Source: https://www.elderecho.com/tribuna/mercantil/Aspectos-temporales-ejecucion-separada-administrativos_11_184555007.html
Timestamp: 2018-07-16 00:54:45
Document Index: 60008327

Matched Legal Cases: ['artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 89', 'artículo 55', 'artículo 188', 'artículo 43', 'artículo 142', 'de Lege Ferenda', 'artículo 90', 'artículo 57']

I-Antecedentes y objeto del estudio
En efecto, el artículo 55 de la ley concursal, tras establecer un principio general de prohibición de inicio de las ejecuciones singulares y apremios administrativos y tributarios contra el patrimonio del deudor una vez declarado el concurso-artículo 55.1 LC-, y una norma general de suspensión de las actuaciones ya en tramitación-artículo 55.2 LC-, establece una excepción de suma importancia: “Podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiese dictado providencia de apremio y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor”
Con el tiempo, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción ha ido solucionando la forma de resolver las disputas entre la Administración Tributaria o de la Seguridad Social y los juzgados de lo mercantil relativas al ejercicio de este privilegio.
En su sentencia 5/09, de 22 de junio, cita precedentes similares recogidos en la Sentencia núm. 10/2006, de 22 de diciembre, y 2/2008, de 3 de julio, relativas ambas a apremios anteriores a la declaración de concurso.
En suma, se dice que “En la Sentencia 10/2006 se hizo una primera interpretación acerca del alcance del artículo 55.1, párrafo segundo, llegándose a la conclusión de que la preferencia en la ejecución corresponde al procedimiento administrativo de ejecución cuando la providencia de apremio dictada por la Administración es anterior a la fecha de declaración del concurso, y se produce alguna de estas dos circunstancias: 1º) Que el procedimiento de apremio ha terminado y el crédito en favor de la Administración ha sido cobrado; 2º) Que, aunque el procedimiento de apremio se encuentre en curso, el órgano jurisdiccional decida que el bien o derecho afectado por el apremio administrativo no es necesario para el mantenimiento de la actividad del deudor y ello porque, en las situaciones de concurso, el interés público, expresado en la normativa concursal, es el de mantener la continuidad de la actividad del deudor. A ese interés básico y fundamental, han de supeditarse ciertos privilegios, y también el de autotutela administrativa en la que consiste la ejecución paralela de la providencia de apremio.
Continúa dicha Sentencia 10/2006: "Ha de proclamarse, por tanto, que la Administración tributaria cuando un procedimiento de apremio se encuentra en curso y se produzca la declaración del concurso, ha de dirigirse al órgano jurisdiccional a fin de que éste decida si los bienes o derechos específicos sobre los que se pretende hacer efectivo el apremio son o no necesarios para la continuación de la actividad del deudor. Si la declaración judicial es negativa la Administración recupera en toda su integridad las facultades de ejecución.
Si, por el contrario, es positiva pierde su competencia, en los términos establecidos en el citado artículo 55 y con los efectos previstos en el apartado tercero para la hipótesis de contravención."
Por ello, "producida la declaración concursal la Administración debió dirigirse al Juez del Concurso a fin de que este decidiese sobre si los bienes integrantes del "patrimonio" del deudor, sujetos al procedimiento de apremio en curso, eran o no necesarios para la continuidad de la actividad del deudor.
Como en el asunto resuelto la Administración no se ha dirigido al órgano judicial, y obtenido de él, una declaración en el sentido expresado el conflicto ha de ser resuelto en favor del órgano judicial."
En este mismo sentido se expresa la Sentencia 2/2008, donde se hizo la exégesis del alcance de la situación especial que en la Ley Concursal tienen las providencias de apremio de la Seguridad Social en virtud del citado artículo 55.1, párrafo segundo, de la misma, a partir del reconocimiento de la dificultad de interpretación tanto de la voluntad del legislador como de su propio tenor”
II- Privilegio procesal o sustantivo
Tanto el voto de la mayoría como el voto particular sostienen que la prosecución de la ejecución en régimen de autotutela no confiere un privilegio de carácter sustantivo, pero simultáneamente excede de la mera preferencia procedimental.
Así, la SAP Barcelona, sección 15ª, ponente D. Ignacio Sancho Gargallo, ya manifestaba que “esta facultad reconocida por el párrafo segundo del apartado 1 del art. 55 LC a la Agencia Tributaria es un derecho de ejecución separada que le permite cobrarse con lo realizado al margen del concurso, sin que propiamente ello le confiera ningún privilegio sustantivo.
Conviene aclarar que en la medida en que esta ejecución separada está justificada únicamente respecto de los créditos que la motivaron, lo satisfecho con la realización del embargo servirá únicamente para pagar esos créditos y no otros. A este respecto, no le falta razón a la Abogacía del Estado cuando recuerda que las reglas de imputación de pagos, cuando lo obtenido no cubra la totalidad de las deudas objeto de ejecución y para cuyo pago se trabó el embargo, serán extraconcursales y en concreto las previstas en el art. 63 LGT: el pago se aplicará primero a las deudas más antiguas, en atención a la fecha en que fueran exigibles.
Lógicamente esta imputación de pagos, que es extraconcursal, tiene su repercusión en el concurso, en la medida en que se hayan pagado total o parcialmente los créditos clasificados en la lista de acreedores. Mientras no se verificara el pago, es lógico que la AEAT comunicara sus créditos e interesara su reconocimiento y clasificación. Y una vez abonados parcialmente estos créditos, fuera del concurso, este pago se debe tener en cuenta para evitar que cuando, según las reglas de pago del art. 154 y ss. LC, toque abonar cada uno de los créditos inicialmente incluidos en la lista de acreedores, se tenga en consideración que tales créditos ya han sido satisfechos.”
Esta consideración es coherente con la previsión del artículo 89.2 LC- no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en la ley-. Sin embargo, la categoría introducida es un tertium genus- “regla de imputación de pagos extraconcursal con trascendencia concursal”- que como todos los productos híbridos presenta deficiencias estructurales, chocando con el resto del sistema. Anticipemos sólo dos de las contradicciones:
1-Ruptura de la par conditio creditorum propia del proceso concursal. Nótese que en la resolución que se examina el apremio da lugar a una anotación preventiva de embargo sobre una finca urbana por una deuda contraída por la Seguridad Social de 3541,86 euros en concepto de principal adeudado, recargo de apremio, intereses y costas, lo que permitirá al organismo que siga adelante con la ejecución separada cobrarse de una cantidad no exigua de créditos subordinados y ordinarios, de forma preferente a otros acreedores privilegiados e incluso con preferencia a los acreedores contra la masa.
A este respecto, sin embargo, apunta la Audiencia de Pontevedra: “No tendría sentido permitir la continuación de la vía de apremio y la competencia administrativa para cobrar individualizadamente su crédito mediante la ejecución de bienes concretos del deudor y acto seguido limitarla a la par conditio creditorum. En tal caso, el procedimiento de apremio se convertiría en una simple medida cautelar de la Administración pues sólo podría llegar hasta la anotación preventiva de embargo. Nos preguntamos para qué sirve ese embargo cautelar si es que luego el titular de la garantía (claro está, en las condiciones del artículo 55.12 LC exclusivamente) no puede hacerla efectiva sobre ese bien”
2-Quiebra de los principios del proceso liquidatorio, donde la viabilidad de las enajenaciones parte de una base indubitada: que las mismas puedan realizarse libres de cargas, con excepción de las reales, para lo que ha de procederse previamente a su purga o extinción. Esta segunda contradicción se comprende mejor a partir de la singularidad fáctica de la resolución que se analiza, como ahora se expondrá.
III-El mantenimiento de los apremios individuales. Falta de ejercicio activo de la autotutela
Desde mi punto de vista, esta posibilidad, mantenida en el voto mayoritario, convierte de facto al crédito que ostenta el organismo público en especialmente privilegiado, y contradice esa naturaleza supuestamente neutra configurada jurisprudencialmente como regla de imputación de pagos; como se pone de manifiesto en el voto particular, “el embargo no cambia la naturaleza del derecho material del ejecutante; no crea ni declara derecho material alguno. El embargo es un acto procesal y sus consecuencias se producen fundamentalmente en este ámbito”. En esos mismos términos se pronunciaba el auto de 30-6-08 del juzgado mercantil nº1 de Bilbao.
a- Pronunciándose expresamente respecto a la necesidad del bien embargado para la continuidad de la actividad; o en otras, palabras, desafectación.
b- Vigilando que las resultas del proceso de apremio, de existir sobrante, se integren en la masa activa del concurso, sustituyendo al bien embargado por éstas, y controlando que la ejecución no satisfaga más deudas que las garantizadas; en otras palabras, supervisión de la ejecución separada
IV- El momento y el modo en que se ha de solicitar la continuación en el ejercicio de la autotutela
En coherencia con lo que hasta aquí se ha argumentado, sostengo que para la plena eficacia del derecho de ejecución separada se precisa la actitud activa, expresa y concluyente de la Administración que pretende su ejercicio.
Como se ha visto, la fórmula es indiscutida, dirigiéndose al juez del concurso en orden a obtener una declaración específica de que ese concreto bien no resulta necesario para la actividad.
En cuanto a los tempos, habrá que distinguir si esa petición se produce en la fase común o en la sección de liquidación.
Es sabido que la ley concursal no prohíbe la enajenación anticipada de activos, sino que, en cumplimiento de la función conservativa de la masa, la sujeta a mayores prevenciones, que pasan, en última instancia, por la audiencia a las partes personadas- artículo 188 LC- y autorización judicial-artículo 43 LC-.
Es evidente que la enajenación conjunta, para ser planteada por la Administración concursal como primera vía liquidatoria, partirá de bases previas y expectativas de interesados, de ofertas, de negociaciones, de muchas horas de trabajo, de análisis financieros de viabilidad.
En la práctica, son extrañas las enajenaciones completas cuya negociación o admisión de ofertas comienza con el plan de liquidación, hasta el punto de que el legislador ha querido introducir, a través de la reforma instaurada por RDL 3/09, la liquidación anticipada-artículo 142 bis LC- para compensar el eventual desvalor que produce en los bienes del concursado la prolongación de la fase común, favoreciéndose la enajenación en globo o atomizada de activos empresariales cuando aún presentan atractivo para eventuales compradores.
V- Propuesta de Lege Ferenda
1- Equiparación íntegra del crédito público del que han derivado medidas de apremio administrativo anteriores a la declaración de concurso al crédito con garantía real. Esta sería la postura más favorable a la Administración, y supondría la admisión expresa de que se trata un privilegio material que hoy se niega, o al menos se matiza. De esta forma, bastaría añadir al artículo 90.1 LC un ordinal 7 con una disposición que contemplase que son créditos con privilegio especial: “los créditos públicos respecto de los que se hubiera incoado procedimiento administrativo de ejecución y se hubiera dictado providencia de apremio con anterioridad a la declaración de concurso, sobre los bienes objeto de diligencia de embargo, cuando medie declaración expresa del juez del concurso de que no están afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado”. Habría de precisarse, a su vez, si dicha diligencia de embargo ha de ser o no también anterior a la declaración de concurso para evitar debates estériles. Bastaría, de forma simultánea, redenominar el título del artículo 57, pasando a llamarse “Inicio o reanudación de ejecuciones de garantías reales y apremios administrativos”, y añadir un ordinal 4 que contemple, como mínimo, la concreta forma en la que la Administración ha de solicitar la declaración de no afectación, los recursos que quepan contra la resolución judicial que se dicte o la ausencia de los mismos, el momento preclusivo para solicitar dicha declaración y para reanudar la vía de apremio, y especificar qué intervención se pretende del juez del concurso, si meramente supervisora o específicamente tramitadora.
2- De forma más limitada, mantener la regulación actual y ceñirse a establecer un límite temporal para el ejercicio del derecho, previa su solicitud, momento que puede radicar en la apertura de la fase de liquidación, en la realización de observaciones al plan, o cualquier otro que específicamente se disponga, siempre que proporcione certeza a la Administración titular del mismo y a la totalidad de los intervinientes en el proceso concursal, incluidos los eventuales adquirentes de la unidad productiva.
3- Por último, si se opta por una postura más concursalista, que continúe el camino de la reducción drástica de privilegios, pero no lo suficientemente atrevida para su completa supresión, bastaría con que el informe de la Administración concursal previera la eventual viabilidad empresarial y la necesidad del bien objeto de embargo para idéntico fin para denegar la ejecución separada, siempre con la facultad revisora del juez del concurso a través de la oportuna vía incidental.