Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-su-489-de-septiembre-13-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_37e6938449d547fe9f02889170ea9c7a&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-24 00:16:20
Document Index: 212723196

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 86', 'artículo 235', 'artículo 86', 'artículo 220', 'artículo 161', 'artículo 163']

﻿ SENTENCIA SU-489 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2016 UNIFICACION
SENTENCIA SU-489 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:PRECISIONES SOBRE LA DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN Y EL DEFECTO FÁCTICO. SE RECUERDA QUE LA MOTIVACIÓN DE LAS DECISIONES JUDICIALES RESULTA CRUCIAL Y NECESARIA PARA EL ADECUADO ENTENDIMIENTO DE ELLAS, Y LA CABAL PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PARTES EN EL RESPECTIVO PROCESO. ES CLARO, ADEMÁS, QUE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE DEBER NO SE AGOTA CON LA MERA INCLUSIÓN DE REFLEXIONES MÁS O MENOS AMPLIAS, A TRAVÉS DE LAS CUALES SE PRETENDA APENAS, LLENAR UNA FORMALIDAD. SIN EMBARGO, ES ASÍ MISMO EVIDENTE, QUE SOLO PODRÁ HABLARSE DE AUSENCIA DE MOTIVACIÓN CUANDO, EN EFECTO, EL JUEZ OMITA EXPLICAR LAS RAZONES DE SU DECISIÓN, DE TAL MANERA QUE PARA EL CIUDADANO NO RESULTE POSIBLE ENTENDER LOS FUNDAMENTOS EN QUE AQUELLA SE HUBIERE BASADO, SITUACIÓN QUE DEBE DIFERENCIARSE DE LA QUE SE PRESENTA CUANDO EL JUEZ CUMPLE CON SU DEBER DE INFORMAR LOS MOTIVOS O RAZONES QUE RESPALDAN SU DECISIÓN, PERO LOS SUJETOS PROCESALES NO LOS COMPARTEN, O NO LOS ACEPTAN, AL PUNTO DE LLEGAR A AFIRMAR QUE LA DECISIÓN CARECE DE MOTIVACIÓN. ASÍ MISMO, SE ACLARA QUE EL DEFECTO FÁCTICO DEBE SATISFACER LOS REQUISITOS DE IRRAZONABILIDAD Y TRASCENDENCIA, SE REQUIERE ENTONCES QUE EL SUPUESTO ERROR O DEFECTO FÁCTICO POSEA UNAS CARACTERÍSTICAS CLARAMENTE ESTRUCTURADAS, QUE SUPEREN LA PREVALENCIA DE AQUELLOS PRINCIPIOS ORIENTADOS POR LA INMUTABILIDAD DE LAS DECISIONES QUE PONEN FIN A UN PROCESO, COMO SON, ENTRE OTROS, LOS DE COSA JUZGADA, ESTRUCTURA AUTÓNOMA Y FUNCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD JURÍDICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBERES DEL JUEZ, JUEZ, DECISIÓN DEL JUEZ, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA, SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS SUJETOS PROCESALES, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS SUJETOS PROCESALES
Sentencia SU-489 de septiembre 13 de 2016
Ref.: Expediente T-5.329.328
Después de una primera decisión de no selección, y como resultado de las insistencias que al respecto presentaron los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo(1), el presente expediente fue escogido para revisión por la Sala de Selección número Tres, por medio de auto de 31 de marzo de 2016, siendo entonces repartido a la Sala Cuarta de Revisión.
12. En julio de 2012 cuatro de los entonces magistrados de la Sala de Casación Penal(2) se declararon impedidos para conocer de la etapa de juicio contra Alberto Velásquez Echeverri, por haber manifestado su opinión sobre los hechos controvertidos, con ocasión del juicio seguido contra Yidis Medina y otro congresista. Estos impedimentos fueron aceptados, lo cual dio lugar a la designación de conjueces para participar de esta actuación. Sin embargo, el Magistrado Jorge Luis Barceló Camacho, ponente de este proceso, y quien en su anterior condición de Magistrado Auxiliar, tuvo acceso al expediente, e indirectamente conoció del mismo caso que generó impedimento a los demás integrantes de la Sala, no se declaró impedido.
14. Relató también otras situaciones que, en su concepto, habrían afectado la imparcialidad de la Sala Penal de la Corte, que finalmente profirió la sentencia condenatoria, como fueron: i) la actuación durante el juicio del conjuez William Monroy Victoria, quien, simultáneamente, fungió como abogado defensor del periodista Daniel Coronell, quien desde los medios de comunicación, tuvo importante incidencia en el acopio de pruebas contra la señora Medina Padilla, y ii) la posesión y actuación, durante la misma época, como magistrado auxiliar de uno de los magistrados que sí participó de la decisión(3), del abogado Álvaro Osorio Chacón, quien en su entonces condición de Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, profirió la resolución de acusación contra el señor Velásquez Echeverri.
1.2. Sustentación de los defectos alegados.
En apoyo de lo solicitado, el tutelante se refirió a las causales generales y específicas de procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, así como a las razones por las cuales dichas causales concurren en el presente caso. Destacó que se trata de un asunto de clara relevancia constitucional, por las implicaciones que el deficiente manejo probatorio del presente caso tuvo en la decisión adoptada y, por ende, en la actual situación jurídica del tutelante. Señaló que se han agotado todos los mecanismos de defensa disponibles(4), que se cumple el requisito de inmediatez, que se han identificado claramente los hechos que causan la vulneración de los derechos fundamentales invocados, y que la actuación reprochada no es una sentencia de tutela. En cuanto a las causales específicas, indicó que se presentaron en este caso varios defectos fácticos, por el rechazo de diversas pruebas, fundamentales para la defensa del actor, y por la forma ligera como se entendió desvirtuada la presunción de inocencia. Agregó que, con los mismos hechos, se incurrió también en un defecto sustantivo, al desconocer los principios de imparcialidad y presunción de inocencia, al valorar las pruebas obrantes en el proceso.
En cuanto a la violación directa de la Constitución por la falta de imparcialidad e independencia de la Sala accionada, señaló como causas de este defecto: i) el hecho de haber involucrado, dentro del trámite de una sentencia anticipada, como la proferida contra Yidis Medina, juicios de valor acerca de personas distintas al procesado que se acogió a tal mecanismo, como fueron los Ministros que supuestamente hicieron los ofrecimientos; ii) el efecto negativo que frente a su caso tuvo la acumulación del juicio seguido contra los tres procesados, en vista de la grave animadversión que la Sala Penal profesaba hacia el entonces Ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt, sobre quien expresó una opinión negativa en la sentencia proferida contra Yidis Medina, y además en razón a la denuncia penal que, como respuesta, presentó aquél contra ellos en junio de 2008, ante la Comisión de Investigación y Acusación; iii) la participación que pudo tener en el trámite previo a la condena de Velásquez Echeverri, en su condición de magistrado auxiliar de la Sala Penal, el abogado Álvaro Osorio Chacón, quien previamente tuvo a su cargo la investigación y formuló la acusación contra Velásquez Echeverri(5); iv) la participación de tres magistrados(6) que previamente habían expresado su opinión sobre la actuación de los funcionarios públicos enjuiciados, con ocasión de otros procesos penales en cuya decisión intervinieron; v) la participación de cinco conjueces(7), que por su larga permanencia en tal cargo y su relación de cercanía y amistad con los integrantes de la Sala Penal, así como por haber litigado en su calidad de abogados ante la misma Sala, no ofrecían suficientes garantías de imparcialidad, por la escasa posibilidad de que en tal circunstancia, decidieran contrariar los previos pronunciamientos de la Sala, en los que se censuró la actuación de los ministros Pretelt y Palacio; vi) en el caso del conjuez William Monroy Victoria, el presunto interés que éste tendría en las resultas de este caso, y concretamente en la posibilidad de que se profiriera sentencia condenatoria, en razón a su gran cercanía con el periodista Daniel Coronell, de quien era apoderado durante la misma época, teniendo en cuenta el interés demostrado por este último, en su condición de periodista, en la investigación de este caso y la sanción de los responsables. Finalmente, señaló que este caso ha debido ser enviado por competencia a los jueces penales del circuito de Bogotá, pero que la Sala Penal se abstuvo de hacerlo, y en cambio, conservó la posibilidad de decidirlo, pues tal envío implicaba asumir un álea sobre el resultado del proceso, que la Sala accionada prefirió no correr.
En relación con el primer punto, denunció la que considera el uso de pruebas inconstitucionales en este proceso, circunstancia que se derivaría de dos distintos hechos: i) no haber dado, desde el año 2004, traslado al Fiscal General de la Nación, de las denuncias contra funcionarios sujetos a fuero constitucional ante este último, que estarían involucrados en los hechos entonces denunciados contra la congresista Yidis Medina, lo que habría impedido que tales funcionarios(8) ejercieran su defensa, y ii) haber reabierto en el año 2008 la investigación contra Yidis Medina a partir de simples notas de prensa y entrevistas periodísticas, cuyo mérito probatorio había sido antes descartado por la propia Sala de Casación Penal. A continuación hizo una pormenorizada narración cronológica de la investigación adelantada a partir de esta segunda fecha, con fundamento en lo cual censura que, habiendo tenido la investigación este discutible punto de partida, el proceso hubiere concluido con la condena del actor.
1.4. Pruebas que obran en el expediente.
1.5. Actuación procesal.
1.5.1. Respuesta de la Sala de Casación Penal.
1.5.2. Intervención del apoderado del señor Sabas Pretelt de la Vega.
En la misma fecha antes anotada, este abogado intervino para prevenir al juez constitucional sobre el hecho de que también su poderdante presentó acción de tutela contra la sentencia condenatoria de abril 15 de 2015, así como para destacar el sustento parcialmente coincidente de esas acciones de amparo, particularmente en lo atinente a la presunta falta de imparcialidad de los magistrados y conjueces que integraron la Sala. En tal medida, expresó su respaldo a la solicitud de tutela presentada por el señor Velásquez Echeverri. Señaló además otros aspectos, más directamente relacionados con el caso de su poderdante, y solicitó a la Sala de Casación Civil disponer la acumulación de estas dos acciones, y de la presentada también por Diego Palacio Betancourt, teniendo en cuenta la identidad de varios elementos relevantes, como son la Sala accionada, y el hecho de que todos esos reclamos se originan en una misma sentencia en la que los respectivos actores fueron condenados(9). También anexó copia del recurso de apelación que en su momento interpuso contra la decisión negativa de la misma Sala de Casación Civil, el que para ese momento se encontraba pendiente de ser decidido por la Sala de Casación Laboral.
1.5.3. Intervención de la apoderada del señor Alberto Velásquez Echeverri.
1.5.4. Intervención de la Fiscal 6ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
1.5.5. Intervención del señor Sabas Pretelt de la Vega.
2. Insistencias previas a la selección del presente asunto.
Como antes se indicó, los magistrados Alejandro Linares Cantillo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 33 del Decreto-Ley 2591 de 1991, insistieron en la selección de este asunto, que en un primer momento había sido descartada por la correspondiente Sala de Selección.
Esa misma evolución jurisprudencial propició que, años más adelante, la Corte revaluara el concepto de vía de hecho, entendido como el acto absolutamente caprichoso y arbitrario(10) que interesa al juez constitucional y, en su lugar, prefiriera el enunciado de “causales genéricas de procedibilidad de la acción(11). Al respecto, en la sentencia T-949 de 2003, la Sala Séptima de Revisión explicó lo siguiente:
“Esta Corte en sentencias recientes ha redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta redefinición ha operado a partir del poder de irradiación del principio de eficacia de los derechos fundamentales (C.P. art. 2º) y de una interpretación sistemática de diversas disposiciones de la Constitución (C.P. arts. 1º, 2º, 13, 86, 228 y 230).
“En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión ‘vía de hecho’ por la de ‘causales genéricas de procedibilidad’. Lo anterior ha sido inducido por la urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal de que permita ‘armonizar la necesidad de proteger los intereses constitucionales que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado’ (Sent. T-462/2003)”.
4.3. Cuota importante en esta evolución jurisprudencial aportó la sentencia C–590 de 2005, por la cual se fortalecieron los precedentes jurisprudenciales enunciados hasta esa fecha, por tratarse de un fallo de constitucionalidad con efectos erga omnes, en el cual a propósito de la Ley 906 de 2004 —Código de Procedimiento Penal—, la Corte estableció que una cosa es que el legislador no permita la utilización de recursos contra los fallos que resuelvan el recurso extraordinario de casación en materia penal, en desarrollo de su libertad de configuración y, otra muy distinta, que por esa razón se excluya la procedencia de la acción de tutela prevista en el artículo 86 constitucional para la protección de los derechos fundamentales contra toda acción u omisión de cualquier autoridad pública.
“a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional(12). (…)’.
b) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable(13).
c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración(14).
d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora(15). No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible(16).
f) Que no se trate de sentencias de tutela(17). Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”
d) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales(18) o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado(19).
5. Análisis sobre la concurrencia de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales.
5.2. Subsidiariedad. Contra el fallo que en este caso es objeto de controversia constitucional no proceden recursos ordinarios, por cuanto se trata de una decisión de única instancia, emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto los tres procesados eran servidores públicos amparados por el fuero constitucional previsto en el numeral 4 del artículo 235 superior. En tal medida, se cumple la exigencia del artículo 86 constitucional, en el sentido de que frente a la situación controvertida no exista ningún otro medio de defensa judicial.
Empero, en este caso, ninguno de los cuestionamientos que el actor dirige contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en el sentido de condenarlo por el delito de cohecho por dar u ofrecer, podría subsumirse en las causales de procedencia de la acción de revisión(20) y, por lo tanto, no sería dable exigirle al peticionario la necesidad de agotar una acción que no está diseñada para soportar la controversia constitucional planteada en esta oportunidad.
5.4. Que, de ser posible, el peticionario haya sostenido en el trámite ordinario los argumentos sobre los que construye la petición de amparo.
Sin embargo, no ocurre lo mismo, frente a las denuncias relacionadas con la supuesta falta de imparcialidad de la Sala accionada, resultante de circunstancias como la larga permanencia de algunos de sus integrantes, en la lista de conjueces de esa Sala, o la alegada intervención durante la fase de juicio de quien en la etapa investigativa, y en desarrollo de lo previsto en el Acto Legislativo 6 de 2011, fungió como Fiscal a cargo, en representación de la entonces Fiscal General de la Nación, pues tales situaciones nunca fueron planteadas ni cuestionadas, mediante la presentación de las respectivas recusaciones, durante el trámite que antecedió a la sentencia, y desde el momento en que se advirtió la supuesta falta de imparcialidad de tales juzgadores. En este caso, fue solo después de conocido el fallo, cuando se cuestionó la integración de la Sala a partir de estas situaciones.
6. Análisis sobre la presencia de causales específicas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales.
6.1. Sobre la decisión sin motivación. Reiteración de jurisprudencia.
La motivación de las decisiones judiciales, cuya importancia fue desde antaño reconocida por el texto constitucional(21), es entonces necesaria para hacer realidad la total proscripción de la arbitrariedad de los jueces, lo mismo que el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido no solo por el texto constitucional, sino también por la Convención Americana de Derechos Humanos y por varios otros tratados relevantes, también integrantes del bloque de constitucionalidad. De otro lado, ese deber adquiere mayor relevancia frente a quienes resultan negativamente afectados por tales decisiones, en cuanto es a través de la motivación como podrá apreciarse el contenido de justicia material y la validez de tales resoluciones, tanto como la eventual situación contraria, y es también con base en ella, que podrá el interesado controvertir, a través de los recursos procedentes, las decisiones que estime desfavorables.
En el proceso de caracterización de este posible defecto, en la sentencia T-214 de 2012 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva) señaló esta corporación que la motivación “consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretación de las disposiciones normativas, de una parte, y determina cómo, a partir de los elementos de convicción aportados al proceso y la hipótesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jurídica aplicable al caso.”(22)
6.2. Sobre el defecto fáctico. Reiteración de jurisprudencia.
De lo anterior se desprende que la amplia discrecionalidad con que éstos cuentan para asignar valor a cada prueba —según las reglas de la sana crítica— no implica una potestad absoluta, cuyo ejercicio pueda desbordar los límites que impone el ordenamiento constitucional.
Al mismo tiempo, es importante recordar que esta corporación ha sido reiterativa en la protección al principio de la autonomía e independencia judicial, en el cual se incluye el amplio margen de apreciación que recae sobre los operadores judiciales para valorar, conforme a las reglas de la sana crítica, las pruebas que han sido recaudadas durante el proceso. Con todo, la Sentencia SU-159 de 2002, advirtió que dicha independencia y autonomía “jamás puede ejercerse de manera arbitraria; su actividad evaluativa probatoria implica, necesariamente, la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de la administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”(23).
Bajo ese entendido, se configura un defecto fáctico cuando quiera que la providencia judicial ha sido el resultado de un proceso en el que dejaron de practicarse pruebas necesarias para dirimir el conflicto (omisión judicial), pero también cuando aquéllas, habiendo sido decretadas y practicadas, no son apreciadas bajo la óptica de un pensamiento objetivo y racional, pues ello se opone al debido proceso, al punto de generar arbitrariedad. Lo mismo ocurre con las que carecen de aptitud o de legalidad, bien sea por su inconducencia, o porque fueron recaudadas de forma inapropiada, caso último en el que deben ser consideradas como pruebas nulas de pleno derecho (C.P.art. 29).
Esta Corte ha precisado también que el denominado defecto fáctico tiene dos dimensiones paralelas, una positiva y una negativa. Mientras la primera hace referencia a circunstancias en las que se valoran pruebas vulnerando reglas legales y principios constitucionales, la segunda se relaciona con situaciones omisivas en la valoración probatoria que pueden resultar determinantes para el caso concreto. Esta omisión debe caracterizarse por ser arbitraria, irracional y/o caprichosa(24).
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana critica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.(25)”
En otras decisiones más recientes, pero en la misma línea, esta Sala ha indicado también(26) que “…entendiendo que la autonomía judicial alcanza su máxima expresión en el análisis probatorio, el defecto fáctico debe satisfacer los requisitos de irrazonabilidad y trascendencia: (i) El error denunciado debe ser ‘ostensible, flagrante y manifiesto’, y (ii) debe tener ‘incidencia directa’, ‘transcendencia fundamental’ o ‘repercusión sustancial’ en la decisión judicial adoptada, lo que quiere decir que, de no haberse presentado, la decisión hubiera sido distinta”.
7. Caso concreto. Análisis de las causales de procedibilidad aducidas.
7.1. Sobre la supuesta falta de motivación de la sentencia atacada.
En el acápite correspondiente a la valoración de la conducta del entonces Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República(27), la Sala accionada analizó, de manera detenida, las razones por las cuales la otrora Representante Medina Padilla superó el estado de indecisión que, según alegó, experimentó inicialmente en relación con el proyecto de Acto Legislativo que para ese momento se encontraba en trámite, como resultado de los ofrecimientos que recibió de los representantes del Gobierno, así como la participación específica que el tutelante Velásquez Echeverri habría tenido en el logro de este cometido, actos que, según se concluyó, se adecuaban y subsumían en el tipo penal del cohecho por dar u ofrecer, concretamente en esta segunda modalidad.
“Obsérvese que, conforme a lo probado en este asunto, los hechos que permiten adecuar jurídicamente la conducta del doctor Alberto Velásquez Echeverri, evidencian que él, al igual que los otros dos procesados, hizo suyos los ofrecimientos hechos a Yidis Medina Padilla por el entonces Presidente de la República, en la medida en que le especificó a la congresista los cargos disponibles en el Magdalena Medio, —región en la que ella aspiraba a tener representación política—, comprometiéndose a hablar con los Ministros del Ramo para concretar los nombramientos correspondientes.
En este sentido, no puede perderse de vista la importancia del tema y el manifiesto interés del gobierno para que saliera adelante, una vez conocida la noticia de la reunión en la casa de la doctora Clara Pinillos Abozaglo y la participación allí de dos congresistas que en los días previos habían expresado a los medios de comunicación su indecisión frente a su apoyo o no, circunstancia que los expuso al constante asedio de la prensa el 2 y el 3 de junio de 2004 y generó en el Palacio de Nariño la necesidad de intensificar los mecanismos para acercarse al Congreso y obtener votación por bancadas, como quedó explicado acápites atrás.(28)”
Así por ejemplo, la Sala de Casación Penal, encontró que Velásquez Echeverri hizo suyo, y concretó el ofrecimiento relacionado con el cargo en la Red de Solidaridad, a partir del análisis global de las probanzas disponibles(29), que demostraban tanto el inicial escepticismo de la congresista Medina Padilla frente a la posibilidad de acompañar el referido proyecto de Acto Legislativo, como las gestiones que desde la misma tarde del día 2 de junio de 2004 (fecha de la reunión entre aquélla y el actor) se realizaron en pro de materializar el nombramiento prometido, lo que unido al voto favorable que finalmente emitió Yidis Medina frente a esa iniciativa legislativa, permitió concluir que ello se debió a tales ofrecimientos. Dijo al respecto la Sala accionada:
Al contrario, el ingreso registrado el 2 de junio de 2004 por César Guzmán a la Red de Solidaridad Social(30) y el inmediato proceso de evaluación al que fue sometido para ocupar un cargo de esa institución, con sede en Barrancabermeja, indican claramente que la conversación del doctor Velásquez Echeverri con Yidis Medina no se redujo a establecer un contacto, sino a informarle al Director de la referida entidad que dicha vacante era para la persona recomendada por la congresista”.
“En conclusión, el cargo de Coordinador para el Magdalena Medio en la Red de Solidaridad Social fue uno de los ofrecimientos hechos a Yidis Medina por el doctor Alberto Velásquez, quien intervino ante Luis Alfonso Hoyos con esos propósitos, siendo en este evento irrelevante, como ya se anotó, que el beneficiado con el nombramiento fuera una persona diferente a la inicialmente destinataria del mismo y que ello hubiere tenido ocurrencia pocos días después de que el doctor Alberto Velásquez Echeverri hiciera dejación del cargo, puesto que las contingencias que se hubiesen podido presentar para cumplir lo ofrecido ocurrieron con posterioridad al momento en que se materializó la conducta tipificante del cohecho, como quedó explicado en precedencia.(31)”
De igual manera, la Sala explicó, en forma pormenorizada, las razones a partir de las cuales consideró acreditada la intervención de Velásquez Echeverri en torno al ofrecimiento de la Gerencia de una clínica en la ciudad de Barrancabermeja(32). La sentencia de condena se refirió, por ejemplo, a la inmediata producción del nombramiento acordado, apenas 24 horas después de la reunión sostenida entre el actor y la Representante Medina Padilla, y mientras el nominador se encontraba fuera de su sede, ubicada en la ciudad de Cúcuta, atendiendo una reunión de Junta Directiva en el despacho del Ministro de Protección Social en Bogotá, así como a las explicaciones que al respecto dieron, no solo aquélla, sino también la persona nominada, el representante legal de la ESE Francisco de Paula Santander, a quien correspondió emitir el nombramiento, y la jefe de Recursos Humanos de la misma entidad. De otra lado, la sentencia hizo también referencia a la posterior actuación de Medina Padilla en relación con esta clínica y su entonces Gerente, incluyendo las acciones de protesta que ella protagonizó, al momento del retiro de aquél. Señaló a este respecto la sentencia atacada:
Existe pues, certeza acerca de la responsabilidad del doctor Alberto Velásquez Echeverri en este ofrecimiento en particular.(33)”
Por último, la suficiente y adecuada motivación del fallo también aparece visible en todo aquello que favoreció a Velásquez Echeverri, como son, por ejemplo, las reflexiones que llevaron a concluir su ajenidad con los hechos relacionados con la renovación del contrato del médico Esquivel Ordóñez(34), o con los ofrecimientos que, paralelamente, se hicieron al también Representante a la Cámara, Teodolindo Avendaño Castellanos. El fallo analizó, de manera suficiente y equilibrada, tanto los hechos frente a los cuales se dedujo responsabilidad, como aquellos respecto de los cuales se concluyó en sentido contrario, todo lo cual reafirma la percepción de esta Sala, en el sentido de que la sentencia atacada no incurrió en el defecto de falta de motivación, aducido por el actor.
7.2. Sobre la supuesta ocurrencia de un defecto fáctico.
Esta Sala resalta, en primer término, que no es cierto que el testimonio de la entonces Representante Medina Padilla haya sido la única prueba conducente a la condena del actor. Por el contrario, y según puede apreciarse, la Sala Penal tuvo en cuenta muchas otras probanzas, particularmente testimonios de los demás involucrados en los hechos, a partir de cuyo análisis conjunto y sistemático, llegó a las ya conocidas conclusiones sobre la responsabilidad del actor. Entre tales elementos de prueba se cuentan las declaraciones de los otros dos procesados(35), la del congresista Iván Díaz Mateus, titular de la curul que para entonces ocupaba temporalmente Yidis Medina, el testimonio de las personas que habrían sido beneficiadas por los nombramientos ofrecidos o pactados por el actor, el de los representantes legales y otros funcionarios, tanto de la ESE Francisco de Paula Santander, de la cual dependía la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, como de la Red de Solidaridad, entidad en la cual se produciría el primero de estos nombramientos, y el de más de treinta miembros del Congreso de la República, entre Senadores y Representantes de diversos partidos, quienes presenciaron, y/o en algunos casos participaron, en los hechos que dieron lugar a esta investigación(36).
De otra parte, en torno a la credibilidad que pueda atribuirse al testimonio de la señora Yidis Medina, quien habría sido la destinataria de tales ofrecimientos, la Sala accionada justificó con suficiencia el mérito que a ella atribuyó, para lo cual, analizó con detalle circunstancias como el cambio sustancial existente entre las declaraciones rendidas en el año 2004, a pocos meses de los hechos controvertidos, y las que diera en el año 2008, que a la postre condujeron a la reapertura del proceso en su contra, y al inicio de las investigaciones contra los presuntos autores de los ofrecimientos. La Sala exploró, de manera cuidadosa, las posibles razones de este cambio de postura, y tuvo en cuenta las condiciones en las que comúnmente se generan estas situaciones dentro del curso de las investigaciones penales, además de lo cual, analizó con cuidado, cuál de las dos versiones existentes en este caso, merecería mayor credibilidad(37). A partir de ello, llegó a la conclusión de que esta retractación obedeció a circunstancias razonables, ante lo cual, aceptó su más reciente versión, según la cual, sí hubo ofrecimiento de beneficios por parte del Gobierno, razón que la condujo a cambiar su decisión sobre el posible apoyo al Acto Legislativo sobre reelección presidencial que entonces se tramitaba.
Una razón adicional que explica las características del análisis probatorio vertido por la Sala accionada en la sentencia atacada tiene que ver con la forma en que razonablemente puede evaluarse la participación y la responsabilidad de los implicados frente a un delito como el que dio lugar a este proceso. Lo anterior por cuanto, es sabido que, a diferencia de lo que ocurre frente a otro tipo de hechos punibles, los actos consumativos de un delito como el cohecho, que son instantáneos, pues aquél no puede ser objeto de tentativa, en la generalidad de los casos suelen suceder de manera oculta y clandestina, sin presencia de testigos directos, más allá de quienes concluyen el acuerdo delictuoso para que el servidor público concernido actúe alterando su línea de conducta originalmente prevista. Por esta razón, rara vez podría obtenerse una prueba directa de tal acuerdo y sus detalles esenciales, ante lo cual resulta válido acudir a los medios de prueba indirectos, como son, por ejemplo, los indicios(38), los que, a su vez, tendrán mayor valor probatorio en cuanto aparezcan respaldados por testimonios coherentes, atinentes a hechos aledaños al investigado, puesto que, según lo explicado, éste no suele poder ser validado directamente.
Ahora bien, del examen cuidadoso de la sentencia atacada, la Corte considera que en el presente caso, la Sala accionada realizó un análisis correcto y adecuado del acervo probatorio disponible. En primer término, la Sala de Casación Penal justificó, en cada caso, su negativa a admitir las pruebas cuyo no decreto aún reclama el actor, decisiones que sin duda caben dentro del ámbito de libertad probatoria del que goza el juez penal, quien no está obligado a admitir todas las pruebas solicitadas por los sujetos procesales, aunque sí a explicar su decisión contraria, lo que en este caso cumplió a cabalidad. Y de otro lado, porque no es menos cierto, que la mayor parte de las personas cuyo testimonio se solicitó por la defensa y fue negado por la Corte Suprema, habían ya declarado con anterioridad, bien directamente dentro de este proceso, muchos de ellos durante la fase de investigación ante la Fiscalía General de la Nación, bien en otras actuaciones relacionadas(39), cuyos medios de prueba fueron válida y legalmente incorporados a este proceso, mediante el mecanismo de prueba trasladada. Así las cosas, esta circunstancia respalda también la conclusión a la que, en varios casos, llegó la Sala accionada, al considerar que algunas de las pruebas solicitadas por la defensa del actor resultaban redundantes, innecesarias o inconducentes.
1. LEVANTAR la suspensión de términos ordenada dentro de este proceso mediante auto de junio 9 de 2016.
2. CONFIRMAR la sentencia única de instancia dictada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 11 de noviembre de 2015, en el sentido de DENEGAR la tutela solicitada por Alberto Velásquez Echeverri contra la Sala de Casación Penal de la misma corporación
Magistrados: María Victoria Calle Correa, presidente—Luis Guillermo Guerrero Pérez, con salvamento de voto—Alejandro Linares Cantillo, con salvamento de voto—Gabriel E. Mendoza Martelo—Jorge Iván Palacio Palacio—Gloria Stella Ortiz Delgado, impedimento aceptado—Aquiles Ignacio Arrieta Gómez—Alberto Rojas Ríos—Luis Ernesto Vargas Silva.
1 Las razones de estas insistencias se precisan en el aparte de Consideraciones de la Corte, punto III, 2.
2 Se trata de los Magistrados Julio Enrique Socha Salamanca, Javier de Jesús Zapata Ortiz, José Leonidas Bustos Martínez y María del Rosario González Muñoz.
3 Se refiere al magistrado Luis Guillermo Salazar Otero.
4 Entre los cuales mencionó la tutela que en su momento interpuso contra una de las decisiones adoptadas por el Fiscal 6º Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, la cual fue denegada tanto en sus dos instancias, como por esta corporación, que seleccionó el caso y lo falló mediante sentencia T-113 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas).
5 Sobre esta situación, el tutelante invocó jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
6 Se trata del ya indicado ponente José Luis Barceló Camacho, y de los Magistrados Fernando Alberto Castro Caballero y Luis Guillermo Salazar Otero.
7 Se trata del ya referido William Monroy Victoria y de los conjueces Luis Bernardo Alzate Gómez, Abel Darío González Salazar, Julio Andrés Sanpedro Arrubla y Luis Gonzalo Velásquez Posada.
8 Se refiere a los entonces ministros del Interior y de Justicia y de Protección Social y Director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Alberto Velásquez Echeverri, quienes en esta providencia se han denominado conjuntamente los tres procesados.
9 Sin embargo, al día siguiente, y sin dar ninguna razón particular para ello, el mismo abogado se dirigió por escrito a la Sala de Casación Civil para expresar que retiraba su solicitud de acumular estas acciones de tutela.
10 Sentencia T-008 de 1998.
11 Ver al respecto, entre otras, las sentencias T-949 de 2003 y T-774 de 2004.
12 “Sentencia T-173 de 1993”.
13 “Sentencia T-504 de 2000”.
14 “Ver entre otras la reciente Sentencia T-315 de 2005”.
15 “Sentencias T-008/98 y SU-159 de 2000”.
16 “Sentencia T-658-98”.
17 “Sentencias T-088-99 y SU-1219-01”.
18 “Sentencia T-522 de 2001”.
19 “Sentencias T-462/03; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001”.
20 Ver las causales contenidas en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000, estatuto aplicable a los trámites de investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso de la República ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ninguna de las cuales permitiría la impugnación de una sentencia afectada por los defectos alegados por el actor en tutela.
21 Ver el artículo 161 del texto original de la Constitución de 1886, luego recodificado como artículo 163 en el texto que estuvo vigente hasta 1991, conforme al cual “Toda sentencia deberá ser motivada”.
22 Ver además, entre muchas otras, las sentencias T-1015 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-346 de 2012, (M.P. Adriana María Guillén Arango), SU-424 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y SU-770 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo).
23 Cfr. sentencia SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, ampliamente reiterada, entre otras ocasiones, por el fallo SU-074 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
24 Ver, entre muchas otras, la sentencia SU-447 de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo).
25 Cfr. T-214 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-314 de 2013 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
26 Cfr. sentencia SU-768 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), decisión que a su vez cita los fallos T-009 de 2010, T- 064 de 2010, T-456 de 2010, T-505 de 2010, T-014 de 2011, T- 060 de 2012 y T-466 de 2012.
27 Folios 268 a 301.
28 Cfr. folios 269 a 270.
29 Cfr. particularmente los folios 271 a 283 de la sentencia condenatoria.
30 “Folio 119, cuaderno original 45”.
31 Cfr. folios 274 a 275 y 283 a 284.
32 Cfr. folios 284 a 292 ibídem.
33 Cfr. folios 287 y 292 a 293.
34 Cfr. folios 293 a 301.
35 Los entonces ministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt.
36 El Anexo 4 de la demanda de tutela (fls. 372 a 383) contiene un exhaustivo listado de las pruebas con apoyo en las cuales se profirió la sentencia de condena, en cuya primera columna (fls. 372 a 375) se enumeran todas las personas cuyo testimonio recogió la Fiscalía General de la Nación dentro de este proceso (rad. 39.156).
37 Cfr. particularmente los folios 127 y 128 de la sentencia de condena. Más allá de esta específica reflexión sobre la retractación de la ex congresista Medina Padilla, la Sala Penal valoró cuidadosamente su dicho, al analizar con detalle las pruebas disponibles en relación con cada uno de los hechos investigados, y la responsabilidad que frente a ellos tendría cada uno de los tres procesados. En lo específicamente relacionado con las pruebas aducidas contra Alberto Velásquez Echeverri, ver particularmente los folios 268 a 301 de la sentencia de condena.
38 Expresamente admitidos como medio de prueba por los artículos 233 y 284 a 287 del código procesal aplicable (L. 600/2000). Sobre la necesidad, utilidad y procedencia del uso de los indicios en materia penal ver Parra Quijano, Jairo, “Algunos apuntes de la prueba indiciaria”, ponencia presentada en abril 2015 para el Instituto Chileno de Derecho Procesal, tomada de www.ichdp.cl (consultada el 11 de agosto de 2016), autor que a su turno cita abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y doctrina penal extranjera, entre la cual se destacan el alemán C. J. A. Mittermaier y el italiano Nicola Framarino Dei Malatesta.
39 Entre ellas los procesos penales seguidos ante la misma Sala contra los entonces congresistas Medina Padilla y Avendaño Castellanos y/o contra otros legisladores, y las cumplidas ante la Procuraduría General de la Nación, a partir de la implicación disciplinaria que estos mismos hechos podrían haber tenido, tanto respecto de los tres procesados como frente a los congresistas involucrados.