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EL RÉGIMEN ECÓMICO MATRIMONIAL EN CATALUÑA Y SU REGULACIÓN EN EL DERECHO CIVIL CATALÁN. - PDF
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Carolina Miguélez Benítez
1 EL RÉGIMEN ECÓMICO MATRIMONIAL EN CATALUÑA Y SU REGULACIÓN EN EL DERECHO CIVIL CATALÁN. ALEJANDRO RODRIGUEZ ALIOD 1
2 INDICE: BREVE PROLOGO INTRODUCCIÓN EFICACIA TERRITORIAL DEL R.E.M. CATALÁN PRINCIPIO GRAL. CAPITULACIONES RÉGIMEN SUPLETORIO. SEPARACIÓN DE BIENES PRINCIPIO DE TITULARIDAD FORMAL Análisis Jurisprudencial Compensación económica por matrimonio División en comunidad ordinaria indivisa Bienes adquiridos con pacto de supervivencia pg.3 pg.6 pg.7 pg.8 pg.19 pg.22 pg.31 pg.34 pg.37 pg.37 OTROS REGÍMENES CONVENIDOS EN CAPÍTULOS Participación de gananciales Comunidad de Bienes Asociación de compras y mejoras Agermanamiento Pacto de convivencia pg.40 pg.40 pg.45 pg.49 pg.50 pg.51 BREVE ALUSIÓN A LAS PAREJAS DE HECHO pg.52 2
3 BREVE PRÓLOGO DEL AUTOR La intención del autor de esta obra no es otra que la de servir de guía práctica a los interesados que, ya sea por simple curiosidad intelectual o por poder llegar a ser afectados directamente por las continuas y recientes modificaciones de su estatus civil, quieran realizar una aproximación al régimen matrimonial que rige en la actualidad en la Comunidad de Cataluña. La utilidad o inutilidad de esta obra, para sus potenciales lectores debería quedar determinada tras la lectura de este breve prólogo y ha sido esta la única motivación que me ha llevado a realizar estas líneas preliminares al inicio de una obra de carácter técnico pero realizada de manera que pueda ser comprendida y servir de ayuda al profano en la materia. Se puede adelantar, para aquellos lectores que tras la lectura de estas líneas ya encuentres saciada su necesidad de conocimiento o aproximación al régimen matrimonial de Cataluña, que el mismo será de aplicación a aquellos matrimonios que ostenten una vecindad común en Cataluña o que esta sea la residencia del mismo. La vecindad local se adquiere por residencia continuada durante dos años y manifestación de voluntad o por residencia continuada durante diez años sin manifestación en contrario. Asimismo los principios inspiradores de este régimen económico matrimonial vienen inspirados por la autonomía de la voluntad plasmada en las correspondientes CAPITULACIONES MATRIMONIALES. Pero como resulta obvio que en la práctica la gran mayoría de ciudadanos de esta o de cualquier otra comunidad autónoma, no formulan las mencionadas capitulaciones, ante la inexistencia de las mismas, se debe acudir al régimen supletorio que es el de SEPARACIÓN DE BIENES, a diferencia de lo que ocurre con el resto del territorio sometido al Derecho Civil Común. Sólo se considerará comunitario lo adquirido por mitad pro-indivisa, considerándose por lo tanto que la comunidad de bienes lo será de hecho de manera voluntaria. 3
4 A diferencia de lo que establece el art.1316 del Código Civil Español que establece que A falta de capitulaciones o cuando éstas sean ineficaces el régimen será el de la sociedad de gananciales, lo que será aplicable en las zonas de aplicación del derecho común, en los que no es de aplicación el derecho foral. Establecer un régimen económico por defecto se prevé además de por el derecho común, en Baleares. En Aragón existe una variante, dado que se aplicará por defecto el que establezcan libremente los cónyuges y en su defecto se aplicará un régimen denominado de consorciales diferente al del derecho común. Gráficamente la imagen que mejor explica la distribución de los diferentes regímenes económicos matrimoniales existentes en España es la siguiente: 4
5 El régimen de separación de bienes supone la mínima afectación económica sobre el patrimonio por el hecho de existir un matrimonio. No hay comunicación entre los patrimonios de los cónyuges, son bienes privativos de los cónyuges, aquellos adquiridos con anterioridad al matrimonio y los obtenidos durante el mismo. Sólo se considerará comunitario lo adquirido por mitad pro-indivisa considerándose por lo tanto que la comunidad de bienes lo será de hecho de manera voluntaria. Es por ello que cobra vital importancia la titularidad de los bienes a la hora de determinar su propiedad, es lo que se ha venido a denominar el PRINCIPIO DE TITULARIDAD FORMAL. El principio de titularidad formal implica que los bienes son de aquél que los adquiere, independientemente que los gastos para su adquisición procedan del cónyuge titular o no titular. Además de lo expresado, en el régimen de separación de bienes se ha introducido el DERECHO A UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA por razón del matrimonio. Las siguientes páginas ahondan en las cuestiones mínimamente esbozadas y pueden servir de utilidad a quienes se vean en la necesidad de aproximación o comprensión del régimen económico matrimonial en la Comunidad Catalana tanto se trate de una aproximación desde un punto de vista técnico profesional como de una aproximación por mera curiosidad o necesidad personal ya que se ha intentado abarcar ambos puntos de interés en la realización de la presente. En Barcelona a 7 de septiembre de 2011 Alejandro Rodríguez Aliod 5
6 EL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL INTRODUCCIÓN El régimen económico del matrimonio se podría definir como el conjunto de reglas que determinan y delimitan los intereses económico-pecuniarios que rigen en las relaciones entre los esposos y ante los terceros. Muy a menudo este conjunto de reglas son desconocidas o suplidas por las reglas que de facto vienen aplicando los cónyuges por pacto, buena fe e incluso costumbre instituida entre los mismos en sus relaciones cuotidiano-domésticas. Sin embargo la trascendencia del régimen económico matrimonial, entendido como el conjunto de reglas prefijadas legalmente para regular las relaciones entre los esposos y ante los terceros, a menudo sólo es tenida en cuenta en los momentos de crisis cuando el matrimonio debe asumir deudas, o responder por ellas, así como en casos de separación o divorcio de los esposos y en el caso de fallecimiento de uno de ellos. En síntesis el régimen económico matrimonial, entendido como el conjunto de reglas prefijadas legalmente para regular las relaciones entre los esposos y entre estos frente a terceros, cuotidianamente puede llegar a ser desconocido por los cónyuges, los cuales de buna fe pueden llegar a aplicar un régimen diferente al configurado legalmente, ahora bien, en situaciones de crisis como las anteriormente descritas, es cuando despliega todos sus efectos, por lo que los cónyuges deberían conocer con exactitud, a ser posible con carácter previo al enlace, cuál será el impacto económico que va a tener para sus respectivos patrimonios la aplicación de un determinado régimen matrimonial, y que va a venir determinado por lo establecido en el art. 9.2 del Código Civil Español, que será de aplicación la ley común que tengan los esposos al tiempo de contraer matrimonio (vecindad civil común) y en defecto de esta ley, la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del mismo; a falta de esta elección, la ley de residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración; y a falta de dicha residencia, la del lugar de celebración del matrimonio. 6
7 EFICACIA TERRITORIAL DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL CATALÁN. El Derecho Civil de Cataluña tiene eficacia territorial sin perjuicio de las excepciones que puedan establecerse en cada materia y de las situaciones que deban regirse por el estatuto personal u otras normas de extraterritorialidad. Las personas extranjeras que adquieran la nacionalidad española quedan sometidas al derecho civil catalán mientras mantengan la vecindad administrativa en Cataluña salvo que manifiesten su voluntad en contra. La vecindad local es determinada por las normas que rigen la vecindad civil, y que en concreto se determinan en el Código Civil Español, así el art º establece que la vecindad civil se adquiere por residencia continuada durante dos años siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad. Dicha manifestación debe hacerse en el Registro Civil, ante el encargado o funcionario habilitado para ello que lo inscribirá en el Registro al margen de la inscripción de nacimiento. La adquisición o cambio involuntario tiene lugar también por la residencia en un lugar de derecho civil distinto, pero con un plazo mucho mayor que el de dos años, asi dice el art º Código Civil español que la vecindad civil se adquiere por residencia continuada de diez años, sin declaración en contrario durante ese plazo. A aquellos matrimonios que ostenten una vecindad común en Cataluña o que esta sea la residencia del mismo a tener en consideración, de conformidad con las reglas anteriormente expuestas, les será por tanto de aplicación en esta materia la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia. 7
8 1.- PRINCIPIO DE LIBERTAD CIVIL CAPITULACIONES MATRIMONIALES.- El matrimonio se define en el Artículo del Codi Civil y es una institución en la que se establece un vínculo jurídico entre dos personas que origina una comunidad de vida en que los cónyuges deben respetarse, actuar en interés de la familia, guardarse lealtad, ayudarse y prestarse socorro mutuo. Los cónyuges tienen en el matrimonio los mismos derechos y deberes especialmente el cuidado y la atención de los demás miembros de la familia que estén a su cargo y convivan con ellos, y deben compartir las responsabilidades domésticas. El matrimonio genera repercusiones económicas que de hecho vienen detalladas en el TIT.III, CAP. I, SEC. II del Codi Civil y más concretamente en el art en el que se establece como regla general: el régimen económico del matrimonio es el convenido en CAPÍTULOS, por lo que rige el principio de libertad civil que se establece en el art del Código Civil de Cataluña, confiriendo por tanto a los cónyuges máxima libertad para decidir o regular su régimen económico. Esta regla general es igualmente aplicable en el sistema español, donde el régimen económico matrimonial está regulado en el Libro IV Título III del Código Civil español, que en su art.1315 dispone que el régimen económico del matrimonio será el que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales, sin otras limitaciones que las establecidas en este Código. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA.- En Cataluña, se denominaba capítulos matrimoniales a las donaciones realizadas entre contrayentes en tiempos de nupcias, siendo frecuentes desde el siglo X, tornándose cada vez más complejas de modo que a partir del siglo XIII ya no se podían concentrar en una sola escritura de dote. Se precisaba la redacción de un documento más extenso con diversas cláusulas. A estas cláusulas se les llamaba en la Edad Media capítulos y se usaban en todo tipo de documentos relacionados con los negocios. Un capítulo es un párrafo con punto y aparte que regula un aspecto determinado. 8
9 Este contrato funcionaba como ley fundamental que regía las relaciones entre las partes contrayentes, antes o después de la boda, y desde la creación de la nueva familia hasta la sucesión por otra, en ellos se instituía el heredero o hereu o heredera pubilla, que debía asegurar la continuidad de la casa y se decidía el régimen económico que había de regir el matrimonio, con el objetivo de asegurar las continuidad de la casa y del patrimonio familiar indiviso. A pesar de su importancia, no era necesario legalizarlos ante notario aunque generalmente se hacía así. Era un acto tan importante como la misma ceremonia de la boda, por lo que generalmente las familias previamente a la misma habían pactado cada una de las condiciones o cláusulas importantes, que eran tres: El heredamiento heredament, que era la cláusula más importante dado que se establecía quién heredaba (ej. Los consortes J.P. y M.L., en prueba del amor que profesan a su hijo L.P. y por causa del matrimonio que ha de contraer, le hacen donación y heredamiento universal de todos los bienes presentes y futuros, que existirán de pertenencia el día se su fallecimiento, pudiendo no obstante establecerse una serie de reservas a este heredamiento por parte de los padres, para preservar el patrimonio familiar (pacto se convivencia, desavenencia, reserva para dotar a otros hijos, para testar, etc.) La dote - el dot -, que eran los bienes que aportaba al matrimonio la futura esposa o el futuro esposo. El esponsalicio - l escreix -, que era la donación del futuro esposo a la novia en tiempo de nupcias para corresponder a la dote aportada y por razón de su virginidad. En capítulos, asimismo, podían aparecer otras cláusulas secundarias, como la renuncia a la legítima. El matrimonio era más una razón de familia que una decisión personal de los novios. Puesto que el objetivo de las capitulaciones matrimoniales es establecer los mecanismos de sucesión que permitan la continuidad de la casa y del linaje, y por tanto eran poco frecuentes los matrimonios entre hereu y pubilla, porque aunque tenían como consecuencia el aumento del patrimonio familiar, en la práctica significaba la desaparición de una casa o familia o linaje. Los pactos matrimoniales adoptaron la forma capitular desde el siglo XV y pasaron a llamarse capítulos matrimoniales, denominación que se ha mantenido hasta la actualidad. 9
10 LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN LA ACTUALIDAD Las capitulaciones matrimoniales son un negocio jurídico propio del derecho de familia. En capitulaciones matrimoniales podrán los otorgantes estipular, modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonio o cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo. Por medio de las capitulaciones matrimoniales se puede elegir el régimen económico matrimonial, modificar alguno de los extremos del régimen elegido pactar normas concretas, sustituir un régimen por otro e incluso eliminar el régimen legal, pactando uno nuevo. Así en el TIT.III, CAP. I, del Codi Civil le dedica la SEC. III a los capítulos matrimoniales, en los arts a En estos preceptos se establece que en éstos puede determinarse el régimen económico matrimonial convenir heredamientos, realizar donaciones y establecer las estipulaciones y pactos lícitos que se consideren convenientes, incluso en previsión de una ruptura matrimonial. Los capítulos matrimoniales pueden otorgarse antes o después del matrimonio, si bien los otorgados antes sólo producen efectos a partir de la celebración del matrimonio, quedando sin efecto si el matrimonio no se celebra en el plazo de un año. Así pues la eficacia temporal de los otorgados previamente a la celebración del matrimonio tiene este límite temporal, si no son nuevamente renovados. Cuando los esposos otorguen las capitulaciones después de haber celebrado el matrimonio, los trámites y gastos serán superiores, dado que los gastos para otorgar unas capitulaciones matrimoniales en la actualidad ascienden únicamente a lo que cuesta la escritura pública ante Notario, siendo la inscripción en el Registro Civil gratuita. En cambio, cuando se realizan las capitulaciones con posterioridad al matrimonio, los gastos de la escritura serán superiores porque la escritura no sólo se hará constar la modificación del régimen económico del matrimonio, sino la extinción del anterior, y así si estaban casados en el régimen de la sociedad de gananciales deberá liquidarse con las correspondientes operaciones y la adjudicación de los bienes de los esposos. El importe de la escritura en este caso dependerá del valor de los bienes que se adjudiquen los esposos. Y además si se adjudican, por ejemplo, bienes inmuebles o vehículos, deberá inscribirse la nueva titularidad o modificación de la misma en los correspondientes Registros de la Propiedad y de Bienes Muebles, puesto que de no hacerse así no tendrá eficacia frente a terceros y especialmente para los acreedores. 10
11 Tienen capacidad para otorgar capítulos matrimoniales aquellos que puedan contraer válidamente matrimonio, pero necesitan, si procede, los complementos de capacidad que correspondan, no precisando la intervención del defensor o defensora judicial en las disposiciones establecidas por el padre o la madre a favor de sus hijos menores no emancipados, aunque exista reserva de derechos a favor de aquéllos, siempre que no exista contraposición de intereses caso en el que debe aplicarse lo dispuesto en el art.157 Codi de Familia que establece para estos casos que cuando la potestad es ejercida por ambos, el hijo o hija es representado por aquel del padre o la madre con el que no tenga contraposición de intereses, y cuando la contraposición es con el padre y la madre conjuntamente o con el que ejerce la potestad, debe nombrarse al defensor judicial que establece el título VII del Codi de Familia. La forma de otorgamiento de los capítulos matrimoniales y sus posibles modificaciones deben realizarse a través de escritura pública. Los capítulos matrimoniales y sus modificaciones, así como los pactos resoluciones judiciales y demás hechos que cambien o modifiquen el régimen económico matrimonial, no son oponibles a terceras personas mientras no se hagan constar en la inscripción del matrimonio en el Registro Civil, y, en su caso, en los demás registros públicos cuya legislación lo establezca. Así, si uno de los esposos mantiene una deuda mientras está casado en sociedad de gananciales no podrá modificar el régimen económico matrimonial pactando un régimen de separación de bienes adjudicando al otro esposo bienes con los que se podría hacer frente a la deuda. No se puede modificar el régimen con la finalidad de colocar al esposo deudor en una situación de insolvencia o de insuficiencia económica para no cumplir con sus obligaciones. Si así lo hiciere, el acreedor podrá anular ese pacto fraudulento e ir contra el patrimonio conjunto del matrimonio. Para la modificación de los capítulos o para dejarlos sin efecto, se precisa el consentimiento de todas las personas que los habían otorgado, o de sus herederos, si la modificación afecta a derechos que aquéllas hubiesen conferido. La modificación del régimen económico matrimonial y de los pactos sucesorios recíprocos entre cónyuges y su resolución, así como de los establecidos por ellos a favor de los hijos, pueden acordarla exclusivamente los cónyuges, sin necesidad de acuerdo de las demás personas que hayan concurrido en los capítulos, ni necesidad de autorización o conformidad de sus herederos. 11
12 A modo de síntesis se puede precisar lo siguiente: -La modificación del régimen económico matrimonial no afecta a los derechos adquiridos por terceras personas. -Los capítulos quedan sin efecto si el matrimonio es declarado nulo o se disuelve por divorcio. Si el matrimonio se disuelve por divorcio, conservan su eficacia los siguientes: a. Los heredamientos y las donaciones a favor de uno de los contrayentes, si el favorecido o favorecida sigue trabajando para la casa y existe descendencia del matrimonio. b. En contra, son ineficaces el usufructo viudal y los demás derechos que, si procede, se hayan pactado en forma accesoria a favor del cónyuge de aquél o aquélla. Si no se sigue trabajando para la casa o no existe descendencia, así como si el cónyuge contrae nuevo matrimonio, el heredamiento o la donación resultan revocables por la sola voluntad del heredante o donante. c. Los heredamientos a favor de la descendencia del matrimonio, en cuya consideración se otorgaron los capítulos. Los heredamientos puros resultan revocables. d. El reconocimiento de hijos hecho por cualquiera de los cónyuges 12
13 AUMENTO DE LA PRÁCTICA CAPITULAR. Aunque la realización de capitulaciones matrimoniales dista mucho de ser mayoritaria, en los últimos años se ha experimentado en Cataluña un aumento en su práctica que puede obedecer a los siguientes factores: El régimen de separación de bienes, supletorio en esta CCAA ha experimentado dos modificaciones importantes: la operada por la Ley 8/1993 de 30 de septiembre, de modificación de la Compilación en materia de relaciones patrimoniales entre cónyuges y la llevada a cabo por la Ley 9/98 de 15 de julio, del Código de Familia. Estas dos modificaciones, igual que la operada en 1975 con el Código Civil español, puede haber contribuido a dicho incremento en el otorgamiento de capítulos matrimoniales en Cataluña. De ambas reformas legales, en el régimen patrimonial de la familia destaca la introducción de una compensación económica por razón de trabajo en el año 1993, parecida a la equitable distribution de los derechos norteamericanos de separate property, que con motivo de la crisis matrimonial permite al juez atribuir el valor de los bienes de los cónyuges al margen de criterios de titularidad formal, y es compatible con la pensión periódica. Esta compensación ha sido reformulada y reforzada con la reforma del año 1998 en los artículos 41 y 42 del Código de Familia. En segundo lugar, en el año 1998, y tímidamente, el Código de Familia reconoció en su art que las capitulaciones matrimoniales no sólo sirven para organizar la economía familiar, sino también para liquidarla. Es decir, en las capitulaciones matrimoniales pueden pactarse o preverse las consecuencias de una crisis matrimonial. De este modo, legalmente se reconoce que la función de los capítulos de construir o forjar la estructura patrimonial de la familia también se amplía a su derribo, al permitir pactos incluso en previsión de una ruptura matrimonial. El contenido del art.15.1 del Codi de Familia se recoge en la nueva regulación del Codi Civil, concretamente en el art que establece que en los capítulos matrimoniales, se puede determinar el régimen económico matrimonial, convenir pactos sucesorios, hacer donaciones y establecer las estipulaciones y los pactos lícitos que se consideren convenientes, incluso en previsión de una ruptura matrimonial. 13
14 Este artículo que favorece la autonomía privada, en cierto modo supone una incertidumbre en la dinámica del régimen de separación de bienes y en la estructura patrimonial del matrimonio, puesto que no delimita los pactos lícitos en previsión de una ruptura matrimonial, quedando en manos de los matrimonios probar hasta donde llega la discrecionalidad judicial en la admisión de pactos que excluyen o limitan la pensión compensatoria o bien la compensación por razón del trabajo, e incluso la atribución del uso de la vivienda familiar. Al mismo tiempo, la previsión del art.15.1 CF es poco coherente con otra previsión del derecho de familia según la cual sólo son vinculantes y ejecutivos los pactos que han sido convalidados en forma de convenio en proceso judicial (art.77 Código Familia) Además se han introducido otras reformas en el derecho catalán introduciendo reglas sobre responsabilidad solidaria de los cónyuges frente a terceros, deberes de contribución a los gastos familiares, y señaladamente, de protección y vinculación de la vivienda familiar, lo que de hecho ha supuesto que esa amplia autonomía familiar que favorece el art del Codi Civil (antes el art.15.1 del Codi de Familia), se ve así reducida por lo que se establece en los art a del Codi Civil, en los que se regulan dichos extremos del modo siguiente: El marido y la mujer determinan de común acuerdo el domicilio familiar. Ante terceras personas, se presume que el domicilio familiar es aquel donde los cónyuges o bien uno de ellos y la mayor parte de la familia conviven habitualmente. En caso de desacuerdo respecto al domicilio, cualquiera de los cónyuges puede acudir a la autoridad judicial, quien lo determinará en interés de la familia a efectos legales. La dirección de la familia corresponde a los dos cónyuges de común acuerdo, teniendo siempre en cuenta el interés de todos sus miembros. En interés de la familia, cualquiera de los cónyuges puede actuar solo para atender a las necesidades y los gastos familiares ordinarios, de acuerdo con los usos y el nivel de vida de la familia, y se presume que el cónyuge que actúa tiene el consentimiento del otro. Ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del otro si no le ha sido conferida, salvo situaciones de urgencia o imposibilidad de que el otro cónyuge preste su consentimiento. A la gestión hecha por uno de los cónyuges en nombre del otro, le son de aplicación las reglas en materia de gestión de negocios. 14
15 Tienen la consideración de gastos familiares los necesarios para el mantenimiento de la familia, con adecuación a los usos y el nivel de vida familiar, y en especial: a. Los originados en concepto de alimentos en su sentido más amplio, de acuerdo con la definición que hace de ellos el presente Código. b. Los gastos ordinarios de conservación, mantenimiento y reparación de las viviendas o demás bienes de uso de la familia. b. Las atenciones de previsión, médicas y sanitarias. También es considerado gasto familiar el originado por los alimentos a que se refiere el art.237.1, de los hijos no comunes que convivan con los cónyuges, así como los gastos originados por los demás parientes que convivan con ellos, salvo, en ambos casos, que no lo necesiten. Por su parte, no tienen la consideración de gastos familiares los derivados de la gestión y defensa de los bienes privativos, excepto los que tienen conexión directa con el mantenimiento familiar. Tampoco tienen la consideración de gastos familiares los que responden al interés exclusivo de uno de los cónyuges. Los cónyuges deben contribuir a los gastos familiares, de la forma que pacten, con los recursos procedentes de su actividad o de sus bienes, en proporción a sus ingresos y, si estos no son suficientes, en proporción a sus patrimonios. La aportación al trabajo doméstico es una forma de contribución a los gastos familiares -novedad legislativa del Codi Civil-. Si existen bienes especialmente afectos a los gastos familiares, sus frutos y rentas deben aplicarse preferentemente a pagarlos. Los hijos, comunes o no, mientras conviven con la familia, contribuyen proporcionalmente a estos gastos. Los demás parientes que conviven con la familia contribuyen a ello, en su caso, en la medida de sus posibilidades y de acuerdo con los gastos que generan. Los cónyuges tienen la obligación recíproca de informarse adecuadamente de la gestión patrimonial que lleven a cabo en atención al mantenimiento de los gastos familiares. 15
16 En caso de incumplimiento por parte de una de las personas obligadas, cualquiera de las otras puede solicitar a la autoridad judicial, a parte de la efectividad de los pagos pendientes, que acuerde la prestación de las garantías o la adopción de las medidas convenientes para asegurar los futuros pagos. Estas medidas pueden ser modificadas o revocadas. Ante terceras personas, ambos cónyuges responden solidariamente de las obligaciones contraídas para atender a las necesidades y los gastos familiares ordinarios de acuerdo con los usos y nivel de vida de la familia. En caso de otras obligaciones, responde el cónyuge que las contrae. Con independencia de cuál sea el régimen económico matrimonial de aplicación, el cónyuge titular, sin el consentimiento del otro, no puede llevar a cabo ningún acto de enajenación, gravamen o, en general, de disposición de su derecho en la vivienda familiar o en los muebles de uso ordinario que comprometa su uso, aunque se refiera a cuotas indivisas. Dicho consentimiento no puede excluirse por pacto ni otorgarse con carácter general. Si falta el consentimiento, la autoridad judicial puede autorizar el acto, teniendo en cuenta el interés de la familia, así como si se da otra justa causa. El acto efectuado sin el consentimiento o autorización es anulable, a instancias del otro cónyuge o de sus hijos menores, si conviven en la vivienda dentro del plazo de cuatro años desde que tengan conocimiento del mismo o desde su inscripción en el Registro de la Propiedad. No procede la anulación cuando el adquirente actúa de buena fe y a título oneroso, si, además, el titular ha manifestado que el inmueble no tenía la condición de vivienda familiar, aunque sea manifestación inexacta. No existe buena fe si el adquiriente conocía o podía razonablemente conocer en el momento de la adquisición la condición de la vivienda. En cualquier caso, el cónyuge que ha dispuesto de ella responde de los perjuicios que haya causado, de acuerdo con la legislación aplicable. En los casos de separación judicial, nulidad o divorcio, no se precisa el consentimiento del otro cónyuge ni la autorización judicial para disponer libremente de lo que había sido vivienda familiar, salvo en caso de que el cónyuge no titular o los hijos tengan derecho al uso de la citada vivienda, a menos que la disposición se haga respetando este derecho. Los cónyuges pueden transmitirse bienes y derechos por cualquier título y llevar a cabo entre ellos todo tipo de negocios jurídicos. En caso de impugnación judicial, les corresponde la prueba del carácter oneroso de la transmisión. 16
17 En caso de quiebra o concurso de acreedores de uno de los cónyuges, los bienes adquiridos por el otro a título oneroso durante el año anterior a la declaración o desde la fecha de la retroacción deben presumirse donados por el primero, salvo que se acredite que, en el momento de la adquisición, el matrimonio estaba separado judicialmente o de hecho o que el adquirente disponía de ingresos o recursos suficientes para efectuarla. En caso de embargo de cuentas indistintas por deudas privativas de uno de los cónyuges, el cónyuge no deudor puede sustraer del embargo los importes que acredite que le pertenecen con carácter exclusivo, salvo que haya consentido expresamente en la obligación contraída por el cónyuge deudor. Las donaciones entre cónyuges hechas fuera de capítulos matrimoniales son revocables en los casos generales de revocación de donaciones, si bien, en caso de superveniencia de hijos, la revocación sólo tiene efecto si se trata de hijos comunes. En conclusión: Cabe pensar que los cambios en la composición de los patrimonios familiares, junto con un trato fiscal a la vez favorable y desfavorable de las rentas familiares, combinado con un nuevo mercado de servicios jurídicos ha favorecido el recurso a las capitulaciones matrimoniales. A pesar de ello y como ya se ha expresado en el encabezamiento de este apartado, en la práctica la realización de capitulaciones dista mucho de ser mayoritaria. El modelo tradicional de uso de los capítulos en Cataluña respondía a la gestión y la transmisión generacional de la propiedad rural. Si este modelo ha ido a la baja a lo largo del siglo XX y la autonomía privada patrimonial familiar se ha canalizado por otras vías, también debe entenderse que últimamente se ha producido un cambio en la composición de los patrimonios familiares y en su gestión que lleva, de nuevo a recurrir al pacto en escritura pública notarial que son los capítulos. Las economías modestas compuestas sólo por una vivienda familiar, se han ampliado con la adquisición de otros inmuebles, y el ahorro familiar ha permitido la inversión en el mercado de capitales. Así mismo se han organizado de un modo más complejo las actividades profesionales y empresariales, mediante la forma de sociedades mercantiles. Así la ampliación cuantitativa de la base de población propietaria que se ha dado durante el siglo XX ha pasado, a finales del mismo a una ampliación 17
18 también cualitativa, dado que ya no sólo se trata de propiedad inmobiliaria residencial. Este cambio en la realidad económica ha coincidido con una especialización del mercado de servicios jurídicos que ha incidido en su gestión y especialmente en conseguir el mejor trato fiscal para su transmisión entre generaciones, así como en anticipar soluciones a potenciales conflictos futuros. Muy probablemente los nuevos capítulos en Cataluña están vinculados a las crisis conyugales, formalizándose en documento público y ante notario la liquidación del estatuto patrimonial de la familia antes de comparecer ante un juez o bien sin ni tan sólo prever esta posibilidad. Son los denominados capítulos de derribo. Se pacta la distribución de la propiedad familiar y también pensiones a favor de uno de ellos o para los hijos comunes, su cuantía su periodicidad, el medio de pago e, incluso, su renuncia. En el ámbito no patrimonial se pactan también cuestiones referidas a la guarda y custodia de los hijos y su educación. El desarrollo de las técnicas de mediación familiar, con leyes como la Ley 1/2001 de mediación familiar en Cataluña han tenido mucho que ver con esta nueva tendencia de los capítulos de derribo, si bien precisará de convalidación judicial para que tengan eficacia. De acuerdo con todo lo anterior, puede pensarse que el legislador a intervenido en el régimen de separación de bienes creando incertidumbre en sus decisiones de política jurídica y con ello, ha dado incentivos a los particulares para que rediseñen un marco patrimonial familiar más previsible y al margen del establecido legalmente. La paradoja, resulta ser que las capitulaciones pactadas que deberían ser la herramienta que dote de certidumbre a las relaciones patrimoniales familiares, podrían estar sometidas a causa de nulidad apreciable por la discrecionalidad judicial. Por lo que se refiere al modelo del Código Civil español, cuyo régimen supletorio es el de comunidad de bienes, restringe la autorregulación o autonomía privada, hasta el punto de forzar la salida del régimen a los cónyuges que quieren ejercitarla. Por este motivo, el gran número de capítulos otorgados en los territorios sometidos al derecho común sirven para pasar al régimen de separación de bienes. En España la práctica capitular ha sido descendiente hasta el año 1975, momento a partir del cual ha crecido a un ritmo exponencial, y esta inversión en la tendencia decreciente del siglo XX no ha tenido lugar en Cataluña hasta veinticinco años más tarde, a partir del año 2000, posiblemente por las causas analizadas anteriormente y que vienen determinadas especialmente por las últimas reformas legales. 18
19 2.- RÉGIMEN SUPLETORIO APLICABLE EN LOS SUPUESTOS DE INEXISTENCIA DE CAPITULACIONES El art del Codi Civil determina que de no existir pacto, o en caso de que los capítulos matrimoniales sean ineficaces, el régimen económico es el de SEPARACION DE BIENES. Que podríamos considerar el no régimen dado que supone la mínima afectación económica sobre el patrimonio por el hecho de existir un matrimonio. No hay comunicación entre los patrimonios de los cónyuges, son bienes privativos de los cónyuges, aquellos adquiridos con anterioridad al matrimonio y los obtenidos durante el mismo. Sólo se considerará comunitario lo adquirido por mitad pro-indivisa considerándose por lo tanto que la comunidad de bienes lo será de hecho de manera voluntaria. A diferencia de lo que establece el art.1316 del Codigo Civil español, que establece que A falta de capitulaciones o cuando éstas sean ineficaces el régimen será el de la sociedad de gananciales, lo que será aplicable en las zonas de aplicación del derecho común, en los que no es de aplicación el derecho foral. Establecer un régimen económico por defecto se prevé además de por el derecho común, en Baleares. En Aragón existe una variante, dado que se aplicará por defecto el que establezcan libremente los cónyuges y en su defecto se aplicará un régimen denominado de consorciales diferente al del derecho común. 19
20 INTRODUCCION HISTORICA del régimen de separación de bienes en Cataluña: El artículo 5 de la Ley de Bases del Código Civil de 11 de mayo de 1888 era suficientemente explícito al respecto: Las provincias y territorios en que subsiste derecho foral, lo conservarán por ahora en toda su integridad, sin que sufra alteración su actual régimen jurídico por la publicación del Código, que regirá tan sólo como supletorio en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas por sus leyes especiales... La tensión entre Derecho Civil Común y Derechos Civiles Forales se pretende superar mediante el recurso a un nuevo sistema de integración entre ambos sistemas normativos. A tal efecto, el propio poder político, una dictadura en aquellos momentos, propugnó la celebración de un Congreso Nacional de Derecho Civil para tratar el tema. Se celebró en Zaragoza en 1946 y se obtuvo de él un relativo consenso respecto de los siguientes puntos fundamentales: Llevar a cabo una recopilación o compilación de las instituciones forales o territoriales, teniendo en cuenta no sólo su actual vigencia sino el restablecimiento de las no decaídas por el desuso y las necesidades del momento presente... Al final, las Compilaciones forales fueron objeto de aprobación por las Cortes Generales dada la inexistencia de cámaras legislativas regionales en un Estado fuertemente centralizado. La compilación catalana se promulgó a través de la Ley de 21 de julio de Rige en toda Cataluña, aunque al mismo tiempo se encuentran disposiciones de carácter local. La Compilación catalana es un cuerpo legal de carácter fragmentario apegada a la tradición del Derecho romano, y que tras la aprobación de la Constitución se reformó a fin de constitucionalizar sus contenidos, a través de la aprobación del Decreto Legislativo 1/1984, de 19 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña. Entre las instituciones básicas que regula la compilación se encuentra de manera destacada en el libro dedicado a la familia, el régimen de separación de bienes en el matrimonio. 20
21 REGULACIÓN ACTUAL DEL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES.- El régimen de separación de bienes supletorio en Cataluña está regulado en el TIT.III de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia. Así, el art establece como contenido de dicho régimen que: En el régimen de separación de bienes, cada cónyuge tiene la propiedad, el goce, la administración y la libre disposición de todos sus bienes, con los límites establecidos por la ley En el régimen de separación de bienes, son propios de cada uno de los cónyuges todos los que tenía como tales cuando se celebró el matrimonio y los que adquiera después por cualquier título. Los bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio pertenecen al cónyuge que conste como titular. Si se prueba que la contraprestación se pagó con bienes o dinero del otro cónyuge, se presume la donación. Si los bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio son bienes muebles de valor ordinario destinados al uso familiar, se presume que pertenecen a ambos cónyuges por mitades indivisas, sin que prevalezca contra esta presunción la mera prueba de la titularidad formal. Si es dudoso a cuál de los cónyuges pertenece algún bien o derecho, se entiende que corresponde a ambos por mitades indivisas. Sin embargo, se presume que los bienes muebles de uso personal de uno de los cónyuges que no sean de extraordinario valor y los que estén directamente destinados al ejercicio de su actividad le pertenecen exclusivamente. El régimen de separación de bienes es por tanto un régimen económico matrimonial supletorio, es decir, para el caso de que los cónyuges en aras al principio de autonomía privada no pacten otro distinto. Y es esencial a dicho régimen económico que lo que es de cada uno, es de cada uno y no del otro. Lo expuesto no se contradice con el hecho de que durante el matrimonio los cónyuges adquieran bienes por mitades indivisas o que dispongan de sus bienes o ahorros en cuentas comunes o indistintas, ya que esto no supone crear un patrimonio común del marido y la mujer, sino únicamente la introducción en el régimen de separación de bienes de unas situaciones de copropiedad o de cotitularidad sobre bienes concretos reguladas por tanto por las normas generales de la comunidad de bienes, si bien pueden producirse determinadas situaciones donde los bienes puedan ser de titularidad dudosa. Dado que la aplicación estricta del principio general rector de la separación de bienes contenido en el artículo 38 analizado puede producir consecuencias graves para el cónyuge más perjudicado o menos beneficiado, la ley ha ido introduciendo medios para dulcificar o atenuar la pura separación de bienes, como la compensación económica por razón del trabajo. 21
22 PRINCIPIO DE TITULARIDAD FORMAL El principio de titularidad formal implica que los bienes son de aquél que los adquiere, independientemente que los gastos para su adquisición procedan del cónyuge titular o no titular, es decir, el propietario es el titular registral, sin perjuicio de ostentar un derecho de reembolso de las cantidades aportadas por el cónyuge no titular en evitación del enriquecimiento injusto siempre y cuando se demuestre tanto la verdadera procedencia del dinero como la ausencia de donación. Así pues, en virtud del principio de titularidad formal ha de considerarse propietario del bien al cónyuge que demuestre o pruebe su título de adquisición, o lo que es lo mismo, que fue él quien realizó la adquisición, siendo indiferente la procedencia de los medios empleados en ésta. La aplicación de éste principio en el régimen catalán de separación de bienes conlleva ineludiblemente la inaplicación del principio de subrogación real conforme al cual los bienes serán del cónyuge a quien pertenecía la contraprestación aunque éste no haya participado en el acto de adquisición. 1.-Antecedentes legislativos y normas de derecho intertemporal Como antecedentes legislativos del vigente artículo 39 del Código de Familia de Cataluña Ley 9/98 de 15 julio, cabe destacar primeramente la primitiva presunción muciana regulada antiguamente en el artículo 23 de la Compilación Catalana (texto compilado de 21 de julio de 1960), según la cual si la mujer adquiría bienes durante el matrimonio y no podía justificar la procedencia del precio que se había empleado en la adquisición, se presumía que el precio le había sido donado por el marido. Esta presunción, establecida con carácter unilateral para la esposa, se consideró certeramente inconstitucional por contravenir lo dispuesto en el artículo 14 de nuestra Constitución. El artículo 49.3 del texto de 1984 (Ley 13/1984 de 20 de marzo) introduce primeramente la presunción de comunidad, semejante a la regulada en el artículo 1441 del C.C que establece Los bienes adquiridos por uno de los consortes durante el matrimonio cuya adquisición no se puede justificar se considerará que pertenecen a los dos consortes por mitad; pero si consta su adquisición, se presumirán adquiridos con dinero privativo del adquirente. 22
23 La regulación de 1984 excluye por tanto la antigua presunción muciana e introduce una solución para regular las titularidades dudosas así como el principio de titularidad formal y la exclusión de la subrogación real, dado que otorga una especial preferencia a la adquisición formal ( si consta su adquisición) sobre la procedencia del dinero. No obstante se trata de una presunción Iuris tantum que por tanto admite prueba en contrario. Posteriormente y como antecedente al artículo 39 del Codi de Familia y actual del Codi Civil, la Ley 8/1993, de 30 de septiembre de 1993 regulaba en su artículo 21: En el régimen de separación de bienes son privativos todos los bienes propios de cada uno de los cónyuges al tiempo de celebrarse el matrimonio y los que por cualquier título adquieran después de contraído, sin perjuicio de lo que dispone el capítulo V. En las adquisiciones hechas a título oneroso por uno de los cónyuges durante el matrimonio, si consta la titularidad de los bienes, la contraprestación se entenderá pagada con dinero privativo del adquirente. En el caso que la contraprestación proceda del otro cónyuge, se presumirá donación. En caso de duda sobre la titularidad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, se considerará que pertenecen a los dos cónyuges por mitad. Como podemos observar, la redacción del artículo 21 de la Ley 8/1993 es muy parecida al redactado actual. Con respecto a la regulación de 1984, supone la introducción de la presunción de donación, con la finalidad de evitar al máximo la entrada de factores comunitarios y erradicar el principio de subrogación real del régimen catalán de separación de bienes. Las sucesivas reformas analizadas han suscitado determinados problemas de aplicación de derecho intertemporal, dado que había que atender a la fecha de los hechos para la aplicación de una u otra normativa, llegándose incluso a producir un vacío legal como consecuencia de la inconstitucionalidad sobrevenida del primitivo artículo 49.3 de la Compilación por el que se establecía la referida presunción muciana. Para evitar estos problemas y facilitar la determinación del régimen jurídico aplicable a cada caso concreto, con independencia de cuál sea la fecha de celebración del matrimonio, la disposición transitoria primera de la Ley 9/98 estableció Las disposiciones de este Código contenidas en los títulos I y II se aplican a los matrimonios sea cual sea la fecha de celebración, con excepción del artículo 42 (referido al ejercicio del derecho a la compensación económica por razón de trabajo), que solo se aplica a los casos de separación, nulidad y divorcio que se inicien posteriormente a la entrada en vigor de éste Código. 23
24 2.-El principio de titularidad formal en la actualidad El vigente artículo del Codi Civil, refiriéndose a las adquisiciones onerosas dispone que Los bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio pertenecen al cónyuge que conste como titular. Si se prueba que la contraprestación se pagó con bienes o dinero del otro cónyuge, se presume la donación El redactado de este artículo pone de relieve y consagra definitivamente el principio de titularidad formal que rige plenamente en el derecho catalán y prevalece sobre el principio de subrogación real. Es decir, este artículo establece una doble presunción iuris tantum. Por un lado establece que en caso de que un bien conste a nombre de uno de los cónyuges, el precio o contraprestación se entenderá pagada con dinero del adquirente. Pero además, caso de demostrarse que la contraprestación proceda del otro cónyuge se presumirá la existencia de una donación. A estos efectos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en Sentencia 2/98 de 5 de marzo ( RJ/1998/10049) establece en su apartado sexto La consecuencia que de estas consideraciones se deriva, no puede ser otra que la de entender que en el régimen de separación de bienes propio del Derecho civil de Cataluña no funciona el principio de subrogación real respecto al patrimonio del cónyuge que no consta como titular del bien adquirido, pero que puede ser titular o cotitular de la contraprestación. Esta exclusión de la subrogación real opera como una constante en el régimen de separación de bienes de los cónyuges catalanes. Asimismo la Audiencia Provincial de Girona, Secc. 2ª en Sentencia de 18 de abril de 2007, ROJ 555/2007 siendo Ponente JOAQUIN MIGUEL FERNANDEZ FONT reza en su fundamento segundo: De esta norma, así como de sus precedentes anteriores, se desprende la imposibilidad de aplicar en Cataluña la denominada subrogación real, según la cual el hecho de haber pagado el precio con dinero propio de uno de los adquirentes hace que lo adquirido deba considerarse íntegramente de su propiedad, que es lo que persigue el apelante. Por el contrario, la titularidad del dinero pagado no modifica la del bien adquirido. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha reiterado en múltiples ocasiones que en el régimen de separación de bienes propio del Derecho catalán no rige el principio de subrogación real del cónyuge que, siendo titular de toda o parte de la contraprestación empleada en la adquisición del bien, no consta 24
25 como titular del mismo o lo es tan solo en parte. Esta exclusión se encuentra tanto en el primitivo artículo 23 de la Compilación, que recogía la denominada presunción muciana sobrevenida inconstitucional por la desigualdad que entrañaba entre el marido y la mujer en detrimento de ésta,como en el artículo 49 párrafo tercero, de la Compilación introducido por la reforma operada por la Ley 13/1984 de 20 de marzo, y en el artículo 21 de la propia Compilación tras la reforma producida en dicho texto normativo por la Ley 8/1993 de 30 de septiembre, así como en el actual artículo 39 del Código de Familia. Por ello, las sentencias del Tribunal Superior de 10 de mayo y 19 de octubre de 1993, 31 de enero de 1994, 5 de marzo de 1998 o de 27 de junio de 2002, establecen que en el régimen catalán de separación de bienes rige el principio de adquisición formal y no el de subrogación real. Acreditada la vigencia del principio de titularidad formal en el régimen catalán de separación de bienes se hace necesario analizar los requisitos exigidos para su correcta aplicación: 1. En primer término es imprescindible que se trate de adquisiciones a título oneroso, no comprendiéndose las adquisiciones por otro título como podría ser una donación, y además se exige que se trate de adquisiciones, matiz de vital importancia dado que como analizaremos posteriormente fundamenta la inaplicación del mismo a determinados depósitos bancarios a pesar de figurar la titularidad de los mismos argumentándose que dicha titularidad indistinta de los depósitos bancarios lo único que justifica es la plena disposición de los fondos por parte de los cotitulares pero en absoluto atribuye a los mismos la propiedad del dinero. 2. Que se trate de adquisiciones a título oneroso por uno de los cónyuges durante el matrimonio. Por tanto no será de aplicación a las adquisiciones hechas con anterioridad al matrimonio. En este sentido es destacable la Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida de fecha cuatro de junio de 2009 ROJ SAP L 348/2009 Ponente ANA CRISTINA SAINZ PEREDA, fundamento segundo: En respuesta a estas alegaciones ha de tenerse en cuenta que se trata de un bien adquirido antes de contraer matrimonio y, por tanto, no resulta de aplicación al caso el art. 39 del C.F que regula las adquisiciones hechas a título oneroso por uno de los cónyuges durante el matrimonio, en cuyo caso, si consta la titularidad del bien de que se trate, el precio se entenderá pagado con dinero propio del adquirente, y en el supuesto de que la contraprestación proceda del otro cónyuge se presumirá su donación No estamos en el presente caso ante una adquisición 25