Source: http://informador1954.obolog.es/llegar-proyecto-ley-tarificacion-gas-magallanes-1298518
Timestamp: 2018-09-23 21:58:34
Document Index: 84724857

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'Artículo 1', 'artículo 193', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 7', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 32', 'artículo 16', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 18', 'Artículo 16', 'artículo 9', 'Artículo 17', 'artículo 7', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'artículo 17', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 7', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 31', 'artículo 570', 'Artículo 27']

ESTE PROYECTO ACTUALMENTE SE ESTA DISCUTIENDO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS PERO ES LO QUE EL JECUTIVO PRESENTO ALA CAMARA DE DIPUTADOS Y ESPECIFICAMENTE A LA COMICION DE MINERIA ,YSE LOS HACEMOS LLEGAR PARA VUESTRO CONOCIMIENTO.
MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE REGULA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA, EL VALOR DEL GAS NATURAL, LOS VALORES AGREGADOS DE DISTRIBUCIÓN DEL GAS, EL VALOR DE LOS SERVICIOS AFINES, CREA LOS SUBSIDIOS QUE INDICA Y ESTABLECE MEDIDAS ANTE UNA CONTINGENCIA DE GAS.
MENSAJENº 181-359/
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que regula en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el valor del gas natural, los valores agregados de distribución del gas, el valor de los servicios afines, crea los subsidios que indica y establece medidas ante una contingencia de gas.
1. Magallanes “Prima in terra Chilensis”.
La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena ha constituido parte fundamental de nuestra historia patria. “Prima in terra chilensis”, como reza su escudo, fue precisamente desde estas tierras que el explorador europeo avistó nuestras costas por primera vez, en el lejano año de 1520. Puesta en las latitudes más australes del continente americano, sus heladas tierras y complejos mares condicionaron diversos intentos de colonización, coronados finalmente con la histórica hazaña del Capitán Williams y sus fieros tripulantes, un 21 de Septiembre de 1843. Desde aquella histórica fecha, Chile reclamó la soberanía de las tierras magallánicas integrándolas a su territorio y proyectando la nación hasta las más recónditas tierras antárticas.
La soberanía conquistada por los padres fundadores es hoy garantizada de forma inmanente por el magallánico y su continuo compromiso de permanecer y hacer patria en la frontera austral. No es posible olvidar que el poblamiento de Magallanes no fue tarea fácil y el asentamiento definitivo se hizo depender en gran medida de la paulatina construcción de centros urbanos, que pudieran proveer de condiciones mínimas de habitabilidad a efectos de sortear las inclemencias de tan extremas latitudes, lo que fue impulsado con mayor fuerza a partir del descubrimiento de reservas de hidrocarburos, presentes en su subsuelo. En efecto, la explotación del gas natural en la región ha prodigado un enorme bienestar a su población y ha empujado con fuerza el crecimiento de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
2. Reconocimiento de un régimen especial para el gas natural producido en Magallanes.
El suministro de gas natural constituye para Magallanes una necesidad básica puesto que no existe actualmente, a diferencia de lo que sucede en otras regiones del país, la posibilidad de acceder a una fuente energética alternativa a valores similares. A lo anterior cabe agregar que su población consume esta primordial fuente energética no sólo en mayor cantidad que en el resto del país, por las bajas temperaturas que presenta la región, sino también durante un período mucho más prolongado de tiempo en el año en comparación a otras zonas. Así, el uso del gas natural es determinante para la vida cotidiana del magallánico y su disponibilidad más necesaria que para cualquier otro chileno.
A los requerimientos energéticos de la población señalados en el párrafo anterior, cabe agregar el hecho de encontrarse ésta aislada del resto del país y de no existir más fuentes energéticas que permitan solventar sus necesidades a precios, a lo menos, similares.
Cabe destacar que ya en el año 1931, la Ley de Servicios de Gas, Decreto con Fuerza de Ley N° 323, del Ministerio del Interior, reconoció las condiciones especiales en que se prestaba el servicio de gas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, al exceptuar a la región del régimen general de libertad tarifaria respecto de los servicios de las empresas distribuidoras de gas. Las razones para fijar las tarifas en esta región se fundan en las condiciones especiales del mercado del gas, donde el uso de combustibles alternativos resulta económicamente inviable dado su mayor precio relativo y al hecho que la distribución de gas en esa zona es de por sí un monopolio natural.
La producción de gas, por su parte, se ha visto afectada por el hecho que los yacimientos tradicionales descubiertos están declinando, por lo que se debe invertir en la búsqueda de nuevos yacimientos y será necesario iniciar la exploración y explotación del gas no convencional.
Dado el conjunto de antecedentes antes señalados, este Gobierno ha dado especial importancia al establecimiento de la mesa del gas, integrada por autoridades de gobierno y representantes de la colectividad, y al acuerdo del gas suscrito con la comunidad magallánica, estimando que éste constituye un compromiso histórico sin precedentes, que permitió realizar un debate regional de cara a la comunidad.
El Gobierno cumple ahora el compromiso asumido en dicha instancia procediendo no sólo a regular las tarifas del gas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena sino también a crear un subsidio que permita, de alguna u otra forma, continuar con el apoyo que se ha dado a los magallánicos en los últimos treinta años, por lo menos, pero ahora con mayor formalidad y claridad.
3. El principio de la solidaridad y la Contingencia en el abastecimiento de Gas.
Sin perjuicio de las definiciones que se pretenden asumir en materia de subsidio al Gas Natural producido y consumido en la región, el Ejecutivo ha considerado fundamental prestar especial atención a la necesidad de asegurar el abastecimiento continuo de la población en situaciones de contingencia. De esta forma, se asegurará a la población que el gas producido se utilice en primer lugar para satisfacer los requerimientos de los servicios de utilidad pública, residenciales y comerciales, cuando debido a situaciones puntuales extraordinarias el suministro normal no sea capaz de abastecer la totalidad del consumo. Lo anterior se fundamenta en el reconocimiento de que el gas es un elemento fundamental para la calidad de vida de los magallánicos, por lo que la prioridad debe estar en ellos.
4. La regulación del Valor Agregado de Distribución y las normas sobre medidores.
Fundamental resulta el asegurar a los magallánicos que los servicios de gas concesionados en la región cumplan con los parámetros de transparencia propios de las empresas de servicios básicos, de manera de poder cumplir con el anhelo de contar con un sistema regulado por ley en conformidad a lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 323, de 1931, del Ministerio del Interior, sobre Servicio de Gas.
Como ya se señaló, el Decreto con Fuerza de Ley Nº 323, del Ministerio del Interior, de 1931, Ley de Servicios de Gas, establece como regla general la libertad tarifaria para las empresas en la prestación de servicios de distribución de gas y de servicios afines. Sin perjuicio de lo anterior, el legislador estableció que tal régimen no es aplicable respecto a los suministros y servicios de gas que las empresas distribuidoras de gas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena efectúen a sus consumidores, caso en el cual las fórmulas tarifarias se deben determinar de acuerdo a un procedimiento reglado.
Sin embargo, la legislación vigente no está perfeccionada de manera de contar con la metodología y procedimiento para la fijación de las tarifas del servicio de gas y servicios afines prestados por las distribuidoras de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Actualmente existe una sola empresa de servicio público de distribución que suministra y presta el servicio de gas y servicios afines en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, lo que hace necesario regular la forma en que se fijarán las tarifas en dichas zonas en conformidad a lo señalado anteriormente.
El presente proyecto de ley que someto a la consideración de este Honorable Congreso, tiene por objetivos centrales los siguientes:
1. Regular el precio del servicio de gas en Magallanes, sobre la base de definir sus diversos componentes y estructurar la tarifa de este servicio básico.
2. Dar reglas claras a la Región en materia de valor agregado de distribución de manera de contar con un servicio de abastecimiento concesionado que se ajuste a parámetros de eficiencia que garanticen valores de administración controlados y objetivos.
3. Regularizar la situación de los medidores en la región, permitiendo a los usuarios el derecho a optar por diversos regímenes jurídicos.
4. Crear con carácter de permanente un subsidio al consumo de gas natural producido en la región, que considere los montos necesarios para cubrir las diferencias entre el valor del gas al ingreso al sistema de distribución concesionado y los montos cubiertos por los usuarios magallánicos.
5. Establecer un mecanismo de protección al usuario del servicio de gas natural distribuido para casos de contingencia de abastecimiento sobre la base de incorporar a los contratos especiales de operación cláusulas de protección en beneficio de la población.
Para cumplir los objetivos antes mencionados, he considerado incorporar las siguientes medidas y acciones en el proyecto que someto a vuestra consideración.
1. Normas de estructuración del sistema tarifario.
El presente proyecto de ley propone determinar de manera clara la composición del sistema tarifario del servicio de gas de forma que permita comprender a los magallánicos cómo se estructura el valor del gas y de qué manera se reflejará en la factura o boleta al consumidor.
La tarifa distinguirá el valor del gas natural al ingreso del sistema de distribución (VID) representativo del precio promedio ponderado de los contratos de suministro de gas suscritos entre la distribuidora concesionaria y el conjunto de productores de la región que comercialicen gas natural producido en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, más el valor del transporte, si éste no estuviese incluido en los contratos. Para resguardar la transparencia en el proceso, las empresas distribuidoras deberán informar para cada contrato de suministro que celebre, el contenido de las propuestas comerciales de todas las ofertas formuladas por los productores de gas de la región. Se contempla un mecanismo de control de las variables a considerar en las fórmulas de indexación de los componentes del VID, los que serán determinados por el Ministerio de Energía de forma de evitar que se consideren por el productor elementos que no correspondan a la estructura de costos del gas.
2. Normas que regulan el Valor Agregado de Distribución y los Servicios afines de las distribuidoras de gas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
El proyecto se encarga de desarrollar un mecanismo de fijación de tarifas de distribución, de manera de establecer los precios máximos que podrá(n) aplicar la(s) concesionaria(s) a los consumidores de la región, tanto por el valor agregado de distribución (VAD) como por los servicios afines. Se procede por esta vía a cumplir un antiguo anhelo de la región al contar con una regulación de rango legal, dando cumplimiento además al mandato del Decreto con Fuerza de Ley N° 323, del Ministerio del Interior, de 1931.
La estructura, el nivel y los mecanismos de indexación del valor agregado de distribución y de los servicios afines serán establecidos cada cinco años por el Ministerio, sobre la base del costo total de largo plazo del respectivo servicio, de acuerdo a un procedimiento reglado evitando decisiones que pudieran contener sesgos de discrecionalidad. Los cálculos de los costos a considerar para determinar la tarifa deberán sujetarse a los parámetros de una empresa eficiente. Se incorporan a la ley normas que permiten desvincular de los costos totales aquellos relacionados a servicios no sujetos a fijación de tarifa que tuvieren el carácter de indivisibles, de manera que el consumidor sólo asuma aquella parte de los costos que están vinculados a los servicios sujetos a fijación de tarifas. Asimismo del valor de los costos de inversión de la empresa eficiente deberán descontarse las instalaciones aportadas por terceros.
Los reajustes que aplique la empresa distribuidora no podrán ser superiores a los máximos autorizados y deberán en todo caso ser comunicados a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
El valor agregado de distribución de gas y el valor de los servicios afines se establecerán sobre la base de un estudio de costos que deberá ser realizado por una empresa consultora financiada por la distribuidora, pero contratada por la Comisión Nacional de Energía a través de un proceso de licitación pública. La empresa consultora deberá considerar los criterios de eficiencia antes señalados. En las bases deberá explicitarse también la metodología de cálculo de la tasa de costo de capital, la que en todo caso deberá seguir lo establecido en el artículo 32º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 323, del Ministerio del Interior, de 1931. Los resultados de la consultoría será comunicado por la Comisión Nacional de Energía y en caso de existir divergencias con la distribuidora podrá solicitarse la conformación de una Comisión Pericial para que dirima las observaciones formuladas por la Comisión. Las fórmulas tarifarias así determinadas serán sancionadas por el Ministerio de Energía mediante Decreto Supremo.
El proyecto de ley, además, establece un sistema de solución de controversias de carácter técnico, llenando un vacío que contiene la Ley vigente. En efecto, en la actualidad la solución de conflictos en materias tarifarias como las que se regulan en este proyecto de ley, requiere de conocimientos técnicos especializados. Por ello, en otras materias similares se entrega su resolución a la competencia de los tribunales arbitrales, comisiones periciales o paneles de expertos. Estas instancias han contribuido a prevenir y resolver conflictos de esta índole en forma eficaz y expedita. Por ello, dentro del procedimiento de fijación tarifaria propuesto, se contemplan instancias de comisiones periciales, tanto al inicio, para definir el marco en que se realizará el estudio de costos, como al final del proceso, para dirimir discrepancias en los resultados.
3. Las Normas de Medidores.
Se ha considerado incorporar normas que regulen la situación de los medidores de manera de otorgar mayor claridad para los antiguos y nuevos clientes del sistema. Se ofrece al cliente la posibilidad de adquirir el medidor, arrendarlo con opción de compra o simplemente continuar con el régimen de arriendo vigente a la época de entrada en vigencia del presente proyecto de ley. El título jurídico que detente el cliente respecto del medidor incidirá en el riesgo por la pérdida total del mismo y sobre qué patrimonio pesará la obligación de reponerlo.
Se aclara la calidad jurídica del medidor respecto del inmueble al que se encuentra afecto, de forma que el mismo sea considerado como inmueble por adherencia disponiéndose del mismo con ocasión de la enajenación del inmueble al que accede.
Se clarifica de igual forma que la instalación de los medidores, independientemente que el mismo sea proporcionado por el cliente, será efectuada por la misma distribuidora o por empresas autorizadas y habilitadas para tal efecto por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
4. El Subsidio al Valor del Gas Natural de Magallanes.
Fundamental resulta para la región la incorporación permanente de un mecanismo de subsidio de cargo fiscal aplicable sobre el valor del gas natural explotado en la región. El mismo ha sido establecido en directo beneficio de los consumidores o clientes de las empresas distribuidoras concesionarias de la región a efectos de propender que los magallánicos cuenten con gas natural a valores que permitan el desarrollo de sus actividades bajo parámetros determinados en la ley que se considerarán en la forma establecida por un reglamento del Ministerio de Energía suscrito además por el Ministro de Hacienda.
La ley establece un subsidio al valor del gas natural explotado en la región, de forma de establecer un parámetro claro para las futuras administraciones, que deberán determinar su financiamiento anual con cargo a la Ley de Presupuestos.
El proyecto de ley asegura para el período 2012 a 2016, ambos inclusive, que el subsidio cubre a los clientes o consumidores de las distribuidoras concesionarias la diferencia entre el valor del gas natural determinado por los contratos de suministro de gas natural suscrito con los productores de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y el valor a pagar por dichos consumidores o clientes, que dice relación con los precios considerados en las tarifas en dólares del servicio de gas del período febrero a septiembre de 2011 y ajustados de acuerdo con la variación que experimente el índice de precios al consumidor en Chile.
De la misma forma, establece duras sanciones en contra de actos tendientes a obtener un lucro indebido de los recursos fiscales del subsidio que este proyecto de ley reconoce a los magallánicos.
5. Las Medidas ante una Contingencia en el abastecimiento de Gas Natural.
Asimismo, se considera fundamental para la seguridad de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena el establecer normas claras, que tengan por objeto dar la debida cobertura y protección a la población, en casos que una empresa distribuidora enfrente situaciones de riesgo y continuidad en el suministro de gas, por incumplimientos de los contratos suscritos debido a situaciones puntuales excepcionales, para cumplir con los requerimientos de los servicios de utilidad pública, residenciales y comerciales.
Es por lo anterior que el proyecto establece especiales facultades al Ministerio de Energía para decretar el “Estado de Contingencia” lo que le permitirá adoptar las medidas señaladas en su articulado, debiendo concurrir los contratistas especiales de operación que exploten gas natural en la región, a prorrata de las cantidades que produzcan, a suplir la contingencia de manera que ningún contrato particular pueda sobreponerse a una situación de emergencia, constituyendo la norma de contingencia una limitación muy calificada en resguardo de los magallánicos.
La norma de contingencia, para resultar aplicable, deberá incorporarse en los contratos especiales de operación, más específicamente en los decretos que los autorizan, estableciéndose incentivos para que los contratistas especiales de operación soliciten la incorporación de las referida obligación.
En mérito de lo precedentemente ex-puesto, someto a vuestra consideración, el siguiente
Artículo 1º.- El valor del gas a empresas distribuidoras que se encuentren en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el valor agregado de distribución del gas y las tarifas de los servicios afines que éstas presten a todos sus clientes o consumidores, serán determinados de acuerdo a las bases y procedimientos que se establecen a continuación.
1. Comisión: Comisión Nacional de Energía.
2. Contingencia de Gas: Situación excepcional en el suministro de gas declarada por el Estado, a través de Resolución del Ministro de Energía, en casos que, por causa de eventos puntuales extraordinarios, se ponga en riesgo la seguridad y continuidad en el suministro de gas a las empresas distribuidoras concesionadas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
3. Ministerio: Ministerio de Energía.
4. Región: Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
5. Servicios afines: los servicios prestados a clientes o consumidores por una empresa distribuidora, o por un tercero por cuenta de ésta, asociados al servicio de gas, cuyas tarifas deben ser reguladas de acuerdo a los principios y procedimientos en esta ley, en atención a la escasez de prestadores alternativos para los clientes o consumidores; tales como la realización de empalmes, corte y reposición de servicio, término de servicio, envío de boleta o factura a una dirección especial, intervenciones en empalmes y medidores por requerimientos del cliente, entre otros servicios de similar naturaleza.
6. Superintendencia: Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
7. Valor Nuevo de Reemplazo o VNR: el costo de renovar todas las obras, instalaciones y bienes físicos destinados a prestar el servicio de gas en la respectiva zona de servicio, incluyendo los intereses intercalarios, los derechos, los gastos y las indemnizaciones efectivamente pagadas para el establecimiento de las servidumbres utilizadas, los bienes intangibles y el capital de explotación.
Entre los derechos no se podrán incluir los que haya concedido el Estado a título gratuito, los pagos realizados en el caso de concesiones obtenidas mediante licitación y, en general, todo pago realizado para adquirir una concesión a título oneroso.
Para la determinación del VNR será aplicable lo señalado en los incisos sexto y siguientes del artículo 193 del Decreto con Fuerza de Ley No. 4, de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley No. 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica.
8. Valor del gas: el precio del gas al ingreso del sistema de transporte.
De las tarifas del servicio de gas en la Región
De los componentes de las tarifas del servicio de gas
Artículo 3°.- Las tarifas del servicio de gas en la Región estarán compuestas por la suma del valor del gas al ingreso del sistema de distribución “VID” y el valor agregado de distribución, en adelante e indistintamente “VAD”.
Las tarifas del servicio de gas incorporarán además el subsidio al valor del gas natural a que se refiere el título IV.
Del Valor del Gas al ingreso del sistema de distribución, “VID”
Artículo 4°.- Para los efectos de esta ley, el valor del gas al ingreso del sistema de distribución será el precio promedio ponderado de el o los contratos de suministro de gas suscritos por la empresa distribuidora aplicables para el respectivo período de cálculo, más el valor del transporte, si éste no estuviere incluido en el contrato de suministro de gas.
Artículo 5°.- La empresa distribuidora deberá informar al Ministerio, cada vez que celebre un nuevo contrato de suministro de gas, el contenido de las propuestas comerciales y demás antecedentes que incidieren directamente en las condiciones de las ofertas formuladas por los productores de gas de la Región.
Artículo 6º.- El Ministerio deberá fijar mediante decreto las variables a considerar en las fórmulas de indexación de los componentes del VID, las que en todo caso deberán tener relación con la estructura de costos del gas suministrado y deberán referirse a precios o índices publicados por organismos oficiales o por otros organismos cuyas informaciones publicadas sean de aceptación general.
La empresa distribuidora comunicará a más tardar el último día hábil de cada mes a la Superintendencia el VID reajustado de acuerdo a las fórmulas de indexación contenidas en los respectivos contratos de suministro de gas. En todo caso, este valor sólo podrá reajustarse dentro de los primeros cinco días de cada mes.
Del Valor Agregado de Distribución y de los Servicios Afines
Artículo 7º.- Las tarifas que se fijen para el VAD y para los servicios afines, tendrán el carácter de precios máximos, no pudiendo discriminarse entre consumidores o clientes de una misma categoría en su aplicación. La estructura, nivel y mecanismo de indexación de las tarifas serán establecidos cada cinco años por el Ministerio de acuerdo con los procedimientos que se establecen más adelante y fijados mediante decreto supremo, expedido bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.
Artículo 8º.- Para efecto de la fijación de tarifas, la empresa distribuidora respectiva deberá proporcionar toda la información necesaria y pertinente que le solicite la Comisión, en la forma y oportunidad que ésta determine.
Artículo 9º.- La estructura, nivel y mecanismo de indexación de las tarifas del VAD y de los servicios afines serán establecidos sobre la base del costo total de largo plazo del servicio respectivo.
Se entenderá por costo total de largo plazo el monto equivalente a la suma de los costos de explotación y de capital asociados a la atención de la demanda prevista en la zona de servicio durante el horizonte de planificación de la empresa eficiente. El cálculo considerará el diseño de una empresa eficiente que inicia operaciones al comienzo del período tarifario, realiza las inversiones necesarias para proveer a todos los clientes o consumidores de los servicios involucrados e incurre en los costos de explotación propios del giro de la empresa.
Los costos a considerar se limitarán a aquellos indispensables para que la empresa distribuidora pueda proveer en forma eficiente el servicio de gas y los servicios afines en una determinada zona de servicio, incluyendo su expansión futura, de acuerdo a la tecnología eficiente y de menor costo entre las disponibles comercialmente, sujetándose dicha empresa eficiente a la normativa vigente, en particular en lo relativo a la calidad de servicio y seguridad de las instalaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, en el costo total de largo plazo se considerará el valor efectivamente pagado por los derechos de uso y goce del suelo, incluyendo los gastos e indemnizaciones pagadas para el establecimiento de las servidumbres utilizadas, indexado de acuerdo a la variación que experimente el índice de precios al consumidor.
Artículo 10°.- Si, por razones de indivisibilidad o uso conjunto de recursos, la empresa eficiente proveyere, además del servicio de gas y servicios afines, servicios no sujetos a fijación de precios, se deberá considerar sólo una fracción de los costos totales de largo plazo correspondientes, a efectos del cálculo de las tarifas de los servicios sujetos a fijación de precios a las que se refiere el artículo 7°. Dicha fracción se determinará en concordancia con la proporción en que sean utilizados los recursos de la empresa eficiente por los servicios sujetos a fijación de precios y por aquellos no sujetos a fijación. Para efectos de lo señalado en este inciso, en la modelación de la empresa eficiente se deberán considerar al menos los servicios no sujetos a fijación de precios provistos por la distribuidora.
De similar forma, en caso que recursos indivisibles sean compartidos entre el servicio de gas y los servicios afines, los costos de dichos recursos deberán repartirse entre los servicios indicados de acuerdo a la proporción en que sean utilizados por los mismos.
Artículo 11°.- Del valor de los costos de inversión de la empresa eficiente deberá descontarse, finalmente, la proporción del VNR correspondiente a las instalaciones aportadas por terceros en la respectiva zona de servicio. Dicho descuento deberá realizarse durante el tiempo de vida útil de las instalaciones aportadas por terceros que fije la Superintendencia o hasta que la empresa distribuidora haya informado su total reposición en la forma y plazo que establezca la misma.
Artículo 12°.- La tasa de costo anual de capital aplicable a la empresa eficiente será calculada sobre la base de lo establecido en el artículo 32º del DFL Nº 323, de 1931, del Ministerio del Interior, Ley de Servicios de Gas. Las bases del estudio de costo indicadas en el artículo 16° de la presente ley precisarán la metodología de cálculo de la tasa de costo de capital.
La tasa de costo de capital será utilizada como factor de actualización para todas las componentes del valor agregado de distribución y de los servicios afines, así como para la recaudación de la empresa eficiente.
Artículo 13°.- A efectos de calcular el valor del costo total de largo plazo, se considerarán los costos de inversión y de explotación, el valor remanente de las inversiones y los impuestos a las utilidades. Los costos de explotación correspondientes a la empresa eficiente se definirán como la suma de los costos de operación, mantenimiento y todos aquellos directamente asociados a la prestación de los servicios, que no sean costos de inversión. Los gastos financieros y amortizaciones no deberán ser considerados en los costos de explotación. El valor remanente de las inversiones se determinará a partir de la depreciación y la vida útil de los activos.
Artículo 14°.- Las tarifas corresponderán a aquellas que, aplicadas a las demandas previstas para el horizonte de planificación de la empresa eficiente, generen una recaudación actualizada equivalente al costo total de largo plazo respectivo, permitiendo así el autofinanciamiento.
En todo caso, se podrán establecer diferentes sectores tarifarios, cada uno con distintas tarifas de VAD y de servicios afines, las cuales deberán resguardar el autofinanciamiento señalado en el inciso anterior.
Artículo 15°.- La tarifa de cada servicio será indexada mediante su propia fórmula de indexación, la que se expresará en función de los índices de precios de los principales insumos del respectivo servicio. Esta fórmula de indexación será determinada en el estudio de costos mencionado en el artículo 18° y deberá ser construida de forma tal que la estructura de costos sobre la cual se apliquen los coeficientes de variación de los índices de precios de los respectivos insumos sea representativa de la estructura de costos de la empresa eficiente definida para estos propósitos.
Las variaciones que experimente el valor de la fórmula de indexación deberán ser calculadas utilizando siempre los precios o índices publicados por organismos oficiales o por otros organismos cuyas informaciones publicadas sean de aceptación general.
La empresa distribuidora comunicará cada mes a la Superintendencia el valor resultante de aplicar a las tarifas máximas autorizadas la variación de la fórmula de indexación respectiva, y este valor constituirá el precio máximo que se podrá cobrar a los clientes o consumidores.
Cada vez que la empresa distribuidora realice un reajuste de sus tarifas, deberá previamente hacerlas públicas y comunicarlas a la Superintendencia. En todo caso, estas tarifas sólo podrán reajustarse dentro de los cinco primeros días de cada mes y no podrán exceder las tarifas máximas autorizadas debidamente indexadas.
Artículo 16°.- El valor agregado de distribución de gas y el valor de los servicios afines, se establecerán sobre la base de un estudio de costos efectuado por una empresa consultora contratada por la Comisión a través de un proceso de licitación pública. Dicho estudio deberá ceñirse a los criterios de eficiencia señalados en el artículo 9º de la presente ley y será financiado por la empresa distribuidora cuyas tarifas estén siendo fijadas, siendo este costo reconocido en el valor agregado de distribución. Este estudio se realizará de acuerdo al procedimiento a que se refieren los artículos 17 y siguientes. Adicionalmente, el estudio de costos incluirá el cálculo de costo de capital correspondiente al proceso tarifario.
Artículo 17°.- A lo menos 18 meses antes del término del período de vigencia de las fórmulas tarifarias del VAD y de los servicios afines establecidas mediante el decreto señalado en el artículo 7º, la Comisión enviará a la empresa distribuidora las bases técnicas y administrativas preliminares del estudio de costos.
Las bases deberán establecer, a lo menos, los requisitos, antecedentes y la modalidad de presentación de ofertas. Asimismo, deberán especificar el período de análisis u horizonte de planificación de la empresa eficiente, los criterios de proyección de demanda, la metodología de cálculo de la tasa de costo de capital, los criterios de optimización de redes, tecnologías, fuentes de información para la obtención de los costos, fecha base para la referencia de moneda, el listado de los servicios afines, y todo otro aspecto que se considere necesario definir en forma previa a la realización del estudio.
A partir de la fecha de envío de las bases preliminares y dentro del plazo de quince días hábiles, la empresa distribuidora podrá presentar sus observaciones a la Comisión.
Vencido el plazo anterior y en un término no superior a quince días hábiles, la Comisión comunicará las bases corregidas aceptando o rechazando fundadamente las observaciones planteadas.
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación de las bases, la empresa distribuidora podrá solicitar a la Comisión mediante requerimiento escrito, la conformación de una Comisión Pericial para que dirima las observaciones que no hubiesen sido acogidas por la Comisión o que hubiesen sido acogidas parcialmente.
La Comisión Pericial estará conformada por tres expertos, uno propuesto por la Comisión, otro propuesto por la empresa distribuidora, y el tercero designado de común acuerdo, los que deberán ser designados dentro de los cinco días hábiles desde la recepción de la solicitud de conformación de la Comisión Pericial. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere nombrado a alguno de los expertos, éste será designado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dentro de los cinco días hábiles siguientes al referido vencimiento del plazo. Los peritos no deberán haber prestado servicios a la empresa distribuidora o a la Comisión durante el último año.
Los honorarios de los miembros de la Comisión Pericial serán determinados por la Comisión con consulta a la empresa distribuidora y serán pagados por esta última.
Una vez nombrada la Comisión Pericial, ésta dispondrá de quince días hábiles para evacuar su decisión fundada, la cual será vinculante para todos los que participen en el proceso de fijación de tarifas, sin que proceda en su contra recurso alguno.
Transcurrido el plazo para solicitar la conformación de la Comisión Pericial o una vez que la Comisión Pericial evacue su decisión definitiva si ésta fuera solicitada, la Comisión dispondrá de cinco días hábiles para comunicar las bases técnicas y administrativas definitivas a la empresa distribuidora.
Artículo 18°.- El estudio será licitado, adjudicado y supervisado en conformidad a las bases técnicas y administrativas definitivas señaladas en el artículo anterior, por un comité integrado por un representante del Ministerio, un representante de la empresa distribuidora y un representante de la Comisión, quien además presidirá el referido comité. El llamado a licitación, la adjudicación y firma del contrato lo realizará el comité a través de la Comisión.
Asimismo, la Comisión establecerá el procedimiento para la constitución y funcionamiento de este comité.
El estudio deberá realizarse dentro de un plazo máximo de cinco meses a contar de la total tramitación del contrato licitado. Sin perjuicio de lo anterior, el consultor al que se adjudique el estudio deberá prestar el apoyo que sea necesario hasta la dictación de las correspondientes tarifas.
Artículo 19°.- No podrán participar en la mencionada licitación aquellas empresas consultoras relacionadas, filiales, coligantes o coligadas de la empresa distribuidora, como tampoco aquellas empresas consultoras cuyos socios, directores, gerentes o representantes legales, sean cónyuges o tengan una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, con los socios, directores, gerentes o representantes legales de la empresa distribuidora, sus filiales, coligantes o coligadas, o que tengan o hayan tenido una relación contractual de carácter permanente o periódica relevante con las mismas en el último año contado desde la convocatoria a licitación, con excepción de la condición de cliente de la empresa distribuidora.
Artículo 20°.- Los resultados entregados por el consultor del estudio deberán especificar, a lo menos, lo siguiente:
a) El valor de la tasa de costo de capital.
b) Los criterios de dimensionamiento de la empresa eficiente;
c) El valor de los principales componentes de costos del servicio de gas;
d) Los costos de los servicios afines; y
e) Las fórmulas de indexación que permitan mantener el valor real de las tarifas que se establezcan durante su período de vigencia.
Artículo 21°.- La Comisión dispondrá de un plazo de dos meses para elaborar y notificar a la empresa distribuidora el informe técnico basado en los resultados del estudio, el que se contará desde el momento en que el Comité dé su conformidad al estudio.
En caso que la empresa distribuidora tenga observaciones respecto del informe técnico, deberá presentarlas dentro de los quince días hábiles siguientes a que éste le fuere notificado por la Comisión. La Comisión en un plazo de quince días hábiles, deberá responder las observaciones aceptando o rechazándolas fundadamente.
Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la resolución fundada que rechaza las observaciones formuladas de acuerdo a lo señalado en el inciso anterior, la empresa distribuidora podrá solicitar a la Comisión, mediante requerimiento escrito, la conformación de una Comisión Pericial que dirima todas o algunas de las observaciones presentadas que no hubiesen sido acogidas por la Comisión o que hubiesen sido acogidas parcialmente.
La Comisión Pericial estará conformada por tres expertos nombrados y financiados de igual forma a lo establecido en el artículo 17º.
Una vez conformada la Comisión Pericial, ella dispondrá de veinte días hábiles para evacuar su decisión y su elección de valores y costos a los que se refiere el inciso siguiente, la cual será vinculante para todos los que participen en el proceso de fijación de tarifas, sin que proceda en su contra recurso alguno.
La Comisión Pericial deberá indicar fundadamente cuál de los valores de costo total de largo plazo del valor agregado de distribución deberá utilizarse, pudiendo elegir entre el valor determinado en el informe técnico de la Comisión y el valor que resulte de la aplicación del total de observaciones que hubiese presentado la empresa distribuidora. A su vez, la Comisión Pericial deberá indicar fundadamente cuál valor del costo total de largo plazo de cada servicio afín deberá utilizarse, pudiendo elegir entre el costo determinado en el informe técnico de la Comisión y el costo resultante de la aplicación del total de observaciones que hubiese presentado la empresa distribuidora.
La Comisión Pericial no podrá elegir entre resultados parciales de costos, o entre criterios que se hubiesen presentado como observaciones, sino sólo entre valores finales.
En un plazo no superior a treinta días corridos contados desde la aceptación de las observaciones por parte de la Comisión o del pronunciamiento por parte de la Comisión Pericial a las observaciones que se hayan sometido a su conocimiento, la Comisión emitirá el informe técnico definitivo.
Artículo 22°.- Antes de cuarenta y cinco días hábiles del término del período de vigencia de las fórmulas tarifarias, la Comisión enviará al Ministerio el informe técnico definitivo y propondrá las fórmulas tarifarias para el siguiente período tarifario.
Artículo 23°.- El Ministerio fijará las nuevas fórmulas tarifarias, dictando el decreto supremo correspondiente a lo menos veinte días hábiles antes del término del período de vigencia de las fórmulas tarifarias anteriores.
A más tardar, dentro de los treinta días corridos siguientes a la publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto tarifario, la Comisión deberá hacer públicos los contenidos básicos del estudio de costos de distribución del consultor, los informes técnicos elaborados por la Comisión, así como todos los antecedentes relevantes del proceso de fijación de tarifas.
Artículo 24°.- Una vez vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, éstas continuarán aplicándose, incluidas sus cláusulas de indexación, mientras no sean fijadas las nuevas fórmulas de acuerdo al artículo anterior.
No obstante, las empresas distribuidoras deberán abonar o podrán cargar a la cuenta de los clientes o consumidores las diferencias producidas entre lo efectivamente facturado y lo que corresponda acorde a las fórmulas tarifarias que en definitiva se establezcan, por todo el período transcurrido entre el día de terminación del quinquenio a que se refiere el artículo 7º y la fecha de publicación de las nuevas fórmulas tarifarias.
Los montos producto de las reliquidaciones que sean procedentes serán reajustados de acuerdo al interés corriente vigente a la fecha de publicación de las nuevas tarifas, por todo el período a que se refiere el inciso anterior. Los montos producto de las reliquidaciones deberán abonarse o podrán cargarse en las boletas o facturas emitidas con posterioridad a la publicación de las tarifas, en el plazo, forma y condiciones que al respecto determine la Superintendencia.
En todo caso, se entenderá que las nuevas fórmulas tarifarias entrarán en vigencia a contar del vencimiento de las tarifas anteriores.
Artículo 25°.- Se aplicará a las empresas distribuidoras de la Región lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 323, de 1931, del Ministerio del Interior, Ley de Servicios de Gas, en todo aquello que no sea contrario a la presente ley.
Artículo 26°.- Los medidores podrán ser proporcionados por el cliente o consumidor o por la empresa distribuidora, los que deberán cumplir con las normas sobre calidad y seguridad. En todo caso la empresa distribuidora siempre deberá cumplir con las normas establecidas en el Decreto Supremo N° 67 de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y en especial con lo dispuesto en su artículo 31.
Los medidores sólo podrán ser instalados por la empresa distribuidora o por empresas instaladoras de la clase o categoría correspondiente, con licencia vigente de la Superintendencia.
Si la empresa distribuidora proporciona el medidor, deberá ofrecer al cliente su venta o arriendo con opción de compra en las condiciones que se le indiquen por escrito al cliente o consumidor al que se le entrega el servicio de gas.
Si la empresa distribuidora vende el medidor, éste será considerado bien inmueble por adherencia respeto de la propiedad en que se encuentra, en conformidad a lo establecido en el artículo 570 del Código Civil, y se considerará formar parte de ésta para todos los efectos legales. Lo mismo sucederá cuando, concluido el contrato de arriendo, y con ocasión del pago de la última cuota pactada, el cliente o consumidor decidiere optar por la compra del medidor.
En caso que el cliente prefiriere no asumir los riesgos vinculados a la falla o pérdida del medidor por causas no imputables a falta de mantenimiento por la distribuidora y, por tanto, suscribir el contrato arrendamiento, podrá solicitar a la empresa distribuidora, por escrito, mantenerse en dicha calidad mientras se encuentre vigente el contrato de suministro. En este caso, no será aplicable el inciso tercero. El arriendo del medidor podrá ser considerado servicio afín.
Del Subsidio al Valor del Gas Natural de Magallanes
Artículo 27°.- Créase un subsidio de cargo fiscal sobre el valor del gas natural explotado en la Región, a ser entregado a una empresa distribuidora concesionaria que preste servicios de gas en ella, para beneficio exclusivo de l
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