Source: http://www.chasque.net/frontpage/comision/03docu036.htm
Timestamp: 2019-03-24 07:12:33
Document Index: 322314169

Matched Legal Cases: ['Artículo 321', 'artículo 321', 'Artículo 321', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 316', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 311', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 12', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32']

1. Proyecto de ley "Sistema Nacional de Prevención, detección y atención de la violencia doméstica". Elaborado por la Comisión Interministerial. Estructura y comentarios.
Si bien dicho proyecto tiene una perspectiva integral del problema de la Violencia Doméstica es muy amplio ya que cuenta con XXII capítulos y 60 artículos lo cual dificulta una fácil comprensión y aplicabilidad de la misma.
CAPITULO I: De la obligatoriedad de la lucha contra la violencia doméstica
CAPITULO II: Definición de violencia doméstica
CAPITULO III: Del delito de violencia doméstica
CAPITULO IV: Principios que regirán la actuación de la justicia.
CAPITULO V: De las competencias especiales de la justicia de familia en los casos de violencia doméstica
CAPITULO VI: Medidas provisionales de urgencia
CAPITULO VII: De las competencias especiales en materia penal en casos de violencia doméstica
CAPITULO VIII: De las competencias especiales de los Defensores de Oficio en materia de violencia doméstica
CAPITULO IX: De los derechos especiales de las víctimas de violencia doméstica.
CAPITULO X: De las garantías requeridas para institucionalizar a un adulto mayor o a una persona con discapacidad.
CAPITULO XI: Procedimiento para la institucionalización de un adulto mayor o persona con discapacidad.
CAPITULO XII: Organismo que centralizará las acciones tendientes a la prevención, detección y asistencia de la violencia doméstica y funciones.
CAPITULO XIII: De los cometidos de la Comisión Nacional Honoraria de lucha contra la violencia doméstica.
CAPITULO XIV: De los recursos financieros.
CAPITULO XV: De los centros de diagnóstico y tratamiento de la violencia doméstica.
CAPITULO XVI: De los cometidos de los centros de diagnóstico y tratamiento y de los equipos interdisciplinarios especializados en violencia doméstica.
CAPITULO XVII: De los obligados a comunicar hechos de violencia doméstica.
CAPITULO XVIII: De la capacitación de los operadores del sistema, en sus distintos niveles.
CAPITULO XIX: De los registros que se crean por la presente ley.
CAPITULO XX: Convenios especiales.
CAPITULO XXI: Disposiciones transitorias.
CAPITULO XXII: Disposiciones finales.
La Comisión Interministerial para la Elaboración del Plan Nacional de Prevención, Detección y Atención de la Violencia Familiar fue creada el año 1998 en el marco de un seminario patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Está integrada por tres Ministerios: Educación y Cultura, Salud Pública e Interior. Asimismo la integran tres Organizaciones No Gubernamentales
Es preciso reconocer que este proyecto tiene el mérito de tener una visión integral del problema de la violencia doméstica. Es por ello, entendemos, que se explaya en los diversos puntos que un tratamiento integral precisa para dar respuesta legal a este problema. Sin embargo presenta algunas dificultades que resumimos a continuación.
Es muy amplio y la redacción no es clara.
Abarca diversos problemas en un mismo proyecto de ley: violencia doméstica; violencia contra menores, la institucionalización de adultos mayores o personas con discapacidad. Como sabemos estos problemas merecen tratamiento aparte acorde con un diagnóstico multidisciplinario de los mismos.
Mezcla cuerpos normativos. Así, lo sustantivo debe ir en la ley y lo procesal en el reglamento y las razones que tuvo el/la legislador/a para la redacción de la ley deberían ir en la exposición de motivos.
Cuestionamos la creación de la Comisión Nacional con poderes tan amplios. Asimismo, la creación de los centros de atención cuya formulación no es clara.
Es un proyecto penalizador ya que triplica la sanción penal ya existente en el Artículo 321º bis del Código Penal pese a declarar en la exposición de motivos de que ésta debe ser la "última ratio".
Omite pronunciarse acerca de las políticas públicas que el Estado debe asumir como parte del Convenio de Belém do Pará.
El proyecto original hace una extensa redacción de los motivos que llevaron a la comisión a redactar dicho proyecto. Para ello se centra en la disquisición de los siguientes puntos:
La incorporación del artículo 321 bis en el Código Penal Uruguayo y su ineficacia en la práctica jurídica. Atribuye tal ineficacia a:
la insensibilidad de los operadores jurídicos respecto al problema;
la dificultad de la prueba exigida por tal norma, "prolongación en el tiempo" y
la invisibilización de este delito cuando paralelamente ocurren otros más graves que ésta y que la subsumen aquellos.
Luego, argumenta a favor de la aplicación de la norma penal como última ratio (última razón), a la que debe de recurrirse después de haber agotado otras vías diferentes, sin embargo la propuesta que hace para la norma penal es más criminalizadora que la existente en el 321º bis del Código Penal ya que en el capítulo V triplican la sanción penal vigente.
A continuación la comisión presenta una serie de indicadores para mostrarnos la "alarmante dimensión del problema". Estos indicadores, cifras, pertenecen a:
el teléfono de ayuda de la Intendencia Municipal de Montevideo;
el registro de intervenciones de ocho unidades especializadas de la Policía (No especifica especializados en qué, suponemos que en violencia doméstica);
casos de violencia en víctimas menores de edad (abandono, suicidio, lesiones, abuso sexual, violación);
intervenciones de El Faro, el INAME en casos de niños y adolescentes víctimas;
estudios carcelarios que dan cuenta del proceso de victimización temprana del victimario;
Proyecto de ley sustitutivo. Elaborado por la Mesa de Organismos No Gubernamentales y otras instituciones. Presentado ante la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de diputados. Estructura y comentarios.
A mediados del año 2,000 un grupo de integrantes de diferentes Organismos No Gubernamentales y otras instituciones como el Comité Latinoamericano para la defensa de los derechos de la mujer, CLADEM, nos reunimos para analizar, discutir y proponer algunas alternativas al proyecto original ya que consideramos contiene aspectos con los que no concordamos.
Es importante señalar que si bien intentamos modificar todo aquello en que evaluamos era necesario sólo lo hicimos en los puntos más álgidos por recomendación de las integrantes de algunas diputadas de la Cámara de representantes ya que a mayor modificación del proyecto correspondía una mayor demora en su aprobación.
Este fue enviado al legislativo el 22 de agosto de 2,000. En la carta de presentación del mismo se señalan las modificaciones más importantes introducidas:
CAPITULO II: Definición de la violencia doméstica
CAPITULO III: De los principios generales
CAPITULO IV: De la jurisdicción de Familia y de Paz
CAPITULO V: Del delito de violencia doméstica
CAPITULO VI: De las competencias especiales en materia penal en casos de violencia doméstica.
CAPITULO VII: De las competencias especiales de los Defensores de Oficio en casos de violencia doméstica.
CAPITULO VIII: De los derechos especiales de las víctimas de violencia doméstica.
Del Capítulo IX al final no se efectuaron modificaciones en el ordenamiento de los capítulos.
Respecto a las competencias en materia de familia. Se incorporaron los jueces de Paz del interior para facilitar el acceso y un mejor uso de los recursos.
Respecto a los técnicos especializados en violencia doméstica que señala el proyecto original las interrogantes que se nos plantearon fueron: a) la inexistencia en el país de instancias académicas que formen a dichos técnicos en el tema, b) ¿Cómo se incorporarían estos técnicos a los sistemas intervinientes? y c) ¿ De dónde se obtendría el financiamiento necesario?.
Se modificó el texto de delito de violencia doméstica propuesto ya que si bien creemos que esta violencia es un atentado contra los derechos humanos y por ende constituye delito también creemos que la sanción penal no disuade ni resuelve este problema que es más bien social. Este proyecto multiplicaba por tres las penas ya existentes en el Artículo 321º bis del Código Penal. La nueva ubicación responde a la concepción de que la sanción penal debe ser la "última ratio", (última razón) del sistema. Asimismo, como no es conveniente tutelar bienes jurídicos diversos dentro de una misma figura penal, se optó por eliminar los aspectos patrimoniales del tipo.
Respecto al capítulo de los adultos mayores y personas discapacitadas creemos que merece un abordaje adecuado por especialistas en la materia.
Respecto a la Comisión honoraria, los Centros de diagnóstico y los Registros cuya creación se propone, así como el banco de datos que se menciona sin desarrollo del mismo, éstos implican cambios institucionales, asignaciones de recursos económicos y humanos, entre otros, que trascienden el análisis técnico al que nos limitamos.
Proyecto de Ley trabajado por el grupo invitado por la Secretaria Pro Tempore y la Comisión Especial de Género y Equidad.
La Secretaria Pro Tempore para el seguimiento en el Estado Uruguayo de la aplicación de la Convención de Belém do Pará de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, creada el año 2000, decidió invitar a técnicos y técnicas que trabajan en violencia doméstica para que apoyaran en la redacción de un texto conjuntamente con la Comisión Especial de Género y Equidad. Así, se obtuvo el texto que luego fue presentado a la Comisión de Derechos Humanos integrada con la de Género donde se obtuvo consenso respecto al proyecto.
Este proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 18 de octubre. Destacamos dos intervenciones del diario de sesiones de la Cámara de Representantes de ese día. La primera de la señora diputada Percovich quien señaló que "Señor Presidente: realmente nos congratulamos de que llegue este día -un día de octubre de 2001- porque representa la concreción de muchos años de trabajo de muchas mujeres uruguayas y también la recolección del trabajo de miles y miles de mujeres en el mundo que han tratado de trasladar a la esfera pública un problema que por ser del ámbito doméstico, no se había considerado como de responsabilidad de los Estados..".
Asimismo, el señor diputado Chiflet realzó la importancia de este proyecto afirmando que "...este proyecto constituye un importante avance en materia de defensa de los derechos humanos. Instrumentos jurídicos internacionales aprobados y ratificados por Uruguay integran esta iniciativa que concreta, además, medidas para que se pueda actuar de inmediato y aporta normas para que la justicia pueda intervenir en estos temas ".
Se añade al proyecto de ley en mención los comentarios del equipo psicológico del Instituto Mujer y Sociedad y de las Doctoras Loreley Calvo y Flor de Ma. Meza, atendiendo el pedido que se hiciera el pasado 11 de agosto en la reunión de la Comisión Nacional de Seguimiento. Allí, las participantes manifestaron su interés en contar con un documento que explicara de manera clara y sencilla los contenidos del proyecto de ley tanto para un mejor entendimiento del mismo como para una difusión más adecuada de dicho instrumento a la población en general.
Actualmente el proyecto se encuentra en estudio en la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Senadores. Hasta la fecha acudieron a dicha comisión miembros de la Asociación de Magistrados y miembros del Ministerio Público y Fiscal del Uruguay. Asimismo, tenemos conocimiento que el proyecto fue enviado a tres catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República para que se pronuncien al respecto.
De aprobarse dicho proyecto el Estado Uruguayo estaría dando cumplimiento a la obligación que asumió en 1996 al ratificar la Convención de Belém de Pará y poniéndose al nivel de los otros veintinueve países que ya tienen leyes al respecto.
Pero la sola aprobación de este proyecto como ley no nos asegurará su cumplimento. Para ello se deberán implementar una serie de medidas que van desde la difusión y capacitación de todos los operadores sociales y jurídicos que atienden este problema hasta la vigilancia ciudadana.
Si los y las ciudadanas no conocemos el texto de la norma es difícil exigir su adecuado cumplimiento. Saber qué dice la ley, cómo nos involucra, qué responsabilidades asume el Estado y qué retos se nos planeta como sociedad civil organizada es lo que nos permitirá asumirnos como sujetas de derechos y también de obligaciones. De este modo estaremos asegurando una ley real y no una meramente formal. Es decir que, dependerá de nosotras apropiarnos de esta ley. Para ello debemos conocerla, discutirla, entenderla y cuando sea necesario exigir que se cumpla correctamente.
Comentarios al Proyecto de Ley Violencia Doméstica o Intrafamiliar
Artículo 1º.- (Interés General y Orden Público) Decláranse de interés general las actividades orientadas a la prevención, detección temprana y atención de la violencia doméstica . Las disposiciones de la presente ley son de orden público.
La violencia doméstica dejó de ser hace mucho tiempo un asunto privado, para ser uno de interés público dada sus características y los derechos humanos que en ella se ven afectados. Por ello los Estados miembros de las Naciones Unidas durante la 49º Asamblea Mundial de la Salud en 1996, acordaron que la violencia es una prioridad de salud pública. La resolución 49.25 de la Asamblea apoya las recomendaciones efectuadas en conferencias internacionales previas para atacar el problema de la violencia contra la mujer.
El interés general es aquel que concierne a la sociedad en conjunto, aquel que prevalece sobre el interés particular sin dañar a éste.
Respecto a que son normas de orden público implica la observancia de su cumplimiento por todos especialmente por las autoridades encargadas de velar por el "orden público".
Artículo 2º.- (Definición) Constituye violencia doméstica toda acción u omisión que por cualquier medio menoscabe el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva, de parentesco o de cohabitación.
La acción se da cuando se comete el hecho, contrariamente a la omisión que se configura cuando se deja de hacer.
Respecto a los derechos humanos que comprende este artículo se entiende que son todos los derechos humanos reconocidos por la Constitución Uruguaya y por todos aquellos Convenios Internacionales referidos a los derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Uruguayo.
Artículo 3º.- (Tipos) Son manifestaciones de violencia doméstica, constituyan o no delito:
Violencia sexual. Toda acción que imponga o induzca comportamientos sexuales a una persona mediante el uso de: fuerza, intimidación, coerción, manipulación, amenaza, o cualquier otro medio que anule o limite la libertad sexual.
Violencia patrimonial. Toda acción u omisión que implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos.
La Violencia Doméstica es un fenómeno predominantemente vincular, que implica el dominio de un ser humano sobre el otro, es expresión de un desequilibrio de poderes.
La familia se constituye en un espacio privilegiado para la expresión del dominio de unos sobre otros, ya que está marcada por una relación de poder que se da en forma asimétrica, unos mandan y otros obedecen, ya desde el punto de vista genérico, (los hombres sobre las mujeres), ya desde el punto de vista generacional, (los mayores sobre los menores).
La Violencia Doméstica se produce generalmente en ciclos que se repiten en escalada cada vez más intensa, pudiendo acabar con la muerte de alguien, siendo casi imposible salir del círculo vicioso sin ayuda exterior de expertos.
La Violencia Doméstica tiene graves consecuencias inmediatas y a largo plazo en el desarrollo psicológico y social de los individuos, las familias, las comunidades y los países.
Cualquiera sea la manifestación de la Violencia Doméstica, ya sea física, psicológica, sexual o patrimonial genera un daño psicológico en quienes la padecen, que son mayormente mujeres y niños. Este daño se expresa a nivel individual en diferentes áreas:
a nivel de la conducta: trastornos de alimentación, menor rendimiento laboral, aislamiento social, consumo elevado de psicofármacos, etc.
a nivel cognitivo: creencias de género
a nivel físico: lesiones que van desde fracturas de huesos, pérdida de la audición por rotura del tímpano, pérdida parcial o total de la vista, trastornos psicosomáticos, etc.
a nivel psicológico: baja autoestima, desvalorización, alteración de los sistemas de valores, estados depresivos, a situaciones extremas que se expresan en el cuadro clínico conocido como "síndrome del terror" y/o de "stress post traumático", intentos de suicidio.
También se ha detectado un impacto en la salud materna durante el embarazo por los efectos severos que tiene en los hijos al nacer. Las agresiones físicas y psicológicas provocan mayores tasas de mortalidad prenatal e infantil.
Los hijos de familias que padecen violencia intrafamiliar son más propensos a asistir a las consultas médicas, así como también son hospitalizados con mayor frecuencia, repiten años escolares y abandonan tempranamente la escuela.
Otra de las graves consecuencias es que la mayoría de los ataques del agresor se efectúan en presencia de los hijos, creando así un círculo de violencia que se perpetúa de generación en generación.
Todo esto apareja un costo indirecto que tiene su impacto global en los Sistemas de Salud, Aparatos Policiales, Régimen Judicial, ámbitos laborales, etc.
Según un estudio del Banco Mundial uno de cada cinco días laborales que pierden las mujeres por razones de salud está relacionado con la Violencia Doméstica.
Artículo 4º .- (Interpretación e integración de la norma). Los principios establecidos en los Tratados de Derechos Humanos ratificados por nuestro país integran esta ley, en especial la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém do Pará); la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Los tratados de derechos humanos mencionados en este artículo tienen máxima jerarquía en el ordenamiento jurídico nacional. Esto significa que todas las otras normas nacionales deben estar acordes con las normas de los tratados de derechos humanos. Así, se explicita en este artículo que los principios de éstos integran esta ley de prevención de la violencia doméstica.
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) es el instrumento internacional más extenso que trata los derechos de la mujer. Aunque la violencia contra la mujer no se aborda específicamente en la Convención, salvo en relación al tráfico de mujeres y la prostitución (artículo 6), muchas de las cláusulas de anti discriminación protegen a las mujeres de la violencia. Los estados signatarios han aceptado una política de eliminar la discriminación de la mujer y adoptar medidas legislativas y de otra índole que prohiban la discriminación contra la mujer (artículo 2). En 1992, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que vigila la ejecución de esta Convención, incluyó la violencia por razón de género formalmente en la discriminación por razón de género. La recomendación general No. 19, adoptada en el XI período de sesiones (junio de 1992), trata en su totalidad de la violencia contra la mujer y las medidas tomadas para eliminarla. En cuanto a los temas de salud, recomienda que los Estados ofrezcan servicios de apoyo a todas las víctimas de la violencia por razón de género, como refugios, trabajadores de salud adiestrados especialmente y servicios de rehabilitación y orientación.
CAPÍTULO II: Jurisdicción y competencia
Artículo 5º.- (Competencia) Los Juzgados con competencia en materia de familia, de acuerdo al artículo Nº 69 de la Ley Nº 15.750, de 8 de julio de 1985, entenderán también en cuestiones no penales de violencia doméstica y en las cuestiones personales o patrimoniales que se deriven de ella.-
Artículo 6º.- (Competencia de Urgencia) Los Juzgados y Fiscalías con competencia en materia de familia la tendrán, asimismo, para atender situaciones de urgencia en violencia doméstica.
Artículo 7º.- (Ampliación de la competencia de urgencia) Los Juzgados de Paz en el interior de la República cualquiera sea su categoría, tendrán competencia de urgencia para entender en materia de violencia doméstica, pudiendo disponer de forma provisoria las medidas pertinentes establecidas en esta ley para la protección de presuntas víctimas, debiendo elevar los asuntos al Juzgado Letrado de Primera Instancia correspondiente, necesariamente dentro de las cuarenta y ocho horas de dictada la decisión, a cuya resolución se estará.
Artículo 8º.- (Ministerio Público y Fiscal) Toda actuación Judicial en materia de violencia doméstica, preceptivamente, será puesta en conocimiento del Fiscal que corresponda, desde el inicio, por cualquier vía idónea. El mismo deberá intervenir en todos los asuntos relativos a las personas e intereses de las víctimas de violencia doméstica, incumbiéndole en ese concepto los deberes que la ley le señale, y expresamente, aquellos que derivan de su condición de protector oficial de las víctimas que esta disposición consagra.
Ventajas de la unidad de jurisdicción:
La coordinación con las jurisdicciones de familia, penal y menores en su caso tanto en el interior como en Montevideo obliga en la práctica a los jueces y fiscales a trabajar en la elaboración de un protocolo de actuación.
Para ello no se requiere erogación presupuestal ni grandes transformaciones en los organismos involucrados.
La Corte sólo tiene que ordenar agregar a la distribuidora de turnos una planilla para la competencia de urgencia de los jueces de familia tanto de Montevideo como los del interior con competencia privativa en materia de familia. Así, en Montevideo los 28 juzgados de familia a lo máximo estarían 2 fines de semana de turno de guardia o urgencia al año.
Con esta norma se estaría reforzando las potestades de todos los jueces de familia Asimismo se extendería la competencia de familia a todas las cuestiones personales y patrimoniales nacidas de una relación personal afectiva y se estaría dando a todos los jueces de familia competencia de urgencia en violencia doméstica y/o intrafamiliar. También se estaría asegurando que los 365 días del año la mujer maltratada tenga atención y al mismo tiempo se daría la posibilidad al juez de familia a intervenir en todos los tipos de violencia contra la mujer.
CAPITULO III: Legitimación
Artículo 9º.- (Legitimación del denunciante) Cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia doméstica, podrá dar noticia al Juez competente en la materia, quien deberá adoptar las medidas que estime pertinentes de acuerdo a lo previsto en esta ley. Siempre que la noticia presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien la hubiere dado.
CAPÍTULO IV: Medidas de protección
Artículo 10.- (Medidas Cautelares). En toda cuestión de violencia doméstica, además de las medidas previstas en el artículo 316 del Código General del Proceso, el Juez, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público deberá disponer todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar.
Artículo 11.- (Medidas Cautelares específicas) A esos efectos adoptará , una o más de una de las siguientes medidas u otra idónea para el cumplimiento de la finalidad cautelar:
Incautar las armas que el agresor tuviere en su poder, las que permanecerán en custodia de la Sede. Prohibir al agresor el uso o posesión de armas de fuego oficiándose a la autoridad competente a efectos de la inhabilitación correspondiente.
Asimismo, si correspondiere, resolver provisoriamente todo lo relativo a las pensiones alimenticias de los niños , niñas o adolescentes y en su caso, lo relativo a la guarda, tenencia y visitas.
En caso de que el Juez no adopte ninguna medida, deberá hacerlo en forma fundada.
Artículo 12.- (Supervisión del cumplimiento de las medidas cautelares).- En todos los casos, el Juez ordenará al Alguacil o a quien entienda conveniente, la supervisión de su cumplimiento y convocará una audiencia, en un plazo no mayor de diez días de adoptada la medida, a los efectos de su evaluación. En caso de no comparecencia, el Juez dispondrá la conducción del agresor.
Si las medidas dispuestas no se cumplen, el Juez ordenará el arresto del agresor por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 21.3 y 374.1, 374.2 y 374.4 del Código General del Proceso.
Artículo 13.- (Medidas cautelares preliminares) El requisito temporal establecido en el artículo 311.2 del Código General del Proceso no regirá en los casos en que no sea necesaria la sustanciación de un proceso posterior, dado que la medida adoptada garantizó el derecho cautelado. No obstante, las medidas adoptadas tendrán el alcance y la duración que el Juez disponga, sin perjuicio de la sustanciación de la pretensión, de su modificación o cese.
Artículo 14.- (Procedimiento) El procedimiento para la adopción de las medidas cautelares será el previsto por los artículos 313, 314 y 315 del Código General del Proceso. Siempre que se acredite que un derecho intrínseco al ser humano se vea vulnerado o amenazado, el Juez deberá, de inmediato, decretar las medidas cautelares que correspondan, en forma fundada. De igual manera, procederá cuando la audiencia previa del agresor pueda frustrar el buen fin de la medida.
En los casos en que la medida se haya adoptado sin audiencia del agresor, una vez que éste haya tomado conocimiento de ella en forma completa y concreta, podrá formular oposición, siguiéndose para su sustanciación el procedimiento de los incidentes.
Artículo 15.- (Prueba). En materia probatoria, serán de aplicación las disposiciones del Código General del Proceso, teniendo presente el objetivo y fin de esta ley y las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.
La Prueba en el proceso civil está regulado por los Artículos 137 a 147 del Código General del Proceso. Entendemos que la normativa del Código General del Proceso, (CGP), es adecuada en todo lo que tiene que ver con las reglas generales porque estamos en el ámbito de la jurisdicción civil.
El juez en estos procesos tiene iniciativa probatoria dentro de los hechos alegados por las partes.
Con respecto a la valoración de la prueba. Creemos que la que fija el CGP en el Art. 140 es la apropiada. Es un proceso civil y el objetivo prioritario es la adopción de medidas de protección. En consecuencia no se estaría vulnerando el principio de inocencia que establece nuestra Constitución respecto del proceso penal.
No obstante esta precisión, lo cierto es que el Juez en el proceso de familia conforme lo previsto por el Art. 350.2 a 5 del CGP tiene facultades inquisitivas a nivel de la prueba, es decir que el juez puede disponer toda la prueba que entienda necesaria previo a adoptar su decisión.
En segundo lugar, la actuación del juez de familia está regida por el principio de protección a los más desprotegidos. Así, la persona que sufre violencia está en una situación de desprotección respecto de aquel que ejerce el poder y la violencia.
Finalmente, el juez de familia tiene las más amplias facultades para ordenar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de la verdad respetando el derecho de defensa (Art. 24.4 CGP).
Artículo 16.- (Pericia en Violencia doméstica). Una vez adoptadas las medidas cautelares establecidas en el artículo 12 de esta ley, el Tribunal, de oficio, ordenará realizar un diagnóstico de situación entre los sujetos involucrados. El mismo será elaborado en forma interdisciplinaria y tendrá como objeto determinar los daños físicos o psíquicos sufridos por la víctima, evaluar la situación de peligro o riesgo y el entorno social.
A los efectos de las pericias el CGP regula todo lo que tiene que ver con pericias de los artículos 177 a 185.
Creemos necesario que el peritaje debe ser realizado por técnicos expresamente calificados para dictaminar en este problema. Asimismo, es importante recalcar que el diagnóstico debe ser realizado por peritos del área social, psicológica y médica. Que el diagnóstico debe hacerse sobre el núcleo familiar o de crianza y que debe tener como objeto los daños físicos o psicológicos que se han producido a la víctima, la situación socio cultural del entorno familiar, así como la situación del agresor o abusador y sus posibilidades de modificación de su conducta.
Artículo 17.- (Grupo interdisciplinario). A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, la Suprema Corte de Justicia promoverá la formación de peritos en violencia doméstica, con capacidad de trabajo interdisciplinario, que se incorporará en la órbita del Instituto Técnico Forense.
Artículo 18.- (Registro de Peritos especializados en violencia doméstica). La Suprema Corte de Justicia incorporará esta categoría de profesionales al Registro Unico de Peritos. A tal fin, la Universidad de la República establecerá los requisitos a cumplir por los interesados en acreditar su competencia pericial en el área de la violencia doméstica regulada por esta ley. Asimismo, incorporará a este Registro a quienes acrediten idoneidad notoria en la materia, al tiempo de entrada en vigencia de esta ley.
En este caso la Suprema Corte de Justicia ha celebrado un convenio con la Universidad de la República para contar con peritos designados por ese método y Circular Nro. 16 de 7 de mayo de 1999. También ha creado un registro de peritos por Ley 17258.
Artículo 19.- (Declaración de la víctima). En todos los casos el principio orientador será prevenir la victimización secundaria, prohibiéndose el careo entre la víctima y el agresor en el caso de los niños, niñas y adolescentes. En el caso de la víctima adulta que requiera el careo y se certifique que está en condiciones de realizarlo, éste se podrá llevar a cabo. El Tribunal dispondrá la forma y los medios técnicos para recibir la declaración, haciendo aplicación de los principios de inmediación, concentración y contradicción.
Artículo 20.- (Especialidad en la valoración de los medios probatorios) Las situaciones de violencia doméstica deben ser evaluadas desde la perspectiva de la protección integral a la dignidad humana.
CAPÍTULO V: Asistencia letrada obliatoria
Artículo 21.- (Asistencia letrada obligatoria). La Suprema Corte de Justicia deberá garantizar la asistencia letrada obligatoria a la víctima, para lo cual estará facultada a celebrar convenios con entidades públicas o privadas especializadas en la materia.
CAPÍTULO VI: Coordinación de actuaciones
Artículo 22.- (Coordinación de actuaciones). Cuando intervenga un juzgado con competencia en materia penal o un juzgado con competencia en materia de menores en una situación de violencia doméstica, cualquiera sea la resolución que adopte, deberá remitir, dentro de las cuarenta y ocho horas, testimonio completo de las actuaciones y de la resolución adoptada al Juez con competencia en materia de violencia doméstica.
Asimismo, cuando se haya dispuesto el procesamiento con prisión, deberá comunicar la excarcelación o la concesión de salidas transitorias o cualquier forma de conclusión del proceso al juzgado competente en materia de violencia doméstica, previo a su efectivización. También deberá ponerlo en conocimiento de la víctima en su domicilio real y de su Letrado en el domicilio constituido, de la forma que entienda más eficaz para obtener la finalidad de protección perseguida por esta ley.
El Ministerio Público tiene como objetivo la protección y defensa de los intereses generales de la sociedad y actúa en representación de la causa pública.
Asimismo actúa en todos aquellos casos que refiere a derechos indisponibles por las partes. La Violencia Doméstica como violación a los derechos humanos es indisponible y es responsabilidad del Estado, representado mediante el Ministerio Público, a quien le compete cuidar del respeto de su goce.
Para entender este artículo es importante recordar algunos antecedentes históricos:
El Código del Niño en su Art. 113 establece que los jueces de menores tendrán competencia en:
Instruir las causas por acciones y omisiones castigadas por la ley penal que sean imputadas a menores de 18 años.
atender quejas y denuncias que se le formulen con respecto a malos tratamientos, reclusión indebida, castigos exagerados aplicados a menores por los padres, tutores, encargados o institutos de enseñanza o beneficencia y adoptar las medidas necesarias para evitar la repetición o continuación de los hechos que se hayan producido con perjuicio de los menores"
Recluir en los establecimientos destinados a este objeto a los menores que observen mala conducta cuando los padres, tutores o guardadores lo soliciten.
Ejecutar todos los demás actos que fuesen pertinentes para la protección de los menores, como lo haría un buen padre de familia.
Es decir que los jueces que tienen competencia en menores además de tener la actuación en adolescentes que han cometido infracciones tienen competencia en situaciones de violencia doméstica y que el Código del Niño las identifica como maltrato físico y abandono moral.
Por otra parte el Art. 122 señala que el juez de menores, siempre que tenga conocimiento de la comisión de los delitos de que haya sido víctima algún menor, deberá colaborar con la justicia criminal practicando las diligencias que considera convenientes y remitirlas al juez pertinente.
Asimismo, se dedica otro capítulo que abarca los Artículos 118 a 125 para la situación de los menores abandonados moral o materialmente.
En este tipo se entiende por abandono moral "Art. 121 la incitación por los padres, tutores y guardadores a la ejecución por parte del menor, de actos perjudiciales a su salud física o moral, la mendicidad o la vagancia por parte del menor, su frecuentación a sitios inmorales o de juego o con gente víctima o de mal vivir. No se da una definición de abandono material.
Entendemos que el legislador cuando percibió que se estaba tratando a los niños materialmente abandonados como a los niños infractores entendió que eso no podía ser competencia del juez de menores y que debía ir al juez de familia. Es así que se dicta la ley 16320. En el Art. 375 se establecía que los juzgados de familia tendrían competencia en los procedimientos a que den lugar las situaciones de menores materialmente abandonados. "La Suprema Corte de Justicia regulará la competencia por turnos de estos juzgados , en las situaciones antes referidas de carácter urgente" (11/92)
Si bien este traslado no era suficiente ya indicaba que el mismo juez no podía estar entendiendo de la misma forma al niño infractor que al niño abandonado. Creemos que no lo hizo en forma integral y que ello hubiera merecido darle competencia a los jueces de familia la actuación tanto en abandono moral como material.
No obstante esto no prosperó y en enero de 1995 se dicta la ley 16685. "Art. 1º. Derógase el Art. 375 de la ley 16320 de 1/11/1992. En la situación de menores materialmente abandonados serán competentes los jueces Letrados de Menores"
Le devuelve al juez de menores la competencia en niños y adolescentes abandonados materialmente. En definitiva en aquella se devuelve una parte del abandono a los jueces de menores. ES DECIR QUE EL JUEZ DE MENORES POR TENER COMPETENCIA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE ABUSO MATERIAL Y MORAL TENIA EL DEBER DE COLABORAR CON LA JUSTICIA CRIMINAL Y DAR CUENTA A ÉSTA A LOS EFECTOS DEL CASTIGO DEL ADULTO VICTIMARIO.
Debemos superar el error del Código del Niño y las leyes posteriores y no tratar de la misma forma al niño, a la niña o adolescente que comete una infracción como a aquel que es maltratado físicamente o abandonado moralmente. Esto se manifiesta en la redacción del Art. 4º de este proyecto de ley ya que se trataría en la justicia de menores solo a los menores infractores y en la justicia de familia las situaciones de abandono moral y material que hoy nosotros denominamos situación de violencia doméstica o intrafamiliar. Por lo tanto estaríamos derogando el Código del Niño en todo lo relativo al abandono moral y material y los respectivos procedimientos .
CAPITULO VII: Prevención de la violencia doméstica y promoción de la atención integral a la víctima
Artículo 23.-. (Acciones del Estado) El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica y fomentar el apoyo integral a la víctima.
En cuanto a los aspectos legales, observamos que las sanciones pueden reducir temporalmente la respuesta violenta, pero resulta obvio que si bien es una condición necesaria no es suficiente. En una etapa posterior, pasada la situación de emergencia, es conveniente trabajar los aspectos que están determinando este tipo de vínculo mediante un abordaje psicoterapéutico a los efectos de evitar nuevas victimizaciones.
Artículo 24. – (Rehabilitación y reinserción social del agresor). La rehabilitación y la reinserción social del agresor, deberán formar parte de una política que procure proteger a todas las personas relacionadas. La asistencia y el tratamiento deberán ser instrumentos de esta política.
Artículo 25.- (Unidad de Fortalecimiento Institucional). Cométese a la Unidad de Fortalecimiento Institucional del Ministerio Público y Fiscal el seguimiento de los casos a efectos de garantizar el derecho de las víctimas a gozar de una vida libre de violencia y a que se respeten y protejan sus derechos humanos.
Artículo 26.- (Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica).- Créase, en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, que se integrará con:
Un representante del Congreso Nacional de Intendentes.
Artículo 27.- (Integración) Los representantes de los organismos públicos deberán ser de las más altas jerarquías.
Artículo 28 (Convocatorias especiales) El Consejo podrá convocar en consulta a las sesiones a representantes de los Ministerios y organismos públicos, a personas públicas no estatales, de las Organizaciones No Gubernamentales e instituciones privadas de lucha contra la violencia doméstica.
Artículo 29.- (Competencia) El Consejo, cuya competencia es nacional, tendrá los siguientes fines:
Asesorar al Poder Ejecutivo.
Ser oído, preceptivamente en la elaboración de los informes que el Estado debe elevar en el marco de las
Convenciones Internacionales vigentes, relacionadas con los temas de violencia doméstica a que refiere esta ley.
Opinar, a requerimiento expreso, en la elaboración de los proyectos de ley y programas que tengan relación con la violencia doméstica, en especial en los proyectos de ley de Presupuesto y Rendición de Cuentas y demás normas.
Artículo 30.- (Recursos) El Ministerio de Educación y Cultura proveerá la infraestructura para las reuniones del Consejo.
Artículo 31.- (Atribuciones) El Consejo podrá crear Comisiones Departamentales o Regionales, reglamentando su integración y funcionamiento.
Artículo 32.- (Funcionamiento) El Consejo dictará su reglamento interno de funcionamiento dentro del plazo de treinta días a partir de su instalación.
En un plazo no mayor a ciento veinte días de su instalación, el Consejo elaborará el primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, con un enfoque integral, orientado a la prevención, atención y rehabilitación de las personas involucradas, a efectos de lograr el uso más adecuado de los recursos existentes en beneficio de toda la sociedad. Dicho Plan Nacional propondrá, para la Administración Central, los Gobiernos Departamentales, toda otra institución estatal y no estatal, acciones que deberán buscar los siguientes objetivos:
Tender al abatimiento de este tipo de violencia en todas sus manifestaciones.
Fomentar el irrestricto respeto a la dignidad humana, en cumplimiento de todas las normas nacionales vigentes, así como de los compromisos asumidos por el Estado al ratificar las Convenciones y Tratados de Derechos Humanos.
Establecer mecanismos legales eficaces para la adecuada intervención, proveyendo el amparo a las víctimas, así como la rehabilitación de los victimarios.
Favorecer la especialización de todos aquellos actores sociales y operadores cuya intervención es necesaria para dicha atención.
Sala de la Comisión, 4 de octubre de 2001.-
Raúl Argenzio Santos (Miembro Informante)