Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-395-19.htm
Timestamp: 2020-02-23 13:17:03
Document Index: 182394094

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C-395-19
Sentencia C-395/19
Referencia: Expediente D-13099
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 101 de la Ley 906 de 2004.
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
1. En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, las ciudadanas María Fernanda Cruz Rodríguez y Victoria Grillo Vargas demandaron parcialmente el artículo 101 de la Ley 906 de 2004. La demanda fue radicada con el número D-13099.
2. El texto de la norma demandada es el siguiente (se resalta el aparte acusado):
3. Consideran las demandantes que la expresión contenida en la norma acusada desconoce los artículos 1, 2, 229 y 250 de la Constitución de 1991, al constituir una “limitación irrazonable y desproporcionada de los derechos de la víctima dentro del proceso penal” por cuanto no existe un justificación para privar a las víctimas “de la posibilidad de solicitar la suspensión o cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente en las etapas posteriores a la acusación”.
Para entender el concepto de la violación, hacen referencia a la sentencia C-839 de 2013 mediante la cual se declaró exequible el artículo cuestionado, bajo el entendido de que la víctima también puede solicitar la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.
Así, explican que esta medida “es un instrumento a través del cual se busca garantizar que los derechos de las víctimas mediante la restitución de los bienes que son el objeto material de la conducta al estado anterior a la comisión del delito y evitar que se aumenten los perjuicios causados con el ilícito”. De manera que “negarles esta facultad a las víctimas las priva de un recurso judicial efectivo frente al restablecimiento del derecho vulnerado por la conducta punible que no será materializado si el delio sigue produciendo efectos jurídicos”.
Alegan además, que la víctima “sólo goza de tal prerrogativa en los momentos procesales anteriores a la presentación del escrito de acusación” por tanto, esta limitación “no solo desconoce que a partir del reconocimiento de derechos de las víctimas en el marco propio de un proceso adversarial, decantado por la jurisprudencia constitucional, no existe limitación alguna a la participación de la víctima en la etapa de juicio oral, sino, también, que la formalización de la intervención de la víctima se produce en la audiencia de formulación de acusación, momento procesal en el que se termina la calidad de víctima a fin de legitimar su intervención en el juicio”.
Continúan señalando que si bien la víctima puede intervenir en etapas anteriores a la acusación “es a partir del descubrimiento probatorio realizado tanto por la defensa como por la Fiscalía, y más aún con la práctica de las pruebas en el juicio, cuando la víctima puede contar con elementos que le permitan solicitar la suspensión del poder dispositivo de aquellos bienes sometidos a registro obtenidos de manera fraudulenta y evitar así que se sigan generando las consecuencias del delito”.
Insisten en que “permitir a las víctimas solicitar la suspensión del poder dispositivo aun en etapas posteriores a la formulación de acusación, se acompasa plenamente con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación reconocidos constitucionalmente”. Tal facultad por otro lado, dicen, no introduce una desigualdad injustificada frente al acusado pues no implica debate alguno sobre su responsabilidad penal.
Por lo anterior, estiman que “el reconocimiento de que la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro hace parte de los derechos de las víctimas en el proceso penal, debe conducir inevitablemente a que su ejercicio pueda hacerse efectivo en cualquier etapa del proceso penal, pero especialmente, a partir del momento en que se le conoce formalmente a la víctima su condición de tal y se le brindan todos los elementos para que pueda velar por la verdadera garantía de sus derechos.”
En ese contexto, solicitan que se declare inexequible la expresión “y antes de presentarse la acusación” contenida en el artículo 101 de la Ley 906 de 2004.
4. La Sala Plena de la Corporación, en sesión del 22 de febrero de 2019, previo sorteo de rigor, remitió el asunto al Despacho de la suscrita Magistrada para impartir el trámite correspondiente.
5. La demanda fue admitida mediante auto del seis (6) marzo de dos mil diecinueve (2019).
El Fiscal General de la Nación intervino para solicitar la inexequibilidad de la expresión cuestionada, bajo los siguientes argumentos.
En primer lugar, hizo un recuento de la demanda y plantea el siguiente problema jurídico “la suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente, como una medida eficaz y apropiada para lograr el restablecimiento de las víctimas en un proceso penal, ¿debe ser una garantía atemporal, es decir, no debe estar limitada a la presentación del escrito de acusación, tal y como lo dispone actualmente el artículo 101 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)?”
Seguidamente, hizo referencia (i) al derecho a un recurso judicial rápido, sencillo y efectivo en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, (ii) a los derechos de las víctimas en el proceso penal colombiano y (iii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo para lograr el restablecimiento del derecho en materia penal es intemporal.
Teniendo en cuenta dichos apartados, concluyó lo siguiente:
(i) El restablecimiento del derecho es un principio rector del procedimiento penal, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 906 de 2004. Asimismo, señaló que esta figura “no está supeditada a la declaratoria o no de responsabilidad, es decir, el restablecimiento del derecho es independiente de este hecho, por lo cual también pueden ser adoptadas medidas aun cuando haya prescrito la conducta punible”.
(ii) Como consecuencia de lo anterior, explicó que “el restablecimiento del derecho no necesariamente debe reconocerse en el acto judicial que pone fin al proceso penal, sino que procede cuando es acreditado el tipo objetivo del delito, esto es: cuando hay un convencimiento más allá de toda duda razonable, lo cual no implica un juicio de reproche sobre la responsabilidad penal”.
(iii) La adopción de medidas relacionadas con el restablecimiento del derecho para las víctimas de delitos “son de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales que tienen a su cargo el proceso, por ende, irradia toda la normativa en mención y orienta la interpretación de las disposiciones que la integran”.
(iv) Tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han coincidido en señalar que el restablecimiento del derecho es intemporal dentro del proceso penal, es decir, “que puede ser adoptado en cualquier etapa, ya sea en la investigación o en el juicio”.
En ese contexto, afirmó que es claro que la jurisprudencia, al margen de la expresión cuestionada, ha indicado que “la solicitud de suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente, como medida de restablecimiento del derecho, no está supeditada a determinado acto procesal en la medida que:
(i) Limitar la participación de las víctimas a la presentación del escrito de acusación, con el fin de solicitar la suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente como una medida de restablecimiento del derecho, viola el derecho a la justicia de las víctimas y más concretamente el derecho a participar en el proceso penal.
De hecho, como puede verse en la exposición de motivos y en las diferentes ponencias del proyecto de ley que antecedió el Código de Procedimiento Penal vigente (Ley 906 de 2004), el legislador no realizó mayores consideraciones sobre esta figura. Por ende no hay razones que justifiquen esta limitación.
(ii) Del mismo modo, la limitación temporal de la facultad de las víctimas para solicitar la suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente como medida de restablecimiento del derecho, es contrario al derecho a la reparación integral, en la medida que desconoce el derecho a la restitución de los derechos y bienes jurídicos y materiales de los cuales ha sido despojada la víctima.
(iii) Finalmente, esta restricción es contraria a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, corporaciones que han reconocido el carácter intemporal de las medidas de restablecimiento del derecho.”
A través del Director de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, la entidad solicita la inexequibilidad de la norma acusada.
En primer lugar, consideró que debe haber sentencia inhibitoria frente a los artículos 1 y 2 de la Constitución Política al no cumplir con los requisitos jurisprudenciales ya que no se formula cargo alguno que exponga las razones por las cuales existiría una oposición con la expresión acusada.
En segundo lugar, señaló que se debe declarar la inexequibilidad de la expresión cuestionada por vulnerar los artículos 229 y 250-6,7 de la Constitución Política, al constituir “una limitación y obstáculo a los derechos que les asiste a las víctimas, en concordancia con las demás disposiciones contempladas por la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, como son los artículos 338, 339 y 340 que establecen respectivamente los aspectos relacionados con la audiencia de formulación de cargos, su trámite y, en el caso del artículo 340, de manera enfática que es sólo en la audiencia de acusación que se determinará la calidad de víctima, se reconocerá su representación legal en caso de que se constituya; todo a efecto de intervenir en el transcurso del juicio moral”.
Estimó que existe un contrasentido de la expresión “antes de presentarse la acusación” ya que la calidad de víctima solo es reconocida a partir de la audiencia de formulación de acusación. Por lo tanto, las medidas resultan incoherentes ya que el “el término debiera darse en beneficio de la víctima para la protección de sus derechos y bajo la premisa que la posible conducta ilícita no genere derechos, hacen que frente a lo dispuesto por el artículo 101 del Código de Procedimiento Penal se le debería permitir a la víctima a partir de la audiencia de formulación de acusación presentar la solicitud de suspensión de registros obtenidos fraudulentamente, dado que es a partir de ese momento que el legislador reconoce la condición de víctima y a su vez que sea desde ese momento en que pueda contar con un espacio de tiempo más amplio para garantizar así con eficaz plenitud el ejercicio de los derechos que le reconocen y protegen las disposiciones constitucionales en los artículos 229, 250 numerales 6 y 7 y legales contempladas en los artículos 11, 103 y 132 del Código de Procedimiento Penal”.
Explicó que la realidad del país, sobre todo en zonas alejadas de las grandes ciudades, lleva a que “el denunciante o víctima no pueda contar con los elementos que constituyan al menos indicios que conduzcan a la existencia de motivos fundados que permitan inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente” como lo exige la norma, razón por la que “se requiere de un plazo más garantista para lograr sustentar su pretensión y en un contexto mucho más crítico si se trata de una víctima del desplazamiento forzado y que por esta causa haya tenido que abandonar sus bienes.”
Finalmente, concluyó indicando que “la suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente se constituye dentro del sistema penal acusatorio en un derecho que no puede ser limitado o restringido por cuanto afecta derechos fundamentales como el debido proceso artículo 29, acceso a la administración de justicia artículo 229 y los derechos señalados en los numerales 6 y 7 del artículo 250, artículos que se encuentran compilados en la Constitución Política. La expresión antes de presentarse la acusación se constituye en una limitante que afecta los derechos fundamentales mencionados”.
Por intermedio del Departamento de Derecho Penal y Criminología, la Universidad Externado solicita la inexequibilidad de la norma.
En primer lugar, destacó que la norma consagraba una medida reservada exclusivamente a la Fiscalía y catalogada “como una verdadera medida cautelar en el objetivo que los bienes salieran del comercio, para de esa manera evitar su distracción y dejar nugatoria la indemnización en favor de la víctima, su reparación, como restablecimiento del derecho afectado con la comisión del delito”.
En segundo lugar, señaló que no se entiende la fórmula escogida por el legislador pues “como medida que tiene como objetivo garantizar los principios supremos antes mencionados, debería quedar abierta para que en el momento en que aparezcan demostrados los elementos objetivos del tipo penal, pudiera la fiscalía solicitar su aplicación en garantía de los derechos debidos a la víctima, ante el juez de control de garantías”.
En tercer lugar, teniendo en cuenta las interpretaciones de la Corte Constitucional a distintos artículos de la Ley 906 de 2004, garantistas de los derechos de las víctimas en el proceso penal, consideró que “no debe caber duda alguna que las censuras efectuadas por las accionantes están respaldadas en las elaboraciones referidas con anterioridad. No hay entonces duda que la suspensión del poder dispositivo de bienes, como la cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente se tienen como medidas idóneas, eficaces y pertinentes para lograr el restablecimiento del derecho afectado y con ello el cumplimiento de los fines establecidos para la justicia penal de velar por el restablecimiento del derecho afectado, la reparación del daño y la materialización de la justicia restaurativa, tan de la esencia de los fines reconocidos a las normas procesales vigentes; prerrogativas que podrá ejercer la víctima teniendo como único límite el que fija el artículo 106 de la Ley 906 de 2004 que prevé el término de caducidad para formular el incidente de reparación integral”.
Reiteró que la limitante existente en la norma cuestionada podía justificarse de conformidad con el querer del legislador al establecer la medida en favor de la Fiscalía, pero como se ha aceptado “que la víctima puede directamente, sin la intermediación del fiscal solicitar esta misma medida por cuanto de esa manera materializa su derecho, la perspectiva ha cambiado drásticamente. El negar o condicionar esta facultad las va a privar de un recurso judicial efectivo para lograr el restablecimiento del derecho vulnerado por la ejecución de la conducta punible. Por lo que no cabe duda que el aparte de la norma objeto de demanda, debe ser retirado del ordenamiento legal tal y como lo solicitan las accionantes”.
Finalmente, concluyó que “mantener la limitante que es hoy objeto de la acción de inconstitucionalidad a más de ser contradictorio con el actual espíritu de la institución constituiría un detrimento del derecho a las víctimas de obtener la reparación y el restablecimiento de los derechos vulnerados con la ejecución del delito respectivo. De ahí que en este concepto debemos abogar por que sea retirado del artículo anotado la expresión objeto de la acción de inexequibilidad”.
Por intermedio del ciudadano José Fernando Mestre Ordóñez el Instituto solicitó la inexequibilidad de la norma cuestionada por cuanto limita de manera irrazonable el derecho que tienen las víctimas de acceso a medidas provisionales de restablecimiento del derecho.
Señaló que las víctimas tienen derecho a la justicia y ello implica el acceso a mecanismos judiciales efectivos para la protección de sus derechos e intereses, como lo ha reconocido la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos. Que “el restablecimiento del derecho puede implicar medidas provisionales y/o definitivas. Para el caso bajo análisis, la medida definitiva sería la cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente y la suspensión del poder dispositivo sería la medida provisional de restablecimiento. (…) en todos los casos, con independencia de su provisionalidad, se requiere de una consideración sustancial y probatoria para la procedencia de las medidas, referida a la materialidad de la conducta o su tipicidad”.
Estimó que la “limitación temporal prevista en la norma demandada implica una desprotección, también temporal, al derecho de las víctimas a obtener medidas provisionales de restablecimiento de derecho, como la suspensión del poder dispositivo regulado en el primer inciso del artículo 101 demandado. Entre la acusación y la sentencia, las víctimas no podrían solicitar esta medida a ninguna autoridad, pues el Juez de control de garantías carecería de competencia en virtud de la norma demandada y el Juez de conocimiento solamente se pronunciaría respecto de la medida definitiva en la sentencia, so pena de prejuzgar, con todo lo que ello implica”.
En ese escenario, consideró que “la medida que mejor soluciona la situación temporal de desprotección aquí resaltada es la inexequibilidad del aparte demandado, para dar competencia al Juez de Control de garantías respecto de la medida provisional, conservando en el Juez de conocimiento las medidas definitivas, en este caso la cancelación de los registros. Así funciona el sistema respecto de otras situaciones, como las restricciones a la libertad y medidas cautelares de carácter real, mostrando que la competencia del juez de control de garantías no depende de la etapa procesal, sino de la materialidad de la respectiva función”.
Por intermedio del Decano de la Escuela de Derecho, la universidad solicitó la exequibilidad condicionada de la norma demandada.
En primer lugar, señaló que en este caso existe cosa juzgada constitucional relativa, ya que si bien en la sentencia C-839 de 2013 “la Corte declaró la constitucionalidad del inciso 1 del artículo 101 del Código de Procedimiento Penal y afirmó que la víctima puede solicitar la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro, cuando existen motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente, no especificó los límites temporales que rigen dicha petición.”
Seguidamente, hizo referencia al papel de la víctima y su participación en el proceso penal, concluyendo que “la jurisprudencia constitucional ha construido un precedente de rasgos definidos sobre la oportunidad para las víctimas: (i) de ser informadas y escuchadas en relación con la suerte de las investigaciones, la acción penal y la terminación anticipada del proceso; (ii) de solicitar medidas orientadas a su protección y al amparo de sus derechos; (iii) de ejercer facultades probatorias; (iv) de ser escuchadas respecto de los términos de la acusación y (v) de participar en la audiencia del juicio oral”.
Finalmente, en cuanto a la solicitud de medidas de protección por parte de la víctima, consideró que “las decisiones de la Corte se proyectan hacia la protección de los derechos de las víctimas, reparando las omisiones legislativas existentes. No se vislumbra una razón objetiva y suficiente que justifique restringir en función de criterios temporales la solicitud de suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente. Dicha solicitud no incide negativamente en el normal desarrollo del principio acusatorio que rige la audiencia del juicio oral, siendo este último el único límite jurisprudencial”.
En ese contexto, solicitó que se declare exequible condicionalmente el inciso 1 del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que “la víctima (y únicamente la víctima) puede solicitar ante el juez de control de garantías la suspensión del poder adquisitivo de los bienes sujetos a registro en cualquier momento y hasta antes de la audiencia de juicio oral, cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente. La fiscalía, en cambio, sí debe someterse al límite temporal establecido en el tenor literal del artículo 101, esto es, ‘en cualquier momento y hasta antes de presentarse la acusación’, so pena de menoscabar el principio acusatorio propio del proceso penal de la Ley 906 de 2004”.
El señor Arturo Daniel López Coba intervino para solicitar la inexequibilidad del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, por desconocer los derechos de las víctimas.
Señaló que en este caso se presenta una inconstitucionalidad sobreviniente, que surge a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por lo tanto, “declarada la inexequibilidad las víctimas tendrán la facultad de solicitar medidas cautelares, en particular, la suspensión y cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente en cualquier estado o momento de la actuación procesal, a discrecionalidad de ellas, no de la voluntad del legislador”.
Así, consideró que declarar la inexequibilidad de la norma acusada, “implica proteger los derechos de las víctimas en el proceso penal, sistema acusatorio, expulsando del ordenamiento jurídico aquellas disposiciones legales que impliquen limitación de los derechos de las víctimas”.
7. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
De manera extemporánea, se recibió la intervención de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la citada universidad respaldando la inexequibilidad de la expresión acusada.
En primer lugar, señaló que “cuando las víctimas intervienen en el proceso penal lo hacen frecuentemente en total desventaja frente a las facultades de los autores o participes. Si la víctima tiene que acudir al fiscal para solicitar ‘suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente’ las limitaciones son demasiadas”.
Por lo tanto, indicó que “el derecho de la víctima a la justicia debe ser entendido integral, pronta y totalmente, en un siglo como el XXI, no deben (sic) haber limitaciones para el ejercicio de las acciones a las que haya lugar, y especialmente, estas deben ser posibles desde lo fáctico y desde lo jurídico. Es decir, la víctima sin ninguna limitación debe poder demostrar los hechos que dieron origen a una conducta delictiva y lograr que las cosas vuelvan al estado anterior a la ocurrencia del delito y desde lo jurídico, la víctima debe tener la posibilidad de que la ley procedimental permita resarcir el daño causado a la mayor prontitud posible.”
Así pues, insistió en que “las medidas respecto a registros obtenidos fraudulentamente, no pueden hacer parte y permanecer durante un largo proceso. Esto debido a que los perjuicios a una víctima concreta podrán ser extendidos a otras víctimas en lugar de evitar prontamente un mayor daño permitiendo que la víctima pueda solicitar en cualquier momento procesal la cancelación de un registro obtenido fraudulentamente. Es sabido que las víctimas tienen derechos con rango supraconstitucional, ante esa perspectiva, la posibilidad de la víctima en torno a poder solicitar directamente al juez la suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente debe ser ampliada al juicio oral e inclusive durante el incidente de reparación. Ya que es posible que en ese incidente ese registro no se haya cancelado definitivamente”.
Finalmente, alegó que “si la víctima puede tener una posición activa en el proceso penal, en el caso mencionado, puede solicitar en cualquier momento procesal la cancelación o suspensión de un registro obtenido de manera fraudulenta, las posibilidades de que exista justicia real y efectiva para las víctimas, son mayores”.
El Procurador General de la Nación intervino dentro de la oportunidad legal prevista con el fin de solicitar que se declare la inexequibilidad de la expresión cuestionada.[1]
En primer lugar, destacó que no existe cosa juzgada en el presente caso, ya que aunque se trata del mimo parámetro de control –los derechos de las víctimas- “la demanda se presenta para cuestionar únicamente la constitucionalidad de la limitación consagrada en la norma para que la víctima pueda solicitar la suspensión provisional del poder dispositivo de los bienes hasta antes de presentarse la acusación, lo que no ha sido objeto de examen por parte de la Corte Constitucional, razón por la cual el objeto de control es distinto y sobre el asunto no se configura la cosa juzgada constitucional”.
En segundo lugar, consideró que la expresión contenida en el inciso 1 del artículo 101 de la Ley 906 de 2004 “desconoce los derechos de las víctimas en el marco del proceso penal, puesto que establece una restricción temporal en virtud de la cual solamente pueden solicitar la suspensión del poder dispositivo hasta antes de presentar el escrito de acusación, lo que impide que puedan elevar esta solicitud en otras etapas del proceso penal ante el juez de garantías como una medida de restablecimiento del derecho”.
Luego de hacer un recuento de la protección de los derechos de las víctimas, consideró que la limitación contenida en el inciso 1 del artículo 101 de la Ley 906 de 2004 “en desarrollo de lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 250 constitucional, no es proporcional y constituye una afectación injustificada a los derechos de las víctimas, pues les impide solicitar la medida de suspensión de la disposición de los bienes en etapas procesales posteriores a la acusación y esto es relevante si se tiene en cuenta que el objetivo principal de dicha solicitud es proteger los derechos de las víctimas respecto de los bienes sometidos a registro cuya propiedad haya sido obtenida fraudulentamente”.
Así, insistió en que se afecta “el derecho de las víctimas a participar efectivamente en las decisiones que las afecten, traducida en la posibilidad de intervenir en las distintas etapas de la actuación penal previas y posteriores a la formulación de acusación, teniendo en cuenta que es en las etapas posteriores a la acusación que la víctima tiene la posibilidad de recaudar elementos probatorios que le permiten sustentar adecuadamente la solicitud”.
En ese contexto, resaltó que “existe relación entre la facultad de solicitar la cancelación de títulos y los derechos de las víctimas, en particular, el derecho que les asiste a la reparación integral. Lo anterior, si se tiene en cuenta que el derecho a la reparación tiene como propósito el establecimiento de medidas que tienen como finalidad la cesación de efectos de la conducta punible y justamente la cancelación de los títulos es una medida que tiene como propósito reestablecer a la víctima en sus condiciones anteriores a la ocurrencia de esta.
Finalmente, indicó que la intervención especial de las víctimas en etapas procesales posteriores a la acusación no alterará los rasgos estructurales del sistema penal debido a que aquella se relaciona con un aspecto exclusivamente patrimonial y no con la responsabilidad penal de la persona investigada y acusada del ilícito. Igualmente, del contenido del numeral 7 del artículo 250 superior se infiere que corresponde al juez de garantías adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Uno de los mecanismos previstos por la ley es la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro obtenido fraudulentamente, por lo que resulta evidente que limitarle a la víctima la presentación de dicha solicitud hasta antes de la acusación, a pesar que posteriormente se ha desvirtuado la legalidad del título, desconoce el derecho de las víctimas a un restablecimiento de su derecho y termina por desconocer los principios del estado social de derecho (art. 1 CP), los fines del Estado (art. 2 CP) y el bloque de constitucionalidad (art. 93 CP)”.
Conforme al artículo 241 ordinal 5º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de la demanda contra el artículo 101 (parcial) de la Ley 906 de 2004.
1.2.1. Como se expuso anteriormente, el Ministerio de Justicia y del Derecho estima que esta Corte debe declararse inhibida para emitir un fallo de fondo, por considerar que los cargos no cumplen con los requisitos jurisprudenciales para obtener un pronunciamiento de fondo respecto de los artículos 1 y 2 de la Constitución.
1.2.2. El artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 señala los elementos indispensables que debe contener la demanda en los procesos de inconstitucionalidad,[2] según el cual el accionante debe referir con precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto. Es decir, para que realmente exista en la demanda una imputación o un cargo de inconstitucionalidad, es indispensable que la Corte Constitucional pueda efectuar una verdadera confrontación entre la norma acusada, los argumentos expuestos por el demandante y la disposición constitucional aparentemente vulnerada.
Esta Corporación en numerosas ocasiones ha reiterado que no cualquier tipo de argumentación sirve de sustento al análisis que debe realizar el juez de constitucionalidad sino que es necesario que los razonamientos presentados contengan unos parámetros mínimos que permitan a la Corte hacer un pronunciamiento de fondo respecto del asunto planteado. Al respecto, la Sentencia C-1052 de 2001[3], indicó que las razones presentadas por los accionantes deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, de lo contrario la decisión que adopte la Corte será necesariamente inhibitoria.[4]
1.2.3. Bajo ese entendido, la no formulación de una demanda en debida forma impide que esta Corporación pueda confrontar la disposición acusada con el Texto Superior, ya que carece de cualquier facultad oficiosa de revisión del ordenamiento jurídico.
Así, la acusación “debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además, el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia).”[5] Además, no sólo debe estar enunciada en forma completa sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma cuestionada.
Ahora bien, aunque los anteriores requisitos deben ser verificados por el magistrado sustanciador al admitir la demanda, este análisis inicial tiene un carácter provisional en la medida que no tiene la exigencia y el rigor “de aquél que debe realizarse al momento de entrar a decidir sobre la exequibilidad de los enunciados o de los contenidos normativos acusados. No obstante, en virtud del principio pro actione las eventuales falencias que presente el libelo acusatorio han de ser interpretadas en el sentido que permitan proferir un fallo de fondo para no hacer nugatorio el derecho ciudadano a impetrar la acción pública de inconstitucionalidad”.[6]
1.2.4. A juicio de esta Corte, los argumentos expuestos para sustentar el cargo son inteligibles y en esa medida cumplen las exigencias jurisprudenciales. En efecto, las peticionarias cumplieron con la carga de plantear las razones por las cuales considera que la expresión cuestionada del artículo 101 de la Ley 906 de 2004 vulnera la Constitución.
Dichas razones son claras, porque permiten comprender argumentativamente lo solicitado, es decir, de sus argumentos se puede establecer que lo que se ataca es el término procesal contenido en la norma para solicitar la medida de suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente por parte de las víctimas; son ciertas, pues cuestionan, bajo una interpretación razonable, el contenido parcial del artículo 101 con las interpretaciones y extensiones que se han hecho por vía jurisprudencial en favor de las víctimas, las cuales, de acuerdo con la norma, no podrían solicitar directamente esta medida ya que formalmente, éstas pueden intervenir en el proceso en la audiencia de formulación de acusación..
Igualmente, estima el despacho que las razones expuestas son específicas, al relacionar de manera objetiva la forma en que se afecta el ejercicio del derecho de las víctimas al debido proceso y a la reparación efectiva al limitar su participación ya que la medida sólo sería procedente antes de la acusación; pertinentes y suficientes porque sus cuestionamientos tienen naturaleza constitucional, en tanto generan una duda razonable sobre la limitación de la participación de las víctimas dentro del proceso, particularmente frente a una medida que podría ser solicitada por éstas en etapas posteriores a la formulación de acusación, cuando han sido formalmente reconocidas.
1.2.5. Bajo ese contexto, le asiste razón al interviniente en cuanto no se advierten acusaciones ni argumentos que permitan inferir una vulneración de los artículos 1 y 2 superiores. Por el contrario, los cargos de la demanda cumplen los presupuestos para que esta Corporación se pronuncie de fondo sobre la constitucionalidad de la expresión cuestionada a la luz de los artículos 229 y 250 de la Constitución.
Teniendo en cuenta que la jurisprudencia reconoció que las víctimas pueden solicitar la suspensión del registro de bienes obtenidos fraudulentamente, las demandantes consideran que el inciso 1º del artículo 101 de la Ley 906 de 2004 vulnera los artículos 229 y 250 de la Constitución Política y afecta los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, ya que limita la oportunidad procesal para solicitar la suspensión provisional del poder dispositivo hasta antes de la audiencia de acusación, situación que impide que las víctimas puedan pedirla con posterioridad a su reconocimiento legal dentro del proceso.
Para resolver este problema jurídico se reiterará la jurisprudencia[7] relacionada con los siguientes temas: (i) la tutela de los derechos de las víctimas (ii) los derechos de las víctimas en el sistema acusatorio, (iii) la medida de suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente y, (iv) se analizará la constitucionalidad de la expresión demandada.
4. LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A NIVEL INTERNACIONAL. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
4.1. En el ámbito internacional, múltiples convenciones y declaraciones han reconocido los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, las cuales por su relevancia como fuente de derecho vinculante se reseñarán a continuación: La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de las Naciones Unidas,[8] la Convención Americana sobre Derechos Humanos,[9] el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,[10] la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes[11] y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura,[12] la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas,[13] la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,[14] el Estatuto de la Corte Penal Internacional.[15]
4.2. Por su parte, la jurisprudencia interamericana relacionada con los derechos de las víctimas ha establecido unos deberes en cabeza del Estado por la violación de los derechos humanos. A manera de ejemplo se puede citar la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Caso Godínez Cruz vs. Honduras,[16] en la que se señalan una serie de obligaciones para los Estados como “(i) la obligación de prevención de dichos atentados, que involucra la positiva adopción de medidas jurídicas, políticas, administrativas y aun culturales, que aunque pueden ser de variada naturaleza, deben dirigirse a impedir que tales hechos sucedan aunque “no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado”; (ii) la obligación de investigación, manifiesta que toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención debe ser objeto de indagación, y cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de tales derechos humanos, dicha obligación queda sustancialmente incumplida.”[17]
4.3. Finalmente, se resalta el “Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, proclamados por la Comisión de Derechos Humanos ONU en 1998, que reconoce los derechos a la verdad, a la justicia y a la garantía de no repetición de las víctimas y encuentra su principal antecedente histórico en el “Informe Final del Relator Especial sobre la impunidad y conjunto de principios para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”.[18]
5. LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL SISTEMA ACUSATORIO. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
De conformidad con la Ley 906 de 2004, la víctima es un interviniente especial con derecho a medidas de protección, atención y a algunos privilegios al interior del proceso, con algunas formas de participación directa dentro de las fases de investigación y juicio.
Sin embargo, aunque el legislador contempló varias etapas y mecanismos para salvaguardar las garantías de las víctimas, esta Corporación “ha constatado que en muchos casos introdujo restricciones injustificadas a su participación directa en el proceso y a las posibilidades de intervención en defensa de sus intereses, las cuales a su vez se han traducido en menoscabos o limitaciones desproporcionadas a sus derechos.”[19] Por lo que ha buscado subsanar estas limitaciones ampliando los espacios de participación de los agraviados con los hechos delictivos y fijando su alcance dentro del proceso penal.
Así, se ha conformado un sólido precedente relacionado con la importancia de los derechos de las víctimas en el sistema acusatorio, su intervención en el proceso a través de facultades específicas que garantizan su participación como interviniente especial y la tutela de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. A continuación se hará una reseña de los principales pronunciamientos al respecto:[20]
5.1. La sentencia C-1154 de 2005,[21] al pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 79 de la Ley 906 de 2004,[22] entre otros, lo declaró exequible en el entendido de que la expresión “motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito” corresponde a la tipicidad objetiva y que la decisión será motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones.
Al respecto se indicó que “como la decisión de archivo de una diligencia afecta de manera directa a las víctimas, dicha decisión debe ser motivada para que éstas puedan expresar su inconformidad a partir de fundamentos objetivos y para que las víctimas puedan conocer dicha decisión. Para garantizar sus derechos la Corte encuentra que la orden del archivo de las diligencias debe estar sujeta a su efectiva comunicación a las víctimas, para el ejercicio de sus derechos. || Igualmente, se debe resaltar que las víctimas tienen la posibilidad de solicitar la reanudación de la investigación y de aportar nuevos elementos probatorios para reabrir la investigación. Ante dicha solicitud es posible que exista una controversia entre la posición de la Fiscalía y la de las víctimas, y que la solicitud sea denegada. En este evento, dado que se comprometen los derechos de las víctimas, cabe la intervención del juez de garantías. Se debe aclarar que la Corte no está ordenando el control del juez de garantías para el archivo de las diligencias sino señalando que cuando exista una controversia sobre la reanudación de la investigación, no se excluye que las víctimas puedan acudir al juez de control de garantías.”
Finalmente, teniendo en cuenta las funciones el Ministerio Público consideró que esta entidad también debía recibir la comunicación de la decisión de archivo.
5.2. La sentencia C-1177 de 2005[23] que declaró exequible la expresión “En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento”, del inciso 2° del artículo 69 de la Ley 906 de 2004,[24] la condicionó a que “la inadmisión de la denuncia únicamente procede cuando el hecho no existió, o no reviste las características de delito. Esta decisión, debidamente motivada, debe ser adoptada por el fiscal y comunicada al denunciante y al Ministerio Público.”[25]
En esta ocasión, la Corte encontró “que la exigencia del legislador de una mínima fundamentación a la denuncia, en el sentido establecido en esta decisión, so pena de inadmisión, así como la limitación de la posibilidad de ampliación a una única oportunidad, constituyen medidas idóneas, adecuadas y conducentes para la realización de los fines constitucionales a que apunta tal regulación.”
Igualmente, declaró exequible la expresión “por una sola vez”, contemplada en los incisos 2° y 3° del artículo 69 de la Ley 906 de 2004, por los cargos analizados señalando que esta posibilidad de ampliación de la denuncia debe entenderse sin perjuicio de los derechos de intervención que la Constitución y la Ley prevén para las víctimas de los delitos.
5.3. La Sentencia C-454 de 2006[26] declaró exequible el artículo 135 de la Ley 906 de 2004,[27] bajo el entendido de que “la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que éstos entran en contacto con las autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación”. En este mismo fallo también se declaró exequible el artículo 357 de la Ley 906 de 2004[28] en el entendido según el cual “los representantes de las víctimas en el proceso penal pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la Fiscalía.”
En esta sentencia, la Corte Constitucional resaltó la explícita consagración constitucional de la víctima como sujeto que merece especial consideración en el conflicto penal.[29] En virtud de lo cual indicó que “Se trunca el derecho de acceso a la justicia, a través de una concepción recortada de la garantía de comunicación a la víctima, limitada al momento en que ésta “intervenga” en la actuación penal. No se precisa de una “intervención” en sentido procesal[30][58] para que las autoridades de investigación asuman los deberes que impone la garantía de comunicación que se proyecta en dos ámbitos: (i) información acerca de los derechos que el orden jurídico establece para garantizar sus intereses en el proceso penal, y (ii) acceso a la información acerca de las circunstancias en que se cometió el delito, que forma parte del derecho “a saber”, el cual se materializa con la posibilidad de acceso al expediente o a las diligencias, desde sus primeros desarrollos. La interconexión e interdependencia que existe entre los derechos a la verdad, a la justicia, y a la reparación exige que la garantía de comunicación se satisfaga desde el primer momento en que las víctimas entran en contacto con los órganos de investigación. Los derechos a la justicia y a la reparación pueden verse menguados si se obstruye a la víctima las posibilidades de acceso a la información desde el comienzo de la investigación a efecto de que puedan contribuir activamente con el aporte de pruebas e información relevante sobre los hechos.
Respecto del artículo 357, el demandante consideró que existía omisión legislativa específica al excluir a los representantes de las víctimas de la posibilidad de solicitar pruebas en la audiencia preparatoria. Cargo frente al cual la Corte consideró que efectivamente la norma demandada incurría en una omisión trascendente para el derecho de acceso de la víctima a la justicia (Art.229 CP), en cuanto obstruía sus posibilidades de efectiva realización de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, y la colocaba, de manera injustificada, en una posición de desventaja en relación con otros actores e intervinientes procesales.
5.4. La Sentencia C-822 de 2005[31] se pronunció entre otros, respecto del artículo 250 de la Ley 906 de 2004[32] y declaró inexequible la expresión “para que fije los condicionamientos dentro de los cuales debe efectuarse la inspección” y exequible el resto de la norma en el entendido de que: “a) la víctima o su representante legal haya dado su consentimiento libre e informado para la práctica de la medida; b) de perseverar la víctima en su negativa, el juez de control de garantías podrá autorizar o negar la medida, y la negativa de la víctima prevalecerá salvo cuando el juez, después de ponderar si la medida es idónea, necesaria y proporcionada en las circunstancias del caso, concluya que el delito investigado reviste extrema gravedad y dicha medida sea la única forma de obtener una evidencia física para la determinación de la responsabilidad penal del procesado o de su inocencia; c) no se podrá practicar la medida en persona adulta víctima de delitos relacionados con la libertad sexual sin su consentimiento informado y libre; d) la práctica de reconocimiento y exámenes físicos para obtener muestras físicas, siempre se realizará en condiciones de seguridad, higiene, confiabilidad, y humanidad para la víctima, en los términos del apartado 5.5.2.6. de esta sentencia”.
Al respecto se consideró que “esta restricción a la autonomía de la víctima es inconstitucional, porque desvaloriza el consentimiento de la víctima y la expone a una doble victimización. Esta restricción, tal como ha sido establecida en la norma bajo estudio, parece excluir la posibilidad de que el juez niegue la práctica de la medida y conduce a que frente a la oposición de la víctima, al juez de control de garantías no le quede otra alternativa que fijar las condiciones para su práctica. (…)5.5.2.6. En los eventos en que la medida sea consentida por la víctima o autorizada por el juez, en todo caso la víctima no puede ser sometida a procedimientos que le impongan limitaciones excesivas e innecesarias a sus derechos. Los principios de necesidad y proporcionalidad deben ser aplicados en cada caso concreto, como se ha reiterado a lo largo de esta providencia, con más razón si la medida recae sobre la víctima, no sobre el imputado. Además, la intervención en el cuerpo de la víctima debe efectuarse en condiciones de seguridad, higiene, confiabilidad y humanidad, tal como lo establecen los parámetros que rigen este tipo de intervenciones, a la luz de los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad. Solo de esta manera se asegura que las limitaciones que se impongan no sean desproporcionadas y la víctima no sea sometida a un procedimiento que la conduzca a una segunda victimización.”
5.5. La Sentencia C-209 de 2007[33] declaró inexequibles las expresiones “y contra esta determinación no cabe recurso alguno” del artículo 327 de la Ley 906 de 2004[34] y “con fines únicos de información” del inciso final del artículo 337[35] de la misma. ley. En la misma providencia, se declaró la exequibilidad condicionada de una serie de normas para conceder una serie de facultades a las víctimas dentro del proceso penal:
Respecto de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral la Corte indicó que “también se encuentran protegidos en el sistema penal con tendencia acusatoria instaurado por la Ley 906 de 2004, pero dicha protección no implica un traslado automático de todas las formas y esquemas de intervención en los que la víctima ejerció sus derechos en el anterior sistema procesal penal regulado por la Ley 600 de 2000, sino que el ejercicio de sus derechos deberá hacerse de manera compatible con los rasgos estructurales y las características esenciales de este nuevo sistema procesal, así como con las definiciones que el propio constituyente adoptó al respecto, v.gr, caracterizar a las víctimas como intervinientes especiales a lo largo del proceso penal, no supeditadas al fiscal, sino en los términos que autónomamente fije el legislador (artículo 250, numeral 7 C.P.)”.
Así las cosas, reconoció que la actuación de la víctima en el proceso penal de tendencia acusatoria dependía de los siguientes factores: “(i) del papel asignado a otros participantes, en particular al Fiscal; (ii) del rol que le reconoce la propia Constitución a la víctima; (iii) del lugar donde ha previsto su participación; (iv) de las características de cada una de las etapas del proceso penal; y (v) del impacto que esa participación tenga tanto para los derechos de la víctima como para la estructura y formas propias del sistema penal acusatorio”.[36]
5.6. La Sentencia C-210 de 2007[37] analizó varios artículos de la Ley 906 de 2004: 92,[38] 97,[39] 118[40] y 119[41] declarándolos exequibles y declaró inexequible la expresión “y sólo podrán ser utilizados para fines de impugnación”, del artículo 232 de la misma ley. Igualmente, decidió inhibirse para conocer de la demanda formulada contra la expresión “la prueba aducida por la Fiscalía General de la Nación para sustentar la decisión”, del artículo 327 de la Ley 906 de 2004.
Respecto del artículo 92 del Código de Procedimiento Penal, consideró que “la solicitud de medidas cautelares sobre bienes del imputado, consistentes en la aprehensión material de bienes para sacarlos del comercio, está dirigida a lograr la eficacia de la eventual sentencia penal que condene al pago de una suma de dinero y la indemnización de perjuicios causados a las víctimas del delito. De hecho, no se trata de imponer una sanción o una pena a quienes no han sido declarados penalmente responsables por la participación en un hecho punible ni de invertir la presunción de inocencia que ampara al imputado, se trata de establecer una carga procesal a favor de las víctimas del delito, quienes se encuentran en situación de especial protección del Estado. En este sentido, la disposición parcialmente acusada, sin duda, desarrolla el deber estatal y particular de garantizar la indemnización plena del daño a las víctimas directas del delito, como uno de los mecanismos de restablecimiento de sus derechos y reparación del perjuicio causado.”
Frente al artículo 97 de la codificación, se afirmó que esta prohibición es una “una medida idónea y necesaria para lograr los objetivos constitucionales propuestos. Efectivamente, la prohibición de enajenar bienes de propiedad del imputado durante un tiempo o bajo circunstancias que establece el legislador, es adecuada para alcanzar proteger los derechos económicos de las víctimas y para asegurar el pago de la indemnización ordenada por el juez penal. Es razonable sostener que el momento posterior a la imputación es propicio para la transferencia de bienes de propiedad del imputado para impedir los efectos de una posible sentencia condenatoria, pues el impacto de la vinculación al proceso penal le puede generar al imputado reacciones naturales que buscan la protección de sus propios intereses.”
5.7. La Sentencia C-343 de 2007[42] declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-209 de 2007 respecto de la expresión “La parte que no está interrogando o el Ministerio Público” contenida en el artículo 395 de la Ley 906 de 2004 y además declaró exequible el artículo 390 de la misma[43] señalando que aunque la norma no permite que la víctima del delito interrogue a los testigos, “en armonía con el análisis efectuado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-209 de 2007, la omisión advertida no es inconstitucional, pues no genera una desigualdad carente de justificación, evita la alteración de los rasgos estructurales del sistema penal, pues -se reitera- en la etapa del juicio oral la víctima no tiene participación directa y constitucionalmente no resulta factible convertirla en segundo acusador y afectar de esa manera la igualdad de armas”.
5.8. La Sentencia C-516 de 2007[44] declaró la exequibilidad condicionada de los artículos 348,[45] 350,[46] 351[47] y 352[48] de la Ley 906 de 2004, en el entendido que “la víctima también podrá intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de su celebración por el fiscal y el juez encargado de aprobar el acuerdo.”
Entre otras consideraciones, señaló esta sentencia que aunque “la víctima no cuenta con un poder de veto de los preacuerdos celebrado entre la Fiscalía y el imputado, debe ser oída (Art. 11.d) por el Fiscal y por el juez que controla la legalidad del acuerdo. Ello con el propósito de lograr una mejor aproximación a los hechos, a sus circunstancias y a la magnitud del agravio, que permita incorporar en el acuerdo, en cuanto sea posible, el interés manifestado por la víctima. Celebrado el acuerdo la víctima debe ser informada del mismo a fin de que pueda estructurar una intervención ante el juez de conocimiento cuando el preacuerdo sea sometido a su aprobación. En la valoración del acuerdo con miras a su aprobación el juez velará por que el mismo no desconozca o quebrante garantías fundamentales tanto del imputado o acusado como de la víctima.”
5.9. La Sentencia C-060 de 2008[49] declaró inexequible la palabra “condenatoria”y exequible el resto de la expresión acusada contenida en el inciso segundo del artículo 101 de la Ley 906 de 2004,[50] que consagra la medida de cancelación de registros obtenidos fraudulentamente, en el entendido de que la cancelación de los títulos y registros respectivos también se hará en cualquier otra providencia que ponga fin al proceso penal.
En esta ocasión se consideró que la cancelación de títulos de propiedad y registros fraudulentamente obtenidos es una medida eficaz y apropiada para el restablecimiento del derecho y la reparación integral de las víctimas en un proceso penal” así como que estos derechos no se agotan con la reparación económica de los perjuicios ocasionados con el delito sino que esta reparación debe ser integral, con la posibilidad de conocer la verdad de lo sucedido y que se sancione al responsable de la conducta punible.
5.10. La Sentencia C-409 de 2009[51] dispuso declarar inexequibles las expresiones “exclusivamente” y “quien tendrá la facultad de participar en dicha conciliación” y exequible la expresión “para los efectos de la conciliación de que trata el art. 103”, contenidas en el artículo 108 de la Ley 906 de 2004.[52]
La Corte consideró que esta medida era nugatoria del derecho de la víctima a la reparación integral, al burlar “la esperanza que se había generado de que el contrato suscrito con él, pudiera servir al propósito del sistema penal constitucional y legalmente dispuesto de reparar a la víctima y de hacerlo prontamente a instancias del juez de la causa penal, en el incidente de reparación integral. Asimismo, y en concordancia con lo establecido para el tercero civilmente responsable, la citación con que se convoque a la aseguradora, tendrá como finalidad primaria permitirle poder conocer el objeto del incidente en concreto, para así acudir a la audiencia de conciliación y en ella, o, ante su fracaso, en la actuación subsiguiente desarrollar todas las actuaciones derivadas de su derecho de defensa.”
5.11. La Sentencia C-936 de 2010[53] declaró inexequible el numeral 17 del artículo 2º de la Ley 1312 de 2009 que contemplaba la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad a los desmovilizados de acuerdo a la ley 975 de 2005 y declaró la exequibilidad condicionada del parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 1312 de 2009, en el entendido de que la exclusión de la aplicación del principio de oportunidad “también comprende las graves violaciones a los derechos humanos”.
Sobre los derechos de las víctimas señaló que “Los estándares internacionales establecidos en materia de derechos de las víctimas de los delitos, en particular de las graves violaciones de derechos humanos y la serias infracciones al derecho internacional humanitario, han sido incorporados en el orden jurídico colombiano a través de la figura del bloque de constitucionalidad (Art. 93), y constituyen hoy en día un marco referencial insoslayable para el diseño de la política pública en materia penal. Los tratados sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario establecen los siguientes deberes del estado en relación con la víctimas de violaciones a sus mandatos: (i) garantizar recursos accesible y efectivos para reivindicar sus derechos; (ii) asegurar el acceso a la justicia; (iii) investigar las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario; y (iv) cooperar en la prevención y sanción de los delitos internacionales y las graves violaciones de derecho humanos. Estas exigencias deben ser consideradas e incorporadas en el diseño de la política pública establecida para enfrentar de manera permanente el fenómeno de la criminalidad. No obstante, la comunidad internacional ha advertido que se trata de garantías que no se suspenden ni interrumpen en los modelos denominados de justicia transicional, y en consecuencia los Estados deben asegurar, aún en estos contextos, estándares mínimos en materia de justicia, verdad y reparación”.
5.12. La Sentencia C-250 de 2011[54] declaró exequible el artículo 100 de la Ley 1395 de 2010,[55] en el entendido de que “las víctimas y/o sus representantes en el proceso penal, podrán ser oídos en la etapa de individualización de la pena y sentencia”.
Al respecto se consideró que de acuerdo conformidad con la Constitución, es competencia del legislador “fijar los términos de intervención de las víctimas dentro del proceso penal, en concordancia con los artículos 29, 229 de la misma, la omisión de la víctima o su representante en la etapa de la individualización de la pena y la sentencia, entraña el incumplimiento por parte del legislador de su deber de configurar una verdadera “intervención” tendiente a la garantía y a la protección de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, que implica no solamente el desconocimiento injustificado de su derecho a la igualdad frente al condenado, sino la limitación de su derecho al acceso a la justicia. Por las consideraciones expuestas la Corte declarará la constitucionalidad condicionada del artículo 100 de la Ley 1395 de 2010, bajo el entendido de que el juez concederá brevemente y por una sola vez la palabra a la víctima o su representante para que se refiera a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del acusado, y si lo considera conveniente, a la probable determinación de la pena aplicable y la concesión de algún subrogado, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía.”
5.13. La Sentencia C-260 de 2011[56] declaró exequible la expresión acusada del artículo 397[57] del Código de Procedimiento Penal: “Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso” por considerar que “la exclusión prevista en la norma se justifica si se tiene en cuenta que la participación directa de la víctima, aun para formular preguntas complementarias, puede por esa vía convertirla en un segundo acusador o contradictor, afectando el principio de igualdad de armas en desmedro de los derechos del imputado, quien además de hacer frente a los reproches de la Fiscalía debería estar atento de eventuales interrogatorios, cuestionamientos o incluso ataques de la víctima, alterando con ello la esencia adversarial del proceso durante el juicio oral.”
Así mismo, expuso que “es equivocado sostener que la restricción prevista en la norma deja a la víctima sin recursos idóneos para reclamar la protección efectiva de sus derechos, más aún cuando en otras instancias del proceso, previas y posteriores, e incluso dentro del propio juicio oral (por ejemplo al presentar sus alegatos de conclusión), están facultadas para intervenir, exponer sus argumentos y controvertir directamente las decisiones adoptadas.”
5.14. La Sentencia C-782 de 2012[58] declaró exequible el artículo 90 de la Ley 906 de 2004,[59] en el entendido que “también la víctima podrá solicitar en la audiencia de que trata esta norma, la adición de la sentencia o de la decisión con efectos equivalentes, que omita un pronunciamiento definitivo sobre los bienes afectados con fines de comiso, con el fin de obtener el respectivo pronunciamiento”.
En esta sentencia, la Corte Constitucional reconoció que si bien el fiscal representa los intereses del Estado y de la víctima, ello no implica que la víctima carezca del derecho de participación en el proceso penal, señalando que su participación depende de los siguientes factores:“(i) del papel asignado a otros participantes, en particular al fiscal; (ii) del rol que le reconoce la propia Constitución a la víctima; (iii) del ámbito en el cual ha previsto su participación; (iv) de las características de cada una de las etapas del proceso penal; y (v) del impacto que esa participación tenga tanto para los derechos de la víctima como para la estructura y formas propias del sistema penal acusatorio”.[60]
Igualmente, se concluyó que “si bien el legislador cuenta con una amplia potestad de configuración de los procedimientos, y específicamente para el diseño de los mecanismos de participación de la víctima en el proceso penal de tendencia acusatoria, se trata de una facultad sujeta a límites constitucionales, en particular a las garantías de acceso efectivo e igualitario de la víctima a la justicia. La norma que excluye a la víctima de los actores procesales autorizados para solicitar la adición de la sentencia o la decisión equivalente, con miras a que se produzca un pronunciamiento definitivo sobre los bienes incautados con fines de comiso, entraña una omisión legislativa relativa, comoquiera que dicha exclusión se produce frente a un sujeto que se encuentra en una posición jurídica asimilable a aquellos que si fueron considerados, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable, derivando dicho trato en discriminatorio respecto de la víctima, lo cual se proyecta en un desmedro de la garantía de acceso pleno y efectivo a la justicia, en procura de una reparación integral del daño inferido con el delito.”
5.15. La sentencia C-839 de 2013[61] declaró exequible el inciso primero del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, ahora nuevamente acusada en este proceso, en el entendido que la víctima también puede solicitar la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.
Consideró que se cumplían los requisitos para el reconocimiento de una omisión legislativa relativa relacionada con la no consagración de la facultad de las víctimas de la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro, pues privar a las víctimas de la posibilidad de solicitar que se suspendan o cancelen los registros obtenidos fraudulentamente afecta en especial: (i) la garantía del restablecimiento del derecho, que se vulnera si se permite que los registros obtenidos fraudulentamente sigan circulando en el tráfico jurídico, aumentando los perjuicios causados a la víctima y (ii) el derecho a la reparación, en especial el derecho a la restitución, que solamente será posible si se vuelve al estado anterior al delito, cancelándose los registros obtenidos fraudulentamente.
5.16. La Sentencia C-616 de 2014,[62] declaró exequible el inciso 3º del artículo 443 de la Ley 906 de 2004.[63] La Sala Plena determinó que no facultar a la víctima para presentar réplicas a los alegatos de conclusión de la defensa, al final del juicio oral, se encuentra constitucionalmente justificado.
Señaló que no existe un mandato constitucional que exija que las víctimas tengan una intervención directa en todas las etapas del juicio oral, pues conforme a la jurisprudencia su participación en esta fase puede ser menor, y depende de la estructura del sistema acusatorio y de la posibilidad de que en la actuación concreta se puedan afectar sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Explicó que “la imposibilidad de que las víctimas presenten una réplica no genera una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal, sino que busca evitar que la defensa quede en una situación de desventaja en el debate procesal. || Finalmente, la imposibilidad de que las víctimas presenten una réplica a los alegatos de conclusión de la defensa no constituye un incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador, pues la ley puede limitar la participación de la víctima en la etapa de juicio oral si se afectan los rasgos esenciales del sistema acusatorio como el principio de igualdad de armas.”
5.17. En la sentencia C-233 de 2016[64] se declararon exequibles los artículos 459, 472 y 478 (parciales) de la Ley 906 de 2004, por los cargos analizados, al considerar que “respecto de los mismos no se configura una omisión legislativa relativa por haber excluido a las víctimas del injusto penal de intervenir en la fase ejecución de la sentencia y presentar recursos contra las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con los mecanismos sustitutos de la pena privativa de la libertad. Lo anterior porque el legislador cuenta con un amplio margen de configuración para regular la fase de ejecución de la sentencia, como en efecto lo hizo sin vulnerar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación que le asisten a las víctimas, ni la igualdad ante los tribunales ni el acceso a recursos efectivos. Además, éstas pueden ser representadas de forma indirecta por el Ministerio Público en dicha fase, quien tiene la obligación legal de velar por los intereses de las víctimas.”
5.18. La sentencia C-473 de 2016[65] declaró exequible la expresión “la presentación de las respectivas pruebas de refutación en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la Fiscalía”, contenida en el artículo 362 de la Ley 906 de 2004.
En esa oportunidad, el demandante consideró que la norma era inconstitucional, por no conceder a la víctima la posibilidad de ofrecer pruebas de refutación, motivo por el cual el legislador había incurrido en una omisión al excluirla de esa facultad y vulneraba su derecho a probar y sus prerrogativas al debido proceso, la tutela judicial efectiva, la verdad, la justicia y la reparación. Sobre el particular, la Corte señaló:
“En suma, la prueba de refutación está comprendida dentro de las armas estratégicas de las que disponen las partes y, no obstante las diferencias indicadas en las consideraciones de esta sentencia, es un medio para rebatir las evidencias adversas, como también lo son la impugnación de la credibilidad del testigo y el uso del contrainterrogatorio. Por lo tanto, es una herramienta propia del debate probatorio que se desarrolla en el juicio público y oral, cuyo uso solo puede recaer en el acusador y el acusado, como garantía del principio de igualdad de armas.
Por otro lado, pese a que la norma comporta una restricción para las víctimas a la posibilidad de solicitar pruebas de refutación, esto no significa su completa anulación. Conforme a una de las subreglas citadas atrás, las prerrogativas que no le son concedidas a las víctimas de forma independiente, pueden ser ejercidas a través de la Fiscalía, la cual, a su vez tiene la obligación de oír a su representante judicial, quien puede realizar observaciones para coadyuvar y fortalecer la estrategia de la acusación. Por su parte, es obligación del juez garantizar el espacio de diálogo entre, por un lado, el representante de la víctima y su abogado, y por el otro, la Fiscalía, incluso, mediante un receso de la audiencia.” (Subraya original).
5.19. La sentencia C-031 de 2018,[66] declaró exequible las expresiones “las partes o el Ministerio Público”, contenidas en el artículo 47 de la Ley 906 de 2004,[67] modificado por el artículo 71 de la Ley 1453 de 2011, en el entendido de que las víctimas también podían solicitar directamente el cambio de radicación. A juicio de la Corte, la disposición referida contenía una omisión legislativa relativa, “al no conceder a la víctima legitimidad para solicitar el cambio de radicación de la actuación. A luz de las reglas reseñadas con anterioridad, particularmente de aquella según la cual las víctimas tienen derecho a promover diligencias orientadas a la adopción de medidas de protección a su favor y de las que dependa la eficacia de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, resulta claro que la regulación analizada es incompatible con la Carta, al excluir a la víctima de la posibilidad de solicitar de manera directa al juez el cambio de radicación del proceso”.
5.20. De acuerdo con lo anterior se pueden determinar una serie de parámetros generales en relación con el análisis de la participación de la víctima en el sistema acusatorio:
“3.6.15.1. La protección de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición exigen una protección especial en el proceso penal, derivada de la profundización de las relaciones entre el derecho constitucional y el Derecho Penal del Estado Social de Derecho.
3.6.15.3. Debe buscarse que la intervención de la víctima sea compatible con el modelo de sistema acusatorio contemplado en la Constitución Política, para lo cual deberán analizarse los siguientes factores: (i) el papel asignado a otros participantes, en particular al Fiscal; (ii) el rol que le reconoce la propia Constitución a la víctima respecto a la finalidad de la medida correspondiente; (iii) las características de la audiencia o actuación en la cual se pretende su participación; (iv) las características de cada una de las etapas del proceso penal; y (v) el impacto que esa participación tenga tanto para los derechos de la víctima como para la estructura y formas propias del sistema penal acusatorio.”[68]
6. LA MEDIDA DE SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE REGISTROS OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
6.1. El Decreto 050 de 1987[69] en su artículo 53 contempló por primera vez y en el capítulo dedicado a la acción civil en el proceso penal, la medida de cancelación de registros obtenidos fraudulentamente según la cual “Demostrada la tipicidad del hecho punible que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad sobre bienes muebles o inmuebles sujetos a registro, el juez que esté conociendo del proceso ordenará inmediatamente la cancelación de los títulos espurios y del registro correspondiente”.
Esta norma se declaró constitucional por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 3 de diciembre de 1987 “con fundamento en que la propiedad privada en nuestro ordenamiento constitucional se condiciona a su adquisición con justo título de acuerdo con las leyes civiles, por lo cual, el legislador puede imponer al juez penal la obligación de ordenar la cancelación de los títulos espurios para restablecer los derechos de las víctimas”.[70] Al respecto se indicó:
"Como la protección de la propiedad privada en nuestro ordenamiento constitucional se condiciona a su adquisición con justo título y de acuerdo con las leyes civiles, no encuentra la Corte vicio de inconstitucionalidad alguno en que el legislador le haya impuesto al juez penal la obligación de ordenar la cancelación de los títulos espurios, pues además de ser consustancial a su misión la restitución de los bienes objeto del hecho punible para restablecer el estado predelictual, (restitutio in pristinum) la adquisición de ellos aún por un tercero de buena fé, no es lícita en razón del hecho punible que afecta la causa de su derecho y que el juez penal debe declarar de oficio para restablecer el derecho de la víctima”.[71]
Concluyéndose en esa sentencia que la medida constituiría una forma de resarcir el daño que experimenta la víctima del hecho punible, mediante la restitución originaria de los bienes objeto material del delito.
6.2. Posteriormente, en el artículo 61 del Decreto 2700 de 1991 se consagró esta medida incluyendo no solo la cancelación de registros sobre bienes, sino también la de los títulos valores sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente, a saber:
Si estuviere acreditado que con base en las calidades jurídicas derivadas de los títulos cancelados se están adelantando procesos ante otras autoridades, el funcionario pondrá en conocimiento la decisión de cancelación, para que finalicen las actuaciones correspondientes”.
Esta norma fue declarada exequible condicionalmente por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-245 de 1993 del 24 de junio de 1993.[72] En esta sentencia, esta Corporación definió la cancelación de registros obtenidos fraudulentamente de la siguiente manera:
En esa providencia, también se señaló que el objeto de la medida es “la restitución de los bienes objeto del hecho punible al estado anterior, cuando la adquisición de ellos, y aún por un tercero, sea producto del ilícito”. En este sentido, la Corte Constitucional consideró que la norma era constitucional, ya que la Carta Política no extiende la protección contenida en el artículo 58 a los bienes y derechos que no sean adquiridos con justo título y de conformidad con las leyes civiles.[73] Así mismo, “se afirmó que esta medida también tiene por objeto proteger la legalidad de la función registral en los términos de su valor jurídico y de su importancia social, así como amparar penalmente los privilegios que incorpora la definición legal de los títulos valores.[74]”[75]
Finalmente, la exequibilidad de la norma se condicionó a que “la medida que autoriza la norma acusada tiene el sentido preventivo o cautelar analizado, con vistas a preservar los derechos adquiridos con justo título y el fin invaluable de la seguridad jurídica”.
6.3. Por su parte, la Ley 600 de 2000 en su artículo 66 contempló esta medida dentro del capítulo de bienes con una redacción casi idéntica a la del Decreto 2700 de 1991:
6.4. En la Ley 906 de 2004, esta medida de suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente se incluyó dentro del capítulo de medidas cautelares, en el artículo 101 ahora parcialmente acusada. Esta norma consagra la posibilidad de que el juez de control de garantías ordene la suspensión del poder dispositivo de los bienes y de los títulos valores sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente a solicitud de la Fiscalía, así como también su cancelación en la sentencia condenatoria cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que originaron la anterior medida.[76]
6.4.1. El inciso segundo de esta norma fue demandado al señalarse que limita la posibilidad de cancelar los títulos y registros apócrifos a los casos en que se logra proferir sentencia condenatoria, estableciendo una distinción inaceptable entre las posibles víctimas de delitos que involucran la falsificación de títulos de propiedad. En la Sentencia C-060 de 2008[77] se declaró inexequible la palabra "condenatoria" y exequible el resto de la expresión acusada, entendiendo que la cancelación de los títulos y registros respectivos también se hará en cualquier otra providencia que ponga fin al proceso penal:
6.4.2. El inciso primero del artículo 101 de la Ley 906 de 2004 fue demandado por considerar que se configuraba una omisión legislativa relativa que afectaba los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, al establecer que la facultad de solicitar la suspensión provisional del poder dispositivo se encontraba exclusivamente en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, impidiendo que las víctimas puedan pedirla.
En sentencia C-839 de 2013, la Corte Constitucional declaró exequible la norma en el entendido de que la víctima también puede solicitar la medida cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente. En ese contexto, consideró que se cumplían los requisitos para el reconocimiento de una omisión legislativa relativa relacionada con la no consagración de la facultad de las víctimas para solicitar la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente, recordando que “este instrumento ha tenido en Colombia finalidades directamente relacionadas con los derechos de las víctimas, como evitar que continúe generándose un perjuicio en su contra, por lo cual éstas deben poder solicitar su aplicación y negarles esta facultad les priva de un recurso judicial efectivo frente al restablecimiento del derecho que no será materializado si el delito sigue produciendo efectos jurídicos”.
De manera que, “privar a las víctimas de la posibilidad de solicitar que se suspendan o cancelen los registros obtenidos fraudulentamente afecta en especial: (i) el derecho al restablecimiento del derecho, que se vulnera si se permite que los registros obtenidos fraudulentamente sigan circulando en el tráfico jurídico, aumentando los perjuicios causados a la víctima y (ii) el derecho a la reparación, en especial el derecho a la restitución, que solamente será posible si se vuelve al estado anterior al delito, cancelándose los registros obtenidos fraudulentamente”.
6.5. Por lo anterior, se concluye que la medida de suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente es un instrumento a través del cual se busca garantizar los derechos de las víctimas, principalmente aquellos relacionados con la reparación y el restablecimiento del derecho, mediante la restitución de los bienes que son el objeto material de la conducta al estado anterior a la comisión del delito y evitar que se aumenten los perjuicios causados con el ilícito.
7. EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA EXPRESIÓN “Y ANTES DE PRESENTARSE LA ACUSACIÓN” CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY 906 DE 2004
7.1. Las accionantes consideran que, de acuerdo con la interpretación de la Corte Constitucional del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, la expresión demandada impide que las víctimas puedan solicitar la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro de manera fraudulenta. Lo anterior, por cuanto la norma contiene un límite temporal para solicitar la medida, esto es, antes de la acusación, momento procesal en el cual son formalmente reconocidas dentro del proceso. Esta posición fue reforzada por todos los intervinientes.
7.2. En esta oportunidad la Sala Plena comparte los argumentos expuestos por las accionantes y por los intervinientes, toda vez que la limitación temporal para solicitar la medida de suspensión del poder dispositivo de los bienes registrados fraudulentamente afecta el acceso a la administración de justicia y los derechos de reparación y restablecimiento del derecho de las víctimas, pacíficamente protegido por la jurisprudencia constitucional.
7.3. Como se expuso en precedencia, los derechos a la justicia, al restablecimiento del derecho y a la reparación son reconocidos y protegidos no solo dentro del ordenamiento interno sino también por organismos internacionales, con los cuales se persigue que las víctimas cuenten con un recurso judicial efectivo y la restauración, indemnización o readaptación de sus derechos afectados por los delitos cometidos. Igualmente, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 906 de 2004,[78] el restablecimiento del derecho funge como un principio rector del procedimiento penal, el cual no está supeditado a la responsabilidad penal.
Bajo ese entendido, es clara la obligación que tienen los funcionarios judiciales dentro del proceso penal, de garantizar la participación de la víctima a través de recursos efectivos y de adoptar las medidas relacionadas con el restablecimiento del derecho de las víctimas de delitos, aun cuando haya prescrito la conducta punible. Por lo tanto, el restablecimiento del derecho se puede reconocer en cualquier etapa del proceso penal y no necesariamente en la audiencia de juzgamiento, en la medida en que, se reitera, éste es independiente de la responsabilidad penal.
7.4. En efecto, en la exposición de motivos de la Ley 906 de 2004[79] se estableció claramente la trasformación del sistema penal con el fin de garantizar la protección de las víctimas y la reparación integral de los perjuicios ocasionados con la comisión del delito. Al respecto, se indicó:
“El ordenamiento penal -sustantivo y procesal- siempre se ha ocupado de la acción civil encaminada a obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento de los daños derivados del delito, por ende, de naturaleza esencialmente indemnizatoria y de contenido civil y económico, señalando su finalidad, titulares y formas de ejercerla para lo cual se consagró la institución de la parte civil. Sin embargo, esta concepción limitada de los derechos de las víctimas, común en los sistemas penales tradicionales en cuanto las relega a una posición marginal de cara al proceso penal, ha venido sufriendo una transformación sustancial al punto que en la actualidad el derecho de las víctimas de los delitos surge como uno de los desafíos de la comunidad jurídica, el cual exige cambios estructurales tales como la implementación de instrumentos que les otorgue espacios dentro y fuera del proceso a través de métodos alternativos para la solución de conflictos como la mediación. Esta tendencia sin duda tiene acogida en el sistema acusatorio de procesamiento criminal, implantado con el Acto Legislativo 03 de 2002 y desarrollado en el proyecto de Código de Procedimiento Penal que hoy se presenta a consideración de la Cámara de Representantes, a través del tratamiento que aquí se da a las víctimas y perjudicados con miras a cumplir los estándares internacionales requeridos en materia de eficiencia del sistema penal.
Es así como a la luz de la nueva regulación legal, las víctimas de un delito en garantía de los derechos que les asiste a la verdad, la justicia y la reparación, pueden intervenir en todas las fases de la actuación penal para demandar la adopción de medidas de atención indispensables en orden a garantizar su seguridad personal y familiar, como también las de protección necesarias frente a toda injerencia indebida a su privacidad o dignidad.
Así mismo, pueden acceder a la justicia en condiciones de igualdad para la determinación de sus derechos de carácter civil (restablecimiento del derecho y el resarcimiento de los perjuicios), a través de la solicitud de las medidas patrimoniales instauradas a su favor o del incidente de reparación integral; tienen derecho igualmente, a conocer la realidad de los hechos o a ser debidamente informadas sobre el desarrollo de averiguación, el juicio, la sentencia, la dosificación de la pena y cuanto sea de su interés a efecto de promover el incidente de reparación integral. Como también están facultadas para intervenir en el programa de justicia restaurativa, entendida ésta como el proceso en el que la víctima y el imputado o acusado participan conjuntamente de forma activa, en la resolución de cuestiones derivadas del delito, en busca de un resultado restaurativo o acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades de las partes y a lograr su reintegro a la comunidad, con o sin participación de un facilitador, mediante mecanismos tales como la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación.
De manera que las víctimas y los perjudicados adquieren con el nuevo sistema penal el status de protagonistas activos, acorde con los principios de protección y promoción de los derechos humanos y de la lucha contra la impunidad”.
7.5. Ahora bien, es pertinente recordar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la de la Corte Constitucional ha considerado que esta medida de suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente resulta eficaz y apropiada para el restablecimiento del derecho y la reparación de las víctimas dentro del proceso penal. Ello en tanto permite volver las cosas a su estado original y desvirtuar los derechos que se arrogaron de manera contraria al ordenamiento jurídico. Igualmente, contribuye a evitar la consumación de situaciones irregulares y los consecuentes perjuicios causados. Para esta Corporación, la medida en cuestión es un instrumento que “ha tenido en Colombia finalidades directamente relacionadas con los derechos de las víctimas, como evitar que continúe generándose un perjuicio en su contra, por lo cual éstas deben poder solicitar su aplicación y negarles esta facultad les priva de un recurso judicial efectivo frente al restablecimiento del derecho que no será materializado si el delito sigue produciendo efectos jurídicos”.[80]
Si bien es claro que uno de los deberes de la Fiscalía General de la Nación es representar los intereses de la víctima, de conformidad con el artículo 250 de la Constitución Política y los artículos 11, 132 y siguientes de la Ley 906 de 2004, esta puede intervenir de manera directa en el proceso.
En este contexto, entendiendo que las víctimas también están facultadas para solicitar tal medida en virtud de la sentencia C-839 de 2013, no resulta ajustado a derecho el límite contenido en la norma para realizar tal solicitud. Lo anterior por cuanto, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 136 de la Ley 906 de 2004 y en la jurisprudencia constitucional sobre la participación de la víctima en las distintas etapas procesales del sistema acusatorio, de acuerdo con el artículo 340[81] de la citada codificación, las víctimas son formalmente reconocidas en la audiencia de acusación y es a partir de ese momento cuando tienen acceso y conocimiento pleno del expediente y cuando se hace el descubrimiento de las pruebas recaudadas. Por lo tanto, es en este escenario donde la víctima conocerá las evidencias existentes y contará con elementos materiales de prueba para respaldar su petición.
7.6. Así las cosas, los argumentos expuestos hasta el momento permiten concluir que la limitación temporal de la solicitud de suspensión y cancelación de registros fraudulentos por parte de las víctimas resulta vulneratoria de sus derechos de acceso a la justicia y más concretamente a la reparación y al restablecimiento del derecho.
No obstante y aunque los cargos presentados van dirigidos exclusivamente a cuestionar el término procesal contenido en la norma frente a la facultad otorgada a la víctima para solicitar la medida, la declaratoria de inexequibilidad de la expresión habilitaría al fiscal para que, al igual que la víctima, pueda solicitar esta medida de suspensión y cancelación de los registros fraudulentos en cualquier momento procesal.
7.7. De manera que en de conformidad con lo antes expuesto, la Corte Constitucional declarará inexequible la expresión “y antes de la acusación” y por consiguiente, tanto la Fiscalía General de la Nación como las víctimas podrán solicitar en cualquier momento la medida de suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente.
De conformidad con las consideraciones expuestas, dado que la jurisprudencia constitucional permitió que las víctimas pudieran solicitar la medida de suspensión y cancelación de registros fraudulentos, limitarlas temporalmente a que se solicite tal medida antes de la acusación, desconoce sus derechos fundamentales el derecho a la justicia, más concretamente a la reparación y al restablecimiento del derecho de las víctimas y las priva de un recurso judicial efectivo para obtener el restablecimiento del derecho violentado con la conducta punible.
Bajo ese entendido, la Corte Constitucional declarará inexequible la expresión “y antes de presentarse la acusación” por lo que tanto el fiscal como las víctimas podrán solicitar la medida de suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente en cualquier momento.
Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y antes de presentarse la acusación” contenida en el inciso 1 del artículo 101 de la Ley 906 de 2004 por las razones expuestas en la presente providencia.
[1] Ver folios 90 a 93 del cuaderno principal del expediente.
[3] Corte Constitucional. Sentencia C-1052 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[4] Corte Constitucional. Sentencia C-641 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil). Tomado de las sentencias C-1052 y 1193 de 2001. (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), entre otras.
[5] Corte Constitucional. Sentencia C-029 de 2011 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[6] Corte Constitucional. Sentencia C-781 de 2007 (MP. Humberto Sierra Porto).
[7] Se reiterará especialmente la sentencia C-839 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), mediante la cual se analizó la solicitud de la medida de suspensión del registro de bienes obtenidos fraudulentamente por parte de las víctimas.
[8] Adoptada por la Asamblea General mediante Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, según la cual las víctimas "tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido" y para ello es necesario que se permita "que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones, siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio de los del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente".
[9] En los artículos 8 y 25 se consagra el derecho de todas las personas a acudir a los procesos judiciales para ser escuchadas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, para la determinación de sus derechos y obligaciones y a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra violaciones de sus derechos fundamentales, respectivamente.
[10] El literal a) del numeral 3º del artículo 2º de dicho Pacto, al respecto señala literalmente que “toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”. Los recursos a que se refiere esta norma (i) deben estar a disposición de toda persona y ser adecuados para que aun los sujetos especialmente vulnerables puedan acceder a ellos; (ii) ser efectivos para reivindicar los derechos fundamentales amparados por el Pacto, y (iii) garantizar que las denuncias por violaciones de derechos sean investigadas de un modo rápido, detallado y efectivo por órganos independientes e imparciales. Adicionalmente, la interpretación de la norma exige que haya una reparación para las personas cuyos derechos amparados por el Pacto hayan sido violados, reparación que implica “por lo general” la concesión de una indemnización apropiada.
[11] Adoptada por la Asamblea General en 1984, aprobada mediante la Ley 70 de 1986, en sus artículos 4. 5 y 6 de la Convención disponen que los Estados Parte velen por que todos los actos de tortura constituyan delitos y se castiguen con penas adecuadas; adopten las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre estos delitos y procedan a la detención de los responsables.
[12] OEA. Adoptada por la Asamblea General en Cartagena de Indias en 1985, aprobada mediante la Ley 406 de 1997, en sus artículos 8 y 9 dispone (i) “Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. || Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. || Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado.” (ii) “Los Estados partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura.|| Nada de lo dispuesto en este artículo afectará el derecho que puedan tener la víctima u otras personas de recibir compensación en virtud de legislación nacional existente”.
[13] En su artículo 1, consagra que los Estados se comprometen a no practicarla ni permitir que se practique, y a sancionar a los autores de este delito, sus cómplices y encubridores. Así mismo, se obligan a cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas y para tomar medidas legislativas para tipificar el delito, cuya acción penal no estará sujeta a prescripción.
[14] El artículo 6 dispone que “las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados en el artículo III, serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción.”
[15] ONU. Adoptado por la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas el 17 de junio de 1998. “El Estatuto de Roma, mediante el cual se crea la Corte Penal Internacional, constituye probablemente el mayor instrumento internacional de protección a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, el cual se aplica cuando uno de los Estados signatarios no tiene capacidad o disposición de administrar justicia respecto de aquellos casos para los cuales fue establecido el referido Tribunal” Sentencia C-839 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[16] Corte IDH. Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Citada en la sentencia C-839 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En ese caso el señor Godínez Cruz, dirigente sindical, fue secuestrado y posteriormente desaparecido. Las pruebas obrantes dentro del proceso permitieron establecer que el hecho fue ejecutado por las autoridades hondureñas, dentro de una práctica generalizada de desaparecer a personas consideradas peligrosas. La Corte consideró que Honduras había violado, en perjuicio del señor Godínez Cruz, los deberes de respeto y garantía de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[17] Sentencia C-839 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). Ver entre otras, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia, Caso Barrios Altos vs. Perú, Caso Myrna Mack Chang vs Guatemala, Caso Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, Caso comunidad Moiwana vs. Suriname y Caso Bámaca Velásquez vs Guatemala.
[18] Citado en la Sentencia C-839 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[19] Corte Constitucional. Sentencia C-031 de 2018 (MP. Diana Fajardo Rivera).
[20] Esta reseña fue realizada en la sentencia C-839 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y es parcialmente modificada en esta providencia.
[21] Corte Constitucional. Sentencia C-1154 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[22] “ARTÍCULO 79. ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Cuando la Fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la actuación.
[23] Corte Constitucional. Sentencia C-1177 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[24] “ARTÍCULO 69. REQUISITOS DE LA DENUNCIA, DE LA QUERELLA O DE LA PETICIÓN. <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE exequibles> La denuncia, querella o petición se hará verbalmente, o por escrito, o por cualquier medio técnico que permita la identificación del autor, dejando constancia del día y hora de su presentación y contendrá una relación detallada de los hechos que conozca el denunciante. Este deberá manifestar, si le consta, que los mismos hechos ya han sido puestos en conocimiento de otro funcionario. Quien la reciba advertirá al denunciante que la falsa denuncia implica responsabilidad penal.
[25] Corte Constitucional. Sentencia C-1177 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño). Se indicó que “la preservación de los derechos de las víctimas en el proceso penal exige que la decisión sobre el mérito de la denuncia esté rodeada de un mínimo de garantías. En el nuevo sistema procesal penal, la denuncia adquiere para las víctimas y perjudicados con el delito especial relevancia, en razón a que, eliminado el mecanismo de la demanda de parte civil, se erige como el acto fundamental de acceso a la justicia para la reivindicación de sus derechos. Advierte, sin embargo la Corte, que el nuevo esquema procesal no prevé ningún tipo de control interno o externo para la decisión de inadmisión de la denuncia. En diferentes oportunidades se ha pronunciado esta Corporación acerca de la necesidad de que las acciones y omisiones de la Fiscalía estén sometidas a controles externos [33]. Tales controles no se oponen a la autonomía que la Constitución reconoce a este órgano de investigación, y en cambio sí se presentan como la concreción de varias disposiciones constitucionales como (i) el principio del Estado Social de Derecho donde todas las autoridades están sometidas al ordenamiento jurídico y a los consecuentes controles externos, (artículos 1, 2, y 6, CP); (ii) el principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público (artículo 113, CP); (iii) el deber de las autoridades de garantizar la efectividad de los derechos de las personas, en este caso de quienes son víctimas o perjudicados con el delito (artículos 2 y 250, CP); y (iv) el deber de las autoridades de proteger a las personas contra la arbitrariedad (artículos 2 y 6, CP).
A juicio de la Corte, la decisión acerca de la denuncia reviste particular relevancia para la efectividad de los derechos de las víctimas y perjudicados con los delitos, por lo que no puede quedar exenta de controles externos. En consecuencia condicionará la exequibilidad de la expresión acusada “en todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento” a que tal decisión emitida por el fiscal sea notificada al denunciante y al Ministerio Público. Ello a efecto de investir tal decisión de la publicidad necesaria para que el denunciante, de ser posible, ajuste su declaración de conocimiento a los requerimientos de fundamentación que conforme a la interpretación aquí plasmada le señale el fiscal, o para que el Ministerio Público, de ser necesario, despliegue las facultades que el artículo 277 numeral 7° de la Constitución le señala para la defensa de los derechos y garantías fundamentales.”
[26] Corte Constitucional. Sentencia C-454 de 2006 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[27] “ARTÍCULO 135. GARANTÍA DE COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Los derechos reconocidos serán comunicados por el fiscal a la víctima desde el momento mismo en que esta intervenga.
Igualmente se le informará sobre las facultades y derechos que puede ejercer por los perjuicios causados con el injusto, y de la disponibilidad que tiene de formular una pretensión indemnizatoria en el proceso por conducto del fiscal, o de manera directa en el incidente de reparación integral.”
[28] “ARTÍCULO 357. SOLICITUDES PROBATORIAS. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Durante la audiencia el juez dará la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión.
Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por estas que pudiere tener esencial influencia en los resultados del juicio, solicitará su práctica.”
[29] Al respecto se indicó que: “los fundamentos constitucionales de los derechos de las víctimas, así como los pronunciamientos que sobre la ley 906 de 2004 ha realizado la Corte, permiten afirmar que la víctima ocupa un papel protagónico en el proceso, que no depende del calificativo que se le atribuya (como parte o interviniente), en tanto que se trata de un proceso con sus propias especificidades, en el que los derechos de los sujetos que intervienen están predeterminados por los preceptos constitucionales, las fuentes internacionales acogidas por el orden interno y la jurisprudencia constitucional. El alcance de los derechos de las víctimas deben interpretarse dentro de este marco.”
[30] El artículo 340 de la ley 906 de 2004 establece que en la audiencia de formulación de acusación “se determinará la calidad de víctima, de conformidad con el artículo 132 de este código. Se reconocerá su representación legal en caso de que se constituya”.
[31] Corte Constitucional. Sentencia C-822 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[32] “ARTÍCULO 250. PROCEDIMIENTO EN CASO DE LESIONADOS O DE VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible. Aparte tachado INEXEQUIBLE> Cuando se trate de investigaciones relacionadas con la libertad sexual, la integridad corporal o cualquier otro delito en donde resulte necesaria la práctica de reconocimiento y exámenes físicos de las víctimas, tales como extracciones de sangre, toma de muestras de fluidos corporales, semen u otros análogos, y no hubiera peligro de menoscabo para su salud, la policía judicial requerirá el auxilio del perito forense a fin de realizar el reconocimiento o examen respectivos.
El reconocimiento o examen se realizará en un lugar adecuado, preferiblemente en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, en un establecimiento de salud.”
[33] Corte Constitucional. Sentencia C-209 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[34] “ARTÍCULO 327. CONTROL JUDICIAL EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. <Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 1312 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> El juez de control de garantías deberá efectuar el control de legalidad de las solicitudes individuales o colectivas respectivas dentro de los cinco (5) días siguientes a la determinación de la Fiscalía de dar aplicación al principio de oportunidad.
La aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados o acusados y la Fiscalía, no podrá comprometer la presunción de inocencia y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad.”
[35] “ARTÍCULO 337. CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN Y DOCUMENTOS ANEXOS. El escrito de acusación deberá contener:
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> La Fiscalía solamente entregará copia del escrito de acusación con destino al acusado, al Ministerio Público y a las víctimas, con fines únicos de información.”
[36] Corte constitucional. Sentencia C-839 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[37] Corte Constitucional. Sentencia C- 210 de 2007 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[38] ARTÍCULO 92. MEDIDAS CAUTELARES SOBRE BIENES. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> El juez de control de garantías, en la audiencia de formulación de la imputación o con posterioridad a ella, a petición del fiscal o de las víctimas directas podrá decretar sobre bienes del imputado o del acusado las medidas cautelares necesarias para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito. || La víctima directa acreditará sumariamente su condición de tal, la naturaleza del daño recibido y la cuantía de su pretensión. || El embargo y secuestro de los bienes se ordenará en cuantía suficiente para garantizar el pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado, previa caución que se debe prestar de acuerdo al régimen establecido en el Código de Procedimiento Civil, salvo que la solicitud sea formulada por el fiscal o que exista motivo fundado para eximir de ella al peticionante. El juez, una vez decretado el embargo y secuestro, designará secuestre y adelantará el trámite posterior conforme a las normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil. || Cuando las medidas afecten un bien inmueble que esté ocupado o habitado por el imputado o acusado, se dejará en su poder a título de depósito gratuito, con el compromiso de entregarlo a un secuestre o a quien el funcionario indique si se profiere sentencia condenatoria en su contra. ||PARÁGRAFO. En los procesos en los que sean víctimas los menores de edad o los incapaces, el Ministerio Público podrá solicitar el embargo y secuestro de los bienes del imputado en las mismas condiciones señaladas en este artículo, salvo la obligación de prestar caución.
[39] ARTÍCULO 97. PROHIBICIÓN DE ENAJENAR. El imputado dentro del proceso penal no podrá enajenar bienes sujetos a registro durante los seis (6) meses siguientes a la formulación de la imputación, a no ser que antes se garantice la indemnización de perjuicios o haya pronunciamiento de fondo sobre su inocencia. || Esta obligación deberá ser impuesta expresamente en la audiencia correspondiente. Cualquier negociación que se haga sobre los bienes sin autorización del juez será nula y así se deberá decretar. || Para los efectos del presente artículo el juez comunicará la prohibición a la oficina de registro correspondiente. || Lo anterior sin perjuicio de los negocios jurídicos realizados con anterioridad y que deban perfeccionarse en el transcurso del proceso y de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer, personalmente o por intermedio de abogado dentro de una audiencia preliminar que deberá proponerse, para ese único fin, desde la formulación de la imputación hasta antes de iniciarse el juicio oral, con base en los motivos existentes al tiempo de su formulación. El juez que conozca del asunto resolverá de plano.
[40] ARTÍCULO 118. INTEGRACIÓN Y DESIGNACIÓN. La defensa estará a cargo del abogado principal que libremente designe el imputado o, en su defecto, por el que le sea asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública.
[41] ARTÍCULO 119. OPORTUNIDAD. La designación del defensor del imputado deberá hacerse desde la captura, si hubiere lugar a ella, o desde la formulación de la imputación. En todo caso deberá contar con este desde la primera audiencia a la que fuere citado.|| El presunto implicado en una investigación podrá designar defensor desde la comunicación que de esa situación le haga la Fiscalía.
[42] Corte Constitucional. Sentencia C-343 de 2007 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[43] “ARTÍCULO 390. EXAMEN DE LOS TESTIGOS. Los testigos serán interrogados uno después del otro, en el orden establecido por la parte que los haya solicitado. Primero serán interrogados los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Antes de iniciar el interrogatorio a un testigo, el juez le informará de los derechos previstos en la Constitución y la ley, y le exigirá el juramento en la forma señalada en el artículo anterior. Después pedirá que se identifique con sus nombres y apellidos y demás generales de ley.”
[44] Corte Constitucional. Sentencia C-516 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[45] “ARTÍCULO 348. FINALIDADES. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso, la Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso.
El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política criminal, a fin de aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento.”
[46] “ARTÍCULO 350. PREACUERDOS DESDE LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación.
2. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena.”
[47] “ARTÍCULO 351. MODALIDADES. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación.
[48] “ARTÍCULO 352. PREACUERDOS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA ACUSACIÓN. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, el fiscal y el acusado podrán realizar preacuerdos en los términos previstos en el artículo anterior.
Cuando los preacuerdos se realizaren en este ámbito procesal, la pena imponible se reducirá en una tercera parte.”
[49] Corte Constitucional. Sentencia C-060 de 2008 (MP. Nilson Pinilla Pinilla).
[50] “ARTÍCULO 101. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE REGISTROS OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE. <Inciso CONDICIONALMENTE exequible> En cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.
[51] Corte Constitucional Sentencia C-409 de 2009 (MP. Juan Carlos Henao Pérez).
[52] “ARTÍCULO 108. CITACIÓN DEL ASEGURADOR. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Exclusivamente para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103, la víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable podrán pedir la citación del asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de seguro válidamente celebrado, quien tendrá la facultad de participar en dicha conciliación.”
[53] Corte Constitucional. Sentencia C-936 de 2010 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[54] Corte Constitucional. Sentencia C-250 de 2011 (MP. Mauricio González Cuervo).
[55] “ARTÍCULO 100. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> El artículo 447 de la Ley 906 de 2004 quedará así: || Artículo 447. Individualización de la pena y sentencia. Si el fallo fuere condenatorio, o si se aceptare el acuerdo celebrado con la Fiscalía, el juez concederá brevemente y por una sola vez la palabra al fiscal y luego a la defensa para que se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable. Si lo consideraren conveniente, podrán referirse a la probable determinación de pena aplicable y la concesión de algún subrogado. || Si el juez para individualizar la pena por imponer, estimare necesario ampliar la información a que se refiere el inciso anterior, podrá solicitar a cualquier institución pública o privada, la designación de un experto para que este, en el término improrrogable de diez (10) días hábiles, responda su petición. || Escuchados los intervinientes, el juez señalará el lugar, fecha y hora de la audiencia para proferir sentencia, en un término que no podrá exceder de quince (15) días contados a partir de la terminación del juicio oral.|| PARÁGRAFO. En el término indicado en el inciso anterior se emitirá la sentencia absolutoria.”
[56] Corte Constitucional. Sentencia C-260 de 2011 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio).
[57] “ARTÍCULO 397. INTERROGATORIO POR EL JUEZ. Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio o contrainterrogatorio, para conseguir que el testigo responda la pregunta que le han formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso.”
[58] Corte Constitucional. Sentencia C-782 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[59] “ARTÍCULO 90. OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS BIENES. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Si en la sentencia o decisión con efectos equivalentes se omite el pronunciamiento definitivo sobre los bienes afectados con fines de comiso, la defensa, el fiscal o el Ministerio Público podrán solicitar en la misma audiencia la adición de la decisión con el fin de obtener el respectivo pronunciamiento.”
[60] Corte Constitucional. Sentencias C-782 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), C-209 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). Reiteración en la Sentencia C-651 de 2011 (MP. María Victoria Calle Correa).
[61] Corte Constitucional. Sentencia C-839 de 2013. (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[62] Corte Constitucional. Sentencia C-616 de 2014 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[63] “ARTÍCULO 443. TURNOS PARA ALEGAR. El fiscal expondrá oralmente los argumentos relativos al análisis de la prueba, tipificando de manera circunstanciada la conducta por la cual ha presentado la acusación.
Finalmente, la defensa, si lo considera pertinente, expondrá sus argumentos los cuales podrán ser controvertidos exclusivamente por la Fiscalía. Si esto ocurriere la defensa tendrá derecho de réplica y, en todo caso, dispondrá del último turno de intervención argumentativa. Las réplicas se limitarán a los temas abordados.”
[64] Corte Constitucional. Sentencia C-233 de 2016 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[65] Corte Constitucional. Sentencia C-469 de 2016 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva. SPV Jorge Iván Palacio).
[66] Corte Constitucional. Sentencia C-031 de 2018 (MP. Diana Fajardo Rivera. AV Antonio José Lizarazo, Alejandro Linares Cantillo. SV Carlos Bernal Pulido).
[67] “ARTÍCULO 47. SOLICITUD DE CAMBIO. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado por el artículo 71 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Antes de iniciarse la audiencia del juicio oral, las partes o el Ministerio Público, oralmente o por escrito, podrán solicitar el cambio de radicación ante el juez que esté conociendo del proceso, quien informará al superior competente para decidir.
El juez que esté conociendo de la actuación también podrá solicitar el cambio de radicación ante el funcionario competente para resolverla.”
[68] Corte Constitucional. Sentencia C-839 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[69] Antiguo Código de Procedimiento Penal, derogado por el artículo 573 del Decreto 2700 de 1991.
[70] Corte Constitucional. Sentencia C-839 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[71] Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia del 3 de diciembre de 1987. (M.P. Dr. Jairo Duque Pérez).
[72] Corte Constitucional. Sentencia C-245 de 1993 (MP. Fabio Morón Díaz).
[73] Corte Constitucional. Sentencia C-245 de 1993 (MP. Fabio Morón Díaz). Se indicó en esta oportunidad que “2o. Desde otro punto de vista, la Carta Política no extiende la protección que se establece en favor de la propiedad privada y demás derechos adquiridos en el artículo 58 a los bienes y derechos que no sean adquiridos con justo título y de conformidad con las leyes civiles; por tanto no existe por este aspecto vicio de constitucionalidad, ya que se trata de una decisión de carácter judicial que se debe adoptar dentro de los ritos propios del debate procesal penal y que surge del deber básico del juez de administrar justicia conforme al debido proceso legal.”
[74] “Sentencia de la Corte Constitucional. C-245 de 1993. M.P. Fabio Morón Díaz. Las medidas, que con fundamento en la disposición acusada, se pueden decretar, se enderezan, además, a proteger la legalidad de la función registral en los términos de su valor jurídico y de su importancia social, así como a amparar penalmente los privilegios que incorpora la definición legal de los títulos valores, los que se verían seriamente afectados si, demostrada la tipicidad del hecho punible, es decir, comprobado que efectivamente se cometió el delito y que éste afecta el título y en su caso al registro, el funcionario judicial tuviese que reservarse hasta el final del proceso y de la resolución de las correspondientes impugnaciones contra la sentencia, para ampararlos con la orden de cancelación del registro o del título.”
[75] Corte Constitucional. Sentencia C-839 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[76] Artículo 101: “Suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. En cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.
[77] Corte Constitucional. Sentencia C-060 de 2008 (MP. Nilson Pinilla Pinilla).
[78] “ARTÍCULO 22. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independientemente de la responsabilidad penal.”
[79] Ver Gaceta del Congreso No. 339 del 23 de julio de 2003. Página 62
[80] Corte Constitucional. Sentencia C-839 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[81] ARTÍCULO 340. LA VÍCTIMA. En esta audiencia se determinará la calidad de víctima, de conformidad con el artículo 132 de este código. Se reconocerá su representación legal en caso de que se constituya. De existir un número plural de víctimas, el juez podrá determinar igual número de representantes al de defensores para que intervengan en el transcurso del juicio oral.