Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-603-16.htm
Timestamp: 2018-12-13 21:55:07
Document Index: 293168433

Matched Legal Cases: ['artículo 91', 'artículo 34', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 34', 'artículo 91', 'artículo 67']

ARTICULO 91. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA. En cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión de la personería jurídica o al cierre temporal de los locales o establecimientos abiertos al público, de personas jurídicas o naturales, cuando existan motivos fundados que permitan inferir que se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de actividades delictivas.
5. En efecto, el artículo 91 (parcial) de la Ley 906 de 2004 – cuestionado -autoriza a la fiscalía a solicitar las medidas de suspensión de la personería jurídica y de cierre temporal de locales o establecimientos abiertos al público, bajo las condiciones allí previstas, pero omite reconocerles la misma facultad a las víctimas. La Corte advierte, por otra parte, que una regulación similar en lo relevante está contenida en el inciso 1º del artículo 34 de la Ley 1474 de 2011 ‘Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública’. Esta última norma, tal como fue modificada por la Ley 1778 de 2016, dice en lo pertinente: “las medidas contempladas en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004 se aplicarán a las personas jurídicas que se hayan buscado beneficiar de la comisión de delitos contra la Administración Pública, o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público, realizados por su representante legal o sus administradores, directa o indirectamente”. Como se observa, dispone que las medidas de suspensión de la personería jurídica y cierre temporal de locales o establecimientos abiertos al público, mencionadas en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004, pueden aplicarse a las personas jurídicas que hayan buscado beneficiarse de delitos contra la administración pública o relacionados con el patrimonio público, y realizados por su representante legal o sus administradores. La norma remite expresamente al artículo 91 de la Ley 906 de 2004, acusado en este proceso, y no incluye de forma explícita a las víctimas entre los legitimados para solicitar las medidas allí previstas. Por lo cual puede decirse que el artículo 34 inciso 1 de la Ley 1474 de 2011 reproduce en lo relevante el cuestionado artículo 91 de la Ley 906 de 2004, y en consecuencia la Corte lo integrará al juicio.
7. La demanda, las intervenciones y el Concepto Fiscal le plantean a la Corte el siguiente problema jurídico: ¿Incurre el legislador en una omisión legislativa relativa, violatoria de los principios constitucionales de igualdad (art 13), defensa (art 29) y acceso a una justicia efectiva (arts. 2, 228 y 229), cuando autoriza a la Fiscalía para solicitar, bajo ciertas condiciones previstas en la ley, en cualquier momento y antes de la acusación, la suspensión de la personería jurídica o el cierre de locales o establecimientos abiertos al público, pero no incluye una facultad equivalente para las víctimas, en un contexto en el cual estas medidas podrían dictarse en beneficio de la sociedad en general y, por su impacto, desatarían el derecho de los afectados a contar con un debido proceso? Para resolver esta cuestión, la Corte en primer lugar expondrá el contenido de la norma, y luego se referirá a los cargos sintetizados en el problema jurídico.
[29] Se refiere a la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dictada el 9 de diciembre de 2014, SP16740- 2014, Radicación n° 41369 (MP. María del Rosario González Muñoz).
[30] El fallo de casación dice en lo pertinente: “Pide el letrado declarar la extinción de dominio y el comiso de la sociedad TRASAN S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal de 2000, dado que dicha empresa sirvió́ de instrumento para cometer la conducta punible”.