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Timestamp: 2019-04-21 00:30:18
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Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 17', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 9', 'Artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 6']

BOE.es - Documento BOE-A-2019-2785
Documento BOE-A-2019-2785
«BOE» núm. 51, de 28 de febrero de 2019, páginas 19107 a 19117 (11 págs.)
BOE-A-2019-2785
https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2019/02/06/2
En el año 2013 se aprobaba la Ley 3/2013, de los contratos y otras relaciones jurídicas agrarias, para ayudar al sector agrario por la grave situación que estaba pasando respecto a la compraventa de sus productos.
La ley se enmarca en el artículo 49.1.2.ª del Estatuto de autonomía, en relación con la disposición transitoria tercera sobre el derecho civil valenciano, para legislar sobre el derecho consuetudinario y, como dice el mismo preámbulo de la ley «con la finalidad de positivizar la costumbre» [sic] y de adaptarlo a las nuevas realidades socioeconómicas y, en algunos casos, de protegerlo frente a determinadas prácticas abusivas».
Siguiendo estos principios, con la ley se dio cobertura a la venta a ojo y al peso y a las figuras del corredor, corredora, tasador y tasadora, además de regular el arrendamiento histórico con los «elementos personales, reales y formales; el contenido de los derechos y obligaciones de cada una de las partes, el régimen de transmisión y las distintas causas y consecuencias de determinación del arrendamiento», según se explica en el preámbulo de la ley.
Como la parte productora es la más débil del trato de compraventa, la parte compradora presiona con los precios, que pueden llegar a estar por debajo del coste de producción. En muchos casos los costes de distribución y comercialización del producto pasan a la parte agraria, es decir, a la persona que produce el producto. Todo ello se conoce como «venta a resultas», práctica prohibida actualmente por la legislación autonómica y estatal.
Es cierto que la ley, en la disposición adicional segunda, sobre nulidad de los pactos con cláusulas de indeterminación del precio especifica que «se reputarán nulos, por ser contrarios a esta ley, los pactos por los que el agricultor o agricultora persona física ceda las facultades de disposición sobre la cosecha a cambio de una retribución inicialmente indeterminada, ya se exprese con la cláusula «a comercializar» o cualquier otra; y, en general, todas las formas y cláusulas contractuales que hagan soportar al agricultor o agricultora persona física los riesgos de la comercialización de la cosecha en la que no interviene», además de fijar también, cómo se regulará el precio cierto del contrato en caso de que se dé alguna de las circunstancias descritas anteriormente.
Sin embargo, pese a ello, estas prácticas se ven favorecidas por la posibilidad que la Ley 3/2013, de los contratos y otras relaciones jurídicas agrarias, deja de hacer contratos verbales si el pago es al contado, como podemos comprobar en los artículos 6, 7 y 8. Eso en muchos casos favorece la firma de los contratos una vez pagada la producción a resultas a causa del peso más grande de quien compra respecto a la parte productora.
Además, existe la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, aprobada por las Cortes Generales, solo unos días después de la ley que tratamos, que en el artículo 8 dice que «los contratos alimentarios se deben formalizar por escrito» y, también, el artículo 12 dice que las modificaciones de las condiciones contractuales estarán prohibidas excepto acuerdo de las dos partes.
Por tanto, ya hay un marco, en este caso estatal, que obliga a firmar contratos escritos. Con eso se puede evitar la práctica de compra «a resultas», que es mucho más fácil con contratos verbales.
Esta última fecha, la de pago, es importante para evitar la compra «a resultas» y se regula en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en la disposición final segunda. En la modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, el artículo 17.3 determina que «los aplazamientos de pago de productos de alimentación frescos y de los perecederos no excederán en ningún caso de treinta días».
«Artículo 6. Pago del precio.
1. El precio será pagado al contado y cualquier otra modalidad de abono de las cantidades pactadas deberá figurar de manera expresa en el contrato de la operación.
2. El contrato será siempre escrito y se entenderá perfeccionado cuando las partes prestando su consentimiento lo firmen. […].»
«Artículo 7. Pago mediante efectos cambiarios.
Si la parte vendedora hubiera aceptado efectos cambiarios en pago del precio, salvo pacto expreso en contra la fecha de su vencimiento o realización debe ser anterior a la recolección.»
«Artículo 8. Elementos formales.
6. El vale de recolección estará formalizado por triplicado para distribuir entre la parte compradora, vendedora y la persona que ejerza la función de corredora; y contendrá, en los términos que reglamentariamente se determinen, la fecha de emisión, la referencia al contrato de compra al que está vinculado, las menciones necesarias para acreditar su cumplimiento y, si lo hubiese, la identidad del corredor o la corredora, debiendo firmarse en todo caso por la parte compradora, persona que la represente o en quien delegue, o por su corredor o corredora.»
Se incorporan dos títulos, a continuación del Título IV, en el texto de la Ley 3/2013, de 26 de julio, de la Generalitat, de los contratos y otras relaciones jurídicas agrarias, con el siguiente texto:
Artículo 55. Creación del Registro de Operadores, Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias.
Artículo 56. Necesidad de registro de los contratos.
Artículo 57. Funciones.
Artículo 61. Obligaciones de los interesados.
Artículo 62. Facultades de inspección.
Artículo 65. Graduación de las sanciones.
Artículo 66. Competencia.
d) El pleno del Consell, cuando esta cuantía supere los 600.000 euros.»
Puede también convenirse la compra de la cosecha futura sobre semillas, ya las entregue quien compra o quien vende.»
«Artículo 9. Cesión de los derechos de compra.
Los derechos de la parte compradora serán transmisibles conforme al derecho civil. Para la validez de la cesión será necesario que ésta conste en el contrato y que se comunique por escrito a la parte vendedora.»
«Artículo 12. Derecho de acceso.
La parte compradora, tanto si ha asumido la obligación de cultivo como si no, tiene derecho de acceso a los predios cuya cosecha ha comprado. Igual derecho tendrá la parte compradora en la venta al peso o per arrovat.»
1. Se modifica el encabezamiento por la siguiente redacción:
«Determinación de la cosecha y perfección del contrato.»
2. Se modifica el punto 2 del artículo 3, con el siguiente texto:
«2. La propuesta del corredor o de la corredora, o de la parte compradora, sobre la cuantificación de la cosecha es vinculante para la misma desde que se ofrece a la parte vendedora, y para esta última desde que la acepta. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la ley, no quedará perfeccionado el contrato hasta que haya acuerdo por escrito, además, sobre el precio y la forma de pago.»
«El contrato se perfecciona por el mero consentimiento de las partes expresado por escrito, pero deberá concertarse necesariamente antes de la recogida del fruto.»
«2. En los vales de pago debe quedar consignada la referencia al contrato, la modalidad de compraventa a peso o per arrovat, el precio por unidad de peso o cantidad; el lugar de pesaje, cómputo o entrega, y, en su caso, el posible aforo o cantidad de fruto estimada.
La simple signatura se entiende expresión de conformidad, excepto mención expresa.»
«2. No obstante lo anterior, el aforo estimado en el contrato se presume iuris tantum como real en caso de incumplimiento total o parcial del contrato, para fijar las indemnizaciones.»
«1. El precio puede pagarse al contado o en uno o varios plazos, haciendo constar en el contrato la fecha de pago de cada uno de ellos.»
«3. Quien vende puede exigir una señal al tiempo de concertar la venta, de la que se dará el recibo correspondiente, y figurará en el contrato. La señal es confirmatoria, salvo pacto en contrario.»
«Las menciones contractuales distintas de las fijadas reglamentariamente que aparezcan en el contrato, se entienden puestas unilateralmente por la parte compradora y sujetas al régimen de condiciones generales, salvo aceptación expresa e individualizada o prueba de su carácter negociado.»
Se modifica la disposición final segunda de la Ley 3/2013, de 26 de julio, de la Generalitat, de los contratos y otras relaciones jurídicas agrarias, con el siguiente texto:
2. Se desarrollarán en modelos normalizados contratos tipo de venta y vales de pago y de recolección.»
Se modifica el Preámbulo de la Ley 3/2013, de 26 de julio, de la Generalitat, de los contratos y otras relaciones jurídicas agrarias, con el siguiente texto:
1. Se sustituye el párrafo segundo por la siguiente redacción:
«La ley consta de sesenta y seis artículos, divididos en seis títulos, más tres disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres finales.»
2. Se añaden dos párrafos nuevos a continuación del párrafo sexto con la siguiente redacción:
«El título V consta de cinco artículos, dividido en dos capítulos, uno que regula la creación y funciones del Registro de Operadores, Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias, y otro dedicado al fomento del arbitraje y la mediación en el ámbito de los contratos que regula la ley.
El título VI, sobre el poder sancionador, consta de siete artículos, divididos en dos capítulos que especifican qué acciones o supuestos son sancionables y con qué sanción, así como cuáles son los organismos competentes en materia de sanciones.»
3. Se modifica el párrafo segundo del apartado II con la siguiente redacción:
«Así, por ejemplo, se obliga necesariamente a la forma escrita del contrato para favorecer la protección de la parte más vulnerable del acuerdo, la parte productora, que ve la necesaria protección de los legítimos intereses de prueba de aquella parte que ha cumplido completamente su prestación y se ve en la necesidad de exigir el cumplimiento de la contraprestación ajena. En el mismo sentido, se formula una regulación suficientemente detallada de los vales de pago y de recolección, sin perjuicio del desarrollo reglamentario posterior.»
4. Se suprime del párrafo cuarto del apartado II el siguiente contenido:
«(lo que comportará, en su caso, llegar a la forma escrita).»
5. Se modifica el párrafo quinto por la siguiente redacción:
«También es intención de la ley introducir mecanismos de garantía para el cobro del precio. Así, por ejemplo, en la venta a peso por persona física se limita el posible aplazamiento del pago del precio a un mes desde la terminación de la recolección o desde la fecha límite pactada para ello.»
6. Se modifica el párrafo séptimo del primer apartado del preámbulo, como sigue:
«La ley concluye con las citadas disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales, de las que sin duda destaca la adicional segunda, a la que se hará posterior referencia. Debe destacarse también el compromiso de la Generalitat en lo relativo al desarrollo reglamentario que la ley prevé y, particularmente, a la confección de modelos normalizados de vales de pago y de recolección, así como al establecimiento de criterios para la homologación de contratos tipo, que sin duda facilitarán su aplicación.»
Disposición final única. Desarrollo Reglamentario.
València, 6 de febrero de 2019.–El President de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer.
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 8.482, de 8 de febrero de 2019)
Publicada en el DOGV núm. 8482, de 8 de febrero de 2019.
MODIFICA el preámbulo, los arts. 1, 3, 6 al 9, 12, 15, 16, 18, 22 y 25, la disposición final 2 y AÑADE los títulos V y VI a la Ley 3/2013, de 26 de julio (Ref. BOE-A-2013-9579).
DE CONFORMIDAD con el art. 49.1.2 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio (Ref. BOE-A-1982-17235).