Source: https://vlexvenezuela.com/vid/presidente-republica-bolivariana-venezuela-635056621
Timestamp: 2020-04-06 21:06:47
Document Index: 391489913

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 226', 'artículo 236', 'artículo 339', 'artículo 136', 'artículo 226', 'artículo 236', 'artículo 25', 'artículo 339', 'artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 3', 'artículo 116', 'artículo 265', 'artículo 38', 'artículo 339', 'artículo 265', 'artículo 336', 'Artículo 337', 'Artículo 339', 'Artículo 12', 'Artículo 15', 'artículo 339']

Sentencia nº 184 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 17 de Marzo de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 635056621
Número de Expediente: 16-0038
El 14 de enero de 2016, fue presentado en la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, oficio s/n.° de la misma fecha, suscrito por el ciudadano N.M.M., en su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien, a través del mismo, remite el DECRETO N.° 2.184, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y SU ORDENAMIENTO JURÍDICO, POR UN LAPSO DE SESENTA (60) DÍAS, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.214 Extraordinario del 14 de enero de 2016, con el objeto de que esta Sala se pronunciara acerca de la constitucionalidad del señalado Decreto, en atención a lo dispuesto en los artículos 336.6 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 25.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
…3.- RESUELVE, de conformidad con las consideraciones vertidas en la parte motiva de este fallo, la interpretación solicitada y, en consecuencia, establece lo siguiente:
3.2.- El Decreto n.° 2.184, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el n.° 6.214 Extraordinario el 14 de enero de 2016, mediante el cual el Presidente de la República, N.M., en uso de sus facultades constitucionales, declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, durante un lapso de 60 días, entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental…
Mediante oficio s/n.° recibido por esta Sala en fecha 11 de marzo de 2016, el ciudadano N.M.M., en su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, remite el DECRETO N.° 2.270, MEDIANTE EL CUAL EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PRORROGA POR SESENTA (60) DÍAS, EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N.° 2.184, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N.° 6.214 EXTRAORDINARIO DEL 14 DE ENERO DE 2016, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARÓ EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, que fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6219 Extraordinario del 11 de marzo de 2016, con el objeto de que esta Sala Constitucional se pronuncie acerca de su constitucionalidad.
Contenido deL decreto N.° 2.270 DEL 11 DE MARZO DE 2016
En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador S.B. y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el m.d.E. democrático y social de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 ejusdem, concatenados con los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en C.d.M.,
Que el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, con ocasión del RECURSO DE INTERPRETACIÓN DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL sobre el alcance, particulares y consecuencias del artículo 339 en concatenación con el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción declaró que ‘el Decreto N° 2.184, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 6.214 Extraordinario el 14 de enero de 2016, mediante el cual el Presidente de la República, N.M., en uso de sus facultades constitucionales, declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, durante un lapso de 60 días, entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental’
Que persisten las circunstancias excepcionales, extraordinarias y coyunturales que motivaron la declaratoria de Emergencia Económica, lo cual ha sido reconocido por los diversos factores que hacen vida en el Territorio Nacional, entre ellos la Asamblea Nacional, se requiere adoptar medidas que profundicen el impacto positivo en la economía nacional, reforzando los derechos a la v.d., la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, y todas las reivindicaciones obtenidas por los venezolanos y las venezolanas con la Revolución Bolivariana,
CONTENIDO DEL DECRETO N.° 2.184 DEL 14 DE ENERO DE 2016, OBJETO DE PRÓRROGA
El texto del Decreto objeto de la prórroga, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.214 Extraordinario del 14 de enero de 2016, es el siguiente: “DECRETO N.° 2.184, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y SU ORDENAMIENTO JURÍDICO, POR UN LAPSO DE SESENTA (60) DÍAS, EN LOS TÉRMINOS QUE EN ÉL SE INDICAN.
En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador S.B. y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el m.d.E. democrático y social de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 ejusdem, concatenados con los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en C.d.M.,
Que con ocasión de la muerte del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana y Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, H.C.F., sectores nacionales e internacionales iniciaron una serie de acciones tendientes a desestabilizar la economía del país, debilitar sus instituciones legítimamente establecidas y provocar una ruptura del hilo constitucional, sobre la base de un malestar social inducido por dichos sectores,
Que las medidas a ser tomadas para proteger al Pueblo en función de las amenazas existentes, deben ser de una gran magnitud e impacto en la economía nacional y de carácter estructural, sin afectar los derechos a la v.d., la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, y todos aquellos reivindicados a los venezolanos y las venezolanas por la Revolución Bolivariana mediante la lucha de clases que impuso la voluntad del pueblo por sobre los intereses particulares de la burguesía,
En este orden de ideas, el artículo 25.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (publicada en la Gaceta Oficial n.° 39.552 del 1 de octubre de 2010), ley posterior a la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, prevé lo que sigue:
En ese mismo orden de ideas, esta Sala, se pronunció recientemente sobre su competencia, en todo caso y aun de oficio, para conocer sobre los decretos que prorroguen el lapso de duración de estados de excepción, mediante sentencias n.ros 1.351 del 30 de octubre de 2015; 1.353 del 4 de noviembre del 2015; 1.369 del 12 de noviembre de 2015; 1.465 del 20 de noviembre de 2015 y 02 del 8 de enero de 2016.
Verificada la competencia de esta Sala Constitucional para conocer del presente asunto y cumplidos los trámites correspondientes, estando dentro de la oportunidad que establece el artículo 339 constitucional para dictar el fallo, incumbe en este estado analizar la constitucionalidad del Decreto n.° 2.270, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6219 de del 11 de marzo de 2016; mediante el cual, el Presidente de la República prorroga por sesenta (60) días, el plazo establecido en el Decreto n.° 2.184, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.214 Extraordinario del 14 de enero de 2016, mediante el cual se declaró el estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional; decreto este cuya constitucionalidad fue declarada por esta Sala mediante sentencia n° 04 del 20 de enero de 2016, y cuya legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional fue declarada por esta Sala Constitucional en sentencia n.° 7 del 11 de febrero de 2016.
…examinado el contenido del instrumento jurídico-constitucional remitido a esta Sala del Tribunal Supremo de Justicia, se observa sumariamente que se trata de un Decreto cuyo objeto es, a tenor de su artículo 1, que el Ejecutivo disponga de la atribución para adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana, y que permita asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios fundamentales, e, igualmente, mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, el sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios, así como también contrarrestar las consecuencias de la guerra de los precios petroleros, que ha logrado germinar al calor de la volátil situación geopolítica internacional actual, generando una grave crisis económica.
Así pues, en general, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la posibilidad de que el Presidente de la República en C.d.M. decrete estados de excepción, en sus distintas formas: estado de alarma, estado de emergencia económica, estado de conmoción interior y estado de conmoción exterior, conforme a lo previsto en sus artículos 337 y 338.
Por su parte, artículo 22 eiusdem dispone que el mismo tendrá rango y fuerza de Ley, y que entrará en vigencia una vez dictado por el Presidente de la República, en C.d.M.. Igualmente, prevé que deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y difundido en el más breve plazo por todos los medios de comunicación social.
En idéntico orden de ideas, esta Sala se ha pronunciado en sentencia n.° 3.567 del 6 de diciembre de 2005 (caso: “Javier Elechiguerra y otros”), y en sentencia n.° 636 del 30 de mayo de 2013 (Caso: “Juan José Molina”), en la que se ha analizado el m.c. aplicable a los Estados de Excepción, como uno de los mecanismos cardinales dirigidos a resguardar la eficacia del Texto Constitucional, precisando lo siguiente:
Asimismo, busca alcanzar los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 3 constitucional, y persigue la intención de permitir la continuidad y desarrollo de los objetivos generales y estratégicos previstos en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019, entre los que destacan la transformación del sistema económico trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas; construir una sociedad igualitaria y justa, y Desarrollar el poderío económico en base al aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros recursos para la generación de la m.f.d. nuestro pueblo.
El presidente N.M. afronta una situación dramática provocada por la caída en barrera de los precios del petróleo: en el último cuatrimestre de 2014, el barril de crudo venezolano se ha desplomado de 95 a 53 dólares y nadie se atreve a pronosticar cuándo se estabilizará.
Los desequilibrios se vienen arrastrando desde 2012, cuando el gobierno volcó su esfuerzo y recursos en lograr la reelección del mandatario H.C., ya enfermo de cáncer, según confesó el exministro de Planificación J.G..
. (Correo del Caroní 21/12/14http://www.correodelcaroni.com/index.php/economia/item/25320-la-tormenta-perfecta-economica-en-venezuela-cobra-impetu-para-2015).
En otra oportunidad escribí sobre la guerra económica, apoyado en 1.200 documentos de la CIA y 18 mil del Departamento de Estado, entre los 24 mil desclasificados en 2003, muchos de ellos recogidos y comentados por P.K. en su libro Pinochet: los archivos secretos. Fueron cifras para desestabilizar al gobierno del presidente Allende, hasta su derrocamiento. Copias de esos documentos desclasificados entregaron a Chile "para compensar un poco el daño que le hicieron", según el entonces secretario de Estado C.P..
En una reunión el 15 de septiembre de 1970 en la Casa Blanca, el presidente Nixon dio instrucciones a H.K., al fiscal general J.M., y al director de la CIA, R.H., "de promover un golpe de Estado que impidiese a Allende ser investido el 4 de noviembre o que lo derrocara luego de su recién creado gobierno". El jefe de la CIA resumió las instrucciones:
Era una guerra a muerte. Por supuesto, esos millones de dólares fueron a los partidos, comenzando por el Demócrata C.d.F., a la prensa, encabezada por El Mercurio, y a organizaciones sindicales y ONG como Patria y Libertad. Simultáneamente no cesaban en sus esfuerzos de penetración de las Fuerzas Armadas. Por todos lados les enviaban mensajes. El Comando Sur, el mismo que con tanta frecuencia formula denuncias contra Venezuela, tal como lo hizo hace poco (ver "Amenazas militares a Venezuela", domingo 7-06), les hizo llegar este: "Estados Unidos respaldará un golpe de Estado contra Allende con todos los medios necesarios".
¿Y por qué ese gran esfuerzo de EEUU por impedir que Allende asumiera el poder, y si asumía, que gobernara? Alguna vez lo explicó Kissinger: por ser un gobierno electo tenía mayores posibilidades de influir en A.L. que F.C.. Si esa fue la razón fundamental para derrocar a Allende, pueden imaginarse el caso de Venezuela, que ha sido factor en las victorias de la izquierda en países latinoamericanos, fundamental para crear Unasur y Celac, y avanzar en la integración, y además, tiene las mayores reservas de petróleo, que tanto necesita EEUU. De manera que hoy existen razones más poderosas para tratar de desestabilizar el gobierno de Maduro y buscar su desplazamiento.
Y ahora, vean la situación de Venezuela y pregúntense si "los intereses" de EEUU no lo llevan a estimular esa guerra, que por supuesto incluye la mediática internacional, como nunca la ha habido en la región. De "acoso mediático terrible", lo calificó la canciller D.R.. Es la situación que seguimos viviendo, no obstante la lucha emprendida, que ahora debe combinarse con el diálogo y la diplomacia, ante los intentos de abrir un nuevo frente con la Exxon por el Oriente.
La Comisión Económica para A.L. y el Caribe advierte que la contracción llegará al 7% en Venezuela para el próximo año.
A.L. y el Caribe registrará una recesión del 0,3% en 2015, informó hoy la Cepal, que revisó a la baja su anterior previsión para la región, en la que estimaba un crecimiento del 0,5 %.
Venezuela y Brasil liderarán las caídas con contracciones del 6,7 y 2,8%, respectivamente, y serán los únicos países, junto a la pequeña isla caribeña de S.L., en cerrar con números rojos el 2015.
Los principales factores que llevarán a la recesión son la debilidad de la demanda interna en la región, un entorno global marcado por el bajo crecimiento en los países desarrollados y la desaceleración de las economías emergentes, en especial de China, precisó la Comisión Económica para A.L. y el Caribe (Cepal).
Las proyecciones del crecimiento apuntan a que las economías de A.d.S., especializadas en la producción de bienes primarios, en especial, petróleo y minerales, y con creciente grado de integración comercial con China, registrarán la mayor desaceleración
, señaló la Cepal.
Dinamizar la inversión constituye una tarea fundamental para cambiar la actual fase de desaceleración y para alcanzar una senda de crecimiento sostenido y sustentable en el largo plazo
De cara al 2016, A.L. y el Caribe experimentará una leve mejoría y crecerá un 0,7%, aunque A.d.S. seguirá en recesión (-0,1%).
China, caídas de materias primas y petroprecios son algunos de los desafíos, según economistas; la ruptura de relaciones entre Irán y A.S. también puede afectar a la economía global.
El crecimiento de la vieja economía industrial china es casi cercano a cero. Ya está en situación de hard landing (aterrizaje forzoso)
, afirma a la AFP, O.G., jefe economista de la empresa de servicios financieros Société générale, aunque opina que el sector de los servicios sostiene aún a la economía del gigante asiático.
En Estados Unidos, por ejemplo, "los mercados anticipan los efectos de la desaceleración china en la actividad económica estadounidense, pues la brutal caída de la riqueza financiera es un riesgo que pesa sobre el consumo de las familias", explica X.R., presidente del OFCE (Observatorio F.d.C.E.).
La ruptura de relaciones entre Irán y A.S. o el ensayo de bomba de hidrógeno por Corea del Norte "son factores de incertidumbre", indica Ragot. "Hay un riesgo y un impacto negativo en las inversiones", constata.
5. Referéndum en el R.U. sobre la pertenencia a la UE
A finales de 2016, el R.U. celebrará un referéndum para decidir si permanece en el bloque de la Unión Europea o lo abandona. Gran parte de la sociedad británica está descontenta con los flujos migratorios; por lo tanto, existe una alta probabilidad de que el resultado de la votación provoque la salida del país de la UE, lo que supone un riesgo político y una amenaza para la estabilidad de los índices de divisas y valores nacionales, según estima la analista superior de Forex Club, A.A., citada por el portal Expert.
El último informe del Banco Mundial (BM) pinta una situación económica oscura en A.L. y el Caribe para este año, ya que prevé que la Región se estanque, tras la caída del 0,9 % que vivió en 2015. En un informe titulado "Perspectivas Económicas Mundiales", el BM señala que "el crecimiento más fuerte de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe contrarrestará la debilidad en Sudamérica", publica el portal A.E..
http://laiguana.tv/articulos/20352-economia-mundial-colapsos-petroleo
La ministra de Trabajo, M.E.K., consideró que los pocos empleos creados en 2015 y el bajo crecimiento económico, “son insuficientes para invertir la curva del desempleo”.
Estamos en una situación diferente a la de años precedentes. Después de varios años de destrucción de empleos, en 2015 creamos 40 mil. Esto significa que hay una reactivación de la actividad económica, pero aún es una reactivación tímida
, expresó El Khomi, durante una entrevista con la emisora de radio France Inter.
En virtud de los razonamientos jurídicos que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, dictamina la constitucionalidad del Decreto sub examine, el cual fue dictado en cumplimiento de todos los parámetros que prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y demás normativas aplicables, preservando los Derechos Humanos y en protección del Texto Fundamental, el Estado, sus instituciones y el pueblo, lo cual motiva el respaldo orgánico de este cuerpo sentenciador de máximo nivel de la Jurisdicción Constitucional hacia las medidas contenidas en el Decreto objeto de examen de constitucionalidad dictado por el ciudadano Presidente de la República, en C.d.M., en reconocimiento de su pertinencia, proporcionalidad y adecuación, el cual viene a apuntalar con sólido basamento jurídico y con elevada significación popular, la salvaguarda del pueblo y su desarrollo armónico ante factores inéditos y extraordinarios adversos en nuestro país, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; sin perjuicio del control posterior que pueda efectuar esta Sala de conformidad con sus atribuciones constitucionales.
Por su parte, en sentencia n.° 7 del 11 de febrero de 2016, esta Sala Constitucional declaró, en otros aspectos, los siguientes:
… la aprobación o desaprobación del decreto de estado de excepción, por parte de la Asamblea Nacional, lo afecta desde la perspectiva del control político y, por ende, lo condiciona políticamente, pero no desde la perspectiva jurídico-constitucional, pues, de lo contrario, no tendría sentido que el constituyente, en correspondencia con los principios de supremacía constitucional y del Estado Constitucional (no del otrora Estado Legislativo de Derecho), hubiere exigido, además de aquel control, el examen constitucional del mismo, por parte de esta Sala, como máxima protectora de la Constitucionalidad (vid. artículos 335 y 339 del Texto Fundamental); de allí que aquel control, sobre la base de los principios y normas mencionados, además de la autonomía del Poder Público, no invalida la tutela definitoria de la constitucionalidad.
Incluso en los regímenes parlamentarios, el estado de excepción generalmente es competencia del Gobierno, mediante decreto acordado en C.d.M., aunque siempre se prevea como regla general el control político parlamentario (ver, por ejemplo, el artículo 116 de la Constitución española). En cualquier caso o modalidad, el estado de excepción “emana de la necesidad de autoconservación y se legitima porque existe para la protección y la salvaguarda del orden existente en la sociedad” (Calvo Baca, Emilio. Terminología Jurídica Venezolana. Ediciones Libra C.A, Caracas, 2011. P. 326).
Si la Sala Constitucional no se pronunciare en el lapso establecido en el presente artículo, los magistrados que la componen incurrirán en responsabilidad disciplinaria, pudiendo ser removidos de sus cargos de conformidad con lo establecido en el artículo 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
La decisión de nulidad que recaiga sobre el decreto tendrá efectos retroactivos, debiendo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia restablecer inmediatamente la situación jurídica general infringida, mediante la anulación de todos los actos dictados en ejecución del decreto que declare el estado de excepción, su prórroga o aumento del número de garantías constitucionales restringidas, sin perjuicio del derecho de los particulares de solicitar el restablecimiento de su situación jurídica individual y de ejercer todas las acciones a que haya lugar. Esta decisión deberá ser publicada íntegramente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
(artículo 38 eiusdem).
Frente a ello, como ha podido apreciarse del artículo 339 Constitucional, se desprende que el Decreto será controlado políticamente por la Asamblea Nacional a quien se remitirá para su consideración y aprobación (no para su modificación, al menos según la vigente Ley Orgánica sobre Estados de Excepción publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 37.261 de fecha 15 de agosto de 2001), referencia comprensible desde la perspectiva de la urgencia de los decretos de estados de excepción en los supuestos en los que procede, así como también desde la óptica de los principios de unidad en cuanto a los f.d.E., autonomía de los Poderes Públicos y de colaboración a lo interno del Poder Público (artículos 3 y 136 del Texto Fundamental).
Por su parte, sobre el control político, debe señalarse que J.L. en su obra Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil de 1689, y luego Montesquieu en su obra El Espíritu de las Leyes de 1748, propusieron que era necesario que las funciones del Estado se dividieran entre distintos poderes concebidos para esa época (legislativo, ejecutivo y judicial), mediante un sistema en el cual el poder limite al poder, es decir, se autocontrole. Para Montesquieu, el objetivo de ese sistema es establecer pesos y contrapesos entre los poderes para lograr libertad ciudadana y gobiernos civiles de leyes. Recomienda que el Poder Legislativo no pueda impedir la acción de gobierno del Poder Ejecutivo, pero sí considera necesario que aquél examine cómo es que se cumplen las leyes que él emite, es decir, que efectúe lo que luego se denominará un control político (que, en el contexto del actual Estado Constitucional, deberá estar sometido a su vez, al postulado de Supremacía Constitucional y, por ende, al control de la constitucionalidad –vid. arts. 7, 137, 138, 334, 335 y 336 del Texto Fundamental).
Así pues, ese control político, además de ser un control relativo, está sometido al control constitucional, que además de ser un control jurídico y rígido, es absoluto y vinculante, al incidir en la vigencia, validez, legitimidad y efectividad de los actos jurídicos, incluyendo los decretos mediante los cuales se establecen estados de excepción; razón por la cual la Sala Constitucional siempre debe pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de tales decretos, circunstancia que, se reitera, explica que dicha omisión apareje sanciones disciplinarias en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (que remite al único supuesto de remoción de magistrados o magistrados y, en fin, de alteración de la constitución de este M.T. de la República que prevé la Constitución –artículo 265-) y no se disponga en la misma, la convalidación de la constitucionalidad de tales decretos por la referida inactividad; lo que resulta especialmente claro si se advierte, tal como lo hiciere el jurista M.G.P., que en un Estado Constitucional “Todo deriva de la Constitución y todo ha de legitimarse por su concordancia directa o indirecta con la Constitución”.
En similar sentido, el autor A.B.-Carias, en su trabajo “Las Potestades Normativas del Presidente de la República: Los Actos Ejecutivos de Orden Normativo”, en cuanto al control de este Tribunal Supremo de Justicia, señaló:
De acuerdo con el artículo 336.6 de la Constitución, compete a la Sala Constitucional ‘revisar en todo caso, aún de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente de la República’. Se trata de un control de la constitucionalidad automático y obligatorio que la Sala, incluso, puede ejercer de oficio.
Esta norma, sin duda, también puede considerarse como inconstitucional pues establece una limitación al ejercicio de sus poderes de revisión por la Sala, no autorizada en la Constitución. La revisión, aún de oficio, del decreto de estado de excepción puede realizarse por la Sala Constitucional, independientemente de que la Asamblea Nacional haya negado su aprobación, máxime si el decreto, conforme a la Ley Orgánica al entrar en vigencia ‘en forma inmediata’ incluso antes de su publicación, ha surtido efectos
(Brewer-Carias, Allan. “Las Potestades Normativas del Presidente de la República: Los Actos Ejecutivos de Orden Normativo” en Tendencias Actuales del Derecho Constitucional. t. I, UCAB, 2007, pp. 527-528)
En cuanto a la emergencia y al control judicial, el autor R.D.C., en su obra “Temario de Derecho Constitucional y de Derecho Público.Legis, 2008, p. 151-152”, señala:
La revisión judicial de las medidas de un estado de emergencia preserva la distribución de poderes y fundamentalmente la protección de los derechos y garantías individuales, es decir, la propia legitimidad de un gobierno democrático durante una situación de emergencia. No se trata de establecer ‘un gobierno de los jueces’, como lo argumentaba Edouard Lambert al criticar el control de la constitucionalidad porque es un freno al progreso de la legislación. Hoy en día el control de la constitucionalidad se extiende no sólo a las leyes formales sino también a los actos del Poder Ejecutivo que en ejecución directa de la Constitución la contradigan o afecten los derechos y garantías constitucionales. La intervención del Poder Judicial, pues, en estos casos extraordinarios, tiene por finalidad controlar el uso de los poderes de emergencia para que se mantengan dentro de los límites establecidos en la Constitución. En efecto, en un estado de emergencia el Poder Judicial cumple las siguientes funciones: 1) Tutelar que los derechos y las garantías constitucionales no se vean afectados más allá de la estricta necesidad del caso; y 2) velar porque los poderes de emergencia se ejerzan conforme con los requisitos formales y de distribución de competencias fijados en la Constitución, de manera que se garantice ‘El principio de la no interrupción del funcionamiento de los poderes públicos’. Ello para evitar el exceso de los límites constitucionales del estado de emergencia
El legislador como sujeto que aplica y obedece la Constitución tiene la necesidad de interpretarla. Pero en la práctica se da mayor importancia a la interpretación judicial que a la interpretación legislativa. En todo caso, en el esquema kelseniano se acepta que los actos mediante los cuales crean normas constituyen aplicación de normas preexistentes y que los actos que constituyen aplicación de normas precedentes son también creadores normas jurídicas. Por lo que no es tan tajante la distinción entre la interpretación judicial y la interpretación legislativa, en lo que se refiere a la creación de normas jurídicas. Y, por otro lado, si bien la última palabra en materia de interpretación constitucional la tiene el órgano que ejerce la jurisdicción constitucional concentrada, sin embargo, su función fundamental es determinar si el significado atribuido por el legislador a la norma está conforme con la Constitución. Es decir, revisar la interpretación legislativa de la Constitución. (…)
En efecto, lo cierto, por otro lado, es que si se trata de opciones políticas para las cuales la Constitución prevé una opción predeterminada, los tribunales constitucionales pueden controlar si se interpretó conforme a la Constitución tal opción. Al igual que en los casos en que si se admiten varias opciones políticas, si la escogida legalmente es una de las admisibles. En estos casos son interpretaciones jurídicas del poder legislativo de opciones políticas guiadas por normas jurídicas constitucionales. De manera que la opción política propiamente hablando sería aquella que no está constitucionalmente predeterminada. En este caso no sería una interpretación jurídica del poder legislativo sino una decisión política
(Duque Corredor, Román. “Temario de Derecho Constitucional y de Derecho Público. Legis, Bogotá, 2008, p. 151-152”).
Conforme a lo antes señalado, el Decreto n.° 2.184, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el n.° 6.214 Extraordinario el 14 de enero de 2016, mediante el cual el Presidente de la República, N.M., en uso de sus facultades constitucionales, declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, durante un lapso de 60 días, entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental.
El Presidente o Presidenta de la República ejercerá en C.d.M. las atribuciones señaladas en los numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 y las que le atribuya la ley para ser ejercidas en igual forma.
Artículo 337. El Presidente o Presidenta de la República, en C.d.M., podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.
Artículo 339. El decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron. La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público
Artículo 12. El Presidente de la República, en C.d.M., podrá decretar el estado de emergencia económica en todo en parte del territorio nacional. Su duración será hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la presente ley.
Artículo 15. El presidente de la República, en C.d.M., tendrá las siguientes facultades:
Dictar todas las medidas que estime convenientes en aquellas circunstancias que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones, de conformidad con los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Dictar medidas de orden social, económico, político o ecológico cuando resulten insuficientes las facultades de las cuales disponen ordinariamente los órganos del Poder Público para hacer frente a tales hechos.
En tal sentido, puede afirmarse que los estados de excepción son circunstancias de variada índole, que pueden afectar la seguridad de la nación, de las instituciones o de los ciudadanos, para cuya atención no serían totalmente suficientes ni adecuadas a los fines del restablecimiento de la normalidad, las facultades de que dispone ordinariamente el Poder Público, y ante las cuales el ciudadano Presidente de la República, en C.d.M., está investido de potestades plenas para declarar tal estado, prorrogarlo o aumentar el número de garantías constitucionales restringidas, y disponer de tales medidas en los términos que contemple en el Decreto respectivo, en el m.C., para garantizar la seguridad y defensa de la República, y de su soberanía en todos sus atributos y aspectos; en fin, para proteger el propio orden constitucional (circunstancia que explica la ubicación de las principales normas que regulan esta materia dentro del Texto Fundamental: TÍTULO VIII DE LA PROTECCIÓN DE ESTA CONSTITUCIÓN, Capítulo I De la Garantía esta Constitución, Capítulo II De los Estados de Excepción. Título que es posterior, a los títulos IV, V, VI y VII: DEL PODER PÚBLICO, DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO NACIONAL, DEL SISTEMA SOCIO ECONÓMICO y DE LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN).
Respecto de las circunstancias que ameritarían la prorroga de tal mecanismo excepcional y extraordinario, ciertamente, tal como lo propugna la doctrina antes mencionada, destacan los conceptos de heterogeneidad, irresistibilidad o rebase de las facultades ordinarias del Poder Público y de lesividad, por la producción potencial o acaecida de daños a personas, cosas o instituciones. De éstos estima pertinente la Sala aludir a la heterogeneidad, puesto que, en efecto, las condiciones que pueden presentarse en el plano material, sean de origen natural, social o económico, son de enorme diversidad e índole, y, en esa medida, los estados de excepción reconocidos y declarados por Decreto del Presidente de la República, pueden versar sobre hechos que tradicionalmente se asocian a este tipo de medidas; empero, por igual pueden referirse a situaciones anómalas que afecten o pretendan afectar la paz, la seguridad integral, la soberanía, el funcionamiento de las instituciones, la armonía de la comunidad y de la economía, en el ámbito nacional, regional o local, que ameriten apartarse de las normas ordinarias para tomar medidas excepcionales, orientadas por la normativa proyectada en el decreto en cuestión; razón por la que es trascendental y vinculante el control constitucional en este contexto que, en definitiva, constituye la máxima y definitoria expresión del control, al ser la Constitución la n.S. y fundamento del Poder Público –ver arts. 7, 137, 334, 335 y 336 del Texto Fundamental-; ello sin restarle importancia al control político, cuyos efectos en esta materia podrán ser canalizado conforme lo señala la norma atributiva de tal competencia, prevista en los artículos 187.3 y 222 de la Constitución.
23-01-2016 12:35:00 p.m. | EFE.- Un informe publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) este viernes señaló que “los precios siguen trepando fuera de control, y prevemos que la inflación aumente a 720% para este año, después de alcanzar una tasa récord mundial en torno a 275% en 2015″.
En cuanto al resto de A.L. en informe señaló que se prevé un crecimiento lento a mediano plazo. El FMI estimó el martes que la región cerrará el año 2016 en retroceso de 0,3%, en recesión por segundo año consecutivo.
Crudo nacional se cotizó en 29,60 dólares por barril Recuperó $3,24 por expectativas en conversaciones entre productores
La cesta de crudo nacional cerró esta semana a $ 29,60 centavos, lo que representa un aumento de $ 3,24 respecto a lo registrado el período inmediatamente anterior, cuando se apuntó $ 26,36, de acuerdo al informe que el Ministerio de Petróleo y Minería colgó ayer en su sitio web.
De acuerdo al reporte oficial, este impulso es resultado de "la publicación de datos económicos favorables en Estados Unidos y China, la debilidad del dólar frente a otras monedas y las expectativas sobre conversaciones entre importantes productores con el propósito de estabilizar el mercado", refleja el documento.
El lapso entre el 7 y el 11 de marzo, contempla la recuperación, por segunda semana consecutiva del precio de los hidrocarburos nacionales, puesto que en el período anterior, del 29 de febrero al 4 de marzo, ya se había apuntado un aumento de $ 2, 11, cuando se cotizó en $ 26,36, mientras que en la semana anterior, del 22 al 26 del segundo mes del año, se ubicó en $ 24,25, según se sustrae de los registros de ese despacho.
De acuerdo al comportamiento del índice promedio de precios del crudo nacional, entre febrero y la primera quincena de marzo, también se observa una mejora, ésta vez de $ 4,02, si se comparan los $ 24,25 que registró la media al cierre de febrero, con los $ 28,27 que representa este mismo parámetro para la primera quincena del tercer mes de 2016.
También exhorta al Instituto Nacional de Estadísticas y al Instituto Nacional de Nutrición la publicación perentoria, periódica y actualizada de las cifras relativas a la pobreza, e.d.v. al nacer, tasa de mortalidad infantil, desnutrición infantil, disponibilidad energética en la dieta de los venezolanos, población con acceso a agua potable, índice nacional de precios al consumidor y costo de la canasta básica.
La fundamentación jurídica, la cual expresa los dispositivos constitucionales y legales en que se basan las competencias que está ejerciendo el ciudadano Presidente de la República en C.d.M., entre los cuales se invocan los artículos 226 y 236.7 Constitucionales, que aluden esencialmente a la acción de gobierno y a la facultad para dictar estados de excepción, sus prórrogas o aumentos del número de garantías restringidas, en concordancia con los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, normas que a su vez fueron concatenadas con los artículos 2 al 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de A.L. y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América.
4.1.7. Avanzar en la creación de encadenamientos económicos productivos y esquemas de financiamiento con A.L. y el Caribe, que fortalezcan la industria nacional y garanticen el suministro seguro de productos.
Con fuerza en los razonamientos jurídicos que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, dictamina la constitucionalidad del Decreto sub examine, el cual fue dictado en cumplimiento de todos los parámetros que prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y demás normativas aplicables, preservando los Derechos Humanos y en protección del Texto Fundamental, el Estado, sus instituciones y el pueblo, lo cual, además de determinar la validez, vigencia y eficacia jurídica del mismo, motiva el respaldo orgánico de este cuerpo sentenciador de máximo nivel de la Jurisdicción Constitucional, hacia las medidas contenidas en el Decreto objeto de examen de constitucionalidad dictado por el ciudadano Presidente de la República, en C.d.M., en reconocimiento por su pertinencia, proporcionalidad y adecuación, el cual viene a apuntalar con sólido basamento jurídico y con elevada significación popular, la salvaguarda del pueblo y su desarrollo armónico ante factores inéditos y extraordinarios adversos en nuestro país. Este pronunciamiento no prejuzga sobre la constitucionalidad de las actuaciones que se desplieguen en el contexto del decreto sub examine.
- Que es COMPETENTE para revisar la constitucionalidad del Decreto n.° 2.270 del 11 de marzo de 2016, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6219 Extraordinario del 11 de marzo de 2016, dictado por el Presidente de la República, mediante el cual, prorroga por sesenta (60) días el plazo establecido en el Decreto n° 2.184, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.214 Extraordinario del 14 de enero de 2016, en el cual se declaró el estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional.
- La CONSTITUCIONALIDAD del Decreto n.° 2.270 del 11 de marzo de 2016, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6219 Extraordinario del 11 de marzo de 2016, dictado por el Presidente de la República, mediante el cual, prorroga por sesenta (60) días el plazo establecido en el Decreto n° 2.184, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.214 Extraordinario del 14 de enero de 2016, en el cual se declaró el estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, conforme al artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 17 días del mes de marzo de dos mil dieciséis (2016). Años: 205º de la Independencia y 157º de la Federación.