Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2010-00308-45703-de-marzo-1-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_6db92951ad5b451cbe29b042494171ff&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-03 15:24:06
Document Index: 56505617

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 73', 'in dubio', 'in dubio', 'artículo 448', 'artículo 70']

﻿ SENTENCIA 2010-00308/45703 DE MARZO 1 DE 2018
SENTENCIA 2010-00308 DE 01 DE MARZO DE 2018
CONTENIDO:CULPA DE LA VÍCTIMA EN LA PRIVACIÓN INJUSTA DE SU LIBERTAD POR ESCOLTAR UN VEHÍCULO CON CONOCIMIENTO DE QUE ERA HURTADO. EN EL CASO CONCRETO, A PESAR DE QUE HUBO DUDAS EN TORNO A LA PARTICIPACIÓN DEL DEMANDANTE EN LOS DELITOS DE SECUESTRO SIMPLE, HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO Y PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, SE ENCONTRÓ QUE ÉSTE FUE CAPTURADO CUANDO ESCOLTABA UN AUTOMOTOR QUE HORAS ANTES HABÍA SIDO HURTADO, A LO CUAL SE SUMA QUE EN SU PODER FUERON ENCONTRADOS LOS DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO PLAGIADO Y QUE TRATÓ DE HUIR CUANDO ADVIRTIÓ LA PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES. ASÍ AUN CUANDO FUE EXONERADO DE RESPONSABILIDAD, LO CIERTO ES QUE LO FUE POR LOS DELITOS DE SECUESTRO SIMPLE, HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO Y PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO Y SI NO SE LE CONDENÓ FUE PORQUE EL DELITO DE RECEPTACIÓN NO LE FUE IMPUTADO, DE MODO QUE NO HAY DUDA ALGUNA DE QUE SU ACTUAR DOLOSO, PUES, EL DÍA DE LOS HECHOS ESCOLTABA EL FURGÓN A SABIENDAS DE QUE ERA ROBADO Y CON ELLO PROVOCÓ QUE LA ENTIDAD DE ACUSACIÓN ABRIERA UNA INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA Y QUE EL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS AVALARA SU CAPTURA, DE SUERTE QUE LAS DECISIONES Y MEDIDAS QUE DEBIÓ SOPORTAR RESULTAN IMPUTABLES A SU PROPIA CULPA, MÁXIME TENIENDO EN CUENTA QUE AQUÉLLAS ESTUVIERON DEBIDAMENTE RESPALDADAS CON LAS PRUEBAS QUE MILITABAN EN EL EXPEDIENTE PENAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CULPA DE LA VÍCTIMA, HURTO, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, DELITO DE SECUESTRO SIMPLE, PORTE ILEGAL DE ARMAS
Sentencia 2010-00308/45703 de marzo 11 de 2018
Expediente: 25000232600020100030801 (45.703)
Actor: L.R.E.P. y otros
Demandada: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación
EXTRACTOS. «II. Consideraciones.
En el presente asunto, el tema objeto de debate se refiere a la privación de la libertad que afectó al señor L.R.E.P., tema sobre el cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las que ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008(3), de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.
En los eventos en los que se alega la privación injusta de la libertad como fuente del daño indemnizable, esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—(5).
El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca con Funciones de Conocimiento, mediante sentencia del 12 de febrero de 2008, declaró la responsabilidad del señor L.R.E.P. y lo condenó a 12 años de prisión, por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego (fls. 43 a 72, cdno. 2), decisión que fue apelada por su defensor y revocada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante sentencia del 6 de mayo de 2008 (fls. 73 a 92, cdno. 2), la cual quedó ejecutoriada el 1 de agosto de ese mismo año (fl. 93, cdno 2).
En consecuencia, la demanda de reparación directa debió instaurarse, a más tardar, el 2 de agosto de 2010; por lo tanto, como ello ocurrió el 18 de mayo de 2010 (fl. 20, cdno. 1), no hay duda de que aquélla se presentó dentro del término de ley.
De igual forma, la posición mayoritaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado contempla la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva en aquellos eventos en los cuales se aplica, dentro del proceso penal respectivo, el principio universal de in dubio pro reo(6).
Bajo este panorama, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con el material probatorio aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a la parte actora, con ocasión de la privación de la libertad del señor L.R.E.P.
Se encuentra acreditado que, el 24 de mayo de 2007, a eso de las 8:30 a.m., el señor A.G.L.E. y su sobrino J.L.G., cuando se movilizaban en el furgón de placas XXX por la carretera que del municipio de Tabio conduce a Subachoque, departamento de Cundinamarca, fueron abordados por 4 individuos fuertemente armados, quienes los obligaron a salir del automotor y los llevaron a una paraje aledaño, donde fueron atados y amordazados.
Se estableció que, mientras 3 de los asaltantes se apoderaron del vehículo, el otro mantuvo a las víctimas retenidas durante 4 horas, aproximadamente, al cabo de las cuales huyó del lugar; posteriormente, aquéllas lograron liberarse y se comunicaron con sus familiares, tras lo cual se dirigieron hasta el municipio de Tabio y denunciaron lo ocurrido ante las autoridades. Toda vez que éstas establecieron que el automotor se dirigía por la carretera que conduce hacia Tunja montaron un retén en cercanías del municipio de Arcabuco y capturaron a los señores E.E.G.P., quien conducía el furgón y R.E.R., quien conducía el vehículo Mazda, de placas XXX y escoltaba a dicho automotor. En el automóvil se encontraron los documentos del furgón (fls. 43 y 44, cdno. 2).
El 25 de mayo de 2007, el Juzgado Promiscuo de Arcabuco con Funciones de Control de Garantías legalizó la captura de los citados señores. El 22 de junio de ese mismo año, la Fiscalía los acusó por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. El 24 de agosto, el 10, el 18 y el 25 de septiembre y el 4 de octubre de 2007 se realizó la respectiva audiencia preparatoria, mientras que el juicio oral se llevó a cabo entre el 9 de noviembre de ese mismo año y el 12 de febrero de 2008 (fl. 75, cdno. 2).
Mediante sentencia del 12 de febrero de 2008, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca con Funciones de Conocimiento condenó a los citados señores a 12 años de prisión y a una multa de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes por los delitos atrás mencionados (fls. 43 a 72, cdno. 2), decisión que fue apelada por su defensor y revocada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante sentencia del 6 de mayo de 2008, en la cual se invocó el principio del in dubio pro reo.
De conformidad con esta última decisión, si bien la exoneración de responsabilidad del señor E.P., por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego, obedeció a la aplicación del citado principio, lo cierto es que el día de los hechos aquél fue detenido cuando se movilizaba en el automóvil de placas XXX y escoltaba el furgón que había sido hurtado horas atrás, a lo cual se suma, por una parte, que en su poder fueron encontrados los documentos del último de los automotores mencionados y, por otra parte, trató de huir al percatarse de la presencia de las autoridades, por lo que a juicio de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca (se transcribe textualmente):
“Es indudable que la actitud asumida por E.G. y L.E. ante el retén montado por la Policía en el municipio de Arcabuco (Boyacá), esto es, de embestida y no detención del furgón de placas XXX hasta después de serle efectuado un disparo de advertencia, por parte del primero, y de huida, por el segundo, a todas luces es indicativa de la conciencia que tenían éstos de estar cumpliendo una acción contraria al ordenamiento jurídico.
“El comportamiento que desarrollaron consistió en trasladar y custodiar el desplazamiento de un furgón que siete (7) horas antes había sido objeto de hurto en la vía Tabio - Subachoque.
“Ahora bien, la lógica y las reglas de la sana crítica enseñan que las acciones antes descritas pudieron ser llevadas a cabo por E.G. y L.E. bien como aporte dentro de un plan previamente concebido con quienes materialmente ejecutaron el hurto, el secuestro y el porte de armas en la vía Tabio – Subachoque, en donde aquellos no estuvieron presentes, ora como actividad complementaria para la cual fueron contratados, esto es, sin hacer parte del grupo perpetrador, aunque con conciencia de la ilícita procedencia del automotor de carga” (se subraya) (fls. 86 y 87, cdno. 2).
Para el Tribunal Superior, si bien el señor L.R.E.P. y su acompañante incurrieron en el delito de receptación, éste no fue imputado por la Fiscalía en la acusación y, por tanto, a términos del artículo 448 de la Ley 906 de 2004, “el acusado no podrá ser declarado culpable por delitos por los cuales no se ha solicitado condena”.
Como puede verse, a pesar de que hubo dudas en torno a la participación del señor E.P. en los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego, lo cierto es que éste fue capturado cuando en el vehículo Mazda de placas XXX escoltaba el automotor que horas antes había sido hurtado en la carretera que de Tabio conduce a Subachoque, a lo cual se suma que en su poder fueron encontrados los documentos del vehículo plagiado y que trató de huir cuando advirtió la presencia de las autoridades (fls. 44, cdno. 2).
A pesar de que el señor E.P. fue exonerado de responsabilidad, lo cierto es que lo fue por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego y si no se le condenó fue porque el delito de receptación no le fue imputado, de modo que para la Sala no hay duda alguna de que su actuar doloso, pues, como se dejó dicho, el día de los hechos escoltaba el furgón de placas XXX a sabiendas de que era robado y con ello provocó que la Fiscalía General de la Nación abriera una investigación en su contra y que el juez de control de garantías avalara su captura, de suerte que las decisiones y medidas que debió soportar resultan imputables a su propia culpa, máxime teniendo en cuenta que aquéllas estuvieron debidamente respaldadas con las pruebas que militaban en el expediente penal.
Es evidente que el comportamiento del señor E.P. puso en funcionamiento el aparato judicial del Estado y, de paso, provocó las decisiones y medidas que lo afectaron, acerca de lo cual vale la pena recordar que el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia- dispone que “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley”, eventos éstos que, de llegar a configurarse, enervan la responsabilidad del Estado; al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado (se transcribe literal):
“(…) Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor …, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (…)”(7) (se subraya).
En un asunto en que el Estado fue exonerado de responsabilidad por la privación de la libertad que afectó a una señora, la Sala consideró que dicha medida obedeció a su propia culpa, toda vez que:
“(…) está plenamente acreditada en el expediente la inexistencia de vínculo causal desde la perspectiva de la causalidad adecuada, se entiende entre la tantas veces mencionada medida de aseguramiento y los perjuicios por cuya indemnización se reclama en el sub lite, previa declaratoria de la responsabilidad del Estado por los hechos que dieron lugar a la iniciación del trámite procesal que esta providencia decide, pues, como lo concluyó la agente del Ministerio Público ante esta corporación —cuyo criterio la Sala comparte— y así también lo decidió el Tribunal Administrativo del Cesar en primera instancia, la privación de la libertad de la señora … no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de la Administración de Justicia —a pesar de ser la causa inmediata—, sino en la conducta asumida por la víctima.
“La reprochable conducta de la víctima, en el caso sub examine, hace que la decisión adoptada por la autoridad judicial aparezca como plenamente proporcionada como resultado del juicio de ponderación entre los intereses jurídicos colisionantes en el caso concreto: efectividad de las decisiones a adoptar por la Administración de Justicia, de un lado y esfera de derechos y garantías fundamentales del individuo, de otro”(8) (se subraya).
Cabe destacar que, frente a casos como éste, corresponde a la parte actora acreditar cuál fue la actuación del Estado que produjo el daño, además del nexo de causalidad entre estos dos elementos, los cuales, en el asunto sub examine, se encuentran acreditados, ya que fue una decisión de la administración de justicia la que determinó que el señor L.R.E.P. fuera privado de la libertad durante 11 meses, aproximadamente, al cabo de los cuales fue exonerado de responsabilidad.
Por su parte, las demandadas tenían la obligación de demostrar que se configuró algún supuesto de hecho que impide el surgimiento de responsabilidad del Estado, acerca de lo cual es dable señalar que la privación de la libertad de la que fue víctima el señor E.P. obedeció a su propia culpa, por cuanto, como quedó visto, obró dolosamente, pues el día de los hechos escoltaba un automotor a sabiendas de que era robado, al punto que los documentos de este último estaban en el vehículo que lo seguía, el cual era conducido por el mencionado señor, quien, incluso, trató de huir cuando advirtió la presencia de las autoridades, razón por la cual fue capturado y vinculado a un proceso penal, en desarrollo del cual y conforme a las pruebas que militaban en él, se adoptaron las medidas y decisiones que lo afectaron y, por tanto, es obvio que aquél estaba obligado a soportarlas, circunstancia que exime de responsabilidad al Estado por los hechos imputados.
De conformidad con lo expuesto, se confirmará la sentencia del 29 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones acá expuestas.
2.6. Decisión sobre costas.
1. CONFÍRMASE la sentencia del 29 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda.
2 De conformidad con el Acta 10 del 25 de abril de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
5 Entre otros, sentencias del 14 de febrero de 2002 (expediente 13.622) y del 11 de agosto de 2011 (expediente 21.801).
6 Tesis que el suscrito ponente de esta providencia no comparte.
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 2002 (expediente 13.744).
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007 (expediente 15.463).