Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2014-00079-de-diciembre-13-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_259a63305e0b44e68e5f01ada902c5a8&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-16 07:44:06
Document Index: 59017319

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 18', 'artículo 37', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 112', 'artículo 59', 'artículo 19', 'artículo 97', 'artículo 37', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 39', 'artículo 37', 'artículo 39', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 40', 'artículo 39']

﻿ SENTENCIA 2014-00079 DE DICIEMBRE 13 DE 2016
SENTENCIA 2014-00079 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:ABOGADOS QUE SE COMPROMETAN A LLEVAR UN PROCESO DE SUCESIONES EN LOS QUE TENGAN RELACIÓN DE AFINIDAD O CONSANGUINIDAD CON SU CONTRAPARTE Y A SU VEZ OMITAN ACTUACIONES DURANTE ESTE SERÁN SANCIONADOS CON SUSPENSIÓN. SE PRECISA POR PARTE DE LA SALA DISCIPLINARIA QUE ESTA FALTA SE ENCUENTRA DESCRITA EN EL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 37 DE LEY 1123 DEL 2007 Y ESTA SE CONFIGURA CUANDO EL ABOGADO SE DEMORA EN LA INICIACIÓN O PROSECUCIÓN DE LAS GESTIONES ENCOMENDADAS O DEJA DE HACER OPORTUNAMENTE LAS DILIGENCIAS PROPIAS DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL, AL DESCUIDARLAS O ABANDONARLAS. EN EL PRESENTE CASO TAMBIÉN SE CONFIGURA LA FALTA DETERMINADA EN EL ARTÍCULO 18 NUMERAL 18 LITERAL B DE LA LEY 1123 DE 2007, DONDE SE PRECISA QUE EL PROFESIONAL DEBE INFORMAR CON VERACIDAD A SU CLIENTE SOBRE LAS RELACIONES DE PARENTESCO, AMISTAD O INTERÉS CON LA PARTE CONTRARIA O CUALQUIER SITUACIÓN QUE PUEDA AFECTAR SU INDEPENDENCIA O CONFIGURAR UN MOTIVO DETERMINANTE PARA LA INTERRUPCIÓN DE LA RELACIÓN PROFESIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIONES AL ABOGADO, ABOGADO, INCOMPATIBILIDADES DEL ABOGADO, PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA ABOGADO, ESTATUTO DEL ABOGADO, SUSPENSIÓN DEL ABOGADO, FALTAS DEL ABOGADO, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO
Sentencia 2014-00079 de diciembre 13 de 2016
Rad.: 170011102000201400079 01
Bogotá D.C., 13 de diciembre de 2016
Se ocupa la Sala de resolver el recurso ordinario de apelación, del fallo proferido el 29 de mayo de 2015, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas1, sancionó con dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión y multa de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes al abogado Silvio Hernández Rincón, tras hallarlo responsable de las faltas determinadas en los artículos 37-1 y 39 de la Ley 1123 de 2007 a título de culpa y dolo respectivamente.
Generó la acción disciplinaria en este asunto, la queja de María Myriam Saldarriaga Ramírez contra el abogado Silvio Hernández Rincón presentada el 4 de diciembre de 20132, ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas donde puso en contexto el comportamiento inadecuado y censurable del profesional del derecho, quien recibió poder para adelantar el proceso de sucesión de su esposo Alejandro Sánchez Monroy.
Por tercera persona se enteró la quejosa, que el togado denunciado tenía una deuda de $10.000.000 con su difunto esposo y estaba representada en una hipoteca, razón por la que se entiende no contaba con la característica de la transparencia para asumir el compromiso profesional.
Al reclamarle la quejosa al denunciado el haberle manifestado no conocer a su esposo, el disciplinado le manifestó que no se dejara creer de la gente, que creyera en él que llevaba 53 años ejerciendo la profesión, que no prestara atención; sin embargo, la denunciante contaba con copias del proceso de hipoteca que le fueron facilitadas en el Juzgado de familia de Anserma Caldas.
En razón a la actitud asumida por el togado, le recovó el poder conferido para lo que envió el comunicado pertinente al Juzgado; por tal virtud el proceso se encuentra estancado por falta de la expedición del paz y salvo del inculpado para que pueda asumir otro profesional el proceso.
La quejosa aportó copia del poder otorgado el 10 de enero de 20123 y copia de la revocatoria del mismo presentada al Juzgado Promiscuo de Familia de Anserma Caldas el 17 de septiembre de 20134.
Correspondió la queja al magistrado Miguel Ángel Barrera Peña de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, en cuyo despacho se profirió el auto de marzo 7 de 20145 en el que se ordenó la apertura de investigación disciplinaria y se señaló el 11 de abril de 2014 para la realización de la audiencia de pruebas y calificación provisional.
Se adelantó la audiencia de pruebas y calificación el 27 de junio de 2014, por cuanto no fue posible su realización en la fecha inicialmente programada; en este acto intervino el inculpado quien rindió versión libre y la quejosa con la ampliación de la noticia disciplinaria; se dispuso la práctica de pruebas.
El inculpado indicó que recibió poder para adelantar las gestiones profesionales en proceso de filiación de la paternidad de Tania Alejandra Taborda Ramírez y de sucesión del causante Alejandro Sánchez Monroy; en ambos procesos tramitados en el Juzgado Promiscuo de Familia de Anserma Caldas de manera normal.
La denunciante por su parte se sostiene en su dicho, manifiesta que acordaron honorarios por el equivalente al 15% que se lograra en el proceso de sucesión donde es causante su esposo Alejando Sánchez Monroy.
Calidad de disciplinado
Se acreditó por la Unidad del Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura con certificado 02655-20146, que el doctor Silvio Hernández Rincón titular de la cédula de ciudadanía 1.228.260 y portador de la Tarjeta Profesional Nº 3202 del Consejo Superior de la Judicatura, se encuentra inscrito como abogado vigente.
La Sala primaria profirió sentencia el 29 de mayo de 2015 aprobada en acta 19 y sancionó al abogado Silvio Hernández Rincón con la imposición de suspensión por el término de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión y multa de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, por las faltas contenidas en los artículos 37-1 y 39 de la Ley 1123 de 2007, acopiadas a título de culpa y dolo respectivamente.
En referencia a la falta por debida diligencia profesional, numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, señaló la Sala a quo que de conformidad con las evidencias adosadas al glosario, se estableció la relación cliente - abogado; además, que el disciplinable no adelantó las gestiones profesionales que le encomendó la quejosa pues dejó de actuar en forma adecuada a los fines del mandato, pues no solicitó la liquidación del crédito cuando quiera que el juzgado accedió a su solicitud de ampliar las medidas cautelares el 4 de enero de 2013 sin intervención alguna; la nueva apoderada asume desde el 12 de diciembre de 2013 y el 15 de enero de 2014 logra la actuación para el trámite del trabajo de partición no realizado por el inculpado en un espacio considerable de tiempo.
Se observa que la quejosa al suscribir el documento el 17 de septiembre de 2013 revocando el poder al investigado, manifestó “…toda vez que según mi apreciación al proceso le falta impulso para su ágil desarrollo…”, situación demostrada y corroborada con la gestión de la nueva apoderada.
En referencia a la falta registrada en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, se detiene la judicatura a observar el tenor literal de la citada norma y encuentra:
ART. 39.—También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional”. (Resalto y subraya propias).
En consideración a esta conducta, acorde con lo analizado por el fallador de primer grado, el togado sancionado debió manifestarle o poner en conocimiento de la quejosa su situación de parte deudora en el hipotecario de su difunto esposo y no lo hizo. Contrario a ello cuando aquélla se entera por tercero y le reclama sobre el particular, le indica que no debe prestar atención a esta situación, que debe creer en él que tiene 53 años de experiencia en el ejercicio profesional.
Se le llamó a responder al disciplinable por esta falta descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, pues se cuenta con los elementos probatorios calificados en la normatividad aplicable, para de esta manera precisar la consumación de la conducta; aparece el poder recibido por el togado el 10 de enero de 2012, además de ser un hecho admitido por el propio inculpado y sumado a ello su intervención en el proceso acorde con la prueba por él aportada, todo este conjunto de factores constituyen elementos de juicio que demuestran a no dudar el hecho.
Téngase en cuenta que conforme al querer del legislador, el togado debió abstenerse de recibir el poder, a menos que la quejosa siendo enterada por aquél de la situación que lo ubica como deudor en el proceso hipotecario le hubiese manifestado su deseo y autorización para que actuara en su representación, lo que podría obrar eventualmente como una diminuente o quizás en valoración una justificación. Su comportamiento fue opuesto a estas posibilidades, pues nótese como la quejosa refiere haberle exhibido las copias obtenidas del proceso hipotecario y el disciplinado le restó importancia al tema; además, desde un comienzo le negó conocer a su difunto esposo y resultó al final ser su deudor, dejando claro que sí se conocían. El abogado engañó a su cliente con la respuesta de no conocer a su difunto esposo, pues como profesional del derecho conocía las implicaciones de recibir el poder en las condiciones que lo hizo.
Con lo anterior, queda claro que el proceder del investigado rebasó los postulados deontológicos que regulan el proceder del abogado, diseñado precisamente para garantizar a la sociedad un comportamiento ético del profesional del derecho.
Determinación de la sanción impuesta
El fallador de primer grado evalúa la conducta del togado concluyendo la certeza de los hechos investigados y su responsabilidad, por lo que lo sanciona con suspensión por el término de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión y multa de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes; se consideró debidamente probadas las faltas, teniendo en cuenta la existencia de un poder para actuar en un asunto de donde se desprende ser parte pasiva como deudor del difunto de quien se pretendía la sucesión; además, se logró establecer su inactividad en el proceso desde el 4 de enero de 2013 hasta el 17 de septiembre del mismo año, cuando la quejosa revoca el mandato por considerar su pasiva actuación, misma que se activó con su nueva apoderada como se dejó registrado.
En firme la decisión, fue objeto del recurso de apelación, razón por la cual se remitieron las diligencias a esta Superioridad con el fin de surtir la protesta presentada.
En concreto el profesional recurrente, hace referencia al plenario en el que resultó sancionado, y argumenta que no puede determinarse un acto de deslealtad profesional por la existencia de una acreencia a favor de la sucesión del causante y menos aún al encontrarse constituida una hipoteca de un inmueble.
Arguye que este hecho en nada afecta los intereses de los herederos, pero sí los suyos al haber tramitado el proceso; aduce además el haber adelantado las gestiones sin costo alguno por la carencia de recursos de la quejosa, al solicitarle el paz y salvo no contaba con la posibilidad de determinar los honorarios por no estar liquidada la sucesión.
Repartidas las diligencias correspondieron al despacho de quien hoy funge como ponente, el 10 de agosto de 2015; con auto de agosto 13 de 2015, se avocó conocimiento de las diligencias, se ordenó correrle traslado al Ministerio Público y se requirió a la Secretaría Judicial de esta corporación, para que informara si contra el profesional investigado cursaban otros procesos por los mismos hechos.
El Ministerio Público se notificó el 19 de agosto de 2015, y rindió concepto mediante escrito del 3 de septiembre de 2015, en el que solicita se confirme la sanción impuesta al togado. Hace una relación de los hechos denunciados y sobre todo de las tesis de defensa en la alzada; rechaza a sus posturas por cuanto se cuenta con elementos necesarios para confirmar la sentencia recurrida.
Registra en su escrito un enunciado sobre los aspectos planteados por el togado, donde para el caso concreto referente al proceso de sucesión aceptado con poder del 10 de enero de 2012, manifiesta que el deber era poner en conocimiento de la quejosa su condición de deudor hipotecario del causante, pero no lo hizo y contrario a ello le negó a la quejosa conocer a quien en vida fue su esposo.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de Administración de Justicia—, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.”, en concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 —Código Disciplinario del Abogado—.
Dable es señalar que tal facultad legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso:
“(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso:
“6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.
La Sala estudiará el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado. Se mantendrá la sanción impuesta al togado, en la forma y términos descritos en el fallo de primera instancia de mayo 29 de 2015, donde se sancionó con suspensión por el término de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión y multa de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes al abogado Silvio Hernández Rincón, tras hallarlo responsable de las faltas establecidas en los artículos 37-1 y 39 de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa y dolo respectivamente, en razón de encontrar en el recaudo probatorio suficiente soporte para determinar el acertado fallo recurrido.
La Sala se aparta de los planteamientos del profesional recurrente, pues se encuentran dirigidos hacia una situación personal donde el sancionado considera su sanción injusta por ser la primera vez en más de 50 años de ejercicio profesional. Por lo anterior, depreca su absolución de los cargos deducidos en la sentencia impugnada.
La razón de la sanción quedó ampliamente descubierta, cuando quiera que el togado efectivamente recibió un poder para actuar en un proceso de sucesión que de acuerdo con su propio dicho, este asunto sería beneficiado con una acreencia suya en un proceso hipotecario. De ahí se desprende entonces la falta al deber de independencia profesional que le fuera imputada.
Así mismo, se logró establecer su inactividad desde el 4 de enero de 2013 por lo que la quejosa debió revocar su poder el 17 de septiembre del mismo año.
Para ahondar en razones, la Sala analizará los elementos constitutivos de las faltas disciplinarias por las que se sancionó al abogado.
Descripción típica de las faltas imputadas
En el sub examine, al abogado Silvio Hernández Rincón, se le sancionó por la comisión de las faltas rotuladas en los artículos 37 numeral 1 y 39 de la Ley 1123 de 2007, endilgadas a título de culpa y dolo, las cuales consistieron en lo siguiente:
“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional.
En primer término debe anotarse, que el ejercicio de la abogacía soporta la observancia justa de unos deberes y obligaciones los cuales se conciben para organizar en artes generales el estatuto deontológico, manual en el cual se encuentran inmersos todos los abogados para el oficio de litigar, cuya violación o quebrantamiento de sus normas ubica al profesional del derecho encargado de acatarlo, en el perímetro de las faltas reprimidas por el legislador como disciplinarias, de acuerdo con la infracción o la trasgresión del deber impuesto, apto de reproche y de la sanción que corresponda conforme a las pruebas recaudadas en el respectivo juicio disciplinario.
De otra parte, es procedente señalar que para emitir una sentencia condenatoria debe hallarse certeza sobre la existencia de una conducta constitutiva de falta disciplinaria descrita en el ordenamiento jurídico vigente, al igual cumplirse dicho presupuesto respecto de la responsabilidad del investigado y para el caso que nos ocupa existe plena prueba de ello, conforme las exigencias del artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.
En el presente asunto, acorde con lo señalado por la quejosa y el material probatorio acercado a la foliatura, se plasmó que al abogado Silvio Hernández Rincón, efectivamente se le confió la gestión de adelantar proceso de sucesión del causante Alejandro Sánchez Monroy, efecto para el cual le fue otorgado poder el 10 de enero de 2012. La noticiante creyó en el cumplimiento de su responsabilidad profesional; sin embargo, en virtud del transcurrir del tiempo sin contar con razón válida sobre su encargo, logró establecer que el togado contratado no había adelantado en debida forma la gestión encomendada, hecho ratificado en el curso del proceso disciplinario.
Se desprende entonces las dos situaciones que soportan los cargos imputados: La primera consistente en que siendo deudor y parte del proceso hipotecario, no debió recibir el poder pero contrario a ello, lo hace y sumado a esta situación le niega a la quejosa conocer a su fallecido esposo lo que se desvirtuó al demostrarse lo contrario en el proceso. Se consuma así la violación al deber de independencia profesional; además, se observó cómo desde el 4 de enero de 2013, se expide auto por el Juzgado Promiscuo de Familia de Anserma Caldas donde se acepta su solicitud de ampliación de las medidas cautelares, y no se aprecia actuación alguna desde ese momento por lo que la quejosa revoca el mandato el 17 de septiembre de 2012.
Del recuento del proceso, se desprende diáfana la certeza sobre la incursión del jurista Silvio Hernández Rincón en la falta prevista en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, de ahí que resulte indiscutible el actuar del profesional del derecho con claro desconocimiento de sus deberes, a los cuales estaba obligado a cumplir como abogado, conforme lo evaluó la primera instancia, consignados en el artículo 28-10 de la Ley 1123 de 2007, mismos a los que se comprometió con la quejosa recibiendo el respectivo mandato para proceder a su ejercicio.
Corolario de lo anterior, en el presente asunto se halló probado que el abogado Silvio Hernández Rincón, no promovió actuación alguna después del 4 de enero de 2013, contrario a ello la nueva apoderada logra la agilización del proceso al presentar el trabajo de partición que no había cumplido el sancionado.
Súmese a lo anterior la existencia de poder delegado con la finalidad de adelantar las gestiones profesionales en la sucesión del causante Ignacio Sánchez Monroy, persona a quien manifiesta desde un comienzo no conocer pero se logró descubrir que era su deudor en un proceso hipotecario; este aspecto es determinante para considerar sin mayor vacilación la convicción de hallarnos en presencia de un acto impresentable del togado en relación con el cumplimiento de su responsabilidad.
En este orden de ideas, es pertinente determinar la falta al deber conforme con el artículo 28 numeral 18 literal b de la Ley 1123 de 2007, donde se agencia que el profesional debe informar con veracidad a su cliente sobre las relaciones de parentesco, amistad o interés con la parte contraria o cualquier situación que pueda afectar su independencia o configurar un motivo determinante para la interrupción de la relación profesional. Por ello se asocia el incumplimiento de este deber con la falta descrita en el artículo 39 ibídem, la que se ejecuta a título de dolo pues requiere del conocimiento del hecho y el togado lo tuvo, al punto que negó conocer al causante pero al momento en que la quejosa le reclama y le enseña las copias del proceso hipotecario en su contra, le resta importancia a la situación.
Son estas razones suficientes para dar respuesta al disciplinado, conforme los razonamientos expuestos en su alzada, debe tenerse claridad sobre la comisión de las faltas por las que se sanciona al togado, pues las mismas consisten sin ninguna divagación, al hecho de haber dejado de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional; y recibir un poder a sabiendas del deber de independencia profesional que debió atender.
Frente a este elemento que conforma la materialidad de la falta, es notable señalar, que la conducta definida en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 “Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”, se encuentra distante de constituir una conducta meramente formal o de mera diligencia, pues no basta la sola acción para estimar considerado el daño al bien jurídico protegido, se requiere además la existencia de un resultado pues de esta forma se puede sugerir la transgresión.
Así mismo, se consolida la conducta del artículo 39 ejusdem “También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional” pues el resultado de este tipo disciplinario está regido por un acto voluntario e instantáneo del litigante, quien cuenta con la obligación de respetar el deber de independencia profesional y en el presente caso no se cumplió tal acto.
Es cierto que los profesionales del derecho no pueden omitir a su antojo el cumplimiento de las actuaciones y diligencias para las que fueron contratados por quienes depositan en ellos la confianza con miras a solucionar sus conflictos, toda vez, que por éste camino lejos de cumplir con su papel como colaboradores de la administración de justicia, se convierten en otro factor de incertidumbre y generador de conflictos, contrariando la razón de ser del ejercicio de esta noble profesión, pero también lo es, que al razonar sobre la conducta y sus consecuencias disciplinarias, debe hacerse de tal forma que no quede duda sobre la antijuridicidad material dado que sin ella la falta disciplinaria no es tal.
En procura de brindar mejores garantías, acuerda la Sala en sancionar las conductas disciplinarias que de manera real se muestren antijurídicas y de hecho atenten contra el ordenamiento jurídico en general. No hacerlo así comporta castigar toda conducta que objetivamente se acomode al tipo y en consecuencia ajusticiar la simple tipicidad.
Si se concibe la falta como una conducta antijurídica, debe interpretarse que la incorrección disciplinaria ha de ser a su mismo tiempo típica y antijurídica, por consiguiente, demostrada la tipicidad como presupuesto de la antijuridicidad, corresponde adentrase en el elemento valorativo de la conducta y en consecuencia adelantar el debido juicio sobre la afectación del bien jurídico protegido (antijuridicidad).
Las conductas objeto de la investigación contra el abogado Silvio Hernández Rincón, se encuentran encajadas entre aquéllas donde se protege el deber como el bien jurídico tutelado, pero ocurre que la antijuridicidad exige más que una contradicción entre el deber conculcado y la acción misma, si no se repara sobre ello se permanecerá en el craso error de sancionar conductas que no tienen la entidad de afectar los intereses jurídicamente protegidos en el ordenamiento jurídico. Esa situación que ahora se cree desacertada, exige una mayor vigilancia en el actual Estado Social de Derecho para evitar retroceder a una ya desgastada responsabilidad objetiva.
Obsérvese que al no haber surtido actuación alguna el abogado entre el 4 de enero de 2013 y el 17 de septiembre del mismo año, como también el haber recibido un poder siendo parte demandada en un proceso hipotecario del causante en su contra, materializan estos hechos un resultado negativo lesionando el deber de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, y el de independencia profesional cuyo juicio de evaluación debe ser negativo, sucesos donde se permite indicar que las conductas objeto de investigación resultan típicas y antijurídicas; además configuran una clara transgresión a los deberes consagrados en el Estatuto Deontológico del Abogado, pues no existe ninguna causal de justificación, por cuanto no se demostró que su comisión se haya realizado por circunstancias ajenas a su voluntad.
Se entiende por culpabilidad la actitud consciente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche en cuanto el agente actúa en forma antijurídica pudiendo y debiendo proceder diversamente.
Puede decirse que la culpabilidad se predica de aquella persona que siendo responsable jurídicamente decide actuar contra derecho con consciencia de la antijuridicidad, luego no podrá deducírsele responsabilidad por el mero resultado del comportamiento que es endilgado - responsabilidad objetiva -, sino que debe revisarse su manifestación intencional - aspecto subjetivo del tipo -, por ende la culpabilidad es postulado demandado para sancionar la conducta que se presenta atentatoria contra los bienes jurídicos legalmente protegidos.
En el campo disciplinario el artículo 13 del Código Disciplinario Único arroga como formas de culpabilidad el dolo y la culpa, siendo la conducta dolosa cuando el sujeto disciplinable dirige su comportamiento de manera inequívoca a la realización del resultado típico y contra derecho (antijurídico).
Será culposa la conducta que viola el deber objetivo de cuidado, contingencia presentada generalmente con la falta de diligencia de los abogados en las actuaciones a su cargo. Siendo así, en este caso se encuentra demostrado el elemento subjetivo de la conducta sin la influencia de justificación alguna con capacidad de debilitar la responsabilidad disciplinaria, en tal virtud la misma debe ser predicada a título de culpa, dada la evidencia que el doctor Silvio Hernández Rincón dejó de hacer oportunamente las diligencias propias exigidas en su actuación profesional, actitud omisiva traducido en negligencia.
De otro lado, se tiene como dolosa la falta donde se fragmenta el deber de independencia profesional, pues ello requiere de un conocimiento del proceder del togado y sin embargo ejecuta su realización como en este caso el doctor Silvio Hernández Rincón quien niega en principio conocer al causante y cuando la quejosa le enseña las copias del proceso hipotecario en su contra, desestima la situación y le manifiesta que no preste atención a ello que debe creerle es a él.
Legalidad de la sanción
La sanción deberá mantenerse, y se acogerá la solicitud del Ministerio Público de conformar la sanción, en razón a habérsele otorgado poder al togado Silvio Hernández Rincón y éste recibirlo a sabiendas del deber de independencia profesional ya descrito, como también por la inactividad en el diligenciamiento profesional del asunto encomendado desde el 4 de enero de 2013 y hasta el 17 de septiembre del mismo año cuando le fue revocado.
La sanción impuesta al disciplinable por la Sala a quo, se conjuga al texto de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, el cual dispone los criterios para la graduación de la sanción, operación donde debe tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.
Así las cosas, para las faltas tipificadas en las conductas de los abogados, señala el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007, cuatro tipos de sanción, como son: la censura, la suspensión y la exclusión, las cuales pueden imponerse de manera autónoma o concurrente con la multa.
Así entonces, en el caso presente debe atenderse la modalidad y gravedad de la conducta a ser confirmada por esta Superioridad, como también que la misma fue desplegada por el abogado Silvio Hernández Rincón, a quien se le exigía actuar con absoluta diligencia en aras del compromiso profesional adquirido, además de su obligación de observar el deber de independencia profesional, cumple con los criterios legales y constitucionales, pues como profesional del derecho estaba obligado a cumplir no sólo con el compromiso en el asunto bajo examen, sino con dos importantes deberes del abogado.
De otro lado, acorde con el principio de necesidad, íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en el sub examine, le era imperativo al operador disciplinario afectar con Suspensión por el término de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión y multa de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes al disciplinado. La imposición de la referida sanción, cumple con el fin de prevención particular, entendiendo este, como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, con aplicación hacia futuro y se abstengan de incurrir en conductas consagradas como faltas disciplinarias, o incumplan sus deberes en el ejercicio de la profesión de la abogacía.
De igual manera, la sanción impuesta al disciplinado, cumple con el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder esta respuesta con la gravedad de las faltas, pues sin justificación alguna el profesional del derecho transgredió el Estatuto Deontológico al no observar la debida diligencia profesional asignada por ley a todo abogado en las relaciones con sus clientes. Así mismo, con fragmentar el deber de independencia profesional, al omitir su actuación en el proceso de sucesión encomendado y recibir un poder cuando legalmente no estaba en condiciones de aceptarlo, debido a su relación con el causante.
El sancionado doctor Silvio Hernández Rincón, no cumplió con la labor confiada y más aún, cuando el daño causado a la quejosa se hace irremediable, afectando gravemente los intereses y el patrimonio de su cliente con su omisión. Generó con su actuación antiética no solo una imagen desfavorable ante su cliente, sino frente a la sociedad respecto de quienes ejercen la profesión del derecho, pues se tiene al abogado como un profesional depositario de plena confianza, de la que a todas luces el togado encartado no le dispensó el debido respeto.
De igual modo, el negar en forma mentirosa la relación con el causante y esposo en vida de la quejosa, consolida una conducta reprochable del profesional del derecho, puesto que en el decálogo que rige para repeler los comportamientos antiéticos, aparece el artículo 39 que señala el deber de independencia profesional tal y como se ha referido ampliamente en el curso de este proveído.
Finalmente, se cumple también con el principio de razonabilidad referido este a la idoneidad o adecuación al fin de la sanción, la cual justifica el castigo disciplinario de suspensión por el término de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión y multa de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que le fuera impuesta al disciplinado, teniendo en cuenta para ello la actuación del profesional quien con su conducta afectó los postulados deontológicos, por ello se determinó su comportamiento por la inobservancia de la normatividad ética, debiéndose atender lo expuesto por la Corte Constitucional, cuando dijo: “la razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”7.
Por lo anterior, esta superioridad procederá a confirmar la providencia objeto de apelación, acompasándose la misma al acierto de la realidad probatoria allegada al plenario, al igual que la responsabilidad del investigado frente a los cargos irrogados, pues en efecto, en este caso considera la Sala, que el comportamiento del denunciado dista de la manera cómo debe actuar un profesional del derecho, en la medida que debe obrar con total diligencia, lealtad y honradez en sus relaciones profesionales.
Sirvan las anteriores apreciaciones como respuesta a las inquietudes presentadas en el concepto del Ministerio Público, donde se coincide en el punto de confirmar la sanción y el análisis vertido sobre la actuación.
1. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas el 29 de mayo de 2015, que fuera objeto de apelación, en la que se sancionó al abogado Silvio Hernández Rincón, con la imposición de suspensión por el término de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión y multa de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, al hallarlo responsable de la faltas contenidas en los artículos 37-1 y 39 de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa y dolo respectivamente, conforme lo manifestado en la parte motiva de esta providencia.
1 M.P. Miguel Ángel Barrera Núñez. En Sala Dual con el magistrado José Ricardo Romero Camargo.
2 Folios 2 - 3 c. p.
3 Folios 6 - 7 c. p.
4 Folio 4 c. p.
5 Folio 14 c. p.
6 Folio 13 c. p.
7 Sentencia C-530 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.