Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2014-01259-de-marzo-23-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_65023ac065834f9bbd909176a13ea149&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-17 04:39:34
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 30', 'artículo 28', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 30', 'artículo 28', 'artículo 30', 'artículo 28', 'artículo 30', 'artículo 28', 'artículo 30']

﻿ SENTENCIA 2014-01259 DE MARZO 23 DE 2017
SENTENCIA 2014-01259 DE 23 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:RESPONDER DE MANERA GROSERA Y CON AGRESIVIDAD A CÓNYUGE DE DEFENDIDO EN SALA DE AUDIENCIAS, CONFIGURA UNA FALTA CONTRA LA DIGNIDAD Y EL DECORO DE LA PROFESIÓN. SE CONFIGURA UNA FALTA CONTRA LA DIGNIDAD Y EL DECORO DE LA PROFESIÓN PREVISTA EN EL NUMERAL 3° DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY 1123 DEL 2007, CUANDO SE PROVOCA O INTERVIENE VOLUNTARIAMENTE EN RIÑAS O ESCÁNDALOS PÚBLICOS ORIGINADOS DE ASUNTOS PROFESIONALESEN ESE SENTIDO SI EL PROFESIONAL DEL DERECHO EN UNA SALA DE AUDIENCIAS, ANTE LOS RECLAMOS QUE LE HACE LA CÓNYUGE DE SU DEFENDIDO (QUEJOSA), RESPECTO A LA DEFENSA QUE HA LLEVADO, LE RESPONDE DE UNA MANERA GROSERA Y CON UN TONO AGRESIVOSE DERIVA UNA CONDUCTA DOLOSA AFECTANDO LA HONRA DE LA QUEJOSA AL DECIRLE PALABRAS DE GRUESO CALIBRE, QUE COMPROMETE EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO, EL CUAL LE EXIGÍA ACTUAR BAJO LOS LINEAMIENTOS ÉTICOS DE LA PROFESIÓN CONFORME A LOS CUALES, ERA SU DEBER CONSERVAR Y DEFENDER LA DIGNIDAD Y EL DECORO DE LA PROFESIÓNPOR ENDE SE ACLARA, QUE EL HECHO QUE LA QUEJOSA LE HUBIESE DADO UN TRATO IRRESPETUOSO NO JUSTIFICA QUE REACCIONARA DE LA MISMA MANERA, EN CONSECUENCIA, SE CONFIRMA LA SUSPENSIÓN DE TRES MESES IMPUESTA AL ABOGADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIÓN DISCIPLINARIA, ABOGADO, RIÑA, SUSPENSIÓN DEL ABOGADO, FALTAS DEL ABOGADO, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO, CONTRA LA DIGNIDAD
Sentencia 2014-01259
Bogotá D.C., 23 de marzo de 2017.
Aprobado según Acta de Sala Nº 024 de la fecha.
Rad. 050011102000201401259 01
Procede la Sala a conocer en grado de consulta la sentencia proferida el 30 de marzo de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Antioquia, mediante la cual sancionó con suspensión de tres meses en el ejercicio de la profesión al abogado Juan Francisco Gallón Cardona, por haber omitido el deber establecido en el numeral 5 del artículo 28 y por la comisión de la falta prevista en el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 256-3 de la Constitución Política, 114-2 de la Ley 270 de 1996 y artículo 2º de la Ley 1123 de 2007, corresponde a esta Colegiatura conocer en grado jurisdiccional de consulta de las decisiones proferidas en primera instancia por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, cuando fueren desfavorables a los investigados y no hayan sido apeladas, como lo ocurrido en el asunto bajo examen.
De acuerdo con la certificación expedida por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, el doctor Juan Francisco Gallón Cardona, se identifica con la cédula de ciudadanía 70561955 y tarjeta profesional 172670 expedida el 11 de Septiembre de 2008.
La tipicidad de la conducta representa un resultado del principio de legalidad, aplicable a las distintas modalidades del derecho sancionador del Estado. El mismo establece la necesidad de fijar de antemano y de forma clara y expresa, las conductas susceptibles de reproche judicial y las consecuencias negativas que generan, con el fin de reducir la discrecionalidad de las autoridades públicas al momento de ejercer sus facultades punitivas.
“[E]n el derecho disciplinario resulta exigible el principio de tipicidad, el cual hace parte igualmente de la garantía del debido proceso disciplinario. De acuerdo con este principio, ‘la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras(1)’.
De otra parte, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el principio de tipicidad se compone de dos aspectos, (i) que ‘exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanción’ y (ii) ‘la precisión que se emplee en ésta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse(2)’.Este último aspecto, se encuentra orientado a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio(3).
De conformidad con la doctrina y la jurisprudencia constitucional, el concepto de precisión mencionado, ligado analíticamente al principio de tipicidad, implica que son varios los aspectos normativos que debe regular de manera clara y expresa la norma sancionatoria: (i) el grado de culpabilidad del agente (si actuó con dolo o culpa); (ii) la gravedad o levedad de su conducta (si por su naturaleza debe ser calificada como leve, grave o gravísima); y (iii) la graduación de la respectiva sanción (mínima, media o máxima según la intensidad del comportamiento) (…)(4).
“[S]i bien el principio de tipicidad es plenamente exigible en el derecho disciplinario, éste se aplica con una mayor flexibilidad y menor rigurosidad en este ámbito. Lo anterior, por cuanto ‘la naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita —en principio— cierta flexibilidad’(5).
(…) En consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha encontrado que las principales diferencias existentes entre la tipicidad en el derecho penal y en el derecho disciplinario se refieren a (i) la precisión con la cual deben estar definidas las conductas en las normas disciplinarias, y (ii) la amplitud de que goza el fallador disciplinario para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias en los procedimientos sancionatorios(6)”.
Ahora bien, las faltas endilgadas al abogado Juan Francisco Gallón Cardona, está consagrada en el artículo 28 numeral 5 y el artículo 30 numeral 3 de la Ley 1123 de 2007 que a la letra dicen:
ART. 28.—Son deberes del abogado:
En el presente asunto está demostrada la conducta del doctor Gallón Cardona, porque ante los reclamos que inicialmente le hiciera la quejosa relacionados con su gestión en el proceso penal que se adelantaba contra su esposo, el disciplinable respondió también groseramente al proferir un término soez; en lugar de haber aclarado en forma cortés el asunto con la cónyuge de su representado, él intervino en riña pública, la cual ocurrió en la Sala de audiencias del Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Marinilla.
Está demostrado que el abogado investigado intervino de manera voluntaria, sin hacer nada para evitarlo, en el escándalo público que se presentó el día 29 de mayo de 2014 en la Sala de audiencias del Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Marinilla entre él y la quejosa, escandalo originado en un asunto profesional.
Se advierte que el doctor Gallón Cardona tenía el deber de conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión y el hecho que la quejosa le hubiera dado un trato irrespetuoso, no justifica que él como abogado reaccionara de la misma manera, por el contrario, debió tratar de aclarar la situación en forma cortés y respetuosa o al menos no haber ofendido a la quejosa con groserías.
“La Corte ha precisado igualmente que en materia disciplinaria, la ley debe orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas pues las faltas le interesan al derecho disciplinario en cuanto interfieran tales funciones(7). De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas(8)”.
Verificadas las infracciones al deber imputado al profesional investigado, compete a la Sala determinar si del caudal probatorio analizado, surge causal alguna que justifique su conducta, o si por el contrario, en ausencia de esta, la falta a la profesión por el desplegada en el sub lite, impone confirmar la sanción disciplinaria de suspensión impuesta en el fallo materia de consulta.
En el desarrollo del proceso no se adujo causal de justificación, en cambio, resulta reprochable el proceder del doctor Juan Francisco Gallón Cardona pues como profesional del derecho sabía de los deberes y obligaciones que le competían y descuidó su ejercicio, de otro lado no obra prueba por parte del abogado sancionado, que él haya actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
En efecto, los elementos obrantes en el expediente, permiten a esta Sala concluir, en el mismo sentido de la primera instancia, toda vez que se encuentra corroborada la omisión del deber establecido en el artículo 28 numeral 5 y la comisión de la falta consagrada en el artículo 30 numeral 3 de la Ley 1123 de 2007, sin que se configure causal alguna de justificación.
Al considerarse la falta disciplinaria como la infracción a deberes, para que se configure su violación por incumplimiento, el abogado infractor sólo puede ser sancionado si ha procedido de manera dolosa o culposa en la comisión de la conducta desplegada.
Como conclusión a este punto, en la conducta atribuida al disciplinable se encuentran demostrados los elementos subjetivos y objetivos, en cuanto intervino en un escándalo público originado en asuntos profesionales al haber discutido e insultado a la esposa de su defendido.
Así las cosas, para la falta endilgada al investigado consagrada en los artículos 28 numeral 5 y 30 numeral 3 del citado Estatuto del Abogado, surgen tres tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión y la máxima aplicable la de exclusión.
Ahora, teniendo en cuenta la modalidad y la gravedad de las conductas y además que el investigado registra sanciones disciplinarias, se concluye que la sanción de suspensión de tres meses en el ejercicio de la profesión impuesta en la sentencia consultada al doctor Juan Francisco Gallón Cardona, cumple con los criterios constitucionales y legales, al tener presente que se trata de conductas por naturaleza dolosa frente a la diligencia.
De otra parte, acorde con el principio de necesidad íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en el sub lite, le era imperativo al operador disciplinario sancionar con suspensión al implicado. Igualmente, la imposición de la referida sanción, cumple con el fin de prevención particular, entendido este como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, el cual no fue atendido por el abogado Gallón Cardona.
Finalmente, se cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, con lo que se justifica la sanción disciplinaria impuesta al disciplinado, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993 “(…) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.
Es así, como la sentencia consultada cumple cabalmente con los principios mencionados, teniendo en cuenta que la falta cometida por el doctor Juan Francisco Gallón Cardona, fue realizada de manera dolosa, afectando la honra de la quejosa al decirle palabras de grueso calibre, las modalidades y circunstancias en que cometió la falta, comprometen el ejercicio de la profesión de abogado, la cual le exigía actuar bajo los lineamientos éticos de la profesión conforme a los cuales, era su deber conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión.
Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia consultada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual sancionó con suspensión de tres meses en el ejercicio de la profesión al abogado Juan Francisco Gallón Cardona como autor responsable de omitir el deber establecido en el artículo 28 numeral 5 y la consecuente comisión de la falta determinada en el artículo 30 numeral 3 de la Ley 1123 de 2007.
1. CONFIRMAR la sentencia consultada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia de fecha 30 de marzo de 2016, mediante la cual sancionó con suspensión de tres meses en el ejercicio de la profesión al abogado Juan Francisco Gallón Cardona como autor responsable de omitir el deber establecido en el artículo 28 numeral 5 y la consecuente comisión de la falta determinada en el artículo 30 numeral 3 de la Ley 1123 de 2007, conforme a lo expresado en la parte motiva de esta providencia.
(2) Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(3) Ver Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(4) Ver Sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(5) Sentencia C-404 de 2001, reiterado en Sentencia C-818 de 2005.
(6) Ver Sentencias C-404 de 2001 y T-1093 de 2004, entre otras.
(7) En reiterados pronunciamientos esta corporación ha resaltado que la órbita de injerencia del derecho disciplinario se circunscribe al comportamiento de los servidores públicos en ejercicio de sus cargos. Por ello se ha expuesto que “El derecho disciplinario comprende el conjunto de normas, sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo”. Corte Constitucional.
Sentencia C-341-96, M.P. Antonio Barrera Carbonell. En el mismo sentido, se ha indicado que “El Código Disciplinario Único comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, con las que el legislador pretende asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia y el adecuado comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos”. Corte Constitucional. Sentencia C-712.01. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(8) Ver Sentencia C-373/02, M.P. Jaime Córdoba Triviño. S.P.V. de los Magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett.