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Timestamp: 2017-06-29 06:01:18
Document Index: 320175991

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 6', 'Artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 4', 'Artículo 14', 'artículo 20', 'Artículo 20', 'artículo 66', 'artículo 23', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 1', 'Artículo 553', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 98', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 104', 'Artículo 1']

EXPEDIENTES Nº INFORME FINAL CON RECOMENDACIONES ********************************** - PDF
EXPEDIENTES Nº INFORME FINAL CON RECOMENDACIONES **********************************
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Alejandro Lucas Cabrera Sánchez
1 EXPEDIENTES Nº INFORME FINAL CON RECOMENDACIONES ********************************** Un grupo de representantes de los trabajadores bananeros presento ante la Defensoría de los Habitantes una solicitud para que se procediera a investigar la actuación de las instituciones competentes en la atención del caso de los trabajadores agrícolas afectados por la aplicación del DBCP en las plantaciones bananeras, así como de la representación legal de los abogados que sumieron la tramitación de los reclamos judiciales por daños y perjuicios ante las Cortes de los Estados Unidos. Concretamente los afectados manifestaron lo siguiente: 1)- Que durante los años sesentas y setentas realizaron labores agrícolas en las plantaciones bananeras donde aplicaron, y fueron expuestos tanto ellos como sus esposas e hijos, al Dibromocloropropano DBCP conocido con los nombres comerciales de Fumazone y Nemagón. 2)- Que dicho producto era altamente tóxico y les ocasionó problemas de esterilidad y una serie de padecimientos físicos y psicológicos los cuales no han sido diagnosticados adecuadamente ni atendidos oportunamente por los centros médicos del país. 3)- Que la mayoría de los trabajadores bananeros afectados se han visto limitados en el acceso a los centros de salud dado que desde hace varios años no pueden realizar labores agrícolas ni de otra índole y no tienen cobertura del sistema de seguridad social, ni ellos ni sus familias. 4)- Que con la representación de algunos abogados interpusieron las demandas de reclamación por daños en las Cortes de Houston Texas, sin que hasta el momento tengan conocimiento de los resultados y estado actual de los trámites. 5)- Que un gran porcentaje de los trabajadores que otorgaron poder para su representación en la instancia jurisdiccional norteamericana fueron excluidos de las demandas planteadas -cerca de un 50%- y no han recibido indemnización por los daños ocasionados. 6)- Que en el caso de los trabajadores que si fueron indemnizados, los montos girados por dicho concepto resultaron muy bajos, con el agravante de que actualmente resulta imposible e incierta la posibilidad de plantear nuevos reclamos en las instancias jurisdiccionales nacionales y en las cortes norteamericanas. 7)- Que no obstante las gestiones realizadas ante el Instituto Nacional de Seguros, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Salud, sus requerimientos de atención no han sido satisfechos y se han encontrado en una total indefensión por parte del Estado Costarricense. Por su parte el 10 de febrero de 1998 el señor Porfirio Aguirre Arrieta en representación de un grupo de trabajadores y extrabajadores del Ministerio de Agricultura y ganadería y del Ministerio de Salud, presentaron ante esta Defensoría una denuncia en la cual plantean lo siguiente: Que siendo funcionarios de ambos Ministerios laboraron en la aplicación de productos químicos en la campaña y combate de la malaria y la fiebre amarilla.2 Que los productos utilizados, tales como DDT, Dieldrin, Adrin, Melation, DBCP, ABATE, deltametrin y Fumasone son altamente tóxicos y no se disponía de equipos y medidas se seguridad por lo cual resultaron afectados en su salud. Los trabajadores solicitaron la intervención de la Defensoría para que entre otras gestiones se recomiende al Ministerio de Salud y al Ministerio de Agricultura y ganadería indemnizar todos los daños y perjuicios producidos causados. Consecuentes con el compromiso legal, moral y de solidaridad que ha orientado la participación de la Defensoría de los Habitantes en la sociedad costarricense y en atención a su diario quehacer institucional y conforme las compentencias dictadas por la Ley Nÿ 7319, a partir del mes de noviembre de 1997, se asumió la investigación y los siguientes compromisos u objetivos: 1- Satisfacer el derecho de información de la población directa e indirectamente afectada tanto con respecto a los alcances y resultados de las gestiones y reclamos administrativos y judiciales interpuestos como de las posibles secuelas y efectos sobre la salud. 2- Procurar que las instituciones competentes brinden una atención médica especializada a nivel de diagnóstico, atención y tratamiento de los trabajadores, cónyuge o hijos que presenten síntomas de padecimientos relacionados con la aplicación del DBCP. 3- Procurar que se satisfagan las necesidades básicas de alimentos de estas familias. 4- Incidir en la adopción de medidas preventivas para evitar casos futuros de afectación de la salud de los trabajadores agrícolas y se evalúen los se adopten controles efectivos de importación, ingreso, comercio, y uso de plaguicidase y se apliquen las medidas de seguridad e higiene de los trabajadores agrícolas. En posteriores reuniones con los trabajadores agrícolas afectados, éstos concretaron algunas de las peticiones en el siguiente sentido: 1- Que se solicitara al Ministerio de Relaciones Exteriores el nombramiento de un Cónsul Honorario a efecto de que realizara la investigación de los casos presentados ante las Cortes de Houston Texas y se les informara sobre los trámites realizados por sus abogados representantes. 2- Que el Estado destine los recursos necesarios para presentar nuevas demandas contra las compañías productoras del DBCP y aquellas patronales que utilizaron el producto sin considerar su toxicidad y los efectos en la salud de los trabajadores. 3- Que se realice una valoración médica y psicológica interdisciplinaria de los afectados directos, de sus cónyuges e hijos para determinar las incidencias de la exposición al producto y que en igual sentido puedan recibir el tratamiento médico adecuado. 4- Que la Defensoría de los Habitantes atienda y evacué las consultas puntuales de los trabajadores afectados con respecto a los tramites realizados para el pago de los daños y perjuicios ocasionados. 5- Que se determine conforme el régimen de competencias aplicable a cada institución, su participación en la atención de las necesidades de los afectados.3 6- Que la Defensoría brinde seguimiento a la comisión Interinstitucional de Afectados por el DBCP conformada por funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de Seguros y el Ministerio de Agricultura y ganadería. 7- Que se gestione ante el Colegio de Abogados para que se determine la posible responsabilidad por supuesto patrocinio infiel por parte de los abogados representantes de los trabajadores afectados. Admitida la solicitud de investigación, la Defensoría de los Habitantes estimó necesario recabar previamente información relacionada con el caso y realizar un diagnóstico general del mayor número posible de trabajadores afectados. Para ese fin se realizaron las siguientes gestiones: 1- Visitas de atención a las comunidades y consultas a los trabajadores: La Defensoría de los Habitantes en el período de investigación, realizó visita a las comunidades de Guápiles, Puntarenas, Nicoya y Golfito, y entrevistado a 1143 trabajadores bananeros y a 400 compañeras y esposas de estos trabajadores. En todas ellas se informó a los afectados que asistieron a las actividades convocadas de los compromisos y objetivos de la intervención e investigación de la Defensoría, se escucharon las peticiones concretas de los afectados, se entrevistaron trabajadores mediante formularios para la obtención de información; datos de identificación de cada trabajador, esposa e hijos afectados, estado de salud y principales dolencias o padecimientos físicos y psicológicos, y se identificaron las principales necesidades de atención. En igual sentido un gran número de casos fueron atendidos individualmente en las oficinas centrales de la Defensoría de los Habitantes donde se recopiló información y se evacuaron las consultas planteadas por los trabajadores, la información que consta en 1,600 formularios fue procesada en una base de datos de donde es posible obtener estadísticas, sintomatologías y otra información que servirá de base y referencia en el presente informe. 2- Recopilación y análisis de la investigación científica: Con el fin de obtener la información científica que pudiera determinar, asociar o relacionar la incidencia de la exposición del DBCP en los trabajadores expuestos y afectados indirectos, la Defensoría de los Habitantes suscribió un convenio de colaboración con la Universidad Nacional a efecto de que un grupo de investigadores del Laboratorio de Plaguicidas realizara la revisión y análisis de la literatura y la recopilación de los datos científicos existentes. Los investigadores del laboratorio de Plaguicidas, Dra. Luisa Castillo, Dra. Patricia Monge y la Bióloga Lilliam C. Soto, elaboraron el documento denominado "Efectos adversos a la salud atribuidos al DBCP" el cual contiene importante información sobre toxicidad en humanos (efectos a corto y largo plazo), carcinogenicidad, diagnóstico y control médico periódico, datos experimentales y clínicos que demuestran evidencia científica de infertilidad. El estudio indicado concluyó la recopilación y el análisis de información de 58 fuentes nacionales e internacionales. Entre otras, se ha obtenido información de las bases de datos de la4 Universidad de Washington-Seattle, Instituto Karolinska de Suecia, Integrated Risk Information de la EPA. Además la Defensoría de los Habitantes ha revisado una serie de fuentes bibliográficas y de investigación. Entre ellas el estudio realizado en un grupo de mujeres por la Sección de Genética Humana INISA, la Escuela de Biología y el Departamento de Análisis Clínicos de la Facultad de Microbiología, todos ellos de la Universidad de Costa Rica. Esta investigación ha estado a cargo de la Dra. Patricia Cuenca Berger, las biólogas Vanessa Ramírez Mayorga y Rocío Castro Aché y del Dr. Karl Schosinsky Nevermann. Este estudio se refiere al Efecto Genotóxico de los Plaguicidas en una población costarricense expuesta ocupacionalmente, El citado documento en lo que interés consigna: Los efectos de los plaguicidas sobre la salud humana pueden darse a corto y a largo plazo. Una única exposición a éstos puede producir intoxicaciones sistémicas agudas, dermatitis por cantacto, lesiones oculares por contacto y en algunos casos reacciones alérgicas generalizadas de tipo anafiláctico. Si las exposiciones se repiten por períodos más prolongados, pueden producir intoxicaciones sistémicas crónicas, dermatitis, problemas alérgicos de tipo crónico y otras enfermedades, tales como neuropatías, nefropatías, hepatopatías, enfermedades cardiovasculares y oculares. Los períodos de larga exposición se relacionan con la aparición de cáncer, malformaciones congénita, esterilidad y abortos. La asociación entre la exposición ocupacional y el incremento del riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer en trabajadores bananeros, fue investigada por Wesseling 1 encontrando que se da un incremento evidente en la tasa de incidencia estandarizada para melanoma y cáncer de pene en hombres, y en cáncer de cervix y leucemia en las mujeres. Los autores consideran que la incidencia establecida puede ser aún mayor. Se menciona en las conclusiones de dicho estudio, que los agentes carcinógenos producen cambios citogenéticos, visibles macroscopicamente y daño en el ADN. Otra fuente incorporada por el INISA, se refiere al incremento de alteraciones a nivel de cromosomas en los siguientes términos: "La información disponible demuestra que, cuando se detectan incrementos en la frecuencia de aberraciones cromosómica, daños en los mecanismos de reparación de ADN, y presencia anormal de fracturas en las molécula de ADN en una población, ésta población está expuesta a factores que incrementarán el riesgo a desarrollar cáncer y enfermedades genéticas." 2 Además se consultó en la presente investigación el documento elaborado en 1996 por los abogados representantes de los trabajadores en las Cortes de los Estados Unidos denominado "El Legado" en virtud del cual se consigna que el Dr. Charles Hine, de la Escuela de Medicina de la Universidad de California, escribió, en abril de 1958, un reporte a la Compañía Dow en el cual consigna que :ì...entre las ratas que han muerto, lesiones mayores han podido observarse principalmente en los pulmones, riñones y testículos. Los testículos quedaban por regla general 1 Wesseling, Castillo., Ahlboom, A., Antich, D., Rodríguez, A.C Cáncer en los Trabajadores de Plantaciones en Costa Rica. Int. J. Epid. 25: Cerrano, Thompson. Indicator of mutagenesis, et al 1976, Au et al 1991, Ashby et al 1993.5 extremadamente atrofiados Tres meses después de recibir esta información, la compañía emitió un comunicado oficial indicando que este producto era rápidamente absorbido por la piel y resultaba altamente tóxico al ser inhalado y que podían esperarse efectos a nivel de hígado, pulmones y riñones y una exposición prolongada podía resultar en atrofia testicular. 3 Posteriormente, en 1961, se reitera la toxicidad del producto en una publicación en Toxicology and Applied Pharmacology. En el caso de Costa Rica, se realizó un estudio puntual de investigación, en la zona de Nicoya, denominado: Magnitud y Caracterización de las Deficiencias y Discapacidades de la población menor del cantón de Nicoya, el cual se llevó a cabo con el apoyo de la UNICEF en atención a una alta incidencia de deficiencias y discapacidades de la población menor, encontrándose que las causa más frecuentes de mortalidad infantil en 1970 eran la septicemia, la diarrea, la bronconeumonía, el sarampión y la meningitis, todos de origen infeccioso, mientras que para 1984 los factores que se consignan como causas más frecuentes de mortalidad infantil son las anomalías congénitas, trastornos perinatales y los tumores malignos (incluyendo la leucemia), mientras que las infecciones han pasado a lugares secundarios. Llama la atención de los resultados del estudio, los porcentajes de problemas neurosensoriales y muscoesqueléticos. Estos datos llamaron la atención del sector médico de Nicoya; sin embargo, y a pesar de que en esa zona reside un número importante de trabajadores agrícolas que se vieron afectados por aplicación del DBCP, no se había establecido una asociación con estos resultados. Por su parte se han tomado como fuente de referencia el estudio realizado por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universiad Nacional denominado "Evaluación del equipo de protección usado durante la aplicación de herbicidas en plantaciones bananeras" el cual evalúa la efectividad de los sistemas y equipos de protección de los trabajadores. 3- En atención de los requerimientos de los afectados se realizaron las siguientes gestiones: Ministerio de Relaciones Exteriores: La Defensoría de los Habitantes solicitó al Dr. Fernando Naranjo, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el nombramiento de un Cónsul Honorario en Houston a efecto de realizar la investigación de los expedientes existentes en las Cortes de ese Estado, en virtud de los cuales se pactaron arreglos extrajudiciales entre los afectados y las empresas bananeras cuestionadas. Esta solicitud respondió a la imposibilidad de obtener información por parte de los abogados representantes de los trabajadores bananeros afectados por la aplicación del DBCP, ello en razón del secreto profesional que comprende la relación cliente abogado y a que la Ley de la Defensoría de los Habitantes limita su accionar a las Instituciones y funcionarios públicos. En respuesta a lo anterior el Ministro indicó desde el 17 de noviembre de 1997 que se girarían las instrucciones correspondientes al Cónsul General en Houston, Texas para que se prestara la colaboración requerida, no obstante lo cual y pese a reiteradas misivas que se han cursado tanto al Sr. Carlos Therán París como al propio Ministro con las referencias solicitadas por el Consulado para proceder con la investigación, la información no ha sido remitida a la fecha de emisión del presente informe. 3 El Legado. DBCP, 19956 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La Defensoría de los Habitantes solicitó al Lic. Farid Ayales, entonces Ministro de Trabajo, un informe detallado sobre las gestiones realizadas por esa institución para la atención de los afectados bananeros por el DBCP. En respuesta a lo anterior el Lic. Alfonso Solórzano Rojas, Director General de ese Ministerio, informó a la Defensoría de los Habitantes que dicho Ministerio había promovido la formación de una "Comisión de Enlace para la Atención Integral del DBCP" la cual estaba conformada desde el 1 de marzo de 1995, por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, este último representado por el Lic. Eugenio A. Solano, Viceministro en ejercicio en ese momento. Valga indicar que dicha Comisión de Enlace se conformó a petición y por las gestiones hechas por esta Defensoría de los Habitantes desde mayo de 1994, incluso se sugirió al Lic. Carlos Monge, Ministro de Trabajo de entonces, que se formalizara la constitución de dicha comisión por medio de un Decreto Ejecutivo, mismo que a la fecha del presente informe aún no ha sido elaborado ni publicado. De acuerdo con lo indicado en el informe rendido por el Lic. Ayales, los objetivos de la comisión son los siguientes: - Generación de información tendiente a verificar el estado real de los juicios planteados ante los tribunales de los Estados Unidos por los trabajadores afectados por el DBCP y facilitar la asesoría y orientación a los trabajadores que lo requieran. - Atención integral al problema de salud por la aplicación del producto y establecer sistemas de vigilancia y mecanismos de control adecuados sobre el uso de este agroquímico. Resulta evidente que las pretensiones de los afectados ante la Defensoría de los Habitantes coinciden en parte con los objetivos que persigue la comisión integrada desde el año de De acuerdo con lo consignado entre las gestiones realizadas por dicha comisión se solicitó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores el nombramiento de un Cónsul Honorario y la creación de una asesoría jurídico-laboral para atender las consultas de los afectados, las principales quejas y consultas atendidas tienen que ver con los documentos legales que los trabajadores han firmado y cuyo contenido y alcance desconocen, retención de documentos que los abogados se niegan a entregarles y cobros excesivos de honorarios. Según se indicó por parte del Lic. Alfonso Solórzano Rojas en una nota del 10 de julio de 1998, entre los criterios emitidos por el Ministerio en las consultas de los trabajadores están: - Con respecto al estado del proceso judicial que se ventila en los Estados Unidos, a los trabajadores se les indica que por tratarse de un asunto privado deben solicitar la información a los abogados representantes. - En lo referente a las consultas planteadas con respecto al estado de las demandas pendientes en los Juzgados en Costa Rica, se les ha solicitado a los trabajadores que indiquen el nombre de los abogados que los representan para proceder al estudios de los expedientes; sin embargo dicha información no es referida por los interesados.7 - Respecto a las posibilidades para llegar a arreglos extrajudiciales con las compañías bananeras, se les ha indicado a los consultantes que en el caso de que dichas compañías accedieran al pago es preciso que los trabajadores obtengan un criterio técnico para estimar el monto a pagar por concepto de daños y perjuicios. - Se ha consultado sobre las posibilidades de aumentar el monto recibido como resultado de los arreglos extrajudiciales pactados por sus abogados con las compañías, en este sentido se les ha informado a los trabajadores que esa posibilidad depende de las gestiones de sus representantes con las empresas. - Se les ha brindado a los trabajadores indicaciones básicas para la presentación de nuevas demandas sugiriéndose la necesidad de contratar los servicios de un profesional en derecho. Se indica además que antención de una propuesta de transacción ofrecida por la empresa Dow Chemical Company y a requerimiento del Sr. Víctor Hugo Núñez, entonces presidente de la comisión Campesina de la Asamblea Legislativa, se realizaron distintas gestiones ante la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud, el Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio de Relaciones Exteriores en procura de un criterio jurídico y médico que permitiera tener las referencias necesarias y conocer sobre las posibilidades del reclamo y plantear los términos de la negociación. En este sentido el Lic. Alfonso Solórzano Rojas, Director General del Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo, remite oficio del 11 de julio de 1997 en el cual se indica que de acuerdo con la reunión sostenida con el Dr. Wagner Rodríguez Camacho, Jefe del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, se indica que conforme los parámetros universalmente aceptados el estado de esterilidad se determine únicamente por el reporte de 20 millones de espermatozoides por milímetro y que una cantidad mayor es lo normal. Se adjunta copia de la respuesta emitida por la Procuraduría General de la República con respecto a la solicitud de criterio y asesoría planteada por la Comisión, en tal sentido el Lic. Julio César Mesén Montoya, Asistente de la Procuraduría manifiesta que dicha instancia se encuentra imposibilitada para brindar la colaboración solicitada en vista de que de conformidad con el artículo 1 de la Ley Orgánica dicha instancia es órgano superior consultivo técnico jurídico de la administración Pública estando fuera de su competencia la de brindar asesoría a sujetos de derecho privado. El 5 de abril del presente año se sostuvo una reunión con el Lic. Hugo Alfonso Solano, Ministro en ejercicio del Ministerio de Trabajo y el Lic. Mario Benavides, Asesor Legal del Departamento de Relaciones Laborales de ese Ministerio. De acuerdo con lo indicado en dicha oportunidad, la denominada "Comisión de Enlace" se encontraba inactiva; sin embargo, el Ministerio continuaba atendiendo y brindando asesoría legal a los trabajadores afectados en relación con los términos de los arreglos extrajudiciales pactados con las compañías bananeras, además se consideró oportuno la participación de la Defensoría en la citada Comisión. Atendiendo una petición de un grupo de trabajadores quienes solicitaron la presencia de esta Defensoría en una reunión por ellos convocada con el Lic. Victor Morales Mora recientemente nombrado Ministro de Trabajo, en el inicio de su gestión, el 25 de junio de 1998 dos funcionarios de esta Defensoría acompañaron a la comitiva de trabajadores a las oficinas del Ministerio, en esa oportunidad fueron atendidos por el Lic. Mario Buso y el Lic. Olger Méndez, ambos asesores del Ministro. Los trabajadores presentes manifestaron su disconformidad con la desatención del8 Ministerio a sus pretensiones y a la inactividad e ineficiencia de la Comisión de Enlace que se había conformado, solicitaron reorientar los objetivos de la comisión y solicitaron una posición, un compromiso y una política oficial del Ministro para la atención de sus demandas. Ante una solicitud presentada a esta Defensoría por otro grupo de representantes trabajadores en la cual manifiestan que han iniciado gestiones ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la apertura de un proceso de mediación en procura de llegar a posibles arreglos extrajudiciales con las compañías bananeras que aplicaron el producto en Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes se comprometió a estar presente en las reuniones y audiencias en carácter de amigables componedores y a brindar toda la colaboración que sea posible para alcanzar un resultado satisfactorio en las negociaciones. A la fecha del presente informe aún no se ha fijado la primera audiencia. Se realizó un estudio del expediente de la denominada Comisión de Enlace en el Departamento de Relaciones de Trabajo la cual se encuentra conformada por el Lic. Alfonso Solórzano Rojas, representante del Ministerio de Trabajo, Federico Saénz Murillo, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Dr. Roberto Castro Córdoba, representante del Ministerio de Salud. En dicho documento consta la siguiente información de importancia: -Minuta de la Comisión, reunión celebrada el 7 de abril de Se designó al Lic. Mario Benavides, abogado del Departamento de Asesoría Legal para la atención de consultas de los afectados. Se toma como acuerdo de la comisión realizar las gestiones para el nombramiento de un Cónsul en los Estados Unidos para conocer los tramites de los juicios planteados en las Cortes de ese país. El Sr. Donald Murray, representante de la empresa BANDECO compareció ante dicha comisión y entre otros aspectos expuso lo siguiente: El DBCP fue utilizado por BANDECO y otras compañías como fumigante del suelo (pesticidas), se usó en cítricos (piña, entre otros) y fue utilizado a nivel mundial, dicho producto se almacenaba en estañones y contaba con todos los permisos necesarios para el funcionamiento. Era diluido en agua y se inyectaba al suelo alrededor de las plantas de banano. El 23 de setiembre de 1977, la empresa Del Monte, emite un comunicado interno en virtud del cual se suspende de inmediato el uso del producto, de inmediato se ordenó la cancelación en forma definitiva del producto. La empresa BANDECO desconocía por completo los estragos que podía ser hacer en el ser humano pues al considerarse que contaba con todos los permisos por parte de las autoridades correspondientes, dicho producto podía se utilizado. Se indicó además que BANDECO, Del Monte y sus empresas asociadas han sido denunciadas por los trabajadores tanto dentro como fuera del país. BANDECO rechaza en forma categórica todas las denuncias debido a los altos montos de pago reclamados por los trabajadores. El Lic. Oscar Bejarano, también representante de la empresa, señala que se habían presentado en contra de la empresa 861 demandas y 12 juicios fallados a favor de la compañía, de acuerdo con lo indicado por el Sr. Bejarano, entre otros motivos los juzgados determinaron que los denunciados no se encuentran estériles o que no tuvieron contacto con el producto, algunos9 trabajadores que reportan labores en los años 80 ni siquiera aparecen cotizando para la Caja Costarricense del Seguro Social. Otros de los trabajadores que se reportaron como estériles tienen más de cinco hijos y en algunos casos las muestras de espermatozoides valoradas correspondían a otros hombres estériles. Se consulta a los representantes si es factible que los niños hijos e hijas de los trabajadores y familiares hubieran resultado afectados por el contacto con el DBCP. Se indica en este sentido que ello no era posible debido a la prohibición para que los familiares ayudaran en las labores a los trabajadores y no se tiene conocimiento de casos de hijos con problemas congénitos por la exposición de sus padres al DBCP. - Copia del Acta de la Comisión de Enlace del 11 de mayo de Comparece ante la comisión la Licda. Susana Chaves Sell representante de los trabajadores afectados y manifiesta que representa aproximadamente a trabajadores e indica que no está asociada en Costa Rica con ningún otro bufete ni organización; en los Estados Unidos está asociada con el bufete Misko Hawe Swine. Señaló además que otro grupo de trabajadores está representado por el Lic. Alvaro Montero quien también está asociado con la firma que la representa en los Estados Unidos. -Copia de la minuta de reunión de la Comisión celebrada el 29 de noviembre de En dicha reunión se acuerda solicitar al señor Mario Benavides Rudín, Jefe del Departamento de Relaciones del Trabajo del Ministerio de trabajo una lista con la clasificación de los casos que conste en ese departamento. En igual sentido se acuerda elaborar una guía o instructivo que contenga información general sobre la situación legal y posibilidad de pago a los trabajadores. -Copia de la minuta de la reunión celebrada el 7 de diciembre de 1995, por la Comisión de Enlace ante la cual comparecen un grupo de trabajadores quienes manifestaron no estar representados por ningún abogado y solicitan a la Comisión que intervenga para llegar a un arreglo administrativo de pago con la intervención del Instituto Nacional de Seguros. Señalaron los trabajadores que se les dificulta la presentación de acciones por cuanto muchos fueron contratados por contratistas y no directamente por las compañías bananeras, motivo por el cual no cuentan con registros en esas empresas por no estar asegurados y además por cuanto en los años setenta no se cotizaba para el seguro de invalidez, vejez y muerte. 4 - Copia del acta de la Comisión del 2 de marzo de 1998, en la cual constan las manifestaciones de los representantes de la empresa Standard Fruit Company y de la Asociación Pro Defensa de los Trabajadores Agrícolas y del Medio Ambiente ASOTRAMA. Los representantes de la empresa manifiestan que en virtud de los poderes de representación y de las denuncias presentadas ante las Cortes de los Estados Unidos, no les es posible negociar directamente con los trabajadores. Por su parte el representante de ASOTRAMA consideró que los abogados costarricenses que ostentan la representación de los trabajadores han perdidos la confianza de sus representados por lo cual están dispuestos a revocar los poderes y otorgar su representación a dicha asociación para posibilitar una negociación directa con la empresa y con la mediación del Ministerio de Trabajo.10 No obstante de que dicha asociación ha remitido la lista de los trabajadores asociados y demás documentos ofrecidos, a la fecha de emisión del presente informe, el Ministerio de Trabajo aún ha convocado la audiencia de conciliación ofrecida. - Copia del acta de la reunión de la Comisión de Enlace celebrada el 16 de febrero de 1998, ante la cual comparecen representantes del grupo del Monte y de ASOTRAMA. Los representantes de la empresa señalaron que los abogados con mandato de representación en los juicios planteados en los Estados Unidos les han recomendado escuchar los planteamientos de ASOTRAMA pero no tomar decisiones sobre el particular y solicitan a dicha asociación que les aporten los listados de trabajadores, lugares y fechas de trabajo y la pretensión de pago para trasladar el planteamiento a los abogados de los Estados Unidos. Por su parte los representantes de ASOTRAMA manifestaron que sus asociados han perdido la confianza en los abogados que los han representado y están en disposición de revocar los poderes conferidos y otorgar nuevos poderes a ASOTRAMA para que inicie la negociación directa con la compañía Instituto Nacional de Seguros: Con el fin de obtener información de los registros y antecedentes existentes en el Instituto Nacional de Seguros con respecto a las reclamaciones que por riesgos laborales se han tramitado ante el mismo se solicitó al Lic. Jorge Hernández Castañeda, Presidente Ejecutivo de ese instituto, remitir un informe en el que se detallara el estado actual de los casos sometidos a su consideración tanto por riesgos laborales como de aquellos que en virtud de aviso patronal del accidente se hubieran valorado y tramitado para el pago por concepto de los daños sufridos. De acuerdo con lo manifestado en una reunión sostenida por los funcionarios de esta Defensoría responsables de la investigación con el Lic. Luis Gerardo Cordero, Jefe de Riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de Seguros, los expedientes que datan de los primeros años de exposición al DBCP no se encuentran en el sistema de informática y para la recopilación de la información solicitada por esta Defensoría requieren datos precisos de los casos presentados. Para ese efecto se remitió una lista de los trabajadores entrevistados por la Defensoría de los Habitantes con su respectivo número de cédula a efecto de verificar si coincide con los reclamantes ante el Instituto Nacional de Seguros. Por su parte el 10 de junio de 1998, se sostuvo una reunión con el Lic. Edgardo Enrique Vindas Chaves y los señores Alfredo Conejo y Jorge Jiménez, director y funcionarios respectivamente del Departamento de Administración de Prestaciones Sanitarias del Instituto Nacional de Seguros. De acuerdo con lo manifestado por dichos funcionarios, ante el Instituto Nacional de Seguros se habían remitido mandamientos judiciales para su apersonamiento en aproximadamente denuncias por denuncias de riesgo laboral, información y detalle de los casos consta en el Departamento Legal de esa institución. Por otra parte se informó que en el Departamento de Prestaciones Sanitarias se habían tramitado aproximadamente 350 casos en virtud de los cuales el patrono -la empresa bananera en la cual laboraba el trabajador- había reportado el accidente laboral, los expedientes correspondientes constan en los registros de ese departamento y la única forma de accesar a ellos es con el nombre y11 el número de cédula del trabajador. Se remite una lista de 28 trabajadores a quienes se les cancelaron pagos por ese concepto, ninguno de las personas consignadas corresponde a algún trabajador que laborara en plantaciones bananeras ni se encuentran incluidos en el listado enviado por esta Defensoría para su constatación. De conformidad con lo indicado por el Lic. Vindas Chaves, en alguna oportunidad el Bufete norteamericano de Fred Misko Jr. realizó gestiones ante ese instituto para suscribir un contrato de cuota litis a efecto de que el Instituto pudiera recuperar algunas de los montos cancelados por concepto de seguros de riesgos del trabajo de los casos atendidos, se desconoce el resultado de dichas gestiones y si en definitiva el contrato fue suscrito y el Instituto ha recibido algún dinero por ese concepto. Con el fin de coadyuvar con las gestiones internas del instituto en la recabación de la información suministrada, la Defensoría de los Habitantes cursó notas a los Departamentos de Prestaciones Económicas Solidarias y al Departamento Legal de ese Instituto con el fin de que se dispusiera del personal necesario para recabar la información solicitada en vista de que los casos se encuentran en varios departamentos. Colegio de Abogados de Costa Rica. En relación con la actuación de los abogados a los cuales se otorgaron poderes de representación, los trabajadores bananeros solicitaron puntualmente que se investigara su actuación a la luz del Código de Ética del Colegio de Abogados. En razón de lo anterior la Defensoría de los Habitantes solicitó al Colegio de Abogados realizar la investigación correspondiente para determinar la posible responsabilidad por patrocinio infiel, que pueda caber sobre los abogados representantes de los trabajadores en los reclamos planteados En respuesta a dicha solicitud conocida por la Junta Directiva, se informó que la Fiscalía del Colegio de Abogados inició los trámites pertinentes que se tramitan bajo los expedientes números , , , según se indicó en las dos primeras causas se ha señalado audiencia a las partes para los días 3 y 5 de agosto del presente año. También se solicitó al Colegio de Abogados intervenir en relación con los casos que en la jurisdicción laboral nacional lleva el Lic. Benjamín Jiménez, dado que un importante grupo de trabajadores bananeros se apersonaron ante la Defensoría de los Habitantes manifestando que el citado profesional fue contratado desde 1992 para presentar las causas por riesgo del trabajo contra el INS y que a la fecha no hay sentencias, por lo que solicitaron información puntual, indicándoles el citado profesional que los casos están listos para dictar sentencia. Sin embargo, al verificar este dato una vez que obtuvieron los números de expedientes, se dieron cuenta de que varios de los expedientes están archivados y que otros tienen pendiente la valoración de los trabajadores por parte de la Medicatura Forense, sin que las fechas asignadas para dicho trámite fueran notificadas oportunamente a los afectados. 4 Solicitudes de Colaboración a Organismos Internacionales Atendiendo los alcances de las secuelas, así como la población afectada la Defensoría de los Habitantes solicitó la colaboración de Organismos Internacionales tales como la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, Organización Internacional del Trabajo para Centroamérica y Panamá. O.I.T, Instituto Interamericano de Cooperación para la 4Referimos al oficio CV y a los expedientes judiciales Nº , , , LA, , del Segundo Circuito Judicial.12 Agricultura IICA para que participaran en la investigación que llevaba acabo la Defensoría. No obstante dichas instancias manifestaron que por razones presupuestarias o limitaciones técnicas no era posible brindar la colaboración solicitada. Entrevistas realizadas: Con el fin de conocer el criterio de expertos y diversos actores se realizaron entre otras las siguientes entrevistas: a)- El 18 de febrero de 1998, se sostuvo una reunión con los señores Everardo Rojas Díaz y las señoras Emelda Navarrete y Soraya Lang funcionarios de la Comisión Costarricense de Derechos Humanos (CODEHU) quienes manifestaron: Que la Comisión Costarricense de Derechos Humanos ha venido realizando una serie de gestiones ante varias instituciones con el fin de procurar la atención del caso de los afectados bananeros, hombres, mujeres y niños sin que a la fecha hubieran encontrado repuesta positiva a sus planteamientos, entre otros requerimientos el Comité ha solicitado información respecto a la tramitación de los reclamos judiciales y extrajudiciales planteados ante la Comisión de Enlace conformada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en igual sentido gestionaron ante los abogados representantes de los trabajadores la entrega de documentos que se retenían a los clientes y que se les brindara información con respecto a los alcances y términos de las gestiones legales realizadas. Manifestaron los presentes que integrados en el Comité Nacional de Afectados y Afectadas por los Tóxicos Aplicados por las Bananeras en Costa Rica y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), y al no encontrar respuesta positiva por parte de las instituciones y de los abogados costarricenses se pusieron en contacto con los abogados norteamericanos de los Bufetes Hendler, Seagel y Fred Misko logrando suscribir con el primero de ellos, un convenio para que representara a los trabajadores bananeros organizados alrededor de este Comité y del cual se derivaría un convenio de vigilancia y garantía que en realidad procura hacer efectivo el acceso a la información clara y segura para los representados, respecto al trámite y avance de las gestiones, acuerdos y arreglos realizados en la atención del caso. De acuerdo con los términos del mencionado convenio el Bufete Hendler se comprometió a proporcionar la información y comunicación con los afectados por medio del Comité Nacional de Afectados, entre otras cláusulas se estableció: "...El Bufete Hendler P.C se compromete a que cualquier oferta razonable de indemnización será comunicada, previamente a su aceptación, al Comité Coordinador Conjunto, con las razones que justifiquen su aceptación..." 5El subrayado no es del original. Además dicha firma consideró la posibilidad de presentar reclamos y representar a las mujeres afectadas dentro de la jurisdicción norteamericana. Se indica que el Comité ha estado representado a cerca de mil trabajadores afectados. 5Ver convenio de Vigilancia y Garantías, suscrito e 12 de noviembre de 1993, Austin, Texas.13 No obstante lo anterior, y según informaron los representantes de CODEHU, el bufete incumplió con los términos del convenio, la información no fue la más precisa y constante y tampoco asumieron el caso de las mujeres afectadas. b)- Se conversó además con el Sr. Hernán Hermosillo, quien es representante del Foro de Emaús, red nacional compuesta por varias organizaciones sindicales, eclesiásticas, ecológicas, indígenas y de agricultores entre otros. El Sr. Hermosillo manifestó que la organización que representa ha venido atendiendo el tema de los impacto negativos a la salud y al ambiente producidos por el uso de agroquímicos en Costa Rica y que de acuerdo con los resultados de la investigación realizada, presentaron una denuncia ante el Tribunal Internacional del Pueblo Sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, con sede en Nueva York, Estados Unidos, cuyas siglas en inglés son IPT, denunciando afectación en la salud de un importante número de trabajadores de las plantaciones bananeras que aplicaron el nematicida DBCP comercializado bajo los nombres de Nemagón y Fumazone y solicitan "que la producción bananera se realice con justicia y en armonía con la Naturaleza". 6 Dentro de los procedimientos del Tribunal se otorgó un plazo tanto al Gobierno de la República de Costa Rica, en la persona del señor Presidente en ese momento Ing. José María Figueres Olsen, como al representante de la empresa Chiquita Brand para que se pronunciaran sobre los hechos denunciados; sin embargo, según informó el señor Hermosillo, ninguna de las partes se pronunció al respecto. Está pendiente, la emisión de un pronunciamiento por parte del Tribunal para los primeros días del mes de diciembre. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de los señores Diputados por parte del Foro de Emaus, en Costa Rica. c)- En entrevista realizada el 19 de mayo de 1998, con el Dr. Carlos Domínguez, especialista médico en urología, éste manifestó que alrededor de 1978, fue designado en la unidad de infertilidad masculina del Hospital Calderón Guardia. Indica que durante un período importante de tiempo empezó a atender a gran cantidad de varones que pese a encontrarse en edad reproductiva eran infértiles. Tratando de establecer una posible causa, empezó a llevar un registro en su libreta de los datos de estos pacientes, resultando evidente que eran trabajadores provenientes de las plantaciones de Río Frío, y Valle de la Estrella, y que, de acuerdo con los reportes de los pacientes, realizaban labores agrícolas y aplicaban nematicidas en las plantaciones bananeras. En vista de lo anterior, le solicitó a los trabajador referidos que le trajera copia de las etiquetas de los productos que aplicaban, otros copiaron lo que decía la etiqueta, con esta información pudo comprobar que la información de contenidos y previsiones de uso del producto estaban consignados en idioma inglés. Entre los productos aplicados se encontraba el DBCP conocido con el nombre comercial de Nemagón y Fumazone. De acuerdo con lo investigado por el Dr. Domínguez, quien realizó consultas con agrónomos costarricenses, entre ellos el Ing. José Antonio Domínguez quien en ese momento era representante de la compañía ELF en el área de agroquímicos, quien le proporcionó información sobre los efectos del DBCP y las razones por las cuales éste producto no lo distribuía la compañía, ya que en los Estados Unidos estaba asociado como carcinógeno en ratas y reportaba alteraciones en los espermogramas de los varones. Esa era una información técnica conocida en ese momento. También indica que el Nemagón se utilizó en las plantaciones nacionales durante los dos primeros años de la década de los setenta, posteriormente la empresa Shell lo retiró del mercado por lo que 6Ver al efecto nota de presentación del caso ante el Tribunal Internacional del Pueblo, fechada 26 de abril de 1998.14 las compañías fruteras empezaron a utilizar el Fumazone. Dada su profesión médica y vínculos laborales puso la alerta sobre los efectos encontrados en los pacientes encargados de la preparación de la mezcla y utilización de este producto ante el Director Médico del Hospital Calderón Guardia, el cual solicitó vía telefónica y en su presencia, al representante en Costa Rica de la compañía Standard que suspendieran la aplicación del producto, a lo que el representante de la compañía accedió de inmediato y dio la orden de que un barco que venía con producto para Limón se desviara hacia Honduras. Estos hechos ocurrieron en noviembre de Supo que Bandeco y otras compañías también suspendieron la aplicación del producto, pero tuvo conocimiento de que alguna compañía lo aplicó durante un año más. Posteriormente, un año después, el Instituto Nacional de Seguros lo contrató para que realizara un estudio de los expedientes de los trabajadores bananeros estériles reportados como riesgo de trabajo por parte de las compañías. Indica el Dr. Domínguez que en esa oportunidad elaboró un Protocolo que incluía la valoración de biopsia de testículos a efecto de establecer la esterilidad y se recomendó esperar un período de dos años a efecto de establecer si la afectación era irreversible y por lo tanto objeto de indemnización. Este plazo se estableció considerando que otros productos químicos, son eliminados del cuerpo en dicho período. Lo que se buscaba en la biopsia era la ausencia de células de sertoli, en los casos en que no se encontraran este tipo de células debía indemnizarse y con el monto máximo correspondiente ya que clínicamente la esterilidad sería permanente. Otros criterios que se estimaron para indemnizar a los trabajadores fueron los plazos de aplicación del producto, estableciéndose como período crítico de aplicación 2 años en forma discontinua, o 6 meses en forma continua. Indicó el Dr. Domínguez que los trabajadores más afectados y en períodos más cortos fueron los trabajadores que realizaban labores de mezcladores y que generalmente estaban a cargo de la bodega Además, en atención de la presente investigación, funcionarios de la Defensoría de los Habitantes realizaron estudios de algunos expedientes judiciales que se tramitan en los Juzgados de Trabajo de Costa Rica por acciones de cobro por concepto de riesgos laborales y por demandas ordinarias en virtud de las cuales se reclamaban los daños y perjuicios a las empresas fruteras, también se tuvieron a la vista copias de resoluciones judiciales de expedientes en trámite, entre ellos: -Procesos Ordinarios Civiles interpuestos contra las empresas Shell Oil Company y otras para el reclamo de los daños producidos por la aplicación del DBCP. Un número no identificado de trabajadores acudieron a los Juzgados de Trabajo para reclamar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la aplicación y exposición al DBCP. Se ha tenido a la vista copia de una sentencia dictada en proceso ordinario por el Juzgado Cuarto Civil de San José, sentencia Nº de las 16:00 del 1 de setiembre, en virtud de la cual dicha instancia se declara incompetente para conocer del proceso por razón de jurisdicción. En la resolución de primera instancia dictada por el Juzgado Cuarto Civil de San José se consigna: "El asunto no se enmarca dentro de la competencia que deba conocer los Tribunales nacionales y ni siquiera calza dentro de los criterios de vinculación de nuestra ley procesal interna. Con fundamento en el Código de Derecho 7Este relato responde a lo indicado por el Dr. Carlos Domínguez y se incorpora al expediente en los términos en que fue narrado, por considerarlo una fuente histórica muy valiosa en la presente investigación.15 Internacional Privado (Bustamante), el tribunal competente resulta ser el del domicilio o residencia de los demandados, que no es Costa Rica. El proceso incluso inició en las Cortes de Texas, Estados Unidos de América, y en virtud de una doctrina federal de ese país (Forum Non Conveniens), desconocida en nuestro medio, se ha pretendido remitir a los actores ante los tribunales costarricenses, pero sin que ello implique necesariamente la incompetencia del juez extranjero, lo que eventualmente conduce a un supuesto de litispendencia latente, pues aún ahora el Juez LAKE podría resumir el proceso vía "retorno", según lo indicó en su propio memorándum...así las cosas, lo procedente es declinar expresamente del conocimiento y tramitación del proceso, por no ser de los que corresponden al juez costarricense, según los criterios de vinculación de competencia nacional e internacional vigentes en nuestro ordenamiento." En conocimiento del Recurso de apelación interpuesto contra la resolución anterior, el Tribunal Superior Segundo Civil, sección Segunda, mediante resolución Nº 481 de las 9:20 hrs del 31 de octubre de 1995 declara mal admitido el Recurso, entre otras consideraciones el Tribunal señaló: "...debe observarse que conforme con las manifestaciones generales que hace la licenciada SUSANA CHAVES SELL, apoderada de los actores, el interés manifiesto de ellos es que sea ante los Tribunales Estadounidenses, donde deba tramitarse esta demanda. Sobre el particular, estima el Tribunal, que no es el recurso de apelación la vía idónea para pretender lo señalado. Como se dijo, supra, el señor Juez, concluyó resolviendo, que este asunto no es de los que corresponden al juez costarricense, con lo cual declinó su conocimiento, tal tesis, buena o mala, no fue impugnada por la actora...quinto: Acota el Tribunal, que se ha notado a través de los escritos presentados al proceso por la recurrente, el interés manifiesto de lograr que sea ante el Tribunal competente en los Estados Unidos, que se tramite esta demanda, tal como sucedió con la existencia que originó el auto del Juez Lake..." -Reclamos por riesgo laboral ante los Juzgados de Trabajo: Algunos trabajadores acudieron ante las instancias jurisdiccionales laborales con el propósito de reclamar el pago por riesgos laborales, entre otros requerimientos los afectados demandaron que se ordenara a la empresa Standard Fruit Company de Costa Rica, continuar con el programa de evaluaciones médicas y se condenara al pago por concepto de indemnización que yo están fijadas y el pago de ambas costas. Entre otras sentencias dictadas por los Juzgados de Trabajo, se tuvo a la vista la Nº1501 del Juzgado Segundo de Trabajo a las 11:00 hrs del 21 de noviembre de 1994, en la que se tienen como probados los siguientes hechos de importancia: - Que los actores laboraron durante diversos períodos de tiempo para la compañía Standard Fruit Company realizando labores agrícolas de siembra, cultivo y recolección de banano y que además inyectaban y realizaban labores de fumigación al cultivo de banano utilizando productos químicos que contenían Dibromo Cloropropano. - Que la compañía demandada llevó a cabo un programa de atención y valoración de los trabajadores para determinar el grado de afectación y en consecuencia según proceder al pago de las indemnizaciones conforme el grado de afectación. - Que la empresa suspendió las valoraciones y el pago al acogerse a una resolución de un Tribunal de Texas, Estados Unidos de Norteamérica, en virtud de la cual se ordena a las empresas Standard Fruit Company, Standard Fruit y Steamship Company, Dole Food Company, Inc. y Dole Fruit Freesh Company desistir y abstenerse de hacer contacto o comunicarse con los demandantes de los juicios planteados en esa instancia judicial de Texas hasta su eventual pronunciamiento.16 Considera el Juzgado de Trabajo en la sentencia de comentario, que siendo dos compañías diferentes y autónomas entre sí, aunque eventualmente dependiente la una de la otra -en referencia a la Standard Fruit Company en su casa matriz con domicilio en Estados Unidos y la Standard Fruit Company de Costa Rica, se declara con lugar la demanda en todos sus extremos, y se ordenó a la Standard Fruit Company de Costa Rica, continuar con el programa de atención médica y su correspondiente pago por concepto de indemnización a los 38 actores en el proceso. En igual sentido consta copia de apersonamiento del representante del Instituto Nacional de Seguros en el expediente que se tramita por responsabilidad por riesgo laboral, Nº LA del Juzgado Primero de Trabajo, en dicho escrito el Apoderado General Judicial del INS señala: "De acuerdo con los registros que para estos efectos lleva nuestro Departamento de Riesgos del Trabajo, hemos podido verificar que a nombre del actor no aparece aviso de accidente alguno en donde se indique que presenta esterilidad por el uso en sus labores de nematicidas u otros agroquímicos" En razón de lo anterior se interponen las excepciones de prescripción, falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva y se solicita que la Medicatura Forense del Organismo de Investigación Judicial realice una biopsia testicular al actor a efecto de que se determine si la esterilidad reclamada es producto del contacto con nematicida. De acuerdo con una entrevista realizada a una de las integrantes del Tribunal Superior de Trabajo, se pudo obtener la siguiente información: - Uno de los mayores inconvenientes para declarar con lugar las demandas laborales presentadas por riesgos del trabajo fue la falta de demostración de la parte actora de la relación de causalidad entre la exposición al DBCP, la esterilidad y los efectos en la salud, muchos de los trabajadores que fueron evaluados en la Medicatura Forense no dieron muestras de esterilidad por lo que las demandas fueron declaradas sin lugar. - Para la admisibilidad de las demandas y la fijación del monto correspondiente a pagar por riesgos laborales sólo se considera la esterilidad comprobada en virtud de los exámenes o espermogramas realizados. Los abogados representantes de los actores nunca acreditaron ni reclamaron otros efectos en la salud por la exposición al DBCP. - Muchos de los casos fueron abandonados por los abogados representantes quienes no solicitaron que se diera la apertura del proceso a apruebas, en otros no se aportaron las pruebas necesarias, los actores no se presentaron a declarar. - Los Juzgados fueron bastante abiertos para determinar la relación laboral de los actores con las empresas demandadas, de esta forma cuando no se acreditaba en virtud de las planillas reportadas se acreditaba con prueba testimonial de los mismos actores sobre todo de aquellos que fungieron como capataces o encargados de cuadrillas. - Con respecto a la prescripción de las acciones, excepciones interpuestas por las compañías demandadas y el Instituto Nacional de Seguros, los Juzgados resolvieron que el plazo de prescripción corre a partir del momento en que los actores son diagnosticados y se enteran de los daños o enfermedad y no desde el período de exposición. CONSIDERANDO:17 RECONSTRUCCION DE LOS HECHOS I. Utilización del DBCP en las plantaciones bananeras El Dibromocloropropano, conocido como DBCP es un nematicida tóxico producido para el combate químico de nemátodos, dicho producto fue descubierto en el año de 1951 por las compañías transnacionales Shell Oil y Dow Chemical, competidoras y co-pioneras en la investigación de nematicidas. De acuerdo con los primeros estudios toxicológicos realizados para efecto de cumplir con los requerimientos federales de los Estados Unidos para el registro del producto, los resultados de los laboratorios de ambas compañías indicaron que el producto era muy tóxico"...produciendo alteraciones en órganos de animales de experimentación a dosis relativamente bajas, las cuales fueron interpretadas por los analistas como 'sorprendentes'. Estos estudios fueron descritos como: retardo del crecimiento, daño en diversos órganos y además, testículos pequeños. Además, se describe que al aumentar la dosis, provocaba esterilidad en los animales". 8 En este mismo sentido estudios toxicológicos realizados en 1958, por el Dr. Charles Hine, de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Francisco Estados Unidos, confirma los resultados y demuestra que en animales de laboratorio la exposición en dosis bajas producía atrofia testicular y en dosis significativas generaba esterilidad en la totalidad de los individuos expuestos, aparte de daños en los pulmones y riñones. 9 Estos resultados fueron dados a conocer en un documento confidencial a los gerentes de Dow Chemical en ese mismo año, no obstante lo cual dicha empresa no adoptó las medidas correspondientes para regular el uso del nematicida, según se indica en el estudio denominado "Efectos Adversos a la Salud atribuidos al DBCP", realizado por investigadores de la Universidad de Nacional de Costa Rica: "Ninguno de los grupos de investigadores examinaron el valor límite al cual hay ausencia de efectos (no effect threshold level), aún cuando la determinación de este nivel, es considerado como uno de los valores esperados por los toxicólogos para establecer las márgenes de seguridad en exposiciones humanas. Esto significaba que ellos no sabían cuales eran las dosis máximas que un animal podía absorber sin tener efectos nocivos. Sin embargo, se realizó una estimación sugiriendo que el nivel seguro para los trabajadores debía ser 1 ppm. Este informe, además, sostiene que en las ratas que murieron como producto de los experimentos con DBCP, se encontraron lesiones prominentes en pulmones, riñones y testículos." 10 Pese a dichos resultados y a que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica, USDA, mostró disconformidad con las medidas de precaución mínimas propuestas por estas compañías para ser incluidas en la etiqueta, en 1964, se emitió la licencia a las compañías productoras para su comercialización y a partir de 1967, el DBCP fue importado y utilizado en Costa Rica para el control de nemátodos en las plantaciones de las compañías bananeras United 8 Patricia Monge G. M.Sc, Bach. Lilliam Soto L. Laboratorio de Plaguicidas de la Universidad Nacional de Costa Rica, "Efectos Adversos a la salud atribuídos al DBCP" 9Documento El Legado, elaborado para ser presentado en el reclamo judicial en Austin, Texas. Sin editorial. pag Ibid18 Fruit Company y de la Standard Fruit Company, de acuerdo con los estudios referidos el período crítico a la exposición de los trabajadores a este producto, se extiende 1967 a El estudio de la UNA señala que "se han realizado varios estudios de carcinogenicidad en trabajadores que han sido expuestos a dibromoloroprano. Una mayor incidencia de cáncer de pulmón, ha sido descrita en varios artículos recientes; sin embargo, no se especifican los niveles de exposición a dicho agente tóxico. Asimismo, se han descrito tumores malignos de hígado y vías biliares en trabajadores de plantas manufactureras de este nematicida." Investigaciones realizadas sobre el control y combate de nemátodos dan cuenta de que el producto fue utilizado en grandes volúmenes en las plantaciones bananeras del territorio nacional. Así se consigna en el estudio sobre "Efectos adversos a la salud atribuidos al DBCP": "De 1966 a 1978, Costa Rica importó más de 5 millones de kilogramos de DBCP de los Estados Unidos. Durante el período de , la compañía Standard Fruit compró el DBCP a un suplidor israelita, llamado Dead Sea Bromine Company, debido a su menor precio". 12 Según los estudios realizados sobre el combate de los nemátodos en las plantaciones bananeras 13, la mayoría de las plantaciones ubicadas en el Atlántico de Costa Rica habían sido desarrolladas sobre suelos infectados con Rodopholus 14 y la aplicación de nematicidas granulados como el DBCP resultaba ser el método más efectivo para el combate y control de plagas y se aplicaba a razón de 170 libras de producto activo por hectárea durante el período de menor volatización de las 24 horas del día (5;00 pm a 6:00 am). Una segunda aplicación debía efectuarse entre 7 y 9 meses después, la tercera aplicación se efectuaba a los 18 y 24 meses después de la segunda. En vista de la alta votabilidad del producto se recomendaba utilizar el método de aspersión, no obstante lo anterior, este sistema se empleó únicamente durante los primeros años ya que durante la mayor parte del período de aplicación, se uso el sistema de inyección manual por medio de bombas similares en su funcionamiento a las jeringas utilizadas en medicina, solamente que de mayor tamaño. Sobre la eficiencia del sistema y las "bondades" del nemagón, Lara indica que: "Con nematicidas granulados tenemos también más pérdida por volatización al quedar sobre el suelo. Esto induce a que al usar sistemas de inyección o granular es necesario hacer aplicaciones más frecuentes (cada meses) que utilizando el procedimiento de productos emulsificables introducidos al suelo por sistemas de irrigación sobre o bajo la planta...en el Atlántico de Costa Rica donde no es necesario la irrigación artificial, se diseño un sistema bajo planta para aplicar el nematicida (Lara, 1968). Esto una vez que se comprobó que era más eficiente que aplicarlo con bombas de espalda, aún sincronizado con la lluvia natural lo que demostró ser impráctico, o que productos granulares o inyecciones alrededor de la planta" "Intensas investigaciones sobre el control de nematodos en plantaciones de banano establecidas dieron comienzo en 1962 en Almirante, Panamá, en 1965 en Honduras y en 1967 en Costa Rica. Se llevaron a cabo aplkicaciones de nematicidas y se recogieron datos de producción." Franz lara E. "Problemas y Procedimientos Bananeros en la Zona Atlántica de Costa Rica." 12 Patricia Monge G. M.Sc, Bach. Lilliam Soto L. Laboratorio de Plaguicidas de la Universidad Nacional de Costa Rica, "Efectos Adversos a la salud atribuídos al DBCP" 13 Idem Franz Lara. pag Nemátodo patogeno que causa necrosis en las raíces y en el rizoma de la planta de banano, de un característico color café-rojizo causa varios grados de retardación en el desarrollo de las plantas, los hijos se estancan y se mueren. Ibid. 15 Ibid19 II. Marco Legal y el papel de las instancias de control Estatal durante el período de exposición. En Costa Rica, las primeras regulaciones en materia de registro y control de plaguicidas datan de agosto de 1954, mediante Decreto Ejecutivo Nº 11 publicado en la Gaceta Nº 208 del 14 de setiembre, se establecía la obligación de los importadores y fabricantes de inscribir los productos ante el registro de la Dirección General de Agricultura y Ganadería como requisito previo al permiso de ingreso, entre otros requerimientos debía describirse las propiedades físicas y químicas, los métodos analíticos y particularmente la información atinente que describiera los peligros y precauciones para su uso. Además de lo indicado, otra información que debía acreditarse ante el registro era la siguiente: 1- Peligros primarios para los humanos que manipulen el producto; las partes principales del cuerpo afectadas, los síntomas y duración del envenenamiento. 2- Toxicidad aguda y crónica para especies de animales en los cuales ha sido determinada por inhalación, ingestión o absorción por piel. 3- Información sobre los primeros auxilios y tratamientos médicos sobre las cuales sea usado. 4- Toxicidad o inocuidad en plantas o animales sobre las cuales sea usado. En igual sentido disponía el artículo 4 del citado Decreto que entre otra información debía constar en las etiquetas de los envases la siguiente: 1- El nombre y o la marca del producto. 2- El nombre y dirección del fabricante 3- El porcentaje de los ingredientes activos e inertes y su calidad. 4- El peso neto o volumen del empaque (en Kg o litros). 5- Precauciones, advertencias e indicación de un antídoto si el producto contiene ingredientes venenosos a los humanos. 6- Indicaciones adecuadas para su uso. 7- El número de inscripción en el Registro de la Dirección General de Agricultura y Ganadería. Además las etiquetas para los productos altamente tóxicos deberán llevar la palabra "veneno", en rojo, en sitio bien visible, la calavera y los dos huesos cruzados. Puntualmente disponía el artículo 6 del Decreto de referencia que el Ministerio de Agricultura por medio de sus funcionarios designados debía controlar los productos puestos en venta, exigiendo el retiro del mercado de los productos que no cumplieran con los requisitos señalados en las respectivas etiquetas. En el mes de setiembre de 1968, entra en vigencia el "Reglamento de Seguridad sobre Empleo de Sustancias Tóxicas en la Agricultura" el cual tenía como objeto establece las condiciones generales de seguridad e higiene por adoptarse en el empleo de sustancias tóxicas en las actividades agrícolas y ganaderas, con el fin de "proteger eficazmente la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores" Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nº 6, publicado en la Gaceta 215 del 21 de setiembre de 1968.20 Este instrumento de regulación contenía disposiciones más puntuales respecto a las medidas de control, registro y de seguridad de los trabajadores y el almacenamiento, uso y disposición de los plaguicidas. Particularmente el artículo 7 de este Reglamento reitera la obligación de que las etiquetas de los envases debían tener en lugar visible y en castellano, leyendas adecuadas que adviertan la peligrosidad de esas sustancias y la forma y el uso en que deben emplearse conforme el artículo 4 del Decreto Ejecutivo Nº 11 del 24 de agosto de 1954, y sus reformas, todo ello como garantía de información para el aplicador o "rociador". Las leyendas debían ser claramente legibles y mantenerse permanentemente adheridas a los recipientes. Se ha acreditado en el curso de la investigación que la etiqueta de los estañones que contenían el DBCP venía en idioma inglés y no en castellano como lo disponía el Reglamento. y era omisa en cuanto a la información de los registros originarios17 y no establecía indicación de uso y manejo, ni datos sobre los efectos ni las medidas de seguridad para la elaboración de la mezcla y su aplicación. En lo relativo a las medidas se seguridad de los "rociadores" el Reglamento de 1968, señalaba: "Artículo 14: Los rociadores que empleen aparatos a presión deberán seguir las instrucciones de los importadores y fabricantes de los mismos, y sujetarse a las indicaciones emanadas de la Oficina de Seguridad e Higiene de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social o del Ministerio de Agricultura y Ganadería en su caso." Por su parte el artículo 20 disponía: "Artículo 20- Las sustancias tóxicas deberán ser manipuladas y empleadas únicamente por aquellos trabajadores que hayan sido debidamente instruidos sobre los riesgos a que están expuestos y advertidos de las precauciones que deben adoptar. Cada patrono agrícola tendrá en lugar visible las instrucciones pertinentes." El Reglamento establecía además que los trabajadores debían utilizar entre otros implementos de seguridad; botas, guantes y ropa impermeable, sombrero, protectores transparentes para la cara y respiradores con filtros químicos adecuados, se indicaba además que dicho equipo debía mantenerse en condiciones de usarse en cualquier momento y se establecía que en casos necesarios, el Consejo de Seguridad e Higiene de Trabajo podía exigir el uso de cualquier otro equipo complementario. La responsabilidad para la adopción de las medidas de seguridad personal del trabajador se establecía en forma compartida entre los entes de control y el empleador, de esta forma el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agricultura debían verificar el contenido de la información que acreditaba el productor para proceder a su registro y en consecuencia autorizar su venta así como verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad de los trabajadores. El empleador o patrono por su parte estaba obligado a brindar la información requerida y a disponer del equipo y de las medidas se seguridad para el trabajador, lo cual viene a ser una confirmación de lo establecido por el artículo 66 de la Constitución Política el cual señala la obligación de todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y seguridad del trabajo. El artículo 23 del Reglamento de Seguridad señalaba: 17 El Legado, pag 13 Mostrar más
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