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Timestamp: 2017-05-30 09:17:03
Document Index: 315020155

Matched Legal Cases: ['artículo 64', 'artículo 65', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 30', 'artículo 86', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 65', 'artículo\n64', 'artículo 65', 'artículo 86', 'artículo 6', 'artículo 9']

HABEAS CORPUS: enero 2014
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ niega petición de hábeas corpus. El Tribunal considera que cuando se concede la libertad condicional ella solamente se hará efectiva cuando el condenado aporte la caución y suscriba la diligencia de compromiso
Para que un condenado pueda hacerse acreedor de la libertad condicional deberá cumplir todos los requisitos establecidos en el artículo 64 del Código Penal, así como los previstos en el artículo 65 a través de la suscripción de la diligencia de compromiso. Sin que ello ocurra no es posible autorizar la libertad y una petición de hábeas corpus tampoco será procedente.
Aprobado Acta N°. 006
D.C., miércoles, veintidós (22) de enero de dos mil catorce (2014).
110012204000201400105
Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
Niega Habeas
Dentro del término señalado por el artículo 3º de la Ley 1095 de de 2006, se
procede a resolver la acción constitucional de Hábeas Corpus interpuesta por Carlos Antonio González Guzmán contra el Juzgado
13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. II. LA
2. Carlos Antonio
González Guzmán interpone la acción pública de Hábeas Corpus con el fin de conseguir la libertad, porque a pesar
de haber sido dispuesta por la autoridad judicial aún no se materializa.
3. Narra
que el 30 de junio de 2010 fue condenado a 72 meses de prisión por el delito de
falso testimonio mediante sentencia proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo
del Circuito de la
Plata-Huila, siendo privado de su libertad en la misma fecha.
4. Aseguró
que el 14 de diciembre de 2010 le fue concedido el sustituto de la prisión
domiciliaria y posteriormente, al cumplir las dos terceras partes de la condena,
mediante auto del 16 de enero de 2014 le fue concedida la libertad condicional
bajo caución de dos salarios mínimos los cuales fueron cubiertos mediante
5. Indicó
que el 20 de enero de 2014 radicó memorial adjuntando póliza para la libertad
condicional y el 21 de enero aparece anotación de remisión de la boleta al
establecimiento penitenciario, sin que la libertad se ha hecho efectiva. III. ACTUACION
6. El 21
de enero de 2014 a
las 3:41 de la tarde fue recibido por parte de este despacho judicial la acción
pública de Hábeas Corpus, a quien le
correspondió su conocimiento en primera instancia por reparto.
proveído de la fecha en mención, ordenó al Juzgado 13 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá y al Establecimiento Penitenciario y Carcelario
que se pronunciaran sobre la acción constitucional y allegaran toda la
8. Allegado los documentos de
las respectivas autoridades se pudo establecer, para el sub examine, lo siguiente: 9. La Coordinadora
Jurídica (E) Comeb informó que el 21 de
enero de 2014 se radicó boleta de libertad proferida por el Juzgado 13 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, por lo que dicha coordinación se
encuentra en el trámite necesario para verificar si el interno presenta
requerimientos por otra autoridad judicial.
10. El Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá anotó que mediante interlocutorio del 16 de enero de
2014 el despacho le concedió la libertad condicional con un período de prueba
de 23 meses y 7 días, imponiendo al sentenciado la obligación de suscribir la
diligencia de compromiso; el 20 de enero el sentenciado allegó póliza judicial
por los dos salarios mínimos y el 21 del mismo mes y año se remitió con destino
al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La Picota” la correspondiente
boleta de libertad.
Luego de disponer que el
Centro de Servicios Administrativos de estos juzgados le hiciera suscribir la
correspondiente diligencia de compromiso, el notificador hace saber que el
condenado se negó a suscribir el referido compromiso.
Por último, obra en la
acción constitucional, impresión de la consulta del proceso No. 2009-00082
seguido contra el condenado, en el que aparece anotado que mediante auto
interlocutorio No. 113 del 16 de enero de 2014, se concedió la libertad
condicional; igualmente aparece registrado que se aportó Póliza de Seguro
Judicial por valor de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
13. Competencia: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 3º de
la Ley 1095 de
2006, el suscrito Magistrado es competente para conocer de la acción pública presentada
por Carlos Antonio González Guzmán contra
el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
14. Problema jurídico: Se debe determinar si la privación de la libertad de
Carlos Antonio González Guzmán constituye una vía de hecho que la haga ilegal, y,
en consecuencia, sí los supuestos fácticos y jurídicos que determinan la
procedencia del hábeas corpus están presentes
en el sub examine.
15. Aproximación
7°, 8° y 25, Principios para la
Protección de todas las Personas sometidas a Cualquier
Detención o Prisión), están instituidos como la máxima garantía normativa
16. En la determinación de la naturaleza jurídica del hábeas corpus se tiene dicho[1] que (i). es un derecho constitucional fundamental (art. 30 de la Const. Pol.) de
aplicación inmediata (art. 85, ibídem)[2] no susceptible de limitación durante los estados de excepción
(arts. 93 y 214-2 ídem y art. 4° de la Ley Estatutaria
137 de 1994), que se debe interpretar de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (art. 93 de la Const. Pol.)[3] cuya regulación debe ser objeto de una ley estatutaria (art.
152-a, ibídem)[4], y también (ii). es un
procesal[5], según lo consagra el artículo primero de la Ley 1095 de 2006, Estatutaria
complementario, y cuya titularidad se extiende a todas las personas. Como acción constitucional se describe como pública, cautelar, preferente,
célere, impugnable, objeto de contradicción, jurisdiccional, informal, breve (sumaria
efectos correctivo y reparador[6].
consagrado en el artículo 30 de la Constitución puede también interpretarse como una
acción, de igual naturaleza a la acción de tutela de que trata el artículo 86
superior, y por tal razón se puede afirmar, en otros términos, que se trata de
una ‘acción de tutela de la libertad’, con el fin de hacer efectivo este
derecho[7], se
puede ver de acuerdo con las características asignadas al hábeas corpus, que una y otra son diferentes, pues la tutela
permite alegar ante la jurisdicción la violación o amenaza de los derechos
fundamentales en general, y, en cambio, al hábeas
corpus se puede recurrir tan sólo contra capturas ilegales o prolongaciones
ilegales de la privación de la libertad[8] y en
defensa de los derechos conexos[9], como
lo ha precisado la jurisprudencia constitucional[10],
siguiendo los precedentes de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos[11].
claro que la acción de tutela y el hábeas
corpus se identifican en cuanto son entendidos como acciones
constitucionales, hacen parte del listado de derechos fundamentales, se rigen
por el principio de informalidad, sus trámites son los más rápidos previstos en
el ordenamiento jurídico, las órdenes emitidas son de estricto cumplimiento y
quienes las incumplan serán sancionados, se fundamentan en la prevalencia del
derecho sustancial, etc.
todo, al examinar las características del hábeas
corpus frente a las que posee la acción de tutela, se pueden observar
varias e importantes diferencias, tales como[12]:
tiene el hábeas corpus frente a la tutela,
siendo que ésta es preferente sobre todas las demás acciones constitucionales y
legales que existen en el ordenamiento jurídico colombiano;
libertad de una persona; en la tutela tal decisión de compulsar copias es
facultativa del juez;
protección del hábeas corpus entendido como derecho fundamental[13].
decisión judicial; y, d) si la providencia
que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial[14],
concepto «vía de hecho»[15], el
que representa o resulta explicativo de la existencia de todo tipo acciones u
tratados y convenios internacionales, la Constitución y la
ley, que garantizan la libertad personal y el derecho a un recurso efectivo
acción solamente a las partes e intervinientes del trámite judicial, únicos
facultados para promover recursos o hacer peticiones de libertad, siendo que el
precepto Supremo concibe la acción, como derecho de acceso a la justicia y
garantía de obtener una decisión pronta, a toda persona que advierta la
ocurrencia de una captura o privación ilegal de la libertad.
constitucionales sobre derechos fundamentales[16]. Por
Convención Americana de Derechos Humanos, todos sus órganos, incluidos sus jueces,
Convención no se vean mermados por la aplicación de normas
contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la
internas y la
Convención Americana, evidentemente en el marco de sus
que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, exegeta última de la
Convención Americana[17].
a las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos,
calificación que se debe dar a toda prolongación ilícita de la privación de la
libertad (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con
las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la
pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda
persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)[18]. 26.
que, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte IDH[19], para que el Estado cumpla lo dispuesto en
el artículo 25 de la Convención ADH
no basta con que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que
tengan efectividad en los términos de aquel precepto[20]. Dicha efectividad supone que,
respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, la Constitución o la ley[21]. 27.
citado Tribunal ha reiterado que dicha obligación implica que el recurso sea
idóneo para combatir la violación y que sea efectiva su aplicación por la
autoridad competente[22]. En ese sentido,
dado, resulten ilusorios[23].
lo explicado supra, con atinado apego
a los principios pro homine y pro libertate, se ha expresado que no es de recibo esgrimir lisa y llanamente que la acción constitucional es improcedente
condenado[24].
29. Para que se considere demostrada una vía de hecho
se imponen a la tutela cuando se utiliza contra providencias judiciales[25]:
libertad personal[26],
estrictos criterios de razonabilidad y proporcionalidad[27].
a las formalidades legales[28],
(ii) la existencia de un motivo previamente definido en la ley[29],
preventiva (Ley 600 de 2000, artículos 356 y 357[30]),
para su procedencia (artículos 3° y 355, ibídem[31]),
Código Penal), lo lógico, coherente y jurídico será no dictarla o revocar la
que estuviere vigente[32].
una vez se hayan superado sus objetivos constitucionales y fines rectores[33].
autoriza la procedencia del hábeas corpus. 30. Del caso concreto: La pretensión principal del hábeas corpus y lo que busca el accionante Carlos Antonio González Guzmán, es que se haga efectiva la orden de libertad concedida
el 16 de enero de 2014 por el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad. 31.
Acorde con los medios de prueba allegados se puede determinar que Carlos Antonio González Guzmán fue
privado de la libertad desde el 30 de junio de 2010; posteriormente le fue
concedida la prisión domiciliaria bajo vigilancia electrónica, el 16 de enero
de 2014 se le otorgó la libertad condicional, el 20 de enero el condenado
allegó la respectiva póliza, el 21 de enero se remite al centro penitenciario “La Picota” la correspondiente
boleta de libertad y conforme al informe del notificador del Centro de
Servicios Administrativos el penado se negó a suscribir la diligencia de
compromiso. 32.
Los derroteros antes señalados permiten advertir que si bien el juez de
ejecución de penas consideró que el condenado cumplió con los requisitos
objetivos y subjetivos para hacerse merecedor de la libertad condicional,
cierto es que una de las condiciones allí estipuladas es la suscripción de la
diligencia de compromiso, obligación que el reo no cumplió hasta la presente.
efecto, el artículo 65 del Código Penal señala los términos que
deberá contener la diligencia de compromiso, siendo ello requisito
indispensable para que sea concedida la libertad condicional, porque entre
otras cosas, se podría proceder a la revocatoria del beneficio concedido,
cuando se incumpla dentro del período de prueba cualquiera de las obligaciones
impuestas, debiéndose ejecutar inmediatamente la sentencia en lo que hubiere
sido motivo de suspensión. 34. Por ello, el 16 de enero de 2014 el Juzgado Trece
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá concedió la libertad
condicional bajo caución de dos salarios mínimos y la suscripción de la
diligencia de compromiso, obligación a la que fue renuente el condenado
conforme lo señaló el notificador del Centro de Servicios Administrativos en el
informe rendido del 21 de enero de 2014.
esta manera, para que el condenado pueda hacerse acreedor de la libertad
condicional deberá cumplir todos los requisitos que exige no solo el artículo
64 del Código Penal y los establecidos en el artículo 65 a través de la suscripción
de la diligencia de compromiso. 36. Para
el Tribunal es claro que un condenado a quien se le concede cualquiera de los
subrogados establecidos en la codificación penal, debe continuar bajo la
vigilancia del juez de penas y, por ello, está obligado a obligarse en los
términos que establece la ley.
así no fuera, si el juez no impone la suscripción del acta de compromisos -con
lo que estaría omitiendo obligaciones que le impone el ordenamiento jurídico-,
no abría forma de controlar al condenado y menos examinar el cumplimiento de
sus obligaciones durante el período de prueba, dado que las mismas resultarían
negativa del condenado a suscribir los compromisos lo pone en rebeldía frente
al ordenamiento jurídico, y en esos casos, simplemente se está impidiendo por
cuenta del propio interesado que se ejecute la orden de libertad emitida, de
donde no es legítimo que quien pretenda desconocer el ordenamiento jurídico
trate de obtener ventajas de su propia obstinación.
casos como estos deberá estar atento el juzgado de penas a escuchar al
condenado para que, en el momento en que acepte suscribir la diligencia de
compromisos, haga efectiva la libertad condicional decretada.
sobra señalar que la conducta de González Guzmán, podría ser indicativa de estar
incumpliendo sistemáticamente sus obligaciones -recuérdese que ha estado en
detención domiciliaria-, de modo que es deber del juez de penas estar atento
para que, si es del caso, proceda a revocar el subrogado concedido. 41. Por
estas razones, se torna improcedente la acción constitucional, motivo por el
cual será negada.
1°. DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción pública de Hábeas Corpus
propuesta por el procesado Carlos
Antonio González Guzmán.
2º. Por secretaría NOTIFÍQUESE esta providencia a
las partes intervinientes en la acción pública de Hábeas Corpus.
esta sentencia procede su impugnación.
Firmado a las 9:45 A.M. del 22/01/2014
[1] El hábeas corpus en el
[6] El hábeas corpus en el
Ediciones Doctrina y Ley, 2007, p. 194 a 202 y 209 a 215 y Hábeas corpus, vías de hecho y proceso penal,
Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2011, p. 142 y ss.
[7] Corte Constitucional,
tutela. La Corte
Constitucional (sentencia T-459/92) ha sido consistente al
advertir que “el artículo 86 de la
Carta establece que no es procedente la acción de tutela
cuando el afectado con la violación o amenaza del derecho tenga a su alcance
otro medio judicial de defensa, como lo es el hábeas corpus respecto de la libertad personal” y recuerda que el
artículo 6º-2 del Decreto 2591 de 1991 expresamente dispone la improcedencia de
la tutela cuando para proteger el derecho se puede invocar el recurso de hábeas corpus. La anterior decisión hace
parte de una línea jurisprudencial que se integra con las sentencias T-242/94,
T-324/95, T-320/96, T-659/98 y T-223/02, entre otras. Ni siquiera procede la
tutela para evitar un perjuicio irremediable porque para ello está el hábeas corpus (Sentencia T-054/03).
[9] Algunos
[10] El hábeas
[11] Por ejemplo: (i). Opinión
[12] Cfr. Hábeas corpus, vías de hecho y proceso penal,
[13] En la sentencia T-046/93 la Corte Constitucional
determinó que “la inejecución de una decisión judicial que concede un recurso
de hábeas corpus desconoce el núcleo
[15] Si bien el
[16] Corte
Caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, sentencia de 26 de septiembre de
[18] Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez versus Honduras, sentencia de 26 de junio de 1987;
Caso De la Masacre
de Las Dos Erres versus Guatemala, sentencia de de 24 de noviembre de 2009; y Caso Chitay Nech y otros versus Guatemala, sentencia de 25 de mayo de 2010.
[19] Cfr. Caso
[20] Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Excepción Preliminar. Sentencia de 30 de noviembre de 2005. Serie C No. 139, párr. 4; Caso
[21] Cfr. Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú.
[23] Cfr. Garantías Judiciales en Estados de
[24] Corte Suprema
radicación 32791, M.P.
Ramírez Bastidas. La anterior
interpretación fue acogida mediante auto de 8 de octubre de 2010, radicación
35124, en trámite que correspondió al M.P. Quintero Milanés. [25] Cfr. Hábeas corpus, vías de hecho y proceso penal,
[26] “Después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y
democrático y de Derecho, lo constituye en verdadero valor fundante de la
organización política misma, con incidencia tanto en la concepción de los demás
derechos inherentes a la condición humana, como en la configuración de la
manera de ser y de proceder de las autoridades públicas”. Cfr. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, sentencia de 4
de diciembre de 2006, radicación 13168, reiterada en sentencia de 23 de agosto de 2010, radicación 18891.
[27] La Corte Constitucional ha afirmado de manera reiterada
que la potestad de configuración del legislador al establecer restricciones a
la libertad individual, es una competencia limitada y ha de ser ejercida
conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, a fin de que
tales limitaciones no resulten arbitrarias, dado que el ejercicio de esta potestad de configuración puede incidir en el
goce de derechos constitucionales, por lo que la Corte ha dicho que las
limitaciones deben ser adecuadas para lograr el fin perseguido, necesarias, en
el sentido de que no exista un medio menos gravoso en términos de afectación de
otros principios constitucionales, y por último, deben ser proporcionales stricto
sensu, esto es, que no se afecten excesivamente valores y principios que
tengan un mayor peso que el fin constitucional que se pretende alcanzar.
Sentencia C-806/09, M.P. Calle Correa.
[28] El respeto
orden de privación de la libertad como en su ejecución, se observe el debido proceso.
Conforme a lo establecido en el artículo 9 del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, la observancia del debido proceso supone que toda persona sea
informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y
humanitario, Bogotá, Consejo Superior de la Judicatura, 2003, p.
[29] La
personal la Constitución
estableció una estricta reserva legal, por lo que este derecho no puede ser
limitado sino por la ley. Cfr. Rojas
Betancourt, Derechos humanos y
derecho internacional humanitario, ob. cit., p. 49.
[32] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ niega petición de hábe...