Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00047-2000.htm
Timestamp: 2019-05-25 15:44:03
Document Index: 279677638

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 41', 'artículo 87', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 99', 'artículo 9']

SUP-JRC-047-2000
EXPEDIENTE: SUP-JRC-047/2000.
ACTOR: PARTIDO ALIANZA SOCIAL.
AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
SECRETARIO: JESÚS ARMANDO PÉREZ GONZÁLEZ.
México, Distrito Federal, diez de mayo del dos mil.
VISTOS para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-047/2000, promovido por el Partido Alianza Social, por conducto de sus representantes, en contra del acuerdo de veinte de marzo del año en curso, emitido por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, en el toca electoral 0003/2000, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el propio partido político; y
I. El veintiuno de febrero del año en curso, Rodolfo López García, ostentándose como Presidente Estatal del Partido Alianza Social, dirigió al Presidente del Consejo Estatal Electoral de Aguascalientes, el oficio número PAS/020/2000, mediante el cual dijo reiterar la solicitud de acreditación del partido al que pertenece, presentada el treinta de agosto de mil novecientos noventa y nueve; asimismo, solicitó su registro y el de Baudelia Santos Vázquez, como representantes propietario y suplente, respectivamente, del propio partido, ante dicho Consejo.
II. Según de advierte de autos, en sesión extraordinaria celebrada el tres de marzo del año en curso, entre otros asuntos, luego de que el Consejo Estatal Electoral de Aguascalientes, realizó los actos tendientes para cumplir la ejecutoria pronunciada en el expediente SUP-JRC-003/2000, por instrucciones del Presidente de dicho órgano colegiado, el Secretario Técnico del mismo, informó sobre la recepción de solicitudes de acreditación ante el propio organismo electoral, de varios partidos políticos, entre ellos, Alianza Social, manifestando, en lo conducente, lo que a continuación se transcribe:
"El C. Rodolfo López García, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Alianza Social, mediante oficio número PAS/020/2000, de fecha veintiuno de febrero del año dos mil, dirigido al Presidente de éste organismo electoral, reitera la solicitud de acreditación de ese instituto político, ante este Consejo Estatal Electoral; solicitando asimismo, la acreditación de los CC. Rodolfo López García y Baudelia Santos Vázquez, como representantes propietario y suplente, respectivamente, ante este organismo electoral.
Oficios que se encuentran en estudio de este organismo electoral y serán acordados en una próxima sesión.
Con lo cual se da cuenta al Pleno de éste organismo electoral".
Como se observa, en la apuntada sesión, el Consejo Estatal Electoral de Aguascalientes, omitió pronunciar acuerdo alguno tocante a la petición formulada en su oportunidad, por el Partido Alianza Social.
III. Inconforme con ese proceder, el Partido Alianza Social, el ocho de marzo pasado, interpuso recurso de apelación, el cual fue turnado al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, quien mediante acuerdo de veinte de marzo del año en curso, determinó desechar el citado medio de impugnación, por considerar extemporánea su presentación.
IV. En desacuerdo con tal proveído, el Partido Alianza Social por conducto de sus representantes, el veintinueve de marzo del presente año, promovió juicio de revisión constitucional electoral.
V. Oportunamente, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, turnó el presente expediente a la Magistrada Electoral Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, en cuya ponencia, se recibió para los efectos a que se refiere el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y,
PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 41, base IV, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el artículo 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral, promovido por un partido político, contra la resolución pronunciada por una autoridad electoral de una Entidad Federativa, al conocer de una controversia electoral.
SEGUNDO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no se ocupará del análisis de los agravios argüidos por el Partido Alianza Social en este juicio de revisión constitucional electoral, en virtud de que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 9, apartado 3, en relación con el numeral 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Para arribar a la anotada conclusión, se tiene presente que, la relación procesal que se deriva del juicio de revisión constitucional electoral, inicia con la presentación del ocurso atinente, el cual tiene dos finalidades propias y bien definidas: En primer lugar, es el elemento causal de una resolución favorable a las pretensiones que en él se formulan, en contra del acto reclamado, y, en segundo, tiene el carácter formal, propulsor del órgano jurisdiccional.
A pesar de que ambos propósitos están presididos por la nota común, de ser la demanda un acto constitutivo de la relación jurídica procesal, difieren en que, el primero de ellos ¾ el elemento causal de una futura resolución¾ , únicamente puede ser tomado en consideración en el momento de pronunciar el fallo, y el segundo ¾ el acto propulsor de la actividad del órgano jurisdiccional¾ , contempla el momento inicial, al cual, precisamente, se refieren sus más relevantes efectos procesales.
Esta última cuestión reviste una importancia fundamental, porque repercute en el nacimiento de la relación procesal, en su desenvolvimiento, e incluso, en la posible extinción del procedimiento, es decir, se relaciona con las facultades del tribunal para dar entrada a un medio impugnativo e iniciar el procedimiento, o bien, para rechazar aquél, e inclusive, una vez aceptado, suspender su curso y hacer cesar sus efectos de una manera definitiva, extinguiendo la jurisdicción.
En esta tesitura, el legislador ordinario decidió otorgar a las autoridades encargadas de decidir los medios de defensa previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la posibilidad de rechazarlos de plano, cuando éstos devengan improcedentes, por surtirse alguna o algunas de la hipótesis previstas en la norma, en tanto que, admitirlos y sustanciarlos a pesar de su notoria improcedencia, provocaría trámites inútiles que culminarían en una resolución estéril contrariando el principio de economía procesal.
Así, en lo que al caso atañe el artículo 9, último párrafo, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que los medios de impugnación serán improcedentes y se desecharán de plano cuando resulten evidentemente frívolos o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones de esa misma ley.
Por su parte, el artículo 11, apartado 1, inciso b) de la invocada ley adjetiva electoral, dispone que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo antes de que se dicte resolución o sentencia, de lo que se colige que, esta disposición contiene en sí misma, la previsión de una causa de improcedencia que trae como consecuencia la figura del sobreseimiento.
La aludida causa de improcedencia contiene dos elementos, según se desprende del texto de la norma, uno consistente en que la autoridad responsable del acto resolución impugnado lo modifique o revoque y el segundo, que tal decisión traiga como efecto que el medio de impugnación quede totalmente sin materia, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, solo éste último componente es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce en realidad la improcedencia radica en que el medio de impugnación quede totalmente sin materia, en tanto que, la revocación o modificación es el medio para llegar a tal situación.
Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por finalidad resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, y que resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es "el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro" toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del proceso. Así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, el proceso queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses sobre lo que versa el litigio, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después.
Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación.
Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la que menciona el legislador, que es la revocación o modificación del acto o resolución que se impugne, esto no implica que sea éste el único medio, de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso como producto de un medio distinto, también se actualiza la causa de improcedencia en comento; criterio que dicho de sea paso, también fue sustentado por esta Sala Superior al resolverse le juicio SUP-JDC-001/2000 y acumulados.
Establecido lo anterior, se tiene presente que el accionante, a través de este juicio, reclama el acuerdo dictado por el órgano jurisdiccional responsable, el veinte de marzo del año que transcurre, en el toca electoral 0003/2000, en el que se determinó desechar el recurso de apelación atinente, por haberse presentado en forma extemporánea. En dicho medio impugnativo, como se advierte del contenido de escrito de demanda respectivo, el partido actor, cuestionó, por un lado, el acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Aguascalientes, en sesión extraordinaria de tres de marzo del año en curso, convocada para dar cumplimiento a la sentencia dictada por esta Sala Superior, el dieciséis de febrero de la presente anualidad, en el expediente número SUP-JRC-003/2000, promovido por el Partido de la Sociedad Nacionalista; y por el otro, la falta de respuesta a la petición formulada por el enjuiciante al Presidente del Consejo Estatal Electoral de Aguascalientes, mediante escrito de veintiuno del mes y año antes precisados, en el que se reiteró la solicitud de acreditación de dicho instituto político nacional ante dicho órgano colegiado, formulada a través del oficio 007/99 de fecha treinta de agosto de mil novecientos noventa y nueve, así como el registro de Rodolfo López García y Baudelia Santos Vázquez, como representantes partidistas, propietario y suplente, respectivamente.
Ahora bien, el cinco de abril del año que transcurre, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia en el juicio de revisión constitucional electoral número SUP-JRC-027/2000, promovido por el partido accionante, en contra de los mismo actos que reclamó en el citado recurso de apelación.
Así, por una parte, en lo concerniente al acto impugnado relativo al acuerdo de tres de marzo del presente año, emitido por el Consejo Estatal Electoral de Aguascalientes, este órgano resolutor determinó su sobreseimiento, con fundamento en los artículos 9, párrafo 3 y 11, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de haber aparecido una causal de notoria improcedencia, consistente en que el acto de mérito, derivó de la ejecución de una sentencia dictada por este órgano jurisdiccional en un distinto proceso (SUP-JRC-003/2000), así como que dicho fallo tiene el carácter de definitivo e inatacable de conformidad con lo previsto en el artículo 99, párrafo IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y por la otra, en cuanto hace al acto que se identificó como la falta de respuesta a la petición formulada por el enjuiciante el veintiuno de febrero del año en curso, esta Sala Superior arribó a la conclusión de que los agravios encaminados a demostrar tal omisión, resultaban fundados y, en consecuencia, ordenó al Consejo Estatal Electoral de Aguascalientes, para que diera contestación por escrito a la solicitud planteada, relativa a la acreditación ante ese órgano administrativo electoral, del Partido Político Nacional Alianza Social, concediéndosele para ello, un plazo de ocho días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la sentencia correspondiente. Por tanto, es obvio que la exigencia originaria y fundamental del accionante de ver satisfecho su derecho de petición, ha quedado totalmente colmada; habida cuenta que los puntos decisorios de tal sentencia fueron:
"PRIMERO. Se sobresee en el juicio de revisión constitucional electoral, respecto de la impugnación del acuerdo del Consejo Estatal Electoral de Aguascalientes, de tres de marzo del presenta año, por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente número SUP-JRC-003/2000, relativo al juicio de revisión constitucional electoral, promovido por el Partido de la Sociedad Nacionalista.
SEGUNDO. Se ordena al Consejo Estatal Electoral del Aguascalientes, para que dentro del plazo que no exceda de ocho días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente sentencia, dé contestación por escrito a la solicitud formulada el veintiuno de febrero del año en curso, por Rodolfo García López, en su carácter de Presidente Estatal del Partido Alianza, en la que se reitera la petición de acreditación correspondiente, de dicho partido político nacional, así como la acreditación del suscriptor y de Baudelia Santos Vázquez, como representantes partidistas, con carácter de propietario suplente, respectivamente. Asimismo, una vez que la autoridad responsable, dé cabal cumplimiento a lo dispuesto en esta ejecutoria, deberá informar sobre el mismo a esta Sala Superior, en un plazo de veinticuatro horas".
Así las cosas, es claro que el presente juicio de revisión constitucional electoral, ha quedado sin materia, en tanto que, la pretensión del partido actor –que se revoque el acuerdo de desechamiento y el tribunal responsable efectúe el análisis de los agravios aducidos en apelación, sería innecesaria, ya que de resultar fundados los agravios que se manifiestan en este juicio, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes se vería impedido para resolver tocante a los actos impugnados en esa instancia, toda vez que, como se observa de lo trasunto, este Tribunal Electoral, ya se pronunció respecto de tales tópicos; pero aún más, este Tribunal tiene conocimiento mediante la notificación correspondiente, que obra en el expediente SUP-JRC-047/2000, de que el Consejo Estatal Electoral de Aguascalientes con fecha once de abril del año en curso, otorgó acreditación ante dicho órgano colegiado al Partido Político Nacional Alianza Social, en respuesta a la solicitud formulada sobre el particular el veintiuno de febrero del año en curso, en cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional en sentencia de cinco de abril del presente año, pronunciada en el juicio de revisión constitucional electoral antes precisado; circunstancia que viene a corroborar que el derecho de petición del enjuiciante ha quedado totalmente satisfecho.
En tales condiciones, al existir una ejecutoria definitiva e inatacable que dilucidó las pretensiones aducidas por el partido actor en su recurso de apelación primigenio, así como una determinación del cual se colige la satisfacción plena del derecho público subjetivo pretendido por el actor, resulta evidente que el presente medio de impugnación debe ser desechado con fundamento en el artículo 9, párrafo 3, en relación con el numeral 11, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por haber quedado sin materia.
ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de juicio de revisión constitucional electoral, promovida por el Partido Alianza Social, en contra del acuerdo de veinte de marzo del presente año, dictado por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, en el toca electoral 0003/2000, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el referido instituto político.
NOTIFÍQUESE la presente resolución en los términos de ley, devuélvanse los documentos atinentes, después de lo cual archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los señores Magistrados José Luis de la Peza, Leonel Castillo González, Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, quien fue la ponente, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, José de Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata, quienes integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.