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Timestamp: 2017-08-18 18:13:18
Document Index: 309282064

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 23']

DEMANDA CONTRA EL PP (PARTE II) | El Estado sin Derecho
DEMANDA CONTRA EL PP (PARTE II)
abril 25, 2012 § 2 comentarios
En esta mitad, a mi entender, está lo más interesante:
1.- En primer lugar, según establece la sentencia STC 6/1988 en su fundamento 5º, cabe dilucidar si las declaraciones emitidas en los medios de comunicación por el PP, durante la campaña electoral y en fechas previas a la misma, deben considerarse como opiniones o juicios de valor, y por tanto enmarcados en el artículo 20.1.a de la CE, siendo en tal caso que no existiría vulneración de mis derechos, o por el contrario corresponden a informaciones, encontrándose encuadradas en el artículo 20.1.d de la CE, y en tal caso si que son susceptibles de haber vulnerado mis derechos.
Como bien remarca el TC, normalmente es difícil encontrar información en estado “químicamente puro”, encontrándose mezclada a menudo con elementos subjetivos y de opinión. En este caso, tanto en las declaraciones y entrevistas emitidas en los medios de comunicación, como en el programa electoral del Partido Popular, se puede discernir perfectamente entre lo que son elementos de opinión y lo que son elementos de información. Así, cuando los líderes afirman que “España necesita un cambio”, se trata evidentemente de una opinión, o cuando afirman que “si Gobierna el PP, España recuperará la confianza de los mercados”, están emitiendo un juicio de valor, siendo tales declaraciones enmarcables dentro de la libertad de expresión establecida en 20.1.a, y por tanto sobre ellas, no es lícito que reclame. Pero ¿y cuándo afirman que no subirán los impuestos? ¿o cuándo afirman que bajarán la edad de jubilación a los 65 años? Según establece dicho fundamento 5º, “El derecho a comunicar y recibir libremente información versa, en cambio, sobre hechos o, tal vez más restringidamente, sobre aquellos hechos que pueden considerarse noticiables.” y continúa, “…y sobre hechos, específicamente, «que pueden encerrar trascendencia pública» a efectos de que «sea real la participación de los ciudadanos en la vida colectiva», de tal forma que de la libertad de información -y del correlativo derecho a recibirla- «es sujeto primario la colectividad y cada uno de sus miembros, cuyo interés es el soporte final de este derecho» (STC 105/1983, de 23 de noviembre, fundamento jurídico 11)”. Como bien remarca el TC, con estos elementos, ya se puede establecer el carácter de las declaraciones vertidas en los medios de comunicación, ya que la evidente trascendencia pública de una subida o bajada de impuestos (u otras medidas de gobierno), le confiere un carácter eminentemente noticiable. Es irrelevante que la noticia transmitida se refiera a hechos futuros, ya que el objeto de la información comunicada es precisamente conformar una opinión pública favorable al emisor de dicha información, consiguiendo de esta manera la confianza de los electores para, una vez elegidos representantes, poder transformar en hechos reales lo que anteriormente sólo tenía un carácter futurible.
El TC pone de relieve en dicho fundamento, la importancia que tiene la información veraz para lograr que “sea real la participación de los ciudadanos en la vida colectiva”. Es decir, que de la interpretación que el TC realiza en este sentido, se infiere un ligamen indisoluble entre el derecho expresado en 20.1.d y el expresado en 23.1 de la CE, el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, y es de este ligamen indisoluble de donde devendrá la vulneración de mi derecho fundamental establecido en 23.1, cuando anteriormente se vulnera mi derecho establecido en 20.1.d, ya que la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos mediante sus representantes es sólo una parte, y no precisamente la menos importante, de la participación de los ciudadanos individuales en la vida colectiva.
5.- Así pues, teniendo en cuenta todos los criterios expuestos anteriormente, según es la consideración del TC en lo referente a la determinación de la veracidad de una información determinada, cabe analizar ya si la información transmitida por el PP en el curso de la campaña electoral, se ajusta plenamente a dichos criterios de veracidad, y por tanto si vulneraron o no mi derecho a recibir información veraz según establece el artículo 20.1.d de la CE y como consecuencia, si hubo una alteración ilícita de la opinión pública que ha repercutido negativamente en mi derecho a la representación establecido en el artículo 23.1 de la CE.
b) En cuanto a la trascendencia de las informaciones emitidas, cabe resaltar que éstas tienen el carácter de máxima trascendencia, por cuanto versan sobre los aspectos que inciden sobre el conjunto de la ciudadanía, al ser que se refieren a compromisos que adquieren los futuros representantes ante sus posibles representados. Es más, el objeto de dichas informaciones es el de formar una opinión favorable hacia una determinada opción política, con lo que su falta de veracidad supone una adulteración del principio democrático, tal y como lo entiende la Constitución, suponiendo una laminación de los principios máximos de la Libertad y de la Pluralidad Política establecidos en el artículo 1.1 de la CE.
c) En tanto en cuanto el carácter de estas informaciones es de la máxima trascendencia, según el criterio del TC, deberían también tener el máximo grado de contraste por parte de quién las emite, el Partido Popular, accediendo a todas las fuentes que hubieran disponibles para valorar la posibilidad efectiva de transformarlas en realidad, antes de emitirlas como ciertas.
En fecha 31 de Octubre encontramos en el diario digital Hispanidad, aunque sin citar fuentes de donde sacan la noticia, por lo que no hemos podido contrastarla:“PP. Rajoy teme que ZP le deje un déficit del 8% “Eso supondría otra reducción del gasto público de 35.000 millones de euros. De las cifras reales dependerá si Rodrigo Rato entra como super-vicepresidente y hasta la misma estructura del Ejecutivo Popular. Baudilio Tomé y los chicos de FAES elaboran un programa económico para salir del paso: saben que no se va a cumplir. Cristóbal Montoro está convencido de que no será vicepresidente. El programa de Tomé ha sido hecho en colaboración con Jaime García-Legaz y con FAES”
Es en fechas inmediatas cuando ya aparece la mención específica en un dicurso de un líder. Así, en fecha 8/11/11, aparece publicada en 20 MINUTOS la noticia “Soria califica de “propuesta a la griega” el planteamiento de Rubalcaba de retrasar el déficit“ cuyo contenido dice “…El presidente del PP de Canarias y candidato al Congreso por la provincia de Las Palmas, José Manuel Soria, ha calificado de “propuesta a la griega”, el hecho de que el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno central, Alfredo Pérez Rubalcaba, planteara el retraso del déficit público. … En relación con ello, recordó que el déficit de España está marcado, por la Unión Europea, en un 6 por ciento; sin embargo, hay expertos que hablan, aseguró, de que se puede alcanzar un 8 por ciento de déficit, lo que implicaría un recorte de 45 millones de euros en los próximos presupuestos. …”
Al día siguiente, el 9/11/11, aparece un matiz en el mensaje de Rajoy, pero insuficiente para invalidar el mensaje que se continúa dando, ni tan siquiera supone un condicional estricto. Y ello teniendo en cuenta que ya afirma esperar sorpresas. La noticia se publica en DIARIOCRÍTICO y lleva por titular “Rajoy no subirá impuestos “en principio” ni aclara si Gallardón será ministro“ y dice la noticia “…Preguntado por si teme enfrentarse a la situación que dejan los políticos socialistas, Rajoy admite que la herencia será “muy difícil”, aunque asegura que se presenta a las elecciones sabiendo “muy bien” cómo están las cosas…“. Parece ser que sabía muy bien como estaban las cosas hasta que se dio cuenta que no sabía muy bien como estaban las cosas. Una noticia similr, pero de distinto contenido aparece el 10/11/11 en el diario NOTICIAS DE NAVARRA.
Es decir, que la probabilidad de ocurrencia de las causas del impedimento en transformar en realidad los hechos emitidos como futuribles en las noticias durante el período electoral, según aducen con posterioridad los propios líderes del Partido Popular que emitieron las noticias, eran conocidas durante el mismo período en que se emitían dichas noticias, y no sólo no llegaron a rectificar los hechos dados como ciertos, o al menos a condicionarlos, si no que se continuaron emitiendo noticias reforzando las anteriores. Demostrando que, o bien no se prestó la debida diligencia en hechos de tanta trascendencia y con una profunda influencia en la formación de la opinión pública, máxime cuando son emitidos por personas de tanta relevancia en la vida pública, o bien eran simples invenciones emitidas como noticias, lo que las transforma en fabulaciones.
Si cuando en fecha 30/12/11, ya con el nuevo Gobierno formado, la Vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría dice “Nos encontramos con una cifra más elevada que la comunicada por el Gobierno anterior y tenemos que adoptar medidas excepcionales para tapar el agujero”, quiere decir entonces que no se habían tenido en cuenta las previsiones del resto de organismos e instituciones, tanto públicos como privados, ni tampoco que ya con anterioridad se habían tenido que modificar revisiones de todos los parámetros macroeconómicos, ni todo el resto de indicadores que habían, fiando la veracidad de los hechos comunicados, que recordemos son de la máxima trascendencia por cuanto a su naturaleza, contenido y consecuencias, a UN ÚNICO DATO SIN CONTRASTAR, por mucho que se trate de un dato oficial, ya que por su propia naturaleza evolutiva, no tiene carácter consolidado. Por tanto, en un contexto en que se requería la máxima diligencia, se prestó la máxima negligencia. En cualquier caso, no se trata de uno de los supuestos protegidos por el constitucional derecho a la libertad de comunicar hechos veraces.
Bien, no es el objeto de este recurso el establecer si se trata simple negligencia o por el contrario, se trata de una mentira (y si hubiera una regulación específica, el correspondiente dolo), sino simplemente restituir mis derechos vulnerados.
En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, solicito del Magistrado el AMPARO JUDICIAL de mis derechos constitucionales vulnerados, esto es, mi derecho a recibir información veraz expresado en el artículo 20.1.d y su consecuencia en mi derecho de representación expresado en el artículo 23.1 de la CE., así como otros derivados de la vulneración de este último (pero con sustancia propia, como la vulneración de mi derecho a la igualdad y no discriminación derivada de la amnistía fiscal decretada, u otros referidos a materia laboral).
Dado que no existe legislación en lo referido a la regulación de la relación “contractual” entre representados y representantes en el Gobierno de la Nación, así como la falta de jurisprudencia sobre la que basar la vía para la restitución de mis derechos, considero que si dicha relación estuviera regulada por el Derecho Civil, nos encontraríamos ante un vicio del consentimiento que los representados otorgan a sus representantes, siendo que en el contrato establecido entre ambas partes, se han ocultado o modificado datos por parte de los representantes que podían haber denegado dicho consentimiento a la representación. Existen además términos en el contrato ambiguos, que podrían entrar en la categoría de “publicidad engañosa”. Es por ello que solicito:
1.- El cumplimiento íntegro del contrato y por tanto de los compromisos de representación adquiridos por parte de los representantes.
2.- En caso de imposibilidad o negación al cumplimiento de dicho contrato por parte de los representantes, la rescisión total del contrato de representación y la elaboración de uno nuevo, en las condiciones que estipule la Ley.
XXXXXXXX, 19 de Abril de 2012.
§ 2 respuestas a DEMANDA CONTRA EL PP (PARTE II)
abril 30, 2012 en 3:11 pm
Bueno, mas vale tarde que nunca. De todas formas, ¿no ha tenido usted tiempo para liarse a demandas 8 años atrás?. Lástima, podría llevar usted cientos de ellas puestas.
En fin, una pena, pero mas vale tarde que nunca.
Hola, me has pillado con las manos en la masa. Gracias por el comentario. He comenzado, como la mayor parte del universo, a preocuparme por el tema político y especialmente por la vía judicial, en el último año. Es cierto que podría tener interpuestas cientos de demandas, y seguir interponiendo cientos de demandas, pero el caso es que ni soy abogado, ni se de leyes y todo lo que hago representa un trabajo enorme para mi, ya que tengo mis obligaciones laborales y familiares a parte de poner demandas. No obstante, animo a todo el mundo a que lo haga, por ejemplo, poner una queja al Defensor del Pueblo es lo más fácil del mundo, naturalmente, no sirve para nada, pero es un medio como otro de protestar.
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