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Timestamp: 2017-11-21 22:04:32
Document Index: 131778966

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 9']

Órgano CONSEJERIA DE VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
Vigencia desde 20 de Enero de 2006. Revisión vigente desde 20 de Enero de 2006 hasta 28 de Noviembre de 2012
Artículo 2 Ámbito de aplicación temporal
Artículo 3 Extinción del régimen de protección
Artículo 4 Superficie útil mínima
Artículo 5 Descalificación voluntaria
Artículo 7 Constancia de limitación de descalificación
Artículo 8 Devolución de ayudas y exenciones
Artículo 9 Procedimiento para la descalificación voluntaria
Artículo 10 Falsedad documental
Artículo 11 Resolución de descalificación
Artículo 12 Prohibición y límites a la facultad de disponer
Artículo 13 Transmisiones intervivos y cesiones de uso
Artículo 14 Entrega de cantidades a cuenta
Artículo 16 Precio máximo de venta en primera transmisión
Artículo 17 Precio máximo de venta de viviendas de protección pública en segundas o posteriores transmisiones
Disposición Adicional Única Precio de vivienda intermedia
Disposición Transitoria Primera Vivienda calificadas definitivamente con anterioridad a la entrada en vigor
Disposición Transitoria Segunda Aplicación
D 33/2013 de 11 Oct. CA La Rioja (regulación de la vivienda de protección oficial)
--> BOLR 18 Febrero. Corrección de errores D 3/2006 de 13 Ene. CA La Rioja (regulación del régimen de las viviendas de protección pública)
D 66/2012, de 26 Nov. CA La Rioja (regulación de la descalificación de las viviendas de protección pública a instancia de los promotores)
Párrafo del artículo 9 introducido por la disposición adicional primera del D [LA RIOJA] 66/2012, 26 noviembre, por el que se regula la descalificación de las viviendas de protección pública a instancia de los promotores en la Comunidad Autónoma de La Rioja («B.O.L.R.» 28 noviembre).
D [LA RIOJA] 3/2006, 13 enero, rectificado por Corrección de errores («B.O.L.R.» 18 febrero). --> D [LA RIOJA] 3/2006, 13 enero, derogado por la disposición derogatoria única.a) del D [LA RIOJA] 33/2013, 11 octubre, por el que se regula la vivienda de protección oficial en la Comunidad Autónoma de La Rioja («B.O.L.R.» 18 octubre) el 19 de octubre de 2013.
El presente Decreto tiene por objeto regular el régimen de las viviendas de protección pública, en concreto, el plazo mínimo a partir del cual se podrá incoar el procedimiento de descalificación voluntaria de las viviendas de protección pública, el procedimiento de descalificación voluntaria de este tipo de viviendas y las transmisiones de las viviendas protegidas.
Las viviendas de protección pública y sus anejos vinculados reguladas en este Decreto estarán sujetas al régimen de protección por un plazo de treinta años desde su calificación definitiva, sin perjuicio de las excepciones expresamente previstas en el mismo.
El régimen de viviendas de protección pública se extinguirá por alguna de las causas siguientes:
a) Por el transcurso del plazo legal de duración del régimen de protección que será de 30 años, contados desde la calificación definitiva de Viviendas de Protección Pública.
Esta causa determinará, automáticamente y sin necesidad de declaración especial, la extinción de cuantas limitaciones impone este régimen legal y, la aplicación a las viviendas de que se trate de las prescripciones ordinarias de la legislación común, cancelándose en el Registro de la Propiedad las afecciones que se hubieren producido conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable.
Además de cumplir las condiciones exigidas en la normativa sobre viviendas de protección oficial, las viviendas protegidas promovidas en régimen de venta en la Comunidad Autónoma de la Rioja deberán tener una superficie igual o superior a 45 metros cuadrados útiles, medida conforme a la normativa autonómica aplicable, salvo autorización expresa de la Comunidad Autónoma.
Descalificación voluntaria de las viviendas de protección pública
La Administración, a petición de los propietarios de las viviendas de Protección Pública, podrá conceder discrecionalmente la descalificación voluntaria de éstas con arreglo al procedimiento que se determina en este decreto, siempre que de ella no se deriven perjuicios a terceros, constituya residencia habitual del usuario y se cumpla lo dispuesto en los artículos siguientes.
Las promociones y/o transmisiones de viviendas cuya calificación definitiva como viviendas de protección pública se obtenga con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, no podrán ser objeto de descalificación voluntaria a petición de los propietarios hasta transcurridos veinticinco años desde la fecha de dicha calificación.
La limitación de no poder descalificar las viviendas de protección pública durante los plazos y condiciones establecidos en el artículo anterior, deberá constar como cláusula obligatoria en todos los contratos de compraventa, y en sus posteriores escrituras, así como en aquellas realizadas directamente sin contrato previo, que se suscriban después de la entrada en vigor de este Decreto, a efectos de la inscripción en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de modificaciones en cuanto a condiciones o plazos por normativa posterior.
La descalificación de las viviendas de protección pública comportará necesariamente, de forma inmediata, y con carácter previo, el reintegro de la totalidad de las ayudas económicas personales, subvenciones y subsidiaciones de intereses recibidas, incrementada con los intereses legales que correspondan desde su concesión, y en su caso, con la diferencia, si existiera, entre el interés estipulado y el legal. De igual forma, deberá abonar el importe que proceda de las exenciones y bonificaciones tributarias que hubiere disfrutado, con sus intereses legales.
1.- Las solicitudes de descalificación se efectuarán, dirigidas a la Dirección General competente en materia de vivienda de la Comunidad Autónoma, adjuntando a las mismas los siguientes documentos:
a) Certificación del Registro de la Propiedad, acreditativo de la titularidad de la vivienda y de la libertad de cargas relativas a préstamos. En dicho certificado se consignarán también, en su caso, los cambios de titularidad de la vivienda, las cancelaciones de hipotecas y el historial jurídico.
Si el inmueble no estuviere libre de cualquier carga hipotecaria, será requisito imprescindible para la descalificación de la vivienda, la cancelación de la hipoteca que ha de acreditarse con carácter previo.
b) Certificado, expedido por el Ayuntamiento de la localidad donde se encuentre ubicada la vivienda, de que el solicitante tiene en ella su residencia habitual. Cuando el propietario no residiere habitualmente en la vivienda objeto de la descalificación, sino que la hubiere cedido en arrendamiento será imprescindible, con el fin de no causar perjuicio a tercero interesado, que el arrendatario manifieste por escrito su consentimiento a la descalificación. Si requerido para hacerlo por la Administración, no lo prestare en el plazo de diez días, la falta de manifestación expresa se entenderá como oposición a la descalificación.
1. La falsedad en las declaraciones o documentos presentados por el solicitante para la acreditación de los extremos a que se refiere el artículo anterior, dará lugar a la inmediata desestimación de la solicitud, no pudiendo formularse válidamente nueva demanda de descalificación en el plazo de cinco años a contar desde la fecha en que se efectuó la primera petición, sin perjuicio de las responsabilidades penales que, en su caso, procedan.
1. Las viviendas promovidas para uso propio, así como las adquiridas o alquiladas se destinarán a residencia habitual y permanente del propietario o, en su caso del inquilino y deberán ser ocupadas en el plazo de tres meses desde la entrega de llaves. Dicho plazo podrá prorrogarse durante tres meses por causa suficientemente justificada a juicio de la Administración y previa solicitud de la misma antes del vencimiento del primer plazo.
Condiciones de las segundas transmisiones
Las transmisiones intervivos de las viviendas protegidas por cualquier procedimiento (incluso supuestos judiciales) o las cesiones de uso por cualquier título quedarán sujetas a la obligación de notificación previa a la Dirección General competente en materia de vivienda en la que conste la intención del titular de enajenar o alquilar la vivienda. En la resolución administrativa de autorización, si procede conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, la Administración actuante determinará el precio máximo de la compraventa y los datos del particular con el que obligatoriamente deberá celebrarse el contrato, excepto en el supuesto d) del apartado 3 del mencionado artículo, cuando no se produzca transmisión a tercero. Dicho particular deberá estar necesariamente inscrito en el Registro de Solicitantes de vivienda protegida de la Comunidad Autónoma de La Rioja y será seleccionado por el procedimiento de concurrencia pública que determine la Administración.
1. Los promotores de viviendas protegidas sólo podrán percibir de los adjudicatarios o adquirentes en concepto de entrega de cantidades a cuenta hasta un máximo del 20 % del precio total de la vivienda y de sus anejos vinculados durante el período de su construcción, siempre que estén previamente autorizados para ello por la Dirección General competente en materia de vivienda.
Antes de la entrega de cualquier cantidad será preceptiva la obtención de la calificación provisional de la promoción y de la autorización administrativa de la Dirección General competente en materia de vivienda para la percepción de cantidades a cuenta, además de cumplir lo establecido a estos efectos en la Ley 38/99, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
El precio máximo de venta o de adjudicación por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas protegidas en primera transmisión será el que proceda conforme a la calificación provisional y/o definitiva y a la normativa autonómica de viviendas protegidas.
1. El precio máximo de venta de las viviendas de protección pública en segunda o posteriores transmisiones y de las viviendas usadas que obtengan financiación cualificada en el ámbito del territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja se fijará en función de los años transcurridos desde la fecha de concesión de la calificación definitiva conforme a lo establecido a continuación:
Año desde calificación Coeficiente k
16º 0.1
17º 0.2
18º 0.3
19º 0.4
20º 0.5
21º 0.6
22º 0.7
23º 0.8
24º 0.9
Expresado analíticamente:
A los efectos de información sobre actuaciones en el mercado de la vivienda libre y analizados los precios de dicho mercado en Logroño, una vivienda intermedia entre la vivienda protegida y la libre no debería tener unos precios superiores a 2,7 veces el precio básico de la vivienda de protección oficial.
Las viviendas sujetas a régimen de protección pública que hayan obtenido la calificación definitiva con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto podrán acogerse a la descalificación de Viviendas de Protección Pública, si sus propietarios lo solicitan, una vez transcurrido el plazo legalmente establecido conforme a la normativa vigente en el momento de obtener tal calificación.
El presente Decreto será de aplicación para todas las viviendas de protección pública que obtengan la calificación provisional después de su entrada en vigor.
Quedan derogados expresamente el Decreto 32/1992, de 9 de julio, y el Decreto 13/2001 de 16 de marzo y cuantas disposiciones reglamentarias se opongan a lo establecido en el presente Decreto.
--> D 32/1992 de 9 Jul. CA La Rioja (descalificación voluntaria de las viviendas de protección oficial) --> D 13/2001 de 16 Mar. CA La Rioja (modifica el D 63/1998 de 13 Nov., modificado por D 71/1999, de 12 Nov., por el que se establecen ayudas autonómicas complementarias al plan nacional de vivienda previsto en el RD 1186/1998 para el periodo 1998/2001, y el D 32/1992 de 9 Jul., por el que se regula la descalificación voluntaria de las viviendas de protección oficial)
Se faculta al Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.