Source: https://psicolog.org/articulo-1-y-14.html?page=4
Timestamp: 2019-12-15 13:47:02
Document Index: 394853992

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 29', 'Artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 215', 'artículo 215', 'Artículo 215', 'artículo 225', 'artículo 16', 'artículo 128', 'artículo 134', 'artículo 16', 'artículo 161', 'artículo 19', 'artículo 164', 'artículo 21']

Avances de las reforma en las entidades federativas en etapa de operación
1 de enero del año 2013
Avances de las reforma en las entidades federativas en etapa de operación:
Baja California ya cuenta con legislación vigente en el marco del nuevo sistema de justicia penal. El Código de Procedimientos Penales entró en vigor el 11 de agosto del 2010 en el Municipio de Mexicali. La implementación será en forma gradual, empezando por el municipio de Mexicali, después seguirá Ensenada (agosto 2011), para culminar en Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate (agosto 2012).
La entidad tiene avances importantes en infraestructura, capacitación, sistemas tecnológicos, proceso de selección de operadores jurídicos y comunicación social. Ya cuenta con normatividad orgánica y sustantiva completa
Chihuahua es la primera entidad federativa que inició con el proceso integral de reforma. La vigencia del nuevo sistema de justicia penal actualmente abarca todo el estado, pero su implementación tuvo su primera etapa el 1 de enero de 2007 cuando inició la vigencia en el Distrito Judicial de Morelos (incluye el municipio de Chihuahua); un año después se aplicó el nuevo sistema al Distrito Judicial de Bravos (incluye el municipio de Ciudad Juárez); y finalmente el 1 de julio de 2008 en el resto de los 12 distritos judiciales. Decidieron iniciar en las cabeceras municipales, dado que en esos territorios se localiza el personal con mayor capacitación.
En dicha entidad se aprobó el paquete legislativo completo incluyendo la normatividad orgánica y sustantiva. Asimismo, cuentan con avances importantes en capacitación, difusión; Infraestructura y equipamiento.
En Durango el Nuevo Sistema de Justicia Penal entró en vigor el 14 de diciembre del 2009 en el distrito con mayor número de causas judiciales con cabecera en la ciudad de Durango, el cual incluye los municipios de Durango, Mezquital y una parte de San Dimas, posteriormente se implementará en el distrito con cabecera en la Ciudad de Gómez Palacio y paulatinamente en el resto. El 19 de Abril del 2010 se celebró el primer juicio oral en la entidad.
En el caso de Durango también se optó por emitir un paquete legislativo integral que incluye la legislación sustantiva y orgánica. Cuenta con avances importantes difusión, reorganización, quitamiento e infraestructura.
A partir de 2009 se lleva a cabo la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y el fortalecimiento legal e institucional de la procuración de justicia del Estado de México.
El proceso penal acusatorio, adversarial y oral que establece el nuevo Código de Procedimientos Penales del Estado de México, en vigor desde octubre de 2009, se sustenta en principios de derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales:
La presunción de inocencia en todas las etapas del proceso, mientras no se declare su culpabilidad por sentencia firme.
La igualdad ante la ley sin considerar la nacionalidad, género, origen étnico, credo o religión, ideas políticas, orientación sexual, posición económica o social u otra condición con implicaciones discriminatorias.
El respeto a la dignidad, integridad física, intimidad del imputado y especialmente la libertad de conciencia, el domicilio, la correspondencia, los papeles y objetos, así como las comunicaciones privadas.
La medida cautelar de privación de la libertad personal, tiene carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al derecho que se pretende proteger, al peligro que tratan de evitar y a la pena o medida de seguridad que pudiera llegar a imponerse.
La falta de valor de las pruebas obtenidas mediante tortura, amenazas o violación de los derechos fundamentales.
El establecimiento de la justicia restaurativa mediante un acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes, y a lograr la reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad, a través de la mediación, la conciliación y el arbitraje.
El fortalecimiento del debido proceso legal mediante una defensa adecuada por abogado que cuente con cédula profesional de licenciado en derecho, al cual elegirá libremente desde el inicio de la práctica de cualquier actuación policial, ministerial o judicial.
La observancia de las disposiciones de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, tratándose de delitos cometidos por miembros de comunidades o pueblos indígenas, en perjuicio de bienes jurídicos de éstos o de alguno de sus miembros.
El proceso de modernización institucional se impulsa desde el año 2009, acorde con la nueva Ley Orgánica y el Reglamento de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que entraron en vigor en marzo y diciembre de 2009, respectivamente. Entre sus principales ejes, destacan:
La implantación del Sistema de Especialización de la función ministerial por tipo de delito y del Sistema de Organización Territorial, atendiendo a las formas de manifestación de la delincuencia organizada, así como la naturaleza, complejidad e incidencia de los delitos del orden común, sujeto a esquemas de control y supervisión.
Dichos sistemas funcionan a través de Fiscalías Especializadas (en Secuestro, Homicidios, Robo con Violencia y Cuantía Mayor, Delitos Dolosos Cometidos por Corporaciones Policiales, Delitos Dolosos Cometidos Contra la Mujer, Delitos Cometidos por Servidores Públicos; y, Delitos Electorales); y, mediante Fiscalías Regionales que cubren el territorio de la entidad.
El fortalecimiento de las atribuciones y estructuras administrativas de la Comisaría General de la Policía Ministerial, y las unidades sustantivas de Investigación, de Litigación y Visitaduría.
El establecimiento de un régimen específico que regula los procedimientos de selección, ingreso, desarrollo, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y terminación del servicio de los servidores públicos; y el servicio de agente del ministerio público, perito y policía ministerial; y se instituyen principios de actuación y un régimen disciplinario de los policías ministeriales, en concordancia con la Ley General de Seguridad Pública.
La regulación de la dirección de la investigación que corresponde al ministerio público, con la colaboración de las policías y peritos, éstos últimos con autonomía técnica.
La ampliación y precisión de las medidas cautelares que podrá imponer el ministerio público para garantizar el procedimiento penal, y proteger o restituir los derechos de la víctima u ofendido del delito.
El Procurador General de Justicia del estado, emitió el Acuerdo 22/2009, por el que se establecen los Lineamientos Generales para el Tratamiento de Investigaciones y Registro de Detenidos, que deberán observar los Agentes del ministerio público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Este mecanismo administrativo regula la aplicación de la medida cautelar de privación de la libertad personal, que tiene carácter excepcional y está sujeta a control judicial.
Por lo que se refiere a la investigación de tortura, desde agosto de 2009, entró en funcionamiento la Fiscalía Especializada de Delitos Dolosos Cometidos por Corporaciones Policiales, unidad abocada a la investigación de delitos que involucren a elementos de todas las corporaciones policiales.
En Morelos el nuevo sistema de justicia penal ya funciona en los Distritos Judiciales primero, quinto y sexto, en donde se incluye a la capital del estado. La tercera Etapa estaba prevista en un principio para el primero de febrero del 2010 pero se aplazó su entrada en vigor para el catorce de febrero del 2011 en los Distritos Judiciales Segundo, Tercero, Cuarto y Séptimo. Morelos ya cuenta con legislación reformada vigente y con órgano implementador político y técnico.
Avances en equipamiento, infraestructura y capacitación. Falta reforzar la difusión y las tecnologías de la información y comunicación.
En Nuevo León la implementación no obedeció a un criterio territorial sino que se realizó en función de un conjunto de delitos, es decir, se ha hecho una transición progresiva en virtud de la gravedad de los delitos tipificados en el Código sustantivo estatal. La primera etapa inició en noviembre del 2004 con los delitos culposos no graves; la segunda comenzó en abril del 2006 incluyendo los delitos culposos graves, perseguidles por querella y delitos de oficio no graves con condenas máximas de prisión de 3 años; la tercera data de marzo y junio del 2007 e incluye los delitos de violencia familiar, bigamia, lesiones que no ponen en peligro la vida y algunos tipos de robo. Cuenta ya con órgano implementador político y técnico y diversas reformas a su legislación.
El nuevo sistema de justicia penal funciona actualmente en la región de Tehuantepec y la Mixteca. Se planteó en un principio implementar de forma gradual en seis etapas. La primera etapa inició el 9 de septiembre de 2007 en el territorio del Istmo de Tehuantepec, la segunda el 9 de septiembre del 2008 en la Mixteca y así sucesivamente en espacios de un año en las regiones de Costa, Cuenca, Valles Centrales y, finalmente, el 9 de septiembre de 2012, en la Cañada y Sierra. Sin embargo se ha aplazado la implementación de la tercera etapa (Región de la costa) en dos ocasiones por falta de recursos, para quedar hasta mayo del 2011, por lo que todo el calendario ha sufrido ajustes. El estado de Oaxaca ya reformó su legislación y conformó su órgano implementador político.
Oaxaca se distingue por haber puesto en vigor un nuevo sistema de justicia para adolescentes en todo el estado, con especialización en todas las instituciones involucradas. Especial mención requiere hacerse del liderazgo que en la materia ha tenido la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del estado, no sólo por lo que toca a los esfuerzos de implementación local, sino como un ferviente promotor en todo el país de sus resultados y experiencias.
En Zacatecas el 5 de enero del 2009 entró en vigor el nuevo sistema de justicia en el Distrito Judicial de la capital. El esquema de gradualidad contemplaba la entrada en vigor el 1 de julio de 2012 en los distritos 2 y 7, y el 7 de enero de 2013 en el resto de los distritos. Sin embargo estas fases han sido postergadas. Zacatecas ya conformó un órgano técnico y político para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y reformo su legislación.
Zacatecas cuenta con avances importantes en capacitación y no cuenta con órgano encargado de la implementación.
Avances en los estados cuya entrada en vigor será durante el 2011:
El 03 de septiembre del 2010 se publicó en el diario oficial del estado de Guanajuato la nueva Ley del Proceso Penal para el estado de Guanajuato la cual determina la entrada en vigor y del sistema procesal penal acusatorio en cuatro etapas en distintas zonas territoriales: El 1 de septiembre del año 2011 en la Región comprendida por los municipios de: Atarjea, Comonfort, Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Ocampo, San Diego de la Unión, San Felipe, San José Iturbide, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú; el 1 de enero del año 2013 en la Región comprendida por los municipios de: Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Romita, Salamanca, Silao y Valle de Santiago; el 1 de enero del año 2014 en la Región comprendida por los municipios de: Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Coroneo, Cortazar, Jerécuaro, Moroleón, Salvatierra, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Villagrán y Yuriria; y el 1 de enero del año 2015 en la Región comprendida por los municipios de: León, Manuel Doblado, Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón.
La implementación en Hidalgo, se planea llevarla a cabo en cuatro etapas a través de sus 17 Distritos Judiciales, aunque se prevé que iniciarán en 2011 aún no se precisan fechas. Ya fue turnada a la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso la Iniciativa de Decreto que contiene el Código Procesal Penal para el estado de Hidalgo, enviado por el Titular del Poder Ejecutivo de la Entidad, asimismo ya emitieron una nueva Ley Orgánica del ministerio público, Ley Orgánica del Poder Judicial y Nueva Ley de Prevención del Delito.
Avances importantes en infraestructura, capacitación y diseño de perfiles de los nuevos operadores del sistema de Justina penal.
El 11 de enero del 2011 fue aprobado por unanimidad en el Congreso del estado el nuevo Código de Procedimientos Penales del estado de Puebla, asimismo ya hicieron modificaciones a su Constitución y han avanzado en temas de capacitación.
El 19 de marzo del 2010 se aprobó en el Pleno del Congreso la Reforma Constitucional y Legal en Materia de Seguridad y Justicia que contempla la implementación del nuevo sistema acusatorio. En su artículo décimo sexto transitorio establece que la legislación secundaria necesaria para el adecuado funcionamiento del nuevo sistema penal acusatorio y oral, previsto en los artículos 2, 62, 63, 64, 73, 85 bis, 86 y 87 del decreto de reforma , deberá estar aprobada y publicada a más tardar el 31 de mayo de 2011.
Ya fueron elaboradas las iniciativas legales que involucran reformas secundarias y turnadas a la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia y se espera que sean aprobadas en el primer trimestre del 2011.
Avance en los estados en etapa de planeación:
Podemos decir que en las entidades federativas que se encuentran en la etapa de planeación se observa voluntad política para iniciar con la implementación de la reforma, lo cual se expresa en que todos ellos ya cuentan con un órgano político conformado por representantes de los tres poderes del estado, ejecutivo, legislativo y judicial, encargado de coordinar las acciones de implementación del nuevo sistema de justicia penal. Asimismo, se puede observar que la mayoría de dichas entidades tienen avancesen los temas de capacitación de los operadores jurídicos, en el eje de infraestructura y equipamiento; además algunos de ellos ya cuentan con leyes de justicia alternativa y/o centros de medicación.
Avance de los estados en etapa inicial.
Estas entidades federativas aún se encuentran en proceso de negociación sobre las acciones que se llevarán a cabo para la implementación y aunque cuentan con avances en el eje de capacitación, aún no han avanzado en el diseño o reforma de las leyes secundarias y complementarias a la Constitución y el CPP.
8.- Por favor, proporcionen información detallada sobre cómo se garantiza la efectiva aplicación de los principios del debido proceso en lo que respecta a la valoración de la prueba en la reforma al sistema integral de justicia.
La reforma al sistema integral de justicia en México contempla una serie de resguardos específicos, que aseguran la efectiva aplicación y vigencia del debido proceso en general y, particularmente, respecto de la valoración de la prueba. La reforma constitucional de junio de 2008 avanza decididamente en ordenar de manera clara y sin ninguna duda que la audiencia de juicio se desarrolle en presencia del juez, sin que éste pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, lo cual constituye una cortapisa insalvable a la posibilidad que sean otros funcionarios los cuales realicen labores expresamente jurisdiccionales.
Al ordenar que los jueces valoren las pruebas de manera libre y lógica, aunado a la obligación de fundar y motivar las resoluciones judiciales, se instaura el sistema de valoración probatoria de la sana crítica, que deja atrás el sistema de prueba legal tasada, acercando al proceso a una más efectiva y cierta ponderación probatoria, la cual al ser pública, estará bajo el escrutinio, tanto de las partes o intervinientes procesales, que podrán ejercitar sus respectivos remedios procesales; como de la sociedad toda vez que, a través de la publicidad de los juicios podrá escrutar las decisiones jurisdiccionales de manera más transparente, dejando mayor espacio a las organizaciones de la sociedad civil para el debido control de las sentencias judiciales.
Asimismo, se consagra la prohibición de valorar antecedentes probatorios que no hayan sido desahogados en la audiencia de juicio oral, cuidando entonces, que la percepción de los jueces del fondo no sea mediatizada por ningún medio idóneo y que por tanto, los jueces perciban de primera mano con sus propios sentidos la fuerza probatoria de los antecedentes y de la prueba que los intervinientes lleven a juicio apoyando sus respectivas líneas argumentativas, sin perjuicio de la prueba anticipada.
La reforma consagra la absoluta división entre el juez que haya conocido del caso durante las etapas de investigación e intermedia de aquel que deba conocer el asunto en juicio oral, resguardando debidamente la imparcialidad del juzgador que solo conocerá de los hechos, pero no del contenido de los antecedentes probatorios; y estableciéndose claramente que la presentación de los argumentos y de los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral, con lo cual se apuesta a asegurar una mayor calidad de la información que llega a los jueces del fondo.
Consecuentemente con el principio de inocencia, la reforma afirma que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, lo cual da vigencia a dicho principio, colocando a los juzgadores en la hipótesis en que si el ministerio público no alcanza, con los medios probatorios desahogados, la convicción plena de los juzgadores, en cuanto a hecho punible y participación, éstos deberán absolver al imputado, manteniendo la vigencia del principio de inocencia y de que nadie puede ser declarado culpable sino por sentencia condenatoria de un tribunal imparcial convencido de la culpabilidad del procesado.
Los jueces de control tiene el mandato de no darle valor a la prueba ilícita, excluyéndola del auto de apertura del juicio oral en la fase intermedia y los jueces orales, también deben excluir dicha prueba si se establece que fue obtenida con inobservancia de derechos fundamentales.
Aunque el proceso resulta complejo, se están realizando esfuerzos de capacitación a todos los intervinientes a través de las actividades de la SETEC, conjuntamente con las instancias locales en las entidades federativas.
La publicidad de las audiencias señala a la letra, que las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública.
9.- Por favor, proporcionen información detallada sobre las medidas legislativas actualmente en vigor que garantizan la libertad de la persona cuando ésta es detenida por un funcionario público. Fuera de los casos permitidos por la ley, y sin mediar causa por delito.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura señala:
“Artículo 3º.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada”
“Artículo 4o.- A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce años, de doscientos a quinientos días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta. Para los efectos de la determinación de los días multas se estará a lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal.”
“Artículo 5o.- Las penas previstas en el artículo anterior se aplicarán al servidor público que, con motivo del ejercicio de su cargo, con cualesquiera de las finalidades señaladas en el artículo 3o., instigue, compela, o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos; o no evite que se inflijan dichos dolores o sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia.
Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con cualquier finalidad, instigado o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos graves sean físicos o psíquicos a un detenido.”
El Código Penal Federal establece diversos tipos penales que sancionan conductas cometidas por servidores públicos que en el ejercicio o con motivo de sus funciones, incurren en excesos que trascienden en la esfera jurídica del gobernado, concretamente en su libertad personal, entre los que se encuentran:
El delito de abuso de autoridad previsto en su artículo 215:
“..Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:
VI.- Cuando estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones privativas de libertad, de instituciones de readaptación social o de custodia y rehabilitación de menores y de reclusorios preventivos o administrativos que, sin los requisitos legales, reciba como presa, detenida, arrestada o interna a una persona o la mantenga privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente; niegue que está detenida, si lo estuviere; o no cumpla la orden de libertad girada por la autoridad competente;
VII.- Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar, también inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones;
XIII.- Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, la intimidación o la tortura, y (sic)
XV.- Omitir el registro de la detención correspondiente o dilatar injustificadamente poner al detenido a disposición de la autoridad correspondiente2…”
El delito de desaparición forzada de personas previsto en su artículo 215-A y 215 B:
“Artículo 215-A.- Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”
Delitos cometidos contra la administración de justicia previstos en su artículo 225:
“..IX.- Abstenerse injustificadamente de hacer la consignación que corresponda de una persona que se encuentre detenida a su disposición como probable responsable de algún delito, cuando ésta sea procedente conforme a la Constitución y a las leyes de la materia, en los casos en que la ley les imponga esa obligación; o ejercitar la acción penal cuando no preceda denuncia, acusación o querella;
X.- Detener a un individuo durante la averiguación previa fuera de los casos señalados por la ley, o retenerlo por más tiempo del señalado en la Constitución3;
XI.- No otorgar, cuando se solicite, la libertad caucional, si procede legalmente;
XII.- Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, intimidación o tortura;
XIII.- No tomar al inculpado su declaración preparatoria dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación sin causa justificada, u ocultar el nombre del acusador, la naturaleza y causa de la imputación o el delito que se le atribuye;
XIV.- Prolongar la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motive el proceso;
XVI.- Demorar injustificadamente el cumplimiento de las providencias judiciales, en las que se ordene poner en libertad a un detenido;
XVII.- No dictar auto de formal prisión o de libertad de un detenido, dentro de las setenta y dos horas siguientes a que lo pongan a su disposición, a no ser que el inculpado haya solicitado ampliación del plazo, caso en el cual se estará al nuevo plazo;
XX.- Ordenar la aprehensión de un individuo por delito que no amerite pena privativa de libertad, o en casos en que no preceda denuncia, acusación o querella; o realizar la aprehensión sin poner al detenido a disposición del juez en el término señalado por el párrafo tercero del artículo 16 de la Constitución;
XXVII.- No ordenar la libertad de un procesado, decretando su sujeción a proceso, cuando sea acusado por delito o modalidad que tenga señalada pena no privativa de libertad o alternativa;
XXX.- Retener al detenido sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución y las leyes respectivas4...”
Efectos procesales. Se contempla, en el artículo 128 inciso f) del Código Federal de Procedimientos Penales, como un derecho del inculpado cuando fuese detenido o se hubiere presentado voluntariamente ante el ministerio público, a que se le conceda, de manera inmediata posterior a su solicitud, su libertad provisional bajo caución.
En el párrafo sexto del artículo 134 del Código Federal de Procedimientos Penales, se señala que en caso de que la detención de una persona exceda los plazos señalados en el artículo 16 de la CPEUM (48 horas o 96, para el caso de delincuencia organizada), se presumirá que estuvo incomunicada, y las declaraciones que haya emitido el indiciado no tendrán validez.
El artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Penales precisa que, la prórroga del plazo constitucional para dictar el auto de formal prisión, se deberá notificar a la autoridad responsable del establecimiento en donde, en su caso, se encuentre internado el indiciado, para los efectos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 19 constitucional (actualmente cuarto), que señala:
“…El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad…””
Esta disposición se encuentra también prevista en el artículo 164 del Código Federal de Procedimientos Penales.
La SSP impulsó diversas iniciativas legislativas para lograr un Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que pueda brindar a la sociedad confianza, respeto y sobre todo seguridad, para lo cual, de conformidad con los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se lograron los siguientes avances en la normatividad:
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el DOF el 2 de enero de 2009, tiene como objetivos:
Establecer la distribución de competencias y una efectiva y eficaz coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios para la integración, organización e impulso del SNSP a que se refiere el artículo 21 de la CPEUM;
Establecer la creación y fortalecimiento de Instancias de coordinación en el SNSP, entre otras: el Consejo Nacional de Seguridad Pública como máxima instancia de deliberación, consulta y definición de políticas públicas; la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública; la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal; y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual contará con los centros nacionales de Información, Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y de Certificación y Acreditación
Prever la instrumentación del Registro Administrativo de Detenciones. Las instituciones policiales deberán dar aviso administrativo de inmediato al Centro Nacional de Información, de la detención, a través del Informe Policial Homologado. El registro administrativo de la detención deberá contener, al menos, los datos siguientes: 1) Nombre y, en su caso, apodo del detenido; 2) Descripción física del detenido; 3) Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la detención; 4) Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención; en su caso, rango y área de adscripción y 5) Lugar a donde será trasladado el detenido.
Instituir las bases para el Sistema Integral de Desarrollo Policial, integrado por un conjunto de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí, que comprenden: el Servicio Profesional de Carrera Policial; los esquemas de profesionalización; la certificación de los mismos y el régimen disciplinario de los integrantes de las instituciones policiales.
Regular la información nacional sobre seguridad pública, a efecto de que la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, suministren, intercambien, sistematicen y actualicen en forma periódica y veraz sus bases de datos.
Determinar y sancionar las responsabilidades administrativas, civiles y penales, mediante un capítulo relativo a la responsabilidad de los servidores públicos, en que incurran los servidores públicos federales, estatales y municipales por el manejo o aplicación indebida de los recursos de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública.
Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en la planeación y supervisión de la seguridad pública.
La Ley de la Policía Federal, publicada en el DOF el 1º de junio de 2009, dota a dicha instancia de múltiples atribuciones en materia de prevención del delito y la faculta para realizar investigaciones. Se mantienen como objetivos de la Ley: salvaguardar la vida, integridad, seguridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, aplicando la política de seguridad pública en materia de prevención y combate al delito.