por su parte evacuará sus conclusiones como parte procesal, con la particularidad de que podrá adherirse en el juicio a las conclusiones definitivas del acusador o de la defensa, aunque pudiera incorporar algún matiz diferente al rendir el informe correspondiente. De transcurrir el término señalado al perjudicado para que ejercite la acción penal sin comparecer para ello, el tribunal deberá sobreseer la causa en los términos interesados por el fiscal, cumpliéndose el principio de actor necesario para el juicio.
Al acordarse el sobreseimiento ya sea provisional o libre, el fiscal o el tribunal, en el caso respectivo, deberá revocar las medidas cautelares respecto a los acusados que tal resolución comprenda. Igualmente deberá resolverse la situación de los objetos que se encuentren ocupados como piezas de convicción, de acuerdo con las reglas generales que se establecen en el artículo 271 de la Ley de Procedimiento Penal, en los casos de sobreseimiento total.
En cuanto a la solicitud de extinción de la responsabilidad penal, si el tribunal está de acuerdo con ella, dispone el archivo de las actuaciones. Sin embargo, la Ley Procesal no ofrece solución alguna para el caso de que el órgano jurisdiccional no comparta tal criterio del fiscal, por ejemplo, si no está suficientemente acreditado el fallecimiento del autor, o si considera la sala que no está claro que el responsable de los hechos haya sido el que resultara muerto o si estimara que los hechos no son constitutivos de delito. No es posible devolver las actuaciones al fiscal, porque las disposiciones del artículo 263 solo son aplicables cuando el fiscal solicita la apertura del juicio. En el caso referido el tribunal tendría que dictar un auto de no Haber Lugar, en el cual expondrá las razones por las que no lo admite, con lo cual orientaría claramente al fiscal acerca de lo que sería más apropiado solicitar, en su caso, o lo que se debe aclarar para basar debidamente su petición que en primera instancia no prosperó, pero nada impediría repetirla, con mayor fundamentación.
En el Libro Tercero de la Ley de Procedimiento Penal[49] se regulan otros trámites previos al inicio del juicio oral, entre ellos se enmarca el momento en que el tribunal puede disponer la apertura a juicio oral del proceso. Resolución que debe su nombre al hecho de que a partir de ese trámite, en el procedimiento inquisitivo, la fase secreta del proceso concluía y era abierto al conocimiento de la parte acusada para que preparara su defensa. Lo cual persiste en el procedimiento cubano hasta la actualidad, con respecto al acusado que no ha sido objeto de alguna medida cautelar en la fase preparatoria y por tanto hasta esa etapa no tiene la posibilidad de estudiar las actuaciones de su propio proceso, ni de actuar por sí en él.
La etapa en que se ejercita la acción penal es uno de los momentos claves del proceso penal, porque aquí es cuando el Ministerio Público o acusador particular concreta, al ejercitar su acción, la pretensión punitiva que sostiene. Al ejercitar la acción penal en el modo legalmente establecido se conforma el objeto del proceso, que consiste precisamente en el hecho imputado por la acusación, según la descripción que a su vez haga de él, la calificación legal de tal hecho, demás circunstancias concurrentes y la medida concreta de punición que se pretende lograr, de todo lo cual tendrá que defenderse el acusado.
El núcleo de la imputación es el relato de los hechos, con independencia de que la defensa debe articularse respecto a todo lo que se plantee en el escrito acusatorio, es de los hechos que pudieran constituir delito de lo que se defiende el acusado. Ello implica que una vez iniciado el juicio, no es posible variarlos sustancialmente, salvo que se anule la parte del juicio que ya se haya desarrollado y se retrotraiga el proceso a un nuevo trámite de calificación. Mucho menos sería posible sancionar al acusado por hechos distintos al imputado.
Al fijarse el objeto del proceso mediante el pliego acusatorio o escrito de calificación el tribunal queda vinculado de manera absoluta al hecho planteado. Solo en forma relativa a las cuestiones jurídicas consignadas en ese escrito, que se basan en principios importantísimos del proceso penal, que fueron tratados anteriormente.
El artículo 272 establece que la acción penal se ejercita ante el órgano jurisdiccional competente para conocer de la acusación contra el presunto culpable. Es decir, la parte acusadora debe dirigirse al órgano competente, que en el procedimiento ordinario puede ser un determinado Tribunal Municipal, o Provincial o incluso el Tribunal Supremo Popular, pero en los dos últimos casos puede ser una Sala Penal o la de los delitos contra la Seguridad del Estado. No obstante, si por error u otra circunstancia se ejercita la acción ante un órgano que no es el competente, la situación que se crea debe resolverse por la vía de las cuestiones de competencia o, a instancias de la defensa, por medio de la declinatoria de jurisdicción que podría plantear. El tribunal no puede rechazar o devolver las actuaciones al fiscal en tales circunstancias por razón de estimarse incompetente.
El artículo 273 reserva el ejercicio de la acción penal respecto a los delitos perseguibles de oficio al fiscal y, por excepción al acusador particular en el caso previsto en el artículo 268 de la propia Ley. En el artículo 274 se aclara que la acción penal por delitos privados se ejercita exclusivamente mediante querella del perjudicado. El artículo 275 de la Ley de Procedimiento Penal establece que la acción relativa a la responsabilidad civil surgida del delito se ejercita conjuntamente con la penal, lo cual es una consecuencia de la prorrogación o extensión de la competencia de los tribunales en el proceso penal a asuntos de carácter civil o de otras ramas del Derecho íntimamente vinculados al hecho sancionable.
En el orden de la Ley de Procedimiento Penal a continuación se abordará los trámites relativos a la calificación del delito por las partes y los últimos actos preparatorios del juicio. Los cuales se recogen en el Título III del Libro Tercero de la Ley de Procedimiento Penal.
Aquí se aborda, la formulación del escrito acusatorio por el Ministerio Público o el acusador particular, señalándose en el artículo 278 de la ley el contenido de ese documento. El cual resulta esencial en el proceso, ya que mediante él se fija exactamente el objeto del proceso y por tanto, el contenido alrededor del cual girará el debate penal. Mediante el escrito acusatorio se concreta el ejercicio de la acción penal y, en su caso, el de la acción civil que se derive del hecho delictivo, expresándose la pretensión punitiva de la parte acusadora mediante la petición de que se impongan las sanciones penales principales y accesorias y la condena procedente en el orden civil.
El denominado trámite de calificación del delito es, normalmente, el paso previo inmediato a la apertura del juicio oral y es el punto de inicio a partir del cual se desarrollará en lo adelante el proceso. Los actos subsiguientes del procedimiento dependerán del contenido de las conclusiones de las partes y principalmente de las de la acusación y la resolución que se dicte para resolver el caso tendrá que guardar una inevitable correlación con las hipótesis planteadas que constituyen el objeto del debate penal.
Al recibir el fiscal el expediente concluido por el Instructor, procede a estudiarlo detalladamente y si considera completas las actuaciones y con los elementos de prueba suficientes para pretender obtener una condena del órgano jurisdiccional en virtud del delito cometido, formula sus conclusiones a título provisional de conformidad con lo establecido en el artículo 278 de la Ley de Procedimiento Penal. Lo anterior resulta idéntico para el acusador particular cuando se persona a sostener la acción penal como resultado del rechazo del tribunal a una solicitud de sobreseimiento libre formulada por el fiscal previamente.
Cuando de existir varios acusados, alguno de ellos hubiere fallecido y existen elementos suficientes para considerarlo fundadamente como responsable de los hechos, en el propio documento se puede solicitar al tribunal que se declare extinguida la responsabilidad penal de esa persona por causa de su fallecimiento. Igualmente, de estimar el fiscal que debe disponerse el sobreseimiento libre respecto a alguno o algunos de los que figuraron como acusados, también puede solicitarlo en el propio documento, a título parcial.
Al ejercitarse la acción por la parte acusadora, queda fijado el objeto del debate penal. A él tienen que referirse también las conclusiones de los defensores de los acusados, que tienen por tanto un papel subordinado respecto a aquéllas, debido al carácter oficial del proceso y al principio de la carga de la prueba para la acusación, es en todo caso, respecto a tal imputación de lo que deberá defenderse el acusado. Al ser esa la tesis que debe resolver el tribunal, la defensa puede ofrecer una versión totalmente distinta del hecho, pero en el juicio se tratará de comprobar, primeramente, si lo expuesto por la acusación es o no cierto. Igualmente, en el proceso ordinario, la defensa podría allanarse totalmente a lo planteado por el fiscal, es decir, dar por cierto lo imputado, pero aún en ese caso, la tesis acusatoria tendrá que ser comprobada y demostrada en el juicio.
Recibido el expediente con las conclusiones del fiscal, o en su caso, del acusador particular, el tribunal, si estima que aparecen todas las diligencias necesarias para proceder y no se ha producido ningún quebrantamiento del procedimiento, mediante auto fundado abrirá la causa a juicio oral. El mismo dispondrá se requiera a los acusados y terceros civilmente responsables, con entrega de las copias presentadas, para que designen sus respectivos defensores, de no tenerlos ya personados en un término de cinco días hábiles. Si al concluir ese plazo alguno de ellos no hubiera designado su abogado, se le designa de oficio, por el propio tribunal.
En virtud del artículo 283 de la Ley Procesal Penal, a los defensores designados o nombrados de oficio, una vez personados ante el tribunal, se les entregará en el mismo orden el expediente de fase preparatoria. A fin de que en el improrrogable término de cinco días hábiles formulen sus conclusiones provisionales respondan a las correlativas del fiscal o acusador particular y propongan las pruebas que convengan al interés que representan.
Una vez recibidos todos los escritos de calificación de las partes, el tribunal mediante auto, admitirá las pruebas que considere pertinentes y rechazará las demás. Señalará en la propia resolución la fecha en que, dentro de los veinte días siguientes, deban comenzar las sesiones del juicio, salvo que existan razones que obliguen a señalarlo en fecha posterior. El artículo 287 de la Ley de Procedimiento Penal establece que contra el auto que admita pruebas o disponga realizarlas anticipadamente, no se da recurso alguno, lo cual resulta lógico, puesto que se actúa según lo que respectivamente se ha solicitado.
En el Título IV del Libro Tercero, se regula el tratamiento de los artículos de previo y especial pronunciamiento, los cuales pueden ser planteados por las partes precisamente en los primeros momentos del trámite de calificación y que el tribunal, en su caso, debe resolver antes de disponer la apertura del juicio oral. Los artículos de previo y especial pronunciamiento constituyen excepciones a la normal intervención del órgano jurisdiccional en un proceso, por falta de algún requisito de procedibilidad o porque existe alguna circunstancia anterior al proceso que impide que el tribunal pueda entrar a resolver sobre el fondo del asunto planteado.
Algunas de esas excepciones, de verificarse su existencia, tienen un efecto perentorio, pues, dan lugar a la extinción de la acción y a la terminación en ese trámite del proceso emprendido, por ser legalmente imposible que el tribunal entre en el presunto objeto del proceso.[50]
Las excepciones previstas en los apartados 1, 5 y 6 del propio artículo 290, son calificadas como dilatorias. En principio producen solo una demora en el proceso por la necesidad de tramitar la solución de la cuestión planteada, de resultar admisible, pero no necesariamente impiden su continuación. Las mismas consisten en la solicitud de declinatoria de jurisdicción, que es la única que solamente produce efectos dilatorios, ya que de admitirse el proceso continuaría, pero ante otro tribunal. En los apartados 5 y 6 se prevén las excepciones de falta de autorización para proceder, en los casos que resulta necesaria y la de falta de denuncia de la persona legitimada para formularla, cuando, de acuerdo con la ley sustantiva constituya un requisito para proceder. En los dos últimos casos, si no se llega a obtener la autorización para proceder o si la persona legitimada no se persona a formular la denuncia, se puede poner fin al proceso, por lo que tales excepciones pueden tener, ocasionalmente, efectos perentorios.
El fiscal puede plantear, en virtud de lo previsto en el artículo 291 la cuestión correspondiente de los artículos de previo y especial pronunciamiento, en cualquier momento dentro del plazo legalmente establecido para su trámite de evacuación de conclusiones acusatorias. En la práctica puede hacerlo en cualquier momento, mientras no haya solicitado al tribunal la apertura del juicio oral. Sin embargo, el fiscal no tiene necesidad de acudir a ese mecanismo, ya que si llega a la conclusión de que sobre los mismos hechos y personas recayó antes una sentencia o un sobreseimiento libre o ha prescrito la acción respecto a ese delito o los hechos están comprendidos en una ley de amnistía, solicita directamente a la sala el sobreseimiento libre de las actuaciones. Igualmente, cuando se concluye el expediente el fiscal está facultado para presentarlo ante el tribunal que él considere es el competente para el conocimiento de los hechos.
El que promueva la resolución de un artículo de previo y especial pronunciamiento, ya sea el fiscal o el acusador particular acompañará al escrito de presentación los documentos que justifican su pretensión. De no poseerlos, designará con los detalles necesarios el archivo u oficina en que se hallen, y solicitará al tribunal que los reclame. Del escrito promocional se entregarán las copias necesarias para notificar a las demás partes. El planteamiento de un artículo de previo y especial pronunciamiento es siempre admisible por el tribunal, si se realiza en el término y por alguna de las causales legales, por lo que el órgano jurisdiccional en el día siguiente entregará las copias a las partes personadas en el proceso. Los representantes de las partes, en el término común de tres días, contestarán el asunto planteado, con los documentos pertinentes y las copias de su escrito de contestación para cada una de las partes.
Transcurrido el plazo de tres días, el tribunal accederá o denegará la reclamación de documentos según lo que considere necesario. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 294 de la Ley de Procedimiento Penal, la falta de presentación de los documentos que resulten indispensables para adoptar la resolución del asunto, o la falta de designación del lugar en que se encuentren, dará lugar a que se rechace de plano el incidente.
Dentro de los artículos de previo y especial pronunciamiento se encuentra la declinatoria de jurisdicción. La misma consiste en que el reclamante considera que el tribunal competente para conocer de las actuaciones, no es aquél ante el cual se promovió el incidente, sino cualquiera otro de los ordinarios o militares. Por lo tanto se solicita que el tribunal decline el conocimiento, es decir, se abstenga de resolver sobre el fondo u objeto del proceso, en favor del tribunal que el promotor considere realmente competente.
De conformidad con el artículo 299 de la Ley de Procedimiento Penal, si entre las cuestiones planteadas se encuentra la de declinatoria de jurisdicción, el tribunal la resolverá antes que las demás. De estimarla procedente, mandará a remitir las actuaciones al tribunal que considere competente, absteniéndose de resolver sobre las demás. En cuanto a los defensores, existen opiniones en la doctrina[51] acerca de que ellos sólo pueden proponer la cuestión de declinatoria de jurisdicción cuando del escrito acusatorio se desprenda que se trata de un delito para el cual resultare incompetente el tribunal que conoce el asunto. Pues no le sería lícito al tribunal declarar su incompetencia cuando el fiscal ha calificado los hechos por una figura de delito que está entre las comprendidas en su competencia.
De aquí que siempre hay que entrar en el fondo del asunto para determinar si realmente corresponde a uno u otro tribunal su conocimiento, ya sea porque no hay correspondencia entre el resultado de las actuaciones y lo expuesto por el fiscal en sus conclusiones, o porque calificó erróneamente los hechos o debido a que el acusador presentó las actuaciones ante una sala de justicia que no es propiamente la que debe sustanciar el proceso. El juicio previo sobre los hechos resulta inevitable, como lo es también cuando el juez designado como ponente valora las actuaciones y la acusación formulada y al amparo del artículo 263 de la Ley Procesal Penal puede proponer que se devuelva el expediente al fiscal por incongruencia o por error en el ejercicio de su acción de promoción de justicia.
La excepción de la cosa juzgada, también regulada en los artículos de previo y especial pronunciamiento, según Candia Ferreyra (2004, p. 102) se refiere al caso de que el asunto que se pretenda llevar a juicio haya sido resuelto previamente mediante otra sentencia o auto de sobreseimiento libre, que produce iguales efectos dictada por el mismo u otro tribunal. Para que sea admitida dicha excepción, tiene que darse una perfecta identidad en cuanto a los hechos y el delito perseguido, los sujetos contra los que se ha dictado sentencia previa y se ejercita la acción nuevamente y en la causa de pedir, o sea en la propia acción.
La prescripción delictiva se produce cuando de conformidad con las reglas previstas en la legislación sustantiva, se extingue la acción penal por el transcurso del tiempo. Solamente es alegable como excepción la prescripción en relación con la acción para perseguir el delito, ya que la otra forma de prescripción, la de la sanción, surgiría a partir de que ya se dictó anteriormente una sentencia condenatoria sobre ese hecho, la cual no se comenzó o no se terminó de cumplir y, en ese caso, la excepción a plantear sería la de cosa juzgada. De acoger el tribunal la excepción, dicta auto de sobreseimiento libre (Candia Ferreyra, et al., 2004, p. 95).
Otra excepción es la amnistía que se dicte en relación con un tipo o modalidad de delito, respecto a hechos ocurridos en determinada situación, o a determinada categoría de infractores. Se dispone mediante una ley y surte efectos, generalmente respecto a situaciones que hayan sido o no objeto de proceso hasta un momento determinado, provoca la total extinción de la sanción con todos sus efectos, y la de la acción penal. Por lo cual puede resultar comprendido en tal ley un hecho que no haya sido objeto de proceso o que se encuentre tal proceso en tramitación previa al juicio oral, caso en que podría plantearse el artículo de previo y especial pronunciamiento si el fiscal formula conclusiones provisionales.
Si la persona sobre la cual se ha desarrollado el proceso investigativo, aparece que fue indultada o amnistiada por esos hechos que ahora constituyen el núcleo de la acusación, lo que equivale a considerar que el Estado le ha otorgado el perdón por ellos, resulta un absurdo procesal formular conclusiones acusatorias contra ella y pedir al tribunal la apertura a juicio oral. Acto procesal que de realizarse deberá concluir con la absolución del acusado, ante una situación delictiva que fue condonada ya (Bodes Torres, 2001, p. 46).
La excepción de falta de autorización para proceder cabe en los casos específicamente previstos en los apartados del artículo 385[52] de la Ley de Procedimiento Penal. Respecto a los dignatarios, según el procedimiento especial regulado en el Título I del Libro Sexto de la Ley de Procedimiento Penal, debe tenerse en cuenta que hay dos momentos en que debe solicitarse la autorización correspondiente[53] por lo que si falta la segunda, aunque haya existido la primera, no es posible iniciar el juicio emprendido.
La falta de denuncia de la persona legitimada para formularla, es otra de las excepciones que se incorporó a la legislación procesal penal positiva mediante la Ley de Procedimiento Penal puesta en vigor mediante la Ley 1251 de 1973 y se mantuvo en el texto de la Ley No. 5, con igual nombre, actualmente vigente. Constituye, como la anterior excepción, un presupuesto de procedibilidad para el desarrollo del proceso desde su inicio. Puede ocurrir que no se haya cumplido en la fase anterior al inicio del juicio y por tanto, podría dar lugar al planteamiento de esa cuestión previa. Es aplicable el planteamiento de ese artículo de previo y especial pronunciamiento, cuando se haya omitido el requisito, para todos aquellos delitos en los cuáles la legislación sustantiva exige la denuncia de la propia víctima o perjudicado para proceder o en algunos casos otras personas, como pudieran ser los representantes legales o familiares dentro de cierto grado de un menor, o funcionarios de determinadas entidades. 2.4. El procedimiento a implementar para desarrollar la fase intermedia en el ordinario cubano.
Se ha concebido un conjunto de actos que en su integración pueden constituir la base de una futura metodología a ser empleada al momento de implementarse la fase intermedia del proceso ordinario, las cuales son:
a) Solicitud del sobreseimiento libre o de apertura a juicio oral por el Ministerio Fiscal.
b) Señalamiento por el tribunal de fecha y hora para la celebración de una audiencia en la que escuchará a las partes en cuanto a la solicitud formulada.
c) Celebración de la audiencia en la que desarrollarán dos momentos:
Un primer momento en el que se escucharán a las partes en relación a la solicitud formulada, en la que se tratará además las siguientes cuestiones cuando procediesen:
Los artículos de previo y especial pronunciamiento.
Ratificar, revocar o sustituir o imponer una medida cautelar.
Sobre las pruebas a practicarse en el acto del juicio oral si se dispusiese su apertura.
Un segundo momento en el que el tribunal se pronunciará sobre lo debatido por las partes en el debate previamente desarrollado y dispondrá lo que considere necesario.
Las cuestiones a tratar en cada uno de los actos antes relacionados son:
En cuanto a la solicitud del sobreseimiento libre o de apertura a juicio oral por el Ministerio Fiscal.
Concluida la fase preparatoria el Ministerio Público, si estima que el expediente se encuentra completo, que el hecho no es constitutivo de delito y aparecen exentos de responsabilidad penal los acusados como autores o cómplices presentará al tribunal del procedimiento intermedio correspondiente el expediente y solicitará que se sobresea libremente al acusado. El Ministerio Fiscal no puede solicitar el sobreseimiento en tanto subsistan elementos indicativos de culpabilidad.
El sobreseimiento se podrá aplicar de manera total, cuando se refiera a todos los acusados o a todos los hechos punibles investigados en un mismo proceso, o parcial, cuando se refiera solo a algún acusado o a varios de ellos o a uno o varios de los hechos imputados. El proceso continuará respecto a otro u otros hechos o acusados. Al archivo de la documentación del proceso se procede cuando se disponga el sobreseimiento total.
En cuanto a la solicitud de la apertura a juicio oral por el Ministerio Fiscal, si el mismo considera completas las actuaciones y con los elementos de prueba suficientes, formulará las conclusiones provisionales que correspondan. En el propio escrito mediante el cual el fiscal solicita la apertura del juicio oral, puede también solicitar que se sobresea libre y parcialmente por el tribunal respecto a alguno o varios de los acusados o sobre alguno de los hechos que fueron objeto de la investigación en el propio expediente.
También puede solicitar en el mismo documento que se declare la extinción de la responsabilidad penal respecto a alguno de los acusados instruidos como tal en el proceso, que hubiera fallecido antes de este trámite. Si el fiscal, por no existir elementos de prueba suficientes, dispone el sobreseimiento provisional parcial sobre hechos o sobre acusados previamente instruidos como tales, acompaña copia del auto correspondiente para conocimiento de la sala.
Al ejercitarse la acción por la parte acusadora, queda fijado el objeto del debate penal. Es a dicho objeto a los que tiene que referirse también las conclusiones de los defensores de los acusados, que tienen por tanto un papel subordinado respecto a aquéllas, debido al carácter oficial del proceso y al principio de la carga de la prueba para la acusación. Es en todo caso, respecto a tal imputación de lo que deberá defenderse el acusado.
El escrito de conclusiones debe contener además: a) Que se tenga por personado y por parte en el proceso al fiscal. b) Que se tenga por acusado a la persona o las personas contra las cuales se dirigen las imputaciones, exponiendo el nombre completo de cada una de ellas y, en su caso, del que resulte tercero civilmente responsable. c) Que se abra la causa a juicio oral.
Asimismo debe contener en su introducción los datos que identifican el caso, número del expediente de fase preparatoria, año de su radicación y órgano de instrucción que lo sustanció. Lo cual obedece a que en cada provincia existen varias unidades de instrucción de la policía, pero pueden existir además expedientes tramitados por la Fiscalía o por el órgano de instrucción de la Seguridad del Estado.
Del escrito de conclusiones provisionales, la parte acusadora presenta, del original dirigido al tribunal tantas copias como acusados y en su caso, terceros civiles. Igualmente los defensores presentarán tantas copias de sus escritos como partes haya en la audiencia.
Señalamiento por el tribunal de fecha y hora para la celebración de una audiencia en la que escuchará a las partes en cuanto a la solicitud formulada por el Ministerio Fiscal o el imputado.
Recibido el expediente con las conclusiones del fiscal, el tribunal, si estima que aparecen todas las diligencias necesarias para proceder y no se ha producido ningún quebrantamiento del procedimiento. Mediante auto fundado, convoca a las partes a una audiencia y dispondrá se requiera a los acusados, con entrega de las copias presentadas, para que designen sus respectivos defensores de no tenerlos ya personados. Si al concluir un término determinado alguno de ellos no hubiera designado su abogado, se le designa uno de oficio, por el propio tribunal.
El juez convoca a las partes a una audiencia y dispone se requiera al acusado, al cual le es entregada una copia del escrito presentado por el fiscal. El defensor en representación del acusado, presentará las conclusiones en el término establecido en respuesta a las correlativas del fiscal. En el caso en que se solicitó el sobreseimiento, el abogado del acusado contestará corroborando la solicitud del fiscal.
En el caso en que el fiscal solicitará la acusación ante el tribunal del procedimiento intermedio y la apertura del juicio oral. El defensor en representación del acusado, presentará las conclusiones en el término establecido en respuesta a las correlativas del fiscal. El cual puede objetar la solicitud que haya formulado el Ministerio Público; la revocación de medidas cautelares; ofrecer pruebas para el juicio oral y público; así como un artículo de previo y especial pronunciamiento.
Celebración de la audiencia en la que se desarrollarán dos momentos:
Un primer momento en el que se escucharán a las partes en relación a las solicitudes formuladas. El día señalado se realizará la audiencia en la cual las partes expondrán brevemente los fundamentos de sus peticiones. Durante la audiencia los representantes de las partes podrán informar lo que convenga a su derecho, de lo cual se dejará constancia en acta con las formalidades previstas. En ningún caso se permitirá que en la audiencia preliminar se planteen cuestiones que son propias del juicio oral y público.
En un segundo momento el tribunal se pronunciará sobre lo debatido por las partes en el debate previamente desarrollado en el que dispondrá lo que considere necesario, de forma oral y en presencia de todas las partes. Lo cual no impide que el secretario redacte los pronunciamientos por escrito.
Decidirá según sea el caso sobre la admisión total o parcial, de la acusación del Ministerio Fiscal y la orden o no, de la apertura a juicio oral y público, se valorará las excepciones opuestas por defectos formales o sustanciales. El sobreseimiento definitivo. Los artículos de previo y especial pronunciamiento. Se decidirá acerca de medidas cautelares, la pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas para el juicio oral.
El juez puede rechazar la solicitud de sobreseimiento, ya que lo considera injustificado, y determinar enviar las actuaciones al fiscal superior del Ministerio Público para que ratifique o rectifique la petición fiscal. Si con posterioridad el fiscal superior ratifica el pedido de sobreseimiento, el juez lo dictará por escrito y deja a salvo su opinión en contrario. Si el fiscal superior del Ministerio Público no esta de acuerdo con la solicitud, ordena a otro fiscal que formule la acusación.
El auto por el cual se ordena el sobreseimiento de la causa debe expresar: el nombre y apellido del imputado. La descripción del hecho objeto de la investigación. Así como las razones de hecho y de derecho en que se funda la decisión, con indicación de las disposiciones legales aplicadas. Al acordarse el sobreseimiento libre, el tribunal, revocará las medidas cautelares respecto a los acusados que tal resolución comprenda e igualmente debe resolver la situación de los objetos que se encuentren ocupados como piezas de convicción.
El auto, con la decisión por escrito del juez de la admisión de la acusación, debe contener la identificación de la persona acusada, la descripción precisa del hecho objeto del juicio y su calificación jurídica. Las medidas cautelares, así como la decisión sobre las pruebas para el juicio oral. En ese mismo auto se emite la orden del emplazamiento de las partes para que en un plazo determinado, concurran ante el juez del juicio; y la instrucción al secretario de remitir al tribunal competente la documentación de las actuaciones. Dicho auto es inapelable.
En los artículos de previo y especial pronunciamiento, la cuestión que se refiere a la falta de denuncia de la persona legitimada para formularla cuando de acuerdo con la Ley constituya un requisito para proceder. Contra el auto que desestime estos artículo, se da recurso de súplica para ante el pleno del propio tribunal.
Contra el auto del tribunal que no admita el sobreseimiento libre cuando es solicitado porque la acción penal haya prescripto o resulta acreditada la cosa juzgada; o por amnistía. Se da recurso de casación para ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo Popular. Contra el que la desestime no se da recurso alguno, pero la parte que la propone puede reproducirla en su escrito de calificación.
Las pruebas que apreciará el tribunal, observarán las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Un medio de prueba, para ser admitido debe referirse directa o indirectamente al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. El tribunal podrá limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. El tribunal puede prescindir de la prueba cuando ésta sea ofrecida para acreditar un hecho notorio.
La investigación realizada ha permitido valorar los actos que pueden conformar la fase intermedia del proceso penal ordinario cubano, con la estructura y elementos necesarios para la implementación de dicha fase. En los mismos se protegen principios como el de oralidad, contradicción, imparcialidad y el de igualdad, que han de prevalecer. También derechos inherentes al acusado, como el de defensa y presunción de inocencia, que igualmente han de predominar. Se contribuye así a garantizar un proceso legal y justo a todo acusado. CONCLUSIONES
Las conclusiones se manifiestan en los términos que sigue:
La fase intermedia como etapa integrante del procedimiento ordinario en el proceso penal, se caracteriza por ser un procedimiento, oral, contradictorio, imparcial y en plena igualdad de partes; donde el acusador y el acusado representado por su defensor, ante un tribunal imparcial exponen sus razones y se instaura el debate, para que el tribunal valore el mérito de la acusación y la necesidad de proceder a la apertura del juicio oral o en caso contrario al sobreseimiento de las actuaciones. Así evitar que se realicen juicios infundados.
En diversas leyes procesales de otros países se encuentra regulada la fase intermedia. En las mismas por lo general la valoración de la acusación para proceder al juicio oral, se realiza en una audiencia preliminar, por jueces distintos a los de la sentencia, con una multiplicidad de funciones, que van desde la decisión sobre la solicitud del sobreseimiento de las actuaciones, la evaluación apriorística de las mismas la formulación adecuada de la imputación, la decisión sobre el material probatorio que se presenta en el juicio, hasta aprobar salidas alternativas al juzgamiento en virtud del principio de oportunidad. Además los acusados son representados por un defensor y participa la victima.
Los actos que han de integrar la fase intermedia del proceso ordinario cubano en materia penal son:
Solicitud del sobreseimiento libre o de apertura a juicio oral por el Ministerio Fiscal.
Señalamiento por el tribunal de fecha y hora para la celebración de una audiencia en la que escuchará a las partes en cuanto a la solicitud formulada.
Celebración de la audiencia en la que desarrollarán dos momentos:
Un primer momento en el que se escucharán a las partes en relación a la solicitud formulada por el Ministerio Fiscal en la que se tratarán además:
¨ Los artículos de previo y especial pronunciamiento.
¨ Ratificar, revocar o sustituir o imponer una medida cautelar.
¨ Sobre las pruebas a practicarse en el acto del juicio oral si se dispusiese su apertura.
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[1] El ius puniendi puede concebirse desde dos puntos de vista: como poder del Estado para establecer delitos y penas o como derecho del Estado para aplicar las penas a quienes cometan delitos. En lo referido al primer asunto, el ius puniendi no constituye un derecho ni puede enmarcarse únicamente en el ámbito jurídico-penal, ya que tiene un alcance constitucional al ser la propia Constitución la que reserva al Estado la facultad de prescribir delitos y sanciones en las leyes penales, para proteger el sistema social en ella establecido; aspecto este relacionado con la soberanía del Estado para dictar las leyes necesarias que le permitan resguardarse de las conductas que se consideren nocivas. La segunda réplica parte de que, en la esfera del Derecho Penal, también se producen relaciones jurídicas reguladas por la norma penal; dichas relaciones se dan entre el Estado y el sujeto comisor del delito y es precisamente de la infracción penal de donde surge el derecho del Estado a castigar y a exigir del infractor que se someta a la disminución de sus bienes jurídicos, dentro de los límites fijados por el derecho objetivo (Quirós Pírez, 2007, p. 31).
[2] Principios como el de legalidad, igualdad, imparcialidad, contradicción. necesidad u obligatoriedad, investigación oficial, de la verdad material.
[3] Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de 1948; Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de 1949; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948; Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969 (Meléndez, 2004, p. 2).
[4] Derecho a la libertad, a la defensa, a la igualdad, a la presunción de inocencia entre otros.
[5] Costa Rica, Venezuela, México, Alemania, entre otros.
[6] Conocida también como de crítica instructoria o de análisis del mérito de la acusación.
[7] Es un proceso de conocimiento de aquellos delitos graves con penas mayores de 1 año de privación de libertad, en el caso de los Tribunales municipales y mayor de 3, para los Tribunales provinciales.
[8] No se puede imponer pena si con anterioridad no existe una norma que regule tales hechos.
[9] Montero (1997, p. 137) refiere que en sentido estricto existe una dualidad de posiciones jurídicas, una activa y otra pasiva, dándose el caso de que cada posición pueda estar integrada por más de una parte, en dependencia de que puedan existir varios acusadores o varios acusados. Es una posición doctrinal no unánime, pues generalmente los autores utilizan el concepto de parte para definir los polos del debate, con independencia de la cantidad de personas que en cada una de dichas posiciones puedan presentarse; dicha posición parte de que con independencia de la cantidad de personas que participen en cada una de las posiciones, no es posible intervenir en calidad distinta a la de acusador o acusado.
[10] El Tribunal Constitucional Chileno e indistintamente la Corte Suprema de Venezuela (1985, p. 4) consideran que la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser igual para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallan en condiciones similares.
[11] Gimeno (1993, p. 53) menciona que este principio es conocido también siguiendo la nomenclatura alemana, como igualdad de armas.
[12] El derecho subjetivo es facultad inherente del individuo. (Fernández Bulté, 2005, p. 142).
[13] Las garantías, son el conjunto de métodos y medios establecidos en la Ley para garantizar la posibilidad del ejercicio de los derechos y libertades individuales y su consecuente protección (Arranz Castillero, 1991, p. 71).
[14] Declaración Universal de Derechos Humanos, resolución adoptada por unanimidad en diciembre de 1948 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La Declaración potencia el respeto al derecho a la igualdad en los artículos 10 y 20.
[15] Entre ellos Cuba, Argentina, Chile y Venezuela lo reconocen en sus respectivas leyes procesales penales.
[16] Se le llamó Corpus Juris Civile a partir del siglo XIII y fue una compilación de cuatro cuerpos: Código, Digesto, Instituta y Novelas; llevada a cabo por Justiniano luego de ascender el trono imperial de Roma el 1 de abril del 527 (Fernández Bulté, 2008, p. 309).
[17] Artículo 249 de la Ley de Procedimiento Penal Cubana.
[18] El Heliea, lo integra voluntarios, lo que significa atribuir a la ciudadanía la administración de justicia y la interpretación del Derecho. El jurado se integra por hombres mayores de treinta años en uso de la plenitud de sus derechos cívicos (Vázquez Rossi, 1995b, p. 171)
[19] En ese sistema la acusación se encontraba en manos de los particulares, potenciándose una dinámica de partes donde las ideas de contradicción, igualdad de armas, oralidad, no delegación de la justicia y participación popular o ciudadana en la toma de decisión, eran los rasgos sobresalientes del mismo (Mora, 1996. p. 7)
[20] La accusatio es un procedimiento acusatorio puro, con los fundamentales rasgos del tipo ateniense pero perfeccionado (Clariá Olmedo, 1998a, p. 118).
[21] Las diez primeras tablas aparecieron en el año 451 antes de nuestra era y las dos últimas en el 450 (Fernández Bulté, et al., 2006, p. 21).
[22] La cognitio extra ordinem es un procedimiento de oficio, que comienza por la actuación de funcionarios que, por cualquier medio, reciben la noticia de un delito; se asienta sobre actas y se caracteriza por el secreto investigativo, quien investiga es quien juzga (Vázquez Rossi, 1995a p. 120).
[23] El procedimiento penal inquisitivo ha sido siempre un arma autoritaria e intimidativa, tanto cuando quien lo ha esgrimido ha sido el Estado como cuando fue ampliamente utilizado por la Iglesia. Todas las cortes europeas bajo medievales comienzan a emplear el ius puniendi como arma política (Tomas y Valiente, 1992, p. 157).
[24] De la bondad de las leyes criminales depende principalmente la libertad del ciudadano (Montesquieu, 1951, p. 234).
[25] Los juristas ius-naturalista aportan una valiosa ayuda al progreso, crean los instrumentos jurídicos que desligan al individuo de las ataduras medievales, contribuyen a la abolición del vasallaje y la servidumbre; abolió la tortura y humanizó el castigo, acabaron con los procesos de hechicería, trataron de conseguir seguridad para todos y apadrinaron el principio de igualdad ante la ley (Diego Cañizares, 1979, p. 83).
[26] Francia vivió también el apogeo del sistema inquisitivo, estrechamente ligado a la consolidación y fortalecimiento de una monarquía centralista y absolutista. Dentro de las principales regulaciones legales se encuentra, la Ordenanza de 1670, bajo el reinado de Luís XIV, la misma culmina en plenitud el predominio del sistema inquisitivo (Vázquez Rossi, 1995a p. 132).
[27] Formadas por jueces permanentes y accidentales, bajo la presidencia de uno de carácter técnico con funciones directivas. La idea se centra en la distinción entre cuestiones de hecho, sobre las que decidían los legos, y de derecho, a cargo de los juristas (Vázquez Rossi, 1995b, p. 175).
[28] Cuba, Argentina, México, Puerto Rico, Haití, entre otros.
[29] Autores como: Miguel Fenech, Claus Roxí, Julio Maier, Alberto Binder, entre otros.
[30] Obra de grandes juristas latinoamericanos y españoles, entre ellos Julio Maier, Alberto Binder y Ada Pellegrini.
[31] El término confesión, es de evidente trascendencia inquisitorial y contenido eclesiástico, solamente lo emplea la Ley de Procedimiento Penal, en este artículo y en el 481 referido al procedimiento abreviado. El legislador utiliza dicho término para dar la idea del reconocimiento de responsabilidad en los hechos por el acusado.
[32] Artículo 106 de la Ley de Procedimiento Penal cubana.
[33] Artículo 105 de la Ley de Procedimiento Penal cubana.
[34] Artículo 71 y 72 de la Ley de Procedimiento Penal cubana.
[35] Artículo 384 de la Ley de Procedimiento Penal cubana.
[36] Artículo 359 de la Ley de Procedimiento Penal cubana.
[37] Artículo 374 y 381 de la Ley de Procedimiento Penal cubana.
[38] El artículo 481 de la Ley de Procedimiento Penal cubana expresa: Podrán tramitarse por el procedimiento abreviado que se regula en el presente Título los casos de delitos sancionables de uno a ocho años de privación de libertad cuando: 1) Se trate de delito flagrante; 2) siendo evidente el hecho y la participación en él del acusado, éste se halle confeso.
[39] Artículo .487.8, de la Ley de Procedimiento Penal Cubana.
[40] Alemania es un Estado Federal, integrado por dieciséis Estados. Rige sólo una Ley de Procedimiento Penal (StPO), data de 1ro de febrero de 1877, y entró en vigor el 1ro de octubre de 1879. El procedimiento penal alemán, no comprende todas las determinaciones esenciales para el proceso penal; es completado por la Ley Orgánica de los Tribunales de 27 de enero de 1877 (GVG), que entró en vigor igualmente, el 1ro de octubre de 1879 y la ley sobre las contravenciones Ordnungswidrigkeitengesetz del 24 de mayo de 1968 con modificaciones posteriores (Rivero García, 2008, p. 1).
[41] Roxín (2000, p. 348) critica, que el propio Tribunal del juicio tenga a su cargo el procedimiento intermedio, bajo el argumento, que anticipadamente este órgano, construye ya una impresión desfavorable sobre el procesado proveniente del estudio del expediente, a la que queda atado posteriormente, proponiendo la creación de un “Tribunal de apertura”, o “Juez individual para la apertura”.
[42] El artículo 311 regula el sobreseimiento definitivo, el cual procederá cuando: a) El hecho denunciado no se realizó o no fue cometido por el imputado. b) El hecho no esté adecuado a una figura penal. c) Medie una causa de justificación o inculpabilidad. d) La acción penal se ha extinguido. e) A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y no hay bases para requerir fundadamente la apertura a juicio.
[43] El artículo 290 de la Ley de Procedimiento Penal establece que son objeto de artículos de previo y especial pronunciamiento las cuestiones siguientes: la declinatoria de jurisdicción, la de cosa juzgada, la de prescripción de la acción penal, la de amnistía, la de falta de autorización para proceder, en los caso que sea necesaria y la falta de denuncia de la persona legitimada para formularla, en los casos en que, de acuerdo con la ley, constituya un requisito para proceder.
[44] El artículo 263 de la Ley de Procedimiento Penal establece que presentado el expediente por el fiscal solicitando la apertura a juicio oral, el tribunal se lo devuelve si observa que se haya quebrantado en la fase preparatoria alguna de las formalidades del procedimiento, que resulte necesario ampliar las investigaciones previas, que los hechos narrados en el escrito de conclusiones provisionales no se corresponden con lo investigado en el expediente y que en el hecho imputado se haya omitido algún elemento o circunstancia que, sin alterarlo fundamentalmente pudiera afectar la calificación del delito, o se haya incurrido en error en cuanto a ésta, en el grado de participación del acusado o en la concurrencia de circunstancias agravantes de la responsabilidad penal.
[45] Este recurso ha sido indicado como vía de impugnación en la Instrucción No. 3 de 1998 del Fiscal General de la República. En cuanto al ejercicio de las facultades del tribunal en este trámite, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular emitió en el año 1984 su Instrucción No. 134, que precisa la forma en que las Salas deben proceder en uno u otro caso, según el apartado del artículo 263 en que fundamente su devolución.
[46] El artículo 349 de la Ley de Procedimiento Penal regula: Practicadas las pruebas, el Fiscal, el acusador particular, en su caso, y el Defensor, con vista del resultado de las mismas, pueden mantener como definitivas sus conclusiones provisionales o modificarlas en todo o en parte. No obstante, la primera de las conclusiones provisionales formuladas por la parte acusadora sólo puede ser modificada en cuanto ello no suponga incluir algún elemento o circunstancia que implique una alteración sustancial del hecho originalmente imputado.
[47] El artículo 266 de la LPP regula el sobreseimiento, provisional como siguiente: Procede el sobreseimiento provisional cuando no resulte suficientemente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación del expediente o resulte haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinadas personas como autores o cómplices.”
[48] La prescripción de la acción lo establece los artículos 59 y 64 del Código Penal cubano, Ley No. 62.
[49] En el libro tercero, del artículo 272 al 304 bajo el título “De la Acción Penal y de la Calificación del Delito”.
[50] Tales excepciones perentorias están previstas en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 290 de la Ley de Procedimiento Penal y consisten, en ese orden, en: la cuestión de cosa juzgada, la prescripción de la acción penal (de conformidad con los plazos previstos en la ley sustantiva) y la cuestión de la amnistía que comprenda el delito que concretamente se pretende imputar.
[51] Aguilera de Paz, es uno de ellos (Madrid, 1924, p. 792).
[52] El artículo 385 de la Ley de Procedimiento Penal establece que el Pleno del Tribunal Supremo Popular es competente para juzgar a las personas que seguidamente se expresan, por razón de los delitos de todas clases de que resulten acusadas: Los miembros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, previa autorización de este órgano; el Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, previa autorización de la Asamblea o del Consejo de Estado, cuando ésta no esté reunida; los miembros del Consejo de Estado, previa autorización de este órgano; los miembros del Consejo de Ministros, previa autorización de este órgano; el Presidente, Vicepresidente y los jueces profesionales y legos del Tribunal Supremo Popular, estos últimos mientras se hallen en el desempeño efectivo de la función judicial y el Fiscal General de la República, los Vicefiscales generales y fiscales de la Fiscalía General.
[53] Artículos 386 y 387 de la Ley de Procedimiento Penal cubana.
Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato: Súñez Tejera, Yoruanys y Álvarez Vázquez, Juana M.: "La implementación de la fase intermedia en el proceso penal cubano" en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, enero 2014, en http://caribeña.eumed.net/proceso-penal-cubano-2/	Revista Caribeña de Ciencias Sociales es una revista académica, editada y mantenida por el Grupo eumed•net de la Universidad de Málaga.