Source: https://derechohumanosi.blogspot.com/2015/05/cndh-emite-recomendacion-gobierno-del.html
Timestamp: 2018-10-15 09:07:58
Document Index: 204573542

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 168', 'artículo 16', 'artículo 50', 'artículo 62', 'artículo 16', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 69', 'artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 102', 'artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 102']

CNDH EMITE RECOMENDACIÓN A GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ
RECOMENDACIÓN 12 /2015
SOBRE EL CASO DE DETENCIÓN ARBITRARIA, USO EXCESIVO DE LA FUERZA PÚBLICA EN AGRAVIO DE V1, V2, V3, V4 Y V5; EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE V2, V3, V4 Y V5; E INDEBIDA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN AGRAVIO DE LAS VÍCTIMAS.
México, D.F. a 17 de abril de 2015.
1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero, y 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 3°, párrafo segundo, 6°, fracciones I, II y III, 15, fracción VII, 24, fracciones II y IV, 42, 44, 46 y 51 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 128, 129, 130, 131, 132, 133 y 136 de su Reglamento Interno, ha examinado las evidencias del expediente CNDH/1/2012/4475/Q, relacionado con el caso de V1, V2, V3, V4 y V5.
2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se omitirá su publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4°, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 147 de su Reglamento Interno. Dicha información se pondrá en conocimiento de las
autoridades recomendadas a través de un listado adjunto en el que se describe el significado de las claves utilizadas, con el compromiso de dictar las medidas de protección de los datos correspondientes y visto los siguientes:
3. A las 02:30 horas aproximadamente del 24 de abril de 2012, V1, V2, V3, V4 y V5, que entonces tenían 16, 16, 17, 18 y 21 años de edad, respectivamente, se trasladaban en un vehículo propiedad de un amigo de V3 al “Parque Central” de Ciudad Juárez, Chihuahua. A ese lugar arribaron seis agentes de la Policía Municipal en tres patrullas tipo “Camper”, de los cuales cinco eran hombres y una mujer; dichos policías revisaron a las víctimas, las golpearon, esposaron y les quitaron sus pertenencias, como dinero, llaves, los tenis, calcetines, celulares, credenciales y el automóvil que llevaba V3.
4. Las víctimas fueron separadas y trasladas en las patrullas a diferentes sitios de la ciudad; en uno de los trayectos, cuatro de los cinco policías se detuvieron por varios minutos en una fiesta privada y al salir de ahí continuaron su camino rumbo al panteón “San Rafael”, en donde bajaron a las víctimas, las acostaron en el suelo, les quitaron las esposas y les dispararon con sus armas de fuego. Posteriormente, se retiraron del lugar creyéndolos muertos; no obstante, V1 logró sobrevivir al disparo que recibió en la cabeza y, como pudo, caminó por la carretera y llegó a una garita, en donde fue auxiliada por personal de la Policía Federal que solicitó una ambulancia y la trasladó al Hospital General.
5. Por tales acontecimientos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua inició el expediente CJ-FC-155/2012-Q, derivado de la queja presentada el 25 de abril de 2012 por Q1, en la que los atribuyó a elementos de la
Policía Federal; en consecuencia el Organismo Local remitió una copia de la citada queja a esta Comisión Nacional.
6. El 3 de mayo de 2012 personal de este Organismo Nacional, incluyendo un psicólogo, entrevistó a V1 y V6, precisando V1 que los policías que los habían detenido eran de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, ya que así lo señalaban las placas que portaban y las patrullas en que los habían transportado. El mismo día de la entrevista, a V1 y V6 se les proporcionó acompañamiento terapéutico y apoyo emocional.
7. En la misma fecha, personal de este Organismo Nacional se entrevistó con el Coordinador Regional de la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a efecto de verificar las medidas tomadas para garantizar la seguridad de V1, informando dicho funcionario que, durante su estancia en el hospital, la víctima fue resguardada por elementos policiales y que al salir V1, V6, V7, V8, V9 y V10, fueron llevados a una casa de protección de esa fiscalía, se les proporcionó atención psicológica y jurídica, y que, además, se estaba considerando su trasladado a otra entidad federativa, para salvaguardar su integridad y seguridad.
8. En razón de que los hechos expuestos trascendieron el interés del Estado de Chihuahua e incidieron en la opinión pública nacional debido a la gravedad de los hechos, con fundamento en los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero; 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 3°, párrafo segundo, y 60 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y 14 de su Reglamento Interno, el 11 de mayo de 2012, este Organismo Nacional acordó la atracción del caso, e inició el expediente CNDH/1/2012/4475/Q.
9. Escrito de queja de 25 de abril de 2012, suscrito por Q1, recibido en esta Comisión Nacional el 2 de mayo de 2012, en el que denunció los hechos narrados por V1, en tiempo y forma, en que fue detenida con V2, V3 V4 y V5, y privados de la vida los cuatro últimos de los mencionados.
10. Acta Circunstanciada de 7 de mayo de 2012 suscrita por personal de esta Comisión Nacional, en la que se hizo constar la llamada telefónica del 3 de ese mes y año al representante legal de Q1, quien proporcionó los nombres completos y correctos de V2 y V4.
11. Actas Circunstanciadas de 4 y 7 de mayo de 2012, en las que personal de este Organismo Nacional constató las entrevistas a servidores públicos de la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la Coordinación Regional Zona Norte del Estado de Chihuahua, quienes narraron los hechos ocurridos y proporcionaron información sobre las primeras diligencias practicadas en la Carpeta de Investigación No. 1, y sobre las entrevistas clínicas practicadas a V1 y V6 para darles apoyo emocional.
12. Acuerdo de Atracción de 11 de mayo de 2012, suscrito por el Presidente de esta Comisión Nacional.
13. Copias de las Constancias Médicas relativas a la atención dada a V1 en el Hospital General de Ciudad Juárez, Chihuahua, enviadas a este Organismo Nacional, a través del oficio 240/12 de 13 de mayo de 2012, por el Encargado del Departamento Jurídico de ese nosocomio.
14. Acta Circunstanciada de 15 de mayo de 2012, en la que esta Comisión Nacional hizo constar la entrevista realizada a V1, quien narró la forma en que ella, V2, V3, V4 y V5 fueron detenidos y estas últimas privadas de la vida por agentes de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua.
15. Opinión Clínico-Psicológica de 15 de mayo de 2012, elaborada por personal de este Organismo Nacional procedente de las entrevistas practicadas a V1 y V6, en la que se concluyó que ambas presentaban síntomas de trastorno de estrés agudo.
16. Informe FEADOV/231/2012 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Fiscal Especializado en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, respecto a la atención médica y psicológica otorgadas a V1 en la Carpeta de Investigación No. 1.
17. Solicitudes de información de esta Comisión Nacional que, a través de los oficios 43714, 45905, 53850, 53851, 64308 y 64310, de 30 de mayo, 4 y 26 de junio, y 8 de agosto de 2012, se dirigieron a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, respecto de la Carpeta de Investigación No. 1.
18. Acta Circunstanciada de 6 de junio de 2012, en la que consta la llamada telefónica del 4 de ese mes y año de un visitador adjunto de este Organismo Nacional con personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, para acordar la fecha para consultar las diligencias de la Carpeta de Investigación No. 1.
19. Informe DJ/10108/2012 de 14 de junio de 2012, suscrito por AR2, en el que se indicó que en esa dependencia no existe registro de la “captura” de las víctimas y que los hechos están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado, y anexó documentación relacionada con el personal activo y las unidades de esa corporación, en la fecha en que ocurrieron los hechos.
20. Oficio DJ/11133/2012 de 29 de junio de 2012, enviado por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, al que se anexó bitácoras de servicio y un disco con el álbum fotográfico del personal que laboró en la fecha de los hechos.
21. Actas Circunstanciadas de 3, 6, 7 y 15 de agosto de 2012, en las que constan las llamadas telefónicas realizadas a personal de la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, a efecto de que se señale fecha para consultar las actuaciones de la Carpeta de Investigación No. 1.
22. Opinión Médica Especializada para casos de posible tortura y/o maltrato de 8 de agosto de 2012, elaborada por un perito médico forense de este Organismo Nacional, en la que concluyó que V1 presentó herida por proyectil de arma de fuego, penetrante de cráneo en hemicráneo derecho, lesión que en su momento puso en peligro su vida.
23. Informes 222/2012 y FEAVOD-DADH/737/2012 de 21 y 22 de agosto de 2012, enviados por la Coordinadora General de Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, y el Fiscal Especializado en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, en los que se fijó el 3 de septiembre de 2012 para la consultar la Carpeta de Investigación No. 1.
24. Acta Circunstanciada de 6 de septiembre de 2012, en la que consta la visita que personal de este Organismo Nacional realizó el 3 de ese mes y año a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, con el propósito de consultar las constancias de la Carpeta de Investigación No. 1, pero sólo se le proporcionaron las fechas de los acuerdos, constancias y diligencias efectuadas.
25. Informe FEAVOD/321/2012 de 5 de septiembre de 2012, enviado por el Fiscal Especializado en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, relativo a la atención psicológica suministrada a V1 y a su familia.
26. Informe SSP/SSPPC/DGDH/5898/2012 de 22 de octubre de 2012, suscrito por el Director General Adjunto de Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, al que se anexó el oficio PF/DSR/CECH/EPJ/985/2012 de 3 del mismo mes y año, signado por el Titular de la Estación Juárez de la Policía Federal, y en el que éste detalló el apoyo que la Policía Federal proporcionó a V1, el día de los hechos.
27. Expediente CJ-FC-155/2012-Q iniciado en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, y recibido en esta Comisión Nacional el 29 de enero de 2013, del que destacan las siguientes constancias:
27.1. Acta Circunstanciada de 8 de mayo de 2012 en la que consta la entrevista realizada a V1, quien describió los hechos y manifestó haber reconocido a sus agresores como policías que llegaron en patrullas de la policía municipal.
27.2. Informe DJ/9779/2012 de 5 de junio de 2012, suscrito por AR2, en el que se indicó que: “…en esta dependencia municipal, no existen antecedentes de que esta corporación a mi cargo hayan (Sic) realizado la detención de la menor
[V1] que nos ocupa y sus co ofenidos (Sic)”, agregando que los hechos estaban siendo investigados por la Fiscalía General del Estado, “…lo cual no es limitativo para que su representante interponga formal queja ante la Dirección de Asuntos Internos del Municipio…”
27.3. Acta Circunstanciada de 7 de mayo de 2012, en la que consta la llamada telefónica realizada el 16 de julio de ese año por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua a V6, quien manifestó las condiciones económicas y de vivienda en que se encontraba con su familia.
28. Oficios 57947 y 61904 de 7 y 27 de agosto de 2013, dirigidos a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, para que estipulara una fecha para consultar la Carpeta de Investigación No. 1.
29. Actas Circunstanciadas de 6, 19, 23 y 27 de agosto de 2013, en las que se constataron las llamadas telefónicas realizas a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, a efecto de que se proporcionara fecha para consultar la Carpeta de Investigación No. 1.
30. Informe FEAVOD-DADH no. 968/2013 de 2 de septiembre de 2013, enviado por la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, respecto a la atención y apoyo otorgados a V1 y a su familia para garantizar su seguridad.
31. Actas Circunstanciadas de 10 y 25 de septiembre y 9 de octubre de 2013, en las que constan las llamadas telefónicas a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, para que se proporcionara fecha para consultar la Carpeta de Investigación No. 1.
32. Informe SSPM/DJ/MERR/1010/2013 de 10 de octubre de 2013, suscrito por AR2, en el que explicó que se contaban con más de 600 unidades y aproximadamente 1800 agentes adscritos a los diferentes distritos de esa corporación.
33. Informe CEDH-MERR-108-11-2013 de 22 de noviembre de 2013, suscrito por AR3, al que anexó los informes CU-1862-2013 y CU-1890-2013 de 5 y 11 de noviembre de 2013, signados por el Jefe del Departamento de Control de Unidades, mediante los cuales dio cuenta de las unidades oficiales de esa corporación y de los roles de servicio.
34. Oficios 89661 y 1229 de 6 de diciembre de 2013 y 16 de enero de 2014, dirigidos a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a efecto de que acordara fecha para consultar la Carpeta de Investigación No. 1.
35. Actas Circunstanciadas de 14 y 22 de enero de 2014, en las que constan las llamadas telefónicas a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, a efecto de que determinara fecha para consultar la Carpeta de Investigación No. 1.
36. Informe FEAVOD/CNDH/121/2014 de 22 de enero de 2014, con el cual la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, señaló el 30 de enero de 2014 para que este Organismo Nacional consultara la Carpeta de Investigación No. 1.
37. Acta Circunstanciada de 4 de febrero de 2014 en la que se hizo constar las actuaciones que el 30 de enero del mismo año esta Comisión Nacional realizó con servidores públicos de la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito y de la Fiscalía Especializada en la Investigación y
Persecución del Delito, Zona Norte, entre ellas la negativa de ambas Fiscalías para consultar la Carpeta de Investigación No. 1; y la diligencia de reconocimiento que V1 hizo de uno de los policías en un álbum fotográfico, proporcionado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua.
38. Informe FEAVOD/UDH/CNDH/261/2014 de 17 de febrero de 2014, suscrito por el Fiscal Especializado en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de Chihuahua, sobre diversas diligencias ejecutadas y apoyos dados a V1 en la Carpeta de Investigación No. 1.
39. Actas Circunstanciadas de 10, 11 y 28 de abril, y de 2, 8 y 12 de mayo de 2014, en las que constan las llamadas telefónicas realizadas por un visitador adjunto de este Organismo Nacional con el objetivo de obtener información y localizar a los familiares de V2, V3 y V5.
40. Acta Circunstanciada de 20 de agosto de 2014, en la que consta la llamada telefónica realizada a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, la cual informó que la Carpeta de Investigación No. 1 continuaba en trámite y que se encontraba agotada la línea de investigación derivada de la diligencia de identificación hecha por V1.
41. Acta Circunstanciada de 29 de septiembre de 2014, en la que consta la llamada telefónica realizada a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, la cual informó que no había ninguna investigación interna por los hechos cometidos en agravio de V1.
42. Informe FEAVOD/UDH/CNDH/2317/2014 de 23 de diciembre de 2014, suscrito por el Fiscal Especializado en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, quien avisó que la Carpeta de Investigación No. 1 se encontraba en estudio para
determinar si existían elementos para solicitar orden de aprehensión ante la autoridad judicial.
43. Acta Circunstanciada de 17 de febrero de 2015, en la que consta la llamada telefónica realizada a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, la cual informó que la Carpeta de Investigación No. 1 continuaba en integración.
44. El 24 de abril de 2012, aproximadamente a las 02:30 horas, V1, V2, V3, V4 y V5 se encontraban en el “Parque Central” de Ciudad Juárez, Chihuahua, lugar al que arribaron AR1 y otros cinco agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, a bordo de tres patrullas. Dichos elementos policiales, los sometieron a una revisión, golpeándolos y despojándolos de sus pertenencias; luego los separaron y llevaron en sus patrullas a diferentes sitios de la ciudad, hasta arribar al panteón “San Rafael”, en donde les dispararon para, finalmente, retirarse de lugar, dándolos por muertos.
45. No obstante, V1 sobrevivió al disparo que recibió en la cabeza y como pudo caminó por la carretera y logró llegar a una garita, donde personal de la Policía Federal la auxilió y solicitó una ambulancia que la trasladó al Hospital General de Ciudad Juárez, Chihuahua.
46. El 25 de abril de 2012, con motivo del hallazgo de los cadáveres de V2, V3, V4 y V5, la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, inició la Carpeta de Investigación No. 1, por el delito de homicidio, a la que en la misma fecha, se acumuló la Carpeta de Investigación No. 2, iniciada por las lesiones que V1
presentó al momento de su ingreso al Hospital General de Ciudad Juárez, Chihuahua. Al 17 de febrero de 2015 la Carpeta de Investigación No. 1 se encuentra en integración.
47. No hay evidencia de alguna investigación o procedimiento administrativo en contra del personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, involucrado con el presente caso. Adicionalmente, V1, V6, V7, V8, V9 y V10, tuvieron que abandonar su hogar y actualmente, por su seguridad, residen en otra entidad federativa.
48. Previo al estudio de las violaciones a los derechos humanos en agravio de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 y V10, es pertinente establecer que este Organismo Nacional observó irregularidades en la conducta de los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, y hace patente que las mismas se determinaron con pleno respeto de las facultades que tiene como autoridad ministerial y sin que, de ninguna forma, se pretendiera interferir en la función de investigación de los delitos o en la persecución de los probables responsables, potestad exclusiva del Ministerio Público.
49. Por el contrario, se refrenda la necesidad de que el Estado mexicano a través de sus instituciones públicas, cumpla con el deber jurídico de prevenir la comisión de conductas delictivas, investigar con los medios a su alcance los ilícitos que se cometan en el ámbito de su competencia, identificar a los responsables y lograr que se impongan las sanciones pertinentes, proporcionar a las víctimas del delito un trato digno, sensible y respetuoso y, además, que se les proporcione una debida atención.
50. Del análisis lógico jurídico de los hechos y evidencias que integran el expediente de queja CNDH/1/2012/4475/Q, en términos de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se cuentan con elementos suficientes para probar trasgresiones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, libertad, legalidad, integridad y seguridad personal de V1, V2, V3, V4 y V5, y a la vida en agravio de V2, V3, V4 y V5, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua. También se cuentan con evidencias para probar la violación al derecho humano a la debida procuración de justicia en agravio de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 y V10, imputable a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en atención a las siguientes consideraciones:
51. De acuerdo a lo manifestado por V1, sobreviviente de los hechos, el 23 de abril de 2012, V1, V2 y V4 se encontraban en el domicilio de V6 ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua cuando, entre las 23:00 y 00:00 horas, llegaron V3 y V5 quienes les pidieron que los acompañaran a recoger un dinero con el padre de V3, por lo que se fueron en una camioneta que llevaba este último, y se trasladaron al “Parque Central” de esa localidad en donde, aproximadamente a las 02:30 horas, arribaron tres patrullas azul marino de la Policía Municipal, en las que viajaban dos elementos policiales por unidad, entre ellos una mujer. Dichos policías los sometieron a una supuesta revisión de rutina, pero al separarlos comenzaron a golpear a los varones, les quitaron sus pertenencias, los esposaron a todos y los subieron a las patrullas, además uno de los policías se llevó la citada camioneta de las víctimas.
52. Posteriormente, les dieron un recorrido por las colonias “Anapra, Centro y Santiago Troncoso”, de la ciudad; en esta última se detuvieron frente a la maquila conocida como “Toro”, le cubrieron la cabeza a V1 con una playera y la cambiaron de patrulla junto a V2 y V3, quienes le manifestaron que fueron golpeados por los
policías. Cerca de ese lugar, cuatro de los agentes ingresaron a una fiesta privada con música en vivo, de la que regresaron después, y uno de ellos golpeó con el puño cerrado a V2 en su espalda. Entonces, se dirigieron hacia unos puentes desde los que se veía la puerta “Milenio”, que es un monumento ubicado en la entrada de Ciudad Juárez, y tomaron camino rumbo al panteón “San Rafael”.
53. Al llegar al panteón, las víctimas fueron bajadas de las patrullas, primero V4, a quien los policías se llevaron y ya no supieron de él; a los demás los hincaron, les quitaron las esposas, los pusieron boca abajo y les comenzaron a disparar. V1 vio cómo uno de los policías le puso un pie en la cabeza a V2 y le disparó en dos ocasiones y ella sintió su cabeza caliente y fingió estar muerta. Después de que los policías se retiraron del lugar, se levantó, como pudo caminó por la carretera y logró llegar a una garita, en la que se le proporcionó ayuda y se llamó a una ambulancia que la trasladó al Hospital General.
54. En los oficios DJ/10108/2012 y DJ/11133/2012 de 14 y 29 de junio de 2012, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, informó que no existía registro alguno de la captura de V1, V2, V3, V4 y V5; proporcionó información de los agentes que laboraron el 24 y 25 de abril de 2012, apuntó que los hechos estaban siendo investigados por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, y que una vez que esa autoridad identificara a los probables responsables, se coadyuvaría en la investigación.
55. Con el oficio. DJ/9779/2012 de 5 de junio de 2012, AR2 informó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esa entidad federativa, que con independencia de la investigación de la Fiscalía General del Estado, V1 podía interponer formal queja ante la Dirección de Asuntos Internos del municipio.
56. En los oficios SSPM/DJ/MERR/1010/2013 y CEDH-MERR-108-11-2013 de 10 de octubre y 22 de noviembre de 2013, así como en los informes que se anexaron a los mismos, AR3 informó que se contaba con más de 600 vehículos y aproximadamente 1,800 agentes a cargo de esa corporación, sin contar con los elementos que habían causado baja durante el periodo 2012-2013; detallando que cuatro vehículos tipo “Camper” que tenía la corporación se dieron de baja el 4 de abril de 2011, 5 de julio y 6 de diciembre de 2012, mientras que otro más se encontraba en proceso legal y en el corralón desde el 25 de agosto de 2007.
57. Para esta Comisión Nacional, lo anterior evidenció la conducta omisa de AR2 y AR3, al no iniciar ninguna investigación interna de los hechos atribuidos a policías municipales a su cargo, conforme a sus atribuciones legales decretadas en el artículo 42, fracciones II, III y VII, del Reglamento del Sistema Municipal de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, que disponen: “Mantener la seguridad, tranquilidad, moralidad y orden público dentro de la jurisdicción municipal, y proteger los intereses de la sociedad; prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas, así como proteger a las personas en sus derechos y bienes, y administrar y vigilar las detenciones preventivas municipales, procurando que las mismas se den en circunstancias (…) respetando permanentemente la dignidad y las garantías individuales de los detenidos”.
58. Además, el artículo 168 del citado reglamento municipal, prevé la posibilidad de que “cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y aportando elementos suficientes de prueba, podrá denunciar los actos u omisiones de los elementos que conforman las instituciones que impliquen responsabilidades”, pero el mismo ordenamiento también añade que “todo servidor público deberá denunciar por escrito a la Dirección de Asuntos Internos o ante los Titulares de las Instituciones, los hechos que a su juicio sean causa de responsabilidad, imputables a los integrantes de las Instituciones”.
59. Por ello, resulta vital el inicio de la investigación interna en la época en que ocurrieron los hechos, dada su gravedad y porque V1 estaba, desde entonces, en condición de reconocer a sus agresores. El transcurso del tiempo, el cambio de la administración municipal y la baja de los agentes de la corporación, han obstaculizado las investigaciones en el presente caso favoreciendo la impunidad de los responsables. En consecuencia, las referidas conductas omisas patentizan la falta de compromiso y ética profesional de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Ciudad Juárez para cumplir con sus responsabilidades.
60. No obstante que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, negó que su personal hubiera detenido a V1, V2, V3, V4 y V5, porque no existía registro oficial de ello, en una diligencia de reconocimiento a través de un álbum fotográfico del 28 de enero de 2014 ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, V1 identificó a AR1, como uno de los policías municipales que participó en los acontecimientos en los que, ella y las otras víctimas fueron detenidas y se les privó de la vida a cuatro de ellas. El hecho de que la única sobreviviente hubiera reconocido al menos a uno de los policías atacantes, constituye una evidencia fundamental respecto de los actos imputados a personal de la citada secretaría y su responsabilidad en la violación de derechos humanos.
Las consideraciones señaladas, ponen de manifiesto lo siguiente:
A) DETENCIÓN ARBITRARIA.
61. Respecto a las circunstancias de la detención de V1, V2, V3, V4 y V5, resulta relevante el testimonio de V1 del que se desprende que su detención se ejecutó sin que AR1 y los otros cinco policías municipales, contaran con mandamiento escrito por autoridad competente que así lo ordenara. Tampoco existió flagrancia ni se acreditó la urgencia a que hacen referencia los párrafos quinto y sexto del
artículo 16 constitucional. Los policías municipales involucrados, además, vulneraron el artículo 50, fracción IX, del Reglamento del Sistema Municipal de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, al efectuar una detención “sin cumplir con los requisitos previstos en las normas constitucionales y legales aplicables”.
62. Con la detención arbitraria descrita, los policías municipales implicados quebrantaron también diversos instrumentos jurídicos internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, que constituyen norma vigente en nuestro país y que deben ser tomados en cuenta para la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7.1, 7.2 y 7.3 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), adoptada el 22 de noviembre de 1969 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981; 9.1 y 9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y vigente en México desde el 23 de junio de 1981; 2 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; I y XXV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, adoptada el 2 de mayo de 1948 en Bogotá, Colombia; y en los principios 1 y 2 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptados por las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1988 que, en términos generales, tutelan el derecho a la libertad personal, prohíben las detenciones arbitrarias, a conocer las razones de las detenciones, los cargos que se imputan, y a ser puesto sin demora a disposición de la autoridad competente.
63. Para este Organismo Nacional, es un presupuesto del Estado constitucional que todo habitante del país goce de libertad personal en el territorio mexicano. La privación de la libertad por parte de la autoridad es una condición excepcional que necesariamente debe de cumplir una serie de requisitos formales y materiales, cuyo contenido está establecido en las normas constitucionales e internacionales, y que ha sido ampliamente abordada y desarrollada por las resoluciones emitidas en el ámbito nacional e internacional. Así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuyas resoluciones son obligatorias para el Estado mexicano, en los términos del artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), en razón del reconocimiento de dicha competencia contenciosa de ese tribunal publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de febrero de 1999.
64. En el párrafo 47 de la sentencia de 21 de enero de 1994 en el “Caso Gangaram Panday vs. Suriname”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por las misma (aspecto formal).
65. La libertad de V1, V2, V3, V4 y V5 no solo se vulneró por una detención arbitraria, sino también por la retención ilegal, a la que fueron sometidos desde el momento de su aseguramiento hasta que se les lesionó y privó de la vida. La detención de las víctimas ocurrió, aproximadamente, a las 02:30 horas del 24 de abril de 2012, pero los policías municipales no los pusieron a disposición del Ministerio Público; sino que se los llevaron en sus patrullas a diferentes sitios de la ciudad, tiempo en que los mantuvieron retenidos hasta arribar al panteón “San Rafael”, en donde les dispararon.
66. El artículo 16, párrafos primero y quinto, constitucional, dispone que “nadie puede ser molestado en su persona”, sino con las formalidades de la ley y la puesta a disposición de cualquier persona debe hacerse “sin demora” ante la autoridad más cercana y “con la misma prontitud” ante el Ministerio Público. Para estos efectos, la demora debe entenderse como la tardanza en el cumplimiento de una obligación desde que es exigible, de modo que aun cuando por una cuestión de hecho no resulte posible que un detenido sea puesto a disposición del Ministerio Público en el instante, si lo es que debe realizarse sin que medie dilación injustificada.
B) USO EXCESIVO DE LA FUERZA PÚBLICA.
67. En las notas de evaluación primaria y de evolución del Servicio de Urgencias del Hospital General de Ciudad Juárez, generadas a las 07:24 y 08:26 horas del 24 de abril de 2012, se describe que V1 ingresó por herida de proyectil de arma de fuego en región parietal derecha de cráneo, con entrada en la región parietal posterior, que sólo tenía trayecto por debajo de la piel de aproximadamente 3 cm., con orificio de salida en región occipital derecha, fracturando el cráneo a nivel de occipital. En las notas médicas de las 10:41 y 20:00 horas del mismo día, se indicó que las radiografías simples de cráneo que se practicaron a V1, mostraban fractura del occipital con residuos de proyectil.
68. En conexión con las referidas lesiones, un perito médico forense de esta Comisión Nacional en el dictamen que emitió concluyó que la herida penetrante que V1 presentó en hemicráneo derecho, fue producida por proyectil de arma de fuego, la que en su momento puso en peligro su vida.
69. De la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, destaca el dictamen del 25 de abril de 2012, en el que se refiere que
V1 presenta: “fractura expuesta, multifragmentada en occipital derecho con herida lineal de aproximadamente 5 cms. (…) Se observan fragmentos óseos intraparenquimatosos, así como material metálico de restos de proyectil de arma de fuego alojado en lóbulo parietal,...” En cuanto a V2, V3, V4 y V5, la única información que se proporcionó, fue la relativa a sus necropsias en las que se estableció como causa de muerte “choque hipovolémico por disparo en cráneo”.
70. Con el oficio PF/DSR/CECH/EPJ/985/2012 de 3 de octubre de 2012, el Titular de la Estación Juárez de la Policía Federal informó que a las 06:10 horas del 24 de abril de 2012, el Oficial de Guardia de esa estación recibió una llamada telefónica de una Operadora del “C-4” (Centro de Control, Comando y Cómputo), quien manifestó que por la ex aduana ubicada en el kilómetro 341+000 de la carretera 45, México-Ciudad Juárez, tramo Ciudad Juárez-retorno El Lobo, llegó a las oficinas de “Banjército” V1, quien presentaba lesiones producidas por arma de fuego en la cabeza y en el cuello.
71. Lo manifestado por V1 es trascendental al describir las circunstancias en que, al llegar al panteón “San Rafael”, los policías municipales los bajaron de las patrullas, les quitaron las esposas, los pusieron boca abajo y les comenzaron a disparar, privando de la vida a cuatro de las víctimas.
72. De la credibilidad y congruencia de las declaraciones de V1, que las hacen verosímiles, se concluye que en ningún momento estuvo en riesgo la vida o integridad física de AR1 y de los otros agentes policiales que lo acompañaron; por el contrario, las víctimas siempre estuvieron sometidas, puesto que estaban esposadas, y tampoco existen evidencias de que las víctimas estuvieran armadas o que hubieran disparado arma de fuego alguna en su contra, lo que corresponde con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, derivado de la Carpeta de Investigación No. 1. En consecuencia, la
violencia con la que actuaron los referidos elementos policiales constituye un abuso de la fuerza pública injustificada y una conducta ilícita y desproporcionada, que conculcó directamente los derechos humanos a la integridad física de V1 y la vida de V2, V3, V4 y V5. Se violaron también los derechos humanos a la integridad y seguridad personal y legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, constitucionales.
73. Asimismo, en agravio de las víctimas se cancelaron varias disposiciones previstas en los instrumentos jurídicos internacionales, como los artículos 6.1 y 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4.1, 5.1 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 8 del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (adoptado por las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979); 4, 5, 6, 9, 15 y 16 de los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (adoptados por las Naciones Unidas el 7 de septiembre de 1990), 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en términos generales disponen que todo individuo tiene derecho a la vida, y a la integridad y seguridad personal.
74. Específicamente, los artículos 3 del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, y 5 de los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, decretan que los servidores públicos sólo deberán utilizar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el desempeño de las tareas, y cuando el uso de sus armas sea inevitable deberán reducir al mínimo los daños y lesiones que puedan producir, respetando y protegiendo en todo momento la vida humana. El numeral 9 de los referidos Principios Básicos, fija lo siguiente: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley no emplearán armas de fuego contra las personas, salvo que sea en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito especialmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, con objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”, obligaciones que, evidentemente, no se cumplieron en el presente caso.
75. Sobre estos temas, este Organismo Nacional en la Recomendación General 12/2006, del 26 de enero de 2006, “sobre el uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley”, estableció que dichos servidores públicos son garantes de la seguridad pública, la cual tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
C. EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL.
76. En el Protocolo Modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias (“Protocolo de Minnesota”), elaborado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y publicado el 22 de julio de 2009, se analizan distintas modalidades de ejecuciones, y se definen las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias como aquellos “casos de privación de la vida consecuencia de homicidios perpetrados por agentes del Estado o con su apoyo o tolerancia, incluyendo igualmente los fallecimientos durante la detención o prisión como consecuencia de tortura, malos tratos o de falta de tratamiento médico o de otro tipo.”
77. En el “Protocolo de Minnesota” se establece que “la intención debe ser un elemento constitutivo de una ejecución extrajudicial o arbitraria” y que ocurre en las siguientes circunstancias:
a) “Muerte como consecuencia del uso de la fuerza de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando ese uso no obedece a los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad.
b) Muerte como consecuencia de un ataque por agentes del Estado en operaciones militares o policiales sin que medie ninguna justificación legal amparada por el derecho internacional.
c) Muerte de una persona detenida como resultado de condiciones inadecuadas de su privación de la libertad o en circunstancias poco claras que pongan en entredicho el deber de garantía del Estado. (…)
78. Atendiendo los términos del “Protocolo de Minnesota” es evidente que en el presente caso concurrieron varias de las hipótesis que describe, como son: la participación de agentes del Estado en la detención de V1, V2, V3, V4 y V5, y el uso excesivo de la fuerza pública sin atender “criterios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad” que derivó en la muerte de V2, V3, V4 y V5, concluyéndose que hubo una ejecución extrajudicial o arbitraria en su agravio.
79. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del 26 de septiembre de 2006 del “Caso Vargas Areco Vs. Paraguay”, sentó el criterio de que: “…la obligación de garantizar el derecho reconocido en el artículo 4 de la Convención… [Americana sobre Derechos Humanos], no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, sino que además requiere, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los
derechos humanos, que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida de quienes se encuentran bajo su jurisdicción. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas.” (Párrafo 75). Igualmente, instruye que: “en casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos sus responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida.” (Párrafo 76)
80. En el “Caso de los Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros vs. Guatemala), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del 19 de noviembre de 1999, enseña que: “…el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido (…) … el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tiene la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él.” (Párrafo 144)
81. El Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, en su Observación General No. 6 de 1982, referida al artículo 6, párrafo 3 (derecho a la vida) pactó que: “…los Estados Partes no sólo deben tomar medidas para evitar y
castigar los actos criminales que entrañen la privación de la vida, sino también evitar que sus propias fuerzas de seguridad maten de forma arbitraria. La privación de la vida por las autoridades del Estado es una cuestión de suma gravedad. Por consiguiente, la ley debe controlar y limitar estrictamente las circunstancias en que dichas autoridades pueden privar de la vida a una persona.”
82. Con lo expuesto, se prueba que AR1 y los cinco policías que lo acompañaban de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez ejercieron indebidamente el cargo que les fue conferido, al efectuar acciones contrarias a su función pública, atentando contra la vida y la integridad física de las víctimas, sin motivo ni fundamento legal alguno y a pesar de estar obligados a desempeñar sus funciones con “legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”, como se ordena en los artículos 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 50 del Reglamento del Sistema Municipal de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.
83. Se acreditó, además, que AR1 y los otros policías municipales, incumplieron las obligaciones previstas en el artículo 23, fracciones I y XVII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, que prevén la obligación que tienen de cumplir con el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause su suspensión o deficiencia, o implique el incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.
D. INDEBIDA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
84. Por los hechos expuestos en el presente caso, desde el 25 de abril de 2012 se inició la Carpeta de Investigación No. 1 en la Fiscalía Especializada en la
Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, la cual al mes de febrero de 2015 continuaba integrándose, de acuerdo a lo informado a este Organismo Nacional por la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito.
85. Respecto a los avances de la investigación por el homicidio en agravio de V2, V3, V4 y V5, y el homicidio en grado de tentativa en agravio de V1, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua impidió a esta Comisión Nacional el acceso material a las constancias de la Carpeta de Investigación No. 1, y únicamente proporcionó las fechas de los acuerdos, constancias, diligencias y dictámenes practicados, sin hacer la descripción completa de su contenido, sin que se pueda determinar las diligencias que, concretamente, realizaron AR4 y AR5, a pesar de los 10 oficios girados y las 13 llamadas telefónicas que este Organismo Nacional hizo a esa Fiscalía General, a través de los cuales, reiteradamente, se solicitó la consulta de la Carpeta de Investigación No. 1, como se acredita con los oficios 43714, 45905, 53850, 53851, 64308 y 64310, de 30 de mayo; 4 y 26 de junio; 8 de agosto de 2012; 57947 y 61904 de 7 y 27 de agosto de 2013; 89661 y 1229 de 6 de diciembre de 2013 y 16 de enero de 2014; además de las Actas Circunstanciadas de 6 de junio, 3, 6, 7 y 15 de agosto de 2012; 6, 19, 23 y 27 de agosto, 10 y 25 de septiembre y 9 de octubre de 2013, y de 14 y 22 de enero de 2014.
86. En conexión con lo anterior, esta Comisión Nacional en dos ocasiones acordó con la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, fechas específicas para que visitadores adjuntos de este Organismo Nacional consultaran la Carpeta de Investigación No. 1; pero al pretender hacer las consultas en las fechas comprometidas se les negó el acceso a las constancias de la referida carpeta, inhibiendo las investigaciones de esta Comisión Nacional y obstaculizando las tareas que tiene encomendadas para la protección y defensa
de los derechos humanos, con lo cual los servidores públicos involucrados vulneraron el artículo 23, fracciones I, XVII y XXVIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, con relación al artículo 69 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que dispone que “las autoridades y servidores públicos, federales, locales y municipales, colaborarán…” con este Ombudsman, para proporcionar, en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados. Además, no acataron sus obligaciones previstas en los siguientes términos: “Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión”; [y] “Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público.”
87. Está claro que las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, revelaron una ausencia de colaboración institucional, falta de compromiso en el cumplimiento de la ley, pasividad para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las víctimas, e indiferencia y demora para investigar y sancionar a los responsables de la violación de tales derechos, infringiendo los términos del artículo 1°, párrafos primero, segundo y tercero, constitucional.
88. A esta Comisión Nacional, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua le impidió examinar si la actuación de los servidores públicos responsables de integrar la Carpeta de Investigación No. 1, se ajustó o no a un marco mínimo necesario en materia de acceso a la justicia, ya que a más de dos años de ocurridos los hechos, a pesar de que, el 28 de enero de 2014, se hizo una diligencia de reconocimiento, en la que V1 identificó a AR1 como uno de sus agresores, y siendo éste un agente activo de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal de Juárez, Chihuahua precisamente cuando sucedieron los hechos, al 17 de febrero de 2015 la Carpeta de Investigación No. 1 aún se encontraba en estudio para determinar si existían elementos para solicitar orden de aprehensión ante la autoridad judicial.
89. La obstrucción del derecho de acceso a la justicia en agravio de las víctimas, es un hecho notorio en el presente pronunciamiento que incrimina a AR4 y AR5, servidores públicos que quebrantaron los mandatos del artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en términos generales, dispone que las víctimas u ofendidos del delito tienen los derechos de: “Recibir asesoría jurídica (…) Coadyuvar con el Ministerio Público (…) y a ser informado de toda clase de actuaciones celebradas por el Ministerio Público”.
90. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 23 de noviembre de 2009 en el “Caso Radilla Pacheco vs. México”, destacó la importancia de las investigaciones del Ministerio Público, asentando que: “Para que una investigación penal constituya un recurso efectivo para asegurar el derecho al acceso a la justicia de las presuntas víctimas, así como para garantizar los derechos que se han visto afectados en el presente caso, debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano hacer infructuosa, y debe tener un sentido y ser asumida por los Estados como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios.” (Párrafo 233)
91. En la Recomendación General 16 “Sobre el plazo para resolver una averiguación previa”, del 21 de mayo de 2009, este Organismo Nacional refiere la necesidad de establecer límites claros a la averiguación previa, para que, en un tiempo razonable, pueda perfeccionarse, considerando: “a) la complejidad del
asunto, b) la actividad procedimental de los interesados; c) la conducta de las autoridades investigadoras, principalmente de la policía judicial, científica, investigadora o ministerial, [y] d) la afectación que genera el procedimiento en la situación jurídica del probable responsable, la víctima o el ofendido.” En este mismo pronunciamiento, se detalló que: “…los agentes del Ministerio Público, a fin de garantizar una adecuada procuración de justicia, deben cumplir en el desarrollo de su labor con las diligencias mínimas para: a) evitar la dilación en el trámite de la averiguación previa, de tal manera que no existan omisiones en la práctica de diligencia por los periodos prolongados, b) garantizar el desahogo de las diligencias de investigaciones necesarias para acreditar el delito y la probable responsabilidad del sujeto, c) preservar los indicios del delito a fin de asegurar que las líneas de investigación puedan agotarse, d) propiciar el desahogo de los análisis y dictámenes periciales, e) dictar las medidas de auxilio y protección a las víctimas del delito y a los testigos, f) garantizar el acceso a la justicia a las víctimas del delito mediante la eliminación de la practicar de elaborar actas circunstanciadas en lugar de averiguaciones previas, g) evitar enviar al archivo o a la reserva las averiguaciones previas si no se han agotado las líneas de investigación y h) propiciar una mayor elaboración de investigación por parte de los elementos de la policía que tengan a su cargo dicha función.”
92. Concomitantemente, la dilación en la integración y conclusión de las averiguaciones previas y la falta de determinación oportuna, afectan gravemente la seguridad jurídica, obstaculizan la procuración e impartición de justicia, incluso, generan incertidumbre sobre la aplicación de la ley. El derecho de acceso a la justicia no se agota con el simple trámite de procesos internos, sino que debe hacerse lo necesario para conocer la verdad histórica de lo sucedido y se sancione a los probables responsables, respetando los derechos de las víctimas y ofendidos del delito, y ejecutándose las diligencias indispensables, de conformidad con los estándares del debido proceso. Por tanto, este Organismo Nacional
advierte que se transgredieron los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y debida procuración de justicia, previstos en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 17, párrafo segundo y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que prevén el derecho de las víctimas y ofendidos al acceso a los mecanismos de justicia.
93. Respecto a los derechos de las víctimas y sus familiares, la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito informó que a V1 se le proporcionó atención médica gratuita y, una vez que su recuperación médica lo hizo posible, del 3 al 16 de mayo de 2012, junto con V6, V7, V8, V9 y V10, se les brindó atención psicológica; a todos se les dio seguridad y resguardo, y desde el 2 de mayo de 2012 se les trasladó a un domicilio con vigilancia policíaca las 24 horas del día por agentes de las Policías Única y Ministerial. Según se desprende del informe FEAVOD/UDH/CNDH/261/2014 de 17 de febrero de 2014, posteriormente, para mayor seguridad de V1 y su familia, sin que precisara la fecha, se propuso su cambio de residencia a otra entidad federativa, medida con la que estuvo de acuerdo V6, por lo que se les brindó apoyo para los gastos del viaje e instalación en la nueva vivienda, y una cantidad mensual para manutención, la cual se les proporcionó hasta enero de 2014.
94. En cuanto a la atención institucional a los familiares de V2, V3 y V5, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó a este Organismo Nacional sobre diversas diligencias en la Carpeta de Investigación No. 1, para localizarlos, declararlos, darles asistencia psicológica y hacerles saber sus derechos como víctimas del delito; sin embargo, dicha Fiscalía General informó, el 28 de abril de 2014, que no tenía contacto con los familiares de dos de las víctimas, debido a que se negaron a recibir atención por parte de esa instancia, y por haberse ido a
radicar a otra entidad federativa; agregando que sólo tenían contacto con la familia de otra de las víctimas, sin especificar en ambos casos a que víctimas se referían, ni la naturaleza de la atención y apoyo que se les ha conferido. Al respecto, debe quedar claro que a pesar de que la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito informó haber realizado acciones tendentes a la atención y protección de V1 y su familia, conforme a la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito del Estado de Chihuahua; resultó preocupante el hecho de que una de las medidas para garantizar su protección, haya sido proponerles abandonar su hogar y desplazarse a residir a otra entidad federativa, dejando sus entornos de protección, esto es: su trabajo, escuela, casa, amistades, vecinos, conocidos y sus familiares, para enfrentarse a otros escenarios y modificar su proyecto de vida, por no poder garantizar su seguridad en su localidad, vulnerando con ello sus derechos a la libertad de residencia, de vivienda, al domicilio, regreso voluntario, unidad familiar y vida privada. Sobre este aspecto, se cuenta con la evidencia de la conversación telefónica que, el 16 de julio de 2012, personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua sostuvo con V6, en la que ésta manifestó las carencias y problemas a los que se estaban enfrentando en su nuevo lugar de residencia, lo que incluía la falta de recursos económicos, de trabajo, y el maltrato y abusos de la arrendadora. A la fecha de esta Recomendación, no hay condiciones que permitan a V1 y a su familia retornar a su hogar, puesto que no han sido esclarecidos los hechos en los que V4, también miembro de esta familia, perdió la vida y V1 fue lesionada, ambos por disparo de arma de fuego.
95. En ese sentido, resulta aplicable el Caso de la “Masacre de Mapiripán vs. Colombia”, en cuya sentencia del 15 de septiembre de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos alude al pronunciamiento de la Corte Constitucional de Colombia, en el que ésta decretó que: “…por las circunstancias que rodean el desplazamiento interno, las personas […] que se ven obligadas <a
abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio nacional> para huir de la violencia generada por el conflicto armado interno y por el desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad, que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos fundamentales y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las autoridades…” (Párrafo 174)
96. La falta de seguridad y atención para los familiares de V2, V3 y V5, como ofendidos del delito, y a la necesidad imperiosa de dos de estas familias de cambiar su lugar de residencia, a pesar de ser obligación del Ministerio Público “garantizar la protección de las víctimas, ofendidos, testigos y, en general de todos los sujetos que intervengan en el proceso”, se ha violado en su agravio el artículo 20, apartado C, fracción V, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
97. El hecho de que para salvaguardar su integridad y seguridad personal, V1, su familia y los familiares de al menos dos de las otras víctimas, hayan tenido que cambiar su lugar de residencia, por temor a permanecer en el sitio que habitaban, constituye una transgresión a los derechos de vivienda, residencia y tránsito establecidos en los artículos 4°, párrafo séptimo y 11, párrafo primero, constitucionales; 22.1, 22.2, 22.3, 22.4 y 22.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 12.1 y 12.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 13.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y VIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en los que se reconoce el derecho que tiene toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado, a circular libremente por él, elegir su lugar de residencia, disfrutar de una vivienda digna y no abandonarla sino por su voluntad.
98. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 1° y 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6°, fracción III; 71, párrafo segundo; 72, párrafo segundo, y 73, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se cuenta con elementos de convicción suficientes para que este Organismo Nacional, en ejercicio de sus atribuciones, presente queja ante la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, y en la Dirección de Asuntos Internos del Municipio de Juárez, en esa entidad, a fin de que se inicien los procedimientos de investigación administrativa correspondientes contra los servidores públicos que intervinieron en los hechos que se consignan, además de formularse la denuncia de hechos respectiva ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
E. REPARACIÓN DEL DAÑO.
99. Debe precisarse que si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la responsabilidad del Estado consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, también lo es que el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, párrafo tercero, 20, apartado C, fracción IV y 113, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo segundo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito del Estado de Chihuahua, y 1, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 19 y 39 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua prevén la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la Recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los
afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado, para lo cual el Estado deberá de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. En el presente caso, las citadas disposiciones locales en la materia, establecen, en términos generales, que: “la calidad de víctima, ofendido y sujeto protegido, es independiente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al responsable del delito”, quienes tienen derecho a “recibir asesoría jurídica profesional gratuita (…) ser informado (…) por el Ministerio Público (…) a recibir “atención y tratamiento médico o psicológico permanente, (…) a que se le garantice la reparación de daños y perjuicios (…) a proteger su vida, integridad física, psicológica y moral (…) a recibir servicios victimológicos especializados (…) y la más amplia ayuda a las víctimas u ofendidos cuando se encuentran en precaria situación económica (…) y a que el Presupuesto de Egresos del Estado y de los Municipios incluirá el monto de las partidas (…) para cubrir las responsabilidades patrimoniales (…) y a que el Ejecutivo Estatal (…) deberá autorizar el traspaso de los montos presupuestales aprobados (…) para la responsabilidad patrimonial,…”. Además, deberán tomarse en consideración las obligaciones previstas en los artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, adoptados por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, los cuales señalan que: “…teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se deberá dar a las víctimas de violaciones manifiestas (…) de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación (…) una reparación plena y efectiva”, conforme a los principios de “…restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”, esto es, que en la medida de lo posible, se devuelva a la víctima “…a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos…”
100. La atención médica y psicológica que se preste a V1, V6, V7, V8, V9, V10 y a los familiares de V2, V3, V4 y V5 deberá ser proporcionada por personal profesional especializado y prestarse de forma continua hasta que alcancen su total sanación física, psíquica y emocional, a través de atención adecuada a los padecimientos físicos y psicológicos sufridos, atendiendo a su edad y sus especificidades de género. Esta atención deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar accesible para los familiares de las víctimas, con su consentimiento, brindando información previa clara y suficiente. Deberá proveerse por el tiempo que sea necesario, e incluir la provisión de medicamentos, y durante su desarrollo y su conclusión, podrá ser valorada por el personal con especialidad victimológica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
101. Los cursos de capacitación y manuales señalados en los puntos Segundo y Tercero Recomendatorios, deberán proporcionarse a todo el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua y de la Fiscalía General de esa entidad federativa, hacerse extensivos al personal que labora en todo el Estado, y ser efectivos para combatir hechos como los que dieron origen a la presente Recomendación. Para medir su efectividad, deberán diseñarse e implementarse, a la brevedad, indicadores de gestión que permitan conocer su impacto en el desempeño de los servidores públicos. Los cursos deberán prestarse por personal calificado y con suficiente experiencia en los temas de derechos humanos y procuración de justicia, y los manuales y cursos deberán de estar disponibles de forma electrónica y en línea, que permitan su consulta de forma accesible y su difusión y efectos en la ciudadanía.
102. Para calificar el cumplimiento de los puntos Cuarto y Quinto Recomendatorios, relacionados con las quejas y denuncias que presentará este Organismo Nacional, deberán informar sobre las acciones de colaboración que efectivamente han realizado, atender los requerimientos de las instancias
investigadoras de forma oportuna, pertinente y abstenerse de obstruir las investigaciones. Deberán separarse de sus labores a los servidores públicos responsables hasta en tanto se determinen las investigaciones correspondientes, y hacer las acciones apropiadas para que se inicien las investigaciones administrativas y penales en contra de todos los servidores públicos señalados en el cuerpo de la presente Recomendación.
En consecuencia, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos se permite formular respetuosamente a ustedes señores Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua e Integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Juárez de esa entidad federativa las siguientes:
A usted señor Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua:
PRIMERA. Se instruya al Fiscal General del Estado de Chihuahua, para que se proporcionen a este Organismo Nacional pruebas de que la atención victimológica integral se continúe dando a V1 y su familia -quienes también son familiares de V4-; se realice la compensación a todas las víctimas y se brinde la atención médica y psicológica a los familiares de V2, V3 y V5; se implementen medidas de protección para V1 y sus familiares que aun residan fuera del Estado de Chihuahua o hubiesen retornado, o bien, se generen las condiciones de seguridad que les permitan regresar, en términos de lo dispuesto en la invocada Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito del Estado de Chihuahua, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
SEGUNDA. Instruir a quien corresponda, para que se impartan cursos y se diseñe un Programa Integral de Educación, Formación y Capacitación en materia de Derechos Humanos a los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con las que se acredite su cumplimiento, y los indicadores de gestión y evaluación que se apliquen a los servidores públicos que lo reciban, en los cuales se pruebe su impacto efectivo.
TERCERA. Se elaboren manuales en materia de derechos humanos para el conocimiento de todo el personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, y se envíen a este Organismo Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
CUARTA. Se colabore con esta Comisión Nacional en la presentación de la queja que se promueva ante la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en contra de los servidores públicos involucrados en el presente caso, se deslinden las responsabilidades y se apliquen las sanciones administrativas que correspondan, y se envíen a este Organismo Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
QUINTA. Se colabore en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este Organismo Nacional formule ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a fin de que se inicie la carpeta de investigación que en derecho corresponda, en contra de los servidores públicos implicados, remitiendo a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
SEXTA. Se instruya al Fiscal General del Estado de Chihuahua para que, en lo subsecuente, los servidores públicos de esa dependencia atiendan en tiempo y forma, las solicitudes de información y de consulta de las carpetas de
investigación que esta Comisión Nacional formule con motivo de las investigaciones que lleva a cabo por presuntas violaciones a derechos humanos, mostrando colaboración y respeto a la cultura de legalidad, y se remitan a este Organismo Nacional, las constancias con las que se acredite su cumplimiento.
SÉPTIMA. Se instruya al Fiscal General del Estado de Chihuahua, a fin de que se realicen, aceleren o se reactiven las acciones necesarias para la debida integración y determinación de la Carpeta de Investigación No. 1, iniciada con motivo de los homicidios de V2, V3, V4 y V5, y la tentativa de homicidio en agravio de V1, enviando a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
OCTAVA. Se realice lo necesario para que a V1, V6, V7, V8, V9 y V10, y a los familiares de V2, V3 y V5, se les repare el daño producido por la violación a sus derechos humanos y se les indemnice, en los términos de la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito y la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua y, se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.
A ustedes integrantes del H. Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua:
PRIMERA. Giren sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se tomen las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a V1, y a los familiares de V2, V3, V4 y V5, con motivo de las lesiones ocasionadas a la primera de las víctimas citadas y la privación de la vida de las demás, y se les otorgue tanto a V1, V6, V7, V8, V9 y V10, -quienes también son familiares de V4-, como a los familiares de V2, V3, y V5, la atención médica y psicológica necesaria para restablecer su estado de salud física y emocional.
SEGUNDA. Gire sus instrucciones a quien corresponda, para que se diseñen e impartan cursos a la totalidad de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, Chihuahua, que incluya un programa integral de educación, formación y capacitación en materia de Derechos Humanos, enviando a esta Comisión Nacional las constancias con las que acrediten su cumplimiento, y los indicadores de gestión y evaluación que se apliquen al personal que la reciba, en los cuales se refleje su impacto efectivo.
TERCERA. Se elaboren manuales en materia de derechos humanos para el conocimiento de todo el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, Chihuahua, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
CUARTA. Se colabore con esta Comisión Nacional, en la presentación de la queja que presente ante la Dirección de Asuntos Internos en contra de los servidores públicos municipales que intervinieron en los hechos, para que se deslinden las responsabilidades y apliquen las sanciones administrativas que correspondan, y se remitan a esta institución las evidencias que le sean solicitadas, así como las constancias con que acrediten su cumplimiento.
QUINTA. Se colabore con este Organismo Nacional en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que formule ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, contra los servidores públicos comprometidos, y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.
SEXTA. Se giren circulares, boletines, memorandos o cualquier otro documento idóneo a los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, con instrucciones expresas a efecto de que, en forma inmediata, se elimine la práctica de detenciones arbitrarias, y el uso excesivo de la fuerza, por parte de los policías
de esa dependencia, enviando a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
SÉPTIMA. Se realice lo necesario para que a V1, V6, V7, V8, V9 y V10, y a los familiares de V2, V3 y V5, se les repare el daño producido por la violación a sus derechos humanos y se les indemnice, en los términos de la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito y la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua, y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.
103. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1°, párrafo tercero constitucional, la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.
104. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le solicito a ustedes que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, en su caso, sea informada dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación.
105. Con el mismo fundamento jurídico, se solicita a ustedes que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la presente Recomendación se envíen a esta Comisión Nacional, dentro de un término de quince días hábiles
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la misma, de lo contrario dará lugar a que se interprete que no fue aceptada.
106. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa circunstancia y, con fundamento en el artículo 102, apartado B, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 15, fracción X, y 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podrá solicitar al Senado de la República o en sus recesos a la Comisión Permanente de esa Soberanía, o a las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, sus comparecencias para que expliquen el motivo de su negativa.
Fuente: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/2015/REC_2015_012.pdf
LIBRO: PENICHE LÓPEZ
TAREAS DE INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO II
CNDH EMITE RECOMENDACIÓN A GOBIERNO DEL ESTADO DE ...