Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2000/10/registro-oficial-20-de-octubre-del-2000
Timestamp: 2020-02-17 16:22:06
Document Index: 156227762

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 275', 'artículo 200', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 93', 'artículo 912', 'artículo 914']

Registro Oficial. 20 de OCTUBRE del 2000
REGISTRO OFICIAL No. 188
22\n - 549 Proyecto de Ley de Creación\n de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado - EMAPACH\n - del Cantón Chone
876 Autorizase la celebración\n del Convenio de Donación entre el Banco Internacional\n de Reconstrucción y Fomento, BIRF y la República\n del Ecuador, destinado a financiar la ejecución del Proyecto\n de políticas de protección del ozono y de fortalecimiento\n institucional
0025 Confórmase el Comité Asesor\n para el Desarrollo de la Isla Santay, CADIS
0027 Deléganse atribuciones al señor\n Director Nacional de Defensa Civil
- Expídese\n el Reglamento para la organización y funcionamiento\n de los colegios electorales para la designación de los\n miembros del Directorio del Instituto para el Ecodesarrollo Regional\n Amazónico
- Expídese\n el Reglamento Interno de los Tribunales Supremo y Provinciales\n Electorales
262\n - 2000\n Filancard S.A. en contra de Eduardo Albuja Palacios
263\n - 2000\n José Humberto Borja Moreno en contra de Segundo Hugo Balladares\n Alvarez y otra
265\n - 2000\n Mery de los Angeles Romo en contra de Wilfrido Vicente Arévalo\n Revelo
- Muerte presunta del\n señor Domingo Adalberto Quintana\n Palma (2da. publicación)
- Muerte presunta del\n señor Isidro Monar Vistin (2da.\n publicación)
- Muerte presunta del\n señor Pedro Guamán Pulupa\n (3ra. publicación)\n \n
NOMBRE: "DE CREACION DE LA EMPRESA\n MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - EMAPACH - DEL CANTON\n CHONE".
CODIGO: 22 - 549.
AUSPICIO: H. RAUL ANDRADE ARTEAGA.
INGRESO: 05 - 10 - 2000.
COMISION: DE DESCENTRALIZACION, DES-CONCENTRACION\n Y REGIMEN
\n SECCIONAL.
\n A COMISION: 10 - 10 - 2000.
Los habitantes del cantón Chone, en la provincia de\n Manabí, requieren superar en el menor tiempo posible,\n la crisis en la que se encuentran por falta de cobertura a todos\n los sectores y suministro de agua potable de calidad a las zonas\n que provee. El Centro de Rehabilitación de Manabí\n (CRM) no ha podido cumplir a cabalidad con esta finalidad.
Para cumplir con este objetivo se hace imprescindible contar\n con un organismo que tenga capacidad legal, técnica y\n financiera, capaz de atender satisfactoriamente a esta importante\n región de Manabí, en lo que concierne a la provisión\n de agua potable y alcantarillado.
Este proyecto transfiere responsabilidades de una institución\n del Estado a otra, con lo cual se pretende alcanzar autosuficiencia\n económica y financiera, para brindar a la comunidad un\n servicio eficiente de suministro de agua, al cual se podrían\n incorporar otros cantones en el futuro, dentro de esta área\n de influencia territorial.
N°\n 876
Que el Ecuador es signatario del Protocolo de Montreal, el\n mismo que fue ratificado mediante Decreto Ejecutivo No. 1429\n de 12 de abril de 1990, publicado en el Registro Oficial No.\n 420 de los mismos mes y año;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3289 de 28 de abril de\n 1992; publicado en el Registro Oficial No. 930 de 7 de mayo de\n los mismos mes y año, se designa al Ministerio de Industrias,\n Comercio, Integración y Pesca, como la entidad oficial\n ejecutora en el Ecuador del Protocolo de Montreal;
Que en la ciudad de Washington capital de los Estados Unidos\n de América, se firmará el Segundo Convenio de Donación\n para la conversión industrial de las empresas de los sectores\n de refrigeración, espumas flexibles y de un proyecto demostrativo\n de las alternativas para la sustitución del bromuro de\n metilo en el sector florícola, y otros proyectos; y,
En ejercicio de las atribuciones que le otorgan la Constitución\n y la ley,
Art. 1. - Autorizase la celebración del Convenio de\n Donación entre el Banco Internacional de Reconstrucción\n y Fomento, BIRF, actuando como fiduciario del Fideicomiso de\n Proyectos del Ozono establecidos por los signatarios del Protocolo\n de Montreal, y la República del Ecuador por la cantidad\n en varias monedas, equivalente a tres millones cuatrocientos\n seis mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América\n (US$ 3'406.000), destinada a financiar la ejecución del\n Proyecto de Políticas de Protección del Ozono y\n de Fortalecimiento Institucional.
Art. 2. - Facúltase al Ministro de Comercio Exterior,\n Industrialización y Pesca, para que a nombre y en representación\n de la República del Ecuador, suscriba con el BIRF, el\n Convenio de Donación cuya celebración se autoriza\n por medio del presente decreto.
Art. 3. - De la ejecución del presente decreto que\n entrará a regir desde la fecha de promulgación\n en el Registro Oficial, encárgase al Ministro de Comercio\n Exterior, Industrialización y Pesca.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 13 de octubre del\n 2000.
Que, el señor Presidente de la República, doctor\n Gustavo Noboa Bejarano, expidió el Decreto No. 610, el\n 26 de julio del 2000, en cuyo artículo primero dispone\n que los bienes inmuebles de la isla Santay de los cantones Guayaquil,\n Durán, Samborondón, sean destinados al desarrollo\n de un vasto plan ecológico, de recreación y turístico;
Que, a fin de cumplir este propósito es necesario establecer\n un mecanismo de coordinación entre las diferentes instituciones\n involucradas en el tema; y,
En uso de las atribuciones que le confiere la ley y los estatutos\n del Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
1. - Conformar el Comité Asesor para el Desarrollo\n de la Isla Santay, CADIS, presidido por el señor Ministro\n de Desarrollo Urbano - Presidente del Directorio del BEV -, o\n su delegado, en calidad de Presidente e incorporar como miembros\n del CADIS a los señores ministros de Ambiente, Turismo,\n Bienestar Social y Gobernador de la provincia del Guayas o sus\n delegados, así como al señor Gerente General del\n BEV, en calidad de representante legal.
2. - Disponer que el CADIS, prepare en el plazo de quince\n días calendario, desde la fecha en que se haya constituido,\n un programa de trabajo a fin de elaborar el Plan de Desarrollo\n de la Isla Santay, el mismo que contendrá lo siguiente:
a) Esquema general de objetivos y contenido de un Plan de\n Ordenamiento Territorial Sustentable de la Isla Santay;
b) Identificación de alternativas de gestión\n territorial de la isla Santay;
c) Procedimiento y selección de un organismo privado\n de reconocida capacidad técnica y operativa, que se encargará\n de la administración y ejecución de los planes\n y proyectos a desarrollarse en la isla Santay, mediante fiducia;\n y,
d) Otras que determine el Comité Asesor para el desarrollo\n de la isla Santay
Que, mediante Decreto Ejecutivo número 1367, emitido\n el 14 de octubre de 1999, el señor doctor Jamil Mahuad\n Witt, Presidente Constitucional de la República, encargó\n al Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, la dirección\n de las acciones necesarias para garantizar la protección\n de la ciudadanía, mientras dure el estado de alerta como\n consecuencia de la actividad del volcán Tungurahua; y,
Que, conforme lo dispone la Ley de Seguridad Nacional y su\n reglamento, es misión de la Defensa Civil precautelar\n la seguridad de la comunidad y garantizar la adecuada preparación\n de la población y de las instituciones que conforman el\n Sistema Nacional de Defensa Civil,
Art. 1. - Delegar al señor Director Nacional de Defensa\n Civil para que, en su nombre y en representación, suscriba\n la resolución del cambio de alerte de acuerdo con la recomendación\n emitida por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica\n Nacional y tome las acciones necesarias para garantizar la protección\n de la ciudadanía en tanto y en cuanto dure el estado de\n emergencia como consecuencia de la actividad del volcán\n Tungurahua.
Art. 2. - Para efecto de la delegación que se concede\n mediante este acuerdo, el señor Director Nacional de Defensa\n Civil actuará conforme lo dispone la Ley de Seguridad\n Nacional y su reglamento.
Art. 3. - Derógase el Acuerdo Ministerial número\n 30 del 16 de octubre de 1999, mediante el cual se declara la\n alerte naranja y se procede de inmediato a la evacuación\n de las poblaciones que se encontraban en alto riesgo en las cercanías\n del volcán Tungurahua.
Art. 4. - Derógase además el Acuerdo Ministerial\n No. 0021 del 11 de julio del 2000, en virtud del cual fue creado\n un "Comité Ejecutivo" en las provincias de Tungurahua\n y Chimborazo con el propósito de descentralizar las acciones\n simplificando y optimizando los recursos que benefician a la\n población afectada.
Art. 5. - De la ejecución del presente acuerdo ministerial\n encárguese el señor Director Nacional de Defensa\n Civil.
Dado en el despacho del señor Ministro de Desarrollo\n Urbano y Vivienda, en Quito, a los cinco días del mes\n de septiembre del año dos mil.
f) Valeria Jhayya, Secretaria General (E).
Fecha: 19 de septiembre del 2000.
Que, en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 6 y\n 10 del Art. 8 de la Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional\n Amazónico y Fortalecimiento de sus Organismos Seccionales;\n y de los literales d) y h) del Art. 16 del reglamento de la referida\n ley, deben renovarse los vocales principales y suplentes del\n Directorio del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico;\n y,
En uso de las atribuciones conferidas en el Art. 20, literal\n h) de la Codificación a la Ley de Elecciones y el Art.\n 18 del Reglamento de la Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional\n Amazónico, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral,
Expedir el Reglamento para la organización y funcionamiento\n de los colegios electorales para la designación de los\n miembros del Directorio del Instituto para el Ecodesarrollo Regional\n Amazónico.
Art. 1. - ÁMBITO. - Se sujetarán a este reglamento\n quienes por disposición de la Ley y el Reglamento del\n Fondo de Ecodesarrollo Regional Amazónico y Fortalecimiento\n de sus Organismos Regionales, deban integrar los colegios electorales\n para la designación de miembros del Directorio.
Art. 2. - COLEGIOS ELECTORALES. - Se integrarán como\n colegios electorales del ECORAE, para elegir los miembros determinados\n en los numerales 6 y 10 del Art. 8 de la Ley del Fondo para el\n Ecodesarrollo Regional Amazónico y Fortalecimiento de\n sus Organismos Seccionales; y de los literales d) y h) del Art.\n 16 del reglamento de la referida ley, los siguientes:
1.- Colegio Electoral formado por los representantes de las\n federaciones u organizaciones indígenas de la región\n amazónica; y,
2. - Colegio Electoral formado por los prefectos de las provincias\n amazónicas, para designar un miembro Prefecto Provincial\n de la región ante el ECORAE.
Art. 3. - Convocatoria a las Entidades. - Cuando se deba designar\n a uno o varios miembros de los colegios electorales señalado\n en el artículo anterior, el Tribunal Supremo Electoral\n convocará con ocho días de anticipación\n a la fecha de la elección, a las entidades llamadas a\n integrar el respectivo Colegio Electoral, con cuya acreditación\n solicitará la integración correspondiente.
La convocatoria se efectuará a través de una\n publicación, en uno de los diarios de mayor circulación\n nacional y se difundirá además por otros medios\n alternativos de comunicación, en la cual se indicarán\n las representaciones o entidades a las que se convocan; y, el\n lugar, día y hora de instalación del Colegio Electoral.
De no existir quórum a la hora señalada, el\n Colegio Electoral se instalará una hora después\n con el número de representantes de las entidades presentes.
Art. 4 - Registro. - Dentro de los días hábiles\n posteriores a la fecha de publicación de la convocatoria,\n hasta una hora antes de la instalación del respectivo\n Colegio Electoral; el Tribunal Supremo Electoral registrará\n a las entidades acreditadas y llamadas a participar en el proceso\n de designación; al igual que, a las personas que representarán\n a las mismas en dicho proceso.
Art. 5. - Impugnaciones. - El Tribunal Supremo Electoral,\n recibirá impugnaciones respecto de las entidades que hubieren\n solicitado su inscripción y/o de la acreditación\n de las personas que representen a tales entidades ante el Colegio\n Electoral correspondiente. En la misma audiencia resolverá\n previamente éstas, antes de dar paso a las designaciones;\n una vez instalado el Colegio Electoral.
Art. 6. - De las Pruebas. - Las pruebas deberán ser\n sustentadas con documentos probatorios suficientes.
Art. 7. - Registro de electores. - Cumplido lo señalado\n en los artículos precedentes, el Tribunal Supremo Electoral,\n resolverá sobre el registro de electores, integrado por\n las entidades y representantes legalmente inscritos como miembros\n de los colegios electorales.
Art. 8. - De la presentación de candidaturas. - Los\n colegios electorales, por intermedio de sus representantes inscritos,\n presentarán candidatos dentro de la respectiva sesión.
Art. 9. - Requisitos para la postulación. -\n Para ser propuesto como candidato por cualesquiera de los representantes\n de los colegios electorales, el postulado deberá reunir\n además de los requisitos determinados en la ley y reglamento\n de la materia; los siguientes:
a). - Ser ecuatoriano;
b). - Estar en goce de los derechos políticos,
c). - No tener impedimento legal alguno para ejercer cargo\n público; y,
d). - Los demás señalados por la ley.
Art. 10. - Discernimiento de las candidaturas. - El Tribunal\n expondrá ante el Colegio Electoral correspondiente, las\n candidaturas presentadas, a fin de que en la misma sesión\n se puedan presentar impugnaciones y resolverá sobre la\n idoneidad legal de los candidatos en base de las pruebas de cargo\n y descargo que se hubieren presentado.
Art. 11. - Designaciones. - En el día, lugar y hora\n previstos en la convocatoria, los respectivos colegios electorales,\n procederán a designar a los miembros del ECORAE, un principal\n y un suplente.
Art. 12. - De las sesiones de los colegios electorales. -\n Todas las sesiones de los colegios electorales serán convocadas\n y dirigidas por el Tribunal Supremo Electoral, cuyas resoluciones\n causarán ejecutoria.
Art. 13. - Motivación. - Las resoluciones que adopte\n el Tribunal Supremo Electoral y los colegios electorales, en\n la designación de los miembros del ECORAE, serán\n suficientemente motivadas, conforme lo prescribe el numeral décimo\n tercero del artículo 24 de la Constitución Política\n de la República.
Art. 14. - De la posesión y notificaciones de designaciones.\n - El Tribunal. Supremo Electoral, una vez que se haya procedido\n a la designación de los miembros de cada Colegio Electoral;\n los posesionará en la fecha que el organismo señale,\n de todo lo cual levantará una acta y comunicará\n a las autoridades y organismos competentes.
Art. 15. - En todo lo que no estuviere previsto en el presente\n reglamento, servirán como normas supletorias: la codificación\n de la Ley de Elecciones, el Reglamento General de la misma ley;\n y, demás disposiciones legales vigentes aplicables.
Art. 16. - En caso de dudas o controversias, éstas\n serán resueltas por el Tribunal Supremo Electoral.
DISPOSICION FINAL - El presente reglamento entrará\n en vigencia desde la fecha de expedición sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en la sala de sesiones del Pleno del Tribunal Supremo\n Electoral, en sesión del día de hoy once de octubre\n del 2000.
RAZON. - Siento por tal, que el presente reglamento fue aprobado\n por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión\n de once de octubre del dos mil. - Lo certifico.
f) Dra. Janina Naranjo López, Secretaria General del\n T.S.E. (E).
f.) El Secretario General (E).
Que mediante Resolución No. 25, publicada en el Registro\n Oficial No. 139 de 11 de agosto del 2000, el Consejo Nacional\n de Remuneraciones del Sector Público, resuelve aprobar\n la Escala de sueldos básicos, gastos de representación\n y residencia para los servidores y vocales de los Tribunales\n Supremo y Provinciales Electorales;
Que existen normas constitucionales, legales y reglamentarias,\n que obligan a que la reglamentación interna de la Función\n Electoral guarde relación con dichas disposiciones; y,
El Tribunal Supremo Electoral, en uso de las atribuciones\n legales contenidas en los artículos 18 y 20, literal q)\n de la Codificación de la Ley de Elecciones, publicada\n en el Registro Oficial No. 117 del 11 de julio del 2000,
Expedir el siguiente Reglamento Interno de los Tribunales\n Supremo y Provinciales Electorales.
DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS TRIBUNALES SUPREMO Y\n PROVINCIALES ELECTORALES
Art. 4. - Para dar cumplimiento a los preceptos contenidos\n en la Codificación de la Ley de Elecciones, los Tribunales\n Electorales, adoptarán el sistema de sesiones de Pleno\n y de Comisiones.
Art. 2. - Al Tribunal Supremo Electoral le compete:
a) Designar, de entre sus vocales, Presidente y Vicepresidente\n del organismo, quienes durarán dos años en sus\n funciones, pudiendo ser reelegidos;
b) Implantar su propio sistema de administración y\n desarrollo de personal, aprobar normas para el buen funcionamiento\n administrativo y financiero interno de los organismos electorales\n y nombrar al Secretario - Abogado del Tribunal y a los funcionarios\n y empleados de la administración;
c) Organizar los Tribunales Provinciales Electorales, supervigilar\n su funcionamiento y reorganizarlos total o parcialmente si estimare\n necesario;
d) Elaborar los padrones electorales;
e) Aprobar el presupuesto general de cada ejercicio económico\n así como los presupuestos electorales especiales, para\n cada proceso, y sus respectivas disposiciones generales, los\n mismos que entrarán en vigencia y aplicación inmediata\n sin ningún otro requisito. Estos presupuestos serán\n en base a las partidas globales generales que consten en el Presupuesto\n General del Estado para la Función Electoral;
f) Convocar a elecciones, realizar los escrutinios definitivos\n en las de Presidente y Vicepresidente de la República\n y representantes ante el Parlamento Andino y proclamar los resultados;
g) Convocar a los colegios electorales integrados por los\n alcaldes municipales y los prefectos provinciales; por las centrales\n de trabajadores y las organizaciones indígenas y campesinas\n de carácter nacional; y, por las cámaras de la\n producción legalmente reconocidas, que de acuerdo con\n el reglamento deben designar las temas de candidatos de las que,\n el Congreso Nacional elegirá un Vocal principal y un suplente\n por cada colegio electoral, para que integre el Tribunal Constitucional,\n de conformidad con el artículo 275 de la Constitución\n Política de la República;
h) Convocar a colegios electorales, nominadores o designadores\n previstos por la Constitución, leyes especiales o reglamentos\n generales de aplicación de leyes vigentes, que de acuerdo\n con el reglamento deban designar temas o nominar candidatos para\n la integración de cuerpos colegiados de conformidad con\n la ley.
i) Convocar a consulta popular, realizar los escrutinios definitivos\n y proclamar los resultados;
j) Imponer las sanciones que sean de su competencia, conforme\n a lo previsto en esta ley;
k) Señalar el plazo dentro del cual los Tribunales\n Provinciales han de imponer las sanciones previstas en esta ley,\n luego de concluido cada proceso de elección, consulta\n popular y proceso de revocatoria del mandato;
l) Velar porque la propaganda electoral se realice con toda\n corrección de acuerdo a la ley;
m) Resolver en única instancia, las quejas que se presentaren\n contra las autoridades civiles, en materia electoral;
n) Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones de\n la presente ley, de la de Partidos Políticos y de la Ley\n Orgánica de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda\n Electoral y de sus reglamentos;
o) Dictar los reglamentos necesarios para establecer el Sistema\n de Administración de Recursos Humanos y determinar el\n Régimen de Sanciones Administrativas aplicables al personal\n de la organización electoral;
p) Dictar las disposiciones necesarias para establecer el\n régimen de sanciones y multas a los ciudadanos, en caso\n de infracciones a esta ley;
q) Regular su régimen de sesiones y dictar los demás\n reglamentos que se requiera para el funcionamiento administrativo,\n financiero, presupuestario y técnico de los organismos\n electorales;
r) Determinar las normas a las que han de sujetarse los servidores\n de la organización electoral, conforme a los principios\n del derecho público administrativo, si son funcionarios\n o empleados; o para los que están sujetos a la legislación\n laboral; y,
s) Ejercer todas las demás atribuciones señaladas\n en la ley y reglamentos vigentes.
Art. 3. - A los Tribunales Provinciales Electorales les corresponde:
a) Designar Presidente y Vicepresidente, de entre sus vocales;
b) Nombrar al Secretario del Tribunal que preferentemente\n será abogado y a los demás funcionarios y empleados\n de administración;
c) Dirigir y vigilar, dentro de su jurisdicción, los\n actos electorales; impartir las instrucciones necesarias para\n su correcta realización, cumplir y hacer cumplir las órdenes\n emanadas del Tribunal Supremo Electoral;
d) Realizar los escrutinios de las elecciones unipersonales\n y pluripersonales que correspondan a la respectiva provincia,\n convocar y escrutar los resultados de las consultas populares\n provinciales y proceso de revocatoria del mandato de su respectiva\n jurisdicción; así como los escrutinios provinciales\n de las elecciones realizadas en la misma para Presidente y Vicepresidente\n de la República, representantes ante el Parlamento Andino\n y Consulta Popular Nacional;
e) Resolver sobre las reclamaciones que formulen los sujetos\n políticos acerca de irregularidades anotadas en el proceso\n electoral;
f) Designar vocales de las juntas receptoras del voto;
g) Imponer las sanciones que sean de su competencia, conforme\n a lo previsto en esta ley; y,
h) Ejercer todas las demás atribuciones que se encuentren\n señaladas en la ley y reglamentos.
Art. 4. - Los Tribunales Supremo y Provinciales Electorales\n sesionarán ordinaria y extraordinariamente, y las presidirá\n el Presidente o quien lo reemplace legalmente.
Las sesiones ordinarias se realizarán tres días\n a la semana de martes a jueves, de conformidad al horario que\n acuerde el Pleno del Organismo Electoral. Las sesiones podrán\n suspenderse y reinstalarse al día siguiente.
Las sesiones extraordinarias tendrán lugar cuando sean\n convocadas por el Presidente, con anticipación de 24 horas\n por propia iniciativa o a solicitud de cuatro vocales por lo\n menos, a excepción de que por unanimidad de los 7 vocales\n resuelvan sesionar extraordinariamente.
En las sesiones extraordinarias se tratarán única\n y exclusivamente los asuntos determinados en el orden del día,\n salvo que el Tribunal con el voto afirmativo de los siete vocales,\n resuelva agregar otros asuntos.
Las sesiones de las Comisiones Permanentes: Jurídica,\n Económica y Técnica se realizarán dos días\n a la semana, lunes y viernes, o cuando el caso lo amerite.
El Secretario cuidará de determinar con precisión\n el orden del día, formulado por el Presidente del Organismo\n Electoral.
El quórum resolutivo para las sesiones de los Tribunales\n Supremo y Tribunales Provinciales Electorales será con\n la presencia de por lo menos cuatro vocales.
Las decisiones de los organismos electorales se adoptarán\n con el voto válido de por lo menos cuatro de sus miembros.
Las sesiones las dirige el Presidente, en su ausencia el Vicepresidente\n y ocasionalmente el Vocal que se designe, cuando falten tales\n dignatarios.
A las sesiones asistirán los vocales y cuando fuere\n necesario, los funcionarios que el Tribunal requiera.
Art. 5. - Las sesiones del Tribunal, tanto ordinarias como\n extraordinarias, son reservadas, sin embargo el Tribunal, a petición\n de cuatro vocales puede declararlas públicas.
Los vocales serán convocados en forma oportuna y con\n el orden del día respectivo.
Art. 6. - El Tribunal puede constituirse en comisión\n general para escuchar a personas naturales o jurídicas\n que lo soliciten.
Las intervenciones en comisión general durarán\n el tiempo que determine el Pleno del Tribunal.
Art. 7. - En las sesiones reservadas no se admitirán\n en el recinto en que funcione el Tribunal, medios de difusión,\n con excepción de las sesiones para escrutinios que siempre\n son públicas y pueden ser difundidas.
De lo tratado en las sesiones reservadas, puede dar información\n a los medios de comunicación social, el Presidente, Vicepresidente\n o los vocales en su caso.
Art. 8. - Cualquier Vocal puede presentar una moción\n y para discutirse no necesita de apoyo.
Art. 9. - Los vocales concurrentes votan por las resoluciones:\n éstas se adoptan con el voto conforme de la mayoría,\n que se logra con 4 en 6 ó 7 y con 3 en 4 ó 5 votantes.
En caso de empate, se repite la votación y de persistir\n el empate, decide el voto de quien preside la sesión.
La votación es nominal y puede ser secreta, a petición\n de cuatro vocales por lo menos.
Art. 10. - Los vocales que no hayan intervenido en la discusión\n tienen derecho a razonar su voto, utilizando un tiempo máximo\n de 10 minutos.
Art. 11. - Mientras se discute una moción no puede\n proponerse otra ni tratar asuntos diferentes a ella, sino en\n los casos siguientes:
a) Cuando es una moción previa;
b) Cuando implique modificación, siempre que lo acepte\n el proponente; y,
c) Para pedir que pase a comisión.
Estas mociones tienen prioridad según el orden expresado\n y si hay duda de si es previa o modificatoria, el Tribunal lo\n resolverá por mayoría de votos y sin debate.
Art. 12. - Los vocales pueden intervenir en la discusión\n de cada asunto hasta por tres ocasiones: en la primera pueden\n exponer hasta por cinco minutos y en las subsiguientes hasta\n por tres minutos.
Art. 13. - Las resoluciones del Tribunal se tramitarán\n sin necesidad de la aprobación del acta de la sesión\n en que se hubiesen adoptado, salvo resolución en contrario.
Art. 14. - Las reconsideraciones necesitan del voto favorable\n de 5 vocales de 7 ó 4 de 6 y puede proponérselas\n en la misma sesión o en la siguiente.
Prohíbese la reconsideración de lo reconsiderado,\n salvo que sea por unanimidad, con la presencia de los siete vocales.
Art. 15. - Los vocales suplentes respectivos reemplazarán\n a los principales de conformidad con lo dispuesto en el artículo\n 168 de la Codificación de la Ley de Elecciones.
Art. 16. - Existen tres comisiones permanentes: Jurídica,\n Económica y Técnica, pudiéndose designar\n comisiones especiales cuando el Tribunal estime conveniente.
Art. 17. - Cada una de las comisiones estará conformada\n con tres vocales, de los cuales uno la presidirá.
Art. 18. - Los vocales del Tribunal que no formen parte de\n las comisiones, pueden pedir que se les integre, para el estudio\n de un asunto determinado, con voz informativa.
Art. 19. - Cuando la Comisión presente más de\n un informe, el Tribunal conocerá tanto el de mayoría\n como el de minoría y se pronunciará aceptando uno\n de ellos.
DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
Art. 20. - Son funciones del Presidente:
a) Representar oficialmente al Tribunal Supremo Electoral;
b) Convocar a sesiones del Tribunal, instalarlas una vez que\n haya quórum, presidirlas y clausurarlas;
c) Organizar y dirigir los trabajos del Tribunal, distribuyéndolos\n entre las comisiones;
d) Dirigir el debate, precisando el orden en que deban discutirse\n los asuntos, ordenar la votación, disponer que se proclame\n el resultado y su rectificación a pedido de un Vocal;
e) Firmar con el Secretario las actas de sesiones del Tribunal\n Supremo Electoral;
f) Presentar el informe anual de labores ante el Pleno del\n organismo y suscribir el informe que será remitido al\n Congreso Nacional;
g) Formular el orden del día de las sesiones del Pleno\n y disponer al Secretario General lo pertinente; y,
h) Ejercer las demás atribuciones que le señala\n la Constitución Política del Estado, las leyes\n y reglamentos.
DEL VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
Art. 21 - Son funciones del Vicepresidente:
a) Subrogar al Presidente del Tribunal Supremo Electoral en\n los casos señalados en la ley y el reglamento;
b) Participar de las decisiones que como Vocal del Tribunal\n Supremo Electoral, le corresponde cumplir; y,
c) Las demás determinadas en las disposiciones legales\n y reglamentarias.
DE LA SECRETARIA GENERAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
Art. 22. - Son funciones de la Secretaría General:
a) Dar fe de los actos que realice el organismo, asegurando\n oportunidad y reserva en el manejo de la documentación\n oficial, además, certificará la autenticidad de\n copias, compulsas o reproducción de documentos oficiales;
b) Preparar y redactar las actas de las sesiones del organismo\n y suscribirlas con su Presidente, una vez aprobadas, además\n preparar y redactar las resoluciones y suscribirlas;
c) Suscribir la correspondencia de trámite y/o la que\n disponga el Pleno del Tribunal;
d) Registrar las resoluciones emanadas del Pleno del organismo\n y llevar un libro de las mismas, en coordinación con el\n grupo de trabajo de actas;
e) Convocar, previa disposición del Presidente del\n Tribunal Supremo Electoral a las sesiones ordinarias y extraordinarias\n del Pleno del organismo;
f) Elaborar, de acuerdo a instrucciones del Presidente, el\n orden del día correspondiente a las sesiones y entregarlo\n a los vocales, en el momento de la convocatoria;
g) Comunicar las resoluciones del Tribunal a: directores,\n jefes departamentales, personas naturales o jurídicas\n y Tribunales Provinciales de acuerdo a su contenido;
h) Colaborar con funciones de secretariado en las comisiones\n especiales, cuando así lo disponga el Pleno del Tribunal;\n e,
i) Las demás que señalen las leyes, reglamentos,\n resoluciones o las asignadas por las autoridades competentes.
Art. 23. - Son funciones de la Prosecretaría:
a) Coordinar sus tareas con la Secretaría General y\n colaborar en la planificación, organización, ejecución\n y control de sus actividades; y,
b) Asumir las funciones propias de la Secretaría General\n en caso de ausencia del titular.
Si falta el Secretario y Prosecretario, el Tribunal designará\n a la persona que ejerza las funciones de Secretario en forma\n ocasional, mientras dure la ausencia de aquellos.
DEL PRESIDENTE DE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES ELECTORALES
Art. 24. - Son funciones del Presidente:
a) Representar al Tribunal Provincial Electoral de acuerdo\n con las disposiciones legales establecidas;
b) Presidir el Pleno del Tribunal Provincial Electoral;
c) Representar al Pleno del Organismo Provincial en la convocatoria\n a elecciones en su jurisdicción;
d) Presentar el informe anual de labores ante el Pleno, conjuntamente\n con el Secretario General; y,
e) Las demás establecidas en leyes y reglamentos vigentes\n y las que les asigne el Tribunal en Pleno, tanto del Supremo\n como del Provincial.
DEL VICEPRESIDENTE DE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES ELECTORALES
Art. 25. - Son funciones del Vicepresidente:
a) Subrogar al Presidente del Tribunal Provincial Electoral\n en los casos señalados en la ley y su reglamento;
b) Participar en decisiones que como Vocal del Tribunal Provincial\n Electoral le corresponde cumplir; y,
DE LOS SECRETARIOS DE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES ELECTORALES
Art. 26. - Son funciones de los Secretarios de los Tribunales\n Provinciales Electorales a más de las contenidas en las\n disposiciones legales y reglamentarias, las siguientes:
a) Dar fe de los actos de los Tribunales Provinciales Electorales;
b) Llevar el archivo de documentos, resoluciones y actas de\n las sesiones de los Tribunales Provinciales Electorales;
c) Notificar con las resoluciones dictadas por el Presidente\n y el Pleno de los organismos electorales; y,
d) Las demás contempladas en la Ley de Elecciones y\n su reglamento.
LICENCIAS, VACACIONES Y SUBROGACIONES
Art. 27. - Las licencias a las que tienen derecho los vocales\n de los Tribunales Supremo y Provinciales Electorales son las\n siguientes: licencia con sueldo y licencia sin sueldo, las que\n serán autorizadas por el Pleno del organismo respectivo.
Tendrán derecho a licencia con sueldo en los siguientes\n casos:
a) Por enfermedad hasta sesenta días cada año;
b) Por maternidad doce semanas;
c) Por calamidad doméstica hasta por ocho días;\n y,
d) Por invitaciones oficiales o comisiones que correspondan\n a sus funciones por el tiempo que duren las mismas.
Licencia sin sueldo:
Los vocales de los Tribunales Supremo y Provinciales Electorales,\n gozarán de licencia sin sueldo hasta por ciento ochenta\n días calendario al año, exceptuándose para\n la presentación de servicios en otras instituciones del\n sector público.
Art. 28. - VACACIONES: Tendrán derecho a 30 días\n de vacaciones después de once meses por lo menos de servicio\n continuo, contados a partir del 10 de agosto del 2000, fecha\n desde la cual rige la Resolución N0 25 expedida por el\n CONAREM.
Art. 29. - SUBROGACIONES. - Cuando por resolución del\n Pleno de un Organismo Electoral, el Vicepresidente o un Vocal\n deba subrogar temporalmente al Presidente, percibirá la\n diferencia de la remuneración que corresponda al puesto\n de Presidencia por el tiempo que dure el reemplazo.
Art. 30.- Cuando por resolución del Pleno de un Organismo\n Electoral, un Vocal Suplente, deba reemplazar temporalmente a\n un Vocal Principal, percibirá la remuneración que\n corresponda al puesto de Vocal por el tiempo que dure el reemplazo.
Art. 31. - INHABILIDADES. - Los vocales del Tribunal Supremo\n y Provinciales Electorales estarán incursos en las siguientes\n inhabilidades, causa por las cuales no podrán desempeñar\n estas funciones:
a) Los funcionarios y empleados de libre nombramiento y remoción\n del Ejecutivo no podrán integrar los Tribunales Electorales;
b) Los demás servidores públicos, excepto que\n obtengan licencia con o sin sueldo, para prestar sus servicios\n en los Tribunales Electorales, previo a su posesión;
c) Por el hecho de haber caducado su nombramiento al tenor\n del Art. 167 de la Codificación a la Ley de Elecciones;
d) Si formaren parte de la directivas nacionales o provinciales\n de las organizaciones políticas, según el caso;\n y,
e) Las demás que estipule el ordenamiento jurídico\n vigente.
Art. 32. - PROHIBICIONES. - Los vocales de los Tribunales\n Electorales están sujetos a las siguientes prohibiciones:
a) Intervenir en contiendas o procesos electorales;
b) Dejar de asistir a tres sesiones ordinarias consecutivas,\n sin causa de justificación;
c) Hacer proselitismo o propaganda política durante\n el ejercicio de sus funciones;
d) Contravenir lo dispuesto en la Ley de Elecciones; y,
e) Las demás determinadas en el ordenamiento jurídico\n vigente.
Art. 33. - LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION.- Los vocales de\n los Tribunales Provinciales Electorales, ostentarán estas\n dignidades durante el período de duración de las\n funciones para las cuales fueron designados, pero serán\n de libre nombramiento y remoción, es decir que el Pleno\n del Tribunal Supremo Electoral en cualquier época y en\n base a la facultad consagrada en el Art. 20 literal c) de la\n codificación de la Ley de Elecciones puede reorganizar,\n total o parcialmente un Tribunal Provincial, ya que son designaciones\n de confianza y representación de las organizaciones políticas,\n conforme prescribe el Art. 22 de la Ley de Elecciones.
Las designaciones no están sujetas a la Ley de lo Contencioso\n Administrativo, Art. 6, literal d); ni a la Ley de Servicio Civil\n y Carrera Administrativa, Art. 3, literales c) y e), respectivamente,\n por exclusión expresa.
No se emitirán acciones de personal con nombramiento\n sino credenciales certificadas por Secretaria General de las\n resoluciones de designación.
Art. 34. - CAUSAS DE REORGANIZACION PARCIAL O TOTAL. - Son\n causas de reorganización parcial o total de los Tribunales\n Provinciales Electorales, las siguientes:
a) Por petición del Vocal que auspicia la designación;
b) Por incumplimiento de la ley, los reglamentos o resoluciones\n del Tribunal Supremo Electoral;
c) Por el cometimiento de infracciones electorales; y,
d) Por otras causas determinadas en la ley.
Art. 35. - HORARIO. - Los Tribunales Electorales laborarán\n en una o dos jornadas de ocho horas diarias, en el horario que\n el Pleno determine; por tanto, las sesiones ordinarias y de comisiones\n se realizarán dentro de este horario, lo cual se probará\n con el control de asistencia a sesiones ordinarias, extraordinarias\n y de las comisiones permanentes y especiales así como\n los informes que emitan, sea de mayoría o minoría.
Los Presidentes de los Tribunales Electorales están\n sujetos a las disposiciones legales y reglamentarias inherentes\n a la dignidad que ostentan.
Art. 36. - ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES. - Las Comisiones\n Permanentes tendrán las atribuciones señaladas\n en el Reglamento Orgánico Funcional; y, las Especiales,\n las que les asigne el Pleno de cada Organismo Electoral expresamente.
Art. 37. - PROHIBICION DE PLURIEMPLEO. - De conformidad con\n el Art. 125 de la Constitución se prohibe el pluriempleo,\n razón por la cual, los vocales de los Tribunales Supremo\n y Provinciales Electorales no podrán tener ni ocupar dos\n funciones públicas, peor aún podrán percibir\n dos remuneraciones en forma simultánea en instituciones\n del sector público.
PRIMERA. - Los vocales de los Tribunales Supremo y Provinciales\n Electorales, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 122 de\n la Constitución Política de la República\n al inicio de su gestión, previo a la posesión de\n sus cargos están obligados a presentar una declaración\n patrimonial juramentada, debidamente notarizada y luego de finalizar\n su gestión en un plazo máximo de 60 días\n deberán presentar una declaración patrimonial juramentada\n en la forma prevista en el Acuerdo N0 022 - CG, expedido por\n la Contraloría General del Estado y publicado en el Registro\n Oficial N0 119 de 13 de julio del 2000.
Estas declaraciones deberán presentarse en la respectiva\n Secretaría de cada Tribunal y en Contraloría.
SEGUNDA. - En cumplimiento a la disposición Constitucional\n contenida en el Art. 125 de la Constitución Política,\n ningún Vocal de los Tribunales Supremo y Provinciales\n Electorales desempeñarán más de un cargo\n público. Sin embargo los docentes universitarios podrán\n ejercer la cátedra si su horario lo permite.
TERCERA. - De conformidad con lo prescrito en el Art. 3 de\n la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, los vocales\n de los Tribunales Supremo y Provinciales Electorales, no están\n comprendidos en el Servicio Civil.
PRIMERA. - Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art.\n 125 de la Constitución, los vocales de los Tribunales\n Supremo y Provinciales Electorales en un plazo no mayor a treinta\n días a partir de la aprobación del presente reglamento,\n deberán obtener la licencia con o sin sueldo en el caso\n de encontrarse desempeñando otro cargo público;\n aclarando que en ningún caso podrán percibir dos\n remuneraciones en forma simultánea en instituciones del\n sector público, a partir del l de agosto del 2000.
SEGUNDA. - Este reglamento se aplicará desde la fecha\n de vigencia señalado en el Art. 4 de la Resolución\n N0 25 del Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público.
DISPOSICION FINAL - Se dispone la publicación del presente\n reglamento en el Registro Oficial.
DEROGATORIA. - Se deroga el Reglamento Interno, publicado\n en el Registro Oficial N0 701 del 30 de octubre de 1978 y sus\n reformas.
Dado en la sala de sesiones del Tribunal Supremo Electoral,\n a los 27 días del mes de septiembre del 2000.
RAZON. - Siento por tal, que el presente Reglamento Interno\n del Tribunal Supremo y Tribunales Provinciales Electorales, constante\n en 13 fojas útiles, fue aprobado por el Pleno del Tribunal\n Supremo Electoral en sesión del 27 de septiembre del 2000.\n - Lo certifico.
f) Dra. Janina Naranjo López, Secretaria General del\n Tribunal Supremo Electoral (E).
Quito, 5 de octubre del 2000.
No. 262\n - 2000
ACTOR: Filancard S.A.
DEMANDADO: Eduardo Albuja Palacios.
Quito, julio 27 del 2000; las 10h35.
VISTOS: Interpone recurso de casación el abogado Cristóbal\n Pogo Romero, Procurador Judicial de la Filial Latinoamericana\n de Tarjetas de Crédito Filancard S.A., mandataria de Filanbanco\n que es miembro principal de Visa Internacional. La impugnación\n al auto resolutorio dictado por la Cuarta Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Guayaquil, que el recurrente llama sentencia,\n en el juicio de medidas preventivas seguido por Filancard S.A.,\n contra Eduardo Albuja Palacios. Resolución en la cual\n la Sala confirma el auto resolutorio dictado por el Juez Sexto\n de lo Civil de Guayaquil, reformándolo en el sentido que\n se condena al actor abogado Cristóbal Pogo Romero, en\n su calidad de Procurador Judicial de la Filial Latinoamericana\n de Tarjetas de. Crédito, Filancard S.A. Como el juicio\n se encuentra en estado de resolución, para hacerlo, se\n considera: PRIMERO. - La Sala es competente para conocer el recurso\n interpuesto en virtud de la disposición constitucional\n constante en el artículo 200, que está en relación\n con el artículo 1 de la Ley de Casación, toda vez\n que el juicio fue sorteado el 4 de diciembre de 1995 y concedido\n el recurso mediante auto de 26 de octubre de 1995, toda vez que\n el artículo 2 de la Ley de Casación antes de su\n reforma, disponía que el recurso procede contra las sentencias\n y autos que pongan fin a los procesos dictados por las cortes\n superiores y los tribunales distritales de apelación;\n de las sentencias y autos que pongan fin a los procesos que no\n son susceptibles de impugnación por medio del recurso\n de apelación; y, las providencias que, dictadas para ejecutar\n sentencias, resuelven puntos esenciales no controvertidos en\n el juicio ni decididos en el fallo, o que contradigan lo ejecutoriado.\n SEGUNDO. - El recurrente estima que se han infringido los artículos\n 277, 938 y 1067 del Código de Procedimiento Civil. Funda\n su recurso en los numerales primero, segundo, tercero y cuarto\n del artículo 3 de la Ley de Casación, por cuanto\n la sentencia apelada le causó agravio al condenarse al\n pago de daños y perjuicios, por una errónea interpretación\n de normas procesales y decidirse en el proceso un hecho no controvertido,\n viciando al proceso de nulidad insanable, por lo que para dar\n cumplimiento a lo que dispone el numeral cuarto del artículo\n 6 de la Ley de Casación, fundamenta el recurso en los\n siguientes términos: a) Que presentó demanda de\n providencias preventivas en contra de Eduardo Albuja Palacios,\n pidiendo el secuestro preventivo de los bienes muebles de propiedad\n del demandado, compareciendo al proceso el demandado dándose\n por citado, trabándose la litis. Que el precepto constitucional\n que encarna el artículo 93 de la Constitución de\n que el sistema procesal en un medio para la realización\n de la justicia, al que no se oponen las normas del Código\n de Procedimiento Civil, que al condenarse a su representada al\n pago de daños y perjuicios, punto no controvertido, sobre\n el cual el Juez se pronuncia erróneamente sobre una situación\n que el demandado debía probar en otro juicio. Que hay\n violación de los preceptos procesales, ya que los perjuicios\n hay que probarlos. Que hay errada interpretación del articulo\n 938 del Código de Procedimiento Civil, sosteniendo que\n para que la responsabilidad esté comprometida es preciso\n que el daño se haya causado. Que la disposición\n erróneamente interpretada dice en la parte pertinente:\n "y el solicitante pagará además, los daños\n y perjuicios que tales órdenes hubiesen causado al deudor";\n que no procede el pago de daños y perjuicios, por no haberse\n realizado el secuestro de bienes dispuesto en providencia de\n marzo 22 de 1994. TERCERO. - La Sección XXVII del Código\n de Procedimiento Civil, que trata de las "Providencias preventivas"\n dice en su artículo 912: "Que puede una persona,\n antes de presentar su demanda en cualquier estado del juicio,\n pedir el secuestro o la retención de la cosa sobre la\n que se va a litigar o se litiga o de bienes que aseguren el crédito".\n En el artículo 914 se indica que para que se ordene el\n secuestro o la retención, es necesario: 1) Que se justifique,\n con prueba instrumental, la existencia del crédito; y,\n 2) Que se pruebe que los bienes del deudor se hallan en tan mal\n estado, que no alcanzarán a cubrir la deuda, o que puedan\n desaparecer u ocultarse, o que el deudor trata de enajenarlos.\n