Source: http://convenciondiscapacidad.es/Noticias_HTML/Noticia_95.html
Timestamp: 2017-07-28 04:38:04
Document Index: 271013546

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 23', 'artículo 125', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 20']

PROPUESTA DE PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DEL JURADO PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SIN EXCLUSIONES
El Estado español garantiza el derecho de igualdad de trato y no discriminación para todas las ciudadanas y ciudadanos con discapacidad. La propia Constitución Española así lo establece en su artículo 14 que proclama la igualdad ante la ley de todas las españolas y españoles, a quienes, entre otros, les reconoce, en su artículo 23, el derecho a la participación directa en los asuntos públicos, y en su artículo 125, el derecho a participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado.
El 3 de mayo de 2008 entró en vigor en España la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que recoge el derecho de igualdad, en su artículo 5, el derecho a la igualdad ante la ley en su artículo 12, el derecho de acceso a la justicia incluido el ajuste de los procedimientos para facilitar su desempeño en las funciones efectivas como participantes directos e indirectos en su artículo 13, y el derecho de participación en asuntos públicos, en su artículo 29. Este tratado internacional tiene el propósito declarado de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, de acuerdo a lo establecido en su artículo 1. Para ello, garantizar la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad se convierte en un elemento esencial para cumplir con los compromisos adquiridos internacionalmente por España.
Sin embargo, la actual Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, limita y restringe el derecho de participación a las personas con discapacidad y no reconoce su igualdad. Esta situación, vulnera derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, e incumple lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Esta previsión que restringe derechos poniendo la causa de exclusión en la situación de discapacidad, no es conforme con el principio de igualdad material de nuestra Constitución y de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En relación con las condiciones de igualdad y no discriminación, la misma en sus artículos 2 y 9 define los principios de comunicación, de ajustes razonables y de accesibilidad que pueden requerirse para garantizar en condiciones de igualdad los derechos las personas con discapacidad. La aplicación de estos principios en el ámbito de la Justicia implica la supresión de aquellas barreras que interactúan con las deficiencias de las personas impidiendo su participación plena.
A tenor de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo al compromiso adquirido por el Estado español, con la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de garantizar el pleno y efectivo ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad se presenta la siguiente Proposición de Ley Orgánica relativa a la reforma de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado:
Artículo primero: Se modifica el apartado 5 del artículo 8, sobre requisitos para ser jurado, que quedaría con la siguiente redacción:
“5. Contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función del jurado. Las personas con discapacidad no podrán ser excluidas por esta circunstancia de la función de jurado, debiéndoseles proporcionar por parte de la Administración de Justicia los apoyos precisos, así como efectuar los ajustes razonables, para que puedan desempeñar con normalidad este cometido.”
Artículo segundo. El artículo 20 pasa a tener la siguiente redacción: «Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del cuestionario, los candidatos a jurados designados lo devolverán al Magistrado que haya de presidir el Tribunal del Jurado, por correo con franqueo oficial, debidamente cumplimentado, haciendo constar, en su caso, aquellas circunstancias personales asociadas a situaciones de discapacidad que pudieran presentar y que fueran relevantes para el ejercicio regular de esta función, así como acompañarán las justificaciones documentales que estimen oportunas y concretarán la solicitud de los medios de apoyo y ajustes razonables que necesiten para ejercer este derecho.»