Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-navarra-970804-18-05-2001-100591
Timestamp: 2019-09-17 19:11:25
Document Index: 376052332

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 62', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 149', 'artículo 62', 'artículo 64']

Resolución de TEAF Navarra, 970804, 18-05-2001 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 970804 de 18 de Mayo de 2001
Núm. Resolución: 970804
Recurre la interesada frente a liquidaciones derivadas de actas de inspección en las que se emplea el procedimiento de estimación indirecta de bases imponibles, alegando defecto en la notificación en las actas, que no le llegó requerimiento alguno para comparecer a la firma de las actas y que el procedimiento inspector quedó suspendido por tiempo superior a seis meses, por lo que las deudas están prescritas. A la vista del expediente, se desestima el recurso, confirmándose las liquidaciones y sanciones, al considerarse correctamente empleado el régimen de estimación indirecta al darse infracciones de defraudación, al no presentar la interesada las declaraciones liquidaciones trimestrales, no considerándose que se de en el caso nulidad de las mismas, al haber sido notificadas correctamente, y no darse prescripción de las mismas.
1º) Empleo del régimen de estimación indirecta. 2º) Nulidad por defecto en la notificación. 3º) Prescripción de la liquidación.
En examen de recursos acumulados interpuestos por Doña (?) contra respectivamente resolución de la Sección gestora del Impuesto sobre el Valor Añadido y subsiguientes liquidaciones relativas al segundo semestre del año 1989 y al año 1990; y contra exigencia de pago, en vía de apremio, de las deudas tributarias resultantes.
Por el Servicio de Inspección de la Hacienda de Navarra le fueron extendidas a la interesada diversas actas documentando el resultado de la investigación llevada a cabo acerca de las operaciones por ella realizadas durante el tiempo referido y con trascendencia a efectos del dicho Impuesto. Se hacía constar que la interesada no había presentado correspondientes declaraciones-liquidaciones, no obstante haber desarrollado la actividad de venta al por mayor de pescado, y que, a pesar de correspondientes citaciones que le fueron efectuadas, no vino a aportar documento de ninguna clase referente a su actividad, terminando por no comparecer tampoco a la firma de las correspondientes actas. Ante ello, la Inspección se vio precisada a utilizar el procedimiento de estimación indirecta de bases imponibles, dándose lugar a la fijación de un volumen de operaciones de 23.014.082 pesetas por el segundo semestre de 1989 y de 23.017.364 pesetas por el año 1990 y sin que de correspondientes cuotas pudiesen deducirse cuotas soportadas por ella, puesto que, como se ha dicho, la interesada no presentó documentación alguna justificativa de unas tales cuotas supuestamente soportadas. Por otra parte, se calificaron los hechos como constitutivos de infracción de defraudación y, dada la no comparecencia de la interesada a la firma de las actas, éstas se tramitaron según lo previsto en el artículo 35 del Reglamento sobre Organización, Funcionamiento, Procedimiento y Actuación de la Inspección de Hacienda. La Sección gestora del Impuesto sobre el Valor Añadido dictó resolución acogiendo las razones vertidas por el Servicio en su informe ampliatorio y practicó liquidaciones que arrojaron unas deudas tributarias de 6.340.159 pesetas (por el segundo semestre de 1989), 1.567.388 pesetas (primer trimestre de 1990), 1.553.781 pesetas (segundo trimestre), 1.543.021 (tercer trimestre) y 1.530.838 pesetas (cuarto trimestre), y cuyas deudas, al no haberse producido su ingreso en período de pago voluntario, dieron lugar a su exigencia en vía de apremio. Y al respecto da la interesada en formular los presentes recursos, que son objeto de acumulación, y en los cuales viene a alegar en primer lugar que hubo un sustancial defecto en la notificación de las actas (quiere referirse a la resolución de la Sección gestora y a las liquidaciones dichas) ya que no se le entregaron a ella y en su domicilio de (...) sino a una hija y en el domicilio de ésta, situado en Pamplona; que no le llegó requerimiento alguno para comparecer a la firma de las actas, lo cual dio también lugar a que se viese imposibilitada para formular alegaciones ante la Sección gestora; y que, en fin, el tiempo durante el cual quedó suspendido el procedimiento inspector fue muy superior al de seis meses, con lo cual las deudas reclamadas han de tenerse por prescritas. Y que, sea por la nulidad del procedimiento habido (y consecuentemente por la nulidad de los actos que lo concluían), sea por la dicha prescripción extintiva, no ha lugar ya al pago de las referidas deudas, y ha de anularse el procedimiento de apremio seguido en el caso.
2.- Por lo que se refiere a la alegación de no haber sido citada la contribuyente para la firma de las actas, ha de verse que, como señala el Servicio de Inspección, se emitió comunicación-citación que en fecha (...) de 1994 le fue notificada en su domicilio de (...) para que compareciese aportando los libros-registro y demás documentos con trascendencia fiscal; y después una nueva comunicación-citación de (...), así como recordatorio de la primera y arbitrando el plazo de diez días para el cumplimiento de lo que en ésta ya se señalaba. Y tras ello, es decir, habiendo transcurrido infructuosamente el dicho plazo, se extendió Diligencia para hacer constar la incomparecencia de la interesada y la falta de aportación de documento alguno, cuya Diligencia le fue notificada por correo. Por todo ello el Servicio se vio precisado a utilizar los datos que obraban en su poder (fundamentalmente declaraciones de terceros acerca de sus operaciones con la interesada) y remitió una nueva comunicación-citación para proceder a la firma de las actas, habiéndose notificado correspondiente documento el día (...) de 1994. Pero no habiendo acudido al efecto la interesada, que tampoco dio respuesta de ningún tipo, el Servicio se vio en la necesidad de extender las correspondientes actas sin la presencia de aquélla y con carácter de actas en disconformidad. Y, así, vino a señalarse la existencia de correspondientes operaciones en el período objeto de inspección, y ello con independencia de la circunstancia de haberse producido la baja de aquélla en Licencia Fiscal en noviembre de 1989; tales operaciones, sujetas a IVA, alcanzaron los importes de 23.014.082 pesetas en el segundo semestre de 1989 y de 23.017.364 pesetas por el año 1990. Y se muestra el carácter de sujeto pasivo de la interesada para con la Hacienda de Navarra, dado que a ésta realizó las correspondientes declaraciones por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 1989 y 1990, lo que requería el tiempo de efectiva residencia habitual en territorio navarro que también se exigía por el artículo 2 del Decreto Foral 236/1985, regulador del Impuesto sobre el Valor Añadido en Navarra para tributar por este Impuesto a la Hacienda Foral, y ello en armonía con lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo del Parlamento Foral de 10 de diciembre de 1985, de adaptación del Convenio Económico al nuevo régimen de imposición indirecta, que estableció que ?los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año anterior no hubiere excedido de doscientos millones de pesetas, tributarán, en todo caso y cualquiera que sea el lugar donde efectúen sus operaciones (...), a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra cuando su domicilio fiscal esté en su territorio?; y éste es el caso de la recurrente. Y, así y por todo lo dicho, las cantidades más arriba señaladas quedaron sometidas a correspondiente tipo de gravamen reducido; y sin que cupiese deducción de cuota soportada alguna, por cuanto que la normativa establece que para ello el sujeto pasivo habrá de estar en posesión de correspondientes documentos acreditativos, y ocurría no haber constancia de esa posesión y ni siquiera de la existencia de tales facturas o documentos equivalentes. Y, en fin, dadas todas las vicisitudes más arriba relatadas a propósito de la absoluta falta de respuesta o reacción de la contribuyente a todos los requerimientos y citaciones que se le hicieron, el Servicio no pudo por menos que apreciar los hechos como de negativa o de entorpecimiento de la acción investigadora de las operaciones realizadas y de las deudas tributarias resultantes, por lo que propuso (Disposición Transitoria Sexta de la Ley Foral 24/1985 y artículo 62.a) y b) y 64.c) del Acuerdo de la Diputación Foral de 27 de mayo de 1982) que la conducta habida se calificase como infracción de defraudación, con sanción del triplo de la cuota descubierta.
3.- Por lo que se refiere a la notificación de la resolución de la Sección gestora y de las subsiguientes liquidaciones, ciertamente ocurre que, como viene a señalarse por la interesada, no parece que en el presente caso se hubiese tenido la discreción debida en cuanto a la notificación de la resolución de la Sección gestora del Impuesto sobre el Valor Añadido y de las subsiguientes liquidaciones tributarias fundadas en aquélla y en las actas que le fueron extendidas en su momento por el Servicio de Inspección; y es que, tras haberse estampado en dichos documentos una dirección situada en la localidad de (...), no resulta haberse agotado los intentos de notificación en dicha localidad, sino que, en vez, se recurrió a realizar la notificación en Pamplona, en el domicilio y en la persona de una hija de la interesada. Pero, con todo, siendo totalmente indeseables y habiendo de evitarse por la Administración situaciones como la señalada al respecto por la contribuyente, ocurre que finalmente los documentos de que se trata llegaron a conocimiento de ésta, que pudo interponer correspondiente recurso (el ahora examinado), el cual habría sido en todo caso admisible, dada la aducida irregularidad de la notificación.
4.- Por lo que se refiere a la pretensión de que se declare la prescripción de las obligaciones tributarias de referencia (o, mejor dicho, de la posibilidad de que la Administración determinase esa deuda tributaria) por haberse suspendido durante más de seis meses las actuaciones inspectoras del caso, ha de decirse lo siguiente. Ciertamente ha venido a señalar el Tribunal Supremo en Sentencia de 28 de febrero de 1996 y en otras posteriores (aunque con unos muy atendibles votos contrarios por parte del Magistrado Alfonso Gota Losada) que el artículo 31.4.a) del Reglamento de Inspección de régimen común está contemplando no sólo lo que tradicionalmente han sido las actuaciones inspectoras propiamente dichas sino también la subsiguiente actividad de gestión liquidadora llevada a cabo por el Servicio de Inspección en relación con esas actuaciones. Y, según ello, si, iniciada una actuación inspectora antes (obviamente) de haberse producido la prescripción extintiva (o, por mejor decir, caducidad) del derecho (o, mejor, facultad) de la Hacienda Pública para determinar una deuda tributaria mediante correspondiente liquidación, se suspenden durante más de seis meses las actuaciones (en la ya dicha global consideración de las estrictamente inspectoras y de las subsiguientes de liquidación también encomendadas al Servicio), ocurrirá que, si entretanto se ha completado el plazo de cinco años de prescripción extintiva, habrá desaparecido aquel efecto, interruptor de ésta, que tuvo la iniciación de las actuaciones inspectoras, de suerte que, si no se han dado otros hechos interruptores, el transcurso de aquel plazo se habrá consumado y habrá llegado a alcanzarse la real y efectiva prescripción extintiva. Obviamente todo ello resulta ser una consecuencia del empeño en encomendar a la Inspección funciones y competencias (las de practicar liquidaciones tributarias) que hasta entonces le habían sido ajenas; competencias, en fin, que, atribuidas que le fueron de modo no muy regular en un principio (Real Decreto 400/1982, de 12 de febrero, que fue declarado nulo por el Tribunal Supremo), acabaron siéndole definitivamente atribuidas por la Ley 10/1985, de modificación parcial de la Ley General Tributaria. Por su parte, en Navarra no se ha dado una similar atribución de esas funciones liquidadoras al Servicio de Inspección. Es decir, en Navarra se ha optado con absoluta claridad por mantener para la Inspección las estrictas funciones (de investigación y de comprobación) que tradicionalmente ha venido ostentando el Servicio, sin el añadido de funciones liquidadoras; ese designio de la normativa navarra resultaría torcido por vía de una imposible aplicación supletoria de la específica normativa que en el Estado regula semejante materia. Centrada ya inicialmente de este modo la cuestión; es decir, sentado que, por lo que respecta a Navarra, una suspensión de las actuaciones inspectoras sólo puede hacer referencia a las que supongan investigación o comprobación, sería impensable pretender que, ante la falta de señalamiento, en la normativa de Navarra, de un plazo y unas consecuencias similares a las de aquel artículo 31.4.a) del Reglamento de Inspección del Estado, hubiere de traerse al respecto con carácter supletorio esa preceptiva procedimental de régimen común, a lo que se opondría señalamiento hecho, algo más que ?sub specie eorum ob iter dictorum?, por Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 1996, precisamente en materia de prescripción, de modo que sólo bajo la óptica de estar aplicándose normas forales será posible que la vía judicial se ultime con Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sin posibilidad de posterior intervención del Tribunal Supremo; y, así también, habría de negarse la llamada (igualmente con pretendido carácter supletorio) a la normativa procedimental general (la de Navarra o, en hipotética segunda supletoriedad, la del Estado) con plazos eventualmente más breves de ultimación de actuaciones en general. Y, en fin, aun en el supuesto (ya negado) de que fuese aplicable supletoriamente (por pretendido efecto, al respecto, del artículo 149.3 de la Constitución) la normativa de régimen común sobre la materia o que en Navarra se hubiese dictado una normativa del mismo corte que la de régimen fiscal común (por un lado, atribución al Servicio de Inspección de funciones de inspección y comprobación y de práctica de subsiguientes liquidaciones; y, especialmente, por lo que aquí interesa, plazo máximo para la suspensión injustificada de las actuaciones de la Inspección), con lo que el decurso del plazo de prescripción no se vería en absoluto afectado por la iniciación de unas actuaciones inspectoras en las que se hubiese producido semejante suspensión, de suerte que, en el caso de no darse otros distintos hechos interruptores de la prescripción extintiva, ésta vendría a alcanzarse de modo natural y desconectada del hecho de haberse iniciado tales actuaciones inspectoras, tendríamos, no obstante, aquí que, habiendo de iniciarse el cómputo del plazo de prescripción en correspondientes fechas de los años 1989 y 1990, resulta que, teniendo en cuenta que un hito para el cómputo del plazo de prescripción es la terminación del plazo establecido para la presentación de correspondientes declaraciones-liquidaciones, tenemos que, empezando por la fecha más antigua del caso, la primera de las declaraciones-liquidaciones lo fue la del tercer trimestre de 1989. Y, al respecto, ha de verse que sucesivas interrupciones del plazo de prescripción se produjeron en relación con todos los períodos de liquidación del caso por medio de las sucesivas comunicaciones-citaciones debidamente notificadas y Diligencia también notificada, llegándose con todo ello a la extensión de las correspondientes actas en (...) de 1994. Y, habiéndose dictado por la Sección gestora del Impuesto correspondiente resolución, así como consiguientes liquidaciones tributarias en (...) de 1997, no por esa suspensión de actuaciones que van desde 1994 a 1997 puede aceptarse en modo alguno y según se ha visto la pretensión de la recurrente de que no se tome como factor interruptor de la prescripción el hecho de la iniciación de las actuaciones inspectoras. Y, por otra parte, habiéndose notificado esa resolución y esas liquidaciones de tal manera que, aun habiéndose hecho ello en la persona de una hija de la interesada, ésta sin embargo llegó a conocimiento de esos actos e interpuso correspondiente recurso, es claro que tampoco se dio en ello el transcurso del tiempo suficiente para entenderse cumplido plazo alguno de prescripción ni desde la extensión de las actas de referencia ni desde la fecha de interposición, por parte de la interesada, de correspondiente recurso en (...) de 1997, amén del interpuesto el (...) de 1998.
5.- Y, dicho todo lo anterior, han de confirmarse, en cuanto al fondo del asunto, las conclusiones alcanzadas por el Servicio de Inspección y seguidas por la Sección gestora del Impuesto en el sentido de estar ante actividad empresarial llevada a cabo por la recurrente en el tiempo a que se contrae la actuación inspectora, así como en cuanto a quedar sometidas correspondientes operaciones al Impuesto sobre el Valor Añadido exigible por la Hacienda Foral atendiendo al hecho de encontrarse su domicilio fiscal en territorio navarro y al de que su volumen de ventas en el año precedente en cada caso a cada uno de los considerados, hubo de ser inferior a 200.000.000 de pesetas en cada año. Por otra parte y dados los hechos más arriba reseñados en cuanto a falta de presentación de declaraciones-liquidaciones así como de documentación alguna que vino a serle requerida por el Servicio, resultaba de todo punto aplicable al caso el régimen de estimación indirecta de bases imponibles, habiendo de tenerse por buena la aplicación hecha de los índices obrantes en el Departamento de Economía y Hacienda y que ponían en relación la cifra de ventas con la de consumo en la actividad de que se trata, y ello de forma que los tales índices venían a aplicarse a las cifras de compras y ventas imputadas por terceros a la interesada; quiere decirse con ello que el correspondiente volumen de operaciones incluso ha de tenerse como el mínimo posible; en definitiva, que aparecen prudencialmente determinadas las correspondientes bases imponibles por el segundo semestre de 1989 y por el año de 1990, como así también resulta procedente el no haber entrado a considerar cuota alguna de IVA soportada por la sujeto pasivo. Y, por lo que se refiere a la calificación de los hechos habidos y que han sido relatados, resulta adecuada la de infracciones de defraudación, con fundamento en lo establecido en el artículo 62.a) y b) del Acuerdo de la Diputación Foral de 27 de mayo de 1982, traído a colación por la Disposición Transitoria 6ª de la Ley Foral 24/1985, del propio Impuesto sobre el Valor Añadido, y cuyo precepto establece que se considerarán infracciones de defraudación aquellas en que, constituyendo en principio infracciones de omisión (así, en el caso, ?la falta de presentación de las declaraciones tributarias que den lugar a acción inspectora?), se produzcan las circunstancias de que el sujeto pasivo ?haya ofrecido resistencia, negativa u obstrucción a la acción comprobadora o investigadora de la Administración?, o la de que ?se aprecie en él mala fe deducida de sus propios hechos con el propósito de entorpecer, aplazar o imposibilitar que la Administración llegue a conocer y poder determinar sus verdaderas deudas tributarias?. Y, por lo que se refiere a las sanciones impuestas, ha de verse que el artículo 64.c) del dicho Acuerdo de la Diputación Foral establecía que las infracciones de defraudación serían sancionadas ?con multa del tanto al triplo de la deuda tributaria defraudada?; y no se aprecian en el caso circunstancias que en la graduación de la sanción permitan atenuarla respecto del grado máximo consistente en ese triplo en que dicha sanción quedó fijada. Y, en fin, por todo lo dicho resulta que ni se dio de forma fatídica y sustancial el supuesto de falta de notificación de la resolución de la Sección gestora y de las subsiguientes liquidaciones y ni tampoco el de prescripción extintiva; y tampoco, en fin, supuesto otro alguno que pudiere calificarse como de nulidad de pleno derecho, tal como la interesada pretende. Y por ello ha de mantenerse la exigencia, en vía de apremio, de las sumas de que se trata.
Y, en virtud de ello, este Organo, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar recursos acumulados interpuestos por Doña (?) contra respectivamente resolución de la Sección gestora del Impuesto sobre el Valor Añadido y subsiguientes liquidaciones relativas a operaciones llevadas a cabo por aquélla en el desarrollo de su actividad empresarial de venta al por mayor de pescado durante el segundo semestre del año 1989 y durante el año 1990; y contra exigencia de pago, en vía de apremio, de las deudas tributarias resultantes de actuación investigadora llevada a cabo al respecto por el Servicio de Inspección, con lo que se mantienen las conclusiones alcanzadas por ésta en sus actas e informe ampliatorio, así como la resolución subsiguiente de la Sección gestora del Impuesto sobre el Valor Añadido y las liquidaciones practicadas también por la dicha Sección; e igualmente la exigencia en vía de apremio, de correspondientes deudas tributarias.
Sentencia Administrativo Nº 269/2008, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 173/2006, 28-04-2008
Orden: Administrativo Fecha: 28/04/2008 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: Eseverri Martinez, Ernesto Num. Sentencia: 269/2008 Num. Recurso: 173/2006