Source: http://oposiciones.kibbutz.es/wp-content/uploads/2017/06/examen.htm
Timestamp: 2017-09-25 16:50:29
Document Index: 230231572

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48']

La presente Ley tiene por objeto regular: (señala la incorrecta)
los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos
el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicasv
los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria
Cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley:
solo mediante ley
mediante ley o reglamentariamente
3. Podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar:
La presente Ley se aplica al sector público, que comprende (señala la incorrecta):
el sector privado corporativo
cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas
las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas
Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas:
quedarán sujetas a lo dispuesto en todas las normas de esta Ley
quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas
no están sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, salvo cuando ejerzan potestades administrativas
no están sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley
Las Universidades públicas:
se regirán únicamente por su normativa específica
se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley
se regirán por las previsiones de esta Ley y supletoriamente por su normativa específica
se regirán únicamente por las previsiones de esta Ley
Tienen la consideración de Administraciones Públicas: (señala la incorrecta)
los organismos públicos y entidades de derecho privado que integran el sector público institucional
Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por:
su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley
la presente Ley, y supletoriamente por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública
su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o cedidas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley
la presente Ley, y supletoriamente por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o cedidas por una Administración Pública
El título preliminar de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas tiene:
El título preliminar de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se denomina:
cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho privado vinculados o independientes de las Administraciones Públicas
cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o independientes de las Administraciones Públicas
cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho privado vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas
Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas:
a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido
de oficio, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido
de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido
El contenido de los actos se ajustará:
a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos
exclusivamente a lo dispuesto por la presente ley y será determinado y adecuado a los fines del ordenamiento jurídico
lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de la presente ley
exclusivamente a lo dispuesto por la presente ley y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos
Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho (señala la incorrecta):
los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos
los acuerdos de acumulación de un procedimiento a otro con el que guarde identidad sustancial o íntima conexión
los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta
los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas
los actos que rechacen pruebas propuestas por la Administración
los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales
los actos que resuelvan recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su admisión
los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos
la adopción de medidas provisionales
los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia
los acuerdos de aplicación de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias
los actos que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados a instancia del interesado
los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial
los actos que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa
se realizará de conformidad con lo que dispongan la presente ley
se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte
se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, sin necesidad de que queden acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte
no precisarán de motivación
Los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán:
por escrito a través de medios electrónicos
por escrito a través de medios no electrónicos
por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos
En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por:
el titular del órgano inferior
el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente
el titular del órgano superior o funcionario que la reciba oralmente
Podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado, cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como:
Respecto a la inderogalidad singular:
las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general
las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general
las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general
las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, salvo que aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general
Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria:
son anulables
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto:
en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde:
el día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso
el día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa
la fecha en que se dicten, en cualquier caso
La eficacia de los actos quedará demorada cuando:
esté supeditada a su notificación o publicación
esté supeditada a aprobación superior
excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados
excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos nulos
en ningún caso, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados
como regla general, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos nulos
Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos:
siempre que dependan jerárquicamente entre sí y dependan de la misma Administración
aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración
aunque no dependan jerárquicamente entre sí y dependan de la misma Administración
siempre que dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración
Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer:
Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de:
5 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos:
cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto
cuando produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios no existieran en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto
cuando produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto
cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios no existieran en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto
Las Administraciones Públicas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1:
en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere
en cualquier momento, a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere
en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere
en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere
Las Administraciones Públicas podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2:
de oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere
de oficio, previo dictamen favorable o no del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere
de oficio, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere
de oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable o no del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere
El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando:
las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1
en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales
Respecto a la revsión de disposiciones y actos nulos cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo:
de 1 mes desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo
de 2 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo
de 3 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo
de 6 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo
Respecto a revisión de disposiciones y actos nulos si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado transcurrido el plazo máximo sin dictarse resolución:
se producirá la invalidez del mismo
se podrá entender la misma estimada por silencio administrativo
se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo
se producirá la caducidad del mismo
Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público
los actos no favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público
los actos favorables para los interesados que no sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público
los actos no favorables para los interesados que no sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público
La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurrido:
6 meses desde que se dictó el acto administrativo
1 año desde que se dictó el acto administrativo
2 años desde que se dictó el acto administrativo
4 años desde que se dictó el acto administrativo
La declaración de lesividad:
exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo
requerirá previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere
exigirá la oportuna autorización por el órgano competente en materia de Hacienda Pública
requerirá en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas
podrá ser objeto de los recursos que se estimen pertinentes
podrá ser recurrible en alzada
podrá ser recurrible potestativo de reposición
no será susceptible de recurso
Se producirá la caducidad del mismo cuando desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad hubieran trascurrido:
Respecto a la declaración de lesividad (señala la incorrecta):
podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos
si el acto proviniera de la Administración General del Estado, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de la Administración competente en la materia
si el acto proviniera de las Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia
si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado inferior de la entidad
Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 106 y 107:
no se podrá suspender la ejecución del acto
el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación
cualquier órgano administrativo superior podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación
el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto, cuando lo estime conveniente
Las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables:
mientras no haya transcurrido el plazo de caducidad
en los primeros 10 días del acto
Las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación (señala la incorrecta):
constituya dispensa o exención permitida por las leyes
no sea contraria al principio de igualdad o al interés público
no sea contraria al ordenamiento jurídico
Las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos:
mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, de oficio
en cualquier momento, de oficio
mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, de oficio o a instancia de los interesados
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados
el Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los Ministros
en la Administración General del Estado, los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los dictados por órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado
en la Administración General del Estado, los Secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes
En el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables, en los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado:
los órganos a los que estén adscritos los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes
los máximos órganos rectores de los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes
Contra las resoluciones y determinados actos de trámite, fundado en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley podrá interponerse por los interesados:
los recursos de alzada y potestativo de reposición
los recursos de alzada y extraordinario de revisión
los recursos de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión
Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos:
de reclamación y conciliación
de mediación y arbitraje
Respecto a los procedimientos a que se refiere la pregunta anterior, las leyes:
no podrán sustituir el recurso de reposición por dichos procedimientos
podrán sustituir el recurso de reposición por dichos procedimientos convirtiéndose en preceptivo para el interesado
podrán sustituir el recurso de reposición por dichos procedimientos respetando su carácter potestativo para el interesado
Podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición contra actos de trámite que:
determinan la posibilidad de continuar el procedimiento
producen indefensión o perjuicio reparable a derechos e intereses legítimos
contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa
Respecto a la iniciatva legislativa:
el Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales
las Cortes Generales ejercerán la iniciativa legislativa mediante la elaboración de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley al Gobierno de la Nación para su aprobación
el Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa mediante la elaboración de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales para su aprobación
las Cortes Generales ejercerán la iniciativa legislativa mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley al Gobierno de la Nación
la iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía
el Gobierno de la Nación podrá aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución
los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas no podrán aprobar normas equivalentes a reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en su ámbito territorial
El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde a (señala la incorrecta):
los órganos de gobierno locales
las asambleas parlamentarias del Gobierno y de las Comunidades Autónomas
Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán:
vulnerar la Constitución
vulnerar las leyes
regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas
Los reglamentos y disposiciones administrativas, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley (señala la incorrecta):
podrán tipificar infracciones administrativas
no podrán tipificar delitos o faltas
no podrán establecer penas o sanciones
no podrán establecer tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público
Respecto a la potestad reglamentaria, las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan:
los reglamentos. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior
las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior
los reglamentos. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango inferior
las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango inferior
En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de:
legalidad, eficacia, celeridad, contradicción, transparencia, e igualdad
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia
legalidad, eficacia, proporcionalidad, contradicción, transparencia, y eficiencia
legalidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, publicidad y transparencia
La iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución:
en virtud de los principios de necesidad y eficacia
en virtud del principio de proporcionalidad
a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica
en aplicación del principio de transparencia
La iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios:
La iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas:
en aplicación del principio de eficiencia
cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta
las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo
la atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter general y no precisará de justificación
las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija
Las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas:
La iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos:
Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberá:
cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos
supeditar al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera