Source: http://www.blogsiseguridad.com/2013/04/anteproyecto-ley-de-seguridad-privada.html
Timestamp: 2017-10-16 21:56:52
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Blog Segurpricat Siseguridad Consulting : Anteproyecto Ley de Seguridad Privada 2013 del Articulo 1 al 35 Jefe de Seguridad inclusives
Anteproyecto Ley de Seguridad Privada 2013 del Articulo 1 al 35 Jefe de Seguridad inclusives
La seguridad no es solo un valor jurídico, normativo o político; es igualmente un valor
social. Es uno de los pilares primordiales de la sociedad, se encuentra en la base de la
libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los individuos.
Los Estados, al establecer el modelo legal de seguridad privada, lo perfilan como la
forma en la que los agentes privados contribuyen a la minoración de posibles riesgos
asociados a su actividad industrial o mercantil, u obtienen seguridad adicional más allá de la
que provee la seguridad pública. En esta óptica, la existencia de la seguridad privada se
configura como una medida de anticipación y prevención frente a posibles riesgos, peligros o
delitos. La consideración de la seguridad privada como una actividad con entidad propia, pero
a la vez como parte integrante de la seguridad pública, es hoy un hecho innegable.
No solo en España sino fundamentalmente en nuestro entorno europeo, la seguridad
privada se ha convertido en un verdadero actor de las políticas globales y nacionales de
En los últimos años, se han producido notables avances en la consideración ciudadana y
en el replanteamiento del papel del sector privado de la seguridad, reconociéndose la
importancia, eficacia y eficiencia de las alianzas público-privadas como medio para hacer
frente y resolver los problemas acuciantes y variados de seguridad que se producen en la
sociedad. Cada vez más, la seguridad privada se considera una parte indispensable del
conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad.
Ciertamente, la Ley 23/1992, de 30 de julio, así como su normativa de desarrollo, ha
supuesto un gran avance para la evolución de la seguridad privada en España, e incluso ha
constituido un modelo para procesos normativos análogos en otros Estados de la Unión
Europea. Sin embargo, resulta imprescindible alumbrar una nueva normativa legal que dé
solución a los problemas detectados y permita seguir evolucionando a un sector de la industria
de servicios española que tanto ha contribuido a la seguridad.
En efecto, la regulación del año 1992 resulta hoy claramente insuficiente, lo que se
percibe en sus profundas lagunas y carencias, paliadas parcialmente en el posterior
reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, e
incluso por normas de rango inferior o simples resoluciones. Han sido en muchas ocasiones
este tipo de normas las que han permitido que la Ley 23/1992, de 30 de julio, haya podido
mantener su vigencia hasta el momento actual.
Además, la pertenencia de nuestro país a la Unión Europea ha obligado a que la norma
fundamental que regula en España la seguridad privada, la Ley 23/1992, de 30 de junio, haya
debido ser modificada por los Reales Decreto-leyes 2/1999, de 29 de enero, y 8/2007, de 14
de septiembre, así como por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
Leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, con la finalidad de adaptarse cada vez a un entorno más abierto y globalizado,
fenómeno que la citada ley, lógicamente, consideró de manera muy colateral.
Otros dos factores determinantes de la necesidad de sustituir la vigente ley cabecera de
este sector del ordenamiento jurídico son los importantísimos cambios tecnológicos, que
condicionan la prestación de servicios de seguridad, y la tendencia a la integración de las
distintas seguridades en un concepto de seguridad integral, cuestión a tener en cuenta tanto
en el ámbito de las actividades como en el de las funciones y servicios que presta el personal
de seguridad privada, aspectos éstos que la Ley 23/1992, de 30 de julio, no podía contemplar.
Pasados veinte años desde su promulgación, ante un sector maduro y completamente
profesionalizado, con presencia en todos los lugares y niveles de la vida del país y de sus
ciudadanos, y ante una realidad completamente diferente a la del año 1992, es necesario
aprobar una nueva norma que permita solucionar los problemas de funcionamiento detectados
a lo largo de estas dos décadas pasadas.
Al contrario de la anterior regulación, la nueva ley representa un tratamiento total y
sistemático de la seguridad privada en su conjunto, que pretende abarcar toda la realidad del
sector existente en España, al tiempo que lo prepara para el futuro.
En consecuencia, es preciso transitar desde la concepción de control y sanción, que
inspira el preámbulo y el articulado de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y que tuvo su razón de
ser en aquel momento, hasta una norma que permita aprovechar las enormes potencialidades
que presenta la seguridad privada desde la perspectiva del interés público.
eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organización y
planificación, formación y motivación del personal de seguridad; la eliminación de las
situaciones que dan lugar al intrusismo tanto de las empresas como del personal; la dotación
al personal de seguridad privada del respaldo jurídico necesario para el ejercicio de sus
funciones legales, y los elementos de colaboración entre la seguridad privada y la seguridad
eficazmente el principio de complementariedad a través de otros que lo desarrollan, como los
de cooperación o de corresponsabilidad, y ahonda en el principio de subsidiariedad mediante
una técnica legislativa más flexible que permite una adaptación permanente a los cambios que
experimente la sociedad sin que sea precisa una reforma de rango legal para ello.
En la relación especial que mantiene la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, auténticos garantes del sistema de libertades y derechos que constitucionalmente
protegen, se hace necesario avanzar en fórmulas jurídicas que reconozcan el papel auxiliar y
especialmente colaborador desempeñado por la seguridad privada, de forma que, además de
integrar funcionalmente sus capacidades en el sistema público de seguridad, les haga
partícipes de la información que resulte necesaria para el mejor cumplimiento de sus deberes.
Se aborda, así, una reforma en profundidad de la regulación legal hasta ahora vigente
que pivota sobre dos ejes. En primer lugar, sobre la base irrenunciable de la preeminencia de
la seguridad pública sobre la seguridad privada, se realiza una adecuación de la normativa
que permita su adaptación y dé respuesta a la necesidad real de seguridad en cada momento
existente, de manera que se aprovechen todas sus potencialidades. En segundo lugar, los
poderes de intervención y control público sobre la seguridad privada se focalizan en los
aspectos verdaderamente esenciales para la seguridad pública de los ciudadanos,
desregulando los aspectos accesorios que no tienen una directa relación con el servicio de
seguridad, al tiempo que se moderniza su gestión y se potencia su colaboración con la
En resumen, puede decirse que el conjunto de los cambios propuestos en la nueva Ley,
además de mejorar y resolver problemas técnicos, de gestión y operativos, profundiza
decididamente en el actual modelo español de seguridad privada (complementaria,
subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública), apostando por su papel
preventivo en beneficio de la seguridad general, y lo hace aprovechando e integrando
funcionalmente todo su potencial informativo, de recursos humanos y de medios materiales, al
servicio de la protección y seguridad del conjunto de la ciudadanía.
Uno de los aspectos donde más se ha puesto de manifiesto el cambio habido desde la
aprobación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, es en la participación de las comunidades
autónomas en la materia. Lo que entonces era algo residual se ha transformado en un
fenómeno de mayor calado, pues a las comunidades autónomas con competencia
estatutariamente asumida para la protección de personas y bienes y el mantenimiento del
orden público, se van uniendo otras comunidades autónomas cuyos nuevos estatutos de
autonomía reconocen su competencia sobre la seguridad privada, aunque en ambos casos
con sujeción a lo que el Estado regule de acuerdo con el artículo 149.1.29ª de la Constitución.
Así, la nueva ley quiere reconocer este cambio de situación y contemplar el fenómeno de
una manera global, no tangencial, como hasta el momento, reflejando los diferentes niveles
competenciales en función de la dicción estatutaria.
Para que la actuación de las distintas administraciones públicas sea coherente con el
mantenimiento de la armonía del sistema, es fundamental incidir en los ya aludidos principios
de coordinación y cooperación interadministrativa.
Al objeto de evitar interferencias y duplicidades, se prevén mecanismos de coordinación
institucional, se clarifica el reparto de competencias estatales y autonómicas, se afianza la
competencia exclusiva del Estado en materia normativa y se sitúan en la órbita ejecutiva las
Se pasa de un tratamiento normativo parcial a una ley generalista, reguladora de la
totalidad de materias que configuran el sector de la seguridad privada, dotada de
sistematicidad normativa a lo largo de sus siete títulos, con un desglose de materias que
abarcan desde lo más general hasta lo más específico.
Así, en el título preliminar se ha aprovechado para dar definición legal a conceptos o
términos que hasta ahora permanecían jurídicamente imprecisos o indeterminados, tales
como el propio de seguridad privada, o los de actividades de seguridad, servicios de
seguridad, funciones de seguridad, medidas de seguridad u otros de significada importancia,
lo que sin duda alguna ha de tener una directa repercusión favorable en la mejora de la
propia seguridad privada, que no puede ser otra que contribuir, con su acción profesional, a
completar la seguridad pública de la que forma parte.
Otras importantes novedades que la nueva ley incorpora en su título preliminar son las
referidas a la actualización del ámbito de las actividades de seguridad privada; se regulan las
llamadas actividades compatibles, consistentes en todas aquellas materias que rodean o
tienen incidencia directa con el mundo de la seguridad, y, por otra parte, se completan y
perfilan mejor las actividades de seguridad privada, como es el caso de la investigación
privada, que se incluye con normalidad en el catálogo de actividades de seguridad.
La seguridad de la información y las comunicaciones aparece por primera vez, como
actividad compatible sometida a un régimen de inscripción voluntario a partir del cual se
imponen ciertas obligaciones a empresas proveedoras y usuarios.
También se ha aprovechado para realizar una necesaria matización del principio general
de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos, cuya formulación actual,
excesivamente rígida, ha dificultado o impedido la necesaria autorización de servicios en
beneficio del ciudadano, y resulta hoy obsoleta.
En el título I se plasma una de las ideas claves que han inspirado la redacción de la ley,
como es la coordinación y la colaboración entre los servicios de seguridad privada y las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el único objetivo de mejorar la seguridad pública,
mediante el intercambio de información siempre con todas las garantías legales, y la apuesta
decidida por unos órganos de encuentro que han de ser mucho más proactivos que hasta el
En el título II se da rango legal a algunos preceptos dedicados a la regulación de
empresas de seguridad y despachos de detectives, o a los registros de ambos, que se
unifican en el nuevo Registro Nacional de Seguridad Privada.
Además, se regula un sistema flexible que permitirá, cuando sea necesario por razón de
las instalaciones vigiladas, aumentar los requisitos de las empresas, o reducirlos por razón de
la actividad desempeñada.
En el título III se regulan cuestiones anteriormente dejadas al reglamento, donde no
tenían correcta ubicación, tales como las relativas a las funciones de gran parte del personal
de seguridad, ya que la Ley 23/1992, de 30 de julio, tan sólo se ocupaba de las funciones de
los vigilantes de seguridad y de los detectives privados.
La ley modifica el nombre de los guardas particulares del campo, para configurarlos, más
adecuadamente, como guardas rurales.
Por otra parte, se resuelve el problema del requisito de la nacionalidad española o de un
Estado de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo para poder acceder a las profesiones de seguridad, que ahora se amplía a los
nacionales de terceros Estados que tengan suscrito con España un convenio internacional en
el que se contemple tal posibilidad a los nacionales de ambos Estados.
Otra de las novedades que se incorporan en materia de personal, largamente
demandada por el sector, es la consideración legal de agente de la autoridad del personal de
seguridad privada en los supuestos que contempla la nueva norma.
Además de eliminar el inadecuado y distorsionador período de inactividad, que tantas
dificultades y problemas ha supuesto para la normal reincorporación al sector del personal de
seguridad privada, en la formación del personal, junto al actual sistema de acceso a la
profesión a través exclusivamente del Ministerio del Interior, se da cabida a otras posibilidades
de acceso mediante el sistema que determine el Gobierno, a propuesta del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, al contemplarse la posibilidad de una formación profesional
reglada o de grado universitario para el acceso a las diferentes profesiones de seguridad
privada, o de los correspondientes certificados de profesionalidad.
En el título IV se regulan por primera vez en una norma de rango legal y de forma
armónica las medidas de seguridad, así como la especificación de la forma de prestación de
los principales servicios de seguridad (vigilancia y protección, protección personal, depósitos y
transportes de seguridad, e investigación privada), dotando de concreción a otros importantes
servicios para los que la Ley 23/1992, de 30 de julio, y su reglamento de desarrollo no
contienen más que referencias aisladas (verificación y respuesta ante alarmas, instalación y
mantenimiento de sistemas o servicios de planificación y asesoramiento), o no contienen
regulación alguna, como sucede con la videovigilancia en el ámbito de la seguridad privada,
en cumplimiento del mandato contenido en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, de
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.
En el título V se recogen, también por vez primera en sede legal, las actuaciones de
control e inspección sobre las entidades, el personal y las medidas de seguridad, así como la
obligación de colaboración por parte de los afectados. Especialmente relevante es la
incorporación de un precepto que regula las medidas provisionales que pueden adoptar los
funcionarios policiales, cuando en el marco de una inspección lo consideren absolutamente
necesario, quedando en todo caso sujetas a ratificación por la autoridad competente.
En el título VI se da solución a algunas de las principales carencias de la anterior
legislación referidas al régimen sancionador. Así, se contemplan con la debida separación las
infracciones que pueden ser cometidas por las entidades, el personal o los usuarios de
seguridad privada, incluyendo, junto a estos últimos, a los centros de formación en la materia.
Se hace especial hincapié en la regulación de todas aquellas conductas infractoras que
tengan por objeto evitar el intrusismo ya sea realizado por empresas de seguridad, por
personal no habilitado, por empresas de servicios que desarrollan actividades materialmente
de seguridad privada o por los propios usuarios contratantes.
A este respecto, es importante destacar el esfuerzo que se ha hecho en cuanto a la
graduación de las infracciones y a los criterios para determinar la imposición de las
correspondientes sanciones, con el objetivo básico de garantizar la mayor individualización de
Por último, en la parte final, el texto contempla aquellas disposiciones necesarias para
garantizar una transición correcta desde la Ley 23/1992, de 30 de junio, a la nueva legislación,
sobre todo hasta que ésta sea objeto del correspondiente desarrollo reglamentario.
1. Esta ley tiene por objeto regular la realización y la prestación por personas físicas o
jurídicas, de actividades y servicios de seguridad privada que son contratados, voluntaria u
obligatoriamente, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la protección de
personas y bienes. Igualmente regula las investigaciones privadas que se efectúen sobre
aquéllas o éstos. Todas estas actividades tienen la consideración de complementarias y
subordinadas respecto de las de seguridad pública.
2. Asimismo, esta ley, en beneficio de la seguridad pública, establece el marco para la
más eficiente coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, de los que son complementarios.
1. Seguridad privada: el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de
seguridad adoptadas, de forma voluntaria o por disposición legal, por personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, realizadas o prestados por empresas y personal de seguridad
privada para hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, con la finalidad de
garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal
2. Actividades de seguridad privada: los ámbitos de actuación material en que los
prestadores de servicios de seguridad privada llevan a cabo su acción empresarial y
3. Servicios de seguridad privada: las acciones llevadas a cabo por los prestadores de
servicios de seguridad privada para materializar las actividades de seguridad privada.
4. Funciones de seguridad privada: las facultades atribuidas a cada grupo del personal
5. Medidas de seguridad: las disposiciones adoptadas para el cumplimiento de los fines
de prevención o protección pretendidos.
6. Prestadores de servicios de seguridad privada: las entidades autorizadas para
desarrollar servicios de seguridad privada y el personal habilitado para el ejercicio de
7. Empresa de seguridad privada: las personas físicas o jurídicas prestadoras de
8. Personal de seguridad privada: las personas físicas que, habiendo obtenido la
correspondiente habilitación, desarrollan funciones de seguridad privada.
9. Usuario de seguridad privada: las personas físicas o jurídicas que, de forma voluntaria
o por disposición legal, contratan servicios o adoptan medidas de seguridad privada.
10. Despachos de detectives privados: las oficinas constituidas por detectives privados
que prestan servicios de investigación privada.
1. Las disposiciones de esta ley son de aplicación a las empresas de seguridad privada,
al personal de seguridad privada, a los servicios de seguridad privada, a las medidas de
seguridad y a los contratos celebrados en éste ámbito.
2. Igualmente, en la medida que resulte pertinente en cada caso, se aplicarán a los
establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, a los usuarios de los
servicios de seguridad privada, a los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad, a
las empresas prestadoras de servicios de seguridad de la información y las comunicaciones
inscritas en el registro correspondiente, a las centrales de alarma de uso propio y a los centros
de formación de personal de seguridad privada.
3. El régimen sancionador y las medidas provisionales, así como el ejercicio de las
facultades de inspección, serán también aplicables a aquellas empresas y personal que
presten servicios o ejerzan funciones de seguridad privada sin estar autorizadas o habilitados
para el ejercicio legal de los mismos.
a) Satisfacer las necesidades de seguridad de los contratantes de sus servicios, velando
por la indemnidad de las personas o bienes cuya seguridad se le encomiende frente a
amenazas deliberadas y riesgos accidentales o derivados de la naturaleza.
b) Contribuir a garantizar la seguridad pública y a prevenir infracciones.
c) Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando
funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública.
a) La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto
públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos.
b) El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas
las que ostenten la condición legal de autoridad.
c) El depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores,
joyas, metales preciosos, antigüedades, obras de arte u otros objetos que, por su valor
económico, histórico o cultural, y expectativas que generen, puedan requerir vigilancia y
d) El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica, sustancias,
materias, mercancías y cualesquiera objetos que por su peligrosidad precisen de vigilancia y
f) La instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de
seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de
g) La explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales
de alarmas, así como la monitorización de cualesquiera señales de dispositivos auxiliares para
la seguridad de personas, de bienes muebles o inmuebles o de cumplimiento de medidas
impuestas, y la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en todos estos casos.
h) La planificación y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada.
i) La investigación privada.
2. Únicamente pueden prestar servicios y ejercer funciones sobre las actividades de
seguridad privada enumeradas en el apartado anterior las empresas y el personal de
seguridad privada. Los despachos de detectives sólo podrán prestar servicios sobre la
actividad a la que se refiere el párrafo i) del apartado anterior.
3. Las entidades públicas o privadas podrán constituir, previa autorización, centrales de
alarma de uso propio para la recepción, tratamiento y comunicación, en su caso, de las
señales de alarma que reciban de los sistemas de seguridad instalados en bienes inmuebles o
muebles de su titularidad, sin que puedan dar, a través de las mismas, ningún tipo de servicio
de seguridad a terceros.
4. No se dedicarán recursos de la seguridad pública a la ejecución de servicios relativos
a las actividades contempladas en el apartado 1 salvo que razones exclusivamente motivadas
en la defensa del interés público, al que sirven las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
aconsejen o hagan necesario su participación o intervención.
Actividades compatibles.
1. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ley y podrán ser desarrolladas por las
empresas de seguridad privada, sin perjuicio de la normativa específica que pudiera resultar
de aplicación, especialmente en lo que se refiere a la homologación de productos, las
a) La fabricación, comercialización, venta, entrega, instalación o mantenimiento de
elementos o productos de seguridad física y de cerrajería de seguridad.
b) La fabricación, comercialización, venta o entrega de equipos técnicos de seguridad
electrónica, así como la instalación o mantenimiento de dichos equipos siempre que no
incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma o centros de control o
de videovigilancia.
c) La conexión a centrales de alarma de sistemas de prevención contra incendios o de
alarmas de tipo técnico o asistencial, o de sistemas o servicios de control o mantenimiento.
d) Las actividades de seguridad informática, entendidas como el conjunto de medidas
encaminadas a proteger los sistemas de información a fin de garantizar la confidencialidad,
disponibilidad e integridad de la misma o del servicio que aquéllos prestan.
Reglamentariamente podrán imponerse requisitos específicos para garantizar la fiabilidad y
seguridad a las empresas que no sean de seguridad privada que presten este tipo de
4. Los prestadores de servicios y las filiales de empresas de seguridad privada que
vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, siempre que no
incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarmas o con centros de
control o de videovigilancia, quedan excluidos de la legislación de seguridad privada.
5. Las empresas de seguridad privada que se dediquen a la instalación o mantenimiento
de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad que no incluyan la conexión a centrales de
alarma o a centros de control o de videovigilancia, sólo están sometidas a la normativa de
seguridad privada en lo que se refiere a las actividades y servicios de seguridad privada para
las que se encontrasen autorizadas.
No están sujetas a esta ley las actuaciones de autoprotección, entendidas como el
conjunto de cautelas o diligencias que se puedan adoptar individual o colectivamente que
ejecuten por sí y para sí mismos de forma directa los interesados, estrictamente dirigidas a la
protección de su persona o del propio entorno privado, y cuya práctica o aplicación no
conlleve contraprestación alguna ni suponga algún tipo de servicio de seguridad privada a
1. Los servicios y funciones de seguridad privada se prestarán con respeto a la
Constitución, a lo dispuesto en esta ley, especialmente en lo referente a los principios de
actuación establecidos en el artículo 30, y al resto del ordenamiento jurídico.
2. Los servicios de seguridad privada colaborarán, en todo momento y lugar, con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con sujeción a lo que éstas puedan disponer en relación
con la ejecución material de sus actividades.
3. De conformidad con lo dispuesto en la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
las empresas y el personal de seguridad privada tendrán especial obligación de auxiliar y
colaborar, en todo momento, con éstas en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su
colaboración y de seguir sus instrucciones.
4. El Ministro del Interior o, en su caso, el titular del órgano autonómico competente
podrá disponer la participación de la seguridad privada en la prestación de servicios
encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial, especialmente en
los ámbitos de prevención y protección de la seguridad ciudadana, siempre bajo el mando y
coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes y en colaboración con
5. Las empresas y el personal de seguridad privada:
a) No podrán intervenir, mientras estén ejerciendo los servicios y funciones que les son
propios, en la celebración de reuniones y manifestaciones, ni en el desarrollo de conflictos
políticos o laborales.
b) No podrán ejercer ningún tipo de control sobre opiniones políticas, sindicales o
religiosas, o sobre la expresión de tales opiniones, ni crear ni mantener ficheros,
automatizados o no, de datos de carácter personal.
c) Tendrán prohibido comunicar a terceros, salvo a las autoridades judiciales y policiales
para el ejercicio de sus respectivas funciones, cualquier información que conozcan en el
desarrollo de sus servicios y funciones sobre sus clientes o personas relacionadas con éstos,
así como sobre los bienes y efectos de cuya seguridad estuvieren encargados.
6. El Ministro del Interior o, en su caso, el titular del órgano autonómico competente
prohibirá la utilización en los servicios de seguridad privada de determinados medios
materiales o técnicos cuando pudieran causar daños o perjuicios a terceros o poner en peligro
7. Cuando el personal de seguridad privada desempeñe sus funciones en entidades
públicas o privadas en las que se presten servicios que resulten o se declaren esenciales por
la autoridad pública competente, o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto
obligatoriamente, habrán de atenerse, en el ejercicio del derecho de huelga a lo que respecto
de las empresas encargadas de servicios públicos disponga la legislación vigente.
1. No podrá prestarse ningún tipo de servicio de seguridad privada que no haya sido
previamente contratado y, en su caso, autorizado.
2. De acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, los contratos de prestación
de los distintos servicios de seguridad privada deberán, en todo caso, consignarse por escrito
y comunicarse al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente con
antelación a la iniciación de los mismos.
Además de otras prohibiciones contenidas en esta ley, con carácter general se
establecen las siguientes:
a) La prestación de servicios de seguridad privada por parte de personas, físicas o
jurídicas, carentes de la correspondiente autorización.
b) El ejercicio de funciones de seguridad privada por parte de personas físicas carentes
de la correspondiente habilitación profesional.
c) La prestación de servicios de seguridad privada incumpliendo los requisitos o
condiciones legales de prestación de los mismos.
d) El empleo, en servicios de seguridad privada, de medios o medidas de seguridad no
homologadas cuando sea preceptivo, o cuando incumplan las condiciones o requisitos
establecidos en esta ley y en su normativa de desarrollo.
Registro Nacional de Seguridad Privada y registros autonómicos.
1. Las autorizaciones, habilitaciones, comunicaciones o, en su caso, declaraciones
responsables de las empresas de seguridad privada, de los despachos de detectives privados,
del personal de seguridad privada, de los contratos, de los servicios de seguridad privada, de
los centros de formación, de las centrales de alarma de uso propio, así como las sanciones
impuestas y cuantos datos sean necesarios para las actuaciones de control y gestión de la
seguridad privada, se inscribirán de oficio en el Registro Nacional de Seguridad Privada del
2. En el referido Registro, además de la información correspondiente a las empresas de
seguridad privada que en el mismo se inscriban, se incorporará la relativa a las empresas de
seguridad privada inscritas en los registros de las comunidades autónomas con competencia
en la materia. Igualmente se recogerán los datos de las empresas que realicen actividades de
seguridad de la información y las comunicaciones que voluntariamente deseen inscribirse a
efectos de homologación, en la forma que reglamentariamente se determine.
3. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los órganos competentes de las
mencionadas comunidades autónomas deberán comunicar al Registro Nacional de Seguridad
Privada los datos de las inscripciones y anotaciones que efectúen sobre las empresas de
seguridad privada que inscriban y autoricen, así como de sus modificaciones y cancelaciones.
4. Las autoridades responsables del Registro Nacional y de los registros autonómicos
establecerán los mecanismos de colaboración necesarios para permitir su interconexión, la
determinación coordinada de los sistemas de numeración de las empresas de seguridad
privada y el acceso a la información registral contenida en los mismos, para el ejercicio de las
5. Dichos registros serán públicos exclusivamente en cuanto a los asientos referentes a
la denominación o razón social, domicilio, número de identificación fiscal y actividades en
relación con las cuales está autorizada para prestar servicios de seguridad privada. Respecto
del personal de seguridad privada serán públicos sus datos personales y las habilitaciones de
6. Reglamentariamente se regulará la organización y funcionamiento del Registro
Nacional de Seguridad Privada.
Competencias de la Administración General del Estado y de las comunidades
1. Corresponde a la Administración General del Estado, a través del Ministerio del Interior
y, en su caso, de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, el ejercicio de las
competencias necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, y específicamente:
a) La autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada cuya
competencia no haya sido asumida por las comunidades autónomas, así como cuando
cuenten entre sus actividades de seguridad con la de protección personal o la de investigación
c) La habilitación e inhabilitación de todo el personal de seguridad privada, incluidas
documentación, uniformidad, distintivos, armamento y medios de defensa.
d) La aprobación, modificación y cancelación de los programas y cursos específicos de
formación del personal de seguridad privada que no sean de la competencia del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y/o formación profesional para el empleo del Ministerio de
e) La autorización, inspección y sanción de los centros de formación del personal de
seguridad privada cuya competencia no haya sido asumida por las comunidades autónomas,
así como la acreditación, en todo caso, de su profesorado.
f) La autorización, inspección y sanción de los servicios de protección personal y de
aquellas actividades y servicios transfronterizos de seguridad que puedan prestarse por las
g) La autorización, inspección y sanción de los servicios de seguridad privada que se
presten con ámbito territorial de actuación superior al de las comunidades autónomas con
competencia en materia de seguridad privada.
h) La determinación de las características técnicas y de homologación que resulten
exigibles a los productos, sistemas, dispositivos, equipos, medidas y servicios de seguridad
i) La determinación de los establecimientos obligados a disponer de medidas de
seguridad privada, así como la fijación del tipo y alcance de las medidas obligatorias que ha
de cumplir cada tipo de establecimiento.
j) La coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, salvo en el supuesto del artículo 13.1 d).
2. De conformidad con lo dispuesto en la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
corresponde a la Dirección General de la Policía el control de las empresas, entidades y
servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación, de su personal, medios y
3. Igualmente, de conformidad con lo prevenido en la legislación de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, corresponde a la Dirección General de la Guardia Civil el ejercicio de sus
competencias en materia de armas sobre las empresas y el personal de seguridad privada,
así como el control de los guardas rurales y sus especialidades. Sin afectar a las
competencias que corresponden a la Dirección General de la Policía podrá participar en el
control de las actuaciones operativas del personal de seguridad privada, que preste servicios
en su ámbito de competencias.
1. Las comunidades autónomas con competencia para la protección de personas y
bienes y para el mantenimiento del orden público, con arreglo a lo dispuesto en sus estatutos
de autonomía, ejecutarán la legislación del Estado sobre las siguientes materias:
a) La autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada que
tengan su domicilio en la comunidad autónoma y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su
territorio, salvo las que pretendan dedicarse a las actividades de protección personal o de
investigación privada, cuya autorización y control corresponderá al Ministerio del Interior.
b) La inspección y sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en la
c) La autorización, inspección y sanción de los centros de formación del personal de
seguridad privada que tengan su sede en la comunidad autónoma.
d) La coordinación de los servicios de seguridad privada prestados en la comunidad
autónoma con la policía autonómica y las policías locales.
2. Las comunidades autónomas que, en virtud de sus estatutos de autonomía, hayan
asumido competencia ejecutiva en materia de seguridad privada cuando así lo establezca la
legislación del Estado, la ejercerán si disponen de cuerpo de policía propia o establecen
fórmulas de colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía previstas en la legislación de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sobre las siguientes materias:
b) La denuncia, y puesta en conocimiento de las autoridades competentes, de las
infracciones cometidas por las empresas de seguridad que no se encuentren incluidas en el
1. La especial obligación de colaboración de las empresas y el personal de seguridad
privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se desarrollará con sujeción al principio de
legalidad y se encontrará exclusivamente basada en la necesidad de asegurar el buen fin de
las actuaciones tendentes a preservar la seguridad pública, garantizándose la debida reserva
y confidencialidad cuando sea necesario.
2. Las empresas y el personal de seguridad privada deberán comunicar a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad competentes, tan pronto como sea posible, cualesquiera circunstancias
o informaciones relevantes para la prevención, el mantenimiento o restablecimiento de la
seguridad ciudadana, así como todo hecho delictivo de que tuviesen conocimiento en el
ejercicio de su actividad o funciones, poniendo a su disposición a los presuntos delincuentes,
así como los instrumentos, efectos y pruebas relacionadas con los mismos.
3. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán facilitar al personal de seguridad privada,
en el ejercicio de sus funciones, informaciones que faciliten su evaluación de riesgos y
consiguiente implementación de medidas de protección.
1. Se autorizan las cesiones de datos que se consideren necesarios para contribuir a la
salvaguarda de la seguridad ciudadana, así como la conexión de los servicios de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad a los sistemas instalados por las empresas de seguridad privada que
permitan la comprobación de las informaciones en tiempo real.
2. El tratamiento de datos de carácter personal, así como los ficheros, automatizados o
no, creados para el cumplimiento de esta ley se someterán a lo dispuesto en la normativa de
3. La comunicación de buena fe de información a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
por las empresas y el personal de seguridad privada no constituirá vulneración de las
restricciones sobre divulgación de información impuestas por vía contractual o por cualquier
disposición legal, reglamentaria o administrativa.
1. El Ministerio del Interior adoptará las medidas organizativas que resulten adecuadas
para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.1 d).
2. En el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado se
constituirán Comisiones Mixtas de Seguridad Privada, nacionales, autonómicas o provinciales,
con el carácter de órganos consultivos y de colaboración entre las administraciones públicas y
los representantes del sector, para promover la coordinación y la aplicación de la normativa
en materia de seguridad privada. Su composición y funciones se determinarán
3. En las comunidades autónomas que tengan asumidas las competencias en materia de
seguridad privada de conformidad con lo establecido en el artículo 13, también podrán existir
Comisiones Mixtas de Seguridad Privada, con la composición y funcionamiento que en cada
caso se determine.
1. Las empresas de seguridad privada únicamente podrán prestar servicios sobre las
actividades previstas en el artículo 5.1.
La prestación de servicios relativos a la actividad contemplada en el párrafo i) de dicho
artículo requerirá la creación de una división de investigación, diferenciada de otras
actividades de la empresa e integrada exclusivamente por detectives privados habilitados, uno
de los cuales se situará a su frente como titular. A estas divisiones les será de aplicación lo
dispuesto en esta ley para el funcionamiento de los despachos de detectives con las
especificidades que se determinen reglamentariamente.
2. No obstante lo anterior, las empresas de seguridad privada, además de las actividades
propias enumeradas en el artículo 5.1, también podrán realizar las compatibles descritas en el
artículo 6 y dedicarse a formación, actualización y adiestramiento del personal de seguridad
privada, perteneciente o no a sus plantillas, en cuyo caso deberán crear centros de formación,
de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.
3. Las empresas de seguridad privada podrán revestir la forma de persona física o de
En ambos casos deberán cumplir con la totalidad de condiciones y requisitos previstos en
este capítulo para las empresas de seguridad privada.
1. Para la prestación de servicios de seguridad privada, las empresas de seguridad
privada deberán obtener autorización administrativa y serán inscritas de oficio en el registro
correspondiente, de acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente.
2. La validez de la autorización será indefinida.
3. La autorización administrativa se suplirá por una declaración responsable cuando
pretendan dedicarse exclusivamente a todas o algunas de las actividades de seguridad
privada contempladas en el artículo 5.1. f), h) e i).
1. Para la autorización e inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el
correspondiente registro autonómico y el desarrollo de servicios de seguridad privada, las
empresas de seguridad privada deberán reunir los siguientes requisitos generales:
a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro mercantil y tener por objeto
exclusivo todas o alguna de las actividades definidas en el artículo 5.1. No obstante, en dicho
objeto podrán incluir las actividades de ejecución que resulten imprescindibles para el
cumplimiento de las actividades de seguridad autorizadas, así como las compatibles
contempladas en el artículo 6.
b) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
c) Contar con los medios humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos
adecuados que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, se determinen
reglamentariamente, en función de la naturaleza de las actividades para las que soliciten la
autorización y de las características de los servicios que se prestan en relación con tales
actividades. En particular, cuando se presten servicios para los que se precise el uso de
armas, habrán de adoptarse las medidas que garanticen su adecuada custodia, utilización y
funcionamiento. Igualmente, los ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad privada
deberán disponer de la correspondiente acreditación expedida por el Ministerio del Interior,
conforme a lo que reglamentariamente se establezca.
d) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garantías
financieras en la cuantía y con las condiciones que se determinen reglamentariamente.
e) Constituir el aval o seguro de caución que se determine reglamentariamente a
disposición de las autoridades españolas, para atender exclusivamente las responsabilidades
administrativas por infracciones a la normativa de seguridad privada que se deriven del
f) No haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de insolvencia punible,
contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social o contra los derechos de los
trabajadores, salvo que se hubieran cancelado sus antecedentes penales. En el caso de las
personas jurídicas, este requisito será aplicable a los administradores de hecho o de derecho
y representantes, que, vigente su cargo o representación, no podrán estar incursos en la
situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas
2. Además del cumplimiento de los requisitos generales, a las empresas de seguridad
privada que tengan por objeto alguna de las actividades contempladas en el artículo 5.1. b),
c), d), e) y g), se les podrá exigir reglamentariamente el cumplimiento de requisitos y garantías
adicionales adecuados a la singularidad de los servicios relacionados con dichas actividades.
3. Igualmente, en relación con las actividades contempladas en el artículo 5.1 a), f) y g),
podrán ampliarse los requisitos referentes a medios personales y materiales, conforme se
disponga reglamentariamente, para poder prestar servicios de seguridad privada en
infraestructuras críticas o en servicios esenciales para el buen funcionamiento de la sociedad,
así como en los servicios descritos en el artículo 40.1 y en artículo 41.3 y 4.
4. Para la contratación de servicios de seguridad privada en los sectores definidos en la
legislación de protección de infraestructuras críticas, las empresas de seguridad privada
deberán contar, con carácter previo a su prestación, con una certificación emitida por un
organismo de normalización que acredite, como mínimo, el cumplimiento de la normativa
administrativa, laboral y tributaria que les sea de aplicación.
5. A los efectos previstos en el apartado 1, párrafos d) y e), se tendrán en cuenta los
requisitos ya exigidos en el Estado miembro de la Unión Europea o parte en el Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo de origen en lo referente a la suscripción del contrato de
seguro de responsabilidad civil u otras garantías financieras, así como a la constitución de
avales o seguros de caución.
6. Las empresas de seguridad privada no españolas, tanto si son personas físicas como
jurídicas, autorizadas para la prestación de servicios de seguridad privada con arreglo a la
normativa de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados parte
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de inscribirse obligatoriamente en
el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, a cuyo efecto deberán
acreditar su condición de empresas de seguridad privada y el cumplimiento de los requisitos
establecidos en esta ley, en la forma que se determine reglamentariamente.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, a las empresas de seguridad
privada que tengan por objeto exclusivo la instalación o mantenimiento de aparatos,
dispositivos y sistemas de seguridad siempre que incluyan la prestación de servicios de
conexión con centrales de alarma, el asesoramiento y planificación de actividades de
seguridad, así como la investigación privada, se las podrá eximir del cumplimiento de alguno
de los requisitos incluidos en este artículo, cuando así se determine reglamentariamente.
8. El incumplimiento sobrevenido de los requisitos establecidos en este artículo dará
lugar a la revocación de la autorización y a la cancelación de la inscripción de la empresa de
1. Toda empresa de seguridad privada autorizada será inscrita de oficio en el Registro
Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico.
2. No podrá inscribirse en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el
correspondiente registro autonómico ninguna empresa cuya denominación coincida, o pueda
inducir a error o confusión, con la de otra ya inscrita o con la de órganos o dependencias de
las administraciones públicas, o cuando coincida o pueda inducir a confusión con una marca
anterior registrada para actividades idénticas o semejantes, salvo que se solicite por el titular
1. Las empresas de seguridad privada deberán cumplir las siguientes obligaciones
a) Desarrollar las actividades de seguridad privada en los términos de esta ley y en las
condiciones establecidas en la autorización que les haya sido concedida.
b) Contar con la infraestructura y logística acorde con las exigencias establecidas en esta
ley y en su desarrollo reglamentario.
c) Comunicar al Registro correspondiente todo cambio que se produzca en cuanto a su
forma jurídica, denominación, número de identificación fiscal, domicilio, delegaciones, ámbito
territorial de actuación, representantes legales, altas y bajas del personal de seguridad privada
de que dispongan, incidencias concretas relacionadas con los servicios, así como toda
variación que se produzca, en su caso, en los estatutos o en la titularidad de las acciones y
participaciones sociales o que sobrevenga en la composición de los órganos de
administración, gestión, representación y dirección de las empresas.
d) Garantizar la formación y actualización profesional del personal de seguridad privada
del que dispongan y del personal de la empresa que requiera formación en materia de
seguridad privada. El mantenimiento de la aptitud en el uso de las armas se hará con la
participación de instructores de tiro habilitados.
e) Presentar cada año al Ministerio del Interior un informe sobre sus actividades y el
resumen de las cuentas anuales, debidamente auditadas cuando sea preceptivo, con la
información y datos que reglamentariamente se determinen.
2. Asimismo, las empresas de seguridad privada vendrán obligadas a prestar especial
auxilio y colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debiendo facilitar a éstas la
información que se les requiera en relación con las competencias atribuidas a las mismas.
1. A los efectos de esta ley, se entenderá por representante legal de las empresas de
seguridad privada todo aquel que asuma o realice las tareas de dirección, administración,
gestión y representación, o cualquiera de ellas, en nombre de aquéllas.
2. Los representantes de las empresas de seguridad privada, que se inscribirán en el
Registro Nacional de Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico,
a) Ser personas físicas residentes en el territorio de alguno de los Estados miembros de
la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
c) No haber sido sancionados en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o
muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.
d) No haber sido separados del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, ni haber ejercido funciones de control de las entidades o servicios de
seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los dos años anteriores.
e) No haber sido administrador de hecho o de derecho o apoderado general, en los diez
años anteriores, en una empresa que haya sido declarada en concurso calificado como
culpable, o condenada mediante sentencia firme por delitos de insolvencia punible, contra la
Hacienda Pública, contra la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores
3. Los representantes legales de las empresas de seguridad privada velarán por el
cumplimiento de las obligaciones generales impuestas a las mismas por el artículo anterior.
Consideración de sector específico.
1. Las empresas de seguridad privada tienen la consideración de sector con regulación
específica en materia de derecho de establecimiento.
2. Cuando el Consejo de Ministros, con arreglo a lo dispuesto en la normativa sobre
inversiones extranjeras, suspenda el régimen de liberalización de los movimientos de capital,
la autorización previa de inversiones de capital extranjero en empresas de seguridad privada
exigirá, en todo caso, informe previo del Ministerio del Interior.
3. Las empresas de seguridad privada en las que se hubieran realizado inversiones de
capital extranjero estarán obligadas a comunicar al Ministerio del Interior todo cambio que se
produzca en las mismas en relación con lo establecido en el artículo 21.1.c).
4. Las limitaciones establecidas en los dos apartados precedentes no son de aplicación a
las personas físicas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea ni a las
empresas constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede
social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión
Apertura de despachos de detectives privados.
1. De acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, podrán abrir despachos de
detectives privados y, en su caso, sucursales las personas físicas habilitadas como tales y las
personas jurídicas constituidas exclusivamente por detectives privados habilitados, que
únicamente podrán desarrollar la actividad mencionada en el artículo 5.1 i), así como prestar
los servicios de vigilancia contemplados en el artículo 37.2.
2. Los despachos de detectives privados se inscribirán de oficio en el Registro Nacional
de Seguridad Privada, previa presentación de declaración responsable en la forma que
reglamentariamente se determine, para lo cual deberán reunir los siguientes requisitos
a) Tener por objeto exclusivo de su actividad profesional la realización de los servicios de
seguridad privada, de investigación o vigilancia a que se refieren los artículos 37.2 y 49.1.
b) Para el caso de sociedades de detectives aportar copia autorizada de la escritura de
constitución de la sociedad profesional y certificado o nota de inscripción de la misma en el
c) Fijar un domicilio como sede física del despacho en el que se desarrollará la actividad,
se llevará el libro-registro y se encontrará el archivo de los expedientes de contratación y de
los informes de investigación y de vigilancia.
d) Relación de detectives privados adscritos al despacho como integrantes asociados o
e) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garantías
f) Constituir el aval o seguro de caución que se determine reglamentariamente a
disposición de las autoridades españolas para atender exclusivamente las responsabilidades
funcionamiento de los despachos.
g) Mantener en todo momento el titular y los demás detectives integrantes del despacho
la habilitación profesional.
3. El incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para la apertura de los
despachos de detectives producirá el cierre de los mismos y la cancelación de su inscripción
1. Por cada servicio de investigación o vigilancia que les sea contratado, los despachos
de detectives privados y sus sucursales, formalizarán por escrito el correspondiente contrato,
que deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, en la forma que reglamentariamente se
determine. Dicha obligación subsistirá igualmente en los casos de subcontratación entre
despachos o entre detectives.
2. En cada despacho de detectives privados y en sus sucursales, se llevará un libroregistro,
con el formato y las características que reglamentariamente se determinen, en el que
se anotará cada servicio de investigación o de vigilancia contratado o subcontratado.
3. Los despachos de detectives privados y sus sucursales deberán facilitar, de propia
iniciativa o a requerimiento de la autoridad judicial o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
las informaciones sobre hechos delictivos de que tuvieran conocimiento en relación con su
trabajo o con las investigaciones que éstos estén llevando a cabo.
4. Los titulares de despachos de detectives privados responderán civilmente de las
acciones u omisiones en que, durante la ejecución de sus servicios, incurran los detectives
dependientes o asociados.
5. Los despachos de detectives privados y sus sucursales estarán obligados a presentar
al Ministerio del Interior una memoria anual de actividades del año precedente, con la
información y datos que se determinen reglamentariamente.
6. Los despachos de detectives privados deberán comunicar todo cambio que afecte a su
forma jurídica, denominación, composición, domicilio y sucursales en la forma que
Profesiones de seguridad privada.
1. Únicamente puede ejercer funciones de seguridad privada el personal de seguridad
privada, que estará integrado por los siguientes grupos profesionales: los vigilantes de
seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, los escoltas privados, los guardas
rurales y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos, los jefes de
seguridad, los directores de seguridad y los detectives privados.
2. Para habilitarse como vigilante de explosivos será necesario haber obtenido
previamente la habilitación como vigilante de seguridad.
Para habilitarse como guarda de caza o guardapesca marítimo será necesario haberlo
hecho previamente como guarda rural.
3. Reglamentariamente se podrá incrementar la exigencia formativa a los grupos
descritas para la prestación de determinados servicios, en función de sus características
4. La uniformidad, distintivos y medios de defensa de los vigilantes de seguridad y de los
guardas rurales y sus respectivas especialidades se determinarán reglamentariamente.
1. Para el ejercicio de las funciones de seguridad privada de los respectivos grupos
profesionales, el personal al que se refiere el artículo anterior habrá de obtener previamente la
correspondiente habilitación del Ministerio del Interior, en los términos que
2. A quienes soliciten la habilitación, previa comprobación de que reúnen los requisitos
necesarios, se les expedirá, como documento público de acreditación, la tarjeta de identidad
profesional, que incluirá todos los grupos para los que el titular se encuentre habilitado.
3. La habilitación de todo el personal de seguridad privada corresponderá a la Dirección
General de la Policía, excepto la de los guardas rurales y sus especialidades cuya habilitación
corresponderá a la Dirección General de la Guardia Civil
4. El personal de seguridad privada ejercerá exclusivamente las funciones respectivas de
los grupos profesionales para los que se encuentre habilitado.
5. Reglamentariamente se determinará el régimen de incompatibilidades para el ejercicio
de los grupos profesionales.
1. Para la obtención de las habilitaciones profesionales indicadas en el artículo anterior,
los aspirantes habrán de reunir, y mantener en todo momento, los siguientes requisitos
a) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de
un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o ser nacional de un
tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional en el que cada parte
reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra.
c) Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las
d) Estar en posesión de la certificación acreditativa del Ministerio del Interior de haber
superado la formación requerida reglamentariamente para cada grupo profesional establecida
en esta ley o del título oficial correspondiente
f) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o
g) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en las
Fuerzas Armadas, españolas en ambos casos, en los dos años anteriores.
h) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del
secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años
i) Superar, en su caso, las pruebas que establezca el Ministerio del Interior, que acrediten
los conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio de sus funciones.
2. Además de los requisitos generales establecidos en el apartado anterior, el personal
de seguridad privada habrá de reunir, para su habilitación, los requisitos específicos que para
cada grupo reglamentariamente se determinen en atención a las funciones que hayan de
3. La pérdida de alguno de los requisitos establecidos en este artículo producirá la
cancelación de la habilitación, que será acordada por el Ministerio del Interior, en resolución
motivada dictada con audiencia del interesado.
4. Podrán habilitarse, pero no podrán ejercer funciones propias del personal de seguridad
privada, los funcionarios públicos en activo y demás personal al servicio de cualquiera de las
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán ejercer funciones propias
del personal de seguridad privada cuando pasen a una situación administrativa distinta a la de
servicio activo, siempre que en los dos años anteriores no hayan desempeñado funciones de
control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación
privadas, ni de su personal o medios.
5. Los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en
el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuya habilitación o cualificación profesional
haya sido obtenida en alguno de dichos Estados para el desempeño de funciones de
seguridad privada en el mismo, podrán prestar servicios en España, siempre que, previa
comprobación por el Ministerio del Interior, se acredite que cumplen los siguientes requisitos:
a) Poseer alguna titulación, habilitación o certificación expedida por las autoridades
competentes de cualquier Estado miembro o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad
privada en el mismo.
b) Acreditar los conocimientos, formación y aptitudes equivalentes a los exigidos en
España para el ejercicio de las profesiones relacionadas con la seguridad privada.
c) Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempeño de
las funciones de seguridad privada.
6. La carencia o insuficiencia de conocimientos o aptitudes necesarios para el ejercicio
en España de funciones de seguridad privada en los distintos grupos profesionales por parte
de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, podrá suplirse por aplicación de las medidas
compensatorias previstas en la normativa vigente sobre reconocimiento de cualificaciones
profesionales, de conformidad con lo que se determine reglamentariamente.
1. La formación requerida para el acceso a los respectivos grupos profesionales del
personal de seguridad privada consistirá:
a) Para vigilantes de seguridad y guardas rurales, en la obtención de la certificación
acreditativa correspondiente, expedida por un centro de formación autorizado por el Ministerio
del Interior, o del título de formación profesional que establezca el Gobierno a propuesta del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o de los correspondientes certificados de
profesionalidad de vigilancia y seguridad privada y guarderío rural y marítimo.
b) Para vigilantes de explosivos, escoltas privados, guardas de caza y guardapescas
marítimos, en la obtención de la certificación acreditativa correspondiente expedida por un
centro de formación autorizado por el Ministerio del Interior.
c) Para jefes de seguridad, en la superación de las pruebas que reglamentariamente se
establezcan o en la obtención del título de formación profesional que establezca el Gobierno a
propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
d) Para directores de seguridad, en la obtención de un título universitario oficial de grado
en el ámbito de la seguridad que acredite la adquisición de las competencias que se
determine o en la superación de las pruebas que reglamentariamente se establezcan.
e) Para detectives privados, en la obtención de un título universitario oficial de grado en
el ámbito de la investigación privada que acredite la adquisición de las competencias que se
2. En relación con lo dispuesto en el apartado anterior, la formación previa de los
vigilantes de seguridad y de los guardas rurales que no posean la titulación correspondiente
establecida por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o los
certificados de profesionalidad de vigilancia y seguridad privada y guarderío rural y marítimo,
la formación previa de los vigilantes de explosivos, escoltas privados, guardas de caza y
guardapescas marítimos, así como la actualización y adiestramiento de todos estos grupos se
llevará a cabo por profesores acreditados y en centros de formación, que deberán reunir los
requisitos de ubicación y acondicionamiento que reglamentariamente se determinen.
3. Los centros de formación requerirán autorización de apertura del Ministerio del Interior
o, en su caso, del órgano autonómico competente. Dicha autorización, cuyos términos se
determinarán reglamentariamente, estará condicionada al cumplimiento, entre otros, de los
siguientes requisitos: acreditación por cualquier título del derecho de uso del inmueble,
licencia municipal, profesorado e instalaciones adecuadas al cumplimiento de sus fines.
4. No podrán ser titulares ni desempeñar funciones de dirección ni de administración de
centros de formación del personal de seguridad privada los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad que hayan ejercido en los mismos funciones de control de las
entidades, servicios o actuaciones, o del personal o medios, en materia de seguridad privada
5. Las empresas de seguridad privada podrán crear centros de formación y actualización
para personal de seguridad privada perteneciente o no a sus plantillas.
6. En el contenido de la formación de los distintos grupos profesionales, se incluirá
formación específica en materia de respeto a la diversidad y a la igualdad de trato y no
Además de lo establecido en el artículo 8, el personal de seguridad privada se atendrá en
sus actuaciones a los siguientes principios básicos:
e. Congruencia, aplicando medidas de seguridad proporcionadas y adecuadas a los
f. Proporcionalidad en el uso de las técnicas y medios de defensa.
h. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El personal de seguridad
privada estará obligado a auxiliar y colaborar especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, a facilitarles la información que resulte necesaria para el ejercicio de sus
funciones, y a seguir sus instrucciones en relación con el servicio de seguridad que estuvieren
1. Cuando el personal de seguridad privada debidamente identificado actúe con los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o siguiendo sus instrucciones, tendrá la
2. Se consideraran agresiones a la autoridad las que se cometan contra el personal de
seguridad privada debidamente identificado con ocasión o consecuencia del ejercicio de sus
3. Cuando el personal de seguridad privada sea considerado legalmente como agente de
la autoridad, dicha consideración será tenida en cuenta a los efectos del régimen sancionador.
a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto
privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en
b) Efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o
vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o
propiedades donde presten servicio, sin que, en ningún caso, puedan retener la
documentación personal, pero sí impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades. La
negativa a exhibir la identificación o a permitir el control de los objetos personales, de
paquetería, mercancía o del vehículo facultará para impedir a los particulares el acceso al
inmueble objeto de su protección.
c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas en relación con el
objeto de su protección, realizando las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir
su consumación, debiendo oponerse a los mismos e intervenir cuando presenciaren la
comisión de algún tipo de infracción o fuere precisa su ayuda por razones humanitarias o de
d) Detener y poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes o infractores en relación con el objeto
de su protección o de su actuación, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los
delitos o infracciones administrativas. No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien
no se considerará como tal la averiguación, comprobación o anotación de sus datos
personales para su comunicación a las autoridades.
e) Proteger el almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y dispensado de
dinero, obras de arte y antigüedades, valores y otros objetos valiosos, así como el manipulado
de efectivo y demás procesos inherentes a la ejecución de estos servicios.
f) Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestación
de servicios de verificación y respuesta de las alarmas que se produzcan, cuando no
2. Los vigilantes de seguridad se dedicarán exclusivamente a las funciones de seguridad
propias de su grupo, no pudiendo simultanearlas con otras no directamente relacionadas con
3. Corresponde a los vigilantes de explosivos, que deberán estar integrados en empresas
de seguridad, la función de protección del almacenamiento, transporte y demás procesos
inherentes a la ejecución de estos servicios, en relación con explosivos u otros objetos o
sustancias peligrosas que reglamentariamente se determinen.
Será aplicable a los vigilantes de explosivos lo establecido para los vigilantes de
seguridad respecto a uniformidad, armamento y prestación del servicio.
1. Son funciones de los escoltas privados el acompañamiento, defensa y protección de
personas determinadas, o de grupos concretos de personas, impidiendo que sean objeto de
agresiones o actos delictivos.
2. Para el cumplimiento de las indicadas funciones será aplicable a los escoltas privados
lo preceptuado en el artículo 32 y demás preceptos concordantes, relativos a vigilantes de
seguridad, salvo lo referente a la uniformidad.
1. Los guardas rurales ejercerán funciones de vigilancia y protección de personas y
bienes en la propiedad rural, así como en las instalaciones agrícolas, industriales o
comerciales que se encuentren en ella.
Se atendrán al régimen general establecido para los vigilantes de seguridad, con la
especificidad de que no podrán desempeñar las funciones contempladas en el artículo 32.1.e).
Reglamentariamente se determinarán las condiciones en que puedan prestar los servicios de
respuesta de alarmas recogidos en el artículo 32.1.f).
2. A los guardas de caza corresponde desempeñar las funciones previstas en el apartado
anterior para los guardas rurales y, además, las de vigilancia y protección en las fincas de
caza y espacios de pesca fluvial.
3. Corresponde a los guardapescas marítimos desempeñar las funciones previstas en el
apartado 1 para los guardas rurales y, además, las de vigilancia y protección de los
establecimientos de acuicultura y zonas marítimas con fines pesqueros.
4. Los guardas de caza y los guardapescas marítimos podrán proceder a la retirada u
ocupación de las piezas cobradas y los medios de caza y pesca, excepto las armas, cuando
aquéllos hubieran sido utilizados para cometer una infracción, procediendo a su entrega
inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.
1. En el ámbito de la empresa de seguridad en cuya plantilla están integrados,
corresponde a los jefes de seguridad el ejercicio de las siguientes funciones:
a) El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y programación de las
actuaciones precisas para la implantación y realización de los servicios de seguridad privada.
supervisión de su utilización, funcionamiento y conservación.
d) El control de la formación permanente del personal de seguridad que de ellos
dependa, proponiendo la adopción de las medidas o iniciativas adecuadas para el
cumplimiento de dicha finalidad.
e) La coordinación de los distintos servicios de seguridad que de ellos dependan, con
actuaciones propias de protección civil en situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad
f) La garantía de la colaboración de los servicios de seguridad con los de las
correspondientes dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
g) La vigilancia en la observancia de la normativa de seguridad privada aplicable.
2. La existencia del jefe de seguridad en las empresas de seguridad privada será
obligatoria cuando el número de vigilantes de seguridad y guardas rurales, y de sus
respectivas especialidades, o de escoltas privados, o la complejidad organizativa o técnica u
otras circunstancias que se determinen reglamentariamente lo hagan necesario.
3. El ejercicio de funciones podrá delegarse por los jefes de seguridad en los términos
que reglamentariamente se dispongan.
Publicado por Julian Flores en martes, abril 23, 2013
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