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Timestamp: 2019-01-19 21:30:45
Document Index: 203029110

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28']

La ley de Reparación Histórica y la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad: La suspensión judicial de los fondos.
1. La Ley 27.260, de “Reparación Histórica”:
Esta ley, que se publicó en el Boletín Oficial con fecha 22 de julio de 2016, es conocida como ley ómnibus que engloba, entre otros puntos que no merecen nuestra atención, un programa de adhesión voluntaria de pagos a jubilados y pensionados nacionales que “tiene por objeto implementar acuerdos destinados a permitir el reajuste de los haberes con respecto a aquellos beneficiarios” que hubieran iniciado juicio de reajuste de haberes previsionales y que éstos se encuentren “con o sin sentencia firme” y también para aquellos beneficiarios que hubieran iniciado el litigio (Artículo 1, ley 27.260 y Circular DP N°: 36/16 Anses).
En este sentido, dichos acuerdos se enmarcan en la declaración de la emergencia en materia de litigiosidad previsional, el que tendrá vigencia por tres años a partir de la promulgación de la ley (Artículo 2, ley 27,260).
2. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Breves nociones:
Conforme se señala en la página web de Anses, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad “se trata de un fondo que fue creado a través del Decreto N° 897/07 del 13/07/07; asimismo, la Ley N° 26.425 del 20/11/08 dispuso el traspaso en especie de los fondos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) al actual Sistema de Reparto. Está compuesto por diversos tipos de activos financieros. Entre ellos títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, tenencias de plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, valores representativos de deuda emitidos en el marco de fideicomisos y cédulas hipotecarias. En el momento del traspaso, 05 de diciembre de 2008, estaba valuado en 98.224 millones de pesos; a marzo de 2011 se valuaba en 182.600 millones de pesos y a diciembre de 2013 su valuación asciende a 329.472 millones de pesos y que tiene como objetivos centrales el de “contribuir al desarrollo sustentable de la economía nacional, preservar los recursos destinados a la seguridad social y atenuar el impacto negativo que sobre el régimen de seguridad social pudiese tener la evolución de variables económicas y sociales”.
En definitiva, persigue como objetivo final el constituirse como un fondo de reserva (o anticíclico), a fin de que el mismo pueda atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del Régimen Previsional Público, a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales.
3. Planteo del caso judicial:
El amparo interpuesto por la parte actora, quien invoca su derecho en virtud de ser jubilado al sistema nacional, pretende que se declare la inconstitucionalidad de una serie de artículos de la ley 27.260 “por entender que los mismos resultan violatorios de los artículos 14 bis, 16, 17, 28, 31 y 75 de la Constitución Nacional” y pide “el dictado de una medida cautelar mediante la cual se ordene la suspensión de las normas impugnadas, hasta tanto se dicte el pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión deducida”.
El primer planteo que se hace la parte actora es saber si existen causas objetivas para el dictado de la emergencia en materia de litigiosidad previsto en el artículo 2° de la ley de referencia.
A su criterio, y según consta, no existen tales causas toda vez que el sistema previsional “no tiene déficit y además posee un FGS que acumula un monto superior a los 770.000 millones de pesos que garantiza el pago de las prestaciones futuras”.
Asimismo indica que la verdadera intención de la ley, y en particular de su artículo 28 incisos a), b) y c), es “la venta lisa y llana de los activos que forman parte del FGS para el pago de las sentencias homologadas y para pagar el flujo de haberes”.
En tal sentido señala además que, el verdadero motivo para declarar dicha emergencia es la “afectación de los recursos y el uso del FGS”; entendiendo que todo esto lleva a la “desfinanciación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y agravia a su parte en tanto esos recursos son la garantía del cobro futuro a que tiene derecho todo beneficiario de dicho sistema previsional”.
El juez interviniente, en primer lugar, se declara competente para entender la causa y, en segundo lugar, rechaza la medida cautelar pretendida por la parte actora respecto de los artículos 2, 33, 34 y 95 de la ley 27.260, entendiendo que “si bien el accionante señala que las normas en crisis le afectan derechos y garantías de rango constitucional; tales cuestiones habrán de ser analizadas en el momento de resolver en definitiva”.
En cuanto a lo dispuesto en el artículo 28 de la 27.260, que dispone la posibilidad de recurrir al producido del FGS e incluso de la realización (venta) de activos para afrontar las sumas resultantes de los acuerdos voluntarios que hayan sido homologados ante la justicia como al pago mensual de las diferencias entre los haberes reajustados en cada caso particular en virtud de los acuerdos individuales e incluso los haberes que “cada beneficiario del
Programa hubiera percibido en caso de no haber arribado a un acuerdo…”, el juez hace un análisis pormenorizado de cuántos serán, a ciencia cierta, los alcanzados al programa como así también los “costos” que llevaría la implementación del mismo.
Para ello, el Magistrado, se remite al Debate Parlamentario de la Cámara de Diputados y del Senado para analizar las resultantes del número certero de beneficiarios alcanzados a la Reparación Histórica.
Destaca, entre otras cuestiones, un fragmento de lo manifestado por el presidente de la Comisión de Previsión Social de la Cámara Baja, el diputado Héctor Daer, quien subrayó que “… las autoridades de la Anses nos han manifestado que alcanzaríamos a los 2,4 millones de beneficiarios del sistema, aunque la verdad no hemos tenido la información precisa”, y entiende que “a prima facie las disposiciones del artículo 28, incisos a), b) apartados I y II NO SUPERAN UN MÍNIMO CONTROL DE RAZONABILIDAD”, conforme lo artículos 14 y 28 de la CN, porque tampoco a su criterio se sabe de cuánto será la erogación que lleve la ejecución del mismo.
Determina que “la primera fuente de financiación son los recursos del FGS y se faculta sin individualizar a autoridad alguna, la afectación del mismo” y entiende que es la Anses y los que administran el respectivo Fondo a quien se les otorga la facultad de disponer la venta de activos; “medida que deberá solamente informar a la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, sin requerir aprobación y/o autorización alguna y sin limitación o tope alguno”.
En conclusión, destaca que “cabe admitir la procedencia de afectar recursos del FGS al pago de haberes previsionales, en tanto mantenga un criterio de razonabilidad que nunca puede traducirse en la privación del FGS de cumplir con su cometido originario para el que se lo creó” y se funda en que “la reglamentación de lo derechos no puede derivar nunca en una alteración de su sustancia (Fallos 324:1142)”.
Por consiguiente resuelve rechazar la medida cautelar solicitada respecto de los artículos 2, 33, 34 y 95 de la ley 27.260 y admitirla, en razón de lo expuesto, parcialmente en cuanto al artículo 28, disponiendo la suspensión de los incisos a) y b) acápite I y II de la mentada normativa por el término de tres meses o hasta el dictado de la sentencia definitiva; lo que ocurra primero e imponer una caución juratoria al solicitante, ésta con carácter previo a todo trámite.
DR. CHRISTIAN HERNAN GONZALEZ D´ALESSANDRO.
ABOGADO, ESPECIALISTA EN DERECHO DE LA PREVISIÓN SOCIAL Y DERECHO DE LAS PERSONAS MAYORES.
MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (UNIVERSIDAD DE ALCALÁ / ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL – OISS)
DIPLOMADO EN SISTEMA DE PENSIONES (UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO / CENTRO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL / CIESS)
DIPLOMADO EN GERONTOLOGIA (ASOCIACIÓN MÉDICA ARGENTINA – AMA /
SOCIEDAD ARGENTINA DE GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA - SAGG)
PROFESOR ADUNTO DE LA MATERIA DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL,
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DERECHO DE LAS PERSONAS MAYORES Y
POLÍTICAS GERONTOLÓGICAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MORÓN.