Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-5826-de-octubre-28-de-1999?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920419bc4f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-01-25 07:30:36
Document Index: 344494109

Matched Legal Cases: ['artículo 84', 'artículo 166', 'artículo 11', 'artículo 96', 'artículo 48', 'artículo 85', 'artículo 68', 'artículo 69', 'artículo 166', 'artículo 121', 'artículo 6', 'artículo 167', 'artículo 126', 'artículo 19', 'artículo 103', 'artículo 138', 'artículo 26', 'artículo 167', 'artículo 155', 'artículo 21', 'artículo 167', 'artículo 162', 'artículo 150', 'artículo 96', 'artículo 95', 'artículo 69', 'artículo 19', 'artículo 166', 'artículo 166', 'artículo 207']

﻿ AUTO 5826 DE OCTUBRE 28 DE 1999
AUTO 5826 DE 28 DE OCTUBRE DE 1999
CONTENIDO:MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES. SE DECRETA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 135 Y 136 DEL DECRETO 1818 DE 1998.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE CONCILIACIÓN, MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, CENTRO DE CONCILIACIÓN DE FACULTADES DE DERECHO
Sentencia 5826 de octubre 28 de 1999
Actor: Hernán Fabio López Blanco
Santafé de Bogotá, D.C., veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
El ciudadano y abogado Hernán Fabio López Blanco, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante esta corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional, del Decreto 1818 de 7 de septiembre de 1998, “por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos”, expedido por el Gobierno Nacional.
Como la demanda y sus anexos se ajustan a las previsiones de los artículos 137 a 142 del Código Contencioso Administrativo, es del caso proceder a su admisión y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
II.1. En el mismo escrito de la demanda, en acápite especial, en el que se remite al concepto de la violación de aquélla, el actor impetró la suspensión provisional aduciendo al efecto, en síntesis, lo siguiente:
Que el decreto acusado viola de manera ostensible los parámetros que le señaló la Ley 446 de 1998 en su artículo 166, empezando por sus considerandos, ya que en éstos se asevera que el mismo se expide sin cambiar la redacción, ni el contenido de las normas objeto de la compilación, aspecto este que riñe con la realidad pues, (fl. 66) el artículo 11 compiló el 95 de la Ley 446 de 1998 y en su redacción se refirió al artículo 96; y que de igual manera el artículo 48 del decreto acusado, al compilar el artículo 85 de dicha ley, lo transcribió mal pues, éste se refirió al artículo 68 y no al artículo 69.
Que, además, el artículo 166 de la citada ley 446 autorizó al Gobierno Nacional para compilar las normas vigentes de dicha ley, de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, lo cual tampoco ocurrió pues, en el decreto acusado se incluyeron algunas disposiciones derogadas, así:
En el artículo 121, anulado por el Consejo de Estado, se recopiló el artículo 6º del Decreto 2279 de 1989, que había sido derogado por el artículo 167, numeral 2, de la Ley 446 de 1998.
El artículo 126, también anulado por el Consejo de Estado, recopiló el artículo 19 de Decreto 2279 de 1989, que había sido modificado por el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, norma ésta última que ha debido ser recopilada, al no haber sido derogada por la citada Ley 446.
El artículo 138 recopiló el artículo 26 del Decreto 2279 de 1989, olvidando que el artículo 167, numeral 2, de la Ley 446 de 1998, derogó el numeral 3 de dicho artículo.
Igualmente, aduce el actor que, además de haber sido mal recopiladas, se incluyeron normas que nada tienen que ver con la autorización dada, como ocurrió con el artículo 155 del decreto acusado, que incluyó a los numerales 4º y 5º del original artículo 21 del Decreto 2651 de 1991, que expresamente fueron derogados por la Ley 446 de 1998 en su artículo 167; y los artículos 23 y 24 del Decreto 2651 de 1991, adoptados como legislación permanente por el artículo 162 de la citada Ley 446, que se refieren a aspectos propios de la práctica de pruebas, aplicables a todo proceso, y no sólo al arbitral.
Que por lo anterior también se viola el artículo 150, numeral 2º, de la Constitución Política al no cumplirse con la labor encomendada, sino que se legisló al revivir normas derogadas, al modificar otras vigentes, o al dejar de incluir las mismas, como los artículos 63 de la Ley 23 de 1991, 75 de la Ley 446 de 1998, 5º a 9º del Decreto Reglamentario 0800 de 1991, 19 y 20 del Decreto 2651 de 1991 y la Ley 16 de 1981.
II.2. Consideraciones de la Sala
Sea lo primero advertir que la Sala reitera lo expresado en la sentencia de 8 de abril de 1999 (Exp. 5191, Actor: Julio Roberto Cepeda Tarazona, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa), en cuanto a la competencia de esta corporación para asumir el conocimiento del decreto acusado.
En efecto, dijo la Sala en la citada sentencia:
“... si bien es cierto que las normas compiladas en el Decreto 1818 de 1998 tienen rango legal, en la medida de que provienen de ordenamientos con tal carácter, también lo es que en el asunto sometido a su consideración no se está controvirtiendo la constitucionalidad de dichas normas, cuestión que en efecto le corresponde a la Corte Constitucional, sino que simplemente el demandante está cuestionando la inclusión de dichas normas en el decreto, cuando las mismas ya no estaban vigentes, asunto que la misma Corte Constitucional ... atribuye su conocimiento al Consejo de Estado...”.
Ciertamente, como lo señaló el actor, esta corporación en la precitada sentencia, declaró la nulidad de los artículos 121, 126, 138, 155, numerales 4 y 5 y 163 numeral 3, del Decreto 1818 de 1998, por cuanto en tales disposiciones se compilaron normas derogadas o se dejó de reproducir el texto de otras que, a su vez, habían modificado normas objeto de la compilación.
Significa lo precedente que en relación con las citadas disposiciones operó el fenómeno de la cosa juzgada, lo cual hace innecesario, por sustracción de materia, que la Sala vuelva a hacer pronunciamiento alguno al respecto.
Confrontando esta norma con el texto del artículo 96 de la Ley 446 de 1998 al cual alude, fácilmente se extrae que este artículo se refiere es a las tarifas que pueden cobrar los centros de conciliación por sus servicios, es decir, que no guarda relación con la materia regulada en aquélla, cual es la de los centros de conciliación de las facultades de derecho, materia consagrada en el artículo 95 ibídem.
La inasistencia injustificada de una de las partes a la audiencia de conciliación, obliga al inspector de trabajo a consignar expresamente este hecho en el acta, para los efectos establecidos en el artículo 69 de la presente ley (art. 85, L. 446/98 que modifica el art. 32 de la L. 23/91)”.
No obstante lo anterior la Sala considera que se hace necesario dilucidar si la cita equivocada de las disposiciones legales constituye o no un error mecanográfico susceptible o no de ser subsanado. Lo cual es materia de estudio en la sentencia que ponga fin al proceso y no en esta etapa inicial.
Según el artículo 19 del Decreto-Ley 2651 de 1991 “los impedimentos y recusaciones serán resueltos por el director del centro de arbitraje”. De tal manera que al consagrar las disposiciones antes transcritas tal facultad en cabeza del juez civil” del circuito está compilando normas derogadas por aquél, contrariando el texto del artículo 166 de la citada Ley 446 pues, éste facultó al Gobierno Nacional para hacer la compilación de normas vigentes relativas a los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Así las cosas, debe la Sala acceder a decretar la medida de suspensión provisional de los efectos de los artículos 135 y 136 del decreto acusado.
En lo que respecta a las disposiciones que debieron incluirse en la compilación y que, a juicio del actor, no fueron objeto de la misma, no basta hacer una simple confrontación de textos para arribar a tal conclusión, sino que resulta menester efectuar un análisis más detallado y profundo acerca de las facultades conferidas al Gobierno Nacional en el artículo 166 de la Ley 446 de 1998 y de la materia a la cual se contraen ellas; así como precisar si la no inclusión de tales disposiciones puede afectar o no la totalidad del decreto acusado, lo que no es propio de esta etapa inicial del proceso, sino de la sentencia que dirima la controversia.
I. Admítese la demanda presentada por el ciudadano y abogado Hernán Fabio López Blanco. En consecuencia, se dispone:
a) Notifíquese personalmente al señor Ministro de Justicia y del Derecho. Entréguesele copia de la demanda y sus anexos;
b) Notifíquese personalmente al señor Procurador Sexto Delegado de lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado;
c) Fíjese el proceso en lista por el término de diez (10) días para que la parte demandada o los intervinientes puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar la práctica de pruebas;
d) Solicítese a la Secretaría General del Ministerio de Justicia y del Derecho que en el término de ocho (8) días envíe los antecedentes administrativos correspondientes al acto administrativo acusado. El desacato a esta solicitud o la inobservancia del plazo indicado constituye falta disciplinaria;
e) De conformidad con lo ordenado en el numeral 4 del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el Decreto 2867 de 1989, deposite el actor la suma de cinco mil pesos ($ 5.000) moneda corriente, dentro de los diez (10) días siguientes al del regreso del expediente a la secretaría.
II. Tiénese como demandante al ciudadano y abogado Hernán Fabio López Blanco.
III. Tiénese como demandada a la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho.
IV. Decrétase la suspensión provisional de los efectos de los artículos 135 y 136 del decreto acusado; y
V. Deniégase la suspensión provisional de los efectos de las demás normas del decreto acusado relacionadas en la demanda.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de octubre de 1999.