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Timestamp: 2018-02-23 16:20:24
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Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 53', 'Artículo 10', 'artículo 23', 'Artículo 11', 'Artículo 12']

Decreto 99/2013 de 28 de noviembre de 2013 por el que se atribuyen competencias en materia de cooperativas, sociedades laborales, trabajo, prevención de riesgos laborales y empleo - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO 99/2013, DE 28/11/2013, POR EL QUE SE ATRIBUYEN COMPETENCIAS EN MATERIA DE COOPERATIVAS, SOCIEDADES LABORALES, TRABAJO, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y EMPLEO. [2013/14945] (DOCM DEL 4 DE DICIEMBRE)
Capítulo I. De las competencias en materia de economía social y promoción del autoempleo (Arts. 1 y 2)
Art. 1. Atribución de competencias
Art. 2. Registro de sociedades laborales
Capítulo II. De las competencias en materia de relaciones laborales (Arts 3 al 8)
Art. 3. Atribución de competencias
Art. 4. Procedimientos de despidos colectivos, suspensión de contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción y de fuerza mayor
Art. 5. Convenios colectivos
Art. 6. Registro de Empresas de Trabajo Temporal
Art. 7. Registro de las actas electorales de órganos de representación de los trabajadores
Art. 8. Depósito de los estatutos de sindicatos de trabajadores y asociaciones profesionales y de funcionarios
Capítulo III. De las competencias en materia de prevención de riesgos laborales (Arts. 9 y 10)
Art. 9. Competencias del Consejo de Gobierno
Art. 10. Atribución de competencias
Capítulo IV. De las competencias sancionadoras en el orden social (Arts. 11 y 12)
Art. 11. Órganos competentes para sancionar
Art. 12. Órganos competentes para la instrucción
Esta atribución competencial supone una materialización de la competencia exclusiva que la Junta de Comunidades ostenta en materia de "Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno", en virtud del artículo 31.1.1ª del Estatuto de Autonomía.
El ejercicio de las competencias en dichas materias ha de atribuirse a los órganos que conforman la estructura orgánica de la Consejería. A este respecto, el Decreto 77/2006, de 6 de junio, por el que se atribuyen competencias en materia de cooperativas, sociedades laborales, trabajo y, prevención de riesgos laborales a los diferentes órganos de la Consejería de Trabajo y Empleo, modificado por Decreto 116/2007 de 10 de julio y por Decreto 103/2009 de 28 de julio, ya establece la atribución competencial a la que se ha hecho referencia en los citados ámbitos de manera específica, además de la atribución competencial que se ha efectuado por el mencionado Decreto 121/2012, de 2 de agosto, a la Consejería de Empleo y Economía. Sin embargo, a pesar de que en la normativa citada se regulan las competencias sancionadoras en materia laboral, no existe ninguna norma autonómica que determine, de forma concreta, los órganos encargados del ejercicio de la potestad sancionadora en materia de empleo. A su vez hemos de sumar la incidencia que en esta materia tiene la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional en Pleno, Sentencia 104/2013, de 25 de abril de 2013, que resuelve en Recurso de inconstitucionalidad 2095-2004, interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra varios artículos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, donde declara la nulidad del precepto legal que atribuye al Servicio Público de Empleo Estatal la competencia para sancionar las infracciones en materia de desempleo que regulan los
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social
Art. 24. Infracciones leves de los trabajadores o asimilados, beneficiarios y solicitantes de prestaciones
Art. 25. Infracciones graves de los trabajadores o asimilados, beneficiarios y solicitantes de prestaciones
artículos 24.3 y 25.4 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Empleo y Economía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 28/11/2013, Dispongo:
Artículo 1. Atribución de competencias.—1. Las competencias sobre el asesoramiento, promoción y difusión de las cooperativas y sociedades laborales, sin perjuicio de las funciones atribuidas a las Consejerías con competencias respecto de las cooperativas y sociedades laborales de carácter agrícola, ganadero y forestal, corresponde a los Servicios Periféricos de la Consejería competente en materia de trabajo en sus respectivos ámbitos provinciales, y a la Dirección General competente en materia de trabajo, en el ámbito superior al provincial.
Artículo 2. Registro de sociedades laborales.—La calificación, descalificación, inscripción y certificación de las sociedades anónimas laborales y de las sociedades laborales de responsabilidad limitada, en relación con el Registro de sociedades laborales de Castilla-La Mancha regulado en la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, adscrito a la Consejería competente en materia de trabajo, se encomienda a sus Servicios Periféricos, y sus funciones vendrán determinadas por el domicilio social de estas sociedades.
Artículo 3. Atribución de competencias.—1. Las competencias que la legislación en materia de trabajo atribuye a la autoridad laboral de ámbito provincial, corresponden a las personas titulares de los Servicios Periféricos de la Consejería competente en materia de trabajo.
Artículo 4. Procedimientos de despidos colectivos, suspensión de contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción y de fuerza mayor.—1. La competencia para realizar la totalidad de las actuaciones de intervención en los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y de reducción de jornada de trabajo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, corresponde a:
Artículo 5. Convenios colectivos.—1. El Registro y depósito de convenios colectivos, una vez registrados, que regula el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, se estructura, en el ámbito de las competencias asumidas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a nivel regional y provincial:
Artículo 6. Registro de Empresas de Trabajo Temporal.—El Registro de Empresas de Trabajo Temporal que contempla la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal y el Real Decreto 4/1995, de 13 de enero, que desarrolla la anterior, se encomienda a la Dirección General competente en materia de trabajo, si la empresa de trabajo temporal posee centros de trabajo en varias provincias de la región y, en caso contrario, a los Servicios Periféricos de la Consejería competente en materia de trabajo.
Artículo 7. Registro de las actas electorales de órganos de representación de los trabajadores.—El Registro, depósito y publicidad de las actas relativas a las elecciones de órganos de representación de los trabajadores en la empresa, que regula el Real Decreto 1844/1994, de 9 de setiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa, se atribuye a los Servicios Periféricos de la Consejería competente en materia de trabajo.
Artículo 8. Depósito de los estatutos de sindicatos de trabajadores y asociaciones profesionales y de funcionarios.—El depósito de los estatutos de los sindicatos de trabajadores y de las asociaciones profesionales y de funcionarios, reguladas en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en el Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de Estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, se encomienda a la Dirección General competente en materia de trabajo y a los Servicios Periféricos de la Consejería competente en materia de trabajo, según que el ámbito territorial de las citadas organizaciones sea superior o no al de la provincia, respectivamente.
Artículo 9. Competencias del Consejo de Gobierno.—Corresponde al Consejo de Gobierno acordar la suspensión de las actividades laborales por tiempo determinado o el cierre del centro de trabajo correspondiente, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 53 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 10. Atribución de competencias.—Las competencias que la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, atribuyen a la autoridad laboral, corresponderán en el ámbito de la Comunidad Autónoma a:
a) Las personas titulares de los Servicios Periféricos de la Consejería competente en materia de seguridad y salud laboral, las relativas a:
1º. La resolución de la impugnación de la paralización de los trabajos, de acuerdo con lo prevenido en los
Art. 21. Obligación del empresario cuando los trabajadores puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente
Art. 44. Orden de paralización de los trabajos si se produce inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales
artículos 21 y 44 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
2º. Requerimiento de la documentación que empresas y entidades deben poner a disposición de la autoridad laboral, reflejada en el artículo 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre y en los
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los servicios de prevención
Art. 15. Organización y medios de los servicios de prevención propios encargados de la actividad preventiva
Art. 20. Aspectos que deberá concertar el empresario con las empresas que desarrollen la actividad preventiva
Art. 21. Posibilidad de constituir servicios mancomunados que desarrollen actividades preventivas
Art. 31. Informe de auditoría que deberá tener la empresa auditada a disposición de la autoridad laboral y de los representantes de los trabajadores
artículos 15, 20, 21 y 31 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
1º. Acreditación, comprobación del mantenimiento de los requisitos y revocación de la acreditación de las entidades especializadas para actuar como Servicios de Prevención Ajenos, de acuerdo a los
Art. 23. Solicitud de acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas
Art. 24. Autoridad competente para conocer de las solicitudes de acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas
Art. 25. Procedimiento de acreditación
Art. 26. Mantenimiento de los requisitos de funcionamiento
Art. 27. Revocación de la acreditación
artículos 23 a 27 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
3º. Emisión de informe que recabe la autoridad laboral de otra Comunidad Autónoma a la Autoridad Laboral de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, en los procedimientos de acreditación de entidades especializadas para actuar como Servicios de Prevención Ajenos y autorización de personas y entidades especializadas para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención, de acuerdo a lo previsto en los
Art. 33. Autorización con la que deberán contar las personas o entidades especializadas que realicen auditorías de prevención de riesgos
artículos 25.3 y 33.3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
8º.Gestión del Registro para la inscripción de personas y entidades especializadas como auditoras de sistemas de prevención de riesgos laborales.
Artículo 11. Órganos competentes para sancionar.—1. La competencia para sancionar las infracciones previstas en el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, dentro del ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma que corresponden a la Dirección General competente en materia de trabajo, se atribuye a:
Artículo 12. Órganos competentes para la instrucción.—La instrucción de los procedimientos sancionadores derivados de las infracciones previstas en el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se atribuye a:
Disposición derogatoria única.—1. Queda derogado el Decreto 77/2006, de 6 de junio, por el que se atribuyen competencias en materia de cooperativas, sociedades laborales, trabajo y prevención de riesgos laborales a los diferentes órganos de la Consejería de Trabajo y Empleo.
Disposición final primera. Habilitación normativa.—Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia laboral para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo del presente decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.—El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.