Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/56341
Timestamp: 2019-11-12 04:35:32
Document Index: 206122398

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 1', 'artículo 107', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 133', 'artículo 1']

Gaceta: LXII/3SPR-17/56341
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA SOBRE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE MATRIMONIO IGUALITARIO.
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas cuatro proposiciones con puntos de acuerdo en materia de matrimonio igualitario, presentadas por la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, el Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A. En la sesión del miércoles 17 de junio de 2015 se presentó la Proposición con Punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro de Arteaga, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas a adecuar su legislación civil con el fin de cumplir con los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según la interpretación de la jurisprudencia 43/2015 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha proposición fue presentada por la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-875
B. En la sesión del miércoles 24 de junio de 2015 se presentó la Proposición con Punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales que aún están pendientes de homologar sus códigos civiles con los principios constitucionales en materia de derechos humanos y las tesis jurisprudenciales recientemente emitidas por la Corte, a armonizar su legislación estableciendo explícitamente el matrimonio igualitario, dicha proposición fue presentada por el Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1191
C. En la misma sesión se presentó la proposición con Punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a armonizar la institución del matrimonio en sus marcos jurídicos locales conforme los principios de igualdad y no discriminación presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1255.
D. En la sesión del martes 30 de junio se presentó la proposición con Punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a implementar las reformas a la legislación civil y familiar en materia de matrimonio igualitario presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1374.
II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓNES
Las proposiciones que se dictaminan coinciden en señalar la necesidad de legislar en materia de matrimonio igualitario, en función de que el pasado 17 de junio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo en revisión (823/2014), relacionado con la legislación del estado de Colima, que establece que el matrimonio se circunscribe a un solo hombre y a una sola mujer, pero prevé una figura especial, el enlace conyugal, que se celebra entre dos personas del mismo sexo.
La Primera Sala reafirmó que no existe ninguna justificación racional para negar el acceso al matrimonio a las parejas homosexuales, aun cuando existiera un régimen jurídico diferenciado al cual pudieran optar dichas parejas en lugar de casarse, incluso si la figura en cuestión tuviera los mismos derechos que el matrimonio, pues se les reconocería un conjunto incompleto de derechos siguiendo su orientación sexual.
Indican que la resolución de la Primera Sala sentó jurisprudencia, misma que es obligatoria para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Las tesis referidas son las siguientes:
Tesis: 1a./J. 43/2015 (10a.)
“Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer". Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.”
Tesis: 1a./J. 46/2015 (10a.)
“Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase", lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de "separados pero iguales". La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad”.
De conformidad con lo anterior, los promoventes coinciden en la necesidad de exhortar a las entidades federativas que aún o lo han hecho a legislar en materia de matrimonio igualitario. Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente los resolutivos propuestos:
Dip. María Sanjuana Cerda Franco:
Dip. Fernando Belaunzarán Méndez:
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los Congresos Locales que aún están pendientes de homologar sus Códigos Civiles con los Principios Constitucionales en materia de Derechos Humanos y con las tesis jurisprudenciales 1a./J. 43/2015 (10a.) y 1a./J. 46/2015 (10a.) recientemente emitidas por la Suprema Corte de Justicia, a que armonicen su legislación estableciendo explícitamente el matrimonio igualitario.
Sen. Mario Delgado Carrillo:
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, de manera respetuosa, a las Legislaturas de las Entidades Federativas a realizar las adecuaciones a la normatividad civil local con la finalidad de que el elemento de comunión sea el único que defina a la institución del matrimonio, se reconozca que se puede celebrar entre personas del mismo sexo y en general se armonice con base en los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, eliminando cualquier trato diferenciado por razón de género o preferencia sexual.
Sen. Angélica de la Peña Gómez:
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a implementar las reformas legislativas a los Códigos Civiles, a la legislación familiar y demás disposiciones correspondientes que nieguen, restrinjan o anulen el acceso de las parejas del mismo sexo al matrimonio igualitario.
Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo antes mencionadas, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.
En el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que en el territorio nacional todas las personas gozarán de los derechos humanos en ella reconocidos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece.
El dispositivo referido en el numeral anterior determina que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
El artículo 133 de la norma fundamental, se establece que la propia Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión, y ordena que los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.
La decisión fundamental contenida en el artículo 133 constitucional, determina la jerarquía de las normas en el régimen jurídico mexicano, en cuya cúspide se encuentra la Constitución Federal, seguida de las leyes secundarias como instrumentos necesarios para dar realidad jurídica a las bases contenidas en aquélla.
Sin embargo, la ley es susceptible de imperfecciones y por ende podría ser contraria a la norma fundamental, lo cual hace necesarios ciertos mecanismos de control como lo son, entre otros, el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, previstos en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución, cuyo propósito esencial es procurar el respeto de la norma suprema, a través de la supresión de la eficacia de los actos que la contravienen.
En México el control constitucional ha sido por tradición un monopolio que detenta el Poder Judicial de la Federación, a través de las figuras ya referidas en el numeral anterior, al tratarse de una función íntimamente vinculada con la labor interpretativa.
No obstante lo anterior, con la reforma a diversos artículos de la Constitución federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se sustituyó el concepto de “garantías individuales” por el de “Derechos Humanos”, y se ampliaron las bases del amparo constitucional, lo que propicio el resurgimiento del control difuso dando pauta a la relevancia que tenía desde su antecedente original, es decir, el de la Constitución de 1857.
A partir de dicha reforma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó su criterio a través de la Tesis P.LXVIII/2011 (9a), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, la cual impone a todo juzgador la obligación de aplicar el "control convencional ex officio", al mismo tiempo de desaplicar aquellas normas que se consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
En virtud de que la parte final del artículo 133 constitucional determina que el “control difuso” es una atribución exclusiva de los jueces, no es reprochable a las autoridades administrativas que se limiten a la aplicación de las normas en sus términos, salvo en aquelas ocasiones en que son impelidas por una resolución jurisdiccional.
Las legisladoras y legisladores integrantes de esta Primera Comisión coinciden con la preocupación de los promoventes en torno a la necesidad de proteger los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte.
La reforma de junio de 2011 puso en el centro del sistema jurídico mexicano a los derechos humanos. El artículo 1º de nuestra Constitución prohíbe expresamente la discriminación, entre otras, por razón de género o preferencia sexual, asimismo, el artículo cuarto reconoce que el varón y la mujer son iguales ante la Ley.
La tesis 43/2015 (10ª), constituye jurisprudencia por reiteración de criterios, y su observancia es obligatoria para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales, en términos de lo dispuesto en los artículos 215 y 216 de la Ley de Amparo; en consecuencia, no es obligatoria para las legislaturas de los estados, en tanto no reúna los requisitos establecidos en la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone:
De conformidad con lo anterior, esta Comisión dictaminadora observa que no se colman los supuestos previstos por la norma fundamental para que las autoridades de las entidades federativas se encuentren compelidas a superar por la vía legislativa el posible problema de inconstitucionalidad. No obstante lo anterior, ello no impide que esta soberanía se pronuncie sobre el particular, con pleno respeto a los principios de pacto federal.
El pasado 28 de abril de 2015, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con punto de acuerdo relativo al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, a través del cual el Senado de la República del H. Congreso de la Unión se pronunció en el siguiente sentido:
UNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los congresos de las entidades federativas que aún no lo han hecho, que en el ámbito de sus competencias, implementen reformas a su legislación civil a fin de garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
De esta manera, el Congreso de la Unión, por conducto del Senado de la República, ha manifestado su preocupación por el tema. No obstante, con motivo de las tesis de jurisprudencia recientemente aprobadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aportan nuevos elementos a considerar sobre la materia, por lo que las legisladoras y legisladores de esta Primera Comisión consideran que, una vez analizados los argumentos y consideraciones contenidas en las proposiciones con punto de acuerdo que se dictaminan, es procedente pronunciarse en el sentido de reafirmar el resolutivo aprobado en su oportunidad por el Senado de la República.
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en alcance al resolutivo único aprobado por el Pleno del Senado de la República el 28 de abril del presente año, solicita respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas que aún no lo han hecho que, en el ámbito constitucional de sus competencias, implementen reformas a su legislación civil o familiar, a fin de garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, informando oportunamente a esta soberanía sobre el particular.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veintiún días del mes de julio de 2015.
“La reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor en junio de 2011 colocó en el centro de la actuación del Estado mexicano la protección y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por éste. Por ello, se trata de una reforma que impacta de manera sustantiva en la labor de todas las autoridades del país, toda vez que deben hacer efectiva la aplicación de la totalidad de las obligaciones reconocidas constitucionalmente… todas las autoridades sin excepción se encuentran obligadas a asumir una responsabilidad de Estado en la implementación de esta compleja transformación constitucional; y, en especial, reconocen aquella que enfrentan las y los operadores de justicia, particularmente quienes tienen en sus manos la impartición de justicia o funciones asociadas con la defensa –tanto jurisdiccional como no jurisdiccional– de los derechos humanos, para desarrollar todas sus acciones desde el nuevo paradigma que supone la incorporación de una perspectiva de derechos humanos… es importante resaltar que un cambio de tal envergadura requiere de estrategias y mecanismos adecuados y eficaces para garantizar que las nuevas disposiciones constitucionales alcancen los fines para los cuales han sido diseñadas. Por tal motivo, asegurar el efecto útil de la reforma constitucional antes señalada sólo será posible en la medida en que las instituciones, la sociedad y la academia exploren a profundidad los alcances de la multiplicidad de herramientas con las que ahora cuentan de manera indubitable.” Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Rubén Sánchez Gil. “Control difuso de constitucionalidad y convencionalidad”. Reforma DH Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos. Número 4. Primera edición. Comisión de Derechos Humanos del D.F., Suprema Corte de Justicia de la Nación, ONU, Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. p. 5. Consulta en línea en el sitio http://www.sitios.scjn.gob.mx/reformasconstitucionales/sites/default/files/material_lectura/Metodolog%C3%ADa%20Control%20Difuso.pdf
“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.- De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.”