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Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 62', 'artículo 22']

Notas de Competencia N.o 6 - Lexology
Notas de Competencia N.o 6
European Union, Spain February 3 2014
La Comisión Europea simplifica el procedimiento de notificación de concentraciones Grupo de Competencia de Gómez-Acebo & Pombo
La Comisión Europea (CE) adoptó el 5 de diciembre del 2013 el Reglamento de ejecución 1269/2013,1 que a su vez modifica el Reglamento 802/2013 por el que se aplica el Reglamento 139/2004 sobre control de concentraciones. El Reglamento 1269/2013, junto con la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración,2 forma parte de un paquete legislativo de la CE por el que se pretende simplificar y agilizar el examen de las concentraciones que probablemente no planteen problemas de competencia, ya que la experiencia demuestra que éstas son muy numerosas. Las modificaciones afectan tanto al procedimiento ordinario de notificación y examen como al abreviado. Las novedades más destacables del Reglamento 1269/2013 son, a grandes rasgos, las siguientes: 1) Extensión del ámbito de aplicación del procedimiento abreviado En primer lugar, los umbrales relativos a los mercados afectados a partir de los cuales las partes deben presentar la notificación siguiendo el procedimiento ordinario y no simplificado han sido elevados: del 15 % al 20 % de la cuota combinada para solapamientos horizontales y del 25 % al 30 % para relaciones verticales. 2) Cambios en la información requerida por la CE a las partes Existen también cambios en la información requerida de las partes a la hora de notificar. Algunos de ellos aligeran la carga de trabajo y la búsqueda previa, en ocasiones excesivamente farragosa para operaciones que no la merecen. Otros, sin embargo, introducen nuevas obligaciones para los notificantes: — Siguiendo la línea marcada por los umbrales para el procedimiento abreviado, la CE ha incrementado correlativamente los umbrales para considerar afectado un mercado y, por lo tanto, para requerir información detallada: del 15 % al 20 % para solapamientos horizontales y del 25 % al 30 % para solapamientos verticales. — La CE publicará cada cierto tiempo en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el número de copias y el formato requeridos de la documentación presentada por las partes. El télex (que, como podemos imaginar, no se usaba desde hace años) se elimina como medio de envío de documentos. — La fase de prenotificación, muy criticada por alargar el procedimiento, se elimina del procedimiento abreviado en los casos en los que no exista solapamiento entre las actividades de las partes. — Finalmente, para las empresas conjuntas o jointventures que operan de forma exclusiva fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) pero que están sujetas a la obligación de notificación por sobrepasar sus matrices los umbrales de notificación, la CE prevé un sistema «supersimplificado» donde se exigirá información mínima sobre la transacción. Hasta aquí las simplificaciones. Pero, como apuntamos más arriba, en determinadas circunstancias la CE también requerirá a partir de ahora nueva información: — En el procedimiento abreviado, si las actividades de las partes se solapan en el EEE, deberán presentarse copias de las presentaciones elaboradas por o para cualquier miembro del consejo de administración, del consejo de dirección o del consejo de vigilancia, o para la junta de accionistas en la que se examinó la concentración notificada. — En el procedimiento ordinario, las partes tendrán que aportar definiciones de mercados alternativos plausibles, además de los que se consideren de referencia, y suministrar informes de los dos años anteriores donde se analicen los mercados afectados. Estas exigencias pueden parecer cuando menos curiosas. Es cierto que se trata de documentos que, normalmente, las partes elaboran internamente a la hora de valorar la operación y preparar una notificación, por lo que su comunicación a la CE no debería plantear dificultades en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, dan en cierto modo la impresión de que la CE traslada a los notificantes lo que debería ser, al menos en parte, su propio trabajo. 3) Introducción de un sistema de dispensa En ambos procedimientos (ordinario y abreviado), en la fase previa a la notificación, se podrá solicitar por escrito a la CE una dispensa de la obligación de proporcionar cierta información cuando las partes consideren que no es necesaria para que la CE examine el asunto. Estas solicitudes deberán presentarse al mismo tiempo que el proyecto de formulario y deberán estar motivadas. La CE identifica ciertas cuestiones susceptibles de dispensa como a) los datos pormenorizados de las adquisiciones de empresas que operen en los mercados afectados llevadas a cabo por el grupo de empresas en los últimos tres años; b) la relación completa de las empresas que operen en los mercados afectados poseídas por el grupo en al menos un 10 %, y c) análisis, informes, estudios, encuestas o documentos comparables de los últimos tres años que analicen los mercados afectados. En conclusión, con respecto al procedimiento abreviado, el nuevo Reglamento 1269/2013 introduce importantes cambios que, prima facie, agilizarán el proceso y facilitarán la tarea a las partes interesadas. Para el formulario ordinario, sin embargo, habrá que esperar a ver cómo la CE aplica el sistema de dispensas para evaluar si la reforma verdaderamente simplifica el proceso o, por el contrario, lo hace más gravoso.
Noticias Mosaico La Comisión Nacional de la Competencia publica su «Memoria de actividades 2012-2013» La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) publica la que será su última memoria de actividades, la correspondiente al ejercicio 2012-2013. En efecto, la CNC, creada por la Ley 15/2007, empezó su actividad en el mes de septiembre del 2007, reemplazando a los anteriores organismos encargados de la defensa de la competencia: el Tribunal de Defensa de la Competencia y el Servicio de Defensa de la Competencia. Estos seis años de existencia de la CNC han supuesto un avance importantísimo en la aplicación de las políticas de competencia, como lo prueban el número de expedientes tramitados, las inspecciones realizadas y la cuantía de las multas impuestas. Asimismo, se ha logrado un desarrollo eficaz de la denominada cultura de la competencia en cuanto a su divulgación y a la concienciación de la opinión pública y de los medios empresariales. Finalmente, hay que resaltar que también se ha logrado consolidar la política de promoción de la competencia como instrumento para introducir su defensa en la agenda pública. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Autoridad de Competencia portuguesa (AdC) refuerzan la cooperación En el mes de noviembre del 2013 se reunieron en Lisboa los presidentes de la CNMC y de la Autoridad de la Competencia portuguesa para reforzar la cooperación en la defensa de la competencia en el mercado ibérico, especialmente en la lucha contra los cárteles. La cooperación entre ambas autoridades continuará durante el 2014, con una nueva edición del Foro Ibérico de la Competencia. Recientemente, la colaboración entre ambas autoridades ha sido crucial para la condena de tres empresas y cinco de sus directivos en el mercado portugués y de otras dos empresas en el mercado español por concertación de precios en el sector de la espuma de poliuretano. La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en el mercado del turrón Inspectores de la CNMC han efectuado registros domiciliarios en las sedes de varias empresas fabricantes de turrón en España ante la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la adopción de acuerdos para la fijación de precios y condiciones comerciales y el reparto del mercado. Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. La CNMC incoa un expediente sancionador contra Telefónica y Yoigo La CNMC ha incoado un expediente sancionador contra Telefónica de España, S. A. U., Telefónica Móviles España, S. A. U. (conjuntamente, Telefónica), y Xfera Móviles, S. A. U. (Yoigo), en relación con determinados acuerdos para el uso o despliegue compartido de redes de telefonía móvil y para la distribución comercial por parte de Yoigo de un producto convergente con sus servicios móviles y los servicios fijos de Telefónica que podrían ser restrictivos de la competencia y, en consecuencia, prohibidos tanto por el derecho comunitario europeo como por el derecho español. La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. La apertura del expediente atiende a las denuncias presentadas por Vodafone España, S. A. U. (Vodafone), y France Telecom España, S. A. U. (Orange). La CNMC lleva a cabo la segunda ronda de inspecciones ante posibles prácticas anticompetitivas en el mercado del papel y del cartón ondulado Durante los días 20 y 21 de noviembre inspectores de la CNMC han efectuado registros domiciliarios en diversas empresas que fabrican papel para elaborar cartón y que fabrican y transforman el cartón ondulado en productos de embalaje y envasado. Las citadas inspecciones se producen en el marco del expediente sancionador incoado el pasado mes de mayo contra la Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO) y once empresas del sector por posibles conductas anticompetitivas consistentes en la formulación de recomendaciones colectivas y en intercambios de información y acuerdos de precios, así como reparto de clientes en los mercados de elaboración de pasta de papel y papel para la fabricación de cartón ondulado y en el mercado de fabricación del cartón ondulado y su transformación en productos de embalaje o envasado. El Tribunal Supremo condena a Ebro Foods a pagar 4,1 millones de euros a catorce empresas víctimas del cártel del azúcar El Tribunal Supremo ha condenado a la empresa productora de azúcar Ebro Foods a pagar más de cuatro millones alimenticios como compensación por los daños causados por la concertación de precios llevada a cabo por las azucareras españolas entre febrero de 1995 y septiembre de 1995 (Sentencia Sala Primera de 7 de noviembre del 2013). La sentencia del Tribunal Supremo revoca la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 3 de octubre del 2011, que, a su vez, había dejado sin efecto la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Madrid de 1 de marzo del 2010, que había declarado la procedencia de la reclamación de daños y perjuicios formulada por las empresas fabricantes de alimentos. La argumentación utilizada por la Audiencia para desestimar el recurso de apelación era que las empresas fabricantes de alimentos no habían sufrido ningún daño al haber trasladado los sobreprecios pagados por el suministro de azúcar a los precios de venta del azúcar a los consumidores (teoría del passing on). La sentencia del Tribunal Supremo al pronunciarse sobre los motivos de la casación establece la siguiente doctrina: En primer lugar, que la valoración de los hechos probados llevada a cabo por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 13 de septiembre del 2002 (confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril del 2005) que ratifica la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 15 de abril de 1999 no puede ser ignorada ni discutida por la jurisdicción civil, máxime cuando se ejercen acciones de seguimiento (follow on); no sucede lo mismo, en cambio, con la existencia y cuantificación de los daños puesto que no es misión de la autoridad de competencia decidir quién ha sufrido el daño y en qué cuantía. En segundo lugar, que la carga de la prueba del passing on le corresponde al demandado autor del daño, puesto que no es equitativo que se indemnice a quien no ha sufrido un daño. En tercer lugar, que, pese a que se demuestre que ha habido una práctica de passing on, pueden haberse producido otros daños —como pérdida de competitividad, reducción de ventas o deterioro de la imagen de la empresa afectada— que deben también ser indemnizados si se prueba su existencia. Y, finalmente, que para la valoración de los daños deben tenerse en cuenta los informes periciales siempre que utilicen una metodología razonable.
Prácticas prohibidas Fijación de precios y reparto de mercados
La CNC ha sancionado con multas de más de cuarenta y tres millones de euros a varias asociaciones relacionadas con el transporte de contenedores en el puerto de Valencia (AELTC, Transcont, ANV, Ateia OLT, Transconval, FVET) por haber adoptado acuerdos para fijar los precios y repartirse el mercado. Se da la circunstancia de que tanto la Autoridad Portuaria de Valencia como la Consejería de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad Valenciana han colaborado de forma importante en el desarrollo de las citadas prácticas. Posteriormente el expediente sancionador se amplió a tres empresas concesionarias de terminales portuarias de depósito (TCV, Noatum y MSCTV) (Resolución del Consejo de la CNC de 18 de septiembre del 2013). La resolución considera que las asociaciones del puerto de Valencia imputadas han cometido una infracción muy grave de las normas de competencia al haber distorsionado el normal funcionamiento de la oferta y la demanda de los servicios de transporte de contenedores de forma constante y reiterada mediante las siguientes prácticas: a) acuerdos para homogeneizar los precios del transporte por carretera y otras prestaciones unidas al transporte, así como la aplicación de forma coordinada de los incrementos del IPC o del gasóleo; b) repartos del mercado, y c) restricciones de la oferta por medio de la limitación de los vehículos a los que se les permite entrar y prestar servicio en el puerto. Asimismo destaca que la Autoridad Portuaria participó activamente junto con el resto de los imputados en la adopción de los acuerdos anticompetitivos sobre la actividad del transporte de contenedores por carretera en el puerto de Valencia y que la Consejería colaboró en la organización y vigilancia de la ejecución de los acuerdos, contribuyendo de modo decisivo a su mantenimiento en vigor y, por tanto, a restringir gravemente la competencia en el mercado. Por lo que respecta a las tres concesionarias de terminales imputadas, se les reprocha la concertación con las asociaciones de transportistas para fijar el precio y las condiciones de la indemnización por parada. Colusión de las empresas desmotadoras de algodón La CNMC ha multado a dos asociaciones sectoriales y diversas empresas desmotadoras de algodón por haber llevado a cabo prácticas colusorias de fijación de precios, reparto de mercados y exclusión del mercado que perjudicaban a otras empresas competidoras (Resolución de 19 de diciembre del 2013). El expediente se abrió por la denuncia de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía contra las empresas Algosur, Dafisa, Eurosemillas, Surcotton, Indesa, Productores del Campo de Alcalá del Río, Las Palmeras, Coesagro, Pinzón, Las Marismas y Agroquivir y contra las asociaciones Coalsa, Adesur y AEDA por haberse concertado para fijar los precios de compra del algodón a los productores y para cerrar el mercado a otras empresas desmotadoras de algodón. El ámbito territorial afectado por dicha práctica abarca la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Región de Murcia. La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía planteó un conflicto de competencias con la CNC y solicitó la reasignación del expediente por considerar que tales prácticas no generaban ningún tipo de efectos supraautonómicos. Reunida la Junta de Conflictos tras el nombramiento de su nuevo presidente, acordó, mediante el voto dirimente de éste, rechazar la solicitud de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. La resolución considera que existe un antecedente de notorio interés y relevancia para este caso, que es la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 10 de junio de 1997, que sancionó a diversas empresas desmotadoras de algodón por prácticas anticompetitivas similares. Asimismo considera que no procede declarar la caducidad del expediente porque, aunque se ha superado el plazo de instrucción establecido en el artículo 28.4 del Reglamento de defensa de la competencia, la norma establece que sólo la superación del plazo total de dieciocho meses determina la caducidad del procedimiento (interpretación confirmada por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de febrero del 2013, asunto Bombas de fluidos). Por otra parte, La disposición adicional quinta de la Ley 3/2013 dispone que la constitución y puesta en funcionamiento de la CNMC se podrá considerar una circunstancia extraordinaria que permitirá la ampliación del plazo máximo para resolver los procedimientos sometidos a caducidad. Tampoco procede la invocación del principio de confianza legítima porque, aunque la Administración andaluza participara en reuniones en las que las empresas expedientadas le presentaran sus propuestas sobre cierre de mercado, boicot o fijación de precios con respecto al mercado del algodón, esto no significa que asumiera y aprobara sus planteamientos o las incitara a actuar según lo propuesto. Por último, en relación con las sanciones, la resolución establece que se han de aplicar las previstas en la Ley 16/1989 por ser más beneficiosas para los imputados, en la medida en que, al carecer estas empresas y asociaciones de cifra de negocios, la cuantía de la multa no podría superar los 901 518 euros. Prácticas colusorias de boicot, fijación de precios y discriminación La CNC ha resuelto archivar la denuncia presentada por un registrador del Registro Mercantil central contra el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España por prácticas de boicot en los servicios de publicidad formal del Registro Mercantil al incitar a los registradores de los registros mercantiles territoriales a no suministrar información sobre el depósito de cuentas anuales de las sociedades mercantiles y proporcionársela de forma gratuita al Fichero de Localización de Entidades Inscritas (FLEI), por el establecimiento de una remuneración injustificada por la utilización de los servicios del FLEI y por la exclusión del sistema telemático del colegio pese a haber contribuido éste a la financiación del mencionado fichero (Resolución de 3 de octubre del 2013). A este respecto la CNC considera que las actuaciones del Colegio de Registradores no responden a un objetivo anticompetitivo, sino a facilitar de forma más eficaz un servicio; además son impulsadas y respaldadas por la Administración. Asimismo considera que la configuración del FLEI como una plataforma difícilmente sustituible para la prestación de servicios de publicidad formal hace probable que adquiera el carácter de essential facility en dicho ámbito; ello conlleva que esta plataforma debe prestar sus servicios de una manera abierta y competitiva, reflejando en sus tarifas las posibles eficiencias y economías de escala que un sistema de estas características comporta en línea con el objetivo de eficacia y ahorro de cargas administrativas establecido por la Ley 25/2001. Prácticas colusorias La CNMC ha multado a las empresas del Grupo Munster y a Manufacturas Metálicas Madrileñas por prácticas colusorias (Resolución de 26 de diciembre del 2013). Abuso de posición dominante por negativa de prestación de servicios La CNC ha sancionado a la empresa Funermadrid (Grupo Mémora) con una multa de 141 844 euros por una práctica de abuso de posición dominante consistente en la denegación del uso del tanatorio de Coslada a las empresas funerarias que no tuvieran licencia para actuar en dicho municipio (Resolución de 4 de octubre del 2013). El expediente sancionador se inició por denuncia de la empresa Parcesa y fue instruido por el Servicio de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid. La resolución de la CNC establece los siguiente: a) que Mémora explota en régimen de concesión administrativa el único tanatorio existente en el término municipal de Coslada y detenta por ello una posición de dominio en el mercado de prestación de los servicios del tanatorio, los cuales forman un mercado independiente dentro del más genérico de los servicios funerarios; b) que Mémora ha denegado en reiteradas ocasiones a Parcesa el uso del tanatorio; c) que, aunque Mémora ha tratado de justificar su negativa en lo dispuesto en la ordenanza municipal que reserva la prestación de estos servicios a las empresas que cuenten con la autorización municipal correspondiente interpretando que la citada autorización ha de ser la del propio municipio de Coslada, tal interpretación no se sostiene tras la entrada en vigor de la Ley 17/2009, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que establece como requisito único y general el contar con autorización municipal sea cual fuere el Ayuntamiento que la haya otorgado, y d) que, en consecuencia, Mémora ha abusado de su posición de dominio en el mercado. La resolución confirma también que la intencionalidad no es un elemento del tipo de la infracción, sino que solamente opera a efectos de la imposición de una sanción y considera, a estos efectos, que ha habido intencionalidad en la interpretación de la normativa vigente de forma favorable a sus intereses. Competencia desleal por infracción de normas La Sala de Competencia de la CNMC ha resuelto el archivo de las actuaciones practicadas por la denuncia de un comerciante contra el Colegio Santa María Marianista por competencia desleal al haber practicado descuentos no previstos en la Ley 10/2007 en las ventas directas de libros de texto de enseñanza no obligatoria y material didáctico complementario (Resolución de 21 de noviembre del 2013). La sala, siguiendo la doctrina de la CNC, fundamenta su decisión, por una parte, en que los colegios no actúan como agentes económicos en relación de competencia dentro del sector librero al no dedicarse de forma principal y exclusiva al comercio de libros, de modo que, como ha establecido la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 1990, es legal la compra de libros de texto por una institución para distribuirlos a las asociaciones de padres de alumnos a precio de coste; por otra parte, la fundamenta en que la práctica denunciada no genera una afectación sensible de la competencia en el mercado ni, a la vista de las cifras manejadas, un perjuicio al interés público. Aplicación de una cláusula de un convenio colectivo declarada ilegal por la CNC El Consejo de la CNMC ha resuelto que no ha quedado acreditado que la actuación de las empresas Loomis y Prosegur en relación con la aplicación de la cláusula 14 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad relativa a la subrogación de servicios en materia de transporte y manipulado de fondos constituya una práctica de falseamiento de la libre competencia por actos desleales de las previstas en el artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia —LDC— (Resolución de 19 de noviembre del 2013). La resolución del Consejo recuerda, en primer lugar, que la Resolución de la CNC de 27 de marzo del 2012 declaró que la citada cláusula 14 infringía el artículo 1 de la LDC y, por lo tanto, era nula de pleno derecho. Seguidamente y en relación con las conductas de las empresas Loomis y Prosegur, objeto del presente expediente sancionador, considera, por una parte, que no ha habido un uso irregular o desproporcionado del mecanismo de la subrogación en beneficio propio o en perjuicio de terceros (y así lo ha corroborado la jurisdicción de lo social) y, por otra, que no encajan en ninguno de los tipos de actos de competencia desleal a los que se refiere el artículo 3 de la LDC. Incumplimiento de las resoluciones de la CNC El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por 15 millones de euros a la empresa Mediapro y a los clubes de fútbol Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Sevilla y Racing de Santander por incumplir la Resolución de la CNC de 14 de abril del 2010 sobre la adquisición de derechos audiovisuales de las competiciones de fútbol. La Sala de Competencia considera que la firma con posterioridad al 14 de abril del 2010 de contratos de adquisición de derechos audiovisuales de la Liga y la Copa de Su Majestad el Rey (excepto la final) con una duración superior a tres temporadas, constituye un incumplimiento de los apartados primero y séptimo de la parte dispositiva de la citada resolución, que establecían un límite máximo a la duración de este tipo de contratos, lo que representa una infracción tipificada como muy grave en el apartado 4c del artículo 62 de la LDC. Para el cálculo de la multa se han tenido en cuenta los contratos firmados por cada uno de los afectados que contravienen lo dispuesto en la mencionada resolución, su importe por temporada y el volumen de negocio de las empresas infractoras.
Control de concentraciones Durante este periodo se han notificado diez operaciones de concentración económica, nueve de las cuales eran de adquisición del control exclusivo de otras empresas y una, de compra de activos. Del total de estas operaciones ocho han sido autorizadas en primera fase y dos han sido archivadas.
La Comisión Europea impone a varios bancos multas de más de 1700 millones de euros por haber participado en acuerdos anticompetitivos en el sector de los derivados de tipos de interés. Los acuerdos se referían a derivados financieros tales como acuerdos de permutas financieras, swaps, futuros y opciones. Estos derivados son instrumentos financieros utilizados por los bancos para gestionar el riesgo de fluctuación de los tipos de interés. Su valor resulta del nivel de tipos de interés de referencia como el euríbor para el euro o el líbor para el yen japonés. Según la Comisión, cuatro bancos (Barclays, Deutsche Bank, RBS y Société Générale) se habrían puesto de acuerdo para falsear la evolución normal del precio de los derivados en euros, mientras que seis bancos (UBS, RBS, Deutsche Bank, Citigroup y JP Morgan) habrían coludido para determinar el valor de los derivados en yenes. Después de dos años de investigación, la Comisión ha adoptado dos decisiones con arreglo al procedimiento de transacción, en virtud del cual los bancos sancionados han visto reducidas sus multas en un 10 %. La Comisión ha acordado inmunidad en el pago de las multas a dos de los bancos investigados (Barclays y UBS) puesto que fueron los primeros en denunciar la existencia de los acuerdos ilegales.
Transporte La Comisión Europea acepta los compromisos ofrecidos por Deutsche Bahn y cierra un procedimiento de investigación relativo al sistema de precios de la corriente de tracción en Alemania. En el 2011 la Comisión empezó una investigación para analizar los posibles problemas de competencia que había detectado en el sistema de precios establecido por Deutsche Bahn para la corriente de tracción —suministro de la electricidad utilizada para alimentar a los trenes—. Deutsche Bahn, que es el único proveedor de esta corriente de tracción en Alemania y, por tanto, tiene posición dominante en dicho mercado, fue acusada de abusar de dicha posición al establecer descuentos a favor de sus filiales. Tras analizar los resultados del test de mercado llevado a cabo por la Comisión, Deutsche Bahn ha ofrecido un paquete de compromisos que la Comisión ha aceptado y ha hecho vinculantes. Deutsche Bahn se ha comprometido, en concreto, 1) a introducir un nuevo sistema de precios en el que el precio de la electricidad se distinga del de la tasa cobrada por el acceso a la red; 2) a no ofrecer descuentos; 3) a restituir a las empresas no pertenecientes al grupo Deutsche Bahn un 4 % de lo pagado por la corriente de tracción durante el año anterior, y 4) a garantizar el acceso a su red a los proveedores de electricidad para que suministren corriente de tracción, permitiendo así el suministro directo a las compañías ferroviarias por parte de empresas pertenecientes y no pertenecientes al grupo.
Farmacéutico Multa de 16 millones de euros a Johnson & Johnson y Novartis por retrasar la entrada en el mercado de un analgésico genérico. La Comisión Europea ha sancionado con multas de más de 10 millones de euros a la norteamericana Johnson & Johnson (J&J) y de más de 5 millones de euros a la suiza Novartis por los acuerdos anticompetitivos adoptados por sus respectivas filiales holandesas en relación con el fármaco Fentanyl, un analgésico desarrollado y comercializado por J&J desde los años sesenta y cuya patente en Holanda expiró en el 2005. En dicha fecha, la filial holandesa de Novartis —Sandoz— ya había desarrollado una versión genérica más barata del producto. Sin embargo, Sandoz y la filial holandesa de J&J celebraron un acuerdo de «copromoción», conforme al cual la primera recibiría pagos mensuales de la filial de J&J mientras el producto genérico no entrase en el mercado. En consecuencia, la entrada en el mercado de la versión genérica de Fentanyl se retrasó diecisiete meses. En opinión de la Comisión, por medio de este acuerdo, ambas farmacéuticas mantuvieron precios artificialmente altos, perjudicando con ello a los consumidores y a los contribuyentes, que financian el sistema de salud en Holanda.
Deporte La financiación pública otorgada a favor de varios clubes españoles de fútbol profesional es objeto de un procedimiento de investigación formal. La Comisión Europea esta investigando si determinadas medidas públicas de apoyo a siete clubes de fútbol españoles, que no fueron notificadas, infringen la normativa europea en materia de ayudas de Estado. En concreto, la Comisión investiga lo siguiente: 1) los posibles privilegios fiscales a favor del Real Madrid CF, FC Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Club Atlético Osasuna; 2) una permuta de terrenos entre el Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid CF, y 3) diversas garantías otorgadas por el Instituto Valenciano de Finanzas (dependiente de la Generalitat Valenciana) para la obtención de préstamos para clubes en difícil situación financiera y situados en la región de Valencia, a saber, Hércules CF, Elche CF y Valencia CF. En marzo del 2013 la Comisión ya abrió un procedimiento de investigación formal sobre financiación pública a cinco clubes de fútbol profesional holandeses.
Posibles ayudas de Estado ilegales a aeropuertos de Cataluña. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento formal para investigar si los acuerdos comerciales entre autoridades públicas y compañías aéreas que utilizan los aeropuertos de Girona-Costa Brava y Reus son conformes con la normativa sobre ayudas de Estado. La investigación comenzó en el 2012 a raíz de una denuncia formulada por una línea que opera en el aeropuerto de Barcelona-El Prat y que señaló que la aerolínea irlandesa Ryanair se habría beneficiado de una ayuda de Estado ilegal en dichos aeropuertos mediante acuerdos publicitarios. La Comisión comprobará también si los propios aeropuertos se beneficiaron indirectamente de dichos acuerdos, dado que podrían aliviar la carga de costes que normalmente deberían soportar para el desarrollo de sus actividades.
Concentraciones Cemento
A petición de España, la Comisión Europea evaluará la compatibilidad de la adquisición por Cemex de las actividades en España de Holcim con el régimen de control de concentraciones. España recurrió al mecanismo de remisión previsto en artículo 22, apartado 1, del Reglamento de control de concentraciones para solicitar a la Comisión Europea que evaluase la adquisición de las operaciones españolas de Holcim por su rival Cemex, ambas activas en el sector del cemento. La mejicana Cemex planea adquirir las operaciones de Holcim tanto en España como en la República Checa, donde la operación también ha sido notificada y continúa siendo evaluada por la autoridad nacional competente. Si bien la operación no alcanza los umbrales de volumen de negocios suficientes como para tener dimensión europea, la Comisión ha reconocido que la operación podría afectar a la competencia en el mercado español y que se perfila como la autoridad más adecuada para evaluar los posibles efectos transfronterizos de la adquisición. En paralelo, la Comisión continúa investigando la propuesta de adquisición de la filial alemana de Cemex por Holcim.
La Comisión Europea abre la segunda fase del procedimiento de control de concentraciones en relación con la adquisición del negocio de telefonía móvil de E-Plus Mobile en Alemania por Telefónica Deutschland. El 31 de octubre del 2013, Telefónica Deutschland, filial de Telefónica España, notificó su intención de adquirir el negocio de telefonía móvil en Alemania de E-Plus, filial del operador de red móvil holandés KPN. La investigación inicial de la Comisión puso de manifiesto que la adquisición podría reducir la competencia en el mercado de los servicios de telefonía móvil a clientes finales, así como en el mercado de acceso mayorista y de origen de llamadas en las redes de móviles de Alemania, donde únicamente hay otros dos competidores activos (Deutsche Telekom y Vodafone). Los posibles problemas identificados son, en concreto, los siguientes: 1) la desaparición de un importante competidor; 2) que se reduzcan los incentivos de la nueva entidad para ejercer presión competitiva sobre los restantes competidores; 3) la disminución de los incentivos de los competidores para que garanticen el acceso de los operadores móviles virtuales a sus redes, y 4) la reducción del número de redes de acogida entre las que podrán escoger los operadores móviles virtuales y la debilitación de su poder de negociación. La Comisión dispone ahora de noventa días laborables, hasta el 14 de mayo del 2014, para adoptar una decisión final al respecto.
Jurisprudencia El Tribunal General de la Unión Europea desestima la demanda de anulación contra la decisión de la Comisión en el asunto Microsoft/Skype. Mediante la Sentencia de 11 de diciembre del 2013, el Tribunal General ha desestimado la demanda interpuesta por la estadounidense Cisco Systems y la italiana Messagenet contra la decisión de la Comisión por la cual se había aprobado la adquisición de Skype por Microsoft (asunto COMP/M.6281). El tribunal ha analizado los argumentos de las demandantes en relación con el mercado de las comunicaciones por internet para consumidores y ha declarado que el hecho de que Microsoft consiga una cuota de entre el 80 % y el 90 % como consecuencia de la adquisición de Skype no implica que adquiera un poder de mercado tal que le permita obstaculizar significativamente la competencia. En este sentido, entiende el tribunal que, dado que el sector está experimentando un rápido crecimiento caracterizado por ciclos de innovación cortos, las cuotas de mercado no se mantienen estables, sino que pueden resultar efímeras. Además, dado que estos servicios suelen ser gratuitos, si Microsoft decidiese cobrar por ellos, se arriesgaría a que los clientes cambiaran de proveedor. Por otro lado y con respecto al mercado de las comunicaciones por internet para empresas, el tribunal no ha considerado probable que la competencia vaya a verse impedida por el hecho de que Microsoft pueda facilitar la interoperabilidad de Lync (su servicio de videoconferencia y chat) con Skype frente a productos competidores de éste. Además —ha destacado el tribunal—, Lync se enfrenta a otros importantes competidores en el mercado, como Cisco, cuya cuota de mercado es mayor que la de Microsoft. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que la inobservancia de un plazo de enjuiciamiento razonable por el Tribunal General puede vulnerar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que dicho ilícito puede causar daños susceptibles de reparación. En las sentencias recaídas en los asuntos C-40/12 P, C-50/12 P y C-58/12 P, el Tribunal de Justicia ha declarado que el hecho de que la tramitación de los asuntos en cuestión por el Tribunal General hubiera durado cinco años y nueve meses no podía venir justificado ni por la complejidad de los litigios ni por la actuación de las partes ni por la especificidad de las cuestiones en disputa. Al sustanciar los asuntos en un plazo como el indicado, el Tribunal General vulneró de forma suficientemente caracterizada el derecho a que una causa sea juzgada dentro de un plazo razonable, derecho consagrado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En consecuencia, y según el Tribunal de Justicia, los posibles daños causados por la mencionada vulneración pueden ser objeto de pretensión en un recurso de indemnización planteable ante el Tribunal General.