Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-597-de-septiembre-15-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_720e190c59c04e16bdd4cee3676c855f&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-16 20:42:38
Document Index: 1656444

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 24', 'artículo 330', 'artículo 330', 'artículo 76', 'artículo 11', 'artículo 55', 'artículo 288', 'Artículo 1', 'artículo 36', 'Artículo 7', 'Artículo 330', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 286', 'artículo 246']

﻿ Sentencia T-597 de septiembre 15 de 2015
SENTENCIA T-597 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:AFECTACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES POR CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA. EN LA MEDIDA EN QUE LAS OBRAS O MEGA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA IMPLIQUEN RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE, AFECTACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES COLECTIVOS Y EN PARTICULAR AFECTEN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, LA ADMINISTRACIÓN DEBERÁ REALIZAR LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN RESPECTIVOS QUE PERMITAN ENCONTRAR SOLUCIONES PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AFECTADOSDICHOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN DEBERÁN TENER EN CUENTA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS NOCIVOS DE LA OBRA A EJECUTAR, PERO DEBERÁN PARTIR DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL, Y EN PARTICULAR, LA NECESIDAD DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE EN PRO DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO DE PETICIÓN, MALLA VIAL, DERECHOS FUNDAMENTALES
Sentencia T-597 de septiembre 15 de 2015
Ref.: Expediente T-4.988.213
Acción de tutela interpuesta por Candelaria Ramos de Zabaleta contra la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
Problema jurídico: la posible vulneración de los derechos fundamentales invocados por no haberse garantizado un espacio de participación y concertación previo a la ejecución del proyecto “Anillo Vial de Crespo”, que implicó la suspensión del uso de las playas.
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub —quien la preside—, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la siguiente,
En el proceso de revisión del fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Cartagena con Funciones de Control de Garantías, el veintiuno (21) de octubre de dos mil catorce (2014), en el trámite de la acción de tutela incoada por Candelaria Ramos de Zabaleta contra la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
La señora Candelaria Ramos de Zabaleta instauró acción de tutela el día seis (6) de octubre de dos mil catorce (2014) contra la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, por considerar que dicha entidad vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida digna, a la libertad de locomoción, a la seguridad social, a la consulta previa y al debido proceso, al expedir el Decreto 1228 de 2014 en virtud del cual se ordenó: (i) suspender temporalmente el uso de las playas ubicadas en las coordenadas magna-sirgas entre los puntos 842778.16481.367N y 840235.11E, 1646284.49N (entre el Club Naval de Suboficiales y el Edificio Marbella); y (ii) suspender la vigencia de las licencias o permisos de intervención y ocupación del espacio público sobre las zonas comprendidas dentro de las coordenadas señaladas, hasta la culminación de las obras del proyecto Anillo Vial de Crespo.
“ART. 1º—Suspender temporalmente, hasta la culminación de las obras del proyecto anillo vial de Crespo, el uso de las playas en las coordenadas magna-sirgas entre los puntos 842778.16481.367N y 840235.11E, 1646284.49N (entre el Club Naval de Suboficiales y el Edificio Marbella).
“ART. 2º—Suspender la vigencia de las licencias, autorizaciones o permisos de intervención y ocupación del espacio público, sobre las zonas comprendidas dentro de las coordenadas señaladas en el artículo anterior, hasta la culminación de las obras que motivan la expedición del presente acto administrativo”.
1.3.1. Mediante oficio Nº AMC-ADT-002255-2014 del 10 de octubre de 2014, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias solicitó que se negara por improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Candelaria Ramos de Zabaleta de conformidad con los argumentos que se exponen a continuación:
1.4.2. Oficio Nº OFI15-000029344-DCP-2500 del catorce (14) de agosto de dos mil quince (2015) de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior.
1.4.3. Oficio Nº AMC-ADT-002265-2015 del veintiuno (21) de agosto de dos mil quince (2015) de la Oficina Jurídica de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
1.4.5. Oficio Nº AMC-OFI-0066430-2015 del diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015) de la Secretaría de Planeación Distrital.
1.4.6. Oficio Nº AMC-OFI-0066394-2015 del diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015) de la Secretaría de Planeación Distrital.
1.4.8. Acta de Posesión de Susana de la Vega Chamorro como Asesora de la Oficina Jurídica de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
Fallo de instancia - Juzgado Tercero Penal Municipal de Cartagena con Funciones de Control de Garantías
1.6.1.1. En primer lugar, ordenó a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias que informara, dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación del auto en mención, las medidas de mitigación tomadas frente a las personas afectadas por la suspensión del uso del área comprendida entre las coordenadas magna-sirgas entre los puntos 842778.16481.367N y 840235.11E, 1646284.49N (entre el Club Naval de Suboficiales y el Edificio Marbella), y si en su concepto existían otras alternativas de trabajo para los “carperos”, vendedores ambulantes y en general aquellas personas que devengan su sustento del uso de la playa, similares a las labores que venían desempeñando.
1.6.1.2. En segundo lugar, ordenó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior que informara, dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación del auto en mención, (i) si en el área comprendida entre las coordenadas magna-sirgas entre los puntos 842778.16481.367N y 840235.11E, 1646284.49N (entre el Club Naval de Suboficiales y el Edificio Marbella) y sus alrededores, se encuentra inscrita alguna comunidad afrodescendiente; (ii) si se adelantó Consulta Previa a las comunidades asentadas entre las coordenadas magna-sirgas entre los puntos 842778.16481.367N y 840235.11E, 1646284.49N (entre el Club Naval de Suboficiales y el Edificio Marbella) y sus alrededores, antes de empezar a ejecutar el Proyecto Anillo Vial de Crespo.
1.6.2. En atención al anterior requerimiento, los días catorce (14) de agosto y veintiséis (26) de agosto del año en curso, se recibieron por parte de Álvaro Echeverri Londoño, en su calidad de Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior, y por parte de Susana de la Vega Chamorro, en calidad de Asesora de la Oficina Jurídica de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, respectivamente, los siguientes documentos:
1.6.2.2. Oficio Nº AMC-ADT-002265-2015 del veintiuno (21) de agosto de dos mil quince (2015).
1.6.2.4. Oficio Nº AMC-OFI-0066430-2015 del diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015).
1.6.2.5. Oficio Nº AMC-OFI-0066394-2015 del diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015).
1.6.2.7. Acta de Posesión de Susana de la Vega Chamorro como Asesora de la Oficina Jurídica de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
La Sala deberá estudiar si la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias vulneró los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, vida digna, libertad de locomoción, seguridad social, debido proceso y consulta previa de las comunidades que devengan su sustento diario del uso de las playas ubicadas en las coordenadas magna-sirgas entre los puntos 842778.16481.367N y 840235.11E, 1646284.49N (entre el Club Naval de Suboficiales y el Edificio Marbella), al suspender el uso de las mismas con el fin de desarrollar el proyecto “Anillo Vial de Crespo”, sin haber garantizado un espacio de participación y concertación previo a la construcción del proyecto.
En atención a que esta Sala verificó que después de interpuesta la acción de tutela, se profirió por parte de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias el Decreto 1352 del 30 de octubre de 2014 “Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1228 del 1 de octubre de 2014, que suspendió temporalmente el uso de las playas en las coordenadas magna-sirgas entre los puntos 842778.701 E, 1648149.367 N y 840235.11 E, 1646284.49 N (entre el Club Naval de Sub-Oficiales y el Edificio Marbella) por las obras del proyecto anillo vial de Crespo”, en el sentido de reducir las coordenadas dispuestas en el Decreto 1228 de 2014 para efectos de permitir que los carperos y pescadores pudieran desarrollar sus actividades en el área aledaña(1), el asunto en este caso versará, entre otras cosas, sobre la configuración de la carencia de objeto por hecho superado.
En efecto, y en relación con el carácter subsidiario de la acción de tutela, el artículo 86 superior dispone que: “(...) esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”(2).
2.3.2. No obstante lo anterior, se ha reconocido que la existencia de otro medio judicial no excluye per se la posibilidad de interponer una acción de tutela, en consideración a que debe entrarse a determinar si los medios alternos con los que cuenta el interesado son aptos para obtener la protección requerida con la urgencia que sea del caso, es decir, si son idóneos; igualmente debe determinarse si a pesar de existir otros medios de defensa judicial, la acción de tutela es procedente en tanto actúa como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable(3).
2.3.3. En relación con la idoneidad y eficacia de los otros medios de defensa judicial a disposición de las personas, esta Corporación ha considerado que “el medio debe ser materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales”(4) y que el medio “debe estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho”(5).
“(i) si la utilización del medio o recurso de defensa judicial existente tiene por virtud ofrecer la misma protección que se lograría a través de la acción de tutela; (ii) si es posible hallar circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya promovido los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance; (iii) si la persona que solicita el amparo es un sujeto de especial protección constitucional, y por lo tanto su situación requiere de particular consideración”(6).
2.3.4. Por otro lado, la jurisprudencia constitucional(7) ha desarrollado los criterios que sirven para determinar la existencia del perjuicio irremediable, y al respecto ha considerado que es necesario tener en cuenta, la inminencia que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales:
“(i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad”(8).
2.4.1. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela pierde su razón de ser como mecanismo de protección judicial cuando cesa la amenaza a los derechos fundamentales invocados, ya sea porque la protección que propiciaba dicha amenaza desapareció o porque fue superada; en estos casos, las órdenes que podría impartir el juez de tutela se tornarían inocuas o contrarias al objetivo constitucionalmente previsto para la acción de tutela(9).
2.4.2. En este sentido, la carencia actual del objeto se configura por hecho superado o por daño consumado; (i) en el primer caso, se comprueba que entre el momento de interposición de la acción de tutela y el momento del fallo, se satisfizo por completo la pretensión formulada en la demanda(10); mientras que, (ii) en el segundo caso, se verifica por parte del juez que el daño que se pretendía evitar a través de la interposición de la acción de tutela, se ocasionó(11).
“Por un lado, la carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo —verbi gratia se ordena la práctica de la cirugía cuya realización se negaba o se reintegra a la persona despedida sin justa causa—, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. En estos casos, se debe demostrar que en realidad se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela, esto es, que se demuestre el hecho superado, lo que autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia actual de objeto y a prescindir de orden alguna, con independencia de aquellas que se dirijan a prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su conducta y a advertirle de las sanciones a las que se hará acreedor en caso de que la misma se repita, al tenor del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.
Por otro lado, la carencia actual de objeto por daño consumado se presenta cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro y lo único que procede es el resarcimiento del daño originado en la vulneración del derecho fundamental”(12).
2.4.3. En estos términos, puede concluirse que existe carencia actual del objeto por hecho superado, cuando al momento de proferir la decisión, el juez de tutela comprueba que la situación que había dado lugar a la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados, ha cesado; lo que deriva en que la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental invocado(13).
2.5.1.1. La Constitución Política de 1991 reconoce y protege, en su artículo séptimo, la diversidad étnica y cultural de la Nación(14), y en este entendido, consagra diversos mecanismos de protección que garantizan que dicha diversidad étnica y cultural se haga efectiva, entre los cuales se encuentra la consulta previa como manifestación del derecho a la libre determinación de las comunidades étnicas.
2.5.1.2. La consulta previa se encuentra reconocida en el artículo 330 constitucional, el cual dispone, en relación con las decisiones que se adopten respecto de la explotación de los recursos naturales ubicados en los territorios indígenas, que el Gobierno se encuentra en el deber de propiciar la participación de los representantes de las respectivas comunidades y de garantizar que dicha explotación se haga sin desmedro de la integridad cultural, social y económica(15).
a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
d) Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”(16).
“La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional y las decisiones sobre la materia se tomarán, previa consulta a los representantes de tales comunidades”(17).
“La consulta previa se realizará cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas de resguardo o reservas indígenas o en zonas adjudicadas en propiedad colectiva a comunidades negras. Igualmente, se realizará consulta previa cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas no tituladas y habitadas en forma regular y permanente por dichas comunidades indígenas o negras, de conformidad con lo establecido en el siguiente artículo”(18).
“Se deberá informar a las comunidades el alcance del proyecto, con énfasis en los impactos y las medidas de manejo propuestas y valorar e incorporar en el Estudio de Impacto Ambiental, cuando se consideren pertinentes, los aportes recibidos durante este proceso. En los casos en que se requiera, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, en materia de consulta previa con comunidades indígenas y negras tradicionales y al Decreto 1320 de 1998 o al que lo sustituya o modifique”(19).
“Cuando la Constitución o la ley ordenen la realización de una consulta previa a la adopción de una decisión administrativa, dicha consulta deberá realizarse dentro de los términos señalados en las normas respectivas, so pena de nulidad de la decisión que se llegare a adoptar”(20).
“(i) el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana; (ii) el respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de la comunidades negras; (iii) la participación de las comunidades negras y sus organizaciones sin detrimento de su autonomía, en las decisiones que las afectan y en las de toda la Nación en pie de igualdad, de conformidad con la ley; (iv) la protección del medio ambiente atendiendo a las relaciones establecidas por las comunidades negras con la naturaleza.(21)”
2.5.2.2. En efecto, en Sentencia SU-039 de 1997 se reconoció respecto de las comunidades indígenas, que estas “han dejado de ser una realidad fáctica y legal para ser sujeto de derechos fundamentales; es decir que estos no solo se predican de sus miembros individualmente considerados, sino de la comunidad misma que aparece dotada de singularidad propia, la que justamente es el presupuesto del reconocimiento expreso que la Constitución hace a la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”(22). (Subrayado y negrilla por fuera del texto)
“La comunidad indígena es un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos. En el primer evento es indiscutible la titularidad de los derechos fundamentales, mientras que en el segundo los afectados pueden proceder a la defensa de sus derechos o intereses colectivos mediante el ejercicio de las acciones populares correspondientes. Entre otros derechos fundamentales, las comunidades indígenas son titulares del derecho fundamental a la subsistencia, el que se deduce directamente del derecho a la vida consagrado en el artículo 11 de la Constitución”(23).
“(i) las comunidades indígenas son sujetos de derechos fundamentales; (ii) esos derechos no son equivalentes a los derechos individuales de cada uno de sus miembros, ni a la sumatoria de estos; y (iii), los derechos de las comunidades indígenas no son asimilables a los derechos colectivos de otros grupos humanos; y (iv) la acción de tutela es un mecanismo judicial adecuado, tanto para la defensa de los derechos de los miembros de las comunidades frente a las autoridades públicas y las autoridades tradicionales, como para la protección de los derechos de la comunidad”(24).
2.5.2.5. De conformidad con los desarrollos jurisprudenciales de esta Corporación, las comunidades étnicas son titulares de los derechos fundamentales a la subsistencia(25), a la propiedad colectiva de los territorios ancestrales, a la libre determinación de los pueblos(26), a la autonomía para la definición de sus “formas de vida buena”, y la participación en los asuntos políticos que los conciernen(27).
2.5.2.6. La Corte ha considerado que el derecho a la consulta previa es una manifestación del derecho a la libre determinación de las comunidades étnicas, y en este sentido, ha reconocido que se trata de un derecho fundamental que puede ser invocado vía acción de tutela y cuya titularidad está en cabeza de las comunidades étnicas; es decir que es un derecho de naturaleza grupal(28).
“Los derechos fundamentales de las comunidades indígenas no deben confundirse con los derechos colectivos de otros grupos humanos. La comunidad indígena es un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos (CP art. 88). En el primer evento es indiscutible la titularidad de los derechos fundamentales, mientras que en el segundo los afectados pueden proceder a la defensa de sus derechos o intereses colectivos mediante el ejercicio de las acciones populares correspondientes”(29).
“(...) adquiere la connotación de derecho fundamental, pues se erige en un instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social”(30).
2.5.2.8. Según la jurisprudencia constitucional, el derecho fundamental a la consulta previa se ve conculcado cuando se acredita la existencia de una afectación directa a los pueblos indígenas o tribales, la cual se manifiesta cuando se dan las siguientes circunstancias: (i) alteración del estatus de las comunidades porque se imponen restricciones o conceden beneficios; (ii) introducción de regulaciones o medidas vinculadas con la definición de la identidad étnica de los pueblos indígenas y tribales; (iii) expedición de regulaciones o adopción de medidas que repercuten directamente sobre las materias definidas en el Convenio 169 de la OIT y otros tópicos que por expresa disposición constitucional, deban ser sometidos a procesos de decisión que cuenten con la participación de las comunidades étnicas, como la explotación de los recursos naturales ubicados dentro de sus territorios o la intromisión dentro de los territorios ancestrales(31).
En este entendido, se reconoce que el criterio fundamental para determinar a qué grupos se les aplica las disposiciones y prerrogativas que reconoce el Convenio 169 de 1989, radica en la conciencia de su identidad indígena o tribal; elemento subjetivo fundante de los derechos étnicos que se manifiesta en un estado de conciencia implícitamente compartido por un grupo, que los lleva a asumirse como miembros de una colectividad diferenciada a la población mayoritaria(32), y que se verifica en la existencia de: (i) propias costumbres o tradiciones que rigen la vida del grupo y que son diferentes a las de la población mayoritaria, e (ii) instituciones sociales, económicas, culturales y políticas que se han conservado por largos años.
“A partir de lo expuesto, puede sostenerse que la comunidad de La Boquilla refleja una cultura, modos de producción y organización social propios, construidos en un proceso histórico que los ha definido como grupo culturalmente diverso. Esa cultura tradicionalmente ha girado en torno a la pesca, aunque los boquilleros en el transcurso de la historia han incursionado en otras actividades en atención a la modificación de su entorno, lo que a su vez ha incidido en su organización social. Los datos etnográficos presentados como contexto de análisis demuestran que la comunidad ha sufrido diversas adaptaciones en el tiempo”(33).
Es decir, no basta la sola afirmación de pertenecer a una comunidad étnicamente diferenciada para que la Corte la reconociera como titular del derecho fundamental a la consulta previa, pues, como se aprecia del aparte transcrito, la Sala tuvo en cuenta que la comunidad de la Boquilla, además de su autoidentificación, contaba con una cultura, modos de producción y organización propios, producto de un desarrollo histórico que los define como grupo culturalmente diverso(34).
2.5.3.2. Así bien, la jurisprudencia constitucional se ha encargado de solventar aquellas dudas existentes en relación con las condiciones en las cuales es posible aseverar que determinada comunidad afrocolombiana es titular de derechos fundamentales colectivos, con el fin de identificar a los titulares de la consulta previa(35).
En este sentido, en Sentencia T-576 del 2014 esta Corporación señaló las reglas que determinan quiénes pueden considerarse como titulares de derechos fundamentales colectivos, como el derecho a la consulta previa, y para estos efectos definió a las comunidades étnicas como “aquellos grupos sociales que reúnen los requisitos exigidos por el instrumento internacional: rasgos culturales y sociales compartidos (elemento objetivo) y una conciencia de identidad grupal que haga que sus integrantes se asuman miembros de una comunidad (elemento subjetivo)”(36), y precisó que las comunidades son “un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad (...)”(37).
(i) “La relación de la comunidad con un territorio determinado es indicativa de su identidad étnica, pero no es un factor determinante para confirmar o excluir su condición de titular de derechos étnicos”(38); en este entendido se advierte que en el caso de las comunidades afrodescendientes, al haber estado sometidas al desplazamiento forzado, no puede asociarse su identidad étnica y los derechos que de ella se derivan a la existencia de un vínculo ancestral con sus territorios.
(ii) “El reconocimiento formal de una comunidad por parte del Estado contribuye a demostrar su existencia, pero tampoco la determina”(39), así que el hecho de que una comunidad específica no se encuentre inscrita en el registro que lleva la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior o cualquier otra autoridad administrativa, no significa que no exista, ya que la identidad colectiva se construye a partir de un reconocimiento propio que se puede probar a través de los estudios etnológicos y demás mecanismos e instrumentos que resulten pertinentes para el efecto.
(iii) “El factor racial es indicativo de la existencia de una comunidad étnica si se evalúa junto a otros factores sociales y culturales que den cuenta de una identidad diferenciada”(40), en este sentido, el factor racial debe evaluarse junto con otros factores con el fin de determinar la existencia de una comunidad étnica, pero considerado individualmente, este factor no determina si un grupo es titular de derechos étnicos.
(iv) “La protección especial que el artículo 55 transitorio de la Constitución y la Ley 70 de 1993 consagra a favor de las comunidades negras no impide que otras colectividades que no reúnan los elementos señalados en esas disposiciones se beneficien de las prerrogativas que la Carta les reconoce por la vía de la cláusula de igualdad material y del mandato de protección de la diversidad cultural”(41), así que cualquier comunidad negra que reúna los elementos objetivos y subjetivos que consagra el Convenio 169, es titular de derechos étnicos.
(v) “No son las autoridades administrativas ni judiciales las llamadas a establecer si una comunidad étnica “existe”, si es “étnicamente diversa” o si determinando individuo pertenece o no a ella”(42), ya que este ejercicio debe ser realizado por las propias comunidades por su propia conciencia de identidad y en ejercicio de su autonomía.
2.6.1. En relación con el derecho al desarrollo, se consideró en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de las Naciones Unidas adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 4 de diciembre de 1986, que este es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.(43)
Al respecto ha considerado la jurisprudencia constitucional, que la concreción de las anteriores funciones a cargo del Estado, debe realizarse de manera democrática, participativa, racional y planificada, dentro del marco de las competencias asignadas por la ley orgánica de ordenamiento territorial, que conforme al artículo 288 superior, es el instrumento que contiene los parámetros de distribución de competencias relativas a la actuación y gestión pública de las entidades territoriales en el proceso de planificación y organización de su territorio(44).
“Es precisamente el carácter jurídicamente abstracto e indeterminado del concepto de interés general, lo que ha llevado a que las constituciones liberales modernas consideren la necesidad de armonizarlo con los derechos individuales y con el valor social que tiene la diversidad cultural. Por ello, constituye un requisito indispensable para la aplicación de la máxima de la prevalencia del interés general, que el operador jurídico analice minuciosamente las particularidades de cada caso, intente armonizar el interés general con los derechos de los particulares y, en caso de no ser posible, lo pondere teniendo en cuenta la jerarquía de valores propia de la Constitución”(45).
En estos términos, el Estado Social y Democrático de Derecho afirma la importancia de cada una de las personas como un fin en sí mismo, razón por la cual las concepciones utilitaristas sobre el bienestar general encuentran una barrera infranqueable en la dignidad del ser humano; ya que en el marco de un Estado Social de Derecho, no puede abordarse la tensión entre el interés general y el interés particular “como si algunos grupos vulnerables se opusieran al bienestar común, sino desde la perspectiva de la efectividad de los derechos”(46), es decir, que no pueden desconocerse las garantías mínimas a que tienen derecho las personas en estado de vulnerabilidad so pretexto de hacer prevalecer el interés general.
En ese sentido, es claro que la garantía fundamental del derecho a la participación no solo protege a comunidades indígenas o tribales, sino que es extensiva a otros tipos de comunidad; es importante hacer esta salvedad, porque en ocasiones se ha confundido el derecho a la consulta previa, con el derecho a la participación, los cuales a pesar de estar interrelacionados no son iguales.
“(...) constituye una de las formas en las que el Estado puede y debe prevenir que visiones generales del “interés general” generen graves afectaciones en los derechos de las personas. Al ejecutar una megaproyecto, el campesino, el jornalero o el tradicional habitante de una región afectada, se encuentra en un verdadero estado de indefensión frente al empresario o dueño del proyecto. Solo con el adecuado ejercicio de la participación podrá evitar que se lesionen sus derechos”(47).
3.1.1. Es preciso recordar que la actora manifiesta en su escrito de tutela que la entidad accionada vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida digna, a la libertad de locomoción, a la seguridad social, a la consulta previa y al debido proceso, al proferir el Decreto 1228 de 2014 conforme al cual se suspendió el uso del área comprendida entre las coordenadas magna-sirgas entre los puntos 842778.16481.367N y 840235.11E, 1646284.49N (entre el Club Naval de Suboficiales y el Edificio Marbella), en consideración a que: (i) la medida que se adoptó en virtud del acto administrativo le impide ejercer su derecho al trabajo, teniendo en cuenta que se dedicaba a laborar como “carpera” en las playas cuyo uso fue suspendido; (ii) la Alcaldía no socializó su intención de cerrar las playas, lo que hizo más gravosa su situación al tomarla desprevenida; (iii) tampoco tuvo en cuenta la Alcaldía que en la zona se asienta una comunidad afrodescendiente que ancestralmente ha devengado su sustento del uso de la playa, por lo que la accionada ha debido realizar una consulta previa a dicha comunidad antes de adoptar las medidas pertinentes.
3.2.1.1. En relación con el requisito de subsidiariedad propio de la acción de tutela y teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra la actora, es preciso advertir que, si bien cuenta con la acción de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para efectos de solicitar la nulidad del acto administrativo que la aqueja, se evidencia que existe una inminencia y una urgencia que exigen medidas inmediatas en aras de proteger los derechos fundamentales de la señora Ramos de Zabaleta; ya que esta considera que con las actuaciones de la entidad accionada se ha vulnerado su derecho al mínimo vital, lo cual hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales invocados.
3.3.1. Para efectos de determinar si la entidad accionada tenía el deber de realizar una consulta previa a favor de las comunidades perjudicadas por el Decreto 1228 de 2014, se hizo necesario examinar en primer lugar, la existencia de comunidades étnicas en la zona afectada a causa de la ejecución del Proyecto Anillo Vial de Crespo, en atención a que son estas las titulares del derecho a la consulta previa.
3.3.2. En este entendido, esta Corporación resolvió mediante auto del cinco (5) de agosto de dos mil quince (2015), ordenar a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior la práctica y solicitud de las siguientes pruebas; (i) informe de las comunidades afrodescendientes que ocupan el área comprendida entre las coordenadas magna-sirgas entre los puntos 842778.16481.367N y 840235.11E, 1646284.49N (entre el Club Naval de Suboficiales y el Edificio Marbella) y sus alrededores, (ii) informe de las consultas previas que se adelantaron frente a las comunidades asentadas entre las coordenadas magna-sirgas entre los puntos 842778.16481.367N y 840235.11E, 1646284.49N (entre el Club Naval de Suboficiales y el Edificio Marbella) y sus alrededores, antes de empezar a ejecutar el Proyecto Anillo Vial de Crespo;
En atención al anterior requerimiento, el día catorce (14) de agosto del año en curso, se recibió por parte del Doctor Álvaro Echeverri Londoño, en su calidad de Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior, el Oficio OF115-000029344-DCP-2500 en virtud del cual se expresó que: (i) en el área comprendida entre las coordenadas magnas-sirgas entre los puntos 842778.16481.367N y 840235.11E, 1646284.49N (entre el Club Naval de Suboficiales y el Edificio Marbella) y sus alrededores, NO se registra presencia de ninguna comunidad étnica y/o afrodescendiente; (ii) al revisar la base de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías y de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, NO se encuentra reporte ni inscripción de ninguna comunidad étnica en el sector consultado; (iii) la comunidad negra registrada más próxima al área de consulta es el Consejo Comunitario de la Boquilla que se encuentra localizado aproximadamente a 2.3 km al noreste de la zona de interés; (iv) en atención a lo anterior, no fue necesario adelantar el proceso de consulta previa respecto al Proyecto Anillo Vial Malecón del Barrio Crespo, lo cual se evidencia en las certificaciones de no presencia expedidas por la entonces Dirección de Etnias del Ministerio del Interior a través de oficios OFI07-31380-DET-1000 del 30 de octubre de 2007, OFI09-15106-GCP-0201 del 14 de mayo de 2009 y OFI11-31911-GCP-201 del 28 de julio de 2011(48).
3.3.3. De conformidad con lo anterior, se evidencia que no se encuentra registrada o inscrita ninguna comunidad afrodescendiente en las coordenadas magna-sirgas entre los puntos 842778.16481.367N y 840235.11E, 1646284.49N (entre el Club Naval de Suboficiales y el Edificio Marbella), sin embargo se verificó el asentamiento de una comunidad étnica a los alrededores de la zona de afección; el Consejo Comunitario de la Boquilla que se encuentra localizado aproximadamente a 2.3 km al noreste de la zona de interés, y que según informe de la Dirección de Consulta Previa, está ubicado en zona rural de la ciudad.
No obstante lo anterior, se observa que la actora no interpuso la acción de tutela en calidad de integrante del Consejo Comunitario de la Boquilla ni invocó tal calidad, además no aportó prueba suficiente que permita aseverar que hace parte de esta, o de alguna otra comunidad étnica; y por el contrario, sí obra prueba dentro del expediente conforme a la cual en la zona cuyo uso fue suspendido en virtud del Decreto 1228 de 2014, no se encuentra registrada o inscrita ninguna comunidad étnica.
Al respecto es preciso tener en cuenta que no es posible determinar la pertenencia de la actora a una comunidad o grupo étnico diferenciado, basados en el criterio de autoidentificación, pues no todo grupo humano puede ser reconocido como una comunidad étnicamente diferenciada por el simple hecho de afirmar pertenecer a ella(49), ya que existen una serie de criterios fundamentales que hay que acreditar, como lo son: (i) la particular manera observar el mundo; y (ii) un sistema de valores propio y distinto al de la cultura mayoritaria.
En efecto, la actora, en ninguna de sus actuaciones probó la existencia de un estado de conciencia implícitamente compartido entre ella y otras personas, que los lleve a asumirse como miembros de una colectividad diferenciada a la población mayoritaria(50), por lo que en el caso concreto no existen criterios razonables que permitan concluir que se está ante una comunidad étnica(51).
3.4.2.2.2. Oficio Nº AMC-OFI-0066430-2015 del diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015) de la Secretaría de Planeación Distrital, en virtud del cual se indica que de conformidad con la reunión sostenida el día dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015), se allega anexo impreso del Oficio Nº AMC-OFI-0066394-2015 en virtud del cual emite concepto la Abogada Externa de la Secretaría de Planeación, Doctora Luisa Isabel Pájaro Aguilar.
3.4.2.2.3. Oficio Nº AMC-OFI-0066394-2015 del diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015) de la Doctora Luisa Isabel Pájaro Aguilar en calidad de abogada externa de la Secretaría de Planeación, en virtud del cual se informa que: (i) el Proyecto Anillo Vial de Crespo corresponde a una obra del orden nacional, y no Distrital; (ii) la licencia ambiental otorgada por la Agencia Nacional de Infraestructura —ANI— impuso la obligación al Consorcio Vía al Mar de implementar en su Plan de Manejo Ambiental y en los programas sociales, medidas compensatorias para los actores sociales afectados por el Decreto como los carperos y pescadores de la zona; (iii) mediante Decreto 1352 del 30 de octubre de 2014 se resolvió modificar el Decreto 1228, en el sentido de cambiar las coordenadas dispuestas en el mismo con el fin de reducir el área cuyo uso fue suspendido y así permitir que los carperos y pescadores puedan desarrollar sus actividades en el área aledaña(52); (iv) en virtud del Decreto 1389 del 10 de noviembre de 2014 se derogó el Parágrafo del Artículo 1 del Decreto 1352; (v) la información relacionada con el lugar a ocupar por los carperos y pescadores la tiene la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, quién fue la encargada de realizar la sensibilización del caso; (vi) la Secretaría solo conoce como base para la expedición de los citados decretos el informe Nº 050 del 30 de junio de 2014 que fue ampliado por otro informe de fecha 25 de septiembre de 2014 suscritos por unos peritos adscritos a la Dimar y concernientes al estado de las obras del Proyecto(53).
3.4.2.2.4. Oficio Nº AMC-ADT-002265-2015 del veintiuno (21) de agosto de dos mil quince (2015) en virtud del cual se expresó que: (i) se procedió a convocar a una mesa de trabajo a todas las dependencias que tienen parte en el proceso de la referencia para trabajar sobre los interrogantes planteados por la Corte, reunión que se realizó el día martes 18 de agosto de 2015; (ii) en dicha reunión se concluyó que la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana tiene la información sobre el lugar a ocupar por los carperos y pescadores; (iii) se solicitó a la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana que procediera a rendir informe sobre la situación.
(i) La socialización del Proyecto Anillo Vial de Crespo se realizó después de publicado el Decreto 1228 de 2014 en virtud del cual se suspendió el uso de las playas; en efecto, el Decreto fue publicado el día 1 de octubre de 2014, y la socialización data del 7 de octubre al 24 de noviembre del mismo año.
(ii) La Agencia Nacional de Infraestructura —ANI— que otorgó la licencia ambiental correspondiente para la elaboración del Proyecto, ordenó la implementación de medidas compensatorias para los actores sociales afectados por el Decreto en el plan de manejo ambiental y en los respectivos programas sociales.
(iii) No obstante que la socialización del Proyecto se realizó después de proferido el Decreto 1228 de 2014, en cumplimiento de la orden impartida por la ANI, a través del Decreto 1352 del 30 de octubre de 2014 se resolvió modificar el Decreto 1228, en el sentido de cambiar las coordenadas dispuestas en el mismo para efectos de reducir el área cuyo uso fue suspendido, y así permitir que los carperos y pescadores pudieran desarrollar sus actividades en el área aledaña(54).
(iv) El parágrafo del artículo primero del Decreto 1352 del 2014, el cual dispuso que la Secretaría de Planeación delimitaría físicamente el área objeto de suspensión, fue derogado por el Decreto 1389 del 10 de noviembre de 2014 en atención a que “(...) la delimitación física del área de playa, está dada en coordenadas magna sirgas norte suministradas por la Capitanía de Puerto, las cuales se encuentran establecidas en el Artículo Primero del Decreto 1352 del 30 de octubre de 2014”.
No obstante lo anterior, la medida implementada por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, consistente en la reducción del área suspendida y la disposición de una zona aledaña a favor de los carperos y personas afectadas, sigue vigente; en tanto el Decreto 1389 de 2014 tan solo derogó el parágrafo del artículo primero del Decreto 1352 de 2014, sin afectar el resto de la norma.
3.4.2.4. De conformidad con lo anterior, cesó la vulneración a los derechos fundamentales invocados por la señora Ramos de Zabaleta, siendo que en la actualidad puede seguir desempeñando sus actividades como carpera en la zona que fue puesta a disposición de ella y de otras personas, por parte de la Alcaldía accionada.
En estos términos, se procederá a denegar el amparo solicitado por la señora Ramos de Zabaleta y se declarará la carencia actual del objeto por hecho superado, de conformidad con las siguientes conclusiones:
1. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, en virtud del Decreto 1352 de 2014, redujo el área suspendida y dispuso de una zona para que las personas afectadas por el Decreto 1228 de 2014 pudieran seguir obteniendo su mínimo vital con el uso de las playas; razón por la cual, no se impartirá orden alguna a la entidad accionada.
2. REVOCAR la providencia del veintiuno (21) de octubre de dos mil catorce (2014) proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Cartagena con Funciones de Control de Garantías, por la existencia de un hecho superado de conformidad con la orden primera de esta providencia.
3. LIBRAR las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
1 El Decreto 1228 de 2014 suspendió el uso de las playas entre las coordenadas magna-sirgas entre los puntos 842778.701 E, 1648149.367 N y el punto 840235.11 E, 1646284.49 N (entre el Club Naval de Sub-Oficiales y el Edificio Marbella), y el Decreto 1352 de 2014 modificó las coordenadas magna-sirgas así: entre los puntos 1648117.21 N, 842707.64 E; 1646729.88 N, 841018.52 E; y 1646539.82 N y 840718.90 E.
2 Constitución Política.
3 “(...) el cumplimiento del principio de subsidiariedad exige que la puesta a consideración de los conflictos jurídicos ya sea por vía administrativa o jurisdiccional se efectúe diligentemente, es decir dentro de los límites temporales que el mismo ordenamiento jurídico impone en muchos casos, siendo únicamente viable la habilitación de la acción de tutela cuando dichos medios a pesar de haber sido agotados no brindaron la protección iusfundamental o cuando a pesar de que existan, los mismos no resulten idóneos, caso en el cual la protección tutelar podrá obtenerse como mecanismo transitorio” (Sentencia T-584 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)
4 Sentencia T-891 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
7 Sentencia T-451 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
8 Sentencia T-544 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
9 Sentencia T-358 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
10 “(...) el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez (...) la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela”. (Sentencia SU-540 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Gálvis)
11 Sentencia T-612 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
12 Sentencia T-200 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
13 Sentencia T-358 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14 “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. (Artículo 7 de la Constitución Política).
15 “De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones: 1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios. 2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. 3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución. 4. Percibir y distribuir sus recursos. 5. Velar por la preservación de los recursos naturales. 6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio. 7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional. 8. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se integren; y 9. Las que les señalen la Constitución y la ley. PAR.—La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades”. (Artículo 330 de la Constitución Política).
16 OIM, Convenio 169 de 1989 “Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”.
17 Ley 99 de 1993.
18 Decreto 1320 de 1998.
19 Decreto 2820 de 2010.
20 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
21 Ley 70 de 1993, artículo 3.
22 Sentencia SU-039 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
23 Sentencia T-380 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
24 Sentencia C-463 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
25 “Entre otros derechos fundamentales, las comunidades indígenas son titulares del derecho fundamental a la subsistencia, el que se deduce directamente del derecho a la vida consagrado en el artículo 11 de la Constitución”. (Sentencia T-380 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
26 “la libre determinación comprende el derecho de las comunidades étnicas a “(...) determinar sus propias instituciones y autoridades de gobierno; a darse o conservar sus normas, costumbres, visión del mundo y opción de desarrollo o proyecto de vida; y de adoptar las decisiones internas o locales que estime más adecuadas para la conservación o protección de esos fines”. (Sentencia T-693 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
27 “Concretamente, el artículo 286 (CP) prevé la facultad de los pueblos originarios de adoptar las decisiones relacionadas con su estructura política, económica, cultural, religiosa y territorial, mientras el artículo 246 de la Carta —cláusula que opera en esta oportunidad como el parámetro esencial de control— les confiere en términos muy amplios la potestad de administrar justicia en su territorio mediante normas y procedimientos propios, aspecto que se retomará en párrafos posteriores”. (Sentencia C-463 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa).
28 Sentencia T-693 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
29 Sentencia T-380 de 1993, Eduardo Cifuentes Muñoz.
30 Sentencia SU-039 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
31 Sentencias C-371 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
32 Sentencia C-169 de 2001. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
33 Sentencia T-376 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
34 Sentencia T-376 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa. Ver también Salvamento de voto del Magistrado Alberto Rojas Ríos a la Sentencia T-485 de 2015.
35 “La incertidumbre que existiría al respecto – asociada a lo complejo que ha resultado distinguir entre la protección que el Estado les debe a las comunidades afrocolombianas como sujeto colectivo y aquella que debe prodigarles a sus integrantes individualmente considerados y a las distintas lecturas que las instancias gubernamentales, judiciales y las propias comunidades han hecho del concepto de comunidad negra al que alude la Ley 70 de 1993[30]— sería uno de los factores que ha bloqueado, en mayor medida, los intentos de los afrocolombianos por construir una instancia que facilite el encauzamiento efectivo de sus iniciativas y cuente con la legitimación y la representatividad necesarias para actuar como órgano de consulta de las medidas de impacto nacional que los afecten”. (Sentencia T-576 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
36 Sentencia T-576 de 2014, Luis Ernesto Vargas Silva.
43 Artículo primero de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1986.
44 Sentencia C-145 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
45 Sentencia C-053 de 2001. M.P. Cristina Pardo Shlesinger.
46 Sentencia T-244 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
47 Sentencia T-135 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
48 Estos Oficios no se adjuntaron al Oficio remitido por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior.
49 Sentencia T-376 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa. Ver también Salvamento de voto del Magistrado Alberto Rojas Ríos a la Sentencia T-485 de 2015.
50 Sentencia C-169 de 2001. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
51 Sentencia T-485 de 2015. M.P. Myriam Ávila Roldán.
52 El Decreto 1228 de 2014 suspendió el uso de las playas entre las coordenadas magna-sirgas entre los puntos 842778.701 E, 1648149.367 N y el punto 840235.11 E, 1646284.49 N (entre el Club Naval de Sub-Oficiales y el Edificio Marbella), y el Decreto 1352 de 2014 modificó las coordenadas magna-sirgas así: entre los puntos 1648117.21 N, 842707.64 E; 1646729.88 N, 841018.52 E; y 1646539.82 N y 840718.90 E.
53 Estos informes no fueron allegados por parte de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
54 El Decreto 1228 de 2014 suspendió el uso de las playas entre las coordenadas magna-sirgas entre los puntos 842778.701 E, 1648149.367 N y el punto 840235.11 E, 1646284.49 N (entre el Club Naval de Sub-Oficiales y el Edificio Marbella), y el Decreto 1352 de 2014 modificó las coordenadas magna-sirgas así: entre los puntos 1648117.21 N, 842707.64 E; 1646729.88 N, 841018.52 E; y 1646539.82 N y 840718.90 E.