Source: https://lawiuris.wordpress.com/2009/01/30/indalecio-pomatanta/
Timestamp: 2018-04-24 02:31:43
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EL ASESINATO DE INDALECIO POMATANTA (1995)
La Comisión de la Verdad y Reconciliación está en condiciones de afirmar que en el marco de un operativo, efectivos de la Marina de Guerra ingresaron el 2 de abril de 1995 el centro poblado San Alejandro, ubicado en la provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, con la finalidad de intervenir a miembros de organizaciones terroristas que venían creando el caos en la zona, ante la proximidad de las elecciones generales. Una vez ahí, se dirigieron a la vivienda de la familia Pomatanta buscando al hijo mayor, Indalecio, quien de acuerdo a información confidencial tenía en su poder armas de fuego. Luego de ser interrogado y al no obtener información alguna, los efectivos de la marina rociaron su cuerpo con gasolina y le prendieron fuego. Indalecio falleció unos días más tarde, después de una larga agonía y luego de haber dado su testimonio ante familiares y a representantes de la prensa local.
En 1995 debían llevarse a cabo nuevas elecciones generales para la presidencia y el Congreso de la República. Para entonces, los movimientos terroristas habían sido derrotados política y militarmente y sus principales líderes habían sido capturados y juzgados, encontrándose la mayoría de ellos en prisión.
Sin embargo, algunos rezagos de Sendero Luminoso se habían replegado a las zonas de la selva y por esa razón el departamento de Ucayali continuaba en estado de emergencia, bajo el control del Comando Político Militar del Frente Ucayali, a cargo de la Marina de Guerra del Perú. En este contexto y atendiendo a la proximidad de las elecciones y la presunción de que miembros de las organizaciones terroristas «…estarían planificando crear el caos y temor entre la población sufragante con la finalidad de empañar el acto de sufragio y el normal desenvolvimiento del proceso electoral…» el Comando Político Militar del Frente Ucayali dispuso: «…que todas las Bases contrasubversivas del área «BRAVO» efectúen operaciones de patrullaje orientadas a un permanente control carretero y registros en las localidades de su jurisdicción…».
Efectivamente, de acuerdo a información de inteligencia, los efectivos de la marina acantonados en la base contra subversiva San Alejandro, ubicada en el distrito de Irazola, provincia de padre Abad, habían tomado conocimiento de la presencia de terroristas que se dedicaban a asaltar vehículos de carga en la carretera Federico Basadre con el fin de crear el caos, empañar el acto de sufragio y el normal desenvolvimiento del proceso electoral del 9 de abril de 1995. Para hacerle frente a esta situación se elaboró el Plan Operativo Tiburón IV, dándose inicio a las acciones el 2 de abril de 1995, aproximadamente a las 3:30 de la madrugada. El encargado de dirigir el operativo y responsable de la patrulla a cargo del mismo (denominada «Aries» y compuesta por 13 efectivos) fue el Teniente 1º Jorge Rabanal Calderón. Inicialmente, los efectivos de la marina se dirigieron al local de una de las empresas de transporte de la zona donde buscaron al chofer Oscar Tello Bernardo. El responsable de la empresa les indicó que la persona que buscaban se encontraría descansando en su vehículo donde finalmente fue ubicado. En referencia a este incidente Oscar Tello señala en su testimonio: «…entraron violentamente al vehículo dos marinos uniformados, me dijeron que necesitaban con urgencia el vehículo para trasladarlos a la carretera (…) ingresaron 15 a 20 marinos uniformados y armados (…) esto ocurrió a las 3:30 am. aproximadamente…». La patrulla «Aries» se dirigió en ese vehículo hasta el Km. 100 de la carretera Federico Basadre «…en ese lugar bajaron la mayoría de marinos, los que quedaron en el micro (…) me dijeron que regrese a San Alejandro…»
Una vez ahí, los efectivos ingresaron primero al domicilio de Julián Vásquez Calderón y al no encontrarlo detuvieron a su primo Diones Presenciano Inga Alvarado, quien fue conducido a la Base Contrasubversiva San Alejandro. En la Base encontró a sus vecinos José Vela, Julio Espiritu y Raul Tejada con quienes «…al conversar me enteré que ellos también habían sido detenidos por la Marina a la misma hora y fecha que yo fui detenido..»
Entre las 5:30 y 6 de la mañana, los efectivos de la Marina llegaron hasta el domicilio de la familia Pomatanta. Dos efectivos se encontraban vestidos de civil, mientras que los restantes vestían uniformes tipo «camuflaje» y portaban armas de largo alcance tipo FAL. En el domicilio encontraron al padre, Juan Francisco Pomatanta, y a Nagor y Santiago, los dos hijos menores, quienes en medio de golpes y patadas fueron obligados a tenderse en el piso donde fueron interrogados acerca del paradero de Indalecio, el hermano mayor de 17 años de edad. Posteriormente, los tres fueron retirados de su domicilio, siendo trasladados al otro lado de la carretera donde los dejaron bajo la custodia de dos efectivos. Después de aproximadamente veinte minutos, el señor Pomatanta y sus hijos vieron como los miembros de la Marina se retiraron del domicilio en la misma camioneta rural en la que habían llegado. Inmediatamente retornaron a su domicilio encontrándose con un espectáculo desgarrador: Indalecio, el hijo mayor, se arrastraba por el huerto ubicado en la parte posterior de su vivienda y tenía el cuerpo completamente quemado. Todavía consciente les dijo que un teniente y otro oficial del la Marina lo golpearon brutalmente mientras le preguntaban por la ubicación de «las armas». Al responder que no sabía donde estaban, rosearon su cuerpo con gasolina y le prendieron fuego.
Los familiares de Indalecio quisieron trasladarlo inmediatamente a un centro de salud, pero se vieron imposibilitados de hacerlo porque los miembros de la Base contra subversiva de San Alejandro habían cerrado la carretera. Recién a las 10 de la mañana, la víctima fue conducida al Hospital Regional de Pucallpa, donde fue internada con quemaduras en el 65% de su cuerpo. En el centro hospitalario, Indalecio fue interrogado por representantes de la televisora local señalando como responsables de los hechos a miembros de la Marina. Pese al esfuerzo de los médicos por salvarle la vida, después de tres días de intensa agonía Indalecio Pomatanta falleció.
En el mes de abril de 1995, el padre de Indalecio presentó ante la Fiscalía Provincial de Padre Abad una denuncia en contra de los miembros de la Marina de Guerra por delito de homicidio en agravio de su hijo Indalecio Pomatanta Albarrán de 17 años de edad.
El Fiscal admitió la denuncia y dispuso una investigación por medio de la Policía Nacional, la que elaboró un Parte que fue posteriormente ampliado por el Atestado Policial Nº 144-VI-RPNP- U.JPPA-A en el cual se concluye lo siguiente:«…que de las investigaciones y diligencias realizadas se establece que personal interviniente de la MGP – BCS San Alejandro, son presuntos autores del delito contra la vida el cuerpo y la salud, ocasionados por quemaduras de segundo grado, en agravio de Indalecio Pomatanta Albarran…» Sin embargo, los efectivos de la Base contra subversiva San Alejandro no pudieron ser plenamente identificados. El Contralmirante AP Carlos Tubino Arias Schreiber, jefe del comando político-militar del frente Ucayali, señaló, frente a la solicitud formulada por la Policía:«…que a la fecha el personal integrante de las Bases contrasubversivas y Bases de Patrulla de la provincia del Padre Abad, han sido actualmente relevados y destacados a diferentes lugares (…) sugiere que la solicitud se dirija a la Dirección General con sede en la ciudad de Lima…» Por su parte, el Capitán de Corbeta Merlín Luque, Jefe Político Militar de la Provincia del Padre Abad y Comandante de la Base Contra Subversiva Aguatía, a través de un oficio manifestó Atestado Policial Nº 144 – VI – RPNP – U- JPPA –A, de fecha 25 de septiembre de 1995, firmado por el Instructor de Código OP – 85-00221391-67 lo siguiente:«… que nuestro personal ha actuado de acuerdo a las facultades otorgadas por Ley, éstos no pueden comparecer a prestar su manifestación, ya que ello importaría su identificación, la misma que se encuentran reservada en zonas de emergencia…». Sin embargo, las autoridades militares reconocieron la realización del operativo, el que estuvo a cargo de la Patrulla Aries, y admitieron haber intervenido el domicilio de la familia Pomatanta. Sin embargo, en relación a las quemaduras sufridas por Indalecio, estas se las habría producido el mismo de manera accidental y «…el resto de la patrulla (…) no evaluaron las heridas que presentaba el herido y al no ubicar material delictivo que incrimine a Indalecio Pomatanta Albarran, en un ilícito penal se retiraron del lugar, dejando al herido en las inmediaciones de su vivienda…» El 12 de junio de 1995, el Segundo Juzgado de Instrucción Permanente de Marina abrió instrucción contra el Teniente Jorge Rabanal Calderón por delito de negligencia y el 13 de septiembre de 1995 el Consejo de Guerra Permanente de Marina resolvió aplicar el beneficio de amnistía, conforme la Ley 26479, al Teniente 1o. Jorge Rabanal Calderón, disponiendo el corte de la secuela del proceso. Posteriormente, autoridades de la marina adscritas al Comando Político Militar del Frente Ucayali solicitaron y obtuvieron el archivo provisional de la investigación ante el fuero común, sosteniendo que en el Fuero Militar se había archivado la causa en aplicación de la ley de amnistía. l6 de septiembre del año 2002, el Consejo Supremo de Justicia Militar expidió una resolución declarando nula en todos sus extremos la Ejecutoria Suprema de fecha 13 de septiembre de 1995 recaída en la causa Nº 2195 – 0595 que aplicó el beneficio de amnistía en favor del Teniente Jorge Rabanal Calderón por delito de negligencia en agravio de Indalecio Pomatanta Albaran y dispuso que vuelvan los autos al estado procesal anterior a la aplicación de la amnistía debiendo proseguir la causa según su estado. Los resultados de las investigaciones realizadas. Del análisis de las investigaciones practicadas tanto por el Ministerio Público como por el Fuero Privativo Militar, corroboradas con las declaraciones brindadas por los familiares de la víctima ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se ha llegado a determinar que fueron efectivos de Marina quienes intervinieron el domicilio de la familia Pomatanta y una vez ahí interrogaron y le prendieron fuego a Indalecio, el hijo mayor de la familia. Durante el interrogatorio Indalecio negó tener armas consigo, siendo al parecer su negativa la que enervó los ánimos de los miembros de la patrulla quienes en un acto brutal e incomprensible no dudaron en coger tres galones de gasolina y a rosearle todo el cuerpo con el combustible procediendo luego a prenderle fuego, el mismo que alcanzó a uno de los oficiales intervinientes. Los miembros de la Marina se retiraron en la camioneta rural en la que llegaron, sin prestar ningún tipo de auxilio a la victima, pese a que entre sus integrantes había un enfermero. Antes de irse amenazaron a los familiares de Indalecio, advirtiéndoles que volvieran a su casa. Cuando los militares se retiraron, los familiares de Indalecio volvieron a su casa, la misma que se encontraba en escombros pues el fuego se había propagado rápidamente, ahí se dirigieron al pequeño huerto ubicado en la parte posterior, encontrando a Indalecio en el piso, quien a duras penas se arrastraba entre los matorrales con la ropa hecha jirones y el cuerpo completamente quemado. Su padre señaló ante la Comisión de la Verdad y reconciliación que: «vino pidiendo auxilio despedazándose, cayendo pedazo por pedazo su piel»
En este estado la víctima le manifestó a su padre que «los marinos» lo golpearon preguntándole por la ubicación de las armas y ante su respuesta negativa procedieron a rosearle el cuerpo con gasolina y luego le prendieron fuego. Con el cuerpo envuelto en llamas Indalecio había salido corriendo de su casa y fue hacia los matorrales, lugar donde fue encontrado por sus familiares. Al respecto señaló su padre:«…el muchacho estaba quemado y gateando con el plan de querer levantarse (…) el muchacho estaba desecho, él ha dicho que lo agarremos y al tiempo de agarrarlo su carne se pegaba en nuestras manos…». Ante los desgarradores gritos de dolor y desesperación de Indalecio los familiares intentaron prestarle primeros auxilios porque tenían conocimiento que la Marina había cerrado la carretera y por consiguiente el paso vehicular de la zona. Recién a las 10 de la mañana pudieron trasladarlo al Centro de Salud «Von Humboltd» en un vehículo de la empresa de transporte ETPOSA, desde donde fue derivado al Hospital Regional de Pucallpa. Desde su lecho de dolor en el pabellón de quemados, Indalecio brindó su testimonio al noticiero Primera Plana de Pucallpa, donde sindicó a efectivos de la Marina como los responsables de los hechos, identificándolos pues solían participar en eventos deportivos con la población civil del centro poblado San Alejandro. Al respecto Indalecio sostuvo: «…ellos son pues, los Marinos han llegado, pues los conozco al que me quemó era de la Marina, San Alejandro, el comandaba (…) Si pues me echó gasolina (…) agarró tres galones de gasolina y me echó a mi cuerpo, lo prendió primerito, primer palito de fósforo no quiso prender, sacas o te quemo; no tengo le decía, yo no tengo retrocarga, porque lloras me dice; tú tienes, no tenía pues de donde voy a sacar, entonces e quemó pues». Dos de los agresores identificados fueron el Teniente 1o Jorge Rabanal Calderón y el Oficial de Mar José Guido Dávalos.
La madre de Indalecio recibe la trágica noticia
Cuando ocurrieron los hechos, la madre de Indalecio se encontraba en la plazuela del distrito de San Alejandro vendiendo los productos que había cosechado en su chacra, mientras esperaba que se lleve a cabo el simulacro de votación para las elecciones generales, donde había sido designada como miembro de mesa En esas circunstancias Santiago, el menor de sus hijos, llegó hasta la plaza y le comunicó que Indalecio había sido detenido en su domicilio por miembros de la Marina agregando que «…hermano Indalecio, ya va ha morir, le ha quemado la Marina con gasolina(…) esta gritando, desesperado esta…» Inmediatamente Rosa Albarran se dirigió a su domicilio donde se encontró con un escenario espeluznante. Señala la señora Alabarrán que: …He encontrado mi casa todo quemado, ardiendo, mis hijos los varones, maltratados (…) encuentro por donde le han quemado, le han echado agua. Encuentro su carne de mi hijo en las yerbas, en las espinas he recogido como medio kilo de su carne, de su cuerpo, y eso he mirado y tenía que esperar que su papá vuelva…
De acuerdo al análisis de las investigaciones realizadas por el ministerio publico y por el Fuero Militar, corroboradas con las actuaciones realizadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, es posible afirmar que efectivos de la Marina de Guerra adscritos al Comando Político Militar del Frente Ucayali y acantonados en la Base Contrasubversiva San Alejandro, realizaron un operativo el día 2 de abril de 1995 en el centro poblado de San Alejandro, con la finalidad de ubicar a miembros de organizaciones terroristas que amenazaban la realización de las elecciones generales. Como parte del operativo, los oficiales ingresaron a la vivienda de la familia Pomatanta donde –de acuerdo a las investigaciones judiciales- los oficiales Teniente Primero AP Jorge Rabanal Calderón y Oficial de Mar de 2a José Guido Dávalos interrogaron a Indalecio, el hijo mayor de la familia, acerca de la tenencia de armas de fuego y ante su negativa a dar información procedieron a rosearle gasolina y prenderle fuego causándole graves quemaduras que posteriormente le ocasionaron la muerte.
Frente a estos hechos, las autoridades del Comando Político Militar del Frente Huallaga y de la Base contrasubversiva San Alejandro han tenido una actitud de abierto encubrimiento. Obstaculizaron la investigación y el esclarecimiento de los mismos y propiciaron que el Fuero Militar iniciara un proceso penal únicamente por el delito de negligencia, el mismo que quedó trunco por aplicación de la ley de amnistía, el 13 de septiembre de 1995, situación que se repitió en el fuero común. Los hechos cometidos por los integrantes de la Patrulla Aries de la Marina de Guerra en agravio de Indalecio Pomatanta, constituyen una grave violación de del derecho a la vida y a la integridad física, consagrado en el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como las disposiciones contenidas en el Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra; del derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra; Estos instrumentos internacionales forman parte del ordenamiento jurídico peruano y se encontraban vigentes al momento de comisión de los hechos. Los hechos investigados, dada su naturaleza, gravedad y los bienes jurídicos vulnerados constituyen también crímenes previstos en el derecho penal común y los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, por lo que corresponde a la justicia común investigar y juzgar a los responsables conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, e imponer en su caso las sanciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico penal.
En el marco de su mandato, con la finalidad de colaborar con las autoridades jurisdiccionales en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de los presuntos responsables de los hechos investigados, la Comisión de la Verdad y Reconciliación recomienda al Ministerio Público, a través de la Fiscal de la Nación:
Reabrir la investigación iniciada en la Fiscalía Provincial de Padre Abad contra los responsables del delito de homicidio calificado en agravio de Indalecio Pomatanta Albarrán
Fuente: Comisión de la Verdad y la Reconciliacón
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