Source: https://castbox.fm/channel/id2131236?skip=0&limit=56
Timestamp: 2020-08-07 05:54:56
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Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 39', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 42', 'artículo 17', 'artículo 69', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 21']

Conexión Fiscal | Listen Free on Castbox.
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Programa donde el análisis y la opinión se conectan para entender mejor el entorno fiscal de nuestro país y la dinámica gubernamental en el establecimiento de su política económica.
"En la entrevista con nuestro invitado especial el L.D. y M.D.L. Mario Saucedo Montemayor, Socio Director de la firma legal Santos Saucedo y Presidente de la ANADE Sección Nuevo León, tuvimos la oportunidad de analizar las implicaciones legales que derivan tanto de la declaratoria de “Emergencia Sanitaria”, como de la declaratoria de “Contingencia Sanitaria” prevista en el artículo 42 Bis de la Ley Federal del Trabajo (LFT).Es un hecho notorio la situación actual que atraviesa el mundo global con motivo de la pandemia por la enfermedad generada por el virus SAR-CoV2 (COVID-19), no obstante que tal situación fue confirmada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pasado 11 de Marzo de 2020.Sin embargo, las autoridades mexicanas adoptaron la postura por emitir una declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, esto es, la suspensión laboral temporal por fuerza mayor no imputable al patrón, a través de la cual se estableció la obligación de conservar las relaciones de trabajo mediante el pago de un salario íntegro a sus trabajadores.De ahí que varios establecimientos y/o empresas han tenido que recurrir a diversas alternativas laborales para seguir manteniendo las relaciones de trabajo con sus trabajadores y otras más, se han visto en la necesidad de dar de baja a sus trabajadores, ante la falta de insolvencia y liquidez, situación que pone en riesgo los derechos de los trabajadores. En hora buena, se tocan ciertas recomendaciones que nuestro especialista ha realizado a aquellos patrones que se encuentran en una situación complicada para sobrellevar la paralización a la economía nacional y al mismo tiempo cumplir con sus obligaciones tanto civiles, tributarias e incluso con sus trabajadores."
"En la entrevista con nuestros invitados especiales, el Dr. Jorge Castañeda González y el C.P. y L.D. Luis Fernando Arnaiz Lara, especialistas en la materia legal y fiscal, tuvimos la oportunidad de abordar la situación actual desde una perspectiva crítica y objetiva, fuera del contexto político. Partiendo del Plan de Recuperación Económica con motivo de la Pandemia, presentado por el Ejecutivo Federal, el pasado 05 de Abril de 2020.Si bien, como parte del plan de reactivación económica en nuestro país, el Gobierno Federal asumió la postura en la que dará prioridad al rescate de los sectores más vulnerables de la población, así también el apoyo a las mico y pequeñas empresas, anunciando un fondo de 25 mil millones de pesos.Sin embargo, a través de medios de comunicación y redes sociales, se deja entrever el resentimiento social de aquellos sectores excluidos dentro del “Plan de Recuperación Económica”, en ese sentido, en representación del sector empresarial y productivo de nuestro país, el Sr. Carlos Salazar, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCC), alza la voz en defensa de los intereses de los empresarios mediante propuestas de apoyo económico y financiero entre las mismas cámaras empresariales.Gran controversia se creó ante la solicitud realizada por la iniciativa privada, en el sentido de considerar como parte del plan de recuperación económica, la suspensión en el pago de contribuciones, y su diferimiento, o pago en parcialidades echando mano de la facultad a cargo del Ejecutivo Federal. En entrevista con nuestros invitados especialistas en la materia, se comentó el estado que guarda la demanda de Amparo Indirecto que dio origen al expediente judicial 293/2020 radicado ante el Juzgado de Distrito con residencia en el estado de San Luis Potosí. Un medio extraordinario al alcance de todos los gobernados mediante el cual se reclamó la inconstitucionalidad de la omisión de respetar y acatar el contenido del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de emitir resoluciones de carácter general relacionadas con las acciones de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, en caso de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias."
"En entrevista con nuestro invitado especial, el Lic. Jacob Olvera Zuñiga, especialista en el tema fiscal y financiero, nos comparte sus conocimientos en la materia, partiendo desde el tratamiento fiscal, contable y financiero que se les debe tratar a las operaciones con activos virtuales, así como las medidas y procedimientos mínimos para la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.A pesar de que se pueden comprar bienes y servicios con activos virtuales, el Banco Central no busca restringir el uso de tecnologías como registros distribuido o cadena de bloques. Pues, la regulación no impide que otras empresas distintas a las instituciones financieras puedan ofrecer servicios relacionados con activos virtuales, como el caso de servicios de compra y venta, aunque, los tenedores de activos virtuales suelen no gastarlos debido a sus expectativas de ganancias futuras. Es decir, las personas pueden comprar activos virtuales con el fin de venderlos después de un período de tiempo para obtener una ganancia, dándoles un uso similar a un activo financiero sin que este lo sea.Debido a la facilidad para transferir los activos virtuales a distintos países, así como la ausencia de controles y medidas homogéneas a nivel global para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las personas y entidades que ofrecen la compra y venta de dichos activos, la operación con estos activos representa un riesgo considerable en esta materia.En México, es muy sencillo adquirir activos virtuales, situación que propicia el involucramiento de recursos de procedencia ilícita, aunado a la afectación al Fisco Federal por la omisión en el pago de contribuciones con motivo de las ganancias que se generaron por la operación de compra y venta del activo virtual.Las personas que se encuentran en la informalidad, las cuales manejan grandes cantidades de efectivo, tienen la posibilidad desde una transacción electrónica o un depósito a través de una tienda de autoservicio convertir el recurso a un activo virtual mediante transacciones realizadas a entidades jurídicas extranjeras. Ante la ausencia de controles homogéneos, es que se da el riesgo que las operaciones con activos virtuales puedan ser utilizadas para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Pues, de ser así, el retorno de esos recursos pudiesen estar disfrazados como un proyecto de inversión extranjera, a través de una empresa de financiamiento colectivo, misma que tiene por objeto participar en diferentes proyectos de inversión, por lo que, bajo una expectativa de riesgo en lavado de dinero, es un ejemplo que al final del día, lleva a cabo la reintegración de aquellos recursos ilícitos a la economía formal.Ante la necesidad por parte de las autoridades supervisoras e investigadoras en materia de prevención de lavado de dinero en nuestro país¸ se trata de poner especial atención a este tipo de actos u operaciones con activos virtuales, ya que sí bien, constituye una actividad vulnerable, no menos cierto es que sus particularidades permiten ser blanco fácil para convertirse en vehículos que conduzcan a la comisión de actos ilícitos y conductas delictivas., al no existir una regulación específica en materia fiscal, en cuanto al tratamiento fiscal que le corresponde, por lo cual se propicia el escenario para el lavado de dinero y evasión fiscal."
"En entrevista con nuestro invitado especial, el Lic. Jacob Olvera Zuñiga, Ex Delegado de la PRODECON en el Estado de Tamaulipas y Quintana Roo y Director General de Acuerdos Conclusivos en la PRODECON en la CDMX, nos comparte sus conocimientos en el tema financiero y fiscal con respecto a la coordinación interinstitucional que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en materia de PLD. Las facultades y atribuciones conferidas a esa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se encuentran previstas en el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, entre las cuales, destaca la capacidad técnica para prevenir e inhibir el tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como tales, corrupción, narcotráfico y evasión fiscal, mismas que conllevan a movimientos inusuales de efectivo en nuestro país. Sus antecedentes tienen un comienzo dentro del ámbito internacional. En el año 1989, se crea el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por países miembros del G7. Hasta el año 2000, México se incorpora a formar parte de este organismo intergubernamental. De ahí, el espíritu internacional que conserva la UIF, el cual va sobre cuestiones de carácter meramente internacionales.Por lo tanto, sí el bloqueo de una cuenta descansa en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional, su actuación es legalmente válida, así lo ha reconocido jurisprudencialmente la SCJN. Caso contrario, sí el bloqueo de la cuenta deriva de un procedimiento doméstico, es patente la ilegalidad de su actuación, al existir una unidad de inteligencia financiera adscrita a la FGR que cuenta con atribuciones para tales supuestos.Las autoridades encargadas de la supervisión en el régimen nacional de PLD, atienden a recibir reportes por parte de las entidades financieras y avisos por parte de los sujetos obligados que realicen actividades vulnerables, a fin de provocar alertas las cuales den soporte a la apertura de expedientes en el cual se emite un acuerdo por el cual pasan a ser integrantes de una Lista de Personas Bloqueadas. Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la SHCP les informe mediante una Lista de Personas Bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La Lista de Personas Bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos u operaciones que pudieran involucrarse recursos de procedencia ilícita, o financiamiento al terrorismo.Sobre este punto en particular, durante la entrevista se comentaron diversos puntos esenciales, como la inconstitucionalidad de este tipo de actuaciones, al considerarse que las mismas invadían las esferas de competencia, pues, la UIF al ser una unidad administrativa, no tiene atribuciones de autoridad investigadora y persecutora de delitos, tal como el Ministerio Público Federal.Por último, se señalan de manera subsecuente se todas y cada una de las etapas a desahogar a cargo de las autoridades encargadas de la supervisión, detección y combate al delito de LA/FT, desde el inicio de facultades de comprobación que culminen con la determinación de un crédito fiscal, pasando por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) encargada de la cuantificación de la afectación al Fisco Federal, ya sea por la omisión de contribuciones o bien, con la deducción y/o acreditamiento de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. Expediente fiscal que de manera paralela es remitida a la UIF, para que ésta, solicite información financiera a las entidades financieras a través del CNBV, con el propósito de formular querella ante la FGR, y particularmente, a la SEIDO, unidad especializada en investigación en delincuencia organizada, la cual esta facultada para realizar una investigación de carácter penal. "
"En entrevista con nuestro invitado especial, Iñaqui Alenkar Martínez Cedillo, Asesor Patrimonial de Coberturas Vitales Consultores, S.C., tuvimos la oportunidad de comentar todos los aspectos relacionados con el “Seguro de Hombre Clave”, sus aspectos fiscales y su nivel de protección en las finanzas del negocio. El objetivo primordial del “Seguro de Hombre Clave” consiste en ofrecer una estabilidad económica a mediano y largo plazo en una organización, toda vez que ésta pudiera verse colapsada en el tema de sustentabilidad y rendimiento, ante la ausencia de la persona clave que, por su indispensabilidad, su reemplazo no sería inmediato, lo cual implicaría una carga económica para la negociación, ante el imprevisto de hacer frente a la situación con recursos no presupuestados, por ende, un impacto negativo en las finanzas de la empresa.Además, nuestro especialista en temas de asesoría patrimonial, nos comparte en entrevista, el tratamiento fiscal que surge de la contratación del “Seguro de Hombre Clave” a través de la deducción autorizada de los pagos de primas por seguros que tengan como fin resarcir al contribuyente (Contratante-Empresa) de la disminución que en su productividad pudiera causar la muerte y/o incapacidad del técnico o dirigente, el cual deberá tener una relación de trabajo con la empresa, o ser Socio y/o Accionista. Otro de los temas que surge alrededor del “Seguro de Hombre Clave” atiende al tema del financiamiento mediante una proyección de reinversión a mediano y/o largo plazo de los recursos asegurados, en aras de contribuir a la expansión del negocio, misma que deberá estar anticipadamente, respaldada en una estrategia operacional firme. Al concluir con el tema, nuestro invitado especial, nos aporta distintos matices que pudieran derivar de la contratación del “Seguro de Hombre Clave”, tanto en beneficio para los Socios y/o Accionistas de la empresa, como para el Hombre Clave en la organización, garantizando prestaciones laborales superiores a la establecidas en Ley, hasta garantizar la dirección de la empresa, por los mismos Socios y/o Accionistas Fundadores."
"En la entrevista con nuestros invitados especiales, el Dr. Jorge Castañeda González y el C.P. y L.D. Luis Fernando Arnaiz Lara, ambos con una amplia trayectoria y experiencia profesional en la materia, tuvimos la oportunidad de realizar una análisis crítico y objetivo del fin perseguido por el legislador en la aplicación e implementación de la Cláusula General Anti abuso en nuestro sistema jurídico fiscal mexicano, del cual se percibe una incertidumbre e inseguridad jurídica entre los contribuyentes.Básicamente, al adicionarse el artículo 5-A al Código Fiscal de la Federación (C.F.F.) se busca que aquellos contribuyentes que realizan estrategias fiscales para aminorar la carga fiscal, no dejen de contribuir al gasto público mediante el uso del abuso del derecho, y así, evitar la disparidad entre la causación de los impuestos de los contribuyentes.En el ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad fiscal, podrá presumir, salvo prueba en contrario, que los actos jurídicos carecen de una razón de negocios con base en los hechos observados en el procedimiento de fiscalización y elementos valorados, es decir, cuando el beneficio económico cuantificable, razonablemente esperado, sea menor al beneficio fiscal. Subrayando, la consecuencia connatural fiscal que lleva a cabo una operación.Asimismo, la autoridad fiscal, podrá presumir, salvo prueba en contrario, que una serie de actos jurídicos carecen de una razón de negocios, cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor numero de actos jurídicos y el efecto fiscal hubiera sido más gravoso. Con ello se evita el beneficio gravoso fiscal que busca el contribuyente a través de esas operaciones, por ejemplo, la amortización de una pérdida, una deducción, o un ingreso no gravado que, derivado de los efectos fiscales de las operaciones, se encontraba permitido en las disposiciones fiscales. Pues, la finalidad de la disposición legal atiende a buscar un equilibrio entre el beneficio económico y el beneficio fiscal. No obstante, no existen implicaciones penales, pero se combate a la elusión fiscal.Sin embargo, existe incertidumbre jurídica para aquellas operaciones que fueron realizadas con anterioridad a su entrada en vigor, es decir, mediante su aplicación retroactiva, surgiendo un debate en el sentido de determinar si se trata de una norma de procedimiento o una norma sustantiva.De tal manera, nos encontramos en presencia de una norma que faculta la autoridad a re caracterizar o darle efectos fiscales distintos al acto jurídico, ya que el hecho imponible viene a ser cambiado a consecuencia de su aplicación. No obstante, el concepto de “Razón de Negocios” viene a ser un concepto indeterminado, es decir, es tan amplio, que esta norma se maneja en base a presunciones, que admiten prueba en contrario."
"En entrevista con nuestro invitado especial, el Christian Nazael García Olalde, Delegado de la PRODECON en Nuevo León, tuvimos la oportunidad de comentar y analizar los momentos oportunos para que los contribuyentes que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado definitivo del artículo 69-B del C.F.F., puedan acreditar ante la propia autoridad fiscal que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparen los comprobantes fiscales o bien procedan a autocorregir su situación fiscal mediante la presentación de declaración complementaria, no sin antes agotar las oportunidades a través de los cuales se les permite a los contribuyentes acreditar la materialidad de sus operaciones.En ese sentido, la PRODECON ha emitido diversas recomendaciones sistémicas y criterios sustantivos con el fin de salvaguardar los derechos de los contribuyentes, pues, no obstante que, no existe una notificación personal y directa para aquellos contribuyentes que deducen operaciones simuladas (EDOS), y en consecuencia, se encuentren fuera de los treinta días siguientes a la citada publicación para acreditar la materialidad de las operaciones, no significa la pérdida de del derecho de los receptores para demostrar la efectiva realización de aquellas. El primer momento, precisamente, se encuentra en el quinto párrafo del artículo 69-B del C.F.F., que señala que los terceros que hayan dado cualquier efecto fiscal a dichos comprobantes, tendrán un plazo de treinta días siguientes a la publicación del listado definitivo para demostrar ante la autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o bien, corrigieron su situación fiscal.El segundo momento, puede producirse cuando concluido el plazo mencionado de treinta días, alguna autoridad emite una carta invitación para que los contribuyentes aclaren su situación o bien se regularicen. En este supuesto pueden ejercer el derecho para acreditar dicha materialidad de las operaciones o autocorregirse, empero si no lo hacen, tampoco precluiría este derecho para acreditar la materialidad de las operaciones o autocorregirse, puesto que dichas cartas invitación no representan una afectación, al no ser impugnables por no constituir un acto de autoridad.El tercer momento para el contribuyente pueda demostrar la materialidad de las operaciones declaradas inexistentes, es cuando la autoridad ejerce sus facultades de comprobación previstas en el artículo 42 del C.F.F., es decir, al momento en que se instaure el procedimiento fiscalizador respectivo.Sin embargo, existe otro momento adicional, el cuarto momento, a través del acuerdo conclusivo. La PRODECON como mediador en el procedimiento y salvaguardor de los derechos del contribuyente, conmina a la autoridad fiscal a que valore la información y documentación proporcionada por el contribuyente para acreditar que efectivamente se realizaron las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales.Por último, el artículo 17H Bis del C.F.F., abre la puerta a uno más, otro momento oportuno para presentar información y documentación que atienda a subsanar las irregularidades detectadas, o bien para desvirtuar las causas que motivaron la restricción temporal del certificado del sello digital. Subrayando el hecho de que dicho procedimiento es totalmente independiente al establecido en el artículo 69-B del C.F.F."
"En entrevista con nuestro invitado especial, el C.P. Javier Torres Coppel, Asesor Independiente, tuvimos la oportunidad de entrar al estudio y debate de la disposición normativa que establece la obligación de retención del 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada, establecida en la fracción IV del artículo 2-A de la del LIVA, para aquellas personas morales y personas físicas con actividades empresarial que recibieran servicios, pero ¿A que tipo de servicios se refiere esta disposición fiscal?Dada la incertidumbre que ha generado la disposición en referencia, al señalar que la retención aplica a los servicios a través de los cuales se ponga personal a disposición del contratante, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer a través de su Portal de Internet, la primera versión anticipada del Anexo 7 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, en la cual se incluye el Criterio Normativo 46/IVA/N Retención del 6% al Impuesto al Valor Agregado a que se refiere la fracción IV del artículo 1-A de la LIVA.Dicho criterio se emitió con objeto de precisar los casos en que los servicios estarán sujetos a la referida retención. Para tal fin, el criterio establece que cuando una persona moral o una persona física con actividad empresarial reciba servicios en los que ponga personal a su disposición, habrá retención cuando las funciones del personal sean aprovechadas directamente por el contratante o por una parte relacionada de éste. En caso contrario, no habrá retención si los servicios prestados por el personal del contratista son aprovechados directamente por el propio contratista.De esa manera, se incorpora un elemento adicional para hacer la calificación de los servicios que sean recibidos para efectos de determinar la obligación de la retención, pues depende de quién “aproveche” las funciones del personal que es puesto a disposición del contratante. Sin embargo, es claro que dicha disposición legal sigue causando incertidumbre entre los contribuyentes en cuanto a su aplicación a situaciones particulares."
"En entrevista con nuestro invitado especial, el Dr. Enrique Javier Macias Rodríguez, tuvimos la oportunidad de comentar y analizar todas y cada una de las particularidades que distinguen el sistema de pensiones en nuestro país, tanto para el régimen anterior vigente hasta el 01 de Julio de 1997, como el esquema actual de pensiones que atiende a responsabilizar a los trabajadores de realizar aportaciones a sus cuentas individuales para su retiro.Sin embargo, los llamados trabajadores del régimen de transición tenían la opción de elegir entre una pensión mediante una Afore o una pensión del IMSS, de acuerdo con el artículo noveno transitorio de la Ley de Afores; dando la oportunidad a los trabajadores de elegir entre el régimen de pensiones que le resultara más conveniente. Para las jubilaciones con la antigua Ley del IMSS, el cálculo de las pensiones se hizo conforme al artículo de 33 de la citada norma, el cual establece que el límite máximo para las pensiones o jubilaciones debe ser de 10 salarios mínimos. No obstante, el artículo 28 transitorio de la Ley del Seguro Social que entró en vigor a partir de 1997, tras la creación de las Afores, abre la posibilidad de que los trabajadores que coticen en la Ley de Afores obtengan una pensión de hasta 25 salarios mínimos al mes, siempre y cuando elijan pensionarse conforme a las reglas y cotizaciones de la nueva norma; es decir, que se cumpla con las semanas y los montos que exige la Ley de Afores para otorgar una pensión por vejez o cesantía por edad avanzada.Debido a lo anterior, trabajadores que cotizaron en ambos sistemas solicitaron, bajo el argumento de la ley más favorable a sus derechos, solicitaron pensionarse conforme a la antigua Ley del IMSS, pero con el límite máximo de los 25 salarios mínimos que prevé la nueva norma del Seguro Social."
En entrevista con nuestro invitado especial, el Mto. Luis Alejando Casarín López, abordamos los temas que forman parte de los nuevos cambios fiscales para este año 2020, los cuales sirven a la autoridad fiscal para dotarla de mayores herramientas y mecanismos para la vigilancia, supervisión y fiscalización de aquellos contribuyentes que no cumplen correctamente con sus obligaciones fiscales. Con ello, se pudieran estar vulnerando derechos de los pagadores de impuestos, pues, en cada actuación de los contribuyentes, ésta se presume realizada de buena fe, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente.El primer mito y/o realidad para este 2020, se trata del requisito de “Fecha Cierta”, misma que surge con motivo de la publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la Jurisprudencia: 2a./J. 161/2019 (10a.), resuelta por Contradicción de Tesis 203/2019., en la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que con la finalidad de otorgar eficacia probatoria a los documentos públicos, en el ejercicio de facultades de comprobación, éstos deberán contener fecha cierta. Pareciera ser, que, al exigirles a los contribuyentes el cumplimiento de un requisito meramente formal, en esa medida atiende a limitar a las autoridades fiscales para efectuar la valoración de actos u operaciones que de manera concatenada acreditan la materialidad de la operación. Es decir, el requisito de fecha cierta, restringe el alcance probatorio del resto de las pruebas que, aun indiciariamente, pueden demostrar el cumplimiento de las obligaciones, ahí pactadas, en el documento privado, el cual la autoridad atiende a objetar como una prueba elaborado, en razón de carecer de una fecha cierta.En segunda instancia, mito y/o realidad para este 2020, se trata de la “Facturación Instantánea” mismo que causó gran incertidumbre entre los contribuyentes, al relacionarlo con una obligación que permitiría a la autoridad fiscal iniciar el procedimiento de discrepancia fiscal a aquellos contribuyentes que reflejen que sus erogaciones son mayores a sus ingresos declarados. No obstante, nuestro invitado nos aclara el punto en el sentido de que aquella, ciertamente, no constituye una obligación, sino más bien, resulta ser una facilidad administrativa para los contribuyentes, que atienden a emitir facturas a clientes determinados. Por lo que, el tema de la discrepancia fiscal, ha estado vigente desde años anteriores, si bien es cierto, la autoridad fiscal hoy en día, cuenta con mayores herramientas tecnológicas para vigilar a los contribuyentes, no menos cierto es, que este tema no viene a relucir con la facturación inmediata, como facilidad administrativa.El tercer punto del día, la subcontratación simulada, cierto es que se han estado presentando iniciativas de Ley para trazar una estrategia eficaz que combata a todas aquellas “Outsourcing ilegal”, las cuales, dicho sea de paso, su único fin primordial es la evasión en el pago de impuestos, cuotas de seguridad social, así como prestaciones laborales. Sin embargo, es importante distinguir unas de otras, ya que existe la subcontratación laboral en la que no se evaden impuestos, pero sí, se evade el cumplimiento de obligaciones patronales, como la PTU, (algunas ocasiones, conocidas como “Insourcing”), a diferencia de la subcontratación “regular” en la que no evades impuestos, ni tampoco, obligaciones de carácter laboral.
En entrevista con nuestro invitado especial, el M.I. y C.P. Juan de León Cantú, Socio de Impuestos en Deloitte en Nuevo León, tuvimos la oportunidad de entrar al estudio y análisis relativo al tratamiento fiscal asignado a este tipo de operaciones por las cuales se lleva a cabo la enajenación de una negociación, a través de la venta de sus activos, o solamente, mediante la enajenación de sus partes sociales; dependiendo del caso en particular.Derivado del análisis efectuado a las consecuencias fiscales de los enajenantes, comentamos y apuntamos cada una de ellas, las cuales pueden variar sí son personas morales residentes en México, o en el extranjero, o bien, se traten de personas físicas residentes en territorio nacional. Asimismo, el tratamiento diferente para enajenación de acciones en bolsa de valores.En enajenación de acciones, la ganancia se determina restándole al ingreso obtenido por acción, el costo promedio por acción de las acciones que se enajenen y multiplicándolo por le número de acciones enajenadas, de conformidad con el procedimiento previsto en la legislación fiscal, el cual, dicho sea de paso, resulta ser un poco complejo para su seguimiento.Ante la necesidad de que se simplifique el cálculo del costo promedio por acción, nuestro invitado nos explica de manera breve y concreta, los elementos que deberán tomarse en consideración para determinar el costo romedio por acción de las acciones enajenadas:El costo comprobado de adquisición incurrido por el enajenante por las acciones que tenga a la fecha de la enajenación.La diferencia entre el saldo de la CUFIN a la fecha de la enajenación y su saldo a la fecha de adquisición actualizado por inflación, en la proporción que les corresponda a las acciones que tenga el enajenante a la fecha de la enajenación.Los reembolsos de capital provenientes de la CUCA que la sociedad emisora de las acciones haya pagado al enajenante por las acciones, que tenga a la fecha de la enajenación.Al determinar correctamente el costo ajustado de las acciones no sólo es importante para determinar la ganancia o pérdida en la enajenación de acciones, sino que también lo es para determinar el costo promedio por acción en el que se adquieren las acciones en los casos de fusión, escisión y reestructuración de sociedades.
En entrevista con nuestro invitado especial, el Lic. Rubén Jordan García, Director General de Medios de Grupo Avalanz: TV Azteca Noreste, Periódico El Horizonte, tuvimos la oportunidad de profundizar la connotación que recibe el concepto de “Managment con Minúsculas”, en la que se incluye, esencialmente, el liderazgo y la dirección de personas que se vinculan con esferas de alta responsabilidad y jerarquías organizacionales. El Managment con “Minúsculas” constituye una idea originada por el español Gabril Ginebra, estudioso del Managment en las estructuras empresariales, a partir del cual permite identificar las cualidades y aptitudes idóneas para tomar en parte la dirección de un grupo de personas, cambiando el paradigma, desde un enfoque humano y social.Entender de manera diferente el poder y la responsabilidad pública, rompiendo ciertos paradigmas, con la esperanza de aplicar este tipo de Managment con “Minúsculas”, en nuestras instituciones públicas, dejando de lado el enfoque completamente recaudatorio, sustituyendo por un enfoque humano, que permitiera entrelazar una relación de confianza entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, a través del diseño de políticas distintas, ¿Es un reto o será uno utopía?Reflexionando y profundizando en connotaciones más personales, subjetivas e internas del pensamiento humano, es decir, cuando relacionas el éxito con el dinero, lo cual no debería ser así, sin tomar en cuenta, que puedes obtener el éxito en diferentes dimensiones, entre ellas, claro está, se encuentra la económica, sin embargo, sostenemos arduamente que, el éxito es la satisfacción de lograr una meta, en la que se haya propuesto e invertido un esfuerzo económico, material y humano.De ahí que, las habilidades racionales, indefectiblemente, tienen que ir acompañadas de actitudes. Pues, la técnica con capacitación la puedes adquirir. Por lo tanto, entre las cualidades de un líder con “Minúsculas”, es necesario tener la capacidad de interactuar, búsqueda de respuestas, gestión de emociones, disposición para escuchar ideas, entre otras más, que lleven a formar un grupo multidisciplinario con habilidades y pensamientos distintos, los cuales se compensarán unos con otros, pues, nos reitera, que es más productivo construir sobre las fortalezas de cada quien.
En entrevista con nuestro invitado especial, el C.P. y L.D. Javier Torres Coppel, profesionista y ex integrantede KPMG, nos compartió los cambios fiscales que se pretenden implementar a partir del 01 de enero de 2020,pues las instituciones financieras efectuarán una retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a una tasa del1.45% anual. Para tales efectos, cabe señalar que esta retención se efectúa sobre el capital.Es decir, en caso hipotético, sí un contribuyente tiene una inversión en la que recibe pagos por concepto deintereses a una tasa estimada del 5%, resulta lo siguiente:- Tasa de interés estimada para 2020 es del 5%- (menos) Tasa de Retención de ISR es del 1.45%- (menos) Inflación estimada para el 2020 es del 3%- (=) Interés Neto/Real estimado es del 0.55%Sin embargo, el Banco de México (BANXICO) como parte de su Política Monetaria, recortó la Tasa de InterésReferencial para cerrar en un 7.25%, nivel registrado por última vez en febrero de 2018. Estas modificaciones,tienen como único fin incentivar el ahorro y el consumo de los particulares, no obstante, se contrapone con lapolítica fiscal que se pretende implementar para el próximo año 2020, la cual se caracteriza por unfortalecimiento en la recaudación y en el combate a la evasión y defraudación fiscal.Por otro lado, nuestro especialista nos explicó la mecánica que se pretende aplicar para efecto de limitar ladeducibilidad de los intereses a cargo de empresas y sociedades, en primera instancia, se tienen quecomparar los ingresos por intereses contra los gastos por intereses, sí los primeros son mayores, losintereses a cargo sí serían deducibles. Segundo, sí los intereses a cargo no sobrepasan la cantidad de 20millones de pesos, también serían deducibles.Pero sí resulta que el contribuyente no cae en ninguno de los dos supuestos anteriores, entonces, laAutoridad Fiscal considerará que la empresa o negocio están utilizando este mecanismo de intereses a cargo,para erosionar la base o disminuir el pago de impuestos.