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Timestamp: 2017-10-18 15:00:08
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 18', 'artículo 23', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 46', 'ARTÍCULO 50', 'ARTÍCULO 51', 'ARTÍCULO 52', 'ARTÍCULO 53', 'ARTÍCULO 54', 'ARTÍCULO 55', 'ARTÍCULO 58', 'ARTÍCULO 60', 'artículo 60', 'ARTÍCULO 66', 'ARTÍCULO 69', 'artículo 340', 'artículo 348', 'ARTÍCULO 71', 'artículo 468', 'ARTÍCULO 72']

INFORMATIVO LINTERNA ROJA: PROCESO DE PAZ... MARCO JURIDICO PARA LAS DESMOVILIZACIONES Ley 975 de Julio 25-2005
PROCESO DE PAZ... MARCO JURIDICO PARA LAS DESMOVILIZACIONES Ley 975 de Julio 25-2005
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Comentario del Director: Estamos totalmente de acuerdo, en que la Paz, se debe tratar de conseguir, pero no, a cualquier precio, pues ello podria indicarnos: IMPUNIDAD, se debe Conciliar y no Negociar, pues quien dijo, que la PAZ es propiedad de uno o de algunos, no señor la PAZ en el mundo le pertenece a la Humanidad y es un Derecho, inalienable, regulado por la Ley, y como tal se debe de respetar, Guardar, Proteger y Liderar.
Uno como Ciudadano o persona, Negocia lo que nos pertenece, pero no podemos, entrar a vulnerar un Derecho que es Colectivo, por ello decimos: Conciliar y en nombre de los Ciudadanos, mas no desde el punto de vista de lo que a mi, me gusta, puesto que mi Derecho a la paz, individual es uno y cuando en calidad de Presidente de un pais, entro en conversaciones, para tratar de lograr la Paz, me convierto en el vocero de millones de Ciudadanos y por consiguiete debo: CONSULTAR LA OPINION COLECTIVA, para partir de alli y elaborar una Agenda, que me sirva de guia, para Conversar inicialmente, para luego entrar a socializar, en forma Conciliada un posible Acuerdo.
Coincidimos con: El Comandante, TIMOCHENKO, con Los Candidatos Presidenciales: Santos y Zuluaga y aún con los voceros de las FARC, en que no existen plenos entendimientos, para lograr prontamente una PAZ EN COLOMBIA, primero, por cuanto no se han cumplido los presupuestos de la Ley de Justicia Paz (975 de Julio 25 del año 2005 Y segundo mucho menos lo dispuesto en su Articulo 10, que puntualiza los Requisitos de Elegibilidad para la Desmovilización Colectiva., Miremos los apartes de esta Ley y se que, estaremos de acuerdo, en que, se negocia en la Habana sin apegarse a la Ley Colombiana, por tanto, se puede decir: Que esta paz en la habana, es realmente como lo hicieron ver los Asesores del Candidato Santos: UNA PALOMA DE PAPEL, LA CUAL POR SU CONTEXTURA, NO PODRA VOLAR.
LEY DE JUSTICA PAZ: 975 de Julio 25-2005
El proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia se inició en el 2002 con diálogos celebrados entre el Gobierno Nacional y los voceros o representantes de ese grupo organizado armado al margen de la ley, las cuales generaron la desmovilización de los integrantes de algunos bloques y frentes, y el desmantelamiento de los mismos, en virtud de los acuerdos políticos celebrados entre las partes.
Sin embargo, como la legislación vigente de ese entonces (Ley 782 de 2002) solo preveía la amnistía y el indulto para delitos políticos y conexos cometidos por los miembros de la organización ilegal, era necesaria una nueva ley que como herramienta jurídica abriera el camino para la paz al facilitar la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los desmovilizados, y garantizar los derechos de las víctimas, pero sin someter al “perdón y olvido” las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra el Derecho Internacional Humanitario.
11.2 Que haya suscrito un acta de c ompromiso con el Gobierno Nacional.
La reins erción a la vida civil de las personas que puedan ser favorecidas con amnistía, indulto o cualquier otro beneficio establecido en la Ley 782 de 2002, se regirá por lo dispuesto en dicha ley.
ARTÍCULO 3o. ALTERNATIVIDAD. Alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley.
ARTÍCULO 5o. DEFINICIÓN DE VÍCTIMA. Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley.
Mediante aviso publicado en el Diario Oficial No. 45.988 de 2 de agosto de 2005, se efectua la corrección al texto de esta norma, publicada en el Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005, en el texto original aparecía la expresión "discapacidad tísica" siendo lo correcto "discapacidad física".
ARTÍCULO 6o. DERECHO A LA JUSTICIA. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Estado tiene el deber de realizar una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción de las personas responsables por delitos cometidos por los miembros de grupos armados al margen de la ley; asegurar a las víctimas de esas conductas el acceso a recursos eficaces que reparen el daño infl igido, y tomar todas las medidas destinadas a evitar la repetición de tales violaciones.
ARTÍCULO 7o. DERECHO A LA VERDAD. La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.
ARTÍCULO 18. FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN. Cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, o de la versión libre pueda inferirse. razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan, el fiscal delegado para el caso solicitará al magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación de una audiencia preliminar para formulación de imputación.
Mediante aviso publicado en el Diario Oficial No. 45.988 de 2 de agosto de 2005, se efectua la corrección al texto de esta norma, publicada en el Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005, en el texto original aparecía la expresión "evidencia tísica" siendo lo correcto "evidencia física".
En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los cargos investigados y solicitará al magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que corresponda, según lo dispuesto en la presente ley. Igualmente solicitará la adopción de las medidas cautelar es sobre los bienes de procedencia ilícita que hayan sido entregados para efectos de la reparación a las víctimas.
PARÁGRAFO 1o. Si en esta audiencia el imputado no acepta los cargos, o se retracta de los admitidos en la versión libre, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz remitirá la actuación al funcionario competente conforme con la ley vigente al momento de la comisión de las conductas investigadas.
PARÁGRAFO 2o. Cuando exista solicitud de reparación integral, previamente se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente ley.
ARTÍCULO 25. HECHOS CONOCIDOS CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA O AL INDULTO. Si a los miembros de grupos armados al margen de la ley que recibieron los beneficios de la Ley 782 de 2002, o que se beneficiaron con la pena alternativa de conformidad con la presente ley, con posterioridad se les llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes de su desmovilización, estas conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión de esas conductas, sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea., debidamente informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley.
PARÁGRAFO 2o. De la acción extraordinaria de revisión conocerá la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia, en los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal vigente.
PARÁGRAFO 3o. Contra la decisión de segunda instancia no procede recurso de casación.
ARTÍCULO 27. ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS. Si en relación con los hechos admitidos o no admitidos por el desmovilizado en su versión libre o en posterior actuación, según el caso, antes de la audiencia de imputación, el fiscal delegado llegare a constatar que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito o que indiquen la posible existencia, dispondrá de inmediato el archivo de la actuación. Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios se reanudará la averiguación conforme con el procedimiento establecido en la presente ley, mientras no se haya extinguido la acción penal.
ARTÍCULO 31. TIEMPO DE PERMANENCIA EN LAS ZONAS DE CONCENTRACIÓN. El tiempo que los miembros de grupos armados al margen de la ley vinculados a procesos para la reincorporación colectiva a la vida civil, hayan permanecido en una zona de concentración decretada por el Gobierno Nacional, de conformidad con la Ley 782 de 2002, se computará como tiempo de ejecución de la pena alternativa, sin que pueda exceder de dieciocho (18) meses.
ARTÍCULO 32. COMPETENCIAS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO JUDICIAL EN MATERIA DE JUSTICIA Y PAZ. Además de las competencias establecidas en otras leyes, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial designados por el Consejo Superior de la Judicatura serán competentes para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de los que trata la presente ley, vigilar el cumplimiento de las penas y las obligaciones impuestas a los condenados.
ARTÍCULO 37. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la adm inistración de justicia. En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:
ARTÍCULO 46. RESTITUCIÓN. La restitución implica la realización de los actos que propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades, de ser posible.
ARTÍCULO 50. COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN. Créase la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación integrada por el Vicepresidente de la República o su delegado, quien la presidirá; el Procurador General de la Nación o su delegado; el Ministro del Interior y de justicia o su delegado; el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado; Defensor del Pueblo, dos Representantes de Organizaciones de Víctimas y el Director de la Red de Solidaridad Social, quien desempeñará la Secretaría Técnica.
ARTÍCULO 51. FUNCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación cumplirá las siguientes funciones:
52.3 Hacer seguimiento y verificación a los procesos de reincorporación y a la labor de las autoridades locales a fin de garantizar la desmovilización plena de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, y el cabal funcionamiento de las instituciones en esos territorios. Para estos efectos l a Comisión Nacional Reparación y Reconciliación podrá invitar a participar a organismos o personalidades extranjeras.
ARTÍCULO 52. COMISIONES REGIONALES PARA LA RESTITUCIÓN DE BIENES. Las comisiones regionales serán las responsables de propiciar los trámites relacionados con las reclamaciones sobre propiedad y tenencia de bienes en el marco del proceso establecido en la presente ley.
ARTÍCULO 53. COMPOSICIÓN. Las Comisiones Regionales estarán integradas por un (1) representante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, quien la presidirá; un delegado de la Procuraduría para justicia y la paz; un (1) delegado de la Personería municipal o Distrital; un (1) Delegado del Defensor del Pueblo; y un delegado del Ministerio del Interior y de justicia.
ARTÍCULO 54. FONDO PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS. Créase el Fondo para la Reparación de las Víctimas, como una cuenta especial sin personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será el Director de la Red de Solidaridad Social. Los recursos del Fondo se ejecutarán conforme a las reglas del derecho privado.
ARTÍCULO 55. FUNCIONES DE LA RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL. La Red de Solidaridad Social, a través del Fondo de que trata la presente ley, tendrá a su cargo, de acuerdo con el presupuesto asignado para el Fondo, las siguientes funciones:
ARTÍCULO 58. MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS ARCHIVOS. El acceso a los archivos debe ser facilitado en el interés de las víctimas y de sus parientes para hacer valer sus derechos.
En todo caso se deberán adoptar las medidas necesarias para resguardar el derecho a la intimidad de las víctimas de violencia sexual y de las niñas, niños y adolescentes víctimas de los grupos armados al margen de la ley, y para no provocar más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras p ersonas, ni crear un peligro para su seguridad.
ARTÍCULO 60. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la presente ley, el Presidente de la República podrá autorizar a sus representantes o voceros, para adelantar contactos que permitan llegar a acuerdos humanitarios con los grupos armados organizados al margen de la ley.
ARTÍCULO 66. De acuerdo con el Programa de Reincorporación a la vida civil el Gobierno Nacional procurará la vinculación de los desmovilizados a proyectos productivos o a programas de capacitación o educación que les facilite acceder a empleos productivos.
ARTÍCULO 69. Las personas que se hayan desmovilizado dentro del marco de la Ley 782 de 2002 y que hayan sido certificadas por el Gobierno Nacional, podrán ser beneficiarias de resolución inhibitoria, preclusion de la instrucción o cesación de procedimiento, según el caso, por los delitos de concierto para delinquir en los términos del inciso primero del artículo 340 del Código Penal; utilización ilegal de uniformes e insignias; instigación a delinquir en los términos del inciso primero del artículo 348 del Código Penal; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones.
ARTÍCULO 71. SEDICIÓN. Adiciónase al artículo 468 del Código Penal un inciso del siguiente tenor: "También incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal. En este caso, la pena será la misma prevista para el delito de rebelión.
ARTÍCULO 72. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley deroga todas las disposiciones que le resulten contrarias. Se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia y rige a partir de la fecha de su promulgación.
Publicado por INFORMATIVO LINTERNA ROJA en 5:55 a. m.