Source: https://bocyl.vlex.es/vid/539305038
Timestamp: 2019-05-26 13:40:44
Document Index: 241557980

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 27', 'artículo 46', 'artículo 10', 'artículo 45', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 11', 'artículo 16', 'Artículo 18', 'artículo 24', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 39', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 44', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 52', 'Artículo 56']

LEY 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. - BOCYL. Boletín Oficial de Castilla y León - Legislación - VLEX 539305038
Fecha de Entrada en Vigor: 16 de Noviembre de 2014
En este momento se dan varias circunstancias que, individual y conjuntamente, dado el objetivo común que persiguen de impulsar la actividad económica en la Comunidad de Castilla y León, garantizando la protección ambiental, a través de la adecuación de las regulaciones existentes a los avances e innovación que marcan tanto las disposiciones normativas como las técnicas más recientes y que demanda el sector empresarial, así como de la racionalización de los procedimientos administrativos, motivan que esta norma sea revisada en profundidad. La primera de ellas, responde directamente a la actual coyuntura económica, que requiere la adopción de medidas orientadas a dinamizar la actividad económica, basadas en la racionalización y simplificación procedimental, así como en la supresión y reducción del coste de tramitación para las empresas derivado de las obligaciones impuestas por las Administraciones públicas. En íntima conexión con la razón apuntada, puede citarse la necesidad de continuar con la línea iniciada por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios en el mercado interior, en el sentido de sustituir procedimientos de control previos a la construcción o inicio de las actividades o instalaciones por sistemas eficaces de inspección y control durante el funcionamiento y, todo ello, bajo unas normas claras de funcionamiento. La tercera, igualmente vinculada a las anteriores, se concreta en la necesidad de acomodar los regímenes de intervención exigidos a las actividades o instalaciones en función de su incidencia desde el punto de vista ambiental y de atender con ello a la creciente demanda ciudadana que existe en este sentido. Asimismo, en cuarto lugar, e informada por los mismos argumentos, tras la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en la que se unifican en una sola norma el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, con el objetivo primordial de ser un instrumento eficaz para la protección medioambiental, no solo se hace necesario adaptar el contenido de los preceptos de la Ley 11/2003, de 8 de abril, que regulan la evaluación de impacto ambiental a lo establecido en la normativa básica estatal, sino también los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación sometidos a dicha evaluación. Finalmente, la revisión y, en consecuencia, modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, está motivada por la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales, que introduce cambios en el sistema de autorizaciones ambientales integradas, la cual ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
El primer bloque de las modificaciones afecta al Título I de la Ley 11/2003, de 8 de abril. Se modifican los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 y se añade un nuevo artículo 6 bis. Las principales modificaciones van orientadas a puntualizar el objeto inicial de la mencionada ley a los efectos de evitar confusiones en cuanto a las cuestiones que abarca su contenido, que es fundamentalmente ambiental; lo que no obsta, que las actividades o instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la ley puedan estar sujetas a otros
regímenes de intervención administrativa, entre los que se puede citar, por su especial transcendencia en cuanto valores esenciales para la identidad de la Comunidad Autónoma, los relativos al patrimonio cultural y al patrimonio natural de la Comunidad de Castilla y León. Asimismo, se establecen nuevos supuestos de actividades o instalaciones excluidas del ámbito de aplicación de esta norma, motivados básicamente por estar determinado así en las normas básicas estatales o por ser cuestiones ajenas a la problemática ambiental y estar reguladas por la normativa sectorial. Se añaden nuevas definiciones con una finalidad fundamentalmente aclaratoria y se reforma la referida a las modificaciones de las instalaciones, ya que su contenido se concreta, con mayor detalle y de una manera más clara, en el artículo 6 bis. Este artículo 6 bis recoge los procedimientos de modificación sustancial y no sustancial, de conformidad con las modificaciones operadas por la normativa básica estatal, para las instalaciones recogidas en el régimen de autorización ambiental y que, mediante esta modificación, se hacen extensivos a las modificaciones de las instalaciones afectadas por los regímenes de licencia ambiental y de comunicación ambiental.
Igualmente, hay que resaltar la modificación realizada en el artículo 11, concretamente, en el apartado 2, en lo que se refiere al orden de concesión de la autorización ambiental. Se introduce como novedad que la licencia urbanística solo deba ser posterior al otorgamiento de la autorización ambiental en el caso de que la actividad vaya a llevarse a cabo en suelo rústico. Este cambio deriva de que en numerosas ocasiones las actividades autorizadas por
este régimen de intervención pueden desarrollarse en edificaciones situadas en polígonos industriales, de uso general y no específico, lo que además conlleva una disminución sustancial en tiempo para la implantación de las actividades.
Asimismo, entre las modificaciones debemos destacar, en la misma línea que la indicada para las autorizaciones ambientales, la mejora en la determinación de la documentación y de los trámites que deben observarse para la concesión de las licencias ambientales. Además, se simplifican determinados trámites, al tiempo que se buscan mayores garantías de participación por parte de los afectados en el procedimiento, a estos
efectos, en concreto, en el artículo 27.1 se incluye la obligación de publicar en el tablón de edictos del Ayuntamiento el anuncio del trámite de información pública.
En esta línea, el presente texto, pretende aclarar el ámbito competencial para dictar la declaración de impacto ambiental y el informe de impacto ambiental en la Comunidad
de Castilla y León, regular, en sintonía con la normativa estatal, la posibilidad de que la Junta de Castilla y León pueda excluir determinados proyectos del trámite de evaluación de impacto ambiental, concretar cómo se debe iniciar, tramitar y finalizar la evaluación de impacto ambiental, establecer el régimen de la notificación y publicación de la declaración de impacto ambiental y del informe de impacto ambiental e, incluso, regular un procedimiento más concreto para la resolución de discrepancias, si estas llegan a producirse.
El Título VII de la Ley 11/2003, de 8 de abril, referido al régimen de comunicación ambiental, también es objeto de modificación. La modificación esencial que se ha introducido y que se concreta en el Anexo V. Actividades o instalaciones sometidas a comunicación ambiental , es que se someten a este régimen, el más sencillo de todos los previstos en la mencionada ley, además del listado de actividades e instalaciones que se relacionan en el Anexo V, las actividades o instalaciones que deben someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, que cuenten con una declaración de impacto ambiental favorable. De este modo, las actividades o instalaciones cuya incidencia ya ha sido evaluada y controlada por la Administración regional en todos sus términos, quedan sometidas en el ámbito municipal al procedimiento más sencillo y breve que regula la ley que ahora se modifica. Asimismo, se modifica el citado anexo, ampliando los supuestos incluidos en el doble sentido de incorporar actividades o instalaciones de muy escasa incidencia ambiental y actividades o instalaciones con incidencia ambiental más significativa que, por normas ambientales sectoriales, han de ser supervisadas en procedimientos administrativos específicos por la Administración regional. Debe destacarse, de manera particular, que se ha considerado lo establecido en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización el comercio y de determinados servicios, en la redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, respecto a las actividades o instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, así como en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
Concluye la modificación que lleva a cabo la presente ley, como se ha adelantado, con la supresión del Anexo II. Actividades e instalaciones exentas de calificación e informe de las Comisiones de Prevención Ambiental y del Anexo IV. Proyectos de obras, instalaciones o actividades sometidos a evaluación de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 46.2 , que quedan sin contenido, y con la modificación del Anexo I. Categorías de actividades o instalaciones contempladas en el artículo 10 , del Anexo III. Proyectos de obras, instalaciones o actividades a los que se refiere el artículo 45.2 y del Anexo V. Actividades o instalaciones sometidas a comunicación ambiental.
Concluye la norma de modificación con cinco disposiciones finales. La disposición final primera, contempla un régimen de aplicación supletoria de los plazos establecidos en la normativa estatal en materia de evaluación de impacto ambiental. La disposición final segunda , contiene una remisión a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, a los efectos de su aplicación, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, a la evaluación ambiental estratégica de los planes y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, y determina el órgano ambiental en esta materia en la Comunidad de Castilla y León. La disposición final tercera, con el objeto de determinar las explotaciones ganaderas que no estando sometidas al régimen de autorización ambiental pueden quedar sometidas al régimen de comunicación ambiental, prevé que la Junta de Castilla y León, mediante decreto, a iniciativa de la Consejería competente en materia de ganadería y de la Consejería competente en materia de medio ambiente, regule las condiciones ambientales mínimas que deberán cumplir las actividades o instalaciones ganaderas, en función de su situación, capacidad y demás características. La disposición final cuarta habilita a la Junta de Castilla y León para elaborar y aprobar un texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, que venga a incluir en un único texto normativo todas las modificaciones de las que ha sido objeto la Ley 11/2003, de 8 de abril, a lo largo de su período de vigencia. La disposición final quinta determina la entrada en vigor de esta ley, que concreta en el plazo de treinta días desde su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», con la finalidad de hacer posible el conocimiento material de las modificaciones, así como la adopción de las medidas necesarias para su aplicación.
b) La actividad laboral, respecto a la contaminación producida por ésta en el
correspondiente lugar de trabajo.
En aquellos casos en los que resulten de aplicación en función de las actividades o instalaciones o partes de las instalaciones dos o más regímenes de intervención de los
previstos en esta Ley se aplicará al conjunto de las instalaciones el que corresponda a la actividad o instalación o parte de esta con mayor grado de incidencia sobre el medio ambiente, la seguridad y la salud.
Artículo 6 bis. Modificaciones de las actividades o instalaciones.
2. En todo caso se considerará que se produce una modificación sustancial de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa básica estatal y, en todo caso, si el titular de la instalación debe adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ . Dichos criterios se aplicarán a los efectos de determinar las modificaciones sustanciales de las actividades o instalaciones sujetas a licencia ambiental y a comunicación ambiental.
Artículo 7. Valores límite de emisión y prescripciones técnicas.
4. Los valores límite de emisión y las prescripciones técnicas, respetando en todo caso lo dispuesto en la normativa sectorial y en las autorizaciones o licencias ambientales correspondientes, pueden completarse en un acuerdo voluntario suscrito entre la Administración y una empresa o un sector industrial determinado. Dichos acuerdos serán objeto de publicación en el "Boletín Oficial de Castilla y León"
Artículo 11. Autorización ambiental.
En los informes preceptivos a los que se refiere el párrafo anterior se incluyen el establecido en el artículo 16 y los informes en materia de emisiones a la atmósfera, de producción y gestión de residuos y de control de riesgos inherentes a los accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas que deban ser emitidos, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación, por los órganos competentes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que tendrán la consideración de determinantes del contenido de la autorización ambiental.
Artículo 18. Audiencia.
3. En los casos en los que se hayan realizado alegaciones en el trámite de audiencia, concluido el trámite regulado en el apartado anterior, y en aquellos casos en los que se determine reglamentariamente, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo o, en su caso, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León elaborará la propuesta de resolución definitiva con el contenido establecido en el apartado 1 y, en su caso, de acuerdo con lo manifestado por los órganos a los que
se refiere el apartado 2. Asimismo, si procede, elaborará la propuesta de declaración de impacto ambiental, incorporando los condicionantes o medidas correctoras que resulten de los informes vinculantes emitidos.
3. La solicitud debe ir acompañada de un resumen o memoria de la documentación señalada en el apartado anterior, formulado de forma comprensible e incluirá, en su caso, la indicación de la fecha de publicación en el "Boletín Oficial de Castilla y León" del informe de impacto ambiental al que se refiere el artículo 24.1. Asimismo, incorporará una declaración responsable sobre la disposición de las autorizaciones previas exigibles por la normativa sectorial aplicable.
1. Salvo que proceda la denegación expresa de la licencia ambiental por razones de competencia municipal, basadas en el planeamiento urbanístico, en las ordenanzas municipales o por el incumplimiento de los requisitos previos establecidos en la legislación sectorial aplicable, el Ayuntamiento someterá el expediente a información pública durante diez días mediante la inserción de un anuncio en el "Boletín Oficial de la Provincia". Asimismo, una copia de dicho anuncio se expondrá en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación. En el supuesto de que haya otros procedimientos administrativos de autorización en el Ayuntamiento sobre la actividad o instalación concreta en tramitación que requieran que la información pública de ese expediente se publique en el "Boletín Oficial de Castilla y León", podrá hacerse la información pública únicamente en este último a todos los efectos y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
3. El Servicio Territorial competente en materia de medio ambiente de la provincia en la que se ubique la instalación, previa solicitud del Ayuntamiento, emitirá informe, en todo
caso, sobre aquellos aspectos no incluidos en las autorizaciones sectoriales que deban ser otorgadas por la administración ambiental autonómica, en los siguientes supuestos:
Artículo 34. Presentación de la comunicación de inicio.
Artículo 35. Actuación administrativa de comprobación.
Artículo 39. Revisión de la autorización ambiental.
Artículo 41. Revisión de oficio de la licencia ambiental.
Artículo 42. Transmisión de las actividades o instalaciones.
Artículo 43. Cambios en el régimen de intervención administrativa.
3. Cuando sobre las actividades o instalaciones sometidas al régimen de comunicación ambiental se proyecten modificaciones que hagan que el conjunto de la instalación haya
de someterse al régimen de autorización ambiental o de licencia ambiental, deberá formularse la correspondiente solicitud ante el órgano competente para otorgarlas. Para la parte existente y amparada por la previa comunicación ambiental será suficiente aportar la documentación que justifique el adecuado comportamiento ambiental de la instalación.
Artículo 44. Plazos de vigencia de la autorización ambiental y de la licencia ambiental y de cese temporal.
Artículo 44 bis. Cese de la actividad y cierre de la instalación.
Artículo 47. Capacidad técnica del redactor del documento inicial, del estudio de impacto ambiental y del documento ambiental del proyecto.
Artículo 48. Responsabilidad de los redactores del documento inicial, del estudio de impacto ambiental y del documento ambiental del proyecto.
Artículo 52. Terminación del trámite de evaluación de impacto ambiental.
Artículo 56. Seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental y del informe de impacto ambiental.
Le corresponde, en aquellos casos en los que se hayan formulado alegaciones en el trámite de audiencia y en los que se determine reglamentariamente, realizar la correspondiente propuesta de resolución definitiva en los expedientes relativos al otorgamiento y a la modificación sustancial de las actividades o instalaciones sometidas al régimen de la autorización ambiental cuando deban ser resueltos por el titular de la
Consejería competente en materia de medio ambiente. Asimismo, formulará la propuesta de declaración de impacto ambiental, o, en su caso, la propuesta de informe de impacto ambiental en los expedientes de evaluación de impacto ambiental relativos a proyectos que afecten a más de una provincia, los que se tramiten como proyecto regional o los que, por su importancia, considere oportuno el titular de la mencionada Consejería.
a) Las actividades incluidas en el anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 750 m 2 .
b) Talleres de relojería, orfebrería, óptica, ortopedia, confección, peletería y guarnicionería, cestería, encuadernación, auxiliares de construcción de albañilería, escayolistería, cristalería, electricidad, fontanería, calefacción y aire acondicionado, reparación de electrodomésticos, maquinaria de oficina y maquinaria asimilable siempre que su superficie sea inferior a 500 m 2 .
d) Actividades o instalaciones de almacenamiento y/o venta al por mayor de objetos y materiales, siempre que su superficie sea inferior a 1.000 m 2 , excepto las de productos químicos o farmacéuticos, combustibles, lubricantes, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, pinturas, barnices, ceras, neumáticos, residuos de cualquier tipo (excepto los de producción propia), chatarrerías y desguaces de automóviles y maquinaria.
Caballos >6 meses
t) Actividades o instalaciones comerciales de alimentación con obrador, entendiendo por tales las que no cuenten con hornos alimentados por combustibles fósiles o biomasa, cuya potencia mecánica instalada no supere los 15 KW y cuya superficie no sea superior a 750 m 2 .
dd) Instalaciones para la alimentación controlada de fauna silvestre protegida y
especies cinegéticas en libertad.
Disposición adicional primera Comunicaciones electrónicas.
Disposición adicional segunda Actividad económica y empleo en los procedimientos de revisión.
Disposición adicional tercera Impulso de la utilización de las mejores tecnologías disponibles.
La Administración de la Comunidad de Castilla y León en relación con las empresas cuyas actividades o instalaciones estén sometidas a alguno de los regímenes regulados
en esta Ley, promoverá la utilización de las mejores tecnologías disponibles para preservar los valores cuya protección constituye el objeto de esta Ley, en particular, a través de las convocatorias de subvenciones u otras actividades de fomento de la Comunidad de Castilla y León para la realización de inversiones en procesos productivos, así como de la implantación de sistemas de gestión medioambiental y, preferentemente, del sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales (EMAS).
Disposición transitoria primera Procedimientos administrativos de licencia ambiental y de modificación de esta iniciados y pendientes de resolución.
Disposición transitoria segunda Expedientes de evaluación de impacto ambiental iniciados y pendientes de declaración de impacto ambiental.
Las evaluaciones de impacto ambiental iniciadas antes de la entrada en vigor de esta ley, relativas a proyectos que hayan dejado de estar sometidos a dicha evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la presente ley y que estén pendientes de obtener la declaración de impacto ambiental, se archivarán sin más trámites, previa resolución dictada al efecto por el órgano ambiental competente.
Las evaluaciones de impacto ambiental iniciadas antes de la entrada en vigor de esta ley, que se refieran a proyectos que hayan quedado sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada al quedar incluidos en el Anexo III de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se tramitarán de acuerdo con la normativa anterior. No obstante, podrá aplicarse lo establecido en la presente ley, si el promotor desiste de la solicitud anterior y presenta la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada.
En particular, se derogan las disposiciones o referencias recogidas en la normativa autonómica ambiental o sectorial, así como en instrumentos de ordenación del territorio en cuanto prescriban la evaluación de impacto ambiental de proyectos que no estén sometidos al mencionado trámite de acuerdo con lo establecido en la normativa básica estatal o en la Ley 11/2003, de 8 de abril, entre ellas las incluidas en las siguientes normas:
- Ley 8/1991, de 10 de mayo, de espacios naturales de la Comunidad de Castilla y León.
- Decreto 9/1994, de 20 de enero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Picos de Europa.
- Decreto 36/1995, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Gredos.
- Decreto 57/1996, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Valle de Iruelas (Ávila).
- Decreto 58/1996, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Monte Santiago (Burgos).
- Decreto 60/1996, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Ojo Guareña (Burgos).
- Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia).
- Decreto 141/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Las Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca).
- Decreto 142/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de La Fuentona (Soria).
- Decreto 143/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Sabinar de Calatañazor (Soria).
- Ley 5/1999, de 5 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
- Decreto 249/2000, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Riberas de Castronuño-Vega del Duero (Valladolid).
- Decreto 164/2001, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Arribes del Duero (SalamancaZamora).
- Decreto 206/2001, de 2 de agosto, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Valladolid y entorno.
- Decreto 101/2002, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de Las Médulas (León).
- Decreto 58/2003, de 15 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Hoces del Río Riaza (Segovia).
- Decreto 11/2004, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Territorial del Puerto de San Isidro (León).
- Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
- Decreto 7/2005, de 13 de enero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de Lagunas de Villafáfila (Zamora).
- Decreto 74/2005, de 20 de octubre, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno.
- Decreto 83/2005, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Montes Obarenes (Burgos).
- Decreto 107/2007, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón (Burgos).
- Decreto 108/2007, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área de Miranda del Castañar declarada como Parque Natural de las Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca).
- Decreto 109/2007, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de San Martín del Castañar (Salamanca).
- Decreto 111/2007, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de «Lagunas Glaciares de Neila (Burgos)».
- Decreto 112/2007, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de «Acebal de Garagüeta» (Soria).
- Decreto 40/2008, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de «Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión (Soria)».
- Decreto 6/2009, de 23 de enero, por el que se aprueban las Directrices de Ámbito Subregional de la provincia de Palencia.
- Decreto 4/2010, de 14 de enero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de Guadarrama» (Segovia y Ávila).
- Decreto 62/2013, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Lago de Sanabria y alrededores» (Zamora).
- Decreto 7/2014, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Babia y Luna» (León).
Asimismo, se deroga el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León.
Disposición final primera Aplicación supletoria en materia de evaluación de impacto ambiental.
Disposición final segunda Evaluación ambiental estratégica.
En el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, la evaluación ambiental estratégica de los planes y programas a los que se refiere la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que deban ser adoptados o aprobados por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración Local, se regirá por lo establecido en la mencionada ley, sin perjuicio de su aplicación como legislación básica.
El órgano ambiental en la Comunidad de Castilla y León a los efectos de la evaluación ambiental estratégica de los planes y programas señalados en el apartado anterior, será la consejería competente en materia de medio ambiente.
Disposición final tercera Condiciones ambientales de las explotaciones ganaderas.
Disposición final cuarta Texto refundido.
Decreto 273/2011, de 11 de noviembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
ORDEN 5473/2001, de 29 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se regula la concesión de ayudas para el desarrollo del Programa de Puestos de Becas FINNOVA 2001-2002.