Source: https://recull.creinsa.com/sentencia/11214
Timestamp: 2017-12-11 09:20:39
Document Index: 412120456

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 219', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 161', 'artículo 235']

nº Sentencia: 729/2017
jubilación anticipada: pueden acogerse a la pensión de jubilación anticipada por discapacidad los trabajadores que, durante el tiempo reglamentariamente exigido, han prestado servicios efectivos afectados por dos deficiencias distintas que, en su consideración conjunta, generan una discapacidad en grado igual o superior al 45 por 100, pero de la que solo una de ellas figura incluida entre las enumeradas en el art. 2 del Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre , regulador de dicha prestación, no alcanzando, en su consideración aislada, tal umbral.
Si como se recoge en la respuesta remitida por el Gobierno al Congreso de los Diputados obrante en autos, el 70 % de las prestaciones de jubilación anticipada de las que tratamos, corresponde a personas que sufren secuelas de poliomielitis o secuelas post-polio, es evidente que la solución contraria produciría el efecto de perjudicar gravemente el efecto útil de las disposiciones que regulan esta clase de jubilación y frustraría las expectativas creadas en las personas con discapacidad, singularmente de aquellas que contrajeron en su infancia una enfermedad que ha marcado sus vidas y su actividad laboral, y marcará también su jubilación, y de las asociaciones que defienden sus derechos e impediría alcanzar el propósito perseguido.
Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia 729/2017 de 27 Sep. 2017, Rec. 4233/2015
Esta sala ha visto el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Anselmo , representado y asistido por la letrada D.ª Sagrario Sancho Martín, contra la sentencia dictada el 8 de octubre de 2015 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Burgos, en recurso de suplicación nº 571/2015, interpuesto contra la sentencia de fecha 26 de mayo de 2015, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Segovia , en autos nº. 186/2015, seguidos a instancias de referido recurrente contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social sobre jubilación. Ha comparecido como parte recurrida el Instituto Nacional de la Seguridad Social representado y asistido por la Letrada Dª. Ángeles Lozano Mostazo.
PRIMERO.- Con fecha 26 de mayo de 2015 el Juzgado de lo Social nº 1 de Segovia dictó sentencia , en la que se declararon probados los siguientes hechos:
« 1º.- D. Anselmo , nacido el día NUM000 de 1957, que figura afiliado a la seguridad Social incluido en el régimen general de la misma, solicitó el día 23 de febrero de 2015 pensión de jubilación que fue denegada por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en resolución de fecha 24 de febrero de 2015 por no acreditar a lo largo de su vida laboral un tiempo efectivamente trabajado equivalente al menos al 15 años con un grado de discapacidad igual o superior al 45 %.
6º.- La base reguladora de la prestación que se interesa asciende a la cantidad de 1.606,79 € mensuales, con porcentaje a aplicar del 100%, fecha de efectos de 23 de febrero de 2015».
SEGUNDO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Burgos, la cual dictó sentencia en fecha 8 de octubre de 2015 , en la que consta el siguiente fallo: «Que debemos estimar y estimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, frente a la sentencia de que dimana el presente rollo dictada por el Juzgado de lo Social de Segovia de fecha 26 de Mayo de 2015 , en autos número 186/2015 seguidos a instancia de DON Anselmo , contra los recurrentes, en reclamación sobre Jubilación, y en su consecuencia debemos revocar y revocamos la sentencia recurrida para, desestimando las pretensiones de la demanda, absolver libremente de las mismas a la demandada. Sin costas».
TERCERO.- Por la representación de D. Anselmo se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina ante la misma Sala de suplicación el 21 de diciembre de 2015. Se aporta como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Burgos de fecha 8 de junio de 2015 (R. 360/2015 ).
CUARTO.- Con fecha 22 de junio de 2016 se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del escrito de interposición y de los autos a la representación procesal de la parte recurrida para que formalice su impugnación en el plazo de quince días.
QUINTO.- Evacuado el traslado de impugnación por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el sentido de considerar el recurso procedente e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 27 de septiembre de 2017, fecha en que tuvo lugar.
PRIMERO.- 1. La cuestión planteada en el presente recurso para unificación de doctrina consiste en determinar si pueden acogerse a la pensión de jubilación anticipada por discapacidad los trabajadores que, durante el tiempo reglamentariamente exigido, han prestado servicios efectivos afectados por dos deficiencias distintas que, en su consideración conjunta, generan una discapacidad en grado igual o superior al 45 por 100, pero de la que solo una de ellas figura incluida entre las enumeradas en el art. 2 del Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, regulador de dicha prestación, no alcanzando, en su consideración aislada, tal umbral.
La sentencia impugnada resuelve el caso de un trabajador nacido el 21 de abril de 1957 , aquejado de poliomielitis infantil en los dos miembros inferiores. En el año 1995, el órgano competente en la materia le reconoció un grado de discapacidad del 50 %, por presentar una paraparesia secundaria a la citada enfermedad infecciosa, y una anomalía morfo- torácica por cifosis de etiología congénita, sin que exista constancia del porcentaje de discapacidad atribuido a cada una de dichas deficiencias, al que se sumaron dos puntos por factores sociales
complementarios. Incoado expediente de revisión, en fecha 22 de octubre de 2011 se dictó resolución administrativa que elevó el grado de discapacidad al 54 %, resultante de combinar los porcentajes del 40 y del 24 % asignados, respectivamente, a las mencionadas dolencias, más un punto por factores sociales complementarios, obteniendo ocho puntos en el baremo de movilidad reducida. En febrero de 2015, a los 57 años de edad, solicitó la pensión de jubilación anticipada, viendo rechazada su petición. La demanda presentada contra la resolución denegatoria fue estimada en la instancia mediante sentencia que fue revocada en suplicación por la que ahora es objeto de impugnación.
La sentencia recurrida ha fundado su decisión en que el porcentaje de discapacidad atribuido a la dolencia recogida en la lista reglamentaria - secuelas de polio - no llega al mínimo del 45 % exigido por el artículo 2 del Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre.
2. Contra dicho pronunciamiento se ha interpuesto, por el actor, el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que propone como sentencia de contraste a fin de acreditar la existencia de contradicción doctrinal que lo viabiliza, la pronunciada por la misma Sala de Burgos el 8 de junio de 2015 (Rec. 56/2015 ).
La sentencia referencial desestimó el recurso de suplicación formalizado por la entidad gestora contra el fallo de instancia, al entender que los requisitos exigidos para acceder a esa clase de jubilación se resumen, en lo que ahora importa, en el reconocimiento de un porcentaje de discapacidad igual o superior al 45 % y en el padecimiento de alguna de las enfermedades incluidas en el artículo 2 del Real Decreto 1851/2009, puntualizando la Sala que dado el grado y relevancia de esas dolencias es lógico que tengan una influencia decisiva en el otorgamiento del porcentaje indicado.
3. A la vista de cuanto se deja consignado es claro, como informa el Ministerio Fiscal, que, en el punto sometido a la consideración de la Sala, las sentencias contrastadas son contradictorias en los términos previstos en el artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
También existe coincidencia en las pretensiones deducidas por los litigantes y en la normativa aplicada, al igual que en el tema sometido a debate en suplicación y que ahora se suscita ante esta Sala. Finalmente, las sentencias contrastadas han resuelto la cuestión de forma antagónica, ya que mientras la impugnada sostiene que para que un trabajador pueda acogerse a la pensión de jubilación anticipada en la modalidad que nos ocupa, no sólo es necesario que padezca una de las deficiencias enumeradas en la norma reglamentaria, sino que, además, esa dolencia genere,
por sí sola, un porcentaje de discapacidad igual o superior al 45 %, la de contraste llega a solución opuesta.
SEGUNDO.- 1. Entrando, pues, en análisis de la alegada vulneración de los artículos 1, 2 y 5 del Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, conviene comenzar recordando que la prestación que regula dicha norma fue incorporada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, que, al añadir un nuevo artículo - 161 bis- al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 30 de junio, admitió la posibilidad de reducir la edad ordinaria de acceso a la jubilación de las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 45 %, "siempre que se trate de dolencias reglamentariamente determinadas en las que concurran evidencias que determinan de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida".
2. Como desarrollo y complemento del mencionado precepto legal, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1851/2009, en cuyo Preámbulo se recoge el planteamiento que inspiró la reforma, al señalar que "La reducción de la edad de jubilación tiene su fundamento no sólo en el mayor esfuerzo y la penosidad que el desarrollo de una actividad profesional comporta para un trabajador con discapacidad, lo que ha posibilitado que conforme al Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de minusvalía, ya estén establecidos coeficientes reductores de la edad de jubilación para los trabajadores que acrediten un grado de
discapacidad igual o superior al 65 por ciento, sino, además, en la exigencia de que en las personas con discapacidad con respecto a las que se establezca la anticipación de la edad de jubilación concurran evidencias de reducción de su esperanza de vida. Ello hace que en este supuesto se haya estimado más adecuado el establecimiento de una edad fija de acceso a la jubilación anticipada en lugar de la fijación de coeficientes reductores de la edad de jubilación".
3. Con el anterior recordatorio se pretende llamar la atención sobre la doble finalidad a la que responde esta clase de jubilación, tal como queda expresado en el prefacio de la norma reglamentaria que la ordena. La primera, común a las dos modalidades de jubilación anticipada por discapacidad radica en el establecimiento de una medida de acción positiva - entendida como un apoyo de carácter específico destinado a compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y destinadas a lograr la igualdad de hecho -, dirigida a un colectivo de trabajadores que, "de facto", se encuentra en una situación de desigualdad, toda vez que la discapacidad, en sí misma, implica una situación de mayor esfuerzo y penosidad en el desempeño de la actividad laboral, lo que conlleva un mayor y más acelerado desgaste físico y funcional, y justifica que, de cumplir determinados requisitos, puedan acceder a la jubilación a una edad más temprana que la ordinaria. Medida de acción positiva que se encuadra en el marco legal configurado por los artículos 9.2, 10, 14, 41 y 49 de la Constitución, así como por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España.
4. La perspectiva que proporciona el análisis de las finalidades perseguidas con esta clase de jubilación es necesaria, junto a la toma en consideración de otros elementos exegéticos, para afrontar la interpretación de los preceptos cuya vulneración su acusa en el recurso, en la medida en que su literalidad puede generar las dudas que explican la disparidad doctrinal.
El artículo 1 del Real Decreto 1851/2009, al definir su ámbito de aplicación, lo extiende a los trabajadores que "acrediten que, a lo largo de su vida laboral, han trabajado un tiempo efectivo equivalente, al menos, al período mínimo de cotización que se exige para poder acceder a la pensión de jubilación, afectados por alguna de las discapacidades enumeradas en el artículo siguiente y que hayan determinado durante todo el tiempo un grado de discapacidad igual o superior al 45 por 100". Por su parte, el artículo 2, relaciona las discapacidades que pueden dar lugar a la anticipación de la edad de jubilación, por concurrir en ellas "evidencias que determinan de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida". La conjunción copulativa "y" que une las deficiencias listadas con el grado mínimo de discapacidad a acreditar durante todo el período exigido, constituye el principal foco de dificultad en la labor hermenéutica. Su empleo podría llevar a la conclusión de que el reconocimiento de la jubilación anticipada está condicionado no sólo a que el trabajador acredite el grado mínimo de discapacidad requerido y que, a lo largo de todo el tiempo prefijado, haya estado afectado de, cuando menos, una de las dolencias tasadas, sino, además, a que la sufrida le provoque, durante todo ese período, una discapacidad no inferior al 45 %.
Esta interpretación no se puede aceptar por diversas razones. En primer lugar, no encuentra respaldo en la disposición legal que la norma a estudio desarrolla y complementa, de la que más bien se infiere lo contrario, en tanto que el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social precisa que la modalidad de jubilación que instaura se reserva a las personas con discapacidad en un grado igual o superior al 45 %, "siempre que se trate de dolencias
reglamentariamente determinadas en las que concurran evidencias que determinan de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida". De la lectura de este precepto se deduce que la voluntad del legislador fue la de establecer dos requisitos diferenciados; de un lado, un determinado grado de discapacidad, y, de otro, el padecimiento de una dolencia listada, pero sin exigir que tal porcentaje se alcanzase exclusivamente con esa afección.
Y es que si la intención del Gobierno hubiera sido la de exceptuar, a los efectos indicados, el grado de discapacidad del 45 por 100, todo tipo de dolencias distintas de las vinculadas a la reducción de la esperanza de vida, de forma que no fuese suficiente con padecer esa patología, sino que la misma determinase, por sí sola, ese porcentaje de discapacidad, así lo habría consignado de manera explícita, utilizando cualquiera de las fórmulas posibles, y al no haberlo hecho así, no cabe admitir la exclusión de las citadas dolencias a partir de una previsión cuya exégesis, a la luz de lo razonado en los párrafos precedentes, está lejos de resultar inequívoca y concluyente. La interpretación que se alcanza es, además, la más ajustada al canon finalista, cuya aplicación resulta particularmente adecuada teniendo en cuenta los principios y valores constitucionales en juego. Si a tenor de la indagación anteriormente realizada, el objetivo perseguido por el legislador con la creación de esta modalidad de jubilación anticipada fue que las personas con una discapacidad importante que han desarrollado su actividad profesional afectadas por una dolencia asociada a una menor esperanza de vida, puedan adelantar su edad de retiro por haber sufrido un mayor y más acelerado desgaste físico y funcional y tener un horizonte temporal más corto para disfrutar la pensión, ambas circunstancias concurren en personas que han trabajado durante el tiempo exigido con una discapacidad superior al 45 %, aquejando una dolencia listada, que además es la preferente y en un grado en modo alguno irrelevante, sino muy superior al 33 %, y otra, secundaria en su caso a la listada, o susceptible de agravarla, determinando tanto una mayor penosidad en el trabajo y un mayor deterioro físico y funcional como una menor esperanza de vida.
TERCERO.- Cuanto se deja expuesto conduce, de conformidad con el dictamen del Ministerio Fiscal, a la estimación del recurso presentado por el actor y a casar y anular la sentencia recurrida, y resolviendo el debate planteado en suplicación, a desestimar el recurso de tal clase formulado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la misma y confirmar la sentencia de instancia, sin que proceda pronunciamiento sobre costas (artículo 235 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción).
: 1. Estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina formalizado por la representación legal de D. Anselmo , contra la sentencia dictada el 8 de octubre de 2015 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Burgos, en recurso de suplicación nº 571/2015, interpuesto contra la sentencia de fecha 26 de mayo de 2015, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Segovia , en autos nº 186/2015. 2. Casar y anular la sentencia impugnada y resolviendo el debate en los términos planteados en suplicación desestimar el recurso y confirmar la sentencia de instancia. 3. Sin costas.