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Timestamp: 2020-01-20 20:09:49
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 6', 'artículo 6', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 6', 'artículo 28', 'artículo 6', 'artículo 28', 'artículo 95', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 28', 'artículo 28', 'Artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 95', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 6', 'artículo 95', 'artículo 148', 'artículo 95', 'artículo 28', 'artículo 152', 'artículo 142', 'artículo 6']

﻿ SENTENCIA C-831 DE AGOSTO 8 DE 2001
SENTENCIA C-831 DE 08 DE AGOSTO DE 2001
CONTENIDO:VALIDEZ JURÍDICA DE LOS MENSAJES DE DATOS. LA REGULACIÓN DE LA LEY 527 NO SE LIMITA A LAS OPERACIONES COMERCIALES. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 527 DE 1999, POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINE Y REGLAMENTA EL ACCESO Y USO DE LOS MENSAJES DE DATOS, DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y DE LAS FIRMAS DIGITALES, Y SE ESTABLECEN LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ORGANISMOS COMERCIALES, SOCIEDAD, FIRMA DIGITAL, FIRMA POR MEDIOS MECÁNICOS
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:358 DE OCTUBRE DE 2001, PÁG.1953
Sentencia C-831 de agosto 8 de 2001
VALIDEZ JURÍDICA DE LOS MENSAJES DE DATOS
LA REGULACIÓN DE LA LEY 527 NO SE LIMITA A LAS OPERACIONES COMERCIALES
SENTENCIA NÚMERO C-831 DE 2001
Ref.: Expediente D-3371
Actor: Daniel Peña Valenzuela.
Bogotá, D.C., ocho de agosto del año dos mil uno.
A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 43.673, del 21 de agosto de 1999, y se resalta lo demandado:
Para el demandante el artículo 6º de la Ley 527 de 1999 viola los artículos 28 y 152 de la Carta por cuanto al establecer que cuando cualquier norma exija que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos si la información es accesible para su posterior consulta, se entendería que el requisito exigido en el artículo 28 de la Constitución; relacionado con mandamiento escrito para proceder a un arresto o allanamiento estaría satisfecho con un mensaje de datos en los términos del artículo atacado.
Según el actor, tratándose en este caso de la regulación de un derecho fundamental consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política —la libertad personal—, la norma ha debido ser objeto de ley estatutaria y no de una simple ley ordinaria como sucede con la Ley 527 de 1999.
Para los apoderados del Ministerio de Justicia y de Desarrollo Económico el campo de aplicación de la Ley 527 de 1999 se restringe al comercio electrónico de bienes y servicios, por lo que el artículo 6º acusado debe ser entendido desde esta perspectiva y no la del actor, pues no existe conexión temática con el derecho fundamental a la libertad, ni mucho menos con el mandamiento escrito para afectarlo. Para el representante del Ministerio de Desarrollo además la Corte no podría entrar en el examen del cargo sobre supuesta violación de la reserva de ley estatutaria en relación con el artículo 28 constitucional pues sobre este aspecto ya se habría pronunciado esta corporación en la Sentencia C-662 de 2000.
Al respecto la Corte constata que dentro de los cargos planteados por el demandante en el proceso que culminó con la Sentencia C-622 de 2000 figuraba el supuesto desconocimiento de los artículos 152 y 153 superiores, al haberse modificado el Código de Procedimiento Civil por la vía de una ley ordinaria, cuando según el actor, ha debido hacerse por ley estatutaria, a lo que esta corporación respondió que no asistía razón al demandante teniendo en cuenta el carácter restrictivo de la interpretación que se debe dar a los asuntos sometidos a reserva de ley estatutaria y que claramente los artículos que el actor consideraba como violatorios de dicha reserva (L. 527/99, arts. 9º a 15 y 28) no infringían la Constitución por este concepto.
Es decir, que la materia y las normas sobre las que se pronunció la Corte en la referida sentencia son diferentes de las que ahora se proponen y que aluden a la supuesta violación por el artículo 6º de la Ley 527 de 1999 de la reserva de ley estatutaria, que en concepto del actor existiría en relación con la supuesta regulación hecha por la norma atacada del artículo 28 superior que consagra el derecho fundamental a la libertad.
Como tuvo oportunidad de señalarlo ya esta corporación en la sentencia a que se hizo referencia en el acápite anterior, los avances tecnológicos en materia de intercambio electrónico de datos requieren la adecuación de los regímenes jurídicos para ponerlos en concordancia con las transformaciones que aquéllos han provocado en la organización social, económica y empresarial, a nivel mundial (2) .
(2) Sentencia C-662 de 2000.
“2.3. La ley modelo sobre comercio electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas para el desarrollo del derecho mercantil internacional, CNUDMI (3) .
(3) Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil Internacional; en inglés Uncitral.
La Asamblea General de la ONU; mediante Resolución 51/162 de 1996 aprobó la ley modelo sobre comercio electrónico elaborada por la CNUDMI y recomendó su incorporación a los ordenamientos internos como un instrumento útil para agilizar las relaciones jurídicas entre particulares.
El régimen legal modelo formulado por la Comisión de Naciones Unidas para el desarrollo del derecho mercantil internacional, CNUDMl, busca ofrecer:
al legislador nacional un conjunto de reglas aceptables en el ámbito internacional que le permitieran eliminar algunos de esos obstáculos jurídicos con miras a crear un marco jurídico que permitiera un desarrollo más seguro de las vías electrónicas de negociación designadas por el nombre de comercio electrónico”.
La ley modelo tiene la finalidad de servir de referencia a los países en la evaluación y modernización de ciertos aspectos de sus leyes y prácticas en las comunicaciones con medios computarizados y otras técnicas modernas y en la promulgación de la legislación pertinente cuando no exista legislación de este tipo (4) ... ” .
(4) Exposición de motivos, Supra.
Según se hizo constar en la propia exposición de motivos, el proyecto colombiano se basó en la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el desarrollo del derecho mercantil internacional, CNUDMl, sobre comercio electrónico.
Así, pues, gracias a la Ley 527 de 1999 Colombia se pone a tono con las modernas tendencias del derecho internacional privado, una de cuyas principales manifestaciones ha sido la adopción de legislaciones que llenen los vacíos normativos que dificultan el uso de los medios de comunicación modernos, pues, ciertamente la falta de un régimen específico que avale y regule el intercambio electrónico de informaciones (5) y otros medios conexos de comunicación de datos, origina incertidumbre y dudas sobre la validez jurídica de la información cuyo soporte es informático, a diferencia del soporte documental que es el tradicional.
(5) Llamado por sus siglas en inglés “EDI”.
Del texto de la ley y para los efectos de este fallo, resulta pertinente destacar cuatro temas:
— Mensajes electrónicos de datos y comercio electrónico; — las firmas digitales; — las entidades de certificación y, —la admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Dado su carácter eminentemente técnico, con apartes de la exposición de motivos, se ilustra cada uno de estos temas:
“Mensaje de datos: la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax” (art. 2º, lit. b).
— Equivalentes funcionales
“… un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido vinculado a la clave criptográfica privada del iniciado, permite determinar que este valor numérico se ha obtenido exclusivamente con la clave criptográfica privada del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación“ (art. 2º, lit. h).
La naturaleza de la función 0de las entidades de certificación se considera como la prestación de un servicio público, para lo cual vale la pena detenerse un momento.
El proyecto de ley establece que los mensajes de datos se deben considerar como medios de prueba, equiparando los mensajes de datos a los otros medios de prueba originalmente escritos en papel. Veamos.
Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Al valorar la fuerza probatoria de un mensaje de datos se habrá de tener presente la confiabilidad de la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad de la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente (art. 11)””.
En consecuencia, contrariamente a lo señalado por los intervinientes representantes de los ministerios de Justicia y de Desarrollo, ha de entenderse que la Ley 527 de 1999 no se restringe a las operaciones comerciales sino que hace referencia en forma genérica al acceso y uso de los mensajes de datos, lo que obliga a una comprensión sistemática de sus disposiciones con el conjunto de normas que se refieren a este tema dentro de nuestro ordenamiento jurídico y en particular con las disposiciones que como el artículo 95 de la ley estatutaria de administración de justicia se han ocupado de esta materia (6) . Dicha disposición señaló en efecto que los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones y que los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales. Es decir que bajo el presupuesto del cumplimiento de los requisitos aludidos un mensaje de datos goza de validez y eficacia.
(6) “ART. 95.—Tecnología al servicio de la administración de justicia. El Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información.
Los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales. Los procesos que se tramiten con soporte informático, garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce así como la confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley. (negrilla fuera de texto).
“16. Así pues, la ley modelo sigue un nuevo criterio denominado a veces “criterio del equivalente funcional”, basado en un análisis de los objetivos y funciones del requisito tradicional de la presentación de un escrito consignado sobre papel con miras a determinar la manera de satisfacer sus objetivos y funciones con técnicas del llamado comercio electrónico. Por ejemplo, ese documento de papel cumple funciones como las siguientes: proporcionar un documento legible para todos; asegurar la inalterabilidad de un documento a lo largo del tiempo; permitir la reproducción de un documento a fin de que cada una de las partes disponga de un ejemplar del mismo escrito; permitir la autenticación de los datos consignados suscribiéndolos con una firma; y proporcionar una forma aceptable para la presentación de un escrito ante las autoridades públicas y los tribunales. Cabe señalar que, respecto de todas esas funciones, la documentación consignada por medios electrónicos puede ofrecer un grado de seguridad equivalente al del papel y, en la mayoría de los casos, mucha mayor fiabilidad y rapidez, especialmente respecto de la determinación del origen y del contenido de los datos, con tal que se observen ciertos requisitos técnicos y jurídicos. Ahora bien, la adopción de este criterio del equivalente funcional no debe dar lugar a que se impongan normas de seguridad más estrictas a los usuarios del comercio electrónico (con el consiguiente costo) que las aplicables a la documentación consignada sobre papel.
17. Un mensaje de datos no es, de por sí, el equivalente de un documento de papel, ya que es de naturaleza distinta y no cumple necesariamente todas las funciones imaginables de un documento de papel. Por ello se adoptó en la ley modelo un criterio flexible que tuviera en cuenta la graduación actual de los requisitos aplicables a la documentación consignada sobre papel: al adoptar el criterio del “equivalente funcional”, se prestó atención a esa jerarquía actual de los requisitos de forma, que sirven para dotar a los documentos de papel del grado de fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad que mejor convenga a la función que les haya sido atribuida. Por ejemplo, el requisito de que los datos se presentan por escrito (que suele constituir un “requisito mínimo”) no debe ser confundido con otros requisitos más estrictos como el de “escrito firmado”, “original firmado” o “acto jurídico autenticado”.
18. La ley modelo no pretende definir un equivalente informático para todo tipo de documentos de papel, sino que trata de determinar la función básica de cada uno de los requisitos de forma de la documentación sobre papel con miras a determinar los criterios que, de ser cumplidos por un mensaje de datos, permitirían la atribución a ese mensaje de un reconocimiento legal equivalente al de un documento de papel que haya de desempeñar idéntica función. Cabe señalar que en los artículos 6º a 8º de la ley modelo se ha seguido el criterio del equivalente funcional respecto de las nociones de “escrito“, “firma” y “original”, pero no respecto de otras nociones jurídicas que en esa ley se regulan. Por ejemplo, no se ha intentado establecer un equivalente funcional en el artículo 10 de los requisitos actualmente aplicables al archivo de datos”.
A partir de estos antecedentes y precisiones, procede la Corte a examinar los cargos concretos planteados por el demandante contra el artículo 6º de la Ley 527 de 1999.
5.1. La relación de la norma atacada con el artículo 28 constitucional.
Para la Corte resulta claro, sin embargo. que la disposición atacada no tiene como objeto el desarrollo del artículo 28 constitucional, el cual sirve de fundamento a las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Penal (7) .
(7) Artículos 3º, 294 y 350 del Código de Procedimiento Penal.
La Ley 527 y el artículo atacado en particular aluden simplemente a la posibilidad de reconocer como equivalentes a un escrito los mensajes de datos entendidos como “la información generada, enviada, recibida, almacenada, comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax” (8) .
(8) Artículo 2º, literal a) de la Ley 527 de 1999.
Ahora bien, tomando en cuenta la equivalencia funcional a que se refiere la norma atacada, puede válidamente entenderse que la mención que se hace del escrito en el artículo 28 constitucional y que se reproduce en los artículos 294 y 350 del Código de Procedimiento Penal (9) , se puede llegar a cumplir con el mensaje de datos a que se refiere el artículo atacado, es decir que se puede entender que la norma regula un aspecto —la equivalencia al escrito de un mensaje de datos— que de manera indirecta puede tener incidencia en el cumplimiento de uno de los requisitos señalados en la Constitución y en la ley para proceder a un arresto o a un allanamiento.
(9) ART. 294.—Allanamiento, procedencia y requisitos. Cuando hubiere serios motivos para presumir que en un bien inmueble, nave o aeronave se encuentre alguna persona contra quien obra orden de captura, o las armas, instrumentos o efectos con los que se haya cometido la infracción o que provengan de su ejecución, el funcionario judicial ordenará en providencia motivada el allanamiento y registro.
Proferida la orden de captura, el funcionario judicial enviará copia a la dirección de fiscalía correspondiente y a los organismos de policía judicial para que se registren y almacenen los datos. A su vez. la dirección de fiscalía respectiva informará al sistema central que lleve la Fiscalía General de la Nación.
Esta circunstancia sin embargo no resulta violatoria de la Constitución porque (i) la exigencia del escrito no es el único requisito necesario para proceder a privar de la libertad a una persona o a registrar su domicilio; (ii) de acuerdo con una comprensión sistemática de la disposición atacada con el artículo 95 de la ley estatutaria de la administración de justicia la simple accesibilidad del documento para su posterior consulta no es el único requisito para reconocer validez jurídica al mensaje de datos dentro de una actuación judicial; (iii) no todas las materias que de manera directa, o indirecta como sucede en este caso, se refieran a un derecho fundamental deben ser objeto de ley estatutaria.
5.2. El carácter escrito del mandamiento judicial es apenas uno de los requisitos señalados en el artículo 28 de la Constitución y su cumplimiento no necesariamente debe estar circunscrito a la existencia de un documento de papel.
El artículo 28 de la Constitución consagra que “toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”. Entonces para proceder a privar de la libertad a una persona o para allanar su domicilio no sólo es necesario un mandamiento escrito, sino que éste debe emanar de una autoridad competente, haber sido dictado por motivos previamente definidos en la ley, además de requerir el cumplimiento de las formalidades legales que haya establecido la ley y en particular para este caso, el Código de Procedimiento Penal y las demás disposiciones aplicables.
Es decir, que la norma atacada sólo de manera indirecta podría llegar a tener una incidencia en la regulación de uno de los requisitos a los que se refiere la norma superior que consagra el derecho fundamental a la libertad personal. No es pues el regulado en el artículo 6º atacado, como lo alega el demandante, un aspecto esencial que desarrolle de manera directa el texto constitucional pues la disposición se limita a establecer una equivalencia funcional entre el escrito tradicional y el mensaje de datos, debiendo en todo caso entenderse su contenido en concordancia con las demás disposiciones de la Ley 527 de 1999, y de ser el caso, con el artículo 95 de la ley estatutaria de la administración de justicia a que ya se hizo referencia, norma que en materia penal debe igualmente concordarse con el artículo 148 del Código de Procedimiento Penal que dispone:
“ART. 148.—Utilización de medios técnicos. En la actuación se podrán utilizar los medios mecánicos, electrónicos y técnicos que la ciencia ofrezca y que no atenten contra la dignidad humana y las garantías constitucionales.
Cuando las diligencias sean recogidas y conservadas en sistemas de audio y/o video se levantará un acta en que conste fecha y hora de la misma, será suscrita por quienes tomaron parte en ella. El contenido se llevará por escrito cuando sea estrictamente necesario”.
5.3. Los requisitos exigidos en relación con el reconocimiento de validez de un mensaje de datos y los presupuestos necesarios para una actuación judicial.
Ahora bien, como lo dispone el artículo 95 de la Ley 270 de 1996, las autoridades judiciales podrán utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones, y los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales. De igual forma, establece dicha norma que en los procesos que se tramiten con soporte informático se garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce así como la confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley.
Es decir siempre que puedan garantizarse la fiabilidad sobre el origen del mensaje, la integridad del mismo, la identificación de la función jurisdiccional además del cumplimiento de los demás requisitos exigidos por las leyes procesales respectivas y en este caso las del Código de Procedimiento Penal, dirigidos a hacer efectivos el debido proceso y el derecho de defensa (C.P., art. 29).
5.4. La no exigibilidad de una ley estatutaria para regular materias que se relacionen de manera indirecta con un derecho fundamental y que hagan referencia a un aspecto meramente procedimental.
Siendo pues únicamente a partir de una lectura sistemática, tanto de la Ley 527 de 1999, como de la ley estatutaria de la administración de justicia, que la norma atacada encuentra una relación indirecta con uno de los requisitos exigidos por el artículo 28 constitucional, resulta evidente para la Corte que en el presente caso no existe posibilidad de violación del artículo 152 de Carta.
“En relación con los derechos fundamentales, el mandato constitucional del artículo 142 constitucional no es absoluto, pues no sólo las leyes estatutarias pueden regular derechos fundamentales. En efecto, la competencia legislativa ordinaria está directamente habilitada por la Carta para regular derechos fundamentales y si no se presentara tal evento, la mencionada competencia ordinaria se transformaría en exceptiva, ya que directa o indirectamente gran parte de las leyes tocan algún o algunos derechos fundamentales. En materia de derechos fundamentales debe efectuarse “una interpretación restrictiva de la reserva de ley estatutaria porque una interpretación extensiva convertiría la excepción —las leyes estatutarias basadas en mayorías cualificadas y procedimientos más rígidos— en regla, en detrimento del principio de mayoría simple que es el consagrado por la Constitución”. Esto significa que las leyes estatutarias están encargadas de regular únicamente los elementos estructurales esenciales de los derechos fundamentales y de los mecanismos para su protección, pero no tienen como objeto regular en detalle cada variante de manifestación de los mencionados derechos o todos aquellos aspectos que tengan que ver con su ejercicio, porque ello conduciría a una petrificación del ordenamiento jurídico” (10) .
(10) Sentencia C-226 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
En el mismo sentido esta corporación señaló que:
“Las leyes estatutarias sobre derechos fundamentales tienen por objeto desarrollarlos y complementarlos. Esto no supone que toda regulación en la cual se toquen aspectos relativos a un derecho fundamental deba hacerse por vía de ley estatutaria. Las leyes estatutarias no fueron concebidas con el fin de ocuparse detalladamente de asuntos que de una forma u otra se relacionen con un derecho fundamental, como puede ser el caso del divorcio o las nulidades matrimoniales, sino para regular el ejercicio y alcance de estos derechos, y sus garantías de manera general” (11) .
(11) Sentencia C-566 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Declarar EXEQUIBLE el artículo 6º de la Ley 527 de 1999 “por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones".
(Sentencia C-831 de agosto 8 de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis).