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Timestamp: 2020-07-08 11:25:14
Document Index: 84855417

Matched Legal Cases: ['artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 80', 'artículo 21', 'Artículo 21']

Sentencia de Tutela nº 789/05 de Corte Constitucional, 28 de Julio de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 43623676
Derecho al minimo vital de afiliado que sufrio lesion severa en vertebras que le impiden movilizarse normalmente y la entidad se niega a practicarle los examenes de resonancia magnetica de columna y resonancia nuclear magnetica cerebral por el insuficiente numero de semanas de cotización, como. Tambien a reconocerle la incapacidad laboral a que tiene derecho. Solicita se ordene autorizar los examenes ordenados por el medico tratante y la cancelación de las incapacidades laborales. Pago de copagos o cuotas de recuperación en el regimen contributivo del sistema de salud. Requisitos para que el juez de tutela ordene el suministro de un medicamento o un servicio medico aunque no se reuna el minimo de semanas de cotización exigidas por la ley para el efecto. Aplicacion de la figura del allanamiento a la mora en materia de pago de incapacidades laborales por enfermedad general. Concedida
Peticionario: A.M. Giraldo
Accionado: C. EPS
El 17 de agosto de 2004, A.M.G. promovió acción de tutela contra C. EPS, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y al mínimo vital, con base en los siguientes hechos:
El accionante manifiesta que, el 5 de julio de 2004, sufrió una lesión severa en las vértebras L5 y S1 que le impide movilizarse normalmente. Agrega que la lesión también le produce inestabilidad, adormecimiento de parte de su cuerpo y dolor constante.
Señala que se encuentra afiliado a C. EPS y que dicha entidad se niega a practicarle los exámenes de resonancia magnética de columna y resonancia nuclear magnética cerebral con godolinio, bajo el argumento de que cuenta con un número insuficiente de semanas de cotización.
Indica que, por esta razón, C. EPS le ha informado que sólo cubrirá el 5% del costo de tales exámenes, y que él debe asumir el 95% restante, pero que no cuenta con recursos económicos para hacerlo, puesto que la lesión sufrida le impide trabajar.
Afirma que los exámenes cuya práctica solicita son indispensables para que sus médicos tratantes determinen el tratamiento a seguir, con el fin de restablecer su salud.
Por último, expresa que C. EPS se niega a cancelarle los 34 días de incapacidades laboral a los que tiene derecho, bajo el argumento de que esta prestación es responsabilidad del empleador.
Con fundamento en los anteriores hechos, el demandante solicita que se ordene a C. EPS (i) autorizar la práctica de los exámenes de resonancia magnética de columna y resonancia nuclear magnética cerebral con godolinio ordenados por su médico tratante, así como la práctica del procedimiento quirúrgico de corrección de columna, sin que se le exija la cancelación de copago alguno; y (ii) cancelar las incapacidades laborales a las que tiene derecho.
3.1 Constestación de C. EPS
EPS, mediante escrito del 25 de agosto de 2004, dio respuesta a la tutela instaurada en su contra por A.M.G., en los siguientes términos:
Por último, manifestó que el mismo Decreto 806 de 1998 prevé que cuando el cotizante no tiene el número de semanas de cotización requeridas para acceder a un procedimiento médico y, por otra parte, no tiene capacidad de pago - debidamente acreditada - para cancelar el porcentaje del mismo que le corresponde, aquél debe ser atendido por las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud o aquellas privadas con las cuales el Estado tiene contrato para este fin.
Posteriormente, en escrito del 1° de septiembre de 2004, C.E.P.S. señaló, en relación con el reclamo del accionante del pago de la incapacidad No. 2070000734, que la empresa Cooperativa de Trabajo Asociado en Salud - empresa mediante la cual el accionante cotizaba al sistema de salud - presentaba inconsistencias en los aportes de algunos de sus empleados, razón por la cual es ella la encargada del pago de la incapacidad laboral.
El Juez Quinto Civil Municipal de Villavicencio (Meta), en sentencia del 1° de septiembre de 2004, tuteló los derechos fundamentales de A.M.G., por las siguientes razones:
En consecuencia, concluyó que teniendo en cuenta, primero, que la práctica de los exámenes reclamados por el tutelante es necesaria para garantizar sus derechos a la salud y a la vida; segundo, que aquél es una persona de escasos recursos, sin empleo y, además, incapacitado para desarrollar cualquier actividad laboral; tercero, que los exámenes fueron ordenados por un médico tratante de la EPS accionada, y, por último, que éstos no pueden sustituirse por otros procedimientos que requieran un número menor de semanas cotizadas, el amparo es procedente. Por tanto, ordenó a C. EPS autorizar la práctica de los exámenes conforme a las ordenes de los especialistas, y la autorizó repetir contra el FOSYGA el costo de los servicios a los que no estuviera obligada.
A.M.G., en escrito del 7 de septiembre de 2004, impugnó la sentencia del 1º de septiembre de 2004, por estimar que el juez de instancia no había resuelto su solicitud relativa a la autorización de las cirugías, medicamentos, aparatos y demás tratamientos especiales que llegara a requerir como consecuencia de su enfermedad, por cuanto, afirma, los exámenes ordenados no son suficientes para la recuperación de su salud.
EPS, mediante oficio del 7 de septiembre de 2005, solicitó declarar no vulnerados los derechos a la salud, a la vida y a la seguridad social del accionante, por cuanto la entidad ha prestado todos los servicios médicos que ha requerido en peticionario, de conformidad con la normativa vigente.
En cuanto a los argumentos de la impugnación presentada por C. EPS, indicó que no es cierto que los derechos fundamentales del tutelante no se hubiesen puesto en peligro al negársele la práctica de los exámenes ordenados por su médico tratante, toda vez que dichos exámenes son necesarios para determinar el tratamiento a seguir, y, en este orden, mejorar su estado de salud, razón por la cual la sentencia debía ser confirmada en este punto.
Así mismo, consideró que debía confirmarse la autorización concedida a C. EPS para repetir contra el FOSYGA por los gastos en los que incurrió y a los que no estaba obligada, así como la decisión tomada en relación con el pago de las incapacidades reclamadas por el actor.
Respecto de los demás tratamientos, procedimientos y medicamentos cuya autorización solicitó el actor, sostuvo que, por tratarse de una simple hipótesis, no había lugar a su reconocimiento en el fallo de tutela, motivo por la cual confirmó la sentencia del a-quo en este punto. No obstante, ordenó a C. EPS suministrar al paciente los medicamentos que requiriera para el restablecimiento de su estado de salud, así como autorizar, con posibilidad de repetir contra el FOSYGA, los procedimientos e intervenciones que llegase a necesitar, previa orden del médico tratante.
Copia de la epicrisis de la Clínica Martha de Villavicencio, de fecha 5 de julio de 2004, en la que consta (i) que el paciente A.M. ingresó a la institución la noche del 4 de julio, por presentar mareo, nauseas, inestabilidad para la marcha posterior y trauma por lumbago, y (ii) que el diagnóstico del médico que atendió la urgencia fue vértigo iatrogeno y lumbago.
Copia de la relación de órdenes médicas del paciente A.M., expedidas por el personal de la Clínica Martha de Villavicencio en el mes de julio de 2004. En el documento consta que el día 11 de julio de 2004, se autorizó la salida al paciente y se le concedió una incapacidad de un día.
Copia del formato "RIPS de Urgencias" de la Clínica Martha de Villavicencio, a nombre del paciente A.M.G., de fecha 5 de julio de 2004. En dicho documento consta que se ordenó la hospitalización del paciente.
Copia de la orden médica del 14 de julio de 2004, de la P.P.S. Neurología del Meta Ltda., a nombre del paciente A.M., en la que se le ordena la práctica del examen resonancia nuclear magnética lumbosacra.
Copia del formato de orden de servicio No. 5332694 de C. EPS, de fecha 2 de agosto de 2004, mediante el cual se autoriza el cubrimiento del 5% del costo de los exámenes resonancia nuclear magnética de columna y resonancia nuclear magnética cerebral con gadolinio, requeridos por A.M.G..
Copia del certificado médico del 5 de julio de 2004, expedido por el Dr. Á.H.E., médico de la Clínica Martha de Villavicencio, a nombre de A.M., en el que consta que el accionante está incapacitado para realizar actividades que requieran esfuerzo físico y para levantar objetos pesados.
Copia del certificado de incapacidad o licencia médica expedido por Y.L.G.S., persona autorizada por C. EPS, el 3 de agosto de 2004, a nombre de A.M.G., por el periodo comprendido entre el 29 de julio y el 10 de agosto de 2004 - 13 días -, por la causal "cirugía y/o hospitalaria". En este documento consta (i) que el ingreso base de cotización del accionante durante el 2004 fue de $358.333, que éste cotiza al sistema de salud por intermedio de la Cooperativa de Trabajo Asociado en Salud, y (iii) que no se reconoció suma alguna a favor del mismo por concepto de incapacidad.
Copia del carné de afiliación de A.M.G. a C. EPS.
Copia de la orden de servicio 5332401 de C. EPS, de fecha 3 de agosto de 2004, mediante la cual se autoriza la prorroga de la hospitalización del paciente A.M.G. por el término de dos días.
Copia de la orden de servicio 5332122 de C. EPS, de fecha 29 de julio de 2004, por medio de la cual se autoriza la hospitalización por el término de tres días del paciente A.M.G..
Orden de servicio A134728601 de C. EPS, de fecha 3 de agosto de 2004, mediante la cual autoriza "consulta especialista ambulatoria" a favor del paciente A.M.G., en la Unidad Médica Alfalfa de Villavicencio.
Orden de servicio A136011301 de C. EPS, de fecha 9 de agosto de 2004, mediante la cual autoriza "consulta especialista ambulatoria" a favor del paciente A.M.G., en la Unidad Médica Alfalfa de Villavicencio.
Orden de servicio A137601101 de C. EPS, de fecha 14 de agosto de 2004, mediante la cual autoriza "consulta de primera vez por psicología" a favor del paciente A.M.G., en la Unidad Médica Alfalfa de Villavicencio.
Acta de la diligencia de ampliación de la tutela instaurada por A.M.G., practicada por la Juez Quinta Civil Municipal de Villavicencio, el 19 de agosto de 2004. En esta diligencia el accionante manifestó (i) que se desempeña como técnico conductor, (ii) que se encuentra afiliado a C. EPS desde el 27 de mayo de 2004, (iii) que antes se encontraba afiliado a Saludcoop EPS, pero que dejó de cotizar por un tiempo antes de afiliarse a la entidad accionada, y (iv) que C. se niega a prestarle los servicios médicos que requiere, bajo el argumento de que por tratarse de un examen de cuarto nivel de complejidad, se necesitan 52 semanas de cotización, número de semanas que no tiene.
Acta de la diligencia de ampliación de la tutela instaurada por A.M.G., practicada por la Juez Quinta Civil Municipal de Villavicencio, el 27 de agosto de 2004. En esta diligencia el accionante manifestó (i) que su profesión es técnico conductor, pero que en el momento de presentar la demanda desempeñaba oficios varios, (ii) que no tiene ninguna fuente de ingresos y que sobrevive gracias al dinero que su esposa obtiene de la venta de minutos para llamar a celulares, (iii) que está incapacitado para trabajar como consecuencia de la caída que sufrió, (iv) que cuando sufrió el accidente trabajaba como asesor comercial para la firma COOSACOL LTDA., (v) que COOSACOL LTDA. no gestionó sus incapacidad porque afirmó que esta labor correspondía a C. EPS, (vi) que C., por su parte, le informó que la incapacidad era responsabilidad del empleador, (vii) que cuando trabajaba para COOSACOL LTDA. devengaba el salario mínimo.
Por su parte, C. EPS sostiene que no está obligada a asumir el 100% del costo de los exámenes que el tutelante requiere y que, en adición, éste se encuentra actualmente desafiliado de la entidad desde enero de 2005. Respecto de la licencia reclamada, expresa que su pago corresponde al empleador, dado que este presentó irregularidades en el pago de las cotizaciones de sus empleados.
El juez de primera instancia concedió el amparo en relación con los exámenes requeridos por el tutelante, pero lo negó respecto del pago de la incapacidad. El tutelante impugnó esta decisión por considerar que el a-quo había omitido pronunciarse respecto del tratamiento integral que requiere y por haber negado el pago de la incapacidad. En segunda instancia, el fallo fue confirmado y el ad quem agregó que no era posible ordenar a la EPS que suministrara al peticionario en el futuro todos los medicamentos, tratamientos, etc. que llegara a requerir para hacer frente a su enfermedad, pues sin la existencia de una orden de un médico tratante, una orden semejante se basaría en simples hipótesis.
En este contexto, corresponde a la Sala determinar si los derechos fundamentales de A.M.G. a la vida, a la salud y al mínimo vital, fueron lesionados por C. EPS, en primer lugar, al exigirle un copago del 95% para practicarle los exámenes cuya práctica fue ordenada por sus médicos tratantes y que indica son urgentes para determinar el tratamiento que debe seguir, y, en segundo lugar, al negarle el pago de las incapacidades que le fueron concedidas luego del accidente ocurrido en julio de 2004, bajo el argumento de que su empleador presenta inconsistencias en el pago de sus cotizaciones.
Pago de copagos o cuotas de recuperación en el régimen contributivo del sistema de salud
Estos copagos corresponden un porcentaje del costo del procedimiento o tratamiento que el usuario requiere equivalente al porcentaje del número de semanas de cotización que le hacen falta para completar el periodo mínimo que la normativa vigente exige para el suministro del servicio (parágrafo del artículo 61 ibídem). En este orden, con el fin de garantizar la estabilidad financiera del sistema de salud, es obligación de los afiliados cancelar tales porcentajes para que puedan acceder a los servicios que solicitan. Sobre este punto, el artículo 61 del Decreto 806 de 1998 dispone:
En efecto, en la sentencia T-016 de 1999 M.P.A.M.C., al ocuparse del caso de una paciente que requería de manera urgente sesiones de quimioterapia y el suministro de un medicamento para tratar el cáncer rectal que padecía, y que no contaba con recursos económicos para cancelar el copago que su EPS le exigía - tenía a su cargo tres hijos, sólo recibía un salario mínimo mensual y su esposo estaba desempleado -, la Corte ordenó a la entidad accionada suministrar el tratamiento y el medicamento y la autorizó a repetir contra el FOSYGA, pero sólo por el costo del copago que era obligación de la peticionaria. En este fallo, esta Corporación manifestó a propósito de la inaplicación del artículo 61 del Decreto 806 de 1998 en este tipo de hipótesis, lo siguiente:
Esta posición fue reiterada en las sentencias T-927 de 2004 M.P.Á.T.G.. y T-462 de 2005 M.P.A.B.S., en las que la Corte ordenó a las EPS accionadas practicar un cateterismo cardiaco izquierdo e implantar un marcapasos cardiaco tricameral., respectivamente, con cargo a los recursos del FOSYGA, a tutelantes que acreditaron falta de capacidad de pago. De nuevo se observa en esto casos que la orden dirigida a las EPS buscaba garantizar continuidad y eficacia en la prestación de los servicios médicos, pues los accionantes padecían enfermedades catastróficas cuyo tratamiento no podía dar espera hasta su reclamación ante las entidades de la red pública de salud.
Procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el pago de incapacidades laborales. Reiteración de la jurisprudencia.
No obstante lo anterior, la Corte ha admitido que tratándose de la reclamación de pago de incapacidades laborales, la acción de tutela es procedente de manera excepcional, por las siguientes razones: Ver al respecto las sentencias T-311 de 1996, M.P.J.G.H.G.; T-972 de 2003, M.P.J.A.R.; T-413 de 2004, M.P.M.G.M.C., y T-201 de 2005, M.P.R.E.G., entre otras.
En primer lugar, porque el pago de las incapacidades sustituye el salario del trabajador durante el tiempo que por razones médicas está impedido para desempeñar sus labores. Ver al respecto la sentencia T-311 de 1996, M.P.J.G.H.G.. En este orden, se presume que la incapacidades son la única fuente de ingreso con la que el trabajador cuenta para garantizarse su mínimo vital y el de su núcleo familiar, tal como el salario.
En segundo término, por cuanto el pago de las incapacidades médicas constituye también una garantía del derecho a la salud del trabajador, pues gracias a su pago, aquél puede recuperarse satisfactoriamente sin tener que preocuparse por reincorporarse anticipadamente a sus actividades habituales con el fin de obtener recursos para su sostenimiento y el de su familia. Ver ibídem.
Así, por ejemplo, en la sentencia T-311 de 1996 M.P.J.G.H.G., esta Corporación ordenó al empleador de una trabajadora embarazada que padecía una enfermedad neurológica y que, además, tenía dos hijos a su cargo, el pago de varias incapacidades médicas, debido a que aquél no había realizado el debido cruce de cuentas con el ISS - EPS a la que se encontraba afiliada la accionante La EPS a la que se encontraba afiliada la tutelante era el ISS, de manera que al empleador le correspondía realizar un cruce de cuentas con la entidad y pagar las incapacidades a la trabajadora, para luego descontar su valor al ISS de las cotizaciones obrero-patronales del respectivo ciclo. Ver sobre el sistema especial de pago de incapacidades laborales a los afiliados del ISS, la sentencia T-972 de 2003, M.P.J.A.R.. -, ni le había suministrado los documentos para que ésta pudiera reclamar directamente ante la EPS su pago.
Posteriormente, en la sentencia T-413 de 2004 M.P.M.G.M.C., al abordar el caso de una trabajadora que padecía un embarazo de alto riesgo y a quien la EPS a la que se encontraba afiliada se negaba a cancelarle varias incapacidades, bajo el argumento de que su empleador - una cooperativa de trabajo asociado - había efectuado la cancelación de varios aportes extemporáneamente, la Corte concedió el amparo y ordenó a la EPS el pago de las incapacidades, toda vez que se encontraba demostrada la afectación del derecho al mínimo vital de la peticionaria.
Por último, en la sentencia T-201 de 2005 M.P.R.E.G., la Corte ordenó a la EPS accionada el pago de varias incapacidades a un trabajador que padecía VIH, a quien dicho pago le había sido negado por extemporaneidad en la consignación de sus cotizaciones. En esta ocasión la Corte sostuvo que por tratarse de una persona en estado de debilidad manifiesta, bastaba con su afirmación en el sentido de que su derecho al mínimo vital se encontraba amenazado, afirmación que, además, no había sido controvertida, para tener por cierto este hecho y, por este motivo, conceder el amparo.
En oposición a lo anterior, de acuerdo con el artículo 80 del Decreto 806 de 1998 ''Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional'', y el artículo 21 Decreto 1804 de 1999 Esta norma dispone:
''Artículo 21. Reconocimiento y pago de licencias.
Para este efecto, los pagos que deberán realizar serán equivalentes a las sumas que falten para completar el respectivo año de cotización ante la entidad de la que se han desvinculado, entidad que deberá realizar la compensación una vez reciba las sumas correspondientes.'' ''Por el cual se expiden normas sobre el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones'', el pago de las incapacidades por enfermedad general estará a cargo del empleador en los siguientes eventos: (i) cuando no proceda el reembolso de las sumas reconocidas y pagadas por la EPS, por ejemplo, porque el empleador incurrió en mora en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores durante el año anterior a la fecha de causación de la incapacidad, o porque 4 de las 6 últimas cotizaciones del trabajador que reclama el pago de la incapacidad fueron canceladas extemporáneamente; y (ii) cuando el empleador incurra en mora durante el periodo de incapacidad en el pago de las cotizaciones del trabajador.
Aplicación de la figura de allanamiento a la mora en materia de pago de incapacidades laborales por enfermedad general
Sin embargo, la Corte ha considerado que cuando las EPS no emplean los mecanismos legales de los que disponen para oponerse al pago extemporáneo de la cotizaciones de sus afiliados, luego no pueden negarse al reconocimiento y pago de las incapacidades generadas por enfermedad general, alegando la excepción de contrato no cumplido, pues al aceptar los pagos extemporáneos y al omitir requerir al empleador para que pague oportunamente las cotizaciones a su cargo, se configura el fenómeno de allanamiento a la mora del cotizante. Ver las sentencias T-270 de 1997, M.P.A.M.C.; T-458 de 1999, M.P.A.B.S.; T-473 de 2001, M.P.E.M.L.; T-664 de 2002, M.P.M.G.M.C.; T-880 de 2002, M.P.A.B.S., T-271 de 2004, M.P.J.A.R., entre otras.
En efecto, la teoría del allanamiento a la mora desde hace varios años viene siendo aplicada en casos de reclamación de licencias de maternidad, pero a partir de la sentencia T-413 de 2004 M.P.M.G.M.C.. La teoría del allanamiento a la mora en materia de incapacidades laborales también fue empleada en la sentencia T-201 de 2005, M.P.R.E.G.. , la Corte ha aceptado también su empleo en materia de incapacidades laborales por presentarse supuestos similares. En dicha ocasión esta Corporación manifestó al respecto:
''Si bien hasta el momento la Corporación ha aplicado la tesis del allanamiento a la mora a negativas de pago de licencia de maternidad, esta Sala de Revisión considera que tal criterio también puede ser aplicado, mutatis mutandi, cuando por la mora en el pago de los aportes en salud por parte del patrono se niega el pago de una incapacidad laboral, llegándose a afectar el mínimo vital. En esta situación se presentan tres elementos comunes a las situaciones hasta ahora contempladas por la jurisprudencia: (i) vulneración del mínimo vital del accionante por el no pago oportuno de una acreencia de tipo laboral, (ii) actuación contraria a la buena fe por parte de la entidad promotora de salud al no haber requerido oportunamente al empleador para el pago oportuno del aporte, y (iii) pago efectivo, aunque tardío, de los aportes en salud.''
En cuanto a la solicitud de A.M.G. de que se le practiquen los exámenes resonancia magnética de columna y resonancia nuclear magnética cerebral con godolinio, sin que se le exija la cancelación de ningún copago o cuota de recuperación, advierte la Sala que, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, en el presente caso se reúnen los requisitos señalados por la jurisprudencia de esta Corporación para que proceda el amparo de manera excepcional.
Ciertamente, se encuentra demostrado (i) que el peticionario es una persona de escasos recursos - antes de que sufriera la lesión que ahora le impide trabajar normalmente, percibía sólo un salario mínimo mensual Ver folios 10 y 19 y 20 del cuaderno 1. y ahora se encuentra desempleado Ver folios 19 y 20 del cuaderno 1. -, (ii) que la lesión vertebral que sufrió le causa mucho dolor y le impide movilizarse con normalidad, razón por la cual debe ser tratada de manera inmediata, y (iii) que los exámenes que reclama son indispensables para determinar el tratamiento que debe seguir para la recuperación de su salud.
En adición, esta Corporación ha manifestado que el juez de tutela no puede partir de la presunción de que las EPS se negarán a suministrar los tratamientos que sus afiliados requieren, ni puede inferir el tratamiento que los mismos llegarán a necesitar, sin que exista aún una orden de su médico tratante. Al respecto, ha indicado que una orden que se fundamente en tales hipótesis resulta desproporcionada frente a la necesidad de protección de los derechos fundamentales de los peticionarios. Ver la sentencia T-610 de 2005, M.P.M.G.M.C.. En dicho fallo esta Sala de Revisión encontró que resultaba desproporcionado y contrario a la informalidad de la acción de tutela que permite emitir fallos ultra petita con el fin de brindar protección integral a los derechos fundamentales de los peticionarios, ordenar a la EPS accionada brindar en el futuro todos los tratamientos y servicios médicos que requiriera un paciente que padece hepatitis B crónica, y quien mediante el ejercicio de la acción de tutela sólo solicitaba autorización para la práctica del examen de carga viral, que se encuentra excluido del POS. La Sala entonces afirmó que el juez de tutela no puede anticipar la negativa de las EPS a brindar tratamiento integral a sus usuarios, ni puede inferir el tratamiento que los peticionarios deberán seguir para la recuperación de su salud.
Por último, se debe agregar que, conforme a lo manifestado por C. EPS, el accionante se encuentra desafiliado de la entidad desde febrero de 2005, razón adicional para negar el amparo en este punto, por cuanto ya no existe ningún vínculo jurídico entre el peticionario y la demandada.
Para terminar, en relación con la solicitud de A.M.G. de que se ordene a C. EPS pagarle las incapacidades médicas que se generaron con ocasión de la lesión que sufrió en su espalda, esta Sala de Revisión advierte que, en tanto su derecho al mínimo vital se encuentra amenazado por tal omisión, y, por otra parte, toda vez que la entidad demandada era la responsable del pago de la prestación, la tutela es procedente, como a continuación se analizará:
En segundo lugar, la Sala advierte que se encuentra demostrado que C. EPS es la obligada al pago de las referidas incapacidades, toda vez que, de conformidad con lo señalado por la misma entidad en su contestación de la demanda el 25 de agosto de 2004, y las pruebas que obran en el expediente, se encuentra probado (i) que el 5 de julio de 2004, A.M.G. sufrió una lesión severa en las vértebras L5 y S1 Ver folios 1, 3 y 7, entre otros, del cuaderno 1.; (ii) que dicha lesión lo incapacitó para desarrollar su actividad laboral por un lapso de 21 días, repartidos de la siguiente manera: hospitalización del 5 al 11 de julio y un día más de incapacidad Ver folio 5 del cuaderno 1. , y hospitalización por cirugía del 29 de julio al 10 de agosto de 2004 Ver folio 10 cuaderno 1. -la Sala no encuentra prueba de los otros 13 días de incapacidad que reclama el demandante -; y (iii) que el tutelante se afilió a C. EPS, en calidad de trabajador dependiente, el 28 de mayo de 2004, es decir, 5 semanas antes de la ocurrencia del accidente que lo incapacitó Ver folio 20 del cuaderno 1 (contestación de la demanda)..
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala ordenará a C. EPS pagar a A.M.G., los 21 días de incapacidad que se generaron debido a la lesión que sufrió el 5 de julio de 2004, y que se encuentran probados dentro del expediente. Además, prevendrá a la entidad para que en lo sucesivo no vuelva a incurrir en este tipo de conductas lesivas de los derechos fundamentales de sus usuarios.
SEGUNDO: Revocar parcialmente la sentencia proferida el 12 de octubre de 2004, por el Juez Primero Civil del Circuito de V., que a su vez confirmó parcialmente el fallo del 1° de septiembre de 2004, proferido por el Juez Quinto Civil Municipal de Villavicencio, única y exclusivamente en lo relativo al pago de las incapacidades por enfermedad general que reclama A.M.G., y confirmarla en todo lo demás.
SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, conceder la tutela al derecho fundamental al mínimo vital de A.M.G. y, por tanto, ordenar a C. EPS que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, pague al peticionario los 21 días de incapacidad por enfermedad general ocasionados por la lesión que éste sufrió el 5 de julio de 2004, de conformidad con lo acreditado en este proceso.
CUARTO: Prevenir a C. EPS para que en lo sucesivo no vuelva a incurrir en este tipo de conductas vulneratorias de los derechos fundamentales de sus usuarios.