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Timestamp: 2018-11-20 11:11:08
Document Index: 410254884

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 1', 'in fine', 'artículo 1', 'artículo 29', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine']

ACTUACION n°1: Escrito de demanda por cobro de sumas de dinero.
ACTUACION n°3: Dictamen del Sr. Representante del Fisco.
ACTUACION n°5. EL ALUMNO DEBERÁ CONFECCIONAR: Cédula de notificación a la actora de la sentencia interlocutoria dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia estableciéndose como fecha de notificación 2/11/1992. A tal efecto asumirá el rol de colaborador del juez.
Debe aclararse que las cédulas de notificación a las parte de dicha sentencia interlocutoria deben practicarse de oficio en el domicilio constituído por la parte.
ACTUACION n°6: EL ALUMNO DEBERÁ CONFECCIONAR: 1) Escrito de la actora apelando la sentencia interlocutoria dictada por el tribunal a quo.
ACTUACION n°8. Escrito de memorial presentado por la demandada.
ACTUACION n°10: Dictamen del Sr. Representante del Fisco.
ACTUACION n°12: Nota de pase del expediente a la Cámara.
ACTUACION n°14: Resolución o providencia judicial que tiene por devuelto el expediente en Primera Instancia.
ACTUACION n°15: Dictamen del Sr. Representante del Fisco.
ACTUACION n°16: Resolución o providencia judicial.
ACTUACION n°17. Oficio al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°42 requiriendo el expediente por interposición del RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA LEY.
ACTUACION n°18: Resolución o providencia judicial.
ACTUACION n°19: Escrito de la parte actora interponiendo RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA LEY.
ACTUACION n°20: Resolución o providencia judicial.
ACTUACION n°21: Dictamen del Sr. Representante del Fisco.
ACTUACION n°22: Resolución o providencia judicial.
ACTUACION n°23: Resolución o providencia judicial que declara la existencia o inexistencia de contradicción entre la resolución recurrida y otros precedentes (art.293, Código Procesal).
ACTUACION n°24: Resoluciones o providencias del Presidente del Tribunal del Recurso de Inaplicabilidad de la ley, es decir del Presidente de la Cámara de Apelaciones tendientes a: 1) Dictar la “providencia de autos”; 2) Determinar la cuestión a resolver –es decir establecer el “objeto” del Recurso; (art.294, Código Procesal); 3) Fija definitivamente la referida cuestión luego de comunicada y oídos el resto de lo vocales (arts.295 y 296, Código Procesal).
ACTUACION n°25: Sentencia o Fallo Plenario del Tribunal (art.303, Código Procesal).
ACTUACION n°26. Resolución del Presidente del Tribunal (Presidente de la Cámara) declarando la aplicación al caso la Doctrina Plenaria establecida.
ACTUACION n°27. Oficio de la Sala “C” –que declaró la procedencia del Recurso de Inaplicabilidad de la ley- a la Sala “M” –que previno- para dictar sentencia conforme lo establecido en la Doctrina Plenaria.
ACTUACION n°28: Resolución judicial de la Sala “M” –Sala de origen- aplicando la doctrina plenaria establecida.
ACTUACION n°29: Resolución o providencia judicial que tiene por devuelto el expediente en Primera Instancia.
EXPTE N° 69883/1.992 JUZGADO N° 42
FECHA ASIGNACION: 10 / 9 / 1992
PLAYMARKET ARGENTINA S.D.M. y M. S.A.
| JUEZ: Dra. Beatriz T. Bonora
SALA: | SECRETARIO: Dr. Julio C. Speroni
|T°.. – F°.. P.E., MARIA RIVADAVIA AV. 1 Activo
|T°.. – F°.. V.O., ALBERTO RIVADAVIA AV. 1 Activo
MARIA P.E., abogada (Tº.., Fº..), C.U.I.T. n°......., con el patrocinio letrado del Dr.ALBERTO P.O. (Tº.., Fº..), C.U.I.T. n°....... constituyendo ambos domicilio legal (o procesal) en la calle Rivadavia N°1, a V.S. me presento y digo:
Como lo acredito con la copia del poder (general o especial) que acompaño, soy apoderado de la SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MUSICA –S.A.D.A.I.C.-, con domicilio real en la calle Lavalle 1547 de esta ciudad.
En virtud de las facultades conferidas solicito desde ya ser tenido por parte en representación de la nombrada.
II. EXENCION IMPOSITIVA:
SADAIC, como Asociación Civil, Cultural y mutualista, inscripta en el Registro Nacional de Mutualidades con fecha 19/7/46 bajo el N°68 del T°I, F°59, se encuentra exenta de toda obligación impositiva y pago de tasas judiciales según la ley 20.321 art.29, y Ley 23.898, art.1°.
III. DEMANDADO Y ACCION:
V. FACULTADES DE SADAIC:
VII. PLANTEA RESERVA DEL CASO FEDERAL:
VIII. PRUEBA:
VIII. DERECHO APLICABLE:
1. Me tenga por presentado, por parte en representación de S.A.D.A.I.C. y por constituído el domicilio procesal indicado.
2. Se tenga presente la exención impositiva expresada en el punto II.
3. Tenga por ofrecida la prueba documental.
4. Se de traslado de la demanda por el término de ley.
MARIA P.E. ALBERTO P.O.
JUZG.CIVIL 42--SEC--
11 SEP 92 11 33
///nos Aires, septiembre 17 de 1992.
De la exención impositiva solicitada, dése vista al Sr. Representante del Fisco.
En 21 de septiembre de 1992 se remiten las presentes actuaciones al Sr. Representante del Fisco. Conste.
La actora aduce que, por su carácter de entidad mutualista se halla exenta de impuestos, tasas y contribuciones (art.29, ley 20.321).
Al respecto sostiene esta representación que la ley de tasas judiciales 23.898 establece que estarán sujetas al tributo todas las actuaciones judiciales, salvo las exenciones previstas en éste u otro texto legal. Sin embargo, no se trata aquí de una exención de carácter genérico –como la que transcribe la actora- sino de una exención expresa, ya que las primeras quedaron englobadas en la última parte del inc.a), art.1°) de la ley 21.859, suprimida, pudiéndose citar como ejemplo de las segundas a la ley 18.345 del ordenamiento laboral (arts.41 y42), donde se alude expresamente a la exención del pago de la tasa de justicia y del impuesto de sellos.
Cabe aquí poner de manifiesto los especiales características que diferencian a la tasa de justicia de otras contribuciones que en sí son un impuesto ya que retribuyen un servicio prestado genéricamente a toda la comunidad. La tasa de justicia representa el pago de un servicio directo, inmediato, concreto, requrido líbremente por la parte y prestado por la Justicia. Este criterio separa a la tasa de justicia de otras “tasas”, consideradas genéricamente y que aplica el Poder Ejecutivo, participando mas bien del carácter de impuesto que de tasa, ya que no surgen como la tasa de justicia de un vínculo contractual entre las partes sino de la prestación de un servicio público, de carácter obligatorio.
Entendiendo así las netas diferencias que separan a la tasa de justicia de otras “tasas”, consideradas genéricamente, se comprende que ninguna exención de tipo general pueda abarcarla, pues era la voluntad del legislador circunscribir la exención a limitados casos, citados expresamente por la ley 23.898 o específicamente en otro texto legal.
Por consiguiente, solicito a V.S. no haga lugar a la oposición formulada por la actora.
Bs.As., 2 de octubre de 1992
Dra.Mónica S.S.
REPRESENTANTE DEL FISCO
Recibido en Secretaría hoy 16 OCT 1992 . Conste.
Expte.N°69.883/92.- “S.A.D.A.I.C. c/PLAYMARKET ARGENTINA s/COBRO DE SUMAS DE DINERO”. J. Civil N°42.
///nos Aires, octubre 30 de 1992.
Para resolver sobre el pedido de excención del pago de la tasa de justicia formulado por la actora a fs.82 punto II., a lo cual se opone el Sr. Representante del Fisco a fs.92.
I. La actora basa su petición en lo dispuesto en el art.1° de la ley 23.898 y en el art.29 de la ley 20.321. El primero de ellos, sienta como principio general que todas las actuaciones judiciales tributan dicha tasa, salvo excenciones dispuestas en la propia ley u otro texto legal. Por otra parte, el restante artículo mencionado, expresa “Las asociaciones mutualistas constituídas de acuerdo a las exigencias de la presente ley quedan exentas en el orden nacional, el de la Municipalidad de la Capital Federal, y en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego… de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras, en relación a sus bienes y por sus actos. Queda entendido que este beneficio alcanza a todos los INMUEBLES QUE tengan las asociaciones y cuando de éstos se obtengan rentas…” (el subjerdo es de quien suscribe).
II. De la interpretación de ambos textos legales surgiría que la actora no quedaría comprendida dentro de la remisión que efectúa el art.1° de la ley 23.898; toda vez que si para beneficiarse con una exención, se invocó la ley cuyo artículo 29 fue transcripto en lo pertinente, de su texto surge que se refiere a tasas sobre inmuebles y no por la prestación del servicio de justicia.-
III. A mayor abundamiento, cabe señalar que una elemental interpretación de la ley revela que el ámbito de aplicación de ella es general, en tanto que las exenciones están particularizadas respecto de ciertas personas o de ciertas actuaciones, de donde resultan gravadas todas las acciones judiciales que no se hallen expresamente exentas por causa de la persona que en ella interviene o por la especie de actuación de que se trate (C.N.Comercial, Sala D, 19/11/86, L.L.1987-b-234; DJ.1987-2-310, citado por E.D.-141).
IV. En consecuencia y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Representante del Fisco, RESUELVO: 1) Desestimar el pedido de exención de tasa de justicia formulado por la actora, haciendo lugar a la oposición. 2) Intímase a la parte actora al pago de $ 789,12 (PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON DOCE CENTAVOS), lo que deberá efectivizar dentro del término de 5 días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art.11 de la ley 23.898. 3) Notifíquese personalmente o por cédula POR SECRETARIA a la actora, y al Sr. Representante del Fisco en su despacho, a cuyo fin, remítasele oportúnamente las actuaciones.-
BEATRIZ T. BONORA
ACTUACION n°6: EL ALUMNO DEBERÁ CONFECCIONAR: Escrito de la actora apelando la sentencia interlocutoria dictada por el tribunal a quo.
///nos Aires, noviembre 30 de 1992.
Concédese en relación el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada en autos a fs.93.
MARIA P.E., abogada (Tº.., Fº..), C.U.I.T. n°......., con el patrocinio letrado del Dr.ALBERTO V.O. (Tº.., Fº..), C.U.I.T. n°....... con domicilio constituído a los efectos procesales en el estudio de la calle Rivadavia N°1, por la parte actora en los autos caratulados “S.A.D.A.I.C. c/”PLAYMARKET ARGENTINA S.D.M. & M.S.A.” s/COBRO DE SUMAS DE DINERO” (Expte. N°69.883/1992), ante V.S. comparezco y digo:
Que, venimos en tiempo y forma a fundar la apelación interpuesta por mi parte contra la sentencia interlocutoria de fecha 30/10/1992 de fs.93, a los efectos que la Excma.Cámara revoque la resolución apelada y exima a mi parte del pago de la Tasa de Justicia por las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación expondré:
S.A.D.A.I.C. se encuentra exenta en virtud de una serie de textos legales que brevemente menciono a fin de mejor ilustrar a la Excma.Cámara.
El artículo 1° de la ley 17.648 reconoce a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (S.A.D.A.I.C.) como Asociación Civil, Cultural, y mutualista, representativa de los creadores de música nacional popular o erudita con o sin letra y de las Sociedades Autorales Extranjeras.
La Excma.C[amara debe tener presente el carácter esencialmente cultural y mutualista de mi mandante, que simplemente recauda derechos de terceros y no persigue en sí misma fines de lucro.
S.A.D.A.I.C. es una de las asociaciones mutuales pioneras del país, y prueba de ello es que se halla inscripta en el Registro Nacional de Mutualidades con la Matrícula N°68, del Tomo I, de la Capital Federal.
El Instituto Nacional de Acción Mutual, mediante Resolución N°99 del 17 de julio de 1946 reconoce y autoriza a funcionar a S.A.D.A.I.C. como Asociación Mutual.
En tal sentido, se encuentra organizada de conformidad a lo establecido en las leyes 19.331 y 20.321.
Además dicha inscripción acuerda a mi mandante el caracter de sujeto de derecho con el alcance que el Código Cvil establece para las personas jurídicas.
Reconocido el caracter mutualista, cultural y sin fines de lucro, paso a exponer los fundamentos de la apelación incoada.
Manifiesta el representante del Fisco que S.A.D.A.I.C. no se encuentra comprendida en las excepciones previstas en el art.13 de la ley 23.898. Téngase en cuenta que ésta enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa por lo preceptuado en el art.1° de dicha ley que dice, en su parte final “… salvo exenciones dispuestas en ésta u OTRO TEXTO LEGAL”.
Asimismo, el a quo en su resolución de fs.99 en sus considerandos dice que el art.29 de la ley 20.321 “… se refiere a tasas sobre inmuebles y no a la prestación del servicio de la justicia…”. Esto no es cierto en cuanto a que el artículo mencionado dispone que las asociaciones mutualistas quedan exentas en el orden nacional, en el de la Municipalidad de Capital Federal, “… de todo impuesto, tasa o contribución de mejora en relación a sus bienes y por sus actos…”.
Por lo tanto, se entiende que la ley no limita su exención a los impuestos, tasas y contribuciones que graven los inmuebles de la asociación mutualista, sino también los que recaigan sobre sus actos.
Con el criterio del a quo no se podría explicar la existencia de las exenciones fiscales que avalan la postura de mi mandante, las que expongo a continuación.
A- El Decreto-Ley 24.499/45 (art.45) dice textualmente: “Las asociaciones mutualistas… quedan exentas en todos sus actos y bienes de toda carga y gravamen en el orden nacional y municipal de la Capital Federal y de los territorios nacionales, creados o a crear, sea por impuestos, tasa o contribuciones de mejora, inclusive del impuesto de sellos en las cuestiones administrativas o judiciales y del impuesto a los réditos…”.
B- También S.A.D.A.I.C. se encuentra exenta del pago de los impuestos creados por las leyes 18.524 y 18.526, tal como consta en Resolución de la Dirección General Impositiva, cuya copia se acompaña al presente.
C- También mi mandante se encuentra exenta del pago del impuesto creado por el art.1° de la ley 22.916.
Y es de hacer notar a V.E. que la Dirección General Impositiva ha reconocido a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, su condición de exenta de acuerdo a lo previsto por el art.20, inc.g) de la Ley de Impuesto a las Ganancias, todo esto conforme a Resolución DGI dictada oportúnamente, cuya copia acompaño al presente.
C- Asimismo S.A.D.A.I.C. no etá obligada al pago del gravamen de impuestos sobre los Débitos, creados por la ley 21.415, conforme al art.4° inc.c) de la citada ley.
Cabe señalar, con respecto a la resolución recurrida, donde el a quo dice que el ámbito de aplicación del artículo 1° de la ley 23.898 es de carácter general y que las excenciones están particularizadas respecto de ciertas personas o de ciertas actuaciones. Una vez más decimos que se ignora la última parte de dicho artículo en cuanto a “… salvo exenciones dispuestas en esta u otro texto legal…”. Y agregamos que S.A.D.A.I.C., como Asociación Mutual (nos remitimos a lo expresado ut supra), se encuentra exenta “en virtud de la persona que interviene”, toda vez que la ley 20.321 en su artículo 29 así lo determina.
El decisorio apelado se contrapone con lo que la jurisprudencia ha entendido expresamente en estos casos en fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E, de fecha 15 de septiembre de 1992 en autos R.116.255 “S.A.D.A.I.C. c/”ARTES CINEMATOGRAFICA S.R.L.” s/COBRO DE SUMAS DE DINERO” DONDE RESUELVE: “… Revocar la resolución de fs.225, y en consecuencia declarar exenta del pago de la tasa de justicia a la actora…”, se acompaña con la presente fotocopia de la sentencia citada. Asimismo, la resolución de fecha 3 de septiembre de 1992 dictada en autos “S.A.D.A.I.C. c/”DIFUSORA BAIRES S.A.” s/COBRO DE SUMAS DE DINERO” que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°89, Expte.N°55.336/92, entendió en el mismo sentido. Se acompaña fotocopia de la misma.
Si bien es cierto que S.A.D.A.I.C. no se encontraría comprendida en las causales de exención de tasa de justicia dispuestas por el art.13 de la ley 23.898, al encontrarse eximida en todas las disposiciones legales citadas, resulta incluída en el ya mencionado párrafo final del art.1° de la misma ley.
3. Se revoque la sentencia interlocutoria dictada a fs.99, y en consecuencia se declare a mi mandante exenta del pago de la tasa de justicia.
JUZG.CIVIL 42 –SEC--
9 DIC 92 09 15
///nos Aires, diciembre 9 de 1992.
Del memorial acompañado, traslado.
Dese vista al Sr. Representante del Fisco.
JULIO C.SPERONI
En 10 de diciembre de 1992 remití las presentes actuaciones al Sr. Representante del fisco. Conste.
Que vengo a contestar el traslado que del memorial se me corriera por auto del 9/12/92, pidiendo la confirmación de la resolución recurrida, por las siguientes razones.-
Sostiene la accionante que en virtud del art.1° de la ley 17.648 se le reconoce el carácter de asociación civil, cultural y mutualista y que por ello, de acuerdo con el art.45 del decreto-ley 24.499/45 y el art.29 de la ley 20.321, se encuentra exenta del pago de la tasa de justicia.
Corresponde señalar, en primer lugar, que es criterio uniforme en materia de exención de impuesto de sellos, ello debe emanar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que lo establezcan, correspondiendo fuera de tales supuestos la utilización estricta de las cláusulas respectivas (conf.C.S.J.N., 23/12/80 “The Coca-Cola Exp.Corporations Suc.Argentina”; id., 2/4/81, “Bodegas y Viñedos Santa Ana”, R.E.D.16-470 N°33), debiendo siempre prevalecer el criterio restrictivo (C.S.J.N., 2/6/91, “Sanguinetti, Emilio c/Estado Nacional-D.G.I.”, R.E.D.16-470 N°31, E.D.99-471).
El decreto 24.449/45 (art.45) específicamente establecía que quedban exentas las asociaciones mutualistas en todos sus actos y bienes de toda carga y gravamen en el orden nacional y municipal de impuestos, tasas o contribuciones de mejoras “inclusive dell impuesto de sellos en las cuestiones administrativas o judiciales”.-
Posteriormente, la ley 20.321 derogó el referido decreto y en su art.29 modificó la exención, estableciendo: “de todo impuesto, tasa o contibución de mejoras, en relación a sus bienes y por sus actos”, por lo que no se hace mención al impuesto de sellos en las cuestiones administrativas y judiciales.
Además, el citado artículo aclara qué bienes son los que alcanza: inmuebles, rentas de los inmuebles, impuestos a los réditos sobre los intereses por depósitos, derechos aduaneros, de importación de aparatos, etc., pero en ningún momento se refiere a la tasa de justicia.
La ley 21.859, anteriormente vigente, establecía en su art.2°, inc.a) “estarán exentos del pago de tasas judiciales las siguientes personas o actuaciones… y las demás entidades exentas por la ey nacional de sellos”. Es así, que quedaban comprendidas las entidades mutualistas, en virtud de lo dispuesto por la ley 18.524.
Actualmente, la ley 23.898 ha suprimido la última parte del art.2° inc.a) de la ley 21.859, por lo que no puede considerarse que se encuentre vigente tal exención.
En consecuencia, hasta que no exista una norma expresa que las exceptúe del pago de la tas de justicia, no puede considerárselas beneficiarias de tal exención
Representación del Fisco,, 14 de diciembre de 1992
Recibido en Secretaría hoy 15 DIC 1992 . Conste.
///nos Aires, diciembre 16 de 1992.
Téngase por contestado el traslado y elévense los autos al Superior, sirviendo la presente de atenta nota de remisión.
//nos Aires, 21 de diciembre de 1992 elevé las presentes actuaciones al Superior en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs.94 por la apoderada de S.A.D.A.I.C., Dra. María P.E. contra la resolución de fs.93. El recurso es concedido en relación a fs.96vta.
Dra. María P.E., apoderada de S.A.D.A.I.C. con domicilio constituído en la calle Rivadavia N°1. A fs.104/106 se presenta memorial el que es contestado a fs.108 por el Sr. Representante del Fisco.
El Sr. Representante del Fisco, notificado a fs.96vta.
La tasa de justicia no se encuentra oblada atento la naturaleza de la cuestión planteada.
Se eleva en un solo cuerpo en 110 fojas.
| 21 DIC 1992 |
SALA SORTEADA M
FIRMADO: ..................................
Recibido y puesto a despacho, hoy 28 de diciembre
De 19 92 , siendo las 8,00 hs. Conste.
Buenos Aires, diciembre 31 de 1992.
CARLOS HORACIO GARGANO
Poder Judicial de la Nación R.124.221 “S.A.D.A.I.C. c/”PLAYMARKET ARGENTINA” s/COBRO DE SUMAS DE DINERO”.
Juz.42.
///nos Aires, marzo 9 de 1993.
La expresión “por sus actos” no comprende la exención del pago de la tasa de justicia, pues el decreto 24.499/45, que también se refería a los actos y a los bienes, incluía, expresamente, a la exención del impuesto de sellos en las cuestiones administrativas o judiciales, pero fue derogado por la ley 20.321 que no menciona la tasa de justicia tal como lo destaca el Sr. Representante Fiscal.
Por ello, se confirma la resolución de fs.93/93vta. en lo que ha sido materia de agravios.
MARIO JORGE ISOLA
DISIDENCIA. VISTO Y CONSIDERANDO:
Teniendo en cuenta lo dispuesto por el art.29 de la ley 20.321, en lo que se refiere a que ls asociaciones mutualistas quedan exentas en el orden nacional, en el de la Municipalidad de la Capital Federal, de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras en relación a sus bienes y por sus actos, y lo prescripto por el art.1° “in fine” de la ley 23.928, corresponde admitir la queja (conf.C.N.Civil, Sala E, exp. R.116.255, 15-9-92)..-
En consecuencia, se revoca la resolución de fs.93, declarando exenta del pago de la tasa de justicia a la actora.-
En Bs.As., 10 de marzo de 19 93 , se devolvieron estos autos al Juzgado de origen. Conste.
Recibido en Secretaría hoy 16 MAR. 1993. Conste.
///nos Aires, marzo 19 de 1993.
Por devueltos; hágase saber. Notifíquese conjuntamente con lo resuelto por el Superior, y al Sr. Representante del Fisco en su despacho, a cuyo fin remítanse las actuaciones.
En 23 de marzo de 1993 se remiten las presentes actuaciones al Sr. Representante del Fisco en un cuerpo, Conste.
En la fecha me notifico de lo resuelto a fs.112 -----30/3/93---
Recibido en Secretaría hoy 28 ABR 1993 . Conste.
///nos Aires, abril 29 de 1993.
Buenos Aires, 2 de abril de 1993.
A LA SRA. JUEZ NACIONAL EN LO CIVIL
DRA. Beatriz T. Bonora.
Tengo el honor de dirigirme a V.S. en los autos caratulados "S.A.D.I.C. c/”PLAYMARKET ARGENTINA S.D.M. y M.S.A.” s/COBRO DE SUMAS DE DINERO” a fin de solicitarle la remisión de los mismos a esta Sala M, atento el recurso de inaplicabilidad de la ley interpuesto.
Recibido en Secretaría hoy 3 MAY 1993 . Conste.
///nos Aires, mayo 7 de 1993.
Atento lo solicitado por oficio agregado en autos a fs.114, remítanse las actuaciones a la SALA M de la Cámara Nacional de Apelaciones del Fuero, sirviendo la presente de muy atenta nota de remisión.
En 11 de mayo de 1993 se remiten las presentes actuaciones a la Sala “M” de la Cámara, como está dispuesto precedentemente. Conste.
Recibido y puesto a despacho, hoy 12 de mayo
De 19 93 , siendo las 8,00 hs. Conste.
INTERPONGO RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA LEY.
MARIA P.E., abogada (Tº.., Fº..), C.U.I.T. n°......., con el patrocinio letrado del Dr.ALBERTO P.O. (Tº.., Fº..), C.U.I.T. n°....... con domicilio constituído a los efectos procesales en el estudio de la calle Rivadavia N°1, por la parte actora en los autos caratulados “S.A.D.A.I.C. c/”PLAYMARKET ARGENTINA S.D.M. & M.S.A.” s/COBRO DE SUMAS DE DINERO” (Expte. N°69.883/1992), ante V.E. comparezco y digo:
Que, vengo en tiempo y forma a interponer recurso de inaplicabilidad de la ley contra el fallo de fecha 9 de marzo de 1993 dictado por esta Sala en las actuaciones precedentemente mencionadas, por resultar contradictorio con la doctrina establecida por la Sala “E” del mismo Tribunal en fallo 116.255 de fecha 15 de septiembre de 1992 en autos “S.A.D.A.I.C. c/”ARTES CINEMATOGRAFICA S.R.L.” s/COBRO DE SUMAS DE DINERO”.
El motivo por el cual se interpone este recurso es a los efectos de mantener un criterio uniforme en la interpretación de esta cuestión de derecho.
El recurso es admisible por las siguientes consideraciones que a continuación paso a exponer:
1.- El recurso se interpone contra fallo de fecha 9 de marzo de 1993 de esta Sala en autos “S.A.D.A.I.C. c/”PLAYMARKET S.D.M. y M.S.A. s/COBRO DE SUMAS DE DINERO”, firmado por C.H.Gárgano, G.S.Alvarez, con voto disidente del Dr.H.Daray, por resultar contradictorio con la doctrina establecida por la Sala “E” en fallo 116.255 de fecha 15 de septiembre de 1992 en autos “S.A.D.A.I.C. c/ARIES CINEMATOGRAFICA S.R.L. s/COBRO DE SUMAS DE DINERO”, firmado por los Dres. Juan Carlos Dupuis, Osvaldo O. Mirás con voto disidente del Dr. Mario Calatayud (h), que versa sobre la misma cuestión de derecho.
2.- El fallo antes mencionado fue invocado en el memorial presentado con fecha 9 de diciembre de 1992. Asimismo se acompañó en esa oportunidad fotocopia del fallo en cuestión.
3.- Se trata de una resolución judicial que resulta imposible volver en lo sucesivo sobre la cuestión articulada (C.N.Penal Económico en pleno 9/2/73, E.D. 59-446; C.N.Civil, en pleno 30/12/87, J.A.31/8/88 ps.9 a 14). Por lo tanto resulta admisible la avocación del Tribunal plenario.
4.- La contradicción existe en cuanto que el fallo sostiene que mi mandante no se encuentra exenta en el pago de tasa de justicia, interpreta que la exención debe resultar expresa con relación a la tasa de justicia específicamente.
En cambio, el fallo 116.255 dictado por la Sala “E” declara exenta del pago de Tasa de Justicia a mi mandante y hace la siguiente interpretación: “… Una interpretación sistemática y armónica de los testos legales citados lleva a concluir que si bien la entidad actora no se encuentra mencionada dentro de las causales de exención de tasa de justicia dispuesta por el art.13 de la norma particular aludida en último término, debe considerársela incluída en el párrafo final del art.1° de la misma ley que alude a las exenciones creadas por otras leyes y que, en el caso de autos, son las normas generales arriba transcriptas que regulan la actividad de las entidades mutualistas y que establecen una exención genérica al pago de tasas”.
Cabe señalar, que lo resuelto por la Sala “E” concuerda con el voto disidente del Dr. H.Daray en el fallo recurrido en cuanto que resolvió: “Teniendo en cuenta lo dispuesto por el art.29 de la ley 20.321, en lo que se refiere a que ls asociaciones mutualistas quedan exentas en el orden nacional, en el de la Municipalidad de la Capital Federal, de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras en relación a sus bienes y por sus actos, y lo prescripto por el art.1° “in fine” de la ley 23.928, corresponde admitir la queja (conf.C.N.Civil, Sala E, exp. R.116.255, 15-9-92).”
La ley 20.321 que rige a las asociaciones mutuales en su art.29 dispone que las asociaciones mutualistas quedan exentas en el orden nacional, en el de la Municipalidad de la Capital Federal, “… de todo impuesto, tasa o contribución de mejora en relación a sus bienes y POR SUS ACTOS…”
Si bien es cierto que S.A.D.A.I.C. no se encuentra comprendida en las causales de exención de tasa de justicia dispuestas por el art.13 de la ley 23.898, si está incuída en el párrafo final del art.1° de la misma ley que dice: “… salvo exenciones dispuestas en éste u OTRO TEXTO LEGAL”.
Al referirse la disposición citada “a otro texto legal” se está aludiendo sin hesitación alguna a las normas específicas que regulan la actividad del sujeto de derecho, que en este caso es la citada anteriormente. Asimismo el criterio expresado por la Sala “E” ha tenido acogida favorable en fallo de fecha 2 de marzo de 1993 en los autos “S..A.D.A.I.C. c/PARNISARI, CARLOS Y OTRO s/COBRO DE SUMAS DE DINERO”, Excma.Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “L”.
El fallo recurrido interpreta que “... La expresión “por sus actos”, no comprende la exención de pago de tasa de justicia, pues el decreto 24.499/45 que también se refería a los actos y a los bienes, incluía expresamente a la exención del impuesto de sellos en las cuestiones administrativas o judiciales pero fue derogado por la Ley 20.321 que no menciona la tasa de justicia...”.
Hace una distinción donde no la hay. Ni parte por el contrario sostiene que una interpretación armónica y coherente de los testos legales permite decidir que mi representante está incluído en el párrafo final del art.1° de la ley 23.898 que expresa: “... salvo exenciones dispuestas en éste u OTRO TEXTO LEGAL” es la ley que regula la actividad de mi representada N°20.321, cuyo art.29 expresa que la asociación mutualista queda exenta en el orden nacional, en el de la Municipalidad de la Capital Federal “... de todo impuesto, tasa o contribución de mejora en relación a sus bienes y POR SUS ACTOS”.
El fallo 116.255 dictado en autos “S.A.D.A.I.C. c/”ARTES CINEMATOGRAFICA S.R.L.” s/COBRO DE SUMAS DE DINERO” por la Excma.Cámara de Apelaciones en lo Civil, Sala “E”, suscripto por los Dres. Juan Carlos Dupuis, Osvaldo O. Mirás, con la disidencia del Dr. Mario Calatayud (h) expresa: “...Sin embargo, al dejar subsistentes las franquicias extendidas por “otras leyes” (art.1° ley 21.898 “in jure” cit) obliga a los jueces a respetarlas, puesto que seguramente también existen otras motivaciones, (el subrayado me pertenece), no explicitadas que lo indujeron a mantener la eximisión en esos particulares supuestos”.
La disidencia del Dr. Calatayud (h) entendemos que resulta inexacta por no reparar en el aspecto mutualista de la sociedad que represento, la cual se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Mutualidades y en considerarla solamente un ente recaudador como si S.A.D.A.I.C. percibiera un impuesto y no el fruto económico del trabajo intelectual del autor y/o compositor.
La interpretación que hacen de la ley en el fallo citado, resulta perfectamente aplicable al caso de autos donde la propia ley establece la exención al referirse a otro texto legal como así también resulta indudable la intención del legislador al establecer una exención estipulada en otros textos legales. La ley requiere especificidad y por lo tanto donde la ley no distingue no se debe distinguir.
Por todo lo expuesto, a los Señores Camaristas solicito:
1) Se tenga por interpuesto el recurso de inapicabilidad de la ley;
2) Se declare admisible el mismo y avoque a plenario al Tribunal;
3) Y en su oportunidad se revoque el fallo recurrido y se establezca la doctrina legal aplicable.
31 MAR 93 13 03
Buenos Aires, abril 2 de 1993.
Requiéranse los autos. Ofíciese.
Buenos Aires, mayo 13 de 1993.
Del recurso de inaplicabilidad de ley, traslado al señor Representante del Fisco, a cuyo fin se le remiten las presentes..
En 21 de mayo de 1993 pasé estos autos al Sr. Representante del Fisco. Conste.
El art.45 del decreto 24.499/45 establecía que las asociaciones mutualistas quedaban exentas de toda carga o gravamen en el orden nacional y municipal, tasas o contribuciones de mejoras, inclusive del impuesto de sellos en las cuestiones administrativas o judiciales.
Tal aclaración establece la diferencia entre el sellado de actuación en los procesos judiciales y las tasas aludidas genéricamente. De la misma redacción del texto surge que el término “tasa” alude quí a las contribuciones que aplica el Poder Ejecutivo por la prestación de servicios públicos de carácter obligatorio, concepto muy diferente a la tasa de justicia que surge de un vínculo contractual entre partes, como pago de un servicio directo, inmediato, concreto, requerido líbremente y prestado por el Poder Judicial.
Con posterioridad, la ley 20.321 derogó el referido decreto y en su art.25 restringe la exención a los impuestos, tasas, y contribuciones de mejoras, en relación a sus bienes y por sus actos, especificando los items a los que alcanza la exención: inmuebles y sus rentas, réditos sobre intereses por depósitos, derechos aduaneros por importación de aparatos, al sellado en cuestiones administrativas y judiciales”.
Sin embargo la exención continuaba existiendo, pero esta vez en virtud a lo que disponía la anterior ley de tasas judiciales 21.859, en su art.2°, inc.a), eximiendo del pago entre otros a las entidades exentas por la ley de sellos.
De allí que la exención de que gozare la actora, no lo era en virtud del art.29 de la ley 30.321 sino por su exención en el impuesto de sellos, conforme la ley 18.524 y la exención mencionada en el art.2°, inc.a) de la ley 21.859. Por consiguiente, derogada esta última exención con la entrada en vigencia de la nueva ley de tasas judiciales 23.898, las asociaciones mutualistas dejan de gozar de la franquicia, hasta tanto no exista una norma expresa que las exceptúe.
Teniendo en cuenta que es criterio uniforme con respecto a exenciones impositivas que éstas deben emanr de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que la establezcan correspondiendo fuera de tales supuestos la utilización estricta de las cláusulas respectivas, debiendo siempre prevalecer el criterio restrictivo (C.S.J.N., 23/12/80; íd. 2/4/81, R.E.D.16-470, n°33; 2/6/81, R.E.D.16-470 n°31; íd.30/3/82, E.D.99-471), esta representación entiende que debe confirmarse la resolución que motiva el presente recurso
-----28/5/93---
Recibido en Mesa de Entradas
hoy 8 AGO 1993 . Conste.
Buenos Aires, agosto 6 de 1993.
En atención al estado de las actuaciones remítanse las mismas a la Secretaría de Jurisprudencia del Tribunal.
En 9 de agosto de 1993 pasé estos autos al Centro de Cómputos. Conste.
| 9 AGO 1992 |
Buenos Aires, agosto 9 de 1993.
En atención a lo ordenado a fs.122 en fecha 6/8/93 y lo dispuesto por el art.34 1er. Párrafo del Reglamento para la Justicia Nacional en lo Civil, en el día de la fecha se procede al sorteo de la Sala que ha de intervenir
SALA SORTEADA C
DIRECTORA DE INFORMATIVA JUDICIAL
DE LA CAMARA NACIONAL DE
Por recibidos y en atención al estado de la causa remítanse a la Secretaría de Jurisprudencia del Tribunal.
LUIS A. DUPOU
SECRETARIO DE LA CAMARA NACIONAL
///nos Aires, septiembre 30 de 1993.
I.- La recurrente alega contradicción “de jure” (art.292 del Código Procesal), entre la sentencia dictada a fs.112 por la Sala “M” del Tribunal y el precedente invocado correspondiente a la Sala “E”. El tema ens el pago de la tasa de justicia por parte de S.A.D.A.I.C., de conformidad con lo dispuesto por el decreto 24.399/45, arts.1 y 29 de la ley 20.321 y arts.1 y 13 de la ley 23.898
II.- De la lectura de la sentencia recurrida y su confrotación con el precedente invocado, surge la contradicción atribuída.
En efecto, mientras que en el “sub lite” la Sala “M”, por mayoría, consideró que S.A.D.A.I.C. no se encuentra exenta del pago de la tasa de justicia, la Sala “E”, en el fallo “S.A.D.A.I.C. c/”Artes Gráficas S.R.L.” s/cobro de sumas de dinero”, del 14/9/92 entendió que la referida entidad no debía abonar dicha tasa.
Por estas consideraciones, SE RESUELVE: Declarar que existe contradicción en los términos de los arts.288 y siguientes del Código Procesal entre la sentencia dictada a fs.112 por la Sala “M”, en lo relativo al pago de la tasa de justicia por parte de S.A.D.A.I.C. y el precedente invocado de la Sala “E”, concediéndose con efecto suspensivo el recurso de inaplicabilidad de la ley interpuesto, debiéndose remitir las actuaciones a la Presidencia del Tribunal.
José Luis Galmarini 9
Jorge H. Alterini 8
Santos Cifuentes 7
ACTUACION n°24: Resoluciones o providencias del Presidente del Tribunal del Recurso de Inaplicabilidad de la ley, es decir del Presidente de la Cámara de Apelaciones tendientes a: 1) Dictar la “providencia de autos”; 2) Determinar la cuestión a resolver –es decir establecer el “objeto” del Recurso (art.294, Código Procesal)- ; 3) Fija definitivamente la referida cuestión luego de comunicada y oídos el resto de lo vocales (arts.295 y 296, Código Procesal).
///nos Aires, noviembre 18 de 1993.
Por recibidos. En virtud de lo dispuesto por el art.294, primera parte, del Código Procesal, llámase autos.-
CARLOS ROBERTO DEGIORGIS
///nos Aires, febrero dos de 1994.
En los términos del art.294 del Código Procesal, se fija la siguiente cuestión a resolver: “Si de acuerdo a lo dispuesto por el art.29 de la ley 20.321, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (S.A.D.A.I.C.) se encuentra exenta del pago de la tasa de justicia prevista en el art.1° de la ley 23.898”. Comuníquese.-
En 8/2/94 se comunicó. Conste.
///nos Aires, marzo 1° de 1994.
Por no haber sido observado el tema, a los fines dispuestos por el art.297 del Código Procesal, convócase a los integrantes del Tribunal al acuerdo del día 28 de abril a las 11 horas. Comuníquese.-
Plenario: “S.A.D.A.I.C. c/”PLAYMARKET ARGENTINA S.D.M. y M.S.A.” s/COBRO DE SUMAS DE DINERO”.
///nos Aires, a los Veintiseis.- días del mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en los autos:, “S.A.D.A.I.C. c/”PLAYMARKET ARGENTINA S.D.M. y M.S.A.” s/COBRO DE SUMAS DE DINERO”, reunidos en Acuerdo Plenario los Señores Jueces de la Excma.Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, con el objeto de establecer la doctrina legal aplicable respecto de la siguiente cuestión:
“Si de acuerdo a lo dispuesto por el art.29 de la ley 20.321, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (S.A.D.A.I.C.) se encuentra exenta del pago de la tasa de justicia prevista en el art.1° de la ley 23.898”.
La ley 20.321 que rige a las asociaciones mutuales, en su art.29 dispone que dichas entidades: “quedan exentas en el orden nacional, en el de la Municipalidd de la Capital Federal,… de todo impuesto, tasa o contribución de mejora en relación a sus bienes y por sus actos”.
A su vez, la ley 23.898; en su art.1° prescribe: “Todas las actuaciones judiciales que tramitan ante los Tribunales Nacionales con asiento en las provincias estarán sujetos a las tasas que se establecen en la presente ley, salvo exenciones dispuestas en este u otro texto legal”.
Una interpretación sistemática y armónica de los textos legales citados; lleva a concluir que si bien las asociaciones mutuales no se encuentran mencionadas dentro de las causales de exención del pago de la tasa de justicia dispuestos por el art.13 de la ley 23.898, debe considerárselas incluídas en el párrafo final del art.1° de ese cuerpo legal que alude a las exenciones creadas por otras leyes y que, en este caso, es la norma general que regula la actividad de las entidades mutualistas y que establece una exención genérica al pago de tasas.
No ignora el Tribunal que la intención del legislador al suprimir el art.2° inc.a) de la ley 21.859, que eximía del pago de tasa a los entes públicos y demás entidades exentas del pago del impuesto a los sellos se sustentó en la falta de razones atendibles para que las mencinadas entidades no paguen dicha tasa cuando solicitan la prestación del servicio de justicia.
Sin embargo, al dejar subsistentes las franquicias establecidas “por otras leyes” (art.1°, ley 21.298 “in fine”) obliga a los jueces a respetarlas, puesto que seguramente también existen otras motivaciones no explicitadas, que lo indujeron a mantener la eximición en esos particulares supuestos.
Las disposiciones que estatuyen beneficios de carácter fiscal no deben interpretarse con el alcance más restringido que el texto admita, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla, lo que equivale a admitir que las exenciones tributarias pueden resultar del indudable propósito de la norma y de su necesaria implicancia (conf.C.S.J.N., fallo M.130, XXIII, “Multicambio S.A. s/recurso de apelación”, del 1/6/93).
En tal sentido es oportuno recordar que la intención del legislador al eximir a las asociaciones mutuales de todo tipo de gravámenes ha sido la de facilitar su funcionamiento y gestión, se lee: “Las disposiciones de exención impositiva, en el aspecto de fomento por vía de liberación de gravámenes, surge de la misma necesidad de desarrollo de las mutuales, ya que si el Estado tiene el propósito de fomentarlas no es prudente que las grave con cargas impositivas de cualquier naturaleza. La exención impositiva se traduce en el menor costo de los servicios realizados por las comunidades organizadas bajo la forma de mutual” (conf. “Anuario de Legislación Nacional – Provincial”, 1973-A-623).
En consecuencia, dado que S.A.D.A.I.C., según el art.1° de sus estatutos es una asociación civil, cultural y mutualista, regida por leyes nacionales, entre las que se incluye la ley 20.321, no cabe otra alternativa que eximiría la del pago de la tasa de justicia prevista por la ley 23.898.
Por estas consideraciones, como doctrina legal obligatoria (art.303 del Código Procesal), SE RESUELVE:
“De acuerdo a lo dispuesto por el art.29 de la ley 20.321, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (S.A.D.A.I.C.) se encuentra exenta del pago de la tasa de justicia prevista en el art.1° de la ley 23.898”.
Carlos Roberto Degiorgis 32
Jorge A. Giardulli 35
Gladys Stella Alvarez 37
Ana María Luaces 1
Luis Lopez Aramburu 4
Gerónimo Sansó 5
José A. Martín de Mundo 6
Javier Ruda Bart 7
(Con sus fundamentos)
Alberto J. Bueres 11
Alí Joaquín Salgado 12
Osvaldo O. Mirás 13
(Con ampliación
de fundamentos)
Juan Carlos Dupuis 14
Mario P. Calatayud 15
Elena Inés Highton 16
Ana María Conde 17
Fernando Posse Saguier 18
Roberto E. Greco 20
Leopoldo Montes de Oca 21
Marcelo J. Achával 22
Claudio Marcelo Kiper 24
Julio M. Ojea Quintana 25
Delfina M. Borda 26
Eduardo Leopoldo Fermé 27
Luis Gerardo Lérida 29
Zulama Delia Wilde 30
Teresa M. Estévez Brasa 31
Julio R. Moreno Hueyo 33
Emilio María Pascual 34
Carlos Polak 36
Hernán Daray 38
Carlos Horacio Gárgano 39
El Señor Juez de Cámara Dr. Mario César Russomano no firma por hallarse en uso de licencia. La Vocalía N°19 se encuentra vacante; así lo mismo las vocalías N°23 y 28.
En disidencia, los Dres. López Aramburu, de Mundo, Calatayud, Montes de Oca, Kiper, Degiorgis, Alvarez y Gárgano dijeron:
El ámbito de aplicación de la ley de tasas judiciales es general, en tanto que las exenciones están particularizadas respecto de ciertas personas –exenciones subjetivas- o de ciertas actuaciones –exenciones objetivas- de donde resultan gravadas todas las acciones judiciales que no se hallen expresamente exentas por causa de la persona que en ella interviene o por la especie de actuación de que se trate (conf.C.N.Comercial, Sala D, del 19/11/86, L.L.1987-B-234).
En el marco de la ley 23.898 las exenciones subjetivas están previstas en el art.13 incisos a), e) y f); mientras que las objetivas están contempladas en los incisos b), c), g), h) I) y j) del citado artículo.
Por su parte el art.1° del referido cuerpo legal, innovando parcialmente la redacción de su antecedente, el art.1° de la ey 21.859, amplía mediante una genérica remisión a otras leyes, el elenco de exenciones al pago del tributo que regula. En tal sentido expresa: “Todas las actuaciones judiciales… estarán sujetas a las tasas que establece la presente ley, salvo exenciones dispuestas por éste u otro texto legal”.
Ahora bien, para determinar si la exención impositiva dispuesta por laley orgánica de Asociaciones Mutuales en su art.29, se encuentra comprendida en el párrafo final del citado artículo de la ley de tasas, corresponde interpretar el real alcance de este último.
En tal sentido, se advierte que la norma en análisis alude a “todas las actuaciones” concepto éste que el legislador distingue claramente de las “personas” (art.13 citado), para indicar las hipótesis en las cuales el tributo no se adeuda. De tal modo, cabe interpretar que el texto de marras importa una exención objetiva, cuya razón reside en la índole del proceso invocado.
De lo dispuesto se colige que la exención prevista por el art.29 de la ley 20.321 “no tiene cabida en el ámbito de la ley 23.898, por tratarse de una exención de carácter subjetivo, es decir de aquellas que no pueden ser buscadfas fuera de la ley de tasas y que expresamente fueron contempladas por el legislador en el citado art.13. Tal es así que la incorporación del Instituto Nacional de Previsión Social, como sujeto exento del tributo respecto de determinados actos, motivó la modificación de la ley (art.34 de la ley 23.966).
Por otra parte, la ley 23.898 en su art.13, no reprodujo el texto del inc.a) del art.2° de la derogada ley 21.859 que eximía del pago de la tasa de justicia a la Nacion, demás entes públicos y las entidades exentas del impuesto de sellos, por lo que las referidas entidades, desde la vigencia del nuevo ordenamientoque regula esta materia, deben abonar la tasa que grava las actuaciones en sede judicial.
Es que la intención del legislador al eliminar la exención aludida, conforme surge de las modificaciones introducidas en la Cámara de Senadores, responde a la finalidad que inspira la creación del tributo en cuestión.
Pues, si la mencionada tasa constituye una contraprestación por un servicio efectívamente prestado, no existen razones para que la Nación, demás entes públicos y las entidades exentas del impuesto de sellos no la paguen cuando ellos solicitan la actuación de la justicia.
Si los entes públicos no gozan de la franquicia, con mayor razón ha de tributarla una entidad recaudadora como lo es S.A.D.A.I.C.
Por último y sin perjuicio de lo expuesto, es dable destacar que la norma del art.29 de la ley 20.321, carece del alcance ysignificación que se le asigna, pues la expresión “por sus actos” debe entenderse indisolublemente vinculada a los “bienes” a que se refiere la propia norma. Esta aclara, precisamente, que el beneficio alcanza a “todos los inmuebles” de la asociación, de manera que la exención comprende únicamente a los impuestos, tasa o contribución de mejoras concernientes a este tipo de bienes, y a condición de que éstos se obtengan rentas, y que las mismas ingresen al fondo social para ser invertidos en la atención de los fines sociales determinados en los respectivos estatutos de cada asociación. Asimismo, para aprehender con mayor nitidez el carácter extraño con la cuestión que aquí se discute, que tiene la supuesta exención, cabe añadir que la misma norma dispone que quedan exentos del impuesto a los réditos los intereses originados por los depósitos efectuados en instituciones mutualistas por sus asociados.
Bajo tales premisas, se advierte el limitado ámbito de la exención referida a actos específicos, internos y de administración de la asociación. En efecto, no parece adecuado extender una exención prevista en la ley orgánica de las asociaciones mutuales, obviamente referida a determinados actos de su vida interna, a todos los actos de su actuación externa, o si se prefiere, más expecíficamente a la cuestión de la tasa judicial, regulada con precisión por disposiciones posteriores.
En consecuencia, según se ha puesto de relieve en la interpretación precedente, no subsiste ningún valor residual, en lo que atañe al presente caso, en la previsión normativa del art.1° “in fine”, de la ley 23.898.
Si bien la cuestón es clara, cabe recordar que, aún en el supuesto de ser dudosa, las excepciones deben interpretarse restrictivamente.
Por estas consideraciones, como doctrina legal obligatoria (art.303 del Código Procesal, SE RESUELVE:
“De acuerdo a lo dispuesto por el art.29 de la ley 20.321, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (S.A.D.A.I.C.) no se encuentra exenta del pago de la tasa de justicia prevista en el art.1° de la ley 23.898”.
Los Sres. Jueces de Cámara Dres. Jorge H. Alterini, Javier Ruda Bart y José Luis Galmarini dijeron:
I.- No corresponde por vía interpretativa modificar el contenido explícito de las normas triburatias. El carácter único de la legislación nacional obsta al análisis parcializado de las distintas leyes, las cuales han de ser entendidas según el contenido específico que regulan y al alcance general que abarcan.
II.- Aún cuando conceptualmente pueda distinguirse entre las excepciones denominadas subjerivas (referidas a personas) y las objetivas (referidas a actuaciones), el examen de la ley 23.898, desprovisto de un criterio integrador, que aisladamente interprete el contenido de los arts.1 y 13, para luego centrar el analisis de los vocablos “actuaciones” y “personas”, tiene como resultado la tergiversación del sentido de la salvedad contemplada en términos sencillos y llanos en el art.1 de la mencionada ley. Según esta norma, las actuaciones judiciales ante los tribunales nacionales están sujetas a las tasas judiciales que establece la ley “salvo exenciones dispuests en ésta u otro texto legal”. Así, genéricamente, preve exenciones, abarcando tanto las subjetivas como las objetivas, sin distinguir entre ellas, y contempla las consagradas en la misma ley como también las contenidas en cualquier otro texto legal, insistimos sin marcar distinción alguna.
III.- La circunstancia de que los arts.1 y 2 de la misma ley hagan referencia a “todas las actuaciones”, permite inferir que acentúa la idea de la necesidad del pago de la tasa de justicia como principio, y que esa obligación se ha extendido a supuestos eximidos en la ley anterior. Sin embargo, no autoriza a concluir que las exenciones dispuestas en esta misma ley o en otra, según preve el final del art.1, deban entenderse como que se limitan a las denominadas exenciones personales previstas en el art.13 de la ley de tasas judiciales actualmente vigente, mientras las llamadas objetivas referidas a actos o actuaciones comprenden tanto las explícitamente contempladas en el art.13, como las que existan en otras leyes. La disquisición citada no surge de la ley, sino que a nuestro juicio es producto de un error interpretativo consistente en considerar que como el art.1 hace mención a actuacines y el 13 a personas y actuaciones, la salvedad contenida en el primero de estos artículos no contempla exenciones previstas en otras leyes fundadas en razon de las personas.
IV.-En nuestro criterio, la conclusión cuestionada importa una simplificación inadmisible como método interpretativo. El art.1 establece el principio general de que todas las actuaciones judiciales deben tributar la tasa prevista en la ley. La salvedad fue agregada por la reforma introducida por la ley 23.898. la tasa judicial únicamente puede aplicarse con motivo de actuaciones judiciales y no a personas que no ejerzan tales actuaciones. De ahí que en el art.1 no correspondía que se hiciera aclaración alguna, ni siquiera mención de las personas que deben pagar o que se encuentran exentas. Si al final del artículo se dejan a salvo las exenciones consagradas en otras leyes, y ese párrafo fue agregado por la “nuevaley”, no puede interpretarse que una aclaración explícita sobre las previsiones de otras leyes, manifestada en sentido favorable al mantenimiento de esas previsiones legales, pueda ser interpretada como derogatoria de ellas cuando se trata de exenciones en favor de las personas.
V.- Las exenciones a la tasa previstas en el art.1 están referidas a todas las contenidas en otras leyes. Si se trata de una solución legislativa acertada o no, es una cuestión ajena al tema del plenario. Este no tiene por finalidad reformar la ey, ni darle un alcance distinto al que surge de la letra y del espíritu, sino interpretarla para unificar la jurisprudencia contradictoria o sentar un criterio uniforme en los tribunales de un mismo fuero. No corresponde distinguir donde la ley no lo hace, si tampoco puede inferirse de su contenido esa solución.
VI.- Interpretada con el alcance indicado la salvedad explicitada en el art.1 de la ley 23.898, debe concluirse que la exención consagraa por el art.29 de la ley 23.898 abarca también el pago de la tasa de justicia. Como según el art.1 del Estatuto de S.A.D.A.I.C. es una asociación civil, cultural y mutualista, regida por leyes nacionales, entre las que se incluye la ley 20.321, coincidimos con el voto de la mayoría en que corresponde eximirla del pago de la tasa de justicia prevista por la ley 23.898. con tal alcance votamos por la afirmativa.
Ampliación de fundamentos del Dr. Mirás:
La distinción entre actuaciones y personas, que se hace para interpretar el art.1° de la ey 23.898, en su remisión a “exenciones dispuestas en éste u otro texto legal”, en el sentido de que ellas recaen sobre actuaciones y no sobre personas –lo que excluiría a S.A.D.A.I.C.- es artificiosa.
En primer lugar, parece superfluo destacar que el art.1° sienta el principio general, y que por ende no puede referirse sólo a un aspecto de los dos en que según esta corriente aparece dividida la inteligencia de las exenciones. Es que –extremando el argumento- sólo cabría invalidar la interpretación que se combate si el art.1° hubiese expresado: “Todas las actuaciones judiciales y personas que tramitan… estarán sujetas…”, lo que deviene tautológico, pues obvio es que si todas las actuaciones tributan, lo harán sean cuales fueren las personas que las tramitan..
En segundo lugar, las exenciones de los distintos incisos del art.13 refierten todas en liberar del pago de la tasa de justicia a las actuaciones, sean éstas previstas en si mismas, fuere en general todas las que ejecutan determinadas personas, como quien goza del beneficio de litigar sin gastos (inc.a). siempre, pues, aunque el encabezamiento del art.13 destaque que hay exenciones que recaen en favor de las personas y otras respecto de actos en concreto, lo que es una realidad incuestionable, quienes no tributan la tasa son siempre las personas y el hecho generador liberado, las actuaciones judiciales.
Por ende, verse la exención proveniente de ésta u otra ley sobre las personas o sobre determinados actos, son estos últimos los eximidos del tributo, razón por la cual la expresión del art.1°: “Todas las actuaciones judiciales…” involucra las cumplidas por cualquier persona, ysi ella se incuentra liberada de tritubar tasas en general, como S.A.D.A.I.C., todas las actuaciones judiciales promovidas por ella lo estarán igualmente.
Osvaldo D. Mirás 13
Fundamentos del Dr. Greco:
No es exacto que las asociaciones mutuales hayan estado exentas de tasa judiciales porque estuviesen exentas del impuesto de sellos, como establecía el art.2 inc.a) de la ley 21.859. Lo estaban con anterioridad a ésta, por el art.29 de la ley 20.321, de modo que en nada incide en el tema la suplantación de la ley 21.859 por la ley 23.898 que ahora rige, la que no reprodujo aquella mención. Porque pase lo que pase con el impuesto de sellos y diga lo que diga la actual ley de tasas judiciales, esta última respeta la exención jde la ley 20.321 al referirse a las contempladas en otro texto legal. Y no es ocioso agregar que la norma es tan amplia que alcanza a todo impuesto, tasa o contribución de mejoras, en relación a los bienes de la entidad o por sus actos. Actos que, desde luego, pueden consistir en acciones judiciales.
Se trata de una verdadera “excepción-regla”, como llamaba un recordado maestro a las disposiciones que establecen una excepción que constituye una regla para los casos que contempla (Salvador FORNIELES, “Interpretación de las excepciones”, en el volumen “Cuestiones de Derecho Civil”, primera parte, Bs.As., 1944, Ed. Revista de Jurisprudencia Argentina S.A., págs.33/45). La regla general viene a ser la imposición de un tributo a quienes configuran el hecho imponible, la excepción las entidades mutuales para quienes la exención tributaria se convierte, a su vez, en regla. Y para aplicarles un impuesto o tasa determinada se requeriría una nueva excepción a la mencionada excepción-regla.
Por tanto, me parece ocioso acudir a la siempre falible averiguación de una supuesta intención del legislador –antiguo método hermenéutico, hoy desacreditado- ni a las distinciones entre exenciones subjetivas y objetivas, ya que me basta la inequívoca intelección del precepto fundante para determinar que el régimen legal aplicable es la exención etablecida en el recordado art.29 de la ley 20.321, que no tiene excepción en el régimen de la ley de tasas judiciales. Y menos convincente aún la calificación de entidad recaudadora que, a ese efecto, se endilga a la actora, desde que se parte de la base que es una asociación civil, cultural y mutualista, inscripta como tal en el registro respectivo.
A quienes consideran injusta o inconveniente la solución del derecho vigente solo les cabe propiciar una reforma legislativa, pero no es compartible el intento de establecer una excepción por vía de interpretación para que el citado art.29 dijese algo así como “… quedan exentas de todo impuesto, tasa… excepto de la tasa judicial”.
Por estas razones adhiero a la conclusión de la mayoría y voto por la afirmativa.
Buenos Aires, 26 de julio de 1994.-
Y vistos: Por lo que resulta del Acuerdo que antecede, como doctrina legal aplicable (art.303 del Código Procesal), SE RESUELVE:
Dése cumplimiento a lo dispuesto por el art.62 del regamento del fuero.
ADRIANA M. LUJAN DE PILDAIN
Buenos Aires, 23 de agosto de 1994.-
Habiéndose resuelto el plenario convocado a fs.326 de los presentes autos, cesa la intervención de esta Presidencia. Devuélvanse los mismos a la Sala C para su posterior remisión a la Sala de origen..
Buenos Aires, de juio de 1994.-
RECIBIDO EN MESA DE ENTRADAS SALA “C”
HOY 24 DE AGOSTO DE 1994.
Buenos Aires, agosto 26 de 1994.
En atención a lo dispuesto a fs.140 por la Presidencia del Tribunal, remítanse los autos a la Sala “M”, con el oficio de estilo.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 1994.
Al Sr. Juez de Cámara
Presidente de la Sala M
Dr. Hernán Daray.
Tengo el agrado de dirigirme a V.S. en mi carácter de Presidente de la Sala C, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en los autos caratulados "S.A.D.I.C. c/”PLAYMARKET ARGENTINA S.D.M. y M.S.A.” s/COBRO DE SUMAS DE DINERO” a fin de remitirle los autos antes mencionados.
Saludo a a V.S. muy atentamente.
RECIBIDO EN MESA DE ENTRADAS SALA “M”
HOY 5 DE SEPTIEMBRE DE 1994.CONSTE.
Juzg.n°42. Expte.63883/92 Sala M: R.124221
“S.A.D.A.I.C. c/”PLAYMARKET ARGENTINA” s/COBRO DE SUMAS DE DINERO”.
///nos Aires, septiembre 19 de 1994.
En atención a la doctrina plenaria establecida por esta Cámara en los presentes autos con fecha 27/7/94 (ver fs.127/128), se RESUELVE: Revocar la resolución de fs.93, declarando que la actora –Sociedad Argentina de Autores y Compositores- se ecuentra exenta del pago de la tasa de justicia prevista en el art.1° de la ley 23.898.
En Bs.As., 21 de septiembre de 19 94, se devolvieron estos autos al Juzgado de origen. Conste. Con 1 sobre.
Recibido en Secretaría hoy -22 SET. 1994. Conste.
///nos Aires, setiembre 23 de 1994.
Por devueltos; hágase saber. Notifíquese.