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Timestamp: 2019-09-18 17:34:18
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Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 45', 'artículo 53', 'artículo 149', 'artículo 57', 'artículo 58', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 16', 'artículo 19']

Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre, de control de actividades clasificadas para la protección del medio ambiente
Publicado en BON núm. 154 de 15 de Diciembre de 1989
Vigencia desde 16 de Diciembre de 1989. Revisión vigente desde 13 de Marzo de 1999
CAPITULO II. REGIMEN DE AUTORIZACIONES
CAPITULO III. LICENCIA DE APERTURA
CAPITULO IV. REGIMEN DE INSPECCION Y FUNCIONAMIENTO
Téngase en cuenta que la Disposición Adicional 1.ª de la Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 4/2005, 22 marzo, de intervención para la protección ambiental («B.O.N.» 1 abril), establece que las licencias de actividad y las licencias de apertura otorgadas de conformidad con la presente Ley Foral 16/1989, 5 diciembre, se entenderán a los efectos de lo dispuesto en aquella Disposición, como licencias municipales de actividad clasificada y licencias de apertura respectivamente.
Párrafo primero del número 5 del artículo 3 redactado por Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 1/1999, 2 marzo, de medidas administrativas de gestión medioambiental («B.O.N.» 12 marzo).
Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 16/1989, 5 diciembre, derogada por la letra a) de la Disposición Derogatoria única de la Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 4/2005, 22 marzo, de intervención para la protección ambiental («B.O.N.» 1 abril) el 1 de julio de 2005. Téngase en cuenta que la Disposición Adicional 1.ª de la Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 4/2005, 22 marzo, de intervención para la protección ambiental («B.O.N.» 1 abril), establece que las licencias de actividad y las licencias de apertura otorgadas de conformidad con la presente Ley Foral 16/1989, 5 diciembre, se entenderán a los efectos de lo dispuesto en aquella Disposición, como licencias municipales de actividad clasificada y licencias de apertura respectivamente. Véase el D Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 32/1990, 15 febrero, por el que se establece el Reglamento de Ley Foral 5 diciembre 1989 de control de las Actividades clasificadas para la protección del medio ambiente («B.O.N.» 2 marzo).-->
La Constitución, en su artículo 45, consagra el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado y el deber de conservarlo, al tiempo que exige de los poderes públicos la función de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, a fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.
El precepto constitucional caracteriza el disfrute del medio ambiente como un derecho de todos los ciudadanos, afirmando unos principios que no son meramente programáticos, puesto que al tiempo que vinculan en su actuación a los poderes públicos ha de informar la legislación positiva, de acuerdo con lo señalado en el artículo 53.3 de la Norma Fundamental.
Uno de los campos en el que con mayor claridad incide el mandato constitucional es el constituido por la regulación de la intervención administrativa en el ámbito de todas aquellas actividades económicas susceptibles de ocasionar daños al medio ambiente o a la salud de las personas. Dichas actividades están actualmente reguladas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por el Decreto 2414/61, que tiene por objeto evitar que cualquier actividad pública o privada pueda ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos graves para personas o bienes.
El citado Reglamento tiene carácter integrador, ya que contempla dentro del mismo todas las afecciones que pueda ocasionar una actividad, como puedan ser la contaminación atmosférica y del agua, por ruidos y vibraciones, por residuos sólidos, por residuos tóxicos y peligrosos y por instalaciones radioactivas así como los peligros de incendio o de otro tipo que puedan derivarse del ejercicio de la misma.
La profunda transformación operada tras la entrada en vigor de la Constitución, con la consiguiente asunción de competencias de todo tipo por parte de las distintas Comunidades Autónomas y la necesidad de integrar este sector en una nueva perspectiva medioambiental, constituyen un conjunto de factores que exigen actualizar y desarrollar la normativa vigente, especialmente en los aspectos referentes a las facultades inspector y disciplinaria de la Administración. Esta modificación debe tener necesariamente rango de Ley para poder establecer todas las medidas que conduzcan eficazmente a su cumplimiento.
Por otra parte, sin perjuicio de las competencias que el artículo 149.1.23.ª de la Constitución atribuye al Estado, la Ley Orgánica 13/1982, del 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en su artículo 57 c) atribuye a Navarra el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de medio ambiente y ecología y en el artículo 58 h) la ejecución de la legislación del Estado en materia de vertidos industriales y contaminantes.
La presente Ley Foral regula, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, el régimen de autorización y funcionamiento de las actividades o instalaciones, públicas o privadas, susceptibles de alterar la salubridad o el medio ambiente. En consecuencia, se determina el régimen de implantación de estas instalaciones y los mecanismos de control y vigilancia de las mismas, estableciéndose, asimismo, las posibles infracciones y las sanciones correspondientes.
Esta Ley Foral tiene por objeto regular, en desarrollo de la legislación básica en materia de medio ambiente, el régimen de autorización y funcionamiento de cualquier actividad o instalación, pública o privada, susceptible de ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas o bienes.
1. Quedan sometidas a las disposiciones de la presente Ley Foral todas las actividades o instalaciones, que se denominarán clasificadas, incluidas en la relación siguiente:
a) Actividades extractivas (minas, canteras y graveras).
b) Instalaciones nucleares y radioactivas.
d) Industrias en general, incluso talleres de reparación.
e) Mataderos y explotaciones ganaderas, incluso piscifactorías.
f) Actividades o instalaciones con riesgo de incendio o explosión por almacenamiento de combustibles, objetos o materiales.
g) Actividades comerciales y de servicio en general, que superen los límites de superficie o potencia que reglamentariamente se determinen.
h) Actividades hosteleras.
i) Espectáculos públicos y actividades recreativas.
j) Actividades que puedan manipular o eliminar organismos patógenos.
k) Instalaciones de recogida, tratamiento, recuperación y eliminación de residuos sólidos, líquidos o gaseosos, urbanos o industriales.
l) Otras actividades con efectos análogos sobre la salud y el medio ambiente.
2. Reglamentariamente se especificarán aquellas actividades clasificadas que tendrán la consideración de inocuas, a los efectos de la aplicación de esta Ley Foral, por cumplir los requisitos técnicos que con ese fin se determinen.
1. La persona física o jurídica que pretenda la instalación o ampliación de una actividad clasificada deberá solicitar ante el Ayuntamiento, en cuyo ámbito pretenda ubicar dicha actividad, la autorización previa correspondiente, que se denominará licencia de actividad.
2. Reglamentariamente se determinará la documentación que deberá presentarse junto con la solicitud, que, en todo caso, comprenderá una descripción de la actividad, su incidencia en la salubridad y en el medio ambiente y los riesgos potenciales para las personas o bienes, así como las medidas correctoras propuestas, debiendo justificarse expresamente el cumplimiento de la normativa sectorial vigente correspondiente.
3. Las actividades que estén obligadas, de acuerdo con la legislación en vigor, a la realización previa de un estudio de impacto ambiental, deberán adjuntarlo a la solicitud de licencia de actividad.
4. Salvo que proceda la denegación expresa de la licencia por razones de competencia municipal, basadas en el planeamiento urbanístico o en las Ordenanzas Municipales, el Alcalde someterá la actividad solicitada a exposición pública en el «Boletín Oficial de Navarra» en quince días y por el mismo plazo, y la notificará personalmente a los vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse, al objeto de que puedan presentarse alegaciones por quienes se consideren afectados, y emitirá posteriormente informe razonado sobre el establecimiento de la mencionada actividad.
5. Salvo para las actividades clasificadas incluidas en el Anejo de esta Ley Foral, previamente al otorgamiento de la licencia de actividad por el Alcalde, el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda emitirá informe sobre el proyecto de instalación o ampliación de la actividad solicitada. Dicho informe será vinculante para la autoridad municipal cuando suponga la denegación de la licencia de actividad o la imposición de medidas correctoras adicionales.
Reglamentariamente se determinarán aquellas actividades que, sin precisar informe del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda deberán ser sometidas a informe de los Departamentos de Presidencia e Interior; y de Salud, según proceda, por implicar riesgo para la integridad de las personas o bienes en caso de siniestro o sean relativas a la materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. Párrafo primero del número 5 del artículo 3 redactado por Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 1/1999, 2 marzo, de medidas administrativas de gestión medioambiental («B.O.N.» 12 marzo).
Con carácter previo a producirse el informe del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, los Departamentos del Gobierno de Navarra, competentes por razón de la materia, emitirán preceptivamente informe.
6. El otorgamiento de la licencia se notificará personalmente a los interesados que hubiesen presentado alegaciones durante el trámite de información pública y se hará público en el «Boletín Oficial de Navarra» en todo caso.
El Gobierno de Navarra podrá delegar en aquellos Ayuntamientos que cuenten con servicios técnicos adecuados, previa petición expresa de los mismos, la emisión de los informes a que hace referencia el articulo anterior, para las actividades que expresamente se determinen.
Las licencias de actividades correspondientes a actividades clasificadas se entenderán otorgadas por silencio administrativo positivo en el plazo de dos meses, excepto las de aquellas actividades para las que la legislación vigente disponga otra cosa.
El plazo de dos meses se computará a partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial de Navarra» del trámite de información pública del artículo 3.º 4.
1. Las Entidades Locales no podrán conceder licencias de obras para actividades clasificadas en tanto no se haya otorgado la licencia de actividad correspondiente.
2. Las licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, por lo que no exonerarán de las responsabilidades civiles o penales en que incurran los titulares de las licencias en el ejercicio de sus actividades.
3. Las licencias serán transmisibles, debiendo ser notificada su transmisión a la Corporación a efectos de determinar el sujeto titular de la actividad y las responsabilidades que de tal condición se derivaren.
4. Las licencias quedarán sin efecto si se incumplieren las condiciones a que estuvieren subordinadas, y deberán ser revocadas cuando desaparecieren las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber existido a la sazón, habría justificado la denegación, y podrán serlo cuando se adoptaren nuevos criterios de apreciación.
Podrán ser anuladas las licencias cuando resultaren otorgadas erróneamente.
La revocación fundada en la adopción de nuevos criterios de apreciación o en error en su otorgamiento, que no sea motivado por la acción dolosa del peticionario, comportarán el resarcimiento de los daños y perjuicios que se causaren.
En el caso de actividades clasificadas cuyo funcionamiento pueda comportar riesgo potencial grave para las personas, los bienes o el medio ambiente en general, el Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente podrá exigir al titular de las mismas la constitución de una fianza o la contratación de su seguro, que garantice la reparación de posibles daños a las personas o al medio ambiente.
Las medidas correctoras impuestas en la licencia de actividad podrán ser revisadas en función de la legislación en materia de medio ambiente vigente en cada momento, incluida la normativa comunitaria, debiendo adaptarse a las innovaciones aportadas por el progreso científico y técnico.
La licencia de actividad caducará por falta de ejercicio de la actividad correspondiente, en los plazos y supuestos que reglamentariamente se determinen.
Con carácter previo al inicio de una actividad clasificada, deberá obtenerse del Alcalde la autorización de puesta en marcha correspondiente, que se denominará licencia de apertura. A tal efecto, el titular deberá presentar en el Ayuntamiento la documentación, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, que garantice que la instalación se ajusta al proyecto aprobado, así como a las medidas correctoras adicionales impuestas, en su caso, en la licencia de actividad.
Las licencias de apertura correspondientes a actividades clasificadas se entenderán otorgadas por silencio administrativo positivo en el plazo de un mes, excepto las de aquellas actividades para las que la legislación vigente disponga otra cosa.
La obtención de la licencia de apertura será previa a la concesión de las autorizaciones de enganche o ampliación de suministro de energía eléctrica, de utilización de combustibles líquidos o gaseosos, de abastecimiento de agua potable y demás autorizaciones preceptivas para el ejercicio de la actividad.
REGIMEN DE INSPECCION Y FUNCIONAMIENTO
Véase la O Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 138/2004, 13 febrero, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueba el Plan de Inspección Ambiental de la Actividad Industrial de la Comunidad Foral de Navarra y el Programa de Inspecciones para el año 2004 («B.O.N.» 26 marzo).-->
1. La inspección de las actividades clasificadas corresponde al Ayuntamiento en cuyo ámbito territorial estén ubicadas.
2. Sin perjuicio de las facultades que la normativa vigente atribuya a otros órganos de la Administración de la Comunidad Foral, el Departamento de Ordenación del Territorio. Viviendas y Medio Ambiente ejercerá la alta vigilancia de las actividades clasificadas.
1. El personal oficialmente designado para realizar labores de verificación de las actividades clasificadas gozarán, en el ejercicio de sus funciones, de la consideración de Agente de la Autoridad, a efectos de lo dispuesto en la legislación penal, estando facultado para acceder, previa identificación y sin previo aviso, a las instalaciones donde se desarrollen las actividades sujetas a la presente Ley Foral.
2. Los titulares de actividades clasificadas deberán prestar la colaboración necesaria a los inspectores, a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, tomas de muestras y recogida de la información necesaria para el cumplimiento de su misión.
Los titulares de actividades clasificadas que proporcionen información a la Administración en relación con esta Ley Foral, podrán invocar el carácter de confidencialidad de la misma en la forma que reglamentariamente se determine.
A requerimiento del Alcalde o del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, cuando las características de una actividad clasificada lo hagan aconsejable, el titular deberá nombrar un técnico responsable del adecuado funcionamiento de las instalaciones destinadas a evitar o corregir daños ambientales.
Advertidas deficiencias en el funcionamiento de una actividad clasificada, el Alcalde requerirá al titular de la misma para que corrija las citadas deficiencias en un plazo determinado que, salvo casos especiales debidamente justificados, no podrá ser superior a seis meses.
Si el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente advirtiese deficiencias en el funcionamiento de una actividad clasificada, el Consejero titular de dicho Departamento lo pondrá en conocimiento del Alcalde, para que proceda de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior. Si en el plazo de un mes la Alcaldía no efectuase las actuaciones previstas en dicho artículo, éstas serán ordenadas por el Consejero del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.
El titular de una actividad clasificada deberá poner en conocimiento inmediato del Alcalde, obligatoriamente, los siguientes hechos:
a) La existencia de accidente ambiental grave, real o potencial y facilitando a la Administración toda la información disponible para que ésta actúe si lo considera necesario, obligación que subsidiariamente corresponderá al técnico responsable a que se refiere el artículo 16 de esta Ley Foral.
b) La interrupción voluntaria de la actividad por plazo superior a tres meses, salvo para industrias de campaña, así como el cese definitivo de la misma.
El Alcalde o el Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente podrán paralizar con carácter preventivo cualquier actividad clasificada, en fase de construcción o de explotación, total o parcialmente, por cualquiera de los siguientes motivos:
a) Ocultación de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa en el proyecto cuya autorización se solicita.
c) Cuando existan razones fundadas de daños graves o irreversibles al medio ambiente o peligro inmediato para personas o bienes, en tanto no desaparezcan las circunstancias determinantes, pudiendo adoptar las medidas necesarias para comprobar o reducir riesgos.
Cuando el titular de una actividad clasificada, tanto en funcionamiento como en situación de suspensión temporal o clausura definitiva, se niegue a adoptar alguna medida correctora, que le haya sido impuesta en virtud de la presente Ley Foral, la autoridad que haya requerido la acción, previo apercibimiento, podrá ejecutarla con carácter sustitutorio, siendo a cargo del titular los costes derivados, que serán exigibles por vía de apremio.
Sin perjuicio de las sanciones que procedan, cuando el Alcalde tenga conocimiento de que una actividad clasificada funciona sin licencia de apertura efectuara las siguientes actuaciones:
a) Si la actividad pudiese autorizarse, requerirá al titular de la misma para que regularice su situación, concediéndole al efecto un plazo que, salvo casos excepcionales debidamente justificados, no podrá ser superior a seis meses, pudiendo además clausurarla, si las circunstancias lo aconsejan, previa audiencia del interesado.
b) Si la actividad no pudiera autorizarse por incumplimiento de la normativa sectorial vigente o de las ordenanzas municipales correspondientes, deberá proceder a su clausura, previa audiencia del interesado.
Si el Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente tuviese conocimiento del funcionamiento de una actividad clasificada sin licencia de apertura, lo pondrá en conocimiento del Alcalde, para que proceda de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior. Si en el plazo de un mes la Alcaldía no efectuase las actuaciones previstas en dicho artículo, éstas serán ejecutadas por el Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.
Las infracciones a lo establecido en esta Ley Foral serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en los artículos siguientes, sin perjuicio, en su caso, de las responsabilidades civiles y penales.
Se considerarán como circunstancias agravantes de la responsabilidad el grado de incidencia en la salud humana, la irreversibilidad del daño, las características del lugar, la intencionalidad, la reincidencia y el riesgo de contaminación o accidente.
a) La producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos sin autorización o con incumplimiento de las condiciones previstas en la misma, así como el abandono, vertido no autorizado y depósito incontrolado de los residuos mencionados.
b) La utilización de instalaciones nucleares y radiactivas no autorizadas o cuyos niveles de inmisión superen los limites legalmente admisibles.
c) Cualquier acción u omisión tipificada como infracción grave, cuando se generen daños reales o potenciales muy graves para las personas o el medio ambiente.
a) Las previstas en los apartados a) y b) del artículo anterior cuando, por las circunstancias concurrentes, no resulte previsible la creación de un riesgo muy grave para las personas o el medio ambiente.
b) La emisión de contaminantes no autorizados o la utilización de sustancias prohibidas.
c) La emisión de contaminantes cuando se sobrepasen los límites admisibles en cantidades superiores a las que reglamentariamente se determinen.
d) La eliminación de residuos, propios o ajenos, no conceptuados expresamente como tóxicos y peligrosos, mediante vertidos incontrolados, siempre que se produzca afecciones graves al medio ambiente.
e) El incumplimiento por parte de una actividad clasificada de las condiciones previstas en el proyecto técnico presentado o de las medidas correctoras establecidas en la licencia de actividad o impuestas como consecuencia de labores de inspección, cuando exista riesgo grave para las personas o el medio ambiente.
f) El incumplimiento de una orden de suspensión temporal o clausura definitiva, total o parcial.
g) La negativa al requerimiento de legalización de una actividad clasificada en funcionamiento sin licencia de apertura.
h) El incumplimiento de una orden de clausura de una actividad clasificada en funcionamiento sin licencia de apertura.
i) La falta de adopción de las medidas urgentes impuestas por la Administración en caso de emergencia.
j) La falta de aviso del titular o, en su caso, del responsable técnico, a que hace referencia el artículo 19.a) de esta Ley Foral.
k) La realización de proyectos o certificados técnicos fraudulentos relacionados con estas actividades.
l) La negativa o resistencia al ejercicio de las funciones de información e inspección de las funciones de información e inspección de las autoridades competentes, así como el suministro de datos falsos o fraudulentos.
m) La reincidencia en la comisión de dos o más faltas leves en los últimos doce meses.
Se considerarán infracciones leves cualesquiera acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en la presente Ley Foral o en los Reglamentos que la desarrollen, y que no se encuentren tipificadas como infracción grave o muy grave.
Las infracciones consideradas muy graves, en esta Ley Foral, prescriben a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, a contar desde la comisión de las mismas.
Las infracciones a la normativa en materia de actividades clasificadas darán lugar a la imposición de una o varias de las siguientes sanciones:
b) Suspensión temporal, total o parcial, de las actividades o instalaciones causantes del daño ambiental.
c) Clausura definitiva, total o parcial, de las actividades o instalaciones productoras del daño ambiental.
1. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multas de hasta 100.000.000 de pesetas y suspensión temporal o clausura definitiva de las actividades o instalaciones causantes de daño ambiental.
Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multas de hasta 50.000.000 de pesetas y suspensión temporal o clausura definitiva de las actividades o instalaciones causantes del daño ambiental.
Las infracciones leves podrán ser sancionadas con multas de hasta 1.000.000 de pesetas y suspensión temporal de las actividades o instalaciones causantes del daño ambiental.
1. La suspensión temporal o clausura definitiva de una actividad, en aplicación de las facultades sancionadoras establecidas en la presente Ley Foral, así como la clausura de una actividad en funcionamiento sin licencia de apertura, podrán llevar consigo las siguientes actuaciones:
a) Suspensión de las autorizaciones de enganche de energía eléctrica, de utilización de combustibles líquidos o gaseosos y de abastecimiento de agua potable.
b) Suspensión de otras autorizaciones preceptivas para el ejercicio de la actividad, que reglamentariamente se determinen.
2. La clausura definitiva podrá llevar consigo, además, la suspensión y la devolución, en su caso, de las ayudas o subvenciones económicas destinadas a la financiación del inmovilizado material de la actividad, que el titular haya obtenido del Gobierno de Navarra en los cuatro últimos años anteriores.
1. La sanción de las infracciones leves y graves corresponderá al Alcalde, salvo que, por la cuantía de las multas en el caso de infracciones graves, sea competente el Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente o el Gobierno de Navarra. La sanción de las infracciones muy graves corresponderá en todo caso al Gobierno de Navarra.
2. Cuando el Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, en función de su facultad inspectora, considere que el titular de determinada actividad clasificada ha cometido alguna infracción cuya sanción corresponda al Alcalde, lo pondrá en conocimiento del mismo para que proceda en consecuencia. Si en el plazo de un mes la Alcaldía no efectuase las actuaciones sancionadoras adecuadas, éstas serán ordenadas por el Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.
1. Las autoridades competentes para imponer multas, en función de la cuantía de las mismas, cuando procedan este tipo de sanciones, serán las siguientes:
b) El Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, hasta 10.000.000 de pesetas.
2. El Gobierno de Navarra podrá actualizar los limites previstos en el presente artículo.
Las sanciones por infracciones se impondrán siguiendo lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo. A este efecto, la incoación del expediente y el nombramiento de Instructor y Secretario se realizará mediante providencia del órgano sancionador actuante.
Si durante la tramitación del expediente el Instructor estimara que, dada la gravedad de la infracción, la competencia para sancionar no corresponde al órgano que lo nombró, éste remitirá las actuaciones al que resulte competente, el cual las continuará a partir del momento procedimental en que se hallen.
1. Una vez iniciado procedimiento sancionador, el órgano competente para resolverlo podrá adoptar las medidas preventivas que estime necesarias para asegurar el cumplimiento de la resolución que pudiera establecerse y, en todo caso, para asegurar el cumplimiento de la legalidad, pudiendo adoptarse, entre otras, las siguientes medidas provisionales:
b) La clausura de locales o instalaciones.
2. Previamente a la resolución que establezca las medidas provisionales, se dará audiencia al interesado para que en el plazo máximo de quince días alegue lo que proceda.
Los órganos sancionadores podrán imponer multas coercitivas en los supuestos considerados en la Ley de Procedimiento Administrativo. La cuantía de cada multa no superará, en ningún caso, el tercio de la sanción máxima fijada para la infracción cometida.
Sin perjuicio de la sanción que proceda, el titular de la actividad infractora deberá restablecer la situación anterior a la infracción. En todo caso, deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.
Cuando los daños sean de difícil evaluación se aplicarán, conjunta o separadamente, los siguientes criterios:
c) Coste de la instalación o actividad causante del daño.
Tanto el importe de las sanciones como el de las indemnizaciones pertinentes serán exigibles por vía de apremio.
Cuando no fuera posible determinar el grado de participación de las distintas personas físicas o jurídicas en la realización de la infracción que hubiera ocasionado el daño ambiental, la responsabilidad será solidaria.
1. En el supuesto de que la infracción pudiera ser sancionable en vía penal, la Administración dará traslado del expediente al Ministerio Fiscal, quedando en suspenso la actuación sancionadora en vía administrativa. Sin embargo, esta suspensión no paralizará el expediente que se hubiera incoado en orden al restablecimiento de la situación anterior o, en su caso, el abono de daños y perjuicios por parte del infractor, a que éste se encontrará siempre obligado conforme a lo dispuesto en la presente Ley Foral.
2. Si la sentencia penal fuera absolutoria, se proseguirán las actuaciones para la imposición de la sanción administrativa que proceda.
Las autorizaciones de funcionamiento otorgadas de conformidad con el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubles, Nocivas y Peligrosas se entenderán, a los efectos de la presente Ley Foral, como licencias de apertura.
No se podrán conceder autorizaciones para cambios de titularidad a las actividades clasificadas que no dispongan de licencia de apertura.