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Timestamp: 2018-05-26 13:54:34
Document Index: 137527957

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 74', 'artículo 132', 'artículo 74', 'artículo 233', 'artículo 14']

Resolución de TEAC, 00/3024/2005, 14-06-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3024/2005 de 14 de Junio de 2007
Núm. Resolución: 00/3024/2005
Al no haberse pronunciado la Audiencia Nacional sobre la suspensión, aunque se solicitó la misma con ocasión del recurso contencioso-administrativo, la ejecución estuvo suspendida preventivamente durante la pendencia del citado recurso (artículos 74.11 del RD 391/1996 y 233.8 de la Ley 58/2003), finalizando dicha suspensión con la sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre el fondo, ya que la suspensión de la ejecución de los actos objeto de impugnación, al ser una medida precautoria o cautelar establecida para garantizar la efectividad de la resolución judicial que en su día pueda recaer en el proceso principal, carece de sentido cuando tal resolución ha recaído.
En la Villa de Madrid, a 14 de junio de 2007, en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por X, S.L. con C.I.F.: ..., y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra Acuerdo dictado por el Jefe de la Oficina Nacional de Inspección en ... de fecha 28 de junio de 2005, relativo al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1992, importe 1.458.483,51 euros.
PRIMERO.- En fecha 31 de octubre de 1997, Y, S.L. con CIF.: ..., como sociedad absorbente de Z, S.A. promovió ante este Tribunal Económico Administrativo Central reclamación nº ...-97 R.G. contra Acuerdo de la Oficina Nacional de Inspección de 13 de octubre de 1997, relativo al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1992, liquidación procedente de Acta A02 nº ..., por el que se practicaba liquidación por importe total de 292.796.778 ptas (1.759.744,08 €), de las que 144.558.080 ptas (868.811,56 €) correspondían a cuota, 61.503.850 ptas (369.645,58 €) a intereses de demora, y 86.734.848 ptas (521.286,94 €)a sanción.
En fecha ... de 2001, este Tribunal Central dictó Resolución estimando en parte la reclamación, anulando el acuerdo impugnado en la parte correspondiente a la sanción y confirmándolo en todo lo demás.
En la Resolución se hacía constar que el 18 de noviembre de 1997, el Jefe de la Dependencia Central de Recaudación acordó la suspensión automática del acto administrativo impugnado, con efectos desde el 4 de noviembre de 1997, en aplicación del artículo 75 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas.
La Resolución fue notificada a la interesada en fecha 8 de mayo de 2001. Asimismo, la Resolución tuvo entrada en la Oficina Nacional de Inspección en ... en fecha 6 de junio de 2001.
SEGUNDO.-En fecha 6 de julio de 2001, X, S.L. (antes denominada Y, S.L. con cambio de denominación mediante escritura de 20 de diciembre de 2000), presentó escrito comunicando a la Oficina Nacional de Inspección que frente a la anterior Resolución había interpuesto en 5 de julio de 2001, recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional (recurso nº ..., posteriormente ...), solicitando la suspensión y ofreciendo prestar garantía si así se acordaba y que esta misma comunicación la había hecho a la Dependencia Central de Recaudación a los efectos de paralización del procedimiento de recaudación.
TERCERO.-En fecha 18 de julio de 2003 se notificó a la reclamante requerimiento del Inspector Jefe Adjunto al Jefe ONI para que, en el plazo de 15 días hábiles, comunicara y acreditara si había solicitado de la Audiencia Nacional la suspensión de la ejecución de la Resolución de este Tribunal Central recaída en la citada reclamación ...-97 RG y si tal suspensión había sido concedida, advirtiendo que, de no recibir comunicación alguna en el plazo señalado, se procedería a la ejecución de la Resolución con practica de liquidación conforme al art. 30 de la Ley 1/1998 y 110 del RD 391/1996.
En fecha 31 de julio de 2003, la interesada presentó escrito en el que le comunicaba a la Oficina Nacional de Inspección que ya con anterioridad, en 6 de julio, le comunicó y acreditó ante esa Oficina la solicitud de suspensión, y que en relación con la suspensión sólo había recibido de la Audiencia Nacional dos notificaciones, de las que adjuntaba copia, que consistían la primera, en Providencia de la Audiencia de 9 de julio de 2001 en la que, al final de la misma, la Audiencia señalaba que "Habiéndose solicitado la suspensión del acto administrativo, fórmese la oportuna pieza de suspensión donde se acordará lo procedente", y la segunda, en diligencia de ordenación de 19 de octubre de 2001 en la que se indicaba "El anterior escrito del Abogado del estado únase y una vez se reciba el expediente administrativo completo se acordará en cuanto a la suspensión solicitada".
CUARTO.-En fecha ... de 2004 la Audiencia Nacional dictó sentencia desestimatoria del recurso interpuesto confirmando la Resolución de este Tribunal Central de ... de 2001
QUINTO.-En fecha 28 de junio de 2005, notificada en 1 de julio de 2005, la Oficina Nacional de Inspección en ... dictó acto de ejecución de la citada Resolución de este Tribunal Central dando de baja la liquidación inicial por importe de 1.759.744,08 euros y dando de alta liquidación por importe de 1.458.483,51 euros, de los que 868.811,56 euros correspondían a cuota y 589.671,95 euros a intereses de demora.
En el Acto se hacía constar que la Audiencia Nacional había dictado sentencia desestimatoria del recurso, que frente a ella se había preparado recurso de casación ante el Tribunal Supremo y que solicitada información por la Oficina Nacional de Inspección al Servicio Jurídico de la A.E.A.T. sobre el estado de la pieza separada de suspensión en el recurso contencioso-administrativo, dicho Servicio informó en 7 de junio de 2005 que "...según información facilitada por la Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional, no consta pieza separada de suspensión abierta en el citado recurso (nº ...), por lo que procede el inicio de las actuaciones para la ejecución del acto impugnado".
SEXTO.-Disconforme con el anterior acto administrativo, la interesada ha promovido frente al mismo en fecha 28 de julio de 2005, reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Central realizando, en síntesis, las siguientes alegaciones: 1) Improcedencia de la ejecución de la Resolución de este Tribunal Central: Que la ejecución se apoya en que no consta exista pieza separada de suspensión, cuando de la documentación aportada se acredita que se solicitó la suspensión, que la Audiencia ordenó se formara la pieza separada y asimismo dictó diligencia de ordenación en el marco de la pieza separada de suspensión. Que la Inspección no puede ampararse en el artículo 74.11 del RPREA, y ello dado que no ha recaído resolución sobre la suspensión, por lo que no cabe ejecución alguna. Que la suspensión preventiva ha de mantenerse hasta que recaiga sentencia firme, de acuerdo con el artículo 132 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa (en adelante LJCA), lo cual no ha ocurrido. Que al haber recaído sentencia de la Audiencia Nacional y haber sido ésta recurrida en casación, en realidad la inspección no está instando la ejecución de la Resolución del Tribunal central sino que esta anticipando los efectos de la sentencia de la Audiencia Nacional sin seguir el cauce del art. 91.1 de la LJCA que lo permite, pero debiendo la inspección solicitar la ejecución provisional de la sentencia. 2) Ad cautelam, prescripción de la acción administrativa para recaudar: que de seguirse la tesis de la Administración, entonces debería declararse la prescripción de la acción administrativa para recaudar, ya que entonces la Resolución era ejecutiva desde que se dictó, habiendo transcurrido más de cuatro años desde la fecha en que se le notificó a la interesada la Resolución, 8 de mayo de 2001, y la fecha en que se le notificó el acto de ejecución, 1 de julio de 2005.
Puesto de manifiesto el expediente, la interesada en 8 de marzo de 2006 ha presentado escrito ratificándose en las anteriores alegaciones y acompañando fotocopia de certificado emitido por el Secretario de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional en el que certifica que no consta se resolviera la Pieza de Suspensión, que se ha dictado ya sentencia desestimatoria de recurso y que frente a la misma se ha planteado recurso de casación que se encuentra pendiente.
PRIMERO.-Concurren en la presente reclamación económico-administrativa los requisitos de legitimación, competencia y formulación en plazo presupuesto para su admisión.
SEGUNDO.-Las cuestiones planteadas se centran en determinar: 1) La procedencia de dictar acto de ejecución y 2) si ha prescrito el derecho de la administración a exigir la deuda.
TERCERO.-El artículo 74.11 del RD 391/1996, establecía que "La suspensión, se mantendrá durante la sustanciación del procedimiento económico-administrativo en todas sus instancias.
Cuando la ejecución del acto hubiese estado suspendida, una vez concluida la vía económico-administrativa los órganos de recaudación no iniciarán o, en su caso, reanudarán las actuaciones del procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, siempre que la vigencia y eficacia de la caución inicialmente aportada se mantenga hasta entonces. Si durante ese plazo el interesado comunicase a dicho órgano la interposición del recurso, con petición de suspensión y ofrecimiento de caución para garantizar el pago de la deuda, se mantendrá la paralización del procedimiento en tanto conserve su vigencia y eficacia la garantía aportada en vía administrativa. El procedimiento se reanudará o suspenderá a resultas de la decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de suspensión".
A su vez, la actual Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en su artículo 233 establece que "8. Se mantendrá la suspensión producida en vía administrativa cuando el interesado comunique a la Administración tributaria en el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto dicho recurso y ha solicitado la suspensión en el mismo. Dicha suspensión continuará, siempre que la garantía que se hubiese aportado en vía administrativa conserve su vigencia y eficacia, hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión solicitada.
Tratándose de sanciones, la suspensión se mantendrá, en los términos previstos en el párrafo anterior y sin necesidad de prestar garantía, hasta que se adopte la decisión judicial".
CUARTO.-En el presente expediente, si bien la Audiencia Nacional nunca llegó a pronunciarse sobre la suspensión solicitada, el hecho es que dicha suspensión se solicitó y se abrió pieza de suspensión. De forma que, de acuerdo con la normativa transcrita, la Administración no podía proceder a la ejecución hasta que la Audiencia Nacional no se pronunciara sobre dicha suspensión, pronunciamiento que no se produjo, sino que la Audiencia directamente resolvió el fondo del asunto dictando sentencia desestimatoria del recurso contencioso administrativo, confirmando la Resolución de este Tribunal Central.
En definitiva, la ejecución estuvo suspendida preventivamente durante la pendencia del recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional (art. 74.11 RD 391/1996 y 233.8 Ley 58/2003), finalizando dicha suspensión con la sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre el fondo, ya que la suspensión de la ejecución de los actos objeto de impugnación, al ser una medida precautoria o cautelar establecida para garantizar la efectividad de la resolución judicial que en su día pueda recaer en el proceso principal, carece de sentido cuando tal resolución ha recaído; por lo que desde que recayó la Sentencia cesó la suspensión y la Resolución de este Tribunal Central que aquella confirmaba podía ser ejecutada por la Administración, sin que sean atendibles las alegaciones relativas a la imposibilidad de dicha ejecución por estar pendiente un recurso de casación, ya que, en suma, el acuerdo de suspensión no llegó a dictarse y la situación de suspensión preventiva a que venía obligada la Administración cesó al dictarse sentencia sobre el fondo del asunto.
Por todo ello, deben desestimarse las pretensiones de la interesada en este punto.
QUINTO.-En lo que se refiere a la alegación relativa a la prescripción de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda, la misma debe desestimarse y ello dado que dicha acción no pudo ejercitarse por la Administración sino desde el momento en que, como se ha señalado anteriormente, cesó la suspensión preventiva por haber resuelto la Audiencia Nacional. Y no habiendo transcurrido el plazo de prescripción desde este último momento hasta que la Administración notificó a la interesada el acto de ejecución, debe desestimarse la alegación de la interesada.
ESTE TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en la presente reclamación económico-administrativa, ACUERDA: Desestimarla.
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