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Timestamp: 2019-12-13 00:57:55
Document Index: 347850669

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 94', 'artículo 96']

DS. Senado, Comisiones, núm. 505, de 21/07/2015
Sesión extraordinaria celebrada el martes, 21 de julio de 2015
Elección para cubrir la vacante existente en la Vicepresidencia Segunda de la Comisión 541/000009
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar. 621/000134 arma antipersonas; control de armamentos GOBIERNO
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Señorías, buenos días.
En primer lugar, supongo que todos ustedes conocen el acta de la sesión anterior.
Si no hay ninguna objeción, ¿se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).
El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, quiero proponer a la comisión una modificación del orden del día para incluir la elección de la Vicepresidencia Segunda de la comisión por vacante, ya que el senador Camacho ha presentado su renuncia.
¿Se aprueba la modificación? (Asentimiento).
Por tanto, vamos a proceder a cubrir la vacante de vicepresidente segundo.
¿Hay alguna propuesta?
El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Señor presidente, el Grupo Socialista propone para ocupar la Vicepresidencia Segunda de la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores al senador por Madrid don José Cepeda.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. No hay ninguna objeción al respecto.
De acuerdo con la práctica habitual, queda proclamado vicepresidente segundo el senador José Cepeda, a quien le ruego ocupe el lugar que le corresponde en la Mesa de la comisión. Quiero aprovechar para agradecer al senador Camacho su etapa de vicepresidente, que ha sido muy fructífera. Muchas gracias.
Enhorabuena, senador Cepeda, bienvenido.
PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 33/1998, DE 5 DE OCTUBRE, DE PROHIBICIÓN TOTAL DE MINAS ANTIPERSONAL Y ARMAS DE EFECTO SIMILAR. 621/000134 GOBIERNO
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, que, como saben, es lo que ha motivado fundamentalmente la convocatoria de esta sesión extraordinaria de la comisión, que es el debate y aprobación, en su caso, con competencia legislativa delegada, del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar.
A este proyecto de ley se han presentado un total de dieciocho enmiendas, de las cuales han sido inadmitidas las números 8 y 11, de la senadora Ester Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto. El resto de las enmiendas presentadas por orden de menor a mayor son las siguientes: enmiendas 1 a 3, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto. Enmiendas 4 a 11, de la senadora Capella i Farré, del Grupo Mixto. Enmiendas 12 y 13, del Grupo Parlamentario Socialista. Y enmiendas 14 a 18, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Pasamos, por tanto, al debate de las enmiendas.
Tiene la palabra la senadora Capella para defender las enmiendas 1 a 3, del senador Iglesias, y si lo desea puede defender también las suyas, las números 4 a 7 y 9 y 10.
Si alguno de los portavoces tiene que hacer alguna sustitución, que lo haga llegar a la Mesa.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente, y gracias también por darme la posibilidad de defender conjuntamente los dos bloques de enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
Voy a dar por defendidas las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal y también las mías. Pero no quiero dejar de defender en este turno la posición que Esquerra Republicana mantiene a lo largo de las modificaciones legislativas que se están operando en esta habilitación de julio y agosto para aprobar leyes.
Quiero mostrar la disconformidad de Esquerra Republicana, y la mía como portavoz del Grupo Mixto, con la forma en que el Gobierno del Partido Popular y del grupo que le da apoyo en esta Cámara está actuando en este tramo final de la legislatura, en el sentido de intentar aprobar —que lo va a hacer— cuarenta y tres leyes, algunas de mucha importancia, a través de comisiones con competencia legislativa delegada. Si bien es cierto que el Reglamento lo permite, que sea legal no quiere decir que sea normal la forma en que está procediendo esta casa, el Senado, porque consideramos que lo que se está haciendo es sustraer del debate público gran parte de las modificaciones legislativas que se están llevando a cabo.
Entendemos que no tiene nada que ver con trabajar mucho o poco, sino con la transparencia, con la voluntad de debatir, de confrontar ideas y de que la ciudadanía se haga partícipe de los debates. Ustedes podrán decirme que es lo mismo una comisión con competencia legislativa que el Pleno del Senado, pero yo lo sigo discutiendo.
Entendemos también que con este proceder se está materializando de nuevo la actitud del grupo mayoritario de la Cámara al aplicar su mayoría absoluta en el sentido de menospreciar a la oposición hasta el punto de no aceptar ni una sola de las enmiendas que se presentan; a esta senadora no se le han admitido a trámite algunas de las enmiendas con el pretexto de que nada tienen que ver con el proyecto legislativo, y, si quieren, les puedo recordar cuántas enmiendas se han introducido en proyectos legislativos presentados por el Partido Popular que poco tienen que ver con el proyecto que se debate. En todo caso, quería que constante en esta comisión con competencia legislativa mi protesta por la inadmisión de dos enmiendas que sí tienen que ver con el proyecto que vamos a debatir en esta sesión.
Esquerra Republicana de Cataluña es muy crítica con este proyecto de ley. No se puede llevar a cabo una iniciativa de este calado mientras se destinan tantos y tantos recursos a grandes proyectos armamentísticos que hipotecan recursos sociales y científicos —en este sentido iban las enmiendas que ustedes nos han inadmitido—, a la vez que suponen costes elevadísimos y producen un gran endeudamiento al Estado, a costa, como decía, de atender las necesidades básicas de la ciudadanía. Consideramos hipócrita que mientras se venden armas con las que se vulneran y violan los derechos humanos, se torture y mate a civiles tan inocentes como los que pisan una mina. Cada vez son más los tratados respecto a la limitación del armamento, pero curiosamente en España el gasto militar crece cada año que pasa. Están ante una espiral de perversión de la que tenemos que salir lo antes posible, y en este sentido van nuestras enmiendas, también las no admitidas.
El problema no radica única y exclusivamente en las bombas y en las minas antipersonal, sino en la capacidad armamentística y destructiva global. Esquerra Republicana ha abogado siempre por la cultura de la paz; por eso hemos presentado estas enmiendas y por eso en el Congreso de los Diputados planteamos una enmienda a la totalidad con texto alternativo. En el contexto de crisis en el que estamos sumidos nos parece inmoral que se recorte en sanidad o en educación mientras se mantiene el gasto militar o se conceden créditos por valor de 856 millones de euros destinados a fines militares.
Básicamente, las enmiendas que hemos planteado —incluidas las inadmitidas, que pese a ello he justificado debidamente— pretenden limitar la exportación de armas y que no se siga vendiendo a países que incumplen o violen derechos humanos. También evitar la subvención pública para la construcción de armas. Proveer nuevas normas financieras para evitar el fraude de ley. Prohibir que el Estado sea cómplice de actividades prohibidas por la legislación estatal. Proponemos la modificación de la Ley de exportación de armas para que exista un control real y evitar vender armas a países que cometen crímenes contra la humanidad u otras violaciones de derechos humanos. Proponemos —y esta es la justificación de todas las enmiendas— que no se pueda usar el Fondo de contingencia para enmascarar un incremento de gasto militar —esta es una de las enmiendas no aceptada—. Y proponemos una reflexión y una redimensión de los efectivos militares.
Por todo ello, pedimos el apoyo de la Cámara, de los senadores de los grupos parlamentarios, a las enmiendas presentadas, que han sido debidamente justificadas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Capella.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.
En el turno de portavoces me posicionaré sobre el conjunto del proyecto de ley. Mi grupo ha presentado cinco enmiendas. Doy por defendidas las números 16, 17 y 18, que corresponden a los senadores Guillot y Saura. Me voy a referir a las que presentamos los senadores socialistas de Entesa, las enmiendas 14 y 15, cuya voluntad es ir un poco más allá de lo que va el proyecto de ley en cuanto a la limitación tanto de financiación como de actuación en conflictos exteriores donde se usen o se puedan utilizar tanto minas antipersonal como munición de racimo. En concreto, en la enmienda 14 pedimos que se extienda la prohibición de financiación directa o indirecta aun cuando las empresas o actividades estén radicadas en terceros países que no hayan firmado la convención.
Con la enmienda número 15 lo que pretendemos es que no solo se prohiba el desarrollo, almacenamiento, utilización de minas antipersonal o municiones de racimo en operaciones militares en colaboración con países no firmantes de la convención, sino que además se excluya la participación de nuestras Fuerzas Armadas en operaciones militares donde se use este tipo de armamento, en el caso de las minas antipersonal, o este tipo de munición, en el caso de la munición de racimo. Entendemos que hay que asumir plenamente el espíritu del acuerdo de Oslo y, por tanto, habría que ir más allá en ese compromiso internacional de erradicar completamente este tipo de armamento y este tipo de munición.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Losada.
En este turno defenderé las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, dejando para el turno de portavoces nuestra posición global sobre las enmiendas del resto de los grupos y la posición que sobre esta ley tiene el Grupo Socialista.
Como saben, estamos en la fase final de una ley que viene, a nuestro entender, con retraso y ahora con prisas, una ley que permite unificar el tratamiento que reciben las minas antipersonal y las que se denominan bombas racimo. Era un objetivo que los socialistas nos pusimos y cumplimos ya en el 2008, por lo que, en general, nos parece correcto que esta ley atienda a esas cuestiones fundamentales. Pero nuestro afán es conseguir cerrar todos los resquicios por los que se pueda, si me permite la expresión, colar alguna artimaña jurídico-técnica o empresarial que evite las prohibiciones que esta ley marca. Por eso, nuestras enmiendas intentan mejorar el texto. Lo hicimos en el Congreso y lo volvemos a hacer en el Senado porque estamos totalmente convencidos de que mejorarían este proyecto y sobre todo conseguirían lo que se propone la Convención de Oslo, que es evitar y prohibir cualquier tipo de armas de esta clase. La primera enmienda se dedica a la prohibición de esta financiación, incluso cuando las actividades se realizan y se llevan a cabo en un país que no hubiera suscrito la Convención de Oslo. Y la siguiente enmienda es no autorizar a participar en operaciones militares que incluyan, en cualquiera de las fases, la utilización de municiones de racimo.
Con estas dos enmiendas cerramos toda posibilidad e incentivamos a que los países que aún no han firmado la convención se animen a hacerlo. Creemos que nuestras enmiendas tienen una cuestión de fondo, porque si bien la convención permite la colaboración militar y la participación conjunta de nuestro país en operaciones donde haya Estados que no hayan suscrito la Convención de Oslo, nos parece que esta colaboración no se debiera dar en las operaciones en las cuales se vaya a usar ese tipo de munición. Además, esto es una forma no solo de evitar cualquier uso tangencial de las prohibiciones que esta ley establece para España y para los países que la han firmado, sino también porque nos lleva a seguir lo que España pretende, por lo menos el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno socialista cuando aplicó esta moratoria, y es que queden cada vez menos países que puedan utilizarlas.
Por eso, mantenemos estas dos enmiendas y esperamos que los grupos tengan a bien apoyarlas, porque mejoraremos y dejaremos cerrado de forma completa la base, el espíritu y los deseos de la Convención de Oslo.
Tiene la palabra el senador Sala Torres.
Señorías, quiero destacar, en primer lugar, que en el Congreso de los Diputados se aceptaron diversas enmiendas, en concreto una del Grupo Parlamentario Vasco, en virtud de la que se suprimió la expresión «si procede» del artículo 3.2, relativo a la obligación de las empresas armamentísticas de comunicar al Ministerio de Defensa los programas de reconversión o cierre de las instalaciones de producción de las armas prohibidas por la ley, de modo que tal comunicación ha de producirse en todo caso. Otra, del diputado Joan Tardà, del Grupo Mixto, que permitió incluir en el artículo 2.1, entre las prohibiciones que allí se contemplan, la financiación de este tipo de armamento. Y otra del Grupo Parlamentario Socialista, en virtud de la que mediante un texto transaccional se añadió una disposición final primera, por la que el Gobierno se compromete a impulsar la adhesión al Tratado de Ottawa y a la Convención de Oslo de los países que aún no lo han hecho, así como a poner en marcha mecanismos para promover las normas establecidas y desalentar del uso de este tipo de municiones a países que no forman parte de dichos acuerdos.
Las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios en esta Cámara en su conjunto reiteran las que ya fueron rechazadas en el Congreso de forma absolutamente justificada, a nuestro entender. El número de enmiendas presentadas en el Senado es de 18, si bien dos de ellas han sido inadmitidas, la 8 y la 11, de forma bien fundada, por cierto, ya que una de ellas pretende la modificación de una ley orgánica, para lo que carece de rango normativo. Por otra parte, las números 14 y 15, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, son idénticas a las 12 y 13 del Grupo Parlamentario Socialista, y las números 16, 17 y 18, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, también son idénticas a las números 1, 2 y 3, de los senadores de Izquierda Unida, por lo que en realidad son once las enmiendas a valorar.
Algunas de ellas pretenden extender la prohibición de financiación incorporada en el Congreso a entidades domiciliadas en cualquier otro lugar del mundo, criterio que tendría un alcance extraterritorial que excedería las competencias de nuestro propio ordenamiento jurídico, lo que no parece oportuno, cuando de lo que se trata es de ajustarlo a las obligaciones derivadas de un tratado internacional. Llama la atención, por cierto, que una de las enmiendas en este sentido sea del Grupo Parlamentario Socialista, sin tener en cuenta que el propio PSOE cuando gobernó no lo incluyó en este mismo proyecto de ley, cuya tramitación inició en el 2011 y decayó por la finalización de la legislatura.
Otras enmiendas proponen incrementar la cuantía de la multa por realizar una actividad prohibida hasta alcanzar el importe del beneficio obtenido por la misma. Entendemos que no existe concreción en la base legal de dicha multa y que es completamente inadecuada su introducción en el proyecto legal que se debate, puesto que es en el Código Penal donde deben recogerse las sanciones a las conductas que se prohíben, como así ocurre en los artículos 563 a 570, del código punitivo, bajo la rúbrica de la tenencia, tráfico y depósito de armas y municiones, especialmente después de su modificación por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
Otro grupo de enmiendas persigue prohibir la participación en operaciones militares con otros Estados que no sean parte de la convención de municiones de racimo y utilicen este tipo de armas, lo que no es admisible porque limitaría o impediría la posibilidad de cooperación con ciertos Estados aliados por parte de nuestras Fuerzas Armadas, afectando incluso a compromisos ya adquiridos, tantos bilaterales como a través de organizaciones internacionales.
Por último, hay tres enmiendas, todas ellas de Esquerra Republicana de Cataluña, las números 7, 9 y 10, que proponen la adición de sendas disposiciones adicionales: una para modificar la Ley 53/2007, sobre control del comercio exterior de material de defensa y doble uso; otra para racionalizar la política europea de defensa y seguridad; y una tercera para negociar el retorno de los créditos recibidos por la industria armamentística. Resulta de todo punto improcedente incorporar tales enmiendas al proyecto de ley que debatimos, cuya finalidad está perfectamente definida y consiste tan solo, como ya se ha dicho, en ajustar nuestro ordenamiento interno a las obligaciones derivadas de un tratado internacional.
No podremos —y así concluyo— aceptar ninguna de las enmiendas presentadas en esta Cámara tras las que ya se aceptaron en el Congreso y que contribuyeron, sin duda, a la mejora del proyecto de ley, y espero que ello no sea obstáculo para que este obtenga el respaldo unánime o de la amplia mayoría de la Cámara, en este caso de la comisión, como ya ocurrió en el Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sala Torre.
Pasamos al turno de portavoces. Como es habitual, intervendrán los grupos de menor a mayor, por un tiempo de cinco minutos para cada portavoz.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente. Intervengo muy brevemente.
Una flor no fa estiu; es decir, que se haya admitido una enmienda en el Congreso de los Diputados, en este caso de Esquerra Republicana y de otros grupos, que mejora sustancialmente la ley, no debería impedir que en este trámite parlamentario en el Senado se intentase incorporar otras enmiendas, porque en algunas de ellas coincidimos en lo básico prácticamente todos los grupos de la oposición; no debería ser obstáculo para hacerlo.
Me habría gustado que el portavoz del Grupo Popular nos hubiese dado contenidos o fundamentos que fuesen más allá de la improcedencia de alguna de las enmiendas. Por ejemplo, en la que se decía que tendrían cabida en el Código Penal determinadas conductas, entendemos que el Estado no es susceptible de ser imputado o sujeto activo de un delito del Código Penal. En todo caso, la legislación tiene que prever aquellas actividades que puedan ser justificación de la comisión de un delito o bien la comisión de una conducta que un Estado no puede defender.
Una de las enmiendas que nosotros planteábamos proponía nuevas normas financieras para evitar el fraude de ley; es decir, que estemos legislando aquí que no se pueden llevar a cabo determinadas conductas, que el Estado no favorecerá determinadas conductas, que no colaborará con otros Estados que incumplen convenios internacionales y, sin embargo, por la vía de no poder hacer extensiva la no aplicación del convenio a otra soberanía, el Estado español acabe participando de un hecho que en estos momentos estamos legislando en contra. Por tanto, no creo que las enmiendas sean improcedentes, que no haya capacidad y competencia por parte del Estado español para establecer que determinadas conductas atentan a los derechos humanos, atentan al derecho internacional, atentan al derecho de paz.
Nosotros consideramos que estos son los motivos que nos han llevado a presentar estas enmiendas y entendíamos que eran perfectamente admisibles y mejoraban el texto. En definitiva, creemos que esto nos libera de poder votar aquello que nosotros creamos procedente en atención a que la voluntad que se manifiesta a través de esta ley es una voluntad única y exclusivamente de pasar el trapo del polvo por encima pero sin profundizar en lo que realmente se quería plantear con lo que inicialmente debía ser este proyecto de ley.
Como decía, una flor no fa estiu y la admisión de alguna enmienda no da carta de naturaleza de bondad y de legislación plena de lo que se pretende hacer con este proyecto de ley. Por tanto, nosotros votaremos en contra.
Por el Grupo Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Anasagasti.
A la señora Capella se le ha olvidado mencionar una cuestión que es muy importante: que estamos en el mes de julio, que estamos finalizando una legislatura y que no se admiten enmiendas para que no se abra ahora el debate en el Congreso porque muchas de esas enmiendas son favorables y se podrían haber asumido sin ningún problema. Pero, bueno, las cosas son así y están funcionando de esta manera.
Mi grupo parlamentario va a votar a favor por la argumentación que ha utilizado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, porque se ha admitido en el trámite del Congreso algo que para nosotros es fundamental, que es la eliminación de la expresión de dos palabras que son casi una mina antipersonal: si procede. Generalmente, cuando se dice si procede significa que no se va a hacer. Una vez eliminadas esas dos palabras consideramos que ha mejorado sustancialmente la ley y, por tanto, votaremos favorablemente.
Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.
El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente, por darme la palabra.
De entrada agradezco el tono del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el senador Sala Torres, pero lamento que tanto el Gobierno como el grupo mayoritario que le apoya no acepten las enmiendas. El senador Sala hacía referencia al hecho de que algunas enmiendas, entre otras, nuestras enmiendas 14 y 15, pretenden extender la prohibición a países no firmantes de la Convención de Oslo y, por tanto, esto es inaceptable. Pero, en realidad, vamos más allá. Lo que pretendemos es que España no participe en operaciones militares o no las financie cuando incluyan el empleo de este tipo de armamento y de munición. No se trata tanto de imponer a terceros países no firmantes de la convención una normativa o una legislación que ellos no comparten, sino de predicar con el ejemplo y de no participar en operaciones que incluyan este tipo de armamento. Estamos ante una cuestión fundamental de sensibilidad humana, humanística diría yo, de respeto a las personas, y hablando de temas militares esto iría mucho más allá. En cualquier caso, por algo se empieza y estamos intentando eliminar, erradicar un tipo de armamento y de munición que tiene sobre la población civil un impacto especial y, como se ha dicho muchas veces, en particular sobre la población infantil, sobre los niños, por ser un tipo de munición, tanto las minas antipersonal como los proyectiles de racimo que quedan esparcidos, que muchas veces llama la atención de los niños y acaba siendo letal para ellos. Por tanto, hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que nuestras Fuerzas Armadas en ningún caso participen en operaciones militares que incluyan este tipo de armamento. Hay muchas otras alternativas que se pueden utilizar, tanto en operaciones defensivas como ofensivas, que permiten cumplir no solo la letra sino el espíritu de la Convención de Oslo y, por tanto, eliminar este tipo de armamento y de munición.
En cualquier caso, la voluntad de eliminar las minas antipersonal que está recogida en nuestra legislación arranca, entre otros precedentes, de la Convención de 1980 de Naciones Unidas, sobre prohibiciones o restricciones de empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Precisamente, el Protocolo II de esta Convención de Naciones Unidas trata de las minas antipersonal. En 1993 hay una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre suspensión de la exportación de minas antipersonal. Y, finalmente, la Conferencia de Oslo, de 18 de septiembre de 1997, preparó el texto firmado el mismo año 1997 por el que se acordó la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y la destrucción de todas las existencias que cada país parte de la convención posea, ya sea en almacén o en zonas minadas, bajo su jurisdicción o control.
A todo esto hay que añadir, precisamente, la Convención de Oslo de 2008, que se deriva de la Conferencia de Dublín del mismo año, que entró en vigor en 2010, sobre las municiones en racimo. En su artículo 1 dice que cada Estado parte de la convención se compromete a nunca y bajo ninguna circunstancia: a) emplear municiones en racimo; b) desarrollar, producir o adquirir, de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a nadie directa o indirectamente municiones en racimo; y c) ayudar, alentar o inducir a nadie a participar en una actividad prohibida a un Estado parte, según lo establecido en la presente convención. Entiendo que precisamente esto último que he leído es lo que obligaría a que España, en ningún caso, ni aliente ni ayude ni induzca a nadie a participar en un conflicto u operación militar donde se emplee este tipo de actividades prohibidas en la convención.
Quería destacar también que es importante que tratemos esta cuestión en el ámbito parlamentario y quería poner en valor que la Ley Orgánica de la defensa nacional de 2005, aprobada e impulsada bajo Gobierno socialista, implicó una mayor participación y protagonismo de las Cortes Generales en cuanto a las misiones en el exterior como representantes de la soberanía nacional. Por tanto, da un papel mucho mayor al Parlamento para pronunciarnos y controlar nuestra participación en operaciones militares en el ámbito internacional y también, evidentemente, sobre el tipo de armamento a utilizar. El artículo 4.a) de esta ley dice: «Otorgar —como competencia de las Cortes— las autorizaciones previas para prestar el consentimiento del Estado a obligarse por medio de los tratados y convenios internacionales, así como las restantes autorizaciones previstas en el artículo 94.1.b) de la Constitución», que hace referencia precisamente a los tratados o convenios de carácter militar como el que nos ocupa.
Este proyecto de ley, señorías, modifica y adecúa la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar, y añade lo acordado en la Convención de Oslo, a la que hacía referencia, sobre prohibición de munición de racimo.
Compartimos la voluntad del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular, y por eso vamos a votar favorablemente este proyecto de ley. El anterior Gobierno, presidido por el señor Rodríguez Zapatero y siendo ministra de Defensa la señora Carmen Chacón, aprobó una moratoria unilateral para prohibir el empleo, desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, conservación y transferencia de cualquier tipo de proyectiles de racimo, adelantándose precisamente a lo que preveía la propia Convención de Oslo y al calendario previsto. España está haciendo una buena labor también en el ámbito internacional en tareas de desminado y formación de otros ejércitos en estas labores. Y desde antes de la Convención de Oslo, como he dicho, lleva actuando en Bosnia, Kosovo, Líbano o Afganistán.
Lo que se le puede reprochar principalmente a esta iniciativa, en este caso del Gobierno, es que este proyecto de ley debería haberse traído para su aprobación antes, pero, como dice el dicho castellano: nunca es tarde si la dicha es buena.
Por tanto, como ya he anunciado, votaremos a favor de este proyecto de ley, pese a que no se hayan aceptado nuestras enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Sedó.
El señor SEDÓ ALABART: Gracias, presidente.
Nuestro grupo va a votar a favor de este proyecto de ley. En cierta medida es un proyecto bastante técnico, de adecuación de la norma española a la Convención sobre Municiones de Racimo, ratificada por España en 2009. Consideramos que es una adecuación necesaria y por ello no hemos presentado enmiendas y votaremos a favor.
Celebramos esta adecuación del ordenamiento jurídico español, como marca el artículo 96 de la Constitución, sobre los acuerdos que ha adoptado el Estado español en esta convención. Quiero hacer referencia a cierta vocación expansiva de esta norma en el sentido no solo de pensar en la aplicación internamente, sino también de intentar influir en terceros Estados e internacionalmente, y por ello creo que podrían haber aceptado algunas enmiendas sobre las operaciones militares con los Estados que las suscriben; es decir, no se trata solo de que España pueda tomar la iniciativa interiormente, sino de intentar promover que más Estados se sumen a esta causa.
Si me permite el presidente, tras manifestar nuestro voto a favor del proyecto, quiero hacer una breve referencia a la importancia de sumar y apoyar estas convenciones que son fruto del diálogo. Esta semana hemos visto dos noticias importantes a nivel internacional relacionadas con el diálogo: una es la relativa al tratado nuclear con Irán, y la otra, precisamente de ayer, 20 de julio, es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Creo que la Comisión de Asuntos Exteriores tiene que felicitarse por estas dos noticias positivas relacionadas con el diálogo y con solucionar conflictos internacionales que existen.
Aprovecho diez segundos de mi tiempo porque, si bien valoro positivamente el diálogo entre Estados Unidos y Cuba —algunos hablan de apertura—, quiero recordar que mañana hará tres años que murió —a mi entender, asesinado— el líder opositor cubano Oswaldo Payá, amigo personal, un gran amigo. Para mí la apertura de Cuba no será efectiva hasta que se esclarezcan los hechos de la muerte de Oswaldo Payá. Mañana, repito, hará tres años de su muerte y quiero dejar constancia de ello. Valorando positivamente lo que ayer pasó en cuanto al restablecimiento de relaciones diplomáticas, creo necesario que el Estado cubano dé respuesta a las demandas de la familia, a las demandas de muchos parlamentos, entre ellos el Parlamento Europeo y muchos estatales, para esclarecer los hechos que ocasionaron la muerte de Oswaldo Payá, una gran persona, un gran líder cubano y un gran humanista. Por tanto, repito, quiero dejar constancia en esta Cámara de que mañana se conmemora el tercer aniversario de su muerte.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sedó.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Losada.
El señor LOSADA DE AZPIAZU: Gracias, señor presidente.
Esta es una ley importante. No es una ley técnica, es una ley importante que marca y define claramente cuál es la posición de España en el contexto internacional y de los conflictos bélicos, y su posición en lo que se refiere al respeto de los derechos civiles y la seguridad es un ejemplo.
Quiero mostrar nuestra insatisfacción por la forma de tramitar esta ley. Una ley que comienza en 2013, que se mantiene invernada en el Congreso y que se activa en junio de 2015, y ahora el Gobierno y el grupo que lo apoya la tramita de esta forma. No pongo en duda la dignidad de esta comisión, pero por la importancia de esta ley, debería ser aprobada por el Pleno. Creo que se hace deprisa y corriendo. Lo más criticable puede ser nuestra posición, ya que el Gobierno actual se encontró con una moratoria que el Gobierno socialista aprobó nada más terminar la Convención de Oslo, adelantándose al tiempo de moratoria y dando un ejemplo de cómo debe ser la aplicación de los acuerdos de la Convención de Oslo.
Señorías, dejando aparte esto, que tiene importancia, saben ustedes muy bien que en la terminología parlamentaria los términos procedimentales también son muy importantes, y por fin, el Estado español va a regular, mediante ley, el compromiso adoptado el 3 de diciembre de 2008 en Oslo por 96 países. Acuerdo que, como saben, obligaba a las partes firmantes a efectuar los cambios legales que permitieran el cumplimiento de esos acuerdos y que incorporaran sanciones penales para aquellas personas y empresas que vulneraran estas previsiones. Por cierto, quiero trasladarle al senador Sala Torres que desde 2010 las personas jurídicas son responsables criminales, ya está establecido en nuestro sistema jurídico, y las sanciones pueden estar en cualquier ley y no solo en el Código Penal.
Como les decía, en 2009 el Gobierno del presidente Zapatero y de la ministra Chacón aplicó al momento los acuerdos de Oslo —como muy bien ha dicho el senador Sabaté—. Y no solo impulsamos y establecimos las medidas, sino que ya hace cinco años y varios meses que se destruyeron cerca de 6000 municiones de racimo. Fíjense, la moratoria decía que había ocho años para hacerlo y España el 19 de marzo de 2009 culminó su destrucción. Es más, quiero poner en valor hoy aquí a nuestras Fuerzas Armadas, con sus misiones en Bosnia y Herzegovina, Líbano y Afganistán, o la propia acción internacional que realiza el ejército de tierra en Hoyo de Manzanares, donde hay un Centro Internacional de Desminado y donde participa activamente en las técnicas de desactivación. Es decir, somos vanguardia y un referente en cuanto a los derechos civiles en los países. Esta es la razón de nuestras enmiendas.
Hoy cerramos legislativamente un proceso que evitará los padecimientos sufridos durante décadas por la población civil. Un proceso legal que da respuesta a estas insuficiencias de los protocolos, sobre todo el Protocolo V, lo que propició que se pusiese en marcha el proceso de Oslo. Ya hay 107 países adheridos, de los cuales 30 exigen que una vez ratificada pueda ser puesta en valor como proyecto de ley y como ley. España lo aplicó, como les decía, el 8 de junio de 2009. Ahora, en esta fase final, el Gobierno nos propone la modificación de la Ley 33/1998, que permitirá unificar el tratamiento que reciben las minas antipersonal y la armas de similares efectos como son las bombas de racimo.
Lamentamos profundamente que el grupo mayoritario no asuma nuestras enmiendas, que hemos estudiado en profundidad y que permiten que España siga en la vanguardia en materia de derechos, de cambios en la legislación internacional y de cambios en las acciones bélicas y contribuyen a mejorar el derecho internacional. Y, como les decía en mi anterior intervención, propicia en la actuación del Estado español en países que no se hayan adherido a esta convención la posibilidad de obligarles y conseguir que en vez de 109 países seamos la totalidad de los países del mundo.
Señorías, como decía al principio, nosotros mantenemos las enmiendas y votaremos a favor de las números 1, 2 y 10, del Grupo Mixto y de las números 14 y 15, del Grupo de Entesa. También votaremos a favor del proyecto de ley, porque estamos convencidos de que el texto va en la dirección de la Convención de Oslo y de las medidas que en su momento tomó el Gobierno Socialista para adelantarse a estas indicaciones sin esperar el plazo de moratoria.
Ahora bien, insisto y espero que en esta fase —aunque queden escasos minutos— el Grupo Parlamentario Popular apoye nuestras enmiendas para seguir en la vanguardia y para dotar a España de toda la fuerza para ello. Decía Jody Williams, premio Nobel de la Paz: «La mina terrestre está eternamente preparada para causar víctimas». Debemos hacer lo posible para eliminarlas del planeta tierra.
Señorías, se calcula —y termino, presidente— que desde la década de los sesenta 100 000 personas han sido víctimas de este tipo de armas, de ellas, más de 30 000 son niños.
Hoy debemos felicitarnos como país, y debemos decirle a la comunidad internacional que España desea seguir estando a la vanguardia, que inició en 2008 con su erradicación. Es un compromiso más con el desarme, un compromiso más con un nuevo derecho internacional. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista, a pesar de que no se aprueben nuestras enmiendas, que, insisto, mejoran de forma profunda el proyecto de ley, votará a favor.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Benítez de Lugo.
El señor BENÍTEZ DE LUGO MASSIEU: Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días a todos.
Una vez fijada la posición de nuestro grupo parlamentario por mi compañero, José Sala, respecto de las enmiendas, no puedo más que sentirme orgulloso de presentar el proyecto de ley cuyo debate afrontamos hoy. No siempre se tiene la oportunidad de dirimir sobre un asunto de tanta humanidad como es adecuar el régimen que afecta a las municiones de racimo al ya existente de las minas antipersonal.
Nuestra historia más contemporánea está plagada de intentos, no siempre exitosos —todo hay que decirlo—, por evitar que la población civil sufra en las contiendas bélicas. Así ha sido desde que en 1868 se firmara en San Petersburgo la primera declaración que condena expresamente el uso de armas que ahonda en el sufrimiento de las personas que no participan en los frentes de la guerra. Y es que la tecnología puesta al servicio de la guerra ha hecho partícipe del horror bélico a la retaguardia, y la única forma de limitar el padecimiento de civiles —niños, enfermos y mayores sobre todo— es apelando a la humanidad de las naciones en tiempos de paz, desarrollando el derecho y haciéndolo cumplir por medios legales siempre que sea posible.
El proyecto sobre el que hemos debatido es una trasposición al marco jurídico español de lo recogido en el Tratado de Oslo, que entra en vigor a primeros de agosto de 2010 y que, a su vez, es el resultado de un proceso que se inicia en Dublín dos años antes. España es el primer país firmante del tratado que decidió destruir su stock de bombas racimo, ejemplo que después han seguido Japón, Bélgica, Francia o la misma Alemania.
Señorías, no voy a insistir mucho en el corolario de los hechos que nos llevan hasta aquí y en el comportamiento ejemplar adoptado por nuestro país, porque el ministro de Asuntos Exteriores dio sobrada cuenta de ello en el Congreso de los Diputados en su momento y no creo conveniente repetirme en lo ya expuesto. Ahora bien, sí me gustaría compartir con ustedes unos datos que con absoluta frecuencia se callan, cuando, a mi parecer, hablan por sí solos, a saber: primero, las bombas de racimo han matado civiles en todos aquellos conflictos en los que se han utilizado. Aunque no hay cifras concluyentes, los expertos calculan que unas 100 000 personas pueden haber muerto o resultado gravemente heridas como consecuencia del uso de este tipo de explosivos; de ellos, el 98 % serían civiles, preferentemente niños. Y es que uno de los problemas de este tipo de armas —de ahí la urgencia y necesidad de su regulación nacional e internacional— es que su uso no distingue entre blancos civiles y militares, y que por sus altas tasas de error sigue causando muertos y heridos mucho tiempo después de que el conflicto bélico se da por finalizado: entre el 5 % y el 30 % de las municiones no llegan a explotar.
Segundo, en 2011 —por coger un año concreto con datos oficiales— se registraron un total de 4286 víctimas de minas antipersonal en el mundo, en comparación con las 4191 registradas en 2010. Ello significa un aumento del 2 %. Del total de las víctimas, 1320, el 30 %, murieron a causa del accidente; 2907, el 68 %, resultaron heridas, y de las 59 restantes no se tiene conocimiento sobre su estado. Asimismo, de las víctimas registradas, 2874 son civiles, 1041 son miembros de las fuerzas públicas, 83 son personas expertas en desactivación y de 287 no se tiene información. En cuanto al sexo, el 76 % de las víctimas fueron hombres, el 9 % mujeres, y del 15 % no se tiene información. Por último, de las víctimas sobre las que se conoce su edad, el 42 % eran menores de edad en el momento del accidente.
Y tercero, se calcula que hay más de 110 millones de minas repartidas en más de 64 países, la mayoría en África. Cada año más de 26 000 personas mueren o sufren traumáticas mutilaciones debido a las explosiones de estas armas, que no distinguen entre combatientes y población civil. Pueden permanecer activas durante más de cincuenta años después del fin de un conflicto y frecuentemente no se señalizan las zonas minadas, ya que son lanzadas arbitrariamente desde aviones o desde lanzaderas sin ningún control sobre las zonas en las que caen. Tampoco se elaboran mapas de minas, cosa que provoca, como ocurrió en Bosnia y Herzegovina, que muchas veces los soldados en plena retirada, ante una contraofensiva del contrincante, sean víctimas de las minas que ellos mismos han colocado previamente.
Con estos datos, señorías, sobran las palabras. Todos los esfuerzos para conseguir frenar esta barbarie son pocos. Cada uno de nosotros podrá pensar en conciencia lo que quiera, pero antes de decidir el sentido de nuestro voto, que creo que prácticamente todos ya lo hemos decidido, recordemos que esta ley es muy importante. España quiere dar hoy un paso de gigante hacia delante. Las minas antipersonal y las armas de efecto similar, como las bombas de racimo horrorizan a nuestra humanidad. La legislación, la comunidad internacional y el Senado de España tienen la obligación de dar un paso hacia la civilización, hacia la paz y hacia el desarme. Por eso, repito, no debemos distraer nuestra atención con otras cuestiones, y en justicia en nuestro deber centrarnos en aprobar lo que la sociedad civil española nos reclama, lo que las organizaciones humanitarias internacionales nos demandan. No podemos traicionar la intensa labor desarrollada por las organizaciones no gubernamentales tanto en el ámbito de los derechos humanos como en el de la promoción de la paz, la sensibilización y la presión internacional para suprimir este tipo de armas especialmente inhumanas, y lo haríamos si entráramos en un debate que escapa a los contornos más básicos del derecho humanitario.
Señorías, la guerra siempre es inhumana, siempre es injusta y siempre deja consecuencias, pero quienes más lo pagan suelen ser aquellas personas que menos implicación han tenido y menos defensa tienen para combatir contra aquello que les dejan ahí. Precisamente los sitios que más han padecido la barbarie de las bombas de racimo y de las minas antipersonal están hoy día fatalmente condenados a seguir padeciéndola. He aquí la perversión, el horror y la falta de humanidad a la que aludo, pues la capacidad destructora tanto de las minas antipersonal como de las bombas de racimo no termina con el fin de la guerra; al finalizar la contienda, estas continúan cobrándose vidas humanas, y es así porque su razón de ser original se fundamenta en el hecho perverso, amoral e inhumano de que siempre es más complicado para el enemigo mantener a un herido que a un muerto. Por eso decimos que no, que basta ya de tanta atrocidad, de tanto horror e inhumana insensatez, y les invito a que se rebelen con nosotros en un grito de rechazo a la perversión que auspicia esta barbarie.
La nuestra es una propuesta concreta, consensuada entre todos, y con la reforma normativa que planteamos quedará totalmente prohibido el empleo, mantenimiento, almacenamiento, producción, adquisición o transferencia de bombas de racimo, y la infracción será sancionada de conformidad con el Código Penal. Es importante señalar el compromiso del Gobierno español por mantener el apoyo a los programas y proyectos de detección, desactivación y desmantelamiento de bombas de racimo y restos de explosivos de guerras existentes en otros Estados. La disposición adicional primera hace referencia a los mecanismos de financiación, que serán con cargo a las partidas del Ministerio de Defensa. Prohibir definitivamente en nuestra legislación las bombas de racimo, como es nuestro deseo, es un paso más en la estricta normativa española respecto del comercio de armas, de la que, por otra parte, nos sentimos orgullosos.
España tiene uno de los más avanzados sistemas de control y seguimiento del comercio de armas y materiales de doble uso, tanto que incluso ha inspirado el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, que se aprobó en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 2 de abril de 2013. En España, nuestra normativa vigente supone una referencia en este objetivo de superponer la defensa de los derechos humanos al libre comercio armamentístico.
Señorías, y con esto concluyo, hemos contraído una gran responsabilidad con la sociedad que nos ha elegido y con todas aquellas organizaciones que nos miran confiadas en que vamos a obrar de manera justa, honesta y moral. Debemos estar a la altura de las circunstancias y obrar en consecuencia. Demos todos un paso firme hacia adelante y logremos que en los lugares que más lo necesitan sea efectivo el derecho internacional humanitario. Votando sí a la propuesta nos hacemos un favor a nosotros mismos y a esa parte de la humanidad que aguarda en silencio un gesto de esperanza como este.
No quiero finalizar sin dejar de agradecer el apoyo mayoritario de todos los portavoces.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Benítez de Lugo.
Antes de proceder a la votación de las enmiendas, quiero pedir a los portavoces que, si hay alguna sustitución que no haya sido comunicada, la comuniquen en este momento. (El señor Chiquillo Barber pide la palabra).
Tiene la palabra el senador Chiquillo.
El senador CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, a las dos sustituciones que hemos anunciado antes de comenzar la sesión, el Grupo Popular añade dos nuevas: la senadora García-Pelayo es sustituida por el senador Ruiz Reyes y el senador Casero Ávila es sustituido por el senador Aparici Moya.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Chiquillo.
¿Alguna otra sustitución? (Denegaciones).
Procedemos a la votación de las enmiendas.
En primer lugar, votamos las enmiendas 1 y 2, del senador Iglesias.
Votamos la enmienda número 3, también del senador Iglesias.
Pasamos a la votación de las enmiendas de la senadora Capella.
En primer lugar, enmiendas números 4 y 6.
Votamos las enmiendas 5, 7 y 9, también de la senadora Capella.
Votamos la enmienda 10, también de la senadora Capella.
Pasamos a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
En primer lugar, enmiendas números 14 y 15.
Votamos las enmiendas 16 y 17.
Votamos la enmienda 18, también de la Entesa.
Finalmente, votamos las enmiendas 12 y 13, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señorías, votamos a continuación el resto del texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Queda, por tanto, definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley de modificación de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar. (Aplausos).