Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/59041
Timestamp: 2019-11-15 16:37:05
Document Index: 253510534

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 179', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 21', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 44', 'artículo 45']

Gaceta: LXIII/1PPO-51/59041
El que suscribe, Ángel Benjamín Robles Montoya, senador integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 44 y la fracción I del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, con el propósito de mejorar los ingresos de los cuerpos policiacos de las entidades federativas con mayores índices de marginación y pobreza, al tenor de las siguientes:
La seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. El artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en sus respectivas competencias. Uno de los principales cimientos de la seguridad pública lo conforman los cuerpos de policía, cuya razón de ser es proteger la vida, la salud y la tranquilidad de los ciudadanos que conforman la sociedad, en otras palabras velar por el cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden.
Los policías en su día a día enfrentan largas jornadas de trabajo, suspensión de días libres y vacaciones –lo que implica una serie de sacrificios y ajustes a su vida privada y familiar-, están expuestos continuamente al escrutinio público, a la crítica social y a las presiones de los medios de comunicación, e incluso hasta la muerte en el cumplimiento del deber. Y sin embargo, una parte importante de los cuerpos policiacos del país perciben sueldos realmente miserables que en nada contribuyen a mejorar las condiciones de vida de estos servidores públicos, lo que en automático debilita la función de la Seguridad Pública que el Estado debe brindar.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México un policía estatal percibe un sueldo promedio de 9 mil 250 pesos mensuales, pero la brecha entre algunas entidades es evidente, mientras un policía de Aguascalientes gana 18 mil 173 pesos , en Tamaulipas, uno de los estados más violentos del país recibe 3 mil 618 pesos (cinco veces menos). En 2010, el estado de Tamaulipas, registró una tasa de homicidios dolosos de 32.1 por cada 100,000 habitantes, mientras que Aguascalientes tiene una tasa de 6.3 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Entre las entidades cuya policía estatal tiene mayores sueldos esta Baja California, con 17 mil 636 pesos; Campeche, 13 mil 234; Zacatecas, 12 mil; San Luis Potosí, 11 mil 277; Sonora, 11 mil; Jalisco, 10 mil 091; Querétaro, 9 mil 994, y Nuevo León, 9 mil 460.
Existen 15 estados que pagan salarios a sus policías por debajo del promedio nacional, 6 de estos se ubican en la región Sur Sureste de México (Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán), son precisamente los Estados ubicados en esta región los que menos posibilidades tienen de realizar una mejora salarial de sus cuerpos policiales, debido al poco margen de maniobra que tienen con sus presupuestos.
Como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y como primer punto de las cinco metas nacionales destaca “México en Paz”, el cual incluye el fortalecimiento de la seguridad pública a fin de enfrentar el grave problema de inseguridad que tiene el país.
En el mismo sentido, durante la 34 sesión del Consejo Nacional de Seguridad el presidente Enrique Peña Nieto destacó que en la estrategia de seguridad el primer punto es la prevención del delito, así como atacar las causas sociales y económicas de la violencia y el segundo elemento es aplicar una justicia eficaz.
Señalo lo anterior porque cualquier estrategia o acción que los distintos niveles de gobierno quieran aplicar para mejorar la seguridad pública del país, pasa forzosamente por el hecho de mejorar las condiciones salariales de los cuerpos policiacos. Y aquí nos encontramos con la necesidad de hacer ajustes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), ya que este fondo es el principal mecanismo mediante el cual se paga el salario de los cuerpos policiacos en los Estados.
La Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 25, fracción VII, así como 44 y 45, establece la existencia y el destino de los recursos del FASP con cargo a recursos Federales, mismos que son determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación como parte del Ramo General 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, entrega a las entidades federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal, se pública en el Diario Oficial de la Federación a más tardar los 30 días naturales, siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.
El tercer párrafo del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal es donde se determina cuáles son los criterios que tiene que tomar el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para establecer las formulas y variables que habrán de utilizarse para la distribución de los recursos, el texto vigente señala literalmente que dichos criterios deben ser:
“el número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la implementación de programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.”
Si verdaderamente queremos posibilitar a los estados de la región Sur Sureste de México, para que estén en condiciones de mejorar el salario de sus cuerpos policiacos, es necesario modificar el artículo 44 de la ley en cuestión, haciendo obligatorio que como parte de los criterios se consideren también los índices de marginación y pobreza de las entidades federativas.
Para complementar este enfoque de apoyo al salario de los policías de los entidades con mayor rezago, de igual manera tenemos que modificar el numeral I del artículo 45 de la misma Ley de Coordinación Fiscal, el artículo 45 señala que las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente a:
“ I. La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública vinculada al reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y depuración;”
Debe modificarse este numeral para que sea prioritaria la mejora en los ingresos de los cuerpos policiacos de los Estados con mayores índices de marginación y pobreza.
ÚNICO.- Se reforman el tercer párrafo del artículo 44 y la fracción I del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Gobernación, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal, siendo determinantes los índices de marginación y pobreza; el índice de ocupación penitenciaria; la implementación de programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.
I. La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública vinculada al reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y depuración, así como a la mejora de los ingresos de los cuerpos policiacos de las entidades federativas con mayores índices de marginación y pobreza.”
Dado en el Salón de Sesiones el día 4 de noviembre de dos mil quince.