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Timestamp: 2018-01-16 15:35:23
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Matched Legal Cases: ['artículo 70', 'artículo 137', 'artículo 136', 'artículo 113', 'artículo 2', 'artículo 201', 'artículo 201', 'artículo 200', 'artículo 70']

LA FIGURA JURÍDICA APLICABLE A LAS EMPRESAS DE PRODUCCION SOCIAL EN VENEZUELA | Arcaya Urbina | Comercium et Tributum
Comercium et Tributum, Volumen X Febrero -Julio 2013
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(The juridical figure applicable to the Companies of Social Production in Venezuela)
Recibido: 08 de septiembre de 2012 Aceptado: 18 de noviembre de 2012
Universidad de Falcón (UDEFA), Venezuela
A partir de la entrada en vigencia del marco constitucional venezolano de 1999, nacieron los denominados mecanismos de participación en la esfera económica, como la empresa social y otras formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y solidaridad. Consecuentemente, el gobierno nacional en el año 2005, decide poner en práctica dichos mecanismos económicos, fomentando la creación de las llamadas empresas de producción social, que se constituyeron como requisito para contratar con Petróleos de Venezuela y Aluminios del Caroní. A tales efectos, su crecimiento ha sido considerable en los últimos años, en virtud del impacto social que han generado en el país, por lo cual se realizó una investigación de tipo descriptiva, bajo un diseño documental, teniendo como objetivo general determinar la figura jurídica aplicable a las empresas de producción social en Venezuela, en virtud que las mismas se constituyen actualmente como cualquiera de las sociedades mercantiles conocidas, lo cual trae confusiones al momento de su constitución registral. Se concluyó que la figura jurídica idónea a estas empresas es la sociedad anónima, en razón que su fin primigenio es el lucro, siendo esta una característica general de toda sociedad mercantil, dándole plena independencia en el escenario nacional e internacional. Para ello se analizaron las diversas posiciones doctrinarias y aspectos legales pertinentes, por lo cual se recomendó a la Asamblea Nacional venezolana realizar una reforma integral al Código de Comercio de 1955, dándole reconocimiento expreso a tales empresas, convirtiéndola en una nueva figura jurídica, pudiendo ser denominada sociedad de producción social (S.P.S), estableciendo la responsabilidad patrimonial de los accionistas y su forma de administración. Finalmente, la investigación ofrece un aporte a la comunidad científica, investigadores y cuerpos legislativos por cuanto demuestra la necesidad de contar con una figura jurídica plena e independiente del resto de las sociedades mercantiles existentes.
Palabras clave: Sociedades mercantiles, Empresa, Producción social, Figura jurídica.
From the entry in force of the constitutional Venezuelan frame of 1999, there were born the mechanisms called of participation in the economic sphere, as the social company and other associative forms guided by the values of the mutual cooperation and the solidarity. Consistently, the national government in the year 2005, decides to put into practice the above mentioned economic mechanisms, promoting the creation of the so called companies of social production, which were constituted as requirement to contract with Oils of Venezuela and Aluminium of the Caroní. To such effects, his growth has been considerable in the last years, by virtue of the social impact that they have generated in the country. For which I realize a descriptive investigation of type, under a documentary dissent, having as general aim determine the juridical figure applicable to the companies of social production in Venezuela, in virtue that the same ones constitute nowadays as any of the mercantile known companies, which brings confusions to the moment of his constitution registral. Concluding that the juridical suitable figure to these companies is the joint-stock company, in reason that his original end is the profit, being this general characteristic of any mercantile company, giving him full independence in the national and international scene. For it there were analyzed the diverse doctrinaire positions and legal pertinent aspects, for which, recommend to the national Venezuelan assembly to realize an integral reform to the code of trade of 1955, giving him express recognition of such companies, turning her into a new juridical figure, being able to be named A Company of Social Production (S.P.S), establishing the patrimonial responsibility of the shareholders and his form of administration. Finally the investigation offers a contribution to the scientific community, investigators and legislature since it demonstrates the need to possess a juridical figure full and independent from the rest of the mercantile existing companies.
Keywords: Mercantile companies, Company, Social production, Juridical figure.
Con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, se le dio una mayor responsabilidad al Estado para promover figuras económicas alternas de carácter social, en este sentido se hace alusión a las Empresas de Producción Social, que nacen como un mecanismo para fomentar el crecimiento del aparato productivo y tratar de hacer un esfuerzo por cambiar la concepción del empresario e implementar medidas dentro de su estructura gerencial y beneficiar a las comunidades aledañas a su entorno.
En este orden de ideas, El Troudi y Monedero (2006) consideran que se hace necesario realizar cambios trascendentales al Código de Comercio y otras leyes vigentes a los fines de armonizar las disposiciones de carácter mercantil, y de esta manera garantizar la efectividad de esta nueva figura empresarial de carácter social en el contexto jurídico de la nación.
Así bien, se analizó el marco legal que regula actualmente a las empresas de producción social, contrastando las diversas posiciones teóricas y criterios doctrinarios a objeto de adecuar a las empresas de producción social, en alguna de las sociedades mercantiles existentes, o si fuere el caso la creación de otra figura jurídica cónsona con sus características propias.
En este sentido, es de resaltar que actualmente dichas empresas se constituyen ante el Registro Mercantil como cualquiera de las figuras jurídicas establecidas en el Código de Comercio de 1955, tales como la Sociedad Anónima, Compañía Anónima o la Sociedad de Responsabilidad Limitada, creando confusiones a las personas al momento de su constitución registral, en virtud de la carencia de un instrumento jurídico nacional que regula tales figuras.
En consecuencia, a continuación se expondrán variados aspectos bibliográficos y científicos, a los fines de determinar la figura jurídica aplicable a las empresas de producción social en Venezuela, analizando cada uno de los criterios teóricos, legales y doctrinales sobre la materia, más específicamente sobre los tipos, características y naturaleza jurídica de las empresas de producción social y su relación con las sociedades mercantiles.
De conformidad con el objetivo general de la investigación, que trató sobre determinar la figura jurídica aplicable a las empresas de producción social en Venezuela, así como la utilización de fuentes científicas, legales y doctrinales, se puede establecer que dicha investigación es de tipo descriptiva, la cual es definida por Nava (2004) como de segundo nivel, siendo su objeto principal señalar de forma rigurosa y sistemática las características, funciones, frecuencia, relaciones de determinados fenómenos o hechos, a nivel interno o externo.
Asimismo, dicha investigación se realizó bajo un diseño documental, en virtud que se recopilo diversidad de información bibliográfica, científica y teórica, que permiten contrastar realidades diversas, de conformidad con las variables del estudio sistemático de un fenómeno, es por ello que Nava (2004) la define como un proceso de búsqueda, selección, lectura, registro, organización, descripción, análisis e interpretación de datos extraídos de fuentes documentales existentes, en torno a un problema, con el fin de encontrar respuestas a interrogantes planteadas en cualquier área del conocimiento humano
MARCO NORMATIVO QUE REGULA A LAS EMPRESAS DE PRODUCCIóN SOCIAL EN VENEZUELA
Uno de los aspectos fundamentales para el conocimiento de las empresas de producción social, es el marco legal que las regula actualmente y los diversos actos administrativos de carácter ministerial aplicados por los organismos gubernamentales; así como los principios constitucionales, es por ello que Torrealba (2010) indica que con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, el constituyente pensó en la posibilidad de crear nuevas alternativas para la creación de empresas sociales, que no solo tengan por finalidad el mero lucro; sino más bien, pudiesen apoyar el desarrollo endógeno de las comunidades aledañas a su entorno.
Continua relatando el autor antes citado, que se crearon los llamados mecanismos de participación popular en la esfera económica y se encuentran concebidos en el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Asamblea Nacional Constituyente, 1999), entre los cuales se mencionan las cooperativas en todas sus formas, las cajas de ahorro y cualquier otra forma asociativa guiada por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.
Asimismo, Puga (2007) destaca que en el año 2005 las empresas del Estado, como Petróleos de Venezuela y Aluminios del Caroní, comenzaron a aplicar este nuevo mecanismo económico, exigiendo como requisito principal para contratar con ellas, en primer lugar modificar sus estatutos a los fines de convertirse y suscribirse a los programas de Empresas de Producción Social, reinvirtiendo parte de sus excedentes en obras sociales.
Del mismo modo, El Troudi y Monedero (2006) indican que a partir del año 2005, hubo la necesidad de crear una serie de disposiciones normativas, aprobadas a través de decretos ministeriales y acuerdos marcos, con el objeto de regular el manejo de las Empresas de Producción Social, en cuanto a su funcionalidad, fiscalización, obligaciones e incentivos.
El Acuerdo Marco de Promoción, Estímulo y Desarrollo de las Empresas de Producción Social (Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2005a), definió a las empresas de producción social como unidades de producción comunitaria, constituidas bajo cualquier figura, que tienen por fin generar bienes y servicios, tendientes a satisfacer las necesidades esenciales de la comunidad, dándole prioridad de inclusión a los hombres y mujeres de las misiones sociales, donde prevalecen los valores de la solidaridad, cooperación, complementariedad, reciprocidad, equidad y sustentabilidad, ante el valor de la rentabilidad o de ganancia.
Así bien, el Decreto N° 3.895 Sobre Desarrollo Endógeno y Empresas de Producción Social (Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2005b), la definen de la misma manera que el acuerdo marco, sin embargo, establece adicionalmente la obligación que dichas empresas mantengan el equilibrio financiero para invertir en el entorno socio ambiental en forma sustentable y sostenible, en aras de preservar el equilibrio ambiental.
También es preciso citar el Instrumento Normativo Interno sobre la Promoción, Funcionamiento y Fiscalización de las Empresas de Producción Social (Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2006), las definen como entidades económicas dedicadas a la producción de bienes y servicios, en los cuales el trabajo tiene significado propio, no alineado y auténtico, donde no existe discriminación alguna, ni privilegios relacionados con la posición jerárquica, existe igualdad sustantiva entre sus integrantes, basada en una planificación participativa y puede constituirse bajo régimen de propiedad estatal, colectiva o la combinación de ambas.
Dicho instrumento normativo, señala además que las sociedades mercantiles y demás formas asociativas de carácter privadas comprometidas con la construcción del nuevo modelo productivo, cualquiera sea su figura mercantil, pueden manifestar su voluntad de evolucionar hasta convertirse en una empresa de producción social, en la medida en que asuman espontáneamente mayores compromisos sociales con sus trabajadores, familiares y las comunidades adyacentes donde realizan sus actividades.
Por otra parte, Arellano (2009) afirma que las Empresas de Producción Social, son entidades integrales cuya misión es implementar nuevas formas de producción social eficientes, bajo una distribución equitativa de beneficios con justicia y reciprocidad entre toda la comunidad, a través de la utilización de técnicas propias y tecnología de vanguardia.
De acuerdo a la ficha descriptiva de empresas de producción social de Petróleos de Venezuela, se definen como entidades de interés público, de propiedad colectiva, pública, privada, de cogestión y autogestión, las cuales pueden prestar servicios profesionales comerciales, así como producir y suministrar bienes a través de los procedimientos de contratación de petróleos de Venezuela, regidos por la normativa legal pertinente, caracterizadas por garantizar la satisfacción de las necesidades esenciales de la comunidad, con un fin más social que lucrativo (Petróleos de Venezuela S.A., 2006).
De acuerdo a Mas (2006), las empresas de producción social son entidades completas, cuya misión se fundamenta en la formulación e implementación de nuevas formas de producción social eficientes y eficaces, acompañadas de procesos de distribución de beneficios con justicia, equidad y reciprocidad entre toda la comunidad que participe; a través de la utilización de técnicas propias y tecnología de vanguardia, en el contexto del socialismo bolivariano de Venezuela.
PRINCIPIOS GENERALES DE LAS EMPRESAS DE PRODUCCIóN SOCIAL
En relación a los principios sobre los cuales se sustentan las acciones de las empresas de producción social, Ynciarte (2010) afirma preliminarmente que deben tomarse en consideración algunos principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos al régimen socioeconómico con sus respectivas fuentes doctrinarias, tales como: El principio de legalidad, cooperación, libre competencia, justicia social, igualdad, equidad y solidaridad.
En primer lugar, el principio de legalidad se encuentra establecido en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Asamblea Nacional Constituyente, 1999), consistente en la sujeción estricta de los órganos que ejercen el Poder Público a lo estipulado en la Constitución y la Ley, en consecuencia no es más que el cumplimiento por parte del poder público de las competencias que le ha dado la constitución y la Ley, en lo cual Bracho (2007) concibe tal principio como una consecuencia derivada del Estado de Derecho en Venezuela.
Asimismo, Aponte (2008) establece que el principio de legalidad, es la ley que gobierna y no los hombres, quedando el Estado de derecho subordinado al imperio de la normativa vigente donde la Constitución es la norma suprema y que el Estado utilizará al ordenamiento jurídico para organizarlo, establecer los linderos de quienes lo conforman y ejercer el control frente a los administrados.
El principio de cooperación o colaboración se encuentra establecido en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Asamblea Nacional Constituyente, 1999) y consiste en que todos los órganos del Poder Público deben colaborar entre sí en la realización de los fines del Estado, dejando entendido a tales fines como el cumplimiento de los cometidos institucionales, tales como el desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad, la prosperidad y bienestar del pueblo, el ejercicio de la voluntad popular así como el libre ejercicio de las garantías y derechos expresados en la Constitución.
Por otra parte, en el contexto de las nuevas formas sociales, es oportuno el criterio de Mas (2006), quien destaca que la cooperación es la acción desarrollada por los individuos para alcanzar objetivos comunes, por lo tanto dicha acción cooperante aumenta la productividad general de las organizaciones, en aras de mancomunar esfuerzos para lograr un fin común, en consecuencia la búsqueda de este principio articula en muchos aspectos a las comunidades.
En lo que respecta al principio de libre competencia, consagrado en el artículo 113 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Asamblea Nacional Constituyente, 1999), el cual aduce que “el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para el aseguramiento de las condiciones efectivas de competencia en la economía”. Ello consiste en promover las condiciones de competencias que permitan cumplir positivamente con el objetivo del bienestar colectivo de los consumidores y usuarios.
Así las cosas, Casal (2010) afirma que la libre competencia es un atributo de la libertad económica que se fundamenta en la libre autonomía privada, en el entendido que cada persona puede dedicarse a la actividad económica de su preferencia bajo las limitaciones que establezca la Ley y que el Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverán en todas sus instancias el desarrollo integral del país.
En cuanto al principio de justicia social, Ribas (2004) establece que es la intervención activa del Estado en el proceso económico-social sin lesionar las libertades individuales, procurando siempre una sociedad equitativa. Se obtuvo que la idea del Estado social, sugiere la aplicación de obligaciones sociales a todos las personas naturales y jurídicas que operan en las diversas actividades económicas y productivas de las nación, de conformidad con el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Asamblea Nacional Constituyente, 1999), donde trata los valores que deben regir las actuaciones del poder público y de su actuación entre ellos la justicia y la responsabilidad social que forman parte de los atributos de las empresas de producción social.
Consecuentemente, Molina y García (2006) y el Instrumento Normativo Interno sobre la Promoción, Funcionamiento y Fiscalización de las Empresas de Producción Social (Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2006), consideran el principio de igualdad, como un nuevo modelo basado en que todos los trabajadores tienen los mismos derechos y deberes, ya que ni los directivos gozan de ventajas o privilegios especiales. En cuanto a la hora de que se llegue a pronunciar sobre las diferencias para resolver un determinado problema, todos los miembros tienen el mismo derecho de votación, ya que hay igualdad absoluta entre sus integrantes.
Por su parte, Parra (2008) agrega que los directivos de las empresas de producción social, no tienen bien definido un estilo de liderazgo que les permita afianzar su acción directiva, ni mucho menos una preparación gerencial adecuada, en virtud de la poca comunicación y socialización de las decisiones a tomar entre sus integrantes y trabajadores, por lo cual sugiere la elaboración por parte del Estado venezolano de normas de conducta con el fin de brindar capacitación técnica gerencial a sus directivos.
Sobre ese particular, Guerra, Martí y Amorín (2004) expresan que los trabajadores dominan muy bien sus capacidades de ejecución de tareas, pero no han sido capacitados y no tienen experiencia para las diferentes labores que consiste en tomar decisiones, velar por la productividad y dar órdenes a antiguos compañeros, surgen de esta manera limitaciones desde el punto de vista comercial y organizacional. Sin embargo, la evidencia histórica muestra que los trabajadores pueden hacerse cargo con éxito de dichas tareas, para ello es fundamental una buena capacitación que ponga el acento en las dimensiones sociales y económicas de toda empresa solidaria, así como una planificación estratégica con amplia participación de los trabajadores para sentar claramente las reglas de juego, promocionando las relaciones humanas como factor de productividad.
En cuanto al principio de equidad, Molina y García (2006) y el Acuerdo Marco de Promoción, Estímulo y Desarrollo de las Empresas de Producción Social (Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2005a), establecen que cada quien recibe lo que le corresponde; esto quiere decir que cada miembro recibirá de acuerdo a su trabajo, la cantidad de los excedentes gananciales o beneficios económicos. Para Casal (2006), la equidad se traduce en una prohibición de la discriminación y que se hace presente en la propia proclamación de los derechos humanos, los cuales deben ser asegurados sin discriminación.
Por otra parte, se tiene el principio de solidaridad, según Molina y García (2006) es lo contrario al individualismo o el egoísmo, por lo cual se traduce que en las empresas sociales y cooperativas, se recibe lo que se da, se ayuda a otros y a la vez se recibe su ayuda, es decir, una actitud mutua de ayuda recíproca, eso es solidaridad dentro del nuevo modelo productivo venezolano.
TIPOS DE EMPRESAS DE PRODUCCIóN SOCIAL
En otro orden de ideas, el Troudi y Monedero (2006) y el Acuerdo Marco de Promoción, Estímulo y Desarrollo de las Empresas de Producción Social (Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2005a), destacan de manera similar algunos aspectos relacionados a los tipos de Empresas de Producción Social, como son las de producción comunitaria, de comercialización comunitaria y servicios comunitarios:
A) De Producción Comunitaria: son aquellas encargadas de producir bienes que satisfagan las necesidades de las comunidades y de transformar los insumos suministrados por las industrias básicas para darle valor agregado al producto final.
B) De Comercialización Comunitaria: son aquellas responsables de la distribución y comercialización de los bienes producidos por cada pueblo o entorno comunitario, con el fin de garantizar el mantenimiento de los bajos costos a lo largo de la cadena productiva.
C) De Servicios Comunitarios: son aquellas dedicadas a la prestación de servicios esenciales de la sociedad como el abastecimiento de agua, electricidad, telecomunicaciones, recolección de residuos sólidos, comedores y lavanderías populares, alimentación, y seguridad, entre otros, dentro de la comunidad, pudiendo contratar con el Estado en todos sus ámbitos.
Adicionalmente, se establece como otro tipo de empresas de producción social, a todas aquellas figuras dirigidas a cumplir una función de beneficio comunitario, que conlleve a la integración y creación de nuevos modelos de desarrollo, con el fin de promover valores éticos de honestidad, transparencia y corresponsabilidad.
Por otra parte, el Instrumento Normativo Interno sobre la Promoción, Funcionamiento y Fiscalización de las Empresas de Producción Social (2006), expresa la posibilidad que toda empresa privada, cualquiera que sea su figura mercantil y realice cualquier tipo de actividad empresarial de carácter estratégico, tendrá la posibilidad de manifestar su consentimiento de evolucionar hasta convertirse en una empresa de producción social, en la medida que asuma voluntariamente mayores compromisos sociales con sus trabajadores, familiares y la comunidad donde desarrolla sus actividades.
En lo cual, se le da la posibilidad, como se ha destacado, que cualquier sociedad mercantil pueda convertirse paulatinamente en empresas sociales, siempre y cuando se comprometan con el crecimiento económico, social, cultural y ambiental de las comunidades y sus trabajadores de forma sustentable y permanente.
CARACTERíSTICAS DE LAS EMPRESAS DE PRODUCCIóN SOCIAL
Sobre este objetivo, cabe destacar algunas disposiciones normativas y doctrinarias, tales como Arellano (2009) y el Troudi y Monedero (2006), que de manera similar infieren como características principales de las Empresas de Producción Social, que sirven para una mejor comprensión de este tipo de forma societaria, las cuales son las siguientes:
1. Propiedad Colectiva: en cuanto a esta característica, Arellano (2009) destaca el aspecto en el cual los trabajadores son los dueños de la empresa, no existiendo una separación entre el capital y el trabajo, ni contratación de trabajo asalariado, es decir, el control accionario es propiedad de los trabajadores. El Troudi y Monedero (2006) manifiestan en cuanto a su tipología que el control accionario sobre las Empresas de Producción Social, pueden de capital estadal, privadas, colectivas o mixtas.
Por su parte, Ynciarte (2010) expresa que la intención de asociarse y la forma de colaboración voluntaria, igualitaria e interesada de toda empresa mercantil que se suscribió al Programa de Empresas de Producción Social, se ve vulnerada con la aplicación del Decreto N° 3895 Sobre Desarrollo Endógeno y Empresas de Producción Social (Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2005b), ya que se ven afectadas como sociedades mercantiles, puesto que su finalidad al ser constituida es invertir y obtener mayores ganancias, en consecuencia es desventajoso por cuanto se establece el trabajo colectivo y la distribución de los excedentes o ganancias equitativas por igual a todos los socios y trabajadores.
2. Empleo: en relación a este punto, Arellano (2009) sostiene que el empleo debe estar dirigido a la población históricamente excluida, en especial a los egresados de las misiones sociales, destinado a garantizar empleo a las personas que realizan alguna actividad de estudio o trabajo en las misiones sociales desarrolladas por el Gobierno Nacional, por su parte el Acuerdo Marco de Promoción, Estímulo y Desarrollo de las Empresas de Producción Social (Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2005a), señala la obligación de generar empleos estables, especialmente a los egresados de las misiones sociales, integrantes de las batallas endógenas, desempleados en los portones de las empresas básicas y pequeños mineros desplazados.
3. Compromiso social y desarrollo integral: sostiene Arellano (2009) que la remuneración del trabajador podrá se presentada con formas alternativas de pago, distintas al dinero de circulación nacional, esto es ratificado en el Acuerdo Marco de Promoción, Estímulo y Desarrollo de las Empresas de Producción Social (Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2005a).
4. Producción: sobre esta característica, Arellano (2009) manifiesta que la producción debe ser destinada a satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la comunidad; es decir, que el objetivo es beneficiar a las comunidades aledañas en su entorno, por su parte el Acuerdo Marco de Promoción, Estímulo y Desarrollo de las Empresas de Producción Social (Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2005a), establece que la producción debe satisfacer las necesidades esenciales de los individuos y no a necesidades superfluas.
5. Finalidad: sobre este aspecto, coinciden Arellano (2009), así como el Acuerdo Marco de Promoción, Estímulo y Desarrollo de las Empresas de Producción Social (Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2005a), al señalar que la reinversión de sus excedentes está destinada a la producción social, no en la generación de lucro, según esta característica el lucro no es un fin específico sino la obligatoriedad de reinvertir parte de los excedentes de la empresa en obras sociales. Por lo cual, los accionistas tienen la posibilidad de repartir equitativamente entre sus integrantes las ganancias de la empresa, siempre y cuando no se afecte la producción social y el desarrollo local, dejando entendido que el lucro forma parte de sus actividades comerciales.
6. Forma: en esta parte expresa Arellano (2009) que no existe forma jurídica preestablecida de las empresas de producción social, puede ser una sociedad mercantil en sus diversas formas, también una sociedad civil e incluso una cooperativa, tal como le precisan la mayoría de los estudiosos del tema, hasta el momento no existe un elemento claro para determinar cuál deba ser la figura jurídica aplicable a estas empresas.
7. Precios de venta: en este sentido, concuerdan Arellano (2009), y el Acuerdo Marco de Promoción, Estímulo y Desarrollo de las Empresas de Producción Social (Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2005a), que los precios deben ser solidarios con sus productos, servicios y no establecer los precios que rigen las leyes de mercado.
8. Ambientales: en relación a esta característica, el Acuerdo Marco de Promoción, Estímulo y Desarrollo de las Empresas de Producción Social (Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2005a), conciertan al afirmar que todas las actividades que realizan dichas empresas, deben operar de forma armónica con el medio ambiente, esto quiere decir que el desarrollo industrial de la empresa debe coincidir con las políticas públicas y leyes relacionadas a la protección del ambiente.
9. Desconcentración Territorial: es preciso señalar que el Acuerdo Marco de Promoción, Estímulo y Desarrollo de las Empresas de Producción Social (Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2005a), expresa que la estrategia para mejorar sus actividades, es garantizando la desconcentración territorial y desarrollar las cadenas productivas de los sectores vinculados a la industria básica.
10. Responsabilidad Social: sobre este punto, destaca Urdaneta (2009) que las empresas de producción social son por naturaleza socialmente responsables, es decir, que tienen un fuerte compromiso social con la sociedad y las comunidades que las rodean, al obligarse a invertir parte de sus excedentes en obras sociales, así como operar en armonía con el medio ambiente; es decir, realizan todas sus actividades empresariales, basados en principios éticos y apegados a la Ley.
11. Desarrollo Endógeno: de acuerdo a Mas (2006) el Desarrollo Endógeno es un esfuerzo voluntario y planificado, a partir de lo propio, promoviendo el desarrollo de industrias, servicios sociales y culturales, a partir de sus propios recursos humanos y culturales, de igual manera, consiste en un esfuerzo creativo interno por configurar una estructura productiva que sea funcional a las carencias y potencialidades específicas nacionales, en el caso más específico se evidencia una clara característica de las empresas de producción social en promover sus objetivos a través de sus potencialidades internas y muy especialmente su capital humano transformador de las nuevas realidades económicas.
NATURALEZA JURíDICA DE LAS EMPRESAS DE PRODUCCIóN SOCIAL
Para explicar la naturaleza jurídica de estas empresas, es necesario citar nuevamente que el Acuerdo Marco de Promoción, Estímulo y Desarrollo de las Empresas de Producción Social (Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2005a), así como el Decreto N° 3.895 sobre Desarrollo Endógeno y Empresas de Producción Social (Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2005b) de manera similar definen a esta figura empresarial como unidades de producción comunitaria, constituidas bajo cualquier figura, que tienen por fin generar bienes y servicios, tendientes a satisfacer las necesidades esenciales de la comunidad, dándole prioridad de inclusión a los hombres y mujeres de las misiones sociales.
En dichas empresas, prevalecen los valores de la solidaridad, cooperación, complementariedad, reciprocidad, equidad y sustentabilidad, ante el valor de la rentabilidad o de ganancia, con la obligación de invertir en el entorno socio ambiental en forma sustentable y sostenible.
En la actualidad, existen empresas privadas con sus distintas figuras jurídicas, entre las cuales subsisten las Compañías o Sociedades Anónimas, por lo tanto en el momento no existe un criterio definido de cuál deba ser la denominación jurídica de las Empresas de Producción Social. A tales efectos sobre estos criterios, El Troudi y Monedero (2006) destacan que se distinguen según dos posibles cursos de acción:
Una puesta por denominar a las Empresas de Producción Social como Compañía Anónima o Sociedad Anónima, esto significa que preservan las mismas prerrogativas que las empresas privadas del capitalismo y otra, acuñada por los autores, propone la constitución de una nueva figura jurídica para las Empresas de Producción Social. Esta nueva figura acarrearía modificaciones básicas en el Código de Comercio y otras leyes vigentes.
Sobre este particular, según lo afirma Chacón (2007), las Empresas de Producción Social pueden asumir cualquier figura, incluido cualquiera de los tipos de sociedades mercantiles, sin embargo las Empresas de Producción Social requieren de una figura jurídica que le permita desempeñarse con personalidad propia dentro del escenario económico nacional e internacional y ese rol lo desempeña cabalmente la Sociedad Anónima.
No obstante, tal como asevera Urdaneta (2009), es necesario adecuar la estructura interna de este tipo societario o incluso la creación de otro tipo de sociedad mercantil, considerando también figuras afines a la sociedad anónima para poder cumplir con los objetivos de las Empresas de Producción Social.
Agrega el autor, en relación a la principal discordancia existente entre las sociedades anónimas y las Empresas de Producción Social respecto a la naturaleza jurídica que ostentan ambas figuras, se denota muy en cuenta el hecho reiterado de que las Empresas de Producción Social han podido constituirse previamente bajo cualquier figura societaria de las tantas expuestas en el artículo 201 del Código de Comercio (Congreso de la República de Venezuela, 1955), entre las cuales predominan las sociedades anónimas.
Asimismo, debe destacarse que dicha figura tiene una indiscutible naturaleza jurídica netamente mercantil, basada y fundamentada en los principios rectores de toda sociedad mercantil, como lo son el affectio societatis (afecto social o de asociarse) y más en especial el animus lucrandi, considerándose este como la razón y propósito fundamental de creación de toda sociedad anónima, tal como lo prescriben claramente las diversas disposiciones normativas en el contexto jurídico venezolano, así como los diversos criterios doctrinarios sobre la materia, que han tratado sobre el lucro dentro de las empresas de producción social.
COMPAñíAS ANóNIMAS (C.A O S.A)
Es pertinente destacar que el articulo 201 ordinal 3 del Código de Comercio (Congreso de la República de Venezuela, 1955), el cual define la sociedad anónima, como aquella compañía en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y en la que los socios no están obligados sino por el monto de su acción. De acuerdo a Morlés (2006), esta concepción jurídica destaca dos notas esenciales de la sociedad anónima: la de ser de una sociedad de capitales y la de limitar la responsabilidad de los socios por las deudas sociales.
Continua expresando Morlés (2006) que el concepto doctrinal clásico, destaca que la sociedad anónima es aquella que tiene un capital dividido en acciones, funciona bajo el principio de la falta de responsabilidad de los socios por las deudas sociales y está regida democráticamente por las disposiciones generales del Código de Comercio de 1955.
Así bien, álvarez y Solá (2010) destacan que ambas figuras son las más comunes en el sistema. Se consideran una de las sociedades mercantiles de capital, ya que el aporte que realicen los socios debe corresponder a bienes tangibles sujetos a valoración y la responsabilidad de los socios se limita a la cantidad valorada de su aporte, en consecuencia las obligaciones que asume la sociedad están garantizadas por un capital determinado dividido en acciones, de tal manera que una vez que el socio ha cancelado el monto total del capital que suscribió, desaparece su responsabilidad personal para con la sociedad.
De igual modo, no se establece limitación alguna en cuanto al capital mínimo ni máximo exigible a ser aportado al momento de su constitución. El aporte en las sociedades de capitales no puede ser de industria, el trabajo, debido a la imposibilidad de determinación del monto, en ese sentido, a los accionistas no se le establece limitación en cuanto al capital mínimo o máximo.
En otro aspecto, destaca Montiel (2011) que las empresas de producción social no encajan dentro de la forma de las sociedades anónimas, ya que se ven desnaturalizadas en la constitución de las mismas, por poseer algunos elementos inherentes que difieren este tipo de sociedad, por lo cual recomienda a los legisladores venezolanos determinar cuál debe ser la figura jurídica aplicable correcta y armonizar las disposiciones de carácter mercantil, permitiendo el ingreso de cualquier figura societaria sin afectar ni resquebrar su naturaleza y esencia propia.
En otro orden de ideas, vale la pena resaltar que la sociedad de responsabilidad limitada se encuentra regulada en el artículo 201, ordinal 4 del Código de Comercio (Congreso de la República de Venezuela, 1955), al identificarla como aquella compañía en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado, dividido en cuotas de participación, las cuales no podrán estar representadas en ningún caso por acciones o títulos negociables.
En otro aspecto, álvarez y Solá (2010) destacan que la sociedad de responsabilidad limitada solo se limita al monto de sus aportes al capital de la sociedad. El Código de Comercio establece que no podrían constituirse con un capital menor de veinte mil ni mayor de dos millones (Congreso de la República de Venezuela, 1955). Esta disposición tiende a mantener a la S.R.L, dentro del ámbito de las pequeñas y medianas empresas.
El artículo 200 atribuye a la sociedad de responsabilidad limitada cualidad de comerciante, con independencia de su objeto, por lo tanto, El Troudi y Monedero (2006) afirman que la sociedad de responsabilidad limitada pudiese encajar dentro de las empresas de producción social, más concreto a las pequeñas empresas siempre y cuando se realicen los estudios necesarios por parte de los cuerpos legislativos para adecuar dicho ordenamiento mercantil.
En otro de los particulares, destaca Torrealba (2010) que no existen basamentos legales que sustenten a las Empresas de Producción Social, faltando ser analizadas bajo una legislación nacional especial que trate sus aspectos más resaltantes para garantizar su vigencia en el tiempo como agente de cambio para el desarrollo endógeno, sustentable e integral del país, por ello la necesidad de la creación de un instrumento jurídico uniforme que pueda desarrollar de manera general el funcionamiento de tales empresas.
Una vez analizadas las diversas posiciones teóricas, legales y doctrinarias, se puede concluir que se logró determinar que se han puesto en práctica los mecanismos de participación socio-económicos contemplados en el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Asamblea Nacional Constituyente, 1999), lo cual conllevó al nacimiento de las Empresas de Producción Social en el año 2005. No obstante, se evidencia que no existen reglas claras que definan de manera correcta el efectivo funcionamiento y administración de las empresas de producción social, en virtud de no contar con un marco legal integral que las regule en el contexto del ordenamiento jurídico venezolano.
Según los resultados obtenidos, el objetivo final de las empresas de producción social es lograr el desarrollo económico del país, bajo un criterio y valores de independencia industrial, evitando en cierta medida la importación de algunos productos, los cuales pudiesen ser elaborados por tales empresas de servicios, de comercialización y de producción comunitaria.
Del mismo modo, se puede aseverar que las Empresas de Producción Social son sociedades mercantiles por naturaleza, en virtud que una de sus características generales y actividades comerciales cotidianas se enmarca en la aplicación de algunos principios rectores de toda sociedad mercantil, como es el animus lucrandi, en la cual se reparten las ganancias de la empresa entre sus integrantes o accionistas, haciendo la salvedad que su objetivo primordial es reinvertir parte de sus ingresos en obras sociales.
En consecuencia, dichas empresas pueden ser constituidas bajo la figura jurídica que corresponda, tales como la sociedad anónima, compañía anónima y sociedad de responsabilidad limitada, dando cabida a la adopción de las figuras antes mencionadas y contenidas en el Código de Comercio venezolano e inclusive la creación de otra figura jurídica.
A tal efecto, se determinó que la figura jurídica aplicable actualmente a las empresas de producción social es la sociedad anónima, con el objeto de garantizarle plena autonomía e independencia en el escenario nacional e internacional y de esto modo permitir a sus accionistas realizar las actividades comerciales de su preferencia, siempre y cuando le den cumplimiento a sus características generales, como la reinversión de sus excedentes en obras sociales, la constitución de un fondo social, generar fuentes de empleo, lograr el desarrollo integral de sus trabajadores y las comunidades aledañas a su entorno y operar en armonía con el medio ambiente.
De conformidad con los resultados de las conclusiones, explanadas en la presente investigación, el autor infiere en recomendar que se fomente con más eficacia el desarrollo de los mecanismos de participación en la esfera socio-económicas contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de crear un nuevo orden económico, para ello el Estado venezolano debe crear grandes inversiones en el desarrollo de proyectos sustentables, tales como la apertura de empresas en el área minera, la limpieza de desechos sólidos, las empresas de producción comunitarias, de servicios y comercialización.
De igual manera, capacitar a los ciudadanos de manera correcta en cuanto a la administración de la cosa pública, a través de talleres, foros, cursos, simposios, congresos y jornadas de difusión del conocimiento en relación a la administración eficiente de las empresas de producción social, con una estructura gerencial de calidad, aplicando con obligatoriedad los principios del buen gobierno corporativo, con altos niveles de compromiso social y en cumplimiento de los principios contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como las Leyes en materia mercantil.
Consiguientemente, es preciso destacar que con el actual Código de Comercio, tales empresas deberían constituirse únicamente bajo la figura jurídica de la sociedad anónima, rigiéndose por las normas generales del precitado Código, teniendo una visión única sobre la figura jurídica idónea a estas nuevas formas empresariales, en consecuencia regirse por el Código de Comercio y demás leyes de carácter mercantil que traten lo relacionado a dichas empresas sociales.
Sin embargo, se hace necesario que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela realice una reforma integral al Código de Comercio, dándole reconocimiento expreso a las empresas de producción social para convertirla en una figura jurídica plena, auténtica, con plena independencia en el escenario venezolano e internacional, creando en ese sentido una nueva figura o sociedad mercantil para adaptarla al funcionamiento de dichas empresas, pudiendo denominarse Sociedad de Producción Social (S.P.S), estableciendo la responsabilidad patrimonial de los accionistas y su forma de administración, para ello se hace necesario estudiar, discutir y debatir con los sectores científicos del derecho la creación de esta nueva figura jurídica empresarial.
Del mismo modo, se recomienda a la Asamblea Nacional discutir y promocionar en el contexto del Parlamentarismo Social de Calle, de conformidad con su Reglamento de Interior y Debates con todos los sectores de la vida nacional, tales como: Empresarios, entidades públicas y privadas, comunidades organizadas, universidades y sectores científicos de los mecanismos pertinentes para garantizar el crecimiento de las empresas de producción social en el resto del país y el continente e inclusive estudiando la posibilidad de sancionar un texto normativo nacional para darle plena validez y efectividad a esta figura empresarial de carácter social, procurando exportar productos, bienes y servicios a los países que forman parte del Mercado Común del Sur y otras naciones, el cual puede constituirse en una forma alternativa real de desarrollo de la nación.
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