Source: https://elestadosinderecho.wordpress.com/2012/04/05/el-defensor-del-pueblo-segundo-intento/
Timestamp: 2017-08-18 18:24:53
Document Index: 149017892

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El Defensor del Pueblo: Segundo intento | El Estado sin Derecho
El Defensor del Pueblo: Segundo intento
Bueno, pues como soy un ceporro cabezón, me leí y releí la dichosa sentencia 75/1985 hasta que conseguí penetrar en los misterios del lenguaje juris(im)prudencial. Así que al final llegué a la conclusión de que dicha sentencia había supuesto un golpe de Estado (en los escritos le llamo Reforma Constitucional encubierta), y, ya a la vista de las elecciones Generales del 20-N, decidí enviar otro escrito al Defensor del Pueblo, y además interponer una demanda al juzgado.
Aquí teneis el escrito al Defensor del Pueblo, entrado el día 14 de Noviembre de 2011, donde ya se analiza en profundidad dicha sentencia 75/1985. Es un poco plomo, pero creo que vale la pena.
XXXXXXX, con DNI XXXXX, nacido enXXXXy con domicilio en XXXXXXX, EXPONGO:
Que en fecha 4 de Octubre presenté una queja a la Defensora del Pueblo, con Número de Expediente 11020307, solicitando la interposición de un recurso de amparo ante el TC para que se restituyan mis derechos gravemente vulnerados por los artículos 162 y 163 de la LOREG
En fecha 3 de Noviembre recibí la respuesta de la oficina del Defensor del Pueblo, con fecha de Salida 28/10/11 y Registro de Salida 11085122, en la que se me informa de que se me deniega mi solicitud en base a una doctrina establecida por el Tribunal Constitucional sobre los derechos a los cuales hago referencia.
Que una vez estudiadas las sentencias del TC a que hace referencia el escrito de la oficina del Defensor del Pueblo, que son la base de la doctrina motivo de la denegación de mi recurso de amparo, se concluye según argumento más adelante en este mismo escrito, que dicha doctrina NO SE AJUSTA EN ABSOLUTO A LA LETRA NI AL ESPÍRITU DE LA CONSTITUCIÓN.
Que mis derechos fundamentales , según se hayan expuestos en la Constitución, se hayan GRAVEMENTE LESIONADOS y con riesgo INMINENTE e verse afectados de manera IRREVERSIBLE.
Que la doctrina del Tribunal Constitucional, que emana de sentencias no referidas a mi caso, y no se ajusta en absoluto a la Constitución, supone UN IMPEDIMENTO para la restitución de mis derechos lesionados.
Que el hecho de que nadie cuestione la validez de dicha doctrina, a pesar de su evidente vulneración de la letra de la Constitución, me coloca en una situación de INDEFENSIÓN TOTAL.
Que en base a lo anteriormente expuesto, solicito una nueva revisión de mi petición, en que se tenga en consideración la argumentación que presento a continuación.
SOBRE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Una vez leídas las sentencias a que se refiere el escrito de respuesta de la oficina del Defensor del Pueblo (40/1981, 75/1985 y 193/1989) y que constituyen la base de la doctrina del Tribunal Constitucional en lo que se refiere a los derechos fundamentales, se puede observar un hecho relevante que tiene graves consecuencias posteriores y se trato del hecho que los magistrados del TC, para su análisis sobre la posible vulneración de los derechos fundamentales enunciados en el artículo 23.2 y en referencia al artículo 14 de la CE, toman dichos artículos como si fueran piezas independientes de la Constitución, no teniendo nada que ver pues con el resto de la misma. Este hecho, aparentemente tan inocuo, les permite realizar las argumentaciones que, siendo acordes con el redactado de los artículos afectados por separado, son incongruentes cuando se toma la Constitución como lo que es, un todo.
Que la Constitución es un todo nadie, ni siquiera los magistrados del TC, lo puede negar, ya que en caso contrario nos hallaríamos ante un conjunto de piezas o artículos sin conexión entre ellas, que darían como resultado un artefacto sin coherencia interna que haría inviable su uso como elemento definitorio del Estado de Derecho.
Así, en el propio redactado de la Constitución, encontramos la lógica rectora del desarrollo de su estructura, estableciendo los principios de manera jerárquica. Esto es, se enuncian los pilares básicos del Estado, y a partir de dichos pilares básicos se desarrolla el resto siendo la segunda categoría la de los derechos y deberes de los ciudadanos y finalmente la tercera la estructuración de los elementos que rigen y garantizan dichos derechos y deberes.
El Artículo 1.1 instituye los valores Supremos del Estado, siendo que de dichos valores emanan los derechos y deberes de los ciudadanos. A partir de aquí, se establecen pues dichos derechos, dividiéndolos en fundamentales y normales y finalmente se desarrolla toda la estructura del aparato del Estado para que dirija el funcionamiento de la Nación, estableciendo las estructuras necesarias para que se adecuen a la preservación de los derechos y al cumplimiento de los deberes, todo ello según la jerarquía establecida.
Dicho Artículo 1.1 dice que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores SUPERIORES de su ordenamiento jurídico la LIBERTAD, la JUSTICIA, la IGUALDAD y el PLURALISMO POLÍTICO.”
Si en el artículo 1.1 se establecen los pilares básicos, en el artículo se establece los pilares básicos, en el artículo 1.2 se establece la piedra angular de cuya fuerza depende el equilibrio de toda la estructura: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.
Bien, no se trata de hacer una tesis sobre la Constitución, ni dispongo del tiempo ni de las capacidades y conocimientos necesarios, por lo cual a partir de ahora me referiré únicamente a los artículos directamente implicados en el hecho trasgresor de la doctrina del Tribunal Constitucional
A partir de este momento, el articulado tanto en su espíritu como en su letra, se dedica a reforzar mediante la inclusión de preceptos o la reiteración de mandatos, dichos pilares y piedra angular:
El Artículo 6 dice: “Los partidos políticos EXPRESAN EL PLURALISMO POLÍTICO, concurren a la formación y manifestación de la VOLUNTAD POPULAR y son instrumento FUNDAMENTAL para la participación política. Su creación y EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD SON LIBRES dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.” Es decir, que son el instrumento para reforzar uno de los pilares y para garantizar el equilibrio de la piedra angular.
El Artículo 9.1 dice: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.” No cabe duda pues respecto a que nada debe exceder el marco constitucional.
El Artículo 9.2 dice: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que LA LIBERTAD y LA IGUALDAD del individuo y de los grupos en que se integra sean REALES Y EFECTIVAS; remover los obstáculos que IMPIDAN O DIFICULTEN su plenitud y FACILITAR la participación de todos los ciudadanos en la vida POLÍTICA, económica, cultural y social.” La Constitución establece que toda la estructura que se desarrolla a partir de los valores supremos, se encamina a garantizar el cumplimiento de los mismos.
Finalmente, el Artículo 9.3 dice: “La Constitución GARANTIZA el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad Y LA INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD de los poderes públicos.” Es decir, que el artículo 9 en su conjunto, establece que la Constitución es el marco único , refuerza la primacía de los valores superiores y además se constituye en la garantía de que así sea. No obstante, en la doctrina que establece el TC referida a los derechos fundamentales instituidos en el Artículo 23, se incumple totalmente esta filosofía, pues da primacía a un valor (la gobernabilidad) que no está incluido entre los 4 pilares básicos y desequilibrando la piedra angular de la voluntad popular.
Una vez instituido el primer nivel, la Constitución instituye el segundo, el de los derechos de los ciudadanos, dentro de los cuales y siendo considerados como FUNDAMENTALES, encontramos el Artículo 14 y el Artículo 23.
El Artículo 14 explicita que: “Los españoles SON IGUALES ante la ley, SIN QUE PUEDA PREVALECER DISCRIMINACIÓN ALGUNA por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” En este caso, del valor supremo de la igualdad emana el derecho fundamental de la igualdad, y refuerza su prevalencia por encima de otros posibles valores estableciendo que no puede existir discriminación alguna por NADA.
Finalmente el artículo 23.1 establece que “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o POR MEDIO DE REPRESENTANTES, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.” Este artículo establece como derecho fundamental, la aportación de todos los ciudadanos al equilibrio de la piedra angular, la voluntad popular.
El artículo 23.2 establece que “Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.” Curiosamente, este derecho no alegué en mi primer escrito que hubiera sido vulnerado, pero toda la doctrina del TC, que sirvió para denegarme el recurso de amparo, se basa prácticamente en la afección a este artículo.
Finalmente, en un tercer nivel, la Constitución construye el edificio del Estado alrededor de los valores superiores y de los derechos fundamentales y dentro de esta estructura, incluye los organismos que como explicita el artículo 9.3, deberán garantizar que nada exceda el marco Constitucional tal como está concebido. Dichos organismos son, en lo referente a los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo y en lo referente a la expresión de la voluntad popular, las Cortes Generales.
En lo referente a las Cortes Generales, me referiré únicamente al Congreso de los Diputados. La CE establece en los 3 primeros apartados de su artículo 68 que:
Por último, el Artículo 139.1 de la CE, establece que “Todos los españoles tienen los MISMOS DERECHOS y obligaciones en cualquier parte de territorio del Estado.”
Y una vez analizado que es lo que dice la Constitución y como se estructura a partir de ella el Estado de Derecho, pasemos a ver en que difieren las sentencias dictadas al respecto por el TC y la doctrina que de ellas se deriva y que es el escollo que me impide disfrutar de la plenitud de mis derechos fundamentales. Me centraré en la sentencia 75/1985, que es donde se desarrolla plenamente la doctrina, siendo el resto de sentencias, bien antecedentes, bien reafirmaciones de la misma.
En el Fundamento primero de la Sentencia, el tribunal reconoce la íntima interconexión de los apartados primero y segundo del artículo 23. No obstante, no va más allá y no reconoce ligamen alguno con el resto del articulado Constitucional, siendo como ya hemos dicho un todo con estructura jerárquica.
Expone que considera que el recurso se refiere al punto segundo del artículo 23 y que debido a la interconexión, caso que se haya vulnerado dicho derecho, también podría haberse vulnerado el 23.1. En el caso de mi solicitud de recurso, me refería al punto primero del artículo 23, ya que no soy elegible sino elector. Hay que remarcar que, a pesar de la evidente ligazón con el punto segundo, la argumentación de la vulneración difiere notablemente, aunque la conclusión es la inversa, que si se vulnera el punto primero, también se podría vulnerar el punto segundo. Más adelante expondré de que manera se vulnera el punto primero, ahora me centraré en la demostración de que la argumentación del TC referida al artículo 23.2, difiere notablemente de la letra de la Constitución.
De los Fundamentos 2 y 3, referidos a otras cuestiones del proceso, no realizaremos ningún comentario, ya que no son relevantes para el caso que nos ocupa.
Pasando pues al Fundamento 4, los magistrados introducen el primer punto distorsionador cuando afirman que “Una de las características, sin embargo, del precepto constitucional es el muy amplio margen de libertad que confiere al legislador para regular el ejercicio del derecho, esto es, para configurar el sistema mediante el que se produce en la práctica el acceso a tales cargos y funciones públicas, y, más concretamente, al tratarse de cargos directamente elegidos por los ciudadanos, para configurar el correspondiente sistema electoral.” Cabe decir que según establece el artículo 9.1 de la CE, el margen será tan amplio como permita la Constitución, y no más.
Continúa pues dicho fundamento “Resulta, en efecto, del art. 23.2 de la C.E., que el derecho a ser elegido se adquiere «con los requisitos que señalen las leyes», de manera que no puede afirmarse que del precepto, en si sólo considerado, derive la exigencia de un determinado sistema electoral o, dentro de lo que un sistema electoral abarca, de un determinado mecanismo para la atribución de los cargos representativos objeto de elección, en función de los votos que en la misma se emiten.” Efectivamente, no presupone ni un determinado sistema electoral ni un determinado mecanismo para la atribución, pero nuevamente en base al artículo 9.1, que dichos sistemas o mecanismos se hallen dentro del marco constitucional, siendo respetuosos con los valores supremos y con los derechos fundamentales, y con los límites únicos que establece la propia CE. De este hecho se deriva que el margen del legislador no puede ser tan amplio que rebase dichos límites.
En este punto nos encontramos que los magistrados están preparando el terreno para desconectar el artículo donde prefigura el derecho fundamental (23.2) del resto del articulado constitucional.
Continúa dicho Fundamento “Es bien conocida la existencia en los ordenamientos democráticos de una considerable diversidad de tales mecanismos, que han tendido, por vía doctrinal, a agruparse en torno a dos criterios polares, el mayoritario y el proporcional, aunque existen casos también en que la coexistencia de elementos procedentes de uno o de otro criterio conduce a verdaderas fórmulas mixtas en que no resulta fácil la conceptuación final del sistema. Lo importante aquí es señalar que, en cualquier caso, el art. 23 de nuestra Constitución, que es el que da fundamento a las actuales pretensiones de amparo, no impone, por sí mismo, al legislador ninguna de las modalidades ya existentes en el derecho comparado ni cualquier otro nuevo sistema.” Es cierto que la CE no impone ningún sistema, pero si especifica que será proporcional. Además en el artículo 68.1 especifica que el sufragio por el cual se eligen los representantes del artículo 23.2, será, entre otros, LIBRE E IGUAL. Lo cual es un condicionante claro que afecta al Artículo 23.1 y en consecuencia al 23.2, hecho este que no ha sido considerado por los magistrados.
Siguiendo con la argumentación del Fundamento 4, se dice “Es cierto que el mandato constitucional, junto a esa libertad de configuración normativa que viene a reconocer al legislador, también señala a éste de modo expreso la necesidad de que el derecho que proclama sea ejercido «en condiciones de igualdad», y es, justamente, en esta exigencia en la que no cabe ver sino una concreción del principio, que, con carácter general, se reconoce en el art. 14 de nuestra Constitución, donde se apoya buena parte de la argumentación de los demandantes de amparo, y ello por entender que la aplicación de la regla 3 por 100 produce resultados discriminatorios y por tanto, contrarios a dicho principio.” En este punto vuelve a considerar las conexiones con el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación, sólo para volver a obviarlos más adelante: “De ser cierta la argumentación, habría que concluir, sin embargo, que al principio de igualdad se oponen no sólo límites a la proporcionalidad del mismo tipo que el aquí cuestionado, sino, en consecuencia, límites que pudieran suponer una restricción mayor respecto a la aplicación del criterio proporcional y, desde luego, cualquier modalidad del sistema electoral mayoritario.” Es decir realizan el análisis de lo que supondría la aplicación del principio igualitario que expresa la Constitución, pero imprimiéndole un carácter negativo, por lo que concluye: “Semejante conclusión arranca, en realidad, de una RECHAZABLE identificación entre la exigencia del trato igualatorio y el criterio electoral de la proporcionalidad, de modo que cualquier desviación de lo que, en abstracto, puede concebirse como aplicación pura de tal criterio por parte del legislador, llegaría, en último término, a ser considerada discriminatoria, DE NO CONTAR CON UNA EXPRESA APOYATURA CONSTITUCIONAL.” En este punto, y sin ninguna causa constitucional que lo justifique, expresan un juicio de valor plenamente subjetivo, al considerar RECHAZABLE el lícito deseo del cumplimiento del valor fundamental de la igualdad y del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación. Es más en su última frase CUESTIONAN QUE EL LEGISLADOR NO PUEDA EXCEDER EL MARCO CONSTITUCIONAL.
Mas no se detienen en este punto si no que arguyen: “Debe afirmarse, por el contrario, que el principio democrático de la igualdad se encuentra abierto a las fórmulas electorales más diversas, y ello porque se trata de una igualdad en la Ley, o, como el mismo art. 23.2 de la Constitución establece, de una igualdad referida a las «condiciones» legales en que el conjunto de un proceso electoral se desarrolla, por lo que la igualdad, por tanto, no prefigura un sistema electoral y excluye otros, sino que ha de verificarse dentro del sistema electoral que sea libremente determinado por el legislador, impidiendo las diferencias discriminatorias, pero a partir de las reglas de tal sistema, y no por referencia a cualquier otro.” Es decir, que expresan que la igualdad se verifica dentro de la Ley que regula el derecho, explicitando que dicha igualdad no se debe comparar con la de cualquier otro sistema electoral posible. Esto es cierto, no se debe comparar con ningún sistema electoral, teórico o en uso, SI NO CON LOS MANDATOS DE LA PROPIA CONSTITUCIÓN, no con las reglas de la Ley en cuestión. Si ello no fuera así, las leyes emanadas de los poderes del Estado , no requerirían más que tener coherencia interna, sin ninguna referencia externa, no siendo pues necesario el marco constitucional. Ello, como hemos dicho, no es así, pues el artículo 9.1 de la CE expresa la necesidad de que todas las regulaciones estén sometidas a la Constitución, considerándola como un todo no como piezas aisladas sin conexión entre ellas.
Entonces la sentencia pasa a querer justificar que no se produce dicha discriminación, ya que si se considera sólo la propia LOREG (en la sentencia habla del Art. 20.4b del RD 20/1977, pero este principio se ha transpuesto a la LOREG, que es la Ley vigente y la que me atañe) en ese marco no hay discriminación, “La reflexión anterior es aplicable a cada uno de los momentos en que un proceso electoral puede descomponerse, y en relación a las pretensiones de los distintos sujetos que en tales momentos intervienen. Si se aplica a la fase del escrutinio o, más concretamente, de atribución de los puestos o escaños en los órganos representativos en función de los votos obtenidos, no cabe apreciar que sea discriminatoria la exigencia, para tener derecho a esa transformación de votos en escaños, de obtener, al menos, un cierto porcentaje de votos, pues la misma exigencia de la regla quiebra la igualdad de supuestos a partir de la que sería posible la comparación entre las candidaturas que sí obtengan y las que no ese porcentaje, del mismo modo que, en el caso de un sistema mayoritario, no existiría la posibilidad de comparar, y, por tanto, de afirmar la existencia de discriminación entre candidaturas que sí, y otras que no obtienen la mayoría electoral y, en consecuencia, representación en el correspondiente distrito o circunscripción.” Es decir, se reiteran en su valoración apriorística, sin juzgar si se ajusta al resto de preceptos Constitucionales.
Y vuelven a insistir en que no hay discriminación dentro del marco de la propia Ley, obviando en marco constitucional, “Lo significativo, en todo caso, desde la perspectiva del art. 23.2 de la Constitución, Puesto en relación con el art. 14, es que la regla legal se aplica a todas las candidaturas por igual, sin que conste la existencia de obstáculos para que todas ellas concurran a unas mismas elecciones, y en unos mismos distritos o circunscripciones en las mismas condiciones legales y sin que conste, tampoco, la existencia de diferencias injustificadas o irrazonables en la aplicación de esa concreta regla, que es por su intrínseca naturaleza enteramente justificada, y fundada, como se establecerá en el siguiente fundamento jurídico.” En este punto se está obviando un aspecto trascendental, cuyas consecuencias explicaremos en el siguiente párrafo, y es que el artículo 14 dice que “Los españoles son iguales ante la ley…”. Por otro lado el artículo 68.1 dice “…elegidos por SUFRAGIO UNIVERSAL, LIBRE, IGUAL, directo y secreto…” y el artículo 139.1 “TODOS los españoles tienen los MISMOS DERECHOS y obligaciones en cualquier parte de territorio del Estado.” En cuanto a la justificación de la regla, realizada en el Fundamento quinto, también veremos que excede los límites constitucionales. Sin considerar los otros aspectos que constituyen la totalidad del recurso de amparo que solicito, sólo el límite del 3% constituye una vulneración del Artículo 23.1 de tres maneras distintas: A priori, A posteriori y Comparativa. Además, debido al criterio del legislador, lo que para las elecciones iniciales del período democrático es real, para las posteriores ya no lo es, como veremos más adelante.
Finalmente consideran el aspecto de la discriminación a la persona del candidato, diciendo “No es aceptable, por último, el argumento de que la discriminación se produce por referencia a las personas que integran las distintas candidaturas, esto es, si se tiene en cuenta que el número de votos que corresponden a candidatos incluidos en listas que no han rebasado el límite del 3 por 100, y, por tanto, no llegan a ser proclamados electos, puede ser, no obstante, superior, como sucede en los casos que nos ocupan, al número de votos correspondientes a candidatos que obtienen esa proclamación al figurar en las listas que sí han superado dicho límite. La comparación es inviable, pues nos encontramos ante magnitudes cualitativamente diversas: En un caso el total de los votos conseguidos por unas ciertas candidaturas (las excluidas del reparto de escaños), en el otro caso, uno o varios cocientes, que no son, y aquí está la diferencia esencial, votos efectivamente obtenidos, sino más bien resultados convencionales deducidos, a efectos del reparto, del número total de votos de cada candidatura. Y es que, en un sistema de listas como el vigente en nuestro ordenamiento electoral, no cabe hablar de votos recibidos por candidatos singularmente considerados, sino, en relación a éstos, de cocientes, que son resultados de la operación prevista para determinar, entre las listas que han superado el límite legal, los escaños que corresponden a cada una de ellas.” Es decir, establecen que no se puede realizar la comparativa en una misma circunscripción entre dos objetos que consideran diferentes, el número total de votos de la candidatura y los resultantes de un cociente de aplicar la ley de D’Hont. Pero si son posibles otras comparativas que si resultan vulneradoras de la Constitución y que no se realizan con dos objetos diferentes.
Con todo lo anteriormente expuesto, concluyen el Fundamento 4 diciendo “De todo lo expuesto en este fundamento jurídico resulta, en definitiva, que no sea posible acceder a la pretensión de que el límite a la proporcionalidad que se establece en el art. 20.4 b) del Real Decreto-ley 20/1977 sea contrario a las «condiciones de igualdad», en las que, según el art. 23.2 de la C.E., ha de ejercerse el derecho de acceso a los cargos públicos.”
Llegados a este punto, y antes de pasar al fundamento quinto, cabe resolver todas las cuestiones que he apuntado hasta este momento sin acabar de argumentar. El objeto de ello es que se pueda observar la coherencia de la totalidad de la argumentación presentada. Para mejor exponer la argumentación expondré mi caso real, y utilizaré también datos reales.
En primer lugar, según expresa el Artículo 23.1, tengo derecho a participar en la vida política, en este caso mediante representantes LIBREMENTE ELEGIDOS. Para ello y según mi ideología por la que no puedo ser discriminado según explicita el artículo 14 buscaré entre las candidaturas la que mejor se ajuste a dicha ideología y libremente elegiré que me representen. Ojo, en las condiciones ideales, porque debido a la existencia de la LOREG, ahora debo elegir entre: A) la candidatura que libremente elegiría pero que, debido a la existencia del límite del 3%, tiene posibilidades prácticamente nulas de obtener representación, B) Una candidatura que aunque no se ajuste demasiado a mi ideología, tiene posibilidades de superar la barrera del 3% y obtener representación, aunque la existencia de la Ley de D’Hont le atribuirá una representación mínima y C) una candidatura mayoritaria que no se ajusta a mi ideología pero que en virtud de las discriminaciones que opone la LOREG puede obtener mejor representación en oposición a otra candidatura que defiende intereses contrarios a los míos.
Como ya he dicho el límite del 3% suponía una discriminación en tres vías diferentes. La primera, apriorística se deriva de la disyuntiva que acabo de exponer: El legislador, al imponer la barrera del 3%, establece un condicionante apriorístico que coacciona el voto de los ciudadanos: ¿voto a A o voto a B? (el caso C, al referirse a la Ley de DHont, no lo analizaremos, ya que se analizó en la primera queja que expuse ante la Defensora del Pueblo). Es decir, mi libertad de voto se ve mermada seriamente por dicho factor externo, no se trata ya de elegir al representante que yo quiero, si no al que yo quiero y la ley me permite. No se puede aducir que todos tienen la oportunidad de superar el límite del 3%, pues no es cierto, ya que existe una cierta tendencia agregativa, bien sea por la voluntad popular, bien por factores externos a la misma, lo cual produce una fuga de votos de la candidatura A a la B sólo por el hecho de la existencia de la barrera, lo cual disminuye aún más la probabilidad de que supere dicha barrera.
Ello además entra en contradicción con la propia LOREG, que explicita en su Artículo quinto: “Nadie puede ser OBLIGADO o COACCIONADO BAJO NINGÚN PRETEXTO en el ejercicio de su derecho de sufragio, ni a revelar su voto”. Si se está condicionando el voto a priori, por el hecho de discriminar a los minoritarios, se está coaccionando al elector para que se agregue a los mayoritarios, so pena de no poder participar en la vida política mediante representantes. Con lo cual tampoco se cumple el artículo 68.1 donde se establece que el voto es LIBRE e IGUAL
Pero es que además, la existencia de la barrera supone un segundo condicionante, A posteriori. Las candidaturas mayoritarias, en virtud de su representación y votos obtenidos, consiguen una dotación económica que les permite hacer llegar su mensaje a más gente, lo cual incrementa sus posibilidades de obtener representación, frente a las minoritarias que no lo pueden hacer llegar a tanta gente. El hecho de que en una determinada legislatura, el límite del 3% impida obtener representación a la candidatura A, hara que en los sucesivos comicios esta posibilidad sea menor, ya que no podrán exponer su programa al no poder acceder a los recursos que le proporcionaría la LOREG de haberlo obtenido, por un lado y por otro no podrán exponer su programa en el Parlamento, ni demostrar su capacidad de gestión Por tanto cuanto menor sean sus posibilidades de obtener representación, menor será la posibilidad de exponer sus programas y consecuentemente de nuevo, menor será su probabilidad de obtener representación, en una espiral creciente en el sentido mayoritario y decreciente en el minoritario (esto es válido igualmente para la Ley de D’Hont).
Finalmente, la existencia del límite del 3% supone una discriminación comparativa. Recordemos que el Artículo 139.1 dice “TODOS los españoles tienen los MISMOS DERECHOS y obligaciones EN CUALQUIER PARTE de territorio del Estado.” Es decir que mi derecho a representación es igual independientemente de la circunscripción en que resida. En segundo lugar el artículo 68.1, explicita: “El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por SUFRAGIO UNIVERSAL, LIBRE, IGUAL, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.” Entonces y dado que mi derecho a representación es igual independientemente de la circunscripción, mi voto habrá de ser también IGUAL, según también explicita dicho artículo 68.1. La aplicación del límite del 3%, ahora independientemente del reparto de diputados por cincunscripciones, que también alego como discriminatorio, también tiene un efecto discriminatorio dependiendo donde resida. Recordemos que el porcentaje matemático, es una operación que pone en relación un número constante respecto de una cantidad determinada y que si variamos la cantidad, también variará el número. Esto tiene como consecuencia que si aplico el 3% en mi circunscripción (Barcelona, censo 4.027.998), resulta que el número de electores que resultan sin representación en la candidatura A es de 120.840. Si contrastamos este número con el censo total de, por ejemplo la circunscripción de Teruel, que es de 112.296. Es decir que con un número de votantes superior al censo total de la circunscripción de Teruel, la candidatura A no obtendría representación. Recordemos que no hablamos de objetos diferentes, si no del mismo objeto, el derecho de representación frente a VOTOS IGUALES y de igual derecho independientemente del lugar del Estado. Esto además se agrava por el reparto de diputados por circunscripción, ya que a Teruel le corresponden 3 diputados. Recordemos que el único límite que establece la Constitución a la igualdad, son las circunscripciones electorales. Este límite de por si ya es restrictivo, pero no claramente discriminatorio, mientras que la introducción de la barrera del 3% lo transforma en discriminatorio.
Como última referencia al Fundamento 4, recordar que aparentemente el límite del 3% afecta a una minoría, pero que podría darse el caso nada descabellado, por ejemplo, de diez candidaturas que obtuvieran el 2,5% de los votos, con lo cual nos encontraríamos con UNA CUARTA PARTE de los votantes sin representación por una arbitrariedad del legislador, distorsionando claramente la voluntad popular. El efecto no es tan notorio con una sola candidatura, pero es igualmente grave.
En este fundamento, el TC analiza si la Constitución establece la necesidad de un determinado tipo de proporcionalidad. En la introducción del Fundamento se explica “Cuestión distinta de las exigencias de trato igualitario que acabamos de considerar es la de determinar si del derecho del art. 23.2 de la C.E. no deriva, también, en cuanto exigencia de otra índole, la de establecer un cierto sistema proporcional frente al que pugne la barrera legal del 3 por 100.
Cabe, por tanto, afirmar, en relación a los presentes recursos de amparo, que el genérico derecho subjetivo del art. 23.2 de la Constitución se encuentra ENRIQUECIDO, mediante la vinculación del legislador a ese mandato, establecido en forma de garantía objetiva del ordenamiento electoral, por un contenido normativo adicional, en cuya virtud el concreto derecho de acceder a la condición de Diputado del Parlamento de Cataluña solamente se podrá considerar realizado en su plenitud si se respeta el criterio de la proporcionalidad para la formación, por vía electoral, de dicha Cámara. El problema, una vez aceptada esta dimensión, que adquiere el derecho fundamental en que se basa la pretensión de amparo, consiste en examinar si la exigencia de proporcionalidad, y, por tanto, el mismo derecho fundamental resultan o no vulnerados, al introducirse en el sistema electoral que fue de aplicación el límite del 3 por 100.”. En este punto no comentaremos nada, dado que serían reiteraciones de las argumentaciones expuestas en el Fundamento cuarto.
A continuación introducen la siguiente explicación “En este sentido ha de comenzarse por reconocer que tal exigencia no figura en nuestra norma fundamental, ni en el Estatuto catalán de Autonomía, más que como una opción ante la primera alternativa que ha de despejarse para sentar las bases de un sistema electoral, esto es, la que enfrenta a los criterios mayoritarios y a los proporcionales. Es, sin embargo, bien conocido que no es posible hablar, sin mayor precisión, de «un» sistema de escrutinio proporcional como de algo perfectamente delimitable, de manera unívoca, en todos sus contornos, pues todo lo más que puede apreciarse, en la simple afirmación de tal sistema, es una voluntad de procurar, en esencia, una cierta adecuación entre votos recibidos y obtención de escaños, y ello es algo que ya fue considerado por este Tribunal Constitucional, en su Sentencia 40/1981, de 18 de diciembre, según la cual: «… la representación proporcional es la que persigue atribuir a cada partido o a cada grupo de opinión un número de mandatos en relación a su fuerza numérica. Cualesquiera que sean sus modalidades concretas, su idea fundamental es la de asegurar a cada partido político o grupo de opinión una representación, si no matemática, cuando menos sensiblemente ajustada a su importancia real.» En cualquier caso, la delimitación del sistema proporcional vendrá definida por la existencia de elementos ajenos a la proporcionalidad, esto es, que si existen elementos de un sistema mayoritario englobados en un sistema proporcional, el sistema resultante no es mayoritario ni proporcional, sino mixto, pudiendo ser en sus extremos cuasi-proporcional o cuasi-mayoritario, cuantos más elementos de uno u otro de los sistemas “puros” contengan. La CE introduce los elementos limitativos a la proporcionalidad que el sistema proporcional debe de tener, que son las circunscripciones con una atribución mínima inicial y el número total de diputados en un rango determinado y es a estas limitaciones explícitas y no a otras, a las que el legislador debe atenerse. Si la Constitución explicita que el sistema debe ser proporcional y ya introduce los elementos limitantes a dicha proporcionalidad, cuantos más elementos introduzca el legislador, más alejados nos encontraremos de la Constitucionalidad, máxime cuando dichos elementos están vulnerando los principios supremos y los derechos fundamentales. Porque si la CE hubiera querido que el sistema electoral no hubiera sido ni mayoritario ni proporcional, también lo hubiera especificado o en cualquier caso hubiera introducido las limitaciones a la proporcionalidad que pudieran entrar en contradicción con los derechos fundamentales, de manera que fuera claro que dichas limitaciones son constitucionales. Por tanto todos los elementos ajenos a la Constitución que el legislador introduce para restringir la IGUALDAD, LIBERTAD Y PLURALISMO POLÍTICO, se hayan FUERA del marco constitucional.
En la argumentación del TC que prosigue, encontramos el hecho más grave de todos, “Ello significa que las genéricas directrices constitucionales y estatutarias en favor de la proporcionalidad determina la existencia de un considerable ámbito de indefinición en cuanto al tipo específico de escrutinio, así como en cuanto a la regulación de otros aspectos del proceso electoral; y esta indefinición únicamente puede ser salvada mediante decisiones del legislador, y en la amplia diversidad de soluciones que éste puede adoptar no cabe apreciar sino una confirmación de la naturaleza de las normas, que en otras ocasiones hemos considerado integrantes de un «bloque de la constitucionalidad» como un espacio abierto a distintas posibilidades legislativas, naturaleza que, en cuanto entraña un bien constitucional en sí mismo valioso, lejos de ser debilitada, ha de ser preservada y reforzada por este Tribunal.” Hay que recordar que la Constitución Española, en su Artículo 164.1 referido a las sentencias del Tribunal Constitucional dice “Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el <<Boletín Oficial del Estado>> con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y NO CABE RECURSO ALGUNO CONTRA ELLAS. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, TIENEN PLENOS EFECTOS FRENTE A TODOS.” Entonces nos encontramos en que debido a la existencia de dicho artículo 164.1 en la CE, la introducción de valores no Constitucionales (Gobernabilidad, Eficiencia Administrativa, Excesiva Fragmentación) que laminen los derechos fundamentales, así como su equiparación con los valores supremos en dicha sentencia 75/1985 y otras relacionadas, suponen de facto UNA REFORMA CONSTITUCIONAL ILEGAL Y ENCUBIERTA, ya que no ha seguido los cauces establecidos en los artículos 166 a 169 de la CE ni se encuentra entre las atribuciones del TC realizar reformas constitucionales. Que se estén vulnerando mis derechos constitucionales (y los de otros miles o millones de ciudadanos) es muy grave, pero el hecho de realizar de facto una reforma constitucional sin seguir los cauces legales y escondiendo el hecho de que se ha modificado la letra de la Constitución en un lugar aparte de la Constitución y que este hecho haya sido realizado nada menos que por el organismo que ha de velar por la integridad de la Constitución, ES DE UNA GRAVEDAD EXTREMA. No se puede decir que esto no sea así, ya que en mi queja a la Defensora del Pueblo, expongo la vulneración de mis derechos en base a lo que dice la Constitución, y es cuando se me informa de la existencia de dicha doctrina, que contradice la letra de la CE y que por el Artículo 164.1 de la CE es de obligado cumplimiento cual si del marco constitucional se tratase.
Continúa el fundamento quinto de la sentencia:
“Ni la Constitución ni en este caso el Estatuto catalán, han pretendido, en efecto, introducir, agotando la regulación de la materia, un sistema «puro» de proporcionalidad, y si con tal expresión se entiende que la única opción constitucionalmente válida sería la que atribuyese, sin desviaciones, los escaños de modo exactamente proporcional al porcentaje de votos conseguidos, debe decirse que semejante sistema ni existe entre nosotros, desde luego, ni en el Derecho comparado en parte alguna, ni acaso en ningún sistema imaginable. La proporcionalidad es, más bien, una orientación o criterio tendencial, porque siempre, mediante su puesta en práctica, quedará modulada o corregida por múltiples factores del sistema electoral, hasta el punto que puede afirmarse que cualquier concreción o desarrollo normativo del criterio, para hacer viable su aplicación, implica necesariamente un recorte a esa «pureza» de la proporcionalidad abstractamente considerada. En nuestro ordenamiento, algunos de estos recortes ya aparecen impuestos por la propia Constitución, pues en lo que se refiere a la elección del Congreso de Diputados, el apartado 1 de su art. 68, al regular la composición de la Cámara, implica una evidente restricción al despliegue de la proporcionalidad, que ciertamente será mayor o menor, pero que se producirá en cualquier caso, según decida el legislador ir ampliando desde el número mínimo (300) hasta el número máximo (400) de Diputados que el precepto señala, y esta restricción adquiere más entidad si se tiene en cuenta que, según el apartado 2 del mismo artículo, el número total de Diputados por el que se opte habrá de distribuirse entre las provincias, a las que se determina como circunscripciones electorales, junto a la necesidad de atribuir un número mínimo inicial de escaños a cada una de ellas. Son, justamente, restricciones a la proporcionalidad de la misma índole, aunque no tengan exactamente el mismo alcance, las que derivan de las reglas que, para las elecciones del Parlamento de Cataluña, se establecieron, en cuanto al número de Diputados y su reparto por circunscripciones, en la disposición transitoria cuarta, 2, del Estatuto de Autonomía.”
Efectivamente, la CE no ha pretendido introducir un sistema de proporcionalidad pura, ya que ello, en un sistema representativo, es imposible. De hecho, cualquier sistema representativo que se elija en un sistema multipartidista, por definición es mayoritario, ya que el número de representantes es limitado frente a las posibilidades que definen los electores, con lo cual siempre quedarán electores (la minoría) que se quedarán sin representación frente a la mayoría que si estará representada. Es la diferencia frente a un sistema participativo en que cada elector decide por si mismo, sin intermediarios, con lo cual realmente cada voto vale lo mismo.
Pero esa limitación a la proporcionalidad del sistema representativo, es intrínseca al mismo, otra cosa es que después, en la atribución de los representantes, existan normas limitantes que alejen el sistema de la proporcionalidad “pura” (la posible dentro de un sistema representativo). Como bien dice la sentencia, la propia CE ya introduce limitaciones a la proporcionalidad “pura” (de ahora en adelante nos referiremos como proporcionalidad pura a la posible dentro del sistema representativo), que restringen de manera importante dicha proporcionalidad, como son el número de diputados totales, entre 300 y 400, y la atribución mínima inicial a cada circunscripción. Pero salvo estas limitaciones constitucionales, la propia CE explicita reiteradamente que el sistema será proporcional, es decir, tendente a la proporcionalidad “pura” salvo las limitaciones explícitas, siendo además que dicha proporcionalidad no es sino un reflejo de los valores superiores de la IGUALDAD y EL PLURALISMO POLÍTICO (y en menor grado de la LIBERTAD) y de los derechos fundamentales expuestos en los Artículos 14 y 23, por tanto cualquier criterio limitante de la proporcionalidad que se introduzca a parte de los constitucionales, nos alejará de la proporcionalidad “pura” acercándonos al sistema mayoritario, suponiendo como consecuencia una erosión de los valores supremos de la IGUALDAD y el PLURALISMO POLÍTICO (y accesoriamente de la LIBERTAD).
Refiriéndonos nuevamente a las limitaciones de la proporcionalidad que introduce la CE, para que el sistema por circunscripciones fuera “puramente proporcional”, deberíamos tomar el censo total de electores y dividirlo por el de la circunscripción de menor censo, siendo el resultado que el número de representantes para que exista una igualdad de oportunidades en el derecho de representación sería con los datos del INE para las elecciones del 2011, de 701 diputados, es decir el doble de los existentes y claramente fuera de los límites constitucionales. Es por ello, que, independientemente de cualquier otro factor, el voto de la circunscripción menor valdrá el doble que el de algunas de las demás circunscripciones, lo cual ya nos aleja mucho de la proporcionalidad pura. Si la atribución mínima de representantes es elevada, este hecho se agrava aún más y si introducimos factores limitantes adicionales el resultado es que no podemos hablar de proporcionalidad. No obstante, como se puede observar, de las limitaciones constitucionales, no se observa la tendencia hacia un sistema globalmente mayoritario, si no hacia un desequilibrio entre el valor del voto según las diferentes partes del Estado en que se consideren las elecciones, es decir, no se prima a los partidos si no a los territorios. Es aquí donde se produce pues el factor de Reforma Constitucional de facto de que hablábamos, ya que las limitaciones que introduce el legislador SI QUE SON TENDENTES HACIA UN SISTEMA GLOBALMENTE MAYORITARIO. Es decir, conceptualmente, es totalmente diferente del criterio limitativo constitucional, pero además son contrarios a los preceptos constitucionales claramente establecidos. Es decir, el reequilibrio territorial si que se encuentra expresado claramente en la Constitución, quizás los límites impuestos no son los más adecuados, pero esos es otra discusión, pero lo que también expresa la constitución es que el sistema será proporcional, no mayoritario, y los elementos limitativos que introduce la CE, no son tendentes a limitar el Pluralismo Político, mientras que los introducidos por el legislador (y bendecidos por el TC) SI QUE LO SON y son CONTRARIOS A LO QUE EXPRESA LA CONSTITUCIÓN. Es una diferencia abismal entre ambos conceptos.
Continúa el redactado de la sentencia: “Alteración de la proporcionalidad de otro tipo, y que en nuestro ordenamiento corresponde por entero al legislador, es la que deriva de la necesidad de instrumentar una fórmula matemática para la atribución de escaños en función de los votos obtenidos. Existe una considerable variedad de tales fórmulas y sus efectos, aunque todas ellas estén presididas por el criterio de la proporcionalidad, son bien distintos para ésta; así, en lo que se refiere a la regla DE HONDT, que ha sido la establecida en nuestro régimen electoral mediante el art. 20.4 a) y c) del Real Decreto-ley 20/1977, de su aplicación RESULTA CIERTA VENTAJA RELATIVA -aunque no superior a la de otras fórmulas consideradas igualmente proporcionales- para las listas más votadas, y ello como consecuencia del peculiar sistema de cocientes sucesivos que dicha regla articula.” El TC en este párrafo está reconociendo a pesar de la las partículas minimizadoras CIERTA Y RELATIVA, que la regla de D’HONT es un elemento desequilibrador de la proporcionalidad, siendo tendente al sistema mayoritario (igual que el límite del 3%), y por ello, constitucionalmente debe ser repudiable. No sólo no lo hace, sino que lo justifica.
Y ahora nos referimos a las justificaciones que “inventa” para avalar el hecho de introducir elementos contrarios a la Letra de la Constitución. Bien, el TC interpreta en su doctrina que “En la aplicación de esta regla de Hondt es donde la letra b) del mismo precepto legal ha introducido la exigencia aquí cuestionada, de contar, al menos, con el 3 por 100 de los votos en escaños, existiendo, por tanto, UN EVIDENTE PROPÓSITO DEL LEGISLADOR DE RESTRINGIR, para los partidos o grupos políticos cuyo soporte electoral es más reducido, el acceso al Congreso de Diputados, así como a las Asambleas legislativas de la Comunidades Autónomas, en la medida de la exigencia se ha extendido a su formación, lo que, si se pone en conexión con los efectos ventajosos ya mencionados para los partidos o grupos más votados, confirma la finalidad, que subyace en este conjunto de reglas, de procurar, combinando incentivos y límites, que la proporcionalidad electoral sea compatible con el resultado de que la representación de los electores en tales Cámaras no sea en exceso fragmentaria, quedando encomendada a formaciones políticas de cierta relevancia.” Es decir que el propio TC ya reconoce al inicio de su argumentación que contrariamente a lo que explicita la Constitución cuando dice FACILITAR el acceso de TODOS los ciudadanos a la vida política, el legislador está haciendo lo contrario (que está expresamente prohibido en la Constitución en el mismo artículo 9.2) que es DIFICULTAR O IMPEDIR dicha participación en su plenitud. El hecho de RESTRIGIR el acceso a la representación de los partidos minoritarios, supone entrar en evidente contradicción con el valor fundamental de la PLURALIDAD POLÍTICA, así como es contrario a la proporcionalidad (pura o de cualquier tipo), ya que prima a las mayorías siendo por tanto un elemento de un sistema mayoritario (no de uno proporcional como explicita la CE). Y la explicación que da el TC es que se trata de evitar la “excesiva fragmentación”. Bien, en este punto cabría exponer qué es, según el TC, excesivo. De entrada, volvamos a recordar que uno de los valores de la CE es la PLURALIDAD política y pluralidad significa que está formado por muchos, no por uno o unos pocos. Entonces repetimos, ¿qué es excesivo? ¿5? ¿10? ¿30? La soberanía, recordemos, reside en el pueblo, quien expresará mediante su voluntad cual es la pluralidad que requiere. La voluntad popular, siempre que se mantenga en los límites constitucionales, NUNCA PUEDE SER EXCESIVA.
Pero pese a esta evidente contradicción, el TC no sólo no hace el acto previsto en el Artículo 9.3 de garantizar LA INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD de los poderes públicos, en este caso el legislador, si no que bien al contrario le apoya y lo justifica con la argumentación siguiente: “LA VALIDEZ CONSTITUCIONAL de esta finalidad es lo que justifica, en último término, el límite del 3 por 100 impuesto por el legislador, y esa validez se aprecia sí tenemos en cuenta que el proceso electoral, en su conjunto, no es sólo un canal para ejercer derechos individuales (personales o de grupo) reconocidos por el art. 23 de la Constitución, sino que es también, a través de esta manifestación de estos derechos SUBJETIVOS, un medio para dotar de capacidad de expresión a las instituciones del Estado democrático y proporcionar centros de decisión política eficaces y aptos para imprimir una orientación general a la acción de aquél.” Pero aún va más allá al continuar la argumentación “La experiencia de algunos períodos de nuestra historia contemporánea y la de algunos otros regímenes parlamentarios enseñan, sin embargo, el riesgo que, en relación a tales objetivos institucionales, supone la atomización de la representación política, por lo que no es, por lo tanto, ilegítimo que el ordenamiento electoral intente conjugar el valor SUPREMO que, según el art. 1.1 de la C.E., representa el PLURALISMO -y su expresión, en este caso, en el criterio de la PROPORCIONALIDAD- con la pretensión de efectividad en la organización y actuación de los poderes públicos, por lo que la posibilidad de tal limitación de la proporcionalidad electoral resulta tanto más justificada cuanto que, según hemos visto, no cabe, en rigor, hablar de un derecho subjetivo a la misma sobre la base estricta del art. 23.2 de la C.E.” Es decir, que justifica que un valor supremo como es la pluralidad (e implícitamente reconoce también la igualdad, al citar la proporcionalidad) deba rebajarse para satisfacer una pretensión, que por muy legítima que sea, no es suprema, cuando lo que debería es prever los mecanismos que permitan ejercer la gobernabilidad manteniendo intacta la superioridad de los valores que la Constitución establece como tales. Porque si se rebaja dichos valores al nivel de otros que no lo son, por definición dejan de ser supremos o superiores y como tal deja de tener sentido el Artículo 1.1 de la Constitución y en consecuencia, la totalidad de la Constitución que se basa en dichos valores superiores.
Por otro lado, existen también ejemplos de lo contrario, de que otorgar el Gobierno de manera institucionalizada a una mayoría (de un solo partido o de dos), deviene en una decadencia de la sociedad donde ello sucede, como sucede actualmente en España pero también podríamos citar México o los países del antiguo bloque comunista, Argentina, etc. Por el contrario, en los paises de larga tradición democrática del bloque occidental, desde la II Guerra Mundial hasta la actualidad el 75% de los gobiernos lo han sido en coalición de 2 o más partidos. No parece que les haya ido muy mal, bastante mejor que a nosotros seguro.
Pero no se detienen aún aquí, si no que para justificar su transgresión de la Constitucionalidad, aún dan otro salto mortal y argumentan: “Importa recordar, a estos efectos, que son varios los preceptos constitucionales (arts. 99.3 in fine, 112 y 113.1 básicamente) que pueden comprenderse como expresión de una EXIGENCIA RACIONALIZADORA en la forma de gobierno, y así lo ha entendido este mismo Tribunal en su Sentencia 16/1984, de 6 de febrero, al afirmar que «junto al principio de legitimidad democrática, de acuerdo con el cual todos lo poderes emanan del pueblo y a la forma parlamentaria de gobierno, nuestra Constitución se inspira en un principio de racionalización de esta forma»; por lo que, al servicio de esta experiencia o principio puede perfectamente considerarse que se encuentran también las CLÁUSULAS LIMITATIVAS DEL ESCRUTINIO PROPORCIONAL del mismo tipo que la que examinamos.”. Para el TC la claridad del redactado de los artículos referidos a los derechos no es obvia, mientras que si que es obvio la voluntad de la CE en un aspecto que NO FIGURA EN NINGÚN LUGAR DE LA CONSTITUCIÓN y que ellos infieren mediante unos razonamientos acrobáticos desde unos artículos que, más probablemente tienen el significado contrario al que le dan los magistrados, sin necesidad de salirse de la literalidad constitucional. Es decir, si la Constitución prevé mecanismos para el caso de que sea difícil o imposible formar gobierno, es porque precisamente prevé que de la pluralidad real expresada por la voluntad popular (no la adulterada por la LOREG) pueda darse el caso de que esos mecanismos correctivos sean necesarios, todo lo contrario de lo que argumenta el TC. Es más, en un sistema agregativo y que tiende a primar las mayorías, como el que dice el TC que propugna la Constitución a pesar de que no figura en ningún sitio de la misma, difícilmente serán necesarios dichos mecanismos. Resumiendo los mecanismos no existen para prevenir la fragmentación (no pueden hacerlo de ninguna manera), si no para remediar el problema que puede derivar de la fragmentación debida al respeto de la Pluralidad como valor SUPERIOR.
Además, aunque fuera cierto que esos mecanismos expresan una EXIGENCIA RACIONALIZADORA (yo por mucho que los leo, no veo que expresen ninguna voluntad agregativa y racionalizadora) NO PUEDEN ESTAR POR ENCIMA DE LOS VALORES SUPERIORES, de igual manera que NINGUNA LEY PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE LA CONSTITUCIÓN, QUE ES LA LEY SUPERIOR. Pero es que además, al final del párrafo, vuelven a reconocer que se está LIMITANDO (contrariamente a lo que dice el artículo 9.2 de la CE) la proporcionalidad (contrariamente a lo que dice el artículo 68.2 de la CE) y en consecuencia están discriminando (contrariamente a lo que dice el artículo 14 de la CE) a un grupo de población por el mero hehco de no ser de la mayoría, y todo ello para evitar una “EXCESIVA” fragmentación.
En su afán por justificar lo injustificable, ponen a continuación un ejemplo, “No es difícil, en efecto, percibir que esta cláusula se ha inspirado de modo muy directo, igual que varios de los elementos racionalizadores a que acabamos de hacer referencia, en el precedente de la República Federal de Alemania, donde las candidaturas electorales tienen la necesidad de superar también un porcentaje mínimo de votos -por cierto, superior al que se ha establecido en España, pues allí se trata de un 5 por 100- para tener derecho al reparto electoral. En esta situación, el Tribunal Constitucional Federal ha tenido ocasión de pronunciarse, en una serie de casos análogos al aquí suscitado, sobre la validez constitucional de ese límite, tanto en el plano federal como respecto al ordenamiento de algún Land; y en tales casos, aquel Tribunal siempre concluyó en la validez del límite, considerándolo como garantía legítima de la eficacia de las instituciones parlamentarias, en cuanto tiende a corregir fragmentaciones excesivas en la representación política obtenida mediante la proporcionalidad electoral.” Pues bien, este mismo ejemplo pone de manifiesto la arbitrariedad del límite. En primer lugar, el sistema alemán es totalmente diferente del español, mixto mayoritario en circunscripciones muy pequeñas para un determinado número de diputados y proporcional en circunscripción única para el resto, además de existir otra clausula adicional a la del límite del 5% que son 3 diputados de manera directa en las circunscripciones, por lo cual no es para nada comparable con el español. En segundo lugar, demuestra que la cifra fijada un 3% en España y un 5% en Alemania, es ABSOLUTAMENTE ARBITRARIA. Si el objetivo es evitar un excesivo fraccionamiento, ¿por qué no fijar un 5% como en Alemania o un 10% o un 15%? Muy simple, porque una cifra mayor pondría en evidencia que se trata de una DISCRIMINACIÓN INJUSTA y CONTRARIA AL ARTÍCULO 14 de la CE.
Por tanto, tampoco tiene ningún sentido el otro argumento para justificar la discriminación a los electores que no nos sentimos representados por los partidos mayoritarios, que utiliza el TC en la referida sentencia 75/1985: “Pero es que, además, resulta importante señalar que esos riesgos de fragmentación no se proyectan únicamente sobre el funcionamiento de los órganos representativos, sino, como demuestra también la práctica política, sobre el de las mismas asociaciones a través de las que adquiere realidad la representación y que son, principalmente, como reconoce el art. 6 de nuestra Constitución, los partidos políticos. Los partidos, en efecto, quedan definidos por dicho precepto como sujetos que «expresan el pluralismo político», pero se les atribuye, asimismo, la función de concurrir «a la formación y manifestación de la voluntad popular», siendo, por todo ello, considerados como «instrumento fundamental para la participación política». Aparece claro, así, que en su misma razón de ser tienen inscrita tales asociaciones la tarea de ir agregando diversidad de intereses individuales y sectoriales en proyectos y actuaciones de alcance político, esto es, generales, pues de esta manera, sobre la base de que sean reflejo del esencial principio pluralista, no resulta incongruente con la funcionalidad misma de los partidos exigir, para su acceso a órganos en que también ha de manifestarse la voluntad popular y materializarse la participación, que cumplan por encima de cierto límite esa tarea agregativa.”
Como ya hemos dicho, el hecho de que existan mecanismos que condicionan el voto ANTES de que se produzcan las elecciones, hace que multitud de ciudadanos elijan a su representante, no en función de sus preferencias políticas, ideológicas o sus intereses personales, si no en función de la posibilidad de que sus representantes obtengan un mandato, y esta posibilidad es mayor cuanto más mayoritario es el partido al que deleguen su representación, no porque sean mejores gestores o propongan mejores cosas, sino porque así lo determina la Ley Electoral. Por tanto la labor agregativa que deberían hacer los partidos políticos en la mencionada sentencia, gracias a su buen quehacer o a sus propuestas mejores para el interés social, la realiza la arbitrariedad del Legislador (con la bendición del TC), pervirtiendo totalmente la voluntad popular. Porque ello redunda en una polarización que se incrementa exponencialmente con cada elecciones realizadas, ya que por un lado los partidos minoritarios tienen menos medios para exponer sus propuestas, mientras que los mayoritarios disponen de más medios (por la atribución económica que hace la LOREG en su artículo 175) y por otro lado, los partidos minoritarios tienen pocas o ninguna opción de demostrar sus capacidades gestoras, la bondad de sus propuestas o simplemente su interés real por el interés general, siendo imposible que alguna vez dejen de ser minoritarios y todo ello no por que así lo decide la voluntad popular, si no la voluntad del legislador.
Sólo por poner un ejemplo más que reciente, en fecha 7 de Noviembre, se celebró un debate en el cual sólo participaron los dos candidatos de los partidos mayoritarios, lo cual lesiona GRAVEMENTE la PLURALIDAD política, además de la IGUALDAD y de limitar la LIBERTAD a la hora de elegir los ciudadanos. ¿Como podemos elegir libremente los ciudadanos si sólo conocemos los candidatos que nos impone la LOREG?
Todo ello deviene en una disminución de la Pluralidad Política, que recordemos que la propia Constitución define como uno de los valores SUPERIORES en su PRIMER ARTÍCULO. Además contraviene el Artículo 6 de la CE cuando dice “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y MANIFESTACIÓN de la voluntad popular y son instrumento FUNDAMENTAL para la participación política. Su creación Y EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD SON LIBRES dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.”
Naturalmente, si se admite una ley que vulnere el principio constitucional de la igualdad, el ejercicio de los partidos no será LIBRE, ya que parte de su función es representar a los ciudadanos en las Cortes.
En este punto concluye la sentencia con una reafirmación de la constitucionalidad de las modificaciones introducidas y el fallo contrario al recurso de amparo.
Una vez finalizado el análisis de la sentencia, recordaremos algunos asepctos importantes, como son que en el artículo 9.2 de la C.E. dice que “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la LIBERTAD Y LA IGUALDAD del individuo y de los grupos en que se integra sean REALES Y EFECTIVAS; remover los obstáculos que IMPIDAN O DIFICULTEN su plenitud y FACILITAR la participación de TODOS los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” ¿Cuál es pues el significado de REALES Y EFECTIVAS, qué interpretación le da el TC? ¿Permitir el voto a los electores o permitir que participen en la vida política de manera real a través de sus representantes libremente elegidos? Bien en cualquier caso está claro que el establecimiento de barreras como el límite del 3% o la utilización en el reparto de la Ley de D’Hont, no FACILITAN la participación de los ciudadanos que votamos a partidos minoritarios sino que DIFICULTAN E IMPIDEN dicha participación. ¿Dónde queda entonces el valor SUPERIOR de la IGUALDAD frente a los mayoritarios, a los cuales no sólo se les facilita dicha participación, sino que se les prima por el hecho de ser mayoría, como si el hecho de ser mayoría no les fuera favorable ya de por si, pero en este caso, el hecho de ser mayoría forma parte de la voluntad popular, mientras que la prima que se les otorga, forma parte de la voluntad del legislador. Y si los valores superiores son tanto LA IGUALDAD como EL PLURALISMO POLÍTICO, ¿por que se valora más la agregación (contraria al pluralismo) y para ello se utilizan condiciones que priman la desigualdad? En resumen, ¿quienes son TODOS los ciudadanos, la totalidad de los españoles o la totalidad de los que votan a partidos mayoritarios?
Leyendo lo anterior, parece que a los legisladores y al TC no le son de aplicación el Artículo 9.1 que dice “Los ciudadanos y los poderes públicos ESTÁN SUJETOS A LA CONSTITUCIÓN y al resto del ordenamiento jurídico.” Y como consecuencia de esto, carece de sentido el Artículo 9.3 cuando dice “La CONSTITUCIÓN GARANTIZA el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD DE LOS PODERES PÚBLICOS.” Es decir, que el Tribunal Constitucional, que debería defender los derechos de los ciudadanos frente a la arbitrariedad del legislador, no sólo no lo hace si no que prima unos valores que no figuran en ningún lugar de la Constitución y que, aún en caso de figurar no podrían estar por ENCIMA de los valores SUPERIORES: Igualdad, Libertad, Justicia y Pluralismo Político.
Otro aspecto de la sentencia 75/1985 del TC que conviene remarcar, es el hecho de que digan que la Constitución propugna que parte de la función de los partidos sea agregar la voluntad popular. Eso, en si tiene sentido, pero no como lo plantea el TC si no como lo plantea la propia Constitución: Se debe respetar la pluralidad política, expresión de la libertad de los ciudadanos a la hora de elegir y son después los partidos que han recibido el mandato quienes deben agregar la voluntad ciudadana en las Cortes, negociando acuerdos de gobierno, de lo cual resultará la gobernabilidad, no ANTES de que los ciudadanos hayamos podido elegir libremente, sin coacciones quien queremos que nos represente. Y si la voluntad popular quiere que haya una excesiva fragmentación que imposibilite los acuerdos de gobierno, ¿quienes son el legislador o el TC para contradecir a dicha voluntad popular? O es que acaso el TC y el Legislador están por encima de la Constitución y de su artículo 1.2 “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.” O del Artículo 6 “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y MANIFESTACIÓN de la voluntad popular y son instrumento FUNDAMENTAL para la participación política. Su creación Y EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD SON LIBRES dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.” Recordemos que la propia Constitución establece los mecanismos necesarios para el caso de que del valor supremo de la Pluralidad Política, si la decisión de la voluntad popular resulta en una excesiva fragmentación que impida la Gobernabilidad, al contrario de lo que interpreta el TC en su sentencia.
HECHOS DENUNCIADOS EN MI QUEJA DE 4 DE OCTUBRE DE 2011 CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 11020307
En primer lugar, la Ley Electoral, en su Artículo 162 distribuye los Diputados atribuyendo un número inicial de DOS diputados a cada circunscripción, independientemente del censo de dicha población. Ello supone que circunscripciones poco pobladas requieran menos votos que las más densamente pobladas, como es el caso de la que yo resido. Ello es claramente un discriminación a favor de las circunscripciones poco pobladas contrariamente a lo que predica la Constitución en su Artículo 14, además de carecer de justificación. ¿Por qué 2 y no 1 o ninguno? Es obvio que se trata de una adjudicación arbitraria, carente de cualquier justificación, ya que los representantes elegidos, legislan para todo el ámbito que les compete (Estatal, Autonómico o Municipal) debiendo ser elegidos en igualdad de condiciones en dicho ámbito. Por poner un ejemplo, si se sube el IVA se sube en todo el Estado o si aumenta la edad de jubilación, se aumenta en todo el Estado, independientemente de que residas en una circunscripción densamente o poco poblada. Por tanto a la hora de elegir dichos representantes para que decidan subir el IVA o la edad de jubilación, debería ser en igualdad de condiciones para las circunscripciones poblada como para las no pobladas.
COMO CONCLUSIÓN, el motivo de mi demanda de recurso de amparo se fundamenta en los siguientes hechos:
La LOREG vulnera mis derechos fundamentales establecidos en el Artículo 14 de la Constitución, según expongo en la argumentación precedente y según expuse en mi queja a la Defensora del Pueblo, con Número de Expediente 11020307.
La vulneración realizada en el punto precedente por la LOREG, tiene como consecuencia una segunda vulneración, en este caso del Artículo 23 de la Constitución, dejándome sin representación y lo que es peor, otorgándole mi representación a otros grupos que defienden intereses contrarios a los míos, según explicito en la argumentación.
Resolver la situación expuesta en los puntos 1 y 2, corresponde a los poderes públicos (en este caso el Legislativo y el Ejecutivo), según explicita el Artículo 9.2 de la Constitución.
Esta situación de vulneración de los derechos constitucionales por parte de la LOREG, viene perpetuándose desde la promulgación de la misma en 1978, sin que los sucesivos Gobiernos y Parlamentos hayan hecho nada por resolverlo, a pesar de su conocimiento de la misma, antes bien, las sucesivas reformas que se han realizado de la LOREG han agravado la situación en vez de paliarla.
Que según el artículo 164.1 referido a las sentencias del Tribunal Constitucional dice “Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el <<Boletín Oficial del Estado>> con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y NO CABE RECURSO ALGUNO CONTRA ELLAS. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, TIENEN PLENOS EFECTOS FRENTE A TODOS.”
Que en base al punto anterior, la introducción en la sentencia 75/1985 y otras referidas al derecho fundamental definido en el artículo 23, puntos 1 y 2, de elementos ajenos a la CE y contrarios a la letra de la Constitución, a la vez que la equiparación de dichos elementos a los valores supremos, suponen de facto una Reforma Constitucional encubierta, ya que según el punto precedente los nuevos elementos introducidos quedan vinculados de manera definitiva a la Constitución cual si de nuevos artículos se tratase.
Que los elementos introducidos incumplen de manera clara el Artículo 5 1 de la LOPJ “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las Leyes y los Reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.” En cualquier caso una interpretación no puede suponer una modificación de la norma suprema, si no es siguiendo los cauces establecidos para ello.
Que dicha Reforma Constitucional de Facto es contraria a la legalidad debido a no haber cumplido los cauces establecidos en la Constitución en los artículos referidos al procedimiento de la Reforma Electoral (Artículos 166 a 169 de la CE) y no se encuentra entre las atribuciones del TC, establecidas tanto en la CE, como en la LOTC, por lo cual debe declararse ILEGAL y ser sometida a revocación.
Que la disolución del Parlamento derivada de la convocatoria de las Elecciones Generales en la fecha del 20 de Noviembre de 2011, según establece el Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones., sin que anteriormente se hayan producido la restitución de mis derechos por parte de los poderes públicos, a pesar del conocimiento por parte de los mismos de esta GRAVE situación, como demuestra la constitución de una Comisión Interparlamentaria para analizar la reforma de la LOREG y su adecuación a una mayor proporcionalidad, constituye por si mismo la vulneración de mis derechos constitucionales por la vía de hecho, por la perpetuación de la situación de discriminación reiterada sin resolución, lo que motiva mi demanda de amparo en los plazos contemplados por la Ley, aun sin considerar mi queja previa a la Defensora del Pueblo por este mismo motivo.
Es de ESPECIAL TRANSCENDENCIA CONSTITUCIONAL la resolución de los hechos denunciados, ya que en caso contrario quedaría patente que la Constitución, a pesar de lo que establece en su Artículo 9.3, es incapaz de garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos, con lo cual quedaría en evidencia una situación en que la Constitución es un simple documento de buenas intenciones y no la piedra angular del Estado de Derecho .
Las consecuencias del punto 7, incluso sin considerar que nos hayamos en un momento de grave crisis económica y social, con una gran parte de la ciudadanía reclamando la restitución de sus derechos constitucionales por los mismos motivos que expongo, SON INVALUABLES, pero en cualquier caso, EXTREMADAMENTE NEGATIVAS para el conjunto de la sociedad española.
Por tanto, SOLICITO a la Defensora del Pueblo, que en cumplimiento de su mandato Constitucional establecido en el Artículo 54 de la Constitución, defienda la restitución de mis derechos establecidos en los artículos 14 y 23.1, ya que el incumplimiento por parte de los poderes públicos de su mandato constitucional establecido en el Artículo 9.2 de garantizar mis derechos, se ha incumplido nuevamente al disolver el Parlamento y convocar unas Elecciones Generales sin haber resuelto previamente esta situación de vulneración que ya podemos considerar como endémica y que junto con la ILEGAL Reforma Constitucional de facto realizada por el Tribunal Constitucional, pone en grave riesgo al Estado de Derecho:
Solicite la paralización INMEDIATA del Proceso Electoral en curso.
Estudie y revise la argumentación que presento y solicite la REVOCACIÓN de la arbitraria y tendenciosa “doctrina” del Tribunal Constitucional sobre los derechos fundamentales contemplados en el artículo 23, que supone de facto una Reforma Constitucional ilegal ya que no ha seguido los trámites y procedimientos establecidos en la CE y no se halla entre las atribuciones del TC..
La redacción por quien corresponda de una nueva ley Electoral, respetuosa con los derechos fundamentales Constitucionales.
La continuación del Proceso Electoral, con la nueva ley electoral y donde pueda ejercer mis plenos derechos constitucionales.
Comprendo que mis peticiones pueden parecer desproporcionadas a primera vista, pero no sólo no son desproporcionadas si no que en el caso de que en justicia se me reconozcan mis derechos, evitarían situaciones más complicadas y de más riesgo social.
XXXXX, 14 de Noviembre de 2011.
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