Source: https://es.scribd.com/document/152757302/Aborto-No-Punible
Timestamp: 2017-10-20 07:36:48
Document Index: 243511724

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 86']

Cargado por Andrea Bustos
Aborto No Punible. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fallo Completo y Resumen Implicancias Tribunal: Corte Supremade Justicia de la Nación Fecha: 13 de marzode2012 Partes: F.A.L s/medida autosatisfactiva Resumen: En el caso “F., A..L. s/medida autosatisfactiva”, La Corte Suprema por unanimidad y por el voto conjunto del Presidente Lorenzetti, de la Vicepresidenta Highton de Nolasco y de los jueces Fayt, Maqueda y Zaffaroni, y por los votos individuales de los jueces Petracchi y Argibay, confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut que, en marzo de 2010 autorizara la realizaciónde la práctica de aborto respecto de la joven A.G de 15 años de edad, quien quedara embarazada como consecuencia de haber sido violada por su padrastro. De esta manera, rechazó el recurso extraordinario que, en representación del nasciturus, interpusiera el Asesor General Subrogante de la Provincia de Chubut. La Corte aclaró que, no obstante que el aborto ya se había realizado, se configuraba uno de los supuestos de excepción que, según su jurisprudencia, la autoriza a pronunciarse. Esto teniendo en cuenta: a) que el tiempo que implica el trámite judicial de cuestiones de esta naturaleza excede el que lleva su decurso natural, b) que era necesario el dictado de un pronunciamiento que pudiera servir de guía para futuros casos análogos y c) estaba comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino . Los hechos : La Sra. A.F., en representación de A.G., su hija de 15 años de edad, solicitó el 14 de enero de 2010 a la justicia penal de la Provincia del Chubut ante cuyos estrados se instruyó una causa contra O.C., esposo de aquélla, por la violación de A.G. que se dispusiera la interrupción del embarazo de la niña adolescente mencionada, con base en lo previsto en el artículo 86, incisos 1º y 2º, del Resumen Fallo Código Penal. En esa oportunidad, señaló que el 3 de diciembre de 2009 había denunciado la violación ante el Ministerio Fiscal de la Provincia del Chubut y que, el 23 del mismo mes y año, un certificado médico dio cuenta de que A.G cursaba la octava semana de gestación. El juez penal sostuvo que carecía de facultades para adoptar medidas como la Solicitada durante la etapa de la investigación, por lo que ordenó el pase de las actuaciones a la fiscalía. Esta última declaró que ese fuero no era competente para resolver el pedido. La madre de A.G. inició entonces la medida autosatisfactiva que originó la presente causa y, con fecha 22 de enero de 2010, reeditó ante la justicia de familia sus solicitudes anteriores, vinculadas con la interrupción del embarazo de su hija. Tales peticiones fueron rechazadas anto en la primera instancia como en la cámara, no obstante los informes que se habían ordenado y que, en lo principal, reflejaban que A.G., “presentaba síntomas depresivos... e ideas suicidas persistentes” y que “el embarazo era vivido como un evento extraño, invasivo... En su mundo interno era imposible, incompatible e intolerable calificar como hijo a quien sería hijo del padre de sus hermanos, hijo del marido de la madre...” por lo que se estimó que “la continuidad de este embarazo contra la voluntad de la niña implicaba grave riesgo para su integridad psicofísica, incluido riesgo de vida ”(Informe del Equipo Técnico Interdisciplinario)
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut, con fecha 8 de marzo de 2010, revocó la decisión de la instancia anterior admitiendo la solicitud de la Sra. A.F. En la sentencia, dictada por distintos fundamentos de sus miembros, hubo acuerdo en que: a) el caso encuadraba en el supuesto de “aborto no punible” previsto en el inciso 2º, primera parte del art. 86 del Código Penal; b) que esta hipótesis de interrupción del embarazo era compatible con el plexo constitucional y convencional y c) que, pese a la innecesariedad de la autorización judicial de esta práctica, se la otorgaba a fin de concluir la controversia planteada en el caso. La intervención médica abortiva así habilitada se produjo finalmente el 11 de marzo de 2010 en el Centro Materno Infantil del Hospital Zonal de Trelew. La apelación del Asesor General Subrogante de la Provincia de Chubut en su carácter de Tutor Ad Litemy Asesor de Familia Incapaces La decisión de la Suprema Corte de Chubutfue recurrida por medio de un recurso extraordinario interpuesto, en representación del nasciturus, por el Asesor General Subrogantede la Provincia del Chubuten su carácter de Tutor Ad Litemy Asesor de Familia e Incapaces. El mismo fue concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante haberse llevado a cabo la ya mencionada práctica médica, con fundamento en la gravedad institucional que presentaba el caso. El principal argumento del apelante fue que al no haberse restringido la procedencia de esta autorización al caso de la víctima violada idiota o demente, se desconoció el plexo constitucional convencional según el cual el Estado Argentino protege la vida a partir de la concepción. Una vez radicada la causa ante la CSJN, se le confirió traslado a la señora Defensora General de la Nación, quien asumió en representación de la niña A.G. y expresó que correspondía confirmar la sentencia apelada, al tiempo que entendía que todos los casos de embarazo forzado víctima de violaciones debían ser considerados como abortos no punibles, más precisamente como casos particulares de la hipótesis general de peligro para la salud de la gestante. Asimismo se le corrió traslado a la Defensora Pública de Menores e incapaces, quien asumió la representación del nasciturus y se expidió requiriendo que se revocara la sentencia recurrida. Oportunamente se dispuso remitir la causa al señor Procurador Fiscal, quien sostuvo que la cuestión debía declararse abstracta. Sentencia de la Corte Suprema de la Nación. Fundamentos La Corte aclaró que, no obstante que el aborto ya se había realizado, se configuraba uno de los supuestos de excepción que, según su jurisprudencia, la autoriza a pronunciarse. Esto teniendo en cuenta: a) Que el tiempo que implica el trámite judicial de cuestiones de esta naturaleza excede el que lleva su decurso natural. “Las cuestiones relacionadas con el embarazo o su eventual interrupción jamás llegan al máximo tribunal en tiempo para dictar útilmente sentencia, debido a que su tránsito por las instancias anteriores insume más tiempo que el que lleva el decurso natural de ese proceso. “ b) Que era necesario el dictado de un pronunciamiento que pudiera servir de guía para casos análogos. “En consecuencia, se torna necesario decidir las cuestiones propuestas aún sin utilidad para el caso en que recaiga el pronunciamiento, con la finalidad de que el criterio del Tribunal sea expresado y conocido para la solución de casos análogos en el futuro.” c) Que estaba comprometida la responsabilidad internacional del
“Resulta necesario tener en consideración que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha manifestado su posición general relativa a que deben permitirse el aborto para el caso de embarazos que son la consecuencia de una violación. retrasan el cuidado necesario y aumentan la probabilidad de abortos no seguros o. diseñados para identificar casos fabricados. evitar procedimientos administrativos o períodos de espera que retrasen innecesariamente la . La Constitución y los tratados de Derechos Humanos no sólo no prohíben la realización de esta clase de abortos sino que. 3.” El voto mayoritario. Fayt.” Con el objeto de hacer efectivo lo decidido y asegurar los derechos de las víctimas de violencia sexual. si concurren las circunstancias que permiten la interrupción del embarazo. “Tal como lo ha afirmado la OMS. en cuanto regula los supuestos de abortos no punibles practicados respecto de los embarazos que son consecuencia de una violación. la exigencia de que las víctimas de violación. es cuestionable porque obliga a la víctima del delito a exponer públicamente su vida privada.” 2. provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. circunstancia ésta que debe aventar todo tipo de intento de exigir más de un profesional de la salud para que intervenga en la situación concreta pues. criterio que llevaba a que la cuestión se judicializara a lo largo del país con resultados a diversos y. constituiría un impedimento de acceso incompatible con los derechos en juego en este permiso que el legislador ha querido otorgar. quien debe decidir llevarla a cabo y no un magistrado a pedido de un médico:” Entre otros aspectos. obtener informaciones policiales. una exigencia tal. que marcaron la necesidad de garantizar el acceso seguro a los abortos no punibles en nuestro país y la eliminación de las barreras institucionales y judiciales que han impedido a las víctimas de una violación acceder a un derecho reconocido por la ley. junto con el profesional de la salud. ambos de Naciones Unidas. eventualmente en un ilícito penal. por el contrario impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación en atención a los principios de igualdad. además de ser innecesaria e ilegal. que a estas alturas sólo aparece como hipotético y podría resultar. por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones. está permitido y no resulta punible. dada la facilidad para acceder a la práctica (sólo declaración jurada ante un médico). Estos requisitos.” Con respecto a la necesidad de contar con a aprobación de comités de ética. las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico. “Que sentado que de las normas constitucionales y convencionales invocadas por el recurrente no se deriva mandato alguno que imponga interpretar en forma restrictiva el artículo 86. inciso 2º del Código Penal. mediante normas del más alto nivel. considera que el riesgo derivado del irregular obrar de determinados individuos. tengan que elevar cargos contra su agresor. se puso fin a la incertidumbre relacionada con el alcance del artículo 86. en algunos casos. en la decisión. para calificar el aborto. En particular. lo que previó el legislador es que. “La Judicialización de esta cuestión. el Tribunal advierte sobre la posibilidad de “casos fabricados”. Los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase abortos. y es también contraproducente porque la demora que apareja en su realización pone en riesgo tanto el derecho a la salud de la solicitante como su derecho a la interrupción del emb arazo en condiciones seguras. como tampoco puede ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello. dignidad de las personas y legalidad. Los jueces deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones. Maqueda y Zaffaroni exhortaron a las autoridades nacionales. según surge del texto del artículo 86 del Código Penal. 86 del Código Penal no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo. protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos.” “Quien se encuentre en las condiciones descriptas en art.” “Este Tribunal se ve en la necesidad de advertir a los profesionales de la salud. firmado por los jueces Lorenzarri.”. De esta forma. incluso pueden llevar a la negativa de la práctica porque el embarazo está muy avanzado.” “Si bien este Tribunal advierte la posibilidad de configuración de “casos fabricados”. no puede ser nunca razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales obstáculos que vulneren el goce efectivo de sus legítimos derechos o que se constituyan en riesgos para su salud. Directores de la Institución o equipos de trabajo. Lo deben practicar requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima o de su representante legal. en tanto algunas instancias judiciales han entendido que éste sólo aplica respecto de la víctima de una violación que poseyera alguna discapacidad mental. lejos de estar prohibido. puede transformarse en una barrera que desaliente a quienes tienen expectativas legítimas de buscar servicios sin riesgos y en forma temprana . toda vez que la ley no lo manda. Highton de Nolasco. en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación. Posibilidad de “Casos Fabricados” Por otra parte. Fayt. inciso 2º del Código Penal. los jueces Lorenzetti. protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos y a disponer un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio: “Corresponde exhortar a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos. la Corte aclaró: “El aborto no punible es aquel practicado por “un médico con el consentimiento de la mujer encinta”.Estado Argentino. Highton de Nolasco. es la embarazada que solicita la práctica. la imposibilidad de eludir sus responsabilidades profesionales una vez enfrentados ante la situación fáctica contemplada en la norma referida. con riesgo a la realización del aborto o a la salud de la madre. A su vez. Maqueda y Zaffaroni sentó tres reglas claras: 1. que por su reiteración constituye una verdadera práctica institucional. se tuvieron en cuenta la posición de la Organización Mundial de la Salud en la materia y distintos pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos y del Comité de los Derechos del Niño. al examinar la situación particular de nuestro país. “Este Tribunal recuerda a los diferentes operadores de los distintos poderes judiciales del país que. Los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos. requerir autorización de un tribunal o satisfacer cualquier otro requisito que no sea médicamente necesario. a implementar y hacer operativos. se considera necesario remarcar que existen otras cláusulas de igual jerarquía así como principios básicos de hermenéutica establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal que obligan a interpretar dicha norma con el alcance amplio que de esta efectuara el a quo. ha expresado su preocupación por la interpretación restrictiva del artículo 86 del Código Penal. deberán: contemplar pautas que garanticen la información y la confidencialidad a la solicitante. mediante normas del más alto nivel.
también había sido víctima de un ataque a su integridad sexual. Por su parte.. En este caso. resolvió rechazar el recurso interpuesto por el Asesor y confirmó la sentencia apelada.atención y disminuyan la seguridad de las prácticas. sexual y reproductiva y el asesoramiento legal del caso. lo fundamental. el imperio del principio de legalidad que prescribe que las leyes están para ser cumplidas. la joven A. respecto de la procedencia de la práctica médica requerida. de forma tal que toda institución que atienda a las situaciones aquí examinadas cuente con recursos humanos suficientes para garantizar. por lo que no puede impedirse a estas víctimas ejercer su derecho a interrumpir el embarazo conforme lo autoriza el Código Penal en esta clase de casos. estableció que para el ejercicio del permiso jurídico sentado en la norma no debía requerirse autorización judicial sino únicamente que los médicos verifiquen que. .” Objeción de Conciencia “Por otra parte. En consecuencia. el embarazo es la consecuencia de una violación. también había sido víctima de un ataque a su integridad sexual y consideró que éste tampoco había demostrado que fuera inconstitucional la solución adoptada por el legislador frente al conflicto de derechos entre la persona por nacer y quien resultó embarazada como consecuencia de una violación. a las autoridades sanitarias. el ejercicio de los derechos que la ley le confiere a las víctimas de violencia sexual. respecto de quien peticiona el aborto. sin dilaciones y sin consecuencia para la salud de la solicitante. educativas y de cualquier otra índole para que brinden a toda víctima de violencia sexual la orientación del caso. en este caso. el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”. Así. el juez Petracchi entendió que el recurrente no había justificado debidamente por qué sólo debía permitirse que se practicara esta clase de abortos a las víctimas de una violación que presentaban deficiencias psíquicas ya que.” Asimismo. consideró que no se había demostrado que fuera inconstitucional la solución adoptada por el legislador frente a este conflicto de derechos entre la persona por nacer y quien resultó embarazada como consecuencia de una violación. La jueza Argibay también sostuvo que el recurrente no había demostrado por qué era válido restringir el acceso al aborto no punible sólo a las víctimas de violación que presentaban deficiencias psíquicas ya que. si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En consecuencia. eliminar requisitos que no estén médicamente indicados. policiales. los eventuales desacuerdos que pudieran existir. A tales efectos. en este caso. en forma inmediata y expeditiva. atendiendo a esta disposición. y articular mecanismos que permitan resolver.G. los mencionados jueces señalaron la necesidad de que tanto en el ámbito nacional como en los provinciales se extremen los recaudos a los efectos de brindar a las víctimas de violencia sexual. con este pronunciamiento. resolvió declarar inadmisible el recurso interpuesto por el Asesor. En síntesis. deberá disponerse un adecuado sistema que permita al personal sanita rio ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio. con especial foco en los sectores vulnerables. atendiendo a la gravedad y trascendencia social que reviste la temática abordada en el caso. Por último. en forma permanente. era que. entre el profesional interviniente y la paciente. era que. Además. la joven A. la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad física. deberá exigirse que la objeción sea manifestada en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de salud correspondiente. la Corte Suprema tuvo en cuenta que el artículo 86 inciso 2º del Código Penal establece que: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta.. la Corte Suprema de Justicia reafirma. que hagan conocer los derechos que asisten a las víctimas de violación y que se capacite. También sostuvieron que se consideraba indispensable que los distintos niveles de gobierno de todas las jurisdicciones implementen campañas de información pública. no es punible: . lo fundamental.G. y frente a una extendida práctica fomentada por los profesionales de la salud y convalidada por distintos operadores de los poderes judiciales nacionales y provinciales que ha restringido indebidamente el acceso a los abortos no punibles por parte de las víctimas de una violación. en este sentido. psíquica.
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