Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/743512125
Timestamp: 2019-09-21 10:48:57
Document Index: 401701205

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 278', 'artículo 23', 'artículo 44', 'artículo 9', 'artículo 44', 'artículo 86', 'artículo 256', 'artículo 21', 'artículo 44', 'artículo 3', 'artículo 44', 'artículo 21', 'artículo 44', 'artículo 8', 'artículo 44', 'artículo 21', 'artículo 44', 'artículo 62']

Sentencia de Tutela nº 428/18 de Corte Constitucional, 22 de Octubre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 743512125
Ponente: CARLOS LIBARDO BERNAL PULIDO SPVLUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Fecha de Resolución: 22 de Octubre de 2018
LEGITIMACION DE ABUELOS PARA SOLICITAR REGULACION DE VISITAS A NIETOS. Se ataca la decisión judicial proferida al interior de un proceso de regulación de visitas iniciado por los actores en contra de la madre de su nieto, a través de la cual se declaró probada la excepción de mérito de falta de legitimación en la causa. En dicha providencia se argumentó que si bien es innegable el vínculo familiar entre los abuelos y los nietos, no por ello se les permite a los primeros acceder a las garantías que sólo corresponden a los directos padres, como es, ejercer los mecanismos relativos a la patria potestad dentro de los que se incluye la regulación de visitas, pues la misma es privativa y exclusiva para ser ejercida por los padres. Considera la Sala que en la providencia cuestionada se aplicaron las normas del Código Civil sin considerar la norma constitucional y el tratado internacional que garantizan al menor el acceso a su familia y el derecho a no ser separado de ella. Así mismo, que se violó el derecho fundamental al debido proceso, pues lo cierto es que los abuelos sí están legitimados para solicitar la regulación judicial de visitas a su nieto. Se precisa que, cosa distinta es que el otorgamiento de este derecho y las condiciones bajo las cuales habrá de ser ejercido, dependerán de las circunstancias particulares del entorno familiar del menor, asunto que deberá ser debidamente valorado por el juez, de conformidad con lo que a este respecto se establezca probatoriamente en el respectivo proceso. SE CONCEDE. Recibo Relatoria:
Acción de tutela presentada por CRRB y LMBT en contra del Juzgado Segundo de Familia en Oralidad de S.M. y AMTR.
Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
La S. Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada D.F.R., y los magistrados L.G.G.P. y C.B.P., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
En el trámite de revisión del fallo de primera instancia proferido por la S. Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S.M., en el proceso promovido CRRB y LMBT en contra del Juzgado Segundo de Familia en Oralidad de S.M. y AMTR.
De conformidad con lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la S. de Selección Número Cuatro de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, el asunto de la referencia.
De acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta S. de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
El 22 de enero de 2018, el señor CRRB [1] y la señora LMBT, a través de apoderado, presentaron acción de tutela en contra de Juzgado Segundo de Familia en Oralidad de S.M. y AMTR por la expedición de la providencia de 9 de noviembre de 2017, dentro del Proceso de Regulación de Visitas a su nieto D. de 6 años de edad[2], al “Declarar probada la excepción de mérito de “falta de la legitimación en la causa””.
Los accionantes, domiciliados en Fusagasugá (Cundinamarca), manifiestan que ante la muerte de su hijo, DTR, han perdido contacto con su nieto, D.; toda vez que AMTR, la madre del menor, y el menor están domiciliados en la ciudad S.M..
Motivados por esta separación, presentaron demanda de regulación de visitas en contra de AMTR, la cual fue admitida el 14 de junio de 2017 por el Juzgado Segundo Oral de Familia de S.M..
El Juzgado Segundo Oral de Familia de S.M., mediante Providencia 9 de noviembre de 2017, resolvió “Declarar probada la excepción de mérito de “falta de la legitimación en la causa”[3]” considerando que:
El 22 de enero de 2018, el señor CRRB y la señora LMBT, a través de apoderado, presentaron acción de tutela en contra de Juzgado Segundo de Familia en Oralidad de S.M. y AMTR por la expedición de la providencia de 9 de noviembre de 2017, concluye que la sentencia violó los derechos fundamentales consagrados en los artículos 42 y 44 de la Constitución Política de Colombia, y 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas[6].
Los accionantes solicitan al juez de tutela que se ordene regular las visitas a su nieto en las vacaciones de mitad y fin de año, de forma compartida, sin perjudicar los deberes escolares del menor.
3.1. Juzgado Segundo de Familia Oral de S.M.
Mediante oficio 0097 de 24 de enero de 2018[7], la J.E.C.A. al pronunciarse frente a la demanda de tutela, indicó que la demanda de regulación de visitas fue admitida en ese despacho el 14 de junio de 2017, y que la demandada contestó con excepción de mérito de falta de legitimación en la causa por activa, y agregó:
Posteriormente, atendiendo (sic) artículo 278 del Código General del Proceso, concretamente el numeral 3º, se decidió de fondo el asunto, mediante sentencia anticipada de fecha 9 de noviembre de 2017, la cual fue negativa a los intereses del extremo activo, pues a criterio de este Despacho, había carencia de legitimación en la causa por activa, con base en pronunciamiento de la alta corporación de la jurisdicción ordinaria, en sentencia STC 5420-2017 del 21 de abril de 2017, M.P.A.F.G.R..
La señora AMTR al contestar la demanda de tutela manifestó, con fundamento en los artículos 253 y ss. del código civil, artículo 23 del código de infancia y adolescencia, artículo 44 de la Constitución Política y artículo 9 de la Convención sobre derechos del niño, que la acción de regulación de visitas es “del fuero exclusivo de los padres, no de los abuelos a no ser que ostenten la custodia de sus nietos, que no es la situación en este caso particular”, y apoya su afirmación en las sentencias T-189 de 2003 y T-900 de 2006 de la Corte Constitucional.
La S. Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S.M., mediante providencia de 1 de febrero de 2018, negó el amparo invocado, considerando que “no se configura ninguno de los errores que tornan viable el amparo rogado, habrá de denegarse el amparo solicitado”, y en la orden segunda exhorta “a la señora [AMTR], para que cumpla su deber ineludible de ofrecer a su hijo un ambiente de unidad familiar que permita y favorezca el desarrollo integral y armónico de su personalidad, tarea en la cual deberán prestar colaboración sus abuelos paternos y de ser el caso solicitar acompañamiento de bienestar familiar.”
La S. de Selección de Tutelas Número Cinco, integrada por los Magistrados designados por la S. Plena de la Corte Constitucional para conformarla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial las consagradas en los artículos 86 y 241-9 de la Carta Política, 33 del Decreto 2591 de 1991 y 51, 52, 53, y 55 del reglamento de esta Corporación (Acuerdo 02 de 2015), profirió auto el 31 de mayo de 2018, mediante el cual se seleccionó para su revisión el expediente T-6.753.815, correspondiente a la acción de tutela promovida CRRB y LMBT en contra del Juzgado Segundo de Familia en Oralidad de S.M. y AMTR y que fue repartido a la S. Primera de Revisión.
La Corte Constitucional es competente, por medio de esta S., para revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con los artículos 31 y 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, y en cumplimiento de lo ordenado por el Auto del 31 de mayo de 2018, proferido por la S. de Selección de Tutelas Número Cinco.
Esta S. de Revisión debe resolver, en primer lugar, el siguiente problema jurídico: ¿la acción de tutela presentada por CRRB y LMBT en contra del Juzgado Segundo de Familia en Oralidad de S.M. y AMTR por la expedición de la providencia de 9 de noviembre de 2017 cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales?
En caso de que la respuesta sea afirmativa, esta S. pasará a resolver el siguiente problema jurídico: ¿el Juzgado Segundo de Familia en Oralidad de S.M., al proferir la providencia de 9 de noviembre de 2017, incurrió en defecto sustantivo al declarar que los abuelos carecen de legitimación en la causa para acudir al proceso civil de regulación de visitas, por no ser los padres del menor?
El asunto así planteado, supone también la necesidad de resolver el siguiente interrogante ¿Existe conflicto entre la norma legal que, en principio, sólo reconoce legitimación a los padres para acudir al proceso judicial de regulación de visitas y la norma constitucional que reconoce el derecho de los niños a relacionarse con su familia extensa?
Para resolver los anteriores interrogantes, esta S. de Revisión reiterará la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y determinará si en este caso se cumplen.
CRRB y LMBT presentaron acción de tutela en contra del Juzgado Segundo de Familia en Oralidad de S.M. y AMTR por la expedición de la sentencia de 9 de noviembre de 2017, decisión que declaró la falta de legitimación activa para solicitar la regulación de visitas por parte de los abuelos al menor D.. En esos términos, resulta claro que estamos ante una tutela en contra de providencia judicial, que como tal, debe cumplir con los requisitos que ha señalado la jurisprudencia.
Los artículos 86 de la Constitución y 5 del Decreto 2591 de 1991 establecen que toda persona puede acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe legítimamente a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
En consecuencia, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra las decisiones de los jueces, en su calidad de autoridades públicas, cuando incurran en graves falencias que las hagan incompatibles con la Constitución y afecten los derechos fundamentales de las partes[10]. En todo caso, La procedencia es excepcional, “con el fin de que no se desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica, y la naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo”[11].
Ahora bien, de conformidad con reiterada jurisprudencia de esta Corte, para que opere la procedencia, es necesario que se acrediten los requisitos generales y específicos de procedibilidad señalados para tales efectos.
La jurisprudencia constitucional[12] estableció los siguientes requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, los cuales deben cumplirse en su totalidad: (i) que la cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla el requisito de inmediatez, o sea, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iii) que cuando se trate de una irregularidad procesal tenga un efecto decisivo en la sentencia que se impugna, que resulte lesiva de la garantías constitucionales del actor; (iv) que el actor identifique de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados; y (v) que la providencia que se impugna en sede de tutela no corresponda a su vez a una sentencia que haya definido una acción de tutela; y (vi) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable.
En el presente acápite, esta S. de Revisión hará el análisis del cumplimiento de cada uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el caso que analiza.
Tal como lo ha señalado esta Corte, la relevancia constitucional se refiere a que la disputa transcienda del ámbito de un conflicto del orden legal y tenga relación directa con el contenido normativo superior[13].
El asunto sometido al análisis de esta S. de Revisión es de relevancia constitucional al involucrar la posible violación de dos derechos fundamentales: (i) el derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia, y, (ii) el derecho fundamental a la familia.
Al declararse la falta de legitimación por activa de los abuelos para solicitar la regulación de visitas al nieto, es posible que se esté violando el derecho al debido proceso y el acceso a la justicia, de la familia extensa, al realizar una evaluación incompleta de la legitimación de hecho (titularidad de la acción) con la legitimación en la causa (titularidad del derecho), sin realizar una evaluación de las condiciones particulares de cada caso.
Igualmente, es posible que la declaración de falta de legitimación por activa de los abuelos viole el derecho del menor a la familia, derecho consagrado en el artículo 44[14] de la Constitución Política y los artículos 3 y 8[15] de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sin haber considerado las condiciones fácticas del caso, así como el bienestar y la opinión del menor, que garanticen el derecho del niño a contar con una familia.
La jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela debe presentarse en un término razonable y proporcionado, a partir del hecho que generó la vulneración, en este caso, la adopción de la providencia judicial que se estima violatoria del debido proceso[16].
En el asunto que se estudia, la acción de tutela se interpuso el 22 de enero de 2018, esto es, menos de tres meses después de expedida la providencia demandada, de fecha 9 de noviembre de 2017.
Con base en lo anterior, y a la luz de lo expuesto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a juicio de esta S. de Revisión, el término en el que se interpuso la acción de tutela contra la providencia judicial mencionada es razonable.
Esta Corporación también ha establecido que para que la tutela sea procedente, la irregularidad alegada debe afectar decisivamente al derecho fundamental presuntamente vulnerado.
En el caso que se analiza, los accionantes alegan la vulneración del derecho a la familia del menor D. al proferir la sentencia de 9 de noviembre de 2017 que declaró probada la excepción de mérito por “falta de la legitimación en la causa”. En ese sentido, de acreditarse que la decisión carece de justificación, tal circunstancia tendría un efecto decisivo en la vulneración del derecho a la familia del menor D..
Para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales, también es necesario que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados. Además, que haya alegado esa vulneración, siempre y cuando haya tenido oportunidad de hacerlo[17].
En el asunto sometido a revisión de esta S., los accionantes manifiestan que ante la muerte de su hijo, DR, han perdido contacto con su nieto, D., toda vez que la madre del menor está domiciliada en una ciudad diferente al domicilio de los tutelantes, y por ese motivo solicitaron al juez de familia, mediante demanda judicial, la regulación de visitas a su nieto, y con la sentencia tutelada “les negaron la posibilidad […] de compartir con un único nieto” [18], y a su nieto le niegan “la posibilidad de relacionarse con sus abuelos […] por ende el derecho a compartir con la familia”[19] reconociendo la prevalencia del interés de menor, y con esta negativa, alegan los tutelantes, se violan los derechos consagrados en los artículos 42 y 44 de la Constitución Política de Colombia, y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Del mismo modo, se evidencia en el expediente que los accionantes, a pesar de no proceder recurso contra la sentencia de 9 de noviembre de 2017[20], presentaron recurso de apelación, el cual fue negado por improcedente, por tratarse de un proceso que verbal sumario de única instancia.
Esta Corte ha señalado que es necesario que la providencia judicial cuestionada no sea una sentencia de tutela, pues los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida.
En este caso es claro que no estamos ante una tutela contra sentencia de tutela, sino contra la providencia de única instancia en un proceso verbal sumario[21] que declaró la falta de legitimación por activa de los abuelos en la demanda para la regulación de visitas.
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela solo procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, la propia jurisprudencia ha precisado que el examen del cumplimiento de este requisito no se agota con corroborar la existencia de otro medio de defensa, sino que implica, además, verificar que este sea idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, pues, en caso contrario, la tutela resultaría excepcionalmente procedente.
En tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, ha advertido esta Corte que es necesario que el accionante haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, para que la acción de tutela sea procedente[22].
Siguiendo esta línea, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional según la cual el amparo constitucional no resulta procedente cuando, a través de este medio, se pretende reabrir etapas procesales que se encuentran agotadas porque no se presentaron los recursos respectivos, ya sea por negligencia, descuido o distracción de las partes[23].
Los accionantes pretenden que, como parte del derecho fundamental a la familia y los derechos fundamentales de los niños, se les reconozca el derecho a visitar a su nieto, derecho negado mediante providencia de 9 de noviembre de 2017, por falta de legitimación por activa, con fundamento en el artículo 256 del Código Civil.
De conformidad con el artículo 21[24] del Código General del Proceso, el proceso de regulación de visitas es un proceso de única instancia, y contra estas providencias no proceden recursos.
A pesar de la improcedencia de recursos, los accionantes presentaron recurso de apelación, el cual fue rechazado por el juez de instancia.
Así, la acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad.
Por lo anterior, esta S. de Revisión considera satisfechos todos requisitos generales[25] y, por lo tanto, pasa a estudiar el cumplimiento de los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso que se analiza.
Además de los requisitos generales, la jurisprudencia constitucional ha definido unos requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, relacionados con graves defectos que las hacen incompatibles con los preceptos constitucionales[26].
Ellos son defecto orgánico[27]; defecto procedimental[28]; defecto fáctico[29]; error inducido; decisión sin motivación[30]; desconocimiento del precedente; violación directa de la Constitución; defecto material o sustantivo[31]. De estos, al menos uno debe cumplirse para que la acción de tutela sea procedente[32]. Así mismo, debe tenerse en cuenta que una misma irregularidad puede dar lugar a la configuración de varios de estos defectos.
En el presente caso, el accionante afirma que la decisión judicial desconoce el derecho del menor D. a un sano crecimiento y al “derecho fundamental a no ser separado de su familia”[33].
La jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el defecto sustantivo se presenta cuando: (i) la providencia judicial se basa en una norma inaplicable al caso concreto, ya sea porque no se ajusta a este, no está vigente por haber sido derogada o fue declarada inconstitucional; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución les reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iii) se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso, que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática, o (iv) la norma pertinente es inobservada e inaplicada[34]. En estos eventos, el juez de tutela debe intervenir excepcionalmente, para garantizar la vigencia de los preceptos constitucionales, a pesar de la autonomía que, en principio, tienen los jueces para definir las normas en las que se fundamenta la solución del caso puesto a su consideración[35].
En el caso objeto de análisis el accionante considera que la decisión judicial, al negar el derecho de los abuelos a visitar a su nieto, desconoció normas de orden constitucional que protegen el derecho fundamental de los niños a tener una familia, de conformidad con lo consagrado en el artículo 44[36], además de normas de tratados internacionales, como lo es la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, artículo 3 y 8[37].
La providencia[38] objeto de tutela fundamentó su decisión en la sentencia de la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia STC 5420-2017 de abril 21 de 2017, la cual utiliza como parte de su fundamentación las sentencias T-189 de 2003 y T-900 de 2006, y concluye que:
Se debe recordar que el precedente vinculante en la determinación y alcance de un derecho de rango constitucional está asignado, por la Constitución Política[39], a la Corte Constitucional, y en esa medida el precedente a acatar, es el definido por esta Corte.
Con fundamento en el alcance del precedente constitucional, y para determinar la posible violación de la sentencia del Juzgado Segundo Oral de Familia de S.M. de 9 de noviembre de 2017 de preceptos constitucionales, resulta oportuno recordar lo resuelto por las sentencias T-189 de 2003 y T-900 de 2006.
En la sentencia T-189 de 2003, al revisar un caso atinente a la regulación de las visitas de los abuelos, se concluyó:
En la sentencia T-900 de 2006, al revisar el caso de una persona que reclamaba el derecho a visitar a una hermana menor de edad, separada por el padre de ésta, se concluyó:
Como se observa, en las sentencias T-189 de 2003 y T-900 de 2006 se reconoció el derecho de los menores a relacionarse con su familia extensa, de conformidad con el mandato del artículo 44 de la Constitución Política.
Por ello, también, en estas circunstancias, lo cierto es que el ordenamiento jurídico no prevé ninguna acción judicial idónea que permita, con toda claridad, restablecer de manera efectiva el contacto con la familia extensa, diferente al proceso de regulación de visitas. A juicio de la S., en estos casos la competencia general del juez de familia en asuntos que, de conformidad con el artículo 21, numeral 14, del CGP, está llamado a resolver “con conocimiento de causa, o breve y sumariamente, o con prudente juicio o a manera de árbitro” no logra satisfacer, en esa jurisdicción, el interés superior del menor, que es un principio de rango constitucional insoslayable.
En el caso objeto de revisión, la sentencia que negó la legitimación por activa de los abuelos para pedir la regulación de las visitas, fundamentó su decisión en las normas del código civil, así:
La forma en que razonó el juez sobre estas normas lo llevó a concluir, sin más, que estas solo permiten la regulación de visitas a favor del padre o de la madre, no así a otro familiar de los menores.
Sin embargo, es necesario recordar lo establecido por el artículo 44 la Constitución Política, conforme al cual:
De igual manera, resulta imprescindible al caso lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño de la Naciones Unidas:
De conformidad con estas normas, sin duda de rango superior respecto de las normas del Código Civil, es deber del Estado garantizar el derecho de los menores a preservar sus relaciones familiares.
En esa medida, la providencia judicial atacada incurrió en un defecto sustantivo, en tanto el juez fijó el alcance de las disposiciones contenidas en los artículos 253 y 256 del Código Civil, sin considerar en modo alguno las disposiciones constitucionales y convencionales aplicables al caso.
En la misma línea de interpretación, la primacía del derecho constitucional y en particular del derecho fundamental del niño, la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, estableció:
De la custodia, cuidado personal y visitas de los niños, niñas y adolescentes, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios.
Esta norma procedimental no establece prima facie ninguna limitación en la legitimación por activa para la solicitud de regulación de visitas, lo cual resulta acorde con la primacía del derecho fundamental del niño a tener relación con toda su familia, no solamente con los padres. Por lo tanto, los integrantes de la familia extensa están legitimados para solicitar la regulación de visitas a menores de edad.
En relación con la configuración del defecto sustantivo por circunstancias como esta, por la Corte Constitucional en la sentencia T-773 de 2011 señaló lo siguiente:
Como puede apreciarse, esta causal se encuentra íntimamente ligada con el criterio hermenéutico de interpretación conforme, según el cual, “la interpretación de la totalidad de los preceptos jurídicos debe hacerse de tal manera que se encuentre en armonía con las disposiciones constitucionales”[42]. En esa dirección, la S. Tercera de Revisión en sentencia T-191 de 2009 manifestó lo siguiente:
En este caso, la decisión de 9 de noviembre de 2017 aplicó las normas del Código Civil sin considerar la norma constitucional, y el tratado internacional, que garantizan al menor el acceso a su familia, el derecho a no ser separado de ella, dando un alcance a la normativa del ordenamiento civil que desconoce estos mandatos superiores.
De acuerdo con lo anterior, se configura un defecto sustantivo en la sentencia del Juzgado Segundo Oral de Familia de S.M. de 9 de noviembre de 2017 al violar el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia de los abuelos paternos, por desconocer el mandato contenido en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, y negar, por ese solo hecho, el trámite de la demanda de regulación de visitas de su nieto, procedimiento establecido en el artículo 21 del Código General del Proceso[43].
Encuentra esta S. de Revisión que la declaración de falta de legitimación en un proceso de única instancia impidió que los abuelos acreditaran las condiciones que le permitirían poder visitar a su nieto, violando su derecho fundamental al debido proceso, pues lo cierto es que los abuelos de D. sí están legitimados para solicitar la regulación judicial de visitas a su nieto.
Cuestión distinta es que el otorgamiento de este derecho, y las condiciones bajo las cuales habrá de ser ejercido, dependerán de las circunstancias particulares del entorno familiar del menor, asunto que deberá ser debidamente valorado por el juez de conformidad con lo que a este respecto se establezca probatoriamente en el respectivo proceso.
El señor CRRB y la señora LMBT presentaron acción de tutela en contra de Juzgado Segundo de Familia en Oralidad de S.M. y AMTR por la expedición de la providencia de 9 de noviembre de 2017, dentro del proceso de Regulación de Visitas, al “Declarar probada la excepción de mérito de “falta de la legitimación en la causa” por los motivos anotados[44]”, por violación al derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
Con respecto a los requisitos generales de tutela contra providencia judicial, esta S. evidencia su cumplimiento.
De igual manera, evidenció la configuración del defecto sustantivo, por interpretación contraevidente, toda vez que la Sentencia de 7 de noviembre de 2017 soslayó la aplicación del artículo 44 constitucional y no tuvo en cuenta el precedente de esta Corte, el cual reconoce el derecho de la familia extensa al acceso a la administración de justicia para la regulación de visitas a menores de edad.
Primero.- REVOCAR la decisión del 1º de febrero de 2018 de la S. Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S.M.. En consecuencia, CONCEDER la tutela para proteger el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia de los accionantes.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 9 de noviembre de 2017, proferida por el Juzgado Segundo de Familia en Oralidad de S.M. dentro del Proceso de Regulación de Visitas promovido por CRRB y LMBT en contra de AMTR, que desestimó la excepción de mérito por falta de legitimación por activa, para que, en su lugar, se resuelva de fondo sobre la solicitud de regulación de visitas a D., con garantía del debido proceso de las partes y del interés superior del menor.
Tercero.- ORDENAR que, por medio de la Secretaría General, se devuelva al Juzgado Segundo de Familia de S.M., el expediente de tutela Nº 470013160-002-2017-00209-00.
[1] Con fundamento en el artículo 62 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento de la Corte Constitucional) y en aras de proteger la intimidad del menor involucrado en este asunto, así como para garantizar su interés superior, esta S. de Revisión emitirá dos copias del mismo fallo, con la diferencia de que, en aquella que se publique, se utilizarán las iniciales de su nombre y los de sus padres y abuelos.
[5] Corte Suprema de Justicia, S. de Casación Civil, Sent. STC 5420-2017, abr 21/2017. M.P.Á.F.G.R..
[25] Siendo que en este caso el motivo de la tutela no es el de una irregularidad procesal, esta S. prescindió del estudio de la causal denominada efecto decisivo de la irregularidad.
[26] V., por ejemplo, Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005, T-666 de 2015 y T-582 de 2016.
[34] V., por ejemplo, Corte Constitucional, Sentencias T-781 de 2011, SU 424 de 2012, T-388 de 2015 y T-582 de 2016. Ha dicho la Corte que, en tales casos, la decisión judicial pasa a ser una simple manifestación de arbitrariedad que debe dejarse sin efectos, para lo cual la tutela resulta ser el mecanismo idóneo y apropiado.