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Timestamp: 2019-06-25 05:52:59
Document Index: 201168973

Matched Legal Cases: ['artículo 205', 'artículo 21', 'artículo 216', 'artículo 347', 'artículo 119', 'artículo 326', 'artículo 117', 'artículo 119']

contencioso-administrativo archivos - Página 3 de 12 - Whitman Abogados
Ha declarado la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León (Valladolid) en sentencia de 31 de mayo de 2017 que “el recurrente sostiene que las lesiones sufridas reúnen todos los requisitos que exige la jurisprudencia para ser consideradas como acaecidas «In itinere», a saber: el teleológico (se dirigía directamente desde su domicilio a su puesto de trabajo); topográfico (se utiliza el itinerario adecuado para ello); cronológico (el existir inmediatez entre la hora del accidente -14:35 horas- y la hora de entrada de turno de tarde -15:00 horas); y mecánico (al ser la motocicleta un medio adecuado para desplazarse). Rechaza que efectuara una conducción inadecuada de la motocicleta y alega que la Administración para sostener su imprudencia en la conducción se basa en apreciaciones subjetivas de los agentes actuantes que no fueron testigos directos de los hechos ni recogieron testimonios de terceros, formulando una versión de los hechos que no responde a la realidad y que es contraria a la que desde un principio ha mantenido en el expediente consistente en que, como todos los días, conducía diligentemente su motocicleta con destino a su trabajo por una vía que conoce sobradamente y que en un momento dado fue se vio abordado y sorprendido por una persona que, practicando footing y con cascos en los oídos, cruzaba la calle a más de 15 metros del paso de peatones y que, en un intento de evitar el atropello, cayó al suelo sufriendo las lesiones que se han descrito. Señala que en el informe de los policías locales, exceptuando el estado de la calzada y la situación en que quedó la motocicleta, solo hay conjeturas subjetivas; no existe ninguna prueba que justifique que deba dudarse de su versión de los hechos y, con cita de diversas sentencia, arguye que incluso la simple imprudencia no impide la calificación de un accidente como de trabajo, pues solo dejan de ser accidentes de trabajo, con arreglo al art. 115.4.b) del TRLGSS 1/1994, entonces vigente, los debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.”
Para el Tribunal “en cualquier caso tan verosímil es una versión de los hechos como la otra y no constan datos objetivos que justifiquen dar preeminencia a cualquiera de ellas, pues ni siquiera opera en este caso la presunción de veracidad a los hechos constatados por los agentes de la autoridad a que se refiere el art. 137.3 de la entonces vigente Ley 30/1992, ya que los referidos agentes no fueron testigos del accidente. En esta tesitura para resolver la cuestión litigiosa conviene tener en cuenta que tanto el art. 115.4.b) del TRLGSS 1/1994, como el art. 79.1 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, vigente cuando se dicta la resolución originaria impugnada, exigen para no considerar un accidente como accidente de trabajo que no haya mediado por parte del accidentado dolo, o negligencia o impericia graves y solo a una imprudencia de esta entidad se ha de entender que se refieren los mencionados preceptos del Reglamento orgánico de la Policía Gubernativa, que, por otro lado, fue derogado por la Ley Orgánica 9/2015, antes de finalizar el expediente de que se trata. En ningún momento resulta acreditado, ni siquiera afirmado por la parte demandada, que en la producción del accidente mediara imprudencia o negligencia grave del recurrente, lo que comporta que al reunir los requisitos exigidos para ser considerado accidente «in itinere» de trabajo, se anulen las resoluciones recurridas por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, declarando que las lesiones padecidas por el recurrente el 20 de abril de 2015 derivan de accidente de trabajo «in itinere» con las consecuencias inherentes a dicha declaración.”
Responde a esta cuestión la sentencia de 28 septiembre de 2017 dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que nos explica que “el principio de confianza legítima se enuncia en la sentencia de este Tribunal Supremo de 12 de Diciembre de 2008 en los siguientes términos: «Este Tribunal respecto a la confianza legítima (por todas la STS 27 de abril de 2007, recurso de casación 6924/2004 con cita de otras anteriores) ha dicho «Es cierto que si la Administración desarrolla una actividad de tal naturaleza que pueda inducir razonablemente a los ciudadanos a esperar determinada conducta por su parte, su ulterior decisión adversa supondría quebrantar la buena fe en que ha de inspirarse la actuación de la misma y defraudar las legítimas expectativas que su conducta hubiese generado en el administrado. También lo es que ese quebrantamiento impondrá el deber de satisfacer las expectativas que han resultado defraudadas, o bien de compensar económicamente el perjuicio de todo tipo sufrido con motivo de la actividad desarrollada por el administrado en la creencia de que su pretensión habría de ser satisfecha; pero no sería correcto deducir de esta doctrina que pueda exigirse a la Administración la efectiva satisfacción de lo demandado cuando ésta haya de ajustarse a una conducta normativamente reglada y se aprecie la ausencia de uno de los requisitos que permitan el otorgamiento de lo solicitado. Es decir: la plena satisfacción de la pretensión desatendida no puede obtenerse en aquellos supuestos en los que está excluido el ejercicio de la potestad discrecional de la Administración y sometida su decisión al cumplimiento de determinados requisitos legales, cuya carencia ha de impedir acceder a lo solicitado…».”
Añade el Tribunal que “definido así el principio invocado, esto es, habiéndose exigido para su aplicación que la creencia que se sustente por el interesado, esté basada en signos externos y no en meras apreciaciones subjetivas, tal requisito en el presente caso no se cumple, porque no puede afirmarse que existiera ninguna actuación de la cual se pudiera desprender que la modificación del PGOU sería favorablemente evaluada por el órgano con competencia ambiental de la CAM, y que la modificación sería entonces aprobada. En efecto, ni siquiera el informe de 9 de julio de 1996, es tajante en cuanto al proceso urbanizador, dado que pone de relieve el «indudable interés edafológico de los suelos», dejando abierta la posibilidad, pero no pronunciándose sobre la misma, a «la incorporación de ese ámbito al proceso urbanizador». Además, la recurrente se sometió con la firma del convenio a lo que resultara del procedimiento de aprobación, sin que la confianza legítima proteja la creencia de que un Informe de Evaluación Ambiental va a tener un resultado favorable. Por otro lado, como sostiene la Comunidad de Madrid «La utilización que nuestra jurisprudencia ha hecho de este principio, vinculándolo a la irretroactividad y protección de los derechos adquiridos (STS de 15 de noviembre de 1999) o en la prohibición de actuar contra los propios actos (STS de 28 de julio de 2006, Sala de lo Civil) hace ver igualmente la inviabilidad de la pretensión aquí deducida. No ha habido ninguna actuación que contradijera otras anteriores, y mucho menos se ha afectado un derecho adquirido de la actora, sometida, como estaba, al resultado de la actuación administrativa.”
Por ello para el Tribunal «cabe, por tanto, descubrir un órgano al que se le asigna un conjunto de atribuciones y competencias y formando parte indisoluble de este, como parte esencial del mismo, una persona física que es llamada a desempeñar dichas atribuciones y competencias; los presupuestos competenciales, por tanto, son predicables del conjunto del órgano, del que forma parte el funcionario actuante, y que, en definitiva, da lugar a que el acto se considere como actividad de la Administración. En este contexto es en el que deben analizarse los actos emanados de los funcionarios cuyo encargo de funciones ha expirado por el transcurso del tiempo, como es este el caso. El presupuesto del que partir, ya se ha dejado dicho anteriormente, es el de que habiéndose proveído la plaza de Jefe de la Inspección Territorial por el sistema de encargo de funciones, y habiendo transcurrido el tiempo al efecto, por mandato normativo, automáticamente, había expirado el nombramiento, de suerte que el citado no podía en modo alguno desempeñar las competencias atribuidas legalmente al órgano del que formaba parte; en consecuencia tal vicio de legalidad implicaba la propia inexistencia jurídica de los actos administrativos dictados por el citado, pues resultaba una actividad al margen del ente administrativo al que se le pretende otorgar su procedencia; estando en presencia del supuesto más grave de nulidad de pleno derecho, pues la actuación del funcionario sin nombramiento carecía de validez alguna, por manifiesta y grave incompetencia material del funcionario, en tanto que lleva a cabo unas atribuciones y competencias que le resultaban ajenas y extrañas. Lo que nos ha de llevar a desestimar la pretensión actuada.”
https://www.whitmanabogados.com/wp-content/uploads/logo-web-300x103.png 0 0 whitmanabogados https://www.whitmanabogados.com/wp-content/uploads/logo-web-300x103.png whitmanabogados2017-07-03 15:53:552017-07-03 15:53:55¿Qué valor tiene una liquidación tributaria realizada por un funcionario cuyo nombramiento temporal se ha extinguido?
El empleo de conductor-celador ¿debe entenderse como de profesional sanitario? y una ambulancia ¿es equiparable a un centro sanitario?
Nos enseña la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de mayo de 2017 que “ciertamente el empleo de conductor-celador no encaja en el profesional sanitario licenciado o diplomado a que se refieren los arts. 6 y 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre en que las sentencias antedichas contemplan la selección de personal sanitario, en el sentido del art. 6 a) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Se trata de personal técnico de cualificación no universitaria. Puede haber habido una omisión, voluntaria o involuntaria, de la administración sanitaria andaluza no confiriendo una valoración a la experiencia previa obtenida en una actividad privada ejercida en una empresa de ambulancias que desarrollaba una actividad en beneficio de la administración tras la pertinente contratación. Dicha omisión no puede comportar una interpretación como la realizada por la Sala de instancia entendiendo que la misma se realizó bajo la modalidad de concertación o adscripción en un centro sanitario.”
Añade la Sala que “el transporte sanitario por carretera que realizan las ambulancias en que desarrollan su actividad los conductores (RD 836/2012, de 25 de mayo que sustituye al RD 619/1998, de 17 de abril, vigente al tiempo de los hechos) no puede calificarse como centro sanitario cuya definición escapa a interpretaciones estrictas o anchas en razón de su clara previsión legal ( art. 3. Ley 41/2002, de 14 de noviembre). El RD 619/1998, de 17 de abril insiste en el carácter de vehículo sanitario en razón de la definición otorgada por el art. 133 del Reglamento de la Ley 16/1987, de 30 de junio, de ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por RD 1211/1990, de 28 de septiembre, mientras el art. 134 señalaba que las características técnicas, así como el equipamiento sanitario y la dotación de personal de cada uno de los distintos tipos de vehículos sanitarios a que se refiere el art. 133 será determinado por Real Decreto. Queda, pues claro, que un vehículo sanitario no es equiparable a un centro sanitario sin perjuicio de que puedan tener determinados equipamientos sanitarios.”
https://www.whitmanabogados.com/wp-content/uploads/logo-web-300x103.png 0 0 whitmanabogados https://www.whitmanabogados.com/wp-content/uploads/logo-web-300x103.png whitmanabogados2017-06-12 10:55:122017-06-12 10:55:12El empleo de conductor-celador ¿debe entenderse como de profesional sanitario? y una ambulancia ¿es equiparable a un centro sanitario?
La respuesta a esta cuestión, de sentido negativo, nos las ofrece la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que en sentencia de 6 de abril de 2017 declara que “de todas las causas de cese de los Jueces sustitutos que enumera el artículo 205.1 de la LOPJ, la única que pudiera tener relación (quod non) con el caso que nos ocupa es la de su letra a), es decir, el «transcurso del plazo para el que fueron nombrados». Sin embargo, si bien se mira, esta causa no es aquí aplicable, porque el demandante no fue nombrado para un plazo determinado, sino (ha de entenderse) por el tiempo, en principio indeterminado, en que el Juzgado estuviera vacante, es decir, sin titular. Se comprenderá entonces que el problema pasa a ser el de qué ha de entenderse por «titular» del Juzgado, y si puede serlo cualquier Juez de carrera que sea asignado o nombrado, por cualquier procedimiento, y en cualquier momento, para servir el órgano.”
Añade la Sala que “entendemos que una respuesta afirmativa no se correspondería en absoluto con los principios de independencia e inamovilidad temporal a que antes nos referíamos, pues un Juez sustituto no puede llegar a encarnar la concepción que del Poder Judicial tiene la Constitución Española ( artículos 117 y siguientes), y aun con las diferencias propias de su régimen excepcional (artículo 21.3.1 de la LOPJ), si se le somete a un régimen de provisionalidad como el descrito, al albur siempre y en cualquier momento de ser removido por la designación hecha por un superior jerárquico, al margen del sistema ordinario de provisión, ya sea acudiendo a la figura del apoyo mediante comisión de servicios ( artículo 216.bis.1 de la LOPJ) o utilizando los de un Juez de Adscripción Territorial (artículo 347.bis.2) o, como en este caso, los de un Juez de Apoyo al Juez de Adscripción Territorial. Al contrario, lo que haya de entenderse por «titular» de un Juzgado lo expresa el artículo 119 del Reglamento de la Carrera Judicial 2/2011, de 28 de Abril. Este precepto no es directamente aplicable al caso que nos ocupa, ya que no se refiere al cese de los Jueces sustitutos sino al cese de los Jueces de Adscripción Territorial, pero no deja de ser un precepto que aclara lo que ha de entenderse, a estos efectos, por «titular» de un Juzgado, y debe ser por lo tanto aplicado analógicamente al caso que juzgamos. En efecto, este precepto afirma literalmente que los JAT «gozarán de inmovilidad en los órganos a que hayan sido adscritos, hasta tanto no se cubra la vacante de manera ordinaria.”
Por lo tanto declara el alto Tribunal “el Juez que puede remover en cualquier momento al Juez sustituto que cubre la vacante de un Juzgado por carencia de titular es el Juez nombrado para esa vacante de manera ordinaria, es decir, mediante las formalidades y el procedimiento propio del concurso (artículo 326.2 y siguientes de la LOPJ). Ésta es la única solución que respeta aquéllos principios esenciales que atribuye al Poder Judicial el artículo 117 de la Constitución Española. De todo lo dicho se deriva no ser acertado el informe que obra al folio 33 del expediente administrativo emitido con ocasión del recurso de alzada, al afirmarse en él que la toma de posesión de la Juez de Apoyo al JAT en el Juzgado Mixto de Sarriá implicó «la condición de Juez titular a todos los efectos». Antes al contrario, a pesar de esa toma de posesión, el Juzgado de Sarriá siguió sin titular, dispuesto, por lo tanto, a ser sacado a concurso, (como se deduce de forma clara del artículo 119 del Reglamento de la Carrera Judicial 2/2011, de 28 de Abril, que antes hemos citado). La doctrina que acaba de exponerse es plenamente aplicable al caso ahora enjuiciado porque, como resulta del relato de hechos y antecedentes que se hizo en el primer fundamento, la aquí recurrente doña….. fue designada para actuar como Jueza sustituta en el Juzgado de ……….hasta que se incorporara su titular y su cese tuvo lugar como consecuencia de la designación para ese mismo juzgado de un Juez de Adscripción Territorial. Procede, de conformidad con lo antes razonado, estimar el recurso contencioso-administrativo y acceder a la nulidad de los actos administrativos que, en primer lugar, es postulada en la demanda. Ejercita también la actora una pretensión de plena jurisdicción, pues solicita «Condenar a la Administración a realizar las actuaciones oportunas para dar efectividad a dicho pronunciamiento, inclusive el abono de la indemnización por daños o perjuicios y demás efectos económicos y administrativos señalados en el fundamento de derecho XI al objeto de restablecer la situación jurídica de mi mandante en su integridad. Pretensión que también debe ser acogida, reconociendo a la Sra. ….. el derecho a percibir una cantidad equivalente a las remuneraciones que le habrían correspondido como Jueza sustituta del Juzgado de ……… en el período comprendido entre el 11 de enero de 2016 (día de su solicitud de reincorporación) y la fecha en que efectivamente le correspondiera cesar conforme a Derecho en ese destino o en su nombramiento como Jueza sustituta, (si no se hubiera producido el cese que ahora anulamos), con sus intereses legales correspondientes, y con todas las demás consecuencias administrativas inherentes a esa sustitución durante ese período (alta y cotización en el Régimen General de la Seguridad Social, disfrute de vacaciones anuales y permisos y consideración como tiempo de trabajo efectivo). No obstante, si durante ese período la recurrente hubiera obtenido ingresos por causa de otro llamamiento como Jueza sustituta efectuado tras el 3 de Febrero de 2015, o por actividades incompatibles con el cargo judicial, los derechos económicos reconocidos en esta sentencia se limitarán a la diferencia existente entre ellos y esos otros ingresos. Y ha de añadirse que las alegaciones que hace en la demanda sobre la aplicabilidad de los artículos 229 y 230 del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial son irrelevantes para la pretensión que aquí se ejercita, pues la misma está referida a las consecuencias que han de derivarse de una reincorporación que ha de tener lugar en una fecha muy posterior a la finalización de los primeros seis meses por enfermedad.”
Añade el alto Tribunal que “de otra parte, tampoco existe una plena correlación entre el concepto legal de domicilio de las personas jurídicas en el presente caso el establecido por la legislación mercantil, con el del domicilio constitucionalmente protegido, ya que éste es un concepto «de mayor amplitud que el concepto jurídico privado o jurídico administrativo» (SSTC 22/1984 fundamentos 2 º y 5º, 160/1991, fundamento jurídico 8 º, y 50/1995, fundamento jurídico 5º, entre otras). En lo que respecta a la titularidad del derecho que el art. 18.2 CE reconoce, necesariamente hemos de partir de la STC 137/1985, ampliamente citada tanto en la demanda de amparo como en las alegaciones del Ministerio Fiscal. Decisión en la que hemos declarado que la Constitución, «al establecer el derecho a la inviolabilidad del domicilio, no lo circunscribe a las personas físicas, siendo pues extensivo o predicable igualmente de las personas jurídicas» (en el mismo sentido, SSTC 144/1987 y 64/1988). Si bien esta afirmación de principio se ha hecho no sin matizaciones relevantes, entre ellas la consideración de la «naturaleza y especialidad de fines» de dichas personas (STC 137/1985, fundamento jurídico 5º). Tal afirmación no implica, pues, que el mencionado derecho fundamental tenga un contenido enteramente idéntico con el que se predica de las personas físicas. Basta reparar, en efecto, que, respecto a éstas, el domicilio constitucionalmente protegido, en cuanto morada o habitación de la persona, entraña una estrecha vinculación con su ámbito de intimidad, como hemos declarado desde la STC 22/1984, fundamento jurídico 5º (asimismo, SSTC 160/1991 y 50/1995, entre otras); pues lo que se protege no es sólo un espacio físico sino también lo que en él hay de emanación de una persona física y de su esfera privada (STC 22/1984 y ATC 171/1989), lo que indudablemente no concurre en el caso de las personas jurídicas. Aunque no es menos cierto, sin embargo, que éstas también son titulares de ciertos espacios que, por la actividad que en ellos se lleva a cabo, requieren una protección frente a la intromisión ajena.”
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en sentencia de 3 de marzo de 2017 nos recuerda que “el derecho de reversión es una consecuencia de la ineficacia o invalidez sobrevenida, con efectos «ex nunc», sin carácter retroactivo de la expropiación originaria (y, por tanto, sin afectar a su validez) por la desaparición de la causa que la motivó, bien <<por no establecerse el servicio o ejecutarse la obra que motivó la expropiación, así como también, si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados o desapareciese la afectación>> (SSTS de 5 de octubre de 1993 y 23 de marzo de 1995, ambas en la línea con la STC 67/88, de 18 de abril).”
Para la Sala “el principal y normal efecto de la reversión (cuando concurran alguna de sus causas) es la devolución «in natura» del bien expropiado, previa <<…restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el expropiado, actualizada conforme a la evolución del índice de precios al consumo en el período comprendido entre la fecha de iniciación del expediente de justiprecio y la de ejercicio del derecho de reversión…2. Por excepción, si el bien o derecho expropiado hubiera experimentado cambios en su calificación jurídica que condicionaran su valor o hubieran incorporado mejoras aprovechables por el titular de aquel derecho o sufrido menoscabo de valor, se procederá a una nueva valoración del mismo, referida a la fecha de ejercicio del derecho, fijada con arreglo a las normas contenidas en el Capítulo III del Título II de esta Ley. 3.- La toma de posesión del bien o derecho revertido no podrá tener lugar sin el previo pago o consignación del importe resultante conforme a los apartados anteriores. Dicho pago o consignación deberá tener lugar en el plazo máximo de tres meses desde su determinación en vía administrativa, bajo pena de caducidad del derecho de reversión y sin perjuicio de la interposición de recurso contencioso-administrativo…>> (art. 55 LEF). Cuando no sea posible la devolución del bien (imposibilidad material o inefectividad legal porque los bienes hayan sufrido una alteración indebida, Sentencia de la Sección Sexta de esta Sala del TS de 2 de diciembre de 1991), procederá una indemnización, cuyo importe se determinará en la forma establecida en el art. 66.2 del Reglamento de la LEF.”
15 marzo, 2017 /por whitmanabogados
https://www.whitmanabogados.com/wp-content/uploads/logo-web-300x103.png 0 0 whitmanabogados https://www.whitmanabogados.com/wp-content/uploads/logo-web-300x103.png whitmanabogados2017-03-15 17:58:402017-03-15 17:58:40¿Cuándo procede la devolución (derecho de reversión) de una finca expropiada por la administración?