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Timestamp: 2017-06-25 19:12:36
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Compendio LOPD para Centros Educativos - PDF
Compendio LOPD para Centros Educativos
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Margarita Hidalgo Guzmán
1 Compendio LOPD para Centros Educativos Informes Jurídicos, Tutelas de Derechos y Preguntas más Frecuentes. Gesdatos Software, S.L 02/11/2011 Página 1 de2 Índice. INTRODUCCIÓN... 3 INFORMES JURÍDICOS Informe 143/2004 sobre: Responsable del fichero en la enseñanza pública. 6 Informe 466/2004 sobre: La comunicación a los padres de las calificaciones de sus hijos menores de edad. 8 Informe 0501/2005 sobre: La naturaleza de los ficheros de un Colegio Privado Concertado. 13 Informe 37/2006 sobre: La cesión de datos de evaluación de profesorado. 15 Informe 227/2006 sobre: El acceso a datos escolares por padres y familiares. 17 Informe sobre: Videovigilancia en los colegios 21 Informe 368/2006 sobre: La proporcionalidad del tratamiento de la huella dactilar de alumnos de un colegio. 26 Informe sobre: La inclusión de datos en el sistema Seneca 28 Informe Jurídico : sobre el tratamiento de datos por los centros de enseñanza 35 Informe jurídico 124/2008 sobre: La comunicación del Padrón a los colegios públicos para la escolarización de los alumnos 41 Informe jurídico 0152/2008 sobre: La publicación desglosada de la lista de admitidos en colegios públicos y privados concertados 42 Informe 0292/2008 sobre: El acceso a los expedientes por los interesados en los colegios concertados. 44 Informe Jurídico 0385/2008 sobre: El centro público docente, los tratamientos de datos sensibles de los alumnos. Habilitación legal, responsable y usuario de los datos. 46 Informe 0194/2009 sobre: fotos de menores publicadas en la página web del colegio. 54 Informe 0274/2009 sobre: cámaras video instaladas en guarderías. 57 Informe 0317/2009 sobre: cesión de datos de minusvalía de alumnos entre Universidades públicas para estudio o investigación. 59 Informe 0345/2009 sobre: La grabación por razones de seguridad en entornos escolares. 63 Informe 0477/2009 sobre: Medidas de seguridad aplicables al campus virtual de un centro escolar. _ 66 Informe 0572/2009 sobre: Medidas de seguridad a adoptar para los ficheros con datos académicos. 70 Informe 0037/2010 sobre: Datos disociados notas de selectividad agregadas por colegios. 72 Informe 0179/2010 sobre: La creación de direcciones de correo a alumnos menores de edad legitimación para el tratamiento 73 II - CONSULTAS FRECUENTES SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ÁREA DE LA EDUCACIÓN (apdm) I - Declaración de ficheros 77 II - Derechos de los ciudadanos 77 III - Calidad de datos. 78 IV - Cesión de datos 78 IV 1 - Cesiones de datos de los alumnos de los Centros Educativos IV 2 - Cesiones de datos del personal de los Centros Educativos IV 3 - Cesiones de datos derivadas de otras actuaciones en el ámbito educativo V - Medidas de seguridad 82 PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Página 2 de3 INTRODUCCIÓN El derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal ha estado regulado, por primera vez nuestro ordenamiento jurídico, a través de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD). Esta norma vigente hasta el 14 de enero de 2000, previó la creación de la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD), quedando conformada mediante el Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo. De este modo, la AEPD se ha constituido como un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones, relacionándose con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Una de sus principales funciones, con carácter general, es velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos, esto es, las vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) y sus normas de desarrollo y controlar su aplicación a fin de garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales. Entre otras labores, se encuentra la elaboración de informes jurídicos respecto a las consultas planteadas por los responsables de ficheros (entidades públicas y privadas) en cuanto a la interpretación y aplicación de la LOPD, sus normas de desarrollo, así como otras normas que se interrelacionaran con la materia de protección de datos de carácter personal. No obstante, debe significarse que dichos informes no tienen carácter vinculante y no prejuzgan el criterio del Director de la Agencia en el ejercicio de sus funciones, entre las que la Ley no prevé la evacuación de consultas vinculantes. Además de la AEPD, se han creado autoridades de control autonómicas, en este caso, sólo las Agencias de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Cataluña y País Vasco. Éstas únicamente tienen competencia respecto a los ficheros o tratamientos de datos personales de las entidades públicas de su circunscripción geográfica. Aunque con menor profusión, estos organismos autonómicos también emiten informes jurídicos. Más cabe decir, que en los informes jurídicos de las agencias autonómicas se interpreta y aplica la normativa de protección de datos, en consonancia con legislación autonómica, que no resulta de aplicación. Sin embargo, todos estos informes han permitido arrojar luz a cuestiones complejas en el ámbito del sector educativo, en cuanto a la interpretación y aplicación de esta normativa. Bien de oficio o en contestación a consultas formuladas por los propios centros educativos (públicos, privados o concertados) la AEPD y las autoridades de control autonómicas han trazado la interpretación y aplicación de la LOPD, sobre todo, en conjugación con las diversas leyes en materia de educación. GESDATOS en el estudio y análisis periódico de la legislación, presta máxima atención a los dictámenes emitidos por la autoridad de control estatal y las autonómicas. Página 3 de4 Conocedores de los pronunciamientos de la AEPD y agencias autonómicas, GESDATOS ha realizado una labor de selección, de aquellos que pueden resultar de interés para el personal, tanto administrativo como educativo de los Centros). A estos efectos, GESDATOS ha elaborado el presente compendio de informes jurídicos de la AEPD y las citadas autoridades de control autonómicas, el cual obedece a un criterio de ordenación y estructura por materias o áreas de un centro educativo. No habiendo informes relativos a todos los aspectos de un Centro Educativo, independientemente del nivel, se ha tratado de agrupar los más significativos por razón de la materia que versan y/o corresponden a una unidad o área concreta. Este compendio se completa con resoluciones dictadas por la AEPD en relación a procedimientos sancionadores abiertos a Centros Educativos, ante un incumplimiento o supuesto incumplimiento de la normativa. Y, asimismo, recoge una relación de pronunciamientos de nuestros tribunales (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional) en interpretación o aplicación de la legislación vigente en protección de datos. El compendio no recoge todos los informes jurídicos y procedimientos sancionadores de la AEPD y agencias autonómicas de protección de datos, sólo aquéllos que a criterio de GESDATOS resultan de interés o relevancia para la administración pública local. La AEPD y las agencias autonómicas publican informes jurídicos con cierta periodicidad. Es por esto que, a la entrega o puesta a disposición del compendio, se incluirán los últimos informes y procedimientos sancionadores de la AEPD, así como pronunciamientos de los tribunales, que se hubieren publicado o emitido hasta la fecha. GESDATOS realiza una labor de actualización, conforme a las emisiones o publicaciones de los citados organismos, de manera que puede haber varias ediciones o versiones del compendio. En definitiva, el único propósito de GESDATOS es aportar, de este modo, un instrumento de ayuda y apoyo en nuestra labor de consultoría, para esclarecer cuestiones emergentes entorno a la aplicación de la normativa de protección de datos en el ámbito de una entidad local. GESDATOS. GESDATOS permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales. Página 4 de5 INFORMES JURÍDICOS. Página 5 de6 Informe 143/2004 sobre: Responsable del fichero en la enseñanza pública. La consulta plantea si el Centro consultante debe proceder a la notificación de sus ficheros a fin de lograr su inscripción en el Registro General de Protección de Datos o si tal obligación corresponde a la Consejería de la cual depende. Como punto de partida, el artículo 5 del Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, declarado vigente por la Disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, establece que Todo fichero de datos de carácter personal, de titularidad pública, será notificado a la Agencia de Protección de Datos por el órgano competente de la Administración responsable del fichero para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, mediante el traslado, a través del modelo normalizado que al efecto elabore la Agencia, de una copia de la disposición de creación del fichero. En consecuencia, la obligación de notificación corresponderá al responsable del fichero, definido por el artículo 3 d) de la Ley Orgánica 15/1999 como Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento. Para determinar a quién corresponde la obligación de proceder a la adopción de la correspondiente disposición de carácter general y la consiguiente notificación del tratamiento al Registro General del Protección de Datos resulta imprescindible delimitar si el consultante es un órgano incardinado en la Administración Autonómica o si el mismo posee personalidad jurídica independiente de la misma. En el primer supuesto, el Centro no sería sino un mero usuario del fichero, cuyo responsable sería la Administración educativa autonómica, de forma que la obligación de notificación correspondería a la Consejería de Educación, debiendo hacerse referencia al Centro educativo únicamente como lugar de ubicación del fichero. En caso contrario, el responsable del fichero sería el propio Centro, correspondiendo al mismo la notificación del tratamiento al Registro de esta Agencia. Según dispone el artículo 64 de la Ley Orgánica 10/2002, de Calidad de la Educación Los centros docentes se clasifican en públicos y privados, añadiendo que Son centros públicos aquellos cuyo titular sea un poder público. En consecuencia, la Ley Orgánica vincula el carácter público de los Centros con la titularidad de los mismos. Al propio tiempo, la misma no establece en ningún lugar si los centros tendrán o no personalidad jurídica dependiente de la correspondiente Administración Educativa, si bien especifican expresamente los ámbitos en que los mismos gozarán de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión económica (artículos 67 a 70 de la Ley Orgánica). En el ámbito de la Comunidad Autónoma, la normativa aplicable señala que los institutos de educación secundaria, dependientes de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria, son centros docentes públicos que podrán impartir una o varias etapas de las enseñanzas de educación secundaria, añadiendo que la creación y supresión de los institutos a los que se refieren los apartados anteriores corresponde al Gobierno mediante Decreto, a propuesta del consejero de Educación y Ordenación Universitaria. De lo dispuesto en la legislación básica estatal y en la autonómica a la que acaba de hacerse referencia se desprende que los Centros Públicos de Enseñanza Secundaria no son sino órganos directamente dependientes de la Consejería autonómica y carentes de personalidad propia y diferenciada de la misma, sin prejuicio de las peculiaridades que les son propias en lo referente al respeto de los principios de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión económica que la Ley establece. Por ello, ha de concluirse que, integrados orgánicamente en la Administración autonómica, será ésta la obligada al cumplimiento delas obligaciones que respecto de los ficheros de titularidad pública impone la Ley Orgánica 15/1999, debiendo la misma Página 6 de7 adoptar la correspondiente disposición de carácter general y proceder a la notificación de los tratamientos al Registro General de Protección de Datos, en la que se hará constar que el Centro es el lugar de ubicación del fichero. Página 7 de8 Informe 466/2004 sobre: La comunicación a los padres de las calificaciones de sus hijos menores de edad. La consulta plantea diferentes cuestiones relativas a la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, a los menores de edad. I En primer lugar, se plantea a qué edad pueden recabarse directamente de un menor sus datos personales, sin contar con la autorización de sus padres o tutores legales. En este sentido, la consultante solicita información sobre si la solución a dicha cuestión depende del tipo de dato personal de que se trate y, en consecuencia, del diferente nivel de protección que la Ley confiere al dato personal en atención a la naturaleza de la información tratada. Planteado así el problema, deben analizarse las especialidades derivadas del hecho de que los datos personales sean recabados de personas menores de edad. En este sentido, debe señalarse como regla general que las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos serán aplicables por igual, con independencia de la mayoría o minoría de edad de los afectados. Ello no obstante, deberá analizarse en especial la prestación del consentimiento, exigido por la Ley para que el tratamiento de los datos sea conforme a Derecho, tal y como dispone el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Este consentimiento habrá de ser, tal y como exige el artículo 3 i) de la propia Ley, libre, específico, inequívoco e informado, siendo necesario el cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 5.1, a cuyo tenor Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco: a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información. b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas. c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos. d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante. Lo que se ha venido indicando hasta ahora es predicable de cualquier tratamiento consistente en la recogida de datos de carácter personal de cualesquiera personas. Sin embargo, en el supuesto de que las personas de las que se obtienen los datos sean menores de edad, será necesario analizar en qué supuestos se considerará que los mismos ostentan pleno discernimiento para prestar ese consentimiento y en cuáles aquél habrá de completarse con el de su representante legal. A nuestro juicio, deben diferenciarse dos supuestos básicos, el primero referido a los mayores de 14 años, a los que la Ley atribuye capacidad para la realización de determinados negocios jurídicos, y el segundo, al consentimiento que pudieran prestar los menores de dicha edad. Respecto de los mayores de catorce años, debe recordarse en primer término, que el artículo 162.1º del Código Civil exceptúa de la representación legal del titular de la patria potestad a los actos referidos a derechos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las leyes y con sus condiciones de madurez, pueda realizar por sí mismo. Se plantea entonces si, en el supuesto de mayores de catorce años, ha de considerarse que el menor tiene condiciones suficientes de madurez para prestar su Página 8 de9 consentimiento al tratamiento de los datos, debiendo, a nuestro juicio, ser afirmativa la respuesta, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico viene, en diversos casos, a reconocer a los mayores de catorce años la suficiente capacidad de discernimiento y madurez para adoptar por sí solos determinados actos de la vida civil. Baste a estos efectos recordar los supuestos de adquisición de la nacionalidad española por ejercicio del derecho de opción o por residencia, que se efectuará por el mayor de catorce años, asistido de su representante legal, o la capacidad para testar (con la única excepción del testamento ológrafo) prevista en el artículo para los mayores de catorce años. Por otra parte, debe recordarse que, según tiene señalado la Dirección General de Registros y del Notariado, en Resolución de 3 de marzo de 1989, no existe una norma que, de modo expreso, declare su incapacidad para actuar válidamente en el orden civil, norma respecto de la cual habrían de considerarse como excepcionales todas las hipótesis en que se autorizase a aquél para obrar por sí; y no cabe derivar esa incapacidad ni del artículo 322 del Código Civil, en el que se establece el límite de edad a partir del cual se es capaz para todos los actos de la vida civil, ni tampoco de la representación legal que corresponde a los padres o tutores respecto de los hijos menores no emancipados. En resumen, la minoría de edad no supone una causa de incapacitación (de las reguladas en el artículo 200 del Código Civil), por lo que aquélla habrá de ser analizada en cada caso concreto a los efectos de calificar la suficiencia en la prestación del consentimiento en atención a la trascendencia del acto de disposición y a la madurez del disponente. En consecuencia, a tenor de las normas referidas, cabe considerar que los mayores de catorce años disponen de las condiciones de madurez precisas para consentir, por sí mismos, el tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal. Respecto de los restantes menores de edad, no puede ofrecerse una solución claramente favorable a la posibilidad de que por los mismos pueda prestarse el consentimiento al tratamiento, por lo que la referencia deberá buscarse en el artículo 162 1º del Código Civil, tomando en cuenta, fundamentalmente, sus condiciones de madurez. De acuerdo con lo anterior, la solución al supuesto planteado por la consultante, esto es, la posibilidad de recabar directamente de un menor sus datos personales, sin contar con la autorización de sus padres o tutores legales, no depende del tipo de dato personal de que se trate, ni debe vincularse al diferente nivel de protección que la Ley confiere al dato personal en atención a la naturaleza de la información tratada y en relación con la mayor o menor necesidad de garantizar la confidencialidad y la integridad de la información. Por el contrario, la solución a cada caso concreto se extraerá de lo expuesto anteriormente en relación con los mayores de catorce años, y de las condiciones de madurez del menor de dicha edad, de acuerdo con lo establecido en la normativa a que se ha hecho referencia. Por tanto, a la vista de lo anteriormente señalado, con independencia del tipo de dato personal de que se trate, será necesario recabar el consentimiento de los menores para la recogida de sus datos, con expresa información de la totalidad de los extremos contenidos en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica, recabándose, en caso de menores de catorce años cuyas condiciones de madurez no garanticen la plena comprensión por los mismos del consentimiento prestado, el consentimiento de sus representantes legales. Ello no obstante, debe añadirse que si el tratamiento de los datos llevara aparejada algún tipo de disposición patrimonial por parte del menor, será necesario considerar que si bien se ha indicado que el menor de edad posee plena capacidad para consentir el tratamiento de sus datos personales, aquél carecerá de la suficiente capacidad para la realización de la citada disposición. Debe, en este sentido, recordarse que, según se desprende del texto del artículo 1261 del Código Civil, no Página 9 de10 hay contrato sin el consentimiento de los contratantes, siendo el consentimiento el concurso de la oferta y aceptación sobre la cosa y causa que han de constituir el contrato, según el artículo 1262, y previniendo el artículo 1263 que no pueden prestar consentimiento los menores no emancipados. Por tanto, en este supuesto, será preciso no sólo el consentimiento del menor al tratamiento de sus datos, sino que deberá concurrir al mismo su representante legal. II Asimismo, la consultante se refiere a la posibilidad de ceder los datos académicos de los menores a sus padres o tutores sin el consentimiento de aquéllos. Además, se plantea -en concreto- si debe prevalecer la voluntad de un alumno de catorce años que no quiera que se faciliten sus calificaciones académicas a sus padres o tutores, sobre la pretensión de éstos de acceder a dicha información, no pudiendo en dicho caso el colegio atender dicha solicitud de los padres o tutores. En cuanto a la posibilidad de ceder los datos académicos de los menores a sus padres o tutores sin el consentimiento de dichos menores afectados, ante todo, deberá considerarse que la comunicación de los datos al representante legal supone una cesión de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley como Cesión o comunicación de datos: Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado. Respecto de las cesiones, el artículo 11.1 prevé taxativamente que los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado. Este consentimiento sólo se verá exceptuado en los supuestos contenidos en el artículo 11.2 de la Ley, entre los que se encuentra la posibilidad de que una norma con rango de Ley habilite la cesión. Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 154 del vigente Código Civil: Los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades: 1. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. 2. Representarlos y administrar sus bienes (...). En consecuencia, toda vez que la facultad de acceder a la información de carácter académico a la que se refiere la consultante (entre la que se cita la cesión relativa a las calificaciones obtenidas por los menores), se encuentra dentro del marco de los deberes y derechos que corresponden a los padres, inherentes al ejercicio de su patria potestad, cabe concluir que en el supuesto de los hijos no emancipados existe una norma legal habilitante que ampara la cesión de los datos académicos de los menores a sus padres, derivada de lo previsto en el transcrito artículo 154 del Código Civil. De otra parte, en lo que a los tutores se refiere, idéntica previsión, constitutiva de la habilitación legal exigida por el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica de Protección de Datos, se encuentra en lo dispuesto por el artículo 269 del meritado Código Civil, cuando dispone que: El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular: 1. A procurarle alimentos. 2. A educar al menor y procurarle una formación integral. 3. A promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y su mejor inserción en la sociedad. 4. A informar al Juez anualmente sobre la situación del menor o incapacitado y rendirle cuenta anual de su administración. En consonancia con dicho precepto, para los tutores se obtienen similares consecuencias que las expuestas más arriba para los padres que ejercen la patria Página 10 de11 potestad, por lo que la cesión de los datos a que se refiere el consultante resultará conforme con lo previsto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. III Asimismo, la consulta plantea si, en el supuesto de un colegio privado, y dado que existe una relación contractual entre el colegio y los padres que no puede ser asumida por el menor, sería lícito facilitar dichas calificaciones como resultado de los servicios contratados. Además, la consulta plantea si en el supuesto de que el alumno tuviera problemas de adaptación en el colegio, el hecho de comunicarlo a sus padres podría ser constitutivo de infracción, conllevando la correspondiente sanción, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Igualmente, la consultante plantea idéntica cuestión en el supuesto de que los datos sean solicitados por los servicios sociales de una Comunidad Autónoma que actúe como tutor del menor. En relación con la primera de las cuestiones planteadas, la consultante apunta la posible aplicación de lo previsto por el artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999, cuando dispone que el consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso... Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique. Pues bien, a nuestro juicio, dicho precepto no resulta aplicable al supuesto planteado, debiendo traerse a colación idéntica argumentación jurídica que la expuesta en el Punto II de este informe. En consecuencia, con independencia del tipo de Centro Escolar de que se trate (público o privado) y, en su caso, de la existencia de una relación contractual entre dicho Centro y los padres o tutores del menor, la cesión de los datos relativos a las calificaciones académicas de éste, así como la comunicación de cualquier circunstancia relativa a la adaptación o inadaptación del menor al Centro Escolar, se encontrará amparada legalmente por los transcritos artículos 154 y 269 del vigente Código Civil. Igualmente, en el supuesto de que los datos sean solicitados por los servicios sociales de una Comunidad Autónoma que actúe como tutor del menor, resultará aplicable la habilitación legal contenida en el artículo 269 del tan citado Código Civil, sin perjuicio de la existencia de otras normas de ámbito estatal y autonómico que ofrezcan idéntica cobertura en atención a las funciones legalmente conferidas a dichas Comunidades Autónomas cuando actúan en su condición de tutores del menor. IV Por último, se plantea si en el caso de los menores, el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, requerirá en todo caso de la concurrencia de la autorización de sus padres o tutores o, por el contrario, será suficiente atender a la edad del menor válida para la recogida de los datos, sin exigir en este supuesto complemento alguno de la capacidad del menor. Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en consonancia con lo expuesto en los apartados precedentes de este Informe, Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, además de las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídicoadministrativo sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. Página 11 de12 De lo anterior se extrae que los menores de edad a los que, según se expone en el Punto I de este Informe, no se exija complemento alguno de su capacidad en orden a la recogida de sus datos de carácter personal, podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, sin la concurrencia de la autorización de sus padres o tutores. Página 12 de13 Informe 0501/2005 sobre: La naturaleza de los ficheros de un Colegio Privado Concertado. La consulta plantea si, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, un Colegio Público Concertado debe proceder a la notificación de sus ficheros, a fin de lograr su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, a través del modelo de notificación de tratamiento de datos de carácter personal de titularidad pública o privada. I Con carácter previo, y sin ánimo de prejuzgar los términos de la solicitud de Informe a la que el escrito del consultante se refiere, parece deducirse que la inscripción de que se trata se refiere a un Colegio Privado Concertado, y no a un Colegio Público Concertado, por cuanto el régimen de Concierto con los Centros Educativos se vincula ex lege a personas jurídico-privadas. Como punto de partida, el artículo 5 del Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, declarado vigente por la Disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, establece que Todo fichero de datos de carácter personal, de titularidad pública, será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos por el órgano competente de la Administración responsable del fichero para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, mediante el traslado, a través del modelo normalizado que al efecto elabore la Agencia, de una copia de la disposición de creación del fichero. En consecuencia, la obligación de notificación corresponderá al responsable del fichero, definido por el artículo 3 d) de la Ley Orgánica 15/1999 como Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento. II Para determinar a quién corresponde la obligación de proceder a la adopción de la correspondiente disposición de carácter general y la consiguiente notificación del tratamiento al Registro General del Protección de Datos resulta imprescindible delimitar si el consultante es un órgano incardinado en la Administración Autonómica o si el mismo posee personalidad jurídica independiente de la misma. En el primer supuesto, el Centro no sería sino un mero usuario del fichero, cuyo responsable sería la Administración educativa autonómica, de forma que la obligación de notificación correspondería a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma correspondiente, debiendo hacerse referencia al Centro educativo únicamente como lugar de ubicación del fichero. En caso contrario, el responsable del fichero sería el propio Centro, correspondiendo al mismo la notificación del tratamiento al Registro de esta Agencia. Según dispone el artículo 64 de la Ley Orgánica 10/2002, de Calidad de la Educación Los centros docentes se clasifican en públicos y privados, añadiendo que Son centros públicos aquellos cuyo titular sea un poder público. En consecuencia, dicha Ley Orgánica vincula el carácter público de los Centros con la titularidad de los mismos. Al propio tiempo, la misma no establece en ningún lugar si los centros tendrán o no personalidad jurídica dependiente de la correspondiente Administración Educativa, si bien especifican expresamente los ámbitos en que los mismos gozarán de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión económica (artículos 67 a 70 de la Ley Orgánica). Por su parte, las diferentes normas de las Comunidades Autónomas reguladoras de la enseñanza no universitaria establecen únicamente el carácter público de los Centros de Enseñanza Públicos, por lo que, a sensu contrario, el resto de los Centros de Página 13 de14 Enseñanza, que no son de titularidad pública, han de reputarse como Centros Privados. De lo dispuesto en la legislación básica estatal y en la autonómica a la que acaba de hacerse referencia se desprende que los Centros Públicos de Enseñanza no son sino órganos directamente dependientes de la Consejería autonómica correspondiente y carentes de personalidad propia y diferenciada de la misma, sin prejuicio de las peculiaridades que les son propias en lo referente al respeto de los principios de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión económica que la Ley establece. Por ello, ha de concluirse que, cuando los Centros Educativos de Enseñanza se encuentren integrados orgánicamente en la Administración autonómica, será ésta la obligada al cumplimiento de las obligaciones que respecto de los ficheros de titularidad pública impone la Ley Orgánica 15/1999, debiendo la misma adoptar la correspondiente disposición de carácter general y proceder a la notificación de los tratamientos al Registro General de Protección de Datos, en la que se hará constar que el Centro es el lugar de ubicación del fichero. Por el contrario, en el resto de los casos, como ocurre en el supuesto sometido a consulta, en el que se plantea la inscripción de la notificación de ficheros de un Colegio Privado Concertado, el responsable del fichero será el propio Centro, correspondiendo al mismo la notificación del tratamiento al Registro General de Protección de Datos de esta Agencia, utilizando a tal fin el modelo de notificación de tratamiento de datos de carácter personal de titularidad privada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999. Página 14 de15 Informe 37/2006 sobre: La cesión de datos de evaluación de profesorado. La consulta plantea si procede la cesión de datos referentes a los resultados de encuestas anónimas de evaluación del profesorado a los órganos encargados de velar por la calidad y el adecuado desarrollo de las enseñanzas impartidas en la Universidad, haciendo expresa referencia a las comisiones establecidas por el artículo 53 de los estatutos de la propia Universidad y, en particular, a las Comisiones de Docencia y las Comisiones de Calidad de la Docencia, si bien las mismas no han sido constituidas como tales, según indica la consulta. Como cuestión previa, deben efectuarse determinadas consideraciones relativas al sometimiento del tratamiento al que se refiere la consulta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal. En este sentido, el artículo 2.1, párrafo primero de la Ley dispone que La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado, siendo datos de carácter personal Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables, tal y como dispone el artículo 3 a). En el presente caso, con independencia de que no sean conocidos los datos de quienes dan respuesta a las encuestas no cabe duda que nos encontraremos ante datos de carácter personal referidos al profesorado respecto del que se efectúa la encuesta, toda vez que se vincularán los resultados de la evaluación a cada afectado concreto objeto de aquélla. En consecuencia, el tratamiento de los datos quedará sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, debiendo indicar que, en lo referente a la exactitud de los datos, consagrada por el artículo 4.3 de la Ley Orgánica, la misma existirá siempre que los datos correspondan a la valoración efectivamente realizada, dado que en ese punto ha de considerarse que concluiría la responsabilidad de quien trata los datos, sin perjuicio de la fiabilidad que hubiera de otorgarse a los resultados de la encuesta en virtud del carácter más o menos técnico de las cuestiones planteadas y los conocimientos del alumnado que responde al cuestionario de evaluación. Respecto de la comunicación de los datos a distintos órganos universitarios, la propia consulta recuerda la opinión de estas Agencia, manifestada en su informe de 21 de diciembre de 2005, emitido a instancia del Defensor Universitario, en que se señala que la transmisión de los datos, sometidos como se ha dicho a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, supondrá una cesión o comunicación de datos. Respecto de la misma ya se indicó que se encontrarían amparadas en lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2003, en conexión con lo previsto en los Estatutos de la Universidad, las cesiones que la consulta planteaba, siendo ahora preciso aclarar la consulta en cuanto a qué órganos deberían ser destinatario concretos de los datos en cada caso. El artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. En consecuencia, el tratamiento devendrá lícito cuando el mismo corresponda al cumplimiento de las finalidades legítimamente predicables de quiene procede a dicho tratamiento. En este mismo sentido, el primer inciso del artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario. En el ámbito de las Administraciones Públicas y de los organismos vinculados o dependientes de las mismas la materialización del principio de finalidad se verifica a Página 15 de16 través del principio de competencia, de modo que podrán ser tratados los datos por quien legítimamente tenga la competencia para proceder a ese tratamiento y siempre respetando los restantes principios contenidos en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Precisamente por ese motivo, el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, interpretado a sensu contrario, habilita la cesión de datos entre Administraciones Públicas cuando la cesión se realice en el ejercicio de una misma competencia. Pues bien, completando lo indicado en el informe de esta Agencia de 21 de diciembre de 2001, el destinatario de los datos en cada caso habrá de ser el órgano al que se encomiende en cada supuesto el control del adecuado desarrollo de las actividades formativas dentro de las Facultades, Escuelas y, dentro de las mismas, Departamentos, del Centro Universitario. De los preceptos de los Estatutos transcritos en la consulta no se desprende de modo unívoco que las Comisiones a las que la misma se refiere tengan atribuidas competencias tales que permitan considerar legítimo el tratamiento de los datos resultantes de las evaluaciones, por lo que, a la vista de dichos preceptos, la comunicación de los datos a dichas comisiones no se encontraría amparada por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999. Página 16 de17 Informe 227/2006 sobre: El acceso a datos escolares por padres y familiares. La consulta plantea determinadas cuestiones relacionadas con el acceso a la información de los alumnos que es objeto de tratamiento por parte del centro consultante, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal. II Antes de entrar a analizar las cuestiones planteadas conviene señalar que los datos mencionados en la consulta se encuentran, en todo caso, sometidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, ya que la misma define en su artículo 3 a) los datos de carácter personal como Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. No obstante, es preciso señalar que los citados datos podrán referirse no sólo a los propios alumnos del centro, sino a terceras personas distintas de aquéllos. Así sucedería por ejemplo en lo referente a los datos económicos citados en la consulta, dado que los conceptos facturados podrán referirse al alumno, si bien los datos referidos al efectivo abono de los servicios prestados por el centro podrán referirse al padre o madre que efectivamente procedan a su pago. Esta consideración deberá ser tenida especialmente en cuenta en relación con el ejercicio de los derechos de acceso y con otra serie de cuestiones que se analizarán en un momento posterior. Por otra parte, deberían diferenciarse los supuestos en que la información es facilitada a la persona a la que aparecen referidos los datos, esto es, al afectado, en los términos definidos en el artículo 3 e) de la Ley Orgánica 15/1999 de aquellos otros en los que el destinatario de la información no es el propio afectado. En el primero de los supuestos podremos encontrarnos ante un supuesto de ejercicio del derecho de acceso, al que se refiere el artículo 15 de la Ley Orgánica 15/1999, cuyo apartado primero establece que El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos. Por su parte, en caso de que el destinatario de los datos no sea el propio afectado nos encontraremos ante una cesión de datos de carácter personal, definida en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado. Respecto de las cesiones, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado. No obstante sería posible la cesión sin contar con el consentimiento del interesado en los supuestos contemplados en el artículo 11.2 de la propia Ley. Por su parte, debe también tenerse en cuenta que algunos de los datos a los que se refiere la consulta se encuentran relacionados con la salud del afectado y, por tanto, tienen la condición de datos especialmente protegidos. Por este motivo, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 7.3, según el cual Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente. Dicho todo lo anterior, procederá ahora dar respuesta a las cuestiones planteadas. III La primera de las cuestiones se refiere a la posibilidad de que los datos mencionados en la consulta puedan ser facilitados a los propio alumnos del centro, aún cuando los mismos sean menores de edad. En este caso, en lo que se refiera a dato relacionados con el alumno nos encontraremos, como ya se ha dicho ante una forma de ejercicio del derecho de Página 17 de18 acceso, siendo necesario analizar si dicho derecho podrá ser ejercitado directamente por el menor o si sería precisa la asistencia de su representante legal. La cuestión planteada ha sido objeto de informe por parte de esta Agencia en reiteradas ocasiones. Si bien la doctrina manifestada en dichos informes venía referida a la posibilidad de que el menor pudiera consentir por sí mismo el tratamiento de sus datos de carácter personal ha de ser igualmente aplicada a los supuestos de ejercicio del derecho de acceso por parte de los menores de edad. Así, en informe de esta Agencia de 8 de abril de 2004 se indicaba lo siguiente: A nuestro juicio, deben diferenciarse dos supuestos básicos, el primero referido a los mayores de 14 años, a los que la Ley atribuye capacidad para la realización de determinados negocios jurídicos, y el segundo, al consentimiento que pudieran prestar los menores de dicha edad. Respecto de los mayores de catorce años, debe recordarse en primer término, que el artículo 162.1º del Código Civil exceptúa de la representación legal del titular de la patria potestad a los actos referidos a derechos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las leyes y con sus condiciones de madurez, pueda realizar por sí mismo. Se plantea entonces si, en el supuesto de mayores de catorce años, ha de considerarse que el menor tiene condiciones suficientes de madurez para prestar su consentimiento al tratamiento de los datos, debiendo, a nuestro juicio, ser afirmativa la respuesta, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico viene, en diversos casos, a reconocer a los mayores de catorce años la suficiente capacidad de discernimiento y madurez para adoptar por sí solos determinados actos de la vida civil. Baste a estos efectos recordar los supuestos de adquisición de la nacionalidad española por ejercicio del derecho de opción o por residencia, que se efectuará por el mayor de catorce años, asistido de su representante legal, o la capacidad para testar (con la única excepción del testamento ológrafo) prevista en el artículo para los mayores de catorce años. Por otra parte, debe recordarse que, según tiene señalado la Dirección General de Registros y del Notariado, en Resolución de 3 de marzo de 1989, no existe una norma que, de modo expreso, declare su incapacidad para actuar válidamente en el orden civil, norma respecto de la cual habrían de considerarse como excepcionales todas las hipótesis en que se autorizase a aquél para obrar por sí; y no cabe derivar esa incapacidad ni del artículo 322 del Código Civil, en el que se establece el límite de edad a partir del cual se es capaz para todos los actos de la vida civil, ni tampoco de la representación legal que corresponde a los padres o tutores respecto de los hijos menores no emancipados. En resumen, la minoría de edad no supone una causa de incapacitación (de las reguladas en el artículo 200 del Código Civil), por lo que aquélla habrá de ser analizada en cada caso concreto a los efectos de calificar la suficiencia en la prestación del consentimiento en atención a la trascendencia del acto de disposición y a la madurez del disponente. En consecuencia, a tenor de las normas referidas, cabe considerar que los mayores de catorce años disponen de las condiciones de madurez precisas para consentir, por sí mismos, el tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal. Respecto de los restantes menores de edad, no puede ofrecerse una solución claramente favorable a la posibilidad de que por los mismos pueda prestarse el consentimiento al tratamiento, por lo que la referencia deberá buscarse en el artículo 162 1º del Código Civil, tomando en cuenta, fundamentalmente, sus condiciones de madurez. La doctrina contenida en el citado informe es, como se ha indicado, extrapolable al supuesto ahora analizado, dado que el ejercicio del derecho de acceso es una manifestación de un acto referido a derechos de la personalidad. Por tanto, si el menor tuviese más de catorce años será posible facilitarle la información solicitada. En caso Página 18 de19 contrario habrían de ser atendidas sus condiciones de madurez en atención a los datos que sería objeto de transmisión al mismo. En todo caso, la transmisión al alumno de los datos debería limitarse a aquellos que se refieran al mismo, dado que en caso contrario se produciría una cesión o comunicación de datos de carácter personal, sin que la misma pueda considerarse amparada en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999. IV El resto de las cuestiones planteadas se refiere a la posibilidad de entrega de los datos referidos en la consulta a los padres del menor, así como a otros familiares, planteándose asimismo si es posible la comunicación de los datos a quien no es titular de la solicitud de matrícula y que hace efectivos los recibos mensuales. Como ya se indicó con anterioridad, en el supuesto planteado nos encontraremos, con carácter general, ante una cesión o comunicación de datos de carácter personal, que deberá cumplir lo establecido en el artículo 11 o, en caso de datos de salud, en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999. Dicho esto, el artículo 154 del Código Civil dispone que Los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre, añadiendo que La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades (...) Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. En consecuencia, en lo que se refiere a los datos que guarden relación con las funciones de educación y formación establecidas en el citado artículo 154 del Código Civil, existe una norma con rango de Ley que habilita la cesión o comunicación de datos de carácter personal, por lo que la cesión de los datos académicos o psicopedagógicos que guarden directa relación con esos deberes formativos se encontraría amparada en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999 en relación con el artículo 154 del Código Civil. Al propio tiempo, el artículo 159 del Código Civil establece que si los padres viven separados y no decidieren de común acuerdo, el Juez decidirá, siempre en beneficio de los hijos, al cuidado de qué progenitor quedarán los hijos menores de edad. De este modo, en tanto no exista una resolución judicial que excluya del ejercicio de la patria potestad a uno de los progenitores no será posible considerar inaplicable la habilitación que venimos estudiando, por lo que el progenitor seguiría encontrándose habilitado para que le fuesen cedidos los datos. Por otra parte, como se ha venido indicando, la habilitación se refiere a los titulares de la patria potestad y no a cualesquiera familiares, que únicamente podrían obtener los datos en caso de ejercer la tutela, dado que el artículo 269 del Código Civil establece una habilitación legal similar, al disponer que El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular (...) a educar al menor y procurarle una formación integral. En consecuencia, en relación con los datos relacionados directamente con la educación y formación del menor, y en respuesta a las cuestiones planteadas, debe concluirse que será posible la cesión a cualquiera de los progenitores mientras ejerzan la patria potestad, no pudiendo en ese caso denegarse la cesión por el hecho de que exista separación en tanto no se haya adjudicado la patria potestad en exclusiva a uno de os progenitores. Al propio tiempo, los restantes familiares únicamente podrían acceder a los datos en caso de ostentar la tutela del menor. V En cuanto a los restantes datos mencionados en la consulta, no sería aplicable la excepción planteada. En particular, en relación con los datos de salud, el acceso a los mismos debería regirse, a sensu contrario, por lo expuesto en el apartado II del presente informe, de forma que en caso de que el menor fuera mayor de catorce años el acceso Página 19 de20 únicamente sería posible si fuese solicitado por el menor o aquél hubiese apoderado al progenitor para ello. Si el menor tuviese menos de catorce años debería estarse a sus condiciones de madurez. Así lo ha señalado la Agencia en informe de 29 de septiembre de Página 20 de Mostrar más
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