Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-363-de-julio-24-de-2012?documento=legcol&contexto=legcol_c650e0cf917801eee0430a01015101ee&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-13 23:01:13
Document Index: 84422958

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 16', 'artículo 16', 'artículo 23', 'artículo 22', 'artículo 55', 'artículo 23', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 17']

﻿ RESOLUCIÓN 363 DE JULIO 24 DE 2012
RESOLUCIÓN 363 DE 24 DE JULIO DE 2012
CONTENIDO:REGLAMENTA LA TRAMITACIÓN INTERNA DE LAS DISTINTAS MODALIDADES DE PETICIONES QUE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LE CORRESPONDA RESOLVER EN FORMA OPORTUNA Y DE FONDO. DEROGA LA RESOLUCIÓN 266 DE 2000.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, DERECHO DE PETICIÓN, DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN, TRÁMITE INTERNO DEL DERECHO DE PETICIÓN, TRÁMITE DEL DERECHO DE PETICIÓN, CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FUNCIONES DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS DEL CONSUMIDOR
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 104 DE 2018 ARTÍCULO 16 DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RESOLUCIÓN 363 DE 2012
“Por la cual se deroga la Resolución 266 del 2000 y se reglamenta la tramitación interna de las distintas modalidades de peticiones que la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación le corresponda resolver en forma oportuna y de fondo”
(Nota: Derogada por la Resolución 104 de 2018 artículo 16 de la Contaduría General de la Nación)
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial la conferida por el artículo 23 de la Constitución Política y los artículos 13 al 33 (artículos declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-817 de noviembre 1º de 2011, quedando diferida la citada declaración hasta el 31 de diciembre de 2014) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que los artículos 23 y 74 de la Constitución Política consagrada el derecho que tienen todos los ciudadanos para presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, por motivos de interés particular o general y a obtener una pronta y adecuada respuesta, así como acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley.
Que el artículo 22 del Código Contencioso Administrativo establece que las autoridades deberán reglamentar la tramitación interna de las peticiones que les correspondan resolver, y la manera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo.
Que el artículo 55 de la Ley 190 de 1995, contempla que las quejas y reclamos se resolverán y contestarán siguiendo los principios, términos y procedimientos dispuestos en el Código Contencioso Administrativo para el ejercicio del derecho de petición, según se trate del interés particular o general y su incumplimiento dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el mismo.
ART. 1º—Reglamento del derecho de petición. De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política y demás normas concordantes, toda persona tiene derecho a formular verbalmente o por escrito, peticiones respetuosas sobre materias que sean de competencia de la Contaduría General de la Nación, sea de interés general o de particular, invóquese o no el derecho de petición en la solicitud. En consecuencia, a toda petición deberá dársele trámite.
Igualmente el ciudadano podrá consultar, solicitar información y obtener copias de los documentos, teniendo en cuenta las restricciones de orden legal.
Los funcionarios están obligados a tramitar y dar respuesta oportuna y de fondo, independientemente del objeto solicitado. Deberán tener en cuenta el trámite que para cada asunto se prevé y dentro de los términos que se indican en la presente resolución. A falta de norma expresa, se sujetará a lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo.
ART. 2º—Principios orientadores. Todas las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Estos deben servir de guía para la interpretación, ejecución y decisión de los procedimientos administrativos de la competencia de la Contaduría General de la Nación, conforme al Código Contencioso Administrativo.
El retardo injustificado en los procedimientos es causal de sanción disciplinaria que se podrá imponer de oficio o a solicitud de parte interesada, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda corresponder al funcionario por los daños que cause por dolo o culpa grave en el desempeño de sus funciones.
ART. 3º—Contenido de la petición. Toda petición deberá contener, por lo menos:
PAR.—La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente y que no sean necesarios para resolverla.
ART. 4º—Peticiones verbales. Las peticiones verbales deberán formularse directamente en la oficina competente para resolverlas, según la naturaleza del asunto; su respuesta de ser posible, se hará de manera inmediata y en el orden que fueron presentadas. Si quien presenta la petición pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta.
Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, y pondrán a disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley expresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o documentos que los formularios por su diseño no completen, sin que por su utilización las autoridades queden relavadas (sic) del deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que se les sean planteados o presentados más allá del contenido de dichos formularios.
ART. 5º—Recepción. Las peticiones serán recibidas de la siguiente manera:
1. Por la oficina de archivo y correspondencia donde serán registradas en el programa de recepción aplicable a todas las comunicaciones que se reciben en la Contaduría General de la Nación “Orfeo”. Dicho programa generará la siguiente información: número de radicado, nombre del peticionario, procedencia, fecha de recibo, naturaleza del asunto y fecha aproximada de respuesta al peticionario.
2. A través del correo electrónico contactenos@contaduria.gov.co
ART. 6º—Petición incompleta o desistimiento tácito. Una vez radicada la petición y en caso de incumplimiento de algunos de los requisitos señalados en el artículo 3º de la presente resolución, y se constate que la actuación puede continuar sin oponerse a la ley, se requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzará a correr el término para resolver la petición.
ART. 7º—Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los diez (10) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito.
ART. 8º—Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes.
PAR.—Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
ART. 9º—Interrupción de términos. Los términos señalados en el artículo 8º de la presente resolución se interrumpirán en los siguientes casos:
1. Mientras se cumple el término decretado para la práctica de pruebas, si hubiere lugar a ello.
2. Cuando las informaciones o documentos proporcionados por el interesado, no sean suficientemente ilustrativos para decidir, se dará aplicación a lo previsto en el artículo 17 del Código Contencioso Administrativo.
ART. 10.—Información y consultas. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
ART. 11.—Atención prioritaria de peticiones. Las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deba ser resueltas para evitar irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo de perjuicio invocados.
ART. 12.—Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán el carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución o la ley, y en especial:
5. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la Nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la Nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses, contados a partir de la realización de la respectiva operación.
ART. 13.—Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva. Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente.
ART. 14.—Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al tribunal administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente, la petición formulada.
ART.15.—Documentos publicados. Cuando la petición de consulta o de expedición de copias verse sobre documentos oportunamente publicados por la entidad, así lo informará a esta mediante escrito en que conste el número y la fecha del diario, boletín, gaceta u otro medio en que se hizo la publicación; en caso de encontrarse agotado el medio, se deberá atender la solicitud como si el documento no hubiere sido publicado.