Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-02491-28326-de-marzo-27-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fa00a8ad397201b8e0430a01015101b8&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-23 07:40:31
Document Index: 38915713

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 58', 'artículo 22', 'artículo 59', 'artículo 240', 'artículo 233', 'artículo 241', 'artículo 55', 'artículo 2', 'artículo 132', 'artículo 244', 'artículo 246', 'artículo 31']

﻿ Sentencia 2001-02491 de marzo 27 de 2014
SENTENCIA 2001-02491 DE 27 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL- DESBORDAMIENTOS HIDROGRÁFICOS. POR DESBORDAMIENTOS HIDROGRÁFICOS NO HAY RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A LA ADMINISTRACIÓN, SALVO QUE SE EVIDENCIE QUE ÉSTA HA INCURRIDO EN UN DEFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, FALLA QUE PUEDE DARSE, POR EJEMPLO, CUANDO LAS ENTIDADES COMPETENTES PREVIERON O PUDIERON PREVER LAS CONSECUENCIAS NOCIVAS DEL FENÓMENO NATURAL, Y NO DESPLEGARON ACCIONES TENDIENTES A EVITAR ESTAS ÚLTIMAS. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, SE DETERMINÓ QUE LAS INUNDACIONES QUE DIERON LUGAR A LOS DAÑOS CUYA INDEMNIZACIÓN SE RECLAMA, SE DEBIERON, POR UN LADO, A UN HECHO IMPREVISIBLE E IRRESISTIBLE, COMO LO FUE LA OCURRENCIA DE UNA TEMPORADA DE INVIERNO MUCHO MÁS FUERTE DE LO NORMAL OCURRIDA EN EL AÑO 1999, SUMADA A LA SITUACIÓN DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL DE LA LAGUNA DE FÚQUENE EN CUNDINAMARCA, ATRIBUIBLE A LA MALA UTILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DESASTRE NATURAL, DERECHOS DE LA VÍCTIMA DE DESASTRE NATURAL
Sentencia 2001-02491 de marzo 27 de 2014
Exp.: 28 326
Rad.: 25000-23-26-000-2001-02491-01
Actor: Héctor Iván Monroy Fandiño y otros.
6. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un proceso que, por su cuantía (fl. 5, cdno. 1)(2), tiene vocación de doble instancia.
7. Al presente proceso se allegaron algunas copias simples de documentos públicos, así como también varias fotografías en donde se ven algunos terrenos inundados. También se allegó la copia de una “inspección judicial” realizada a instancias del inspector de policía del municipio de Guachetá —Cundinamarca—, medios de prueba respecto de los cuales es necesario expresar algunas consideraciones sobre la posibilidad de su valoración.
7.1. Las copias simples visibles en el expediente, pertenecientes a varios estudios elaborados a instancias de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y a otros documentos expedidos por entidades públicas, podrán ser apreciadas de acuerdo con el criterio recientemente establecido por la Sala Plena de Sección Tercera según el cual, cuando las reproducciones informales de documentos han obrado en el plenario a lo largo del proceso y han sido susceptibles de contradicción por las partes sin que éstas las tacharan de falsas, pueden ser valoradas y son idóneas para determinar la convicción del juez frente a los hechos materia de litigio, pues de lo contrario se desconocerían el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, lo que a su vez iría en contra de las nuevas tendencias del derecho procesal(3).
7.2. En lo que tiene que ver con las fotografías (fls. 1 a 5, cdno. de pruebas), la Sala considera que carecen de mérito probatorio y se abstendrá de valorarlas, dado que sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las que no es posible determinar su origen ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas o documentadas, y menos se tiene certeza de la identidad de las personas y lugares que aparecen en ellas, ya que no fueron reconocidas ni ratificadas dentro del proceso, lo que impide cotejarlas con otros medios de prueba(4). Cosa diferente ocurre con las fotografías allegadas junto con el dictamen pericial rendido ante el tribunal de primera instancia, respecto de las cuales existe plena certeza de su autoría y época de elaboración, lo que permite que sean apreciadas en aras de resolver el presente litigio.
7.3. Finalmente, en lo relacionado con la diligencia llevada a cabo por la inspección de policía del municipio de Guachetá (fls. 12 y ss. cdno. pruebas), visible a folios 12 y siguientes del cuaderno de pruebas, la Sala se abstendrá de darle el valor de inspección judicial, en la medida en que su práctica no tuvo la asistencia de autoridad judicial alguna, ni cumplió con la citación de la contraparte contra la que se pretendían hacer valer los resultados de la pesquisa, lo que implica que no se cumplieron los requisitos de las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil(5). Ello no es óbice para que la Sala aprecie la correspondiente acta como un documento público que contiene las apreciaciones de un funcionario público, respecto de los hechos discutidos en el presente proceso, las cuales serán contrastadas con los demás elementos de convicción visibles en el expediente, a efectos de la fijación de los hechos que son de interés para el proceso.
8.1. La laguna de Fúquene es un cuerpo de agua que se encuentra ubicado al norte del departamento de Cundinamarca, en límites con Boyacá, cuya cuenca hidrográfica se ha visto afectada en los últimos decenios por varios factores, entre ellos la apropiación y desecación de las porciones de terreno que originalmente pertenecían al cuerpo de agua, lo que causa la inundación de predios agrícolas y ganaderos cuando las épocas invernales tienen más precipitaciones de las acostumbradas. Todo ello ha sido relatado por varios estudios científicos allegados al proceso, los cuales pasan a destacarse.
8.1.1. En el expediente reposa el informe sin fecha, denominado “Bases para un plan de manejo de la laguna de Fúquene y su cuenca hidrográfica, preparado para la CAR por Thomas Van der Hammen”, en donde se hace un estudio sobre la historia, problemáticas y planes de recuperación de la laguna de Fúquene. En lo que tiene que ver con la inadecuada ocupación de las zonas propias del área de amortiguación del cuerpo de agua, en el informe se dice lo siguiente:
Con el fenómeno del descenso relativo del nivel de la laguna y el relacionado drenaje de pantanos con la construcción de canales, ha venido el problema de invasión y apropiación de tierras anteriormente pertenecientes a la laguna. La presencia de ganado en estas zonas (hasta en la propia zona pantanosa) causa contaminación —eutrofización por excrementos y la disturbación y compactación de los sedimentos por las pisadas. Para evitar el proceso de invasión— apropiación se ha visto en la necesidad de dragar y construir el canal perimetral. Por medio de una zona de mayor profundidad y un dique jarillón formado con material dragado, se ha construido un límite definitivo a la invasión, pero también una destrucción de la orilla natural y una interrupción de las zonas continuas a la vegetación, flora, fauna y sustrato, que atenta seriamente contra el manejo de la laguna como sistema natural (fl. 43 –vuelto–, cdno. de pruebas).
8.1.2. En el informe titulado “Estudio sobre plan de mejoramiento ambiental regional para la cuenca de la laguna de Fúquene”, elaborado en mayo del año 2000 por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se pone de relieve que, a pesar de la existencia de diques alrededor de la laguna, se presentan inundaciones en las tierras aledañas, por un proceso en el que la laguna trata de recuperar los terrenos que le han sido arrebatados por la mano del hombre. Afirma el estudio:
El aumento del nivel de agua de la laguna inunda las áreas circundantes. Pequeños diques se encuentran a lo largo del perímetro de la laguna. Estos diques protegen las áreas bajas de las inundaciones. Sin embargo, un área grande del terreno bajo se inunda por el efecto de vasos comunicantes del agua de la laguna (el agua de la laguna mana desde el nivel subterráneo)... (fl. 85 –vuelto–, del cuaderno de pruebas).
8.2. Los señores María Julia Bustos Castro y Héctor Iván Monroy son propietarios de los predios “El Porvenir” —de 22 fanegadas=14,8 hectáreas— y “Baltimore” —de 4 hectáreas—, respectivamente, ubicados en zona rural del municipio de Guachetá y en vecindades de la laguna de Fúquene(6), según se aprecia en los correspondientes certificados de tradición y libertad allegados en copia auténtica (fls. 6 y 8, cdno. pruebas). De acuerdo con dichos documentos, el predio “El Provenir” fue adquirido por el señor Héctor Iván Monroy Fandiño el 28 de diciembre de 1988(7), mientras que el predio “Baltimore” fue adquirido por la señora María Julia Bustos Castro el 28 de abril de 1998, primero como integrante de una comunidad de bienes y, posteriormente, en calidad de única propietaria del predio, desde el 27 de septiembre de 2000(8) (fls. 6 y ss., cdno. pruebas).
8.3. En el año 1999, específicamente en los meses de agosto a diciembre, se presentaron en todo el país, y también en la zona de la cuenca hidrográfica de la laguna de Fúquene, fuertes lluvias que superaron la precipitación promedio que normalmente caía, lo cual causó grandes desbordamientos, tanto en la laguna como en los ríos y quebradas que le son tributarios. Dicha situación se vio agravada por la situación geográfica de los terrenos inundados, los cuales tienen una pendiente casi nula e impiden, por ese motivo, que el agua precipitada fluya eficientemente hacia las zonas de escorrentía. Al respecto, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca elaboró el informe denominado “Inundaciones producidas en el año 1999 alrededor de la laguna de Fúquene”, en el cual se vertieron las siguientes conclusiones de interés para el presente proceso:
El área de estudio está caracterizada por dos (2) estaciones secas y dos (2) estaciones húmedas las cuales ocurren alternadamente como se muestra abajo. Los meses más secos del año son enero y agosto. Los meses con más lluvias son abril y octubre...
3. Análisis sobre incidencia del fenómeno de La Niña.
4. Análisis de los niveles freáticos presentados en 1999.
Por relación con los excesos de lluvia, que llevan a la saturación de suelos, existe el aumento de caudales e incremento de niveles freáticos, los niveles en la laguna también presentaron subida permanente con rata de crecimiento superior a lo normal en octubre... (fls. 69 y ss. también 252 y ss., cdno. pruebas).
8.4. De conformidad con un informe elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca, la causa concreta de la inundación fue la filtración de agua a través de un “tambre” en el vallado artificialmente construido en el perímetro de la laguna de Fúquene, lo cual propició que el cuerpo de agua recuperara su cauce natural el cual, en décadas anteriores, había sido invadido por lotes de agricultura y ganadería mediante procesos artificiales de desecación. En concordancia con los demás informes antes citados, los funcionarios ambientales departamentales consideran que la situación de inundaciones es atribuible a factores tales como un aumento inusitado de la precipitación pluvial, debido al denominado fenómeno de ‘La Niña’, así como también a una mala utilización de los recursos presentes en la cuenca hidrográfica de la laguna de Fúquene. Del mismo modo, se desaconseja el bombeo del agua inundada desde y hacia los canales pertenecientes al distrito de riego Fúquene-Cucunubá. Se cita textualmente el informe comentado:
Declarar como zona de riesgo el área de regulación de la laguna, debido a que toda labor agropecuaria o asentamientos humanos dentro de ésta serán afectados cada vez que se presente una época invernal fuerte, para lo cual se debe tener en cuenta lo enunciado en el artículo 10 literal d, determinantes de los planes de ordenamiento territorial (L. 388/97)... (fls. 185 y ss., cdno. pruebas).
8.5. Desde el mes de agosto de 1999, varias autoridades de diferentes niveles fueron puestas en conocimiento de problemas de inundación que se venían presentando en algunos predios pertenecientes al área rural del municipio de Guachetá, entre ellos los terrenos denominados “El Porvenir” y “Baltimore” pertenecientes a los señores Héctor Iván Monroy Fandiño y María Julia Bustos Castro. Las actuaciones pertinentes se hicieron constar en los documentos que pasan a reseñarse.
8.5.1. El 28 de agosto de 1999, el inspector municipal de policía de Guachetá Cundinamarca expidió una certificación en la que se dijo:
Que en visita realizada a solicitud de los propietarios de los predios denominados El Provenir y La Esperanza de propiedad del señor Héctor Iván Monroy Fandiño y la señora Gloria Monroy Fandiño, ubicados en la vereda de Tagua jurisdicción del municipio de Guachetá, se encontró que dichas fincas estaban inundadas a causa del invierno reinante en la zona, y por cuanto la quebrada La Tagua, que es la que desagua los predios del sector, no se encontraba limpia impidiendo el descenso o libre discurrir de las aguas hacia la laguna... (fl. 10, cdno. pruebas)(9).
8.5.2. El día 4 de noviembre de 1999, se adelantó una diligencia denominada “de inspección judicial” practicada por el inspector de policía del municipio de Guachetá, con asistencia de los propietarios de los predios inundados —entre ellos los de los hoy demandantes— y de unos peritos cuya especialidad técnica o científica no se hizo constar en la correspondiente acta. Se citan los apartes pertinentes:
... es un vallado que conduce las aguas lluvias de la carretera y las fincas aledañas y su ancho es aproximadamente entre cuatro y cinco metros en todo su trayecto. Se hace la aclaración que este vallado en el momento el (sic) agua no tiene ninguna salida puesto que al final de dicho vallado se encuentra una compuerta evitando que las aguas del río se devuelvan hacia el vallado medianero ya que el nivel del río está más alto que el del vallado... En la actualidad el camino en mención se encuentra inundado en un trayecto de 500 metros aproximadamente, dicha inundación es porque a la altura del predio denominado Villa Matea de propiedad del señor José Ignacio Briceño se encuentra un tractor marca Volvo y a éste adherido una bomba de 16 pulgadas, bombeando al vallado medianero permanentemente dando origen a la inundación del camino por cuanto la compuerta de este vallado se encuentra cerrada... [la inundación] Impide el tráfico normal a quienes utilizan el camino para llegar a sus fincas, afectándolos en su normal explotación económica de (sic) sus predios puesto que no lo (sic) pueden utilizar normalmente ya que el agua se encuentra represada a una altura de 50 centímetros a 70 centímetros aproximadamente impidiendo el acceso... (fls. 12 y 13, cdno. pruebas)(10).
8.6. Para el mantenimiento de las instalaciones correspondientes al distrito de riego y drenaje Fúquene-Cucunubá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca estableció, mediante acto administrativo, una tarifa que debían pagar los usuarios —ver adelante párrafo 8.6.1—. A pesar de ello, en el proceso se acreditó que, para la época en que se produjeron las inundaciones y los desbordamientos de la laguna de Fúquene, varios de los beneficiarios del servicio, entre ellos los hoy demandantes en reparación, se encontraban en mora de pagar algunos de los aportes que les correspondían —ver adelante párrafo 8.6.2—.
8.6.1. En efecto, mediante Acuerdo 39 de 2000, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca decidió lo siguiente:
Que mediante Acuerdo 31 del 20 de septiembre de 1991, se adoptó el Reglamento General para el funcionamiento del Distrito de Riego y Drenaje Fúquene-Cucunubá;
Que en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 58 y el numeral 9º del artículo 22 del mencionado acuerdo en sesión del día veintisiete (27) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997), según Acta 9 de la Junta General de Usuarios, se aprobó el presupuesto ordinario para la operación, conservación y mejoramiento del distrito para la vigencia de 1998;
Que estos gastos deben ser reembolsados a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca “CA.R”, en la forma determinada por el siguiente acuerdo en la parte resolutiva.
ART. 1º—Fijar en la cantidad de novecientos setenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y seis pesos ($974.487.656) moneda corriente, la cuantía total por cobrar a los usuarios del distrito de riego y drenaje de Fúquene-Cucunubá, por los servicios recibidos durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1998.
PAR.—Los predios de media hectárea o menos no serán objeto del cobro de la tarifa a que se refiere el presente acuerdo.
Para efectos de la aplicación de la tarifa se consideran como un solo predio aquellas propiedades colindantes que pertenezcan a uno o a unos mismos propietarios.
ART. 2º—El director general de la corporación liquidará las tarifas a nivel de predio y efectuará los ajustes a que haya lugar durante el proceso de cobro de éste acuerdo. La distribución de la cuantía total, se hará según lo estipulado en el artículo 59 del Acuerdo CAR 31 de 1991.
ART. 3º—El no pago oportuno de la tarifa causará interés de mora, mensual o por fracción de mes, equivalente a la tasa de interés bancario corriente certificada por la Superintendencia Bancaria (fl. 37, cdno. pruebas).
8.6.2. En el expediente reposa el documento denominado “Informe de Morosos por Predio a hoy 07-05-2002”, en donde consta que entre los años 1992 a 1998, el propietario Héctor Iván Monroy Fandiño adeudaba a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca una suma equivalente a $3.954.208, por concepto del mantenimiento del distrito de riego, según el coeficiente que le correspondía al predio “El Porvenir”. También es visible el mismo documento relacionado con el predio “Baltimore”, en donde consta una deuda que asciende a la suma de $239.180 (fls. 38 y ss., cdno. pruebas).
8.7. En el transcurso del presente trámite contencioso administrativo se practicó un dictamen por parte de peritos respecto de quienes, a pesar de que fueron nombrados por el a quo por su calidad de ingenieros agrónomos, no fue posible establecer ni el nivel ni el campo de su especialidad técnica o científica. Aún así, los auxiliares de la justicia rindieron un informe, en el que se consignan los siguientes datos de interés para el proceso:
Los 2 predios objeto de estudio se encuentran localizados en la vereda de Tagua, jurisdicción municipal de Guachetá, municipio localizado al sur oriente de la laguna de Fúquene, circundados principalmente por el río Tagua o quebrada Honda hacia el costado sur, y por el Canal o quebrada de Tagua por el costado Norte. Adicionalmente a estos predios se llega por la carretera conocida como vía veredal Laguna.
Éstos predios según la información suministrada por el propietario e indagada con los vecinos, se encontraban cultivados en pastos tecnificados y mejorados con las especies Ray Grass, kikuyo y avena, en los cuales de acuerdo a la información suministrada por el propietario se explotaba en ganado de leche así: en producción 50 cabezas, horro y levante 15 cabezas y 5 equinos.
Una vez realizada la visita de inspección a los predios sobre el plano elaborado para dar respuesta a la pregunta, los localizamos y confrontamos las áreas con las reportadas en los certificados de tradición y libertad, es decir que el total de los terrenos que es de 18,76 hectáreas y que fueron cobijadas en su totalidad por la inundación que se produjo en toda la zona.
De acuerdo a la información recopilada y lo observado en el día de la inspección ocular que realizamos, los terrenos estaban dedicados en su totalidad a la explotación ganadera, es decir, que se encontraban sembrados en pastos (kikuyo, ray grass y avena) principales especies forrajeras de la región.
En cuanto a la clase de suelos existentes en la zona podemos verificar que se trata de suelos húmicos con capas de aluvión compuesta (sic) de tierra negra y limos orgánicos de gran fertilidad como lo es todo el valle de Ubaté...
Para establecer el valor de las cosechas de pasto perdidas durante la inundación procedemos primero a determinar el período de tiempo que duraron los terrenos inundados sin producción es decir, desde la fecha de la inundación hasta cuando fue posible el acceso para realizar las labores de recuperación y renovación de praderas lo cual podemos definir así: fecha de la inundación primeros días del mes de noviembre del año 1999; fecha de acceso primeros días del mes de mayo de 2000 es decir durante un período de aproximadamente 6 meses.
Como segundo punto determinamos el valor de la pastada por fanegada y por mes teniendo en cuenta el censo de arrendamiento dentro de los habitantes de la zona el cual es de $85.000.
En tercer lugar convertimos las 18,76 hectáreas del señor Héctor Iván Monroy A fanegadas; lo cual arroja un área de 29,31 fanegadas.
Tiempo de recuperación o reacondicionamiento del terreno (arada, rastrillada, incorporación de correctivos y siembra), estimado en 1,5 meses; tiempo transcurrido entre la siembra y primer pastoreo del forraje, estimado en 3,5 meses, en total el tiempo de reacondicionamiento e inicio de producción es de 5 meses...
Una consideración adicional para este interrogante es la valoración de los costos ocasionados en la rehabilitación de los terrenos y los correctivos (cal, calfos o cal dolomita) aplicados a los suelos. Estos costos se cuantifican de acuerdo a nuestro real saber y entender así:
— Preparación del terreno (arada, rastrillada y siembra) 5 hrs-maq/fanegada a razón de $15 000 x hora=$75 000 x fanegada x 29,31 fanegadas, para un total de $2 198 250.
— Otros costos adicionales (semillas, mano de obra, abonos químicos, etc.) estimados en la suma de $60 000 x fanegada; para un total de: $60 000 X $70 000=$2 051 600.
VIII.1. Pregunta del abogado de la parte demandada.
— Cuáles fueron las causas que motivaron la inundación?
4. Posible descuido en la limpieza de canales que conforman el sistema de drenaje del área aledaña a la laguna de Fúquene... (fls. 1 y ss. cdno. de pruebas dictamen pericial)(11).
8.8. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ejecutó varias obras y erogó cuantiosos gastos a efectos del mantenimiento de las instalaciones correspondientes al distrito de riego Fúquene-Cucunubá, en especial en los conceptos relacionados con la limpieza de canales, quebradas y ríos, así como también el mantenimiento de tambres y jarillones en la cuenca de la laguna de Fúquene, todo lo cual es comprobable al revisar el cuadro denominado “Inversión Limpieza de Canales Principales – 1999” elaborado por la regional Ubaté de la CAR-Cundinamarca (fls. 108 y ss. cdno. pruebas). En dicho documento se observa, entre otros gastos, el pago de $7.000.000 para el mantenimiento de la quebrada El Hato, mencionada por los demandantes en los fundamentos de sus pretensiones (fl. 108 –vuelto–)(12).
8.9. La inundación ocurrida en las vecindades de la laguna de Fúquene, implicó para los demandantes imposibilidad de aprovechar económicamente los predios denominados “El Provenir” y “Baltimore”(13), tal como lo relatan los testigos que rindieron su declaración en el marco del presente proceso. Algunos de dichos declarantes insisten en que el estancamiento de las aguas se debió a una omisión por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en la limpieza de los canales de riego y bombeo.
8.9.1. Al respecto, en el testimonio del señor Luis Eduardo Murcia Suárez se habló de una supuesta negligencia de la CAR-Cundinamarca, por cuyas consecuencias se afectó el aprovechamiento económico de los predios de los demandantes, lo cual se narró en los siguientes términos:
... Eso hace aproximadamente dos años y medio se inundó toda esa región, la mayor parte, entre esas una finca mía que es vecina, por negligencia de la CAR se inundó, según video tomado en las compuertas de Chiquinquirá, las compuertas estaban cerradas y parece que abrieron las compuertas de la represa del Hato que queda arriba de Ubaté y al estar cerradas las compuertas de abajo que son como tres y había una sola abierta, no cupo el agua en los canales en el río y todos los canales, río Suárez, río Ubaté y canales aledaños y al no ceder el agua se desbordaron y por eso fue la inundación... Ellos tienen sus predios en el municipio de Guachetá... ellos salieron afectados con esa inundación. Ellos salieron afectados en cuanto al ganado, no sé cuántas reses porque les tocó sacarlas, porque el nivel subió a uno setenta metros, en cuanto a la agricultura no sé si tendrían, pero pastos sí tenía la mayoría de la finca... En esa época estaban cultivadas en agricultura y ganadería, en pastos. La mayoría divididas en potreros, el pasto que predomina por esa región es el kikuyo y ray gras... Fue negligencia de la CAR, porque mucha gente fue a rogarles que abrieran las compuertas del río Suárez que es por la única parte que desagua esa región y la laguna, y no hubo poder humano que abriera las compuertas y por eso se ocasionó la inundación, perjudicando a mucha gente y aproximadamente se inundaron veintitrés mil hectáreas... (fls. 157 y 158, cdno. pbas.)(14).
8.9.2. No obstante, en el testimonio rendido por quien era la inspectora municipal de policía en el momento de los hechos aquí discutidos, la declarante manifiesta no tener conocimiento de las gestiones adelantadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en el mantenimiento de los canales y demás instalaciones del distrito de riego Fúquene-Cucunubá. Dijo la declarante:
... El duro invierno que durante ese año empezó como a mediados de julio y los consecuentes aguaceros llegaron ya como consecuencia a la inundación, se inundaron estas fincas y además todos sus alrededores, la quebrada Tagua y el río Ubaté y el río Quebradahonda no fueron suficientes para recibir este caudal pues de pronto en parte falta mantenimiento pues para ello se deben realizar drenajes, limpieza... Tengo entendido que se elevaron peticiones al respecto ante la inspección del municipio que era la encargada de tal actividad, por peticiones elevadas por el señor Monroy, me parece que se elevaron diligencias, que se dejaron constancias en las actas respectivas... yo sé que esas fincas quedaron todas inundadas, les tocó sacar el ganado, los cultivos que habían lógicamente se perdieron, ellos tenían una casa pero afortunadamente queda en una loma donde no alcanzó a llegar la inundación porque la inundación fue toda en lo plano... No, francamente no sé qué medidas haya tomado la CAR, estando en el cargo como Personera nunca me llegó ningún comunicado en el que se manifestara por parte de esta entidad algún proyecto o trabajo, que estuvieran tomando medidas para prevenir esas inundaciones. En lo que a mí concierne recuerdo que se hizo una inspección donde se dejaron las constancias del caso que por lo transcurrido del tiempo no recuerdo con detalle, pero sí deben existir las actas y las fotografías que se tomaron... Yo recuerdo que ellos [los demandantes] trataron de bombear y hacer limpieza a los vallados y ríos que pasaban por sus fincas dentro de lo que estaba a su alcance, pagaron manos de obra para eso, el bombeo que tiene un consumo de gasolina terrible... (fls. 181 y 182, cdno. pruebas).
9. Previa determinación de la existencia del daño que alegan los demandantes, es necesario establecer si existe alguna acción u omisión imputable material y jurídicamente a la entidad demandada que pueda tenerse como causa del daño alegado por los accionantes, consistente en la inundación de los predios de su propiedad, o si se presenta en este caso una eximente de responsabilidad por la ocurrencia de un hecho imprevisible e irresistible, representado por las circunstancias en que se produjeron las inundaciones de los últimos meses del año 1999 y el desbordamiento de la laguna de Fúquene en dicho período.
10. La Sala tiene por demostrado parte del daño alegado por la parte actora, surgido de la inundación de los predios “El Porvenir” y “Baltimore” ocurrida en el mes de noviembre de 1999, lo que llevó a que los demandantes perdieran la posibilidad de explotar económicamente tales lotes de terreno, durante el tiempo en que permanecieron anegados por el agua.
10.1. Según los testimonios reseñados en el punto 8.9 de los hechos probados de la presente providencia y las constancias a que se hizo alusión en la nota al pie 13 del mismo acápite, los señores Héctor Iván Monroy Fandiño y María Julia Bustos Castro, quienes acreditaron ser los propietarios de los predios inundados —párr. 8.2—, dedicaban los lotes al cultivo de pastos tipo kikuyo y “ray grass” los cuales, a su vez, eran destinados a la cría de ganado de producción lechera, actividades todas ellas que se vieron interrumpidas durante la época de inundación y desbordamiento de la cuenca hidrográfica de la laguna de Fúquene, lo cual está evidenciado también por las visitas que a los predios efectuó la inspectora de policía de Guachetá, y por las certificaciones expedidas en el marco de dichas diligencias. En ese orden, la Sala tiene por demostrado el daño material alegado por los demandantes.
10.2. No puede decirse lo mismo en relación con el daño inmaterial, pues en el plenario no reposa prueba alguna que señale que los señores Héctor Iván Monroy Fandiño y María Julia Bustos Castro padecieron algún sentimiento de congoja por el deterioro y pérdida de algunos bienes, o por la falta de explotación económica de sus respectivos predios. En este punto la Sala debe precisar que, según reiterada jurisprudencia, no es posible presumir la existencia de daño inmaterial por la pérdida o daño de bienes materiales, detrimento que está sujeto a prueba en la mayoría de los casos. Se ha dicho al respecto:
17.2. En relación con la petición de reconocimiento de perjuicios morales a favor del señor Luis Emiro Benavides por la pérdida de la construcción aludida, cabe destacar que a pesar de que se ha entendido por esta Corporación que el detrimento en bienes puede llegar a producir congoja, tristeza o aflicción, estas circunstancias deben ser acreditadas con el fin de que se tenga por cierto el mencionado perjuicio...
17.2.1. En la medida en que no se allegó prueba alguna tendiente a demostrar lo expuesto respecto del actor en el presente asunto, no será reconocida la indemnización correspondiente(15).
11. Al revisar la imputación del daño a la entidad demandada, es pertinente advertir que en el presente caso se está endilgando responsabilidad a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, por los detrimentos que sufrieron los demandantes en el marco de un desastre natural ocurrido por el desbordamiento de la laguna de Fúquene, y la consiguiente inundación de los predios que le son aledaños, lo que implica que el caso debe ser analizado bajo la óptica de la falla del servicio, en cuya comprobación debe establecerse si fue diligente la actuación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en atención de las consecuencias de la ola invernal que se presentó durante el año 1999, punto éste en el cual los demandantes afirman que fue inadecuado el manejo de las estructuras y dispositivos hidráulicos presentes en la zona. Por la misma vía, en la medida en que se vieron involucrados hechos de la naturaleza en la causación del daño, es necesario determinar si con ello se configuró la causal eximente de responsabilidad de fuerza mayor, tal como ha sido definida por la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En la elucidación de las cuestiones planteadas, la Sala pondrá de presente que la jurisdicción contenciosa ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse frente casos en los que se discutió la responsabilidad de la administración por las inundaciones que en diferentes épocas se han producido en la cuenca hidrográfica de la laguna de Fúquene, casos en los cuales se ha resuelto que no existe responsabilidad que pueda endilgarse a las entidades públicas que tienen a su cargo el cuidado de dicho cuerpo de agua.
11.1. En lo que tiene que ver con el juzgamiento de la responsabilidad de la administración cuando se está frente a daños causados en el marco de desastres naturales, el Consejo de Estado ha establecido de forma uniforme que la obligación resarcitoria a cargo de la administración nace sólo cuando, analizadas las pruebas del plenario, se demuestra que las entidades competentes han omitido el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la previsión, prevención y atención de los hechos de la naturaleza, lo que significa que para el juzgamiento de este tipo de casos es aplicable el régimen de falla del servicio(16), y con más veras en el sub iudice cuando fue ese el título de imputación puesto de presente por los peticionarios.
11.1.1. En efecto, en reiterados pronunciamientos proferidos con ocasión de desbordamientos hidrográficos, ha dicho la Sección Tercera que por tales acontecimientos no hay responsabilidad atribuible a la administración, salvo que se evidencie que esta ha incurrido en un defecto en la prestación del servicio, falla que puede darse, por ejemplo, cuando las entidades competentes previeron o pudieron prever las consecuencias nocivas del fenómeno natural, y no desplegaron acciones tendientes a evitar estas últimas. Ello se ha dicho en los términos que pasan a transcribirse:
Debe la Sala resaltar que, en el caso de estudio, el demandante estimó que los perjuicios causados a unos cultivos de arroz de su propiedad, sembrados en el primer semestre del año 1996 a lo largo de 104 hectáreas... y que se perdieron en su totalidad por las inundaciones causadas con el desbordamiento del río Cauca, fueron producto de la omisión por parte de la Nación-Ministerio de Agricultura y del departamento de Sucre, entidades que no gestionaron la ejecución de los proyectos necesarios para evitar el desbordamiento del río, a pesar de tener conocimiento de su ocurrencia durante la época invernal de la región de todos los años y de existir los recursos para ello.
A partir de esa causa petendi, como resulta evidente, los demandantes estructuraron su argumentación hacia la configuración de una falla del servicio por omisión. El régimen de falla supone, para la prosperidad de las pretensiones de la demanda, la acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, esto es, el daño y la relación de causalidad entre éste y el actuar administrativo y, adicionalmente, la falla del servicio.
“De las pruebas hasta aquí analizadas, claro resulta que en contra de lo sostenido por el Tribunal de primera instancia y con prueba abundantísima de vieja data... la vivienda donde habitaba el menor estaba ubicada en una zona crítica, de alto riesgo, que según las palabras utilizadas en los estudios sugería erradicación prioritaria”.
“En ese orden de ideas el peligro inminente para la vivienda del menor se advirtió desde hace más de veinte años...”
“En lo que hace a la causación del daño debe tenerse presente que si bien es cierto la muerte no se produjo como consecuencia de un hecho natural como una inundación o la realización de un riesgo de carácter técnico habida consideración del peligro que implica la conformación de las laderas de la zona, no lo es menos que, dentro del concepto de riesgo o de zona crítica cabe indudablemente la situación presentada en el caso concreto, pues el peligro inminente que implica el hecho de habitar dicho lugar, se concretó precisamente con la muerte del menor, toda vez que la situación azarosa de suyo propició a no dudarlo el que dicho menor perdiera la vida ante la inactividad de los entes demandados(17)”.
La Sala ha considerado necesario presentar previamente estas reflexiones, las cuales serán tenidas en cuenta para valorar la prueba obrante en el proceso, a fin de establecer si está demostrada, en este caso, la responsabilidad de las entidades demandadas(18).
11.1.2. De conformidad con el criterio jurisprudencial anteriormente citado, es pertinente resaltar que la falla del servicio puede ocurrir cuando la entidad competente omite el cumplimiento del contenido obligacional a su cargo, el cual puede darse, a su vez, porque la entidad no previó la ocurrencia de una calamidad previsible y/o se abstuvo de efectuar las medidas que eran procedentes para evitar —o disminuir— sus efectos nocivos, o porque habiéndola previsto no realizó las acciones que eran necesarias para atender el suceso o paliar sus efectos, o bien porque se abstuvo de atender las consecuencias nocivas del evento, aún cuando éste fuera imprevisible o irresistible.
11.1.3. En el caso concreto, revisados los elementos de convicción presentes en el expediente, la Sala considera que no está evidenciada una falla del servicio predicable del comportamiento desplegado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en la medida en que se demostró que dicha entidad realizó acciones tendientes a evitar el desbordamiento de la laguna de Fúquene y, además, cumplió de forma adecuada las funciones relacionadas con el manejo y administración de las instalaciones hidráulicas del distrito de riego Fúquene-Cucunubá, el cual se encontraba bajo su administración. Frente a este último punto, la Sala argumentará que son inconducentes algunas de las pruebas aportadas al proceso que, sin fundamento técnico o científico alguno, señalan una indebida gestión de los embalses existentes en la zona.
11.1.3.1. En efecto, al observar la forma en que intentó evitarse el desbordamiento de la laguna de Fúquene, en el acápite de hechos probados de la presente providencia se trajeron a colación algunos informes técnicos ambientales elaborados acerca de la situación ambiental del mencionado cuerpo de agua —ver párrafos 8.1 y 8.4—, en donde pudo constatarse que en las riberas se han construido algunos jarillones, vallados y canales encaminados a la limitación de las zonas naturales de inundación.
11.1.3.2. Del mismo modo, en los referidos estudios se pone de presente que en los sitios en los que se produjo la inundación, se encuentra en funcionamiento el distrito de riego Fúquene-Cucunubá, el cual es administrado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, lo cual también pudo establecerse con base en el análisis de los documentos relacionados con las obras llevadas a cabo en el año 1999, relacionadas con la limpieza de los canales pertenecientes al complejo hidráulico, el mantenimiento de los lechos de las quebradas de la zona, la reparación de tambres y jarillones, y, en general, las varias actividades encaminadas a la prevención y atención de desastres que pudieran ocurrir en el área —párr. 8.8—, gestiones todas ellas que implicaron la erogación de gastos presupuestales por parte de la entidad demandada en reparación.
11.1.3.3. Es pertinente resaltar también que la realización de varios estudios por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y la contratación de algunos de ellos en cooperación con organismos multilaterales —tal como los reseñados en los párrafo 8.1.1 y 8.1.2—, son actividades que denotan que la entidad ha buscado alternativas para solventar una situación de deterioro ambiental que se ha presentado en la laguna de Fúquene, no sólo durante las épocas referidas por los demandantes, sino desde varias décadas antes, lo cual es demostrativo de una gestión diligente de las funciones de prevención y atención que la entidad demandada tiene a su cargo.
11.1.3.4. Por otra parte, en el expediente reposan pruebas que evidencian que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ha llevado a cabo labores tendientes al sostenimiento económico de lo que implica la administración del distrito de riego Fúquene-Cucunubá(19), y que, antes bien, varios de los usuarios de dichas instalaciones, entre ellos quienes obran como demandantes en el presente proceso, han incumplido sus cargas económicas —párr. 8.6—, situación que antes que demostrar una falla del servicio imputable a la accionada, evidencia una falta de colaboración por parte de los usuarios en el mantenimiento de los dispositivos y obras relacionadas con el manejo de la cuenca hídrica.
11.1.3.5. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que la falla alegada por la parte actora tiene que ver con una supuesta negligencia o impericia en el manejo de algunas estructuras hidráulicas pertenecientes al distrito de riego Fúquene-Cucunubá, afirmación respecto de la cual se allegaron diversos medios de convicción, los cuales no ofrecen para la Sala la conducencia que es necesaria para establecer la veracidad sobre un tema cuya determinación requiere un alto grado de experticia técnica técnica, tal como pasa a evidenciarse.
11.1.3.5.1. En lo que tiene que ver con la diligencia practicada el 4 de noviembre de 1999 por el inspector de policía del municipio de Guachetá, y en lo tocante con las diferentes certificaciones expedidas por el mismo funcionario en fechas aledañas —párrafos 8.5.1 y 8.5.2—, aunque en la correspondiente acta se da cuenta de las inundaciones ocurridas en los predios “Baltimore” y “Provenir” y, además, se menciona que el flujo de las aguas por los canales de riego/bombeo se encontraba obstruido por el cierre de unas compuertas y por la ausencia de limpieza en las quebradas aledañas, lo cierto es que allí también se menciona que el aumento del flujo de aguas hacia los canales se debió, entre otros factores, a la inapropiada operación de una motobomba privada por parte de otro particular —el señor José Ignacio Briceño—, situación en la cual no se observa defecto alguno en la prestación del servicio por parte de la entidad demandada. Además, el funcionario director de la inspección, se abstiene de mencionar la experticia técnica con base en la cual se puede afirmar de manera categórica que no había sido adecuado el mantenimiento de los canales de riego/bombeo, y es que aunque en el documento se dice que la visita estuvo acompañada de peritos, en ninguna parte se hace mención del campo del conocimiento en que dichas personas son expertas. Tampoco se informa cuál era el manejo de las compuertas que, según los criterios técnicos pertinentes, debía ser el apropiado con miras a evitar la acumulación de agua en las situaciones topográficas y climatológicas acreditadas en el litigio.
11.1.3.5.2. No pierde de vista la Sala que en el acta de la inspección se mencionó que el canal de bombeo —cuya desembocadura obstruida estaba ubicada en el río o quebrada Tagua— supuestamente estaba taponado, lo que generó la inundación por un rebosamiento. Al respecto, no es probable que se pudiera evitar o solucionar la anegación con la apertura de la compuerta, pues lo cierto es que tanto la Tagua como el río Suárez se encontraban en el mismo nivel —o incluso en un nivel superior— que el del canal de escorrentía(20), lo que implica que habría sido inocuo o contraproducente abrir el flujo del vallado hacia corrientes mayores, en una situación que denota que todos los flujos de agua existentes en la zona, fueran naturales o artificiales, se encontraban en un nivel que no era manejable con el uso de los dispositivos hidráulicos disponibles.
11.1.3.5.3. Tampoco se demostró la aseveración de los demandantes en el sentido de afirmar que fue inadecuada la gestión de los embalses existentes en la zona de la cuenca hidrográfica de la laguna de Fúquene, pues en el expediente no existe prueba alguna de que se hubiera abierto un embalse en la parte alta de la cuenca mientras permanecía cerrada otro en la parte baja y, antes bien, en un informe rendido por la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca, se recomendó no efectuar labores de bombeo del agua hacia fuera de la laguna ya que, por la configuración de los cuerpos de agua existentes en el sector, dichas aguas habrían terminado de nuevo en la zona inundada, lo que habría podido generar un agravamiento del problema —parr. 8.4—.
11.1.3.5.4. En relación con los testimonios rendidos en el transcurso de la primera instancia —párr. 8.9.1. y ss.— observa la Sala que, si bien en todos ellos se afirma que fue negligente el manejo del distrito de riego por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, ninguno de los declarantes expresa las circunstancias concretas que sustentan ese aserto. El testigo Luis Eduardo Murcia Suárez, por ejemplo, se limitó a decir que la inundación se produjo “... por negligencia de la CAR...”, y reafirmó lo que dijeron los demandantes en lo que tiene que ver con las compuertas de los embalses que circundan la laguna, pero en ninguna parte de su testimonio expuso la razón de la ciencia de su dicho, lo que también es predicable de los demás testimonios reseñados en la nota al pie 14, en los cuales tampoco se observa que los deponentes fueran expertos en el manejo de distritos de riego, o que tuvieran conocimientos acerca de la forma en que debe llevarse a cabo la gestión ambiental de lagunas, ríos, canales o quebradas, todo ello aunado a que nunca hicieron mención de la fuerte época invernal que afectó la zona geográfica sobre la que versa el presente litigio.
11.1.3.5.5. De otro lado, al analizar el dictamen pericial al que se hizo alusión en el acápite de pruebas —párr. 8.7—, la Sala considera que el mismo tampoco ofrece el grado de credibilidad y conducencia que es necesario para, con base en dicho medio de convicción, tener por probada la falla del servicio que pretende atribuírsele a la entidad demandada. Al respecto, la Sala considera que un estudio sobre la forma en que actuó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca frente a las inundaciones presentadas en el año 1999, debería haberse llevado a cabo por peritos que tuvieran algún conocimiento acerca de la gestión hidráulica de los distritos de riego en los que ocurrieron los daños materia del presente proceso, y lo cierto es que en el caso de análisis no se acreditó cuál era la experticia que manejaban las personas que rindieron el informe que se viene refiriendo, quienes fueron nombrados en su calidad de ingenieros agrónomos, pero no explicaron los criterios científicos y la metodología que fue utilizada para hacer la evaluación.
11.1.3.5.5.1. Sobre este punto, debe tenerse en cuenta que el Código de Procedimiento Civil establece como regla de apreciación del dictamen pericial, el que la competencia de los peritos sobre el conocimiento de cierto tema y la explicación sobre las metodologías utilizadas, son criterios indispensables para que pueda llevarse a cabo una adecuada apreciación del dictamen. Dispone el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil:
ART. 241.—Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.
Si se hubiere practicado un segundo dictamen, este no sustituirá al primero pero se estimará conjuntamente con él, excepto cuando prospere la objeción por error grave(21).
11.1.3.5.5.2. El Consejo de Estado, en consonancia con la aludida regla procesal de apreciación probatoria, ha precisado:
Cabe advertir que de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, la peritación como medio de prueba es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. El perito debe informarle razonadamente al juez lo que de acuerdo con esos conocimientos especializados sepa de los hechos —y no cuestiones de derecho— que se sometan a su experticio, sin importarle a cuál de las partes beneficia o perjudica, de manera que su dictamen debe ser personal(22) y contener conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad (CPC, art. 237 num. 2).
Por su parte, el artículo 241 ibídem señala que al valorar o apreciar el juez el dictamen de los peritos tendrá en cuenta la firmeza, precisión y claridad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que el juez no está obligado a “... aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían falladores...”(23) (24).
11.1.3.5.5.3. En contraste la experticia que los peritos del caso debían evidenciar acerca de los temas en los que rindieron sus conceptos, y también a despecho de las metodologías empleadas para hacer la evaluación, en el dictamen se aprecia que los auxiliares de la justicia se limitaron a verter apreciaciones subjetivas absolutamente carentes de fundamento técnico o científico, construidas sobre afirmaciones hechas por los propietarios de los predios inundados y por los vecinos del sector, cuando era lo procedente que el informe técnico se fundara en el estado del arte de la ciencia de la agronomía o de la hidráulica aplicada a dicho campo del conocimiento, punto frente al cual no puede la Sala presumir que las ligeras conclusiones del informe constituyen verdad irrefutable para la solución del caso.
11.1.3.5.5.4. Tal vicisitud impide darle credibilidad al dictamen para cualquiera de las cuestiones que son materia del presente litigio, motivo por el cual le asiste razón a los argumentos manifestados por la parte accionada en su escrito de objeciones, reseñado en acápites anteriores de la presente providencia —párr. 3 de los antecedentes, nota al pie 1—.
11.1.3.6. Finalmente, es pertinente mencionar que en el expediente no reposa prueba alguna de que los demandantes, u otro particular, o cualquiera otra de las autoridades administrativas involucradas en los hechos, hubieran elevado petición formal alguna dirigida a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, con miras a solventar las supuestas fallas cometidas por dicha entidad en el manejo de las compuertas hidráulicas presentes en el distrito de riego Fúquene-Cucunubá, razón por la cual tampoco se observa que la CAR haya permanecido impasible frente a los requerimientos que le hubieran sido hechos por los usuarios, peticiones respecto de las cuales no existe demostración en el proceso.
11.1.4. En el orden de ideas anteriormente expuesto, observa la Sala que no está demostrada la falla del servicio que se endilga a la entidad demandada, relacionada con el manejo de las instalaciones hidráulicas correspondientes a la cuenca hidrográfica Fúquene-Cucunubá, o con la supuesta inactividad en la atención de las inundaciones ocurridas en el año 1999 en la cuenca hidrográfica de que eran parte los terrenos denominados “Baltimore” y “El Porvenir”.
11.2. Ahora bien, en lo que tiene que ver con las causales eximentes de responsabilidad, la Sala debe precisar que bajo las circunstancias acreditadas en el plenario, no es posible imputar responsabilidad a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en la medida en que las condiciones en las que se produjeron las inundaciones, dan cuenta de una situación que era irresistible por la imprevisible e inusual magnitud de la ola invernal presentada en los meses finales del año 1999, cuyas consecuencias se vieron agravadas, además, por las condiciones topográficas y geográficas de la laguna de Fúquene, y por la situación de degradación ambiental que desde hace décadas viene padeciendo dicho cuerpo de agua, realidad ésta que tampoco puede ser endilgada a la parte demandada, según pasa a mostrarse.
11.2.1. Frente a la ola invernal ocurrida en 1999, tanto el informe técnico ambiental rendido por la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca —párr. 8.4—, como el que fue elaborado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca —párr. 8.3—, coinciden en afirmar que las precipitaciones promediadas del mencionado año fueron muy superiores a las ocurridas en años anteriores, debido a la ocurrencia del fenómeno de “La Niña”, afirmación que está debidamente respaldada con un inventario de las precipitaciones medidas mes por mes en diferentes estaciones metereológicas ubicadas en la cuenca de la laguna de Fúquene, análisis en los que además se refiere que la cantidad de lluvias se acrecentó en los meses de agosto a noviembre, que corresponden precisamente a la época en que los demandantes dicen haber padecido las inundaciones de sus terrenos.
11.2.1.1. Lo consignado en esos estudios técnicos halla plena concordancia con las demás pruebas obrantes en el expediente, pues tanto los testimonios rendidos por residentes del sector —párr. 8.9.1–, como la declaración rendida por quien era la inspectora de policía de Guachetá para el momento de los hechos —párr. 8.9.2—, son convergentes en aseverar que la temporada de lluvias fue particularmente fuerte en el año 1999, apreciación ésta que además fue vertida en las certificaciones cuya reseña se hizo en las notas al pie 9 y 10 de los hechos probados de esta sentencia.
11.2.1.2. Con base en lo anterior, considera la Sala que es un hecho indiscutible la existencia de una ola invernal más fuerte de lo normal, acrecentada además por la ocurrencia del fenómeno de “La Niña”, lo cual es un fenómeno natural que es imposible de prever, en la medida en que está relacionado con fenómenos climáticos que no tienen una periodicidad fija o determinada.
11.2.2. Los informes anteriormente aludidos se encuentran complementados por algunos hallazgos relacionados con la difícil gestión de las instalaciones hidráulicas existentes en las zonas, dificultad que se presenta por cuanto, por un lado, el área tiene una pendiente muy baja que causa poca velocidad en las corrientes de los flujos acuíferos; y, por otra parte, porque los suelos de la zona tienen baja permeabilidad en sus niveles freáticos, todo lo cual genera la fácil acumulación del agua proveniente de lluvias.
11.2.2.1. Así, en el ya referido informe denominado “Inundaciones producidas en el año 1999 alrededor de la laguna de Fúquene” —parr. 8.3—, se dice que el alto índice de lluvias en la zona produjo la “infiltración y recarga” de los cuerpos de agua, con el consiguiente incremento del “nivel freático” de los terrenos, así como también la saturación de los mismos por el exceso de humedad, con las correspondientes consecuencias adversas para los lotes y la dificultad para absorber adecuadamente las lluvias, situación que obviamente empeora cuando las temporadas de lluvia son más fuertes de lo normal.
11.2.2.2. Y en el mismo estudio se dice que la pendiente de escorrentía es prácticamente nula, lo que hace difícil la tarea de evacuar el agua por los canales, ríos y quebradas presentes en la zona. Al respecto, en el informe elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca —párr. 8.4— se dice que, debido a las condiciones topográficas del terreno —y a otros factores que serán comentados más adelante—, es de esperarse que cualquier época invernal medianamente fuerte cause inundaciones como la ocurrida en los últimos meses de 1999.
11.2.3. De otra parte, al revisar los informes relacionados con la situación ambiental, social y económica de la laguna de Fúquene, se observa que dicho cuerpo de agua ha sufrido procesos artificiales de desecación, y que muchos de los terrenos ubicados en cercanías —como es el caso de los lotes “Baltimore” y “El Provenir”—, pueden verse perjudicados por el desbordamiento de la laguna, en la medida en que sus zonas de regulación o amortiguación han sido invadidas.
11.2.3.1. Así, en el informe titulado “Bases para un plan de manejo de la laguna de Fúquene y su cuenca hidrográfica, preparado para la CAR por Thomas Van der Hammen”, se pone de presente la mala utilización de los pantanos circundantes de la laguna, los cuales han sido usados para el pastaje de ganados e incluso han sido invadidos con la construcción de canales artificiales que implican una alteración de las fronteras naturales del cuerpo de agua, lo que implica que cuando la laguna se desborda, intenta recuperar los terrenos que le han sido arrebatados —párr. 8.1.1—.
11.2.3.2. En concordancia con lo anterior, en el informe elaborado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), se afirma que el problema de desbordamiento e inundación de la laguna es un problema de difícil solución, en atención a que las barreras artificiales instaladas en sus inmediaciones, en época invernal son fácilmente superadas por el aumento del nivel de agua y porque la laguna cuenta con canales naturales de evacuación del agua, por los cuales se inundan los terrenos que antes le pertenecían —8.1.2—.
11.2.3.3. Finalmente, es pertinente poner de presente lo dicho en el ya aludido informe elaborado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca, en cuyas recomendaciones se sugiere “... declarar como zona de riesgo el área de regulación de la laguna, debido a que toda labor agropecuaria o asentamientos humanos dentro de ésta serán afectados cada vez que se presente una época invernal fuerte...” —párr. 8.4—, lo que implica que evitar las inundaciones en los predios cercanos a la frontera de la laguna —entre ellos los predios “Baltimore” y “El Provenir”—, resulta imposible cuando el nivel de precipitaciones sube y la laguna trata de recuperar las zonas que le han sido quitadas por la mano del hombre.
11.2.4. Así las cosas, para la Sala es claro que la causa originaria de las inundaciones ocurridas en los predios de los demandantes en el año 1999 fue la fuerte temporada invernal ocurrida en el año 1999, sumada a unas condiciones topográficas que impiden una rápida evacuación de las inundaciones, y también por la situación medioambiental de la laguna de Fúquene, todo lo cual configura la existencia de una causa extraña —fuerza mayor— que hace imposible imputar responsabilidad a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
11.3. Finalmente, es necesario resaltar que la Sección Tercera del Consejo de Estado ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de las inundaciones que, en diferentes épocas invernales, se han presentado en la cuenca hidrográfica de la Laguna de Fúquene, casos todos ellos en los cuales se ha concluido que los daños sufridos por los particulares no son imputables a una falla del servicio cometida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y que, antes bien, se trata de detrimentos originados única y exclusivamente en la ocurrencia de fenómenos naturales imprevisibles e irresistibles, relacionados con épocas invernales atípicas atribuibles a fenómenos climáticos y meteorológicos como el denominado fenómeno de “La Niña”, cuya periodicidad no es regular y que tienen virtud para afectar los cuerpos de agua existentes, no solo en la zona del altiplano cundiboyacense —como ocurrió en el caso de autos—, sino también en toda la extensión del territorio nacional.
11.3.1. Al respecto, en relación con las inundaciones que se produjeron en las riberas de la laguna de Fúquene en el año 1994, dijo esta Sala de Subsección B de la Sección Tercera:
Pero, no se acreditó que para la época de los hechos fuera exigible a la entidad la construcción de esas obras, ni el dragado de la laguna. Como lo ha reiterado la Sala en oportunidades anteriores, la irresistibilidad de un evento se vincula con juicios de carácter técnico y económico, es decir, la valoración sobre la resistibilidad de los efectos del suceso involucra una valoración de los avances de la técnica, pero también los recursos de que deba disponerse para conjurar el daño...
En consecuencia, se considera que el daño sufrido por el demandante no es imputable a la CAR, aunque ésta entidad tuviera entre sus funciones la de evitar inundaciones, porque la misma cumplió con sus obligaciones en la medida en que se lo permitieron sus recursos, capacidad técnica y las condiciones topográficas de la zona. Por lo tanto, se confirmará la sentencia impugnada(25).
11.3.1.1. Posición que fue reiterada por la misma Sala, pero ahora con ponencia de la Consejera de Estado Stella Conto Díaz del Castillo, en los siguientes términos:
Cabe precisar, además, que mediante sentencia proferida el 28 de mayo de 2012, esta misma Sala resolvió confirmar la providencia de primera instancia, para resolver la acción de reparación directa instaurada también en contra de la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Bogotá, Ubaté y Suárez (CAR), por mismos hechos a los que se refiere el sub lite(26).
11.3.2. Por su parte, en lo que tiene que ver con los desbordamientos de la laguna ocurridos en los meses de octubre a diciembre de 1999, que es la misma época a la que se hace alusión en el libelo introductorio del sub lite, dijo la Subsección A:
En el presente caso concreto, si bien la parte actora acreditó ser el propietario de un predio que se encontraba en la zona que resultó inundada en el fuerte invierno que ocurrió en la zona de Ubaté (Cundinamarca) entre septiembre y diciembre de 1999, no aportó prueba alguna de la supuesta conducta –activa u omisiva– negligente que pretende endilgarle a la entidad pública demandada consistente en “el mal manejo que de las compuertas de la Represa de Fúquene se dio, ya que era indispensable abrirlas antes de abrir las compuertas del hato (sic)”...
En el expediente sí se acreditó, por el contrario, mediante pruebas técnicas que para la época de ocurrencia de los hechos objeto de la demanda que ahora se decide en segunda instancia ocurrió un fenómeno meteorológico, denominado “La Niña”, que generó un incremento excesivo de las precipitaciones en la zona (superior en promedio en un 200% al promedio histórico), lo cual sumado a la poca inclinación del sector y a la saturación del nivel freático de la Laguna de Fúquene y sus zonas aledañas, produciendo la inundación del lugar; situación ésta que constituye, sin lugar a dudas, una fuerza mayor(27).
11.3.3. Tampoco pierde de vista la Sala que la Sección Primera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en sede de acción popular, acerca de la complicada situación de degradación ambiental que desde vieja data ha venido padeciendo la laguna de Fúquene, debido a que su espejo de agua se ha visto reducido por causa del excesivo uso de sus recursos hídricos para el riego de zonas aledañas de explotación agropecuaria, y a que la laguna recibe residuos de todo tipo provenientes de los asentamientos urbanos y rurales existentes en la cuenca hidrográfica. Al respecto, se dijo en la sentencia del 15 de febrero de 2007:
La Laguna de Fúquene está situada en la Cordillera Oriental de Colombia, en los límites de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, mide 1,752 km2 es el epicentro hídrico de la cuenca, y mantiene una estrecha relación con los niveles de las aguas freáticas, la fertilidad de las tierras y el equilibrio del ecosistema en su conjunto, recoge una buena cantidad de la escorrentía de las aguas lluvias de la región y almacena la de los ríos, quebradas y subsuelo(28). Recibe las aguas del río Ubaté, que es su principal afluente, que le vierte sus aguas por el costado sur después de captar las aguas de la represa de El Hato, del río Suta y de las lagunas de Cucunubá y Palacios a través del río Lenguazaque, y las aguas de otras importantes quebradas como Monroy, Tagua, Honda, La chorrera, Fúquene y Santa Ana entre otras.
El Estudio realizado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y la CAR sobre el Plan de Mejoramiento Ambiental Regional para la Cuenca de la Laguna de Fúquene de mayo de 2000... y el informe sobre el estado actual de los de los humedales de Cundinamarca... elaborado por la Contraloría General de la República coincidentes en que ese humedal presenta graves problemas de degradación como la sedimentación, eutrofización y desecación, creados por los procesos erosivos y vertimiento de aguas servidas sin tratamiento a los principales ríos que surten ese ecosistema(29).
11.3.4. Situaciones todas ellas frente a las cuales se observa, en el presente caso, una gestión diligente por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca quien, según se vio en párrafos precedentes, ha efectuado estudios y diversas labores de mitigación las cuales, oportuno es resaltarlo, pueden tener poco o nulo efecto en la mitigación de las consecuencias negativas de las temporadas invernales, si no se hace una razonable utilización de los recursos hídricos del sector, especialmente por parte de quienes son los mismos damnificados cuando se presentan esos fenómenos climáticos.
11.4. Todo lo anterior lleva a la Sala a afirmar que las inundaciones que dieron lugar a los daños cuya indemnización se reclama en el proceso de la referencia, se debieron, por un lado, a un hecho imprevisible e irresistible, como lo fue la ocurrencia de una temporada de invierno mucho más fuerte de lo normal ocurrida en el año 1999, sumada a la situación de degradación ambiental de la laguna de Fúquene atribuible a la mala utilización del recurso hídrico.
12. Así las cosas, dado que el daño antijurídico causado a los demandantes no es imputable a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, entonces lo que procede es confirmar la sentencia proferida en la primera instancia, por medio de la cual se habían denegado las súplicas de la demanda.
13. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes o de los intervinientes procesales, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
14. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección B–, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. CONFÍRMASE en su totalidad la sentencia de primera instancia, esto es, la proferida el 30 de junio de 2004 por la Sección Tercera —Sala de Descongestión— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
(2) En la demanda se solicita por perjuicios materiales, una indemnización equivalente a $408’833.500 a favor de los dos demandantes, lo que equivale a la suma de $204’416.750 para cada uno de ellos. Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 2001 fuera de doble instancia, debía ser superior a $26’390.000.
(4) Al respecto, véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 5 de diciembre de 2006, expediente 28.459, C.P. Ruth Stella Correa; 28 de julio de 2005, expediente 14998, C.P. María Elena Giraldo; 3 de febrero de 2010, expediente 18034; C.P. Enrique Gil Botero.
(5) Dispone el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil: “... Para la verificación o el esclarecimiento de hechos materia del proceso podrá ordenarse, de oficio o a petición de parte, el examen judicial de personas, lugares, cosas o documentos.// Cuando exista en el proceso una inspección judicial practicada dentro de él o como medida anticipada con audiencia de todas las partes, no podrá decretarse otra nueva sobre los mismos puntos, a menos que el juez la considere conveniente para aclararlos.// El juez podrá negarse a decretar la inspección si considera que para la verificación de los hechos es suficiente el dictamen de peritos, o que es innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso...”. En el artículo 246 ibídem, que regula los requisitos y formalidades de la diligencia de inspección judicial, se establece una serie de reglas que implican que ese tipo de prueba se practique bajo la dirección del juez de la causa.
(6) Se encuentra demostrado que los predios “El Provenir” y “Baltimore” se encuentran ubicados en la ribera de la laguna de Fúquene, con base en los planos cartográficos remitidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (fls. 195 y ss. cdno. pruebas). Así, en la plancha 190-IV-A-4, se observa que las mencionadas áreas de terreno se encuentran en la vereda “La Tagua”, en cercanías a la quebrada del mismo norme, a una distancia aproximada de 2 kilómetros de la laguna. Otro tanto se observa en la plancha 190-IV-A-3. En las otras dos planchas visibles en el expediente, no logró la Sala ubicar los lotes “El Porvenir” y “Baltimore”, a pesar de que en todas ellas es apreciable la cercanía de la quebrada El Hato —también mencionada en la demanda— con la laguna de Fúquene. En las escrituras públicas relacionadas con los mencionados predios (fls. 21 y ss., cdno. pruebas), se aprecia que algunas aristas de los terrenos colindan con las quebradas tributarias de la laguna, y también con los canales pertenecientes al distrito de riego Fúquene-Cucunubá.
(7) Así consta también en la escritura pública 7203 del 16 de diciembre de 1988 (fl. 21 y ss. cdno. pruebas).
(8) Este último negocio consta en la escritura 1004 del 7 de septiembre de 2000, suscrita en la Notaría Segunda del Circuito de Ubaté (fls. 28 y ss.).
(9) El Inspector Municipal de Policía de Guachetá expidió otra certificación calendada el 28 de noviembre de 1999 (fl. 16, cdno. pruebas), en la que se dijo: “... Que en visita realizada a solicitud de los propietarios... se encontraron inundados desde hace un año aproximadamente a causa del fuerte invierno reinante en la zona...”.
(10) En relación con la inspección reseñada en este punto, la Personería Municipal y la Inspección de Policía de Guachetá expidieron el certificado del 15 de diciembre de 1999, en el que se dejó la siguiente constancia: “... Que de acuerdo a la Inspección Judicial realizada el día cuatro (4) de noviembre de 1999, dentro de la diligencia que se adelantó a solicitud de la señora Josefina Fandiño de Monroy y otros, se pudo constatar que los predios denominados El Porvenir y Baltimore ubicados en la vereda de Tagua jurisdicción del municipio de Guachetá de propiedad del señor Héctor Iván Monroy Fandiño se encontraban totalmente inundados a causa del invierno reinante en la zona y por el taponamiento que había al final del vallado medianero que desemboca al río Tagua, encontrándose éste en igual forma, ya que la entidad encargada del mantenimiento de limpieza y drenaje no se había hecho desde hace bastante tiempo. De igual manera se encontraba taponada la quebrada Tagua, causándole perjuicios a las mencionadas fincas... (sic)” (fl. 17, cdno. pruebas).
(11) El dictamen tiene un apéndice denominado “Detalle fotográfico de los predios inundados”, al que se anexan 19 fotografías en las que se observan algunos terrenos inundados, y otros en estado seco, sin que sea posible identificar los predios a los que pertenecen.
(12) En el plenario también obra copia del convenio interadministrativo GO-0179-99, suscrito el 31 de diciembre de 1999 entre el municipio de Fúquene y la Gobernación del departamento de Cundinamarca, cuyo objeto fue realizar “obras para la prevención y atención de desastres en las veredas tarabita (sector vuelta grande) y Chinzaque de la laguna en el municipio de Fúquene –Cundinamarca–” (fl. 191, cdno. pruebas).
(13) Sobre esta situación de pérdidas económicas, en el expediente reposa una certificación expedida por un médico veterinario adscrito a una oficina del ICA en Ubaté, de acuerdo con la cual: “...El suscrito médico veterinario de la oficina ICA Sede Ubaté, hace constar que: en el registro sanitario de predios pecuarios G-157 correspondiente a la Finca el Porvenir ubicada en la vereda Tagua del municipio de Guachetá y de propiedad de Iván Monroy, aparece la última anotación correspondiente a vacunación contra fiebre aftosa en la fecha mayo 23 de 1998 y a partir de esta fecha no se encuentra ningún registro hasta el presente.// Según manifestación personal del Dr. Monroy en la finca a partir del año 1999 no ha vuelto a tener animales pastando debido a la inundación...” (fl. 18, cdno. pruebas).
(14) En el mismo sentido pueden consultarse los siguientes testimonios: Juan Bautista Monyaño Rico (fls. 112 y ss. cdno. pruebas), quien dice que la CAR-Cundinamarca no cumplió con las labores de mantenimiento de las canales; Rafael González Cañón (fls. 137 y ss.), quien afirma que los canales de riego/bombeo se encontraban taponados al momento de la inundación, y que esta última produjo daños en la casa, instalaciones zootécnicas y enseres de las fincas de los demandantes; César Alfonso Rodríguez (fls. 139 y ss.), quien da cuenta de una producción de leche de aproximadamente 12 cantinas de leche diarias.
(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de junio de 2012, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación 63001-23-31-000-1999-00901-01(20148), actor: Luis Emiro Benavides, demandado: Municipio de Armenia e Instituto Nacional de Vías, Invías. En dicha providencia también se hace cita de otros pronunciamientos de la Sección Tercera, así: sentencia del 10 de agosto de 2005, expediente 15001-23-31-000-1990-10957-01(15338), C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 11 de febrero de 2009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 63001-23-31-000-1998-00622-00(16980), actor: Rodrigo Rodríguez Estrada.
(16) Ello sin perjuicio de lo que recientemente dijo la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 19 de abril de 2012, C.P. Hernán Andrade Rincón, radicación 19001-23-31-000-1999-00815-01(21515), actor: María Hermenza Tunubalá Aranda, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional. Se dijo en dicha providencia: “... En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación”.// “En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado...”.
(17)[1] Sentencia del 4 de mayo de 1998 con ponencia del doctor Daniel Suárez Hernández, expediente 12175. Actor: Iván de Jesús Castaño y otros.
(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 70001-23-31-000-1997-06259-01(16014), actor: Jaime Claret Rollero Villamizar, demandado: Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Departamento de Sucre. El caso analizado en aquella oportunidad por la Sala, versó sobre los daños causados a unos cultivos con ocasión del desbordamiento en la cuenca baja del río Cauca, ocurrido en el mes de junio de 1996. En esa sentencia también se cita la sentencia de la Sección Tercera del 20 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, expediente 13 732, actor: Pedro Collazos Certera y otros [nota al pie 3 de la sentencia transcrita arriba en el texto]. En dicha providencia se dijo: “... Lo anterior es suficiente para concluir que el daño causado a la señora Luz Estela Bustos de Collazos es imputable a la Nación, pues fue producto de un desastre natural frente al cual no se tomaron las medidas adecuadas para evitar el daño a la vida de las personas por los órganos competentes, a sabiendas del seguro desbordamiento de la quebrada Negra...”.
(19) En este punto es necesario tener en cuenta lo regulado por el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se ordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”. Dice la norma: “ART. 31.—Las corporaciones autónomas regionales ejercerán las siguientes funciones: (...)// 13. Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar un monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente; (...)// 18. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales; (...) 19. Promover y ejecutar las obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes...”.
(20) Al respecto debe recordarse lo que se consignó en el informe que se viene comentando: “... al final de dicho vallado se encuentra una compuerta evitando que las aguas del río se devuelvan hacia el vallado medianero ya que el nivel del río está más alto que el del vallado...” —párr. 8.5.2—.
(21) Sobre este punto, ha precisado la Corte Suprema de Justicia: “... No se pone en duda que la ley no exige que los peritos acrediten previamente su calidad de tales, ni su competencia para dictaminar sobre el punto que ha sido sometido al concurso de sus luces y experiencia, ni sobre la idoneidad que posean para cumplir su cometido. A este respecto no existe norma legal alguna. Otra cosa es que la ley establezca que al valorar el concepto pericial el juzgador deba tener en cuenta no sola la “firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos”..., sino también “la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”...” (CSJ, S. Cas. Civil, sent. de nov. 3/77).
(22) [2] Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales, Editorial ABC, 1984, págs. 339 y ss.
(23) [3] Parra Quijano, Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2004, Pág. 649.
(24) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2009, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación 25000-23-26-000-1994-09783-01(17957), actor: Dora Isabel Pinzón de Triana y otros, demandado: Empresa de Energía de Bogotá.
(25) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección B–, sentencia del 28 de mayo de 2012, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación 15001-23-31-000-1995-04990-01(20762), actor: Pedro Arturo Sanabria Niño, demandado: Corporación Autónoma Regional de la cuencas de los ríos Bogotá, Ubaté y Suárez —CAR—.
(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección B–, sentencia del 14 de junio de 2012, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, radicación 15001-23-31-000-1995-05028-01(23351), actor: Gustavo Arévalo Aguilar y otros, demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR.
(27) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección A –, sentencia del 12 de junio de 2013, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 25000-23-26-000-2001-02489-01(26582), actor: Jaime Enrique Rivera Ortegón, demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
(28) [12] Tomado del documento titulado “Plan de Recuperación de la Cuenca de Drenaje de la Laguna de Fúquene – CAR”.
(29) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15 de febrero de 2007, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, radicación 15001-23-31-000-2001-00085-01(AP), actor: Jairo Hely Ávila Suárez y Tito Simón Ávila Suárez, demandado: Ministerio del Medioambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, y otros.