Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-01207-de-mayo-29-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e157c369c46701bae0430a01015101ba&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-19 08:29:02
Document Index: 5254644

Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'artículo 414', 'artículo 414', 'in dubio', 'artículo 24', 'artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 22', 'artículo 14', 'artículo 26', 'artículo 16', 'artículo 414', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 414', 'artículo 90', 'artículo 86', 'artículo 106', 'artículo 53', 'artículo 16']

﻿ Sentencia 2001-01207 de mayo 29 de 2013
SENTENCIA 2001-01207 DE 29 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL POR MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA DENTRO DE UN PROCESO PENAL. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE EN DETENCIÓN PREVENTIVA, AUNQUE NO SE HUBIERE HECHO EFECTIVA, CONLLEVAN NECESARIAMENTE UNA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE CIRCULACIÓN, LIBERTAD DE ESCOGER DOMICILIO Y LIBERTAD DE ESCOGER LIBREMENTE PROFESIÓN U OFICIO, AMÉN DE QUE CONSTITUYEN UN DAÑO ANTIJURÍDICO CUANDO SE ESTABLEZCA, ENTRE OTRAS HIPÓTESIS, QUE EL SINDICADO NO COMETIÓ EL HECHO PUNIBLE, EN TANTO ESA DECISIÓN JUDICIAL REVELA EL DAÑO ANORMAL QUE SE LE HIZO PADECER.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Sentencia 2001-01207 de mayo 29 de 2013
Exp.: 25000-23-26-000-2001-01207-01 (29.462)
Actor: Alfredo Camelo Luengas y otros
Bogotá, D.C, veintinueve de mayo de dos mil trece.
La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el 28 de septiembre de 2004, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación(19).
“Dicha acción cuando se fundamente en la privación de la libertad o en el error judicial puede promoverse sólo dentro del término de dos (2) años (salvo que se haya acudido previamente a la conciliación prejudicial que resultó frustrada) contados a partir del acaecimiento del hecho que causó o que evidenció el daño, es decir a partir de la eficacia de la providencia judicial que determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención preventiva o la decisión judicial, pues solo a partir de este momento se hace antijurídica la situación del privado de la libertad o se concreta la ocurrencia del error judicial.
Para la Sala no hay lugar a plantear ningún cuestionamiento en relación con el momento a partir del cual se debe empezar a contar el término de caducidad de la acción de reparación directa, cuando lo que se persigue es la reparación del perjuicio causado con la privación injusta de la libertad. En este evento, tal como lo señala el apelante, el conteo de ese término sólo puede empezar cuando está en firme la providencia de la justicia penal...”.(21) (destacado fuera del texto)
Ahora bien, en el sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en los daños sufridos por los demandantes con la “privación de la libertad” y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia de que fue objeto Alfredo Camelo Luengas, quien, se reconoció expresamente, evadió la acción de la justicia y nunca fue detenido, por lo que ha de tenerse como referente el 1º de febrero de 2000(23), fecha de ejecutoria de la sentencia proferida el 16 de diciembre de 1999, mediante la cual, entre otros aspectos, se le absolvió de los cargos formulados por el punible de secuestro simple agravado.
Lo anterior significa que los actores tenían hasta el día 2 de febrero de 2002 para presentar oportunamente su demanda y, como ello se hizo el 30 de mayo de 2001(24), resulta evidente que la acción se ejercitó dentro del término previsto para ello.
Previamente al análisis de los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, en relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que la Sala Plena de la Sección, en sentencia de 19 de abril de 2012(25), unificó su posición para señalar que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia. En este sentido se expuso:
En consonancia con lo anterior, resulta acertado precisar que el proceso penal al que se dice fue sometido Alfredo Camelo Luengas, se adelantó presuntamente entre el 28 de agosto de 1995 —fecha del secuestro— y el 1º de febrero de 2000 —fecha de ejecutoria de la providencia absolutoria del 16 de diciembre de 1999—, de manera tal que se evidencia que la actuación judicial que se somete a conocimiento de la Sala también se desplegó en vigencia de la Ley 270 de 1996(26) y el Código de Procedimiento penal contenido en el Decreto-Ley 2700 de 1991.
Respecto de la norma legal transcrita, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota con la declaración de la responsabilidad del Estado por detención injusta cuando ésta sea ilegal o arbitraria(27), sino que se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad. Es decir que después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, se configura un evento de detención injusta(28). Lo anterior en virtud de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en el artículo 90 de la Constitución Política; en ese sentido, la Sala, mediante sentencia del 2 de mayo de 2007, precisó:
Ahora bien, ciertamente la Sala en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, ha evolucionado en la interpretación y aplicación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal contenido en el Decreto-Ley 2700 de 1991(30). En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(31).
De acuerdo con la posición mayoritariamente asumida por la Sección, aun cuando la absolución o exoneración de responsabilidad del imputado que ha estado privado de la libertad no se produzca en aplicación de alguno de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del antes referido Decreto-Ley 2700 de 1991, sino como consecuencia de la operatividad del citado principio “in dubio pro reo”, este no puede proveer de justo título a la privación de la libertad a la cual fue sometida por el Estado la persona penalmente procesada, como quiera que aquel nunca pudo desvirtuar que se trataba de una persona inocente —presunción constitucional de inocencia cuya intangibilidad determina la antijuridicidad del daño desde la perspectiva de la víctima, quien no está en el deber jurídico de soportarlo dado que se trata de una víctima inocente—, más allá de que resultaría manifiestamente desproporcionado exigir de un particular que soportase inerme y sin derecho a ningún tipo de compensación —como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad-, el verse privado de la libertad en aras de salvaguardar la eficacia de una eventual sentencia condenatoria si, una vez instruido el proceso penal y excluida de manera definitiva la responsabilidad del sindicado cautelarmente privado de la libertad, el propio Estado no logra desvirtuar la presunción constitucional de inocencia que siempre lo amparó, en cuanto la condena cuyo cumplimiento buscaba garantizarse a través de la medida de aseguramiento no se produjo, todo lo cual determina que ante tal tipo de casos los afectados no deban “acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la declaración de responsabilidad: actuación del Estado, daños irrogados y nexo de causalidad entre aquella y estos”(40).
3.1. Responsabilidad del Estado por otras afectaciones al derecho a la libertad personal en virtud de una medida cautelar proferida dentro de un proceso penal.
Ahora bien, teniendo en consideración las particularidades del presente caso, resulta pertinente reiterar el criterio expuesto por la Sala, según el cual existen otros supuestos en los cuales, si bien la persona objeto de la medida de aseguramiento no hubiese sido detenida físicamente o intramuros, lo cierto es que la sola imposición de dicha medida implica, per se, una limitación al mencionado derecho fundamental de la libertad, circunstancia que genera un daño antijurídico cuando se hubiere establecido, entre otras hipótesis, que la conducta por la cual se lo investigó no constituía hecho punible, en tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se habría hecho padecer al sindicado(41).
Ciertamente, la decisión en firme que decreta la imposición de dicha medida de aseguramiento conlleva una limitación a la libertad, específicamente respecto de la libertad de circulación, la libertad de fijar domicilio, y libertad de escoger profesión u oficio —artículos 24 y 26 de la Carta Política—, amén de la afectación que la aludida medida de aseguramiento representa necesariamente para el propio derecho a la libertad en el plano del mundo jurídico, independientemente de que la detención correspondiente no se haga efectiva en el plano real.
Agréguese a lo anterior que el artículo 24 constitucional prevé dos expresiones de la libertad personal en cabeza de los colombianos, que revisten el carácter de derechos fundamentales: i) la libertad de locomoción o circulación que comprende el sentido más elemental de la libertad inherente a la condición humana, esto es, la facultad de desplazarse y de transitar por todo el territorio nacional, incluyendo la posibilidad de entrar y de salir del país sin que para su ejercicio sea menester permiso de autoridad alguna; éste derecho fundamental se encuentra amparado internacionalmente por múltiples convenios y tratados en su dimensión negativa o defensiva, vale decir, en tanto limita el ejercicio del poder del Estado en defensa de la libertad del individuo —artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948(42), artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Ley 74 de 1968(43), artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada mediante la Ley 16 de 1972(44), entre otros convenios—; y ii) la libertad de fijar domicilio, dimensión que entraña la facultad autónoma e inalienable de toda persona(45) para definir el sitio donde desea vivir, expresión de la libertad que constituye también manifestación del derecho constitucional fundamental a la personalidad jurídica —artículo 14 de la Carta Política—, libertad de escoger trabajo u oficio —artículo 26 ídem— y del libre desarrollo de la personalidad previsto en el artículo 16 eiusdem, por cuya virtud se excluyen las imposiciones externas e injustificadas respecto de decisiones relativas a la esfera particular y al rumbo de la vida de cada persona(46).
En relación con el derecho a la libertad de circulación y residencia, tal como está contenido en la Carta Política, así como en los diferentes instrumentos internacionales, implica entonces que una persona no sólo no pueda ser desplazada y trasladada contra su voluntad de un lugar a otro, dentro o fuera del territorio nacional, sino que no se le impida, por cualquier medio, hacerlo cuando así lo desee. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que
“El derecho de circulación se trata del derecho de toda persona a trasladarse libremente de un lugar a otro y establecerse libremente en el lugar de su elección. El disfrute de este derecho no debe depender de ningún objetivo o motivo en particular de la persona que desea circular o permanecer en un lugar. Se trata de una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona”(47).
Ahora bien, de conformidad con las consideraciones antes expuestas, estima la Sala que, aun cuando el legislador estableció en el artículo 414 del entonces Código de Procedimiento Penal, algunos eventos en los cuales objetivamente se entiende la injusticia de la detención frente a quien hubiere resultado exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente i) porque el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió, iii) o la conducta no constituía hecho punible, eventos en los cuales se tendrá derecho a ser indemnizado, ello no puede significar que en otro tipo de situaciones, independientemente de que no se subsuman en alguno de estos tres eventos, no hubiere lugar a declarar la responsabilidad del Estado, cuando quiera que una decisión judicial que hubiera limitado, restringido o afectado la libertad de un individuo fuera, a su vez, la causante de un daño antijurídico.
En efecto, cuando el artículo 90 Superior prescribe que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, establece sin ambages la obligación reparatoria a cargo de la Administración Pública, cuando se determine que la víctima no lo debía soportar, independientemente de si el proceder del agente estatal —por acción u omisión— haya sido lícito o no.
De manera tal que la imposición de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, aunque la misma no se llegue a hacer efectiva —v. gr. por el otorgamiento del beneficio de libertad provisional—, dará lugar a comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, en cuanto a la finalización del respectivo proceso penal se hubiere concluido con exoneración a favor del imputado, pues resulta desde todo punto de vista desproporcionado exigirle a un particular que soporte pasiblemente y sin derecho a tipo alguno de compensación —como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad—, el verse limitado en su libertad, incluyendo la libertad de circulación, libertad de escoger domicilio, así como la libertad de escoger libremente profesión u oficio, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado prestador del servicio público de administración de justicia si, una vez desplegada su actividad, esta Rama del Poder Público concluye que no se desvirtuó la presunción de inocencia del inculpado.
De igual forma, cabe reiterar que si bien el legislador dio un tratamiento normativo especial a unas situaciones que consideró reprochables y que cobijó bajo la genérica denominación de “detención injusta” (título de imputación privilegiado), ello no impide que otro tipo de afectaciones del derecho a la libertad, como es el caso de sus manifestaciones referidas a la locomoción y el domicilio, entre otras, sean susceptibles de reproche ante esta jurisdicción, en orden a que se declare la responsabilidad de la administración, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 90 Superior(48).
Para la Sala resulta claro que si se exonera a un sindicado bajo el supuesto de que no cometió el hecho punible, la restricción a la libertad en el plano jurídico a la cual se le sometió le produjo un daño antijurídico que no estaba obligado a soportar y, por consiguiente, habrá lugar a indemnizarlo. Así pues, en estos eventos considera la Sala que el elemento que compromete la responsabilidad del Estado radica en la antijuridicidad del daño padecido por la víctima, comoquiera que ésta no tiene el deber de padecerlo.
Por manera que —reitera la Sala—, las obligaciones derivadas de la medida cautelar consistente en detención preventiva, aunque no se hubiere hecho efectiva, conllevan necesariamente una afectación a los derechos de libertad de circulación, libertad de escoger domicilio y libertad de escoger libremente profesión u oficio, amén de que constituyen un daño antijurídico cuando se establezca, entre otras hipótesis, que el sindicado no cometió el hecho punible, en tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se le hizo padecer.
Así las cosas, esa limitación de la libertad no constituye una carga que todos los ciudadanos deban soportar por igual y, por ende, cuando se demuestre que el ciudadano no cometió el hecho que sirvió de base a la medida cautelar y acredite los perjuicios que la misma le ocasionó, habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado por haber causado a una persona un daño antijurídico, de todo lo cual se deriva la responsabilidad del Estado.
En otros términos, la regulación prevista en el citado artículo 414 del entonces vigente Código de Procedimiento Penal, dirigida a normativizar los casos de detención injusta, sirve también para definir la injusticia de otras medidas de cautela adoptadas dentro del juicio penal, en cuanto desencadenen la causación de un daño que se revela antijurídico ante la falta de responsabilidad del implicado, porque no hubiere cometido el hecho, o porque el hecho no era delito, o porque el hecho no existió, daños que merecen la tutela jurídica del ordenamiento, tal y como lo ordena el artículo 90 Constitucional(49).
La Sala ha considerado necesario reiterar en estas reflexiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto y las normas que rigen la materia, las cuales serán tenidas en cuenta para valorar la prueba obrante en el proceso, con el fin de establecer si está demostrada en este caso la responsabilidad de la entidad demandada(50).
• Que el señor Alfredo Camelo Luengas fue vinculado a una investigación penal, como presunto coautor del delito de secuestro simple agravado, por lo cual, la Unidad Especializada Antisecuestro de la Fiscalía General de la Nación, mediante Resolución de 6 de diciembre de 1995, entre otros ordenamientos, resolvió su situación jurídica y decretó en su contra medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva. Para hacer efectiva la medida de aseguramiento, se dispuso oficiar al Hospital del Guavio ESE, y a la Secretaría de Salud del Distrito, en aras de que se procediera a la suspensión del implicado en el ejercicio de su cargo como servidor público; además, se le impuso la prohibición de salir del país y se ordenaron medidas de vigilancia mientras se hacía efectiva la suspensión en el cargo(51).
• Que a través de la Resolución 548 de 11 de diciembre de 1995, el Director General del Hospital del Guavio ESE, suspendió al señor Alfredo Camelo de su cargo como Profesional Especializado - Médico Especialista categoría 23, código 321520, adscrito al Departamento de Pediatría del mencionado hospital, en cumplimiento de lo ordenado en resolución de 6 de diciembre de 1995 proferida por la Unidad Antisecuestro de la Fiscalía General de la Nación(52).
• Que la Fiscalía General de la Nación, mediante resolución de 14 de marzo de 1996, calificó el mérito del sumario y profirió acusación en contra de Esperanza Molina Rojas y Alfredo Camelo Luengas, como presuntos coautores del delito de secuestro simple agravado. En esta oportunidad, el ente acusador reiteró la orden de captura que pesaba en contra del señor Alfredo Camelo Luengas, con el fin de dar cumplimiento a la medida de aseguramiento antes decretada(53).
• Que mediante Sentencia de 16 de diciembre de 1999, el Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá, entre otras cosas, resolvió absolver al señor Alfredo Camelo Luengas y cancelar las órdenes de captura que se encontraran vigentes en su contra(54).
“Razón tienen Fiscalía, Ministerio Público y defensa al manifestar que la fuente incriminatoria no ofrece credibilidad. El interés o beneficio personal que obtenía María Trinidad de la incriminación, la convierte en parcializada, por ende digna de reproche moral.
Si a lo anterior agregamos la total orfandad de respaldo probatorio en las diferentes fases del recorrido criminal, en sana lógica debe concluirse que la actividad que atribuyó a sus compañeros de causa jamás existió.
Efectivamente, fue el azar, estar en el sitio y momento equivocado, merced al dicho de una persona ávida de defensa lo que motivó la acusación a Alfredo Camelo Luengas...
Así las cosas, prosperando los planteamientos dirigidos a probar que María Trinidad no se desplazó al Materno Infantil en ambulancia, ni pudo pernoctar en el mismo, presentados por los señores defensores, la prueba de responsabilidad no se debilita por la duda, sino que se cae ante la certeza de la mendacidad de su fuente, imponiéndose el fallo absolutorio en favor de los acusados Alfredo Camelo Luengas y María Esperanza Molina Rojas”.
Valorado en conjunto el material probatorio que antecede, ha de decirse que se encuentra suficientemente acreditado en el presente caso que Alfredo Camelo Luengas fue procesado penalmente y, como consecuencia de ello, afectado con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual nunca se hizo efectiva, tal como se afirmó en la demanda y se reconoció por parte de la demandada como parte de sus argumentos defensivos.
Así pues, las circunstancias descritas evidencian que el señor Camelo Luengas fue objeto de restricción a su libertad en el plano jurídico por haber sido sindicado del delito de secuestro simple agravado y afectado con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; sin embargo, el juzgado de conocimiento, después de valorar el material probatorio allegado al proceso penal, concluyó acerca de la inocencia del sindicado, comoquiera que, en palabras del propio juzgador, la prueba de su responsabilidad no se vio debilitada por la duda, sino que se desplomó ante la certeza de la mendacidad de su fuente.
De igual forma, las consiguientes consecuencias restrictivas de la libertad de locomoción y de fijación de residencia, de las cuales fue objeto el señor Camelo Luengas, no se produjeron entonces como consecuencia de un hecho anterior que fuere atribuible al sindicado, pues no se acreditó en este asunto causa alguna que permitiere establecer que esa medida restrictiva de su libertad se hubiere adoptado con fundamento en una actuación directa y exclusiva de aquél.
Ciertamente, el señor Alfredo Camelo Luengas fue absuelto de responsabilidad penal mediante sentencia, porque en el proceso finalmente se demostró que no tuvo ninguna participación en el delito investigado, circunstancia que constituye, a todas luces, un daño antijurídico, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculado el ahora demandante, siempre mantuvo intacta la presunción de inocencia que lo ampara y que el Estado jamás le desvirtuó.
Ahora, si bien el señor Alfredo Camelo Luengas no fue privado efectivamente de su libertad física —intramuros—, pues decidió evadirse para evitar ser capturado, lo cierto es que sobre él pesaba una orden de captura que estuvo vigente hasta el 16 de diciembre de 1999 —fecha en la que se dictó fallo absolutorio y se ordenó la cancelación de las órdenes de captura vigentes en su contra—, razón por la cual entiende la Sala que esa medida comportó la restricción de su derecho de libertad en el plano jurídico, amén de haberse traducido en una vulneración real, concreta y efectiva, respecto de sus derechos de libre circulación, de la posibilidad de fijar residencia, libertad de escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de su personalidad y de la unidad familiar, entre otros(55).
En consecuencia, no es posible considerar que el señor Alfredo Camelo Luengas hubiere estado en la obligación de soportar las consecuencias de la medida cautelar restrictiva de su libertad, en los términos en que en ese entonces le impuso la justicia penal.
Bajo las circunstancias anteriores, resulta desde todo punto de vista desproporcionado pretender que se le pueda exigir al hoy demandante que aceptara de forma impasible y como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, durante cuatro años y diez días(56), la privación tanto en el plano físico como jurídico de su derecho a la libertad y la afectación física, real, efectiva, de sus derechos a la libre circulación, libre fijación de residencia, libertad de escoger trabajo u oficio, entre otros, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado, a pesar de que la misma administración de justicia que le limitó tales garantías del derecho a la libertad, concluyó que no tuvo participación en el delito endilgado.
Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas se impone concluir que no estaba el señor Alfredo Camelo Luengas en la obligación de soportar el daño que el Estado les irrogó y que, por tanto, debe calificarse como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir al demandante.
Está, pues, demostrado que el daño infligido al demandante, vale decir, su limitación a la libertad de locomoción y residencia reviste el carácter de antijurídico en tanto injusto por cuanto la víctima no estaba en la obligación de soportarlo, dado que Delgado Cruz fue objeto de una medida de aseguramiento que entrañaba limitantes a su libertad por motivo de la sindicación del delito de prevaricato por omisión, cuando posteriormente el Tribunal Superior de Ibagué decidió absolverlo en tanto no cometió el hecho endilgado en su contra”(57).
Ahora bien, en cuanto a la decisión del señor Alfredo Camelo Luengas, en punto a evadir la orden de captura, debe precisarse que este, en su calidad de víctima de la afectación de su derecho a la libertad personal, no incurrió en culpa imputable que le hiciera atribuible total o parcialmente el daño sufrido, en la medida en que la renuencia a comparecer ante la autoridad competente no puede ser entendida, en términos de la atribución fáctica, el hecho determinante a la hora de la producción de la privación de la libertad del sindicado. En efecto, en aquellos eventos en que la persona considera ilegítima la existencia en sí misma del proceso penal es posible que su renuencia a comparecer no pueda ser entendida como la causante del daño, máxime si está acreditado que la investigación, como ocurrió en el caso concreto, estaba fundamentada en la comisión de un punible que no cometió. Así pues, la actitud del señor Camelo Luengas al abstenerse de comparecer ante la autoridad para que hiciera efectiva la orden de captura en su contra se basó, precisamente, en lo infundado que encontraba el proceso penal que se le seguía por la supuesta comisión del delito de secuestro simple agravado.
En consecuencia, no puede reprochársele a una persona que obró de manera legítima frente a lo que se cataloga como una consecuencia injusta, que se adecúe y obre conforme a la misma; una postura contraria supondría atribuirle el daño a quien precisamente lo padeció, pues es indiscutible que el obrar del sindicado no fue determinante en la producción del daño antijurídico(58), y tampoco puede calificarse su actitud como negligente puesto que adelantó su defensa técnica a través de un profesional del derecho.
Con fundamento en los argumentos expuestos, la Sala revocará la sentencia apelada, para declarar la responsabilidad administrativa de la entidad demandada y disponer las condenas que correspondan, en atención al petitum planteado en la demanda.
Se solicitó en la demanda que se acceda a la condena por concepto de perjuicios morales, en la suma equivalente en pesos a mil (1.000) gramos de oro para cada uno de los demandantes.
En relación con el perjuicio moral ha reiterado la jurisprudencia de la corporación que la indemnización que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico, tiene una función básicamente satisfactoria(59) y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado al demandante en virtud del principio de arbitrio iuris. La magnitud del dolor puede ser apreciada por sus manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba(60).
Igualmente se ha definido en diversos pronunciamientos que la condición personal de la que pende la demostración del daño es la de “damnificado”, puesto que: “tanto el parentesco dentro de ciertos grados (padres, hijos y hermanos), como el vínculo matrimonial, hacen presumir tal condición y por consiguiente la legitimación”(61). Se ha explicado igualmente que “en el proceso de reparación directa no interesa la calidad de heredero sino de damnificado y esta se demuestra a lo largo del proceso”(62).
Pero fuera de que se han limitado a esas pruebas del estado civil, las han practicado mal o en forma incompleta, lo que ha impedido en muchos eventos reconocer el derecho pretendido porque no se acreditó bien el interés en la pretensión”(63).
Posteriormente, en providencia proferida el día 17 de mayo de 2001(64), se explicó que la ley —artículo 86 del Código Contencioso Administrativo—, en materia de la acción de reparación directa, otorga el derecho de acción a la persona interesada —legitimación de hecho, por activa—, y no condiciona su ejercicio a la demostración, con la demanda, de la condición que se alega en ésta, precisamente, porque el real interés es objeto de probanza en juicio —legitimación material por activa—.
De esta manera se precisó —y ahora se reitera— que no se puede confundir la prueba del estado civil con la prueba de la legitimación material en la causa. Cuando la jurisprudencia partió de la prueba del parentesco para deducir, judicialmente, que una persona se halle legitimada materialmente por activa, lo ha hecho porque infiere de la prueba del estado civil —contenida en el registro o en la copia de éste—, su estado de damnificado, porque de ese registro infiere el dolor moral. Es por ello que cuando el demandante no acredita el parentesco —relación jurídica civil— y, por tanto, no se puede inferir el dolor, debe demostrar la existencia de éste para probar su estado de damnificado y con ello su legitimación material en la causa — situación jurídica de hecho.
Puede concluirse de lo que se deja visto que con la demostración del estado civil se infiere el daño —presunción de damnificado—, y probando el daño, se demuestra el estado de damnificado(65).
Este entendimiento es congruente con la posición recientemente reiterada por la Sala Plena de la Sección Tercera(66), en el sentido de señalar la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin perjuicio de que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan.
Es así como la Sala acude a la regla de la experiencia(67) que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral, por lo que en tratándose de la privación injusta de la libertad de una persona(68) es igualmente claro que el dolor moral se proyecta en los miembros de dicho núcleo familiar, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(69), siendo claro, según tales reglas, que el dolor de los padres de la víctima directa del daño es, cuando menos, tan grande como el de sus hijos(70).
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, está acreditado, con las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento y de matrimonio que obran en el expediente, que XXX es hija de los esposos Alfredo Camelo Luengas y Vilma Consuelo Vega Rivas(71), elementos de juicio que permiten tenerlas como damnificadas, en tanto su parentesco permite presumir que la detención de su padre y esposo comportó para ellas, al igual que para la víctima directa, aflicción, pena, dolor y angustia, quedando por sentada la afectación moral por la restricción de la libertad de que fue objeto Alfredo Camelo Luengas.
La Sala considera necesario advertir que la restricción de la libertad a la cual fue sometido el señor Alfredo Camelo Luengas no fue intramuros, pues —bueno es reiterarlo—, este decidió evadirse para evitar su captura, lo cual sin duda reduce las condiciones de severidad de una medida de esa naturaleza —medida de aseguramiento consistente en detención preventiva-; no obstante, la sola circunstancia de estar privado del goce de un derecho fundamental como lo es la libertad en el plano jurídico —libertad de circulación, libertad de fijación de residencia, libertad de escoger profesión u oficio etc.—, por un espacio de cuatro años y diez días, además de abandonar su trabajo, sí causa, como en efecto ocurrió en este caso, con base en las máximas de la experiencia, una afección moral que debe ser indemnizada.
Así mismo, debe reiterarse que el comportamiento de la víctima en el caso sub examine, en términos de la atribución fáctica y jurídica, no resulta relevante para tornar inimputable el daño en cabeza de la Administración Pública, pero sí —como resulta apenas natural— es un factor a considerar para tasar la correspondiente indemnización por concepto de perjuicios morales, habida cuenta de las consecuencias menos severas de la restricción jurídica de la libertad frente al procesado y su falta de colaboración con la justicia.
En estas condiciones, se impone conceder la indemnización solicitada pero fijándola en salarios mínimos legales mensuales vigentes, ya que de acuerdo con lo expresado en sentencia del 2001(72), la sección abandonó el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980 para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales.
Se ha considerado, en efecto, que la valoración de dichos perjuicios debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas en salarios mínimos legales mensuales por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado(73), por lo que resulta pertinente reconocer por concepto de indemnización por el daño moral padecido con los hechos a que se refiere la demanda las siguientes sumas, a favor de cada uno de estos demandantes:
• Para Alfredo Camelo Luengas, la suma equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para Vilma Consuelo Vega Rivas, en su condición de esposa de la víctima, la suma equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para XXX, en su condición de hija de la víctima, la suma equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
5.2.1. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.
Se solicitó en la demanda, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de Alfredo Camelo Luengas, la suma de $254.151.424, por concepto de las sumas dejadas de devengar durante la vigencia de la detención preventiva como médico especialista en el hospital del Guavio ESE, y en el hospital clínica San Rafael.
En orden a resolver sobre la pretensión formulada, debe recordar la Sala que, según aparece probado en el expediente, el señor Camelo Luengas ostentaba el carácter de servidor Público, tal como se desprende de lo consignado en la mencionada Resolución 548 de 11 de diciembre de 1995, por la cual el Director General del Hospital del Guavio ESE, suspendió al señor Alfredo Camelo de su cargo como Profesional Especializado - Médico Especialista categoría 23, Código 321520, adscrito al Departamento de Pediatría del mencionado hospital(74).
Igualmente, es del caso hacer referencia a la certificación suscrita por la coordinadora de talento humano del hospital Centro Oriente(75), según la cual, en virtud de la ejecutoria del fallo absolutorio, el señor Alfredo Camelo Luengas, mediante Resolución 28 del 3 de marzo de 2000, fue reintegrado al cargo de “Médico especialista, Pediatra 8 horas, código 301 grado 089, Hospital El Guavio”, por lo que es del caso analizar cuáles son los efectos jurídicos del levantamiento de la suspensión que soportó el demandante y su incidencia en la pretensión formulada por concepto de lucro cesante.
En punto al análisis propuesto, debe señalar la Sala, con apoyo en la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta corporación, que la medida de suspensión en el cargo, en virtud de una orden judicial proferida para investigar a un servidor público, no extingue el vínculo laboral, razón por la cual, al levantarse la suspensión como consecuencia de la absolución del servidor investigado, es procedente el reintegro, aparejado del derecho a percibir los emolumentos que se derivan de la relación laboral por el lapso que duró la suspensión.
En este sentido, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en Sentencia de 25 de enero de 2007(76), al recoger la posición sentada en la sentencia proferida dentro del proceso radicado con el número 730012331000199613147-01 (IJ-004)(77) señaló:
“El levantamiento de la suspensión - Efectos.
Finalmente advierte la Sala que de subsistir alguna duda deben aplicarse los principios fundamentales consagrados en el artículo 53 de la Constitución Nacional conforme a los cuales debe acudirse a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”.
Este principio debe aplicarse en este caso porque si bien es cierto el nominador no profirió la orden de suspensión que afectó al trabajador, este tampoco tiene que correr con la carga que por la decisión de autoridad afectó su situación laboral”. (se destaca)
Este criterio fue reiterado recientemente, en sentencia de 22 de marzo de 2012, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, en los siguientes términos:(78)
“De otra parte, advierte la Sala que la jurisprudencia del Consejo de Estado(79) ha sostenido que la decisión judicial de suspender del cargo y en consecuencia el pago de salarios y prestaciones, no implica que la relación laboral haya finalizado, dicho acto contiene por una parte una condición resolutoria respecto de la vinculación laboral (CCA, art. 66 num. 4), que depende del resultado del proceso y de otra parte una condición suspensiva en relación con el derecho a percibir la remuneración.
Si bien la suspensión del actor no obedeció a la voluntad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, entidad a la que estaba vinculado laboralmente, tal circunstancia no la releva de su condición de empleadora y por ende no está exonerada del reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir como consecuencia del acto de suspensión.
En cuanto al restablecimiento del derecho de carácter laboral, la entidad a la cual estaba vinculado el actor debe asumir tal carga, sin embargo el nominador tiene la posibilidad de repetir contra la Fiscalía General de la Nación, entidad que impartió la orden de suspensión del cargo. (se destaca)
Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Sala que la aspiración indemnizatoria formulada por concepto de los emolumentos dejados de percibir por el señor Alfredo Camelo Luengas, en calidad de servidor público vinculado con el Hospital El Guavio ESE, no tiene vocación de prosperidad, toda vez que, en su carácter de derechos derivados de una relación laboral administrativa que no tuvo solución de continuidad, pues como quedó acreditado en el expediente fue efectivamente reintegrado mediante Resolución 28 del 3 de marzo de 2000, no pueden ser reclamados con fundamento en la responsabilidad extracontractual deprecada en la demanda, comoquiera que la entidad nominadora es la obligada a su pago, habida cuenta, se repite, de su naturaleza eminentemente laboral.
Ahora bien, respecto de la vinculación que tenía el señor Camelo Luengas con el hospital clínica San Rafael, obra en el expediente certificación expedida por el departamento de recursos humanos del citado centro asistencial(80), en la cual consta que el demandante desempeñó el cargo de Pediatra desde el 3 de marzo de 1995 y hasta el 13 de febrero de 1996, por lo cual devengaba un salario total de $491.337. Igualmente, se allegó la copia con firma de recibido, del oficio fechado el 12 de febrero de 1996, mediante el cual el señor Camelo Luengas presentó su renuncia al cargo de médico pediatra que desempeñaba en el hospital clínica San Rafael(81).
Teniendo en cuenta que mediante la Resolución de 6 de diciembre de 1995, se resolvió su situación jurídica y se decretó en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual, obviamente, le impedía continuar con el mencionado vínculo laboral, estima la Sala que hay lugar a reconocer el lucro cesante reclamado, pues se acreditó que el demandante ejercía una actividad económica que se vio truncada con ocasión de la medida de aseguramiento decretada en su contra, por lo que se tendrá como referente el salario que devengaba por sus servicios como médico pediatra, el cual fue certificado en la suma de $491.337.
Así mismo, debe destacarse que en la demanda se solicitó, de manera expresa, que la indemnización por este rubro cubriera el tiempo durante el cual estuvo vigente la medida de aseguramiento, no obstante, quedó demostrado que el actor se desvinculó del hospital clínica San Rafael, en virtud de su renuncia, desde el 13 de febrero de 1996, por lo que es a partir de ese momento en que se vio privado de la remuneración.
Cabe anotar que, si bien en la carta de renuncia el actor hizo referencia a una licencia que, dijo, le fue otorgada, en el certificado expedido por el hospital clínica San Rafael no se determina si en efecto esto ocurrió, como tampoco que tuviera carácter remunerado o no, por lo que se reafirma entonces el período a indemnizar a partir del 13 de febrero de 1996 y hasta el 16 de diciembre de 1999, fecha en la que se profirió el fallo absolutorio, es decir, un lapso de 3 años, 10 meses y 3 días (46.1 meses).
Así las cosas, para actualizar la renta se dará aplicación a la fórmula que se presenta a continuación, tomando como índice inicial el correspondiente al 13 de febrero de 1996, y como índice final, el vigente a la fecha de esta providencia:
Dicha suma se tomará como base para el cálculo, incrementada en un 25%, por concepto de prestaciones sociales ($417.289), para un total de $2.086.448.
Ra = Es la renta o base de liquidación que equivale a $2.086.448
n = Número de meses que comprende el período indemnizable, esto es 46.1 meses.
5.2.2. Perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.
Se solicitó en la demanda por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, a favor de Alfredo Camelo Luengas, la suma de $4.000.000, por concepto de honorarios de abogado.
Ahora bien, con el fin de acreditar tales gastos asumidos por el sindicado, se aportó el “contrato de asistencia profesional” suscrito el 18 de marzo de 1996 con el abogado Diego E. Corredor Beltrán(82), en donde se pactó la suma de $4.000.00 como honorarios profesionales, pagaderos así:
“al momento de suscribir el presente documento la cantidad de Un (sic) millón de pesos, que se declaran recibidos a satisfacción. En el evento que la actuación llegue a la etapa del juicio se hará exigible la cantidad restante de la siguiente manera: Un (sic) millón de pesos al momento de presentar el escrito donde se solicite la práctica de pruebas; un millón de pesos al momento en que se fije fecha y hora para la audiencia pública y el saldo, es decir Un (sic) millón de pesos cuando se pronuncie la sentencia correspondiente”.
El documento anterior fue aportado en original con la demanda por la parte actora y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó tenerlo como prueba mediante auto proferido el 19 de junio de 2002(83), sin que el mismo hubiere sido tachado de falso por la entidad demandada; además, la actuación del profesional del derecho, según lo estipulado en el contrato, aparece debidamente realizada en la copia auténtica del proceso penal(84), por lo que la Sala estima suficientemente acreditado el desembolso efectivo de la suma pactada a título de honorarios.
Así las cosas, para actualizar dicha suma se dará aplicación a la fórmula que se presenta a continuación, tomando como índice inicial el correspondiente al 16 de diciembre de 1999, fecha en la que se profirió la sentencia absolutoria y en los términos del contrato se debía cumplir con el pago del saldo pactado en el “contrato de asistencia profesional” y, como índice final, el vigente a la fecha de esta providencia:
1. REVOCAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida el 28 de septiembre de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión.
2. En su lugar, SE DECLARA administrativa y solidariamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados a los demandantes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
3.Como consecuencia de la declaración anterior, SE CONDENA a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar las siguientes indemnizaciones:
Para Alfredo Camelo Luengas, la suma equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para Vilma Consuelo Vega Rivas, en su condición de esposa de la víctima, la suma equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para Ana María Camelo Vega, en su condición de hija de la víctima, la suma equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para Alfredo Camelo Luengas, la suma de ciento siete millones quinientos treinta y ocho mil doscientos diez pesos m/cte ($107.538.210).
Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente:
Para Alfredo Camelo Luengas, la suma de siete millones novecientos cuarenta y un mil cincuenta y dos pesos m/cte ($ 7.941.052).
6. La Nación - Fiscalía General de la Nación, dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo (D.L. 1/84).
Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez—Carlos Alberto Zambrano Barrera, con aclaración de voto.
(21) Sentencia del 14 de febrero de 2002. Expediente 13.622, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
(22) Criterio reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, exp. 21801, C.P. Hernán Andrade Rincón, así como por la Sección enauto de 19 de julio de 2010, radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez.
(23) Según constancia expedida por el Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá, obrante a folio 6 del cuaderno de pruebas 2.
(24) Tal como consta a folio 26 vto. del cuaderno principal 1.
(25) Expediente 21.515, C.P. Hernán Andrade Rincón.
(26) Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1996.
(40) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de octubre ocho (8) de dos mil siete (2007); exp. 520012331000199607870 01; rad. 16.057; Actor: Segundo Nelson Chaves Martínez; Demandado: Fiscalía General de la Nación. En esta última providencia se efectúa una vasta referencia al Derecho Comparado, la cual ilustra que la prohijada por la Sala, en estos casos, es la postura ampliamente acogida tanto por la legislación como por la doctrina y la jurisprudencia en países cuya tradición jurídica ha tenido notable influencia en la cultura jurídica. Recientemente, la Sala reiteró los argumentos en mención en sentencia proferida el 25 de febrero de 2009, expediente 25.508.
(41) En este sentido se pueden consultar las siguientes providencias, proferidas por esta subsección, con ponencia de quien funge en el mismo carácter en esta oportunidad: sentencia del 16 de agosto de 2012, expediente 21.968; sentencias de 29 de agosto de 2012, expedientes 27.109 y 27.059.
(42) “toda persona tiene derecho a circular libremente (...) en el territorio de un Estado”.
(43) “toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él”.
(44) “1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
(45) El Código Civil prescribe que el domicilio es un atributo de la personalidad (C.C. art. 76) que consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella.
(46) Corte Constitucional, Sentencia C-379 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(47) En Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 31 de agosto de 2004, Caso Ricardo Canese vs. Paraguay.
(48) En este mismo sentido consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2011, exp. 19.858, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, en el cual se declaró la responsabilidad del Estado por la imposición de una medida de aseguramiento, con beneficio de libertad provisional.
(49) En términos similares pude consultarse, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, expediente 16.075, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(50) En similares términos pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, exp. 17.517, sentencia de 25 de febrero del 2009, exp. 25.508, sentencia del 15 de abril del 2010, exp. 18.284; sentencia de 25 de marzo de 2.010, exp. 17.741; sentencia de 12 de mayo de 2.011, exp. 18.902; sentencia de 26 de mayo de 2.010, exp. 17.294. Así mismo, las sentencias de 9 de mayo de 2012, exp. 25.065, y 17 de octubre de 2012, exp. 27.130, de la Subsección A, ambas con ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón.
(51) Folios 24 a 42 del cuaderno de pruebas 2 y 245 a 263 del cuaderno de pruebas 5.
(52) Folios 287 y 288 del cuaderno de pruebas 5.
(53) Folios 43 a 79 del cuaderno de pruebas 2 y 180 a 215 del cuaderno de pruebas 7.
(54) Folios 4 a 23 del cuaderno de pruebas 2 y 288 a 307 del cuaderno de pruebas 9.
(55) Este criterio fue acogido por la Subsección en las siguientes providencias: sentencia de 16 de agosto de 2012, expediente 21.968; sentencias 29 de agosto de 2012, expedientes 27.059 y 27.109, C.P. Hernán Andrade Rincón.
(56) La medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se impuso en resolución de 6 de diciembre de 1995, mientras que la absolución del sindicado y la cancelación de la orden de captura que pesaba en su contra se profirió en sentencia de 16 de diciembre de 1999.
(57) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, expediente 16.075, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(58) En este mismo sentido consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, expediente 19.312, con ponencia del Dr. Enrique Gil Botero.
(59) En tratándose del perjuicio o daño moral por la muerte o las lesiones de un ser querido, la indemnización tiene un carácter satisfactorio, toda vez que —por regla general— no es posible realizar una restitución in natura, por lo que es procedente señalar una medida de satisfacción de reemplazo, consistente en una indemnización por equivalencia dineraria. Al respecto puede consultarse el criterio doctrinal expuesto por el Dr. Renato Scognamiglio, en su obra El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.
(60) Ver, por ejemplo, sentencia de 2 de junio de 2004, expediente: 14.950. En el mismo sentido, se ha determinado que es razonable que el juez ejerza su prudente arbitrio al estimar el monto de la compensación por el perjuicio moral y que para el efecto ha de tenerse en consideración los lineamientos expresados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en virtud de los cuales, dentro de los procesos contencioso administrativos: “la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad”.
(61) Sentencia de 26 de octubre de 1.993, expediente 7793.
(62) Sentencia de 1° de octubre de 1993; expediente 6657.
(63) Expediente 6469; actor: Ferney Londoño Gaviria y otros, criterio que fue igualmente reiterado en sentencia de 24 de mayo de 2001, expediente 12.819, C.P. María Elena Giraldo.
(64) Expediente 12956; actor: Hernando Palacios Aroca y otros.
(65) Este criterio fue reiterado recientemente por la Sala en la sentencia de 25 de agosto de 2011, expediente 21.894, C.P. Hernán Andrade Rincón.
(66) Sentencia de 23 de agosto de 2012, exp. 1800-12-33-1000-1999-00454-01 (24392), C.P. Hernán Andrade Rincón.
(67) Sobre el carácter de la presunción bajo las reglas de la experiencia el tratadista Gustavo Humberto Rodríguez manifestó: “La presunción como regla de experiencia. — La acción humana va siempre acompañada de conocimiento. El hombre conoce la realidad en la cual actúa, por medio de dos instrumentos: la experiencia y la ciencia. Con la experiencia conoce empíricamente, objetivamente, llevando por la observación a que se ve impelido por la acción. Con la ciencia sistematiza sus conocimientos, profundiza críticamente en ellos, los verifica y los explica metódicamente. El análisis empírico lo lleva a formular juicios de experiencia; el científico lo conoce a expresar juicios científicos, que serán absolutos mientras la misma ciencia no los desvirtúe. A su vez, los juicios o reglas de la experiencia, en virtud de ese carácter meramente empírico o práctico, solo expresan un conocimiento inconcluso o de probabilidad. La experiencia es un conjunto de verdades de sentido común, dentro de las cuales hay muchos grados que lindan con el científico…” Gustavo Humberto Rodríguez. Presunciones. Pruebas Penales Colombianas Tomo II. Ed. Temis, Bogotá 1970 pág. 127 y ss. Quiceno Álvarez Fernando. Indicios y Presunciones. Compilación y Extractos. Editorial Jurídica Bolivariana. Reimpresión 2002. (negrilla de la Sala)
(68) La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la persona que fue privada injustamente de su libertad. Al respecto consultar, entre otras, la sentencia de 14 de marzo de 2002, expediente 25000-23-26-000-1993-9097-01 (12.076), C.P. Germán Rodríguez Villamizar.
(69) Sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente 25000-23-26-000-1996-01746-01(15.980), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(70) Este criterio fue expuesto por la Subsección en sentencia de 11 de julio de 2012, expediente 76001-23-31-000-1999-0273-01 (23.688), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
(71) Folios 1 y 2 del cuaderno de pruebas.
(72) Consultar sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.
(74) Folios 287 y 288 del cuaderno de pruebas 5.
(75) Folios 89 y 90 del cuaderno de pruebas 2. Se expresó igualmente que, por Acuerdo 11 de 22 de junio de 200(sic), se fusionaron los hospitales Guavio, Perseverancia, Samper Mendoza y Candelaria en el Hospital Centro Oriente.
(76) Radicación 5001-23-31-000-1998-00883-01 (1618-03), C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
(77) En dichas providencia, fechada el 30 de mayo de 2002, la Sala Plena de la Sección Segunda estimó que el camino procesal para reclamar el pago de los salarios dejados de percibir, como consecuencia de la suspensión en el cargo por orden judicial, era la acción de reparación directa, incoada en contra de la entidad que ordenó la mencionada suspensión.
(78) Radicación 25000-23-25-000-2003-05439-01(0090-09), C.P. Alfonso Vargas Rincón. En igual sentido puede consultarse la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección B el 3 de septiembre de 2009, radicación 17001-23-31-000-2002-01739-01(2391-07), C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(79) Sentencias de 6 de marzo de 1997, expediente 12.310, C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora, y de 25 de enero de 2007, expediente 1618-03, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
(80) Folios 84 y 85 del cuaderno de pruebas 2.
(81) Folios 87 del cuaderno de pruebas 2.
(82) Folio 86 del cuaderno de pruebas 2.
(83) Folio 93 del cuaderno principal 1.
(84) En este sentido se tienen, entre otras actuaciones, la presentación del recurso de apelación en contra de la calificación del sumario —folio 249, 251 a 267 del cuaderno de pruebas 7—; y, la participación en la audiencia pública de juzgamiento —folio 222 a 239, 272 a 277 del cuaderno de pruebas 7—.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito manifestar que, si bien acompañé la decisión mediante la cual se declaró la responsabilidad de la entidad demandada por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima Alfredo Camelo Luengas, por el delito de secuestro, quien fue exonerado responsabilidad por el Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá, por estimar que no cometió el delito por el que fue investigado, no comparto el criterio según el cual hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado no solo cuando la persona privada de la libertad es exonerada en el proceso penal porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, sino también cuando lo es en virtud del principio del indubio pro reo.
En este sentido dejo expuesta mi aclaración de voto en torno a un criterio que en la sentencia no es relevante, toda vez que, en el sub júdice, la parte actora no tenía que demostrar la ilicitud de la detención preventiva que afectó al señor Alfredo Camelo Luengas, teniendo en cuenta que el Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá lo exoneró de responsabilidad, por estimar que no cometió el delito por el que fue investigado.