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Timestamp: 2017-07-26 12:27:06
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 14', 'artículo 31']

1924 El presidente Obregón al abrir las sesiones ordinarias del Congreso. (Fragmentos)
Septiembre 1 de 1924.
Nada ha alterado la cordialidad de las relaciones del Ejecutivo federal con el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como con los poderes de los Estados; pero en algunos de éstos, las relaciones oficiales se interrumpieron temporalmente, bien a causa del movimiento rebelde, que se extendió a gran parte del país, o en virtud de disturbios interiores, como se explica en seguida.
El 6 de diciembre último, el C. Adolfo de la Huerta, confabulado con políticos perversos y con altos jefes militares, a quienes el Gobierno había distinguido, confiándoles el mando de fuertes efectivos de tropa, se alzó en abierta rebelión contra el Gobierno de la República en el puerto de Veracruz.
Tuvo el levantamiento sus focos principales en el Estado de ese nombre y en Jalisco, Guerrero y Oaxaca, pero sus ramificaciones se extienden a otros varios Estados; en los de Puebla, Oaxaca y Tamaulipas, los poderes públicos se adhirieron también a la rebelión.
No ignoraba el Ejecutivo que de tiempo atrás se venían haciendo preparativos de ese levantamiento; tampoco ignoraba quiénes eran sus principales autores, tanto civiles como militares; pero se limitó el Gobierno a mantenerse en actitud de vigilancia, sin proceder contra aquéllos, porque las medidas de represión que hubiera dictado, habrían sido tomadas como injustas persecuciones políticas, ya que los incidentes habían adoptado dolosamente, para encubrir su deslealtad, la calumniosa imputación de que el Gobierno pretendía imponer a uno de los candidatos a la Presidencia de la República en la lucha electoral que entonces estaba cercana. Los incidentes llegaron a ocupar, total o parcialmente, además de los referidos Estados, los de Yucatán, Campeche, Tabasco y Michoacán, viéndose obligadas las autoridades legítimas a ocultarse o a abandonar la zona ocupada por los rebeldes.
Permanecieron leales los gobiernos de los Estados, con las únicas excepciones mencionadas; los jefes militares que se han distinguido en todas ocasiones por su firmeza de principios y las masas populares que, no sólo se dieron cuenta de los injustificado del movimiento rebelde, sino también de las tendencias regresivas que encubriría; así es que el Gobierno federal no dejó de tener nunca el apoyo de la opinión pública, y en breve tiempo logró dominar completamente la rebelión.
A medida que se fueron recuperando los Estados, sus autoridades legítimas reasumían sus funciones; siendo doloroso consignar que el gobierno constitucional de Yucatán, C. Felipe Carrillo Puerto, fue asesinado infamemente por los rebeldes.
En aquellos Estados donde los poderes públicos habían perdido su legitimidad por haberse adherido al levantamiento, fueron nombrados, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, gobernadores provisionales que restablecieron el orden constitucional.
Recayó el cargo en Puebla y Tamaulipas, respectivamente, en los CC. Alberto Guerrero y Candelario Garza.
En el Estado de Oaxaca, el general Isaac M. Ibarra asumió el Gobierno provisional, obedeciendo precepto expreso de la Constitución local.
El gobernador de Querétaro, C. Francisco Ramírez Luque, acusado de complicidad en la rebelión, fue desaforado por la Legislatura, quien nombró para substituirlo, al. C. general Joaquín de la Peña.
A mediados de mayo último, la República había vuelto a su estado normal; y desde entonces se han mantenido de una manera regular las relaciones del Gobierno de la Unión con los de todos los Estados.
Relaciones con los Estados Unidos:
Como tuve el honor de informar al H. Congreso de la Unión en el Mensaje del año próximo pasado, después de las negaciones que durante el período de mi Gobierno fueron realizadas, se llegó a la feliz reanudación de nuestras relaciones con los Estados Unidos, y me es honroso informar al H. Congreso de la Unión que esas relaciones no sólo se han logrado consolidar en forma amistosa y cordial sino que una mayor comprensión y un mejor espíritu de entendimiento han venido a facilitar -mediante la eficaz decisión de los gobiernos de ambos pueblos- una situación de normalidad y de completa amistad que servirá, sin duda alguna, para cooperar más eficazmente a las buenas relaciones entre nuestros dos países.
En el mes de septiembre próximo pasado -después de haber quedado oficialmente reanudadas las relaciones y acreditados formalmente los representantes diplomáticos de ambos gobiernos- fueron celebrados los tratados con los Estados Unidos: el primero contiene la Convención General de Reclamaciones, firmada por los plenipotenciarios debidamente acreditados el 8 de aquel mes en la ciudad de Washington, que crea la Comisión Mixta que habrá de conocer de todas las reclamaciones -exceptuando aquellas provenientes de actos incidentales a las recientes revoluciones- en contra de México, de ciudadanos de los Estados Unidos o de corporaciones o asociaciones, por pérdidas o daños sufridos en sus personas o en sus propiedades y de todas las reclamaciones en contra de los Estados Unidos de América de ciudadanos mexicanos o asociaciones o corporaciones, por pérdidas o daños sufridos en sus personas o en sus propiedades, con las modalidades que la misma convención establece en sus diversos artículos y que deberán ser sometidas a una comisión, para ser falladas de acuerdo con los principios del Derecho Internacional, de la justicia y de la equidad.
La otra convención, firmada en la ciudad de México el día 10 de septiembre del mismo año pasado, establece la Convención Especial de Reclamaciones, que deberá conocer de aquellas reclamaciones en contra de México hechas por ciudadanos americanos o corporaciones o asociaciones, por pérdidas o daños sufridos en sus personas o en sus propiedades, durante las revoluciones y disturbios registrados en México en el período comprendido del 20 de noviembre de 1910 al 31 de mayo de 1920, inclusive, reclamaciones que, de acuerdo con el mismo tratado serán sometidas a una Comisión Mixta integrada por tres miembros.
Estas últimas reclamaciones, según expresa declaración hecha por México en el protocolo respectivo, serán reconocidas y pagadas por nuestro país ex-gratia, pues se ha hecho la salvedad de que el Gobierno mexicano no desea que su responsabilidad en tales casos se fije según las reglas y principios generalmente aceptados por el Derecho Internacional, sino que ex-gratia, México se siente moralmente obligado a dar completa atención.
Como en mis mensajes anteriores he tenido ya el honor de informar a vuestra soberanía sobre los antecedentes y detalles de estos asuntos, sólo me resta declarar que, en obediencia a los mandatos constitucionales que nos rigen, el Ejecutivo de mi cargo sometió en su oportunidad al H. Senado de la República los convenios aludidos, mereciendo la aprobación del alto cuerpo legislativo con fecha 27 de diciembre del año próximo pasado, la Convención Especial, y el 1 de febrero del año actual, la Convención General de Reclamaciones, habiendo sido ambas ratificadas por el Ejecutivo federal al 16 del mismo mes de febrero.
Hecho lo propio por los Estados Unidos, fueron canjeadas las ratificaciones correspondientes: en la ciudad de México, la Convención Especial, el 19 de febrero último, y la Convención General en la ciudad de Washington, el 1 de marzo anterior, alcanzando así, conforme a nuestra Constitución, la legalidad y fuerza que ésta exige.
Conforme con las disposiciones de los convenios, ambos gobiernos se pusieron de acuerdo y escogieron para terceros miembros presidentes de cada comisión, a los señores doctor Rodrigo Octavio, para la especial, y al profesor Cornelius Van Vollen Hoven, para la general, distinguidos internacionalistas y publicistas brasileño y holandés, respectivamente.
La comisión especial ha quedado solamente instalada en esta ciudad el 18 de agosto que acaba de pasar, y la general quedó igualmente instalada el día 30 del mismo agosto en la ciudad de Washington.
El Gobierno mexicano designó sus representantes a la especial, como comisionado, al licenciado don Fernando González Roa, y como agente, al licenciado don Aquiles Elorduy, y a la general al licenciado don Jenaro Fernández MacGregor, como comisionado, y al licenciado don Benito Flores como agente, nombrándose igualmente al licenciado don Julio García como abogado consultor de ambas comisiones.
Estas personas juntamente con las nombradas por el Gobierno de los Estados Unidos, han integrado las comisiones arbitrales que habrán de funcionar de acuerdo y en los términos de los convenios aludidos.
Esta decisión del Gobierno mexicano servirá sin duda alguna para allanar el camino, demostrando así los firmes y sinceros propósitos que en materia internacional han sido la norma de la presente administración, consecuente en todo con el programa político y administrativo que con la valiosa cooperación y decidido apoyo de los otros poderes de la Unión, y de la opinión pública, ha tenido el honor de llevar a cabo el Ejecutivo que me honro en presidir.
Se han estado tramitando y concediendo por los gobiernos de Estados Unidos y de México, diversas extradiciones de delincuentes escapados a la justicia de ambos países.
Tratado de Comercio y amistad con los Estados Unidos:
Debo, finalmente, informar, con relación a las diversas negociaciones efectuadas con los Estados Unidos, que durante la estancia del embajador Warren en esta ciudad, se cambiaron impresiones sobre la conveniencia de celebrar un Tratado de Amistad y Comercio con el vecino país del Norte, habiéndose declarado por México, que en principio se acepta la idea de la celebración de dicho Tratado, siempre que se parta de la base de establecer una libertad absoluta entre el Comercio de ambos países y se deroguen las numerosas restricciones que en forma de embargo impiden en la actualidad la exportación de muchos de nuestros productos a la República del Norte.
La negociación quedar pendiente hasta en tanto pueda el Gobierno americano decidir, según declaraciones de su embajador, acerca de la política que sobre materias semejantes adopte aquel país.
Despejado así el campo de nuestra situación internacional con los Estados Unidos, siguió la normalización de nuestras relaciones con los otros países de la tierra que mantuvieron en suspenso sus relaciones, y así, Francia, Bélgica y Cuba procedieron a acreditar sus representantes diplomáticos, y sólo el Gobierno de la Gran Bretaña ha persistido en su actitud de no regularizar sus relaciones con México, mereciendo, por tanto comentario especial esta situación.
A fines del primer mes de los doce que abarca este mensaje -el 24 de septiembre de 1923-, don Adolfo de la Huerta renunció el puesto de secretario de Hacienda y Crédito Público, que había venido desempeñando desde el comienzo del presente periodo presidencial.
Fue designado, para sucederlo, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, ingeniero don Alberto J. Pani, quien tomó posesión de dicho cargo el 26 del mismo mes y año.
El nuevo secretario de Hacienda inició, naturalmente, sus labores con el estudio de las condiciones en que recibía la Hacienda pública federal, y rindió a este Ejecutivo, el 7 de octubre, un informe conteniendo la exposición somera de tales condiciones y de las medidas que, en su concepto, era de toda urgencia dictar con el fin de poder conjurar el peligro de una inminente catástrofe financiera.
Situación creada por la gestión del secretario dimitente:
El citado informe fue una penosa revelación para el encargado del Poder Ejecutivo.
La situación Hacendaria entonces descubierta no podía presentar, en efecto, caracteres más sombríos e inesperados.
Las cuentas del Erario federal arrojaban el 30 de septiembre un déficit de $ 37.224,878.27 -que una cuidadosa revisión posterior elevó a $ 43.378,985.03-, sin incluir en esta cifra los adeudos heredados de administraciones anteriores.
Este déficit tampoco resultaba de causas que pudieran haber escapado a toda previsión, tales, como por ejemplo, un fenómeno geológico o de cualquiera otra índole que cegara, de modo inesperado y brusco, las fuentes más importantes de recaudación, o bien, alguna ruinosa operación financiera extraordinaria, sino que era, simple y sencillamente, la consecuencia natural y lógica de la acumulación que había venido verificándose -día a día y durante, sobre todo, los nueve meses transcurridos del año de 1923- de las crecientes diferencias sucesivas entre las erogaciones efectuadas y los ingresos percibidos.
El excedente mensual de gastos se acercaba ya a tres millones de pesos y su tendencia a aumentar indefinidamente provenía de que, por un lado, el despilfarro se practicaba de manera sistemática bajo las formas de dádivas más o menos disimuladas y de nombramientos de empleados supernumerarios y de comisionados especiales -todos innecesarios y muchos de ellos sin más obligación que la de cobrar decenalmente sus sueldos- y, por otro lado, se había vuelto usual, para satisfacer necesidades apremiantes, comprometer o recibir anticipadamente futuras recaudaciones -derechos arancelarios, impuesto sobre producción de petróleo, etc.-, habiendo mermado de modo bastante apreciable, por esos arbitrios, los ingresos correspondientes al último trimestre de 1923 y enero de 1924.
Por lo demás, las aludidas diferencias crecientes entre los egresos y los ingresos, aparte de hacer, cada vez más fuerte, el desequilibrio acumulativo de los presupuestos, ocasionaba deudas y actos que, por su naturaleza, afectaban muy seriamente el crédito financiero y moral del Gobierno dentro y fuera del país, puesto que un número considerable de dichas deudas procedía de compras pactadas de contado con comerciantes nacionales y extranjeros; que muchos giros en descubierto contra nuestra Agencia Financiera en New York eran protestados y que se llegó hasta el punto de distraer -sin el conocimiento del que subscribe, ni la aquiescencia de la otra parte interesada y sin alguna formalidad- varios millones de pesos de los fondos que destinaba al servicio de la Deuda Exterior un convenio negociado y firmado por el mismo señor De la Huerta y elevado a la categoría de ley por la voluntad unánime del H. Congreso de la Unión.
El problema hacendario momentáneo del Gobierno comprendía, por tanto, dos cuestiones de urgente solución: la nivelación de los presupuestos y el pago de las deudas.
Para el primer punto, es decir, el de la igualación de los egresos y los ingresos, como un principio elementalísimo de moral Hacendaria niega a todo Gobierno el derecho de aumentar los sacrificios del pueblo contribuyente, subiendo los impuestos o creando otros nuevos, mientras los ya establecidos no sean aplicados económica y eficientemente en los servicios públicos, se llegó a la conclusión de que la única forma recomendable de solucionar esta parte del problema, dadas las condiciones que entonces prevalecían, era la de introducir una estricta economía en todos los ramos de la Administración, reduciendo los gastos al mínimo posible y vigilándolos de modo continuo y eficaz, con el objeto de mantenerlos siempre dentro de las existencias reales del Tesoro federal.
Al efecto, se propuso - entre otras medidas las de suspender, desde luego, todos los empleados supernumerarios y comisionados especiales; reducir razonablemente los sueldos y gastos autorizados por el Presupuesto de Egresos; reorganizar los servicios públicos productivos y la administración de los bienes nacionales, con la mira de aumentar sus rendimientos y, en el caso de que todo lo anterior no bastara para alcanzar los fines perseguidos, suprimir parte del personal de planta y de los gastos que no fueran indispensables.
Para resolver la segunda cuestión, esto es, la que se refiere al pago de las deudas, como no era recomendable -según se dijo antes- aumentar los impuestos o crear otros nuevos y, además, era manifiestamente imposible llevar la reducción de los gastos hasta el grado de poder invertir los valores de los dos términos de la ecuación Hacendaria y transformar el déficit en superávit, quedaban las posibilidades de activar el cobro de los rezagos que venían acumulándose desde ejercicios fiscales pasados, por los conceptos de derechos aduanales, multas a infractores de la Ley del Timbre, impuestos sobre aguas de propiedad federal, sobre herencias y legados, etc.; de enajenar los bienes nacionales no aprovechados en servicios públicos y de tratar de obtener un préstamo bancario inmediato, dado el apremio de las circunstancias que lo motivaban.
En suma, las medidas indicadas tendían, primero, a nivelar los presupuestos en el plazo más breve posible, con el fin de evitar la aparición de nuevas complicaciones en la situación Hacendaria y, segundo a salvar el decoro del Gobierno y de la nación, pagando las numerosas deudas ocasionadas por el desorden y el despilfarro con que estaba siendo administrada la Hacienda Pública Federal.
Una circular emocionante:
Los hechos vergonzosos que consigna el informe que acaba de ser condensado, era reveladores de una bancarrota material y moral, antes ignoraba y cuyo conocimiento impuso al Ejecutivo de mi cargo el deberá de una acción inmediata capaz de reparar los graves errores cometidos y detener sus lamentables efectos en la economía nacional y en el decoro del Gobierno.
Fue iniciado el cumplimiento de ese deberá mediante el acuerdo presidencial del 16 de octubre de 1923, por el cual se autorizaba a la Secretaría de Hacienda a hacer la reducción de un diez por ciento en los sueldos de todos los funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, incluyendo a los miembros del Ejército Nacional.
Como tal medida demandaba un sacrificio de dichos funcionarios y empleados, para que quedara debidamente justificada, no sólo ante los interesados sino también ante la nación, el acuerdo presidencial fue comunicado -y se procuró, además, darle una amplia publicidad- en circular que contenía la transcripción íntegra del informe que lo motivaba.
La circular de referencia fue sensacional:
El 19 de octubre publicó don Adolfo de la Huerta una declaración aceptando su candidatura para la Presidencia de la República y, a partir de esa fecha, se desenvolvió la contienda político-electoral en forma cada vez más agitada, irradiando su efervescencia principalmente, de la Cámara de Diputados, en la que imperaba una mayoría rabiosamente de la huertista, sustentada por ilegales anticipos de dietas y escandalosas gratificaciones y canonjías.
La reorganización Hacendaria:
Este Ejecutivo, firme en su propósito de reconquistar, a la mayor brevedad posible, una decorosa situación Hacendaria y, a pesar de las dificultades y peligros derivados de la agitación política reinante, ordenó el cese de todos los funcionarios y empleados supernumerarios y comisionados especiales, que costaban mensualmente - sin rendir fruto alguno al país- alrededor de ochocientos mil pesos, despilfarro del cual correspondía a la sola Secretaría de Hacienda el sesenta por ciento, o sea, cerca de medio millón de pesos.
Sumada tal economía a las que produjeron la rebaja de sueldos anteriormente ordenada y la reducción, iniciada en noviembre, de la parte superabundante del personal de planta de casi todos los oficinas, se llegaba ya a una diminución total de los gastos mensuales de la Administración pública que excedía de dos millones de pesos, cantidad superior al sesenta por ciento de la que expresaba, en septiembre del mismo año, el déficit mensual de los presupuestos.
Se había logrado también, no obstante las condiciones poco propicias de entonces, que la Huasteca Petroleum Company concediera al Gobierno un préstamo de diez millones de pesos, con el seis por ciento anual de interés y amortizable en doce mensualidades, desde diciembre de 1923 hasta noviembre de 1924.
Este dinero estaba destinado a pagar los giros aceptados por la Tesorería y la Agencia Financiera en New York y que no habían sido pagados los adeudos con el Comercio de esta capital y las diferencias que todavía subsistían entre los egresos y los ingresos, pero que se esperaba fundadamente hacer desaparecer en el mes que quedaba del pasado ejercicio fiscal.
Desgraciadamente, el 5 de diciembre estalló en Veracruz -y pronto aparecieron otros brotes en todos los lugares de la República donde tenían mando de fuerzas los jefes del Ejército ya inodados- la antipatriótica asonada militar que, encabezada por don Adolfo de la Huerta, opuso una barrera de lágrimas y de sangre al desarrollo del programa de rehabilitación de las fianzas nacionales, anuló los pasos ya dados en tal sentido y llevó al país y al Gobierno, en ese respecto, a una situación muchas veces peor que la que se trataba de corregir y que había sido ocasionada por la gestión Hacendaria anterior del mismo señor De la Huerta.
Las facultades extraordinarias:
Si en épocas de relativa normalidad política ha sido necesario recurrir al uso de facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda, este procedimiento se justifica más aún si se atiende a las circunstancias que, durante el lapso a que se contrae este Mensaje, han afectado tan hondamente la situación general de la República.
La transformación de la contienda política en asonada militar descompletó, por fortuna, la mayoría parlamentaria de la huertista y fue posible que la Cámara de Diputados derogara, con el decreto de 14 de enero de este año, el de 22 de noviembre de 1921, con lo cual fue restituida, en toda su integridad, la vigencia del decreto de 8 de mayo de 1917 y devuelta al Poder Ejecutivo, por tanto, la autorización para legislar también en materia de egresos.
Los presupuestos de 1924:
En 1923 se cometió el error de inaugurar el ejercicio fiscal con un excedente de sesenta y tantos millones de pesos de los egresos autorizados sobre los ingresos probables, dejando al buen juicio y a la eficacia de la Secretaría de Hacienda la tarea de distribuir los recursos reales del Erario federal y de estar conteniendo constantemente, dentro de los límites marcados por dichos recursos, las erogaciones hechas por todas las oficinas de la administración pública y nadie ignora que tal eficacia se manifestó bajo la forma curiosa de muy repetidas autorizaciones para ampliar los gastos de la propia Secretaría de Hacienda, de otras dependencias del Ejecutivo y de los otros poderes de la Federación.
Para no reincidir en tal crasa equivocación, hubo que inaugurar el presente ejercicio fiscal con un nuevo reajuste hacendario, reduciendo considerablemente el personal y los gastos de 1923 y aumentando algunas contribuciones y creando fuentes adicionales de recaudación, hasta nivelar prácticamente en los presupuestos de 1924 -por supuesto, sobre la única base posible de una hipotética normalidad- los egresos autorizados y los ingresos probables.
Los egresos pueden considerarse divididos en dos grupos:
(a) los ocasionados por los sueldos y los gastos del personal civil y militar de la Federación y de los servicios relativos, y (b) los derivados de las obligaciones de la Deuda Pública.
El importe de los egresos del primer grupo quedó reducido a $ 224.075,642.93.
Ahora bien, como el de 1923 -incluyendo el monto de las ampliaciones concedidas por la H. Cámara de Diputados- se elevó a $ 315.652,974.63, la economía resultante fue de $ 91.577,331.70.
Propiamente, a tal diferencia habría que agregar el importe de las ampliaciones solicitadas por diversos ramos de la Administración Pública y que, aunque quedaron pendientes de la aprobación de la H. Cámara de Diputados o de su envío a este alto cuerpo, fueron en gran parte ilegalmente ejercidas.
De dichas ampliaciones correspondió, por ejemplo, a la sola Secretaría de Hacienda la cantidad de $ 11.355,000.00 -consumida infructuosa y vorazmente por el desorden en que vivía esta dependencia del Ejecutivo y el parasitismo que alimentaba-, y la suma de todas ellas llegó a la de $ 25.722,782.53. Esto elevaría, pues, las reducciones obtenidas por el concepto de que se trata, a la cifra enorme de $ 117.300,114.23.
Los egresos del segundo grupo, es decir, los que se relacionan con la Deuda Pública, pueden ser clasificados, a su vez, en dos subgrupos, según que se refieran a obligaciones comunes o extraordinarias.
Llamo obligaciones comunes las de vencimiento legal durante el ejercicio en cuestión, tales como: las derivadas del Convenio de 16 de junio de 1922, para Deuda Exterior; del Decreto de 31 de enero de 1921, para el adeudo con los Bancos de Emisión que fueron incautados; de la Ley de 10 de enero de 1920, para la Deuda Agraria; del Decreto de 24 de febrero de 1922, para la deuda procedente de los descuentos hechos a empleados y funcionarios federales y, por último, de montepíos, pensiones y jubilaciones civiles y militares.
Llamo obligaciones extraordinarias las que proceden de saldos de otros ejercicios fiscales y de la deuda flotante que ha resultado de la acumulación indebida de vencimientos anteriores no satisfechos.
El monto de las asignaciones de las partidas del primer subgrupo -tanto por insuficiencia de las correspondientes del Presupuesto de 1923 como porque las obligaciones que impone el Convenio de 16 de junio de 1922 van aumentando de año en año- fue preciso subirlo a la suma de $ 52.875,261.11, que arroja un excedente, respecto del año pasado, de $ 11.405,261.11.
El importe de las asignaciones del segundo subgrupo, esto es, las destinadas al pago de saldos y vencimientos insolutos de años anteriores, aunque sólo incluyen una parte de dichas obligaciones y no la totalidad de déficit con que fueron cerradas las cuentas federales el 31 de diciembre último -déficit que tendrá que ser motivo de solución especial-, fue de $ 21.000,000.00 y llevan, por tanto, el volumen total del ramo de la Deuda Pública a la cantidad de $ 73.875,261.11, y el excedente, respecto de 1923, a la de $ 32.405,261.11.
En resumen, las asignaciones autorizadas por el Presupuesto de Egresos de 1924, importan:
Por concepto de sueldos y gastos $ 224.075,642.93
Por concepto de Deuda Pública. $ 73.875,261.11
o sea, un total de $ 297.950,904.04
Aunque anticuado y defectuoso el régimen fiscal de la Federación, se consideró aventurado, en las condiciones anómalas por que atravesaba el país, cualquier intento de reforma radical. Se han conservado, pues, de la Ley de Ingresos de 1923: la estructura, los sistemas de tributación y el carácter, el vocabulario y, en general, la tasación de los gravámenes.
Sin embargo, dentro de este marco obligado de elemental prudencia, han sido introducidas algunas modificaciones y adiciones, al formar la Ley de Ingresos de 1924, tendientes, primero, a la simplificación de está suprimiendo gabelas improductivas y estorbosas; segundo y sobre todo, al restablecimiento del equilibrio de los Presupuestos, recurriendo al expediente inevitable de aumentar algunos impuestos y de crear otros, y, tercero, de incubar, cuando menos, algunos gérmenes de la futura reforma fiscal; la nueva modalidad del impuesto sobre herencias y legados y, principalmente, el impuesto sobre, sueldos y salarios y emolumentos sobre utilidades de sociedades y empresas.
Los impuestos aumentados son los que gravitan sobre las bebidas alcohólicas, causadas por derrama y que deberán producir $4.362,900.00 más que en el año de 1923.
Los impuestos de nueva creación son, por una parte, los que gravan los hilados y tejidos de lana y los de lana y algodón, a razón de cinco por ciento sobre las ventas de primera mano y cuyo producto probable se estimó en un millón de pesos y, por otra parte, los dedicados expresamente al servicio de la Deuda Pública, a saber: los impuestos sobre sueldos, salarios y emolumentos y sobre utilidades de sociedades y empresas y el adicional de diez por ciento sobre todos los gravámenes establecidos, exceptuando solamente de este recargo los afectados ya para la Deuda Pública, los derechos consulares y los impuestos causados por los terrenos petrolíferos, los contratos petroleros y la producción de petróleo.
En el cómputo de los ingresos no fueron considerados los impuestos sobre ganancias personales o de compañías -cuyo producto, de difícil o imposible previsión, tiene que ser pequeño al principio-, porque para lograr la incorporación de gravámenes de esa naturaleza en el régimen fiscal del país, a pesar de su indiscutible excelencia técnica, hay que tasarlo moderadamente.
En cambio, puede estimarse el rendimiento del impuesto adicional de diez por ciento en cerca de quince millones de pesos que, sumados al producto de los derechos de exportación del petróleo y al del impuesto sobre las entradas brutas de los ferrocarriles - que son los recursos comprendidos por el Convenio de la reanudación de la Deuda Exterior -, da una cantidad superior al importe de las obligaciones relativas.
Basándose en el estudio de las variaciones acusadas durante el año pasado, en el rendimiento de cada una de las fuentes de recaudación fiscal y de los motivos determinantes de tales variaciones, y suponiendo que no se obstruyan dichas fuentes o se altere su régimen por causas extrañas a las de su curso natural, es como se llegó a estimar en $ 290.273,390.82 el producto total probable de los ingresos de 1924.
El equilibrio de los presupuestos:
Si, pues, los egresos autorizados suman $ 297.950,904.04 y los ingresos probables se estiman en $ 290.273,390.82, la diferencia entre esas dos cifras acusa, para este año, la subsistencia de un déficit de $ 7.677,513.22.
Este déficit, por fortuna, es más aparente que real, ya que, por un lado - según se dijo antes - en el Presupuesto de Egresos se ha incluido una parte del déficit resultante del ejercicio anterior, parte que forma el subgrupo de obligaciones extraordinarias del ramo de Deuda Pública y cuyo valor supera al doble de la diferencia entre los presentes egresos e ingresos y por otro lado, el mismo presupuesto han quedado reservadas algunas partidas de todos los ramos del Poder Ejecutivo que amparan gastos globales y cuyo monto se acerca a veinticuatro millones de pesos con el fin de que no se pueda disponer de ellas, sino mediante acuerdos presidenciales girados por conducto de la Secretaría de Hacienda y tener así el medio de limitar las erogaciones a las posibilidades del Erario federal y mantener inalterable el equilibrio de los presupuestos.
El costo de la asonada militar:
Es difícil, o más bien, imposible precisar en dinero lo que ha costado al país la última asonada militar: ¿quién sería capaz, por ejemplo, de fijar la significación que las pérdidas de vidas tienen en la economía nacional o valorizar la influencia moral de la asonada en los individuos, en las familias y en la sociedad o sus efectos materiales directos e indirectos en toda la propiedad privada de la nación o siquiera en sus actividades comerciales e industriales?
El problema se simplifica sí se restringe a la sola investigación del dinero que ha costado a la Hacienda pública federal la represión de dicha asonada.
Con tal fin ha venido actuando una comisión especial, la que, no obstante las muchas dificultades de diversa índole con qué ha tenido que tropezar, ha logrado acopiar suficientes datos para hacer una estimación aproximada del citado costo, comprendiendo el lapso de principios de diciembre de 1923 al 30 de junio de 1924.
Los datos de referencia están clasificados en cuatro grupos -de acuerdo con el plan que siguió en sus trabajos la comisión- y dan los siguientes costos parciales:
Erogaciones extraordinarias $ 20.519,771.72
Fondos federales tomados por los rebeldes $ 8.253,430.79
Destrucción de propiedades federales $ 6.634,362.45
Aumento de la deuda flotante. $ 3.971,374.01
O sea un costo total aproximado de $ 39.378,938.97
Hay que advertir que en el resultado anterior fueron excluidas, por no estar aún completas las cuentas correspondientes, las cifras representativas de la merma que sufrieron en sus ingresos, por causa de la revuelta, los Ferrocarriles Nacionales de México -empresa administrada por el Gobierno- y del importe de los servicios prestados por la Compañía del Ferrocarril Mexicano y de los daños ocasionados en sus propiedades.
Sumando las estimaciones que hacen las mismas empresas interesadas, se llega, por tales conceptos, a una omisión de cerca de cinco millones de pesos.
Si, además, se considera que tampoco están incluidas las pensiones otorgadas o por otorgar a las familias de los militares muertos en campaña; ni las erogaciones extraordinarias posteriores al 30 de junio, mientras subsista cualquiera anormalidad en los egresos e ingresos regulares; ni el importe del licenciamiento de los excedentes de tropas sobre las que autoriza el presupuesto, etc., se tendrá que convenir en que no es aventurado afirmar que la represión de la última asonada militar y el restablecimiento de la normalidad económica -rota por efecto de dicha asonada- costará a la Hacienda pública federal una suma no menor de sesenta millones de pesos.
Compromisos contraídos:
Durante el presente ejercicio fiscal, pero sobre todo en el período álgido de la lucha armada, ha habido momentos de verdadera angustia para la Hacienda pública federal, con las cajas de la Tesorería exhaustas y teniendo que sufragar crecidos gastos extraordinarios cuyo aplazamiento de días y algunas veces de unas cuantas horas, podría haber influido funestamente en el resultado de la campaña militar.
El Ejecutivo de mi cargo se complace en declarar ante esta H. Asamblea, que logró sortear las dificultades que en tal respecto se le presentaban sin recurrir a medidas violentas, ni a contribuciones especiales de guerra, sino mediante la cooperación espontánea, voluntaria o tolerada -que el Gobierno agradece debidamente- de otras Entidades políticas, de instituciones privadas y de causantes, abastecedores y empleados públicos.
Las ayudas recibidas por la Hacienda pública federal de otras Entidades políticas - sin comprender la oferta hecha ruidosamente por el H. Ayuntamiento de la ciudad de México, de facilitar, a cuenta de mayor adeudo que tiene con la Federación, un millón de pesos, del cual no ha llegado a la Tesorería ni un solo centavo-, suman $ 2.405,205.75
De la Equitable Trust Company of New York $ 500,000.00
De la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana $ 45,000.00
De diversas compañías petroleras $ 12.654,171.68
De diversas compañías mineras $ 1.348,808.38
De algunos productores de alcohol y pulque $ 306,743.98
A la columna siguiente $ 17.259,929.79
De la columna anterior $17.259,929.79
De los causantes del Distrito Federal, por conducto del Gobierno Del Distrito $ 1.280,000.00
De comerciantes, industriales y otros (libramientos y pagos radicados en las pagadurías del Distrito Federal) $ 5.993,328.07
Y de funcionarios y empleados federales, por decenas atrasadas insolutas $ 13.840,944.88
O sea un total de $ 38.374,202.74
Habría que agregar aún los $ 6.875,000.00, tomados del fondo de la Deuda Exterior, de acuerdo con el decreto de 30 de junio último -para saldar decenas atrasadas de empleados cesados, haberes y pagas de marcha de tropas licenciadas, etc.-, lo que subiría el monto de las aportaciones extraordinarias de dinero, desde el 1 de octubre de 1923 hasta la fecha, a la cifra de $ 45.249,202.74.
La suma anterior, así como el déficit con que fueron cerradas las cuentas del Erario federal el 30 de septiembre de 1923, han sido parcialmente amortizados, durante el mismo lapso, en las cantidades y por los conceptos siguientes:
Por el déficit del 30 de septiembre de 1923 $ 18.102,982.36
Por el adeudo con otras entidades políticas (devoluciones en efectivo y compensaciones por créditos a favor del Gobierno federal) $ 1.511,986.69
Por el adeudo con la Equitable Trust Company $ 350,000.00
Por el adeudo con diversas compañías petroleras 9.436,410.47
Por el adeudo con diversas compañías mineras $ 799,322.89
Por el adeudo con los productores del alcohol y pulque $ 306,743.98
Por el adeudo con los causantes del Distrito Federal $ 1.280,000.00
Por el adeudo con funcionarios y empleados federales $ 5.922,584.40
Por el adeudo con comerciantes e industriales (enajenaciones de bienes nacionales por remate) $ 740,000.00 lo que da una amortización total de $ 38.449,830.79
Ahora bien; como las aportaciones extraordinarias al Erario federal, desde el 1o. de octubre de 1923 hasta el 31 de agosto de 1924 - por préstamos, anticipos de impuestos, esperas en el pago de facturas, sueldos, etcétera -, importaron, según especificación anterior y las $ 45.249,202.74 amortizaciones efectuadas en el mismo lapso $ 38.449,830.79 la diferencia entre esas dos cantidades, o sea $ 6.799,371.95 es el fruto natural de la política de orden y economía con que el Ejecutivo de mi cargo ha tratado de reparar los males ocasionados por la contraria gestión Hacendaria anterior y la mejor justificación de las modificaciones introducidas, para este año, en los presupuestos de 1923, pues la pequeña diferencia mencionada significa que, excluyendo hipotéticamente del presente ejercicio el déficit inicial de más de cuarenta millones de pesos y el costo de la asonada militar -que indudablemente pasa ya de cincuenta millones-, las cuentas del Erario, en esta fecha, arrojarían un superávit no menor de cuarenta millones de pesos.
La crisis monetaria:
Durante el primer semestre del corriente año, la depreciación de la moneda de plata, respecto de la de oro, se mantuvo bastante uniforme en un promedio de tres por ciento; pero en julio aumentó súbitamente tal depreciación hasta el ocho y medio y aun el diez por ciento, tipo según el cual se efectuaron algunas transacciones.
Como en los últimos tiempos se había intensificado la acuñación de monedas de plata, los cambistas de esta capital aprovecharon tal circunstancia para alimentar, con sus especulaciones, un activo foco de alarma que provocó la aparición, en el mercado, de síntomas ficticios o reales de superabundancia de dichas especies circulantes.
La Secretaría de Hacienda, entonces, no vaciló en destruir la posible causa fundamental de la crisis, ordenando la inmediata suspensión de la acuñación de monedas de plata, y la Comisión Monetaria secundó los propósitos de la Secretaría combatiendo eficazmente las maquinaciones de los cambistas, primero, tratando de mantener el tipo del cambio con el dólar a 0.49 -que hace incosteable el envío de nuestro oro al extranjero-; segundo, mediante la venta de dólar contra plata a tipos paulatinamente más altos y, tercero, cambiando oro nacional por plata a tipos también ascendentes.
Las consecuencias de tales medidas se reflejaron pronto en la circulación monetaria de todo el país, estabilizándose en tres y medio por ciento el tipo medio según el cual se realizan ahora, en esta capital y en los Estados, las operaciones de compra-venta de oro plata.
De conformidad con el inciso (d) de la fracción 4 del convenio de 16 de junio de 1922, según el cual se reanudó el servicio de la Deuda Exterior, el Ejecutivo de mi cargo, con fecha 18 de diciembre de 1923, expidió un decreto creando los Bonos en oro del 3 por ciento, que vencerán el 2 de enero de 1943.
Estos bonos serán emitidos definitivamente hasta el año de 1928 y servirán para cubrir la diferencia entre el monto total de los intereses que venzan en los años de 1923 a 1927 y la cantidad que a cuenta de los mismos entregue el Gobierno, durante ese tiempo, al Comité Internacional de Banqueros, como representante de los tenedores de bonos de la Deuda Exterior.
El propio decreto autorizó la entrega que se hizo al expresado Comité de cuatro certificados provisionales, cada uno representando las cantidades y clases de monedas siguientes:
$18.923,272.00 pesos mexicanos. (Oro nacional.) Dls. 8.977,972.00 dólares. (Oro E.U.A.) 520,983.00 libras esterlinas. 315,635.00 marcos. (D.R.S.)
Estos certificados, que en moneda nacional representan $ 41.283,529.66, entrañan la garantía provisional que el Gobierno dio al comité por una cantidad alzada para cubrir la diferencia entre el fondo mínimo garantizado según el convenio durante los cinco años, y el importe total de los intereses, corrientes conforme a los contratos de empréstito respectivos durante el mismo espacio de tiempo, diferencia que asciende a $ 32.057,800.41.
Entre esta cantidad y la suma del scrip provisional entregado al comité, hay una diferencia de $ 9.225,729.25, que se explica porque el comité al cabo del quinquenio 1923-1927, habría recibido por el cumplimiento del convenio doscientos millones de pesos y distribuido en efectivo, conforme a la tabla de obligaciones anexa al propio convenio, $ 190.744,270.75, suma que restada de la de $ 200.000,00, arroja un remanente de $ 9.225,729.25, que el comité deberá invertir en la compra de scrip provisional.
Por consiguiente, la suma real de scrip por la que responder el Gobierno, ser de $32.057,800.41.
Después de cubierto el pago asignado para el año de 1923, el estado de las obligaciones comprendidas en el reajuste de la Deuda, incluyendo el vencimiento de intereses al 30 de junio del año en curso, es el siguiente:
Capitales por deudas tituladas que quedaron comprendidas en el convenio de 16 de junio de 1922 $ 490.470,135.55
Intereses sobre la cantidad anterior por el periodo de 1913 a 1922, inclusive $ 196.607,870.75
Intereses vencidos por 1923 y el primer semestre de 1924 $ 34.000,244.65
Suma $ 721.078,250.95
Como consecuencia de las estipulaciones del susodicho convenio el Gobierno reconoció en vía de garantía, los capitales de las deudas de los Ferrocarriles Nacionales de México, de la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura, S. A., y la del Municipio de la ciudad de México, así como los de las deudas de los Estados; pero bajo el concepto de que después del período de cinco años (1923-1927) esas obligaciones recobrarían las condiciones pactadas en los contratos de emisión.
El monto de las responsabilidades que por este concepto asumió el Gobierno federal transitoriamente, es de $ 546.354,451.58
Por concepto de las deudas que no son a cargo de la Federación, el Gobierno aceptó pagar los intereses insolutos y los que vencerán hasta el año de 1927, inclusive, de conformidad con el arreglo relativo, constituyéndose, por este hecho, acreedor de las instituciones rehabilitadas.
Estas instituciones son, como se deja dicho, los Ferrocarriles Nacionales, la Caja de Préstamos y el Municipio de la ciudad de México, y la deuda aceptada por su cuenta, importa:
Por intereses vencidos de 1913 a 1922, inclusive $ 217.927,604.29
Por intereses vencidos en 1923 y primer semestre de 1924 $ 36.328,053.92
Total a la fecha $ 254.255,658.21
Por cuenta de los intereses vencidos en el año de 1923, que sumaron $ 46.800,732.48, correspondientes a todas las obligaciones incluidas en el convenio, el Gobierno federal remitió en diciembre de este mismo año al Comité Internacional de Banqueros, Dls. 15.000,000.00, con un equivalente de $ 30.960,895.99, moneda nacional.
Existen otras deudas no incluidas en el convenio, las cuales, por tener carácter interior y ser de reciente creación, como la deuda bancaria, la de los empleados federales, los bonos de liquidación del Ferrocarril de Tehuantepec y el monto de las reclamaciones aprobadas por la Comisión Nacional respectiva hasta la fecha, etc., etc., están comprendidas en un grupo especial, e importan $ 94.452,171.87.
Suspensión temporal de la Deuda Exterior:
A pesar de que, a la postre, resultaron falsas las afirmaciones del señor De la Huerta, de haber asegurado la contratación de un empréstito que, invertido en obras de irrigación y en el establecimiento del Banco Único de Emisión, determinara una mejoría económica y fiscal que garantizara el exacto cumplimiento de las condiciones pactadas en New York para la reanudación del servicio de la Deuda Exterior, afirmaciones en que se fundó la sanción presidencial del Convenio de 16 de junio de 1922, la preocupación predominante del Ejecutivo de mi cargo y su propósito más firme han tendido siempre a procurar -aun a costa de los mayores sacrificios- la completa satisfacción de las obligaciones contraídas por virtud del tal convenio.
Aparte, en efecto de ciertos actos contrarios de la gestión personal del exsecretario de Hacienda, don Adolfo de la Huerta -ruidosamente desautorizados al ser descubierta y declarada en octubre del año pasado la bancarrota Hacendaria-, aunque el Gobierno venía recorriendo un largo y penoso Viacrucis de penuria, considerablemente agravada por la asonada militar -al segar muchas y muy importantes fuentes de ingresos y aumentar enormemente los gastos-, en vez de tocar el depósito constituido en el Banco Nacional para las atenciones de la Deuda Exterior, este Ejecutivo prefirió acentuar más aún su penuria y completar, con recursos destinadas a necesidades urgentes de la Administración y de la campaña, la cantidad mínima garantizada de quince millones de dólares para el vencimiento del primer año de vigencia del Convenio de New York.
Hay que recordar también que, al formar los presupuestos de 1924, y a pesar de las condiciones poco propicias para ello, este Ejecutivo no vaciló en crear nuevos gravámenes -dada la notoria insuficiencia de los destinados a la Deuda Exterior por el convenio relativo-, con el fin de asegurar el pago de los futuros vencimientos y que a pesar, asimismo, de la aguda crisis Hacendaria producida por la campaña militar y de las imperiosas necesidades derivadas constantemente de la misma, se continuaba enterando en el Banco Nacional los derechos de exportación del petróleo y se pudo regularizar -cosa que no se había logrado antes- el cobro del impuesto del diez por ciento sobre los ingresos brutos de los ferrocarriles, cuyo producto estaba engrosando el depósito bancario dedicado a los acreedores extranjeros, mientras de que, por un lado, el adeudo a una gran parte de los funcionarios y empleados federales y miembros del Ejército Nacional crecía hasta siete decenas de sus sueldos y que, por otro lado, flotaba, insoluto, un volumen considerable de adeudos a comerciante, industriales y banqueros de esta plaza.
Hay que recordar, igualmente, que los dos hechos que acaban de ser mencionados -la acumulación de gravámenes sobre las espaldas agobiadas del pueblo, y de dinero en las arcas del Banco Nacional, para satisfacer los créditos extranjeros con preferencia sobre los nacionales- estaban alimentando un vivo sentimiento popular contrario a la actitud del Gobierno y exteriorizado en forma enérgica por casi todos los periódicos del país.
Este Ejecutivo, sin embargo, no cedía al peso abrumador de necesidades apremiantes del Gobierno y demandas imperiosas de la opinión pública, porque en su deseo de cumplir fielmente todas las obligaciones de la Deuda Exterior, esperaba el resultado, que prometía ser feliz, de las negociaciones entabladas con el Comité Internacional de Banqueros desde fines de febrero -es decir, cuando ya era indudable el triunfo del Gobierno y éste podía, por tanto, ofrecer todas las seguridades necesarias- para la concertación de un préstamo bancario de veinte millones de dólares a cinco años de plazo y garantizado con el producto de los impuestos sobre la producción de petróleo, empréstito que, prudentemente invertido, realizara el equilibrio teórico de los presupuestos, permitiera dar a los nuevos gravámenes la aplicación prevista en la Ley de Ingresos y asegurara el cumplimiento presente y futuro del Convenio de New York.
Para formarse una idea de la bondad de la garantía ofrecida, baste saber que el producto del impuesto sobre la producción de petróleo, correspondiente a un solo año del último quinquenio, ha excedido al monto total del préstamo que se había solicitado para ser amortizado en cinco años.
No obstante esto y de que se propuso, además -si tal cosa era deseable para los prestamistas-, otra garantía colateral constituida, por ejemplo, con el producto de los derechos consulares o de cualquiera otra renta fiscal, el presidente del Comité Internacional de Banqueros consultó a la Asociación Americana de Productores de Petróleo en México sobre las expectativas que presentaba en nuestro país la industria petrolera y, como consecuencia del informe que dicha agrupación rindió por boca de sus presidente, el señor Guy Stevens -formulando condiciones para el próspero desarrollo de la citada industria que revelaban una absoluta ignorancia de nuestra legislación y de nuestra ambiencia política-, el comité, desentendiéndose inexplicablemente de la copiosa correspondencia calegráfica cambiada con la Secretaría de Hacienda durante tres meses y en la que se llegó casi a convenir tácitamente hasta en las condiciones del préstamo, negó al fin su cooperación, resolviendo inesperadamente -en telegrama de fines de mayo- la solicitud del Gobierno en sentido contrario a los intereses recíprocos que ampara el Convenio de New York.
Ahora bien; como los ingresos no habían llegado aún al monto previsto y el excedente sobre los egresos autorizados en el presupuesto no podía cesar sin una aportación extraordinaria de dinero -ya que procedían, sobre todo, de las tropas superabundantes, para cuyo licenciamiento era forzoso saldar los haberes atrasados y dar pagas de marcha-, el desequilibrio hacendario crecía aceleradamente y, de modo paralelo, aumentaban los sacrificios para el Gobierno y para el país y los riesgos para sus acreedores extranjeros.
De allí que, ante la repulsa del Comité Internacional de Banqueros, el decreto que expidió este Ejecutivo el 30 de junio del corriente año, aparezca orientado simultáneamente hacia la satisfacción de necesidades nacionales internas ineludibles y la protección de los intereses que ampara el Convenio de 16 de junio de 1922, al suspender temporalmente el servicio de la Deuda Exterior y prescribir que dicho servicio se reanude en condiciones de mayor seguridad para los tenedores, de bonos, esto es -según reza el artículo 2 del decreto referido-, al restablecerse el equilibrio de la Hacienda pública federal, por la aplicación, ya sea de los fondos destinados al servicio de la Deuda Exterior o de los procedentes de un empréstito que, al efecto, se contrate.
La primera Convención Bancaria Nacional:
El desacuerdo entre la legislación bancaria y las circunstancias reales en que han venido operando las instituciones de crédito durante el último decenio, han originado constantes conflictos entre la Secretaría de Hacienda y dichas instituciones y el menoscabo consiguiente en la vida comercial e industrial de la República, que se sustenta, en gran parte, del crédito bancario.
A fin de armonizar los intereses particulares con los generales y de dar a las instituciones de crédito la posibilidad de desarrollar en su provecho y en el de la economía nacional el máximo de eficiencia, hacíase de imperiosa necesidad reformar las ya inadecuadas leyes sobre la materia.
Este Ejecutivo no quiso iniciar su obra reformadora sobre instituciones de crédito, sin oír antes las opiniones de los especialistas y de los banqueros mismos, tanto para obrar con mayor acierto en la factura de la nueva legislación, cuanto por llamar a la concordia a una de las más importantes fuerzas vivas del país.
Tales fueron los motivos que originaron la convocatoria expedida el 15 de enero de este año, para la Convención Bancaria Nacional, inaugurada el 2 de febrero siguiente y que en el transcurso de este mes, opinó con patriotismo y alteza de miras sobre las disposiciones generales que, en su concepto, deberían dictarse sobre instituciones de crédito y su constitución; sobre bancos hipotecarios y refaccionarios; sobre depósitos y garantías bancarias; sobre cuentas llevadas en moneda extranjera con derecho a pedir en cualquier tiempo que su importe se cubra mediante la entrega de giros a la vista sobre el exterior; sobre letras y cheques; sobre compañías bancarias de fideicomiso y ahorros, etcétera, etcétera.
Con el fin de perpetuar los beneficios que para el país puedan derivarse de las relaciones iniciadas bajo tan buenos auspicios entre el Gobierno y las instituciones de crédito, el Ejecutivo de mi cargo promovió la celebración de convenciones anuales, estableciendo al efecto la Comisión Permanente de la Primera Convención Bancaria Nacional que, sirviendo de lazo de unión entre ella y la siguiente, coopere también con la Secretaría de Hacienda -como lo está haciendo con toda eficacia en el estudio de la nueva legislación.
Decreto sobre Bancos Hipotecarios:
La circunstancia de no haber comprendido la Ley de 15 de septiembre, de 1916 a los bancos hipotecarios, creó para ellos una situación de todo punto insostenible, ya que, en su carácter de meros intermediarios entre los propietarios de los bienes raíces hipotecados y los capitalistas que compraron bonos hipotecarios y no pudiendo cobrar sus créditos, se veían apremiados por los acreedores y en la imposibilidad de pagar los cupones y las amortizaciones vencidas, lo que sin duda hubiera originado su quiebra y, consiguientemente, graves quebrantos para los acreedores y deudores de dichas instituciones.
Para normalizar, en lo posible, la situación de los intereses relativos, fue promulgado el Decreto de 26 de mayo último, estableciendo un sistema de correlación entre los cobros y los pagos que tienda a la conciliación entre los deudores de los bancos y los tenedores de bonos.
Con tal propósito, se concedieron moratorios de ocho años a los deudores hipotecarios y plazos razonables a los bancos para los sorteos de bonos y para el pago, a la par, de bonos sorteados y cupones vencidos.
Decreto sobre bancos refaccionarios:
Circunstancias y razones análogas prevalecían hasta mayo de este año respecto a los bancos refaccionarios, en relación con los deudores y acreedores.
Fue indispensable, por tanto, establecer en la Ley relativa, promulgada también en 26 de mayo último, un sistema similar al anterior para armonizar los intereses de los deudores y de los acreedores y dar facilidades para el establecimiento de las funciones de los bancos en cuestión con el menos daño posible para unos y otros y para las propias instituciones.
Decreto sobre obligaciones de los antiguos bancos de emisión:
Los plazos señalados por los decretos de 31 de enero y 30 de noviembre de 1921 para el canje de billetes y demás títulos de crédito de los antiguos bancos de emisión, principiaban a vencerse a fines de julio de este año, quedando todavía en poder del público $ 63.957,658.00 en billetes.
Además, por las condiciones económicas prevalecientes para esta clase de bancos, se encontraban en la imposibilidad de cubrir los certificados y bonos expedidos conforme a la legislación ya citada, orillándose a estas instituciones a la ruina, en perjuicio de los intereses a ellas afectos.
Este Ejecutivo, inspirándose en un criterio de decidida protección a los intereses del público tenedor de billetes, sin olvidar sus propósitos de rehabilitación bancaria, estableció en el decreto de 15 de julio de este año un sistema cuyas características son: moratorios reducidos para el pago de bonos, certificados y cupones emanados del canje de billetes y demás obligaciones de estos bancos y ampliación del término para presentar a conversión los billetes y demás créditos, hasta seis meses después de que el Gobierno haya cumplido sus obligaciones conforme a los decretos de 31 de enero y 30 de noviembre de 1921.
Ley sobre suspensión de pagos de bancos o establecimientos bancarios:
Compenetrado este Ejecutivo del estorbo que, para la inversión de capitales en la República, opone la legislación sustantiva y de procedimientos -ya que, aplicada por funcionarios judiciales indelicados y de litigantes de mala fe, se traduce en inseguridad para los inversionistas y, en ocasiones, en desvergonzados despojos-, quiso remediar tan graves males promulgado el Decreto del 30 del pasado agosto.
El procedimiento estatuido por el Código de Comercio, en efecto, sobre quiebras y liquidaciones judiciales, ha dado como resultado, en la práctica, dilaciones en la substanciación de los juicios y molestias y daños de tal naturaleza para los acreedores, que éstos, en la inmensa mayoría de los casos, se han desentendido de sus créditos, abandonando sus derechos en manos de jueces, síndicos y procuradores, algunas veces, poco escrupulosos.
Tratándose de instituciones bancarias, cada nueva liquidación judicial o quiebra venía a poner de relieve la necesidad de reformar el procedimiento.
El decreto recientemente promulgado por este Ejecutivo establece un sistema rápido y eficaz para garantizar los intereses del público bancario, creando una comisión liquidadora integrada por representantes de instituciones bancarias y un delegado de la Secretaria de Hacienda que, con amplias facultades de administración y dentro de términos improrrogables, presente ante el juez de la quiebra la graduación de los créditos y verifique la distribución de los fondos disponibles, bajo sanciones y seguridades que hacen prácticamente imposible la morosidad o el fraude por parte de la comisión.
Además, se concede a la masa de acreedores un perfecto control sobre las operaciones, desde la declaración del estado de suspensión, de pagos hasta el reparto de saldo líquido de la quiebra, y deja a su arbitrio la celebración de convenios de esperas con el fallido, capacitándolos, si así conviniere a sus intereses, para permitir la inmediata reanudación de pagos y operaciones del deudor.
Primera Convención Catastral Nacional:
La falta de un Catastro Nacional Fiscal, esto es, de la valorización y empadronamiento de la propiedad raíz en toda la República, como base de la tributación predial, movió al Ejecutivo de mi cargo a convocar, en octubre del año próximo pasado, a una convención que, integrada por representantes de los gobiernos de las Entidades federativas y de la Secretaría de Hacienda, y con la cooperación de los propietarios de predios rústicos y urbanos, se reunieran en esta capital, durante la primera quincena de diciembre, para estudiar y formular las iniciativas que, al ser aprobadas por los poderes de dichas Entidades federativas, redundaran en la formación de un catastro fiscal uniforme en todo el país.
La convención celebró ocho sesiones y llegó, en esencia, a las conclusiones siguientes:
Es de absoluta necesidad nacional, la formación del Catastro Uniforme Fiscal en la República.
El organismo encargado de llevar a la práctica la formación del Catastro, conviene que se integre por juntas distritales, principales o de Estado y una superior o concentradora con asiento en la capital de la República.
La base de la imposición predial descansar sobre el valor comercial de la propiedad, deducidos los créditos hipotecarios que soporte, los cuales créditos tendrán impuesto aparte.
Procede crear un impuesto con participación para los municipios, los Estados y la Federación sobre el incremento no ganado de la propiedad, desapareciendo los que gravan las traslaciones de dominio.
Para que no resultaran infructuosas las labores de la convención -publicadas en un libro que circula con toda amplitud-, ha venido actuando una comisión permanente, encargada de promover todo lo necesario para la realización de los votos emitidos y para la celebración, cada año, de convenciones similares.
Me limitaré, por brevedad, a señalar los hechos más saliente y trascendentales de la labor de reorganización que se ha venido desarrollando en los servicios que dependen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Aparte de un reajuste general -más de acuerdo con el principio de la división del trabajo y la especialización de las funciones -racionalmente clasificadas que, por ejemplo, refundió en uno solo los antiguos departamentos Consultivo y de Legislación e incorporó en el Departamento Administrativo el de Personal y la Oficina de Correspondencia, hubo que crear el Departamento Técnico
Fiscal, cuya función preponderante -como su nombre lo indica- consiste en formular el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, estudiando especialmente cada uno de los renglones de esta última, a fin de adaptar los impuestos, cada vez mejor, a las necesidades nacionales y a los progresos sucesivos de la ciencia económica.
Dirección General del Catastro:
Comprendiendo la importancia de la institución del Catastro, que, al describir la riqueza territorial del país, prepara los fundamentos de una buena administración política y fiscal -por lo que respecta a los impuestos sobre la propiedad raíz-, el Ejecutivo de mi cargo se ha esforzado por dictar las medidas tendientes a facilitar la expansión de las funciones de la citada institución a todo el territorio de la República.
Un paso importante en este sentido ha sido la promulgación del decreto de 8 de agosto último, que prescribe la transferencia de los trabajos, a medida que vayan siendo ejecutados, a las autoridades de las poblaciones que directamente reciban el beneficio de las operaciones catastrales.
Esto, además de aligerar la carga que pesaba sobre el Erario federal, permitir ensanchar indefinidamente el radio de acción del Catastro, por efecto de la economía realizada.
Es inconcuso el provecho que reportar la expansión catastral, pues no obstante la lentitud de los procedimientos empleados hasta ahora, se han descubierto propiedades ocultas por un valor total de más de cuarenta y siete millones de pesos en las municipalidades formadas, propiedades que, naturalmente, no pagaban al Fisco contribución alguna.
Siguiendo propósitos análogos, han sido reformados radicalmente los procedimientos catastrales de modo que, sin perder precisión, se vuelvan más baratos y rápidos.
Jurado de penas fiscales:
El procedimiento que se seguía para la imposición de las penas contravenía la doctrina del Derecho Público, que aconseja la separación de las funciones de perseguir y sancionar las infracciones a las leyes.
Las administraciones del Timbre y las aduanas, en efecto, eran las encargadas de descubrir las infracciones; de buscar las pruebas que acrediten la responsabilidad; de juzgar en primera instancia y de hacer efectivas las multas impuestas.
Y lo que empeoraba esta indebida concentración de facultades, era la circunstancia de que los mismos funcionarios tienen una participación en las multas.
El defecto señalado fue corregido por el decreto de 9 de julio último, que creó un Tribunal de Apelación para conocer de todos los casos de inconformidad de infracciones penadas en materia fiscal.
Beneficencia Pública del Distrito Federal:
Teniendo en cuenta que, por razón de materia y de similitud de funciones, la Secretaría de Hacienda es la indicada para conocer del manejo de los capitales y fondos encomendados por las leyes al Gobierno federal; que el inciso VII del artículo 4 de la Ley de 25 de diciembre de 1917, asigna a dicha Secretaría la administración de los bienes nacionales y nacionalizados, entre los cuales se encuentran los de la Beneficencia Pública, y, finalmente, que los bienes de la misma institución forman parte de los propios de la Hacienda federal, conforme a las fracciones I del artículo 16 y III del artículo 17 de la Ley de 18 de diciembre de 1902, el Ejecutivo de mi cargo, en uso de la facultad que le otorga el artículo 14 de la citada Ley de 25 diciembre de 1917, para determinar la competencia de los diversos departamentos de Estado, y con apoyo, además, en el artículo 31 de la Ley de 18 de diciembre de 1902 -también ya invocada-, acordó con fecha 16 de julio último, la transferencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la organización y funcionamiento económicos de la Beneficencia Pública del Distrito Federal.
Con el objeto, por otra parte, de procurar la mayor eficacia posible en la realización de los fines de la Beneficencia Pública, este Ejecutivo promulgó el decreto de 14 de agosto próximo pasado, que encomienda el manejo de los bienes y caudales a ella destinados -incluso la totalidad de los que provengan de la Lotería Nacional- a un Consejo, compuesto de siete miembros, con facultades e independencia bastantes y con responsabilidad bien definida y que se denominar Junta Directiva de la Beneficencia Pública del Distrito Federal.
Las facultades conferidas a la Secretaría de Hacienda respecto a la Lotería Nacional - por decreto de 7 de agosto de 1920- y demás disposiciones relativas, serán ejercitadas por dicha Junta y la administración de la Lotería quedar encomendada a un Comité Ejecutivo, que substituir al actual Consejo de Administración, y ser integrado por tres de los miembros de la Junta, que ésta misma designar.
Ha empezado ya a funcionar la primera Junta autónoma de la Beneficencia Pública del Distrito Federal, y entre sus miembro figuran tres honorables filántropos extranjeros.
Antes de determinar, voy a permitirme decir algunas palabras para encarecer la necesidad de reformar radicalmente el régimen fiscal mexicano, o, mejor dicho, para destruir anarquía que, en esa materia, consagra la Constitución misma y hacer la nueva organización más en consonancia con los principios modernos económicos y político-sociales.
La Constitución, en efecto, ni siquiera delimita con precisión, en sus disposiciones relativas, las jurisdicciones de tributación del Gobierno federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios.
Esto da lugar a muy frecuentes invasiones recíprocas que estorban o impiden, en algunos casos de sobreposición de gravámenes, el próspero desarrollo del Comercio y de la industria.
Tampoco establece las bases generales para organizar el sistema financiero nacional o los recursos fiscales de los Estados.
Esto es causa de la injusta repartición de los impuestos y del desorden fiscal reinantes en todo el país.
El defecto fundamental del sistema fiscal de la Federación es, desde el punto de vista administrativo, su complicación y el número fabuloso de impuestos y tasas vigentes.
Basta citar, en este respecto, la ley del Timbre, que abarca -en un completo desorden de más de cien tasas- actos, documentos y contratos, sin discriminar la naturaleza de las operaciones gravadas ni la clase de las rentas o utilidades obtenidas.
Así, por ejemplo, el impuesto sobre compraventa, cuya cuota es de un medio por ciento, gravita lo mismo sobre los artículos de primera necesidad, como la harina o la sal, que sobre los de lujo, como las ricas telas, el oro o los diamantes.
Bajo el aspecto económico, nuestro sistema fiscal adolece del defecto de estar constituido por impuestos indirectos que, en su inmensa mayoría, gravan el consumo.
En el producto total de los impuestos que estableció, por ejemplo, la Ley de Ingresos de 1923, los gravámenes en cuestión representan más del noventa por ciento, y sabido es que esta clase de impuestos lesionan los principios de equidad, porque mientras más se desciende en la escala económica, más se acentúa la falta de equilibrio entre la renta y el consumo; en la base se encuentran los que gastan toda su renta y en la cima aquellos para quienes el consumo no forma sino una pequeña fracción de ella.
Es el impuesto favorito de las clases acomodadas por ser la cuota regresiva en proporción a la renta.
Ante la imposibilidad absoluta de siquiera haber intentado, durante el tiempo a que se refiere este Mensaje, la necesaria reforma fiscal de la Federación, el Ejecutivo de mi cargo creó un impuesto que, por su excelencia técnica, podrá constituir el núcleo de formación del futuro sistema: el que grava los sueldos, salarios y emolumentos y las utilidades de sociedades y empresas.
La renta, en efecto, es la mejor medida de las facultades económicas individuales y colectivas con relación al impuesto.
Si a esto se añade la consideración de los principios generales en que se apoya el gravamen de que se trata, es decir, la progresividad, que alcanza debidamente a las grandes fortunas; la discriminación o diferenciación de las diversas clases de rentas -las del capital, las del capital y el trabajo y las del trabajo solamente- y la excepción de gravamen para un mínimum de existencia -lo indispensable para cubrir las necesidades primordiales de la vida- se tendrá forzosamente que convenir en la superioridad económica, política y social de tal impuesto sobre todas las otras formas de imposición.
El impuesto sobre sueldos y utilidades, al que se han asignado cuotas extremadamente bajas, para facilitar su incorporación a nuestras prácticas y costumbres fiscales; que está destinado a substituir, en la medida de sus rendimientos sucesivos, los gravámenes más odiosos de productibilidad equivalente; que exceptúa a todos los que ganan menos de $ 200.00 mensuales, esto es, a los pobres -que forman la inmensa mayoría de la población de la República- y grava directamente a la insignificante minoría privilegiada; el impuesto en cuestión -repito- ha recibido de dicha minoría, naturalmente, la hostilidad que merece por su noble carácter de redentor, llegando sus opositores hasta el punto de proponer que se derogue y que, en cambio, estarían dispuestos a pagar, duplicados, todos los impuestos del Timbre, con el fin, seguramente, de echarlos sobre las espaldas de los que más sufren, encareciendo la vida, y aprovechando esta nueva ocasión de enriquecimiento.
Como, por último el impuesto sobre sueldo y utilidades es susceptible de un rendimiento muy grande, ser capaz de sanear completamente nuestro anticuado y defectuoso sistema fiscal y realizar, por la vía pacífica, una reforma más valiosa que muchas de las que han sido escritas con sangre en nuestra Historia.
Mientras tanto, este Ejecutivo espera, fundadamente, que persistiendo con toda constancia en el sendero de economías que ha seguido hasta ahora - y éste es el momento de recordar que se están haciendo otras reducciones en los egresos, que importarán alrededor de dos millones de pesos mensuales - pronto se lograr volver a poner a flote la Hacienda pública federal, para el mayor bien del desarrollo económico del país y de su crédito en el extranjero.
Las labores de la Secretaría de Guerra hubieron de intensificarse en alto grado con motivo del movimiento infidente encabezado por un grupo de Militares sin honor y civiles ambiciosos a que en otra parte de este informe se hace mención.
El efectivo del Ejército el 1 de diciembre de 1923, era de 508 generales, 2,758 jefes, 8,583 oficiales y 59,030 individuos de tropas del efectivo anterior defeccionaron en diciembre último: 102 generales, 573 jefes, 2,417 oficiales y 23,224 individuos de tropa bien pertrechados, correspondiendo estos contingentes a 18 batallones de línea completos y varias fracciones también del arma de Infantería, 28 regimientos completos de Caballería, más algunas fracciones de la misma arma, 2 batallones de Infantería de Marina y algunos otros elementos de esta arma y de Aviación.
A estos contingentes con que el movimiento infidente dio principio, hay que agregar los núcleos que los directores de la asonada pudieron organizar desde luego, contando con el decidido apoyo de algunos terratenientes y hacendados, muy especialmente en los Estados de Jalisco, Michoacán, Colima y otros del Centro y Occidente de la República, donde esos grupos llegaron a contar hasta con 4,000 hombres; en la región del Sureste del país y el Estado de Veracruz esos contingentes llegaron a sumar poco más o menos 6,000 hombres; en los Estados de Guerrero, Oaxaca y parte del de México, los infidentes organizaron fuerzas en número de 4,000 hombres; en Tamaulipas y Nuevo León, las fuerzas de nueva organización con que contaban los rebeldes, eran en número de 3,000 hombres; en San Luis Potosí e Hidalgo, esas fuerzas sumaban no menos de 3,500 hombres; en Durango y parte de los Estados de Zacatecas y Chihuahua, los infidentes levantaron gente en número de 2,500 y en el resto de las Entidades federativas puede calcularse que sumadas las partidas de pronunciados que secundaban la infidencia, ascendían alrededor de 7,000 hombres.
De lo anterior se desprende que el movimiento rebelde contó, en un momento dado, con poco más de 56,000 hombres sobre las armas, en su mayor parte en núcleos fuertes, bien organizados y estratégicamente situados en el territorio nacional, a cambio de 44,518 hombres que quedaron leales al Gobierno, diseminados en toda la extensión del país, desde la Baja California hasta Tabasco, y con multitud de servicios de guarniciones que cubrir, por lo que, era tarea verdaderamente ardua para el ejecutivo reunir elementos suficientes para enfrentarse a las columnas enemigas y detener su avance a la capital de la República, entretanto se organizaban los contingentes indispensables para emprender la batida sobre sus propias bases.
A lo anterior, debe agregarse que al estallar la infidencia y durante el curso de ella, se adhirieron al movimiento la mayoría de nuestras unidades navales, cuyos jefes estaban innodados en la conspiración, con lo que de hecho, la rebelión ejerció desde luego control sobre ambas costas, facilitando para los rebeldes el tráfico de casi la totalidad de nuestros puertos con el extranjero y la importación para los mismos de todos los pertrechos de guerra que necesitaron.
Fue entonces cuando se redoblaron todos los esfuerzos en el ramo Militar, procediéndose con verdadera diligencia a la organización de nuevos contingentes y comprándose en el extranjero armamento, municiones y equipo, con la urgencia que el caso requería.
Se organizaron, con las deficiencias naturales, por la premura del tiempo de que se disponía, 163 nuevos regimientos de Caballería y 35 corporaciones irregulares de la misma arma; 29 batallones de línea y 6 auxiliares; un regimiento de Artillería de montaña; el tren de Artillería; el 5o. regimiento de artillería de campaña y 4 regimientos de Ametralladoras.
Se adquirieron 45,000 armas y 50.000,000 de cartuchos, habiéndose distribuido entre las diferentes corporaciones del ejército y fuerzas auxiliares, 30,000 de las primeras y 40.000,000 de los segundos. Se adquirieron también 11 aeroplanos De Haviland y 6 Lincoln.
Para atenciones de la campaña nuestro Gobierno adquirió igualmente, por compra que hizo al del Brasil, el crucero protegido Anáhuac, el cual no pudo llegar a nuestras playas sino hasta mediados de julio anterior.
Es satisfactorio para el Ejecutivo de mi cargo hacer constar que para aprovechar esos elementos y poder reforzar debidamente al Ejército leal, no fue difícil el reclutamiento de hombres, porque se contó desde luego con un amplio y entusiasta apoyo en todas las clases sociales y muy especialmente entre las clases laborantes, que dando evidentes pruebas de alto civismo, con toda voluntad se presentaron a filiarse en batallones y regimientos.
No obstante el crecido número de corporaciones que fue preciso organizar para hacer frente al problema que se le presentaba al Gobierno de restaurar la paz en la república, al presente se ha logrado reducir el número de batallones de Infantería de línea al marcado por el Presupuesto de Egresos, y sólo quedan existentes 87 regimientos de Caballería y 12 corporaciones irregulares de la misma arma, esperándose que en poco tiempo se reducirán al número autorizado por el mismo presupuesto.
Habiendo estallado la rebelión casi simultáneamente en diversos lugares de la República, hubo necesidad de organizar también distintos frentes, que fueron: el oriental en la región que comprende los Estados de Puebla y Tlaxcala, contra los infidentes de Veracruz y el Sureste; el occidental en la zona llamada del Bajío, contra los que se sublevaron en Jalisco, Colima, Zacatecas y Aguascalientes; el del Sur en Morelos, Guerrero y parte del Estado de México, para batir a los contingentes rebeldes de esos Estados; el del Istmo de Tehuantepec que mantuvo a raya al enemigo que pretendía avanzar por las vías del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec y de Veracruz al Istmo; el de Nayarit que impidió el avance de los infidentes de Jalisco hacia el Norte; en los límites de Oaxaca y Puebla para contrarrestar las actividades de los rebeldes que ocupaban el primero de dichos Estados; en la Huasteca Veracruzana, con el mismo objeto, respecto a los infidentes de Veracruz, y en Hidalgo para hacer la campaña a elementos traidores que operaban en aquel Estado.
En realidad, en la región Sur y en el Estado de Hidalgo, así como en el Norte de Veracruz, no se constituyeron precisamente frentes, sino que más bien se organizaron columnas volantes con cierta independencia de acción, cuyo mando fue conferido, al igual que las otras zonas, a diversos jefes de reconocida competencia.
Además de esos núcleos rebeldes, que deben considerarse como los principales, hubo varios levantamientos de más o menos importancia en diversos Estados de la República, unas veces de corrompidos elementos del Ejército y otros de la población civil.
La demora natural para suplir con nuevos contingentes a los que se habían rebelado, obligó al que habla a trazar un plan general de operaciones, consistente en batir en detalle y sucesivamente, a los diversos núcleos de infidentes.
Por esta razón se activaron las operaciones en el frente oriental, mientras en el occidental sólo se rechazaba el avance del enemigo.
La toma de Puebla, primero, y luego la sucesión de batallas que culminaron con la captura de Estación Esperanza por las fuerzas leales, fue causa de que entre el enemigo de ese frente cundiera la desmoralización, y este primer triunfo permitió al Gobierno disponer de algunos efectivos de este lado, para llevarlos al frente occidental.
Después de tomar las providencias necesarias para asegurar el éxito, dejando al azar únicamente la parte mínima ineludible, se emprendió el avance por esta región.
Las acciones culminantes de esta zona fueron sin duda las registradas en Ocotlán y Palo Verde, Jalisco, pues ellas determinaron la desorganización del enemigo y resolvieron favorablemente al Gobierno la situación de Nayarit.
A continuación se emprendió la batida contra las fuerzas rebeldes del Sur, hasta conseguir la completa derrota de los infidentes, y simultáneamente y con el mismo resultado, se llevaron a cabo activas operaciones sobre los rebeldes de Oaxaca, el Istmo, Hidalgo y la Huasteca Veracruzana.
El curso de las operaciones, que dieron por resultado la recuperación de Veracruz y Puerto México, determinó la rendición de los barcos que secundaron la infidencia y las tripulaciones rebeldes fueron substituidas por otras que se formaron en gran parte con los contingentes de varias agrupaciones obreras.
La ocupación de Yucatán y Campeche y más tarde la toma de Villahermosa, Tabasco, seguida de una activa campaña contra los núcleos rebeldes que quedaban en Tabasco, simultáneamente con la enérgica batida que se hizo a los mismos del Estado de Chiapas, marca el fin de las operaciones Militares, pues con posterioridad a esos triunfos ha habido algunos otros hechos de armas, que, aunque de cierta importancia, no constituyeron ya un problema para el Gobierno.
La fuerza aérea nacional prestó muy importantes servicios en los campos de combate, desempeñando con éxito las distintas peligrosas comisiones que se le confirieron.
Por razón de su cargo, el que habla asumió el mando general de la campaña y personalmente estuvo en los frentes oriental y occidental.
Del personal del Ejército que se sublevó, una parte fue hecho prisionero y el resto, ya vencido, se rindió incondicionalmente, y el Ejecutivo de mi cargo consideró que debería procederse con toda energía contra los Militares de más alta graduación que la conciencia pública señalada como los directores intelectuales y materiales del cuartelazo, y así lo hizo; obrando, en cambio, con magnanimidad con los jefes de menor graduación, oficiales y tropa, que casi en su totalidad fueron puestos desde luego en libertad, sin recibir más castigo que su separación de la institución en que figuraban, por indignos de seguir perteneciendo a ella.
El personal de la Secretaría de Guerra atendió con eficacia el difícil papel que le correspondió.
El trabajo llegó a ser de tal manera intenso con motivo de las operaciones Militares que se desarrollaban simultáneamente en diversas regiones del país, que ocasiones hubo en que se hizo necesario que el secretario de Guerra ,en persona, se trasladará a los frentes para atender más inmediatamente las necesidades de la campaña, y estar en contacto directo con el que habla para el mejor desarrollo del plan general a que se venían sujetando las operaciones del frente oriental y del occidental, en cuyo frentes tuvieron que obrar combinadamente en muchos casos las unidades de combate.
Es de justicia hacer constar que el personal del Estado Mayor y de la Secretaría Particular de la presidencia, prestaron valiosa cooperación en el eficaz despacho del crecido volumen de trabajo que correspondían a cada uno de estos departamento durante el periodo de campaña.
Para terminar este informe en lo que a la Secretaría de Guerra se refiere, debo manifestar que todos los contingentes del Ejército que, haciendo honor al cumplimiento del deber, se mantuvieron leales al Gobierno de la República, merecen un cumplido elogio por la bizarría, actividad y disciplina de que tan incontables pruebas dieron durante la campaña.
En la época presente, México mantiene cordiales relaciones con todos los países extranjeros, a excepción de Inglaterra; el esfuerzo hecho para reanudar el servicio de la Deuda Pública, así como la creación de las comisiones mixtas de reclamaciones, son una demostración elocuente de que el Gobierno acepta las responsabilidades justas que pueden exigírsele con el dominio internacional.
Se han reprimido con rapidez, durante los últimos cuatro años, todas las tentativas para trastornar el orden público, siendo la más grave de ellas la rebelión de diciembre pasado; la paz se ha consolidado en todo el territorio nacional.
Dentro de los sacrificios que impone nuestra situación económica, las dependencias administrativas del Gobierno, además de entender a los servicios públicos ordinarios, han fomentado la explotación de las fuentes de donde deriva la riqueza nacional, procurando la distribución equitativa de la misma, según los postulados de la Constitución que nos rige.
La situación de las clases populares, ha mejorado visiblemente, en lo material, por el alza de los salarios, y en lo moral por la difusión de la enseñanza y por el reconocimiento de los derechos de las organizaciones de trabajadores.
La prensa sigue disfrutando la libertad más completa.
Es evidente que el país ha realizado positivos progresos durante el periodo presidencial próximo a terminar.
Sin embargo el subscripto confiesa con sinceridad que no se siente satisfecho, que no ha visto colmadas sus aspiraciones, porque tiene la convicción íntima de que su labor política y administrativa hubiera alcanzado mayor desarrollo, si no hubiera sido por los obstáculos incesantes opuestos por los elementos reaccionarios, empeñados en la tarea -que culminó en la rebelión de diciembre- de restaurar los antiguos sistemas de Gobierno, y los viejos métodos de organización social.
Alrededor de un funcionario, en quien había depositado el Ejecutivo toda su confianza, y a quien había amplia libertad de acción en la secretaría de Hacienda, que puso a su cargo, se congregaron políticos inmorales y altos jefes del Ejército, cuya ambición superó al concepto que tenían del honor y la lealtad que los militares deben a nuestras instituciones, y los fondos públicos fueron manejados sin escrúpulos y usadas como medio de cohecho y corrupción entre los miembros de las Cámaras del Congreso de la Unión entre encargados de administrar la justicia federal y entre algunos representantes de los poderes de los Estados, cuya ambición superó al respeto que debían a su propio deber, y cuando juzgaron que los altos jefes militares enrolados en su movimiento, disponían de fuerzas materiales superiores a las que suponían que en un momento dado permanecerían leales a las instituciones que nos rigen y al Gobierno encargado de velar por su funcionamiento, abandonaron la idea de acudir al pueblo demandando su voto para obtener un triunfo democrático, prefiriendo, como camino más corto para adueñarse del Poder, acudir a la violencia mediante la asonada militar que estalló el seis de diciembre pasado.
La derrota de los rebeldes marcar, en la historia de la patria, la conquista definitiva de los principios democráticos; conquista tan valiosa y de resultados tan fecundos, que hará menos sensibles las pérdidas de vida y de intereses y los gravísimos males que causó la rebelión.
Está despejado el camino para que vosotros, señores representantes del pueblo, colaboréis en la obra de reconstrucción nacional, tan ansiosamente esperada; vuestra sabiduría encontrar solución acertada a los numerosos y complicados problemas sociales que engendra la vida moderna; dentro de breves días entregaré pacíficamente el poder que me ha confiado el pueblo, al ciudadano elegido por el mismo pueblo; al retirarme, por última vez, del recinto de la representación nacional, llevo la grata esperanza de que sabréis cumplir vuestros deberes, siguiendo siempre como seguro derrotero, el programa trazado por la revolución.
Los presidentes de México ante la Nación: informes, manifiestos y documentos de 1821 a 1966. Editado por la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados. 5 tomos. México, Cámara de Diputados, 1966. Tomo 3. Informes y respuestas desde el 1 de abril de 1912 hasta el 1 de septiembre de 1934.