Source: http://cubaindependiente.blogspot.com/2012/12/elecciones-en-cuba-control-politico.html
Timestamp: 2017-12-18 01:15:57
Document Index: 74916765

Matched Legal Cases: ['Artículo 67', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 62', 'artículo 137', 'Artículo 5', 'Artículo 37', 'ARTÍCULO 102', 'artículo 67', 'artículo 68', 'artículo 88', 'artículo 64', 'artículo 132', 'artículo 63', 'artículo 75', 'artículo 69', 'artículo 88', 'artículo 66', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 137', 'artículo 79', 'artículo 137', 'artículo 69', 'artículo 68', 'Artículo 69', 'ARTÍCULO 68', 'ARTÍCULO 93']

NeoKaxtrizmo & Chaos: Elecciones en Cuba: Control Político, Manipulación y Testosterona Biranica [II]
Lazaro Gonzalez/
[1ra parte: AQUI >>]
Resulta sintomático, si no conclusivo, que constituyendo el conocimiento de la “realidad” la percepción que cada observador tiene sobre ella, lo evidente al sistema legal cubano en general y a las normas jurídicas que rigen el sistema electoral en particular, en tanto instrumentos del sistema político del régimen para controlar el poder; conduzcan a Aurelio Alonso, un veterano politólogo cubano -residente en la isla- desde los tiempos de la abortada revista Pensamiento Critico hasta la debacle del Centro de Estudios de América, ambos ejecutados a “mano libera” por el actual Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba Raúl Castro, y nada sospechoso de criticón enajenado, a constatar desde la percepción que su compromiso de pensador orgánico le consiente que:
“Y sobre todo la posibilidad de rectificar estructuralmente, y también legalmente. Subrayo la necesidad de dar forma legal a los cambios, porque en estos cincuenta años no siempre ha habido una correspondencia entre las decisiones de cambio y las modificaciones de legalidad que esos cambios suponen. Nuestra legalidad puede ser muy caprichosa, porque ingeniar una legalidad auténticamente socialista también es un reto. Existe una diferencia entre leyes que legitiman la visión oficial y las que aseguran la justicia, la equidad y el bien común de la sociedad”[29]. [Cursivas y subrayados - LG]
El Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder Popular[30] aprobado por Acuerdo del Consejo de Estado sin consulta popular de ninguna índole, establece en el Artículo 67 las razones por las que tan prestigioso delegado puede cesar en sus funciones:
Examinando las de mayor interés a los efectos de los objetivos del presente trabajo, encontramos que el propio reglamento en su Articulo 77 se pronuncia sobre la “inhabilitación para ejercer cargo publico”, sin que precise las causales que la determinan: “Cuando un delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular resulte inhabilitado para ejercer cargo público electivo, está en la obligación de comunicarlo de inmediato al presidente de la Asamblea, con el fin de que éste dé por terminadas sus funciones y proceda a organizar el proceso para su sustitución”.
Las personas que han vivido la singular por aberrante, experiencia cubana, son testigos que el simple hecho de arreglar el servicio sanitario de su casa o vender [o comprar] boniatillo sin licencia de elaborador de alimentos, constituyen actividades cotidianas que acumulan meritos suficientes para ser objeto de la aplicación de los Artículos 7 y 9[31] de la Ley Electoral cubana en los casos que les resulte conveniente.
Si la causal [i] referida a “cualquier otro motivo justificado” brinda una puerta de par en par abierta a cualquier parecer resultado de la vileza humana que se considere conveniente convocar; la revocación [f] se suele aplicar a cajas destempladas a inquietos presuntos conflictivos, invocando incompatibilidades con los principios revolucionarios y la moral y la ética socialista que se pregonan a extramuros de Punto Uno.
El propio Aurelio Alonso aun desde su orgánica adhesión, se ve obligado a observar que “Otro tanto sucede con la «revocación de mandatos», único principio que hasta ahora condiciona el tiempo y que nunca, que yo recuerde, ha sido aplicado. O, al menos, se ha seguido la mala política informativa de callar las revocaciones”. [29].
De esta manera, luego de sobrevivir a todos los filtros de contención establecidos por las comisiones de candidaturas, cualquier representante “legalmente” electo que represente una potencial fisura en el formalmente monolítico sistema político, puede ser sepultado definitivamente “six feet underground” de la armada muralla totalitaria por una simple jaqueca crónica.
Pero donde se demuestra explicita e irrefutablemente que “… en Cuba el proceso electoral es parte del Sistema Político…”[32]; en tanto uno de sus pilares constitutivos, expresión y concreción del sistema de dominio político y el control social de la nación por un clan; lo encontramos en que el cuerpo legal considera el normal proceso de reclamación solo a priori y a nivel de circunscripción electoral local, no permitiendo la impugnación legal de los resultados de los comicios a ningún otro nivel.
Así se constituye el reiterativo y muñido mego fraude a escala de todo un país que constituye el proceso electoral del régimen cubano, donde son instaurados en los escaques correspondientes de la postrada estructura de castas los “elegibles”; mientras prohíbe expresamente de derecho y reprime brutalmente de hecho, a cualquier candidato y/o alternativa política.
Dada la naturaleza de un poder absoluto e incuestionable, el clan biránico de hecho asume tanto el poder constituyente como los ejecutivos, legislativo y judicial [poderes constituidos]; delegando por razones técnico-administrativas estos últimos, sin renunciar a la facultad de reasumirlos expeditamente cuando lo considere necesario. Ayer un Comandante de la Revolución tercero en la línea de mando supremo, asalta y desvalija una institución gubernamental, solo para instalar al día siguiente en el sillón ministerial a un devoto trepador.
De igual modo se evidencia el carácter profundamente deliberado y manipulador del diseño del sistema electoral cubano [en tanto caso particular del sistema legal], por cuanto la rigidez de las normas jurídicas cubanas presuponen la potencialidad del hecho jurídico [33,34] que alternativas y cuestionamientos políticos al monopolio exclusivo puedan erosionarlo. Luego cualquier proceso de reclamación, cierto que excepcional dadas las circunstancias pero potencialmente posible, es vedado de facto.
Con frecuencia alarmante, se observa que la opinión publica e incluso activistas demócratas, emplean indistintamente como homólogos los términos Estado de derecho y estado democrático.
En sentido genérico se suele considerar que un Estado de derecho es aquel que es regenteado por un sistema de leyes e instituciones estructurado en torno a una constitución; condición que cumple alevosa pero satisfactoriamente el régimen cubano. De lo que se trata es que estamos en presencia de un sistema autoritario de una dictadura personal donde los deseos del líder se erigen en normas jurídicas incuestionables.
Tipificada como acepción “débil” o formal del estado de derecho para distinguirla de la sustantiva o material, donde “…cualquier poder sea limitado por la ley, que condiciona no solo sus formas sino también sus contenidos” [35]; el Estado de “derechos” biránico es una anacrónica aberración glandular construido a impulsos de las eyaculaciones seminales de un agreste y sicópata patán.
Regresando al plano de análisis concreto, el Artículo 7 [Reglamento de las Asambleas Municipales] deja claramente establecido el verdadero rol de las Asambleas Municipales en la estructura del sistema político cubano [Cursivas, negritas y subrayados - LG]:
“Artículo 7) Dentro de los límites de su competencia, la Asamblea Municipal del Poder Popular tiene las atribuciones siguientes:
a) cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones de carácter general adoptadas por los órganos superiores del Estado;”[36]
Cualquier semejanza de esta estructura funcional verticalista de la organización política de un estado y gobierno, con el de una jerarquía militar de “ordeno y mando”, es absolutamente causal y no casual.
En consecuencia, de las 20 atribuciones que la ley confiere a las Asambleas, solo dos se refieren en alguna medida a los ciudadanos representados en ella mediante elección [Cursivas - LG]:
Es decir, las quejas y los planteamientos de la población solo son aceptables, que no asumibles, en los marcos de una constitución que deja “… expresamente consignado el carácter irrevocable del socialismo y del sistema político y social revolucionario por ella diseñado,…” [37].
Cualquier otra acepción que un ciudadano cubano [o foráneo] le imprima a su “queja” o “planteamiento”, es anticonstitucional y expresamente prohibida, pudiendo ser considerada como un intento de “…derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución”; en cuyo caso “… todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso,…” [Ver nota 36].
La reciente golpiza y detención arbitraria por 19 días del activista y comunicador social Antonio Rodiles, la publica represión captada por la televisión mundial a Andrés Carrión en ocasión de la visita de Benedicto XVI a Cuba, la sistemática y brutal coacción a Las Damas de Blanco; conforman junto a los mas de 6 mil arrestos de disidentes solo en los primeros 11 meses del ano, testimonio elocuente del celo con que se manejan estos asuntos en la Cuba de los hermanos Castros. Las lóbregas muertes de los lideres de la disidencia Laura Pollán, Oswaldo Paya y Harold Cepero; así como los asesinatos políticos cometidos en los casos de Orlando Zapata Tamayo, Juan Wilfredo Soto García y Wilmar Villar Mendoza, por solo mencionar las mas recientes; constituyen una ínfima fracción de los sufrimientos causados por un clan vándalo que empleando el terror ciudadano como política de estado, evidencian concluyentemente los extremos a los que están dispuestos a llegar en todo aquello que potencialmente pueda mermar su poder absoluto.
Retomando el quehacer cotidiano de las Asambleas Municipales del Poder Popular, estas se convocan por su Presidente [usualmente cuatro veces al ano] con una agenda cerrada elaborada por el mismo de acuerdo a la “situación concreta” que de lugar a la reunión [Reglamento de las Asambleas Municipales/ Articulo 37][38]. El Art. 37.c que faculta formalmente a los delegados a presentar a discusión los temas de su interés con anticipación no precisada en el referido reglamento, son discrecionalmente consideradas por el Presidente a priori y durante el desarrollo de los debates.
La Sección Quinta del reglamento confiere plenas facultades al Presidente para encauzar las sesiones de acuerdo con el orden que establezca, arreando hacia la talanquera conveniente cualquier jaca cerrera[39]. No obstante, en el curso de los debates los delegados pueden hacerles preguntas, que nunca cuestionamientos “…al presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea, a los integrantes de las comisiones de trabajo, a los miembros del Consejo de la Administración Municipal y a los directores administrativos de las entidades radicadas en el territorio” [Articulo 43].
Cuando el “cuadro centro” –como se denomina en la jerga de la burocracia político-administrativa cubana a los máximos jefes en cada instancia-, y que en virtud del Articulo 8 “…representa al Estado en su demarcación territorial …” y no a los ciudadanos; decide concluir el “debate”; los proyectos de acuerdos son metidos a votación que puede ser ordinaria, nominal o secreta [40], sin que se precise en las normas jurídicas si la misma es por mayoría simple o estructurada. [Cursivas y subrayados – LG].
Todo el debate sobre los enormes problemas de la comunidad y el municipio, en que una deliberada política de empobrecimiento estructural los ha sumido; todas las esperanzas, inquietudes y preocupaciones de una población a la que se le niega constitucionalmente el status de ciudadano, quedan restringidas a la representación de los órganos superiores del estado y el gobierno en el territorio, en una suerte de kantiano -o kafkiano- fin en si mismo, que subvierte la organización política del país y la subordina al afán del sátrapa.
Enclaustrado en este paredón sin resquicio, desempeñan los delegados electos las funciones que el poder y no los ciudadanos les asignan. Los deberes y derechos de los mismos están meridianamente acotados en los Artículos 57 y 58 del Reglamento de las Asambleas Municipales[41]. Entre los primeros destacan informar a los órganos municipales sobre las opiniones, necesidades y dificultades que les trasmitan sus electores; rendirles cuenta periódicamente e informarlos sobre la política que sigue la Asamblea y las medidas adoptadas para la solución de necesidades planteadas por la población o las dificultades que se presentan para resolverlas. En términos de derechos, estos se limitan a rígidas formalidades circunscriptas a la Asamblea.
La sabiduría y el sentido común popular guían la pauta de la población ante el accionar de los representantes minimalistas de los “lleva y trae” del poder: absoluta indiferencia. Pero esta impasibilidad que encuentra expresión en el contundente “no coger lucha”, es en si misma un capitulo de desobediencia civil en cuanto reacción de rechazo político, a la que se le presta la máxima atención en todo el andamiaje del sistema. Porque en Cuba, el “no coger lucha”, es la alternativa proveniente de la naturaleza humana sojuzgada que despliega su “propia lucha” al margen del sistema.
A pesar de tensar todas los resortes del poder y la compulsión social en la comunidad [los denominados “factores”: PCC, CDR UJC, FMC, MININT, FAR, etc.], la participación ciudadana en las asambleas de rendición de cuentas del delegado, así como en otras asociadas es ínfima, no sobrepasando el 20-25% de los electores. El “sistema” aplicadamente toma nota de ello y no ofrece información pública de ninguna índole.
Como parte del engranaje del poder, el delegado a su vez cumple la inestimable función de ser una fuente privilegiada de información local para el señorío biránico a través del tenebroso Sistema Único de Protección y Vigilancia[42], el cual la emplea para perfeccionar sus mecanismos de compulsión, coerción social y represión. [En la referencia 43 puede consultarse lo normado sobre las relaciones de los Delegados con sus Electores.]
Y es que el delegado [y por extensión todos los servidores públicos elegidos] constituye una figura clave en tanto representante directo de los ciudadanos, pero su función ha sido groseramente distorsionada como observa desde los altibajos de su status de intelectual orgánico Aurelio Alonso [Cursivas y subrayados - LG]:
“Tiene que ver con lo que hacen los delegados municipales: rendir cuentas a sus electores; nadie más lo hace en este país. Los pobres delegados municipales no tienen ningún poder efectivo y, sin embargo, se someten a todo el embate de los CDR, de la base, de la circunscripción, por los desastres que hay y que ellos no pueden resolver. Incluso han consagrado la clasificación diferenciada de «soluciones» y «respuestas». De modo que lo que no tenga solución debe tener respuesta. Bueno, en fin, que con respuestas no se resuelve nada. Se convierte la gestión en una quimera. Pero el concepto de rendición de cuentas no lo podemos subestimar por eso, no lo podemos desechar, no podemos hacer con «rendición de cuentas» lo que hemos hecho con «transición». No podemos dejarla en el limbo lingüístico que permita al enemigo monopolizarla. Rendición de cuentas es un concepto clave para la democracia socialista, pero rendición de cuentas de verdad. Rendición de cuentas de todo el mundo. Si el jefe del organismo central que es separado por problemas de corrupción tuviese que pasar periódicamente por un mecanismo efectivo de rendición de cuentas ante los trabajadores de ese organismo (trabajadores con participación en la toma de decisiones), posiblemente no hubiera llegado a corromperse”[29].
Aurelio Alonso, quien además de ser un ilustrado disfruta del sentido común que le ha permitido sobrevivir sin dejar de pensar, juega con la cadena del gorila de 270 kilogramos pero sin vestirse de domador; detiene su rendición de cuentas de “todo el mundo” en el ministro, quien al igual que él, solo ocupa un escaque temporal en la estructura piramidal de castas arribistas y postradas.
Por su parte, la rendición de cuentas de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder se realiza a las respectivas Asambleas Municipales por las cuales fueron elegidos[44] [recordar que ninguno fue propuesto por los ciudadanos sino por la comisión de candidaturas nacional, donde no menos del 50% no tienen absolutamente vínculos con el municipio]; sin que en ningún momento la ley les exija dar cuenta de sus gestión parlamentaria directamente a los electores. “Pa’que”, expresaría el Bobo de la Esquina de Tejas, respecto a este miembro de la popularmente denominada Asamblea Nacional de Focas Unánimes.
El Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular establece mediante su artículo 62 a tenor del 88 de la Constitución, que la iniciativa de las leyes en Cuba compete a:
4. a las Comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
5. al Comité Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y a las Direcciones Nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales;
6. al Tribunal Supremo Popular, en materia relativa a la administración de justicia;
7. a la Fiscalía General de la República, en materia de su competencia;
8. a los ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que ejerciten la iniciativa diez mil ciudadanos, por lo menos, que tengan la condición de electores.
El intento de encauzar una reforma constitucional a partir de la grieta formal que brindaba el acápite 8, por parte del Movimiento Cristiano Liberación liderado por Oswaldo Paya Sardinas a través del Proyecto Varela[45] [de gran valor cívico pero limitado en su alcance programático-jurídico, por cuanto se exige que la iniciativa sea ejercida por al menos 10 mil ciudadanos reconocidos como tales por las autoridades, no listas de personas]; encolerizo a un Fidel Castro que desata en el ano 2003 la brutal represión conocida como la Primavera Negra.
La iracunda replica oficial ante los medios de prensa estuvo a cargo del entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque:
"…el Proyecto Varela forma parte de la estrategia de subversión contra Cuba, ha sido concebido, financiado y dirigido desde el exterior, con la participación activa de la Sección de Intereses norteamericana en La Habana; forma parte del mismo esquema de subversión, no tiene el menor asidero en las leyes cubanas, es una burda manipulación de la Constitución y las leyes de Cuba…"[46].
Mientras que la respuesta “legal” del poder es encargada a Ricardo Alarcón de Quesada Presidente de la Asamblea Nacional. quien de un plumazo declara sin lugar la iniciativa presentada [Cursivas, subrayados y negritas - LG]:
“Luego es improcedente acudir al procedimiento legislativo común para pretender mediante una ley modificar el texto constitucional, porque en primer lugar el procedimiento es inaplicable, segundo la simple ley no tiene rango para alcanzar a introducir una modificación en la constitución y en tercero la Asamblea Nacional en esos momento de la reforma no actúa como órgano legislativo sino como órgano constituyente y consecuentemente no puede acudir al proceso ordinario que rige la elaboración de las leyes para expresarse, tal y como preceptúa el artículo 137 de la Norma Suprema”[48].
Ciertamente el proyecto es inadmisible para el Castrismo, más allá de sus propias limitaciones técnico-legales y políticas; por cuanto constituiría una fisura en el dique por el cual se precipitarían las turbulentas aguas de la inconformidad ciudadana represadas por más de medio siglo, provocando con ello su inexorablemente colapso.
Posteriormente en entrevista[49] “orientada” a Francisco Aruca, un activo colaborador pro-castrista en la Florida de origen cubano; el Sr. Alarcón de Quesada minimiza y descalifica al Proyecto Varela y con ello cualquier iniciativa ciudadana, al desplazar el eje del fallo al contexto de la tradicional beligerancia con los Estados Unidos:
“Nosotros no estamos respondiendo al llamado Proyecto Varela, al que de hecho yo mismo he respondido en otras ocasiones. Eso es una maniobra mediática fundamentalmente, para que se pueda llevar incluso al extremo de llegar ahora a comparar al títere con su amo, lo cual me parece, entre otras cosas, irrespetuoso con el Presidente Bush. Nosotros respetamos la institución, la presidencia de los EE.UU., pero estamos respondiendo al jefe del imperio, que está amenazando incluso con el ataque sorpresivo de carácter militar. ¿Cómo se va a comparar eso con el jueguito de algunos de sus instrumentos? No debe quedar la menor duda: si en Miami alguno quiere seguir cultivando la bobería ese es su problema. Francamente, yo no voy a seguir perdiendo el tiempo con eso”.
Como a pesar de los argumentos brindados hasta el momento, existe la posibilidad que alguna persona de buena fe no familiarizada con tales abominables practicas, considere que la déspota y feroz respuesta a proyectos políticos alternativos constituyen hecho aislados y circunstanciales, y no un modelo proceso-conductual de preservar el poder, y que las normas jurídicas correspondientes que refrendan de hecho y hecho, tales reacciones no son palabras huecas su reglamento contiene como primer articulo una categórica declaración conceptual sobre los propósitos que persiguen semejantes acciones:
“De acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 de la Constitución de la República, el Partido Comunista de Cuba martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”.
Asimismo el articulo 10mo de la Constitución clausura cualquier opción ajena a la sentencia que “Todos los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, actúan dentro de los límites de sus respectivas competencias y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la vida de toda la sociedad”.
El carácter manipulador y cínico del sistema político, se revela diáfanamente cuando una designada desde el poder central -mediante las comisiones de candidaturas-, Asamblea Nacional del Poder Popular constituye el órgano supremo del poder del Estado que representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo[50], que ni propone ni elige a sus miembros.
Pero la propaganda política inherente a este tipo de régimen travestida en normas jurídicas, requiere que slogans como que los órganos representativos de poder del Estado son electivos y renovables; las masas populares controlan la actividad de los órganos estatales, de los diputados, de los delegados y de los funcionarios; así como que los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento; ocupen un lugar relevante cuando lo que realmente cuenta es que:
• cada órgano estatal y sus miembros actúan solamente dentro del marco de su competencia, prohibiéndoseles tajantemente que puedan inmiscuirse en otras jurisdicciones a fin de establecer compartimientos estancos que eviten corrimientos contaminantes no deseados por los intersticios del sistema; y
• las disposiciones de los órganos estatales superiores son obligatorias para los inferiores, lo cual recorre todo el trayecto umbilical atado desde el Presidente de los Consejos de Estados y Ministros [y Primer Secretario del Partido Comunista] asentado en Punto Uno, hasta el último delegado del más remoto asentamiento poblacional.
Mientras la libertad de discusión, el ejercicio de la crítica y autocrítica y la subordinación de la minoría a la mayoría que se preceptúan formalmente rijan en todos los órganos estatales colegiados; es objeto de una ramplona inversión fullera fácilmente apreciable en cualquier acto de los referidos órganos en todos sus niveles. [51]
La esquizofrenia del tipo paranoide con delirios de persecución que sufren los individuos que detentan el poder en Cuba por casi 54 anos, ha sido elevada a política de estado en múltiples formas, permeando todo el tejido sociopolítico y administrativo del país. Ejemplo de ello se manifiesta en que solo el Presidente del Consejo de Estado [léase Fidel Castro informal y conspirativamente durante el periodo 1959-1976 y luego por tres décadas desde la institucionalización de 1976 y Raúl Castro desde el 2006 hasta la fecha] quien es a su vez Presidente del Consejo de Ministros, esta facultado formalmente para proponer al Primer Vicepresidente, a los Vicepresidentes y demás miembros del Consejo de Ministros; aunque realmente en carácter de Primer Secretario del Partido Comunista de hecho propone a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Estado, del Tribunal Supremo Popular y al Fiscal General y Vicefiscales de la Republica. [52]
De igual manera decide al margen de la ley, la composición de las Comisiones de Candidaturas y las propuestas de estas. “Pone y quita” según anden sus neurotransmisores confabulatorios a ministros, presidentes de gobiernos provinciales y municipales; generales y espías, deportistas y académicos, artistas y embajadores. Similar comportamiento se observa con inversionistas y diplomáticos extranjeros que hoy son recibidos con honores en el Palacio de la Revolución y mañana hospedados indefinidamente en “La Condesa” [prisión para extranjeros] o declarados personas non grata.
El anciano de 81 anos que es Raúl Castro como antes su antecesor y hermano, además de Primer Secretario del Partido Comunista y Presidente de los Consejos de Estados y Ministros, encabeza también el Consejo de Defensa Nacional; en una concentración de poder unipersonal, incompartido, incuestionable, “legal” e ilegal, ante el cual palidece el poder faraónico de Sethy I.
Yuxtapuesto entre el despotismo de un emperador de la Dinastía Xia, el absolutismo de Enrique VIII y el autocratismo de un zar ruso; resulta en una simbiosis totalitaria isleña que se distancia de su predecesor solo en el derecho del “elegido” al poder que reclamaba este; pero que adopta ahora en nombre de un neocastrismo sucesor, un autoritarismo burocrático rampante e impune, que solo rinde cuentas de su gestión a si mismo como hemos tenido ocasión de examinar.
Consecuentemente los procedimientos para cubrir los cargos vacantes en los tres niveles del estado, siguen el mismo riguroso criterio de elegibilidad establecida desde la cúspide, que evite filtraciones de elementos indeseables y no compatibles con la misión que les asigna el poder. [53]
En los casos en que resulte vacante un cargo de Diputado, el articulo 153 deja en consideración del Consejo de Estado y no de la Asamblea Municipal que representa, la decisión de cubrirlo o no. En el primer caso, la propia Asamblea Municipal es constituida en Colegio Electoral, desconociendo los derechos de los electores que lo eligieron en los comicios generales.
Igualmente de férreo es el proceso cuando se requiera cubrir cargos vacantes de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea Nacional o miembros del Consejo de Estado [Artículos 156-159], dado que los candidatos serán designados por la Comisión Nacional de Candidaturas previamente nombrada a su vez por el propio Consejo de Estado, cuyos miembros fueron puestos a “dedo” desde la simbiosis de los Puntos Cero y Uno.
El articulo 160 prescribe que de cesar en sus funciones el Presidente del Consejo de Estado lo sustituye el Primer Vicepresidente; mientras que si una improbable hecatombe simultáneamente desapareciera a ambos, el Consejo de Estado convocaría a una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional -tomada seguramente por las tropas elites de seguridad- para cubrir los cargos, siguiendo el procedimiento que la comisión central de candidaturas proponga la lista de “elegibles” a la culmen isleña [Articulo 161].
En este remoto escenario puede perder sus colmillos la jutia biránica tratando de cerrar el cerco. Sencillamente seria una situación tan excepcional, que se regiría por las reglas conspirativas del poder y no por las jurídicas.
El Consejo de Estado esta integrado por un Presidente, un Primer Vicepresidente, 5 Vicepresidentes, un Secretario y 23 miembros comunes hasta un total de 31 diputados. Luego si desaparecen coincidentemente el Presidente y el Primer Vicepresidente de 81 y 82 anos respectivamente, uno de los vicepresidentes del Consejo de Estado aunque no esta expresamente consignado en la ley, seria quien encabezaría el proceso de proposición y elección de los cargos vacantes.
Oficialmente no se ha cubierto el puesto de Vicepresidente vacante por el fallecimiento del general Julio Casas Regueiro, por lo que actualmente los actuantes son Gladys Bejerano, Contralora General; Abelardo Colome, Ministro del Interior; Ramiro Valdés y Esteban Lazo.
Descontando a Raúl Castro y a José Ramón Machado Ventura, el orden de presentación de los Buró Político del Partido Comunista de Cuba -por cierto reducido en el ultimo congreso de 24 a 15 miembros-, ofrece evidencias de la jerarquía de la cúpula del poder [al margen de la “lealtad”, dado el elevado envejecimiento de la misma y el rol que este factor desempeñara en la sucesión inevitable y próxima, se muestra entre paréntesis la edad].
· Ramiro Valdés Menéndez [80]
· Abelardo Colomé Ibarra [73]
· Julio Casas Regueiro [Fallecido]
· Esteban Lazo Hernández [68]
· Ricardo Alarcón de Quesada [75]
· Miguel Díaz-Canel Bermúdez [52]
· Leopoldo Cintra Frías [71]
· Ramón Espinosa Martín [73]
· Álvaro López Miera [69]
· Salvador Valdés Mesa [?]
· Mercedes López Acea [48]
· Marino Murillo Jorge [51]
· Adel Izquierdo Rodríguez [67]
· Bruno Rodríguez Parrilla (reciente promoción) [54]
En este hipotético contexto, un analista político tradicional ajeno a la prosapia conspirativa biránica, aplicaría una técnica de depuración y jerarquización de listas donde solo –siguiendo el rango subliminal de la información del régimen- Ramiro Valdés [80], Colomé Ibarra [73] y Esteban Lazo [68] se encontrarían en el conjunto intersección. Pero no esta previsto que eso ocurra en los planes de contingencia meticulosamente elaborados y actualizados.
Toda vez que Raúl Castro en la clausura de la Primera Conferencia Nacional del Partido informo -sin precisar cuando comenzaría a decursar el término- que “… implementaremos la decisión de limitar a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años, el desempeño de los cargos políticos y estatales principales”[54]. [Aurelio Alonso: “Ha sido esperanzador que el presidente Raúl Castro proclamara la reducción de todo cargo de dirección a cinco años, renovables por una sola vez, aunque no se haya observado aún movimiento alguno para implementarlo”][29]. [Cursivas y subrayados – LG].
En el propio discurso, Raúl Castro expone tranquilamente el “Fast Track” de los protocoles técnico-legales con que el poder implementas las decisiones desconociendo a las bases sociales que dicen representar: “considero que una vez definidas y acordadas las políticas por las instancias pertinentes podemos iniciar su aplicación paulatina sin esperar por la reforma constitucional, recurso al que no debemos estar acudiendo a cada rato, o sea, ir a modificar algo de la Constitución, aunque sea por el propio Parlamento, sin necesidad de referendo”.
Y considerando que las elecciones generales para formar la nueva Asamblea del Nacional del Poder han sido convocadas para el 3 de febrero del 2013, para las cuales ya han sido “propuestos” más de siete mil precandidatos a diputados y más de cuatro mil 500 a delegados provinciales de donde saldrán los “elegibles”, el tema de los sucesores neocastristas cobra vigencia de primer orden.
Emilio Ichikawa analizando la evaluación realizada por el ex jefe de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en Cuba, Jonathan Farrar, coincide con él en que “… cartografió las alternativas reales que existían para sacar a la “Castro’s family” y, después de extender el mapa de variables sobre la mesa, consideró posible, en “tiempo político real”, solo una. La conclusión del ex Jefe de la Oficina de Intereses de EEUU en La Habana, confirmada por algunos párrafos en wikileaks, fue matemática: La oposición es valerosa y útil para degradar la imagen de las autoridades cubanas, pero la alternativa al poder solo existe dentro del poder mismo. Un cisma, un pronunciamiento, una alianza fallida, un error en la designación de un sucesor…”. [55] [Cursivas y subrayados - LG]
En el mismo articulo, Ichikawa expone la hipótesis -que requiere una ulterior argumentación- que “Castro’s family” es un concepto más político que genealógico, lo que esparce el espectro de los sucesores al poder biránico mas allá de la consaguinidad extendiéndolo a lo relacionar y hasta lo imponderable.
Sin espacio para abordar más que en el estricto contexto del presente trabajo, el tema sucesorio del poder político en Cuba merece la máxima atención no solo por parte de estudiosos, sino sobre todo por los diversos actores políticos. En La Rinconada, donde todas las alertas retumban hoy mas que nunca, se aplican concienzudamente a la aplicación de lo previsto en los planes operativos y de contingencias.
Tomando en consideración que Raúl Castro será reelecto por ultima vez como Presidente del Consejo de Estado; la 8va “Legislatura” que resultara de los comicios del 3 de febrero para ejercer durante el periodo 2013-2018, constituye a su vez, la postrera coyuntura para que de acuerdo con una “Razón” [56], procesalmente discurra la sucesión.
Y aunque en el trono del señorío biránico el sigilo noctívago es la norma y la conspiración la praxis; la cadencia del paso marcial marcado por el hervor del batracio neocastrista [57], indica que cuando el 16 de diciembre se reúnan simultáneamente las Asambleas Municipales para nominar entre los mas de 7 mil precandidatos propuestos por las comisiones de candidaturas de marras, a los candidatos a diputados, entre ellos, marcados por la expresa voluntad testicular del poder, estarán los rostros encargados de la continuidad del neocastrismo.
Ya sabemos que las monarquías testan a favor de los primogénitos los predios del poder previa exhaustiva preparación. Si como se conjetura, el amplio activismo a favor de los legítimos derechos de la comunidad LGTB de Mariela Castro y la presentación como politólogo del coronel Alejandro Castro, no han constituido mas que campanas de relaciones publicas; entonces sus nombres estarán indeleblemente grabados en las listas que ahora mismo se proponen con el fin de acompañar a la del otro “hijo”, Álvaro López Miera.
De los play boys herederos del sátrapa originario se ocupo el propio coronel Castro Espin recientemente, cuando deja claramente establecido que los hijos de Fidel están fuera de la línea sucesoria, con aquello que un "familiar" de nombre similar al suyo, publico las fotos del extinto resucitado [[58].
A menos de un mes de arribar a los 54 anos en que un bribon ególatra y criminal, usurpara el poder para erigirse a ritmo gonadal en el potentado absoluto de la distopía una nación a sangre, fuego y manipulación; George Orwell retumba en nuestros suplicios: "No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura"; y es que la penúltima fase de la Operación Caiguarán comenzara a desplegarse el próximo 3 de febrero. Palcos aun disponibles, aunque seria al menos mas decente seguir a Ai Weiwei: "If We don't push, nothing happens"
29] Alonso, A./ Rebelión: Versión escrita de la conferencia inaugural del III Encuentro de Crítica e Investigación Joven «Pensamos Cuba», convocado por la Asociación Hermanos Saíz, el 9 de marzo de 2012, en La Habana.
30] http://www.parlamentocubano.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=68
31] ARTICULO 7. Están incapacitados para ejercer el derecho de sufragio activo, las personas que estuvieren comprendidas en los casos siguientes:
32] Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba/ http://www.parlamentocubano.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=97:el-sistema-electoral-cubano&catid=51:democracia&Itemid=106
33] Ver Ley [Electoral] No.72: Articulos 38, 39, 40, 41, 62, 63, 64, 103 y 104
34] Se ha empleado el concepto de Hecho Juridico de la Enciclopedia Juridica/ http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho-juridico/hecho-juridico.htm
35] L. Ferrajoli, Diritto e ragione, Laterza, Roma-Bari, 1989, pp. 896; trad. esp. Derecho y razón. Teoría del pragmatismo penal, Trotta, Madrid, 2005.
Al respecto Joseph Raz indico: “Un sistema jurídico no democrático, basado en la negación de los derechos humanos, en una gran pobreza, en segregación racial, en desigualdad sexual y en la persecuación religiosa puede, en principio, conformarse a los requerimientos del Estado de derecho mejor que cualesquiera de los sistemas jurídicos de las más ilustradas democracias occidentales. Esto no significa que este sistema sea mejor que aquellas democracias occidentales. Sería un sistema jurídico inconmensurablemente pero, pero sobresaldría en un aspecto: en su conformidad al Estado de derecho./ J. Raz, La autoridad del derecho, UNAM, México, 1985, p. 264
36] CAPITULO III - DE LAS ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DEL PODER POPULAR:
37] Nota de CubaDebate a la Constitucion de la Republica de Cuba http://www.cubadebate.cu/cuba/constitucion-republica-cuba/
El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución, probado por años de heroica resistencia frente a las agresiones de todo tipo y la guerra económica de los gobiernos de la potencia imperialista más poderosa que ha existido y habiendo demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa, es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo. [http://www.cubadebate.cu/cuba/constitucion-republica-cuba/]
38] Orden del Dia de las Asambleas Municipales del Poder Popular:
Artículo 37) El proyecto de Orden del Día de las sesiones ordinarias de la Asamblea Municipal es elaborado por el presidente, según la situación concreta que dé lugar a la convotaria, quien lo somete a la aprobación de la Asamblea. El Orden del Día puede incluir asuntos como los siguientes:
39] Sobre el desarrollo de los debates en las Asambleas Municipales del Poder Popular:
40] Articulo 46-Parrafo 5to: “Se emplea la votación secreta para elegir al presidente y vicepresidente de la Asamblea, para revocar estos mandatos y para cualquier otro asunto establecido por la ley, este Reglemento o lo decida la Asamblea Municipal. Esta votación se realiza mediante boletas que se depositan en una urna”.
The Cuban Commission for Human Rights and National Reconciliation, CCDHRN, recorded 520 detentions in October alone, bringing the total for the year to 5,625. The figures were “consistent with the high level of political repression in Cuba over recent years”, the group said. http://iwpr.net/report-news/political-detentions-cuba-top-5000
41] DE LOS DEBERES DE LOS DELEGADOS
42] Ver Sistema Único de Vigilancia y Protección - Monografias.com; asi como Censorship in Cuba
43] DE LAS RELACIONES DE LOS DELEGADOS CON SUS ELECTORES
44] Rendición de Cuenta de los Diputados
ARTÍCULO 102 La Asamblea Municipal del Poder Popular conoce de los informes de rendición de cuenta de los diputados a la Asamblea Nacional electos en su territorio, por lo menos una vez en el mandato para el cual fueron elegidos, en correspondencia con las orientaciones del Presidente de la Asamblea Nacional. La mencionada Asamblea Municipal determina los aspectos específicos de su labor, como tal, que desea conocer. Se considera, asimismo, como parte de la rendición de cuenta los informes que eventualmente realicen los diputados a la respectiva Asamblea Municipal sobre sus labores en la Asamblea Nacional o en alguna Comisión de Trabajo, que resulte de interés a los delegados de la Asamblea Municipal.
45] Se puede consultar el Proyecto Varela integro en: http://www.oswaldopaya.org/es/proyecto-varela/
46] Conferencia de prensa ofrecida por el canciller Felipe Pérez Roque, con relación a los mercenarios al servicio del imperio que fueron juzgados los días 3, 4, 5 y 7 de abril. Ciudad de La Habana, 9 de abril de 2003. (Versiones Taquigráficas - Consejo de Estado)
47] Tomado de Ichikawa: http://eichikawa.com/2012/07/documento-significativo-vinculado-al-tema-proyecto-varela-asamblea-nacional-de-cuba.html (Texto en la WEB de la Universidad de New Mexico)
10/04/03 - Cuba-L - Proyecto Varela y también la respuesta de la Asamblea Nacional
El lector de Cuba-L ha recibido en los últimos dos años el texto del Proyecto Varela y también la respuesta de la Asamblea Nacional. La prensa extranjera que cubre el tema NUNCA ha dado a conocer los argumentos de la Asamblea Nacional mientras que esa prensa, al igual que Osvaldo Payá, continuan insistiendo que la Constitución cubana establece que con 10,000 firmas se puede pedir un referendo a la legislatura (lo cual es una lectura incorrecta de la Constitución cubana). Hace aproximadamente dos años Cuba-L distribuyó, por segunda vez, la Constitución. Ahora deseamos enviar, de nuevo, la respuesta de la Asamblea Nacional junto con una serie de puntos que consideramos relevantes.
Debe de anotarse que:
1. lO. Payá nunca ha reconocido que le dieron respuesta a su "petición" y que la Asamblea Nacional le proporcionó el documentop adjunto en dos ocasiones.
2. O. Payá nunca ha hecho comentario alguno sobre la respuesta de la Asamblea Nacional.
3. La mayoría de los medios de prensa extranjeros asumen que el gobierno cubano no ha respondido a la "petición," y si lo reconocen nunca detallan cuales fueron los argumentos legales de la respuesta proporcionada por la Asamblea Nacional.
4. O. Payá esta segunda vez, al proporcionar mas firmas, pero sin hacer cambio alguno a la "petición, " no tiene posibilidad alguna de poder funcionar dentro del marco legal que dice desea hacer.
5. Hay que preguntarse a que se debe que O. Payá y sus consejeros legales no le prestaron atención a los elementos legales necesarios para hacer una petición de referendo en la primera vez que lo hicieron.
6. Que posible argumento pueden tener ahora para recoger firmas una segunda vez sin haber cambiado la petición de referendo, pues la segunda vez ya saben cuales fueron los fallos de la primera petición?
7. Y, por último, a que se debe que la prensa extranjera radicada en Cuba no le presta atención a los hechos tales y como son en realidad?
Respuesta confeccionada por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional que le fue entregada a Osvaldo Payá acerca de su proyecto el 18 de noviembre del 2002 y enviada posteriormente por correo el 26 de noviembre del mismo año.
Ciudad de la Habana, 1 de noviembre del 2002
En respuesta al documento que nos trasladó, en virtud del artículo 67 del Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que dice denominarse "Proyecto Varela", la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, a tenor del artículo 68 del mencionado Reglamento emite las siguientes:
1. Atendiendo a que el documento en cuestión pretende presentarse como una iniciativa legislativa amparada en la facultad constitucional del inciso g) artículo 88, es oportuno significar que no cumple con los requisitos de ley establecidos en el artículo 64 del Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, toda vez que la petición formulada se acompaña con un grupo de papeles que dicen consignar datos identificativos de ciudadanos, cuya identidad y veracidad no consta acreditada legalmente, dado que no se ha cumplido el requerimiento legal para estos casos, cual es que, mediante declaración jurada ante notario, los ciudadanos acrediten su identidad personal mediante los datos del carné de identidad como documento idóneo y probatorio de la individualización de cada una de estas personas que avalan este pedimento, además de que no se acredita su no invalidación para ejercer el sufragio activo, lo que exige conforme el artículo 132 de la Constitución de la República, que no se halla incapacitado mentalmente ni inhabilitado judicialmente por causa de delito, elementos estos que requieren de la presentación de las pruebas documentales pertinentes para que el Notario, en su función de fedatario público, los consigne en el documento público, en el caso que nos ocupa, la declaración jurada, que se exige, pues en ningún momento, ni la Constitución de la República ni el Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular establece la recolección de firmas, cualquiera que fuese su número, para promover la iniciativa legislativa.
2. Otro aspecto que desatiende y no considera en debida cuenta el documento que pretende convertirse en iniciativa legislativa, lo es que viene obligado a desarrollar en el escrito de fundamentación que le acompañe los particulares que se recogen taxativamente en los apartados 1 a 7 del artículo 63 del Reglamento de este supremo órgano. El documento que se adjunta y que denominan Fundamentación, no es sino una relación fáctica y en oportunidades errática en redacción y contenido de la pretensión, sin desarrollar los requisitos de ley para su elaboración, así como la exposición de posiciones y criterios o la simple solicitud de la promulgación de una ley para crear empresas privadas por parte de cubanos, sin constar ningún género de fundamentación al respecto, o como es el caso de la modificación al Código Penal, sin exposición alguna de los requerimientos de ley.
3. Resulta tan apartada de lo que debe ser la fundamentación debida y seria de un proyecto de ley que ni siquiera aspectos tan relevantes en el proceso legislativo como el rango normativo de la disposición jurídica propuesta o los mecanismos necesarios que garanticen la aplicabilidad, efectividad, cumplimiento y el control de la disposición jurídica que se presenta, son abordados. Entremezcla en total desarmonía y carencia de secuencia lógica, consideraciones y posiciones totalmente extrañas al proceder legislativo.
El no cumplimiento de los requisitos de ley exigidos resulta elemento suficiente para rechazar de plano la pretensión formulada, no obstante la Comisión considera oportuno no detenerse ante estos aspectos y entrar a un análisis del contenido de la misma.
II. Elementos de Contenido:
1. El documento en análisis mezcla en total desconcierto y carencia de rigor diferentes instituciones de rango constitucional, de distinta tramitación. Tal es el caso de la solicitud a la Asamblea Nacional del Poder Popular "que someta a consulta popular, mediante referendo ...las propuestas".
La consulta popular y el referendo son dos instituciones constitucionales potestativas de la Asamblea Nacional (incisos (b) y (u) del artículo 75 de la Constitución de la República) bien definidos uno de otro. Mientras que la consulta popular consiste en someter al pueblo que opine y aporte ideas sobre un tema legislativo específico, reservándose la Asamblea la decisión definitiva sobre la norma en tramitación, vgr: en 1994 la Asamblea Nacional del Poder Popular, como expresión de la activa participación y presencia del pueblo en la adopción de decisiones trascendentales para la vida en sociedad, en ejercicio de cabal democracia, convocó a consulta popular, las medidas en el orden financiero y tributario necesarias a implementar en la nación como consecuencia de la seria situación económica que se imponía al país por el doble bloqueo que genera, el impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América y el que se deriva del derrumbe del campo socialista.
El referendo somete la norma en debate a la resolución definitiva de los ciudadanos, vgr: el referendo convocado en 1976 para la aprobación de la vigente Constitución de la República, mediante el voto afirmativo del 95,7% de los electores de la nación.
Luego, como se constata, es desacertado interesar que se "someta a consulta popular mediante referendo", como se expresa en el documento, pues son dos instituciones con diferentes soluciones.
En definitiva tanto el referendo como la consulta popular, son expresiones de la democracia directa ejercida por nuestro pueblo, son facultades potestativas de la Asamblea Nacional y la Comisión considera oportuno aportar que en este sentido estima, que se reservan a decisiones de especial transcendencia.
2. La acción legislativa, acto riguroso y solemne, exige de quien ejercita la iniciativa legislativa la presentación de un anteproyecto que reúna en sí todos los presupuestos de una ley; primero su título, seguido de los Por Cuantos que la presiden y luego los basamentos de derecho en que se sustenta los que se exponen en su Por Tanto, luego de lo cual viene el cuerpo normativo, conformados armónicamente, según el caso, por los títulos, capítulos y secciones e integrados estos por los artículos, apartados e incisos y luego las disposiciones transitorias y finales que garantizan la inserción de la ley propuesta con el resto del ordenamiento legal del país.
La Comisión, al analizar el documento presentado a su consideración y en correspondencia con el artículo 69 del Reglamento, aprecia, a simple vista, que el mismo carece de rigor técnico y refleja en total desarmonía los temas que pretende abordar, acentuando una carencia de la forma de un anteproyecto de ley. Tal vez pudiera aducirse por sus redactores su condición profana en términos legales, lo que no es procedente, ya que en las citas de normas legales que se invocan y en los análisis, si bien lineales y pocos profundos, que hacen en la fundamentación, apuntan en la dirección de que personas con un conocimiento elemental del derecho trabajaron en esta redacción, así como que cualquier persona de la mera lectura de las leyes, incluso de las normas que analizan revocar o modificar, comprenden fácilmente la forma en que se redacta y presenta un proyecto legislativo.
3. Otro aspecto que resulta oportuno significarse por la Comisión lo es el hecho que cada norma legal que se elabore tiene que estar concentrada en una temática específica. El ordenamiento jurídico de un país se conforma por normas de derecho perfectamente identificables y específicas en la materia que aborden, aún dentro de una misma rama del derecho no es atinado incluir asuntos diferentes, así por ejemplo en el derecho las normas adjetivas y sustantivas conforman leyes independientes aunque versen sobre una misma materia; una regulará cómo se aplican, la otra, qué regula en la vida social.
Contrarius sensu, el derecho dejaría de ser una ciencia que regula el normal y armónico desarrollo de los hombres en la sociedad para convertirse en un elemento coadyuvador del caos y la anarquía y tal es el caso del proyecto que se somete a nuestra consideración que desatiende aspectos medulares en la ciencia del derecho, como los son el hecho de considerar al ordenamiento jurídico como un sistema unitario, coherente y dinámico.
En un solo texto, en un solo cuerpo, sin ni siquiera subtítulos que lo identifiquen se reflejan un grupo de planteamientos que combinan temas de derecho constitucional, de derecho penal, de la ley electoral y de la ley de asociaciones. Lo que debió de haber sido objeto de pretensiones bien diferenciadas entre sí en cuerpos normativos independientes, aspecto sobre el cual es también errático el documento.
4. Los integrantes de la Comisión, del estudio del documento en cuestión, coinciden en el criterio de que, lo que se pretende con esta solicitud, no es una promoción de un proyecto de ley como enfáticamente se dice; sus propósitos van mucho más allá y dada la índole de los asuntos que aborda y las valoraciones y cambios que proponen, en realidad se trata de una reforma constitucional que pretende destruir las bases fundacionales del sistema político cubano. No se trata de cambios o modificaciones de leyes como pretenden aparentar, sino de colisiones con los principios políticos, económicos y sociales que se consagran en la Constitución de la República.
No debe generar dudas que el proceso de iniciativa de las leyes del artículo 88 se refieren a otras leyes que no es precisamente los encaminados a modificar la Constitución, la cual como garantía del límite que prevé para su modificación ha concebido un específico proceso, más allá del cual, ni los ciudadanos, ni las instituciones públicas pueden ir.
Sin embargo, la facultad de la iniciativa legislativa que la Constitución le consagra a los ciudadanos no puede ser entendida en el ejercicio de un derecho ilimitado que atente y socave directamente el propio poder del Estado constituido y la expresión mayoritaria del cuerpo electoral que en ejercicio de su poder constituyente le insufló vida como expresión de la voluntad de la sociedad.
En tal sentido, resulta conveniente acudir al artículo 66 de la Constitución que establece a todos los ciudadanos el "deber inexcusable" de cumplir estrictamente con la constitución y con las leyes, luego el derecho de iniciativa legislativa a que se contrae el mentado artículo 88 de la Constitución no solo se limita por las expresas
consideraciones que allí se le fijan, sino también y ello es esencial, por el deber de los ciudadanos de actuar con estricto e inexcusable cumplimiento y acatamiento a la propia Constitución y a las demás leyes del Estado cubano, luego en modo alguno puede dar cobertura legal para actuar a quienes pretendan amparados en esta facultad constitucional, subvertir los cimientos del Estado e ir contra los fundamentos políticos, sociales y económicos que establece la propia Constitución en que pretenden ampararse, es pretender rebasar los límites que en su propia defensa la Constitución establece e ir contra la mayoría del pueblo en que se sostiene.
Luego la iniciativa de promover leyes que el artículo 88 de la -Constitución expresa y que tiene entre sus destinatarios a los ciudadanos, se entiende en el sentido de promocionar leyes, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, en marcados dentro del estricto respeto y cumplimiento de los principios constitucionales y demás leyes de la nación, sin que se pueda interpretar esta facultad constitucional en el sentido de promover leyes encaminadas a remover o modificar la propia Constitución, aunque expresamente ello no se declare, o los fundamentos y principios del Estado o derechos y deberes en ella consagrados, pues para ello el constituyentista en su día concibió un procedimiento específico y expreso, tal cual es la Reforma Constitucional que se recoge en el Capítulo XV, artículo 137 de la Suprema Norma.
La ley que modificaría la Constitución, tal y como ella prevé y también el artículo 79 del Reglamento de la Asamblea Nacional, no puede ser una ley ordinaria de las que usualmente aprueba el órgano legislativo en sus períodos ordinarios de sesiones, tiene que ser una ley especial, de rango constitucional.
Ante esa situación la Asamblea Nacional actúa no como órgano legislativo sino como órgano constituyente. Constituyente, porque puede ponerse en el lugar del constituyente originario y entrar a reformar directamente la Constitución sin requerir de otra norma para ello que no sea su mera voluntad alcanzada mediante el proceso establecido.
Luego es improcedente acudir al procedimiento legislativo común para pretender mediante una ley modificar el texto constitucional, porque en primer lugar el procedimiento es inaplicable, segundo la simple ley no tiene rango para alcanzar a introducir una modificación en la constitución y en tercero la Asamblea Nacional en esos momento de la reforma no actúa como órgano legislativo sino como órgano constituyente y consecuentemente no puede acudir al proceso ordinario que rige la elaboración de las leyes para expresarse, tal y como preceptúa el artículo 137 de la Norma Suprema.
La Constitución de la República, conjunto de normas fundamentales que expresan la legítima voluntad del pueblo soberano de darse y sostener una determinada forma política, es la norma de mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico de la nación, establece los órganos con competencia legislativa, regula el procedimiento legislativo y condiciona el contenido que han de tener las leyes, luego toda la función legislativa se le subordina y tiene que serle coherente, para su reforma exige la concurrencia de órganos y procedimientos más complejos que los regulados para modificar las leyes. De ahí el carácter supralegal que le asiste y la rigidez que le caracteriza. Luego toda norma que pretenda oponérsele expresa o tácitamente es inconstitucional e improcedente.
5. En consonancia con lo expuesto y en ejercicio del deber que le confiere a la Comisión el artículo 69 del Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, estima oportuno señalar que el pretendido documento de iniciativa legislativa que le es sometido a consideración no se adecua a la Constitución de la República, a la cual contradice y se le opone abiertamente.
En uso de las facultades que le reserva el inciso c) del artículo 68 del mentado Reglamento de la Asamblea Nacional y atendiendo a todos los argumentos señalados en el cuerpo de este documento, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos considera, por unanimidad, proponer al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular no admitir a otros trámites el documento en cuestión y por consiguiente, conforme a lo establecido, rechazar las pretensiones que el mismo formula.
Dado en las Oficinas Auxiliares de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la ciudad de la Habana a 1 día del mes de noviembre del 2002
"Año de los Héroes Prisioneros del Imperio".
49] Por: Francisco Aruca/ Ricardo Alarcón: En Cuba el Socialismo es irrevocable/ http://www.parlamentocubano.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=486:ricardo-alarcon-en-cuba-el-socialismo-es-irrevocable&catid=66:entrevistas-realizadas-alpresidente-anpp&Itemid=113
50] Constitución de la Republica de Cuba/ Artículo 69o.- La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. Representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo.
51] Capítulo IX - Principios de organización y funcionamiento de los órganos estatales/ ARTÍCULO 68. http://www.cubadebate.cu/cuba/constitucion-republica-cuba/#c9
52] ARTÍCULO 93. Las atribuciones del Presidente del Consejo de Estado y Jefe de Gobierno son las siguientes:
53] De la Forma de Proceder en el Caso de que queden Cargos Vacantes en la Elección de Delegados a las Asambleas Provinciales y de Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular
Capítulo IV Del Modo de Cubrir los Cargos Vacantes de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular
54] Discurso de Raúl Castro Ruz, en la clausura de la Primera Conferencia Nacional del Partido
55] Ichikawa, E./ Emilio Ichikawa » CUBA: Golpe en el Estado
“Hay varios indicios de que Jonathan Farrar, por ejemplo, pensó cuidadosamente la dinámica del poder en la Cuba contemporánea. Era parte de su trabajo. Farrar cartografió las alternativas reales que existían para sacar a la “Castro’s family” y, después de extender el mapa de variables sobre la mesa, consideró posible, en “tiempo político real”, solo una. La conclusión del ex Jefe de la Oficina de Intereses de EEUU en La Habana, confirmada por algunos párrafos en wikileaks, fue matemática: La oposición es valerosa y útil para degradar la imagen de las autoridades cubanas, pero la alternativa al poder solo existe dentro del poder mismo. Un cisma, un pronunciamiento, una alianza fallida, un error en la designación de un sucesor… En ese nivel. (Jonathan Farrar. 2009-04-15 13:33:00: “However, the most likely immediate successors to the Castro regime will probably come from within the middle ranks of the government itself.”)
Sin la ambición ni la posibilidad, pero con semejante posicionamiento, fue que el ex Jefe de la Oficina de Intereses de EEUU en Cuba llegó a la conclusión citada, y así se lo comunicó al Departamento de Estado en Washington DC. Que en la isla no existían posibilidades de arrebatarle el poder a la “Castro’s family”; a menos de que hubiera una implosión desde dentro de esa misma instancia, o desde su periferia inmediata.
Es esta conclusión (que comparto siempre que se precise: en “tiempo político real”) la que he estado tratando de entender desde hace un tiempo. De algún modo me he referido a ella al afirmar que ese proceso histórico conocido como revolución cubana de 1959, que al principio se enredó en dinámicas de Gobierno, ha acabado por desovar un Estado cuyo sistema de reglas tendrían que ser tomadas en cuenta hasta por un gobierno anti “Castro’s family”.
Ahora bien, el problema aquí es determinar cuán “anticastrista” sería realmente un gobierno que finalmente mantenga en pie la cultura, los nombres, la geografía política… en fin, el Estado que la propia revolución de Castro engendró. En cuanto a la Constitución “socialista” no habría ningún problema: a una junta militar o un gobierno de transición que gobierne a decreto no le molestaría un documento de ese tipo”.
56] Ichikawa, E./ A comienzos del 2013 la VIII Legislatura anunciará un Presidente de Cuba hasta el 2018; con gran probabilidad el mismo RAUL CASTRO: “Es decir, un entramado de reglas, instituciones, liturgias, valores y costumbres (una Razón) que hasta la oposición tendría que tomar en cuenta. Lo que quiero significar es que la historia de la revolución cubana de 1959 podría haber llegado a un punto en que incluso un Gobierno “contrarrevolucionario” tendría que amoldarse o al menos considerar las formas del Estado creado por la propia Revolución. Para decirlo con palabras conocidas: lo que podría “caerse” en Cuba es un Gobierno (el de “Castro’s family”, que es otro problema), pero el Estado quedaría en pie”. [Cursivas y subrayados –lg].
57] A ello me he referido en múltiples oportunidades. Se refiere a que el ritmo de las reformas raulistas transcurre al compás del conocido principio de la “Rana Hervida” de la Teoría del Comportamiento Organizacional.
58] Exclusivo de RT: La primera entrevista a Alejandro Castro Espín http://www.youtube.com/watch?v=ra3RbZXpdPI
Publicado por Lazaro Gonzalez en 12/19/2012 02:10:00 p. m.
Etiquetas: Cuba, Elecciones en Cuba, Fidel, Manipulacion, Neocastrismo, Nomenklatura, Poder Politico, Raul
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