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Timestamp: 2017-06-28 03:43:29
Document Index: 211422809

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 15', 'Artículo 19', 'artículo 34', 'artículo 2']

OMIC | Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Valladolid
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El arbitraje de consumo es un procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos entre comerciantes y consumidores o usuarios, nunca entre particulares, regulado por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y por el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
Este sistema se encuentra en pleno auge, debido a sus notables ventajas para resolver conflictos: Es gratuito para las partes (que sólo en determinados supuestos tienen que costear la práctica de peritajes), rápido (los expedientes se tramitan en un espacio corto de tiempo), eficaz (se resuelve sin necesidad de recurrir a la vía judicial), voluntario (ambas partes se someten libremente al arbitraje) y ejecutivo (los laudos son de obligado cumplimiento para empresario y consumidor).
Para las empresas y profesionales, la aceptación del arbitraje de consumo es una garantía de calidad que ofrecen a sus clientes. En caso de surgir un problema que no sea resuelto directamente por la empresa que oferta el producto o servicio, el cliente sabe que puede acudir a la vía del arbitraje y que la empresa deberá acatar el laudo que resulte de este proceso. Al estar adheridos al arbitraje, los comercios y el resto de empresas pueden exponer un distintivo de calidad en sus establecimientos, páginas web y en la publicidad que emiten.
La Junta Arbitral del Ayuntamiento de Valladolid cuenta con cerca de 2.000 empresas adheridas a este sistema.
Objeto del procedimiento arbitral.
Es un sistema resolutivo, extrajudicialmente, de los conflictos surgidos entre los consumidores y las empresas, en relación a los derechos, legal o contractualmente, reconocidos al consumidor.
Materias objeto de arbitraje de consumo.
Se arbitrarán los conflictos que versen sobre materias de libre disposición de las partes. No serán objeto de arbitraje de consumo los conflictos que versen sobre intoxicación, lesión, muerte o aquéllos en que existan indicios racionales de delito (incluida la responsabilidad por daños y perjuicios). Así lo dispone el artículo 2 del Real Decreto 231/2008.
Características esenciales del arbitraje de consumo.
El sistema arbitral de consumo es gratuito, ágil, eficiente y su resolución (denominada laudo arbitral) pone fin a la vía administrativa y tiene fuerza de título ejecutivo.
Competencias para conocer de las solicitudes de arbitraje.
Será competente la Junta Arbitral de Consumo a la que las partes, de común acuerdo, sometan la resolución del conflicto. En defecto de acuerdo de las partes, será competente la Junta Arbitral territorial en la que tenga su domicilio el consumidor, salvo lo dispuesto a continuación. Si conforme a este criterio existieran varias Juntas Arbitrales territoriales competentes, conocerá el asunto la de inferior ámbito territorial.
Cuando exista una limitación territorial en la oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, será competente la Junta Arbitral de Consumo a la que se haya adherido la empresa o profesional y, si éstas fueran varias, aquella por la opte el consumidor.
Organización del Sistema Arbitral de Consumo:
Juntas Arbitrales de Consumo: Son los órganos administrativos de gestión del arbitraje institucional de consumo y prestan servicios de carácter técnico, administrativo y de secretaría, tanto a las partes como a los árbitros. Se distinguen:
? Junta Arbitral Nacional, adscrita al Instituto Nacional de Consumo.
? Juntas Arbitrales territoriales, constituidas mediante convenio de colaboración entre las Administraciones públicas y el Instituto Nacional de Consumo.
Composición de las Juntas Arbitrales de Consumo
Estarán integradas por su Presidente y el Secretario, cargos que deberán recaer en personal al servicio de las Administraciones Públicas y por el personal de apoyo adscrito a dicho órgano.
Órgano colegiado integrado por su Presidente (Presidente de la Junta Arbitral Nacional) y dos vocales designados, por un período de dos años, (por elConsejo General del Sistema Arbitral de Consumo) de entre los presidentes de las Juntas Arbitrales territoriales.
- Composición del Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo:
- El Presidente del Consejo es el Presidente del Instituto Nacional del Consumo.
- El Vicepresidente es el Director del Instituto Nacional del Consumo.
- Sus Consejeros son:
El Presidente de la Junta Arbitral Nacional, Cuatro Presidentes de las Juntas Arbitrales territoriales, Un representante del Ministerio de Justicia,
Un representante del Ministerio de Administraciones Públicas, Un representante del ministerio de Economía y Hacienda, Un representante del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Dos representantes de la Administración de Consumo de las Comunidades Autónomas, Dos representantes de la Asociación de mayor implantación en el ámbito estatal representativa de las Entidades Locales, Tres representantes de la asociación de mayor implantación en el ámbito estatal representativa de las Entidades Locales,
Tres representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, Dos representantes de las organizaciones empresariales y profesionales, Un representante del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio y un representante del Consejo
General de la Abogacía.
Funciones de las juntas arbitrales de consumo:
Descritas en el artículo 6 del Real Decreto 231/2008 y, de entre ellas cabe destacar, por ejemplo,
impulsar y gestionar los procedimientos arbitrales de consumo.
Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo:
Órgano colegiado con competencia para el establecimiento de criterios homogéneos en el Sistema Arbitral de Consumo y la resolución de los recursos frente a las resoluciones de los Presidentes de las Juntas Arbitrales de Consumo sobre la admisión o la inadmisión de la solicitud de arbitraje.
- Competencias de la comisión de las juntas arbitrales de Consumo:
Definidas en el artículo 11 del Real Decreto 231/2008 y, entre las que cabe citar, la capacidad para emitir el informe preceptivo en la admisión de ofertas públicas de adhesión limitada al Sistema Arbitral de Consumo. El Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo: órgano colegiado, adscrito funcionalmente al Instituto Nacional del Consumo, de representación y participación en materia de arbitraje de consumo.
- Composición del consejo general del sistema arbitral de Consumo: Funcionamiento del consejo general de la abogacía:
Actuará en Pleno y en Secciones.
El Pleno del Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo, que se reunirá al menos una vez al año, se considerará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad de los vocales, adoptándose sus acuerdos por mayoría de los votos emitidos. En caso de empate, el voto del presidente actuará como voto dirimente.
El Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo decidirá las secciones permanentes o temporales que constituye para el estudio, análisis o seguimiento de estudios específicos, determinándose su composición y funcionamiento en el momento de su constitución.
Competencias del Consejo General del Sistema Arbitral
Sus funciones vienen descritas en el artículo 15 del Real Decreto 231/2008 y cabe citar, a modo de ejemplo, la capacidad para aprobar programas comunes de formación de los árbitros y la fijación de los criterios de honorabilidad y cualificación para su acreditación.
Órganos Arbitrales:
La Administración, entre personal a su servicio, las asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en el registro estatal de asociaciones de consumidores y usuarios o que reúnan los requisitos exigidos por la normativa autonómica que les resulte de aplicación, las organizaciones empresariales o profesionales legalmente constituidas y, en su caso, las Cámaras de Comercio, propondrán al presidente de la Junta Arbitral de Consumo las personas que actuarán como árbitros en los procedimientos arbitrales que se sustancien en ella.
- Órganos Arbitrales Unipersonales:
En los casos en que las partes así lo acuerden, cuando lo acuerde el presidente de la Junta Arbitral de Consumo, siempre que la cuantía de la controversia sea inferior a 300€ y que la falta de complejidad del asunto así lo aconseje. (Artículo 19 del Real Decreto 231/2008).
- Órganos Arbitrales Colegiados:
Conocerá de los asuntos un Colegio Arbitral integrado por tres árbitros acreditados elegidos cada uno de ellos entre los propuestos por la Administración, las asociaciones de consumidores y usuarios y las organizaciones empresariales o profesionales.
Designación de los Arbitros en el Procedimiento Arbitral:
El Presidente de la Junta Arbitral de Consumo designa a los árbitros que conocerán de los respectivos procedimientos arbitrales. En los arbitrajes que deban decidirse en derecho, los árbitros designados deberán ser licenciados en Derecho.
La designación de árbitros se realizará por turno, entre los que figuren en la lista de árbitros acreditados ante la Junta Arbitral de Consumo.
Abstención y Recusación de los Arbitros:
Los árbitros actuarán en el ejercicio de su función con la debida independencia, imparcialidad y confidencialidad. No podrán actuar como árbitros quienes hayan intervenido como mediadores en el mismo asunto o en cualquier otro que tuviera relación estrecha con aquél.
Las partes podrán recusar a los árbitros en el plazo de diez días desde la fecha en que les sea notificada su designación para decidir el conflicto o desde el conocimiento de cualquier circunstancia que de lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia.
Planteada la recusación, el árbitro recusado deberá decidir si renuncia a su cargo en un plazo de 48 horas. Si examinadas las razones alegadas, el árbitro recusado decide no renunciar a su cargo, en el plazo de cuarenta y ocho horas, el Presidente resolverá sobre la recusación. Si el árbitro recusado tuviera la condición de Presidente de la Junta Arbitral de Consumo, aceptará la recusación planteada.
El Convenio Arbitral: deberá expresar la voluntad de las partes de resolver, a través del sistema arbitral de consumo, las controversias que puedan surgir o hayan surgido en una relación jurídica de consumo. El Convenio Arbitral deberá constar por escrito, en un documento firmado por las partes. - El registro público de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo:
Será gestionado por el Instituto Nacional de Consumo y, en dicho soporte administrativo, se anotarán las ofertas públicas de adhesión o su denuncia, así como losacuerdos de concesión o retirada del distintivo de empresas adheridas y cualquier modificación conocida que afecte a los datos de estas empresas o profesionales.
- Fomento de la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo: Las Administraciones públicas instarán a las empresas o entidades pertenecientes al sector público o a las concesionarias que comercialicen bienes o servicios destinados a consumidores o usuarios en régimen de derecho privado, a presentar oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo.
El arbitraje se decidirá en equidad, salvo que las partes opten expresamente por la decisión en Derecho
de la presentación de solicitudes: Los consumidores y usuarios que consideren que se han vulnerado sus derechos reconocidos legal o contractualmente, podrán presentar por escrito, por vía electrónica o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la solicitud y de su autenticidad, la solicitud de arbitraje (la cual presentará los requisitos previstos en el artículo 34 del Real Decreto 231/2008).
Causas de inadmisión de solicitudes de arbitraje:
Además de las previstas en el artículo 2 del Real Decreto 231/2008, el Presidente de la Junta Arbitral podrá acordar la inadmisión de las solicitudes de arbitraje que resulten infundadas y aquellas en las que no se aprecie afectación de los derechos y legítimos intereses económicos de los consumidores o usuarios.
Iniciación del procedimiento: determinada la competencia territorial de la Junta Arbitral de Consumo, el Presidente conocerá sobre la admisión a trámite de la solicitud de arbitraje (salvo si recae sobre causas de inadmisión), actuando a continuación conforme a lo previsto en los apartados siguientes:
- Si consta la existencia de convenio arbitral válido, se iniciará el procedimiento arbitral y se notificará dicho acuerdo. Se invitará a las partes para alcanzar un acuerdo a través de mediación previa, durante quince días (pudiéndose alegar, por ambas partes, lo que estimen oportuno y aportar los documentos de que intenten valerse).
- Si no consta convenio arbitral previo, se trasladará la solicitud de arbitraje al reclamado, haciendo constar que ésta ha sido admitida a trámite, dándole un plazo de quince días para la aceptación del arbitraje y de la mediación previa en los supuestos que proceda.
Transcurrido dicho plazo sin que conste la aceptación del arbitraje por el reclamado, el presidente ordenará el archivo de la solicitud, notificándoselo a las partes.Si el reclamado contesta acepta el arbitraje de consumo, se considerará iniciado el procedimiento en la fecha de entrada de la aceptación en la Junta Arbitral de Consumo.
El órgano arbitral dirigirá el procedimiento con sujeción a lo dispuesto en el Real Decreto 231/2008.
Reconvención y modificación de las pretensiones de las partes: En cualquier momento antes de la finalización del trámite de audiencia, las partes podrán modificar o ampliar la solicitud y la contestación, pudiendo plantearse reconvención frente a la parte reclamante.
Audiencia: Podrá ser escrita, utilizando la firma convencional o electrónica, u oral, ya sea presencialmente o a través de videoconferencias u otros medios técnicos que permitan la identificación y comunicación directa de los comparecientes. De la audiencia se levantará acta que será firmada por el Secretario del órgano arbitral.
Prueba: El órgano arbitral resolverá sobre la aceptación o rechazo de las pruebas propuestas por las partes, proponiendo, en su caso, de oficio la práctica de pruebas complementarias que se consideren imprescindibles para solucionar la controversia.
Los gastos ocasionados por las pruebas practicadas a instancia de parte serán sufragadas por quien las haya propuesto y las comunes por mitad.
Falta de comparecencia e inactividad de las partes: la no contestación, inactividad o incomparecencia injustificada de las partes en cualquier momento del procedimiento arbitral, incluida la audiencia, no impide que se dicte el laudo. El silencio, la falta de actividad o la incomparecencia de las partes no se considerará como allanamiento o admisión de los hechos alegados por la otra parte.
Adopción de decisiones colegiadas: Si el órgano arbitral está compuesto por tres árbitros, el laudo arbitral, o cualquier acuerdo o resolución diferentes de la mera ordenación e impulso de las actuaciones arbitrales, se adoptarán por mayoría. Si no existiera acuerdo de la mayoría, decidirá el Presidente.
Terminación de las actuaciones y laudo: El laudo pondrá fin al procedimiento arbitral y se dictará en seis meses desde el día siguiente al inicio del procedimiento arbitral. Si las partes lograran un acuerdo conciliatorio, el plazo para dictar el laudo será de quince días desde la adopción del acuerdo.
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