Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2005-00429-36578-de-marzo-15-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_fe3f14f34c1f44538e76f9534c9040e8&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-18 15:51:54
Document Index: 233983984

Matched Legal Cases: ['artículo 136', 'artículo 90', 'artículo 217', 'artículo 218', 'artículo 38', 'artículo 115']

SENTENCIA 2005-00429 DE 15 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR MUERTE DE CIVIL DURANTE EL TEMOR Y BOICOTEÓ REALIZADO POR UN GRUPO AL MARGEN DE LA LEY EN UN MUNICIPIO. SE REITERA POR PARTE DE SALA QUE EL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER ESPECIAL DE PROTECCIÓN A CARGO DE LAS AUTORIDADES COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CON BASE EN ESTE CRITERIO, SE HA INDICADO QUE CUANDO EL DAÑO CAUSADO POR UN AGENTE NO ESTATAL, LA ADMINISTRACIÓN SERÁ OBLIGADA A REPARAR SI EXISTE PRUEBA DE QUE LA VÍCTIMA O LA PERSONA CONTRA LA CUAL ESTABA DIRIGIDO EL ATENTADO SOLICITÓ PROTECCIÓN A LAS AUTORIDADES Y QUE ÉSTAS LA RETARDARON, LA OMITIERON O LA PRESTARON EN FORMA INEFICIENTE. AHORA, SI EL DAÑO ES PREVISIBLE, DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DEL MOMENTO, NO ES NECESARIO QUE LA VÍCTIMA SOLICITE EXPRESAMENTE QUE SE PRESERVE SU VIDA O SU INTEGRIDAD PERSONAL PARA QUE SURJA A CARGO DEL ESTADO LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN. BASTA CON DEMOSTRAR QUE LAS QUE LAS AUTORIDADES TENÍAN CONOCIMIENTO DE LAS AMENAZAS O DEL PELIGRO QUE ENFRENTABA LA PERSONA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, MUERTE, MUERTE DE LA VÍCTIMA, CONFLICTO ARMADO, VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, MEDIDAS DE REPARACIÓN A LA VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO
Sentencia 2005-00429/36578 de marzo 15 de 2017
Expediente: 36578
Rad.: 180012331000200500429 01
Actor: Lucila Ramírez Marín y otros
Demandados: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional
Bogotá, D. C., quince de marzo de dos mil diecisiete.
La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia que negó las pretensiones, comoquiera que la cuantía de la demanda corresponde a la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(11), para que la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa sea conocida por esta corporación.
De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del C.C.A., la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir “del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
En el presente caso la pretensión resarcitoria tiene que ver, de un lado, con la muerte de los señores Willard Villegas González, Ausencio Olarte Flórez, Gerardo Collazos Betancourth y Hermans Rodríguez Carabalí, y, de otro, por las lesiones permanentes sufridas por la señora Leibnitz Collazos Betancourth, en hechos ocurridos el 24 de mayo de 2005. De ahí que las demandas debían presentarse hasta el 25 de mayo de 2007 y como lo fueron los días 11 de octubre de 2005 y 20 de junio de 2006, resulta evidente su oportunidad conforme al término previsto por la ley (art. 136 del C.C.A.).
En consideración a que el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia del 12 de diciembre de 2008, resolvió condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional por los daños alegados en las demandas acumuladas, de manera que solo la parte demandada controvierte; procede la Sala a determinar si en el sub-judice se encuentran estructurados los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de las accionadas por el deceso violento de los señores Willard Villegas González, Ausencio Olarte Flórez, Gerardo Collazos Betancourth y Hermans Rodríguez Carabalí, así como por las lesiones permanentes sufridas por la señora Leibnitz Collazos Betancourth, a manos de un grupo subversivo.
Comoquiera que se dirá, en respuesta a la cuestión anterior, que sí se genera la responsabilidad del extremo pasivo de la litis, entonces será necesario determinar si los montos de indemnización fijados por el a quo le son desfavorables, en la medida en que hayan sido excesivos o, si por el contrario, el fallo recurrido debe ser confirmado en todas sus partes. Ello, dadas las condiciones en que se surte la segunda instancia –garantía del principio de la non reformatio in pejus–.
3.1. El daño antijurídico.
De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que, aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, este hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho(12)”.
En el sub-exámine, se encuentra debidamente acreditado que el señor Willard Villegas González falleció el 24 de mayo de 2005, conforme indica el registro civil de defunción allegado al proceso por la parte demandante (fl. 27, c. 5), también da cuenta de ello la copia del acta de levantamiento e inspección al cadáver Nº 046, en la que se indica como causa de su deceso “shock hipovolémico y neurogénico secundario a múltiples heridas por arma de fuego” (fls. 30-33, c. 5).
Así mismo, está demostrado que la víctima mencionada, era: (i) padre de Juan Carlos, Ana María, Luz Miryam y Elizabeth Villegas Ramírez, y (ii) compañero estable de Lucila Ramírez Marín (registros civiles de nacimiento y declaración juramentada de compañeros permanentes, rendida en la Notaría Segunda del Círculo de Florencia –fls. 13-16, y 8, c. 5).
También, se encuentra debidamente acreditado que Ausencio Olarte Flórez falleció en la fecha mencionada, conforme indica el registro civil de defunción (fl. 6, c. 1) y la copia del protocolo de necropsia, en la que se concluye: “[a]dulto mayor quien fallece por shock neurogénico secundario de shock hipovolémico secundario a múltiples heridas por arma de fuego” (fls. 11-16, c. 1).
De otro lado, se probó que Ausencio Olarte Flórez era: (i) compañero estable de Olga Lucía Tovar González y (ii) padre de Ximena Alejandra Olarte Tovar (declaraciones rendidas dentro del trámite contencioso por las señoras Neida Bermeo Betancur y Olga Beatriz Triana Vela y registro civil de nacimiento –fls. 52-54, 55-57, c. 2; fl. 4, c. 1).
En lo que tiene que ver con el señor Gerardo Collazos Betancourth, está demostrado que también falleció el 24 de mayo de 2005, conforme da cuenta el registro civil de defunción y copia del acta de levantamiento e inspección al cadáver Nº 049, donde se indica como circunstancias de la muerte “Con Arma De Fuego, Muerte Violenta, Presunto Homicidio” (fls. 10 y 28-30, c. 6).
Gerardo Collazos Betancourth era (i) cónyuge de Liz Claudia Puerta Oliveros, (ii) padre de Danika Lizeth Collazos Puerta, (iii) hijo de Waldino Collazos Trujillo y Elena Betancourth de Collazos, y (iv) hermano de Luis Emidio, Waldino, Dagoberto, Leibnitz y Deiby Johana Collazos Betancourth (registros civiles de matrimonio y nacimiento - fls. 5, 6, 8, 12-16 c. 6).
Con respecto al señor Hermans Rodríguez Carabalí, se tiene que igualmente su deceso ocurrió el 24 de mayo de 2005. Ello se desprende de la lectura del registro civil de defunción y de la copia del acta de levantamiento e inspección al cadáver, última en la que se indica como causa aparente de muerte “múltiples heridas por arma de fuego-fusil” (fls. 11 y 25-27, c. 8).
El señor Hermans Rodríguez Carabalí era: (i) cónyuge de Encarnación Perdomo Ramírez y (ii) padre de Jannise Lorena, Yorly Vanessa, Wendy Yolani y Alexandra Rodríguez Perdomo (registros civiles de matrimonio y nacimiento - fls. 6 y 7-10, c. 8).
Vale aclarar que no se logró acreditar la calidad de madre y hermanos de los señores Ana Julia Carabalí de Rodríguez, Enrique Rodríguez Carabalí y Ceneida Rodríguez de Lucumi, respectivamente, en tanto no se aportó el registro civil de nacimiento del occiso. Circunstancia que no fue objeto de prueba de oficio en esta instancia, en atención al principio de non reformatio in pejus previamente referenciado, toda vez que el a quo denegó las pretensiones en relación con los mencionados actores.
Finalmente, se demostró que la señora Leibnitz Collazos Betancourth resultó gravemente herida en los hechos ocurridos el 24 de mayo de 2005 en las instalaciones del Concejo Municipal de Puerto Rico (Caquetá), cuando se encontraba grabando la sesión del cabildo; de ello da cuenta el oficio C.M. - 034 suscrito por el presidente de dicha corporación pública, el 15 de marzo de 2007 (fls. 46-47, c. 10) y la historia clínica allegada al proceso por la actora (fls. 5-148, c. 3), en donde se lee, entre otras lesiones, de las siguientes radiografías que le fueron practicadas en la E.S.E. Hospital El Tunal:
(i) Muñeca izquierda (fl. 9, c. 3):
Secuelas de fractura por arma de fuego que compromete el primer y segundo metacarpiano fractura conminuta de estos ni callo óseo en formación.
Amputación proximal del quinto dedo.
Osteoporosis por desuso.
Hay múltiples fragmentos metálicos en los tejidos blandos carpianos y vecinos a la fractura metacarpiana.
(ii) Extremidad superior derecha (fl. 10, c. 3):
Fractura conminuta con desplazamiento de fragmentos en la diáfisis y base del segundo metacarpiano. Fractura de la base del primer metacarpiano con afrontamiento de segmentos y fractura conminuta del trapecio, reducidas con clavos.
Hay fragmentos metálicos en tejidos blandos.
(iii) Rodilla izquierda (fl. 11, c. 3):
Estudio técnicamente deficiente en donde se observa fractura conminuta del cóndilo interno del fémur izquierdo el cual se mantiene en buen eje y buen afrontamiento de los fragmentos mediante tornillos de osteosíntesis.
Ahora, sabido es que la muerte de un ser querido, las perdidas anatómicas y las secuelas de violencia en el cuerpo, ocasionan sufrimiento, congoja y aflicción, amén de perjuicios de orden patrimonial.
Por tanto, dado que se encuentran demostrados los daños antijurídicos alegados por la parte actora, pasa la Sala a analizar si son imputables a las entidades demandadas y, en consecuencia, a determinar si es menester revocar o no la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones.
En las demandas se atribuyó el daño a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional por cuanto, se afirma que, pese a la grave situación de orden público que se vivía en el municipio y a las conocidas amenazas que existían en contra de los miembros del concejo municipal, no adoptaron medidas suficientes para garantizar la vida e integridad personal de los cabildantes.
En sentido, de acuerdo con el criterio de esta Sala(13), la vida es el más preciado de los bienes humanos y un derecho esencial cuyo goce pleno es una condición ineludible para el disfrute de todos los demás derechos. De manera que, frente al derecho a la vida, el Estado tiene una obligación de doble naturaleza: por una parte, el deber de no privar arbitrariamente de la vida a ninguna persona (obligación negativa); y de otro lado, a la luz de su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, la adopción de medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva)(14).
La obligación positiva con respecto al derecho a la vida, llamada deber de garantía, demanda del Estado una actividad de prevención y salvaguarda del individuo respecto de los actos de terceras personas, teniendo en cuenta las necesidades particulares de protección, así como la investigación seria, imparcial y efectiva de estas situaciones(15):
Esta obligación implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –siguiendo lo dispuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos(16)– ha establecido que la responsabilidad del Estado frente a cualquier hecho de particulares se encuentra condicionada al conocimiento cierto de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades reales o razonables de prevenir o evitar ese riesgo(17). En armonía con la jurisprudencia interamericana, esta corporación ha dicho recientemente:
No se trata, no obstante, de radicar en el Estado una responsabilidad ilimitada frente a cualquier acto o hecho de los particulares (hecho de un tercero), pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo que es achacable directamente al Estado como garante principal(18).
Además, la corporación ha examinado en varias oportunidades la responsabilidad del Estado por hechos de terceros, en casos en los que si bien los agentes estatales no causaron el daño de forma directa, infringieron estándares normativos de orden legal, constitucional y convencional. Estas situaciones se presentan cuando una persona que está amenazada hace el respectivo aviso de las amenazas a las autoridades y, a pesar de ello, éstas no la protegen(19) o adoptan unas medidas de protección precarias e insuficientes(20), o cuando, si bien la persona no comunicó la situación de riesgo a la autoridad, la notoriedad y el público conocimiento del peligro que afrontaba hacían imperativa la intervención estatal para protegerla(21). Al respecto, esta Subsección ha señalado(22):
La jurisprudencia de la Sala ha admitido que el incumplimiento del deber especial de protección a cargo de las autoridades compromete la responsabilidad patrimonial del Estado. Con base en este criterio, ha indicado que cuando el daño es causado por un agente no estatal, la administración será obligada a reparar si existe prueba de que la víctima o la persona contra la cual estaba dirigido el atentado solicitó protección a las autoridades y que éstas la retardaron, la omitieron o la prestaron de forma ineficiente(23).
Ahora, si el daño es previsible, dadas las circunstancias políticas y sociales del momento, no es necesario que la víctima solicite expresamente que se preserve su vida o su integridad personal para que surja a cargo del Estado la obligación de adoptar medidas especiales de protección y prevención. Basta con demostrar que las autoridades tenían conocimiento de las amenazas o del peligro que enfrentaba la persona(24) (Se subraya).
En vista de ello, es preciso analizar si las entidades demandadas –Policía Nacional y Ejército Nacional– incurrieron en alguna de las conductas señaladas anteriormente, es decir, si a pesar de tener conocimiento de una situación de riesgo cierto e inmediato de la integridad física de los cabildantes del municipio de Puerto Rico (Caquetá) y de contar con posibilidades reales de evitar que dicho riesgo se concretara en un daño, omitieron prestar medidas de seguridad eficientes a su favor o las brindaron de forma inadecuada.
Sea lo primero señalar que la lectura del plenario no permite concluir que alguna autoridad haya provocado directamente las muertes y lesiones por las que se demanda, pues no se tiene prueba alguna de que miembros de la Policía o del Ejército hayan participado en el ataque del cual fueron víctimas mortales los señores Hermans Rodríguez Carabalí, Willard Villegas González, Ausencio Olarte Flórez y Gerardo Collazos Betancourth, y en donde resultó gravemente herida la señora Leibnitz Collazos Betancourth. Circunstancia que, en principio, permitiría eximir de responsabilidad a las entidades, dado que ninguno de sus agentes estuvo involucrado en dicho atentado.
Sin embargo, en vista de que la responsabilidad del Estado puede surgir frente a hechos de terceros cuando es precisamente la infracción a un deber funcional el que contribuyó en la producción del daño antijurídico, debe establecerse, se reitera, si los daños antijurídicos alegados les son imputable a las demandadas por no haber protegido su vida e integridad física.
Este propósito exige esclarecer las circunstancias que rodearon las muertes y las lesiones de autos, la situación de orden público en la zona, la naturaleza de las amenazas en contra de los concejales, el conocimiento que las entidades demandadas tenían de dicho riesgo y, en especial, las medidas que éstas adoptaron para evitar que la situación riesgosa se concretara en un resultado fatal.
En ese orden, procede la Sala a estudiar los elementos probatorios que reposan en el plenario a efectos de establecer si se está o no en presencia de un evento de responsabilidad extracontractual del Estado. Ahora bien, respecto a las circunstancias en las que acaecieron las muertes y lesiones por las que ahora se demanda, obran en el expediente los siguientes:
(i) Constancia del 24 de junio de 2002 suscrita por el personero municipal de Puerto Rico, Caquetá, en la que se consigna (fl. 38, c. 5):
Que el señor Willard Villegas González, identificado con la C.C. Nº 4.501.008 de Pereira, en su calidad de presidente del concejo municipal, elegido mediante elección popular el 29 de octubre de 2000, ha recibido amenazas en contra de su vida por su misma condición, razón por la cual debe abandonar el respectivo municipio (…).
Que según orden directa de grupos al margen de la ley, debe presentar su respectiva renuncia o de lo contrario será declarado objetivo militar, situación que se presenta en gran parte del territorio nacional.
(ii) Declaración juramentada rendida, el 24 de junio de 2002, por el señor Ausencio Olarte Flórez ante la Defensoría del Pueblo Seccional Caquetá (fls. 22-23, c. 1):
(…) PREGUNTADO: Diga a este despacho los motivos de su declaración. CONTESTÓ: Primero que todo quiero declarar que me he visto obligado a desplazarme del sitio donde tengo mis bienes y ejercía mi actividad por amenazas contra mi vida y la de mi familia, proferidas en mi contra por las FARC. El primero de junio fuimos notificados a través de un panfleto y razones personales de que debimos renunciar a nuestros cargos y teníamos plazo para ello hasta el tres de junio, de lo contrario sería declarado objetivo militar por parte de esa organización. En mi caso muy personal la amenaza fue tomada muy en serio debido a que cuatro años atrás ya había sido secuestrado por la misma columna que esta vez me amenazaba. PREGUNTADO: Ha recibido amenazas o agravios algún otro integrante de su grupo familiar. CONTESTÓ: No, porque al momento de mi desplazamiento lo hago con toda mi familia. PREGUNTADO: De qué grupo al margen de la ley provenían las amenazas. CONTESTÓ: Las amenazas provienen de la columna Teófilo Forero de las FARC. (…). PREGUNTADO: Ha puesto en conocimiento de alguna otra autoridad administrativa o judicial los hechos acaecidos. CONTESTÓ: Sí, el día viernes veintiuno (21) de junio denuncié el hecho ante la Fiscalía General de la Nación, denuncia que quedó radicada bajo el número 0640, sometida a reparto. Tiene conocimiento del mismo hecho la Personería de Puerto Rico Caquetá, el señor gobernador del departamento, el alcalde municipal de Puerto Rico, mis doce compañeros de corporación y la opinión pública que suficientemente se ha ilustrado a través de los medios de comunicación (…).
(iii) Copia de la comunicación del 29 de agosto de 2003 dirigida al comandante encargado del departamento de Policía del Caquetá y suscrita por el señor Ausencio Olarte Flórez (f. 45, c. 1):
Como concejal activo del municipio de Puerto Rico y candidato a la relección a esa misma corporación, permítame expresarle mi profunda preocupación por algunos movimientos de constante vigilancia y seguimiento por parte de personas ajenas a mi entorno y algunos comentarios de personas cercanas que expresan su temor por mi seguridad personal porque está “caliente” mi situación al visitar el municipio de Puerto Rico el pasado 16 de agosto, acompañado de dos escoltas privados y dos agentes de policía, estos últimos gracias a la generosidad del mayor Marco Aurelio Sandoval.
Me encuentro inscrito en el programa de protección del Ministerio del Interior, el cual me dotó de algunos elementos como chaleco antibalas y celular, los cuales son insuficientes para garantizar mi integridad física, pues no poseo arma, ni escolta y debo movilizarme en esta ciudad (Florencia) donde estoy ejerciendo mi cargo.
Solicito se tomen las medidas necesarias que garanticen mi vida, como la asignación de un escolta y un esquema de vigilancia en los lugares que más frecuento, como el sitio en donde me reúno para sesionar, la Alcaldía de Puerto Rico aquí en la ciudad, el restaurante y el lugar donde vivo.
(iv) Copia de la comunicación del 8 de septiembre de 2003, dirigida al director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y suscrito por el señor Ausencio Olarte Flórez (fl. 46, c. 1):
Permítame remitir a usted copia del oficio entregado al departamento de Policía Caquetá, agregando al presente que aún no recibo ninguna respuesta a mis inquietudes expresadas en él.
A la vez le informo, convencido que este país va a cambiar y me corresponde como colombiano más, ayudar para que eso suceda, puse mi nombre a consideración de mis coterráneos para aspirar de nuevo al cargo de concejal que hoy ejerzo con todas las dificultades y amenazas que usted conoce.
Muy comedidamente le solicito coordinación con las autoridades de Caquetá mi regreso al municipio de Puerto Rico, para poder adelantar mi campaña de reelección.
(v) Copia del escrito del 8 de septiembre de 2003, dirigido al comandante de la estación de Policía de Puerto Rico (Caquetá) y suscrito por el señor Ausencio Olarte Flórez (fls. 47-48, c. 1):
Con toda consideración y aprecio me dirijo a usted para poner en conocimiento informaciones recaudadas a través de algunos dirigentes de mi Movimiento de Participación Popular.
Los días jueves 2 de septiembre (sic) tuve acceso a una amenaza directa en contra de mi vida y bienes proferida en la alta aguililla por alias IVÁN jefe de la O.N.T. Farc Columna Teófilo Forero que opera en esta región, el cual expresó que la consigna es no de dejarme llegar vivo a diciembre.
El 09 de septiembre recibo otra información confirmando la anterior y en donde además me dicen que las FARC están indagando por mis propiedades para atentar contra ellas pretendiendo hacerme daño económicamente.
Que el frente 14 está preparando un atentado dinamitero contra alguna presunta propiedad en la cual no tengo ningún vínculo y solo participé en su fundación hace varios años. Estas informaciones fueron confirmadas a través de varios amigos que se dieron a la tarea de investigar con unas fuentes cercanas a esa organización al margen de la ley.
De manera comedida le solicito hacer lo pertinente para evitar que esas amenazas se cumplan y pueda seguir desarrollando mi labor al servicio de mi comunidad como concejal de este municipio. Le pido la estudiar la posibilidad de reforzar mi escolta personal y dotarla de armas más eficaces, toda vez que ya cuento con buenos equipos de comunicación para facilitar su labor en procura de preservar mi vida, la cual siento en gran riesgo por mi condición de dirigente de la segunda fuerza política con presencia en corporaciones públicas en mi municipio.
Mi vocación de demócrata me obliga a expresarle a usted y al Gobierno Nacional que mientras las condiciones de seguridad se me mantengan, seguiré ofreciendo mis servicios a la patria.
(vi) Copia de la denuncia Nº 0826 elevada ante la Fiscalía General de la Nación por el señor Willard Villegas González, el 24 de junio de 2004 (fls. 35-37, c. 5):
Relato de los hechos: Describir las circunstancias de modo tiempo y lugar de los hechos. PREGUNTADO: Haga al despacho un relato claro y conciso sobre los hechos que motivan su denuncia. CONTESTÓ: Yo soy concejal del municipio de Puerto Rico, Caquetá y el motivo de mi denuncia obedece a los siguientes hechos. en el mes de febrero de 2004, en la vereda Cimitarra de Puerto Rico, Caquetá, en la escuela florida Nº 2, la comunidad hizo una reunión y ahí aparecieron unos subversivos, entre ellos alias el pollo y el indio, quienes manifestaron que la comunidad no pidiera nada al gobierno municipal o departamental, y que está bueno era pa’ quemar (ilegible) (…). PREGUNTADO: Diga exactamente a esta Fiscalía como son las amenazas recibidas. CONTESTÓ: Son amenazas verbales por parte de la guerrilla donde nos declaran objetivo militar. PREGUNTADO: Diga a esta fiscalía si con anterioridad había recibido amenazas y por parte de quién. CONTESTÓ: En el año 2002, la misma columna Teófilo Forero me declaró objetivo militar porque no renuncié a mi cargo como concejal. PREGUNTADO: Diga a esta fiscalía por qué motivo usted cree que lo están amenazando. CONTESTÓ: Porque soy concejal del municipio de Puerto Rico, Caquetá. PREGUNTADO: Diga a esta fiscalía qué personas son testigos de los hechos denunciados por usted. CONTESTÓ: Los mismos concejales y la comunidad del municipio. PREGUNTADO: Diga al despacho si tiene algo más que decir, agregar o enmendar a esta diligencia. CONTESTÓ: Que en los últimos días han hecho atentados contra tres compañeros concejales del municipio (…).
(vii) Oficio D.A. Nº 0718 del 30 de octubre de 2006, suscrito por el alcalde encargado de Puerto Rico, Caquetá (fls. 23-24, c. 4):
En atención a lo solicitado en el Oficio Nº 1400 de fecha 02 de octubre del año en curso, me permito enviar a ese honorable tribunal la información requerida, en los siguientes términos:
1. CERTIFICO que para el día 24 de mayo de 2005, se llevó a cabo en ese municipio un ataque por parte de la columna móvil Teófilo Forero de la agrupación guerrillera FARC, en la que perdieron la vida los siguientes concejales: José Ausencio Olarte Flórez, Gerardo Collazos Betancourth, Willard Villegas y Silvio Mesa, al igual que el secretario de la corporación Hermans Rodríguez Carabalí.
2. Por información de los mismos concejales, se tuvo amplio conocimiento que habían sido amenazados, razón por la cual se le asignaron escoltas por parte de la Policía y Ejército acantonado en este municipio. Igualmente aún pesa una amenaza por parte de esta organización guerrillera en contra del alcalde titular Jorge Hernando Calderón Perdomo.
3. Para la fecha en que se cometió el ataque contra los concejales, estos se encontraban en sesiones ordinarias en el recinto que había adecuado para ello.
(viii) Oficio Nº 2920 del comando del departamento de Policía del Caquetá (fls. 25-29, c. 47):
En atención a solicitud de la referencia, informó los resultados de la búsqueda en los archivos existentes en este comando.
1. En cuanto a la situación de amenaza que se encontraban (sic) los concejales de Puerto Rico, se logró constatar:
En el mes de enero de 2005, desconocidos hicieron llegar a las instalaciones del Concejo del municipio de Puerto Rico un documento en el cual se plasma una amenaza contra el presidente de la corporación, donde se le pide que renuncie a su cargo o de lo contrario sería declarado objetivo de acciones armadas.
El 29/05/04, guerrilleros pertenecientes a la columna móvil Teófilo Forero Castro de las FARC, emitieron un comunicado en el municipio de San Vicente del Caguán, donde señalan que los alcaldes y concejales de los municipios de su área de influencia, han sido declarados objetivo militar.
En atención al punto cinco, el folio Nº 63 del 240505 del libro de minuta de servicio de la Estación de Policía de Puerto Rico, indica que contaba con 28 policiales laborando y 01 policial en vacaciones así:
4. En atención a los hechos ocurridos desde octubre de 2003, proceso electoral, hasta mayo del 2005 en Puerto Rico Caquetá, donde murieron concejales y alcaldes, este comando fue informado de los siguientes casos por parte del comandante de esa estación de Policía.
El día 11 de febrero de 2005 siendo las 11:00 horas aproximadamente, momentos en que se desplazaba en vehículo, a la altura del sitio denominado San José, vía que conduce de Puerto Rico a El Doncello, se hallaba un retén ilegal por parte de subversivos y fue asesinado el señor concejal del municipio de Puerto Rico Armando Antonio Zafra Duque; asimismo ultimaron a su hermano Sigifredo Zafra Duque exconcejal de la localidad; heridos el señor Armando Zafra Londoño, ocupación conductor y el menor Víctor Alfonso Carabalí Zafra.
El día 09 de abril de 2005 siendo las 10:00 horas, en el salón comunal del barrio Puerto Limón del municipio de Puerto Rico, fue asesinada por dos sujetos desconocidos la concejal de esa localidad Miriam Martínez Hurtado, quienes la atacaron con arma de fuego, en momentos en que se encontraba en actividad lúdica con la comunidad.
5. Mediante polígama 188 radicado en el libro minuta de polígamas salidos, folios 96, 97, 98 de fecha 040505, el comandante de estación Puerto Rico de la época, mayor Ortiz Santacruz Mauricio, informa sobre los hechos ocurridos así:
El 24/05/05 siendo las 14:30 horas, en momentos en que se encontraban reunidos en el concejo municipal los seis concejales del municipio, mientras se encontraban sesionando, llegó una camioneta de color vino tinto sin más características, de la cual se bajaron personal (sic) con armamento de largo alcance, los cuales vestían prendas militares del EJERCOL disparando contra la garita Nº 2 mientras otro grupo fuertemente armado entraba al concejo disparando contra la humanidad de los señores concejales del municipio y lanzando granadas a los alrededores de las cuales no todas explotaron. Inmediatamente personal de esta unidad activó plan defensa instalaciones (sic) y respondió al ataque del grupo armado. Posteriormente llegó personal de apoyo del EJERCOL. Concejales fallecidos Gerardo Collazos Betancourth, Willard Villegas González, José Ausencio Olarte Flórez, Silvio Meza García, German (sic) Rodríguez Carabalí; concejales heridos Luis Enrique Fierro Imbachi y Jhon Ferney Rosales Sánchez; Lennis (sic) Collazos se encontraba grabando la sesión (…).
(ix) Copia del “Plan de acción coordinadora con la Policía Nacional y demás organismos de seguridad del Estado que emite el comando de la Compañía Furia para la seguridad del municipio de Puerto Rico - Caquetá”, de mayo de 2005 (fls. 187-200, c. 4):
La sexta compañía de CMTFC de la ONT FARC - AUI, delincuencia común y organizada, con capacidad de organizar ataques en especial al municipio de Puerto Rico, pretende realizar acciones terroristas contra tropas destacadas, en los puntos neurálgicos, establecidos en el dispositivo de seguridad para el municipio de Puerto Rico, con capacidad además de movilizar los frentes guerrilleros que delinquen en el Caquetá, Meta, Huila y Guaviare.
Compañía Furia
Pelotón de soldados campesinos
Pelotón de Tigre Uno
Policía Nacional del municipio de Puerto Rico
El batallón de infantería Nº 36 “Cazadores” con la Compañía Furia en la base militar de “Puerto Rico”, ubicada en el cerro 100 del municipio de Puerto Rico Caquetá, organiza un dispositivo de seguridad permanente en el sector urbano y alrededores, a fin de neutralizar las pretensiones de las ONT, garantizando la tranquilidad y la seguridad ciudadana, evitando el asalto a las instalaciones, la pérdida de vidas y el robo de material.
(x) Copia de acta de levantamiento e inspección al cadáver Nº 049, correspondiente a Gerardo Collazos Betancourth, en la que se consigna (fl. 28-30, c. 6):
Investigación previa: se pudo establecer que siendo las 2:20 pm, del 24 de mayo del 2005, en la localidad de Puerto Rico Caquetá, un grupo armado al margen de la ley, ingresó de forma violenta, movilizándose en una camioneta de color vino tinto, de carrocería de estaca, hasta las instalaciones donde cesiona el concejo municipal de la localidad, abriendo fuego discriminado, con armas de largo alcance, tanto a los concejales que se encontraban reunidos como al personal de la Policía Nacional que se encontraba de escolta y en una garita que se encuentra cerca a las instalaciones donde ocurrieron los hechos.
(xi) Copia de acta e inspección al cadáver Nº 049, correspondiente a Willard González Villegas, en la que se consigna (fl. 28-30, c. 6):
Investigación previa: se presentó un ataque por un grupo de personas al margen de la ley, al parecer pertenecientes a la Columna Teófilo Forero, quienes en un vehículo color vino tinto tipo camioneta de estacas, ingresaron a alta velocidad, abriéndose paso con armas de fuego de alto alcance y granadas de fusil, disparando hacia los integrantes del concejo municipal, quienes se encontraban sesionando, produciendo la muerte de este concejal y tres concejales más, además del secretario del concejo. Igualmente dejando gravemente heridas a cinco personas más.
(xii) Copia de la declaración rendida por el teniente del Ejército Nacional, Luis David Benítez Núñez, dentro de la investigación penal militar que se inició por los hechos de la demanda (fls. 63-78, c. 4):
(…) Ese día entre las nueve y diez de la mañana me encontraba acá en la base militar de Puerto Rico, de acuerdo a lo ordenado por mi capitán Velásquez, comandante de la Compañía Furia, para terminar los folios de vida de los suboficiales de mi pelotón, que se tenía plazo al 25 o 26 del mes de mayo, para entregarlos al comando superior. A eso de las 14:30 horas aproximadamente se escucharon unos disparos hacia el sector del pueblo; se me reportó el cabo Castañeda por radio HT1000, informándome que los disparos eran hacia el sector de Puerto Limón y que él se encontraba en la alcaldía y había asegurado ya al alcalde. De igual forma procedí a informarle a mi capitán Velásquez la ubicación del cabo Castañeda y que el alcalde se encontraba bien y que el ataque o los disparos eran hacían el sector de Puerto Limón. Procedí de una vez a dirigirme hacia mi dispositivo en el sector del Puente Guayas, porque uno sabe cuándo sucede eso la forma y los sitios como uno debe reaccionar de acuerdo al dispositivo que uno tiene en el municipio de Puerto Rico. De ahí se tomó la seguridad en el dispositivo y le ordené al cabo Castañeda que no dejara sacar al alcalde hacia ningún lado de acuerdo a lo ordenado por mi capitán Velásquez, que él ya se dirigía para los sitios donde se habían presentado los disparos. Llegué al dispositivo y asumí la seguridad de mi dispositivo (…). PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho al cuanto tiempo de que se escuchan los primeros disparos sale usted de la base militar de Puerto Rico y al cuánto tiempo llega a su lugar de destino. Especifique mediante qué medio realizó su desplazamiento y cuál fue la ruta que tomó para este. CONTESTADO: Entre cinco y siete minutos salgo de la base, y llego al dispositivo Puente Guayas aproximadamente a los veinte minutos, este desplazamiento lo hice a pie, el desplazamiento lo hice por la vía principal saliendo de la base hasta el sector de la electrificadora (…). PREGUNTADO: Diga al despacho cómo estaba organizada la unidad bajo su mando para el 24 de mayo de 2005, cuántos hombres la componían y quiénes eran los comandantes, precisando la ubicación de las tropas a tiempo de que sucedieron los hechos. CONTESTÓ: FURIA DOS está compuesta por cuatro escuadras, la primera escuadra a mando mío pero ese día 24 de mayo en horas de la mañana me había desplazado para la base militar de Puerto Rico con cinco hombres, quedando en el dispositivo Río Guayas tres soldados al mando del C3 Castañeda con siete hombres, se encontraban ubicados al momento de los hechos en la alcaldía, la tercera al mando del SS Blandón, siete hombres, ubicación al tiempo de los hechos, no me acuerdo, sé que había en la mañana una patrulla en la alcaldía al mando de no me acuerdo de quién y en la tarde estaba la de Castañeda. La cuarta escuadra al mando del CP. Vargas, siete hombres, ubicación a tiempo de los hechos no me acuerdo (…). PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si para el momento de los hechos se encontraba personal militar en la localidad de Puerto Rico, diferente al integrante de FURIA DOS. En caso positivo, al mando de quién estaban estos y que ubicación tenían. Precisando en qué momento y mediante qué medio se comunican (sic) con usted. CONTESTADO: Sí había personal, una patrulla de FURIA TRES al mando del C3. REYES sobre el sector del Hospital Local y una patrulla de FURIA CUATRO al mando del C3 Quintinilla, si no estoy mal estaba llegando al parque central. La del cabo Castañeda de FURIA DOS que se encontraba en la alcaldía (…).
(xiii) Copia de la declaración rendida por el sargento viceprimero del Ejército Nacional, Nilson Marino Marquínez Estupiñán, dentro de la investigación penal militar que se inició por los hechos de la demanda (fls. 81-97, c. 4) –se destaca–:
(…) PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si con anterioridad y para el día de los hechos se encontraba montado algún dispositivo en el Barrio Puerto Limón. En caso positivo especifique al mando de quién se encontraban las tropas. CONTESTADO: El día anterior a los hechos tengo conocimiento que se encontraba una seguridad con el grupo Meteoro en ese barrio, pero ellos por la mañana se desplazaron a cumplir una misión a San Vicente, no sé a qué horas se fueron. En ese sector de Puerto Limón no había un puesto fijo desde hace aproximadamente un mes antes de los hechos. Yo fui el último que estuvo cubriendo dispositivo en ese lugar, y me había ido de allí hacía como un mes antes de ocurrir los hechos, allí no quedaron tropas, ahora estoy nuevamente allí desde hace tres días. Siempre se mandaban patrullas para ese sector, por orden del comandante de la base, mi capitán Velásquez, estas patrullas no las hacía un pelotón determinado sino que salían de todos los pelotones y consistía en ir a hacer presencia y hablar con la gente. Esta patrulla se hacía con horario también, y el horario se cumplía por orden del comandante de la base. La patrulla se hacía por la mañana, salía a las siete de la mañana, y por la tarde a las trece horas, pero no era tropa permanente en dicho sitio, sino que iban y se devolvían. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si para el día de los hechos se había cumplido con esta patrulla en las horas de la mañana y en las horas de la tarde. En caso positivo quién la hizo. CONTESTADO: No tengo conocimiento, porque la patrulla de soldados campesinos a los cuales les correspondía hacer esa patrulla en las horas de la tarde, apenas iba para ese lugar cuando sucedieron los hechos. Entonces cuando sucedieron los hechos ellos iban tres cuadras antes del parque y era la patrulla al mando del C3. Quintanilla. Por la mañana no sé a qué patrulla le tocaba ni tampoco sé si la hizo, pero las dos siempre cumplían en el mismo horario (…).
(xiv) Declaración rendida, dentro del trámite contencioso, por el señor Edilmer Castaño Vargas, concejal del municipio de Puerto Rico (Caquetá), para la época de los hechos objeto de controversia (fls. 293-300, c. 4) –se destaca–:
(…) Antes de ser concejal no fui objeto de amenazas, porque yo fui elegido concejal desde el 26 de octubre de 2003, pero me posesioné el 01 de enero de 2004 y ahí sí empezaron las amenazas con panfletos, en mayo nos llegó el primer panfleto donde nos declaraban objetivo militar (…). PREGUNTADO: Díganos con qué propósito el grupo subversivo pretendía que usted y los demás concejales dejaran el cargo? CONTESTÓ: Lo que pasa en el municipio de Puerto Rico y en todo el país es que es un caso de una zona mucho más roja y allá cuando nosotros llegamos al concejo no había ningún ente de control, ni había fiscalía, ni juzgados, ni alcaldía, nada; era un municipio que todo lo que se pretendía realizar había que venir a Florencia, todas las oficinas se habían trasladado del municipio y entonces lo que se pretendía por las FARC era seguir amedrentando al municipio y que nosotros hiciéramos abandono de los cargos y por eso empezaron a atentar contra los concejales; primero, a unos les tiraron granadas en sus viviendas, también atentaron contra ellos personalmente. PREGUNTADO: Cuéntenos después del mes de mayo de 2004 en que se produjeron las primeras manifestaciones de amenaza en contra de los concejales de Puerto Rico, continuaron las amenazas en forma selectiva o general contra los concejales y de qué manera se dieron? CONTESTÓ. Sí continuaron amenazas de manera general en contra de nosotros, de ahí vinieron los atentados con granadas en ese mismo año, en el 2004, y ahí sí nos asignaron escoltas ese mismo año. Las amenazas continuaron durante ese año y cuando empezaron a matar concejales fue en el 2005, el 16 de febrero/05 mataron al primer concejal en Puerto Rico, que fue el finado Armando Antonio Zafra Duque, a él lo mataron en el tramo Puerto Rico - Doncello, y el 09 de abril/05 mataron otra concejal en el barrio Puerto Limón, Myriam Martínez Hurtado, y el 24 de mayo/05 fue la masacre que hubo en el municipio. PREGUNTADO: Infórmenos si en forma individual o colectiva se solicitó la protección a los organismos de seguridad del Estado y qué respuesta obtuvieron frente a ello? CONTESTÓ: Cuando recibimos el panfleto lo conoció la fuerza pública, Policía y Ejército, que es lo único que hay allá, ellos automáticamente asignaron protección para los concejales, o sea un escolta para cada uno, como somos trece, seis los escoltaba la Policía y siete el Ejército (…). Nos asignaron un escolta para cada uno con revolver, a la seis de la tarde nos quitaban el escolta, ellos iban a la casa normalmente a las 08 de la mañana, iban y almorzaban y volvían a la casa del concejal. Nos recomendaron que nos saliéramos de los lugares donde estábamos ubicados y que buscáramos casa dentro del anillo de seguridad de la Policía, esa fue la única recomendación que nos hicieron (…). PREGUNTADO: Precísenos en qué consistía el anillo de seguridad a que hizo referencia en una respuesta anterior, señalando el área que comprendía y los dispositivos implementados. CONTESTÓ: La idea de ubicarnos en el anillo de seguridad era estar más cerca de la estación, el anillo de seguridad era una cuadra a la redonda de la Policía, o sea la manzana donde estaba la Policía, porque en las esquinas donde termina esa manzana hay garitas hechas en cemento, con túneles y todo, donde terminan las cuadras, ahí donde están las garitas, hay unas canecas pintadas de amarillo con arena, restringiendo el tráfico (…). PREGUNTADO: Infórmenos la forma como se desarrollaron los acontecimientos del 24 de mayo de 2005. CONTESTÓ: La sesión era a las 02 de la tarde, todos estábamos en el recinto del concejo desarrollando la sesión normalmente, habían sesiones que duraban una hora, dos horas, cuarenta y cinco minutos, pero ese día nosotros ya estábamos por terminar esa sesión. El día anterior, nosotros habíamos asistido a un simulacro que hizo, en ese entonces el mayor de la Policía, de apellido Ortiz, para evaluar la reacción de los escoltas que teníamos a cargo de nuestra seguridad, más o menos de dos y media a tres de la tarde del día antes, ese simulacro lo hicimos en el parque que está cruzando el concejo, en el parque Los Caucheros, participamos de ese simulacro, todos los concejales que teníamos escolta lo hicimos, se hicieron disparos con pistolas, se estallaron algunas granadas de aturdimiento. Ya el día 24 de mayo, siendo aproximadamente las 02:45 p.m., una camioneta, dicen los que la vieron, porque nosotros estábamos en la parte de adentro y los escoltas estaban en las bancas del parque, o sea cruzando la calle, frente a la sede del concejo, una camioneta estaca llegó al concejo, nosotros escuchamos los primeros disparos y habían unos concejales que estaban en el andén y miraron la camioneta que venía y cuando vieron que entraron disparando a los escoltas y al patrullero que estaba en la garita, que era el patrullero Londoño, y abrieron fuego hacia las instalaciones del concejo. Lo que hicieron duró un promedio de tres a cinco minutos, ellos venían abriendo fuego desde allá, se bajaron, entraron al concejo y masacraron los concejales que vieron. Ahí murió el secretario Hermans Rodríguez Carabalí, el concejal Willer (sic) Villegas González, quien estaba armado, era el único concejal armado, tenía un revolver que alcanzó a disparar, Ausencio Olarte Flórez, Silvio Mesa García, Gerardo Collazos y unos concejales heridos: Jhon Ferney Rosales, Luis Enrique Fierro Imbachí, y una hermana de un concejal: Leibniz (sic) Collazos. Yo me encontraba en la sesión y me arrastré y me escondí con una concejala que se llama María Luisa Celis Aragón, en una cocina viejita que había, nos metimos por debajo del mesón, hasta ahí no llegó la guerrilla (…). PREGUNTADO: Cuéntenos si el Ejército participó en las medidas de seguridad que se tomaron frente a los concejales, distinto de los escoltas. CONTESTÓ. No, ellos simplemente cuando sucedió eso, se trasladaron por el mismo lugar por el que huyeron los subversivos, como persiguiéndolos. Ellos antes de esos hechos tenían un puesto de control por ahí por el lado del matadero, que fue por donde ellos huyeron, pero ya para el día de los hechos no había presencia del Ejército en esa zona (…). PREGUNTADO: Cómo logró esa camioneta aproximarse y violar las medidas de seguridad que tenían las instalaciones del concejo? CONTESTÓ: Abriendo fuego y hubo el factor sorpresa que llaman, ellos llegaron abriendo juego en la parte que estábamos ubicados y todo mundo se echó a correr, ellos nunca respondieron a ese caso. ´PREGUNTADO: Precísenos cuál fue el papel que desempeñaron los escoltas frente a ese ataque? CONTESTÓ: El único escolta que hizo frente fue el que yo tenía en esa época, se llama Deiby Jhoany Chimpantací, él recibió dos impactos de fusil en el pecho y esquirlas de granada en la espalda, no murió, los demás sí se espantaron a correr. PREGUNTADO: Infórmenos qué reacción tuvo la Policía Nacional y específicamente las personas que estaban en las garitas, frente al ataque. CONTESTÓ: El patrullero que estaba en la garita frente al concejo, se metió en el bunker, los demás policías no hicieron ninguna reacción (sic), ellos sí corrieron fue al recinto del concejo, pero después, por ahí unos cinco minutos, y los guerrilleros cuando iban huyendo dejaron granadas en el parque. PREGUNTADO: Precísenos si tuvo conocimiento de cuánto personal subversivo actuó en este operativo? CONTESTÓ: Eran de 15 a 20 guerrilleros, pero en las partes externas del municipio se escuchaban disparos por una parte y por otra, o sea sonaba plomo para un lado y para el otro. PREGUNTADO: Díganos si supo con cuánto personal contaba la Policía Nacional para el día de los hechos? CONTESTÓ: No tengo cifra real, pero sé que habían más de 30 policías ahí dentro de la estación. PREGUNTADO: Nos dijo que en las calles de entrada al sector de la estación de Policía y donde se hallaba la casa del concejo existían unas canecas llenas de arena para impedir el acceso de carros. Precísenos si el carro que transportaba los agresores superó ese obstáculo. CONTESTÓ: Me explico, esta es la calle, a lado y lado hay una caneca y en medio de las dos hay una valla con alambre, como cruzada en equis, tiene alambre de púa, y ellos se cruzaron por en medio de esa valla (…). PREGUNTADO: Infórmele al despacho si para la fecha de los acontecimientos todos los funcionarios del Estado y los funcionarios de seguridad que tenían a cargo el concejo municipal, se encontraban enterados de la sesión oficial del honorable concejo municipal? CONTESTÓ: Sí lo sabían, porque cuando se terminaban las sesiones, que eran filmadas para presentarlas por el canal local de televisión que hay en ese municipio, porque esas son sesiones públicas, cuando se terminaba la sesión se decía la fecha y la hora en que se iba a convocar la otra sesión. PREGUNTADO: Recuerda usted o tiene conocimiento del nombre de la persona que como reportera y camarógrafa del Canal 8 local, cubría las sesiones del concejo? CONTESTÓ: Sí claro, se llama Leibniz (sic) Collazos Betancourth, hermana del finado concejal Gerardo Collazos Betancourth. PREGUNTADO: Infórmele al despacho si para la fecha de los insucesos (sic), el 24 de mayo de 2005, la señorita Leibniz (sic) Collazos Betancourth se encontraba presente en el recinto del concejo? En caso afirmativo detalle daños, perjuicios, lesiones, sufrió la misma? CONTESTÓ: Sí estaba, ella recibió unos impactos de arma de fuego, el conocimiento grosso modo que yo tengo, es que recibió unos impactos que lesionaron una pierna, un riñón o un pulmón, no recuerdo bien, porque ella arrastró al finado, el hermano, porque como él andaba en silla de ruedas, ella lo arrastró, tengo conocimiento que ella vive, no falleció en el atentado (…)(25).
(xv) Respuesta al oficio Nº 0242 del Tribunal Administrativo del Caquetá, suscrito por el presidente del Concejo Municipal de Puerto Rico (Caquetá) (fls. 38-39, c. 7) –se destaca–:
En atención al oficio de la referencia me permito certificar lo siguiente:
1. Para el día 24 de mayo de dos mil cinco (2005) el honorable Concejo Municipal de Puerto Rico Caquetá se encontraba en la sede provisional ejerciendo sus funciones constitucionales cuando ingresó un grupo de personas fuertemente armadas disparando indiscriminadamente contra quienes nos encontrábamos en el recinto, dejando como resultado cinco personas muertas José Ausencio Olarte Flórez (concejal), Willard Villegas González (concejal), Gerardo Collazos Betancourth (concejal), Hermans Rodríguez Carabalí (secretario); cuatro personas gravemente heridas: Luis Enrique Fierro Imbachí (concejal), Jhon Ferney Rosales Sánchez (concejal), Leibnitz Collazos Betancourth (camarógrafa) y un patrullero de la Policía Nacional, quien ejercía funciones de escolta de un concejal.
2. Sí existían amenazas, contra el Concejo Municipal de Puerto Rico Caquetá, las cuales fueron hechas mediante panfletos que fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación, Ministerio del Interior y de Justicia y la Presidencia de la República, ya que habían antecedentes como el asesinato de los honorables concejales Armando Antonio Zafra Duque en febrero de 2005 y Miryam Martínez Hurtado en abril del mismo año.
Los anteriores permiten a esta Sala concluir de manera general que: a). El departamento del Caquetá presentaba una grave situación de orden público, debido a la gran influencia militar que ejercían las FARC en la zona, con ocasión del despeje del Caguán, que tuvo lugar en los diálogos de paz adelantados entre el Gobierno Nacional y esta organización armada al margen de la ley, los cuales resultaron fallidos en el año 2002 cuando se levantaron las negociaciones. Esta circunstancia ubicó en una situación ambigua a la población civil, que se debatía entre la institucionalidad del Estado –que fue nula durante el período de los diálogos y que se pretendía recuperar con el apoyo de la fuerza pública– y la pretensión de continuidad del régimen establecido por el grupo subversivo. b). Dentro de este contexto, se realizaron comicios locales en el año 2003 para elegir alcaldes y miembros de corporaciones públicas –representantes de la institucionalidad estatal–; esto generó como reacción de las FARC, amenazas de muerte a los servidores públicos electos –y en algunos casos, homicidios selectivos–, con el propósito de constreñirlos a abandonar sus cargos de elección popular y, en consecuencia, recuperar el dominio total de la región. c) El municipio de Puerto Rico fue una de las localidades más hostigadas, donde se presentaron amenazas concretas en contra de sus autoridades, al punto que la Policía y el Ejército Nacional coordinaron, en el mes de mayo de 2005, la implementación de un esquema de seguridad en el perímetro urbano, con la finalidad de garantizar, no solo la vida e integridad de los servidores públicos amenazados, sino también la gobernabilidad e institucionalidad del Estado.
En ese orden, los elementos de prueba relacionados dan cuenta de que el Estado tuvo pleno conocimiento de la situación real y concreta de peligro en que se encontraban los concejales del municipio de Puerto Rico, tanto así que la Policía y el Ejército Nacional adoptaron medidas tendientes a preservar sus vidas, tales como la asignación de un escolta personal, el establecimiento de un anillo de seguridad en el barrio Puerto Limón –donde quedaba la sede provisional del cabildo y se ubicaba la estación de Policía del municipio–, el traslado de sus residencias a este barrio, la instalación de tropas con cubrimiento permanente en puntos que fueron catalogados como “neurálgicos” por parte de las autoridades militares, entre otras.
Sin embargo, estas medidas resultaron insuficientes y precarias, esto es, no respondieron a las exigencias del contexto de orden público. Ello si se considera que en el municipio referido se instaló una base militar conformada por diferentes pelotones, existía una estación de Policía con más de 25 unidades policiales activas, se diseñó un dispositivo de seguridad, no solo en el perímetro urbano, sino también en el área rural de Puerto Rico, que, entre otras, restringían y controlaban el tráfico de vehículos, se instaló una garita así como diferentes trincheras alrededor del parque municipal, donde funcionaba el concejo. Con todo, el 24 de mayo de 2005 a las 2:40 de la tarde, un comando de entre quince y veinte subversivos que se movilizaron en una camioneta, incursionó en la sede del concejo municipal, donde se encontraban sesionando los cabildantes, y, sin ningún obstáculo real, ejecutaron a cuatro concejales y al secretario de dicha corporación, al tiempo que dejaron gravemente heridos a dos concejales más, a la periodista Leibnitz Collazos Betancourth y a un agente de policía que fungía como escolta de uno de los occisos.
Circunstancia que sin lugar a dudas revela deficiencias en los dispositivos de seguridad adoptados por las accionadas, quienes no eran superadas en número de unidades activas, pero no contaban con vehículos para movilizarse rápidamente ni con equipos de comunicación que permitieran una reacción coordinada entre las tropas. No se tuvo en cuenta que, pese a los homicidios de dos concejales en meses anteriores, se encontraba el pleno de los cabildantes sesionando y aun así no se aumentó el pie de fuerza dentro del “anillo de seguridad” del barrio Puerto Limón, en el que se ubicaba la sede provisional de la corporación pública.
También advierte la Sala deficiencias en las labores de inteligencia, pues, los subversivos hicieron uso del “elemento sorpresa” para perpetrar el atroz atentando y se valieron del hecho de que justo el día anterior se había realizado un simulacro de toma guerrillera en el parque principal, por lo que las explosiones y disparos de proyectiles hicieron creer a la población en general que se trataba de otro ejercicio de prevención.
Así las cosas, se advierte una omisión de las entidades demandadas de sus funciones constitucionales. En efecto, el artículo 217 superior en su segundo inciso establece como finalidad primordial de las fuerzas militares “la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”, soberanía e integridad del territorio que claramente se constituían en el objetivo principal de la guerrilla con el mencionado ataque, y que se tradujo en la muerte de las autoridades municipales, autoridades que, en todo caso, eran ciudadanos comprometidos con el orden constitucional vigente, si se considera que no obstante las amenazas en su contra, resolvieron seguir prestando sus servicios a la comunidad, como expresión de rechazo al terrorismo que representaban dichas intimidaciones.
De otro lado, el artículo 218 ibídem prevé como fin primordial de la Policía Nacional –cuerpo armado permanente de naturaleza civil– “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”; supuesto normativo que claramente fue desconocido por la entidad, de donde resultan defraudados sus estándares funcionales constitucionales. Ello es así, en atención a que esta, al igual que el Ejército Nacional, contaban con todas las posibilidades del caso para evitar la ejecución de la masacre del 24 de mayo de 2005, máxime si la estación de Policía se ubicaba a unos escasos 30 metros de donde ocurrió el atroz crimen, tal y como quedó acreditado.
En ese orden de ideas, se tiene por demostrada la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional, por omisión.
Demostrada la responsabilidad, se procederá a revisar la liquidación de perjuicios efectuada por el a quo, con el propósito de establecer si la indemnización reconocida a favor de los demandantes se ajusta a los parámetros fijados por esta corporación, siempre y cuando no resulten desfavorable para el extremo pasivo de la litis, en atención a que es apelante único.
4.1. Expediente 2005-00429.
Con base en las pruebas practicadas dentro del trámite contencioso, se tiene acreditado que los señores Lucila Ramírez Marín, Juan Carlos, Ana María, Luz Miryam y Elizabeth Villegas Ramírez eran, respectivamente, la compañera permanente e hijos del occiso Willard Villegas González, así, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse razonablemente que los demandantes padecieron una afección de orden moral por la muerte de su compañero estable y padre.
Ahora bien, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala Plena de esta Sección –sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, Expediente 26.251–, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado –caso de muerte del padre, hijo, cónyuge o compañero sentimental–, se reconoce una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En cuanto a las relaciones afectivas del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos) se reconoce una indemnización equivalente a 50 salarios mínimos mensuales vigentes.
Por lo anterior se advierte la suma de cien (100) s.m.l.m.v. a favor de cada uno de estos demandantes, reconocida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, se ajusta a los a los derroteros establecidos en la sentencia de unificación; por tanto será confirmada.
El fallo de primer grado reconoció a favor de la señora Lucila Ramírez Marín, la suma setenta y dos millones quinientos catorce mil doscientos dos pesos ($72.514.202). Para tal efecto, tomó como base el s.m.l.m.v. del año 2008 ($461.500), en tanto no se acreditó la asignación mensual del señor Villegas González, a esta suma se le adicionó el 25% equivalente a prestaciones sociales ($576.875) y se le restó el 25% que la víctima habría destinado sus gastos personales ($432.656).
Del periodo consolidado, comprendido entre la fecha del deceso y la de la sentencia de primer grado, resultó el valor de veinte millones trescientos dos mil doscientos setenta y nueve pesos ($20.302.279), y del período futuro, comprendido entre el día siguiente de la sentencia de primera instancia y hasta la expectativa de vida del señor Villegas González, la suma de cuarenta y siete millones cuatrocientos treinta y un mil ciento siete pesos ($47.431.107). De la suma de los valores obtenidos en ambos períodos, resulta la cantidad de sesenta y siete millones setecientos treinta y tres mil trescientos ochenta y seis pesos ($67.733.386); no obstante el tribunal consideró que esta suma tenía un resultado de setenta y dos millones quinientos catorce mil doscientos dos mil pesos ($72.514.202).
En ese orden, se tomará la primera suma mencionada ($67.733.386), en tanto que es el resultado de una operación aritmética y no de una conjetura sin sustento matemático. Suma que será actualizada a la fecha de esta decisión.
También se descontará otro 25% que la víctima destinaría para sus propios gastos, en atención a que para el momento de fallecer, sus hijos eran mayores de 25 años(26). Por tanto en el caso concreto, se estima que el porcentaje de los ingresos que este destinaría para su subsistencia debe ser de un 50%, luego a la suma a actualizar se le descontará otro 25% que no fue advertido por el a-quo. La actualización de la condena se hará con aplicación de la siguiente fórmula:
Rh = Renta histórica, $67.733.386
Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 136,12 que es el correspondiente a febrero de 2017, a falta del índice del mes de marzo de 2017
Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 100,00 que es el que correspondió al mes de diciembre de 2008, fecha de expedición de la sentencia de primera instancia
Ra= $67.733.386 136,12 = $ 92.198.685
Ahora bien, como ya se anunció, a la anterior suma le será descontado un 25% ($22.230.097,28) que no fue tenido en cuenta por el Tribunal Administrativo del Caquetá y que tiene lugar, dadas las condiciones familiares del señor Willard Villegas González al momento de su deceso, esto es, que sus hijos eran mayores de 25 años. Operación de la que resulta el valor final de sesenta y nueve millones ciento cuarenta y nueve mil trece pesos con ocho centavos ($69.149.013,8) por concepto de lucro cesante a favor de la señora Lucila Ramírez Marín.
4.2. Expediente 2006-00400.
Se tiene acreditado que la señora Olga Lucía Tovar González y la menor Ximena Alexandra Olarte Tovar eran, respectivamente, la cónyuge e hija del occiso Ausencio Olarte Flórez, así, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse razonablemente que los demandantes padecieron una afección de orden moral por la muerte de su compañero sentimental y padre.
Ahora bien, conforme al criterio jurisprudencial antes referenciado, se confirmará la suma equivalente en pesos a cien (100) s.m.l.m.v., reconocida por el a-quo a favor de las mencionadas demandantes, para cada una.
El Consejo de Estado en materia de indemnización por esta modalidad, tratándose del deceso del padre de familia, ha entendido que aquel contribuye al sostenimiento de sus hijos hasta que estos cumplen los 25 años, pues se presume a que partir de dicha edad forman su propio hogar(27). No obstante, el Tribunal Administrativo del Caquetá consideró en el fallo recurrido que esta indemnización procede solo hasta que los hijos menores cumplen 18 años de edad, circunstancia que no fue recurrida por la actora. De otro lado, en reciente sentencia de unificación, la Sala Plena de esta Sección sostuvo una vez los hijos cumplan 25 años de edad, la indemnización que de ellos se deja de recibir deberá acrecer a la de la cónyuge y/o compañera supérstite(28).
Sin embargo, dadas las condiciones en que se surte esta instancia, no se dará aplicación a la referida decisión de unificación, por cuanto ello implicaría un incremento considerable en la condena impuesta en contra de la Nación, quien es apelante único.
En ese orden de ideas se procederá a actualizar la indemnización reconocida por el a-quo a las mencionadas actoras por concepto de lucro cesante.
(i) La indemnización a favor de Olga Lucía Tovar González se efectuó por dos períodos, consolidado y futuro. Por el primero se le concedió el valor de $10.151.139 y por el segundo la suma de $36.912.025, para un total de $47.063.164.
La actualización se hará con aplicación de la siguiente fórmula:
Rh = Renta histórica, $47.063.164
Ra= $47.063.164 136,12 = $ 64.062.378,84
(ii) La indemnización a favor de Ximena Alexandra Olarte Tovar también se efectuó en dos períodos. Por el consolidado se le reconoció el valor de $10.151.139 y por el futuro $16.053.761, para un total de $26.204.900, suma que será actualizada:
Ra= $26.204.900 136,12 = $ 35.670.109,88
4.3. Expediente 2005-00431.
Se tiene acreditado que los señores Liz Claudia Puerta Oliveros, Danika Lizeth Collazos Puerta, Elena Betancourth de Collazos, Waldino Collazos Trujillo, Luis Emidio, Waldino, Dagoberto y Deiby Johana Collazos Betancourth eran, respectivamente, la cónyuge, hija, madre, padre y hermanos del occiso Gerardo Collazos Betancourth(29), así, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse razonablemente que los demandantes padecieron una afección de orden moral por la muerte de su cónyuge, padre, hijo y hermano.
En ese orden, y en atención al criterio jurisprudencial puesto de presente en páginas precedentes, se confirmará lo reconocido por el tribunal en relación con los señores Liz Claudia Puerta Oliveros, Danika Lizeth Collazos Puerta, Elena Betancourth de Collazos y Waldino Collazos Trujillo, esto es, la suma equivalente en pesos a cien (100) s.m.l.m.v., a favor de cada uno; de otro lado, se modificará lo reconocido a los señores Luis Emidio, Waldino, Dagoberto y Deiby Johana Collazos Betancourth (100 s.m.l.m.v.), y se le concederá indemnización por este perjuicio en el equivalente en pesos a cincuenta (50) s.m.l.m.v., para cada uno.
El a quo también reconoció la suma de cincuenta (50) s.m.l.m.v. a favor de las demandantes Liz Claudia Puerta Oliveros y Danika Lizeth Collazos Puerta, por el perjuicio que consideró demostrado y denominó “daño a la vida en relación”. Al respecto se debe poner de presente la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de esta Sección el 28 de agosto de 2014(30):
(…). Se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2001, Exp. 19.031 y 38.222 (…) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida en relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (…).
Ahora bien, del análisis del material probatorio que obra en el plenario, la Sala no encuentra demostrada una lesión en la integridad física de las mencionadas actoras, tampoco una afectación psíquica diferente de la dolor moral el deceso de su cónyuge y padre les ocasionó, motivo por el cual la indemnización reconocida en ese sentido por el fallador de primera grado será revocada en esta instancia.
Con las precisiones hechas anteriormente, relativas a la non reformatio in pejus, la no aplicabilidad de la sentencia de unificación sobre acrecimiento en la liquidación del lucro cesante y el reconocimiento de este perjuicio a los hijos menores hasta que cumplan los 18 años de edad, conforme lo consideró el tribunal y no se controvirtió, se procederá a actualizar la indemnización que por este perjuicio se reconoció en favor de las señoras Liz Claudia Puerta Oliveros y Danika Lizeth Collazos Puerta.
(i) La indemnización a favor de Liz Claudia Puerta Oliveros se efectuó en dos períodos. Por el consolidado se le reconoció el valor de $10.151.139 y por el futuro $39.987.962, para un total de $49.987.692, suma que será actualizada:
Ra = $49.987.692 136,12 = $ 68.043.246,36
(ii) La indemnización a favor de Danika Lizeth Collazos Puerta también se efectuó en dos períodos. Por el consolidado se le reconoció el valor de $10.151.139 y por el futuro $3.215.516, para un total de $13.366.655, suma que será actualizada:
Ra = $13.366.655 136,12 = $ 18.194.690,79
4.4. Expediente 2005-00430.
Se tiene acreditado que Encarnación Perdomo Ramírez, Jannise Lorena, Yorly Vanessa, Wendy Yolani y Alexandra Rodríguez Perdomo eran, respectivamente, la cónyuge e hijas del occiso Hermans Rodríguez Carabalí(31), así, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse que padecieron una afección de orden moral por la muerte de su cónyuge y padre.
En ese orden, y en atención al criterio jurisprudencial a que se ha hecho referencia reiteradamente, se confirmará lo reconocido por el tribunal, esto es, se concederá a favor de cada una de ellas la suma equivalente en pesos a cien (100) s.m.l.m.v.
Con las precisiones hechas anteriormente, se actualizarán las sumas reconocidas en favor de las mencionadas actoras en la primera instancia por este concepto. Sin embargo, debe precisarse que el a quo utilizó como renta base de indemnización el salario que el señor Rodríguez Carabalí devengaba al momento de su muerte, como secretario del Concejo Municipal de Puerto Rico (Caquetá), esto es, la suma de novecientos cincuenta y tres mil seiscientos veintidós pesos ($953.622)(32) y no el s.m.l.m.v. que actualizada a diciembre de 2008 y restado el 25% que el finado destinaría para los gatos propios, resulta en $1.069.077,82. El 50% ($534.538,91) se asignó a su cónyuge, la señora Encarnación Perdomo Ramírez y el otro 50% entre cada una de sus hijas por partes iguales ($133.634,73).
(i) La indemnización a favor de Encarnación Perdomo Ramírez se realizó en dos períodos. Por el consolidado se le reconoció el valor de $25.083.096 y por el futuro $92.180.098, para un total de $117.263.194, suma que será actualizada:
Ra= $117.263.194 136,12 = $159.618.659,67
(ii) La indemnización a favor de Jannise Lorena Rodríguez Perdomo se hizo solo por un período consolidado en el que se le reconoció el valor de $524.865 y que será actualizado:
Ra = $524.865 136,12 = $714.446.24
(iii) La indemnización a favor de Yorli Vanessa Rodríguez Perdomo se hizo solo por un período consolidado en el que se le reconoció la suma de $2.804.363 y que será actualizada:
Ra = $2.804.363 136,12 = $3.817.298,92
(iv) La indemnización a favor de Wendy Yolani Rodríguez Perdomo se efectuó por los períodos consolidado y futuro. En el primero se le concedió la suma de $6.270.774 y en el segundo $2.737.805, para un total de $9.008.579, valor que será actualizado:
Ra = $9.008.579 136,12 = $12.262.477.73
(v) La indemnización a favor de Alexandra Rodríguez Perdomo también se llevó a cabo por los períodos consolidado y futuro. En el primero se le concedió la suma de $6.270.774 y en el segundo $15.043.173, para un total de $21.313.946, valor que será actualizado:
Ra = $21.313.946 136,12 = $29.012.543,30
4.5. Expediente 2006-00399.
Se tiene acreditado que la señora Leibnitz Collazos Betancourth sufrió graves lesiones en su cuerpo, inclusive que le fue practicada amputación proximal del quinto dedo de su mano izquierda, al tiempo que tuvo que ver como moría su hermano, el concejal Gerardo Collazos Betancourth, pues, cómo se demostró, esta se encontraba en el lugar de los hechos cubriendo la sesión ordinaria del cabildo; luego, esta demandante acude al proceso como víctima directa y como hermana de una de las víctimas mortales del atentado del 25 de mayo de 2005.
Ahora bien, al respecto, el a quo consideró lo siguiente:
Ahora, como la señora Leibnitz Collazos Betancourth ha recibido una mayor afección de su aspecto psíquico y moral, pues no solo ha padecido los dolores y sufrimientos que las lesiones le causaron y los tratamientos médicos y quirúrgicos que ha debido realizarse para la recuperación de su salud, también ha sufrido por su merma física y a ello se aúna la pérdida de su hermano el concejal Gerardo Collazos Betancourth y el desplazamiento de que fuera objeto hacia la república del Canadá, el Tribunal en equidad ordena que se le pague por el ente demandado (sic), el equivalente en pesos de trecientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes al tiempo que se produzca su pago.
Sobre el particular, se advierte que la Sala Plena de esta Sección en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, sostuvo:
Procede la Sala Plena de la Sección Tercera a unificar su jurisprudencia en torno a los perjuicios morales a reconocer a la víctima directa y sus familiares en caso de lesiones personales (…). Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos (…).Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (primer grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 s.m.l.m.v. cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 80 s.m.l.m.v. en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual al 40%; a 60 s.m.l.m.v. cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 s.m.l.m.v. cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 s.m.l.m.v. cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 s.m.l.m.v. en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 1% e inferior al 10% (…).
Al momento de analizar la configuración del daño(33), se hizo referencia a las lesiones sufridas por la señora Leibnitz Collazos Betancourth, consistentes en la amputación del quinto dedo de su mano izquierda, fracturas en su mano derecha y fémur de la rodilla izquierda.
También puede leerse de la historia clínica procedente del Centro Hospitalario Regional de Trois-Riviére (fls. 288-289, c. ppal.), allegada por la parte actora y decretada como prueba oficiosa(34) en esta instancia, al igual que su traducción oficial (fls. 387-396, c. ppal.)(35), lo siguiente –se destaca–:
Pulmones P.A. y lateral:
Presencia de un cuerpo extraño metálico que mide aproximadamente 2 centímetros y está situado en la región torácica posterior izquierda.
Un segundo cuerpo extraño que mide cerca de 6 milímetros y está situado a nivel hemitórax izquierdo.
Tanto en la imagen tomada de frente como en la imagen tomada de perfil, estos cuerpos extraños aparecen intraparenquimosos, sin embargo no hay ningún neumotórax asociado lo cual es particular.
Por otra parte se nota la presencia de una tercera pequeña imagen de densidad metálica, de alrededor de 2.5 milímetros, visible en la imagen tomada de frente, pero más difícil de ver en la imagen tomada de perfil.
Se presenta una modificación importante a nivel del fémur distal, cuyo aspecto sugiere un traumatismo antiguo. Se debe correlacionar con la historia del paciente.
Mano y puño izquierdos:
Flexum a nivel de las articulaciones inter falángicas proximal y distal del segundo dedo. Amputación del quinto (5º) dedo desde el eje proximal del metacarpo.
Reducción abierta con la ayuda de una placa y de un tornillo a nivel del carpo-metacarpo en el primer (1º) y segundo (2º) dedo.
Múltiples pequeños cuerpos extraños metálicos en los tejidos blandos vecinos.
Esta joven mujer de 24 años presenta, consecuencia de un lamentable accidente ocurrido cuando residía en Colombia, fue víctima de varios balazos que penetraron violentamente en su rodilla izquierda. Todo parece indicar que el proyectil habría fracturado la parte posterior del cóndilo femoral interno para salir del otro lado de la pierna. Afortunadamente, no hubo lesión vascular nerviosa, pero esta paciente presenta actualmente una especie de artrosis de una fractura que está en el sentido coronal de la parte posterior del cóndilo femoral interno. Esta fractura parece móvil y no consolidada y crea un dolor especialmente en la flexión pasiva. Ella puede apoyarse, considerando que la parte portadora del cóndilo parece seguir con la metáfisis. Hay una sinovitis reactiva, mucho dolor y una impotencia funcional significativa.
Igualmente noté una lesión a mi parecer aún más grave a nivel de su mano izquierda donde otro proyectil le habría roto varios metacarpos con un alcance irreversible del nervio mediano ya que hay una atrofia severa del eminente tenar con una pérdida mayor a su función, una atrofia y fenómenos de algo distrofia en fase 4 por lo cual, una mano prácticamente impotente con una contractura en flexión irreductible de la inter falange proximal del dedo índice. Desaparición por amputación de todo el quinto (5º) rayo a partir del tercio proximal del quinto (5º) metacarpo. No hubo cirugía en Bogotá y se procedió, parecería ser, a una artrodesis de fractura conminuta intra carpo en la base del primer y segundo metacarpos, pero no creo que esta cirugía pueda ayudar a la función en el caso de esta paciente. Se trata de una mano prácticamente impotente e investigaremos todo más a fondo (…). Se trata de un caso muy complejo que podría requerir una valoración mucho más especializada. Volveré a ver esta paciente en varias citas para determinar el mejor tratamiento que se le deba ofrecer considerando que presenta un caso de minusvalidez muy avanzado para su corta edad(36).
Si bien en el anterior documento no se consigna un determinado porcentaje de incapacidad laboral, lo cierto es que de la lectura del mismo resulta evidente concluir que este es superior al 50%. Ello es así, por cuanto es posible advertir que la señora Leibnitz Collazos Betancourth presenta una fractura en el sentido coronal de la parte posterior del cóndilo femoral interno (extremo que bordea el hueso de la rodilla) izquierdo, el cual le genera “un dolor especialmente en la flexión pasiva”, es decir que presenta dificultad al momento de apoyar su extremidad inferior izquierda, lo que se traduce en problemas de movilidad, pues pone de presente el concepto médico en referencia sobre “una impotencia funcional significativa”. Asimismo advierte el documento, decretado como prueba de oficio, algo que resulta “aún más grave a nivel de su mano izquierda donde otro proyectil le habría roto varios metacarpos con un alcance irreversible del nervio mediano ya que hay una atrofia severa del eminente tenar con una pérdida mayor a su función, una atrofia y fenómenos de algo distrofia en fase 4 por lo cual, una mano prácticamente impotente con una contractura en flexión irreductible de la inter falange proximal del dedo índice”, por lo que estamos en presencia, además, de otra pérdida funcional y no sólo de la amputación de una falange (pérdida anatómica), luego, si se considera la profesión de la demandante (periodista), se tiene que las lesiones que le fueron causadas le representan una dificultad de alta consideración en el desarrollo de actividades que le permitan obtener su sustento de vida. Lo anterior, aunado a las molestias que le debe generar la presencia de cuerpos extraños metálicos en sus pulmones, consecuencia del atentado de que fue víctima.
De otro lado, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse que padeció una afección de orden moral por la muerte de su hermano, la cual ocurrió en su presencia, inclusive, se sabe que la demandante intentó salvar su vida tratando de sacarlo del recinto en que se ejecutó la masacre, toda vez que este se movilizaba en silla de ruedas.
También se conoce que, dadas las amenazas en contra de su vida y del atentado sufrido, la demandante se vio en la obligación de trasladarse a Canadá, país en el que actualmente reside; ello necesariamente se traduce en un perjuicio, en la medida en que tuvo que separarse de su familia y dejar a un lado sus proyectos de vida en este país. Perjuicio que también será reparado por la Sala.
Corolario de la anterior, la suma de trescientos (300) s.m.l.m.v. reconocida por el a-quo será confirmada, pues se trata de un caso de especial vulneración de los derechos humanos, en el que la víctima, además de haber sufrido graves lesiones en su integridad física y psíquica, tuvo la necesidad de emigrar a otro país, con todo lo que ello implica.
El juez de primer grado reconoció por este concepto, bajo la denominación de daño a la vida en relación, la suma de cien (100) s.m.l.m.v.
Como ya se dijo en páginas precedentes, mediante la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de esta Sección el 28 de agosto de 2014(37), se indicó que “(…) cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida en relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (…).
También resulta pertinente traer a colación sentencia de unificación de la misma fecha(38):
(…) la Sala reitera la posición acogida en las sentencias 19.031 y 38.222 (…), en el sentido de que la regla en materia indemnizatoria, es de 10 a 100 s.m.l.m.v.; sin embargo, en casos de extrema gravedad y excepcionalidad se podrá aumentar hasta 400 s.m.l.m.v., siempre que esté debidamente motivado.
En orden a lo anterior y habida cuenta de la gravedad de las lesiones sufridas, la Sala confirmará la suma de cien (100) s.m.l.m.v. prevista en la decisión de primera instancia.
Por este concepto, la sentencia recurrida resolvió condenar en abstracto, habida cuenta de que no se contaba con un porcentaje de incapacidad laboral establecido. No obstante, en atención a lo considerado para efectos de liquidar el perjuicio moral sufrido por la señora Leibnitz Collazos Betancourth, esto es, que la incapacidad laboral padecida por la actora es superior al 50% y que, en ese orden, se debe indemnizar como si fuera por un 100%, tal como lo dispone el artículo 38 de la Ley 100 de 1993(39), la Sala procederá a indemnizar este perjuicio. La renta base de indemnización será la fijada por el a quo para el trámite incidental:
(…) se procederá a liquidar lo dejado de percibir desde que sufrió las lesiones corporales, una vez acredite la incapacidad médica sufrida y la disminución de su capacidad laboral, ya que los ingresos mensuales que percibía para la fecha del atentado se probaron en la suma de $850.000 (fl. 2., c. 1, rad. 2006-00399-0(40)) y con base en él, debidamente actualizado y complementado, se hará la correspondiente liquidación del lucro cesante –se destaca–.
En ese orden, al salario base de liquidación ($850.000) se le adicionará un 25 por ciento por concepto de prestaciones sociales (1.062.500), cifra que será actualizada sin que ello se traduzca en una vulneración del principio de la non reformatio in pejus; por el contrario, en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, tendientes a evitar un trámite incidental que prolongaría innecesariamente el acceso a un recurso judicial efectivo (art. 14 Pacto de Derechos Civiles y Políticos) y a la continuidad de los intereses civiles que se aplican a las fórmulas de matemáticas financieras aplicadas por la jurisprudencia. También en cumplimiento de lo expresamente ordenado por el a-quo en el aparte transcrito anteriormente.
Rh = Renta histórica, $1.062.500
Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 136,12 que es el correspondiente a febrero de 2017, a falta del índice del mes de marzo de 2017.
Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 83,36 que es el que correspondió al mes de junio de 2005, fecha de expedición de la certificación de ingresos de la actora, visible a folio a 2 del cuaderno Nº 3.
Ra = $1.062.500 136,12 = $ 1.734.974,81
La indemnización se hará por dos períodos, uno consolidado comprendido entre la fecha de ocurrencia de los hechos y la correspondiente a la fecha de la presente sentencia, y otro futuro, comprendido desde el día siguiente de esta decisión hasta el momento en que se cumpla la expectativa de vida de la actora, teniendo en cuenta para ello la Resolución 0427 de 1997, proferida por la Superintendencia Bancaria, la cual se encontraba vigente al momento de los lamentables hechos. En ese orden de ideas y comoquiera que conforme al registro civil de nacimiento de la demandante (fl. 15, c. 6), esta tenía 23 años de vida(41), en aplicación de la Resolución 0427 antes referida, se tiene que para el momento de los hechos que ocupan nuestra atención, la expectativa de vida la actora era de 54.50 años, esto es, 654 meses.
Indemnización consolidada
La fórmula aplicable para efectos de la liquidación será:
Ra = Es la renta o ingreso mensual.
n = Número de meses que comprende el período indemnizable.
S = $ 1.734.974,81 (1 + 0,004867)141.7 – 1 = $ 352.803.540,60
Esta se realizará con aplicación de la siguiente formula:
S = Ra (1+0.004867)n-1
Ra = Renta actualizada, es decir $ 1.734.974,81
N = Número de meses transcurridos desde la sentencia hasta el cumplimiento de la expectativa de vida (512,3 meses)
1 = Es una constante
S = $ 1.734.974,81 (1.004867)512.3- 1
i (1.004867)512.3
S = $ 326.842.309,40
Ahora bien, sumados los períodos consolidado y futuro, resulta la suma de seiscientos setenta y nueve millones seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con noventa y nueve centavos ($679.645.849,99) a favor de Leibnitz Collazos Betancourth, por concepto de lucro cesante.
La Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de la parte demandada dentro del proceso, por lo que se abstendrá de condenar por ese concepto.
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
MODIFICAR la sentencia del 12 de diciembre de 2008, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones, la cual quedará así:
1. DECLARAR patrimonial, extracontractual y solidariamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional, de los perjuicios sufridos por los demandantes, con ocasión de la muerte de los señores Hermans Rodríguez Carabalí, Willard Villegas González, Ausencio Olarte Flórez y Gerardo Collazos Betancourth, así como por las lesiones sufridas por Leibnitz Collazos Betancourth.
2. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional, a pagar, por concepto de reparación de perjuicios morales, la suma equivalente en pesos a trescientos (300) s.m.l.m.v. a favor de la señora Leibnitz Collazos Betancourth, cien (100) s.m.l.m.v. a favor de Lucila Ramírez Marín, Juan Carlos, Ana María, Luz Miryam y Elizabeth Villegas Ramírez, Olga Lucía Tovar González, Ximena Alexandra Olarte Tovar, Liz Claudia Puerta Oliveros, Danika Lizeth Collazos Puerta, Elena Betancourth de Collazos, Waldino Collazos Trujillo, Encarnación Perdomo Ramírez, Jannise Lorena, Yorly Vanessa, Wendy Yolani y Alexandra Rodríguez Perdomo, para cada uno y, a cincuenta (50) s.m.l.m.v. a favor de los señores Luis Emidio, Waldino, Dagoberto y Deiby Johana Collazos Betancourth, para cada uno.
3. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional, a pagar, por concepto de reparación del daño a la salud, la suma equivalente en pesos a cien (100) s.m.l.m.v. a favor de la señora Leibnitz Collazos Betancourth.
4. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional, a pagar, por concepto de reparación de los daños materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de: (i) Lucila Ramírez Marín la suma de sesenta y nueve millones ciento cuarenta nueve mil trece pesos con ocho centavos ($69.149.013,8); (ii) Olga Lucía Tovar González la suma de sesenta y cuatro millones sesenta y dos mil trescientos setenta y ocho pesos con ochenta y cuatro centavos ($64.062.378,84); (iii) Ximena Alexandra Olarte Tovar la suma de treinta y cinco millones seiscientos setenta mil ciento nueve pesos con ochenta y ocho centavos ($35.670.109,88); (iv) Liz Claudia Puerta Oliveros la suma de sesenta y ocho millones cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y seis pesos con treinta y seis centavos ($68.043.246,36); (v) Danika Lizeth Collazos Puerta la suma de dieciocho millones ciento noventa y cuatro mil seiscientos noventa pesos con setenta y nueve centavos ($18.194.690,79); (vi) Encarnación Perdomo Ramírez la suma de ciento cincuenta y nueve millones seiscientos dieciocho mil seiscientos cincuenta y nueve pesos con sesenta y siete centavos ($159.618.659,67); (vii) Jannise Lorena Rodríguez Perdomo la suma de setecientos catorce mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos con veinticuatro centavos ($714.446.24); (viii) Yorli Vanessa Rodríguez Perdomo la suma de tres millones ochocientos diecisiete mil doscientos noventa y ocho pesos con noventa y dos centavos ($3.817.298,92); (ix) Wendy Yolani Rodríguez Perdomo la suma de doce millones doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos setenta y siete pesos con setenta y tres centavos ($12.262.477,73); (x) Alexandra Rodríguez Perdomo la suma de veintinueve millones doce mil quinientos cuarenta y tres pesos con treinta centavos ($29.012.543,30) y, (xi) Leibnitz Collazos Betancourth la suma de seiscientos setenta y nueve millones seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con noventa y nueve centavos ($679.645.849,99).
5. Denegar las demás pretensiones formuladas por la parte actora.
7. Expedir por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial.
8. La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.
11 El 11 de octubre de 2005 y el 20 de junio de 2006, fechas en que se presentaron las demandas acumuladas, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa fuera conocido en segunda instancia por esta corporación era de $51.730.000 y $72.430.000, respectivamente –artículos 129 y 132 del C.C.A. subrogados por el Decreto 597 de 1988– y la mayor de las pretensiones de la demanda radicada con el Nº 2005-429, fue estimada en la suma de $228.900.000, como perjuicios morales a favor de la señora Lucila Ramírez Marín.
12 Sentencia de 2 de marzo de 2000, Exp. 11.945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 29 de julio de 2013, Nº interno 24.496, C.P. Danilo Rojas Betancourth (E) y del 13 de noviembre de 2014, Nº interno 33.269, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
14 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 19 de noviembre de 1999, serie C Nº 63, párr. 144; Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, sentencia de 30 de noviembre de 2012, serie C Nº 259, párr. 188-190; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, sentencia de 25 de octubre de 2012, serie C Nº 252, párr. 145.
15 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, serie C Nº 4, párr. 166; Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, cit., párr. 189; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, cit., párr. 144.
16 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Osman vs. Reino Unido, demanda Nº 87/1997/871/1083, sentencia de 28 de octubre de 1998, párr. 115 y 116; Caso Kiliç vs. Turquía, demanda Nº 22492/93, sentencia de 28 de marzo de 2000, párr. 62 y 63; Caso Öneryildiz vs. Turquía, demanda Nº 48939/99, sentencia de 30 de noviembre de 2004, párr. 93.
17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, serie C Nº 140, párr. 123-124; Caso Castillo González y otros vs. Venezuela, sentencia de 27 de noviembre de 2012, serie C Nº 256, párr. 128-129; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008, serie C Nº 192, párr. 78.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2013, Exp. 30522, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 25 de mayo de 2011, Exp. 18747, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de noviembre de 2006, Exp. 16626, C.P. Alier Hernández Enríquez.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de junio de 1997, Exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 1997, Exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2012, Exp. 22373, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
23 [6] “Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, Exp. 9040, C.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, Exp. 9266, C.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, Exp. 9459, C.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, Exp. 10.920, C.P. Jesús María Carrillo”.
24 [7] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2007, Exp. 16.894, C.P. Enrique Gil Botero. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 19 de junio de 1997, Exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández, de 27 de marzo de 2008, Exp. 16.234, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, de 25 de febrero de 2009, Exp. 18.106, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 1º de abril de 2009, Exp. 16.836, C.P. Ruth Stella Correa Palacio”.
25 En un mismo sentido declaró el señor Luis Enrique Fierro Imbachí, también concejal de la mencionada localidad para la época de los hechos (fls. 302-312, c. 4).
26 Sobre el particular, vale aclarar respecto de la señora Ana María Villegas Ramírez, quien acudió al proceso como hija incapaz del occiso, que no demostró la incapacidad permanente alegada y así lo consideró el a-quo, situación que no fue controvertida.
27 Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 14 de marzo de 2012, Exp. 22632, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
28 Sentencia de unificación de jurisprudencia del 22 de abril de 2015 CE-SUJ-3-001 de 2015, Exp. 19.146, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
29 En relación con la demandante Leibnitz Collazos Betancourth, quien también acreditó la calidad de hermana del occiso, la Sala se pronunciará al momento de estudiar la liquidación de perjuicios dentro del Expediente 2006-00399, de tal manera que se unifiquen los perjuicios sufridos por esta.
30 Exp. 28.832, C. P. Danilo Rojas Betancourth.
31 Se reitera que el tribunal denegó las pretensiones en relación con los demandantes Ana Julia Carabalí de Rodríguez, Enrique Rodríguez Carabalí y Ceneida Rodríguez de Lucumi, quienes acudieron al proceso aduciendo la calidad de madre y hermanos del occiso, respectivamente. Ello en cuanto consideró que al no aportarse el registro civil de nacimiento del mismo, no era posible determinar el vínculo de parentesco.
32 Conforme se acreditó mediante certificación del 13 de junio de 2005 suscrita por el alcalde municipal de Puerto Rico, Caquetá, en la que se hace constar “[q]ue el señor Hermans Rodríguez Carabalí, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 16.375.092 expedida en Jamundí Valle, quien se desempeñaba como secretario general tesorero pagador del Concejo Municipal del municipio de Puerto Rico Caquetá, devengaba un salario mensual por la suma de novecientos cincuenta y tres mil seiscientos veintidós pesos m/cte. ($953.622)” (fl. 38, c. 8):
33 Ver página 15.
34 Mediante proveído del 29 de septiembre de 2015, visible a 383 que antecede.
35 A través de auto del 3 de diciembre de 2015 se ordenó poner los referidos documentos en conocimiento de la parte demandada, a efectos de que ejerciera su derecho de contradicción. La Nación guardó silencio.
36 Este concepto médico fue consignado por el ortopedista Martin Milot.
37 Exp. 28.832, C. P. Danilo Rojas Betancourth.
38 Exp. 31.170, C. P. Enrique Gil Botero.
39 “Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.
40 Folio que hace referencia a la certificación expedida por el representante legal de LA Asociación de Medios de Comunicación Comunitaria de Puerto Rico ASOMECOT, entidad para la que laboraba la demandante en la fecha de los lamentables hechos.
41 El mencionado registro civil indica como fecha de su nacimiento el 30 de septiembre de 1981.