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Timestamp: 2019-05-23 05:09:42
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Rafael Badell M.Poderes del juez constitucional. Conferencia dictada en VI Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional y IV Congreso de Derecho Administrativo en Homenaje al Dr. Carlos Ayala Corao. Universidad Monteávila. Caracas, 2016.
PODERES DEL JUEZ CONSTITUCIONAL
Conferencia dictada en VI Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional y IV Congreso de Derecho Administrativo en Homenaje al Dr. Carlos Ayala Corao. Universidad Monteávila. Caracas, 11 de noviembre de 2016.
Rafael Badell Madrid**
II. Poderes del juez constitucional en los procesos ante la Sala Constitucional
1.1 El control difuso
1.2 El control concentrado
1.2.1 De la nulidad de actos firmes emanados de órganos del Poder Público que sean contrarios a la Constitución
1.2.2 Del control preventivo de la constitucionalidad
(i) Conformidad con la Constitución de los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación.
(ii) Constitucionalidad de la ley, o alguno de sus artículos
(iii) Constitucionalidad del carácter orgánico que la Asamblea Nacional haya concedido a determinada ley
1.2.3 De la revisión constitucional
1.2.4 De la interpretación constitucional
1.2.5 De la omisión constitucional
1.3 Del amparo constitucional
1.4Del control de convencionalidad
1.5 Otras atribuciones del juez constitucional
2. Poderes del juez constitucional en la iniciación del proceso
2.1 Pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso (artículo133 LOTSJ)
2.2 Solicitar los antecedentes administrativos (artículo135 LOTSJ)
2.3 Potestad cautelar del juez constitucional (artículo130 LOTSJ)
2.4 Despacho saneador (artículo134 LOTSJ)
3. Poderes del juez constitucional en la sustanciación del proceso
3.1Ordenar la notificación de los interesados (artículo135 LOTSJ)
3.2Declarar la perención de la instancia (artículo137 LOTSJ)
3.3Pronunciarse acerca de la participación de los intervinientes (artículo139 LOTSJ)
3.4Potestades probatorias del juez contencioso administrativo (artículos 140-142 LOTSJ)
3.4.1 Declarar admisible o no las pruebas
3.4.2 Declarar terminado el lapso de pruebas
3.4.3 Lapso de evacuación
3.4.4 Incidencias sobre las pruebas
3.5Dirección de la audiencia pública (artículos 141-143 LOTSJ)
3.6Potestades sancionatorias
3.6.1 Multa (artículo121 LOTSJ)
3.6.1.1 Multa por desacato (artículo122 LOTSJ)
3.6.1.2 Multa por reincidencia (artículo123 LOTSJ)
3.6.2 Expulsión de la sede (artículo124 LOTSJ)
4. Poderes del juez constitucional en la decisión (artículo144 LOTSJ)
4.1 Decidir el fondo del asunto
4.2 Dictar decisión en la oportunidad de publicarse la sentencia
4.3 Diferir el pronunciamiento del dispositivo del fallo
4.4 Límites a los poderes del juez constitucional
4.4.1 Límite derivado del medio de impugnación
4.4.2 Límite derivado del principio de separación de poderes
4.4.3 Límite derivado de la prohibición de ejercer control político
4.4.4 Límite derivado del respeto a los valores superiores establecidos en la Constitución.
4.4.5 Principio de presunción de constitucionalidad de los actos normativos
4.4.6 Límite de decidir de acuerdo a lo alegado y probado en autos
5. Poderes del juez constitucional en la ejecución
En primer lugar conviene precisar que el tema: “Poderes del juez constitucional”, se estudia en el ámbito del derecho procesal constitucional que comprende el "estudio sistemático de las instituciones, los procesos y de los órganos por medio de los cuales pueden resolverse los conflictos relativos a los principios, valores y disposiciones fundamentales, con objeto de reparar las violaciones a los mismos". Esta materia "…se encuentra en la confluencia de los derechos procesal y constitucional, y por ello requiere el apoyo conjunto y constante de los cultivadores de ambas disciplinas¨. Es cierto, como lo indica el destacado jurista español Jesús González Pérez, que “solo empleando la técnica propia del derecho procesal podría replantearse correctamente y, en consecuencia, resolverse felizmente, los problemas que plantean las normas reguladoras del proceso constitucional”[1].
Este derecho procesal constitucional cabe igualmente dentro de un cúmulo de diversas disciplinas procesales que han logrado su independencia respecto del derecho sustantivo relativamente reciente, como es el caso del derecho procesal civil y penal, posteriormente los derechos procesales administrativo, del trabajo, agrario, etc.; todas estas con el mismo punto de partida, es decir, la disciplina genérica conocida como ¨teoría general del proceso¨[2].
Es cierto que la expresión “derecho procesal constitucional” fue empleada a mediados del siglo pasado por Niceto Alcalá Zamora y Castillo[3] en sus clásicas obras Ensayos de Derecho Procesal Civil Penal y Constitucional. (1944) y Proceso, Autocomposición y Autodefensa (1947), sin embargo esa expresión no se consolidó suficientemente sino hasta hace muy poco para sistematizar las instituciones y principios jurídicos procesales relacionados con las garantías de la Constitución[4].
El primer autor en Alemania que acuñó el término derecho procesal constitucional, fue Peter Häberle[5], quien consideró al derecho procesal constitucional como un derecho constitucional concretizado. Así lo explicó desde 1973 en Alemania, donde sostuvo la peculiaridad del derecho procesal constitucional, el cual consideró emancipado del resto del derecho procesal, rechazando la doctrina de las lagunas según la cual debe aplicarse supletoriamente las normas procesales civiles. El autor sostiene al respecto una interpretación que denomina "específicamente jurídico-constitucional, donde hay que elaborar las normas de la Ley del Tribunal Constitucional Federal y los principios del derecho procesal constitucional."
En efecto, el derecho procesal constitucional es el conjunto de principios y normas, sustantivas y adjetivas, ubicadas dentro del derecho público interno, necesarias para dar eficacia real a la normativa constitucional, cuando surja un conflicto por la lesión de la Constitución.
Este derecho procesal constitucional, como disciplina científica, tiene su propia doctrina, legislación y jurisprudencia, y está integrado por tres componentes: la jurisdicción constitucional, los procesos constitucionales y la magistratura constitucional.
Un tema de especial importancia dentro de esta rama de derecho público a la cual nos hemos referido, es decir, al derecho procesal constitucional, son los poderes del juez constitucional.
Los poderes del juez constitucional comienzan a desarrollarse durante el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, “desde el antiguo habeas corpus a los controles difuso y concentrado de la constitucionalidad de las leyes y demás actos, dando lugar a acciones autónomas y recursos ante las Cortes Supremas de Justicia y los nuevos tribunales constitucionales.”[6]
Para introducir el tema recordaremos el sistema superado de inmunidad absoluta del órgano legislativo, representado en la idea de Lolme cuando respecto del poder del parlamento inglés señaló, textualmente, que este ¨puede hacer todo salvo convertir una mujer en hombre y un hombre en mujer¨ (¨Parliament can do everything but make a woman a man, and a man a woman¨)[7]. El Parlamento era considerado omnipotente, excluyéndose que la voluntad de las asambleas representativas pudiese ser sometida a las decisiones de los jueces[8].
Es necesario destacar, igualmente, que a pesar de que desde la época de la democracia ateniense existen formas de revisión jurisdiccional de los actos de quienes detentan el poder, puesto que la ley –o, más en general, el derecho– era concebida ya, y hasta los tiempos de las formas de Estado absoluto, siglo XVIII, como posible forma de limitación del poder de gobierno[9], no existía, de manera temprana, control alguno sobre la legitimidad de la ley.
Los límites al poder soberano asumían un carácter predominantemente político o moral y el esfuerzo consistía precisamente en la sujeción también del soberano al respeto del derecho en nombre de la legalidad.
Con el surgimiento del principio de la división de los poderes basado en las teorizaciones de Locke[10] y de Montesquieu[11], el límite al poder legislativo fue hallado en la atribución de los distintos poderes soberanos en órganos diversos e independientes, más que en un control judicial de las leyes.
La fragmentación o degradación de la idea del poder absoluto del órgano legislativo -Asamblea, Congreso, Parlamento, Cortes- se refleja con la idea de sumisión a una Ley Superior, la Constitución, a través del control de la constitucionalidad, que le permite al juez abstenerse de aplicar, en el caso concreto, una norma que considere contraria a la norma suprema, ¨higher law¨; y a la declaración de responsabilidad, sea que esta esté prevista en el texto legal, o porque haya ocurrido una declaratoria de responsabilidad por el órgano judicial, a consecuencia del daño causado por la Ley[12].
En la Europa continental fue Sieyés[13] el primero en la historia del derecho público en hablar de control de constitucionalidad como mecanismo necesario para resguardar la jerarquía suprema de los textos constitucionales rígidos. Esta idea está claramente representada en las propuestas hechas por dicho autor al régimen de Termidoro[14], en 1795, revelando que ¨una Constitución es un cuerpo de leyes obligatorias, o si no no es nada. Si es un cuerpo de leyes, nos preguntamos en dónde estará el guardián, en dónde estará la magistratura de este código¨[15], por lo que Sieyés defendía la necesidad de crear un jurie constitutionnaire o Jury de Constitution[16].
La teoría del control de constitucionalidad de las leyes, como lo entendemos hoy, debe buscarse en las constituciones revolucionarias, americana y francesa, puesto que es entonces cuando la Constitución asume el significado de norma constitutiva y reguladora de la vida política asociada, de pacto social, de ley fundamental capaz de conformar la entera vida constitucional.
Ello condujo a la transformación de la Constitución, de un mero receptáculo de principios vinculantes a un verdadero código normativo, blindada con la introducción en sus normas, de valores fundamentales con fuertes bases, además de derechos fundamentales que quedaron fuera del alcance del Parlamento (o de las mayorías circunstanciales). Comenzó a concebirse la Constitución, en este nuevo paradigma, ¨¨… no como una simple guía de carácter moral, política o filosófica, sino como una ley verdadera, ella misma política y obligatoria, pero de una ley superior, más permanente que la legislación ordinaria¨[17]; ¨Se trata de la Constitución y su poderoso efecto de irradiación¨, ¨En este nuevo paradigma, la clave será considerar que las normas constitucionales tienen todas -sin distinción- plena eficacia vinculante, incluidas, especialmente, las que estipulan los derechos fundamentales de las personas…¨[18].
Bajo esta concepción no puede dejar de emerger inmediatamente la exigencia de un sistema de justicia constitucional, es decir de un control operado por un órgano independiente de las fuerzas políticas, llamado a resolver las controversias entre los diversos órganos de vértice y, sobre todo, a revisar que también los poderes ejercitados por las Asambleas parlamentarias –es decir las leyes- se encuentren conforme a la Constitución[19].
El sistema de control de constitucionalidad en el mundo occidental presenta la configuración de ¨vías específicas con las que se cuenta, por un lado para tutelar el principio de supremacía constitucional y así efectivizar el control constitucional de manera directa o indirecta y por otro lado, para garantizar efectivamente la protección de los derechos públicos subjetivos a través de mecanismos procesales¨[20].
Para este propósito el juez constitucional está, en efecto, dotado de una gama muy amplia de poderes que, otorgados por la Constitución y la ley, están dispuestos como garantía fundamental de la Constitución y del Estado de derecho[21]. Así pues, podemos encontrar como el antecedente más notorio de esta facultad la famosa decisión Marbury vs Madison de 1803.
En efecto, con antecedentes en Hamilton[22], la argumentación presentada por el juez Marshall se constituye en una de las más sólidas defensas del control judicial de constitucionalidad, al sostener que la capacidad del Poder Judicial de negar la validez a una norma legislativa no implica superioridad de los jueces respecto de los legisladores, sino que al ratificarse la preeminencia de la Constitución, que es el documento que más fielmente refleja la voluntad soberana del pueblo, se reafirma el peso de la voluntad popular[23].
En febrero de 1803, a la Corte Suprema de Estados Unidos le correspondió decidir un asunto complejo y delicado (el caso es conocido por el nombre de las partes: “Madison contra Marbury”). El último día del mandato del Presidente de los Estados Unidos, John Adams, del partido Federalista, este designó a 42 jueces de para el District of Columbia, “midnight appointments”, es decir, encargos de media noche, como son todavía llamados estos nombramientos de último minuto. El objetivo era obviamente el de establecer estos jueces federales, en fuerza del tradicional principio del sistema americano, según el cual a la caducidad del mandato presidencial, todos los funcionarios federales que dirigen encargos políticos debían dejar su propio cargo (el llamado “spoil system”), salvo la inamovilidad de los jueces de la Corte Suprema y de las Cortes inferiores. Sin embargo, el Secretario de Estado John Marshall no logró hacer llegar los decretos de nombramiento a todos los nuevos jueces que habían sido designados de esa particular forma, por lo cual algunos decretos de nombramiento se quedaron sobre la mesa del nuevo Secretario de Estado, James Madison, quien no los tramitó, y el nuevo Presidente Thomas Jefferson, primer Presidente de los estado Unidos republicano, declaró que no tenía ninguna intención de hacer efectivo esas designaciones.
Después de algunos meses, cuatro de los jueces a los cuales había sido negado el nombramiento, entre los cuales figura William Marbury, presentaron una petición ante la Corte Suprema para obligar al Secretario de Estado Madison a notificar las designaciones pendientes, con fundamento en lo dispuesto en la sección 13 del Judiciary Act de 1789 que habilitaba a la Corte Suprema a emanar órdenes a la administración.
La Corte Suprema, dio una solución al caso considerada brillante por la doctrina e ideada por el Juez Marshall, quien primero señaló que los nombramientos para los cargos de los jueces del Distrito de Columbia eran absolutamente válidos y censuró la omisión de la administración de Jefferson, pero sin embargo falló en contra de Marbury cuando estableció que no podía constitucionalmente oír un caso dentro de la competencia originaria del Tribunal. La Corte sostuvo que a pesar de que la Judiciary Act de 1789 autorizaba la jurisdicción, esta norma era inconstitucional porque el Congreso no podía ampliar la jurisdicción ordinaria más allá de las situaciones enumeradas en la misma Constitución. Es decir que la decisión desestimó la pretensión de los demandantes por razones procesales, pero materialmente reconoció la tesis esgrimida por ellos, y a la vez desautorizó la posición que la presidencia presentaba en contra de la independencia de los Tribunales, y a favor de que cada rama del gobierno federal fuese quien controlase la constitucionalidad de sus actos[24].
De forma que la Corte Suprema, negándose, a sí misma, una competencia menor, como la de impartir órdenes a la administración, se atribuía un poder mucho mayor: el control de conformidad de las leyes a la Constitución (no previsto expresamente en la Constitución norteamericana de 1787).
De esa manera, teniendo como antecedentes la referida decisión, ha surgido el denominado control difuso de la constitucionalidad que, junto al control concentrado, cuyo origen se remonta a la primera posguerra del siglo XX, en 1919-1920, con la obra de Hans Kelsen, y que concentra en un solo Tribunal la jurisdicción de control de constitucionalidad de las leyes (a diferencia del sistema americano genuino, en donde se lleva a cabo por todos los tribunales); y otras modalidades de control de la constitucionalidad tales como el amparo constitucional[25], que surgió en México con la Constitución Yucateca de 1841[26], configuran los medios de control judicial de constitucionalidad de las leyes y de protección de derechos fundamentales, establecidos en las constituciones nacionales de la mayoría de los países contemporáneos, regidos todos por el principio de la supremacía constitucional.
En Venezuela, la misma Constitución de 1999[27] ha establecido un régimen de protección y supremacía constitucional como fundamento del ordenamiento jurídico (artículo 7)[28]. Este sistema de protección a la Constitución tiene diversas manifestaciones, en primer lugar, el control difuso[29], que corresponde a todos los jueces de la República, cuando la Ley cuya aplicación se solicita colidiere con una norma constitucional, debiendo aplicar esta última con preferencia. Luego, el control concentrado[30], mediante la acción de nulidad por inconstitucionalidad. También a través del amparo constitucional[31], conforme al cual toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Hay también otros medios de impugnación o control de la constitucionalidad como la acción omisión legislativa[32], la de interpretación de normas[33] y la de revisión constitucional[34], a través de los cuales la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tiene la potestad de garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales y su uniforme interpretación y aplicación.
Ahora bien, el estudio general de los poderes del juez constitucional sería conveniente observarlo durante las distintas fases del proceso, estas son: la iniciación del proceso, la sustanciación del proceso, la decisión del juez y la ejecución de la sentencia.
En la primera fase, es decir, en la iniciación del proceso, el juez está facultado para pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, solicitar antecedentes administrativos, dictar medidas cautelares, ordenar la corrección de las demandas que sean ininteligibles.
En la segunda parte del proceso, sustanciación del proceso, el juez constitucional puede ordenar la notificación de los interesados, declarar la perención de la instancia, pronunciarse acerca de la participación de los intervinientes, decidir acerca de la admisibilidad de las pruebas, y ordenar su evacuación, dirigir la audiencia pública, solicitar autos para mejor proveer, imponer sanciones por desacato, entre otros-.
En la etapa de decisión, al juez le corresponde decidir el fondo del asunto, dictar la decisión en la oportunidad de publicarse la sentencia, diferir el pronunciamiento del dispositivo del fallo.
Por último, en la fase de ejecución de la sentencia, el juez puede ordenar la desaplicación de una norma caso de que contraríe la Constitución, puede dejar sin efectos un acto inconstitucional o declarar y subsanar una omisión constitucional, puede también declarar la nulidad de un acto normativo y determinar sus efectos en el tiempo, etc.
De otra parte, es menester referirnos también a los límites que la Constitución y la Ley determinan para el ejercicio de estas facultades en cada una de esas fases procesales. Dichos límites pueden clasificarse en límites sustanciales y límites procesales.
Los límites sustanciales pueden desprenderse de la esencia de las normas constitucionales, tales como los límites derivados del medio de impugnación, o del principio de separación de poderes, de la prohibición de ejercer el control político, del respeto a los valores superiores establecidos en la Constitución, el principio de presunción de constitucionalidad de los actos normativos, etc.
En cuanto a los límites procesales, es decir, aquellos derivados de la naturaleza estrictamente procesal de sus normas, comprenden obligaciones tales como de decidir de acuerdo a lo alegado y probado en autos, dictar sentencia en determinado lapso, resolver incidencias en relación al control y contradicción de la prueba, admitir y evacuar las pruebas que no resulten manifiestamente ilegales y pertinentes, dirigir la audiencia pública, entre otros.
Antes de proceder al análisis de los poderes con los que están investidos los jueces constitucionales es preciso hacer mención a los medios de impugnación a través de los cuales el juez constitucional actúa, teniendo en cuenta los límites que la propia Constitución y las leyes establecen. Así pues, vamos a referirnos de forma general al ejercicio del control de constitucionalidad mediante el control difuso, el control concentrado, el amparo constitucional y otros medios de control de la constitucionalidad como lo son la revisión, la omisión, la interpretación constitucional y el denominado control de la convencionalidad.
A través del control difuso de la constitucionalidad, todos los jueces de la República, tal y como lo dispone el artículo 334 de la Constitución, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución…”, de acuerdo con lo cual, ¨En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.¨.
Se trata del poder, y de la obligación, dispuesta constitucionalmente en el precitado artículo 334 de la Constitución, y legalmente en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, así como en el artículo 19 del Código Procesal Penal, por la cual todos los jueces de la República, en el proceso de sustanciar y decidir respecto de una causa determinada, desaplican una o varias disposiciones legales por considerarlas contrarias a la Constitución. Esa decisión tiene efectos inter parte. De modo que todos los jueces de todos los tribunales, actuando en función jurisdiccional tienen la facultad de juzgar la constitucionalidad de las leyes.
El control concentrado, definido como aquella ¨ potestad anulatoria de las leyes o actos dictados en ejecución directa de la Constitución¨[35], está atribuido exclusivamente, a diferencia del control difuso, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y se activa por vía de acción popular o por iniciativa o impulsos de determinadas funciones gubernamentales o del Poder Ciudadano, produciendo dicha decisión efectos erga omnes[36].
En Venezuela el control concentrado está dispuesto de forma expresa en el artículo 336 constitucional, en concordancia con el artículo 266 eiusdem, numeral 1, que atribuye a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el ejercicio de la jurisdicción constitucional.
Dentro del control concentrado de la constitucionalidad, el juez constitucional puede actuar decretando la nulidad total o parcial de actos firmes emanados de órganos del Poder Público que sean contrarios a la Constitución, con la condición de que tales actos se hayan dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que posean rango de acto legislativo.
Entonces, el juez constitucional, de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 336 de la Constitución, tendrá el poder de declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional que colidan con la Constitución; así como de las constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución Nacional y que colidan con esta; también podrá declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con la Constitución; y de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con esta.
Con respecto al control preventivo de la constitucionalidad, el cual es ejercido por la jurisdicción constitucional sobre actos del Poder Público que no han adquirido plena firmeza, la actuación de la Sala Constitucional viene a ser un requisito exigido para que tales actos puedan gozar de la vigencia y de la fuerza necesarias para surtir efectos jurídicos.
De esta forma, el juez constitucional tiene la facultad de:
i. Verificar a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad con la Constitución de los tratados internacionales suscritos por la República, antes de su ratificación (artículo 336, numeral 5 de la Constitución),
ii. Cuando el Presidente o de la República lo solicite, emitir pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la ley, o alguno de sus artículos, pronta ser promulgada (artículo 214 de la Constitución), y
iii. Determinar, igualmente antes de su promulgación, la constitucionalidad del carácter orgánico que la Asamblea Nacional haya concedido a determinada ley[37] (artículo 203 de la Constitución).
Por otra parte, el juez constitucional también detenta poderes en ejercicio de la potestad revisora (establecida en el numeral 10 del artículo 336). En los sistemas mixtos o integrales de control de la constitucionalidad, al combinarse el control difuso con el control concentrado, se han previsto mecanismos extraordinarios para la revisión de sentencias dictadas por los tribunales de instancia en materia constitucional, atribuyéndose el conocimiento de tales recursos de revisión a la jurisdicción constitucional como órgano de control concentrado de control de constitucionalidad.
La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia , en los numerales 10, 11 y 12 del artículo 25, además de asignarle competencia a los jueces constitucionales para revisar las sentencias definitivamente firmes en las que se haya “ejercido el control difuso de la constitucionalidad de las leyes u otras normas jurídicas”(tal como lo dispone el numeral 10 del artículo 336), le asignó competencia para revisar las sentencias definitivamente firmes “cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principios constitucionales; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales;” o cuando incurran en “ violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la Republica o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales”.
También, el juez constitucional en ejercicio de las atribuciones en conocimiento de interpretación constitucional (numeral 17 del artículo 25 de la LOTSJ), está facultado para determinar, mediante declaración de certeza, el alcance y el contenido de una norma constitucional. Esta facultad tiene particular connotación, puesto que como lo dispone el artículo 335 de la Constitución, al ser el Tribunal Supremo de Justicia el último y máximo intérprete de la Constitución, se le ha delegado a las interpretaciones constitucionales de la Sala Constitucional carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.
Asimismo, el juez constitucional está dotado del poder de declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo Municipal, Estatal o Nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección (artículo 336, numeral 7 de la Constitución). Esta misma atribución, en los mismos términos, está referida en el numeral 7 del artículo 25 de la LOTSJ.
Como hemos dicho, además del control concentrado y el control difuso, la Constitución tiene a su orden el mecanismo de control de la constitucionalidad conocido como amparo constitucional. El amparo constitucional en Venezuela figura como un derecho constitucional previsto en el artículo 27 de la Constitución de 1999 que reza ¨Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente¨. Aunque bien es sabido que el amparo es regido por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales[38], lo cierto es que la consideración del amparo como derecho, su interpretación a la luz de otros preceptos constitucionales (i.e. derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 de la Constitución y justicia sin formalismo previsto dicho precepto en el artículo 257 eiusdem) y la creación de la Sala Constitucional como máximo intérprete de la Constitución, dieron origen al desarrollo de una vasta jurisprudencia que vino a alterar el régimen legal del amparo constitucional en Venezuela.
Incluso por la propia legislación se ha modificado la distribución de las competencias en el conocimiento de la acción de amparo, y en este sentido la LOTSJ le ha otorgado la atribución a la Sala Constitucional de:
1. Conocer en única instancia las demandas de amparo constitucional que sean interpuestas contra los altos funcionarios o funcionarias públicos nacionales de rango constitucional.
2. Conocer las apelaciones contra las sentencias que recaigan en los procesos de amparo constitucional autónomo que sean dictadas por los juzgados superiores de la República, salvo contra las de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.
3. Conocer las demandas de amparo constitucional autónomo contra las decisiones que dicten, en última instancia, los juzgados superiores de la República, salvo de las que se incoen contra las de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.
4. Conocer las demandas y las pretensiones de amparo para la protección de intereses difusos o colectivos cuando la controversia tenga trascendencia nacional, salvo lo que disponen leyes especiales y las pretensiones que, por su naturaleza, correspondan al contencioso de los servicios públicos o al contencioso electoral.
5. Conocer de las demandas de amparo contra los actos, actuaciones y omisiones del Consejo Nacional Electoral, de la Junta Electoral Nacional, de la Comisión de Registro Civil y Electoral, de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, así como los demás órganos subalternos y subordinados del Poder Electoral.
1.4 Del control de convencionalidad
El artículo 23 de la Constitución establece que los tratados, pactos y convenciones relativas a los derechos humanos, que hayan sido suscritos y ratificados por el Estado de Venezuela, gozarán de jerarquía constitucional y además, en la medida que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables que las establecidas en la Constitución y en las leyes de la República, prevalecen en el orden interno y son aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.
De lo antes expresado se entiende que los tratados sobre derechos humanos han sido reconocidos de manera expresa por el derecho constitucional, y quedan incorporados en el derecho interno al denominado ¨bloque de la Constitución¨, es decir, a aquel integrado entonces ¨por el propio texto de la Constitución y por todos los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado¨[39].
Ahora bien, que los tratados Internacionales conformen dicho bloque de la Constitución tiene consecuencias jurídicas[40] con inmensa relevancia, tal como la vinculación de todo el ordenamiento jurídico de Venezuela a dichos tratados al igual que a la Constitución. Como lo explica el Profesor Carlos Ayala Corao, ¨ al igual que la constitución, los tratados sobre derechos humanos son “la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico” por lo que “todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos” a ellos (art. 7)¨[41].
Así pues, tal y como lo prevé el artículo 334 de la Constitución, todos los jueces de la República, al estar obligados a asegurar la integridad de la Constitución, deben igualmente garantizar la integridad de los tratados relativos a derechos humanos. De acuerdo con lo anterior, si llegare a existir algún tipo de incompatibilidad entre un tratado sobre derechos humanos y una ley u otra norma jurídica, los tribunales de la República -en cualquier causa y, aun de oficio- deberán decidir lo conducente y aplicar las disposiciones de dicho tratado (art. 334, primer párrafo)[42].
De la misma forma, y según el propio artículo 334 constitucional (segundo párrafo), si una ley, un acto que tenga rango de ley, u otro acto de los órganos que ejercen el poder público dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución, colidiere con un tratado sobre derechos humanos, le corresponde declarar su nulidad a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Como consecuencia de ello, el control concentrado de la constitucionalidad por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para declarar la nulidad de las leyes nacionales, estadales y municipales, de los actos de gobierno, de los decretos de estado de excepción, para revisar las sentencias definitivamente firmes, y para controlar la inconstitucionalidad por omisión legislativa, puede en definitiva ser ejercido con base en los tratados sobre derechos humanos en virtud de su jerarquía constitucional (art. 336)[43], de modo que ejercería a su vez un control concentrado de la convencionalidad.
En Venezuela, por lo tanto, cualquier acto -u omisión- emanado del poder público que viole o menoscabe los derechos humanos garantizados en los tratados sobre dicha materia es nulo[44].
Por último, los jueces constitucionales tienen otras atribuciones concedidas por las disposiciones del artículo 336 de la Constitución por una parte y por otra parte por las disposiciones del Tribunal Supremo de Justicia, artículo 25, como se pueden mencionar las dirigidas a declarar cuál disposición ha de prevalecer ante varias disposiciones legales de igual jerarquía, así como solucionar conflictos constitucionales que se susciten entre los órganos del Poder Público a nivel vertical (Nacional, Estadal y Municipal) y horizontal (Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral). Asimismo, la LOTSJ ha otorgado a los jueces constitucionales la labor de control de las Salas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia. Además, les permite a los jueces constitucionales conocer y continuar las causas que cursen en cualquier Tribunal de la República, incluyendo las demás Salas que, de acuerdo a su discreción, hagan presumir la violación del orden público constitucional.
Ahora bien, al no existir una Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional, la Ley que regula los procedimientos ante la Sala Constitucional cuyo último fin consiste en la ejecución de una decisión que garantice los principios y normas constitucionales, y por ende las atribuciones del juez constitucional en los procesos que conozca, sustancie y decida para ello, es la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
2.1Pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso.
El juez constitucional tiene la potestad de decidir sobre la admisibilidad de la demanda, dentro de los 5 días de despacho siguientes a la designación del ponente (en la oportunidad en que sedé cuenta de la demanda), quien conocerá de la totalidad del juicio con tal carácter, incluso sus incidencias.
Ciertamente el juez constitucional declarará la inadmisión de la demanda cuando:
1. Se acumulen demandas o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles
2. No se acompañen los documentos indispensables para verificar si la demanda es admisible.
3. Sea manifiesta la falta de legitimidad o representación que se atribuya el demandante o de quien actúe en su nombre, respectivamente.
4. Haya cosa juzgada o litispendencia.
5. Contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.
2.2Solicitar los antecedentes administrativos.
De ser necesario, el juez constitucional tendrá la facultad de solicitar a la parte demandada los antecedentes administrativos del caso (artículo 135 LOTSJ).
2.3Potestad cautelar del juez constitucional
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 130 de la LOTSJ, y en concordancia con lo establecido en el artículo 26 de la Constitución, el juez constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio debe tener en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto. Es así como en cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes.
En ese sentido, la Sala Constitucional ha acordado suspensiones de efectos de normas impugnadas durante la tramitación del procedimiento, cuando considera llenos los requisitos del fumus boni iuris y periculum in mora para el otorgamiento de medidas cautelares. Estas suspensiones a veces han sido dictadas, sin que haya un criterio claro para dicha distinción, con efectos solo para los accionantes, y en otros casos, con efectos erga omnes[45]. Sin embargo, ha sido entendida por la doctrina, que la suspensión de efectos de un instrumento legal como medida cautelar por el juez constitucional colide con la presunción de validez y obligatoriedad de los actos legales, teniendo que existir una verdadera y real justificación puesto que de lo contrario el principio de autoridad quedaría quebrantado. En ese sentido se había pronunciado la Sala Constitucional en sentencia de 13 agosto de 2002, señalando que la suspensión de efectos de la norma debía aplicarse ¨únicamente como medida excepcional cuando sea muy difícil reparar por sentencia definitiva los daños que resulten de la aplicación del contenido normativo del texto legal impugnado) ¨, sin embargo en la práctica no ha sido uniforme el ejercicio de este poder cautelar.
2.4Despacho saneador
El juez constitucional puede ordenar la corrección, en lugar de su admisión, de las demandas que sean de tal modo ininteligible que resulta imposible su tramitación. En este caso, otorgará 3 días de despacho a la parte demandante para su corrección, y de esta no hacerlo en dicho lapso o corregirla de modo que no subsane la falta advertida, la Sala Constitucional negará la admisión de la demanda (artículo 134 LOTSJ).
3.1Ordenar la notificación de los interesados (artículo 135 LOTSJ)
En la oportunidad de la admisión de la demanda, el juez constitucional ordenará la citación de la parte demandada, y, asimismo, ordenará la notificación de:
1. El Fiscal general de la República (si éste o ésta no hubiere iniciado el juicio), para que consigne su informe acerca de la controversia;
2. El Procurador General de la República, de conformidad con la ley que rige sus funciones;
3. El Defensor del Pueblo; y de
4. Cualquier otra autoridad que estime pertinente.
Igualmente, se ordenará emplazar a los interesados por medio de un cartel, que será librado por el Juzgado de Sustanciación dentro de los 5 días de despacho siguientes al recibo del expediente cuando sea verificada la estadía a derecho de la parte demandante.
3.2Declarar la perención de la instancia
A través de lo dispuesto en el artículo 137 de la LOTSJ, se atribuyen dos facultades al juez constitucional, estas son: en primer lugar, la facultad de declarar la perención de la instancia para el caso de que la parte demandada no consigne en autos el cartel antes mencionado, para lo cual ordenará a su vez el archivo del expediente; y en segundo lugar, de existir razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa, a pesar de la falta de consignación aludida, el juez constitucional tiene la atribución de decidir continuar la causa, en cuyo caso, el cartel deberá ser publicado por el Juzgado de Sustanciación.
La facultad que permite dar continuidad a la causa también existe en la fase de audiencia pública del proceso, cuando no obstante la falta de la presencia de la parte accionante, el juez constitucional puede decidir declarar el desistimiento de la demanda o continuar con el proceso, por considerar que la causa afecta el orden público (artículo 143 LOTSJ).
3.3Pronunciarse acerca de la participación de los intervinientes
Según lo dispuesto en el artículo 139 de la LOTSJ, luego de los 10 días (estipulados para que se entienda que los interesados han quedado notificados –notificación tácita-) posteriores a la consignación en autos del ejemplar del periódico donde hubiese sido publicado el cartel, el Juzgado de Sustanciación debe pronunciarse dentro del tres días de despacho siguientes, sobre la participación de los intervinientes, los cuales podrán consignar los escritos para la defensa de sus intereses y promover pruebas, si lo estiman pertinente.
3.4Potestades probatorias del juez contencioso administrativo
3.4.1 Declarar admisibles o no las pruebas.
El juez constitucional debe providenciar los escritos de prueba, y admitir los que sean legales y procedentes, así como desechar las que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. Asimismo, puede ordenar que se omita toda declaración o prueba sobre aquellos hechos que aparezcan claramente como no controvertidos entre las partes (artículo 140 LOTSJ).
En caso de que ninguno de los intervinientes promueva pruebas distintas a las documentales, la causa entrará en estado de sentencia y el Juzgado de Sustanciación remitirá el expediente a la Sala para que decida dentro de un plazo de 20 días de despacho, quedando a salvo la facultad de esta de fijar audiencia si lo estima pertinente (artículo 140).
3.4.3 Lapso de evacuación.
En ocasión de la audiencia pública, y una vez expuestos los alegatos de las partes, y oídas a los intervinientes, el tribunal podrá ordenar la evacuación de las pruebas que juzgue necesarias para el esclarecimiento de los hechos que aparezcan dudosos u oscuros, en la misma audiencia o en otra oportunidad (artículo 142-143 LOTSJ).
El juez constitucional, en la oportunidad de la promoción y evacuación de la prueba, está llamado igualmente a pronunciarse y resolver cualquier incidencia en relación con el control y contradicción de la prueba (artículo 142 LOTSJ).
3.5Dirección de la audiencia pública
La audiencia pública está dispuesta por la LOTSJ como la ocasión en que las partes exponen sus alegatos, y el juez constitucional debe determinar cómo se llevará a cabo dicha audiencia. En ese sentido, la Sala al inicio de la audiencia pública expondrá en qué términos quedó trabada la controversia, señalará a las partes el tiempo de que disponen para que expongan y de igual modo procederá si manifestaren su deseo de ejercer el derecho a réplica o contradicción de la prueba. Asimismo, y como hemos visto, ordenará, si fuere el caso, la evacuación de las pruebas, y, en el supuesto de no ser suficiente la audiencia fijada para agotar completamente el debate, el Tribunal podrá fijar la oportunidad de su continuación las veces que fuere necesario hasta agotarlo (artículos 141-143 LOTSJ).
La Ley Orgánica del tribunal Supremo de Justicia otorga a las Salas que lo conforman las potestades sancionatorias presentes en el Título IX ¨De las sanciones¨. De esta forma, la Sala Constitucional tiene la facultad de imponer las siguientes sanciones:
3.6.1 Multa
Los jueces constitucionales podrán sancionar con multa de hasta cien unidades tributarias (100 U.T.) a quienes irrespeten, ofendan o perturben con sus actuaciones al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia o a sus órganos o funcionarios; o a quienes hagan uso abusivo de recursos o acciones judiciales; igualmente, sancionarán a las partes que falten el respeto al orden debido en los actos que realicen, o que incumplan, desobedezcan o desacaten las decisiones, acuerdos u órdenes judiciales o llamen públicamente a ello. Si el sancionado no pagare la multa en el lapso establecido la sanción podrá aumentarse entre un tercio y la mitad del total de la multa (artículo 121).
3.6.1.1 Multa por desacato
De acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la LOTSJ, las Salas del Tribunal Supremo de Justicia sancionarán con multa equivalente hasta doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a las personas o funcionarios o funcionarias que no acataren sus órdenes o decisiones o no le suministraren oportunamente las informaciones, datos o expedientes que solicitare de ellos, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias a que hubiere lugar.
3.6.1.2 Multa por reincidencia
Como su nombre lo indica, la multa por reincidencia, comprendida entre 200 Unidades Tributarias y 300 Unidades Tributarias, será impuesta por la Sala a quien hubiere sido sancionado con multa o multa por desacato (con arreglo a las disposiciones de los artículos 121 y 122 respectivamente) y fuese reincidente (artículo 123 LOTSJ).
3.6.2 Expulsión de la sede
Los Magistrados de las Salas que integran el Tribunal Supremo de Justicia podrán expulsar de la sede a cualquier persona que transgreda el orden dentro del recinto o que se encuentre incurso en los supuestos que se describen en los artículos anteriores, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones en ellos establecidas (artículo 124 LOTSJ).
4. Poderes del juez constitucional en la decisión
Según lo dispuesto en el artículo 144 de la LOTSJ, una vez concluido el debate, es decir, terminada la audiencia pública, el juez constitucional, después de deliberar, podrá:
4.1 Decidir el fondo del asunto. De forma inmediata los Magistrados podrán decidir el fondo del asunto y exponer en forma oral los términos del dispositivo del fallo.
4.2 Dictar decisión en la oportunidad de publicarse la sentencia. Es decir, dentro de los diez días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia pública o al vencimiento del diferimiento.
4.3 Diferir el pronunciamiento del dispositivo del fallo. El juez constitucional podrá diferir por una sola vez y hasta por un lapso de cinco días de despacho, el pronunciamiento del dispositivo del fallo, cuando la complejidad del asunto así lo amerite.
4.4 En cuanto a los efectos de la decisión en el tiempo, parece correcto señalar que como principio general la decisión del Juez tiene efectos hacia el futuro -ex-nunc- , por cuanto se declara la nulidad de la norma o el acto a partir del fallo correspondiente, sin embargo, existe jurisprudencia que ha señalado que si nada dice la sentencia debe entenderse que los efectos de la decisión serán hacia el pasado, es decir la nulidad afectará la norma impugnada desde el momento que esta fue dictada[46]. En todo caso corresponde al Juez determinar, en el fallo definitivo, los efectos de su decisión en el tiempo.
4.4 Límites de los poderes del juez constitucional
Como límites al poder del juez en ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución y la ley para el control de la constitucionalidad haremos mención a los derivados del medio de impugnación de que se trate; al límite que es consecuencia de la aplicación del principio de separación de poderes; al límite derivado de la prohibición al juez constitucional de ejercer control sobre actos de naturaleza política; al límite que es consecuencia de la aplicación del principio de presunción de la constitucionalidad de los actos; al límite que deriva de la aplicación de los valores superiores del ordenamiento jurídico expresados en la Constitución; al límite que es consecuencia del deber del juez constitucional de decidir de acuerdo a lo alegado y probado en autos y al límite que se deriva de la voluntad de las partes en el proceso.
4.4.1 El límite derivado del medio de impugnación
El juez constitucional ejerce el control de la constitucionalidad de forma posterior y anulatoria, es decir juzgando la norma o el acto y declarando su nulidad por razones de inconstitucionalidad, o de forma preventiva sobre normas o actos que no han adquirido plena firmeza. En este sentido, siendo como es que los límites del juez están en función de sus poderes de actuación[47], el primer aspecto que ha analizarse como elemento condicionante y de interdicción de la arbitrariedad del juez es, precisamente, el que deriva del propio medio de impugnación que se utilice.
Todo sistema procesal está indisolublemente conectado con el derecho sustantivo y a la inversa, usando las palabras del maestro Moles Caubet: “Cada derecho sustantivo genera su propio derecho adjetivo” y el derecho constitucional ha generado el derecho procesal constitucional para definir, entre otros, los cauces a través de los cuales se concreta la tutela constitucional, evitando la inseguridad, la inequidad y la desigualdad que generaría sujetar la clave de acceso a la justicia constitucional al criterio variante del magistrado. Este es el sentido de los medios de impugnación que define el legislador y da contenido al derecho de acción de los justiciables.
De manera que el poder del juez constitucional estará circunscrito a (i) La anulación en caso de inconstitucionalidad de las leyes o actos sujetos al recurso de nulidad por inconstitucionalidad[48]; (ii) La desaplicación de una norma, en el caso del control difuso de la constitucionalidad; (iii) La resolución de colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declaración de cual debe proceder; (iv) La resolución de controversias constitucionales que se susciten entre cualquiera de los órganos del Poder Público; (v) La interpretación de normas y principios que integren el sistema constitucional al caso concreto; (vi) La solución de la ausencia normativa por omisión legislativa sin convertirse en legislador, (vii) el amparo constitucional; y (viii) la revisión de la constitucionalidad de las sentencias sin subvertir la institución de la cosa juzgada.
La existencia de estos diversos mecanismos de control constitucional representa un claro avance en la protección de la supremacía constitucional, pero es verdad también que la alteración de estos cauces podría conducir a una situación de inestabilidad contraria a la seguridad jurídica que el ordenamiento constitucional ha de brindar. Esta alteración se produce no sólo por la desnaturalización del medio, como ocurre cuando se anula una ley como consecuencia de un recurso de interpretación, o cuando se interpreta un disposición legislativa al momento de decidir una acción de anulación por inconstitucionalidad, o cuando se inadmite una acción de revisión pero se anula una norma dentro del mismo procedimiento. Ocurre también la violación de este límite cuando el tribunal constitucional se pronuncia sobre una materia que claramente no es justiciable.
Esa alteración de los medios de impugnación fue lo ocurrido cuando se admitió una acción innominada de control de la constitucionalidad, que no está prevista en el ordenamiento jurídico, para concretar pretensiones de control de constitucionalidad que escapan al ámbito de competencias del juez constitucional. En ese sentido véase la sentencia Nro. 907 de la Sala Constitucional de fecha 28 de octubre de 2016, mediante la cual se procuró limitar las actuaciones de ciudadanos y algunos diputados de la Asamblea Nacional que cuestionaban la legitimidad del presidente de la República en virtud de su nacionalidad por el hecho de no poseer la venezolana con carácter exclusivo. Independientemente del fondo y otros aspectos procesales que bien podrían comentarse como excesos del juez constitucional en este caso, cabe destacar que la pretensión planteada no se halla dentro de los medios de impugnación a disposición del accionante y excede el ámbito de competencias del juez constitucional.
La desviación de los medios de impugnación es tendencia reiterada de un juez constitucional que no se siente atado por el proceso, y antes que estar supeditado a la Constitución que le corresponde aplicar, imponer y garantizar, se coloca por encima de ella, cuando no siente límite alguno a su actividad interpretativa e integradora del derecho.
Así pues, ha sido representativa en este aspecto la sentencia Nro. 138 de fecha 17 de marzo de 2014, en la cual la Sala Constitucional, usurpando las competencias de la jurisdicción penal, ejerció la potestad sancionatoria penal en materia de desacato a sus decisiones de amparo (establecida en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo y garantías constitucionales), rebasando de esta forma los límites constitucionales y legales que impone el ejercicio de sus facultades en la decisión de amparo constitucional. En efecto en el caso Scarano[49], la Sala Constitucional ¨violando todas las garantías más elementales del debido proceso, entre las cuales están, que nadie puede ser condenado penalmente sino mediante un proceso penal, el cual es el “instrumento fundamental para la realización de la justicia” (art. 257 de la Constitución), en el cual deben respetarse el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al juez natural (art. 49 de la Constitución), y la independencia e imparcialidad del juez (arts. 254 y 256 de la Constitución)¨, ¨verificando¨, en sustitución del juez penal, el desacato a un mandamiento de amparo (sentencia Nro. 136 de fecha 12 de marzo de 2014) impuso: “la sanción conforme a lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y remitirá la decisión para su ejecución a un juez de primera instancia en lo penal en funciones de ejecución del Circuito Judicial Penal correspondiente.”
A través de esta decisión la Sala Constitucional usurpó la competencia de la jurisdicción penal y determinó que se incurrió en la comisión del delito de desacato, identificando a los autores que habían incumplido el mandamiento de amparo constitucional que había dictado, e impuso directamente la pena de prisión de seis (6) a quince (15) meses, que es la sanción penal prevista en el mencionado artículo 31 de la Ley Orgánica, “Ni más ni menos, el Juez Constitucional se erigió en el perseguidor de los funcionarios públicos electos responsables de los gobiernos municipales en los municipios donde la oposición había tenido un voto mayoritario¨[50].
Por medio de las acciones de revisión de sentencias, la interpretación de normas y la omisión legislativa también se han configurado excesos por parte del juez constitucional. Efectivamente, por conducto de la interpretación y revisión la Sala Constitucional ha abusado de su competencia causando un desequilibrio del sistema judicial ante la inestabilidad de la cosa juzgada, figura procesal fundamental para la seguridad jurídica. La interpretación que contempla la Constitución en el artículo 335 como competencia del Tribunal Supremo de Justicia pasó a ser competencia exclusiva de la Sala Constitucional, y en lugar de referirse al caso concreto, como siempre se interpretó en base a los principios procesales, se convirtió en un instrumento autónomo que ha desbocado al juez constitucional poniéndose en muchos casos por encima de la propia intención constituyente y establecer verdaderas normas generales con carácter vinculante más que criterios de aplicación.
En el sentido indicado véase la sentencia N° 09 de fecha 1 de marzo de 2016, por cuyo intermedio la Sala Constitucional conoció inicialmente de un recurso de interpretación que estaba dirigido a obtener una sentencia declarativa que diera certeza sobre el alcance y contenido de normas constitucionales, pero que sin embargo, además de “interpretar” el contenido y alcance de ciertas disposiciones fundamentales incurrió en extralimitación al decidir fuera del mecanismo procesal ejercido, procediendo a la revisión del contenido e incluso a la desaplicación por control difuso de ciertos artículos de la Ley sobre el régimen para la comparecencia de los funcionarios y funcionarias públicos y las particulares ante la Asamblea Nacional y del Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional.
El recurso de interpretación en sí no busca la anulación de preceptos legales, sino -se reitera- verificar el contenido y alcance de una norma constitucional. Por ende, al desaplicar normas que no fueron objeto de consulta, estaría la sala en extralimitación.
Bien señala el profesor Humberto Njaim “que la exuberancia y frondosidad de un juez excesivamente proactivo puede ser tan peligrosa como la de un legislador excesivamente inhibido”, toda vez que “en el contradictorio marco constitucional en el cual nos desenvolvemos si esta exuberancia ha favorecido hasta ahora a unos, mañana podría favorecer más bien a los otros y desatar las tendencias a la búsqueda de una justicia más allá de la que imparten los tribunales estatuidos. Frente a esta crítica los jueces no cuentan con la defensa que si tienen los legisladores de haber sido popularmente legitimados.”[51]
Inclusive la Sala Constitucional ha llegado a regular supuestos en que considera las normas existentes, cuya nulidad no ha sido siquiera solicitada, incongruentes al texto constitucional, como por ejemplo el emblemático caso José Amando Mejía, donde la Sala Constitucional desarrolló un nuevo procedimiento para conocer de las acciones de amparo por considerar que el establecido en la Ley Orgánica de amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no estaba conforme con el nuevo texto constitucional (sentencia de 1° de febrero de 2000, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia)[52]. De esta forma, la Sala Constitucional señaló que:
¨Por mandato del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el procedimiento de la acción de amparo Constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidades. (…)
La aplicación inmediata del artículo 27 de la vigente Constitución, conmina a la Sala a adaptar el procedimiento de amparo establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a las prescripciones del artículo 27 ejusdem.
Por otra parte, todo proceso jurisdiccional contencioso debe ceñirse al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela(…), por lo que los elementos que conforman el debido proceso deben estar presentes en el procedimiento de amparo, y por lo tanto las normas procesales contenidas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales deben igualmente adecuarse a las prescripciones del citado artículo 49.
Ante esas realidades que emanan de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala Constitucional, obrando dentro de la facultad que le otorga el artículo 335 ejusdem, de establecer interpretaciones sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, las cuales serán en materia de amparo vinculantes para los tribunales de la República, interpreta los citados artículos 27 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el procedimiento de amparo previsto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, distinguiendo si se trata de amparos contra sentencias o de los otros amparos, excepto el cautelar, de la siguiente forma: (…)¨
En decisión más reciente, de fecha 26 de enero de 2017, la Sala Constitucional, al declarar inadmisible el recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto por el Diputado Héctor Rodríguez Castro, en contra del acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional el 09 de enero de 2017 titulado ¨Acuerdo sobre el abandono de las funciones constitucionales de la Presidencia de la República en que ha incurrido el Ciudadano Nicolás Maduro Moros¨, con motivo de ¨haber operado la cosa juzgada¨ sobre dicho asunto (en sentencia Nro. 2 de fecha 11 de enero de 2017 de la propia Sala Constitucional), decidió ¨dada la trascendencia nacional que tienen los hechos denunciados en el caso examinado y que motivaron la solicitud de autos, los cuales sucedieron con ocasión del acto parlamentario celebrado por la Asamblea Nacional el 09 de enero de 2017¨, ¨efectuar unas consideraciones respecto a la figura del abandono del cargo prevista en el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela¨.
Así pues, la Sala Constitucional no se limitó al medio de impugnación interpuesto, es decir, al recurso de nulidad por inconstitucionalidad, sino que nuevamente pasó a ejercer la facultad de interpretación constitucional para determinar sobre el sentido y alcance de una norma constitucional que no le fue solicitado.
Además, en contra de su propia jurisprudencia pasó a decidir sobre un asunto que ostentaba la autoridad de cosa juzgada y determinó que ¨se ha producido una situación de facto en franca violación a la norma suprema, pues el 05 de enero de 2017, fue convocada la plenaria de la Asamblea Nacional con motivo de la elección de la Junta Directiva de dicho Cuerpo Legislativo, en cuyo acto la mayoría opositora al gobierno nacional, sin haber acatado previamente los mandamientos de las Salas Electoral y Constitucional de este Máximo Tribunal, postuló y eligió una ilegítima nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, cuyos actos son nulos de nulidad absoluta, al haberse instaurado al margen de la Constitución y del ordenamiento jurídico, derivada del permanente desacato en que se encuentra la Junta Directiva designada el 5 de enero de 2016, como se declaró en sentencia número 02 del 11 de enero de 2017. Así se decide¨, para luego ordenar:
¨a los órganos que integran el Consejo Moral Republicano, inicien la investigación que determine la responsabilidad penal individual de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional que integran el denominado Bloque de la Unidad, por la presunta comisión del delito de conspiración para destruir la forma republicana que se ha dado la nación, tipificado en el artículo 132 del Código Penal, así como, por la presunta usurpación de funciones, desviación de poder y por violación de la Constitución, esta Sala estima que debe adjuntarse copia certificada del presente fallo a la causa contenida en el expediente 16-1085 donde se dictó la cautelar antes indicada, para que conforme a lo sostenido por esta Sala se conozca y decida sobre el desacato, a la luz de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.¨
4.4.2 Límite derivado del respeto al principio de separación de poderes
El principio de la separación o división de poderes[53] es concepto fundamental del estado de derecho[54]. En el tema que nos ocupa, el Dr. Humberto J. La Roche citando a Bergalli[55], destaca que en el plano jurisdiccional “la independencia del Poder Judicial tiene que ser entendida como independencia frente a los otros poderes del Estado y a los centros de decisión de la propia organización judicial, pero no como separación de la sociedad civil ni como cuerpo separado de toda forma de control democrático y popular.”[56]
Este principio de separación de poderes implica no sólo la actuación judicial independiente y autónoma sino también el límite de la decisión fundada, basada en derecho, y sin invadir las competencias propias de otro[57], ni siquiera aquél sujeto al control de la constitucionalidad de sus actos.
Si el ejercicio del control judicial se ejerce de manera que se construye una supremacía de la rama judicial sobre los otros poderes, se habrá excedido el límite que la separación de los poderes como principio constitucional de organización que un estado de derecho impone.
Pero si además la acción judicial conlleva la imposibilidad del ejercicio de las funciones propias de cualquiera de los otros poderes del Estado, lo cierto es que en lugar de realizar su tarea de garantizar la supremacía constitucional estará distorsionando su efectividad real.
De esta última forma ha ocurrido en Venezuela en cuanto a la función legislativa, siendo que la Sala Constitucional –en ejercicio del control previo de constitucionalidad-, y ciertamente ¨reforzando in extremis el presidencialismo y sometiéndose a los dictados del mismo¨[58], ha declarado contrarias al Texto Constitucional de 1999 seis de las siete Leyes sancionadas a la fecha por la Asamblea. Y respecto de la única Ley que, según la Sala, sí se ajusta a la Constitución, la Ley de bono para alimentos y medicinas a pensionados y jubilados, se anuló la disposición que ordenaba su entrada de vigencia inmediata (es decir, fue declarada "inaplicable" sentencia N° 327/2016 de 28 de abril). Por ello, en la práctica, la Sala Constitucional ha impedido la aplicación de todas las Leyes que, desde su nombramiento, ha dictado la Asamblea Nacional[59]:
1) Sentencia N° 259/2016 del 31 de marzo, que declaró inconstitucional la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2.179 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela. La Sala declaró la nulidad de esa Ley al considerar que mediante ella se pretendía subordinar al Banco Central de Venezuela a la Asamblea (cuando lo que se hizo, en realidad, fue reproducir el contenido del Decreto-Ley de 2014).
2) Sentencia N° 264/2016 del 11 de abril, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. La Sala Constitucional cuestionó la oportunidad de la amnistía, pese a que la amnistía es una competencia exclusiva de la Asamblea que no admite control judicial en cuanto a su oportunidad y mérito[60].
3) Sentencia N° 341/2016 del 5 de mayo, por medio de la cual se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
4) Sentencia N° 343/2016 del 6 de mayo, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros Programas Habitacionales del Sector Público
5) Sentencia N° 60/2016, del 9 de junio, en la cual la Ley especial para atender la crisis nacional de salud fue declarada inconstitucional
6) Sentencia N°1/2017, del 6 de enero de 2017, donde se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Ambiente, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2016.
Asimismo, la Sala Constitucional ha inhibido la función propia de la Asamblea Nacional presente en el artículo 194 constitucional según la cual ¨La Asamblea Nacional elegirá de su seno un Presidente o Presidenta y dos Vicepresidentes o Vicepresidentas, un Secretario o Secretaria y un Subsecretario o Subsecretaria fuera de su seno, por un periodo de un año…¨, mediante sentencia nro. 2 del 11 de enero del 2017 donde declaró la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional y, en consecuencia, anuló los Actos Parlamentarios realizados el 05 y el 09 de enero de 2017 por la Asamblea Nacional, mediante el cual se eligió y juramentó la Junta Directiva y los cargos de Secretario y Subsecretario de dicho órgano del Poder Público Nacional, con motivo de ¨no haber dictado las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución referidas al acatamiento de las decisiones dictadas por este Máximo Tribunal de la República¨ y ¨como consecuencia de ello, no haber perfeccionado las condiciones coherentes, objetivas y constitucionales, necesarias para la instalación del segundo período de sesiones ordinarias del año 2017 y la subsecuente elección de la nueva Junta Directiva y las sesiones que se realicen. Así se declara¨.
Cabe destacar que, un mes antes, en fecha 13 de diciembre del año 2016, la Sala Constitucional en sentencia nro. 1086 declaró también la falta de validez -anticipada de por más- de ¨todas las actuaciones desplegadas por la Asamblea Nacional relacionadas con el proceso de designación de los nuevos funcionarios o las nuevas funcionarias que deben sustituir en el ejercicio de sus cargos a las Rectoras Principales del Consejo Nacional Electoral…¨ (función constitucionalmente atribuida a la Asamblea Nacional mediante artículo 296), declarando la omisión legislativa de la Asamblea Nacional por no haber realizado dicha designación y, usurpando las funciones de dicho órgano parlamentario, designó para el período que transcurre desde el 4 de diciembre de 2016 al 4 de diciembre de 2023 a los integrantes del Consejo Nacional Electoral.
Otro ejemplo claro de la violación del principio de separación de poderes es la sentencia N° 269/2016[61] de 21 de abril, donde la Sala Constitucional asumió la atribución privativa de la Asamblea de dictar su propio Reglamento Interior y de Debates, de modo que lo reforma mediante sentencia y ordena su acatamiento por los diputados. Así, desconociendo sus propios precedentes, la Sala Constitucional suspendió distintos artículos del Reglamento de 2010 (más de cinco años después de que su nulidad fuese invocada por entonces diputados de la oposición). Aunque, en realidad, más que suspender normas, la Sala Constitucional creó nuevas normas, cambiando así el régimen de las sesiones de la Asamblea y el procedimiento de formación de Leyes, para lo cual incluso llegó a crear un control inexistente en la Constitución, cual es la necesidad de conciliar, con el Poder Ejecutivo, la viabilidad económica de los Proyectos de Ley. De este modo, la Sala Constitucional no solo se sustituyó en la Asamblea al dictar sus normas internas de procedimiento, sino que además, pretendió subordinar la Asamblea al control político del Presidente. Es por ello que el profesor Brewer-Carías afirma con toda razón que esta sentencia es inconstitucional pues la Sala impuso normas de funcionamiento interno a la Asamblea, cuando de conformidad con el numeral 19 del artículo 187 de la Constitución, solo la Asamblea puede regular su funcionamiento interno[62].
Así también, la actuación judicial de anular a futuro las decisiones de uno de los poderes del Estado, en este caso el órgano parlamentario[63], en base a un supuesto desacato de una sentencia cautelar electoral, en lugar dictar medidas concretas que no impidiesen el funcionamiento total de una de las ramas del Estado, tiene que calificar como un exceso en los límites del juez constitucional quien en ningún caso puede conducirse sin tener por norte la integridad del Estado de Derecho.
Fue sin duda un exceso de la Sala Electoral decidir en su sentencia Nº 108 de 1º de agosto de 2016, ejercer un “control previo de constitucionalidad” al declarar ante el desacato de las anteriores cautelares Nº 260 de 30 de diciembre de 2015 y Nº 1 del 11 de enero de 2016 “la invalidez, inexistencia e ineficacia jurídica” de las decisiones de la Asamblea Nacional que se dictasen con posterioridad a la juramentación de los mencionados diputados por el Estado Amazonas (…) y “absolutamente nulos y carentes de cualquier tipo de validez jurídica.”
Y fue igualmente un exceso a los límites del juez constitucional el que la Sala Constitucional, en lugar de propender a limitar los efectos de esta decisión, la ratificara, declarando que “…resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.”
De otra parte, es igualmente un límite derivado del principio de separación de los poderes el respeto al ámbito de competencias de los órganos controlados. De esta forma, se consideraría una extralimitación del juez constitucional la valoración de las razones de mérito o conveniencia para la toma de las decisiones legislativas o administrativas.
La ley de presupuesto, por ejemplo, corresponde a una de las atribuciones privativas de la Asamblea Nacional, y en ningún caso podría el juez suplir el análisis político-técnico del cuerpo parlamentario. Cabe destacar que esta competencia no se encuadra dentro de la normal función legislativa de la Asamblea, sino que se concibe como una competencia distinta y autónoma, tal y como se desprende de su consagración constitucional en el ordinal sexto del artículo 187, distinto a la facultad de dictar leyes prevista en la misma norma pero en el ordinal primero. Así usurpó funciones el presidente cuando por vía de un decreto ley se auto aprobó el presupuesto 2017, como también lo hizo la Sala Constitucional cuando mediante una sentencia convalidó tal inconstitucionalidad (sentencia No. 814 de fecha 11 de octubre de 2016). Esta convalidación se hizo mediante un fallo de ampliación de una sentencia precedente (sentencia No. 810 del 21 de septiembre de 2016),[64] de nuevo el proceso y sus reglas límites a los poderes del juez son francamente ignorados.
Lo mismo puede predicarse respecto del juicio de omisión legislativa en el cual corresponde al juzgador de la constitucionalidad, mediante su labor de interpretación, intentar en lo posible, sin violentar el principio de división de poderes, pero en aras de los de colaboración y de supremacía constitucional, hacer eficaz el precepto constitucional que impone el desarrollo normativo omitido, su labor consiste esencialmente en luchar por la plena aplicación de las normas constitucionales.[65]
No se trata por ende de asumir la función normativa ni de que el tribunal se sustituya en el órgano que ha omitido la actuación debida, la omisión legislativa supone una ausencia de normas, de leyes, que el legislativo debe necesariamente dictar por así disponerlo la Constitución, y al haberlas omitido entonces se contempla que el tribunal constitucional pueda, si se intenta un recurso de omisión legislativa, hacer aplicable esa norma constitucional a un caso concreto. No está entonces previsto que el tribunal dicte las normas omitidas, porque nunca se aceptaría en un Estado democrático de derecho que un cuerpo distinto al Parlamento, que es el representante de la voluntad general, sea el que dicte las leyes, “es la esencia de la soberanía popular”.[66]
Así pues, como bien lo expresa Casal, en orden de evitar equívocos, es necesario observar que “la facultad de la Sala Constitucional de integrar lagunas o vacíos jurídicos vinculados a silencios legislativos en modo alguno pude ser concebida ni aplicada como una potestad legislativa paralela a la del legislador ordinario…. La jurisdicción, incluso la constitucional es por definición un proceso básicamente aplicativo y cognitivo que, sin perjuicio de los aspectos creativos que posee y de su contribución decisiva a la ¨construcción¨ del Derecho, carece de la libertad política y de configuración normativa que, dentro de los límites de la Constitución, es propia del legislador. La naturaleza ¨normativa¨ de la función jurisdiccional cumplida por la Sala Constitucional cuando colma vacíos legislativos para hacer operativos ciertos preceptos constitucionales (…), estribaría solo en los efectos generales (erga omnes) de los criterios sentados sobre el modo de aplicación de la disposición constitucional hasta la intervención del legislador.”[67]
De esta forma, el juez constitucional tiene prohibido ejercer la función legislativa, como competencia propia de la Asamblea Nacional. Aunque la realidad demuestre que la Sala Constitucional ejerce en reiteradas oportunidades la llamada jurisdicción normativa (como la declaración de interpretaciones vinculantes que obran como una normativa restringida hasta que la Asamblea Nacional legisle sobre una materia o lo haga de acuerdo a los valores, principios y normas constitucionales[68]).
Que los jueces constitucionales carecen de facultades para legislar, por ser esta una función inherente del Poder Legislativo fue establecido en sentencia del supremo tribunal del año 1969 (12 de septiembre), al señalar que: “Investido como está el Congreso de la potestad de legislar, a él corresponde escoger las vías más apropiadas para expresar su voluntad y decidir respecto de las ventajas o inconvenientes del contenido de una ley. Establecer si una o más normas deben o no incluirse en determinada ley o si los medios escogidos por el legislador son o no los mejores para lograr los fines previstos en la Constitución son cuestiones que escapan al control jurisdiccional de la Corte sobre los actos de los cuerpos legislativos nacionales, a menos que se viole una disposición expresa de la Constitución”.
4.4.3 Prohibición de decidir en función del control político
El control político[69], tal como está comprendido en la Constitución, es función exclusiva de la Asamblea Nacional,[70] por lo cual es éste también un límite al poder de actuación del juez constitucional. En la actualidad, como lo explica Manuel Aragón Reyes, se entiende que el control político no persigue como finalidad controlar las producciones jurídicamente objetivadas del poder (que es la finalidad del control jurídico), sino la de controlar a los órganos del poder mismo, directamente sobre el órgano o sobre la actividad que despliega.[71] El control jurídico es el límite del juez constitucional, pues escapa de su competencia el enjuiciamiento político del poder, por corresponderle este exclusivamente al órgano legislativo, es decir, a la Asamblea Nacional.
Sin embargo, contrario a esto ha sido la orientación de la Sala Constitucional, la cual, en otro inconstitucional exceso en el marco de un recurso de interpretación, dispuso que el control político de la Asamblea Nacional sobre el Decreto N° 2.184, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de sesenta (60) días, en los términos que en él se indican (Gaceta Oficial Nº 6.214 extraordinario de 14 de enero de 2016), no tiene relevancia jurídica. Así pues, la Sala, en sentencia N° 04/2016 del 20 de enero, avaló la constitucionalidad del Decreto en cuestión, mientras que la Asamblea Nacional, en fecha de 22 de enero, improbó el mismo. A pesar que de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción, la falta de aprobación implicaba la extinción inmediata del Decreto, la Sala Constitucional, al resolver el recurso de interpretación interpuesto, concluyó que el control de la Asamblea sobre el Decreto que declara el estado de excepción es político, no jurídico (sentencia N° 07/2016, del 11 de febrero)[72].
Asimismo, mediante sentencia Nº 9 del 1º de marzo de 2016 dictada con ocasión de un “Recurso de interpretación” abstracta de los artículos 136, 222, 223 y 265 de la Constitución, intentado por un grupo de ciudadanos, en violación de las más elementales y universales principios que rigen la administración de justicia, procedió a cercenar y restringir las potestades de control político de la Asamblea Nacional sobre el Gobierno y la administración pública, materialmente liberando a los Ministros de su obligación de comparecer ante la Asamblea cuando se les requiera para investigaciones, preguntas e interpelaciones; y adicionalmente, negándole a la Asamblea su potestad de auto control sobre sus propios actos parlamentarios¨[73].
Como extensión de este criterio, la Sala Constitucional, al admitir la acción autónoma de amparo constitucional interpuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en contra de la Asamblea -acción que fue “convertida” por la Sala, sin embargo, en una demanda de conflicto constitucional- ordenó a la Asamblea Nacional “abstenerse de pretender dirigir las relaciones exteriores de la República”, negando toda competencia de la Asamblea en materia de política internacional. Así pues, el juez constitucional, de nuevo anulando la competencia constitucional privativa del parlamento y destinada al ejercicio de su control político sobre los decretos de emergencia constitucional, autorizándolos o no, e incluso, haciéndolo cesar o no; determinó que el control parlamentario que pretenda ejercer la Asamblea sobre los funcionarios del Poder Ejecutivo, ha de ser previamente convenido y autorizado por el Vicepresidente de la República, y además, usurpando las competencias de la Asamblea Nacional, en uso del control político autorizó al Presidente de la República para gobernar mediante decreto y al amparo de una suspensión de garantías constitucionales que le había sido rechazada por la Asamblea Nacional, tanto en su dictado como en su posterior renovación[74].
En este mismo sentido privativo de las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional así como violatorio de la prohibición de decidir en función del control político, la Sala Constitucional en sentencia nro. 3 del 11 de enero del año 2017, mediante otro recurso de interpretación constitucional interpuesto por el Ejecutivo Nacional, esta vez del artículo 237 de la Constitución (¨según el cual el Presidente o Presidenta de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea Nacional un mensaje en el que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior; ámbito al cual se ajusta ese control en lo que respecta al Jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional¨), decidió declarar la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional y apersonarse de las funciones exclusivas de la misma en control político del Ejecutivo Nacional al disponer que ¨en esta oportunidad el Presidente Constitucional y en pleno ejercicio de sus funciones, ciudadano Nicolás Maduro Moros, debe rendir su mensaje anual al que refiere el artículo 237 Constitucional, en el que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior, ante el Tribunal Supremo de Justicia, en transmisión conjunta de radio y televisión, para llegar a la mayor cantidad de venezolanas y venezolanos¨.
4.4.4 Límite derivado del respeto a los valores superiores establecidos en la Constitución
Los valores superiores del ordenamiento jurídico contenidos en el preámbulo de la Constitución constituyen obviamente límite a la actuación del juez constitucional, quien siempre deberá en su labor interpretativa favorecer la vigencia de estos postulados. Los valores de libertad, paz, solidaridad, bien común, convivencia, la igualdad y la garantía de los derechos humanos fundamentales, así como el carácter democrático de un Estado que se halle sometido a derecho y de allí y el imperio de la ley, impiden que una realidad política se imponga en decisiones judiciales no cónsonas con estas limitantes.
El principio de proporcionalidad, denominado también como principio de racionalidad, razonabilidad o interdicción de la arbitrariedad (como ha sido definido constitucionalmente en España), impone una actuación prudente por parte del juez constitucional, que siempre deberá dar una solución justa que respete el peso reconocido a cada principio en un caso concreto[75], orientando su actuación para “…la búsqueda de la justa medida cuando hay una colisión de principios, derechos o intereses las cuales no pueden ser resueltas por la mera exclusión de uno de los polos”.[76]
El principio de proporcionalidad ha sido reconocido en Venezuela por diversas normas constitucionales (artículos 1, 2, 19, 21 y 139), pero en referencia a todas las actuaciones de los órganos del poder público. Es así como los jueces constitucionales tienen no sólo la obligación de velar por la proporcionalidad de sus decisiones, sino también la de controlar la proporcionalidad de los actos de los otros poderes.
En cuanto a la protección y garantía de los derechos fundamentales, es preciso hacer mención en esta ocasión, al límite y deber de los jueces constitucionales de i. Acatar y hacer efectivas las sentencias dictadas por órganos supranacionales con competencia jurisdiccional, otorgada por tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela; y ii. Aplicar e interpretar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La mayoría de las constituciones nacionales de los países de Latinoamérica, de forma expresa o implícita, reconocen los derechos contenidos en los instrumentos internacionales, especialmente los de naturaleza convencional, de modo que permiten a los tribunales de derecho interno la protección e interpretación de los derechos humanos convencionales y la jurisprudencia interamericana, como parte de la propia Constitución, y en ocasiones le otorgan un rango superior de presentarse como normas sobre derechos humanos más favorables.
En el caso de Venezuela, como hemos afirmado, esa vinculación con los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela se deriva del artículo 23 constitucional, e implica que los jueces constitucionales como tribunales nacionales, mediante el uso de diversas técnicas procesales e interpretativas, y con ocasión de la resolución de los asuntos y casos sometidos a su jurisdicción, lleven a cabo el control de convencionalidad[77].
De este modo, las sentencias judiciales comprenden una de las medidas necesarias en el ordenamiento jurídico interno[78] para cumplir la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y obliga a los jueces constitucionales a recibir, interpretar y aplicar, tanto la CADH como la jurisprudencia sobre ella emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de lograr una la interpretación más favorable a los derechos fundamentales[79].
Ahora bien, no siempre la justicia doméstica ha adaptado sus decisiones sobre derechos humanos a la justicia internacional, por el contrario, se ha resistido a la misma[80].
Como ejemplo de ello es válido mencionar el caso venezolano, donde los tribunales encargados de velar por la correcta y eficaz aplicación de las decisiones emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya fuerza obligatoria, como nos hemos referido, se deriva del texto mismo de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; han hecho todo lo posible por desconocer, desacatar y desacreditar todas sus sentencias.
Dicho desconocimiento de la ejecución de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos comprende, además de una violación a la CADH (artículo 68.1 que consagra el carácter obligatorio de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al establecer expresamente el compromiso de los Estados Partes en la Convención de cumplir con la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes[81]), una flagrante transgresión del artículo 23 constitucional.
Para ilustrar las mencionadas violaciones es menester referirnos a la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual ¨ha sido extremadamente negacionista en materia de cumplimiento de las decisiones internacionales incluidas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos¨[82], calificando sus sentencias como injerencias, y hasta sujetando la eficacia de las mismas a una especie de exequatur de constitucionalidad, con el único motivo de desconocerlas[83].
Esta postura inicia con la sentencia nro. 386, del año 2000, conocida como el caso revista ¨Exceso¨, donde la Sala Constitucional, calificó de inaceptable, así como injerencia en la competencia e independencia de los jueves venezolanos, las medidas cautelares acordadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dicha postura luego evoluciona, de forma desfavorable, con la decisión nro. 1.942, de fecha 15 de julio de 2003 que, vaciando de todo contenido jurídico a las decisiones de la Corte interamericana, dispuso que las decisiones dictadas por ¨los tribunales internacionales con especial referencia a la CorteIDH, deben sujetarse a la Constitución, por lo que las sentencias que la infrinjan según ese tribunal de derecho interno o que se dicten sin agotar los recursos internos en Venezuela carecen de aplicación en el país¨. De este modo, la Sala Constitucional creó un control previo de conformidad de esas sentencias –para su ejecución- con la Constitución, según su propio criterio.
Por último, la Sala Constitucional mediante sentencia nro. 1.939 ¨inauguró formalmente su línea jurisprudencial -posteriormente aplicada a varias sentencias de la CorteIDH- sobre la ¨inejecución¨ de las sentencias internacionales que ella estime inconstitucionales¨[84], y declaró inejecutable ¨el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 5 de agosto de 2008, en el que se ordenó la reincorporación en el cargo de los exmagistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo¨ (en caso Apitz Barbera y otros Vs Venezuela, donde se le requirió al Estado reincorporar en sus cargos en la Corte mencionada a tres jueces destituidos arbitrariamente); además de solicitar inconstitucionalmente –y so pretexto de una ¨evidente usurpación de funciones¨ del Estado venezolano por la CorteIDH-, al Ejecutivo Nacional la denuncia de la CADH con el fin de expulsarla del ordenamiento jurídico venezolano, ¨algo que por cierto no se podía hacer en virtud de la jerarquía constitucional de los tratados sobre derechos humanos-; y además, porque la CADH forma parte expresa de la propia Constitución en las normas relativas a los estados de excepción¨[85]
4.4.5 Principio de presunción de la constitucionalidad de los actos normativos
La conservación y protección de las normas y principios constitucionales implica -según Figueroa Mejía- que “uno de los objetivos fundamentales de cualquier tribunal constitucional, no sólo debe consistir en garantizar la fuerza y conservación de los contenidos de la propia Constitución, sino que, a la par, debe procurar la conservación de las demás normas que componen el sistema, toda vez que mantenerlas vigentes se convierte en una herramienta adecuada para asegurar la certeza del derecho¨[86], ello además, en virtud del respeto al principio democrático.
De esta forma, las disposiciones legales “no deben ser declaradas nulas o inválidas, según sea el caso, solo porque de ellas derive alguna o algunas interpretaciones inconstitucionales, sino porque no sea posible darle a esas disposiciones, por lo menos, una interpretación acorde con el texto fundamental.”[87]
En ese sentido, cabe destacar que el juez constitucional, ha utilizado otros medios para hacer valer este principio tales como dictar sentencias que modifican expresamente el texto de la norma impugnada, en algunos casos desaplicando una parte de la norma y sustituyéndola por la previsión que el juez determine, y en otros supuestos añadiendo nuevo texto normativo a la norma impugnada. Ejemplo de ello fue el caso ¨de la nueva redacción que la Sala Constitucional incluyó en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Administracion Financiera del Sector Público, en el cual añadió la exigencia de que las operaciones de crédito público relacionadas con contratos de interés público requieren de la autorización de la Asamblea Nacional¨ (Sentencia del 24 de septiembre de 2002, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso Andrés Velásquez y otros)[88].
Además, los jueces constitucionales, antes de declarar la nulidad de una ley, se han valido también de normar ante vacíos legislativos que dejan sin regulación la implementación de determinadas normas constitucionales[89], ejerciendo en ambos casos mencionados la precitada y criticada jurisdicción normativa.
El Profesor Néstor Sagués[90] explica que estos métodos son conocidos como interpretación conforme de una parte, e interpretación mutativa de otra.
La interpretación conforme de acuerdo con el precitado autor ¨En términos muy simples, en la esfera del control de constituciona­lidad, postula que las normas subconstitucionales sean interpretadas y aplicadas de acuerdo, y no en oposición, a las constitucionales¨[91]. De este modo, acorde con la doctrina de la interpretación conforme, el control de constitucionalidad asume dos caras: ¨a) destructi­va, o represiva, o de inaplicación de normas subconstitucionales opues­tas a la constitución; b) constructiva (positiva), o de adaptación, empal­me, reciclaje, de la norma inferior para amoldarla con la superior. Es en este segundo segmento donde anida la “interpretación conforme”. La etapa “constructiva” debe ser siempre previa a la “destructiva”, que opera únicamente de modo subsidiario¨[92]. Así pues, se acepta que en primer lugar lo debido es realizar un ¨control constructivo¨, y en segundo lugar, agotadas las posibilidades razonables, como último remedio se ejecutará el control represivo o destructivo, consistente en constatar la existencia de contradicciones entre una norma superior y una inferior con el fin de inutilizar esta última.
Ahora bien, antes de desaplicar o anular un acto normativo, y después de ejecutar una interpretación conforme (de acuerdo a la cual se escudriñan una serie de interpretaciones posibles al precepto en juego), sin encontrar una ¨fórmula compatibilizadora¨[93], el juez constitucional tiene la posibilidad de optar por otros métodos, ¨se trata ahora de construir interpretacio­nes, para lo cual tiene a mano dos instrumentos ya conocidos, como la doctrina de las sentencias “atípicas”, “modulativas”, “manipulativas”, según se las llame; y la teoría de la “interpretación mutativa”, por adi­ción, restricción o mixta (“sustitutiva”)¨[94].
Con respecto a la interpretación mutativa, la misma se entiende como la promoción de la doctrina de las sentencias ¨atípicas, modulativas, manipulativas, o intermedias, en las que el juez constitucional ampliará, reducirá o aun, sustituirá, el contenido normativo de preceptos sub­constitucionales (en particular, leyes), no para alcanzar cualquier fin, sino exclusivamente para hacerlos coincidir –esto es, para armonizar­los y conformarlos-, con la Constitución, todo ello dentro del marco del control constructivo de constitucionalidad¨[95].
Entonces, dentro de la interpretación mutativa está dividida entre tres tipos, i. la interpretación mutativa por adición, la cual busca completar la Constitución ante sus lagunas o imprevisiones para consumar un trabajo de integración constitucional; ii. La interpretación mutativa por sustracción, consistente en extraer el contenido normativo de un precepto (legal) que resulte incompatible con la preceptiva controlante (Constitución); y iii. La interpretación mixta, donde el operador jurídico -el juez constitucional- , sustrae un segmento del contenido material de un precepto normativo, al par que le agrega otro.
En fin, y a pesar de las muchas objeciones contra este tipo de interpretaciones, por considerar principalmente que el ejercicio de dichas facultades implicaría la asunción por los jueces constitucionales de tareas exclusivas del legislador, la que se persigue es ¨lograr una adecuación de la norma inferior con la superior, incluso a machetazos, pero justificado por las referidas razones de economía constitucional y convencional, eficacia, prontitud y predominio de la norma más relevante¨[96].
Así entonces, conforme al principio de presunción de la constitucionalidad de los actos normativos, corresponde al juez constitucional la misión de ponderar e interpretar el acto legislativo cuya nulidad se pretende, de la manera en que más pueda ceñirse al texto constitucional y hacer eso antes que su eliminación del ordenamiento jurídico. “Lo que se busca es justificar la validez del acto en el cumplimiento de un fin que la Constitución intenta proteger, teniendo en cuenta que los actos legislativos se presumen constitucionales, y por lo tanto serán válidos y efectivos hasta que se declare su nulidad.”[97]
El Juez Constitucional, como todo juez, debe decidir con base a lo probado en el proceso constitucional. Como bien lo explica Ana Giacomette Ferrer, todas las decisiones que sean producto de un proceso o actuación judicial o administrativa deben estar fundamentadas en la aportación oportuna, y por los ritos preestablecidos, de los medios que conduzcan a la convicción de certeza de los hechos que dan nacimiento, extinción o modificación al derecho reclamado o a la imposición de la pena.[98]
Esta obligación del juez constitucional en nuestro ordenamiento jurídico se desprende principalmente de lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución, donde es reconocido el derecho constitucional de acceder a la prueba, de probar, inmerso en la garantía constitucional del debido proceso, que como sabemos debe aplicarse a todas las actuaciones judiciales y administrativas, entre las cuales evidentemente están comprendidos los procesos constitucionales[99]. También, nuestro ordenamiento jurídico impone la obligación a todos los jueces de atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados (artículo 12 del Código de Procedimiento Civil).
Sin embargo, es preciso señalar que al ser los juicios ante la Sala Constitucional procesos distinto y con particularidades propias, el objeto de la prueba sobre la cual deberá decidir el juez constitucional se presenta de un modo especial también. Así pues, la precitada autora distingue la noción de prueba en el derecho procesal constitucional como ¨las razones, los argumentos, los instrumentos o los medios, de naturaleza predominantemente procesal, dirigida a verificar el cumplimiento o no de la Constitución¨[100].
Es verdad, sin embargo, que en los casos de control concentrado el juez constitucional pasará a decidir con el cotejo entre la norma demandada y la Constitución (de tratarse de un conflicto negativo de fondo); pero eso no es suficiente cuando se decide una acción de amparo constitucional o cuando se juzga en el proceso un vicio de contenido formal o de procedimiento (por ejemplo durante el proceso de formación de los proyectos de ley o de actos legislativos o de un decreto), en los que es imprescindible que el juez acuda a los medios de prueba pertinentes[101].
Entonces, para que la decisión del juez constitucional sea válida, es necesario que esté fundamentada en la pruebas del proceso constitucional, es decir, debe estar basada en la convicción que produzcan los medios de prueba sobre los trámites que antecedieron al acto sometido al juicio constitucional, así como los hechos relevantes, en la medida en que sean necesarios para que la Sala adopte su decisión[102].
De esta forma, el juez constitucional deberá motivar su decisión por ejemplo en que el procedimiento de formación de ley estuvo viciado porque no fue evaluado el proyecto de ley en dos discusiones, o porque la adopción del texto no haya sido aprobada por la mayoría de los votos requeridos reglamentariamente, o porque en la primera discusión no fue remitido el proyecto de ley a la comisión directamente relacionada con la materia objeto de la ley, etc.[103]. Asimismo, para el caso de los hechos generadores, por ejemplo, el juez constitucional debería hacer comprobar en el proceso, para su decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un decreto de estado de excepción, las situaciones de tensión o conflicto que dan lugar a implantar los estados de excepción, es decir, ¨el estallido o la invasión que provocó la guerra, el desorden público que generó la conmoción interior, la situación imprevista que suscitó una emergencia social o económica¨[104].
Los jueces constitucionales venezolanos han adoptado un criterio distinto al que se desprende del mencionado pincipio, siendo que la propia Sala Constitucional ha señalado que en el ejercicio del control concentrado de las leyes, ella ¨no se encuentra restringida en cuanto a sus potestades por los argumentos esgrimidos por las partes en juicio¨ (Sentencia del 11 de junio de 2002, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso Víctor Manuel Hernández y otro, en Gaceta Oficial N°5.595 Extraordinario, de fecha 17 de julio de 2002)[105]
Sin embargo, consideramos que todos los jueces, incluyendo los constitucionales, tienen la obligación de decidir conforme a lo alegado y probado en juicio, es decir, resolver el asunto que se le plantee fundado en situaciones de hecho, salvo que se trate de un ¨hecho notorio¨, que por ello no sería objeto de prueba (artículo 506 del CPC). De acuerdo con Brewer-Carías, ¨Actuar y decidir de manera diferente, no es otra cosa que una arbitrariedad judicial¨[106] .
Entonces, cuando nos referimos a la prueba como límite a la actuación del juez constitucional, incluimos todos los límites derivados del tema probatorio, dentro del cual es obvio que el juez constitucional está atado al principio de la legalidad de la prueba (que implica que el juez solo debe dar por cierto los hechos trasladados al proceso por medios legítimamente obtenidos), al control de la prueba por la contraparte, a la pertinencia de la prueba y el especial cuidado con el que el juez constitucional está obligado a valorar la prueba, todo ello conforme a las disposiciones que sobre la prueba determina la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el Código de Procedimiento Civil.
Como ejemplo de la violación a este principio podemos mencionar la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia nro. 260 de fecha 30 de diciembre de 2015, en la cual la Sala declara procedente una solicitud de amparo cautelar, en medio de un proceso contencioso electoral, ordenando ¨de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional¨. Esta decisión fue tomada por la Sala Electoral basándose en una ¨grabación del audio de una conversación entre la ciudadana Victoria Franchi Caballero, Secretaria de la Gobernación del estado Amazonas, y persona no identificada (anónima) en la cual se refiere la práctica de compra de votos y pago de prebendas a electores para votar por la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) o ayudar a desviar la voluntad de las personas que requerían asistencia para el acto de votación¨, calificándola como un ¨hecho notorio comunicacional (que) evidencia preliminarmente la presunción grave de buen derecho o fumus boni iuris de presunta violación de los derechos constitucionales al sufragio y la participación política de los electores del estado Amazonas en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en dicha entidad territorial para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional¨.
Ahora bien, como dijimos anteriormente, es deber del juez solamente considerar aquellos hechos que hayan sido llevados al juicio por medios reconocidos legítimamente. El juez no puede decidir sobre una grabación ilegal fundamentado en la circunstancia de que fue divulgada a través de los medios de comunicación. La grabación no puede ser considerada legal desde que fue obtenida por cauces contrarios a los legalmente establecidos, siendo además que la misma no fue objeto de contradictorio en ningún momento, y por tratarse de una decisión inaudita parte no fue controlada por la contraparte, hecho que constituye una violación más al principio que limita al juez para decidir de acuerdo a lo alegado y probado en autos.
Un ejemplo más reciente de la violación a este principio, y por los jueces constitucionales, es la sentencia Nro. 907 de fecha 28 de octubre de 2016, por medio de la cual decidió la Constitucional decidió sobre una ¨acción innominada de constitucionalidad¨ (no prevista entre las atribuciones de la Sala Constitucional ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) ¨de las normas previstas en los artículos 41 y 227 del Texto Fundamental, con ocasión de las actuaciones desplegadas por algunos ciudadanos, dirigidas a señalar falazmente el supuesto incumplimiento, por parte del Presidente de la República, del requisito constitucional referido a ser venezolano por nacimiento, sin otra nacionalidad; sobre la base de tergiversaciones hermenéuticas de las referidas normas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también de los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía; todo ello en perjuicio de la estabilidad democrática de la República, de la paz de la Nación y de los valores que, en general, sustentan el orden público constitucional¨, interpuesta por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En este proceso, cabe destacar, no hubo un procedimiento probatorio propiamente dicho, así como tampoco hubo contradictorio, por lo que deja muy abierto el escenario a dudas sobre la legitimidad de lo decidido por la Sala Constitucional.
En cuanto a la ejecución del control difuso, es decir, de aquel que puede (y debe) ser ejercido por los todos los jueces de la República, el juez debe limitarse a desaplicar una norma que contraríe la Constitución, y aplicar esta última con preferencia. El alcance del control difuso se circunscribe dentro de la aplicación del derecho en un proceso concreto, por lo que ¨reconociendo la primacía de la Constitución frente a cualquier otra norma, solo se traduce en el examen de la compatibilidad con la Constitución de la disposición legal cuestionada y, eventualmente, en el desconocimiento de esta disposición, con efectos limitados al caso específico¨[107].
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia nro. 833 del 25 de mayo de 2001 (Caso: Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao), ha determinado que ¨… el juez que ejerce el control difuso, no anula la norma inconstitucional, haciendo una declaratoria de carácter general o particular en ese sentido, sino que se limita a desaplicarla en el caso concreto en el que consideró que los artículos de la ley invocada, o hasta la propia ley, coliden con la Constitución¨
De este modo, la decisión judicial que declare la incompatibilidad de la una norma legal con la Constitución, y su posterior desaplicación en un determinado caso mediante el ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, no poseerá eficacia más allá del proceso correspondiente, a menos de que se trate de una decisión dictada por una de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, caso en el cual adquieren ¨un cierto alcance general, a pesar de que no acarrean la anulación de la norma legal, en virtud del rango de tales Salas dentro de la organización judicial y de la posición que ocupan sus respectivos ámbitos competenciales¨[108]. Cabe destacar, en nada debe confundirse este supuesto precitado al caso en que se trate de sentencia interpretativas de la Constitución dictadas por la Sala Constitucional, puesto que de ellas se deriva el carácter propiamente vinculante establecido en el artículo 335 de la Constitución.
Con respecto a la ejecución de las sentencias dictadas por la Sala Constitucional en ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad, es conveniente tener en cuenta, en primer lugar, a las sentencias anulatorias. En principio, lo referido a la ejecución de este tipo de sentencias no tiene mayor inconveniente desde que al agotarse sus efectos en la anulación del acto no se requiere actuación posterior, por lo que no se presentan problemas de ejecución voluntaria o forzosa, siendo el último requisito para la publicación de la sentencia en Gaceta Oficial. De esta forma, ¨Se trata, en estos casos, de sentencias constitutivas, cesando erga omnes los efectos jurídicos del caso anulado, el cual desaparece del mundo jurídico¨[109]. Ahora bien, ello ocurre tanto en el control concentrado posterior (como es el caso de la anulación de actos firmes emanados de órganos del Poder Público que sean contrarios a la Constitución), como en el control concentrado preventivo o previo[110] (es decir, cuando es declarada la inconformidad con la Constitución de los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación; la inconstitucionalidad de la ley, o alguno de sus artículos previa a su entrada en vigencia; o la inconstitucionalidad del carácter orgánico que la Asamblea Nacional haya concedido a determinada ley).
La ejecución de este tipo de sentencias, también dependerá, como lo hemos referido en el punto referente a los poderes del juez constitucional en la decisión, de la determinación que el juez haga en su fallo sobre los efectos de su decisión en el tiempo. Así pues, y dependiendo del caso concreto, y [de] la ponderación entre los derechos involucrados, la seguridad jurídica y el interés general, el juez tendrá la facultad de decidir que la nulidad de un acto firmes emanados de órganos del Poder Público que sean contrarios a la Constitución, tenga efectos hacia el pasado (ex-tunc), o hacia el futuro (ex-nunc), es decir, a partir del momento en que fue dictada la sentencia (cuya materialización supondría dejar como válidos todos los actos anteriores producto del acto cuya nulidad ha sido declarada[111]).
Como hemos dicho, las sentencias producto del ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, o en función de una acción de amparo constitucional. y que hayan adquirido el carácter de definitivamente firme, pueden ser sometidas posteriormente al control de revisión constitucional, en el que la Sala Constitucional decidirá, como ¨máxima instancia de la jurisdicción constitucional¨, la constitucionalidad del ejercicio de dicho control difuso. En este último caso, la ejecución de la sentencia que determine la conformidad con la Constitución de la sentencia objeto de revisión, es decir de aquella en que ¨se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad, bien para afirmar, bien para negar la compatibilidad de la norma con la Carta Magna¨, consistirá, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 93 del 6 de febrero de 2001, en ¨quebrantar discrecional y extraordinariamente la garantía de la cosa juzgada judicial¨, es decir, en la revisión, corrección o anulación de una sentencia definitivamente firme, con el objeto de garantizar la integridad y supremacía de la Constitución.
En el caso de las sentencias interpretativas de la Constitución, no existe ejecución dado que tienen una naturaleza mero declarativa que determina el sentido y el alcance de los principios y normas constitucionales, claro está, teniendo dichas sentencias un carácter vinculante para el resto de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales de la República. Al respecto se ha pronunciado la Profesora Cecilia Sosa Gómez de la siguiente forma: ¨El carácter vinculante de las interpretaciones que sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales haga la Sala Constitucional, en suma, persigue, al menos en teoría, conservar la unicidad y uniformidad del texto constitucional previendo que sea verdad lo dispuesto en el artículo 7 de la Carta Magna, en vista del cual “la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y órganos que ejercen el poder público están sujetos a la Constitución”[112].
De otra parte, en el supuesto de que la sentencia del juez constitucional declare una omisión inconstitucional, las posibilidades para su ejecución pueden ser diversas a la simple publicación de la sentencia. De este modo, el juez constitucional puede dictar por ejemplo, los lineamientos para que sea solventada dicha omisión por el órgano del Poder Público competente, el cual deberá cumplirlas como una obligación de hacer. Conforme a lo anterior, el Profesor Jesús María Casal, explica que: ¨Si la omisión relativa o parcial se quiere reparar a través de una sentencia simplemente declarativa de la inconstitucionalidad, sumada a algunas exhortaciones al legislador sobre el tiempo y el modo en que tal reparación debe producirse, la efectividad del fallo es menor, pero no nula, pues a menudo esta clase de sentencias suponen una oportunidad dada al órgano legislativo para la corrección de la inconstitucionalidad…¨[113].
Sin embargo, por considerarse esta declaración precisamente poco efectiva, siendo más difícil remediar la inconstitucionalidad legislativa, se ha puesto en práctica otro mecanismo para ¨garantizar¨ la eficacia de los mandatos de la Constitución. Se trata de la facultad que han ejercido los jueces constitucionales en la oportunidad de establecer, con efectos erga omnes aunque con carácter transitorio, la regulación imprescindible para dar operatividad al precepto constitucional no desarrollado legislativamente[114]. De allí que con el objeto de que la Constitución no continúe siendo trastocada por la omisión inconstitucional, la jurisdicción constitucional también puede dictar normas provisionales conformando la llamada y criticada jurisdicción normativa. Al respecto nos hemos referimos anteriormente, los límites al poder de decisión de los jueces constitucionales, señalando la trascendencia del deber del juez de ceñirse al principio de separación de poderes, para lo cual en ningún supuesto dichos actos provisionales pueden pretender usurpar las funciones propias de otra rama del poder público.
Por último, debemos hacer referencia a los poderes del juez en la ejecución de las sentencias de amparo constitucional. El último fin de la ejecución de este tipo de sentencias consiste, no solo de la protección de las normas y principios constitucionales, sino de la restitución del derecho infringido, o ante la imposibilidad de ello, ponerlo en una situación similar a la que tenía antes de ser lesionado, puesto que la acción de amparo nunca tiene como fin la creación de situaciones jurídicas nuevas, únicamente actúa sobre las situaciones jurídicas denunciadas como violadas o vulneradas.
Por otra parte, el reconocimiento expreso de la Constitución de 1999, en torno a la posibilidad de asumir la representación de los intereses difusos y colectivos ha tenido un impacto considerable en los efectos de la sentencia de amparo, al flexibilizar la rígida negativa que mantenía la jurisprudencia respecto de los efectos erga omnes de las sentencias de amparo bajo el argumento de que el accionante no podría atribuirse, ni siquiera implícitamente, la representación del colectivo.
La realidad es otra ahora desde que la propia Sala Constitucional ha reconocido la posibilidad de ejercer la representación de tales derechos al punto de establecer que en esta materia, en el caso de que se dicten sentencias condenatorias sin indemnización, frente al restablecimiento de la situación común lesionada «los otros miembros del colectivo pueden aprovecharse de lo judicialmente declarado, si así lo manifestaren. Es incomprensible, que una persona en razón de que pertenezca a una determinada profesión o categoría obtenga por decisión judicial una ventaja [...] y que las otras personas de la profesión o la categoría que se encuentren en igual situación tengan que acudir ante los órganos jurisdiccionales mediante acción individual para que se les reconozca el mismo derecho, atentando así contra la economía y celeridad del proceso». (Sentencia de la Sala Constitucional del 30 de junio de 2000. Caso Defensoría del Pueblo).
Esta posición fue ratificada por la Sala en sentencia de fecha 6 de abril de 2001 (Caso: Enfermos de Sida vs IVSS) al señalar que en el marco del nuevo ordenamiento constitucional es posible extender los efectos del mandamiento de amparo constitucional a todas las personas que se encuentren en idéntica situación de aquellos en cuyo favor éste se acuerde, pues en los supuestos en los que la acción de amparo es interpuesta en representación de intereses difusos o colectivos «no resulta cierto que el amparo destinado a proteger tales situaciones jurídicas de múltiples sujetos, posea efectos erga omnes [....] pues, como se ha visto, sus beneficiarios son susceptibles de una perfecta determinación y la tutela de ellos brindada es siempre concreta, más nunca de modo genérico».
De allí que el Juez de amparo deberá hacer uso de sus facultades restablecedoras a fin de restituir la situación jurídica infringida del conglomerado que se viere afectado en el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, independientemente de que éstos hubieren participado o no en el proceso. Cabe destacar que en países como Venezuela y Colombia, las sentencias de amparo o tutela dictadas por los tribunales quedan sujetas a la facultad extraordinaria de revisión por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia o la Corte Constitucional, respectivamente, lo cual puede incidir en la cosa juzgada de los fallos correspondientes.[115]
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** Doctor en Derecho. Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (pregrado, postgrado y doctorado). Profesor de la Universidad Monteávila. Ocupó la Cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford durante el año académico 1998-1999. Senior Associate Member de la Universidad de Oxford durante el año académico 2006-2007. Socio fundador del Despacho de Abogados Badell & Grau 1985. Foreign Legal Consultant, admitido por el Florida State Bar.
[1] GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, ¨Derecho procesal constitucional¨, Ediciones Civitas, Madrid, 1980. Cit. en BADELL MADRID, Rafael, ¨Derecho Procesal Constitucional¨, Conferencia dictada en las XVIII Jornadas Centenarias Internacionales sobre Derecho Procesal: Reforma, Realidad y Perspectivas, realizadas en el Colegio de Abogados del Estado Carabobo en Homenaje a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en su Centenario (1915-2015), Valencia, 2015, publicada en página web: http://badellgrau.com/?pag=11&soc=1
[2] Que, según Fix-Zamudio, es concebida como ¨la sistematización de los conceptos, principios, instituciones comunes a todas las ramas de enjuiciamiento, estudiadas de manera unitaria y que conforma las instituciones fundamentales de toda disciplina procesal. FIX-ZAMUDIO, HECTOR. ¨Introducción al Derecho Procesal Constitucional¨. Fundación Universitaria de Derecho Administrativo y Política, México D.F., 2002
[3] Niceto Alcalá Zamora y Castillo, ¨El insigne jurista español nació el 2 de octubre de 1996. Hijo de Niceto Alcalá-Zamora y Torres, intelectual, jurista y último presidente de la II República español. Durante el largo exilio político de Alcalá-Zamora y Castillo, primero en Argentina (1942-1946) y luego en México (1946-1976) se convierte en uno de los principales procesalistas iberoamericanos¨. Entre sus más destacadas obras se mencionan: ¨Ensayos de derecho procesal (civil, penal y constitucional), publicada en Buenos Aires en el año 1944; Proceso, autocomposición y autodefensa (contribución al estudio de los fines del proceso) ¨, en 1947; y ¨La protección procesal internacional de los derechos humanos¨, Madrid, 1975. Vid. en FERRRER MAC-GREGOR, Eduardo. ¨Prólogo a la Edición Mexicana¨, en GIACOMETTE FERRER, Ana, ¨La Prueba en los procesos constitucionales¨, Edición Jurídica Venezolana, Fundación de Estudios de Derecho Administrativo. Caracas, 2014. pp.51-52
[4] FERRRER MAC-GREGOR, Eduardo. ¨El Derecho Procesal Constitucional¨ Editorial Porrúa y Colegio de Secretarios de la Corte Suprema de la nación, México, 2003.
[5] HABERLE, Peter. El Derecho Procesal Constitucional como Derecho Constitucional concretizado frente a la judicatura del Tribunal Federal Constitucional alemán. JZ, Alemania, 1976.
[6] AYALA CORAO, Carlos, ¨Del diálogo Jurisprudencial al Control de Convencionalidad¨, Trabajo de incorporación a la Academia de Ciencia Políticas y Sociales, como Individuo de Número, Colección Estudios Jurídicos N°98, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2012. Pp. 9-10
[7] DICEY, Albert. ¨The Law of the Constitution¨. Indianapolis, Liberty Fund, reprint, originally Published 8ed. , 1915, p. 5.
[8] Tema que despertó históricos debates como los que enfrentaron en su momento Coke , y Blackstone en la Inglaterra del siglo XVIII.
[9] CELOTTO, Alfonso. ¨Formas y Modelos de Justicia Constitucional¨ en ¨La Corte Constitucional¨
[10] John Locke (Wrington, Somerset, 29 de agosto de 1632 - Essex, 28 de octubre de 1704) fue un filósofo y médico inglés considerado como uno de los más influyentes pensadores del Siglo de las Luces y conocido como el «Padre del Liberalismo Clásico».
[11] Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu (Castillo de la Brède, 18 de enero de 1689-París, 10 de febrero de 1755), fue un cronista y pensador político francés, cuya obra se desarrolla en el contexto del movimiento intelectual y cultural conocido como la Ilustración. Fue uno de los filósofos y ensayistas ilustrados más relevantes, en especial por la articulación de la teoría de la separación de poderes en su famosa obra ¨El Espíritu de las Leyes¨.
[12] Véase: BADELL MADRID, Rafael, ¨Responsabilidad del Estado en Venezuela¨. En ¨Discurso y trabajo de incorporación del Dr. Rafael Badell Madrid a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales¨, p. 110.
[13] Emmanuel-Joseph Sieyès, Conde Sieyès (Fréjus, 3 de mayo de 1748 - París, 20 de junio de 1836) fue un político, eclesiástico, ensayista y académico francés, uno de los teóricos de las constituciones de la Revolución francesa y de la era napoleónica.
[14]. El nombre de "termidor" procede de uno de los meses de verano en el calendario republicano francés y está referido al 9 de termidor del año II (27 de julio de 1794), fecha en la que con la caída de Robespierre se puso fin al período de la República Francesa de dominio de los jacobinos, dando paso al dominio de los republicanos conservadores, llamados precisamente termidorianos. Dicho periodo, también conocido como la ¨Reacción de Termidor¨ o ¨Convención Termidoriana¨ culminó el 26 de octubre de 1795, fecha en la que la Constitución del Año III establece el Directorio. Fuente: http://www.ceip.org.ar/escritos/Libro4/html/T06V127.htm *El calendario republicano francés, Calendrier républicain, que intentó adaptar el calendario al sistema decimal, para eliminar entre otras cosas las referencias religiosas del mismo, fue propuesto durante la Revolución francesa y adoptado por la Convención Nacional, que lo empleó entre los años 1792 y 1806. En el diseño de este calendario, el año comenzaba el 22 de septiembre, coincidiendo con el equinoccio de otoño en el Hemisferio norte. El calendario fue de aplicación civil en Francia y sus colonias americanas y africanas hasta el 1 de enero de 1806 (día que correspondió a la medianoche del 10 de nivoso del año XIV, es decir, el 31 de diciembre de 1805, poco más de 12 años después de haber sido introducido), cuando Napoleón abolió su uso oficial, como manifestación de la eliminación de los signos de democracia republicana existentes hasta el momento en Francia.
[15] CELOTTO, Alfonso. ¨Formas y Modelos de Justicia Constitucional¨ en ¨La Corte Constitucional¨
[16] FERNÁNDEZ SEGADO. Francisco. ¨El Control de Constitucionalidad en Latinoamérica: del control político a la aparición de los primeros Tribunales Constitucionales¨
[17] CAPELLETTI, M. ¨Rapport général¨ en L. Favoreu y J. A. Jolowicz (ed) ¨Le contrôle jurisdictioniel des lois. Légitimié, effectivité et developpement récent¨, cit., pp.293-294. Citado en BREWER-CARIAS, Allan, ¨Justicia Constitucional¨, Tomo VI de instituciones políticas y Constitucionales, Universidad Católica del Táchira. Editorial Jurídica Venezolana. San Cristóbal, 2016. p.56
[18] En este caso, de los derechos fundamentales de las personas, continúa la Profesora Cecilia Sosa, ¨son susceptibles de producir efectos jurídicos inmediatos, sin necesidad de mediación legal de ningún tipo¨. Vid. SOSA GÓMEZ, Cecilia. ¨La constitucionalización del derecho administrativo¨, en XXXVIII Jornadas ¨J.M. Domínguez Escovar¨, Avances Jurisprudenciales del contencioso administrativo en Venezuela, Instituto de Estudios Jurídicos ¨Ricardo Hernández Álvarez¨, Tribuna Jurídica de Venezuela, Barquisimeto, 2013. Pp.43-44.
[19] CELOTTO, Alfonso. Ob. Cit. pp.1-2
[20] GIACOMETTE FERRER, Ana, Ob. Cit. p.109
[21] Manuel García Pelayo de esta forma concebía al Tribunal Constitucional como “un órgano constitucional instituido y directamente estructurado por la Constitución”, que, “Como regulador de la constitucionalidad de la acción estatal, está destinado a dar plena existencia al Estado de derecho y a asegurar la vigencia de la distribución de poderes establecida por la Constitución, ambos componentes inexcusables, en nuestro tiempo, del verdadero "Estado constitucional.”. GARCÍA PELAYO, Manuel, “El Status del Tribunal constitucional”, en Revista Española de Derecho Constitucional, Nº 1, Madrid, 1981, p. 15. Cit. en BREWER-CARÍAS, Allan, ¨ Dictadura Judicial y Perversión del Estado de Derecho. El Juez Constitucional y la destrucción de la democracia en Venezuela¨, Segunda edición actualizada al 6 septiembre 2016, Editorial Jurídica Venezolana International, Caracas / New York, 2016. Pp.28-29
[22] Alexander Hamilton (Charlestown, Isla Nieves, actual San Cristóbal y Nieves, 11 de enero de 1755 o 1757 – Nueva York, 12 de julio de 1804) fue un economista, político, escritor, abogado y soldado estadounidense. Participó en la Guerra de la Independencia y fue secretario y amigo íntimo de George Washington. Es considerado uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos. Tomó parte en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos. Para lograr convencer a los neoyorquinos de la necesidad de aprobarla, escribió, junto a James Madison y John Jay, una serie de ensayos bajo el seudónimo de «Publius», conocidos habitualmente como los «Papeles de la Federación» (Federalist Papers). Fue el creador del Partido Federal de los Estados Unidos, primer partido político de la historia de los Estados Unidos, el cual dirigió hasta su muerte.
[23] AMAYA, Jorge Alejandro. Op. p.6
[24] AMAYA, Jorge Alejandro. Op. Cit.
[25] Se configura como un instrumento jurídico procesal sometido al conocimiento de los Tribunales como última instancia, contra leyes o actos de autoridad que violaran derechos individuales de índole fundamental o, a su vez, contra actos que invadieran la autonomía de los estados, siempre que se verificase la afectación de un derecho individual
[26] El amparo constitucional surgió en un ordenamiento local, que luego se consagró en el ámbito federal en el acta de Reformas de 1847 y en la Constitución Federal mexicana de 1857 , y pronto se extendió a otras constituciones y leyes de nuestra región. Actualmente se encuentra regulado en países como Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, cabe destacar que en todos ellos sobre el texto de sus respectivas cartas fundamentales. Igualmente en España fue introducida la figura de amparo mediante la Constitución de 9 de diciembre de 1931, y con distintas denominaciones en las Constituciones de Brasil (Mandato de Segurança o ¨mandamiento de amparo¨), Chile (recurso de protección), y Colombia (acción de tutela). Cfr. FERRER MAC-GREGROR, Eduardo. ¨El Derecho Procesal Constitucional como disciplina jurídica autónoma¨, pp. 4-7. Y FIX-ZAMUDIO, Héctor. Ob. Cit.
[27] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria N°5.453, 24 de marzo del 2000.
[28] El principio de supremacía constitucional proviene del carácter que la Constitución tiene respecto del ordenamiento jurídico, este es, el origen formal de las fuentes primarias del derecho puesto que diseña un procedimiento especial para su creación y además de ella deviene el origen sustancial dado que determina en grado menor o mayor el contenido material de dicho sistema, significando igualmente que no estamos en presencia de un mero catálogo de principios, sino de una norma cuyo contenido a todos vincula, tanto a ciudadanos como a Poderes Públicos, considerándose la violación de sus preceptos una conducta antijurídica susceptible de sanción.
[29] El control difuso establecido en el artículo 334 de la Constitución, en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal es entendido como el mecanismo de control de la constitucionalidad que ordena a todos los jueces del país, haciendo abstracción de su jerarquía, asegurar la integridad de la Constitución, es decir, hacer respetar su preeminencia sobre los demás actos del Poder Público, especialmente respecto de las disposiciones legislativas, pudiendo decidir sobre la constitucionalidad de las mismas al inaplicarlas para casos concretos, y con efecto inter partes.
[30] El control concentrado de la constitucionalidad consagrado igualmente en la Constitución en los artículos 335 y 336 es aquel ejercido por un órgano constitucional especializado que concentra la jurisdicción constitucional, y que supone la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley o disposición de rango sublegal, vista su colisión con el texto fundamental, con efectos erga omnes.
[31] Contemplado como derecho en el artículo 27 de la Constitución.
[32] Artículo 336, numeral 7 de la Constitución; artículo 25, numeral 7 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
[33] Artículo 335 de la Constitución y artículo 25 de la Ley Orgánica del tribunal Supremo de Justicia.
[34] Artículo 336 de la Constitución, numeral 10; artículo 25 de la Ley Orgánica del tribunal Supremo de Justicia, numerales 10, 11, y 12.
[35] BREWER-CARIAS, Allan R. ¨El control concentrado de la constitucionalidad de las leyes (estudio de derecho comparado)¨ en ¨Cuadernos de la Cátedra Fundacional Allan R. Brewer-Carias de Derecho Público Nº2¨.
[37] Este carácter orgánico puede desprenderse de la noción material que dispone la misma Constitución en el artículo 203, y en este sentido se consideran tales aquellas que así determina la propia Constitución, las que se dictan para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes. De esta forma, el juez tiene la facultad de verificar que las leyes calificadas como orgánicas por la Asamblea Nacional efectivamente lo sean de acuerdo a los parámetros constitucionales del artículo 203
[38] Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Publicada en Gaceta Oficial n°34.060 de fecha 27 de septiembre de 1988.
[39] AYALA CORAO, Carlos, ¨La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y su consecuencias¨, Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política (funda), México, 2004.
[43] AYALA CORAO, Carlos, ¨La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y su consecuencias¨, Ob. Cit.
[44] Por lo que los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores (art. 25). Cfr. AYALA CORAO, Carlos, ¨La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y su consecuencias¨, Ob. Cit.
[45] ESCUDERO, Margarita, Ob. Cit., p.159.
[46] Sentencia del 5 de diciembre de 1996, Corte Suprema de Justicia en Pleno, caso Ley de División Político Territorial del Estado Amazonas.
[47] De forma posterior destaca el ejercicio de la potestad revisoria (numeral 10 del artículo 336) de los sistemas mixtos o integrales de control de la constitucionalidad, al combinarse el control difuso con el control concentrado, y el mecanismo extraordinario para la revisión de sentencias dictadas por los tribunales de instancia en materia constitucional, atribuyéndose el conocimiento de tales recursos de revisión a la jurisdicción constitucional (numerales 10, 11 y 12 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ).
De forma preventiva el control de constitucionalidad se ejerce: (i) porque la actuación de la Sala Constitucional sea un requisito para su validez o vigencia (v.g. verificar la conformidad con la Constitución de los tratados internacionales suscritos por la República, antes de su ratificación (artículo 336, numeral 5 de la Constitución); emitir pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la ley pronta ser promulgada (artículo 214 de la Constitución); y determinar, igualmente antes de su promulgación, la constitucionalidad del carácter orgánico que la Asamblea Nacional haya concedido a determinada ley[47] (artículo 203 de la Constitución), (ii) porque la Sala Constitucional deba pronunciarse sobre la ausencia misma del acto, caso de la omisión legislativa del poder legislativo municipal, estatal o nacional, establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección (artículo 336, numeral 7 de la Constitución y numeral 7 del artículo 25 de la LOTSJ). (iii) porque en su labor de interpretación la Sala Constitucional deba fijar efectos que en el tiempo incidirán en los actos por venir en la ejecución de la norma interpretada (numeral 17 del artículo 25 de la LOTSJ y 335 de la Constitución), y con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. Mención especial merece la materia del amparo constitucional, en el cual se controla tanto el acto cumplido como las amenazas de inminentes violaciones de derechos constitucionales (artículo 27 de la Constitución en concordancia con las normas de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales[47]).
Por último, los jueces constitucionales tienen otras atribuciones concedidas por las disposiciones del artículo 336 de la Constitución y las del artículo 25 de la LOTSJ, como son las de declarar cuál disposición ha de prevalecer ante varias disposiciones legales de igual jerarquía, solucionar conflictos constitucionales que se susciten entre los órganos del Poder Público a nivel vertical (Nacional, Estadal y Municipal) y horizontal (Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral) y la abrogación que permite a la Sala Constitucional conocer y continuar las causas que cursen en cualquier tribunal, incluyendo las demás Salas del TSJ que, de acuerdo a su discreción, hagan presumir la violación del orden público constitucional.
[48] Las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional; las Constituciones y leyes estadales, ordenanzas municipales, y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios que sean dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución; los actos con rango de ley que sean dictados por el Ejecutivo Nacional; y los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución, dictados por cualquier órgano estatal en ejercicio del Poder Público.
[49] ¨Luego de que un conjunto de asociaciones y cooperativas de comerciantes interpusieron una denominada demanda “por derechos e intereses colectivos o difusos” conjuntamente con una petición de medida cautelar innominada contra el Alcalde y el Director de la Policía Municipal de un Municipio del Estado Carabobo (San Diego),7 para que removieran supuestas obstrucciones en las vías públicas del Municipio que se habían producido por protestas populares contra las políticas del Gobierno, la Sala Constitucional, mediante sentencia No. 136 de 12 de marzo de 2014, que les “fue notificada vía telefónica”
a dichos funcionarios, acordó el amparo constitucional cautelar solicitado, y en líneas generales ordenó a los Alcaldes, entre múltiples actividades de tipo administrativo que son propias de la autoridad municipal como velar por la ordenación de la circulación, la protección del ambiente, el saneamiento ambiental, la prevención y control del delito, y en particular que debían realizar acciones y utilizar los recursos materiales y humanos necesarios: “a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan, perjudiquen o alteren el libre tránsito de las personas y vehículos; se proceda a la inmediata remoción de tales obstáculos que hayan sido colocados en esas vías, y se mantengan las rutas y zonas adyacentes a éstas libres de basura, residuos y escombros, así como de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana y, en fin, se evite la obstrucción de las vías públicas del referido municipio.”. Vid. en BREWER-CARÍAS, ¨La condena y el encarcelamiento de alcaldes por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia¨, pp.6-7. Enlace web: http://allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea3/Content/Brewer-Car%C3%ADas.%20Sobre%20la%20sentencia%20de %20la% 20Sala% 20Constitucional%20encarcelando%20Alcaldes.%2021-3-2014.pdf
[50] BREWER-CARÍAS, Allan, ¨La condena y el…¨ Ob. Cit. p.6.
[51] MOLINA GALICIA, René, ¨Reflexiones sobre una Visión Constitucional del Proceso, y su Tendencia Jurisprudencial. ¿Hacia un Gobierno Judicial?¨. Ediciones Paredes. Caracas, 2002. p.289.
[52] Vid. ESCUDERO, Margarita, Ob. Cit. p.111.
[53] Se trata del sistema jurídico según el cual cada función básica o fundamental del Estado es confiada de modo preponderante a un órgano particular. De la distribución de funciones entre los órganos legislativos, administrativos y jurisdiccionales, surge la noción de competencia ¨funcional¨, de la cual se deriva la obligación de cada órgano del Estado de obrar únicamente dentro de los límites de sus funciones. Véase: ARAUJO JUÁREZ, José, ¨Principios generales del derecho procesal administrativo¨. Vadell Hermanos Editores. Valencia, 1997, p. 26.
[54] El principio de separación de los poderes surge de las teorizaciones de Locke, Montesquieu, y Rousseau. John Locke (Wrington, Somerset, 29 de agosto de 1632 - Essex, 28 de octubre de 1704) fue un filósofo y médico inglés considerado como uno de los más influyentes pensadores del Siglo de las Luces y conocido como el «Padre del Liberalismo Clásico». Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu (Castillo de la Brède, 18 de enero de 1689-París, 10 de febrero de 1755), fue un cronista y pensador político francés, cuya obra se desarrolla en el contexto del movimiento intelectual y cultural conocido como la Ilustración. Fue uno de los filósofos y ensayistas ilustrados más relevantes, en especial por la articulación de la teoría de la separación de poderes en su famosa obra ¨El Espíritu de las Leyes¨. Jean-Jacques Rousseau (Ginebra, Suiza, 28 de junio de 1712-Ermenonville, Francia, 2 de julio de 1778) fue un escritor, filósofo, músico, botánico y naturalista franco-helvético definido como un ilustrado, a pesar de las profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración. Las ideas políticas de Rousseau influyeron en gran medida en la Revolución francesa, el desarrollo de las teorías republicanas y el crecimiento del nacionalismo. Autor de ¨El Contrato Social¨.
[55] BERGALLI, R. ¨Estado democrático y cuestión judicial. Vías para alcanzar una auténtica y democrática independencia jurídica¨. De Palma, Buenos Aires, 1984, p. 101.
[56] LA ROCHE, Humberto. “Jurisdicción Constitucional y Contencioso Administrativo” en: XVIII Jornadas J.M. Domínguez Escovar (Tomo I), Editores S.R.L., Barquisimeto, 1993, p. 70.
[57] BREWER-CARÍAS, Allan, Ob. Cit.
[58] AGUIAR, Asdrúbal, Ob. Cit. p.44
[59] HERNÁNDEZ, José I., ¨El Asedio a la Asamblea Nacional¨, en BREWER-CARÍAS, Ob. Cit. pp.66 y ss.
[60] "Es decir, con esta sentencia, el Juez Constitucional puso fin a la posibilidad del ejercicio de uno de los privilegios más exclusivos y tradicionales de cualquier órgano legislativo, que en Venezuela ejerció legítima y constitucionalmente la Asamblea Nacional, y que hizo, además, en ejecución de la oferta política que llevó a la oposición política al gobierno, a controlar a la Asamblea Nacional al obtener la contundente mayoría parlamentaria que resultó de la votación efectuada el 6 de diciembre de 2015¨ . Ibídem, p. 67.
[61] Sentencia N° 269/2016, de 21 de abril. La sentencia fue consecuencia de la admisión del recurso de nulidad que los entonces diputados de oposición interpusieron contra el Reglamento Interior y de Debates aprobado en 2010. Lo cierto es que la Sala Constitucional tardó más de cinco años en admitir ese recurso, y que solo lo haya admitido luego del cambio de composición política de la Asamblea, es índice revelador de una desviación de poder.
[62] Esta ilegítima sustitución de la Sala Constitucional contradijo su propia doctrina, en la cual se había afirmado que "la Asamblea Nacional tiene plena autonomía e independencia normativa y organizativa frente a los órganos de las demás ramas del Poder Público Nacional para establecer la forma de su estructura interna" (sentencia N° 1718/2003 de 20 de agosto). Muy por el contrario, la Sala desnaturalizó esa autonomía al pretender imponer a la Asamblea normas de funcionamiento interno. HERNÁNDEZ JOSÉ I. en BREWER-CARÍAS. ¨Dictadura judicial…¨, Ob. Cit. P-65
[63] En ese sentido la sentencia No 108 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 1 de agosto de 2016, ratificada por la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia No 808 de fecha 2 de septiembre de 2016.
[64] Artículos 252 del Código de Procedimiento Civil y 98 de la LOTSJ.
[65] PASTOR BADILLA, Claudia y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Eduardo, “La omisión legislativa en la protección de los derechos políticos”, Justicia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tercera época, vol. 1, núm. 2, 2008.
[66] GRAU, María Amparo, “La omisión legislativa no es un instrumento político¨, El Nacional, 8 de octubre de 2014, recuperado de: http://www.el-nacional.com/maria_amparo_grau/omision-legislativa-instrumento-politico_0_496750460.html
[67] CASAL, Jesús M. ¨Constitución y Justicia Constitucional¨. Segunda edición ampliada. Edit. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 2004. pp. 226-227.
[68] Este criterio de la Sala Constitucional ¨ha sido aplicado con ocasión de diversos procesos constitucionales en orden a ¨ajustar¨ normas legales a los principios y normas constitucionales, procediendo en algunos casos a establecer nuevas redacciones de las leyes objeto del examen constitucional. Es preciso señalar que la Sala ha advertido sobre el efecto provisorio de sus decisiones con efecto normativo, tanto cuando ha establecido el desarrollo de un precepto constitucional como en los casos en que, dejando sin efecto normas –a su juicio- inconstitucionales, las sustituye por interpretaciones de cómo debía actuarse o ajustando su redacción a los preceptos constitucionales¨, BERRÍOS ORTIGOZA, Juan A., ¨Bases para la comprensión de la politización de la justicia constitucional en Venezuela (2000-2010): Ensayo de aproximación¨, en CASAL, Jesús M. (coordinador)¨Defender la Constitución¨, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2011. P.85.
[69] El control político nace a partir del movimiento constitucional francés, como producto de la burguesía revolucionaria que se encontraba en abierta pugna con las prerrogativas absolutistas del poder real y sus beneficiarios, por lo que se encomendó la defensa de la Constitución al pueblo mismo, y como representante de este, al Parlamento. ALMAGRO NOSETE, José. ¨Justicia Constitucional: Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional¨, pp.30-31.
[70] De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 187, 222, 223, 226, 237, 238, 240, 246, y 265. El Artículo 222 dispone: “La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley, y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.” El 223 prevé: “La Asamblea o sus Comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su competencia, de conformidad con el reglamento.
Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas Comisiones y a suministrarles las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.
Esta obligación comprende también a los y las particulares; a quienes se les respetarán los derechos y garantías que esta Constitución reconoce. Y el 265 lo siguiente: “Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca.”
[71] CASTRILLÓN Y LUNA, Víctor Manuel. ¨El Control Constitucional en el Derecho Comparado¨, Acervo de la Biblioteca Jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM¨.
[72] Ha sido con base en ese criterio que se han ignorado los efectos jurídicos de las decisiones de la Asamblea Nacional de (i) improbar la prórroga del Decreto N° 2.184 (prorrogado mediante Decreto N° 2.270, publicado en la Gaceta Oficial N° 6219 extraordinario de 11 de marzo de 2016, cuya constitucionalidad fue avada por sentencia de la Sala Constitucional N° 184/2016, de 17 de marzo), y de (ii) improbar el Decreto N° 2.323, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.227 de 13 de mayo de 2016, que declaro el estado de excepción y de emergencia económica. En este caso, el Decreto fue improbado mediante Acuerdo de la Asamblea de 17 de mayo de 2016 (http://www.asamblea-nacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_b26c86c cf5e1c7ab16f698b3ef75493f7a871839.pdf, Consulta 16.06.16), y su constitucionalidad fue avalada posteriormente por la Sala, en sentencia N° 411/2016 de 19 de mayo. Tal sentencia no solo ignoró los efectos jurídicos del control ejercido por la Asamblea dos días antes, sino que además cuestionó la improbación, al considerar que la Asamblea debió pronunciarse, como máximo, el domingo 15 de mayo, a pesar de que la Gaceta Oficial en la cual fue publicado el Decreto N° 2.323, fue divulgada el 16. HERNÁNDEZ, José I., ¨El Asedio a la Asamblea Nacional¨, en BREWER-CARÍAS, Ob. Cit. p.68
[73] BREWER-CARÍAS, Allan, Ob. Cit. p.69
[74] ¨Otro golpe judicial, por consiguiente, anula la competencia constitucional privativa del parlamento y destinada al ejercicio de su control político sobre los decretos de emergencia constitucional, autorizándolos o no, e incluso, haciendo cesar o no, en caso de negativa, la necesidad del posterior control jurídico que corresponde a la Sala mencionada¨. AGUIAR, Asdrúbal, Ob. Cit. p.43
[75] SOLA, Juan V., ¨Control judicial de constitucionalidad¨, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001. p.632
[76] SOLA, Juan V., Ob. Cit.
[77] AYALA CORAO, Carlos, ¨Del diálogo jurisprudencial al control de la convencionalidad¨, Ob. Cit., pp. 70 y ss.
[79] Ibídem. p.73
[80] Ibídem, p.72.
[81] AYALA CORAO, Carlos, ¨El incumplimiento de las sentencias internacionales: De las excepciones, al Estado autárquico y las tendencias autoritarias¨, en VI Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional y IV de Derecho Administrativo¨, Universidad Monteávila, Caracas, 2016.
[82] Ibídem, p.162.
[84] AYALA CORAO, Carlos, ¨El incumplimiento de las sentencias internacionales: De las excepciones, al Estado autárquico y las tendencias autoritarias¨, Ob. Cit. P. 165.
[85]Para mayor profundidad sobre la materia, véase AYALA CORAO, Carlos, ¨El incumplimiento de las sentencias internacionales: De las excepciones, al Estado autárquico y las tendencias autoritarias¨, Ob. Cit.
[87] FIGUEROA MEJÍA, Giovanni A. ob. Cit. p. 238.
[88] Vid. en ESCUDERO, Margarita, ESCUDERO, Margarita, ¨El control judicial de constitucionalidad sobre las ramas legislativa y ejecutiva del Poder Público¨, Serie: Trabajo de Grado N°1. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Caracas, 2004. p.111.
[89] ESCUDERO, Margarita, p.111.
[90] SAGUÉS, Néstor P., ¨La doctrina de la interpretación conforme en el ámbito constitucional, y sus proyecciones en el control represivo y constructivo de convencionalidad¨, en ¨VI Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional y IV de Derecho Administrativo¨, Universidad Monteávila, Caracas, 2016.
[91] SAGUÉS, Néstor P., ¨La doctrina de la interpretación conforme…¨, Ob. Cit. p.69.
[92] Ibídem, p. 71. Al respecto Néstor Sagués explica que ¨Desde el punto de vista del derecho constitucional, no interesa cuál de las “interpretaciones” constitucionales admisibles, o cuál de las “normas” potablemente constitucionales incluidas en la misma “disposición”, va a manejar el intérprete-operador. Lo que le preocupa es que no emplee “interpretaciones” o “normas” inconstitucionales. Entre ellas están las que colisionan con la dimensión normativa o la ideológica de la Constitución, y las interpretaciones arbitrarias (absur­das, injustas, inequitativas, notoriamente erróneas, engendradas por la mera voluntad del operador, desnaturalizadoras, incoherentes, ilógi­cas, inorgánicas, etc.), que en el fondo son inconstitucionales también, por afectar, básicamente, al debido proceso¨.
[93] Ibídem, p. 72.
[95] SAGUÉS, Néstor P., ¨La doctrina de la interpretación conforme…¨, Ob. Cit. p.78.
[96] Ibídem, p. 80.
[97] BREWER-CARÍAS, ¨El sistema mixto o integral de control de constitucionalidad en Colombia y Venezuela¨, Bogotá, Departamento de Publicaciones Universidad Externado de Colombia, Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita (Temas de Derecho Público N°39) y Pontificia Universidad Javeriana (Quaestiones Juridicae N°5), Bogotá, 1995. P.108.
[98] GIACOMETTE FERRER, Ana, ¨La prueba en los procesos constitucionales¨, Editorial Jurídica Venezolana, Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, Caracas, 2014. P.177
[99] Con respecto a este derecho a probar, el Profesor Gozaíni señala ¨Acompañando la prueba en su misión de verificar y esclarecer para llegar a la verdad, existe un derecho constitucional de la prueba. por su carácter esencial, fundante del derecho al debido proceso (toda vez que es parte vital del derecho de defensa), eleva sus premisas sobre las solemnidades del procedimiento para consagrar un ¨derecho a la prueba (…) ¨, ¨El derecho a probar es una parte del debido proceso, tal como lo ha subrayado la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello importa abandonar la idea probatoria como un acto del proceso, para encolumnarlo tras las garantías del derecho de defensa, y, como tal, un ¨resguardo del debido proceso adjetivo (…) Si la prueba sigue vista como un proceso de acreditación de afirmaciones a cargo exclusivamente de las partes, es posible que el acierto logrado en los hechos personifique un absurdo, porque el juez estará ausente en la aclaración¨, GOZAÍNI, Osvaldo, ¨Derecho Procesal Constitucional¨, Editorial de Belgrano Tomo I, Buenos Aires, 1999, p.171. cit. en GIACOMETTE FERRER, Ana, Ob. Cit. pp.177-178
[100] GIACOMETTE FERRER, Ana, Ob. Cit., p.183
[101] Ibídem, pp.183-184
[102] GIACOMETTE FERRER, Ana, Ob. Cit., p. 184
[103] REY CANTOR, Ernesto, ¨Derecho Procesal Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Derechos Humanos Procesales¨. Ediciones Ciencia y Derecho, Bogotá, 2001. p.78, cit. en GIACOMETTE, Ana, Ob. Cit. pp.184-185.
[104] SÁCHICA, Luis C., cit. en GIACOMETTE, Ana, Ob. Cit. p.185
[105] ESCUDERO, Margarita, Ob. Cit. pp.167-168
[106] BREWER-CARÍAS, Allan, Ob. Cit. p.49
[107] CASAL, Jesús M. ¨Constitución y Justicia Constitucional¨. Ob. Cit, p. 167.
[108] Ibídem, p.168. en este particular el profesor Jesús María Casal hace referencia a la sentencia de la Sala Constitucional relativa a la constitucionalidad del artículo 1.099 del Código de Comercio que señaló lo siguiente: ¨La Sala de Casación Civil, con ocasión del conocimiento de manera incidental de la constitucionalidad del artículo 1.099 del Código de Comercio en su fallo del 31 de enero de 1997, referido por el accionante, como todo tribunal, ha podido desaplicar la norma contenida en el artículo 1.099 del Código de Comercio por estimarlo inconstitucional, puesto que así lo permitía el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil. Su decisión, en principio, solo tendría efectos para el caso concreto en que se produjo y no implicaría la anulación de la norma ni, en consecuencia, su desaparición del ordenamiento jurídico. Sin embargo, en virtud de la facultad para casar los fallos de instancia -incluso de oficio- y en virtud de ello de la obligación de los tribunales inferiores de seguir el criterio de la Sala de casación, la realidad es que el criterio de esa Sala, desaplicando una norma, podría convertirse en una desaplicación general de la misma, supuesto sin duda anómalo en materia de control difuso de la constitucionalidad pero que es perfecta consecuencia del régimen casatorio.¨ Vid. en CASAL, Jesús M., Ob. Cit., p. 169.
[109] ESCUDERO, Margarita, Ob. Cit. p.168.
[110] ESCUDERO, Margarita, Ob. Cit. p.168.
[111] Ibídem. p. 170.
[112] SOSA GÓMEZ, Cecilia. ¨La Revisión Constitucional de las Sentencias Definitivamente Firmes¨. Revista Nº 3 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas UCV. Caracas, 2007. P. 172
[113] CASAL H., Jesús María. ¨Constitución y Justicia Constitucional¨, Ob. Cit., p.182.
[114] Ibídem, p. 185.
[115]CASAL H., Jesús María. ¨Constitución y Justicia Constitucional¨. pp. 260-261.