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Timestamp: 2020-05-30 16:15:46
Document Index: 40436859

Matched Legal Cases: ['in dubio', 'in dubio', 'artículo 106', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio']

El requisito de la “Inmediatez” en la legítima defensa.
“Recurso de casación interpuesto en favor de M. R. C.”
Causa Nº 20.419. Sala II del Tribunal de Casación Penal Provincia de Buenos Aires, rta. 8 de abril 2008.
C-20.419/II
En la ciudad de La Plata a los ocho días del mes de abril del año dos mil ocho, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Alberto Mahiques y Jorge Hugo Celesia, para resolver el presente recurso de casación interpuesto en favor de M. R. C. en la presente Causa Nº 20.419 de trámite ante este Tribunal; practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: CELESIA – MAHIQUES (Arts. 2, 440 y ccdtes. del C.P.P. y 6, 16 y ccdtes. de la ley 11.982).
Llegan los presentes autos a este Tribunal como consecuencia del recurso de casación interpuesto por el Sr. Defensor particular, Dr. Héctor Adrián Montiel, respecto del pronunciamiento recaído en la Causa Nro. 921 del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 del Departamento Judicial Morón, por la que se condenó a M. R. C. a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio simple en grado de tentativa, homicidio simple cometido con arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego de uso civil en concurso real entre si; así como también se resolvió unificar las sentencias registradas por el encartado y dictar la pena única de trece años de prisión, accesorias legales y costas.
Efectuadas las vistas correspondientes, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar la siguiente:
¿Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto?
I. En relación al hecho que tuviera como víctima a A. F. B. esgrime la defensa la inobservancia de los arts. 1, 210 y 373 así como la errónea aplicación de los arts. 79 y 42.
Como primer agravio señala la defensa que no se encuentra acreditada la materialidad ilícita del delito de homicidio en grado de tentativa.
Funda su tesitura aduciendo que resultan insuficientes las declaraciones de los hermanos B. para tener por acreditado el hecho, a la vez que pone en duda que la rotura en la carga del camión, observada en las fotografías exhibidas durante el debate, se deba necesariamente al impacto de un proyectil proveniente del arma que se encontraba en poder de C.
Apoya su tesitura trayendo a colación los dichos de los testigos C., M. y C. quienes habrían afirmado no haber visto arma alguna en poder del imputado ni haber escuchado ninguna detonación de disparo y objeta que el Tribunal se haya apartado de estos testimonios con fundamento en su ubicación distante a veinte o treinta metros del lugar al momento de los hechos.
Por el contrario, manifiesta el quejoso que la distancia aludida no resulta, conforme a la experiencia común, óbice para poder percibir el estampido que crea la detonación de un arma de fuego.
Asimismo, reputa inobservado el art. 1ro. del C.P.P., en orden al principio “in dubio pro reo”, solicitando su aplicación con fundamento en la existencia de tres testigos que dijeron no haber escuchado los disparos, que pese a la rápida intervención del personal policial no se pudo secuestrar arma alguna y que no existió en autos ninguna pericia que diera cuenta de la existencia de algún disparo.
Subsidiariamente, plantea la errónea aplicación de los artículos 42 y 79 en el entendimiento de que no se encuentra acreditado el tipo subjetivo del delito en trato al afirmar la falta de intención homicida por parte de su defendido.
Sostiene que el imputado carecía de motivos suficientes para querer matar a B., atento a lo superficial de la discusión con él mantenida y manifiesta que más bien se trató de una reacción en el marco de una discusión subida de tono, que tuvo como única finalidad la finalización de la misma y que si bien pudo tratarse de una reacción exagerada por parte de C., de todas maneras no puede reprochársele un dolo homicida.
Afirma que el dolo en el delito de homicidio debe probarse en todos los casos no correspondiéndoselo presumir por la simple existencia de un disparo y refiere que si la muerte no se produjo no fue por una circunstancia ajena a la voluntad del encartado sino antes bien porque éste así no lo quiso, ya que de haber tenido un fin homicida, habría seguido disparando hasta concretar su cometido.
Reputa desacertada la conclusión de los magistrados en el sentido de que el impacto no se produjo por un “esquive” efectuado por la víctima, ya que entiende que la distancia a la cual se encontraban de 1,5 o 2 mts. resultaba sumamente corta como para contar con los reflejos que permitieran esquivar exitosamente un disparo.
Por el contrario, encuentra más lógico arribar a la conclusión de que el impacto no se produjo porque a último momento el imputado lo desvió al no tener la voluntad de matar a B.
A fs. 77/82 presenta la defensa de C. un memorial en el que, en relación a este hecho, reitera en líneas generales, lo expresado en el escrito recursivo y hace especial hincapié en sostener que existe un cuadro de orfandad probatoria a fin de tenerse por acreditado el tipo subjetivo del delito en trato.
A fs. 83/86 se presenta la Sra. Fiscal ante esta instancia, Dra. Alejandra Moretti quien manifiesta que este tramo de la queja no puede prosperar ya que las consideraciones efectuadas por los recurrentes a su entender se limitarían a una mera discrepancia personal sin entidad suficiente como para conmover la validez de lo resuelto.
Puntualiza que la determinación del grado de credibilidad de los testigos resulta una facultad privativa del tribunal de mérito, ajena a la instancia casatoria salvo demostración de absurdo, a la vez que cita el art. 209 del C.P.P. referido al principio de libertad probatoria.
En relación a la acreditación del tipo subjetivo, menciona que se tuvo por acreditado que el imputado apuntó contra la humanidad de A. F. B. y le disparo, mientras que el hermano de la víctima hizo alusión a amenazas de muerte efectuadas por el encartado.
En virtud de estas consideraciones solicita el rechazo de este planteo.
Coincido con la señora Fiscal en el sentido que este tramo de la queja no puede prosperar.
Luego de haber realizado el máximo esfuerzo de revisión de la prueba recibida durante el debate, aunque con el límite propio que surge de la inmediación, comparto las conclusiones obtenidas por el a quo al valorarlas y no advierto en el fallo defectos invalidantes en relación a la materialidad ilícita fijada en la primera cuestión del veredicto.
Los magistrados tuvieron por probado que, en horas de la mañana del 26 de julio de 1999 en la localidad de Ituzaingó, el imputado profirió amenazas de muerte a A. F. B. a fin de obligarlo a correr un camión que se encontraba estacionado, para instantes después efectuarle un disparo al nombrado con el fin de darle muerte, no logrando su cometido en virtud de que mediante una maniobra defensiva la víctima se agachó, esquivando de tal modo el disparo efectuado.
El tribunal formó su convicción respecto de los hechos arriba reseñados mediante la ponderación de diversos elementos de prueba y así tuvo en cuenta la copiosa prueba documental incorporada al debate por su lectura y los diversos testimonios recibidos durante la audiencia de debate, en especial los del imputado M. R. C., D. O. S., M. E. C., V. G. G., M. I. S., J. C. R., G. T., P. M. C. y H. M. C.
El hecho descripto y la autoría de C. se acreditaron, en primer lugar mediante los dichos de A. F. B. quien, en lo que aquí importa, dio cuenta de que ante la negativa a la solicitud del imputado para que corriese un camión que se encontraba estacionado en la vía pública, luego de un intercambio de insultos, C. ingresó a uno de los locales del lugar y salió con un revolver en sus manos con el que le apuntó al citado testigo, manifestándole que “lo iba a cagar a tiros” para finalmente apuntarlo con el arma y dispararle, impactando ese disparo en una baldosa que se transportaba en el camión. Refirió también que el disparo fue “aproximadamente a la altura de su hombro” pero aclaró que no vio el momento en que se produjo en virtud de que se movió.
También se valoraron los dichos de J. C. B., hermano de la víctima, quien presenció los hechos y declaró de manera conteste con aquella.
Si bien en la sentencia se reconoce que tanto B. C., como J. P. M. y A. C. brindaron una versión diversa de los hechos, no habiendo escuchado detonación alguna, los magistrados dieron motivos suficientes por lo que consideraron correcto apartarse de la versión por ellos brindada.
En ese marco se advirtió que los testigos C., M. y C. no pudieron dar precisiones sobre la discusión entablada entre el imputado y los hermanos B. y que si bien en ningún momento escucharon el disparo, con ello intentaron mejorar la situación del encartado, omitiendo aquello que según su parecer podría ser utilizado en su contra pero, lejos de ello, sus dichos contribuyeron a llevar luz sobre la ubicación del camión y la existencia de un conflicto entre los citados hermanos B. y C.
También se consideró la declaración prestada por el inculpado, haciendo uso de su derecho a declarar, quien negó la existencia de armas de fuego en el hecho y brindó su particular versión respecto del mismo, pero los magistrados entendieron que sus dichos no fueron más que un vano intento para mejorar su situación procesal frente a la contundencia del plexo probatorio cargoso.
Frente a ello carecen de entidad para conmover el fallo los cuestionamientos que la defensa realiza sobre la prueba testimonial, pues el grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada por la ley para los Magistrados del juicio quienes por su inmediación frente a los órganos de prueba, son los encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales.
No es posible por la vía casatoria invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar la declaración de los testigos salvo que se demuestre su contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, o aquellas que rigen el entendimiento común.
Por otro lado, cuando la defensa se agravia de la valoración de las placas fotográficas efectuadas por el a quo cuestionándose “¿qué certeza tenemos que una rotura que se observa en una fotografía haya sido producto del disparo relatado?” y “¿Qué certeza tenemos, que la fotografía corresponda al camión que protagonizara los hechos?”, pierde de vista que no sólo ellas habían sido incorporadas al debate por su lectura sin que la parte alegue y mucho menos pruebe que se opuso a esa incorporación en la oportunidad prevista por el art. 338 del C.P.P. o al momento de comenzar el juicio oral, surgiendo por el contrario del acta de debate – fs. 2 vta y 3- que la defensa consintió al menos tácitamente esa incorporación, sino que además tales fotografías sólo fueron valoradas de manera complementaria a la prueba de cargo que los magistrados tuvieron como determinante.
En efecto, los magistrados valoraron principalmente, como quedara expuesto, los dichos de los hermanos B. y precisaron “...Por lo demás, no me resulta necesario, más que la afirmación del testigo, que los daños producidos en el camión cuyas fotografías lucen en la IPP respectiva fueron provocados por el disparo, y finalmente en cuanto a esto último ninguno de los testigos que dijo no haber escuchado detonación alguna, estuvo en posición de hacerlo al momento del hecho...”
Se evidencia entonces que el sentenciante detalló la prueba de la que se valió para tener por acreditada la materialidad ilícita enrostrada, siguiendo a ese fin un camino lógico inobjetable por lo que, no sólo los argumentos defensistas evidencian una mera discrepancia personal con la sentencia recurrida insuficiente a los efectos de lograr su revocación, sino que además se desentiende de que en el ordenamiento procesal vigente, conforme lo dispuesto por el art. 209 del C.P.P., rige el principio de libertad probatoria, a partir del cual se pueden probar los hechos por cualquier medio siempre que no se vulneren garantías constitucionales, supuesto que no se ha producido en autos y que por otro lado tampoco viene alegado por la defensa más allá de la invocación genérica que se hace a los arts. 75 inc.22 y 18 de la C.N. en el memorial obrante a fs.77/82 del presente legajo recursivo.
Por otro lado el sistema de valoración de la prueba de la sana crítica racional, regulado en los arts. 210 y 373 del ritual, faculta a los Jueces a merituar libremente las probanzas de acuerdo a su sincera convicción y a las reglas de la lógica, la experiencia, y el sentido común, por lo que resulta inviable toda alegación que se sustente en la existencia de límites preestablecidos, como la imposibilidad de arribar a la citada certeza con el testimonio único de dos testigos, que por otra parte han sido contestes en sus dichos los que se encuentran corroborados por la prueba documental incorporada al debate por su lectura.
Sumado a ello, las diferencias señaladas con los dichos de los testigos de descargo no sólo no logran conmover al fallo por la poca credibilidad que éstos les transmitieron a los jueces sino porque además, los hermanos B. resultaron testigos más directos del hecho.
En orden a los motivos expuestos, tampoco resulta aplicable el principio “in dubio pro reo” ya que no se advierte que del examen de las constancias valoradas surja duda alguna respecto del acontecer de los hechos juzgados, a lo que se suma que el razonamiento llevado a cabo por el sentenciante aparece fundado en la prueba producida habiéndose detallado su aporte convictivo y habiéndose explicado las conclusiones obtenidas de su mérito, lo cual además abastece sobradamente la exigencia de motivación del artículo 106 del Código Procesal Penal, destinada a posibilitar el control de las partes respecto del íter lógico seguido por el sentenciante.
El principio “in dubio pro reo”, sirve para verificar si a pesar de la ponderación objetiva de la prueba se mantienen dudas a favor del acusado y lo protege de la arbitrariedad de una condena basada en la mera seguridad subjetiva del sentenciante cuando objetivamente no exista certeza; por lo que frente a la alegación de que se habría violado ese principio, no surge de la ponderación objetiva de la prueba un estado de duda capaz de conmover el resolutorio impugnado, a la luz de las probanzas analizadas previamente.
Conforme quedó expuesto, en el fallo recurrido se valoró la prueba de cargo siguiendo un razonamiento inobjetable, a la vez que ha sido debidamente fundado conforme los parámetros del art. 106 del rito, por lo que no advierto los errores alegados ni su falta de fundamentación, razón que me lleva a propiciar el rechazo de este tramo del recurso (Arts. 1, 106, 210, 373, ss y ccdtes del C.P.P.).
Tampoco prosperará el planteo referido a la acreditación del tipo subjetivo del delito en trato.
Si bien aduce el recurrente que la conducta desplegada por C. se trató más bien de una reacción exagerada en el marco de un altercado verbal, pero que no tuvo por fin terminar con la vida de B., en la sentencia se descartó un planteo similar de la defensa concluyendo que C. tenía el conocimiento y la voluntad de realizar los elementos del tipo objetivo contenido en el art. 79 del Cód. Penal, a partir de la valoración de plurales elementos de prueba.
Se tuvo en cuenta la declaración efectuada por A. F. B. quien señaló que C. salió del local con un arma en la mano, lo apuntó y le disparó “que lo apuntaba a él cuando disparó, que de estar de frente le pegaba, ya que no sabe si se movió o no la mano porque no vio cuando disparaba, que estaban separados por 1,5 o 2 mts., pero que el impacto pegó a la altura de su hombro”.
Se valoró asimismo la declaración de su hermano quien ilustró al Tribunal respecto de las amenazas previas efectuadas por el encartado en el sentido que “lo iba a cagar a tiros y que sacara el camión porque sino lo iba a matar”, y señaló también que cuando su hermano Alberto respondió “hacé lo que quieras”, C. disparó sobre él, impactando el tiro en la carga de mosaicos encima del hombro de la víctima a la altura de su cabeza sólo porque logró agacharse a tiempo.
Por otro lado, se valoró como dato relevante la distancia desde la que se disparó y la cercanía del impacto respecto de la cabeza de la víctima, lo que “…pone en claro que el autor asumió para sí la posibilidad de poder impactar en la humanidad de B. y siguió adelante con sus designios, queriendo dar muerte a la víctima...”
Se advierte entonces que los magistrados desarrollaron de manera completa y razonada cada una de las razones que los llevaron a la convicción respecto del carácter doloso de la conducta de C.
Sobre el punto en trato cabe señalar que el dolo, en cuanto conocimiento y voluntad de realización de los elementos del tipo objetivo, resulta de una realidad psicológica, que no es demostrable hasta el día de hoy en forma directa, ni resulta perceptible por vía de los sentidos, lo cual conduce entonces a que su prueba sea necesariamente de naturaleza indirecta, debiendo entonces el juzgador acudir a aquellos indicios que puedan surgir de la forma exterior del comportamiento y del contexto y circunstancias en el que éste se lleve a cabo, indicios que sí pueden ser probados por los diversos medios de prueba previstos legalmente (Art. 209 del C.P.P.), como por ejemplo en base a testimonios, pericias, aún sobre la propia confesión del acusado, etc.
A su vez, el sistema de las libres convicciones razonadas instaurado en nuestro derecho de formas para la valoración de la prueba (art. 210 y 373 del C.P.P.) le permite al juez de mérito fundar el juicio de certeza sobre la materialidad ilícita y la participación del inculpado, no sólo mediante prueba directa, sino también, y exclusivamente por prueba indirecta indiciaria, con la total libertad de fijar los hechos conocidos y probados (indiciarios), así como, a través de un juicio lógico inductivo, establecer los hechos desconocidos (indicativos) que luego conformarán la certeza para la declaración de culpabilidad.
En este caso, el magistrado se valió tanto de prueba directa como de indirecta, la que ha sido debidamente detallada. Los magistrados han relacionado los indicios expuestos con el resto de las pruebas y así han arribado a la certeza necesaria sobre la configuración de la tipicidad subjetiva del delito enrostrado.
Se han respetado asimismo las reglas contenidas en los artículos 210 y 373 del ritual, toda vez que en la resolución atacada no se realizó una mera enumeración infundada de los hechos que contribuyeron a conformar su convicción, sino que, por aplicación de un juicio racional luego de valorar las constancias probatorias, se arribó a un estado de certeza sobre la culpabilidad de C., y se demostró razonadamente el ‘convencimiento’, desvaneciendo de esta manera la posibilidad de considerar arbitrario el fallo.
Se acreditó la dirección del arma hacia la humanidad de la víctima, más precisamente al área de la cabeza, a la vez que la escasa distancia entre ambos protagonistas, la potencialidad mortal que posee un arma de fuego, y el hecho de que previo a apuntar y disparar el imputado amenazó de muerte a la víctima, todo lo cual me lleva a coincidir con los sentenciantes en el sentido que C. sabía y quería lo que hacía, y aceptaba el resultado muerte.
Frente a la contundencia de la prueba analizada, y la logicidad de la conclusión a la que se arribó, se desvanece también el argumento esbozado por la defensa en el sentido que la distancia a la cual se encontraban habría resultado sumamente corta como para contar con los reflejos que permitieran esquivar exitosamente un disparo, por cuanto esa afirmación resulta una mera conjetura de la parte que no se encuentra acreditada y cuya insuficiencia queda patentizada a la luz de su incongruencia con las circunstancias efectivamente verificadas en la causa, lo que me lleva a proponer también su rechazo al acuerdo.
Por los motivos expuestos entiendo que no ha mediado una errónea aplicación de los arts. 42 y 79 del C.P., debiéndose por tanto rechazar asimismo este motivo de agravio.
II. En relación al hecho que tuviera como damnificado a D. S., plantea la inobservancia de los arts. 1, 210 y 373 del C.P.P. y del art. 35 del Cód. Penal, así como errónea aplicación de los arts. 42 y 79 del C.P. en el entendimiento de que en el caso no se verifica el tipo subjetivo del delito de homicidio atento a la ausencia de intención de matar por parte de su defendido.
Si bien reconoce que el testigo C. declaró que luego del disparo que produjo la herida vio al imputado volver a disparar pero sin éxito por no quedar balas en el interior del arma, sostiene que esa afirmación no se encuentra avalada por ninguna otra constancia en la causa.
Cuestiona lo manifestado por el testigo citado en tanto entiende que se trató de una visión subjetiva ya que sería imposible verificar que el arma no contaba con balas en su interior si no se la abrió a fin de comprobar la falta de carga del cartucho. Sumado a ello, sostiene que resulta probable que de haber existido ese movimiento con las manos del imputado, lo haya sido para percutar el cartucho ya disparado con el único fin de aterrorizar a S. quien previamente le había infligido un feroz castigo.
Sostiene que pese a los dichos de su defendido en momentos previos al hecho en el sentido que amenazaba con matar a S., ello se debió a la natural emoción de un momento de ofuscación, expresando entonces palabras sin sentido.
Afirma que si su verdadera intención hubiera sido matar a S. no lográndolo por motivos ajenos a su voluntad, en lugar de ocasionarle lesiones de carácter leve, ellas habrían revestido mayor gravedad más aun teniendo en cuenta la escasa distancia a la que se encontraban ambos contrincantes y al tipo de arma empleada.
Plantea que, en su defecto, se aplique al caso el principio “ in dubio pro reo” por entender que conforme las pautas analizadas no existe certeza que permita afirmar la existencia del tipo subjetivo del delito en trato.
Subsidiariamente plantea la inobservancia de los arts. 34 inc. 6to. y 35 del C.P., en el entendimiento de que C. actuó justificadamente en una situación de legítima defensa, o a lo sumo en exceso de ella.
Plantea que en el caso se verifica el requisito de la agresión ilegítima, en tanto surge de los dichos de varios testigos el ataque iniciado por S. contra el imputado, sin que mediara ninguna provocación por parte de este último.
Reconoce entonces que el empleo de un arma de fuego por parte del encausado quizás haya sido un exceso, pero no debe perderse de vista la gran diferencia de las contexturas físicas de S. y C., siendo este último el de menor masa corporal y peso, por lo que su reacción no podría tildarse de desproporcionada sin más.
Critica que el Tribunal haya entendido que la agresión temporalmente había cesado al momento del hecho, ya que manifiesta que S. esperaba a su defendido fuera de su domicilio para completar la agresión, por lo que sostiene que existía para èl un peligro cierto de daño.
En función de las consideraciones efectuadas, solicita la absolución de su pupilo procesal.
En oportunidad de presentar el memorial, reitera los argumentos brindados en la pieza recursiva, haciendo hincapié sobre la agresión ilegítima a la que habría estado expuesto su pupilo procesal, sosteniendo que al momento del hecho la misma no había cesado atento a que cuando C. ingresó a su casa, S. lo esperaba afuera de modo que la agresión continuaba ya que no podía salir de su hogar sin volver a caer en una situación de peligro.
En oportunidad de dar traslado a la Fiscalía, la Dra. Alejandra Moretti manifiesta que el recurso en este aspecto también resulta insuficiente.
Puntualiza que entre la primigenia agresión de S. y la reacción del encartado medió un intervalo temporal que quitó unidad entre ambos sucesos, impidiendo así la “actualidad” de la agresión.
Por otro lado, manifiesta que la acción defensiva debe ser necesariamente racional, resultando la menos lesiva de los diversos cursos de acción disponibles a la vez que debe ser proporcional entre el medio empleado y en el ataque, situación que a su entender no se ha dado en autos.
En virtud de las consideraciones efectuadas solicita el íntegro rechazo del recurso impetrado por la defensa de C.
Una vez más comparto la solución brindada por la Sra. Fiscal de Casación.
En relación al planteo que sindica la falta de acreditación en el tipo subjetivo, cabe hacer consideraciones similares a las expuestas al momento de tratar el agravio anterior.
El embate defensista resulta ineficaz a fin de conmover la sentencia recurrida, en tanto no logra poner de manifiesto, ni tampoco se advierte, violación legal alguna, apartamiento de las reglas de la lógica, la experiencia y el sentido común que rigen la apreciación de la prueba, ni que se encuentre huérfana de fundamentación.
Los magistrados tuvieron por probado que, alrededor de las 15.00 hs del 9 de octubre de 2003 en la localidad de Ituzaingó el imputado, luego de mantener un altercado físico y verbal con D. O. S., una vez que éste había finalizado, ingresó a su domicilio y tomó una escopeta que portaba sin la debida autorización legal, y tras amenazarlo de muerte efectuó un disparo contra el cuerpo de aquél, ocasionándole heridas de gravedad en la zona abdominal, no logrando darle muerte por motivos ajenos a su voluntad.
El tribunal formó su convicción respecto de los hechos arriba reseñados mediante la ponderación de diversos elementos de prueba.
Específicamente, y en relación al aspecto del fallo que ahora se cuestiona, se tuvo en cuenta la declaración prestada por el testigo N. R. C. quien presenció la pelea previa al hecho que mantuvieron el imputado con la víctima y pudo observar cuando C. ingresó a su local y luego salió armado gritando a S. “te voy a matar”, y diciéndole a las personas que allí se encontraban presentes “ a éste lo voy a matar”, “éste me tiene cansado”, para finalmente terminar disparándole de frente.
Puntualizó asimismo que luego del primer tiro, C. disparó nuevamente en dirección a la víctima aunque el disparo no salió motivo por el cual el testigo infirió que el arma no contaba con otro cartucho. Refirió que luego de ello, el encausado se subió a su camioneta y se fue del lugar.
También se tuvieron en cuenta los dichos de la víctima, D. O. S., quien aludió a la pelea previa mantenida con el imputado, a que luego éste desapareció para volver posteriormente con un arma de fuego, apuntarle y dispararle, impactándolo en la zona del abdomen, luego de lo cual pudo oír también varios chasquidos sin saber su origen.
Del sólo cotejo de estos dos testimonios se advierte ya a esta altura que no resulta verdadero lo manifestado por el recurrente en el sentido que el tipo subjetivo se tendría por acreditado únicamente por el testimonio prestado por C., sino que la víctima también narró los hechos de manera similar, por lo que se advierte que el recurso sólo evidencia un análisis parcial de la prueba arrimada al proceso y se desentiende de que la conclusión de los magistrados resultó fruto de la correlación de los diversos elementos obrantes en la causa.
Pero aún cuando se hubieran valorado los dichos de ese único testigo, cabe reiterar aquí lo dicho previamente en el sentido que en nuestro ordenamiento procesal rige el principio de libertad probatoria dispuesto por el art. 209 del C.P.P., por lo que si la crítica del recurrente se limita a impugnar que se haya llegado a la convicción mediante un único elemento de prueba, pero sin señalar una violación a una disposición legal, una situación de conculcación a alguna garantía constitucional, un apartamiento a las reglas que rigen la apreciación de la prueba o una arbitrariedad por parte de los sentenciantes, no cabe más que su rechazo por insuficiente.
Sin perjuicio de lo dicho hasta aquí, los jueces valoraron también los dichos de otros testigos que narraron los hechos de manera similar, aunque con menos detalles ya que no presenciaron los hechos de manera tan directa, pero que valorados en conjunto no hicieron más que confirmar los hechos hasta aquí expuestos.
Así resultó valioso también el aporte efectuado por M. E. C., quien escuchó la discusión y la detonación desde el interior de su domicilio y cuando salió a la calle vio a la víctima herida y al imputado profiriéndole amenazas con un arma en la mano.
Una vez más, al descartar los dichos del imputado los magistrados especificaron las razones para ello concluyendo que frente a la magnitud del plexo probatorio cargoso, la versión brindada por C. no hizo más que evidenciar un vano intento por mejorar su situación procesal.
Conforme la prueba reseñada, se advierte que el embate introducido por la defensa en este aspecto es ineficaz desde que se limita a ensayar diversas hipótesis sin respaldo alguno en las constancias de la causa, frente a lo cual cabe decir que no sólo surge claro el desarrollo de los hechos así como la participación de C. en los mismos, sino que el tipo subjetivo se encuentra plenamente acreditado, teniendo en cuenta las particularidades que presenta la prueba del dolo a las que aludí previamente, todo lo cual encuentra pleno apoyo en los varios testimonios que dieron cuenta de las amenazas de muerte que profiriera momentos antes del hecho a la víctima, a la vez que de su determinación a la hora de abrir fuego en su contra, y especialmente su intención de seguir disparando más allá de que finalmente no haya salido bala alguna del arma de fuego.
Por motivos similares a los analizados previamente tampoco corresponde la aplicación del principio “in dubio pro reo” en este hecho puesto que de la ponderación objetiva de la prueba no se surgen dudas a favor del acusado, sino que antes bien la condena no resulta arbitraria ni basada en la mera subjetividad de criterio de los sentenciantes, al encontrarse debidamente motivada y resultando sus conclusiones una lógica derivación de los hechos probados en la causa.
En el fallo recurrido se valoró la prueba de cargo siguiendo un razonamiento inobjetable y respetuoso de lo normado en los arts, 210 y 373 del rito, a la vez que ha sido debidamente fundado conforme los parámetros del art. 106 de mismo cuerpo legal, por lo que no advierto los errores alegados, razón que me lleva a propiciar asimismo el rechazo de este motivo de queja (Arts. 1, 106, 209, 210, 373, 5ss y ccdtes del C.P.P. y 42 y 79 del C.P.).
Tampoco prosperará el planteo defensista que reputa inobservado el art. 34 inc. 6to. del C.P., o en su defecto el art. 35 del mismo cuerpo normativo.
La tesis que postula la defensa no puede compartirse desde que conforme los hechos que se tuvieron por probados, no se verifican los presupuestos legales de la causa de justificación invocada, tópico sobre el cual también se expidieron los magistrados de mérito.
En la resolución en crisis se reconoce que la víctima fue quien atacó primero al imputado, “en una verdadera situación ilegítma”, pero sin embargo, se señala que el imputado ya había logrado retirarse del lugar e ingresar a su propiedad, donde S. no lo siguió, y donde pudo conseguir la contención de familiares y amigos.
De esa circunstancia se advierte que la agresión ya había cesado, no verificándose por lo tanto el requisito de “actualidad” necesario para la procedencia de la causal de justificación invocada por la defensa, para lo cual la agresión debe estar en curso o al menos ser inminente en el sentido que debe ser lo suficientemente próxima como para que la persona se encuentre compelida a actuar para poder neutralizar el peligro.
Cuando el art. 34 inc. 6to. del C.P. habla de repeler o impedir con ello sienta un límite temporal de suma importancia a los efectos de evaluar la actualidad de la agresión puesto que de ello se deriva el requisito de que aún exista la posibilidad de conjurar la agresión, siendo entonces necesario que todavía exista la necesidad de la defensa.
Correlativamente, el peligro no debe haber desaparecido, convirtiéndose en una lesión consumada y agotada, puesto que el ordenamiento jurídico no ampara actitudes vindicativas.
Frente a ello, deviene acertada la explicación brindada por los sentenciantes en el sentido que descartaron la legítima defensa pues entre la primigenia agresión por parte de S. y la posterior reacción del imputado, existió un intervalo pacífico de tiempo que demostró que entre esas dos conductas no hubo una relación temporalmente conectada, lo que desplaza la unidad de ambos sucesos, convirtiendo entonces la acción desplegada por el encausado en una nueva y autónoma agresión.
Sin perjuicio de lo dicho hasta aquí resulta relevante también, que aún cuando todavía existiera la certeza de una nueva agresión antijurídica por parte de S. a futuro, y en caso de que el inculpado saliera de su propiedad como manifiesta la defensa, de todas maneras el hecho de que ya se encontrara a resguardo, contenido por personas de su confianza, da cuenta de que contaba con la posibilidad de otras conductas alternativas menos lesivas, como por ejemplo dar aviso a las autoridades policiales, todo lo que me lleva a coincidir con los magistrados en tanto señalaron que la circunstancia de haber salido nuevamente a la calle con arma en mano a fin de dar muerte a S. “de ninguna manera puede ser tomado como el ejercicio del derecho a la legítima defensa”.
Si bien la legítima defensa o su exceso resultan posibles aún frente a una agresión inminente, para la configuración de una u otra debe siempre existir una situación objetiva de peligro que torne necesaria la protección individual y, a través de ella, el prevalecimiento del Derecho, de modo que en el caso la eximente ha sido correctamente descartada si las circunstancias probadas en autos sólo dan cuenta de una agresión previa, pero que ya se había agotado encontrándose a resguardo C., lo que obviamente no representaba ya un peligro para su vida o su integridad física.
La legítima defensa presupone un estado de necesidad proveniente de la amenaza de sufrir un mal grave e inminente generado por una agresión antijurídica y no provocada que permite la defensa de los bienes jurídicos aún mediante la realización de conductas típicas, siempre que el que se defiende no haya debido optar por una conducta menos lesiva.
De modo que en la especie y en atención a la inexistencia de una situación de necesidad derivada de una agresión ilegítima actual o inminente y cierta, la exclusión de la justificante invocada aparece ajustada a los hechos que se tuvieron por probados y cuya fijación no logró ser conmovida por el recurrente.
Tampoco podría sostenerse que el imputado actuó con exceso, en los términos del art. 35 del C.P. puesto que no podría excederse quien no se hubiera encontrado previamente en una situación de defensa. (Arts. 34 inc. 6° a contrario- y 35 –a contrario- del Código Penal).
Por los motivos expuestos, propongo al acuerdo el íntegro rechazo del recurso deducido por la defensa del imputado C., con costas (Arts. 1, 106, 210, 373, 448, 530, ss y ccdtes del C.P.P. y Arts. 34 inc. 6°- a contrario-, 35 –a contrario-, 42 y 79 del C.P.).
Adhiero al voto del Sr. Juez doctor Celesia en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Vista la forma como ha quedado resuelta la cuestión votada en el acuerdo que antecede, corresponde que este Tribunal dicte la siguiente
RECHAZAR el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Morón por la que se condenara a M. R. C. a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio simple en grado de tentativa, homicidio simple cometido con arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego de uso civil en concurso real entre si; y a la pena única de trece años de prisión, accesorias legales y costas, por los fundamentos brindados en el tratamiento de la cuestión planteada. Con costas. (Arts. 1, 106, 210, 373, 448, 530, ss y ccdtes del C.P.P. y Arts. 34 inc. 6°- a contrario-, 35 –a contrario-, 42 y 79 del C.P.).