Source: https://www.iberley.es/legislacion/ley-2-2017-13-feb-c-murcia-medidas-urgentes-reactivacion-actividad-empresarial-empleo-liberalizacion-supresion-cargas-burocraticas-24991519
Timestamp: 2019-07-16 18:43:54
Document Index: 177811389

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 59', 'artículo 84', 'artículo 152', 'artículo 26', 'artículo 30', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 34', 'artículo 36', 'artículo 40', 'artículo 69', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'artículo 70', 'artículo 152', 'Artículo 152', 'artículo 69', 'artículo 32', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'Artículo 9', 'artículo 16', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 102', 'artículo 9', 'Artículo 7', 'Artículo 11', 'Artículo 16', 'Artículo 5', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 21', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 17', 'Artículo 20', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 32', 'Artículo 4', 'Artículo 18', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 8']

Ley 2/2017 de 13 de Feb C.A. Murcia (Medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas) | Iberley
Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 16-02-2017
Fecha de entrada en vigor: 17/02/2017
Boletín: Boletín Oficial de la Región de Murcia Número 38
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas.
Marco socioeconómico y normativo
Considerando todo lo anterior, es requisito imprescindible establecer una serie de medidas que no sólo servirán para adaptar la economía regional a los nuevos modelos globales de comercio y empresariales, sino que además propiciarán la creación de empleo estable y de calidad, impulsando una economía regional mucho más competitiva a la vez que se crea un espacio esencial de economía en libertad. Todo ello bajo una imagen de marca de calidad para atraer inversores, locales y foráneos, denominada "Región de Murcia, Libertad Económica".
Para ello se abordan medidas estratégicas en ámbitos como el comercio interior, turismo, industria y medio ambiente, profundizando en las medidas de agilización y supresión de cargas burocráticas iniciadas con la Ley 5/2013, de 8 de julio, de apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la Región de Murcia; con el Decreto-ley 2/2014, de 21 de marzo de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública y con el Decreto-Ley 4/2014, de 30 de diciembre, de medidas tributarias de apoyo a las empresas, de organización y simplificación administrativa.
La presente ley se aprueba en ejercicio de las competencias exclusivas otorgadas por el artículo 10.Uno de la Ley orgánica 4/1982, de 4 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia en "Planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional" (n.º 11), Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia (n.º 29), "Promoción, fomento y ordenación del turismo en su ámbito territorial" (n.º 16), "Industria" (n.º 27) y "Comercio interior" (n.º 34), así como las competencias de desarrollo legislativo y la ejecución, en el marco de la legislación básica del Estado, recogidas en el artículo 11 apartados tercero y cuarto relativas a la "Protección del medio ambiente" y "Régimen minero y energético".
La mayor vulnerabilidad de las pequeñas y medianas empresas en situaciones de crisis exige que el Gobierno Regional impulse los mecanismos legales que contribuyan a la generación de inversión y empleo, siendo imprescindible potenciar la iniciativa empresarial y el emprendimiento, como elementos generadores de una mayor competitividad, dinamismo económico y bienestar social.
Los cambios en las preferencias de los consumidores que asocian consumo con ocio y bienestar, la reducción del tamaño medio de los hogares españoles, el aumento en la tasas de actividad femenina, el auge de las familias monoparentales y de los hogares unipersonales y la creciente competencia del comercio "on line", son factores estructurales que convierten en estéril toda restricción proteccionista frente a la libertad de que dispone el consumidor de comprar "on line" de manera virtual y efectiva sin limitaciones horarias, de días festivos; o territoriales, pudiendo adquirir el producto a cualquier hora, en día no laborable o desplazarse en la misma jornada a una localidad limítrofe que no esté sometida a dichas restricciones.
Asimismo, diversos estudios empíricos han demostrado que el paso de una situación limitativa en cuanto a horarios de apertura o de control de días festivos, frente a una desregularización total, permitiría obtener un incremento de la demanda en el sector de un 9,93%. A nivel nacional, bajo la hipótesis de liberación total de horarios comerciales, teniendo en cuenta que algunas Comunidades Autónomas ya han liberalizado parcialmente sus horarios, se obtendría un incremento del PIB (2012) de un 1,63%, lo que supondría un valor aproximado de 17.187 millones de euros, que generaría unos 337.581 puestos de trabajo en el total de la economía nacional, y facilitaría la apertura de 31.670 locales comerciales, con un disminución del porcentaje de parados de un 5,96% para el conjunto del mercado laboral español. El incremento de la demanda en el sector comercio minorista sería de un 8,2%, que equivale a un incremento del gasto en consumo final de los hogares de un 2,7% y un peso sobre la renta disponible bruta de los mismos de un 2,1%.
En la misma línea se encuadra la supresión de la licencia comercial autonómica o específica, -previa a la licencia municipal de obra o actividad-, prevista para los establecimientos comerciales individuales o colectivos con impacto supramunicipal. Una mayor libertad en la elección de establecimiento disminuye las presiones inflacionistas, beneficiando particularmente a los grupos sociales más desfavorecidos. Por su parte, los trabajadores incrementan la cantidad y productividad de sus puestos de trabajo y por tanto su salario de equilibrio a corto plazo, facilitándose asimismo el acceso al empleo en aquellos colectivos para los que el trabajo a tiempo parcial y la libertad de horarios es un determinante para su aceptación.
Debe de entenderse la referencia que en el articulado de la Ley de Turismo se hace a "empresa" con un carácter amplio, como actividad generadora de riqueza, de actividad económica, no como sinónimo de entidad mercantil. Lo verdaderamente importante y urgente es facilitar por la Administración que el emprendedor o promotor pueda realizar, desde la perspectiva turística, una acción encaminada a prestar unos servicios, en este caso turísticos, por los que obtiene unos beneficios económicos que deberá reflejar en su declaración de ingresos.
Si bien con la normativa turística más reciente se ha ido reduciendo la documentación exigida para la tramitación de la clasificación de empresas y actividades turísticas mediante la presentación de declaraciones responsables, lo que ha supuesto una gran reducción de carga burocrática y de tiempo de respuesta para el administrado, la Administración regional sigue trabajando en esa línea que inspira el espíritu de la presente ley, el cual añade a los principios rectores de la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia un nuevo punto referente al compromiso de la Administración regional en adoptar las medidas necesarias para continuar en la línea de reducción de las cargas burocráticas.
Por otro lado, para facilitar el ejercicio de la explotación de apartamentos turísticos por personas físicas, se modifica la Ley de Turismo de la Región de Murcia eliminando la referencia a un necesario carácter profesional o empresarial para realizar dicha actividad.
El desgaste de la Ley de Protección Ambiental Integrada se hace sentir especialmente en la regulación de la licencia de actividad. Su artículo 59 sigue sujetando a licencia de actividad a "cualquier actividad mercantil o industrial", enunciado cuya amplitud es hoy contraria al artículo 84 bis de la Ley de Bases del Régimen Local, ajena al proceso de liberalización abierto por la llamada Directiva de Servicios y obstáculo cierto a la iniciativa empresarial.
La confusión normativa que reina en la materia es considerable, y una fuente de incertidumbre e inquietud para los promotores de actividades económicas, que atenaza la asunción de riesgos empresariales y dificulta la reactivación económica, especialmente en el ámbito de las pymes y actividades de escasa incidencia ambiental. Por imperativo de la legislación de régimen local y por la necesidad de clarificar y facilitar el marco normativo para la creación de empresas, resulta urgente convertir la licencia de actividad en un requisito excepcional, dando paso a la regla general de la comunicación previa o declaración responsable.
Al amparo de estas razones, la presente norma aborda las siguientes modificaciones de carácter ambiental. En el ámbito de las autorizaciones ambientales autonómicas, se derogarán los artículos o partes de ellos que son contrarios, incoherentes o desconectados de la normativa estatal reciente. Esto ocurre con toda la Sección IV del Capítulo II del Título II (arts. 41 a 44), pues la autorización ambiental integrada tiene actualmente duración indefinida, lo que excluye el régimen de solicitud de renovación o de caducidad. También se adaptan a la ley estatal de evaluación ambiental las reglas de coordinación entre la autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental.
El régimen de la cédula de compatibilidad urbanística se ajusta al modelo estatal, en el que el informe urbanístico municipal no es obstativo para la tramitación del procedimiento, por lo que, si no se emite por el ayuntamiento en el plazo de un mes, se puede solicitar y tramitar la autorización ambiental integrada. Se salvan así los reparos que cabe oponer al régimen vigente, porque puede bloquear la solicitud de las autorizaciones por una inactividad municipal que no es achacable al promotor del proyecto (arts. 30 y 31.1.c). Se vuelve a la denominación de informe urbanístico municipal, propio de la legislación estatal, en lugar de la denominación de cédula de compatibilidad urbanística, cuyo alcance ha creado confusión entre los operadores jurídicos. Para clarificar el alcance del informe, se encomienda a la consejería con competencias en materia de medio ambiente la aprobación del modelo e instrucciones precisas.
En la comunicación previa de inicio de la explotación, se suprime la exigencia de informe de Entidad de Colaboración Ambiental, que ahora deberá presentarse en el plazo de dos meses desde el inicio de la actividad. Con el sistema actual, se establece siempre como obligatorio que dicho informe se emita cuando todavía no se cuenta con una experiencia de funcionamiento, lo que en ocasiones le priva de funcionalidad y obliga a exigir nuevos informes tras un periodo de funcionamiento, duplicando cargas y costes innecesariamente.
Las actividades sujetas a licencia de actividad se recogen en el nuevo anexo I, que incluye todas aquellas que se consideran susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico, y en las que se resulta proporcionado el control previo a través de la licencia.
Recibe nueva redacción el artículo 152, regulador de las infracciones y sanciones en materia de licencia de actividad y, con esta norma, también en materia de declaración responsable.
Por último, son inexcusables las modificaciones del régimen de la evaluación ambiental, tanto de planes y programas como de proyectos, al cual la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, ha afectado profundamente. Se trata de una ley completa y prácticamente agotadora de la materia, por lo que se opta por derogar casi por completo los dos títulos de la Ley ambiental que la desarrollaban. Se realizan remisiones a la legislación estatal y se mantienen determinaciones relativas a los órganos competentes y alguna cuestión adicional. Cabe destacar que se ha reflexionado sobre el órgano llamado a desempeñar la función de órgano sustantivo a efectos de evaluación ambiental, con el resultado de atribuir a la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo ese protagonismo en los proyectos afectados por la normativa de accidentes graves; y dando también mayor protagonismo, tanto en la evaluación ambiental de proyectos como en la evaluación ambiental estratégica simplificada de los instrumentos de planeamiento urbanístico, a los ayuntamientos que tienen encomendado por el artículo 26.1.d de la Ley de Bases de Régimen Local el servicio obligatorio de medio ambiente urbano, es decir, los de más de 50.000 habitantes.
Finalmente, se incluyen como disposiciones adicionales determinadas modificaciones a la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y a la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dirigidas a dotar de mayor flexibilidad al ejercicio de las acciones de la autoridad laboral en vía judicial. La experiencia adquirida en los últimos años, y la necesidad de evitar la caducidad de las acciones ejercidas en defensa del interés público y la legalidad, hacen preciso establecer, con el carácter de urgencia, procedimientos más eficaces y de una mayor celeridad en su tramitación para que por parte de la Autoridad Laboral se proceda a interponer ante los Juzgados de lo Social las demandas o comunicaciones de oficio contempladas en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, sin quedar condicionadas al requisito previo de la autorización de Consejo de Gobierno.
La presente ley tiene su origen en el Decreto-Ley 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 30 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, la Asamblea Regional en la sesión celebrada el día 19 de mayo de 2016 acordó su convalidación, así como su tramitación como proyecto de ley, recogiéndose en la presente los contenidos del citado decreto-ley con las modificaciones introducidas durante el procedimiento legislativo.
CAPÍTULO I. Dinamización de la actividad comercial
Artículo primero. Modificación de la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia:
1. El número de domingos y días festivos en los que los comercios podrán permanecer abiertos al público en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia será de 14 días en el año 2017, 15 días en el año 2018 y 16 días a partir del año 2019.
CAPÍTULO II. Impulso de la actividad turística
Artículo segundo. Modificación de la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia.
Uno. Se añade un apartado 12 al artículo 4, que queda con la siguiente redacción:
CAPÍTULO III. Agilización en la tramitación ambiental
Artículo tercero. Modificación de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada:
Uno. Las referencias que la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, realiza a la "autorización ambiental única", se entienden referidas a las "autorizaciones ambientales sectoriales", quedando sustituida la expresión "autorización ambiental única" por la de "autorizaciones ambientales sectoriales" en los artículos 10.1.b), 10.2, 17.1.b), 17.2, 19 y 23.1.b).
Dos. El párrafo b) del artículo 4.2 queda redactado de la siguiente forma:
Tres. El apartado b) del artículo 20 pasa a tener la siguiente redacción:
b) Integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales de competencia autonómica exigibles a la instalación o actividad.
Cuatro. Se da nueva redacción al artículo 22 con el siguiente tenor literal:
Cinco. El apartado 2 del artículo 23 queda redactado de la siguiente manera:
2. En actividades sujetas a autorización ambiental integrada, cuando el ayuntamiento modifique las condiciones de la licencia de actividad, a través del procedimiento previsto en esta ley para la modificación de oficio de la licencia, lo comunicará al órgano ambiental autonómico.
Seis. El artículo 31 queda redactado del siguiente modo:
a) Proyecto básico suscrito por técnico competente debidamente identificado con: nombre, apellidos, DNI, Colegio al que pertenece y número de colegiado, en su caso, que está habilitado profesionalmente, que dispone de póliza de seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima; y número de póliza o visado por el colegio profesional correspondiente cuando sea legalmente exigible o con un procedimiento de control colegial que garantice lo anterior. Que incluya, al menos, los aspectos a que se refiere la legislación básica estatal (Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación en materia de autorización ambiental integrada) en materia de autorización ambiental integrada.
b) Proyecto técnico de la instalación, suscrito por técnico competente debidamente identificado con: nombre, apellidos, DNI, Colegio al que pertenece y número de colegiado, en su caso, que está habilitado profesionalmente, que dispone de póliza de seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima; y número de póliza o visado por el colegio profesional correspondiente cuando sea legalmente exigible o con un procedimiento de control colegial que garantice lo anterior.
En el caso de vertidos a las aguas continentales, el órgano ante el que se presente la solicitud remitirá la documentación correspondiente al organismo de cuenca, a efectos de subsanación.
Siete. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 32 cuya redacción pasa a ser la siguiente:
2. Cuando el proyecto esté sometido a evaluación ambiental ordinaria, la información pública se llevará a cabo por el órgano sustantivo competente a efectos de evaluación ambiental, de la forma establecida en la legislación estatal.
Ocho. El artículo 34 queda redactado con el siguiente tenor literal:
Nueve. El artículo 36 queda redactado de la siguiente manera:
2. Las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental se incorporarán al contenido de la autorización ambiental integrada.
Diez. El artículo 40 queda redactado en los siguientes términos:
a) Certificación del técnico director de la instalación, debidamente identificado, colegiado, en su caso, y habilitado profesionalmente, que tenga acreditada la suscripción de una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños causados en el ejercicio de su profesión, en la cuantía que se fije reglamentariamente, visado por el correspondiente colegio profesional cuando sea legalmente exigible, acreditativa de que la instalación o montaje se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y, en su caso, los anexos correspondientes a las modificaciones no sustanciales producidas respecto de la instalación proyectada, o aquellas modificaciones derivadas de condiciones impuestas en la autorización, que se acompañarán a la certificación.
5. Las comunicaciones previstas en este artículo se regirán por lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o norma que la sustituya.
6. Una vez iniciada la actividad, tanto la consejería competente en materia de medio ambiente como el ayuntamiento, cada uno en las materias de su competencia respectiva, deberán realizar una visita de inspección, en el plazo máximo de nueve meses desde el inicio de actividad, de acuerdo con las prescripciones establecidas en el capítulo III del Reglamento de Emisiones Industriales, y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.
8. La comunicación previa de inicio de la explotación no es exigible para las instalaciones existentes, a las que el órgano competente exigirá durante la tramitación del procedimiento los documentos y justificaciones a que se refiere este artículo, de acuerdo con lo establecido para la legalización de actividades.
Once. Se modifica el capítulo III del título II que pasa a denominarse "Autorizaciones ambientales sectoriales", y que comprenderá solo dos artículos, numerados como 45 y 46, con la redacción siguiente:
Artículo 45. Remisión a la normativa estatal.
Artículo 46. Coordinación de actuaciones y trámites ambientales.
a) La documentación necesaria de acuerdo con la normativa estatal reguladora de la autorización.
Doce. Recibe nueva redacción todo el título III con el siguiente tenor literal:
Artículo 63. Alcance y duración de la licencia.
Artículo 64. Procedimiento de licencia de actividad.
1. El procedimiento se inicia mediante solicitud dirigida al ayuntamiento, que se acompañará, como mínimo, de la siguiente documentación, sin perjuicio de la que puedan establecer los ayuntamientos mediante ordenanza.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de otorgamiento o denegación de licencia de actividad será de seis meses, transcurridos los cuales se entenderá estimada la solicitud*.
*NOTA: Se declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso «transcurridos los cuales se entenderá estimada la solicitud» del párrafo primero del art. 64.3 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada de la Región de Murcia, en la redacción dada al mismo por el presente artículo tercero, apartado 12. Nulidad, solo en cuanto resulte aplicable a las actividades de los apartados 1, 2, 3 y 6 del anexo I de la citada Ley 4/2009 como actividades que pueden dañar el medio ambiente.
3. En la declaración responsable el interesado manifestará bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos en la normativa aplicable para el ejercicio de la actividad que se dispone a iniciar, que posee la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante todo el periodo de tiempo que dure el ejercicio de la actividad. (NOTA: Se declara que el artículo 70.3 de la Ley 4/2009, de protección ambiental integrada de la Región de Murcia, en la redacción dada al mismo por el presente artículo tercero, apartado 12, es conforme a la Constitución en los términos declarados en el fundamento jurídico 12 de la Sentencia del TC 70/2018, de 21 de junio)
Trece. Los artículos 83, 84 y 85 quedan redactados de la siguiente forma:
2. Para la determinación del órgano sustantivo autonómico o municipal en el ámbito de la Región de Murcia, se tendrán en cuenta sucesivamente las siguientes reglas.
d) En los proyectos no sometidos a autorización ambiental autonómica, distintos de los previstos en los apartados a) y b), el ayuntamiento.
Catorce. Los artículos 100, 101 y 102 quedan redactados en los siguientes términos:
Quince. Recibe nueva redacción el artículo 152 con el siguiente tenor literal:
Artículo 152. Infracciones y sanciones en materia de licencia y declaración responsable de actividad.
1. Son infracciones muy graves.
Dieciséis. Se añade una Disposición adicional duodécima, con la siguiente redacción:
Disposición adicional duodécima. Espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter habitual, permanente y/o de temporada.
1. En tanto se apruebe la ley reguladora de los espectáculos y actividades recreativas de la Región de Murcia, los espectáculos y actividades recreativas de carácter habitual, permanente y/o de temporada se someterán, por razones de interés público basadas en la seguridad ciudadana y la protección del medio ambiente, al siguiente régimen de intervención administrativa, según lo establecido en esta ley:
a) Por regla general, los espectáculos y actividades recreativas de carácter habitual, permanente y/o de temporada quedan sometidos a declaración responsable ante el órgano municipal competente.
b) No obstante, se someten a licencia de actividad los siguientes espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter habitual o permanente y/o de temporada:
1.º- Parques de atracciones, parques temáticos y parques acuáticos.
2.º- Gimnasios y piscinas de uso colectivo.
3.º- Discotecas, salas de baile, salas de fiesta, tablaos flamencos, karaokes, pubs y otros bares especiales, bares con música, así como los locales multiocio que comprendan alguno de los anteriores.
4.º- Otros espectáculos públicos o actividades recreativas de carácter habitual o permanente y/o de temporada en establecimientos cuya capacidad o aforo sea igual o superior a 150 personas.
Diecisiete. Se da nueva redacción a la disposición transitoria segunda en los siguientes términos:
3. A las autorizaciones ambientales sectoriales y las licencias de actividad obtenidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, les será de aplicación el régimen propio de las autorizaciones ambientales sectoriales y de la licencia de actividad regulado en esta ley y en la legislación ambiental estatal.
Dieciocho. Se da nuevo contenido a los Anexos I, II y III, que quedan de la siguiente forma:
b) Que la actividad no disponga de electromotores que precisen una potencia superior a 6,6 kW, o de motores u otras maquinas neumáticas, hidráulicas o de otro tipo, que funcionen con gas, gasoil, fueloil, gasolina o una energía alternativa, de una potencia equivalente a la mencionada. La potencia se calculará por la suma de la potencia de cada uno de los motores que accionen las máquinas y aparatos existente en la actividad. No entraran en este cómputo aquellos elementos no relacionados con producción, como ascensores, alumbrado, instalaciones de ventilación forzada o instalaciones de aire acondicionado.
b) En el caso de que la actividad almacene productos químicos o combustibles envasados, que el local no supere los 200m² de superficie y que la cantidad almacenada no requiera autorización como APQ (almacenamiento de productos químicos).
Diecinueve.- Se modifica la disposición adicional novena, que queda con la siguiente redacción:
Disposición adicional novena. Tramitación telemática de los procedimientos administrativos recogidos en la presente Ley.
Veinte.- Se modifica el apartado 2 de la disposición final segunda que queda redactado así:
2. Se autoriza al titular de la consejería competente en materia de medio ambiente para modificar los listados comprendidos en los anexos de esta ley.
Modificación realizada (3 (inciso destacado del apdo. 12, se declara inconstitucional y nulo)) por Pleno. Sentencia 70/2018, de 21 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 2430-2017. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y supresión de cargas burocráticas. Principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y competencias sobre procedimiento administrativo: nulidad parcial del precepto legal autonómico relativo a la obtención por silencio positivo de la licencia de actividad; interpretación conforme del precepto relativo a la declaración responsable de actividad. (BOE de 25-07-2018) en vigor desde 21-06-2018
Texto Original. Publicado el 16-02-2017 en vigor desde 17-02-2017
17/02/2017 (Versión Original)
CAPÍTULO IV. Actividad industrial, energética y minera
Artículo cuarto. Puesta en servicio de instalaciones y establecimientos industriales.
1. Para la puesta en servicio de las instalaciones y establecimientos, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, que no requieran, de acuerdo con su normativa específica, autorización administrativa previa, los titulares de las instalaciones deberán presentar una declaración responsable al órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia competente en materia de seguridad industrial, en que manifiesten que cumplen los requisitos preceptivos, de acuerdo con los reglamentos y el resto de normativa aplicable en materia de seguridad industrial, y que se comprometen a mantener su cumplimiento durante la vida útil de las instalaciones.
2. En caso de que la declaración responsable citada por el apartado 1 haga referencia a un proyecto técnico, será preciso explicitar los datos necesarios para identificarlo. Para ello la Administración procederá a la consulta a través de vía telemática de todos los proyectos no visados, presentados por colegiados de colegio profesional mediante comunicación telemática al colegio profesional correspondiente, o a través de consulta en la Ventanilla Única, creada obligatoriamente en cumplimiento de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, donde se recogen todos los colegiados habilitados en el ejercicio libre.
5. La presentación de la declaración responsable a la que se refiere el apartado 1 habilita a los titulares de las instalaciones para ponerlas en funcionamiento con carácter inmediato, sin perjuicio de la obtención de las autorizaciones que sean necesarias para el ejercicio de la actividad de la que forma parte la instalación. Las administraciones locales que deban habilitar el inicio de una actividad económica no podrán solicitar, a priori la presentación de documentación adicional ni establecer requisitos o trámites complementarios en materia de seguridad industrial con relación a dichas instalaciones. Al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración podrá regular un procedimiento a posteriori para comprobar lo declarado por el administrado: que está habilitado profesionalmente, que dispone de póliza de seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima, y número de póliza o visado por el colegio profesional correspondiente cuando sea legalmente exigible o con un procedimiento de control colegial que garantice lo anterior.
Artículo quinto. Nombramiento de directores facultativos en actividades mineras.
1. El titular o explotador legal de una actividad incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, deberá presentar ante el órgano competente en materia de minería, un escrito de designación de director facultativo suscrito por el empresario con la aceptación expresa del técnico propuesto y en el que figuren los datos identificativos y de contacto de la persona designada acompañado de una declaración responsable suscrita por el técnico designado en la que figuren lo siguientes aspectos:
Artículo sexto. Puesta en servicio de maquinaria minera móvil y equipos de trabajo, grupos electrógenos y líneas de distribución en explotaciones mineras a cielo abierto e instalaciones elevadoras de aguas subterráneas en sondeos.
Artículo séptimo. Modificación de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia.
Para el ejercicio de las actividades profesionales de auditor energético y proveedor de servicios energéticos se deberán cumplir los requisitos establecidos en la normativa estatal básica y aquella que se dicte en desarrollo de la misma.
Dos. Se modifica apartado c) del artículo 32.1 que queda redactado como sigue.
c) Las infracciones leves con apercibimiento o con multa de hasta 30.000 euros. El apercibimiento sólo se podrá aplicar si la persona física o jurídica al que se le incoa el expediente sancionador no es reincidente.
CAPÍTULO V. Medidas transversales
Artículo octavo. Modificación de la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Uno. Se otorga nueva redacción a los apartados 1, 5, 6 y 8 del artículo 7:
6. El Instituto de Fomento solicitará al titular de la Consejería competente en materia de industria, la elevación de propuesta al Consejo de Gobierno para la declaración de proyecto de interés estratégico, previo informe de adecuación del proyecto a los requisitos y criterios establecidos en el artículo anterior, que será emitido por la Dirección del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, vistos entre otros, los informes preliminares a que hace referencia el apartado anterior. Una vez declarados como tales se publicará la declaración, incluyendo el texto íntegro del acuerdo del Consejo de Gobierno, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia a los efectos de su general conocimiento.
Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 8, otorgándole la siguiente redacción:
Tres. Se da una nueva redacción al artículo 9, con el siguiente tenor literal:
Artículo 9. Seguimiento de los proyectos declarados.
3. El Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de industria y previa justificación motivada, podrá declarar la caducidad o la revocación de la condición de un proyecto como estratégico en los siguientes supuestos.
1) Incumplimiento por parte de los promotores del proyecto, de las condiciones establecidas para su desarrollo.
2) Incumplimiento reiterado en el deber de información del desarrollo del proyecto por parte de los promotores.
3) Inactividad manifiesta por más de un año, en cuanto a la realización de las tramitaciones precisas para la ejecución del proyecto.
4) Por otras causas que pongan de manifiesto la inviabilidad en el desarrollo del Proyecto.
4. Con anterioridad a la declaración, por parte del Consejo de Gobierno, de la caducidad o revocación de la condición de un proyecto como estratégico, la Consejería competente en materia de Industria elaborará la justificación documental necesaria que acredite y justifique la pérdida de tal condición, y abrirá un periodo de alegaciones en el que los representantes legales del proyecto podrán solicitar audiencia ante los organismos competentes.
5. Los supuestos de caducidad o revocación contemplados en el apartado 3 podrán ser de aplicación a todos los proyectos declarados estratégicos de acuerdo a la Ley 2/2014 de 21 marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo noveno. Modificación de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública.
Artículo décimo. Creación de la Oficina para la Defensa del Autónomo y la pyme.
D.A. 1ª. Modificación de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.
D.A. 2ª. Modificación de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Se modifica la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, introduciendo al artículo 16 un nuevo apartado, el número 4, con la siguiente redacción:
Al finalizar cada año natural la Autoridad Laboral emitirá un informe sobre las demandas o comunicaciones de oficio y desistimientos que se hayan planteado, y dará cuenta al Consejo de Gobierno.
D.A. 3ª. Modificación de la Ley 4/2004, de 22 de octubre, de asistencia jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
d) Propuestas dirigidas al órgano competente para el ejercicio o desistimiento de acciones jurisdiccionales por parte de la Administración Regional, o para el allanamiento de la misma, excepto en los supuestos de demandas o comunicaciones de oficio a las que se refiere la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
1. Excepto en los supuestos de demandas o comunicaciones de oficio a las que se refiere la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, el ejercicio de acciones, desistimiento o allanamiento en nombre de la Administración Regional y de sus organismos autónomos requerirá el informe previo de la Dirección de los Servicios Jurídicos. Este informe será, en su caso, previo a la declaración de lesividad, cuando esta sea preceptiva.
D.A. 4ª. Uso de medios electrónicos.
Modificación realizada (D.A. 4ª (se deroga)) por Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad. (BORM de 10-11-2018) en vigor desde 11-11-2018
D.A. 5ª. Modelos de declaración responsable y de informe urbanístico.
2. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta norma, la consejería con competencias en materia de medio ambiente aprobará el modelo normalizado de solicitud de informe urbanístico municipal para las instalaciones que solicitan autorización ambiental integrada, así como los contenidos e instrucciones necesarias para que el informe pueda considerarse concluyente.
D.A. 6ª. Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias.
D.A. 7ª. Convenios de colaboración en materia de industria, energía y minas.
1. Para los procedimientos en materia de industria, energía y minas se podrán suscribir convenios de colaboración entre el órgano competente y las entidades colaboradoras que se determinen al objeto de presentar por vía electrónica (telemática) las declaraciones, comunicaciones y otros documentos en nombre de terceros.
2. Tendrán carácter de entidades colaboradoras:
a) Las instituciones y organizaciones representativas de los sectores relacionados con dichas materias.
b) Colegios profesionales de los sectores relacionados con dichas materias.
D.A. 8ª. Régimen de control previo de los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales o extraordinarias.
1. Puede realizarse libremente, sin previa autorización o declaración responsable:
a) Los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales o extraordinarias, de interés artístico o cultural, que se celebren en establecimientos con un aforo de hasta 50 personas, en el caso en que no generen peligro para la seguridad o salud de las personas y el medio ambiente. No obstante, deberán cumplir la normativa exigible para el ejercicio de la actividad, y en particular la de carácter ambiental, de seguridad y horarios establecidos.
b) Los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales o extraordinarias promovidos por la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los ayuntamientos. No obstante, el ente público promotor deberá asegurarse de que la actividad se ajusta a la normativa aplicable en materia de seguridad, ambiental, u otra que resulte exigible para el ejercicio de la misma, dejando constancia expresa de ello en el expediente de que se trate. Con este fin, cuando se trate de actividades promovidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento competente deberá emitir informe antes del inicio de la actividad, que no tendrá carácter vinculante.
2. Salvo en los supuestos anteriores, los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales o extraordinarias que tengan un aforo de hasta 150 personas, deberán ser objeto de declaración responsable ante el órgano autonómico competente, que deberá presentarse al menos 15 días hábiles antes de la celebración del espectáculo o actividad extraordinaria, y a la que se acompañarán los informes técnicos necesarios que justifiquen la seguridad del público asistente, la contratación de seguros que establece esta norma y el cumplimiento de las distintas ordenanzas municipales y de la normativa específica que le sean de aplicación.
3. Por razones de interés público, basadas en la seguridad del público asistente, se exige autorización administrativa previa para la celebración de los espectáculos o actividades recreativas ocasionales o extraordinarias, que tengan un aforo superior a 150 personas, salvo los supuestos de exención establecidos, sin perjuicio del régimen específico de los espectáculos taurinos y los deportivos en vía pública.
El órgano competente para la autorización informará a la Delegación del Gobierno, a efectos de la designación de las Fuerzas de Seguridad necesarias para el mantenimiento del orden público de todos aquellos espectáculos públicos o actividades recreativas extraordinarias autorizadas por el procedimiento establecido en este artículo, con un aforo a partir de 500 personas.
4. A la solicitud de autorización se acompañará:
a) Identificación y domicilio de los titulares, promotores, y sus representantes legales, en su caso. Cuando se trate de entidad jurídica deberá facilitar un correo electrónico y teléfono.
b) Dos ejemplares originales del cartel anunciador del espectáculo o actividad, en el que constará la denominación del espectáculo, la razón social y el C.I.F. del promotor, así como el lugar de celebración, fecha y hora de comienzo y lugares de adquisición y precio de las entradas y, en su caso, los artistas o profesionales que actuarán, y los autores y directores. También deberá figurar la calificación por edades, otorgada por el Ministerio de Cultura, si procede.
c) El contrato del artista o artistas, o documento justificativo suficiente de la presencia prevista de profesionales o artistas anunciados en cartel u otro medio de publicidad de celebración del evento.
d) Licencia de actividad y disponibilidad del recinto o local referido en el cartel en donde se celebrará el espectáculo o actividad.
e) Proyecto técnico o memoria descriptiva, según proceda, del espectáculo o actividad, su ubicación, características y condiciones de desarrollo, acompañando documentación gráfica y cálculos técnicos, y documentos de homologación referente a elementos e instalaciones provisionales, suscritos por técnico competente y visados por el colegio profesional, cuando corresponda. En caso de que el desarrollo del acto requiera el uso de bengalas o elementos pirotécnicos o similares, así como cualquier combustión o fuego real, deberá estar justificado su uso así como las medidas especiales de prevención del riesgo que requieran.
f) Certificado de finalización de montaje de instalaciones suscrito por técnico competente y visado por el colegio profesional que corresponda. En el caso de que la instalación o montaje necesario no se haya llevado a cabo al tiempo de presentar la solicitud, dicho certificado se podrá aportar con posterioridad, con una antelación mínima de 48 horas antes del inicio del evento.
g) Memoria y documentación gráfica relativa al cálculo del aforo solicitado y la adecuación de las vías y recorridos de evacuación para dicho aforo, suscrito por técnico competente.
h) Plan de autoprotección, cuando resulte exigible, en función del aforo del establecimiento o recinto.
i) Informe del Ayuntamiento del municipio en el que se celebre, órgano competente en cuanto a viabilidad del espectáculo en relación con el tráfico rodado y vías específicas de acceso y salida del mismo, así como de la compatibilidad urbanística, ordenanzas del ruido o cualquier otro aspecto de competencia municipal.
j) Declaración responsable del promotor del espectáculo de la disponibilidad de botiquín de primeros auxilios y certificación de la empresa que preste el servicio de un dispositivo sanitario según aforo del establecimiento, de las siguientes características:
Para todo tipo de espectáculos y actividades ocasionales, con aforo de 500 a 1.000 personas, se dispondrá de una ambulancia no asistencial (A1).
Para espectáculos y actividades ocasionales, con aforo de 1.001 personas a 3.000, se dispondrá de una ambulancia de soporte vital avanzado con médico y A.T.S./D.U.E (C) y otra ambulancia no asistencial (A1).
Para espectáculos y actividades ocasionales, con aforo de 3.001 a 5.000 personas, se dispondrá de dos ambulancias de soporte vital avanzado con médico y A.T.S./D.U.E (C) y una no asistenciales (A1).
Para espectáculos y actividades ocasionales, con aforo superior a 5.000 personas, se establecerá el equipamiento necesario en la propia autorización, previo informe de la consejería competente en materia de emergencias.
La autorización podrá establecer medidas extraordinarias de equipamiento sanitario, para espectáculos que por su naturaleza lo requieran, en razón de su distancia respecto de centros sanitarios, y el especial riesgo o peligrosidad del espectáculo o actividad recreativa.
k) Los establecimientos con aforo de 500 personas en adelante, deberán contar con un servicio de vigilancia atendido por empresa de seguridad, conforme a la legislación en materia de seguridad privada, certificado por la empresa prestadora del servicio con un número mínimo de vigilantes de seguridad de acuerdo con la siguiente escala:
- 1 vigilante para aforo de 501 a 600 personas.
- 2 vigilantes para aforo de 601 a 900 personas.
- 3 vigilantes para aforo de 901 a 1.100 personas.
Un vigilante más por cada fracción adicional de 700 personas.
l) Certificado de seguro que cubra la responsabilidad civil por posibles daños materiales y personales ocasionados al público, usuarios o terceros, como consecuencia de la gestión y explotación del establecimiento y la organización y realización de un espectáculo público o actividad recreativa, o de la actividad del personal a su servicio o de las empresas subcontratadas.
La póliza de seguro de responsabilidad civil se debe contratar por las cuantías mínimas siguientes, en función del aforo:
Aforo de hasta 50 personas 100.000 euros.
Aforo de hasta 100 personas 250.000 euros.
Aforo de hasta 200 personas 500.000 euros.
Aforo de hasta 300 personas 600.000 euros.
Aforo de hasta 500 personas 750.000 euros.
Aforo de hasta 700 personas 900.000 euros.
Aforo de hasta 1.000 personas 1.000.000 euros.
Aforo de hasta 1.500 personas 1.200.000 euros.
Aforo de hasta 5.000 personas 2.000.000 euros.
En los locales, recintos o establecimientos de aforo superior a 5.000 personas y hasta 25.000, la cuantía mínima establecida será de 3.000.000 euros, más 200.000 euros por cada 2.500 personas, o fracción, que supere las 5.000 personas.
En los locales, recintos o establecimientos de aforo superior a 25.000, la cuantía mínima establecida será de 4.600.000 euros, más 100.000 euros por cada 2.500 personas, o fracción, que supere las 25.000 personas.
Las franquicias que en su caso se contraten no podrán superar el 1% del capital asegurado.
Estas cuantías podrán ser actualizadas periódicamente por el órgano competente en espectáculos públicos.
5. Las solicitudes de autorización a que se refiere esta disposición deberán presentarse al menos treinta días hábiles antes de la fecha prevista para la celebración del espectáculo o actividad, junto con la documentación establecida en el artículo anterior, salvo que reglamentaciones específicas dispongan plazos diferentes. La resolución se dictará, una vez completada la documentación, en el plazo máximo de 15 días hábiles desde la presentación de la solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la notificación de la resolución, se entenderá desestimada la autorización solicitada por razones imperiosas de interés general de orden público, seguridad pública, protección civil, salud pública, protección de los consumidores, de los destinatarios de los servicios y de los trabajadores, protección del medio ambiente y del entorno urbano, así como de conservación del patrimonio histórico y artístico.
6. El promotor deberá comunicar al órgano competente cualquier modificación en la fecha, hora o lugar, o cualquier otra alteración sustancial del espectáculo con antelación suficiente. Esta modificación deberá hacerse pública por los mismos medios por los que haya sido convocado el espectáculo o actividad y dará derecho al reintegro de la entrada adquirida si el cambio producido no fuera satisfactorio para el comprador de la misma.
Modificación realizada (D.A. 8ª (apdo. 5)) por Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad. (BORM de 10-11-2018) en vigor desde 11-11-2018
D.A. 9ª. Requisitos generales exigibles a los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
1. Los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, tanto los habituales o permanentes y/o de temporada como los ocasionales o extraordinarios, deberán reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de personas y bienes, asegurando la protección del público y evitando molestias a terceros, de conformidad con las reglamentaciones exigibles para cada caso, y en particular, en los siguientes ámbitos:
a) La seguridad para el público asistente, artistas, personal al servicio y bienes.
g) Condiciones de accesibilidad y disfrute para personas discapacitadas, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
h) Condiciones de accesos de vehículos. Repercusión en el tráfico rodado de la zona.
2. Deberán disponer de un plan de autoprotección los establecimientos públicos cuyo aforo máximo autorizado sea superior a 500 personas, o a 3.000 personas si el recinto es al aire libre, y aquellos otros a los que la obligación les venga impuesta de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, y la normativa autonómica correspondiente.
3. Si por razones de orden y control de espacios públicos afectados por la celebración de un espectáculo o actividad recreativa, incluidas tareas de limpieza, las administraciones públicas tuvieran que establecer un dispositivo de control o refuerzo al efecto, podrán repercutir en el promotor los costes de dicho servicio.
4. En el caso de instalaciones temporales o estructuras eventuales, deberán disponer de condiciones de seguridad, higiene y habitabilidad para el público y los ejecutantes, análogas a las exigidas para las instalaciones fijas, incluyendo el seguro de responsabilidad civil y, en su caso, el plan de autoprotección, las cuales deberán ser autorizadas por el ayuntamiento en el que se realice la instalación. Estos requisitos deberán quedar suficientemente acreditados en el expediente.
D.T. 1ª. Proyectos de interés estratégico regional en trámite.
1. La solicitudes formuladas para la declaración de un proyecto de interés estratégico que a la entrada en vigor de la ley no hayan obtenido el acuerdo de declaración del proyecto de interés estratégico regional por el Consejo de Gobierno, continuarán su tramitación por parte del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, con arreglo a la previsto en el artículo 7 de la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. El seguimiento de los proyectos declarados de interés estratégico regional antes de la entrada en vigor de esta ley corresponderá al Instituto de Fomento de la Región de Murcia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
D.T. 2ª. Adaptación de las actividades al nuevo régimen de licencia y declaración responsable de actividad.
2. Las actividades que, estando en el ámbito de aplicación de la declaración responsable, cuenten con licencia de actividad a la entrada en vigor de esta norma, quedarán sometidas a partir de entonces al régimen jurídico aplicable a la declaración responsable. Las condiciones impuestas en las licencias de actividad tendrán la consideración de medidas correctoras o prescripciones técnicas de la actividad.
D.T. 3ª. Órganos ambientales municipales
Los órganos municipales a los que se atribuya la condición de órgano ambiental en virtud de la nueva redacción del artículo 102 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, ejercerán esta competencia en aquellos procedimientos cuya solicitud de inicio no haya sido remitida al órgano ambiental a la entrada en vigor de esta ley. Cuando la solicitud de inicio del procedimiento haya sido remitida al órgano ambiental autonómico con anterioridad a la entrada en vigor, éste mantendrá la condición de órgano ambiental hasta la finalización de dicho procedimiento.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley y, en concreto, las siguientes disposiciones:
- El artículo 9 del Decreto 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al ruido.
- El Decreto-Ley 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y supresión de cargas burocráticas.
D.F. 1ª. Elaboración de un Plan de mejora en los instrumentos de intervención administrativa para la protección del medio ambiente
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno Regional tramitará y presentará ante la Asamblea Regional un Plan de mejora en los instrumentos de intervención administrativa para la protección del medio ambiente, en el que se proceda a realizar un examen riguroso de la situación, identificar los problemas y buscar las soluciones que mejoren la respuesta administrativa en esta materia, analizando especialmente las necesidades de medios personales y materiales de las Administraciones competentes; las medidas de apoyo al emprendedor; la agilización de los procedimientos a partir de la potencialidad de las nuevas tecnologías; la normalización de documentos y homogeneización de trámites, para que la documentación y la tramitación sea la misma en cualquier municipio; así como la actualización de la normativa aprobada, tanto de carácter regional como local, para examinar posibles obsolescencias y disfuncionalidades y las necesidades de adaptación.
Los ayuntamientos de la Región participarán activamente en la elaboración de ese Plan de mejora, para lo que se crearán los mecanismos y los grupos de trabajo necesarios.
También se recabará la participación ciudadana, directamente y a través de los órganos de participación dependientes de la Administración regional, de conformidad con lo establecido en las leyes que prevén dicha participación.
Murcia, a 13 de febrero de 2017.- El Presidente, Pedro Antonio Sánchez López
NPE: A-160217-1079
Pleno. Sentencia 70/2018, de 21 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 2430-2017. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y supresión de cargas burocráticas. Principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y competencias sobre procedimiento administrativo: nulidad parcial del precepto legal autonómico relativo a la obtención por silencio positivo de la licencia de actividad; interpretación conforme del precepto relativo a la declaración responsable de actividad.
Ley 4/2004, de 22 de octubre, de Asistencia Juridica de la Comunidad Autonoma de la Region de Murcia.
Entrada en Vigor: 2017-02-17
Artículo 7.- Ejercicio de la función consultiva.
Artículo 11.- Ejercicio de acciones.
Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Region de Murcia.
Artículo 16. Funciones de los consejeros.
Fecha Publicación: 2007-01-03
Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Regimen del Comercio Minorista de la Region de Murcia.
Artículo 5. Régimen jurídico administrativo de la actividad comercial minorista.
Artículo 8. Establecimientos comerciales con impacto supramunicipal.
Artículo 11. Licencia comercial autonómica: supuestos de sujeción.
Artículo 12. Criterios para la concesión de la licencia comercial autonómica.
Artículo 13. Solicitud de licencia comercial autonómica y documentación complementaria.
Artículo 14. Instrucción del procedimiento de licencia comercial autonómica.
Artículo 15. Resolución administrativa.
Artículo 16. Coordinación con la Administración municipal.
Artículo 17. Caducidad de la licencia comercial autonómica.
Ley 4/2009, de 14 de mayo, de proteccion ambiental integrada.
Fecha Publicación: 2009-05-22
Artículo 18. Autorizaciones ambientales autonómicas y licencia de actividad.
Artículo 21. Autorización ambiental autonómica y evaluación ambiental de proyectos.
Artículo 29. Alcance del estudio de impacto ambiental.
Artículo 30. Cédula de compatibilidad urbanística.
Artículo 41. Duración de la autorización ambiental integrada.
Artículo 42. Plazos para la renovación de la autorización ambiental integrada.
Artículo 43. Documentación y tramitación de la renovación de autorización ambiental integrada.
Artículo 44. Caducidad de la autorización ambiental integrada.
Artículo 47. Alcance del estudio de impacto ambiental.
Artículo 48. Cédula de compatibilidad urbanística.
Artículo 49. Solicitud de autorización ambiental única.
Artículo 50. Tramitación en actividades sujetas a evaluación ambiental de proyectos.
Artículo 51. Tramitación en actividades que no estén sujetas a evaluación ambiental de proyectos.
Artículo 52. Plazo para resolver.
Artículo 53. Contenido de la resolución.
Artículo 54. Comprobación y puesta en marcha.
Artículo 55. Duración de la autorización ambiental única.
Artículo 56. Plazos para la renovación de la autorización ambiental única.
Artículo 57. Documentación y tramitación de la renovación de autorización ambiental única.
Artículo 58. Caducidad de la autorización ambiental única.
Artículo 79. Emisión del informe de calificación ambiental por la consejería competente en materia de medio ambiente.
Artículo 80. Plazo para resolver y notificar la resolución.
Artículo 81. Comunicación previa al inicio de la actividad.
Artículo 82. Vigencia de la licencia.
Artículo 87. Administración actuante y órgano ambiental.
Artículo 88. Órgano sustantivo.
Artículo 89. Procedimiento aplicable.
Artículo 90. Solicitud para iniciar el trámite de evaluación ambiental de proyectos.
Artículo 91. Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental.
Artículo 92. Estudio de impacto ambiental.
Artículo 93. Información pública y consultas.
Artículo 94. La declaración de impacto ambiental.
Artículo 95. Integración de la evaluación de repercusiones a la Red Natura 2000.
Artículo 96. Discrepancia.
Artículo 97. Efectos de la declaración de impacto ambiental.
Artículo 98. Publicidad y caducidad de la declaración de impacto.
Artículo 103. Órgano ambiental y órgano promotor.
Artículo 104. Planes y programas sometidos a evaluación ambiental.
Artículo 105. Iniciación del procedimiento.
Artículo 106. Informe de sostenibilidad ambiental.
Artículo 107. Memoria ambiental.
Artículo 108. Aprobación del plan o programa.
Artículo 109. Integración de la evaluación de repercusiones a la Red Natura 2000.
Artículo 110. Discrepancia.
Artículo 17. Autorizaciones ambientales autonómicas.
Artículo 20. Finalidades.
Artículo 23. Modificación de oficio de la autorización.
Artículo 24. Transmisión de la titularidad de la autorización.
Artículo 32. Información pública.
D.A. 12ª. Espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter habitual, permanente y/o de temporada.
D.T. 2ª. Adaptación al nuevo régimen de las autorizaciones ambientales sectoriales.
ANEXO I. Actividades sometidas a licencia de actividad
ANEXO II. Condiciones que deben cumplir las actividades para ser consideradas inocuas
ANEXO III. Instalaciones ganaderas de carácter doméstico
D.A. 9ª. Tramitación telemática de los procedimientos administrativos recogidos en la presente Ley.
Decreto 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al ruido.
Fecha Publicación: 1998-08-06
Artículo 4. - Principios rectores.
Artículo 18.- Empresas turísticas.
Artículo 27. - Clasificación y definiciones.
Artículo 28.- Apartamentos turísticos.
Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estrategicos, Simplificacion Administrativa y Evaluacion de los Servicios Publicos de la Comunidad Autonoma de la Region de Murcia.
Fecha Publicación: 2014-03-27
Artículo 8. Efectos.
Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificacion Administrativa y en materia de Funcion Publica.
Ley 5/2013, de 8 de julio, de apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internacionalizacion de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la Region de Murcia.
Decreto-Ley 4/2014, de 30 de diciembre, de medidas tributarias de apoyo a las empresas, y de organizacion y simplificacion administrativa.
Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracion de suelos contaminados.
Ley 4/2004, de 18-05-2004, de la Explotacion Agraria y del Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha.
desde 21/06/2018 hasta 11/11/2018
desde 17/02/2017 hasta 21/06/2018