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Timestamp: 2019-05-22 01:52:12
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La niñez y la juventud constituyen dos de los grupos sociales más afectados por la
violencia y la criminalidad en Honduras. Históricamente, se ha prestado poca atención a las política sociales para la niñez y la juventud, a pesar de que el 69% de la
población hondureña es menor de 30 años de edad.
Entornos violentos contiene un análisis de las formas de violencia que afectan a la
juventud; asimismo, una síntesis de las principales respuestas del Estado y de la sociedad civil frente a este problema. Este análisis se basa en estudios previos sobre el
tema y en las percepciones de actores clave que fueron entrevistados o consultados.
Este informe está destinado a las y los tomadores de decisiones, los activistas sociales, las comunidades y las personas preocupadas por el bienestar de la juventud e
interesadas en el campo de la prevención de la violencia y la construcción de paz.
Ana Glenda Tager
Directora Interpeace-Oﬁcina
Regional para América Latina
Directora Regional Programa
Juventud de Interpeace para
Tomás Andino y
Entornos violentos
Contexto en el que crece la juventud en Honduras
Douglas Franco y
Estuardo Choc
/Interpeace
Contexto en el que crece
la juventud hondureña
El Proyecto Poljuve / Honduras se realiza en alianza entre:
La reproducción parcial o total del presente documento está permitida, siempre que se cite la fuente y se respeten
los contenidos y créditos de autoría y edición.
Las opiniones, ideas y puntos de vista expresados en el presente documento, no corresponden necesariamente
con los de la Embajada del Reino de los Países Bajos, la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID y el
Programa Paz, Conﬂicto y Desarrollo de Canadá.
El Proyecto Políticas Públicas para Prevenir la Violencia Juvenil (Poljuve) es
una iniciativa de la Alianza Internacional para la Consolidación de la Paz
(Interpeace); su propósito es apoyar a los Gobiernos y las sociedades de
Centroamérica para prevenir el problema de la violencia con un enfoque
de construcción de paz y a través del desarrollo integral de la juventud. En
Honduras, Poljuve se implementa en alianza con el Centro de Investigación
y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), la Organización Jóvenes
Hondureños Adelante Juntos Avancemos (Jah-Ja) y la Fundación Unidos
· INTERPEACE
Organización internacional de construcción de paz que promueve la investigación social y el dialogo político para ayudar
a países en conﬂicto y post-conﬂicto a construir soluciones no
violentas a sus diferencias. Interpeace trabaja bajo un estatuto especial en sociedad con las Naciones Unidas y tiene programas en África, Europa, Oriente Medio, el Sureste de Asia y
· CIPRODEH
Organización hondureña no gubernamental sin ﬁnes de lucro
que promueve los derechos humanos a través de la investigación social, la educación y la incidencia en políticas públicas.
Ciproceh desarrolla programas a nivel local y nacional orientados a fortalecer nuevos liderazgos, el ejercicio de ciudadanía y
participación en la esfera pública.
· JHA-JA
es una organización no gubernamental que promueve el desarrollo integral de la niñez y la juventud a través de la integración comunitaria, el desarrollo de capacidades, y la generación
de oportunidades para disminuir los niveles de riesgo social en
entornos que generan violencia. El modelo de intervención de
JHA-JA promueve la organización comunitaria e incluye programas para la construcción humana integral, la mediación
integral del conﬂicto, la movilización social de los jóvenes y la
gestión institucional sostenible.
· UNIDOS POR LA VIDA
Fundación no lucrativa integrada por personas interesadas en
aportar soluciones a la creciente violencia que afecta a los jóvenes. La institución une esfuerzos para ofrecer oportunidades
a la juventud en riesgo social o que estuvo vinculada con maras
y pandillas, favoreciendo su reintegración social, mediante la
ejecución coordinada y caliﬁcada de acciones preventivas de la
violencia, y de promoción del desarrollo humano integral en
las comunidades, especialmente dirigidas a la niñez, adolescencia y juventud.
Contexto sociopolítico del país
Situación social de la niñez y la juventud
Participación de jóvenes en hechos violentos
Respuestas del Estado a la violencia relacionada con jóvenes
Respuestas de la sociedad civil
El presente documento contiene un análisis de las distintas formas
de violencia que afectan a la adolescencia y la juventud en Honduras;
asimismo, una síntesis de las principales respuestas del Estado y de la
sociedad civil frente a este problema. Este análisis se basa en estudios
previos sobre el tema, así como en las percepciones de algunos actores
clave que fueron entrevistados o consultados.
El informe fue elaborado en el marco del Programa Juventud para
Centroamérica de la Alianza Internacional para la Consolidación de
la Paz (Interpeace) y de su proyecto Poljuve. El propósito principal
del Programa Juventud es apoyar a los Estados y a la sociedad civil
en el istmo para comprender de mejor manera la naturaleza y las
características de la violencia que afecta a la juventud y, desde esta
mejor comprensión, desarrollar estrategias de prevención de la
violencia con un enfoque integral. Interpeace combina la investigación
social con el diálogo político para formular propuestas de políticas
públicas que permitan prevenir la violencia contra la juventud y evitar
la participación de jóvenes en la comisión de hechos violentos.
Entornos violentos /
Interpeace es una organización internacional de construcción de paz
que trabaja en países en conﬂicto y post conﬂicto; promueve el diálogo
y la investigación social entre actores locales para enfrentar, de manera
más efectiva, los desafíos sociales, económicos y políticos que generan
conﬂictos.
Interpeace trabaja con socios locales en todos los países donde interviene.
En Honduras, el Programa Juventud se realiza en colaboración con la
Fundación Unidos por la Vida, la Asociación Civil Jóvenes Hondureños
Adelante Juntos Avancemos (Jha-Ja) y el Centro de Investigación y
Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).
Desde hace varios años, distintas instituciones estatales y organizaciones
no gubernamentales (ONG) trabajan en el campo de la prevención de
la violencia. Sin embargo, la mayoría de estos esfuerzos se realiza de
manera independiente y, en consecuencia, existen muy pocos espacios
de coordinación intersectorial que permitan compartir las experiencias y
conocimientos sobre el tema, formular estrategias y coordinar líneas de
acción. En este sentido, el propósito del Programa Juventud de Interpeace
es llenar este vacío y facilitar un espacio de intercambio entre diferentes
sectores sociales para debatir y alcanzar consensos sobre la manera de
enfrentar apropiadamente dicho problema.
El Programa Juventud cuenta con un componente regional, que promueve
el desarrollo de estrategias a nivel centroamericano; esto lo hace a través
de procurar incidencia en el Sistema de la Integración Centroamericana
(Sica). El Programa ha ofrecido apoyo técnico a la Comisión Regional de
Prevención Social de la Violencia y a la Unidad de Seguridad Democrática
del Sica. Estos espacios son estratégicos debido a la participación de los
representantes de los Gobiernos centroamericanos (miembros del Sica) y,
particularmente, de sus ministros de Gobernación y Seguridad.
14 / Entornos violentos
Este informe está destinado a las y los tomadores de decisiones,
los activistas de la sociedad civil, las comunidades y las personas
preocupadas por el bienestar de la juventud e interesadas en el campo
de la prevención de la violencia. En este sentido, su propósito es motivar
a diferentes actores sociales a conversar sobre el tema, compartir
sus conocimientos y experiencias y trabajar juntos en la búsqueda
e implementación de soluciones a un problema que genera enorme
preocupación social.
El informe está organizado en seis capítulos: el primero describe el contexto
social y político de Honduras. El segundo examina la situación social y
económica de la niñez y la juventud. El tercero analiza la violencia que se
ejerce contra la juventud. El cuarto describe la participación de jóvenes
en la comisión de hechos violentos. El quinto abarca las respuestas del
Estado a la violencia. Y el sexto, las respuestas e iniciativas de la sociedad
civil con relación a este tema. Al ﬁnal del documento se presenta una
serie de conclusiones relevantes sobre el contenido del documento.
Desde hace algunos años, Honduras enfrenta un acelerado crecimiento de
violencia y criminalidad de gran preocupación social. Según cifras oﬁciales, el
país presenta una tasa de 66.8 homicidios por cada cien mil habitantes, lo cual
rebasa el promedio que ocurre en otros países de Latinoamérica, que es de 25
(Observatorio de la Violencia, 2010). Esta situación, asociada con múltiples
factores históricos, políticos y sociales, hace de la violencia un medio utilizado
por muchos sectores y actores sociales para mantener o ganar poder, resolver
conﬂictos, beneﬁciarse económicamente o cometer ilícitos.
En términos generales, las autoridades atribuyen el crecimiento de la violencia y
la criminalidad a la expansión del crimen organizado, el tráﬁco de droga, armas
y personas hacia los Estados Unidos, así como a las actividades de las maras y
pandillas juveniles. Sin embargo, es difícil establecer con certeza el origen de
los actos violentos y criminales debido a que las autoridades no investigan ni
esclarecen los hechos, quedando la mayoría de éstos impunes.
La niñez y la juventud constituyen dos de los grupos sociales más afectados
por la violencia y la criminalidad; ambos se ven envueltos en esta situación,
particularmente quienes viven en condiciones de abandono por parte
del Estado y se encuentran en vulnerabilidad social. Históricamente,
este segmento poblacional ha sido excluido de las políticas sociales y la
participación ciudadana, a pesar de que el 69% de la población hondureña es
menor de 30 años de edad (INE, 2008).
Para comprender las circunstancias y el impacto de la violencia sobre la
juventud, es importante examinar el problema en dos dimensiones: la
violencia contra la juventud y la participación de jóvenes en hechos violentos.
La violencia contra la juventud no se limita a ataques físicos, verbales y
psicológicos contra jóvenes, sino que alcanza dimensiones más amplias. Según
Johan Galtung (1991), la violencia también puede ser estructural y cultural.
La violencia estructural corresponde a la forma en que está organizada una
sociedad y cómo sistemáticamente margina e incluso elimina en forma
lenta a la niñez y la juventud al no ofrecerles posibilidades de alimentación,
vivienda, educación, salud, empleo, seguridad, participación, etc. La violencia
estructural es, fundamentalmente, negación de oportunidades; se maniﬁesta
a través de la exclusión social, la desigualdad socioeconómica, el racismo, el
sexismo, la homofobia y cualquier otra forma de discriminación.
La violencia cultural se reﬁere a la imposición y reproducción de un sistema de
pensamientos y percepciones que mantienen un orden social de desigualdades
en las relaciones de poder entre diferentes grupos (Bourdieu, 1977). En el
caso de los jóvenes, por ejemplo, la violencia simbólica opera a través de
un conjunto de estereotipos y estigmas sociales que se reproducen en el
imaginario público. A los jóvenes de sectores marginalizados se les señala de
«delincuentes», «peligrosos», «violentos» y otros caliﬁcativos despectivos.
Estos estereotipos se reproducen a través de los medios de comunicación, los
discursos políticos, la religión y otros mecanismos de expresión cultural.
Con relación a la participación de jóvenes en hechos violentos, en los últimos
años se ha prestado mayor atención a las actividades de las maras y pandillas,
las barras deportivas, la violencia en los centros educativos, la violencia
intrafamiliar, la delincuencia común y la participación de jóvenes en el crimen
organizado. Sin embargo, se ha prestado poca atención a las motivaciones de
la juventud para participar en este tipo de agrupaciones y las circunstancias
que llevan a la juventud a actuar violentamente. Para comprender estos
fenómenos es importante examinar la realidad y los desafíos que enfrenta
18 / Entornos violentos
este segmento poblacional, sus formas de organización y expresión cultural;
asimismo, es preciso entender los sistemas y fuerzas que colocan a esta
población en una situación violenta.
En términos generales, las autoridades hondureñas han implementado
estrategias reactivas para responder a la violencia y la criminalidad relacionadas
con la juventud. Estas medidas incluyen, entre otras, detenciones masivas
de jóvenes, porque se presume pertenecen a maras y pandillas, así como la
imposición de sentencias drásticas de prisión (WOLA, 2006). También, se
conocen casos de ejecuciones extrajudiciales de niños y jóvenes y se observan
prácticas de «limpieza social» por parte de grupos vinculados con las fuerzas
de seguridad del Estado (Casa Alianza, 2010).
Los Gobiernos han prestado poca atención a la comprensión y solución de
las causas estructurales del problema; tampoco han promovido medidas
preventivas. Todo ello, a pesar de que las estrategias reactivas demuestran
ser ineﬁcientes para detener la violencia en el país y, en muchas ocasiones,
se cometen violaciones a los derechos humanos que ponen en riesgo la
construcción del Estado democrático de derecho.
En este informe se describe brevemente cómo la violencia impacta a la
juventud en dos dimensiones: como víctimas y como ofensores. Asimismo, se
examinan las circunstancias que colocan a esta población en dicha situación.
En el informe también se presenta un análisis de las principales respuestas
del Estado y organizaciones de la sociedad civil al problema y se aboga por
un enfoque integral de prevención para abordar el fenómeno de la violencia
relacionada con la adolescencia y la juventud.
El golpe de Estado de junio de 2009
Situación en materia de derechos humanos
Incremento de la violencia social
Honduras enfrenta una de las situaciones de pobreza y desigualdad más agudas
de América Latina. El 59.2% de la población vive bajo la línea de pobreza y el
36.2% bajo la línea de extrema pobreza. Según cifras oﬁciales, el 29.3% de la población sobrevive con un ingreso diario de un dólar o menos, especialmente en el
área rural, donde el porcentaje de esta indigencia se eleva al 45.9% (INE, 2008).
El Índice de Gini es de 0.580, solamente superado por Colombia, Guatemala y Brasil.
Esto signiﬁca que el 10% más rico del país percibe el 42.2% del ingreso total, mientras
el 10% más pobre percibe solamente el 0.9% del ingreso (PNUD, 2004). Los estudios indican que las reformas económicas neoliberales, iniciadas en los años noventa
del siglo XX, han incrementado los niveles de desigualdad. Entre dichas medidas se
incluyen la disminución del gasto público, la imposición de nuevos tributos, la privatización de servicios, la reducción de programas sociales, entre otras (PNUD, 2006).
Dentro de los grupos más pobres y golpeados por la desigualdad destacan la niñez
y la juventud, los grupos indígenas y afro-hondureños, las mujeres, las personas de
la tercera edad y quienes se encuentran discapacitados.
La situación de pobreza también se ha incrementado debido a los constantes desastres naturales que ha sufrido el país; entre ellos, uno de los que tuvo mayor impacto fue el huracán Mitch, en 1998, el cual destruyó entre el 70 y el 80% de la
infraestructura vial del país; arrasó con más de 30,000 casas y dañó unas 50,000;
provocó la muerte de más de seis mil personas, y se estima que un millón y medio
de personas sufrieron pérdidas materiales (BID, 2004). Desde entonces el país ha
quedado susceptible a sufrir emergencias por inundaciones, lo cual agudiza las condiciones de vulnerabilidad de la población.
Después del huracán Mitch, muchos jóvenes ingresaron a las pandillas o se incorporaron al trabajo en la calle, como consecuencia de la agudización de las condiciones de pobreza. Por ejemplo, las niñas y los niños trabajadores pasaron de
100,213 a 142,170, lo cual representa un incremento del 42% (Ipec-Unicef, 2001);
22 / Entornos violentos
y se estima que entre 1998 y 2005 salió del
país el 61.4% del total de emigrantes que
se encuentran fuera de Honduras (PNUD,
Con relación a la institucionalidad, el Estado
hondureño es muy débil. La historia del país
está marcada por múltiples episodios de autoritarismo y arbitrariedad por parte de las
Fuerzas Armadas y la élite política. Muestra
de ello es que en los últimos 56 años Honduras fue gobernada durante dieciocho años
por dictaduras militares (1956-1958, 19631971, 1972-1980); hubo dos golpes de barracas
contra jefes de Estado militares (1975 y 1978)
y cuatro golpes de Estado contra gobiernos
democráticamente electos (1954, 1963, 1972
La fragilidad institucional, sin embargo, no
se limita a los momentos de crisis política:
constantemente la ciudadanía se queja de
arbitrariedad, negligencia, autoritarismo,
corrupción, impunidad e irrespeto por parte
de las instituciones del Estado. Existen limitados mecanismos de participación ciudadana y predomina una cultura política proclive al caudillismo y el clientelismo. También
persisten grupos de poder fáctico integrados
por empresarios y políticos que determinan
el rumbo del país tras los poderes formales.1
Sobre grupos de poder fáctico en Honduras y Centroamérica, véanse: Salomón et ál., 2006. Hondu-
EL GOLPE DE ESTADO DE JUNIO
El golpe de Estado de junio de 2009 provocó
una profunda fractura en la sociedad hondureña.2 Durante el régimen de facto instalado en julio de ese mismo año y que duró
hasta enero de 2010, resultó prácticamente imposible promover procesos de diálogo
entre el Gobierno y la sociedad civil, como
era relativamente fácil hacerlo en el pasado. Después del proceso electoral del 27
de noviembre de 2009 y de la asunción de
Porﬁrio Lobo Sosa como presidente de Honduras, el conﬂicto menguó un poco, aunque
no lo suﬁciente como para superar la mutua
desconﬁanza entre el Estado y el sector de
la sociedad civil que se opuso al golpe militar del 28 de junio de 2009. Ejemplo de lo
anterior es que varios sectores sociales no
participaron en el «Diálogo Nacional» convocado por Porﬁrio Lobo en 2010.
ras: poderes fácticos y sistema político, Tegucigalpa:
Cedoh. Segovia, A., 2007. ¿Quién tiene el poder en
América Central? Versión resumida y editada por
Envío Digital núm. 298. Fundación Friedrich Ebert.
La caliﬁcación de golpe de Estado a los hechos ocurridos el 28 de junio de 2009 es admitida unánimemente por la comunidad internacional. Véanse las
Resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria de la OEA de julio de 2009 y la Resolución de
la LXV Asamblea de la ONU sobre el caso de Honduras. Además, el presidente Porﬁrio Lobo Sosa,
en la Cumbre Iberoamericana de mayo de 2010, lo
reconoció así al decir «Pónganlo como quieran, pero
lo que hubo fue golpe de Estado» (Diario Tiempo, 22
de mayo de 2010).
Desde la Huelga General de 1954, los sectores sociales vulnerables han encontrado
en la auto-organización, en la protesta pública y en las medidas de presión, métodos
con los que históricamente han presionado
al Estado para que tome en cuenta sus demandas, aunque sea parcialmente.
Esta división social puede estimular importantes cambios para que el país reencuentre la estabilidad política perdida con la
asonada político-militar de junio de 2009
y recupere la conﬁanza para que germinen
procesos de diálogo entre el Estado y la sociedad civil.
En los últimos diez años se desarrolló en
Honduras un importante movimiento popular que se forjó contra las medidas neoliberales de privatización de los servicios
públicos, iniciadas en la década de 1990.
En la coyuntura del golpe de Estado del
28 de junio de 2009, ese movimiento dio
un salto cualitativo al convertirse en un
fuerte movimiento socio político apoyado por un amplio grupo de organizaciones
sociales y ciudadanos que demandaron el
retorno al orden constitucional. Ese movimiento se aglutina en el Frente Nacional
de Resistencia Popular (FNRP), que se conoce como La Resistencia. Este movimiento plantea la transformación del país a
través del mecanismo extraordinario de la
SITUACIÓN EN MATERIA
Otro grupo de la población, organizado en
la Unión Cívica por la Democracia (UCD), ha
negado la existencia de la ruptura constitucional y aboga por conservar el sistema socio político vigente.
24 / Entornos violentos
En el campo de los derechos humanos, el Estado ha dado importantes avances formales
en los últimos años al suscribir los principales instrumentos internacionales en la materia, incluyendo los convenios internacionales
sobre derechos de la niñez y la juventud. Sin
embargo, en la práctica, por acción y omisión, el Estado parece no tomar con seriedad
el cumplimiento de la mayoría de esos instrumentos. De hecho, el modelo económico
y social excluyente, la ineﬁciencia burocrática estatal y la corrupción predominante,
son fuentes de constantes violaciones a los
derechos humanos, pues limitan el acceso de
la población a los servicios sociales básicos,
como el agua, la alimentación, la salud, la
educación, el trabajo, entre otros.
Luego del golpe de Estado se incrementaron las violaciones a los derechos humanos,
particularmente la represión estatal contra
movimientos sociales pacíﬁcos y la eliminación física de personas. Todos estos hechos,
perpetrados con la complicidad o participación de agentes del Estado. La represión injustiﬁcada contra ciudadanos y ciudadanas,
por razón de manifestarse pacíﬁcamente o
por identiﬁcarse con la oposición al régimen
de facto, no es una práctica nueva, pero en
la coyuntura del golpe de Estado de 2009 alcanzó dimensiones extraordinarias. Implicó
graves violaciones a los derechos humanos,
como lo señala el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009.
El Estado de Honduras ha sido condenado
dos veces por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos por prácticas de eliminación de personas marginalizadas y,
sin embargo, esta práctica continúa. Casa
Alianza (2010) registra más de 5,547 asesinatos de jóvenes entre 1998 y 2010; muchos
de estos crímenes han sido cometidos contra presuntos miembros de maras y pandillas y se han dado de manera sistemática e
impune por grupos de «desconocidos». De
igual manera, fueron asesinados jóvenes,
líderes de grupos étnicos, ambientalistas,
campesinos, miembros de sindicatos y, recientemente, miembros de La Resistencia,
sin que el sistema de justicia investigue y resuelva dichos casos.
Lo más grave es que dicha práctica ha contado con la apatía o complicidad de agentes
de las fuerzas de seguridad del Estado e, incluso, la impunidad de un ineﬁciente sistema judicial.
INCREMENTO DE LA VIOLENCIA
En los últimos años han aumentado los
índices de violencia en el país. El índice de
homicidios por cada cien mil habitantes
ha crecido de manera sostenida; en 2004
fue de 45.9 h/cmh; en 2007, la tasa subió
a 49.9 h/cmh; en 2008 llegó a 57.9 h/cmh
y, en 2009, alcanzó la cifra de 66.8 h/cmh.
En promedio mueren diariamente 14 hondureños y hondureñas de forma violenta, el
93% de las víctimas son hombres y la mayor
parte de crímenes se cometen con armas de
fuego (Observatorio de la Violencia, 2010).
De igual manera, en 2009 las lesiones físicas
aumentaron en un 27.2%. De 13,227 casos registrados dicho año, el 66.8% corresponde a
lesiones interpersonales; el 16.8% a delitos
sexuales; el 9.3% a agresiones contra mujeres; el 2.4% a niños(as) maltratados(as) y un
4.7% a la categoría «otros» (Observatorio
de la Violencia, 2010).
En cuanto a violencia social, destacan tres
tendencias. La primera es el repunte del sicariato. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (Unah, 2010), la muerte por encargo o sicariato fue la modalidad más común
de homicidio, con el 36% de los casos. Los
móviles pueden deberse a ajusticiamientos
del crimen organizado, venganzas personales y actividad de grupos para-policiales. La
segunda tendencia corresponde a los suicidios, que pasaron de 316 casos, en 2008, a
422 el año siguiente; es decir, se marca un
incremento del 33.5%.
Este tipo de muertes se presenta más en los
varones (77%). La tercera es el incremento
de la violencia contra las mujeres, la cual
pasó de 851 casos, en 2008, a 1234 en 2009
(45% de incremento), siendo los victimarios
personas del círculo cercano o parejas, en el
49% de los casos (Observatorio de la Violencia, 2010).
Al igual que en otros países de América Latina, la delincuencia en Honduras se ha convertido en uno de los problemas sociales
percibidos como más apremiantes. En una
encuesta de opinión de 2007, el 61% de la
población consideraba que la violencia y la
criminalidad habían aumentado en el país
y el 76% consideraba que la policía tenía
alguna vinculación con bandas crimina26 / Entornos violentos
les. Ello incrementa la percepción de inseguridad debido a que las personas tienen la
sensación de que nadie las puede defender
frente a la delincuencia (CID-Gallup, 2007).
de la niñez y la juventud
Situación en materia de salud
Según el Instituto Nacional de Estadística (2009), el 49% del total de la población
de Honduras es menor de 18 años y el 38% se encuentra entre las edades de 12 a
30 años, etapa de la vida que, según la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la
Juventud de Honduras (Decreto 260-2005), representa el período de la juventud.
Este capítulo describe brevemente las condiciones en que vive la juventud hondureña con relación a la salud, educación, empleo y migración.
En los últimos veinte años se produjeron avances signiﬁcativos en algunos indicadores de salud relacionados con la niñez y la juventud. El principal logro fue la disminución de la tasa de mortalidad infantil, la cual bajó de 39 por cada mil nacidos
vivos, en 1991, a 27, en 2009 (OPS, 2010). Este avance se debe, en buena medida, a
una mayor cobertura de la atención primaria en salud, incluidas las vacunaciones.
Pese a esta mejora, subsiste una precaria calidad de vida de la niñez. La desnutrición sigue en niveles graves: el 26.2% de las y los niños menores de cinco años
la padece en forma crónica. En el área rural, la cifra se eleva al 34.8%. Si bien es
cierto que este ﬂagelo se ha reducido un 13.6% de 1987 a 2004, los datos evidencian que su tasa de reducción promedio es apenas de 0.76% por año (Coiproden,
2005). Por otro lado, cerca de 400,000 niñas y niños menores de 10 años trabajan
en labores de riesgo y alto riesgo para su salud y bienestar sicológico y físico.
En el campo de las adicciones, cada vez es más frecuente el consumo de drogas
por parte de los jóvenes. Investigaciones del Instituto Hondureño de Alcoholismo,
Drogadicción y Fármaco Dependencia (IHDFA) han demostrado que la droga más
común entre adultos y jóvenes en Honduras es el alcohol, seguida del tabaco y pastillas para no dormir, marihuana y cocaína (ACJ, 2005). Como si esto no fuera suﬁciente, el negocio de la droga involucra a muchos jóvenes en el circuito de la violencia, dada la competencia entre grupos por dominar el mercado de este producto.
30 / Entornos violentos
Después de la violencia, la segunda causa de
mortalidad juvenil es el VIH/sida. Honduras
es el país con más casos de VIH y sida registrados en Centroamérica. Según cifras oﬁciales, reporta el 50% de los casos de VIH/
sida en la región. El Ministerio de Salud señala que, hasta diciembre de 2005, Honduras registraba 22,366 personas viviendo con
el VIH a nivel nacional; de esa cifra, el 58.2%
está constituido por hombres y el 41.8%,
por mujeres. Se estima que el número de
personas portadoras sin registrar podría ascender a 61,000. La prevalencia aumentó,
de 1.8 en 2003, a 2.0 en 2004. El 85% de las
personas que conviven con esta enfermedad se encuentra en el grupo de edad económicamente productivo (15-49), siendo la
relación de casos hombre-mujer de casi 1:1
(cuando en los años 90 fue de 2:1); esto indica una mayor feminización de la epidemia
(Onusida, 2004).
Datos de 2001 muestran que el 38.5% de
las adolescentes mujeres y el 48.7% de
los varones han tenido relaciones sexuales antes de los 19 años. En números absolutos, los partos en adolescentes aumentaron en un 50% entre 1987 y 2001.
Por lo anterior, no es casual que un total
de 287,104 jóvenes sean jefes de hogar, el
53% de ellos, mujeres. En otras palabras,
el 10.3% de los hogares hondureños tiene
como responsable a un/a joven (INE, 2006).
Con relación a la educación, se ha ampliado la cobertura escolar casi a la totalidad,
con un 96% en el nivel primario. Sin embargo, el 40% de los niños de Honduras, entre
7 y 14 años de edad, ha experimentado una
de las tres barreras para el desarrollo normal dentro del sistema educativo: ingreso
tardío, abandono escolar y no progreso de
grado (Coiproden, 2005). En cuanto a los
adolescentes y jóvenes, la situación es aún
más difícil porque para este segmento poblacional el Estado no tiene el mismo nivel
de atención que en el nivel primario.
Las condiciones son más precarias para los
jóvenes del área rural. Más de la mitad de
las y los jóvenes (52%) habita en las áreas
rurales; el resto se distribuye en las ciudades. En las áreas urbanas existe un 9.5% de
analfabetismo; en las áreas rurales el analfabetismo llega a 26.5% (PNUD, 2006). En
el caso de la población de 15 a 24 años, el
7.8% es analfabeta; en el área rural, este
porcentaje es del 12% (Casa Alianza, 2008).
La cobertura del tercer ciclo de educación básica es de 39% y la de educación media es de
22.7%. El 61% de los jóvenes no asiste a ningún centro educativo; el 27.7% lo hace por razones laborales, mientras que el 8% por falta
de recursos económicos. La asistencia a cenEntornos violentos /
tros educativos decae en forma importante
de acuerdo con la edad. Entre los 12 y los 14
años asiste a centros educativos el 79.9% de
los jóvenes; entre 15 a 19 años, el 46.2%, y entre 20 a 24 años, el 19.4%. De ellos, el 11.1% se
encuentra repitiendo el año escolar. Sólo un
36.4% de los jóvenes concluye la educación
secundaria y, si bien el 15.3% ingresa a la educación superior, ﬁnaliza la carrera solo un 4%
(Casa Alianza, 2008).
Las cifras oﬁciales indican que en 2006 había, en el rango de edad entre 15 y 18 años,
278,461 niños empleados con un ingreso
mensual promedio de apenas Lps. 1739.00
(equivalente a 92.00 dólares). Las cifras
también señalan la existencia de 157,329
desempleados o subempleados. En el rango de los 19 a 24 años había 457,111 jóvenes
empleados con un ingreso mensual promedio de Lps. 3208.00 (equivalente a 170.00
dólares), así como 225,888 desempleados.
Por otro lado, solo considerando a los menores de 18 años de edad, había en ese año
400,069 que compartían el estudio con el
trabajo, o que sólo trabajaban. Esto signiﬁca que 466,911 ni estudiaban, ni trabajaban
(INE, 2006). Es decir, existe un amplio sector de la juventud que no encuentra posibilidades de tener un ingreso ni siquiera equiva32 / Entornos violentos
lente al salario mínimo, equivalente a unos
290.00 dólares (Andino, 2008a).
Ante la ausencia de oportunidades de sobrevivencia y desarrollo humano, cerca de
80 mil jóvenes migran al exterior año con
año, en especial hacia los Estados Unidos.
Esto constituye una fuga de fuerza de trabajo y de cerebros que, a largo plazo, perjudica al país. Los jóvenes están involucrados
en migraciones internas e internacionales,
siendo los destinos externos preferidos Estados Unidos (para un 42.8% de varones y
un 31.6% de mujeres), Guatemala, El Salvador y Nicaragua. El 60% de las personas que
emigran se encuentra en las edades de entre 20 y 34 años. Los migrantes hondureños
aportan al país alrededor de 2300 millones
de dólares en remesas (Casa Alianza, 2008).
Como resultado, las sucesivas generaciones
de niños y niñas crecen en las comunidades en semi-abandono afectivo y material,
quedando al cuidado de madres o padres
solteros(as), o de abuelas. Esta situación los
deja en alta vulnerabilidad. En muchos casos, la niñez y la juventud crecen en hogares
disfuncionales y con grandes limitaciones
Otro problema serio lo representan las deportaciones; en efecto, muchos jóvenes son
deportados al país y a su regreso no reciben
ningún tipo de apoyo por parte del Estado
de Honduras. Existen pocas organizaciones
que ofrecen atención a personas deportadas; el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) es una de ellas.
34 / Entornos violentos
Ejecuciones arbitrarias de jóvenes
Violencia cometida por agentes del Estado
La creciente ola de violencia y criminalidad que enfrenta Honduras afecta a un
gran segmento de la adolescencia y la juventud, particularmente a quienes viven en condiciones de marginalidad y riesgo social. En este capítulo se analizan
tres tendencias de violencia que afectan a la juventud: la violencia intrafamiliar,
la violencia criminal y la violencia estatal (es decir, la violencia en la que participan funcionarios públicos). Este último tipo de violencia es sumamente grave
pues se trata de violaciones a los derechos humanos contra la juventud; por ello
se considera que el Estado debe prestar mayor atención para sancionar a los
responsables y prevenir este tipo de violaciones.
Según el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, en
Honduras se reportan anualmente más de 4,000 denuncias de casos de maltrato
y abuso infantil. El 50% de esas denuncias se reﬁere a acciones cometidas por
familiares y las víctimas tienen edades comprendidas entre tres y doce años. Los
delitos de mayor incidencia en el hogar son la violación sexual, el maltrato físico
y el homicidio. Pese a su gravedad, este tipo de violencia es poco denunciada; de
tal cuenta, se estima que existe un sub-registro de casos.
Como consecuencia de esta modalidad de violencia, se reporta que entre enero
y junio de 2010, el 1.4% de las muertes violentas acaecidas fue consecuencia de
la violencia intrafamiliar (Observatorio de la Violencia, 2010). El mismo informe
también reporta que en el 84.6% de los casos reportados, los agresores fueron
padres y madres (Ídem.).
El problema de la violencia intrafamiliar evidencia una tendencia al aumento en
los últimos años. En 2008, la Fiscalía Especial de la Mujer recibió 3000 denuncias
en todo el año, mientras que en 2009 recibió un promedio de 300 denuncias mensuales.3
36 / Entornos violentos
«Violencia doméstica sigue en ascenso en Honduras», La Prensa, entrevista a Claudia Calderón,4 de
Los índices de violencia criminal son alarmantes. La proporción de homicidios aumentó de
48.73%, en 2004, a 64.57%, en 2009. El siguiente gráﬁco ilustra la espiral de violencia:
Muertes totales y homicidios en Honduras, por año
Fuente: elaboración propia, con base en informes del Observatorio de Violencia de la Unah.
Esta escalada de violencia está afectando principalmente a los jóvenes. Del total de muertes violenta ocurridas en 2009, se estima que el 49% de las víctimas eran joven, en edades
comprendidas entre los 15 a 30 años (Observatorio de la Violencia, 2010). Honduras ocupa
el tercer lugar de países con altos índices de muertes violentas de adolescentes (homicidios, suicidios y accidentes), después de El Salvador y Colombia (Casa Alianza, 2008).
El 91% de las víctimas jóvenes corresponde a hombres; los principales delitos contra la vida
son el asesinato y el sicariato, como puede verse en el siguiente gráﬁco:
Fuente: Observatorio de la Violencia, Unah, Boletín 2010.
Según la Policía, las muertes por sicariato generalmente están asociadas con la actividad
del crimen organizado, en sus diferentes modalidades.4 La evidencia empírica respalda,
en buena medida, esa tesis, pero en algunos casos también existe indicios de que en el
La Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) asegura que al menos un centenar de
los asesinatos cometidos en 2008 es responsabilidad de sicarios contratados por el crimen organizado. Según el jefe de esa institución, Francisco Murillo, el auge de bandas delictivas ha
incidido en el repunte de la violencia en el país, donde un asesino a sueldo cobra más de 20
mil lempiras (aproximadamente mil dólares), en dependencia del tipo de crimen. La droga, el
robo de vehículos y de ganado, así como el tráﬁco de ilegales constituyen, con frecuencia, los
móviles de los homicidios. (Radio Primerísima, 2008. Crimen organizado, responsable de violencia en Honduras. 28 de abril de 2008, disponible en: http://www.radiolaprimerisima.com/
noticias/28603).
38 / Entornos violentos
sicariato participan agentes de seguridad
del Estado, en complicidad con bandas del
VIOLENCIA DEL CRIMEN
Las actividades del crimen organizado se
han expandido signiﬁcativamente en los
últimos años. Un estudio realizado por la
Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ, 2006)
señala que la violencia relacionada con el
crimen organizado y el narcotráﬁco está
creciendo rápidamente en muchas regiones
del país. Los siguientes son parte de los hallazgos de dicho estudio:
En esta región se ubica el departamento
de Copán, que presentó en 2007 los más
altos índices de violencia homicida del
país. El estudio de la ACJ señala como los
municipios más violentos a La Entrada,
Corquín, San Pedro de Copán, San José de
las Palmas, El Portillo y Cartagua, debido
a rencillas familiares; San Andrés Minas,
Santa Rosa y La Entrada, por problemas
con las drogas. En Ocotepeque también
hay municipios con problemas ocasionados por las drogas. Todos estos municipios son fronterizos con Guatemala, por
donde se da el trasiego de estupefacientes
con destino a México, y de ahí hacia los Estados Unidos y Europa.
[…] los distintos actores consultados coinciden en lo siguiente: Que
la violencia grave es rural, y que
está relacionada con la portación
de armas, uso de drogas, especialmente donde el alcohol ha sido
prohibido, y la coincidencia de las
muertes con eventos sociales como
las ferias y ﬁestas nacionales […] La
combinación de elementos como la
pobreza y el desempleo rural, con la
abundante oferta de armas, el alcohol y el tráﬁco de drogas, generan
situaciones explosivas de violencia
intrafamiliar y social que producen
cuadros de violencia extrema en
determinadas épocas donde el consumo de estos estimulantes se exacerba, siendo ineﬁcaces los controles establecidos con su prohibición.
(ACJ, 2006).
La región del Valle de Sula y Santa Bárbara presentan la mayor incidencia de violencia homicida del país. Esto incluye los
municipios de San Pedro Sula, Choloma,
El Progreso, La Lima y Puerto Cortés. En el
pasado esta región tuvo alta presencia de
pandillas juveniles y, aunque estos grupos
siguen siendo fuertes, ahora predominan
los intereses del narcotráﬁco.
Según la organización Jha-Ja, se ha fortalecido el tráﬁco de drogas en esa región:
[…] antes se hacía en puntos especíﬁcos, ahora, además de utilizar niños
para que hagan esta tarea, la realizan en cualquier lugar público de la
ciudad y para transportarla al interior del país. (Op. cit.).
Muchas diferencias entre narcotraﬁcantes
se resuelven utilizando a los jóvenes para
asesinar, transportar drogas y vigilar operaciones criminales. El narcotráﬁco es tan
fuerte que las autoridades interesadas en
detenerlo se sienten impotentes. En efecto,
según un funcionario público:
Los menores de antes, adultos de hoy,
son los líderes distribuidores de drogas, de la prostitución y son los que
están utilizando niños y niñas para
sus fechorías. Éstos consiguen jóvenes (chicos y chicas) para el tráﬁco de
drogas y la prostitución, aquellos hacen esto cumpliendo línea del crimen
organizado y de la misma policía. Los
muchachos ya involucrados dan a sus
hermanitas y hermanitos, otros familiares y amistades a los líderes del cri40 / Entornos violentos
men. (Entrevista con el ex regidor del
municipio de Choloma).
Reﬁriéndose a los barrios de San Pedro
Sula, Cortés, una investigación del diario La
Prensa, aﬁrma:
La facilidad con la que operan los traﬁcantes de droga ha hecho que el narcomenudeo aumente en el sector de tal
forma que la cocaína es vendida abiertamente a horas del día. Se estima que
en San Pedro Sula se comercializan un
mínimo de 300 kilos de cocaína mensuales… Esto signiﬁca que el narcotráﬁco mueve un promedio de 30 millones de lempiras al mes. (La Prensa, 13
de enero de 2004).
Región del litoral Atlántico
En esta región, la violencia se concentra
principalmente en La Ceiba y Tela y, en menor grado, en Olanchito y Tocoa. Expertos
de la Dirección de Lucha contra el Narcotráﬁco coinciden en que el puerto de La Ceiba
se ha convertido en una de las ciudades con
mayores facilidades para que los narcotraﬁcantes operen; el lugar reúne condiciones
geográﬁcas y económicas propicias para
este negocio, en sus modalidades terrestre,
marítima y aérea. La Ceiba es una ciudad turística y de buen desarrollo económico; tiene proximidad con las Islas de la Bahía, cen-
tro turístico con alta circulación de dólares
y punto de contacto con la zona oriental y
occidental del país; tiene muchas tierras aptas para el aterrizaje de avionetas; además,
un aeropuerto internacional y un buen muelle de cabotaje.
En esa región, las modalidades más frecuentes de violencia de los jóvenes y contra los
jóvenes son: el consumo y venta de drogas,
el sicariato, asesinatos y homicidios, robos y
hurtos a personas y viviendas, así como violaciones y abusos sexuales.
en las calles, consumo y tráﬁco de drogas,
prostitución infantil y violencia contra menores en riesgo social.
En muchos casos, los homicidios contra niños y jóvenes son perpetrados por bandas
del crimen organizado y grupos de adultos
que se organizan para exterminar a jóvenes
marginalizados. En múltiples ocasiones, estos grupos cuentan con la colaboración o
EJECUCIONES ARBITRARIAS DE
Al igual que en la Región Norte, en la Centro-Sur-Oriente se dan los mayores niveles
de muertes arbitrarias. Tegucigalpa ocupa el
primer lugar en el asesinato de jóvenes de
toda la nación. Eso se debe, en parte, a que
en muchos barrios de Tegucigalpa crecieron
rápidamente las pandillas y se concentró la
actividad de los escuadrones de la muerte.
Pero esa realidad ha cambiado para el caso
del Distrito Central. Las pandillas casi han
desaparecido tras la dura persecución de los
años 2002-2004 y, en su lugar, han surgido
grupos de delincuencia común y bandas de
crimen organizado, principalmente en los
barrios marginales. Los entrevistados por
el estudio de la ACJ coinciden en señalar
que los delitos más comunes son los robos
Una modalidad particular de violencia homicida contra la juventud consiste en ejecuciones de jóvenes a manos de grupos de
exterminio, conocidas como ejecuciones arbitrarias. Casa Alianza, que lleva un minucioso
registro de las muertes arbitrarias cometidas
contra jóvenes menores de 23 años de edad,
indica que los jóvenes vinculados con pandillas juveniles son el blanco principal de este
tipo de crímenes. Reporta que, entre 1998 y
junio de 2010, fueron asesinados(as) un total
de 5547 jóvenes; los que mueren en la actualidad, a razón de tres jóvenes diarios son, en
su mayoría, presuntos miembros o simpatizantes de pandillas, o víctimas de ajustes de
cuentas con terceros. De ellos, aproximadamente el 31% era menores de 18 años de
edad (Casa Alianza, 2010).
NIÑEZ Y JUVENTUD VÍCTIMAS DE EJECUCIONES ARBITRARIAS
Fuente: Plataforma de Derechos Humanos de la Niñez y la Juventud (2010). Informe de violaciones más graves a los
derechos humanos de niños, niñas y jóvenes provocadas o toleradas por el Estado.
Como puede verse en el gráﬁco 3, hasta el año 2000 el fenómeno del exterminio de personas afectó principalmente a niños y niñas, pero desde 2001 fue creciendo la proporción de
jóvenes víctimas, hasta alcanzar niveles extremos en el año 2009.
42 / Entornos violentos
Este tipo de crímenes son cometidos generalmente por grupos de exterminio bien organizados, según señala Casa Alianza (2010):
Las ejecuciones o muertes violentas de
niños/as y jóvenes continúan manteniendo las características similares a
patrones de ejecución que se han establecido en épocas anteriores. Se trata de jóvenes que son previamente secuestrados en un lugar de la ciudad por
hombres fuertemente armados, conduciéndose en vehículos con vidrios polarizados y sin placas, posteriormente
aparecen los cadáveres de las víctimas
con evidencia de haber sido torturados
y abandonados en cunetas de carreteras
o en botaderos de basura, y con señales
de haber sido atados de pies y manos y
con certeros disparos a corta distancia
en partes vitales de su cuerpo. Durante este periodo también se observaron
masacres colectivas, niños /as y jóvenes
asesinados en grupos de 3-5 personas o
más, lo que indica que los perpetradores de los hechos no son personas que
actúan solos y que improvisan, además
denota que cuentan con la logística
(vehículos con vidrios polarizados sin
placas, gorros pasamontañas, chalecos
etc.) y las armas necesarias sobre todo
de grueso calibre para realizar los asesinatos (op. cit.).
En los últimos años han cambiado las modalidades de este tipo de ejecuciones. Anteriormente, los crímenes ocurrían en la calle
contra personas individuales; con posterioridad ocurrieron matanzas colectivas en las
cárceles pero, recientemente, se han incrementado las masacres en lugares públicos y
centros de trabajo, como el caso de la masacre contra 17 jóvenes en una zapatería en
San Pedro Sula, en septiembre de 2010.
La autoría de estos crímenes es difícil de
establecer debido a que el sistema de justicia prácticamente no investiga este tipo de
casos. La Unidad de Investigación de Muertes de Menores (UIMM) da cuenta de tres
categorías de autores de esos asesinatos:
particulares, miembros de pandillas y autoridades. No aclara qué entiende por particulares, pero tomando en cuenta lo mencionado paginas atrás, respecto a qué bandas
criminales organizadas estarían ejecutando
jóvenes por ajuste de cuentas, éstas se convierten en fuertes sospechosas de esa categoría; también cabrían en esta categoría
personas que buscan venganzas personales,
por razones pasionales, pleitos por herencias, entre otros.
AUTORIÍA DE CRÍMENES CONTRA MENORES
Fuente: elaboración propia, con base en estadísticas de la UIMM, año 2008.
El gráﬁco revela que, entre 2003 y 2005, la UIMM investigó un total de 193 casos, de los
cuales 85 sospechosos correspondían a particulares (44%), 85 a miembros de pandillas
(44%) y 23 a autoridades (12%).
44 / Entornos violentos
Como se indicó con anterioridad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha demandado al Estado de
Honduras por haber encontrado culpables
a agentes del orden de asesinar a jóvenes.5
Desafortunadamente, la información que
proporciona la UIMM al público, después del
año 2005, no especiﬁca el tipo de autores de
los crímenes de jóvenes, lo cual obedece a
una disposición que se considera injustiﬁcada, pues impide ver cómo ha evolucionado la
participación de los distintos actores en esta
actividad; en especial, el involucramiento de
funcionarios públicos en estos crímenes.
en cuenta, pero que crece de manera alarmante. En 2008 hubo 316 casos conﬁrmados, mientras que en 2009 la cantidad ascendió a 422; es decir, hubo un crecimiento
del 33.5% (Observatorio de la Violencia,
2010). Al igual que el homicidio, el suicidio
afecta principalmente a los jóvenes y la estadística indica que, contrario a lo que se
piensa, afecta más a los hombres, en una
proporción aproximada de 5 a 1, o más, según las edades (ACJ, 2006).
Una consecuencia colateral de la apli-
Otra muestra de la desidia estatal es la baja
asignación presupuestaria para la investigación criminal de este tipo de delitos. El presupuesto con que funcionaba la UIMM en
2003 era de 11.5 millones de lempiras, cantidad que representaba el 1.15% del total del
Ministerio del que esta dependencia forma
parte, mientras que en 2010 su presupuesto
representó el 0.3% de ese mismo total (Coiproden, 2010).
El suicidio es otra forma de violencia (auto
violencia) que generalmente no es tomada
Véase Demanda de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos contra el Estado de Honduras,
febrero de 2005. Disponible en :http://www.cidh.
org/demandas/12.331%20Marco%20Antonio%20
Servellon%20(Cuatro%20Puntos%20Cardinales)%20Honduras%202feb05.pdf
cación de las políticas de Cero Tolerancia
fue la sobrepoblación en las prisiones de
adultos y en los centros de internamiento de menores de 18 años de edad, con el
ingreso masivo de pandilleros y pandilleras. Los detenidos soportan condiciones
de encierro infra humanas; en ocasiones,
permanecen sin juicio y con sus derechos
procesales vulnerados, tanto en los reclusorios de adultos como en los centros de
internamiento para menores de edad.
Se estima que el sistema penitenciario tiene
capacidad para atender a siete mil privados
de libertad; sin embargo, en 2005 había
11,023 en todas las prisiones del país, de los
cuales 6623 no tenían condena aún. De los
24 centros penales existentes en Honduras,
en 16 hay índices de sobrepoblación que van
desde el 7% —como en el caso de La Paz—
hasta un 210%, que es el caso de La Ceiba,
Atlántida. Ocho de los centros penales tienen índices de sobrepoblación superiores al
100% (Andino, 2005b).
Un informe del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y el Comité de Familiares de Detenidos
y Desaparecidos de Honduras (2006) dirigido a la CIDH, muestra que en esos centros
han sido comunes la segregación, el trato
inhumano e incluso el asesinato individual y
las masacres colectivas en perjuicio de jóvenes. Al igual que en el caso de las ejecuciones arbitrarias, también en estos casos han
participado autoridades policiales.
Son ampliamente conocidas las muertes
colectivas de la Granja Penal de El Porvenir
ocurridas en abril de 2003, episodio en el que
murieron 68 personas; la muerte por asﬁxia
e incineración de 107 muchachos de la Mara
Salvatrucha en el Centro Penal de San Pedro
Sula, en mayo de 2004; y la masacre de tres
niños en el Centro Renaciendo del Instituto
Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA),
en Tamara, en junio de 2006.
del Estado que se coludieron con prisioneros para ejecutar la terrible masacre.6 En
cuanto a la muerte masiva del Centro Penal de San Pedro Sula, el Estado es directamente acusado por la iglesia Católica ante
la CIDH.7 Y, en el caso del Centro Renaciendo del IHNFA, un informe de la Asociación
para una Sociedad Justa (2007) reporta que
agentes de la Dirección de Servicios Especiales Preventivos del Ministerio de Seguridad son sospechosos de haberse coludido
con jóvenes de una pandilla para asesinar a
tres jóvenes de la pandilla contraria.
De igual manera, el Estado es señalado
como responsable de tolerar otros eventos
de sangre en los que han perdido la vida varios jóvenes en prisión, como lo revela el informe del Centro por el Derecho y la Justicia
Internacional (Cejil, 2009):
En la mañana del día 19 de junio, en
la Penitenciaría Nacional de Tamara,
fueron mutilados, asesinados y posteriormente quemados los señores
Santos Ernesto Sánchez Ponce, Mel6
En el caso de las muertes de la Granja Penal
de El Porvenir, las investigaciones judiciales
conﬁrmaron la responsabilidad de agentes
46 / Entornos violentos
Véase «Sentencian a 740 años de cárcel a responsables de masacre de El Porvenir», disponible en:
http://www.hondudiariohn.com/nacionales=1590.php.
Ver Informe de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos No. 78/08, PETICIÓN 785-05
ADMISIBILIDAD en el caso de la muerte colectiva
de personas en el Centro Penal de San Pedro Sula
interpuesta por la Diócesis de la Iglesia Católica de
vin Faustino López Banegas, y Juan
Crisóstomo López Ruiz, acusados
por los delitos de asesinato y violación. Ese mismo día, en horas de la
tarde, apareció el cadáver de Marvin Geovany Peña, acusado de robo
y asociación ilícita. Un día después,
el 20 de junio, en el Centro Penal de
Juticalpa, Olancho, fue asesinado
Melvin Adalid Jiménez Cerna, de 18
años de edad, confeso de violación
y asesinato de niños. Estos hechos
fueron cometidos por otros privados de libertad con la tolerancia de
las autoridades policiales penitenciarias. De hecho, después de los
acontecimientos el Presidente de
la República Manuel Zelaya declaró
públicamente que los mismos constituyen una «lección moral» y que
«hasta en el malvado hay virtud,
porque los mismos reos han juzgado
que este crimen abominable merecía un castigo.» […] En el año 2007,
un total de 23 personas han muerto
brutalmente en los centros penitenciarios de Honduras. Tampoco podemos olvidar las masacres en la Granja Penal El Porvenir en abril de 2003 y
en el Centro Penal de San Pedro Sula
en mayo del 2004 [sic]. Esto reﬂeja
la crisis del sistema carcelario y la
falta de capacidad y control de las
autoridades estatales, e incluso su
tolerancia para que hechos de esta
naturaleza ocurran.
POR AGENTES DEL ESTADO
La responsabilidad del Estado en la violencia
contra los jóvenes se presenta por omisión
o por acción individual de sus funcionarios,
como es claro en el caso de las ejecuciones
arbitrarias y la violencia en prisiones; también por transgresión institucional directa
en calidad de política de Estado. Para ilustrar este tipo de prácticas, a continuación se
presentan dos casos: a) la violencia por aplicación de los planes de Cero Tolerancia; y
b) la violencia política contra jóvenes como
consecuencia del golpe de Estado del 28 de
Aplicación de planes
de Cero Tolerancia
Desde el año 2001, el Gobierno del presidente Ricardo Maduro implementó una política
de Cero Tolerancia para ejecutar lo que denominó «guerra a las pandillas». Consistió en
operativos policiales masivos para capturar
a pandilleros, lo que dio como consecuencia el encarcelamiento de miles de ellos. En
agosto de 2003, esta política fue endurecida con la aprobación de una reforma al artíEntornos violentos /
culo 332 del Código Penal, mediante la cual
se castiga con reclusión de 20 a 30 años a
los miembros de maras o pandillas, acusados de «asociación ilícita». Desde entonces
pasó a ser una política de Estado, ejecutada
por los sucesivos Gobiernos de Ricardo Maduro, Manuel Zelaya, Roberto Micheletti (de
facto) y Porﬁrio Lobo, a pesar de ser una medida abiertamente inconstitucional.
Desde el punto de vista jurídico, lo cuestionable de la reforma al artículo 332 del
Código Penal es que no penaliza un delito,
sino la pertenencia a un grupo, en este caso
a una mara o pandilla. Contradice la Constitución de la República en el sentido de
que nadie podrá ser privado de su libertad
«[…] sin que proceda plena prueba de que
se ha cometido un delito y sin que resulte indicio racional de quién sea su autor»
(artículo 92); contradice los principios de
presunción de inocencia (artículo 89) y el
principio de igualdad ante la ley (artículo
60). Igualmente, atenta contra el principio
de proporcionalidad (artículo 2-D del Código Penal) y contra el requisito de necesario
daño a bien jurídico (artículo 2-C del Código Penal).
Desde el punto de vista social, dicha política
condujo a la criminalización y estigmatización de los jóvenes asociados a tales grupos,
al grado de violentar sus derechos, en mu48 / Entornos violentos
chos casos por el solo hecho de portar un
tatuaje, su forma de vestir o su lenguaje.
Entre 2003 y 2005 fueron detenidas 5418
personas en los operativos policiales en busca de sospechosos de pertenecer a pandillas
juveniles (Andino, 2008). El 64% de esas
personas fueron liberadas (3476 casos), los
casos sobreseídos, o se les aplicó una medida cautelar sustitutiva de la prisión por
faltas menores que no tienen nada que ver
con pertenencia a pandillas; mientras que el
36% (1942 casos) quedó en prisión preventiva o internamiento (Andino, 2008 b).
Los operadores de justicia no tuvieron base
jurídica para retener en prisión a la mayoría de esas personas y se vieron impelidos a
liberarlas. En nombre de la «guerra contra
las maras» se cometieron atropellos contra
muchos jóvenes que residen en zonas marginales. Múltiples denuncias de organismos
de derechos humanos acusan al Estado de
violentar garantías constitucionales en los
procedimientos utilizados para dar captura
a esas personas, interrogarlas, encerrarlas y
remitirlas a prisión.
Los siguientes son algunos testimonios de
la violencia aplicada por ese motivo a jóvenes menores de edad recluidos en centros
de internamiento:
De los 11 jóvenes entrevistados solamente
tres no fueron golpeados por policías en algún momento de su vida, todos los demás se
quejaron de haber recibido fuertes golpizas
sobre todo al momento de la captura. Uno
de los jóvenes entrevistados nos mostró el
impacto de bala en su mano derecha, la cual
ha quedado inmovilizada por el disparo de
un policía de la zona de Danlí al momento
de la captura, pero no le bastó con disparar,
además le quemó la herida con un cigarro.
Según la versión del joven, él se negó a recoger el arma con la que otra persona cometió
el asesinato, el policía molesto le disparó
y le dijo que diera gracias que no le había
pegado el tiro en otro lado (ACJ, 2006).
[…] varios de los jóvenes mostraron marcas de haber sido golpeados salvajemente por agentes de policía en el momento
de su captura y traslado hacia el Centro
Renaciendo. (CPTRT et ál., 2006).
El joven Elvin Noé Rivas, 16 años, tiene
en el costado izquierdo tres heridas
de bala las que al parecer le presentan problemas, grandes calenturas,
dolores por lo cual dice haber solicitado que lo atendiera el médico sin
tener ningún logro. (Xibalba, 2006).
En la época más dura de tal política, estos
jóvenes fueron sorprendidos por los operativos policiales cuando iban a trabajar o
cuando se encontraban en grupos de amigos en las esquinas. En muchos casos fueron allanadas sus casas, fueron objeto de
maltratos, humillaciones y, en circunstancias extremas, fueron incluso hasta torturados por la simple existencia de un tatuaje en su piel, como ha sido denunciado por
organizaciones defensoras de los derechos
humanos (Cofadeh, 2004).
Muchos de estos jóvenes tuvieron que pasar por las celdas de las postas policiales,
en donde estuvieron un mínimo de 24 horas y un máximo de seis días, sin haber cometido otro delito que «parecerle» pandillero a un agente policial.
A pesar de lo anterior, la Corte Suprema de
Justicia no admitió ninguno de los recursos
de inconstitucionalidad presentados por
organismos de derechos humanos para derogar este decreto, tendiendo un manto de
impunidad frente a estos abusos.
Violencia política exacerbada
por el golpe de Estado
Aunque las violaciones a los derechos humanos no son algo nuevo en Honduras, el golpe
de Estado del 28 de junio de 2009 dio lugar
a la exacerbación de tales violaciones contra
personas adultas y jóvenes. Esta violencia se
expresó y, en algunos casos, continúa afectando a muchos jóvenes de varias formas.
Una de esas modalidades ha sido la represión arbitraria y desproporcionada ejecutada
por fuerzas policiales y militares contra manifestaciones pacíﬁcas. En muchos casos, las
autoridades procedieron con brutalidad en
contra de adolescentes y jóvenes estudiantes
y trabajadores en dichas manifestaciones,
utilizando gases tóxicos, golpes con toletes
y otros objetos contundentes, maltratando a
los jóvenes aun cuando estos ya estaban sometidos (CIDH, 2009).
Estas prácticas continuaron con el Gobierno sucesor, teniendo incluso, como saldo,
el hecho de que algunos jóvenes perdieran
la vida. Cabe indicar que estas violaciones a
los derechos de niños y jóvenes fueron aún
mayores en los períodos de toques de queda (Plataforma de Derechos de la Niñez y
Juventud en Honduras, 2010).
Se sabe de denuncias de registros, detenciones arbitrarias, allanamientos masivos a
50 / Entornos violentos
comunidades y barrios; vigilancia e intimidación en las principales ciudades del país y
a toda hora del día por medio de patrullajes
en carro, nutridos pelotones de militares a
pie y en comandos encapuchados, así como
sobrevuelos de helicópteros de la Policía y
litares. Estas acciones, de acuerdo con las
referidas denuncias, afectaron a los niños y
jóvenes de manera directa e indirecta.
Algunos de los casos más notorios ocurrieron en la comunidad de Colomoncagua, departamento de Intibucá, donde los
militares amedrentaron a la población e
instauraron un estado de sito el 27 de noviembre de 2009, coartando el derecho a
la libertad de movilización, reunión y expresión. El 28 de noviembre de 2009, la
comunidad de Guadalupe Carney de Tocoa,
Colón, fue rodeada por unos 300 militares,
y en la comunidad de Casa Quemada, Silin,
Colón, 6 jóvenes fueron víctimas de intimidación, detención ilegal temporal y registro por miembros del Ejército.
El 29 de noviembre, día en el que se llevó a
cabo el proceso electoral, ocurrieron varios
hechos violentos y abusos de autoridad por
parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía en varias comunidades de Tegucigalpa,
como la Colonia Kennedy y la Colonia Hato
de Enmedio, Sector 5. Los habitantes de
varias aldeas del municipio de Santa Elena,
La Paz, fueron agredidos por efectivos de la
Policía y Cobras, realizando allanamientos y
abusos contra la población (Poljuve 2010).
También existen denuncias sobre detenciones masivas a niños y adolescentes que
habrían sido conﬁnados ilegalmente en centros no autorizados para tal ﬁn, como postas
policiales y estadios. Durante estos separos
ilegales, las y los detenidos fueron maltratados y torturados, extremos conﬁrmados
por el Informe de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (2009), a lo que hay
que agregar las amenazas de muerte contra
dirigentes juveniles (Cofadeh, 2010).
rente del sistema judicial: prácticamente
todas las violaciones a los derechos humanos y los abusos de las fuerzas de seguridad no son investigados ni perseguidos por
el sistema penal.
La tasa mensual de ejecuciones de jóvenes
menores de 23 años se incrementó en 60%
respecto a la tendencia del semestre inmediato anterior, pasando de 40 a 64 casos
mensuales. Estas cifras denotan la tasa de
ejecuciones arbitrarias más alta de la historia registrada por los organismos de derechos humanos en Honduras; ello resulta paradójico si se considera que esta fue la época
de mayor presencia policial y militar que se
ha visto en las calles durante los últimos
cincuenta años (Plataforma de Derechos de
la Niñez y Juventud en Honduras, 2010).
A esto es preciso añadir la actitud indife-
Violencia en las escuelas y colegios
En este capítulo se analizan tres formas de violencia relacionadas con jóvenes y
los espacios donde ocurren hechos violentos con participación juvenil: a) la violencia de las maras o pandillas; b) la violencia vinculada con las barras deportivas,
y c) la violencia estudiantil o que ocurre en los centros escolares. También se analiza brevemente el espinoso tema de la relación entre las maras o pandillas con el
crimen organizado y algunos miembros de la Policía.
En los últimos quince años, las maras y pandillas8 han llamado la atención pública
debido a sus expresiones culturales y acciones violentas, que van desde riñas callejeras y actos delincuenciales, hasta asesinatos, extorsiones, tráﬁco de drogas y
armas. Las dos agrupaciones más conocidas en el país y en el Triángulo Norte de
Centroamérica son la Mara Salvatrucha (MS13) y el Barrio 18, ambas con origen en
el sur de California, Estados Unidos.
En Honduras se registran pandillas juveniles desde los años setenta, con influencia cultural de las pandillas norteamericanas, como los Stomperis, Black
Angels o Las Panudas, pero se diferenciaban de las conocidas «18» y «MS13»
porque aquellas tenían un sentido territorial muy localizado; su nivel de violencia solo excepcionalmente comprometía la vida de las personas y su armamento era hechizo o casero, aunque en ocasiones empleaban armas de fuego
y eran más usuarios de las drogas que distribuidores (Andino, 2006a).
En contraste con el modelo de pandilla tradicional, en los años noventa surgieron en Honduras pandillas juveniles que adoptaron modalidades culturales distintas. Estas tenían características típicas de las pandillas californianas, como las
siguientes: sentido territorial expansivo; participación en el tráﬁco de drogas y en
54 / Entornos violentos
En este informe se utilizan de manera indistinta los términos ‘pandilla’ y ‘maras’, ya que la única razón
para distinguirlos es un asunto de identidad grupal: la Mara Salvatrucha se identiﬁca con el término
«mara», mientras que el Barrio 18 con el término «pandilla», aunque en ambos casos se hace referencia
a una forma similar de agrupación juvenil.
otras modalidades de crimen organizado;
uso de la muerte como instrumento de sanción, etc. En ese sentido, las «maras» llegaron a conformar un complejo fenómeno
social asociado con expresiones de violencia, pero no dejaban de ser un fenómeno de
fuerte composición adolescente y juvenil,
integrado principalmente por hombres.
Aunque el nuevo modelo de pandilla fue
importado de Estados Unidos, en especial
por inﬂuencia de pandilleros deportados,
el caldo de cultivo para su rápida propagación y para que tuviera un desarrollo vertiginoso en los primeros años del nuevo siglo
ya estaba listo en el país desde la década
de los noventa. A ello contribuyeron tres
• Condiciones de pobreza extrema. El
modelo socio económico neoliberal
que, mediante planes de ajuste estructural de la economía, privilegió durante
los años ochenta el saneamiento de las
variables macro económicas, profundizó la pobreza de las mayorías populares.
• La expansión del crimen en el país. Honduras comenzó a ser usada desde los
años noventa como ruta del tráﬁco de
drogas provenientes de Colombia y con
destino hacia Estados Unidos (Hernández, 2008). Asimismo, otras modalida-
des de crimen organizado ﬂorecieron
en esa época, formándose un mercado
muy lucrativo y, a la vez, una plaza de
disputa por los negocios ilícitos, con dos
consecuencias graves: a) los jóvenes desde entonces han sido utilizados como
carne de cañón de esas disputas; b) se
produjo una fuerte inﬂuencia del crimen
organizado en el Estado hondureño, especialmente en la institución policial.9
• Las secuelas del conﬂicto armado en
la región. Como consecuencia de los
Lo anterior fue corroborado por altos funcionarios
con responsabilidad de conducir la lucha contra el
crimen organizado en la época en cuestión: el ex ﬁscal general, Edmundo Orellana, expresaba: «El crimen organizado tiene contactos muy fuertes y ha
inﬁltrado a muchas instituciones y no descartamos
que haya penetrado al Ministerio Público.» (Declaraciones de Edmundo Orellana Mercado, Fiscal
General de la República en 1997. Diario La Tribuna,
Tegucigalpa, Honduras, 16 de junio). El ex ministro
de Seguridad, Gautama Fonseca, declaraba: «[…]
hay gente del Ministerio Público dedicada a la delincuencia que forma parte de esas bandas, dicen que
combaten ciertas acciones criminales y participan
en ellas, lo estoy diciendo con conocimiento y responsabilidad» (Declaraciones de Gautama Fonseca, Ministro de Seguridad en Tiempos del mundo,
Guatemala, según nota del corresponsal en Honduras, Julio Medina, 2000). Por su parte, Humberto
Palacios Moya, ex director de ﬁscales, corroboraba
lo anterior: «[…] el crimen organizado ha inﬁltrado
el Ministerio Público y a la Policía.» (Declaraciones
de Humberto Palacios Moya a El Heraldo, Tegucigalpa, Honduras, 25 de septiembre, 2000). Citados en:
Landaverde, Alfredo, y Caldera, Hilda (2004) Comportamiento reciente del narcotráﬁco, disponible en:
hilda-caldera.rds.hn/doctos/inf_narco.doc
enfrentamientos de los años ochenta
proliferaron miles de armas de grueso
calibre dejadas por la «contra» nicaragüense y surgieron bandas criminales
integradas por ex miembros de organismos de seguridad, como la temible Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).10
También creció una cultura de intolerancia contra la oposición política en
el país, maniﬁesta, por ejemplo, en la
desaparición y asesinato de personas
por razones políticas (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 1996).
En esas condiciones históricas, centenares de
miles de adolescentes y jóvenes en conﬂicto
con sus familias, alejados de la escuela y sin
empleo, en situación de riesgo y, por lo tanto,
propensos a la aventura y al dinero fácil, formaron la base necesaria para la proliferación
de las maras. El pandillerismo de nuevo tipo
se multiplicó exponencialmente entre 1996 y
2003 debido a la fascinación que provocaban
sus expresiones en adolescentes y jóvenes en
busca de identidad, sentido de pertenencia,
afecto, protección, seguridad física, emocional y económica; todas, necesidades propias
de la adolescencia y la juventud.
Las dos pandillas principales, la MS13 y la
Pandilla 18, ejercieron por espacio de diez
Estos organismos fueron desmantelados con las reformas institucionales de los años noventa.
56 / Entornos violentos
años predominio sobre el resto de pandillas juveniles en el país. Las razones para
esta prevalencia están relacionadas con su
agresividad característica, pero también, en
parte, por las estrategias de la Policía en las
que se confundió a las pandillas tradicionales con la MS13 y la Pandilla 18, implementándose acciones represivas sin distinción.
El número de jóvenes involucrados en pandillas siempre ha sido un dato impreciso.
En 2003, Save the Children Reino Unido y la
Agencia GOAL estimaban el número en 4,700
jóvenes activos, aunque reconocían que existe
un número mayor que realiza tareas de colaboración, otros que están en prisión, que se
han «calmado», están escondidos o han salido de la ciudad o del país, lo que elevaría el
número de sus simpatizantes considerablemente (Andino, 2006a). En cambio, la prensa
sensacionalista o voceros policiales han llegado a aﬁrmar que existen alrededor de 35,000
pandilleros activos, una cifra que duplica los
efectivos de la Policía y el Ejército, fomentando la sensación de que Honduras es un país a
merced de las maras. A todas luces, esta última resulta ser una versión exagerada.
En 2003, el Estado hondureño deﬁnió una
política de mano dura para responder a la
violencia de las maras o pandillas, lo cual incluyó medidas de represión policial y prácticas de limpieza social. Como consecuencia,
las maras fueron desarraigadas de sus territorios y tuvieron que pasar a un estatus de
sobrevivencia. Se multiplicaron las deserciones alrededor de los años 2003-2005, al extremo de que la organización Jha-Ja reporta
que en el Valle de Sula se levantaron listas de
miles de jóvenes que pidieron quitarse los tatuajes por temor a la represión del Gobierno
(Bardales, 2002). Muchos otros permanecieron escondidos, salieron del país, fueron encarcelados o murieron (Andino, 2006a).
• No permanecen en una sola localidad, sino que se desplazan debido a la persecución de la Policía.
• En algunos casos, han endurecido sus
reglas para evitar deserciones, al extremo de castigarlas la infracción a
las normas con la muerte.
• Son grupos cada vez más cerrados y
más selectivos en el reclutamiento
de nuevos miembros; además, se cuidan de los «soplones» (delatores).
Como consecuencia, se considera que el
número de miembros de las pandillas se ha
visto reducido drásticamente en el período
2003-2007, ya que dejaron de ser organizaciones atractivas para muchos jóvenes. Al
respecto, el estudio de ACJ (2006), realizado
en cuatro regiones del país, evidenció que
el retroceso de dichos grupos se ha dado a
nivel nacional; también evidenció que su
protagonismo fue sustituido por el protagonismo de las bandas de crimen organizado y
de policías corruptos. Un reﬂejo de esto es
que el fenómeno pandillero dejó de captar la
atención en los medios de comunicación, lo
cual no ha impedido que siga siendo utilizado por muchos medios para asociarlo antojadizamente a cualquier fenómeno contracultural juvenil. También sigue culpándose a
los miembros de pandillas de muchos de los
crímenes que ocurren en el país.
• Más que defender un territorio geográﬁco deﬁenden su organización y sus actividades de sobrevivencia económica.
En los últimos cinco años (2006-2010), las
pandillas se han concentrado en obtener
recursos para sostenerse mediante el co-
Como consecuencia de la represión, las pandillas han cambiado signiﬁcativamente, con
el propósito de lograr su sobrevivencia. Entre estos cambios se observan los siguientes:
• Los jóvenes ya no expresan públicamente su orgullo pandillero,
sino que lo ocultan por razones de
seguridad. Ocultan sus tatuajes,
el caló, los graﬁti, su mímica particular y ahora utilizan códigos
para trabajar en la clandestinidad.
bro extorsivo a transportistas y pequeños
comerciantes y el tráﬁco de drogas. Asimismo, se protegen mediante extremas medidas de seguridad frente a lo que identiﬁcan
como una amenaza de exterminio, no solo
dirigida a su organización —que equivale
a decir «su familia»— sino también hacia
ellos como personas.
En algunos casos, las pandillas han logrado
recuperar su presencia en territorios de los
cuales habían sido expulsadas. Sin embargo,
ya no existen como fenómeno generalizado
en todo el país, sino que se encuentran localizadas en barrios «calientes» de las grandes
ciudades, donde se sienten seguras de evadir
las incursiones policiales bajo extremas medidas de seguridad.
En esas condiciones, centenares y tal vez
miles de estos jóvenes, sobrevivientes de las
matanzas que llevan a cabo escuadrones de
la muerte a plena luz del día, viven prisioneros de un estilo de vida en el cual tienen muy
poca conexión con el mundo exterior, al que
solo salen para ejecutar la misión que les
encargue su grupo, para después volver a la
seguridad de su barrio, mientras que otros
hacen trabajo de colaboración.
58 / Entornos violentos
¿Qué relación existe entre las
pandillas y el crimen organizado?
En muchas ocasiones, las autoridades de Gobierno y los medios de comunicación aﬁrman
que las maras están vinculadas con el crimen
organizado. Con ese argumento, dichos sectores han justiﬁcado en la última década el
endurecimiento de las leyes penales, la militarización de la seguridad pública, la formulación de propuestas de pena de muerte o
medidas de excepción, entre otras. Todo, con
el propósito de tratar a las maras o pandillas
como crimen organizado. Sin embargo, existen pocas evidencias empíricas que demuestren dicho vínculo.
Lamentablemente existen pocos datos estadísticos y estudios especializados sobre
el vínculo entre el crimen organizado y las
pandillas en Honduras. Por ello en este estudio se hace referencia a la escasa información que existe sobre el tema para examinar
algunos indicios de dicho vínculo.
La Convención de las Naciones Unidas contra
(2000) deﬁne al crimen organizado como
«[…] un grupo estructurado de tres o más
personas que exista durante cierto tiempo
y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos con miras a obtener, directa
o indirectamente, un beneﬁcio económico
u otro beneﬁcio de orden material». Esta
deﬁnición es tan general que comprendería prácticamente a todos los estratos que
se involucran en determinados tipos de
negocios; por ejemplo, incluiría tanto a los
jefes del narcotráﬁco como a la cadena de
subordinados, intermediarios, mulas, clientes y apoyo que participan de esas actividades, pues todos actúan «concertadamente»
para participar de la actividad criminal.
Esta deﬁnición no ayuda a entender la complejidad de las relaciones que se establecen
entre quienes participan en esas actividades. De esa cuenta, utilizamos aquí la expresión «crimen organizado» para referirnos,
en sentido restringido, a las organizaciones
criminales de carácter transnacional que
tienen la capacidad de liderar esos negocios ilícitos. Distinguimos a estas organizaciones de aquellas consideradas satélites,
tributarias o subordinadas, constituidas en
los niveles nacional o local y que trabajan en
función de obtener una parte menor de la
ganancia del negocio de que se trate, o de
sobrevivir a costa de éste.
Hay evidencias que indican que existen vínculos entre el crimen organizado y las pandillas. Un estudio encargado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para el
Proyecto Paz y Convivencia (Bardales, 2002)
encontró que el modus operandi de las maras evidencia cierta relación con las actividades del crimen organizado transnacional;
por ejemplo, hay una relación entre las rutas
de la movilidad pandillera de ciudad a ciudad con las rutas del tráﬁco de drogas y del
mercado clandestino de armas. También el
investigador colombiano Mauricio Rubio, en
un estudio para el BID (2002), comparó los
indicadores de percepción de la población
sobre la inﬂuencia de las maras y el crimen
organizado en el Valle de Sula y encontró
que existen vínculos eventuales entre bandas del crimen organizado y las pandillas.
Los testimonios de jóvenes pandilleros conﬁrman que algunos miembros de maras o
pandillas cumplen servicios para bandas
criminales transnacionales. Al respecto,
miembros de una de las pandillas más reconocidas en el país comentan:
Existe una conexión entre el crimen
organizado y las pandillas, las bandas buscan a quienes llevan la palabra y los buscan para business como
ser robos a carros repartidores, secuestro, robo de vehículos, tráﬁco
de drogas... existe relación entre las
pandillas y el crimen organizado, hay
hommies que son familia de miembros de bandas. Los buscan por ser
menores de edad y por el valor (que
estos tienen), a veces les dan dinero,
armas y drogas. Por muertes pagan
más o menos Lps. 2,000.00; si es un
robo a un banco, de 5 personas 2 son
pandilleros, les dan Lps. 10,000.00.
No sé si participan en secuestros, las
armas son de las bandas (BID, 2002).
El estudio del Instituto Tecnológico Autónomo de México (Itam, 2006) sobre pandillas
transnacionales en Centroamérica, señala
«La evidencia demuestra que las conexiones criminales de las “maras” a
nivel transnacional son limitadas» […]
En la rueda de prensa de presentación
del documento, Jeannette Aguilar, experta de la Universidad Centroamericana de El Salvador, indicó que «efectivamente hay cierta vinculación de
algunos de sus miembros con actividades y estructuras del crimen organizado», pero solamente ofreciendo
sus servicios en casos concretos. La relación, dijo, es de «coordinación eventual, de cooperación para ciertos negocios, pero no de subordinación.»13
Lo que no es claro es cómo se da ese vínculo.
Tradicionalmente, la fuente más utilizada
para encontrar información de esta naturaleza es la Policía. Sin embargo, a juzgar por
las declaraciones de sus voceros, no existe
una opinión coherente en esta institución,
ya que en algunos casos se asegura que lo
que existe son «acuerdos» entre maras y
maﬁas;11 en otros, se aﬁrma que unos y otros
son lo mismo, mientras que, por otro lado,
se asevera que las maras siguen el mismo
patrón de conducta del crimen organizado
y por eso parecen ser lo mismo.12
Según la Policía, los narcotraﬁcantes les permitieron a los
mareros traﬁcar con droga en sectores pertenecientes a
los carteles con la condición de no tocar a ninguno de sus
miembros. Señalaron los agentes de investigación de la
Sección Antipandillas de la Dirección Nacional de Inteligencia Civil, DNIC, («La 18 se dedica al sicariato y la MS a
las extorsiones», en La Prensa, 1 de marzo de 2009).
«Se consultó a un oﬁcial de la Sección de Pandillas de
DNIC ¿Qué está sucediendo? ¿Es acaso que los mareros y pandilleros de simples muchachos rebeldes o
disociales [sic] han pasado a integrar el crimen organizado?, a lo que contestó: “Son ellos mismos, lo que
pasa es que como mara o pandilla están utilizando el
modus operandi del crimen organizado”». («¿Maras
o Crimen Organizado?», en La Tribuna, 3 de mayo de
60 / Entornos violentos
Esto coincide con un hallazgo del estudio
del BID en la Zona Metropolitana del Valle
de Sula, según el cual, a inicios de esta década, surgieron los llamados «grupos banda»,
mediante los cuales ciertos miembros de
las pandillas (no todos) prestan servicios
temporales a las organizaciones del crimen
organizado, sin confundirse con ellos (BID,
Véase Conferencia de Prensa del Itam exponiendo resultados del estudio centroamericano: Pandillas transnacionales en Centroamérica, disponible en: http://
www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/259131.minimiza-un-informe-alcance-transnacional-y-c.html
2002). Es decir que los «chicos banda» no
formaban parte orgánica del crimen organizado a comienzos de esta década, sino
que eran grupos operativos que entraban
en una relación temporal con aquel, manteniendo su identidad pandillera.
La evidencia encontrada en los estudios
hechos hasta el año 2006 no apunta a que
las pandillas se disolvieron para fusionarse
con el crimen organizado. No obstante, en
los últimos cinco años esa relación podría
estar evolucionando a una relación más estrecha, incluso a una relación permanente.
Amparada en estos hechos, la Policía sostiene la hipótesis de que el involucramiento
de las maras con el crimen organizado, tarde o temprano, las conducirá a convertirse
en carteles de la droga.
«Las maras se han convertido en soﬁsticadas organizaciones criminales
transnacionales. Las pandillas no sólo
se dedican al contrabando humano,
sino que tienen sicarios al servicio de
los narcotraﬁcantes con los que acuerdan el uso de piso para evitar confrontaciones. Esto eventualmente los
llevará a querer manejar el negocio
de manera completa y convertirse en
carteles de droga», aseguró Óscar Álvarez, ex ministro de Seguridad.14
«Con drogas y armas les pagan trabajitos», en La
Sin embargo, aunque dichos vínculos puedan ser muy estrechos, las pandillas no
tienen posibilidad de desplazar a las maﬁas
del crimen organizado transnacional, ya
que estas maﬁas cuentan con recursos gigantescos contra los cuales las pandillas no
Igualmente, es importante tomar en cuenta
la naturaleza diferenciada de la pandilla y
de las maﬁas del crimen organizado:
El interés principal de las maﬁas es el
lucro, tener lujos, negocios y poder.
El interés de la mara o pandilla es la
identidad del grupo, la supervivencia
y la sobrevivencia organizacional. El
dinero les ayuda a mantener a las
familias de sus compañeros presos,
pagar los costos legales de defensa o
atención médica, ﬁnanciar sus viajes
en territorio nacional, mantener sus
locales, armas y sus actividades económicas, pagar servicios de terceros,
entre otros destinos. La dimensión
de sus recursos puede ajustarse para
satisfacer esas necesidades, pero no
para llevar una vida de ostentación.
Las maﬁas tienen inﬂuencia en las
altas esferas del Estado, organizaciones empresariales, militares y
Prensa, 2 de noviembre de 2008.
policiales, a los que pueden pagar
con sus inmensurables recursos. Las
pandillas juveniles, en cambio, sostienen vínculos con otros actores
delincuenciales de menor poder económico y político, preferentemente
que operan en los estratos pobres.
La riqueza de la maﬁa es apropiada
por el gran capo y sus socios, quienes retribuyen a sus colaboradores
de arriba hacia abajo en la estructura
criminal. En la mara, por el contrario,
es el grupo quien decide los criterios
de distribución de los ingresos, los
cuales son asignados según las necesidades de sus miembros, en un concepto colectivo de la sobrevivencia.
Esa naturaleza diferenciada es la que estaría
en la base de una relación desigual entre el
crimen organizado y las pandillas. Por supuesto, esto no hace la actividad criminal de
las maras y pandillas menos condenable que
cualquier otra actividad delictiva, pero es un
importante dato para construir estrategias
de abordaje diferenciadas para esa población que, en su mayoría, sigue siendo joven y
proveniente de zonas marginalizadas.
62 / Entornos violentos
Vínculo de policías con pandillas y el
Existen indicios acerca de la participación de
miembros de la Policía y otros funcionarios
públicos en actividades del crimen organizado y las pandillas juveniles. El estudio regional de Demoskopia (2007) reveló que, en
Honduras, el 88% de los ex pandilleros encuestados informó que efectivos de la policía recibe sobornos de las pandillas y el 50%
de ellos aﬁrmó que los policías deciden las
extorsiones que las pandillas realizan en las
comunidades. El estudio señala que el 66%
de los vecinos y comerciantes de las comunidades más afectadas por la violencia aﬁrman
que los mareros reciben armas de parte de
algunos policías. El estudio concluye que, en
muchos casos, los policías deciden el monto
de las extorsiones que realizan los pandilleros y que cobran una parte de dicho monto.
Existen indicios de relaciones entre los jóvenes pandilleros, el crimen organizado y
agentes policiales corruptos, cada quien
tratando de sacar provecho de esa relación,
sin que ello signiﬁque que alguno de esos
grupos se confunda con el otro. Durante la
consulta del proyecto Poljuve/Interpeace
con jóvenes de zonas marginales, efectuada
en febrero de 2010, se registró el siguiente testimonio de un joven ex pandillero de
Choloma, departamento de Cortés:
«[…] el joven fue detenido por un
agente de la Dirección General de
Investigación Criminal (DGIC), luego llevado a la posta de Choloma.
Al ingresarlo a la celda, el policía
llamó de su teléfono celular al jefe
del cartel, el cual le preguntó si lo
mataba o lo dejaba preso; este jefe
le dijo que le pusiera al teléfono al
joven. El diálogo entre el joven y el
jefe del cartel se desarrolló en que
le daría todo y que le serviría para su
tráﬁco de drogas, después el jefe le
dijo que le perdonaba la vida y que
le pusiera al teléfono al policía, éste
dialogó por 10 segundos y seguidamente el policía le dijo que se fuera
de la posta policial».15
Sin embargo, de la misma manera como no
se puede inferir que la institución policial
es parte del crimen organizado porque hay
policías corruptos, tampoco se puede aﬁrmar que las pandillas lo sean porque existan jóvenes pandilleros o, incluso, algunas
pandillas locales completas que ejecutan
tareas especíﬁcas para las maﬁas.
En los últimos cinco años, se han incrementado las acciones violentas de jóvenes que
participan en barras deportivas, particularmente en Tegucigalpa. Entre las barras deportivas más populares se cuentan la «Ultra
Fiel», del Club Olimpia; los «Revolucionarios», del Club Motagua; la «Mega Barra»,
del Club Real España y la «Furia Verde», del
Club Maratón.
Las barras deportivas son espacios organizativos destinados a expresar activamente simpatía por un equipo de fútbol. Son
grupos integrados por cientos de jóvenes
organizados territorialmente en pequeños
colectivos denominados «peñas» y «micro-peñas» (como en el caso de la Barra
«Ultra Fiel»), o en «bandas» o «comandos» subdivididos en «micro-bandas» y
«micro comandos», como en el caso de las
otras barras. En Tegucigalpa existen alrededor de 92 grupos de base de todas estas barras, que aglutinan centenares de jóvenes.
Las barras se encuentran integradas, en su
mayoría, por adolescentes y jóvenes hombres.16 Las mujeres tienen poca presencia,
Grupos focales con jóvenes de maras, barras y la Resistencia en 8 barrios del Distrito Central y de San
Pedro Sula, febrero-abril de 2010.
Los líderes de la «Ultra Fiel», por ejemplo, calculan
que tienen un 80% de menores de edad, 60% que
estudian en los primeros años de la secundaria, incluso 20% de niños de primaria. (Ponencia de una
representante de esta barra, presentada en el Foro
Sobre Barras Bravas y Violencia Juvenil patrocinado
por Interpeace, 20 de julio de 2010).
entre un 10 y un 20%, y son excepcionales
las «peñas» o «bandas» integradas únicamente por mujeres.
Las barras hondureñas comparten relaciones fraternas con barras de otros equipos
centroamericanos, aunque la meca de las
mismas son las barras argentinas, particularmente las del River Plate y del Boca Junior, que es donde tiene su origen esta forma de organización.
Las barras deportivas no tienen la ﬁnalidad
de generar violencia física, pero su espacio
es utilizado por sub grupos de miembros
adolescentes y jóvenes que canalizan su violencia a través de éstas. Estos sub grupos
son los que pueden considerarse «barras
bravas»; es decir, grupos integrados mayoritariamente por jóvenes que actúan violentamente.
El fútbol es un tipo de deporte que, por su
naturaleza competitiva, permite expresar
de forma simbólica el enfrentamiento entre rivales que, mediante su antagonismo,
reaﬁrman su identidad grupal. En esa guerra simbólica, los fanáticos de cada uno de
los equipos expresan su euforia a través de
porras, cánticos, sonidos, insultos al club
contrario, etc. Hasta cierto punto, parte del
atractivo del fútbol es que la competencia
entre barras es también un ingrediente del
64 / Entornos violentos
espectáculo deportivo, siendo para algunos
autores un nicho de ostentación patriarcal
masculina, por su culto a la fuerza y la valentía (Flacso, 2006).
El fútbol es el deporte favorito de la población hondureña. Una reciente encuesta del
Desarrollo (PNUD) conﬁrma que el 40% de
los jóvenes varones forma parte de un equipo deportivo y un 40% restante no está organizado, pero le gustaría formar parte de
un equipo (PNUD, 2010).
En Honduras, predominó durante décadas lo que podríamos llamar la barra tradicional o clásica, la cual fue desplazada
por un nuevo modelo de barra copiado
de Argentina, en donde estos grupos son
mucho más alegres, vistosos, espectaculares y hacen gala de fuegos artificiales,
bombos, canciones y agresividad simbólica. Este nuevo modelo de barra ingresó a
Honduras por la ciudad de San Pedro Sula,
a principios de los años 90; se posicionó
en Tegucigalpa a mediados de esa década.
Comenzó siendo minoritaria, pero en la
década de 2000 se produjo un crecimiento
vertiginoso de este tipo de organización al
incorporar a miles de adolescentes que rejuvenecieron la afición de los equipos mediante nuevas expresiones.
Barras y violencia
La situación dejó de ser solo un asunto de
entretenimiento desde comienzos de la primera década del siglo XXI década, cuando la
violencia producida por ciertos sub-grupos
lesionó seriamente a algunas personas, dentro y fuera de los estadios. Los episodios se
volvieron repetitivos en cada partido que se
disputaba; incluso los jugadores fueron alcanzados por la agresión. Rápidamente, la
violencia se trasladó de los estadios a las calles circunvecinas y a los barrios populares,
donde se desarrollaron batallas campales
entre los fanáticos de un club contra los del
contrario (llamadas «pegadas» en el argot
de estos grupos), con saldo de personas lesionadas.
Durante la primera etapa de este fenómeno
(2005-2009), los ataques violentos ocurrían
dentro y fuera de los estadios. Muchas veces
la población aﬁcionada al fútbol no asistía a
un evento deportivo por temor a ser asaltada
en la calle por hinchas que les pedían dinero
para entrar; una vez adentro, les quedaba ser
testigo o víctima de la furia de jóvenes fanatizados. La violencia alcanzó a los jugadores
que eran heridos por los fanáticos; incluso
trascendió las fronteras en partidos internacionales.18 En ese contexto a los dirigentes de
los clubes deportivos les inquietó que esta violencia produjera una drástica disminución de
la venta en las taquillas.
Las autoridades y los medios de comunicación han atribuido a los conﬂictos entre
barras la muerte de decenas de personas;
no obstante, los dirigentes de las barras
aﬁrman que se exageran los datos.17
Reportajes como el siguiente son frecuentes en los
medios de comunicación: «[…] Con la muerte de los
cuatro muchachos en Comayagua, la lista de víctimas, producto de enfrentamientos entre supuestos
miembros de la Ultraﬁel y Revos, se elevó a siete
ya que el domingo a las 3:30 de la tarde, hombres
a bordo de motocicletas mataron en el barrio Perpetuo Socorro de Comayagüela, a Francisco Portillo
Acosta (22) y a la estudiante de secundaria Karol
Nohemí Martínez Reyes (19). Minutos más tarde,
en la colonia El Prado de Comayagüela, desconocidos liquidaron de un disparo en la frente al joven
Jonathan Javier Cruz (16), seguidor del equipo azul.
LAS VÍCTIMAS: Bryan Geovanny Alemán Sierra (19).
Rafael Antonio Martínez Chávez (20). Joel Alexander
Urbina (19). Milton Adam Urbina (22). Francisco Portillo Acosta (22). Karol Nohemí Martínez Reyes (19).
Jonathan Javier Cruz (16).» (Diario Tiempo, «Sigue la
Matanza de Revos a Manos de la Ultraﬁel», edición
del 20 de septiembre de 2010). Disponible en: http://
www.tiempo.hn/web2/secciones/sucesos/22846sigue-matanza-de-revos-a-manos-de-la-ultrafiel.
Un enfrentamiento entre los hinchas del Olimpia de
Honduras y los Caciques del Diriangen de Nicaragua,
el 24 de agosto de 2006, en pleno torneo interclubes
de la Uncaf, dejó dos heridos de bala, decenas de golpeados y 132 detenidos, entre ellos a los pistoleros,
que llegaron a apoyar a los hondureños. Ver: http://
www.radiolaprimerisima.com/noticias/22453.
Algunos aspectos característicos de la violencia de las barras son:
• La mayoría de los miembros de la barra participan en los enfrentamientos solo en los estadios y de manera simbólica, no física; una minoría
utiliza la violencia física en el centro
deportivo y lleva el conﬂicto fuera del estadio, a las calles y barrios.
• Durante los partidos, tradicionalmente, muchos de ellos utilizan alcohol y
drogas para celebrar, a pesar de ser una
práctica prohibida por sus dirigentes.
• Los enfrentamientos se producen
mayoritariamente contra la «Ultra
Fiel», barra del equipo Olimpia, por
parte de las barras de otros equipos
que parecen compartir una rivalidad
común contra el primero y a la vez
una mutua solidaridad entre ellas.
Sin embargo, la barra «Los Revos»,
del Motagua, y los «Mega Locos»,
del Real España, son las que tienen
contra la Ultrafiel el mayor grado
de conflictividad.
El conﬂicto más violento entre barras se produce en Tegucigalpa,
pues en San Pedro Sula no es un fenómeno que incite mayor preocu-
66 / Entornos violentos
pación fuera de los estadios. Esto
es paradójico, ya que en San Pedro
Sula nació la nueva modalidad de
barra deportiva vigente en el país.
En ocasiones ocurre inﬁltración de
delincuentes en las barras, distribuidores de drogas, pandilleros y
sicarios que buscan reclutar adeptos o encubrir sus acciones ilícitas haciéndolas con vestimenta y
símbolos distintivos de las barras.
Los líderes de las barras son contrarios
al uso de la violencia física y tratan de
aplicar algunos controles en los estadios, así como en el ingreso y permanencia en su organización. Sin embargo, no tienen capacidad para controlar
la violencia fuera de los estadios.
La mayoría de empresarios de los clubes deportivos, así como los jugadores, no parecen
interesarse en las actividades de barras. De
hecho, tienen muy poca relación con el liderazgo de éstas y no las apoyan para prevenir
la violencia en los juegos, a pesar de que con
su constante participación en los estadios
generan el 60% de la taquilla de cada juego.
Estigmatización y represión
contra las barras
Al igual que sucedió con las maras y pandillas, la primera respuesta del Estado, del empresariado deportivo y de los medios de comunicación frente a este problema consistió
en estigmatizar y reprimir a los jóvenes, sin
antes conocer el fondo del fenómeno.
La prensa ha llegado a decir que las barras
son una evolución de las maras, que todos
sus integrantes eran responsables de la violencia y, por lo tanto, que debía aplicárseles las mismas medidas que a las pandillas.
Los congresistas convocaron eventos en los
cuales amenazaron con aplicar a las barras
el artículo 332 del Código Penal; es decir, tratarlas como asociaciones ilícitas, llevar a sus
líderes a prisión por 20 y 30 años y prohibir
los espectáculos en las graderías, que es la
principal atracción de los hinchas.19
La siguiente noticia revela la respuesta de los diputados al problema: «El diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, presentó un proyecto de ley
que incluye reformar el Código Penal, con la ﬁnalidad de castigar a las diferentes personas que sean
parte de grupos organizados, que causen daño a la
vida humana y la propiedad privada, especialmente
en los estadios. El Congreso Nacional, [sic] aprobó
una reunión de urgencia, que se realizará dentro de
cinco días, en el que destaca el tema de la problemática y los disturbios de las barras de los equipos
pertenecientes a la Liga nacional del país. Rivera,
[sic] opinó que a los aﬁcionados que se dediquen a
lanzar objetos peligrosos dentro y fuera de la cancha, que ocasionen problemas de cualquier índole,
se les debe castigar con una pena de dos a cinco años
Hasta el momento, no se ha concretado
ese proyecto represivo, salvo por el hecho
de que se les prohíbe el ingreso de pirotecnia, bombos, trapos o banderas a los estadios. Al parecer, un factor que ha disuadido
a los dirigentes deportivos de radicalizar
sus medidas es la capacidad de las barras
de hacer huelgas de taquilla. La huelga
de taquilla es un recurso que consiste en
negarse a entrar al estadio e impedir que
otros aﬁcionados entren, produciendo pérdidas económicas a los organizadores de
los campeonatos futbolísticos. En 2009,
las barras practicaron algunas de estas
huelgas y los directivos cedieron a ciertas
demandas de los jóvenes.
Por lo general, la policía ha intervenido con
violencia para controlar los excesos de las
barras deportivas; los barristas, por su parte, se quejan de que la policía hace uso desproporcionado de la fuerza. El 26 de julio de
2009 se reportó la muerte de dos personas y
cuatro heridos miembros de la Barra Ultraﬁel, cuando policías dispararon contra los
adolescentes y jóvenes en un enfrentamiento entre barristas.20
en la cárcel. El proyecto también prohíbe a los seguidores ingresar al estadio, bajo los efectos de las
drogas y el alcohol, como el uso de cualquier arma
aunque tenga su respectivo permiso legal vigente».
(Ver: Hondudiario, 4 de marzo, 2009).
Ver: «Muertos tras el clásico Olimpia, Motagua»,
en http://www.elheraldo.hn/Zona%20Deportiva/
Ediciones/2009/07/26/Noticias/Muertos-tras-el-
Recientemente, debido a la dura represión
y la iniciativa del Congreso Nacional y de la
prensa, se produjo un acercamiento de los
líderes de las barras con la policía para evitar violencia en los estadios y represión policial. Como resultado, algunos miembros de
las barras deportivas se integraron a un proyecto del Programa Nacional de Prevención
de la Violencia, denominado «Barras por la
Paz», para dar muestras de su naturaleza
pacíﬁca, lo cual tuvo el efecto inmediato de
disminuir la violencia en los estadios. De hecho, ya varios campeonatos han transcurrido sin mayores incidentes.
VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS Y
Otro problema de gran preocupación social
es la violencia en colegios de secundaria, así
como conﬂictos entre institutos. Este hecho
se produce especialmente en los institutos
públicos más antiguos y con mayor número
de estudiantes, donde existen grupos que
no conforman propiamente una pandilla,
sino un grupo juvenil caracterizado por vínculos amistosos, los cuales desaparecen al
romperse los nexos personales.
clasico-Olimpia-vs-Motagua. Un video que capta el
momento en que los policías disparan a mansalva
contra los jóvenes está disponible en: http://www.
youtube.com/watch?v=AbdwDKY9Sd8, bajo el título «Policía disparando». http://youtubevideo.
isgoodness.com/watch/video/id/XMzAhzWghbs,
bajo el título «Ultraﬁel versus Cer2 policías».
68 / Entornos violentos
Al igual que en el caso de las barras deportivas, los conﬂictos o riñas entre grupos de
jóvenes de diferentes institutos secundarios
no son nuevos, ni se limitan a la secundaria.
Sin embargo, se le ha prestado poca atención pública al problema.
En ese sentido, aunque durante mucho
tiempo la violencia escolar no ha sido considerada una conducta de peligrosidad, recientemente la situación ha comenzado a
cambiar. En la actualidad existe cierto interés por conocer este problema, pero los
estudios que se han hecho en Honduras son
muy escasos y no se reﬁeren a la educación
secundaria, sino a la primaria; sin embargo,
Un estudio del PNUD (2007) registró que el
44.5% de los alumnos y alumnas del nivel
primario sufre algún tipo de maltrato físico
o emocional de parte de sus propios compañeros, lo cual se da entre una o más veces a la
semana. También indica que el 18.48% sufre
un maltrato diario sistemático (llamado técnicamente bullying), con graves consecuencias para su salud mental. En comparación
con países como México, donde el índice es
del 10%, el porcentaje para el caso de Honduras resulta ser un indicador alarmante.
El mismo estudio indica que la actividad vio-
lenta de muchos niños contra otros en las
escuelas primarias se desarrolla en forma
grupal. De acuerdo con lo reportado por los
465 niños y niñas agredidas que respondieron la pregunta, los niños(as) agresores(as)
actúan solos en el 48.17% de los casos, se
hacen acompañar más o menos frecuentemente en el 29.9% de los casos y siempre actúan acompañados en el restante 21.93% de
los casos. Pero si se suman las últimas dos
categorías tendremos un total de 51.83%
de niños y niñas cuyos agresores estuvieron
siempre, o con alguna frecuencia, acompañados de otros (op. cit.).
Además de los niños que se sienten agredidos por grupos, también se da en las escuelas públicas conﬂictos entre grupos. En
el mismo estudio del PNUD se revela que
el 15% de los niños y niñas reconoció haber
participado en algún pleito en el que formó parte de un grupo contra otro grupo de
alumnos de la misma escuela.
Con relación a los motivos de las peleas, la
gran mayoría señaló como principal causa
la competencia entre grupos, como: «Se
creen más que nosotros», «no saben perder» o «siempre hacen trampa para ganarnos»; otro grupo indicó que por protección
y auto defensa frente a la agresión de otros
grupos; otros lo atribuyeron a celos por las
preferencias de alguna maestra o maestro.
La presencia de pandillas juveniles como
motivo de los pleitos estudiantiles no fue
señalada en el estudio.
Los niveles de violencia en los centros escolares son relativamente bajos. En el Instituto Central Vicente Cáceres, centro educativo de nivel secundario más poblado del país,
por ejemplo, fueron identiﬁcados en 2006
al menos doce grupos estudiantiles que podrían ser considerados como grupos juveniles violentos, o pre pandillas. Pero el único
estudiante que ha resultado muerto por
motivo de violencia escolar de que se tenga
noticia en los últimos diez años, fue por acción de la policía, cuando ésta intervino en
un conﬂicto entre grupos estudiantiles en
dicho instituto.
De esta manera, puede concluirse que aunque la violencia escolar parece ser un problema frecuente y en crecimiento, se le sigue prestando poca atención por parte del
Ministerio de Educación y de las autoridades responsables del bienestar de la niñez
y la juventud.
relacionada con la juventud
Programas y proyectos institucionales para
A LA VIOLENCIA RELACIONADA CON LA JUVENTUD
La legislación hondureña cuenta con instrumentos destinados a prevenir la violencia social, atendiendo las necesidades y los derechos de la niñez y la juventud,
como el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Convención sobre los Derechos
del Niño y la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud. También cuenta
con institucionalidad especíﬁca para atender a la niñez y la juventud, como el
Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) y el Instituto Nacional
de Juventud (INJ). Sin embargo, estas instituciones carecen del apoyo estatal
necesario para cumplir adecuadamente sus cometidos, son de menor rango y
no disponen de recursos económicos y técnicos suﬁcientes, ni cuentan con el
apoyo político requerido. Adicionalmente, existe una iniciativa en el Congreso
Nacional para disolver el IHNFA y el INJ y fusionarlos en un solo Ministerio.
Honduras no cuenta con una política pública especíﬁca para prevenir la violencia
relacionada con la juventud. Hasta ahora el Estado ha privilegiado las medidas represivas para tratar el problema. Las escasas políticas sociales a favor de la niñez
y la juventud, así como los programas para prevenir la violencia, son limitados y
han sido formulados sin tomar en cuenta la realidad y las necesidades de la población juvenil.
A continuación se presenta breve descripción de las fortalezas y debilidades de
algunos de los programas de prevención de la violencia relacionada con la juventud.
72 / Entornos violentos
La Secretaría de Seguridad, a través de la División de Prevención contra
las Drogas (Programa Dare) y la División de Prevención contra las Maras
(Programa Erem), realiza una modesta labor educativa entre la población
escolar de primaria y secundaria, personal docente, padres y madres de familia, con el objeto de prevenir el consumo de drogas y el ingreso de ni-
ños y jóvenes a las pandillas. El Programa ofrece charlas en diferentes
centros educativos del país y está a
cargo de policías entrenados para
informar a la niñez y la juventud
escolar sobre los efectos perniciosos de las drogas y las pandillas. El
Programa tiene un enfoque educativo; sin embargo, los contenidos son
estigmatizadores y discriminatorios
contra las pandillas, se limita a charlas y no se complementa con otras
actividades. Asimismo, no se atiende a la población juvenil en riesgo
que está fuera del sistema escolar.
El Proyecto Paz y Convivencia, de las
corporaciones municipales del Valle de Sula y ﬁnanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), es un proyecto de dimensión
regional centrado en la dotación de
infraestructura para los municipios
de la Zona Metropolitana del Valle
de Sula. El proyecto prioriza la dotación de servicios materiales y la
construcción de centros comunitarios. Su debilidad es que descuida
el tratamiento social de los problemas que ocasionan la violencia en
una región altamente conﬂictiva.
La Unidad de Deporte Municipal
de la Municipalidad de San Pedro
Sula, en el Polideportivo del Sector Chamelecón, con el acompañamiento de la organización Jha-Ja,
atiende a centenares de jóvenes en
riesgo aﬁcionados y aﬁcionadas al
fútbol. Su fortaleza es la incorporación de los principales actores
comunitarios al proceso de prevención, especialmente jóvenes.
Lamentablemente, el proyecto
cuenta con poco apoyo presupuestario para procurar su expansión.
El Proyecto Prevención de la Violencia en Centros Escolares, promovido por la Secretaría de Educación
y el PNUD, se implementa a nivel
local en algunos distritos escolares
de Tegucigalpa, Juticalpa, Comayagua y Choluteca. Su fortaleza es
la dimensión educativa destinada
a incrementar las capacidades de
los actores educativos. Sus debilidades consisten en su dependencia de la cooperación internacional y su carácter temporal y local.
El Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (Ihadfa)
es una institución de rango constituEntornos violentos /
cional. Sus objetivos fundamentales
son la investigación y la prevención de
las adicciones, así como el tratamiento y la rehabilitación de las personas
afectadas por el consumo de sustancias que producen dependencia. Su
fortaleza es la labor educativa y la implementación de auditorías técnicas
sobre adicciones. Sus debilidades, al
igual que en el caso del IHNFA, son la
carencia de presupuesto, poco personal técnico y débil apoyo político.
El Programa Nacional de Prevención
Rehabilitación y Reinserción Social
(PNP), que ha adoptado rango como
entidad descentralizada del Gobierno
central, se creó en 2004 como resultado de la aprobación de la Ley de Prevención, Rehabilitación y Reinserción
Social de Personas en Maras o Pandillas (Decreto 141-2001). Su objetivo es
coordinar las acciones de los sectores
gubernamental y no gubernamental
en la prevención de ese problema,
mediante un Plan Nacional.
Una de las ventajas del Programa es su
visión preventiva de los procesos, así
como el abordaje de la problemática
de las maras y las barras con respeto
a los derechos de los jóvenes, inclui-
74 / Entornos violentos
da su participación. Sin embargo, las
limitaciones ﬁnancieras lo convierten
en una institución de pequeños proyectos de prevención y rehabilitación
de jóvenes en situación de riesgo o ex
pandilleros y ex pandilleras; se trata,
de esa cuenta, de un Programa relegado en las prioridades presupuestarias del Estado hondureño.
El PNP y el INJ son los únicos programas que sistemáticamente se han
propuesta abordar la problemática
asociada con las barras. Aunque no
cuentan con un programa especíﬁco
para ello, existe una campaña diseñada por los medios de comunicación,
autoridades deportivas y poder legislativo para promover conductas no
violentas en los estadios. Esta campaña, acompañada de negociaciones
con líderes de las barras, comienza
a tener efectos positivos en los estadios, aunque no alcanza la violencia barrial de estos mismos grupos.
Con relación a los jóvenes en conﬂicto con la ley penal, existen centros
de internamiento y reclusión para
adolescentes y adultos. Sin embargo,
los centros de privación de libertad
no ofrecen programas socioeducativos para adolescentes, ni de reha-
bilitación para los adultos. Además,
carecen de personal capacitado, infraestructura apropiada y recursos
económicos suﬁcientes para cumplir
con dicha función.
Por el contrario, en muchos de los
centros de privación de libertad se
registran violaciones a los derechos
humanos, amenazas de muerte contra los internos e incluso han ocurrido masacres o muertes masivas
por negligencia de las autoridades
y de los guardias penitenciarios.
En cuanto al IHNFA, que es la entidad responsable de la rehabilitación de los menores
infractores, no cuenta con programas adecuados, personal actualizado ni condiciones
presupuestarias. La institución requiere reformarse para abordar correctamente la rehabilitación. Sin embargo, varios sectores del Estado entienden esta «reforma» en el sentido
de transferir la rehabilitación de los jóvenes
pandilleros a organizaciones no gubernamentales y municipalidades, eludiendo su responsabilidad sobre estos programas
De acuerdo con la Constitución Política de
Honduras, el Estado cuenta con diversos
instrumentos legales e institucionales para
proteger los derechos humanos de la niñez y
la juventud. Entre las instituciones responsables de vigilar y proteger los derechos de esta
población se encuentran las ﬁscalías especiales de la niñez y de derechos humanos del Ministerio Público; los juzgados de la niñez y la
adolescencia; el Comisionado Nacional para
la Defensa de los Derechos Humanos; entre
otros. Sin embargo, estas instituciones son
débiles y cumplen limitadamente sus responsabilidades.
Después del golpe de Estado del 28 de junio
de 2009, cuando la situación de violencia y crisis se agravó, la respuesta de las instituciones
responsables de velar por los derechos humanos fue casi nula. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
en su informe Honduras: derechos humanos y
golpe de Estado (2009), señala:
Las violaciones a los derechos a la
vida, integridad personal, asociación,
libertad personal, garantías judiciales, libertad de expresión, a los derechos políticos, a los derechos de las
mujeres y grupos minoritarios se vieEntornos violentos /
ron exacerbadas por la falta de una
institucionalidad que permita canalizar las denuncias, investigar los
hechos, sancionar a los responsables
y reparar a las víctimas. Los sectores
de la sociedad hondureña que condenan el golpe de Estado manifestaron
a la CIDH su temor a sufrir represalias por parte de los agentes de seguridad y su desconﬁanza en el actuar
de las instituciones que no han condenado enérgicamente la ruptura de
la institucionalidad democrática y se
han mostrado inactivas frente a las
denuncias de conocimiento público.
En base a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, ratiﬁcada
por el Estado hondureño en 1977, el
Estado tiene la obligación internacional de prevenir las violaciones a
los derechos humanos, y en caso de
que ocurran, investigar, juzgar y sancionar a los responsables. No obstante, las autoridades de facto y la
Corte Suprema de Justicia de ese país
niegan sistemáticamente la existencia de esas violaciones, circunstancia
que se traduce en una situación de
inactividad y tolerancia que facilita
la repetición de estos hechos de manera impune.
76 / Entornos violentos
Durante el período del presidente Porﬁrio
Lobo, la situación no ha cambiado, ya que
continúan al frente las mismas autoridades
judiciales, del Ministerio Público, del Conadeh, de la Policía y las Fuerzas Armadas
que participaron en el golpe de Estado. No
obstante, se considera una señal positiva
que el presidente Lobo haya nombrado a
una comisionada de los Derechos Humanos
para velar por este tema.
Con relación a la vigilancia de los derechos
humanos de la niñez y la juventud ha sido
importante la labor de las organizaciones
de la sociedad civil y las instancias internacionales de derechos humanos como la
CIDH y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Ambas entidades, desde hace
dos décadas, han tenido un fuerte protagonismo en la vigilancia y sanción al Estado de
Honduras a nivel internacional por los casos
de menores de edad en cárceles de adultos,
ejecuciones extrajudiciales y las violaciones
al debido proceso en la aplicación del artículo 332 del Código Penal. De hecho, Honduras fue sancionada en dos ocasiones por
La CIDH también ha jugado un rol de primer orden en el monitoreo de violaciones
de derechos humanos tras la ruptura del
orden constitucional. Inclusive, el relator
de este último organismo para los derechos
de la niñez se hizo presente en el país para
constatar la realidad en el nuevo Gobierno.
En menor grado, el Comité de Derechos del
Niño de Naciones Unidas y el Comité contra
la Tortura de Naciones Unidas han actuado
con sus respectivos informes, recomendaciones y cabildeo internacional, aunque con
poco impacto en el contexto.
Promoción de los derechos de la niñez y la
Las organizaciones nacionales de derechos
Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo de la prevención
de la violencia son relativamente pocas. Son muy escasas las iniciativas de trabajo
de prevención y rehabilitación con pandillas juveniles, barras deportivas, violencia escolar y la violencia producida por el narcotráﬁco en Honduras. Sin embargo,
existen algunas organizaciones que trabajan el tema de manera indirecta. El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en este campo puede agruparse en
cuatro niveles: prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria
y acciones de incidencia.
Con relación a la prevención primaria, las organizaciones hacen un trabajo de prevención de la violencia con población infanto-juvenil en potencial riesgo de pertenecer a agrupaciones pandilleras o desarrollar conductas trasgresoras de la ley,
mediante procesos educativos, organizativos, ocupacionales, recreativos y espirituales. Realizan su trabajo, generalmente, en el nivel comunitario, organizando
grupos infantiles y juveniles con los que llevan a cabo actividades diversas. Algunas
de estas organizaciones son: el Proyecto Compartir; la Asociación Cultural Arte y
Acción; el Centro San Juan Bosco, en Tela; el Plan Honduras, con presencia en las
zonas occidental y sur de Honduras; la Asociación Scout; los Oratorios Salesianos
y el Proyecto Alternativas y Oportunidades; el Programa Alianza Joven de USAID.
En el campo de la prevención secundaria, las organizaciones desarrollan un trabajo
de prevención con niños y jóvenes que salen o muestran voluntad de salir de las pandillas juveniles. Se ofrecen los servicios de albergue, desintoxicación, rehabilitación
ocupacional, recreación y apoyo educacional. Dentro de este grupo de organizaciones
se tiene a la Fundación Unidos por la Vida, el Proyecto Victoria, la organización Jha-Ja,
el Movimiento Juvenil Cristiano y el Proyecto Paz y Justicia (menonita).
En cuanto a la prevención terciaria, las organizaciones están vinculadas con las
instancias de aplicación de la ley penal, como los juzgados y penitenciarías, en
80 / Entornos violentos
apoyo a procesos de rehabilitación de adolescentes y jóvenes que han sido sometidos
al sistema de justicia juvenil. Entre éstos
cabe mencionar a la Pastoral Penitenciaria,
el Centro de Prevención de la Tortura (CPTRT), el Orphan Helpers y el Proyecto Paz y
Justicia (menonita).
Dado que muchas organizaciones no gubernamentales (ONG)
trabajan con un enfoque de derechos humanos, cuentan con la legitimidad y el respeto ante la población beneﬁciaria para incidir
en las organizaciones pandilleras.
Con relación a la incidencia política, en este
nivel se encuentran organizaciones que
desarrollan procesos de defensa de los derechos humanos de los niños y jóvenes, de
cabildeo, de organización juvenil de forma
autónoma o que promueven legislaciones
y políticas públicas; por ejemplo: la organización Jha-Ja, el Centro de Investigación y
Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh) y Casa Alianza.
Propician métodos participativos e
incluyentes de la población meta —
niños, niñas, jóvenes y comunidades.
Como resultado, existen organizaciones de jóvenes ex pandilleros con
elevado nivel de incidencia, como
Generación X, en el Valle de Sula.
Existe una práctica de red funcional para la derivación de casos en
las áreas de especialidad que las
organizaciones no pueden cubrir.
Por ejemplo, las organizaciones del
Valle de Sula remiten al Proyecto
Victoria casos de adicción a drogas.
Existen procesos de incidencia en
políticas públicas para mejorar
el sistema público de atención a
esta población. Por ejemplo, el
trabajo de incidencia que realiza la
Coalición Centroamericana para
la Prevención de la Violencia con
los presidentes centroamericanos.
Las fortalezas de las acciones de la sociedad civil en su respuesta frente a la violencia juvenil son:
La sociedad civil posee experiencia
en la prevención y rehabilitación.
Además, construye algunos modelos
de abordaje que el Estado no tiene
en este campo. Por ejemplo, los modelos de rehabilitación/reinserción
socio-culturales (Arte Acción) y de
transformación/integración (Jha-Ja).
Algunas de las ONG tienen relaciones de cooperación técnica e incidencia política con organismos internacionales u organizaciones de otros
países con experiencia en el tema —
como es el caso de Jha-Ja, Casa Alianza y el Equipo de Reﬂexión Investigación y Comunicación (Eric)— que
coordinan con el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (Cejil).
ganización productiva y recreación;
dos organizaciones tienen programas de rehabilitación de adicciones
(Proyecto Victoria y Casa Alianza).
Solamente una trabaja el método de
«integración-transformación comunitaria» (Jha-Ja), por lo que son escasas o prácticamente inexistentes
las actividades de reinserción social.
Los mecanismos de actualización
profesional son escasos y, por lo general, las organizaciones no cuentan con los recursos suﬁcientes
para profesionalizar a su personal.
Son pocas las organizaciones que
trabajan con pandilleros activos y
las que lo hacen trabajan en los presidios, desde una marcada tendencia
religiosa (Pastoral Penitenciaria de la
iglesia Católica y Movimiento Juvenil
Cristiano), a excepción del CPTRT.
Es reducido el número de organizaciones que trabajan con pandilleros en programas de incidencia
política y participación (Jha-Ja, Asociación Cristiana de Jóvenes, ACJ,
y Fundación Unidos por la Vida).
La sociedad civil que trabaja en el
campo de la prevención tiene poca
También pueden mencionarse las siguientes debilidades:
Existe poca información sobre todas
las iniciativas de la sociedad civil que
operan en materia de rehabilitación
de jóvenes pandilleros o ex pandilleros. No existe un registro de las
iniciativas comunitarias (comités
barriales, redes de empresarios, grupos juveniles de iglesias) que operan en el campo de la prevención.
En cuanto a los modelos de abordaje, la mayoría de las organizaciones
de desarrollo, de carácter privado
y que trabajan con pandilleros o ex
pandilleros, utilizan el modelo clínico de rehabilitación, que busca
producir cambios conductuales a
través de terapia ocupacional o artística, capacitación vocacional, or-
82 / Entornos violentos
incidencia en las políticas públicas
de prevención de la violencia.
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
Ante la debilidad institucional del Estado, la
sociedad civil ha asumido un rol más protagónico en defensa de los derechos de la niñez y la juventud. La reacción de la sociedad
civil frente a la violencia de Estado ha sido
asumida por cuatro grupos de actores: a)
organizaciones nacionales de derechos humanos; b) ONG que trabajan con la niñez y
juventud; c) coaliciones de organizaciones
juveniles; y d) organismos no gubernamentales internacionales.
Entre las organizaciones que históricamente han asumido la defensa de la niñez y la
juventud desde la perspectiva de los derechos humanos destacan el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de
Honduras (Cofadeh), el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), el
Centro de Investigación y Promoción de los
Derechos Humanos (Ciprodeh) y el Centro
de Prevención y Rehabilitación de Víctimas
de Tortura y sus Familias (CPTRT). Todas
estas organizaciones están agrupadas en la
denominada Plataforma de Derechos Humanos de Honduras.
Estas organizaciones realizan una labor de
procuración de casos, denuncia pública,
incidencia política y procesamiento jurisdiccional de casos a nivel nacional e internacional. También ofrecen asesoría jurídica, apoyo psicosocial y de seguridad a las
víctimas, incluyendo el traslado al exterior
de los jóvenes que se encuentran en mayor
peligro. Estas organizaciones jugaron un
rol importante en la época más dura de la
guerra contra las pandillas, denunciando
las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes y
la violencia en las prisiones. Han tenido una
labor destacada durante y después del golpe de Estado, en el marco de la represión e
intolerancia política.
En el último año, se sumaron a esta tarea
otras organizaciones de derechos humanos
como el Observatorio de Derechos Humanos del Centro Latinoamericano de Iglesias
(Clai) y la sección hondureña de la Food First
Information and Action Network (FIAN),
entidades que, frente a la violencia del régimen inconstitucional, también asumieron
la defensa no especíﬁca pero sí incluyente
Entre las ONG que trabajan con la niñez y juventud vulnerable, y que realizan una labor
importante de denuncia contra la violencia
hacia este grupo, destacan: Casa Alianza, el
Centro de Comunicación Popular de Honduras (Cencoph), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y la Asociación Xibalbá,
en Tegucigalpa;21 la Asociación Civil Jóvenes
Hondureños Adelante Juntos Avancemos
(Jha-Ja) y la Fundación Unidos por la Vida,
en San Pedro Sula; el Equipo de Reﬂexión
Investigación y Comunicación (Eric) de la
Compañía de Jesús, en El Progreso; y el Proyecto Paz y Justicia de la Iglesia Menonita,
en las ciudades de La Ceiba y Choloma.
En cuando a colectivos de ONG, cabe destacar el rol de incidencia política desempeñado por la Coordinadora de Instituciones
Privadas por los Niños/as y sus Derechos
(Coiproden) y la Alianza por la Infancia,
Adolescencia y Juventud; esta última, constituida para demandar políticas de Estado y
con especialización en la búsqueda de compromisos de parte de los candidatos de los
diferentes partidos políticos.
En los años 2000 a 2006 también jugó un importante rol de incidencia política e investigación, la agencia Save the Children Reino Unido, la que ya no sigue
funcionando en Honduras a partir de la última fecha
84 / Entornos violentos
En agosto de 2010 fue constituida la Plataforma por los Derechos de la Niñez y
Juventud, como parte de la Plataforma de
Derechos Humanos de Honduras; está integrada inicialmente por la Coiproden, el
Codeh, el CPTRT, Casa Alianza y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Busca coordinar especíﬁcamente la labor
de denuncia, procuración e incidencia política, con especial énfasis en las diversas
formas de violencia de Estado a partir de la
Otras instancias que también han destacado en la defensa de los derechos de los jóvenes contra la política de Cero Tolerancia,
ejecuciones extrajudiciales y contra masacres en prisiones se encuentran vinculadas
con la iglesia Católica en el Valle de Sula;
especíﬁcamente, la Pastoral Penitenciaria
y la Diócesis de San Pedro Sula, impulsando
iniciativas de diálogo con el Gobierno, pero
también procesos judiciales contra el Estado de Honduras.22
Las organizaciones juveniles
Entre las organizaciones juveniles que han
asumido la defensa de los derechos de niños y jóvenes destacan la Plataforma de los
Se reﬁere a la denuncia ante la CIDH por el caso
especíﬁco de la muerte colectiva de 107 jóvenes en
el Centro Penal de San Pedro Sula, en 2004.
Derechos de la Juventud, el Foro de Juventud, las organizaciones miembro del Equipo
Dinamizador de la Alianza por la Infancia,
Adolescencia y Juventud, así como una organización de jóvenes ex pandilleros denominada Generación X.
Estas entidades enfocan sus esfuerzos en
acciones de movilización, apoyo mutuo, incidencia política y educación. Debido al clima de intolerancia e irrespeto a las organizaciones juveniles por parte del Estado y a la
poca importancia que éste le da al tema juvenil, la incidencia de estas organizaciones
no ha arrojado los resultados esperados.
La sociedad civil ha presentado varias iniciativas para aportar reformas, modelos de
intervención y propuestas de política pública para fortalecer la función del Estado de
prevenir la violencia contra los niños, niñas
y jóvenes. Sin ser exhaustivos, podemos
destacar las siguientes iniciativas construidas por organizaciones de la sociedad civil,
o en las que estas organizaciones tuvieron
una participación importante:
Las propuestas generadas por los procesos participativos de consulta impulsados por Save the Children-Reino
Unido al respecto de la niñez infractora y el sistema de justicia juvenil en
Honduras (2005-2006).
El Modelo de Gobernabilidad Comunitaria contra la Violencia Social de la
organización Jha-Ja (2005).
El Modelo Comunitario de Prevención, Atención y Reinserción Integral
de Adolescentes y Jóvenes que participan o simpatizan con maras o pandillas, de la Coiproden (2010).
El Plan de Acción Nacional para el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social de Maras y Pandillas (PNPRRS, 2001).
humanos internacionales
Entre los organismos no gubernamentales internacionales que promueven los derechos de la niñez y la juventud destaca el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) que ha jugado un rol muy
importante de representación, acusación y
asesoría a organizaciones hondureñas. En
menor medida, también Amnistía Internacional (AI) ha desempeñado un signiﬁcativo
nivel de cabildeo, información y denuncia a
nivel internacional sobre la situación de la
niñez y juventud hondureñas.
El Plan de Acción Nacional por la Infancia, Adolescencia y Juventud (2005).
El Pacto Social por la Infancia, Adolescencia y Juventud (2006).
Las propuestas derivadas del estudio
del PNUD sobre violencia escolar en
los distritos escolares 7 y 8 del Distrito Central (2007).
El Plan de Oportunidades (2007).
Los Lineamientos de Política Pública
en Seguridad Ciudadana de Ciprodeh
(2008). La Política de Protección Social (2009).
La Ruta Social para un Buen Gobierno
por la Infancia, Adolescencia y Juventud (2010).
En estas iniciativas, la violencia es analizada como un problema social, más que como
un problema de seguridad pública. Con relación a las causas de la violencia, prácticamente todos los documentos señalan la
negación de los derechos a la educación,
trabajo, recreación, salud, alimentación y
la vivienda como orígenes de la violencia.
Igualmente, reﬁeren como causas del problema la inequidad y la estructura social excluyente del país.
86 / Entornos violentos
Mediante su característico enfoque de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil han logrado permear el discurso
del Estado, complejizando una interpretación meramente represiva del problema de
la violencia. Puede decirse que, en el orden
de la normativa principal, el enfoque preventivo ha ganado en Honduras una importante batalla al tradicionalismo.
Por otro lado, los principales problemas sociales de la niñez y juventud son analizados
desde la naturaleza misma de los problemas
(trabajo infantil, pandillas, violencia escolar,
etc.), no desde el tradicional enfoque sectorial que los invisibilizaba (educación, salud,
vivienda). Esto también se considera un éxito
alcanzado por las organizaciones de la sociedad civil merced a su trabajo durante los últimos veinte años. Ello permite profundizar
en el conocimiento de dichos problemas y
aportar alternativas que pueden conducirnos más directamente a su solución.
El lado débil de estos instrumentos es que
muy pocos se sustentan en investigaciones
de primer grado, sino que reproducen las
conclusiones que han hecho estudios previos, por lo que en buena medida han quedado desactualizados frente a la evolución
de los problemas a los que se reﬁeren, como
las pandillas y el narcotráﬁco.
Otra debilidad signiﬁcativa es que, con la
salvedad del Plan de Oportunidades —vinculado con la Estrategia de Reducción de la
Pobreza—, el resto de los instrumentos o
iniciativas no ha sido oﬁcializado como política de Estado, y aun el Plan de Oportunidades, en la práctica, no es utilizado por el
Estado como una guía para sus acciones en
petadas por los Gobiernos, ya que el sectarismo político lleva a cada administración a
deshacer lo que hizo la anterior y establecer
sus propios criterios; o porque un Gobierno
pretende imponerlas sin consulta ciudadana. Además, eso indica que los conceptos de
construcción de política pública y de derechos humanos no han sido consolidados aún
en la institucionalidad hondureña.
Documentos como la «Política de protección social» (2009) y las «Bases de la política integral de seguridad pública y ciudadana
(2008-2012)», que contienen estrategias
sustentadas en enfoques de derechos humanos bastante avanzados, vieron frustrada su aprobación por el poder Ejecutivo
debido al golpe de Estado del 28 de junio
de 2009; mientras que el documento «Ruta
social para un buen Gobierno por la infancia, adolescencia y juventud» (2010) no ha
merecido la atención del nuevo Gobierno de
Porﬁrio Lobo Sosa, quien no ha incluido ni
un párrafo dedicado a la niñez y juventud en
su recientemente aprobado Plan de nación.
Durante el Gobierno de facto de Roberto Micheletti (de junio de 2009 a enero de 2010),
el Congreso Nacional aprobó un documento denominado Visión de país (2010-2038),
así como un Plan de nación (2010-2022) que
pretende establecer bases de una política
de Estado para diversos temas nacionales.
No obstante, esos documentos no pueden
servir de base para una política de Estado
democrática frente al problema de la violencia, debido a que: 1) constituyen un retroceso en materia de derechos humanos,
pues estos prácticamente «desaparecen»
de sus conceptos; 2) dejan fuera todos los
temas relacionados con niñez y juventud;
3) no fueron objeto de ninguna consulta
ciudadana; 4) se aprobaron durante un Gobierno de facto, lo cual les resta legitimidad
democrática. Resulta ser un indicador muy
claro acerca del contexto el hecho de que en
siete meses de gobierno fueron ejecutados
447 jóvenes (el promedio mensual más alto
de la historia).
En consecuencia, hasta ahora no existe una
política integral de Estado para prevenir y
atender la violencia que afecta a la juventud;
por el contrario, han predominado las iniciativas represivas hacia la juventud. De hecho,
tradicionalmente no existe una cultura de
establecer políticas de Estado que sean res-
La administración de Porﬁrio Lobo ha deﬁnido que la Visión de país y el Plan de nación
aprobados durante el Gobierno de facto serán sus parámetros privilegiados de gobierno. Pero, como vimos, esa Visión y ese Plan
no sirven para el propósito de construir una
política pública democrática pues, además
de los inconvenientes que ya fueron mencionados, la misma legitimidad del Gobierno de
Porﬁrio Lobo es objeto de controversia nacional e internacional. En esas condiciones, difícilmente una política que emane de él tendrá
el reconocimiento de un sector signiﬁcativo
de la ciudadanía hondureña y de la cooperación internacional.
88 / Entornos violentos
La adolescencia y juventud hondureña siguen siendo parte signiﬁcativa de los
grupos sociales más golpeados como consecuencia de la desigualdad económica y la exclusión social en el país. Miles de adolescentes y jóvenes —principalmente en las zonas rurales y las zonas urbano marginales— tienen limitado
acceso a servicios de salud, educación, oportunidades de trabajo, espacios de
participación y recreo, y viven en condiciones de extrema marginalidad. Esta
condición representa una violación a sus derechos fundamentales y los coloca
en situación de vulnerabilidad frente a la posibilidad de ser víctimas de violencia
o de involucrarse en hechos violentos o delictivos.
La creciente ola de violencia en el país está afectando principalmente a la adolescencia y la juventud. En los últimos años, se han incrementado las muertes violentas de adolescentes jóvenes, incluyendo mujeres. Las actividades del crimen organizado, el sicariato, los suicidios, las extorsiones, la corrupción, entre otros hechos,
en muchas ocasiones cobran la vida de jóvenes. También se ha incrementado la
represión estatal contra líderes sociales y políticos que maniﬁestan desacuerdo con
las acciones del Gobierno.
CON RELACIÓN A LAS MARAS O PANDILLAS
Una de las formas de violencia juvenil que más ha llamado la atención social en
los últimos años es la violencia de las maras o pandillas. Sin embargo, desde la
aplicación de la política de Cero Tolerancia, en 2003, ha disminuido el número de
miembros de las pandillas y éstas se han visto forzadas a replegarse a zonas marginales, ocultar sus expresiones culturales y modiﬁcar sus actividades.
No se puede generalizar y decir que las maras o pandillas forman parte del crimen
organizado transnacional, pero existen indicios de vínculos temporales y especíﬁcos entre algunas pandillas y grupos del crimen organizado en determinadas zonas del país. Sin embargo, se presentan diferencias sustanciales entre los grupos
del crimen organizado y las pandillas, en términos de intereses, poder económico,
92 / Entornos violentos
inﬂuencia política, capacidad para penetrar
las instituciones del Estado y elementos de
identidad y cultura. Por consiguiente, no es
apropiado tratar a las maras y pandillas de
la misma forma como se trata al crimen organizado transnacional. Esto obliga a deﬁnir
estrategias de investigación y persecución
penal diferenciadas para tratar cada caso.
Existen indicios de vínculos de policías corruptos con bandas del crimen organizado
y actividades ilegales de pandillas. Las relaciones entre bandas del crimen organizado, pandillas y policías corruptos pueden
ser conﬂictivas y ponen en riesgo la vida
de jóvenes y adultos en las comunidades y
las prisiones. El Estado debe implementar
estrategias más efectivas para sancionar a
policías corruptos y evitar prácticas de corrupción dentro de sus instituciones.
CON RELACIÓN A LAS BARRAS
El fenómeno de las barras deportivas se ha
expandido rápidamente en los últimos cinco
años, particularmente en Tegucigalpa. Las
barras deportivas no son grupos violentos
por naturaleza. Sin embargo, recientemente
algunos miembros de barras deportivas han
propiciado hechos violentos en las afueras
de los estadios y han expandido las disputas
contra la barra contraria hacia los barrios po-
pulares, llegando incluso a cobrar la vida de
jóvenes. En algunos hechos violentos, se sospecha de la inﬁltración de grupos de interés
en las barras deportivas para provocar caos.
En respuesta a esa violencia, el Estado, los
empresarios del deporte y los medios de
comunicación, actúan estigmatizando, reprimiendo y controlando todas las expresiones de los jóvenes barristas. En muchas
ocasiones, de forma desproporcionada y
abusiva, con el saldo de jóvenes detenidos,
heridos y hasta muertos por dicha represión. También se les coarta el derecho de
expresar su alegría en los eventos deportivos, prohibiéndoles la utilización de sus
instrumentos de entretenimiento y proponiendo medidas legislativas tan extremas
como la extensión de la aplicación del artículo 332 del Código Penal (asociación ilícita)
a la barras.
Recientemente, algunas instituciones estatales han intervenido para procurar un trato
no violento a estos jóvenes por parte de los
organismos de seguridad, con el ﬁn de dar
una oportunidad a la prevención y la solución
no violenta de conﬂictos. Sin embargo, poco
se podrá hacer si continúa el trato estigmatizante y represivo hacia esta población.
A LA VIOLENCIA ESTUDIANTIL
ganizado, las pandillas y violencia política,
La violencia en los niveles primario, básico
y secundario de la educación nacional es
un fenómeno cada vez más extendido en
el país. Se trata de un fenómeno que tiene
consecuencias funestas para la salud física y
mental de los niños, niñas y jóvenes. La mayor parte de la violencia estudiantil es de carácter grupal. Entre los motivos por los cuales los estudiantes entran en riñas grupales
se encuentra la exacerbación de la competencia originada en juegos o actividades,
algunas veces orientadas por docentes con
buenas intenciones (actos cívicos, juegos,
etc.). Esta violencia rara vez está asociada
con la actividad de pandillas en las escuelas,
o con actividades criminales.
Estos crímenes se dan predominantemente
a nivel individual (teniendo como víctima a
una sola persona a la vez), pero con el tiempo
se ha incrementado el asesinato de jóvenes
en grupos y se producen principalmente en
la calle, los presidios y los centros de trabajo. La modalidad más frecuente de asesinato
es el sicariato, el cual tiene diversos móviles,
como ajustes de cuentas por el crimen organizado, violencia política, ejecuciones arbitrarias, venganzas y motivos personales.
CON RELACIÓN A LA VIOLENCIA
CONTRA LAS Y LOS JÓVENES
Las y los jóvenes son el segmento de edad
más afectado por la violencia criminal en
Honduras, con niveles tres y hasta cuatro
veces superiores al promedio nacional, que
es de los más altos del mundo. Los atentados contra los jóvenes tienen diversos orígenes, como el robo a mano armada, atentados contra la vida de particulares, riñas por
efectos de alcohol, vendettas familiares y
similares, como también por el crimen or94 / Entornos violentos
VIOLENCIA ASOCIADA
CON LA NARCOACTIVIDAD
El tipo de la violencia que más crece en todo
el territorio nacional es el asociado con la
narcoactividad, sea por el consumo de estupefacientes o por el tráﬁco ilícito de drogas.
El problema se agrava debido al fácil acceso
a armas de fuego y el bajo control por parte
del Estado. Este tipo de violencia también
se encuentra asociado con otras clases de
conducta dañina para los jóvenes, como la
agresión física y sexual, la agresión emocional, la violencia doméstica e intrafamiliar,
los robos y hurtos, la explotación sexual comercial de niñas y jovencitas y la actividad
de escuadrones de la muerte.
Las ejecuciones arbitrarias de niños, niñas y
jóvenes crecen de forma alarmante, especialmente después del golpe de Estado de 2009.
Muchos de estos crímenes son cometidos por
grupos de exterminio que gozan de una gran
libertad de movimiento e impunidad. La información disponible de la policía indica que
los principales autores son «pandilleros» y
«particulares»; estos últimos muy probablemente relacionados con el crimen organizado y con motivos personales. También existe un porcentaje relativamente menor, pero
inquietante, que revela la participación de
agentes policiales activos en estas muertes.
Sin embargo, la escasa y poco conﬁable información disponible hace difícil comprobar
la participación de estos agentes.
Existen pocos esfuerzos de parte de la Policía para esclarecer la participación de sus
propios miembros en las ejecuciones arbitrarias. En muchas ocasiones, resulta evidente una actitud defensiva y represiva del
nivel ministerial hacia la persona denunciante, así como la destrucción de las pruebas de convicción. El sistema de justicia se
presenta con una extraordinaria inoperancia frente a estos casos. De igual forma, la
desidia estatal se reﬂeja en los raquíticos
presupuestos asignados a la unidad encargada de investigar estos hechos.
El hacinamiento, los malos tratos y los homicidios constituyen las principales formas
de violencia contra jóvenes en las prisiones.
Los autores de estos actos han sido reos comunes con la complicidad pasiva o activa de
agentes de seguridad penitenciarios. Este
extremo ha sido conﬁrmado en al menos un
caso que involucró a decenas de agentes de
seguridad y se encuentra en proceso de investigación en otros dos.
VIOLENCIA EN LA APLICACIÓN
DEL ARTÍCULO 332 REFORMADO
La aprobación y aplicación de las reformas
al artículo 332 del Código Penal pueden considerarse como uno de los episodios de mayor violencia institucional contra la juventud
marginal de las principales ciudades, desde el
16 de agosto de 2003 hasta el 28 de junio de
2009. La reforma del artículo 332 no estaba
justiﬁcada jurídicamente y su aplicación solamente sirvió para posicionar a los funcionarios que la aprobaron y aplicaron en cuanto a
sus intenciones políticas partidistas. En esos
casi seis años de vigencia fueron atropellados
en su derecho a la libertad de locomoción, al
debido proceso y a no ser ultrajado, miles de
personas, en su mayoría jóvenes.
Violencia política durante y
después del golpe de
Estado de 2009
Durante el Gobierno de facto de Roberto
Micheletti Bain se produjeron gravísimas
violaciones a los derechos humanos de personas adultas, jóvenes y menores de edad.
Entre la violaciones más frecuentes destacan la represión injustiﬁcada y desproporcionada contra manifestaciones pacíﬁcas,
detenciones ilegales masivas acompañadas
de torturas, vejaciones sexuales a niñas y
jóvenes, persecución política a organizaciones, líderes, lideresas y activistas juveniles,
acoso y amedrentamiento a comunidades
rurales y urbanas, suspensión de garantías
constitucionales y ejecuciones arbitrarias,
las cuales se incrementaron dramáticamente en ese período. Durante el Gobierno
de Porﬁrio Lobo Sosa muchos de estos abusos han continuado.
los poderes del Estado. Prácticamente no
existen políticas de Estado (que trasciendan Gobiernos) para prevenir la violencia
juvenil y proteger a la niñez y juventud de
las múltiples formas de violencia social,
política y criminal.
Las políticas de Gobierno que han existido,
incluida la política represiva de aplicación del
artículo 332 del Código Penal que aun continúa vigente, se caracterizan por ser represivas, no preventivas, informales, no transparentes, violatorias de los derechos humanos,
cortoplacistas, reduccionistas al pandillerismo, autoritarias, discriminativas, políticamente sesgadas, éticamente cuestionables y
carentes de fundamento cientíﬁco.
Con relación a las respuestas del
Estado frente a la violencia juvenil
En el actual Gobierno, el Plan de nación no
reúne requisitos mínimos para poder servir de base a una política de Estado, ya que
prácticamente desconoce los derechos humanos, deja fuera la temática de la niñez y
juventud y no goza de consenso en torno a
su legitimidad democrática.
En Honduras existe un marco normativo
apegado a los principios universales de los
derechos humanos de niños, niñas y jóvenes; sin embargo, la institucionalidad existente para cumplir con dichos instrumentos es débil. Las instituciones no cuentan
con el respaldo económico ni político de
En el nivel de prevención primaria los programas existentes son escasos y de muy
poca cobertura poblacional, con poco presupuesto e institucionalmente débiles, con
excepción del Programa Paz y Convivencia
del Valle de Sula, que cuenta con un presupuesto considerable para la región. En el ni-
96 / Entornos violentos
vel de la prevención secundaria el problema
es similar. Los programas, su cobertura, su
respaldo económico y político son débiles,
aunque en este caso encontramos esfuerzos
por contribuir a la construcción de políticas
públicas desde el PNP y el INJ.
la pandillas pueden llegar a disminuir ostensiblemente su violencia si existe un acuerdo
que lo respalde y, por consiguiente, un diálogo franco y responsable mediante el cual se
arribe a dicho acuerdo puede ser una alternativa para disminuir la violencia de este sector.
En el nivel de terciario prevención existen
centros de internamiento y reclusión, para
adultos y niños(as), pero son casi inexistentes los programas gubernamentales que
procuran la rehabilitación de pandilleros y
jóvenes de barras, tanto en los centros de
internamiento para menores como en los
centros penitenciarios para adultos. Además, estos programas carecen de personal
capacitado y tampoco tienen condiciones
logísticas y presupuestarias para hablar de
verdaderos procesos de rehabilitación. Por
si esto fuera poco, los internos o reclusos se
encuentran desprotegidos frente a amenazas de muerte por parte de otros internos,
así como de masacres o muertes masivas
por negligencia de las autoridades y de los
guardias penitenciarios.
El Estado de Honduras no ha mostrado capacidad ni voluntad para atender las graves
denuncias de violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y jóvenes posteriores
al rompimiento del orden constitucional,
quedando esos grupos poblacionales en total indefensión frente a la violencia de las
instituciones armadas oﬁciales. De esa cuenta, muchas víctimas han tenido que acudir al
Sistema Interamericano y al Sistema de las
Naciones Unidas para pedir protección.
Los dos intentos de diálogo entre Gobierno
y pandillas fracasaron. En el primer caso, las
conversaciones se rompieron por falta de
compromiso real del Gobierno para cumplir
sus propias ofertas. En el segundo, el diálogo no llegó a instalarse también por decisión
gubernamental. Pero quedó demostrado que
Con relación a las respuestas
En el nivel primario, las organizaciones hacen un trabajo de prevención de la violencia,
con población infanto-juvenil en potencial
riesgo de pertenecer a agrupaciones pandilleras o desarrollar conductas trasgresoras
de la ley, mediante procesos educativos,
organizativos, ocupacionales, recreativos
y espirituales. Realizan su trabajo, generalmente, en el nivel comunitario, organizando grupos infantiles y juveniles con los que
llevan a cabo actividades diversas.
En el nivel secundario, las organizaciones
desarrollan un trabajo de prevención con
niños y jóvenes que salen o muestran voluntad de salir de las pandillas juveniles.
En estos casos, se ofrecen los servicios de
albergue, desintoxicación, rehabilitación
ocupacional, recreación y apoyo educacional. En el nivel terciario, las organizaciones
están vinculadas con las instancias de aplicación de la ley penal, como los juzgados y
penitenciarías, en apoyo a procesos de rehabilitación de adolescentes y jóvenes que han
sido sometidos al sistema de justicia juvenil.
Algunas organizaciones de la sociedad civil
desarrollan actividades de defensa de los
derechos humanos y actividades de incidencia para promover iniciativas de ley y políticas públicas a favor de la niñez y la juventud.
Tras el golpe de Estado y la violencia a la
que éste dio lugar, la reacción de la sociedad civil ha sido asumida por cuatro diferentes tipos de actores: 1) organizaciones
nacionales de derechos humanos; 2) ONG
que trabajan con la niñez y juventud; 3)
coaliciones de organizaciones juveniles;
y, 4) organismos no gubernamentales internacionales. Todos ellos realizan un importante trabajo de atención, protección y
promoción a favor de la niñez y la juventud.
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«Ultraﬁel versus Cer2 policías» disponible en: http://youtubevideo.isgoodness.com/
watch/video/id/XMzAhzWghbs
CENCOPH
Centro por el Derecho y la Justicia Internacional
Centro de Comunicación Popular de Honduras
Centro Latinoamericano de Iglesias
Coordinadora de Instituciones Pro los Derechos de la Niñez
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las
Víctimas de la Tortura y sus Familiares
Equipo de Reﬂexión, Investigación y Comunicación
H/CMH
Homicidios por cada Mil Homicidios
IHDFA
Instituto Hondureño de Alcoholismo, Drogadicción y
INTERPEACE Alianza Internacional para la Consolidación de la Paz
JHA-JA
Jóvenes Hondureños, Adelante Juntos Avancemos
Organización No-Gubernamental
POLJUVE
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / Sida
Programa Nacional de Prevención de Violencia
Programa políticas Públicas para prevenir la Violencia Juvenil
Virus de Inmunodeﬁciencia Humana / Síndrome de
Inmunodeﬁciencia Adquirida
Unidad de Investigación de Muertes de Menores
Este libro fue impreso en los talleres gráficos
de Serviprensa, S. A. en el mes de agosto de
2011. La edición consta de 500 ejemplares
en papel cuché mate base 80.
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jóvenes de las - Vancouver School Board
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¡Conozcamos los Desastres!
IBAs América
Maras y pandillas en Honduras
Violentas y violentadas
Directorio Telefónico de las Federaciones
Otras Situaciones de Violencia en el Triángulo del Norte
Construyendo un futuro de paz…
Informe sobre Situación de Desplazamiento Forzado en El Salvador
- Universidad de El Salvador
PDF - Humanitarian Exchange Magazine
Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de
Mercado de Trabajo y Juventud:
1. Introducción - Youthpolicy.org
Variabilidad Climática y Cambio Climático en Honduras.cdr
¿Dónde está la justicia? - Prison Policy Initiative