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Matched Legal Cases: ['artículo 190', 'artículo 92', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 106', 'artículo 88', 'artículo 108', 'artículo 155', 'artículo 35', 'artículo 111', 'artículo 70', 'artículo 49', 'artículo 22', 'artículo 22']

Ley 8/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2010. TÍTULO IV. OTRAS NORMAS DE EJECUCIÓN DEL GASTO (Vigente hasta el 25 de Junio de 2010).
TÍTULO IVOTRAS NORMAS DE EJECUCIÓN DEL GASTO
CAPÍTULO INORMAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
Competencia Uno. Los Consejeros, en el ámbito de sus respectivas competencias, son los órganos de contratación de la Junta de Extremadura y están facultados para celebrar en su nombre todo tipo de contratos, previa existencia de consignación presupuestaria a tal fin y con sujeción a la legislación contractual que sea aplicable, y en todo caso, a la normativa básica del Estado. Las mismas facultades corresponden a los Presidentes y Directores de los Organismos Autónomos en sus respectivos ámbitos competenciales.
Tres. Mediante Decreto del Consejo de Gobierno podrán crearse centrales de contratación y determinarse el tipo de contratos y el ámbito subjetivo al que se extienden.
La Consejería de Administración Pública y Hacienda podrá declarar de contratación centralizada los suministros, obras y servicios que se contraten de forma general y con características esencialmente homogéneas por los diferentes órganos y organismos dependientes de la Junta de Extremadura mediante la conclusión del correspondiente contrato o a través del procedimiento especial de adopción de tipo, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de que la imputación del gasto, su gestión, así como todas las actuaciones relativas a la ejecución y recepción de las prestaciones correspondientes, se realicen por las Consejerías u organismos a las que fueren destinados.
Cuatro. Será necesaria la autorización previa y expresa de la Consejería de Administración Pública y Hacienda para la adquisición de vehículos de traslado de personal, así como la adquisición de muebles y equipos de oficina, cuando su cuantía supere los 18.000 euros, excluido el IVA. Para el resto de vehículos especiales se comunicará su adquisición a la Consejería de Administración Pública y Hacienda.
Convenios de colaboración Uno. Los convenios a que se refiere el artículo 92 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, y el apartado c) del punto 1 del artículo 4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, necesitarán, con carácter general, autorización previa del Consejo de Gobierno cuando la cuantía que aporte la Junta de Extremadura supere los 60.000 euros, excepto los convenios que se suscriban con la Administración General del Estado que requerirán, en todo caso, autorización del Consejo de Gobierno, con independencia de la cuantía.
No obstante lo anterior, en los convenios que suscriban los titulares de cada Consejería con una Corporación Local y que conlleven gastos corrientes de carácter reiterativo o recurrente, las Consejerías podrán solicitar la autorización del Consejo de Gobierno para suscribir un Convenio Marco a realizar por un período máximo de cuatro años, no necesitando una nueva autorización siempre y cuando no se modifiquen las condiciones fijadas en el Convenio Marco, excepto las derivadas de la correspondiente actualización.
Dos. Los convenios a que se refiere el apartado d) del punto 1 del artículo 4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, necesitarán, con carácter general, autorización previa del Consejo de Gobierno cuando la cuantía que aporte la Junta de Extremadura supere los 60.000 euros, salvo los que instrumentalicen una subvención, que se regirán por su propia normativa.
Encomiendas de gestión Uno. Las Consejerías, así como sus organismos, instituciones y entes públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en general cualquier poder adjudicador del sector público autonómico podrán realizar encomiendas de gestión a entidades que tengan atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de dichos poderes adjudicadores, de acuerdo con los requisitos señalados expresamente en los artículos 4.1, n) y 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Se entiende que dichas entidades tienen la condición de medio propio y servicio técnico cuando realicen la parte esencial de su actividad para dichos poderes adjudicadores y éstos ostenten sobre los mismos un control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública.
En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, organismo o entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios servicios si pueden conferirles encomiendas de gestión que sean de ejecución obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y cuya retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependan. No obstante, cuando todo o parte del objeto de la encomienda se vaya a contratar por las entidades o sociedades instrumentales con terceros y no existan tarifas establecidas, la determinación de su importe se fijará según la valoración económica que figure en el proyecto o presupuesto técnico en el que se definan las actuaciones o trabajos a realizar, al que se acompañará informe de la Consejería de la que dependa, que versará sobre su ajuste a precios de mercados.
La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los criterios mencionados deberá reconocerse expresamente por la norma que los cree o por sus estatutos, que deberán determinar las entidades respecto de las cuales tienen esta condición y precisar el régimen de encomiendas que se les puedan conferir o las condiciones en que podrán adjudicárseles contratos, y determinará para ellas la imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores de los que sean medios propios, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas.
Dos. Dichas encomiendas necesitarán autorización del Consejo de Gobierno cuando la cuantía que aporte la Junta de Extremadura supere los 60.000 euros y contendrán las estipulaciones jurídicas necesarias e irán acompañados de una memoria, donde se indicará: el objeto, la financiación, el entorno económico y sectorial, necesidad o conveniencia del método utilizado; objetivos económicos y sociales y los medios a emplear; en su caso, las contraprestaciones o avales a conceder por la Junta de Extremadura; el control por la Consejería de Administración Pública y Hacienda de la ejecución del convenio y posterior explotación económica, sin perjuicio del control que puede ejercer la Consejería u organismo que haya suscrito el convenio, y la información y documentación que deban aportar con relación a los requisitos de gestión, control y pagos establecidos en la normativa comunitaria y, en su desarrollo, en las normas estatales y autonómicas.
Tres. La Junta de Extremadura podrá exigir la constitución de avales o garantías a dichas entidades por los anticipos efectuados con cargo al presupuesto para la realización de las actividades que se les encomiende.
Cuatro. El resultado de las actuaciones que se realicen en virtud de las encomiendas serán de titularidad de la Junta de Extremadura, adscribiéndose, en aquellos casos que sea necesario, a la Consejería, organismo o entidad ordenante de su realización.
Cinco. En ningún caso podrá ser objeto de encomienda de gestión la contratación de suministros.
Seis. Las encomiendas de gestión que se realicen con empresas y sociedades de la Comunidad Autónoma de Extremadura de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2005, de 8 de julio, de reordenación del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se regirán por lo dispuesto en su normativa y en el presente artículo a excepción de su apartado Dos. En todo caso, dichas encomiendas de gestión necesitarán autorización del Consejo de Gobierno cuando la cuantía que aporte la Junta de Extremadura supere los 60.000 euros.
Contratos de obras Uno.
a) Para aprobar el expediente de contratación de las obras a las que se refiere el apartado a) del punto 1 del artículo 106 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, será necesario que obre en el mismo el certificado de disponibilidad de los terrenos. En todo caso, la realización y ejecución de obras en inmuebles integrados en el patrimonio de la Comunidad Autónoma requerirá la constancia en el Inventario del Patrimonio a que se refiere el artículo 88 de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) No será de aplicación lo dispuesto en el apartado a) anterior cuando la disponibilidad de los terrenos se obtenga mediante procedimientos de expropiación con ocasión de la obra. En estos casos, por la Consejería correspondiente se dará traslado a la de Administración Pública y Hacienda de las actas de ocupación de los bienes objeto de estos expedientes en el plazo de un mes.
d) Los expedientes de contratación de proyecto y obras a que se refiere el artículo 108 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, deberán tener consignación presupuestaria y fijar el importe estimado máximo que el futuro contrato puede alcanzar, y serán objeto de fiscalización previa, antes de la aprobación del expediente y del referido gasto máximo. Dos. Las modificaciones de los contratos de obra y las complementarias a que se refiere el artículo 155, b) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, cuya ejecución se confíe al contratista de la obra principal, serán acordadas por el órgano de contratación con las formas previstas en la legislación de contratos, pero se necesitará autorización del Consejo de Gobierno cuando la cuantía de las mismas, particularmente o acumuladas a otras modificaciones o complementarias anteriores del mismo contrato, excedan de 600.000 euros.
Cuatro. Aún cuando la aprobación del expediente de contratación o modificación y del gasto corresponda en los casos a que se refiere el apartado Dos del artículo 35 y el apartado Dos de este artículo al órgano de contratación, la fiscalización previa de los mismos se llevará a cabo por la Intervención General al tiempo de solicitar la autorización del Consejo de Gobierno.
Cinco. En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional del 10% del importe de adjudicación, en el momento en que ésta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final.
Seis. El procedimiento descrito en los artículos 63 y 64 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, será de aplicación en el caso de los contratos de obras que se efectúen bajo la modalidad de abono total de los mismos, según lo previsto en el artículo 111 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. En este caso, los compromisos en cada uno de los ejercicios en que se fracciona deberán contabilizarse adecuada e independientemente.
Uniformidad de coeficientes en contratación pública En virtud de la previsión establecida en la normativa general de contratos, se determina con carácter uniforme para todos los contratos de obra que concierten todos los órganos de contratación de la Junta de Extremadura y sus entidades públicas dependientes, la siguiente distribución de gastos generales de estructura que inciden sobre dichos contratos:
a) 13% en concepto de gastos generales de la empresa, fiscales (IVA excluido), control de riesgos laborales y otros que inciden en el coste de las obras.
b) 6% en concepto de beneficio industrial del contratista.
Otras normas en materia de contratación Uno. Al amparo de lo previsto en el artículo 70 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Junta de Extremadura promoverá la utilización, como criterio de valoración de la solvencia de los licitadores, la posesión de certificados acreditativos del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental en los contratos con contenido y/o repercusión medioambiental que celebren los distintos órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Dos. Para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Extremadura contemplado en la letra d) del artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y regulado en los artículos 13 a 16 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, salvo manifestación expresa en contrario del interesado, la presentación de la propuesta para concurrir en un procedimiento de contratación con la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura conllevará la autorización al centro gestor para recabar los correspondientes certificados, a cuyo efecto se consignará en los pliegos la innecesariedad de que la empresa propuesta como adjudicataria los aporte.
Tres. La Consejería de Administración Pública y Hacienda podrá celebrar contratos para la adjudicación de los servicios de asesoramiento y mediación de seguros para el conjunto de la Junta de Extremadura, pudiendo establecer que la retribución del adjudicatario por la prestación de dichos servicios se efectúe por las entidades aseguradoras con las que se concierten los contratos de seguro, mediante comisión o corretaje con cargo a la prima neta de la póliza o pólizas de los que se contraten.
CAPÍTULO IINORMAS EN MATERIA DE SUBVENCIONES
Normas generales en materia de subvenciones Uno. Las subvenciones y ayudas públicas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se regirán por la normativa básica del Estado, por lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, en las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma y en las disposiciones administrativas dictadas por la Junta de Extremadura en esta materia, en cuanto no se opongan a la regulación básica, considerándose incluidas en los supuestos del artículo 22.2, c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las referidas en los artículos 7.1 y 8.bis del Decreto 77/1990, de 16 de octubre, de régimen general de concesión de subvenciones, y las que respondan a la prioridades geográficas y sectoriales del Plan General de la Cooperación Extremeña conforme a lo dispuesto en la Ley 1/2003, de 27 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo, y aquellos otros supuestos excepcionales que se establezcan mediante Decreto del Consejo del Gobierno, a propuesta de la Consejería correspondiente y previo informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda, en el que se contendrán como mínimo los siguientes extremos: definición del objeto de las subvenciones, con indicación del carácter singular de las mismas, las razones que acrediten el interés público, social, económico o humanitario y aquellas que justifican la dificultad de su convocatoria pública, además del régimen jurídico aplicable a las mismas, la determinación de los beneficiarios, modalidades de ayuda, procedimiento de concesión y régimen de justificación.
Dada la singularidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo, y al objeto de facilitar la financiación de la intervención, podrá anticiparse, sin la necesidad de constitución de garantía, hasta el cien por cien del importe de aquellas subvenciones que conceda la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. No obstante, siempre que dichas subvenciones comprometan recursos de más de un ejercicio presupuestario, el abono del importe de las cantidades subsiguientes a la de la primera anualidad estará supeditado a la justificación previa de las cantidades anticipadas.
Dos. Salvo para los supuestos de concesión directa establecidos en el apartado anterior o aquellas recogidas en los apartado a) y b) del artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, el procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará o irá precedido de la correspondiente convocatoria pública, la cual podrá ser periódica y abierta o no periódica.
En las convocatorias periódicas, que se sujetarán al procedimiento general de concurrencia competitiva, la cuantía global de los créditos presupuestarios que habrán de ser fijados en la convocatoria podrán aumentarse antes de resolver la concesión de las mismas, en función de que existan nuevas disponibilidades presupuestarias.
Previamente a la aprobación de las convocatorias periódicas cuya cuantía global supere los 600.000 euros, y en todo caso para las abiertas o no periódicas, será necesaria autorización del Consejo de Gobierno, sin perjuicio de la competencia de los órganos correspondientes para la aprobación de la Orden de convocatoria y del propio gasto.
No obstante, los Decretos en los que se establezcan las bases de subvenciones podrán contener la primera o única convocatoria entendiéndose implícita en estos casos la autorización a que se refiere el apartado anterior.
Cuando los gastos derivados de las subvenciones puedan afectar a anualidades futuras se estará a lo dispuesto a estos efectos en los artículos 63 y 64 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.
Bases reguladoras de las subvenciones Uno. Las bases reguladoras de las subvenciones se establecerán por Decreto del Consejo de Gobierno, previo informe de la Dirección General de los Servicios Jurídicos y de la Intervención General, y contendrán, como mínimo, los siguientes extremos:
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención, forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes. c) Requisitos y condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las entidades colaboradoras.
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos, que pueden ser desarrollados y concretados en la Orden de convocatoria.
i) Medidas de garantía que, en su caso, se consideren preciso constituir a favor del órgano concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
j) Posibilidad, en su caso, de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.
Dos. Las normas reguladoras de las subvenciones públicas otorgadas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura no podrán indicar un plazo máximo para resolver superior a seis meses. Si las normas reguladoras de la subvención no establecieran plazo máximo, éste se entenderá por tres meses. Si no se notificase resolución expresa dentro del plazo máximo para resolver ésta se entenderá desestimatoria.
Infracciones, sanciones y control en materia de subvenciones Uno. Las infracciones, sanciones y responsabilidades en materia de subvenciones se regirán por lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones, sin perjuicio de la adaptación procedimental que se efectúe reglamentariamente en orden a la concreta estructura administrativa autonómica. Dos. Las sanciones serán acordadas e impuestas por los titulares de las Consejerías concedentes de la subvención. En el caso de subvenciones o ayudas concedidas por Organismos Autónomos, las sanciones serán acordadas e impuestas por los titulares de las Consejerías a las que estuvieran adscritos.
Tres. Los funcionarios de la Intervención General de la Junta de Extremadura tendrán la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio del control financiero que efectúen de las subvenciones. Dicho control podrá extenderse además de a los propios beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras, a las personas físicas o jurídicas a las que se encuentren asociados los beneficiarios, así como a cualquier otro personal susceptible de prestar un interés en la consecución de los objetivos, en la realización de las actividades o en la adopción del comportamiento.