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Timestamp: 2020-05-31 09:23:58
Document Index: 236155068

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 48', 'ARTÍCULO 467', 'artículo 47', 'artículo 267', 'artículo 8', 'artículo 98', 'artículo 189', 'artículo 30', 'artículo 98', 'artículo 128', 'artículo 55', 'artículo 467', 'artículo 37', 'artículo 467', 'artículo 98', 'artículo 467', 'artículo 98', 'artículo 128', 'artículo 48', 'artículo 36']

﻿ Sentencia SL1048-2015 de enero 28 de 2015
SENTENCIA SL1048-2015 DE 28 DE ENERO DE 2015
CONTENIDO:DESPIDO DE TRABAJADORES POR LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD PUEDE SER LEGAL, SIN QUE SE AMPARE EN JUSTA CAUSA. LA CORTE SUPREMA INDICÓ QUE ESE TIPO DE MOTIVACIONES NO ESTÁN CONTEMPLADAS DENTRO DE LAS HIPÓTESIS A PARTIR DE LAS CUALES EL ARTÍCULO 48 DEL DECRETO 2127 DE 1945 RECONOCE LA JUSTA CAUSA DE LA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO. ADICIONALMENTE, PRECISÓ QUE PARA ALEGAR EL DESCONOCIMIENTO DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DEL TRABAJO ES NECESARIO INVOCAR COMO VIOLADO EL ARTÍCULO 467 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. ADEMÁS, SUBRAYÓ QUE ES PROCEDENTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES SALARIALES BASE DE LA LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN CONVENCIONAL, CUANDO EL DERECHO SE CAUSÓ EN VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991, PORQUE ASÍ LO RECONOCIÓ LA JURISPRUDENCIA, QUE INCLUSO AMPLIÓ ESA GARANTÍA PARA LOS CASOS EN LOS CUALES EL DERECHO FUE EXIGIBLE ANTES DE QUE DICHA CARTA POLÍTICA ENTRARA EN VIGOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA, DESPIDO COLECTIVO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL TRABAJADOR, INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, TERMINACIÓN DEL CONTRATO, DEMANDA DE NULIDAD DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, CAUSALES DE DESPIDO DEL TRABAJADOR, DESPIDO DEL TRABAJADOR, PENSIÓN CONVENCIONAL, CARTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA, APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA, DESPIDO POR LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA, EFICACIA DEL DESPIDO DEL TRABAJADOR
Sentencia SL1048-2015 de enero 28 de 2015
SL1048-2015
Radicación 64767
Pretende la accionada que la Corte case la sentencia recurrida, para que en sede de instancia revoque la decisión del a quo.
Con tal objeto, formuló tres cargos, que dentro del término legal fueron replicados.
Acusó la sentencia del tribunal de violar por la vía indirecta, en la modalidad de “Error de hecho, por aplicación indebida”, del “artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, los artículos 5º y 6º del Decreto 3135 de 1968, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, y 7º del Decreto 3048 de 1969, el artículo 267 y 416 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 8º del Decreto 1675 de 1997 y artículos 123 y 128 de la Constitución de 1991, Decreto 516 de 1990 y Decreto 2001 de 1993, en relación con el artículo 98 de la Convención Colectiva de trabajo suscrita entre el Idema y Sintraidema”.
Trasgresión legal que dijo, ocurrió por haber incurrido el tribunal en los siguientes errores evidentes de hecho:
A. DAR por probado, sin estarlo, que la desvinculación que efectuó el Idema de la señora Gloria Escarraga Saldaña fue sin justa causa.
B. NO DAR por probado, estándolo, que para la desvinculación que efectuó el Idema de la señora Gloria Escarraga Saldaña medió una justa causa legal, consistente en la supresión y liquidación de la entidad empleadora Idema.
C. NO DAR por probado, estándolo, que la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Idema y Sintraidema solo produjo efectos jurídicos hasta el 30 de abril de 1998, supuesto esté que, implicaba su inaplicabilidad material a las condiciones especiales en que se encontraba la demandante Gloria Escarraga Saldaña.
Expresó que los anteriores yerros fácticos se presentaron, como consecuencia de la errónea apreciación del oficio 146 del 6 de agosto de 1997 “por medio de la cual el Idema le comunica a la señora Gloria Escarraga Saldaña la terminación del contrato laboral”.
En la demostración del cargo, el censor manifestó que el tribunal efectuó una mala apreciación del oficio referido en precedencia, al determinar que con dicho documento se dio un despido sin justa causa, pues lo que determinó la terminación del contrato fue una causa legal; que con fundamento en las facultades otorgadas por la Constitución Nacional, artículo 189-15 y la Ley 344 de 1996, artículo 30, fue expedido el Decreto-Ley 1675 de 1997 por medio del cual se ordenó la supresión y liquidación del Idema, por lo que con base en el Decreto 2438 de 1997 se suprimieron los cargos de planta de personal, situación que generó la terminación del contrato de trabajo del demandante.
Con estribo en lo anterior, dijo que la finalización del vínculo laboral obedeció a una causa legal y no a una “injusta causa, como de forma errada concluye el tribunal” y, que la comunicación de fecha 6 de agosto de 1997, dirigida a la accionante, por la cual se le informa la terminación del contrato de trabajo, se sustentó en la Constitución y en la ley, por lo que el despido no puede ser catalogado como injusto.
Agregó que, teniendo en cuenta que el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo, suscrita entre el Idema y Sintraidema, establece como uno de los requisitos para acceder a la pensión que el despido se diere sin justa causa, el tribunal incurrió en un error, al considerar como tal la decisión de terminación del contrato de trabajo, cuando la misma provino de un mandato legal que dispuso la liquidación de la entidad y, por tanto, la necesidad de desvincular a los trabajadores.
Refirió que si bien las indemnizaciones por despido injusto y la que provienen de la supresión y liquidación de una entidad, se calculan en igual proporción, no se puede confundir la naturaleza de cada una de ellas, pues la primera se causa cuando el empleador de manera caprichosa prescinde de los servicios de un trabajador, mientras que la segunda tiene ocurrencia cuando, por ministerio de la ley, el empleador se ve en la imperiosa necesidad de terminar los contratos de trabajo por sustracción de materia. De ahí que, el hecho de haber cancelado a la actora la indemnización “por mandato legal”, no implica que se esté reconociendo que el despido fue injusto.
Finalmente, señaló que se contraría el artículo 128 de la Constitución Política en el sentido que nadie puede recibir más de una asignación del tesoro público.
Acusó la sentencia impugnada de violar directamente en la modalidad de interpretación errónea “los artículos 90 y 150 numeral 7º de la Constitución Política, artículos 47, 48 y 49 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945 y de la Ley 6ª de 1945, a la cual reglamenta”.
Al sustentar el cargo, el censor refiere que el ad quem entendió que los artículos 47, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, contienen de manera taxativa las justas causas para terminar los contratos de los trabajadores oficiales, por lo cual, ningún otro motivo que no se extraiga de su literalidad, puede ser tenido como tal; que la interpretación que hace el tribunal de dicho texto reglamentario sigue los lineamientos jurisprudenciales de esta Sala, que distingue entre “causa o modo legal de terminar un contrato y la causa o modo justo de hacerlo”; que por el primero se entiende “aquella causa legítima en derecho el cierre de las empresas estatales y por ende la desvinculación de sus servidores, legitimación que se adquiere por el hecho de haberse cumplido todos los requisitos establecidos por la ley para la clausura”, y que el segundo se refiere a “aquel que coincide con los supuestos de hecho establecidos, de manera expresa en alguno de los literales de los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945”.
De esta forma, la calificación de justa o injusta de una causa de terminación de un contrato de un trabajador oficial debe obtenerse no solo del examen de las normas del derecho positivo de la especifica ley que consagra las denominadas justas causas, como es el caso de los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, sino del examen de otras fuentes.
(iii) El cierre de empresas públicas realizado conforme a los procedimientos legales es un motivo justo de terminación de los vínculos de los servidores con la entidad suprimida, por ser un motivo constitucional y legal, es decir que emerge de la Constitución y la ley.
Acusa la sentencia de violar por la vía directa en la modalidad de infracción directa el “artículo 55 de la Constitución Nacional, artículo 467, 468, 469, 470, 477 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 37 del Decreto-Ley 2351 de 1965”.
En el desarrollo de la acusación, el censor arguye, que aun cuando la convención colectiva de trabajo es creadora de derechos objetivos, no puede ser considerada como producto de la función legislativa del Estado; que no existe norma alguna que ordene la indexación de la primera mesada pensional cuando el valor de la prestación es producto de una convención colectiva de trabajo, “aunado al hecho de que, en el acuerdo de partes no se estableció la condición especial de indexar la primera mesada para efectos del reconocimiento de la pensión por despido injusto”.
De otra parte, el recurrente manifiesta que de haber analizado en debida forma la convención colectiva, el juzgador de segunda instancia, habría llegado a la conclusión de “revocar el fallo del juzgado (…) en el sentido de absolver al demandado ministerio de agricultura y desarrollo rural, (…), pues si no existió una condición de ésta naturaleza pactada, llámese indexación primera mesada pensional, no puede el sentenciador arrogarse condiciones de legislador, para condenar sobre situaciones que no se encuentran en la ley o que no se hayan pactado entre las partes”.
El replicante se opone a la prosperidad de los cargos, para lo cual manifiesta que en el alcance de la impugnación no le indicó a la Corte cual debía ser su actuación una vez casada la sentencia del tribunal y revocada la del a quo.
Refirió que en la formulación de los cargos primero y segundo no hay una proposición jurídica completa, por cuanto al enlistar las normas acusadas, en el primer cargo acusa la infracción del Decreto 516 de 1990 y el Decreto 2001 de 1993 y en la formulación del segundo cargo denunció la infracción de la Ley 6ª de 1945, sin mencionar ninguna norma en concreto, así como tampoco invocó como violado el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo.
Por tal razón, solicitó se declare la inviabilidad del estudio del recurso y se proceda a rechazar los cargos por defectos de técnica.
Tal y como lo pone de presente el opositor, esta Sala advierte que en el escrito con el que se sustenta el recurso casación, el censor incurre en las siguientes impropiedades:
1.1. El alcance de la impugnación, que constituye el petitum de la demanda de casación, fue propuesto de manera incompleta, toda vez que en él no se le indica a la Corte, una vez casada la sentencia del tribunal y revocada la del juzgado, cuál deberá ser su actuación siguiente, en sede de instancia.
Sin embargo, esa defectuosa presentación del alcance de la impugnación es susceptible de superarse, en la medida en que la Corte entiende que lo que persigue la censura es que una vez quebrada la sentencia del ad quem y revocada la del a quo, se le absuelva de las pretensiones impetradas por la demandante.
1.2. Como quiera que resulta evidente que lo pretendido por la actora fue la pensión especial de jubilación estatuida en el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Idema y Sintraidema, y que dicha estipulación fue, en estricto rigor, la que constituyó el fundamento de la decisión impugnada, el censor en los dos primeros cargos debió señalar como violado el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, que da el alcance de fuente de derechos materiales a este tipo de convenios. Sin embargo, dicha disposición brilla por su ausencia en la proposición jurídica.
1.3. En el primer cargo se relaciona la violación de la convención colectiva del trabajo, artículo 98, cuando en casación es sabido que corresponde a un medio probatorio y no a una norma sustancial del orden nacional, pues su ámbito de aplicación se circunscribe a quienes en aquel estatuto intervienen.
1.4. También, en la acusación primera se incurre en una deficiencia técnica, pues no obstante estar enderezada por la vía indirecta, la censura incurre en la impropiedad de referirse a temas netamente jurídicos, como, cuando alega que el fallo estaría contrariando el artículo 128 de la Constitución Política, en el sentido que nadie puede recibir más de una asignación del tesoro público.
2. Con todo y eso, es de señalar que esta Sala de Casación Laboral en reiterada jurisprudencia, ha explicado que, pese a ser legal el despido de trabajadores oficiales por la clausura o liquidación de una entidad estatal, esa calificación no implica que la desvinculación del trabajador esté amparada en una justa causa, pues tal motivo no está contemplado dentro de las causales establecidas por el Decreto 2127 de 1945, artículo 48, como “justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo”; sin que exista razón que amerite variar este criterio.
Al respecto, la Sala en sentencia CSJ SL, 2 sep. 2004, rad. 22139, reiterada en CSJ SL10992-2014 y CSJ SL5052-2014, entre muchas otras, ha señalado:
Frente a lo anterior, se tiene que no obstante que el ad quem admitió que el contrato de trabajo que unió a las partes finalizó ‘por una causa legal’ y que ‘no es justa causa’, concluyó que, dadas las condiciones sui generis creadas por la señalada disposición transitoria de la Constitución y las normas que la desarrollan, no debían aplicarse en este caso los preceptos legales y convencionales reguladores de la desvinculación sin justa causa.
3. En punto a la procedencia de la actualización de los salarios base de liquidación de la pensión convencional, esta Sala, en sentencia CSJ SL, 31 jun. 2007, rad. 29022, ratificada posteriormente en muchas otras, como por ejemplo en la CSJ SL, 1º jul. 2010, rad. 40074 y CSJ SL, 18 nov. 2009 rad. 34937, estimó que a la luz de la Constitución y la ley resulta viable dicha actualización, cuando el derecho pensional se causa en vigencia de la Carta Superior de 1991; en ella se dijo:
Valga recordar, que ya en vigencia de la Constitución Política de 1991, esta Corte venía disponiendo la indexación de la base salarial de la pensión extralegal, y la restringida de jubilación.
Posteriormente, se admitió la reevaluación en comento, por mayoría de los integrantes de la Sala, sólo para los eventos en que se reclamen pensiones con fundamento en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, últimamente las pensiones legales causadas a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991, sentencia 28452 de 26 de junio de 2007. Ahora, frente a los antecedentes citados, llevan a la corporación a reexaminar el tema propuesto, variando su tesis.
Pues bien, el fundamento constitucional referido es el que a su vez otorga pleno soporte a la actualización de la base salarial de las pensiones, sin diferenciarlas por su origen, pues la misma tesis, según la cual la omisión de legislador no puede afectar a una categoría de pensiones y que por consiguiente corresponde aplicarles la legislación vigente para los otros, con el mecanismo de la indexación, para efectos de liquidar una mesada pensional actualizada, es de recibo tratándose de pensiones extralegales o convencionales, pues éstas no corresponden en rigor a una prestación nueva, porque aún, con anterioridad a la nueva Constitución Política y a la expedición de la Ley 100 de 1993, existían regímenes legales que protegían a los trabajadores del sector privado y oficial, de ciertas contingencias surgidas con ocasión de la ejecución del contrato de trabajo, también de la propia naturaleza humana del trabajador o bien de eventos fortuitos de diferente orden, que afectaran su vida laboral o incluso que pusieran fin a su existencia, con perjuicio de su núcleo familiar.
Lo anterior porque, en verdad, no hay razón justificativa alguna, para diferenciar el fenómeno económico de la inflación, a un trabajador pensionado de acuerdo con la ley con uno conforme a una convención, por que valga agregar que si la corrección monetaria no conduce a hacer más onerosa una obligación, pensional sino a mantener el valor económico de la moneda frente a su progresivo envilecimiento, su aplicación respecto de pensiones extralegales, sean ellas convencionales o voluntarios, no altera de ninguna forma el acto inicial de reconocimiento porque simplemente lo que se presenta es una actualización del monto para mantener su valor constante.
Como corolario de lo ya precisado, resulta procedente la actualización del ingreso base de liquidación de la pensión convencional aquí demandada, dado que se causó en vigencia de la actual Constitución Política. Una vez hecho los estudios de constitucionalidad efectuados en la Sentencia D-6247 del 19 de octubre de 2006 y D-6246 del 1º de noviembre del mismo año.
Por consiguiente, procede la actualización reclamada del ingreso base que sirve para liquidar la pensión deprecada por la demandante en los términos en que fue condenada la accionada y, en este orden, no erró el tribunal, pues además de la orientación jurisprudencial que ha prevalecido y a la que se hizo referencia en precedencia, es de señalar que en reciente Sentencia CSJ SL 736-2013, esta corporación no sólo la mantuvo incólume, sino que amplió su alcance en el sentido que “la indexación procede respecto de todo tipo de pensiones, causadas aún con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991”.
De conformidad con lo precedente, los cargos no salen avantes.
Las costas del recurso extraordinario, por virtud de que la acusación no salió avante y hubo réplica, serán a cargo de la parte demandada recurrente, las cuales se fijan en la suma de seis millones trescientos mil pesos ($ 6.300.000) m/cte., que se incluirá en la liquidación que para tal efecto practique la secretaría.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 31 de mayo de 2013, en el proceso ordinario adelantado por Gloria Escarraga Saldaña contra la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.