Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2014/as201411052.html
Timestamp: 2019-03-25 22:17:39
Document Index: 346720073

Matched Legal Cases: ['artículo 398', 'artículo 398', 'artículo 173', 'artículo 124', 'artículo 169', 'artículo 398', 'artículo 169', 'artículo 228', 'artículo 169', 'artículo 398', 'artículo 396', 'artículo 398', 'artículo 17', 'artículo 413', 'artículo 370', 'artículo 173', 'artículo 370', 'artículo 173', 'artículo 370', 'artículo 370', 'artículo 416', 'artículo 419', 'artículo 169', 'artículo 42', 'artículo 419']

as201411052
AUTO SUPREMO Nº. 52/2014
EXPEDIENTE: Santa Cruz 9/2014
PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Ministerio de Educación contra Juan Pablo Torrico Saucedo, María Desiree Bravo Monasterio
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por el Ministerio de Educación, representado legalmente por Juan Alberto Yebara Ortega (fs. 2423 a 2428), impugnando el Auto de Vista Nro. 218 emitido el 10 de diciembre de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 2391 a 2394), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz y la entidad recurrente contra María Desiree Bravo Monasterio y Juan Pablo Torrico Saucedo por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y cohecho pasivo propio, previstos y sancionados en los artículos 145, 199 y 203 del Código Penal.
Sustanciado el juicio oral y ordinario, el Tribunal Tercero de Sentencia de la capital del departamento de Santa Cruz, pronunció Sentencia absolutoria en favor de los acusados Juan Pablo Torrico Saucedo y María Desiree Bravo Monasterio, leída en su integridad en fecha 16 de julio de 2012 (fs. 2125 a 2135).
Contra la citada Sentencia el Ministerio Público y el Ministerio de Educación formularon recursos de apelación restringida (fs. 2160 a 2170 y 2173 a 2189), adhiriéndose al primero la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz (fs. 2171), recursos resueltos por Auto de Vista Nro. 85 de 10 de junio de 2013 (fs. 2271 a 2276), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida del Ministerio Público e inadmisibles el recurso de apelación restringida del Ministerio de Educación y la adhesión de la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz.
Con el Auto de Vista referido, el Ministerio Público, el Ministerio de Educación y la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz fueron notificados el 18 de junio y 25 de julio de 2013 (fs. 2278 y 2295) formulando los recursos de casación el 15, 26 y 30 de julio de 2013, respectivamente (fs. 2290 a 2293, 2337 a 2342 y 2355 a 2360), resueltos por Auto Supremo Nro. 313/2013 de 1 de noviembre de 2013, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, que dejó parcialmente sin efecto el Auto de Vista impugnado, en la parte correspondiente al juicio de admisibilidad del recurso de apelación restringida formulado por el Ministerio de Educación, ordenando que la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia Santa Cruz que dictó el Auto de Vista recurrido pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.
Posteriormente, en cumplimiento del Auto Supremo descrito precedentemente, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista Nro. 218 de 10 de diciembre de 2013, que declaró admisible e improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por el Ministerio de Educación y confirmó la Sentencia impugnada.
Con el Auto de Vista citado, el Ministerio de Educación fue notificado el 13 de diciembre de 2013 (fs. 2395) formulando el recurso de casación, motivo de autos, el 20 de diciembre de 2013 (fs. 2423 a 2428).
Que analizado el referido recurso de casación, fue admitido conforme a los argumentos descritos en el Auto Supremo Nro. 2/2014 de 10 de febrero de 2014 y según los siguientes motivos:
1. Defecto absoluto por violación del derecho al debido proceso, previsto en los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado, falta de respuesta debida a cada uno de los motivos y argumentos del recurso de apelación restringida e infracción del artículo 398 del Código de Procedimiento Penal.
Citando el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal indica que la competencia del Tribunal de Alzada se halla limitada a responder los cuestionamientos que hubiera realizado de la resolución impugnada, en ese sentido advierte que en su recurso de apelación restringida acusó cuatro motivos de impugnación con sus respectivos argumentos, sin embargo los miembros del Tribunal de Sentencia en el Auto de Vista impugnado nunca le dieron respuesta puntual, precisa y concreta y no intitularon cada motivo de impugnación, de ahí que desconocieron la lógica y forma de toda resolución. Precisa que el argumento expuesto por el Tribunal de Apelación en la absolución de la denuncia de defectuosa valoración de la prueba resulta ridículo ya que el agravio acusado es concreto al señalar cuales fueron las pruebas erróneamente valoradas y que normas se infringió, así el Auto de Vista recurrido no dice si el Tribunal de Sentencia dio el valor individual a cada una de las pruebas testificales y documentales cuestionadas, no respondió los agravios efectuados, más al contrario efectuó razonamiento genérico, siendo que no pidió revalorización de prueba en alzada, sino la verificación del cumplimiento del artículo 173 del Código de Procedimiento Penal por parte del Tribunal de Sentencia.
Transcribe los argumentos expuestos en el segundo motivo de su recurso de apelación restringida, relativo a la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, y señala que sobre tales alegaciones no existe respuesta concreta alguna en el Auto de Vista impugnado, pues el Tribunal de Alzada debió explicar con argumentos propios y no genéricos cómo el Tribunal de Sentencia cumplió con la labor de analizar cada elemento constitutivo del tipo penal de falsedad ideológica para de esa manera cumplir con el deber de motivación de los fallos previsto en el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, por lo que esa omisión de pronunciamiento y respuesta puntual se ratifica en los cuatro motivos de impugnación, lo que constituye vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) con infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, aspecto que deviene en defecto absoluto conforme prevé el artículo 169 inciso 3) del referido cuerpo legal, resultando el Auto de Vista recurrido contradictorio a los Autos Supremos Nros. 431 de 15 de octubre de 2005, 411 de 20 de octubre de 2006 (SP II) y 051/2013-RRC de 1 de marzo (SP II), en lo que respecta a la obligación del Tribunal de Apelación de dar respuesta puntual y oportuna a cada motivo de apelación y sus argumentos o cuestionamientos de la resolución que impugna, en observancia del artículo 398 del citado adjetivo penal.
En el Otrosí I del recurso de casación motivo de examen, para cumplir con las exigencias legales de los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 411 de 20 de octubre de 2006 (SP II) y 051/2013 (SP II) y alude la Sentencia Constitucional Nro. 1421/2003 de 26 de septiembre en mérito a que el Tribunal de Alzada debió abrir su competencia para conocer el segundo motivo deducido, en el cual denunció defecto absoluto por lesión al debido proceso, en coherencia con el Auto Supremo Nro. 726 de 26 de septiembre de 2004.
Concluye solicitando se dicte resolución de admisión del recurso de casación interpuesto y se anule el Auto de Vista impugnado, ordenando el pronunciamiento de nueva resolución por el Tribunal de Alzada.
CONSIDERANDO III: (Verificación de la contradicción con los precedentes invocados y de la flagrante violación de derechos fundamentales y garantías constitucionales)
Que conforme el Auto Supremo de Admisión Nro. 2/2014 de 10 de febrero de 2014, el análisis del presente recurso, se circunscribirá a la verificación de la denuncia efectuada en la citada resolución, la que se encuentra relacionada con la aparente contradicción incurrida por las Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, al momento de emitir el Auto de Vista Nro. 218 de 10 de diciembre de 2013, con los Autos Supremos Nros. 431 de 15 de octubre de 2005, 411 de 20 de octubre de 2006 (SP-II y 051/2013-RRC de 1 de marzo (SP-II), resoluciones admitidas en calidad de precedentes contradictorios, y de la denuncia de defecto absoluto acusado en el marco del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, por infracción del principio tantum devolutum quantum apelllatum.
A ese efecto, debe considerarse que la doctrina legal invocada, contenida en el Auto Supremo Nro. 431 de 15 de octubre de 2005, establece: “que el Tribunal de Apelación se encuentra constreñido a circunscribir sus actos jurisdiccionales a los puntos apelados que delimitan su competencia, tal cual señalan los artículos 396 inciso 3) y 398 del Código de Procedimiento Penal, caso contrario se estarían resolviendo aspectos fuera del contexto legal y de los puntos impugnados; situación en la cual el Tribunal de Apelación estaría actuando sin competencia, con lo que provoca retardación de justicia. El Tribunal de Apelación al ejercer el control jurisdiccional, está ejercitando también el control constitucional como establece el principio de la supremacía de la norma constitucional incurso en el artículo 228 de la Constitución Política del Estado con relación al artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal que señala que constituyen defectos absolutos "Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes"; en consecuencia, resulta de mayor relevancia que el Tribunal de Alzada cometa uno o más defectos absolutos, cuando es el llamado por la Constitución Política del Estado y la Ley, a que el proceso penal se desarrolle con una efectiva tutela judicial, siendo además sus resoluciones debidamente fundamentadas. La competencia del Tribunal de Apelación se encuentra delimitada por los puntos cuestionados en la apelación restringida como enseña el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal y por los defectos absolutos que violan los derechos y garantías previstos en artículo 396 inciso 3) del citado código adjetivo; debiendo en consecuencia el Tribunal de apelación dictar una nueva resolución fundada cumpliendo la presente Doctrina Legal” (sic).
En esa misma línea, la doctrina legal aplicable del Auto Supremo Nro. 411 de 20 de octubre de 2006, referente a la obligación del Tribunal de Alzada de pronunciarse sobre todos los motivos en los que se fundó el recurso de apelación restringida, señala que: “Al no haberse pronunciado el tribunal a quo sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta fáctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación. Esta actividad se constituye en vicio absoluto que atenta contra al derecho a la defensa y al debido proceso, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones respondiendo efectivamente a las cuestiones planteadas por los recurrentes, cuya omisión constituye un defecto de la resolución que no puede convalidarse, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto el fallo recurrido de casación” (sic).
Línea jurisprudencial ratificada en el Auto Supremo Nro. 051/2013-RRC de 1 de marzo de 2013, cuya doctrina legal aplicable determina que: “El art. 115.I de la CPE, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; este derecho, considerado como el que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; derecho que, es reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14. En ese entendido, la parte que se sienta perjudicada por una resolución judicial, puede hacer uso de los recursos que la ley le franquea, denunciando los presuntos agravios ante el superior en grado, siendo deber de este último, responder a cada una de esas denuncias de manera fundamentada, aspecto que se halla ligado al derecho de acceso a la justicia; lo contrario significaría que estamos ante la existencia de una incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), es decir cuando en el Auto de Vista no se resuelven todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y con base de argumentos jurídicos sólidos e individualizados, a fin de que se pueda inferir respuesta con criterios jurídicos al caso en concreto; respetando el principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación establecido por los arts. 124 y 398 del CPP” (sic).
De acuerdo a la doctrina legal aplicable descrita precedentemente es irrefutable que el Tribunal de Alzada se encuentra constreñido a circunscribir sus actos jurisdiccionales a los puntos apelados que delimitan su competencia, mediante una correcta, debida y adecuada fundamentación, conforme determinan los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, lo contrario importaría un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación, aspecto que deviene en defecto absoluto, de conformidad al art. 169 inc. 3) del citado adjetivo penal; por ello, el análisis y resolución de la verificación de la contradicción con los precedentes invocados y de la flagrante violación de derechos fundamentales y garantías constitucionales será único.
Al respecto, la entidad recurrente denunció defecto absoluto por violación del derecho al debido proceso, previsto en los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado, falta de respuesta debida a cada uno de los motivos y argumentos del recurso de apelación restringida e infracción del artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, aduciendo que el Tribunal de Alzada no dio respuesta puntual, precisa y concreta a los cuatro motivos de impugnación, siendo genéricos los argumentos expuestos en el Auto de Vista impugnado, destacando la absolución de la denuncia de defectuosa valoración de prueba y de la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, lo que constituye vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) con infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum.
En ese sentido, el debido proceso es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; la Constitución Política del Estado, en sus artículos 115 y 117, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Entre los elementos que configuran el debido proceso se encuentran: a) el derecho a la defensa, b) el derecho al juez natural, c) la garantía de presunción de inocencia, d) el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete, e) el derecho a un proceso público, f) el derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable, f) el derecho a recurrir, g) el derecho a la legalidad de la prueba, h) el derecho a la igualdad procesal de las partes, i) el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, j) el derecho a la motivación y congruencia de las resoluciones, k) la garantía del non bis in idem, l) el derecho a la valoración razonable de la prueba, ll) el derecho a la comunicación previa de la acusación; m) la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; n) el derecho a la comunicación privada con su defensor; o) el derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular.
En autos, de la lectura del Auto de Vista impugnado y, en especial, del contenido de los Considerandos VI, VII y VIII, se advierte que el Tribunal de Alzada no procedió de forma contraria a los precedentes invocados, siendo que al tenor del artículo 17 parágrafo II de la Ley Nro. 025 del Órgano Judicial: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse solo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”, más al contrario, en ejercicio de sus facultades y competencias sometió su criterio plasmado en dicho Auto de Vista a las normas legales adjetivas aplicables, cuando se pronunció sobre todos los motivos en que se fundó el recurso de apelación restringida de fojas 2173 a 2189, obrando dentro del marco de los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, relativo a los agravios acusados, siendo éstos los siguientes:
1. Errónea aplicación de la ley sustantiva penal, al no haberse advertido que concurrían todos los elementos constitutivos de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previstos en los artículos 199 y 203 del Código Penal, siendo error enmendable por el Tribunal de Alzada en aplicación del artículo 413 parte in-fine del Código de Procedimiento Penal;
2. Defecto de Sentencia, por basarse en valoración defectuosa de la prueba, artículo 370 inciso 6) del Código de Procedimiento Penal, y en la falta de individualización de los elementos, sin llegar a fundamentarse las razones por las cuales se asigna o no determinado valor a cada una de las pruebas introducidas al juicio, conforme al artículo 173 del citado adjetivo penal;
3. Sentencia basada en errónea valoración de la prueba, artículo 370 inciso 6) en relación al artículo 173 ambos del Código de Procedimiento Penal, teniendo en cuenta que los Jueces de Sentencia no pueden confundir el tratamiento probatorio que se lleva a cabo en el procedimiento civil y penal, y;
4. Falta de congruencia entre la Sentencia y la Acusación, artículo 370 inciso 11) del Código de Procedimiento Penal, al haberse dispuesto la ilegal complementación de la Sentencia referida a la restitución a funciones de la Concejal suspendida.
Consiguientemente, estando acusado el Auto de Vista Nro. 218 de 10 de diciembre de 2013 por omisión de pronunciamiento y respuesta puntual, precisa y concreta en la absolución de las denuncias insertas en los citados incisos uno, dos, tres y cuatro, a través del recurso de casación motivo de autos, se evidencia que el Tribunal de Alzada, en el párrafo uno del Considerando VI, el párrafo uno del Considerando VII y los párrafos uno, dos, tres y cuatro del Considerando VIII del Auto de Vista impugnado, resolvió dichos puntos apelados, señalando “(…) luego de estudiar exhaustivamente los datos procesales, lo expuesto por los sujetos procesales, y analizando los supuestos agravios mencionados por el recurrente, se llega a establecer que, el Tribunal 3º de Sentencia en lo Penal de la Capital, al dictar el fallo judicial apelado (…) ha procedido en forma correcta (…) sin incurrir en los defectos previstos por el Art. 370 incs. 1), 6) y 11) del Código de Procedimiento Penal (…) ya que se ha observado correctamente la Ley sustantiva penal, y se ha efectuado una valoración correcta de la prueba ofrecida por ambas partes (…)” (sic), “(…) con referencia a la supuesta inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, defecto previsto en el Art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal, tenemos que respecto a la valoración de la prueba testifical y documental es importante señalar que la producción, incorporación de las pruebas durante el juicio oral están regidas por el principio de inmediatez de la prueba (…) por otro lado, a efectos de demostrar la supuesta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, no es suficiente ofrecer testigos de cargo para determinar la consumación de la conducta antijurídica sancionable (…)” (sic) y “(…) analizadas las exposiciones del apelante, se tiene que los testigos de cargo, en especial los policías investigadores asignados al caso incurrieron en una serie de contradicciones y dudas sobre la autenticidad y veracidad del Libro (…) de la revisión de dichas declaraciones no se ha evidenciado ninguna anormalidad ni contradicciones (…) referente al defecto previsto en el Art. 370 inc. 11 del Código de Procedimiento Penal, este Tribunal de Alzada considera que es cierto que el Ministerio Público formalizo acusación en contra de los imputados, por la comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y cohecho pasivo, sin embargo en aplicación del principio Iura Novit Curia, el Tribunal tiene la facultad de aplicar el derecho que corresponda al hecho sometido a juzgamiento (…) respetando el principio de congruencia (…) consecuentemente, de la valoración de las pruebas de cargo examinadas se infiere que la actuación de la acusada (M. D. B. M.) en los delitos acusados, no han sido comprobados dentro del juicio oral (…) finalmente en cuanto a la facultad del Tribunal de la causa de disponer la reincorporación de la acusada (M. D. B. D.) a su fuente de trabajo, evidentemente esa es una de las atribuciones que tiene el Tribunal a tiempo de dictarse sentencia, es decir es una medida accesoria prevista en el Art. 364 del Código de Procedimiento Penal, ya que es facultad del Tribunal dejar sin efecto todas las medidas de carácter real o personal que se hubieran adoptado contra la acusada” (sic), respectivamente; fundamentos del Tribunal de Alzada que a criterio de éste Tribunal Supremo resuelven las referidas denuncias en completa correspondencia a los argumentos que contiene el recurso de apelación restringida de fojas 2173 a 2189 y en sujeción a los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, no siendo exigible que la misma sea ampulosa o extensa, sino más bien clara y precisa en sus razonamientos lógico-jurídicos que son la base de su decisorio, conforme al principio de la razón suficiente, de ahí que no resulta evidente que no exista pronunciamiento puntual, preciso y concreto al respecto que infrinja el principio tantum devolutum quantum apellatum; por lo que, los Autos Supremos invocados como precedentes no contradicen al caso sub lite.
Sumado a ello, en cuanto a los supuestos errores o defectos de procedimiento que contendría la Sentencia Nro. 08/2012 de 16 de julio de 2012, en el marco del artículo 370 incisos 1), 6) y 11) del Código de Procedimiento Penal, conforme ampara su pretensión la entidad apelante, en el recurso de apelación restringida de fojas 2173 a 2189, es menester destacar que no todo error o defecto de procedimiento lesiona derechos y garantías fundamentales y tiene relevancia constitucional, de ahí que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nro. 1060/2013-L de 29 de agosto de 2013, desarrolló las siguientes sub reglas: “a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados”; consecuentemente, no habiendo la entidad recurrente descrito en el recurso de casación en examen el resultado dañoso o consecuencia procesal presuntamente ocasionado en el proceso, cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional, de tal modo que dé lugar a que en caso de subsanarse los supuestos actos defectuosos el proceso tenga diferente resultado, se advierte en definitiva que el Tribunal de Apelación, en resolución de vista Nro. 218 de 10 de diciembre de 2013, absolvió las denuncias insertas en los citados incisos uno, dos, tres y cuatro, en el marco de los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, añadiendo que la Sentencia se encuentra fundamentada al contener la fundamentación fáctica, probatoria descriptiva e intelectiva en el que basa su decisión, así como el valor otorgado a los medios de prueba, y la fundamentación jurídica, contenido que conlleva la relación del hecho histórico, conforme a lo previsto en los artículos 359 y 360 del citado adjetivo penal.
Por lo expuesto, no existiendo contradicción entre el Auto de Vista impugnado con los precedentes invocados, en los términos exigidos por el artículo 416 y la segunda parte del artículo 419 de la Ley Nro. 1970, inclusive el defecto absoluto denunciado en el marco del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, por infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, corresponde declarar infundado el recurso.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida en el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Ministerio de Educación, representado legalmente por Juan Alberto Yebara Ortega (fs. 2423 a 2428), impugnando el Auto de Vista Nro. 218 emitido el 10 de diciembre de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 2391 a 2394), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz y la entidad recurrente contra Juan Pablo Torrico Saucedo y María Desiree Bravo Monasterio por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y cohecho pasivo propio, previstos y sancionados en los artículos 145, 199 y 203 del Código Penal.