Source: http://politicaderecho.blogspot.com/2009/12/
Timestamp: 2018-06-21 17:29:40
Document Index: 253854656

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 16', 'artículo 129', 'artículo 29', 'artículo 105', 'artículo 74', 'artículo 123']

POLITICA Y DERECHO: diciembre 2009
La iniciativa de reforma política presentada al Senado por el presidente Felipe Calderón seguramente constituirá el eje del debate sobre la reforma del Estado en los próximos meses y, por lo tanto, deberá ser analizada con atención y detenimiento para ponderar los pros y los contras del decálogo de modificaciones constitucionales que la misma propone. Más allá de un posterior análisis puntual y detallado de los planteamientos que en ella se contienen, vale la pena hacer, por el momento, una serie de consideraciones generales sobre la propuesta planteada por Calderón. En primer lugar hay que subrayar la relevancia de la misma. Aunque desde hace tres décadas se ha venido sosteniendo la necesidad de la “reforma del Estado”, está claro que hoy uno de los aspectos más urgentes y necesarios es la revisión de las relaciones Legislativo-Ejecutivo en el marco de los “gobiernos divididos” para propiciar una mayor gobernabilidad. Sin embargo, el vínculo que media entre los dos poderes electivos del Estado en un contexto democrático es compleja y no puede simplificarse sin provocar graves distorsiones. En ese sentido, el Legislativo y el Ejecutivo deben reinterpretarse a partir de un adecuado equilibrio y una serie de eficaces controles y garantías recíprocas. La iniciativa presidencial parece estar inspirada en la idea de que la culpa de que hoy no exista una adecuada gobernabilidad es responsabilidad exclusiva del Legislativo y olvida que la misma sólo puede ser el resultado de un rediseño integral que pasa, en primera instancia, por un repensamiento del propio Ejecutivo en una perspectiva democrática. En ese sentido, la propuesta es insuficiente precisamente porque carece de integralidad en su concepción; se articula de una serie de propuestas (en ocasiones desarticuladas) que no abordan armónica y exhaustivamente un rediseño de las relaciones entre el Congreso de la Unión y el Ejecutivo. En segundo lugar, se trata de una iniciativa reforma de claroscuros. En la misma se contienen, desde mi punto de vista, tanto propuestas, aún cuando puedan ser ajustadas y perfeccionadas, son pertinentes y oportunas (como la reelección de legisladores y de alcaldes, la iniciativa “ciudadana”, la posibilidad de que la SCJN presente iniciativas en los temas de su competencia, así como las iniciativas preferentes), junto con planteamientos que lejos de propiciar un fortalecimiento democrático erosionan la representatividad de las instituciones políticas (como la reducción de legisladores, las candidaturas independientes para todos los cargos de elección popular, el incremento del “piso mínimo” de votación para que los partidos políticos mantengan su registro) o que, en todo caso, resultan innecesarios para resolver los problemas de legitimidad política que hoy se adolecen (como es el caso de la segunda vuelta electoral). Finalmente, la iniciativa apela a esa instintiva y peligrosa repulsión a los partidos y al Legislativo que ha venido construyendo intencional y demagógicamente en los últimos tiempos al afirmar que es hora de que se dé más poder a los ciudadanos. No hay que olvidar que si en algún momento de nuestra historia los ciudadanos han tenido capacidad para incidir en la política como nunca antes ha sido precisamente en los últimos tres lustros. Con su voto, los ciudadanos, provocaron la alternancia en la Presidencia, en numerosas entidades (en ocasiones, como en Yucatán, en dos ocasiones) y en incontables municipios. Con su voto los ciudadanos rompieron mayorías predeterminadas en el Congreso y apostaron (bien o mal, según quiera verse) por los “gobiernos divididos”. Acepto y concuerdo con el que quieran estimularse nuevos mecanismos de participación política, pero no debe olvidarse que la gobernabilidad democrática pasa además —y en primera instancia— por el fortalecimiento del Congreso y (aunque suene paradójico a oídos de muchos) de los partidos políticos (apostando por su necesaria e indispensable democratización interna). Sin ello, se quiera o no, simple y sencillamente se mina la calidad democrática del Estado. En todo caso, bienvenida la iniciativa como un nuevo documento para discutir qué Estado queremos y necesitamos de cara al futuro.
Un día antes de que fuera ejecutada, la madre del marino que enfrentó a Arturo Beltrán Leyva respondió con entereza a diversos reporteros preguntas sobre su hijo, de quien dijo estaba feliz con su trabajo en la Marina, y tanto en el velatorio como en el sepelio, la señora trajo entre sus brazos una bandera nacional que, doblada, le entregaron los marinos compañeros de su hijo. Al hecho lo precedió un manejo informativo de los medios de comunicación del estado de Tabasco que lindó en la irresponsabilidad. En cuanto se conoció el nombre y el origen del tercer maestre de las fuerzas especiales, cuerpo de élite de la Armada, la prensa destacó al “héroe paraiseño” y desplegaron tal cobertura sobre su madre y su familia que no hubo duda para los sicarios del cártel de los Beltrán Leyva, que en Paraíso, Tabasco, no sólo se enterraba al héroe visible del golpe demoledor para la operación y funcionamiento de su empresa, sino que habitaba ahí —en la más modesta vivienda de ese pueblo—, un orgullo inadmisible en medio de la tragedia. Y quien planeó esa artera ejecución múltiple, de tan alevosa forma como injusta revancha, tuvo plena conciencia de la magnitud de la irritación y la conmoción que suscitaría no sólo en el país, sino en el mundo la noticia. Si la muerte del Jefe de jefes recorrió las primeras planas de la prensa internacional, así también tenía que correr la noticia de la venganza, atroz y despiadada, y así fue. La noticia de la familia ejecutada a sólo seis horas del sepelio del marino dio la vuelta al mundo. Fuera de los fríos cálculos con que las mafias del narcotráfico deciden eliminar personas todos los días, muy aparte de esa escalada de violencia en que las formas van siendo cada vez más sanguinarias y horrorizantes —también síntoma inequívoco de que se van sintiendo disminuidos y cercados—, la ejecución de la familia del marino Melquisedec rompe con toda regla, con todo código y con toda lógica del actual enfrentamiento entre las fuerzas del Estado que luchan contra el narcotráfico, y los cárteles que lo resisten. Ni en la guerra más despiadada se rompen ciertos códigos de respeto hacia las personas enemigas, y menos se atenta contra las familias. Los propios cárteles de la droga en México han insistido a través de las llamadas narco-mantas, dirigidas a las autoridades de distintos niveles, algunas directamente referidas al Presidente de la República, que se respete a sus familias, pues éstas son inocentes de las actividades que realizan. Y en efecto, las penas no pueden ni deben ser trascendentes a familiares que no tengan participación alguna con el ilícito negocio de las drogas. Varias de esas peculiares mantas aparecieron el año pasado en Chihuahua, en varias de las principales calles, y se sustentaba en “reglas” que a nivel internacional se aceptan en los conflictos bélicos. Y como la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en una guerra, no es extraño que los propios narcos se acojan a los códigos de los conflictos armados. Lo trágico es que ellos mismos violenten esa norma, de tan ostensible como brutal manera. ¿Qué mensaje hay en esa ejecución múltiple que rompe con una regla tan necesaria? Por supuesto infundir el terror entre la sociedad, provocar el miedo entre los miembros de las Fuerzas Armadas, inhibir y amedrentar la acción del Estado. Y en parte lo logra. Pero en este específico caso, por las modalidades y destinatarios, esa ejecución fue también una respuesta a la forma en que se mostró a la opinión pública el cadáver de Arturo Beltrán Leyva. Manipulado y vejado, sin necesidad alguna. Cercado en un operativo preciso en el que participaron fundamentalmente miembros de la Armada de México —y en cuyo éxito destaca el sigilo y la confidencialidad con la que se mantuvo la operación—, Arturo Beltrán Leyva tuvo la oportunidad de rendirse. Pero decidió resistir y enfrentar el avance de las fuerzas especiales, ya vencidas todas sus fuerzas de seguridad personal. Al caer Beltrán Leyva, el Estado mexicano asestó un duro golpe a las mafias del narcotráfico y demostró al mundo muchas cosas. Además del descabezamiento principal a uno de los cárteles que operaba las más grandes empresas de narcotráfico en la mitad de los estados del país, también se demostró que sí se puede llegar hasta los capos mayores, y que ya es posible ejecutar operativos de esa dimensión sin que se filtre información que pasa por tantas manos. Pero alguien, y hasta ahora no se tiene identificado plenamente, decidió que esa batalla ganada por la Armada de México se inscribiera en una guerra vil y no en un combate frontal, que se saliera de los cauces del Estado de derecho y, en particular, de los derechos humanos. Porque fue precisamente el o los que manipularon el cuerpo de Arturo Beltrán Leyva y luego lo fotografiaron, los que ensuciaron esa victoria de la legalidad sobre el crimen organizado. ¿Con esas intenciones lo hicieron? El Estado mexicano y sólo él, tiene todo el legítimo derecho de usar la fuerza de las armas en contra de los delincuentes que lo resisten y lo enfrentan, como los sicarios y capos del narcotráfico. Pero lo único que no puede hacer es cometer los excesos de sus enemigos, ni cruzar la legalidad en el uso de la fuerza pública, porque entonces deslegitima su actuación. De hecho la lucha contra el narco debiera regresar a un combate de las fuerzas del orden civil, para quitarle toda la significación violenta, belicosa, que tiene esta lucha a la que nos hemos acostumbrado a llamar “la guerra contra el narco”. Así planteada como una guerra, tiene los riesgos inexorables de abusos, excesos, como la violación a los derechos humanos, cuando se decide echar mano del Ejército, preparado y formado para otros avatares y rudezas, en la conciencia de una disciplina que se impone objetivos y no necesariamente cuida los medios. La lucha contra el narcotráfico tiene que revisarse, no detenerse. El uso del Ejército debe estar basado más en la inteligencia militar que en los desfiles continuos de las caravanas de soldados. El operativo de Cuernavaca así lo indica. Es hora de revisar los temas esenciales que involucran al negocio de las drogas, no sólo los de trasiego o distribución, sino los mismos del comercio y las prohibiciones absolutas que generan más problemas que el mal que se desea combatir. La revisión de esa estrategia debe considerar el ámbito internacional, y obligar a nuestros vecinos del norte a debatir responsablemente una acción global, o por lo menos, continental.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 15:20 No hay comentarios:
EL PROCEDIMIENTO PENAL EN MÉXCIO NO ES INQUISITORIAL
Entre las personas que han apoyado la implantación de juicios orales en México, ha habido aseveraciones en el sentido de que el actual procedimiento penal en México, a nivel federal, y a nivel local, es inquisitorial. Como suelen aseverar los abogados, eso es falso de toda falsedad. A ese respecto, lo único que puede ser válido es reconocer que, en época histórica de un pasado colonial, hubo una Inquisición, con características absolutamente deleznables que, no se han repetido, ni se repetirán.
En consulta que puede realizarse en las páginas de la historia de la humanidad y de nuestro país, podemos constatar que existió el procedimiento inquisitorial para combatir, con energía, prácticas contrarias a la fe católica y con la pretensión de quebrantar la unidad religiosa, ampliamente mayoritaria.
Una característica sobresaliente del procedimiento inquisitorial consistía en que los jueces, en su carácter de inquisidores, actuaban en la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos. Tenían el doble carácter, incompatible, de juez y parte. Investigaban y, para ello, privaban de la libertad a los sospechosos de la herejía. Las facultades se desplegaban para inquirir conductas ilícitas contrarias a la fe y se podía llegar hasta la imposición de la pena de muerte, que se aplicaba en la hoguera.
En esa época inquisitorial se concedía a la prueba confesional el carácter de reina de las pruebas. Se otorgaba tiempo para que el inculpado confesara espontáneamente su culpa y cuando así sucedía se imponían penitencias más ligeras. Lo que resultaba monstruoso, en el sistema inquisitorial, era aplicar la tortura para obtener la confesión. Se proliferaron instrumentos y medios de tortura para producir enormes sufrimientos que, naturalmente, llevaban a confesar a los inculpados lo que, de ninguna manera, habían realizado. Era preciso que el acusado manifestara su arrepentimiento y, en ocasiones, que abjurara de sus creencias negativas y aberrantes para los religiosos y si no lo hacía se le aplicaba la pena capital, en la hoguera.
Todavía se conservan como piezas de museo sofisticados aparatos que se empleaban para obtener a toda costa la confesión de los inculpados, con la pretensión de que, de esa manera se demostraran los hechos y, a continuación, se imponía la pena sumamente rigurosa.
Si tomamos como punto de partida los datos anteriores, mismos que, no son exhaustivos, es insostenible que se haya incurrido en el atrevimiento de calificar al actual procedimiento penal mexicano, federal o local, como un procedimiento inquisitorial, seguido de la audaz afirmación de que, para superar el procedimiento inquisitorial, es necesario implantar un sistema acusatorio, a través de los juicios orales.
Doctrinalmente, es posible acudir al pensamiento del distinguido catedrático de la Facultad de Derecho de nuestra Máxima Casa de Estudios, Juan José González Bustamante, quien, en su obra general prestigiada, denominada "Principios de Derecho Procesal Mexicano", del año de 1983, argumentaba: En el proceso penal canónico el juez disfrutaba de amplios poderes para buscar los elementos de convicción. Estaba facultado para hacer uso de los procedimientos que, mejor le parecieren, como el tormento, los azotes y las marcas. Era el árbitro supremo de los destinos del inculpado, a quien se le privaba de todo derecho y se le vedaba el conocimiento de los cargos existentes en su contra. Este sistema se complementaba con la confesión de los cargos que el juez interpretaba a su modo, siendo la confesión la prueba por excelencia. El tribunal desempeñaba las tres funciones de acusación, defensa y decisión. El defensor formaba parte del tribunal.
Basta el real conocimiento del proceso penal mexicano moderno para saber que no es factible atribuirle el carácter de inquisitorial. Es indudable que tiene el carácter de acusatorio, por lo que, es inadmisible que se pretenda que el procedimiento penal mexicano actual, debe dejar de ser inquisitorial y convertirse en acusatorio.
Si la democracia no funciona en México, se debe a que una parte importante del sistema de valores de su sociedad sigue anclada en el pasado. Desmenuzar este enunciado en sus múltiples elementos y encontrar maneras de modificarlo son propósitos de año nuevo.
La columna de hace un año la dediqué a la pasividad de los mexicanos ("Echarle ganas", 24 de diciembre del 2008). Cité entonces una encuesta del Grupo Reforma según la cual la alta aprobación a la gestión de Felipe Calderón se debía a que un 66 por ciento de los mexicanos juzgaba a Calderón no por resultados sino por subjetividades como las de que "le está echando ganas", que "al presidente hay que apoyarlo incondicionalmente", y que "[Calderón] es una buena persona". En los meses que han pasado desde entonces, seguí investigando el tema y encontré evidencia de que los valores de una sociedad son un factor importante para el atraso o para el progreso.
Miguel Basáñez es un mexicano intelectualmente inquieto y políticamente comprometido con la transformación democrática. Después de una incursión en la política, se concentró en las encuestas de opinión, es decir en esas instantáneas de lo que una sociedad piensa. En 1988 fue el autor de la primera encuesta hecha pública sobre las preferencias en una elección presidencial (lo encargó y fue la noticia principal de La Jornada del 23 de mayo de aquel año).
Sus inquietudes académicas y la vida lo llevaron a la Universidad de Tufts en Boston, donde dirige el Instituto de Cambio Cultural, dentro del cual hay un proyecto llamado la "Cultura importa" (Culture Matters). La tesis central del proyecto es que en las sociedades coexisten dos sistemas de valores ideales -es decir, ninguna se encuentra en estado puro- y, para demostrarlo, han investigado lo que sucede en países de todo el mundo. En un extremo están los valores que favorecen la democracia y en el otro, los que la inhiben. Aun cuando todavía no incluyen a México en sus estudios, una conversación con Basáñez me hizo concluir que el marco teórico es útil para entender por qué se desvió la transición mexicana.
El sistema de valores que propone aisló 25 factores (a su vez subdivididos en varios elementos), que tienen una expresión positiva y otra negativa. Como sería absurdo comprimirlos en un texto tan breve, daré una probada de su potencial explicativo con tres factores que me permiten sostener, como hipótesis de trabajo, que en México carecemos todavía de una cultura propicia para el desarrollo de la democracia: El manejo de los tiempos. Los humanos nos distinguimos de otras especies porque tenemos conciencia del pasado, el presente y el futuro. Sin embargo, las personas y las sociedades la manejamos de manera muy diferente. Quienes tienen la mirada clavada en épocas pretéritas desalientan la planificación y menosprecian el tiempo suyo y el de los demás. Una consecuencia es la impuntualidad. Las sociedades más democráticas y desarrolladas amarran su presente en el futuro, valoran el tiempo y respetan los horarios fijados. Los perredistas consideran que su partido abandera la innovación y el progreso, pero tienden al desorden cuando se trata de la puntualidad.
La competencia. Miguel Basáñez utiliza una cita de un trabajo clásico de Mariano Grondona, el académico y periodista argentino que escribió Las condiciones culturales del desarrollo económico (Planeta, 1999): "la competencia es una forma de cooperación en la cual ambos competidores se benefician al ser forzados para hacer lo mejor, como en los deportes... la competencia nutre la democracia". En el polo opuesto están las sociedades reacias al cambio, en las cuales los competidores son combatidos porque amenazan los privilegios de unos cuantos. Con este criterio es un contrasentido la política seguida por el PAN de favorecer a los monopolios y oligopolios económicos, políticos y educativos.
Las relaciones Iglesia-Estado. La tesis del proyecto La cultura importa es contundente: "en ninguna de las democracias avanzadas la religión juega un papel significativo en la esfera cívica". Por el contrario, existe una muralla que evita la "intromisión de las instituciones religiosas en el proceso político". En el México actual, es lógico que el conservador PAN apadrine el regreso de la jerarquía católica al centro de las decisiones. Es absurdo que el PRI se ofrezca como el compadre acomedido que ofrenda la laicidad en el altar del oportunismo.
El sistema de valores mexicano está sumido en la esquizofrenia. Como bosquejé en el texto, los tres partidos tienen valores que inhiben la cultura democrática. Y sin embargo, ellos mismos han ido implementando políticas de modernidad. Eso significa que, en términos de valores, México es como una piel de leopardo en la cual las manchas son los islotes de una mejor democracia. Cuáles son y cómo lograr que se multipliquen son temas que iré tocando en esta columna durante el año que está a punto de iniciarse.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 15:12 No hay comentarios:
Hace lustros que los promotores de derechos de la mujer instalaron en la agenda nacional la adopción de acciones afirmativas para avanzar en la participación y presencia de ellas en las cámaras del Congreso, lo que se tradujo en reglas partidistas y en normas jurídicas (Cofipe) para establecer la llamada "cuota de género". En la reforma electoral de 2007, diversos grupos y personalidades propusieron llevar a la ley la equidad exacta en la asignación de candidaturas; sin embargo, los legisladores determinaron una regla del 40/60, sin perjuicio de los mayores avances que cada partido determine.
Varios partidos tienen la norma de equidad exacta (50/50) para sus candidaturas a diputados y munícipes, salvo cuando las mismas son resultado de elecciones internas; todos están obligados a acatar lo establecido por el Cofipe, integrando en sus listas para diputados plurinominales, en forma alternada, a mujeres y hombres, de forma tal que un mismo género no puede tener más de tres candidaturas en cada segmento de cinco fórmulas.
Todos los partidos dicen estar de acuerdo en promover y defender los derechos de las mujeres, pero casi todos han hecho de la simulación y el engaño medios para hacer fraude a la ley y burlarse de ellas. La semana pasada la Comisión Permanente del Congreso aprobó las licencias solicitadas por varias de la diputadas a las que el ingenio periodístico denominó juanitas, pues una vez alcanzado el cargo renuncian para dar paso a los varones que habrán de suplirlas. Hay también juanitos, como lo acabamos de ver en el caso de un diputado que cedió la curul ¡a su mamá!
El Partido Verde (PVEM) es experto en esos fraudes, lo hizo sin rubor alguno en la LX Legislatura, tanto con candidatas a diputadas como a senadoras. En 2009 reincidió en el engaño contra las mujeres, repitiendo y ampliando el jugoso intercambio de favores que ha dado lugar a la primera bancada legislativa integrada y guiada, de manera directa y sin intermediarios, por los intereses de las dos empresas dominantes en la industria de la televisión. Como en una matrioshka rusa, dentro del actual grupo parlamentario del PVEM hay otro, la telebancada, cuya integración culminará en febrero, cuando rindan protesta como diputados los suplentes de las juanitas.
Otros partidos han imitado la fraudulenta conducta del Verde y esperan turno para culminar la sustitución de diputadas por los suplentes, destacando los casos del PRI, PT y PRD, aunque este último parece haber dado marcha atrás ya que sus legisladores fueron los únicos que votaron en contra de las licencias otorgadas en la Permanente; el PAN, que había hecho público su compromiso de no prestarse a la maniobra, retiró a dos de sus diputadas -votando a favor del engaño- con el pretexto de que competirán en Tlaxcala para cargos locales.
En suma, la norma legal que establece la cuota de género ha vuelto a ser burlada sin que nadie interponga queja o juicio ante las autoridades electorales.
Ya hay iniciativas de reforma que proponen hacer obligatorio que en las fórmulas de candidatos que tengan como propietario a una mujer, el suplente sea del mismo género, lo que posiblemente dificulte el fraude en su versión "juanitas", pero no lo evitará en su expresión más repudiable: postular candidatos de paja -mujeres u hombres- para ocultar componendas y mercadeos.
Las normas internas del Congreso señalan que las licencias a legisladores sólo se concederán por causa grave, que corresponde calificar al presidente de la mesa directiva en cada Cámara. Para cerrar el paso al fraude es necesario precisar en la ley las causas de licencia, distinguiendo las de orden político de aquellas de naturaleza personal, como pueden ser las de salud. Pero el problema está en la conducta de los partidos, no en la ley.
Posdata. Ya habrá oportunidad de analizar la propuesta de convertir la credencial para votar en cédula de identidad, pero el proyecto del que Leonardo Valdés (IFE) informó a Reforma tiene un pequeño defecto: carece de fundamento constitucional y legal (Cofipe).
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 19:23 No hay comentarios:
Pobre, muy pobre ha sido el desempeño de la nueva legislatura. Pobre, más pobre si lo comparamos con las iniciativas presentadas y que nunca llegaron al pleno o, peor aún, con la necesidad de remozar nuestras leyes en materias tan importantes como el secuestro, la competencia, los impuestos o la productividad.
De las 624 iniciativas presentadas en este periodo (250 en la Cámara de senadores y 374 en la de diputados) se aprobaron ocho iniciativas en total. O sea, el 1.2%. De ellas, seis correspondieron al presupuesto y "tenían" que ser aprobadas. Es decir, no era opción ni que el Ejecutivo las mandara ni que el Legislativo las atendiera porque la Constitución establece que el primero deberá presentar las iniciativas de Ley de Ingresos y Egresos a más tardar el 8 de septiembre y que los segundos deberán aprobarlas el 15 de noviembre. A ellas se unen otras seis iniciativas de la legislatura anterior.
Pero no nos quedemos en el análisis cuantitativo. La aprobación de una sola ley puede valer mucho más que decenas de ellas que no tienen mayor impacto. Pero no, no es el caso porque fuera del presupuesto sin el cual el Estado quedaría paralizado, sólo completaron su ciclo una importante reforma a la Ley General de Salud y otra sobre el horario estacional.
El análisis cualitativo muestra que se quedaron sin aprobar iniciativas tan importantes como la que modifica el juicio de amparo, las acciones colectivas, la de convergencia de inversiones públicas y privadas, la ley antisecuestro, la del amparo fiscal, la de responsabilidades públicas. Algunas aprobadas en una Cámara pero detenidas en la otra.
¿En qué se fueron los tres meses y medio del periodo legislativo? Pues básicamente en instalarse, repartirse las comisiones, la glosa del informe, algunos nombramientos, declaraciones y pleitos, muchos pleitos. Algo anda mal cuando este país necesita reglamentar o legislar en materias tan relevantes como los medios de comunicación, la competencia, los derechos de propiedad, la impartición de justicia, el mercado laboral o la educación y, simplemente, no se hace.
Algo se puede hacer. Por ejemplo, modificar las reglas con las que operan los diputados y senadores. Dar incentivos al legislador para legislar -¡qué ironía!- o de plano cambiarles las reglas para castigar la inacción.
Una de las formas más eficaces de hacerlo es lo que se llama trámite legislativo preferente. Un mecanismo que permite al Ejecutivo pedir al Congreso que atienda y vote -aprobando, modificando o rechazando- una determinada iniciativa en un tiempo perentorio, digamos 60 días. En caso de no atenderla, la iniciativa presentada por el Presidente se convierte en ley. Se supone que, ante una fecha límite, si a los legisladores les parece apropiada la voten sin utilizar tácticas dilatorias por motivos políticos y, si no les parece, se vean obligados a modificarla o incluso a rechazarla pero no a dejarla en ese limbo que se conoce como la congeladora.
Además de obligar a legislar, el trámite legislativo preferente tiene la gracia de dar publicidad a ciertas iniciativas y de dejar en claro la responsabilidad de cada actor. Por ejemplo, si el Ejecutivo decidiera mandar una iniciativa antimonopolios con carácter de preferente, ésta recibiría publicidad, se produciría un debate, se transparentarían los argumentos en pro y en contra de cada bancada o legislador, se conocería el sentido del voto y quedaría clara la responsabilidad.
Una versión de este método para obligarse a legislar fue aprobada en la legislatura pasada por el Senado pero se "atoró" en la Cámara de Diputados. Ahora, en el paquete de reforma política, el Presidente ha enviado un proyecto en el mismo sentido.
Hay desde luego otras formas que ni siquiera exigen un cambio constitucional. Se puede modificar la Ley Orgánica del Congreso para que los legisladores se obliguen a sí mismos a legislar a través de mecanismos como la imposición de plazos en comisiones, el trabajo en conferencia, la programación de la agenda legislativa, el establecimiento de la caducidad de las iniciativas o los procedimientos de urgencia. El proyecto que sobre reforma del Estado entregó al Senado el Instituto de Investigaciones Jurídicas contiene muchas de estas propuestas. En el propio Congreso hay decenas de iniciativas que apuntan en la misma dirección.
Pero, otra vez, sin voluntad política poco se puede lograr. Y vuelvo con la cantaleta de la voluntad porque depende precisamente de los legisladores poner en la ley la obligación de legislar. ¿Será posible legislar para legislar?
"Al diablo las instituciones", exclamó en un arranque bilioso Andrés Manuel López Obrador hace tres años, durante una pretérita temporada electoral. Y no le ha faltado razón. Sólo que no se trata de mandar al diablo las instituciones, sino de reformarlas y refundarlas para el nuevo tiempo mexicano. El presidente Felipe Calderón ha dejado de lado, por un momento, su obsesión con el combate (que no "guerra" pues "guerra" sólo hay entre estados nacionales) contra el narcotráfico. En cambio, nos ofrece el programa que el país viene reclamando desde hace años, si atendemos a las voces políticas (Porfirio Muñoz Ledo), académicas (Diego Valadés) y ciudadanas (Juan Ramón de la Fuente) y que se refiere a la reforma del estado.
Los principales capítulos de la reforma son:
1.- Mantener el principio de no-reelección del Presidente de la República.
2.- Mantener un mandato de seis años para el Ejecutivo.
3.- Permitir la re-elección de diputados, alcaldes y jefes de delegación.
4.- Autorizar candidaturas independientes.
5.- Admitir, asimismo, las iniciativas ciudadanas.
6.- Adoptar la segunda vuelta de la elección presidencial, evitando las dudas acerca de elecciones reñidas.
Estas, repito, son demandas nacionales desde hace tiempo. Son consustanciales a la consolidación de una democracia mexicana, entorpecida por notables resabios del pasado. No olvidemos que la re-elección de legisladores constaba en la Constitución de 1917 y que la extensión de la no-reelección a las legislaturas y alcaldías fue obra de Plutarco Elías Calles, a quien convenía tener un Congreso domesticado, débil y renovable a voluntad del "jefe máximo". La debilidad, en efecto, se convirtió en norma de legisladores que a) no podían extender sus iniciativas de ley más allá de los tres o seis años de su función y b) se convertían en funcionarios fungibles (como muebles) en busca de la siguiente "chamba" al dejar las cámaras.
El miedo a la re-elección de legisladores es miedo a la democracia. En un sistema de libertades, es el electorado (no el jefe máximo o mínimo) quien determina la re-elección. Edward M. Kennedy fue senador por Massachusetts de 1962 a 2009 sólo porque así lo decidieron los votantes. Lo mismo puede decirse de legisladores re-electos numerosas veces como Richard Lugar (R; Indiana); Robert Byrd (D; West Virginia); Orrin Hatch (R; UTAH); Charles Rangel (D; Nueva York); Max Baucus (D; Montana); John Kerry (D; Massachusetts); Christopher Dodd (D; Connecticut) o Barbara Boxer (D; California).
La lista es larga. Apenas ejemplifico. Estos legisladores fueron reelectos gracias a muchos factores. Uno priva sobre todos los demás: así lo decidieron los ciudadanos. Debemos congratularnos, precisamente como ciudadanos, que en esta ocasión la exigencia de la reforma y la propuesta de la misma hayan coincidido. No se necesita ser fatalista para pensar, históricamente, que el año "diez" ha sido simbólico en la historia de México. Independencia en 1810. Revolución en 1910 y en 2010, ¿reforma, insurgentes o revolución?
Los visitantes extranjeros se asombran de que las principales avenidas de la ciudad de México sean conmemoraciones de rebeldías pasadas. Ojalá no sean anuncio de rebeldías por venir. Las medidas reclamadas por la sociedad y propuestas, ahora, por el presidente, indican una voluntad explícita de reformar políticamente exorcizando voluntades implícitas de acción insurgente o revolucionaria para mover el país.
Recuerdo, de paso, que los actores reconocidos en 1810 ó 1910 fueron desplazados con rapidez por los actores hasta entonces desconocidos. Antes de 1810, ¿quién sabía de Miguel Hidalgo, José María Morelos o Agustín de Iturbide? Y antes de 1910, Álvaro Obregón era agricultor en Huatabampo, Plutarco Elías Calles maestro de escuela en Sonora y Emiliano Zapata campesino en Morelos. En la paz o en la guerra, me parece evidente que, también en 2010, surgirán personalidades -hombres y mujeres- cuyos nombres desconocemos aún. Es ley de la historia: Saint-Just, Danton, Robespierre, Bonaparte eran seres anónimos antes de la Revolución Francesa. Washington, Jefferson, Hamilton, sólo conocieron su momento histórico gracias a la Revolución de las colonias de Norteamérica, etcétera.
Hay un extendido descontento en México. Las actividades recaudadoras de divisas -turismo, petróleo, migración laboral- disminuyen o se secan. La frontera cerrada en el norte creará un excedente de mano de obra desempleada en México. ¿A dónde irán nuestros trabajadores? El crimen es la tentación y es la facilidad. La exigencia, en cambio, es la oferta organizada de trabajo para construir y reconstruir educación y salud, urbes y puertos, carreteras y caminos, toda una infraestructura envejecida. Sin infraestructuras renovadas, la iniciativa privada languidece, la fuerza de trabajo se desperdicia, la tentación insurgente crece...
Por eso importa tanto que el estado nacional vuelva por sus fueros y cree, como lo hicieron en su momento Franklin Roosevelt y Dwight Eisenhower en los Estados Unidos de Norteamérica, como lo hicieron Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán en México en el suyo, políticas de desarrollo acelerado. El estado nacional es el motor, el trabajo y el mercado son los beneficiarios.
Hablo del destino actualizado (o actualizante) del conjunto de reformas anunciado oportunamente por el Presidente Calderón y reclamado por las voces -Muñoz Ledo, Valadés, De la Fuente- que aquí he citado. Subsiste la cuestión ayer planteada: ¿con quién llevará a cabo el presidente su programa de reformas? Porque, con las excepciones conocidas, su gabinete actual no le ayuda.
¿Tendrá Calderón la visión necesaria para renovar su gabinete con hombres y mujeres a la altura de las circunstancias?
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 19:19 No hay comentarios:
Considerada como una de las empresas telefónicas consentidas del gobierno de Felipe Calderón, la compañía Axtel, propiedad de Tomás Milmo Santos, ganó –el pasado lunes 14– la licitación para construir la infraestructura informática que integrará a los 105 millones de mexicanos al Servicio Nacional de Identificación Personal (SNIP), mismo que servirá de base para la creación de la cédula de identidad ciudadana, criticada por los partidos de oposición y consejeros del Instituto Federal Electoral. El contrato por 664.5 millones de pesos que obtuvo Axtel, en sociedad con el consorcio Unisys de México, se suma a una serie de jugosos contratos que ha recibido la compañía del empresario regiomontano, hijo de Tomás Milmo Zambrano y sobrino de Lorenzo Zambrano, el principal accionista de Cementos Mexicanos (Cemex). Informes bursátiles indican que tan sólo en 2009, Axtel obtuvo contratos por 1 mil 77 millones de pesos en diversos “productos y servicios” ofrecidos al gobierno federal. En plena crisis recesiva, sus ganancias durante el primer semestre de 2009 duplicaron a las registradas en 2008, al ascender a 486 millones de pesos. El crecimiento de la compañía ha sido espectacular durante el presente sexenio. Al adquirir Avantel, hace dos años, Axtel se convirtió en la segunda compañía de telecomunicaciones, sólo por debajo de Telmex, empresa con la que mantiene una agria disputa por el sistema “el que llama paga”, instaurado por la Cofetel desde 1999. El 15 de septiembre de 2009, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a Axtel una concesión por 30 años para instalar, operar y explotar una red de televisión satelital, con lo cual se convirtió en el tercer jugador de este segmento, por debajo del sistema Sky, de Televisa, y Dish, propiedad de MVS en alianza con EchoStar y Telmex. Informes de consultorías como Signals Telecom, Consulting o Banamex Accival pronostican que Axtel podría asociarse con Sky, de Televisa, o con el holding de empresas cableras conocido como Yoo (formado por Cablevisión, Cablemás y TVI, las tres de Televisa, más Megacable) para ofrecer servicios de telefonía móvil convergente con el triple play. Ahora, Axtel, asociada con Unysis, superó a otros consorcios que licitaron ante la Secretaría de Gobernación y ganó el contrato para configurar todo el sistema de almacenamiento y adquisición de los datos biométricos de los mexicanos, que incluyen la fotografía del rostro, la fotografía del iris de ambos ojos y las huellas dactilares de ambas manos. Después de postergar en cuatro ocasiones el resultado del concurso, la Secretaría de Gobernación informó que la oferta de 664 millones 594 mil pesos de Axtel y Unysis fue mejor que la de otros 20 consorcios, entre los que se encontraban Telmex, Dies asociada con Hildebrando, propiedad del cuñado presidencial Diego Zavala, la chilena Sonda Pisa, la india Tata y la japonesa Nec.
En un comunicado, Gobernación precisó que “la adjudicación de la infraestructura informática contempla la contratación del equipamiento y mantenimiento del centro de datos en las instalaciones de la secretaría, así como el almacenamiento y la adquisición de los motores de búsqueda de los datos biométricos de las personas, que corresponden a la fotografía del rostro, la fotografía del iris y las huellas de los dedos de ambas manos”. Ante las dudas expresadas por legisladores del PRI y del PRD, así como por comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) por presuntas violaciones a los datos personales y a la privacidad, la dependencia dirigida por Fernando Gómez Mont aclaró que “la empresa ganadora en ningún momento podrá vincular la identidad física de las personas con la identidad jurídica de las mismas, compuesta por los datos asentados en el acta de nacimiento”. Esta adjudicación incluye la contratación y mantenimiento del equipo del centro de datos de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, el almacenamiento y adquisición de los motores de búsqueda de los datos biométricos y el resguardo de la misma información por parte de las autoridades federales. Antes de esta segunda licitación, que forma parte del paquete para la creación de la Cédula de Identidad Ciudadana, Gobernación adjudicó a la empresa holandesa Smartmatic la adquisición de 2 mil equipos necesarios para la captura de información. Empresas perdedoras en esta primera licitación, como Cosmocolor, propiedad de Jorge Kawaghi, se inconformaron ante la Secretaría de la Función Pública por el resultado. En el caso de Axtel y Unysis, hasta el momento no se inconformaron las otras compañías perdedoras, pero existen serias dudas, ya que Axtel no tiene experiencia previa en el manejo de este tipo de información y Unisys es un corporativo creado en 1986 en Estados Unidos, que ha sido señalado por la prensa norteamericana por fallas de seguridad en el manejo de datos cibernéticos.
En 2003 y 2004, la compañía fue vinculada con el escándalo del lobbysta Jack Abramoff, acusado por varios delitos relacionados con sus actividades de gestor en el Congreso norteamericano. Unisys le pagó 640 mil dólares por sus servicios. En 2007, The Washington Post publicó que el FBI investigó a Unisys por incidentes en el manejo de la base de datos del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. La compañía negó las acusaciones. Unisys Corporation fue identificada como el proveedor oficial de servicios de tecnología de información para la Convención Nacional del Partido Republicano de Estados Unidos, en el que se presentaron oficialmente los entonces candidatos de 2008 a la presidencia y vicepresidencia, John McCain y Sarah Palin.
Axtel protagoniza desde hace dos años un agrio litigio en contra de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y de los demás consorcios telefónicos, especialmente contra Telmex, por el sistema “el que llama paga”. Axtel ha litigado ante diversos tribunales en contra de la resolución de la Cofetel que en 2006 asignó una tarifa de interconexión de 2.50 para que los usuarios de telefonía celular no pagaran las llamadas que surgieran desde un teléfono fijo. Este litigio ha escalado hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, ha colocado en el banquillo de los acusados al presidente de Cofetel, Héctor Osuna, y ha generado un enfrentamiento entre Axtel y Telcel. La primera compañía alega que el sistema“el que llama paga” es un mecanismo de subsidio para las grandes empresas de telefonía, y reclama de Telcel el pago de 2 mil 300 millones de pesos por tarifas de interconexión que no pagó la empresa sino sus usuarios. A su vez, el director jurídico de Telcel, Alejandro Cantú, ha revirado señalando que Axtel le debe a su compañía 2 mil 400 millones de pesos, ya que la telefónica de Tomás Milmo sólo paga 50 centavos por minuto por tarifa de interconexión en el sistema “el que llama paga local”, en lugar de la tarifa de 1.90 pesos el minuto. La disputa está aún en tribunales y ha agudizado las diferencias entre Cofetel y SCT. Un oficio enviado el 29 de octubre pasado por Héctor Osuna al titular de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcaditas, advierte que desde el 22 de abril de 2009 la Séptima Sala dejó “insubsistente” la multa decretada en contra del presidente de Cofetel, y niega que exista una violación a la suspensión provisional del sistema “el que llama paga” a favor de Axtel. Para la Cofetel, el sistema “el que llama paga” permitió que el servicio de telefonía móvil tuviera un impulso significativo, a tal grado que el número de usuarios de servicio pasó de 3.3 millones en diciembre de 1998 a 47.1 millones en 2005. “Este comportamiento se debió tanto a la introducción de la modalidad ‘El que Llama Paga’ en el servicio local, que le permite al usuario del servicio local móvil recibir llamadas locales sin cargo alguno, como al esquema de prepago, al hacer posible que el servicio local móvil esté al alcance de un sector más amplio de la población”, advierte un análisis de Cofetel entregado a Proceso. Ante el litigio de Axtel, la Cofetel alega que el esquema conocido como “El que Llama Paga Nacional” para llamadas de larga distancia nacional e internacional, además de ser una alternativa más para el usuario del teléfono móvil, “genera importantes beneficios a los usuarios al incrementar las posibilidades de comunicarse y reforzar el derecho que tiene el usuario que origina la comunicación sobre su decisión para realizar la misma, al ser él quien cuenta con todos los elementos para valorar la conveniencia de la llamada y el costo que le representa su decisión”. Sin embargo, Axtel ha acusado a la Cofetel de desacato a las órdenes judiciales, y sus representantes jurídicos rechazan que tengan algún adeudo con Telcel. Conocedores de su bonanza durante el presente sexenio, prevén que Axtel contará con un fuerte apoyo en Los Pinos para continuar su expansión.
Un año nefasto, coinciden todos. Sin embargo, también un año en el que dejan huella cambios que obligan a ver con ojos nuevos el mundo que viene. El ambiente internacional estuvo dominado por los efectos de la crisis económica, más profunda y extendida de lo que se había previsto. En algunos países, la recuperación comenzó en el último trimestre; han repuntado los niveles de crecimiento, fluye más el crédito, y la demanda, según encuestas de las últimas semanas, se recupera. Lo que no mejora es el empleo; en Estados Unidos se mantiene en los dos dígitos y, en algunos países europeos, como España, alcanza el 18% de la población económicamente activa. La inquietud más grande, sobre todo entre los jóvenes, es el panorama de crecimiento sin creación de empleo. La crisis económica dejó en segundo plano, pero no por ello son menos amenazadoras, otras crisis que se hicieron evidentes desde el año anterior y cuya solución está lejos de alcanzarse. El alza en el precio de los alimentos, la disminución de recursos energéticos tradicionales, la generalización de problemas de sequías o inundaciones, la persistencia o agravamiento de enfermedades endémicas, la extensión del sida. A los problemas anteriores hay que añadir la irrupción inesperada de la influenza A/H1N1, cuya peligrosidad puede aumentar si hay mutación del virus que la produce, cuyo origen y características todavía no están bien determinados. Por último: el cambio climático. Un problema que no se originó en 2009, viene desde mucho antes, desde que comenzaron a manifestarse, de manera inequívoca, los efectos del calentamiento atmosférico. Este año, lo ocurrido tuvo que ver con la toma de conciencia, alentada por la celebración de la Conferencia de Copenhague. Como todas las grandes conferencias internacionales, ésta vino acompañada de mayor información, mayores investigaciones, mayores discusiones y mayor convencimiento de lo difícil que resulta enfrentar el problema. Es un buen ejemplo de lo globalizado de los problemas y lo diferenciado de sus efectos; por lo tanto, de la imposibilidad de encontrar respuestas homogéneas a lo que está en todas partes, pero ni se originó ni afecta a todos de la misma manera. Sin duda es un problema ante el que hay “responsabilidades comunes pero diferenciadas”; lograr al respecto acuerdos específicos, verificables y obligatorios jurídicamente es una tarea de titanes. En el campo de la política, el dato más importante fue la llegada al poder de Barack Obama en Estados Unidos. Su figura es polémica y pronto ha suscitado odios y descalificaciones. Sería un grave error, sin embargo, olvidar el aire de renovación y esperanza que aporta a las relaciones de poder internas en Estados Unidos, y a la racionalidad para manejar una situación internacional peligrosa en la que hay prendidos muchos focos rojos. A la nueva presidencia estadunidense se debe haber puesto sobre la mesa el tema de millones de ciudadanos en Estados Unidos que no tienen servicios de salud; a su presencia se debe que esté de regreso el tema del desarme nuclear, que hayan recuperado vigencia las instancias multilaterales y que haya la disposición de construir una arquitectura internacional que incorpora nuevos actores y nuevas relaciones de poder. El segundo dato de importancia fue, justamente, el desplazamiento de los ejes de poder internacional de Occidente hacia Asia. En 2009 se confirmó que el mundo unipolar del que tanto se habló en los primeros años del siglo XXI será sustituido por un esquema bipolar, aún naciente y mal definido, probablemente inestable pero con tendencias ya claras, encabezado por Estados Unidos y China. La importancia de esta última, no sólo por su papel económico sino por su indudable peso industrial, demográfico y militar cambiará las ideas tradicionales sobre las influencias que determinan el devenir de la historia contemporánea. Mucho de lo que ocurra a las potencias emergentes (India, Brasil, Rusia, cada vez menos México) estará relacionado con la manera en que se adapten a la nueva correlación de fuerzas. Para México fue un año horrible. En parte por nuestra situación geopolítica, en parte por mala suerte y en parte por torpeza. Era inevitable ser el país latinoamericano más golpeado por la crisis económica originada en Estados Unidos. Exportaciones, remesas, turismo, créditos, inversión extranjera, todo cayó como era de esperarse y como debieron saber desde siempre los encargados de la política económica del país. Que además se haya respondido torpemente, es cuestión de mala estrategia. La mala suerte fue que la influenza A/H1N1 comenzara aquí, que los medios de comunicación informaran tan mal, que tantos países se dejaran llevar por la alarma y que estuviésemos tan desprevenidos para manejarla adecuadamente. En este año de 2009, México perdió en la carrera para ocupar un lugar en las nuevas coordenadas de poder internacional. A los problemas de anteriores cabe añadir la fuerza mediática de las imágenes de violencia que opacaron cualquier otra información sobre lo que ocurra en nuestro país. En ese contexto, el ganador en América Latina fue Brasil, diversos indicadores lo señalan. No obstante, son muchos los cambios que están ocurriendo, muchas las circunstancias que pueden profundizar o debilitar el papel de ese país como el de mayor influencia mundial entre los latinoamericanos. Su juego internacional es hábil, pero mucho dependerá de las cuestiones internas que están abiertas, entre ellas las elecciones presidenciales de 2010. La herencia de 2009 dificulta el avance de México hacia un mejor espacio en las relaciones internacionales de la segunda década del siglo XXI. El bicentenario puede ser la fecha clave para confirmar nuestro lugar secundario y oscuro, o abrir una puerta para recuperar parte del terreno perdido.
La sistemática violación del estado de derecho por parte de las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley tiene como su más reciente ejemplo a Arturo Beltrán Leyva, quien fue muerto por elementos de la Secretaría de Marina al “oponer resistencia”, según los dichos de las propias autoridades. Nadie en su sano juicio puede estar en desacuerdo con la lucha institucional contra el crimen organizado y en particular contra el narcotráfico. No obstante, los encargados de esta tarea tienen el deber constitucional y legal de cumplirla conforme a las reglas escritas para tal efecto. Si no fuera así, no habría diferencia alguna entre los cárteles y los servicios de seguridad pública y de procuración de justicia. En el caso de Beltrán Leyva se han violentado claramente sus derechos fundamentales a la vida privada y a la propia imagen. Veamos. Primero. Toda persona tiene derecho a su vida privada; es decir, la prerrogativa a mantener un ámbito territorial fuera del conocimiento de los demás. De la misma forma, tiene derecho a su propia imagen, que significa el poder jurídico de reserva frente a la difusión de información gráfica que la hagan reconocible. En realidad, el derecho a la propia imagen y el derecho a la vida privada corren por el mismo sendero y constituyen uno de los denominados derechos de la personalidad que se basan en la dignidad de la persona. En un estado de derecho, las autoridades tienen el deber de imponer cuantas medidas sean necesarias para la adecuada tutela de los derechos de referencia. Al proteger los derechos de la personalidad, el Estado protege los derechos de la libertad humana. Segundo. Es verdad que el derecho a la vida privada y el derecho a la propia imagen no son absolutos; reclaman una armonización con otros derechos. Pero no encuentro en este caso justificación alguna para lo que se ha hecho. En efecto, tras la muerte de Beltrán Leyva las autoridades divulgaron en los medios fotografías del presunto delincuente muerto en varias posiciones. Una en particular fue objeto de amplia polémica, la que presenta al aparente jefe del cártel sinaloense con trusa y billetes que las autoridades pusieron a lo largo de su cuerpo boca arriba. Salvo prueba en contrario, se trata de una fotografía de una escena manipulada, habida cuenta que resulta inverosímil que Beltrán Leyva haya muerto en esa posición. Está por demás decir que fue ignorada la garantía de que el titular del derecho o sus familiares pueden determinar qué imagen o rasgos fotográficos pueden hacerse públicos. Se violentó su derecho a la propia imagen porque se divulgaron sus rasgos identificables y se lesionó al mismo tiempo su derecho a la vida privada porque hubo intrusión, a través de las fotografías, en el núcleo básico de este derecho, la intimidad. No sólo fue un acto de rudeza innecesaria, sino un ejercicio abusivo de autoridad en donde el Estado no sólo no hace respetar el derecho de los gobernados, sino que es el primero en violarlos. Tercero. La muerte está relacionada con el derecho a la vida privada y a la propia imagen. Para poder privar a Beltrán Leyva y a sus familiares de los derechos a la vida privada y a la propia imagen debieron concurrir los siguientes supuestos: a) estar establecido en la ley; b) perseguir un fin legítimo; c) que lo hiciera una autoridad competente, y d) que fuera un acto debidamente fundado y motivado. Es evidente que ninguno de los supuestos anteriores se cumplió. No faltará quien afirme que se trata de un presunto delincuente, a quien se atribuye la autoría material o intelectual de varios delitos. Incluso en ese supuesto, la autoridad no debe replicar las formas y modos de actuar de quien pervive al margen de la ley. Cuarto. El presidente de la República, Felipe Calderón, es responsable en última instancia de hacer cumplir el estado de derecho en tanto da vida al Poder Ejecutivo; es decir, es el encargado de ejecutar la ley, de hacerla cumplir. Esta afectación de derechos fundamentales sólo pudo consumarse por órdenes del presidente o con su anuencia en tanto jefe supremo de las fuerzas armadas. ¿Alguien podría creer que los marinos o militares se mandan solos? Por el contrario, las ocurrencias personales del presidente por desdeñar la ley están teniendo efectos negativos en la lucha contra el crimen organizado y su especie el narcotráfico. En esa lógica parece inscribirse el homicidio de varios familiares de uno de los miembros de la Armada de México que participó en la muerte de Beltrán Leyva. El mensaje de esos homicidios lamentables lesiona la moral de las fuerzas armadas y pone de relieve que no es lo mismo llamar “cobardes” a los delincuentes (Felipe Calderón) o advertirles “los estamos esperando” (Fernando Gómez Mont), al amparo de una amplísima escolta de seguridad, que actuar en las fuerzas armadas con magros sueldos, sin ninguna protección y donde la cabeza de marinos, militares y agentes policiacos pueden tener precio debido a la endémica corrupción del sistema; con consecuencias fatales y, como siempre, en perjuicio de los más débiles. Lo cierto es que lo que ha ganado el pueblo de México con Felipe Calderón es que se ha ido perdiendo la libertad y la seguridad con prisas y sin pausas en partes cada vez más vastas del territorio nacional. Esa actitud conduce al autoritarismo en perjuicio de todos.
En los juicios orales existe la pretensión de que el juzgador, en relación con un procedimiento penal determinado, ha de estar presente en las audiencias públicas que se verifiquen, con respeto al principio de publicidad. Se asevera que tales audiencias públicas han de permitir que los interesados presencien ampliamente la actuación de la autoridad judicial. Igualmente se permite que observen las diligencias procesales el inculpado, el ofendido, el fiscal, el defensor, los que laboran en los medios informativos y el público en general. A fin de conseguir el desarrollo de ese principio de publicidad se favorece la construcción o acondicionamiento de locales amplios para el presunto desarrollo de una oralidad al alcance del público que quiera asistir y que lo haga en instalaciones apropiadas.
En ese aspecto, actualmente, en nuestro país, en los procedimientos penales federales y de entidades federativas, las pruebas que requieren desahogo en alguna audiencia, como son, entre otras, confesionales, testimoniales, periciales, inspecciones oculares, careos, reconstrucción de hechos, reconocimiento de documentos, etcétera, se realizan públicamente y no a puertas cerradas, salvo que haya algún impedimento para actuar de esta manera.
Por supuesto que, no es viable, como algunos pretenden que, en los juicios orales, en aras del principio de concentración, haya una solo audiencia. En nuestro sistema procesal penal actual, federal y local, debe haber tantas audiencias, como se requieran, según la cuantía y naturaleza de las pruebas aportadas. El principio de concentración no consiste en que haya una sola audiencia, lo que significa es que el proceso penal no debe dispersarse en incidentes o maniobras que quebranten la unidad básica del proceso penal. Adicionalmente, se pretende que el juzgador, a través de los juicios orales, deberá dictar su sentencia en la audiencia pública final dentro del procedimiento oral. No estamos de acuerdo con esta tendencia. Todo juzgador, debe, antes de emitir su fallo, estudiar a fondo todas las constancias del expediente, las pruebas aportadas y desahogadas, atribuirles un valor conforme a las normas legales y a su experiencia. Ha de considerar las normas jurídicas aplicables, la jurisprudencia obligatoria existente y las consideraciones jurídicas aducidas por las partes, a través de sus abogados. Del estudio acucioso de todo lo que aparezca relevante y minucioso en el expediente dictará su resolución, y eso puede significar una revisión reiterada, amplia y profunda, sin que se incurra en ligereza, la que puede sobrevenir al dictar sentencia delante de los concurrentes a una audiencia, sin sujetarse a un tiempo tan amplio como lo necesite, para revisar y meditar todo lo actuado en el expediente, para que la sentencia sea respetuosa de las actuaciones judiciales y de las normas jurídicas aplicables. Expresado en otros términos, nunca, una sentencia penal podrá ser dictada como se dice coloquialmente "sobre la rodilla". Hacerlo así sería atentar contra un derecho humano sobresaliente y una garantía individual de relevancia como lo es el bien jurídico tutelado: la libertad.
En el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales, publicado en Diario Oficial de 18 de junio de 2008, en el cuarto párrafo reformado del artículo 17 constitucional, se indica que las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. En discrepancia con lo establecido en esta reforma, el juez debe dictar su sentencia por escrito como fruto de un estudio profesional minucioso, para cumplir con su deber de mandamiento escrito, que funde y motive la causa legal del procedimiento, como lo exige el primer párrafo del artículo 16 constitucional. El juzgador no tiene que explicar nada pues, la fundamentación y motivación de la sentencia deben estar por escrito en el texto de la sentencia correspondiente.
Cualquier juzgador con experiencia sabe que hay asuntos debatibles en los que la sentencia debe ser resultado de profundo estudio y reflexión.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 19:11 No hay comentarios:
Sin duda su participación en la persecución del capo Arturo Beltrán Leyva, tal como se comentó la semana pasada en este mismo espacio, fue decisiva y exitosa, pero las interrogantes son: ¿Cuánto tiempo resistirán los marinos sin caer en las redes de corrupción del narcotráfico y la delincuencia organizada?
Y cuando esto suceda, ¿a quién podrá recurrirse, pues ya no hay ninguna opción alternativa?
El operativo recibió, y recibe, elogios en todo el mundo y hasta de los más escépticos, pero lamentablemente el éxito fue enturbiado por la reacción de los narcotraficantes, particularmente el cruel y reprobable asesinato de la madre, la tía y dos hermanos del marino abatido en el operativo del 16 de diciembre en Cuernavaca; y la información respecto a la protección que los militares brindaban al capo.
Lo primero que llamó la atención fue la participación tardía y marginal del Ejército en el operativo más exitoso contra del narcotráfico, a pesar de que el cuartel de la 24 Zona Militar se encuentra a unas cuantas cuadras del complejo residencial donde cayó abatido Beltrán Leyva.
El protagonismo de la Marina inició el 4 de diciembre, en un operativo en Ciudad Benito Juárez, NL, que culminó con un enfrentamiento entre marinos y presuntos "Zetas", que dejó ocho delincuentes muertos, entre los que se encontraba Ricardo Almanza, "El Gori 1".
Una semana después, el 11 de diciembre, nuevamente los marinos irrumpieron en una narcoposada amenizada por Los Cadetes de Linares, Ramón Ayala y los Bravos del Norte, y Torrente Musical, en una hacienda en Tepoztlán, Morelos, en la que capturaron a 11 presuntos integrantes del cártel de los Beltrán Leyva.
Y, a partir de las pistas que lograron recabar, perpetraron el golpe del 16 de diciembre.
El jueves 17 de diciembre, al día siguiente del operativo, el procurador Arturo Chávez reconoció en una rueda de prensa que en el mismo intervino la Armada porque las organizaciones criminales corrompieron a otras instituciones de Gobierno.
El domingo 20 de diciembre, la revista Proceso denuncia que el cocinero de Beltrán Leyva, detenido en el operativo de Cuernavaca, declaró ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO, que ese día se preparaba una comida en el departamento donde cayó abatido el capo para recibir al General Leopoldo Díaz Pérez, jefe de la 24 Zona Militar con sede en Cuernavaca, a la que también acudirían un capitán y un mayor del Ejército.
El jueves 24 de diciembre, el diario regiomontano El Norte, revela que de acuerdo a las declaraciones de uno de los detenidos y a la confirmación de fuentes de la Armada, el cártel contaba con una red de militares a su servicio que "realizaban labores de espionaje para informarle de los desplazamientos, cateos a casas de seguridad y operativos que pretendían su captura".
Entre los integrantes de esta red se encontraban un Coronel y dos Mayores, adscritos a la Vigesimocuarta Zona Militar.
En la misma publicación se da a conocer que hay testimonios asentados, desde el 8 de mayo de este año, en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/166/2009, que dan cuenta de la implicación de soldados del grupo de inteligencia militar.
Así que el cártel contaba, ¿o cuenta?, con una red de protección que incluye policías, de todos las instancias: municipales, estatales y federales, y militares, entre ellos algunos oficiales.
Y esa fue la razón por la que se desplazó al Ejército y se le cedió el mando a la Armada.
Pero la participación protagónica de la Marina no fue una acción aislada, pues el mismo diario da a conocer que el presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República una iniciativa de reforma, que está en estudio en las comisiones de Marina y Estudios Legislativos, para convertir a la Armada de México"en una institución militar coadyuvante en la seguridad interior del país y en el combate al crimen organizado, cuando lo ordene el Mando Supremo o cuando las circunstancias así lo requieran".
El Ejército desplazó a las policías; la Marina desplaza al Ejército. Y cuándo la Marina sucumba al poder corruptor del crimen organizado, ¿quién la desplazará?
Y es que paradójicamente el más sonado éxito en la que se ha dado en llamar la "guerra contra el narcotráfico" desnudó las debilidades de las instituciones nacionales.
El relevo de un cuerpo de seguridad por otro no es ninguna garantía de que los integrantes del nuevo órgano no sucumbirán ante los embates corruptores del crimen organizado, eso ya estaba muy probado, sin embargo, el actual Gobierno no lo quiso ver.
En la segunda mitad de los 70, el entonces Presidente José López Portillo, involucró al Ejército Mexicano en la llamada "Operación Cóndor", para combatir el narcotráfico en el llamado "triángulo dorado", el punto donde convergen las fronteras de Sinaloa, Durango y Chihuahua, desde entonces su presencia en dicha labor es permanente y siempre creciente, con resultados ambivalentes: crece la destrucción de plantíos, la detención de delincuentes y hasta la de algunos capos; pero también la violencia, la drogadicción, la violación de derechos humanos y la corrupción de las fuerzas armadas.
Y como caso emblemático se recuerda la detención el 18 de febrero de 1997 del General de División, Jesús Gutiérrez Rebollo, designado apenas 72 días antes Comisionado del Instituto Nacional para el Combate de las Drogas, precisamente porque se le consideraba intachable e incluso recibió elogios del zar antidrogas de la Casa Blanca, General Barry McCaffrey.
Gutiérrez Rebollo fue detenido por proteger al entonces capo del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes.
Desde entonces más de un centenar de oficiales fueron o son sujetos a procesos judiciales por proteger a distintos cárteles.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 19:07 No hay comentarios:
Es hora de deshacerse de los discursos grandilocuentes y los golpes mediáticos para iniciar con seriedad y compromiso una nueva etapa en el combate al narcotráfico. El asesinato de Arturo Beltrán Leyva no fue el primer paso en una victoria emergente contra la delincuencia organizada, sino únicamente un ejemplo más del carácter rudimentario e ilegal de la estrategia de Felipe Calderón, quien ha declarado que su objetivo supremo es hacer que la justicia legítima del estado de derecho prevalezca sobre la acción violenta, arbitraria y cobarde de los criminales. Sin embargo, en los hechos su gobierno actúa con la misma violencia, arbitrariedad y cobardía que los delincuentes que dice perseguir. Queda claro que el operativo no se realizó con la intención de detener a Beltrán Leyva, sino de matarlo. Más allá de lo denigrante y la sospechosa manipulación del cuerpo sin vida del narcotraficante, la alteración ilegal de la escena del crimen también asegura que nunca sabremos exactamente cómo murió el llamado Jefe de jefes. ¿Lo alcanzó una bala certera de un Rambo altamente adiestrado mientras el capo se apuntaba con su pistola por la ventana, tal como ocurre en las películas de Hollywood? O, de lo contrario, ¿fue Beltrán ultimado por un tiro de gracia de un marine con sed de venganza, emocionado de encontrarse cara a cara con su rival (y cómplice)? Para esclarecer estas dudas, el gobierno federal y el gobierno del estado de Morelos deberían dar a conocer inmediatamente los resultados de las necropsias que se hayan realizado a los cuerpos muertos en el operativo. El papel que se asignó a los infantes de marina en el operativo fue a todas luces ilegal. El artículo segundo de la Ley Orgánica de la Armada de México señala que la fuerza naval únicamente puede intervenir en las zonas marinas mexicanas , situación que evidentemente no se aplica en Cuernavaca y menos en el conjunto habitacional Altitude. Asimismo, el artículo 129 de la Constitución dice a la letra que en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar . En su interpretación de este artículo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido muy clara al señalar que implica una prohibición tajante a que las fuerzas armadas puedan ser utilizadas para labores diferentes a las explícitamente autorizadas por la ley. Consciente de la evidente ilegalidad que aqueja su estrategia de combate a la delincuencia organizada, en días pasados el gobierno de Calderón ha buscado revivir un par de iniciativas entregadas hace unos meses al Senado de la República. Una iniciativa reformaría la Ley Orgánica de la Armada para ampliar el ámbito de intervención de la infantería de marina. Otra propuesta cambiaría la Ley de Seguridad Nacional facultando al Poder Ejecutivo a declarar de manera unilateral una afectación a la seguridad nacional que permitiría suspender nuestras garantías fundamentales cuando fuera necesario. Esta iniciativa violaría de manera flagrante el artículo 29 de la Constitución, que obliga al Presidente de la República a recibir autorización del Congreso antes de tomar este tipo de medidas. Desde luego que el Senado debería rechazar estas iniciativas e ir más allá. Los senadores deberían considerar presentar una controversia constitucional en contra de los constantes atropellos de Calderón al estado democrático de derecho en su lucha contra la delincuencia organizada. Al utilizar a las fuerzas armadas para actividades que no le son propias, el Presidente de la República se adjudica facultades que no le corresponden y así invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión. Otro elemento que demuestra la falta de seriedad de la lucha de Calderón contra el narcotráfico es la total ausencia de indicadores efectivos de desempeño. Desde hace tres años, el gobierno ha insistido en que antes de que la situación se mejore, primero tendría que empeorar. Esta historia ya la conocemos los mexicanos después de décadas de estrategias de ajuste estructural , que supuestamente también dolerían en el corto plazo pero rendirían grandes frutos a largo plazo. Mientras tanto, Calderón presenta como logros de su guerra cada detención de un presunto narcotraficante –independientemente de que lleguen a ser sentenciados por la justicia federal– y cada decomiso de armas, aunque sea irrelevante, dado el vasto arsenal de los delincuentes. ¿Cuándo nos presentará Felipe Calderón compromisos firmes, objetivos específicos y una metodología rigurosa para medir su cumplimiento? La semana pasada, se autoproclamó el nuevo héroe de la patria, equivalente a José María Morelos y Miguel Hidalgo: A la generación de 1810, que encabezaron Hidalgo y Morelos, les tocó conquistar con valentía y audacia los derechos de los mexicanos. A nosotros, la generación del bicentenario, nos corresponde proteger con todas nuestras fuerzas y con todo el poder del Estado este patrimonio invaluable por el cual ofrendaron su vida nuestros héroes . Sin embargo, las acciones hablan más fuerte que las palabras y demuestran que hoy los derechos de los mexicanos no están a salvo, sino en grave peligro en manos de Felipe Calderón Hinojosa.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 17:10 No hay comentarios:
Además del caso más reciente en Chiapas, Veracruz se sumó a la nómina de los estados donde se atenta contra el Estado secular y se afectan los derechos fundamentales, lesionando en especial a las mujeres. Sólo que allí se puso en práctica una singular estrategia que consistió en darle por su lado a la alta jerarquía eclesiástica con la reforma constitucional “antiabortista”, y en distraer a la opinión pública con una reforma legal que en apariencia despenaliza el aborto. Dieciocho estados, a los que tal vez se sumarán otros, van configurando el nuevo integrismo mexicano como decisión de los dos partidos con mayor votación en el país. En el caso del PAN no sorprende, porque su trayectoria es la de un partido conservador; pero el PRI construyó por décadas una imagen liberal que hoy han abandonado muchos de sus integrantes. El argumento de que se trata de una decisión tomada en cada estado por los priistas locales es desconcertante, porque denota que el PRI está dejando de ser una organización política nacional para convertirse en una federación de cacicazgos, y porque está girando hacia el clericalismo que por mucho tiempo combatió. Ambos partidos han impulsado una reforma confesional en 18 entidades cuya población asciende a más de 50 millones de habitantes; alrededor del 50% del total nacional. Debe reconocerse, empero, que esa mutación priista todavía no ha tenido costos en sus proyecciones electorales. La Consulta Mitofsky indica que en noviembre pasado las preferencias favorecían al PRI en 41.4%, frente al 19.4 del PAN y al 6.7 del PRD. Con independencia de las variaciones demoscópicas, es indispensable ahondar en el examen de los efectos de las reformas constitucionales locales. Hasta ahora se han analizado sus dos principales consecuencias: La naturaleza del Estado está transitando de la secularidad a la confesionalidad, y se están violando la Constitución federal y diversos tratados internacionales de los que México es parte, mediante medidas discriminatorias, limitaciones a la libertad, agravios a la dignidad y penas inusitadas en perjuicio de las mujeres. La magnitud de esos ataques a los derechos fundamentales no ha permitido que advirtamos otro aspecto, comparativamente menor pero también trascendente: los partidos están poniendo en entredicho el sistema representativo. En 1994 se adoptaron la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad como medios de defensa de la Constitución. La legitimación para promoverlas corresponde sólo a entes públicos: órganos del poder federal, estatal o municipal, partidos políticos y fracciones de los congresos. Esta situación implicó nuevos derechos para las minorías en los congresos y nuevas responsabilidades para los titulares de los órganos del poder. Todo parecía satisfactorio hasta que comenzamos a ver que, con excepción de Baja California y el Distrito Federal, las comisiones de derechos humanos, incluida la nacional, están comprometidas con el clero; también advertimos que los diputados locales discrepantes no pueden promover acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas confesionales porque no alcanzan el 33% en sus respectivos congresos. En otras palabras, la defensa de la Constitución quedó en manos de sus potenciales infractores. Cuando los partidos que hacen mayoría calificada en los congresos entran en contubernio, no tenemos forma de proteger el orden constitucional. Esta realidad tiene una solución: que exijamos a los partidos una reforma al artículo 105 constitucional para que los ciudadanos, en un número que resulte razonable, estemos legitimados para promover acciones de inconstitucionalidad con objeto de plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. Las reformas constitucionales en materia de aborto muestran que los partidos han optado por apoyos cruzados que les permiten intercambiar posiciones al margen de los intereses nacionales e incluso en contra de la Constitución. Es deseable que esta sea una circunstancia pasajera. Para devolvernos la confianza que nos han conculcado, los partidos podrían ofrecernos una muestra de que no han abjurado por entero de su responsabilidad democrática, confiriéndonos a los gobernados instrumentos jurídicos para que defendamos el orden constitucional, como ya sucede en Colombia, Chile y Perú, por ejemplo, donde existe la acción popular para promover acciones de inconstitucionalidad. Hago votos por que las experiencias del pasado reciente no inhiban las esperanzas en el futuro próximo.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 17:06 No hay comentarios:
No hay que creer en la cabalística para recordar que los años terminados en "diez" han señalado cambios históricos en la vida del país. Hispanoamérica se dispone a celebrar -celebra ya- el Bicentenario de las revoluciones de independencia. México, siempre singular (o excéntrico) festeja dos fechas: la Independencia de 1810 y la Revolución de 1910. ¿Qué nos reserva, en este orden de la memoria histórica -que no de la fatalidad política- el año venidero, 2010?
La laxitud del Gobierno Federal en organizar las celebraciones del caso contrasta con el proyecto incluyente (e inteligente) de Rafael Tovar, como titular de los festejos del Bicentenario sustituido, al dejar el puesto, por una desidia desconcertante. La carga se ha trasladado de hecho, a los gobiernos de los estados y a las instituciones culturales. El Gobierno Federal, por lo visto, se encargará tan sólo de los fuegos artificiales.
Aunque por muchas luces de bengala que estallen, ningún fuego artificial ocultará la realidad de un país que está pasando de una vieja a una nueva política. No en estricta coincidencia con el año "diez" aunque éste, por razones obvias, ilumine -ahora sí- la situación cambiante del país. La de los partidos políticos puede servir de punto de arranque.
A la izquierda, el descenso de la intención de voto (en la elección federal para diputados en 2009 el PRD sacó 12.7% de la votación total -4'231,342 votos-); en el 2006, en la elección presidencial, "la Coalición por el bien de todos" (PRD, PT y Convergencia) tuvo una votación del 35.3% que significó 14'783,096 votos), revela un carnaval con mucho confeti y pocas piñatas. Hundida en una gran confusión de pequeñas parcelas, la izquierda sufre de un síndrome de división dogmática que le impide dar el salto a un centro-izquierda moderno, como el que personifican Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en Chile, Lula (y el propio Cardoso) en Brasil y Felipe González en España. La nueva izquierda se ha despojado de dogmas totalitantes (y paralizantes) para concentrarse, no en la fidelidad al dogma, sino en propuestas viables para resolver problemas reales: salud, educación, libertad de expresión, seguridad ciudadana, protección de la tercera edad, respeto a las etnias, lucha contra la criminalidad, mejor distribución de la riqueza. ¿Qué estos son temas que obligan a todo gobierno? Cierto y falso. La derecha los aborda de manera parcial y los delega a la iniciativa privada. La izquierda debería verlos como un todo que incumbe a la política rectora del Estado. ¿Está nuestra izquierda en condiciones de proponer y abordar un "Nuevo Trato" para México? Hoy, lo dudo. Dividida en facciones, atrapada en su propia retórica -confusa y anacrónica- la izquierda está lejos de la unión no sólo para ganar eleccio- nes, sino para administrar el Estado.
Sin embargo, allí están sus mejores figuras. Amalia García, gobernadora de Zacatecas, donde ha demostrado que la izquierda no gobierna con fantasmas, sino con los elementos sociales de la realidad. Marcelo Ebrard en el Distrito Federal, donde se ha iniciado una tarea de reconstrucción urbana que requiere el concurso de muchos factores sociales. En el propio seno de los partidos de izquierda, quiero creer que tanto Jesús Ortega como Alejandro Encinas podrían superar la postración actual. Y Cuauhtémoc Cárdenas, el líder histórico, parece aguardar un momento propicio para actuar dentro de normas de una dinámica de progreso sin los retrasos del dogma y el personalismo. Difícil camino: cuesta arriba. Pero González, Lagos, Bachelet, Cardoso y Lula demuestran que se puede transitar.
Se atribuye a Manuel Gómez Morin el dicho de que el P.A.N. (Partido Acción Nacional) nació para oponer y proponer, no para gobernar. Llegado al Ejecutivo Federal por una ola de entusiasmo y voluntad de cambio, así como por el apego del presidente Ernesto Zedillo a la normatividad electoral, el PAN no tardó en darle la razón a Gómez Morin. El gobierno de Vicente Fox, recibido con entusiasmo, fue despedido con algo peor que el reclamo: la indiferencia. Y el gobierno de Felipe Calderón, cuya legitimidad le fue seriamente disputada, contó también, en gran medida, con la aprobación de -por lo menos- la mitad del electorado.
Hoy, se advierten severas grietas en el gobierno calderonista. Las ha señalado, con insólita franqueza, Miguel Alemán Velasco en un número reciente de Proceso: mediocridad del gabinete, gobierno secretero, falta de proyecto "coherente y claro". Un "rosario de calamidades" -narcotráfico, violencia, sequías- que la gente atribuye al gobierno porque "el gobierno no se ayuda ni lo ayuda su gabinete".
Este -el gabinete de Calderón- es uno de los más mediocres de nuestra historia. Basta comparar los equipos, digamos, de Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines para lamentar la pobreza del actual. Y es que los citados presidentes del pasado exigían colaboradores mejor informados, a veces, que el propio Jefe de la Nación. De Eduardo Suárez a Jaime Torres Bodet, pasando por Javier Rojo Gómez, Gustavo P. Serrano, Gustavo Baz, Héctor Pérez Martínez, Alfonso Caso o Manuel Tello, los gabinetes mexicanos (con escasas excepciones) estuvieron a la altura exigida por los presidentes. Alemán Velasco tiene razón: con pocos casos (él señala a cuatro o cinco personajes) los demás no vuelan alto. Y acaso no lo hacen porque Calderón prefiere ordenar (e insultar, dado el caso) a gente menor a él mismo -cosa impensable en las situaciones del pasado que aquí he señalado.
Un buen ejemplo de lo que sucede lo ilustra la sucesión del Banco de México. La institución fue gobernada con independencia y eficacia por Guillermo Ortiz. Eliminado éste, ¿lo manejará con iguales virtudes el nuevo gobernador, Agustín Carstens, hasta ahora secretario de Hacienda de Calderón? No prejuzgo. Temo. Porque la tendencia calderonista de nombrar gente secundaria a puestos de primera importancia es un mal augurio para un país que, en 2010, enfrentará desafíos mayores. A esta suma hay que añadir buen número de figuras de la empresa privada que le han retirado la confianza a Calderón, aumentando una peligrosa situación de despojo, abandono e incertidumbre.
¿Asegura lo dicho que el futuro le pertenece al P.R.I. (Partido Revolucionario Institucional)? Un partido que lo ha sido todo puede ahora ser algo o ser nada. Me explico. Las apuestas más conocidas señalan al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, como el priísta del futuro. Algunos dicen, en cambio, que un político requiere las tres "C": carisma, carácter y cabeza y que Peña Nieto carece de esta última. En todo caso, sí es muy temprano para hablar de candidaturas priístas, algunos prefieren, por razones entendibles, aunque a veces misteriosas, al senador Manlio Fabio Beltrones y otros a Beatriz Paredes por razones más que entendibles. En tanto que otros señalan a los candidatos sorpresa, el primero de los cuales sería el Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, el presunto "Góber Preciso".
Todos estos cálculos, sin embargo, no oscurecen el gran problema, que no es de personalidades sino de algo que las supone pero las supera: la Reforma del Estado. De esto me ocuparé en el artículo siguiente.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 17:02 No hay comentarios:
La decisión más importante que tendrá que tomar el gobierno al comienzo de 2010 será si prosigue su “guerra” contra el narcotráfico en los términos en los que la ha llevado a cabo estos tres años, o si a partir de los resultados obtenidos hace correcciones para los siguientes tres. Una buena manera de decidir en la política es considerar los escenarios extremos. Las opciones extremas esclarecen y permiten, una vez que se ha pasado por la prueba de la lógica deductiva, hacer los ajustes y precisar los matices que más acerquen a la realidad. La última operación contra el narcotráfico que llevó a cabo la Secretaría de Marina en Cuernavaca permite fijar uno de los puntos extremos. En términos de sus resultados, la opinión pública nacional e internacional la consideraron una operación exitosa. Quizá la más exitosa. Sin embargo, con el paso de los días el júbilo inicial se perdió. Si hasta en la operación más exitosa las cosas no están saliendo bien, eso quiere decir que, en las otras, mucho menos. Lo que hace falta es mirar el problema en perspectiva. Ya muchos han insistido en señalar que es difícil ganar una guerra si no se sabe cuál el objetivo a alcanzar. En la medida en la que el gobierno estableció un objetivo irrealizable, él mismo se puso un rasero que, con el paso del tiempo, lo llevaría al fracaso. Pero aún con mayor urgencia es necesario resolver cómo se proseguirá el enfrentamiento a las organizaciones delincuenciales. ¿En una guerra sin cuartel, fuera del estado de derecho y sin respeto a los derechos humanos? ¿Con un Estado unido, o en medio de una serie de luchas facciosas entre los órganos de seguridad federales, vacíos en los estados y descoordinación generalizada? ¿Con un enfoque partidista, o sumando a todas las fuerzas políticas y niveles de gobierno en una causa común que, como tal, requiere de un alto nivel de aceptación? Lo que ya está claro es que la política en curso no tendrá éxito. En estos días de meditación habría que plantearse una corrección de fondo. El manejo partidista ya hizo agua en las pasadas elecciones de 2009, sin que siquiera diera resultados electorales. La utilización política de la lucha contra el narco como instrumento de legitimación está agotada. Las tareas debieran ser otras: uno, reconstruir la confianza interna; dos, sumar, coordinadamente, los recursos con los que se cuenta; tres, abandonar la política de desplantes y prepotencia, en favor de la mesura en el lenguaje y el ejercicio templado de la autoridad. Antes de que empiece el año, Felipe Calderón debiera hacerse preguntas diferentes. No ya cómo logro apoyo a mi popularidad con la lucha contra el narcotráfico. Sino cómo protejo al Ejército mexicano, reconstruyo la confianza, sumo a los gobernadores; qué tengo que hacer para dejar una mejor policía y un mejor sistema judicial. No es con la encuesta, los desplantes, las operaciones turbias y confrontando a unos contra otros como se logrará la necesaria reconducción. El objetivo no es elevar el número de víctimas, sino fortalecer al Estado.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 16:59 No hay comentarios:
Escribo el jueves 24 en la mañana. Hoy no vinieron los empleados al despacho. En parte porque por las vacaciones relativas de los tribunales, los abogados –no todos– descansan. En parte también porque hoy es un día familiar. Por la noche nos reuniremos con hijos y nietos a celebrar la Nochebuena. En mi niñez, cuando vivíamos en Madrid –por supuesto que antes de la guerra–, me parece que la Nochebuena no contaba. En cambio el día de Navidad mi madre nos hacía una comida especial. Teníamos unos vecinos suizos y nos llamaba la atención que ellos, el día 24, esperaban a papá Noel, personaje que nos era totalmente extraño. La costumbre en la familia De Buen y en general en España, era que los regalos se repartían el Día de Reyes. Había que poner los zapatos bien limpios para que los Reyes nos dejaran los regalos de cada quien. Después, a partir del 18 de julio de 1936, vino la guerra y ciertamente las costumbres cambiaron. No eran compatibles con las bombas que caían indiscriminadamente, en cualquier fecha. El exilio en México hizo que la familia cambiara en parte las costumbres. Seguimos con la historia de los Reyes Magos (no Santos Reyes como por aquí se les conoce) y aunque ya estábamos todos mayorcitos, se mantuvo la tradición aunque la noche del 24 se convirtió en la cena familiar. Olvidamos el 25. Reconozco la fuerza que tienen esos días en nuestro medio. Por eso no me llamó tanto la atención que el señor Vicente Fox provocara la reforma del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo que lista los días de descanso obligatorio. Es curioso pero no sorprende: mantuvo intocables los que podrían significar festividades religiosas como el 25 de diciembre. El día primero de enero no lo cambió tampoco pese a que no tiene otro valor que ser el día de la santa cruda por las festividades de fin de año. Pero se dio gusto cancelando el 5 de febrero, aniversario de la Constitución y por lo tanto del artículo 123; el 21 de marzo, cumpleaños de Benito Juárez y el 20 de noviembre, aniversario del inicio imprudente y anunciado por Francisco I. Madero, de la Revolución. O de lo que llaman Revolución, en realidad una sucesión de golpes de Estado. A la manera gringa, y con el pretexto de los puentes, los cambió por el primer lunes anterior. Es cierto que la práctica de los puentes genera problemas empresariales si la fiesta cae a media semana o algo así. Un sentido práctico de las cosas justifica el cambio por un lunes lo que, además, prolonga la duración del fin de semana. Pero de lo que no tengo la menor duda fue que la intención del cambio olió a política conservadora. Cambio de tema. Me habla Carlos para decirme que murió Rafael Caldera, ex presidente de Venezuela y uno de los laboralistas más distinguidos, no solamente de América. Fuimos muy buenos amigos. Era grato encontrarnos en un Congreso. En Roma nos tocó una huelga que en el hotel se manifestó sin servicios de alimentos ni hechura de las camas. En lugar de desayuno nos entregaron algo en la recepción. Pero Rafael, muy señor, entró al comedor con su ayudante y desayunó lo mismo pero con toda formalidad. Era un hombre de gran encanto. A mis compañeros venezolanos, laboralistas, les envío un fuerte abrazo. Me ha dolido, aunque ya lo esperaba. En mi último viaje a Venezuela, hace unos meses, pregunté por Rafael y las noticias no fueron buenas. Lo que pasa es que los nombres famosos de laboralistas de Europa y América empiezan a desaparecer. Hace relativamente poco tiempo fallecieron Manuel Alonso Olea, en España, y Gino Giugni, en Italia. Don Américo Plá, del Uruguay, hace menos de un año que murió y un mes después Marta, su inseparable esposa. De nuestros fundadores: J.J. Castorena, Mario de la Cueva y Alberto Trueba Urbina, nos faltan los tres. Y uno empieza a pensar si lo que ocurre, por razón natural, es que los nuevos viejos somos nosotros mismos. El fallecimiento hace menos de un año de Baltasar Cavazos fue significativo. Lo bueno es que ya son numerosos en Europa y América los nuevos laboralistas. Ojalá que alcancen el merecido prestigio de sus antecesores.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 16:56 No hay comentarios: