Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl1845-2016-44399-de-febrero-17-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_1890a9e262db49c6a06b66f8f8ba6ec8&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-21 20:38:29
Document Index: 98881225

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 51', 'artículo 47', 'artículo 4', 'artículo 14', 'artículo 51']

SENTENCIA SL1845-2016 DE 17 DE FEBRERO DE 2016
CONTENIDO:CONCILIACIÓN PIERDE VALIDEZ SI PRESENTA ALGÚN VICIO DEL CONSENTIMIENTO U OBJETO ILÍCITO. LA CONCILIACIÓN CONSTITUYE UN MECANISMO ALTERNATIVO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR MEDIO DEL CUAL DOS O MÁS PERSONAS CON CAPACIDAD JURÍDICA SOLUCIONAN SUS CONTROVERSIAS, CON LA SUPERVISIÓN DE UN TERCERO NEUTRAL Y CALIFICADO PARA TAL FIN. ASÍ MISMO, INDICÓ QUE EN ESTE ACTO JURÍDICO SE VE PLASMADO EL CONSENTIMIENTO Y LA VOLUNTAD DE LAS PARTES INTERVINIENTES, CONFORMANDO UN ACUERDO DE VOLUNTADES EN PRO DE DAR POR TERMINADO UN CONFLICTO EXISTENTE O EVENTUAL, EL CUAL TIENE LOS MISMOS EFECTOS JURÍDICOS QUE UNA SENTENCIA JUDICIAL, PUESTO QUE LA CONCILIACIÓN HACE TRÁNSITO A COSA JUZGADA Y PRESTA MÉRITO EJECUTIVO. SEGÚN EL ANÁLISIS DE LA SALA DE CASACIÓN LABORAL, PARA QUE UNA CONCILIACIÓN PIERDA SU VALIDEZ SE DEBE DEMOSTRAR QUE PRESENTA ALGÚN VICIO DEL CONSENTIMIENTO, COMO EL ERROR, LA FUERZA Y EL DOLO O QUE TIENE OBJETO ILÍCITO, LESIONANDO LOS DERECHOS CIERTOS E INDISCUTIBLES O MÍNIMOS E IRRENUNCIABLES. ADEMÁS, NO PUEDE CALIFICARSE DE ILÍCITA LA FIGURA JURÍDICA DE LA CONCILIACIÓN, TODA VEZ QUE ESTA INSTITUCIÓN ES CONCEBIDA COMO UN ACTO SERIO Y RESPONSABLE ENTRE LAS PERSONAS QUE LOS CELEBRAN Y COMO UNA FUENTE DE PAZ Y SEGURIDAD JURÍDICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO, CENTRO DE CONCILIACIÓN, AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, ASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, CITACIÓN A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN LABORAL, AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN JUDICIAL, AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, CLASES DE CONCILIACIÓN, OPORTUNIDAD DE LA CONCILIACIÓN, APROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, CENTRO DE CONCILIACIÓN DE CARÁCTER UNIVERSITARIO, CENTRO DE CONCILIACIÓN DE FACULTADES DE DERECHO, ACTA DE CONCILIACIÓN LABORAL, OPORTUNIDAD DE LA CONCILIACIÓN LABORAL, AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL LABORAL, ACTA DE CONCILIACIÓN, EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN, FORMALIDADES DE LA CONCILIACIÓ, APROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, ASUNTOS SUSCEPTIBLES DE CONCILIACIÓN, ASUNTOS SUSCEPTIBLES DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓ, CARACTERÍSTICAS DE LA CONCILIACIÓN, ADMISIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓ, ARCHIVO DEL ACTA DE CONCILIACIÓ, ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS DE LA CONCILIACIÓ, AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL
Sentencia SL1845-2016/44399 de febrero 17 de 2016
Rad.: 44399
Bogotá, D. C., diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede instancia, revoque la proferida por el a quo.
Acusa la sentencia impugnada de violar indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 1º, 11 y 17 de la Ley 6ª de 1945; 53 y 54 del Decreto 2127 de 1945; 8º del Decreto 3135 de 1968; 8 de la Ley 153 de 1887; 1502, 1613, 1614, 1615, 1627, 1649 y 2480 del Código Civil; en relación con los artículos 6, literales b) y h), del Decreto 2351 de 1965, modificado por el artículo 5 de la Ley 50 de 1990; 174, 177, 187 y “322” del Código de Procedimiento Civil; 20, 78, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; 25, 28, 29 30 y 45 del Decreto 1045 de 1978; 1º del Decreto 797 de 1949; 14, 19, 21, 55, 467, 468, 469, 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo; Decreto 1160 de 1947; 53 y 228 de la Constitución Política, “todo dentro de los parámetros contemplados en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991”.
Afirma que la anterior violación se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el acuerdo conciliatorio se efectuó con la observancia de los lineamientos legales, sin violación de los derechos ciertos e indiscutibles de la demandante y previa (sic) a la firma del acta de conciliación, tuvo conocimiento de la liquidación final de prestaciones sociales que le correspondía.
2. Dar por demostrado, sin estarlo, que como la demandante no hizo observación alguna de si le debían o no conceptos laborales y no firmar el acta, afectaba el acuerdo de conciliación.
3. Dar por demostrado, sin estarlo, que efectuada a (sic) conciliación por la demandante Luz Amparo Briñez, el valor acordado a pagar en el acta de conciliación correspondía a la realidad y como consecuencia lo que allí se expresa no puede tener efectos jurídicos en razón a que no se le tuvo en cuenta el tiempo de servicio entre el 7 de Octubre de 1974 al 25 de octubre de 1979, teniendo derecho a ello.
4. No dar por demostrado, estándolo, que el acta de conciliación no puede producir efectos de cosa juzgada sobre la liquidación de prestaciones sociales porque en ella nada se dijo sobre cuál era la cuantía del tiempo total de servicio de la demandante, lo que afecta las (sic) cesantía e intereses a la misma y porque su liquidación se produjo sin ese factor salarial después de firmada el acta de conciliación.
5. No dar por demostrado, estándolo, que la suma de $ 115’025.354,00, que se reconoce en el acta de conciliación (numeral 2º) a favor de la demandante tan solo se paga por el tiempo de servicio entre el 26 de Octubre de 1979 y el 15 de junio de 2004, existiendo diferencia entre lo pagado y lo realmente devengado.
6. No dar por demostrado, estándolo, que la entidad demandada no liquidó los quinquenios como lo ordena la Convención Colectiva firmada el 1º de febrero de 1996 y sus actas modificatorias.
7. No dar por demostrado, estándolo, que la Fábrica de Licores del Tolima, demandada en este proceso, actuó con manifiesta mala fe patronal en la liquidación y pago de las acreencias laborales a favor de la actora al no incluir como era su obligación legal y convencional todo el tiempo laborado por la demandante, lo que impone una condena ilimitada por indemnización moratoria y reajuste de bonificaciones hasta el pago total de las deudas a su cargo.
Dice que los anteriores errores de hecho se produjeron por la errada apreciación de: acta de conciliación (Folios 21, 22 y 23 del cuaderno Nº 1); liquidación final de cesantías y prestaciones (Folios 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 del cuaderno Nº 1); convenciones colectivas de trabajo que obran a folios 456 a 691 del cuaderno número 2; y los testimonios de Elsa Oviedo y Graciela Cruz Félix (Folios 102 a 105 del cuaderno Nº 1). Agrega que el Tribunal dejó de apreciar: la demanda (Folios 35 a 41); la contestación de la demanda (Folios 67 a 74 y 77 del cuaderno 1); acta de conciliación Nº 726 del 15 de junio de 2004 (Folios 21 a 23 del cuaderno 1); “Certificación, liquidación de prestaciones sociales, paz y salvo, tiempo de servicio, contrato de trabajo, acta de conciliación del 25 de octubre de 1979, suscrita entre directivos de la Fábrica de Licores del Tolima, trabajadores y contratistas, para hacer efectiva la sustitución patronal y nombramiento de la demandante como empleada de la Fábrica de Licores del Tolima (Folios 3 a 15 Cuaderno Nº 1)”.
En la demostración aduce la censura que el tribunal se equivocó al considerar que el acta de conciliación producía efectos de cosa juzgada, porque la actora aceptó voluntariamente el contenido de la misma y recibió las sumas allí canceladas, pues para esa corporación no es esa la lógica con la que funcionan los acuerdos conciliatorios, dado que, de ser así, cualquier trabajador podría acogerse a un plan de retiro voluntario, suscribir un acta de esa índole, acceder a una cuantiosa bonificación, disponer de ella y luego, a la vuelta de varios años, cuando ya ha dispuesto de ese monto, argumentar que no se le tuvieron en cuenta factores salariales y pedir reajustes, cuando el escenario propio era el acuerdo conciliatorio, donde la trabajadora tenía la opción de que, si creía que se le adeudaba algún concepto laboral, no firmar el acuerdo; que en la sentencia atacada se desconocieron los derechos que le asistían a la demandante para reclamar lo que le debían y, por ello, declaró probada la excepción de cosa juzgada, siendo que realmente no se daban los presupuestos procesales de las normas que regulan dicha figura, lo que condujo a la aplicación indebida de las disposiciones sustanciales “sobre las tiene (sic) origen las pretensiones de la demanda”; que en la conciliación nada se dijo sobre el tiempo de servicios anterior al 26 de octubre de 1979; que una apreciación correcta del acta de conciliación y de la liquidación final de prestaciones sociales, habría llevado al Tribunal a concluir que no se tuvo en cuenta todo el tiempo laborado por la demandante para la fábrica convocada al proceso y que efectivamente operó el fenómeno de la sustitución patronal entre el primer empleador, Jorge J. Mejía Isaza y que la indemnización por terminación del contrato, conciliada en el acta No. 726 del 15 de junio de 2004, no correspondía a la realidad.
Añade que en el proceso no se discutió la existencia del acta de conciliación como acto jurídico, sino los efectos de la cosa juzgada en relación con la liquidación de la bonificación, el pago y su valor, al igual que el tiempo de servicio de la demandante; que de haberse considerado en la sentencia acusada el texto de la demanda, habría encontrado el ad quem que la empleadora no adujo razones atendibles que explicaran por qué no liquidó el tiempo laborado, cuando estaba en la obligación de hacerlo; que ello constituía mala fe, pues tenía conocimiento de que en la empresa laboraban personas con tiempo anterior a su creación; que, sin embargo, únicamente admitió como tiempo total laborado el comprendido desde el 26 de octubre de 1979, cuando debió considerar como fecha de inicio de la relación laboral el 7 de octubre de 1974.
Independientemente de algunos errores de técnica que presenta la formulación del cargo, que no comporta su desestimación, se acometerá el estudio de fondo de la acusación, que básicamente cuestiona al tribunal por haberle dado efectos de cosa juzgada al acta de conciliación celebrada entre los litigantes el 15 de junio de 2004, ante la Inspectora Tercera del Trabajo de la Dirección Territorial del Tolima del Ministerio de la Protección Social (Folios 21 a 23).
En el aludido negocio jurídico, las partes, de común acuerdo, manifestaron:
“La Junta Directiva de la Fábrica de Licores del Tolima, aprobó un plan favorable de retiro en razón de las modificaciones introducidas por el Acuerdo de reestructuración de pasivos, toda la actividad de la empresa fue reestructurada por la disminución sensible de la producción y la carga de trabajo. Situación que exige a la empresa reducir costos, disminuir drásticamente la mano de obra contratada y reubicar de acuerdo a la nueva estructura de la nómina de la parte administrativa y productiva. Por lo anotado, la junta directiva aprobó y autorizó un favorable plan de retiro voluntario, en las mejores condiciones para los trabajadores que se acojan, en forma libre y voluntaria al plan de retiro compensado aprobado.
Las partes manifiestan y expresan su voluntad libre que (sic) la relación de trabajo y el contrato de trabajo que los une, termina por mutuo acuerdo, lo cual expresan de forma mutua, dentro de esta audiencia de conciliación, y acuerdan una suma única de dinero pagadera por una sola vez a título de bonificación o compensación no constitutiva de salario para ningún efecto, como compensación por la terminación por mutuo acuerdo de la relación laboral que los unió.
Acto seguido la trabajadora señora Luz Amparo Briñez, solicita el uso de la palabra y una vez concedida por la Inspección manifiesta: Ingresé a la empresa el día 26 de octubre de 1979, actualmente me desempeño en el cargo de trabajadora oficial y que ante el Plan de retiro compensado voluntario aprobado por la junta directiva, decidí acogerme libre y voluntariamente, aceptando el reconocimiento y pago de la favorable bonificación o compensación no constitutiva de salario para ningún efecto prestacional de carácter laboral legal o extralegal. Manifiesto expresamente que por mi libre voluntad y sin apremio alguno decidí acogerme, y doy por terminado por mutuo acuerdo mi contrato de trabajo, expreso que durante toda mi relación laboral estuve afiliada al sistema de seguridad social, cotizando la empresa y por mi parte por todos los riesgos profesionales incluyendo invalidez, vejez y muerte, por lo cual mi régimen pensional está a cargo del seguro social entidad a la que cotizo.
En este estado de la diligencia las partes de común acuerdo manifiestan: Que concilian toda posible diferencia que pudiera presentarse con motivo de la terminación que por mutuo acuerdo del contrato de trabajo dentro de este acuerdo y con el objeto de precaver cualquier litigio eventual, sobre posibles derechos inciertos y discutibles hemos llegado al acuerdo conciliatorio, cuya aprobación solicitamos al señor Inspector y que consta así:
1. Las partes dejan establecido que la vinculación laboral que existió entre la Fábrica de Licores del Tolima y el trabajador estuvo regida con un contrato de trabajo, que tuvo inicio a partir del 26 de octubre de 1979 y que termina el 15 de junio de 2004, el que convenimos finalizar por mutuo acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 47 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945 y que renuncia expresamente al término de expiración del plazo presuntivo.
2. Acordamos que la empresa Fábrica de Licores del Tolima reconoce a favor del trabajador una suma fija y única por una sola vez a titulo (sic) de bonificación por valor de ciento quince millones veinticinco mil trescientos cincuenta y cuatro pesos mcte, sin que tenga ningún carácter salarial y que se paga dentro de esta audiencia de conciliación mediante cheque Nº xxx suma que se paga por mera liberalidad de la empresa.
3. La empresa Fábrica de Licores del Tolima, reconoce y paga a favor del trabajador señora Luz Amparo Briñez, dentro de esta audiencia de conciliación y hace entrega de manera real y efectiva de buena fe lo que cree deber de acuerdo al salario promedio real devengado, previamente conocido por el trabajador, de los valores por concepto de salario, prima vacacional, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificación de diciembre, quinquenios, prima de navidad, y demás prestaciones sociales, que se pagan en este acto, mediante cheque Nº xxx a favor del trabajador por valor de doce millones setenta y dos mil ciento ochenta y cuatro pesos.
Por lo anteriormente expuesto las partes de común acuerdo solicitan a la inspección se sirva impartir la respectiva aprobación del acuerdo conciliatorio ya expresado por nosotros mismos, teniendo en cuenta que no se trata de derechos ciertos e indiscutibles del trabajador.
Dicho acuerdo fue aprobado por la inspectora del trabajo, que advirtió a las partes que el mismo “hace tránsito a cosa juzgada al tenor de lo preceptuado en los artículos 78 del Código de Procedimiento Laboral y 28 de la Ley 640 de 2001”.
Ahora bien, el plan de retiro voluntario al que se acogió la actora en la referida conciliación, se encuentra contenido en el Acuerdo 2º de 2003 (Folios 16 a 20), que en la parte pertinente dispone:
“ART. 3º—Libertad de aceptación o rechazo de la propuesta: Los destinatarios de esta propuesta quedan en completa libertad para aceptarla o rechazarla. Se entenderá que la rechazan, si no dan respuesta expresa a ella, en la oportunidad y en la forma como se indica en el artículo séptimo (7º) de este acuerdo.
“ART. 4º—Condiciones económicas del retiro compensado: Se entiende por retiro compensado, la desvinculación mutuamente acordada de un trabajador oficial de la empresa, que acepte expresamente su retiro mediante el pago de la compensación monetaria que sea del caso, según el tiempo de servicio y de acuerdo con los supuestos que a continuación se enuncian: Con el propósito de hacer la contabilización del tiempo de servicios se tomará como fecha inicial aquella en la que comenzó la prestación del servicio a la Fábrica de Licores del Tolima y como fecha de corte la que corresponda a la conciliación, restándole los días correspondientes a las licencias no remuneradas y las suspensiones, para estos efectos sólo se tendrá en cuenta el tiempo laborado efectivamente al servicio de la Fábrica de Licores del Tolima.
PAR. 1º—Valor de la compensación: La compensación no constitutiva da (sic) salario se reconocerá y pagará por una sóla vez, de acuerdo con Los siguientes parámetros: por cada año de servicios continuos, se cancelará (sic) la suma de cuatro millones trescientos ochenta y tres mil novecientos treinta y siete pesos mcte ($ 4.383.937) y proporcional por la fracción de tiempo laborado en la Fábrica de Licores del Tolima.
PAR. 2º—Cálculo del tiempo de servicio: Para efectos del cálculo del tiempo de servicio se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: 1. Se calculan el total de días trabajados desde la fecha de vinculación a la Fabrica (sic) de Licores del Tolima hasta la fecha de la conciliación, descontándole las licencias no remuneradas y las suspensiones. 2. Se calcula el total de años (Se toman años de 365 días = Número total de días dividido en 365). 3. Este valor se redondea a tres cifras decimales y se multiplica por el valor de la indemnización por año establecido en el parágrafo 1º”.
A folios 9 a 10 del cuaderno principal milita el acta de la conciliación celebrada el 26 de octubre de 1979, ante la División de Trabajo y Seguridad Social del Tolima, entre Jorge J. Mejía Isaza, “como Contratista de producción de Licores para el Departamento del Tolima”, representantes de la Fábrica de Licores del Tolima y varios trabajadores, entre ellos la demandante. En dicho acuerdo se pactó lo siguiente:
“Primero: Ajustándose a las disposiciones legales que norman el fenómeno jurídico denominado sustitución patronal, el contratista Mejía Isaza convino con los trabajadores mencionados liquidar y pagar, como si se tratara de un retiro voluntario, el auxilio de cesantía, primas y vacaciones proporcionales así como todas las otras prestaciones causadas hasta la fecha. Realmente se cancelan al momento de la diligencia en cuantía para cada trabajador que aparece en nómina detallada y que, firmada por los patronos saliente y entrante y por el señor representante de la Contraloría, se anexa a esta acta y se considera parte integrante de la misma. Segundo: El representante legal de la fábrica de Licores del Tolima, también en obedecimiento a las normas que rigen para la sustitución patronal, asume desde la fecha y para el futuro el pago de las prestaciones sociales que puedan causarse. Tercero: Los patronos sustituto y sustituido aceptan que esta sustitución no lesiona los derechos de los trabajadores (…)”
De los documentos analizados en precedencia se desprende que la demandante se acogió al plan de retiro voluntario que le ofreció la empresa demandada, en el que claramente se advirtió que se tomaría en cuenta para liquidar la bonificación de retiro voluntario, el “tiempo de servicios se tomará como fecha inicial aquella en la que comenzó la prestación del servicio a la Fábrica de Licores del Tolima y como fecha de corte la que corresponda a la conciliación”, de manera que quedó excluido el periodo durante el cual la actora le prestó servicios al señor Jorge J. Mejía Isaza.
Si bien es cierto que de la referida conciliación celebrada el 26 de octubre de 1979 se deprende que entre el contratista Jorge J. Mejía Isaza y la Fábrica de Licores del Tolima operó una sustitución patronal respecto de la demandante, dicha circunstancia no le resta validez al acuerdo conciliatorio celebrado entre los litigantes el 15 de junio de 2004, pues, en este negocio jurídico, las partes, en concordancia con el plan de retiro voluntario ofrecido por la empresa, convinieron que “la vinculación laboral que existió entre la Fábrica de Licores del Tolima y el trabajador estuvo regida con un contrato de trabajo, que tuvo inicio a partir del 26 de octubre de 1979 y que termina el 15 de junio de 2014”, por cuanto en el aludido plan de retiro se aclaró que el tiempo a tener en cuenta para liquidar “la compensación monetaria que sea del caso” sería el efectivamente laborado para la empresa llamada a juicio.
Y es que no debe perderse de vista que el señor Jorge J. Mejía Isaza le pagó a la demandante todas las acreencias laborales que se causaron con motivo del vínculo laboral que los unió (entre el 7 de octubre de 1974 y el 25 de octubre de 1979), según se infiere de la liquidación de prestaciones sociales visible a folio 4 del expediente y se corrobora con el paz y salvo suscrito por la demandante el 25 de octubre de 1979, visible a folio 5 del informativo.
En estas condiciones, no puede afirmarse que el ad quem hubiera cometido los yerros fácticos de que lo acusa la censura, al haber considerado que el acta de conciliación Nº 726 del 15 de julio de 2004, celebrada entre las partes, hizo tránsito a cosa juzgada, pues, ciertamente, allí no se lesionaron derechos ciertos e indiscutibles de la trabajadora, dado que siempre hubo claridad sobre que el tiempo de servicios que se tendría en cuenta para liquidar la bonificación por retiro sería el efectivamente prestado para la Fábrica de Licores del Tolima, que lo fue entre el 26 de octubre de 1979 y el 15 de junio de 2004, fecha de suscripción del acta. Lo anterior resulta más evidente si se tiene en cuenta que las acreencias laborales causadas antes de aquella data fueron debidamente solucionadas por el empleador sustituido, de manera que con el acuerdo no se afectaron los derechos mínimos e irrenunciables de la promotora del proceso.
Al respecto, debe recordar la Sala que la conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos mediante el cual, dos o más personas solucionan por sí mismas sus controversias, bajo la supervisión de un tercero neutral y calificado. Es un acto jurídico en el cual intervienen sujetos con capacidad jurídica en donde su consentimiento y voluntad están encaminados a dar por terminado un conflicto existente o eventual. Con relación a los efectos de la conciliación, la jurisprudencia ha enseñado que, por tratarse de un negocio jurídico en el que se verifica un acuerdo de voluntades, que además es supervisado por un tercero calificado, hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Es por ello que el acta de conciliación tiene los mismos efectos de una sentencia judicial.
En ese orden de ideas, se puede concluir que, para que una conciliación pierda validez, se debe demostrar que existió algún vicio del consentimiento de alguna de las partes, a saber: error, fuerza o dolo, o que tiene objeto ilícito.
De acuerdo con lo dicho, estima la Sala que no existe ninguna razón para restarle validez a la tantas veces mencionada conciliación celebrada entre las partes el 15 de junio de 2004, pues, además de que no hubo ningún vicio del consentimiento, con ella no se lesionaron derechos ciertos e indiscutibles o mínimos e irrenunciables de la trabajadora, de manera que, como acertadamente lo concluyó el ad quem, ese negocio jurídico hizo tránsito a cosa juzgada.
Al analizar la validez de un acuerdo conciliatorio de características similares al que en este oportunidad se revisa, esta Sala de Casación Laboral, en sentencia CSJ SL544-2013, dijo:
“2. En lo que corresponde al descontento sobre que en el acta de conciliación no se dijo nada ‘sobre el tiempo de servicio anterior a la sustitución patronal alegada y aceptada por a las partes’, debe decir la Corte que en dicho documento quedó plasmado claramente que la actora se acogió al plan de retiro compensado en forma ‘libre y voluntariamente, aceptando el reconocimiento y pago de favorable compensación o compensación’ y en el Acuerdo 2º del 29 de julio de 2003, que aprobó dicho plan, sí estaba consignado que ‘con el propósito de hacer la contabilización del tiempo de servicios se tomará como fecha inicial aquella en la que comenzó la prestación del servicio a la Fábrica (Sic) de Licores del Tolima(…) valor de la compensación: la compensación no constitutiva da (sic) salario se reconocerá (…) por cada año de servicios y proporcional por la fracción de tiempo laborado en la Fábrica de Licores del Tolima’.
‘Luego no se evidencia el yerro del tribunal, con el carácter de evidente, al concluir que en el referido plan de retiro se ofreció una bonificación en proporción al tiempo servido de cada trabajador, ‘siendo enfático en estipular en su artículo 4º, (sic) que el período que se tendría en cuenta para efectos de liquidar la bonificación sería únicamente aquel en que se empezó a prestar el servicio a favor de la Fábrica de Licores del Tolima, ello es, 26 de octubre de 1979’, por lo que al aceptar la actora la propuesta ‘se entendía que lo hacía conforme a las condiciones ofrecidas, incluyendo la estipulación del período computable para efectos de liquidar tal bonificación’.
‘4. Por otra parte, debe memorar la Corte lo adoctrinado en decisión del pasado 21 de junio de 2011, radicación 40910, referente a que el ofrecimiento de planes de retiro voluntario no constituye por sí mismo vicio por error, fuerza o dolo, tal como se ha precisado en reiteradas ocasiones, para lo cual pueden consultarse las sentencias del 17 de octubre de 2008, radicación 30417 y 25 de febrero de 2009, radicación 35473, entre otras.
Por último debe decirse que si lo que pretende la recurrente es hacer notar un vicio que impida la obligación del acto o declaración, por la ilicitud de la causa u objeto, cabe decir, que no puede calificarse de ilícito el acto amigable mediante el cual las partes buscan precaver eventuales pleitos poniendo fin de manera total o parcial a sus diferencias producto de una relación laboral, pues ‘para la jurisprudencia la conciliación es un instituto jurídico concebido como un acto serio y responsable de quienes lo celebren y como fuente de paz y seguridad jurídica’. Así lo razonó la Corte en sentencia del 11 de marzo de 1999, radicación 11.540, tomando en consideración lo sostenido por la extinguida Sección Segunda de esta Sala de Casación en sentencia del 9 de marzo de 1995’”.
Frente a las demás pruebas que el censor denuncia como indebidamente valoradas, vale decir, la liquidación final de cesantía y prestaciones (Folios 57 a 66), observa la Sala que de tales documentos se desprende que la demandada le liquidó y pagó a la actora las prestaciones sociales causadas entre el 26 de octubre de 1979 y el 15 de junio de 2004, lapso durante el cual le prestó efectivamente sus servicios, así como la bonificación por retiro voluntario. Con estos documentos no se demuestran los errores de hecho que se endilgan al tribunal, pues, como ya se vio, los créditos sociales causados con anterioridad al 26 de octubre de 1979 le fueron pagados a la trabajadora por su ex empleador Jorge J. Mejía Isaza, de manera que no existe fundamento para solicitar un doble pago por estos conceptos.
De otra parte, el censor no explica en qué consistió la pregonada equivocada apreciación de la demanda y su contestación.
Por lo visto, al no demostrarse un error de hecho con base en las pruebas calificadas, no es del caso entrar a analizar los testimonios.
Acusa la sentencia del tribunal de violar directamente, por aplicación indebida, el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 20, 78, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; 1º y 17 de la Ley 6ª de 1945; 1º y 6º del Decreto 1160 de 1947; 8 de la Ley 153 de 1887; 1613, 1614, 1615, 1627 y 1649 del Código Civil; 174, 177, 187 y 332 del Código de Procedimiento Civil; 40 y 45 del Decreto 1045 de 1978; 1 del Decreto 797 de 1949; “14” (sic), 19, 467, 468, 469, 470, 471 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo; y 53 y 228 de la Constitución Política, “todo dentro de los parámetros contemplados en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991”.
La censura plantea el desarrollo de la acusación en los siguientes términos:
“En la demostración del cargo, el tribunal encontró probado que en el acta de conciliación la demandante manifestó que no había controversia, en cuanto tiene que ver con el tiempo de servicio de la demandante, cuando la realidad es otra y por ello existe diferencia en las sumas pagadas, tanto de la bonificación como de la que resulta a su favor en la liquidación de prestaciones sociales.
La controversia gira, y lo cual no tuvo en cuenta el tribunal en su sentencia es el tiempo de servicio con el que se liquido (sic) a la demandante, si la demandada, hubiese obrado de buena fe, en la liquidación final habría incluido desde el 7 de octubre de 1974 y hubiese pagado los dineros adeudados, pero no lo hizo a pesar de que sabía que se debían más optó por no incluirlos, más no se le permitió hacer uso del derecho de reclamo, lo cual se produjo con la demanda.
El tribunal le dio a la conciliación efectos de cosa juzgada, pero por fuera de los requisitos que los artículos 20 y 78 del C.P.L. y 332 del C.P.C. exigen. Para que el acta tuviera plenos efectos de cosa juzgada, respecto del tiempo total de servicio de la demandante, de tal forma que no fuera posible después revisarla por que cumplía los requisitos de cosa juzgada, requisitos sin los cuales el acta existe pero no puede deducirse con claridad que haya identidad jurídica entre el objeto de la conciliación y el objeto del nuevo proceso judicial donde se discuten los efectos de la cosa juzgada respecto del pago de acreencias laborales adeudadas por diferencia de salario y tiempo de servicio; como consecuencia de ello obtener el reajuste de las cesantía (sic) e intereses y demás derechos relacionados en la demanda. El ad quem al deducirle efectos de cosa juzgada en lo relacionado con el pago de las sumas allí relacionadas y de las cesantías e intereses, le dio un mérito distinto al acta de conciliación, diferente al que la ley le otorga.
Pruebas mal apreciadas
1. La convención colectiva de trabajo suscrita entre la demandada y su sindicato de trabajadores oficiales, del 1º de enero de 1996 al 31 de Diciembre de 1998, la cual tiene su correspondiente constancia de deposito (sic) ante el Ministerio de Trabajo, obrante entre los folios 456 a 691 (cuaderno Nº 2)”.
Estima la Sala que el cargo adolece de graves deficiencias técnicas que comprometen seriamente su prosperidad, pues no obstante estar encaminado por la vía directa o de puro derecho, el censor alude a aspectos de orden fáctico y probatorio, que solo pueden ser presentados por la vía indirecta. Así se afirma por cuanto, aunque en la acusación no se menciona que el ad quem hubiera incurrido en algún error de hecho, en el desarrollo del cargo sí se menciona que no tuvo en cuenta “el tiempo de servicio con el que se liquido (sic) a la demandante” y se recrimina a la demandada no haber pagado a la actora “los dineros adeudados” con motivo de que la relación laboral inició el 7 de octubre de 1974, además de que se denuncia la equivocada apreciación de la Convención Colectiva de Trabajo visible a folios 456 a 691 del cuaderno Nº 2, la cual, dicho sea de paso, no fue apreciada por el ad quem.
Aspectos fácticos y probatorios que únicamente es posibles plantear en casación por la vía de los hechos. Además, el censor arguye que el objeto del proceso es obtener el “reajuste de las (sic) cesantía e intereses y demás derechos relacionados en la demanda”, siendo que en el escrito gestor no se solicitó la reliquidación de ninguna prestación social o acreencia laboral diferente de la bonificación por retiro, de las bonificaciones de junio y diciembre y de los quinquenios.
Al respecto, debe recordar la Sala que no es objeto del recurso extraordinario modificar el petitum de la demanda inicial o modificar su causa petendi, dado que este medio de impugnación se limita a establecer si la sentencia del tribunal se dictó conforme a la ley, ejercicio para el cual corresponde a la parte recurrente confrontar las conclusiones de aquella con lo que se demostró en el proceso, de acuerdo a los planteamientos de las partes de la contienda. Formular el recurso de casación incluyendo pretensiones o hechos que no hicieron parte del marco inicial del pleito, constituye lo que se conoce como un medio nuevo, que resulta inadmisible en el ámbito del recurso extraordinario.
De otra parte, esta Sala de la Corte ha adoctrinado que cuando un cargo se endereza por la vía directa, a través de sus modalidades de infracción directa, interpretación errónea y aplicación indebida, debe hacerse al margen de cualquier controversia de naturaleza probatoria, por lo que la censura tiene que estar necesariamente de acuerdo con los soportes fácticos que se dan por establecidos en la sentencia que se impugna, tal como lo ha adoctrinado, entre otras, en Sentencia CSJ SL, 25 Oct 2005, rad. 25360.
En estas condiciones, es evidente que el cargo parte de unos supuestos fácticos que no dio por sentados el tribunal y se edificó sobre aspectos probatorios propios de la senda indirecta, no obstante que debió orientarse en el campo estrictamente jurídico haciéndole ver a la Corte cuáles fueron los yerros que en ese campo cometió el ad quem, que es lo que caracteriza la vía directa por la cual se encauzó el ataque.
Con todo, importa señalar que los confusos planteamientos de la censura quedaron resueltos por la Corte al despachar el primer cargo, donde se estableció que a la actora se le pagaron todas las acreencias laborales causadas durante el periodo en que le prestó sus servicios a Jorge J. Mejía Isaza, de manera que resulta inadmisible que pretenda obtener un doble pago por tales conceptos.
El cargo no sale avante.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veintiuno (21) de octubre de dos mil nueve (2009) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Luz Amparo Briñez contra la Fábrica de Licores del Tolima.