Source: http://politkvlog.blogspot.com/2012/08/la-acumulacion-de-procedimientos.html
Timestamp: 2017-08-23 00:31:43
Document Index: 236408870

Matched Legal Cases: ['Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 3', 'Artículo 10', 'Artículo 150', 'Artículo 10']

POLITKVLOG : VISION DE LA POLITICA ACTUAL: LA ACUMULACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
[1]; norma que resultaba únicamente aplicable en el caso de los procedimientos administrativos que tuvieran la misma clase. Es decir procedimiento ordinario con procedimiento ordinario, procedimiento sancionador con procedimiento sancionador y finalmente procedimiento trilateral con procedimiento trilateral; pero jamás entremezclando los mismos.
En razón que cada procedimiento administrativo, posee distintas reglas procesales; verbigracia: los procedimientos tendientes a dilucidar administrativamente el otorgamiento de alguna autorización, promovido por los administrados en virtud a las reglas o estipulaciones técnicas y legales establecidas en el TUPA institucional, y que corresponde a la clase de procedimientos ordinarios, no tiene los mismos plazos e instituciones procesales que un procedimiento destinado a la imposición de una sanción por la supuesta materialización de una infracción administrativa, y conocido como procedimiento administrativo sancionador.
Pero estas aseveraciones, entrarán en contradicción con lo que establece de modo imperativo el Artículo 149º de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General que textualmente señala . . . “la autoridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los administrados, dispone mediante resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión”. Pues la respuesta por mas que resulta evidente de acuerdo a lo que ya se ha señalado, merece que nos detengamos un instante, ya que podemos aventurarnos a pensar de modo muy simplista y asumir erradamente que cuando el dispositivo legal habla de “procedimientos que guarden conexión”, se está refiriendo únicamente a la conexión por la titularidad del procedimiento, obviando la necesaria conexión de la materia y de la pretensión planteada sea de interés privado o público.
Entonces que se requiere para que se pueda acumular válidamente procedimientos administrativos sin que ello materializase la afectación del Principio de Legalidad [2], en primer término determinar que los mismos correspondan a la misma materia y luego imperativamente el cumplir con los alcances del Artículo 149º de la Ley Nº 27444; es decir, emitir una resolución administrativa disponiendo tal medida. Resolución que por su condición de acto administrativo, debe adicionalmente de encontrarse motivada, conforme lo exige el inciso 4) del Artículo 3º de la Ley Nº 27444.
En tal sentido cuando no es posible determinar en los actuados la existencia física y/o jurídica de la resolución administrativa en cuestión, o dicho de otra forma el cumplimiento del requisito “sine quanum” antes establecido, se genera el no cumplido procesal destinado a dar validez a los actos procesales y administrativos que se pudiesen generar en los actuados subsecuentemente, y que determinarían directamente tres consecuencias jurídicas, a saber: la vulneración al Principio de Motivación[3] - al no poderse evaluar, analizar y/o determinar los criterios legales que llevaron a la autoridad administrativa a la adopción de semejante actuación administrativa, ello por la ausencia de resolución que la sustente -, la vulneración al Principio de sujeción o imperio de la Ley [4] - al no haberse cumplido con observar una norma expresa -, y la configuración del inciso 1) del Artículo 10º de la Ley Nº 27444 [5], como causal de nulidad de los actos administrativos generados posteriormente al acto de acumulación, al tener su origen en una flagrantemente violación de las disposiciones imperativas sobre acumulación de expedientes administrativos; nada mas cuestionable y violatorio del principio del debido procedimiento contenido en el numeral 1.1. del inciso 1) del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444.
[1] “Artículo 150º.- Regla de expediente único.
150.1. Sólo puede organizarse un expediente para la solución de un mismo caso, para mantener reunidas todas las actuaciones para resolver ( . . .)”.
[2] El numeral 1.1. del inciso 1) del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que por el Principio de Legalidad “las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.
[3] Por el Principio de Motivación, el Estado de Derecho prohíbe absolutamente la arbitrariedad, más aún, la sanciona, de allí que los poderes públicos cuando expiden cualquier acto, llámese ley, reglamento, acto administrativo o sentencia, están obligados a ‘motivar’ la decisión basándola en normas preestablecidas, consecuencia del principio de legalidad propio de derecho público. La falta de motivación resta eficacia a los actos del poder, les quita legalidad y legitimidad. La motivación real de los actos está asociada con su legitimidad, y es lo contrario al arbitrio o voluntad libre del gobernante o legislador. (Fuente: http://www.ciberjure.com.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=3150&Itemid=9).
4 Por el Principio de sujeción o imperio de la Ley, el poder está sometido a normas jurídicas preestablecidas. En este tipo de organización, las personas obedecen a los principios y a las leyes, antes que a los funcionarios. El poder político solo puede expresarse a través de actos sometidos a las reglas, que no dependen únicamente del propio poder. Los gobernantes y los legisladores de toda clase son esclavos de las leyes, para evitar que los ciudadanos sean esclavos de los poderosos. Ninguna función está exenta de cumplir la Constitución y la Ley. Cualquier afectación al principio, o la superposición de actos de poder, indican que el Estado de Derecho ya no rige, porque en tal sistema los gobernantes son simples ejecutores de las normas, y porque incluso su reforma se somete a procedimientos preestablecidos. (Fuente: http://www.ciberjure.com.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=3150&Itemid=9).
[5] El inciso 1) del Artículo 10º de la Ley Nº 27444 establece que es vicio del acto administrativo que causan nulidad de pleno derecho la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias..
Publicadas por CARPIO & VARAS QUEZADA ABOGADOS ASOCIADOS a la/s 8/31/2012 12:07:00 p.m.