Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-487-de-julio-28-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_b05308adcfda4f3db85d90dda9029960&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-22 12:58:42
Document Index: 80156066

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 32', 'artículo 23', 'artículo 32', 'artículo 6', 'artículo 32', 'artículo 24', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 229', 'artículo 243']

﻿ SENTENCIA T-487 DE JULIO 28 DE 2017
SENTENCIA T-487 DE 28 DE JULIO DE 2017
CONTENIDO:VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN AL NEGAR LA ENTREGA DE COPIAS DE VIDEOS DE SEGURIDAD SEÑALANDO CARÁCTER RESERVADO SIN FUNDAMENTO ALGUNO. SE PRECISA QUE UNO DE LOS CONTENIDOS DE SU NÚCLEO ESENCIAL, CONSISTE EN LA OBLIGACIÓN QUE SE TIENE DE DAR UNA RESPUESTA CLARA, PRECISA Y CONGRUENTE, QUE RESUELVA DE FONDO EL ASUNTO SOLICITADO. DE MODO ESPECIFICO SE ABORDA EL TEMA DE LA PROCEDENCIA DEL DERECHO DE PETICIÓN ANTE PARTICULARES, RESEÑANDO LAS REGLAS ESTABLECIDAS POR LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO LA REGULACIÓN INTRODUCIDA POR LA LEY 1755 DE 2015, ESTATUTARIA DEL DERECHO DE PETICIÓN, QUE EN EL ARTÍCULO 32 DEFINE LA VIABILIDAD DE ESTE DERECHO ANTE ORGANIZACIONES PRIVADAS, PRECISANDO EN EL INCISO TERCERO, QUE ESTAS “SOLO PODRÁN INVOCAR LA RESERVA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS CASOS EXPRESAMENTE ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA LEY”. POR LO ANTERIOR SE REITERA QUE LOS CIUDADANOS TIENEN EL DERECHO DE ACCEDER A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS, SALVO LOS CASOS DE RESERVA LEGAL O CONSTITUCIONAL, LOS QUE SON DETERMINADOS DESDE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE. EN EL CASO DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS, SE SEÑALA QUE ESTOS CUENTAN CON UN RÉGIMEN DISTINTO, REFIRIENDO LOS TRATAMIENTOS DADOS POR LA JURISPRUDENCIA DESDE LA CLASIFICACIÓN DE LAS INFORMACIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO DE PETICIÓN, DERECHOS FUNDAMENTALES, ATENCIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN, DOCUMENTO RESERVADO, DERECHO DE PETICIÓN EN INSTITUCIÓN PRIVADA
Sentencia T-487 de julio 28 de 2017
Ref.: Expediente T-5.929.699
Bogotá D.C., veintiocho de julio de dos mil diecisiete
3. El menor accidentado fue trasladado a la Clínica Reina Sofía de esta ciudad, donde le fue dictaminada una incapacidad de 20 días. El conocimiento de los hechos correspondió a la Fiscalía 212 de la URI de Usaquén, correspondiéndole el Radicado No. 110016000023201610369(1).
“Con el propósito de aportar las pruebas necesarias al proceso penal ya mencionado, solicito respetuosamente a Winner Group Cirsa Colombia - Rio Casino de la Avenida 19 Nº 122-64, con base en el artículo 23 de la Constitución y en la Ley 1755 de 2015 se me expida copia magnética a mi costa, de los videos tomados por las cámaras del establecimiento el día 13 de agosto de 2016 entre las 8:30 p.m. y las 9:30 p.m., las cuales enfocaban la salida – entrada del parqueadero que se ubica sobre el andén peatonal, así como aquellos que enfoquen los alrededores”(2).
“Realizada la respectiva indagación y elevada su solicitud, procedemos a informarle que aquella resulta improcedente. La información y documentación requerida ostenta carácter de reservada y por tanto, esta Compañía únicamente procederá a suministrar a la autoridad competente y habiendo de por medio una orden judicial que así lo decrete”(3).
“1. Se declare que Winner Group Cirsa Colombia, dueño del Casino denominado Rio Casino ubicado en la Av. 19 Nº 122–64, ha vulnerado mi derecho fundamental de petición.
3. En el evento de que la organización privada demandada en la presente acción de tutela, esgrima como razón de la reserva una Ley de la República, solicito amablemente al Sr. O Sra. Juez que dicha disposición jurídica, en el evento de existir, sea valorada a la luz de la jurisprudencia constitucional”(4).
2. Respuesta de la sociedad accionada(5)
“WINNER GROUP S.A. no presta ningún servicio público, ni realiza ninguna función pública, ni existe una suposición de violación de un derecho fundamental y no existe una disposición legal que nos imponga a ventilar información a toda persona natural que así lo requiriese, por lo que no es procedente invocar el derecho de petición frente a particulares en este caso”(6).
El 4 de octubre de 2016, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Oralidad de Bogotá profirió fallo de primera instancia, negando la solicitud de amparo. En la parte resolutiva dispuso “negar la acción de tutela impetrada por el señor José Rodrigo Vargas Del Campo, atendiendo las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo”. Como tesis central el despacho señaló:
“El juzgado al analizar el contenido de lo solicitado, infiere que la respuesta expedida por la accionada inicialmente cumple su objeto, de manera y forma que este recinto no encuentra vulnerado derecho alguno; pues la empresa accionada emitió la respuesta antes de iniciarse el presente trámite constitucional, esto es el día 30 de agosto de 2016, lo que se corrobora con los soportes arrimados al plenario, siendo forzoso concluir que no se concederá el amparo constitucional, en virtud de haberse encontrado la ausencia de vulneración del derecho fundamental invocado”(7).
Afirmó finalmente el impugnante, que hubo “ausencia de estudio y de motivación por parte del juzgado de instancia” y que la sentencia proferida “de manera ligera opta por negar el amparo al evidenciar la simple respuesta de la empresa demandada y no constatar en qué ley o norma constitucional se sustentaba en la reserva argumentada por Winner Group como lo exige el artículo 32 de la Ley 1755 de 2015 estatutaria del derecho de petición e integrante del bloque de constitucionalidad en sentido lato”(8).
De la pruebas arrimadas al informativo, se deduce que el amparo impetrado no tiene prosperidad y el fallo que en vía de impugnación se ha estudiado debe confirmarse por cuanto no se vulneró ningún derecho al accionante, ya que el derecho de petición le fue contestado y enviado la dirección que aportó”(9).
2.2. El 16 de mayo de 2016 tomó posesión como Magistrada de la Corte Constitucional la Dra. Cristina Pardo Schlesinger, quien forma parte de la Sala Sexta de Revisión de Tutelas. El 23 de mayo de 2017, la Dra. Pardo dirigió una comunicación a la Sala Sexta de Revisión, manifestando que se encontraba impedida para conocer del caso, invocando la misma causal que en su momento planteara el Magistrado Escrucería Mayolo. El impedimento fue aceptado mediante Auto de junio 1 de 2017(10), siendo remitido el Expediente a la Sala Séptima de Revisión de Tutelas, conformada por los Magistrados Diana Constanza Fajardo Rivera, Cristina Pardo Schlessinger y Alberto Rojas Ríos, donde en Sala dual (en virtud el impedimento de la Dra., Pardo Schlesinger), se surte la presente actuación.
Al ejercer el derecho de petición, el accionante señaló explícitamente, que solicitaba la entrega del documento(11) “con el propósito de aportar las pruebas necesarias al proceso penal”(12). La sociedad accionada dio respuesta escrita a la petición elevada, pero se abstuvo de entregar el documento, alegando que se trata de información reservada que únicamente puede ser entregada si así lo dispone una orden judicial.
“a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo”(13).
Conforme lo dispone la jurisprudencia de la Corte Constitucional y lo ha venido reiterando, el ejercicio del derecho de petición en Colombia está regido por las siguientes reglas y elementos de aplicación(14):
6) Durante la vigencia del Decreto 1 de 1984 el término para resolver las peticiones formuladas fue el señalado por el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, que señalaba un término de quince (15) días para resolver, y en los casos en que no pudiere darse la respuesta en ese lapso, entonces la autoridad pública debía explicar los motivos de la imposibilidad, señalando además el término en el que sería dada la contestación.
8) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea el derecho de petición no la exonera del deber de responder(15).
9) La presentación de una petición hace surgir en la entidad, la obligación de notificar la respuesta al interesado(16).
Posteriormente sería expedida la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, que destinó el Título II de la Primera Parte, artículos 13 a 33, al Derecho de Petición, dividiendo la materia en tres capítulos referidos a las reglas generales del derecho de petición ante autoridades, las reglas especiales del derecho de petición ante autoridades y el derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas, respectivamente. Este título sería declarado inexequible por la Sentencia C-818 de 2011(17) por violación de la reserva de ley estatutaria, otorgándole al Congreso un plazo de dos años para la expedición de la respectiva ley.
4.1. El Decreto 1 de 1984, que contenía el Código Contencioso Administrativo derogado, no regulaba el ejercicio del derecho de petición ante particulares. Sin embargo la jurisprudencia de la Corte Constitucional dispuso su procedencia, estableciendo un sistema de reglas aplicables en desarrollo de los artículos 2, 20, 23 y 86 de la Constitución Política. Dentro de esta perspectiva la Sentencia SU-166 de 1999 había dispuesto en dicho escenario, que la procedencia del derecho de petición ante particulares estaba regida por los siguientes elementos y reglas(18):
2) En el ejercicio del derecho de petición ante particulares, deben diferenciarse dos situaciones: (i) si la organización privada presta un servicio público o si por la función que desempeña adquiere el status de autoridad, el derecho de petición opera como si se tratase de una autoridad pública(19); y (ii) cuando el sujeto pasivo del derecho de petición es una organización que no actúa como autoridad, sólo opera cuando el Legislador lo haya reglamentado(20). Por lo mismo, la posibilidad de ejercer el amparo de este derecho contra particulares, depende del ámbito y de las condiciones que señale el Legislador.
3) La extensión del derecho de petición a particulares que no actúan como autoridad, sólo es procedente cuando el derecho de petición sea el instrumento para garantizar otros derechos fundamentales, pues su ejercicio no puede implicar una intromisión en el fuero privado de quienes no exponen su actividad al examen público(21).
4.2. El tema del derecho de petición ante particulares seguiría desarrollándose. Más recientemente y a modo de balance, la Sentencia T-268 de 2013 reiteró la procedencia del derecho de petición ante particulares en seis eventos(22):
“ART. 32. Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes.
“PAR. 1°. Este derecho también podrá ejercerse ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encuentre en situaciones de indefensión, subordinación o la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario.
“PAR. 2°. Los personeros municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo prestarán asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición que hubiere ejercido o desee ejercer ante organizaciones o instituciones privadas.
“PAR 3°. Ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y/o multas por parte de las autoridades competentes.
“ART. 33. Derecho de petición de los usuarios ante instituciones privadas. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, a las Cajas de Compensación Familiar, a las Instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, a las entidades que conforman el sistema financiero y bursátil y a aquellas empresas que prestan servicios públicos y servicios públicos domiciliarios, que se rijan por el derecho privado, se les aplicarán en sus relaciones con los usuarios, en lo pertinente, las disposiciones sobre derecho de petición previstas en los dos capítulos anteriores”.
Como precisión alrededor de los casos en que se alega la reserva de documentos, la Corte dijo que “fue voluntad del legislador que al derecho de petición ante particulares no le aplicaran las reglas de la insistencia en caso de reserva documental, en la medida en que este recurso es conocido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no se estableció un procedimiento para ello, por cuanto ello hace parte de otras leyes que de manera especial regulan la materia”(23).
La Corte declaró la constitucionalidad del inciso tercero del artículo 32, que faculta a las entidades privadas a invocar la reserva de información, precisando que “el artículo 24 relativo a las reservas que se encuentran en el Capítulo II, se encuentra excluido del derecho de petición ante particulares”(24), señalado además, que los particulares están habilitados para invocar las reservas contempladas en otras leyes que regulan la materia de manera especial, como pueden serlo la Ley Estatutaria de Habeas Data 1266 de 2008 y la Ley de Protección de Datos 1581 de 2012, entre otras normas.
Finalmente la corporación reiteró la procedencia del derecho de petición ante particulares, en los casos de indefensión y subordinación, en nombre de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales ante particulares, como expresión del derecho a la igualdad, afirmando desde la Sentencia T-689 de 2013, que “En el plano de las relaciones privadas, la protección de los derechos fundamentales tiene una eficacia horizontal como una manifestación del principio de la igualdad, pues, precisamente ante las relaciones dispares que se sostienen en el ámbito social, sin la obligatoriedad de los derechos fundamentales entre particulares, la parte débil quedaría sometida sin más, a la voluntad de quien ejerce autoridad o tiene ventaja sobre ella, y desde el punto de vista material, equivale a decir que quienes se encuentran en estado de indefensión o subordinación tienen la posibilidad de asumir una verdadera defensa de sus intereses”(25).
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley (…)”.
5.2. La jurisprudencia de Corte Constitucional ha puesto de relieve la relación existente entre el derecho de acceso a la información y el derecho de petición, precisando que “la Constitución consagra expresamente el derecho fundamental de acceso a información pública (C.P. art. 74) y el derecho fundamental de petición (C.P. art. 23) como herramientas esenciales para hacer efectivos los principios de transparencia y publicidad de los actos del Estado. En este sentido, la Corte ha reiterado que tales derechos son mecanismos esenciales para la satisfacción de los principios de publicidad y transparencia y en consecuencia se convierten en una salvaguarda fundamental de las personas contra la arbitrariedad estatal y en condiciones de posibilidad de los derechos políticos. Por tales razones, los límites a tales derechos se encuentran sometidos a exigentes condiciones constitucionales y el juicio de constitucionalidad de cualquier norma que los restrinja debe ser en extremo riguroso”(26).
La Sentencia C-491 de 2007 contiene el balance de las reglas existentes sobre el derecho de acceso a la información y documentos públicos y la reserva legal que cobija algunos de ellos. Dicho fallo declaró la exequibilidad de la Ley 1097 de 2006 Por la cual se regulan los gastos reservados, y precisó los casos y las reglas que permiten restringir el acceso a la información pública, de la siguiente manera(27):
8) Durante el periodo amparado por la reserva, la información debe ser adecuadamente custodiada de forma tal que resulte posible su posterior publicidad(28).
9) La reserva cobija a los funcionarios públicos pero no habilita al Estado para censurar la publicación de dicha información cuando los periodistas han logrado obtenerla. En aplicación de esta regla la Corte declaró inexequible una norma que prohibía a los periodistas difundir información reservada(29).
La Corte ha estudiado el tema de la reserva de documentos e informaciones de particulares, y para el efecto ha dispuesto una tipología de las clases de información, que permite demarcar los ámbitos de reserva, de acuerdo con los contenidos de esa información. Considera la Corporación que esa tipología es útil por dos razones: “la primera, porque contribuye a la delimitación entre la información que se puede publicar en desarrollo del derecho constitucional a la información, y aquella que constitucionalmente está prohibido publicar como consecuencia de los derechos a la intimidad y al habeas data. La segunda, porque contribuye a la delimitación e identificación tanto de las personas como de las autoridades que se encuentran legitimadas para acceder o divulgar dicha información”(30).
Dentro de esta perspectiva ha dicho la Corte de manera reiterada, que desde el punto de vista cualitativo y en función de su publicidad y de la posibilidad legal de obtener acceso a la misma, la información corresponde a cuatro grandes tipos(31): la información pública o de dominio público, la información semiprivada, la información privada y la información reservada o secreta.
Finalmente se encuentra la información reservada, que por versar igualmente sobre información personal y sobre todo por su estrecha relación con los derechos fundamentales del titular - dignidad, intimidad y libertad- se encuentra reservada a su órbita exclusiva y no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Cabría mencionar aquí la información genética, y los llamados “datos sensibles”(32) o relacionados con la ideología, la inclinación sexual, los hábitos de la persona, etc.
El ciudadano José Rodrigo Vargas del Campo está legitimado para solicitar el amparo de su derecho fundamental de petición, al considerar que la respuesta dada por Winner Group S.A. no satisface los contenidos de ese derecho fundamental, de conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la Constitución y los artículos 1º y 10 del Decreto 2591 de 1991.
La regla general establecida en el artículo 86 de la Constitución y en el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991, señala que la acción de tutela puede ser propuesta “en todo momento y lugar”. No obstante la Corte Constitucional ha establecido que la solicitud de amparo debe ser propuesta dentro de un plazo razonable posterior a la violación de los derechos fundamentales, como se dispuso en la Sentencia SU-961 de 1999 al señalar que “La tutela debe interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser procedente en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros”(33).
7.4. Subsidiariedad.
“La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que, en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser en principio resueltos por las vías ordinarias —jurisdiccionales y administrativas— y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional”(34).
“ART. 32. Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes”.
“Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley”.
De este modo se lee en la sentencia que efectuó el control sobre el proyecto posteriormente convertido en ley estatutaria, que “el artículo 24 relativo a las reservas que se encuentran en el Capítulo II, se encuentra excluido del derecho de petición ante particulares”(35).
2. En el evento en que, formulada la petición ante un particular, la protección de otro derecho fundamental haga imperativa la respuesta o la ausencia de respuesta sea en sí misma lesiva de otro derecho fundamental, es posible ordenar por la vía del amparo constitucional que ésta se produzca.
4. Por fuera de los anteriores supuestos, el derecho de petición frente a organizaciones privadas solo se configurará como tal cuando el legislador lo reglamente”(36).
Conforme se expresa allí, el particular está obligado a responder debidamente el derecho de petición, en aquellos casos en los que “la protección de otro derecho fundamental haga imperativa la respuesta o la ausencia de respuesta sea en sí misma lesiva de otro derecho fundamental”.
8.5. Al ejercer su derecho de petición, el ciudadano Vargas del Campo solicitó la entrega de la copia magnética de los videos “Con el propósito de aportar las pruebas necesarias al proceso penal ya mencionado”(37). De análoga forma en su petición de amparo, le solicitó al juez que tutelara su derecho fundamental de petición y que ordenara la entrega de la copia magnética de los videos “con el propósito de que sirvan como prueba dentro del proceso penal ya referenciado donde mi menor hijo de edad fue víctima de un accidente de tránsito (…). Y así de esta manera garantizar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia”(38).
De esta manera se tiene que el accionante ha ejercido el derecho de petición, a efectos de obtener un documento que debe obrar como prueba dentro de un proceso judicial, materializando de este modo, el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia establecido en el artículo 229 de la Constitución, que la Corte ha definido reiteradamente, como “la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”(39).
“10. Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir”.
“En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente”.
(viii) En las audiencias de formulación de la acusación y preparatoria, las víctimas tienen derecho a fijar su posición, a ser oídas y, en especial, a participar en el debate relativo a los términos de la acusación y a la incorporación y descubrimiento de elementos materiales probatorios y evidencia física que se practicarán en el juicio oral. De manera relevante, les asiste la facultad de solicitar pruebas en la audiencia probatoria”(40).
La Corte Constitucional ha definido el derecho de acceso a la administración de justicia como “la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”(41), derecho que en este caso, se encuentra en conexidad con el derecho de petición del que es titular el ciudadano Vargas del Campo, en la medida que este ha solicitado la entrega del material fílmico, con el fin de incorporarlo como medio de prueba dentro de un proceso penal.
Consecuencialmente la Sala le ordenará a la empresa Winner Group S.A., que remita directamente al Proceso con Radicado 110016000023201610369 que se adelanta en la Fiscalía 212 de la URI de Usaquén, o al despacho judicial que determine el accionante, copia de los videos tomados por las cámaras del establecimiento comercial Rio Casino el día 13 de agosto de 2016, entre las 8:30 p.m. y las 9:30 p.m., que enfocaban la salida – entrada del parqueadero que se ubica sobre el andén peatonal, así como aquellos que enfoquen los alrededores.
9. Síntesis el fallo.
9.1. La Sala Séptima de Revisión se ocupó de determinar si se vulneró el derecho fundamental de petición del ciudadano José Rodrigo Vargas Del Campo, con la respuesta dada por la sociedad Winner Group S.A. a su derecho de petición el 30 de agosto de 2016, por medio de la cual negó la entrega de copias de los videos de seguridad que captaron imágenes de la vía pública el 13 de agosto de 2016, señalando que la información y documentación requeridas tienen carácter reservado y que tan solo pueden ser entregadas en virtud de una orden judicial.
9.3. Dentro de esa perspectiva se procede a revocar los fallos de instancia de tutela y a amparar los derechos fundamentales de petición y de acceso a la administración de justicia, por conexidad, de los que es titular el ciudadano Vargas del Campo, ordenándole a la accionada que remita directamente al Proceso con Radicado 110016000023201610369 que se adelanta en la Fiscalía 212 de la URI de Usaquén, o al despacho judicial que determine el accionante, copia de los videos tomados por las cámaras del establecimiento comercial Rio Casino el día 13 de agosto de 2016, entre las 8:30 p.m. y las 9:30 p.m.
1. REVOCAR las sentencias del 4 de octubre y del 10 de noviembre de 2016, proferidas por el el Juzgado Octavo Civil Municipal de Oralidad de Bogotá y por el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá, respectivamente, que negaron la solicitud de amparo elevada por el ciudadano José Rodrigo Vargas del Campo, y en su lugar TUTELAR los derechos fundamentales de petición y de acceso a la administración de justicia, establecidos en los artículos 23 y 229 de la Constitución, de los que es titular el accionante.
2. ORDENAR a la sociedad comercial Winner Group S.A., por intermedio de su representante legal o quien en todo caso haga sus veces, que remita directamente al Proceso con Radicado 110016000023201610369 que se adelanta en la Fiscalía 212 de la URI de Usaquén, o al despacho judicial que determine el accionante, copia de los videos tomados por las cámaras del establecimiento comercial Rio Casino el día 13 de agosto de 2016, entre las 8:30 p.m. y las 9:30 p.m., que enfocaban la salida – entrada del parqueadero que se ubica sobre el andén peatonal, así como aquellos que enfocaban los alrededores, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia.
Magistrados: Diana Fajardo Rivera.—Cristina Pardo Schlesinger.—Alberto Rojas Ríos.
1 Esta información se encuentra consignada en el Folio 2 del Cuaderno 1 de Tutela, siendo reiterada en el Folio 5 del mismo Cuaderno
2 Folio 2 Cuaderno 1 del Expediente de Tutela
3 Folio 3 Cuaderno 1 del Expediente de Tutela
4 Folio 12 Cuaderno 1 Expediente de Tutela
5 Folios 26 a 28 Cuaderno 1 Expediente de Tutela
6 Folio 27 Cuaderno 1 Expediente de Tutela
7 Folio 31 Cuaderno 1 Expediente de Tutela
8 Folio 10 Cuaderno 2 Expediente de Tutela
9 Folio18 Cuaderno 2 Expediente de Tutela
10 Folios 28 a 30 Cuaderno de Revisión
11 El artículo 243 de la Ley 1564 de 2012, que contiene el Código General del Proceso establece que “Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares”.
12 Folio 2 del Cuaderno de Tutela 1
13 Sentencia C-T-251 de 2008 M.P. Humberto Sierra Porto, citando la Sentencia C-510 de 1994 M.P. Jorge Arango Mejía
14 Como referencia pueden ser citadas las sentencias T-296 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-150 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero; SU-166 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-1009 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1160 A de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1089 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SU-975 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-455 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras.
15 Sentencia 219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz; Sentencia T-1006 de 2001
16 Sentencia 249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, Sentencia T-1006 de 2001
17 Sentencia C-818 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
18 Sentencia SU-166 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero, consideración jurídica No. 3
19 Sentencias T-134 de 1994 y T-105 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; Sentencias T- 529 de 1995 y T-614 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz; Sentencia T-172 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
20 Sentencias T-507 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-530 de 1995 M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-050 de 1995 M.P. Fabio Morón Díaz; T-118 de 1998 M.P. Hernando Herrera Vergara
21 Sentencia T-001 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell
22 Sentencia T-268 de 2013 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, consideración jurídica No. 3
23 Sentencia C-951 de 2014 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
24 Sentencia C-951 de 2014 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
25 Sentencia C-951 de 2014 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, citando la Sentencia T-689 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
26 Sentencia C-491 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño, consideración jurídica No. 10
27 Sentencia C-491 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño, consideración jurídica No. 11
28 Sentencia C-370 de 2006 Ponencia conjunta
29 Sentencia C-038 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
30 T-729 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett
31 Esta clasificación ha sido usada en varios pronunciamientos, entre ellos, Sentencia T-729 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett; Sentencia C-1011 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia C-748 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; Sentencia T-828 de 2014 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
32 En la Sentencia T-307 de 1999, sobre la llamada información “sensible”, la Corte afirmó: “...no puede recolectarse información sobre datos “sensibles” como, por ejemplo, la orientación sexual de las personas, su filiación política o su credo religioso, cuando ello, directa o indirectamente, pueda conducir a una política de discriminación o marginación”
33 Sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, consideración jurídica No. 5
34 Sentencia SU-458 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
35 Sentencia C-951 de 2014 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
36 Sentencia T-726 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, consideración jurídica No. 26.5, citando la Sentencia T-268 de 2013 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y la Sentencia T-374 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
37 Folio 2 Cuaderno de Tutela 1
38 Folio 12 Cuaderno de Tutela 1
39 Sentencia T-283 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, consideración jurídica No. 2.4.2. citando la Sentencia C-426 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil
40 Sentencia C-473 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, consideración jurídica No. 21
41 Sentencia C-279 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, consideración jurídica No. 3.4.1.1., citando la Sentencia C-1083 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería