Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/acuerdo-109-de-mayo-3-de-2007?documento=legcol&contexto=legcol_7599204232b8f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-15 19:49:49
Document Index: 40199411

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 7', 'artículo 24', 'artículo 12', 'artículo 75', 'artículo 55', 'artículo 123', 'artículo 124', 'artículo 75', 'artículo 123', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 8', 'artículo 48', 'artículo 75', 'artículo 6', 'artículo 95']

﻿ ACUERDO 109 DE MAYO 3 DE 2007
ACUERDO 109 DE 03 DE MAYO DE 2007
CONTENIDO:INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL. REGLAMENTA LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS A FAVOR DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO, SOBRE TERRENOS BALDÍOS, ASÍ COMO LA SUSTRACCIÓN DE LOS TERRENOS SOMETIDOS A TAL RÉGIMEN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO, DERECHO AL ESPACIO PÚBLICO, TERRENO BALDÍO, ICA, FUNCIONES DEL ICA
ACUERDO 109 DE 2007
“Por el cual se establece el reglamento para la constitución de reservas sobre terrenos baldíos a favor de entidades de derecho público y para la sustracción de tal régimen”.
en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las previstas en el inciso 7º del artículo 75 de la Ley 160 de 1994, el título VI de la Ley 418 de 1997, prorrogada en su vigencia por la Ley 1106 de 2006, en concordancia con lo establecido en el numeral 6º del artículo 7º del Decreto 1300 de 2003, y
Ante la supresión y liquidación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, ordenada por el Decreto 1292 de 2003, se creó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, mediante Decreto 1300 de 2003, el cual prevé en su artículo 24 que toda referencia normativa que se haga en las normas vigentes al Incora debe entenderse referida y atribuida al Incoder.
Que dentro de los objetivos de la Ley 160 de 1994, se encuentra el de regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, con sujeción a las políticas de conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.
Que en desarrollo de lo anterior y conforme a lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 12 de la Ley 160 de 1994, corresponde al Incoder administrar en nombre del Estado las tierras baldías de la Nación, y en tal virtud, adjudicarlas, celebrar contratos, constituir reservas y adelantar en ellas programas de colonización, de acuerdo con las normas legales vigentes y los reglamentos que expida la junta directiva.
Que el artículo 75 de la Ley 160 de 1994, consagra que “El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria queda autorizado para constituir sobre los terrenos baldíos cuya administración se le encomienda, reservas a favor de entidades de derecho público para la ejecución de proyectos de alto interés nacional, tales como los relacionados con la explotación de los recursos minerales u otros de igual significación, para el establecimiento de servicios públicos, o el desarrollo de actividades que hubieren sido declaradas por la ley como de utilidad pública e interés social, y las que tengan por objeto prevenir asentamientos en zonas aledañas o adyacentes a las zonas donde se adelanten exploraciones y explotaciones petroleras o mineras, por razones de orden público o de la salvaguarda de los intereses de la economía nacional, en este último caso.
Igualmente podrá sustraer de tal régimen tierras que hubieren sido colocadas bajo este, o que el mismo instituto hubiere reservado, si encontrare que ello conviene a los intereses de la economía nacional.
Las resoluciones que se dicten de conformidad con los incisos precedentes requieren para su validez la aprobación del Gobierno Nacional.
El Incora ejercerá, en lo relacionado con el establecimiento de reservas sobre tierras baldías o que fueren del dominio del Estado, las funciones de constitución, regulación y sustracción que no hayan sido expresamente atribuidas por la ley a otra autoridad.
Las resoluciones que decreten la constitución de zonas de reserva serán publicadas en las cabeceras, corregimientos e inspecciones de los municipios en donde ellas se encuentren, en la forma prevista por el artículo 55 del Código de Régimen Político y Municipal.
Para efectos de constitución de las reservas y la sustracción de tal régimen, la junta directiva expedirá el reglamento respectivo”.
De otra parte, la Ley 418 de 1997 en su artículo 123 establece que “La junta directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria [hoy consejo directivo del Incoder] podrá, mediante resolución debidamente motivada declarar como reservas territoriales especiales del Estado, los terrenos baldíos situados en las zonas aledañas o adyacentes a las explotaciones petroleras o mineras, los cuales, en consecuencia, no podrán ser adjudicados a ningún título a los particulares.
Para la delimitación de las áreas aledañas o adyacentes a las explotaciones petroleras o mineras, el Instituto tendrá en cuenta, en cada caso, las circunstancias de orden público de la región y la salvaguarda de los intereses de la economía nacional, para efecto de lo cual deberá oír al Ministerio del Interior y a las demás entidades públicas interesadas en la constitución de la reserva territorial”.
A su vez, el artículo 124 de la misma norma señala: “Las tierras baldías a que se refiere el artículo anterior, sólo podrán reservarse a favor de las entidades de derecho público cuyo objeto esté directamente relacionado con las actividades de exploración y explotación petrolera o minera. Dichos terrenos podrán entregarse en comodato o arriendo a las entidades mencionadas”.
Así las cosas, de conformidad con el mandato legal contenido en el inciso 7º del artículo 75 de la Ley 160 de 1994 y el artículo 123 de la Ley 418 de 1997, compete al consejo directivo del Incoder expedir el reglamento respectivo que contemple el procedimiento, requisitos y parámetros para constituir sobre los terrenos baldíos, cuya administración se le encomienda, reservas a favor de entidades de derecho público, así como para la sustracción de tal régimen.
El reglamento es una exigencia que traen los artículos 75 de la Ley 160 de 1994 y 123 de la Ley 418 de 1997, normas que le otorgan competencia al consejo directivo del Incoder para constituir reservas sobre predios baldíos a favor de entidades de derecho público o privadas sin ánimo de lucro, y para realizar la sustracción de áreas que hayan sido objeto de este tipo de reserva.
Pese a la ausencia del reglamento y del procedimiento respectivo, la junta directiva del Incora y el consejo directivo del Incoder, han constituido reservas a favor de entidades de derecho público como Carbocol, Minercol, Ecopetrol, Ministerio de Defensa y Armada Nacional, entre otras. Para estos casos se verificó que la entidad solicitante requería del uso de los predios baldíos para la ejecución de proyectos de alto interés nacional, tales como los relacionados con la explotación de los recursos minerales, u otros de igual significación, para el establecimiento de servicios públicos o el desarrollo de actividades que hubieren sido declaradas por la ley como de utilidad pública y las que tuvieren por objeto prevenir asentamientos en zonas aledañas o adyacentes a exploraciones o explotaciones petroleras o mineras, por razones de orden público o de salvaguarda de los intereses de la economía nacional.
Con el fin de unificar las actividades que se deben surtir antes de expedir el acto administrativo en virtud del cual se constituye la reserva o se sustrae de ese régimen los predios baldíos, según el caso, surge la necesidad de expedir el presente reglamento.
En mérito de lo expuesto, el consejo directivo,
Del objeto, los beneficiarios y las áreas susceptibles de reserva
ART. 1º—Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto reglamentar la Constitución de reservas a favor de entidades de derecho público, sobre terrenos baldíos, así como la sustracción de los terrenos sometidos a tal régimen.
ART. 2º—Beneficiarios. Serán sujetos beneficiarios de la constitución de una reserva especial sobre terrenos baldíos, las entidades de derecho público, que requieran los terrenos para la ejecución de proyectos de alto interés nacional tales como los relacionados con la explotación de los recursos minerales u otros de igual significación, para el establecimiento de servicios públicos, o el desarrollo de actividades que hubieren sido declaradas por ley como de utilidad pública e interés social, o para prevenir asentamientos en zonas aledañas o adyacentes a las zonas donde se adelanten exploraciones y explotaciones petroleras o mineras, o por razones de orden público o de salvaguardia de los intereses de la economía nacional.
ART. 3º—Superficie de la reserva. La superficie de las reservas que se constituyan sobre tierras baldías se ajustará a las dimensiones y alcances del proyecto que se pretende implementar.
ART. 4º—Baldíos no susceptibles de reserva. No serán objeto de reserva los baldíos donde estén ancestralmente establecidas comunidades indígenas o afrocolombianas, o que constituyan su hábitat, ni aquellos que constituyan reserva territorial del Estado o sean bienes de uso público.
ART. 5º—Solicitud. Los representantes legales de las entidades a que se refiere el artículo 2º del presente reglamento, para solicitar la constitución de una reserva sobre terrenos baldíos para los fines taxativamente señalados en los artículos 75 de la Ley 160, y 123 de la Ley 418 de 1997, deben formular por escrito la correspondiente solicitud al gerente general del Incoder.
Esta solicitud puede radicarse en cualquiera de las oficinas del Incoder establecidas en el territorio nacional.
ART. 6º—Requisitos. A la solicitud deben acompañarse los siguientes documentos:
1. Indicación de nombre de la entidad y de su representante legal con documentos que acrediten la respectiva creación y posesión.
2. Indicación de nombre del terreno con especificación de ubicación geográfica.
3. Cédula catastral del inmueble, en caso de ser posible.
4. Afirmación de que el predio cuya reserva se pretende es un terreno baldío, no es una reserva territorial del Estado, no es una sabana o playón comunal, ni un ecosistema estratégico o una zona de manejo especial.
5. Indicación de nombre y domicilio de los colindantes del predio en cada uno de los puntos cardinales.
6. Plano correspondiente, de conformidad con las exigencias técnicas establecidas por el Incoder a través de la Resolución 1216 de 2005.
7. Estudio de factibilidad para la ejecución de los proyectos de alto interés nacional, tales como la exploración y explotación de los recursos mineros, señalando las zonas adyacentes o aledañas a la exploración o explotación.
8. Estudio de factibilidad para la ejecución de los proyectos de alto interés nacional, tales como el establecimiento de servicios públicos o el desarrollo de actividades que hubieren sido declaradas por la ley como de utilidad pública e interés social.
9. Permiso para la construcción de obras de infraestructura encaminadas a la instalación o dotación del servicio público respectivo, o el desarrollo de la actividad declarada por la ley como de utilidad pública e interés social.
10. Licencia ambiental o concepto favorable de la autoridad ambiental competente, cuando el proyecto así lo requiera.
11. El pago de la tarifa establecida para los gastos del procedimiento.
PAR. 1º—El pago de la anterior tarifa no garantiza una decisión positiva sobre la constitución de la reserva, sino el estudio de la solicitud.
PAR. 2º—La oficina de enlace territorial del Incoder correspondiente, convalidará los planos aportados por las entidades peticionarias cuando se ajusten a sus normas técnicas, les asignará un número de serie y los adaptará al formato institucional. Los planos que no cumplan con las especificaciones técnicas, se devolverán para su corrección y ajuste.
Del procedimiento para la constitución de las reservas
ART. 7º—Estudio de la solicitud. Dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la solicitud de constitución de reserva la oficina de enlace territorial de la correspondiente jurisdicción, procederá a hacer el estudio de la solicitud, que consiste en verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este acuerdo, es decir, la entrega de todos los documentos requeridos.
Si la solicitud no cumple todos los requisitos exigidos, se requerirá a la entidad peticionaria, para que efectúe los ajustes y adiciones pertinentes, advirtiéndole que si no allega respuesta en el término de diez (10) días se inadmitirá la solicitud.
El auto de inadmisión se notificará personalmente y es susceptible de los recursos de ley.
ART. 8º—Iniciación del trámite. Si del estudio de la solicitud se concluye que cumple todos los requisitos, se expedirá un auto por el cual se admite la solicitud, se dispone iniciar el trámite de constitución de reserva y se ordena realizar, dentro de los diez (10) siguientes las siguientes actuaciones:
1. Notificar la aceptación de la solicitud al interesado, al procurador agrario, o a su comisionado, a la autoridad ambiental de la zona, en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.
2. Comunicar a los colindantes señalados por la entidad peticionaria, a través de correo postal a la dirección suministrada o conocida, en los términos del artículo 14 del Código Contencioso Administrativo.
3. Publicar la solicitud a terceros no determinados que puedan estar directamente interesados o puedan resultar afectados con la decisión, en los términos del artículo 15 del Código Contencioso Administrativo y del artículo siguiente.
ART. 9º—Publicidad de la iniciación del trámite. La oficina de enlace territorial del Incoder, para la publicidad de la iniciación del trámite de constitución de reserva se ocupará de lo siguiente:
1. Publicar el aviso de la aceptación de la solicitud de constitución de reserva, por una sola vez, en una emisora radial con cubrimiento en el lugar de ubicación del predio, entre las 7 a.m. y las 10 p.m., y en un diario de amplia circulación nacional.
2. Publicar el mismo aviso por el término de cinco (5) días hábiles en las carteleras del grupo técnico territorial y de la oficina de enlace territorial del Incoder que tengan jurisdicción en el lugar de ubicación del inmueble.
3. Publicar el mismo aviso y por el mismo término, en un lugar visible y público de la(s) alcaldía(s) municipal(es) donde se ubica el predio.
El aviso a que hace referencia el presente artículo debe elaborarse con fundamento en la información que haya suministrado la entidad peticionaria y debe contener los siguientes datos:
a) Nombre de la entidad solicitante;
b) Nombre del predio cuya reserva se pretende y su ubicación;
d) Los linderos del predio y el nombre de las personas colindantes.
PAR.—En el expediente se dejará constancia de las diligencias anteriores, debiendo agregarse a este los ejemplares de los avisos, con la debida constancia de fijación y desfijación, y las certificaciones expedidas por el administrador de la emisora y el periódico en las que consten la fecha y hora en que se efectuó la publicación.
ART. 10.—Decreto de pruebas. Efectuadas las notificaciones, comunicaciones y publicaciones previstas en los artículos anteriores, el jefe de la oficina de enlace territorial ordenará la práctica de una diligencia de inspección ocular al terreno donde se pretende la constitución de reserva.
PAR.—El auto a través del cual se ordena la práctica de la diligencia debe indicar claramente la fecha y hora en que se realizará; la dirección, ubicación y extensión superficiaria del predio cuya reserva se pretende, el nombre de la entidad peticionaria y de los colindantes indicados por esta.
ART. 11.—Inspección ocular. El jefe de la oficina de enlace territorial correspondiente y los técnicos del grupo técnico territorial procederán a realizar la diligencia de inspección ocular, observando las siguientes reglas:
1. En la fecha y hora señalada en el auto decreto de pruebas, el jefe de la oficina de enlace territorial, quien presidirá la diligencia, en compañía de un representante de la entidad solicitante y del Ministerio Público si este decidiere concurrir, procederá al reconocimiento del predio con base en el plano aceptado por el Incoder, para verificar lo siguiente:
— Nombre y localización del inmueble, con indicación del departamento, municipio y vereda.
— Determinar la existencia de otros colindantes, distintos a aquellos que señaló la entidad peticionaria en su solicitud y que no tienen el carácter de sucesores o causahabientes de estos últimos. Inmediatamente se identifiquen, se procederá a hacerles entrega del auto que adepta la solicitud, de que trata el artículo 8º de este Acuerdo para vincularlos al proceso.
— Identificación de los linderos del predio, en cada uno de los puntos cardinales y del nombre e identificación de los colindantes, confrontándolos con el plano.
— Determinar si en el predio se hallan ocupantes, indicando a qué título, la extensión aproximada de ocupación, el tiempo de ocupación y recibir los documentos o testimonios que sean pertinentes.
— Establecer si dentro del inmueble se encuentran predios de propiedad privada, solicitando copia del certificado de libertad y tradición del inmueble a quien alegue la propiedad.
— Establecer si el predio está comprendido en una zona reservada por el Incora o Incoder a favor de otra entidad pública, o por la ley.
— Determinar si se hallan asentadas en el predio comunidades indígenas o afrocolombianas.
— Determinar si el predio hace parte de playones y sabanas comunales, o playones nacionales o madreviejas desecadas naturalmente de los ríos, lagos, lagunas y ciénagas de propiedad nacional, así como si también se halla dentro de las reservas territoriales del Estado o es un bien de uso público.
— Establecer si se halla situado dentro de un radio de cinco (5) kilómetros alrededor de las zonas donde se adelanten explotaciones o exploraciones de recursos naturales renovables.
— Establecer si el predio es aledaño a parques nacionales naturales constituidos.
— Los demás datos o hechos que el Incoder considere necesarios hacer constar en el acta respectiva.
2. Dentro de las diligencias se recibirán los testimonios de los colindantes, los documentos que se presenten y cualquier otra prueba conducente, teniendo en cuenta que todas ellas deben referirse al objeto de la inspección ocular.
3. En el curso de la diligencia de inspección ocular cualquier tercero podrá formular oposición a la reserva, en forma verbal o escrita. De todo lo anterior se dejará constancia en el acta y el funcionario que presida la diligencia procederá a instruir al opositor para que, durante el término correspondiente, presente por escrito los fundamentos y las pruebas que acrediten su oposición.
4. De la diligencia se dejará constancia en un acta, en la que se indicarán las personas que intervinieron y los hechos verificados, asimismo, se incorporarán los testimonios, los documentos aportados y las oposiciones formuladas. El acta será suscrita por quienes tomaron parte en la diligencia, dejando anotación de quiénes habiendo sido convocados se abstuvieron de asistir.
ART. 12.—Oposición a la constitución de reserva. Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que se practicó la diligencia de inspección ocular, quienes se crean con derecho conforme a la ley podrán formular oposición a la adjudicación, acompañando al escrito respectivo la prueba en que fundamenten su pretensión. Vencido dicho término, precluye la oportunidad para oponerse a la constitución de la reserva.
ART. 13.—Trámite de la oposición. Del memorial de oposición y las pruebas que presente el opositor, el Incoder ordenará dar traslado a la entidad peticionaria y al Ministerio Público por tres (3) días, para que formulen las alegaciones correspondientes, soliciten la práctica de las pruebas que se pretendan hacer valer y adjunten los documentos pertinentes.
Vencido el término de traslado, se decretarán las pruebas que fueren admisibles o las que el instituto de oficio considere necesarias. Con este fin, se señalará un término de diez (10) días hábiles.
Vencido el término probatorio y practicadas las pruebas decretadas, se procederá a desatar la oposición formulada.
ART. 14.—Resolución de la oposición. Cuando el opositor alegare que el inmueble objeto de la solicitud de reserva es de propiedad privada, o reclamare dominio sobre el mismo, total o parcialmente, o manifestare que ha venido ocupando y explotando el predio, deberá aportar las pruebas que para el efecto exige el inciso 2º del ordinal 1º del artículo 48 de la Ley 160 de 1994. En la inspección ocular que se llegare a practicar en el trámite de oposición se procederá a verificar si el predio objeto de la solicitud de reserva se encuentra incluido o hace parte de aquel cuya propiedad demanda el opositor, y a establecer otros hechos o circunstancias de las que pueda deducirse su dominio.
ART. 15.—Revisión previa a la constitución de reserva. Previa la decisión de fondo sobre la solicitud de constitución de reserva, con el fin de asegurarse de verificar el cumplimiento de todos los requisitos y exigencias que prescribe la ley y de evitar omitir hechos relevantes, la oficina de enlace territorial efectuará una revisión jurídica de la totalidad del trámite.
ART. 16.—Remisión del expediente a oficinas centrales. Si no se hubiere presentado oposición, si esta fuere extemporánea, o hubiere sido resuelta desfavorablemente y habiéndose efectuado la revisión previa que aconseje la constitución de la reserva, la oficina de enlace territorial remitirá el expediente a la subgerencia de ordenamiento social de la propiedad para que proyecte el respectivo acuerdo y lo presente al consejo directivo del Incoder, para su estudio y decisión.
ART. 17.—Constitución de la reserva. La constitución de la reserva sobre los predios baldíos correspondientes se hará mediante la expedición de un acuerdo del consejo directivo del Incoder. Esta providencia será notificada personalmente al Ministerio Público, a la entidad peticionaria y al opositor, si lo hubiere, en la forma prevista en los artículos 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.
Contra esta decisión procede, únicamente por la vía gubernativa, el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.
ART. 18.—Validez del acuerdo de constitución. En virtud de lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 75 de la Ley 160 de 1994, el acuerdo expedido por el consejo directivo por el cual se constituye la reserva requiere, para su validez, la aprobación del Gobierno Nacional, a través de una resolución ejecutiva. Esta providencia también debe ser notificada en la forma prevista en el artículo anterior y contra ella procede el recurso de reposición, dentro del término allí señalado.
Surtida en legal forma la notificación y debidamente ejecutoriado el acuerdo del consejo directivo y la resolución ejecutiva que lo aprueba, la oficina de enlace territorial procederá a la inscripción de estos dos actos administrativos en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente, a costas de la entidad peticionaria. El registrador devolverá al Incoder una copia del acuerdo y de la resolución ejecutiva, con la correspondiente anotación de su registro.
ART. 19.—Reversión. En los acuerdos que constituyan reservas sobre predios baldíos, se dejará expresa constancia de la obligación de la entidad beneficiaria de cumplir con el objeto para el cual se solicitó la reserva. En el evento de que se compruebe que se ha dado una destinación diferente, o el incumplimiento de las normas sobre conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales, el Incoder procederá a revertir la decisión mediante la cual se constituyó la reserva:
Constitución de reservas especiales territoriales del Estado
ART. 20.—Reservas especiales territoriales del Estado. Podrán declararse, como reservas territoriales especiales del Estado, los terrenos baldíos situados en las zonas aledañas o adyacentes a las explotaciones petroleras o mineras, los cuales, en consecuencia, no podrán ser adjudicados a ningún título a los particulares.
ART. 21.—Procedimiento especial. Para la constitución de este tipo de reservas se tendrán en cuenta las disposiciones del capítulo I de este reglamento, se adelantará el procedimiento establecido en los capítulos II y III y se observarán las siguientes disposiciones especiales:
Para la delimitación de las áreas aledañas o adyacentes a las explotaciones petroleras o mineras, el Incoder tendrá en cuenta, en cada caso, las circunstancias de orden público de la región y la salvaguarda de los intereses de la economía nacional. Para el efecto, deberá oír al Ministerio del Interior y a las demás entidades públicas interesadas en la constitución de la reserva territorial.
ART. 22.—Requisitos especiales. Además de los requisitos establecidos en el artículo 6º de este reglamento, para la presentación de la solicitud de constitución de este tipo de reservas la entidad solicitante deberá aportar:
1. Certificación del Ministerio del Interior, en la que conste que es necesario constituir la reserva por razones de orden público o de salvaguarda de los intereses de la economía nacional o la necesidad de evitar asentamientos.
2. Certificación de la autoridad competente de que la entidad peticionaria adelanta las exploraciones o explotaciones petroleras o mineras a que hace referencia este tipo de reserva, con indicación de los alcances del proyecto, de la relación con los terrenos donde se ubica dicha explotación o exploración y de la superficie que involucra el proyecto.
ART. 23.—Objeto social de las entidades beneficiarias. Las tierras baldías a que se refieren los artículos anteriores sólo podrán reservarse en favor de las entidades de derecho público cuyo objeto esté directamente relacionado con las actividades de exploración y explotación petroleras o minera. Dichos terrenos podrán entregarse en comodato o arriendo a las entidades mencionadas.
ART. 24.—Régimen de adquisición de predios, mejoras o derechos de terceros. Según lo establecen los artículos 125 y siguientes de la Ley 418 de 1997, el Incoder y a las entidades públicas que adelanten actividades de exploración o explotación de yacimientos petroleros o mineros están facultados para adquirir, mediante negociación directa o expropiación con indemnización, los predios, mejoras o derechos de los particulares situados en las zonas aledañas o adyacentes a las exploraciones y explotaciones petroleras o mineras delimitadas por la junta directiva del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.
Para adelantar los trámites a que se refiere este artículo, deberá atenderse lo dispuesto por los artículos 125 y siguientes de la Ley 418 de 1997.
Del procedimiento para la sustracción del régimen de reserva
ART. 25.—Solicitud. Las personas jurídicas a favor de las cuales se hayan constituido reservas por el Incora, el Incoder o la entidad que hubiere tenido la competencia, que requieran que los predios objeto de constitución de reserva se sustraigan de tal régimen, deberán presentar la solicitud ante la respectiva oficina de enlace territorial, manifestando los argumentos en que fundamentan su solicitud.
PAR.—El Incoder, de oficio, podrá adelantar el procedimiento previsto en este capítulo, cuando el objeto para el cual se haya constituido la reserva se encuentre cumplido.
ART. 26.—Práctica de inspección ocular. Una vez recibida la solicitud de sustracción por la oficina de enlace territorial del Incoder, se ordenará mediante un auto motivado la práctica de una diligencia de inspección ocular, señalando la fecha y la hora en la cual se practicará. Esta providencia deberá comunicarse al Ministerio Público y a la entidad solicitante.
El objeto de esta diligencia será verificar las circunstancias expuestas por la entidad beneficiaria de la reserva y confrontar el uso que se les está dando a los predios, para cuyo objeto se constituyó la reserva.
De la diligencia se dejará constancia en un ata, en la cual se indicarán las personas que intervinieron, los hechos y las circunstancias que se verificaron en la diligencia.
ART. 27.—Remisión del expediente a oficinas centrales. Realizadas las actuaciones previstas en los artículos precedentes, la oficina de enlace territorial remitirá el expediente conformado para el procedimiento, a la subgerencia de ordenamiento social de la propiedad para que proyecte el acuerdo para presentar al consejo directivo para su análisis y decisión.
ART. 28.—Acuerdo de sustracción. La sustracción del régimen de reserva se efectuará mediante la expedición del respectivo acuerdo por parte del consejo directivo del Incoder, el cual será notificado personalmente a la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria y al beneficiario de la reserva. Para su validez se requiere la aprobación del Gobierno Nacional, en los términos previstos en el artículo décimo octavo de este reglamento. Tanto el acuerdo como la resolución ejecutiva que lo aprueba deben surtir el trámite establecido en los artículos décimo séptimo y décimo octavo de este reglamento, correspondientes a la notificación y el ejercicio de los recursos de la vía gubernativa.
ART. 29.—Publicidad. El acuerdo y la resolución ejecutiva mediante la cual se constituya una reserva especial sobre un terreno baldío o se sustraiga de dicho régimen serán publicados en la forma prevista por el artículo 95 del Decreto 2150 de 1995 y normas concordantes.
ART. 30.—Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Dado en Bogotá, D.C, a 3 de mayo de 2007.