Source: http://legislacion.derecho.com/ley-7-2006-del-ejercicio-de-profesiones-tituladas-y-de-los-colegios-profesionales
Timestamp: 2016-12-09 19:17:49
Document Index: 214174674

Matched Legal Cases: ['Artículo 73', 'artículo 5', 'artículo 15', 'Artículo 40', 'Artículo 40', 'artículo 51', 'artículo 48', 'artículo 21', 'artículo 51', 'artículo 60', 'Artículo 40']

LEY 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales	LEY 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales Mis Leyes
LEY 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales Estado	:
TÍTULO II. EJERCICIO DE LAS PROFESIONES TITULADAS.
TÍTULO III. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES TITULADAS.
TÍTULO IV. ASOCIACIONES PROFESIONALES.
TÍTULO V. COLEGIOS PROFESIONALES.
CAPÍTULO II. FUNCIONES DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES.
CAPÍTULO III. ÁMBITO TERRITORIAL Y NORMAS DE INCORPORACIÓN Y BAJA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES.
CAPÍTULO IV. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
CAPÍTULO V. MODIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA Y DISOLUCIÓN DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES.
TÍTULO VI. CONSEJOS DE COLEGIOS PROFESIONALES.
CAPÍTULO II. FUNCIONES DE LOS CONSEJOS DE COLEGIOS PROFESIONALES.
CAPÍTULO III. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y DE FUNCIONAMIENTO.
CAPÍTULO IV. CAUSAS DE DISOLUCIÓN.
TÍTULO VII. DISPOSICIONES COMUNES A LOS COLEGIOS PROFESIONALES Y A LOS CONSEJOS DE COLEGIOS PROFESIONALES.
TÍTULO VIII. REGISTROS DE COLEGIOS Y DE ASOCIACIONES PROFESIONALES.
Artículo 73. Objeto del Registro de Colegios Profesionales.
Es preciso destacar, asimismo, la novedad que el texto incorpora respecto al régimen de creación de los colegios profesionales. El sistema vigente que remite la creación de colegios profesionales a una ley singular y específica tiene el inconveniente de poder exceptuar por vía de ley singular el diseño establecido por la ley general, lo cual puede producir .como ha sucedido en algunas ocasiones. una desnaturalización y diversificación no deseables del modelo colegial.
La determinación en la norma general reguladora de los colegios profesionales de los presupuestos y requisitos necesarios que deben concurrir para la creación de un colegio profesional.
La atribución al Gobierno de la aplicación de la norma general reguladora mediante decreto, pero previa intervención favorable del Parlamento para verificar la concurrencia de los requisitos de interés público y de especial relevancia social o económica de la profesión en el caso concreto.
La Ley establece un régimen de publicidad de las asociaciones profesionales y organizaciones colegiales que se hace efectiva por medio de sendos registros administrativos públicos, que cumplen también funciones regladas de verificación de la legalidad. En el Registro de Asociaciones Profesionales deben constar las asociaciones profesionales a las que se refiere el título IV de la Ley, pero, para evitar duplicidades innecesarias, se establece que las funciones de verificación de legalidad, inscripción de actos y publicidad material y formal se lleven a cabo mediante el Registro General de Asociaciones en que se inscribieron y en que se continuarán inscribiendo su constitución y sus respectivas incidencias. El Registro de Colegios Profesionales, que incluye los colegios profesionales, los consejos de colegios profesionales y las delegaciones catalanas de colegios profesionales únicos de ámbito estatal, tiene por objeto la inscripción de actos de naturaleza organizativa y funcional relevantes para el tráfico jurídico, pero también de todas las normas reglamentarias adoptadas por cada entidad.
Estar en posesión del título académico y cumplir las condiciones establecidas por el artículo 5.
No estar sujetas a ninguna de las causas de incompatibilidad o de prohibición establecidas por las leyes.
Cumplir, si procede, las correspondientes normas de colegiación.
1. En los supuestos de riesgo grave, catástrofe o calamidad pública, puede imponerse a los profesionales titulados el deber del ejercicio profesional, en los términos legalmente establecidos. La imposición de este deber afecta a todos los profesionales titulados de la profesión de que se trate dentro del ámbito territorial, total o parcial, de Cataluña, en función de la extensión y gravedad del supuesto por el que se reclama. Dicho deber solo es exigible si los medios a disposición de la Administración no son suficientes para cubrir los requerimientos que demanda la situación de necesidad. En todo caso debe aplicarse el principio de proporcionalidad. El cumplimiento de este deber debe ser compensado de acuerdo con la normativa vigente.
RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES TITULADAS.
El ejercicio de una profesión sin estar en posesión del título profesional habilitante.
El incumplimiento de los deberes profesionales cuando de ello resulte un perjuicio grave para las personas destinatarias del servicio del profesional o la profesional o para terceras personas.
El ejercicio de la profesión que vulnere una resolución administrativa o judicial firme de inhabilitación profesional, de declaración de incompatibilidad administrativa o profesional o de conflicto de intereses, o una disposición legal en que se establezca la prohibición de ejercer.
La comisión de delitos con dolo, en cualquier grado de participación, que se produzcan en el ejercicio de la profesión.
El ejercicio de una profesión colegiada por quien no cumple la obligación de colegiación.
La contratación por empresas y entidades de trabajadores no colegiados en el caso de que el objeto de su contrato de trabajo comprenda, total o parcialmente, la realización de tareas propias de la profesión.
La vulneración de las normas esenciales del ejercicio y la deontología profesional.
El incumplimiento de los deberes profesionales cuando de ello resulte un perjuicio para las personas destinatarias del servicio del profesional o la profesional.
El incumplimiento de la obligación que tienen las personas colegiadas de comunicar los supuestos de intrusismo profesional de los que sean conocedoras.
El incumplimiento del deber de seguro, si es obligatorio.
El incumplimiento del deber de prestación obligatoria establecido por la presente ley o por las normas que así lo dispongan, salvo acreditación de causa justificada que haga imposible la prestación del servicio, después de que haya sido debidamente requerida.
Los actos que tengan la consideración de competencia desleal de acuerdo con lo establecido por las leyes.
Las actuaciones profesionales que vulneren los principios constitucionales e internacionales de igualdad y de no discriminación.
Multa de entre 5.001 euros y 50.000 euros.
Inhabilitación profesional durante un tiempo no superior a un año.
Multa de entre 1.001 euros y 5.000 euros.
Multa de una cantidad no superior a 1.000 euros.
Al departamento de la Generalidad correspondiente en los casos a que se refiere el artículo 15.2.
A los órganos de gobierno de los colegios profesionales respecto a los profesionales colegiados o, como excepción, a los consejos de colegios profesionales, si existen, si la persona afectada tiene la condición de miembro de un órgano de gobierno de un colegio profesional o del mismo consejo.
1. Contra las resoluciones dictadas en materia sancionadora por la Administración de la Generalidad pueden interponerse los recursos establecidos por la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo y, si procede, recurso contencioso.administrativo.
Velar por el buen ejercicio de la profesión y por el respeto de los derechos de las personas destinatarias de los servicios profesionales y, a tal efecto, denunciar a la Administración la comisión de las infracciones reguladas por el título III.
Representar a las personas asociadas y ejercer acciones en defensa de los derechos e intereses de las mismas, los de la asociación y los generales vinculados al ejercicio de la profesión.
Prestar servicios a las personas asociadas y, en especial, promover la formación continua.
Facilitar a las personas usuarias y consumidoras información en materia de honorarios profesionales, respetando siempre el régimen de libre competencia.
Intervenir, por vía de mediación o arbitraje, en los conflictos profesionales que puedan producirse entre personas asociadas o entre estas y terceras personas, siempre que lo soliciten de común acuerdo las partes implicadas.
Colaborar con los colegios profesionales de ámbitos afines y con otras entidades representativas de intereses ciudadanos directamente vinculadas al ejercicio de la profesión.
Participar en órganos consultivos de la Administración, intervenir en procedimientos administrativos de acuerdo con la ley y, en especial, ser escuchadas en la elaboración de las disposiciones de carácter general que afecten directamente al ejercicio de la profesión.
Emitir informes y dictámenes sobre materias relevantes para la profesión, a petición de la Administración o de los tribunales.
1. Sólo pueden quedar sujetas a colegiación las profesiones para cuyo ejercicio se requiere un título universitario oficial y en las que concurran motivos de interés público que lo justifiquen y, además, una especial relevancia social o económica de las funciones inherentes a la profesión.
La preservación de la salud de las personas, la garantía de las condiciones sanitarias y la preservación del medio.
La garantía de la conservación y administración de los bienes y del patrimonio.
El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales y estatutarios.
La tutela de los derechos e intereses de las personas y de los grupos sociales ante la Administración de justicia y en los procedimientos de prevención, negociación y solución de conflictos.
El diseño y dirección de obras e infraestructuras.
El diseño de bienes, medios y servicios destinados al uso público.
Que exista un número de profesionales en ejercicio libre suficientemente amplio que lo justifique.
Que el colectivo solicitante no pueda integrarse en un colegio profesional existente.
Que lo solicite un número suficientemente representativo de los profesionales afectados.
Garantizar que el ejercicio profesional se adecue a la normativa, deontología y buenas prácticas, y que se respeten los derechos e intereses de las personas destinatarias de la actuación profesional. A dicho efecto, los colegios profesionales deben ordenar en el ámbito de su competencia el ejercicio de las profesiones de acuerdo con el marco legal aplicable, velando por el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas colegiadas, por la dignidad profesional y por el respeto de los derechos de los ciudadanos, y proponer a la Administración la adopción de medidas en relación con la ordenación y regulación del acceso y ejercicio de la profesión.
Velar por los derechos y el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los colegiados y por que no se produzcan actos de intrusismo, de competencia desleal u otras actuaciones irregulares en relación con la profesión colegiada, adoptando, en su caso, las medidas y acciones establecidas por el ordenamiento jurídico.
Ejercer la potestad disciplinaria sobre sus colegiados, en los términos establecidos por la ley y por las normas propias de los colegios profesionales.
Visar los proyectos y los trabajos de las personas colegiadas en los términos y los efectos que determine la normativa correspondiente.
Participar en el procedimiento de obtención de la acreditación de aptitud para el ejercicio de la profesión colegiada, en el caso de que la ley establezca dicho requisito.
Promover y facilitar la formación continua de las personas colegiadas que permita garantizar su competencia profesional.
Adoptar las medidas necesarias para facilitar el ejercicio profesional no permanente, en cumplimiento de lo establecido por la normativa de la Unión Europea y las leyes.
Colaborar con la Administración pública mediante la participación en órganos administrativos cuando así esté previsto legalmente y emitir los informes que les sean requeridos por órganos o autoridades administrativos y judiciales.
Informar sobre los proyectos de disposiciones generales que afecten al ejercicio de la profesión o a la institución colegial.
Fomentar el uso de la lengua catalana entre las personas colegiadas y en los ámbitos institucionales y sociales en los que se ejerce la profesión.
Informar en los procesos judiciales y administrativos en los que se discutan cuestiones relativas a honorarios y aranceles profesionales.
Las demás funciones de naturaleza pública atribuidas por la legislación vigente.
Artículo 40. Otras funciones. Como entidades de base asociativa privada, los colegios profesionales ejercen las actividades siguientes:
Fomentar y prestar servicios en interés de las personas colegiadas y de la profesión en general.
Poner a disposición de los y las profesionales toda la información necesaria para acceder a la profesión y para su ejercicio, facilitándoles la gestión de los trámites relacionados con la colegiación y el ejercicio profesional.
Gestionar el cobro de las remuneraciones y de los honorarios profesionales a petición de las personas colegiadas, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos respectivos.
Intervenir, por vía de mediación o de arbitraje, en los conflictos profesionales que se puedan dar entre personas colegiadas o entre éstas y terceras personas, siempre que lo soliciten de común acuerdo las partes implicadas.
Colaborar con las asociaciones y otras entidades representativas de los intereses ciudadanos directamente vinculadas con el ejercicio de la profesión colegiada.
Facilitar a las personas usuarias y consumidoras información en materia de honorarios profesionales respetando siempre el régimen libre competencia.
Poner a disposición de las personas usuarias y consumidoras destinatarias de los servicios profesionales, y también de las personas colegiadas, la información sobre los estatutos colegiales; los códigos deontológicos y de buenas prácticas de la profesión; los datos profesionales de las personas colegiadas; las vías de reclamación y quejas relativas a la actividad colegial o de las personas colegiadas; los recursos que se pueden interponer en caso de conflicto, y las medidas necesarias para hacer efectivas las obligaciones mencionadas.
Custodiar, a petición del o de la profesional y de acuerdo con los estatutos, la documentación propia de su actividad que se vean obligados a guardar de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 40 bis. Ventanilla única. 1. Los colegios profesionales tienen que facilitar mediante la ventanilla única los trámites y procedimientos relativos al libre acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio a fin de que los y las profesionales puedan realizar por vía electrónica y a distancia todos los trámites necesarios y conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que se tenga la condición de interesado. Asimismo se tiene que facilitar mediante la ventanilla única la información útil para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.
El acceso al registro de colegiados, que tiene que estar actualizado, en el que consten los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, títulos oficiales, domicilio profesional.
Las vías de reclamación y de recursos que se pueden interponer en caso de conflicto entre consumidor o usuario y un colegiado o colegio profesional.
La información y formularios sobre los procedimientos necesarios para el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio y sobre la realización de los trámites preceptivos para hacerlo.
Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las que puedan dirigirse para obtener asistencia.
ÁMBITO TERRITORIAL Y NORMAS DE INCORPORACIÓN Y BAJA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES.
La denominación, que debe incluir la expresión Colegio, la profesión correspondiente y su ámbito territorial.
Sus finalidades, funciones y actividades.
Los requisitos que deben cumplirse para adquirir la condición de colegiado o colegiada, haciendo constar el título o títulos correspondientes y las causas de suspensión y pérdida de dicha condición.
La denominación, régimen de convocatoria y de constitución, composición y funcionamiento del órgano de gobierno; forma de designación, destitución y renovación de sus miembros, y duración de su mandato, de conformidad con el artículo 51.1.
La denominación, régimen de convocatoria y de constitución, composición y funcionamiento del órgano plenario.
Los derechos y obligaciones de las personas colegiadas.
El régimen disciplinario por razón del ejercicio profesional y del incumplimiento de deberes colegiales, en el marco de los artículos 20 y 25 y del artículo 48, respectivamente.
Los recursos de los colegiados ante las resoluciones del colegio profesional.
El procedimiento y requisitos para la modificación de los estatutos, la fusión y la segregación.
Las causas y procedimiento de disolución y el régimen de liquidación.
3. Las infracciones deben graduarse en muy graves, graves y leves. Sólo pueden constituir infracción colegial:
El incumplimiento de obligaciones establecidas por las leyes, por los estatutos o por otras normas colegiales.
El incumplimiento de acuerdos o decisiones adoptados por órganos del colegio profesional sobre materias que se especifiquen estatutariamente.
La realización de actos que impidan o alteren el funcionamiento normal del colegio profesional o de sus órganos.
La ofensa o desconsideración hacia otros profesionales colegiados de la misma profesión o hacia los miembros de los órganos de gobierno del respectivo colegio profesional o consejo de colegios profesionales.
La cuantía de las multas no puede exceder lo dispuesto por el artículo 21.
La sanción de expulsión solo puede imponerse por reiteración en la comisión de las infracciones muy graves a que se refiere el apartado 3.a y b y siempre debe tenerse en cuenta el derecho de la persona sancionada a solicitar la rehabilitación en el plazo de tres años a contar desde la efectividad de la sanción. La sanción de expulsión solo es ejecutiva si la resolución que la impone pone fin a la vía administrativa.
Aprobar y modificar los estatutos del colegio profesional.
Elegir a los miembros del órgano de gobierno de la manera que establece el artículo 51 y decidir su destitución.
Aprobar la gestión realizada por el órgano de gobierno, el presupuesto, las cuentas anuales y las cuotas colegiales.
Acordar la fusión, segregación o disolución del colegio profesional.
Resolver cualquier cuestión que le atribuyan las leyes, los reglamentos o los estatutos o que no esté reservada al órgano de gobierno.
Aprobar y modificar las normas de deontología profesional cuando no sea competencia del consejo de colegios profesionales o cuando este no exista.
3. El órgano de gobierno debe estar integrado, como mínimo, por tres personas, con los cargos de presidente o presidenta que puede tener también la denominación de decano o decana, síndico o síndica, o similar, de secretario o secretaria y de tesorero o tesorera.
MODIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA Y DISOLUCIÓN DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES.
La pérdida de los requisitos legales necesarios para que la profesión tenga carácter colegial.
El acuerdo de la junta o la asamblea general, adoptado en la forma y con los requisitos establecidos por los estatutos.
La baja de las personas colegiadas, si el número de estas queda reducido a un número inferior al de las personas necesarias para proveer todos los cargos del órgano de gobierno, de conformidad con los estatutos.
La fusión mediante la constitución de un nuevo colegio profesional o la absorción por otro colegio profesional.
La escisión por división.
Otras causas establecidas por los estatutos.
CONSEJOS DE COLEGIOS PROFESIONALES.
FUNCIONES DE LOS CONSEJOS DE COLEGIOS PROFESIONALES.
Ejercer la representación y la defensa generales de la profesión en el ámbito de Cataluña y la coordinación de los colegios profesionales que los integran.
Elaborar las normas relativas al ejercicio profesional y al régimen disciplinario comunes a la profesión.
Informar sobre los proyectos normativos que les remita el Gobierno o un departamento de la Generalidad.
Mediar en los conflictos que puedan surgir entre los colegios profesionales o, si procede, resolverlos por vía arbitral, y ejercer las funciones disciplinarias en relación con los miembros de los órganos de gobierno de los colegios profesionales.
Aprobar su presupuesto y fijar equitativamente la participación de los colegios profesionales en los gastos del consejo.
Velar por que la actuación de los colegios profesionales se ajuste a las normas que regulan el ejercicio de la profesión y por que la actuación colegial se ajuste al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de suerte que no se produzca ningún tipo de discriminación.
Las demás funciones atribuidas por ley.
Los consejos de colegios profesionales tienen capacidad normativa en relación con la aprobación de sus estatutos y el ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo 60.1.b y f y 2. El ejercicio de dicha potestad debe ajustarse a las disposiciones generales establecidas.
NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y DE FUNCIONAMIENTO.
La denominación, que debe incluir la expresión Consejo de Colegios, la profesión correspondiente y la mención de Cataluña como ámbito territorial.
Las respectivas finalidades, funciones y actividades.
La denominación, régimen de convocatoria y de constitución, funcionamiento y composición de su órgano plenario, así como la forma de designación, destitución y renovación de sus miembros, y la duración de su mandato.
El régimen de deliberación y de adopción de acuerdos de su órgano plenario y el procedimiento de aprobación de las actas.
El procedimiento y requisitos de modificación de los estatutos.
Los demás aspectos necesarios para el ejercicio de sus funciones en relación con los colegios profesionales.
DISPOSICIONES COMUNES A LOS COLEGIOS PROFESIONALES Y A LOS CONSEJOS DE COLEGIOS PROFESIONALES.
REGISTROS DE COLEGIOS Y DE ASOCIACIONES PROFESIONALES.
La sección de colegios profesionales.
La sección de consejos de colegios profesionales.
La sección de delegaciones de ámbito territorial catalán de los colegios únicos de ámbito estatal.
La constitución de los colegios profesionales y de los consejos de colegios profesionales.
Los estatutos de los colegios profesionales y de los consejos de colegios profesionales y su modificación.
Las normas reglamentarias acordadas por los colegios profesionales y por los consejos de colegios profesionales.
El nombramiento, suspensión y cese de los miembros de los órganos de gobierno.
Las delegaciones de funciones, los apoderamientos generales y su modificación, revocación o sustitución.
La apertura y cierre de delegaciones territoriales.
Los actos de fusión y escisión, tanto de alcance territorial como funcional.
En el caso de delegaciones catalanas de colegio único de ámbito estatal, su apertura y cierre, su domicilio, sus normas de organización y la identidad de sus representantes.
El acuerdo, adoptado por el órgano competente, en virtud del cual una asociación, inscrita previamente en el Registro General de Asociaciones, decide acogerse a la presente Ley, en el cual deben constar sus datos identificativos.
Todo hecho o acto en virtud del cual una asociación profesional inscrita en este registro deja de estar sujeta a la presente Ley.
La Administración de la Generalidad debe promover la fusión voluntaria de los colegios territoriales de una misma profesión y de los colegios de profesiones análogas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Adaptación de estatutos y demás normas colegiales. El plazo para adaptar a la presente Ley los estatutos y las demás normas colegiales de los colegios profesionales y los consejos de colegios profesionales finaliza el 31 de marzo de 2009. Mientras no se adapten, siguen vigentes en lo que no contradiga la Ley y deben interpretarse en todo caso de acuerdo con los nuevos principios legales.
Los profesionales integrados en un único colegio de ámbito estatal, incorporados a este por medio de cualquiera de sus delegaciones radicadas en Cataluña, sin perjuicio de poder mantener su colegiación actual, pueden formar un solo colegio profesional de ámbito catalán de conformidad con lo establecido por la presente Ley. El acuerdo de constitución del colegio profesional debe aprobarse por mayoría de votos de las personas asistentes a una asamblea general, a la que deben ser convocados todos los profesionales con domicilio profesional único o principal en Cataluña y que puede convocarse a iniciativa del delegado o delegada o si lo solicita un número de los colegiados anteriormente mencionados igual o superior al 10%.
Palacio de la Generalidad, 31 de mayo de 2006.
Redacción según Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas. Artículos 9 (apdo. 1), 14 (apdo. 1), 31 (apdo. 1d), 36 (apdo. 1), 39 (apdo. d), 40 y 44 (apdos. 4 y 5):
Artículo 40 bis:
LEY 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporteLEY 4/2008, de 24 de abril, del Libro Tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicasLEY 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privadoLEY 5/2010, de 26 de marzo, de bases de delegación en el Gobierno de la potestad legislativa para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interiorDECRETO Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interiorLEY 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa	Cerrar PDF
LEY 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales	Trámites