Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-54-2002-11-11-2005-57691
Timestamp: 2019-01-17 19:37:59
Document Index: 158244195

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 26', 'artículo 29', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 89', 'artículo 79', 'artículo 88', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 2']

Resolución de TEAC, 00/54/2002, 11-11-2005 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/54/2002 de 11 de Noviembre de 2005
Núm. Resolución: 00/54/2002
En la villa de Madrid, a 11 de noviembre de 2005 vistas las reclamaciones económico-administrativas acumuladas que, en única instancia, penden de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovidas por la entidad X, S. A. y en su nombre y representación por Doña ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el acto administrativo de liquidación tributaria de la Oficina Nacional de Inspección de 11 de diciembre de 2001, y contra el acuerdo de imposición de sanciones por infracción tributaria grave de 5 de julio de 2002, relativos al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1993, y cuantía, la mayor, 2.413.213,88 euros.
PRIMERO.- Con fecha 15 de octubre de 2001 los servicios de Inspección de la Oficina Nacional de Inspección en ... incoaron a la hoy reclamante el acta de disconformidad (A.02) número 70469455 por el impuesto y ejercicio de referencia, en la que se fija la base imponible comprobada en -5.386.355.646 ptas (-32.372.649,42 €), no resultando cuota tributaria a ingresar. Los ajustes propuestos son, en síntesis, los siguientes: 1º) En concepto de excesos de amortización se propone un incremento de la base de 2.254.290.703 ptas (13.548.559,99 €); 2º) Por bajas de inventario de activos que no están totalmente amortizados se propone un incremento de 615.955.641 ptas (3.701.967,96 €), al no estar justificadas las pérdidas que originan tales bajas; 3º) Procede rectificar el valor de las existencias iniciales y finales de carbón bruto del "Relavado de escombrera" en ..., lo que determina un ajuste positivo de 67.732.330 ptas (407.079,5 €); 4º) Además, no se estima deducible la provisión dotada por importe de 817.959.150 ptas (4.916.033,5 €) en concepto de depreciación de las citadas existencias, ni la dotación a la provisión por depreciación del valor de existencias de otros materiales por importe de 50.000.000 ptas (300.506,05 €), pues la misma carece de toda justificación; 5º) La entidad imputó a resultados en concepto de gastos extraordinarios el saldo que a su favor tenía contabilizado como pendiente de devolución por parte de la Seguridad Social; dicho crédito, cuya cuantía asciende a 209.312.213 ptas (1.257.991,74 €), nunca fue reconocido por la Seguridad Social, por lo que su cancelación contable se considera un saneamiento de activo; y 6º) En cuanto a los suplementos de precios de ventas de carbón percibidos por la entidad, se indica que fueron imputados contraviniendo los criterios de imputación temporal del artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, por lo que procede su rectificación en aplicación del principio de devengo, proponiéndose por este motivo un ajuste positivo en la base imponible declarada del ejercicio de 1.657.929.724 ptas (9.964.358,32 €). Se hace constar, además, la ausencia de motivos para proceder a la apertura del procedimiento sancionador.
Por lo que se refiere a los ajustes propuestos, se indica, en síntesis, lo siguiente:
1º) Amortizaciones: debido al proceso de quiebra sufrido por la entidad y teniendo en cuenta los informes elaborados para el Juzgado por el Comisario de la Quiebra, la entidad dotó amortizaciones extraordinarias, al haberse detectado una situación de insuficiencia en los fondos de amortización constituidos en ejercicios anteriores. Estas dotaciones extraordinarias se realizaron, en unos casos, por importes que superan el resultado de aplicar los coeficientes máximos establecidos en las tablas oficiales de amortización y, en otros, suponen dotaciones de elementos cuyo período de vida útil ya ha transcurrido, por lo que se califican como saneamiento de activo, no siendo deducibles de la base imponible del ejercicio. Por otro lado, no consta a la Inspección que la empresa haya aplicado a estos activos, el beneficio fiscal de la libertad de amortización de activos mineros previsto en el artículo 26 de la Ley de Fomento de la Minería.
2º) Bajas de inventario que se imputan como pérdidas del ejercicio. En todos los elementos dados de baja, el motivo que figura en el inventario de bajas es el de "Actualización de Inventarios". Según los cálculos realizados por la Inspección la amortización contable hasta diciembre de 1992 de estos elementos es inferior a la que les corresponde según los porcentajes de amortización mínima establecidos de forma oficial a efectos fiscales; de forma aproximada y global, se estima la diferencia en 200 millones de pesetas. Las bajas que originan pérdidas cuya deducción no se admite, corresponden a los siguientes elementos e importes:
a) Gastos amortizables de Investigación y Desarrollo: 29.394.072 ptas (176.661,93 €). No existe ninguna justificación para dar de baja estos elementos pues en 1993 no se produjo ninguna circunstancia que determinara su repentina pérdida de valor o su necesaria imputación a resultados; el tratamiento dado por la empresa a estos activos es arbitrario y asistemático, e incumple los principios contables y fiscales sobre la materia.
b) Investigación Subestación eléctrica: 173.600.000 ptas (1.043.357,01 €). La justificación aportada de esta cuenta demuestra que se trata de pagos realizados en 1991 en virtud de un contrato del mismo año firmado con R, S. A., por el que X, S. A. participaba con 100 millones de ptas en la construcción por aquélla de una central eléctrica, además de abonar los derechos de conexión. La entidad contabiliza estas partidas en los ejercicios 1991 y 1992 como inmovilizado en curso, y en 1993 traspasa el saldo a gastos de investigación y, después, lleva el importe activado a resultados del ejercicio. Esta pérdida no es deducible ya que, además de ser discutible la forma de contabilizar y de no estar acreditada la entrada en funcionamiento de la central y el inicio del suministro, no se ha justificado de ninguna forma la procedencia de imputar el saldo de la cuenta a las pérdidas del ejercicio 1993.
c) Fábrica de ...: 68.098.703 ptas (409.281,45 €). Este activo dejó de funcionar en los años 70 y no se ha amortizado desde entonces; figura en el inventario como activo abandonado. Se da de baja en 1993 como consecuencia de la cesión de los terrenos en los que se asienta al Ayuntamiento de ... en virtud de un convenio que se había firmado en mayo de 1987. Este convenio supuso la recalificación urbanística de ciertos terrenos de X, S. A., lo que generó importantes beneficios a la entidad en la transmisión de los mismos; como contrapartida, el convenio establecía la obligación de ceder otras propiedades de la empresa al Ayuntamiento. Entiende la Inspección que la consideración aislada de las pérdidas es contraria al principio de correlación de ingresos y gastos. Se añade que la pérdida de valor, si existe, no se ha producido en 1993, pues se trata de elementos cuyo período de amortización máximo ha sido sobrepasado.
d) Grupos mineros (bajas por abandono de labores mineras en explotaciones subterráneas): 344.862.866 ptas (2.072.667,57 €). De este importe, el 88,75% corresponde a infraestructuras mineras de acceso y elementos de galería. La empresa justifica tales bajas como normales en explotaciones de este tipo y alega que se enmarcan en el proyecto de reducción progresiva de la actividad previsto y ordenado por la Decisión 3632/93/CECA, de la Comisión Europea, de 28 de diciembre de 1993. La Inspección hace constar que la entidad no ha utilizado ninguna de las previsiones legales posibles que amparan las circunstancias específicas que afectan a las empresas mineras en relación con sus activos (incentivos fiscales a las empresas mineras), ni tampoco las normas de aplicación general (planes especiales de amortización o de abandono de explotaciones), por lo que fuera de ellas, la única vía para imputar a resultados el valor de los activos es el proceso normal de amortización, en el que no puede ampararse la entidad al no estar justificada la efectividad de una depreciación superior a la correspondiente según tablas oficiales. No consta que la empresa haya aplicado el beneficio fiscal de la libertad de amortización a los activos mineros dados de baja en 1993. En cuanto a la posibilidad de admitir la deducción de las pérdidas en concepto de "envilecimiento" de los elementos patrimoniales, tampoco se admite por considerar que las pérdidas no están justificadas ni se deben a causas extraordinarias.
4º) Dotación a la provisión por depreciación de existencias. La intervención del Comisario de la quiebra obligó a la entidad a provisionar las existencias sobrevaloradas del carbón bruto de "Relavado de escombrera" en la práctica totalidad de su valor: el 90% en 1993 y el 10% restante en 1995. Esta dotación no es deducible fiscalmente puesto que, de un lado, el valor de las existencias era nulo, siendo la valoración que ofrece la empresa en función de precios hipotéticos, no justificados, de venta y, por otro, no se justifica la pérdida de valor en el ejercicio, siendo un claro proceso de saneamiento de activo.
En el mismo caso se encuentra la dotación a la provisión por depreciación del valor de existencias de otros materiales, por carecer de cualquier justificación tanto en su cuantía, como en los motivos de la depreciación y de su imputación temporal.
5º) Gastos extraordinarios. La entidad cancela con cargo a resultados del ejercicio el saldo que a su favor tenía contabilizado como pendiente de devolución por parte de la Seguridad Social. Esta cancelación tiene su origen en los ajustes ordenados por el Comisario de la quiebra, por lo que, a estos efectos, se procedió a la conciliación de los saldos con la Seguridad Social y con Hacienda. Fruto de esta conciliación se demuestra que el crédito que la empresa tenía contabilizado no era tal y no fue reconocido por parte de la Seguridad Social. En consecuencia, dicho crédito ha de considerarse un activo ficticio y su cancelación un saneamiento de activo.
6º) Imputación del suplemento de precios de venta de carbón. Según consta en el Informe de Auditoría del ejercicio la entidad contabilizó como ingresos las ayudas estatales recibidas en el marco del Plan de reestructuración de X, S. A. en el ejercicio en que se cobraban las mismas, en lugar de registrarlas conforme al principio del devengo, lo que ha supuesto una contabilización anticipada de las mismas. Se indica que con ello la entidad pretendió alterar la imagen de su situación patrimonial, anticipando ingresos para evitar las consecuencias legales de la acumulación de pérdidas y de un patrimonio negativo, consecuencias que, sin embargo, no pudieron finalmente ser evitadas, al declararse la empresa en situación legal de quiebra el ... de 1993.
TERCERO.- Presentadas alegaciones por la interesada, el Inspector Jefe Adjunto-Jefe de la Oficina Técnica practicó, en fecha 11 de diciembre de 2001, liquidación tributaria en la que confirmaba la propuesta contenida en el acta. Este acuerdo fue notificado a la entidad el 20 de diciembre siguiente.
CUARTO.- Disconforme con el mismo, el 8 de enero de 2002 interpuso reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Central (R.G.: 54/02). Puesto de manifiesto el expediente, se han presentado alegaciones el 6 de abril de 2002, en las que se indica, en síntesis, lo siguiente:
1º) Prescripción de la acción administrativa para la comprobación del impuesto y ejercicio de referencia por los siguientes motivos: A) La fecha de inicio de las actuaciones fue el 2 de septiembre de 1999, fecha en la que estaba ya en vigor la Ley 1/98, por lo que resulta de aplicación lo previsto en su artículo 29 respecto de la duración máxima de las actuaciones (el acta se expresa de forma contradictoria a este respecto, lo que es motivo de nulidad de la misma). Entiende que las actuaciones iniciadas por la URI de ... son distintas de las realizadas por el Equipo de la ONI, como lo demuestra el hecho de que no coinciden las obligaciones objeto de comprobación, y que la comunicación de 9 de septiembre de 1999 de la ONI hace alusiones propias de una citación de inicio y no de una simple diligencia de continuación. B) Aun cuando se aceptara que las actuaciones se iniciaron el 9 de febrero de 1998 se habría producido prescripción por las siguientes causas: B.1) El acuerdo del Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de 22 de diciembre de 1997 por el que se desadscribe a la entidad de la Oficina Nacional de Inspección es anulable por no estar debidamente motivado y porque la desadscripción y posterior adscripción se ha efectuado incurriendo en desviación de poder. Ello implica que las actuaciones de la URI iniciadas el 9 de febrero de 1998 se desarrollaron por órgano incompetente y, en consecuencia, carecen de eficacia interruptiva de la prescripción. B.2) Interrupción injustificada de las actuaciones durante más de seis meses, entre el 17 de noviembre de 1998, fecha de la última actuación de la Unidad Regional y el 3 de septiembre de 1999: la diligencia de 5 de mayo de 1999 no tiene eficacia interruptiva al proceder de un órgano que era manifiestamente incompetente (URI) en esa fecha.
2º) Excesos de amortización: Las dotaciones extraordinarias fueron exigidas por el Comisario de la Quiebra al fin de que el balance presentara una información exacta de la situación de la empresa, por lo que no puede limitarse la dotación en base al principio de independencia de los ejercicios. Además, procede aplicar a estas amortizaciones el régimen de libertad de amortización porque la empresa se acogió en su momento (hay constancia en la Memoria) y, en todo caso, porque nada impide su aplicación en el propio proceso inspector. Añade que el plazo de diez años al que se refiere el régimen especial debe computarse de forma individual para cada activo, desde que entran en funcionamiento.
3º) Bajas de inventario:
a) Gastos amortizables: se ha regularizado dos veces este concepto, primero, de forma independiente y, segundo, dentro del grupo denominado "Abandono de explotaciones". En cuanto a su amortización, señala que el artículo 67.2 del Reglamento únicamente exige que se amorticen en un plazo máximo de cinco años y, mientras no se rebase ese plazo, las dotaciones serán deducibles por "asistemático, irregular o arbitrario" que haya sido el método de amortización seguido.
b) Investigación subestación eléctrica: Su deducción en 1993 está amparada también por el citado artículo 67.2 del Reglamento. En todo caso, lo que es evidente es que la empresa no se dedujo este gasto en 1991, por lo que la base negativa que se declaró en ese ejercicio debe ser incrementada en el importe del gasto a los efectos de su compensación en el primer ejercicio posterior con resultados positivos.
c) Fábrica de ...: aunque el contrato con el Ayuntamiento de ... se celebró en 1987, la entrega efectiva de los terrenos se efectuó en 1993, razón por la que la empresa dio de baja las instalaciones en este año. Se añade que al haber transcurrido más de un año entre la fecha de perfección del contrato y la de cumplimiento de la contraprestación, es perfectamente legal imputar la pérdida al ejercicio 1993 en virtud del criterio de operaciones con precio aplazado previsto en el artículo 89 del Reglamento.
d) Bajas de grupos mineros por abandono de labores: La Oficina Técnica admite que estas bajas generan pérdidas fiscalmente deducibles, discutiendo únicamente si es correcta su imputación al ejercicio 1993. En este sentido se indica que en los años 2000 y 2002 sólo tuvo lugar el cierre administrativo de los Grupos, pero el fin de la actividad productiva había tenido lugar varios años antes; así, el cierre efectivo del llamado Grupo M tuvo lugar en 1993 como expresamente recoge la Nota 6ª de la Memoria Oficial. Y si la empresa al dar de baja el activo está saneando amortizaciones mínimas no dotadas, lo procedente sería no admitir exclusivamente el importe de las mismas, pero no la cuantía total de la pérdida. Se añade, en cuanto a la prueba del momento en que se produce el cese de explotación, que han sido justificadas mediante las certificaciones aportadas por los ingenieros directores de las explotaciones, las cuales están en consonancia con los Planes de labores presentados ante los organismos públicos competentes y con los informes de auditoría.
4º) Valoración de las existencias. Provisión valoración de las existencias. El resultado final de los ajustes efectuados por la Inspección supone que la revalorización ficticia efectuada en 1991 por importe de 524,5 millones de pesetas se ha computado doblemente en la base imponible del tributo: una, en el ejercicio 1991, no rectificado por estar prescrito, y otra, en los ejercicios comprobados como resultado neto de los ajustes inspectores; por ello, debería modificarse la base imponible negativa del ejercicio 1991, a los sólos efectos de su compensación en un ejercicio posterior. Por otro lado, se añade que la dotación de la provisión se hizo por imperativo del Comisario de la Quiebra, al objeto de adecuar la contabilidad a la realidad.
5º) Imputación temporal del suplemento de precios de venta de carbón: Se alega que al haberse declarado en el ejercicio 1991 el importe de los ingresos correspondientes al año 1992 2.144.000.000 ptas (12.885.699,52 €), estando dicho ejercicio prescrito al inicio de las actuaciones de comprobación, el ajuste realizado por la Inspección hace tributar doblemente dichos ingresos; sin embargo, según la resolución del TEAC de 22 de septiembre de 1999 y la sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de julio de 1996, la facultad comprobadora no prescribe. En consecuencia, si la base imponible negativa declarada por la entidad en el ejercicio 1991 ascendía a 2.977 millones de ptas, dicha cuantía ha de aumentarse en el importe de los ingresos que estando contabilizados en 1991, han de imputarse fiscalmente al ejercicio 1992. En todo caso, la contabilización realizada por la entidad es conforme con el principio del devengo, pues los suplementos se cuantificaban como un porcentaje del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias de cada ejercicio, por lo que debe imputarse el ingreso al ejercicio que sirve como base, con independencia de que el reconocimiento de la subvención se demore hasta el año siguiente, una vez comprobado el saldo de dicha cuenta.
6º) Gastos extraordinarios: Se alega, en contra de lo que sostiene la Inspección, que los créditos que dieron origen a los gastos extraordinarios sí fueron reconocidos por la Seguridad Social y que se abonaron a la empresa mediante compensación con deudas que mantenía con dicho organismo público, todo ello dentro del procedimiento de quiebra.
QUINTO.- Por lo que se refiere al expediente sancionador, fue iniciado mediante acuerdo de fecha 29 de enero de 2002, notificado a la entidad el 5 de febrero siguiente, previa la autorización del Inspector Jefe Adjunto al Jefe de la ONI de 24 de octubre de 2001 y en virtud de la Orden del Inspector Jefe Adjunto-Jefe de la Oficina Técnica de fecha 3 de diciembre de 2001. En la tramitación se siguió el procedimiento abreviado. Transcurrido el plazo reglamentario sin que la interesada presentara alegaciones, el Inspector Jefe Adjunto-Jefe de la Oficina Técnica dictó, con fecha 5 de julio de 2002, el correspondiente acuerdo de imposición de sanciones, en el cual se consideran sancionables todos los incrementos de la base imponible regularizados salvo el relativo a la imputación del suplemento de precios de venta del carbón, siendo la infracción cometida la prevista en el artículo 79.d) de la Ley 230/1963, General Tributaria: acreditar improcedentemente partidas a compensar en la base imponible de ejercicios futuros. La sanción impuesta es del 10% de las cantidades indebidamente acreditadas, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 88.1 de la LGT, y su importe asciende a 2.413.213,88 euros (10% de 24.132.138,75 euros). Este acuerdo fue notificado a la entidad el 29 de julio de 2002.
SEXTO.- Disconforme con el mismo, el 2 de agosto de 2002 la obligada tributaria interpuso reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Central (R.G.: 3363/02). Puesto de manifiesto el expediente se alega, en síntesis, lo siguiente: 1º) Caducidad del procedimiento sancionador por incumplimiento del plazo de seis meses establecido en el artículo 34.3 de la Ley 1/1998; 2º) Prescripción de la acción administrativa para sancionar por haber prescrito el derecho a determinar la deuda tributaria mediante la correspondiente declaración; 3º) No ha habido un perjuicio económico para la Hacienda Pública, pues ni se disminuyó la tributación ni hubo un retraso en el ingreso de las deudas tributarias; al contrario, se ha producido un enriquecimiento injusto a favor del Tesoro Público y muchas de las denominadas "anomalías contables" por la Inspección derivan de la contabilización ordenada por el Comisario de la Quiebra y otras responden a la aplicación de los criterios contables manifestados por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en consulta formulada por la propia empresa, lo que evidencia la falta de culpabilidad en la conducta de la entidad; 4º) Los criterios aplicados por la obligada tributaria se basan en una interpretación razonable de la norma; así, en relación con los excesos de amortización, la empresa entendió que eran plenamente deducibles con arreglo a la normativa fiscal, al venir exigidas las amortizaciones por el Comisario de la Quiebra y tratar de adecuar la contabilidad a la realidad y, además, porque estimaba deducibles tales amortizaciones con arreglo al régimen de libertad de amortización previsto para los activos mineros. Por otro lado, la conducta de la empresa hubiera sido plenamente legal con arreglo a los artículos 19.3 de la Ley 43/1995 y 2.1 de su Reglamento, preceptos cuya aplicación retroactiva procede a los solos efectos sancionadores, aunque no a los liquidatorios. En cuanto a las bajas de inventario, se alega la ausencia de infracción por cuanto, primero, la empresa se amparó en criterios razonables, estando todas las bajas fielmente reflejadas en la contabilidad, y segundo, por la aplicación retroactiva, a los efectos sancionadores, de la nueva regulación del principio de independencia de ejercicios que contempla la Ley 43/1995. Las mismas razones se alegan en relación con los ajustes referidos a la valoración de existencias y a la deducción de los gastos extraordinarios.
PRIMERO.- Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y cuantía del acto impugnado, para conocer en única instancia de las presentes reclamaeconómico-adminishabiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes. Ambas reclamaciones han sido acumuladas en virtud de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los contribuyentes, en las que se plantean las cuestiones que, a continuación y por el mismo orden en que se han alegado por la recurrente, se examinan.
SEGUNDO.- La entidad alega, en primer lugar, la prescripción del derecho de la Administración a practicar liquidación por el impuesto y ejercicio de referencia, prescripción que se habría producido por diversos motivos. Por un lado, entiende la reclamante que las actuaciones inspectoras se iniciaron el 2 de septiembre de 1999, fecha en la que ya había prescrito el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 1993; pero, además, en esa fecha estaba vigente la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, por lo que sería aplicable la norma relativa al plazo máximo de duración de las actuaciones, y habiéndose superado el plazo general de doce meses, debe entenderse no interrumpida la prescripción como consecuencia del inicio de tales actuaciones.
Ante todo debe indicarse que estas alegaciones fueron ya formuladas ante el Inspector Jefe y han sido desestimadas en el acuerdo de liquidación aquí impugnado con fundamentos que comparte íntegramente esta Sala y con detallada invocación de los preceptos legales y reglamentarios que regulan el procedimiento inspector aplicables al caso.
Se discute cuál fue la fecha de inicio de actuaciones y en este sentido consta en el expediente que la notificación a la interesada del inicio de actuaciones de comprobación e investigación se realizó el 9 de febrero de 1998 por parte de la Unidad Regional de Inspección nº ... de ..., órgano competente en esa fecha puesto que el contribuyente estaba adscrito a la Dependencia Regional de Inspección de ... Esta adscripción se produjo en virtud del Acuerdo de 22 de diciembre de 1997 (notificado a la entidad el 19 de enero de 1998) del Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, por el que se desadscribía a la entidad de la Oficina Nacional de Inspección. Dicho Acuerdo, que fue dictado en virtud de lo previsto en el artículo 2, apartado 4 de la Orden de 26 de mayo de 1986, por la que se desarrolla el Reglamento General de la Inspección de los Tributos en el ámbito de la competencia de la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria, es perfectamente válido, no concurriendo en el mismo ninguno de los defectos alegados por la interesada. El citado precepto, que fue desarrollado por la Resolución de 24 de marzo de 1992, dispone: "El Director General de Inspección Financiera y Tributaria, atendiendo a las directrices fijadas y objetivos que se pretendan alcanzar, acordará de entre las entidades o personas a que se refieren los dos apartados inmediatamente anteriores, aquellas a las que de forma efectiva haya de extender sus actuaciones la Oficina Nacional de Inspección. Este acuerdo se notificará a la persona o entidad afectada (...). Asimismo, por dicho Director general se acordará que una persona o entidad deje de hallarse en el ámbito de las actuaciones de la Oficina Nacional de Inspección por no concurrir ya las circunstancias que aconsejaron su adscripción (...)".
En el citado Acuerdo de desadscripción de 22 de diciembre de 1997 se dice expresamente: "... este Departamento ACUERDA dejar sin efecto la adscripción a la Oficina Nacional de Inspección de la entidad que a continuación se relaciona, por haber desaparecido las causas que motivaron su inclusión". A la vista ello, se comprueba que el Acuerdo está debidamente motivado, sin que pueda afirmarse que la desadscripción de la entidad de la ONI, seguida de la citación de inicio de actuaciones por parte de la Unidad Regional y de la posterior adscripción a la ONI el 8 de abril de 1999, que continúa las actuaciones iniciadas, suponga una desviación de poder, pues, como bien indica el acuerdo de liquidación impugnado la actuación de la Administración debe guiarse por el principio de eficacia en el desarrollo de sus funciones, principio que bien puede aconsejar alterar a favor de la Oficina Nacional de Inspección la regla general de competencia del órgano territorial en razón del domicilio, o viceversa. Por lo que, en definitiva, debe declararse que tanto el Acuerdo de desadcripción de la ONI de 22 de diciembre de 1997 como el posterior Acuerdo de 8 de abril de 1999 de adscripción al mismo órgano, son conformes a Derecho.
Se concluye de lo expuesto, que la fecha de inicio de actuaciones fue el 9 de febrero de 1998, fecha en la que ni se había producido la prescripción del derecho a liquidar el ejercicio 1993, pues no habían transcurrido más de cinco años (plazo de prescripción entonces vigente) desde la fecha en que finalizó el plazo voluntario de declaración e ingreso de la deuda (25 de julio de 1994), ni había entrado en vigor la Ley 1/1998, por lo que no era de aplicación la norma relativa al plazo máximo de duración de las actuaciones. En virtud del Acuerdo del Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de fecha 8 de abril de 1999, notificado a la entidad el día 10 de abril, se produjo un cambio de adscripción del contribuyente, de tal modo que las actuaciones de comprobación llevadas a cabo por la Oficina Nacional de Inspección a partir de ese momento fueron de continuación de un procedimiento ya iniciado, sin que quepa atribuir un carácter diferente a las mismas como consecuencia del erróneo encabezamiento de la comunicación. Por otro lado, el hecho de que en la citada comunicación no se mencionara la comprobación de la "Declaración anual de operaciones con terceros" (sí incluida en la citación de inicio) tampoco significa que la ONI iniciara nuevas actuaciones, pues, aparte de no tratarse más que de la comprobación de una obligación formal, la Inspección puede limitar el objeto de las actuaciones en curso cuando haya razones que así lo aconsejen (art. 11.5 RGIT).
Finalmente tampoco puede aceptarse la nulidad del acta por no expresar correctamente la fecha de inicio de actuaciones, pues si bien en el punto 2 del cuerpo del acta se indica que "la fecha de inicio de las actuaciones fue el día 02/09/1999...", se aclara dos párrafos más adelante que: "la fecha citada es la de notificación a la entidad de la continuación por este Equipo de la Oficina Nacional de Inspección de las actuaciones iniciadas por la Unidad Regional de Inspección ... de ... el 9 de febrero de 1998...", relacionando a continuación todas las diligencias extendidas desde esta última fecha.
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 3123/2009, 19-10-2012
Orden: Administrativo Fecha: 19/10/2012 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Frias Ponce, Emilio Num. Recurso: 3123/2009
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Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 6058/2003, 29-10-2009
Orden: Administrativo Fecha: 29/10/2009 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Aguallo Aviles, Angel Num. Recurso: 6058/2003
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Resolución de TEAC, 00/928/2002, 14-10-2005
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