Source: https://www.scribd.com/document/328750224/DESACATO-Trabajo-Magister-2
Timestamp: 2018-11-21 10:34:10
Document Index: 412447382

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'Artículo 6', 'artículo 264', 'artículo 266', 'artículo 264', 'artículo 284', 'e contrario', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 29', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 1']

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DESACATO ANALISIS DOGMATICO Y POLITICO CRIMINAL
JULIO VILLALOBOS VILLARROEL*
RESUMEN: El mantenimiento en la legislación nacional del delito de desacato, no se
condice con el respeto irrestricto que debe existir por parte del Estado Democrático de
Derecho a los derechos que emanan de la naturaleza humana. Este afecta bienes tan
esenciales como la libertad de expresión y la igualdad ante la ley, lo que se debe en gran
parte al erróneo concepto existente de orden publico, el que se considera un fin en si mismo
y no como un medio. De esta manera, se pone en evidencia la crisis legitimante que vive el
derecho penal, como herramienta al servicio del individuo.
Palabras clave: DELITO DE DESACATO – BIEN JURIDICO - LIBERTAD DE
EXPRESION – IGUALDAD ANTE LA LEY- CRISIS DEL DERECHO PENAL.
En 1753 el gobernador de New York inicio un juicio por sedición contra el impresor John
Peter Zenger. Zenger fue juzgado por “publicar un libelo falso, escandaloso y sedicente,
con el cual…..se suscito un escándalo muy grande e injusto contra el representante directo
del rey en estas tierras”. El escándalo consistía en publicar ataques contra el gobernador,
acusándolo de corrupción e incompetencia. Zenger fue declarado culpable de sedición en
primera instancia, pero el jurado lo absolvió en la apelación, sobre la base del alegato de su
abogado. Andrew Hamilton, quien pudo probar la veracidad de lo publicado por Zenger, y
solicito se le absolviera de la condena impuesta contra el por “los hombres que al ejercer el
gobierno perjudican y oprimen al pueblo, provocan las lamentaciones y quejas de este…y
acto seguido hacen de esas mismas quejas el fundamento de nuevas formas de opresión y
condena”1.
Más de dos siglos después, en el informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato
y la Convención Americana de Derechos Humanos de 17 de Febrero de 1995, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos declaro que las así llamadas “leyes de desacato”
(existentes en buena parte de Latinoamérica), esto es, la “legislación que penaliza la
expresión que ofende, insulta o amenaza a un funcionario público en el desempeño de sus
funciones oficiales” , “se presta(n) al abuso, como medida para acallar ideas y opiniones
impopulares, con lo cual se restringe un debate que es fundamental para el funcionamiento
eficaz de las instituciones democráticas”. En definitiva, según la Comisión, “las leyes que
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Central de Chile, Magisterando
en Derecho Penal Aspectos Sustantivos y Procedimentales, Universidad Central de Chile.
MATUS, Jean Pierre. “La Libertad de información y la censura en Chile. Análisis y
propuestas para una reforma legal sustantiva”. Revista Ius et Praxis. Año/volumen 6,
número 001. Universidad de Talca. pp. 415-416.
penalizan la expresión de ideas que no incitan a la violencia anárquica son incompatibles
con la libertad de expresión y pensamiento consagrado en el artículo 13 y con el propósito
fundamental de la Convención Americana (de Derechos Humanos) de proteger y garantizar
la forma pluralista y democrática de vida”. 2 “Es más, la Comisión observa que,
contrariamente a la estructura que establecen las leyes de desacato, en una sociedad
democrática, las personalidades política y públicas deben estar más expuestas –y no menos
expuestas- al escrutinio y la crítica del público. La necesidad de que exista un debate
abierto y amplio, que es crucial para una sociedad democrática debe abarcar
necesariamente a las personas que participan en la formulación o aplicación de la política
pública. Dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a
sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, deben demostrar mayor tolerancia a la crítica”. 3
A pesar de estas afirmaciones, y luego del término de la dictadura que afecto a nuestro país,
en democracia se mantuvieron estas normas de carácter autoritario. Así en mayo de 1996 el
entonces senador Gabriel Valdés Subercaseaux celebro entre sus pares de la Cámara Alta la
condena impuesta por el máximo tribunal del país al ex ministro de la dictadura militar
Francisco Javier Cuadra, como autor del delito de desacato, luego que este sostuviera a
través de una publicación de prensa que en Chile hay parlamentarios que consumen drogas.
Para dicha acción el senador Valdés invoco el artículo nº 6, letra b), de la Ley de Seguridad
Interior del Estado4. El citado artículo señalaba “se castiga con las penas de presidio,
relegación o extrañamiento menores en su grado medio a máximo a “los que ultrajaren
públicamente la bandera, el escudo o el nombre de la patria, himno nacional y los que
difamen, injurien o calumnien al Presidente de la República, Ministros de Estado,
Senadores o Diputados, miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, Contralor
general de la república, Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, o General Director
de Carabineros, sea que la difamación, la injuria o la calumnia se cometa con motivo o no
del ejercicio de las funciones del ofendido”. 5 Lo que claramente demuestra un fin
netamente prohibicionista y transgresor de los principios liberales que deben inspirar toda
legislación penal. Principalmente por el carácter indeterminado del bien jurídico protegido.
La principal colisión del delito de desacato se presenta con la libertad de expresión, la cual
se ve muy disminuida, sino anulada, por el tipo en comento. Así, por ejemplo, en el caso de
Alejandra Matus, autora del Libro Negro de la Justicia Chilena. Libro que fue incautado
por orden judicial y que fue el antecedente del proyecto de ley que en ese momento
pretendía derogar buena parte de de las disposiciones vigentes que pueden calificarse como
“leyes de desacato”.6
1.- DESACATO
Ibídem. pp. 416-417.
ECHEBERRIA RAMIREZ, Germán. “Desacato en el Código de Justicia Militar: un
inexplicable olvido en el debate democrático”. Revista de derecho. Vol. XXII- Nº 1 – Julio
2009. pp. 155.
MATUS, Jean Pierre. Ob. Cit. pp. 418.
658.733 conocida como ley de prensa y. "La aplicación de leyes de desacato para proteger el honor de los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial les otorga injustificadamente un derecho a la protección del que no disponen los demás integrantes de la sociedad" 9. Es por esta clara colisión con los valores democráticos que los tipos penales relativos al desacato han sido ya expresamente derogados. 7 PIEDRABUENA RICHARD. No debemos olvidar que. Parte Especial”. que mantienen una especial protección penal pública hacia el honor de los institutos armados y de sus integrantes12. Carlos. 10 Íbidem. ya de hecho o de palabra. como señala Politoff. de nuestra legislación. en función de una pretendida y extralimitada protección al honor. a su vez. "un delito que se comete calumniando.a instituciones del sistema político8. Santiago. 12 Ídem. RAMIREZ. el desacato es un delito propio del derecho penal común. pp.pdf. En conformidad al derecho vigente en Chile. “Declaración caso Palamara v/s Estado de Chile”. 9 POLITOFF. María Cecilia. Jurídico de Chile. Ed. (fecha de consulta: 1 de marzo 2012). Germán. Segunda edición actualizada.06411. Así. 8 PEÑA. el antiguo delito de desacato del Artículo 6 b de la ley de Seguridad Interior del Estado.cr/docs/casos/palamara/per_carlos. “Lecciones de Derecho Penal Chileno. junio 18 de 2004. por cuanto significan una grave lesión a la libertad de comunicación. en su mayoría. MATUS. insultando o amenazando a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. 11 ECHEBERRIA RAMIREZ. Sergio. pp. tal como lo ha expresado la Comisión Interamerica de Derechos Humanos al señalar que "el fundamento de las leyes de desacato contradice el principio de que una democracia debidamente funcional es por cierto la máxima garantía del orden público.corteidh. previéndose para esos casos sanciones agravadas. www. Guillermo. Las leyes de desacato pretenden preservar el orden público precisamente limitando un derecho humano fundamental que es también internacionalmente reconocido como la piedra angular en que se funda la sociedad democrática"10. fue suprimido el año 2001 por la ley Nº 19. Asimismo. “Oficio Nº 273” Ministerio Público. El desacato equivale a la penalización del discurso que pueda estimarse desdoroso para las instituciones o quienes se desempeñan en ellas. por ejemplo. Sin embargo no se entiende la subsistencia de los artículos 283 y 284 del Código de Justicia Militar. el delito de desacato confiere una cierta sacralidad y una cierta inmunidad -por la vía de la coacción penal. por cuanto implican una negación en sí mismos del sistema democrático. pp. las figuras análogas contenidas en los artículos 263 y 264 del Código Penal y 417 del Código de Justicia Militar fueron abolidas el año 2005 a través de las leyes Nº 20. . o ya en escrito que se le dirija"7. los delitos de desacato son contrarios a los derechos fundamentales. Cit. 136. En rigor. injuriando. los delitos de desacato tienen una naturaleza antijurídica. 657. que se configura al ejecutar hechos o proferir expresiones desdorosas o injuriosas contra los órganos en los que radica el poder estatal y contra ciertas autoridades públicas. según el Diccionario de la RAE.048 y 20. Jean Pierre.or.El "Desacato" es. Ob. Matus y Ramirez.
como señala HASSEMER. Carlos.BIEN JURIDICO PROTEGIDO El objeto de protección del tipo de desacato .. de delitos que. según SILVA BASCUÑAN. En este sentido y como fundamento de una incriminación resulta determinante. Principalmente se debe señalar el respeto a los principios de última ratio o Subsidiariedad y fragmentariedad. De 5 de septiembre de 2002. Ob. en todo caso. del daño efectivo que se espera de un comportamiento incriminado y que es motivo de la incriminación". como el respeto y la dignidad de la persona que. Alejandro “Desacato a los fiscales del ministerio publico”. Se debe tener en cuenta que no cualquier bien o interés es digno de protección penal tomando en consideración los principios que limitan y legitiman la utilización de esta herramienta coactiva. así como a la "supresión de aquellos tipos delictivos que no puedan efectivamente conducir a la prevención del daño". con respecto a determinados bienes jurídicos. 2. Un aspecto importante de tal enfoque crítico del concepto de bien jurídico concierne a la importancia de la información empírica: el fundamento del bien jurídico no se halla en la Constitución ni en el derecho natural. Informe a solicitud de señor Fiscal Nacional del Ministerio Público don Guillermo Piedrabuena Richard. 14 PEÑA. impugnar toda pretensión del legislador de limitar la libertad individual. como además la necesidad de que la ejecución de la tarea se realice con regularidad y tranquilidad. Por su parte CARLOS PEÑA sostiene que el tipo que aparece en el derecho penal común. lleva a la práctica las finalidades que le compete en el ordenamiento jurídico.2. Se trata de bienes cuya necesidad ("que el hombre puede ver") tiene un reconocimiento social. lo que claramente se contradice con los principios democráticos del Estado de Derecho que tiene en su base el escrutinio popular o revisión da las decisiones de sus gobernantes. mediante sus incriminaciones. cuando no se trate de afirmar la enérgica tutela de un bien jurídico (existen diversas otras formas de control social. que posee una función crítica. Al parecer lo protegido con este tipo penal es principalmente la dignidad del cargo o autoridad y en este sentido el desempeño de las funciones libres de presiones. como el incesto (art. Tal noción importa. una idea anterior a la de inmunidad del individuo frente al Estado que es propia de los derechos ciudadanos14. como fundamento material y legitimante de ésta.en la vida. Cit. muchas veces más eficaces y. como son tanto asegurar el respeto por todos los integrantes de la sociedad gobernada del poder que tiene el Estado. y al margen de circunstancias que la perturben13. Ello debiera conducir. menos drásticas que el sistema penal). sino -como señala VON LISZT. comenzando por determinar aquello que fundamenta la mantención de un tipo como este. además. pp. suficientemente en entender que al penar el desacato se quiere satisfacer diferentes objetivos. en representación del órgano estatal. . El carácter crítico de la noción de bien jurídico significa. como dirección de política criminal (rica de "contenido utópico". pues. al "reexamen. el derecho penal constituye un instrumento necesario y apropiado (naturaleza fragmentaria del derecho penal). la determinación del bien jurídico penal. Tal es el caso. al decir de HASSEMER). se inspira en la idea de sacralidad de las instituciones. en nuestra ley.A continuación procederemos a realizar un análisis del tipo de desacato. fundado metodológicamente. cuyo contenido material se fundamenta. la posibilidad de decidir cuándo. 375 13 SILVA BASCUÑAN.
con lo que el delito pierde la "visibilidad del mal" y pasa a ser una especie de "refuerzo del Derecho Administrativo15".Cp) o la sodomía (cópula sexual entre personas del mismo sexo). Por lo mismo no constituye una teoría del bien jurídico la que señala que el derecho penal protege los intereses de una "clase dominante" o una "condición de convivencia social". Editorial Jurídica CONOSUR. el criterio crítico del bien jurídico se estaría claramente en pugna con el delito en comento. 141-142. El concepto material llevará inevitablemente a la revisión crítica del derecho penal vigente ya que permitirá ver en su exacta dimensión. renunciar a la introducción de bienes jurídicos vagos e informes y evitar la incriminación de "conductas anticipadas". que de no mediar violencia. como consecuencia del principio de legalidad el precepto penal será el resultado de un proceso legislativo. MATUS. Para el cumplimiento de sus funciones el concepto de bien jurídico ha de expresar superando los aspectos puramente formales. 16 HORMAZABAL MALAREE. Segunda edición. El bien jurídico puede ser definido como una relación social concreta de carácter sintético normativo y sintético social. esto es. pp. Ed Juridica de Chile. Jean Pierre y RAMIREZ. como criterios legitimadores. 142-143. mejor dicho con el gobierno de las seudo mayorías. Como punto de partida se debe tener presente que una política penal de exclusiva protección de bienes jurídicos implícitamente conlleva el reconocimiento de un axioma básico para la construcción y desarrollo de una sociedad democrática: la posición antinómica y desigual del ciudadano frente al poder. lo que real y concretamente se protege en cada norma penal de una determinada sociedad en un determinado período histórico. segunda edición. En base a este criterio legitimador. el del merecimiento de protección. sino esta configuración no pasa de ser un simple gobierno autoritario disfrazado con el manto de la democracia. El segundo momento. Teorías del bien jurídico de esta naturaleza son tan insuficientes por su globalidad como las teorías sociales que le sirven de referente. pp. cuando sostiene que este tipo atenta contra la libertad de pensamiento y de expresión. “Bien Jurídico y Estado social y Democrático de Derecho”. 71. asimismo. año 1992. esto es. Hernán. Formalmente. lo realmente protegido por cada norma penal. Maria Cecilia. año 2003. Una estrategia legislativa consensualmente inspirada en la idea de la dañosidad social debería. De esta manera. pp. pero la determinación del bien jurídico corresponde a la base social que comunicará su decisión a las instancias políticas que formalmente tengan el deber de materializar dicha decisión 17. intimidación o abuso de poder. para la determinación del bien jurídico protegido por un determinado tipo penal se debe analizar en dos momentos. . 17 Ibídem. En un Estado democrático la determinación del objeto a ser protegido por la norma penal no puede estar reducida a una exclusiva decisión del legislador. “Lecciones de Derecho Penal: Parte General”. En un Estado construido como democrático y de derecho. De esta forma. Cuando el Estado establece un tipo penal quiere prohibir la 15 POLITOFF. se deben respetar estas características en las normas aplicables a los ciudadanos. Así por lo demás lo estima la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. nos lleva a planteamos cuestiones de carácter axiológico y los criterios para resolverlas. El primer momento dice relación con lo que materialmente protege una norma penal cuando prohíbe la realización de una conducta. no conciernen sino al ámbito de la privacidad de las personas. Sergio. más allá de su simple formulación. el merecimiento de protección16.
Por lo tanto. Editorial TROTTA. sino que están en función de las bases de existencia o de funcionamiento de un sistema de relaciones sociales democrático. Debemos recalcar. extraemos que las conductas que contempla son las amenazas. . pues se estima estas en un sentido lato. Lecciones de Derecho Penal.relación social entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en las condiciones objetivas y subjetivas contempladas en el. 21 SILVA BASCUÑAN. que las conductas que satisfacen el tipo se entienden en términos diversos a como se comprenden en los tipos en particular. honra o propiedad de otro). Ob. Hernán. 4. El tipo contiene una relación social que niega otra relación social. por tanto. esta disposición toma en consideración las circunstancias 18 HORMAZABAL MALAREE. esto es de vínculos entre personas realizadas en condiciones de libertad y dignidad19. el mayor conflicto que se plantea dice relación con la posible vulneración del principio non bis in ídem. la relación entre norma y tipo es una relación dialéctica de afirmación y negación de una relación social concreta. 152. De lo contrario. la más mínima ofensa podría ser considerada tal. propio tipo.cit. las injurias. la relación social concreta protegida por la norma penal. Volumen I. Finalmente debe tenerse presente que los bienes jurídicos no giran exclusivamente en tomo a una persona individual o de una colectividad considerada como globalidad. pp. pp. Alejandro.CONDUCTA TIPICA De la descripción del desacato en general. Debe tratarse de una situación de una cierta gravedad y seriedad21. El tipo penal es continente de una forma específica de negación de esa relación social concreta que es el bien jurídico protegido por la norma18. lo que se aparta del ámbito de protección de la disposición. 67. De esta manera las amenazas se entiende que no se condicen con las contempladas en los artículos 296 y siguientes del Código (amenaza de un mal en la persona. pp. Madrid 1997. por el solo hecho de ser autoridades. 19 Ibídem. La norma penal afirma al bien jurídico en la medida que lo protege prohibiendo su afección. sin embargo. de todas maneras debe considerarse que la amenaza afecta la dignidad del cargo y el desempeño de la función de determinada autoridad. las calumnias. El tipo constituye una forma específica de negación de la prohibición más genérica contemplada en la norma penal. además de verosimilitud. Esta vulneración. 3. 155. sólo se produciría en el entendido que se castigara por desacato y. ocasionar tumulto y las simples ofensas. sin lugar a dudas. por los tipos bases. pp. que es el bien jurídico. Hernán. El non bis in idem establece que un hecho o circunstancia que ha sido sancionado o bien ha servido de base para una agravación de la pena no puede ser utilizado para una nueva sanción o agravación 20.. Juan y HORMAZABAL MALAREE. 20 BUSTOS RAMIREZ. Con respecto a ocasionar tumulto o exaltar el desorden en el despacho de una autoridad. A primera vista parece extraño el considerar un mayor disvalor en la realización de estas conductas respecto a determinadas personas. “Bien Jurídico y Estado social y Democrático de Derecho”. además. Pero. Por cuanto la conducta que se sanciona ya cuenta con protección en los tipos bases.
con el ordenamiento oficial que él se da y que busca el bien común a través de innumerables órganos que ejercen diferentes funciones. pp. No hay duda de que en relación con las definiciones que hemos citado de desacato. Dice éste. en cuanto la Constitución solo se refiere a la primera.24debemos considerar lo establecido en los artículos 5.22 Por tanto. De esta forma debe buscarse aquella interpretación que restrinja el ámbito del concepto autoridad y así evitar las arbitrariedades de una interpretación extensiva. "persona que ejerce o posee cualquier clase de autoridad". aparato".. facultad. Como primer punto se debe distinguir entre autoridad pública y privada. de hecho o de derecho". 3. en efecto. nos ayudan a establecer que entiende el legislador penal por autoridad. como tantos otros de nuestro lenguaje. en cuanto esta se vincula con el Estado. Siendo así toda perturbación en el lugar señalado por la disposición puede ser subsumida en la descripción típica. con las competencias y en la forma que prescriba la ley. en la medida que impida o interrumpa el acto que se desarrolla. legalmente investidos. La Constitución Política de la República nos entrega el siguiente lineamiento. 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Ob. tanto a 22 23 24 Ídem. debemos tener en cuenta tanto la significación que le atribuye sentido de "poder que gobierna o ejerce el mando. Ídem. "solemnidad. SILVA BASCUÑAN. alcanza diversas acepciones y ello no puede menos de recogerlo el Diccionario de la Real Academia. como el de "persona que ejerce o posee cualquier clase de autoridad". El término autoridad. de hecho o de derecho". al precisar el concepto de autoridad que se vincula con esa forma delictual. 23 Cuestión que hasta este punto nada nos aclara. Por su parte las normas del código penal que regulan los atentados contra la autoridad en el título VI del libro segundo.CONCEPTO DE AUTORIDAD EN MATERIA DE DESACATO Del concepto de desacato se desprende que el sujeto pasivo de este sólo puede ser una autoridad. que "autoridad" es "poder que gobierna o ejerce el mando. La pregunta que inmediatamente surge es ¿el tipo protege a toda autoridad? La respuesta a primera vista debe ser no. al punto de que una simple ofensa daría acción para perseguir el ilícito. que en síntesis establece que el ejercicio de la soberanía puede ejercerse por las autoridades que esta Constitución establece. "potestad. se amplia la interpretación aplicable a las conductas que satisfacen el tipo. . 4. Alejandro.cit. Así en el artículo 264 se nombran a determinadas autoridades.del lugar donde se lleva a cabo el tumulto o se exalta al desorden. "prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia". legitimidad". pues existiría una clara vulneración al principio de igualdad y de determinación o tipicidad en materia penal.
2. se puede estar frente a un funcionario público que no sea autoridad.25 Por tanto el termino autoridad no se corresponde necesariamente con el de funcionario público. se entiende que ejercen aquélla constantemente los ministros de Estado y las autoridades de funciones permanentes o llamadas a ejercerlas en todo caso y circunstancias. así los órganos colegisladores.organismos como a individuos pertenecientes a estos. en definitiva. Por consiguiente. Esto es.27 Por su parte en el caso del desacato militar el sujeto pasivo del delito lo constituyen las ramas castrenses y los militares. “Oficio Nº 273” Ministerio Público. pp. en la medida que se trata de aquellas autoridades. carece de las potestades que la colectividad social delega en una persona o corporación para que la representen y gobiernen. esta enunciación nos sirve para determinar que Como muy bien dice Hermann Sickinger Manosalva: "No obstante la redacción de esta disposición legal y su referencia expresa a los funcionarios públicos. Sin embargo debe tomarse en cuenta el artículo 266 que dispone “Para todos los efectos de las disposiciones penales respecto de los que cometen atentado contra la autoridad o funcionarios públicos. tipifican este delito". el empleado o funcionario público no está investido de la dignidad. Sin embargo. pp. los tribunales de justicia.. 3. 4. En nuestra legislación a pesar de los alcances realizados persiste el delito de desacato con manifestaciones en diversos ámbitos.. senadores o diputados. 27 Ibídem. Entiéndase también ofendida la autoridad en ejercicio de sus funciones cuando tuviere lugar el atentado con ocasión de ellas o por razón de su cargo”. o ministro de Estado. guarda o fuerza armada. junio 18 de 2004. letra b). pp. en su acepción propia. es indudable que el legislador no ha querido incluir a los funcionarios públicos. pues este último no siempre está dotado “de un poder de decisión o de mando dentro de un ámbito de competencia propio” que caracteriza a la primera.. esto es. atributos éstos que se ven menoscabados con las conductas generadoras del desacato y que. De acuerdo a lo señalado. Santiago. pero esta siempre tendrá tal calidad26. majestad o del decoro que singularizan a la autoridad. de funciones permanentes o llamadas a ejercerla en todo caso y circunstancia. Ello. . así como los centinelas. miembros de un tribunal de justicia. se puede sostener que el articulo 266 permite incorporar a las autoridades no enumeradas expresamente en los restantes artículos que regulan el desacato. 26 . como los fiscales del Ministerio Publico. Guillermo. en la señalada en el Estatuto Administrativo. 2. . PIEDRABUENA RICHARD. art. En consecuencia. 9. porque el empleado o funcionario público carece de las características propias de la autoridad que tipifican al sujeto pasivo en este delito.NORMATIVAS QUE TRATAN EL DESACATO 25 Ibídem. Pero estos se establecen de manera netamente ejemplar pues el artículo señala finalmente “u otra autoridad en el ejercicio de sus cargos”.
Esta normativa es la que presenta mayores problemas desde su legitimación. vulnerándose de esta forma el principio de lesividad en cuanto no se encuentra determinado cual es el bien jurídico penal. o a un miembro de un tribunal de justicia por los fallos que hubiere pronunciado o a los ministros de Estado u otra autoridad en el ejercicio de sus cargos. será castigado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. 240. el normal desempeño de las funciones propias de los determinados cargos señalados en el tipo. será castigado con reclusión menor en cualquiera de sus grados. es decir. además. el tribunal tendrá facultad para decretar las medidas tendientes a dejar sin efecto todo lo que se haga en contravención a lo ejecutado. como una ofensa para quienes ejercen la labor judicial 28. No se sabe con exactitud qué es lo protegido con este tipo. se estima que puede considerarse como atentado contra la autoridad de una resolución judicial. “Art. De esta forma las variantes de desacato que se comprenden en el Código Penal son el Desacato Amenaza y el desacato por medio de tumulto o perturbación del orden. En el caso del Código de Procedimiento Civil el Art. Material de clases delito de Desacato. al cumplimiento de lo ordenado o mandado. Parece claro lo protegido en este tipo. artículos 283 y 284. 240 CPC. que dispone “El que amenace durante las sesiones de los cuerpos colegisladores o en las audiencias de los tribunales de justicia a algún diputado o senador o a un miembro de dichos tribunales. Señala. pues. a su vez. Tatiana. una suerte de perturbación al orden. u ocasionare tumulto o exaltare al desorden en el despacho de una autoridad o corporación pública hasta el punto de impedir sus actos. aun se mantiene vigente. al punto de existir una reticencia a llamarlo de esta forma. contempla la sanción de civiles a través de la jurisdicción militar. El que quebrante lo ordenado cumplir será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo”. Código de justicia militar y en el Código de Procedimiento Civil. a pesar de la paulatina derogación que ha sufrido este delito en nuestro ordenamiento. . lo que demuestra el carácter de indeterminado del objeto protegido. Las principales falencias en materia de derechos humanos que se producirían. como señala Jorge Mera. En el caso del Código Penal el desacato se contempla en el artículo 264. Cumplida una resolución. Este desacato especial se aplica en el caso del incumplimiento de una orden judicial. no se ve una clara relación con lo protegido con el delito de desacato. Como ya se señalo. y en este sentido la legitimación de la sanción aplicada. o sólo esta última. o a un senador o diputado por las opiniones manifestadas en el Congreso. en circunstancias de que 28 VARGAS. Aspectos Sustantivos y Procedimentales versión 2011-2012. El que perturbe gravemente el orden de las sesiones de los cuerpos colegisladores o de las audiencias de los tribunales de justicia.Este delito está regulado vigentemente en el Código Penal. Finalmente tenemos el desacato contemplado en el Código de Justicia Militar. Magister en Derecho Penal. por lo cual. que podría considerarse. son las siguientes : a) ámbito desmedido de la competencia de los tribunales militares que permite el juzgamiento de civiles y militares por delitos comunes.
El autor es Profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y Coordinador del Foro Chileno de la Libertad de Expresión. Resulta discutible la pretensión del artículo 284 del Código de Justicia Militar de amparar el honor de las Fuerzas Armadas. Felipe. trabajo fue preparado en el contexto del Programa de acciones de interés público. estructuralmente contrario a las garantías del debido proceso29. sino que es necesario dejar que ellas compitan entre sí. del delito de desacato. En www. 137. Así por lo demás lo plantea el profesor JORGE MERA. Otra de las dificultades con respecto a esta normativa especial. es una grave limitación a la libertad de expresión. en circunstancias que las injurias y ofensas a que hace referencia esta forma de desacato son inadecuadas para proteger al Estado como persona jurídica y solo serian capaces de conminar criminalmente los atentados contra el buen nombre y reputación de hombres y mujeres. también. Cit. Ob. pp.COLISION ENTRE EL DELITO DE DESACATO Y LAS ESTADO DE DERECHO GARANTIAS DEL El principal problema que se presenta con la protección especial que se brinda a determinadas autoridades. . y. Pp. Por lo mismo. Se trata de una discriminación a favor de las Fuerzas Armadas30. dice relación con la determinación del bien jurídico protegido. Chile y Perú. constituye delito injuriar a las Fuerzas Armadas y a Carabineros o a sus unidades o reparticiones.cl. de carácter inquisitivo. 5.uchile. 29 MERA. 31 GONZALEZ. Jorge. sostienen algunos. quien escribe que. en circunstancia que el sistema de protección penal del honor en nuestra legislación tutela la honra de las personas naturales y no la de las instituciones o la de las personas jurídicas. “Adecuación de la Jurisdicción Penal Militar Chilena de Tiempo de Paz a los Estándares Internacionales de Derechos Humanos”. “LEYES DE DESACATO Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN”.debiera limitarse exclusivamente al conocimiento de los delitos propiamente castrenses cometidos por militares. en efecto. el deber del estado de respetar y garantizar los principios fundamentales de una sociedad democrática incluye la obligación de promover un debate público abierto y plural. (c) procedimiento escrito. Germán.. como su honra y su privacidad. Que como derecho humano esencial sirve de herramienta para medir el grado de compromiso democrático de los estados en cuanto a su capacidad de reconocer que no corresponde a las autoridades políticas o religiosas la determinación de la bondad o validez de las ideas u opiniones existentes en la sociedad. Lo anterior no obsta a que existan limitaciones a la libertad de expresión.anuariocdh. que se desarrolla en la Universidad Diego Portales y otros centros académicos de Argentina. a través. y. 3. 30 ECHEBERRIA RAMIREZ. puesto que ella puede afectar los derechos de terceros. el orden público y la seguridad del estado 31. (b) estructura y organización de los tribunales militares que compromete el derecho de los imputados a ser juzgados por un tribunal independiente e imparcial.
pp. dos acepciones elementales.Valores que.5. por sobre los derechos individuales. la paz pública excluye aquella presión o intimidación que cohíben el ejercicio de los derechos individuales. la tendencia en el Derecho Comparado e Internacional es a llamar la atención sobre el riesgo de trivialización del concepto de orden público. Ibídem. no posee un valor propio. es decir. La protección del orden público no aparece como un objetivo en sí mismo en un estado de derecho -como es. por ejemplo. es decir. la protección de la libertad de expresión-. son las clausulas generales. integran el discurso político criminal llevando a la inflación penal o expansionismo del derecho penal." En este sentido el concepto de Orden público constituye una cláusula general en el sentido recién anotado32. sin la que no se concibe la realización de los fines del Estado. El método mas utilizado por los regímenes político contemporáneos para la limitación de los derechos individuales. La vigencia del orden público está condicionada en este sentido por el cumplimiento de los roles que les corresponden a las instituciones y a los individuos dentro del funcionamiento del aparato del estado. en la protección de los derechos fundamentales. 32 33 34 Ibídem. en un estado de derecho." Así. al tiempo que el orden público se relaciona directamente con un interés estatal. en las relaciones entre órganos del estado y los particulares y en la relación de los particulares entre sí33. el mismo consiste. En consecuencia. GONZALEZ. La segunda acepción es la que se vincula más directamente a la estabilidad política y que tradicionalmente se ha enfocado desde la vía penal. constituyen "una redacción expresiva de los supuestos de hecho que abarca con gran generalidad un campo de casos y les señala su correspondiente tratamiento jurídico. Estas como señala Engisch. sino que hace las veces de un instrumento34. de las normas fundamentales del estado. Felipe. 5-6. pp. Rodríguez Devesa señala que "[l]a subordinación a los órganos del Estado constituye la textura de disciplina social y política. El concepto de orden público tiene.. La primera concierne al respeto u observación de las reglas básicas de la organización política y social. en último término.4. Esto se manifiesta en las relaciones de los órganos del estado entre sí. como a menudo se pretende por las autoridades. “LEYES DE DESACATO Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN”……. sino que está destinado a salvaguardar determinados fines: el ejercicio adecuado de los derechos fundamentales. pp. Si bien la afectación del orden público requiere de un compromiso de la estabilidad del sistema político democrático menor en entidad a la que corresponde a la afectación de la seguridad del estado. el orden público sólo cumple una función instrumental. En este sentido podemos considerar que indirectamente lo protegido por el delito de desacato es el orden publico. Con ello se quiere decir que no cualquier disturbio o alteración de la tranquilidad representa una genuina afectación del orden público. por lo menos. .
2. En virtud del artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República “ El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos. o más sintéticamente. ya sea oralmente. MATUS. Ed. por lo que. Jean Pierre. siempre el concepto de orden público se subordina a la protección de los derechos humanos. Ob. 657 36 . La libertad de expresión por su parte y de información.La afirmación precedente es relevante. Cit. es uno de los derechos fundamentales que se encuentra suficientemente asegurado en nuestro ordenamiento jurídico37. como señala claramente FELIPE GONZALEZ36. libertad de comunicación. GONZALEZ. garantizados por esta Constitución. En cambio. Por su parte debe existir claridad por cuanto el concepto de orden publico no constituye un derecho fundamental. Este derecho comprende la libertad de buscar. Felipe. sin consideración de fronteras. 7-8. Jurídico de Chile. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 35 Ídem. Parte Especial”. pp. o por cualquier otro procedimiento de su elección. por escrito o en forma impresa o artística. “Lecciones de Derecho Penal Chileno. así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Segunda edición actualizada. pero teniendo siempre como telón de fondo la protección de los derechos fundamentales. Es cierto que la noción de orden público persigue también proteger una serie de instituciones propias de un estado de derecho y salvaguardar aspectos de lo que se suele denominar Derecho Constitucional Orgánico. Esta interpretación es la que a nuestro entender da claridad al real fin del concepto de orden publico. una concepción del orden público como una entelequia con valor propio conlleva el riesgo de entender las instituciones de un estado de derecho de una manera formalista. desconectada de los principios elementales que constituyen su razón de ser. se recepciona lo establecido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así. Sergio. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores. si bien el orden público está destinado a proteger los derechos de las personas. pp. no podría existir colisión entre derechos fundamentales. puesto que permite entender por qué el orden público debe ser asumido e interpretado restrictivamente. María Cecilia. En efecto. que establece “ Libertad de Pensamiento y de Expresión 1. las constituciones políticas y los códigos nacionales. RAMIREZ. el mismo está regulado a la vez como una limitación a tales derechos en los instrumentos internacionales. que sirven además como criterio interpretativo para una comprensión apropiada de esas instituciones y de su vinculación con el orden público 35. 37 POLITOFF.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. idioma u origen nacional”.a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Por consiguiente. que señala “artículo 19 la Constitución asegura a todas las personas: Nº 12 inciso primero “La libertad de emitir opinión y la de informar. sin consideración de fronteras. racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas. sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. . sin embargo. A su vez. ya sea oralmente. Estas normativas internacionales complementan la norma interna constitucional que protege este derecho fundamental establecido en el artículo 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. en cualquier forma y por cualquier medio. de frecuencias radioeléctricas. 5. 4. sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades. sin censura previa. estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. 3. 2. este derecho comprende la libertad de buscar. color. recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. religión. en conformidad a la ley. puede estar sujeto a ciertas restricciones. o por cualquier otro procedimiento de su elección. por ningún motivo. el orden público o la salud o la moral públicas. el orden público o la salud o la moral públicas”. b) La protección de la seguridad nacional. o b) la protección de la seguridad nacional. inclusive los de raza. la que deberá ser de quórum calificado”. que deberán. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia. el artículo 29 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos establece “Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. por escrito o en forma impresa o artística.
" Sin embargo a su vez reconoce que este derecho no es absoluto pero señala que sus restricciones deben incorporar las justas exigencias de una sociedad democrática. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y." También enfatiza la Comisión que la información (sea que esta provenga de la prensa. 39 Ibídem. Pero al mismo tiempo se proclama el “principio de responsabilidad”. Por lo que en este sentido se producen las ya comentadas derogaciones al delito de desacato. de un particular o de un órgano estatal) es el más poderoso mecanismo de control. sea por la palabra. tomando en consideración el informe sobre leyes de desacato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. por cualquier medio -actual o futuro-. científicas o religiosas. Esta garantía es.. 38 VERDUGO MARINKOVIC. uno de los principales o de máxima jerarquía. En todo caso. pp. opiniones políticas. incurran en delitos o abusos. Tres son los aspectos que comprende esta garantía: el derecho a emitir opinión. de 1994. 260-261. Humberto. Segunda edición. esto es. el derecho se ejerce sin censura previa – nadie puede decidir anticipadamente sobre que puede o no opinarse. en cualquier forma. pp. Editorial Juridica de Chile. los órganos del Estado ejercitan una soberanía “delegada”. "La soberanía reside esencialmente en la Nación. Destaca también el "derecho de los ciudadanos a participar en debates activos." Añade que el debate político "generará inevitablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos(. firmes y desafiantes respecto de todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la sociedad. sea por la escritura. “Derecho Constitucional. será procedente exclusivamente cuando se fundamente en la defensa de bienes jurídicos de mayor entidad: esta limitación debe interpretarse restringidamente39. y cuales opiniones o informaciones difundirse al medio social-. Manteniendo la tradición constitucional de nuestro país se adopta el “sistema represivo”. año 1994. insulta o amenaza a un funcionario público en el desempeño de sus funciones oficiales. deberán afrontar las consecuencias civiles y penales que establezca una ley que debe ser de quórum calificado.La libertad de opinión se considera como una proyección de la autonomía de la persona humana. Emilio y NOGUEIRA ALCALA. . puesto que constituye un verdadero presupuesto o condición normal que posibilita el ejercicio de casi la totalidad de los restantes derechos y el disfrute de las libertades fundamentales reconocidas en cualquier sociedad que se estime organizada de acuerdo a un régimen democrático38. Recordando los argumentos de la Comisión. ya que implica el derecho de expresar libremente y sin autorización previa. Mario. la habilitación al legislador para tipificar delitos y abusos al ejercicio de este derecho. PFEFFER URQUIAGA. Tomo I”. filosóficas. esta definió las leyes de desacato como "una clase de legislación que penaliza la expresión que ofende.). 261-262. fiscalización y resguardo de la actuación del Estado.. de modo que quienes al exteriorizar o difundir opiniones o informaciones. dentro de los derechos esenciales del individuo amparados por la Constitución. y tal como lo expresa nuestra Constitución en su artículo 5. la libertad de información y el derecho a recibir información. es decir. En este sentido.
Cit. Es por ello que no parece legítimo que la propia autoridad genere mecanismos que veden la posibilidad de que se la controle. pp. Para asegurar una participación ciudadana eficaz es crucial que la población se encuentra bien informada y que exista transparencia del quehacer público. Para realizar este control la mayor parte de la doctrina y jurisprudencia comparada coincide en que no hay nada mejor que la más plena y abierta crítica al funcionario público. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. por cuanto se coloca al ciudadano en una posición desmejorada en comparación a una serie de autoridades41. al que. La constitución establece en su artículo 19 Nº 2 “La Constitución asegura a todas las personas. la distinción razonable entre quienes no se encuentran en la misma condición. siempre que la discriminación no sea arbitraria ni responda a un propósito de hostilidad contra determinadas personas o grupo de personas. Mario. En este sentido y en relación con el delito de desacato este si afectaría este derecho al otorgar una mayor protección a determinados individuos por el solo motivo objetivo de detentar un cargo. En Chile no hay esclavos y el que pisa su territorio queda libre." Así. de una igualdad absoluta. nos daremos cuenta que el poder de censura lo posee la gente sobre el gobierno y no el gobierno sobre las personas”40. pp. PFEFFER URQUIAGA. Como segunda garantía fundamental lesionada por el delito de desacato esta la igualdad entre la ley. a su vez. Emilio y NOGUEIRA ALCALA. Cit. por lo que ella no. Así lo expresaba James Madison. La igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares. se remite la Comisión: "Si tomamos en cuenta la naturaleza del gobierno republicano. por lo tanto. La igualdad supone. impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones diferentes. sino que lo hacen en nombre de las personas. pp. Nº2 la igualdad ante la ley. o importe indebido. por las autoridades que esta Constitución establece. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ob. No se trata. 40 GONZALEZ. 215-216..también. 42 VERDUGO MARINKOVIC. no es posible resguardar adecuadamente una participación informada y que efectúe contribuciones relevantes. Ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias”. favor o privilegio personal o de grupo42. Si es la propia autoridad la que niega o restringe severamente a los ciudadanos el derecho de crítica y control. citado por el juez Brennan. 36. 25-26. sus actos deben estar abiertos al control ciudadano. Felipe. como los encargados de la cosa pública no actúan por ellos mismos. Humberto. por consiguiente. Ob. Ibídem. 41 . sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias específicas.
en la protección del orden público contra el efecto desestabilizador que podría ocasionar esas conductas. En la pagina de la biblioteca del congreso se puede leer “Se elimina el delito de desacato 31 de agosto de 2005. (fecha de consulta: 9 de Marzo de 2012). La nueva ley elimina toda referencia al delito de desacato. pudiesen significar un atentando contra ese bien jurídico protegido. no parece constituir una restricción legítima al ejercicio de las libertades de pensamiento. Derechos que como analizamos colisionan con esta tipificación. contrario a la declaración contenida en el artículo 1° de la Constitución Política de 1980 que consagra la igualdad de las personas en dignidad y derechos 44. que sanciona penalmente la expresión que insulta u ofende a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En definitiva.bcn. http://www. a través de su relatoría para la Libertad de Expresión. dejando sólo lo referente a atentados contra la autoridad. Además acota más la descripción de lo que se considera atentado y sus penas.2005-10-28. La protección del orden público apunta al respeto y cumplimiento de las normas elementales de la organización política y social y a la estabilidad del sistema político y de sus instituciones. Así lo ha dicho por lo demás -en reiteradas oportunidades.048 se aprecia que esto no es del todo correcto43. No cabe duda que la persistencia de estas normas en Chile ha derivado en un privilegio sin fundamento establecido en favor de ciertas personas. la indisciplina y el incumplimiento de deberes militares. El fundamento de la derogación nos señala “La figura del desacato aún vigente en nuestro país. por una parte.6739651440.LA MANTENCION DEL DESACATO COMO MANIFESTACION DE LA CRISIS DEL DERECHO PENAL.048. Biblioteca del Congreso nacional. Se ha dicho que la justificación de las leyes o normas de desacato está.cl/actualidad_legislativa/temas_portada.2005-10-28.6739651440. . Entre nosotros las normas de desacato se encuentran contenidas entre aquellas disposiciones relativas al orden y la seguridad públicas.048. da una definición más exacta de la sedición impropia. la existencia de estas normas no resulta coherente con el funcionamiento de un estado democrático moderno. (fecha de consulta: 20 de marzo de 2012). que modifica el Código Penal y el Código de Justicia Militar en materia de desacato.cl/actualidad_legislativa/temas_portada. sin que medie ningún peligro inminente. Por tanto. castigando precisamente la inducción al desorden.6.bcn. y por otra. 44 HISTORIA LEY Nº 20. lo que les otorgaría mayor libertad en el ejercicio de sus funciones. No parece 43 http://www. El 31 de agosto de 2005 el Diario Oficial publicó la ley Nº 20. Sin embargo si se analiza la historia de la ley 20. opinión e información.. es difícil pensar que las simples expresiones vertidas respecto a un funcionario público. Asimismo. en la protección de los funcionarios públicos frente a la crítica o la ofensa.
Ley que se titulaba “Aumenta las penas en los casos de delitos de maltrato de obra a Carabineros con resultado de muerte o lesiones graves”. pp. a pesar de que el mismo legislador reconoce la grave afectación que produce a los derechos fundamentales. que podría deberse a un simple olvido legislativo o la existencia de una suerte de intangibilidad de la jurisdicción militar 46. Cit. Procediéndose a la eliminación de los artículos 263. se trato de dar fin a esta legislación que castiga la libertad de expresión. Si bien el desacato no es una construcción nueva. Ob. Germán. es una construcción anterior al desarrollo del pensamiento liberal. el Derecho Penal se convierte en una herramienta al servicio de aquellos que detentan el poder de turno. por cuanto. este se extendió.. 137.CONCLUSIONES 45 46 Ídem. encontrándonos nuevamente en una lesión al principio de igualdad. debido a la cláusula general que contiene “u otra autoridad en el ejercicio de sus cargos” la cual a través de una interpretación extensiva se aplica a los fiscales del ministerio publico.razonable que se otorgue a ciertos funcionarios públicos un derecho injustificado a la protección del que no gozan los demás miembros de la sociedad. que a un Carabinero. ECHEBERRIA RAMIREZ. Pero sin lugar a dudas llama más la atención el delito de desacato que se mantiene en el Código Penal. por cuanto. por el actualmente existente. . 265 y 268 del Código Penal y reemplazo del articulo 264. Pues no es lo mismo matar a un ciudadano de a pie. lo que se logra asegurando el pleno bienestar de los ciudadanos. Las graves contradicciones sistemáticas que se presentan en el Estado Democrático de Derecho lo que hacen es encubrir una seudo democracia formal cuasi autoritaria. no nos explicamos el porque de la mantención del delito de desacato en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar. con la participación de los mismos. a través de la ley Nº 20. en el caso de la mantención en el Código de Justicia militar. Posteriormente. 7. se logra otorgando mas facultades a las Policías y sancionando de manera especial los delitos comunes que se realicen en contra de estos funcionarios públicos. Algunos señalan. considerando que quienes desarrollan tareas de decisión y conducción política deben estar sujetos a un control ciudadano que se podría ver inhibido frente a la mayor severidad de las normas que sancionan el desacato45. lo que al parecer. En la historia de esta ley se desprende que lo mas importante para el Estado de Derecho moderno es el mantenimiento de orden publico. Sobre todo. si queremos que el Estado de Derecho no solo sea formalmente democrático.064. Sin embargo se mantuvo presente en el Código de Justicia Militar. por lo que debe extirparse del sistema contemporáneo de derecho penal. sino que mas importante sea legítimamente democrático. Por tanto.
por el efecto que produce el globalismo como manifestación negativa de la globalización. ya no solo su propia honra. El concepto de autoridad que contempla el Código Penal. cuesta. la legislación especial mantiene a los uniformados el privilegio de disponer de la acción penal publica para reaccionar contra quien de palabra o por escrito lesione. una idea anterior a la de inmunidad del individuo frente al Estado que es propia de los derechos ciudadanos. En cuanto al bien jurídico protegido por el delito de desacato. No se entiende en donde esta el mayor disvalor. . Pp. Por tanto. No se sabe si es el honor o el simple hecho de tratarse de una autoridad. tomando esta en el sentido de ultima ratio. 157. lo que lleva a su utilización por parte del Estado solo como herramienta de control del descontento que se produce por el sistema económico imperante. comprender por que hoy. lo que se demuestra con la no muy lejana inclusión de los Fiscales del Ministerio Público. Es de destacar la variada legislación nivel nacional que consagra este tipo. este no se encuentra debidamente especificado. La mantención de este delito ya sea en el derecho común o en la legislación marcial afecta claramente los derechos garantizados por la constitución como son la libertad de expresión y la igualdad ante la ley. por cuanto la protección necesaria a las personas en su esfera de intimidad ya esta protegida por tipos comunes como la injuria. como la especial. Finalmente. lo que si se entiende es que lo protegido no cuenta con las características materiales necesarias para considerarlo digno de protección penal. tanto la común. se presta para introducir una interpretación extensiva. el Derecho Penal de inspiración liberal pasa por una gran crisis en nuestro tiempo. llevando incluso a la derogación parcial ya expuesta del tipo de desacato en Chile. BIBLIOGRAFIA 47 Íbidem.      EL delito de desacato se inspira en la idea de sacralidad de las instituciones. lo que ha sido constatado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. como señala Carlos Peña. A su vez. a si como. la calumnia o las amenazas. sino también la de las instituciones armadas a las que pertenece47. es necesario realizar una seria y conciente adecuación de la legislación en materia penal. De esta manera llama la atención que existiendo un claro conocimiento de su carácter antidemocrático aun exista en el catalogo de delitos. en la que incluso se mantiene la jurisdicción de los tribunales militares que pueden llegar a juzgar a civiles. vulnerándose gran cantidad de las garantías contempladas en la Constitución y Tratados internacionales de Derechos Humanos.
“LEYES DE DESACATO Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN”. Sergio. Juan y HORMAZABAL MALAREE. “Lecciones de Derecho Penal Chileno. Carlos.or. Segunda edición. ECHEBERRIA RAMIREZ. “Adecuación de la Jurisdicción Penal Militar Chilena de Tiempo de Paz a los Estándares Internacionales de Derechos Humanos”. XXII. Revista Ius et Praxis. Análisis y propuestas para una reforma legal sustantiva”. Hernán.corteidh. RAMIREZ. Universidad de Talca. Jean Pierre. Hernán. Tatiana. Vol. Pp. 3. MATUS. PIEDRABUENA RICHARD. Jurídico de Chile. “La Libertad de información y la censura en Chile. “Oficio Nº 273” Ministerio Público. pp. . Magister en Derecho Penal. trabajo fue preparado en el contexto del Programa de acciones de interés público. 141-142 GONZALEZ.cl. De 5 de septiembre de 2002. número 001.cr/docs/casos/palamara/per_carlos. Guillermo. Ed. El autor es Profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y Coordinador del Foro Chileno de la Libertad de Expresión. Chile y Perú. En www. HORMAZABAL MALAREE. Editorial TROTTA. Madrid 1997. “Desacato en el Código de Justicia Militar: un inexplicable olvido en el debate democrático”. “Declaración caso Palamara www. Material de clases delito de Desacato. Felipe. Jorge. Santiago. Jean Pierre. Segunda edición actualizada. SILVA BASCUÑAN. Parte Especial”.uchile. Alejandro “Desacato a los fiscales del ministerio publico”. Revista de derecho. año 1992. PEÑA. junio 18 de 2004. que se desarrolla en la Universidad Diego Portales y otros centros académicos de Argentina. VARGAS. v/s Estado de Chile”. Aspectos Sustantivos y Procedimentales versión 2011-2012. MERA. María Cecilia. Germán. “Bien Jurídico y Estado social y Democrático de Derecho”.Nº 1 – Julio 2009.pdf. Lecciones de Derecho Penal.BUSTOS RAMIREZ. Editorial Jurídica CONOSUR. Año/volumen 6. POLITOFF.anuariocdh. Volumen I. Informe a solicitud de señor Fiscal Nacional del Ministerio Público don Guillermo Piedrabuena Richard. MATUS.
HISTORIA DE LA LEY Nº 20. PFEFFER URQUIAGA. Humberto. DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2005. año 1994. Tomo I”. DE 31 DE AGOSTO DE 2005.VERDUGO MARINKOVIC. Biblioteca del Congreso Nacional . Mario. Editorial Juridica de Chile.048. Emilio y NOGUEIRA ALCALA. “Derecho Constitucional. Segunda edición. QUE AUMENTA LAS PENAS EN LOS CASOS DE DELITOS DE MALTRATO DE OBRA A CARABINEROS CON RESULTADO DE MUERTE.064. QUE MODIFICA EL CODIGO PENAL Y EL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR EN MATERIA DE DESACATO. Biblioteca del Congreso Nacional HISTORIA DE LA LEY 20.
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