Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S65-05.html
Timestamp: 2018-02-20 19:34:50
Document Index: 371014162

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 32', 'artículo 47', 'artículo 1', 'artículo 1']

Rosendo Radilla Pacheco v. México, Caso 777/01, Informe No. 65/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005).
INFORME Nº 65/05
4. El 14 de enero de 2002 se inició el trámite de la presente petición con la solicitud al Estado de observaciones dentro del plazo de dos meses, de conformidad con el artículo 30 del Reglamento de la CIDH. Las partes siguieron remitiendo sus observaciones e información adicional y hasta que la Comisión Interamericana consideró suficientemente definida la posición de cada una de ellas. El 21 de octubre de 2004, durante el 121º período de sesiones se celebró una audiencia ante la CIDH.
6. Los peticionarios indican que, inicialmente, los familiares de la presunta víctima temían denunciar los hechos por temor a represalias del Estado[5]. A pesar de ello, señalan, la familia emprendió tareas para su localización quince días después de los hechos. Tal gestión consistió en una entrevista con el Profesor Manuel Cabañas, representante del Gobernador del estado de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa, quien les habría comentado que sabía que el señor Radilla Pacheco se encontraba en el Campo Militar Numero Uno, en la Ciudad de México. Sostienen además que seis meses mas tarde una persona de nombre “Neri” les pidió doce mil pesos para ayudarlos a localizar a la presunta víctima, pero que al llegar la fecha acordada se les informó que el señor Rosendo Radilla Pacheco ya había fallecido. Un tiempo después, la familia y sus representantes interpusieron denuncias sobre los hechos en distintas instancias. En 1990, poco después de creada la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),[6] los familiares presentaron una queja por los hechos del presente asunto ante dicho organismo público. Asimismo, el 27 de marzo de 1992 interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE). Con relación a los mismos hechos, el 14 de mayo de 1999 se presentó una denuncia ante la autoridad municipal de Atoyac de Álvarez. De la misma forma, el 20 de octubre de 2000[7] presentaron una denuncia penal en la Delegación Estatal de la PGJE por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y otros; sin embargo, el Ministerio Público estatal declinó su competencia y remitió el expediente a la Procuraduría General de Justicia Militar[8]. El 29 de noviembre de 2000 se interpuso denuncia ante la Procuraduría General de la República, que fue ratificada el 29 de marzo de 2001. Los peticionarios añaden que el 3 de enero de 2001 también se presentó una denuncia en el estado de Guerrero por la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, la que fue radicada por incompetencia a la Fiscalía el 25 de octubre de 2002.
7. Los peticionarios manifiestan que a pesar de este número de reclamos, hasta el momento de la presentación de la denuncia ante la CIDH no se habrían desarrollado diligencias tendientes a identificar lo sucedido al señor Rosendo Radilla o su paradero, y por ello cuestionan la eficacia de los instrumentos disponibles en el ordenamiento interno. Asimismo, alegan la ineficacia de los recursos internos, específicamente en materia de desaparición forzada, ya que el recurso de amparo no sería idóneo ni adecuado debido a los requerimientos legales de que el beneficiario de dicho recurso ratifique su presentación; que se indique el lugar en que se encuentra; y la autoridad denunciada.[9] Consecuentemente, sostienen que se configura la excepción contemplada en el artículo 46(2)(a) de la Convención Americana.
8. Asimismo, los peticionarios hacen referencia al tiempo transcurrido desde 1974, cuando fue detenida y luego desaparecida la presunta víctima, hasta la fecha. Observan que desde la primera denuncia formal presentada a las autoridades no se han registrado avances en las investigaciones; ni se han tomado medidas contra los responsables; como tampoco se ha obtenido respuesta sobre la verdad de los hechos o sobre el paradero de Rosendo Radilla Pacheco.
9. En cuanto a la aplicación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, los peticionarios alegan la continuidad de dicho delito. Señalan que los familiares del desaparecido son también victimas, pues se encuentran sometidos a una angustiosa incertidumbre que se mantendrá hasta que se identifique la suerte final de la persona desaparecida.
10. Los peticionarios aducen que hay un retraso injustificado en la investigación de los hechos, lo que configuraría el supuesto de excepción al requisito de agotamiento de los recursos internos contemplado en el artículo 46(2)(c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los peticionarios fundan su argumento en el lapso de doce años que han transcurrido desde la primera denuncia y cerca de tres años desde la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (“FEMOSSP”), sin resultados concretos.
11. Finalmente, los peticionarios alegan la ineficacia del procedimiento de la FEMOSSP y señalan a ese respecto que a pesar del tiempo transcurrido no habrían resultados concretos en el caso de Rosendo Radilla Pacheco. Consideran los peticionarios que la labor de la Fiscalía Especial se habría concentrado en verificar que sí hubo desaparición, pero que no ha buscado la sanción de los responsables ni la localización de la presunta víctima. Sin embargo, afirman que siguen participando de buena fe en la investigación que está siguiendo dicha Fiscalía Especial.
12. En sus comunicaciones, el Estado mexicano no discute la competencia de la Comisión Interamericana para conocer de la petición pero alega la de falta de agotamiento de los recursos internos como causal de inadmisibilidad de la petición.
13. Inicialmente el Estado alegó que la primera denuncia formal de los hechos se efectuó varios años después de ocurrida la desaparición, lo que resultó en el impedimento material para que el Estado contara con los elementos mínimos para realizar una investigación.[10] Agregó que en esta situación, la actividad procesal de las victimas era indispensable para que el Estado pudiera actuar y avocarse a la localización del señor Radilla Pacheco; y que los familiares de la presunta víctima pudieron haber interpuesto juicio de amparo ante la Justicia Federal. Señala además el Estado que, a pesar del tiempo transcurrido, las denuncias presentadas fueron atendidas; pero que la falta de indicios y evidencia impidió el avance de las averiguaciones correspondientes.
14. El Estado también hizo notar que a partir del compromiso del Presidente Vicente Fox plasmado en el Acuerdo publicado en el Diario oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2001[11] se habrían dispuesto diversas medidas de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas a movimientos sociales y políticos del pasado. A este efecto, el 4 de enero de 2002 el Procurador General de la Republica designó al Fiscal Especial para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en contra de Personas vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado[12]. Añade que el caso del señor Radilla Pacheco está bajo el conocimiento de dicha Fiscalía Especial para las respectivas actuaciones.
21. La Comisión debe tomar en cuenta los informes elaborados sobre la situación general de la región; [15] la alegada imposibilidad general de acceder a la justicia en el caso concreto; la creación de la FEMOSSP; el control exclusivo por parte del Estado de los medios y elementos de investigación; los diversos intentos realizados por los familiares de la supuesta victima para poner en conocimiento de los hechos alegados a las autoridades. Con ello presente, y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH considera que en la época de la supuesta desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco había un temor fundado en la población que podría justificar la imposibilidad de denunciar ante las autoridades competentes los hechos acontecidos en el caso particular. En ese contexto, se consideran razonables los esfuerzos desplegados por los familiares y representantes de Rosendo Radilla Pacheco para buscar justicia en el ámbito interno.
22. En virtud de lo expuesto, la Comisión aplica a este asunto la excepción de “retardo injustificado en la decisión” sobre tales recursos, contemplada en el artículo 46(2)(c) de la Convención Americana y por lo tanto, releva a los peticionarios del cumplimiento de dicho requisito.
23. El artículo 46(2) de la Convención Americana establece que el retardo injustificado en la decisión sobre los recursos internos resulta en la inaplicabilidad de los requisitos de agotamiento y de presentación dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de notificación de la decisión definitiva. Por su parte, el artículo 32(2) del Reglamento de la CIDH determina:
24. La presunta desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco se inicia el 25 de agosto de 1974, cuando habría sido detenido en el estado de Guerrero. La petición bajo consideración se presentó a la CIDH el 15 de noviembre de 2001, luego de muchos años de reclamos ante diversos órganos nacionales para impulsar la investigación del paradero de Rosendo Radilla Pacheco. Las circunstancias del presente asunto, que han sido referidas en la sección de este informe dedicada al agotamiento de los recursos internos, indican el temor y las dificultades que enfrentaron los peticionarios desde la época de los hechos hasta que se dieron las condiciones para presentar la denuncia. Lo hicieron en 1990, cuando se creó la CNDH y “diversas familias y organizaciones tomaron mayor confianza para interponer las respectivas denuncias por las desapariciones de sus conocidos”.[16] Asimismo, luego del cambio de gobierno de diciembre de 2000 hicieron un nuevo reclamo.
28. El artículo 47 incisos (b) y (c) de la Convención Americana dispone que la Comisión considerara inadmisible toda la petición o comunicación que “no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención” o que “de la exposición del propio peticionario o de Estado [resulte que] es manifiestamente infundada (…) o sea evidente su total improcedencia.
29. La Comisión Interamericana toma en cuenta el contexto en que se desarrollaron los eventos alegados y considera que la exposición de los peticionarios se refiere a hechos que, de ser comprobados, configurarían violaciones de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados, respectivamente, en los artículos I y XVIII de la Declaración Americana y 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, todos ellos en relación con el artículo 1(1) del mismo tratado. De la misma manera, considera que podrían ser aplicables los artículos, III, IX, XI, y XIX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Toda vez que se hallan reunidos los requisitos estipulados en la Convención Americana, la Comisión decide que los hechos sujeto de este análisis ameritan un examen más preciso y completo en la etapa de fondo.
30. La CIDH concluye que es competente para tomar conocimiento de esta petición y que la misma cumple con los requisitos de admisibilidad, de acuerdo con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y con artículos concordantes de su Reglamento. Con base en las consideraciones de hechos y de derecho contenidas en el presente informe,
1. Declarar, sin prejuzgar sobre fondo del asunto, que la petición es admisible en relación con los hechos denunciados y respecto de los artículos 4 (derecho a la vida); 5 (derecho a la integridad personal); 7 (derecho a la libertad personal); 8 (derecho a garantías judiciales) y 25 (derecho a protección judicial) de la Convención Americana; a la obligación de respetar los derechos a que se refiere el artículo 1(1) de dicho tratado; así como los artículos I, III, IX, XI, y XIX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
3. Continuar con el examen del caso, y
4. Publicar la presente decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
[3] En tal sentido, los peticionarios sostienen que “existen distintos testimonios -todos ellos congruentes y que coinciden entre sí- que aseguran que Rosendo Radilla estuvo detenido hasta el 30 de septiembre de 1982, en el Cuartel Militar ubicado en la Población de San Benítez, Municipio de Atoyac.” Comunicación de los peticionarios recibida el 19 de junio de 2002.
[4] Comunicación de los peticionarios recibida el 15 de noviembre de 2001, conforme señalan al testimonio de otra persona que habría sido detenida en el mismo cuartel militar. “Según el testimonio firmado el 30 de septiembre de 1982 esta fue la ultima vez que se vio a al señor Rosendo, posteriormente el testigo fue puesto en libertad”
[14] México depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el 9 de abril de 2002.
[15] CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en México, 24 de septiembre de 1998, OEA/Ser.L/V/II.100 Doc 7 rev. 1.
[16] Comunicación de los peticionarios de 21 de octubre de 2004, párr. 13, pág. 3.