Source: https://legis.pe/cohecho-pasivo-fiscal-provisional-condenado-dadiva-terminacion-anticipada/
Timestamp: 2018-08-16 13:41:50
Document Index: 282314604

Matched Legal Cases: ['artículo 395', 'artículo 36', 'artículo 425', 'artículo 409', 'artículo 425', 'artículo 393', 'artículo 504', 'artículo 395', 'artículo 36']

Cohecho pasivo: Fiscal provisional es condenado por solicitar dádiva para tramitar terminación anticipada [Apelación 9-2016, El Santa] | Legis.pe
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Sumilla. Prueba personal, reconocimiento de voz y prueba pericial. 1. El Tribunal de Revisión puede examinar la exactitud del resultado de un medio de prueba comparándolo con lo expuesto acerca de su contenido por el Tribunal sentenciador –interpretación de la prueba–, así como la coherencia lógica de la declaración, su compatibilidad con otros medios de prueba y, desde el examen conjunto de la prueba, su interrelación y correspondencia mutua en orden al juicio de suficiencia probatoria –valoración de la prueba, aunque cuidando en la prueba personal, solo en sí misma considerada, de no arribar a un juicio valorativo distinto–. Desde la racionalidad de la argumentación de la sentencia de primera instancia, el iudex Ad Quem está en la potestad de evaluar la corrección de las inferencias probatorias, el pleno respeto a las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia.
Sumilla. Prueba personal, reconocimiento de voz y prueba pericial. 1. El Tribunal de Revisión puede examinar la exactitud del resultado de un medio de prueba comparándolo con lo expuesto acerca de su contenido por el Tribunal sentenciador –interpretación de la prueba–, así como la coherencia lógica de la declaración, su compatibilidad con otros medios de prueba y, desde el examen conjunto de la prueba, su interrelación y correspondencia mutua en orden al juicio de suficiencia probatoria –valoración de la prueba, aunque cuidando en la prueba personal, solo en sí misma considerada, de no arribar a un juicio valorativo distinto–. Desde la racionalidad de la argumentación de la sentencia de primera instancia, el iudex Ad Quem está en la potestad de evaluar la corrección de las inferencias probatorias, el pleno respeto a las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia. 2. La sede plenarial, como se sabe, no es propia para una diligencia autónoma de reconocimiento de voz –es, básicamente, una prueba sumarial–, más aun si los testigos insistieron en sus iniciales versiones y se entrevistaron con el imputado en el acto de entrega del dinero. 3. La prueba pericial no es que descartó que la voz del audio sea del imputado, sino que concluyó que por razones técnicas –falta de equipos tecnológicos– no se pudo determinar si ésta correspondía al del imputado. No es, pues, en sentido estricto, una prueba de descargo.
RECURSO APELACIÓN 9-2016, EL SANTA
VISTOS: en audiencia pública: el recurso de apelación interpuesto por el encausado DANIEL ALVARADO BAYONA contra la sentencia de primera instancia de fojas doscientos ochenta y dos, de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, que lo condenó como autor del delito de cohecho pasivo específico (artículo 395 segundo párrafo del Código Penal, según la Ley número 28355, de seis de octubre de dos mil cuatro) en agravio del Estado a ocho años de pena privativa de libertad, ocho años de inhabilitación de conformidad con el artículo 36, numerales 1 y 2, del Código Penal, y trescientos sesenta y cinco días multa, así como al pago de veinte mil soles por concepto de reparación civil a favor del agraviado; con lo demás que al respecto contiene. Intervino como ponente el señor San Martín Castro.
Segundo. Que la sentencia de primera instancia declaró probado que el día diecinueve de septiembre de dos mil catorce el imputado Alvarado Bayona, en su condición de Fiscal Adjunto Provincial la Fiscalía Penal Corporativa de Nuevo Chimbote, solicitó una dádiva dinerada al abogado Carlos Alberto Paredes Ascate, a fin de decidir sobre la viabilidad positiva del procedimiento de terminación anticipada respecto de su patrocinado Adrián Gary Rodríguez Rodríguez –procesado por delito de tenencia ilegal de armas de fuego en agravio del Estado–, cuyo asunto, signado con la carpeta fiscal numero doscientos de dos mil trece, estaba a su cargo.
La solicitud de dinero se concretó a las catorce horas aproximadamente, dentro de la Comisaría de Buenos Aires, en circunstancias que el Fiscal acusado Alvarado Bayona ofreció ayudar al abogado Paredes Ascate para que su patrocinado Rodríguez Rodríguez se acoja a la terminación anticipada y obtenga libertad –pese a que era de compleja procedencia por la multiplicidad de imputados y el insuficiente alcance de la reducción de la pena–. En contraprestación a esa “ayuda” solicitó el pago de mil soles y le indicó que ese mismo día le entregue quinientos soles, para que “maneje el tema” y “prepare el documento de terminación anticipada”, así como le dijo que cuando concluya la audiencia le debía entregar la diferencia.
A. No se respetó la garantía de presunción de inocencia, la actividad probatoria no ha podido establecer la responsabilidad penal del imputado, y no se resolvió en base a la sana crítica racional.
B. No solo constan graves errores de hecho en la apreciación de la prueba, también se afectó la garantía del debido proceso porque la condena se fundó en prueba actuada ilegítimamente.
C. El informe pericial técnico fonético número ocho guión dos mil quince concluye que no se ha podido determinar que la voz registrada en la grabación dubitada sea del acusado.
D. El Colegiado, para otorgar validez al audio, llamó a la testigo Dany Beatriz Rivera Méndez, quien reconoció su voz y la del imputado en el citado audio. Empero, se vulneró el procedimiento de reconocimiento de voces estipulado en la norma procesal, ya que ésta no puede tener lugar en juicio oral.
E. El testigo Paredes Ascate –denunciante en esta causa– en busca de notoriedad denunció a varias autoridades por actos de corrupción.
F. Los billetes fotocopiados para la operación de intervención no se encontraron en su poder.
Sexto. Que realizada la audiencia de apelación con la intervención del abogado defensor del acusado, doctor José Urquizo Olaechea, y del señor Fiscal Adjunto Supremo en lo Penal, doctor Abel Salazar Suarez, ésta se realizó conforme al acta respectiva. Acto seguido, ese mismo día, en sesión secreta se celebró la deliberación y votación de la causa. Cumplido este trámite, por unanimidad, se acordó pronunciar la sentencia de vista pertinente, cuya lectura se programó en la fecha.
Primero. Que el presente recurso de apelación se circunscribe a la cuestión de hecho o al juicio histórico de la sentencia de primera instancia. Luego, corresponde a esta Corte Suprema, actuando en Alzada, examinar íntegramente la prueba actuada y sobre esa base determinar si la declaración de hechos probados está arreglada a Derecho o, por el contrario, desestimar la apreciación de la prueba y, en su consecuencia, dictar sentencia absolutoria (artículo 425, apartado 3, literal b), del Código Procesal Penal –en adelante, CPP–).
Segundo. Que es de precisar, primero, que solo corresponde examinar el proceso desde la causa de pedir, que está integrada por los motivos de apelación –principio tantum devolutum quantum apellatum– (artículo 409, apartado 1, del CPP). Segundo, que si bien el Tribunal de Apelación puede valorar independientemente la prueba actuada, no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal actuada en el juicio oral de primera instancia –principio procedimental de inmediación– (artículo 425, apartado 2, del CPP). Tercero, que en sede apelación no se actuaron nuevas pruebas.
Tercero. Que, respecto de la prueba personal, es claro, asimismo, que el Tribunal de Revisión puede examinar la exactitud del resultado de un medio de prueba comparándolo con lo expuesto acerca de su contenido por el Tribunal sentenciador –interpretación de la prueba–, así como la coherencia lógica de la declaración, su compatibilidad con otros medios de prueba y, desde el examen conjunto de la prueba, su interrelación y correspondencia mutua en orden al juicio de suficiencia probatoria –valoración de la prueba, aunque cuidando en la prueba personal, solo en sí misma considerada, de no arribar a un juicio valorativo distinto–.
Desde la racionalidad de la argumentación de la sentencia de primera instancia, desde luego, el iudex Ad Quem está en la potestad de evaluar la corrección de las inferencias probatorias, el pleno respeto a las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia (reglas de la sana crítica: artículo 393, apartado 2, del CPP).
Cuarto. Que, ahora bien, respecto del material probatorio se tiene:
Primero, el acta de denuncia verbal de fojas una formulada por el abogado Paredes Ascate ante la Fiscalía, por la que notició al Ministerio Público el delito que estaba incurriendo el encausado Alvarado Bayona.
Segundo, las actas de recepción de billetes de fojas seis, de instalación de grabadora de fojas once, de apertura y escucha de la grabación de fojas doce –luego de la entrega de dinero al imputado–, y de escucha y transcripción de audio de fojas ochenta y seis, en la que se escucha la voz de una dama y dos varones, quienes hacen mención al pago de quinientos soles para tratar el tema de la terminación anticipada.
Tercero, el acta fiscal de la diligencia de intervención al encausado Alvarado Bayona, realizada el día de los hechos diecinueve de septiembre de dos mil trece, a las veinte horas con veinticuatro minutos, quien negó los cargos y al que no se le encontró el dinero materia del acta de recepción de billetes.
Cuarto, el acta de la diligencia de reconocimiento de voz, de la que resulta que el imputado negó su voz, mientras que el abogado Paredes Ascate y la señora Dany Beatriz Rivera Méndez reconocieron la suya propia. Cuarto, el informe de los casos a cargo del acusado Alvarado Bayona, en el que se encuentra el expediente que determinó la denuncia (carpeta fiscal número 200-2013, por delito de tenencia ilegal de armas de fuego en agravio del Estado incoado a Gary Rodríguez Rodríguez), ampliado mediante oficio de fojas ciento dieciséis y ciento diecisiete.
Quinto, el informe pericial técnico fonético de fojas seiscientos cinco, que concluyó que por limitaciones técnicas no es posible la identificación de voces –en el acto del juicio oral, a fojas doscientos veinticinco del expediente judicial, los peritos señalaron que no se logró identificar el timbre de voz y solo existe similitud en aspectos genéricos, no hay individualización–.
Quinto. Que, desde la prueba personal, consta:
Primero, la ratificación de la incriminación por parte del letrado Paredes Ascate y la señora Rivera Méndez, tía del implicado en el delito de tenencia ilegal de armas de fuego Rodríguez Rodríguez [fojas doscientos veintiséis y doscientos cincuenta y uno].
Segundo, la declaración de Angélica Ricardina Rodríguez, pariente del detenido antes citado, la misma que fue la que prestó el dinero requerido para el pago al fiscal, aunque dicha testigo no fue informada sobre ese punto [fojas doscientos veintiséis].
Tercero, la declaración del imputado Alvarado Bayona, quien si bien reconoció que se entrevistó con el letrado denunciante, el mismo que apuntó hacia una terminación anticipada, pero no le solicitó dinero alguno con esa finalidad; además, señaló que luego de conversar con el citado abogado fue a realizar otras diligencias a la Fiscalía y, a continuación, regresó a la Comisaría como a las seis y treinta de la tarde para diligenciar un caso de hurto, y posteriormente ejecutó otra diligencia fuera del local policial; finalmente, acotó que no volvió a encontrarse con el letrado denunciante en la Comisaría.
Cuarto, el testigo de descargo, abogado Jhonathan Díaz Bejar, expresó que patrocinaba un caso de hurto y el día de los hechos conversó con el imputado hasta más de las seis de la tarde en la Comisaría.
Sexto. Que el Tribunal de Primera Instancia estimó que las sindicaciones del abogado Paredes Ascate y de la señora Rivera Méndez son persistentes, coincidentes, circunstanciadas y sólidas. Lo que han expresado en sus declaraciones, desde luego, es lo que ha recogido el órgano judicial de mérito –no consta un vicio en la traslación o interpretación de la prueba–. Como datos periféricos se tiene, primero, la denuncia inmediata del letrado y las actuaciones fiscales urgentes (acta de denuncia, acta de recepción de dinero y acta de instalación de grabadora, así como –luego de la entrega del dinero– el acta de escucha y transcripción de audio). Segundo, el asunto penal, vinculado a los hechos, existía y estaba a cargo de la Fiscalía donde servía el imputado, el mismo que no negó haber conversado en una primera oportunidad con el denunciante. Tercero, el hecho de que los familiares del detenido por tenencia ilegal de armas de fuego proporcionaron mil soles para cumplir con la exigencia del pago de dinero –los primeros quinientos soles que se entregaron, finalmente, por el diseño estratégico del caso desde la Fiscalía actuante –obviamente irresponsable y con carencia de todo nivel criminalístico–, no pudieron incautarse, es decir, se perdieron–.
La sede plenarial, como se sabe, no es propia para una diligencia autónoma de reconocimiento de voz –es, básicamente, una prueba sumarial–, más aún si los testigos insistieron en sus iniciales versiones y se entrevistaron con el imputado en el acto de entrega del dinero. Lo esencial es, entonces, el testimonio directo de Paredes Ascate y Rivera Méndez, de suerte que la inexistencia en sede de investigación preparatoria de una diligencia de reconocimiento de voz no es relevante; ambos sabían quién era el imputado, lo habían visto antes y conversado con él, de suerte que no era un desconocido y a quien observaron en el momento del acto delictivo de entrega de dinero.
Tanto el reconocimiento como la declaración son pruebas personales, luego, más allá de los defectos criminalísticos de la investigación en el primer caso –por la posible ausencia en forma de una diligencia de reconocimiento de voz–, lo relevante es la declaración de los testigos directos de cargo, quienes enfatizaron que entregaron el dinero al imputado.
De otro lado, no existe dato sólido que determine la existencia de causales de incredibilidad subjetiva; y, las sindicaciones son coherentes y persistentes. Denuncia el imputado que el letrado denunciante busca notoriedad con la denuncia, al punto que ha denunciado a varias autoridades por actos de corrupción. Empero, tal cuestionamiento no es de recibo porque no hay prueba que el denunciante es una persona conocida por la formulación de denuncias contra las autoridades, funcionarios o servidores públicos, así como porque la presunta búsqueda de notoriedad no dice, unívocamente, que por ello formule una denuncia falsa, tanto más si no se afirma siquiera que existe alguna animadversión con el imputado. Nada dice, además, que se trató de una confabulación incriminatoria contra el imputado, esto es, que por razones espurias se buscó privarlo de la libertad y atribuirle gratuitamente un delito grave.
Noveno. Que es cierto que no se encontró en poder del imputado el dinero que se le entregó, sin embargo ello –siendo importante– no puede ser óbice para establecer la culpabilidad a partir de otros medios de prueba. Cabe acotar que la intervención fiscal no se produjo inmediatamente, en el mismo acto de la entrevista entre el denunciante y la testigo con el imputado –que si hubiese sido así, la ausencia del dinero en poder del imputado sería determinante para considerar la existencia de una duda razonable–. Es suficiente, al respecto, por su carácter incriminatorio y por los elementos periféricos ya indicados, la prueba personal actuada.
Asimismo, la prueba pericial no es que descartó que la voz del audio sea del imputado, sino que concluyó que por razones técnicas –falta de equipos tecnológicos– no se pudo determinar si esta correspondía al del imputado. No es, pues, en sentido estricto, una prueba de descargo.
Décimo. Que, por consiguiente, el recurso defensivo no puede prosperar. Las penas impuestas no vulneran la legalidad penal. Es de aplicación el artículo 504, numeral dos del CPP.
I. CONFIRMARON la sentencia de primera instancia de fojas doscientos ochenta y dos, de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, que lo condenó a DANIEL ALVARADO BAYONA como autor del delito de cohecho pasivo específico (artículo 395 segundo párrafo del Código Penal, según la Ley número 28355, de seis de octubre de dos mil cuatro) en agravio del Estado a ocho años de pena privativa de libertad, ocho años de inhabilitación de conformidad con el artículo 36, numerales 1 y 2, del Código Penal, y trescientos sesenta y cinco días multa, así como al pago de veinte mil soles por concepto de reparación civil a favor del agraviado; con lo demás que al respecto contiene y es materia del recurso.
II. CONDENARON al pago de las costas al recurrente cuyo pago se exigirá por el órgano jurisdiccional de Investigación Preparatoria competente.
III. DISPUSIERON se remita la causa al Tribunal Sentenciador de primera instancia para que por ante el órgano jurisdiccional competente se proceda a la ejecución procesal de la sentencia condenatoria. HÁGASE saber a las partes personadas en esta sede suprema. Interviene el señor juez supremo Carlos Ventura Cueva por licencia del señor juez Supremo Víctor Prado Saldarriaga.
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