Source: https://legislacion.vlex.es/vid/ley-infancia-region-murcia-69909312
Timestamp: 2019-08-18 11:43:20
Document Index: 238421144

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'artículo 172', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'Artículo 26', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 31', 'artículo 173', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 34', 'ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 36', 'ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 38', 'artículo 17', 'ARTÍCULO 39', 'artículo 176', 'ARTÍCULO 40', 'ARTÍCULO 41', 'artículo 17', 'ARTÍCULO 42', 'ARTÍCULO 43', 'ARTÍCULO 44', 'ARTÍCULO 45', 'ARTÍCULO 46', 'ARTÍCULO 47', 'ARTÍCULO 48', 'ARTÍCULO 49', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 52', 'ARTÍCULO 54', 'ARTÍCULO 55', 'ARTÍCULO 56', 'ARTÍCULO 57']

Ley de la Infancia de la Región de Murcia (Ley 3/1995, de 21 de Marzo) - Normativa de Murcia - Legislación - VLEX 69909312
TITULO PRELIMINAR. Ambito de aplicación y principios - arts. 1 a 4
TITULO I. Derechos de la infancia - arts. 5 a 10
TITULO II. De la acción protectora
CAPITULO I. Disposiciones generales - arts. 11 a 17
CAPITULO II. Medidas de apoyo y de prevención - arts. 18 a 21
SECCIÓN PRIMERA. De la Tutela en Situación de Desemparo - arts. 22 a 25
SECCIÓN SEGUNDA. Tutela Ordinaria - art. 26
CAPITULO IV. Guarda - arts. 27 a 30
CAPITULO V. Acogimiento - arts. 31 a 38
CAPITULO VI. Propuesta de adopción y período preadoptivo - arts. 39 y 40
TITULO III. Gestión de las medidas de reforma - arts. 41 a 43
TITULO IV. Competencias - arts. 44 a 46
CAPITULO I. Infracciones - arts. 47 a 50
CAPITULO II. Sanciones - arts. 51 a 54
CAPITULO III. Procedimiento sancionador - arts. 55 a 57
Norma citada en: 14 sentencias, 35 artículos doctrinales, 17 disposiciones normativas, un tema práctico, 3 resoluciones administrativas
TITULO PRELIMINAR Ambito de aplicación y principios Artículos 1 a 4
El respeto de los derechos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución, los tratados y acuerdos internacionales suscritos por el Estado español, y cualquier otro reconocido en la normativa vigente.
El reconocimiento integral de su dimensión personal y social.
El mantenimiento del niño en su entorno familiar, siempre que no le sea perjudicial.
La responsabilidad pública. Se procurará promocionar el rápido acceso en la prestación de los recursos institucionales, fomentando la coordinación y actuación conjunta con las distintas administraciones públicas para obtener un óptimo aprovechamiento de los mismos.
Fomento de la solidaridad y de la sensibilidad social ante los problemas que afectan a la infancia.
La prevención de la marginación y la explotación infantil.
La prevención y protección ante los malos tratos físicos y psíquicos.
La remoción de todo tipo de obstáculos que impidan la formación integral del menor.
Los recogidos en la legislación de servicios sociales.
TITULO I Derechos de la infancia Artículos 5 a 10
ARTÍCULO 5 Derechos en general.
La protección de la infancia se llevará a cabo con pleno respeto a sus derechos constitucionales y a los demás reconocidos en la normativa vigente.
No podrá existir ninguna discriminación o diferencia de trato que afecte al ejercicio de los derechos de los menores por cualquier circunstancia referida a los mismos o a sus padres.
Los menores tendrán derecho a una adecuada atención por parte de sus padres, tutores o guardadores en el ejercicio de sus facultades y deberes.
Los niños tendrán derecho a conocer su biografía personal mediante el ejercicio de las acciones de filiación. No obstante, la Ley garantizará el secreto de los expedientes que conducen al establecimiento de una filiación adoptiva.
Las necesidades del menor deben ser satisfechas, siempre que sea posible, en su ámbito familiar, teniendo presente, al mismo tiempo, todos los aspectos de su bienestar.
Todo niño tiene que ser protegido contra cualquier forma de violencia, crueldad, explotación y manipulación, e igualmente contra la explotación y el abuso sexual, incluyendo la prostitución y las prácticas pornográficas.
Tiene que ser protegido igualmente contra toda forma de explotación laboral y manipulación, especialimente de la práctica de la mendicidad.
Los menores serán informados acerca de su situación, de las medidas que vayan a ser tomadas en relación con ellos, de la duración de éstas y de los derechos que les correspondan con arreglo a la legislación vigente. Los padres o representantes legales tendrán derecho a recibir la misma información, salvo la sometida a la conveniente reserva.
Se garantizará a los menores sometidos a las medidas de protección a que se refiere la presente Ley, el ejercicio del derecho a la educación adaptada a sus necesidades y características, y a la prestación de los servicios sanitarios y sociales adecuados para su desarrollo integral.
Los menores tendrán derecho a expresar su opinión en los asuntos que les afecten.
Derecho a la confidencialidad de sus datos personales y de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones públicas y privadas.
ARTÍCULO 6 De la infancia.
El conocimiento y fomento de los recursos destinados a la atención de la infancia.
La sensibilización de la infancia en los valores democráticos.
La creación de lugares de esparcimiento y encuentro.
El desarrollo cultural de la infancia.
El ajuste de los recursos y núcleos de convivencia a la individualidad y formación del niño y su grupo cercano.
La creación de condiciones ambientales que propicien el rechazo de la violencia en todas sus expresiones.
ARTÍCULO 7 Derecho a la identidad.
Todo niño deberá ser registrado desde su nacimiento y tendrá derecho a un nombre y a una nacionalidad.
Las maternidades públicas y privadas de la Región de Murcia dispondrán de contrastados sistemas de identificación de los recién nacidos y sus padres biológicos, al objeto de preservar el derecho infantil a la identidad y evitar, por consiguiente, su intercambio y su tráfico ilícito.
ARTÍCULO 8 Derecho a la intimidad y a la propia imagen.
Los menores tienen derecho a una vida privada, familiar y social, y no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honor o a su imagen.
Se prohíbe la difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los niños en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a su interés. Esta prohibición se mantendrá aunque el menor diese su consentimiento, si perjudica tal interés.
ARTÍCULO 9 En materia de atención integral de salud.
Todo menor tiene derecho al mejor nivel de salud posible y a la prevención del riesgo sociosanitario.
Todo niño tiene derecho a la asistencia médica y a la atención sanitaria que precise. El menor tendrá derecho a ser tratado con afecto, tacto, educación y comprensión y a que se respete su intimidad.
Los padres o personas que los sustituyan tendrán derecho a recibir todas las informaciones relativas a la enfermedad y al bienestar del niño, siempre y cuando el derecho fundamental de éste, en función de su edad, estado afectivo, desarrollo mental, y respeto a su intimidad, no se vean afectados por ello.
Se procurará que los equipos de Atención Primaria que existan en la Región pongan en marcha el Programa de Atención al Niño, tal como viene establecido en los objetivos del Plan Regional de Salud.
La hospitalización de menores en la Región de Murcia se realizará con respeto a la Carta Europea de los Niños Hospitalizados, garantizando, en todo caso, la posibilidad de la presencia de un acompañante durante el tiempo completo que dure la hospitalización.
Todo niño debe ser protegido contra el uso y el tráfico de estupefacientes y de psicotropos. A tal fin se promocionarán programas de prevención sobre los riesgos del consumo de drogas legales (alcohol, tabaco, etcétera), e ilegales, en términos asequibles a su comprensión y sensibilidad.
El menor que por su situación de drogadicción precise internamiento hospitalario, será admitido sin ninguna restricción en cualquiera de los centros hospitalarios que la Comunidad Autónoma tenga habilitados a tal fin, o en cualquier otro de titularidad pública, con unidades o servicios específicos de atención a las propias drogodependencias y a sus complicaciones.
El menor drogodependiente tendrá derecho a tratamientos gratuitos de deshabituación en centros y unidades asistenciales de drogodependencias que cumplan los requisitos mínimos reglamentariamente establecidos en nuestra Región.
ARTÍCULO 10 En materia de educación.
Todo niño tiene derecho a una educación, conforme a lo establecido en la Constitución y en la normativa vigente, y a recibir una formación integral.
La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia colaborará con las administraciones locales y educativas en la adopción de medidas para fomentar la asistencia regular a la escuela y evitar las causas que producen el absentismo y el abandono precoz de la misma.
La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, colaborará con las Administraciones educativas para garantizar una educación no sexista.
TITULO II De la acción protectora Artículos 11 a 40
CAPITULO I Disposiciones generales Artículos 11 a 17
ARTÍCULO 11 Finalidad.
La acción protectora de los menores, de acuerdo con el sistema público de servicios sociales, comprenderá todas aquellas actuaciones encaminadas a prevenir o erradicar situaciones de riesgo o desamparo de la infancia.
La adopción de las medidas o su propuesta corresponde a los órganos administrativos competentes, sin perjuicio de las facultades atribuidas por la legislación vigente al Ministerio Fiscal y a las autoridades judiciales.
ARTÍCULO 12 Medidas de apoyo y protección.
Las medidas a adoptar, siempre con informe previo de los equipos técnicos competentes y teniendo en cuenta el interés del menor, podrán aplicarse a través de:
Primero.-El apoyo a la familia del niño, mediante ayudas de tipo psicosocial, de índole personal o económica, de la Administración.
Segundo.-La acogida del menor en su propia familia extensa, o por una persona o familia que pueda sustituir, provisionalmente, a su núcleo familiar.
Tercero.-La acogida residencial en un centro público o colaborador.
Cuarto.-La acogida familiar con fines adoptivos.
Quinto.-Cualquier otra medida aconsejable de carácter asistencial, educativo o terapéutico, en atención a las circunstancias del menor.
Se procurará, siempre que sea posible, aplicar medidas que no comporten la separación del niño de su hogar y de su entorno familiar. Si fuera necesaria la separación transitoria, ésta no impedirá los derechos de visita y comunicación con la familia natural, siempre que ello no afecte al interés del menor.
Se adoptarán aquellas medidas o acciones que una vez cesada la situación de desamparo procuren la integración social del niño, así como las necesarias para la reinserción social de aquellos menores que hubieran sido objeto de medidas judiciales de reforma.
ARTÍCULO 13 Obligaciones de los ciudadanos.
ARTÍCULO 14 Atención en situaciones de emergencia.
ARTÍCULO 15 Garantía del procedimiento.
La adopción por parte de la Comunidad Autónoma de cualesquiera de las medidas de protección establecidas en esta Ley, sin perjuicio de lo previsto para la declaración de la situación de desamparo, requerirá la instrucción de un procedimiento donde se garantizará que todas las actuaciones necesarias se practiquen con la conveniente reserva.
En la adopción de cualquier medida deberá ser oído el menor, de acuerdo con su desarrollo evolutivo.
La resolución motivada por la que se acuerden las medidas de protección, que pone fin a la vía administrativa, será notificada inmediatamente a los padres, tutor, guardador o a los familiares que últimamente hayan convivido con el menor, quienes podrán impugnar ante la autoridad competente la medida adoptada, sin perjuicio de la eficacia inmediata de ésta.
Si procede, el organismo competente solicitará de la autoridad judicial la privación de la patria potestad o la remoción de la tutela, aparte de ejercer las acciones correspondientes.
ARTÍCULO 16 Asistencia para la ejecución de las medidas de protección.
ARTÍCULO 17 Cese de las medidas.
Acuerdo del organismo competente, cuando hayan desaparecido las circunstancias que dieron lugar a la adopción de la medida.
CAPITULO II Medidas de apoyo y de prevención Artículos 18 a 21
ARTÍCULO 19 Medidas específicas.
Serán medidas específicas de apovo a la familia o a las personas bajo cuya responsabilidad se encuentre el menor:
Las ayudas técnico-educativas.
Reglamentariamente se determinará el régimen de prestación de las mismas.
ARTÍCULO 20 Campañas de información y servicios de diagnóstico y tratamiento especializado.
Las administraciones públicas de la Región de Murcia promoverán, en el ámbito de sus competencias, la creación y desarrollo de campañas de información y servicios de diagnóstico y tratamiento especializado.
Las campañas de información serán organizadas con el fin de prevenir situaciones de riesgo, desamparo, inadaptación y/o vulneración de los derechos del niño para sensibilizar a la población en general y a las propias familias, en particular, ante dichas situaciones.
Los servicios de diagnóstico y tratamiento que tengan alto contenido técnico y profesional en el ámbito asistencial, educativo o sanitario, serán prestados, respectivamente, por los correspondientes servicios especializados dispuestos a tal fin.
ARTÍCULO 21 Promoción de programas.
Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de lograr el mayor nivel de bienestar de los menores, desarrollarán los siguientes programas:
Prevención, detección y seguimiento del absentismo escolar. La intervención sobre el absentismo escolar procurará la ayuda socioeducativa o material al niño y a su familia, a fin de evitar su desescolarización y lograr la asistencia continuada a la escuela.
Promoción de la salud infantil. Mediante la promoción de la salud infantil se pretende alcanzar las más elevadas cotas de bienestar físico, mental y social, incidiendo en la prevención de enfermedades y la adquisición de hábitos y comportamientos saludables, y en el fomento de un medio ambiente sano y seguro.
Formación e inserción prelaboral. La inserción prelaboral pretende apoyar la integración social del menor a través de la formación educativa y prelaboral y un nivel normalizado de competencia social.
Prevención de malos tratos y explotación infantil. Para la prevención de los malos tratos se adoptarán aquellas medidas orientadas a evitar cualquier conducta, activa o pasiva y sus consecuencias, realizada por individuos o instituciones o por la sociedad en su conjunto, que prive a los menores de sus derechos o les provoque algún tipo de violencia física o psíquica. Se prestará una especial atención a la imagen del menor en los medios de comunicación social y al uso que se haga de ella, al consumo de productos nocivos para su salud y a las situaciones de explotación del niño, promoviéndose las actuaciones informativas y preventivas que sean convenientes.
Caminar hacia una sociedad más tolerante. Se llevarán a cabo programas específicos contra el uso de la violencia en el medio infantil y juvenil, así como para combatir las actitudes racistas y sexistas que se dan en la sociedad, con la finalidad de contribuir a que ésta sea cada vez más tolerante e igualitaria.
Se promocionarán programas a fin de sensibilizar a los medios de comunicación social en el respeto al derecho a la intimidad del niño.
CAPITULO III Tutela Artículos 22 a 26
SECCIÓN PRIMERA De la Tutela en Situación de Desemparo Artículos 22 a 25
ARTÍCULO 22 De la situación de desamparo.
En los términos del artículo 172.1 del Código Civil se considera que el menor está desamparado, entre otras situaciones, en las siguientes:
Cuando faltan las personas a las que por ley corresponde ejercer las funciones de guarda, o cuando estas personas están imposibilitadas para ejercerlas o en situación de ejercerlas con grave peligro para el niño.
Cuando se aprecie cualquier forma de incumplimiento o de ejercicio inadecuado de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores o falten a éstos los elementos básicos para el desarrollo integral de su personalidad.
Cuando el menor sea objeto de malos tratos físicos o psíquicos, de abusos sexuales, de explotación, mendicidad o cualquier otra situación de naturaleza análoga.
Se considera situación de riesgo aquella en la que por sus circunstancias personales o por influencias de su entomo o extrañas, exijan la adopción de medidas de prevención y rehabilitación para evitar situaciones de desamparo o de inadaptación.
A estos efectos, toda persona, y en especial quien por razón de su profesión o cargo tenga conocimiento de la posible situación de desamparo de un menor, lo pondrá en conocimiento de la autoridad judicial o del organismo competente, el cual garantizará la reserva absoluta y el anonimato del comunicante.
ARTÍCULO 23 Asunción de las funciones tutelares por la entidad pública.
La resolución que declare el desamparo por las causas determinadas en el artículo anterior, comporta la asunción por el organismo competente de la tutela por ministerio de la ley, mientras se proceda a la constitución de la tutela por las reglas ordinarias o el menor sea adoptado, sea reincorporado a quien tenga la patria potestad o la tutela del mismo, se emancipe o llegue a la mayoría o habilitación de edad.
ARTÍCULO 24 Procedimiento para la declaración de desamparo.
Reglamentariamente se arbitrará un procedimiento que habrá de finalizar mediante resolución motivada y en el que, en todo caso, será oído el menor y se garantizará el derecho de audiencia de los padres, tutores o guardadores de los menores, así como el de ser informados del contenido de la resolución que recaiga en el mismo y de los recursos que procedan. Dicha resolución será comunicada, asimismo, al Ministerio Fiscal.
En casos de urgencia con grave situación de riesgo para el menor, el organismo competente, de modo inmediato, por resolución, declarará la situación de desamparo y asumirá la tutela, estableciendo, además, cuantas medidas sean necesarias para asegurar su asistencia. Una vez adoptadas las medidas provisionales que la urgencia y gravedad del caso aconsejen, el procedimiento continuará sustanciándose, de conformidad con lo establecido en el apartado anterior.
La resolución que declare el desamparo determinará de manera cautelar la medida de protección que sea más adecuada a los intereses del niño.
Dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida ante la autoridad judicial competente, de conformidad con las normas reguladoras de la jurisdicción civil.
ARTÍCULO 25 Intervención extraordinaria.
SECCIÓN SEGUNDA Tutela Ordinaria Artículo 26
ARTÍCULO 26 Promoción de la tutela ordinaria.
La tutela ordinaria habrá de ser promovida por el organismo competente en aquellos casos en que existan personas que, por sus relaciones con el niño o por otras circunstancias, puedan asumirla en beneficio de éste.
La promoción de la tutela ordinaria se llevará especialmente a cabo en aquellos casos en los que el menor se halle próximo a la mayoría de edad o emancipación.
Las actuaciones que se lleven a cabo al amparo de las previsiones contenidas en la presente sección se entenderán a salvo de lo que decida la autoridad judicial, en el ejercicio de sus competencias.
CAPITULO IV Guarda Artículos 27 a 30
ARTÍCULO 27 Guarda voluntaria.
Cuando quienes tengan potestad sobre el menor soliciten su atención por parte de la Administración regional, justificando no poder atenderlo por razones de enfermedad u otras circunstancias graves, el órgano competente asumirá la guarda durante el tiempo necesario.
La entrega del niño en guarda se hará constar por escrito, dejando constancia de que los padres o tutores han sido informados de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del niño, así como de la forma en que dicha guarda va a ejercerse por la Administración.
Cualquier variación posterior de la forma de ejercicio será fundamentada y comunicada a los padres o tutores y al Ministerio Fiscal.
ARTÍCULO 28 Ejercicio de la guarda.
ARTÍCULO 29 De la acogida residencial del niño.
La Administración regional dispondrá la acogida residencial del niño cuando el resto de las medidas de protección resulten imposibles, inadecuadas o insuficientes.
En los centros destinados a este fin se garantizará al menor el completo desarrollo de su personalidad. Para ello se evitará la masificación, fijándose por el organismo competente el número máximo de internos en cada centro.
Dichos centros se relacionarán con su entomo, procurando la utilización por los menores de los equipamientos y servicios públicos.
El ingreso de un niño en un centro propio o colaborador se comunicará inmediatamente, con expresión de las circunstancias que lo motiven, a los titulares de la patria potestad, tutela o guarda y al Ministerio Fiscal.
La acogida residencial de los menores sometidos a protección con graves deficiencias físicas o psíquicas, tendrá lugar en centros específicos de la Comunidad Autónoma o concertados con ésta. La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia cuidará del respeto a los derechos de los niños en dichos centros y del adecuado nivel de sus prestaciones asistenciales.
El ingreso de un menor en un centro de acogida deberá realizarse, preferentemente, en el medio más próximo a su entomo familiar y social, procurando que su relación con el exterior no sufra alteraciones, facilitando al máximo las actividades fuera del centro y las visitas familiares, excepto cuando medie resolución judicial en sentido contrario.
La situación de guarda se extingue por la desaparición de las causas que la motivaron o por la constitución de la tutela.
Al finalizar la guarda, el guardador rendirá cuentas al juez de su gestión, la cual se limitará a la guarda de la persona y la conservación de los bienes.
CAPITULO V Acogimiento Artículos 31 a 38
ARTÍCULO 31 Finalidad.
El acogimiento tiene como finalidad la adaptación a la vida en familia de menores, de manera transitoria, bien para su reinserción en su familia de origen, bien como paso previo a su posible adopción y siempre con los efectos que expresamente se señalan en el artículo 173.1 del Código Civil.
ARTÍCULO 32 Selección de acogedores.
Para la selección de las personas o familias de acogida existirá un registro de personas o familias dispuestas al acogimiento de menores.
Reglamentariamente se determinarán los requisitos y circunstancias que deban reunir las familias o personas de acogida.
Los datos que figuren en el Registro General de Adopciones y Acogimientos Preadoptivos tendrán carácter reservado, incurriendo en responsabilidad los funcionarios que, por razón de su cargo, los revelen e hicieren uso indebido de los mismos.
Todas las solicitudes de adopción serán objeto de valoración y diagnóstico psicosocial por parte de la Administración Regional, a efectos de estudio y determinación de la idoneidad de los solicitantes, recabando la necesaria información de los técnicos de los Servicios Sociales de las distintas administraciones.
ARTÍCULO 33 Formalización.
El acogimiento se formalizará por escrito en documento privado normalizado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 173 del Código Civil, remitiéndose copia de dicho documento al Ministerio Fiscal.
Cuando los padres o tutor del menor se opongan al acogimiento o no comparezcan a prestar su consentimiento, la entidad pública tramitará propuesta motivada al juez, a fin de que éste, en interés del niño, acuerde lo que proceda.
En el supuesto previsto en el número anterior, y en tanto no se dicte resolución judicial, con el fin de evitar el internamiento o la permanencia prolongada del menor en un centro, la entidad pública podrá, en ejercicio de la tutela, confiar la guarda del niño a una persona o personas que lo reciban en su familia, siempre bajo la vigilancia de la entidad pública y de conformidad con lo previsto en el capítulo IV de este título.
ARTÍCULO 34 Reserva en las actuaciones.
Con la finalidad de no perjudicar la futura adopción en los casos en que ésta se prevea como viable y conforme se establece en los artículos 1.826, párrafo 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 173.4 del Código Civil, el organismo competente cuidará que la relación entre el niño y sus progenitores o familiares naturales se efectúe sin contacto o conocimiento entre éstos y la familia de acogida.
ARTÍCULO 35 Del acogimiento con fines adoptivos.
Se puede aplicar la medida de acogida como paso previo para la adopción:
Si el menor presenta signos de malos tratos físicos o psíquicos, de abusos sexuales, de explotación u otros de naturaleza análoga, o si por cualesquiera motivos los padres o los tutores están sometidos a una causa de privación de la patria potestad y se prevé que esta situación pueda ser permanente.
Si los padres o tutores están imposibilitados para ejercer su potestad y se prevé que esta situación pueda ser permanente.
Si los padres o tutores lo solicitan al organismo competente y hacen abandono de los derechos y los deberes inherentes a su condición.
Si el menor no tiene familia.
Si lo determina la autoridad judicial.
En los casos determinados en el apartado 1 se suspenderán las visitas y las relaciones con la familia biológica, a fin de conseguir la mejor integración en la familia acogedora, si conviene al interés del menor.
ARTÍCULO 36 Constitución del acogimiento con fines adoptivos.
El organismo competente acordará el acogimiento con fines adoptivos, con el consentimiento de los padres o los tutores que no estén privados de la patria potestad o removidos del cargo tutelar y habiendo oído al menor de doce años, si tiene suficiente conocimiento y es posible. Si el menor tiene más de doce años, la acogida requiere su consentimiento. Si no se ha podido conocer el domicilio o paradero de los padres o tutores, o si habiendo sido citados no comparecen en el plazo de treinta días, o disienten, sólo el juez, en interés del menor, puede acordar la acogida preadoptiva.
Los acogedores serán elegidos con criterios de idoneidad, fijados por reglamento, y que tendrán en cuenta la edad, la aptitud educadora, la situación familiar y otras circunstancias que mejor se ajusten al interés del menor.
Los acogedores manifestarán su consentimiento por escrito ante el mismo organismo competente.
ARTÍCULO 37 Obligaciones de los acogedores.
ARTÍCULO 38 Cese del acogimiento.
Además de por las causas previstas en el artículo 17, el acogimiento cesa por muerte, incapacidad o voluntad de la familia o persona acogedora, sin perjuicio de que, de manera inmediata, se proceda a una nueva acogida, simple o preadoptiva.
La acogida preadoptiva podrá cesar también por solicitud del menor, si tiene más de doce años, caso en el cual será preciso establecer la medida de protección que proceda en beneficio del menor.
CAPITULO VI Propuesta de adopción y período preadoptivo Artículos 39 y 40
ARTÍCULO 39 Formulación.
En los términos del artículo 176.2 del Código Civil, corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia formular la propuesta previa de adopción, de conformidad con el procedimiento que reglamentariamente se determine.
Las instituciones colaboradoras de integración familiar, cooperarán en ese procedimiento en los términos establecidos en esta Ley y de acuerdo con el contenido de su habilitación específica.
ARTÍCULO 40 Período preadoptivo.
Cuando la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del organismo competente, haya considerado como medida apropiada elevar la propuesta de adopción de un menor ante el Juez, y en tanto no se dicte resolución judicial, podrá encomendar su guarda provisional o acogimiento a la familia que, reuniendo los requisitos que reglamentariamente se determinen, haya sido seleccionada para adoptar a dicho menor, siempre que los futuros adoptantes hayan prestado su consentimiento a la adopción ante la entidad pública, y el niño o sus padres naturales se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
Cuando la filiación del menor no resulte determinada.
Cuando los progenitores hubieran manifestado su asentimiento ante la entidad pública.
Cuando estén privados de la patria potestad.
No obstante, cuando fuera necesario establecer un período de adaptación del menor, se estará a lo dispuesto en el capítulo anterior.
TITULO III Gestión de las medidas de reforma Artículos 41 a 43
ARTÍCULO 41 Finalidad.
La ejecución de las medidas reflejadas en el artículo 17 de la Ley Orgánica Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, deberá tener como objetivo fundamental la integración social de los niños a través de un tratamiento educativo.
ARTÍCULO 42 Ejercicio.
ARTÍCULO 43 Condiciones de los centros.
Los centros a través de los que se ejecuten las medidas de reforma deben presentar un proyecto en el que se recoja el tipo de centro, población a la que va dirigido, objetivos, metodología, sistema de evaluación y normativa de régimen interno.
Si el centro es de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, será ésta quien lleve a cabo, a través del organismo competente en materia de menores, la planificación, proyecto educativo, normativa, gestión, personal técnico y auxiliar y los recursos materiales necesarios.
Cuando el centro sea de entidad privada, mediante el consiguiente convenio con la Comunidad Autónoma, aquélla seguirá las normas y pautas marcadas por la entidad pública, que, a su vez, llevará un control y seguimiento de los menores.
TITULO IV Competencias Artículos 44 a 46
ARTÍCULO 44 Comunidad Autónoma.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es la entidad pública competente, en su ámbito territorial, para el ejercicio de las funciones de protección y tutela de menores a que se refiere la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y las establecidas en la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, así como para el ejercicio de las previstas en la presente Ley y de cualquier otra asumida por la Comunidad Autónoma en esta materia.
Dichas funciones se ejercerán a través del organismo que, de acuerdo con las normas derivadas de su organización, le corresponda la protección de la infancia.
ARTÍCULO 45 Entidades locales.
ARTÍCULO 46 Instituciones colaboradoras de integración familiar.
Podrán ser acreditadas por la Administración regional como instituciones colaboradoras de integración familiar los organismos de las entidades locales y las fundaciones, las asociaciones u otras entidades no lucrativas, legalmente constituidas, en cuyos estatutos o reglas figure como finalidad la protección de menores, siempre que dispongan de la organización y la estructura suficientes y de los equipos técnicos pluridisciplinares necesarios para cumplir esta función. Estas instituciones colaboradoras se someterán siempre a las directrices, la inspección y el control del organismo competente, y sólo podrán intervenir en funciones de guarda y mediación con las limitaciones que se les señalen. Ninguna otra persona o entidad podrá intervenir en funciones de mediación para acogidas familiares o adopciones.
A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1, se establecerán por reglamento los requisitos que deben de cumplir las entidades mencionadas para ser acreditadas.
TITULO V Infracciones y sanciones Artículos 47 a 57
CAPITULO I Infracciones Artículos 47 a 50
ARTÍCULO 47 Infracciones administrativas y sujetos responsables.
ARTÍCULO 48 Infracciones leves.
Incumplir las normas aplicables para la creación o funcionamiento de centros o servicios de atención a la infancia o la adolescencia, por parte de los titulares de éstos, si de ello no se derivan perjuicios relevantes.
No facilitar, por parte de los titulares de los centros o servicios, el tratamiento y la atención que, acordes con la finalidad de los mismos, correspondan a las necesidades de los menores, siempre que no se deriven perjuicios sensibles para éstos.
ARTÍCULO 49 Infracciones graves.
No poner en conocimiento de la autoridad competente la posible situación de desamparo en que pudiera encontrarse un niño.
Incumplir las resoluciones administrativas que se dicten en materia de protección de menores.
El incumplimiento, por el centro o personal sanitario, de la obligación de identificar al recién nacido, de acuerdo con la normativa que regule la mencionada obligación, así como de comprobar la identidad de sus padres, adoptando las correspondientes medidas de comprobación que permitan garantizar todo ello.
Proceder a la apertura o cierre de un centro o servicio, por parte de las entidades titulares de los mismos, sin haber obtenido las autorizaciones administrativas pertinentes.
Incumplir la obligación de inscripción en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia, por parte de las mismas.
Incumplir, por parte de las entidades titulares, la normativa específica establecida para cada tipo de centro o servicio.
Incumplir el deber de confidencialidad y sigilo respecto a los datos personales de los niños, por parte de los profesionales que intervengan en su protección.
Incumplir la prohibición de difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de esta Ley.
No proporcionar, por parte de los titulares de los centros o servicios, el tratamiento y la atención que, acordes con la finalidad de los mismos, correspondan a las necesidades de los menores.
Impedir, obstruir o dificultar de cualquier modo el ejercicio de las funciones de inspección y seguimiento del centro o servicio por parte de los titulares o personal de los mismos.
Recabar, por parte de los titulares de los centros o servicios, cantidades económicas de los menores, sus familiares, tutores o guardadores, no autorizadas por la Administración, cuando aquéllos estén concertados con ésta.
Las recogidas en el artículo anterior si de ellas se desprende daño de imposible o difícil reparación a los derechos de los niños.
CAPITULO II Sanciones Artículos 51 a 54
Infracciones muy graves: Multas desde 5.000.001 pesetas hasta 20.000.000 de pesetas.
ARTÍCULO 52 Acumulación de sanciones.
Cuando resulten responsables de las infracciones centros o servicios de atención a menores:
La proscripción para el otorgamiento de financiación pública de acuerdo con la normativa autonómica en la materia.
ARTÍCULO 54 Reincidencia.
CAPITULO III Procedimiento sancionador Artículos 55 a 57
ARTÍCULO 55 Regulación.
ARTÍCULO 56 Relación con la jurisdicción penal y civil.
Cuando el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador tuviera indicios de que el hecho pudiera constituir también una infracción penal, lo pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional competente, absteniéndose de proseguir el procedimiento, una vez incoado, mientras no exista un pronunciamiento judicial.
Cuando el mencionado órgano tuviera conocimiento, una vez incoado el procedimiento sancionador, de la existencia de diligencias penales con identidad de hechos, sujetos y fundamento, se abstendrá, asimismo, de proseguir el procedimiento hasta que exista pronunciamiento judicial.
ARTÍCULO 57 Publicidad de las sanciones.
Murcia, 21 de marzo de 1995.
LEY 2/2003, de 28 de enero, de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Valencianas.