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Timestamp: 2017-11-25 10:11:51
Document Index: 139867872

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 176', 'artículo 69', 'artículo 32', 'artículo 93', 'artículo 94', 'artículo 100', 'artículo 40', 'artículo 8', 'artículo 69', 'artículo 72', 'in fine', 'artículo 186']

Asunción Padilla Hernández
1 SENTENCIA TC/0018/12 República Dominicana EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Referencia: Expediente TC , relativo a la acción de amparo intentada por los Licdos. Petra Rodríguez, Eusebio Jiménez Celestino, Cristino Lara Cordero, Mariana Polanco Rivera, José Antonio Paredes, Ángel Zorrilla, Marino Rosario Mendoza, José Miguel de la Cruz Piña (Defensores Públicos), contra el Lic. Regis Victorio Reyes, Procurador Fiscal del Distrito Judicial Duarte. En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los trece (13) días de junio del año dos mil doce (2012). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, Jueza Presidente, Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta, Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto, Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla, Justo Pedro Castellanos Khouri, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Wilson S. Gómez Ramírez, Víctor Gómez Bergés, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, jueces miembros; en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos y 277 de la Constitución y 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, No , de fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: Página 1 de 18
2 I.- ANTECEDENTES 1.- Descripción de la sentencia recurrida La sentencia No , objeto del presente recurso de revisión, fue dictada por la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte, el uno (1) de enero de dos mil doce (2012). Dicha sentencia le fue notificada al Lic. Regis Victorio Reyes, Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Duarte, el 3 de enero de Pretensiones del recurrente en revisión El recurrente Lic. Regis Victorio Reyes, Procurador Fiscal del Distrito Judicial Duarte, mediante instancia de fecha ocho (8) de enero del dos mil doce (2012), interpuso el presente recurso de revisión de amparo contra la indicada sentencia No , con la finalidad de que la misma sea revocada en todas sus partes. 3.- Fundamento de la sentencia recurrida La sentencia recurrida acogió la acción de amparo, esencialmente por las motivaciones que se indican en los numerales siguientes: Considerando que: ( ) Normativa legal a aplicar: 20 Los defensores alegan que su derecho al trabajo le ha sido vulnerado por el Procurador Fiscal de Duarte, al no permitirle la entrada a la cárcel preventiva del Palacio de justicia del Distrito Judicial Duarte, argumento que sustentan en que la Ley 277 que crea la Defensa Pública en su artículo 29.4 establece como un deber del defensor público concurrir regularmente a los lugares de detención y Página 2 de 18
3 asistir a las visitas carcelarias, legislación que por demás tiene rango Constitucional, al ser establecido en el artículo 176, de la Constitución, la autonomía administrativa y funcional del servicio de la defensa pública asumiendo su ley para regir el funcionamiento de dicha institución.)(. ) 21 En este sentido el ministerio público, como funcionario del Estado tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales de todos los seres humanos en el territorio dominicano, toda vez que conforme a nuestra Constitución, la protección de estos involucra a todos los poderes públicos, y solo por ley, en los casos permitidos por la Constitución podrán ser regulados el ejercicio de estos derechos y garantías fundamentales, siempre respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad, así lo establecen los artículos 68 y 74.2 de la Ley Suprema; en consecuencia el Fiscal Titular del Distrito Judicial de Duarte, no puede por disposición administrativa impedir el trabajo de los defensores públicos de este Distrito Judicial; violentaría el principio de legalidad, y de acuerdo al principio establecido en el artículo de la Constitución: a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. En consecuencia debe ser restituido el derecho conculcado. 22 Con relación al Derecho al acceso a la justicia de las personas detenidas, observamos las disposiciones de nuestra Constitución en su artículo 69 el derecho de toda persona a tener una tutela judicial efectiva, dentro del marco de un debido proceso de ley que garantice la efectiva protección a las garantías mínimas dentro de las que se encuentran en su numeral 1 el derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; siendo deber del ministerio público, garantizar el cumplimiento de este derecho a favor de todos los detenidos que estén bajo su demarcación territorial, como funcionario del Estado Página 3 de 18
4 encargado de velar por el respecto a los derechos fundamentales de esta persona. Además el art. 111 del Código Procesal Penal establece el derecho de toda persona detenida a tener contacto con un abogado de su elección, desde el momento de su detención y a que si no lo hace se le designe un defensor público; es decir que al restringirle la entrada a los defensores públicos a visitar las personas detenidas en la Cárcel Preventiva del Palacio de Justicia, se le está vulnerando el derecho de acceso a la justicia a las personas que se encuentren recluidas en ella, dando al traste además con la posible conculcación a otros derechos fundamentales de esta personas como sería el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho a ser presentado ante la autoridad judicial competente dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas, etc. Motivos por los cuales debe ser restituido el derecho de acceso a la justicia de los detenidos en la Cárcel Preventiva del Palacio de Justicia, restringido de forma administrativa por el Fiscal Titular del Distrito Judicial Duarte. 4.- Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión El recurrente pretende la revocación de la decisión objeto del recurso de revisión y, para justificar su pretensión, esencialmente alega lo siguiente: a) Que en la especie hubo violación del artículo 32.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, errónea interpretación de disposiciones de carácter constitucional, y violación del artículo 93 de la referida Ley No ; b) Que la sentencia de amparo presume que el fiscal prohibió la entrada de los defensores públicos a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, cuando en verdad sólo se le requirió someterse a las reglas de acceso a dicha cárcel; Página 4 de 18
5 c) Que, en el caso de la especie, la referida jueza falló extrapetita, es decir, más allá de lo que las partes le pidieron, al condenar al representante del Ministerio Público actuante al pago de un astreinte de RD$ 3, pesos diarios en caso de incumplimiento. 5.- Hechos y argumentos jurídicos de los recurridos en revisión Los recurridos en revisión pretenden el rechazo del recurso que nos ocupa y la confirmación de la decisión objeto del mismo y, para justificar dichas pretensiones, alegan esencialmente lo siguiente: a) Que los hechos y objetos de la causa, admitidos por la parte recurrida, son los mismos que retiene el tribunal en base a las pruebas presentadas por la parte reclamante, por lo que no se entiende cómo el peticionario alega desnaturalización de los hechos. b) Que con su acción, el Procurador Fiscal limitó los derechos fundamentales y el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad, al restringirles asistencia legal gratuita desde el primer momento de su detención; y, c) Que la jueza actuó de conformidad con la Constitución y la ley, normativas que otorgan amplios poderes al juez de amparo para restaurar el derecho conculcado o amenazado. 6.- Pruebas documentales En el trámite del presente recurso en revisión, entre los documentos depositados por las partes en litis se encuentran los siguientes: a) Sentencia No , emitida por la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte, Página 5 de 18
6 del 1 de enero de 2012, la cual fue notificada al Ministerio Público el 3 de enero de ese año. b) Recurso de revisión del 8 de enero de 2012, interpuesto por el Lic. Regis Victorio Reyes, Procurador Fiscal del Distrito Judicial Duarte, contra la sentencia No , dictada por la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte, del 1 de enero de c) Escrito de defensa del 17 de enero de 2012, interpuesto por los defensores públicos, Licdos. Petra Rodríguez, Eusebio Jiménez Celestino, Cristino Lara Cordero, Mariana Polanco Rivera, José Antonio Paredes, Ángel Zorrilla, Marino Rosario Mendoza, José Miguel de la Cruz Piña, contra el recurso de revisión. d) Acción de amparo del 30 de diciembre de 2011, interpuesta por los antes indicados defensores públicos, alegando vulneración al derecho al trabajo, y al acceso a la justicia de las personas privadas de libertad. e) Acto No.1095/2011, del 30 de diciembre de 2011, del ministerial Manuel Ariel Merán Abréu, recibido por el Sargento Mayor Gutiérrez, P. N., encargado de la Cárcel Preventiva del Distrito Judicial de Duarte. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 7.- Síntesis del conflicto Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos invocados por las partes, el caso de la especie se contrae a que la jueza de la Página 6 de 18
7 Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte, apoderada de una acción de amparo incoada por los ahora recurridos en revisión: a) ordenó al Procurador Fiscal, Lic. Regis Victorio Reyes, que permitiera a los defensores públicos de dicho distrito judicial asistir a las personas detenidas en la Cárcel Preventiva del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, desde el mismo momento de su detención; y b) dispuso que se le impusiera el pago de un astreinte diario de RD$3,000.00, en caso de incumplimiento. 8.- Competencia Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión, en virtud de lo que establece el artículo de la Constitución y el artículo 94 de la referida Ley No Admisibilidad del recurso en revisión El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión de amparo es admisible porque satisface los requerimientos previstos en el artículo 100 de la referida Ley No , que, de manera taxativa y específica, sujeta la admisibilidad de los recursos de revisión: ( ) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales. En efecto, en el caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional estima que el asunto planteado reviste especial trascendencia o relevancia constitucional porque se refiere a un supuesto que contempla conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales no ha establecido criterios que permitan su esclarecimiento (Sentencia TC 0007/2012, del 22 de marzo de 2012). Página 7 de 18
8 10.- El fondo del presente recurso de revisión El Tribunal Constitucional, luego de haber ponderado los alegatos de las partes y los documentos del expediente, estima lo siguiente: a) Ha quedado establecido, mediante el acto No. 1095/2011, de fecha treinta (30) de diciembre del 2011, instrumentado y notificado por el ministerial Manuel Ariel Merán Abreu: 1) que los accionantes acudieron ante el juez de amparo porque no se les permitió acceso al referido recinto de detención; 2) que, en consecuencia, no pudieron ejercer su labor de asistencia legal en beneficio de las personas detenidas que carecían de los recursos para pagar los gastos y honorarios del proceso; 3) que un sargento de la Policía Nacional que custodiaba los detenidos condicionó su entrada a dicho recinto a la presentación de una orden escrita del Procurador Fiscal del Distrito Judicial Duarte; 4) que los accionantes imputan la prohibición de acceso al referido recinto carcelario al Procurador Fiscal del Distrito Judicial Duarte; 5) que, según el agente policial encargado de la custodia de los detenidos, dicho Procurador Fiscal condicionaba la entrada de los defensores públicos al recinto a la presentación de una autorización suya; 6) que este funcionario negó haber cometido dicho hecho, sosteniendo que se limitó exigir el cumplimiento de reglas sencillas y prácticas, a fin de garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad; y 7) que, sin embargo, el indicado funcionario no dio a conocer dichas reglas. b) Asimismo, se ha comprobado fehacientemente: 1) que la referida exigencia del Procurador Fiscal viola el derecho de todo detenido a recibir asistencia legal inmediata, conforme a lo dispuesto por el artículo 40.4 de la Constitución, el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 95 y 111 del Código Página 8 de 18
9 Procesal Penal; 2) que esa prerrogativa, a su vez, forma parte integrante del derecho de defensa de toda persona a la que se le imputa una infracción, según establece el artículo 69.4 de la Constitución; 3) que, en tal sentido, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial Duarte ha incurrido en una infracción constitucional, al contravenir valores, principios y reglas contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República Dominicana, cuya sanción incumbe al Tribunal Constitucional, de conformidad a lo que disponen los artículos 5 y 6 de la referida Ley ; y 4) que el mantenimiento de esa formalidad, de parte del mencionado Procurador Fiscal, conculca las normas constitucionales y legales indicadas, cada vez que la falta de localización del Procurador Fiscal impida la comunicación de un defensor público con un detenido. c) Ante tales circunstancias, el Tribunal Constitucional estima que, con relación al recinto de detención de referencia, constituye una notoria anomalía la carencia de un protocolo de regulación de entradas y salidas de defensores públicos y abogados interesados en prestar servicios profesionales a los detenidos. Y que para resolver la situación descrita resulta recomendable, por tanto, que todos los recintos de detención localizados en los palacios de justicia y en los establecimientos policiales cuenten con un protocolo que regule las entradas y salidas de los defensores públicos y abogados. d) El Procurador General de la República tiene la facultad de definir la política penitenciaria del Estado, según establece el artículo de la ley No , Orgánica del Ministerio Público. En este sentido, convendría la adopción del mencionado protocolo en los referidos recintos de detención. Página 9 de 18
10 e) Este Tribunal recomienda, asimismo: 1) que la normativa de dicho protocolo satisfaga el principio constitucional de la razonabilidad y garantice la integridad y seguridad física de los detenidos; 2) que ese objetivo sea logrado sin desmedro del derecho que asiste a sus defensores públicos y abogados de comunicarse oportunamente con ellos para defenderlos apropiadamente en los tribunales; 3) que mientras se elabore y ponga en vigencia el indicado protocolo, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial Duarte (así como cualquier miembro del Ministerio Público que tenga bajo su dependencia un recinto de detención preventivo), permitan el ingreso de los defensores públicos y abogados para que realicen su trabajo, sujeto a la simple acreditación de sus calidades y al registro de sus entradas y salidas, y cualquier otra medida de seguridad que se estime pertinente, sin necesidad de autorización escrita de la Procuraduría Fiscal; y 4) que la aplicación de dichas medidas sea extensiva a todos los recintos de detención del territorio nacional carentes de las mismas. f) Por las razones indicadas, el Tribunal Constitucional estima correcta y ajustada al derecho la sentencia de amparo objeto del recurso de revisión que nos ocupa, salvo respecto a la fijación de un astreinte de tres mil pesos (RD$3,000.00) diarios. Este Tribunal considera, en efecto, que la imposición de un astreinte resulta una sanción inapropiada por el incumplimiento de las obligaciones que incumben a las procuradurías fiscales de garantizar de manera efectiva y expedita la comunicación de los defensores públicos y abogados con los detenidos preventivos. En tales casos, la parte afectada debe más bien requerir cuando el funcionario en falta, siguiendo los procedimientos previstos en la materia, sanciones disciplinarias como la multa, suspensión, destitución e inclusive conjuntamente con estas, la condenación al pago de indemnizaciones. Página 10 de 18
11 Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, que suscriben, fue adoptada por la mayoría requerida. En la misma figuran incorporados los votos disidentes de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, Jottin Cury David y Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por los motivos y razones de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional DECIDE: PRIMERO: DECLARAR admisible el recurso de revisión constitucional de amparo incoado por Regis Victorio Reyes, Procurador Fiscal del Distrito Judicial Duarte, en contra de la sentencia No , de fecha uno (1) de enero del año dos mil doce (2012), emitida por la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte. SEGUNDO: ACOGER parcialmente, en cuanto al fondo, el indicado recurso de revisión constitucional de amparo, revocando el ordinal cuarto de la referida sentencia y confirmándola en sus demás aspectos. TERCERO: DISPONER que el Procurador General de la República: a) Tome las medidas que considere pertinentes para establecer en los recintos de detención localizados en los palacios de justicia y en los establecimientos policiales donde no exista el protocolo de entrada y salida de los defensores públicos y de los abogados en general, con la finalidad de que éstos puedan ofrecer la asistencia legal que requieran los detenidos, sin perjuicio de su integridad y seguridad físicas; b) Ordene, específicamente al Procurador Fiscal del Distrito Judicial Duarte, así como a los demás miembros del Ministerio Público que tengan bajo su responsabilidad recintos preventivos de detención en todo el territorio nacional, que mientras se elabore y ponga en vigencia el protocolo más arriba descrito, permitan a los defensores públicos y a los Página 11 de 18
12 abogados, el acceso al recinto correspondiente, previa acreditación de sus calidades. CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al Procurador General de la República; al recurrente, Lic. Regis Victorio Reyes, Procurador Fiscal del Distrito Judicial Duarte; a los recurridos, licenciados Petra Rodríguez, Eusebio Jiménez Celestino, Cristino Lara Cordero, Mariana Polanco Rivera, José Antonio Paredes, Ángel Zorrilla, Marino Rosario Mendoza y José Miguel de la Cruz Piña. QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7 y 66 de la referida Ley No SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional. Firmada: Milton L. Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khouri, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. Página 12 de 18
13 VOTO DISIDENTE DE LOS MAGISTRADOS LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO, JOTTIN CURY DAVID Y KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ Con el debido respeto al criterio mayoritario reflejado en la sentencia y coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, es nuestro deber ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución. 1. Sobre el alcance de este voto disidente 1.1. Se precisa determinar previamente que nuestra discrepancia con el veredicto emitido por el consenso de este Tribunal Constitucional no es total sino parcial, por cuanto favorecemos que debe admitirse el recurso de revisión de que se trata y confirmar la sentencia No , de fecha primero (1ro) de enero del año dos mil doce (2012), dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte En otras palabras, y respetando el objeto de la presente acción de amparo cuya sentencia ha sido recurrida en revisión por ante este tribunal, deben ser restituidos los derechos de acceso a la justicia de las personas detenidas en la Cárcel Preventiva del Palacio de Justicia de la provincia Duarte, así como el derecho al trabajo de los Defensores Públicos de la mencionada localidad, razón por la cual debe ordenarse al Lic. REGIS VICTORIO REYES, Procurador Fiscal de Duarte, permitirle a los mencionados defensores públicos de dicho distrito judicial, tener contacto con las personas detenidas en el referido palacio de justicia (cárcel preventiva) desde el mismo momento de su detención, lo cual les era permitido sin inconveniente alguno hasta el 30 de diciembre del año 2011 cuando por vez primera les fue negado el Página 13 de 18
14 acceso al retén y se les condicionó a que debían hacerse expedir una autorización del referido representante del Ministerio Público Por lo anterior compartimos el criterio expuesto por este tribunal cuando declara la no validez del comportamiento del Lic. REGIS VICTORIO REYES, por considerarlo violatorio de derechos protegidos por la Constitución, los que han sido determinados en Título II, numeral 10, letra b) de la sentencia dictada. 2. Nuestra disidencia 2.1. La discrepancia de los jueces que suscribimos el presente voto radica en lo dispuesto por el consenso de este Tribunal Constitucional en el ordinal TERCERO de la sentencia que se dicta como solución al presente caso, toda vez que se dispone que el Procurador General de la República (quien no fue parte en la litis de que se trata), deberá tomar las medidas que considere pertinentes para establecer en los recintos de detención localizados en los palacios de justicia y en los establecimientos policiales donde no exista el protocolo de entrada y salida de los defensores públicos y de los abogados en general, con la finalidad de que éstos puedan ofrecer la asistencia legal que requieren los detenidos, sin perjuicio de su integridad y seguridad físicas. También se ordena a los representantes del Ministerio Público que tengan bajo su responsabilidad recintos preventivos de detención en todo el territorio nacional, que mientras se elabore y ponga en vigencia el protocolo más arriba descrito, permitan a los defensores públicos y a los abogados, el acceso al recinto correspondiente, previa acreditación de sus calidades Para una mejor comprensión de nuestra discrepancia es preciso referirnos, muy brevemente, al objeto de la acción de amparo, así como Página 14 de 18
15 al alcance de la sentencia que intervenga para deducir las consecuencias que de ello se derivan. Del contenido de los artículos 72 de la Constitución de la República y 65 de la Ley No sobre el Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales se advierte que su objeto es restituir el derecho conculcado o la amenaza de serlo, por parte de la autoridad o de cualquier otra persona, y de esta forma mantener el orden constitucional. De ahí que su naturaleza es eminentemente protectora, donde con claridad aparece la dimensión subjetiva de la justicia constitucional dominicana, por cuanto se valoran derechos e intereses concretos de los sujetos. Su finalidad es la de proteger auténticos derechos subjetivos que se predican de una persona concreta y específica Respecto del alcance o los efectos de la sentencia de amparo los artículos 89 y 91 de la referida Ley No trazan la pauta. El primero de ellos nos remite a lo que debe ser decidido en la sentencia la determinación precisa 1 de lo ordenado a cumplirse, de lo que debe o no debe hacerse, con las especificaciones necesarias para su ejecución. El segundo de los textos legales referidos es aún más tajante : La sentencia que concede el amparo se limitará 2 a prescribir las medidas necesarias para la pronta y completa restauración del derecho fundamental conculcado al reclamante o para hacer cesar la amenaza a su pleno goce y ejercicio Lo anterior significa que el examen que hace el juez de amparo sobre la denuncia de que se trate no es in abstracto, sino in concreto, razón por la cual la sentencia que intervenga debe ser congruente con el acto reclamado, por lo que cabe hablar aquí del principio de congruencia que debe ser observado en la sentencia de amparo. Por 1 Énfasis nuestro. 2 Idem. Página 15 de 18
16 otro lado, los efectos de la sentencia de amparo son inter partes, razón por la cual solo benefician o perjudican a quienes han sido partes, de ahí que es un principio de la sentencia de amparo el de la relatividad Una vez hechas las consideraciones que anteceden es menester indicar que al tratarse de un recurso de revisión de una sentencia de amparo, este Tribunal Constitucional debe observar todas y cada una de las disposiciones precedentemente indicadas. De ahí que los jueces que discrepan sostienen el criterio de que este Tribunal Constitucional no es congruente cuando confirma la sentencia recurrida que amparó el derecho al trabajo de los defensores públicos y al acceso a la justicia de las personas detenidas en la Cárcel Preventiva del Palacio de Justicia de la provincia Duarte y al mismo tiempo dispone que mientras se elabore y ponga en vigencia el protocolo de entrada y salida de defensores públicos y de abogados en general, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial Duarte y demás miembros del Ministerio Público que tengan a su cargo recintos preventivos de detención, permitan a los defensores públicos y a los abogados, el acceso al recinto correspondiente, previa acreditación de sus calidades Una sentencia dictada en tales condiciones no es congruente si en ella se sostiene que se ampara y protege para el efecto de que la autoridad responsable se dote de un protocolo para regular entradas y salidas a los recintos de detención, puesto que la finalidad del amparo no es para corregir errores o anomalías que se deduzcan del acto reclamado, sino la de invalidar el acto lesivo e inconstitucional y dictar, si procede, las medidas necesarias para la pronta y completa restauración del derecho fundamental conculcado al reclamante, lo que jamás equivaldría a dictar una orden a una autoridad que ni siquiera fue Página 16 de 18
17 parte en la litis, al haber detectado este tribunal, oficiosamente, la existencia de una anomalía Por lo anterior, los jueces que suscriben disienten de la sentencia que respecto en lo relativo a que el consenso de este tribunal al tiempo de amparar los derechos del demandado en revisión ordena subsanar los errores que contiene el acto reclamado como lesivo a la Constitución, puesto que su función es la de impartir justicia, analizando la actuación de la autoridad y propendiendo a la implantación de la norma suprema del país, sin necesidad de dictar órdenes a una autoridad que ni siquiera fue parte de la Litis, por un lado, y por el otro nada avala que el referido protocolo garantizará la preservación de los derechos que en esta acción de amparo se han reclamado, con la grave consecuencia de que ello fue ordenado por el Tribunal Constitucional Por lo antes expuesto, los jueces disidentes sostienen el criterio de que este tribunal no ha debido disponer que el Procurador General de la República elabore un protocolo contentivo de las medidas pertinentes para asegurar la integridad y seguridad físicas de los detenidos, el cual sería aplicado en los recintos de detención localizados en los palacios de justicia y en los establecimientos policiales donde no exista un protocolo de entrada y salida de los defensores públicos y de los abogados en general. Era suficiente con que se restituyeran los derechos conculcados y que este Tribunal Constitucional, en efecto, verificó Con relación a la condena a un astreinte, no compartimos el criterio expuesto por este tribunal para revocarla, en razón de que si bien es cierto que la referida sanción por incumplimiento debe ser revocada, nuestros motivos son distintos, ya que no pueden obedecer al hecho de que se requieran sanciones disciplinarias para el funcionario que haya incurrido en falta, dado que no corresponde al juez de amparo Página 17 de 18
18 imponer sanciones de esa naturaleza, pues la que ha sido prevista en esta materia es únicamente para el efectivo cumplimiento de lo ordenado. En este caso que se permita el acceso a los defensores públicos al recinto preventivo del Palacio de Justicia de Duarte. Por demás, nos parece inadecuado y no conforme al debido tratamiento entre instituciones del Estado, la imposición de medidas de astreinte toda vez que serán las arcas públicas las que finalmente resultarían afectadas, y en consecuencia la medida que ordena la sentencia no surtiría el efecto deseado. Por tales razones, reiteramos que si bien compartimos el fallo de este tribunal en el aspecto indicado, discrepamos de lo dispuesto en el ordinal TERCERO y de los motivos que se exponen para revocar la condena a un astreinte consistente en la suma de Tres mil pesos (RD$ 3,000.00) contra el Lic. REGIS VICTORIO REYES, Procurador Fiscal de Duarte, a favor de la Defensoría Pública del mismo distrito judicial, como en efecto se expresa en el numeral 2.9 del presente voto disidente. Firmado: Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta, Jottin Cury David, Juez, y Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza. La presente decisión es dada y firmada por los señores Jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal Constitucional que certifico. Julio José Rojas Báez Secretario Página 18 de 18