Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R1177&amp;from=ET
Timestamp: 2019-05-23 15:23:22
Document Index: 168916977

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 355', 'artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 4', 'artículo 24']

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La Unión debe orientar su intervención en el sector del transporte por mar y por vías navegables a garantizar, entre otros objetivos, un alto nivel de protección de los pasajeros comparable al de otros modos de transporte. Además, han de tenerse plenamente en cuenta las exigencias de la protección de los consumidores en general.
Habida cuenta de que los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables son la parte más débil en el contrato de transporte, es necesario proporcionar a todos esos pasajeros un nivel mínimo de protección. Nada debe impedir que los transportistas ofrezcan a los pasajeros condiciones contractuales más favorables que las establecidas en el presente Reglamento. Al mismo tiempo, el presente Reglamento no pretende interferir en las relaciones comerciales entre empresas relativas al transporte de mercancías. En particular, los acuerdos entre camioneros y transportistas no deben considerarse contratos de transporte a los efectos del presente Reglamento y, por lo tanto, no deben otorgar ni al camionero ni a sus empleados ningún derecho a indemnización en virtud del presente Reglamento en caso de retrasos.
La protección de los pasajeros debe cubrir no solo los servicios de pasaje entre puertos situados en el territorio de los Estados miembros, sino también entre esos puertos y los situados fuera de su territorio, teniendo en cuenta el riesgo de distorsión de la competencia en el mercado del transporte de pasajeros. Por consiguiente, a los efectos del presente Reglamento, el término «transportista de la Unión» debe interpretarse en el sentido más amplio posible, aunque sin afectar a otros actos jurídicos de la Unión, como el Reglamento (CEE) no 4056/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, por el que se determinan las modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado a los transportes marítimos (3), y el Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (4).
El mercado interior de servicios de pasaje por mar y por vías navegables debe beneficiar al conjunto de los ciudadanos. Por consiguiente, las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida por motivo de incapacidad funcional, de edad o de cualquier otro factor deben tener oportunidades comparables a las de otros ciudadanos para utilizar los servicios de pasaje y los cruceros. Las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida tienen los mismos derechos que todos los demás ciudadanos por lo que respecta a la libertad de circulación, la libertad de elección y la no discriminación.
Los Estados miembros deben promover el uso del transporte público y de los billetes integrados a fin de optimizar la utilización e interoperabilidad de los distintos modos y operadores de transporte.
De conformidad con el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y a fin de asegurar que las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida disfruten de unas oportunidades de viajar por mar y por vías navegables comparables a las de los demás ciudadanos, es preciso establecer normas que impidan su discriminación y les garanticen asistencia durante esos viajes. Por tanto, se debe aceptar el transporte de esas personas, pudiendo solo denegárselo cuando existan motivos justificados por razones de seguridad y establecidos por las autoridades competentes. Dichas personas deben disponer de asistencia en los puertos y a bordo de los buques de pasaje. Los objetivos de inclusión social exigen que esa asistencia sea gratuita. Los transportistas deben determinar las condiciones de acceso, preferentemente mediante el sistema de normalización europeo.
A la hora de decidir el diseño de los nuevos puertos y terminales o cuando se efectúen reformas importantes, los organismos responsables de esas instalaciones deben tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y de las personas con movilidad reducida, en particular en lo relativo a la accesibilidad, prestando especial atención a las obligaciones derivadas del «diseño para todos». Los transportistas deben tener en cuenta esas necesidades a la hora de diseñar nuevos buques de pasaje y de reformar los existentes de conformidad con la Directiva 2006/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por la que se establecen las prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación interior (5), y con la Directiva 2009/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre las reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje (6).
La asistencia dispensada en los puertos situados en el territorio de un Estado miembro debe permitir, entre otras cosas, el desplazamiento de las personas con discapacidad y de las personas con movilidad reducida desde un punto designado de llegada a un puerto hasta el buque de pasaje, y desde el buque de pasaje hasta un punto designado de salida de un puerto, incluido el embarque y el desembarque.
Al organizar la prestación de asistencia a las personas con discapacidad y a las personas con movilidad reducida, y la formación del personal asistente, los transportistas deben cooperar con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad o con movilidad reducida. En esta labor han de tener en cuenta asimismo las disposiciones pertinentes del Convenio Internacional y del Código sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, así como la Recomendación de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre el proyecto y las operaciones de los buques de pasaje para atender a las personas de edad avanzada o con discapacidad.
Las disposiciones relativas al embarque de personas con discapacidad o con movilidad reducida se entienden sin perjuicio de las normas generales aplicables al embarque de pasajeros establecidas en virtud de la normativa internacional, de la Unión o nacional en vigor.
Los actos jurídicos de la Unión en materia de derechos de los pasajeros deben tener en cuenta las necesidades de estos, en particular de las personas con discapacidad o con movilidad reducida, para el uso de diferentes modos de transporte y para el transbordo fluido entre diferentes modos, con arreglo a la normativa de seguridad aplicable a la navegación de buques.
Los pasajeros deben ser informados adecuadamente en caso de cancelación o retraso de algún servicio de pasaje o de un crucero. Esa información debe permitir a los pasajeros tomar las medidas oportunas y, en caso necesario, obtener información sobre las conexiones alternativas.
Es preciso reducir las molestias sufridas por los pasajeros como consecuencia de la cancelación o el grave retraso de su viaje. Con ese fin, es necesario atender adecuadamente a los pasajeros, quienes deben poder cancelar su viaje y obtener el reembolso de los billetes o un transporte alternativo en condiciones satisfactorias. Un alojamiento adecuado para los pasajeros no tiene por qué consistir en una habitación de hotel, sino que puede también ser cualquier otro alojamiento disponible, dependiendo en particular de las circunstancias que rodeen a cualquier situación específica, de los vehículos de los pasajeros y de las características del buque. En este sentido, en los casos debidamente justificados de circunstancias urgentes y extraordinarias, el transportista debe poder aprovechar plenamente las instalaciones pertinentes disponibles, en colaboración con las autoridades civiles.
En caso de cancelación o retraso de algún servicio de pasaje, los transportistas deben proporcionar a los pasajeros el pago de indemnizaciones basadas en un porcentaje del precio del billete, salvo cuando la cancelación o el retraso se deban a condiciones meteorológicas que pongan en peligro la seguridad de la navegación del buque o a circunstancias extraordinarias imposibles de evitar aun cuando se hubiesen adoptado todas las medidas oportunas.
Conforme a los principios generalmente aceptados debe incumbir a los transportistas la carga de la prueba de que la cancelación o el retraso fueron consecuencia de tales condiciones meteorológicas o circunstancias extraordinarias.
Entre las condiciones meteorológicas que ponen en peligro la seguridad de la navegación del buque cabe señalar, de manera no exhaustiva, vientos fuertes, mar agitado, corriente fuerte, condiciones difíciles debido a la presencia de hielo, niveles de agua extremadamente altos o bajos, huracanes, tornados e inundaciones.
Entre las circunstancias extraordinarias cabe señalar, de manera no exhaustiva, catástrofes naturales (como incendios y terremotos), atentados terroristas, guerras y conflictos armados militares o civiles, insurrecciones, confiscaciones militares o ilegales, conflictos laborales, desembarco de personas enfermas, heridas o fallecidas, operaciones de búsqueda y rescate en el mar o vías navegables, medidas necesarias para proteger el medio ambiente, decisiones adoptadas por los organismos encargados del tráfico o por las autoridades portuarias, o decisiones adoptadas por las autoridades competentes en lo que se refiere al orden público y la seguridad, así como la cobertura de las necesidades de transporte urgente.
Los transportistas —con la participación de las partes interesadas, las asociaciones profesionales y las asociaciones de defensa de los consumidores, los pasajeros, las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida— deben cooperar a fin de adoptar medidas a nivel nacional o europeo que mejoren la asistencia a los pasajeros cuyo viaje se haya visto interrumpido, especialmente en caso de grave retraso o cancelación del viaje. Se ha de informar sobre estas medidas a los organismos nacionales de ejecución.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha declarado que los problemas causantes de cancelaciones o retrasos solamente pueden quedar cubiertos por el concepto de circunstancias extraordinarias en la medida en que se deriven de circunstancias que no sean inherentes al ejercicio normal de la actividad del transportista de que se trate y escapen al control efectivo de dicho transportista. Es preciso señalar que las condiciones meteorológicas que hacen peligrosa la navegación del buque son perfectamente ajenas al control efectivo del transportista.
El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de los derechos de los pasajeros establecidos por la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (7). El presente Reglamento no debe aplicarse en caso de que un circuito combinado se cancele por motivos ajenos a la cancelación del servicio de pasaje o del crucero.
Los pasajeros deben ser plenamente informados, en un formato accesible para todos, de los derechos que les confiere el presente Reglamento, a fin de poder ejercitarlos efectivamente. Los derechos de los pasajeros deben incluir la recepción de información sobre el servicio de pasaje o crucero antes del viaje y durante su transcurso. Toda la información esencial que se facilite a los pasajeros debe presentarse también en formatos accesibles para las personas con discapacidad o con movilidad reducida, y dichos formatos accesibles deben permitir a los pasajeros acceder a la misma información utilizando texto, braille, y formatos de audio, vídeo o electrónicos.
Los pasajeros deben poder ejercitar sus derechos mediante procedimientos de reclamación adecuados y accesibles habilitados por los transportistas y los operadores de terminal en sus respectivos ámbitos de competencia, o, en su caso, mediante la presentación de reclamaciones al organismo u organismos designados a tal fin por el Estado miembro de que se trate. Los transportistas y los operadores de terminal deben responder dentro de un plazo previamente definido a las reclamaciones de los pasajeros, teniendo presente que la pasividad ante una reclamación podría esgrimirse contra ellos.
Teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por los Estados miembros para la presentación de reclamaciones, una reclamación relativa a la asistencia en un puerto o a bordo de un buque debe presentarse preferentemente ante el organismo o los organismos designados para la aplicación del presente Reglamento en el Estado miembro en el que esté situado el puerto de embarque y, para los transportes de pasajeros de un tercer país, en el Estado miembro en el que esté situado el puerto de desembarque.
Los Estados miembros deben asegurar el cumplimiento del presente Reglamento y designar al organismo u organismos competentes para llevar a cabo la supervisión y la aplicación del mismo. Ello no afecta al derecho de los pasajeros a recurrir a los tribunales a fin de obtener reparación con arreglo al Derecho nacional.
El organismo o los organismos designados para la ejecución del presente Reglamento deben ser independientes de todo interés comercial. Cada Estado miembro debe designar al menos un organismo que, cuando proceda, esté autorizado y tenga la capacidad de examinar reclamaciones individuales y de facilitar la solución de litigios. Los pasajeros deben tener derecho a recibir, dentro de un plazo razonable, una respuesta documentada del organismo designado. Dada la importancia que para la aplicación del presente Reglamento reviste una estadística fiable, en particular para garantizar una aplicación coherente en toda la Unión, los informes elaborados por estos organismos deben, en la medida de lo posible, incluir estadísticas sobre las reclamaciones y su desenlace.
Los Estados miembros deben establecer las sanciones aplicables a las infracciones del presente Reglamento y asegurar la aplicación de esas sanciones. Estas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, garantizar a los pasajeros un alto nivel de protección y asistencia en todos los Estados miembros y asegurar que los agentes económicos operen en condiciones armonizadas en el mercado interior, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.
La aplicación del presente Reglamento debe basarse en el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores («Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores») (8). Procede, por lo tanto, modificar dicho Reglamento en consecuencia.
La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (9), debe respetarse y aplicarse estrictamente a fin de garantizar que se respeta la privacidad de las personas físicas y jurídicas, y que tanto la información como los informes requeridos se destinan exclusivamente a cumplir las obligaciones establecidas en el presente Reglamento y no se utilizan en contra de dichas personas.
El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tal como menciona el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.
la no discriminación entre pasajeros en cuanto a las condiciones de transporte ofrecidas por los transportistas;
la no discriminación de las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida y la prestación de asistencia a esas personas;
los derechos de los pasajeros en caso de cancelación o retraso;
la información mínima que debe facilitarse a los pasajeros;
la tramitación de reclamaciones;
normas generales en materia de ejecución.
servicios de pasaje cuyo puerto de embarque esté situado en el territorio de un Estado miembro;
servicios de pasaje cuyo puerto de embarque esté situado fuera del territorio de un Estado miembro y cuyo puerto de desembarque esté situado en el territorio de un Estado miembro, siempre que el operador del servicio sea un transportista de la Unión con arreglo a lo definido en el artículo 3, letra e);
un crucero cuyo puerto de embarque esté situado en el territorio de un Estado miembro. No obstante, no se aplicarán a estos pasajeros el artículo 16, apartado 2, los artículos 18 y 19 y el artículo 20, apartados 1 y 4.
en buques autorizados a transportar hasta 12 pasajeros;
en buques en los que la tripulación responsable del funcionamiento del buque esté compuesta por tres personas como máximo o cuyo servicio de pasaje en su totalidad cubra una distancia inferior a 500 metros, en un solo sentido;
en circuitos de excursión y turísticos, excepto los cruceros, o
en buques no propulsados por medios mecánicos, así como en buques originales y reproducciones singulares de buques de pasaje históricos proyectados antes de 1965 y construidos predominantemente con los materiales de origen, autorizados a transportar hasta 36 pasajeros.
«persona con discapacidad» o «persona con movilidad reducida»: cualquier persona cuya movilidad para utilizar el transporte se halla reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiere una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás pasajeros;
«territorio de un Estado miembro»: territorio al que se aplica el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea tal como se indica en su artículo 355, en las condiciones que en él se fijan;
«condiciones de acceso»: normas, orientaciones e información pertinentes relativas a la accesibilidad de las terminales portuarias y de los buques, incluidas sus instalaciones para las personas con discapacidad o con movilidad reducida;
«transportista»: persona física o jurídica (distinta de un operador turístico, una agencia de viajes o un proveedor de billetes) que ofrece transporte al público en general mediante servicios de pasaje o cruceros;
«transportista de la Unión»: todo transportista establecido en el territorio de un Estado miembro o que ofrece transporte mediante servicios de pasaje con destino al territorio de un Estado miembro o a partir del mismo;
«servicio de pasaje»: servicio comercial de transporte de pasajeros por mar o por vías navegables realizado conforme a un horario hecho público;
«servicios integrados»: servicios de transporte interconectados dentro de un área geográfica determinada que cuentan con un único servicio de información, de expedición de billetes y un solo horario;
«transportista ejecutor»: persona distinta del transportista y que efectúa de hecho, total o parcialmente, el transporte;
«vías navegables»: masa, o sistema de masas interconectadas, de aguas interiores navegables, de carácter natural o artificial, que se utilizan para transporte, como lagos, ríos o canales o cualquier combinación de estos;
«puerto»: lugar o zona geográfica que se ha habilitado y dotado de instalaciones para permitir la recepción de buques en los que los pasajeros pueden embarcar, o de los que pueden desembarcar, de forma regular;
«terminal portuaria»: terminal, dotada como personal de un transportista o un operador de terminal, de un puerto que cuenta con instalaciones, como mostradores de facturación, taquillas de venta de billetes o salas de espera, y con personal para el embarque y el desembarque de pasajeros que viajan en servicios de pasaje o en un crucero;
«buque»: nave utilizada para la navegación por mar o por vías navegables;
«contrato de transporte»: contrato de transporte entre un transportista y un pasajero para la prestación de uno o varios servicios de pasaje o cruceros;
«proveedor de billetes»: cualquier detallista que celebre contratos de transporte por cuenta de un transportista;
«agencia de viajes»: cualquier detallista que actúe en nombre de un pasajero o de un operador turístico para celebrar contratos de transporte;
«operador turístico»: organizador o detallista, distinto de los transportistas, conforme a las definiciones del artículo 2, apartados 2 y 3, de la Directiva 90/314/CEE;
«reserva»: reserva de una salida específica de un servicio de pasaje o de un crucero;
«operador de terminal»: organismo público o privado ubicado en el territorio de un Estado miembro que sea responsable de la administración y la gestión de una terminal portuaria;
«crucero»: servicio de transporte por mar o por vías navegables realizado exclusivamente con fines de placer o recreativos, completado con alojamiento y otros servicios, con estancia a bordo superior a dos noches;
«suceso relacionado con la navegación»: naufragio, zozobra, abordaje o varada del buque, explosión o incendio en él, o deficiencia del mismo.
a fin de dar cumplimiento a los requisitos de seguridad establecidos por el Derecho internacional, de la Unión o nacional, o para dar cumplimiento a los requisitos de seguridad establecidos por las autoridades competentes;
si el diseño del buque de pasaje o las infraestructuras y equipos portuarios, incluidas las terminales portuarias, imposibilitan que se lleve a cabo de forma segura u operativamente viable el embarque, el desembarque o el transporte de la persona en cuestión.
se notifique al transportista o al operador de terminal, por cualquier medio disponible, incluidos los electrónicos o el SMS, la necesidad de asistencia a dichas personas, a más tardar 48 horas antes de que se requiera esa asistencia, a no ser que se haya acordado un plazo más breve entre el pasajero y el transportista o el operador de terminal, y
la persona con discapacidad o la persona con movilidad reducida se presente en el puerto o en el punto designado a que se refiere el artículo 12, apartado 3:
a la hora determinada por escrito por el transportista, no más de 60 minutos antes de la hora de embarque anunciada, o
si no se ha determinado hora de embarque alguna, como mínimo 60 minutos antes de la hora de salida anunciada, a no ser que se haya acordado un plazo más breve entre el pasajero y el transportista o el operador de terminal.
su personal, incluido el empleado por cualquier otra parte ejecutante, que preste asistencia directa a las personas con discapacidad o con movilidad reducida haya recibido la formación o las instrucciones adecuadas descritas en el anexo IV, partes A y B;
su personal que sea por lo demás responsable de la reserva y venta de los billetes o del embarque y desembarque, incluido el personal empleado por cualquier otra parte ejecutante, haya recibido la formación o las instrucciones adecuadas descritas en el anexo IV, parte A, y
las categorías de personal a que se refieren las letras a) y b) mantengan sus competencias, por ejemplo mediante instrucciones o cursillos de actualización cuando proceda.
3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando se aplique el artículo 4 del Reglamento (CE) no 392/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente (10).
la conducción hasta el destino final, en condiciones de transporte comparables, con arreglo al contrato de transporte, en la primera ocasión que se presente y sin coste adicional;
que el pasajero, en un primer momento, presente al transportista o al operador de terminal la reclamación contemplada en el presente Reglamento, y/o
que el organismo nacional de ejecución o cualquier otro organismo competente designado por el Estado miembro, actúe como instancia de apelación para las reclamaciones no resueltas con arreglo al artículo 24.
Reglamento (UE) no 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables (11).
(1) DO C 317 de 23.12.2009, p. 89.
(3) DO L 378 de 31.12.1986, p. 4.
(5) DO L 389 de 30.12.2006, p. 1.
(6) DO L 163 de 25.6.2009, p. 1.
(8) DO L 364 de 9.12.2004, p. 1.
(10) DO L 131 de 28.5.2009, p. 24.
(11) DO L 334 de 17.12.2010, p. 1.»
el reembolso, en un plazo de siete días, en metálico, por transferencia bancaria electrónica, transferencia bancaria o cheque por el valor del coste íntegro del billete — al precio al que se compró— correspondiente a la parte o partes del viaje no efectuadas y a la parte o partes del viaje efectuadas, si el viaje ha perdido razón de ser en relación con el plan de viaje inicial del pasajero, junto con, cuando proceda:
un servicio de vuelta al primer punto de partida, lo antes posible, o
la conducción hasta el destino final, en condiciones de transporte comparables, con arreglo al contrato de transporte, en la primera ocasión que se presente y sin coste adicional, o
la conducción hasta el destino final, con arreglo al contrato de transporte, en condiciones comparables, en una fecha posterior que convenga al pasajero, en función de los billetes disponibles.
comunicar su llegada a una terminal portuaria o si es posible a un puerto, y su solicitud de asistencia,
desplazarse desde un punto de entrada hasta el mostrador de facturación (cuando exista) o hasta el buque,
proceder a la comprobación de su billete y a la facturación de su equipaje, en caso necesario,
desplazarse desde el mostrador de facturación, cuando exista, al buque, a través de los controles de emigración y seguridad,
embarcar en el buque, para lo que deberán preverse elevadores, sillas de ruedas o cualquier otro tipo de asistencia que proceda,
desplazarse desde la puerta del buque a sus asientos o zonas,
guardar y recuperar su equipaje dentro del buque,
desplazarse desde sus asientos a la puerta del buque,
desembarcar del buque, para lo que deberán preverse elevadores, sillas de ruedas o cualquier otro tipo de asistencia que proceda,
recuperar su equipaje, en caso necesario, y pasar a través de los controles de inmigración y aduanas,
desplazarse desde la sala de recogida de equipajes o el punto de desembarque a un punto de salida designado,
si es preciso, desplazarse a los aseos (si existen).
la sensibilización y el trato adecuado para con los viajeros con discapacidades físicas, sensoriales (auditivas y visuales), ocultas o de aprendizaje, que incluye la capacidad de distinguir entre las distintas capacidades de las personas cuya movilidad, orientación o capacidad de comunicación pueda estar reducida,
las barreras a que se enfrentan las personas con discapacidad o con movilidad reducida, incluidas las barreras mentales, ambientales o físicas, y las organizativas,
los perros de asistencia reconocidos, incluyendo su función y sus necesidades,
las técnicas de trato interpersonal y los métodos de comunicación con personas con discapacidad auditiva, visual, locutiva o en el aprendizaje,
el conocimiento general de las directrices de la OMI incluidas en su Recomendación sobre el proyecto y las operaciones de los buques de pasajeros para atender a las necesidades de las personas de edad avanzada o con discapacidad.
la forma de ayudar a los usuarios de sillas de ruedas a sentarse en ellas o a levantarse de ellas,
métodos de asistencia a las personas con discapacidad o con movilidad reducida que viajen con perros de asistencia reconocidos, incluyendo la función y las necesidades de estos animales,
técnicas de acompañamiento de viajeros con discapacidad visual, y de manipulación y transporte de perros de asistencia reconocidos,
conocimientos sobre los diversos tipos de equipos de asistencia a las personas con discapacidad o con movilidad reducida y sobre la forma de manejar cuidadosamente dichos equipos,
la utilización de los equipos de asistencia utilizados en el embarque y desembarque, y el conocimiento de los procedimientos de asistencia adecuados para el embarque y el desembarque de las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida, salvaguardando su seguridad y su dignidad,
la comprensión de la necesidad de asistencia fiable y profesional. Asimismo, sensibilización ante la posibilidad de que determinadas personas con discapacidad y personas con movilidad reducida experimenten sentimientos de vulnerabilidad durante el viaje debido a su dependencia de la asistencia prestada,