Source: http://absta.info/informe-no-514.html
Timestamp: 2018-02-21 09:21:52
Document Index: 86687010

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 48']

CASO 12.841
I.RESUMEN 1
II.TRÁMITE ANTE LA CIDH 2
III.POSICIÓN DE LAS PARTES 2
A. Los peticionarios 2
B. El Estado 7
IV.HECHOS PROBADOS 10
A. Situación de Ángel Alberto Duque y solicitud de pensión de sobrevivencia 10
B. Marco legal del sistema de seguridad social en Colombia 11
C. Acciones de tutela incoadas para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia 13
D. Jurisprudencia posterior de la Corte Constitucional 15
V.ANÁLISIS DE DERECHO 17
A. Cuestiones previas 17
B. Derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación (artículo 24 de la Convención Americana), en relación con las obligaciones de respetar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana) 17
C. Derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial (artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana), en relación con la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención Americana) 27
D. Derecho a la integridad personal (artículo 5.1 de la Convención Americana), en relación con la obligación de respetar los derechos (artículo 1.1 de la Convención Americana) 32
VII. RECOMENDACIONES 33
El 8 de febrero de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por la Comisión Colombiana de Juristas y Germán Humberto Rincón Perfetti (en adelante “los peticionarios”) en la cual se alega la responsabilidad de la República de Colombia (en adelante “el Estado”, “el Estado colombiano” o “Colombia”) por la violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”, “la Convención” o “la CADH”). Los peticionarios alegaron que el señor Duque fue objeto de una discriminación injustificada, al negársele la pensión de sobreviviente de su pareja en base a su orientación sexual. Asimismo, manifestaron que esa situación discriminatoria colocó en una situación de desprotección al señor Duque y afectó, entre otras cosas, sus posibilidades de acceder a los servicios de salud requeridos en virtud de ser una persona que vive con VIH. Adicionalmente, señalaron que las autoridades colombianas interpretaron y aplicaron de manera restringida las normas sobre seguridad social y sustitución pensional, como así también que las respuestas a las acciones de reclamación no garantizaron el acceso a un debido proceso con las debidas garantías.
Por su parte, el Estado no controvirtió los hechos alegados por los peticionarios pero sostuvo que no ha incurrido en responsabilidad internacional en relación con las violaciones de derechos humanos señaladas. En particular, el Estado consideró que ha realizado avances importantes en materia pensional para parejas de personas del mismo sexo, y en el presente caso no debe centrarse en determinar si el señor Duque ha sido discriminado, ya que una eventual situación de esa naturaleza se habría dado como consecuencia del dispositivo de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales (en adelante “DESC”) y el margen de flexibilidad con que cuentan los Estados para garantizar este tipo de derechos a todos sus habitantes. Asimismo, consideró que este caso versa sobre perjuicios eventuales, dado que el señor Duque tuvo acceso a los medicamentos necesarios para tratar su enfermedad. Finalmente, el Estado manifestó que no se restringió al señor Duque la posibilidad de acceder a la justicia; y que el hecho de que las decisiones tomadas en primera y segunda instancia no fueran favorables a sus intereses no implica la inexistencia de debido proceso legal.
El 2 de noviembre de 2011, la Comisión aprobó el Informe No. 150/11, mediante el cual se declaró competente para conocer la petición y declaró que la misma era admisible por la posible violación de los derechos consagrados en los artículos 5, 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana en conexión con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento. Asimismo, declaró inadmisible la petición en relación con la violación del derecho establecido en el artículo 4 en conexión con el artículo 1.1 de la Convención Americana.
Tras analizar la posición de las partes, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado de Colombia es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, a la igualdad y no discriminación, y a la protección judicial consagrados en los artículos 5.1, 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
El 8 de febrero de 2005 se recibió la petición inicial. El trámite desde la presentación de la petición hasta la decisión sobre admisibilidad se encuentra explicado en detalle en el informe de admisibilidad1, aprobado el 2 de noviembre de 2011.
El 8 de noviembre de 2011, la Comisión notificó a las partes el referido informe, les informó que la petición había sido registrada con el número de caso 12.841 y en virtud del artículo 38.1 del Reglamento entonces vigente, fijó un plazo de tres meses para que los peticionarios presentaran sus observaciones adicionales sobre el fondo. Asimismo, de conformidad con el artículo 48.1 f) de la Convención Americana, la Comisión se puso a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa del asunto.
Los peticionarios presentaron escritos de observaciones sobre el fondo del caso el 12 de enero, 9 de febrero y 20 de noviembre de 2012. En particular, en su comunicación de 12 de enero de 2012, los peticionarios declinaron explorar el mecanismo de solución amistosa, “dada la trascendencia y particularidades del caso, los derechos humanos en juego y la postura estatal asumida en el trámite interamericano”. Por su parte, el Estado presentó sus escritos de observaciones sobre el fondo del caso el 12 de julio de 2012 y el 28 de febrero de 2013. El 22 de julio de 2013, la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas presentó un amicus curiae, que fue debidamente transmitido a las partes.