Source: http://defensordelpueblosalta.blogspot.com/
Timestamp: 2017-06-22 16:17:35
Document Index: 44253135

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'artículo 42', 'artículo 16', 'in fine']

Documento Pensiones Discapacidad Publicado por
Pensiones por discapacidad, reunión con Ministerio Los Defensores recibieron a las autoridades de Desarrollo Social.
Ante las miles de consultas recibidas en todo el país, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) celebró un encuentro con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, para avanzar en la rehabilitación de las pensiones suspendidas.
El encuentro fue encabezado por el Defensor del Pueblo de la Ciudad y presidente de ADRPA, Alejandro Amor, quién recibió a la Jefa de Gabinete de esa cartera, Alejandra Cedrola, y al titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino.
Estuvieron presentes los Defensores Adjuntos de la Ciudad, María América González y Arturo Pozzali; la Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández; el Defensor del Pueblo de Pilar, Juan Manuel Travatelli; la Defensora del Pueblo de Avellaneda, María Laura Garibaldi; el Defensor del Pueblo de Lanús, Alejandro Gorrini; la Defensora del Pueblo de la Matanza, Silvia Caprino; la Defensora del Pueblo de Bariloche, Beatriz Oñate; el Defensor del Pueblo de Salta, Nicolás Zenteno; el Defensor Adjunto de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello; el Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay; la Defensora del Pueblo de La Plata, Florencia Barcia; el Defensor del Pueblo de Villa Nueva, Nicolás Morcila; la Defensora del Pueblo de Villa María, Alicia Peresutti; el Defensor del Pueblo de Jujuy, Javier De Bedia; y el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto.
Además la reunión contó con la participación de la Asociación Argentina de Ayuda a la Persona que padece esquizofrenia y su Familia (APEF); la Asociación Argentina de Padres Autistas (APADEA); la Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia (APEBI); la Asociación Senderos del Sembrador; TGD Padres TEA; la Asociación de Ayuda al Ciego (ASAC); el Departamento de Discapacidad de Racing Club; la Asociación Civil Soles de Buenos Aires; la Asociación Milagros Ayelén; la Asociación Civil de Profesionales para la Equidad (ASPPE); y la Comisión de Discapacidad de AABA.
En su carácter de presidente de ADRPA, Alejandro Amor anunció que acordó con la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, la conformación de una mesa de trabajo con la participación de las Defensorías del Pueblo del país y asociaciones de defensa de los derechos de las personas discapacitadas, para avanzar en la revisión de todos los casos afectados para “que no quede nadie sin el beneficio”.
Paralelamente se trabajará en la detección de irregularidades en la asignación de pensiones. En estos casos, Amor adelantó que se recurrirá a la Justicia, ya que “quién percibe una pensión que no le corresponde, lo hace en detrimento del Estado y de a quién sí le corresponde”.
“La conformación de la mesa es un paso adelante, una forma de institucionalizar el trabajo. Este es un escenario ante el cual los Defensores tomamos la responsabilidad de solucionar el problema, tal como lo hicimos con el caso de la tarifa social. En conjunto con el Estado y las asociaciones tenemos que llevarle la solución a las personas”, concluyó el Defensor.
Por su parte, Badino aseguró que la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales no reducirá su presupuesto y que “estamos trabajando para atender cada caso. Si nos equivocamos, lo corregiremos”.
Además Cedrola comunicó que las únicas pensiones que fueron suspendidas son aquellas vinculadas a la adquisición de un empleo en blanco por parte del beneficiario y en casos de fallecimiento o renuncia al beneficio. “Todas las demás pensiones serán depositadas la semana próxima de forma retroactiva”, afirmó la funcionaria.
Los Defensores del Pueblo nucleados en ADRPA entregaron a los funcionarios un documento en el cual se reafirmó la necesidad de realizar un análisis caso por caso, de forma interdisciplinaria, para determinar quiénes están en condiciones de percibir el beneficio.
Asimismo se resaltó la importancia de respetar el debido proceso administrativo ante ceses o suspensiones.
Por último se recomendó la derogación del Decreto 432/97, y la redacción de una nueva normativa con criterios más inclusivos, y que reconozca a las personas con alguna discapacidad como plenos sujetos de derecho.
Además, en nuestro país la mitad de los niños y niñas que cursan primero básico presentan exceso de peso. El dato se desprende de una reciente investigación realizada por FIC Argentina y UNICEF. El estudio refleja que el sobrepeso y la obesidad afectan principalmente a los niños, niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables, situación que implica graves consecuencias no sólo para su salud física y desarrollo psicosocial sino también para la salud pública de nuestro país. https://www.unicef.org/argentina/spanish/media_33063.htm
Necesitamos que te sumes para que este proyecto sea una iniciativa pública y nuestros representantes lo discutan Publicado por
También indicaron su desconocimiento respecto a la continuidad del programa Incluir Salud (ex-Profe), y coincidieron en que los montos cobrados en concepto de pensión representan su principal medio de subsistencia. Al respecto, la Defensoría exigió a la CNPA informe: cantidad de pensiones no contributivas por invalidez suspendidas en el primer trimestre del año; razones a las que obedecieron las suspensiones; si fueron notificadas; los requisitos para probar las separaciones de hecho; los efectos de las suspensiones respecto a la cobertura médica de los pensionados; y si desde esa Comisión se elevó informe alguno proponiendo la eliminación de las restricciones que establece la normativa actual de las PNC.
La Defensoría del Pueblo, en orden al riesgo que corre la subsistencia y debido amparo de este colectivo altamente vulnerable; a la afectación de la dignidad particular de cada una que lo componen; al hecho que la seguridad social cumple un rol fundamental en una democracia y la cohesión social que esta exige; y que esta política de suspensiones importan un incumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) a los que se obligó el Estado Nacional, en particular del 1 (Fin de la Pobreza), 2 (Hambre Cero), 3 (Salud y Bienestar), 10 (Reducción de las Desigualdades) y 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas), o sea, al menos, un incumplimiento de cinco de los 17 ODS; dispuso exhortar a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales a que:1.- Restablezca de forma inmediata todas las pensiones suspendidas considerando que éstas se habrían llevado a cabo sin un acto administrativo que las avale y que considere una reforma normativa a fin de modificar los criterios que actualmente dejan sin protección a un gran número de personas que tienen derecho a esta clase de protección social. 2.- Cese de suspensiones con motivo de falta de acreditación de incapacidad reglamentaria, en el caso puntual de las Pensiones no Contributivas por Invalidez hasta tanto no se obtenga un nuevo Certificado Médico Oficial y/o una nueva auditoría médica.3.- Establezca una política pública y/o eleve al Honorable Congreso de la Nación una reforma normativa, para modificar los criterios de adjudicación de Pensiones no Contributivas, a efectos de lograr una política más eficiente e inclusiva hacia el colectivo que debe proteger.
fuente Defensoria del Pueblo Nacion
ESPERA EN BANCOS; PROYECTO DEFENSORIA
Sistema de protección de los
Derechos de Usuarios para garantizar un mejor servicio de atención al
cliente (tiempo de espera en caja y otros).
la actuación 236/08, promovida de oficio por esta Defensoría del Pueblo,
s/ “Demoras en la atención a Jubilados en bancos
y, CONSIDERANDO Que a
partir de un reclamo promovido por un particular, personal de la Institución procedió a
Actuación Nº 97/08, constituyéndose en el lugar de los
hechos, donde se comprobó la existencia de colas en la zona de cajas, las
cuales se extendían fuera del Banco y se continuaban sobre toda la cuadra del
Centro de Pago, conforme surge del acta labrada a tal efecto y de las muestra
fotográficas realizadas en dicha
ocasión. Que
situaciones como las descritas son recurrentes, por lo que han sido motivo de anteriores intervenciones de nuestra Institución, tal es el
caso de la Actuación
de Oficio Nº 121/08, donde la entidad bancaria denunciada fue la sucursal del
Banco de Nación ubicada en nuestra
ciudad. Que
habiendo transcurrido un año de aquella intervención de Oficio, se
observa que la situación no se ha revertido, y que la franja poblacional
afectada por situaciones como la descripta precedentemente, constituye el
sector de mayor vulnerabilidad de la sociedad, toda vez que está comprendido
por jubilados, pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas, planes
sociales y fondos de
desempleo. Que a
partir de lo dicho, nuestra Institución considera oportuno elevar un
proyecto de ordenanza que contemple y prevenga situaciones como las descriptas,
que a todas luces importan una flagrante violación al deber brindarle al
usuario un trato digno y equitativo, como asimismo el deber de suministrarle
toda la información adecuada, conforme surge del Art. 42 de la Constitución Nacional
y del Art. 4 y 8 bis de la Ley
de Defensa al
Consumidor. Que el
presente proyecto pretende complementar aspectos de aquella normativa, de
modo de hacerla aplicable para beneficio de usuarios y consumidores, puesto que
entendemos que es preciso crear disposiciones especiales, a partir
de las exigencias de la realidad que hemos
constatado. Que la
ordenanza que se propone reúne los requisitos de practicidad,
razonabilidad y eficacia, que la hacen perfectamente aplicable a las
relaciones entre prestadores y usuarios de servicios, en concordancia con las
vigente. Que es
importante destacar que si bien resulta encomiable la preocupación del
legislador por los derechos del consumidor, conforme surge del Art. 42 de
Nacional y de la
Ley de Defensa al Consumidor, entendemos que el caso que nos
ocupa, requiere de una complementación necesaria a las mismas, a través
de leyes especiales, al solo efecto de hacerlas más
efectivas. Que
para ello, entendemos útil proponer este proyecto de Ordenanza al Órgano
Legislador, que en su parte más destacada fija un tiempo máximo de espera
para que el usuario sea atendido en caja, ventanilla y/o cajeros automáticos,
estableciendo así un parámetro objetivo de calidad del servicio, evitando
las esperas prolongadas por parte de los
clientes. Que a
efectos de la aplicación y control de la Ordenanza que proponemos, es importante
introducir en éste sistema, elementos de vigilancia para el efectivo
cumplimiento de la norma, para ello se implementa un sistema de
registro voluntario para que el cliente o usuario pueda acreditar su ingreso y egreso
al sector regulado, esto es el área de espera de las cajas, ventanillas y/o
cajeros automáticos, lo cuál permite verificar el lapso que allí ha
permanecido; al mismo tiempo se deberá colocar en un lugar visible y a
disposición del cliente o usuario un libro de denuncias, quejas o
reclamos. De esta manera se establecen parámetros objetivos concretos
(cuantitativos y cualitativos) para la mejor inspección, observación y
examen de la atención al cliente, por parte del Organismo de Aplicación, frente
a posibles denuncias. Que
asimismo esta Ordenanza no puede dejar de considerar el desarrollo del concepto
doctrinario y jurisprudencial, cuyo título aparece como “De la
ética de los más vulnerables” que se vierte en la sociedad con el
criterio denominado “de la atención preferencial” en las oficinas de
atención al público a las embarazadas, personas con limitaciones físicas y de
la tercera edad, puesto que se trata de un dispositivo legal, simple claro y
conciso que se deberá implementar con la exhibición de carteles, conforme
a la norma lo
indica. Que
tal recurso, resulta un importante paso adelante, frente a las intolerables
situaciones de aglomeraciones y largas colas de ciudadanos a la espera de
ser atendidos, de las que hemos sido testigos, en las cuales es muy frecuente
observar mujeres en avanzado estado de gravidez, o personas con dificultades
físicas que no pueden soportar esperas o permanencias prolongadas,
en oficinas de atención al público. Ante ello, se hace imprescindible priorizar
los valores de la solidaridad, la tolerancia y la integración, que forman
parte de la educación cívica que se imparte a la comunidad, a través de la
aplicación y el respeto a los derechos y deberes de cada individuo. Que
es importante destacar que este proyecto se encuentra basado
en una vasta investigación de diversos antecedentes legislativos
nacionales sancionados en otras provincias, a saber: - En lo
referente a los tiempos de espera máximos permitidos, fueron analizados
los siguientes instrumentos: la
Ley Nº 4149 y su modificatoria Nº 4329 (Decreto
Reglamentario Nº 1347) de la
Provincia de Misiones; la Ley nº 3.669 de la Provincia de Río Negro.
- Sobre la cuestión referida a la atención preferencial, fue
de gran aporte el estudio de la
Ley Nº 5.118 de la Provincia de Catamarca, y la Ley Nº 5.577, de la
provincia de Corrientes. - En lo referente a la obligatoriedad de la
existencia de libros de quejas, sugerencias o reclamos, ha resultado
ilustrativa y pertinente la
Ley Nº 2.247 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ello, EL
ARTÍCULO 1.- Establécese que a los fines de la protección de los derechos de
usuarios, las entidades financieras y no financieras -que presten servicios de
cobranzas de cualquier índole y de pago de haberes a jubilados, pensionados y a
trabajadores activos, que por convenios o disposiciones de cualquier naturaleza
deban percibir sus haberes en dicha s Instituciones- como así también los
establecimientos comerciales, deben garantizar que el tiempo de espera en caja,
ventanilla y/o cajero automático, no supere el término de media
hora, y que toda persona que concurra al lugar dentro del horario
establecido para la atención al público, sea atendida. A tal efecto, se
establece la obligación de las instituciones indicadas de poner a disposición
de los usuarios o consumidores un sistema de registro voluntario de horario de
llegada y de salida, como asimismo del trámite que desea realizar. Además deberán poner a disposición de los usuarios un libro de denuncias,
quejas o reclamos, que será habilitado por la Autoridad de Aplicación.
Dicho libro deberá ser ubicado en lugares visibles, contando con señalización
adecuada para su libre utilización por parte de los usuarios y consumidores que
deseen efectuar su queja por infracción a la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 2.- Es Autoridad de Aplicación la Dirección de Control de la Municipalidad de Salta la que debe ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de lo
establecido en la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 3.- Los infractores a las disposiciones de esta Ordenanza serán
sancionados con multa y/o clausura del local.
El monto de las multas será
graduado por la Autoridad
de Aplicación, de acuerdo con la gravedad de la infracción y en los términos
que fije la
Reglamentación; las clausuras serán de hasta diez (10) días.
En caso de reincidencia se
aplicará multa equivalente al doble establecido por la Reglamentación. A
los efectos de la presente Ordenanza, se considera reincidencia toda nueva
infracción cometida en el término de un año -contado a partir del dictado de la
resolución firme que establece la sanción.
ARTÍCULO 4.- La Autoridad
de Aplicación debe:
a) Publicar a través de los
medios masivos de comunicación los alcances de esta Ordenanza.
b) Realizar campaña de
ARTÍCULO 5.- A fin de garantizar el cumplimiento de la presente, las entidades
enunciadas en el articulo 1º, deben exhibir en el sitio de pago, en lugares
visibles y con letras mayúsculas "negrita" tipo "Arial 28",
el texto que reza:
"SEÑOR USUARIO EL TIEMPO DE ESPERA EN CAJA, VENTANILLA Y/O CAJEROS
AUTOMÁTICOS, NO DEBE SUPERAR EL TERMINO DE MEDIA HORA, EN CASO CONTRARIO,
PUEDE HACER SU RECLAMO EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE". “ASIMISMO SE LE BRINDARÁ ATENCIÓN PREFERENCIAL A MUJERES CON EMBARAZO AVANZADO,
PERSONAS CON LIMITACIONES FÍSICAS O DISCAPACITADOS”
ARTÍCULO 6.- El incumplimiento de lo establecido en el artículo anterior será
sancionado con multa, cuya graduación se establecerá por vía reglamentaria.
ARTÍCULO 7.- Los fondos que provengan de infracciones a la presente Ordenanza integrarán el Fondo Especial de Defensa de
Consumidor, en concordancia con lo que indica el Art. 47 de la Ley de Defensa al Consumidor, Nº
24.240, modificada por la Ley
nº 26.361 a
crearse dentro del ámbito municipal. ARTÍCULO 8.- El Poder Ejecutivo Municipal reglamentará esta Ordenanza dentro de los noventa (90) días de su
ARTÍCULO 9.- Comuníquese y archívese.
Servicios Publicos, hacia donde vamos Publicado por
Servicio de Agua en zona Oeste, Sanciones Salta 6 de junio de 2017
Y Vistos El
los cortes de suministro de agua en la zona Oeste de la ciudad e Salta, y CONSIDERANDO
Que a raíz de las denuncias vertidas en los medios periodísticos y de la
información recabada por esta defensoría por las deficiencias en la prestación
del servicio de agua en los barrios del sector Oeste y centro de la
Que, ello se ve agravado aún más si tiene en cuenta que el problema
persiste desde el dia domingo 28 de Mayo de 2017, y siendo éste, un servicio
esencial que hace a la salud pública.
Que, el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los
consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de la salud, la
seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
Que, asimismo, las Autoridades Nacionales deberán proveer la protección
Que, es misión del Defensor del Pueblo proteger los derechos
fundamentales e intereses de los individuos, de grupos y de la comunidad en
general, frente a actos u omisiones que impliquen -por parte de la
administración pública nacional y entes descentralizados-, el ejercicio
ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio,
negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, o que pueda
dañar o alterar a los ecosistemas naturales o a los elementos del medio ambiente.
Que, el Defensor del Pueblo tiene una finalidad perfectamente
determinada: proteger los derechos del ciudadano y de la comunidad.
Que, siendo éste el actual escenario, y observándose que los usuarios
del servicio de agua y cloacas resultan perjudicados en sus derechos
fundamentales, resulta imprescindible que el Defensor del Pueblo ejerza
las funciones que le son propias para asegurar la defensa de los usuarios
Que, así las cosas, y con aquella finalidad, deviene necesario
recomendar al Ente Regulador delos Servicios Publicos que ordene a la
empresa que: restablezca de inmediato -atento a la gravedad de la situación- el
suministro y la presión a los usuarios afectados para que los mismos gocen
efectivamente del servicio, conforme lo dispuesto por la ley N° 25.561 en lo
que respeta al mantenimiento de la calidad de la prestación, y al contrato de
concesión y resoluciones vigentes; que ordene a la empresa el establecimiento
de modos alternativos de provisión de agua potable a los usuarios afectados y
que aplique las sanciones correspondientes por la disminución de los niveles de
calidad del servicio.-
Que, la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones
conferidas por la ordenanza N°y normas concordantes.
ARTICULO 1°: Recomendar al ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS que:
a) ordene a la empresa Aguas del Norte COSYASA que restablezca en forma
inmediata -atento a la gravedad de la situación- el suministro y la presión
adecuada a los usuarios afectados, para que los mismos gocen efectivamente del
servicio, en lo que respecta al mantenimiento de la calidad de las
prestaciones, y al contrato de concesión y a las resoluciones vigentes.
b) ordene a la empresa el establecimiento de modos alternativos de
provisión de agua potable a los usuarios afectados,
c) aplique las sanciones correspondientes por la disminución de los
niveles de calidad del servicio.
d) Ordene la disminución de la tarifa en proporción a la falta o
disminución del al provisión de agua a los usuarios afectados
ARTICULO 2°: Regístrese, notifíquese fijándose un plazo de
CUARENTA Y OCHO (48) HORAS para su contestación y resérvese
Reunion Plenaria de ADPRA Neuquen Tarifas
Que piensan los defensores del pueblo sobre las tarifas.
Plenario de Adpra Neuquen
La defensoria de Salta participara del I plenario de defensores en la provincia de Neuquen, la misma sera importante por la regularización de la Asociación de Defensorias del Pueblo de Argentina. la participación no generara ningún gasto al erario municipal ya que se solventara con fondos propios.
El plenario tratara temas como Reparación Histórica, Medicamentos PAMI y Salta solicitara al Ministerio de Energía el establecimiento de precios Testigos de GNC a nivel Nacional y la regulación de la obsolescencia programada Que la obsolescencia programada u obsolescencia planificada es la determinación o programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que, tras un período de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la empresa durante la fase de diseño de dicho producto, este se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible. Su función es hacer pagar al consumidor dos o más veces por medio de productos degradables o, más paladinamente, "productos basura" o de necesaria y continua actualización que generen relaciones de adicción (en términos comerciales, "fidelización", como en el caso del software) que redundan en beneficios económicos por periodos de tiempo más largos para las empresas o fabricantes.
Que en la República Argentina no ha tomado ninguna iniciativa e este sentido, siendo soportada por los particulares las consecuencias de esta nociva práctica comercial y el estado en el aumento de la basura electrónica, altamente contaminante.-
Estos mismos fabricantes ya se hacen cargo del reciclado de sus propios productos en muchos otros países, cuyas legislaciones así lo obligan.
Por lo tanto resulta importante actualizar la legislación relativa a la eliminación de prácticas fraudulentas como la obsolescencia programada como así también el dictado de una ley de gestión a nivel nacional de la basura electrónica que permita a los consumidores deshacerse, de manera segura, de sus aparatos una vez finalizada su vida útil con la participación de los productores, importadores, fabricantes y distribuidores.-
Con el fin de terminar con el vacío legal los defensores del pueblo de la República Argentina solicitaran al Subsecretaria de Comercio Interior y a la comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la Nación lo siguiente:
Primero: Requerir a la Subsecretaría de Comercio Interior proceda a regular prohibiendo la comercialización de productos cuyos fabricantes hayan implementado mecanismos o conjunto de técnicas que tienen como objetivo
deliberado la duración de la vida de un producto para aumentar su tasa de reemplazo.-
Segundo: Remitir copia de la misma a la comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la Nación, a los fines de avanzar en la adecuación de la ley defensa del consumidor, a fin de incorporar el daño por obsolescencia programada para reclamo de los particulares, como así también una ley de gestión a nivel nacional de la basura electrónica que permita a los consumidores deshacerse, de manera segura, de sus aparatos una vez finalizada su vida útil.-
En cuanto al GNC Que a partir de 2017 el Ente Nacional Regulador de Gas comenzó a difundir el precio del metro cúbico de Gas Natural Comprimido discriminado por provincia. Se trata de un relevamiento nacional con la intención de hacer pública la información relacionada a la comercialización del combustible, especialmente luego del aumento de las tarifas que disparó el valor al público en los surtidores.
El documento del ENARGAS saca a la luz la disparidad existente entre las diversas regiones del país, con diferencias de hasta un 60 por ciento si se compara a cuánto se despacha el GNC en Tierra del Fuego (el lugar más barato) y La Rioja (el más caro).
De acuerdo a los datos aportados por el organismo, la segunda provincia más económica es Capital Federal. Allí el fluido se despacha a razón de 8.283 pesos por metro cúbico, 2.5 pesos menos que cruzando la General Paz. No obstante resulta ser el distrito que más subió desde enero, 121 por ciento, mientras que las demás lo hicieron en menor proporción.
El incremento de los precios se dio en todo el país, luego de que el Ministerio de Energía actualizara el gas en boca de pozo en un 300 por ciento y unificara en las facturas los conceptos de transporte y distribución, con un fuerte impacto en la presión tributaria.
Como se advierte, existe una diferencia considerable de precios de una región a otra, siendo Salta, Jujuy, La Rioja, San Luis y Córdoba, las provincias que más pagan por el servicio de expendio de GNC.
Por este motivo los Defensores del Pueblo de la República Argentina solicitaran la implementacion de un precio testigo al GNC.
Audiencia Publica, posición de la defensoria
REPUDIO DE LA ASOCIACIÓN DE DEFENSORES DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADPRA).
REPUDIO DE LA ASOCIACIÓN DE DEFENSORES DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADPRA). ACOMPAÑAMIENTO AL DEFENSOR DEL PUEBLO DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, ALEJANDRO AMOR.
Los Defensores del Pueblo de la República Argentina manifiestan su enérgico REPUDIO a la decisión del Fiscal Juan Rozas a cargo de la Fiscalía Nº 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la decisión de impedir el ingreso del Defensor del Pueblo Porteño y Presidente de ADPRA, Alejandro Amor, a la audiencia de seis ciudadanas activistas de diversas organizaciones, entre ellas el Colectivo Ni Una Menos, las cuales fueron detenidas en horas de la madrugada de ayer, como consecuencia de encontrarse realizando actividades de difusión en relación al Paro Internacional de Mujeres que se realizará el día de mañana 8 de Marzo.
Con el convencimiento, de que el accionar de las fuerzas de seguridad fue absolutamente desmedido, en un claro intento de procurar disciplinamiento a la creciente organización y movilización de estas organizaciones de defensa de los Derechos de las Mujeres, y en el marco de procurar una creciente criminalización de la protestas, en una manifiesta vulneración de derechos expresamente tutelados en la Constitución, es que el Defensor del Pueblo de Ciudad Autónoma se presento a cumplir con su manda constitucional, siéndole impedido el pleno ejercicio de su cargo público.
Consecuentemente, la totalidad de los Defensores del Pueblo de las Provincias y Municipios del País, manifestamos nuestro acompañamiento al Defensor del Pueblo Porteño.
Audiencia publica SAETA, Impugnación costos IMPUGNA
COSTOS- Ref Al
Presidente de la Autoridad Metropolitana
de Transporte Federico
Nicolas Zenteno a cargo de la defensoría del pueblo de
la ciudad de Salta y en representación de la Asociación Civil ECEA, con
registro en la SEDECOM Nº 4. Personería que se encuentra acreditada en las
actuaciones realizadas en esta
dependencia bajo Nº 0090239-52415/2016-0, que por un principio de economía procesal
me remito al mismo por la personería invocada, solicitando se tenga presente.
CONSTITUYO DOMICILIO LEGAL: Que
a los efectos del presente constituyo domicilio procesal en la calle Adolfo Güemes
376 de esta ciudad.-
OBJETO: Que en virtud de los artículos 4 inc. e) y 11 inc. 2 de la Ley 7.322, vengo en el carácter
invocado, y legal tiempo y forma a deducir IMPUGNACIÓN contra la
estructura de costos y análisis de los mismos presentada por la empresa SAETA,
por no encontrase debidamente fundamentados y en caso de tenérselo por ciertos podría
causar un GRAVAMEN IRREPARABLE, en
virtud de los derechos que con la misma se conculcan.-
VICIOS EN LOS REQUISITOS ESENCIALES DEL ACTO
ADMINISTRATIVO. VIOLACION DEL DERECHO VIGENTE:
impugnada constituye un acto
administrativo que, instaurando el procedimiento concreto en
función del llamado a audiencia pública para el día 29 de diciembre de 2016,
procede a avanzar en el proceso adecuación de tarifas para el transporte urbano
de pasajeros de acuerdo a los costos que como ANEXOS I, II respectivamente,
forman parte integrante de dicho acto.-
Como surge de la
lectura dela documentación acompañada la misma es totalmente insuficiente para
fundamentar el aumento de la tarifa para el trasporte urbano, toda vez que los
aumentos denunciados impactan en forma indirecta en la tarifa del transporte en
atención a que cada ususario no debe pagar el aumento de cada ítem sino solo en
la medida que el mismo impacte en la estructura de costos.
Que la empresa hasta
la fecha no menciona ni informa ni acompaña los balances correspondientes a los
ejercicios anteriores, situación que hace imposible a esta parte emitir una opinión
valida sobre el aumento solicitado.-
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o
incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de
fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por
lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto,
el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo
para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de
los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la
expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas
distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su
incorrección. Se produce la falta
de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal
aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el
caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En
cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se
invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las
características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la
hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se
indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el
acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que
se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación
significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida
o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos
requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de
normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La
diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una
violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos,
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que,
advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá
conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación
material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de
fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla
general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un
previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada
incorrección. Por virtud de esa
nota distintiva, los efectos de la concesión de la reconsideración, tratándose
de una resolución administrativa, son igualmente diversos en uno y otro caso,
pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje
insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que
subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes
ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los
que formuló previamente. La apuntada
diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los
argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la
carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación
De igual manera, se
configura el vicio en la motivación, ya que el acto “deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que
inducen a emitir(lo), consignando, además los elementos tenidos en cuenta para
esa fundamentacion”, mientras que el procedimiento que origina la sanción
de la resolución y que aquí se impugnan, desconoció los derechos que asisten
como ciudadanos de Salta y afectan los bienes de la Ciudad.-
Que SAETA, y el conjunto de empresas que prestan el
servicio de transporte público, reciben mensualmente subsidios de carácter
nacional y provincial, los que sumados a la recaudación propia de la actividad
conforman la estructura de Ingresos. Ante la falta de información
sobre los costos solicito en forma previa a la audiencia publica que SAETA
informe sobre;
Subsidios nacionales,
monto evolución, precio diferencial del gasoil por empresa y forma global.-
Conforme la evolución
que se detalla a continuación: 1 Una de las
subvenciones del Estado Nacional provienen de las partidas llamadas SISTAU
(Sistema de Transporte Automotor) destinadas al funcionamiento normal del
servicio, a partir del Decreto 652/02, se creó un fondo de financiamiento
proveniente del cobro de impuestos al Gas Oil, el cual gravaba el producto en
un 18% del valor de venta final, a partir del cual se destinaba los fondos para
subsidiar la actividad del servicio de Transporte Público.
2 Mas adelante, se
crea un segundo subsidio, el llamado Precio Diferencial de Gas Oil (Decreto 675/03),
el cual pretende bajar los costos de combustibles a partir de un acuerdo entre
tres partes, las petroleras, las empresas prestadoras de servicio y el Estado:
Tal acuerdo consiste en congelar precios del insumo por debajo de su precio de
venta de mercado que cobran las petroleras, para las empresas de transporte, siendo el estado quien se hace cargo de
3 Finalmente, surgen
las llamadas Compensaciones Complementarias Provinciales (Decreto Nº 98/07),
cuyo objetivo fue equiparar las ayudas estatales de las áreas de los centros
urbanos con la del interior, teniendo en cuenta que los incrementos de los
costos, se hacían mas difíciles de sopesar por las empresas de transporte del interior.
Provinciales Por otro lado, por
Ley de Presupuesto Provincial 2016 Nº 7915, se destinarán para la Sociedad Anónima de Transporte Automotor un monto anual de $510.000.000 que equivale a $42.500.000 mensuales, en concepto de subsidios provinciales para dicha
empresa. Es llamativo en este sentido, la prioridad que le asigna el Gobierno
Provincial a esta actividad teniendo en cuenta las erogaciones del Estado
Nacional. De esta manera según
el Presupuesto Provincial, el Gobierno destina fondos 23 veces mas a Saeta que
a la construcción de viviendas y promocion habitacional, 26 veces más que a
promover la industria, 6 veces lo que destina a la promoción de empleo y
capacitación laboral, y mas del triple de lo que destina tanto a cultura como
declaraciones del propio presidente de SAETA, Claudio Mastandrea actualmente la
cantidad de pasajes vendidos superan los 17.000.000 mensuales, que - siempre tomando como referencia Marzo- a un
precio de 3.25 da una recaudación mensual de por lo menos
$55.250.000.
Suponiendo que el Pase Libre para estudiantes y jubilados, tenga un costo de
$40 millones como señaló el mismo funcionario (monto que jamás fue justificado
por parte de la empresa ni el gobierno), entonces los ingresos netos mensuales por recaudación de la
empresa estarían alcanzando los $15.250.000 por mes.
IV.- Derecho: Fundo el presente recurso en las disposiciones de Ley Procedimiento Administrativos arts. 7, 14, 17, y cctes.; Tratados Internacionales; reglamentos
de Audiencias Públicas de Salta;
doctrina y jurisprudencia aplicables al caso.- V-PETITORIO: Por todo lo expuesto a la AMT, solicito:
Primero: Me tenga por presentado en el carácter invocado, y
con la legitimación activa acreditada.-
Segundo: Se tenga por deducida impugnación e interpuesto en
tiempo y forma propios el recurso de RECONSIDERACION
contra la misma.-
Tercero: Se dicte
resolución disponiéndose que en forma
inmediata SAETA Informe sobre:
Ingresos Detallando los subsidios provinciales,
nacionales y recaudación.-
Acompañe estructura de costos conforme Exp. N° 124340001 del Consejo
Federal de Inversiones,
donde presento informe sobre la estructura
servicio de transporte público de SAETA y las empresas subcontratadas.-
Cuarto: Hago reserva
de ampliar los puntos de la impugnación y en caso de ser necesario recurrir a
la justicia en resguardo del erario público y el derecho de los usuarios del
transporte público de pasajeros de la ciudad de Salta .- Proveyendo de conformidad SERA JUSTICIA
Reunión por procrear, grandes avances
El Jueves 24 de octubre junto con los defensores de Parana, Luis Garay y el defensor de Corrientes, Javier Rodriguez nos reunimos en con los responsables de Procrear del Banco Hipotecario el Sr. Sergio Corradi,
2016 - “Año del Bicentenario
de la Declaración de la Independencia Nacional”
ESPECÍFICO ENTRE LA
ASOCIACION DEFENSORES DEL PUEBLO
Entre la ASOCIACION DEFENSORES DEL PUEBLO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en adelante “LA ASOCIACION”, representada
por Presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República
Argentina, Dr. Ángel Armando Alejandro Amor, con domicilio en Piedras 582/84 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por una parte, y la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL,
en adelante “ANSES”, representada por su Director Ejecutivo, Lic. Emilio Basavilbaso, con
domicilio en la Av. Córdoba 720, 5º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por otra parte, y ambas conjuntamente denominadas “LAS PARTES”, en el marco del Convenio de Cooperación y Asistencia
Técnica celebrado oportunamente, acuerdan suscribir el presente Convenio
Específico en base a las cláusulas que a continuación se transcriben:
LAS PARTES acuerdan colaborar entre sí a los efectos de otorgar asistencia
profesional y representación letrada a los beneficiarios, titulares de
jubilaciones y pensiones pertenecientes al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL
ARGENTINO, que no hubieran iniciado a la fecha juicio de reajuste de
haberes, en función a los Acuerdos Transaccionales a celebrar en los términos
del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados
previsto en la Ley 27.260.
Para ello, y a los efectos de cumplir
con el objeto del presente acuerdo, las PARTES, acuerdan aportar los datos
necesarios para la creación de un link que remitirá a una base on line de
profesionales de cada Defensoria, a los fines de otorgar asistencia profesional
y representación letrada en los referidos acuerdos y en función del
procedimiento establecido en el articulo 1 de la Ley 27.260 (in fine).
SEGUNDA: LA ASOCIACION se compromete a brindar
asesoramiento integral y a mantener su Servicio de Atención y Asesoramiento
Permanente a disposición de los jubilados y pensionados. Con fundamento en el
derecho de acceso a la justicia, a dicho asesoramiento, se sumará el patrocinio
jurídico gratuito con plantel de profesionales de la institución,
comprometiéndose asimismo a brindar a los jubilados y pensionados el pleno
acceso a los listados oficiales publicados.
TERCERA: El
presente Convenio tendrá un plazo de vigencia de tres (3) años a partir de su suscripción, renovándose
automáticamente por similar período. No obstante ello, cualquiera de LAS PARTES podrá denunciarlo unilateralmente sin expresión de causa
mediante comunicación fehaciente con una antelación no inferior a treinta (30)
CUARTA: Independientemente de que los términos
del presente Convenio Específico puedan ser difundidos por LAS PARTES,
las mismas garantizan el estricto cumplimiento por todas las personas que
participan de las actividades motivo del convenio, de las normas sobre “secreto estadístico de la información”,
“confidencialidad de la información” y “protección de datos personales”, de
QUINTA: Los derechos intelectuales
que se originen en los proyectos, trabajos y/o publicaciones realizadas por LAS
PARTES en el marco de lo acordado en el presente Convenio, pertenecen a
ambas instituciones, salvo acuerdo en contrario o reserva de derechos que éstos
efectúen. Asimismo deberán arbitrar los medios para que dicha información sea
compilada y organizada para que pueda ser debidamente consultada por ellas con
SEXTA: LAS
PARTES declaran
tener competencia para celebrar y firmar el presente Convenio Marco, en virtud
de las respectivas disposiciones legales y administrativas vigentes.
SÈPTIMA: En toda
circunstancia o hecho que tenga relación con este convenio, LAS PARTES
mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras
técnicas y administrativas, asumiendo, por lo tanto, las responsabilidades
OCTAVA: Queda al
arbitrio de cada Defensor, integrante de la Asociación de Defensores de la República
Argentina, la adecuación del presente convenio, conforme la situación y
legislación vigente en cada jurisdicción.
NOVENA: Para todos los efectos que pudieren
corresponder derivados del presente, LAS PARTES fijan sus domicilios en
los indicados en el encabezamiento, donde se tendrán por válidas todas las
notificaciones que en ellos se practiquen.
DECIMA: LAS PARTES acuerdan resolver las
eventuales controversias que se pudieren suscitar en forma consensuada e
intentando solucionarlas institucionalmente. Para el caso que no se pudiere
llegar a un acuerdo institucional de solución de controversia, LAS PARTES acuerdan someterse a la
jurisdicción de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los cuales serán válidos
los domicilios arriba denunciados.
En prueba de conformidad se
firman ... (...) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los días
del mes de noviembre de 2016.
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