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Timestamp: 2019-10-17 03:17:50
Document Index: 232066873

Matched Legal Cases: ['artículo 1031', 'artículo 1025', 'artículo 1030', 'artículo 1025', 'artículo 1025', 'e contrario', 'artículo 1025', 'artículo 1025', 'artículo 1032']

﻿ SENTENCIA 4832 DE JUNIO 30 DE 1998
SENTENCIA 4832 DE 30 DE JUNIO DE 1998
CONTENIDO:INDIGNIDAD SUCESORAL. EL PADRE QUE ABANDONÓ EL HOGAR NO PUEDE SUCEDER AL HIJO
TEMAS ESPECÍFICOS:ABANDONO DEL MENOR DE EDAD, DEMANDA DE INDIGNIDAD SUCESORAL, MINUTA DE DEMANDA DE INDIGNIDAD SUCESORAL, VOCACIÓN SUCESORAL, ATRIBUCIÓN DEL HOGAR CONYUGAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:320 DE AGOSTO DE 1998, PÁG.1063
Sentencia 4832 de junio 30 de 1998
EL PADRE QUE ABANDONÓ EL HOGAR NO PUEDE SUCEDER AL HIJO
EXTRACTOS: «1. La indignidad es una sanción de orden civil que se le impone al heredero que culpablemente ha inferido agravio al causante o a su memoria, por los motivos taxativamente considerados en la ley. Según el artículo 1031 del Código Civil, debe ser declarada judicialmente para que pueda producir el efecto de excluir al indigno de la herencia que le ha sido deferida por la ley o por el testamento.
2. El motivo de indignidad consagrado en el artículo 1025-3 del Código Civil, se configura en “El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive que en el estado de ... destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo”, debiéndose entender que dicho estado se asimila al de privación material o económica, o de pobreza, o de abandono físico o moral, en tanto que, como enseña la jurisprudencia, el socorro que allí se reclama “no puede entenderse exclusivamente en sentido de prestación material, puesto que puede ser más interesante la ayuda moral, la preocupación del consanguíneo para evitarle perjuicios de tal índole a su pariente, dentro del grado señalado” (G.J., LXCIV, 648).
3. Siguiendo ese rumbo, se configura la causal de indignidad comentada respecto de los padres que pretendan suceder al hijo fallecido, sin parar mientes que en un momento dado de la vida lo privaron injustificadamente de su protección física, moral o intelectual, mediando así violación de sus deberes de crianza, alimentación y educación que les impone la ley.
Es decir, los padres pueden ser declarados indignos de heredar a sus hijos, si, pudiendo, no los socorren en las necesidades primarias cuando se hallan en estado de privación o destitución, dado que son quienes están obligados legal y moralmente a brindarles el soporte que aliente sus existencias; y, con mayores veras, deberán sufrir el rigor de la pena civil de la indignidad, si, precisamente por su comportamiento, son quienes han generado dicho estado al privarlos de apoyo o auxilio, por razón del abandono a que los someten. Es lo que ocurre al padre o a la madre que, sin mediar causa justificativa de su proceder, abandonan el hogar y dejan a los hijos menores, sin atender que ellos todavía se hallan bajo su cuidado y que requieren de su constante ayuda, cortando así de un tajo, por su propia voluntad, las obligaciones que su condición les impone, como si asumirlas o no fuera algo de su libre albedrío, cuando realmente no lo es.
Es indisputable que el hijo en tales circunstancias, queda privado o destituido de algo que le pertenece, como es el auxilio o socorro a que tiene derecho por parte de sus padres; amparo que, en buena medida, no puede ser brindado en integridad por otras personas, dada —la naturaleza del vínculo paterno— filial.
Como es sabido, dicho vínculo determina la concurrencia de un conjunto de deberes entre los que se halla el del socorro asistencial, por cuya virtud, sobre todo en el caso de los padres con respecto a los hijos que aún se hallan desvalidos, deben realizar comportamientos sucesivos y variados: aportarles los medios económicos o materiales que les permitan su adecuado desarrollo físico; y, por supuesto, brindarles el apoyo moral e intelectual que conlleva la estima, el afecto y el oportuno consejo.
En esas circunstancias, el estado de destitución, privación o abandono —grave de por si—, en que se coloca al hijo por causa del padre que se aparta voluntariamente de cumplir los referidos deberes, no desaparece, ni mengua, por el simple hecho de que la madre u otros parientes los asuman, sea que estos lo hagan por cumplir, a su vez, una obligación legal propia, o por acatar un deber moral; la falta del padre, aun en ese caso, habrá existido y será condigna de las sanciones de orden legal que correspondan; no se desvanece, entonces, por el buen comportamiento y la generosidad de otros, ni, por ende, descaece en esa hipótesis el motivo de la indignidad para suceder, fincado en el omisivo proceder del heredero frente al de cujus.
De otro lado, la situación comentada no varía por el hecho de que el heredero haya observado después una conducta diferente, cuando ya por razón del tiempo se ha superado, de algún modo, el estado de destitución que otrora reclamó su socorro, ni por la circunstancia de que sea remota en el tiempo la ocurrencia de los hechos agraviantes que constituyen la causal de indignidad de la que se trata. Ni una ni otra cosa, alcanzan a configurar el perdón de la falta o su decaimiento, puesto que la ley sólo impide la alegación de las causas de indignidad en el evento de que existan disposiciones testamentarias en favor del indigno, posteriores a los hechos que las producen —artículo 1030 Código Civil— y únicamente consagra su purga “en diez años de posesión de la herencia o legado” (art. 1031 íb.).
4. Descendiendo a la especie de esta litis, se observa:
1) Que en el libelo introductorio se adujo, como motivo de indignidad, el consagrado en el numeral 3º del artículo 1025 del Código Civil, fundamentalmente con respaldo en que el 14 de julio de 1952, el demandado Jorge Antonio Hernández, dejó en estado de destitución a su hijo Gustavo Hernández Garcés y que a partir de allí no acudió en su auxilio o socorro, por cuanto abandonó el hogar que había constituido con la demandante Paulina Garcés Ortiz, conducta que asumió para hacer vida marital con otra mujer con quien procreó tres hijos; se aduce que ese hijo quedó en dicho estado porque, a la sazón, contaba apenas con la edad de diez años, siendo “una persona totalmente desvalida, destituida económicamente, un niño dejado a la buena de Dios, por el cual no volvió a ver, ni a responder ni por el valor de un céntimo ni por la más mínima necesidad”.
2) Que en la sentencia impugnada, el tribunal se limitó a resumir el dicho de los testigos traídos por ambas partes, y, tras advertir que la falta de socorro debe ser calificada por el juez, decidió desestimar la pretensión de declaratoria de indignidad diciendo que “en el debate probatorio no se logró demostrar la causal enrostrada al demandado en la magnitud, consideración y gravedad señaladas” y que “No cualquier incumplimiento de deberes conlleva la falta de mérito para recibir la asignación testamentaria, sino únicamente aquellos que lleguen a configurar las causales previstas en la ley”.
3) Que el sentenciador, adicionalmente, fincó su decisión en el hecho del desprendimiento material que mostró el demandado al aceptar la liquidación de la sociedad conyugal en la forma consignada en la escritura Nº 2815 de 31 de agosto de 1981, otorgada en la notaría 10 de Cali, a pesar de que el inmueble allí referenciado, “fue obtenido durante el matrimonio según se vislumbra por la fecha de adquisición”; por cuanto no se desvirtuó lo afirmado por el propio demandado al absolver interrogatorio, “acerca del automóvil de servicio público con el que quedó la señora Paulina cuando ocurrió la separación, cuyo producido lo recibía la demandante”; y porque la fotografía visible a folio 41 del cuaderno principal, en la que aparecen Jorge Antonio Hernández y su hijo Gustavo Hernández Garcés, “es significativa de buenas relaciones entre el padre y los descendientes”. Todo lo redujo el ad quem., a un problema “eminentemente sentimental” entre las familias legitima y extramatrimonial conformadas por el demandado.
5. Con el propósito de examinar a fondo el cargo propuesto, importa recordar que el error de hecho atañe a la contemplación objetiva de la prueba y se produce, en general, cuando no se da por acreditado un hecho a pesar de existir en el proceso la prueba idónea del mismo, o porque al apreciar la prueba del hecho, restringe o cercena su alcance real o contenido —error por preterición o cercenamiento—; o cuando se da por demostrado un hecho, sin estarlo —error de hecho por suposición—. Esos yerros de apreciación deben ser, claro está, manifiestos y trascendentes.
El ad quem, como se anotara, se limitó a resumir los testimonios, lo que indica que los apreció objetivamente; después no especificó qué hechos atenuantes o excluyentes de los que configuran la causal de indignidad alegada halló demostrados, sino que simplemente concluyó, con apoyo en ellos, que el motivo aducido no fue acreditado en la magnitud, consideración y gravedad requeridas y por consiguiente, ignoró el abandono del padre, el cual está debidamente demostrado, características todas estas que tocan con el aspecto fáctico de la cuestión litigiosa.
En ese orden de ideas, atendido el alcance del motivo de indignidad previsto en el artículo 1025-3 del Código Civil en la forma explicada en la introducción al estudio del cargo, se palpa que el fallador, a pesar de haber visto la prueba testimonial sobre los hechos fundamentales en que se apoya la declaratoria de indignidad, erró en la apreciación probatoria, produciendo una conclusión contraevidente, esto es, contraria a la realidad fáctica denunciada por la prueba, yerro que configuró la causa determinante para proferir el fallo contrario a la ley.
En efecto, varios testigos expusieron, sin ambages y con conocimiento de causa, que el demandado dejó el hogar por el año de 1952; que lo hizo para hacer vida marital con otra mujer; que en adelante no le volvió a brindar apoyo material ni moral a sus hijos, incluido al causante Gustavo Hernández Garcés quien, a la sazón, tenía apenas 9 años de edad; y que fue la madre de éste y otros parientes quienes lo socorrieron a falta del padre, debiendo empezar a trabajar a temprana edad, para lo cual abandonó el país durante un lapso considerable.
En tal sentido se pronunciaron los demás hijos legítimos del demandado, que para el caso son testigos excepcionales por el conocimiento directo que tuvieron de la situación, al igual que algunos vecinos del matrimonio por la referida época: Jorge Hernández Garcés (c. 2, fl. 1), Stella Hernández Garcés (c 2, fl. 4), Inés Hernández de Morales (c. 2, fl. 29), Edith Hernández Garcés (c. 2, fl. 31), María Esneda Salina (c. 2, fl. 7) y Cilia María Ortiz (c. 2, fl. 26).
El sentenciador, de haber seguido la directriz por él mismo trazada, ha debido observar en esos hechos y pruebas, la gravedad, consideración y magnitud de la falta de socorro atribuida al demandado; más, contrariando ostensiblemente tal evidencia, estimó que los testigos se refirieron a unos hechos imputables al heredero demandado, como leves y circunstanciales, siendo que el contenido de las declaraciones reflejan, per se, su gravedad y prolongación en el tiempo y, sobre todo, demuestran que efectivamente ocurrió el abandono alegado.
Así, la prueba cuestionada refleja que los hechos narrados por los testigos versan sobre la falta de socorro grave que echa de menos el sentenciador; denota que dicho abandono tiene venero en el alejamiento total del padre, por cuya causa, pudiendo hacerlo, dejó de prestarle al causante auxilio material, moral e intelectual, cuando más lo necesitaba dada su escasa edad; e indica cómo, con su conducta, provocó el estado de destitución o privación que se analiza a partir del cual se abstuvo de cumplir con el deber asistencial de socorro en relación con el de cujus quien, como se vio, tuvo que trabajar desde temprana edad.
No obstante, el juzgador de segunda instancia únicamente observó en esas declaraciones —además en forma general y vaga—, la descripción de unos hechos inanes para configurar la causal de indignidad de la que se trata; vio en la prueba testimonial unas manifestaciones de orden secundario en torno al comportamiento del demandado respecto del causante, encontró en las pruebas unos hechos imputables al demandado, como leves, sin advertir que ellas revestían la consideración y gravedad suficientes para configurar la indignidad alegada, todo lo cual hace fulgurar los yerros de hecho en que incurrió el sentenciador que, a la postre, lo condujeron equivocadamente a producir una conclusión contraevidente, contraria a la realidad fáctica demostrada, pues en verdad, con las pruebas obrantes en el expediente se demostró el motivo de indignidad aducido en juicio.
6. De otra parte, a pesar de la generalidad que se observa en el análisis cumplido por el sentenciador, es dable entender que éste se basó en otros testimonios, principalmente en el de los propios hijos extramatrimoniales del demandado, para deducir que entre Jorge Antonio Hernández, padre, y Gustavo Hernández Garcés, su hijo, existieron esporádicas relaciones personales y que estas fueron satisfactorias, amistosas o afectivas, incluso con destellos de colaboración material y consejos del primero para con el segundo; restándole por ello, importancia a la falta de socorro a que se aludió antes.
Empero, esa apreciación probatoria también resulta manifiestamente errónea, toda vez que, como lo señala la censura, sobre tales hechos depusieron, principalmente, los hijos extramatrimoniales del demandado —testigos María del Socorro (c. 2, fl. 20), Jairo (c. 27 fl. 22) y Julián Hernández Rojas (c. 2, fl. 23)—, quienes nacieron después de que su padre dejara en estado de privación y socorro a su hijo Gustavo; de consiguiente, por razones obvias, no pueden estar referidos a los cargos que se le imputan al heredero, los que, como se dijo, arrancan del año de 1952; en consecuencia, sus dichos tocan con situaciones vividas tiempo después, y, por lo mismo, resultan irrelevantes al caso. De esa manera, el fallador incurrió en error de hecho al dar por sentado, sin estarlo, que con tales pruebas se neutralizaban las que demuestran la falta constitutiva de indignidad que se le imputa al demandado. Otro tanto podría decirse de lo que exponen los testigos José Joaquín Pedroza (c. 2,. fl. 15), Hernando Nicholls (c. 2, fl. 18) y Jesús Antonio Gaviria (c. 2, fl. 40).
El fallador supuso, pues, equivocadamente, que había evidencias suficientes para enervar los efectos de la falta cometida por el heredero; además, con una reprochable carencia de sindéresis, tomó el camino de la conjetura, para reducir la cuestión litigiosa a un mero enfrentamiento de carácter sentimental entre la familia legítima y la extramatrimonial, de la cual brota, según estima, la diversa opinión que cada una de ellas tiene del común padre y, en fin, de manera precipitada y ligera, arriba en el fallo impugnado a conclusiones de índole probatoria, alejadas de la realidad fáctica demostrada.
7. De acuerdo con lo anterior, podría decirse que quedaron como soporte del fallo acusado: a) las demostraciones que apreció el tribunal para considerar que la conducta del demandado no fue del todo ajena al cumplimiento de los deberes propios de padre en relación con el causante, por su desprendida actitud de dejar el producido de un vehículo de servicio público para la subvención de las necesidades de la familia y de no reclamar nada para sí a propósito de la liquidación de la sociedad conyugal. b) la fotografía, visible a folio 41, de la que el tribunal infiere las buenas relaciones que existieron entre él y su hijo Gustavo.
Tales aspectos, empero, no conforman la base esencial de la sentencia impugnada; son manifestaciones complementarias de la categórica afirmación de que en el proceso no se demostró la causal de indignidad en la “magnitud, consideración y gravedad” que para su ocurrencia exige la ley, conclusión que, como se anotó, no corresponde a la realidad que ofrecen las demás demostraciones.
Pero aun de no ser así, de todas maneras se observa que el fallador de segunda instancia también erró de manera ostensible al deducir de dichas probanzas, una conducta digna del demandado, en relación con el causante.
En efecto, la actitud asumida por aquél en la liquidación de la sociedad conyugal, además de referirse a un hecho acaecido casi treinta años después del abandono del hogar, no atañe con el mal comportamiento de padre que de él se predica; tampoco se alude en el fallo impugnado a ninguna demostración —distinta de la propia versión del demandado—, que permita inferir que de algún otro modo proveyó para atender a las necesidades de su hijo desvalido, ni siquiera en lo relacionado con el mencionado vehículo de servicio público, respecto del cual no existe claridad en el proceso; y, en fin, la aludida fotografía data de una época diferente a aquella en que ocurrieron los hechos constitutivos de la causal de indignidad y, en realidad, dado lo circunstancial de la misma, nada aporta para sustentar el cumplimiento de las obligaciones que, como padre, al demandado le correspondía atender respecto de su hijo Gustavo Hernández Garcés.
8. Síguese de lo dicho que, no obstante haber visto y considerado las distintas pruebas en que se basa el fallo acusado, el sentenciador incurrió en error de hecho manifiesto y trascendente, al alterar su contenido, dándoles un alcance contrario a la realidad. Al respecto tiene dicho la jurisprudencia de la Corte:
“El error de hecho ... sólo puede tener como causa determinante una de estas hipótesis: se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente (suposición); o cuando se omite analizar o considerar la que en verdad sí existe en los autos (preterición); y cuando a la prueba existente y que si se considera, se altera sin embargo su contenido atribuyéndole a éste una inteligencia contraria por entero a la real. Esta clase de error exige también como requisitos que sea manifiesto o contraevidente y trascendente. Lo primero implica que la conclusión sobre la cuestión de hecho a que llegó el juzgador resulte evidentemente contraria a la realidad fáctica exteriorizada en la prueba, esto es, que se aprecie de bulto y no después de un intrincado análisis. Lo segundo, el error debe incidir en la decisión final, descartándose, por tanto, el inane o irrelevante” (Casación del 18 de julio de 1996).
Es palmario, entonces, que las pruebas evidencian que el demandado se halla incurso en el motivo de indignidad previsto en el artículo 1025-3 del Código Civil; que no existió razón que justificara el no haber acudido al auxilio de su hijo Gustavo Hernández Garcés, en la corta edad que alcanzaba por el año de 1952; y que, de allí en adelante, en modo alguno proveyó a satisfacer sus necesidades; y como sin embargo, el ad quem optó por no acceder a la pretensión de indignidad que en contra del demandado se reclama, quebrantó el indicado precepto y es por eso que hay lugar a la casación impetrada.
En sede de instancia observa la Sala:
1. Que de acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, la demandante Paulina Garcés y el demandado Jorge Antonio Hernández Misas, en la condición de padres del causante, han sido reconocidos como herederos en la sucesión de su hijo legítimo Gustavo Hernández Garcés, quien falleció el 9 de julio de 1989. (c. 4, fls. 10 y 26).
2. Que consecuentemente, ambos se hallan legitimados en la causa por activa y pasiva respectivamente: la primera para reclamar la exclusión del demandado —como heredero— por causa de indignidad de éste, y el segundo para impugnar tal pedimento.
3. Que el motivo de indignidad aducido en la demanda introductoria al proceso, no es otro que el consagrado en el artículo 1025-3 del Código Civil, respecto del “consanguíneo dentro del sexto grado inclusive que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo”.
4. Que de acuerdo con lo narrado en los antecedentes, la causa petendi se funda, cardinalmente, en la imputación hecha al demandado de haber dejado injustificadamente el hogar, en el año de 1952 y, de contera, en estado de destitución o privación a su hijo Gustavo, cuando apenas contaba la edad de 9 años, sin que hubiera acudido a socorrerlo.
5. Que según lo explicado al despachar el cargo único de casación propuesto por la demandante, a cuyos razonamientos se remite nuevamente la Corte, dicho abandono y la consecuente falta de socorro por parte del heredero, en las circunstancias que presenta el caso y de acuerdo con las demostraciones que obran en el expediente, configuran el motivo de indignidad invocado contra el demandado.
En efecto, dada la escasa edad de su hijo Gustavo, es predicable el estado de destitución por la época en que lo abandonó su padre; como lo es que éste, pudiendo —como pudo llegar a conformar una familia extramatrimonial—, no lo socorrió en ninguna forma; ciertamente, lo despojó de todo apoyo moral y económico, sin que desaparezca su falta por la circunstancia de que otros hubiesen asumido sus obligaciones.
6. Que, de otro lado, según lo explicado al decidir sobre el recurso de casación, no existe demostración alguna que tenga la virtualidad suficiente para enervar la pretensión de indignidad. El demandado no cumplió cabalmente las obligaciones de padre por las que se le imponía socorrer a su hijo, no proveyó materialmente a su crianza, educación o establecimiento, ni, menos aún, le brindó el apoyo moral o intelectual que la formación de su hijo requería.
En consecuencia, no hay mérito para acoger la excepción que propuso el demandado, denominada “carencia de razones en los hechos y en la demanda para demandar”.
7. Que como la apertura de la sucesión de Gustavo Hernández Garcés, sucedió el día de su muerte acaecida el 9 de julio de 1989, no se ha purgado la indignidad de que se acusa al demandado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1032 del Código Civil.
8. Las razones precedentes, imponen la revocatoria de la sentencia del a quo, quien estimó, sin acierto, que no se configuraba la invocada causal de indignidad, prevalido de que, en las condiciones en que el demandado dejó al causante, no es predicable el estado de destitución. En su lugar, se declarará la pretensión principal de indignidad solicitada frente al demandado, quedando por lo tanto excluido como heredero en la sucesión de Gustavo Hernández Garcés, cuyo proceso cursa en el juzgado 8º de familia de la ciudad de Cali».
(Sentencia de casación, junio 30 de 1998. Expediente 4832. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles).