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Timestamp: 2018-09-21 21:11:36
Document Index: 315707403

Matched Legal Cases: ['artículo 62', 'artículo 25', 'artículo 63', 'artículo 25', 'artículo 14', 'artículo 43', 'artículo 25']

Medidas Provisionales respecto de Colombia
de 17 de diciembre de 2007
Asunto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
1. La Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “el Presidente de la Corte”) de 9 de octubre de 2000.
2. Las audiencias públicas celebradas en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) el 16 de noviembre de 2000, el 13 de junio de 2002 y el 14 de marzo de 2005.
3. Las Resoluciones de la Corte Interamericana de 24 de noviembre de 2000, 18 de junio de 2002, 17 de noviembre de 2004, 15 de marzo de 2005 y 2 de febrero de 2006.
4. Los informes del Estado de Colombia (en adelante “el Estado”) de 21 de marzo, 11 de abril, 27 de junio y 14 de septiembre de 2006, y de 14 de febrero, 13 de junio, 23 de agosto y 7 de noviembre de 2007, así como la comunicación de 26 de noviembre de 2007.
5. La nota de los beneficiarios de las presentes medidas provisionales, los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (en adelante “la Comunidad de Paz”), de 17 de abril de 2002, mediante la cual designaron nuevo representante. Las observaciones del representante de los beneficiarios de las medidas provisionales (en adelante “el representante”) de 4 de mayo, 7 de agosto y 31 de octubre de 2006, y de 7 de marzo, 3 de abril, 20 de mayo, 17 de julio, 27 de julio, 2 de octubre y 2 de diciembre de 2007.
6. Las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) de 11 de agosto de 2006, y de 7 de enero, 25 de marzo, 25 de abril, 28 de mayo y 5 de octubre de 2007.
1. Que Colombia ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia de la Corte Interamericana, conforme al artículo 62 de la Convención, el 21 de junio de 1985.
3. Que el artículo 25.1 del Reglamento de la Corte dispone que “[e]n cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes, en los términos del artículo 63.2 de la Convención.”
4. Que de conformidad con la Resolución del Presidente de la Corte de 9 de octubre de 2000, y las Resoluciones de la Corte Interamericana de 24 de noviembre de 2000, 18 de junio de 2002, 17 de noviembre de 2004, 15 de marzo de 2005, y de 2 de febrero de 2006 (supra Visto 3) el Estado debe, inter alia, a) adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz; b) mantener las medidas necesarias para asegurar que los beneficiarios pudieran seguir viviendo en su residencia habitual y asegurar las condiciones necesarias para que las personas de la Comunidad de Paz que se hayan visto forzadas a desplazarse a otras zonas del país, regresen a sus hogares; c) y establecer, de común acuerdo con los beneficiarios o sus representantes, un mecanismo de supervisión continua y de seguridad permanente en dicha Comunidad.
5. Que en asuntos como el presente,1 la Corte ha ordenado la protección de una pluralidad de personas que no han sido previamente nominadas, pero que son identificables y determinables y que se encuentran en una situación de grave peligro en razón de su pertenencia a un grupo o comunidad.
6. Que el Estado solicitó a la Corte que “precise cuáles asentamientos del corregimiento de San José de Apartadó están cobijados por la resolución de medidas provisionales, y si hubiera lugar cuántas personas o grupos de personas aproximadamente”. En su más reciente comunicación de 26 de noviembre de 2007 el Estado reiteró dicha solicitud y requirió al Tribunal “se sirva señalar los nombres de las personas beneficiarias [de las presentes medidas provisionales]”.
7. Que al momento de ordenar las presentes medidas provisionales, la Corte valoró que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó estaba integrada por aproximadamente 1.200 personas, constituyendo así “una comunidad organizada, ubicada en un lugar geográfico determinado, cuyos miembros pueden ser identificados e individualizados”2. Según información aportada por el representante, la Comunidad de Paz estaría arraigada mayoritariamente en el caserío central de San José de Apartadó, y las veredas La Unión, Arenas Altas y La Esperanza, así como en otras ocho veredas donde se han erigido “Zonas Humanitarias”.
8. Que dado que una de las obligaciones del Estado en el marco de estas medidas provisionales es asegurar las condiciones necesarias para que las personas de la Comunidad de Paz que se hayan visto forzadas a desplazarse a otras zonas del país regresen a sus hogares, el Estado informó que en el corregimiento de San José de Apartadó han regresado voluntariamente más de 1000 familias, a las cuales les habría brindado apoyo institucional. El representante, por su parte, negó lo informado por el Estado, afirmando que “han llegado familias desconocidas y algunas de ellas llegan a ocupar inmuebles ocupados antes por los desplazados”.
9. Que transcurridos más de siete años desde la adopción de las medidas provisionales, la Corte no cuenta con datos fehacientes y actualizados sobre el número de personas que integra en estos momentos la Comunidad de Paz y cuáles son sus principales asentamientos; información necesaria para la debida implementación de estas medidas. En vista de lo anterior, esta Presidencia estima necesario que el Tribunal reciba mayor información por parte del representante, la Comisión Interamericana y el Estado sobre este punto.
10. Que el representante informó sobre la muerte de los señores Francisco Puerta y Dairo Torres, ambos integrantes de la Comunidad de Paz, el 14 de mayo y 13 de julio de 2007, respectivamente. Según lo señalado por el representante, los asesinatos de los señores Francisco Puerta y Dairo Torres habrían sido presuntamente cometidos por fuerzas paramilitares, en lugares donde la Policía Nacional “ordinariamente tiene un fuerte control”. Asimismo, el representante denunció que el 13 de noviembre de 2006 el señor Elidio (Nubar) Tuberquia recibió “golpes contundentes en su cabeza” que le habrían producido la “muerte cerebral” y “cuyas circunstancias […] apuntan a la responsabilidad de la Policía”. En su último escrito de observaciones el representante informó sobre la muerte de dos jóvenes que habitaban en la cercanías de la Comunidad de Paz, a saber: Alfonso de Jesús Bedoya Florez, campesino de 19 años de edad, y de Héctor Jaime Orozco Grisales, de 26 años. El representante no indicó si éstos jóvenes eran miembros de la Comunidad de Paz.
Por otro lado, en sus observaciones a los informes del Estado, el representante ha denunciado presuntos actos de amenaza y hostigamiento contra miembros de la Comunidad de Paz (supra Visto 5). Entre los hechos denunciados destacan las amenazas contra la vida supuestamente recibidas por el señor Rodrigo Rodríguez, coordinador de la Zona Humanitaria de Arenas Altos; las supuestas acusaciones y amenazas contra la vida del señor Eduar Lanchero, miembro y acompañante de la Comunidad de Paz; las supuestas lesiones causadas presuntamente por parte de miembros del Ejército en la vereda Arenas Altas, contra Efrén Espinoza Goéz, un niño de 10 años integrante de la Comunidad de Paz; así como las supuestas amenazas proferidas el 24 de noviembre de 2007 por presuntos paramilitares a personas que habitan en la Esperanza y Playa Larga (supra Visto 5).
Debido a lo anterior, el representante instó al Tribunal a solicitar al Estado que “en ninguna circunstancia se le encomiende la protección de l[o]s [beneficiarios] a la fuerza pública, ya que cada vez es más evidente que actúan de común acuerdo con paramilitares”. Asimismo, reiteró que “la presencia de la estación de la policía dentro del territorio de vivienda y trabajo de la Comunidad de Paz pisotea uno de los principios esenciales de toda Comunidad de Paz: el de no estar comprometida ni convivir con ningún actor armado sea del signo que sea”.
11. Que en sus informes (supra Visto 4) el Estado se refirió, inter alia, a la muerte de los señores Puerta y Torres. Respecto del señor Francisco Puerta, el Estado informó que una vez conocidos “los desafortunados hechos [la Procuraduría General] requirió a las autoridades competentes para que desplegaran todos los mecanismos necesarios para evitar una nueva tragedia en la región”. Asimismo, señaló que la Fiscalía General de la Nación reasignó al Fiscal Delegado ante los jueces del Circuito Especializado adscrito a la Unidad Nacional de Derechos Humanos con sede en Medellín que por reparto corresponda, para que adelante hasta su culminación la investigación por el homicidio del señor Francisco Puerta. Sobre las circunstancias de su muerte, el Estado informó que dicho suceso “ocurrió en un barrio periférico del municipio de Apartadó, muy distante de la Terminal de Transporte, además fue el día 13 de mayo, en horas de la noche, en un establecimiento llamado el Punto Cervecero, […] y se descarta que haya sido en presencia de miembros de la Policía Nacional”. Respecto de la muerte del señor Dairo Torres, el Estado informó que “se adelanta investigación en la Fiscalía Noventa y Siete Seccional de Apartadó”. En relación con las afirmaciones del representante sobre las amenazas sufridas por el señor Rodrigo Rodríguez, el Estado indicó que a pesar de que se solicitaron medidas de protección para dicha persona, no ha podido ser ubicada hasta la fecha. Según el Estado, el beneficiario habría concluido que “no era prudente recibir protección de la Policía Nacional, ya que uno de los principios de la mencionada Comunidad era la no participación de ningún actor armado […] pues ponía en riesgo […] a los pobladores”. En relación con las denuncias sobre presuntos vínculos de grupos armados ilegales con miembros de la Fuerza Pública, el Estado reiteró que “los policías acantonados en San José de Apartadó y en el casco urbano del municipio de Apartadó, no tienen vínculos con ningún grupo emergente del paramilitarismo u otro semejante”. Al respecto señaló que “no existe acusación directa y concreta sino sólo acusaciones generales que no se concretan en personas o hechos puntuales”.
Por otro lado, el Estado ha informado sobre la realización de reuniones y visitas a la Comunidad de Paz con el objeto de “revisar las medidas de seguridad” implementadas, a las cuales los beneficiarios o su representantes supuestamente no habrían asistido. En este sentido, el Estado señaló que “la Policía ha tratado de llegar a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, con el acompañamiento de instituciones como la Procuraduría, la Defensoría, Acción Social, la Alcaldía Municipal y hasta la fecha no ha sido posible acceder a una comunicación que permita conocer la situación en que viven dentro del asentamiento La Holandita, toda vez que no aceptan ninguna ayuda procedente de las instituciones estatales. Por el contrario, cualquier tipo de acercamiento es considerado por ellos como acciones que atentan contra la seguridad de la Comunidad de Paz […].”
12. Que la Comisión Interamericana manifestó (supra Visto 6), inter alia, en vista de la información provista por el representante, su preocupación en relación con los hechos recientes que han afectado a los beneficiarios y por la “situación en la zona donde habitan […] y su impacto en la población civil en general, dada la presencia de actores armados pertenecientes a la guerrilla y el paramilitarismo, así como de las frecuentes denuncias sobre actos de colaboración y aquiescencia de miembros de la Fuerza Pública con grupos armados al margen de la Ley”.
13. Que dada la gravedad de las denuncias realizadas por el representante y de las dificultades en la implementación de las medidas de protección planteadas por el Estado, esta Presidencia estima necesario que el Tribunal reciba mayor información al respecto, en aras a garantizar la efectiva protección de los civiles beneficiarios de las presentes medidas provisionales.
14. Que el Estado reconoció que no se han adelantado reuniones de concertación para la implementación de las medidas provisionales y señaló que esto se debe “a la negativa de los peticionarios para asistir a las mismas”, por lo que reiteró su disposición de concertar con los beneficiarios de las presentes medidas. Al respecto, manifestó coincidir con la Comisión Interamericana en que “las medidas de seguridad y protección efectiva para los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se deben concertar con los beneficiarios y sus representantes. No obstante, [señaló que] las medidas de protección que se han venido adoptando […] se han hecho en el marco general de las obligaciones constitucionales y legales que tiene la institución del ejército, habida cuenta que los beneficiarios y peticionarios de las presentes medidas no han querido tener una interlocución con el Estado”.
15. Que el representante señaló que los miembros de la Comunidad de Paz no aceptan volver a mesas de concertación con el Estado “con presupuestos de mala fe”. Al respecto, indicó que la Comunidad de Paz “no se ha cerrado a la concertación, pero exige como condiciones mínimas”, entre otras, el respeto de las Zonas Humanitarias y el retiro del puesto de policía del casco de San José de Apartadó, para así regresar a la mesa de concertación a discutir “unas condiciones más justas para instalar un puesto de policía”.
16. Que la Comisión recordó que “los beneficiarios y sus representantes han expresado preocupación por el rol de miembros de la Fuerza Pública en la zona, vis a vis los grupos armados al margen de la ley que allí operan, y han formulado una serie de denuncias sobre la responsabilidad por acción, omisión u actos de hostigamiento. Mientras la labor de personas vinculadas a la Fuerza Pública continúe siendo identificada con los actos de amenaza y violencia que justificaron el dictado de las medidas provisionales y su continua vigencia, persistirán los obstáculos que impiden materializar mecanismos de supervisión continua con los beneficiarios, más allá de las acciones desplegadas por la Fuerza Pública de la zona”.
17. Que en vista de lo anterior, esta Presidencia considera oportuno que el Tribunal escuche los puntos de vista de la Comisión Interamericana, del representante y del Estado sobre las medidas a adoptar por las partes para la superación de los obstáculos en la concertación, presentados a lo largo del trámite de estas medidas provisionales.
18. Que el artículo 25.7 del Reglamento de la Corte dispone que
[…][l]a Corte, o su Presidente si ésta no estuviere reunida, podrá convocar a las partes a una audiencia pública sobre las medidas provisionales.
19. Que en cuanto a las audiencias el artículo 14.1 del Reglamento dispone que
[l]as audiencias serán públicas y tendrán lugar en la sede de la Corte. Cuando circunstancias excepcionales así lo justifiquen, la Corte podrá celebrar audiencias privadas o fuera de su sede y decidirá quiénes podrán asistir a ellas. Aun en estos casos, se levantarán actas en los términos previstos por el artículo 43 de este Reglamento.
20. Que en vista de todo lo anterior, esta Presidencia, en consulta con los señores Jueces, considera necesario y oportuno convocar a una audiencia pública para escuchar los alegatos de la Comisión, del representante y del Estado sobre, inter alia: a) la determinación de datos actualizados sobre el número de personas que integran la Comunidad de Paz y sus respectivos asentamientos, b) los graves hechos denunciados por el representante (supra Considerando 10), c) las dificultades planteadas en la implementación de las medidas ordenadas en el presente caso, así como d) la superación de los obstáculos en la concertación, de conformidad con los Considerandos 9, 13 y 17 de esta Resolución.
en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 25.2 del Estatuto de la Corte, y los artículos 4, 25.7 y 29.2 del Reglamento de la Corte, en consulta con los señores Jueces del Tribunal,
1. Convocar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al representante de los beneficiarios de las medidas provisionales y al Estado de Colombia, a una audiencia pública que se celebrará en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el día 4 de febrero de 2008, a partir de las 17:00 horas y hasta las 18:30 horas, con el propósito de que el Tribunal escuche sus alegatos sobre la implementación de las medidas provisionales adoptadas por ésta a favor de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de conformidad con el Considerando 20 de la presente Resolución.
2. Notificar esta Resolución a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al representante de los beneficiarios de las medidas provisionales y al Estado de Colombia.
1Cfr., inter alia, Asunto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó . Medidas Provisionales Respecto a Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2000, Considerando séptimo; Caso de los niños y adolescentes privados de libertad en el “Complexo do Tatuapé” de FEBEM. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de noviembre de 2005, Considerando sexto; Asunto Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. Medidas Provisionales Respecto a Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de febrero de 2006, Considerando octavo.
2 Asunto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó . Medidas Provisionales Respecto a Colombia. supra nota 1, Considerando séptimo.