Source: https://jurisprudencia.cladem.org/peru/Comit%C3%A9_para_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Discriminaci%C3%B3n_contra_la_Mujer_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/
Timestamp: 2019-02-23 07:12:17
Document Index: 8521424

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 30', 'artículo 326', 'artículo 16', 'artículo 20', 'Artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 3']

El Comité examinó el informe inicial del Perú (CEDAW/C/5/Add6.0) en sus sesiones 163ª y 166ª, celebradas los días 30 y 31 de Enero de 1990.
En relación con cuestiones generales, el Comité pidió información sobre la medida en que se había difundido la Convención en el país y sobre medidas adoptadas para eliminar leyes discriminatorias que seguían existiendo en los códigos jurídicos. Se pidió mayor información sobre el tipo de mecanismos gubernamentales o interministeriales que se habían elaborado a fin de fomentar la igualdad de derechos y coordinar los esfuerzos gubernamentales para el adelanto de la mujer, especialmente habida cuenta de la eliminación del Comité Nacional de Mujeres Peruanas que se había creado en 1976. Se señaló la importancia de promover activamente la Convención en momentos de crisis social y económica, y como elemento jurídico para la defensa de los derechos de la mujer en el Perú.
Con respecto al artículo 2, se observó que el Comité había recibido información de organizaciones no gubernamentales en que se indicaban posibles violaciones de los derechos humanos de mujeres sujetas a arresto y que estaba cometiendo el Gobierno en la lucha contra el terrorismo en el país. Se pidió una confirmación sobre la verdad de esos informes, junto con las medidas que estaba tomando el Gobierno para corregir esa situación.
Con respecto al artículo 4, se pidió información sobre la medida en que se estaba recurriendo a medidas especiales de carácter temporal en las esferas de la educación y el trabajo
Se hicieron preguntas respecto de la medida en que las estructuras tradicionales obstruían el progreso de la mujer, en el contexto del artículo 5, y en qué medida el Gobierno utilizaba los medios de información social y otros medios de difusión de información para que las mujeres tuviesen conocimiento de la Constitución u otras leyes que las favorecieran, especialmente las mujeres en las zonas rurales. Se pidió información sobre la medida en que los hombres participaban en el trabajo doméstico.
Con referencia a la prostitución, en relación con el artículo 6, se pidió información sobre el alcance del problema, su relación con la pobreza y las medidas adoptadas para tratar el problema, incluido el empleo de tarjetas de salud.
Con respecto al artículo 7, se pidió información sobre la medida en que votaban las mujeres, especialmente en relación con su proporción en la población, así como sobre cualquier impedimento al respecto, tal como el analfabetismo. Se observó que las mujeres parecían brillar por su ausencia en la formulación de las políticas gubernamentales, y se pidió información sobre medidas para aumentar su participación en la adopción de decisiones, al igual que datos sobre la proporción de mujeres candidatas al Parlamento en relación con las elegidas. Se hicieron preguntas respecto de la extensión del movimiento femenino, incluidos los comités de dueñas de casas y los clubes de madres, y su empleo como vehículo para difundir los programas de alfabetización, políticos, de salud y de educación.
Se hicieron preguntas respecto de la base jurídica para la transmisión de nacionalidad en el sentido del artículo 9, si ello implicaba discriminación contra la mujer y qué medidas se estaban tomando para la eliminación de la discriminación contra la mujer en referencia al artículo
Con respecto al empleo y al artículo 11, se pidió información sobre la medida en que se aplicaba en la legislación y en la practica el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, así como cualquier legislación positiva para asegurar la igualdad en el empleo, al igual que información respecto de si las disposiciones protectoras de la ley podían dar lugar a discriminación contra la mujer, sobre la protección legal para las empleadas domésticas y sobre si el Perú era parte en los convenios de la OIT.
Con respecto al artículo 12, se pidió información sobre las disposiciones legales relativas al aborto, el número de abortos clandestinos y la medida en que las mujeres tenían acceso a programas de planificación de la familia y a servicios de salud pública, especialmente salud materno infantil y en las zonas rurales. Se preguntó si habían disminuido las tasas de mortalidad infantil y materna.
En referencia a la mujer en las zonas rurales, con arreglo al artículo 14, se preguntó si se reconocía a las mujeres como jefas de familia a los efectos de la tenencia de tierras y si tenían igualdad de acceso a préstamos, capacitación y servicios de divulgación. Además, se pidió información sobre el efecto del analfabetismo en las mujeres de las zonas rurales así como el papel de los clubes femeninos en dichas zonas y, además, si había programas especiales para resolver los problemas de la mujer rural y protegerla durante cualquier contienda civil.2
Con respecto a la prostitución, en relación con el artículo 6, se afirmó que tenía una base social relacionada con la situación socioeconómica de la mujer, debido a la falta de oportunidad de empleo. Era difícil cambiar esa situación mediante legislación, aunque, por ejemplo, existían leyes que sancionaban la prostitución de menores. La solución del problema sólo era posible si se atendían las causas de fondo.
Con respecto al artículo 7, se reconoció el hecho de que las mujeres participaban en el electorado en una proporción menor que la que les correspondía en razón de su proporción numérica en la población, pero también se observó que recientemente había habido una mayor participación gracias a que la mujer tomaba cada vez mayor parte en la fuerza laboral y en los sindicatos. Sin embargo, no se contaba con datos sobre diferencias entre las pautas de votación de hombres y mujeres, ya que no se llevaban cifras, aunque cabía hacer notar que en la elección más reciente había participado más del 70% de las personas con derecho a voto.
Con respecto al artículo 8, el representante declaró que había habido esfuerzos para aumentar la proporción de mujeres en el servicio diplomático y que la representación de mujeres figuraba entre las más altas en la región de América Latina, incluidos cargos en los niveles superiores del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Con respecto a la cuestión de la nacionalidad, en relación con el artículo 9, se observó que en el Perú se aplicaba el principio tanto del jus soli como del jus sanginis para determinar la nacionalidad y, conforme a ello, no había diferencia entre hombres y mujeres, ya que los ciudadanos peruanos podían transmitir la nacionalidad a sus hijos mediante su registro.
Con respecto a la educación y al artículo 10, se afirmó que, con arreglo a 1a Constitución, debía asignarse un 10% del presupuesto público a la educación. Se tenía como objetivo la educación primaria universal y, de una población de 20 millones de habitantes en 1985, 7,7 millones eran escolares, 80% de estos en instituciones gratuitas financiadas por el Estado. Había habido un crecimiento anual medio del 4‘8% en la matrícula y uno de los efectos había sido una disminución del analfabetismo a un 13% de la población para 1987, con respecto a una cifra del 60% en época anterior.
En respuesta a preguntas sobre el artículo ll, se afirmó que la estructura jurídica no permitía la desigualdad en el lugar de trabajo, pero había una considerable discriminación de facto debido a actitudes y costumbres y, aunque se habían adoptado ciertas medidas, persistía el problema. Se habían emprendido ciertos esfuerzos especiales para ayudar a la mujer dentro del contexto de la crisis económica, incluido un programa en apoyo al trabajo temporal mediante obras públicas en que, un 76% de los participantes eran mujeres, apoyo directo en forma de comedores populares, la mayoría de cuyos miembros eran mujeres, y talleres artesanales mixtos, así como un programa para proporcionar alimentos subvencionados.
Con respecto al artículo 12, el representante declaró que los abortos sólo se permitían legalmente para proteger la vida de la mujer, y que había un gran número de abortos clandestinos, Con respecto a la planificación de la familia, la ley general sobre población se refería a la paternidad responsable en el sentido de igual responsabilidad para la mujer y el hombre, y se había agregado la planificación de la familia al programa de la escuela secundaria, pero no había programas para facilitar dispositivos anticonceptivos. El efecto de la falta general de recursos para prestar servicios sanitarios podía apreciarse en la reincidencia de la tuberculosis, enfermedad que casi había desaparecido en el decenio de 1970.
Con referencia a la mujer rural y al artículo 14, se observó que gran parte de la propiedad rural era de carácter colectivo y que en particular. Se permitía a las mujeres obtener tierras con arreglo al sistema. El desarrollo de clubes de madres, una iniciativa de autoayuda de las propias mujeres, que suponía múltiples esfuerzos económicos por parte de éstas, había sido un importante avance. Con arreglo a la política de regionalización, se incluían por ley representantes de clubes de madres en las asambleas regionales.
Las organizaciones no gubernamentales del Perú han reunido datos muy detallados sobre la violencia contra la mujer, por lo que los miembros del Comité deseaban saber qué medidas o iniciativas concretas había adoptado el Gobierno para proteger los derechos humanos fundamentales y la dignidad de la mujer, así como la integridad física de sus ciudadanos. En su respuesta, la representante dijo que en la ley No. 26260, promulgada en 1993, se establecía el marco jurídico para hacer frente a la violencia en el hogar. Esa ley, que actualmente se aplicaba y difundía, se había visto acompañada del establecimiento, en la capital, de centros de asesoramiento a la mujer. Se estaban aplicando otras medidas, incluidos los cambios en los programas de enseñanza de las escuelas, las campañas para la difusión de la ley y de su importancia y el establecimiento de un mayor número de comisarías de mujeres.3
2º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adoptadas el 27 de enero de 1995.4
En su 275ª sesión, celebrada el 27 de enero de 1995, el Comité examinó el segundo informe periódico del Perú (CEDAW/C/13/Add.29).
El Comité exhortó al Gobierno a que garantizara la prestación de servicios sociales tales como la enseñanza, el empleo y la salud, que afectaban notablemente a las mujeres.
El Comité recomendó enérgicamente el fortalecimiento del Consejo Nacional de Derechos Humanos en su investigación sobre los abusos de los derechos humanos cometidos contra mujeres detenidas y civiles y recomendó que se actualizara y se clasificara por sexo la información del Registro Nacional de Detenidos y la relativa a casos de desapariciones forzadas.
El Comité exhortó al Gobierno a que examinara las causas de las altas tasas de mortalidad materna provocadas por los abortos clandestinos y a que revisara la ley sobre el aborto, teniendo en cuenta las necesidades sanitarias de las mujeres y a que considerara la posibilidad de suspender la pena de prisión impuesta a las mujeres que se habían sometido a abortos ilícitos.
El Comité sugirió además que el Gobierno solicitara la cooperación de asociaciones médicas, jueces y abogados a fin de considerar una utilización más amplia de la excepción terapéutica a la prohibición del aborto establecida en el código penal, en casos de peligro para la salud de la madre.
El Comité recomendó que se adoptaran medidas más eficaces para acelerar la reintegración de las mujeres desplazadas y refugiadas en la sociedad.
El Comité alentó al Gobierno del Perú a que tomara medidas para que el fortalecimiento de la familia contribuyera simultáneamente al fortalecimiento de los derechos individuales de la mujer y a una distribución igual de responsabilidades entre hombres y mujeres.
El Comité recomendó que el órgano creado para coordinar las actividades sobre los derechos de la mujer se fortaleciera política y administrativamente a fin de coordinar las políticas públicas destinadas a mejorar la situación y la posición de la mujer.
El Comité pidió que el próximo informe se redactara de conformidad con las directrices sobre presentación de informes y que contuviera estadísticas comparadas.
3º Observaciones finales sobre el tercer y cuarto informe presentado por el Estado adoptadas el 6 de julio de 1998.5
El Comité examinó los informes periódicos tercero y cuarto combinados del Perú (CEDAW/C/PER/3-4) en sus sesiones 397ª y 398ª, celebradas el 6 de julio de 1998 (véanse CEDAW/C/SR.397 y 398).
Principales esferas de preocupación y recomendaciones del Comité6
El Comité señala con gran preocupación la situación que sufren las mujeres que fueron obligadas a desplazarse de sus lugares de origen con sus familias como consecuencia de la actividad terrorista. Toma nota de los programas que ejecuta el Gobierno para el retorno a sus puntos de procedencia o la permanencia en los territorios que habitan actualmente.
El Comité recomienda que se preste la mayor atención posible a esas mujeres, que en su mayoría son jefas de familia, para quienes deben establecerse programas que contribuyan a su inserción en la fuerza de trabajo y su acceso y el de sus familias a la educación, la salud, la vivienda, el agua potable y otros servicios esenciales.
El Comité nota con preocupación que, a pesar de haberse introducido importantes cambios jurídicos para la aplicación de las disposiciones de la Convención, la desigualdad entre mujeres y hombres es todavía una realidad en el Perú.
El Comité recomienda que se organice una estrategia de trabajo a nivel de capacitación, difusión y conocimientos básicos de derecho con las nuevas disposiciones jurídicas para lograr de facto el cumplimiento de la legislación que propugna los derechos de la mujer. Asimismo, recomienda la divulgación sistemática de la Convención a todos los niveles, a mujeres y hombres en las comunidades, y en especial a todas las autoridades gubernamentales y personas con responsabilidades en su aplicación. Igualmente, se deben exigir sanciones contra los que infringen la legislación vigente.
El Comité toma nota de que la constitución de 1993 establece que los convenios internacionales son parte de la legislación nacional. No está claro si para la aplicación de la disposición fue aprobada la Convención por el Congreso.
El Comité recomienda que en el siguiente informe se explique si la Convención es ya parte de la legislación, si el poder judicial tiene la capacidad de aplicar las disposiciones de la Convención ante los tribunales, el grado de acceso de las mujeres a la Convención y al Defensor del Pueblo y, por último, si casos de discriminación han sido resueltos por los tribunales con arreglo a la Convención.
El Comité constata la prevalencia en toda la sociedad peruana de manifestaciones socioculturales de conducta que mantienen prejuicios y prácticas discriminatorias contra la mujer. El Comité señala que, a pesar de todos los cambios legislativos y el compromiso del Gobierno del Perú para dar cumplimiento a la Convención, las transformaciones en la práctica no se producen si no se acometen acciones para cambiar las actitudes y los prejuicios de la sociedad respecto de la mujer y el hombre.
El Comité recomienda como cuestión prioritaria que se incluya en los programas dirigidos a la igualdad de género, un componente para promover la eliminación paulatina de estereotipos nocivos y una campaña general de concienciación para erradicarlos. Sugiere que se dé prioridad a los sectores con mayor influencia en la población, tales como son los diferentes niveles de la educación, los medios de difusión masiva, los organismos y trabajadores del sector de la salud, los líderes de la comunidad y otros.
El Comité expresa su preocupación acerca de si la definición contenida en la Ley 26772, que establece lo que se entiende por discriminación, concuerda con el artículo 1 de la Convención relativa a discriminación directa e indirecta. También expresa su preocupación por una cláusula interpuesta en dicha Ley que define la discriminación como “el hecho de dar a las personas un trato diferenciado desprovisto de una justificación objetiva y razonable, basado en motivos de raza, sexo, …”.
El Comité recomienda que el término “justificación objetiva y razonable” se utilice únicamente como base para la aplicación de medidas especiales de carácter temporal que aceleren la igualdad de facto entre la mujer y el hombre. Asimismo, pide al Gobierno del Perú que proporcione información sobre la forma en que se ha aplicado el criterio de “justificación objetiva y razonable” y que señale si en la actualidad hay una definición de la discriminación que concuerde con el artículo 1 de la Convención y que sea una norma imperativa.
El Comité observa que se está interpretando erróneamente el artículo 4, confundiendo las medidas de protección con las definiciones de medidas afirmativas y especiales de carácter temporal contempladas en la Convención. No obstante, en la adición se hace referencia al establecimiento como una medida de discriminación afirmativa de un 25% de mujeres en las listas de candidatos al Parlamento.
El Comité recomienda al Gobierno que tome medidas que contribuyan a impulsar el acceso de la mujer a cargos de dirección y especialmente de toma de decisiones. El Comité pide que en el siguiente informe se incluyan los resultados de las medidas adoptadas para el acceso de más mujeres al Parlamento con la exigencia de una cuota del 25% de mujeres en las listas de candidatos.
Preocupa al Comité la falta de información sobre la migración de mujeres peruanas hacia el extranjero, así como sobre la protección que les ofrece el Gobierno del Perú, dada esta nueva problemática creada por la vulnerabilidad de estas mujeres a la explotación y discriminación.
El Comité solicita que se le suministre información al respecto en el siguiente informe periódico.
El Comité muestra su preocupación respecto a las consecuencias de la reglamentación de la prostitución y señala que desea saber si el resultado de dicha reglamentación ha sido proteger los derechos de las prostitutas, evitando que sean víctimas de la violencia, tráfico y explotación, así como del contagio de enfermedades o si, por el contrario, protege la salud de los clientes y les facilita la utilización de los servicios sexuales.
El Comité recomienda que en el próximo informe periódico se incluyan datos sobre:
El aumento o la disminución del número de prostitutas;
La existencia de prostitutas menores de edad;
La situación de la mujer que ejerce la prostitución sin cumplir las normas establecidas, así como la de sus clientes;
El número de mujeres y de hombres que han sido denunciados, detenidos, procesados y condenados por delitos relacionados con la prostitución y el tráfico de personas;
Las características sociológicas de las mujeres que ejercen la prostitución;
La incidencia de las enfermedades de transmisión sexual y otras en las prostitutas.
El Comité expresa su preocupación debido a que, si bien en el informe hay referencia a la Ley 26260 sobre violencia familiar, en él no se mencionan medidas concretas tomadas para dar respuesta a los casos de violencia, incluso de incesto, cuya incidencia es extremadamente alta. Además, el Comité ve con mucha preocupación los casos de violencia sexual perpetrada contra las mujeres de las zonas rurales y las mujeres indígenas, así como por la alta tasa de abuso sexual cometida contra mujeres adolescentes y niñas en las zonas de emergencia.
El Comité recomienda al Gobierno que establezca las medidas prácticas requeridas para la aplicación de la ley y que despliegue los esfuerzos necesarios a la atención de las víctimas y a capacitar al personal de la policía, el ejército y los tribunales, y a médicos, paramédicos, sicólogos y enfermeros encargados del tratamiento de las víctimas. El Comité recomienda también que se establezca la vigilancia requerida y los registros oficiales que permitan evaluar la evolución y la magnitud del problema. Las comisarías de mujeres han sido una iniciativa válida para enfrentar estas situaciones, pero parecen ser insuficientes.
El Comité destaca la importancia vital de la educación para el mejoramiento de la situación de la mujer y nota con preocupación que las tasas de deserción escolar de las niñas son muy altas, especialmente de las zonas urbanas pobres, rurales e indígenas.
El Comité recomienda que se inicien programas para frenar y revertir esta tendencia y, en caso de que existan, recomienda su sistematización.
El Comité destaca con preocupación el elevadísimo índice de analfabetismo de las mujeres y señala la importancia de incrementar su educación para el ejercicio de la ciudadanía.
El Comité recomienda que se preste especial atención a los programas de alfabetización y que se ejecuten de manera sostenida, y solicita información sobre los avances alcanzados en esta esfera en el próximo informe.
El Comité expresa su preocupación por la situación de la mujer en el ámbito laboral y por la necesidad de crear programas y proyectos que permitan lograr un mayor acceso de la población femenina activa a la fuerza de trabajo del país y un cambio positivo en la presencia de las mujeres en las categorías ocupacionales, ya que actualmente se concentran sobre todo en el comercio, los servicios y los puestos de remuneración inferior. El empleo mal pagado afecta a gran cantidad de mujeres, al igual que la diferencia entre su remuneración y la de los hombres por trabajo de igual valor
El Comité recomienda que se desplieguen mayores esfuerzos dirigidos a cumplir los principios de la equidad en la remuneración y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, a educar a las mujeres para su inserción en el trabajo, a proporcionar programas de capacitación y reorientación profesional, a impulsar su acceso a oficios no tradicionales, a asegurar su derecho a la seguridad social para lograr así que puedan ser agentes activas en el desarrollo del país.
El Comité observa con preocupación el alto porcentaje de mujeres jefas de hogar que hay en el Perú y la necesidad de adoptar programas sistemáticos para responder a sus necesidades.
El Comité solicita informaciones sobre los resultados de los esfuerzos desarrollados en este sector.
El Comité observa con preocupación que la mortalidad materna, la mortalidad infantil y el embarazo en la adolescencia son elevados y que las enfermedades prevenibles son comunes, todo lo cual conforma un cuadro grave en el sistema peruano de salud. Observa que el factor principal que afecta sobre todo a las mujeres de los sectores más desfavorecidos es la falta de recursos para disponer de servicios médicos en el momento necesario y con la urgencia requerida.
El Comité recomienda que se redoblen los esfuerzos para que estas mujeres puedan ejercer el derecho a la salud y recibir la atención responsable del personal médico y paramédico, así como la información necesaria, como respeto básico a sus derechos humanos.
El Comité observa con preocupación que existe un estrecho vínculo entre el índice de abortos practicados y la alta tasa de mortalidad materna, y señala que la tipificación del aborto como delito no hace desistir del aborto sino que lo hace inseguro y peligroso para las mujeres.
El Comité recomienda al Gobierno del Perú que revise su legislación sobre el aborto y vele por que la mujer tenga acceso a servicios de salud generales y completos, que incluyan el aborto sin riesgo, y la atención médica de urgencia cuando surjan complicaciones derivadas del aborto. Asimismo, el Comité pide que se incluya en el siguiente informe periódico información sobre la aplicación de esas medidas y sobre los servicios de salud que están a disposición de las mujeres que requieren atención médica de urgencia a consecuencia de complicaciones derivadas del aborto.
El Comité expresa su preocupación por la ausencia de información y de acceso a métodos anticonceptivos adecuados de las mujeres pobres, de áreas urbanas y rurales e indígenas y de las adolescentes.
El Comité recomienda que se establezcan programas de planificación de la familia en los que se ponga énfasis en la educación sexual, la utilización de métodos anticonceptivos adecuados y la utilización consciente de los servicios de esterilización en los casos necesarios con autorización expresa de la paciente y previa amplia explicación de sus consecuencias.
El Comité recomienda que se ejecuten programas preventivos de cáncer del cuello de útero y de mama que también constituyen causas importantes de mortalidad en la mujer, y programas para la prevención del VIH/SIDA, así como para el tratamiento de los enfermos de SIDA.
A pesar del apoyo dado por el Perú al microcrédito, en el informe no se describen las actividades en esta esfera, que son sumamente importantes y necesarios para mejorar la situación de las mujeres que viven en la pobreza, principalmente en las áreas rurales.
El Comité pide que en el próximo informe se expongan los resultados de los programas que ejecutan el Ministerio para la Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano, otras entidades gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, así como estadísticas donde se compare la situación de las mujeres con la de los hombres y se compare el período que abarque el siguiente informe con el período que abarca el presente informe.
El Comité pide que se dé amplia difusión a las presentes observaciones finales en el Perú a fin de que la población del Perú y especialmente sus funcionarios públicos y políticos conozcan las medidas que se han adoptado a fin de garantizar la igualdad de facto de la mujer y las demás medidas que se requieren al respecto. Además, el Comité pide también al Gobierno que siga difundiendo ampliamente, especialmente entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención, las recomendaciones generales del Comité y la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.
4º Observaciones finales sobre el quinto informe presentado por el Estado adoptadas el 15 de agosto de 2002.7
El Comité examino el quinto informe periódico del Perú (CEDAW/C/PER/5) en sus sesiones 583 y 584, celebradas el 15 de agosto de 2002 (véanse CEDAW/C/SR.583 y 584).
Si bien el Comité acoge con agrado la creación del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social como ente responsable de supervisar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos de las mujeres, le preocupa al Comité el hecho de que el Ministerio no tenga ni el papel que le corresponde como organismo rector y normativo en la formulación y desarrollo de políticas y programas que promuevan la igualdad, ni presupuesto suficiente. Preocupa asimismo que dicho mecanismo no cuente con un mandato explícito que le permita garantizar y exigir a los diferentes sectores de gobierno la promoción de planes y programas orientados a la igualdad de género.
Preocupa al Comité que, aunque en el informe se señala que el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2000- 2005 continúa vigente, éste carezca de una visión estratégica orientada a lograr cambios fundamentales en la condición y posición de la mujer, y que tampoco se haya propuesto al Estado políticas dirigidas a la promoción de igualdad y la incorporación de la perspectiva de género en los diversos sectores de gobierno.
El Comité recomienda que se continúe el proceso de revisión y consultas para la elaboración de un nuevo plan, incluyendo a la sociedad civil y en particular a las organizaciones de mujeres, a los efectos de su pronta aprobación, prevista para el año 2002.9
Si bien existe una nueva estrategia de lucha contra la pobreza 2001- 2006, le preocupa al Comité la inexistencia de programas de erradicación de la pobreza dirigidos específicamente a la población femenina.
El Comité recomienda al Estado parte que en las estrategias y los programas de erradicación de la pobreza se tenga en cuenta una perspectiva de género y, cuando proceda, se introduzcan medidas especiales de carácter temporal de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 de la Convención para erradicar la pobreza entre las mujeres, en particular las mujeres rurales.10
Preocupa al Comité que, si bien existe una ley de prevención, protección y atención a la violencia intrafamiliar, y otra que establece la acción penal pública en los delitos contra la libertad sexual, así como un Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, los índices de violencia contra la mujer continúen siendo muy graves. Preocupa al Comité que no exista un registro centralizado sobre los delitos sexuales, que no se haya prestado toda la atención necesaria a la violencia sexual y que el incesto no se haya penalizado de forma particular. Asimismo, preocupa al Comité la inexistencia de legislación específica para combatir el acoso sexual.
El Comité pide al Estado parte que tenga en cuenta la recomendación general, sobre la violencia contra la mujer, que garantice la implementación sistemática del Programa de Acción Nacional y de todas las leyes y medidas relacionadas con la violencia contra la mujer y que supervise su impacto. Asimismo, el Comité insta al Estado parte a que garantice que dicha violencia sea perseguida y sancionada con la debida celeridad y severidad, que asegure que las mujeres víctimas de dicha violencia reciban reparación y protección inmediata, y que la posibilidad de conciliación prevista en la ley de violencia familiar no se utilice para exculpar a los perpetradores. El Comité recomienda al Estado parte llevar a cabo campañas de sensibilización, incluyendo campañas de tolerancia cero, con el objetivo de hacer que la violencia contra la mujer sea social y moralmente inaceptable. El Comité recomienda al Estado parte reforzar las medidas para garantizar la sensibilización de los funcionarios públicos sobre todo tipo de violencia contra la mujer, en particular el poder judicial, los trabajadores del sector de la salud, el personal policial y los trabajadores sociales. El Comité recomienda también que el Estado parte recopile información sistemática de los datos sobre todo tipo de violencia contra la mujer. El Comité pide al Estado parte que tipifique el incesto como delito específico dentro del Código Penal y que promulgue legislación específica para combatir el acoso sexual.11
El Comité observa con preocupación que persiste la discriminación por motivos de género en el mercado de trabajo, incluyendo un limitado acceso de las mujeres al empleo, la baja calidad del mismo al que tienen acceso y su acceso reducido a los recursos y a las nuevas tecnologías. Asimismo, le preocupa al Comité la discriminación salarial y la segregación vertical y horizontal. Preocupa al Comité la mayoritaria y creciente incorporación de mujeres al sector informal o al trabajo parcial, en condiciones de precariedad, sin protección laboral, sin acceso a la seguridad social y sin el debido respeto a sus derechos laborales. Preocupan al Comité condiciones precarias de las trabajadoras del sector no estructurado o a tiempo parcial, sin protección laboral, sin acceso a la seguridad social y sin el debido respeto a sus derechos laborales. También le preocupa que la legislación para prevenir la discriminación laboral parezca basarse tan sólo en sanciones penales y no existen recursos civiles adecuados.
El Comité recomienda que se tomen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del artículo 11 de la Convención y la aplicación de las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, en particular, sobre la no discriminación en el empleo y la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres. El Comité recomienda que se tomen medidas para eliminar la segregación ocupacional a través de, entre otras cosas, la educación, la formación y la capacitación.12
Preocupa al Comité que si bien se observan avances en la composición del Congreso y en el gobierno local como resultado de la normativa aprobada, aún parezca insuficiente la participación de mujeres en el Congreso, en el ámbito judicial y en los niveles superiores de la dirección política y administrativa de país.
Preocupa al Comité la situación de la salud de la mujer, y en particular su salud reproductiva. En especial el Comité se muestra preocupado por la desaparición del Programa Mujer, Salud y Desarrollo. El Comité observa con preocupación la alta tasa de mortalidad derivada de la maternidad, en especial la mortalidad derivada de abortos clandestinos, incluyendo los adolescentes, y la normatividad que puede impedir a las mujeres obtener tratamiento médico en caso de aborto. Preocupa asimismo al Comité la insuficiente educación sexual y la limitada difusión, accesibilidad y oferta de todos los métodos anticonceptivos, especialmente entre las mujeres indígenas, los sectores más vulnerables de la población y los adolescentes. El Comité observa con preocupación que la tasa de contagio del VIH/SIDA entre las mujeres se está incrementando, en particular entre las mujeres jóvenes.
El Comité exhorta al Estado parte a que considere la posibilidad de reanudar el Programa Mujer, Salud y Desarrollo. El Comité recomienda que el Estado parte examine la situación de la población adolescente con prioridad. También le exhorta a que adopte medidas para fortalecer el programa de planificación familiar y que garantice el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, prestando atención a las necesidades de información de la población, en particular de los adolescentes, incluso mediante la aplicación de programas y políticas orientados a incrementar los conocimientos sobre los diferentes medios anticonceptivos y su disponibilidad, en el entendimiento que la planificación de la familia es responsabilidad de ambos integrantes de la pareja. Además, insta al Estado parte a que se fomente la educación sexual de toda la población, incluyendo los adolescentes, prestando especial atención a la prevención de la lucha contra el VIH/SIDA, y que se fortalezca la difusión de información en cuanto a los riesgos y sus vías de transmisión.
El Comité observa con preocupación que en el período abarcado por el informe se han descrito numerosos casos de esterilización efectuada a mujeres sin su previo consentimiento informado, utilizando violencia psicológica o la promesa de incentivos económicos, lo que afecta el derecho de la mujer a decidir el número y espaciamiento de los hijos. Preocupa también al Comité que, pese a que la Defensoría Ad-junta de los Derechos de la Mujer y otros organismos han denunciado estos casos, los causantes no hayan sido sancionados.
El Comité recomienda que se tomen todas las medidas necesarias para continuar garantizando el servicio de esterilización quirúrgica como derecho de libre elección de la mujer a su salud reproductiva, después de que haya sido debidamente informada de las características médicas y consecuencias de la operación y haya expresado su consentimiento. El Comité recomienda también evitar en el futuro la repetición de estos acontecimientos. De igual forma recomienda que se continúen los esfuerzos para procesar ante los tribunales a los responsables de esta violación del derecho a la salud.
Preocupa al Comité la escasa información disponible sobre la trata de mujeres y niñas, y la explotación de la prostitución de la mujer.
El Comité solicita al Estado parte que incluya en su próximo informe información y datos sobre las medidas adoptadas para prevenir y combatir la trata de mujeres y niñas y la explotación de la prostitución, así como las medidas tomadas para proteger, y en su caso rehabilitar y reinsertar, a las mujeres y niñas víctimas de estos abusos. El Comité insta al Estado parte a que aplique las leyes que prohíben la explotación de la prostitución de mujeres.
El Comité observa con preocupación que la edad mínima legal de 16 años establecida para contraer matrimonio, e incluso excepcionalmente de 14 años, es muy baja y acarrea serios riesgos para la salud de las niñas y les impide completar su educación.
El Comité insta al Estado parte a tomar medidas para aumentar la edad mínima de las niñas para contraer matrimonio en consonancia con el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, y con lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El Comité insta al Estado parte a realizar campañas de sensibilización sobre las implicaciones negativas de los matrimonios tempranos para la salud y educación de las niñas.
Pese a la disminución de la tasa general de analfabetismo de las mujeres, el Comité expresa su preocupación por la elevada tasa de analfabetismo en la población femenina, sobre todo en zonas rurales. Preocupan también al Comité los altos niveles de deserción escolar de niñas y adolescentes en zonas rurales.
El Comité pide al Estado parte que ponga en práctica programas especialmente diseñados para reducir el analfabetismo femenino, en particular entre las mujeres y niñas de las zonas rurales y para mantener a las niñas en las escuelas.13
Preocupa al Comité la persistencia de estereotipos tradicionales relacionados con los roles y responsabilidades de la mujer y el hombre en la familia y en la sociedad en general.´
El Comité pide al Estado parte que diseñe e implemente programas globales en el ámbito educativo y que inste a los medios de comunicación a que promuevan cambios culturales en la publicidad y la programación de entretenimientos con relación a los roles y responsabilidades que desempeñan mujeres y hombres, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Convención. Asimismo, el Comité recomienda que se desarrollen políticas y se implementen programas que garanticen la eliminación de los estereotipos asociados a roles tradicionales en la familia, el empleo, la política y la sociedad.
Si bien el Comité reconoce que el Estado parte está desarrollando acciones en la Amazonia, a través del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, dirigidas principalmente a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o de abandono, preocupa al Comité que no existen otros programas dirigidos específicamente a las mujeres indígenas.
El Comité recomienda al Estado parte que fortalezca la programación vigente e implemente programas específicos dirigidos a las mujeres indígenas, a los efectos de transformar su situación económica, social y familiar y potenciar su papel económico, así como para el cumplimiento de sus derechos en un plano de igualdad con los hombres.
Preocupa al Comité la falta de datos en los informes sobre emigración de mujeres y niñas, así como sobre el cumplimiento de sus derechos en un plano de igualdad con los hombres.
El Comité pide al Gobierno que en su próximo informe incluya datos sobre la emigración de mujeres y niñas y todas las medidas que adopte el Estado para su protección.
Al Comité le preocupa que el informe no contenga información suficiente sobre la situación de las minorías en particular las mujeres de ascendencia africana.
El Comité pide al Estado parte que facilite información en su próximo informe periódico sobre la situación de las mujeres pertenecientes a minorías, y en particular la situación de la mujer de ascendencia africana, especialmente en relación con su estado de salud, educación y empleo.
El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Convención, responda a los temas concretos planteados en estas observaciones finales. El Comité insta al Estado parte a que deposite, lo antes posible, el instrumento de aceptación de la enmienda del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, relativo al período de reunión del Comité.
Tomando en consideración las dimensiones de género de las declaraciones, los programas y las plataformas de acción aprobados en las conferencias, cumbres y períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas (como el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar y evaluar la aplicación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (el vigésimo primer período extraordinario de sesiones), el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre la infancia (el vigésimo séptimo), la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas conexas de Intolerancia y la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento), el Comité pide al Estado parte que incluya información sobre la aplicación de los aspectos de esos documentos que guarden relación con artículos pertinentes de la Convención en su próximo informe periódico.
El Comité pide que en el Estado parte se difundan ampliamente estas observaciones finales a fin de que la población del Perú, en particular los funcionarios públicos y los políticos conozcan las medidas que se han adoptado para garantizar de jure y de facto la igualdad de las mujeres y las demás medidas que sean necesarias a tal fin. También pide al Estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en al año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.
5º Observaciones finales sobre el sexto informe presentado por el Estado adoptadas el 19 de enero de 2007.14
Principales esferas de preocupación y recomendaciones15
El Comité, al tiempo que recuerda la obligación del Estado Parte de aplicar de manera sistemática y continúa todas las disposiciones de la Convención, considera que las preocupaciones y recomendaciones que se señalan en las presentes observaciones finales requieren la atención prioritaria del Estado Parte desde el momento actual hasta la presentación del próximo informe periódico. En consecuencia, el Comité exhorta al Estado Parte a que centre en esas esferas sus actividades de aplicación y a que, en su próximo informe periódico, indique las medidas adoptadas y los resultados conseguidos. El Comité exhorta al Estado Parte a que transmita las presentes observaciones finales a todos los ministerios pertinentes y al Parlamento, a fin de asegurar su plena aplicación.
El Comité pide al Estado Parte que tome nota de que los términos “equidad” e “igualdad” expresan ideas diferentes y que su uso simultáneo puede dar lugar a que se confundan los conceptos. La Convención tiene por objeto eliminar la discriminación contra la mujer y asegurar la igualdad de jure y de facto (formal y sustantiva. entre mujeres y hombres. El Comité recomienda al Estado Parte que emplee sistemáticamente el término “igualdad” en sus planes y programas.
El Comité, si bien toma nota de la reestructuración del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y la creación del Vice ministerio de la Mujer, expresa su preocupación por que los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer carezcan del poder de decisión o los recursos financieros y humanos suficientes para promover eficazmente la aplicación de la Convención y la igualdad entre los géneros. El Comité observa además con preocupación que la falta de legislación nacional sobre la igualdad entre mujeres y hombres podría restringir la capacidad de los mecanismos nacionales para llevar a cabo sus actividades en apoyo de la incorporación de una perspectiva de género en todos los sectores gubernamentales.
Al Comité le preocupa la situación de las mujeres que tienen grandes riesgos de padecer pobreza y exclusión social permanente en el Estado Parte, incluida los niños y las niñas que trabajan en la calle, y la falta de perspectivas de género en las estrategias de erradicación de la pobreza.
El Comité observa con preocupación el elevado número de mujeres, en particular mujeres indígenas y de las zonas rurales, que no poseen documentación sobre la inscripción de nacimientos y en consecuencia no pueden reclamar la nacionalidad y los beneficios sociales en el Estado Parte.
El Comité alienta al Estado Parte a que agilice y facilite el proceso de inscripción de las mujeres que no cuentan con esa documentación y expida certificados de nacimiento y documentos de identidad. El Comité insta al Estado Parte a que establezca metas y calendarios precisos para la documentación de la nacionalidad de esas mujeres, en particular en las zonas rurales, y a que en su próximo informe reseñe los adelantos realizados al respecto.
El Comité expresa su preocupación por el hecho de que la edad mínima para contraer matrimonio es de 16 años, tanto para las niñas como para los varones, y que esa edad tan temprana tal vez constituya un impedimento para que la niñas prosigan sus estudios, las induzca a abandonarlos antes de tiempo y les dificulte el logro de la autonomía y el empoderamiento económicos.
El Comité insta al Estado Parte a que, en el cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención, aplique en forma plena la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que reafirma las disposiciones de la Convención, y pide al Estado Parte que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.
El Comité subraya que la aplicación plena y eficaz de la Convención es indispensable para lograr los objetivos de desarrollo del Milenio. Pide que se integre una perspectiva de género y se reflejen de manera explícita las disposiciones de la Convención en todas las actividades encaminadas al logro de esos objetivos y pide al Estado Parte que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.
El Comité encomia al Estado Parte por haber ratificado los siete instrumentos internacionales principales de derechos humanos1. Observa que la adhesión del Estado Parte a esos instrumentos promueve el goce por las mujeres de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida.
El Comité pide que se difundan ampliamente en el Perú estas observaciones finales a fin de que la población, incluidos los funcionarios de gobierno, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres y las que promueven los derechos humanos, conozcan las medidas que se han adoptado para asegurar la igualdad de jure y de facto de las mujeres y las medidas adicionales que es preciso adoptar en ese sentido. El Comité pide al Estado Parte que siga difundiendo de manera amplia, en particular entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención, su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.
El Comité pide al Estado Parte que responda a las inquietudes expresadas en estas observaciones finales en su próximo informe periódico, en relación con el artículo 18 de la Convención. El Comité invita al Estado Parte a que presente su séptimo informe periódico, previsto para octubre de 2007, y su octavo informe periódico, previsto para octubre de 2011, en un informe combinado en 2011.
6º Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados del Perú.16
El Comité examinó los informes periódicos séptimo y octavo combinados del Perú (CEDAW/C/PER/7-8) en sus sesiones 1217ª y 1218ª, celebradas el 1 de julio de 2014 (véanse CEDAW/C/SR.1217 y 1218). La lista de cuestiones y preguntas del Comité figura en el documento CEDAW/C/PER/Q/7-8 y las respuestas del Perú figuran en el documento CEDAW/C/PER/Q/7-8/Add.1.
D. Principales motivos de preocupación y recomendaciones17
El Comité destaca la función fundamental del poder legislativo de garantizar la plena aplicación de la Convención (véase la declaración del Comité sobre su relación con los parlamentarios adoptada en el 45º período de sesiones, en 2010). Invita al Congreso, de conformidad con su mandato, a adoptar las medidas necesarias para la aplicación de las presentes observaciones finales antes del próximo proceso de presentación de informes del Estado parte con arreglo a la Convención.
El Comité toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte para modificar las leyes discriminatorias y, en particular, el establecimiento de una comisión nacional contra la discriminación encargada de examinar la legislación nacional. No obstante, el Comité manifiesta su preocupación por las disposiciones de los Códigos Laboral, Civil y Penal que discriminan directamente a la mujer, además de las disposiciones imparciales en materia de género que a veces discriminan indirectamente a la mujer.
El Comité insta al Estado parte a que examine toda la legislación nacional a fin de garantizar su conformidad con la Convención y derogar toda aquella legislación que discrimine directa o indirectamente a la mujer, incluidas las disposiciones discriminatorias de los Códigos Laboral, Civil y Penal.
El Comité observa con reconocimiento las iniciativas emprendidas por el Estado parte para garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, como se prevé en la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Sin embargo, al Comité siguen preocupándole las barreras que limitan el acceso de las mujeres a la justicia y, en particular, las dificultades –barreras lingüísticas y económicas inclusive– a las que se enfrentan principalmente las mujeres que viven en la pobreza, las mujeres residentes en zonas rurales y periurbanas marginales, y las mujeres que pertenecen a comunidades indígenas, amazónicas o afroperuanas. Expresa su preocupación por las demoras con las que se aplican los fallos de los tribunales internacionales y regionales y las opiniones de los órganos creados en virtud de tratados con relación a las comunicaciones individuales, y en particular por el hecho de que el Estado parte no haya proporcionado reparaciones integrales ni indemnizaciones individuales tal y como recomendaron el Comité en L.C. c. Perú (CEDAW/C/50/D/22/2009) y el Comité de Derechos Humanos en K.L. c. Perú (CCPR/C/85/D/1153/2003). El Comité manifiesta asimismo su inquietud por el hecho de que el personal de los servicios encargados de hacer cumplir la ley no conozca lo suficiente la Convención.
El Comité reitera sus anteriores recomendaciones (CEDAW/C/PER/CO/6, párr. 23) y alienta al Estado parte:
A promover el conocimiento de sus derechos por parte de las mujeres y su conocimiento básico de la legislación en todos los ámbitos de la ley, en particular litigios civiles y laborales, con especial atención a los grupos de mujeres destacados anteriormente, a fin de empoderar a las mujeres para que hagan uso de los procedimientos y recursos disponibles en los casos en que se violen los derechos amparados por la Convención;
A fortalecer su sistema judicial, incluida su estructura, para cubrir todas las zonas remotas y aisladas, suprimir los impedimentos con que puedan enfrentarse las mujeres para acceder a la justicia y facilitar el acceso de las mujeres a la asistencia jurídica;
A proseguir con los programas de desarrollo de la capacidad para abogados, jueces, fiscales y agentes de policía relacionados con los derechos de la mujer y la igualdad entre los géneros, y con todos los aspectos pertinentes de la Convención y su Protocolo Facultativo;
A garantizar que se pongan en práctica remedios eficaces para responder a las denuncias de las mujeres de casos de discriminación por razones de sexo y de género;
A agilizar y supervisar la aplicación de los fallos de los tribunales internacionales y regionales y las opiniones de los órganos creados en virtud de tratados en L.C. c. Perú y K.L. c. Perú.
El Comité expresa su preocupación por la escasa asignación de recursos presupuestarios al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para promover la igualdad de género en el Estado parte, así como para establecer una colaboración efectiva con todas las ramas y niveles de gobierno. Al Comité le preocupa en particular la falta de coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y otros ministerios competentes para instrumentar un modelo eficaz de presupuestación con perspectiva de género. El Comité toma nota de los desafíos mencionados por el Estado parte en su propia evaluación, como el de procurar el adelanto de determinados grupos de mujeres y el de colaborar con las organizaciones de mujeres en la persecución de políticas integrales, y expresa su preocupación ante la falta de información a este respecto.
El Comité reitera sus anteriores recomendaciones (ibid., párr. 15) al Estado parte y lo insta a reforzar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en cuanto principal mecanismo para la aplicación de la Convención incrementando sustancialmente los recursos humanos y financieros destinados al cumplimiento de su mandato relativo a la aplicación de políticas y leyes en pro de la igualdad de género, promover la descentralización de las políticas públicas de adelanto de la mujer, y mejorar la coordinación de todas las ramas y niveles de gobierno mediante una presupuestación eficaz con perspectiva de género. Recomienda asimismo al Estado parte que:
Conciba y aplique políticas públicas y programas que tengan plenamente en cuenta las necesidades específicas de determinados grupos de mujeres en todo el Estado parte;
Adopte medidas para promover la cooperación entre las autoridades públicas y las organizaciones femeninas en la aplicación de las políticas públicas de adelanto de la mujer y en la evaluación de sus repercusiones.
El Comité toma nota de las iniciativas para promover la participación de la mujer en la vida pública, incluidos los tres proyectos de ley sobre la igualdad de género presentados al Congreso: el proyecto de ley núm. 3670 (que propone que haya un mínimo de 3 hombres y 3 mujeres entre los 7 miembros del Tribunal Constitucional), el proyecto de ley núm. 3682 (que prevé cupos de género para el nombramiento de jueces y magistrados), y el proyecto de ley núm. 4708 (junto con el núm. 268-2011-JNe. (que regula el sistema de cuotas de género electorales y prevé el sistema alternado en las listas de candidatos). Sin embargo, al Comité le preocupa que de hecho haya disminuido la representación parlamentaria de la mujer y que a menudo no se respeten las cuotas de género electorales en las elecciones regionales y municipales. También le preocupa que las candidatas suelan figurar al final de las listas de los partidos y que en cada elección la Junta Nacional Electoral adopte una resolución ad hoc de denegación de la inscripción.
El Comité recomienda al Estado parte que aplique el sistema de cuotas y otras medidas especiales de carácter temporal, con objetivos y plazos diversos, encaminadas a acelerar la igualdad entre hombres y mujeres en el marco de una estrategia más amplia para conseguir la igualdad sustantiva de la mujer en todos los ámbitos en que esta se halla subrepresentada o en desventaja. El Comité exhorta al Estado parte a que agilice el proceso de adopción de los tres proyectos de ley sobre la igualdad de género y a que vele por que las listas de partidos que no cumplan el requisito de las cuotas de género sean sancionadas debidamente con la denegación de la inscripción de sus partidos políticos.
Estereotipos, prácticas discriminatorias y violencia contra la mujer
El Comité toma nota de las iniciativas del Estado parte para combatir los estereotipos de género y la violencia contra la mujer, pero sigue preocupado por lo siguiente:
La persistencia de actitudes y patrones socioculturales con que se pretende justificar la violencia contra la mujer, así como la elevada incidencia de la violencia contra la mujer, incluidos la violencia doméstica y sexual, el incesto y la violencia psicológica;
La ausencia de una ley integral sobre la violencia contra la mujer con fines de prevención y persecución penal de esa violencia y de protección de las víctimas, la insuficiente coordinación y vigilancia del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015 y la insuficiente armonización de las múltiples guías y protocolos relativos a la violencia contra la mujer;
El hecho de que, como señaló el Estado parte en su informe y durante el diálogo, determinados grupos de mujeres, además de verse afectados por los estereotipos de género, tengan que hacer frente a múltiples formas de discriminación y violencia en razón de la pobreza, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o la ascendencia africana o bien la orientación e identidad de género;
La falta de aplicación del Programa Estratégico contra la Violencia Familiar y Sexual (Ley núm. 29465), habida cuenta en particular de los índices de violencia sexual, acoso sexual y feminicidio.
El Comité insta al Estado parte a que adopte con urgencia una ley integral de prevención de la violencia contra la mujer para prevenir tales actos, proteger a las víctimas y enjuiciar a sus autores, que prevea la reparación, la imposición de sanciones, el acceso a la justicia y mecanismos integrales de protección y prestación de servicios a las víctimas aplicando un criterio intercultural. Reitera su recomendación (ibid., párr. 19) al Estado parte de que conciba y aplique una estrategia integral de lucha contra los estereotipos de género discriminatorios, con miras a combatir la violencia contra la mujer, y le recomienda que:
Intensifique los programas de concienciación y las campañas de educación de la ciudadanía para promover la igualdad de mujeres y hombres en todos los niveles de la sociedad, cambiar las actitudes estereotipadas y eliminar la discriminación de la mujer por motivos como la pobreza, el origen indígena o la etnia, la discapacidad o la orientación o identidad de género, eliminando así los obstáculos al pleno ejercicio del derecho a la igualdad de conformidad con el Plan Nacional de Igualdad de Género, y adopte una política de tolerancia cero frente a todas las formas de violencia contra la mujer;
Asigne suficientes recursos financieros para la aplicación del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015 y dinamice el Programa Estratégico contra la Violencia Familiar y Sexual (Ley núm. 29465);
Adopte protocolos especiales para unificar los procedimientos de denuncia de los casos de violencia contra la mujer y centralice los sistemas existentes de reunión de datos para recopilar, desglosar y actualizar periódicamente los datos sobre dicha violencia, con el fin de comprender la extensión y la naturaleza de las diversas formas de violencia contra la mujer y de facilitar la evaluación de los progresos realizados;
Penalizar los delitos sexuales.
Al Comité le preocupan las dificultades con que tropiezan las mujeres cuando procuran obtener reparación en los casos de violencia, como la discriminación, los prejuicios y la insensibilidad a las cuestiones de género de las autoridades judiciales, los fiscales y la policía, cuyo efecto es disuadir a las mujeres de acudir a la justicia en tales casos. El Comité advierte con particular inquietud el alto grado de impunidad de los agresores en los casos de violencia contra la mujer y el incumplimiento por el Estado parte de sus obligaciones dimanantes del artículo 2 de la Convención en el sentido de prevenir, investigar, perseguir y castigar los actos de violencia.
El Comité insta al Estado parte a redoblar y concertar mejor los esfuerzos para cambiar los arraigados estereotipos de género y cumplir las disposiciones del artículo 2 de la Convención y a:
Reforzar la capacidad de los jueces, los fiscales, los agentes de la ley y los profesionales de la salud, especialmente los médicos forenses, para atender a las mujeres víctimas de la violencia que acuden a la justicia considerando debidamente las cuestiones de género;
Alentar a las mujeres a denunciar todos los casos de violencia, tanto dentro como fuera del hogar, incluida la agresión sexual;
Incrementar los medios de protección disponibles para las mujeres víctimas de la violencia;
Realizar estudios sobre la repercusión que tienen el razonamiento y la práctica judiciales discriminatorios y estereotipados en el acceso de las mujeres a la justicia.
Violencia contra la mujer en situaciones de conflicto
El Comité reitera su preocupación por el hecho de que hasta la fecha no se hayan investigado ni perseguido muchos actos de violencia cometidos contra mujeres durante el período de conflicto armado interno y de que a menudo las mujeres víctimas no puedan acceder fácilmente a los recursos pertinentes. Observa asimismo que no se han investigado eficazmente los casos de algunas mujeres que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas en el contexto del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 ni se ha otorgado indemnización alguna a las víctimas.
El Comité reitera al Estado parte su recomendación de que identifique a todas las mujeres que fueron víctimas de la violencia durante el conflicto armado interno y que investigue, enjuicie y castigue a los agresores y otorgue reparaciones individuales a todas las mujeres que hayan sufrido cualquier tipo de violencia (ibid., párr. 21).
El Comité toma nota de las iniciativas emprendidas por el Estado parte para combatir la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas. Sin embargo, expresa su preocupación por la escasa asignación presupuestaria para la ejecución de los programas en curso, la falta de programas preventivos para atacar las causas fundamentales de la trata, en particular entre las niñas que viven en la pobreza y sus familias, así como la insuficiencia de las medidas de protección y rehabilitación destinadas a las mujeres y niñas víctimas de la trata. También le preocupa al Comité la falta de información sobre la persecución penal de los casos de trata y sobre la vigilancia y el seguimiento de estos. Le preocupa especialmente la trata de niñas adolescentes con fines de explotación sexual y laboral, en particular en las industrias minera y maderera. El Comité lamenta que sea insuficiente la información sobre la magnitud del problema de la trata interna y la explotación de la prostitución en el Estado parte.
El Comité reitera al Estado parte su anterior recomendación (ibid., párr. 31) y lo exhorta a:
Hacer cumplir rigurosamente la legislación relativa a la trata y aumentar el volumen de los recursos destinados a la ejecución del plan de acción nacional y otras medidas de lucha contra la trata;
Reforzar la capacidad de los funcionarios del poder judicial, de orden público y de fronteras, así como de los trabajadores sociales, para atender a las víctimas de la trata considerando debidamente las cuestiones de género;
Atacar las causas fundamentales de la trata redoblando los esfuerzos para mejorar las oportunidades educativas y económicas de las niñas, las mujeres y sus familias y reducir con ello su vulnerabilidad a la explotación a manos de los agentes de la trata;
Adoptar medidas para la rehabilitación e integración social de las mujeres y niñas víctimas de la trata y velar por que su protección incluya la creación de albergues especiales para las víctimas;
Presentar en su próximo informe periódico información y datos completos sobre la trata de niñas y mujeres y sobre los enjuiciamientos y condenas de los agentes de la trata.
El Comité toma nota de las iniciativas para promover la participación de la mujer en la vida política y pública. Sin embargo, expresa su preocupación por la persistencia de los estereotipos sobre el rol de la mujer y del hombre, que limitan la participación de la mujer en la vida política y pública. También observa con preocupación que las mujeres políticas sufren el acoso de sus colegas o las autoridades y toma nota del proyecto de ley para prevenir, castigar y erradicar esta forma de acoso contra la mujer.
El Comité recomienda al Estado parte que continúe los esfuerzos por empoderar a la mujer en todos los ámbitos y combatir los roles tradicionales adjudicados al hombre y a la mujer. Exhorta al Estado parte a que considere la posibilidad de adoptar medidas legislativas contra el acoso político, por ejemplo una ley especial en esta materia.
El Comité toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte para emitir documentos de identidad, en particular, a las mujeres y niños indígenas y de las zonas rurales, a fin de que puedan solicitar prestaciones sociales y la nacionalidad. Sin embargo, el Comité está preocupado por:
Las dificultades para inscribir en los registros a las mujeres que no han tenido nunca un documento de identidad;
La falta de inscripción registral de los nacimientos y de acceso a la documentación por lo que respecta a los niños de comunidades indígenas, en especial en las comunidades aisladas de la Amazonía;
El hecho de que, a pesar de que la legislación nacional reconoce el principio del jus soli, los hijos de padres extranjeros que nacen en el territorio del Estado parte no puedan inscribirse en el registro civil ni tengan acceso a documentación personal.
El Comité alienta al Estado parte a que siga facilitando el acceso a documentos de identidad personales a las mujeres y niñas indocumentadas, en particular las que viven en la extrema pobreza y/o en comunidades remotas y aisladas. El Comité insta también al Estado parte a que vele por la inscripción universal de los nacimientos y el acceso a documentación personal de todos los niños nacidos en el Estado parte.
El Comité celebra que las mujeres y los hombres tengan acceso a la educación regular en pie de igualdad. Sin embargo, le preocupan las disparidades en el acceso a una educación de calidad que afectan a las niñas de las zonas rurales, en particular las que no tienen el español como lengua materna, y que las tasas de analfabetismo entre la población femenina rural e indígena y entre las niñas con discapacidad siga siendo elevada debido a la falta de oportunidades educativas. El Comité considera también preocupante que las niñas sean a menudo víctimas de abusos en las escuelas o de camino a estas y que se registra un gran número de embarazos entre las adolescentes, y lamenta la falta de información sobre las iniciativas adoptadas para abordar el problema del abandono escolar de las adolescentes que quedan embarazadas. Toma nota del nuevo marco curricular del Ministerio de Educación, que incluye una educación sexual amplia. Sin embargo, al Comité le preocupa que el marco no se haya aplicado y que los adolescentes tengan un acceso limitado a información adaptada a su edad y a perspectivas interculturales sobre su salud y derechos sexuales y reproductivos, entre otras cosas sobre el comportamiento sexual responsable, la prevención de los embarazos precoces y las enfermedades de transmisión sexual, así como las medidas de protección contra los abusos sexuales.
Asigne recursos humanos y financieros suficientes para la aplicación y la supervisión de las leyes y políticas públicas destinadas a combatir la discriminación en el acceso a la educación e incluir el uso de medidas especiales de carácter temporal para promover la educación de las mujeres y las niñas, en particular en las zonas rurales y las comunidades indígenas, y entre las niñas con discapacidad;
Divulgue información entre las mujeres y niñas sobre los derechos que las asisten en virtud de la legislación vigente, en especial sobre el derecho a permanecer en la escuela o reincorporarse a ella durante el embarazo y después del parto; y facilite información en el próximo informe periódico sobre el número de adolescentes que han regresado a la escuela después de un embarazo;
Desarrolle la infraestructura educativa precisa, en particular en las zonas rurales, así como la capacidad necesaria de los profesores y el personal en todos los niveles del sistema educativo en relación con la igualdad de género y los derechos de las niñas y las mujeres, y les proporcione los instrumentos necesarios para ayudarlos en su papel de lucha contra la discriminación de la mujer;
Incorpore programas integrales de salud y derechos sexuales y reproductivos en los planes de estudios escolares en los que se facilite a los alumnos información adaptada a su edad sobre las opciones de vida sexual responsable, incluido el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones en materia de salud sexual y reproductiva, así como información sobre la prevención de los embarazos de adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual. También recomienda que se capacite adecuadamente a los profesores para tratar estas cuestiones con sensibilidad y profesionalismo.
El Comité está preocupado por la persistencia de las disparidades en el mercado laboral. Toma nota, en particular, de la considerable diferencia en la remuneración de hombres y mujeres en el Estado parte y de la precariedad de las condiciones laborales y la falta de seguridad y prestaciones sociales para las mujeres que trabajan en el sector informal, sobre todo en el servicio doméstico y en especial fuera de Lima, y en el sector de exportación agropecuaria en las zonas rurales. Al Comité le siguen preocupando la persistencia de la situación del trabajo forzoso y el trabajo infantil entre las niñas, especialmente en el sector minero.
Establezca mecanismos eficaces para vigilar el cumplimiento de la legislación vigente y de los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por el Estado parte, en particular el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29); el Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (núm. 100); el Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 (núm. 111); y el Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (núm. 156);
Vele por la aplicación de los principios de no discriminación en el empleo y de igual remuneración por un trabajo de igual valor, y se asegure de que el embarazo no sea causa de despido;
Refuerce las iniciativas para mejorar el acceso de las mujeres a una gama más amplia de empleos, incluso a puestos de gestión o decisión;
Intensifique las medidas para mejorar la protección de los derechos humanos de las mujeres que trabajan en el sector informal, ratifique cuanto antes el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), de la Organización Internacional del Trabajo e instaure la igualdad de condiciones de seguridad y prestaciones sociales para las mujeres en el sector doméstico;
Mejore los mecanismos para prestar asistencia jurídica y apoyo a las víctimas de trabajo forzoso;
Divulgue ampliamente información sobre los mecanismos existentes para denunciar los casos de acoso sexual en el lugar de trabajo.
El Comité toma nota de las iniciativas del Estado parte para incluir una perspectiva intercultural en el acceso a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, le preocupan las barreras lingüísticas, culturales y económicas que deben afrontar las mujeres indígenas y las mujeres que viven en la pobreza para tener acceso a los servicios de salud y la cobertura del sistema de salud universal, así como la discriminación y el trato degradante a que las somete el personal médico.
El Comité recomienda al Estado parte que intensifique los esfuerzos para garantizar el acceso de las mujeres indígenas y las mujeres que viven en la pobreza a los programas de salud pública. También recomienda al Estado parte que asigne suficientes recursos humanos y financieros para garantizar la prestación de servicios básicos de salud en todo el territorio nacional, en particular a las comunidades indígenas aisladas. El Comité alienta al Estado parte a reforzar el enfoque de género e intercultural en la prestación de servicios de salud, entre otras cosas mediante la debida capacitación del personal de salud.
El Comité celebra la adopción de las directrices técnicas sobre el aborto terapéutico y la aprobación del plan para la prevención de los embarazos precoces. Sin embargo, teme que las dos condiciones exigidas para el aborto terapéutico, a saber, la presencia y firma de un testigo y la aprobación de una junta, puedan dificultar el acceso de las mujeres a un aborto sin riesgos. El Comité reitera su preocupación por que:
El reconocimiento y la protección de los derechos de la mujer en materia de salud reproductiva en el Estado parte sean insuficientes;
El aborto esté tipificado como delito cuando el embarazo sea la consecuencia de una violación o del incesto, y que la interpretación restrictiva del aborto terapéutico induzca a más mujeres a recurrir a un aborto ilegal en condiciones de riesgo;
El artículo 30 de la Ley General de Salud y el artículo 326 del Código de Procedimiento Penal violen el derecho de las mujeres a la intimidad y a la salud reproductiva y den lugar al enjuiciamiento de mujeres por acudir a los servicios obstétricos de urgencia;
Se haya prohibido la distribución gratuita de anticonceptivos de emergencia, incluso en caso de abusos sexuales.
Teniendo en cuenta su declaración sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos, aprobada en su 57º período de sesiones, en febrero de 2014, el Comité toma nota de que los abortos en condiciones de riesgo son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna. En ese sentido, el Comité recomienda al Estado parte que:
Haga extensiva la legalización del aborto a los casos de violación, incesto o malformación fetal severa;
Garantice la disponibilidad de servicios de aborto y el acceso de las mujeres a atención de calidad después de un aborto, especialmente cuando se presenten complicaciones a raíz de un aborto en condiciones de riesgo;
Elimine las medidas punitivas contra las mujeres que abortan, entre otras cosas adoptando las medidas necesarias para armonizar la Ley General de Salud y el Código de Procedimiento Penal con el derecho constitucional a la intimidad;
Se asegure de que el ejercicio de la objeción de conciencia por los profesionales de la salud no impida el acceso efectivo de las mujeres a los servicios de salud reproductiva, incluido el aborto y la atención posterior;
Garantice el acceso a servicios de planificación familiar, en particular en las zonas rurales, y adopte todas las medidas necesarias para distribuir gratuitamente anticonceptivos de emergencia en el sistema de salud pública, en particular a las mujeres y niñas víctimas de abusos sexuales;
Desarrolle la capacidad del personal médico en relación con el derecho a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, con miras a garantizar una prestación adecuada de servicios de salud a las mujeres y niñas;
Divulgue información sobre las directrices técnicas relativas al aborto terapéutico entre todo el personal de salud y vele por que al aplicar las directrices se dé una interpretación amplia al derecho a la salud física, mental y social.
El Comité observa que la Constitución y la práctica totalidad de la legislación nacional establecen la igualdad jurídica. Sin embargo, el Comité está preocupado por el hecho de que la igualdad de facto siga siendo un problema en el matrimonio y las relaciones familiares. El Comité toma nota de que el régimen de propiedad marital vigente en el Estado parte es un régimen de comunidad diferida de gananciales que también tiene en cuenta la contribución no monetaria de la mujer y que incluye bienes inmateriales, como por ejemplo derechos de pensión, como parte de los bienes que han de dividirse a partes iguales entre los cónyuges. No obstante, a la vista del nivel alarmantemente bajo de propiedad de bienes por parte de las mujeres, especialmente de propiedad de la tierra en las zonas rurales, al Comité le preocupa que las mujeres no conozcan suficientemente sus derechos económicos y de propiedad, y que no se aplique de forma adecuada la legislación vigente.
El Comité recomienda al Estado parte que garantice la aplicación adecuada de la legislación pertinente y que intensifique sus esfuerzos para informar a las mujeres de sus derechos económicos y de propiedad en el matrimonio y en las relaciones familiares con miras a proteger los derechos de propiedad de las mujeres en casos de disolución del matrimonio, en consonancia con la recomendación general núm. 29 sobre las consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones familiares y su disolución, y el artículo 16 de la Convención. Asimismo, el Comité pide al Estado parte que investigue las consecuencias económicas del divorcio para ambos cónyuges y que incluya información sobre los resultados de dicha investigación en su próximo informe periódico.
El Comité acoge con beneplácito el sistema nacional de indicadores de género puesto en marcha en 2013. Sin embargo, reitera su preocupación por la falta de información estadística desglosada por sexo, por zonas rurales y urbanas y por origen étnico en muchos aspectos cubiertos por la Convención, lo que puede constituir un obstáculo a la hora de diseñar y ejecutar políticas y programas específicos y de supervisar su eficacia con respecto a la aplicación de la Convención.
El Comité reitera al Estado parte su recomendación (CEDAW/C/PER/CO/6, párr. 11) de que, en su próximo informe periódico, incluya datos y análisis estadísticos desglosados por sexo, por zonas rurales y urbanas y por origen étnico, que indiquen la repercusión de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos a fin de ilustrar la situación de las mujeres en todas las esferas cubiertas por la Convención, en particular con respecto a la cuestión de la violencia contra la mujer.
El Comité insta al Estado parte a que acepte, a la mayor brevedad, la enmienda del artículo 20, párrafo 1, de la Convención relativo al tiempo asignado a las reuniones del Comité.
El Comité insta al Estado parte a que utilice la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing en sus esfuerzos por aplicar las disposiciones de la Convención.
El Comité recuerda la obligación del Estado parte de aplicar de manera sistemática y continua las disposiciones de la Convención. Insta al Estado parte a que considere prioritario aplicar las presentes observaciones finales y recomendaciones desde el momento actual hasta la presentación del próximo informe periódico. El Comité pide por tanto la difusión sin demora de las observaciones finales, en los idiomas oficiales del Estado parte, a las instituciones estatales competentes a todos los niveles (nacional, regional y local), en particular al Gobierno, los ministerios, el Congreso y el poder judicial, para hacer posible su plena aplicación. El Comité alienta al Estado parte a colaborar con todas las partes interesadas, como las asociaciones de empleadores, los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos y de mujeres, las universidades, los centros de investigación y los medios de comunicación. Además, recomienda difundir las presentes observaciones finales en un formato adecuado entre las comunidades locales, con el fin de posibilitar su aplicación. Asimismo, el Comité solicita al Estado parte que siga difundiendo la Convención, su Protocolo Facultativo y su correspondiente jurisprudencia, así como las recomendaciones generales del Comité, a todas las partes interesadas.
El Comité solicita al Estado parte que, en el plazo de dos años, proporcione información por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones mencionadas anteriormente en los párrafos 18 y 36 a., b., c. y g..
Suplemento N. 38 (A 45/38), del 22 de Enero al 1 de Febrero de 1990↩
Para propiciar el acceso a la propiedad de las mujeres sobretodo en ámbitos rurales existen varias barreras, así se restringe el derecho a la identidad y a la obtención del Documento Nacional de Identidad DNI. La Ley N° 28316 elimina el requisito de la libreta militar para obtener el Documento Nacional de Identidad DNI lo que facilita que las mujeres puedan ejercer sus derechos. El Estado ha realizado campañas de documentación en diferentes regiones del país.↩
La Ley General de Salud reconoció la violencia familiar como un problema de salud pública, (1997). Se modificaron las Leyes Orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público constituyendo juzgados, salas y fiscalías de familia. Los que son competentes para la atención de proceso de violencia familiar. Además, en 1998 se modificó el Código Penal, así se agrava los delitos contra la vida el cuerpo y la salud si existe una relación conyugal, convivencia o un vínculo familiar.↩
A/50/38,paras.398-451, 16 de Enero a 3 de Febrero de 1995↩
A/53/38/Rev.1, 22 de junio a 10 de julio de 1998↩
Se aprobó y promulgó la Ley N° Ley N° 28983 Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, fue publicado el 16 de marzo de 2007.↩
Programa JUNTOS es un Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres creado mediante D.S. Nº 032 - 2005 - PCM el 7 de abril de 2005. Es un programa condicionado a que las mujeres registren a sus hijos, los envíen a la escuela y a centros de salud. Sobre este programa hay muchas críticas, sin embargo también hay sectores que lo apoyan. Se ha iniciado en las Regiones que fueron más afectadas por el conflicto armado interno. Fuente: Mapeo de las recomendaciones del Comité de la CEDAW a los Estados de la Región Andina y su grado de implementación, período 2000-2005. Lima: UNIFEM, 2006. p.11.↩
Se dictó la Ley Nº 27942 Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento que sanciona el acoso sexual en el ámbito administrativo, no constituye delito. La ley se publicó el 27 de febrero de 2003. El Reglamento de la Ley el D.S. N° 010-2003-MIMDES se dictó el 26 de noviembre de 2006.↩
Mediante Decreto Supremo 009-2005-MIMDES, se aprueba el Plan Nacional. de Igualdades de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2006-2010, publicado el 12 del 9 del 2005. Mediante Ley No 28983 –Ley de Igualdad de oportunidades, publicada el 16 de marzo del 2007, se establece en el Artículo 6 inciso k), como lineamiento el garantizar el acceso educativo y el mantenimiento en todas las etapas del sistema educativo.↩
Creación del Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización, PRONAMA (Decreto Supremo No 022- 2006-Ed., «responsable de desarrollar las acciones conducentes a erradicar el analfabetismo en el país, constituyéndose como Unidad Ejecutora el Ministerio de Educación En el Reporte alternativo de la Convención de Derechos del niño, niña y adolescente. CLADEM. 2005., se establece lo siguiente: “El Programa Nacional de Educación Sexual, se crea en 1996, como parte del Ministerio de Educación, en el marco de la política nacional de población, donde se diseñó y validó un currículo de educación sexual para enseñanza secundaria y módulos de capacitación para los docentes orientados a brindar información teórica que a un cambio de mentalidad en relación a la sexualidad de niños y adolescentes. El 25 de junio de 1998 se oficializa la Red Nacional de Educación de la Niña, uno de sus principales logros ha sido la dación de la Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales Ley Nº 27588 (2001). La Comisión Multisectorial de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes (2003) es la encargada de proponer y concertar políticas y acciones para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales. Esta Comisión si bien está instalada en la práctica no produce por cuanto la Ley 27558 aún no ha sido reglamentada. El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES aprobó el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2000-2005), que compromete el accionar de los Ministerios de Trabajo y Promoción Social, Salud, Educación, Interior, y Justicia. En relación al sector educación el Plan de Igualdad de Oportunidades ha propuesto cinco objetivos: (1) Disminuir el analfabetismo de las mujeres, preferentemente del área rural e indígena; (2) Promover el desarrollo integral de niñas y niños menores de tres años, particularmente aquellos en situación de riesgo; (3) Promover la matrícula oportuna y la permanencia en el sistema escolar de las niñas y adolescentes; (4) Erradicar los contenidos sexistas de la enseñanza, favoreciendo la transmisión de valores coeducativos en todas las etapas de la enseñanza; (5)Producir información sobre la situación y posición de las mujeres y las niñas en el Perú. Posteriormente se ha formulado el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2003-2010, el cual fue sometido a consulta nacional con la finalidad de que sea validado y enriquecido mediante un proceso participativo. En diciembre 2003, se concluyó el proceso; sin embargo, a la fecha no se ha evaluado los logros del Plan anterior. En el sector educación no se ha constituido ningún equipo de trabajo para realizar las acciones que se señalan en el Plan de Igualdad de Oportunidades, así como el cumplimiento del mencionado plan no está definido en la política educativa del sector. El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (2002-2010), fija entre los principios rectores la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas y adolescentes, eliminando toda forma de exclusión y discriminación, y promoviendo el respeto a la diversidad cultural. El Plan Nacional de Educación para Todos (2003), promovido por el PNUD, el Banco Mundial, UNICEF, UNESCO, pone énfasis en la equidad y calidad de la educación ello en el marco del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Foro Mundial de Educación de Dakar. Este Plan Nacional no se logra consolidar hasta la actualidad. Dentro del Plan se ha elaborado un programa para la Educación Rural y Educación Bilingüe intercultural que tiene como objetivo general mejorar la calidad de la educación inicial y básica en áreas rurales y disminuir las brechas de acceso por género y a aquellas provenientes de la discriminación sociocultural. Ley General de Educación Nº 28044 (2003), señala en su artículo 10º los criterios para la universalización, la calidad y la equidad en la educación; en tal sentido señala se adopta un enfoque intercultural y se realiza una acción descentralizada, buscando igualar las oportunidades de desarrollo integral de los estudiantes y a lograr satisfactorios resultados en su aprendizaje. En el artículo 17º señala que buscando compensar las desigualdades derivadas de diferente índole y con la finalidad de garantizar la equidad en la educación toma una serie de medidas entre ellas: Elabora y ejecuta proyectos educativos que incluyan objetivos, estrategias, acciones y recursos tendientes a revertir situaciones de desigualdad y/o inequidad por motivos de género (art. 18º b.. En el artículo 19º reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a una educación en condiciones de igualdad con programas especiales que garanticen la igualdad de oportunidades y equidad de género. En su artículo 3º por su parte, señala que la sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo”↩
CEDAW/C/PER/CO/6 - 15 de enero a 2 de febrero de 2007↩
CEDAW/C/PER/CO/7-8, 24 de julio de 2014↩