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Timestamp: 2017-12-17 17:43:29
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Sentencia A.P. Córdoba 89/2010 de 14 de mayo. Concurso. Administradores concursales. Retribución - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Córdoba 89/2010 de 14 de mayo
Concurso: Abono de las retribuciones de los administradores concursales, que se corresponde con el valor final del activo y del pasivo del concurso. Normas de determinación: Análisis de las reglas de aplicación del arancel. Valoración según el «prudente arbitrio» por el juez. Inexistencia de justa causa para el cambio de la retribución.
SENTENCIA N.º 89/10
D. FRANCISCO SÁNCHEZ ZAMORANO
D. FELIPE MORENO GÓMEZ
JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º9 DE CÓRDOBA (CON COMPETENCIA EN MATERIA
ROLLO DE APELACIÓN N.º 294/2009
CONCURSO N.º 92/2007
En la Ciudad de CORDOBA a catorce de mayo de dos mil diez.
La SECCION N.º 3 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CORDOBA, ha visto y examinado el recurso de apelación interpuesto contra autos de CONCURSO 92/2007 seguidos en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º9 DE CÓRDOBA (CON COMPETENCIA EN MATERIA MERCANTIL) entre el demandante M.G.R. GRUPO INFORMATICO S.L. representado por el Procurador Sr RAMÓN ROLDAN DE LA HABA y defendido por el Letrado Sr. CAMARA VELASCO, JOSE ANDRES, y el demandado Jesús María, Juan Enrique Y Adolfo representado por el Procurador Sr. RAMON ROLDAN DE LA HABA y defendido por el Letrado Sr. Adolfo, pendientes en esta Sala a virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación de la parte demandante contra sentencia recaída en autos, siendo Ponente del recurso el Magistrado Ilmo. Sr. Don FRANCISCO SÁNCHEZ ZAMORANO.
Primero.-Que seguido el juicio por sus trámites se dictó sentencia por el Sr. Juez del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º9 DE CÓRDOBA (CON COMPETENCIA EN MATERIA MERCANTIL) cuyo fallo es como sigue: Que DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda incidental formulada por la procuradora D.ª Eva María Timoteo Castiel en nombre y representación de MGR GRUPO INFORMATICO S.L. y en consecuencia debe proceder al abono de las retribuciones de los administradores concursales con arreglo a lo estipulado en el auto de 14 de junio de 2007 en el plazo de cinco días a partir de la firmeza de la presente resolución. Todo ello con imposición a la parte actora de las costas causadas en el presente procedimiento.".
Segundo.-Que contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación de la parte demandante que fue admitido en ambos efectos, oponiéndose al mismo la parte contraria, remitiéndose los autos a este Tribunal previo emplazamiento de las partes y considerando el mismo necesaria la celebración de vista, tuvo lugar con asistencia de referidos Procuradores y Letrados solicitándose por la apelante la revocación de la sentencia y, en su lugar, se dictara otro con arreglo a sus peticiones y por la del apelado que se confirmara dicha resolución en todos sus pronunciamientos.
Tercero.-Que en la tramitación de las dos instancias de este juicio se han observado las prescripciones legales.
Primero.-Frente a la desestimación de la demanda incidental formulada por la procuradora Doña Eva María Timoteo Castiel, en nombre y representación de la ahora recurrente MGR GRUPO INFORMÁTICO, S.L., y el consiguiente rechazo a la modificación de la retribución fijada a los administradores concursales por auto de 14 de junio de 2007, reacciona en esta alzada la expresada mercantil con ocho motivos de impugnación a los que iremos dando cumplida respuesta, no sin antes poner de manifiesto ya que la propia admisión a trámite de la demanda incidental de la que trae causa la litis choca en cierta forma con la actitud pasiva o falta de reacción de la apelante al auto que fijo los honorarios, al aquietarse con el mismo, y sin que valga como argumento la provisionalidad de dicha resolución por lo que más adelante se dirá.
Segundo.-Aduce en primer lugar la apelante falta de imparcialidad del juez, con violación de la sentencia impugnada del artículo 24.1 de la Constitución Española, para lo cual reproduce los mismos argumentos que en el escrito de recusación expuso, recusación que motivó el Rollo de Apelación n.º 294/09 y que ha sido desestimada por esta misma Sala por auto de 11 de mayo pasado, a cuyos argumentos nos remitimos para rechazar este alegato.
En cualquier caso, conviene decir que las decisiones del juez sobre suspensión o continuación de la vista son facultades concedidas por la Ley (artículos 188, 189 y 193 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), cuyo ejercicio está sometido, en su caso, a recurso, pero que no presupone parcialidad; en todo caso, la suspensión para garantizar el estudio de un informe pericial presentado dos días antes del juicio (y del que, al parecer se dio traslado a la contraparte al inicio de la vista), es una medida garantista a favor de la tutela judicial efectiva. Igualmente, el que se dicte una resolución en un plazo breve, no puede convertirse en objeto de sospecha, cuando realmente lo que pregona es un ejercicio diligente de la jurisdicción. Se hacen afirmaciones sin fundamento probatorio alguno, como que en este asunto se han dictado las resoluciones con más celeridad que en otros (no se dice qué otros y cuál sería el supuesto retraso). Es contradictorio que se impute una supuesta connivencia entre el juez y la administración concursal cuando precisamente se dice que ésta pidió la ejecución provisional del auto sin esperar al periodo de espera y que el juzgado no despachó ejecución hasta que había transcurrido dicho periodo. También que se diga que se ha vulnerado el principio de concentración de pruebas, cuando precisamente la interrupción de la vista y su nuevo señalamiento lo que permitía era la práctica concentrada de la prueba. La simple disconformidad de una parte con las resoluciones o con los criterios jurídicos del juzgador, no convierte a éste en parcial a favor de la parte contraria. Es más, estudiando las actuaciones, se aprecia que en modo alguno el juez ha tenido una actitud desfavorable para la parte concursada, desde el mismo momento en que, sin haber recurrido el auto que fijaba provisionalmente los honorarios, ni haber recurrido el auto que ponía fin a la fase común del concurso y consolidaba dichos honorarios, al no introducir correcciones o modificaciones en ellos, ni haber impugnado la lista de créditos contra la masa, el juez le permite que, aprovechando un recurso de reposición contra la resolución que acordaba el requerimiento de pago, pueda iniciar un incidente concursal para cuestionar unas retribuciones que previamente y en varios momentos procesales previos nunca había impugnado, como ya dijimos.
Tercero.-Aduce en segundo lugar la apelante haber incurrido el juzgado en la omisión del dictado del auto de fijación de la retribución definitiva de los administradores concursales, infringiendo con ello el artículo 4.4 del Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre.
Pues bien, en este sentido se ha indicar que el artículo 4.4 del Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el Arancel de Derechos de los Administradores Concursales, establece que el juez, en la misma resolución en que ponga fin a la fase común o en otra de la misma fecha, hará las correcciones oportunas en las cantidades inicialmente fijadas como retribución de los administradores. Dicho precepto parte de la base de que han existido variaciones que provocan la corrección, por lo que a sensu contrario, si no ha habido tal modificación, no es preceptivo dictar un auto específico, o introducir modificaciones del arancel previamente fijado en el auto que pone fin a la fase común. El juzgado, en cumplimiento del artículo 111.1 de la Ley Concursal, dictó auto con fecha 5 de marzo de 2008 poniendo fin a la fase común, sin realizar modificación de las retribuciones inicialmente fijadas, al no estimarla necesaria, sin que la concursada hiciera objeción alguna, ni lo recurriera; del mismo modo que tampoco objetó el informe de la administración concursal ni sus documentos anexos (inventario de la masa activa y lista de acreedores), de cuyo contenido se deriva el importe de la retribución, puesto que la misma, como se verá más adelante, se calcula reglamentariamente en función del activo y del pasivo del deudor. Es más, en el informe definitivo de la administración concursal figuraba expresamente su retribución como crédito contra la masa, y la concursada tampoco hizo alegación o impugnación alguna; y tras la rendición de cuentas, en la que nuevamente se contenía la referencia expresa y líquida a la retribución, el Juzgado dictó auto de aprobación de dicha rendición de fecha 10 de octubre de 2008, que no fue recurrido. Por ello, aunque el artículo 34.4 de la Ley Concursal permite la modificación la retribución, si concurriera justa causa, no parece que concurra la misma, cuando la propia parte ha consentido las cifras y los cálculos a que se refiere el arancel en varias y sucesivas ocasiones.
Este motivo del recurso deber perecer.
Cuarto.-Igual suerte desestimatoria ha de correr el motivo (amparado en el error en la apreciación de la prueba e infracción de los artículos 34 y 84 de la Ley Concursal y artículo 4 del Real Decreto antes calendado) mediante el que se aduce que la retribución de los administradores no se corresponde con el valor final del activo y pasivo del concurso, por más que no se diga en qué consiste el error en la valoración de la prueba, aunque puede deducirse que derivaría de no haber tenido en cuenta la discrepancia entre los valores atribuidos provisionalmente al activo y al pasivo por la administración concursal en su escrito de propuesta de retribución provisional, frente a los contenidos en su informe.
Pues bien, el artículo 84 de la Ley Concursal no puede considerarse infringido, porque únicamente hace una enumeración de los créditos a los que legalmente se atribuye la cualidad de serlos contra la masa, sin que nada tenga que ver con el problema debatido. En cuanto a la posible infracción del artículo 34 de la misma Ley, que establece las reglas generales sobre retribución, ya se ha dicho que para que pueda instarse la modificación de la retribución debe concurrir justa causa. Tampoco ni siquiera se indica cuál sería dicha justa causa, que en todo caso, debe ser de cierta trascendencia, como por ejemplo el cambio de intervención de las facultades del deudor a la suspensión de las mismas, o el cambio de procedimiento de abreviado a ordinario o viceversa.
Por otra parte, la fijación del arancel no queda al arbitrio del juzgador, sino que está reglada, tanto en el calendado artículo 34 de la Ley Concursal, como en su norma de desarrollo, el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, que establece el arancel de derechos de los administradores concursales. Conforme a estar normas, la retribución tiene un componente básico, que se calcula atendiendo a los valores de la masa activa (que finalmente resultará del inventario definitivo) y de la masa pasiva (que se desprenderá de la lista de acreedores), a los que han de aplicarse las escalas progresivas y porcentajes sobre el resto adicional tabulados en el arancel, para obtener dos importes que se suman, suponiendo la realización de una operación aritmética que no contempla ninguna consideración adicional (artículo 4.1 del Decreto 1860/2004). A su vez, una vez fijada esa remuneración básica, entran en juego otros conceptos, hasta alcanzar la cifra final de la retribución, que operan por el siguiente orden: Primero.- La aplicación de incrementos variables por razón de la dificultad para el desempeño de su misión por parte de la administración concursal, que pueden ser: a) de hasta un 50% sobre la cantidad anterior si el concursado tuviera suspendido el ejercicio de las facultades de administración y de disposición sobre la masa activa (artículo 4.2 del Decreto 1860/2004); y b) de entre un 5 y un 25% de la cantidad resultante de las operaciones anteriores si se hubiese ordenado la tramitación abreviada del concurso y la administración concursal estuviera integrada por un único miembro (artículo 4.5 del Decreto 1860/2004). Segundo.- La aplicación de decrementos en los casos de cese o suspensión de la actividad profesional o empresarial del concursado, que pueden ser: a) del 25% si es total (artículo 5.1 del Decreto 1860/2004); y b) el que el juez determine (se entiende, lógicamente, con el límite del 25% previsto para el caso anterior, que es de más alcance), si fuese solo parcial (artículo 5.2 del Decreto 1860/2004). Tercero.- La aplicación de un incremento fijo de un 5 % por cada uno de los supuestos que conlleven complejidad del concurso (artículo 6 del Decreto 1860/2004) y que están tasados en el arancel: a) cuando exista una discrepancia de, al menos, un 25 % entre el valor de los bienes del inventario presentado por el deudor y el definitivamente aprobado o entre el importe del pasivo relacionado por el deudor y la lista definitivamente aprobada; b) cuando, al menos, la cuarta parte del valor de los bienes y derechos corresponda a los que estén fuera del territorio español, siempre que sobrepasen diez millones de euros; c) que el número de acreedores concursales sea superior a mil; d) cuando el número de trabajadores empleados por el deudor rebase doscientos cincuenta (en la fecha de declaración del concurso o como número medio de trabajadores empleados durante el año inmediatamente anterior); e) cuando se tramiten ante el juez expedientes de modificación sustancial de condiciones de trabajo o de suspensión o extinción colectiva de relaciones laborales, de conformidad con la Ley Concursal, siempre que la empresa concursada tenga más de cincuenta trabajadores; f) cuando el número de establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o servicios que figuren en el inventario fuese superior a diez o, al menos tres de ellas radiquen en distintas provincias; g) cuando el concursado hubiera emitido valores que estén admitidos a cotización en mercado secundario oficial; y h) cuando el concursado fuera entidad de crédito o de seguros. Y Cuarto.- La aplicación de un incremento variable de hasta un 25% del importe de la retribución final, en el caso de aprobación judicial de convenio anticipado (artículo 7 del Decreto 1860/2004).
Cuando el arancel prevé porcentajes fijos (como sucede en los casos de los artículos 5.1 y 6 del Decreto 1860/2004), el Juez debe limitarse a comprobar que concurre el supuesto de hecho previsto en la norma para aplicar, sin otra consideración, el tipo correspondiente. Por el contrario, en aquellas previsiones en las que el arancel contempla la aplicación de un porcentaje variable, enmarcado entre unos márgenes máximo y mínimo (como ocurre en los artículos 4.2, 4.5, 5.2 y 7 del Decreto 1860/2004), queda al prudente arbitrio del juez su concreción
En cuanto al artículo 4.2 del Real Decreto 1860/2004, que permite aplicar un incremento de hasta un 50% en el caso de que el concursado tuviera suspendidas sus facultades de administración y disposición, a la hora de concretar el porcentaje deben valorarse una serie de elementos o condiciones que dependen de cada caso concreto, como el grado de colaboración y ayuda que se haya prestado a la administración concursal por el concursado o su personal para la gestión de la empresa, la complejidad de las actividades empresariales o comerciales de la concursada que son asumidas por la administración concursal, la concentración o dispersión de la actividad, etc.
Esto en cuanto a la retribución correspondiente a la fase común. En cuanto a la retribución de la fase de convenio, se parte de los mismos parámetros, calculándose únicamente conforme a un mero incremento porcentual, a razón del 10% por cada mensualidad, según dispone expresamente el artículo 9.1 del Real Decreto regulador del arancel, sin necesidad de que se dicte un nuevo auto al respecto, operando ope legis la propia previsión reglamentaria.
Así las cosas, sobre estas bases, no consta que el auto del Juzgado que fijó la retribución provisional, y que no consideró necesario modificar al dictar el auto que ponía fin a la fase común, se apartara de dichos criterios, y ninguna objeción hizo la parte ahora apelante durante los sucesivos trámites procesales, ya expuestos, en los que tuvo ocasión para ello.
Obsérvese, además, para mayor confusión, que la parte apelante ha llegado a hacer, durante la sustanciación del procedimiento y del recurso de apelación, tres cálculos o propuestas de retribución diferentes: en el recurso de reposición que dio pie a la impugnación -tras ser requerida de pago de los honorarios- solicitó que la retribución fuera de 67.172 euros; en la alegación cuarta del recurso de apelación hace referencia a una cantidad de 291.631 euros; y en la petición subsidiaria del suplico del mismo recurso de apelación menciona la suma de 212.376,56 euros. Ello hace que a esta Sala no le queden en absoluto claras cuáles sean las bases de cálculo que utiliza la parte apelante para impugnar la aplicación del arancel efectuada por el juzgador de instancia.
Quinto.-Esgrimiendo una infracción de los artículos 34 y 82 de la Ley Concursal y artículo 4 del R.D. 1860/2004 de 6 de septiembre, se aduce, en quinto lugar, un error en la retribución al sumarse los denominados activos contingentes, con lo que viene así la parte apelante a confundir dos conceptos: importe de la masa activa con diferencia patrimonial, según resulta del mero examen del informe de la administración concursal, del que se deriva que la masa activa se cuantifica en un total de 36.018.030,80 euros, y la denominada "diferencia patrimonial previa" (resultado de restar el importe del pasivo del activo) se cifra en 5.571.715,57 euros. Los llamados créditos contingentes no pueden desaparecer del activo, pues una cosa es que su cobro sea más o menos dudoso o dificultoso y otra ignorarlos directamente como parte de la masa activa, cuando el artículo 76 de la Ley Concursal establece que forman parte de la misma los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración de concurso, sin que se encuentren dentro de ninguna de las excepciones (bienes inembargables o privilegios sobre buques y aeronaves) a que se refiere el propio artículo. Es más, se da la circunstancia, que ahora resulta paradójica, de que dichos créditos fueron tenidos en cuenta, sin merma alguna, por la concursada a la hora de formular el plan de viabilidad incluido en su propuesta de convenio con los acreedores. Así mismo, el avalúo de la masa activa no tiene que ajustarse a las previsiones del Plan General de Contabilidad, puesto que los criterios de valoración de dicha norma contable y de la Ley Concursal son diferentes, ya que esta última, en su artículo 82.3 impone como criterio de valoración el valor de mercado y a ello debe ajustarse en su informe la administración concursal.
En cuanto al pasivo, no pueden separarse los créditos concursales y los créditos contra la masa, puesto que una cosa es que se relacionen de forma separada, como previene el artículo 94.4 de la Ley Concursal y otra que no se tenga en cuenta su suma total para la valoración del pasivo.
Por otra parte, en la sentencia no se hace ninguna asimilación entre la retribución de los administradores concursales y los honorarios del abogado de la concursada, sino que se hace una reflexión sobre el particular, más a modo de obiter dicta que de criterio resolutivo, sobre la coincidencia entre las bases de cálculo de una y otro. Lo que tiene, además, una importante fuerza dialéctica, puesto que ya que la parte se permite cuestionar la profesionalidad e incluso la ética tanto del juez como de los administradores concursales, resulta incuestionable enfrentarla a sus propias contradicciones, ya que nada dice sobre los honorarios de sus profesionales, también de muy elevada cuantía.
Este motivo del recurso debe, pues, perecer.
Sexto.-No mejor suerte desestimatoria ha de correr la aducida improcedencia de la inclusión de los activos contingentes en la masa activa, argumento que viene a ser reiterativo del precedente y parte de la base errónea de que los denominados activos contingentes no deben incluirse en la masa activa, cuando el artículo 76 de la Ley Concursal no permite dicha exclusión.
El argumentos de que la propia situación de insolvencia de la concursada presupone que su activo es inferior a su pasivo es insostenible a la luz del artículo 2 de la Ley Concursal, que al definir la insolvencia como presupuesto objetivo del concurso abandona las viejas polémicas sobre la insuficiencia patrimonial y el desbalance, propias de la derogada legislación concursal, para inclinarse por la mera imposibilidad de cumplimiento regular de las obligaciones exigibles, con independencia de cuál sea la causa de esa imposibilidad (en este sentido, el Auto de esta misma Sección de 9 de enero de 2007). Por ello, puede tenerse un activo superior al pasivo, pero por falta de liquidez o de financiación no poder cumplir las obligaciones, por lo que se es insolvente en el sentido legal expresado (precisamente, la actual situación de crisis económica está poniendo de manifiesto la inviabilidad de muchas empresas por falta de financiación y de acceso al crédito).
Insistimos, resulta paradójico, que la parte apelante pretenda que se eliminen los citados créditos, acusando de voracidad de cobro a los administradores, cuando ella misma los tiene en cuenta para convencer a sus acreedores de la bondad y viabilidad de su propuesta de convenio.
Séptimo.-Infracción de los artículos 9.3 de la Constitución Española y artículo 7.1 del Código Civil, por ir el juzgador en contra de sus propios actos: así como infracción de los artículos 34.4 de la Ley Concursal y 4.4 del RD 1960/2004. Mediante este motivo o razón de discrepancia con la sentencia combatida pretende la apelante la impugnación del incremento del 50% en la retribución de los administradores. En este sentido, ya hemos dicho, al analizar las reglas de aplicación del arancel, que este incremento previsto en el artículo 4.2 del Real Decreto no presupone una aplicación automática del porcentaje, sino que el mismo puede ser modulado en función de las circunstancias del caso (el citado precepto habla literalmente de que "podrá incrementarse") que han de ser valoradas a su "prudente arbitrio" por el juez. También se ha adelantado que entre tales factores concurrentes habrá que tener en cuenta el grado de colaboración de la concursada, la complejidad del negocio, la dispersión de sedes, etc.
Pues bien, en este caso la colaboración ha brillado por su ausencia, dado que la mitad de la plantilla se dio de baja en cuanto se declaró el concurso y, lo que es más importante, no se pudo contar con el personal de alta dirección (gerente de compras, directora del departamento de riesgos y jefa de operaciones comerciales), por lo que fueron los administradores concursales quienes tuvieron que hacerse cargo de la gestión de la empresa, la cual, por cierto, pese a su mala situación económica que dio lugar a la declaración de concurso, han mantenido en funcionamiento y en disposición de seguir actuando en el mercado. Cosa distinta es que la empresa hubiera cesado en su actividad, en cuyo caso el trabajo hubiera sido mucho menor (y ese es el supuesto tratado en el Auto de la Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de febrero de 2008 que la parte apelante invoca). Sin embargo, manteniéndose activa y en un ramo de negocio tan específico y especializado como el mercado informático, ha de considerarse un mérito de la administración concursal su supervivencia y continuidad. Por esta razón, no se considera que el juez se haya excedido en su prudente arbitrio concediendo el máximo del porcentaje reglamentariamente previsto.
Por otro lado, la alegación de proporcionalidad o desproporcionalidad de la retribución carece de respaldo legal, pues el propio Arancel es el que determina la proporción de los honorarios de los administradores en función de las cuantías del activo y del pasivo y del resto de variables antes expuestas. De hecho, así sucede en todas las actividades profesionales regidas por Arancel, como las de los notarios, los registradores o los procuradores. El propio preámbulo del Real Decreto 1860/2004 asume este concepto, al decir que una de las ventajas del sistema de arancel es que asegura la proporcionalidad de la retribución "respecto de la dificultad de las tareas que se realizan, de la complejidad del concurso y de la duración del procedimiento".
Este motivo o argumento ha de ser, por tanto, rechazado
Octavo.-El mismo rechazo ha de merecer el séptimo argumento del recurrente mediante el que formula una nueva impugnación del incremento del 50%, aduciendo esta vez infracción de los artículos 24 y 120 de la Constitución por ausencia de motivación y de los artículos 34.4 de la Ley Concursal y 4.2 del RD 1860/2004. Para la desestimación de este motivo damos por reproducidos aquí las razones expuestas en el fundamento jurídico anterior.
Noveno.-Aduce en último lugar la apelante una infracción del artículo 184.4 de la Ley Concursal por dictar condena en costas sin tener en cuenta o, al menos, sin consignar que ante las misma no se incluyen honorarios de letrado.
Pues bien, este motivo no puede encontrar tampoco la favorable acogida de la Sala, toda ve que lo que la recurrente hace es confundir condena en costas con tasación de las mismas. El pronunciamiento sobre costas es obligatorio en cualquier resolución de carácter civil y la condena procede conforme al principio del vencimiento objetivo, sin perjuicio de cuáles sean las partidas que deban incluirse en su posterior tasación.
Décimo.-- Por cuanto antecede, procede la desestimación del presente recuso de apelación con imposición a la apelante de las costas de esta alzada a tenor de lo dispuesto en los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a los que se remite el artículo 196.2 de la Ley Concursal.
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de M.G.R. GRUPO INFORMÁTICO S.L. contra la sentencia que en 13 de julio de 2009 dictó el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba en Procedimiento Concursal n.º 92/2007 (Sección 4.ª; Inc. n.º 24), debemos confirmar como confirmamos meritada resolución con imposición a la recurrente de las costas de esta alzada.
Notifíquese esta sentencia a las partes con indicación de que contra ella cabe recurso de casación y recurso extraordinario por infracción procesal ante este Tribunal en el plazo de cinco días para su resolución por el Tribunal Supremo.
Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación literal al rollo de su razón, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.