Source: http://aladda.es/stjue-de-9-7-2020-asunto-c-264-19-constantin-film-verleih-c-youtube-google-alcance-del-deber-de-los-prestadores-de-servicios-de-la-informacion-de-proporcionar-informacion-acerca-de-los-usuarios/
Timestamp: 2020-08-09 11:56:17
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STJUE de 9/7/2020, asunto C-264/19: Constantin Film Verleih c. Youtube & Google. Alcance del deber de los prestadores de servicios de la sociedad de la información de proporcionar datos para identificar a los usuarios de sus plataformas que infringen derechos de propiedad intelectual de terceros – Aladda
El concepto «direcciones» del art. 8.2,a) DRDPI no comprende la dirección de correo electrónico, número de teléfono y dirección IP del usuario infractor. Ahora bien, que los Estados no estén obligados a que se pueda requerir esa información, no significa que les esté vedada la posibilidad de hacerlo.
1. El caso Constantin Film Verleih ya ha sido objeto de atención en este blog con anterioridad. En su día se dio cuenta del planteamiento y, en fecha más reciente, también de las Conclusiones del Abogado General (AG), que fueron además objeto de una mención relativamente detallada. El pasado 9/7/2020 se hizo pública la sentencia. Sin perjuicio de la posibilidad de releer las dos entradas precedentes, parece oportuno volver a resumir el caso, también por razones de comodidad, de tal modo que baste con la lectura de la presente reseña para refrescar la memoria y conocer el criterio del Tribunal de Justicia (TJUE) que, como se verá, coincide con lo que en su momento sugirió el AG.
1) Controversia entre una distribuidora cinematográfica (Constantin Film Verleih) y una plataforma de servicios de la sociedad de la información (Youtube, propiedad de Google), por la negativa a facilitar todos los datos que permitirían identificar a quienes suben contenidos ilegalmente
2. Constantin Film Verleih (en adelante Constantin) es una distribuidora cinematográfica, titular de los derechos sobre las películas Parker y Scary Movie 5. Durante los años 2103 y 2014 ambas fueron subidas al sitio web www.youtube.com (en adelante Youtube), con decenas de miles de accesos y visualizaciones. Para poder subir material a la plataforma, los usuarios deben abrir una cuenta, facilitando un nombre, un correo electrónico y una fecha de nacimiento. Estos datos no se verifican. Tampoco se pide a los usuarios una dirección postal. No obstante, cuando se trata de subir videos de más de 15 minutos, se requiere facilitar un número de teléfono móvil para poder recibir un código de activación. Además, de acuerdo con las condiciones generales establecidas por la empresa. “los usuarios de la plataforma YouTube autorizan el almacenamiento de registros de servidor, donde se incluyen la dirección IP, la fecha y hora de uso y las distintas solicitudes, así como la utilización de estos datos por parte del grupo” (pfo. 16 de la sentencia; en adelante cuando se cite sólo el párrafo debe entenderse referido a esta).
3. Constantin pidió que se ordenara a Youtube y Google (en adelante haremos sólo referencia a la primera, dando por supuesto que la mención incluye también a su matriz Google) que le facilitaran datos adicionales de los usuarios puesto que, hasta el momento, sólo se le había proporcionado lo que resultaron ser nombres ficticios. Tales datos adicionales incluirían “por un lado, las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono móvil, así como las direcciones IP utilizadas por los usuarios de que se trata para la subida de los archivos, de manera que el momento exacto de dicha subida indique la fecha y la hora, incluidos los minutos, los segundos y el huso horario, esto es, el momento de la subida, y, por otro lado, la dirección IP utilizada en último lugar por dichos usuarios para acceder a su cuenta de Google con el fin de acceder, a su vez, a la plataforma YouTube, también de manera que el momento exacto del acceso indique la fecha y la hora, incluidos los minutos, los segundos y el huso horario, esto es, el momento del acceso” (pfo. 18).
4. La demanda de Constantin ante los tribunales alemanes, desestimada en primera instancia, fue parcialmente estimada en apelación. Pero sólo en cuanto a la obligación de proporcionar las direcciones de correo electrónico. Constantin acudió en casación al Tribunal Supremo (BGH) insistiendo en que la condena debía extenderse a proporcionar también los números de teléfono y las direcciones IP. Youtube, por su parte, recurrió para insistir en su inicial petición de desestimación total, también en lo relativo a las direcciones de correo electrónico.
2) La norma de referencia: art. 8.2 de la Directiva 2004/48, sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual
5. El artículo 8 de la Directiva 2004/48/CE de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DRDPI) con la rúbrica “derecho de información”, dispone lo siguiente (se suprimen los puntos y aparte correspondientes a los subapartados y se subrayan los aspectos más relevantes):
“1) Los Estados miembros garantizarán que, en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual y en respuesta a una petición justificada y proporcionada del demandante, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que faciliten datos sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual el infractor o cualquier persona que: a) haya sido hallada en posesión de las mercancías litigiosas a escala comercial; b) haya sido hallada utilizando servicios litigiosos a escala comercial; c) haya sido hallada prestando a escala comercial servicios utilizados en las actividades infractoras; o d) haya sido designada por la persona a que se refieren las letras a), b) o c) como implicada en la producción, fabricación o distribución de dichas mercancías o en la prestación de dichos servicios.
2) Los datos a los que se refiere el apartado 1 incluirán, según proceda: a) los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y otros poseedores anteriores de las mercancías o servicios, así como de los mayoristas y minoristas destinatarios; b) información sobre las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, así como sobre el precio obtenido por las mercancías o los servicios de que se trate.
3) Los apartados 1 y 2 se aplicarán sin perjuicio de otras disposiciones legales que: a) concedan al titular derechos de información más amplios; b) regulen la utilización de los datos que se comuniquen con arreglo al presente artículo en procedimientos civiles o penales; c) regulen la responsabilidad por abuso del derecho de información; d) ofrezcan la posibilidad de negarse a facilitar datos que obliguen a la persona a la que se refiere el apartado 1 a admitir su propia participación o la de sus parientes cercanos en una infracción de un derecho de propiedad intelectual; o e) rijan la protección de la confidencialidad de las fuentes de información o el tratamiento de los datos personales”
3) Dudas del TS alemán
4. Para el TS alemán, el resultado de los recursos dependería de la interpretación del artículo 8.2,a) DRDPI “y, en particular, de la respuesta a la cuestión de si los datos adicionales solicitados por Constantin […] están comprendidos en el concepto de «direcciones»”” (pfo. 21). Por tal razón suspendió el procedimiento y elevó al TJUE las siguientes cuestiones prejudiciales (se suprimen los puntos y aparte correspondientes a los subapartados):
“1) ¿Debe entenderse que en el concepto de direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y otros poseedores anteriores de las mercancías o servicios, así como de los mayoristas y minoristas, que, según el artículo 8, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/48, están incluidas, según proceda, en los datos a los que se refiere el artículo 8, apartado 1, de la misma Directiva, están comprendidos también: a) las direcciones de correo electrónico de los usuarios de los servicios, b) los números de teléfono de los usuarios de los servicios, y c) las direcciones IP utilizadas por los usuarios de los servicios para la carga ilícita de los archivos en el mismo momento de efectuar esta?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, letra c): ¿Los datos que deben facilitarse conforme al artículo 8, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/48 incluyen también la dirección IP que el usuario que previamente ha puesto en línea archivos litigiosos ha utilizado por última vez para acceder a su cuenta de usuario de Google o YouTube, junto con el momento exacto de dicho acceso, con independencia de si en este último acceso se infringió algún derecho [de propiedad intelectual]?”
4) Conclusiones del AG
5. El AG propuso en sus Conclusiones que respondiera conjuntamente y en sentido negativo a las preguntas formuladas: “El artículo 8, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de “nombres y direcciones” que figura en esta disposición no se refiere, en lo que respecta a un usuario que ha puesto en línea archivos que infringen un derecho de propiedad intelectual, a la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, la dirección IP utilizada para poner en línea estos archivos o la dirección IP utilizada en su último acceso a la cuenta de usuario. [//] Por consiguiente, los Estados miembros no están obligados, en virtud de dicha disposición, a prever la posibilidad de que las autoridades judiciales competentes ordenen que se faciliten estos datosen el contexto de procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual.”
5) Decisión del TJUE: El art. 8.2,a) DRDPI no exige que los Estados obliguen a dar la información requerida por Constantin, pero les deja margen para hacerlo si lo estiman oportuno.
6. Ante todo, el TJUE señala que el concepto “direcciones” del art. 8.2,a) DRDPI, al no haber remisión alguna al Derecho de los Estados miembros, debe considerarse “un concepto de Derecho de la Unión que normalmente debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión” (pfo. 28). En esta tesitura, de acuerdo con su propia doctrina y como ya había hecho el AG (vid. ampliamente su reseña en este blog), el TJUE procede a aplicar los tradicionales criterios interpretativos: gramatical (sentido de las palabras), histórico (antecedentes normativos) y sistemático (el contexto)
7. En el “lenguaje corriente”, dice el TJUE, la palabra “direcciones” “se refiere únicamente a la dirección postal, es decir, al lugar de domicilio o de residencia de una persona determinada”, de lo que cabe deducir que “este término, cuando se utiliza sin más precisiones, como sucede en el artículo 8, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/48, no comprende la dirección de correo electrónico, el número de teléfono o la dirección IP “ (pfo. 30).
8. A la misma conclusión conduciría el análisis del proceso de elaboración de la norma. “En efecto, como ha señalado el Abogado General en el punto 37 de sus conclusiones y como ha sostenido la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia, dichos trabajos preparatorios no contienen indicio alguno que sugiera que el término «dirección» empleado en el artículo 8, apartado 2, letra a), de esta Directiva deba entenderse en el sentido de que comprende no solo la dirección postal, sino también la dirección de correo electrónico, el número de teléfono o la dirección IP de las personas de que se trate” (pfo. 31).
9. También el criterio sistemático conduce al mismo resultado. “Como señaló el Abogado General en el punto 35 de sus conclusiones, el examen de otros actos de Derecho de la Unión relativos a la dirección de correo electrónico o a la dirección IP pone de manifiesto que ninguno de ellos utiliza el término «dirección», sin más precisiones, para referirse al número de teléfono, a la dirección IP o a la dirección de correo electrónico” (pfo. 33).
10. La conclusión que se apunta resultaría asimismo del criterio finalista o teleológico, también llamado “dinámico” en la jurisprudencia del TJUE. Aquí es donde la sentencia entra a ponderar los derechos e intereses en juego. Es cierto, dice, que el “derecho de información” del art. 8 DRDPI es básico para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la propiedad intelectual (arts. 47 y 17.2 CDFUE, respectivamente), en la medida en que permite identificar al infractor y adoptar las pertinentes medidas de protección. No obstante, al aprobar la Directiva 2004/48, se optó por una armonización de mínimos, de tal modo que la información requerida por el art. 8.2 se reduce “a datos bien delimitados” (pfo. 36).
11. En este sentido hay que tener en cuenta que la repetida Directiva “tiene por objeto garantizar un justo equilibrio entre, por un lado, el interés de los titulares en la protección de su derecho de propiedad intelectual […] y, por otro lado, la protección de los intereses y de los derechos fundamentales de los usuarios de prestaciones protegidas, así como del interés general” (pfo. 37, subrayados añadidos). Entre los derechos de los usuarios hay que tener en cuenta la protección de datos personales (pfo. 38).
12. No obstante, la sentencia también deja claro que una cosa es que la Directiva sólo requiera una información muy limitada y otra que impida a los Estados miembros exigirla con mayor extensión. “Los Estados miembros no están obligados, con arreglo al [art. 8.2,a) DRDPI] a prever la posibilidad de que las autoridades judiciales competentes ordenen facilitar la dirección de correo electrónico, el número de teléfono o la dirección IP de las personas a las que se refiere esta disposición en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual; no obstante, sí disponen de dicha facultad. En efecto, como se infiere del propio tenor del artículo 8, apartado 3, letra a), de esta Directiva, el legislador de la Unión ha previsto expresamente la posibilidad de que los Estados miembros concedan a los titulares de los derechos de propiedad intelectual el derecho a recibir una información más amplia, con la condición, no obstante, de que se garantice un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales de que se trate y el respeto a otros principios generales del Derecho de la Unión, como el principio de proporcionalidad” (pfo. 39, con remisión a los asuntos LSG y Bonnier, C-557/07 y c-461/10, respectivamente; subrayados añadidos).
13. En atención a los argumentos señalados, el TJUE concluye que: “El artículo 8, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «direcciones» que figura en esta disposición no comprende, en relación con un usuario que ha puesto en línea archivos infringiendo un derecho de propiedad intelectual, su dirección de correo electrónico, su número de teléfono ni la dirección IP utilizada para subir estos archivos o la dirección IP utilizada en el último acceso a su cuenta de usuario”
Reforma del art. 159,ñ) TRLPI (estatutos de las entidades de gestión) por el RD-Ley 26/2020. de 7 de julio (BOE de 8/7/2020)