Source: https://www.icalpa.es/colegiados/actualidad/medidas-urgentes-en-materia-de-administracion-digital-contratacion-del-sector
Timestamp: 2020-01-24 00:18:06
Document Index: 137942887

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 35', 'artículo 39', 'artículo 122']

Medidas urgentes en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones | Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas
Medidas urgentes en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones
Enviado por mauro el 6 November 2019
Entrando en vigor al día siguiente al de su publicación, el BOE del 5 noviembre publica el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.
Esta norma tiene por objeto establecer medidas urgentes relativas a la documentación nacional de identidad, a la identificación electrónica ante las Administraciones Públicas, a los datos que obran en poder de las Administraciones Públicas, a la contratación pública y al sector de las telecomunicaciones.
El capítulo I contempla dos medidas en materia de documentación nacional de identidad, dirigidas a configurar el Documento Nacional de Identidad, con carácter exclusivo y excluyente, como el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular.
Con esta finalidad, el artículo 1 del presente real decreto-ley modifica el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. En coherencia con ello, el artículo 2 del real decreto-ley modifica la regulación del Documento Nacional de Identidad electrónico recogida en el artículo 15.1 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Modificaciones en la Ley 39/2015, de 1 de octubre
La modificación de la letra c) del apartado 2 de los artículos 9 y 10 tiene como finalidad garantizar la seguridad pública en relación con el empleo de sistemas de identificación y firma electrónicas de los interesados cuando se realizan con clave concertada o mediante cualquier otro sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y que las Administraciones Públicas consideren válido.
Por último, se incorpora una disposición adicional sexta a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que prevé que en las relaciones de los interesados con las Administraciones Públicas no serán admisibles en ningún caso y, por lo tanto, no podrán ser autorizados, los sistemas de identificaciones basados en tecnologías de registro distribuido y los sistemas de firma basados en los anteriores, en tanto que no sean objeto de regulación específica por el Estado en el marco del Derecho de la Unión Europea. Además, la nueva disposición adicional sexta establece que cualquier sistema de identificación basado en tecnología de registro distribuido que prevea la legislación estatal deberá contemplar que la Administración General del Estado actuará como autoridad intermedia que ejercerá las funciones que corresponda para garantizar la seguridad pública.
En cuanto a estas modificaciones se deberá tener en cuenta lo previsto en la Disposición Transitoria 1ª de este RD-ley.
Modificaciones en la Ley 40/2015, de 1 de octubre
En cuanto a estas modificaciones se deberá tener en cuenta lo previsto en la Disposición Transitoria 2ª de este RD-ley.
Modificaciones Ley 9/2017, de 8 de noviembre
Se modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la finalidad de introducir medidas que garanticen en todas las fases de la contratación (expediente de contratación, licitación y ejecución del contrato) el respeto por parte de contratistas y subcontratistas de la legislación de la Unión Europea en materia de protección de datos.
Así, en primer lugar, se modifica el artículo 35 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para incluir, como contenido mínimo de los contratos, la referencia expresa al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.
En segundo lugar, y por lo que respecta al régimen de invalidez de los contratos, se añade un subapartado al artículo 39.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para incluir, como causa de nulidad de pleno derecho, la celebración de contratos por parte de poderes adjudicadores que omitan mencionar en los pliegos las obligaciones del futuro contratista en materia de protección de datos a los que se refiere el nuevo artículo 122.2 de la Ley 9/2017, en la redacción dada a dicho precepto por el presente real decreto-ley.
En cuanto a estas modificaciones se deberá tener en cuenta lo previsto en la Disposición Transitoria 3ª de este RD-ley.
Modificaciones en la Ley 9/2014, de 9 de mayo
Fuente de la noticia: Iberley