Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/771119389
Timestamp: 2019-03-19 02:32:11
Document Index: 238364866

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 31', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 151', 'artículo 21', 'artículo 152']

Sentencia de Constitucionalidad nº 053/19 de Corte Constitucional, 13 de Febrero de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 771119389
Sentencia de Constitucionalidad nº 053/19 de Corte Constitucional, 13 de Febrero de 2019
Ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER AVALEJANDRO LINARES CANTILLO AVDIANA CONSTANZA FAJARDO RIVERA
Actor: YOLANDA SALGADO BLANCO Y OTROS
Demandado: LEY 136/94
Expediente: D-12324 Y OTRO ACUMULADOS
USO DEL SUELO MUNICIPIOS. CONSULTA POPULAR CUANDO LA TRANSFORMACIÓN IMPLIQUE CAMBIO SIGNIFICATIVO EN LAS ACTIVIDADES TRADICIONALES DE UN MUNICIPIO. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 33 de la Ley 136 de 1994. En dos demandas formuladas de manera independiente se aduce que el legislador desconoció la reserva de ley orgánica al ordenar que cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, debe convocarse una consulta popular de conformidad con la ley. La Corte consideró que la Ley 136 fue tramitada como ley ordinaria y su tema general se refería a la adopción de normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios pero que en transgresión del artículo 105 Superior, reguló una materia propia de la ley orgánica. Así mismo concluyó que dicha norma, al establecer en cabeza de los municipios la obligación de la realización de consultas populares en el desarrollo de los proyectos antes descritos, transgrede lo dispuesto en el mismo artículo 105 de la Carta que consagra una posibilidad en cabeza de las autoridades municipales, a decidir sobre la conveniencia y la necesidad de su realización. Precisó, que una imposición de este tipo desconoce el principio de autonomía territorial consagrado en los artículos 1 y 287 de la Carta Política, que a su vez implica una transgresión del artículo 31 literal c de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación (Ley1757 de 2015), que dispone que las consultas populares son optativas para las autoridades territoriales. Por último precisó la Sala, que la norma cuestionada establece de manera abierta que en cualquier tipo de proyecto es necesaria la realización de una consulta popular si genera un cambio significativo en el uso del suelo, sin consideración alguna a que en ciertos asuntos confluyen competencias no sólo locales sino también nacionales, y que por lo tanto, escapan del ámbito de una consulta municipal. Se reiteró que es posible hacer uso de este mecanismo de participación en los términos consagrados en la Constitución y en la Ley 1757 de 2015 la cual establece que en materia territorial las consultas populares deben recaer sobre los asuntos propios de su competencia. Se declara la INEXEQUIBILIDAD del artículo 33 de la Ley 136 de 1994. Recibo Relatoria:
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero dos mil diecinueve (2019)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados A.L.C., quien la preside, C.L.B.P., D.F.R., L.G.G.P., A.J.L.O., G.S.O.D., J.F.R.C., C.P.S. y A.R.R., en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la siguiente
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Y.S.B., C.C.B.P. y J.J.B.A. demandaron separadamente la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley 136 de 1994. En sesión del 20 de septiembre de 2017, la Sala Plena de esta Corporación resolvió acumularlos para que fueran tramitados conjuntamente y radicarlos con los números D-12324 y D-12328, respectivamente.
Según la demandante Y.S.B., el contenido del artículo 33 de la Ley 136 de 1994 quebranta los artículos 105, 151, 152, 288 y 313.7 de la Constitución Política de Colombia.
Los accionantes C.C.B.P. y J.J.B.A. sostienen que la importancia que las leyes orgánicas tienen en el ordenamiento jurídico colombiano, como estructuradoras u ordenadoras, es que organizan el aspecto orgánico o funcional de la República respecto de determinadas materias constitucionalmente relevantes establecidas de manera taxativa en la Carta, e imponiendo límites a la actividad legislativa ordinaria.
El Decano de la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad S.A. argumentó que la consulta popular es uno de los mecanismos de participación ciudadana en ejercicio de su soberanía, cuya reglamentación debe hacerse mediante ley. Adujo que la consulta popular tiene la condición de derecho político fundamental, lo que hace que su regulación, tanto en lo municipal como en otros ámbitos territoriales más amplios, no pueda hacerse de manera exclusiva mediante leyes orgánicas de ordenamiento territorial, por lo que también se lleva a cabo por medio de leyes estatutarias.
En desarrollo de sus competencias, los departamentos podrán articular sus políticas, directrices y estrategias de ordenamiento físico-territorial con los planes, programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio, mediante la adopción de planes de ordenamiento para la totalidad o porciones específicas de su territorio.
O. como áreas metropolitanas, siempre que existan unas relaciones físicas, sociales y económicas que den lugar al conjunto de dicha característica y coordinar el desarrollo del espacio territorial integrado por medio de la racionalización de la prestación de sus servicios y la ejecución de obras de interés metropolitano.
4. D.M.
“[n]o se requieren profundos análisis para concluir que la ley 344 introdujo una modificación sustancial a la forma de calcular el presupuesto de estas entidades (...) Y, es en este punto, en donde radica la vulneración del artículo 151 de la Constitución. Hay que observar, que la modificación no es, como lo dice el señor P., un desarrollo de la disposición de la que obra en la ley orgánica, pues, como se vio, en el artículo 21 se consagró en los incisos 2º, 3º y 4º, un cambio sustancial, lo que, de acuerdo con la Constitución y la interpretación constitucional de las leyes orgánicas deviene en la inexequibilidad de tales incisos, pues, sólo mediante una ley orgánica era posible establecer estas modificaciones.”[32]
“Por consiguiente, conforme a los anteriores argumentos, concluye la Corte Constitucional que a diferencia de lo que ocurre con los derechos fundamentales, en el caso de las funciones electorales, la ley estatutaria debe regular no sólo los elementos esenciales de las mismas sino todos aquellos aspectos permanentes para el ejercicio adecuado de tales funciones por los ciudadanos, lo cual incluye asuntos que podrían en apariencia ser considerados potestades menores o aspectos puramente técnicos, pero que tienen efectos determinantes en la dinámica electoral, como la fijación de las fechas de elecciones, el establecimiento de los términos de cierre de las inscripciones de candidatos o registro de votantes, la organización de las tarjetas electorales o de los sistemas de escrutinio, etc. Por su propia naturaleza, la ley estatutaria de funciones electorales es entonces de contenido detallado. Esto no impide que de manera excepcional ciertas materias electorales puedan ser reguladas mediante leyes ordinarias. Así, hay disposiciones que corresponden a aspectos puramente operativos para facilitar la realización de una elección concreta y guardan conexidad con el tema electoral sin ser en sí mismas funciones electorales, como la autorización de una apropiación presupuestal para financiar unas elecciones determinadas. Tales materias pueden ser reguladas mediante estatutaria.” (N. fuera del texto)
Respecto de los derechos fundamentales, el asunto es más problemático si se tiene en cuenta que la aplicación estricta de la reserva de ley estatutaria anularía el contenido de la competencia del legislador ordinario, en tanto directa o indirectamente, toda regulación se refiere o afecta un derecho fundamental. P., por ejemplo, en todos los códigos de procedimientos que, en últimas, persiguen garantizar el debido proceso. Por lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha buscado el establecimiento de ciertas reglas[54] que permitan la armonización del artículo 152 con el 150 Superior, de manera tal que se mantenga un amplio margen de regulación por parte del legislador, pero se impida la restricción de mínimos de protección de los derechos fundamentales sin el consenso y el debate político propio de las sociedades democráticas.
b). P., fiscales o tributarias;
(…) Sin embargo, como fue explicado, el alcance de este derecho se sujeta a los límites que la propia Constitución y la Ley estatutaria de mecanismos de participación ciudadana consagran. Uno de esos límites consiste, precisamente, en el ámbito restringido de las consultas de orden municipal, las cuales sólo pueden versar sobre asuntos de competencia del respectivo distrito o municipio, de manera que el carácter vinculante de la decisión comunitaria se circunscribe a la esfera de lo local. (N. y subraya fuera del texto original).
Para el plebiscito. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, deberá informar inmediatamente al Congreso de la República su decisión de convocar un plebiscito, las razones para hacerlo y la fecha en que se llevará a cabo la votación, la cual no podrá coincidir con otra elección;
Para la Consulta popular nacional. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo una decisión de trascendencia nacional. Los ciudadanos podrán convocar una consulta popular con el cinco (5%) de apoyos de los ciudadanos que conforman el censo electoral nacional;
Para la Consulta popular a nivel departamental, distrital, municipal y local de iniciativa gubernamental. Los gobernadores y alcaldes, con la firma de los secretarios de despacho, podrán convocar consultas para que el pueblo decida sobre asuntos departamentales, municipales, distritales o locales. El diez por ciento (10%) de los ciudadanos que conforman el censo electoral del respectivo departamento, municipio o distrito, podrá solicitar que se consulte al pueblo un asunto de interés de la comunidad;
Los referendos de iniciativa gubernamental requieren de la firma del presidente de la República y sus ministros, los gobernadores y sus secretarios de despacho y los alcaldes y sus secretarios de despacho, según corresponda.
[4] Sentencia C-641 de 2002. M.P.R.E.G.. Tomado de las Sentencias C-1052 y 1193 de 2001. M.P.M.J.C.E., entre otras
[5] M.P.M.G.C.
[7] Sentencia C-421 de 2012. M.P.M.G.C..
[8] Sentencia C-289 de 2014. M.P.L.E.V.S..
[11] Sentencia C-289 de 2014. M.P.L.E.V.S..
[12] V., inter alia, sentencia C-238 de 2010. M.P.M.G.C. y C-750 de 2008. M.P.C.I.V.H..
[13] Sentencia C-289 de 2014. M.P.L.E.V.S., Sentencia C-1246 de 2001. M.P.R.U.Y., Sentencia C-540 de 2001. M.P.J.C.T..
[15] Sentencia C-540 de 2001. M.P.J.C.T.
[16] Sentencia C-540 de 2001. M.P.J.C.T..
[18] Sentencia C-289 de 2014. M.P.L.E.V.S..
[20] Sentencia C-795 de 2000. M.P.E.C.M..
[21] Sentencia C-540 de 2001. M.P.J.C.T..
[22] Sentencia C-289 de 2014. M.P.L.E.V.S.. Sentencia C-540 de 2001. M.P.J.C.T..
[23] Sentencia C-849 de 1999. M.P.E.C.M..
[24] M.P.M.G.C..
[25] Sentencia C-077 de 2012. M.P.M.G.C..
[27] Sentencia C-289 de 2014. M.P.L.E.V.S.. Sentencia C-540 de 2001. M.P.J.C.T..
[28] Sentencia C-289 de 2014. M.P.L.E.V.S.. Sentencia C-1246 de 2001. M.P.R.U.Y., Sentencia C-540 de 2001. M.P.J.C.T.. Sentencia C-795 de 2000. M.P.E.C.M..
[29] Sentencia C-540 de 2001. M.P.J.C.T.. Sentencia C-795 de 2000. M.P.E.C.M..
[30] Sentencia C-540 de 2001. M.P.J.C.T..
[32] Sentencia C-432 de 2000. M.P.A.B.S..
[34] Sentencia C-795 de 2000. M.P.E.C.M..
[36] I.. M.P.E.C.M.. Continúa la Corte: “Se ha advertido, a propósito de las leyes orgánicas, que, junto a los requisitos relativos a la existencia de un quórum cualificado y de una materia específica, debe concurrir también el propósito legislativo explícito de proponer y tramitar una ley de ese tipo, esto es, la intención manifiesta y positiva de que se surta un procedimiento legislativo directamente encaminado a la adopción o reforma de una de tales leyes. En modo alguno, la ley analizada se ajusta a los requisitos que deben cumplir las leyes orgánicas”.
[43] C-273 de 2016 M.P.G.O.D..
[46] Sentencia C-494 de 2015. M.P A.R.R..
[47] M.P.G.O.D..
[48] C-756 de 2008 M.P.M.G.M.C..
[49] Para evitar que se produzca el fenómeno que ha sido denominado en el derecho comparado como la “congelación del rango”. Ver sentencias C-307 de 2004, M.P.E.M.L., y C-319 de 2006, M.P.Á.T.G..
[50] Ver sentencia C-319 de 2006, M.P.Á.T.G..
[51] M.P.A.M.C..
[52] Cfr. sentencia C-319 de 2006, M.P.Á.T.G..
[53] Cfr. sentencia C-055 de 1995, M.P.A.M.C.. En este mismo sentido, en la sentencia C-037 de 1996, la Corte explicó que corresponde a las leyes estatutarias regular “(…) la estructura general de la administración de justicia y sobre los principios sustanciales y procesales que deben guiar a los jueces en su función de dirimir los diferentes conflictos o asuntos que se someten a su conocimiento”.
[55] Cfr. sentencia C-580 de 2001, M.P.C.I.V.H..
[56] Sentencia C-1338 de 2000. M.P C.P.S..
[57] M.P.M.G.C..
[58] Corte Constitucional, sentencia C-180 de 1994, M.P.H.H.V..
[59] Corte Constitucional, sentencia C-180 de 1994, M.P.H.H.V..
[61] M.P.C.B.P..
[63] Auto 031 de 2017, que declaró la nulidad de la sentencia T121 de 2017. M.P.L.E.V.S..
[64] M.P.C.P.S..
[66] M.P.A.M.C.
[67] Sentencia C-489 de 2012. M.P A.M.G.A..
[68] C-219/97 (M.P.E.C.M.); C-004/93 (MP. C.A.B.).
[69] C-273 de 2016 M.P.G.O.D.
[73] M.P.A.R.R.