Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2004/A140A-04.htm
Timestamp: 2017-11-25 00:10:37
Document Index: 10878920

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 148', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 1']

A140A-04
Auto 140A/04
Referencia: expediente ICC - 847
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral- en la acción de tutela promovida por Nelly Amparo Correa de Ocampo contra la Caja Nacional de Previsión Social-Cajanal-.
Provee la Corte en relación con el Conflicto de Competencia suscitado entre el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral- en la acción de tutela promovida por Nelly Amparo Correa de Ocampo contra la Caja Nacional de Previsión Social -Cajanal-.
1. La señora Nelly Amparo Correa de Ocampo interpuso en la ciudad de Medellín acción de tutela ante el Juzgado Laboral del Circuito (reparto), para que se protejan sus derechos fundamentales de petición y pago oportuno de pensión, los cuales encuentra vulnerados con la omisión de la entidad accionada de darle respuesta a la solicitud elevada el 12 de diciembre de 2003, mediante la cual reclama el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación.
2. El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, en auto del 20 de mayo del año 2004, declaró su incompetencia para dar trámite al proceso de la referencia, pues señala que de conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 1º del Decreto 1382 del año 2000, no le corresponde conocer de la acción de tutela instaurada contra una entidad del orden nacional y por tal motivo resuelve remitir el expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá con el fin de que asuma el conocimiento de la misma.
3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-, mediante providencia del 28 de mayo de 2004, precisó que como la Caja Nacional de Previsión Social es una entidad descentralizada del orden nacional no le corresponde conocer de la acción de tutela de la referencia, pues para el caso debe darse aplicación al inciso segundo del artículo 1º del Decreto 1382 del 2000 que establece que a los Jueces del Circuito o con categorías de tales, les corresponde conocer de las acciones de tutela que se interpongan contra “cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional” y en consecuencia ordena devolver el expediente al juzgado remitente.
4. Recibido nuevamente el expediente por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, éste en decisión adoptada el 24 de junio del año en curso, precisó que como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-, si bien declaró su incompetencia para conocer del asunto no provocó el conflicto de competencia en los términos que lo establece el artículo 148 del C.P.C. y tomando en consideración igualmente que la entidad demandada dejó de ser descentralizada por servicios al haber desaparecido las diferentes seccionales en el país, dejando como único domicilio la ciudad de Bogotá, estima que no es competente para conocer del asunto y por tanto, ordena remitir el proceso al Tribunal que conoció anteriormente de la acción de tutela.
5. En cumplimiento de lo dispuesto en el auto del 28 de mayo de 2004, la Secretaria Judicial del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-, remite con fecha 1º de julio de los corrientes el expediente al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín.
6. El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín en auto del 30 de julio pasado, después de reiterar su posición en el sentido de que no es competente para conocer del proceso y advertir que la Corporación Judicial que le remitió el expediente no es su Superior Jerárquico ordena devolver el expediente nuevamente al Tribunal.
7. Ante la decisión adoptada por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín de insistir en su incompetencia para conocer del asunto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en auto del 10 de agosto del año en curso resuelve plantear el conflicto negativo de competencia y remitir el proceso a la Corte Constitucional para que sea ésta la que decida.
2.- No obstante lo anterior, cabe precisar que en algunas casos[2] la Corte ha asumido de manera directa el conocimiento de conflictos de competencia entre organismos judiciales que tienen superior jerárquico común, con el fin de garantizar de manera oportuna la protección de los derechos fundamentales y en aplicación de los principios de celeridad, y sumariedad que reviste el proceso de tutela.[3]
3.- En ese orden de ideas y tomando en consideración el tiempo transcurrido desde la interposición de la tutela en el asunto de la referencia[4] hasta la fecha, y en aras de garantizar el derecho al acceso oportuno a la administración de justicia de la demandante y los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, de celeridad, eficacia e informalidad del trámite de tutela, la Corte estima que debe entrar a resolver el conflicto negativo de competencia planteado.
4. Ahora bien, previamente a resolver el mismo la Corte considera oportuno recordar en relación con el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, proferido por el Presidente de la República y según el cual se “establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”, que esta Corporación en auto ICC-118 de 26 de septiembre de 2000 y reiterado posteriormente en numerosas oportunidades, lo inaplicó en virtud de la primacía que a la Constitución ha de darse sobre normas de rango inferior.
5. Posteriormente a tal acontecer, el Consejo de Estado mediante sentencia de 18 de julio de 2002 proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con dos salvamentos de voto, declaró la nulidad del “inciso cuarto del numeral primero del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000”, y la del “inciso segundo del artículo 3º” del mismo Decreto y denegó las demás súplicas de las demandas a que se refieren los expedientes radicados en esa Corporación bajo los números 6414, 6424, 6447, 6452, 6453, 6522, 6523, 6693, 6714 y 7057.
6. Lo anterior significa, que ante la vigencia del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, son las reglas allí fijadas las que determinan la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento de la actuación.
7. Una vez analizada la controversia procesal planteada en el presente asunto, la Sala estima que para el caso tuvo razón el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral, cuando expresó que como la acción de tutela va dirigida contra la Caja Nacional de Previsión Social -Cajanal-, que es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de la Protección Social,[5] para el caso debe darse aplicación al inciso tercero del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 del año 2000, según el cual “A los Jueces del Circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental” y, por ello dispondrá que esta acción de tutela se tramite por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, que fue además donde la actora presentó la tutela. [6]
Remítase el expediente contentivo de la acción de tutela propuesta por la señora Nelly Amparo Correa de Ocampo contra la Caja Nacional de Previsión Social -Cajanal-, al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, para que la tramite y decida en forma inmediata.
Salvamento de voto al Auto 140A/04
Referencia: expediente ICC-847
Peticionario: Nelly Amparo Correa de Ocampo
[2] Ver entre otros, los Autos ICC-720, ICC-755, ICC-771 de 2003, ICC-780 y ICC -824 de 2004.
[3] La Corte al resolver un conflicto de competencia plantado entre el Juzgado 61 Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado 14 Civil Municipal de Medellín, manifestó mediante auto del 2 de diciembre de 2003, expediente ICC-755, M.P., Marco Gerardo Monroy Cabra, lo siguiente:
“l. En pronunciamientos anteriores, esta Corporación estableció que no está dentro de sus atribuciones resolver conflictos de competencia entre jueces de la misma jurisdicción que cuenten con un superior jerárquico común.[3]
2. En el presente conflicto de competencia el superior jerárquico común del Juzgado 61 Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado 14 Civil Municipal de Medellín es la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Es esta quien en principio debería conocer del presente conflicto. [3]
La Corte no puede ser permisiva con la dilación de los términos ni con la renuencia de las autoridades a asumir de manera definitiva el conocimiento de las solicitudes de tutela. En este sentido, la Sala considera que remitir a la Corte Suprema las presentes diligencias para que ella resuelva el conflicto de competencia, agravaría aun más la situación de la peticionaria, quien por demás, no tiene por que sufrir la mora que aparejan los problemas de interpretación de las normas de competencia para conocer de la acción de tutela. [3]
[4] La acción se presentó el 19 de mayo de 2004.
[5] El artículo 1º del Decreto 177 de 2003 establece lo siguiente: “Escíndese de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de la Protección Social, la Subdirección General de Salud, la Subdirección General Administrativa y Financiera, las Direcciones Seccionales Regionales y las demás dependencias de cualquier nivel vinculadas a la prestación del servicio de salud.”
[6] En el Auto 095 del 7 de julio de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte al decidir un conflicto de competencia similar al planeado en esta oportunidad señaló al respecto, lo siguiente:
“Ahora bien, analizada la controversia procesal planteada en el presente asunto, la Sala observa que la acción de tutela fue dirigida contra la Caja Nacional de Previsión Social - CAJANAL, cuya naturaleza jurídica es la de una Empresa Industrial y Comercial del Estado[6] del orden nacional, motivo por el cual integra el sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del poder público, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 2 del artículo 38 de la Ley 489 de 1998.
En este orden de ideas, no resulta acertada la posición del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva, puesto que independientemente de la forma como una entidad estatal diseñe los procedimientos para el cumplimiento de sus funciones, su naturaleza jurídica será la que determine la Ley y no la que se intuya a partir de interpretaciones. De donde, fluye claramente que CAJANAL es un entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional y, en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el inciso 2 del numeral 1 del artículo 1 del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, según el cual, "A los Jueces del Circuito o con categoría de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental”, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva es el competente para fallar en primera instancia la acción de tutela interpuesta por el señor OMAR CARDOZO PÉREZ.”