Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl13509-2017-44822-de-agosto-30-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_f212a6f77ab14bb581a6799474944f00&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-21 10:29:26
Document Index: 143454478

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 230', 'artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 366']

﻿ SENTENCIA SL13509-2017/44822 DE AGOSTO 30 DE 2017
SENTENCIA SL13509-2017 DE 30 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:DERECHO A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL EN GÉNERO MASCULINO ANTE EL FALLECIMIENTO DE SU COMPAÑERA. LA SALA LABORAL DEL ALTO TRIBUNAL SEÑALO QUE DICHA FIGURA AMPARA EL DERECHO DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL TRABAJADOR QUE FALLECE CON DERECHO ADQUIRIDO A LA PENSIÓN Y NO SOLO DEL QUE CUENTA CON EL TIEMPO DE SERVICIOS NECESARIO PARA ELLO, PERO MUERE ANTES DE CUMPLIR LA EDAD RESPECTIVA. QUE CONFORME EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 12 DE 1975, SE ENTENDERÁ QUE ES CÓNYUGE SUPÉRSTITE EL ESPOSO O ESPOSA DE LA PERSONA FALLECIDA, TAMBIÉN RESULTA RELEVANTE ADVERTIR QUE ENTENDER ESA EXPRESIÓN “EL CÓNYUGE SUPÉRSTITE” EN UN SENTIDO GENERAL, INCLUYENTE DE AMBOS SEXOS. PRECISÓ QUE, BAJO LA MISMA LÍNEA DE PRINCIPIO QUE HA VENIDO MANTENIENDO, SI LA CÓNYUGE Y LA COMPAÑERA PERMANENTE DEL PENSIONADO QUE FALLECE TIENE DERECHO A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL, EN EL MARCO DE LA LEY 12, NO EXISTE RAZÓN VÁLIDA PARA NEGAR ESE MISMO DERECHO AL VIUDO O CÓNYUGE SUPÉRSTITE (HOMBRE).
TEMAS ESPECÍFICOS:COMPAÑERO PERMANENTE, CÓNYUGE, SUSTITUCIÓN PENSIONAL, SUSTITUCIÓN PENSIONAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES, DERECHOS DEL CÓNYUGE, MUERTE DEL CÓNYUGE
Sentencia SL13509-2017 de agosto 30 de 2017
SL13509-2017
Rad.: 44822
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el apoderado de TEXTILES FABRICATO TEJICÓNDOR S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 30 de octubre de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que le promovió el señor MIGUEL ÁNGEL VÁSQUEZ CORREA.
El señor Miguel Ángel Vásquez Correa presentó demanda ordinaria laboral en contra de la sociedad Textiles Fabricato Tejicóndor S.A., con el fin de obtener la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su esposa, Rosa Angélica Velásquez Vásquez, desde el 9 de junio de 1978, junto con las mesadas dejadas de percibir, debidamente indexadas, y los respetivos intereses moratorios.
Señaló, con tales fines, que había contraído matrimonio con la señora Rosa Angélica Velásquez Vásquez (q.e.p.d.) el 27 de marzo de 1971, con la cual convivió compartiendo techo, lecho y mesa, hasta su fallecimiento, ocurrido el 9 de junio de 1978; que, para el momento del deceso, su esposa disfrutaba una pensión de jubilación otorgada por la sociedad demandada; que, como consecuencia, había solicitado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pero le fue negada, con el argumento de que la Ley 33 de 1973 solo contemplada ese derecho para la «viuda»; y que, tras ello, se desconocieron las prescripciones que contenía la Ley 12 de 1975, que consignaba ese beneficio a favor del «cónyuge supérstite».
La entidad convocada al proceso se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Admitió que le había reconocido una pensión de jubilación a la señora Rosa Angélica Velásquez Vásquez (q.e.p.d.) y que le había negado el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes al demandante. En torno a los demás hechos, expresó que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, arguyó que el actor no tenía derecho a la sustitución pensional reclamada, porque la Ley 33 de 1973 consagraba ese beneficio exclusivamente a favor de las «viudas», mientras que la Ley 12 de 1975 se refería expresamente al caso de «trabajadores fallecidos» y no al de «jubilados». Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, buena fe y prescripción.
Tramitada la primera instancia, el Juzgado Laboral del Circuito de Bello, Antioquia, profirió fallo el 29 de julio de 2008, por medio del cual condenó a la sociedad demandada a pagar al demandante la pensión de sobrevivientes, en cuantía igual a un salario mínimo legal vigente, junto con las mesadas dejadas de pagar desde la fecha en la que devino la muerte de su esposa. Igualmente, declaró probada la excepción de prescripción respecto de las acreencias causadas con anterioridad al 20 de septiembre de 2004.
Al resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de la sociedad demandada, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a través de la sentencia del 30 de octubre de 2009, confirmó la decisión emitida por el juzgador de primer grado.
Para fundamentar su decisión, el tribunal precisó que en el proceso estaba debidamente acreditado el fallecimiento de la señora Rosa Angélica Velásquez Vásquez, ocurrido el 9 de junio de 1978, y recordó que, de acuerdo con la jurisprudencia desarrollada por esta corporación, era la fecha de la muerte la que determinaba la norma que debía regular la pensión de sobrevivientes o sustitución pensional reclamada.
Dicho ello, señaló que a la entidad recurrente no le asistía razón al reclamar la aplicación irrestricta de la Ley 33 de 1973, porque, si la sustitución pensional debía regirse por la norma vigente en el momento del fallecimiento de la pensionada, en este caso esa disposición no era otra que la Ley 12 de 1975. Aclaró, en ese sentido, que la empresa demandada reivindicaba la inaplicación de la referida norma, porque solamente concebía el derecho a la prestación de sobrevivientes para el cónyuge supérstite, compañera permanente o hijos de «...los empleados que fallecieran antes de cumplir la edad para acceder a la pensión de jubilación “pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la ley, o en convenciones colectivas”...» y, en este caso, para la fecha de su fallecimiento, la cónyuge del demandante no era empleada sino pensionada.
En tal dirección, para responder a los planteamientos de la demandada, adujo que a favor del demandante se podían esgrimir los argumentos contenidos en un salvamento de voto presentado por dos magistrados de esta corporación a la decisión del 28 de marzo de 2003, rad. 21803, que defendían la tesis de que la Ley 12 de 1975 también amparaba a los sucesores de quienes ya tenían la condición de pensionados en el momento de su muerte y no solo a los beneficiarios de quienes fallecían antes de obtener la edad necesaria para obtener la pensión de jubilación. Anotó que aunque ese no era el pronunciamiento oficial, a él se acogía el tribunal, por contener «...un nivel de argumentación muy elevado que sirve para la corrección de la decisión...» y teniendo en cuenta que las decisiones de esta corte constituían doctrina legal probable de la cual los jueces podían apartarse, exponiendo las razones de ello, como en este caso.
Explicó, por último, que, a pesar de lo anterior, sí era cierto que el a quo se había equivocado al poner de presente la Ley 100 de 1993, porque sus disposiciones no estaban vigentes para la fecha del fallecimiento de la pensionada.
Fue interpuesto por el apoderado de la sociedad demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolverlo.
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida y que, en sede de instancia, revoque la decisión emitida por el juzgador de primer grado y absuelva a la demandada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación laboral, oportunamente replicados y que pasan a ser examinados por la Sala de manera conjunto por ser complementarios entre sí.
Acusa la sentencia recurrida de haber interpretado erróneamente «...los artículos 1º de la Ley 12 de 1975 y 1º de la Ley 113 de 1985. Dejó de aplicar los artículos 25, 27, 28, 30, 31 y 33 del Código Civil, 1º de la Ley 33 de 1973, 16 del Código Sustantivo del Trabajo y 230 de la Constitución Política».
En desarrollo de la acusación, el censor dice admitir las conclusiones fácticas de la decisión del tribunal, como que la señora Rosa Angélica Velásquez Vásquez falleció el 9 de junio de 1978, cuando ya era pensionada de la empresa Textiles Fabricato Tejicóndor y que, por lo mismo, no era una trabajadora de la entidad.
Alega, en tal sentido, que basta con leer el texto del artículo 1º de la Ley 12 de 1975 para comprender fácilmente que allí se consagra el derecho a una pensión de sobrevivientes a favor del cónyuge, «...cuando muere el trabajador (no pensionado) habiendo cumplido con un tiempo de servicios suficiente para haber podido beneficiarse con una pensión de jubilación de haber alcanzado la edad prevista para tal efecto».
Paralelamente, destaca que el artículo 1º de la Ley 33 de 1973, que sí es la disposición vigente y aplicable a la situación en disputa, consagra el derecho a la sustitución pensional pero exclusivamente a favor de la «viuda», que, en los términos del artículo 33 del Código Civil, debe ser entendida como la cónyuge mujer y no el varón, de manera que, por esa vía, el demandante no tenía derecho a la prestación reclamada.
Indica también que si, en gracia de discusión, se analizara el derecho a la luz de lo previsto en el artículo 1º de la Ley 12 de 1975, tampoco habría derecho a la pensión, pues, insiste, la cónyuge del demandante no era «...trabajadora de la empresa sino pensionada por ella...» En apoyo de su disertación, reproduce apartes de la decisión emitida por esta sala de la Corte el 11 de octubre de 2004, rad. 23173, y sostiene que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 230 de la Constitución Política, los jueces solamente están sometidos al imperio de la ley, de lo que «...refulge el disparate del tribunal al haber fincado su decisión en un salvamento de voto, dejando de lado que existía una norma expresa y clara que regulaba la materia confiada a su discernimiento y una jurisprudencia reiterada por la H. Sala que lo conducía a absolver a la entidad demandada».
Finalmente, subraya que el artículo 27 del Código Civil solo autoriza la consulta de la «...historia fidedigna...» de una disposición cuando su sentido no sea claro, lo que no sucede en este caso, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia emanada de esta corporación.
Acusa la sentencia recurrida de haber aplicado indebidamente «...los artículos 1º de la Ley 12 de 1975 y 1º de la Ley 113 de 1985, como consecuencia de la falta de aplicación de los artículos 25, 27, 28, 30, 31 y 33 del Código Civil, 1º de la Ley 33 de 1973, 16 del Código Sustantivo del Trabajo y 230 de la Constitución Política».
En desarrollo de la acusación, reproduce los mismos argumentos que acompañan la demostración del primer cargo.
Trascribe varios artículos de la Constitución Política y aduce que la igualdad constituye uno de los derechos inalienables de las personas, no sujeto a condiciones ni limitaciones, de manera que la asignación de derechos no puede hacerse con fundamento en diferenciaciones injustificadas. Subraya también que la Ley 113 de 1985 fue aclaratoria de la Ley 12 de 1975, de manera que forman un mismo cuerpo jurídico, como lo ha admitido la Corte Constitucional, de manera que no existe cortapisa alguna frente al derecho pensional del demandante.
Como se rememoró en los antecedentes, el tribunal concluyó que la norma vigente y aplicable a la situación en disputa, en función de la fecha en la que devino el fallecimiento de la señora Rosa Angélica Velásquez Vásquez (9 de junio de 1978), era la Ley 12 de 1975. Asimismo, prevalido de un salvamento de voto correspondiente a la decisión emitida por esta sala de la Corte CSJ SL, 4 feb. 2004, rad. 21803, entendió que el artículo 1º de la referida norma no limitaba su margen de acción a los beneficiarios de trabajadores que fallecen antes de cumplir la edad cronológica necesaria para obtener la pensión de jubilación, pero han completado el tiempo de servicio previsto para los mismos efectos, sino que se extendía también a los beneficiarios de quienes fallecen teniendo adquirido el derecho a la pensión de jubilación.
En torno a tales supuestos, es verdad que, como lo aduce la censura, esta sala de la Corte sostenía que los alcances del artículo 1º de la Ley 33 de 1973 estaban restringidos a las «viudas» de los pensionados o trabajadores con derecho a pensión de jubilación que fallecían y no se extendían a los «viudos» o compañeras o compañeros permanentes. A la par, la Corte concebía que el artículo 1º de la Ley 12 de 1975 solo resultaba aplicable al «cónyuge supérstite» o «compañera permanente» del trabajador que fallecía antes de llegar a la edad necesaria para obtener la pensión de jubilación, teniendo cumplido el tiempo de servicios, pero no a los beneficiarios de quienes ya tenían adquirido el derecho a la pensión de jubilación y morían. De las características de esa orientación son un buen ejemplo las sentencias CSJ SL, 4 feb. 2004, rad. 21803; CSJ SL, 11 oct. 2004, rad. 23173; CSJ SL, 9 jun. 2009, rad. 34472; CSJ SL, 18 oct. 2005, rad. 25156 y CSJ SL, 15 feb. 2007, rad. 27723, entre muchas otras.
Sin embargo, tales reflexionas fueron replanteadas por esta sala de la Corte a lo largo de su jurisprudencia, para darle cabida a tesis como la que defendió el tribunal, como pasa a verse.
En efecto, sin variar el entendimiento que se le ha dado al artículo 1º de la Ley 33 de 1973, desde la sentencia CSJ SL, 7 jul. 2009, rad. 25920, reiterada en múltiples oportunidades, como en las sentencias CSJ SL, 29 jun. 2010, rad. 36916; CSJ SL, 15 mar. 2011, rad. 39788; CSJ SL655-2013; CSJ SL9174-2014; CSJ SL1970-2015; CSJ SL4200-2016 y CSL SL2904-2017, entre muchas otras, la Corte ha clarificado que no existe una razón válida para discriminar a la «compañera permanente» del pensionado que fallece, frente a la compañera del trabajador que tan solo tiene cumplido el tiempo de servicios pero no la edad necesaria para obtener la pensión de jubilación, de manera que la Ley 12 de 1975 debe entenderse dirigida también a las compañeras permanentes de quien fallece con derecho adquirido a la pensión. En la citada decisión, la Corte adoctrinó:
Si bien es cierto que la legislación colombiana ha venido estableciendo dos modos diferentes de radicar la pensión en cabeza distinta del trabajador en razón de su muerte, según se trate de pensionado o de persona en vía de llegar a serlo por haber cumplido 20 años de servicio, un reexamen de la situación debatida permite concluir que tal circunstancia no excluye, contrario a lo definido anteriormente, la aplicación analógica del artículo 1º de la Ley 12 de 1975 al caso de la compañera permanente del pensionado fallecido, pues bajo la nueva óptica que ahora se propone es evidente que existe un vacío legislativo que debe ser llenado de acuerdo con los parámetros del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo.
Y es que no aparece argumento lógico alguno que indique que el legislador, al expedir el artículo 1º de la Ley 12 de 1975, hubiere pretendido establecer un tratamiento preferente para la compañera permanente del trabajador que fallecía con el tiempo de servicio necesario para adquirir la pensión pero sin cumplir la edad, frente aquella cuyo compañero moría ya pensionado o con derecho a la pensión.
Antes bien, según se desprende de las ponencias ante el Congreso del proyecto que culminó con la expedición de la Ley 113 de 1985, que transcribe la censura, lo que procuró la Ley 12 de 1975, fue corregir la discriminación que generó la Ley 33 de 1973 de la compañera permanente frente a la viuda, pero con tan mala fortuna que lo que hizo fue crear otra disparidad de tratamiento aún más aberrante y carente de toda justificación lógica, tal como ya lo había previsto la propia jurisprudencia de la Sala, en sentencia del 29 de octubre de 1992 (rad. 5371), donde se afirmó:
“La solución dada por el Congreso de Colombia con la expedición de la Ley 113 de diciembre 16 de 1985 “por la cual se adiciona la Ley 12 de 1975 y se dictan otras disposiciones”, no solamente consulta razones de equidad sino de orden jurídico ya que no existe fundamento lógico para que la sustitución opere cuando el trabajador fallecido no ha cumplido la edad cronológica y, en cambio, se niegue cuando aquél goce de este derecho o haya cumplido la edad para adquirirlo con los presupuestos de ley. Esta situación fue la que corrigió el aludido parágrafo al expresar: 'El derecho de sustitución procede —refiriéndose a la ley 12 de 1975— tanto cuando el trabajador fallecido estaba pensionado, como cuando había adquirido el derecho a la pensión'”.
Si como se ha estimado, no existe fundamento lógico para que el legislador discrimine a la compañera del pensionado fallecido, frente a la del trabajador que perece sin cumplir la edad necesaria pero con el tiempo de servicios
mínimo, es claro para la Sala que existe un vacío legislativo, pues tal omisión de regulación no obedece a una intención clara y definida, sino a una falta de previsión que, por mandato del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, debe ser corregida por el intérprete con los instrumentos de integración normativa que le ofrece esta disposición, y que se supera mediante el razonamiento lógico, según el cual si la compañera permanente tiene derecho a disfrutar de pensión de su compañero, cuando éste fallece teniendo el tiempo de servicio mínimo requerido para acceder al derecho pero sin cumplir la edad, con mayor razón tendrá derecho, la compañera permanente de quien fallece no solo con el tiempo de servicios cumplido sino además la edad, pues en este último evento se colman cabalmente, y aún más allá, las exigencias fácticas mínimas requeridas por la norma para acceder al derecho.
No puede ser un elemento descalificante el cumplimiento de la edad por parte del fallecido, porque lo determinante de la norma en cuestión es el tiempo de servicio, y si además de éste se cuenta con aquella, pues con mayor razón habrá de accederse al derecho.
De manera que, bajo este nuevo entendimiento del artículo 1º de la Ley 12 de 1975, que acoge la mayoría de la Sala, cabía llegar a la misma conclusión del tribunal, de manera que el cargo segundo, aunque fundado, no está llamado a prosperar tampoco.
De acuerdo con lo anterior, el tribunal no incurrió en error jurídico alguno al prohijar una exégesis del artículo 1º de la Ley 12 de 1975 con arreglo a la cual, si dicha norma ampara a los beneficiarios del trabajador que fallece estando en camino de adquirir la pensión de jubilación, por solo faltarle la edad, con mayor razón ampara a los beneficiarios de quien muere teniendo ya adquirido el derecho a la pensión, pues, como se explicó, esa es la orientación que actualmente defiende esta sala de la Corte.
Ahora bien, es cierto que la anterior doctrina y su reiteración en las sentencias atrás citadas se ha referido principalmente al derecho de la «compañera permanente» para adquirir el derecho a la sustitución de la pensión de jubilación en iguales condiciones a la «viuda», en el marco de la Ley 12 de 1975, pero, en estricto sentido, no se ha ocupado del mismo derecho que podría asistirle al «viudo» o cónyuge supérstite (hombre) de la pensionada fallecida, como sucede en este caso. De hecho, en la providencia CSJ SL, 13 abr. 2010, rad. 37219, posterior a la ya referida sentencia CSJ SL, 7 jul. 2009, rad. 25920, se consideró que el «viudo» no tenía ese derecho a recibir la sustitución de la pensión que devengaba su esposa, fallecida el 21 de septiembre de 1981, en vigencia de la referida Ley 12 de 1975.
A pesar de lo anterior, en aras de precisar su jurisprudencia al respecto, la Corte considera necesario advertir que, bajo la misma línea de principio que ha venido manteniendo, si la cónyuge y la compañera permanente del pensionado que fallece tiene derecho a la sustitución pensional, en el marco de la Ley 12 de 1975, no existe razón válida para negar ese mismo derecho al «viudo» o cónyuge supérstite —hombre—.
Para dar cuenta de dicha aserción, en primer lugar, es conveniente recordar que el artículo 1º de la Ley 12 de 1975 establece que:
Elcónyugesupérstiteo la compañera permanente de un trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público, y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley, o en convenciones colectivas. (Resalta la Sala).
Asimismo que, como se dejó sentado en líneas anteriores, la Corte ha concebido que esta norma resulta aplicable también a los beneficiarios de pensionados fallecidos y no solo a los beneficiarios del trabajador que muere antes de cumplir la edad necesaria para jubilarse.
Si ello es así, al utilizar la norma la expresión «...el cónyuge supérstite...» y aplicarse al caso de pensionados fallecidos, debe concluirse sin más que el «viudo» o «cónyuge hombre» está incluido claramente dentro de esa expresión cónyuge supérstite y tiene derecho a la sustitución de la pensión de jubilación de su esposa fallecida, en vigencia de la referida Ley 12 de 1975.
Así se debe entender, entre otras cosas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 del Código Civil, pues la expresión «...el cónyuge supérstite...» es de aquellas de género común y, por lo mismo, inclusive de todas las personas de la especie humana, sin distinción de sexo, pues, además, semánticamente, no incluye alguna partícula o condición contextual que permita entender que está limitada a uno solo de ellos, como sucedía, por ejemplo, con las palabras viuda, niña, compañera, etc. (Ver CSJ SL, 24 feb. 1993, rad. 5410; CSJ SL, 11 oct. 2004, rad. 23173 y CSJ SL10139-2015).
Además, siendo claro el significado de la expresión, como ya se dijo, comprensivo de hombres y mujeres, no ve la Corte alguna razón legítima para prohijar distinciones no queridas por el legislador y sostener que el derecho consignado en el artículo 1º de la Ley 12 de 1975 está circunscrito a las cónyuges y compañeras permanentes – mujeres -. Contrario a ello, se debe seguir la enseñanza del artículo 28 del Código Civil, con arreglo al cual esa expresión debe entenderse en su sentido natural y obvio, según su uso general y extendido, que ratifica la Real Academia Española al admitir el uso de la palabra cónyuge en un sentido masculino y femenino.
Tal reflexión no se desdibuja por el hecho de que el artículo 1º de la Ley 113 de 1985 hubiera aclarado que «...para los efectos del artículo 1º de la Ley 12 de 1975, se entenderá que es cónyuge supérstite elesposoo esposa de la persona fallecida...», pues, a juicio de la Corte, como ya se explicó, desde la misma expedición de la Ley 12 de 1975, al utilizar la expresión «...el cónyuge supérstite...», la norma quiso abarcar a todas las personas casadas, de sexo femenino y masculino, en iguales condiciones.
Para la Corte también resulta relevante advertir que entender esa expresión —«...el cónyuge supérstite...»— en un sentido general, incluyente de ambos sexos, no resulta discriminatorio, sino que, por el contrario, garantiza que no se establezcan diferenciaciones arbitrarias e injustificadas en la adjudicación de derechos, en función del sexo, lo que proscribe claramente la Constitución Política de 1991, en el artículo 13, así como los convenios 100 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo, que ya habían sido ratificados por Colombia para la época de la expedición de la Ley 12 de 1975. Asimismo, a pesar de que la jurisprudencia constitucional ha cuestionado la utilización de expresiones tales como «hombre», para referirse jurídicamente a hombres y mujeres, por aparejar exclusiones históricas de la mujer o alguna forma de sexismo (CC C-804/2006), en estos casos en los que se trata de la asignación de derechos por el legislador, lo más adecuado para la materialización de una igualdad real y efectiva es que expresiones como la de cónyuge se sigan entendiendo en su sentido semántico común y aceptado, que incluye a las personas de sexo masculino y femenino, por igual.
Así lo sugirió también esta Sala de la Corte en la sentencia CSJ SL10139-2015, al negar que la norma se extendiera a los compañeros permanentes, ratificando que la Ley 12 de 1975 había ampliado su espectro al cónyuge y a la compañera permanente mujer.
En las condiciones descritas, la Corte puede concluir que si el artículo 1º de la Ley 12 de 1975 resguarda el derecho del «...cónyuge supérstite...» a recibir la sustitución de la pensión de jubilación que devengaba su cónyuge fallecido, de acuerdo con lo explicado desde la sentencia CSJ SL, 7 jul. 2009, rad. 25920, debe entenderse que dentro de dicha regla está incluido el cónyuge (hombre) o viudo, de manera que, en vigencia de la Ley 12 de 1975, tiene derecho a recibir la sustitución de la pensión que en vida devengaba su esposa. En tales términos, queda precisada la jurisprudencia que ha desarrollado la Corte frente al tema analizado.
En este caso, al no mediar discusión en torno al hecho de que la señora Rosa Angélica Velásquez Vásquez falleció el 9 de junio de 1978 (fl. 8), cuando ya recibía una pensión de jubilación reconocida por la entidad demandada y cuando ya estaba vigente el artículo 1º de la Ley 12 de 1975, además de que el demandante era su cónyuge supérstite (fl. 9), el Tribunal no incurrió en la aplicación indebida de dicha norma, como se denuncia en el segundo cargo, ni tampoco la interpretó con error, como se acusa en el primero, pues, se repite, de acuerdo con la jurisprudencia de esta sala de la Corte, dicha disposición ampara el derecho del cónyuge supérstite del trabajador que fallece con derecho adquirido a la pensión y no solo del que cuenta con el tiempo de servicios necesario para ello, pero muere antes de cumplir la edad respectiva. Asimismo, como ya se explicó, la expresión «...el cónyuge supérstite...» debe entenderse naturalmente comprensiva de personas de sexo masculino o femenino, por lo que no cabe duda de que al actor le asistía el derecho a recibir la sustitución de la pensión que percibía su esposa.
Resta decir que como el artículo 1º de la Ley 12 de 1975 sirve de fuente legal suficiente del derecho del actor y fue el sustento principal de la sentencia gravada, no resulta necesario referirse a los alcances del artículo 1º de la Ley 33 de 1973, tema que también es abordado en los cargos.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se estiman las agencias en derecho en la suma de SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 7.000.000.oo), que se incluirá en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de octubre de 2009, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por el señor MIGUEL ÁNGEL VÁSQUEZ CORREA contra TEXTILES FABRICATO TEJICÓNDOR S.A.