Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-768-de-julio-25-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920420e84f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-21 13:02:30
Document Index: 79870740

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 47', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 53', 'artículo 67', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 43', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 59', 'artículo 12', 'artículo 36', 'Artículo 47', 'Artículo 8', 'Artículo 59']

﻿ SENTENCIA T-768 DE JULIO 25 DE 2005
SENTENCIA T-768 DE 25 DE JULIO DE 2005
CONTENIDO:EMPRESAS EN PROCESOS DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA. PROTECCIÓN LABORAL REFORZADA. SUSTITUCIÓN PATRONAL DEBE CONSTATARSE Y DECLARARSE.
TEMAS ESPECÍFICOS:LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, CONVENCIÓN COLECTIVA, SUSTITUCIÓN DEL EMPLEADOR, PROTECCIÓN A LA MADRE CABEZA DE FAMILIA, MADRE CABEZA DE FAMILIA, PROTECCIÓN REFORZADA DEL DERECHO AL TRABAJO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES
Sentencia T-768 de julio 25 de 2005
Sentencia T-768 de 2005
Ref.: expediente T-1073680
Acción de tutela instaurada por el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla “Sintratel” y otros, contra la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla – EDT – ESP en liquidación, Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP, el alcalde de Barranquilla y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Bogotá, D.C., julio veinticinco de dos mil cinco.
Que pone fin al trámite de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Cuarto (4º) Penal del Circuito de Barranquilla, y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, de noviembre veintinueve (29) de dos mil cuatro (2004) y febrero siete (7) de dos mil cinco (2005), respectivamente, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Pedro Polo Barrios, quien manifiesta actuar en nombre propio, y en representación de Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla “Sintratel”, y demás trabajadores cuyos nombres figuran relacionados en el anexo I de la presente providencia, contra la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP en liquidación, Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP, el alcalde de Barranquilla y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
1.1. Por medio de la Resolución 001621 de mayo 21 de 2004, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la liquidación de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP. En desarrollo del proceso de liquidación, se les comunicó a los trabajadores de la empresa la terminación de sus contratos de trabajo, a raíz de la liquidación de la empresa. Sin embargo, a aquellos trabajadores amparados por fuero sindical se les informó que no deberían hacerse presente en los sitios de trabajo, por cuanto el desarrollo del objeto social de la empresa había cesado; no obstante, según se les comunicó, durante el tiempo que durara la inactividad seguirían percibiendo su sueldo básico.
Según reseña el demandante, los trabajadores amparados por fuero sindical son: Robinson Villa, Juan Polo Barrios, Milton Aguas, Jorge Yunes, Jorge Tovar Echeverría, David Castilla Peralta, Martín Tejada, Carlos Herrera, José Osorio, Eduardo Pedroza, Estalin Parra y Zenith Palma. A los demás trabajadores que representa, y cuyos nombres figuran relacionados en el anexo I de la presente sentencia, la liquidadora de la entidad les informó decisión de terminar sus contratos de trabajo.
El día 23 de octubre de 1997 Sintratel y la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla – EDT – ESP celebraron la Convención Colectiva de Trabajo, cuya vigencia inicial fue establecida hasta agosto 31 de 1999; sin embargo, esta se ha venido prorrogando automáticamente por períodos sucesivos de un año, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º de la cláusula 71 de dicha convención, razón por la cual, según indica el accionante, esta se encuentra vigente.
1.2. Mediante la escritura pública 1207 de mayo 10 de 2004, protocolizada en la Notaría Quinta (5ª) del Círculo de Bogotá, se constituyó la sociedad Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP, cuyos accionistas son la sociedad Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda., la Compañía de Informaciones Audiovisuales, la empresa Centrales Eléctricas de Nariño S.A. ESP, Cedenar S.A. ESP, la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP EEC y la Electrificadora del Huila S.A. ESP.
La Empresa Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP fue creada con el fin de asumir la prestación del servicio público en el sector en el que cesó operaciones la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP en liquidación. Para tal fin, el 23 de mayo de 2004 celebró un contrato de arrendamiento de establecimiento de comercio con esta, con el objetivo de utilizar los bienes y servicios dedicados a la prestación del servicios de telefonía pública básica conmutada y los servicios suplementarios, los cuales forman parte de un establecimiento de comercio de la EDT.
Por consiguiente, según sostiene el demandante, la constitución de esta nueva sociedad no constituye la creación de una nueva empresa, toda vez que la Empresa Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP asumió las operaciones de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP en liquidación, de tal suerte que operó –a su juicio– el fenómeno de sustitución patronal.
En este sentido, trae a colación el artículo 6º de la convención colectiva de trabajo suscrita entre Sintratel y Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, según el cual: “(...) en caso de transferencia de bienes y servicios al sector privado o a otras entidades estatales, pero continuando con el principal objeto social de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones, o de división, fragmentación o cualquier otro fenómeno de desmembración que afecte la actual estructura de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones y sus establecimientos, se configurará una sustitución de patronos y el empleador substituto tendrá la obligación de reconocer, respetar y aceptar la Convención Colectiva de Trabajo, la Organización Sindical Sintratel como signataria de la misma, la continuidad de los contratos de trabajo los cuales continuarán rigiéndose por dicha convención y por las normas legales objetivas aplicables (...)”.
Manifiesta el demandante que los trabajadores afiliados a Sintratel han solicitado a la EDT en liquidación y a Barranquilla de Telecomunicaciones S.A. ESP el cumplimiento de la cláusula transcrita, sin que estas se hayan allanado a su observancia.
1.3. Por otra parte, reseña que el alcalde de Barranquilla, mediante el Decreto 0234 de junio 22 de 2004, dispuso la constitución por parte del Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla de una empresa de servicios públicos mixta por acciones, que se identificará con el nombre de Nueva Empresa de Telecomunicaciones del Caribe S.A. ESP, cuya sigla será Caribetel S.A. ESP. Señala que el objeto social de dicha empresa, entre otros, incluye el “pago de las pensiones a cargo de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla en liquidación, con la correspondiente subrogación, con los privilegios de ley, en el proceso liquidatorio y fuera de él”.
1.4. Considera el demandante que los despidos efectuados responden a móviles antisindicales, como quiera que a otros trabajadores vinculados inicialmente con la EDT, pero que no ejercían actividades sindicales, se les ha permitido continuar laborando en la empresa Barranquilla de Telecomunicaciones S.A. ESP. Según señala, esta empresa presta en la actualidad el servicio con más de 120 trabajadores no sindicalizados que han sido enganchados a través de formas jurídicas tales como outsourcing, cooperativas de trabajo asociado, contratos civiles o comerciales, etc. Por consiguiente, considera que hay discriminación en relación con los trabajadores sindicalizados.
Manifiesta que se ha vulnerado el derecho a la estabilidad laboral reforzada previsto en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, como quiera que se han despedido personas que se encontraban en las condiciones fácticas descritas por la norma referida, para ser beneficiarias del llamado “retén social”.
“La liquidación de la entidad, es decir, de la persona jurídica propietaria de la empresa, ordenada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, no impide al juez constitucional ordenar que los trabajadores sean reintegrados, ya que: a) Esta acción no persigue dicho reintegro en la persona jurídica en liquidación, sino en la persona jurídica que existe y seguirá existiendo. B) El reintegro se recaba a Barranquilla de Telecomunicaciones S.A. ESP, por ser la actual arrendataria de la empresa y en la cual aparecen los cargos que desempeñaban los accionantes”.
Así las cosas, solicita el demandante que, con el fin de amparar los derechos fundamentales a la libertad y asociación sindical, negociación y contratación colectiva, al trabajo, a la vida digna, a la estabilidad laboral, al debido proceso y a la igualdad de los demandantes, se impartan órdenes tendientes a: (i) que la empresa Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP proceda a integrar en su planta de personal de los trabajadores despedidos de la EDT, en cargos de igual o superior categoría y remuneración a los que venían desempeñando los demandantes cuando se produjo la terminación de sus contratos con la EDT en liquidación, y cuyos nombres figuran en el listado trascrito. (ii) que se de aplicación al artículo 12 de la Ley 790 de 2002, en relación con aquellas personas que se encuentren dentro de la situación prevista en la referida norma. (iii) Que Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP y la Empresa Dsitrital de Telecomunicaciones de Barranquilla en liquidación, apliquen la Convención Colectiva de Trabajo a los trabajadores amparados por fuero sindical, y se les permita seguir laborando sin solución de continuidad en Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP Igualmente, solicitan el incremento en sus salarios a partir del 1º de septiembre de 2004. (iv) Que Barranquilla de Telecomunicaciones S.A. ESP, reconozca, respete y acepte a Sintratel como representante de los trabajadores ante esta empresa. (v) Que Barranquilla de Telecomunicaciones S.A. y la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP en liquidación reconozcan la pensión de los trabajadores que ya cumplieron con los requisitos para acceder a la misma de conformidad con la Convención Colectiva de Trabajo.
3. Intervención de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP en liquidación.
Sostuvo que no se vulneró el derecho al trabajo, teniendo en cuenta que la EDT, en virtud del proceso de liquidación, cesó el desarrollo de su objeto social, y, en este orden de ideas, el despido de los trabajadores se enmarca dentro de los parámetros establecidos por el literal f), artículo 47, del Decreto 2127 de 1945 (1) en este sentido, aduce que no existen un derecho fundamental a la estabilidad laboral, y que la EDT en liquidación ha cancelado las indemnizaciones y liquidaciones a todos los trabajadores retirados en virtud del proceso de liquidación.
En cuanto a la aplicabilidad del artículo 12 de la Ley 790 de 2002 se refiere, afirma la demandada que las disposiciones previstas por esta disposición no cobijan a los ex trabajadores de la EDT en liquidación, como quiera que (i) la EDT en liquidación no es una entidad del orden nacional, y que (ii) la desvinculación de los demandantes no se produjo en el marco del programa de renovación de la administración pública que implica la fusión, reestructuración o reducción de entidades, sino que se inscribe dentro un proceso de liquidación forzosa administrativa previsto para las empresas de servicios públicos.
Afirma que la sustitución de patronos es un asunto que debe ventilarse ante la jurisdicción ordinaria, y que los demandantes “ya lo han sometido a consideraciones de los jueces laborales”.
Finalmente manifiesta en su defensa: “En el presente no hay una mutación de dominio ni tampoco un acuerdo previo y expreso para la continuidad de las relaciones laborales que existían en la EDT ESP en liquidación, empresa que actualmente se encuentra en liquidación y por cuyo estado precisamente debió dar por terminado los contratos de trabajo a sus trabajadores”.
4. Intervención de Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP.
A través del gerente y representante legal de Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP, esta se pronunció en relación con los hechos expuestos en la demanda. Consideró improcedente la acción presentada, como quiera que la empresa que representa “no tiene ni ha tenido vínculo con ninguno de los accionantes, ni laboral ni comercial, que pueda generar alguna responsabilidad”.
Manifiesta: “Mi representada no tiene vinculado a ninguno de los trabajadores que allí se cita, pues reitero, por decisión de los mismos dueños, el único empleado es el gerente, en la actualidad, yo. La empresa que gerenció en la actualidad no tiene empleados, tiene acuerdos comerciales con empresas para mano de obra, los cuales están avalados por nuestra legislación. (...) Mi acudida no ejerce actos de discriminación con nadie”.
Afirma que Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP es en sí misma una empresa, entendida esta como una unidad de explotación económica. El acuerdo suscrito entre esta y la EDT se limita al arrendamiento de un establecimiento de comercio, lo cual, de ninguna manera, implica la mutación de la titularidad de la EDT.
Así mismo, sostiene que del contrato de arrendamiento se desprende que “el arrendatario no se hará cargo ni responderá por ninguna obligación a cargo del arrendador, revelada o no, contingente o no, todas las cuales serán atendidas por este último exclusivamente en el transcurso y con sujeción a los procedimientos de su liquidación”.
5. Intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
A través de comunicación suscrita por la jefe de la oficina asesora jurídica, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios rindió el informe solicitado por el a quo.
Manifiesta que la presente acción se encuentra indebidamente integrada por pasiva en relación con dicha superintendencia, como quiera que a partir de los hechos y las pretensiones expuestos en la demanda se desprende que la misma está dirigida principalmente contra Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP y la EDT en liquidación. Añade que esta última, por encontrarse en liquidación, dejó de ser una empresa intervenida y vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Por otra parte, afirma que la Resolución SSPD 001621 de mayo 21 de 2004, por medio de la cual se ordenó la liquidación de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP, es un acto administrativo revestido de la presunción de legalidad correspondiente; en consecuencia, contra estos solo procede la acción de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
6. Intervención de la alcaldía de Barraquilla.
“(...) dicha empresa es la responsable entre las relaciones laborales entre ella y sus trabajadores, llámense empleados públicos o trabajadores oficiales, entre la empresa industrial y comercial accionada y sus trabajadores existe según el régimen laboral una fuerza vinculante, pero no entre esos trabajadores y el alcalde del Distrito de Barranquilla”.
1. Folios 103 a 140, copia de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre Sintratel y la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP.
2. Folios 141 a 159, copia de la escritura pública 1207 de mayo 10 de 2004, protocolizada en la Notaría Quinta del Círculo de Bogotá, por medio de la cual se constituyó la sociedad Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP.
3. Folios 166 a 179, copia del Decreto 0234 de 2004, expedido por el alcalde de Barranquilla, por medio del cual se constituyó la Sociedad de Telecomunicaciones de Barranquilla S.A. ESP – Nueva Empresa de Telecomunicaciones del Caribe S.A. ESP.
4. Folios 180 a 191, copia del contrato de arrendamiento celebrado entre Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP en liquidación y la sociedad Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP.
5. Folios 192 a 198, copia del documento Conpes 3288 de mayo 17 de 2004.
6. Folios 41 a 47 (cuaderno de contestación de la demanda), copia de la Resolución 001621 de mayo 21 de 2004, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por medio de la cual se decreta la liquidación de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP.
7. Folio 14 (cuaderno anexo I), copia del acta de posesión de la gerente liquidadora de la EDT, suscrita el 23 de mayo de 2004.
8. Folios 15 y 16 (cuaderno anexo I), copia de la Resolución 009 de mayo 26 de 2004, expedida por la EDT, por la cual se declara la supresión de todos los cargos existentes en dicha empresa.
9. Folios 1 a 354 (cuaderno anexo II), copias de las liquidaciones de los ex trabajadores de la EDT.
10. Folios 1 a 377 (cuaderno anexo IV), copias de las liquidaciones de los ex trabajadores de la EDT.
Mediante providencia de noviembre veintinueve (29) de dos mil cuatro, el Juez Cuarto (4º) Penal del Circuito de Barranquilla resolvió denegar el amparo a los derechos fundamentales invocados por la parte demandante.
Consideró el a quo, (i) que la Resolución SSPD 001621 de 21 de mayo de 2004 fue adoptada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en ejercicio de sus competencias legales, la cual constituye un acto administrativo revestido de presunción de legalidad y, por tanto, solo es susceptible de los recursos propios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (ii) En segundo lugar, manifestó que las pretensiones propias de la presente acción están encaminadas a satisfacer derechos de orden legal presuntamente vulnerados, como son la aplicación de la Convención Colectiva del Trabajo, el reintegro de trabajadores despedidos y el reconocimiento y pago de pensiones, los cuales, por ser de orden legal, en principio, no pueden ser protegidos por medio de la acción de tutela. Con todo, manifiesta que no se vislumbran en el presente caso los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela.
“(...) Es de señalar que los conflictos jurídicos que versen sobre la aplicación de una norma, de una convención colectiva del trabajo, o de un pacto colectivo, corresponde a la justicia laboral el conocimiento y decisión de la acción pertinente a través del juicio ordinario laboral, en desarrollo de lo estipulado en el título segundo del Código Procesal del Trabajo”.
En consecuencia, el a quo determinó la improcedencia de la acción.
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, mediante fallo de febrero siete (7) de dos mil cinco (2005), confirmó el fallo impugnado.
Al respectó, reiterando los argumentos expuesto por el a quo, manifestó:
“(...) la decisión de liquidar la Empresa Distrital de Telecomunicaciones, si en gracia de discusión violentó los derechos fundamentales de sus trabajadores, no puede revisarse su legalidad por vía de esta acción constitucional, pues la decisión fue tomada por un ente competente y bajo unas consideraciones legales que soportan su actuación (...) En resumen, para la protección de los derechos fundamentales reclamados mediante esta acción constitucional se dispone de otro mecanismo judicial idóneo que no puede ser desplazado por el amparo invocado por cuanto no se demostró en concreto la existencia de un perjuicio irremediable”.
Esta Corte es competente para revisar el fallo de tutela referido, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241–9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y demás disposiciones pertinentes.
2.1. Mediante auto de mayo 11 de 2005, la Sala Primera de Revisión de esta corporación solicitó al gerente liquidador de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla un informe en relación con la liquidación y el pago de las prestaciones sociales a que tenían derecho los trabajadores con motivo del despido que se produjo a raíz de la liquidación de la EDT, así como una relación de las personas que se encontraban, al momento de su retiro, en las condiciones descritas en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002.
2.2. La gerente liquidador de la EDT, mediante comunicación suscrita el 25 de mayo de 2005, reiteró la inaplicabilidad de la Ley 790 de 2002 dentro del proceso de liquidación de la EDT y, en consecuencia, manifestó que dicha empresa no adelantó censo alguno de la personas que se encontraban en las condiciones descritas por el llamado “retén social”.
Sin embargo, en relación con las “madres cabeza de familia”, presentó una relación de la liquidación, argumentando que en virtud del pago de la misma se debe presumir que estas cuentan con otra alternativa económica. En lo referente a las personas próximas a pensionarse, afirmó que ninguno de los accionantes se encontraba, al momento del retiro, a 3 años o menos para cumplir con los requisitos que les permitieran ser beneficiarios de la pensión legal.
De conformidad con la situación fáctica planteada, deberá esta Sala de Revisión dilucidar si el despido de los trabajadores demandantes, que tuvo lugar en el marco del proceso de liquidación forzosa administrativa al que se vio abocada la EDT, vulnera los derechos fundamentales de los accionantes. Para tal fin, esta Sala de Revisión realizará algunas consideraciones generales en relación con los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela con el fin de reclamar prestaciones de orden laboral, en particular, aquellas tendientes a obtener el reintegro de trabajadores, el reconocimiento y pago de pensiones de jubilación y la declaración de sustitución patronal; en segundo lugar, se analizarán algunas medidas de protección laboral reforzada para aquellas personas sujetos de especial protección constitucional, en el marco de un proceso de liquidación forzosa administrativa. Posteriormente se abordará el estudio del caso en concreto.
4. Factibilidad de reclamar prestaciones de carácter laboral por medio de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia.
4.1. La acción de tutela fue concebida como un mecanismo subsidiario y residual para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando en el ordenamiento jurídico no existen, o existiendo no son eficaces, otros mecanismos judiciales para garantizar el ejercicio del derecho vulnerado o amenazado, a raíz de la acción u omisión de cualquier autoridad pública o, bajo determinados supuestos, de un particular.
4.2. Como regla general la acción de tutela no es el medio idóneo para reclamar las prestaciones sociales derivadas una relación laboral. Teniendo en cuenta las competencias de las diferentes jurisdicciones, es la jurisdicción laboral quien, en principio, está llamada a prestar su concurso para decidir controversias que se inscriben en el desarrollo de un contrato de trabajo.
Esta limitación encuentra su razón de ser en la existencia de otros medios judiciales, v.gr., proceso ordinario laboral. No obstante, verificada la existencia de otros medios que permitan garantizar el ejercicio del derecho fundamental vulnerado o amenazado, resulta necesario el análisis de idoneidad del tal medio, tendiente a determinar si la acción de tutela resulta procedente, con el fin de conceder un amparo transitorio, evitando la materialización de un perjuicio irremediable (2) .
4.3. En ocasiones esta corporación ha contemplado la procedibilidad de la acción de tutela para reclamar acreencias derivadas de una relación de carácter laboral, teniendo en cuenta, en concreto, que si se acudiese a la jurisdicción competente, la duración media de un proceso laboral haría nugatorio el ejercicio del derecho vulnerado o amenazado (3) . Esto se traduce en una protección transitoria para conjurar un perjuicio irremediable, bajo determinadas circunstancias apremiantes.
5. La acción de tutela frente a derechos de orden laboral que dependen de la eventual declaración de la sustitución patronal. Solicitud de reconocimiento y pago de pensiones.
5.1. La sustitución patronal es un fenómeno jurídico tendiente a amparar a los trabajadores contra una terminación intempestiva de los contrato de trabajo, a raíz del traspaso o mutación del dominio de una empresa. En ese sentido, es una relación que parte de la premisa según la cual: al constatarse (i) un cambio de patrono, (ii) y la continuidad de la empresa, la (iii) continuidad del trabajador deberá asegurarse, claro está, en ausencia de causa jurídica que motive el despido de este.
Al respecto, esta corporación, en sentencia T–395 de 2001 (4) , sostuvo:
“En la legislación colombiana, se estableció la sustitución patronal desde 1935 (D. 652 de tal año, art. 27), reglamentario de la Ley 10 de 1934, que dijo: “Para los efectos de la ley que se reglamenta, se considerará como una misma empresa, la que haya conservado en sus líneas generales el mismo giro del negocio u ocupaciones con las variaciones naturales del progreso, ensanche o disminución, aun cuando hubiere cambiado de nombre, patrono o dueño”. Posteriormente, el inciso 3º del artículo 8º de la Ley 6ª de 1945 estatuyó que la sola sustitución del patrono no extingue los contratos de trabajo. Esta ley fue desarrollada por el Decreto 2127 de 1945 que en su artículo 53 definió la sustitución de patronos como “toda mutación del dominio sobre la empresa o negocio o de su régimen de administración sea por muerte del primitivo dueño, o por enajenación a cualquier título, o por tansformación de la sociedad empresaria o por contrato de administración delegada o por otras causas análogas”. Posteriormente se expidió la Ley 64 de 1946 en el mismo sentido. El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 67 indicó que “Se entiende por sustitución de patronos todo cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto este no sufra variaciones en el giro de sus actividades o negocios”, y es perentoria la determinación del artículo 68: “La sola sustitución de patronos no extingue , suspende ni modifica los contratos de trabajo existentes”. El profesor Guillermo González Charry al comentar este artículo dice que “El artículo 68 establece, siguiendo este criterio, que la sola sustitución de patronos no extingue, suspende o modifica los contratos de trabajo existentes; es decir, que lo que se ha querido establecer es una desconexión completa entre la suerte de los trabajadores y las operaciones financieras o mercantiles que puedan ocurrir en relación con la empresa. No siendo parte en la negociación , los trabajadores tampoco pueden ser sus víctimas” (Derecho del Trabajo, p. 231)”.
5.2. En el marco de la liquidación de una empresa de servicios públicos domiciliarios, es lógico que una nueva empresa asuma las actividades que cesó la empresa liquidada o en liquidación, como quiera que sobre la administración recae el imperativo de asegurar la prestación del efectiva del servicio público y la continuidad del mismo.
Cuando el reintegro laboral se pretende en una nueva empresa, de la cual se argumenta haber sustituido al antiguo empleador, resulta necesario, prima facie, constatar la ocurrencia del fenómeno de la sustitución patronal. Verificado este, habría causa jurídica suficiente para disponer el reintegro del trabajador lesionado en sus derechos. No obstante, la constatación de dicho fenómeno es tarea que escapa al ámbito propio de la acción de tutela, como quiera que se trata de un procedimiento sumario tendiente a otorgar una protección inmediata a los derechos fundamentales. Es, pues, la jurisdicción laboral quien está llamada a prestar su concurso con el fin de apreciar, de acuerdo con las particularidades fácticas de cada asunto, si se a producido el fenómeno de sustitución patronal y, en consecuencia, disponer en relación con el reintegro solicitado.
5.3. Por otro lado, y en relación con la procedencia de la acción de tutela con el fin de obtener el reconocimiento y pago de pensiones, es igualmente constante la jurisprudencia de esta Corte en relación con la improcedencia de aquella, salvo que de los aspectos concretos de una asunto en particular se revele patente la necesidad del concurso del juez constitucional.
En efecto, al juez de tutela no le corresponde señalar el contenido de las decisiones que deban tomar las autoridades públicas en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, como la de reconocer una pensión, pues fuera de carecer de competencia para ello, no cuenta con los elementos de juicio indispensables para resolver sobre los derechos por cuyo reconocimiento y efectividad se propende. En este sentido ha sido clara la jurisprudencia de la corporación en indicar que ‘los fallos emitidos en materia de acción de tutela no tienen virtualidad para declarar derechos litigiosos, menos aún cuando de estos se predica su carácter legal” (5) .
6. De las medidas afirmativas y la protección laboral reforzada en el marco de un proceso de liquidación forzosa administrativa.
6.1. El artículo 13 de la Carta Política estableció la obligación del Estado de procurar la igualdad real y efectiva, de adoptar medidas en favor de los grupos discriminados y marginados, y de proteger a aquellas personas en circunstancias de manifiesta debilidad (6) . Pues bien, uno de los instrumentos tendientes a lograr el cumplimiento de este imperativo constitucional en el Estado social de derecho son las acciones afirmativas, cuya implementación, en primer lugar, corresponde al legislador. Al respecto, es abundante la jurisprudencia de esta corporación (7) .
“Con la expresión acciones afirmativas se designan políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor representación” (8) .
6.2. Ahora bien, en concordancia con el sentido normativo del artículo 13 de la Constitución, el artículo 43 superior señala que “(...) el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”. De esta manera la carta estableció unos parámetros de conducta a ser observados por parte del Estado, tendientes a paliar la difícil situación de las madres solteras que tienen a su cargo la dirección del hogar.
Es en desarrollo de esta lógica en donde se inscribe, por ejemplo, la Ley 82 de 1993, relativa a la protección de la mujer cabeza de familia, la cual busca propiciar condiciones favorables en diversos escenarios como el acceso al sistema de seguridad social en salud, a programas educativos o al fomento de la actividad económica. Su artículo 2º señala las características estructurales de la condición de madre cabeza de familia en los siguientes términos: “quien siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”.
No obstante, esta corporación, bajo determinados supuestos, ha hecho extensiva la protección constitucional a los padres que se encuentran en la misma condición de las madres cabeza de familia, bajo el entendido de que el amparo que se busca con la norma tiene igualmente como objetivo cobijar a los hijos menores o impedidos dependientes y, por tal motivo, no es constitucionalmente válido hacer una diferencia de los hijos que dependen de la madre cabeza de familia en relación con aquellos que dependen del padre cabeza de familia (9) . Así, pues, las medidas afirmativas, inicialmente previstas para la mujer cabeza de familia, se han hecho extensivas al padre cabeza de familia, mas no en aplicación al derecho a la igualdad, si no en consideración al núcleo familiar, sobre quien también se proyecta la protección que buscan este tipo de medidas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 42 y 44 de la Carta Política (10) .
6.3. Con todo, las medidas afirmativas no se limitan a las madres cabeza de familia, sino que se hacen extensivas con el fin de otorgar una protección a aquellas personas que se encuentran en condiciones de desigualdad y manifiesta debilidad, o que históricamente han sido discriminadas, situaciones estas que el Estado social de derecho debe mitigar. así, en virtud de lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución Política, se ha otorgado especial protección a las personas con limitación física, mental, visual o auditiva.
“Una de las bases del Estado social de derecho es la consagración del principio de igualdad material, es decir, de igualdad real y efectiva, como expresión del designio del poder público de eliminar o reducir las condiciones de inequidad y marginación de las personas o los grupos sociales y lograr unas condiciones de vida acordes con la dignidad del ser humano y un orden político, económico y social justo” (11) .
Pues bien, es en desarrollo de este tipo de medidas, entre otras, en donde se enmarca la protección laboral reforzada establecida por el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 (12) , denominada “reten social”, por medio de la cual se buscó que dentro del programa de renovación de la administración pública, se otorgara una protección especial a las madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los servidores que en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación la ley en comento cumplieran con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez. De lo contrario, en virtud de la fusión, reestructuración o liquidación de las entidades públicas objeto del programa de renovación referido (13) , esas personas quedarían desprotegidas y cesantes laboralmente.
Ahora bien, la liquidación forzosa administrativa constituye un proceso concursal y universal, que tiene por finalidad esencial la pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo, incluyendo, como es lógico, las prestaciones de orden laboral con la correspondiente prelación de créditos, a cargo de la respectiva entidad hasta la concurrencia de sus activos, preservando la igualdad entre los acreedores (EOSF, art. 293). Sin duda alguna, se trata de una modalidad fluida de control y de resolución de situaciones críticas de contenido económico de especial atención para el derecho público, y de extrema gravedad, que no pueden dejarse bajo el régimen ordinario de los concursos entre comerciantes, pues, naturalmente, su régimen es y debe corresponder a un estatuto legal especial (14) .
Así, pues, en los procesos de liquidación forzosa administrativa, en donde resulte como consecuencia la supresión de empleos, deberá respetarse, en todo caso la protección laboral reforzada de las madres cabeza de familia y discapacitados, como quiera que esta debe su razón de ser a expreso mandato constitucional.
7.1. Dentro de la controversia planteada, observa esta Sala que las pretensiones de la demanda están dirigidas principalmente (i) a que se declare la sustitución patronal y, en consecuencia, (ii) se ordene integrar a los trabajadores despedidos de la EDT en Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP (iii) Que se de aplicación a la convención colectiva del trabajo, y que Barranquilla Telecomunicaciones reconozca a Sintratel como representante de los trabajadores, (iv) a que se reconozcan las pensiones de jubilación para algunos trabajadores y el aumento de sueldo en otros casos, y (v) que se de aplicación al artículo 12 de la Ley 790 de 2002, entre otras pretensiones.
Las demandadas solicitaron denegar el amparo de los derechos solicitados, aduciendo, entre otros argumentos, que se trata de una controversia de orden legal que debe debatirse ante la jurisdicción ordinaria, que Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP no ha sustituido a la EDT, y que el artículo 12 de la Ley 790 de 2000 no es aplicable en el marco de un proceso de liquidación forzosa administrativa.
Con el fin de analizar en concreto el estudio del presente caso, esta Sala de Revisión realizará dos tipos de consideraciones, en atención a la naturaleza propia de las pretensiones expuestas: (i) en primer lugar, se realizaran las consideraciones pertinentes en relación con la procedibilidad de la presente acción, teniendo en cuenta la naturaleza de los derechos que se buscan satisfacer por medio esta, y, en segundo lugar, (ii) se abordará el análisis referente a la protección laboral reforzada en el marco del proceso de liquidación forzosa administrativa de la EDT, como quiera que dentro de la presente acción algunos de los demandantes alegaron su condición de sujetos de especial protección constitucional.
7.2. La constatación del fenómeno jurídico de la sustitución patronal y, en consecuencia, las prestaciones que de la verificación de dicha sustitución derivan y que alega el demandante, es, se reitera, un asunto cuyo estudio escapa al ámbito propio de la acción de tutela. Al respecto, analizando el caso de algunos trabajadores desvinculados de la antigua Caja Agraria, esta corporación sostuvo:
“En relación con la estabilidad laboral que los actores estiman desconocida, y que ha sido analizada precedentemente en sus implicaciones frente a la procedibilidad de la acción de tutela, la Corte estima que la determinación acerca de la existencia o inexistencia de la figura de la sustitución patronal y sus incidencias frente a la pretensión de reintegro que formulan los accionantes, escapa la competencia del juez de amparo. Ello por cuanto, como se dijo, la estabilidad laboral no es en sí misma un derecho fundamental, objeto de protección inmediata a través de la acción de tutela, salvo en aquellas circunstancias especiales en que la garantía de dicha estabilidad compromete así mismo el núcleo esencial del derecho al trabajo, como se analizó anteriormente. Así, la presencia de esta figura y la derivación de sus consecuencias, corresponde al juez laboral” (15) .
7.3. En relación con las pretensiones tendientes a obtener el reintegro –en la planta de personal de Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP– de los extrabajadores de la EDT despedidos (16) , la aplicación de la Convención Colectiva del Trabajo, el aumento de salarios y el reconocimiento y pago de pensiones de jubilación, entre otros, derechos cuyo ejercicio consideran los demandantes vulnerado, esta Sala observa que se trata de asuntos de orden eminentemente laboral, algunos de los cuales dependen de la constatación y declaración efectiva de la sustitución patronal, en donde el patrono sustituto sería Barranquilla de Telecomunicaciones S.A. ESP y el patrono sustituido sería la EDT en liquidación. Así las cosas, es la justicia ordinaria quien está llamada a prestar su concurso para resolver la presente controversia, máxime si se tiene en cuenta que los trabajadores retirados del servicio han sido indemnizados (17) , y que para despachar favorablemente sus pretensiones se hace necesaria la constatación del fenómeno de la sustitución patronal, competencia esta exclusiva del juez laboral.
“La acción de tutela solo procederá como mecanismo para evitar que el trabajador sufra una situación crítica económica y psicológica. Con esta referencia se busca dejar intacta la competencia de la jurisdicción laboral ordinaria, cuando no se trate de situaciones injustificadas, inminentes y graves que hacen urgente la intervención del juez de amparo” (18) .
7.4. Ahora bien, en relación con el análisis en torno a la protección laboral reforzada que solicitan algunos de los ex trabajadores de la EDT retirados del servicio, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones, como quiera que se trata de derechos de orden constitucional.
La liquidación de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP se inscribe dentro de un proceso de liquidación forzosa administrativa descrito por la Ley 142 de 1994 (19) .
Teniendo en cuenta que las metas propuestas en el programa de gestión no fueron alcanzadas, la Superintendencia Delegada de Telecomunicaciones, mediante oficio de julio 16 de 1999, elevó pliego de cargos contar la EDT y posteriormente, a través de la Resolución 004712 de junio 13 de 2000, decretó la toma de posesión con fines de administración, al verificar que la EDT incurrió en la causal descrita en el artículo 59–7 de la Ley 142 de 1992 (20) .
Por medio de la Resolución 8208 de mayo 28 de 2002, tras analizar la situación de la EDT y concluir que esta no era viable, se modificó la modalidad de la toma de posesión de la empresa, inicialmente decretada para administrar, ahora con fines del liquidación.
Entre las razones expuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para liquidar la EDT figuran: “i) la alta concentración de cartera de difícil recaudo, ii) el endeudamiento para atender pagos a corto plazo en comparación con la disponibilidad de liquidez, iii) la actual carga laboral y prestacional, iv) la insolvencia de la empresa con un patrimonio negativo de $ 90.000 millones aproximadamente, v) el incumplimiento de índices de gestión, vi) el fondeo de sus gastos de operación con recursos del IVA y de terceros operadores, vii) un déficit presupuestal de $ 32.231 millones de pesos aproximadamente, que la hacen inviable financiera y técnicamente n el inmediato, mediano y largo plazo, viii) imposibilidad para financiar sus necesidades mínimas de inversión y mantenimiento para prestar el servicio con la calidad y continuidad debida” (21) .
Así las cosas, considerando que la prestación del servicio público se veía amenazada, y con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del mismo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dispuso que el servicio de telefonía básica conmutada sería asumido por la empresa Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP, y ordenó la disolución y liquidación de la EDT. Es precisamente dentro del proceso de liquidación donde se produjo el despido de los trabajadores demandantes.
7.5. Observa esta Sala de Revisión que los despidos que motivan la presente acción no se producen dentro de un programa de renovación o modernización de la administración pública (22) . Estos se produjeron como consecuencia de un proceso de liquidación forzosa administrativa.
En este orden de ideas, es del caso afirmar que si bien la supresión de empleos en los escenarios planteados responde a causas jurídicas distintas, la protección laboral reforzada, paro el caso de las personas discapacitadas y las madres cabeza de familia es mandato constitucional, y su aplicación, en consecuencia, no se circunscribe exclusivamente a los programas de renovación de la administración pública. Así, se reitera, (i) para el caso de las personas discapacitadas, la protección constitucional se fundamenta en el deber del Estado social de derecho de promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados (C.P., art. 13). En lo referente a las madres cabeza de familia, (ii) la protección laboral reforzada deriva del imperativo constitucional, según el cual es deber del Estado apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia y a su núcleo familiar (C.P., arts. 42, 43, 44) Así las cosas, dentro del asunto objeto revisión, la presunta vulneración no es consecuencia de la inobservancia del artículo 12 de la Ley 790 de 2002, si no que es producto del desconocimiento de las garantías constitucionales.
7.6. Ahora bien, teniendo claro entonces que el retiro de los trabajadores de la EDT en liquidación, quienes eran sujetos de protección laboral reforzada en los términos aquí expuestos, vulnera el ejerció de sus derechos fundamentales a la igualdad material y a la protección laboral reforzada de personas que se encuentran en situación de manifiesta debilidad, surgen entonces algunos interrogantes que deberá resolver esta Sala de Revisión con el fin de precisar las características que habrá de revestir la reparación del daño ocasionado, teniendo en cuenta las particularidades del caso concreto.
En primer lugar, y teniendo en cuenta que las personas que alegan su condición de madres cabeza de familia y personas discapacitadas fueron indemnizadas al momento de su retiro de la EDT en liquidación, esta Sala reiterará la jurisprudencia de esta corporación (23) en el sentido de que la orden de reintegro que –en virtud de la constatación de la vulneración de los derechos fundamentales de personas de especial protección constitucional– se impartirá, no es incompatible con la indemnización que les fuera reconocida y cancelada a los trabajadores retirados.
No obstante, en sentencias T–925 de 2004 y T–964 de 2004, esta corporación determinó que esta línea jurisprudencial responde de manera genérica a las desvinculaciones que se producen como consecuencia de la supresión de cargos en el sector público. En este orden de ideas, la ocurrencia de un perjuicio irremediable en relación con aquellas personas que ostentan la calidad de madres cabeza de familia o discapacitados, debe ser analizado bajo un prisma distinto. Bajo estos parámetros, “no puede ser idéntico dada la especial protección que se predica de dichos sujetos y la particular vulnerabilidad de los mismos. En nada quedaría la especial protección debida a las madres cabeza de familia y a sus hijos menores si se les aplicaran las mismas reglas que a los demás trabajadores afectados (...)” (24) .
7.8. Con todo, teniendo presente que la indemnización percibida por los ex trabajadores de la ETD en liquidación encuentra su causa jurídica en el despido de estos, el reintegro de aquellas personas que se produzca con motivo de la presente decisión, deberá, como es lógico, dejar sin efectos la indemnización del ex trabajador que opte por el reintegro. Por consiguiente, los trabajadores que opten por ser reintegrados en la EDT en liquidación, tendrán derecho a los salarios y prestaciones dejados de percibir durante el período trascurrido entre su desvinculación hasta el momento en que sean nuevamente incorporados en la nómina de la EDT en liquidación, debiendo restituir las indemnizaciones percibidas.
Sin embargo, resulta claro que la restitución inmediata de las indemnizaciones canceladas es cuestión que puede revelarse problemática, como quiera que es factible que los ex trabajadores retirados hayan dispuesto de aquella. Con el fin de zanjar este dilema, esta Corte, revisando asuntos relativos a algunos trabajadores retirados del servicio de Telecom en liquidación, ha trazado algunas directivas útiles para tal fin, y que están llamadas a ser aplicadas en el asunto sub examine:
“Ahora bien, en la medida en que la restitución de la indemnización puede no resultar posible en un solo momento, la entidad demandada adelantará el cruce de cuentas correspondiente y, en el evento de resultar saldos su favor, deberá ofrecer facilidades de pago a las accionantes que garanticen su subsistencia digna y la de sus hijos menores. En todo caso, llegado el momento de la liquidación definitiva de la empresa podrán materializarse los ajustes pendientes con el pago de la indemnización que en ese momento habrá de realizarse. Para una mayor claridad conviene tener en cuenta la presencia de tres eventos diferentes en los cuales pueden operar las compensaciones o restituciones que fueren necesarias.
En primer lugar, a la fecha del reintegro efectivo de las trabajadoras, en cuya oportunidad la empresa procederá a la compensación de los valores adeudados por concepto de salarios y prestaciones con el monto de la indemnización efectuada, a fin de determinar si quedan saldos a favor de la entidad o por el contrario le corresponde hacer un pago suplementario. En segundo lugar, en el evento en que existieren créditos pendientes a favor de la empresa, las madres cabeza de familia podrán hacer abonos parciales desde el momento del reintegro y durante su permanencia en la entidad, para lo cual Telecom debe ofrecer facilidades de pago a todas las trabajadoras de manera que no afecte su mínimo vital y la subsistencia en condiciones dignas, o la de sus menores hijos. Por último, si todavía quedaren saldos pendientes con la entidad llegado el día de la terminación de la empresa y la desvinculación definitiva de las trabajadoras, en ese momento habrá lugar a las restituciones y compensaciones mutuas que hasta entonces estuvieren pendientes” (25) .
7.9. Por otro lado, deberá precisarse la cuestión relativa el ámbito de aplicación temporal de la protección constitucional que se otorgará a las personas que alegaron su condición de personas discapacitadas y madres cabeza de familia. Pues bien, la Resolución SSPD 001621 de mayo 21 de 2004, por medio de la cual se decretó la liquidación de la EDT, determinó como plazo para adelantar dicho proceso el término de dos años, contados a partir de la fecha de posesión del gerente liquidador, quien tomo posesión de su cargo el día 23 de mayo de 2004. En este sentido, la existencia jurídica de la EDT se prolonga hasta tanto no se lleve a cabo el último acto jurídico que selle de manera definitiva la liquidación total de la empresa. Así las cosas, la protección que se otorgará a los trabajadores se extenderá en el tiempo hasta el 23 de mayo de 2006, a menos de que la empresa sea liquidada de manera definitiva en un plazo inferior al estipulado en la Resolución SSPD 001621 de mayo 21 de 2004. En el evento en que el plazo previsto para la liquidación de la EDT sea prorrogado, la protección laboral reforzada, en todo caso, continuará hasta el último acto jurídico que determine el fin de la existencia jurídica de la EDT en liquidación.
7.10. De conformidad con los criterios anteriormente expuestos, se otorgará por medio de la presente decisión el amparo constitucional a los ex trabajadores retirados del servicio de la EDT en liquidación, siempre y cuando:
“13.1. Acreditación de la causal de protección
c) Personas con limitación física o mental: Los servidores públicos que consideren encontrarse dentro del grupo de personas con uno de estos tipos de limitación, deben obtener el dictamen de calificación del equipo interdisciplinario de calificación de invalidez de la empresa promotora de salud, EPS, o administradora de riesgos profesionales, ARP, a la cual estén afiliados, o de no existir este organismo, de la junta de calificación de invalidez y radicar ante el jefe de personal o quien haga sus veces la correspondiente certificación. El organismo o entidad, podrá solicitar por conducto del jefe de personal, o de quien haga sus veces, la verificación de la valoración presentada a las juntas de calificación de invalidez”.
En tal sentido, se ordenará a la gerente liquidador de la EDT en liquidación que –dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la presente providencia– deberá informar por escrito, a las personas que ostenten la calidad de madres cabeza de familia y personas discapacitadas, y que hubieran alegado dicha condición dentro del trámite de la presente acción, acerca de la posibilidad de solicitar el reintegro, si lo estiman oportuno, de conformidad con las directrices expuestas en la presente providencia.
2. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de febrero siete (7) de dos mil cinco (2005), proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, la cual a su vez confirmó el fallo de noviembre veintinueve (29) de dos mil cuatro (2004), proferido por el Juzgado Cuatro (4º) Penal del Circuito de Barranquilla, por medio del cual se denegó el amparo solicitado, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Pedro Polo Barrios, en nombre propio, y en representación de Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla “Sintratel”, y demás trabajadores cuyos nombres figuran relacionados en el anexo I de la presente providencia, contra la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP en liquidación, Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP, el alcalde de Barranquilla y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
3. ORDENAR que a través de la secretaría general de esta corporación se notifique al liquidador de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP en liquidación y se le envíe copia íntegra de la presente providencia.
4. ORDENAR a la gerente liquidador de la EDT que –dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la presente providencia– informe por escrito, a las personas que ostenten la calidad de madres cabeza de familia y personas discapacitadas, y que hubieran alegado dicha condición dentro del trámite de la presente acción, acerca de la posibilidad de solicitar el reintegro, si lo estiman oportuno, de conformidad con el apartado 7.10 de esta providencia.
5. Las personas beneficiarias del amparo que se concede por medio de la presente sentencia, dispondrán de un plazo máximo de un (1) mes calendario, contado a partir de la notificación que deberá efectuar el gerente liquidador de la EDT en liquidación, para acreditar y demostrar la calidad de madres cabeza de familia o personas discapacitadas, condición que las hace beneficiarias de la protección constitucional, así como para manifestar por escrito su asentimiento para ser reintegrados en la nómina de la EDT en liquidación, de conformidad con el apartado 7.10 de esta providencia.
6. Dentro de los cinco (5) hábiles subsiguientes a la presentación de los requisitos que acrediten a cada trabajador como beneficiario del presente amparo, el gerente liquidador de la EDT deberá reintegrar de manera inmediata al respectivo trabajador, y disponer lo pertinente en relación con el pago de salarios y prestaciones dejadas de recibir, así como en lo referente a las compensaciones a que eventualmente haya lugar. El reintegro que así se efectúe se predicará hasta la extinción definitiva de la personalidad jurídica de la EDT en liquidación, salvo que medie causal distinta que motive el despido con justa causa.
7. Si el gerente liquidador de la EDT determina que en algunos casos no se acreditaron debidamente los requisitos en tanto que madre cabeza de familia o persona discapacitada, para ser beneficiario del presente amparo, deberá informar al trabajador interesado, mediante escrito motivado, las razones en las cuales fundamenta su decisión. En este escenario, el trabajador estará facultado para acudir individualmente ante el juez constitucional, con el fin de que sean evaluadas las circunstancias que motivaron la decisión del gerente liquidador.
8. Por secretaria general, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Anexo 1: Relación de ex trabajadores demandantes en el proceso T-1073680:
Cédula Nombres 1er. Apellido 2do. Apellido
8.532.831 Milton Rafael Aguas Chaves
8.633.801 Jhon Jairo Aguilar Pacheco
8.632.163 José Jacob Ahumada Coronado
32.632.514 Ana Guillerma Ahumada Niebles
8.746.757 Manuel Francisc Alcala Pena
72.158.938 Alberto Mario Algarin Figueroa
8.719.747 Victor de Jesús Alonso Cueto
32.695.132 Liliana Álvarez Russo
72.170.871 Luis Fernando Amador Cardona
32.651.033 Luz Marina Angulo Guette
22.567.783 Margarita Arcon Arcon
72.123.646 Luis Alberto Ariza Creciente
72.156.945 Jorge Ariza Jiménez
72.128.959 Eduardo Ariza Mora
8.521.140 Immel de Jesús Ariza Rolong
72.142.663 Jhony Rafael Ávila Silva
72.144.792 Javier Antonio Ayala Rodríguez
8.685.746 Somenson Antoni Baldovino Aguas
8.697.132 Franklyn Javier Ballestas Pérez
3.736.728 Robinson Barandica Salas
8.763.395 Gamal Leonidas Barcelo Arenilla
8.765.514 Wilmer de Jesús Barrera González
72.140.787 Edgardo Barrios Blanco
8.759.624 José Miguel Barrios Del Valle
7.474.679 Jaime de Jesús Barrios Lozano
72.148.347 Rafael Antonio Barros Mejia
72.163.179 Yonelgar José Beltrán Cervantes
72.147.193 Jaime Enrique Blanco Jimeno
3.764.153 Orlando Casar Borjas Barandica
72.123.317 José del Transit Borjas Berdugo
8.677.949 César Borrero Geraldino
3.718.481 Abrahan Antonio Brochero Natera
3.735.882 Álvaro Buzon Fontalvo
8.672.657 Jairo Enrique Cabarcas Espana
72.157.818 Robinson Cabarcas Guerrero
8.704.454 Wiliam José Calle Rojas
8.705.361 Hernando José Cano Inestrosa
72.123.170 Alejo Silvio Cantillo Silvera
8.718.379 Abel Cañate Miranda
8.740.392 Matías Cañate Vargas
8.664.379 Mariano Cassiani Navarro
8.684.967 David Enrique Castilla Peralta
3.734.858 Edgardo Sofanor Castro Castillo
32.651.116 Judith Leonor Castro Quintero
22.538.078 Nereida Esther Cera Domínguez
3.763.742 César Agousto Charris Muriel
3.718.918 Fermin Charris Navas
3.736.869 Edinson Miguel Charris Truyol
8.704.698 Herbert Cohen Cohen
8.790.383 Álvaro Francisco Coronado Baptista
3.724.459 Manuel Vicente Coronado Rodríguez
8.661.072 Roberto Enrique Dávila Mendoza
8.714.259 Manuel Alberto De La Cruz Ojeda
8.679.509 Gabriel De Castro Mazzilli
72.123.075 Joaquin De La Hoz Bolanos
72.201.647 Giovanni De La Hoz González
8.751.076 Antonio Jesús De La Cruz Castano
8.681.047 Eduardo Del Castillo Escorcia
8.744.954 César Agousto Dunand Zambrano
8.735.558 Hernando Luis Duran Rada
8.757.519 Alfredo Eduardo Echeverría López
8.735.518 Alfonso Escalante Ortega
72.154.522 Rubén Darío Escobar Salazar
3.761.289 José Fabregas Santiago
8.690.283 José Alberto Fontalvo Cardenas
3.764.497 Pedro Rafael Fontalvo Fontalvo
3.763.836 César Agousto Fontalvo Ortega
8.718.664 Marcos Fidel Fuentes Charris
72.126.028 Rogelio Galofre Martínez
8.693.658 José Nicolás Garcés Pallares
8.711.836 Joaquin F García Antequera
32.738.054 Gridis Lesvi García Cantillo
72.141.833 Dagoberto García Gómez
72.125.411 Javier De Jesús García López
3.747.657 Pedro Luis García Marimon
8.746.553 Joaquin Emilio García Reyes
8.685.903 Rafael De Jesús Garrido Jiménez
32.687.807 Estel Y Gaviria Hernández
8.734.688 Jimmy Isaac Giraldo Borge
72.011.052 Jorge Enrique Goenaga Polo
72.139.280 César José Gómez Barros
8.750.683 Franklin Gómez Ramos
8.666.202 Gonzalo González Manriquez
72.040.133 Alfonso Gutiérrez Martínez
32.633.742 Dennys Gutiérrez Bovea
8.667.337 Robinson Guzmán Marín
8.572.996 Emil Antonio Hernández Crespo
8.709.436 Federico Antoni Hernández Pérez
72.156.125 Orlando De J. Hernández Ruiz
72.128.445 Luis Carlos Herrera Hernández
72.129.160 Iber Luciano Herrera Morales
3.779.103 Hernando Herrera Moreno
32.671.794 Luz María Hoyos Molinares
72.129.945 Giovanny Enriqu Hurtado Jiménez
8.750.767 Miguel Ángel Jiménez Escorcia
8.691.787 Gilberto José Lafaurie Carbonell
72.136.032 Henry Emilio Lafaurie Esquea
8.736.155 Wilder Laguna Manga
72.166.450 Gerardo F Larios Caro
3.741.036 Francisco Linero Martes
72.157.023 Luis Manuel Llinas Quintero
8.755.505 Carlos López Diz
8.732.764 Carlos Arturo Márquez Comas
8,753,124 Jairo Marriaga Gómez
3.741.058 Francisco A Martes Orozco
8.704.045 Antonio Rafael Martínez Arrieta
8.711.315 Pablo Emilio Martínez Carvajal
8.689.803 Carlos Miguel Martínez Peñaloza
8.681.761 Ramón Arturo Martínez Vergel
8.520.505 Dairo Antonio Maury Corro
8.725.440 José Del Carmen Medina Orozco
8.694.632 Arnulfo Mejía De La Hoz
8.687.927 Adan Miguel Mejía Mejía
8.748.709 Javier Alfonso Mejía Ruiz
26.158.776 Magdalena Del Mellado Mestra
8.690.925 Farith Javier Mercado Bravo
72.150.326 Rafael Vicente Mercado Ortega
72.154.784 Marcial R. Molina Tous
8.668.334 Manuel Antonio Montealegre Rojas
8.757.741 Jorge Eliecer Montero Villarreal
6.819.305 Libardo Manuel Monterrosa Vergara
72.182.905 Alfonso Yesid Morales Jiménez
72.152.745 Pedro Humberto Moreno Arroyabe
32.729.423 Marilin Moreno Jiménez
8.700.227 Jaime Navas Tinoco
13.465.193 Alfredo Rafael Niebles Castro
72.234.255 Germán Olivera Calderon
72.151.407 Lever Spencer Olivera Romaniz
8.756.411 Manuel Oliveros Jiménez
3.718.262 Jairo Rafael Orozco Consuegra
32.821.816 Aracelis Esther Orozco Escorcia
8.763.283 Edwin Rafael Orozco Pérez
8.725.856 Javier Antonio Ortega Barros
32.632.390 Aura Stela Ortega Sánchez
15.019.721 Fernando Antoni Ortiz López
72.156.319 Ever Enrique Ortiz Mejía
3.734.605 Silfredo Ortiz Pacheco
3.753.339 José Ramón Osorio Romero
Jhon Jairo Pacheco
72.200.518 Alexander Páez Otero
72.129.016 José Luis Palacio Miranda
8.717.010 José De Los Santos Palencia Tara
26.925.432 Nancy Judith Palencia Vargas
22.568.366 Myriam Patricia Palma Tejeda
22.438.572 Zenith Elena Palma Vargas
8.532.105 Estalin Parra Pinto
72.174.034 Wilman Carmelo Pastor Santos
3.741.730 Eduardo Pedroza Pedroza
8.746.646 Julio Enrique Pérez Al Tahonj
8.710.387 Eduardo Pérez Barraza
3.771.057 Miguel Ángel Pérez Coll
8.751.554 Alfredo Pérez González
72.162.132 Edwin José Pertuz Alfaro
42.498.793 Mellda Del S. Pinedo Jiménez
22.446.162 Evelin Esther Pino De la Hoz
8.738.673 Luis Miguel Polo Altamar
8.662.505 Juan Domingo T Polo Barrios
72.129.859 Jorge Luis Polo Fernández
8.710.582 Rafael Pua Guerra
32.682.272 Margarita Rosa Quevedo Díaz
72.164.096 Mario De Jesús Quiroz Romero
72.127.729 Daniel Reyes Botett
8.743.177 José Isaac Reyes Henao
8.712.025 Walter Reyes Miranda
8.678.031 Yesid Enrique Ricardo Bogallo
32.643.315 Ana María Rode Acevedo
12.561.090 Germán Rodríguez Martínez
3.724.860 Arnulfo Rafael Rojano Dominguez
8.731.210 Juan Manuel Rolong Díaz
3.736.703 Rafael Emilio Rua Ortiz
72.206.215 Norbey Ruiz Correa
8.756.338 Benjamin Manuel Ruiz Maestre
8.700.010 José Rafael Ruiz Noriega
33.193.414 Emilce Antonia Salcedo de
9.092.927 Wenceslao Salgado Casseres
32.761.239 Rosa Sánchez Garrido
3.745.865 Rafael Sánchez Saltarin
12.545.011 William Enrique San Juanelo Torrenegr
8.713.310 Ovidio Manuel Santiago Celin
3.735.792 Mauricio Senior Molinares
72.179.966 Jorge Enrique Sesin Wilches
12.619.241 Jorge Eliecer Sevilla Mercado
32.632.189 Rosa Icela Sierra Chamorro
91.205.527 Elio Silva Guerrero
22.726.020 Rocio Suárez Guerrero
8.698.901 Martín Tejeda Valencia
32.639.485 Cristina Tinoco Arias
72.132.042 Henry Tirado Navas
8.600.194 Javier Torrenegra Mendoza
72.156.503 Fabian Alberto Torres Hernández
72.131.529 Aleenedro M. Torres Martínez
8.736.212 Alexander Torres Pérez
22.568.472 Edna Margarita Torres Tejeda
8.780.926 Jorge Tovar Echeverría
8.711.152 Álvaro Jesús Tovar Moreno
72.125.387 César Agousto Ujueta Palacio
3.779.249 Moisés Antonio Vallejo Conrado
8.688.133 Janer Eduardo Vargas Barros
8.664.704 Manuel De Jesús Vasquez Penaloza
32.646.306 Dubys Judith Velez Devia
3.723.718 Robinson Del Villa Quiroz
72.127.029 Luis Alberto Villalobos Villalba
3.738.023 Benjamin Villanueva González
32.682.523 Ana Teresa Villareal Rada
9 (SIC) José Luis Viloria Mantilla
22.638.697 Tatiana Wilches Mutto
22.509.562 Jacqueline Xiques Lujan
8.735.816 Jorge Yunez Pineda
8.751.012 Ricardo Jesús Zambrano Vásquez
22.440.895 Angela María Zapata Arrieta
8.720.451 William Zuluaga Romero
(1) Decreto 2127 de 1945. Artículo 47. “El contrato de trabajo terminará (...) f) Por liquidación definitiva de la empresa, o por clausura o suspensión total o parcial de sus actividades durante más de ciento veinte días, por razones técnicas o económicas (...)”.
(2) Al respecto, pueden consultarse las sentencias T-179 de 2003, T-999 de 2001, T-875 de 2001, SU-086 de 1999, entre muchas otras.
(3) Sentencia T–335 de 2000. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. “La Corte ha considerado que la acción de tutela no procede si se trata de resolver controversias que, en principio, son del resorte de la jurisdicción laboral. Sin embargo, ha entendido que existen ciertas circunstancias excepcionales en las cuales la mencionada acción es procedente para resolver este tipo de conflictos. Para que se configuren las circunstancias excepcionales mencionadas, resulta necesario que se reúnan, cuando menos, las siguientes tres condiciones. Para que la acción de tutela desplace al mecanismo judicial ordinario de defensa, es necesario (1) que se trate de la protección de un derecho fundamental, (2) que la amenaza o la lesión del derecho fundamental pueda ser verificada por el juez de tutela, y, (3) que el derecho amenazado no pueda ser salvaguardado integralmente mediante el mecanismo ordinario existente”.
(5) Sentencia T-038 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara.
(6) ART. 13.—“(...). El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
(7) Al respecto pueden consultarse las sentencias C-112 de 2000, T-500 de 2002 y C-174 de 2004, entre otras.
(8) Sentencia C-371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(9) Sentencia C–964 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(10) Al respecto pueden consultarse las sentencias C–184 de 2003 y C–964 de 2003.
(11) Sentencia C–044 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(12) ART. 12.—Protección especial. De conformidad con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente ley.
(13) Sentencia C–074 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón “la Corte ha señalado, en reiteradas ocasiones, que la estructura de la administración pública no es intangible sino que puede reformarse incluyendo una readecuación de la planta física y de personal de la misma. La reforma de las entidades y organismos sólo será procedente si, conforme a los mandatos constitucionales, se ajusta a las funciones asignadas a los poderes públicos y no vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, en especial, los derechos laborales de los servidores públicos (C.P., arts. 53 y 58)”.
(14) Sentencia C–248 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz.
(15) Sentencia SU–879 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(16) Sentencia T-047 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. “el derecho al trabajo, al ser reconocido como fundamental, exige la protección a su núcleo esencial, pero no trae consigo la facultad de obtener una vinculación concreta... Así las cosas, debe entenderse que el derecho al trabajo no consiste en la pretensión incondicional de ejercer un oficio o cargo específico, en un lugar determinado por el arbitrio absoluto del sujeto, sino en la facultad, in genere, de desarrollar una labor remunerada en un espacio y tiempo indeterminados”.
(17) Al respecto, estudiando la demanda de algunos trabajadores desvinculados de la antigua Caja Agraria, esa corporación, en sentencia SU–879 de 2000, afirmó: “En vista de lo anterior, la Corte aprecia que el pago de la anterior indemnización en principio excluye la posibilidad de conceder la presente acción como mecanismo transitorio, por cuanto el posible perjuicio irremediable que hubiera podido irrogar el despido masivo de los trabajadores de la Caja Agraria, a la fecha ha sido remediado mediante el pago de una indemnización cancelada en los términos de la convención colectiva y de las disposiciones legales vigentes en el momento de su reconocimiento”.
En sentencia SU–388 de 2005, esta corporación analizó el tema del perjuicio irremediable cuando media el pago de una indemnización, al respecto manifestó: “Ahora bien, la forma específica de asegurar la protección de los derechos no es unívoca. Por ejemplo, como el pago de indemnizaciones es incompatible con la reincorporación a la empresa, en algunas ocasiones la Corte ha ordenado el reintegro cuando aquella aún no se ha satisfecho (sent. T-792/2004), en otros eventos ha negado el amparo teniendo en cuenta que las indemnizaciones fueron canceladas (sent. T-876/2003), y en otros ha dejado sin efecto las indemnizaciones y ordenado el reintegro (sents. T-925 y T-964/2004). Pero en la medida en que todas ellas exploran el tema relacionado con la procedibilidad de la tutela y dan cuenta de la forma de superar la presencia de un daño, la Corte estima que atienden los parámetros señalados por la jurisprudencia al respecto y eran opciones plenamente válidas para la época en que fueron adoptadas”.
(18) Sentencia SU–995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(19) Ley 689 de 2001. Artículo 8º. “2) Cuando la toma de posesión tenga como causa circunstancias imputables a los administradores o accionistas de la empresa, el Superintendente definirá un tiempo prudencial para que se superen los problemas que dieron origen a la medida. Si transcurrido ese lapso no se ha solucionado la situación, el Superintendente ordenará la liquidación de la empresa”.
(20) Ley 142 de 1992. Artículo 59.—7. “Si, en forma grave, la empresa ha suspendido o se teme que pueda suspender el pago de sus obligaciones mercantiles”.
(21) Resolución SSPD 001612 de mayo 21 de 2004, por medio de la cual se decretó la liquidación de la empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla.
(22) Sentencia C–209 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara. “El proceso de modernización del Estado colombiano persigue mejorar la eficiencia de las actividades adelantadas por los entes públicos en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Este, para cumplir con sus fines, debe reajustar la estructura orgánica y funcional que le sirve de medio para obtenerlos. Por lo tanto, en lo que respecta a la administración pública, resulta razonable que se produzca la correspondiente valoración del desempeño de las entidades que la conforman, a fin de evaluar su misión, estructura, funciones, resultados, etc., y adecuarlas a los objetivos demarcados constitucionalmente. El proceso de reestructuración que adopte el legislador en una entidad dentro de los principios enunciados para su cabal funcionamiento, es conducente si en él se protegen los derechos de los trabajadores y si las actuaciones no exceden los límites legalmente establecidos para realizarlo; esto significa, que el retiro de su personal debe ir acompañado de las garantías necesarias para que el trabajador no quede desprotegido en sus derechos y el proceso en sí no se convierta en un elemento generador de injusticia social”.
(23) Ver sentencias T–925 de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis. T–964 de 2004. M.P. Humberto Sierra Porto. SU–388 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. T–389 de 2005. M.P. Jaime Araújo Rentería.
(25) Sentencia SU–388 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.