Source: http://justiciaytransparencia.org/estudios/90-balance-de-la-reforma-constitucional
Timestamp: 2018-08-16 04:22:54
Document Index: 294392704

Matched Legal Cases: ['Artículo 251', 'Artículo 146', 'Artículo 55', 'Artículo 124', 'Artículo 81', 'artículo 27', 'Artículo 9', 'Artículo 272', 'Artículo 140', 'Artículo 49', 'Artículo 273', 'Artículo 92', 'Artículo 148', 'Artículo 258', 'Artículo 18', 'Artículo 137', 'artículo 277']

Balance de la Reforma Constitucional
Balance de la Reforma Constitucional - Avances, Novedades, Retos y Posibles Escollos en la Nueva Constitución.
Santo Domingo, Distrito Nacional, R.D
La República Dominicana asiste a un momento trascendente de su historia, en más de ciento sesenta y cinco (165) años de vida republicana que se inician con la proclamación y puesta en vigencia del Pacto Fundamental o Constitución de la Nación, aprobada el día 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, en el presente nos abocamos a estrenar una nueva constitución el próximo 10 de diciembre o el 26 de enero, fechas que han sido barajadas por la simbología que representan para su proclamación, en un proceso que abarcó todos los sectores de la vida nacional, estimulando el constitucionalismo al crear las condiciones para fomentar e instaurar una cultura cívica, que de seguro integrará al pueblo dominicano con los valores del respeto y el cumplimiento de los preceptos de carácter sustantivo.
En tal sentido, y ya concluido el actual proceso de reforma constitucional, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), a partir de varias reflexiones, presenta al país un balance de los avances, novedades, desafíos y posibles escollos en el nuevo texto constitucional, el cual es el resultado de un proceso de aproximación social y política, a través de charlas, seminarios, conferencias, foros de discusiones, consultas a docentes universitarios y especialistas en la materia, en todo el proceso de discusión del texto constitucional.
Al servir este balance, hemos tomado en consideración los diversos aportes de las fuerzas vivas de la nación, expresados en calidad de propuestas durante el trayecto de la reforma y sobre todo el articulado final, que en lo sucesivo, de seguro en el país, será objeto de mucha ponderación, reconocimiento y satisfacción por los logros alcanzados en muchos casos y de críticas en otros tantos.
La elaboración del presente documento, el enfoque, las consideraciones y reflexiones planteadas, a modo de balance, son de la exclusiva responsabilidad de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), con el objetivo de que se erija en guía para el análisis y sociabilización del contenido del nuevo texto constitucional, el cual deberá ser acogido por la sociedad dominicana en procura de dar respuesta a los retos que impone una sociedad en constantes cambios.
Igualmente queremos destacar que lo planteado en este balance sólo recoge a juicio nuestro algunos de los temas y puntos más relevantes; los cuales en relación a la anterior constitución representan los cambios y novedades de mayor discusión, arrojados por el proceso de reforma. Las consideraciones servidas en este documento tienen como propósito fundamental proveer al país de una guía didáctica presentada en lenguaje llano y sencillo para la mejor comprensión y manejo del nuevo texto constitucional, a esos fines ponemos también a su disposición en formato digital el articulado íntegro de la nueva Constitución con las aprobaciones finales de la Asamblea Nacional Revisora.
En año 2006, el Poder Ejecutivo expuso a la nación la necesidad de reformar la Constitución de la República, con el objetivo de adecuarla a las nuevas exigencias sociales, políticas, económicas y culturales prevalecientes. La razón fundamental de esta iniciativa se basaba en que nuestra constitución no reflejaba los cambios que se habían operado en los últimos años en el entorno geopolítico, regional y mundial, además de que subsistían contradicciones y situaciones ya superadas por la realidad social y política nacional e internacional. Igualmente nuestro ordenamiento jurídico había asimilado nuevos derechos y principios fundamentales que debían ser incorporados al texto constitucional, para de esta forma hacerlo más compatible con las exigencias de la sociedad en general.
Para llevar a cabo este propósito, el Poder Ejecutivo dispuso mediante el Decreto No. 323-06, del 3 de agosto de 2006, la designación de una Comisión, con el objeto de preparar, mediante las consultas necesarias, un documento que recogiera las propuestas y las recomendaciones de modificación formuladas por la sociedad dominicana, que hubieren alcanzado el mayor nivel de consenso; integrada dicha Comisión por los juristas señores: Dr. Raymundo Amaro Guzmán, Dr. Julio César Castaños Guzmán, Lic. Pelegrín Castillo, Dr. Flavio Darío Espinal Jacobo, Dra. Aura Celeste Fernández, Dr. Luís Gómez Pérez, Dr. Milton Ray Guevara, Lic. Eduardo Jorge Prats, Dra. Licelott Marte, Dr. César Pina Toribio, Lic. Leyda Margarita Piña, Dr. José Darío Suárez y el Lic. Adriano Miguel Tejada.
La metodología utilizada permitió establecer las preferencias de los encuestados respecto a los temas que cubría el texto constitucional vigente hasta ese momento; así como nuevas opciones que permitirían la renovación y actualización de su contenido; pues siendo la población dominicana el sujeto receptor del mismo era lógico que se le consultara sobre los cambios que podría requerir la Constitución.
Después de varios meses de trabajo se tabularon los datos obtenidos y se procedió a su publicación, lo cual permitió conocer los niveles de aceptación que alcanzaron los diferentes temas constitucionales.
En el año 2009, y después de un período prolongado de discusión y participación de los ciudadan@s; todo ello como expresión de un reconocido ejercicio cívico, el Poder Ejecutivo depositó inicialmente un proyecto de convocatoria ante el Congreso Nacional para que éste se constituyera en Asamblea Nacional Revisora y procediera a conocer la propuesta de reforma constitucional, dando con ello inicio formal al proceso de sanción legislativa de lo que sería la nueva Constitución de la República.
Constituida la Asamblea Nacional Revisora en mayo de 2009, inicio los trabajos de discusión del Proyecto de Reforma Constitucional, el cual recibió dos lecturas, las cuales produjeron acalorados debates sobre temas relevantes que se plantearon en diferentes escenarios de la opinión pública nacional.
No obstante, se logro alcanzar el consenso necesario para su aprobación definitiva y hacer efectiva su proclamación seis meses más tarde, el diez (10) de diciembre o el 26 de enero de 2009, conforme se ha planteado en los predios oficiales.
El recién finalizado proceso de Reforma Constitucional se desarrolló con muchas sombras y múltiples luces, que se tradujeron en un ejercicio cívico de fomento del constitucionalismo y en una amplia participación democrática que se caracterizó por las discusiones y puntos de vista encontrados de los diferentes actores sociales; que en su oportunidad lograron avanzar sobre temas sensibles como; el derecho a la vida, el libre acceso a las playas, la nacionalidad, la libertad de expresión, el Consejo Nacional de la Magistratura y la creación del Tribunal Constitucional entre otros, los cuales sirvieron para calibrar y poner a prueba la madurez política alcanzada por la sociedad dominicana y en particular de la clase política.
Hoy nos disponemos a estrenar una nueva Constitución, que en modo alguno es la solución a nuestros problemas institucionales, pero sin lugar a dudas podría contribuir con ello. Es un texto que supera con creces el anterior texto constitucional. Aun cuando puedan persistir opiniones divergentes, nos atreveríamos a afirmar, que estamos en presencia de una constitución moderna y garantista.
La nueva constitución se divide en títulos, capítulos y secciones compuestos por 277 artículos, 19 disposiciones transitorias y una final, las cuales prevén el cronograma operativo para la implementación, instauración y adecuación de las nuevas instancias jurídicas políticas y administrativas de reciente creación. Adecuaciones y cambios administrativos indispensables para la garantía y ejercicio del extenso catálogo de derechos subjetivos que aun cuando la mayoría de ellos se encontraban en leyes adjetivas y tratados internacionales diversos, hoy adquieren estatura y rango constitucional, lo que consecuentemente garantiza una tutela y protección efectiva de los mismos.
A continuación procederemos a considerar, a juicio de la Fundación Justicia Transparencia, los avances, novedades, retos y posibles obstáculos contemplados en la nueva Constitución, con el propósito de establecer un balance que nos permita avanzar hacia un espacio de comprensión de su contenido.
NOVEDADES Y AVANCES DE LA NUEVA CONSTITUCION DOMINICANA
1.Se amplía el catálogo de Derechos Fundamentales de manera significativa con la integración de nuevas categorías y nuevos derechos de 3era. y 4ta generación, priorizando el establecimiento de un Estado Social y Democrático de Derecho que se expresa con la inclusión de dos nuevos renglones, Ej. derechos culturales y deportivos, derechos colectivos y del medio ambiente y otros derechos fundamentales de reciente incorporación al texto constitucional y citamos: Derecho a la propiedad intelectual, Derechos del consumidor, Seguridad alimentaria, Derechos de la familia, Protección de las personas menores de edad, Protección de las personas de la tercera edad, Protección de las personas con discapacidad, Derecho a la seguridad social, Derecho a la salud. Todos estos derechos pese a existir en el presente en leyes adjetivas hoy cobran dimensión constitucional (Artículos 37al 67)
2.Se fortalece la capacidad fiscalizadora del Congreso Nacional y se amplían sus facultades de control y de investigación. (Artículos 93 al 95)
3.Se redimensiona y amplían las facultades y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. (Artículos 178 al 183)
4.Se crea el Consejo Económico y Social como órgano consultivo del Poder Ejecutivo, en materia económica, social y laboral con la finalidad de concertar y armonizar los intereses de los diversos grupos de la sociedad. (Artículo 251)
5.Se crean mecanismos de participación popular como el referendo, el plebiscito y la iniciativa normativa municipal en el plano local. En el nivel nacional se prevé el referendo para consultas populares y la iniciativa legislativa popular. (Artículos 203,210 y 97)
6.se establece como conquista fundamental del sistema de administración de justicia, la creación del Tribunal Constitucional. (Artículos 184 al 189)
7.Se crea el Consejo del Poder Judicial como órgano administrativo del Poder Judicial. (Artículos 155 y 156)
8.Se incorpora en la nueva Constitución la figura del Defensor del Pueblo como garante del ejercicio y respeto de los derechos fundamentales, colectivos y difusos de la sociedad dominicana. (Artículos 190 al 192)
9.Se prevén con rango constitucional, el Habeas Data, El Amparo, y la Acción en Inconstitucionalidad por la vía directa por parte de los ciudadan@s. (Artículos 70,72 y el 185, numeral 1)
10.Se fortalecen y amplían las herramientas de combate y lucha contra la corrupción, contemplando el nepotismo, la prevaricación, la declaración jurada de bienes bajo responsabilidad personal de probar y demostrar el origen lícito de los bienes jurados. (Artículo 146)
11.Se les reconoce a las iglesias cristianas la facultad de oficiar matrimonios bajo el amparo y efectos de las leyes civiles. (Artículo 55, numeral 4)
12.Se prohíbe la reelección presidencial consecutiva. (Artículo 124)
13.Se establece una jurisdicción especializada en materia electoral con la creación del Tribunal Superior Electoral. (Artículos 214 y 215)
14.Se incorporan nuevas categorías de legisladores sujetos a elección popular: cinco (5) diputados nacionales por acumulación de votos, siete (7) diputados de ultramar para representar y canalizar los intereses de la diáspora dominicana, y la elección de los diputados acreditados ante organismo internacionales como el Parlacen. (Artículo 81, numerales 2 y 3 y el artículo 27)
15.La disminución, a cinco, de los miembr@s de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas, además de la presentación de las ternas de los miembros de ésta última, a cargo de la Cámara de Diputados. (Artículos 212 párrafo I, 248 y 83, numeral 2)
16.Se redimensiona el concepto de Territorio Nacional, considerando las disposiciones contempladas en los tratados internacionales que hemos adoptado en materia de derecho del mar territorial y espacio aéreo. (Artículo 9)
17.En materia de futuras reformas constitucionales, se condiciona a un referendo aprobatorio las modificaciones a la Constitución en los siguientes temas: derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, así como los procedimientos de reforma establecidos en la Constitución. (Artículo 272)
18.Se cambia el término de Secretario y Subsecretario de Estado por el de Ministro y Vice-Ministro. Los Síndicos y Vice-Síndicos se llamarán Alcaldes y Vice-Alcaldes, y el de Presupuesto Nacional se denominará Presupuesto General del Estado. (Artículos 134, 201, y 233)
19.Se constitucionaliza la Defensa Pública, y la asistencia legal gratuita, así como la carrera, estructura, función e integración del Ministerio Público. (Artículos 176,177 y del 169 al 175)
20.Se consagra la imposibilidad de los funcionarios públicos de incrementarse el salario en provecho propio, salvo cuando se haga para los futuros funcionarios de las dependencias estatales. (Artículo 140)
21.Se le atribuye jerarquía constitucional al régimen de función pública y a la administración pública. (Artículos 142 al 145 y 138 y 139)
22.Se extiende la figura del juicio político a otros altos funcionarios del Estado considerando su alto nivel de responsabilidad pública; Ej. los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los jueces del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, y el Defensor del Pueblo. El radio de acción del juicio político en esta nueva constitución como en la anterior también alcanza a los miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas, a los del Congreso y al Presidente y Vice-Presidente de la República; para estos últimos se precisa de una mayoría calificada para su sometimiento (Artículos 80, numeral 1 y 83, numeral 1)
23.Se anexa, a título de introducción, un preámbulo que esboza los principios sobre los cuales se sustenta nuestra nación.
24.Se da rango y protección constitucional al secreto profesional y a la cláusula de conciencia del periodista, además contempla y garantiza el derecho a réplica y de rectificación para los ciudadan@s. (Artículo 49, numerales 3 y 4)
25.Se establece un sistema único, uniforme, integrado y armonizado de contabilidad y se le reconoce a la sociedad la facultad de control y fiscalización sobre los fondos públicos. (Artículos 245 y 246)
26.Se destaca y reconoce el lenguaje de género en señal inequívoca de trato igualitario. (Artículo 273)
27.Se establece una estructura más comprensible y didáctica, que incluye en todos sus títulos, capítulos, secciones, artículos y epígrafes.
28.Se categorizan y jerarquizan las leyes, atendiendo a su importancia, objeto, materia y finalidad; en leyes de orden público, orgánicas y ordinarias. (Artículos 111,112 y 113)
29.Se establece la rendición de cuentas de los legisladores, cada año, sobre su gestión ante sus comunidades. (Artículo 92)
30.De conformidad con el nuevo texto constitucional se contempla la responsabilidad civil de las entidades públicas y sus funcionarios, para responder solidariamente en daños y perjuicios por sus acciones antijurídicas. (Artículo 148)
31.Se clasifican los estados de excepción, atendiendo a las circunstancias y motivos que los generen, Ej. estado de defensa, estado de conmoción interior y estado de emergencia. (Artículos 262 al 266)
32.Se crea el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, órgano consultivo y asesor del Poder Ejecutivo en políticas y estrategias en materia de sus aéreas de interés. (Artículo 258)
33.Se hace extensiva indistintamente al hombre y a la mujer la posibilidad de que su pareja luego del matrimonio pueda optar por la nacionalidad dominicana. Así como acentuar y clarificar quienes son dominican@s. (Artículo 18, numerales 3 y 5)
34.Se dedica un capítulo completo a los recursos naturales que incluye las áreas protegidas y el aprovechamiento de dichos recursos. (Artículos del 14 al 17)
35.Se crea el Consejo de Ministros, integrado por el Presidente y los ministros, fungiendo el mismo como órgano coordinador de los asuntos generales del gobierno. (Artículo 137)
CONSIDERACIONES SOBRE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
La nueva constitución en su última parte contiene 19 disposiciones transitorias y una final, las cuales prevén los plazos temporales para la implementación de las nuevas instancias jurídicas políticas y administrativas de reciente creación.
En suma estas disposiciones facilitan y encaminan los ajustes jurídicos y administrativos necesarios para la aplicación e implementación del nuevo texto, de ahí que excepcionalmente se aplicaran los mandatos que a continuación comentamos.
En lo relativo al Poder Judicial, disponen para la puesta en vigencia del Consejo del Poder Judicial un plazo de 6 meses y para el Tribunal Constitucional 12 meses luego de la proclamación y publicación de la constitución. Asimismo dejan en manos de la Suprema Corte de Justicia de manera provisional las funciones y competencias de ambos órganos.
En este mismo orden los miembr@s de la Suprema Corte de Justicia serán sometidos a evaluación por el Consejo Nacional de la Magistratura para su eventual remoción o confirmación, salvo los casos de retiro automático de algunos magistrados por haber cumplido 75 años de edad.
Sobre las celebración de las elecciones congresuales y municipales se establece de manera excepcional por esta única ocasión un periodo constitucional para legisladores, síndicos y regidores de 6 años, (2010-2016) salvo los diputados del exterior que serán electo el tercer domingo de mayo del año 2012 por un período de cuatro años.
Duraran también 6 años de forma excepcional los nuevos miembr@s de la Junta y el Tribunal Electoral y los de Cámara de Cuentas nombrados por el nuevo Congreso a partir del próximo 16 de agosto.
Finalmente sintetizamos y recogemos en términos generales otras disposiciones previstas en la parte final de la constitución; a saber se le cambia el nombre al Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario por el de Tribunal Superior Administrativo, se dispone que el Consejo Superior del Ministerio Público comience a funcionar a partir de los próximos 6 meses, hacen mandatorio la creación de una ley sobre organización y administración general del Estado, la cual deberá entrar en vigencia a más tardar en octubre de 2011, para ser contemplada en el Presupuesto General del Estado para el siguiente año. Otras disposiciones abordan el tratamiento procedimental que se le dará a las leyes observadas por el ejecutivo, la aprobación de los contratos pendientes en el congreso, las previsiones presupuestarias futuras y la forma de renovación inicial de los Jueces del Tribunal Constitucional entre otras disposiciones.
RETOS Y POSIBLES ESCOLLOS EN LA NUEVA CONSTITUCION
El gran reto que tiene el Estado dominicano de cara a la entrada en vigencia de la nueva Constitución es el de garantizar y hacer efectivo el ejercicio del amplio catálogo de derechos y prerrogativas consagradas en la misma, los cuales serán un gran desafío en los años por venir para nuestras débiles instituciones.
La elección de los legisladores de ultramar requería de un gran esfuerzo para organizar su proceso de implementación y funcionamiento. Así como la viabilidad, costos y criterios para la selección de estos nuevos legisladores especiales.
Otro reto lo constituye la reingeniería legislativa que habrá que hacer en todos los órdenes para armonizar la nueva Constitución con la legislación vigente y poner en marcha, conforme las previsiones constitucionales, las diferentes estructuras judiciales, políticas y administrativas, creadas.
En ese mismo orden con la puesta en vigor de la constitución, a partir de su proclamación y publicación supondrá la revisión, adecuación y eventual modificación de todas las leyes orgánicas de la República Dominicana, Ej., las leyes de todas la Secretarias de Estado, la Ley Electoral, la de Suprema Corte de Justicia, la Ley Monetaria y Financiera, la de Cámara de Cuentas, la de las Fuerzas Armadas, la de la Policía Nacional, la de Migración, la Municipal, la de Contabilidad gubernamental, la de Contraloría, la de Defensa Pública, la del Defensor del Pueblo, la del Estatuto del Ministerio Público, así como todos los códigos del país, entre otras tantas disposiciones que en lo sucesivo habrá que inventariar y revisar. Además de la creación de varias leyes especiales para el funcionamiento de las nuevas estructuras a saber: El Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, los diferentes consejos, el de ministros, el de seguridad y defensa, el económico y social, amén de otras tantas creaciones de menor jerarquía contempladas en la nueva carta magna.
Posibles Escollos
A juicio de la Fundación Justicia y Transparencia, el mayor escollo al ejercicio y crecimiento democrático lo constituye la unificación de las elecciones presidenciales y congresuales el mismo año y mes. Este cambio se traduce en amplias limitaciones al desarrollo del liderazgo local emergente encarnado en los legisladores que serían indefectiblemente arrastrados por el interés, trascendencia e importancia que suponen las elecciones presidenciales al estar en juego el principal poder del Estado. Además tendríamos para febrero las elecciones de Alcaldes y Regidores y también en mayo los legisladores al Parlacen, con la posibilidad previamente de las primarias de los partidos políticos en el mes de noviembre, si a esto adicionamos una eventual segunda vuelta para el mes de junio, estaríamos entonces en presencia de un concierto eleccionario sin precedentes en la República Dominicana.
Resalta como novedad y avance, y al mismo tiempo por su limitación y alcance como posible escollo, la inclusión de los mecanismos de participación popular, referendo y plebiscito contemplado solamente en el plano municipal el plebiscito y el referendo previsto para circunstancia especiales, siendo lo deseable mayor cobertura y accesibilidad por parte de los dominican@s en ambos mecanismos.
Otro desafío o más bien obstáculo a la denominada Iniciativa legislativa popular lo constituye el requerimiento del (2%) de los ciudadan@s inscritos en el padrón electoral, un aproximado de ciento catorce mil firmas (114,000.00) para poder someter un proyecto de ley ante las cámaras legislativas, requisito que hace muy difícil el ejercicio de este derecho.
Sobre la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral la nueva constitución no contempla los requisitos para ser miembr@s de la junta o del tribunal, dejando a las leyes adjetivas la previsión de los mismos. Requerimientos que bien pudieron haber sido abordados por el texto constitucional evitando futuros inconvenientes y un vacío legislativo en el plano electoral.
Una limitación u obstáculo al ejercicio de un derecho fundamental está contenido en el artículo 277 de la nueva constitución que prohíbe la revisión de todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, incluye también las dictadas por la Suprema en virtud de su facultad como corte constitucional, lo cual en este caso en particular sería comprensible, pero fuera de lo constitucional impedirle al Tribunal Constitucional la revisión de esas decisiones judiciales aun con autoridad de cosa juzgada, si hay la violación de un derecho fundamental es competencia del Tribunal Constitucional; poner trabas o impedimentos a esta facultad seria una franca y abierta violación al derecho de defensa.
Los puntos más discutidos durante todo el proceso de reforma sin lugar a dudas fueron el derecho a la vida y el libre acceso a las playas, el primero desató un activismo sin precedentes alrededor del aborto entre grupos religiosos y feministas, tema sobre el que opinamos pidiendo que se dejara fuera de la constitución como forma futura de flexibilizar y armonizar los intereses encontrados; el segundo contempla el choque de dos derechos fundamentales, el de propiedad y el de libre acceso y disfrute del patrimonio público, o bienes de dominio público. Para el porvenir se hace necesario aprobar una ley de playas que delimite de manera clara y precisa el uso y disfrute de las playas y ríos, o dejarle esta tarea al Tribunal Constitucional una vez instalado.
También identificamos como un posible escollo la reivindicación de las jurisdicciones penal militar y penal policial en los artículos 254 y 257, lo cual representa una contrarreforma a las conquistas alcanzadas en el Código Procesal Penal, si consideramos que con ello nos retrotraemos a una legislación penal militar establecida en 1953 por la dictadura de Trujillo, la cual no se justifica en el contexto actual que vive la sociedad dominicana y el resto del continente.
Reconocemos que si bien pueden ser considerados algunos tipos penales como propios del ámbito militar, jamás policial, los mismos deberán estar sujetos para su sanción, por los principios que rigen el derecho procesal penal vigente como condición de garantía para los imputados. Además conviene aclarar, que los tipos penales que pudieran contemplarse deberán ser de naturaleza exclusivamente militar, Ej. Violación de la jerarquía militar, actos que atenten contra la integridad de la institución militar, sustracciones de pertrechos y materiales militares, ofensas a los símbolos institucionales, etc.
Considerando estas reflexiones, nos vemos obligados a precisar, que si bien no era necesario consignar este tema en la Constitución, el haberlo hecho nos obliga, como sociedad, a adecuar y reformar el actual Código de Justicia Militar, para delimitar, sin ambigüedades, el alcance y competencia de dicha jurisdicción.
Respecto al régimen penal policial, creemos que no hay mucho que decir; pues éste no tiene ninguna valoración conceptual, académica o jurídica que lo justifique. Creemos que el mismo podría ser objetado, más adelante ante el Tribunal Constitucional, por improcedente respecto a su pretendida facultad para juzgar, de manera particular, a personas que no están sujetas a ningún régimen de cumplimiento especial que justifique el acatamiento de normas de comportamiento especial bajo condiciones exclusivas de obediencia debida.
Finalmente podemos afirmar que el balance en cuestión nos lleva a concluir que estamos en presencia de un texto constitucional moderno que refleja las nuevas tendencias y avances del derecho, y que en lo sucesivo tendremos que desplegar grandes esfuerzos orientados a instaurar en la República Dominicana una cultura de respeto a las leyes y sobre todo a nuestra ley de leyes o carta magna como suele llamársele a la constitución, en suma nos esperan grandes retos que tendremos que sortear con arrojo y determinación procurando siempre salir victoriosos de esta revolucionaria tarea que nos aguarda.