Source: http://www.slideshare.net/apinilloss03/proyecto-tesis-prisin-preventiva-aguacondo-13880618
Timestamp: 2016-10-23 18:41:01
Document Index: 204295218

Matched Legal Cases: ['artículo 135', 'artículo 253', 'artículo 268', 'Artículo 6', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 14', 'Artículo 26', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 200', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 272', 'Artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 268']

Proyecto tesis prisión preventiva aguacondo
by Felix Azabache
Proyecto tesis trabajo penitenciari...
Proyecto tesis ineficacia semi libe...
by kyalove
Tesis robo agravado12
by kcarlitos123456
Augusto Pinillos Seminario, Docente invitado en Universidades Nacional de Trujillo, Santiago Antúnez de Mayolo, Universidad Privada Antonio Gu
at honorio delgado espinoza
Elisabed Leiva
Nilo Moreno Jaimes
, DOCENTE DE AIP en IE INCA GARCILASO DE LA VEGA
at IE INCA GARCILASO DE LA VEGA
Martha Gutierrez Guillen
at 김현중 (Kim Hyun Joong)
Janice QuiZing
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES ESCUELA DE POST GRADOMAESTRÍA EN DERECHO PENAL,PROCESAL PENAL Y LITIGACIÓN ORAL CURSO: TESIS I ALUMNO:DENY RUBY AGUACONDO CERDAN TUMBES - PERÚ 2012 2.
MAESTRIA EN MENCION EN DERECHO PENAL PROCESAL PENAL Y LITIGACION ORALLOS MANDATOS DE PRISIÓN PREVENTIVA DICTADOS EN LOS DELITOS DEROBO AGRAVADO Y LA DEBIDA APLICACIÓN DE ESTA MEDIDA DECOERCIÓN PROCESAL Aguacondo Cerdán, Deny Ruby1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 1.1. SITUACION PROBLEMÁTICA. La legislación peruana busca garantizar que las resoluciones judiciales que realicen los jueces y magistrados , estén acorde al derecho y que existan en ellos una coherencia y conexión lógica con los hechos y el derecho; como se refleja en el artículo 135 de la Constitución Política del Perú, que consagra como Principio de la función jurisdiccional el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, el que está destinado a garantizar a los justiciables la obtención de una respuesta razonada motivada y congruente con las pretensiones oportunamente formuladas ,en cualquier tipo de proceso , de tal manera que puedan conocer cuál ha sido el proceso mental, es decir la deliberación que ha seguido internamente, para arribar a una decisión que resuelva la controversia, decisión que no puede estar sustentada en le libre albedrio del juez sino en datos objetivos tanto de los hechos, como del ordenamiento jurídico. 3.
Así mismo el Tribunal Constitucional ha ratificado esta posición enExp. N° 05401-2006-PA/TC, FJ. 3 señalando que “toda decisión que carezcade una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisiónarbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional”, de igual forma en el Exp.N.º 03283-2007-PA/TC, FJ.3 reitera su criterio jurisprudencial al determinarque “la motivación de una decisión no solo consiste en expresar la norma legalen la que se ampara, sino fundamentalmente en exponer suficientemente lasrazones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. Por lo tanto este criterio constitucional debe ser garantizado en todoslos procesos jurisdiccionales que se desarrollen, pero en el presente proyectode investigación será objeto de estudio los procesos penales, que han tenidorecientemente una modificación con el Nuevo Código Procesal Penalpromulgado el 28 de julio del 2004, el cual ha sido puesto en práctica demanera progresiva hasta su aplicación total, mediante este proceso penal se idelimitado tanto las funciones de los abogados de ambas partes , el fiscal, elefectivo policial, y sobre todo la función jurisdiccional que desarrollara el juezpenal el cual se dedicara solo al juzgamiento y no a la investigación, por loque, a efectos de la probanza de los hechos, únicamente se pronuncia sobrelas medidas limitativas de derechos o medidas de coerción procesal querequieren orden judicial. De igual forma el artículo 253° del Código Procesal Penal estableceque las medidas que limiten los derechos fundamentales reconocidos por laConstitución Política del Perú y los Tratados de Derechos Humanosratificados por el Perú, solo podrán ser aplicadas, en el marco del procesopenal, si la ley lo permite y con las garantías previstas. Por lo que el Juez encargado de la Investigación Preparatoria estafacultado de otorgar o denegar cualquier requerimiento del fiscal o de la partecivil para limitar o restringir los derechos del imputado, con la finalidad que no 4.
se afecte la actividad procesal que se realiza para descubrir la verdadconcreta y aplicar la ley penal sustantiva que puede verse obstaculizada poractos del imputado o de terceros que pretenden rehuir el juicio o distorsionar laactividad probatoria, ante este peligro procesal el Estado con la finalidad degarantizar la actividad procesal pone en movimiento la actividad cautelar. Por lo tanto estas medidas de coercitivas son medios de naturalezaprovisional y excepcional para asegurar los fines del proceso penal, suduración esta en función del peligro procesal y para concretarlas se puederecurrir al empleo de la fuerza pública; para la adopción de estas medidastendrán que respetarse estrictamente los siguientes principios: Principio de legalidad Principio de proporcionalidad Principio de prueba suficiente Principio de necesidad Principio de provisionalidad Principio de judicialidad Se dará énfasis en el presente proyecto de investigación a la prisiónpreventiva que es una de las medidas de coerción procesal, que estadispuesta en el artículo 268 del Código de Procedimientos Penales, la cualprescribe que será dispuesta por el Juez de la Investigación Preparatoria,previo requerimiento del fundamentado y formulado por el Ministerio Publico;para su imposición. Por ser la libertad uno de los mas importantes derechos de laspersona, ya que solo puede ser restringida por disposición judicial, por ello elmandato debe ser escrito y motivado, es decir, una resolución judicial conexposición de los fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen la 5.
detención. Esta orden indubitable la cumplirá la Policía Nacional que estaobligado a poner al detenido a disposición del Juez. La aplicación de esta medida de coerción es ampliamente cuestionadapor estar en contradicción con el principio constitucional de la presunción deinocencia. Es por ello que el objeto de la investigación se orientará a identificarel criterio real de los Jueces Penales de Tumbes por ser la debida motivaciónun requisito ineludible en la imposición de la prisión preventiva, debido a quelimita uno de los derechos fundamentales del ser humano, como es el derechode la libertad; con referencia especifica en los delitos de robo agravadodurante el periodo del 2010 -2011, ya que al no contemplarse los requisitosque exige este tipo de medida de coerción procesal se vulnera el sistemajurídico peruano, por ende dichos mandatos de prisión preventiva vendríanhacer inconstitucionales.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.¿Cómo incidió, la motivación que efectuaron los jueces penales al momentode dictar el mandato de prisión preventiva por el delito de robo agravado,en la debida aplicación de esta medida de coerción procesal, en el distritojudicial de Tumbes durante el período 2010- 2011?1.3. JUSTIFICACIÓN. La presente investigación se justifica jurídicamente debido a lacomplejidad del ente dañado, que puede verse vulnerado por una falta demotivación y respeto a los requisitos señalados en el articulo 268º, del códigoprocesal penal, que en este caso es la persona que será limitada en sulibertad individual y ambulatoria, para asegurar los fines del proceso penal por 6.
consiguiente los mandatos de prisión preventiva que no se encuentren debidamente motivados estarían violando derechos constitucionales y agravando así los problemas penitenciarios Desde el punto de vista académico y metodológico el trabajo de investigación sobre la motivación de los jueces penales al momento de dictar el mandato de prisión preventiva por el delito de robo agravado, buscara aclarar la motivación que debe existir en lo mandatos de prisión preventiva, en tanto será necesario precisar la doctrina aplicable tanto nacional y comparada y de igual forma se identificara las deficiencias que presenta el sistema jurisdiccional penal de tumbes. La realización de este trabajo en el ámbito social, se justifica porque se podrá precisar cómo garantizar la integridad de la libertad de los procesados que serian afectados por una falta de motivación en los mandatos de prisión preventiva y de esta manera evitar limitar arbitraria e irracionalmente la libertad ambulatoria del inculpado mediante el ingreso en un centro penitenciario, durante la substanciación de un proceso penal sin mediar una sentencia penal firme que la justifique.2.- BASES DE REFERENCIA DEL PROBLEMA 2.1. ANTECEDENTES De la indagación previa a la información científica sobre estudios realizados al tema de investigación encontramos: Se encontró el articulo en la Revista Peruana de Derecho Procesal VI, sobre “LA NECESARIA REFORMA DE LA PRISION PROVISIONAL” del 7.
español Gimeno V. (1990), infiere la necesidad de proteger el derecho a latutela se convierta en un bien constitucionalmente relevante a fin de que, enuna futura reforma de la prisión provisional, se consagre por delitos gravesexpresamente determinados. De igual forma, se encontró con el Informe Practico Procesal Penal deActualidad Jurídica de Febrero del 2007, sobre la “Prisión preventiva en elnuevo Código Procesal Penal” autor Gonzalo Del Rio Labarthe, en estearticulo se expresa que la motivación es un requisito ineludible en laimposición de la prisión preventiva, precisamente por que condiciona la validezdel presupuesto de proporcionalidad, por que la ausencia o insuficiencia dedicha motivación convierte a la medida en ilegitima prima facie impidiendo queel juicio se pueda analizar la razonabilidad de la decisión. Sin embargo en el presente trabajo de investigación se hará unaprofundización a nivel legal, jurisprudencial y doctrinario no solo en el ámbitodel derecho nacional si no también en el comparado siguiendo las pautas delmétodo científico- jurídico que permitan identificar la real motivación de losJueces Penal de Tumbes.2.2. BASES TEÓRICO-CIENTÍFICAS Para aclarar los conceptos que inspiran el presente trabajo deinvestigación es necesario que se señale algunos conceptos que permitancomprender la magnitud del problema.I. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales Roma, 4 de noviembre de 1950 8.
Artículo 6 1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil (…)”.II. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Para el Perú: aprobado por Decreto Ley N° 22128 de 28 de marzo de 1978. Instrumento de adhesión de 12 de abril de 1978. Depositado el 28 de abril de 1978. Fecha de entrada en vigencia el 28 de julio de 1978. Artículo 9 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. Artículo 10 Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debida a la dignidad inherente al ser humano. Artículo 14 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 9.
carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. 2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Artículo 26 Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.III. Convención Americana sobre Derechos Humanos - Conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969 Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 10.
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Artículo 24. Igualdad ante la Ley Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.IV. Jurisprudencia Tribunal Constitucional EXP. N.° 00728-2008-PHC/TC LIMA 11.
GIULIANA FLOR DE MARIALLAMOJA HILARES SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONALEn Lima, a los 13 días del mes de octubre de 2008, el Pleno del TribunalConstitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli,Landa Arroyo Beamount Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda,pronuncia la siguiente sentencia y con el fundamento de voto del magistradoÁlvarez Miranda, que se adjuntaASUNTOEl recurso de agravio constitucional interpuesto por Giuliana Flor de MaríaLlamoja Hilares contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal paraReos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 2488, sufecha 23 de noviembre de 2007, que declaró improcedente la demanda deautos.FUNDAMENTOSDelimitación del petitorioSegún la demanda de hábeas corpus de autos, el objeto es que este AltoTribunal declare: i) la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 26 de juliode 2006, y su confirmatoria mediante ejecutoria suprema de fecha 22 de enerode 2007, ambas recaídas en el proceso penal seguido contra la accionante porel delito de parricidio (Exp. N.º 3651-2006), así como ii) se ordene su inmediatalibertad, por cuanto, según aduce, vulneran su derecho a la tutela procesalefectiva, derecho que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso,específicamente los derechos a la defensa y a la debida motivación de lasresoluciones judiciales, así como los principios de presunción de inocencia eindubio pro reo, relacionados con la libertad personal.Sin embargo, del análisis de lo expuesto en dicho acto postulatorio, así comode la instrumental que corre en estos autos, se advierte que lo que en puridad 12.
denuncia la accionante es la afectación de su derecho a la debida motivaciónde las resoluciones judiciales, y ello es así, porque, además de lo señalado enlos puntos iii) y iv) de los Antecedentes, en su extenso escrito de demanda demás de cien (100) páginas, enfáticamente señala que, tanto la sentenciacondenatoria como su confirmatoria mediante ejecutoria suprema se basanprincipalmente en: a) criterios abiertamente desproporcionados, irracionales eilógicos (razonamientos absurdos), ilegales, sostenidos en falacias, hechosfalsos, falsa motivación (sesgada, subjetiva, falaz, etc.); que asimismopresentan b) manipulación de pruebas y alteración del orden de los hechos ensu perjuicio. Por tanto, siendo de fácil constatación la alegada denuncia devulneración de su derecho constitucional a la debida motivación de lasresoluciones judiciales, sobre ella incidirá el análisis y control constitucional deeste Colegiado.El hábeas corpus contra resoluciones judicialesLa Constitución establece expresamente en su artículo 200º, inciso 1, que elhábeas corpus procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquierautoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual olos derechos conexos a ella. A su vez, el Código Procesal Constitucionalestablece en su artículo 4º, segundo párrafo, que el hábeas corpus procedecuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertadindividual y la tutela procesal efectiva.En efecto, cabe precisar que no todas las resoluciones judiciales pueden serobjeto de control por el proceso constitucional de hábeas corpus; antes bien yen línea de principio, solo aquellas resoluciones judiciales firmes que vulnerenen forma manifiesta la libertad individual y los derechos conexos a ella, lo queimplica que el actor, frente al acto procesal alegado de lesivo previamentehaya hecho uso de los recursos necesarios que le otorga la ley. Y es que, siluego de obtener una resolución judicial firme no ha sido posible conseguir envía judicial la tutela del derecho fundamental presuntamente vulnerado(libertad individual y conexos a ella), quien dice ser agredido en su derecho 13.
podrá acudir al proceso constitucional, a efectos de buscar su tutela.En el caso constitucional de autos, dado que en el proceso penal seguido a laactora (Exp. N.º 3651-2006) se han establecido restricciones al pleno ejerciciode su derecho a la libertad individual tras el dictado en forma definitiva de unasentencia condenatoria a pena privativa de la libertad, según se alegailegítima, este Colegiado tiene competencia, ratione materiae, para evaluar lalegitimidad o no de tales actos judiciales invocados como lesivos. Esto es, paraverificar si se presenta o no la inconstitucionalidad que aduce la accionante.El derecho a la debida motivación de las resoluciones judicialesYa en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.º 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que“el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces,al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que losllevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir nosólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propioshechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, latutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe nipuede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones defondo ya decididas por los jueces ordinarios.En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial seha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judicialesdebe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolucióncuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatoriosdel proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razonesexpuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis.Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe elmérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos deconstatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juezha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de undeterminado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y 14.
aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoraciónde los hechos”.El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es unagarantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que lasresoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de losmagistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídicoo los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en elque eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamentela violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a lamotivación de las resoluciones judiciales.Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de losmagistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC),este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenidoconstitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entreotros, en los siguientes supuestos: - Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. - Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento (defectos internos de la motivación), se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las 15.
que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. - Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.V. Proceso penal El proceso penal es la única vía legitimada para qué el Estado puedaimponer su pretensión punitiva, que solo puede materializarse a través de unprocedimiento con todas las garantías establecidas en la Constitución y lasleyes. La justicia material para lograr su consolidación debe imponer lassanciones conforme al ordenamiento jurídico-punitivo caso contrario seconstituiría en un mero simbolismo que en nada coadyuvaría al fortalecimientode un Estado de Derecho Constitucional. 16.
El proceso penal se orienta a la concretización de la pena y a lasatisfacción de la exigencia económica de reparar los daños causados en losbienes jurídicos de la victima. De tal manera que el proceso penal realmentegarantista debe orientar su funcionalidad para acoger ambas pretensiones conceleridad y eficacia a efecto de lograr la tutela jurisdiccional. En este contexto la legislación procesal penal, prevé una serie demedidas cautelares que tienen por objetivo esencial garantizar lamaterialización efectiva de la condena y de la reparación civil; lo queconstituye un fenómeno de ejecución anticipada para obtener los medios deprueba necesarios para reconstruir los hechos acaecidos en la realidad. Enefecto, la persecución penal amerita la imposición de ciertas medidas, quetienden a cautelar sus fines esenciales, esto es, la imposición de la condena yla satisfacción económica del agraviado (reparación civil) Peña, R. (2007,p.680). Es difícil que el imputado acepte libremente someterse a unapersecución que afectara sus intereses particulares, puesto que conocido elrequerimiento por parte de la justicia tratara de sustraerse de aquellaeludiendo su llamamiento. Antes que beneficiar al proceso, la inasistencia delprocesado provoca graves perjuicios a la actividad probatoria, no por constituirfuente de prueba sino por que su presencia condiciona la validez de lasdiligencias de conformidad con un sistema adversarial-acusatorio, así como laprohibición constitucional de condena en ausencia. Por otro lado es muyprobable que trate de enajenar sus bienes con el consiguiente perjuicio a lavíctima. La tutela cautelar puede tener carácter personal (restricción de lalibertad del imputado) o carácter real (sujeción de bienes patrimoniales).Durante el proceso penal la coerción penal estatal recae exclusivamente sobreel imputado; y respecto a la reparación civil puede incidir tanto sobre elimputado como en los bienes del tercero civilmente responsable. 17.
VI. Medida de coerción procesal. Las medidas de coerción como manifiesta Cubas V. (2009: pág. 370)“son medios de naturaleza provisional y excepcional para asegurar los finesdel proceso penal, su duración esta en función del peligro procesal y paraconcretarlas se puede recurrir al empleo de la fuerza publica, en forma directacomo en los casos de detención o en forma de apercibimiento” las que estáncontenidas en los códigos procesales y diferentes leyes especiales, al tiempoque se adaptan los fundamentos constitucionales conforme el artículo 2°apartado 24 parágrafo b) de la Constitución Política del Perú prescribe “No sepermite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casosprevistos por la ley”, concordante con ello el artículo VI del Título Preliminardel Código Procesal Penal Peruano dispone: “Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, asi como respetar el principio de proporcionalidad”. Gimeno V. (1990: pág. 354) sostiene que “por tales medidas cabeentender las resoluciones motivadas del órgano jurisdiccional, que puedenadoptarse contra el presunto responsable de la acción delictuosa, comoconsecuencia, de un lado, del surgimiento de su cualidad de imputado, y deotro, de su ocultación personal o patrimonial en el curso de un procedimientopenal, por las que se limita provisionalmente la libertad o la libre disposición desus bienes con el fin de garantiza los efectos penales y civiles de lasentencia”. 18.
Las medidas coercitivas son medios de naturaleza provisional yexcepcional para asegurar los fines del proceso penal, su duración esta enfunción del peligro procesal y para concretarlas se puede recurrir al empleo dela fuerza pública, en forma directa como en los casos de detención o en formade apercibimiento. Al respecto, el articulo 253 del Código Procesal PenalPeruano, establece que: “los derechos fundamentales reconocidos por laConstitución y los Tratados relativos a Derechos Humanos ratificados por elPerú, solo podrán ser restringidos, en el marco del proceso penal, si la Ley lopermite y con las garantías previstas en ella” por lo que se realizaran conexpresa autorización legal, y se impondrá con respeto al principio deproporcionalidad y siempre que existan suficientes elementos de convicción ysolo tendrán lugar cuando fuera absolutamente indispensable, en la medida ypor el tiempo estrictamente necesario. Por lo que las medidas coercitivasdeben respetar escrupulosamente los siguientes principios: Principio de legalidad; solo serán aplicables las medidas coercitivas establecidas expresamente en la ley, en la forma y por el tiempo señalado en ella. Principio de proporcionalidad; tienen que ceñirse a determinadas reglas, sus efectos no deben exceder la finalidad perseguida por la ley es decir debe ser proporcional con la necesidad o interés principal de la finalidad del proceso. Principio de prueba suficiente; para imponer dichas medidas se debe exigir determinada base probatoria respecto a la vinculación del imputado con el hecho punible y la necesidad cautelar Principio de necesidad; se impondrán cuando resulten absolutamente indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, es decir imponerlas después de un riguroso examen. Principio de provisionalidad; son por su naturaleza provisionales, ninguna tiene carácter definitivo o duración 19.
indeterminada es decir tiene su subsistencia mientras existan las razones que le dieron lugar. Principio de Judicialidad; surge del espíritu de la Constitución Política y que además esta contenida en el articulo VI del Titulo Preliminar y el articulo 254° del código procesal penal, las medidas coercitivas solo pueden dictarse por orden judicial impartida en resolución debidamente motivada, en el marco procesal penal y en el modo y forma establecida por ley. Tienen por finalidad las medidas de coerción procesal como lo señalaPeña, R. (2007, p.710) asegurar la eficacia de los fines del proceso, las queno se pueden imponer de manera arbitraria, en vista de ello su imposición estacondicionada a una serie de presupuestos con las garantías presentes en aConstitución y las leyes. La adopción de las medidas de coerción del nuevocódigo procesal penal se somete a dos presupuestos fundamentales: El FUMUS BONI IURIS; que se refiere a la verisimilitud de haberse cometido un delito mediante indicios manifestados objetivamente PERICULUM IN MORA que se refiere al peligro que se puede producir con el paso ineludible del tiempo. Para un reflejo de las medidas de coerción que son aplicables en elproceso penal se clasifican de la siguiente manera: a. La detención policial b. El arresto en estado de flagrancia c. La detención preliminar judicial d. La prisión preventiva e. Incomunicación f. La comparecencia g. La detención domiciliaria h. La internación preventiva 20.
i. Impedimento de salida j. La suspensión preventiva de los derechos k. Conducción compulsiva l. El embargo Para el desarrollo del tema de investigación se desarrollara con másénfasis lo referido a la PRISIÓN PREVENTIVA.VII. Prisión preventiva La prisión preventiva es una medida coercitiva de carácter personal,provisional y excepcional, que dicta el juez de la investigación preparatoria encontra del imputado, para asegura los fines del proceso penal; de la mismaforma Cabanellas (2002: pág. 320) señala que “la prisión preventiva es la quedurante la tramitación de una causa penal se decreta por resolución de juezcompetente, por existir sospechas en contra del detenido por un delito y porrazones de seguridad”. De igual forma Monroy (2003: pág. 182) deriva a la conclusión “que laprisión provisional o preventiva es fundamentalmente una medida cautelarpenal dirigida a obtener la comparecencia del acusado en el juicio oral (y aposibilitar en ultimo termino, la ejecución de la sentencia penal)” Su aplicación es ampliamente cuestionada por estar en contradiccióncon el principio de constitucional de la presunción de inocencia. El españolMoreno Catena, citado por Gimeno V. (1990: pág. 382) refiere sobre estepunto que “….son admitidas como un mal necesario en todos losordenamientos jurídicos, representa hoy la mas grave intromisión que puedeejercer en la esfera de la libertad del individuo, sin que medie todavía unasentencia penal firme que la justifique”. El antecedente legislativo de esta regulación la encontramos en elCódigo Procesal Penal Peruano de 1991, su regulación actual es en el articulo 21.
268° del Código Procesal Penal del cual se puede extraer las siguientescaracterísticas: a) Es facultativa; por que deja al criterio del juez para que basado en la ley y en los hechos determine su aplicación. b) Deben concurrir los siguientes requisitos: Prueba suficiente; solamente se podrán dictar cuando existan fundados y graves elementos de convicción. Prognosis de pena superior a 4 años; solamente se dicta cuando la pena probable sea superior a cuatro años de privación de libertad. Peligro procesal; por las circunstancias del caso particular permitirán colegir razonablemente que se tratara de eludir la acción de la justicia. c) Requiere una resolución fundamentada d) Está sujeta a plazos; según el artículo 272° del Código Procesal Penal, prescribe que no durara más de nueve meses, pero tratándose de proceso complejos no durara mas de dieciocho meses.VIII. Robo agravado La real academia española define al robo como “Delito que se cometeapoderándose con ánimo de lucro de una cosa mueble ajena, empleándoseviolencia o intimidación sobre las personas, o fuerza en las cosas”. De igual forma Peña, R. (2010:pág.282) Robo es un delito que atenta contra el patrimonio, concretamente los derechos reales amparados en el ordenamiento jurídico, cuya sustantividad radica en la forma, mejor dicho los medios que emplea el agente para apoderarse del bien mueble, esto es la violencia y la amenaza de peligro inminente para la vida y integridad física del sujeto pasivo”. Y teniendo en consideración el Art. 188° del Código Penal Peruano de 1991, el cual define al robo 22.
como: “El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años”. Es importante rescatar que el delito de robo es distinto al delito dehurto por la mayor peligrosidad por el uso de intimidación y fuerza porconsiguiente la pena es mayor que la de delito de hurto. El delito de robo simple, se agrava cuando se presentan lassiguientes circunstancias reguladas en el Artículo 189° del Código PenalPeruano vigente: La pena será no menor de diez ni mayor de veinte años, si el robo escometido: 1. En casa habitada. 2. Durante la noche o en lugar desolado. 3. A mano armada. 4. Con el concurso de dos o más personas. 5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros o de carga. 6. Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado mostrando mandamiento falso de autoridad. 7. En agravio de menores de edad o ancianos. La pena será no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, si elrobo es cometido: 1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima. 23.
2. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas y/o insumos químicos o fármacos contra la víctima. 3. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. 4. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la nación. Por lo tanto el delito de robo agravado es como lo señala Rodríguez,E. (2006: pág. 271) “El delito de robo agravado es el apoderamiento ilegitimode un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él,sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando para ello violencia oamenazas contra la vida o integridad física de la víctima y concurriendo,además, cualquiera de las circunstancias agravantes especificas establecidasen el artículo 189° del Código Penal”.2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS Delito.- Es toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. (Delito civil). Es el hecho ilícito cometido u omitido con la intención de dañar. Inculpado.- Persona contra la que se dirige un determinado cargo. Término utilizado para referirse a la persona a la que se dirige el proceso penal o sancionador. Mandato de detención.- Es la decisión que toma el juez penal de instrucción, por el cual se recluye a un imputado de la comisión de un delito, con el fin de garantizar que el proceso que se le sigue no se vea obstaculizado, interrumpido o demorado de alguna forma. Medida cautelar.- Medida que puede adoptar el juez durante la fase de instrucción penal con el fin de proteger a la víctima, salvaguardar los intereses de los posibles perjudicados, anular o aminorar los efectos del delito, etc. 24.
Medidas de coerción.- Es la intervención forzada del Estado en el ámbito de libertad jurídica de una persona singular y concreta, atacando los aspectos de su vida que constituyen un bien o valor jurídico. Pena.- La pena es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, expresándose como la "restricción de derechos del responsable". Proceso Penal.- Es el conjunto de actividades, formas y formalidades de carácter legal, que son previamente establecidas por el órgano legislativo del Estado, y que llevan a cabo las personas que intervienen en una relación jurídica de derecho penal, con la finalidad de que un órgano del propio Estado, con facultades jurisdiccionales, determine la aplicación de la ley penal a un caso concreto. Robo.- El robo es un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrarse, empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación en la persona.3.- HIPÓTESIS, VARIABLES Y OBJETIVOS3.1. HIPÓTESIS La motivación que efectuaron los jueces penales en el distrito judicial de Tumbes, en el mandato de prisión preventiva por el delito de robo agravado; incidió negativamente en la debida aplicación de esta medida de coerción procesal, debido a que en su gran mayoría no demostraron la concurrencia de los requisitos señalados en el artículo 268º, del código procesal penal. 25.
3.2. VARIABLES 3.2.1. VARIABLE DEPENDIENTE La debida aplicación de la medida de coerción procesal denominada mandato de prisión preventiva, en el distrito judicial de Tumbes y durante el período 2010 al 2011. 3.2.2. VARIABLE INDEPENDIENTE. La motivación que efectuaron los jueces penales al momento de dictar el mandato de prisión preventiva por el delito de robo agravado, en el distrito judicial de Tumbes durante el período 2010- 2011. 3.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES VARIABLE INDICADOR ITEMLa debida aplicación de La motivación que Auto de Prisión la medida de coerción efectuaron los jueces Preventiva. procesal denominada penales al momento de mandato de prisión dictar el mandato preventiva. 26.
- La fundamentación de los elementos de convicción para estimar La motivación que razonablemente la efectuaron los jueces Auto de Prisión comisión de un delito quepenales al momento de Preventiva. vincule al imputado como dictar el mandato autor o partícipe. . - La fundamentación de los elementos de convicción para estimar razonablemente que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad. - La fundamentación de los elementos de convicción para estimar razonablemente que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga). 27.
- La fundamentación de los elementos de La motivación que convicción para estimar efectuaron los jueces Auto de Prisión razonablemente que el penales al momento de Preventiva. imputado, en razón a dictar el mandato. sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).3.3. OBJETIVOS 3.3.1. OBJETIVO GENERAL. Determinar cómo incidieron las motivaciones que efectuaron los jueces penales al momento de dictar el mandato de prisión preventiva por el delito de robo agravado, en la debida aplicación de la medida de coerción procesal, en el distrito judicial de Tumbes durante el período 2010- 2011. 3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.3.2.1. Identificar los fundamentos en la doctrina nacional y comparada del mandato de prisión preventiva. 3.3.2.2. Destacar la importancia y trascendencia de motivar debidamente las resoluciones que ordenan la aplicación del mandato de prisión preventiva por el delito de robo agravado, en el distrito judicial de Tumbes. 28.
4. DISEÑO METODOLÓGICO. La presente investigación pretende determinar cómo incidieron las motivaciones que efectuaron los jueces penales al momento de dictar el mandato de Prisión Preventiva por el Delito de Robo Agravado, en la debida aplicación de la medida de coerción procesal, en el Distrito Judicial de Tumbes durante el período 2010- 2011. Revisaremos los Autos de Prisión Preventiva para constatar si en la motivación que efectuaron los jueces penales al momento de dictar el mandato de Prisión Preventiva fundamentaron debidamente los elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe; seguidamente la fundamentación de los elementos de convicción para estimar razonablemente que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; luego la fundamentación de los elementos de convicción para estimar razonablemente que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga); para terminar con La fundamentación de los elementos de convicción para estimar razonablemente que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). 4.1. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS De acuerdo al fin que se persigue, nuestra investigación es Básica, por cuanto está orientada a lograr un nuevo conocimiento de manera sistémica y metódica, con el único objetivo de ampliar el conocimiento. 29.
De acuerdo al enfoque de investigación es Cuantitativa Descriptiva, puesto que pretende determinar cómo incidieron las motivaciones que efectuaron los jueces penales al momento de dictar el mandato de Prisión Preventiva por el Delito de Robo Agravado, en la debida aplicación de la medida de coerción procesal, en el Distrito Judicial de Tumbes durante el período 2010- 2011. 4.2. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO. Nuestra población está constituida por los …X… procesos en los que se dictó el mandato de Prisión Preventiva por el Delito de Robo Agravado, en el Distrito Judicial de Tumbes durante el período 2010- 2011. Nuestra muestra está conformada por ….X…. procesos en los que se dictó el mandato de Prisión Preventiva por el Delito de Robo Agravado, en el Distrito Judicial de Tumbes durante el período 2010- 2011.n= P x Q E2 + PxQ Z2 Nn= 50 x 49 5%2 + 50 x 49 1.962 (N) n = Tamaño de la muestra Z = Desviación estándar (para intervalo de confianza de 95.55%) es 1.96 30.
p = Proporción de la población que posee las características cuando “n” se conoce tal proporción se asume que “p” es 50.q = p–1E = Margen de error 5N = Tamaño de la poblaciónEl muestreo utilizado, para establecer la muestra objeto de nuestro estudioes el Probabilístico Aleatorio Simple.4.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS4.3.1. MÉTODOS4.3.1.1. MÉTODO ANALITICOMétodo utilizado en la presente investigación, sobre todo al momento delprocesamiento de toda la información recopilada a través de una variadadocumentación, durante la primera etapa del proyecto, la misma que unavez seleccionada se catalogó y se extrajeron los temas más relevantesrespecto de nuestra formulación del problema, hipótesis y objetivos.4.3.1.2. MÉTODO SINTÉTICOFue utilizado durante la elaboración de las conclusiones, las mismas quepermitieron elaborar recomendaciones para dar solución al problemaplanteado en la investigación. También fue utilizado al momento de evaluarlos cuadros, las entrevistas y al momento de elaborar el resumen en elmarco teórico. 31.
4.3.1.3. MÉTODO INDUCTIVOMétodo utilizado tanto en la recolección de la información, así como en laelaboración del marco teórico al establecerse las categorías jurídicas desdelo general a lo particular tomando como esencia a la normatividad, y elaspecto arbitral y de contrataciones del Estado. De igual manera, fueempleado también para el diálogo de la entrevista.4.3.1.4. MÉTODO DEDUCTIVOEste método fue empleado en la elaboración de las conclusiones yrecomendaciones, respecto a las conclusiones, se empleó para determinarde la manera más precisa los resultados de todo el proceso deinvestigación y para ser coherente con lo estudiado, y respecto a lasrecomendaciones a fin de proyectarse a futuro y que la propuestapresentada sea aprovechada para enriquecer el conocimiento sobre el temabajo investigación.4.3.1.5. MÉTODO ESTADÍSTICOMétodo utilizado desde el momento en que se recogió la informacióncuantitativa y cualitativa de la presente investigación, así como cuando setrabajó con la población y la determinación de la muestra.De igual manera se empleó en el desarrollo del Capítulo IV – Resultados yDiscusión, para la tabulación y elaboración de cuadros estadísticos, de losdatos recogidos como resultados de la presente investigación.4.3.2. TÉCNICASLas técnicas que emplearemos en nuestra investigación son entre otras, la 32.
observación, la recopilación y el análisis documental de: informes, pericias,sentencias; así como la técnica de análisis de contenido basado en criterios.Posteriormente, realizaremos una selección de datos relevantes que nospermitan desarrollar nuestros objetivos generales y específicos, paraconfirmar o rechazar nuestra hipótesis. Efectuado este trabajo,efectuaremos la estructuración de los datos, categorizándolo segúnnuestros criterios de equivalencias determinados de antemano.Nuestra técnica de observación será la sistemática u objetivamenteestructurada, que se aplicará a situaciones de diagnóstico y clasificaciónen base a tipologías previamente establecidas y codificadas.4.3.3. INSTRUMENTOSContaremos como instrumentos con listas de control cuyo objetivo básicoserá recordarnos que se debe detectar la presencia o ausencia decomportamientos relevantes para verificar nuestras variables, sin añadirninguna apreciación cualitativa; labor que se efectuará de manerasistemática.4.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.4.4.1. VALIDACIÓN Y EDICIÓNEl instrumento que utilizaremos de manera predominante serán las listas decontrol de las que utilizaremos en primer lugar para medir cómo incidieronlas motivaciones que efectuaron los jueces penales al momento de dictar elmandato de prisión preventiva por el delito de robo agravado, en la debidaaplicación de la medida de coerción procesal, en el distrito judicial deTumbes durante el período 2010- 2011. Para tal fin, confrontaremos cada 33.
uno de los autos de prisión preventiva respecto a motivación que efectuaronlos jueces penales al momento de dictar el mandato para estimarrazonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado comoautor o partícipe; también respecto a estimar razonablemente que lasanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa delibertad; luego que el imputado, en razón a sus antecedentes y otrascircunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente quetratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga).; concluyendo conlas razones que permitan colegir razonablemente que tratará deobstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).Luego Identificar si las motivaciones respetan lo establecido en el ConvenioEuropeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades,Fundamentales Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Jurisprudencia delTribunal Constitucional; para finalizar destacando la importancia ytrascendencia de motivar debidamente las resoluciones que ordenan laaplicación del mandato de prisión preventiva por el delito de roboagravado, en el distrito judicial de Tumbes.4.4.2. CODIFICACIÓNAsignaremos códigos numéricos a las varias respuestas de unas preguntasdeterminadas. Esto requiere que sean asignados códigos numéricos a lasvarias respuestas a una misma pregunta. En primer lugar haremos unlistado de las respuestas reales. Luego procederemos a consolidar lasrespuestas, viendo que las respuestas sean interpretadas exclusivamenteen un solo sentido; así como de que no existan respuestas distintas peroque en el fondo signifiquen esencialmente lo mismo, que lasconsolidaremos en una sola categoría. Como tercer paso determinaremoslos códigos para cada una de las distintas categorías en la lista consolidada 34.
final de respuesta, procediendo así esta manera a introducir luego loscódigos reales.4.4.3. TABULACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOSEn nuestra tabulación detallaremos: 1. Total de entrevistados; 2. Número defiscales y jueces a quienes se les aplicaron las listas de control 3. Númerode respuestas afirmativas o negativas que se dieron a las distintascategorías contenidas en los cuestionarios.4.4.4. REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS RESULTADOSLas representaciones gráficas de los datos que se utilizarán en lugar detablas para presentar los resultados de la investigación serán: Grafica de Líneas Grafica de Torta o de Pay Grafica de Barras 35.
BIBLIOGRAFÍAAndrés, P. (1996). Presunción de inocencia y prisión sin condena. Madrid: Cuadernos de Derecho Judicial NºXVIII. CGPJ.Ascencio, J. (2005) La regulación de la prisión preventiva en el Código Procesal Penal del Perú. Lima: Palestra.Beristaín, A. (1980). El proyecto de Código Penal de 1980, víctima de las estructuras. Santiago de Compostela: Aranzadi.Borowski, M. (2003). La estructura de los derechos fundamentales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.Burgos, V. (2005). Principios rectores del nuevo Código Procesal Penal. Lima: Palestra.Burgos, V. (2007) La Implementación del Nuevo Código Procesal Penal en la Ciudad de Trujillo y sus Retos. Universidad de Friburgo: Anuario de Derecho Penal.Calamandrei, P. (2005). Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares. Lima: ARA.Cesano, J. (2005) Cesación de la prisión preventiva en el nuevo proceso penal. .Lima: Palestra.Cubas, V. (2004). El Nuevo Código Procesal: ¿Revolución Penal? Lima: Justicia Viva. 36.
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7.3.Elaboración de Informe 03/01/2013 30/03/2013 Veinte (20) hrs.2. Recursos: a) Personal: . El investigador . Un asesor en ciencias de la salud mental. . Un asesor en metodología de la Investigación b) Bienes: . Cartuchos de tinta negra y color. . Papel. . Lapiceros, corrector, lápices. c) Servicios: . Tipeado, impresiones en Computadora. . Internet. . Adquisición de Bibliografía. . Anillados. . Empastado. . Movilidad Local. 39.
. Desplazamientos a la ciudad de Lima.3. Presupuesto: a) Bienes: Naturaleza Clasificador Cantidad Costo del Gasto (S/.) 5.3.11.30 Materiales de Consumo USB 8 GB 01 Unidad 45.00 Cartucho de Tinta Negra 01 Unidad 50.00 Papel Bond A-4 80 Grs. 01 Millares 35.00 Lapiceros 05 Unidades 18.00 Corrector 02 Unidades 14.00 Lápices 05 Unidades 5.00 Otros 150.00 Subtotal S/. 317.00 b) Servicios: 40.
Naturaleza del Gasto Clasificador Cantidad Costo S/.5.3.11.39 Servicios de Terceros Asesoría externa 02 personas 1600.00 Impresiones B/N 500 Hojas 100.00 Impresiones a Color 50 Hojas 15.00 Encuadernaciones 05 empastados 125.00 Internet 250 Horas 250.00 Fotocopias 500 Hojas 50.00 Anillados 05 Juegos 25.00 Subtotal S/. 2,165.00 TOTAL S/. 2,482.00 Recommended
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