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Timestamp: 2018-07-20 10:15:05
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Profesiones y colegios profesionales en la Constitución Española 2
Esta entrada se publicó en Noticias Regulación Profesional y se etiquetó como Constitución legislación regulación en agosto 1, 2016 por cpitia
La Constitución Española establece claramente el régimen jurídico de los colegios profesionales y la regulación de las profesiones tituladas.
Artículo 36 de la Constitución
La Constitución, en su artículo 36, establece:
Los Colegios Profesionales en la Constitución
La Constitución no establece un modelo predeterminado de colegio profesional. Solamente impone que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Esta es la interpretación que sigue el Tribunal Constitucional en sentencia 330/1994, de 15 de diciembre, cuando señala que “interesa recordar que la Constitución no impone en su artículo 36 un único modelo de colegio profesional. Bajo esta particular figura con rasgos asociativos y corporativos puede englobarse por el legislador estatal actuaciones bien distintas como son las que corresponden al ejercicio de funciones públicas en régimen de monopolio o de libre concurrencia en el mercado como profesión liberal y como colegiación forzosa o libre. Del mismo modo, no tienen por que erigirse en los supuestos legalistas de colegiación voluntaria, una inexistente obligación de colegiarse, en un requisito habilitante para el ejercicio profesional. Y es asimismo posible que los colegios profesionales asuman la defensa de actividades profesionales que no configuren en realidad, profesiones tituladas”.
La peculiaridad de los colegios profesionales respecto de otras organizaciones se encuentra en que son corporaciones de derecho público que, no obstante, ejercen funciones de naturaleza jurídico-privada, aunque tengan delegadas algunas funciones públicas como es, por ejemplo, la disciplina profesional. El Tribunal Constitucional así lo tiene reconocido en sentencias 76/1983, 23/1984, 123/1987 y 89/1989, entre otras en las que señala que “los colegios profesionales son corporaciones sectoriales que se constituyen para defender primordialmente los intereses privados de sus miembros, pero que también atienden a finalidades de interés público, en razón de las cuales se configuran legalmente como personas jurídico-públicas o corporaciones de Derecho público cuyo origen, organización y funciones no dependen sólo de la voluntad de los asociados sino también y, en primer término, de las determinaciones obligatorias del propio legislador, el cual por lo general, las atribuye, asimismo, al ejercicio de funciones propias de las Administraciones territoriales titulares de las funciones o competencias ejercidas por aquellas”.
Respecto de la organización, estructura interna y funcionamiento, los colegios profesionales deben ajustarse a los principios democráticos, tal y como prescribe el artículo 36 de la Constitución, y consolida la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al señalar que su base es siempre social, sus órganos expresión de organización social, sus intereses son siempre y en último término intereses sociales. Esta dimensión social de los colegios profesionales determina que su estructura interna y funcionamiento tengan que ser democráticos, máxime cuando el legislador les otorga la naturaleza de corporaciones de Derecho público y potestades de estas características. Este principio tiene como consecuencia que los estatutos y las normas de régimen interno de los colegios deben ser aprobadas por sus órganos democráticamente elegidos, mediante procesos electorales libres e igualitarios y que permitan el acceso tanto activo como pasivo a todos los colegiados en igualdad de condiciones (SSTC 89/1989 y 115/1994, entre otras).
Profesiones tituladas y ejercicio profesional
El artículo 36 establece una reserva de ley en relación con el establecimiento del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas que supone, según el Tribunal Constitucional, una garantía para los ciudadanos en esta materia, siendo competencia del legislador, atendiendo a las exigencias del interés público y a los datos producidos por la vida social, considerar cuando existe una profesión titulada. Por ello dentro de estas coordenadas, el legislador puede crear nuevas profesiones y regular su ejercicio, teniendo en cuenta que la regulación del ejercicio de una profesión titulada debe inspirarse en el criterio del interés público y tener como límite el respeto del contenido esencial de la libertad profesional (SSTC 42/1986 y 166/1992)
Se entiende por profesiones tituladas aquellas para cuyo ejercicio se exige la previa obtención de un título académico o profesional. Así también lo ha interpretado el Tribunal Constitucional, entre otras, en sentencias 83/1984 y 42/1984 declarando que “las profesiones tituladas existen cuando se condicionan determinadas actividades a la posesión de concretos títulos académicos, entendiendo por tales la posesión de estudios superiores y la ratificación de dichos estudios mediante la concesión del oportuno certificado o licencia”.
Pues bien, sólo por ley podrá regularse el ejercicio de la libertad profesional, conforme prescribe este artículo 36. En este sentido el Tribunal Constitucional (sentencia 83/1984, ya citada) exige al legislador el cumplimiento de esta reserva legal, no solo desde el punto de vista formal sino también material, rechazando las remisiones en blanco a la vía reglamentaria.
Como viene señalando la doctrina más autorizada, el contenido esencial del ejercicio profesional se encuentra en que la actividad se lleve a cabo dentro de un marco de libertad responsable. Es decir, que el profesional asuma la responsabilidad de dar a sus actos el contenido, alcance y sentido propio.
¿Colegiación obligatoria o voluntaria?
Respecto de la colegiación obligatoria hay que subrayar que ésta no es incompatible con el principio democrático que rige la organización y funcionamiento de estas corporaciones profesionales. Así lo ha manifestado el Tribunal Constitucional en su sentencia 89/1989 al decir que “es evidente que la colegiación obligatoria es perfectamente compatible con la exigencia democrática que la Constitución impone como requisito expreso, ya que esta exigencia constituye, en si misma, un contrapeso, una compensación del deber del titulado a inscribirse y, a la vez, una garantía de que esa obligatoriedad estará sujeta al control democrático de los mismos colegiados“.
De lo anterior cabe concluir:
Los Colegios Profesionales son entes democráticos, cuya actividad está sujeta al control directo de los profesionales colegiados.
Los Colegios Profesionales deben defender los intereses privados de sus miembros, pero también deben velar por el interés público.
Sólo por Ley se puede regular la libertad de ejercicio profesional.
El legislador está obligado a regular el ejercicio de las profesiones tituladas en virtud del interés público y de la realidad social.
La razón última del ejercicio profesional se encuentra en que la actividad se realice de forma libre y a la vez responsable.
En definitiva, la proclamación del régimen jurídico de los colegios profesionales y la regulación del ejercicio de las profesiones tituladas bajo el principio de reserva de ley condiciona sobremanera no sólo al legislador ordinario a la hora de regular esta materia sino también y principalmente al profesional liberal, sometiéndole a normas y a reglas éticas y deontológicas en el ejercicio de su actividad ordinaria.
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2 ideas sobre “Profesiones y colegios profesionales en la Constitución Española”
Lino Moinelo [I & R] el agosto 10, 2016 a las 5:53 pm
“deberán ajustarse a los principios democráticos”, pero no explica ni tan siquiera una manera mínima de alcanzarlos con lo que la ambigüedad es tal que se deja a criterio de los organizadores poner esos principios en el “listón” que ellos deseen. La “democracia” se debería obviar por considerarse ubicua, lo que falta es precisamente estudiar los modelos que la hagan posible de una manera eficaz y que evite “los corrillos”
¿Qué le ha parecido el comentario?
cpitia Autor el agosto 10, 2016 a las 6:06 pm
La Constitución Española define perfectamente en su articulado en qué consisten los “principios democráticos”, por lo que tachar dicha definición de ambigüa denota un profundo desconocimiento de la Carta Magna.
El órgano supremo de toma de decisiones en un colegio profesional es la asamblea de colegiados, donde todos los profesionales colegiados tienen voz y voto y se aprueba lo que la mayoría de profesionales desea, por lo que está garantizado que no se forme lo que usted denomina “corrillos”.
Hace tiempo que venimos observando que, precisamente los que más critican que los colegios profesionales de informática funcionan como si fueran “cortijos”, son precisamente no colegiados, y por lo tanto sin voz ni voto en el funcionamiento de los colegios. Los colegiados pueden deponer a un decano/presidente en cualquier momento si consideran que no defiende los intereses colectivos.
Cabe recordar que los colegios profesionales se crean por ley y a que los actos de sus órganos de gobierno están sujetos al derecho administrativo, al contrario que en las asociaciones. ¡Los colegios van mucho más allá de una simple asociación!
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