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Timestamp: 2020-01-27 12:01:59
Document Index: 97851710

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 23', 'artículo 44', 'artículo 3', 'ARTÍCULO 23', 'artículo 520', 'artículo 19', 'artículo 44']

DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 16, de 21/02/2017
cve: DSCG-12-CM-16
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 16
DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEBA ANDONI AGIRRETXEA URRESTI
Pronunciamiento de la Comisión, a efectos del artículo 44 del Reglamento, sobre las siguientes solicitudes de comparecencia:
- De la señora Defensora del Pueblo (Becerril Bustamante), para explicar el contenido del informe titulado "Estudio sobre los derechos de las víctimas de ETA. Su situación actual", valorar sus conclusiones y analizar el seguimiento de las recomendaciones en el recogidas. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000150 y número de expediente del Senado 713/000054) ... (Página2)
- De la señora Defensora del Pueblo (Becerril Bustamante), para la presentación del estudio sobre "Los derechos de las víctimas de ETA. Su situación actual". A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000190 y número de expediente del Senado 713/000074) ... (Página2)
Celebración de las comparecencias votadas favorablemente por la Comisión de la señora Defensora del Pueblo (Becerril Bustamante), para:
- Explicar el contenido del informe titulado "Estudio sobre los derechos de las víctimas de ETA. Su situación actual", valorar sus conclusiones y analizar el seguimiento de las recomendaciones en el recogidas. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000150 y número de expediente del Senado 713/000054) ... (Página2)
- La presentación del estudio sobre "Los derechos de las víctimas de ETA. Su situación actual". A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000190 y número de expediente del Senado 713/000074) ... (Página2)
Comparecencia de la señora Defensora del Pueblo (Soledad Becerril), sobre estudio "Los derechos de las víctimas de ETA. Su situación actual". A petición propia. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 261/000004 y número de expediente del Senado 781/000004) ... (Página3)
Informe anual correspondiente al año 2015 elaborado por la institución del Defensor del Pueblo, en su condición de mecanismo nacional de prevención de la tortura y en cumplimiento del artículo 23 del protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecho en Nueva York el 18 de diciembre de 2002. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 261/000001 y número de expediente del Senado 781/000001) ... (Página19)
Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de expediente 042/000001) ... (Página35)
- DE LA SEÑORA DEFENSORA DEL PUEBLO (BECERRIL BUSTAMANTE), PARA EXPLICAR EL CONTENIDO DEL INFORME TITULADO "ESTUDIO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE ETA. SU SITUACIÓN ACTUAL", VALORAR SUS CONCLUSIONES Y ANALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN ÉL RECOGIDAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000150 y número de expediente del Senado 713/000054).
- DE LA SEÑORA DEFENSORA DEL PUEBLO (BECERRIL BUSTAMANTE), PARA LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE "LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE ETA. SU SITUACIÓN ACTUAL". A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000190 y número de expediente del Senado 713/000074).
- EXPLICAR EL CONTENIDO DEL INFORME TITULADO "ESTUDIO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE ETA. SU SITUACIÓN ACTUAL", VALORAR SUS CONCLUSIONES Y ANALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN EL RECOGIDAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000150 y número de expediente del Senado 713/000054).
- LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE "LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE ETA. SU SITUACIÓN ACTUAL". A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000190 y número de expediente del Senado 713/000074).
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA DEFENSORA DEL PUEBLO (SOLEDAD BECERRIL), SOBRE ESTUDIO "LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE ETA. SU SITUACIÓN ACTUAL". A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 261/000004 y número de expediente del Senado 781/000004).
El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Hoy tenemos la comparecencia de la señora defensora, tal y como habíamos decidido en Mesa y portavoces, con dos puntos del orden del día que se tratarán diferenciadamente, es decir, primero va a hablar del estudio realizado sobre los derechos de las víctimas de ETA y su situación actual; tras su intervención habrá una ronda de intervención de los diferentes grupos para tratar sobre este tema. Haremos una breve pausa y el segundo punto del orden del día será el informe de la prevención de la tortura, con el mismo mecanismo: tras su intervención, los otros grupos podrán intervenir.
Por lo tanto, sin más dilaciones, le doy la palabra sin límite de tiempo a la defensora del Pueblo, y después como habíamos establecido cada grupo tendrá un tiempo de diez minutos, con flexibilidad hasta los doce minutos, para cada punto del orden del día. Tiene la palabra la señora defensora del Pueblo, doña Soledad Becerril.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor presidente, y buenos días, señoras y señores.
Comparezco ante la Comisión para explicar dos puntos importantes fijados en el orden del día, y lo hago acompañada también por personas de la institución: el secretario general, los adjuntos a la defensora y algunas personas más que me acompañan, y que han realizado el trabajo del que voy a dar cuenta a sus señorías. Lo hacemos con un recuerdo muy especial en esta sala dedicada a don Ernest Lluch, víctima de atentado terrorista, que fue un gran servidor público, al que las Cortes Generales deben muchas cosas, y es procedente que tengamos un recuerdo para él y también para tantas otras personas que han perdido la vida defendiendo valores de la democracia, la libertad y los derechos humanos.
Señorías, el Pleno del Congreso del 23 abril del año 2015 aprobó una moción en la que se condenaban los crímenes de ETA. Fue una moción aprobada por unanimidad, y en su punto segundo -en el primero había una explícita y categórica condena de estos atentados y crímenes- encomendaba al Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes para los derechos humanos, que procediera a elaborar un estudio sobre la afectación de los derechos humanos de todas las víctimas de tales delitos y su situación actual, con recomendaciones dirigidas muy especialmente a las instituciones del Estado. El defensor acogió favorablemente en ese momento, en abril de 2015, esa propuesta de la Cámara, si bien ya saben sus señorías que es una institución que no está sujeta a mandato imperativo, como así lo establece la ley orgánica y como indican muchos autores expertos en la materia, entre otros el señor Gil-Robles y varios ilustres letrados de esta Cámara, como el señor Sainz Moreno. Pero el defensor se ha ocupado a lo largo de la historia de la institución de las víctimas de ETA, de los derechos humanos, de su situación personal y familiar, de las consecuencias de esos atentados, y no puso ninguna objeción ni reparo en decir sí al Congreso de los Diputados y ponerse manos a la obra.
Ha sido un trabajo largo que fue presentado en el registro de las Cámaras, Congreso y Senado, el 23 de diciembre de 2016, y para su redacción se solicitaron informes a la oficina de apoyo a las víctimas del Ministerio del Interior, a la fiscalía de la Audiencia Nacional, a un número alto de personalidades que por sus conocimientos, por sus especialidades profesionales y por sus estudios conocen bien esta materia, así como a distintas asociaciones, fundaciones de víctimas y personas que han escrito y dedicado tiempo y esfuerzo a analizar la situación de las víctimas, así como su afectación en relación con los derechos humanos. En la página 6 del documento que tienen sus señorías se da cuenta de quiénes son estas personas a las que se ha consultado, además de historiadores, de profesores de Derecho Internacional, de profesores de Derecho Penal y otras especialidades. Han sido muchas las consultas que se han efectuado antes de emprender este trabajo que ahora presento a sus señorías, desde luego de manera resumida.
El estudio, del que somos absolutamente responsables en la defensoría -yo misma me hago responsable de este estudio-, cuenta además con dos personas que firman sus correspondientes trabajos: uno de ellos es Joseba Arregi, que firma un trabajo -que se acompaña- sobre el significado político del terrorismo de ETA, quiénes y por qué cometieron los atentados, y el otro trabajo es de los profesores de Psicología de la Salud y de Psicología de la Personalidad, de la Complutense, María Paz
García-Vera y Jesús Sanz, que analizan los trastornos múltiples por los que pueden verse afectados víctimas y familiares tras un atentado. Como decía al inicio, la institución del defensor y los defensores han estado siempre al lado de las víctimas, sabiendo que nada puede darles satisfacción -es imposible que se den por satisfechos ante la situación que han vivido y padecido-, pero sí cabe desde las instituciones públicas y desde luego desde la defensoría ayudarles, apoyar sus solicitudes y peticiones para hacer su vida y la de sus familiares algo más fácil, algo más llevadera, ayudarles para buscar la justicia y conocer la verdad. Nos parece que son derechos absolutamente imprescindibles para ellos.
Según los últimos datos que nos ha proporcionado la oficina de asistencia a las víctimas de la Audiencia Nacional, en julio de 2016, oficina de asistencia a la que quiero agradecer todo el apoyo que nos ha prestado para la redacción de este estudio, hasta 2009 el número de víctimas de ETA han sido 864. Sabemos, señorías, que el objetivo de ETA ha sido acabar con la democracia, acabar con el Estado de derecho. Estas 864 personas, además de las personas heridas, constituyen toda una lista de ciudadanos, de niños, de personas que circulaban por la calle, de fuerzas de seguridad, de profesores, de juristas, de abogados, de ciudadanos que vivían en el Estado de derecho, que ejercían la libertad que nos reconoce la Constitución y que fueron víctimas de atentados terroristas. Esta relación de nombres la conocemos, la tenemos; pudieron haber sido otros, pudimos haber sido otros. Fueron ellos y yo creo que siempre debemos reconocer que murieron por quienes persiguieron acabar con la democracia y el Estado de derecho que otros podemos disfrutar hoy en día.
¿Qué quiere el estudio? El estudio quiere dejar constancia de los hechos, recordar las décadas de terror, y defender y mantener estos derechos y estas libertades, afirmar que las leyes protegen a las víctimas, qué dicen los libros de texto y qué se ha dicho y qué se dice en foros internacionales. También se señalan las dificultades durante un tiempo ya afortunadamente superado para perseguir a los autores por la no colaboración de algunos países, que afortunadamente son hechos que ya han quedado atrás. Debo señalar que en un pasado, hace ya un tiempo, existió gran desinformación sobre los hechos ocurridos y desinformación hacia las víctimas y las familias de atentados terroristas. Hubo -tiempo atrás, señalo- ausencia de una base completa de datos para relacionar víctimas con los procedimientos. La Audiencia Nacional en 2016 informa al defensor que se trabaja en este momento para conseguir un registro completo oficial de todas las víctimas, registro que vincule víctima con procedimiento, para llegar a conocer el número exacto de personas que perdieron la vida, de aquellas que sufrieron lesiones y de aquellas que fueron, bien secuestradas o amenazadas, con datos procedentes de todas las causas de diversos órganos judiciales, porque como saben seguramente sus señorías eran muy diversos y estaban dispersos esos órganos judiciales que estaban en las causas. Ahora el afán de esta oficina de la Audiencia es unificar, tener constancia en un solo registro, para poder contar la historia debidamente, y poder dar toda la información a las familias y a las personas que así lo deseen.
El estudio parte de las declaraciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaraciones y proclamaciones que concluyen que el derecho a conocer la verdad acerca de las violaciones de los derechos humanos y de las infracciones graves de normas de derechos humanos es un derecho autónomo inalienable, vinculado a la obligación del deber del Estado de proteger y garantizar esos derechos, así como realizar las investigaciones eficaces para que haya recursos efectivos y las familias puedan obtener reparación. Se afirma por el Alto Comisionado de Naciones Unidas que el derecho a la verdad entraña tener conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en dichos actos y las circunstancias específicas en las que estos se produjeron. Es un hecho que todavía hay un alto número de familiares de víctimas que no han conseguido ver encausados y enjuiciados a los autores. La Fundación Víctimas del Terrorismo, la Asociación Víctimas del Terrorismo, la Asociación Dignidad y Justicia, Covite, entre otras, y algunas más -no voy a hacer una enumeración de todas-, solicitan a la Fiscalía General esfuerzos necesarios para depurar todas las responsabilidades en los atentados sin resolver. Actualmente se intenta aplicar el derecho internacional a cinco autores en un caso en que se juzgan delitos de ETA como delitos de lesa humanidad. El juez afirma que los autores materiales recibieron órdenes concretas y precisas de dirigentes para cometer los crímenes. El juez afirma que ETA buscaba crear clima de temor e inseguridad para anular, política y socialmente, a los sectores a los que estas personas pertenecían. Y dice el juez: son responsables de un crimen los que lo cometen por acción, omisión y también quienes lo ordenan. Estas actuaciones de los últimos tiempos están permitiendo lo que se denomina reabrir casos que estaban a punto de expirar, y la reapertura de estos sumarios da cierta esperanza a las familias que desean conocer los hechos y las autorías.
Como decía al inicio la colaboración con países de nuestro entorno, y algunos más lejanos, afortunadamente se logró a mediados de los años ochenta. Cambió la situación. A finales de los años setenta -hablo ya del periodo de democracia- y principios de los ochenta Francia no prestó una enorme colaboración. Yo recuerdo bien aquellos tiempos, aunque afortunadamente se lograron cambios en la política francesa y en la comprensión de Francia hacia la situación de la democracia española y de las víctimas de terrorismo. Pero hay algunos Estados que son renuentes a esa colaboración hoy en día, entre otros Bélgica. El Tribunal de Gante por dos veces ha negado la extradición de una persona responsable de un atentado cometido en 1981, argumentando hechos y datos que se retrotraen al franquismo y añadiendo que en los centros penitenciarios españoles se dan condiciones infrahumanas. Yo he tenido ocasión de dirigirme al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa para poner en su conocimiento estas circunstancias, y para que esté al tanto en el caso de que esta solicitud de extradición llegara al Tribunal de Estrasburgo y él tuviera ocasión de intervenir u ofrecer algún testimonio relacionado con ello.
La Ley de Protección Integral de 2011 -es la segunda ley, hay una anterior del año 1999, pero se da un paso muy importante en el año 2011 con una ley de protección integral y un reglamento- establece ya programas laborales y programas de ayuda, así como por supuesto revisión de las indemnizaciones -se afirma que son 2.123 las indemnizaciones realizadas-, incorpora la atención a personas amenazadas y ayudas de carácter psicológico, si bien debo decir que, aunque se da un paso grande con la ley del año 2011, todavía hay diferencias de indemnizaciones en función de personas víctimas cuyas causas hayan sido archivadas o tengan sentencia. Esta equiparación es la que desean las fundaciones y asociaciones de víctimas y por la que claman, pero todavía no lo han conseguido.
El Estatuto de la Victima de 2015, estatuto que afecta a todas las víctimas con independencia del origen del terror que hayan padecido -se extiende a todas-, establece también ayudas a la formación, a la inserción laboral, talleres de empleo, permite la participación de la víctima en la ejecución penitenciaria -lo cual es un paso adelante- así como recurrir una ejecución penitenciaria. Los dos organismos estatales, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Ministerio de Interior y la oficina de asistencia a las víctimas de la Audiencia Nacional, juegan un papel muy importante en la ayuda, en la comprensión y en la asistencia de las víctimas. Esta última, la de la Audiencia Nacional -que es a la que me refería yo cuando explicaba la conveniencia de unificar todos los registros para que las familias tengan relativa facilidad para averiguar circunstancias de su caso-, requeriría, y así nos lo han manifestado las personas que trabajan en ella, más medios porque es una labor exhaustiva, larga y compleja la que están llevando a cabo. Las comunidades autónomas tienen también organismos propios y algunas cuentan con indemnizaciones adicionales a las que ya existen por parte de la Administración General del Estado. Creemos que el Centro para memoria de las Víctimas de Terrorismo de Vitoria ha sido una muy buena iniciativa, y nos gustaría que contara con todos los medios posibles, no solo económicos, sino con apoyos de todo tipo. Es fundamental para difundir y velar por los valores de la democracia, por los valores de las víctimas, conservar la memoria de las mismas, y que los jóvenes tengan conciencia de esos valores de libertad y defensa de derechos humanos. Nos alegramos mucho del nombramiento del director, Florencio Domínguez, que es una persona que conoce bien esta materia, y deseamos y esperamos que haga un magnífico trabajo. Es fundamental también la presencia de las víctimas y que se hable de ellas y de los hechos en los foros internacionales: en la Unión Europea, en los distintos foros de Naciones Unidas, en el Foro global contra el terrorismo -como ya se hizo en el que tuvo lugar en España en el año 2012- así como en todos aquellos que puedan convocarse en el futuro. Es muy importante -supongo que sus señorías lo compartirán, así lo desearía- que las víctimas y los hechos ocurridos sean expuestos, narrados, documentados y relatados a los jóvenes, a aquellos que no vivieron -afortunadamente- ni escucharon a su alrededor actos terroristas. La ley de Protección Integral de las Víctimas así lo reconoce: Impulsar planes -dice- y proyectos educativos para defender la paz, la democracia, las libertades, en los que se procurará el testimonio de las víctimas.
Hemos analizado en este trabajo catorce libros de texto de distintas editoriales, textos para la materia Historia de España, de segundo de bachillerato. Si hacemos un resumen de estos libros de texto vemos que tratan de tres etapas al hablar de estos años. Una primera etapa que se centra plenamente en los atentados ocurridos durante la Dictadura, el nacimiento de ETA y la represión del Gobierno del momento. Una segunda etapa en la que se centran en el atentado al almirante Carrero Blanco, las actuaciones subsiguientes represivas del Gobierno, las penas de muerte y la existencia de otros grupos terroristas, entre otros Grapo y algunos más. Y una tercera etapa que es la de la
democracia, el terrorismo como impedimento para consolidar la democracia. Mencionan los principales acuerdos -no todos por igual, pero los mencionan- para luchar contra ETA; se enumeran algunos atentados -el de Fernando Buesa, el secuestro de Miguel Ángel Blanco-; hay referencia a treguas, negociaciones, rupturas de las treguas; se menciona el Pacto de Ajuria Enea; se menciona la colaboración con Francia a partir de mediados de los ochenta. Algunos textos mencionan los atentados a jueces, políticos, concejales, militares, otros ciudadanos. Se habla de la actividad de la banda durante los Gobiernos del presidente González, del presidente Aznar y del presidente Rodríguez Zapatero, y hay varias menciones al secuestro de Ortega Lara y como decía al asesinato de Miguel Ángel Blanco. Pero hay una cosa que echamos de menos en prácticamente todos los libros analizados, que como digo son catorce. Echamos de menos que se enuncie como cuestión principal la más importante, la defensa del primer precepto de los derechos humanos: el derecho a la vida. Echamos de menos una reflexión sobre el daño del terrorismo y sobre la situación en la que han quedado familias y cientos de personas del entorno de las víctimas, además naturalmente del daño a la víctima y a los heridos. Echamos de menos una reflexión sobre las perversas consecuencias del atentado y la persecución de las personas que sufrieron esos atentados, así como el hecho de que cientos de personas tuvieran que abandonar sus hogares, cambiar de domicilio y marcharse de su tierra, de su localidad o de su casa. Apenas hay mención en los libros de texto a las leyes de solidaridad con las víctimas y a la Ley de Protección de las Víctimas. Un libro de texto menciona la reivindicación de los terroristas tras el atentado a Carrero Blanco, pero ningún libro de texto incluye -ninguno de los catorce analizados- testimonio de una sola víctima, y de lo que para ella o para su familia ha supuesto la pérdida de una persona o el atentado que ella misma sufrió. Esto lo hemos repasado y esta es nuestra conclusión sobre los libros de texto. Creo que merecería la pena, cuando haya un acuerdo en materia educativa, repasar el fondo de los libros de textos y cómo describen y narran la historia de esas décadas de terror y de sufrimiento.
Paso a otras cuestiones, como mencionarles a ustedes el número importante de archivos históricos en los que hay documentación y causas judiciales y registros de esas causas judiciales. Son fundamentalmente nueve: en Burgos, La Coruña, El Ferrol, varios en Madrid, País Vasco, Navarra, Salamanca, la Audiencia Nacional. La oficina de asistencia a las víctimas trabaja como decía en la investigación y en intentar agrupar todas estas causas para poderlas poner a disposición de los jueces, por supuesto, y de las familias cuando así lo soliciten.
El informe que tienen ustedes concluye, como es natural, con unos resúmenes de toda la documentación y de todo lo que hemos observado a lo largo del trabajo y tras las conversaciones y reuniones con unas y otras personas. Las conclusiones están ahí, se derivan de lo que acabo de mencionar y no voy a cansarles recordándoles las conclusiones. Voy a pasar directamente a las recomendaciones que parece que son más interesantes porque lo otro está ya más claro.
¿Cuáles son las recomendaciones que hemos formulado a las administraciones y su estado a 20 de febrero de 2017, a día de ayer? Al Ministerio del Interior le hemos formulado varias recomendaciones que las acepta. Acepta revisar las actuaciones de los plazos para el ejercicio de los derechos de las víctimas con el fin de evitar la prescripción. Acepta, cuando eso sea posible -supongo que como tiene carácter legislativo no se puede realizar con carácter inmediato-. perfeccionar la Ley del año 2011, de reconocimiento y protección de las víctimas, con especial atención a la equiparación de indemnizaciones que, como ya he dicho, solicitan a las familias. También acepta animar, empujar, propiciar la unificación en un solo archivo digitalizado de todas las causas judiciales por delitos de terrorismo. Asimismo, acepta aumentar los programas de asistencia psicológica a las familias, a heridos y supervivientes y también reforzar los programas a las víctimas indirectas del terrorismo, es decir, personas que estaban en el lugar, incluso personas que atendieron a las víctimas, pertenecientes a cuerpos de seguridad o de servicios públicos, y que se vieron profundamente afectadas tras un acto terrorista en el que participaron ayudando o asistiendo. En conjunto, el Ministerio del Interior sí acepta nuestras recomendaciones, si bien hay una para la que no tenemos respuesta y yo debo decirlo porque debo, ante sus señorías, dar cuenta con toda realidad y veracidad. Creo que no se pronuncia, porque cree que no tiene la plena competencia, en materia del registro oficial de las víctimas, un registro unificado que en varias ocasiones he mencionado y que es posible sea una cuestión fundamentalmente del Ministerio de Justicia.
Las recomendaciones que elevamos al Ministerio de Justicia han sido aceptadas en general. Por ejemplo, el archivo único digitalizado. Facilitar más el derecho de las víctimas a acceder a la información relativa a investigaciones judiciales, hacerlo posible. Dotar a la oficina de la Audiencia Nacional de más medios personales. Supongo que eso estará en función de los próximos presupuestos. También aprobar
una relación de puestos de trabajo para esta oficina, que lo necesita; por eso encarezco a sus señorías que, si tienen ocasión, insistan en ello.
Al Ministerio de Asuntos Exteriores nos hemos dirigido en varias ocasiones porque le hemos pedido que actúe con fuerza y con toda su capacidad en el ámbito internacional, en los foros internacionales, para que cuando sea posible y procedente explique, mencione y relate el daño sufrido por las víctimas en España -por tantas familias- y que puedan ir funcionarios españoles acompañados de las víctimas para que den su testimonio. Esto ya se ha hecho, en el Parlamento Europeo y en algún otro foro internacional, pero nos parece que hay que mantener esa presencia y así lo desean las víctimas. Por tanto, toda la acción exterior será bienvenida por las familias y a nosotros nos parece procedente.
Hemos puesto en conocimiento del Ministerio de Educación las carencias que observamos en los libros de texto y no diré que nos da la razón pero entiende nuestra queja. Nos ha dicho que cuando sea posible ese pacto por la educación -ansiado por muchos sectores- se podrán completar las referencias existentes sobre el terrorismo y sobre las víctimas del terrorismo.
A la Fiscalía General del Estado también le hemos formulado varias recomendaciones, que acepta, como continuar las actuaciones procesales emprendidas para intentar la depuración de responsabilidades en atentados no resueltos. Esta es una de las acciones más importantes y en la que los familiares de las víctimas tienen más interés porque quieren que se prosigan esas investigaciones y actuaciones judiciales. Le hemos insistido en que valore la conveniencia de profundizar en la aplicación del concepto de lesa humanidad, que ya lo hemos visto, pero que tiene un límite en el tiempo que es hasta el año 2004. Las víctimas y sus familiares quieren que esa revisión y aplicación del concepto jurídico de lesa humanidad pueda ir más atrás y no solo hasta 2004. La verdad es que el ministerio nos reconoce que supone una enorme dificultad jurídica. Esa es su contestación.
Esto es el resumen de este trabajo que, como les he dicho, ha sido largo y denso. He querido hacerles un conveniente resumen para esta Comisión porque estoy segura de que sus señorías conocen el texto. Señor presidente, estoy a disposición de todas sus señorías por si quieren ahora alguna aclaración o que les enviemos algún otro documento en el futuro. Les agradezco mucho su atención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora defensora.
Como habíamos dicho, procedemos a la intervención de los diferentes grupos, en orden de menor a mayor. En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Mixto que se va a dividir el turno y si quieren se lo dividen ustedes o les marcamos nosotros los cinco minutos que le tocarán a cada uno.
En nombre del Grupo Mixto van a intervenir, distribuyéndose el tiempo, el señor Salvador y el señor Iñarritu. Empieza el señor Salvador.
Bienvenida señora defensora y bienvenidos también todos sus colaboradores, y en especial quiero saludar a don Francisco Fernández Marugán, un hombre de esta casa y a quien he admirado siempre por su corrección, su prudencia y su sabiduría.
Gracias a la Comisión por haber incluido este tema en el orden del día con tanta celeridad. Este informe responde a una moción que aprobó el Parlamento por unanimidad el 23 de abril de 2015. En un tiempo, no diré récord pero sí breve, ha redactado un informe muy serio e importante sobre este tema que hoy nos ha presentado y explicado. Como usted bien dice lo presentó en diciembre del año pasado y nosotros, junto con el PP, registramos enseguida la solicitud para que usted viniera a explicárnoslo aquí y se sometiera a alguna de nuestras preguntas o valoraciones sobre el contenido, tal y como ha hecho. Quiero agradecerle su disponibilidad para que haya sido así. Nosotros hemos creído y creemos que es muy oportuno que usted venga a tener esta comparecencia y como primera valoración yo quiero agradecerle a usted y a la institución este informe, tanto a los que han participado en él como a los propios colaboradores que también participan con unos comentarios muy interesantes que valoraré al final. Quiero decirle a usted y recordar a la Cámara que la última declaración política que se hizo sobre el terrorismo de ETA la aprobamos aquí en la Comisión de Interior, en el mes de abril del año 2016, a propuesta igualmente de Unión del Pueblo Navarro. Y yo creo que este informe también responde a ese mismo espíritu, en fin, ya que en alguno de los apartados se señalaba el reconocimiento del deber ético de alimentar el recuerdo y la memoria de las víctimas del terrorismo, de seguir construyendo una sociedad libre de fanatismos, de estudiar el fenómeno, etcétera. Y yo quiero agradecérselo. La verdad es que me lo he leído y en todos sus apartados es muy interesante. Yo no tengo tiempo para hacer una valoración de todo ello y haré una más o menos general; pero me han parecido muy oportunos tanto el apartado de
vulneración de derechos como el que hace mención a la situación de las víctimas, a la situación penitenciaria de los terroristas e incluso creo que es también muy importante el que hace sobre el relato y el recuerdo de los atentados. Esto es esencial porque cuando hablamos de educación me parece que a veces nos pasa muy inadvertida la influencia que en el mundo de la educación tienen la radicalización y el fanatismo cuando de alguna manera son el origen de este fenómeno.
Yo quiero recomendar este informe a los diputados que están en esta sala, que seguramente por estar en esta Comisión habrán tenido acceso al documento y se lo leerán, pero también a los que nos pueden estar mirando o a todos, porque creo que es muy interesante y su lectura nos plantea una pregunta y es qué más podemos hacer. Qué más podemos hacer, señorías. Porque hoy sabemos cómo se ha producido este fenómeno se recogen los 864 asesinados; además sabemos que 377 de esos asesinatos están sin resolver. Pero también sabemos, y se explica, por qué se ha producido este fenómeno: un terror político, selectivo y dirigido a destruir la democracia española, terminar con nuestras instituciones, con nuestra convivencia, con un único fin que es la obtención de un beneficio político y con él, o a través de él, expulsar a quienes no pensaban como aquellos que ejercían el terror tanto en el País Vasco como en mi comunidad, en Navarra.
Del informe y de los documentos y la colaboración se ve claro que este ha sido el fenómeno, un fenómeno que nos ha incluido a todos porque el terror ha sido general. Si tuviera que ponerle algún pero al informe, creo que falta -en general, no solo por el informe sino por la sociedad en la que vivimos- conocer cuáles son los resortes del adoctrinamiento, cómo se da ese fenómeno de fanatización, por qué en una sociedad con un bienestar como el que tenemos se produce, por qué y para qué. Precisamente para vacunarnos y evitar así que en lo sucesivo pudiera pasar lo mismo, les recomiendo la lectura, si no lo han hecho, de un libro que se llama Patria, de Fernando Aramburu, que explica perfectamente de alguna manera cómo se produce este fenómeno. Pero me da la sensación de que así como se han estudiado catorce editoriales -lo ha dicho usted- sobre el tema, en el fondo queda incompleto porque no se estudian aquellas otras editoriales que probablemente cuenten una historia distinta, falseada y perversa de este mismo fenómeno. Yo no sé si compete a la defensora del Pueblo o a quién, pero le animaría a estudiar no solo esas catorce editoriales nacionales grandes sino a esas otras que fuera de radar están contando una historia distinta, para saber hasta qué punto esa tergiversación forma parte de alguna manera del fundamento de este fenómeno.
Mi conclusión es que no debemos bajar la guardia, no debemos asumir el relato de ETA, no debemos por tanto tolerar homenajes a terroristas y desde luego no debemos vivir en el silencio o en la indiferencia. Edmund Burke decía que para que el mal triunfe solo es necesario que los hombres buenos no hagan nada. Desde nuestro punto de vista, este fenómeno podría reproducirse si efectivamente no nos blindamos, no nos vacunamos de una manera correcta; de alguna manera como hace en su informe o en su valoración, y aprovechando las recomendaciones. Yo ya anuncio, señorías, que nosotros preguntaremos y vamos a hacer un seguimiento...
El señor PRESIDENTE: Señor Salvador, tiene que ir acabando, por favor.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Un seguimiento en todos aquellos ministerios donde ustedes han pedido una serie de recomendaciones -Interior, Justicia, Exteriores y Educación- y lo haremos porque creo que tenemos derecho a la verdad, a la memoria y a la dignidad, tenemos la obligación moral con las víctimas porque hoy, no lo ocultemos, ETA pretende blanquear su historia criminal alegando que hubo muchas violencias equivalentes, todas ellas provocaron víctimas y todas son víctimas de las mismas violencias. Por lo tanto mismas violencias, víctimas iguales, y eso es una perversión, una falsedad y una indecencia. Porque, como ellos creen, si todos somos víctimas, nadie es víctima. Es sutil y astuto pero efectista.
Termino. En Navarra ya han empezado a ganar la batalla del relato. Este mismo sábado y hoy la propia Bildu se satisface de un homenaje que se ha hecho por parte del Gobierno de Navarra en el que precisamente, y con ese interés oculto, se está empezando a blanquear la historia. Desde luego nosotros, mi partido, no lo va a hacer y hará todo lo posible para que así lo entienda la sociedad española.
Ahora tiene el turno, por el mismo Grupo Parlamentario Mixto, don Jon Iñarritu por otros cinco minutos. Gracias.
Quería agradecer a la compareciente su presencia y la presentación del informe.
En primer lugar, y como hoy toca, lo que hay que reconocer es a todas las víctimas de la violencia, solidarizarse con ellas y en este caso con todas las víctimas de ETA porque el informe va de ello. Desde Euskal Herria Bildu creemos que se debe reconocer a todas las víctimas y esos tres términos de verdad, justicia y reparación deben ser inclusivos para todas las víctimas de las diferentes violencias que han existido, sin equiparaciones pero sin exclusiones. (El señor vicepresidente, Romero Santolaria, ocupa la Presidencia).
Recordaba bien la defensora del Pueblo que estamos en esta sala, la Ernest Lluch y recordamos su figura, una persona de gran trascendencia, un humanista, un gran político, víctima injusta de la violencia. Pero recordemos que un diputado de esta Cámara, el único que fue asesinado mientras estaba ejerciendo el cargo, don Josu Muguruza, no cuenta en este Congreso con ninguna sala, no ha tenido reconocimientos públicos nunca. Por eso vuelvo a repetir: verdad, justicia, reparación, para todas las víctimas de la violencia, sin equiparaciones pero sin exclusiones.
Sobre el informe creo que es positivo hacer un informe que reconozca los derechos de las víctimas, en este caso de las víctimas de ETA. En las recomendaciones veo algunas que considero que son francamente positivas, otras me generan dudas y no sabría decir en este momento si son positivas o negativas, y de otras creo sinceramente y desde el respeto que son un disparate como es el asunto de crímenes de lesa humanidad en el que luego profundizaré. Sí me ha chocado en el informe que tiene conclusiones diferentes o muy divergentes con el que realizó el año pasado el Gobierno vasco sobre la situación procesal de los atentados perpetrados por organizaciones terroristas entre 1960 y el año 2014, que fue coordinado por don Carlos Fonseca y por el magistrado don José Antonio Martín Pallín. Me ha chocado la divergencia en las conclusiones.
Desde Euskal Herria Bildu creemos que para abordar todo lo que ha sido la violencia sí tendría que constituirse una comisión de la verdad. Todas las víctimas -mencionaba antes la defensora del Pueblo las recomendaciones del relator de Naciones Unidas- tienen derecho a conocer la verdad, hay diferentes experiencias en diversas situaciones postviolencia o postconflicto en las que se han realizado estas comisiones de la verdad y desde nuestro punto de vista sería francamente positivo. Sobre la justicia creemos que desde el sentido común hay que dar pasos, ya sea desde la justicia transicional -o restaurativa, si se quiere-, nunca desde el derecho del enemigo. Y en algunas recomendaciones y teniendo en cuenta la política penitenciaria y de justicia que se aplica y se ha aplicado en el Estado, muchas veces se puede definir como excepcionalidad e incluso contraria a lo que son recomendaciones y legislación internacional. Estamos hablando del alejamiento de presos acusados de haber pertenecido a ETA o de haber colaborado con ETA y recordamos que son ya más de tres sentencias las del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a Estados miembros del Consejo de Europa por haber alejado a presos. De igual forma vemos que no se está aplicando la Decisión marco de la Unión Europea de armonización de penas cuando ya se han cumplido en otros Estados europeos. De igual forma vemos cómo los presos vascos están continuamente en aislamiento, lo que es una medida contraria a las recomendaciones de Naciones Unidas. Y vemos también cómo ha existido un riesgo permanente de torturas. España ha sido condenada ocho veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar torturas, con 5.600 casos de torturas en los últimos cuarenta años.
Lo que decía: justicia constructiva, sí, desde el sentido común, aplicando estándares internacionales y que sea siempre a favor de la convivencia y de la paz en el futuro. Afortunadamente, ETA ya es historia, es pasado, pero vemos cómo desde algunos sectores se intenta tomar ahora medidas mucho más drásticas que no se tomaron en el pasado en términos de justicia, y eso choca. Cuando hablamos de lesa humanidad quiero recordar cómo el auto de la Sección tercera de la Audiencia Nacional decía que no se trata de ataques sistemáticos contra la población civil por motivos de discriminación. En un Estado como es este, que tiene el mayor número de fosas comunes después de Camboya, en un Estado en el que cientos de miles de víctimas de una dictadura totalitaria son todavía discriminadas y son víctimas de segunda, choca que se esté hablando en este caso preciso de lesa humanidad cuando continuamente se está intentando blanquear la historia del franquismo y lo que supuso.
El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Señoría, debe ir concluyendo.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Voy acabando, señor presidente.
Por tanto, reconocimiento pleno a todas las víctimas de la violencia, ya sean de ETA, ya sean del terrorismo de Estado, ya sean del franquismo, a todas.
El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Muchas gracias, señor Iñarritu.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.
Intervendré muy brevemente porque tampoco es cuestión de agotar obligatoriamente el tiempo establecido. Pondría muy pocos reparos a lo que dice este informe y sus conclusiones. Es un informe que recoge la situación de lo que viven y han vivido las víctimas del terrorismo de ETA. El terrorismo de ETA ha hecho mucho daño y en Euskadi lo sabemos muy bien. Por tanto, nada que objetar en ese término. Lo que sí creo es que, seguramente porque no es este el foro para hablar sobre la violencia ni sobre lo que ha supuesto ETA ni lo que ha sido -estamos hablando de una interpelación, de un informe que se le encargó y un informe que ha realizado-, no se ha entrado en un debate mucho más profundo, en el que seguramente todos tendríamos cosas que decir. Lo que no se puede es aprovechar esta tesitura para después poder largar de alguna manera convicciones personales, opiniones ideológicas e incluso hasta perversiones de la realidad como se han visto en algún momento. Hablemos de esto, del informe, que es de lo que se trata.
Excepto en una serie de cuestiones con las que, con todo derecho, puedo discrepar un poquito porque alguna que otra de las que aparecen en las conclusiones podría ser discutible, no vamos a poner ahora en cuestión el dolor y el daño que ha causado la violencia de ETA. Eso es evidente, es claro, y las víctimas merecen todo nuestro respeto, todo nuestro cariño y toda nuestra solidaridad. Lo que echo en falta no es lo que está, sino lo que no está en algunas cuestiones, entre otras cosas no haber contado con la participación y que hubiera sido consultada la Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, que está realizando una magnífica labor de recuperación, de dignificación, de análisis de la verdad y sobre todo de construir un futuro sin violencia, un futuro en el cual ETA ya sea pasado, un futuro en el que las víctimas y la sociedad podamos trabajar conjuntamente en la creación de un nuevo panorama. En ese sentido, no hay más que ver todos los documentos que ha formulado esta secretaría, toda la literatura generada, toda la actividad desarrollada desde esta secretaría, directamente dependiente del lehendakari. Creo que esto es un ejemplo de cómo se puede afrontar el futuro, no pasando página sino leyendo la página y mirando al futuro como una nueva forma de entender. Afortunadamente para todos, ETA ya es historia, como ha dicho otro compañero. Ha dejado unas secuelas, sin duda alguna, y este informe recoge algunas de ellas. Considero que toda víctima tiene derecho no solamente a ser reconocida como víctima sino a que se comparta el dolor que ha padecido; un dolor que es de todos. En ese sentido, es importantísimo mirar al futuro, hacer que todo esto que ha ocurrido evidentemente no vuelva a ocurrir más. Mirar de frente y, sobre todo, no le voy a echar en cara a la defensora que haya redactado este informe porque este informe es lo que se pidió, ni que no haya incluido a otras víctimas que pueda haber porque lo que se pidió fue las víctimas de ETA. Quizás habría que elaborar un informe más genérico sobre lo que ha supuesto la violencia o, por ejemplo, lo que ha supuesto la dictadura, algo que nunca se ha realizado. Como no quiero comparar, lo que sí tenemos que asumir es que la víctima es la víctima siempre, y la víctima injusta es la víctima injusta siempre.
En alguna conclusión aparece el concepto de desterrado, aunque usted sabe que jurídicamente el concepto de desterrado... Esto puede ser una cuestión que entendamos todos, gente que ha tenido que dejar su lugar de nacimiento, su lugar de vida, su lugar de trabajo porque estaba amenazada o porque ha sido víctima o por lo que fuere, por la violencia, y que ha tenido que trasladarse. Eso es una desgracia, sin duda alguna, pero hoy en día todo el mundo puede volver a Euskadi, hoy en día todo el mundo puede trabajar allí porque sabe que ya no existe esa amenaza. En el informe hay una conclusión en la que se dice que no tienen derecho a voto. Evidentemente, no tienen derecho a voto porque la legislación española dice que se vota donde se reside. Si hay que cambiar la ley, eso es otra cuestión y alguien tendrá que proponer que hay que cambiar la ley, pero en este momento es una cuestión de legalidad vigente, nada más.
En esa línea estoy de acuerdo con las conclusiones a las que llega, en alguna que otra discrepo, y echo en falta una serie de cuestiones como las que le he dicho. No haber contado, por ejemplo, con la Secretaría General de Paz y Convivencia, que creo que habría aportado mucho, sobre todo porque se está trabajando con víctimas y se está trabajando también con asociaciones de víctimas. La imagen que cierta prensa quiere dar sobre que la Secretaría General de Paz y Convivencia no participan con las víctimas, que las víctimas y las asociaciones de víctimas están a un lado no es así, eso no es verdad. Hay un trabajo en común que se está desarrollando con toda honradez, con toda humildad y sobre todo con todo el deseo de clarificar y participar, y está dando unos buenos frutos.
Por mi parte, solo me resta agradecerle a la defensora que haya realizado este informe, que es justo y necesario. Le pido que anote las cuestiones que con el objetivo de mejorar le hace mi grupo.
El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Rufà.
El señor RUFÀ GRÀCIA: Buenos días. Deseo agradecer su presencia a la defensora y a sus colaboradores, así como el informe presentado.
Mi grupo no va a poner hoy en duda gran parte del informe, pero sí vamos a formular una serie de preguntas a los diferentes ministerios en cuanto a la consecución de la solicitudes que ha presentado usted en el informe. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Eso sí, queremos añadir algún punto más de reflexión sobre la falta en el informe del hecho histórico real del inicio de ETA, no de su final. También las pocas acciones que hicieron los diferentes presidentes y Gobiernos democráticos en el proceso de fin de ETA en cuanto a entablar un diálogo, como se ha hecho en otros países.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rufà.
En nombre del Grupo Ciudadanos, va a intervenir doña María Virginia Millán Salmerón.
La señora MILLÁN SALMERÓN: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, quisiera agradecer a doña Soledad Becerril, defensora del Pueblo, que comparezca hoy aquí. En el estudio elaborado y presentado por su institución, se nos ofrece una visión en su conjunto que es fundamental para comprender el alcance del terrorismo, pero sobre todo lo que queda después de él, que son las víctimas. Como bien dice en el propio estudio objeto hoy de discusión, es consecuencia de una moción del Congreso de los Diputados aprobada en 2015. Pues bien, ese consenso del que se vanagloriaba esa moción es el que debería existir hoy respecto a la condena del terrorismo y al apoyo a las víctimas hasta sus últimas consecuencias.
De acuerdo con el estudio del Defensor del Pueblo, la organización terrorista ETA asesinó nada más y nada menos que a 864 personas, y admite que el número de crímenes no resueltos es aún muy elevado. El drama de esta situación y el terror que hemos vivido deben ser condenados, pero es que además debe ser recordado a fin de que no caiga en el olvido y evitar que esto vuelva a suceder en el futuro, y por otro lado, debemos acordar una adecuada protección de los derechos de las víctimas del terrorismo. Por eso es por lo que Ciudadanos ya ha recogido en su programa esas demandas y también ha acordado en el pacto de investidura un firme compromiso por la lucha contra el terrorismo, la cooperación internacional, la eficacia del Estado de derecho y la memoria de las víctimas del terrorismo, estableciendo además en ese sentido mantener una estrategia internacional contra el terrorismo, en la que destacaría garantizar los principios de memoria, de justicia, de dignidad y de verdad de las víctimas del terrorismo, fomentar la cooperación internacional y la eficacia del Estado de derecho en la lucha contra el terrorismo.
Pues bien, a la vista de la presentación de este informe por su parte y en vista de lo que ha declarado, por un lado, el derecho a conocer la verdad no ha sido satisfecho a todas las víctimas del terrorismo de ETA, por otra parte, la cooperación internacional es insuficiente, y por último, el establecimiento de los plazos de la legislación para poder solicitar las indemnizaciones estatales ha dejado fuera de esa posibilidad a muchas víctimas bien por desconocimiento, bien por otras razones. Ya sé que lo ha mencionado en las recomendaciones que ha solicitado a los distintos ministerios, pero a mí me gustaría que concretara más en algunas de ellas y por eso le voy a hacer tres preguntas concretamente: ¿Cómo cree que puede lograrse una adecuada satisfacción del derecho a conocer la verdad de las víctimas? ¿Qué mecanismos debe impulsar el Gobierno para mejorar la cooperación internacional en la lucha contra
el terrorismo? Y por último, si cree que debe derogarse la legislación de plazos relativa a la existencia de los mismos para poder solicitar las indemnizaciones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Millán.
En nombre del Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Mora.
La señora MORA GRANDE: Muchas gracias, señor presidente.
Señora defensora, en primer lugar queríamos agradecerle su comparecencia para presentarnos este informe que consideramos valioso en cuanto que pone encima de la mesa la respuesta institucional, la respuesta pública a las víctimas de ETA y todo lo que tiene que ver con la satisfacción de los derechos a la verdad, justicia y reparación. Nos congratulamos leyendo el informe del alto nivel de respuesta política y administrativa que se ha dado a la necesidad de las víctimas de ETA. Obviamente, todo es mejorable, hay cosas que se pueden mejorar, pero nos parece que ha habido bastantes avances y que nos podemos sentir orgullosos, sobre todo a partir del año 1999 con la primera Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Sin embargo, de los años ochenta no podemos sentirnos orgullosos ni por la respuesta social ni por la respuesta política que se les dio a las víctimas del terrorismo. Dicho esto y agradeciendo el informe, vamos a lanzar algunos elementos críticos para el debate que queremos comentarle a raíz de la lectura del mismo.
En primer lugar, echamos de menos un poco más de pluralidad en los posicionamientos que se vierten en el informe; pensamos que en algunos casos no existe mucha neutralidad institucional que debe regir la institución del Defensor del Pueblo. Por poner un ejemplo, de las personas consultadas que vienen en la página 6, prácticamente las fuentes consultadas son muy escasas, nos referimos a las víctimas. Casi todos los posicionamientos que recoge el informe y que hace suyos son de Covite o de Dignidad y Justicia. Echamos de menos la presencia de otras víctimas, las víctimas de ETA no asociadas, que además son la mayoría, así como asociaciones o agrupaciones de víctimas de ETA que difieren públicamente de la visión de Covite, por ejemplo la iniciativa Eraikiz.
En segundo lugar, nos hubiese gustado -porque quizá el mandato del Congreso era así- que, siendo el marco legal de las víctimas del terrorismo la Ley 29/2011, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, que abarca muchas más víctimas, el informe no solo se refiriera a víctimas de ETA. Hubiera sido interesante haber contado con la referencia a otros terrorismos que en nuestro Estado obviamente han generado muchísimas víctimas y muchísimo dolor y que merecen el reconocimiento y protección de la ley, por ejemplo, víctimas del yihadismo, del GAL, del Batallón Vasco Español, de la Triple A, del Grapo, del FRAP, en fin, víctimas que también protege la propia ley.
Nos sorprende mucho que se tome posición desde la defensoría en este informe respecto a una cuestión que está sub iudice como es la consideración de delitos de lesa humanidad. Está sub iudice, es además jurídicamente muy contestada y, sobre todo, nos sorprende que se posicionen sobre que tenga un efecto retroactivo para antes de 2004. No consideramos que sea muy correcto porque ya hay un auto de la Audiencia Nacional de 2016 que precisamente entiende que no puede ser considerado delito de lesa humanidad, y hay otra causa que está en fase de instrucción. Esto nos sorprende bastante.
Con respecto al derecho a la verdad de los 377 casos que se estima que no se les ha dado una respuesta judicial satisfactoria en cuanto que no se ha podido individualizar la responsabilidad penal de autores y partícipes, nos llama la atención que no se deja claro en el informe que la mayoría de estos procedimientos ya están prescritos. Por tanto, la vía judicial realmente no va ser el camino para poder conseguir esta individualización de la responsabilidad. Lanzamos la idea de si no sería realmente interesante buscar otros foros o mecanismos alternativos para que se puedan reconocer los derechos a las víctimas de ETA en estos casos, para que se reconozca el derecho a la verdad.
Nos llama mucho la atención algo que ha comentado el portavoz del PNV, que no se hace ninguna referencia a toda la actividad intensa y numerosa de los Gobiernos y Parlamentos vascos y navarros, no solamente respecto a la normativa sobre indemnizaciones, reconocimiento y protección a las víctimas de ETA, sino también porque han propiciado numerosas experiencias muy positivas como la de Víctimas educadoras en las aulas, Encuentros restaurativos entre víctimas y exterroristas de ETA o la experiencia Glencree.
Por último, echamos de menos la referencia a las víctimas del terrorismo que quedaron excluidas de la indemnización de la Ley 29/2011 a raíz de la introducción del artículo 3 bis de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado de 2013. Se excluyen una serie de víctimas en un procedimiento que además está pendiente de recurso ante el Tribunal Constitucional y quizá también habría sido interesante que hiciera alguna mención al respecto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mora.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Nasarre.
La señora NASARRE OLIVA: Muchas gracias, señor presidente.
Defensora y a todo su equipo, les quiero expresar desde el Grupo Socialista nuestra posición favorable y nuestro sincero agradecimiento por su trabajo e interés en relación con el informe que acaba de presentarnos, que analiza la vulneración de los derechos humanos, la mención que se hace de la aplicación de categorías de derecho penal internacional, concretamente al juzgar los delitos terroristas de lesa humanidad; estudiando la situación de las víctimas y los familiares con referencias a oficinas de apoyo que tan valoradas son por las asociaciones, no solo por la información de los procesos, sino por el acompañamiento que prestan. Sus conclusiones son variadas y de tipo práctico como la ausencia de registro oficial de víctimas vinculadas a la causa judicial, la constatación del número elevado de crímenes no resueltos y el aún insuficiente reconocimiento de los derechos económicos, además de la importancia de las recomendaciones que efectúa la defensoría a las administraciones públicas. El informe, pues, señala a un ámbito concreto de los derechos de las víctimas y creo que se detiene poco en los significados políticos del discurso sobre la violencia. Por tanto, permítanme sus señorías una breve reflexión sobre el fenómeno que supuso, y todavía hoy supone, el terrorismo de ETA, estructurándolo en cuatro grandes pilares: el recuerdo, la memoria, la justicia y la dignidad.
El PSOE, como otros partidos políticos, mantuvo tanto en la oposición como en el Gobierno una continuada y tenaz lucha contra la violencia de ETA hasta acabar con sus asesinatos durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el fin de cuarenta y tres años de terrorismo. Con las cifras muy bien reflejadas en el informe, 864 víctimas, ha sido una lucha con alto coste de víctimas. No trataré de hacer aquí el victimario de ETA con relación a mi partido, sé que no es el momento ni el lugar, pero tampoco puedo olvidar los nombres de entrañables compañeros que cayeron en esa lucha asesinados por los terroristas: Enrique Casas, Fernando Múgica, Buesa, Ernest Lluch, Juan María Jáuregui, Joseba Pagazaurtundúa o Isaías Carrasco. Son nombres que siempre tendremos en el recuerdo. El recuerdo, ¡qué importante es! Escuché en la radio a un profesor de euskera y recordaba que les habló de ETA a sus alumnos de once años y no sabían lo que era, y solo habían pasado cinco años desde el anuncio del fin de la violencia. Hay que recordar. Por ello, reivindicamos la memoria, la política de la memoria como necesidad imprescindible para que Euskadi construya una sociedad justa y en paz tras décadas de terror provocados por ETA.
Sabemos que memoria ha habido siempre. El pasado era una condición necesaria para dominar el presente, lo nuevo hoy es la memoria de las víctimas. Hoy las víctimas son visibles. Nuestra historia está construida sobre ellas, pero ha sido recientemente cuando hemos tomado conciencia de su verdadero significado para la construcción de una historia justa. Por eso, si queremos construir la historia de nuestro futuro, tenemos que tener en cuenta la memoria de las víctimas, que da solidez a la posibilidad de construir una sociedad en paz. Desde la política tenemos que mirar de frente a los ojos de las víctimas, ser conscientes del dolor.
Euskadi ha experimentado la muerte y el terror, y tiene la voluntad de construir un espacio nuevo, pero no basta con abandonar la violencia para que todo se olvide. Una mirada crítica al pasado de ETA es necesaria para entender nuestra realidad actual y expulsar fantasmas de la violencia. El País Vasco quiere una sociedad en paz y eso supone entender las heridas y todos los daños causados, un sufrimiento que ha fracturado la sociedad vasca y un daño que sobrevive al silencio de las armas. No podemos olvidar cómo en los tiempos de ETA la división en la sociedad reflejaba contrastes, unos festejaban mientras otros lloraban, la fractura de toda una sociedad, heridas que generaban brechas emocionales. Si queremos paz, debemos superar todos esos daños, que también se reflejan en la reciente novela que han citado, Patria, de Aramburu, cuyo impacto sociológico es muy importante, reflejando el sufrimiento con distintas actitudes, desde el silencio o desde la hipocresía o desde la violencia o la intimidación. ¡La intimidación, señorías!
De entre las víctimas debemos recordar también a los extorsionados por ETA y quiero resaltarlos, ya que es una forma de victimización que no ha tenido la atención suficiente. No se les suele tener en cuenta, sin embargo, los extorsionados sufrieron en su persona y en sus bienes el terror de ETA, tenían que elegir
entre la vida y la muerte, sabiendo que, si pagaban, financiaban a la banda terrorista. Todo aquello condicionó mucho la convivencia en el conjunto del País Vasco. Son víctimas olvidadas que merecen igualmente nuestra atención y trabajar, trabajar una memoria inclusiva para que todas las víctimas se sientan reconocidas. Es necesario, y de ahí lo positivo de su informe, defensora.
El pasado admite distintas lecturas, dependiendo de la experiencia de cada uno. Precisamente una de las mayores discrepancias en Euskadi es consensuar el único relato. En esto hay mucha confusión y eso genera incertidumbre. A la hora de enfocar el pasado en este campo el filósofo Reyes Mate distingue tres niveles. El primero sería el experiencial, es decir, cómo cada uno ha vivido el pasado; ahí caben tantos relatos como vivencias. Otro nivel es el histórico, en el que podemos encontrar convergencias. Y el tercer escalón es el moral. Este ámbito es el que entiende que el pasado tiene un centro y que ese centro es la víctima y sobre ella no puede haber dudas. Desde el punto de vista histórico y experiencial, la pluralidad de relatos es lógica, sin embargo, desde la visión moral tenemos que tener muy claro que con las víctimas no se juega y eso no entra en discusión ni en debates ni en ninguna confusión.
Con respecto a la responsabilidad moral ante tanto sufrimiento, creo que la reflexión afecta a todos. La culpa es personal e intransferible, pero la responsabilidad puede ser social y colectiva, y es evidente que un fenómeno como el de ETA no ha existido porque ha habido una serie de asesinatos, sino también porque hubo una parte de la sociedad que consintió o decidió mirar hacia otro lado. Y vuelvo aquí a recordar la novela Patria, donde se refleja meridianamente esta cuestión. Por eso, hacer justicia a las víctimas del terrorismo de ETA no puede reducirse exclusivamente al delito. El terror no es solo un delito, el terror genera culpa. Por tanto, hacer justicia no es solo cumplir la ley, también es necesario reparar daños que se han producido y a eso se refiere la justicia de las víctimas. Hay que reparar lo reparable y hacer memoria de lo irreparable. No se puede pasar página y de ahí lo importante del relato, que la paz se construya sobre una historia marcada por la violencia, la paz como respuesta política a la injusticia de la violencia. También hacer justicia significa hacer frente al daño con dignidad, de ahí la importancia de la reconciliación, un gesto que pasa por recuperar a las dos partes, a la víctima, reconociéndole sus derechos, y al victimario, siempre que reconozca su acción y que no fue un gesto heroico, pues lo que hizo fue cometer un crimen. Ello nos llevaría al perdón que si bien es gratuito, no es gratis, pues si se exige hay que estar dispuesto a concederlo. Precisamente la simetría entre víctimas y presos resulta injustificable y por parte de ETA no se conoce nada parecido. No se puede utilizar la violencia para justificar una política. Las ideas quedan contaminadas por las acciones violentas, el medio contamina el fin, no todas las ideas son respetables y eso debe quedar claro en los demócratas. Como consecuencia de los padecimientos sufridos, tal y como sostiene Teo Uriarte, y comparto, en su obra Tiempo de canallas. La democracia ante el fin de ETA o como de igual forma opina Fernando Savater en su libro Contra las patrias, no hay doctrina progresista que brote de la sangre de las entrañas por populares que estas puedan ser, sino de la razón y el acuerdo. Forzar la simetría es buscar una coartada para no enfrentarse a la propia violencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar ya.
La señora NASARRE OLIVA: Los que asumen la muerte del otro como un crimen son los que entienden lo que Reyes Mate llama la cultura de la víctima. ETA y su entorno no se han enterado de lo que ha ocurrido en los últimos años en el mundo, la emergencia de las víctimas, que es un fenómeno reciente. Víctimas ha habido siempre, la historia se ha construido sobre ellas, pero se les ha invisibilizado, se les ha restado importancia. Eran el precio inevitable al progreso.
El señor PRESIDENTE: Ya ha agotado su tiempo.
La señora NASARRE OLIVA: Lo nuevo es que se han hecho visibles y tiene una significación propia que lo cuestiona todo.
La paradoja a la que nos enfrentamos es que aquí cada cual tiene las suyas. Por ejemplo, hay quien es muy sensible a las víctimas de ETA, pero guarda un respetuoso silencio respecto a las del franquismo. Tener siempre presente a la víctima es cuestionar la violencia en la política. Decía el filósofo Ernest Renan que no hay pueblo que se precie que no se invente de alguna forma el pasado; y ese, señorías, entre otras cosas, es el origen del nacionalismo. Marx sostenía que la violencia es la partera de la historia. En el caso de España, tomando como ejemplo la Transición, se hizo lo que se pudo dada la situación y la relación de las fuerzas, y no se hizo más.
El señor PRESIDENTE: Acabe ya. Es que ya ha consumido el tiempo, por favor.
La señora NASARRE OLIVA: De acuerdo.
Por lo tanto, o creamos cultura de la memoria o nos harán política de la memoria.
Para finalizar, simplemente quiero recordar a Azaña: Es obligación moral sacar de la musa del escarmiento el mayor bien posible y, cuando la antorcha pase a otras generaciones, piensen en los muertos y escuchen su lección. Esos hombres han caído por un ideal grandioso y, ahora que ya no tienen odio ni rencor, nos envían el mensaje de la patria que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Nasarre.
Muchas gracias a la defensora y al equipo que la acompaña en esta comparecencia por haber aceptado el mandato que en su momento les dio el Congreso para elaborar este informe. Desde mi grupo parlamentario queremos felicitar a la defensora y a su equipo por el estudio Los derechos de las víctimas de ETA. Su situación actual. Esta mañana estamos dedicando una parte de la sesión a las víctimas del terrorismo. En nuestra opinión es un trabajo serio y riguroso; una recopilación de informes de diferentes administraciones, oficinas de atención, asociaciones de víctimas y universidades. Como decía, es un trabajo necesario que da una visión de la realidad de las víctimas cercana y que pone sobre la mesa aquellas cuestiones que aún quedan sin resolver. Gracias por abrirnos más los ojos si cabe a los que lo hemos leído y estudiado y por ofrecer a nuestra sociedad y al ámbito internacional la posibilidad de mejorar la atención a las víctimas del terrorismo de ETA con este estudio elaborado por la Oficina del Defensor del Pueblo.
El derecho de las víctimas a saber, a ser consideradas víctimas de violaciones de los derechos humanos, la necesidad de que los culpables sean juzgados y la obligación de que se conozca el pasado y las generaciones futuras sepan lo que el terrorismo significa y lo que supone vivir con él dentro de un régimen de libertades son tratados, a nuestro modo de ver, con claridad y con eficacia en este informe. Algunos de los extremos que queríamos plantear a la defensora han sido ampliados en su explicación previa y de la lectura detallada del informe se deduce que durante mucho tiempo las víctimas del terrorismo han permanecido desinformadas acerca del proceso penal en el que se encontraban afectos sus derechos. Así consta en el informe de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional de enero de 2016. Se han repetido ya en varias ocasiones los datos: 864 víctimas mortales y más de 2.516 heridos que no podemos olvidar. Se deduce también de la lectura del informe y de sus conclusiones -lo ha dicho la defensora en las recomendaciones que se han enviado a diferentes ministerios y que también constan en el informe- la necesidad de contar con una base de datos con la que podamos saber cuántas personas han perdido la vida, cuántas han sufrido lesiones, cuántas han sido amenazadas, secuestradas o coaccionadas y cuántas abandonaron su lugar de residencia. La defensora ha dicho que se han aceptado las recomendaciones y yo le preguntaría si estamos más cerca de contar con esa base de datos que nos puede ayudar a conocer toda esta información.
Las víctimas del terrorismo, en su condición de víctimas de violaciones de los derechos humanos, ostentan también el derecho a la verdad; un derecho reconocido por Naciones Unidas como autónomo e inalienable, lo que les garantiza el acceso a cuanta información exista en su procedimiento. Se reconoce en este estudio el avance que supuso la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo; una ley que marcó un signo de reconocimiento y respeto a las víctimas del terrorismo, pero también de solidaridad. Con ella, a nuestro modo de ver, la sociedad española ha rendido y rinde homenaje a las víctimas del terrorismo. A partir de ahí, hay un punto en el que nos consta que la Oficina del Defensor del Pueblo ha centrado sus esfuerzos, que es en estudiar y recoger toda la información -también lo ha ampliado en la información que nos ha dado ahora mismo- sobre los crímenes sin resolver de ETA y las 349 víctimas mortales sin resolución judicial en más de 270 procedimientos penales. Nos gustaría reconocer ese esfuerzo de la Oficina del Defensor del Pueblo en esta materia. Otro punto en el que usted ha hecho algunas recomendaciones y que creemos muy importante es el trabajo que se ha hecho desde las asociaciones de víctimas y en coordinación con la Oficina de Información y Asistencia de la Audiencia Nacional y de las diferentes administraciones. Nos gustaría saber si cree que ha cambiado de alguna manera la percepción internacional del hecho terrorista
en España. Como decía, muchas de las cuestiones que podíamos plantear en esta intervención han sido ya ampliadas con anterioridad por la defensora. Otro tema importante es el relato a nivel internacional y recoger las recomendaciones que ustedes han enviado a la Secretaría de Estado de Justicia o a la Subsecretaria de Asuntos Exteriores. Tal y como ha dicho, entiendo que han sido aceptadas y que se atenderán en su momento. En las recomendaciones y en las conclusiones consta también que para usted y su oficina es fundamental reforzar la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo quizás como órgano central de atención y asistencia, tal como lo expresa en el informe.
En cuanto al relato, quiero agradecer el estudio exhaustivo -para nosotros sí que es un estudio completo e importante- de los libros de texto españoles y de sus conclusiones. La educación es la base de todo y desde luego coincidimos en que aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. El terrorismo de ETA ha afectado a la sociedad vasca y a la sociedad navarra, pero también a toda la sociedad española. Llama la atención -y lo ha aclarado usted también- que en los catorce manuales analizados no se encuentre un solo testimonio de las víctimas del terrorismo que muestre cómo afecta a la vida de las personas. Veo que también en las recomendaciones se indica que desde el Ministerio de Educación se pueda acometer un pacto con todos los grupos políticos. Esto nos anima a estar unidos y a seguir trabajando para que nuestros jóvenes se eduquen en la verdad, que puedan seguir construyendo una sociedad en paz y concordia, que todos podamos mirar al futuro y que el esfuerzo que se ha hecho en este informe continúe en la línea del trabajo conjunto y de la averiguación de la verdad.
Quiero finalizar con nuestro recuerdo y afecto a las víctimas del terrorismo y a sus familias, porque estamos con ellos.
Así concluimos la intervención de los grupos parlamentarios. Ahora tiene la palabra para contestar a las sugerencias y a las cuestiones que cada grupo ha presentado la defensora del Pueblo.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Muchas gracias, presidente.
He escuchado con mucho interés todas las intervenciones de sus señorías y espero poder responder a algunas de las preguntas que me han formulado. Si no fuera posible porque necesitara aportarles algunos datos, se los enviaría con muchísimo gusto, como es lógico.
No es la historia de ETA lo que contiene el documento que hoy traemos. Hay historias de esta organización terrorista, pero no es el caso. No se nos encomendó ni se nos ocurriría haberlo hecho, porque no es competencia nuestra -ni muchísimo menos-, pero hay muchas historias. No es lo solicitado ni es nuestra competencia ni es nuestro afán, pero hay una documentación a pie de página que quizá en algún momento le pueda interesar a alguna de sus señorías. Son muchos los autores que han escrito sobre distintos aspectos de la banda terrorista y de las acciones y de los atentados cometidos en textos diversos y aquí se mencionan. Yo casi al azar, porque son muchísimos, le señalaría a sus señorías los textos de Teo Uriarte, de Fernando Savater, de Maite Pagazaurtundúa, de Belén Pulgar, de Mario Onaindia, de Goyo Martínez, de Ramón Jáuregui, de Iñaki Ezquerra, de Florencio Domínguez, al que hemos mencionado, de José María Calleja, de Iñaki Arteta y de otros más.
Es decir, hay mucha literatura, hay mucho escrito ya, desde distintos ángulos y aspectos, sobre la banda, sobre el origen de la historia y sobre lo cometido por la banda. No es este el objetivo del informe, sino el que he enunciado al comienzo, como consecuencia de aquella solicitud del Congreso de los Diputados. Ni están aquí tampoco, porque no ha sido lo solicitado, la relación de las víctimas ni la relación de los heridos; estoy segura de que la oficina de apoyo a las víctimas del Ministerio del Interior o la oficina de la Audiencia Nacional pueden proporcionárselas a sus señorías si así lo desean.
Hay varios libros interesantes sobre la materia, de reciente publicación. El mencionado de Aramburu, Patria, que relata cómo se vivieron los hechos en alguna localidad del País Vasco, cómo vivieron diversas familias los hechos terroristas o un hecho terrorista. No voy a entrar en más. Hay otro libro muy interesante también, Vidas rotas, de varios autores. Son setecientas páginas, donde están casi todas las víctimas, y es muy impresionante porque está la pequeña historia de esas personas, que fueron todas grandes. Otro libro también de interés es el llamado Agujeros del sistema, de Juanfer F. Calderín, al que nos referimos en algunos momentos. Esta es una brevísima selección, pero no era nuestra intención, ni muchísimo menos, hacer una historia del origen, ni del porqué, ni de los motivos, ni de los objetivos; no era esa nuestra intención.
Agradezco mucho al diputado señor Salvador que haya solicitado esta comparecencia y el interés que ha mostrado por las víctimas. No solo es una intervención actual, sino que me consta que se ha preocupado de ayudar a las víctimas y de mejorar su situación a lo largo del tiempo, y lo ha hecho aquí en el Congreso y fuera, en su tierra. Se lo agradezco y espero que continúe haciéndolo, porque las personas víctimas del terrorismo van a necesitar siempre apoyo. Al hablar de víctimas, quiero recordarles a sus señorías que en la presentación se dice que este es un documento elaborado por este motivo, relacionado con las víctimas de ETA, pero la condena al terrorismo se hace a toda suerte, a toda clase de terrorismo, con independencia de su origen. Ese es un principio que queda declarado en la presentación. Nosotros condenamos todos los actos de terror. Este documento versa sobre ETA, pero nuestra condena es absoluta y total a todos. Preguntaba el señor Salvador si podríamos hacer más, si se puede hacer más. Yo supongo que sí, que siempre se podrá ayudar, porque las personas cuyas vidas han sido destrozadas están en situaciones muy diversas: unas necesitaran un tipo de apoyo y otras necesitarán otro tipo de apoyo o de consuelo, y además de ellas, sus hijos y sus personas más cercanas. El defensor, como es natural, ha recibido a lo largo del tiempo a muchas familias, y una de las cosas que a mí me ha impresionado es que ha venido gente joven, que eran niños cuando ocurrió el atentado, cuando mataron a su padre, por ejemplo. Ha venido gente joven que apenas tiene memoria de los hechos, pero cuyas vidas están profundamente afectadas. Esas personas, aparte de la ayuda económica que la familia pueda necesitar, lo que van a seguir necesitando es asistencia psicológica, psiquiátrica, anímica, porque esos procesos clínicos pueden durar décadas y décadas. Siempre podremos hacer más.
En relación con las editoriales, mencionan las referencias a los atentados terroristas en los textos de segundo de Bachillerato y en los de Historia de España. Yo no soy quién para decir lo que deberían poner o quitar, ni muchísimo menos, pero como defensora me gustaría, con carácter general, una proclamación más intensa, más fuerte de la Declaración de los Derechos Humanos. Me gustaría que estuviera en todos. Y, por otra parte, me parece que sería de interés que se oyera la voz de algunas familias, quizás la de gente joven o la de gente que ha pasado y que sigue pasando por penalidades económicas, materiales, intelectuales o psíquicas, como se ha hecho en tantos otros hechos de historias, y no me refiero a esta sino a historias mundiales de víctimas que han podido contar, que han podido narrar, que han podido dar cuenta de sus sentimientos en películas, en escritos. Me parece que sería muy natural, que sería humano y humanitario que las víctimas tuvieran alguna voz en alguno de estos textos. Pero serán las autoridades competentes en la materia académica las que resolverán o pondrán interés en ello.
Hemos contado con documentos procedentes del País Vasco. Hemos contado con el informe Foronda, que es absolutamente impresionante; es crudo, duro, real y verídico. Hemos contado con el informe de la Universidad del País Vasco, que también es un informe muy importante. Hemos contado con la opinión del ararteko. Tras su toma de posesión, relativamente reciente, le dije personalmente que estaríamos encantados de que aportara documentos u opiniones y de contar con su ayuda.
El senador Iñarritu nos dice que hay reflexiones más propias del Ministerio del Interior. Yo no estoy de acuerdo con ello. Hemos procurado separar los ámbitos de competencia; ahí somos muy estrictos, muy severos.
El ministro del Interior -este, el anterior y otros- ha hecho manifestaciones aquí, y yo no tengo nada que decir; son sus competencias. Esto no versa sobre el Ministerio del Interior, ni sobre las afirmaciones ni sobre lo que va a hacer el ministerio.
El presidente de la Comisión en su calidad de portavoz nos animaba a mirar hacia otros informes provenientes del País Vasco, pero ya le he dicho al presidente que hemos contado con varios de ellos y que algunos nos parecen de mucho interés, sobre todo los dos que acabo de mencionar. Asimismo, ha señalado una cuestión que no planteamos nosotros -nosotros recogemos lo que nos dicen entidades acreditadas-, como es el derecho al voto de los que tuvieron que marcharse. No es esta una cuestión sencilla ni muchísimo menos; es una cuestión verdaderamente compleja, pero sí nos lo dicen, y no sola una persona o una familia -no, no-, nos lo dicen las personas que aparecen recogidas en la página 6 y que no son ni dos ni tres. Lo dice el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, que ya hemos mencionado; la Fundación Víctimas del Terrorismo; lo dicen profesores de la Universidad del País Vasco; lo dice la Asociación Dignidad y Justicia, que también hemos mencionado; lo dice el director del Centro de la Memoria de Vitoria -en esta página 6 se mencionan ocho o diez colectivos-; lo dice la Fundación Gregorio Ordóñez; lo dicen catedráticos de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid; lo dicen varias eurodiputadas solventes, cuyas voces son importantes y siempre se expresan de manera
inteligente. Comprendo que esta es una cuestión difícil, pero nos hemos sentido impelidos a recoger lo que estas personas, entidades y asociaciones nos solicitan, y que es que se estudie esta cuestión.
El senador señor Rufà mencionaba que faltaba la historia o la narración del origen de ETA. Ya les acabo de explicar a sus señorías que esta no es la historia del origen de esta banda terrorista, que esas han sido y serán otras las personas que lo hagan y que esta no ha sido nuestra intención ni nuestro objetivo.
Agradezco a la diputada señora Millán Salmerón las consideraciones que hace y que haya estudiado y leído con detenimiento el informe. Insiste en la cooperación internacional, y creo que se ha avanzado mucho en esta materia durante las últimas décadas, así como en promover y divulgar lo sucedido en España y en intentar lograr la comprensión de entidades e instituciones internacionales, pero siempre quedará algo por hacer y siempre habrá respecto a épocas atrás incomprensión y libros de texto, documentos, informes y archivos en organismos internacionales en los que nuestras voces llegaron escasamente o no nos supimos hacer entender. Yo misma recuerdo años atrás una conferencia internacional celebrada en un organismo de un país de la Unión Europea, en la que no tuve más remedio que ponerme en pie y pedir la palabra ante las cosas que escuché decir. Siempre nos quedarán cosas por hacer, que proclamar y que relatar.
Quería también decirle a la señora diputada que la mejora y la unificación de los archivos, sin perjuicio de que lo que está en los otros se mantenga -aquí no hablamos de desaparición de nada-, es un instrumento para las familias muy importante, y supongo que también para los jueces y para las personas que intervienen en las causas judiciales. No debemos olvidar que años atrás -subrayo, años atrás- las familias tuvieron muy poca información. Solamente familias que pudieron contar con asistencia letrada, que pudieron estar acompañadas de personas que sabían de esta materia, lograron la información necesaria. Personas que vivían en ciudades pequeñas, que vivían muy aisladas o que no tenían formación suficiente no supieron cómo reaccionar, cómo acudir, dónde presentarse, dónde solicitar información o dónde proseguir los procedimientos. Eso es así, porque no todas las víctimas tenían la misma formación o el mismo nivel de conocimiento de datos, de hechos, etcétera; no todas tenían las mismas capacidades. En cuanto a los plazos para presentarse por parte de las familias ante procedimientos judiciales, es conveniente que se flexibilicen para que nadie quede sin la ayuda y sin la información precisa. Creo que la Administración General del Estado, la oficina del Ministerio del Interior y la de la Audiencia Nacional, así como las oficinas que hay en las comunidades autónomas, están en ello y quieren prestar estos servicios.
Le agradezco también a la señora Mora que haya analizado con detenimiento este informe y escucho con interés sus críticas y sus comentarios. Dice que echa en falta algo -o mucho, no sé- de pluralismo. Nosotros hemos procurado ser objetivos, mirar las cosas con la distancia y la pluralidad que merecen y recoger, como decía, las opiniones de muy diversas personas. Yo he manifestado las opiniones que aquí se reflejan y los documentos que en parte se han recogido. En la página 62 hay una larga bibliografía de las mismas, pero hay muchísimas más. En cualquier caso, reitero a la señora Mora y a otras personas que tengan interés, que en la página 6 hemos contado con la opinión del fiscal de la Audiencia, con la del catedrático de Derecho Internacional, Carlos Fernández Casadevante. Hemos escuchado la opinión del catedrático emérito de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Políticos, don José Álvarez Junco, al profesor Juan Pablo Fusi, catedrático de Historia de la Universidad Contemporánea de Madrid, al catedrático de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, don Luis Rodríguez Ramos, y a otras personas. Desde luego yo me hago responsable del informe, pero sí hemos escuchado la opinión de doctas personas y de otras que han comentado el texto por sus cargos o profesiones, con independencia absoluta naturalmente y con lucidez. Aquí están enumeradas algunas de ellas.
Mencionamos el concepto jurídico de lesa humanidad en varias ocasiones. Sí se está aplicando y por eso nos parecía correcto usarlo. Los jueces dirán y por supuesto que nosotros acataremos lo que resuelvan. En otros países se ha aplicado este concepto. Si repasamos la historia reciente de países de la Unión Europea, este concepto ha sido aplicado. No quisiera extenderme ni hacer comparaciones, pero en la historia de Alemania este concepto se ha aplicado después de gravísimos hechos, así como en la historia de otros países. Nosotros estaremos a lo que digan los jueces y naturalmente acataremos sus sentencias y sus actuaciones.
Reconozco que la senadora Nasarre, del Grupo Parlamentario Socialista, ha hecho una lectura profunda del documento, ha reflexionado sobre él, y yo se lo agradezco. Ya sé que su grupo parlamentario tiene una sensibilidad muy especial en esta materia que hoy tratamos y comparto muchas cosas que ha dicho, sus propios sentimientos y sobre todo el objetivo de lograr que las víctimas no sean invisibles, que
es una de las consecuencias que ha mencionado en su intervención. Por supuesto lo suscribo y estamos decididos a colaborar con esa teoría que acaba de explicar.
A la senadora Asunción Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular, le agradezco también la lectura sosegada e intensa que ha realizado de este documento. Suscribo también muchas de sus apreciaciones y estoy de acuerdo, como ya ha explicado, en la conveniencia de tener esa base de datos unificada, con la posibilidad de que se contemplen ampliaciones de datos o de hechos en los libros de texto y en que colaboremos en la medida de nuestras posibilidades -las suyas son bien distintas a las de la institución del Defensor- en ayudar a la oficina de la Audiencia Nacional para tener más medios. Supongo que también la oficina de víctimas que ayuda desde el Ministerio del Interior a las familias también necesitaría en algún momento ampliar sus capacidades, pero esas ya son cuestiones más bien del Gobierno y de sus señorías cuando debatan aquí temas presupuestarios, etcétera.
Les agradezco a todos su intención y desde luego estamos, como siempre, a su disposición por si quisieran ampliación de alguno de los documentos manejados o explicaciones más abundantes y más exhaustivas que esta Comisión no puede permitirse tener ahora pues sus señorías deben continuar con otros trabajos aparte de los de esta Comisión.
Gracias, presidente, por su atención.
El señor PRESIDENTE: Gracias, defensora.
Ahora vamos a hacer un receso de cinco o diez minutos y pasaremos al segundo punto del orden del día.
INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 ELABORADO POR LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, EN SU CONDICIÓN DE MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 23 DEL PROTOCOLO FACULTATIVO A LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, HECHO EN NUEVA YORK EL 18 DE DICIEMBRE DE 2002. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 261/000001 y número de expediente del Senado 781/000001).
El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos y a todas otra vez. Reanudamos la Comisión con la comparecencia de la defensora del Pueblo para tratar el segundo punto del orden del día que es la presentación del informe anual del Mecanismo nacional de prevención de la tortura. Por tanto, como siempre, la defensora tiene tiempo ilimitado para intervenir y hacer el balance de este informe, que todos ustedes conocen, y posteriormente procederemos, tal y como hemos hecho en el anterior punto, a la intervención de los diferentes grupos parlamentarios por el tiempo que hemos establecido.
Defensora, tiene usted la palabra.
Intentaré hacer una exposición lo más ajustada al informe y también al tiempo del que disponen sus señorías, escuchar sus opiniones y responder a sus preguntas.
El informe que ahora se presenta entró en el registro de las Cámaras el 20 de julio de 2016. En próximas fechas concluiremos -y estará a disposición de sus señorías- el informe correspondiente a 2016; ahora estamos hablando del informe de 2015, informe que también fue presentado en Ginebra, en el organismo correspondiente del Subcomité de Prevención de la Tortura, en septiembre del año 2016. A continuación, haré un resumen de lo que se contiene en ese documento.
Como saben sus señorías, la legislación internacional y el derecho europeo otorgan una muy especial atención a los procesos y condiciones en los que se puede privar de libertad a una persona. El cumplimiento de lo que establece la legislación vigente supone una gran diferencia entre aquellos Estados en los que prevalece el Estado de derecho y otros en los que no existe ese Estado de derecho. Para la institución del Defensor del Pueblo, en calidad de Mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, esta responsabilidad supone mantener una vigilancia constante, permanente, sobre todos los aspectos y circunstancias de las personas que están privadas de libertad: el lugar donde transcurre su vida cotidiana, las condiciones en las que esta se desenvuelve, la atención sanitaria que reciben, la comunicación con las familias, la comunicación con los letrados, las posibilidades de contar con una ocupación, con un esparcimiento y las posibilidades de contar o proseguir
con un periodo de formación. Todas estas circunstancias y hechos son observados detenidamente desde la institución del Defensor del Pueblo.
A lo largo de 2015 se han efectuado sesenta y dos visitas, de las que en los anexos se da exhaustiva cuenta: las fechas y el lugar, así como las recomendaciones. Estos datos -lo recuerdo a sus señorías- están también en la página web, donde se recoge toda la información desde 2013, incluyendo las recomendaciones. Además, se pueden solicitar datos de periodos anteriores pero, insisto, a partir de 2013 ya está todo en la web, a disposición de sus señorías y de aquellas personas que se interesen por esta materia. A lo largo de 2015 se han visitado comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, cuarteles de la Guardia Civil, Policía local, Policía autonómica, calabozos en edificios judiciales, salas de inadmitidos o solicitantes de asilo en los puestos fronterizos, en aeropuertos, centros de internamiento de extranjeros, centros penitenciarios, establecimiento penitenciario militar, centros para menores infractores y centros socio-sanitarios, y se ha acompañado a operativos de traslado de extranjeros en repatriaciones con el fin de evaluar a lo largo de todas estas actuaciones los aspectos que he mencionado y formular las correspondientes recomendaciones o sugerencias. Una sugerencia se refiere a un hecho concreto en un momento determinado de un centro determinado, mientras que las recomendaciones tienen un carácter más general y pueden afectar a varias circunstancias o a varios centros. Como saben sus señorías, estas visitas, que realiza un equipo del Defensor del Pueblo, y yo misma en muchas ocasiones, son visitas no anunciadas previamente y pueden llegar a tener varios días de duración. Contamos con un consejo asesor constituido por ocho vocales, que son personas de reconocida trayectoria en materia de defensa de derechos humanos y que se han ocupado del tratamiento de personas privadas de libertad por cualquier causa y, además, tenemos la asistencia habitual de técnicos expertos propuestos por los colegios profesionales de médicos y de psicólogos, a los que agradecemos siempre su asistencia y colaboración.
El documento que tienen sus señorías contiene varios apartados: visitas realizadas, resoluciones y actuaciones, y también actividades institucionales de formación o de difusión, de presencia del mecanismo en foros internacionales. Asimismo, se contienen anexos interesantes porque recogen desde el presupuesto, de 745.000 euros para el año 2015, hasta todos los lugares de privación de libertad visitados, con sus fechas y fichas correspondientes -hay algunas visitas a destacar porque se han hecho acompañados de varias personas del consejo asesor, porque yo misma he acompañado a los técnicos, porque se ha insistido por distintas circunstancias, etcétera-, recogiéndose también las actividades de formación y de difusión que le corresponden al mecanismo, unas veces por iniciativa propia y otras porque algunos países nos piden que les informemos de lo que hacemos y, también, que formemos a equipos para que ellos puedan hacer actuaciones similares. El trabajo se divide en visitas a centros de privación de libertad de corta duración, visitas a centros de privación de libertad de media duración y visitas a centros de privación de libertad de larga duración. Sus señorías tienen unos cuadros resumen de las 58 recomendaciones efectuadas, de las 224 sugerencias efectuadas -aquellas que son más concretas y más precisas- y de los deberes legales recordados a las administraciones. De las recomendaciones efectuadas, la mayoría -42 de las 58- han sido aceptadas, se han rechazado 14 -a continuación explicaré los motivos- y hay dos en trámite, que quiere decir que no las abandonamos, sino que estamos insistiendo en ellas porque no nos satisface la respuesta o porque queremos una ampliación de dicha respuesta. De las sugerencias, como los cuadros muestran, hay aceptadas 196, rechazadas 22 -que también explicaré- y en trámite 6.
¿Cuáles son las modificaciones normativas tras las recomendaciones efectuadas a lo largo de 2015? Ha habido varias y, a nuestro juicio, importantes. Como consecuencia de las recomendaciones efectuadas, se modificó la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificándose el artículo 520. Este artículo se modificó en cuanto a la obligación de informar por escrito de los hechos que se reconocen al detenido, de las razones de la detención y de los derechos que le asisten. Se modificó y se amplió el reconocimiento de derechos en cuanto a acceder a elementos de actuaciones necesarios para impugnar la legalidad, si ha lugar, de la detención. Asimismo, se reconoció el derecho a comunicarse telefónicamente con alguien de su elección y a ser visitado por las autoridades consulares; el derecho a que se le informe del plazo máximo legal de la detención; la puesta -esto es importante- de los menores detenidos a disposición de la Fiscalía de Menores; la reducción del plazo máximo en el que debe personarse el abogado, una reducción de ocho a tres horas. También han sido consecuencia de recomendaciones de la institución efectuadas a la Secretaría de Estado de Seguridad varias órdenes que tratan sobre cómo deben ser y en qué condiciones deben estar los vehículos
destinados a la conducción de los detenidos, el diseño y construcción de las áreas o zonas donde están los detenidos y la instrucción relativa al protocolo de actuación en áreas de custodia de detenidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estas son algunas de las consecuencias de nuestras actuaciones que consideramos de interés.
Con carácter general, nuestras recomendaciones han versado sobre calabozos, dependencias judiciales, dependencias policiales, etcétera. Con carácter general, hemos insistido en el libro de registro de presos y detenidos en edificios judiciales. Esta recomendación la hemos extendido a todas las comunidades autónomas y ha sido aceptada en términos generales. Hay tres consejerías que todavía -confiamos en que acaben aceptándolas- no las han aceptado, pero en general las comunidades autónomas sí lo han hecho. Hemos insistido en que se incluya en los libros de registro y custodia de detenidos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía a las personas que han sido detenidas pero que no han ingresado en calabozos, recomendación formulada a la Secretaría de Estado de Seguridad que sí ha sido aceptada. Y hemos formulado ochenta y cinco sugerencias al Cuerpo Nacional de Policía, a las policías locales, Guardia Civil y autonómicas. La mayoría han sido aceptadas. Por ejemplo, la de cumplimentar correctamente los libros de registro. Esto es importante; cada uno no puede hacer como quiera el libro de registros sino que hay unos protocolos, unas normas claras para que se pueda entender bien lo que ahí está descrito y si es una descripción completa. Se deben entregar a los detenidos mantas en condiciones; renovar todo ese pequeño equipo que se les entrega. También, ampliar la cobertura del sistema de videovigilancia; nos parece que eso da seguridad a las fuerzas que custodian y puede ser útil para revisar algún caso, para un juez, para una comprobación. Siempre es una garantía; deben funcionar suficientemente bien, se deben ver bien y nos parecen algo absolutamente fundamental y no complejo hoy en día.
Hemos recomendado, y así se ha aceptado, que las personas detenidas no entren por la puerta principal. Esto tiene varias consecuencias, pero también varias protecciones. Primero, la protección al derecho a la intimidad, a la presunción de inocencia que tantas y tantas veces se rompe en nuestra vida cotidiana, o la rompemos o la rompen los medios de comunicación. Creemos que ahí hay que tener mucho sigilo y mucha prudencia. Segundo, la eliminación de todos aquellos elementos que en las celdas puedan incitar al suicidio o a la autolesión. Tercero, la correcta identificación de los agentes que están ejerciendo funciones de custodia. Cuarto, mejorar las condiciones sanitarias; evitar que haya dentro de las celdas esos lavabos e inodoros que no responden a estos tiempos ni muchísimo menos.
Las resoluciones de centros de privación de libertad de media duración, que son los CIE, así como un centro penitenciario militar, también han sido visitados y tenemos resoluciones formuladas hacia estos centros. Mi opinión sobre los centros de internamiento de extranjeros ya la he vertido y no voy a reiterarla, la sigo manteniendo. Hacen falta importantes actuaciones en materia de infraestructuras, de mejora de esas infraestructuras, y pensar las condiciones humanitarias y el porqué de esas personas en esos centros. En fin, creo que el ministro del Interior ha hablado ya en el Congreso y en el Senado sobre esta materia y espero que se avance en la mejora tanto de las edificaciones como del porqué, las motivaciones y el tratamiento de estas personas que están en los centros. Hemos formulado recomendaciones de interés hacia los centros, por ejemplo aquellas formuladas para las traducciones a varios idiomas por buenos intérpretes; insistimos en la necesidad de buenos intérpretes, lo que no siempre es fácil porque hay que abarcar multitud de idiomas. Hemos insistido en que los partes de lesiones estén correctamente redactados, observados, descritos y vigilados. Y hemos formulado sugerencias muy claras sobre mejora de algunos centros, como ya he referido: necesidad de calefacción, pintura, ampliación de espacios -también de esto se va a dar cuenta a lo largo del informe del año 2016; se lo contaremos a sus señorías-; apertura automática de las puertas de todas las celdas para casos en los que sea urgente salir porque haya que evacuar un ala o a un grupo de personas; materiales deportivos, de ocio; protocolos preventivos de suicidios; control médico de internos, que se hace pero en algunos de los centros es conveniente ampliarlo a sábados por la tarde y domingos, y algo muy necesario hoy en día, que puedan utilizar teléfonos móviles. Así lo han resuelto y decidido jueces de control en varios centros de internamiento y nosotros, por supuesto, suscribimos sus resoluciones. Hemos formulado también resoluciones relativas a primeras asistencias a extranjeros que llegan en pateras, muy especialmente a mujeres embarazadas y a menores, y se ha aceptado que se dé prioridad a la tramitación de sus expedientes de devolución -si es que hay que hacerlo, si se puede hacer en las condiciones debidas-, que se faciliten los medios fundamentales para su estancia -personales, de aseo, de asistencia letrada, etcétera-. Quiero comentarles que en visitas recientes que
hemos hecho a centros de internamiento de extranjeros donde había personas que acababan de llegar, yo he podido comprobar porque ellas -eran mujeres- así me lo han mostrado la necesidad de la asistencia sanitaria urgente. Porque muchas de ellas llegan con quemaduras provocadas por el fuel de las embarcaciones; por los botes de goma y el fuel que ahí se ha vertido. Son imágenes muy, muy impresionantes. Por tanto, la asistencia sanitaria, que en general es buena y que agradecemos a todos los profesionales que la ejercen, es muy importante y debe ser inmediata.
Las resoluciones relativas a centros de privación de libertad de larga duración -centros penitenciarios- son también interesantes y en general nuestras recomendaciones han sido aceptadas. Hay una que está en trámite, que es la aportación de grabaciones del sistema de videovigilancia en la tramitación de los expedientes disciplinarios. No se nos ha contestado de forma clara y vamos a insistir, por eso esta recomendación está en trámite. Ha sido aceptada la de crear en todos los centros penitenciarios un libro de registro en condiciones, en el que se recojan las quejas y las denuncias presentadas por los internos. Ha sido rechazada la elaboración de un protocolo de actuación médica en caso de aplicación de medios coercitivos. Vamos a insistir, ya que a veces se rechazan recomendaciones porque creen que no tienen capacidad, porque tienen que estudiarlas o porque tienen que cotejarlas con autoridades, pero eso no supone que nosotros no perseveremos en aquello que consideramos procedente.
Se hicieron sugerencias sobre las sujeciones mecánicas. Estamos elaborando -está prácticamente concluido- un documento sobre sujeciones mecánicas del que ya hablaremos en su momento. La sugerencia relativa a sujeciones mecánicas para dar cuenta de lo ocurrido o cómo se ha desarrollado una sujeción, ha sido aceptado, y también ha sido aceptado que se investigue de manera inmediata, sin perjuicio de las pertinentes actuaciones judiciales, cualquier alegación que pueda hacer un interno sobre malos tratos, que se investigue inmediatamente. Se ha visitado un centro penitenciario militar de Alcalá de Henares, un centro de estancia de media duración, y se han formulado recomendaciones sobre el reglamento de establecimientos de esta naturaleza que han sido aceptadas, como por ejemplo el libro de registros y las condiciones en que deben estar las celdas para evitar suicidios y lesiones.
En relación con los establecimientos residenciales que prestan servicios de carácter sanitario, social o de rehabilitación, se han hecho bastantes recomendaciones, doce en concreto, que afectan fundamentalmente al cumplimiento de las exigencias previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto al internamiento involuntario, situaciones muchas veces preocupantes y muy dañinas o delicadas. Estas recomendaciones han sido aceptadas y están de acuerdo con lo afirmado por la sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2012 de cómo y en qué circunstancias se deben hacer estos internamientos involuntarios. Se han formulado sugerencias sobre medidas de inmovilización y sujeción empleadas -cómo se debe dar cuenta, cómo se debe vigilar a estas personas para que no haya ningún exceso- y también se han hecho recomendaciones sobre la labor rehabilitadora y de reinserción de este tipo de centros; se sugiere que se preste la máxima atención a los cuidados de los residentes, a la preservación de la movilidad, al respeto a la capacidad mental de las personas, que se valore siempre y que se acepte en principio la capacidad que estas personas tienen; las mejoras relacionadas con la higiene personal, etcétera.
Hay un capítulo dedicado a los centros de internamiento para menores infractores. Se han visitado siete centros de internamiento, las recomendaciones han sido aceptadas y voy a destacar alguna de ellas. Por ejemplo, que cuando los menores son internados se les informe debidamente en la lengua que conocen del porqué y del procedimiento de habeas corpus, que se elabore un registro específico de los medios de contención -siempre nos preocupan y ocupan estos medios-, que el centro tenga un parte de lesiones que se pueda leer fácilmente e interpretar, así como la instalación de cámaras de vigilancia. Todas estas sugerencias han sido aceptadas. En caso de que haya internos separados del resto por distintas circunstancias, que puedan disfrutar de un tiempo libre en un horario más flexible y no altamente severo para no separarles totalmente y que tengan una comunicación suficiente. También hemos pedido que se dote a los centros de un registro donde figuren las quejas y las peticiones que hacen los internos, que ha sido aceptado, y las indicaciones necesarias para que los registros personales con desnudo integral se realicen de acuerdo con la normativa, que exige una serie de requisitos o requerimientos. La mayoría o la casi totalidad de estas demandas han sido aceptadas.
Me referiré ahora a los lugares instrumentales de privación de libertad. Me refiero a cómo se efectúan las conducciones, los vuelos de repatriación y las salas de asilo y rechazo en puestos fronterizos en aeropuertos. Les hemos hecho cuatro recomendaciones referidas a operativos de repatriación. Como saben sus señorías, en estos operativos de repatriación ya asisten o participan personas del Defensor del
Pueblo que van y vuelven. La semana pasada una de las personas que hoy nos acompaña ha ido a Albania y ha regresado, y en próximas semanas otra de las personas que nos acompaña hoy va a Lima, regresa de Lima y va a Colombia en el mismo vuelo. Son vuelos que organiza Frontex, que están bajo el control y vigilancia de Frontex, pero en los que vamos nosotros, van personas del Defensor del Pueblo, van las personas repatriadas acompañadas de la policía, y debo decir que se hacen en condiciones suficientes y de trato digno para ellas. Alguno de esos vuelos se aprovecha para que personas que están en centros de privación de libertad en alguno de estos países y que ya tienen la autorización por parte de las autoridades nacionales de aquel país regresen para cumplir la pena que les pueda restar en centros penitenciarios españoles. Pues bien, en cuanto a estas conducciones y repatriaciones, hemos hecho unas consideraciones, por ejemplo que haya un reconocimiento previo antes de que sean repatriadas estas personas y que exista videograbación en estos operativos. Esta recomendación no ha sido aceptada pero espero que podamos decir que, aunque todavía no ha sido aceptada, se acabará aceptando que exista un video; no hay nada negativo en ello y se custodiará debidamente, pero si un día un juez solicita ver ese video se debe disponer de este documento. Asimismo, pedimos que se establezca un mecanismo de reclamación para que las personas expulsadas puedan formular una reclamación a su llegada a destino a través de la Embajada de España. Tampoco ha sido aceptada, pero confiamos en que se pueda hacer y que desde las embajadas se pueda colaborar en solicitar junto con el Defensor del Pueblo estos documentos. Que en los vuelos de repatriación exista un intérprete adecuado ha sido aceptado. En relación con las salas de asilo y rechazo -se han formulado algunas sugerencias-, por ejemplo en Madrid-Barajas y en Barcelona, se debe garantizar que todas las personas tengan acceso a zonas en las que puedan estar en contacto con la luz del día y con una ventilación natural. Esto es de lo más normal, pero es que había dependencias que no reunían estas condiciones y nos parecían excesivamente duras. Que el libro de registro esté en las condiciones debidas ha sido aceptado, así como que las familias que viajan juntas puedan pernoctar juntas en las mismas salas o dormitorios. Tenemos pendiente la videovigilancia de estas salas, pues todavía no ha sido aceptado, aunque pronto acabará siéndolo porque favorece a las personas que están esperando en ellas, pero también a las autoridades y a los funcionarios para saber que todo se hace debidamente y en condiciones.
En el informe figuran, aunque no voy a enumerarlas, las actividades institucionales de formación y difusión, actividades pedidas en general por otros defensores para que les demostremos cómo se hace y así puedan mejorar sus actuaciones. Lo hacemos con defensores y con comisiones de Derechos Humanos de otros países, como Filipinas, República Checa, Paraguay y Marruecos. Con el defensor turco hemos realizado un proyecto durante mucho tiempo. Personas pertenecientes a la institución del Defensor del Pueblo han estado yendo mensualmente durante dos años a informar de estos aspectos y de muchos otros al defensor de Turquía y esperemos que dé buenos resultados. Asimismo, hemos mantenido reuniones con el Consejo General de la Abogacía, con el Cuerpo Nacional de Policía y con la Guardia Civil para darles nuestra opinión, informales y enseñarles si era preciso. El informe también consta de un anexo que tienen sus señorías, en el que se dan cuenta de todas las visitas, quiénes han participado, etcétera, que se añade al documento.
Con esto he finalizado. Estoy a disposición de sus señorías y, si ustedes lo tienen a bien y el presidente y la Mesa lo consideran, podamos presentar el informe correspondiente al ejercicio 2016, porque ya está prácticamente concluido.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora defensora.
Empezamos con el turno de los grupos. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Iñarritu.
De nuevo quiero agradecer a la defensora del Pueblo su comparecencia en relación con este informe. Es positivo que se continúen implementando los mecanismos para la prevención de la tortura; sin embargo, existen carencias en cuanto a las visitas. Hubiese sido necesario un mayor número de visitas a los diferentes centros de internamiento e ir más allá. Yo vengo del País Vasco y antes hablábamos de un tema sensible que hay que seguir analizando, como son las víctimas de violencia, pero también existen víctimas de tortura, que en el País Vasco ha sido sistemática. El Gobierno vasco está elaborando un informe en el que figuran ya más de 5.500 casos de denuncias de tortura que no solamente abarcan los años de la dictadura franquista, sino también los de la transición y los del llamado periodo democrático. No se ha hecho lo posible para impedir esas torturas y recordaba antes que hay ocho sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a España por no investigarlas. A esas víctimas
también hay que reconocerlas. En la celebración la semana pasada del Día Internacional de la Tortura se recordaba a Joseba Arregui, muerto en una comisaría policial, pero no es el único, también está el caso de Zabalza, que desapareció de Intxaurrondo y apareció veinte días después flotando en un río, y también me vienen a la cabeza las imágenes del señor Unai Romano y del señor Portu. Lo que quiero decir es que hay que ir más allá y adoptar medidas para imposibilitar la tortura, así como reconocer a todas las víctimas de tortura del País Vasco.
Ha hablado usted de una medida positiva, y me extraña porque no se ha adoptado antes, como es la videovigilancia durante las veinticuatro horas de detención, no solamente en los operativos policiales, sino también en los de expulsión y en los centros de internamiento de extranjeros. Actualmente existe tecnología precisa -no es excesivamente cara- que imposibilitaría que se produjesen los malos tratos y la tortura. Por lo que se refiere al País Vasco, la tortura ha venido acompañada siempre de un régimen: la incomunicación. Eso es lo que ha facilitado la tortura y yo quería preguntarle si cree que existen mecanismos para acabar con la incomunicación en el Estado español, en el régimen de detención, como numerosos relatores, ya sean del Consejo de Europa o de Naciones Unidas, han recomendado.
En lo relativo a las prisiones, volviendo al caso del País Vasco, de donde yo vengo -hablaba antes de la excepcionalidad del colectivo de presos vascos-, hay un hecho curioso y es que la mayoría de ellos pasan todas sus penas en régimen de aislamiento o primer grado. He visto una foto en la página 62 del informe de un patio de aislamiento del centro penitenciario Las Palmas II y he de decir que en el zoo de Madrid los animales están en lugares mucho más dignos que este patio. Lo curioso es que los presos que están en aislamiento pasan veinte o veintidós horas en su celda y luego los sacan a este tipo de jaulas durante algunas horas. Decía el relator de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, que este régimen de aislamiento es en sí una tortura y que solo se debería aplicar en una circunstancia excepcional y por un tiempo no mayor a quince días. Vuelvo a insistir en que hay personas que cumplen su pena, a veces de decenas de años, en aislamiento, pasando en sus celdas más de veinte horas y luego los sacan a este tipo de jaulas durante un tiempo limitado. Me gustaría conocer su opinión general sobre el aislamiento o el primer grado y saber si se podría acabar con este sistema. De igual forma, en el colectivo de presos vascos hay varios presos que tienen enfermedades incurables -cáncer e incluso sida-, como Ibon Iparragirre, que siguen cumpliendo sus penas en centros penitenciarios sin ningún tipo de sentido cuando estas personas deberían estar en un centro hospitalario o en su casa. Vuelvo a insistir en la medida de alejamiento y dispersión de los presos vascos y repito que ya hay sentencias condenando a Estados de Europa por aplicar esa política contraria a la Carta de Derechos Humanos. Se sigue aplicando como pena añadida no tanto para los reos, sino para sus familias. ¿Cree usted que siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, y teniendo en cuenta las diferentes sentencias el Estado podría ir más allá? ¿Cree usted que desde su oficina del Defensor del Pueblo pueden ir más allá e investigar sobre este asunto?
Por último -lo ha mencionado usted-, vemos con gran preocupación lo que está ocurriendo en la frontera sur de Europa en relación con las expulsiones sumarias. Se vulneran sistemáticamente los derechos humanos en toda la zona del entrevallado, existiendo numerosas denuncias, pero es imposible que se tramiten porque esas personas en muchos casos han sido expulsadas -lo que se llama expulsiones en caliente- a Marruecos, con lo cual no se puede investigar esa vulneración. En Estrasburgo hay varias denuncias. ¿Usted cree que se podría ir más allá? ¿Cómo se podrían implementar esas medidas para investigar y para impedir que se cometan vulneraciones de derechos humanos?
Por último, volviendo al asunto de las visitas que antes mencionaba usted, desde el Senado -y creo que también desde el Congreso- se han hecho visitas a centros penitenciarios, pero curiosamente a aquellos lugares de donde vienen la mayoría de quejas y denuncias, que son las zonas de aislamiento, no se nos ha posibilitado entrar. Le pediría que mediara para que en este tipo de visitas parlamentarias haya total transparencia y se pueda acceder a aquellos lugares de donde sobre todo vienen las quejas y denuncias. Hay prisiones en las que estas quejas son de lugares concretos, generalmente las zonas de aislamiento, pero casualmente con turnos de funcionarios concretos. Yo le recomendaría que aparte de en las visitas, se interesaran un poco en cuáles son los turnos de funcionarios en los que más se cometen este tipo de quejas y denuncias. Por último, quiero pedirle que en las visitas parlamentarias a este tipo de centros penitenciarios o centros de internamiento de extranjeros se permita que se reúnan con los representantes parlamentarios, si así lo desean los reos o los internos, para conocer cuál es la situación de estas personas, ya que no solamente está bien conocer a los funcionarios o ver el centro, sino también
dialogar y hablar con las personas internas. (El señor vicepresidente, Romero Santolaria, ocupa la Presidencia.)
Sin más, le agradezco su comparecencia. Me tengo que ir al Senado, por lo que no podré escuchar su respuesta, pero leeré atentamente el "Diario de Sesiones".
Señora defensora, en primer lugar, quiero agradecer el informe que realizan. Es un mecanismo de prevención que una institución tenga que realizar un informe de esta índole cuando en un Estado democrático y plural con todo el derecho no sería necesario tener que realizar.
¿La tortura en el fondo qué es? Un grupo criminal evidentemente es un grupo criminal, pero la tortura es cuando una institución pública, un Estado, ejerce de institución criminal. Eso es precisamente la tortura, la diferencia es esa, algo que no puede cometer nunca una institución pública, un Estado, una Administración. Desgraciadamente, hemos oído últimamente voces que nos alarman mucho, como la del nuevo presidente norteamericano, que incluso dice que si sirve para obtener información, réditos o beneficio para el Estado, no tiene ningún problema en legitimar las formas y modos diferentes en las que se pueda sonsacar dicha información. Creo que es un insulto a todos los Estados democráticos y que todos deberíamos posicionarnos por mucho que sea injerencia en otro Estado; deberíamos decir que esa es la mente de una persona que actúa como los criminales, que piensan que la tortura es válida. Estamos precisamente para eso, para prevenir, para que no ocurra; no para investigar lo que ocurre, sino para que no ocurra. Desgraciadamente todos conocemos hechos que sí han ocurrido. Hoy en día estamos ante una nueva situación relacionada con los inmigrantes ilegales -a mí la palabra ilegal no me gusta porque no creo que haya personas ilegales-, personas con dificultades para poder acceder a otros países porque no tienen los permisos reglamentarios, etcétera, pero precisamente estamos mirando en los centros de internamiento, los centros donde se reciben, etcétera. No cuestiono que la voluntad siempre sea buena, no cuestiono que se marquen todos los mecanismos, y precisamente para eso está usted, para investigar y que nadie se pase de la raya.
En relación con lo que han dicho otros compañeros, la tortura y la prevención de la misma no es solamente que no haya que torturar, evidentemente, sino que hay que demostrar que no se tortura y condenar que se haga. A mí me preocupa bastante que las autoridades europeas hayan advertido y sancionado al Estado español más de dos veces por no querer investigar. Yo me pregunto, ¿qué problema hay en investigar? ¿Quién tiene miedo a que se investigue? No me gusta el discurso que algunos hacen de si se empiezan a alegar estas cosas y si se critica al Gobierno por el tipo de política penitencia que pueda existir, etcétera, se quiera equiparar eso a una especie de connivencia con quienes están dentro de la cárcel. No, en absoluto, los Estados democráticos tienen que garantizar la política penitenciaria. Por eso existe el Estado judicial, que condena a las personas que han cometido delitos. En el momento que empieza su condena son presos, pero son personas con todos los derechos. En ese sentido, se debe garantizar, y para ello no hay nada mejor que la transparencia. Creo que esta es su labor y que la ejerce. Me gustaría que no solo fuera más incidente en investigar lo que está ocurriendo, sino incluso en advertir al Gobierno. Me gustaría saber si usted cree que la política penitenciaria que se está realizando en cuanto a temas de toda índole -de alejamiento, con presos enfermos, condenados por delitos de terrorismo- está siendo justa o no.
Para terminar, ya que antes se ha citado mucho -y está muy relacionado con este tema-, algunos de los intervinientes han citado el libro de Fernando Aramburu, Patria, como una especie de Biblia incuestionable. Me gustaría que también se pudieran leer libros como La hora de despertarse juntos, de Kirmen Uribe, El hijo del acordeonista, de Bernardo Atxaga, o Martutene, de Ramón Saizarbitoria. Creo que esto serviría para completar todo esto de lo que hemos estado hablando.
Por el Grupo Ciudadanos, tiene palabra el señor Gómez García.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora defensora, por comparecer esta mañana ante esta Comisión. Quiero agradecerle y felicitarle a usted y a todo su equipo por el gran trabajo y el enorme esfuerzo que han hecho con el informe que ahora nos presentan, porque denota una voluntad de detectar, señalar y finalmente contribuir a la mejora de las deficiencias en cuanto a la prevención de la tortura. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Parece que a un compañero que ha intervenido anteriormente el número de visitas le parecían escasas. Sinceramente, a mí sesenta y dos visitas, que es más de una por semana, me parecen muchas visitas. Está claro que sería bueno que fuesen más, pero tendremos que ser conscientes de los medios técnicos y humanos de que dispone la defensoría del pueblo. Seguro que si usted tuviese más medios estaría encantada de hacer muchas más visitas. En este sentido, me gustaría que nos comentase cómo lleva a cabo la selección de los sitios que se visitan, por qué se va a uno sitios y no se va a otros, si hay algún motivo especial, si es aleatoriamente o por las quejas que haya ido recibiendo. Fruto de ese trabajo, de esas visitas y supongo que de otras investigaciones relacionadas aparece en el informe que durante el año 2015 se ha hecho un total de 58 recomendaciones, 224 sugerencias, 2 recordatorios de deberes legales y se han iniciado 106 expedientes de oficio. Desde nuestro punto de vista, todos estos datos reflejan y ponen en evidencia que, por desgracia, aún nos queda mucho por hacer, que en España tenemos mucho que mejorar y mucho que trabajar.
Usted ha dicho que sí se ha cumplido la recomendación de adecuar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y modificarla para que se incluya la obligación de información del detenido o la mejora del papel procesal del abogado, entre otros aspectos. Pero es fundamental no solo modificar las leyes y adecuarlas a los convenios internacionales para evitar la tortura, sino que es necesario que las leyes se cumplan. En un Estado de derecho las leyes se deben cumplir y, si no, mal asunto. En este sentido, también llama la atención que un cuarto de las recomendaciones y una décima parte de las sugerencias efectuadas por la defensoría en el año 2015 fueran rechazadas por la Administración en el caso competente a las que iban dirigidas. Me llama profundamente la atención -y usted también lo ha reflejado en su intervención- la recomendación, que ha sido rechazada por tres comunidades autónomas, del libro de registro de entrada y salida de detenidos y presos en los edificios de los órganos judiciales. La verdad es que no entendemos cómo puede haber tres comunidades autónomas -Andalucía, Cataluña y Madrid- que hayan rechazado esta recomendación y nos gustaría que nos explicase por qué, qué motivos ha dado la Administración en este caso para rechazar esa recomendación.
Hay otras recomendaciones que también se han rechazado, como la atención psicológica, la asistencia sanitaria urgente, la distribución de medicamentos, el incremento de medidas para evitar conductas suicidas, la reforma de aseos y duchas y, en general, sobre estas recomendaciones le querríamos preguntar por qué las rechazan las administraciones, qué alega, si solo es una cuestión económica, que yo entiendo que en algunos casos pueda ser así, como cuando tiene que hacer reformas en infraestructuras, pero hay otros casos, como la llevanza de libros-registro que tampoco tiene mayor problema, no hay un coste para la Administración. En ese sentido, querría saber si usted cree que ha empeorado al haberse rechazado durante todo este tiempo. Y, también, como este es un informe de 2015 y han estado haciendo visitas en 2016, nos lo dirá en su informe de 2016, pero si nos puede avanzar algo, mejor; si cree que, a raíz de estos rechazos y de que no se hayan cumplido las recomendaciones, se ha producido un empeoramiento y en qué casos. Creemos, y compartimos con usted la preocupación y la sugerencia de la recomendación, que sería bueno incrementar la dotación de las cámaras de vigilancia. Esto es algo fundamental y básico para prevenir y evitar los casos de tortura y que no haya ningún punto negro, como se dice en el informe, en algunos centros, y que la grabación se pueda mantener durante más días para que pueda ser revisada por un juzgado para investigar. No entendemos qué motivo hay para negarse a ello porque, hoy en día, estos sistemas tampoco suponen un coste importante y, en cambio, producirían beneficios y garantías para la propia Administración y para los funcionarios, no solamente para la gente que está privada de libertad en esos momentos.
Quiero felicitarle y darle de nuevo las gracias por su comparecencia y por el informe.
A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Podemos, la senadora, doña María Isabel Mora.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, queremos agradecerle y felicitar al Mecanismo nacional de prevención de la tortura por este informe,
porque creemos que los informes han ido mejorando con el tiempo. Eso lo queremos reconocer, y creemos que ha evolucionado, además, en un sentido muy positivo. Eso es lo primero que tenía que decir. Pensamos que las visitas están realizadas por profesionales muy bien preparados y, además, con una metodología que nos parece adecuada y bastante meticulosa. Por esa parte, quiero felicitarles por el trabajo.
Con respecto a la realidad de las torturas en el Estado español, entendemos que los informes del mecanismo son una herramienta importante para poner encima de la mesa esta problemática, junto con la labor de la defensoría de los pueblos autonómicos y con la labor de los tribunales y de la sociedad civil. Y, sobre todo, estos informes son importantes también para trabajar en derribar un muro importante que, además, no contribuye a la mejora de la prevención de la tortura y los malos tratos, que es el negacionismo y el silencio. Ese muro, que es muy importante derribar hoy en día, parece que solamente lo mantienen los sucesivos ministros del Interior. La realidad es que en España existen los malos tratos y la tortura, no somos una excepción al resto de los Estados, y es nuestra obligación y una obligación de nuestro derecho interno y del derecho internacional erradicar las torturas. Por tanto, es importante prevenir, poner luz y, sobre todo, abrir los centros de detención donde las personas privadas de libertad cuentan con una situación desigual bastante grande. Felicitamos la labor del mecanismo en esa línea.
Queremos felicitarle también por la web que tiene el mecanismo, porque nos parece muy interesante que, desde la ciudadanía, se pueda conocer con bastante detalle el seguimiento de todas las visitas que se realizan. Enhorabuena por esa web, que nos parece muy importante para permitir el escrutinio público de la labor del mecanismo y de los centros que se visitan.
Con respecto al informe de 2015, le voy a hacer unas observaciones de cuestiones que hemos visto en él y que nos gustaría que nos aclarara un poco más, si tiene a bien, en su réplica. En primer lugar, se observa que no se da información a las personas detenidas sobre su derecho al habeas corpus, y esto además es algo insistente que ustedes han constatado. Nos gustaría saber qué otros pasos futuros se pueden dar o se van a dar con el fin de que se pueda cumplir esta obligación de la información sobre el habeas corpus. Lo mismo digo con respecto a las videograbaciones. En el informe se refleja, y además lo hemos podido constatar recientemente en una visita que realizamos, precisamente, la Comisión de Interior, que en algunos centros de detención no existen cámaras a pesar de las múltiples recomendaciones, o no funcionan o no se ponen a grabar, y esto nos parece grave porque realmente es un indicio serio de que ahí hay un agujero, una laguna, por la que se pueden colar malos tratos y la impunidad. Esto nos parece muy importante y es algo reiterado que no se pongan estas videocámaras en todas partes y, sobre todo, en zonas tan delicadas como, precisamente, los módulos de aislamiento de los centros penitenciarios.
Nos parece preocupante la situación que se refleja en el informe sobre las prisiones porque se reflejan muchísimos indicios de que no se están llevando a cabo medidas preventivas suficientes. Nos referimos a instituciones penitenciarias; no hay controles preventivos suficientes. Nos parece que se arrojan suficientes indicios como para que se pudiera realizar un informe específico, monográfico, sobre esto del mecanismo, sobre todo y especialmente en los departamentos de aislamiento, donde las evidencias de malos tratos son abrumadoras. En su intervención, nos ha comentado -y también viene en el informe y se ha reflejado en informes anteriores- que están a punto de sacar un informe sobre sujeciones mecánicas y nos gustaría saber, porque llevan ya bastante tiempo sobre ese informe, cuándo podrá ver la luz porque, realmente, nos parece de bastante interés y muy necesario. Nos gustaría también, si tiene a bien, que nos diera un poquito más de información sobre la situación de la atención a los enfermos mentales graves en los centros penitenciarios, porque nos parece que se está dando una situación bastante difícil y que tiene muchísimas carencias, por lo que quisiéramos saber más sobre la atención que se les está prestando.
Respecto a los centros de menores, nos ha llamado muchísimo la atención la situación de algunos como, por ejemplo, el de Marcelo Nessi, en Badajoz, que acumula tal cantidad de irregularidades como para haber derivado cosas a la fiscalía. Por lo que vemos en el informe, consideramos que sería suficiente como para que interviniera la Comunidad de Extremadura y lo cerrara o lo reestructurara completamente. Nos ha parecido bastante alarmante lo que se constata en ese centro. Respecto al resto de centros de menores de reforma juvenil, vemos que se constatan muchísimas deficiencias procedimentales. Tantas se recogen que pensamos que puede ser interesante iniciar una modificación del Reglamento de la Ley del menor. La verdad es que es bastante triste lo que se refleja de lo que constatan las visitas del mecanismo.
Con respecto al derecho al honor y a la imagen de los detenidos -que recientemente también se recoge en una directiva europea-, hay que destacar que se constata en el informe que no se está
cumpliendo en las dependencias policiales, pero quizás también habría que ver que tampoco se cumple -y eso no aparece en el informe- en las dependencias judiciales. De hecho, se pasea en muchísimos edificios judiciales a los detenidos por mitad de las salas, de los pasillos, a la vista de todo el mundo y, por supuesto, entran por la puerta principal. Y eso sería interesante que lo recogiera el informe.
Insistimos en lo positivo del informe, que nos parece bastante, pero también queremos mostrar nuestra preocupación por algunas lagunas que vemos que tiene. Ha habido 62 visitas por parte del mecanismo. Consideramos que son muy pocas visitas y no solo lo decimos nosotros, sino que tenemos entendido que el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura reprochó a España la escasez de las visitas. Sabemos que las visitas son de dos o tres días, que son bastante exhaustivas, y nos parece muy bien, pero para realizar el doble de visitas -unas 120, que es la recomendación del subcomité- haría falta aumentar la plantilla, porque con la plantilla que tiene el mecanismo actualmente las visitas se tendrían que hacer de forma simultánea porque no habría días suficientes. Por lo tanto, ya lo hemos dicho en diferentes intervenciones en esta Comisión, creemos que es importante el aumento de la plantilla, que es necesario. No compartimos su intervención cuando nos presentaba el informe anual en la pasada legislatura y decía que había suficiente presupuesto. Entendemos que, para cosas como esta, hace falta más presupuesto y aumentar la plantilla. De hecho, el subcomité de Naciones Unidas indicó incluso que no había financiación adicional de la defensoría en el mecanismo para hacer frente a las funciones que tenía.
Nos preocupa también cómo se realiza la selección del personal del Consejo asesor del mecanismo nacional de prevención. Según el Reglamento de organización y funcionamiento del Defensor del Pueblo, en su artículo 19, el sistema de selección se debe hacer por convocatoria pública y no tenemos constancia de que esto se esté cumpliendo. Esto lo ponemos encima de la mesa. Entendemos que el proceso debe ser más transparente, independientemente de que nos parece muy bueno el trabajo que realizan -eso no lo ponemos en duda- las personas que trabajan ahí.
El señor PRESIDENTE: Señora Mora, le queda un minuto.
La señora MORA GRANDE: Voy terminando.
Nos preocupa la ausencia de las referencias en el informe a la colaboración con asociaciones de la sociedad civil, tanto de ámbito nacional como local, porque nos parece una fuente importante de información para el mecanismo.
Con respecto a las visitas a los centros policiales, entendemos que también habría que hacer hincapié en la prevención de los malos tratos antes de llegar a comisaría. Entendemos que hay una laguna en los traslados hacia las comisarías y habría que controlar el tiempo y las rutas que se realizan. Lo ponemos encima de la mesa por si se puede hacer más adelante.
Para terminar, diré brevemente sobre los centros de internamiento de extranjeros que hay que reconocer la labor de la defensoría. De hecho, su labor ha posibilitado la mejora de problemas de habitabilidad y de condiciones de internamiento. Pero volvemos a poner encima de la mesa lo que ya dijimos en anteriores comparecencias, que nos parece insuficiente que un mecanismo de prevención visite un centro de internamiento al año -este año ha tocado Algeciras y Tarifa-. Serían necesarias muchas más visitas. El centro de Algeciras debería estar cerrado por las condiciones absolutamente indignas en las que se encuentra y, sobre todo, ponemos sobre la mesa las condiciones de especial dificultad de las mujeres en estos centros de internamiento ya que, como se refleja en el informe, muchas pueden ser potenciales víctimas de trata.
En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor César Luena.
El señor LUENA LÓPEZ: Gracias, presidente.
Gracias, defensora, a usted y a su equipo, a toda la institución, por la colaboración y la disposición que tiene siempre para trabajar con estas Cortes Generales. Aprovecho también para agradecer el trabajo a tantos funcionarios, trabajadores y ONG que desempeñan su labor en estos edificios, centros e instalaciones de los que estamos hablando esta mañana.
La rutina de las comisiones y del Parlamento, no sé si se han dado cuenta ustedes, ha hecho que llevemos hablando durante más de una hora, una hora y cuarto exactamente, con cierta normalidad de
malos tratos y torturas en instalaciones dependientes de administraciones y del Gobierno aquí, en nuestro país, en España. Por eso en la primera parte de esta breve intervención, presidente, queríamos desde el Grupo Socialista hacer una terapia de choque de esa rutina a través de una dosis de realidad. Por eso voy a repasar de nuevo algunas de las cosas que se leen en su informe, para que no nos atrape la rutina.
En relación con los centros de privación de libertad de corta duración, citaré algunas de las deficiencias que usted expone. En lo que se refiere a la privacidad de los informes en caso de asistencia sanitaria, se sigue vulnerando el derecho a la intimidad. Respecto a la información sobre el derecho de habeas corpus, en algunos de los centros se ha apreciado que el deber de informar a los detenidos de su derecho a invocar un procedimiento de habeas corpus no se cumple. Las quejas que se recogen de los detenidos mayoritariamente son del estado de las instalaciones: de los aseos, falta de luz natural -se han enseñado fotografías anteriormente-, suciedad... En cuanto a los sistemas de videovigilancia, casi todos los portavoces se han referido ya a este asunto. Lo reitero, deben estar y deben cubrir la totalidad de las instalaciones de las estancias. Se aprecia una deficiencia importante en la cumplimentación de los libros de registro y custodia, que siguen sin atender las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
En cuanto a los CIE, en anteriores sesiones hemos hablado de los centros de internamiento de extranjeros, pero también hace falta una terapia de choque de realidad. Creo que usted se refería a un auto judicial reciente, he creído entender que usted hablaba de un auto. Yo me estoy refiriendo al auto de 12 de diciembre de 2016, que ha dictado la magistrada juez titular del Juzgado de Instrucción número 1, de Algeciras, que tiene las funciones del control jurisdiccional de ese centro y a través de ese auto se denuncian todas las deficiencias que vienen en el informe -no quiero tampoco ir enumerándolas una a una-. En este auto se alega que se infringe el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros y acuerda requerir a los directores para que pongan solución de manera urgente a estas deficiencias con medidas muy concretas. Lo que le pido es que supervise también a través de este auto qué es lo que hacen los directores en estos centros, porque en algún momento -no solamente en el de Algeciras o en el de Tarifa, sino también en los de Ceuta y Melilla-, aunque no sea la vía procedimental reglamentaria, le digo que tendrá que volver a venir a hablar aquí, a hablar en concreto de estos centros porque es donde los sucesos que acontecen son más cotidianos, para que no se conviertan en rutina tampoco. Señora defensora, creo que deberá venir aquí cuando usted lo considere a informar en concreto sobre esos centros.
En cuanto a los centros de privación de libertad de larga duración, usted se ha referido a denuncias de malos tratos o abusos, a que no se han ampliado en las instalaciones los sistemas de vigilancia, a que hay problemas con la asistencia sanitaria permanente, la atención psicológica y psiquiátrica, a la sempiterna deficiencia general de las instalaciones. Para terminar con este choque de realidad y pasar a las sugerencias brevemente, varios de los centros para menores infractores tienen sobreocupación y algunos menores tienen que cumplir las penas lejos del lugar de residencia de sus familias, no cuentan con registro informatizado de quejas y peticiones, se detecta la ausencia de visitas de los abogados de oficio a los menores o falta de registros informatizados de expedientes disciplinarios, deficiencias en la aplicación de los medios de contención, utilización inadecuada de medios para registros y cacheos, de nuevo los sistemas de videovigilancia, que no son acordes, y de nuevo y por último el estado de las instalaciones. Esta es la realidad, que no da sostén alguno a ninguna rutina. Lo digo de una manera en general autocrítica.
¿Cómo hacerlo mejor, señora defensora? Todos, instituciones y administraciones, pero también la defensoría del pueblo, pueden hacerlo mejor. En primer lugar -si quiere empiezo por ahí y hago dos sugerencias-, debieran incrementarse las relaciones con el Subcomité para la Prevención de la Tortura y los demás mecanismos, así como con otros órganos internacionales de derechos humanos -sé que está en su agenda; creo que debiera incrementarse-, así como una adecuada estrategia de comunicación, porque quizás pueda ser una de las maneras más eficaces para luchar contra esa rutina, ya que una estrategia de comunicación fuerte fomenta la transparencia y el compromiso, sobre todo de la sociedad civil. Creemos que debe mejorar la metodología de trabajo, elaborando un programa de visitas más intenso -aquí se ha dicho-, en el que se determinen con claridad los establecimientos que se han de visitar y los criterios, la regularidad de las visitas, la conformación de los equipos de visita, los objetivos generales, la duración de las mismas y si el tipo de visita es anunciada o sin previo aviso, etcétera. Pero creemos que se debe hacer.
Por cierto, en relación con las recomendaciones aceptadas no sabemos o no queda claro del todo el seguimiento efectivo que las administraciones hacen de las mismas, para que no pase como ha ocurrido
a veces en la historia de nuestro país, aquello de: se obedece, pero no se cumple. Entonces no avanzaríamos. Es necesario incrementar también el marco de colaboración y cooperación con los mecanismos autonómicos y con las comunidades autónomas. Lo digo por la comparación. El número de visitas realizadas por el mecanismo en el año 2010 -no sé si recuerda- fue de 231. En el informe de 2015 se nos dice que es de 62, y no son necesariamente nuevas, porque vemos anotado que algunas son de seguimiento. Por cierto, tampoco conocemos los criterios geográficos, y creo que era el portavoz de Ciudadanos el que también hacía referencia a esto. Hacía mención a la colaboración o la cooperación con los mecanismos porque quizás sea la manera de poder incrementar estas visitas. Por último, le pido que se interese -creo que desde el Grupo de Podemos también se hacía referencia- por las contenciones mecánicas. Merecería la pena que se realizase un estudio concreto y que se trajese a estas Cortes Generales. Si ya está usted en ello, mejor que mejor.
En todo caso, somos conscientes de los avances del mecanismo y del trabajo de todos los funcionarios trabajadores y también de la institución que usted preside, la defensoría del pueblo, pero termino exigiendo al Gobierno que tome conciencia de que las respuestas a las recomendaciones las tiene que dar de una manera política, legislativa y presupuestaria, con el objetivo de alcanzar que en nuestro país no haya ninguna duda sobre la práctica de la tortura y muchísimo menos que se convierta en rutina.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Luena.
Por último, tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, el señor Romero.
El señor ROMERO SANTOLARIA: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, quisiera felicitar a la defensora por su comparecencia, y asimismo al resto de personas que integran el equipo de esta institución, una institución que considero muy importante para un tema que estamos tratando hoy, como es la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos.
La defensoría del pueblo, en su calidad de mecanismo nacional de prevención de la tortura, nos plantea hoy, si no me equivoco, su sexto informe anual desde el inicio en 2010. Yo creo que es un informe muy prolijo, exhaustivo y muy detallado. Tras la lectura de ese informe podemos observar que se incide en varias cuestiones que creo que merecen relevancia y que me parecen importantes. Por un lado -no se ha hablado aquí, creo que no se lo he escuchado a nadie-, la transparencia de todo proceso, incluido el trabajo de esta defensoría. Por eso me parece necesario subrayar cómo se recogen en el informe a lo largo del año 2015 -esto sí se ha dicho- las 62 visitas realizadas a los diferentes centros de privación de libertad, la mayoría de ellas no anunciadas previamente, cuestión que creo reseñable. Me gustaría destacar también, porque así lo indica el informe, dos cuestiones que creo que son muy interesantes: en primer lugar, la colaboración por parte del personal que presta los servicios en esos centros visitados -creo que es importante que haya colaboración por la parte visitada-, y en segundo lugar, no menos importante, a diferencia de lo que opinan otros portavoces, el alto grado de cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias realizadas. Creo que eso es bueno y que esa transparencia es un claro indicador de que España es una democracia consolidada, que es un Estado de derecho donde se garantizan los derechos y libertades fundamentales de todas las personas y por supuesto también de las personas que están privadas de libertad.
Quiero resaltar también la importancia de sus recomendaciones para mejorar el funcionamiento de los centros en su conjunto, y a ellas me referiré. Destaco -usted lo ha hecho también- que en esas 62 visitas y a lo largo de todo el año se han formulado 52 recomendaciones, de las que se han aceptado 42. Se han realizado 224 sugerencias aceptando 194, es decir, prácticamente un 85 % del cumplimiento de todo lo planteado. Yo creo que es una cuestión que indica el alto grado de sensibilidad mostrado y el compromiso por garantizar los derechos y libertades fundamentales de todas las personas, también por supuesto, como decía antes, de las que están privadas de libertad. Creo también que hay una cuestión muy importante que hay que valorar, y es el carácter multidisciplinar de estas visitas, porque con la aportación que puedan hacer personas especializadas en esa materia o en otras -en cualquier caso, personas especializadas- va a resultar mucho más enriquecedor el informe, como así ha sido.
Igualmente me parece reseñable una lectura pormenorizada del anexo III, donde se realiza un seguimiento de las recomendaciones o sugerencias planteadas en visitas anteriores, donde puede comprobarse, como decía antes, un alto nivel de aceptación de las mismas y una correcta justificación de todas aquellas que se han rechazado, y se ha hecho mención a alguna de ellas en la intervención de la defensora. De la misma manera -también se ha hecho referencia-, la Ley Orgánica 13/2015, de 2 de
octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, recoge importantes avances que afectan a aspectos de sustancial relevancia, tal como detalla el propio informe y como aquí se ha dicho: informar del derecho a solicitar un procedimiento de habeas corpus, reducir el plazo máximo de ocho horas a tres dentro del cual debe hacerse efectivo el derecho a la asistencia letrada, o, por resaltar alguno más, la posibilidad de que el detenido se entreviste reservadamente con su abogado. En estas modificaciones legislativas, como digo, se recogen algunas de las recomendaciones formuladas por la defensoría en su calidad de mecanismo nacional de prevención de la tortura, que ha venido realizando a lo largo de los últimos años y que, como digo, afectan a garantías procesales de los detenidos.
Con carácter general, tal como se recoge en el informe, las personas detenidas entrevistadas durante las visitas realizadas -esto lo dice en el propio informe- manifestaron haber recibido un trato correcto por parte de los agentes de custodia y haber sido informados de sus derechos. También detallan en su informe cómo son muchas las recomendaciones o sugerencias de la defensoría recogidas y aceptadas por la administración competente, tal como hemos visto. Pero también comprobamos -por qué no decirlo, hay que hablar claro-, según detalla el informe, que se debe seguir insistiendo en cuestiones a las que ya se ha hecho referencia aquí por usted misma y por parte de los otros portavoces, como son la instalación o mejora de los sistemas de videovigilancia, cuestión que a mí me parece que es importante, pero no solamente para el control de los internos, sino también para el buen desarrollo del trabajo de los funcionarios.
Del mismo modo se insiste en tres cuestiones, repasando todo el informe, que son reiterativas y que además también lo son en informes de ejercicios anteriores, que se refieren al estado de las instalaciones -ahí entraríamos ya en una cuestión presupuestaria-, a la cumplimentación de los libros de registro y a los partes de lesiones. Son dos cuestiones que, a lo mejor, sería tan sencillo o tan complicado -no lo sé- como unificar un modelo. En algunos casos se han adaptado pero creo que en esa línea hay que seguir trabajando. En estas cuestiones, aún habiendo mejorado sustancialmente respecto a otros ejercicios -y usted me lo podrá ratificar o no-, todavía queda margen de mejora y habrá que seguir trabajando para que así sea. Por otro lado -y ya casi me ha respondido a esto en su intervención pero me va a permitir que lo comente-, en su informe se señala la aplicación de sujeciones mecánicas en los centros penitenciarios pero también dice que han recabado información, que han entrevistado a internos a los que se les ha aplicado para poder realizar un estudio en profundidad sobre esta materia. En este sentido, me gustaría saber si nos puede avanzar -aunque estemos hablando del informe de 2015- si hay una previsión para su finalización. En el apartado que hace referencia a las actividades de formación, un apartado muy interesante, señala la colaboración con instituciones de derechos humanos de otros países. Ha dicho algo sobre esta cuestión pero no sé si sería posible recibir más información al respecto. Afortunadamente, como se recoge en distintos informes hechos por el Comité Europeo de Prevención de la Tortura -aunque algunos piensen lo contrario-, en España no hay ni un solo caso de tortura. (Rumores.) Eso es algo que nos tiene que alegrar. Aunque haya que seguir trabajando en relación con las condiciones y la garantía de los derechos de esas personas privadas de libertad, es un hecho que hay que reconocer. No lo digo yo -porque oigo algunas risas por detrás-, lo dice el Comité Europeo de Prevención de la Tortura. De la misma manera, entidades como Human Rights Watch, aunque creen que se podrían mejorar las garantías para evitarla -todo hay que decirlo-, no confirman en ningún momento ni de modo taxativo la existencia de tortura en España. Al final, las mentiras no se convierten en verdades solamente por ser propagadas por un ejército de troles en Internet ni por una legión de adeptos, aunque no es menos cierto que las cajas de resonancia que replican datos falsos son prácticamente imposibles de evitar. Llegado a este punto, no puedo omitir un tema al que se ha hecho referencia aquí, las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Se ha hablado de nueve sentencias, efectivamente, pero hay que discernir entre la vertiente material y la vertiente procesal. No voy a entrar en la materia, pero esas sentencias no son por la vertiente material porque, en todo caso, hay que mantener un estándar riguroso que no puede ir más allá de la duda razonable...
El señor PRESIDENTE: Señor Romero, le queda un minuto.
El señor ROMERO SANTOLARIA: ... y la vertiente procesal sí que es así, hay ocho condenas. Lo que no se ha dicho es que esas ocho condenas están relacionadas con una detención incomunicada por delitos de terrorismo. Tampoco se ha dicho que en una detención practicada por la policía en 2008 existe un manual titulado Haciendo frente a la detención, segundo volumen, en la que se comunica a los
miembros de la banda terrorista -y leo textual-: Sé listo, no vas a ser devuelto otra vez a comisaría. Lo peor ya ha pasado. Por tanto, decid al forense que escriba que te han torturado tanto física como psicológicamente. Y dice alguna cosa más.
Quiero agradecer de nuevo el trabajo realizado por la defensoría. En esos valores los derechos humanos dependen fundamentalmente de la capacidad de empatizar con otros, de reconocer la importancia de tratar a otras personas del modo en que nosotros quisiéramos ser tratados y también depende, porque son especialmente vulnerables, del discurso fácil y demagógico. El respeto de una sociedad por los derechos humanos necesita de cuidados a diario; de lo contrario, quedaríamos expuestos a que los más radicales acaben con las ideas que constituyen la base de un Gobierno democrático.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Hemos finalizado el turno de intervenciones. Ahora tiene la palabra la señora defensora para contestar y añadir lo que estime oportuno antes de finalizar la jornada de hoy.
Gracias, señorías, por sus comentarios, por haber leído los documentos con atención y formularme las preguntas y consideraciones que han estimado pertinentes.
El número de visitas realizadas a lo largo del año 2015 fueron sesenta y dos, como han leído. En el año 2016 -cuyo informe está prácticamente concluido- van a ser más de cien. Ha habido una razón para que haya un cambio, y es que en el año 2015 dos de las personas que hacen esas visitas y esos informes han estado de baja por maternidad el tiempo que les correspondía, han estado ausentes. Ya se han reincorporado, por lo que en el informe del año 2016 habrá algo más de cien visitas, lo cual me parece correcto. Es verdad, como han señalado varias de sus señorías en sus intervenciones, que hay dificultades para conseguir -hay que insistir y no siempre se consigue- que reparaciones o mejoras no complejísimas en instituciones y en centros de privación de libertad, tales como la videovigilancia o la apertura automática de puertas o los libros de registro, se logren inmediatamente. No vamos a dejar de insistir en todo ello. Varias de sus señorías han señalado este asunto. No son cuestiones difíciles o excesivamente costosas, por lo que no se alcanza a entender cómo no se reparan o amplían esos sistemas de vigilancia, que son buenos para todos; y como alguna de sus señorías ha dicho respecto a los libros de registro, por qué no se hace uno o dos modelos para que se sigan más fácilmente y se completen, como en tantas otras dependencias y organismos públicos. Vamos a seguir insistiendo hasta que eso se logre.
Cuando creemos, observamos o escuchamos -este es un tema de tanta importancia que, aunque ya se lo he comentado a sus señorías, vale la pena volver a referirme a ello- que puede haber un trato degradante, inhumano, un maltrato o una tortura, lo ponemos de inmediato en conocimiento de la fiscalía. No tenemos reparo, inmediatamente. Eso sí, analizamos si tiene argumentos y consistencia o si creemos que no la tiene. No todas las quejas tienen consistencia suficiente o datos suficientes para ponerlas en conocimiento de la fiscalía. No tenemos ningún reparo, tenemos la obligación de hacerlo y, además, lo hacemos con el objetivo de que eso no se produzca en ningún lugar. Ese es un objetivo fundamental de esta institución que tiene encomendada la vigilancia en los centros penitenciarios y la prevención de la tortura. A nosotros no nos gusta la incomunicación en ningún caso, en ninguna circunstancia. Hay momentos en los que por la actitud de una persona han tenido que proceder a la incomunicación, pero queremos que esa incomunicación sea por el tiempo estrictamente necesario, con conocimiento del juez y que haya una vigilancia de esa persona durante el tiempo que esté incomunicada, y en ningún caso aplicar la incomunicación a menores.
Alguna de sus señorías -me ha parecido que era el señor Iñarritu- me ha preguntado sobre el alejamiento de los presos, las razones de ese alejamiento. El alejamiento de los presos, como ustedes saben -y aquí hay algunas personas que conocen bien esa parte de la historia-, es una medida que se tomó por razones de carácter político. No voy a entrar en ello, no me correspondería, sería más bien el ministro del Interior o la Comisión de Interior quien pudiera entrar en esta materia. Es, por tanto, el Ministerio del Interior el que debe resolver y el que debe decidir si esas medidas de alejamiento proceden o no proceden y en qué circunstancias deben proceder. Nosotros cuando observamos a personas que están en esa situación de alejamiento o en primer grado con restricciones en sus movimientos y en sus momentos de ocio, hablamos con ellas -indiscutiblemente- y si observamos algo que no es correcto, lo hacemos llegar. Hace muy pocas semanas yo he tenido en Salamanca una conversación con una presa que estaba en esta situación, en primer grado; he mantenido una larga conversación con ella, y si
observara algo anómalo en la conducta de la prisión o del centro, lo pondría en conocimiento de la autoridad competente.
Son muchas las cuestiones y no quisiera reiterarme, por tanto lo que he comentado para un senador o diputada puede servir para lo que ha comentado o preguntado otro senador o diputada para no reiterar las mismas consideraciones.
Las diferencias -sería materia de derecho constitucional además de penal- entre un centro de internamiento en una democracia y en un Estado que no es democrático y que no reconoce los derechos humanos no son por los centros de internamiento, sino porque en las democracias esos centros de internamiento están con esta vigilancia, están bajo la observación de estas señorías, están bajo la observación del Defensor del Pueblo y están bajo la tutela judicial. Esa es la gran diferencia. No es que no existan, es que en esos países -no los vamos a enumerar- no se entra, no se vigila, no se observa, no se denuncia, y en las democracias sí. Hay un alto comisionado o un Defensor del Pueblo que entra, que entra con técnicos, que entra con especialistas, que saca conclusiones y que las pone en la web, las pone en Internet. Por cierto, los consejos asesores que asisten al defensor en esta materia son personas que han llegado por convocatoria pública, nunca por decisión del defensor o de la defensora. Y es más, desde que he tomado posesión de mi cargo como defensora, todos los puestos de técnicos o de técnicas del defensor, a excepción de tres personas de confianza, todos han sido por convocatoria pública en el Boletín Oficial del Estado. Esto me gustaría dejarlo claro y espero que en el futuro continúe siendo así, porque eso es también una modesta y pequeña diferencia. Quiero dejarlo claro.
El señor Agirretxea y alguna otra de sus señorías se han interesado por presos enfermos, presos que incluso pueden estar en primer grado. Hemos actuado respecto a estas circunstancias y lo hemos hecho en colaboración con el Ararteko, con el que mantenemos una buena colaboración, como es lógico y natural. Y creo que hemos conseguido que a una presa que estaba en unas circunstancias delicadas de salud le hayan sido modificadas y debidamente atendidas sus circunstancias penitenciarias. Lo haremos siempre que tengamos conocimiento de algunos hechos de esa índole. Las circunstancias de los CIE ya las hemos comentado; la señora Mora y otros intervinientes han comentado estas circunstancias. Las hemos puesto en conocimiento. Yo estoy deseando volver a escuchar al ministro del Interior las concreciones para modificar los centros de internamiento, a qué conclusiones han llegado los grupos de personas que se están reuniendo para aportar sugerencias y mejoras, entre otras con asociaciones y ONG que se ocupan de los centros. Y desde luego el Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras no reúne las condiciones, no reúne ni una sola de las condiciones; no es que tenga algún déficit, es que no las reúne. Y tampoco las reúne el Centro de Internamiento de Extranjeros de Tarifa.
Al señor Rodrigo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, no había tenido ocasión de dirigirme en otras comparecencias. Ahora lo hago y le expreso las gracias por haberse documentado y haber mirado con interés el informe. Como le he dicho, serán muy superiores en número las realizadas a lo largo de 2016 y daremos cuenta de ello enseguida, porque está prácticamente terminado. Por ello, solicito ya a la Mesa y al presidente que vayan fijándonos fechas porque tenemos ese documento y varias cosas más, también el informe anual. Saben sus señorías -el señor Luena estaba en la legislatura anterior y en la Comisión- que nuestro máximo interés, también el del adjunto y la adjunta que amablemente nos acompañan hoy, es presentarlo inmediatamente. Por ello, en el mes de enero las personas que trabajan en el Defensor del Pueblo tienen que realizar un trabajo arduo e intenso cerrando temas, pero ya está prácticamente finalizado para poder traerlo cuando sus señorías lo dispongan y dar pronto cuenta de ese informe. Se preguntaba el señor Rodrigo por qué aproximadamente un cuarto de las recomendaciones son rechazadas. Yo creo esos rechazos se deben en parte a cuestiones presupuestarias -no sabría decirle cuántos se deben a razones presupuestarias- y en parte a que, por ejemplo, se creen que los libros de registro están bien. Cuando uno visita un centro y dice: este libro de registro no está claro. Le dicen: sí, sí está claro porque aquí pone, porque aquí... Para mí eso no está suficientemente claro o no está suficientemente ordenado. Son manuscritos; hay funcionarios que escriben mejor, otros que no escriben tan bien... O sea, son diversas las causas. No es que haya una absoluta negación y a lo que venga del Defensor se dice que no. No, al contrario, más bien vemos por parte de los funcionarios una inclinación a decir: sí, nos gustaría, pero no podemos porque no tenemos los medios o no somos suficiente personal o es demasiado trabajo. Son distintas las motivaciones. Creo que estos asuntos, llevados a la Comisión de Interior, podrían dar resultado. Hay falta de dotación, falta de personal, muchas horas de vigilancia, turnos largos; son deficiencias varias. Le agradezco los comentarios y tomamos nota de ellos.
He contestado varias de las inquietudes que manifiesta la señora Mora, que sé que se preocupa por estas cuestiones y que hace visitas a los centros de privación de libertad. Hemos puesto a su disposición recomendaciones efectuadas en años anteriores cuando nos lo ha solicitado, y se las facilitaremos a sus señorías cuando así lo estimen conveniente. Reitero lo dicho sobre los malos tratos y la tortura. Cuando tenemos los menores indicios o sospechas, inmediatamente lo ponemos en conocimiento de la fiscalía.
Las informaciones a los detenidos sobre la posibilidad inmediata del habeas corpus; la existencia de cámaras en todos los lugares, muy especialmente en zonas de aislamiento; la preocupación por las sujeciones mecánicas están en nuestro trabajo. En lo referente a los documentos sobre sujeción mecánica también estamos, señor presidente, en condiciones de traérselos a sus señorías cuando lo estimen conveniente. En cuanto a los déficits o insuficiencias en los centros de menores, nos preocupan y mucho. Como he dicho, hay alguna eventual actuación de aislamiento que no podemos aceptar y la rechazamos absolutamente.
Escucho siempre con atención, como ha sido frecuente en comparecencias y en legislaturas anteriores, lo que ha comentado el diputado señor Luena. Nada de esto puede convertirse en una rutina. Ni la situación de las personas en centros de privación ni nuestras visitas pueden ser rutinarias; tiene que ser algo intenso y además hay que observar si hay alguna alteración, alguna desviación de lo correcto, de lo que debe hacerse y proceder a las denuncias oportunas. Lo he comentado en general, pero le reitero mi opinión sobre los centros de Tarifa y Algeciras, que además he visitado hace pocas semanas. He tenido ocasión de hablar con las mujeres que están en Algeciras, cuyo edificio no reúne las condiciones constructivas necesarias porque parece -no estoy segura- que tiene aluminosis. Es un centro penitenciario antiguo. Los hombres ya no están allí, han sido trasladados a otros centros. Cuando estuve creo recordar que había doce mujeres procedentes de países subsaharianos. Fueron las que me mostraron las quemaduras y estuve largo rato con ellas. Allí había una persona de Cruz Roja, y hablé con el médico y con la enfermera. El médico me pareció que era un buen funcionario. También la enfermera, pero especialmente el médico, con quien tuve ocasión de hablar largo rato, y vi que entendía muy bien los problemas de estas personas. Es difícil averiguar su origen. Me explicaron cómo habían llegado, como habían sido los trayectos y en manos de quién lo habían hecho. Esa es una cuestión muy propia para abordar en la Comisión de Interior, las mafias en las que estas mujeres desgraciadas habían caído. Me contaron que habían estado en un bosque, como ellas llamaban. Yo creo que no son bosques, pero en fin, eso ya son cuestiones del léxico. Habían estado allí semanas y semanas, y finalmente habían podido tomar una pequeña y mala embarcación y llegar a Algeciras, pero en manos de algunos grupos con los que habían hecho la travesía pagando.
En relación con Ceuta y Melilla, Francisco Fernández Marugán y yo misma acabamos de estar allí, y varias técnicas del Defensor están constantemente visitando Ceuta y Melilla. Nosotros hemos estado hace un mes en Ceuta y hay una presión política y una presión social muy grande desde la frontera marroquí. No me aventuraré a decir nada más para no emitir ninguna opinión que pueda producir conflictos en materia de Exteriores.
Le agradezco mucho al senador Romero -como en ocasiones anteriores en las que hemos tenido ocasión de hablar en el Senado- que se haya estudiado, que haya hecho una lectura exhaustiva y un análisis interesante y profundo de lo que decimos, de lo que recomendamos, de lo que ha sido aceptado y de lo que queda, y he manifestado nuestro apoyo a lo que usted y otras personas dicen sobre la videovigilancia, los partes de lesiones y los libros de registro. Lo suscribimos, tienen ustedes razón e insistiremos en ello. Ya me he referido a las sujeciones mecánicas y a actuaciones ante otros tribunales y ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Cuando hablamos de estas cuestiones de posibles malos tratos y de denuncias, fíjese lo que he comentado antes en el informe anterior sobre los libros de textos. Hay algún libro de texto que, cuando habla de los actos terroristas y de los crímenes de ETA, apenas se refiere a los años de la democracia. Y claro, en la etapa del franquismo y de la dictadura, el tratamiento era bien distinto. Hay todavía algunas instancias internacionales -no mencionaré ninguna para que no me pregunten muchas cosas al respecto- que parece que se han quedado en versiones de años atrás y les cuesta reconocer lo que está muy avanzado, no ya en el campo social, sanitario o educativo, sino también en materia de derechos humanos, de proclamación, de vigilancia y de supervisión del cumplimiento de los derechos humanos. A veces una lee algunos documentos, sobre todo de hace algunos años, de organismos internacionales y, desde luego, parece que algunos todavía están en la España romántica, en la España que transmitían los viajeros del siglo XIX, los franceses, los ingleses, los alemanes, y no todos se refieren a los cambios, que no han sido solamente sociales, económicos o
políticos, sino que han sido también en materia de derechos humanos. Seguiremos insistiendo. Por eso la presencia internacional que nosotros pedimos al Ministerio de Asuntos Exteriores y a todas las embajadas españolas y delegaciones de España en el exterior nos parece muy importante: que se pueda explicar, que se pueda comparecer, que las víctimas puedan ir y puedan informar de qué les ha sucedido, qué les ha pasado, etcétera. Porque cuanto más informemos y cuanto más expliquemos seguramente tendrán mejor opinión, como decía, no solo de los avances sociales o económicos, sino también de los avances, que han sido enormes, en materia de derechos humanos.
Presidente, concluyo. No quiero reiterar más cosas; en nombre del adjunto y de Concepción, la adjunta, y de todo este pequeño equipo que ha venido acompañándonos hoy -personas que fundamentalmente se ocupan de derechos humanos y de visitas a centros de internamiento- les agradezco, de verdad, a todos su atención.
El señor PRESIDENTE: Tras esta prolija mañana en la que hemos tratado dos temas importantes, antes de concluir, tenemos que plantear la delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento. Si les parece, la acordamos por asentimiento. (Asentimiento.) Queda acordada.
Despedimos a la defensora y en cinco minutos nos juntamos Mesa y portavoces para tratar dos temas. Muchas gracias a todos.