Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6037
Timestamp: 2020-06-03 15:05:02
Document Index: 198082445

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 954', 'Artículo 954', 'Artículo 957', 'Artículo 958', 'Artículo 53', 'Artículo 57']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 70/2007
SENTENCIA 70/2007, de 16 de abril
ECLI:ES:TC:2007:70
En los recursos de amparo acumulados núms. 1404-2003 y 7314-2004, promovidos por don José Ramón Prado Bugallo, en el primero representado por el Procurador de los Tribunales don Luis Alfaro Rodríguez y en el segundo representado por el Procurador de los Tribunales don Raúl Martínez Ostenero, y asistido en ambos por el Abogado don Luis Fernando Martínez Ruiz. El primer recurso se dirige contra la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 1889/1994, de 31 de octubre, parcialmente desestimatoria del recurso de casación contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 26 de junio de 1993, condenatoria por delitos de tráfico de drogas y de falsedad en documento de identidad; el segundo recurso se dirige contra el Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2004, desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones contra el Auto de 29 de abril de 2004 que acordaba no autorizar la interposición del recurso de revisión contra la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 1889/1994, de 31 de octubre. Han comparecido el Ayuntamiento de Madrid, representado por el Procurador de los Tribunales don Luis Fernando Granados Bravo; la Xunta de Galicia, representada por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén y defendida por el Letrado don Santiago Valencia Villa, y el Ayuntamiento de Vigo representado también por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén y defendido por el Letrado don Juan Ignacio Fernández de la Latorre Moreno. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Presidenta doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 11 de marzo de 2003, el Procurador de los Tribunales don Luis Alfaro Rodríguez interpone recurso de amparo (núm. 1404-2003) en nombre de don José Ramón Prado Bugallo contra la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 1889/1994, de 31 de octubre, parcialmente desestimatoria del recurso de casación contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 26 de junio de 1993.
a) El fallo de la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 26 de junio de 1993 condenó al acusado ahora demandante de amparo a las penas de veinte años de reclusión menor y multa de 205 millones de pesetas, multa de 4 millones de pesetas, y tres meses de arresto mayor y multa de 150.000 pesetas, por la autoría, respectivamente, de un delito de tráfico de drogas, un delito monetario y un delito de falsedad en documento de identidad. Expresado ahora muy en síntesis y en lo que al presente recurso de amparo afecta, el relato de hechos probados de la Sentencia describía que el Sr. Prado Bugallo había organizado una operación de tráfico de una importante cantidad de cocaína, que portaba un pasaporte falso y que encargó la exportación de cierta cantidad de dinero sin declaración ni autorización de la misma.
b) Contra esta Sentencia interpuso el condenado recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Fue resuelto mediante Sentencia 1889/1994, de 31 de octubre, que suprimió el arresto sustitutorio de las penas de multa impuestas por el delito monetario y por el de falsedad en documento de identidad. Los diferentes motivos que impugnaban la validez de las intervenciones telefónicas practicadas durante la instrucción fueron desestimados.
c) Mediante Auto de 23 de noviembre de 1999, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revisó la Sentencia condenatoria, dejando sin efecto por despenalización la condena por el delito monetario.
d) Contra las dos Sentencias interpuso el demandante recurso de amparo, pretendiendo su nulidad por vulneración de sus derechos al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), a obtener la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia, a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, y a un proceso con todas las garantías (art. 24.1 y 2 CE). Consideraba en concreto que su condena se había basado en unas intervenciones telefónicas realizadas en la fase de instrucción sumarial que carecían de toda eficacia probatoria por el defectuoso control judicial de las grabaciones realizadas por la policía, en primer lugar, y, en segundo, porque no habían sido debidamente reproducidas en el juicio oral, al no haber sido oídas las cintas, ni leídas las transcripciones de su contenido para permitir la contradicción.
e) El Sr. Prado Bugallo demandó a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por considerar que en el procedimiento que había concluido con su condena se habían vulnerado sus derechos a la no discriminación (art. 14 del Convenio europeo de derechos humanos, en adelante CEDH), al respeto de su vida privada y de su correspondencia (art. 8.1 CEDH), a un proceso equitativo (art. 6.1 CEDH), a la presunción de inocencia (art. 6.2 CEDH), al interrogatorio de testigos [art. 6.3 d) CEDH] y a la publicidad del proceso (art. 6.1 CEDH).
f) Mediante Sentencia de 18 de febrero de 2003, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima parcialmente la demanda del Sr. Prado Bugallo y, en relación con la intervención de sus comunicaciones telefónicas, declara que se ha producido una vulneración del art. 8 del Convenio. El demandante se quejaba de que la legislación española aplicable a las intervenciones telefónicas no respondía a la condición de previsibilidad enunciada en el art. 8.2 del Convenio (§ 26). El Tribunal, tras constatar la reforma del art. 579 de la Ley de enjuiciamiento criminal en materia de intervención de comunicaciones telefónicas, considera al respecto que las nuevas garantías introducidas en esta materia son aún insuficientes desde la perspectiva de la jurisprudencia del Tribunal Europeo en relación con la naturaleza de las infracciones que pueden dar lugar a las escuchas, con la fijación de un límite a la duración de la ejecución de la medida, con las condiciones de establecimiento de las actas de síntesis que consignan las conversaciones intervenidas, con las precauciones que hay que tomar para comunicar intactas y completas las grabaciones realizadas para su eventual control por el Juez y por la defensa (§ 30). Y aunque es cierto que estas insuficiencias has sido paliadas en gran parte por la jurisprudencia, este efecto ha sido posterior a los Autos del Juez instructor que ordenaban las intervenciones telefónicas, por lo que no pueden ser tenidas en cuenta para el presente caso (§ 32).
3. La demanda de amparo pretende la anulación tanto de las actuaciones concernientes a las escuchas telefónicas que afecten al recurrente, como la de las Sentencias que le condenan. Invoca para ello la vulneración de sus derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones telefónicas (art. 18.3 CE), a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), y a la libertad (art. 17.1 CE).
4. Mediante providencia de la Sección Segunda de este Tribunal de 16 de marzo de 2004, se solicita del órgano judicial correspondiente información acerca de si el recurrente está cumpliendo la condena impuesta. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional informa que desde el día 18 de agosto de 2001 el Sr. Prado se encontraba en situación de libertad condicional, y que la ejecución de la pena quedó suspendida el 21 de agosto de 2001 por el ingreso en prisión provisional por otra causa.
5. Mediante providencia de 7 de mayo de 2004 la Sección Segunda de este Tribunal acuerda admitir a trámite la demanda de amparo. En la misma providencia acuerda, conforme a lo previsto en el art. 51 LOTC, requerir de los órganos judiciales correspondientes testimonio de las actuaciones del procedimiento que origina el presente recurso, interesando al mismo tiempo el emplazamiento de quienes fueron parte en el mismo.
6. Mediante diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Primera de 26 de septiembre de 2005, se tienen por recibidas las actuaciones que se habían requerido de los órganos judiciales, se tienen por personados en el proceso de amparo al Ayuntamiento de Madrid y a la Xunta de Galicia, y se da vista de todas las actuaciones a las partes para que puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas.
7. En su escrito de alegaciones de 18 de octubre de 2005, el Ministerio Fiscal interesa que se deniegue el amparo. Aunque en principio considera que la demanda podría resultar inadmisible por su falta de agotamiento de la vía judicial —a la vista de que la propia demanda admite que la nulidad de la condena podía solicitarse también a través de los recursos de nulidad y de revisión, y de lo resuelto en el ATC 260/2000, de 13 de noviembre—, llega a la conclusión contraria, con cita de las STC 245/1991, de 16 de diciembre, y del ATC 96/2001, de 24 de abril: “ante la existencia de resoluciones del Tribunal Constitucional que habían estimado no vulneradoras del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso al recurso, las resoluciones judiciales que habían rechazado la idoneidad del incidente de nulidad de actuaciones o del recurso de revisión ejercitados con la pretensión de obtener la nulidad de sentencias penales firmes a consecuencia de una sentencia del TEDH, y habiendo igualmente declarado el Tribunal Constitucional ‘que no existe ninguna disposición que permita a los Jueces ordinarios la revisión de las sentencias penales firmes a consecuencia de una sentencia del TEDH’, podría considerarse que la utilización de estos recursos no se desprendía de modo claro y terminante de las previsiones legales, y que eran inadecuados para la reparación de las lesiones que ahora se esgrimen, por lo que no era razonable exigir a la parte su interposición pese a su apodíctica afirmación de su viabilidad y su nula argumentación de las razones por las que no los ha utilizado”.
8. El día 24 de octubre de 2005 registra su escrito de alegaciones la representación de la Xunta de Galicia, en el que concluye que la demanda de amparo debería inadmitirse o desestimarse. Considera para ello, en primer lugar, que la queja planteada constituye ya cosa juzgada, pues fue resuelta por el Tribunal Constitucional mediante STC 236/1999, de 20 de diciembre. Además es extemporánea respecto a las resoluciones a las que se refiere y además prematura, pues no fue objeto del incidente de nulidad de actuaciones.
9. En su escrito de 27 de octubre de 2005, la representación del recurrente se limita a remitirse a su demanda de amparo.
10. Mediante escrito de 2 de noviembre de 2005 la representación del Ayuntamiento de Madrid solicita la desestimación de la demanda. En primer lugar porque la cuestión que ahora se plantea fue ya resuelta mediante STC 236/1999, de 20 de diciembre. Y en segundo lugar, respecto a la imprecisión legal de las escuchas que afirma la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque el Código civil, en su artículo 1, prevé la obligación judicial de resolver y los mecanismos para resolver las lagunas legales, y entre ellas la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
11. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 3 de diciembre de 2004, el Procurador de los Tribunales don Raúl Martínez Ostenero interpone recurso de amparo (núm. 7314- 2004) en nombre de don José Ramón Prado Bugallo contra el Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2004, desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones contra el Auto de 29 de abril de 2004 que acordaba no autorizar la interposición del recurso de revisión contra la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 1889/1994, de 31 de octubre, parcialmente desestimatoria del recurso de casación contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 26 de junio de 1993, condenatoria por delitos de tráfico de drogas y de falsedad en documento de identidad. El recurso de revisión se había interpuesto a raíz del dictado de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de febrero de 2003 que, en respuesta a la demanda interpuesta por el recurrente, había declarado la vulneración del art. 8 CEDH por parte de España.
12. Los hechos relevantes para el examen de la pretensión de amparo son los ya resumidos en el antecedente núm. 2 de esta Sentencia, a los que han de añadirse los siguientes:
a) El día 11 de marzo de 2003 la representación del Sr. Prado Bugallo registró en el Tribunal Supremo un escrito dirigido a su Sala Segunda en el que con invocación del art. 53.2 CE recababa la tutela de sus derechos fundamentales. Se refería en concreto a sus derechos al secreto de las comunicaciones telefónicas (art. 18.3 CE), a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la libertad (art. 17.1 CE), y solicitaba la anulación de su condena. Invocaba para ello el dictado de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de febrero de 2003 que, en respuesta a la demanda interpuesta por el recurrente, había declarado la vulneración del art. 8 CEDH por parte de España en el procedimiento que había concluido con aquella condena.
b) En su Auto de 29 de abril de 2004 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo entiende que “la solicitud que da lugar a las presentes actuaciones debe ser valorada como una petición de autorización para interponer un recurso de revisión” (razonamiento jurídico 8) y acuerda finalmente denegarla.
c) Contra este Auto, el recurrente promovió incidente de nulidad de actuaciones, al entender que el fallo era incongruente con la petición, que no era de revisión, sino de tutela judicial de los derechos fundamentales.
d) Mediante Auto de 21 de octubre de 2004 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestima el incidente suscitado. Recuerda que la Sala “entendió que la vía procesal para examinar en qué medida debía otorgarse la tutela solicitada era el recurso de revisión del artículo 954 LECrim ante la ausencia de una vía expresamente regulada para ello” y que ello venía “sugerido por el propio solicitante en el escrito dirigido a esta Sala”. La “tutela solicitada se otorgaba en la medida en que se prescindía de la prueba declarada nula, lo que satisfacía los derechos al secreto de las comunicaciones y a un proceso con garantías, y se negaba respecto a las demás pretensiones al no autorizar la interposición del recurso de revisión. La pretensión del solicitante consistía en que se le otorgara la tutela judicial efectiva respecto a todos los derechos que mencionaba, dejando sin efecto la condena impuesta. Y la Sala, después de orientar procesalmente su petición, le ha dado una respuesta expresa. Por ello, no se aprecia la existencia de incongruencia que pueda justificar la nulidad solicitada” (FJ 3).
13. En el suplico de la demanda de amparo se solicita la anulación de los Autos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 29 de abril (denegación de autorización del recurso de revisión) y de 21 de octubre (desestimación del incidente de nulidad), así como de las Sentencias condenatorias de dicho Tribunal de 31 de octubre de 1994 y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 26 de junio de 1993 en lo que afectan a la condena del recurrente. Esta petición se sustenta en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del Sr. Prado Bugallo.
14. Mediante providencia de 1 de marzo de 2006, la Sección Primera de este Tribunal acuerda admitir a trámite la demanda de amparo. En la misma providencia acuerda, conforme a lo previsto en el art. 51 LOTC, requerir del Tribunal Supremo y de la Sala de lo Penal del la Audiencia Nacional testimonio de las actuaciones del procedimiento que origina el presente recurso, interesando al mismo tiempo el emplazamiento de quienes fueron parte en el procedimiento que origina el presente recurso.
15. Mediante diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de 28 de septiembre de 2006 de la Sala Primera se tienen por recibidas las actuaciones que se habían requerido de los órganos judiciales, se tienen por personados en el proceso de amparo a la Xunta de Galicia y al Ayuntamiento de Vigo, y se da vista de todas las actuaciones a las partes para que puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas
16. A través de su escrito de 5 de octubre de 2006, el Ayuntamiento de Vigo solicita la denegación del amparo. Considera para ello, en primer lugar, que “nada autoriza a postular que el conocimiento del tema, desde la anulación de los medios de prueba, deba pasar de nuevo al Tribunal de instancia para nuevo examen”, conclusión a la que llega el recurrente a través de una interpretación errónea y sesgada de los arts. 954.3 y 958.3 LECrim. La falta de inmediatez y contradicción, en segundo lugar, tampoco puede ser acogida, pues ya se le oyó al demandante en instrucción y en el plenario. No hay rastro tampoco de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, dado que el Tribunal Supremo, al igual que en la instancia, situó “en un mismo pie de igualdad” las escuchas telefónicas y los seguimientos policiales, y dado que se han valorado razonada y razonablemente las pruebas practicadas.
17. En su escrito de 17 de octubre de 2006 la representación del demandante insiste en que las resoluciones recurridas han quebrado su presunción de inocencia: porque “un tribunal sin competencia no puede valorar pruebas para contradecir la presunción de inocencia”, porque “un tribunal no puede contradecir la presunción de inocencia valorando pruebas con quebranto de los principios de inmediación y contradicción”, porque “un tribunal no puede contradecir la presunción de inocencia valorando pruebas en estado de indefensión del acusado”, porque “un tribunal no puede contradecir la presunción de inocencia con pruebas que estén conectadas con las declaradas nulas”, y porque “un tribunal no puede contradecir la presunción de inocencia con pruebas indiciarias insuficientes”.
18. El día 2 de noviembre de 2006 registra su escrito de alegaciones la representación de la Xunta de Galicia. Su contenido es el mismo que el del escrito de alegaciones aportado al recurso de amparo 1404-2003, resumido en el anterior antecedente núm. 8.
19. El Ministerio Fiscal concluye su escrito de 7 de noviembre de 2006 interesando la denegación del amparo solicitado. Tras destacar que no se invoca en la demanda la incongruencia que dio lugar al incidente de nulidad de actuaciones, subraya que el recurrente considera que el Tribunal Supremo no debió valorar la independencia y consistencia de las pruebas remanentes, sino remitir la causa al órgano judicial de instancia: no obstante, el propio recurrente no había solicitado tal remisión en su escrito al Tribunal Supremo y ahora “termina interesando del Tribunal Constitucional que prevalezca el derecho a la presunción de inocencia, que no se remita al condenado a un nuevo juicio después de tanto años de tramitación procesal y que … se anulen las sentencias que establecieron la condena”. En el Auto impugnado al respecto, el Tribunal Supremo explicó el porqué de la procedencia del recurso de revisión y la razón para no conceder su autorización a partir de “la descripción de pruebas realizada por la sentencia condenatoria”, de un modo coincidente con la resolución del Tribunal Europeo previa al dictado de su Sentencia, prestando así al recurrente la tutela que reclamaba.
20. Mediante providencias de 20 de noviembre de 2006, la Sala Primera acuerda conceder a las partes personadas un plazo de diez días para que aleguen lo que estimen conveniente en relación con la acumulación del recurso de amparo núm. 7314-2004 al recurso de amparo núm. 1404-2003. Recibidos los escritos del recurrente y del Ministerio Fiscal interesando la acumulación, y de la representación del Ayuntamiento de Vigo no oponiéndose a la misma, la Sala la acuerda mediante Auto de 26 de febrero de 2007.
21. Mediante providencia de 12 de abril de 2007, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 16 del mismo mes y año.
1. El demandante de amparo fue condenado en el año 1993 a una pena de veinte años de privación de libertad por un delito de tráfico de drogas. Pidió la anulación de la misma en casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y posteriormente, ante su denegación, en amparo ante este Tribunal, porque consideraba tanto que en la instrucción de la causa se había vulnerado su derecho al secreto de las comunicaciones, como que sin la prueba que aportaban las intervenciones telefónicas que reputaba ilegítimas y sin las pruebas que derivaban de las mismas no quedaba desvirtuada la presunción de su inocencia. Su pretensión fue denegada en ambas sedes por la desestimación ya de la primera de sus premisas, pero no así en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que mediante Sentencia de 18 de febrero de 2003 condenó a España por vulneración del art. 8 del Convenio europeo de derechos humanos con base en la insuficiente determinación de la norma aplicada para restringir el derecho. Previamente, en su Decisión de 6 de septiembre de 2001, el Tribunal Europeo había inadmitido el resto de las quejas del recurrente, entre las que figuraban las que, a partir de la vulneración de su derecho al respeto a su vida privada y a su correspondencia, se referían a los derechos a un proceso equitativo (art. 6.1 CEDH) y a la presunción de inocencia (art. 6.2 CEDH).
2. A pesar de nuestra decisión inicial al respecto (antecedente 5), debemos inadmitir ahora el recurso de amparo 1404-2003 por su falta de agotamiento de la vía judicial, pues constatamos a partir del contenido de la demanda de amparo núm. 7314-2004 y de las actuaciones recibidas en ese proceso que el demandante de amparo instó simultáneamente el amparo de sus derechos fundamentales ante el Tribunal Supremo, en lo que este órgano consideró como un recurso de revisión, y ante el Tribunal Constitucional. Debe recordarse que “no puede acudir ante este Tribunal por la vía de amparo quien ha considerado procedente la utilización de un recurso o remedio procesal en la vía ordinaria en tanto ésta no haya concluido, ya que de lo contrario se estaría afectando a la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo, resultando imposible la coexistencia temporal de un recurso de amparo con la vía judicial” (STC 350/2006, de 11 de diciembre, FJ 2; también, entre otras muchas, SSTC 195/1991, de 17 de octubre, FJ único; 101/1994, de 11 de abril, FJ único; 113/1997, de 16 de junio, FJ 2; 97/2004, de 24 de mayo, FJ 3).
3. Hemos afirmado ya en diversas ocasiones que el procedimiento al que la ley denomina “recurso de revisión” no es un recurso en su sentido más habitual de mecanismo procesal dirigido a la reforma o a la anulación de una resolución judicial que por esta posibilidad aún no deviene firme, sino “más bien una vía de impugnación autónoma” (SSTC 150/1997, de 29 de septiembre, FJ 3; 123/2004, de 13 de julio, FJ 3; 240/2005, de 10 de octubre, FJ 5; 59/2006, de 27 de febrero, FJ 2). En el ámbito penal esta vía tiene dos marcadas peculiaridades: se dirige a la rescisión de una sentencia penal condenatoria firme, constituyendo por ello una excepción a su intangibilidad, y lo hace a través de la reivindicación de la inocencia de quien resultó firmemente condenado. Se trata así “del acceso a la jurisdicción por parte de una persona condenada que pretende dejar de estarlo, por lo que pueden estar también en juego —porque es lo que se pretende discutir en forma de revisión—, según los casos, sus derechos a la presunción de inocencia, a la legalidad penal (tal era el supuesto que dio lugar a la STC 150/1997, FJ 3) y la libertad” (STC 240/2005, de 10 de octubre, FJ 5). Tanto en su conformación legislativa como en su aplicación judicial están implicados el valor constitucional de la seguridad jurídica y el derecho a la presunción de inocencia entendido como derecho a no ser condenado por hechos que no queden constatados más allá de toda duda razonable a través de pruebas practicadas con suficientes garantías.
4. La primera queja de la demanda de amparo, en la que se invoca como vulnerado el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, contiene una argumentación ciertamente débil desde parámetros constitucionales. Se impugna la competencia revisora de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la medida en que ha procedido a valorar las pruebas reputadas legítimas, en lugar de limitarse a eliminar las ilegítimas y remitir la causa al órgano judicial que en su día las practicó y valoró, tal como indicaría el art. 958, párrafo 3 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim).
5. También la segunda queja de la demanda se sustenta en una comprensión particular de lo que debería ser a juicio del recurrente el proceso penal de revisión; comprensión que no es la adoptada por nuestra legislación procesal ni resulta constitucionalmente necesaria. Se impugna el Auto de denegación de autorización de la revisión porque vulnera el derecho a un proceso con las garantías de inmediación y de contradicción, ya que el demandante entiende que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha procedido en su labor revisora a una valoración de las pruebas en su día practicadas sin haber presenciado su práctica y por ello sin que tal valoración reúna las imprescindibles garantías mencionadas.
6. La tercera y última queja de la demanda no afecta al modo en que se procedió para denegar la solicitud de revisión sino al contenido denegatorio de la misma desde la perspectiva del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Considera el recurrente que vulnera este derecho tanto la selección del material probatorio (la falta de eliminación de los seguimientos policiales por su desconexión con la intervención telefónica anulada), como el mantenimiento del relato de hechos probados a partir las pruebas consideradas finalmente válidas.
7. La primera alegación en la que se pretende sostener la vulneración del derecho a la presunción de inocencia se refiere a la selección de las pruebas válidas tras la declaración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que había quedado conculcado el derecho del recurrente al respeto a su vida privada y a sus comunicaciones, pues entiende el recurrente que la interdicción de valoración no debe detenerse en las conversaciones interceptadas, sino que debe extenderse a los seguimientos policiales y al conocimiento de la nave en la que se afirma que se guardó la droga, de la participación del acusado en su alquiler y de la posesión por parte del mismo de una llave que la abría.
8. Con independencia de la alegación anterior, se queja finalmente el recurrente de que su inocencia no queda suficientemente desvirtuada con el conjunto probatorio resultante de la supresión de las conversaciones telefónicas. Impugna en concreto, por su debilidad, la inferencia que une el alquiler de la nave en la que se dice que estaba la droga con la participación en el tráfico de la misma. Impugna previamente el razonamiento que condujo a la afirmación de que el acusado había alquilado la nave.
Procede recordar una vez más que en el control constitucional de la indemnidad del derecho a la presunción de inocencia esta jurisdicción “no puede entrar a valorar las pruebas sustituyendo a los Jueces y Tribunales ordinarios”, aunque sí deberá “constatar una vulneración del derecho fundamental cuando no exista una actividad probatoria de cargo constitucionalmente válida de la que, de modo no arbitrario, pueda inferirse la culpabilidad”. Tal cosa sucederá, en lo que ahora importa, “cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado” (STC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 2). En este ámbito, “además de los supuestos de inferencias ilógicas o inconsecuentes, este Tribunal ha considerado asimismo insuficientes las inferencias no concluyentes, incapaces también de convencer objetivamente de la razonabilidad de la plena convicción judicial. ... Un mayor riesgo de una debilidad de este tipo en el razonamiento judicial se produce en el ámbito de la denominada prueba de indicios, ‘que es la caracterizada por el hecho de que su objeto no es directamente el objeto final de la prueba, sino otro intermedio que permite llegar a éste a través de una regla de experiencia fundada en que usualmente la realización del hecho base comporta la de la consecuencia’ (STC 189/1998, FJ 3). En el análisis de razonabilidad de esa regla que relaciona los indicios y el hecho probado hemos de precisar ahora que sólo podemos considerarla insuficiente desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado desde una perspectiva objetiva y externa que la versión judicial de los hechos era más improbable que probable. En tales casos … no cabrá estimar como razonable bien que el órgano judicial actuó con una convicción suficiente (‘más allá de toda duda razonable’), bien la convicción en sí” (STC 145/2005, de 6 de junio, FJ 5).
1º Inadmitir el recurso de amparo núm. 1404-2003 presentado por don José Ramón Prado Bugallo.
2º Desestimar el amparo solicitado por don José Ramón Prado Bugallo en el recurso núm. 7314-2004.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 1404-2003, 7314-2004
Promovidos por don José Ramón Prado Bugallo respecto a Sentencia y Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que resolvieron recurso de casación e incidente de nulidad de actuaciones en recurso de revisión de causa penal por delitos contra la salud pública y otros (STC 236/1999).
La Sentencia resuelve dos recursos de amparo acumulados. El primero de ellos se dirige frente a una Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que confirmó, en grado de casación, una condena por delitos de tráfico de drogas y falsedad en documento de identidad; en tanto que el segundo tiene por objeto los autos dictados por esa misma Sala que rechazaron el recurso de revisión intentado respecto de esa misma Sentencia condenatoria.
El primero de los recursos se inadmite por su carácter prematuro ya que fue interpuesto contemporáneamente con la formulación de una recurso, calificado por el actor como de revisión, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y sin aguardar a la resolución de éste.
El segundo se desestima. El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley es respetado, porque la competencia revisora de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo está expresamente prevista en la ley, y ha sido ejercida de un modo que se sustenta en una interpretación de la norma que no es errónea, manifiestamente irrazonable ni arbitraria. En este caso, no son aplicables las garantías de inmediación y contradicción ínsitas en el proceso con todas las garantías porque el Tribunal Supremo no realiza un nuevo enjuiciamiento de la causa, sino que se limita a realizar una valoración del juicio de desvirtuación realizado en su día con plenas garantáis por al Audiencia Nacional a partir de la supresión de una prueba de cargo. Por último, la presunción de inocencia no ha sido desconocida, pues el Tribunal de revisión se funda en que la Audiencia Nacional impuso la condena valorando otros medios de prueba jurídicamente independientes de las escuchas telefónicas: las declaraciones de dos agentes policiales y las inferencias que unen el alquiler de la nave donde estaba la droga con la participación en su tráfico y la afirmación de que el acusado había alquilado dicha nave.
No vulnera el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley la valoración, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de si había sobrevenido el conocimiento de nuevos hechos o elementos de prueba, de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado, que es la función que le atribuye el art. 954.4 LECrim [FJ 4].
La valoración del juicio de desvirtuación, realizado con plenas garantías por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a partir de la supresión de una prueba de cargo, no constituye una nueva valoración de la prueba para desvirtuar la presunción de inocencia, por lo que no eran exigibles las garantías de inmediación y contradicción [FJ 5].
El razonamiento, recogido en el Auto del Tribunal Supremo de denegación de autorización para la revisión, realizado previa supresión los datos suministrados por las intervenciones telefónicas ilegítimas, es respetuoso con el derecho a la presunción de inocencia, ya que sólo valora las pruebas que reunían las garantías debidas, tales como los seguimientos policiales, previos e independientes de las mismas [FJ 7].
Los medios de prueba, independientes de las escuchas telefónicas, que según la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vulneraron el derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas, sólo podrían considerarse nulos si además de guardar con las mismas una conexión natural o causal mantienen con ellas una conexión de antijuridicidad (STC 81/1998, 259/2005) [FJ 7].
El procedimiento al recurso de revisión no es un recurso en su sentido más habitual de mecanismo procesal dirigido a la reforma o a la anulación de una resolución judicial, que por esta posibilidad aún no deviene firme, sino más bien una vía de impugnación autónoma (STC 150/1997) [FJ 3].
Doctrina sobre el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley (STC 48/2003) [FJ 4].
Artículo 954.4, f. 4
Artículo 957, f. 4
Artículo 958.3, f. 4
Artículo 53 b), f. 8
Artículo 57.1.1, f. 4
Auto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de septiembre de 2001 (Prado Bugallo c. España)
Intervención telefónicaIntervención telefónica, f. 7
Prueba de cargoPrueba de cargo, f. 7
Prueba ilícitaPrueba ilícita, f. 7
Pruebas independientesPruebas independientes, f. 7
Recurso de revisión penalRecurso de revisión penal, Naturaleza, f. 5