Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-494-de-agosto-5-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_cf24fd5fbd6742bf834703d9fcc695d4&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-07-22 14:37:55
Document Index: 257226454

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﻿ Sentencia C-494 de agosto 5 de 2015
SENTENCIA C-494 DE 05 DE AGOSTO DE 2015
CONTENIDO:LE CORRESPONDE AL LEGISLADOR ORGÁNICO LA DEFINICIÓN DE ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS RESPECTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. SE DECLARA EXEQUIBLE, POR LOS CARGOS EXAMINADOS, LOS ARTÍCULOS 8º, 9º Y 18 DE LA LEY 1617 DE 2013.
TEMAS ESPECÍFICOS:DISTRITO, ENTIDAD TERRITORIAL, LEY ORGÁNICA
Sentencia C-494 de agosto 5 de 2015
Ref.: Expediente D-10562
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 8º, 9º y 18 de la Ley 1617 de 2013
Demandante: Germán Alberto Sánchez Arregoces
A continuación se transcribe el texto de las normas acusadas
Diario Oficial Nº 48.695 de 5 de febrero de 2013
ART. 8º—Requisitos para la creación de distritos. La ley podrá decretar la formación de nuevos distritos, siempre que se llenen las siguientes condiciones:
PAR. 1º—Se exceptúan del cumplimiento de estos requisitos a aquellos distritos que hayan sido reconocidos como tales por la Constitución y la ley o los municipios que hayan sido declarados patrimonio histórico de la humanidad por la Unesco.
ART. 9º—Fijación y modificación de límites distritales. Corresponde a las comisiones especiales de seguimiento al proceso de descentralización y ordenamiento territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, la determinación o modificación de límites de los distritos distintos al Distrito Capital de Bogotá, así como la solución de conflictos limítrofes entre un distrito y un municipio.
ART. 18.—Modificación de límites. Para modificar límites de los distritos se deberán cumplir los requisitos y condiciones siguientes:
PAR.—Tanto la consulta popular como el estudio a que se refieren los numerales segundo y tercero, respectivamente, de este artículo, deberán agregarse a la exposición de motivos del respectivo proyecto de ley”.
1. Cuestión previa: Aptitud de la demanda y cargos formulados.
La Corte Constitucional ha reiterado que el ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una norma legal determinada debe señalar con precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto(2). Estos son los tres elementos desarrollados en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, que hacen posible una decisión de fondo por parte de este Tribunal Constitucional.
Para que realmente exista en la demanda, una imputación o un cargo de inconstitucionalidad, es indispensable que los argumentos planteados en la misma permitan efectuar a la Corte Constitucional una verdadera confrontación entre la norma acusada y la disposición constitucional supuestamente vulnerada.
El artículo 2º del decreto mencionado en precedencia, establece los requisitos que debe contener toda demanda de inconstitucionalidad, uno de ellos contemplado en el numeral tercero de la citada disposición, a saber: el señalamiento de las razones por las cuales las normas constitucionales invocadas se estiman violadas.
La Corte Constitucional, se ha pronunciado de manera reiterada sobre esta exigencia, en el sentido de advertir que si bien es cierto la acción pública de inconstitucionalidad no está sometida a mayores rigorismos y debe prevalecer la informalidad(3), deben existir requisitos y contenidos mínimos en la demanda que permitan la realización satisfactoria del examen de constitucionalidad, es decir, el libelo acusatorio debe ser susceptible de generar una verdadera controversia constitucional.
Esta corporación ha interpretado el alcance de las condiciones materiales que debe cumplir la demanda de inconstitucionalidad y ha sistematizado, sin caer en formalismos técnicos, incompatibles con la naturaleza pública y ciudadana de la acción de inconstitucionalidad, que los cargos formulados por la demandante deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes(4). Esto significa que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además, el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni doctrinarios ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia). Finalmente, la acusación debe no solo estar formulada en forma completa sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada (suficiencia).
En la demanda de la referencia, el ciudadano Germán Alberto Sánchez Arregoces, considera que los artículos 8º, 9º y 18 de la Ley 1617 de 2013 vulneran los artículos 150, numeral 4º y 151 de la Constitución por un vicio material y otro procedimental en la formación de la ley. Alega que estas disposiciones contienen materias propias de reserva de ley orgánica y, además, fueron expedidas siguiendo el trámite de una ley ordinaria, desconociendo el procedimiento legislativo dispuesto en la Constitución para aprobar leyes orgánicas.
En relación con la violación al artículo 150, numeral 4º Superior, el demandante sostiene que las normas acusadas contienen las bases y condiciones para crear, modificar, fusionar o eliminar la entidad territorial distrital. Fundamenta esta acusación en la interpretación que la Corte ha realizado sobre el tipo de ley que desarrolla dicho precepto constitucional.
En apoyo a este cargo, el demandante referencia diversos precedentes jurisprudenciales:
“Así, el artículo 105 señala que la realización de consultas populares departamentales y municipales “sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio” deberá efectuarse de conformidad con “los requisitos y formalidades que señale el estatuto general de la organización territorial y en los casos que éste determine”. Igualmente, el artículo 150 ordinal 4º señala que dentro de las funciones del Congreso al expedir las leyes se encuentra la de “definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias”. Para la Corte es entonces claro que estos dos artículos —así como otros de la Carta— contienen ciertas materias propias de la legislación orgánica territorial, a pesar de que la Constitución no utilice de manera expresa la expresión “ley orgánica”“ —resaltado fuera de texto—.
“En suma, el acto de creación, eliminación, modificación o fusión de distritos, que debe consistir en una ley, se encuentra regido por otra norma legal, de naturaleza orgánica bajo cuyos parámetros se expide. Corresponde a tal norma legal establecer las “bases y condiciones” de existencia de los distritos y de otras entidades territoriales. Sólo que actualmente no existe en el ordenamiento jurídico una normatividad orgánica que predetermine tales “bases y condiciones”, vacío normativo que se ha suplido erigiendo municipios en distritos mediante acto constituyente o legislativo, como ocurría al amparo de la Constitución de 1886 con sus reforma” —resaltado fuera de texto—.
Además, el actor señala que el ordenamiento jurídico colombiano no ha determinado las bases y condiciones de existencia de los distritos, toda vez que la Constitución de 1991, la Ley 768 de 2002 y el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, no establecieron la regulación de las bases y las condiciones para la creación de los distritos, “al respecto este vacío normativo de carácter constitucional se ha suplido erigiendo municipios en distritos mediante acto constituyente o legislativo”.
Igualmente, señala que la Ley 1454 de 2011, “por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones”, intenta, por primera vez, desarrollar lineamientos o parámetros relacionados con la división general del territorio. Sin embargo, tampoco fijó las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar los distritos.
Adicionalmente, el demandante aduce que la Ley 1617 de 2013 no está precedida por una ley de carácter orgánico que establezca la posibilidad para regular los requisitos de existencia de los distritos. Al respecto, señaló que “la Constitución sometió a reserva de ley orgánica la definición de los lineamientos para la creación y las vicisitudes de los distritos. Norma que al momento de expedir la Ley 1617 de 2013 no existía por lo que el legislador ordinario no se encontraba facultado para el trámite y la aprobación de una ley que determinara las condiciones o requisitos para establecer, modificar o fusionar distritos”.
A su vez, en lo atinente al desconocimiento del artículo 151 constitucional, alega el ciudadano que las normas de naturaleza orgánica requieren la aprobación de la mayoría absoluta del Congreso, lo cual no es verificable en este caso. Desde la perspectiva formal, señala que las disposiciones objeto de control fueron tramitadas bajo un procedimiento de leyes ordinaria, razón por la cual concluye que “conforme al precedente jurisprudencial citado [C-289 de 2014], en el desarrollo del trámite y la aprobación del proyecto de ley 147/11 Cámara, se incurrió en la inobservancia de la votación mínima aprobatoria que se exige para las leyes orgánicas”.
El demandante aportó como pruebas para respaldar sus afirmaciones, una petición formulada ante el secretario del Senado de la República, mediante la cual solicitó información sobre los antecedentes legislativos de la Ley 1617 de 2013, el tipo de ley y el quórum con que fue aprobada en cada uno de los cuatro debates. En respuesta de fecha 19 de septiembre de 2014, le contestan al actor adjuntando un cuadro sobre el registro y trámite que surtió el proyecto de ley 147 de 2011 Cámara / 240 de 2012 Senado, en el cual se prueba que el trámite dado fue el de una ley de carácter ordinario (fls. 19-24).
Respecto de la votación efectuada por el Congreso de la República afirma que “por la inexistencia de una votación pública que demostrara el cumplimiento del requisito del quórum calificado para la aprobación de las leyes orgánicas, así como también el artículo 133 de la Constitución Política y el artículo 130 de la Ley 5ª de 1992, que consagran y reglamentan la votación pública y nominal, se considera la inconstitucionalidad de la norma acusada”.
Los intervinientes que se pronunciaron frente a la demanda sostienen diversas posiciones, partiendo de la base que las normas acusadas fueron aprobadas por el procedimiento legislativo ordinario. En concepto de la Procuraduría General de la Nación, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la Federación Colombiana de Municipios y una intervención ciudadana, las disposiciones demandadas deben ser declaradas inexequibles por violación de la reserva de ley orgánica. Por su parte, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público —subsidiariamente—, la Universidad Libre de Bogotá, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de Antioquia, solicitan la declaratoria de exequibilidad.
En atención a los cargos formulados en el escrito de la demanda, la Sala Plena deberá examinar si, de conformidad con los artículos 150-4 y 151 de la Constitución, se desconoció material y formalmente la reserva de ley orgánica, en la expedición de los artículos 8º, 9º y 18 de la Ley 1617 de 2013. Para lo anterior, deberá resolver: i) si la creación de los distritos especiales y la fijación o modificación de sus límites, tiene contenidos normativos propios de la legislación orgánica territorial y; ii) en caso de respuesta afirmativa, verificar si formalmente en el caso concreto, las normas demandadas surtieron para su aprobación el procedimiento legislativo de las leyes orgánicas.
Con el propósito de abordar el control constitucional, la Sala Plena de la Corte Constitucional se referirá a los siguientes temas: (i) reserva de ley orgánica en el ordenamiento territorial y su relación con el régimen distrital; (ii) características específicas de la Ley 1617 de 2013 (finalidad de la ley, contenido o aspecto material, votaciones efectuadas y propósito del legislador); para finalmente, (iii) abordar el análisis concreto de los cargos de inconstitucionalidad formulados por el demandante.
3. Reserva de ley orgánica en el ordenamiento constitucional y su relación con el régimen distrital.
Las leyes orgánicas encuentran su origen remoto en la Constitución francesa de la V República en la que fueron creadas en un escalón superior a la ley ordinaria, pero por debajo de la Constitución. En la Constitución Española de 1978, las leyes orgánicas se asemejan a lo que conocemos en el ordenamiento jurídico colombiano como leyes estatutarias. Atendiendo a un criterio material, fueron clasificadas como leyes orgánicas “las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución”(5).
Las leyes orgánicas se pueden diferenciar de los otros tipos de leyes por tres razones, a saber: i) el constituyente dispuso una clasificación específica; ii) exigen la mayoría absoluta para su aprobación y; iii) tienen un objeto consistente en establecer las reglas a las cuales estará sujeta la actividad legislativa. El artículo 151 constitucional le reservó expresamente las siguientes materias: a) reglamentos del Congreso y de cada una de las cámaras; b) las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo y; c) las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales.
La Corte Constitucional ha establecido en su jurisprudencia, los rasgos generales y la naturaleza de las leyes orgánicas. Ha indicado al respecto, que están llamadas a establecer, de manera general, las pautas para que el legislador ordinario desarrolle a futuro determinados temas, con lo cual este tipo de ley se caracteriza por no entrar en los detalles y precisiones, toda vez que si lo hace, estaría petrificando el ejercicio de la actividad legislativa y vaciando de contenido las competencias del legislador ordinario. Se trata, en consecuencia, de una ley de trámites “sobre la legislación”(6).
En la Sentencia C-337 de 1993(7) la Corte señaló que “las leyes orgánicas reglamentan plenamente una materia: son estatutos que abarcan toda la normatividad de una serie de asuntos señalados expresamente en la Carta Política. Es importante anotar que las leyes orgánicas condicionan, con su normatividad, la actuación administrativa y la expedición de otras leyes sobre la materia de que tratan” —resaltado fuera de texto—.
En adición, dicha providencia desarrolló el concepto de ley orgánica, considerando que son leyes de carácter instrumental mediante las cuales se reglamenta la adopción de otras leyes, “se trata de unas leyes que tienen unas características especiales, esto es, gozan de una prerrogativa especial, por su posición organizadora de un sistema legal que depende de ellas. Estas leyes reglamentan plenamente una materia: son estatutos que abarcan toda la normatividad de una serie de asuntos señalados expresamente en la Carta Política (art. 151)”. En esa oportunidad, la Corte declaró que si bien no son normas de carácter constitucional, su rango es jerárquicamente superior a los demás tipos de leyes.
Esta Corte también ha recogido las particularidades de las leyes orgánicas, en cinco aspectos generales: (i) el carácter instrumental que cumple la ley orgánica en tanto que regula la actividad legislativa del Congreso de la República; (ii) las diversas funciones que está llamada cumplir en el ordenamiento jurídico; (iii) las relaciones existentes entre la ley orgánica y las demás leyes; (iv) el procedimiento legislativo requerido para su aprobación; y (v) la caducidad de la acción pública de inconstitucionalidad.
En la asamblea constituyente, la ponencia sobre función legislativa resaltó que las leyes orgánicas son “como una prolongación de la Constitución, que organizan la República, que dan normas estables, que no debieran cambiarse caprichosamente, como no se cambia la Constitución”. Concluían entonces los ponentes que eso explica “los atributos con los cuales se revistió a la ley orgánica, a saber: superior jerarquía, casi constitucional, y naturaleza ordenadora. Es permanente, estable e impone autolimitaciones a la facultad legislativa ordinaria”(8) —resaltado fuera de texto—.
Recientemente, en la Sentencia C-052 de 2015(9), la Corte reiteró que “las leyes orgánicas, dada su propia naturaleza, tienen un rango superior frente a las demás leyes, por consiguiente, imponen sujeción a la actividad ordinaria del Congreso. Sin embargo, no alcanzan la categoría de normas constitucionales (C.P., art. 151), comoquiera que se orientan a organizar aquello que previamente ha sido constituido en la Carta Fundamental. Su importancia está reflejada en la posibilidad de condicionar la expedición de otras leyes al cumplimiento de ciertos fines y principios, a tal punto que llegan a convertirse en verdaderos límites al procedimiento legislativo ordinario y a la regla de mayoría simple, que usualmente gobierna la actividad legislativa”.
Debido a esta especial naturaleza dentro de la pirámide normativa, se concluye que éstas constituyen un “verdadero limite procedimental” en lo que toca a la actividad del legislador. “Las leyes orgánicas se constituyen en reglamentos que establecen límites procedimentales, para el ejercicio de la actividad legislativa, en el caso de las leyes ordinarias en general y en el de ciertas y determinadas leyes en especial; son normas de autoreferencia para quienes tienen la facultad de expedirlas y posteriormente desarrollar la materia de la cual tratan, a través de leyes ordinarias. Son normas intermedias entre las disposiciones del ordenamiento superior y las normas que desarrollan la materia que ellas regulan”(10).
En el tratamiento constitucional, el concepto de ley orgánica encuentra dos criterios fundamentales para identificarse: un criterio material, según el cual las leyes orgánicas regulan unas precisas materias cuyos aspectos medulares están consagrados a lo largo del texto Superior y, otro de carácter formal, en virtud del cual se establece un procedimiento legislativo más riguroso para la votación de este tipo de leyes, por cuanto requieren necesariamente la mayoría absoluta de los votos de los congresistas para impartir su aprobación.
En lo referente a las leyes orgánicas de ordenamiento territorial, la Sentencia C-600 A de 1995(11), sintetizó las materias que guardan relación con la legislación orgánica de ordenamiento territorial y estableció que estas leyes tienen una relación directa con la estructura y organización territorial, es decir, con el régimen jurídico básico de las entidades territoriales. En tal sentido, este tipo de leyes regulan, entre otras, las condiciones y requisitos de existencia y la asignación de competencias normativas y no normativas de las entidades territoriales:
“Esta legislación orgánica toca con la estructura territorial y la organización de los poderes públicos en función del territorio, por lo cual, en principio, deben formar parte de ella la definición de las condiciones y requisitos de existencia de las entidades territoriales y de ciertas divisiones administrativas del territorio, así como su régimen jurídico básico (C.P., arts. 1º, 150-4, 297, 306, 307, 319, 321 y 329). Igualmente deben hacer parte de esta legislación ciertos mecanismos de participación relacionados con el ordenamiento territorial, como por ejemplo aquellos que decidan la incorporación y pertenencia a una división o a una entidad territorial (C.P., art. 105, 297, 307, 319 y 321). Y, finalmente, corresponde a la legislación orgánica territorial asignar las competencias normativas y no normativas a las entidades territoriales, y establecer la distribución de competencias entre la Nación y estas entidades, lo cual supone el establecimiento de ciertos mecanismos para dirimir los conflictos de competencia que se puedan presentar (C.P., arts. 151 y 288)” —resaltado fuera de texto—.
El anterior precedente fue ampliado en la Sentencia C-795 de 2000(12), precisando que todo lo relacionado con la organización territorial debe ser regulado mediante ley orgánica, salvo que haya sido establecido en forma directa por el poder constituyente:
“…los aspectos medulares de la organización territorial, en todo aquello no directamente definido por el Constituyente, sólo pueden ser regulados a través de la ley orgánica territorial. Precisamente, se ha querido que esta materia se reserve a una categoría de ley orgánica, entre otras razones, por la necesidad de que las decisiones básicas se apoyen en el mayor consenso posible y, además, se adopten mediante un instrumento normativo que desde un principio —no de manera casual o como resultado fortuito de las deliberaciones parlamentarias—, se ocupe del tema territorial...”.
Por todo aquello, se deduce que “Aunque en la Constitución puede encontrarse un principio de demarcación competencial respecto de la ordenación del territorio, particularmente en lo que atañe a los municipios, por sí solo no es suficiente para configurar el régimen básico de ordenamiento territorial. Completar la configuración de este régimen, la distribución de competencias y atribución de funciones entre las distintas entidades y niveles territoriales, en lo que concierne a su contenido nuclear, no puede ser materia de ley ordinaria, puesto que la propia Constitución dispuso que “[L]a ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales” (C.P., art. 288) —resaltado fuera del texto—.
Algunas de las materias que expresamente deben ser reguladas mediante ley orgánica, según la Constitución son las siguientes:
“la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales (C.P., art 151); la distribución general de competencias entre la Nación y las entidades territoriales (C.P., art. 288); las reglas y requisitos para la formación de nuevos departamentos (C.P., art. 297); conversión de una región en entidad territorial y los principios para la adopción del estatuto especial de cada región, así como las atribuciones, los órganos de administración, y los recursos de las regiones y su participación en el manejo de los ingresos provenientes del Fondo Nacional de Regalías (C.P., art. 307); el régimen administrativo y fiscal especial de las áreas metropolitanas, así como los mecanismos que garanticen la adecuada participación de las autoridades municipales en los órganos de administración de estas áreas, la conversión de éstas en distritos y la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la vinculación de los municipios a las áreas metropolitanas (C.P., art. 319); las condiciones para la conformación de entidades territoriales indígenas (C.P., art. 329)(13).
El Tribunal Constitucional colombiano ha determinado que la interpretación sobre lo que materialmente le corresponde al legislador orgánico debe abordarse desde una interpretación sistemática y finalista del Texto Superior, ante otra puramente exegética y literal, toda vez que existen disposiciones constitucionales que aunque no remiten expresamente a la ley orgánica, hacen parte de la legislación orgánica territorial.
“…Así, el artículo 105 señala que la realización de consultas populares departamentales y municipales “sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio” deberá efectuarse de conformidad con “los requisitos y formalidades que señale el estatuto general de la organización territorial y en los casos que éste determine”. Igualmente, el artículo 150 ordinal 4º señala que dentro de las funciones del Congreso al expedir las leyes se encuentra la de “definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias.” Para la Corte es entonces claro que estos dos artículos —así como otros de la Carta— contienen ciertas materias propias de la legislación orgánica territorial, a pesar de que la Constitución no utilice de manera expresa la expresión “ley orgánica”.
El anterior análisis muestra entonces que el criterio puramente literal no es suficiente ni adecuado para delimitar el contenido general de la legislación orgánica territorial, por cuanto si bien es indudable que todo aquello que la Constitución señala expresamente como orgánico territorial —los artículos reseñados en el fundamento jurídico 10 de esta sentencia— debe estar incluido en esa legislación, también hay otros contenidos que la Carta tácitamente ha deferido a este tipo de estatuto, aun cuando los artículos constitucionales respectivos no hayan utilizado, de manera literal, la expresión “ley orgánica de ordenamiento territorial”. Por ello, la determinación del contenido general de esta legislación requiere de una interpretación sistemática y finalística, esto es, una hermenéutica que ligue aquellos artículos que expresamente hablan de legislación orgánica de ordenamiento territorial con los principios constitutivos del Estado colombiano”(14) —resaltado fuera de texto—.
En ese sentido, el contenido de la legislación orgánica territorial es difuso en la Constitución Política, motivo por el cual al juez constitucional le corresponde realizar un control integral de la Carta Política, en el marco de una “interpretación sistemática del alcance de la reserva de ley orgánica, a fin de que las definiciones legales no contraríen el reparto de competencias entre la ley ordinaria y la ley orgánica”(15).
Al pronunciarse sobre las relaciones existentes entre las leyes orgánicas y las demás leyes, esta corporación ha desarrollado el principio competencial, señalando que si la norma ordinaria expedida por el legislativo desconoce los parámetros y procedimientos correspondientes de ley orgánica, tal omisión puede acarrear su inconstitucionalidad(16).
De allí la trascendencia para la democracia constitucional en determinar con precisión, si una materia es propia de ley orgánica o no, por cuanto la norma orgánica superior puede modificar o derogar válidamente todas aquellas disposiciones que se encuentren en los niveles inferiores, empero, sólo puede sustituirse por otra del mismo o superior nivel. Las consecuencias negativas de la incompetencia del legislador conllevan a que si una norma ordinaria regula los contenidos de la superior, podría válidamente ser expulsada del ordenamiento jurídico(17).
La inclusión de la ley orgánica con una categoría especial, da lugar a que se planteen conflictos constitucionales por colisiones entre tipos de leyes, principalmente con respecto a las leyes ordinarias. Esto, requiere de un riguroso examen constitucional para encontrar las verdaderas competencias y los límites de cada tipo de ley, ya que la legislación orgánica podría entrar a petrificar materias de carácter ordinario o, por el contrario, la ley ordinaria podría invadir contenidos propios de ley orgánica.
“La regla que se deriva de la citada disposición [C.P., art. 151] sólo establece que toda norma legal que, por virtud de la Carta Política, deba sujetarse a una específica ley orgánica y no lo haga es inexequible no porque viole las disposiciones de la ley orgánica sino en razón de que viola el artículo 151 de la Constitución Política. En consecuencia, siempre que una ley ordinaria vulnere normas de naturaleza orgánica, a las cuales, por virtud de la Constitución, deba sujetarse, quebranta el estatuto superior”(18).
De lo anterior se puede concluir que cuando una ley ordinaria irrumpe en materias reservadas a ley orgánica, desconoce los requisitos que deben reunirse para dictar estas, en consecuencia, deviene una declaratoria de inconstitucionalidad, por cuanto el precepto de carácter ordinario riñe directamente con la Constitución y los imperativos constitucionales de competencia obligatorios para el legislador. Contrario sensu, cuando una ley orgánica se extralimita al regular por ese procedimiento materias no reservadas, se deberá ponderar el principio democrático, dado que no es deseable que una norma de carácter ordinario sea elevada a rango orgánico por los efectos negativos de desconocimiento de las minorías, congelación de rangos legales y petrificación del derecho que acarrean, al efectuarse un trámite legislativo rígido para un supuesto normativo basado en mayorías simples.
La Sentencia C-077 de 2012(19), indicó que en las leyes orgánicas referentes al ordenamiento territorial se señalan las reglas para la formación de entidades territoriales cuyo proceso corresponde al legislador. Esto, debido a que la conformación de entidades territoriales se debe realizar por normas legales especiales —orgánicas—, que establezcan las bases y condiciones y no puedan ser modificadas casuísticamente, so pena de vulnerar el artículo 151 superior:
“…la vulneración de normas legales orgánicas por normas legales ordinarias que se rigen por ellas, constituye una violación del mandato constitucional que consagra la sujeción de la legislación ordinaria a la legislación orgánica en los contenidos correspondientes. Por ello, la violación de la reserva de ley orgánica por la ley ordinaria, es una vulneración del artículo 151 de la Constitución Política”.
En cuanto a la creación de distritos como entidades territoriales, se observa que en la actualidad estas entidades territoriales han surgido de dos maneras: i) voluntad directa del Constituyente de 1991 o; ii) por acto legislativo. La Ley 1454 de 2011”por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”, si bien incluyó a los distritos en los esquemas asociativos territoriales (art. 10), reguló las asociaciones entre distritos (art. 13) y asignó competencias normativas distritales (art. 29.3), no estableció las bases y condiciones para la existencia, modificación, fusión o eliminación de los distritos.
La Corte ha precisado que el acto de creación, eliminación, modificación o fusión de los distritos corresponde al Legislador mediante ley, salvo que el mismo poder constituyente se ocupe de ello, “En suma, a diferencia del municipio, la existencia de la entidad territorial distrital y sus vicisitudes —creación, modificación, fusión, eliminación— depende del Congreso de la República, a través de la ley, de conformidad con el artículo 150, numeral 4º de la Carta, a menos que el propio poder constituyente se ocupe de ello (…)
…el acto de creación, eliminación, modificación o fusión de distritos, que debe consistir en una ley, se encuentra regido por otra norma legal, de naturaleza orgánica bajo cuyos parámetros se expide. Corresponde a tal norma legal establecer las “bases y condiciones” de existencia de los distritos y de otras entidades territoriales. Sólo que actualmente no existe en el ordenamiento jurídico una normatividad orgánica que predetermine tales “bases y condiciones”, vacío normativo que se ha suplido erigiendo municipios en distritos mediante acto constituyente o legislativo, como ocurría al amparo de la Constitución de 1886 con sus reformas”(20).
En conclusión, las leyes orgánicas contienen unas características específicas que las diferencian de otro tipo de leyes, de acuerdo con el criterio material y formal que se ha sido acogido para identificar este tipo de leyes. Debido a que sujetan el ejercicio de la actividad legislativa y a las competencias y formalidades especiales que regulan, es factible que entren en conflicto con otro tipo de leyes.
En materia de ordenamiento territorial, la jurisprudencia constitucional ha admitido que las bases y condiciones para la creación, modificación, fusión y eliminación de los distritos corresponden a materias propias del legislador orgánico territorial, a menos que dicho acto se eleve a rango constitucional, como ha venido ocurriendo. Asimismo, se ha establecido, de acuerdo con una interpretación sistemática y finalista de la Constitución, que el artículo 150, ordinal 4º, concerniente a la estructura y organización territorial, corresponde a un desarrollo del legislador orgánico, así no se utilice de manera expresa la expresión “ley orgánica”.
4. Características de la Ley 1617 de 2013
Finalidad y propósito del legislador
La Ley 1617 de 2013 “por la cual se expide el régimen para los distritos especiales”, fue presentada por el entonces Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras y tramitada inicialmente bajo el proyecto de ley 147 de 2011, teniendo origen en la Cámara de Representantes. Desde su exposición de motivos, se observa el propósito de “luchar contra el excesivo centralismo presente en el régimen constitucional anterior y priorizar la autonomía política, administrativa y financiera de las entidades territoriales”.
Se indica que los distritos fueron creados como entidades territoriales diferentes de los municipios, en esa medida la ley “tiene por objeto sustraerlos del régimen municipal ordinario y dotarlos de un régimen legal especial, traducido en un régimen político y administrativo independiente que reconociera su importancia política, comercial, histórica, turística, cultural, industrial, ambiental, portuaria, universitaria, fronteriza, etc.”(21).
El artículo 1º de la Ley 1617 de 2013, estableció como objeto de la ley, conformar el estatuto político, administrativo y fiscal de los distritos; “dotar a los distritos de las facultades, instrumentos y recursos que les permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo, así como promover el desarrollo integral de su territorio para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a partir del aprovechamiento de sus recursos y ventajas derivadas de las características, condiciones y circunstancias especiales que estos presentan”.
Señala la exposición de motivos, que las disposiciones contenidas en la Ley 768 de 2002, “resultan insuficientes” para los distritos como entidades territoriales, pues “no se desarrollan temas relevantes como los relativos a la creación de distritos, solución de diferendos limítrofes y en general aspectos dirigidos a fortalecer las características que diferencian a los distritos de la entidad territorial municipal”(22).
Aduce que la creación de la entidad territorial distrital y todas sus vicisitudes dependen exclusivamente del Congreso de la República, quien de conformidad con el artículo 150, numeral 4º de la Constitución, le corresponde mediante ley, establecer las bases y condiciones de existencia de los distritos y otras entidades territoriales. Como antecedente del proyecto y motivación, se resalta que como a la fecha no existe una legislación orgánica que fije las bases y condiciones de los distritos, los existentes han surgido constitucionalmente, “…sin que actualmente exista en el ordenamiento jurídico una normatividad orgánica que predetermine tales bases y condiciones, vacío que se ha suplido erigiendo municipios en distritos mediante acto constituyente o legislativo”(23) —resaltado fuera de texto—.
El propósito del nuevo régimen distrital pretende entonces fortalecer las entidades territoriales, robustecer la descentralización y mejorar su gestión a través de una legislación específica. En el informe de ponencia para segundo debate en el Senado de la República, se cita el precedente constitucional, según el cual “el acto de creación, eliminación, modificación o fusión de distritos, debe consistir en una ley regida por otra norma legal de naturaleza orgánica; corresponde a la normatividad orgánica establecer las bases y condiciones de existencia de los distritos y de otras entidades territoriales”(24).
Contenido de las normas acusadas
El artículo 8º demandado contiene las condiciones para la creación de los nuevos distritos como entidades territoriales. Condiciona para que otra ley decrete la formación de nuevos distritos, siempre que se llenen los siguientes requisitos:
i) Que cuente por lo menos con seiscientos mil (600.000) habitantes, según certificación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) o que se encuentren ubicados en zonas costeras, tengan potencial para el desarrollo de puertos o para el turismo y la cultura, sea municipio capital de departamento o fronterizo;
ii) Concepto previo y favorable sobre la conveniencia de crear el nuevo distrito, presentado conjuntamente entre las comisiones especiales de seguimiento al proceso de descentralización y ordenamiento territorial del Senado de la República y la Cámara de Representantes, y la comisión de ordenamiento territorial como organismo técnico asesor, concepto que será sometido a consideración de las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, respectivamente; y
iii) Concepto previo y favorable de los concejos municipales.
En el parágrafo se exceptúan del cumplimiento de estos requisitos a aquellos distritos que hayan sido reconocidos como tales por la Constitución y la ley o los municipios que hayan sido declarados patrimonio histórico de la humanidad por la Unesco.
El artículo 9º establece una competencia para las comisiones especiales de seguimiento al proceso de descentralización y ordenamiento territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, sobre la determinación o modificación de límites distritales distintos al Distrito Capital de Bogotá, así como la solución de conflictos limítrofes entre un distrito y un municipio.
Por su parte, el artículo 18 establece que para modificar los límites de los distritos, se deberán cumplir los siguientes requisitos y condiciones:
i) El respectivo proyecto de ley podrá ser presentado a iniciativa del Gobierno Nacional o de los miembros del Congreso de la República. Sin embargo, el Gobierno Nacional estará obligado a presentarlo cuando así lo decida, por medio de consulta popular, la mayoría de ciudadanos residentes en el territorio que pretenda segregarse.
ii) Si no existiera una consulta popular el Gobierno Nacional deberá convocarla para que los ciudadanos residentes en el territorio en conflicto manifiesten su voluntad mayoritaria para la correspondiente anexión.
iii) El Instituto Geográfico Agustín Codazzi realizará en la respectiva zona de conflicto departamental o distrital una investigación histórica y técnica con el objeto de verificar y certificar mediante estudio documentado y escrito que definitivamente en el territorio en conflicto se presentan problemas de identidad territorial, social, cultural o económica que hagan aconsejable el anexamiento de áreas territoriales.
El parágrafo indica que tanto la consulta popular como el estudio a que se refieren los numerales segundo y tercero, respectivamente, deberán agregarse a la exposición de motivos del respectivo proyecto de ley.
Votaciones para su aprobación
Como se anotó previamente, el debate legislativo de las normas demandadas inició en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. En acta de la comisión primera de la Cámara de Representantes 28 del 21 de marzo de 2012 se anunció el proyecto de ley 147 de 2011 Cámara, para que fuese discutido y votado en la próxima sesión(25).
Al establecerse quorum deliberatorio con el registro de 35 representantes a la Cámara, es decir, todos los integrantes de dicho cuerpo legislativo, el presidente de la célula congresional puso en consideración la ponencia para primer debate. Acto seguido, el Secretario informó su aprobación, teniendo en cuenta la votación exigida para el trámite de proyectos de ley de carácter orgánico:
“Presidente: En consideración la ponencia leída con las aclaraciones, constancias y explicaciones hechas por los honorables ponentes, y coordinadores, se abre la discusión, anuncio que va a cerrase, queda cerrada.
Secretario: Ha sido aprobada señora presidenta, la proposición con que termina el informe de ponencia para primer debate, por unanimidad; presidenta, además con los votos exigidos para el trámite de los proyectos de ley de carácter orgánico, por cuanto creo que la mayor parte de las normas que están contenidas en este proyecto tienen ese carácter presidenta”(26) —resaltado fuera de texto—.
Más adelante, sometió a votación en bloque los artículos del proyecto y preguntó si así lo aprobaban los honorables representantes. El secretario de la comisión indicó: Ha sido aprobado por unanimidad, el bloque de artículos con excepción del artículo 39, y 40, y un artículo nuevo, fue votado el bloque de artículos, cuatro artículos nuevos, dos del doctor Pedrito Pereira, uno del doctor Salamanca y uno del doctor Deluque, y exceptuamos el artículo 39, y el 40(27).
El 3 de mayo de 2012, mediante acta de plenaria 121 de la Plenaria de la Cámara se anunció el proyecto de ley 147 de 2011 Cámara, para que fuese discutido y votado en la próxima sesión(28).
En la siguiente sesión celebrada en la plenaria de la Cámara de Representantes, se registraron para sesionar 157 representantes a la Cámara de los 166 integrantes. Se observa de dicha sesión, que los artículos 8º y 9º demandados contenían proposiciones y fueron aprobados por unanimidad,
“Dirección de la presidencia, doctor Albeiro Vanegas Osorio:
Señor secretario, ¿termino usted de leer las proposiciones que tenían modificaciones?
Secretario general doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo:
Todas, salvo que quedaría pendiente para votar por separado el artículo 105. Entonces señor presidente, puede usted someter a votación los artículos con las proposiciones explicadas y leídas por la secretaría, de acuerdo a la relación que se hizo de todos los artículos con proposiciones y dejando a salvo el artículo 105, que se votara por separado.
Dirección de la presidencia, doctor Albeiro Vanegas Osorio:
Honorables representantes, están en consideración los artículos con las proposiciones que ha leído y explicado el señor secretario de la Cámara, anuncio que se va cerrar la discusión, está cerrada, aprueban los honorables representantes los artículos y proposiciones presentadas por el secretario.
Los artículos y las proposiciones, aprobados por unanimidad señor presidente, queda pendiente el artículo 105 y el título señor presidente”.
Igualmente, el artículo 18 por unanimidad, como parte del bloque de los artículos que no tenían proposiciones:
“Secretario general, doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo:
Entonces, los artículos que se van a votar en bloque son el 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, perdón 39 y 40 quedan excluidos porque estaban en el bloque 37; 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, y 112 para un total de 81 artículos, haciendo claridad que quedan excluidos los artículos 39 y 40 de este bloque, señor presidente, puede abrir la discusión y votación de los artículos leídos.
Honorables representantes, oyeron ustedes el número de artículos que no tienen ninguna modificación en este proyecto de ley. Está abierta la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban los artículos leídos señores representantes.
Se aprueba por unanimidad señor presidente(29).
Al momento de discutir las proposiciones que tenían el aval de los ponentes y en algunos casos eran de su propia autoría, se resalta la intervención del representante a la Cámara Hugo Orlando Velásquez Jaramillo quien, antes de la votación, exteriorizó ante la plenaria de la Cámara el tipo de ley en discusión: “Gracias presidente, yo le quiero llamar la atención a la corporación sobre este tema, tengo entendido y el señor secretario podrá refrendarlo, que estamos discutiendo y aprobando una ley orgánica”(30) —resaltado fuera de texto—.
Asimismo, este representante a la Cámara solicitó la votación pública y nominal, advirtiendo que por violación de la unidad de materia la Corte Constitucional podría declarar su inexequibilidad. Dicha proposición fue retirada por él mismo según constancia del secretario general de la Cámara de Representantes, “dejando constancia que el doctor Velásquez retiro la propuesta de votación nominal previamente señor presidente”(31).
En acta 28 de la Comisión Primera del Senado de la República de fecha 27 de noviembre de 2012 se anunció el proyecto de ley 147 de 2011 Cámara / 240 de 2012 Senado, para que fuese discutido y votado en la siguiente sesión(32).
El tercer debate fue sometido a consideración y votación de la Comisión Primera del Senado(33), integrada por 19 senadores. Se evidencia que en dicha sesión fue aprobada por 11 votos la proposición positiva con que terminó el informe de ponencia y el articulado contenido en el pliego de modificaciones, exteriorizando “la votación requerida por la Constitución y la ley para el trámite de leyes orgánicas”:
“Atendiendo instrucciones de la presidencia por secretaría se da lectura al título del proyecto contenido en el pliego de modificaciones:
¿Por la cual se expide el régimen para los distritos especiales?
La Presidencia abre la discusión del título leído y cerrada esta pregunta si cumplidos los trámites constitucionales y legales ¿quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea ley?, cerrada su discusión se abre la votación nominal e indica a la secretaría llamar a lista:
Benedetti Villaneda Armando X
Cristo Bustos Juan Fernando X
Cuéllar Bastidas Parmenio X
Enríquez Maya Eduardo X
Enríquez Rosero Manuel X
Galán Pachón Juan Manuel X
Hurtado Angulo Hemel X
Londoño Ulloa Jorge Eduardo X
Soto Jaramillo Carlos Enrique X
Vega Quiroz Doris Clemencia X
Vélez Uribe Juan Carlos X
La presidencia cierra la votación y por secretaría se informa el resultado:
Por el Sí: 11
Por el No: 00
En consecuencia, ha sido aprobado el título y la pregunta del proyecto de ley 240 de 2012 Senado, 147 de 2012 Cámara con la votación requerida por la Constitución y la ley para el trámite de proyectos orgánicos”(34) —resaltado fuera de texto—.
Llama la atención de este debate, que al momento de someterse a votación la proposición 75, que pretendía eliminar los artículos 80, 82, 83, 84 y 85 del proyecto, se alcanzaron 9 votos en la Comisión, motivo por el cual, el Secretario advirtió lo siguiente:
“Señora presidenta. La proposición no ha sido aprobada, debido a que al ser una ley orgánica necesita diez votos afirmativos y ha tenido el siguiente resultado: Por el Sí nueve (9), por el No dos (2).
Conforme al reglamento debe someter a consideración esos artículos que son los números 80, 82, 83, 84 y 85” —resaltado fuera de texto—.
Cuarto debate:
Finalmente, en acta 37 de la sesión ordinaria llevada a cabo el día lunes 10 de diciembre 2012 en la plenaria del Senado se anunció el proyecto de ley 240 de 2012 Senado, para que fuere discutido y votado en la próxima sesión(35).
En la próxima sesión celebrada el día martes 11 de diciembre de 2012, se verifica en el acta 38 que se registraron 94 honorables senadores de los 102 que componen el total. La Presidencia del Senado de la República dio lectura a la ponencia y puso en consideración el proyecto de ley 240 de 2012 Senado, 147 de 2011 Cámara, por la cual se expide el régimen para los distritos especiales.
Por secretaría se da lectura al título del proyecto de ley 240 de 2012 Senado, 147 de 2011 Cámara, por la cual se expide el régimen para los distritos especiales.
Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la presidencia pregunta: ¿Quieren los senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea ley de la República? Y estos le imparten su aprobación”(36).
Se resalta que en este debate antes de efectuarse la votación, el senador Carlos Enrique Soto Jaramillo solicitó votación pública y nominal para continuar votando de la misma forma que se venía haciendo con proyectos anteriores. No obstante, la presidencia informó que “retira el senador Soto su proposición, sobre el articulado de votar nominalmente”(37).
En suma, del recuento legislativo que dio lugar a la Ley 1617 de 2013, es posible concluir que las normas demandadas fueron aprobadas por la unanimidad de los congresistas registrados en la Comisión Primera de la Cámara, Plenaria de la Cámara y Plenaria del Senado, salvo en la Comisión Primera del Senado que se optó por la aprobación nominal y pública de 11 honorables senadores. Se aprecia que en los cuatro debates legislativos se surtió una votación de mayoría absoluta.
Comisión Primera de la Cámara (38) Plenaria de la Cámara Comisión Primera del Senado Plenaria del Senado(39)
Aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. 11 votos por el sí. Aprobado por unanimidad.
5. Análisis concreto de los cargos.
El ciudadano Germán Alberto Sánchez Arregoces, en ejercicio de la acción pública de constitucionalidad, demandó los artículos 8º, 9º y 18 de la Ley 1617 de 2013, al considerar que mediante una ley ordinaria no es admisible aprobar contenidos normativos que la Constitución Política ha reservado a leyes orgánicas, en consecuencia, el trámite legislativo dado a las disposiciones demandadas acarrea un vicio de competencia del legislador.
Señala que la Ley 1617 de 2013 fue expedida irregularmente, sin una ley orgánica previa que fijara las bases y condiciones que permitan al legislador ordinario crear distritos. Adicionalmente, indica que fue aprobada sin las mayorías requeridas y violando la votación nominal y pública. En consecuencia, estima vulnerados los artículos 150-4 y 151 de la Constitución Política.
a) Establecer las bases y condiciones para crear los distritos, fijar y/o modificar los límites distritales son materias propias del legislador orgánico territorial
Los artículos demandados hacen referencia a los requisitos para que otra ley decrete la formación de nuevos distritos (art. 8º); la competencia para que las comisiones especiales de seguimiento al proceso de descentralización y ordenamiento territorial del Senado de la República y la Cámara de Representantes, determinen o modifiquen los límites de los distritos, exceptuando al Distrito Capital de Bogotá y solucionen los conflictos limítrofes entre un distrito y un municipio (art. 9º) y; las condiciones para modificar los límites de los distritos (art. 18).
Se observa que todas las anteriores materias, implican una interrelación directa con la división general del territorio nacional permitiendo la formación legislativa de los distritos. Para la Sala Plena, las normas acusadas permiten, una vez cumplidos ciertos requisitos, el funcionamiento y la operación de los distritos como entidades territoriales autónomas, diferenciables de los municipios.
En ese sentido, los contenidos normativos demandados cumplen con la característica que es esencial de las leyes orgánicas por cuanto condicionan, auto limitan y sujetan el ejercicio de la facultad legislativa ordinaria, en materia de creación de los distritos (art. 8º), fijación y modificación de límites (art. 9º) y modificación de límites (art. 18).
El artículo 150-4 de la Constitución Política señala como una de las funciones del Congreso de la República, la de definir la división general del territorio, para lo cual le es permitido “fijar las bases y condiciones para crear, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias” (C.P., art. 150-4). Si bien, la norma no indica expresamente que deba ser tramitada por ley orgánica, en aplicación de los precedentes constitucionales(40), esta disposición se ha interpretado por la Corte con un criterio sistemático y finalista, para catalogarla como una norma que hace parte de la legislación orgánica territorial, entendiendo que esas ‘bases y condiciones’ determinan la estructura y organización de las entidades territoriales, así como sus competencias normativas.
En efecto, el artículo 8º demandado —eje fundamental del régimen distrital— claramente establece tres bases y condiciones para la existencia y formación de nuevos distritos como entidades territoriales. Este contenido normativo establece la base para conformar el régimen o estatuto político, administrativo y fiscal de los distritos y que esta entidad territorial cuente con facultades, instrumentos y recursos que les permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo.
Por su parte, el artículo 9º asigna una competencia normativa a las comisiones especiales de seguimiento al proceso de descentralización y ordenamiento territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, para que sean éstas las que determinen o modifiquen los límites de los distritos, con excepción del Distrito Capital de Bogotá; así como la solución de conflictos limítrofes entre entidades territoriales. El artículo 9º de la Ley 1617 de 2013, también constituye una disposición de la legislación orgánica territorial al asignar una competencia normativa en cabeza de las comisiones especiales de seguimiento al proceso de descentralización y ordenamiento territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, con la finalidad de que sean estas comisiones las que determinen o modifiquen los límites de todos los distritos. También establece competencia para que solucionen conflictos limítrofes entre un distrito y un municipio, lo cual implica una potestad de carácter orgánico que permitiría eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales —municipios y distritos— en el momento de dirimir cada diferendo limítrofe.
Finalmente, el artículo 18 demandado establece expresamente los requisitos y condiciones para modificar los límites de los distritos:
En suma, se aprecia que los contenidos normativos de las normas acusadas son propios de una ley orgánica, por cuanto condicionan la expedición de posteriores leyes sobre la materia. Los artículos 8º y 18 demandados, establecen las bases y condiciones para crear y modificar los límites de los nuevos distritos (C.P., art. 150-4) y el artículo 9º asigna una competencia normativa (C.P., art. 151) para determinar o modificar los límites de los distritos, como entidades territoriales, así como para solucionar conflictos limítrofes entre un distrito y un municipio.
Dentro del marco de lo que representa la legislación territorial para la unidad nacional, la garantía institucional de la autonomía territorial y los derechos de las entidades territoriales(41), es razonable que un asunto nuclear en el ordenamiento territorial, tenga un marco legislativo estable y riguroso que limite la actividad legislativa ordinaria y la regla de mayoría simple para evitar que sea cambiado caprichosamente.
Mediante el principio fundamental de descentralización(42) y la autonomía de los entes territoriales, precisamente se les otorga a las entidades territoriales, en este caso a los distritos, la competencia de dirigir y auto administrar sus actividades e intereses con un mayor grado de independencia y responsabilidad, en aras de cumplir eficazmente con los fines esenciales del Estado.
En este orden, le asiste razón al demandante, ya que se claramente las disposiciones demandadas lo que pretenden es fijar el régimen jurídico básico que permita el funcionamiento de los distritos, establecidos como entidad territorial en el artículo 286 de la Constitución Política. Salta a la vista, que los artículos demandados lo que hacen es regular la existencia de los entes distritales y asignar un cúmulo de competencias normativas a estos para que en la práctica puedan operar autónomamente.
Para la Sala Plena, los artículos 8º y 18 de la Ley 1617 de 2013 sí fijan las bases y condiciones (C.P., art. 150, núm. 4º) a las cuales debe sujetarse el legislador ordinario para crear los nuevos distritos o modificar los límites de los mismos; el artículo 9º asigna una competencia normativa que faculta para crear, modificar, fusionar o eliminar límites de entidades territoriales. En tal virtud, concluye que dichas disposiciones demandadas forman parte de la legislación orgánica territorial, al determinar la existencia y formación de los distritos y prestablecer los parámetros para el ejercicio y la demarcación de entidades territoriales.
En esta oportunidad, el Tribunal Constitucional reitera que la creación, modificación, fusión y eliminación de los distritos, se encuentra sometida a una ley de naturaleza orgánica emanada del Congreso de la República, en virtud del artículo 150, numeral 4º de la Constitución Política, la cual debe definir los bases y condiciones para que otras leyes ordinarias puedan crear, modificar, fusionar o eliminar distritos. A la fecha, ante el vacío normativo de esta ley orgánica superior, los distritos existentes surgieron mediante acto constituyente o legislativo.
En consecuencia, con respaldo en los artículos 150 numeral 4º y 151 constitucionales, para la Corte existe un criterio rector en materia de legislación orgánica territorial, consistente en que corresponde al legislador orgánico la definición de atribuciones y competencias respecto de las entidades territoriales.
b) Las normas demandadas fueron expedidas de acuerdo al procedimiento legislativo orgánico
Ahora bien, una vez resuelto el primer problema jurídico, al establecerse que las normas acusadas sí contienen materias propias de reserva de ley orgánica, de acuerdo con su contenido material en el ordenamiento territorial, procede la Sala a determinar si los artículos 8º, 9º y 18 de la Ley 1617 de 2013, fueron aprobados mediante el trámite legislativo propio de las leyes orgánicas.
Para solucionar este problema jurídico, la Sala precisará los criterios y rasgos especiales que ha destacado la jurisprudencia de la Corte(43) para identificar si nos hallamos ante una ley de carácter orgánico, los cuales de no cumplirse en su totalidad provocan la inconstitucionalidad de las normas.
En el caso concreto, se verificaron de la siguiente manera:
1. Fin de la ley: El artículo 151 constitucional señala que a las leyes orgánicas se sujetará el ejercicio de la actividad legislativa. Con relación a las normas demandadas, se aprecia que el legislador quiso regular una materia específica: expedir el régimen para los distritos especiales. Al establecerse en las normas demandadas, una serie de requisitos y condiciones para crear los distritos y modificar sus límites, se condiciona el posterior ejercicio de la actividad legislativa ordinaria. Los artículos 8º, 9º y 18 de la Ley 1617 de 2013 organizan e integran ordenamiento territorial y, además, asignan una competencia normativa sobre la determinación y modificación de límites de los distritos, con excepción al Distrito Capital.
2. Contenido o aspecto material: En el acápite anterior se examinaron los contenidos normativos de las normas acusadas y se concluyó que sí tienen el aspecto material de una ley orgánica, de conformidad con los artículos 150.4 y 151 de la Carta Política, en la medida que prescriben una posición estructural, organizadora y funcional en la división general del territorio nacional y su ordenamiento territorial.
3. Votación mínima aprobatoria: El tercer requisito, comporta la exigencia de un umbral especial para la aprobación de un proyecto de ley orgánica, consistente en la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara (C.P., art. 151). Esta aprobación especial pretende “la obtención de mayor consenso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República, lo cual garantiza mayor legitimidad democrática a la ley que va a autolimitar el ejercicio de la actividad legislativa”(44).
Se observa que durante el trámite legislativo de los artículos 8º, 9º y 18 de la Ley 1617 de 2013, se surtió el trámite dispuesto por el artículo 151 de la Constitución para la aprobación de leyes de naturaleza orgánica, habida cuenta que en los cuatro debates legislativos las normas fueron aprobadas por la mayoría de los integrantes de cada una de las células legislativas.
Es verificable mediante el estudio de las diferentes Gacetas del Congreso correspondientes al proyecto de ley 147 Cámara / 240 Senado que fue aprobado en: i) la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por 35 miembros, es decir, la totalidad de sus integrantes; ii) la plenaria de la Cámara de Representantes por 157 honorables representantes de los 166 que componen esta Cámara; iii) en la Comisión Primera del Senado por 11 de sus 19 integrantes y: iv) en la plenaria del Senado de la República por 94 senadores de los 102 que componen su totalidad.
En conclusión, la votación de las normas demandadas superó la mayoría absoluta requerida para este tipo de leyes, al haberse efectuado mediante votación ordinaria, por la unanimidad de los congresistas que asistieron y votaron en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, plenaria de la Cámara de Representantes y plenaria del Senado de la República. En el tercer debate, las normas acusadas también fueron aprobadas por mayoría absoluta, pero en votación pública y nominal.
Se precisa que la votación nominal y pública aunque es la regla general, no es un imperativo constitucional en todos los casos, pues se delegó en el legislador el señalamiento de los casos exceptivos en los cuales dicha votación no tendría ocurrencia(45). En este asunto, la excepción a la votación pública y nominal, ocurre con ocasión del principio de celeridad de los procedimientos legislativos, establecido en el numeral 16 del artículo 129 de la Ley 5ª de 1992(46).
Propósito del legislador: En este punto, se evidencia que durante el trámite legislativo, la voluntad del legislador fue clara, expresa e inequívoca para aprobar una ley de naturaleza orgánica.
Desde la misma exposición de motivos, se citaron extractos de la Sentencia C-313 de 2009, para fundamentar que la competencia del Congreso, en virtud del artículo 150.4 de la Constitución, consiste en establecer las bases y condiciones para la existencia de los distritos. Se indicó que a la fecha no existe en el ordenamiento jurídico colombiano una normatividad orgánica que predetermine tales bases y condiciones, vacío que se ha suplido erigiendo municipios en distritos mediante acto constituyente o legislativo, tal como ocurría al amparo de la Constitución de 1886 con sus reformas. Por lo anterior, se expuso la necesidad de hacer una ley con fundamento en el artículo 150, numeral 4º de la Constitución que, según la jurisprudencia constitucional, hace referencia a leyes de tipo orgánico:
“…la creación de la entidad territorial distrital y sus vicisitudes depende del Congreso de la República, a través de la ley, de conformidad con el artículo 150, numeral 4º de la Carta, a menos que el propio poder constituyente se ocupe de ello; así las cosas, corresponde a la ley establecer las “bases y condiciones” de existencia de los distritos y de otras entidades territoriales sin que actualmente exista en el ordenamiento jurídico una normatividad orgánica que predetermine tales “bases y condiciones”, vacío normativo que se ha suplido erigiendo municipios en distritos mediante acto constituyente o legislativo, como ocurría al amparo de la Constitución de 1886 con sus reformas”(47)
Además, en el primer(48) y tercer debate(49) los secretarios de las comisiones primera, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado de la República, dejaron constancia expresa acerca de que había sido aprobado el proyecto de ley 147 de 2011 Cámara / 240 de 2012 Senado, con las mayorías requeridas para el trámite de proyectos de ley de carácter orgánico. Adicionalmente, en segundo debate realizado en la plenaria de la Cámara de Representantes, se registró la intervención del representante a la Cámara Hugo Orlando Velásquez Jaramillo, quien aludió expresamente a la naturaleza orgánica del proyecto de ley sometido a discusión.
Todo lo anterior significa que existió suficiente transparencia en el curso del debate democrático y que se permitieron los espacios de control político correspondientes. Se resalta que el secretario general del Senado de la República, Gregorio Eljach, certificó a la corporación mediante escrito de 13 de abril de 2015, que el trámite surtido para aprobar la Ley 1617 de 2013 fue el de una ley orgánica.
En definitiva, para la Sala es inequívoco que el propósito del legislador al tramitar los artículos 8º, 9º y 18 de la Ley 1617 de 2013 fue el de establecer una legislación orgánica, inexistente a la fecha, que permitiera la posterior creación de un régimen jurídico básico para los distritos especiales, toda vez que hasta la expedición de este estatuto político, administrativo y fiscal de los distritos, el acto de creación distrital tuvo lugar mediante acto legislativo o constituyente.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, se demandó la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 8º, 9º y 18 de la Ley 1617 de 2013, alegando que su contenido normativo hace parte de la legislación orgánica territorial por cuanto establece las bases y condiciones para crear, modificar, fusionar y eliminar los distritos especiales. En esa medida, se indicó que el legislador ordinario invadió el ámbito competencial del legislador orgánico (C.P., art. 150-4), desconociendo el trámite previsto en el artículo 151 constitucional.
La Corte Constitucional para resolver los cargos planteados en la demanda, determinó que las normas acusadas:
1. Configuran un contenido material de ley orgánica, toda vez que fijan las bases y condiciones para crear y modificar los distritos y los límites de entidades territoriales. En ese orden, hacen parte de la legislación orgánica por cuanto establecen, por primera vez en Colombia, el régimen de creación de los distritos especiales, y fijación y modificación de límites distritales, profundizando en la garantía del principio de autonomía territorial;
2. En el trámite legislativo que surtió su aprobación no se vulneran los artículos 150-4 y 151 de la Constitución Política, debido a que las disposiciones acusadas fueron aprobadas mediante el procedimiento de leyes orgánicas, el cual exige el cumplimiento de cuatro condiciones jurisprudenciales(50), verificables en este caso concreto de la siguiente manera: a) finalidad en la ley al expedir un estatuto especial para los distritos que sujeta el posterior ejercicio de la actividad legislativa ordinaria en esta materia; b) contenidos propios de ley orgánica, al fijarse en los artículos acusados las bases y condiciones para la existencia y modificación de los distritos, y asignarse competencia normativa en asuntos relacionados con una entidad territorial; c) aprobación por la mayoría absoluta exigida por la Constitución Política para la aprobación de leyes de naturaleza orgánica y; d) un propósito claro, expreso e inequívoco reflejado en la exposición de motivos del proyecto de ley, así como en tres de los debates legislativos, adelantados en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en la plenaria de la Cámara de Representantes y en la Comisión Primera del Senado de la República, para aprobar una ley de naturaleza orgánica.
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados, los artículos 8º, 9º y 18 de la Ley 1617 de 2013.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.»
(2) Corte Constitucional. Sentencia C-593 de 2014.
(3) Corte Constitucional. Auto del 29 de julio de 1997, expediente D-1718.
(4) Ver, entre otras, las sentencias C-1052 de 2001 y C-1256 de 2001.
(5) Artículo 81, C.E.
(6) C-1042 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto.
(8) Álvaro Echeverry y otros. “Ponencia sobre la función legislativa”. En Gaceta Constitucional Nº 51, pág. 2.
(10) C-423 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz.
(13) Corte Constitucional, sentencias C-600A de 1995 y C-077 de 2012.
(14) Corte Constitucional. Sentencia C-600A de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
15 Corte Constitucional. Sentencia C-600 A de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Y continua la cita: ““…en tales circunstancias, y teniendo en cuenta la libertad de configuración del Congreso, es admisible que, dentro de ciertos límites, la propia legislación orgánica defina su alcance en relación con el ordenamiento territorial”. Ver Sentencia C-244 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(16) Corte Constitucional, Sentencia C- 432 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(17) C-1042 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto: “En el tema de las leyes orgánicas, la aplicación del principio jerárquico implica afirmar que, en razón de su especial caracterización constitucional, aquélla ocupa un lugar superior a aquel de las leyes ordinarias. De allí que la ley ordinaria no podría entrar a modificar o derogar ningún aspecto contenido en la ley orgánica, por cuanto se estaría oponiendo o contrariando los dictados de una norma jurídica ubicada en un plano superior”.
(18) Corte Constitucional, Sentencia C-283 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, citada en la Sentencia C-1175 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
(19) M.P. Mauricio González Cuervo, “En suma, la temática de la ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT) recae, principalmente, en: (i) la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, y (ii) las reglas de formación de entidades territoriales cuyo proceso de constitución corresponde al legislador. Se trata, en el primer caso, de que el poder que conforma el concepto de autonomía territorial se halle preservado en normas superiores a las meramente legales; y, en segundo término, que la conformación de entidades territoriales se regule por reglas legales especiales —orgánicas— que no puedan ser modificadas casuísticamente. Nótese que el proceso de formación de municipios —entidad territorial básica— no es, con razón, materia de la legislación orgánica territorial: ello se debe a que la creación de municipios corresponde a las asambleas departamentales a través de ordenanza —con arreglo a los requisitos legales establecidos en el código de régimen municipal— y no al Congreso de la República a través de ley; y para asegurar la sujeción de las ordenanzas a las leyes del régimen municipal, no es necesario que éstas ostenten la categoría orgánica que sí se requiere frente a las leyes de constitución de entidades territoriales”.
(20) Corte Constitucional, Sentencia C-313 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
(21) Gaceta del Congreso 876, martes 22 de noviembre de 2011, páginas 17 y ss.
(24) Gaceta del Congreso 901 de 2012.
(25) Ver Gaceta 268 de 2012.
(26) Ibídem. Acta 29 de la Sesión Ordinaria de la Comisión Primera del 27 de marzo de 2012.
(28) Gaceta del Congreso 301 de 2012.
(29) Gaceta del Congreso 445 de 2012.
(31) Gaceta del Congreso 445 de 2012.
(32) Gaceta del Congreso 46 de 2013.
(33) Gaceta del Congreso 66 de 2013. Acta de comisión 29 del 28 de noviembre de 2012 Senado.
(35) Gaceta del Congreso 89 de 2013.
(36) Gaceta del Congreso 90 de 2013.
(38) Acta 29 del 27 de marzo de 2012 El secretario de la comisión primera de la Cámara indicó en el desarrollo del debate lo siguiente: “Ha sido aprobado el título con la mayoría exigida en la Constitución y la ley, para los proyectos de naturaleza orgánica”.
(39) El secretario general del Senado de la República, Gregorio Eljach, certificó por escrito a la corporación mediante escrito de 13 de abril de 2015 que el trámite surtido para aprobar la Ley 1617 de 2013 fue el de ley orgánica.
(40) C-313 de 2009 y C-600A de 1995.
(41) “…el principio de autonomía territorial se manifiesta, entre otros contenidos, en que las entidades territoriales —municipios [y distritos] incluidos— gocen de autonomía para la gestión de sus propios intereses, lo que implica gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales —artículo 287 de la Constitución—. Aunque las entidades territoriales ejercen competencias que se consideran propias, será la ley la encargada de determinar la distribución de dichas competencias entre la Nación y las mencionadas entidades —artículo 288 de la Constitución—”. Corte Constitucional. Sentencia C-123 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos.
(42) “Constitución Política. Título I De Los Principios Fundamentales, artículo 1º: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
(43) Corte Constitucional. Sentencias C-1246 de 2001, C-540 de 2001, C-289 de 2014, C-052 de 2015, entre otras.
(44) Corte Constitucional, Sentencia C-540 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(45) Corte Constitucional. Sentencia C-1017 de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
(46) “(…) Teniendo en cuenta el principio de celeridad de los procedimientos, de que trata el artículo 3º de este reglamento, se establecen las siguientes excepciones al voto nominal y público de los congresistas, según facultad otorgada en el artículo 133 de la Constitución Política, tal como fue modificado por el artículo 5º del Acto Legislativo 1 de 2009 y cuyas decisiones se podrán adoptar por el modo de votación ordinaria antes descrito: (…).
16. Tampoco se requerirá votación nominal y pública cuando en el trámite de un proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros. Si la unanimidad no abarca la totalidad del articulado se someterán a votación nominal y pública las diferentes proposiciones sobre los artículos respecto de los cuales existan discrepancias. (…)”.
(47) Gaceta del Congreso 876 de 2011, exposición de motivos, página 18.
(48) Gaceta del Congreso 268 de 2012.
(49) Gaceta del Congreso 66 de 2013.
(50) Corte Constitucional, sentencias C-1246 de 2001, C-540 de 2001, C-289 de 2014, C-052 de 2015, entre otras.