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Timestamp: 2018-01-16 19:25:08
Document Index: 132201559

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 199', 'artículo 759', 'artículo 200', 'artículo 215', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 171']

Sentencia las Palmas
En las Palmas de Gran Canaria a veintisiete de abril de dos mil diez
Vistos por Dña. Carmen María Simón Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Nº QUINCE de Las Palmas de Gran Canaria, los presentes
autos civiles de juicio verbal de incapacidad Nº 678/09 seguidos a instancia de
DON JOSE NARANJO MELIAN y DOÑA MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ HERNANDEZ, representados por la Procuradora doña María del Carmen
Sosa Doreste, bajo la dirección legal de don José Luis Nuñez Bravo, contra
DOÑA TERESITA DE LOS ANGELES NARANJO GONZALEZ en situación procesal de rebeldía y con la preceptiva intervención del Ministerio Fiscal.
PRIMERO.- Con fecha de 20 de noviembre de 2009, se repartió a este juzgado
demanda de juicio verbal, presentada por la representación procesal de DON
JOSE NARANJO MELIAN y DOÑA MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ
HERNANDEZ contra DOÑA TERESITA DE LOS ANGELES NARANJO GONZALEZ en la cual tras la alegación de los hechos y fundamentos de derechos
que se estimaron de aplicación se terminó suplicando que se dictara sentencia
declarando la incapacidad de la demandada y el nombramiento como tutor a
don Octavio Naranjo González.
SEGUNDO.- Siendo competente este juzgado para el conocimiento de la demanda planteada por auto de fecha de 9 de diciembre pasado se admitió a trámite la misma, con emplazamiento de la demandada y del Ministerio Fiscal.
Asimismo se acordó la práctica de prueba anticipada consistente en el examen
del presunto incapaz y el reconocimiento personal por la proveyente.
Con fecha de 14 de diciembre pasado, contestó el Ministerio Fiscal. Por su parte
la demandada, presunta incapaz no contesto a la demanda por lo que mediante
providencia de fecha de 3 de marzo del corriente se declaró su rebeldía procesal
y se citó a las partes en legal forma para la celebración del preceptivo juicio verbal.
TERCERO.- Llegado el día y hora señalada para el acto del juicio compareció la
actora, así como el Ministerio Fiscal.
Concedida la palabra a la parte actora se ratificó en las alegaciones de la demanda. Por su parte el Ministerio Fiscal se ratificó en su escrito de contestación.
Practicada la prueba propuesta y declarada pertinente, se concedió la palabra a
las partes para conclusiones y una vez verificado se dio por terminado el acto.
CUARTO.- En la tramitación del presente juicio se han observado todas las
PRIMERO.- El derecho a la personalidad jurídica del ser humano, consagrado
en el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de
diciembre de 1948, lleva implícito el reconocimiento de la capacidad jurídica de
la persona, por lo que toda restricción o limitación de su capacidad de obrar
afecta a la dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le son inherentes, así como al libre desarrollo de la personalidad. En consecuencia, la declaración de incapacitación de una persona sólo puede acordarse por sentencia
judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley (artículo 199 del Código
Civil), mediante un procedimiento en el que se respeten escrupulosamente los
trámites o diligencias, que en la actualidad de imponen en el vigente artículo 759
de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Sentencia T.C. 9 de octubre de 2002 .
En este sentido el art. 199 del Código Civil señala que nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la
ley, y en el artículo 200 configura como causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes, de carácter físico o psíquico, que impidan a
la persona gobernarse por sí misma. De este último precepto se desprende que
lo esencial no es padecer una determinada forma de enfermedad, sino sufrir una
perturbación que sea origen de un estado mental propio con repercusiones jurídicas; tal estado mental viene caracterizado por los siguientes elementos: a) la
existencia de un trastorno mental cuya naturaleza y profundidad sean suficientes
para justificar dichas repercusiones (criterio psicológico); b) la permanencia o
habitualidad del mismo (criterio cronológico), y c) que, como consecuencia de
dicho trastorno, resulte el enfermo incapaz de proveer a sus propios intereses, o,
en palabras del Código Civil, de gobernarse por sí mismo (criterio jurídico), debiendo interpretarse tal expresión, no en un sentido absoluto de imposibilidad
total, plena y completa, sino bastando que la enfermedad o deficiencia mental
implique una restricción grave del autogobierno.
Asimismo el artículo 215 del mismo cuerpo legal , teniendo en cuenta que aquellas enfermedades o deficiencias pueden originar trastornos de muy diferente
intensidad a los que como es lógico deben darse respuestas diferentes , establece que la guarda y protección de la persona y bienes o solamente de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados se realizara , en los casos
que proceda , mediante la tutela , la curatela y el defensor judicial. Por su parte
el art 760 de la LEC establece que juez que declare la incapacidad está obligado a determinar la extensión y límites de esta, así como el régimen de tutela o
de guarda a que ha de quedar sometido el incapaz.
SEGUNDO.- La anterior regulación sustantiva y procesal, debe interpretarse en
la actualidad a la luz de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad, aprobado por la Asamblea General el la ONU el 6 de diciembre de
2006, ratificado por Instrumento de ratificación de la Jefatura del Estado española y publicado en el BOE de 21 de abril de 2008. El texto está integrado por 50
artículos que vienen a establecer los principios, valores y mandatos que deben
prevalecer en el respeto por los derechos humanos de las personas con discapacidad, y que deben observar los países que ratifiquen el tratado, resultando
definido su objetivo en el artículo 1 como el de “… promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover
el respeto de su dignidad inherente
El artículo 3 señala como principios de la Convención, el respeto de la dignidad
inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas entre otras.
Finalmente y por la especial trascendencia que en relación al proceso que nos
ocupa presenta, debe mencionarse el artículo 12 que bajo la rubrica “Igual reconocimiento como persona ante la ley”, establece:1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 2. Los Estados Partes reconocerán que
las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.3. Los Estados Partes
adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con
discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al
en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni
influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias
a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
Se infiere así del citado artículo 12, que se establece un cambio fundamental en
la manera de abordar la cuestión de la capacidad jurídica en aquellas situaciones en las que una persona con discapacidad puede necesitar la ayuda de un
tercero. Este cambio puede ser denominado como el paso del modelo de “sustitución en la toma de decisiones” al modelo de “apoyo o asistencia en la toma de
decisiones”, de modo que la incapacidad absoluta debe dejar de ser la regla general y pasar a ser excepcional. Por consiguiente, en los procesos en que se
solicite modificar o privar de la capacidad de obrar a una persona, es preciso
todos sus derechos humanos y libertades fundamentales, adoptando para ello
las medidas de apoyo o protección que sean necesarias.
Por otra parte, para determinar si procede o no modificar la capacidad de una
persona, y en su caso que alcance debe tener esa modificación y que medida
de protección o de apoyo es preciso adoptar, se debe tomar en consideración
una serie de circunstancias básicas, a saber, conocer cuales son las condiciones de vida y actividades que puede hacer la persona afectada por el procedimiento; que necesita realmente esa persona para poder ejercer con la máxima
plenitud posible, su capacidad jurídica; en que va a beneficiar realmente la sentencia que se dicte a sus condiciones de vida, debiendo tenerse en cuenta finalmente, que todas las personas tenemos diversas habilidades funcionales,
que afectan a diversas esferas de la vida : a) habilidades funcionales de la vida
cotidiana, es decir actividades que puede hacer una persona a diario: vestirse,
asearse, usar medios de comunicación, cocinar, limpiar etc.; b) habilidades de
índole patrimonial, es decir todas aquellas actividades relacionadas con su patrimonio; control de cuentas bancarias, manejo del dinero de bolsillo, realización
de contratos, prestamos etc., c) habilidades de índole sanitario, es decir posibilidad de tomar decisiones en relación a tratamiento médicos quirúrgicos, farmacológicos, rehabilitadotes etc. y d) habilidades de índole social, es decir si puede
deambular sola por la calla, usar medios de trasporte publico, decidir sobre su
lugar de residencia etc.
Es por ello que valorando todas las circunstancias, la sentencia que se dicte a
modo de traje a medida o un vestido único para esa persona, tendrá que ajustarse a sus necesidades, de tal forma que la incapacidad que se pida y la que se
conceda, se acomode perfectamente solo y exclusivamente a ella, en cuanto
que, cada discapaz, necesita su especial medida de protección.
TERCERO.- Partiendo de las anteriores consideraciones y, centrándonos en el
caso particular de doña Teresita, tras valorar las pruebas practicadas en especial el informe médico y resto de la documental aportada con la demanda, el
informe médico forense, la audiencia de parientes y la exploración personal por
esta juzgadora, se aprecia que la demandada que cuenta en la actualidad con
30 años y, tiene reconocido administrativamente un grado de munisvalía psíquica de 65%, padece Ezquizofrenia paranoide, desde el año 1.996 con tratamiento
y controles periódicos, encontrándose en la actualidad estabilizada psicopatológicamente.
La patología señalada, conforma resulta de los medios de prueba anteriores,
afectan a la capacidad de obrar y habilidades funcionales de doña Teresita de la
siguiente manera. En cuanto a las habilidades para la vida independiente y de
índole social, ningún déficit se apreció en la demandada en cuanto a los aspectos más básicos de la vida cotidiana, aseo, comer, deambular por la calle, usar
el trasporte, telefonear, respuesta ante la necesidad de ayuda, realizar peque4
ñas compras, incluso para desarrollar un trabajo remunerado, en este supuesto
como operaria de jardinería para el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria y; conducir vehículos de motor –dispone de carnet de conducir desde hace
12 años-. Por el contrario, si se aprecia déficit ante la posibilidad de vivir sola,
cambiar su lugar de residencia o viajar al extranjero, por la negativa incidencia
que ello pudiera conllevar en su patología.
En cuanto a sus habilidades sobre la salud, se apreció que la demandada tiene
plena conciencia de su enfermedad, no obstante lo cual, si se comprobó cierta
carencia en este aspecto, y más concretamente en el manejo de medicamentos
pues precisa de la supervisión de sus familiares, también para asistir a los controles médicos a los que acude acompañada de sus progenitores, así como para
poder otorgar un completo consentimiento informado para ser sometida a tratamiento medico, quirúrgico, rehabilitador, farmacológico, control y asistencia a
Finalmente en cuanto a sus habilidades económico-jurídico-administrativas, la
propia demandada reconoce abiertamente que es en dicho ámbito donde necesita mayor asistencia. Doña Teresita reconoce la moneda de curso legal y su
valor, puede manejar dinero de bolsillo, aunque admitió que a veces no es
consciente de cual es su límite a la hora de gastar. Igualmente se ha constatado que no esta en condiciones de tomar decisiones de contenido económico,
como seguimiento efectivo de sus cuentas corrientes, de sus ingresos, gastos
etc, ni tampoco para realizar actuaciones complejas - préstamos, donaciones,
cualesquiera actos de disposición patrimonial-, otorgar poderes a favor de terceros, hacer disposiciones testamentarias o entablar, por si sola, acciones judiciales.
Así las cosas, desde la situación fáctica comentada, de acuerdo con los razonamientos antes expuestos, no procede declarar la incapacidad total de la demandada tal y como y como se dejó intereso en la demanda; antes bien lo procedente es modificar parcialmente la capacidad de obrar de doña Teresita, para
actuar por si sola y de forma autónoma a la hora de tomar las decisiones, ya
referidas: 1.- Toma de decisiones y otorgar consentimiento informado valido para cualquier intervención o tratamiento medico, con especial atención al tratamiento necesario para su esquizofrenia paranoide; 2.- Cambiar de domicilio o
salir al extranjero; 3.- Realizar actuaciones complejas o de administración de su
patrimonio, seguimiento efectivo de sus cuentas corrientes, de sus ingresos,
gastos etc. otorgar testamento y, otorgar consentimiento valido en contratos o
negocios jurídicos que afecten a su persona o a su patrimonio u otorgar poderes
a terceros y; 4.- No puede entablar acciones judiciales.
En cuanto al derecho de sufragio, cuya privación se interesó en la demanda,
no resulta procedente. La interpretación de Ley General Electoral de acuerdo
con el espíritu de la Convención, exige respetar, en la mayor medida posible, la
autonomía y los derechos fundamentales de la persona con capacidad modifi5
cada, de modo que no podrá privarsele del derecho de sufragio activo con carácter general, salvo casos excepcionales, en cuanto que ello supondría un retroceso en la necesaria integración social que se propugna respecto . En el concreto supuesto enjuiciado no se ha acreditado esa especial incapacidad de doña Teresita para poder elegir una determinada opción y ejercitar su derecho al
voto, pues dicho ejercicio solo requiere una manifestación de voluntad, para la
que resulta necesaria no tanto un determinado nivel de raciocinio o de conocimiento, sino la expresión de una opinión o decisión personal sobre las diversas
ofertas electorales, en función de la formación cultural de cada persona.
CUARTO.- Conforme dispone el art. 760 debe determinarse el régimen de protección a que debe quedar sometido la demandada así como la persona que,
con arreglo a la ley, ha de asistirle en aquellos ámbitos en que presenta el défictt.
En atención a las circunstancias fácticas antes reseñadas, resulta procedente
constituir en este supuesto un régimen de curatela, bastando la protección de
apoyo en el ámbito en que realmente incide la deficiencia (STS 31-12-1991 y
30-06-2004).
Por lo que al curador se refiere, no suple la voluntad de la afectada, sino que la
refuerza, controla y encauza, complementando su deficiente capacidad, por lo
que su función no viene a ser de representación, sino de asistencia y protección
en cuanto presta su apoyo e intervención para aquellos actos que haya de realizar la persona cuya capacidad queda modificada y estén especificados en la
sentencia, los que no tienen que ser precisamente de naturaleza exclusivamente
En cuanto a la persona que ha de asumir dicho cargo, de las pruebas practicadas y las propuestas que hacen las partes incluido el Ministerio Fiscal para dicho
cargo, procede acordar como medida de apoyo el nombrar como curador de doña Teresita, a don Octavio Naranjo González, quien asistirá a su hermana para
aquellas actividades ya mencionadas, y en la que se aprecia su mayor déficit.
Aún cuando sería posible en este supuesto que dicha función fuera asumida por
los actores, padres de la demandada y con quien esta convive, de modo similar
a lo establecido en el artículo 171 del Código Civil -patria potestad rehabilitadaen atención a las circunstancias personales y de edad de los progenitores resulta aconsejable la designación como curador del antes citado don Octavio.
Esta función se ejercerá con sujeción a lo establecido en los artículos 259 y s.
del Cc. y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
de 13 de diciembre de 2006, ratificado por España en noviembre de 2007, y
entrada en vigor en Mayo de 2008. En concreto y en aplicación del Art. 12 de la
misma, se recuerda al curador que entre sus obligaciones, esta el intentar en
la medida de lo posible que la demandada, vaya recuperando la misma, solicitando en su caso vía judicial su rehabilitación, total o parcial.
QUINTO.- En materia de costas no procede hacer especial declaración sobre las
mismas de acuerdo con lo previsto en el art. 394 de la LEC.
Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación al caso
Que estimando la demanda interpuesta por la representación procesal de DON
HERNANDEZ debo declarar que procede modificar la capacidad de obrar de
DOÑA TERESITA DE LOS ANGELES NARANJO GONZALEZ –nacida el 3 de
octubre de 1.979, inscrito su nacimiento en el Registro Civil de La Vega de San
Mateo Tomo 53, folio 017, de la Sección 1ª- no tiene la suficiente capacidad de
obrar y habilidades necesarias para actuar por si sola y prestar consentimiento
valido en relación a los siguientes actos:
1.- Toma de decisiones y otorgar consentimiento informado valido para cualquier
intervención o tratamiento medico, con especial atención al tratamiento necesario para su esquizofrenia .
2.- Cambiar de domicilio o salir al extranjero.
3.- Realizar actuaciones complejas o de administración de su patrimonio, otorgar
testamento, otorgar consentimiento valido en contratos o negocios jurídicos que
afecten a su persona o a su patrimonio. Si puede manejar dinero de bolsillo.
4.- No puede entablar acciones judiciales.
Se designa CURADOR de DOÑA TERESITA DE LOS ANGELES NARANJO
GONZALEZ a su hermano DON OCTAVIO NARANJO GÓNZÁLEZ, que deberá
asistir a DOÑA TERESITA DE LOS ANGELES NARANJO GONZALEZ para
aquellas actividades ya mencionadas.
Firme que sea la presente sentencia, comuníquese de oficio al Registro Civil
donde figure inscrito su nacimiento, a los efectos de extender la oportuna anotación marginal. Sin que haya lugar a realizar especial pronunciamiento en cuanto
Así por esta mi sentencia contra la que cabe interponer recurso de apelación en
el plazo de cinco días desde su notificación y de la que se unirá certificación a
las actuaciones quedando el original coleccionado en el libro de sentencias, la
pronuncio mando y firmo .
Oposicion al Registro de Marcas
NÚMERO (de protocolo) En , mi residencia, a
Diferencia con el mandato • Duración • Obligaciones y contratos • Forma • Derecho Civil Patrimonial español
Irene Mariñas Fernández. Inicio de Mae. Doña Brígida Ferrer supo
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Biografía Rómulo Gallegos Freire: Novelista y político venezolano, presidente de la...
Biografía • Argumento • Narrativa venezolana • Literatura hispanoamericana contemporánea del siglo XX