Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-32579-de-febrero-17-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_7bcd43985f559032e0430a0101519032&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-15 08:34:21
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 40', 'artículo 51', 'artículo 162', 'artículo 17', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 17', 'artículo 17']

﻿ Sentencia 32579 de septiembre 19 de 2009
SENTENCIA 32579 DE 17 DE FEBRERO DE 2009
CONTENIDO:DEBE TENERSE EN CUENTA EL TIEMPO QUE SE PRESTÓ EL SERVICIO MILITAR PARA EFECTOS DE ESTABLECER EL DERECHO A LA PENSIÓN. ARTÍCULO 40 DE LA LEY 48 DE 1993.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVICIO MILITAR, BENEFICIOS POR SERVICIO EN LAS FUERZAS MILITARES BAJO ESTADO DE EXCEPCIÓ, DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
Sentencia 32579 de septiembre 19 de 2009
Rad.: 32579
Bogotá, D. C., diecisiete de febrero de dos mil nueve.
Lo interpuso el demandante y con él pretende que la Corte case la sentencia del tribunal para que, en sede de casación (sic), revoque la del juzgado y, en su lugar, acceda a todas las pretensiones de la demanda.
Con esa intención propuso cinco cargos que fueron replicados. La Corte despachará conjuntamente los dos primeros, orientados por la vía directa, por razón de que exhiben graves deficiencias técnicas que impiden su estudio de fondo, y por permitirlo el numeral 3º del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.
Acusa la sentencia del tribunal por la vía directa, por interpretación errónea, de los artículos 1º del Acuerdo 29 de 1983, aprobado por el Decreto 1900 de 1983, 11-b del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, 12 del Acuerdo 040 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, 33, 47, 48, 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo y 37 de la Ley 100 de 1993.
Para su demostración, que se resume, transcribe lo que expresó la Corte en las sentencias del 30 de abril de 1993, Radicación 5742, del 13 de junio de 2001, Radicación 15580, y del 14 de agosto de 2007, Radicación 30753.
Aduce que sobrepasó el mínimo de 500 semanas de cotizaciones exigidas para causar el derecho a la pensión deprecada, por lo que estima que ese juzgador interpretó de manera errónea la norma en comento, a la que le dio un alcance del que carece, puesto que prestó servicio militar obligatorio y las semanas reportadas corresponden a un número superior al que se indica, conforme al artículo 17 del Acuerdo 189 de 1965, aprobado por el Decreto 1824 de 1965.
Acusa la sentencia del tribunal de violar por la vía directa, por aplicación indebida, los artículos 12-b del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, 1 del Acuerdo 029 de 1983, aprobado por el Decreto 1900 de 1983, 11-b del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, y 36 de la Ley 100 de 1993.
Para su demostración, dice que el ad quem aplicó la norma en forma indebida, porque causó el derecho a la pensión reclamada en el año 1986 y debió aplicar la contenida en el cargo anterior, sin condicionar que cotizara el número de semanas mínimas durante los últimos 20 años anteriores a la fecha de cumplimiento de la edad, puesto que la norma aplicable es el Acuerdo 029 de 1993 (sic), aprobado por el Decreto 1900 de la misma anualidad (sic), y que en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, era requisito esencial que se computaran las semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores a los 60 años de edad.
Sostiene que pese a estar enderezados los tres primeros cargos por la vía directa y los dos últimos por el sendero indirecto, pero con el mismo propósito, se permite su réplica en conjunto porque el recurrente hace una mixtura de planteamientos sin reparar que al desarrollar los cargos cuarto y quinto, enfilados por la vía fáctica, le está vedado plantearlos en el puro derecho, como cuando aduce que el demandado no definió su situación prestacional conforme a la disposición que corresponde, que es la de su fecha de nacimiento, porque ella determina el precepto que le es aplicable, entre otras argumentaciones.
Precisa que el conflicto normativo fue resuelto en derecho por el tribunal, como requisito para la pensión de vejez, contando 60 años de edad del demandante, cuyo nacimiento ocurrió el 27 de enero de 1924, y comoquiera que los aportes resultaron inferiores a las 500 semanas exigidas durante los 20 años atrás de la solicitud que hizo de la prestación, no cumplió los requisitos exigidos por el Acuerdo 029 de 1990, como lo exhiben los documentos de folios 56, 57, 79 a 82 y 90 a 94.
Explica que pese a la cantidad de cargos en ninguno de ellos se ocupa de atacar el soporte final de la sentencia cuestionada, la cual permanece incólume frente al hecho de haber prestado sus servicios a otras entidades estatales, lo cual no fue planteado en el trámite de las instancias y no puede ser tomado en cuenta porque violaría flagrantemente el derecho de defensa por ser un hecho nuevo en casación, no controvertido.
El alcance de la impugnación es incorrecto, porque en él se pide que se case la sentencia del tribunal, y que la Corte, “como tribunal de casación, acceda a las súplicas formuladas por el actor en su demanda” (fl. 8, cdno. de la Corte), lo que no puede ser, dado que una vez casada la sentencia impugnada, la Corte actúa, pero en sede de instancia, no como “tribunal de casación”, porque en ese momento ya no lo es.
Sin embargo, esa impropiedad no impide entender lo que pretende el impugnante: que una vez casada la sentencia del tribunal, en sede de instancia se revoque la sentencia del juzgado y se acceda a las pretensiones impetradas en la demanda inicial.
Los dos cargos parten del supuesto de que el demandante cumplió 500 semanas de cotización para el riesgo de vejez, en vigencia del Acuerdo 029 de 1983, norma de la cual se reclama su aplicación ultractiva. Pero ese supuesto, sobre el cual descansa toda la argumentación del impugnante, no se corresponde con lo que tuvo por probado el tribunal, que sobre el particular asentó: “Ahora bien, si el actor nació el 27 de enero de 1924, conforme ha quedado determinado con anterioridad, tal referente histórico permite inferir sin lugar a equívoco alguno que los 60 años de edad fueron cumplidos el 27 de enero de 1984, esto es, en vigencia del acuerdo 029 de 1983. No obstante ello, para la referida calenda aún no contaba con las 500 semanas de cotización, como se alcanza a visualizar del documento que obra a folio 56 y 57 del expediente, lo cual conduce a precisar que su derecho no se consolidó con los parámetros previstos en el aludido acuerdo”.
Lo anterior pone de presente que el censor muestra disconformidad con los hechos del proceso, en la forma como los tuvo por probados el tribunal, disconformidad que no puede presentarse en tratándose de cargos orientados por la vía de puro derecho, en los que se supone total acuerdo del recurrente con la cuestión fáctica del proceso, como lo ha explicado con reiteración la jurisprudencia.
Y la argumentación de las dos acusaciones también demuestra que si se parte de un supuesto que no se corresponde con la realidad de lo analizado en el fallo que se impugna, carece de respaldo la acusación de la violación de la ley que se le atribuye al fallador, porque no es dable endilgarle un quebranto normativo si su decisión estuvo soportada en unos hechos diferentes a los que presenta el recurrente, si obviamente el análisis jurídico que efectuó y las normas que utilizó parten de una situación fáctica distinta.
De igual modo, es claro que si se controvierten unos argumentos que no fueron los que utilizó el juzgador, en realidad se han dejado libres de cuestionamientos los que fueron los verdaderos soportes del fallo, lo que conduce a que permanezcan ellos incólumes brindándole apoyo a esa providencia que, así las cosas, permanece inalterable.
A lo anterior cabe agregar que el tribunal extrajo de la norma que se considera violada lo que surge de ella, cabalmente entendida, esto es, que para tener derecho a la pensión de vejez debían tenerse 500 semanas de cotización, de suerte que no la interpretó equivocadamente.
Y no aplicó en forma indebida el Acuerdo 049 de 1990, porque si encontró que bajo el imperio del Acuerdo 029 de 1983 el actor no reunió los requisitos para obtener la pensión de vejez, debía indagar si en vigencia de la norma que lo reemplazó, que es la que se denuncia como violada en el segundo cargo, tales requisitos se cumplieron, ya que no obrar de esa manera, equivaldría a limitar sin razón el estudio del tema debatido, lo que obviamente iría en contra de los intereses de la parte demandante.
Acusa la sentencia del tribunal de violar por la vía directa, por infracción directa, los artículos 40 de la Ley 48 de 1993, 16, 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo, 1º del Acuerdo 029 de 1983, aprobado por el Decreto 1900 de 1983, 36 de la Ley 100 de 1993, 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, 33, 47, 48, y 72 y 76 de la Ley 90 de 1946.
Para su demostración, aduce que el tribunal no tomó en cuenta el tiempo durante el cual prestó el servicio militar obligatorio, pues si lo hubiera sumado al periodo reportado como efectivamente cotizado habría hallado que él es suficiente para causar el derecho a la pensión incoada.
Transcribe el artículo 40 de la Ley 48 de 1993 y dice que es una disposición laboral de orden público, que produce efecto general e inmediato, por lo que el ad quem debió aplicarla al caso estudiado, aun aceptando que solo tuviese cotizadas 499 semanas, sumado el aludido servicio militar de un año, lo que conduce a determinar que sobrepasa con creces, y antes de la vigencia del Acuerdo 049 de 1990, ese mínimo de cotizaciones, que le significan la causación del derecho perseguido, pues la edad la tiene más que cumplida si se toma su fecha de nacimiento.
No es cierto que el tribunal no tuviera en cuenta el tiempo que el actor prestó el servicio militar para efectos de establecer el número total de semanas cotizadas, pues, pese a que consideró que no podía estudiar el argumento atinente al tiempo prestado a otras entidades estatales, ya que dijo que ese supuesto no fue planteado en el trámite. Asentó: “Adicional a lo visto, se advierte que ni aun sumando el tiempo de servicios prestados por el actor a las distintas entidades del Estado, incluido el servicio militar que se reporta en los documentos que obran a folios 3 y 4 del expediente, se consolida el derecho pensional pretendido”.
De lo antes transcrito se desprende que el tribunal no ignoró el contenido del artículo 40 de la Ley 48 de 1993, toda vez que si tuvo en cuenta la posibilidad de sumar el tiempo que el actor prestó el servicio militar para efectos de establecer su derecho a la pensión reclamada, es porque, sin duda, tomó en consideración el aludido artículo, que, en consecuencia, no fue directamente infringido, por lo cual, el cargo no prospera.
Cargo cuarto:
Acusa la sentencia del tribunal de violar por la vía indirecta, por aplicación indebida, los mismos preceptos contenidos en el tercero y segundo, que por economía no se transcriben.
Dice que no fueron apreciados la certificación del Ministerio de Defensa, sobre servicio militar del 1º de diciembre de 1944 al 1º de septiembre de 1945 (fl. 19), el certificado de semanas cotizadas (fls. 15, 16 y 57), la Resolución 003143 de 1998 (fl. 13) y la comunicación en la que se solicita tomar en cuenta los periodos servidos ante autoridades policivas y militares (fl. 31).
Afirma que el ad quem incurrió en los siguientes yerros fácticos:
1. No dar por probado, estándolo, que cumplió 60 años de edad antes de la vigencia del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.
2. No dar por probado, estándolo, que dada su fecha de nacimiento se debe aplicar el artículo 1º del Acuerdo 29 de 1983 y no el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.
3. No dar por probado, estándolo, que se le deben computar 500 semanas mínimas con la antelación debida en los últimos 20 años antes de la solicitud prestacional, según el Acuerdo 029 de 1983, y considerar el principio de ultra actividad de la ley laboral.
4. No dar por probado, estándolo, que se le debe cotizar el tiempo que prestó servicio militar obligatorio y sumarlo al reportado por el ISS para ajustar el derecho a la pensión incoada.
5. No dar por probado, estándolo, que cotizó de manera suficiente el número de semanas requeridas para causar el derecho a la pensión deprecada.
6. No dar por probado, estándolo, que le fue negada la pensión con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, pese a que debió analizarse la situación según las voces del Acuerdo 029 de 1983.
7. No dar por probado, estándolo, que solicitó al demandado tomar en cuenta el tiempo de servicio militar obligatorio.
Para su demostración afirma que el tribunal no tomó en cuenta 38,71 semanas de aportaciones que debió adicionar a las reportadas por el Seguro Social, con lo que cumple a cabalidad con el mínimo de cotizaciones requerido por el Acuerdo 029 de 1983, y reitera que si ese juzgador hubiera tomado en cuenta las pruebas enunciadas habría concluido que el tiempo servido como servicio militar obligatorio debe sumarse y considerar una semanas más a la reportada, porque el trabajador no solo labora 365 o 366 días sino que por ese periodo se le cobran semanas, por lo que debió realizar la operación que le permitiera determinar el total de semanas que cotizó al Seguro Social y acercar al múltiplo siguiente.
De los que el cargo presenta como desaciertos de hecho, los únicos que revisten esa calidad son los distinguidos con los números 1, 5 y 7, porque los demás corresponden a razonamientos jurídicos del impugnante sobre el cómputo de semanas cotizadas para efectos de la adquisición del derecho a la pensión de vejez, la forma de contabilizar esas semanas, y la normatividad aplicable a ese derecho, lo que no guarda ninguna relación con los hechos materia del proceso.
Importa anotar que no incurrió el tribunal en los yerros fácticos que se le imputan, pues, en lo que concierne con el primero (no dar por probado que el demandante cumplió los 60 años de edad con antelación a la fecha en que entró a regir el Acu. 049/90), ya al dar respuesta a los dos primeros cargos se dijo que ese juzgador asentó: “…si el actor nació el 27 de enero de 1924, conforme ha quedado determinado con anterioridad, tal referente histórico permite sin lugar a equívoco alguno que los 60 años de edad fueron cumplidos el 27 de enero de 1984, esto es, en vigencia del Acuerdo 029 de 1983”. Es claro, entonces, que sí tuvo por probado que el actor cumplió los 60 años de edad antes de la entrada en vigencia del Acuerdo 049 de 1990.
Respecto del quinto error de hecho, esto es, no dar por probado que el actor cotizó el número de semanas requerido por la ley para causar el derecho a la pensión deprecada, cumple advertir que funda el impugnante ese desacierto en no haber tomado en cuenta el fallador el tiempo que el demandante prestó el servicio militar, que equivale, según su dicho, a 38,71 semanas. Pero ya quedó dicho que el tribunal no desechó ese número de semanas, solo que concluyó que, aun sumándolo, no se alcanzaba la densidad de cotizaciones exigidas por la ley, conclusión que, independientemente de su acierto, el cargo no combate.
Y en cuanto al séptimo desacierto, no dar por probado que el actor solicitó al demandado que se le tuviera en cuenta el tiempo prestado en el servicio militar, cumple precisar que la comunicación a que se alude en el cargo, que obra a folio 31, está dirigida al Ministerio de Defensa y no al instituto demandado y, por eso, no incurrió en un desacierto el tribunal.
Aparte de ello, en el cargo no se explica la incidencia del supuesto yerro en la decisión que se impugna y, tal como lo tomó en consideración el juez de la alzada, la sumatoria del tiempo prestado en el servicio militar, con el que aduce completaría el tiempo requerido para tener derecho a la pensión de vejez deprecada, no fue un hecho planteado en la demanda genitora del proceso, de modo que alegarlo en sede de casación implica una modificación de la relación jurídico procesal, en desmedro de la parte demandada, que queda sin oportunidad de controvertir adecuadamente los fundamentos jurídicos y probatorios que la sustentan, con quebranto ostensible del debido proceso.
De lo que viene de decirse, se concluye que el cargo no demuestra los desaciertos que se le endilgan al tribunal y por ello no prospera.
Cargo quinto:
Acusa la sentencia del tribunal de violar por la vía indirecta, por interpretación errónea, los artículos 17 del Acuerdo 189 de 1965, aprobado por el Decreto 1824 de 1965, y 1º del Acuerdo 029 de 1983, aprobado por el Decreto 1900 de 1983.
Dice que fueron valorados en forma errada el certificado de semanas y/o historia laboral (fls. 15, 16 y 57) y la Resolución 003143 de 1998, que le negó la pensión incoada, en cuanto al número de semanas que allí se detallan, que difiere notoriamente del total reportado por el certificado de semanas aludido.
Señala como quebrantamiento normativo del tribunal:
1. No dar por demostrado, estándolo, que se debe contabilizar un número de semanas superior al que tomó en cuenta para negar la pensión.
2. No dar por demostrado, estándolo, que esa sumatoria debía realizarse por periodos que corresponden a semanas cotizadas conforme al periodo de aportación tomando en cuenta meses superiores a 30 días como acontece con el calendario.
3. No dar por demostrado, estándolo, que cuando sobre una sumatoria de días, estos se deberán sumar a los siguientes o considerar una semana más como cotizada por el trabajador, porque pagó por una semana, de modo que el reporte de semanas aportado por el ISS se deberá analizar según la normativa en cita.
Para su demostración, transcribe el artículo 17 del Acuerdo 189 de 1965 y afirma que el tribunal llega a la trasgresión acotada, pues de haber procedido como correspondía, sin importar lo dicho por el Seguro Social en la historia laboral y/o certificado de semanas y categorías, habría concluido que tiene cotizado un número de semana superior al indicado por el demandado, porque por cada periodo se reporta un excedente de días, conforme a la norma indicada, en la que se indica por una semana más, lo que implica que tiene cotizado un número superior a las 499 que se indican por el encartado.
Enfatiza que el reporte de semanas es exclusivo del demandado, el que debe ser claro y conciso, ya que se deben sumar los periodos aportados que sobrepasen los 3 días, como lo dice la norma referida, por lo que le correspondía al juzgador constatar todas las pruebas arrimadas al plenario, en su real y veraz sentido, con las que habría podido determinar las semanas que informó el Seguro Social y que sirvieron de base para denegarle la pensión, que no lo son, por lo que ameritaría tener en cuenta todo el periodo de labores, porque es según la normativa que al Seguro Social le corresponde señalar la semana que el trabajador en efecto cotizó, estimando los días que pudiesen y para cada periodo adicionarle una o más semanas, para que se considere en real y verdadero sentido interpretada la norma en cuestión.
En el cargo se incurre en una irregular mixtura de los dos senderos de violación de la ley, pues pese a que se dice orientado por el sendero fáctico, acusa la “interpretación errónea” (fl. 23, cdno. de la Corte), que es una modalidad de violación propia de la vía de puro derecho.
Sin embargo, del desarrollo del cargo se puede extraer que el recurrente cuestiona la interpretación del artículo 17 del Acuerdo 189 de 1965, y al analizar la acusación desde esa perspectiva, encuentra la Corte que el tribunal no pudo incurrir en el quebranto normativo que se le atribuye porque en realidad no tuvo en cuenta la citada norma. Y si no la aplicó, es claro que no la pudo interpretar de manera errada.
Como surge de la sinopsis del fallo impugnado, el número de semanas cotizadas por el demandante lo extrajo el tribunal de la documental emitida por el instituto demandado, y para ello no realizó ningún ejercicio hermenéutico de alguna disposición normativa, por manera que no se le puede atribuir un dislate interpretativo.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 19 de octubre de 2006, proferida en el proceso ordinario laboral que promovió Bernardo Antonio Durango Urán contra el Instituto de Seguros Sociales.
Como hubo oposición las costas en casación serán asumidas por el recurrente.