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Timestamp: 2017-08-20 01:59:31
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Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 149', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 8']

Ley 32/1983, de 20 de diciembre, «Incompatibilidades por el ejercicio de funciones públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco»
Publicado en BOPV núm. 1 de 02 de Enero de 1984 y BOE núm. 92 de 17 de Abril de 2012
Vigencia desde 22 de Enero de 1984. Revisión vigente desde 22 de Enero de 1984
Ley [PAÍS VASCO] 32/1983, 20 diciembre, derogada por la disposición derogatoria de la Ley [PAÍS VASCO] 1/2014, 26 junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos («B.O.P.V.» 1 agosto), el 1 de noviembre de 2014.
Se hace saber a todos los ciudadanos de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 32/1983, de 20 de Diciembre «Incompatibilidades por el ejercicio de funciones públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco». Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos de Euskadi particulares y autoridades que la guarden y hagan guardarla.
El problema de las incompatibilidades es candente y vidrioso -como ha señalado la jurisprudencia- y en él se superponen a los criterios jurídicos y valoraciones de carácter ético e incluso político.
El establecimiento de un régimen de incompatibilidades o de compatibilidades tasadas ha de buscar eficacia y dedicación en el desempeño de la Función Pública, ha de asegurar el mayor grado de imparcialidad en las actuaciones públicas e inspirar confianza a los administrados. En definitiva, la regulación de las incompatibilidades ha de defender tanto el interés interno de la Administración Autónoma del País Vasco como los intereses generales a cuya satisfacción ha de tender en todo su actuar.
A su vez, el Estatuto de Autonomía del País Vasco (artículo 10.4 y Disposición Transitoria Séptima) reconoce a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva respecto al Estatuto de los Funcionarios del País Vasco y de su Administración Local, sin perjuicio de lo establecido en su artículo 149.1.18ª de la Constitución, cuyo alcance ha sido ya determinado por el Tribunal Constitucional.
Si la Ley de Gobierno admitió la compatibilidad funcional y retributiva de los miembros del Gobierno con la condición de Parlamentarios, la Ley 3/1982, de 24 de marzo, sobre Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, estableció incompatibilidades retributivas (Disposición Adicional Octava) haciéndolas extensivas no sólo a los cargos políticos, sino, también, al personal contratado directamente por el Gobierno Vasco, tanto en régimen laboral como administrativo.
El texto de esta Ley ha trascendido a la Ley 20/1982, de 9 de junio, de incompatibilidades en el sector público, añadiendo ésta como supuestos de incompatibilidad aquellos que «comprometan la imparcialidad del funcionario o perjudiquen los intereses generales» (artículo 1º.2).
Las incompatibilidades retributivas, antes referenciadas, contenidas en la Ley de Presupuestos, fueron establecidas «sin perjuicio de cuanto disponga la legislación especial que se dicte sobre la materia».
Además, en la Disposición Final Tercera de la citada Ley presupuestaria se impuso al Gobierno la presentación al Parlamento de un Proyecto de Ley que regule «el régimen de incompatibilidades del personal que preste servicios a la Comunidad Autónoma», quedando así encuadrada esta Ley dentro del Programa legislativo.
b) Conseguir una dedicación máxima del personal de la Administración Pública a los servicios de ésta.
c) Evitar en los cargos públicos -políticos, representativos o al servicio de las Administraciones Públicas- la acumulación de retribuciones.
d) Eliminar la posibilidad de desarrollar actividades privadas junto con funciones públicas en todos aquellos supuestos en que dichas actividades estén directamente relacionadas entre sí.
Ha parecido asimismo, oportuno favorecer el acercamiento de la Administración a la Universidad y a la Sociedad, facilitando el conocimiento y análisis de datos que requieran de respuesta y solución públicas, así como establecer lazos de conexión con el mundo científico y técnico.
Estos argumentos pueden resultar suficientes para declarar compatibles el ejercicio de la función pública y el desempeño de cargos políticos con la enseñanza y colaboración en Universidades y Centros de Investigación del País Vasco, a pesar de las limitaciones impuestas por la Ley al respecto. No obstante, la experiencia reciente ha demostrado que el vigente sistema de incompatibilidades de la Ley de Gobierno no sólo ha supuesto la imposibilidad de contar con la colaboración de personas de indudable valía, sino que cuando ésta se ha producido ha creado notables problemas en los cuadros de la Universidad, por lo que se ha estimado aconsejable, en el momento presente, declarar compatibles ambas actividades.
Diferencia específicamente la Ley las incompatibilidades retributivas de las funcionales. Los supuestos de incompatibilidad funcional entrañan, necesariamente, incompatibilidad retributiva, situación que en sentido inverso puede no darse, pero, en todo caso, prevalece el criterio, antes citado, de establecer por vía de Ley un impedimento que evite acumulación de retribuciones a favor de una misma persona por el desempeño de funciones públicas, representativas o en Sociedades Públicas Vascas.
Esta Ley constituye un avance positivo para clarificar las situaciones de quienes desempeñan cargos o puestos de trabajo en las Instituciones y Sociedades Públicas Vascas, aplicando con generalidad los mismos criterios, primando el principio básico, ya enunciado, de conseguir la mejor satisfacción del interés interno de la Administración Autónoma del País Vasco y de los intereses generales.
1. Al Lehendakari, Consejeros, Altos Cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y/o de sus Entes Institucionales, ya se rijan por el Derecho Público o Privado, Delegados Territoriales y asimilados a los cargos anteriores.
2. A los miembros electivos de los Territorios Históricos y de las Corporaciones Locales, Diputados Generales y Diputados Forales.
3. Al personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de sus Organismos Autónomos, de sus Sociedades Públicas o de cualesquiera otras con participación pública mayoritaria.
4. Al personal al servicio del Parlamento, o cualesquiera otros órganos o entidades cuyos presupuestos se incluyan en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
5. Al personal al servicio de las Instituciones de los Territorios Históricos, Corporaciones Locales, así como de los Organismos o Sociedades dependientes de las mismas.
A efectos de la presente Ley se entiende por personal al servicio de una Administración, Organismo o Entidad aquel que preste su servicio como funcionario en cualquiera de sus modalidades o como contratado administrativo o laboral.
Las actividades, cualesquiera que sea su naturaleza, que impidan o menoscaben el estricto cumplimiento de los deberes propios del cargo, que comprometan su imparcialidad o independencia en el desempeño de los mismos, o que perjudiquen los intereses públicos.
1. Serán incompatibles, en virtud de esta Ley o de lo que otras Leyes dispongan, aquellas actividades que sin afectar a los deberes, independencia o imparcialidad de quienes se relacionan en el artículo 1º, exista sobre ellas una declaración legal de tal naturaleza.
2. La incompatibilidad puede ser retributiva o funcional.
3. La incompatibilidad retributiva impedirá la percepción acumulada de retribuciones, pero no el desempeño de otros cargos públicos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4º.3.
1. Las incompatibilidades retributivas afectarán a las personas enumeradas en el artículo 1.º, de conformidad con los siguientes principios:
a) Las personas comprendidas en los números 1 y 2 del artículo 1.º no podrán percibir más de un sueldo con cargo a Presupuestos Públicos.
b) A las restantes personas comprendidas en el artículo 1.º les será de aplicación lo establecido en el apartado anterior, salvo autorización expresa por Ley o que los servicios que se presten en régimen de jornada reducida reglamentariamente establecida, o debidamente autorizada, en cuyo caso en uno de los puestos de trabajo sólo se percibirán como máximo las retribuciones básicas y en el otro no se podrán percibir complementos de dedicación especial, plena, exclusiva o prolongación de jornada. En ningún caso este personal podrá acogerse simultáneamente a más de uno de los supuestos excepcionales contemplados.
2. Los supuestos de incompatibilidad retributiva obligarán a la opción por la retribución de un solo puesto, y subsiguientemente, a la renuncia de las retribuciones de los restantes.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, quienes tengan que desempeñar varios cargos con incompatibilidad retributiva tendrán derecho a ser indemnizados por el importe de los costos de desplazamiento y estancia, en localidad distinta a la de residencia habitual o en aquella en la que haya de ser desempeñado el cargo a favor de cuya retribución se haya optado.
1. Se excepciona de incompatibilidad retributiva y funcional el desempeño de actividades, ocasionales o permanentes docentes o de investigación en las Universidades del País Vasco, en los Centros de selección y perfección de funcionarios o en cualesquiera otros Centros de Investigación del País Vasco.
2. La precedente excepción no precisará de autorización alguna cuando se desarrolle fuera del horario de trabajo, o se preste en régimen de jornada reducida no superior a cien horas anuales, siendo preceptiva la autorización del titular del Departamento, Organismo o Entidad en que se presten los servicios, si la dedicación prevista supera el límite anterior.
3. En todo caso, siempre que las funciones docentes se realicen dentro del horario de trabajo, quedarán reducidas las retribuciones proporcionalmente a la disminución de la jornada laboral.
Las incompatibilidades funcionales del personal comprendido en el artículo 1.º de la presente Ley se regirán por las siguientes normas:
1. Las referentes al Lehendakari, Consejeros y Altos Cargos de la Administración del País Vasco, por lo dispuesto, en lo que no resulte modificado por la presente Ley, en los artículos 3 y 32 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, que establece un sistema de absoluta y total incompatibilidad para el Lehendakari, miembros del Gobierno y Altos Cargos mencionados.
2. Los correspondientes a las personas relacionadas en los números 2 y 5, por lo dispuesto en el artículo siguiente, sin perjuicio de la normativa que pudiera dictarse por las instituciones u órganos que en su caso resulten competentes en función de la materia.
3. Las correspondientes al resto del personal comprendido en los números 3 y 4, por lo dispuesto en el artículo siguiente y otras disposiciones específicas que se dicten para el mismo.
a) Asesoramiento y pertenencia a Consejos de Administración de empresas privadas cuando su actividad esté relacionada directamente con la que desarrolle el organismo o entidad en que presta sus servicios.
b) La titularidad individual o compartida de conciertos de prestación continuada o esporádica de servicios o la participación superior al diez por ciento en Sociedades que tengan conciertos de prestación de servicios, cualquiera que sea la naturaleza de éstos, con la Entidad en la que se preste la función pública.
c) El trabajo, regular o discontinuo, retribuido o no, sujeto o no a horario, al servicio de las entidades a que se refieren los apartados anteriores y en los mismos supuestos.
1. El personal al que se refiere el artículo 1.º de la presente Ley deberá declarar las actividades profesionales, laborales mercantiles o industriales que ejerzan, así como las derivadas de la administración del patrimonio familiar o personal cuando guarden relación con lo previsto en el artículo anterior. A los efectos de Administración del patrimonio familiar, deberá ser consignado el régimen económico matrimonial.
2. El órgano competente deberá resolver, previo expediente, y en el plazo máximo de un mes, la compatibilidad o incompatibilidad de las actividades declaradas.
3. El transcurso del plazo no implicará declaración tácita de compatibilidad ni eliminará la obligación de resolver, pudiendo, entre tanto, el interesado desarrollar las actividades declaradas.
4. El desarrollo de actividades que sean declaradas compatibles en virtud de la presente Ley no constituirán derechos adquiridos.
Serán órganos competentes para dictar la resolución a que se refiere el artículo anterior:
1. El Lehendakari, en relación con los Consejeros, y el Consejero de la Presidencia respecto al resto del personal de la Presidencia del Gobierno.
2. Los Consejeros, en relación con el personal que presta servicios en su Departamento, Organismos Autónomos o Sociedades Públicas dependientes de los respectivos Departamentos.
3. Los Presidentes de las Juntas Generales, Diputados Generales y Alcaldes, en el resto de los casos.
1. El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3.º a 7.º entrañará la comisión de falta muy grave, sin perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad funcional o retributiva en que se haya incurrido.
2. Igualmente, será considerada falta muy grave el desarrollo de actividades no declaradas, incumpliendo la exigencia del artículo 8.1.
3. El ejercicio de cualquier actividad compatible no servirá de excusa al cumplimiento de los deberes del cargo o puesto. Las correspondientes faltas serán sancionadas conforme al régimen disciplinario aplicable. Cuando la falta sea grave o muy grave, la apertura de expediente supondrá la suspensión de autorización de compatibilidad.
El personal sanitario al Servicio de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma y organismos de ellas dependientes que pueda compatibilizar sus funciones, a tenor de lo dispuesto en la Ley 21/1982, de 9 de junio, con la prestación de servicios en la Seguridad Social, continuará con su actual régimen mientras no se regule éste en forma específica por la Comunidad Autónoma, una vez realizadas las transferencias en materia de Seguridad Social.