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Timestamp: 2020-04-09 16:29:19
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Matched Legal Cases: ['artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 15', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 1', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'artículo 79', 'artículo 58', 'e contrario', 'artículo 58', 'artículo 34', 'artículo 41', 'artículo 42']

CONSIDERACIONES - Gaceta del senado
En su calidad de ley marco en materia ambiental del sistema jurídico mexicano, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) prevé una serie de acciones encaminadas a lograr la ordenación del ambiente y el aprovechamiento sustentable de los elementos que lo integran.
Dentro de ese catálogo de instrumentos de la política ambiental, destaca la certificación de predios destinados voluntariamente a acciones de preservación de los ecosistemas y su biodiversidad, previsto en el párrafo segundo del artículo 59 de la LGEEPA, cuya importancia radica en que abre la posibilidad de que los propietarios que someten voluntariamente los predios que les pertenezcan a un régimen de manejo acorde a esquemas de sustentabilidad, reciban el reconocimiento de esas acciones por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), mediante la expedición de un certificado.
De esta forma, la certificación de predios permite la participación de todos los sectores de la sociedad, desde pequeños propietarios, ejidos y comunidades indígenas, hasta grandes empresas, tanto públicas como privadas, en la conservación de los recursos naturales, ofreciendo las mismas ventajas de las áreas naturales protegidas, pero sin las cargas administrativas, financieras, materiales y humanas que éstas representan para las autoridades. Asimismo, al ser de naturaleza voluntaria y privada, el instrumento cumple eficazmente con sus objetivos.
Desafortunadamente, el mecanismo que nos ocupa no ha contado con el apoyo institucional y legal que merece, pues en el texto vigente de la LGEEPA está regulado apenas como un segundo párrafo, además de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en su calidad de organismo desconcentrado de la SEMARNAT encargado de la emisión de los certificados correspondientes, no cuenta con los recursos suficientes para difundir este instrumento y atender la demanda del mismo.
En atención a dichas deficiencias, la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República, se planteó como tema prioritario de sus trabajos legislativos el fortalecimiento de la certificación voluntaria de predios destinados a la conservación, razón por la cual se presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la LGEEPA, suscrita por unanimidad de los integrantes de esta Comisión, proponiendo que dichos predios sean reconocidos como áreas naturales protegidas de competencia Federal y el recibimiento de los apoyos que esto implica, además de la creación de un “Sello de Sustentabilidad”, el cual otorgará un valor agregado a los artículos producidos en estas áreas, a fin de consolidar este instrumento como una figura jurídica de la política ambiental nacional.
De esta forma, la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la LGEEPA, para fortalecer la certificación voluntaria de predios, fue presentada ante esta Soberanía el 27 de noviembre de 2007, siendo aprobada por el Pleno del Senado de la República el 11 de diciembre del mismo año, restando únicamente que la minuta correspondiente sea aprobada en la Honorable Cámara de Diputados para que se convierta en ley vigente.
Con el mismo objetivo de fortalecer este instrumento, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente han presentado dos Puntos de Acuerdo en la materia: uno por el que se exhortó al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que se establezca una unidad administrativa encargada de la certificación voluntaria de predios; y otro en materia de fortalecimiento de la gestión estatal y municipal de Áreas Naturales Protegidas, y el establecimiento de recursos para el apoyo a predios dedicados a acciones de preservación de los ecosistemas y su biodiversidad.
En seguimiento de este tema prioritario, el presente punto de acuerdo tiene por objeto reconocer la labor que se ha hecho en el marco de la creación y administración del primer predio certificado de conformidad con el párrafo segundo del artículo 59 de la LGEEPA, el cual es propiedad de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y denominado “Parque Ecológico Jaguaroundi”.
Ubicado en una extensión de más de 960 hectáreas, en el municipio de Coatzacoalcos, al sureste del estado de Veracruz, el proyecto Jaguaroundi constituye una iniciativa sin precedentes en nuestro país, toda vez que ha logrado conjugar el trabajo de científicos y técnicos mexicanos de dos de las instituciones más importantes, como lo son PEMEX Petroquímica, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Según información publicada por la propia Paraestatal, el proyecto fue estructurado en tres etapas generales: diagnóstico de los recursos naturales del lugar; implementación de servicios técnicos para su rehabilitación; y la propuesta de diseño del propio Parque, la cual combina actividades de conservación, investigación, recreación y educación ambiental.
Dada la importancia del proyecto, y en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente del año 2002, la SEMARNAT entregó, a través de la CONANP, el certificado a favor de PEMEX Petroquímica, en reconocimiento por destinar voluntariamente el Parque Ecológico Jaguaroundi a acciones de preservación de los ecosistemas y su biodiversidad.
Entre las características del predio, destacan la existencia de selva, humedales y sabana, entre otros tipos de ecosistemas, los cuales albergan una gran variedad de especies de vida silvestre, tales como 217 de plantas, 600 de mariposas, 143 de insectos y artrópodos, 128 de aves, 26 de reptiles y 18 de anfibios, entre otras. De lo anterior, cabe mencionar que 30 de estas especies se encuentran en alguna categoría de riesgo, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM 059, en materia de vida silvestre.
Asimismo, destaca la existencia de diversos cuerpos de agua estáticos, así como tasas de precipitación pluvial superiores a las de otras áreas naturales protegidas de las mismas características.
En este sentido, es evidente que Jaguaroundi constituye un paradigma de la conservación en nuestro país, no sólo por la magnitud e integralidad del proyecto, su importancia biodiversa, y el empleo por primera vez del mecanismo de la certificación voluntaria, sino porque se trata de un predio que es propiedad de la empresa paraestatal más importante de México y probablemente de América Latina, como lo es PEMEX.
Así como en reiteradas ocasiones se han integrado a la agenda legislativa del Congreso de la Unión, duras críticas y exigencias de rendición de cuentas respecto de los riesgos y demás contingencias ambientales inherentes a las actividades petroleras llevadas a cabo por PEMEX, los Senadores que suscribimos el presente Punto de Acuerdo reconocemos de igual forma el sentido de responsabilidad ambiental y social que PEMEX ha puesto de manifiesto mediante la creación y administración del Parque Ecológico Jaguaroundi, convirtiéndose en un ejemplo a seguir, no sólo para las diferentes administraciones de la propia Paraestatal, sino para los demás organismos descentralizados que integran la Administración Pública Federal.
De conformidad con lo anterior, a la vez de reconocer este importante esfuerzo para la preservación, recuperación y aprovechamiento de los ecosistemas mexicanos, consideramos oportuno que PEMEX continúe con estas acciones, destinando los predios de su propiedad con representatividad biodiversa, al mecanismo de certificación voluntaria.
Asimismo, sería deseable que la Comisión Federal de Electricidad, y Luz y Fuerza del Centro, en su calidad de empresas paraestatales de la Administración Pública Federal, valoren la posibilidad de certificar los predios de su propiedad, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 59 de la LGEEPA.
Lo anterior refrendaría el compromiso del Gobierno Federal con las acciones de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a la vez de actualizar el principio de la política ambiental previsto en la fracción III del artículo 15 de la LGEEPA, relativo a la corresponsabilidad de autoridades y particulares en materia de protección del ambiente.
Por todo lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de esta Soberanía, solicitamos el apoyo de esta Asamblea para que, de conformidad con el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sea aprobado como de urgente y obvia resolución el siguiente:
PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión emite un reconocimiento a Petróleos Mexicanos, por la gestión del “Parque Ecológico Jaguaroundi”, el cual, desde el 5 de junio de 2002, cuenta con el certificado que emite la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por el que avala las iniciativas voluntarias de preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, en los términos del segundo párrafo del artículo 59 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, constituyéndose en el primer predio en contar con dicha distinción;
SEGUNDO.- Asimismo, esta Cámara Legislativa exhorta respetuosamente a la paraestatal Petróleos Mexicanos, a que evalúe la posibilidad de incrementar la superficie de predios certificados, de conformidad con lo previsto en el artículo 59, párrafo segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y
TERCERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión emite un respetuoso exhorto a la Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro, para que evalúen la posibilidad de certificar predios de su propiedad, conforme al instrumento materia del presente punto de acuerdo.
Dado en el Salón de Plenos de la Honorable Cámara de Senadores el día __ de ________________ de 2008.
Del Sen. Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia, la que contiene punto de acuerdo sobre la inseguridad pública e incremento del crimen organizado en el Estado de Oaxaca.
SEN. Gabino
RESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
El suscrito Senador del Grupo Parlamentario de Convergencia, Gabino Cué Monteagudo, en la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo para referirse a la inseguridad pública e incremento del crimen organizado en el Estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes:
El actual clima de violencia delictiva que se viven casi todos los rincones del país, corresponde en buena parte al impacto del accionar de la delincuencia organizada.
La existencia del crimen organizado constituye una amenaza grave para la sociedad porque altera la paz social y la seguridad pública, afectado, por su puesto, la vida de la ciudadanía.
La población exige condiciones de seguridad que le permitan el libre desarrollo de sus actividades, su empleo, su profesión, y la protección a su patrimonio.
La guerra que se vive contra del narcotráfico y de la delincuencia organizada, no sólo ha cobrado la vida de policías y militares, que en cumplimiento de su deber han encontrado la muerte, sino que cada vez es más frecuente que civiles sean asesinados en los enfrentamientos.
Oaxaca, desafortunadamente, ha convertido en un escenario de esta violenta realidad.
En los últimos años la ola de violencia y de inseguridad pública se ha apoderado de las calles de Oaxaca, muchos de ellos causados por la delincuencia organizada, otros por la ineficacia del gobierno estatal.
El clima de intolerancia, represión, persecución que ha imperado en la actual administración, ha coadyuvado a que Oaxaca se convierta en un Estado inseguro., en donde la ciudadanía se encuentra atemorizada y presa de la ola de violencia que se ha desatado en los ultimo años.
Paralelo a los crímenes, ejecuciones, heridos y detenidos que ha dejado el conflicto social, hay una cuenta abundante de muchos oaxaqueños más que en diversos momentos y en todas las regiones del estado, han sido tocados por la delincuencia común y la organizada.
En lo que va del año se ha registrado alrededor de 15 ejecuciones y asesinatos, de los cuales hasta el momento no se tiene avances contundentes en las investigaciones. Además de los más de 80 levantones, secuestros, desapariciones, robos, y balaceras que generan zozobra y temor en los oaxaqueños.
La sociedad oaxaqueña esta conciente de la existencia de grupos de mafiosos que actúan con total impunidad, dada la incapacidad de las corporaciones policíacas de brindarle seguridad a los oaxaqueños
Esta ola de violencia ha alcanzado a los altos mando de los cuerpos policíacos, tal como sucedió con el atentado en que perdió la vida el jefe de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial, y tres personas más entre ellos la promotora deportiva Virginia Galán Rodríguez.
En los primeros días de este mes de marzo se han sucedido tres hechos inyectados de violencia extrema: el día 05 se registro una balacera en contra de policías ministeriales que fungían como escoltas de un legislador priista. El día 06 se encontraron los cuerpos de tres jóvenes entre los 17 y 23 años de edad, a unos metros de las oficinas de la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), ubicadas en San Bartolo Coyotepec. Asimismo, el viernes 07, fue asesinado el comandante de la Policía Ministerial del Estado, Región Uno, con sede en la Villa de Etla, Ricardo Rodríguez Silva, a pleno luz del día y en un sitio de reunión familiar.
La gente esta cansada de escuchar de las autoridades promesas y la existencia de chivos expiatorios que sólo resultan en persecuciones y cacería de brujas. Lo que necesitan los ciudadanos son resultados concretos, que se esclarezcan los asesinatos, atentados, y toda clase de hechos violentos. Sin embargo, las autoridades estatales no han dado resultado alguno que haga que la ciudadanía se sienta atendida en sus demandas.
Reconocemos que el combate contra le delincuencia organizada y la inseguridad pública es una lucha que no se puede ganar sin la ayuda y coordinación de las fuerzas policíacas y de inteligencia con las que cuenta el Estado, por lo que los gobiernos estatales deben tener en cuenta que no están solos en esta batalla.
Entendámoslo de esta forma si el incremento de la actividad delictiva organizada o no y la inseguridad pública se vuelven el cotidiano en los estados de la República, la seguridad nacional esta en peligro. No lo veamos como hechos locales o aislados que son responsabilidad de las autoridades estatales y locales, es un problema nacional que esta vulnerando al Estado.
El pasado 7 de marzo de 2007, el ejecutivo Federal, presentó y puso en marcha la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, la cual tiene entre sus principales objetivos alinear las capacidades Estado Mexicano contra la delincuencia.
Los siete ejes que contempla este nuevo programa de seguridad que son alinear las capacidades del Estado Mexicano contra la delincuencia; operación policial; prevención del delito y participación ciudadana; desarrollo institucional; sistema penitenciario; combate a la corrupción e indicadores de medición.
De que se logre una verdadera articulación y colaboración de los cuerpos policíacos y de las instituciones de los tres niveles de gobierno para el intercambio responsable y sistematizado de la información que promueva un trabajo planificado y sin invadir los distintos ámbitos de competencia, depende que se construya un frente que combata eficazmente los hechos violentos y la existencia del crimen organizado. De lo contrario seguiremos siendo presas de los impedimentos administrativos y legales.
No debemos esperar que Oaxaca se convierta en un Estado donde la inseguridad, las muertes, levantados, sean el pan nuestra de cada día; y mucho menos permitir que se convierta en un bastión del crimen organizado.
Deben actuar con decisión y compromiso
En mérito de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente
PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente, al Titular del Ejecutivo Federal para que instruya al Titular de las Secretaría Seguridad Pública, a que en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia se integren estrategias de combate a la delincuencia, a fin de coadyuvar con las fuerzas de seguridad pública estatales y municipales del Estado en la prevención, atención, y erradicación de la violencia e inseguridad pública que se vive en Oaxaca.
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca a que instruya a los Titulares de las Secretarías de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia del Estado a que implementen de manera coordinada, un programa emergente de operativos conjuntos que garanticen la seguridad pública y combatan eficazmente la delincuencia organizada en el Estado.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los 11 días del mes de marzo de 2008.
Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo sobre el repunte de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Velásco
PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL REPUNTE DE
Recinto del Senado de la República, 28 de febrero de 2008
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Sexagésima Legislatura del Honorable Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en la siguiente
Ciudad Juárez es la ciudad más poblada de la frontera norte y se ubica frente a El Paso, Texas. Según datos del INEGI y de acuerdo con el Segundo Conteo de Población y Vivienda 2005, cuenta con 1,301,452 habitantes en la ciudad, y 1,313,338 habitantes en todo el municipio, con lo que se ubica como la octava zona metropolitana más grande del país.
A pesar de ser una ciudad sumamente importante por su crecimiento industrial y de contar con 4 puentes internacionales hacia El Paso, en la década de los noventa y durante los primeros años del nuevo siglo, se perpetraron alrededor de 460 homicidios y 600 desapariciones de mujeres; la mayoría eran jóvenes y de escasos recursos.
Esta situación causó una gran indignación no sólo a nivel nacional; en el ámbito internacional distintas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, realizaron pronunciamientos exhortando a las autoridades mexicanas a que esclarecieran estos crímenes y castigaran con todo el peso de la ley a los culpables.
La mayoría de los casos no resueltos se han venido agrupando y acumulando con el paso del tiempo. Se han abierto muchas líneas de investigación sin que ninguna permita dar conclusiones certeras sobre lo que les ha pasado a estas mujeres.
Al respecto, en el Senado se creó la Comisión Especial para dar seguimiento al avance de las Investigaciones en torno al caso de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez. Esta Comisión se encargo de garantizar el derecho a la información de la ciudadanía en general, además de que en varias ocasiones exhortó tanto a las autoridades locales como a las federales a que integraran las averiguaciones previas con celeridad y eficacia, y se comprometió ante instancias internacionales a vigilar el respeto a los derechos humanos
Posteriormente, el 30 de enero de 2004, por medio del acuerdo A/003/04, la Procuraduría General de la República creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua.
Esta Fiscalía fue dotada de competencia para llevar a cabo la investigación y persecución de los delitos relacionados con los homicidios en Ciudad Juárez. Como recordaremos, la primera titular de esta Fiscalía fue la Lic. María López Urbina, quien ocupo el cargo del 30 de enero del 2004 al 29 de mayo de 2005. Durante su gestión se publicaron 3 informes parciales, en los cuales se reportaron el inicio de 101 averiguaciones previas y 115 causas penales.
Posteriormente y tras la salida de la Lic. López Urbina, fue nombrada la Dra. Mireille Roccatti Velásquez, quien ocupó el cargo del 1 de junio al 15 de septiembre de 2005. La Dra. Roccatti preparó un cuarto informe parcial en el que se estudiaron 50 expedientes, conformados por 13 averiguaciones previas y 37 causas penales.
Finalmente, el Lic. Juan Carlos Esquivel Lima tomo la titularidad de la Fiscalía y se encargó de preparar el cuarto y quinto informe en los cuales se estudiaron 73 expedientes, se iniciaron 25 averiguaciones previas y 48 causas penales, lo que nos reflejó un total de 339 expedientes.
En el año 2006 por acuerdo del Procurador General de la República se creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres (FEVINTRA), la cual se ha dado a la tarea de combatir la violencia contra las mujeres desde todos los sectores de la población.
Es un hecho que se están tomando acciones con el propósito de detener la violencia de género en todo el país, sin embargo, también es una realidad y un foco rojo que en los meses que han transcurrido durante el presente año se han incrementado los asesinatos en Ciudad Juárez.
Durante el mes de Enero y Febrero del 2008 se ha reportado la muerte de 12 mujeres, situación que es sumamente alarmante en comparación con años anteriores donde se había logrado una reducción significativa. En el año 2005 se registraron 32 homicidios, en 2006 fueron 21 y en 2007 se reportaron 5 muertes, la cifra más baja de los últimos años.
Una situación que es de llamar la atención, es que a diferencia de la década pasada donde las mujeres asesinadas eran en su mayoría jovencitas, las victimas en el presente año son mujeres de todas las edades (entre los 3 y los 35 años de edad).
Además, en los homicidios cometidos en años anteriores, las victimas eran mujeres de entre 10 y 40 años y los criminales tenían un modus operandi distinto al actual. En ese entonces secuestraban a sus victimas, abusaban sexualmente de ellas de manera tumultuaria, las torturaban, les arrancaban partes de su cuerpo o las quemaban y después arrojaban sus cuerpos en caminos desérticos o terrenos alejados de la población. Los asesinatos que se han cometido durante este año, han sido en los domicilios de las victimas.
No debemos permitir que las familias que radican en esta Ciudad sufran tal desesperación y miedo; no es justo que la inseguridad les haga vivir recluidos en sus casas o que no sepan si sus hijas regresarán a su hogar al salir a sus trabajos, centro de estudio o simplemente a convivir con sus amigos.
A la fecha, muchos de estos crímenes están impunes y a las mujeres desaparecidas nadie las busca; los asesinatos y desapariciones continúan sin que haya responsables. Las autoridades deben dar la lucha frontal, combatir antes que nada la corrupción y brindar seguridad a sus habitantes.
Por ello invitamos a las autoridades competentes a que realicen acciones tendientes a resolver de fondo esta triste situación antes de que empiece a tornarse aún más grave, y hacemos un llamado a las autoridades locales y federales para que aporten todo su esfuerzo y de una vez por todas se de fin a los feminicidios en Ciudad Juárez.
La violencia en esta ciudad parece no conocer fronteras. Los asesinatos de mujeres jóvenes y pobres comenzaron a documentarse en Ciudad Juárez en 1993; duraron más de una década y posteriormente se tuvo un tiempo relativo de calma, pero en este 2008, la situación se podría volverse cíclica y repetitiva, por lo que es indispensable que las autoridades tomen cartas en el asunto de inmediato y no permitan que la sociedad vuelva a sufrir el dolor de perder a sus hijas en actos violentos. Se deben realizar conforme a la ley las investigaciones necesarias para dar con los culpables, aplicarles todo el peso de la ley. Sólo así las familias que habitan en Ciudad Juárez tendrán la tranquilidad que tanto anhelan.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente proposición:
Único.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres, a que refuercen sus actividades de investigación relacionadas con los delitos de violencia contra las mujeres, particularmente en Ciudad Juárez, e informen a esta Soberanía sobre que acciones se están implementando en coordinación con las distintas autoridades locales y federales para evitar que continúen cometiéndose dichos delitos, en virtud del repunte que lamentablemente han tenido en el presente año en aquella ciudad del Estado de Chihuahua.
Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para gestionar la inscripción del apotegma del licenciado Benito Juárez García en la sede de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
ROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA GESTIONAR LA INSCRIPCIÓN DEL APOTEGMA DEL LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA EN LA SEDES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
El suscrito, Senador Salomón Jara Cruz, adscrito a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso B, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición al tenor de las siguientes:
Benito Juárez, representa, la síntesis de la historia nacional. Es el resumen, de los próceres anteriores a él, la encarnación llameante de Hidalgo y de Vicente Guerrero, y es, al mismo tiempo, la reedición del espíritu constitucionalista del Generalísimo, José María Morelos.
Juárez, es el abogado legítimo de la raza indígena. Entra a la política, con la limpieza viril, de sus convicciones liberales. Recoge, el ideario del licenciado Francisco Primo de Verdad, la elocuencia de Fray Melchor de Talamantes y la erudición del Dr. Mora.
Para el Benemérito de las Américas, el derecho y la razón fueron sus armas, tanto en la revolución de Ayutla, como en la guerra de reforma y en la intervención francesa.
Es Juárez, un revolucionario cabal, que por la vía pacifica y con la majestad del derecho, transforma la sociedad de su tiempo. Defiende la constitución del 57; cumpliendo la Constitución del 57 hace la reforma, con las leyes de reforma, custodia la independencia, y restaura la República.
Juárez, dirige la revolución, llamado al difícil puesto de Presidente, por un concepto constitucional, como lo afirmó en su primer manifiesto, y no por el favor de las facciones; dirige la revolución, con el derecho, cambiando lo más profundo de las estructuras de un pueblo: la razón se impone al fanatismo; el estado de privilegios se desmorona y el derecho se impone sobre el caos.
Pablo Benito Juárez García, es el primer ciudadano, de una República, que hasta entonces, solo existía, en el pensamiento, de quienes como él, participaron en la lucha, al lado del pueblo.
El apóstol zapoteca, representa, en nuestra historia, al poder civil por excelencia. Su lucha tenaz y perseverante por la abolición de los fueros, subraya su aspiración de ver instaurada la igualdad entre los mexicanos, como el único fundamento posible, para la existencia de la república. Su mérito excepcional, el legado más valioso y trascendente que nos dejó, es, con seguridad, la confianza inquebrantable, que tuvo en la ley, como el supremo recurso, de una nación, para superar sus dificultades, progresar en la paz y enfrentar con éxito el gran reto del futuro.
Por ello, su apotegma: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.” “es el legado que Juárez ha dejado para los mexicanos; para los ciudadanos del mundo.
Sin duda, el indio zapoteca es un hombre universal. Su pensamiento tiene validez tan amplia, que, hoy por hoy, las nuevas corrientes del derecho internacional, el planteamiento de la paz, la posibilidad de la convivencia pacifica, la cooperación y el comercio, tienen su fundamento, en la profunda verdad de sus concepciones.
El conflicto entre dos naciones hermanas como Ecuador y Colombia, nos trae a reflexión sobre la vigencia del ideario del prócer de Guelatao.
Por ello afirmó que Juárez está vivo; Juárez permanece a través de la historia.
Este día, es oportuno para meditar, en los triunfos del pueblo y la dimensión de sus esfuerzos, en la ruta transitada, en la cuota de sangre y de talento, que los mexicanos, han aportado, al desarrollo nacional.
Hoy, dentro del contexto de una nueva y sana moral política, el reconocimiento al héroe, al ser humano, al benemérito del mundo, es compromiso imprescindible, es austeridad en la conducta, condena al claudicante, al corrupto, al reaccionario, al simulador, es reproche y combate de lujos, festines y dispendios. Es reclamo para cumplir con nuestros deberes, sin más recompensa que la efectividad del servicio prestado. Es conciencia vigilante y necesidad, de que prevalezca la ley, por encima de las posiciones y de los nuevos fueros y privilegios.
Es autocrítica rigurosa, reclamo de equidad, combate popular, respeto a la critica y critica respetuosa, es derecho a disentir, a pensar diferente, a militar en otros grupos, es deber de trabajar, de estudiar, de prepararse, de mantener una conducta vigilante.
Mantenerlo vivo, presente, avizorando el porvenir, es nuestro deber.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con
ÚNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la canciller, Patricia Espinoza Castellano, realizar las gestiones diplomáticas ante el Secretario General de Naciones Unidas, Sr. Bam Ki-Moon, y el Secretario de la Organización de los Estados Americanos, Sr. José Miguel Insulza, para que inscriban en sus respetivas sedes, el apotegma del licenciado Benito Juárez García, Benemérito de las Américas: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.”
Salón de Sesiones del Senado de la República, a once de marzo de 2008.
De la Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo sobre preservación, tratamiento y reutilización de los recursos hídricos.
SEN. Ludivina
PUNTO DE ACUERDO PUNTO DE ACUERDO SOBRE PRESERVACIÓN, TRATAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Recinto del Senado de la República, 6 de marzo de 2008
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Sesenta Legislatura del Honorable Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en los siguientes
Resulta incuestionable que señalar que el agua es uno de los factores que pueden restringir o incentivar en mayor medida el desarrollo social y económico de las naciones, en razón de su gran impacto en el desarrollo agropecuario y forestal, así como en la producción de infinidad de bienes y servicios. Su utilidad en la industria y en la generación de energía o bien como vía de comunicación o transporte y su enorme vinculación con el turismo son de la mayor relevancia. También debemos destacar la gran incidencia del agua en el ámbito de la salud pública. Su relación es estrecha con los asuntos de estabilidad social y política. Innumerables conflictos, nacionales e internacionales han estado ligados al tema de la propiedad, posesión o utilización de las aguas.
Las extensas zonas del planeta que carecen de agua potable son cada vez mayores. Por ello la conservación y adecuada distribución de este recurso se torna esencial para la sobrevivencia y desarrollo de numerosas culturas del orbe. El consumo del líquido entre países desarrollados por persona es de 500 a 800 litros por día, lo que representan 300 metros cúbicos al año, y los países en desarrollo consumen entre 60 y 150 litros diarios, por persona, es decir, 20 metros cúbicos por anuales. La escasez o contaminación de los cuerpos de agua no sólo son una seria amenaza al desarrollo socioeconómico o a la estabilidad política, sino esencialmente a la salud del hombre. De ahí la importancia de mantener la integridad y equilibrio del medio acuático.
Según proyecciones de especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la cantidad de gente que vive en países en tensión por falta de agua pasará de los 470 millones a tres mil millones en 2025.
Es de llamar la atención que México, con una economía emergente y con importantes problemas en materia de financiamiento, abasto y saneamiento del agua, sea el segundo mayor consumidor de agua embotellada en el mundo, después de Estados Unidos, con unos 18 mil millones de litros al año, según un estudio de la organización ecologista estadounidense Herat Policy Institute, la cual indicó que en 2004 se consumieron en México un promedio de 169 litros de agua embotellada por persona, lo que ubica también nos ubica como el segundo país de mayor consumo per cápita. El estudio también advierte sobre la gran cantidad de basura que generan esos millones de envases.
Por otra parte, el Secretariado del IV Foro Mundial del Agua informó, en 2006, que cuando menos el 80% de las enfermedades del mundo son causadas por el agua contaminada; de ahí que su potabilización represente salvar mucho mayor número de vidas que lo realizado por todas las instituciones médicas. También señaló que el agua forma parte de un sistema profundamente interconectado, de manera que todo lo que se vierte en el suelo o el aire termina en el vital líquido.
En ese Foro se señaló que la al año se vierten en cuerpos de agua entre 300 y 500 toneladas de desechos industriales tales como metales pesados, solventes y sedimentos tóxicos, entre otros, lo que limita aún más su consumo pues se vuelve nociva para la salud. En este contexto cobra un alto valor el aprovechamiento de las aguas residuales producidas por los centros de población que tienen sistemas de drenaje para evacuar sus residuos líquidos. En la práctica esto se ha convertido, a nivel mundial, en una importante alternativa para la producción agrícola.
Sobre la problemática de la contaminación de aguas en México, el Titular del Ejecutivo recientemente señaló que “nuestra generación enfrenta el desafío de garantizar la disponibilidad de agua que es un derecho universal y un recurso estratégico. Yo puedo decirles que para este Siglo XXI la conservación del agua, el agua va a ser un recurso tan importante o más que el propio petróleo. Y que eso implica que hagamos un esfuerzo, precisamente, porque el agua la necesitamos para vivir y el agua nos la estamos acabando”….”para la próxima década… en México cada litro de agua que se use en las casas va a ser un litro de agua tratado y en consecuencia que se pueda reutilizar, es decir, una meta del 100 por ciento de tratamiento de aguas negras, aguas residuales en el país”.
En el contexto internacional la práctica de reutilizar las aguas residuales normalmente obedece a dos situaciones: La primera, que responde a una actitud de conservacionismo y sanidad, que pugna por proteger al ambiente, (Alemania, Australia, Canadá, España o Estados Unidos) que realizan un tratamiento purificador al agua residual y luego la reciclan en pequeñas cantidades. El agua recién tratada se devuelve a cuerpos de agua superficiales; en parte se destina al riego de campos deportivos, parques o bósques, y, en menor escala, al riego de cultivos que no representan riesgo al consumo humano.
La segunda, que obedece a la precariedad existente de ese recurso o a la facilidad que existe para su utilización, con un bajo control sanitario por parte de las autoridades (Brasil, Chile, India, Israel, Marruecos, México o Perú) países en los cuales se reutiliza el agua residual en el desarrollo local o regional, utilizándole en actividades agrícolas, acuícolas, industriales e incluso domésticas.
Diversos estudios concluyen que a nivel mundial y después de la República Popular de China, México es el segundo país que más agua residual emplea en actividades agrícolas. En el caso de América Latina, México es la nación que más hectáreas irriga con aguas servidas no tratadas. Al respecto tenemos las siguientes cifras comparativas:
REUSO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL MUNDIAL
Superficie Irrigada (Has)
Sudáfrica, Johanesburgo
Sudán Khartum
China (diversas ciudades)
MEXICO (diversas ciudades)
Estados Unidos (diversas ciudades)
India (diversas ciudades)
Israel(diversas ciudades)
En México existe un rezago importante de tratamiento de aguas residuales. A principios de la década pasada el Instituto Nacional de Ecología estimó que en México cerca del 44 % de las aguas residuales generadas por la población eran aguas no tratadas y generalmente utilizadas en la agricultura. En efecto, existen más de 30 grandes escenarios donde la irrigación agrícola depende de las aguas negras generadas por igual número de poblaciones, entre las que podemos destacar: Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez, Durango, Guadalajara, La Laguna, Monterrey, Morelia, Obregón, Puebla, Querétaro y el Valle de Mezquital.
Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales estima que el caudal recolectado es poco más de la mitad de las aguas residuales y que de éstas, solo el 33 % es tratada. La situación se agrava al ver que en su mayoría la técnica de tratamiento es la de lodos activados.
Diversos organismos internacionales han llamado la atención sobre la contaminación de nuestras playas. La organización ecologista Greenpeace, recientemente señaló a la secretaría de Salud mexicana, con respecto a la contaminación de nuestras playas, que de acuerdo con sus investigaciones de los 154 municipios costeros del país, el 49% carecían de plantas de tratamiento de aguas residuales. Situación de suyo preocupante, más cuando se atiende lo que revelan las propias. Al respecto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), afirmó que cada minuto llegan a los mares mexicanos casi 5,5 millones de litros de aguas negras.
Según datos de Conagua de 2006 presentados por la organización no gubernamental, Greenpeace, quince estados de México vierten más del 50% de sus aguas residuales sin tratamiento directamente al mar, entre los que destacan Campeche (98,5%), Yucatán (98,4%) y Michoacán (89,3%). En todo el país el índice de utilización de la infraestructura para sanear el agua es del 75% y de las 1.666 plantas que hay en México, el 14% no operan.
Lo anterior se traduce en el hecho preocupante de que miles de toneladas de heces fecales lleguen continuamente a nuestros ríos, lagos, lagunas y mares, provocando riesgos para la salud y daños a los ecosistemas terrestres y marinos. Sin duda esta problemática incrementa los riesgos sanitarios e incrementa las probabilidades de contraer diferentes enfermedades.
Lo anterior se agrava con la contaminación industrial, provocada por las fábricas que descargan sus residuos al drenaje municipal, por concesión de las mismas autoridades, pero muchas veces se trata de residuos que no pueden ser eliminados con los tratamientos tradicionales.
El adecuado tratamiento de las aguas negras en México se enfrenta a muy serios problemas, que van desde la apatía y el descuido de la población o de las autoridades, hasta los altos costos y complicación tecnológica que representa su saneamiento. Desde hace tiempo se padece una frecuente incapacidad de las administraciones municipales para hacer financiable la operación de las plantas. La mayor complicación que se percibe es la operatividad de las plantas, toda vez que son muchos los municipios que cobran tarifas bajas por el agua potable, y cuando tienen que invertir en el reciclado de las aguas abandonan los proyectos.
Otro problema importante en el tratamiento de las aguas se relaciona con los grandes embalses de agua y las plantas generadoras de energía. Al respecto, cabe afirmar que no hay presa o planta generadora de energía en el país que no presente problemas e inconformidad entre los pobladores, ya sea por las promesas incumplidas, por las indemnizaciones inadecuadas, por la contaminación que generan y que reciben, por los efectos en la salud, por la muerte de peces en los embalses o por la falta de acceso al agua y energía eléctrica, pese a vivir a orillas o cerca del embalse. Así por ejemplo, la planta geotermoeléctrica de Cerro Prieto, de la Comisión Federal de Electricidad, en Mexicali, Baja California, es la principal fuente de contaminación del valle de Mexicali, cuyos habitantes ya resienten los efectos de sus emisiones en su salud y en la agricultura.
Otro ejemplo relevante está representado por la contaminación de la presa Endhó, que alberga más de 182 millones de metros cúbicos y es la más grande del Estado de Hidalgo, con cianuros, detergentes, grasas, aceites, nitritos, fosfatos, coliformes fecales y metales pesados, en cantidades muy superiores a las que marcan las normas oficiales aplicables. Un enorme valle es atendido para la irrigación de 85 mil hectáreas en las que se producen las más diversas verduras y legumbres y forrajes, para su consumo generalizado en la zona central del país. Los 84 municipios relacionados directamente con esta presa ya han sido conminados a instalar las plantas de tratamiento requeridas. Numerosas autoridades han intervenido en este problema e igual número de proyectos se han realizado sin ningún avance sustancial para la solución real del asunto.
Otra cuestión importante en este asunto es la existencia de empresas que ofrecen sistemas depuradores de agua, la cual venden a los ayuntamientos como prácticos y económicos; resultando todo lo contrario. En razón de que tales sistemas al poco tiempo terminan abandonados por lo costoso de su operación y reparación. Los gobernantes, ante el reclamo social del agua, optan por cumplir con la dotación del agua potable, cuyo reclamo popular está muy por encima de la preocupación de su saneamiento.
Aunque se imponen multas a los ayuntamientos que no tratan el agua ello no es la solución, en razón de que son multas impagables y en ocasiones tan altas, que llegan a superar los presupuestos anuales de los ayuntamientos. Ante tal situación la Comisión Nacional del Agua ha propuesto buscar soluciones que le den sustentabilidad al uso del agua, ya que los cuerpos de agua están recibiendo el impacto de la contaminación.
Si bien la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Salud consideran lo relativo al saneamiento del agua, y las normas oficiales pertinentes -NOM-001-ECOL-1996, NOM-002-ECOL-1996 y NOM-003-ECOL-1997, señalan los límites máximos permisibles de contaminantes químicos y biológicos, así como los criterios de disposición y reuso, la legislación y normatividad existente resulta notoriamente insuficiente para proteger al recurso hídrico, al medio ambiente y a la salud pública. En la práctica es muy precario el control sanitario sobre el saneamiento y reutilización de las aguas residuales, por parte de las autoridades ambientales, de salud, de agricultura y, en la frontera, de relaciones exteriores, a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas-.
La construcción de las plantas tratadoras de aguas residuales es un gran avance, empero no representa la solución definitiva del problema. En efecto, aún y cuando las plantas comiencen a operar y lleguen entregar agua de buena calidad sanitaria a los agricultores, las tierras receptoras del líquido ya están química y biológicamente contaminadas, desde hace mucho tiempo, y así permanecerán por varios años más. De igual forma, mientras no cambien los hábitos de la población y se sigan vertiendo basura y desechos orgánicos e industriales en los cuerpos de agua, el asunto se complicará con el tiempo.
Por lo anterior, se precisa de un programa de educación y promoción a la salud ambiental que permita implementar los criterios de la Organización Mundial de la Salud sobre el tratamiento y reuso cuidadoso de las aguas residuales. Simultáneamente será indispensable sensibilizar a la comunidad sobre los severos problemas sanitarios y ecológicos que generan las conductas contaminadoras del agua, para que cambie esas actitudes y genere hábitos distintos para preservar la salud de la comunidad.
Han pasado muchos años y este problema fundamental de salud pública y preservación ecológica, sigue avanzando. La contaminación de aguas y tierras en México es cada día mayor e involucra riesgos sanitarios crecientes. No basta con multiplicar las plantas de tratamiento o reforzar los canales de desagüe o incrementar la capacidad de almacenamiento o desfogue. No basta con hacer programas o acciones eventuales para afrontar el problema. No basta con atender esporádicamente los ríos, lagos, presas y distritos de riego contaminados. De no atenderse con prontitud y con acciones integrales se saneamiento y protección ecológica los costos a pagar, en términos de salud y degradación ecológica, serán inconmensurables.
No debe olvidarse que otras naciones, con mayor número de población que México y con una actividad industrial, agropecuaria y de servicios mucho más amplia, han podido afrontar exitosamente el problema de tratamiento y reutilización de las aguas que ocupan para los más diversos fines. Existen experiencias nacionales e internacionales de la mayor relevancia para atender el saneamiento masivo del recurso hídrico. Resulta de la mayor trascendencia conocer y divulgar las disposiciones legales y normativas que se están aplicando para atender exitosamente la preservación y reutilización se los recursos acuíferos.
De igual forma es de gran importancia conocer de primera mano las soluciones tecnológicas que se están han empleado en el ámbito urbano, industrial, agropecuario y de servicios para asegurar la adecuada preservación y reutilización del agua, tanto en el campo como en la ciudad. Asimismo es imprescindible conocer a fondo los programas para la educación de la población, a fin de que ésta evite la contaminación sistemática de los cuerpos de agua y colabore en las acciones individuales y colectivas que se precisan para ello.
Por lo expresado resulta claro que existe la necesidad contar con un foro al que pueda convocarse, a nivel nacional e internacional, a las instituciones, académicos e investigadores con mayor experiencia y logros en materia de preservación, tratamiento y reutilización de los recursos hídricos, para analizar a fondo la problemática que vive México al respecto y poder intercambiar experiencias con las autoridades y especialistas de nuestro país, con el objeto de identificar las acciones legales, financieras, tecnológicas, sanitarias, ecológicas y de educación para la salud, entre otras, que será necesario emprender para resolver en definitiva la problemática señalada. Al propio tiempo para integrar y proponer la Política de Estado correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los Senadores del Partido Verde Ecologista de México, ponemos a su consideración la siguiente Proposición con
PRIMERO.- El Senado de LA República del Congreso de la Unión acuerda realizar y coordinar en México, durante el último trimestre del presente año, una Conferencia Internacional con el Tema: “LA PRESERVACIÓN DEL AGUA, UNA POLÍTICA DE ESTADO”, con la participación de las instituciones, autoridades, académicos e investigadores, nacionales y extranjeros, con mayor experiencia y logros en materia de preservación, tratamiento y reutilización de los recursos hídricos.
SEGUNDO.- Los objetivos de dicha Conferencia Internacional para lograr una política de estado, serán los siguientes:
Analizar las limitaciones, avances y retos de nuestro país al respecto.
Lograr un intercambio productivo de experiencias entre los especialistas participantes,
Identificar las acciones legales, financieras, tecnológicas, sanitarias, ecológicas y de educación para la salud, entre otras, necesarias para resolver en definitiva los problemas de contaminación, preservación y tratamiento de las aguas en México e integrar y proponer la Política de Estado que deberá adoptarse por el Gobierno de México, en el corto, mediano y largo plazos, para atender y resolver esta materia en lo sucesivo.
Del Sen. Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de Chiapas para que se agilice la averiguación previa relacionada con el presunto desfalco del patronato del Seguro de Vida y Retiro de los trabajadores de la educación en esa entidad.
ROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR VÍA DE SU FISCALÍA GENERAL, PARA QUE SE AGILICE LA AVERIGUACIÓN PREVIA RELACIONADA CON EL PRESUNTO DESFALCO DEL PATRONATO DEL SEGURO DE VIDA Y RETIRO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN ESA ENTIDAD FEDERATIVA.
El 26 de octubre de 1964, mediante decreto emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, se creó el Patronato del Seguro del Maestro al Servicio del Gobierno del Estado; mismo que, con el paso del tiempo, hoy se conoce como Patronato del Seguro de Vida y Retiro o Patronato del Seguro Mutualista, dado el mecanismo financiero con el que funciona: un descuento mensual de noventa pesos sobre el salario de cada profesor, como aportación a la mutualidad del patronato, sea o no agremiado a la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
El Patronato se rige por un reglamento y en éste se establece como objeto que al fallecer u obtener una jubilación un maestro o sus beneficiarios, obtendrán una cierta suma económica en calidad de ahorro. Ahorros que, tras 25 o 30 años de labor, son algo significativos, sobre todo si se les multiplica por la totalidad de los maestros inscritos al patronato.
Pero el Patronato no ha estado exento de problemas relacionados con la corrupción. En el año 2000, al presentarse una cantidad importante de jubilaciones y fallecimientos, lo maestros se supieron víctimas de la defraudación, pues los ahorros generados no les fueron entregados conforme lo dispone el reglamento del Patronato.
Las indagaciones financieras informaron entonces que al inicio del nuevo siglo existía un déficit importante en el fondo, siendo que para 2001, la suma ahorrada en éste era igual a cero. Circunstancia respecto de la cual, los funcionarios del patronato se limitaron a argumentar que la tormenta tropical Larry, ocurrida ese mismo año, había destruido toda la documentación relacionada con la materia adentro de las propias oficinas y que las bases de datos computacionales habrían sido devastadas por un virus computacional, lo que hacía imposible la comprobación respectiva. Los medios locales de información, dieron cuenta de ello.
Frente a lo anterior, se organizó un grupo de trabajadores de la educación, razonablemente inconformes con los hechos, para darles seguimiento y exigir su esclarecimiento, la devolución de los ahorros, así como el deslinde y sanción de los responsables. Los maestros relacionan los hechos, como enseguida se reseña.
El 13 de julio de 2003, en Palenque, Chiapas, durante el Congreso Magisterial, la tesorera saliente, Profesora Esperanza López Flores, informó por escrito a la asamblea que durante su gestión se realizaron pagos por una suma total de casi 56 millones de pesos, por concepto de seguros de vida de retiro. Pagos que, por su apariencia excesiva, despertaron dudas.
Por ello, documentos en mano, los maestros inconformes sometieron los datos a revisión profesional, obteniendo un dictamen indignante: la investigación arrojó que existe un faltante por 50 millones 627 mil 662 pesos durante las administraciones de 1998 a 2004, mismas que funcionaron bajo las presidencias de los CC. Martín Duarte Almaraz, Susy Maribel Vázquez Sánchez y Nahum Aguilar Gómez; siendo secretarios-tesoreros Jorge Pérez (actual Secretario General de la Sección 40 del SNTE), Esperanza López Flores (actual Secretaria de Finanzas de dicha sección) y Amalia Guadalupe Figueroa Ramírez, y comisarios, Joel Aguilar Pérez, David Aguilar Solís (actualmente miembros del Comité Ejecutivo de la citada sección) y Jorge Pérez Pérez.
Si al faltante descubierto en 2003 se le suman los montos correspondientes a intereses y actualizaciones, la suma es hoy de mayor relevancia. Pero la defraudación, de existir, era entonces igualmente grave.
Por ello, el 9 de julio de 2004, diecisiete socios del Patronato presentaron querella ante el Ministerio Público local, con las pruebas documentales que sustentan el faltante, por los delitos de abuso de confianza o los que resulten en el curso de las investigaciones. Expediente sobre el cual recayó el número de averiguación previa 669/CAJ4-B/2004.
Derivado de lo anterior, el 30 de diciembre de ese mismo año, la hoy Fiscalía General del Estado, a través de la Coordinación de Servicios Periciales, emitió peritaje contable signado por la Perito Claudia Janeth Torres Escobar, mediante oficio de número 39292 y referencia DAR.MI-212.2004, en cuya parte medular se lee, según afirman los maestros inconformes:
Se determina que con base a la documentación de tipo contable y al estudio realizado existe un faltante a favor de los socios mutualistas del patronato del seguro de vida y retiro de la sección 40 del S.N.T.E., por concepto de pagos generados en materia de pensiones y jubilaciones así como de cuotas no informadas por la cantidad total de $51’497,920.10 (cincuenta y un millones cuatrocientos noventa y siete mil novecientos veinte pesos con diez centavos).
Frente a tal resultado, el 11 de julio 2006, la Fiscalía ordenó el aseguramiento del fideicomiso número 020697-0 de Banco Santander – Serfín; sin embargo, desde entonces la querella no ha avanzado por la intervención directa, acusan los propios inconformes, de la líder nacional del SNTE, la maestra Elba Esther Gordillo.
A la maestra se atribuye el envío a la entidad, durante junio de 2005 y por vía de Rafael Ochoa Guzmán, Secretario General del Sindicato, del profesor Ariel Castillo Nájera, miembro del Comité Ejecutivo y Nacional de ese gremio sindical y actualmente diputado federal, para ofrecer a los inconformes la suma de 10 millones de pesos a efecto de capitalizar al Patronato y a cambio de dar por terminada la querella.
En tanto que la Fiscalía del Estado no ha brindado una pronta y expedita procuración de justicia a los querellantes, fue presentada por ellos formal queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la que fue admitida el pasado 19 de enero y sobre la cual, informó el organismo, se ha procedido a su estudio y a la elaboración de una propuesta de conciliación entre las partes. Los querellantes, incluso, han manifestado su conformidad con tal procedimiento.
En hechos posteriores, destaca que el pasado 27 de marzo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Federal propuso al Pleno de dicho órgano legislativo un punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad, con el siguiente texto:
Único. Con pleno respeto a la soberanía del estado de Chiapas, se exhorta a la Fiscalía General de la entidad para que agilice sus diligencias y conclusiones en la investigación integrada en la Averiguación Previa 669/CAJ4-B/2004 y ejerza la acción penal correspondiente, con el objeto de hacer posible la reparación del daño ocasionado por el desvió de recursos del Seguro de Vida, Seguro Jubilatorio y Seguro de Pensión Vitalicia de los maestros de la sección 40 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación.
Considerando que los profesores agremiados a la Sección 40 del SNTE (en activo y jubilados) que resultan afectados por el presunto fraude suman ya 18 mil y que, de ellos, dos mil se han unido a la querella en averiguación, es menester que esta Cámara de Senadores se adhiera al respetuoso llamado que ha realizado la colegisladora, con el único objeto de que la demanda de los trabajadores de la educación se vea resuelta con plena justicia y en forma pronta y expedita.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Chiapas, por vía de su Fiscalía General, para que se agilicen las indagatorias relacionadas con la Averiguación Previa 669/CAJ4-B/2004 y, en su caso, se ejerza la acción penal correspondiente, con el objeto de resolver con justicia y en forma pronta y expedita el ilícito que en la querella respectiva se acusa y hacer posible la reparación de cualquier daño ocasionado a los beneficiarios del Patronato del Seguro de Vida y Retiro de esa entidad federativa.
a 11 de marzo de 2008.
Del Sen. Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo sobre las medidas de control de la población de elefantes en Sudáfrica.
UNTO DE ACUERDO SOBRE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LA POBLACIÓN DE ELEFANTES EN SUDÁFRICA
Recinto del Senado de la República, 11 de marzo del 2008
El pasado lunes 25 de febrero, el Gobierno de Sudáfrica anunció que después de una veda de 13 años, se permitirá la matanza de elefantes como una medida de control de la población de esta especie.
Este anuncio se ha dado tras varios meses de debate y ha provocado una enorme preocupación en los sectores ambientalistas del mundo, ya que no sólo es una medida equivocada y violenta, sino que puede sentar precedentes de matanzas de animales en peligro de extinción en otras partes del mundo. Pero sin duda abre la puerta para masacres de elefantes africanos que había sido controlada durante años.
Entre los años 1967 y 1994, un total de 14,564 elefantes fueron asesinados sin mediar campaña ni control. Lo mismo sucedió en otros sitios de África en donde hubo matanzas masivas por el aprovechamiento del marfil.
Hoy día el elefante africano es una especie amenazada y se encuentra en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres. Esto significa que son especies en peligro de extinción y las que están sometidas a mayor riesgo, por tanto, su comercio internacional esta prohibido.
La prohibición de comercio de marfil establecida desde 1989, fue la única medida tendiente a disminuir el saqueo de esta producto con fines comerciales ya que se sabe que el elefante es asesinado solo para quitarle los colmillos de marfil.
Sin embargo, en muchos lugares de África existen cazadores furtivos que siguen diezmando a las poblaciones de elefantes. Esta es una lucha que aún no se ha controlado y frecuentemente se ve en los medios las brutales cacerías de elefantes solo por el marfil de sus colmillos.
En ese mismo sentido, este Honorable Senado ya se ha pronunciado año con año en contra de la matanza de ballenas que realizan los países balleneros, principalmente Japón. Pues bien, de manera muy similar, la cacería y matanza de elefantes significa un evento análogo a la caza de ballenas.
Es el mamífero terrestre más grande del mundo. Vive en manadas con sistemas matriarcales y sus familias se mantienen unidas de por vida. Constituyen el animal más inteligente de los mamíferos terrestres y se sabe hoy que forman grupos sociales, desarrollando pautas de comportamiento que algunos antropólogos han llamado rasgos culturales, teniendo conciencia de sí mismos, hecho que sólo compartimos los humanos, chimpancés, delfines y elefantes.
Es decir, se trata de animales muy importantes, además de carismáticos, por lo que para poder eliminar a un individuo -por su gran cohesión social- se tiene que eliminar a la matriarca y a las crías; en otras palabras, matanzas orquestadas.
Matar no solo es una medida equivocada, sino reprobable cuando amenaza a una especie ya tan perseguida y amenazada.
Algunos países africanos han logrado medidas efectivas de protección de elefantes como Namibia y Botswana. Sin embargo, los países del este y oeste han fracasado y no se ha logrado erradicar a los cazadores furtivos, con una gran declinación de sus poblaciones. Ante esta situación tan grave como la que esta sucediendo en África para los elefantes, además se sigue dando la perdida de hábitat. Cabe aclarar, además, que la cacería de esta especie se da por el valor de sus marfiles y para los mercados internacionales de carne exótica (bushmeat).
Al respecto, esta medida tomada para matar elefantes, programada para iniciar el primero de mayo, representa un enorme peligro para la conservación de las especies en riesgo de todo el planeta, ya que utilizar el argumento de recuperación de una población no es un argumento válido, técnica, política y, mucho menos, éticamente.
Actualmente existen los conocimientos y técnicas para evitar que este tipo de matanzas se reabra y facilite la cacería de elefantes en todo el continente africano. El riesgo es inminente, por lo que la única medida que debe estar fuera de toda consideración, es matar.
El turismo internacional viaja a África para hacer eco turismo de observación, en los llamados safaris fotográficos. Lo que el turista busca son los “cinco grandes”, que son los elefantes, el león, el rinoceronte, el leopardo y el búfalo. La derrama económica por este tipo de turismo es enorme. Esto demuestra que los elefantes valen más vivos que muertos.
Otra de las incongruencias es que parte de esta matanza se hará en la reserva natural de Kruger, con lo cual se cambiaría de reserva a sitio de riesgo y matanza.
Las organizaciones no gubernamentales, científicos y expertos en la materia a nivel internacional, como es la Born Free Foundation, han establecido soluciones alternas como la ampliación del rango de distribución, el control de la natalidad y la relocación de elefantes en zonas del continente.
Por todo ello es que una vez más debemos alzar la voz para afirmar que matar no es la solución.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, respetuosa pero vehementemente solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal, que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores dirija al Gobierno de la República de Sudáfrica, la opinión y solicitud comedida de ésta representación senatorial de reconsiderar, por un lado, su decisión de matar elefantes como medio de control de las poblaciones de esta especie y, al mismo tiempo, para que se implementen vías alternativas de control de su población de elefantes a través de control natal, a través de la contracepción; relocación de individuos en otras áreas del Continente Africano, donde las poblaciones hayan disminuido drásticamente o sean aceptados; y, ampliación del rango de distribución de la población de elefantes y, por tanto, de su hábitat.
De la Sen. Blanca Judith Díaz Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que armonicen su legislación en materia de género conforme a la Legislación Federal.
SEN. Blanca Judith
C. Secretarios
La suscrita Blanca Judith Díaz Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Senadora por la LX Legislatura de la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en las siguientes:
A través de los años México ha suscrito diversos Convenios y Tratados Internacionales mismos que han sido ratificados por este Honorable Senado de la República y que son parte de nuestro derecho positivo.
De organismos como la Organización Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se han derivado instrumentos como la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979; la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belem Do Pará aprobada en 1994 y la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing, de 1995, entre otros.
El Legislativo ha tenido un poder determinante en este caso, ya que ha realizado reformas y creaciones de leyes, por un lado para solucionar la cuestión social interna y por otro cumplir los compromisos internacionales que se han adquirido.
El avance en la legislación sobre el tema ha sido un poco lento, sin embargo desde las reformas publicadas el 30 de diciembre de 1997 en el Diario Oficial de la Federación marcaron un paso muy importante porque homologaron tanto en el Código Civil, Código Penal y sus respetivos Códigos Procedimentales la tipificación de la violencia familiar.
La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres fue publicada el 12 de enero del 2001 misma que establece en su artículo 1.-“Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en los términos del Artículo Cuarto, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” y en su articulo2 se establece la creación del Instituto Nacional de las Mujeres que trabajara bajo los criterios de Transversalidad, Federalismo y Fortalecimiento de vínculos con los poderes Legislativo y Judicial.
Se menciona esta Ley porque en muchos Estados los Institutos de la mujer son creados por Decreto del Gobernador y no por Ley, por lo que en cualquier momento pueden ser modificados, encontrándose en un estado de vulnerabilidad porque se dejan a la discreción y a la voluntad política de los Ejecutivos Estatales.
El 2 de agosto del año 2006 fue publicada La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Diario Oficial, que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y de observancia general en todo el Territorio Nacional.
Se crea el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, para efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres y tiene los siguientes objetivos:
También otro gran avance en este tema es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero del presente año, un gran logro para nuestra legislación, porque esta ley salvaguarda en todo momento los derechos de las mujeres.
Además, se crea el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las Mujeres donde se coordinaran la Federación, las entidades federativas y los municipios, y tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Estos son algunos de los marcos legales que se tienen para disminuir la desigualdad entre los géneros y promover la igualdad de oportunidades en favor de la mujer.
Otro tema que nos interesa es la violencia en la sociedad que no es más que un reflejo de la violencia que se vive en el entorno familiar, que es donde se nos inculcan los valores primordiales y donde aprendemos la forma de relacionarnos, por lo que si diario se observa que el padre golpea a la mamá o la humilla constantemente, el hijo creerá que es la forma común de tratar a la mujer y repetirá el patrón de conducta.
Si algo debemos tener en cuenta es que la violencia no se ve influenciada por la clase social, nivel educacional, estado civil, raza, religión, edad o el vínculo que une a los miembros de la familia y por ello es muy importante la adecuada aplicación del Sistema Nacional para la Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las Mujeres.
En reunión de trabajo de la Comisión de Equidad y Género, con funcionarias del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dieron a conocer los resultados del ENDIREH que es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Los resultados que proporcionaron fueron que el 67% de las encuestadas sufrió algún tipo de violencia a lo largo de su vida; los datos que se obtuvieron en el levantamiento son en verdad alarmantes y sirven para dimensionar el fenómeno social, a continuación les mencionare otras cifras a nivel nacional:
Por otro lado en base a un estudio desarrollado en la Comisión de Equidad y Género, se encontró que diversas Entidades Federativas se encuentran rezagadas en el tema de violencia familiar tanto en el ámbito civil como en el Penal.
En el ámbito civil se pretende que la violencia familiar sea una causal del divorcio y por el ámbito penal se tipifique y se sancione duramente a los causantes de este tipo de violencia.
También en el ámbito penal hay muchas Entidades Federativas que todavía contienen en sus códigos el delito de rapto, mismo delito es por demás discriminatorio para la mujer ya que toda vez que con el hecho de realizar el matrimonio cesa toda acción penal en contra del raptor.
El Dr. Eduardo Novoa señala que se necesita un Derecho más acorde a la realidad social, en este sentido, es evidente el retraso que existe en la legislación penal, ya que fue creada desde los años treinta y por ende sus conceptos se encuentran totalmente rebasados por la realidad social.
Lo anterior, se hace mas evidente con relación a los derechos humanos de las mujeres, esto no quiere decir que desconozcamos los notables esfuerzos del legislador para incorporar los derechos del género femenino a las normas jurídicas que actualmente nos rigen, lo que queremos destacar es que algunas legislaciones de las entidades federativas no se ajustan y permanecen sin cambios que devienen en una severa afectación a los derechos humanos.
Nos referimos muy particularmente al delito de Rapto, el cual en términos generales consiste en la sustracción o la retención de una persona, ejecutada por medio de violencia física o moral, o por medio del engaño, para satisfacer un deseo erótico sexual o bien con fines matrimoniales.
Esta figura delictiva, que se encuentra en algunas legislaciones estatales en el rubro de los delitos sexuales, tiene una característica peculiar. No se procede contra el raptor, sino por queja de la mujer ofendida o de su marido, si fuese casada; pero si la raptada fuere menor de edad será por queja de quien ejerza la patria potestad o la tutela, o en su defecto de la misma menor.
En caso de que el raptor consiga finalmente su propósito, ya sea la satisfacción de un deseo erótico sexual o bien con fines matrimoniales, se extingue el delito, cuestión que consideramos totalmente inadmisible, pues además de que la victima es privada de su libertad, ahora tendrá que vivir con el propio delincuente, como si la mujer recuperará su dignidad y sus valores con el hecho de casarse con su victimario.
Lo anterior, evidentemente es una conducta violenta contra las mujeres y las niñas, ya que implica una violación a los derechos humanos pues el privarla de su libertad ya sea para satisfacer con ella un acto erótico sexual o para casarse es una ofensa y atropello a su dignidad.
Es por lo anterior que las legislaciones deben eliminar esta figura jurídico penal, y tomar en cuenta el verdadero bien jurídico que se lesiona con esta conducta, pues es claro que la victima no desea tener contacto, ni mucho menos desea contraer matrimonio con su raptor.
Para ello, hago uso de esta Tribuna, para hacer un llamado a los Estados que no tienen armonizadas sus legislaciones en materia de género para que a través de sus Congresos Locales presenten iniciativas y a los Estados que si la tienen armonizada emprendan estrategias y políticas públicas para llevar a cabo lo mandatado, así como fomentar los mecanismos públicos, y sobre todo destinarles recursos específicos.
Por lo anteriormente expuesto pongo a su consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que armonicen su legislación en materia de género conforme a la Legislación Federal, en especial La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobernadores de los Estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que una vez armonizada su legislación, implementen lo mas rápido posible los Sistemas Estatales de Igualdad entre Mujeres y Hombre y el Sistema Estatal para la Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las Mujeres destinándoles dentro de su presupuesto recursos específicos.
TERCERO.- EL Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, para que derogen de sus legislaciones el delito de rapto por considerarse una ofensa y atropello a la dignidad de las mujeres.
Senado de la República, a 24 de febrero de 2008
De los Senadores María de los Ángeles Moreno Uriegas y Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo respecto a la fusión de facto entre Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera, el despido de personal, la reorientación de recursos y el desmantelamiento paulatino de Bancomext.
SEN. María de los Ángeles
UNTO DE ACUERDO, RESPECTO A LA FUSION DE FACTO ENTRE EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y NACIONAL FINANCIERA, EL DESPIDO DE PERSONAL Y LA REORIENTACIÓN DE RECURSOS, QUE PRESENTAN LOS SENADORES MARIA DE LOS ÁNGELES MORENO URIEGAS Y CARLOS LOZANO DE LA TORRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.
Los suscritos senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la Proposición con Punto de Acuerdo “respecto a la fusión de facto que se ha venido dando entre Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera, el despido de personal, la reorientación de recursos y el desmantelamiento paulatino de Bancomext”.
Lo anterior, al tenor de los siguientes:
En la pasada administración, la del Presidente Vicente Fox, se anunció la intención de fusionar al Banco Nacional de Comercio Exterior y a Nacional Financiera bajo el argumento de hacer más eficiente la promoción del comercio exterior, y por otro lado el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
El 25 de agosto de 2004 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió un Punto de Acuerdo en el que se rechazó la eventual fusión de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, por considerarla una solución inadecuada que lesionaría aún más la capacidad del Estado mexicano y del sistema financiero para apoyar el desarrollo sostenido y equitativo de México.
En diciembre del año 2006, fue nombrado el Licenciado Mario Laborín Gómez al frente tanto de Nacional Financiera como del Banco Nacional de Comercio Exterior, sin haber hecho reformas al marco jurídico vigente en cada una de estas instituciones que permitan fusionarlas, y obviando en los hechos lo acordado por esta soberanía en 2004.
El 8 de febrero de 2007, el entonces senador Ricardo Olivares Sánchez, presentó una proposición con Punto de Acuerdo por el que solicitó información sobre la posible fusión de Bancomext y Nafin, así como para que el Secretario de Hacienda y Crédito Público explicara a ésta instancia legislativa, los criterios empleados para designar a un mismo titular al frente de Bancomext y Nafin.
Por su parte, el 10 de febrero de 2007, el senador Carlos Lozano de la Torre, presentó Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan tres fracciones del Artículo 24 de la Ley Orgánica del Bancomext.
Esta iniciativa plantea que la designación del Director de Bancomext, debe realizarla el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, pero condicionada a que ésta obligadamente recaiga en personas que reúnan requisitos que acrediten su aptitud para el cargo, como por ejemplo contar por lo menos con 5 años de experiencia en comercio exterior, ceñirse a lo establecido en el Artículo 24 de la Ley de Instituciones de Crédito, y en su caso, cumplir con lo establecido en el Art. 71 de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativo al nombramiento de una persona en dos o más cargos a la vez, en distintas entidades públicas.
El 20 de marzo de 2007, el senador Renán Cleominio Zoreda Novelo presentó proposición con Punto de Acuerdo en el que manifiesto su oposición a la fusión de Nafin y Bancomext. Además solicitó que el Senado se pronunciara enfáticamente en contra de la fusión entre dichas instituciones; asimismo para que el Senado realizara un extrañamiento al ciudadano Mario Laborín Gómez, titular de ambas instituciones, por las acciones que según expresó el promoverte, debilitan a Bancomext.
Hasta hace poco tiempo, el gobierno mexicano había sido el principal responsable de la promoción del crecimiento económico, como medio para impulsar mejores niveles de vida. Con medidas y políticas de vanguardia, el país pudo alcanzar, por dos décadas, niveles de crecimiento del PIB de 6% anual. En años posteriores, el gobierno fue replegándose y desmantelando estructuras e instrumentos de política económica que le habían permitido ejercer dicha promoción. El cambio en la estrategia económica llevó desde hace más de 20 años, a un desempeño de la economía mexicana lento, con altibajos y mediocre. En 2007, por ejemplo, nuestro PIB creció al 3.2%, frente a promedios en torno al 4.5% de la economía mundial y al 7.5% de los países en desarrollo.
Algunos datos recientes sobre el financiamiento de la banca a las actividades productivas, pueden contribuir a una explicación sobre el pobre desempeño de nuestra economía. Por ejemplo, del equivalente al 17% que representaba del PIB el financiamiento bancario al proceso productivo en 2002, se ha reducido al 14% en 2007. Cabe resaltar que el promedio de América Latina es de 23%: de 27% el de Brasil y de 65% el de Chile Por su parte, en los países desarrollados, el promedio rebasa el 120%. Por otra parte, en 2006 la banca privada mexicana sólo cubrió el 22% de las necesidades financieras de las empresas, del resto, el 60% fue cubierto por los proveedores y el 16% por empresas pertenecientes al mismo grupo corporativo.
En ese contexto, la banca mexicana de desarrollo, representada principalmente por Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Financiera Rural, Fideicomisos Instituidos en relación con la Agricultura (FIRA), y Banco Nacional de Comercio Exterior, no ha corrido con mucha mejor fortuna en los últimos años en su papel de impulso a la economía nacional. Según una auditoria realizada en 2006 por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, sólo entre 2002 y 2005 los activos de la banca de desarrollo se depreciaron (sobre todo los de Bancomext, Nafin y Banobras) en $234,500 millones de pesos, la cartera vigente decreció en $197,723 millones y la cartera vencida se incrementó, en los casos de Bancomext y Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Agrega el reporte que entre 2003 y 2005 la cartera vigente de la banca de desarrollo disminuyó en 13%. Un tercio de la cartera de la banca de desarrollo se canalizó a clientes que también eran apoyados por la banca comercial, incumpliendo así con su objeto según sus leyes orgánicas. La mayoría de los empréstitos fueron otorgados a corto plazo. El Estado de México, Baja California, Nuevo León, Jalisco y el Distrito Federal concentraban el 45% del crédito de SHF, el Distrito Federal obtuvo casi el 50% de los créditos de Banobras y Bancomext y el 40% de Nafin, en tanto que 17 entidades federativas sumadas apenas recibían el 1% de los créditos de Banobras.
En ese contexto desfavorable de financiamiento para la inversión y de resultados cuestionables, el 13 de junio de 2007 el Titular del Poder Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto mediante el cual se ordenó la constitución del fideicomiso público considerado entidad paraestatal, denominado Pro-México. El decreto mencionado, en su artículo cuarto transitorio ordenó a Bancomext transmitir al fideicomiso la totalidad de recursos materiales y tecnológicos con que cuente Bancomext para realizar sus funciones de promoción al comercio exterior y la atracción de la inversión extranjera directa, además de transferirle los recursos humanos dedicados a la referida promoción y atracción. Tal decreto fue cuestionado en su carácter legal, en razón de que la Ley Orgánica del Bancomext le fija a éste la responsabilidad de promover el comercio exterior mexicano, misma que le es ahora sustraída por el decreto referido, al transferir a otra entidad los recursos materiales y humanos con los que había venido cumpliéndola.
Por su parte, el fideicomiso tiene como principales fines, según el artículo cuarto de dicho decreto, promover el comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa. Cabe hacer notar que las formas de atracción de la inversión extranjera y la promoción del comercio exterior son diversas, por lo que requieren de estrategias diferentes, no necesariamente conjuntas. La promoción del comercio exterior es una actividad especializada de la mayor importancia en la mayoría de los países del mundo, para cuya realización cuentan con una institución específica, que en algunos países como Estados Unidos y Japón se denominan Eximbank. Nuestro país, con la desición mencionada, se queda sin la institución encargada de promover integralmente el comercio exterior.
En alcance al decreto que crea el fideicomiso denominado Pro México, el 29 de febrero del año en curso, el Titular del Poder Ejecutivo Federal publicó el decreto mediante el cual modifica el artículo cuarto transitorio del aludido decreto, precisando la transferencia de los bienes muebles, y la localización de los bienes inmuebles que Bancomext deberá transferir. Además, de manera inopinada, desaparece la referencia a la transferencia del personal de Bancomext que venia realizando las funciones relacionadas con el fomento al comercio exterior.
De las disposiciones anteriores se desprende que el fideicomiso Pro México queda en absoluta libertad para contratar al personal que requiere. En tanto que Bancomext permanece con la responsabilidad que su ley le otorga, de promover el comercio exterior, pero se le sustraen los recursos materiales y tecnológicos para hacerlo. Esto se relaciona con la reducción y cierre de las oficinas de consejería comercial en el extranjero, así como con la cancelación de los centros de servicios en numerosas ciudades del país, y va unido con que el personal dedicado a estas tareas está siendo liquidado, contrariando lo establecido en el artículo cuarto transitorio del decreto original expedido en 2007. Lo anterior significa la eliminación de un capital intelectual y técnico acumulado por más de 36 años. Además de los problemas reseñados, está el eventual incumplimiento de la Ley Orgánica de Bancomext, sin haber mediado reforma legal alguna a dicha ley por parte del Congreso.
Por otra parte, es cuestionable, desde el punto de vista legal y de eficiencia operativa, que Bancomext y Nacional Financiera estén bajo la conducción del mismo director y de los mandos superiores del siguiente nivel. Lo que hace previsible fusionar ambas instituciones, mediante las reorganizaciones en marcha. Las medidas que han seguido adoptándose por el Director General ahora de dos instituciones de la banca de desarrollo, no legal pero si prácticamente, van en sentido contrario a diversos acuerdos asumidos entre legisladores y autoridades hacendarias, en el sentido de mantener el status quo y no avanzar hacia la fusión, desaparición o debilitamiento continuado de una o varias instituciones de la banca de fomento, hasta que se hubiera redefinido el papel y alcances de esta banca en el desarrollo actual y futuro del país.
En merito de lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PRIMERO.- Que el Senado de la República solicite al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe a esta soberanía sobre:
El impacto en las metas de promoción del comercio exterior a través del Bancomext por la transferencia de recursos del banco al fideicomiso Pro México.
La situación laboral del personal de Bancomext, y el programa de desarrollo de mediano plazo y, en su caso las previsiones para aprovechar el capital humano acumulado.
Los criterios, normas y disposiciones administrativas definidas por el fideicomiso Pro México para obtener apoyos financieros y técnicos. Asimismo, que entregue su programa de actividades y el grado de avance del mismo.
La estrategia de complementación de servicios entre el fideicomiso Pro México y Bancomext.
SEGUNDO.- Que el Senado de la República realice un atento exhorto a la Cámara de Diputados, para que ésta solicite a la Auditoria Superior de la Federación, realizar una auditoria para evaluar el impacto en los programas de Bancomext, derivado de la decisión de transferirle atribuciones y recursos al fideicomiso Pro México. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Firman el presente punto de acuerdo:
Sen. María de los Ángeles Moreno Uriegas Sen. Carlos Lozano de la Torre
Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 12 de marzo de 2008.
De los Senadores María de Lourdes Rojo e Incháustegui y Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo con relación a las pipas que surten agua para consumo humano sin control sanitario.
SEN. Silvano
ROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LAS PIPAS QUE SURTEN AGUA PARA CONSUMO HUMANO SIN CONTROL SANITARIO
Los que suscriben, María Rojo e Inchaustegui y Silvano Aureoles Conejo, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del H. Senado de la Republica, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LAS PIPAS QUE SURTEN AGUA PARA CONSUMO HUMANO SIN CONTROL SANITARIO, de conformidad con las siguientes:
PRIMERO.-Decenas de pipas o tráileres, cargados de presunta agua potable, provenientes Chilmahuacán, Estado de México, ingresan al Distrito Federal para ofertar y vender el líquido principalmente en las colonias pobres de la Delegación Iztapalapa.
Según ha trascendido en medios impresos, los conductores de dichos transportes, han señalado que el vital líquido se recarga en pozos particulares de Chimalhuacán, para después venderlo a restaurantes, casas, hoteles y locales purificadores de diferentes colonias de Iztapalapa, delegación donde escasea el agua.
Las oficinas de esta comercializadora de agua potable, se encuentran frente al acceso del Reclusorio Femenil de Santa Martha sin que haya una razón social que la identifique.
SEGUNDO.- En estas pipas y tráileres, que transportan aparentemente agua potable, se observa la leyenda “Transporta Agua Potable” y los números para hacer pedidos (5832-0955/5832-1279).
Por otro lado, las placas de estos vehículos no aparecen en el padrón de carros tanque, que controla el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Otros tantos, no tienen placas.
No obsta decir que, con este padrón se tiene control de los vehículos que transportan agua potable, ya que pasan a una revisión sanitaria de manera periódica.
TERCERO.- Las pipas se surten en pozos de Chimalhuacán, aunque las propias autorizadas mexiquenses han reconocido que ya no existen pozos para consumo humano en esa localidad. Las que existen, son concesiones para extraer agua para riego.
Ello significa que la supuesta agua de consumo humano se venda directamente a los consumidores, sin control sanitario y sin que medie proceso de potabilización.
ÚNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente:
A la Comisión Nacional de Aguas, para que verifique las condiciones extracción de agua de pozos de Chimalhuacán y zonas circundantes, y determine a la vez, sí el vital líquido que se obtiene de dichos pozos es para consumo humano o para actividades agrícolas o industriales.
A la Procuraduría Federal del Consumidor para que investigue las condiciones de venta y la calidad del agua de los proveedores que extraen este vital líquido de pozos de Chimalhuacán y zonas aledañas, y que venden a consumidores en la zona oriente de la Ciudad de México.
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Federal de Electricidad rinda un informe sobre las emisiones generadas por la Termoeléctrica Adolfo López Matos y el impacto ecológico de las mismas.
PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA TERMOELÉCTRICA
Recinto del Senado de la República, 12 de marzo de 2008.
En 1937, México tenía 18.3 millones de habitantes, de los cuales, únicamente siete millones (38%), contaban con servicio de energía eléctrica, proporcionado con serias dificultades por tres empresas privadas. La oferta no satisfacía la demanda, las interrupciones de luz eran constantes y las tarifas muy elevadas. Además, esas empresas se enfocaban a los mercados urbanos más redituables, sin contemplar en sus planes de expansión a las poblaciones rurales, donde habitaba más de 62% de la población.
Para dar respuesta a esas situaciones que no permitían el desarrollo económico del país, el Gobierno federal decidió crear, el 14 de agosto de 1937, la Comisión Federal de Electricidad, que en una primera etapa se dio a la tarea de construir plantas generadoras para satisfacer la demanda y con ello beneficiar a más mexicanos mediante el bombeo de agua de riego, el arrastre y la molienda, pero sobre todo, con alumbrado público y para casas habitación.
Actualmente, la capacidad instalada en el país es de 49,861 MW, de los cuales 44.82% corresponde a generación termoeléctrica de CFE; 22.98% a Productores independientes de energía; 22.15% a hidroelectricidad; 5.21% a centrales carboeléctricas; 1.92% a geotérmica; 2.74% a nucleoeléctrica y 0.17% a eoloeléctrica.
Uno de los complejos creado para tales efectos por CFE, es la Termoeléctrica “Adolfo López Mateos”, la cual se localiza a 6 kilómetros de la desembocadura del Río Tuxpan y a 18 km. del municipio del el mismo nombre. El complejo se ubica sobre una barra entre el mar y la laguna.
Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de enero de 2000, se destinó al servicio de la Comisión Federal de Electricidad las superficies de 15,694.98 m2 de Zona Federal Marítimo Terrestre; 1,468.45 m2 también de la misma naturaleza, correspondiente a la Laguna de Tampamachoco; 54,827.23 m2 de terrenos ganados al mar y 70,584.84 m2 de terrenos ganados a la laguna de Tampamachoco.
La planta Termoeléctrica cuenta con seis unidades generadoras y una capacidad instalada de 2 mil 100 megawatts, lo que la convierte en la más importante del país pero también en la que más contamina.
Dicha planta, consume alrededor de 3.7 millones de metros cúbicos de combustóleo y genera más de 256 mil toneladas de bióxido de azufre al año, más de 10 millones de toneladas de bióxido de carbono al año y más de 21 mil toneladas de óxidos de nitrógeno al año.
Los daños provocados por la contaminación vertida por la Termoeléctrica son graves. Un estudio realizado por el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Veracruzana, demuestra que las emisiones del complejo afectan la salud de los habitantes de las poblaciones aledañas, provocando lluvia ácida y merma de la producción pesquera.
Los principales efectos sobre la salud van desde afecciones en la piel, hasta daños neurológicos, circulatorios, alteraciones y deficiencia del sistema inmune, hasta el edema pulmonar. En animales produce daños cerebrales, alteraciones congénitas y fetales, lo cual afecta la producción de animales de consumo.
En el mismo tenor, un reporte realizado en el 2004 por la CEPAL y la SEMARNAT, estima el costo de los daños sanitarios y ambientales provocados por las emisiones de la termoeléctrica, los cuales ascienden a 50 millones de dólares al año.
El equilibrio ecológico se ve amenazado gravemente porque la termoeléctrica filtra a la laguna el agua que utiliza para enfriar las unidades generadoras, misma que contiene metales pesados e incrementa la temperatura en los humedales, afectando a plantas y peces.
El problema, también, afecta de manera directa a los pescadores de la zona; comentan que antes se podía pescar hasta media tonelada de camarón en una sola noche, ahora con dificultades pescan la mitad de una hielera.
A su vez, los manglares de Tuxpan sufren daños irreparables debido al incremento de la temperatura del agua; los manglares son de gran importancia para la armonía del ecosistema. Los manglares incluyendo, los de la laguna de Tampamachoco, fueron incluidos en 2006 en la lista de humedales de importancia internacional de la Convención de Ramsar.
“La importancia, de los manglares de Tuxpan para la conservación, radica en que se trata del límite norte de un manglar extenso y bien estructurado. Es el manglar más grande que aún queda al norte del Papaloapan. Tanto en los manglares de la Laguna de Tampamachoco, como en los de los esteros de Tumilco y Jácome, se cuenta con las cuatro especies de mangle de México. En los alrededores de los manglares y humedales de Tuxpan, el cambio de uso del suelo hacia actividades agropecuarias, urbanas e industriales es significativa. Están considerados como el último reservorio de vegetación costera original del municipio de Tuxpan. Una gran variedad de aves se encuentran reportadas para el sitio. Estos humedales revisten un importante hábitat para muchas especies de estuario y marinas. El Programa Nacional de Zonas Húmedas tiene inscrito con el No. 18, la Laguna de Tamiahua, la cual, con base en la descripción de su ficha técnica, se extiende hasta la Laguna de Tampamachoco. Esta representa también una de las lagunas más ricas en especies de peces, de las cuales están reportadas aproximadamente 179”13.
Las industrias mexicanas emiten cada año casi 1,800 millones de toneladas de sustancias químicas contaminantes al aire, agua y suelo, las que tienen efectos negativos en la salud de las personas y los ecosistemas.
Entre las sustancias emitidas destacan los compuestos orgánicos persistentes (COP), que están ligados a una serie de efectos nocivos a la salud humana, como trastornos congénitos, daño al sistema inmunológico y respiratorio, problemas reproductivos, neurológicos, de comportamiento y desarrollo, pérdida de la corta memoria y cáncer.
El Distrito Federal, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Sonora, Coahuila y Nuevo León, son los Estados que alcanzan estándares críticos de contaminación, debido a la concentración de industria química, petrolera y termoeléctrica concentrada en estas regiones. Las plantas generadoras de energía que utilizan combustóleo y carbón causan efectos negativos en los ecosistemas por la gran producción de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre.
Al respecto, en los compromisos asumidos por la Comisión Federal de Electricidad, se preponderan los siguientes aspectos:
“En Comisión Federal de Electricidad diseñamos, construimos y operamos infraestructura eléctrica cumpliendo las normas ambientales nacionales y los acuerdos asumidos por México con la comunidad internacional.
Nuestras acciones y proyectos contribuyen al progreso económico y social del país respetando el ambiente y los recursos naturales…
En nuestras tareas tenemos el cuidado de seleccionar las mejores alternativas de ubicación, diseños constructivos y modelos de operación, a fin de evitar el deterioro del suelo, el aire y el agua, asegurando la preservación de las especies vegetales y animales que componen los diversos ecosistemas…
Para lograr estos objetivos, la empresa cuenta con expertos en los temas de desarrollo sustentable y patrimonio cultural, colabora con las autoridades en la materia y con diversas instituciones educativas y de investigación; esto nos permite incorporar las acciones adecuadas a las particularidades de cada proyecto, para con ello ir más allá del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de protección ambiental” 14
Lo anteriormente expuesto es totalmente contrario a las acciones realizadas por el Complejo Adolfo López Mateos, ya que ninguno de consecuencias de sus distintas actividades guarda relación con los compromisos asumidos por la Comisión Federal de Electricidad.
Por lo anteriormente, fundado y expuesto, sometemos a su consideración la siguiente Proposición con
PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad, rinda un informe sobre las emisiones generadas por la Termoeléctrica Adolfo López Matos y el impacto ecológico de las mismas.
SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, solicita a la Secretaria de Salud y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen visitas de inspección en el área de influencia de las emisiones de la termoeléctrica “Adolfo López Mateos”, con el objeto de verificar los daños a la salud humana y la medio ambiente, respectivamente, y para que remitan a esa Soberanía un informe completo sobre dichas visitas y sus resultados, así como las acciones que serán implementadas en el mismo tenor.
Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a desarrollar mecanismos para lograr el acceso gratuito y universal de todas las mujeres a los servicios de salud, durante el embarazo, parto y puerperio.
ROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DESARROLLAR MECANISMOS PARA LOGRAR EL ACCESO GRATUITO Y UNIVERSAL DE TODAS LAS MUJERES A LOS SERVICIOS DE SALUD, DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO, A CARGO DEL SENADOR ADOLFO TOLEDO INFANZÓN DEL GRUPO PARLAMENTARO DEL PRI.
El que suscribe, Sen. Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a desarrollar mecanismos para lograr el acceso gratuito y universal de todas las mujeres a los servicios de salud, durante el embarazo, parto y puerperio, con base en la siguiente:
Uno de los principales problemas de salud pública de las mujeres es la muerte relacionada con problemas presentados durante el embarazo, parto y puerperio.
La mortalidad materna se define, según la Organización Mundial de la Salud, como “la defunción de la mujer durante el embarazo, parto o puerperio dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales”.
La mortalidad materna es considerada un problema social ya que está relacionada con la pobreza y la marginación; y un problema de salud pública debido a que refleja las deficiencias en el acceso y calidad de los servicios de atención a la salud materna a los que la población tiene derecho. Sin duda, el índice de mortalidad materna es un indicador de la profunda desigualdad e injusticia social que existe en nuestro país.
En México, según cifras de 2005, el índice de mortalidad materna es de 62.6 fallecimientos por cada 100 mil nacimientos, sin embargo, debe llamar especial atención que el 75% del total de defunciones maternas se concentren en 12 entidades federativas: Chiapas (103.2), Guerrero (99.8), Oaxaca (86.9), Puebla (80.8), Durango (80.3), Veracruz 78.1), Hidalgo (75.3), Estado de México (73.4), San Luis Potosí (73.0), Baja California (62.8), el Distrito Federal (62.6) y Querétaro (58.4).
Estos datos adquieren relevancia si consideramos que las mujeres más afectadas se encuentran en condiciones de mayor marginación y pobreza, como las que viven en los estados del sureste; en contraste con los estados del norte donde por ejemplo Nuevo León tiene la tasa más baja de mortalidad materna: 15.9 mientras que Chiapas tiene la más alta: 103.2, seguido de Guerrero: 99.8 y Oaxaca: 86.9. Lo anterior, sin tomar en cuenta que existe un subregistro en muertes maternas que es necesario corregir.
En estos tres estados, son las mujeres indígenas quienes se encuentran más excluidas de los beneficios del desarrollo nacional y se encuentran más expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo. La presencia de rezagos sociales, el aislamiento de comunidades indígenas, la falta de servicios de salud apropiados, los valores culturales y las costumbres de las comunidades y la gran desigualdad en la que viven las mujeres, son algunos de los factores que explican los altos índices de mortalidad materna en los municipios con población predominantemente indígena.
Reconocemos, que se han hecho esfuerzos para fomentar una maternidad saludable, sin embargo, estamos lejos de alcanzar las metas con las que nuestro país se comprometió al suscribir los Objetivos del Milenio en el año 2000, los cuales establecen la reducción de la muerte materna en un 75% para el 2015.
Si consideramos que la mayor parte de las muertes maternas son prevenibles y curables si se atienden adecuada y oportunamente, es indispensable crear mecanismos que garanticen el acceso de todas las mujeres al sistema de salud; mejorar la calidad de la atención y lograr que ésta se realice de manera oportuna, principalmente en emergencias; y eliminar las barreras financieras por las que en muchas ocasiones las mujeres no son atendidas, principalmente las mujeres indígenas.
No olvidemos que tenemos compromisos internacionales que cumplir, pero que nuestro mayor compromiso es con el desarrollo de nuestra nación.
Por esas razones me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente:
PRIMERO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DESARROLLAR MECANISMOS PARA LOGRAR EL ACCESO GRATUITO Y UNIVERSAL DE TODAS LAS MUJERES A LOS SERVICIOS DE SALUD, DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO.
SEGUNDO.- SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL REFORZAR Y AMPLIAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A DISMINUIR LAS MUERTE MATERNA EN LOS ESTADOS CON MAYOR ÍNDICE DE MORTALIDAD MATERNA EN EL PAÍS.
Salón de Sesiones del Senado de la República, a 12 de marzo de 2008
De los Senadores Jesús Garibay García, Rosalinda López Hernández y Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establezca un Programa de Exención Fiscal para el sector artesanal, en el Proyecto de Ingresos de la Federación 2009.
SEN. Rosalinda
punto de acuerdo por el que esta Honorable CÁMARA DE SENADORES Exhorta AL EJECUTIVO FEDERAL para que A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ESTABLEzca UN PROGRAMA DE EXENCIÓN FISCAL PARA EL SECTOR ARTESANAL, EN EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS de la federación 2009. a cargo del senador Jesús Garibay García DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD.
Los que suscribimos, Senadores Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay García, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes:
Nuestro país se distingue en el mundo por su rica diversidad cultural, reflejada en su enorme diversidad artesanal, producto de un gran numeró de hombres y mujeres, mexicanos y mexicanas, que día con día, con imaginación, paciencia e inteligencia, con mucho esfuerzo y sacrificio, trabajan, laboran y transforman al barro, vidrio, hierro, papel, madera, cuero, cobre y un sin fin de otros materiales, en hermosos artículos que proyectan un mensaje implícito sobre la enorme riqueza regional y nacional.
Dicha riqueza se puede encontrar en la mayoría de los Estados de república, baste mencionar a Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, el Estado de México, Puebla o Jalisco, por citar sólo algunos, entidades en donde se pueden admirar las maravillosas creaciones, verdaderas obras de arte en barro, papel y madera, así como los finos bordados y tejidos multicolores que se entretejen para mantener viva la herencia cultural de México.
Aunque en la actualidad la diferencia comercial de los distintos productos artesanales tiende a desaparecer, todavía figuran las “artesanías” que el lenguaje intelectual ha adjetivado como “típicas”, “tradicionales”, “indígenas”, o “populares” subrayando los atributos culturales dirigidos, unos, al consumo turístico, y otros al consumo popular, especialmente campesino.
En la artesanía se refleja la historia, la pluralidad, el mosaico y la fortaleza de los países, pero también y no menos importante, representa una importante actividad económica en la que laboran más de 10 millones de personas, según cifras del INEGI. Es una actividad que dinamiza la economía de las regiones y de los municipios, que genera empleo e ingresos, que representa una fuente alternativa de empleo e ingresos, ante la enorme crisis de desempleo y descapitalización por la que atraviesa el agro mexicano.
En ese sentido, los recursos humanos y materiales que genera e involucra la “industria” artesanal en México, se vinculan y relacionan en principio con los núcleos más pobres y marginados de nuestra sociedad, para los que dicha actividad representa la única oportunidad y alternativa para mejorar y elevar sus condiciones de vida.
Todas estas personas producen y se enfrentan a la economía global, en condiciones muy poco favorables en lo que se refiere a capacitación, comercialización y financiamiento. Ante esto, el gobierno federal ha optado por una política de indiferencia, otorgando apoyos de manera general y poco significativa. Situación que pone en riesgo esta importante y ancestral actividad económica, social y cultural.
Para el gobierno de la república la industria artesanal antes que representar una oportunidad para reactivar de desarrollo regional y nacional, no es más que una actividad folklórica de bajo impacto social y económico. Por lo que, no es de considerar seriamente en la política de desarrollo.
Hasta ahora los esfuerzos gubernamentales para apoyar al desarrollo artesanal, se reflejan en la “Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal”, en donde el soporte a la actividad artesanal se diluye en el universo de micro empresas comerciales y de producción, que poco o nada tienen que ver con la industria artesanal. Lo mismo ocurre con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal artículo 34, fracción XXII, por el que se le faculta a la secretaría de Economía a “fomentar, estimular y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares".
Además de eso, la política gubernamental para el sector al igual que para el resto de la economía, se fundamenta en la doctrina del libre mercado, o mejor dicho de las libres fuerzas del mercado, lo que Smith llamó de la mano invisible, que en su suprema sabiduría, en una economía altamente competitiva, terminaran por alcanzar el paraíso terrenal. Bajo esa óptica, la intervención gubernamental, no es más que un factor desequilibrio.
La realidad a la que se enfrentan los artesanos de México es a una entramada red burocrática, sin financiamiento, victimas de agiotistas, especuladores y demás intermediarios, es una realidad asfixiante, que inhibe, frena y condiciona la actividad, creatividad y el potencial económico de este sector. En tanto que la política oficial se define por una marcada indiferencia y desinterés gubernamental, para el cual, el sector no representa otra cosa más que una carga más a la hay que destinar algunos apoyos y subsidios exiguos y marginales, para evitar su extinción.
En este contexto la olvidada actividad artesanal se desarrolla con personal de bajo nivel educativo, poco capacitado, con instrumentos, implementos, maquinas y herramientas viejos, anticuados, insuficientes e inseguros, con adaptaciones y sin mantenimiento; con materias primas de dudosa calidad, sin un sistema de administración y sin control de calidad.
En tal sentido la artesanía es una forma de mantener viva nuestra identidad, unidad y fortaleza ante un mundo globalizado. Pero también, la artesanía, es y puede representar un factor de desarrollo económico estrechamente relacionado con el sector turismo y el comercio internacional. Para lo cual se requiere, implementar una política artesanal de Estado que articule, vincule, genere y organice, la producción, el financiamiento y la comercialización, creando clusters y conglomerados de talleres artesanales, como la única posibilidad de rescatar a esta importante actividad del actual estado de marginación en que se encuentra.
En concreto, si bien son muchos y muy variados los problemas a los que se enfrenta el sector el principal se centra en la falta de recursos, en la falta de financiamiento. De esa manera, mientras que en México la actividad empresarial se fondea en la banca comercial a tasas anuales del 30 por ciento, en Estados Unidos los créditos para micro pequeña y mediana empresa se ubican en el 6 por ciento.
Esto se refleja en una disminución y estancamiento del sector artesanal, en su aportación al PIB turístico, que pasó del 1.0 por ciento en el 1996 al 0.7 por ciento en los años subsecuentes, y que aún así, es una actividad que genera una derrama económica de más de 46 mil millones según las cifras del INEGI.
A efecto de subsanar dicha situación es que en coherencia con lo establecido en la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, artículo 41, que a la letra dice, “El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y según se prevea en la Ley de Ingresos de la Federación, concederá a los empresarios de microindustrias los estímulos fiscales correspondientes. Al efecto se integrará un paquete especializado, adecuado a sus necesidades y características particulares”.
Y considerando que el Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2009 deberá enviarse al Congreso de la Unión antes del 8 de septiembre como fecha limite, según la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, artículo 42. Es que los culmino a todas y todos ustedes compañeras y compañeros legisladores, para que en aras de la solidaridad con esta importante actividad y con los que menos tienen, exhortemos al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, integre un programa de exenciones fiscales a los artesanos de México, en el Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2009.
Es por lo antes expuesto y fundado que someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:
Único. La Honorable Cámara de Senadores, exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establezca un programa de exención fiscal para el sector artesanal, en el Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2009.
Senador Jesús Garibay García
Senado de la República a … de Marzo del 2008
Estadísticas de contabilidad nacional > Cuentas satelite de turismo > Valores absolutos > Producto interno bruto turístico > Total turístico
Estadísticas de contabilidad nacional > Cuentas satelite de turismo > Valores absolutos > Producto interno bruto turístico > Total turístico > Bienes
188,603,717
21,960,265
236,608,417
25,464,038
291,594,166
30,268,467
355,143,849
33,830,780
419,206,950
37,220,421
444,902,662
38,784,468
461,152,654
40,375,069
492,923,021
43,875,775
539,954,619
46,227,901
3,430,090,055
318,007,184
381,121,117
35,334,132
120,565,425
8,190,756
** Cuando existen dos o más ND no se calculan los estadísticos de Suma, Media y Desviación Estándar.
Fuente: INEGI. Cuentas Satélite del Turismo de México