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Timestamp: 2019-09-23 09:02:37
Document Index: 30535679

Matched Legal Cases: ['artículo 468', 'artículo 449', 'artículo 468', 'artículo 480', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 56', 'artículo 327', 'artículo 327', 'artículo 327', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 327', 'artículo 336', 'artículo 336', 'artículo 359', 'artículo 336', 'artículo 327']

Acuerdo y Sentencia 137/2013 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 137/13
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil trece, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, por ante mí, el Secretario autorizante, se trajo el expediente caratulado: “L. A. Y OTROS S/ TENTATIVA DE CONTRABANDO”, a fin de resolver el recurso extraordinario de casación planteado contra el Auto Interlocutorio Nº 86 de fecha 7 de Mayo de 2009, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Tercera Sala de Ciudad del Este.
A los efectos de establecer el orden de votación se realizó el sorteo de ley que arrojó el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO y BENTEZ RIERA.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA DOCTORA PUCHETA DE CORREA DIJO: El agente fiscal de la causa interpone Recurso Extraordinario de Casación contra el fallo más arriba individualizado, confirmatorio del fallo dictado en primera instancia.
Por Auto Interlocutorio Nº 834 del 29 de Agosto de 2008, el juez penal de garantías decretar el sobreseimiento definitivo de todos los encausados en esta causa.
En primer término corresponde efectuar el ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD del pedido de casación: En cuanto a la impugnabilidad objetiva:La fiscalía plantea su recurso de casación en fecha 13 de Julio de 2009, estando dicha presentación planteada en tiempo, ya que la notificación a la misma fue realizada por cédula en fecha 29 de Junio de 2009, por lo que se halla dentro del plazo establecido por el artículo 468 del Código Procesal Penal. El recurrente impugna el Auto Interlocutorio arriba señalado, emanado del Tribunal de Apelación; esta resolución pone fin al procedimiento, por lo que el objeto de la Casación contenido en el Art. 477 del Código Procesal Penal se halla cumplido. El recurrente invoca como motivo que amerita la procedencia del recurso la causal prevista en el numeral 3° del Art. 478 del Código Ritual (falta de funtamentación).
En cuanto al motivo invocado, el mismo ya obliga a estudiar el fondo de la cuestión, por lo que hace a la admisibilidad de este recurso.
Con relación a la impugnabilidad subjetiva, el recurrente es agente fiscal de la causa, se halla debidamente legitimado a recurrir en casación, por lo dispuesto en el artículo 449 del Código Procesal Penal, segundo párrafo.
Por último, en lo que hace al escrito de interposición: La forma del mismo se rige por lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, al cual remite el artículo 480 del mismo cuerpo legal. A la luz de esta norma, se puede ver que el escrito del recurrente se halla fundado y precisados sus motivos, con los argumentos y la solución que se pretende, cumpliendo así los requisitos legales. En consecuencia, al hallarse verificadas todas las exigencias formales, corresponde DECLARAR ADMISIBLE para su estudio el recurso deducido. ES MI VOTO.
A la segunda cuestión planteada la Doctora PUCHETA DE CORREA prosigue diciendo: En este juicio, el recurrente se agravia de manera específica por los siguientes ítems: el juez de Garantías ha dictado un sobreseimiento definitivo para todos los encausados, basado en que el hecho investigado no es un hecho punible, sino solo una falta administrativa, ya que así lo sentenció los órganos pertinentes en el ámbito administrativo.
Sigue diciendo que la Cámara de Apelación cohonestó dicho fallo aludiendo a este proceso, y que al haberse cumplido la sanción de la falta administrativa, pagando los tributos correspondientes, no tiene más sustento el hecho de tentativa de contrabando, que persigue el Ministerio Público. Critica también el sobreseimiento definitivo en sí mismo, debido a que no existió la certeza aludida por el inferior y ratificada por el tribunal de alzada.
Respondiendo el agravio expuesto, se ve que el mismo argumenta sobre la prejudicialidad en la causa, y más específicamente, si el sobreseimiento definitivo otorgado, en base a la prejudicialidad tramitada, es acorde a Derecho.
Partiendo de esta base, encuentro que desde su inicio, los pasos procesales llevados a cabo para este desenlace no pueden ser avalados, por las siguientes razones:
En primer lugar, no puede haber una cuestión prejudicial en esta causa, porque coacciona, limita y desvirtúa la esencia investigadora del Ministerio Público. En efecto, el Ministerio Público se halla ampliamente facultado por nuestra ley procesal penal para dirigir una investigación penal y llevar a un imputado hasta el juicio oral. En este sentido, el artículo 52 del CPP, a más de ratificar la propiedad de la acción penal pública al Ministerio Público, le encarga la dirección de la investigación de los hechos punibles y la promoción de la acción de la cual es él el dueño; esto en coherencia con la ley orgánica de dicha entidad. Así también, el artículo 53 del CPP impone al Ministerio Público la carga de la prueba, es decir que el ente acusador debe buscar las evidencias y presentarlas ante el tribunal de sentencias a fin de ser transformadas en pruebas; solamente él puede hacer esta obligación que la ley le impone. A su vez, el artículo 56 del mismo cuerpo legal ratifica las anteriores disposiciones y declara que el Ministerio Público tiene todas las atribuciones y poderes que la ley le otorgue a efectos de poder cumplir con sus deberes y obligaciones.
Pues bien, considero que todas estas normativas son violadas o dejadas de lado si se pretende que en la investigación de un hecho punible el agente fiscal, representante de la sociedad y designado del Ministerio Público, deba depender de otro organismo para lograr su cometido, que es el aclarar un hecho ilícito, configurar plenamente al mismo dentro del catálogo penal o buscar las evidencias que determinen su existencia y la responsabilidad del autor. Como se vio, todas estas cuestiones son de competencia del agente fiscal, que le procede claramente de estas normas y que se ve mutilada por el acepto de los juzgadores de este juicio de subyugarse a entes extraños al Poder Judicial.
La capacidad o competencia de investigación del ente acusador es amplia y así lo declara la ley, está orientada e inclusive se le coloca al representante de la acusación como director de todo aquel proceso investigativo, lo cual permite decir inclusive que en la etapa preparatoria es el agente fiscal el “dueño del proceso”; el mismo posee herramientas precisas y amplias facultades para poder usarlas a efectos de determinar la existencia de elementos del tipo penal buscado o lograr el descubrimiento de evidencias dirigidas a demostrar la existencia del hecho o autoría del responsable. Todo esto se halla coartado o despreciado si se admite la idea que el “dueño del proceso” deba depender de otra persona, física o jurídica, a fin de lograr los cometidos que la misma ley le impone.
En segundo lugar y como segundo argumento, debemos decir, siguiendo el lineamiento lógico comenzado, que la ley en su artículo 327 CPP dice: “La cuestión prejudicial procederá cuando sea necesario determinar por un procedimiento extrapenal la existencia de uno de los elementos constitutivos del hecho punible…”. Pues bien, considero que el requisito legal de existir un “procedimiento” no puede ser aplicable a este tipo de situaciones, pues para determinar la existencia de un elemento del tipo están contemplados los medios necesarios al efecto, cual es el caso de una pericia o una prueba de informe, no es necesario realizar un “procedimiento”, ni mucho menos que el pretendido “procedimiento” sea dejado en manos de una persona que no tiene la capacidad legal para investigar nada relacionado al hecho ilícito, ya que la ley para ello le confirió al Ministerio Público este poder. Si se acepta la idea que para determinar un elemento del tipo que ofrece ciertas dificultades se deba hacer un “procedimiento”, se lleva la cuestión al campo de la subjetividad, y así, en otros casos se intentaría utilizar el mismo errado pensamiento, dando como ejemplo la situación que la defensa de un homicida pretenda que se haga un “procedimiento” para determinar si es verdad que la víctima estaba viva o no en el momento del hecho. Para todos estos supuestos están los cuerpos auxiliares, suministrados por las Ciencias Auxiliares de la Justicia, que darán su veredicto mediante los medios probatorios también contemplados por ley, como se dijo antes, la pericia u otros eficaces.
No estoy de acuerdo con que se logre que se inventen “procedimientos” que deban ser llevados a cabo antes para determinar la existencia de un elemento del tipo, y así lograr prejudicialidades que no tienen cabida y permitir que prácticamente todos los casos judiciales se desjudicializen, y si por ventura tornan a la esfera judicial, lo harán afectados por el paso del tiempo que habrá perdido otras evidencias, cuando no la acción misma.
Por otro lado, el vocablo “procedimiento” que hasta este momento aparece entre comillas, da la clara idea de un conjunto de pasos a seguir en una determinada situación ORGANIZADOS POR LEY, lo cual no se compadece de la idea de pretender que todo este sujeto a este requisito que tiene, por su propia contextura, un alcance limitado y uso restrictivo.
En tercer lugar y como tercer argumento, y unido este estrechamente a lo arriba enunciado, debemos decir que el procedimiento al que alude el artículo 327 del CPP es solamente referido a un procedimiento intra judicial, no a uno extra judicial. Este argumento consolida la situación hasta aquí detallada, puesto que si se quiere aceptar el que se tenga que hacer un “procedimiento” o conjunto de pasos para lograr un elemento del tipo, éste indefectiblemente deberá ser dentro de la esfera del Poder Judicial.
Si se lee con atención el artículo 327 del CPP en las partes pertinentes, se observa: “La cuestión prejudicial procederá cuando sea necesario determinar por un PROCEDIMIENTO EXTRAPENAL…” y también: “…suspenderá el procedimiento penal hasta que en el otro procedimiento recaiga RESOLUCIÓN FIRME, sin perjuicio de que se realicen los actos de investigación que no admitan demora.”. De esta forma se ve palmariamente que el procedimiento al que alude la ley es un conjunto de actos organizados por ley pero inmersos dentro de la Administración de Justicia, no fuera de ella, como en el caso de autos. Las situaciones que son las contempladas por esta norma se refiere a cuando se requiere que en otro juicio extra penal se dirima la existencia de un elemento del tipo, pero sin salir éstas del ámbito judicial, donde deben ser contemplados; entonces en el ámbito laboral, civil, comercial o del menor se dirimirá si existe el elemento del tipo, para luego poder ser establecido el mismo en sede penal.
En cuarto lugar y como cuarto argumento, abonando las expresiones arriba vertidas, traigo a estudio el artículo 3 de la Constitución Nacional, que establece las tres facultades del Poder, que serán ejercidos por el Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y además regula la actuación de los tres citados entre sí, donde se destaca la propugnación de la independencia y del equilibrio. Pues bien, esta norma de rango constitucional no se halla cumplida si se sostiene que el Poder Judicial depende de cualquier otro, en este caso de los entes del Poder Ejecutivo, para poder cumplir el motivo por el cual fue creado, que es administrar justicia. En efecto, si se investiga a presuntos autores de hechos punibles que cumplen funciones dentro de un ente público, y para acusarlos o condenarlos se debe someter al Poder Judicial al arbitrio del mismo ente público, se nota claramente que el sistema de independencia y equilibrio se rompen en detrimento de la administración de justicia; no puede ser un ente administrativo acusado y juez al mismo tiempo, o dirimir cuestiones diferentes para lo cual fue creado.
Esta posibilidad, bien reglamentada por el artículo 3º de la Constitución Nacional, fue contemplada por el artículo 327 del CPP, impidiendo justamente que se trate de cuestiones jurídicas fuera de dicho ambiente, y esto se afirma porque los entes del Poder Ejecutivo no pueden crear un estado de “cosa juzgada”, esto no lo pueden hacer simplemente porque en el ámbito no pueden dictar RESOLUCION FIRME, y esta posibilidad no la tienen porque ellos no poseen la capacidad legal para investigar nada relacionado a un hecho ilícito, y muchísimo menos la posibilidad de juzgar nada referente a ellos, capacidades que corresponden respectivamente al Ministerio Público y Poder Judicial.
En quinto lugar y como quinto argumento, muy unido esto al tercer argumento, es oportuno recordar cuál es el bien jurídico que protege la norma dada en el artículo 336 y 342 de la Ley N° 2422. Los mismos protegen al arca del Estado, al erario público. Pues bien, considero que es absolutamente impertinente que se solicite a un órgano no judicial que aclare cuál es el bien jurídico en un caso del tipo de autos como requisito esencial, indispensable y único; el bien jurídico ya existe independientemente de lo que pueda decir después cualquier ente, oficina, persona jurídica o física y constatar su violación ya cae dentro de la exclusiva competencia del Ministerio Público, en otras palabras, el dictámen del ente administrativo no es vinculante para el Misterio Público y mucho menos para los órganos de justicia; si se admite que otra vez deba considerarse lo que dice un ente administrativo, (que ya no puede ser posible so pena de transformarlo en juez y parte), se estaría provocando situaciones jurídicas muy anormales. El bien jurídico no necesita ser declarado, solo debe existir.
Como sexto y último argumento, tenemos lo relacionado a la sanción judicial recaída en virtud al proceso administrativo seguido. Lo que efectuó el juez de garantías, en resumidas cuentas, es que deja sin proceso y eventual sanción a los responsables de un hecho ilícito, por el solo argumento que en sede administrativa, los mismos ya fueron condenados. En otras palabras, el juez cedió su Investidura de tal a cualquier otro funcionario administrativo. –
Esto ya escapa inclusive a la naturaleza de la Prejudicialidad, puesto que la misma es solo una causal de suspensión de plazos, un compás de espera hasta lograr completar los argumentos de una investigación. Sin embargo, el juez de la causa advierte que los encausados fueron condenados a pagar las multas correspondientes, y lisa y llanamente abandona su Imperium sometiéndose él también a lo resuelto en sede administrativa, agravándose su postura al olvidar lo dispuesto en el artículo 336 de la Ley 2422, que dice: “El contrabando constituye, además de una infracción aduanera, un delito de acción penal pública. A los efectos penales y sin perjuicio del sumario administrativo, los antecedentes serán remitidos a la justicia penal”. El juez de la causa obró en forma totalmentecontraria a esta norma y la Cámara de Apelación aceptó dicha conducta, sin fundamento alguno.
Debe dejarse en claro, a más de todos los razonamientos arriba detallados, que no es lo mismo la esfera judicial y la esfera administrativa, se estudian cuestiones diversas, se tienen distintos objetivos, se debaten distintas conductas, perjuicios y demás; no puede aceptarse jamás que por ser condenados en sede administrativa, los encausados queden libres de un proceso penal, que estudia tópicos totalmente diversos al primero.
Todos los argumentos arriba indicados, demuestran que la prejudicialidad en autos ni siquiera debió ser estudiada, y menos cuando la misma no fue siquiera claramente interpuesta, y así, la sanción del ente administrativo tampoco debió ser observada por el juzgador, quedando entonces sin base alguna el sobreseimiento decretado, puesto que no se encuadra en absoluto en ninguna de las causales del artículo 359 del CPP. –
Los argumentos arriba vertidos demuestran claramente que esta figura procesal no tiene cabida, máximo cuando no involucra a parte alguna del Poder Ejecutivo. Por eso, el razonamiento del juez penal es errado, y el control que realiza del mismo el tribunal de Alzada también; y por todos estos argumentos, considero que deben ser anuladas el Auto Interlocutorio Nº 86 de fecha 7 de Mayo de 2009, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Tercera Sala de Ciudad del Este, como así también el Auto Interlocutorio Nº 834 del 29 de Agosto de 2008, dictado por el juez penal de garantías, enviando estos autos a la audiencia del Juicio Oral y Público.
A su turno el Doctor BLANCO manifiesta que: Me adhiero al voto de la distinguida colega Ministra Dra. ALICIA PUCHETA DE CORREA, en cuanto concluye afirmando la procedencia total del recurso extraordinario de casación planteado por el Agente Fiscal en lo Penal de la Unidad Fiscal Nº 10 y asignado a la persecución penal de hechos punibles de contrabando de Ciudad del Este Abog. HUMBERTO JAVIER ROSETTI, merced a un meduloso estudio de los hechos, el derecho y la doctrina aplicable, y lo expreso en los siguientes términos:
1) La primera regla es que en materia de causas penales tributarias, la concesión judicial de la prejudicialidad administrativa no debe resultar en una suerte de fatalidad obligatoria para el juez y las partes, sino que al contrario, cada caso debe merecer respuesta diferente, según la forma y contenido del planteo, y el órgano administrativo involucrado.
2) El segundo aspecto esencial en el tema que nos ocupa –prejudicialidad administrativa, su concesión o no depende de que al hecho investigado en sede penal falte “un elemento del hecho punible” (art. 327 C.P.P.), esto es que al tramitarse el proceso penal, el interesado en el incidente es quien debe mostrar al juzgador cual es el requisito esencial del hecho punible faltante (tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad y punibilidad). Si el recurrente omitió dicho deber inexcusable mal puede el director del proceso concederlo, porque el mismo no puede suplir la negligencia del peticionante, ni mucho menos adivinar, la “intención oculta” de los litigantes.
En el caso que nos ocupa ahora analizar, se da justamente la situación descripta últimamente, es decir la parte acusada planteó incidente deprejudicialidad (fs. 288 y siguientes, Tomo II, expediente del Juzgado Penal de Garantías) sin mostrar, como era su deber legal, cuál de los elementos del hecho punible debía ser determinado por la autoridad administrativa, en este caso la Dirección Nacional de Aduanas, y ante tal omisión grave no correspondía conceder favorablemente el incidente deducido, incurriendo en falta de fundamentación o en fundamentación aparente cuando dictó el A.I. Nº 834 de fecha 29 de agosto de 2008 y su confirmatoria el A.I. Nº 86 de fecha 07 de mayo de 2009, motivos de este recurso de casación. Es decir, la medida fue otorgada en el “solo interés de la ley sin sustento en realidades fácticas, primando la voluntad personal por sobre lo de la ley.
Este detalle sumamente importante ya basta para anular los autos recurridos, pero hay más…
3) El Código Aduanero vigente, en su artículo 336 también coincide con el artículo 327 C.P.P., en cuanto a la creación de la prejudicialidadadministrativa, pero no consigna expresamente con qué objetivo debe actuar la administración aduanera en los casos de contrabando ni determina a quien corresponde la calificación del hecho punible, si continúa en sede penal o si es nueva obligación dada por la ley en exclusividad en cabeza de la institución aduanera. Nada hay sobre el particular en dicho código. En consecuencia, deben armonizarse ambas normas, y concluirse que en materia de prejudicialidad administrativa tributaria, la misma solo es procedente faltando uno o varios “elementos del hecho punible”, tal como lo exige la norma ritual penal citada. En consecuencia, transitando ya sobre el trámite impreso en ambas instancias (judicial y penal), trataremos de determinar si la resolución administrativa Dictamen Nº 29/08 de fecha 30 de mayo de 2008 (fs.305/307) emitida por la Aduana, por la cual se declarara que no existió contrabando y tampoco tentativa de contrabando, y que simplemente se trató de una infracción menor, denominada “falta administrativa”, sancionable con multa de diez jornales mínimos, tiene o no fundamento jurídico acorde con las leyes tributarias, penales y aduaneras, para poder concluir válidamente si dicha decisión aduanera tiene o no fundamento legal.
4) Los hechos investigativos se iniciaron cuando dos camiones repletos de cajas de cigarrillos mezcladas con aparatos de fotocopiados y accesorios y otros equipos de oficina, eran objeto de descarga a la orilla del Lago Itaipú, lugar no habilitado legalmente como puerto ni de control aduanero alguno. En la ocasión conductores y operarios no exhibieron documentación respaldatoria de dichas mercaderías. Mucho tiempo después aparecen en escena varias facturas supuestamente expedidas por las siguientes firmas: a) URU S.R.L. a favor de Pelayo Pineda Noguera (fs. 177, Tomo I, expediente judicial), amparando cigarrillos de la marca “TE”; b) Copiadoras del Paraguay S.A. a favor de Edgar Pineda Noguera (fs. 178, Tomo I, expediente judicial), amparando los útiles y materiales de oficina citados, y por último, de fs. 180 al 187, facturas de Tabacalera del Este S.A., amparando cajas de cigarrillos de la marca “EIGHT Normal”, “San Marino Azul”, “Mill Milds” a favor de Osvaldo Velázquez. Pese a haber sido consignadas en el acta de procedimiento, los cigarrillos de las marcas “Blitz”, “Calvert” no tienen facturas.
5) Fundado en estos supuestos documentos comerciales el sumario administrativo aduanero concluyó afirmando que no hubo perjuicio fiscal y que por lo tanto correspondía la devolución de las mismas, pero aplicando como sanción la falta administrativa ya señalada.
6) El problema que se visualiza a través del proceder del segundo anillo del Director Nacional de Aduanas y su Asesor Jurídico, es el siguiente: a) no se requirió informe fehaciente de la Sub Secretaria de Estado de Tributación para establecer si los hermanos Pineda y el señor Velázquez son o no contribuyentes de algún impuesto previsto en leyes 125/91 y 2421/2004, y en su caso, si se hallan al día en la presentación de sus declaraciones impositivas y pago de impuestos; b) si son o no habilitados por dicha institución e incluso por la Aduana como operadores del comercio internacional; c) ningún esfuerzo investigativo se visualizó en todos los expedientes que hemos revisado, por parte del Juez Instructor de sumario o del Servicio de Auditoria Interna de la Dirección de Aduanas, para determinar con algún grado de certidumbre: si los proveedores de los documentos señalados, al momento de realizar la transacción, tenían o no en existencia los bienes supuestamente vendidos. Es bien sabido que el control de inventario sea por LIFO o IFO, para establecer la existencia final disponible o vendible a estas personas, en especial considerando el volumen cuantioso, enorme supuestamente adquirido por las personas citadas; d) tampoco hubo investigación aduanera con las firmas proveedoras, con la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio, e incluso, utilizando convenio celebrado y vigente con la República Federativa del Brasil, con la respectiva autoridad aduanera de dicho país vecino, para determinar si dicha operación estaba o no registrada como importación, y en su caso determinar si las marcas de cigarrillos eran auténticas o falsificadas (extrañamente el impulso inicial por piratería marcaria, incitada por la Fiscalía desapareció como por arte de magia como motivo investigable).
7) El transporte de mercaderías, según la ley del comerciante, constituye acto de comercio, y por lo tanto debió ser llamado a comparecer y ser oído, el o los propietarios de los medios de transporte empleados, si son o no contribuyentes del impuesto a la Renta, o de la pymes en su caso, si expiden facturas legales, como es su obligación de comerciante, si la titularidad de los vehículos es legal o ilegal, dado que el acta inicial se consignó número de motor dudoso.
8) La Aduana se opuso tenazmente al principio, a la devolución de las mercaderías alegando que el ilícito investigado (contrabando o tentativa de contrabando), supone decomiso y remate de los bienes involucrados, incluyendo los medios de transporte, y que en todo caso para liberar bajo fianza debían prestar una caución equivalente al valor de las mercaderías (Gs. 14.307.644.642), según liquidación fiscal obrante en autos, pero extrañamente el Administrador de Aduanas de Ciudad del Este, en forma repentina cambió de parecer al ser presentadas las facturas arriba mencionadas, y apoyándose en el dictamen jurídico concedió lo solicitado, sin realizar, como se vio en líneas precedentes, ningún esfuerzo investigativo previo.
9) En virtud de disposiciones legales vigentes, la exportación de productos nacionales está exenta la gravámenes, con exclusión de las tasas aduaneras y portuarias, e incluso al que se deben sumar eventuales despachantes, conceptos cuyos cobros la ley no perdona, de modo que resulta mentirosa la afirmación del Asesor Jurídico dictaminante como asimismo su afirmación por parte del Administrador Aduanero de Ciudad del Este, de que “no hubo perjuicio fiscal”, y que por ello, corresponde cerrar la causa sin consecuencia jurídica alguna para los eventuales autores, cómplices y encubridores. La multa irrisoria representada por falta administrativa, nunca servirá para lavar el monto de las tasas aduaneras y portuarias, y mucho menos para alimentar el estómago de dependientes y familiares del despachante de aduanas.
Bajo la apariencia engañosa –que debe ser motivo de investigación penal de que no hubo perjuicio fiscal, y que por lo tanto correspondía decretar también el sobreseimiento definitivo de los hasta allí investigados, los hermanos Pineda, el señor Velázquez y los demás operarios, constituyendo dichas resoluciones administrativas y judiciales el resultado de una farsa procesal para encubrir un eventual ilícito aduanero. No puedo acompañar la tesis de la improcedencia del presente recurso de casación, más aun al haberse soslayado, tanto por la autoridad aduanera involucrada, como asimismo por los juzgadores de los decisorios cuestionados, detalles tan relevantes que no se han tenido en cuenta para fundar en derecho tan aberrantes decisorios administrativos y judiciales, como ser: a) el Código Aduanero presume que la manipulación, traslado, movimiento, etc., de medios de transporte con mercaderías en zonas fronterizas, o en el extremo mismo de los límites de la república con los de la República del Brasil, constituye contrabando, o cuando menos tentativa de contrabando; b) el bien jurídico protegido en el evento, además de ser la recaudación fiscal consignada, también lo constituía la defensa de la soberanía fiscal aduanera, cuya intervención, control, o fiscalización debe ser, para cualquier comercio internacional, antes, durante y después de la entrada o salida de mercaderías. Estos dos extremos olímpicamente los ignoraron bajo el remanido pretexto de que no hubo daño al erario público, que como se vio sí lo hubo.
Todo cuanto se ha dicho tiene relación a un tema relativo al llamado “compartimiento estancos” en la administración pública, materializado a través del concepto egoísta, estrecho, limitado, pero bien irresponsable de quienes actuaron en representación de la aduna en el evento, al considerar erróneamente que no hubo daño para la Aduana, olvidando a su par la Administración Nacional de Navegación y Puertos, y olvidando también, que la Aduana misma tiene que percibir tasas, incidentes sobre el tráfico internacional para sostener el servicio de fiscalización aduanera, tal como así lo dispone hoy el código respectivo.
Por fin, reitero, que cada caso de prejudicialidad deberá tener la respuesta adecuada dentro del Poder Judicial.
Que, en consecuencia, encuentro méritos suficientes para apuntar como defecto o vicio de los fallos recurridos, la falta de fundamentación exigida en el art. 478 del C.P.P., como causal justificada de la casación peticionada, y así VOTO.
A su turno, el Dr. BENITEZ RIERA manifiesta que se adhiere al voto que antecede por los mismos fundamentos.
SENTENCIA NÚMERO: 137.
1. DECLARAR LA ADMISIBILIDAD del Recurso Extraordinario de Casación planteado por el Agente Fiscal de la causa.
2. HACER LUGAR al Recurso Extraordinario de Casación planteado contra el Auto Interlocutorio Nº 86 de fecha 7 de Mayo de 2009, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Tercera Sala de Ciudad del Este, anulando la misma como así también el Auto Interlocutorio Nº 834 del 29 de Agosto de 2008, dictado por el juez penal de garantías, enviando estos autos a la audiencia del Juicio Oral y Público.
Firmando los Doctores: