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Timestamp: 2020-01-22 07:57:29
Document Index: 292632228

Matched Legal Cases: ['artículo 2222', 'artículo 1169', 'artículo 1169', 'artículo 740', 'artículo 754', 'artículo 770', 'artículo 770', 'artículo 771', 'artículo 720', 'Artículo 647', 'Artículo 28', 'Artículo 187', 'in dubio', 'artículo 187', 'artículo 28', 'artículo 647', 'artículo 107']

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título Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo
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Bogotá, D.C. veinte (20) de junio de dos mil trece (2013)
Del contrato de mutuo.
La demandante alegó la nulidad de la liquidación oficial demandada, por violación de las normas del Código Civil y de Comercio que regulan el contrato de mutuo, por falta de aplicación (artículos 2221 y 2222 del Código Civil, 824 y 1163 a 1169 del C.Co.).
En concreto, adujo que el contrato de mutuo no es un contrato solemne puesto que sólo exige para su perfeccionamiento la entrega de la cosa.
La Sala precisa que de los artículos 2221 a 2235 del Código Civil se infiere que el contrato de mutuo civil es de carácter real, unilateral, gratuito, principal y nominado. El Código de comercio, de su parte, en los artículos 1163 a 1169 destaca el carácter oneroso del contrato, de ahí que, en las demás características, se siguen las reglas del Código Civil.
En esa medida, el mutuo es un contrato real porque se perfecciona por la tradición de la cosa. Así lo indica el artículo 2222 del Código Civil:
“ARTICULO 2222.
. No se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición, y la tradición transfiere el dominio.”
La Corte Suprema de Justicia (C.S.J.), respecto de la naturaleza del mutuo comercial, ha dicho que no es un contrato consensual ni solemne, sino real. Para llegar a esa conclusión, parte del artículo 1169 del C.Co.1, que prevé sobre la promesa de “dar en mutuo”.
Para la C.S.J., dado que la promesa de cualquier contrato es solemne, “la promesa y el contrato consensual prometido se confundirán”2. Explica que cuando se promete el mutuo, este contrato se confunde con la promesa y, por tanto, será solemne como la promesa. También precisa que en los contratos mercantiles impera el principio de la consensualidad, pero que no por ello, el contrato de mutuo mercantil es consensual. Que, a lo sumo, habría una laguna, un vacío del legislador en cuanto a la naturaleza del contrato, vacío que, a juicio de la Corte Suprema, se debe llenar mediante la aplicación de las reglas del Código de Comercio, como primera medida, y sólo después, mediante la aplicación de las reglas del Código Civil, reglas éstas que, en todo caso, indican que el contrato de mutuo civil es real, que no consensual en el sentido de que sólo requiera del consentimiento de las partes3. Y aunque la C.S.J. admite que la teoría de la consensualidad no sería extraña al contrato de mutuo, porque también se requiere del acuerdo de voluntades, reconoce que “(…) la doctrina nacional especializada considera “que el estado actual” de la legislación no permite atribuirle al contrato de mutuo mercantil otra naturaleza distinta a la del contrato real, no solo por el contenido del artículo 1169 del Código de Comercio, atrás referido, sino por la clásica preceptiva del Código Civil, a donde se llega” (Rodríguez Azuero, contratos bancarios, págs.. 308 y 309, Bonivento Fernández, Los principales contratos…, pág. 336)”4
De ahí que concluya, que de los artículos 2221 y 2222 del Código Civil se infiere el carácter de contrato real, “por cuanto resulta medular para la definición de este asunto, como antes se dijo, carácter por el cual sólo se perfecciona con la tradición de la cosa prestada, pues es así como se produce la transferencia de la propiedad de ella, del mutuante al mutuario, quien por tanto queda obligado a la restitución de otra del mismo género y calidad, porque como bien se sabe, el mutuario o prestatario no recibe las cosas objeto del contrato, para usarlas y devolverlas, sino para consumirlas, natural o jurídicamente, con cargo de devolver otras de la misma especie y calidad.”5(negrilla fuera de texto).
Ahora bien, la “tradición”, al decir de la doctrina nacional, “(…) tiene una doble acepción: entrega, como hecho material, y tradición como modo de adquirir el dominio de las cosas prestadas, por cuanto al recibirse el bien mutuado, si el mutuante tiene plena capacidad, se transfiere el dominio, por ser un acto traslaticio del derecho de propiedad. Si el prestador no es dueño de la cosa no hay tradición, aunque se haga la entrega, por faltar un requisito indispensable para tal efecto: capacidad del tradente, como lo exige el artículo 740 del Código Civil (…)”6
La C.S.J., de su parte, ha precisado que “En el derecho colombiano, de lege data, la entrega con efectos de tradición de la cosa dada en mutuo (C.C., art. 740), es un requisito sine qua non de este negocio jurídico (presupuesto de carácter genético), ora en la codificación civil, ora en la mercantil,(…) motivo por el cual si aquella no media ―en cualquiera de sus formas reconocidas sine lege―, mal podrá tenerse por latente, en concreto, la precitada relación negocial, con todo lo que entraña, (…)” 7
También aclara que “la tradición” no se traduce en el simple hecho físico o material de entregar la cosa (datio rei), puesto que, a juicio de la Corte Suprema, es indispensable la transferencia de la propiedad de la cosa mutuada, y que esa transferencia no necesariamente va acompañada del desplazamiento físico de la cosa, pues lo determinante es que “una de las partes le signifique a la otra, real o simbólicamente, que lo hace dueño.”8 Por consiguiente, dijo la C.S.J., “(…) Bajo este entendimiento, cabe concluir que en Colombia, a la par que en un elevado número de naciones, el perfeccionamiento del contrato de mutuo no reclama una específica y prefijada forma de tradición, particularmente aquella que se da por la entrega “de mano a mano” ―también apellidada “ordinaria”―, pues no distinguiendo al respecto la ley (C.C.,art. 2222), ella puede ser material o también figurada, como lo avala la doctrina comparada (Federico Puig Peña, Guillermo Borda, Luis Muñoz, entre varios) y como inequívocamente lo regula, en el plano legislativo, el artículo 754 del Código Civil, precepto que disciplina la traditio de cosas corporales muebles, siendo admisible, entonces, cualquiera de los medios ex lege que permiten consolidarla, concretamente el conocido a través de las expresiones constitutum possesorium ―o constituto possesorio (num 5ºib) ―, según lo confirma igualmente la dogmática jusprivativa (Giorgio Giampiccolo, Francisco José Osuna Gómez, Arturo Alessandri, Ramón Mesa Barros, etc).”
Conforme con lo expuesto, el contrato de mutuo es un contrato real para cuyo perfeccionamiento basta la entrega de la cosa en los términos anteriormente precisados, esto es, con el ánimo de transferencia de dominio, precisamente para que el mutuario “(…) pueda consumirla, cumpliendo de esta manera, el propósito fundamental del contrato de mutuo”9. El contrato de mutuo, además, “se agota con la restitución que el mutuario hace al mutuante de los dineros o cosas equivalentes a las recibidas en préstamo.”10
Ahora bien, como todo contrato, el mutuo debe cumplir todos los elementos esenciales para que se considere su existencia, tales como la capacidad, el consentimiento, el objeto, la causa y la forma.
En el contexto expuesto, entonces, la Sala procede a analizar si los actos administrativos demandados son nulos, por falsa motivación, habida cuenta de que para la DIAN, las pruebas que obran en el expediente no dan cuenta de la existencia del mutuo que convinieron ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA ―AESA y ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS. Para el efecto, la Sala centrará el análisis en las normas que regulan la prueba, en general, y de la prueba de los pasivos, en particular, en materia tributaria, pues fue en torno de esas normas que se sustentaron las causales de nulidad de violación de la ley por interpretación errónea y por falta de aplicación, y la causal de nulidad de falsa motivación.
De la prueba del pasivo en materia tributaria. De la causal de nulidad por violación de los artículos 770 y 771 E.T. por interpretación errónea y por falta de aplicación. De la causal de nulidad por falsa motivación. De la causal de nulidad por violación de los artículos que aluden a las pruebas en materia tributaria, por falta de aplicación.
Los artículos 770 y 771 E.T. disponen lo siguiente sobre la prueba de los pasivos en materia tributaria.
“ARTICULO 770. PRUEBA DE PASIVOS. Los contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de contabilidad, sólo podrán solicitar pasivos que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta. En los demás casos, los pasivos deben estar respaldados por documentos idóneos y con el lleno de todas las formalidades exigidas para la contabilidad.
ARTICULO 771. PRUEBA SUPLETORIA DE LOS PASIVOS. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, acarreará el desconocimiento de los pasivos, a menos que se pruebe que las cantidades respectivas y sus rendimientos, fueron oportunamente declarados por el beneficiario.”
La empresa demandante interpretó que de conformidad con el artículo 770 E.T., para los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad, los pasivos deben estar respaldados por documentos idóneos y con el lleno de todas las formalidades exigidas para la contabilidad. A su juicio, la DIAN interpretó erróneamente ese artículo porque es del criterio de que el documento idóneo que respalda el pasivo debe ser el contrato de mutuo, o un pagaré. Que esa interpretación es errada porque el mutuo se perfecciona con la simple entrega de la cosa.
La DIAN, de su parte, manifestó que las pruebas que obran en el proceso no permiten inferir la existencia del mutuo.
La Sala considera que no se configura la nulidad por violación del artículo 770 E.T. por interpretación errónea porque, en realidad, la DIAN, no interpretó de alguna u otra manera el citado artículo. La actuación de la administración se orientó, más bien, a valorar las pruebas que obran en el proceso, y de esa valoración concluyó que no tiene la certeza de la existencia del mutuo y, por eso, rechazó el pasivo y la deducción por gastos financieros. El hecho de haber valorado las pruebas permite inferir que la autoridad demandada es del criterio de que los pasivos se pueden probar con distintos medios probatorios. Cosa distinta es que la DIAN haya arribado a la conclusión de que la demandante no probó la existencia del contrato de mutuo y que, por lo mismo, la demandante acuse los actos demandados de ser nulos por falsa motivación, causal de nulidad que se analizará más adelante.
En cuanto a la causal de nulidad por violación del artículo 771 E.T. por interpretación errónea, la Sala considera que, a diferencia de lo que interpretó la DIAN, la prueba supletoria de los pasivos pueden aportarla los contribuyentes obligados y no obligados a llevar contabilidad. Por lo tanto, cuando se analicen las pruebas aportadas se tendrá en cuenta lo previsto en esta disposición, en el entendido anotado.
Ahora bien, sobre la falsa motivación, como se ha dicho en otras oportunidades, es una causal autónoma que se relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos administrativos y con el control de los hechos determinantes de la decisión administrativa.
En el caso concreto, como se puso de presente, la DIAN valoró las pruebas. Y conforme con esa valoración, admitió que está probado el hecho de que ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA ― AESA registró una operación de endeudamiento externo. También admitió como hecho probado que ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA ― AESA desembolsó cierta cantidad de dinero a ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ASTS. La DIAN no admitió como hecho probado que el desembolso se haya hecho a título de mutuo puesto que las pruebas aportadas por la demandante no dan cuenta de las condiciones de modo, tiempo y lugar en que se cumplió el presunto mutuo que convinieron las partes. En ese aspecto le halló la razón el a quo, pues, después de analizar los movimientos de la contabilidad de la demandante, concluyó que no estaban soportados por documentos internos y externos que dieran cuenta de la existencia de un pasivo.
La demandante alegó que no era necesario que existieran pruebas que dieran cuenta de las condiciones de modo, tiempo y lugar en que se cumpliría el contrato de mutuo, dado que el convenio se hizo entre vinculados económicos. De manera que, adujo que para ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA ― AESA era irrelevante recuperar el dinero dado en préstamo o generar intereses a su favor. Que lo relevante, en este caso concreto, era que estaba probado que el préstamo se generó por la simple entrega del dinero, y en la necesidad de inyectar recursos a ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ASTS en virtud de ciertos convenios de asociación, de colaboración empresarial (consorcio) y de cesión que dan cuenta de que los recursos del endeudamiento externo ―que, aclaró, son los mismos del mutuo― se requerían para invertir en los activos necesarios para la prestación del servicio de telecomunicaciones derivados del contrato de asociación. Para la demandante, el dinero que recibió tiene origen en el pasivo contraído. Por lo tanto, a su juicio, la DIAN debió probar que el origen de tales ingresos es distinto.
Radicación: 25000-23-27-000-2004-01542-01
No. Interno 16780
DEMANDANTE: ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ASTS S.A. HOY ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA AESA
Renta de 2000
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 7 junio de 2007 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Sub Sección B, que negó las pretensiones de la demanda que más adelante se transcriben.
El 6 de abril de 2001, ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS presentó la declaración de renta y complementarios por el año gravable 2000.
El 4 de julio de 2003, la División de Fiscalización Tributaria, mediante requerimiento especial 310632003000151 propuso rechazar pasivos por $54.946.879.000 y deducciones por $6.398.233.00; impuso sanción por inexactitud de $3.583.011.000 y estableció un total a pagar $6.518.936.000.
El 29 de marzo de 2004, la División de Liquidación de la Administración de Impuestos formuló la Liquidación Oficial de Revisión 310642004000058, que modificó la declaración del impuesto de renta del año gravable 2000, en los términos del requerimiento especial.
El demandante acudió per saltum ante esta jurisdicción de conformidad con el artículo 720 E.T.
El demandante formuló las siguientes pretensiones:
“1. Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 310642004000058 de 29 de marzo de 2004, por medio de la cual se modifica la declaración del Impuesto sobre la renta del año 2000, proferida por la División de Liquidación.
2. Que en consecuencia se restablezca el derecho de la sucursal declarando en firme la declaración del impuesto de renta del año 2000.
3. Si en gracia de discusión no se declara la nulidad de la liquidación oficial de revisión, subsidiariamente solicito se revoque la sanción por inexactitud impuesta, teniendo en cuenta que no se cumplen los presupuestos de hecho definidos en el Artículo 647 del Estatuto Tributario.
4. Solicito que se condene en costas a la parte demandada, en el evento de que las anteriores pretensiones sean favorables a mi poderdante, toda vez que se persiste en rechazar una deducción a que tiene derecho, desconociendo el acervo probatorio que obra en el expediente desde la vía gubernativa.”
Constitución Política: Artículos 29,95 [9], 189 [20], 228 y 363
Ley 9 de 1991: Artículo 28
Código de Procedimiento Civil: Artículo 187
Código Contencioso Administrativo: Artículos 35, 59 y 84
Código de Comercio: Artículos 874, 1163 a 1169
Código Civil: Artículos 2221 y 2222
Estatuto Tributario: Artículos 349, 683,684, 742, 743, 745, 746, 770, 771,772, 774, 777 y 787
Decreto 2649 de 1993: Artículos 51, 74, 82, 102 y 123
Decreto 1735 de 1993 (JDBR): Artículos 79 y 31
Resolución N° 8 de 2000: Artículos 79 y 80
El concepto de la violación se resume, así:
Nulidad por violación de los artículos 29, 95 [9] y 363 de la Carta Política, 2221 y 2222 del Código Civil, 874, 1163 a 1169 del C.Co., 187 del C.P.C., 683, 742, 743, 745, 746, 770, 771,772, 774, 777 y 787, 123 del Decreto 2649 de 1993. Desconocimiento del pasivo ($51.567.911.000) y de los gastos financieros: intereses derivados y diferencia en cambio originada en el pasivo ($6.398.233.000).
ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS puso de presente los siguientes hechos:
Que ALCATEL ESTÁNDAR ELÉCTRICA S.A. ALCATEL SESA es propietaria del 99.8% de ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS
Que ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS se constituyó con un capital de $80.000.000.
Que el 15 de septiembre de 1993, ALCATEL ESTÁNDAR ELÉCTRICA S.A.― ALCATEL SESA celebró un convenio de asociación con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones―TELECOM, con el fin de prestar el servicio de telecomunicaciones. Que, según ese contrato, TELECOM sería la operadora del servicio.
Que en desarrollo del citado convenio de asociación ALCATEL ESTÁNDAR ELÉCTRICA S.A.― ALCATEL SESA se obligó a poner a disposición de TELECOM la infraestructura, los equipos de transmisión, de interconexión y de redes externas requeridas, para el cumplimiento del convenio.
Que para cumplir las obligaciones derivadas del convenio de asociación, ALCATEL ESTÁNDAR ELÉCTRICA S.A.― ALCATEL SESA, el 6 de julio de 1995 celebró un “Acuerdo Consorcial” con TELEALCA y ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS
Que el mismo 6 de julio de 1995, mediante Convenio C-0027 de 1993, ALCATEL ESTÁNDAR ELÉCTRICA S.A.― ALCATEL SESA cedió y transfirió su posición contractual en el convenio de asociación al consorcio conformado por ALCATEL ESTÁNDAR ELÉCTRICA S.A.― ALCATEL SESA, ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS y TELEALCA S.A.
Que en virtud del acuerdo consorcial, ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS se obligó a mantener la propiedad y titularidad inicial de los equipos y derechos derivados del acuerdo de asociación. Que el acuerdo consorcial no permitía la opción de que se instalaran equipos que fueran activos de los otros miembros del consorcio o de terceros.
Que, dado el capital con que fue creada ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS , ALCATEL ESTÁNDAR ELÉCTRICA S.A.― ALCATEL SESA, por intermedio de su sucursal en Colombia, ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA AESA, empresa de mayor solidez patrimonial, obtuvo un crédito con ciertos bancos de España y Francia. Y que ese mismo monto se lo prestó a ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS, sin que mediara documento alguno que diera cuenta del contrato de mutuo, por cuanto no era necesario en virtud de la vinculación económica que existía entre las dos empresas.
Que, por eso, ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS contabilizó una cuenta por cobrar y declaró un pasivo en el denuncio de renta en cuantía de $51.567.911.000, y deducciones por gastos financieros derivados del mismo: intereses y diferencia en cambio en cuantía de $6.398.233.000.
Que el 30 de junio de 2004, ALCATEL ESTÁNDAR ELÉCTRICA S.A.― ALCATEL SESA se fusionó con ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS, según Escritura Pública N° 1803 del 14 de octubre de 2004, e inscrita el 15 de octubre del 2004 ante la Cámara de Comercio de Bogotá con el ánimo de integrar el patrimonio de las dos empresas.
Puestos de presentes los anteriores hechos, la empresa demandante explicó que la DIAN cuestionó el pasivo, el patrimonio líquido de la empresa y la deducción por los intereses y demás gastos financieros declarados en el denuncio de renta, porque las pruebas que se aportaron para demostrar el pasivo y las deducciones derivadas del mismo, no tienen, a juicio de la DIAN “(…) el valor de instrumento de crédito que sirva de medio probatorio idóneo”, a pesar de que reconoció que los desembolsos sí se hicieron.
Alegó que, con ese proceder, la DIAN violó los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, y 824 del C.Co., que regulan la definición del contrato de mutuo y su perfeccionamiento, y las formalidades que el código de comercio dispone para cuando los comerciantes acuerdan negocios jurídicos. Que, en efecto, la DIAN violó esas normas por falta de aplicación, puesto que desconoció el mutuo informal que convinieron ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA AESA y ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS, que da cuenta del crédito y correlativo pasivo de las empresas.
Manifestó que el contrato de mutuo es un contrato consensual, que no requiere de ninguna solemnidad, que tiene lugar cuando una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad, y que se perfecciona por la simple transferencia del dominio de la cosa fungible.
Que, así mismo, violó los siguientes artículos del E.T.: 742 [las decisiones de la administración deben fundamentarse en hechos probados], 743 [la idoneidad de los medios de prueba], 745 [el in dubio pro contribuyente derivado de los vacios probatorios], 746 [la presunción de veracidad de los hechos consignados en las declaraciones tributarias], 770 [la prueba de los pasivos], 771 [prueba supletoria de los pasivos], 772 [la contabilidad como medio de prueba], 774 [requisitos para que la contabilidad constituya prueba], 777 [la certificación de contador público y revisor fiscal es prueba contable], y 787 [de la carga de la prueba de los pagos y pasivos negados por los beneficiarios].
Alegó que los actos administrativos demandados se fundamentan en hechos no probados.
Que las pruebas que aportó para demostrar los pasivos, los intereses y los gastos financieros derivados de ese pasivo son idóneas. Que si la DIAN tenía dudas acerca de la existencia del pasivo, debió resolverlas a favor de ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS. Pero que, como las pruebas dan cuenta de la existencia del pasivo, los actos administrativos demandados son nulos por falsa motivación porque se desconocieron los hechos debidamente probados y porque no se desvirtuó la presunción de veracidad de los hechos declarados en el denuncio de renta cuestionado.
Que ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS, como contribuyente obligado a llevar contabilidad, demostró la existencia de los pasivos mediante documentos idóneos registrados en debida forma en la contabilidad. Que no era pertinente que se le exigieran pruebas como el título del crédito o documentos de fecha cierta, como se les exige a los contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad.
Para probar su dicho, hizo una relación detallada de los documentos que, a su juicio, prueban el desembolso de recursos que hizo ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA AESA a favor de ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS, de la cuenta en que fueron contabilizados, la fecha de la contabilización, el valor del desembolso, el folio en que reposa la prueba y la descripción del contenido de la prueba.
Insistió en que bastaban las pruebas del desembolso del dinero para demostrar el pasivo de ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS , y que no se requería aportar ningún documento que diera cuenta de la existencia del crédito para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS a favor de ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA AESA, precisamente por el vínculo económico existente entre las dos empresas.
Que, en todo caso, los contribuyentes obligados o no a llevar contabilidad pueden aportar como prueba supletoria de los pasivos ―en caso de que no cuenten con documentos idóneos o documentos de fecha cierta― la declaración de renta del acreedor o beneficiario de la obligación crediticia, esto es, para el caso concreto, la declaración de renta de ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA AESA prueba que, según dijo, también aportó al proceso. Que además de esa prueba, aportó los estados financieros de ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA AESA y el certificado suscrito por revisor fiscal en el que se certifica la existencia de la acreencia a favor de esa empresa y del pasivo a cargo de ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS. Que, por tanto, también está probado que ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA AESA no niega la existencia del pasivo.
Que la DIAN violó el artículo 187 del C.P.C. porque al exigir un documento específico que diera cuenta de la existencia del crédito, aplicó el sistema de valoración de la tarifa legal de la prueba, siendo que en Colombia rige el sistema de valoración de la sana crítica. Que, por lo tanto, fundamentó los actos administrativos demandados en un hecho no probado, esto es, el hecho de que los desembolsos tuvieron origen en una fuente distinta al préstamo, y sin precisar la fuente que habría dado lugar a esos desembolsos.
Reiteró que ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA AESA es propietaria del 99.8% de ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS y que, por eso, no era necesario un título crediticio que garantizara las obligaciones entre las dos empresas. Que bastaban como prueba el acuerdo consorcial, las comunicaciones relativas a las transacciones bancarias, los comprobantes de consignación y los comprobantes internos y que toda la operación fue registrada como pasivo en la contabilidad. Que dado que esa contabilidad se llevó en debida forma, constituye prueba a su favor. Insistió en que aportó el certificado de revisor fiscal que da cuenta de las operaciones hechas y de las cuentas en las que se registraron. También detalló la forma en que se hicieron los registros contables y la documentación comprobatoria de esos registros.
Con fundamento en todo lo expuesto, la demandante alegó que la DIAN vulneró tres principios básicos en materia probatoria: la indivisibilidad, la comunidad y el de lealtad y probidad de la prueba. Que la DIAN desconoció el pasivo sin considerar que ese pasivo le permitió generar recursos expresados en diferentes activos. Que la DIAN debió reconocer el hecho económico con todos los efectos que este produce. Que, como no lo hizo, violó los artículos 95 [9], 189 [20], 228 y 363 de la Constitución Política, y el 683 E.T., puesto que se excedió en sus facultades, que no son discrecionales, puesto que deben ejercerse dentro de los límites de la justicia y la equidad.
Nulidad por violación del artículo 28 de la Ley 91 de 1991; 874 C.Co.; 35, 59 del C.C.A.; 79 y 31 del Decreto 1735 de 1993; 79 y 80 de la Resolución N° 8 de 2000 (JDBR) y 51, 74, 82, 102 del Decreto 2649 de 1993. Deducción de gastos financieros: diferencia en cambio originada en el pasivo.
La demandante puso de presente que la DIAN desconoció la deducción por $6.398.233.000. que corresponde a los gastos financieros derivados del pasivo: intereses y diferencia en cambio.
Alegó que la DIAN incurrió en falsa motivación porque interpretó de manera errada que entre residentes en Colombia no es posible pactar obligaciones en moneda extranjera y, por lo mismo, derivar gastos financieros por diferencia en cambio. Que, en consecuencia, violó los artículos 35 y 59 del C.C.A.
Afirmó que de conformidad con los artículos 874 C.Co.; 28 de la Ley 9ª de 1991, 3 y 79 del Decreto 1735 de 1993 las operaciones entre residentes no corresponden a operaciones de cambio y pueden pactarse en moneda extranjera pero se deben pagar en moneda legal colombiana.
Que de conformidad con los artículos 51, 74, 82 y 102 del Decreto 2649 de 1993, las obligaciones pactadas en moneda extranjera deben registrarse en la contabilidad reexpresadas en la moneda nacional a la tasa de cambio vigente al cierre de cada mes. Que ese ajuste puede dar lugar a la diferencia en cambio que se debe reconocer como un ingreso o un gasto financiero. Que en materia tributaria, a partir del año 1992, los contribuyentes sometidos al sistema de ajustes integrales por inflación, pueden deducir los intereses y la diferencia en cambio porque son gasto financiero.
Nulidad por violación del artículo 647 E.T.
La demandante alegó que la sanción por inexactitud era improcedente, puesto que no se ajustó a derecho.
Explicó que la sanción es procedente cuando se comprueba la inexistencia, falsedad o simulación de las deducciones y de los pasivos. Que con las pruebas aportadas demostró que ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS no incurrió en maniobras fraudulentas, ni incluyó en la declaración de renta datos falsos, equivocados, incompletos o desfigurados.
Por último, pidió que se condenara en costas a la DIAN, habida cuenta de los gastos en que tuvo que incurrir para defenderse de los cuestionamientos, a su juicio, infundados, que le hizo la DIAN.
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda y dijo que de las obligaciones derivadas del acuerdo consorcial no se deduce que ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA AESA debía obrar como prestamista de ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS. Y que, en todo caso, de ser prestamista, ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS debió probar la existencia del pasivo para que se lo aceptaran.
Que, adicionalmente, habida cuenta de que se alega que el préstamo tiene origen en el acuerdo consorcial, era relevante establecer el grado de participación de los miembros del consorcio en el préstamo.
Que las pruebas que aportó la demandante demuestran claramente la existencia de la operación de endeudamiento externo que registró ante las autoridades de cambios internacionales ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA AESA , pero que esas pruebas no son documentos idóneos que den cuenta del supuesto préstamo que esta empresa le hizo a su filial ALCATEL ASTS.
Que la declaración de renta de ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA AESA no puede ser admitida como prueba supletoria de la existencia de los pasivos, porque esa prueba sólo se permite a quienes no están obligados a llevar contabilidad. Que así lo dijo el Consejo de Estado, en la sentencia del 21 de septiembre de 2001 (Exp. 12173).
En cuanto a los gastos financieros por diferencia en cambio, precisó que de conformidad con los artículos 285 y 120 E.T., el valor de las deudas en moneda extranjera se estima en moneda nacional en el último día del año o periodo gravable de acuerdo con la tasa oficial, pero que la deducción solo procede respecto de los pagos hechos en divisas extranjeras. Que como, según lo afirma el demandante, las obligaciones se contrajeron entre residentes y, por tanto, los pagos se hicieron en pesos, no es procedente la deducción.
Respecto de la sanción por inexactitud, reafirmó que es procedente porque el demandante incluyó pasivos y deducciones improcedentes.
En cuanto a la petición de condena en costas, pidió que no se concediera, porque, a su juicio, no es equitativo condenar a la Nación por ejercer una función legítima como la atinente a la debida determinación de los impuestos. Que el acto administrativo demandado, además, se ajustó a derecho, la DIAN no actuó con temeridad, dolo o mala fe.
Habida cuenta de que la demandante adicionó la demanda para aportar más pruebas, la DIAN se opuso a que se tuvieran como tal dentro del proceso porque, a su juicio, esas prueban datan de hechos posteriores a los analizados.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 7 de junio de 2007, negó las pretensiones de la demanda y fundamentó su decisión en las siguientes consideraciones:
Destacó que las sociedades ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS y ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA AESA se fusionaron en el mes de octubre del año 2004, fusión que se protocolizó mediante escritura pública N° 1803. Que como este hecho ocurrió con posterioridad al año objeto de fiscalización, esto es, del año 2000, no era pertinente tener en cuenta los argumentos que adujo el demandante relacionados con la fusión de las empresas. De ahí que no analizó las pruebas aportadas por la demandante en la adición de la demanda.
Confirmó el rechazo de los pasivos. Consideró que de conformidad con los artículos 283 y 770 del Estatuto Tributario, la demandante estaba obligada a llevar libros de contabilidad y a demostrar los pasivos mediante documentos idóneos que dieran cuenta de la existencia de la obligación, del origen de la misma, de la naturaleza del crédito, de las circunstancias de modo y tiempo en que debía saldarse la deuda, y que todo debía haber quedado registrado en la contabilidad conforme lo exige la ley.
De ahí que, luego de enlistar los movimientos contables que hizo la ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL en el año 2000 de las cuentas por pagar y de las cuentas por cobrar de ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA AESA, el a quo concluyó que los documentos aportados por la demandante y la contabilidad “no permiten colegir con precisión la modalidad del contrato suscrito por las partes de tal manera que resulte palmario el plazo acordado, vigencia y procedencia como pasivo fiscal, como lo ha venido manifestando la Administración en sede gubernativa y en sede jurisdiccional y como lo advierte la Sala en ésta oportunidad.”
En cuanto a la deducción de los gastos financieros por diferencia en cambio, el a quo transcribió los artículos 4º y 6º de la Ley 9ª de 1991, 1 a 3 del Decreto 1735 de 1993, y concluyó que los contratos entre residentes deben cumplirse y pactarse en moneda nacional. Que es prohibido que se pacten en divisas, so pena de incurrir en infracción cambiaria. Que, en consecuencia, no es procedente la deducción. Además, porque, según dijo, no se probó el pasivo.
“Para la Sala no resulta suficiente la afirmación de la actora en lo que respecta a la necesidad de dichas erogaciones para obtener ingreso, pues la deducción está sujeta a que se demuestre el cumplimiento de los requisitos legales para su procedencia, situación ésta que no se observa en el sub lite, ya que la empresa no demuestra la necesidad de los gastos en lo que incurrió, pues afirma que requería del dinero pata (sic) cumplir con sus obligaciones en la banca y TELEALCA, pero no demuestra que resultara necesario acudir a un préstamo por parte de Alcatel España, para desarrollar su actividad productora de renta y mucho menos de la necesidad de acordar la obligación en moneda distinta al peso colombiano, lo cual hace ver que se incurrió en los gastos reseñados por mera liberalidad.”
De ahí que, el a quo confirmó la sanción por inexactitud y no condenó en costas a la DIAN.
ALCATEL ASTS interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en el que reiteró lo dicho en la demanda.
En concreto, dijo que de conformidad con los artículos 304 y 305 del C.P.C. las sentencias deben contener un examen crítico de las pruebas y los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, y que, además, deberán estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda.
Que la sentencia apelada infringió los artículos 304 y 305 del C.P.C., porque omitió analizar las pruebas obrantes en el expediente. De ahí que, enunció nuevamente todas las pruebas que aportó al proceso para demostrar su dicho sobre la existencia del pasivo, y pidió que se hiciera una valoración de las mismas.
Con fundamento en esas pruebas, pidió que se diera por probada la existencia del contrato de mutuo. Insistió en que el contrato de mutuo se perfeccionó cuando ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA AESA le entregó a ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS el dinero prestado, por intermedio de la entidad fiduciaria que se designó para administrar los recursos del acuerdo consorcial.
Que el Tribunal dijo que no existía en el proceso un documento que diera cuenta de las condiciones de modo y tiempo en que se pagaría el pasivo. Pero que no tuvo en cuenta que el mutuo se acordó entre vinculados económicos en el que primaba la realización del objeto del contrato, más no la percepción de intereses por parte del prestamista y del cumplimiento estricto de los plazos por parte del prestatario. Insistió en que el contrato de mutuo es consensual y que la DIAN debió demostrar el origen de la entrega del dinero si concluyó que la fuente no era el mutuo convenido entre la demandante y la casa matriz.
Pidió que si las pruebas aportadas no se aceptan para demostrar el pasivo, que se acepte como prueba supletoria la declaración de renta de ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA AESA.
Que no es procedente que se acepte la existencia del endeudamiento externo de ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA AESA, pero que no se acepte el préstamo que le hizo a ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS de los recursos provenientes del endeudamiento externo.
Insistió en que la DIAN violó los principios de indivisibilidad, comunidad, lealtad y probidad de la prueba, porque cuestionó la existencia del crédito contraído por ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS, sin tener en cuenta que los recursos del crédito sirvieron para generar otros recursos expresados en activos que, a su vez, generaron ingresos gravables para la demandante.
Que a diferencia de lo que concluyó el Tribunal, las pruebas aportadas al proceso sí dan cuenta de que las deducciones invocadas cumplían los requisitos del artículo 107 E.T. Que según las pruebas, ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS se obligó a mantener la propiedad y titularidad inicial de los equipos y derechos derivados del contrato consorcial. Que ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS no contaba con el capital suficiente para pedir directamente el crédito en el exterior. Que, por eso, ALCATEL ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA AESA pidió el crédito para, a su turno, obrar como prestamista de ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS, a efectos de sacar adelante el proyecto. Que, por tanto, no era necesaria la existencia de un título crediticio pues el mutuo ocurrió entre vinculados económicos.
Sobre la diferencia en cambio insistió en que los residentes en Colombia pueden pactar obligaciones en moneda extranjera y registrarse en la contabilidad reexpresadas en pesos colombianos a la tasa de cambio vigente al cierre de cada mes. Que el ajuste por la diferencia en cambio se puede llevar como ingreso o gasto, según sea del caso. Y que para los obligados a llevar ajustes por inflación, la totalidad de los intereses y gastos financieros constituían costo o gasto a partir del año 1992. Que, por tanto, ALCATEL SESA TECHNICAL SERVICES S.A. ― ALCATEL ASTS tenía la obligación de ajustar el pasivo y reflejar la diferencia en cambio en el estado de resultados, y, así mismo, tenía derecho a la deducción.
Reiteró que la sanción por inexactitud era improcedente porque los pasivos y deducciones alegadas son existentes, y porque se presentó una diferencia de criterios sobre el derecho aplicable.
Insistió en que se condene en costas a la DIAN.