Source: https://supremo.vlex.es/vid/delito-violacion-menor-edad-u-3-4-an-15205959
Timestamp: 2019-09-23 17:29:16
Document Index: 167952747

Matched Legal Cases: ['artículo 429', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 849', 'in dubio', 'artículo 849', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 849', 'artículo 850', 'artículo 850', 'artículo 24', 'artículo 849', 'artículo 24', 'artículo 2', 'artículo 429', 'artículo 179', 'artículo 24']

STS, 6 de Marzo de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 15205959
Número de Recurso: 654/1999
"DELITO DE VIOLACIÓN. MENOR DE EDAD PENAL. El testimonio único de la víctima de un hecho de estas características, puede ser suficiente para acreditar la existencia de un comportamiento delictivo. Debemos descartar la concurrencia de móviles espúreos de venganza o de autoexculpación. Debemos afirmar la credibilidad subjetiva de la versión inculpatoria. La versión que la víctima facilita sobre el hecho, aparece corroborado por el informe médico forense. Se observa una persistencia y coherencia en la versión facilitada por la víctima, en cuanto que no aparecen contradicciones o afirmaciones incompletas o divergentes. La prueba utilizada goza de una incuestionable legalidad y validez, que la hacen apta para enervar el principio constitucional de presunción de inocencia. En los casos de sentencias definitivas, toda persona condenada, sea mayor o menor de edad penal, tiene un incuestionable derecho al Recurso. En estos casos, una vez resuelto el Recurso, sí la resolución es confirmatoria de la condena, nos encontraremos con una sentencia firme a la que son de aplicación las previsiones establecidas en los apartados 3 y 4 de la Disposición TransitoriaUnica, por lo que los órganos judiciales que dictaron la resolución firme procederán, de acuerdocon las previsiones de los antedichos apartados. En primera instancia se condena al imputado.Se desestima la casación."
En la Villa de Madrid, a seis de Marzo de dos mil uno.
En el recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley que ante Nos pende, interpuesto por el procesado Luis Manuel , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, que lo condenó por delito de violación, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y fallo, bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. José Antonio Martín Pallín, siendo también parte el Ministerio Fiscal, como parte Acusadora Lourdes , representada por la Procuradora Sra. Olmos, y como parte recurrente el procesado Luis Manuel , representado por el Procurador Sr. Velasco Muñoz-Cuellar.
- El Juzgado de Instrucción número 3 de Mollet del Valles, instruyó sumario con el número 2/94, contra Luis Manuel y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Barcelona que, con fecha 18 de Junio de 1.998, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:
PRIMERO RESULTANDO: Probado, y así se declara, que Luis Manuel , de 17 años de edad a la fecha de perpetración de los hechos enjuiciados y sin antecedentes penales acreditados, sobre las 11.00 horas del día 11 de Octubre de 1.973, se dirigió con Lourdes (de 15 años de edad) a la pensión Pérez -sita en la calle Pineda Fosca nº 2B de la localidad Barcelonesa de Mollet del Vallés- portando consigo Luis Manuel un preservativo para su eventual utilización en la relación sexual que especulativamente pudiera tener con su amiga y acompañante Lourdes .
Llegados ambos a la habitación arrendada en dicho establecimiento por Luis Manuel , y que constituía su residencia habitual, se acomodaron sobre la cama del alojamiento escuchando música. Sin que resulte plenamente justificado el contenido de su actividad en los primeros momentos, es lo cierto que Luis Manuel , con propósito de satisfacer sus apetencias sexuales, terminó por coger a Lourdes sus muñecas con una mano, mientras con la otra le bajaba los pantalones hasta los tobillos, no sin la dificultad propia de la resistencia y contorsiones que Lourdes desplegaba ante tal comportamiento y que determinó que Luis Manuel terminara por romper la cremallera del pantalón tejano de Lourdes en sus esfuerzos por bajárselos. Una vez conseguido Luis Manuel se tumbó sobre ella y, como quiera que Lourdes se resistía, le abrió las piernas con las suyas, mientras con sus manos le sujetaba por encima de la cabeza los estirados brazos. Lourdes intentó evitar la penetración deslizando su cuerpo hacia la cabecera de la cama mediante movimientos del tronco, pero -inmovilizada como estaba de pies y brazos- no pudo evitar que Luis Manuel terminara por lograr penetrarle vaginalmente, evitando y apartando lateralmente su ropa interior; penetración que se realizó de forma completa y de la que no desistió el atacante hasta que fue consciente de su inmediata polución, momento en que retiró su pene del interior de la vagina de Lourdes , eyaculando fuera de ella.
Atemorizada -en su juventud- Lourdes , rindió su resistencia cuando la penetración se consumó e hizo inevitable y, tras la terminación del ataque, vino a adoptar una postura de amistad con Luis Manuel con la esperanza de no sufrir nuevas agresiones y lograr que se le permitiera abandonar el lugar, lo que pudo hacer sobre las 14 h de esa misma fecha.
Consecuencia de los hechos Lourdes sufrió un trastorno de estrés postraumático, con síntomas de irritabilidad e inestabilidad emocional y un notable nivel de ansiedad general.
- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: FALLAMOS: QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a Luis Manuel como autor responsable de un delito de violación previsto y penado en el artículo 429.1 del Código Penal de 1.973, concurriendo la circunstancia atenuante de minoría de edad del artículo 9.3 del mismo texto legal, a la pena de PRISION MENOR POR TIEMPO DE TRES AÑOS y suspensión de cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y a que indemnice a Lourdes en la cantidad de 2.000.000 de pesetas por los perjuicios y daños morales causados. Todo ello condenándole como le condenamos al pago de las costas procesales causadas.
Notifíquese esta Sentencia al Ministerio Fiscal y resto de partes personadas y hágaseles saber que contra la misma podrán interponer recurso extraordinario de casación por infracción de ley o quebrantamiento de forma que habrá de prepararse ante este mismo órgano jurisdiccional en el término de cinco días a partir de la fecha de notificación de la presente resolución.
Infracción del artículo 24.2 de la Constitución Española, al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Infracción del principio general de derecho nominado "in dubio pro reo", al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Infracción del artículo 2.2 del vigente Código Penal o bien del artículo 24 del Código Penal de 1.973, al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Quebrantamiento de forma, al amparo del número 1º del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- Instruidas las partes del recurso interpuesto la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de
- Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró la deliberación el día 23 de Febrero de 2001.
Ordenando sistemáticamente el recurso, abordaremos en primer lugar, el motivo quinto que se formaliza por la vía del artículo 850.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por entender que se le ha denegado una diligencia de prueba que propuesta en tiempo y forma se consideraba pertinente.
- La prueba testifical denegada, se refería a la declaración testifical de un amigo común del recurrente y la víctima que facilitó una versión inicial, que no ha sido ratificada en el acto del juicio oral, en el sentido de que ambos jóvenes formaban una pareja y que, al haberse concertado para ir a la habitación del acusado, era para mantener relaciones sexuales con la aquiescencia de la víctima. Estima, en consecuencia, que su conducta debió estimarse como absolutamente ajustada a derecho y sin quiebra de bien jurídico de clase alguna.
- Como señala acertadamente el Ministerio fiscal, la versión facilitada inicialmente por el testigo y que podía haber reproducido íntegramente en el acto del juicio oral, sólo servía para acreditar unos datos que la sentencia recurrida considera probados, por lo que no se discute y así se recoge que, entre el acusado y la denunciante existía una relación personal y de amistad. Por ello considera que el inicio de las relaciones pudo ser perfectamente decidido por ambos, sin que ello implicara un acuerdo pleno para mantener relaciones sexuales.
El testimonio denegado, difícilmente podía esclarecer lo sucedido, a partir del momento en que el acusado, según expresión del relato fáctico, decide satisfacer sus apetencias sexuales. Lo verdaderamente esencial, para lo que resultaba innecesario el testimonio del amigo, era si se había empleado violencia o intimidación para conseguir el acceso carnal.
Para retomar la lógica del recurso, analizaremos ahora, los motivos, primero, segundo y tercero en los que, por vías de diferente naturaleza, denuncia la vulneración del principio constitucional de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución.
- Estima la parte recurrente que no existe la más mínima prueba, que ampare la versión de que el acusado utilizó fuerza o intimidación sobre la víctima. El criterio del Juzgador, resulta contradicho por las manifestaciones recogidas en la causa, así como por los datos objetivos que constan en las actuaciones.
Mantiene que los dos jóvenes, se concertaron para ir a una habitación de un establecimiento de hostelería para escuchar música. Realiza una serie de consideraciones sobre el conocimiento que una joven debe tener sobre las consecuencias que de ello puedan derivarse, pues, en su opinión, ambos saben de la disponibilidad del otro a mantener relaciones de carácter sexual. Admite que la jurisprudencia considera decisivo, no la resistencia física sino la voluntad manifestada o exteriorizada implícitamente por la víctima. Rechaza la versión de la joven, por encontrarla contraria a la realidad de lo sucedido. Insiste en que la víctima no presentaba signos externos de violencia, por lo que estima que la versión más veraz es la manifestada por el acusado.
- Ante la existencia de dos versiones contradictorias, la Sala sentenciadora ha realizado un minucioso y exhaustivo examen de toda la prueba disponible, dedicando cerca de cuatro folios a profundizar de manera analítica en el contenido de la prueba utilizada. La sentencia parte del hecho incontrovertido, de que ha existido una penetración vaginal evidenciada por la prueba pericial médica, por la manifestación de la perjudicada y por el propio reconocimiento del acusado.
Ahora bien, este dato no integra, por sí solo, los elementos del tipo de la violación que ha sido aplicado, por lo que es necesario profundizar en otros factores, para concluir si ha existido fuerza física o intimidación coactiva para conseguir el yacimiento.
- Como se ha dicho por una reiteradísima jurisprudencia de esta Sala el testimonio único de la víctima de un hecho de estas características, puede ser suficiente para acreditar la existencia de un comportamiento delictivo. El examen profundo de la versión que facilita la víctima, debe ir acompañado de una serie de circunstancias o elementos concurrentes que refuercen la autenticidad del testimonio. En primer lugar, si nos fijamos en el factor que se desprende del análisis del estado en que se encuentren las relaciones entre el acusado y la víctima, debemos descartar la concurrencia de móviles espúreos de venganza o de autoexculpación. Desde esta perspectiva debemos afirmar la credibilidad subjetiva de la versión inculpatoria, que carece de sombras o máculas.
Si examinamos la verosimilitud del testimonio, podemos constatar que la versión que facilita sobre el hecho de la penetración vaginal, aparece corroborado por elementos tan sólidos y convincentes como el informe médico forense sobre el desgarro del himen.
Finalmente se observa una persistencia y coherencia en la versión facilitada por la víctima, en cuanto que no aparecen contradicciones o afirmaciones incompletas o divergentes.
- No podemos, en esta vía del recurso de casación, sustituir las valoraciones realizadas, por la Sala sentenciadora que ha gozado del pleno disfrute de la inmediación y contradicción, por las que podamos construir desde el examen exclusivo de las actuaciones sin el apoyo y complemento que supone, para la valoración crítica del testimonio, la percepción directa del tono y de los gestos de los sujetos enfrentados y confrontados por la versión dispar de los hechos. La sentencia hace un recorrido cronológico, ambiental, psicológico y sociológico sobre todo lo acontecido, desde el momento en que se denuncian los hechos, hasta que se culmina la investigación y se abre el acto público del juicio oral. No vamos a reproducir miméticamente, porque resulta innecesario, todo el proceso lógico-inductivo desarrollado, fundamentalmente a lo largo del razonamiento jurídico tercero, en el que se puede encontrar una modélica profundización en todos los aspectos nucleares y periféricos de la prueba disponible.
En consecuencia, estimamos que la prueba utilizada goza de una incuestionable legalidad y validez, que la hacen apta para enervar el principio constitucional de presunción de inocencia.
El motivo cuarto, que agota la totalidad de los formalizados, se ampara en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y denuncia la vulneración del artículo 24 del Código Penal de 1.973 o alternativamente del artículo 2.2 del vigente Código, en cuanto a la retroactividad de la ley penal más favorable.
- Estima que se ha aplicado indebidamente el artículo 429.1 del anterior Código Penal que establecía, para el delito calificado, la pena de reclusión menor, es decir, de doce años y un día a veinte años, reclamando la integración de los hechos en el actual artículo 179 que contempla una pena de seis a doce años de prisión.
Considera esta pena más favorable para el caso de que el juzgador disminuya la pena en dos grados como realmente ha realizado.
- Como pone de relieve el Ministerio Fiscal esta cuestión no fue planteada en la instancia, por lo que no se oyó, sobre esta propuesta, al acusado. En consecuencia estimamos que nada impide que, una vez firme la condena, se pueda plantear la revisión de la sentencia a la luz del Código Penal más favorable, escuchando preceptivamente al acusado.
Ahora bien, conviene resaltar que aplicando el correctivo de dos grados menos a la pena básica del actual Código, nos situaríamos en una cota que va desde un año y medio de prisión a tres años. Desde el punto de vista de su duración material habría que ponderar la influencia de la redención de penas por el trabajo, que sólo es posible si optamos por el Código antiguo.
En todo caso podría solicitarse la adecuación de la pena a las nuevas previsiones legales, ya que si se impone una pena de dos años de prisión podría entrar en juego la remisión condicional, lo que evitaría la entrada en prisión de una persona de edad juvenil.
- La entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000 de 13 de Enero incide necesariamente sobre todas las conductas delictivas cometidas, con anterioridad a la vigencia de dicha ley por personas mayores de 16 años y menores de 18.
La Disposición Transitoria Unica de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, contempla en los apartados 3.4 y 5 de dicha Disposición las diversas situaciones que pueden producirse en relación con las sentencias firmes recaídas sobre menores infractores. El Ministerio Fiscal juega un papel preponderante en todos estos supuestos, en los que habrá que poner en marcha los mecanismos previstos, para que el Juez de Menores pueda hacer las sustituciones previstas en los apartados 3 y 4 de la Disposición Transitoria Unica de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Las decisiones que el Juez de Menores adopte, en la aplicación de las previsiones legales, serán recurribles ante la Audiencia Provincial correspondiente.
En los procedimientos penales en curso a la entrada en vigor de la ley, será de aplicación lo dispuesto en el punto 6 de la Disposición Transitoria Unica, que contempla la situación de aquellos procesos, en que haya personas imputadas por la comisión de hechos delictivos, cuando tenían menos de dieciocho años. En este caso se remitirán las actuaciones practicadas al Ministerio Fiscal para que instruya el procedimiento regulado en la Ley del Menor.
El legislador nada ha previsto para los procedimientos penales seguidos por hechos cometidos por menores de 18 años y mayores de 16, que han desembocado en una sentencia definitiva, recurrida en Apelación o Casación. Ante el vacío normativo, los Jueces y Fiscales de Menores asistentes a unas jornadas celebradas en Madrid el 12 de Enero de 2001 acordaron, en el punto 18 de sus conclusiones, que la expresión "procesos penales en curso a la entrada en vigor de la LORPM" abarcaba también a los procedimientos pendientes de Recurso de Apelación o Casación, por lo que dichos procesos deberían ser enviados al Ministerio Fiscal para que incoase expediente de reforma.
Dicha postura no puede ser compartida ya que no se ajusta a las previsiones legales y a los principios constitucionales. En primer lugar, el apartado 6 de la Disposición Transitoria Unica, se refiere exclusivamente a los procedimientos penales en curso en los que haya menores imputados y, por extensión, también procesados, lo que indica que todavía no han llegado a la sentencia definitiva. En los casos de sentencias definitivas, toda persona condenada, sea mayor o menor de edad penal, tiene un incuestionable derecho al Recurso, como parte inseparable de su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva consagrado por el artículo 24.1 de la Constitución. Ese derecho al recurso le concede la eventual posibilidad de que su sentencia condenatoria, sea revisada y sustituida por otra absolutoria, lo que le libraría de cualquier medida derivada de la aplicación de la nueva Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor.
En estos casos, una vez resuelto el Recurso de Apelación o Casación, sí la resolución es confirmatoria de la condena, nos encontraremos con una sentencia firme a la que son de aplicación las previsiones establecidas en los apartados 3 y 4 de la Disposición Transitoria Unica, por lo que los órganos judiciales que dictaron la resolución firme procederán, de acuerdo con las previsiones de los antedichos apartados.
DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION por quebrantamiento de forma, infracción de ley y de precepto constitucional interpuesto por la representación procesal de Luis Manuel contra la sentencia dictada el día 18 de Junio de 1.998 en la causa seguida contra el mismo por un delito de violación. Condenamos al recurrente al pago de las costas causadas. Comuníquese esta resolución a la Audiencia mencionada a los efectos oportunos con devolución de la causa en su día remitida.
STSJ Comunidad de Madrid 10232/2008, 24 de Abril de 2008