Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/ley-1898-de-junio-7-de-2018?documento=legcol&contexto=legcol_2a5dccd678614bceb99fadbb97f604d7&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-15 02:51:35
Document Index: 172722174

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 13', 'artículo 10', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 15', 'ARTÍCULO 15', 'artículo 15', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 15', 'artículo 15', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 15', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 150', 'artículo 189', 'artículo 9', 'artículo 217', 'artículo 2', 'artículo 226', 'artículo 226', 'artículo 226', 'artículo 227', 'artículo 9', 'artículo 227', 'artículo 9', 'artículo 227', 'artículo 2', 'artículo 333', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 1', 'Artículo 189', 'artículo 12']

﻿ LEY 1898 DE JUNIO 7 DE 2018
LEY 1898 DE 07 DE JUNIO DE 2018
CONTENIDO:APRUEBA EL “PRIMER PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO”, FIRMADO EN PARACAS, ICA, REPÚBLICA DEL PERÚ, EL 3 DE JULIO DE 2015, Y EL “SEGUNDO PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL PROTOCOLO ADICIONAL REPÚBLICA DE CHILE AL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO”, FIRMADO EN PUERTO VARAS, EL 1° DE JULIO DE 2016.
“Por medio de la cual se aprueba el “Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional República de Chile al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en Puerto Varas, el 1º de julio de 2016”.
Visto el texto del por medio de la cual se aprueba el “Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y del “Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016.
Primer Protocolo modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico
Han acordado modificar el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (en lo sucesivo, denominado “Protocolo Adicional”), suscrito en Cartagena de Indias, D. T. y C., República de Colombia, el 10 de febrero del 2014 en los siguientes términos:
Incorporación del Anexo 7.11 Cosméticos (eliminación de obstáculos técnicos al comercio de productos cosméticos)
(ii) 14.22(a) (Solución de controversias sobre telecomunicaciones),
Cecilia Álvarez-Correa Glen Heraldo Muñoz Valenzuela
Por los Estados Unidos Mexicanos Por la República del Perú
Ildefonso Guajardo Villareal Magali Silva Velarde-Álvarez
1. Las Partes realizarán las gestiones necesarias para armonizar la definición de producto cosmético con base en la definición establecida en el Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos, de la Unión Europea.
ARTÍCULO 13.1. Definiciones
productos digitales significa programas de cómputo, texto, video, imágenes, grabaciones de sonido y otros productos que estén codificados digitalmente, que son producidos para la venta o distribución comercial, y que pueden ser transmitidos electrónicamente1.
ARTÍCULO 13.2. Ámbito y cobertura
ARTÍCULO 13.3. Disposiciones generales
f) garantizar la seguridad de los usuarios del comercio electrónico, tomando en consideración los estándares internacionales de protección de datos.
ARTÍCULO 13.4. Derechos aduaneros
ARTÍCULO 13.4 bis. No discriminación de productos digitales
ARTÍCULO 13.5. Transparencia
ARTÍCULO 13.6. Protección de los consumidores
ARTÍCULO 13.7. Administración del comercio sin papel
ARTÍCULO 13.8. Protección de la información personal
ARTÍCULO 13.9. Mensajes comerciales electrónicos no solicitados
ARTÍCULO 13.10. Autenticación y certificados digitales
ARTÍCULO 13.11. Transferencia transfronteriza de información por medios electrónicos
3. Ninguna disposición del presente artículo impedirá a una Parte adoptar o mantener medidas incompatibles con el párrafo 2 para alcanzar un objetivo legítimo de política pública, siempre que dichas medidas no se apliquen en forma que constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable, o una restricción encubierta al comercio.
ARTÍCULO 13.11 bis. Uso y localización de instalaciones informáticas
ARTÍCULO 13.12. Cooperación
ARTÍCULO 13.13. Administración del capítulo
1 Para mayor certeza, los productos digitales no incluyen las representaciones digitalizadas de instrumentos financieros, incluido el dinero. La definición de productos digitales es sin perjuicio de las discusiones en curso en la OMC acerca de si el comercio de productos digitales transmitidos electrónicamente constituye una mercancía o un servicio.
2 Las Partes podrán acordar lineamientos para el intercambio de información.
3 Para mayor certeza, nada en el presente párrafo impedirá a una Parte condicionar la recepción de una ventaja, o que se continúe recibiendo una ventaja, de conformidad con el artículo 10.8.3 (Requisitos de desempeño).
ARTÍCULO 14.1. Definiciones
co-ubicación significa el acceso y uso de un espacio físico con el fin de instalar, mantener o reparar equipos en predios de propiedad o controlados y utilizados por un proveedor-importante para el suministro de servicios públicos de telecomunicaciones;
ARTÍCULO 14.2. Ámbito de aplicación
ARTÍCULO 14.3. Acceso y uso de redes y servicios públicos de telecomunicaciones2
ARTICULO 14.3 bis. Utilización de las redes de telecomunicaciones en situaciones de emergencia
ARTÍCULO 14.4. Interconexión
ARTÍCULO 14.5. Portabilidad numérica
Cada Parte garantizará que los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones en su territorio, proporcionen portabilidad numérica,45 de manera oportuna, y en términos y condiciones razonables y no discriminatorios.
ARTÍCULO 14.6. Acceso a números de teléfono
ARTÍCULO 14.6 bis. Equipos terminales móviles hurtados, robados o extraviados
ARTÍCULO 14.6. Ter. Banda ancha
ARTÍCULO 14.6. Quáter. Neutralidad de la red
ARTÍCULO 14.7. Salvaguardias competitivas
ARTÍCULO 14.8. Interconexión con proveedores importantes
ARTICULO 14.9. Tratamiento de los proveedores importantes
ARTÍCULO 14.10. Reventa
(a) ofrezcan para reventa, a tarifas razonables8, a los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones de las otras Partes, servicios públicos de telecomunicaciones que tales proveedores dominantes suministren al por menor a los usuarios finales, y
ARTÍCULO 14.11. Desagregación de elementos de la red
ARTÍCULO 14.12. Suministro y fijación de precios de circuitos arrendados
ARTÍCULO 14.13. Co-ubicación
ARTÍCULO 14.14. Acceso a postes, ductos, conductos y derechos de paso1011
ARTÍCULO 14.15. Organismos reguladores independientes
ARTÍCULO 14.15 bis. Cooperación mutua y técnica
ARTÍCULO 14.16. Autorizaciones
1. Cuando una Parte exija una autorización a un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones, esta pondrá a disposición del público:
ARTÍCULO 14.17. Atribución, asignación y uso de recursos escasos
ARTÍCULO 14.18. Servicio universal
ARTÍCULO 14.19. Transparencia
ARTÍCULO 14.19 bis. Calidad de servicio
ARTÍCULO 14.20. Roaming internacional
ARTÍCULO 14.21. Flexibilidad en la elección de tecnologías
ARTÍCULO 14.21 bis. Protección a los usuarios finales de servicios de telecomunicaciones
ARTÍCULO 14.22. Solución de controversias sobre telecomunicaciones
ARTÍCULO 14.23. Relación con otros capítulos
1 Para mayor certeza, la “zona geográfica" será definida por la legislación o regulación de cada Parte.
2 Para mayor certeza, el presente artículo no prohíbe a ninguna Parte requerir licencia, concesión u otro tipo de autorización para que una empresa suministre servicios públicos de telecomunicaciones en su territorio.
3 Las situaciones de emergencia serán determinadas por la autoridad competente de cada Parte.
4 En el caso de Colombia, el artículo 14.5 aplicará únicamente a los servicios móviles, y aplicará a los servicios de telefonía fija en la medida que se determine que es técnica y económicamente factible.
5 En el caso del Perú, el artículo 14.5 aplicará únicamente a los servicios móviles. En el caso de los servicios de telefonía fija, el artículo 14.5 aplicará tres años después de la entrada en vigor del presente Protocolo Adicional.
6 El término “obra pública" se entenderá de conformidad con la legislación de cada Parte. En el caso del Perú, “obras públicas" se entiende como los proyectos de infraestructura de redes de transmisión eléctrica, redes de transporte de hidrocarburos, carreteras de la red vial nacional y vías férreas.
7 El término “neutralidad de la red" se entenderá de conformidad con la legislación de cada Parte.
8 Una Parte podrá determinar tarifas razonables a través de cualquier metodología que considere apropiada.
9 Una Parte podrá prohibir al revendedor que obtenga, a tarifas al por mayor, un servicio público de telecomunicaciones que esté disponible a nivel minorista únicamente para una categoría limitada de usuarios, que ofrezca dicho servicio a una categoría diferente de usuarios.
10 Para mayor certeza, Chile podrá cumplir con esta obligación manteniendo medidas apropiadas con el propósito de prevenir que los proveedores importantes en su territorio nieguen el acceso a los postes, ductos, conductos y derechos de paso, propios o controlados por dichos proveedores importantes, de una manera que pueda constituir prácticas anticompetitivas.
11 Para México, derechos de paso es equivalente a derechos de vía.
12 Para Colombia y el Perú, las empresas no podrán solicitar reconsideración respecto de las resoluciones administrativas de aplicación general, como se definen en el artículo 15.1 (Definiciones), a menos de que su respectiva legislación lo permita
13 Para México, las normas generales, actos u omisiones del organismo regulador de telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.
14 En Colombia, la decisión o resolución del organismo regulador queda en firme cuando dicho organismo resuelve la petición.
ARTÍCULO 15 bis. 1. Definiciones
medidas regulatorias cubiertas significa aquellas medidas regulatorias determinadas por cada Parte a ser cubiertas por el presente Capítulo de conformidad con el artículo 15 brs.3.
ARTÍCULO 15 Bis. 2. Disposiciones generales
ARTÍCULO 15 bis. 3. Ámbito de aplicación
Cada Parte deberá, a más tardar tres años después de la entrada en vigor del Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (en lo sucesivo denominado “Primer protocolo modificatorio”), determinar y poner a disposición del público las medidas regulatorias cubiertas a las que les aplicarán las disposiciones de este capítulo, de conformidad con su legislación. En dicha determinación, cada Parte considerará alcanzar una cobertura significativa.
ARTÍCULO 15 bis. 4. Establecimiento de mecanismos o procesos de coordinación y revisión
(a) revisar los proyectos o propuestas de medidas regulatorias cubiertas a fin de determinar si en su elaboración se tomaron en consideración las buenas prácticas regulatorias internacionales, que pueden incluir, pero no se limitan a las establecidas en el artículo 15 bis. 5, y hacer recomendaciones con base en dicha revisión;
ARTÍCULO 15 bis 5. Implementación de buenas prácticas regulatorias
ARTÍCULO 15 bis. 6. Comité de mejora regulatoria
ARTÍCULO 15 bis. 7. Cooperación
ARTÍCULO 15 bis. 8. Participación de personas interesadas
ARTICULO 15 bis 9. Notificación de informe de implementación
1. Para efectos de transparencia, y para que sirva como base para la cooperación y las actividades enfocadas en la creación de capacidades, cada Parte deberá notificar un informe de implementación del presente Capítulo al Comité dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigor del Primer Protocolo Modificatorio y, en lo sucesivo, al menos una vez cada tres años. Para tal fin, cada Parte distribuirá a las otras Partes dicho informe, a través de los puntos de contacto designados de conformidad con el artículo 15 bis 6.9. Dicho informe podrá ser revisado por el Comité en su reunión más próxima.
(b) alentar que sus autoridades regulatorias competentes realicen evaluaciones de impacto regulatorio, de conformidad con los artículos 15 bis. 5.1 y 15 bis. 5.2;
(c) garantizar que los proyectos o propuestas de medidas regulatorias cubiertas sean accesibles, de conformidad con los artículos 15 bis. 5.5 y 15 bis. 5.6;
4. Al considerar las cuestiones relacionadas con la implementación del presente capítulo, de conformidad con el artículo 15 bis, 6.4, el Comité podrá efectuar la revisión de los informes de implementación. Durante esta revisión, las Partes podrán dialogar o formular preguntas sobre aspectos específicos del informe de cualquiera de las Partes. Asimismo, el Comité con base en dicha revisión podrá identificar oportunidades de asistencia o actividades de cooperación.
ARTÍCULO 15 Bis. 10. Relación con otros capítulos
ARTÍCULO 15 bis. 11. Solución de diferencias
Han acordado modificar el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Cartagena de Indias, D. T. y C., República de Colombia, el 10 de febrero de 2014 en los siguientes términos:
“(v) aprobar los anexos de implementación referidos en el artículo 7.11 (Anexos de implementación)”.
Suscrito en Puerto Varas, Chile, el 1º de julio del 2016, en un ejemplar original, en idioma castellano, que quedará bajo custodia del depositario, el cual proporcionará a cada Parte copias debidamente autenticadas del presente Protocolo Modificatorio.
María Claudia Lacouture Pinedo Heraldo Muñoz Valenzuela
Que la reproducción de los textos que acompañan a este Proyecto de Ley son copia fiel y completa del texto del “Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en Paracas, Ica, República del Perú, el 3 de julio de 2015 y del “Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016, documentos que reposan en los archivos del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio.
Exposición de motivos del Proyecto de Ley “Por medio de la cual se aprueba el ‘Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico’, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el ‘Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico’, firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016”.
En nombre del Gobierno Nacional, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 150 numeral 16, 189 numeral 2 y 224 de la Constitución Política de Colombia, tenemos el honor de presentar a consideración del Honorable Congreso de la República el proyecto de ley, por medio de la cual se aprueba el “Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016.
El proyecto de ley aprobatoria sometido a la consideración del Honorable Congreso de la República tiene como finalidad la aprobación del ‘Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico’, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y del ‘Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico’, firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016 —en adelante los Protocolos Modificatorios— suscritos por la República de Chile, la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos, y la República del Perú.
La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración profunda entre Chile, Colombia, México y Perú, cuatro de las más dinámicas economías de América Latina y el Caribe, establecido en abril de 2011, y constituido jurídicamente el 6 de junio de 2012, mediante la adopción del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico —en adelante el Acuerdo Marco—.
La Alianza del Pacífico —en adelante la Alianza— más que un acuerdo comercial, es un mecanismo de integración profunda en materia económica con Estados con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes hace más de dos décadas (Chile 1993, México 1995, Perú 1969/1997), buscando profundizar estos compromisos para alcanzar los objetivos de largo plazo que se ha propuesto el mecanismo. Esa diferenciación es fundamental ya que la idea de la Alianza es integral y enfocada no solo en el aumento del comercio, sino en el pleno desarrollo económico y social de los miembros.
El Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico –en adelante el Protocolo Adicional– fue aprobado mediante la Ley 1746 de 2014, se declaró exequible por la Corte Constitucional con la Sentencia C-620/15 del 30 de septiembre de 2015 (M. P. Jorge Iván Palacio, Palacio) y entró en vigor el 1º de mayo de 2016. Este Protocolo constituye el instrumento mediante el cual se profundiza el libre comercio ya existente entre los Estados Miembros de la Alianza y se modernizan los acuerdos bilaterales vigentes introduciendo algunos temas nuevos en los que Colombia tiene gran interés.
• Antioquia: US$589 millones. Es el departamento líder en ventas del sector industrial (US$561 millones), siendo los principales productos de exportación los vehículos para transporte de personas, artículos de aseo personal, preparaciones de belleza y perfumes, ropa interior y de control, y manufacturas de plástico.
• Valle del Cauca: US$421 millones. Consolidándose como el líder de las exportaciones del sector agrícola y agroindustrial a la Alianza, los principales productos exportados son azúcares de caña, confites, bombones y caramelos, preparaciones alimenticias y galletas dulces, entre otros.
• Bogotá - Cundinamarca. USD$587 millones (Bogotá exportó US$384 millones y Cundinamarca (US$203 millones). Se destacan productos como medicamentos, cosméticos y preparaciones de belleza, plásticos y sus manufacturas.
• Bolívar: US$262. Este departamento ha venido explotando su potencial en la cadena petroquímica y ha incrementado sus ventas de insecticidas y agroquímicos.
• Atlántico: US$126 millones. Sus principales exportaciones a los Estados de la Alianza son agroquímicos, aceites y grasas, y medicamentos.
Flujo neto de inversión con AP (US$ millones)
País/Año 2011 p 2012 p 2013 p 2014 p 2015 p IV trim. 2015
AP en Colombia 1.608,8 4158,5 951,7 1.359,9 614,5 349,6
Colombia en AP 3.961,7 845,6 1344,0 -42,0 74,3 -87,6
Fuente: Banco de la República p/preliminar: elaboró DIE (13/04/16)
A. Mejora regulatoria.
B. Cooperación regulatoria.
Teniendo en cuenta el avanzado estado de las relaciones bilaterales en materia de desgravación arancelaria, el mayor logro de la Alianza es que introduce un elemento fundamental para competir en un mundo de producción globalizada: la posibilidad de acumular el origen de las mercancías entre los cuatro Estados. Esto quiere decir que los empresarios colombianos pueden utilizar insumos y materias primas de Perú, Chile o México para exportar con beneficio arancelario a estos mercados bienes producidos en el país. Esto abre las puertas al desarrollo de cadenas regionales de valor y permite dinamizar el comercio intra-Alianza.
C. Comercio electrónico.
D. Telecomunicaciones.
A. Competencias constitucionales del ejecutivo y el legislativo y de la Corte Constitucional en materia de negociaciones comerciales internacionales.
El artículo 9º de la Constitución Política Nacional dispone que “las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”.
En materia de acuerdos internacionales, el artículo 150 de la Constitución asigna al Congreso de la República la función de aprobar o improbar los acuerdos que celebre el Gobierno Nacional, así como la expedición de las normas generales con base en las cuales el Gobierno Nacional debe regular el comercio exterior11. Por su parte, el artículo 189 (nums. 2 y 259) de la Carta Constitucional atribuye al Presidente de la República dicha regulación y le asigna la dirección de las relaciones internacionales y la celebración de acuerdos con otros Estados y entidades de derecho internacional12.
— La negociación, adopción y confirmación presidencial del texto del acuerdo:
Pero, claro está, ello no implica que todos los pasos indispensables para la celebración de los acuerdos internacionales —que son actos complejos— deban correr a cargo del Presidente de la República en forma directa, pues, de tomar fuerza semejante idea, se trabaría considerablemente el manejo de las relaciones internacionales y se haría impracticable la finalidad constitucional de promoverlas en los términos hoy previstos por el preámbulo y por los artículos 226 y 227 ya mencionados de la Carta. Téngase presente, por otra parte, que al tenor del artículo 9º Ibídem, las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional aceptados por Colombia”13. (subrayado fuera del texto).
Además de lo anterior, y en relación con la competencia del Congreso, el artículo 217 de la Ley 5ª de 199214 establece que el legislativo puede aprobar, improbar, pedir reservas o aplazar la entrada en vigor del acuerdo. La Corte Constitucional declaró constitucional este artículo e hizo las siguientes precisiones en las que se reitera la independencia de las funciones de cada rama en materia de negociaciones internacionales:
“(...) Sin embargo, la Corte precisa que el Congreso puede ejercer esa facultad siempre y cuando esas declaraciones no equivalgan a una verdadera modificación del texto del Acuerdo, puesto que en tal evento el Legislativo estaría invadiendo la órbita de acción del Ejecutivo. En efecto, si el Congreso, al aprobar un Acuerdo, efectúa una declaración que en vez de precisar el sentido de una cláusula o restringir su alcance, por el contrario, lo amplía o lo desborda, en realidad estaría modificando los términos del Acuerdo. No se tratarían entonces de declaraciones sino de enmiendas al texto del Acuerdo que con razón están prohibidas por el Reglamento del Congreso (L. 5ª/92, art. 217). En tal evento el Congreso estaría violando la Constitución, puesto que es al gobierno a quien compete dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional Acuerdos y convenios que se someterán a la aprobación del Congreso (C.P., art. 189 ord. 2)”15.
De otra parte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en desarrollo del artículo 2º del Decreto 210 de 2003, es el responsable de “Promover las relaciones comerciales del país en el exterior y presidir las delegaciones de Colombia en negociaciones internacionales de comercio que adelante el país”.
Por otro lado, si bien no hay definiciones concretas de origen jurisprudencial del principio de equidad, es dable concluir de la jurisprudencia que esta noción es cercana a la de reciprocidad, y en el contexto particular de los presentes Protocolos Modificatorios, son complementarias e inseparables la una de la otra. Lo anterior se evidencia en la Sentencia C-864 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en la cual la Corte Constitucional se refiere al principio de reciprocidad de la siguiente forma:
En virtud del principio de conveniencia nacional consagrado en los artículos 150 (num. 16), 226 y 227 de la Constitución Política, la internacionalización de las relaciones del país debe promoverse consultando los intereses propios de la Nación, y a aquellos que apelen al beneficio e interés general.
En la Sentencia C-309 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), la Corte conceptuó que la adopción de este tipo de acuerdos en sí misma respondía a una dinámica impuesta a nivel mundial y que por tanto la integración:
Al referirse al principio de conveniencia nacional, la Corte Constitucional en la Sentencia C-864 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), expresó lo siguiente:
“De igual manera, sostiene que el presente instrumento internacional acata los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, establecidos en el artículo 226 de la Constitución y que —de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta corporación— deben informar la labor de promoción de las relaciones económicas internacionales, lo que implica que las obligaciones establecidas a través de estos documentos sean recíprocas y que tanto el gobierno como el Congreso hayan concluido que la Nación se verá beneficiada por el Acuerdo” (subrayados fuera del texto).
“El artículo 226 de la Constitución expresamente compromete al Estado en la promoción de “la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”, al tiempo que el 227 autoriza la “integración económica, social y política con las demás naciones”19.
Posteriormente, en la Sentencia C-446 de 200920 en donde se analizó la constitucionalidad de la Ley 1241 de 2008, “por medio de la cual se aprobó el Acuerdo de Libre Comercio celebrado entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras”, dijo la Corte:
“En lo que respecta a la integración económica y comercial, el artículo 226 de la Constitución compromete al Estado colombiano en la promoción de “la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas” al tiempo que el artículo 227 autoriza la ‘integración económica, social y política con las demás naciones’. Ello significa un mandato de acción en favor de la internacionalización económica producto de la necesidad impuesta por el orden mundial de promover este tipo de relaciones comerciales, lo que impide que los países se replieguen sobre sí mismos, a riesgo de caer en un ‘ostracismo que los convierta en una especie de parias de la sociedad internacional. En ese orden de ideas, la internacionalización de las relaciones económicas se convierte en un hecho necesario para la supervivencia y el desarrollo de los Estados que trasciende las ideologías y los programas políticos”.
“La suscripción del Protocolo Adicional no resulta un asunto nuevo o incipiente en materia de relaciones comerciales entre los países miembros, sino, por el contrario, está regido por acuerdos bilaterales y multilaterales de tiempo atrás. De ahí que lo que busca este instrumento es profundizar y facilitar el comercio de bienes y servicios, para remover las barreras arancelarias y no arancelarias persistentes, diversificar aún más los destinos de exportación —desarrollo de una estrategia para el Asia-Pacífico— y preparar las economías de una manera más adecuada para enfrentar los nuevos retos del comercio internacional”.
Los protocolos modificatorios, además permiten la profundización de las relaciones comerciales con los países latinoamericanos que son Parte de la Alianza del Pacífico. Esta es una de las orientaciones de la política exterior del país, plasmada en la propia Carta Política. La Corte Constitucional ha destacado la importancia de las celebración de tratados que permitan la integración de Colombia en la comunidad latinoamericana y del Caribe, señalando que lo anterior “(...) se concreta (i) en el segundo inciso del artículo 9º que establece que la política exterior de Colombia se orientará hacia la Integración Latinoamericana y del Caribe y (ii) en el artículo 227 al establecer que el Estado promoverá la integración económica, social y política de manera especial con los países de América Latina y del Caribe, a tal punto que incluso autoriza la celebración de tratados encaminados a la creación de organismos supranacionales para conformar una comunidad latinoamericana de naciones”21.
“(...) los propósitos enunciados en la parte inicial del Acuerdo bajo estudio se avienen a la Carta, toda vez que la necesidad de fortalecer y profundizar el proceso de integración latinoamericana y conformar áreas de libre comercio sobre la base de acuerdos subregionales y bilaterales para que los países avancen en su desarrollo económico y social, es perfectamente compatible con el mandato del artículo 9º o Superior según el cual ‘...la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe’.
El contenido material del Acuerdo también se ajusta a la Ley Fundamental, toda vez que el establecimiento de preferencias arancelarias y de disposiciones relativas a la prohibición de imponer gravámenes o restricciones, régimen de origen, trato nacional, valoración aduanera, medidas antidumping o compensatorias responde a criterios de equidad, igualdad y reciprocidad en consonancia con lo dispuesto en el artículo 227 Superior que le impone al Estado promoverla integración económica con América latina bajo esos mismos criterios.”23.
Los Protocolos Modificatorios son un instrumento internacional idóneo para hacer efectivos los fines esenciales del Estado social de derecho, puesto que contribuyen a promover la prosperidad general (C.P. art. 2º) y al mejoramiento de la calidad de vida de la población (art. 366).
“Nuestra Carta Política interpreta cabalmente la obligación de hacer del mejoramiento de la calidad de vida de los asociados, un propósito central del Estado colombiano. Así, el Preámbulo y los artículos 1º y 2º superiores, prevén la vigencia de un orden justo en el cual los derechos de las personas se encuentren protegidos por las autoridades y respetados por los demás ciudadanos. De igual forma, la Constitución hace un especial énfasis en el papel interventor del Estado en la economía, a través de la ley, con el fin de que por intermedio de diferentes acciones, se procure una mejor calidad de vida (...)”.
Posteriormente, en Sentencia C-178 de 1995 (M.P. Fabio Morón Díaz), la Corte Constitucional manifestó, al referirse a los fines esenciales del Estado en materia de acuerdos internacionales de contenido comercial:
En la Sentencia C-309 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), la Corte Constitucional se pronunció afirmando que un acuerdo de libre comercio:
“(...) encuentra fundamento en el artículo 2º de la Carta Política que consagra como fin esencial del Estado la promoción de la prosperidad general. Además, responde al compromiso contenido en el artículo 333 de la Carta que asigna al Estado la función de estimular el desarrollo empresarial, cuando no se vincula directamente con la promoción de la productividad, competitividad y desarrollo armónico de las regiones (C.P. art. 334).
De acuerdo con lo anterior, los Protocolos Modificatorios resultan ajustados al artículo 2º de la Constitución, por cuanto procuran garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política en lo que respecta al cumplimiento de los fines esenciales del Estado social de derecho.
El gobierno propende por una amplia participación en el transcurso de las negociaciones de acuerdos internacionales, en cumplimiento de los postulados de la democracia representativa (arts. 1º y 2º de la Constitución Política).
Durante este proceso, se dispuso del instrumento conocido como “cuarto de al lado’’, para que representantes del sector privado pudieran ser consultados e informados del curso de las negociaciones en materia de cooperación regulatoria.
El CEAP jugó un papel fundamental en la profundización de las disciplinas incluidas en los protocolos modificatorios, pues dichas modificaciones tuvieron en cuenta las recomendaciones presentadas por el Consejo Empresarial en sus diversas declaraciones. En la Declaración de Cartagena (feb./2014), el CEAP presentó a los Presidentes de los cuatro países una propuesta para avanzar en la Alianza en armonización de normas técnicas y convergencia regulatoria para el sector de cosméticos, particularmente. En este documento, el sector privado establece lo siguiente:
Por otra parte, en la Declaración de Punta Mita (jun./2014), el CEAP presentó la solicitud de impulsar el comercio de servicios en la Alianza del Pacífico, manifestando:
VII. Contenido de los protocolos modificatorios del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco.
1. Incorporación del anexo 7.11 al Capítulo 7 sobre Eliminación de Obstáculos Técnicos al Comercio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.
ii. Principales beneficios para Colombia.
• Se amplían los mecanismos de cooperación en los asuntos relacionados con obstáculos técnicos al comercio, lo cual facilitará que Colombia se beneficie de la experiencia de países que cuentan con sistemas de la calidad más avanzados y de las buenas prácticas internacionales.
• Se armonizan los conceptos y los requisitos en materia de cosméticos, permitiendo que la industria nacional tenga reglas más claras y transparentes al interior del país y en las relaciones comerciales con los Estados Miembros, permitiendo que se dinamicen las exportaciones.
• Se adoptan las mejores prácticas y referentes internacionales en la regulación del sector de cosméticos, fortaleciendo la industria nacional y favoreciendo su competitividad en los mercados más exigentes.
• De acuerdo con estimaciones de la industria, estos acuerdos pueden generar un ahorro potencial USD$1.700 millones para las empresas de los cuatro países al año y puntualmente para Colombia contribuye a superar la tasa promedio de crecimiento anual que actualmente se ubica en 11,5%.
2. Modificación del artículo 16.2 sobre las Funciones de la Comisión de Libre Comercio.
3. Modificaciones al capítulo 13 de Comercio Electrónico.
b) Ámbito y cobertura.
• El capítulo permitirá fomentar el crecimiento del comercio electrónico por el mecanismo de la cooperación, las medidas para la protección a los consumidores de prácticas comerciales fraudulentas y engañosas en el comercio electrónico, y la protección de la información personal.
• El Comercio electrónico se convierte en un instrumento de desarrollo social y económico para el país, que de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial del Comercio, también contribuye a mejorar los niveles de vida, particularmente en los países del sur24.
• La facilitación del intercambio por medio del comercio electrónico reduce los costos asociados a las distancias geográficas y permite a las Pymes colombianas acceder al mercado global, mediante las nuevas tecnologías.
• El comercio electrónico representa nuevas oportunidades de generar negocios y promover el emprendimiento en el país, lo que contribuirá al empleo y a dinamizar las exportaciones.
• Acceso y uso de las redes y servicios públicos de telecomunicaciones en los países de la Alianza, para que las empresas colombianas puedan transmitir información en su territorio o a través de sus fronteras; y para tener acceso a información contenida en bases de datos de cualquiera de las Partes.
• Mayor transparencia en los procedimientos, requisitos, autorizaciones, e interconexión de las redes de telecomunicaciones.
• Oportunidad de incursionar en nuevos mercados, y aprovechar en mayor medida aquellos en los que ya tenemos presencia, para la prestación de servicios, basados en el uso de redes de telecomunicaciones y con los proveedores importantes.
• Garantías de trato nacional para los proveedores de redes y servicios públicos de telecomunicaciones; medidas de salvaguardias competitivas que evitan el uso de prácticas anticompetitivas.
• Portabilidad numérica de los teléfonos móviles, para los conciudadanos de la Alianza.
• Cooperación en la lucha contra el robo de teléfonos móviles, fenómeno que ha tenido un impacto negativo en Colombia.
5. Incorporación del Capítulo 15 bis sobre mejora regulatoria.
El Capítulo 15 bis sobre mejora regulatoria promueve buenas prácticas regulatorias internacionales en el proceso de planificación, implementación y revisión de las medidas regulatorias, a fin de facilitar el logro de objetivos de política pública nacional, así como para promover el comercio internacional, la inversión, el crecimiento económico y el empleo.
El Capítulo busca que los Estados Miembros fomenten la mejora regulatoria a través del establecimiento de mecanismos internos que faciliten la coordinación interinstitucional asociada a los procesos para la elaboración y la revisión de las medidas regulatorias. Igualmente, promueve la implementación de buenas prácticas regulatorias, a través de la evaluación de impacto regulatorio en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como promueve que se consideren las medidas regulatorias de los demás Estados Miembros.
Finalmente, el capítulo establece un Comité de Mejora Regulatoria que tomará decisiones por consenso y se encargará de evaluar la pertinencia de incorporar trabajos futuros respecto a prácticas y herramientas adicionales en materia de mejora regulatoria.
6. Modificación del anexo 16.2 sobre los comités, subcomités y grupos de trabajo.
Por las razones expuestas, para el Gobierno Nacional es grato presentar a consideración del Honorable Congreso de la República el proyecto de ley ‘Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico’, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el ‘Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico’, firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016”. Como se ha descrito a lo largo de esta exposición de motivos, la Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración profunda entre las cuatro economías más exitosas de América Latina y plantea una visión integral de desarrollo económico y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los Estados Miembros. De manera particular, este proyecto de ley permitirá darle vigencia a los anexos negociados en obstáculos técnicos al comercio, comercio electrónico, telecomunicaciones y materia regulatoria, así como lo acordado frente a las funciones de la Comisión de Libre Comercio, en concordancia con los lineamientos establecidos en el “Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, que simplifica las reglas del comercio que deben cumplir las empresas colombianas cuando exportan a mercados a los que se dirige buena parte de la oferta exportable de valor agregado del país. La aprobación y puesta en vigencia de estos Protocolos Modificatorios resultará en mayores oportunidades para el aparato productivo colombiano, en un mayor crecimiento económico y generación de empleo y aportará a la prosperidad y bienestar de la población colombiana.
Bogotá, D.C., 15 de septiembre de 2016.
ART. 1º—Apruébense el “Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en Paracas, Ica, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en Paracas, Ica, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico’’, firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016, que por el artículo primero de esta ley se aprueban, obligarán a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.
ART. 1º—Apruébense el “Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en Paracas, Ica, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico’’, firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016.
1 George, S. (2014). The Pacific Pumas. An emerging model for emerging markets. Washington D.C.: Bertelsmann Foundation
2 Regulatory Policy and Governance, OCDE (2011).
3 Economic Policy Reforms. OCDE (2010).
4 2014. Estudio OCDE sobre Política Regulatoria.
5 Fuente: Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI. Incluye exportaciones de sector cosméticos y productos de aseo personal.
6 Fuente: DANE.
7 Cifras Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
8 2013. FedEx, Annual Report.
9 2016. Organización Mundial del Comercio.
10 2014. Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Segundo estudio de transacciones no presenciales/eCommerce Colombia 2014.
11 Numerales 16 y 19 literal b.
12 Artículo 189. numeral 2: Dirigir las relaciones internacionales; numeral 25: Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho Internacional Acuerdos o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso”.
13 Corte Constitucional. Sentencia C-477 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
14 Condiciones en su trámite. Podrán presentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de Acuerdos y Convenios Internacionales.
15 Corte Constitucional. Sentencia C-176 del 12 de abril de 1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
16 Corte Constitucional. Sentencia C-564 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
17 En este sentido se ha pronunciado esta Corporación, entre otras, en la Sentencia C-492 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz. Cita de la Sentencia C-864 de 2006.
18 Un ejemplo de la aplicación práctica de este principio es referido en la Sentencia C-864 de 2006, dijo la Corte Constitucional lo siguiente: “En relación con el principio de reciprocidad previsto en el mismo precepto Superior, cabe anotar que las obligaciones que se asumen por los Estados Partes en virtud del presente Acuerdo de Complementación Económica guardan una mutua correspondencia y no traen consigo una condición desfavorable o inequitativa para ninguno de ellos. Precisamente, la determinación clara, inequívoca y puntual de las condiciones y requerimientos para calificar el origen de un producto o servicio como “originario” o “precedente” de los Estados Miembros, como se establece en el artículo 12 y en el Anexo IV del citado acuerdo, es un elemento esencial para garantizar el citado principio de reciprocidad, pues de ese modo se evita que se otorguen preferencias arancelarias a bienes de países distintos a los signatarios que no estén otorgando ningún beneficio comercial”.
19 Sentencia C-309 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
20 Sentencia C-446 de 2009, M.P. Mauricio Gonzalez Cuervo.
21 Sentencia C-303 de 2012, del 25 de abril de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo, Revisión de Constitucionalidad de la Ley 1463 del 29 de junio de 20011 “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Colombia y de la República Federativa de Brasil para el establecimiento de la zona de régimen Especial Fronterizo para las localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia)”, firmado en Bogotá, D.C., a los 19 días del mes de septiembre de 2008”.
23 Sentencia C-581 de 2002, del 30 de julio de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, al examinar la constitucionalidad de la Ley 722 del 24 de diciembre de 2001 “Por medio del cual se aprueba el Acuerdo del alcance parcial de complementación económica 48 entre el Gobierno de la República Argentina y los gobiernos de las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Países miembros de la comunidad Andina”.
24 Roberto Acevedo, Director General de la OMC (jul. 6/2016).