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Timestamp: 2017-09-26 08:43:09
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Métodos de Solución de Controversias del Tratado de Libre Comercio de Chile con la Unión Europea.
Carla E. Prado Martell
Tesis para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas.
Dedicatoria A mi familia que gracias a ella soy lo que soy.
Agradecimientos A todas aquellas personas que creyeron en mí.
El 17 de Mayo de 2002, luego de un largo proceso de negociación que duro más de dos años, Chile y la Unión Europea firmaron el texto definitivo del acuerdo comercial entre ambas partes. Este hecho es un hito en materia de relaciones comerciales internacionales, toda vez que desde el punto de vista económico le da la posibilidad a productores de nuestro país de entrar en un mercado varias veces mayor que el mercado nacional, con un poder adquisitivo muy superior al nuestro. Este tratado forma parte de una nueva generación de normas de regulación internacional bilateral, y en ese contexto inserta a Chile en una realidad social, económica y sobre todo jurídica muy diferente de lo que había sido hasta ese momento. No solo consecuencias económicas o geopolíticas han provenido de este acuerdo, sino también consecuencias jurídicas y quizás uno de los elementos de este tipo que mas ha llamado la atención es el sistema de solución de controversias establecido tanto para los estados parte en cuanto a la aplicación de las normas derivadas de este tratado, como a los particulares que vean comprometidos sus intereses en controversias jurídicas derivadas de las relaciones comerciales internacionales entre la unión y la república de Chile. Dice un antiguo aforismo jurídico que justicia que tarde no es justicia, este es plenamente aplicable al tema propuesto con mayor razón si la materia sometida a conocimiento del órgano decisorio esta vinculada con el comercio, ya que este requiere del rápido tráfico jurídico y en consecuencia el dinamismo de las relaciones comerciales como de la solución de conflictos es esencial para cumplir con los fines del tratado.
Es por ello que destacan como características fundamentales de la resolución de controversias emanadas de situaciones provenientes del tratado de libre comercio entre Chile y la Unión Europea, la rapidez y eficacia. En definitiva este moderno cuerpo jurídico que rige las relaciones comerciales entre Chile y Europa, además establece también moderno sistema de solución de controversias rápido y eficaz que merece un análisis jurídico profundo, y que resulta fundamental comprender para el ejercicio de la profesión en los años venideros.
Capitulo I: Diseño Teórico
Entre las diferentes ramas del derecho existe una que me apasiona profundamente que es el llamado Derecho Internacional Público, que sin embargo y a pesar que esta rama del derecho es nueva y está en permanente renovación de sus estructuras, ha logrado imponerse lentamente debido precisamente a su elasticidad y capacidad para cambiar al ritmo que le han impuesto los acontecimientos históricos. Y es justamente esa renovación que crea innumerables e inevitables consecuencias de la coexistencia en el mundo de una pluralidad de Estados que entran necesariamente en relaciones recíprocas es la que me lleva al estudio de esta cátedra y por ende a entrar a un estudio concienzudo de todos aquellos problemas futuros que de alguna manera racional deben tener una solución pacífica entre los Estados y así ser colaboradores mutuos en las decisiones emprendedoras de éstos mismos para un fin productivo que lleve a la paz de los países. Y es así como el tema central de mi proyecto de tesis se avoca a los métodos de solución de controversias establecidos en el tratado de libre comercio de la Unión Europea suscrito con Chile, en el cual incluye novedosos métodos de solución y que llevan a una eficacia palpable a la vista no dejando de lado por supuesto a los órganos que intervienen en estas soluciones que son un elemento central para la solución pacífica de las controversias establecidas en el tratado suscrito y ratificado por nuestro país.
¿Cuáles son los sistemas de solución de controversias establecidos en el tratado de libre comercio entre Chile y la Unión Europea?
La importancia de este tema radica en su función doctrinaria, ya que gracias a ésta todos los autores investigan, aportan y profundizan en este tema que no sólo involucra a los países miembros de la Unión Europea, sino que aportan gran cantidad de información a todos los habitantes de nuestra república que somos beneficiados en todos los aspectos por este tratado. Otra función importante que cumple este tema, es la práctica, ya que ella aportará conocimientos generales y específicos a los propios estudiantes de Derecho y más al ejercicio profesional del abogado, que debe interiorizarse en este tema, siendo un plus diferenciador el saber como se solucionarán futuras controversias que pudiesen suscitar entre algunos de los países miembros de la Unión Europea con nuestro país y así poder ser un colaborador directo a las relaciones internacionales de Chile.
1.- ¿Cómo se define una controversia? 2- ¿De dónde surge la obligación de los estados de solucionar sus controversias? 3- ¿Cuáles son los mecanismos de solución de controversias que establece el tratado de la U.E con Chile? 4- ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la resolución emanada del sistema de solución de controversias establecido por este tratado?
Determinar la eficacia de los métodos de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio entre Chile y la Unión Europea.
1.- Ahondar en la investigación propia de los métodos de solución de controversias del tratado de libre comercio entre Chile y la Unión Europea. 2.- Desarrollar análisis prácticos de los métodos de solución de controversias establecidos en el tratado. 3.- Realizar comparaciones entre los métodos de solución de controversias de carácter general establecidos por el derecho internacional con los métodos establecidos en el tratado. 4.- Llegar a conclusiones que vayan más allá de lo teórico y que en su minuto puedan servir como soluciones concretas.
Tras la dolorosa experiencia de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional entendió que la guerra sólo podía significar un flagelo para la humanidad, por lo que se preocupó particularmente en garantizar el mantenimiento de la paz. En ese sentido, la Carta de las Naciones Unidas recogió dicho objetivo fundamental estableciendo en su artículo 1, numeral 1 como propósito de las Naciones Unidas; ...Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: … lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Asimismo, la Carta estableció que la actuación de las Naciones Unidas y de sus Estados Miembros, se regiría sobre la base de los principios de arreglo pacífico de controversias y prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. Los mismos principios fueron igualmente consagrados en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces es deber de los Estados y en general de los sujetos del Derecho de Gentes evitar que por controversias entre ellos pueda originarse una guerra. Todo sistema mundial actual de la sociedad internacional persigue e mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional.
A través de la historia, los pueblos han ideado diversos sistemas para evitar que una controversia entre ellos pueda originar un estallido bélico. Estos sistemas tienen diversos caracteres, según sea el “modus operandi” y según sea el origen de la controversia. Se tendrá así un medio de solución pacífica de controversias de carácter diplomático-político, según que el origen de ella sea netamente político o susceptible de solución por esta vía; o jurídico 1, si la controversia emana de una interpretación de un texto legal (tratado, convención, estatuto, etc) o es hecho por un tribunal de derecho (arbitral o tribunal de justicia), y finalmente de carácter coercitivo, pero que no implica una guerra propiamente tal, cuando se ejecutan determinados actos para obligar a un Estado a cumplir con sus deberes internacionales. Los métodos de solución de carácter diplomático-político son, por regla general, “no obligatorios” de cumplimiento por las partes en la controversia. En cambio, los métodos de solución jurídica, son siempre obligatorios, pudiendo por lo general la parte beneficiada con el fallo, solicitar el auxilio de la fuerza internacional del organismo mundial o regional para hacerlo cumplir. Por lo general, toda controversia internacional trata de ser solucionada primeramente por vía diplomática, ya sea por medios directos entre las partes interesadas o por medio de conferencias o congresos internacionales de los países más interesados en la solución de la controversia. En esta forma actúan, por ejemplo, los organismos regionales para obtener la pronta solución de cualquier diferendo que pueda nacer entre algunos de sus miembros. Organizaciones de carácter mundial o como lo fue la Sociedad de las Naciones y lo es, hoy día, la Organización de las Naciones Unidas, tratan de imponer sus buenos oficios para la solución de cualquier controversia entre sus miembros o entre éstos y aquellos que no lo son. La carta de las Naciones Unidas contiene disposiciones expresas que señalan la forma en que deben actuar sus órganos para evitar que se produzcan hechos que puedan poner en peligro la paz o seguridad internacional.
Hugo Llanos, Teoría y Práctica, Derecho Internacional Público, 1980.
Los métodos de solución pacífica de las controversias tienden especialmente a solucionar el problema o disputa antes de que éste traiga u ocasione mayores consecuencias para los países afectados. Cuando la controversia tiene facetas jurídicas o una mezcla de éstas con elementos políticos, se puede intentar también una solución de carácter jurídico, esto es, llevando el asunto a un tribunal que dictamine conforme a lo acordado previamente por las partes. En esta forma se realiza el Arbitraje Internacional o la actuación de un Tribunal Internacional de Justicia. A través de la historia han sido innumerables los tribunales arbítrales que se han constituido para la solución de controversias. Estos tribunales pueden estar constituidos por uno o más árbitros elegidos previamente por las partes. También puede actuar un Tribunal Internacional existente previamente, como lo fue la Corte Permanente de Justicia Internacional de La Haya. En ambos casos, arbitraje y tribunal judicial son obligatorios para los contratantes. Siguiendo con lo anterior por controversia se entiende como aquel desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, un conflicto, una oposición de tesis jurídicas o intereses entre dos partes. Para probar la existencia de una controversia no sólo hay que demostrar que hay una divergencia de puntos de vista entre dos Estados respecto de un punto de hecho o de derecho, es también necesario probar que la pretensión de una de las partes enfrenta una oposición manifiesta de la otra parte, es decir, que la controversia se ha cristalizado.
Métodos de solución de controversias diplomático-político.
Se le conoce también con el nombre de negociación y consiste, como su nombre lo indica, en la realización de gestiones directas por las partes interesadas o afectadas. Lo lógico es que cuando surge una controversia, sean
primeramente los afectados quienes tratan de buscarle una solución. Sólo cuando ello no es posible, o una parte no lo desea, se da paso a los otros medios de solución. Por esta vía se soluciona una gran cantidad de pequeños conflictos surgidos entre Estados. Muchas veces también la buena voluntad de las partes y su buena fe han contribuido enormemente a la solución directa del conflicto, sin tener que recurrirse a otros órganos internacionales o con la ayuda de los otros Estados.
Un Estado presta sus buenos oficios cuando se limita a aproximar a las partes, a impulsarlas a negociar, a proporcionarle un terreno neutral de negociación, por estimar que la desconfianza o el resentimiento reinante entre ellas impide el diálogo espontáneo. Los buenos oficios pueden ser solicitados por la partes contendientes u ofrecidos por un tercer Estado. El ofrecimiento de buenos oficios no debe ser considerado como un acto inamistoso, pero puede ser declinado. También puede prestar sus buenos oficios una organización internacional o una personalidad destacada. Según el profesor Hugo Llanos señala que por buenos oficios se entiende que es el procedimiento de carácter espontáneo, amistoso, en el que busca por un tercero, sea un Estado, sea una personalidad relevante, una atmósfera propicia para que las partes negocien las diferencias que las dividen.
En este tipo de solución de controversias es un tercero; el mediador, que participa en las negociaciones y formula a las partes en controversia sugerencias y propuestas tendientes a solucionar el diferendo.
La mediación puede ser solicitada por las partes en una controversia u ofrecida por un tercer Estado. En este último caso las partes no tienen la obligación de aceptarla, pero el ofrecimiento, no constituye un acto inamistoso. El mediador no es un juez que dicta fallos sino un amigo común que busca la avenencia. Su papel es recomendar, sugerir, hacer atisbar una solución justa y honrosa, para que las partes eventualmente la adopten. La influencia del mediador emana de la prestancia que le otorga su propia función de intermediario amigo. En virtud de los acuerdos de Montevideo de 8 de enero de 1979, los gobiernos de Chile y Argentina solicitaron la mediación de la Santa Sede con el fin de guiarlos en las negociaciones y asistirlos en la búsqueda de una solución del diferendo sobre la zona austral. Ambos gobiernos convinieron en no poner objeción a que la Santa Sede manifestara ideas con el animo de contribuir a lograr un arreglo pacífico, y declararon su buena disposición para considerar las ideas que la Santa Sede pudiera expresar. El papa Juan Pablo II designó como su representante para la mediación pontificia al cardenal Antonio Samoré. Como resultado de las prolongadas negociaciones realizadas con la ayuda de la Santa Sede, los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y Argentina firmaron el 29 de noviembre de 1984 un tratado de Paz y Amistad que solucionó el diferendo sobre la Zona Austral.
Las partes en una controversia pueden designar una comisión internacional de investigación a fin de que esclarezca los puntos de hecho sobre los cuales existe una divergencia de apreciación. La investigación de los hechos prepara el camino para una solución negociada. Las partes no están obligadas a aceptar las conclusiones de la comisión de investigación, a menos que hayan convenido lo contrario. Las conferencias de Paz de La Haya de 1899 y 1907 contemplaron el recurso a comisiones internacionales de investigación.
El procedimiento de investigación fue establecido en los Tratados Bryan, celebrados por Estados Unidos con diversos países desde 1913. En el tratado suscrito con Chile en 1914 las partes convienen que todas cuestiones que en el futuro se susciten entre ellas, y que no hubieren podido arreglarse por la vía diplomática, sean sometidas, para su investigación e informe, a una comisión internacional compuesta por cinco miembros: dos designados por cada Gobierno (uno solo de su nacionalidad) y un quinto elegido de común acuerdo. Cualquiera de las partes puede convocar a la comisión. Ésta debe presentar su informe, pero dentro del plazo de un año, a los dos Gobiernos, a fin de que éstos procuren nuevamente el arreglo de la dificultad a la luz del informe mencionado. Las partes se obligan a no declararse la guerra ni a iniciar hostilidades antes de la presentación del informe. El incidente de Dogger- Bank El incidente de Dogger Bank, conocido también como el Incidente de Hull fue un impasse diplomático generado por la apresurada partida de la Flota del Báltico de Nicolas II de Rusia durante la guerra ruso-japonesa en 1905. La flota rusa había recibido la orden de navegar más de 23 000 millas náuticas desde los puertos del Báltico hasta los mares de Japón para auxiliar a la Primera Flota del Pacífico, la cual estaba sitiada por los japoneses en la rada de Port Arthur. A la altura del puerto británico de Hull, el almirante ruso Fedor Rodestvenski recibió un despacho del almirantazgo que cuatro torpederos, construidos para los japoneneses en Inglaterra, habían sido ya entregados a sus tripulaciones y se dirigían hacia ellos. En medio de la densa niebla de la mañana, los rusos confundieron a una flota de pesqueros ingleses con los torpederos japoneses y comenzaron a disparar, hundiendo a uno de ellos. El incidente incendió los ánimos contra los rusos: la escuadra de Rodestvenski fue apodada "la flota del perro rabioso", los puertos neutrales programados para el reabastecimiento durante el viaje negaron la ayuda -posiblemente bajo presiones de Gran Bretaña- sólo la intensa negociación diplomática impidió que la Armada Real zarpara en busca de la flota rusa. El incidente de Dogger Bank fue uno de los muchos factores de desgaste que, a la larga, contribuyeron a la derrota de Rusia.
El caso del Red Crusader En 1971 el barco pesquero inglés Red Crusader fue detenido por un buque de guerra danés, cuyo comandante estimó que el pesquero se encontraba dentro de la zona exclusiva de pesca de las islas Feroe, pertenecientes a Dinamarca. Para facilitar la solución de la controversia que surgió, y que presentaba complejos problemas de hecho y de derecho, Gran Bretaña y Dinamarca designaron una comisión de investigación de tres personas, bajo la presidencia del profesor Charles de Visscher, y se obligaron a aceptar como definitivas sus conclusiones. La Comisión presentó el informe y, sobre la base del mismo, las partes llegaron a un arreglo directo.
Es un modo de solución de controversias internacionales en virtud del cual una comisión internacional procede al examen imparcial de una controversia y se esfuerza por definir términos de arreglo susceptibles de ser aceptados por los Estados en conflicto. Los términos de arreglo propuestos por la comisión no son obligatorios para las partes; éstas pueden o no aceptarlos. La comisión de conciliación está formada por miembros designados por cada parte y por uno o más miembros extranjeros designados de común acuerdo por ambas partes. Puede ser establecida a título permanente o puede ser constituida ad hoc para entender de un litigio determinado. La comisión fija su propio procedimiento y está autorizada para interrogar testigos, realizar visitas oculares y disponer peritajes. Las partes están representadas ante ella por agentes. Sus decisiones se adoptan por mayoría de votos.
La comisión no es un tribunal y su procedimiento es más flexible que el judicial. Existen numerosos tratados bilaterales de conciliación. El tratado de Paz entre Chile y Argentina estableció una Comisión Permanente de Conciliación compuesta por tres miembros: uno designado por cada parte y un tercero (presidente) elegido por las partes de común acuerdo. También hay tratados multilaterales de arreglo pacífico que contemplan la conciliación, tales como el Acta General de Ginebra de 1924(revisada en 1949) y el Pacto de de Bogotá sobre Soluciones Pacíficas (1948). En algunas convenciones modernas, como las Convención sobre el Derecho de los Tratados (1969) y la Convención sobre Derechos del Mar (1982), se estipula el procedimiento de conciliación para la interpretación o aplicación de sus disposiciones. No existe un tipo único de conciliación. Existen tratados y acuerdos sobre conciliación, los cuales contienen tanto rasgos similares como modalidades específicas El procedimiento de conciliación ha tenido diversas aplicaciones. Una Comisión de Conciliación, presidida por el jurista norteamericano Elliot Mayen. En su informe, la Comisión recomendó principios para L. el Richardson, conoció de una controversia entre Islandia y isla noruega de Jan aprovechamiento conjunto de los hidrocarburos de la plataforma. Las recomendaciones de la Comisión fueron aceptadas por ambas partes.
Métodos de solución de controversias jurídicos
Estos métodos nacen de la propia controversia jurídica que es aquella en que las partes están en desacuerdo sobre la existencia, interpretación o aplicación de reglas de derecho internacional. En ellas ambas partes se sitúan en terreno de derecho internacional, pero lo interpretan o aplican de manera distinta. Por ejemplo, dos Estados discuten sobre la interpretación de un
tratado de límites que establece una frontera entre ambos. Y en especial son el arbitraje y el arreglo judicial. La diferencia entre ambos radica en que el arbitraje las partes designan un tribunal de su propia elección y acuerdan los principios de derecho aplicables al caso sometido a solución. En el procedimiento judicial, en cambio, las partes no tienen dicha elección; se debe concurrir necesariamente a un tribunal permanente que resolverá el conflicto mediante la aplicación mediante la aplicación de normas generales de derecho. Entonces volviendo al método anterior, esto es, al político-diplomático, la diferencia entre el arbitraje y la conciliación, en cambio, estriba en que el primero resuelve con carácter judicial, mediante un fallo obligatorio, en tanto que la conciliación constituye solamente una sugerencia o recomendación que puede o no ser aceptada por las partes. El Arbitraje Dentro de los métodos jurídicos de solución pacífica de las controversias internacionales el Arbitraje es el más fácil y económico. Se define el Arbitraje como un proceso jurídico ante un arbitro o conjunto de árbitros, él o los cuales deciden un asunto que le ha sido sometido con arreglo a derecho o conforme se lo hayan señalado las partes, siendo su fallo obligatorio. Sin embargo, ante la justicia internacional, en la mayor parte de los casos no se proporcionan o no existen el llamado “imperio”, esto es, la facultad de poder hacer ejecutar lo fallado por la fuerza. Para la mayor parte de los tratadistas, la mayor definición de arbitraje la dio el Art. 37 del Primer Convenio de la Haya de 1907, que se refería a los métodos de solución pacífica de los conflictos internacionales. Decía dicho convenio: “El arbitraje internacional tiene por objeto resolver los litigios entre los Estados, mediante jueces elegidos por ellos y sobre la base del respeto del derecho”. La gran diferencia que existe entre la solución judicial internacional, ya sea a través del arbitraje o de una justicia estable y organizada (tribunal internacional), está en que es condición esencial de la primera que sea
convencional, esto es, surgida de un acuerdo de las partes. En cambio, la justicia interna emana de la ley. Ahora bien, mientras el Arbitraje se puede pactar, una vez surgida la controversia, o mediante acuerdo anterior de las posibles partes (tratado), el arreglo judicial implica la existencia de un tribunal instituido con anterioridad a los conflictos. El profesor Modesta Costa opina que: “El arbitraje es ocasional cuando las partes convienen en someterse a ese procedimiento determinada divergencia y planteada; y es en general cuando dos o más Estados se comprometen a resolver por medio del arbitraje todas divergencias, o cierta o cierta clase de divergencias, que se susciten entre ellos en lo futuro y no puedan ser resueltas por vía diplomática. A estos distintos aspectos del arbitraje se la han dado también, respectivamente, los nombres de facultativo y obligatorio, pero estos calificativos deben desecharse porque pueden inducir a error. Considerando desde otro punto de vista, el arbitraje, general es limitado cuando se excluyen de él las divergencias de determinada especie; y es limitado cuando no se hace ninguna exclusión, pero esta fórmula no pasa de una posibilidad doctrinaria, pues no se encuentran en tratados de este tipo”.2 Antecedentes Históricos del arbitraje Los tratadistas de Derecho Internacional citan como primitivos los casos de arbitraje o como los más conocidos por la Historia de la Antigüedad, el arbitraje entre las ciudades de la Mesopotamia en Asia Menor, hacia el año 3000 a.C.; y el famoso tratado entre Ramsés II de Egipto y el Rey Keta, en el año 1292 a.C. En Grecia, es quizás donde se manifestaron con mayor frecuencia los casos de arbitraje a raíz de divergencias surgidas entre las ciudades griegas independientes. En el espacio de 500 años se conocen alrededor de 100 arbitrajes.
Podesta Costa, Manual de Derecho Internacional Público, pág. 249, 1943.
Los Consejos de las Anfictionías griegas con el objeto de evitar la guerra, también utilizaron este método. Es en la Edad Media donde el arbitraje comienza a tomar un verdadero auge, especialmente en el siglo XIII, declinando, poco a poco, con posterioridad, hasta casi desaparecer en los siglos XVII y XVIII. En tiempos del Sacro Imperio Germánico se nombró en varias oportunidades al Papa o al Emperador, en calidad de árbitro, para dirimir disputas entre príncipes o señores feudales. Con el nacimiento de los Estados Generales y el Cisma de la reforma de la Iglesia, el arbitraje pierde sus antiguas características, pues ya el arbitro no será la autoridad imparcial en dirimir la disputa, sino el propio príncipe o soberano absoluto. En la primera mitad del siglo XIX no son muchos los casos de arbitraje en la vía internacional; sin embargo, en la segunda, tenemos más de 150. En el siglo XX, un novedoso sistema de arbitraje entra en aplicación. Es el llamado arbitraje por Comisiones Mixtas no siempre adoptaron el estricto sistema arbitral, pues en varias oportunidades, sólo constituirían meras comisiones conciliatorias. Sin embargo, a raíz de los litigios fronterizos entre Canadá y Estados Unidos, a final del siglo XVIII, Gran Bretaña celebró con este último el Tratado Gai, de 19 de Noviembre de 1794, el cual creó tres misiones mixtas y en las cuales se empleó el sistema de tres árbitros. En América, desde los tiempos del Congreso de Panamá de 1826, los países americanos se han comprometido a solucionar muchas de sus divergencias por el procedimiento arbitral. En el mismo Congreso de Panamá, en los Tratados de Unión, Liga y Confederación, se adoptó el arbitraje. Igual cosa ocurrió en los Congresos de Lima de 1848, de Santiago de 1856, en Lima de 1864, etc. En las Conferencias Interamericanas la mayor parte de los países del Nuevo Mundo propició el establecimiento del arbitraje obligatorio como un medio de solución de controversias. Chile, en cambio, propiciaba el arbitraje facultativo. En la primera Conferencia de la Haya se creó la llamada Corte Permanente de Arbitraje, que en realidad no es ni Corte ni permanente, pues sólo consta de un lista de miembros designados por los países signatarios de la
Convención que la creó, de la cual pueden obtenerse los nombres o el nombre de los árbitros o el árbitro que deberá fallar el asunto que le sometan las partes. Lo único permanente de esta llamada Corte, es una oficina internacional o Secretaría General que funciona en la Haya, en el palacio de la Paz. No son muchos los casos que han sido resueltos por la Corte Permanente de Arbitraje. Como ejemplos de arbitraje en América tenemos el pronunciado por el Rey Eduardo VII de Inglaterra, que interpretó el Tratado de Límites entre Chile y Argentina en 1881. Este fallo fue pronunciado en 1902. Dentro de la evolución del arbitraje debemos constatar que el sistema actual basado en la objetividad, en la imparcialidad del árbitro en la obligatoriedad de sus fallos, en la carencia coercitiva de éste y en la motivación fundada de sus sentencias, se consagra internacionalmente con el tratado de Washington de 1871 entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. Fundado en este, un tribunal arbitral compuesto de cinco miembros, debió fallar el célebre caso del Alabama, barco británico que llevaba material de guerra para los sublevados del Sur, en la Guerra de Secesión. A fines del siglo pasado y especialmente a comienzos de éste, se empieza a utilizar la forma de pactar generalmente el arbitraje para solucionar las diferencias que puedan suscitarse en el orden jurídico entre las partes signatarias de un tratado.(Chile- Argentina 1902). En 1903 se pacta por primera por dos grandes potencias, Francia y Gran Bretaña, un tratado general de arbitraje. Después de la Primera Guerra Mundial, al firmarse el Tratado de Versalles, se estableció en el Art. 12 del Pacto de la Sociedad de las Naciones que: “los Estados sin litigio deben recurrir al procedimiento del arbitraje o al examen, por el Consejo de la Sociedad de las Naciones, de los asuntos que originan la divergencia”, “cuando se trata del caso de un diferencia susceptible de provocar una ruptura, se deja a la voluntad de las partes el escoger el procedimiento del arbitraje o el examen por el Consejo”. El deseo del pacto era que se solucionaran por el arbitraje todos los asuntos jurídicos, dejando sólo los de carácter político para la solución del Consejo. La Sociedad de las Naciones adoptó en 1928 una Acta General de Arbitraje en que se contemplaba un Tribunal especial de 5 miembros para los conflictos de
orden político. Los de carácter jurídico se dejaban para la Corte permanente de Justicia Internacional de La Haya. La Carta de las Naciones Unidas se refiere al arbitraje como medio de solución pacífica de las controversias internacionales en el Art. 33, párrafo 1°, que dice: “ Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, tratarán de buscarle solución ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”. En 1949, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución revisando el Acta General de Arbitraje de 1928 que había sido aprobada por la Sociedad de las Naciones adaptándola a la nueva organización. Esta nueva Acta General de Arbitraje entró en vigor en septiembre de 1950. En la Novena Conferencia Interamericana, al aprobarse la Carta de la OEA y el Pacto de Soluciones Pacíficas, también se estableció este método como un medio jurídico para dirimir pacíficamente las controversias entre las repúblicas americanas.
Cómo se someten los litigios a arbitraje Es una regla establecida por el Derecho Internacional que ningún Estado está obligado a someter sus controversias con otro Estado al arbitraje o a otro medio de su solución pacífica sin su consentimiento. La jurisdicción de un tribunal arbitral depende, pues, de la voluntad de las partes. Y es así como las controversias se someten al arbitraje por alguno de los siguientes medios: el compromiso la cláusula compromisoria y, un tratado general de arbitraje o de solución pacífica de controversias.
1°. El Compromiso Al referirnos a esta figura jurídica se analizará lo que señala primeramente el profesor Llanos y después lo que señala el profesor Benadava. El profesor Llanos señala lo siguiente sobre el tema: Es cuando dos o más Estados someten un conflicto ya acaecido al procedimiento arbitral mediante un acuerdo especial llamado Compromiso. Este es un tratado internacional y se aplica los principios de interpretación. En el compromiso, las partes determinan la materia específica, el objeto de la controversia, señalan al árbitro, el procedimiento a seguirse, el derecho aplicable, el plazo dentro del cual ha de pronunciarse el laudo, etc. Establece el artículo XLIII del Pacto de Bogotá de 1948, que “si nos e llegare a un acuerdo sobre el compromiso dentro de los meses contados desde la fecha de la instalación del Tribunal, el compromiso será formulado con carácter obligatorio para las partes por la Corte Internacional de Justicia, mediante el procedimiento sumario”.3 Por su parte, el profesor Benadava dice que: El compromiso es un acuerdo especial entre los Estados, por medio del cual someten una controversia existente entre ellos a la decisión de un tribunal arbitral. En el compromiso las partes determinan el objeto de la controversia, designan los miembros del tribunal, convienen las reglas de procedimiento y el derecho aplicable, etc. Es el compromiso el que confiere competencia al tribunal y determina los límites de ella. En el ejercicio de la tarea que le está confiada al tribunal debe ceñirse a los términos que definen su competencia.
Hugo Llanos, Teoría y Práctica, Derecho Internacional Público, pág. 564, 1980.
El compromiso es un tratado internacional y, por lo tanto, les aplicable las reglas generales sobre el derecho de los tratados.4
2° Cláusula Compromisoria. El profesor Benadava señala que “es una cláusula inserta en un tratado en virtud de la cual los Estados contratantes se obligan a someter a arbitraje las controversias que pudieren surgir entre ellos respecto de la interpretación y aplicación del tratado”.5 Por su parte el profesor Llanos opina que es la cláusula que en un tratado se inserta y que contiene una disposición mediante la cual las partes se obligan a someter a arbitraje, a solicitud de cualquiera de ellas, toda controversia que pueda surgir como consecuencia de la aplicación o interpretación de un tratado. En este caso aún no ha surgido un conflicto, se está aquí previendo un arbitraje anticipado en el eventote que surja, en el futuro, una controversia internacional.6 3° Tratado general de arbitraje o tratado de solución pacífica de controversias. En un tratado general de arbitraje o de solución pacífica de controversias dos o más Estados pueden convenir someter al arbitraje todas las controversias o determinada categoría de controversias que surjan entre ellos y que no puedan resolverse por negociaciones directas. Antes de entrar a conocer de un diferendo el tribunal debe cerciorarse de que tiene competencia para ello en virtud de un título de competencia válido: compromiso, cláusula compromisoria o tratado de arbitraje o de soluciones pacíficas. A falta de tal título, el tribunal debe declinar su competencia en la especie.
Santiago Benadava, Derecho Internacional Público, pág. 329, 2001. Santiago Banadava, Derecho Internacional Público, pág. 330, 2001. Hugo Llanos, Teoría y Práctica, Derecho Internacional Público, pág. 564, 1980.
Si surgiere entre las partes la cuestión de si el tribunal tiene o no competencia en el caso, el propio tribunal debe resolverla preliminarmente. El tribunal es, pues, juez de su propia competencia en virtud de un regla de derecho internacional común. Así lo ha reconocido la Corte Internacional de Justicia: “Desde el caso del Alabama se admite, en conformidad a precedentes anteriores, que, a menos de convención en contrario, un tribunal internacional es juez de su propia competencia y tiene la facultad de interpretar a este efecto los actos que rigen esta competencia”.7 Sin embargo, la competencia de un tribunal internacional para determinar su propia competencia no es limitada. El tribunal no puede usurpar poderes que manifiestamente no le confiere el título de competencia interpretado a la luz de los principios del derecho internacional. De otra manera, cometería un exceso de poder ( exces de pouvoir) que traería consigo la nulidad de su decisión. En todo caso, el hecho de que dos Estados hayan convenido recurrir al arbitraje para resolver ciertas controversias no significa que, en un caso determinado, no puedan optar, de común acuerdo, por otro medio de solución pacífica que les parezca más conveniente. Procedimiento arbitral. Las partes pueden estipular en el compromiso el procedimiento a que debe sujetarse la tramitación del juicio arbitral o disponer que el propio tribunal lo fije. El procedimiento consta generalmente d memorias, contramemorias, alegatos orales, diligencias periciales, visitas al terreno. Las partes son representadas ante el tribunal por agentes y son asistidas por abogados, asesores y técnicos. Es frecuente que los extranjeros para que los asesoren en la redacción de las piezas escritas, o aleguen ante el tribunal arbitral. En principio, el tribunal arbitral debe decidir el litigio aplicando el derecho internacional. Si las partes no han convenido otra cosa, el tribunal debe ceñirse a los principios y reglas del derecho internacional que considere aplicables,
Caso relativo a la Sentencia Arbitral de 31 de julio de 1989 (Guinea Bissau/ Senegal). Reports 1992.
aunque las partes no los invoquen expresamente. Es el principio “jura novit curia” ( el tribunal conoce el derecho). Las partes pueden disponer en el compromiso que el tribunal decida ex aequo et bono, es decir, conforme a la equidad y no al derecho estricto.
El laudo arbitral El juicio arbitral termina con la sentencia o laudo. Ella debe ser motivada. La sentencia está revestida de la autoridad de cosa juzgada, presunción en virtud del cual los hechos establecidos y los derechos reconocidos por la decisión arbitral quedan a firme. La sentencia es obligatoria y definitiva. Es una regla de derecho internacional común que los Estados litigantes deben conformarse a ella y cumplirla de buena fe. La sentencia tiene relativos: sólo es obligatoria para las partes litigantes respecto del caso que ha sido decidido por ella. En virtud de su carácter definitivo e irrevocable no procede apelación en contra de la sentencia y el árbitro no puede modificarla después de pronunciada. Sin embargo, se admiten respecto de la sentencia el recurso de interpretación y, si ha sido convenido, el de revisión. También una sentencia puede impugnarse por motivo de nulidad. Interpretación. Se admite la facultad del tribunal arbitral para interpretar su sentencia a solicitud de una de las partes o de ambas. La interpretación debe versar exclusivamente sobre lo resuelto por la sentencia. El tribunal no puede pronunciarse sobre cuestiones nuevas por vía de interpretación. Revisión. En algunos tratados de arbitraje los Estados han pactado un recuso de revisión de la sentencia ante el mismo tribunal que la dictó, por ciertas causales excepcionales. El Tratado de Paz y Amistad chileno-argentino contempla la revisión en dos casos: a) si se ha dictado sentencia en virtud de un documento falso o adulterado; y b) si la sentencia ha sido en todo o parte consecuencia de un error de hecho, que resulte de las actuaciones o documentos de la causa. La revisión debe solicitarse antes de vencido el plazo señalado para la ejecución del fallo.
Nulidad de la sentencia. También se admite que una de las partes puede impugnar una sentencia por vicio de nulidad. Las causas de nulidad son: el exceso de poder del tribunal, la corrupción de un miembro de éste y la infracción grave de una regla fundamental de procedimiento. Una sentencia que incurre en uno de estos vicios es manifiestamente irregular y puede ser impugnada por nulidad. Sin embargo, el Estado que invoca la nulidad no puede declararla unilateralmente. Corresponde que ambos Estados traten de entenderse sobre la cuestión de nulidad y, si no lo logran, sometan el nuevo litigio sobre la nulidad de la sentencia a otro tribunal internacional. El tribunal que conoce de la nulidad no oye el caso de nuevo, no revisa el laudo, “no tiene la misión de decir si se ha juzgado bien o mal”. Su misión es la de decidir si la sentencia arbitral impugnada incurrió o no en un vicio que justifique declararla nula. Cumplimiento de la sentencia arbitral Las partes están obligadas a ejecutar de buena fe la sentencia y a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar su fiel y leal cumplimiento. También las partes pueden acordar que el árbitro ejecute la sentencia, por sí o por otras personas. Como la función del tribunal arbitral termina normalmente con el fallo y pueden suscitarse dificultades sobre el cumplimiento del mismo, es conveniente estipular en el compromiso que el tribunal no se considerará “functus officio” hasta que se haya ejecutado la sentencia a satisfacción del tribunal. El incumplimiento de una sentencia arbitral constituye un hecho ilícito internacional que compromete la responsabilidad del Estado infractor. Ante esta situación, poco o nada puede hacer el tribunal, ya que no dispone de medios para imponer por la fuerza el cumplimiento de su sentencia. Corresponderá al otro Estado poner en práctica los medios que el derecho internacional le franquea (retorsiones, represalias, recursos ante organizaciones internacionales, etc.) para obtener el cumplimiento del fallo.
Caso especial de arbitraje: El caso del Rainbow Warrior En 1985, el Rainbow Warrior, buque ecologista anclado en aguas de Nueva Zelandia, fue hundido por dos agentes secretos de Francia. Los dos agentes fueron arrestados en el lugar y condenados a diez años de prisión. Con el fin de solucionar la controversia surgida, Francia y Nueva Zelandia solicitaron al Secretario General de las Naciones Unidas que la resolviera por medio de un Ruling de carácter obligatorio. El Secretario General, después de recibir exposiciones escritas de ambas partes, emitió un ruling en que condenó a Francia a presentar excusas y a pagar una compensación a Nueva Zelandia; y dispuso el traslado de los dos oficiales franceses a una isla francesa lejana fuera de Europa por un período de tres años. Para asegurar el cumplimiento del Ruling las partes celebraron un acuerdo, una de cuyas cláusulas dispuso que los diferendos que pudieran surgir entre ellas con motivo de dicho acuerdo serían sometidos, a solicitud de cualquiera de los dos Gobiernos, a una decisión arbitral obligatoria. Como antes de cumplir su condena los agentes franceses abandonaran la isla en que se hallaban recluidos y Francia no accediera a retornarlos, Nueva Zelandia invocó el arbitraje. La sentencia del tribunal de este país a un fondo destinado a estrechar las relaciones entre los ciudadanos de ambas naciones. El Ruling del Secretario General, aunque obligatorio, no fue una decisión arbitral: no estuvo basado estrictamente en el derecho internacional ni fue ampliamente motivado. En cambio, sí fue la sentencia arbitral dictada por el tribunal después del alejamiento de los dos oficiales franceses de la isla a que habían sido confinados a consecuencia del Ruling.
Métodos de solución de controversias Coercitivos
Cuando una divergencia internacional no logra resolverse mediante arreglo directo o la colaboración de terceros, los Estados suelen acudir a medios coercitivos para solucionar el diferendo. No obstante que el uso de la fuerza o la coacción están proscritas por el Derecho Internacional y así lo disponen la Carta de Naciones Unidas, el Tratado de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro y la Carta de la Organización de Estados americanos; existen procedimientos que en una u otra forma hacen uso de la fuerza. Tales medios son: la represalias, la retorsión, el boicot, el embargo, el bloqueo pacífico, la ruptura de relaciones diplomáticas y el ultimátum. La retorsión Según el jurista Manuel Sierra, la retorsión constituye la respuesta contra actos que, pudiendo ser realizados legalmente por un Estado, son la evidencia de un sentimiento inamistoso o colocan a los súbditos de un estado en una situación de inferioridad material o moral respecto de los otros”. Generalmente se realizan por un Estado para responder a actitudes hostiles u ofensivas de parte de otro Estado. Se puede citar como casos de retorsión las alzas de tarifas aduaneras por parte de un país en contra de los productos de otro que ha adoptado medidas consideradas perjudiciales o inamistosas por el Estado afectado. Por ejemplo, si los países del Mercado Común Europeo pretenden adoptar medidas que van a favor de Italia como país productor de naranjas en contra de las naranjas importadas de Israel, país que no es miembro del Mercado, subiendo los derechos de la naranja judía y afectando, por tanto, considerablemente a Israel con esta medida, este último podría dar a entender que de aprobarse aquellas medidas aplicaría determinadas medidas de retorsión en contra de los países miembros de la ex Comunidad Económica Europea.
La represalia.
Estas consisten en la adopción con respecto a un Estado de ciertas medidas de fuerza, las que se estimen más conducentes para imponerle una rectificación a su conducta, en respuesta a un acto ilícito realizado por aquél en perjuicio de los derechos propios del Estado o de sus nacionales y cuyas consecuencias rehúsa reparar. Las medidas que pueden adoptarse a título de represalias son determinadas por las circunstancias de cada caso. Pueden consistir en la ruptura de las relaciones diplomáticas, en negar la entrada a puesto a los buques que llevan la bandera del Estado culpable, en proceder al embargo o retención de esos buques que se encuentren dentro de la jurisdicción del Estado lesionado, etc. Las represalias deben recaer sobre los buques o los intereses del Estado culpable y no sobre las personas en particular, aunque sean sus nacionales; deben ser proporcionadas al hecho que las determina; y no deben lesionar directamente a los Estados extranjeros o a sus nacionales. El ejercicio de las represalias conduce a menudo a una pendiente peligrosa. Incita a los Estados en conflicto a contestar una represalia con otra nueva y a menudo más gravosa, de tal manera que los actos sucesivos y crecientes de fuerza pueden degenerar fácilmente en una guerra. El boicot Este consiste en la negativa sistemática y generalizada en la población de mantener contacto con las cosas o con las personas provenientes de determinado Estado extranjero. Generalmente se concreta en la negativa a adquirir productos del referido país, y esa medida es adoptada como protesta contra un acto considerado perjudicial y realizada con el propósito de inducir al Estado referido a rectificar su actitud inamistosa u hostil. En el fondo, el boicot no es sino una forma de represalia, pero no es una medida dispuesta por el Estado sino adoptada por los habitantes respondiendo a una sentimiento que domina en ellos, el cual se traduce en un movimiento de resistencia pasiva y de carácter individual. Mientras así sea y el Gobierno o sus funcionarios no participen en ello de un modo directo o indirecto, el Estado no puede ser responsabilizado del
punto de vista internacional por as consecuencias que tengan con relación al Estado afectado. Sin embargo, corresponde a las autoridades locales proceder, según las circunstancias, a fin de evitar que esa actitud adquiera formas o caracteres que puedan comprometer las relaciones con el otro Estado afectado. 8 El embargo Esta medida puede caer dentro de as represalias y se caracteriza por el aseguramiento “toma” de buques o aeronaves e incluso mercaderías del país contra el cual se quieren aplicar estas medidas coercitivas. Cuando el embargo es de buques mercantes, no debe confundírsele con el “Arret de Prince”, que se realiza mediante la detención de buques mercantes extranjeros como una medida para evitar la difusión de noticias en circunstancias previas a una posible guerra. Tampoco debe confundirse con el llamado “Derecho de Angaria” que consiste en la facultad que tienen los beligerantes de utilizar, requisar y, a veces, destruir los bienes muebles en el caso que se encuentren dentro de su territorio o en el que ocupan de sus adversarios o en el mar libre. Los países neutrales también pueden hacer uso de este derecho sobre los bienes muebles, especialmente buques y aeronaves de los beligerantes que se encuentran en su territorio. Se fundamentan el derecho de Angra para los beligerantes en las necesidades de la guerra y en el derecho de dominio eminente del Estado beligerante sobre los bienes que están en su territorio o bajo su jurisdicción. En cambio, para los Estados neutrales se justifica en el derecho de dominio eminente sobre los bienes que están en su territorio y en las consecuencias originadas en las necesidades de la guerra (falta de barcos mercantiles, alza de fletes, etc.) Chile hizo uso del derecho de Angra al apoderarse de 5 buques daneses surtos en los puertos durante la Segunda Guerra Mundial, lo que originó con posterioridad un interesante juicio antes los tribunales internos chilenos.
Podesta Costa, Manual de Derecho Internacional Público, pág. 271, 1943.
El bloqueo pacífico Desde comienzos del siglo XIX, algunos países han echado mano del recurso de ejercer un bloqueo sin que por ello exista estado de guerra, como medio de realizar presión sobre determinado Estado, a fin de obligarle a reparar las consecuencias de un hecho que refutan ilícito o perjudicial. El “bloqueo pacífico”, que así se lo ha llamado, es una forma de represalia, tanto por el motivo que lo origina como por el objeto que persigue; pero puede servir también de instrumento para una intervención puesto que se traduce en actos de hostilidad marítima, aunque se ejerzan sin declarar la guerra. No obstante su nombre, el bloqueo pacífico, no constituye propiamente un bloqueo, pues no reúne todos los caracteres que éste tiene con respecto a los Estados terceros; y no siempre es pacífico, pues a veces se ha convertido en una lucha abierta contra las fuerzas del Estado afectado. De dos maneras diversas, en cuanto, a su alcance, ha sido practicado el bloqueo pacífico, ha consistido en impedir la entrada y la salida de los buques que llevan la bandera del Estado al cual pertenece el puerto o litoral bloqueado, o bien esa prohibición se ha aplicado también a los buques pertenecientes a terceros Estados. Esta segunda forma es ilícita, porque ningún Estado puede arrogarse al derecho sino cuando existe estado de guerra, es decir, cuando ha asumido la posición de beligerante. Debe observarse que, practicado tanto en una como en otra forma, la violación del bloqueo pacífico a diferencia de lo que ocurre en el bloqueo jure belli no debe traducirse en la confiscación consiguiente sino tan sólo en su retención hasta el levantamiento de bloqueo. Un bloque puede ser decretado en toda su amplitud para castigar a un determinado Estado violador de normas. Caso Cubano, el embargo lo establecieron los Estados Unidos. La ruptura de relaciones diplomáticas
Significa el retiro de los representantes diplomáticos acreditados antes un país. La ruptura no sólo implica el retiro del Jefe de Misión, sino de todo el personal. En consecuencia, los intereses el país que retira o rompe sus relaciones diplomáticas deben quedar bajo la protección de otra embajada, de un país amigo. El rompimiento como hecho, si bien es unilateral, implica de inmediato, la reciprocidad del otro, pues por dignidad no podría aceptar una situación tal, manteniendo su representación. Además, el Estado que ha adoptado la medida expulsaría dicha representación en caso de que ésta permaneciera. La ruptura de relaciones diplomáticas se produce como consecuencia de graves acontecimientos, muy ofensivos o lesivos al gobierno que la adopta y que podrían ser el comienzo de una guerra o una situación muy tirante en su vida internacional. La ruptura de relaciones diplomáticas está consagrada en la Carta de las Naciones Unidas como una medida de sanción y además de coerción en contra de Estados que no cumplan con las resoluciones o recomendaciones del Consejo de Seguridad en determinadas circunstancias.
El ultimátum Este consiste en una intimidación que un Gobierno dirige a otro, por medio de una nota diplomática, como proposición final con respecto a una divergencia que los separa, requiriéndole aceptar determinada solución, dentro del plazo dado que generalmente es de 24 o de 48 horas, siendo entendido que la no aceptación supone siempre la adopción de ciertas medidas graves, que pueden ser la ruptura de las relaciones diplomáticas i otro medios coercitivos, y aún la guerra.
Podesta Costa , Manual de Derecho Internacional, pág. 273, 1943.
Capitulo III: Marco Contextual.
Los métodos de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio entre Chile y la Unión Europea se encuentran en el título VIII del mismo, y el cual a su vez se divide en cuatro capítulos que explican los mecanismos de solución de controversias que se verán a continuación en cada unos de sus articulados.
Título VIII del TLC de Chile con la Unión Europea CAPÍTULO I OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN ARTÍCULO 181 Objetivo El objetivo del presente Título es evitar y resolver las controversias entre las Partes relativas a la aplicación de buena fe de esta Parte del Acuerdo y llegar a una solución mutuamente satisfactoria de cualquier cuestión que pueda afectar a su funcionamiento. ARTÍCULO 182 Ámbito de aplicación Las disposiciones del presente Título se aplicarán respecto de cualquier cuestión que surja de interpretación y aplicación de esta Parte del Acuerdo, a menos que se disponga explícitamente de otro modo.
CAPÍTULO II PREVENCIÓN DE CONTROVERSIAS ARTÍCULO 183 Consultas 1. Las Partes procurarán, en todo momento, llegar a un acuerdo sobre la interpretación y aplicación de esta Parte del Acuerdo y, a través de la cooperación y la consulta, se esforzarán por evitar y resolver las controversias entre ellas y lograr una solución mutuamente satisfactoria de cualquier cuestión que pudiere afectar a su funcionamiento. 2. Cada Parte podrá solicitar la celebración de consultas en el Comité de Asociación respecto de cualquier medida existente o en proyecto o cualquier asunto relativo a la aplicación o la interpretación de esta Parte del Acuerdo o cualquier otro asunto que considere que puede afectar a su funcionamiento. A los efectos del presente Título, el término "medida" incluirá también una práctica. La Parte determinará en la solicitud la medida u otro asunto por el que reclama, indicará las disposiciones del presente Acuerdo que considera aplicables y entregará la solicitud a la otra Parte. 3. El Comité de Asociación se reunirá dentro de un plazo de 30 días a partir de la presentación de la solicitud. Al iniciarse las consultas, las Partes proporcionarán información que permita examinar de qué forma una medida o cualquier otra cuestión podrían afectar al funcionamiento y la aplicación de esta Parte del Acuerdo, y tratarán de manera confidencial la información que se intercambie durante las consultas. El Comité de Asociación procurará resolver la controversia rápidamente mediante una decisión. Dicha decisión especificará las medidas de ejecución necesarias que debe adoptar la Parte interesada y el plazo para su adopción.
CAPÍTULO III PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ARTÍCULO 184 Inicio del procedimiento 1. Las Partes procurarán en todo momento llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio sobre la controversia. 2. Cuando una Parte considere que una medida existente de la otra Parte infringe una obligación en virtud de las disposiciones a las que se refiere el artículo 182 y la cuestión no se hubiere resuelto dentro de los quince días siguientes a la reunión del Comité de Asociación conforme a lo establecido en el párrafo 3 del artículo 183, o dentro de los 45 días siguientes a la entrega de la solicitud de consultas en el Comité de Asociación, si este plazo fuera más corto, podrá solicitar por escrito el establecimiento de un grupo arbitral. 3. La Parte requirente determinará en la solicitud cuál es la medida existente que considera que infringe esta Parte del Acuerdo e indicará las disposiciones del presente Acuerdo que considera pertinentes y entregará la solicitud a la otra Parte y al Comité de Asociación.
ARTÍCULO 185 Designación de los árbitros 1. Los grupos arbítrales estarán formados por tres árbitros. 2. El Comité de Asociación, en un plazo no superior a seis meses tras la entrada en vigor del presente Acuerdo, establecerá una lista de al menos 15 personas que estén dispuestas y sean capaces de actuar como árbitros y de
las cuales al menos una tercera parte no podrán ser nacionales de ninguna de las Partes, y que serán designados para actuar como presidentes de grupos arbítrales. El Comité de Asociación se asegurará de que la lista incluya siempre a quince personas disponibles en todo momento. Esas personas deberán tener conocimientos especializados o experiencia en Derecho, en comercio internacional o en otras materias relacionadas con esta Parte del Acuerdo o en la resolución de controversias derivadas de acuerdos comerciales internacionales, ser independientes, actuar por su propia capacidad y no estar afiliadas ni aceptar instrucciones de ninguna Parte u organización y deberán respetar el Código de Conducta que figura en el Anexo XVI. La lista podrá ser modificada cada tres años. 3. En un plazo de tres días tras la solicitud del establecimiento del grupo arbitral, el presidente del Comité de Asociación seleccionará por sorteo a partir de la lista indicada en el párrafo 2 a los tres árbitros, uno entre las personas propuestas al Comité de Asociación por la Parte requirente, otro entre las personas propuestas al Comité de Asociación por la Parte requerida y el presidente entre las personas designadas a tal efecto en virtud del párrafo 2. 4. La fecha de constitución del grupo arbitral será la fecha en que se seleccione por sorteo a los tres árbitros. 5. Si una Parte considera que un árbitro no cumple con los requisitos del Código de Conducta, las Partes celebrarán consultas y, si así lo acuerdan, sustituirán a ese árbitro y seleccionarán a uno nuevo con arreglo al párrafo 6. 6. En caso de que un árbitro no pueda participar en el procedimiento, renuncie o sea sustituido, se deberá elegir un sustituto dentro de los tres días siguientes de conformidad con el procedimiento establecido para seleccionar a ese árbitro. En este caso, cualquier plazo aplicable al procedimiento del grupo arbitral quedará suspendido durante un periodo comprendido entre la fecha en la que el árbitro deja de participar en el procedimiento, dimite o es sustituido, y la fecha de elección del sustituto.
ARTÍCULO 186 Información y asesoría técnica A petición de una Parte o por propia iniciativa, el grupo arbitral podrá obtener información y asesoría técnica de las personas y organismos que considere adecuados. Toda información así obtenida será remitida a las Partes para que formulen sus observaciones.
ARTÍCULO 187 Laudo del grupo arbitral 1. Por regla general, el grupo arbitral remitirá su laudo, con las evidencias y conclusiones, a las Partes y al Comité de Asociación a más tardar en un plazo de tres meses contados desde la fecha de constitución del grupo arbitral. En ningún caso lo remitirá después de cinco meses a partir de esa fecha. El grupo arbitral fundamentará su laudo en los antecedentes presentados y comunicaciones de las Partes y en toda información recibida en virtud del artículo 186. El laudo será definitivo y se pondrá a disposición pública. 2. El laudo establecerá las evidencias de hecho, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo y la fundamentación básica de sus evidencias y conclusiones. 3. Los grupos arbítrales interpretarán las disposiciones del presente Acuerdo de conformidad con las normas consuetudinarias de interpretación del Derecho internacional público, teniendo debidamente en cuenta el hecho de que las Partes deben aplicar el presente Acuerdo de buena fe y evitar la elusión de sus obligaciones.
4. La Parte que afirme que una medida de la otra Parte es incompatible con las disposiciones de esta Parte del Acuerdo tendrá la carga de probar esa incompatibilidad. La Parte que afirme que una medida está sujeta a una excepción conforme a esta Parte del Acuerdo tendrá la carga de probar que la excepción es aplicable. 5. En casos de urgencia, incluidos los relativos a productos perecederos, el grupo arbitral hará todo lo posible por remitir su laudo a las Partes en un plazo de setenta y cinco días a partir de la fecha de constitución del grupo arbitral. En ningún caso podrá remitirlo con posterioridad a los cuatro meses a partir de esa fecha. El carácter de urgente de un caso podrá ser establecido por el grupo arbitral en una decisión preliminar. 6. Todas las decisiones del grupo arbitral, incluida la aprobación del laudo o de cualquier decisión preliminar, deberán aprobarse por mayoría de votos. 7. La Parte requirente, con el acuerdo de la Parte requerida, podrá retirar su reclamación en todo momento antes de que el laudo sea remitido a las Partes y al Comité de Asociación. Dicho retiro será sin fecha posterior. 8. El grupo arbitral, con el acuerdo de la Parte requerida, podrá suspender su trabajo en todo momento a petición de la Parte requirente por un periodo no superior a 12 meses. En caso de suspensión, los plazos establecidos en los párrafos 1 y 5 se prolongarán durante el tiempo en el que el trabajo esté suspendido. Si el trabajo del grupo arbitral se hubiera suspendido durante más de 12 meses, expirará su mandato, sin perjuicio del derecho de la Parte requirente de solicitar posteriormente la constitución de un grupo arbitral sobre el mismo asunto. perjuicio de su derecho a presentar una nueva reclamación en relación con el mismo asunto en una
ARTÍCULO 188 Cumplimiento 1. Cada Parte estará obligada a adoptar las medidas necesarias para cumplir con el laudo del grupo arbitral. 2. Las Partes procurarán acordar las medidas específicas que se requieran para cumplir con el laudo. 3. En un plazo de 30 días a partir del envío del laudo a las Partes y al Comité de Asociación, la Parte requerida notificará a la otra Parte: a) las medidas específicas requeridas para cumplir con el laudo; b) el plazo razonable para hacerlo, y c) una propuesta concreta de compensación temporal hasta la ejecución completa de las medidas específicas requeridas para cumplir con el laudo. 4. En caso de discrepancias entre las Partes sobre el contenido de tal notificación, la Parte requirente solicitará al grupo arbitral original que dictamine si las medidas propuestas a las que se refiere la letra a) del párrafo 3 son compatibles con esta Parte del Acuerdo, sobre el plazo y sila propuesta de compensación es manifiestamente desproporcionada. El laudo se emitirá dentro de los 45 días siguientes a la presentación de la solicitud. 5. La Parte de que se trate notificará a la otra Parte y al Comité de Asociación las medidas de aplicación adoptadas para poner fin al incumplimiento de sus obligaciones en virtud de esta Parte del Acuerdo, antes de la expiración del plazo razonable convenido por las Partes o determinado con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4. Tras esa notificación, la otra Parte podrá solicitar al grupo arbitral original que emita un laudo sobre la conformidad de esas medidas con esta Parte del Acuerdo si las medidas no son similares a las que el grupo arbitral, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4, hubiere
dictaminado como coherentes con esta Parte del Acuerdo. El grupo arbitral emitirá su laudo dentro de los 45 días siguientes a la presentación de la solicitud. 6. Si la Parte de que se trate no notifica las medidas de aplicación antes de la expiración del plazo razonable o si el grupo arbitral dictamina que las medidas de ejecución notificadas por la Parte de que se trate son incompatibles con sus obligaciones en virtud de esta Parte del Acuerdo, la Parte requirente, si no se hubiera llegado a un acuerdo sobre la compensación, estará facultada para suspender la aplicación de beneficios otorgados en virtud de esta Parte del Acuerdo equivalentes al nivel de anulación o menoscabo causado por la medida que se considera que infringe esta Parte del Acuerdo. 7. Al considerar qué beneficios se van a suspender, la Parte requirente tratará de suspender en primer lugar beneficios en el mismo Título o Títulos de esta Parte del Acuerdo que resultaron afectados por la medida que el grupo arbitral determinó que infringía las disposiciones de esta Parte del Acuerdo. La Parte requirente que considere que no resulta factible o efectivo suspender beneficios en el mismo Título o Títulos podrá suspender beneficios en otros Títulos, siempre que lo justifique por escrito. Al seleccionar los beneficios que se vayan a suspender, se dará prioridad a los que menos perturben el funcionamiento del presente Acuerdo. 8. La Parte requirente notificará a la otra Parte y al Comité de Asociación los beneficios que se propone suspender. La otra Parte, dentro de los cinco días siguientes a esa notificación, podrá solicitar al grupo arbitral original que determine si los beneficios que la Parte requirente se propone suspender son equivalentes al nivel de anulación o menoscabo causado por la medida que se determinó que infringía las disposiciones de esta Parte del Acuerdo y si la suspensión propuesta es compatible con el párrafo 7. El grupo arbitral emitirá su laudo dentro de los 45 días siguientes a la presentación de la solicitud. No podrán suspenderse beneficios hasta que el grupo arbitral haya emitido su laudo.
9. La suspensión de beneficios será temporal y la Parte requirente sólo la aplicará hasta que la medida que se determinó que infringía las disposiciones de esta Parte del Acuerdo haya sido retirada o modificada de manera que sea puesta en conformidad con esta Parte del Acuerdo, o hasta que las Partes hayan alcanzado un acuerdo para la solución de la controversia. 10. A petición de cualquiera de las Partes, el grupo arbitral original emitirá un laudo sobre la conformidad con esta Parte del Acuerdo de las medidas de ejecución adoptadas después de la suspensión de beneficios y, a la luz de ese laudo, decidirá si la suspensión de beneficios debe darse por terminada o modificarse. El grupo arbitral emitirá su laudo dentro de los 45 días siguientes a la fecha de la solicitud. 11. Los laudos previstos en este artículo serán definitivos y vinculantes. Se remitirán al Comité de Asociación y estarán a disposición pública. CAPÍTULO IV DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 189 Disposiciones generales 1. Las Partes podrán modificar por mutuo acuerdo cualquier plazo citado en el presente Título. 2. A menos que las Partes acuerden otra cosa, el procedimiento ante el grupo arbitral seguirá las Reglas Modelo de Procedimiento establecidas en el Anexo XV. Si lo considera necesario, el Comité de Asociación podrá modificar mediante decisión las Reglas Modelo de Procedimiento y el Código de Conducta establecidos en el Anexo XVI. 3. Las audiencias de los grupos arbítrales estarán cerradas al público, a menos que las Partes decidan otra cosa.
4.a) Si una Parte pretende reparar el incumplimiento de una obligación en virtud del Acuerdo de la OMC, deberá recurrir a las normas y procedimientos correspondientes del Acuerdo de la OMC, las cuales serán aplicables no obstante lo dispuesto en el presente Acuerdo. b) Si una Parte pretende reparar el incumplimiento de una obligación en virtud de esta Parte del Acuerdo, deberá recurrir a las normas y procedimientos del presente Título. c) A menos que las Partes acuerden otra cosa, si una Parte pretende reparar el incumplimiento de una obligación en virtud de esta Parte del Acuerdo que sea en esencia equivalente a una obligación en virtud de la OMC, deberá recurrir a las normas y procedimientos correspondientes del Acuerdo de la OMC, que serán aplicables no obstante lo dispuesto en el presente Acuerdo. d) Una vez iniciados los procedimientos de solución de controversias, se recurrirá al foro elegido, si no ha declinado su jurisdicción, con exclusión del otro. Toda cuestión sobre la jurisdicción de los grupos arbítrales establecidos en virtud del presente Título se plantearán en un plazo de 10 días a partir de la constitución del grupo y se resolverá mediante una decisión preliminar del grupo en un plazo de 30 días a partir de la constitución del grupo.
Capitulo IV: Desarrollo
Aquí se pretenderá hacer algunos paralelos entre los métodos de solución de controversias de tipo general dados por Derecho Internacional y los métodos de solución de controversias del tratado de libre comercio entre Chile y la Unión Europea. Como así determinar la importancia del Comité Asesor, órgano fundamental de este tratado, el cual es el encargado de interpretar las consultas de los Estados parte o cualquier otro punto que considere que pudiese afectar el curso normal del acuerdo entre Chile y la Unión Europea. Otro aspecto a analizar es el laudo el cual establecerá las evidencias de hecho, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo y la fundamentación básica de sus evidencias y conclusiones. Y finalmente la eficacia de este procedimiento se deberá al cumplimiento del laudo en caso que llegue a existir la controversia, ya que cada Parte estará obligada a adoptar las medidas necesarias para cumplir con el laudo del grupo arbitral y siempre procurarán acordar las medidas específicas que se requieran para cumplir con el laudo.
Aportes propios al tema….
1.- Fernando Gamboa Serráis, Tratado de Derecho Internacional, Editorial, Lexis Nexis. 2.- Santiago Benadava, Derecho Internacional Público, Editorial, Lexis Nexis. 3.- Apuntes Señor José A. Pastor Riduejo, de derecho internacional público. 4.- Hugo Llanos, Teoría y Práctica, Manual de Derecho Internacional Público, Editorial Lexis Nexis. 5.- Podesta Costa, Manual de Derecho Internacional Público, Editorial Lexis Nexis.
1.- Casos prácticos de solución de controversias entre los estados. Caso especial de arbitraje: El caso del Rainbow Warrior En 1985, el Rainbow Warrior, buque ecologista anclado en aguas de Nueva Zelandia, fue hundido por dos agentes secretos de Francia. Los dos agentes fueron arrestados en el lugar y condenados a diez años de prisión. Con el fin de solucionar la controversia surgida, Francia y Nueva Zelandia solicitaron al Secretario General de las Naciones Unidas que la resolviera por medio de un Ruling de carácter obligatorio. El Secretario General, después de recibir exposiciones escritas de ambas partes, emitió un ruling en que condenó a Francia a presentar excusas y a pagar una compensación a Nueva Zelandia; y dispuso el traslado de los dos oficiales franceses a una isla francesa lejana fuera de Europa por un período de tres años. Para asegurar el cumplimiento del Ruling las partes celebraron un acuerdo, una de cuyas cláusulas dispuso que los diferendos que pudieran surgir entre ellas con motivo de dicho acuerdo serían sometidos, a solicitud de cualquiera de los dos Gobiernos, a una decisión arbitral obligatoria. Como antes de cumplir su condena los agentes franceses abandonaran la isla en que se hallaban recluidos y Francia no accediera a retornarlos, Nueva Zelandia invocó el arbitraje. La sentencia del tribunal de este país a un fondo destinado a estrechar las relaciones entre los ciudadanos de ambas naciones. El Ruling del Secretario General, aunque obligatorio, no fue una decisión arbitral: no estuvo basado estrictamente en el derecho internacional ni fue ampliamente motivado. En cambio, sí fue la sentencia arbitral dictada por el
tribunal después del alejamiento de los dos oficiales franceses de la isla a que habían sido confinados a consecuencia del Ruling.
2.- Resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la de Declaración de Manita.
…. En desarrollo
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