Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-22-setiembre-2005-ministerio-de-justicia-111897
Timestamp: 2016-10-24 10:02:42
Document Index: 10452552

Matched Legal Cases: ['artículo 98', 'e contrario', 'artículo 274', 'artículo 103', 'artículo 7', 'artículo 327', 'artículo 103', 'artículo 107', 'artículo 89']

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Cuenca don Jesús Domínguez Rubira, contra la negativa de la registradora de la propiedad interina de Tarancón a inscribir una escritura de compraventa
RESOLUCION de 22 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Cuenca don Jesús Domínguez Rubira, contra la negativa de la registradora de la propiedad interina de Tarancón a inscribir una escritura de compraventa Mis Leyes
RESOLUCION de 22 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Cuenca don Jesús Domínguez Rubira, contra la negativa de la registradora de la propiedad interina de Tarancón a inscribir una escritura de compraventa Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Cuenca don Jesús Domínguez Rubira, contra la negativa de la registradora de la propiedad interina de Tarancón a inscribir una escritura de compraventa.
En el recurso interpuesto por el Notario de Cuenca don Jesús Domínguez Rubira contra la negativa de la Registradora de la Propiedad interina de Tarancón, doña Beatriz Corredor Sierra, a inscribir una escritura de compraventa.
El día 8 de abril de 2005 don Jesús Domínguez Rubira, Notario de Cuenca, autorizó una escritura de compraventa en cuyo otorgamiento uno de los vendedores D.ª M.E.C.A.-T. intervenía en su propio nombre y derecho y, además en representación de don A.C.A.-T. En dicha escritura se expresa que este Sr. interviene «en virtud de poder autorizado por el Notario de Tarancón don José Ortiz García, el 30 de junio de 1977, número de protocolo 1033, de cuya copia autorizada que tengo a la vista resultan facultades, que juzgo, bajo mi responsabilidad, suficientes para el otorgamiento de esta escritura de compraventa».
El título se presentó en el Registro de la Propiedad de Tarancón el 18 de mayo de 2005, causando asiento 1059 del Diario 51, y fue objeto de calificación negativa, con fecha 6 de junio de 2005, porque, según se expresa por la Registradora respecto del único defecto que es objeto del presente recurso, «no se hace relación somera y suficiente de las facultades de la representante D.ª M.E.C.A.-T., que comparece como apoderada de D.ª A.C.A.-T., y no hay congruencia en el juicio de suficiencia emitido por el señor Notario; así, sin ánimo de exhaustividad, no se especifica si las facultades para vender son de carácter general o especial, limitadas a determinado inmuebles o inmuebles o a participaciones indivisas; ni si tiene la representante facultades de decisión sobre la cuantía y forma de pago del precio; ni si tales facultades se han otorgado aun cuando exista conflicto de intereses o se incida en la figura jurídica de la autocontratación, ni tampoco si goza la apoderada de facultades para declarar excesos de cabida relativos a la finca de que se trata». Y basa dicha calificación en los siguientes fundamentos de derecho:
6. La Ley 24/2001 no ha modificado el régimen de calificación del Registrador (cfr. artículos 98 de dicha Ley y 18 de la Ley Hipotecaria), y así resulta de la Resolución de esta Dirección General de 12 de abril de 2002, que, a su juicio, exige: a) identificación del documento del que surja la representación, su fecha y Notario autorizante; b) relación somera pero suficiente de las facultades representativas; y c) juicio de suficiencia efectuado por el Notario. El juicio de suficiencia de las facultades representa tivas es un juicio que ha de estar motivado en términos que permitan al calificar la representación.
Según consta en el informe de la Registradora y reconoce el Notario autorizante en el propio recurso, la calificación se le notificó el día 14 de junio de 2005.
Por medio de escrito enviado por vía postal el 16 de junio de 2005, que tuvo entrada en el Registro de la Propiedad de Tarancón el mismo día, según expresa el informe de la Registradora, el Notario autorizante de la escritura calificada interpuso recurso gubernativo contra la calificación, con base en los siguientes argumentos: 1.º La existencia de numerosas resoluciones de este Centro Directivo, especialmente la de 22 de septiembre de 2004, que han interpretado el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en un sentido claramente contrario al mantenido por la Registradora, aduciendo el carácter vinculante de esas resoluciones mientras no se anulen por los Tribunales; 2.º En sentido análogo al de dichas Resoluciones se ha pronunciado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Seis de Santa Cruz de Tenerife de 11 de mayo de 2005; 3.º El mencionado precepto tan sólo exige al Notario que reseñe los datos del documento auténtico del que surgen las facultades representativas, que incluya un juicio de suficiencia acerca de esas facultades y que ese juicio sea congruente con el negocio jurídico documentado en la escritura en la que se actúan tales facultades representativas. Ambos requisitos se cumplen en el presente caso.
La Registradora de la Propiedad emitió su preceptivo informe y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escritos de 17 de junio de 2005, que tuvieron entrada en este Centro el día 22 del mismo mes.
Pues bien, comenzando por el análisis de la primera razón, resulta palmario que el Registrador es un funcionario público (artículo 274 de la Ley Hipotecaria) al que le está vedado criticar, desconocer o comentar, en su calificación o, en su caso, en el informe, las resoluciones de su superior jerárquico, es decir, de este Centro Directivo; y ello, como le ocurre a cualquier otro funcionario público, pues uno de los principios básicos de organización administrativa es el de jerarquía (artículo 103.3 de la Constitución). Por otra parte, sería paradójica y, en cualquier caso, objeto de corrección disciplinaria artículo 7.1 a) del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado-la conducta consistente en que un funcionario, de modo consciente y premeditado, resolviera en sentido contrario al que haya decidido su superior jerárquico, máxime cuando existe un pronunciamiento legal, claro y terminante que atribuye carácter vinculante a las resoluciones de ese superior jerárquico cfr. artículo 327, párrafo décimo, de la Ley Hipotecaria.
Es más, sus manifestaciones carecen del menor valor cuando pretende interpretar del modo que cree conveniente la Resolución de este Centro Directivo de 12 de abril de 2002, pues precisamente en las Resoluciones que dicha funcionaria inaplica conscientemente se toma como punto de partida aquella Resolución, ya que la doctrina de este Centro Directivo ha sido siempre la misma. Resulta paradójico, cuanto menos, que la funcionaria calificador se arrogue la función de intérprete de esta Dirección General, sosteniendo justo lo contrario de lo que la misma afirmó en la mencionada Resolución, de lo que significa dicha Resolución para este Centro Directivo y de lo que ha mantenido desde entonces. En el mismo sentido, resulta sorprendente que dicha funcionaria calificadora tilde de disposición general a la Resolución vinculante de este Centro Directivo de 12 de abril de 2002, pues resulta evidente que la misma carece de valor normativo alguno, a la luz de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que regula la misma. Así, el sistema de consulta vinculante ha sido tradicionalmente aplicado en otros sectores de nuestro ordenamiento jurídico sin que se haya soste nido en ningún caso que, por ejemplo, cuando la Dirección General de Tributos resuelve con dicho carácter las consultas a las que se refería el artículo 107 de la Ley General Tributaria, de 28 de diciembre de 1963 o el artículo 89 de la vigente Ley 58/2003, de 17 de diciembre, se trate de una norma.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título lo siguiente: «en virtud de poder autorizado por el Notario..., de cuya copia autorizada que tengo a la vista resultan facultades, que juzgo, bajo mi responsabilidad, suficientes para el otorgamiento de esta escritura de compraventa».
Madrid, 22 de septiembre de 2005.La Directora General, Pilar Blancomorales Limones.