Source: https://es.scribd.com/doc/195090191/Principios-de-interpretacion-constitucional-sentencia
Timestamp: 2017-03-23 22:29:22
Document Index: 168046474

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NavegarInteresesStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseEXP. N.° 5854-2005-PA/TC PIURA PEDRO ANDRÉS LIZANA PUELLES
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 8 días del mes de noviembre de 2005, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Andrés Lizana Puelles contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 182, su fecha 28 de junio de 2005, que declaró infundada la demanda de amparo de autos.
ANTECEDENTES Con fecha 27 de diciembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución N.º 315-2004-JNE, de fecha 17 de noviembre de 2004, por considerar que vulnera el derecho fundamental al debido proceso. Manifiesta que mediante acuerdo adoptado el 20 de julio de 2004, el Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Canchaque-Piura, declaró improcedente la solicitud de vacancia en el cargo de Alcalde municipal, por causal de nepotismo, formulada en su contra por un ciudadano. Refiere que en aplicación del artículo 51º de la Ley N.º 27972 —Ley Orgánica de Municipalidades (LOM)—, el 20% de los miembros hábiles del Concejo solicitaron la reconsideración del acuerdo, la cual -aduce- fue declarada improcedente mediante una Resolución de Alcaldía (sic), con lo que quedó agotada la vía administrativa. Sostiene que, en consecuencia, esta última resolución sólo podía ser impugnada en un proceso contencioso administrativo, a pesar de lo cual el JNE ha declarado fundado un recurso de apelación interpuesto contra ella, ordenando su inmediata vacancia en el cargo de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Canchaque. El Procurador adjunto a cargo de los asuntos judiciales del JNE contesta la demanda manifestando que el literal u) del artículo 5º de la Ley N.º 26486 —Ley Orgánica del JNE—, en desarrollo del inciso 6) del artículo 178º de la Constitución, dispone que es competencia del JNE declarar la vacancia de los cargos elegidos mediante sufragio directo; que, conforme al artículo 23º de la LOM, el JNE debe resolver el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo del Concejo Municipal que declara o rechaza la vacancia solicitada; y que los actos de nepotismo que determinaron declarar vacante el cargo de Alcalde que ejercía el recurrente quedaron plenamente acreditados en sede del JNE, motivo por el cual se resolvió declarar fundado el recurso de apelación interpuesto. En suma –
agrega-, la resolución del JNE ha sido expedida con plena observancia del derecho fundamental al debido proceso. Finalmente, sostiene que, sin perjuicio de lo expuesto, al pretenderse vía amparo dejar sin efecto una resolución emitida por el JNE, se afectan los artículos 142º y 181º de la Constitución que establecen que contra las resoluciones dictadas por el JNE, no procede recurso alguno. El Quinto Juzgado Civil de Piura, con fecha 14 de marzo de 2005, declaró infundada la demanda, por considerar que el JNE ha actuado de conformidad con el artículo 23º de la LOM y sin afectar el derecho al debido proceso. Añade que la decisión jurisdiccional del JNE ha respetado la tutela procesal efectiva a la que hace referencia el inciso 8) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional. La recurrida confirmó la apelada por sus mismos fundamentos. FUNDAMENTOS §1. Delimitación del petitorio 1. 1. La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la Resolución N.º 3152004-JNE, expedida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que, tras declarar fundada la apelación presentada contra el acuerdo formalizado mediante Resolución de Concejo N.º 039-2004-CDC/A, ordenó la vacancia del recurrente en el cargo de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Canchaque-Piura, por la causal de nepotismo, prevista en el inciso 8) del artículo 22º de la Ley N.º 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades (LOM)-. A criterio del demandante, la referida resolución contraviene el derecho fundamental al debido proceso, previsto en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución. 2. 2. El asunto controvertido, exige, ante todo, que el Tribunal Constitucional determine (no por primera vez -Cfr., por todas, la STC 2366-2003-AA/TC-), si los artículos 142º y 181º de la Constitución, instituyen a una resolución del JNE como una zona exenta de control constitucional y, consecuentemente, exceptuada de ser sometida a una evaluación de validez constitucional mediante el proceso de amparo previsto en el inciso 2) del artículo 200º de la Constitución. El precitado artículo 142º, dispone: “No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces.” Por su parte, el artículo 181º, establece que: ―El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno‖.
Madison (1803). (. una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto. si aquellos a los que se pretende limitar pudiesen saltarse tales límites? La distinción entre un Gobierno con poderes limitados y otro con poderes ilimitados queda anulada si los límites no constriñesen a las personas a las que se dirigen. esto es. 2[2] Concepto al que acude con frecuencia la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica ( Vid. por pertenecer a ella. Miguel y Gonzáles García. de fecha 8 de septiembre de 2004.§2. que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del ordenamiento. El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho supuso. vincula. La Constitución es. una vez expresada la voluntad del Poder Constituyente con la creación de la Constitución del Estado. limitan y delimitan jurídicamente los actos de los poderes públicos. derechos y principios que. 03-004485-0007-CO. Res. A partir de entonces. para dar paso -de la mano del principio político de soberanía popular.
Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el Caso Marbury v.. Julio. significó superar la concepción de una pretendida soberanía parlamentaria.‖1[1] 5. abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma política. De ahí que. esto es. 4. pues. cuyas competencias materiales resultan sustancialmente idénticas a las de un Tribunal Constitucional. en el orden formal y sustantivo presidido por ella no existen soberanos. por consiguiente. el asunto se hizo bastante elemental y se tiene expuesto así desde hace más de 200 años: ―¿Qué sentido tiene que los poderes estén limitados y que los límites estén escritos.. recaída en el Exp. conforme al cual.al principio jurídico de supremacía constitucional.. por su contenido jurídico-normativo. La Constitución como norma jurídica 3. al conjunto de valores. 111-112. 2005. siempre y en todos los casos. como tal.). Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados de América. una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos. Quienes niegan el principio de que los Tribunales deben considerar la Constitución como derecho superior. limitado e informado. pp. Madrid: Boletín Oficial del Estado / Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 4. mediante la cual se declara la inconstitucionalidad del acuerdo del Poder Ejecutivo de brindar apoyo a la ―Coalición‖ de países que incurrió en acciones bélicas en Iraq). Texto tomado de: Beltrán de Felipe. Es decir. y si no existe diferencia entre los actos prohibidos y los actos permitidos. deben entonces admitir que los jueces deben cerrar sus ojos a la Constitución y regirse sólo por las leyes. poderes absolutos o autarquías. es decir. norma jurídica y. 3. (. entre otras cosas. Todo poder devino entonces en un poder constituido por la Constitución y. 2004-09992.
. con acierto. para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica. pueda hacerse referencia a ella aludiendo al ―Derecho de la Constitución‖ 2[2]. 5.. Está claro que todos aquellos que han dado vida a la Constitución escrita la han concebido como el Derecho fundamental y supremo de la nación.).
la supremacía normativa de la Constitución de 1993 se encuentra recogida en sus dos vertientes: tanto aquella objetiva. (. para volver a ser una mera carta política referencial. §3. Es por ello que Werner Kaegi sostenía: ―dime lo que piensas de la justicia constitucional y te diré qué concepto de Constitución tienes.
Artículo 51º de la Constitución. ¿tiene algún sentido reconocer que la Constitución tiene carácter jurídico. 1945. la ley. debe manifestarse de conformidad con cada una de las reglas y principios. afirmar que existen actos de alguna entidad estatal cuya validez constitucional no puede ser objeto de control constitucional. equivale a pretender que abdique del rol de guardián de la Constitución que el Poder Constituyente le ha confiado (artículo 201º de la Constitución). 5[5] Artículo 38º de la Constitución. no está sujeta a los pareceres de intereses particulares. Die Verfassung als rechtliche Grundordnung des Staates. previstos en la Carta Fundamental. Werner. 6[6] Kaegi. todo interés individual o colectivo. supone sostener.. sobre las normas de inferior jerarquía. la de todo acto que a ella contravenga.. Tentativa que. incapaz de vincular al poder.). por el contrario.6.. para luego afirmar que existen actos de los poderes públicos que escapan al control constitucional ejercido por la jurisdicción constitucional?. y a la par sostener que los actos de estos poderes están relevados de control constitucional.‖6[6] En efecto. y así sucesivamente.La Constitución prevalece sobre toda norma legal. cumplir y defender la Constitución (.). Pero... que en tales ámbitos la Constitución ha perdido su condición de norma jurídica. Pretender que el Tribunal Constitucional se adhiera a esta tesis. pese a que contravienen la Constitución y los derechos fundamentales? Es inherente a la condición jurídica de una norma la capacidad de exigir su cumplimiento jurisdiccionalmente. p. como aquella subjetiva. ¿es posible afirmar que todo poder está sometido a la Constitución y a los derechos fundamentales que ella reconoce..
. valor o principio constitucional. La ausencia de éste determina la negación de aquella. Zürich. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.Todos los peruanos tienen el deber de.. A todo derecho. Bajo tal perspectiva. conforme a la cual la Constitución preside el ordenamiento jurídico (artículo 51º3[3]). corresponde un proceso constitucional que le protege (artículo 200º de la Constitución). 147.. jamás será de recibo en sede de este Colegiado. para ser más exactos. 8. 8. La judicialización de la Constitución o. para ser constitucionalmente válido. como será sencillo de entender. es la máxima garantía de que su exigibilidad y la de los derechos fundamentales reconocidos. (. con el mismo énfasis. en cuyo mérito ningún acto de los poderes públicos (artículo 45º4[4]) o de la colectividad en general (artículo 38º5[5]) puede vulnerarla válidamente.). 7. El Tribunal Constitucional y la garantía jurisdiccional de la Constitución 7. 4[4] Artículo 45º de la Constitución: El poder del Estado emana del pueblo.. 6.. respetar. formales y sustantivos.
una serie de principios que informan la labor hermenéutica del juez constitucional. no responden en su aplicación a la lógica subsuntiva (supuesto normativo – subsunción del hecho – consecuencia). sino que abarquen. el mejor recurso de legitimación y persuasión con que cuenta este Tribunal para la búsqueda del consenso social y el retorno de la armonía. Hesse. en su condición de supremo intérprete de la Constitución (artículo 201º de la Constitución y 1º de la Ley N. función que se canaliza. el reconocimiento del Estado Social y Democrático de Derecho como un espacio plural para la convivencia. considera pertinente abordar algunos puntos relacionados con los métodos de interpretación constitucional y su objeto. tengan un impacto en los medios académicos y de comunicación social.‖7[7] 11. corresponde al Tribunal Constitucional dirimir en última o única instancia los procesos constitucionales (artículo 202º de la Constitución). exige que los métodos de interpretación constitucional no se agoten en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa (literal. se encuentran en estrecha vinculación con su interpretación. 45-47. pp. 10. Traducción de Pedro Cruz Villalón. persuade y construye un espacio para su propia presencia en el Estado Social y Democrático de Derecho. hace posible que la labor del máximo intérprete de la Constitución sea la de un auténtico componedor de conflictos sociales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. que las decisiones jurisdiccionales que adopte. Ed. 12.º 28301 —Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)—). muchas veces. sistemático e histórico). sino también pacificación y ordenación. Por ello. es en este contexto. 9.
. 2da. La argumentación constitucional. §4. Konrad. 10. Tales principios son8[8]:
STC 0048-2004-AI. Como se ha tenido oportunidad de referir: ―El Tribunal Constitucional con frecuencia debe hacer frente a conflictos de la más alta trascendencia social y política. Escritos de Derecho Constitucional. A través de sus sentencias. en forma institucional. 1992. No obstante. De este modo logra adhesiones. entre otros elementos. Es este marco. debe reconocerse también la posibilidad de que sea objeto de interpretación. erigiéndose como una institución de diálogo social y de construcción pacífica de la sociedad plural. No obstante. El Tribunal Constitucional aprecia que los problemas suscitados con relación a los artículos 142º y 181º de la Constitución. la particular estructura normativa de sus disposiciones que. teleológico.9. Cfr. Principios de interpretación constitucional 12. 11. a diferencia de la gran mayoría de las leyes. Reconocida la naturaleza jurídica de la Constitución del Estado. Fundamentos 2 y 3. a través de los procesos constitucionales. Esto supone. no sólo cumple una función de valoración.
Vid. STC 0001-2003-AI /0003-2003-AI. a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto. vinculante in toto y no sólo parcialmente. 12[12] Vid. §5. STC 1091-2002-HC. Fundamento 15. La inconstitucionalidad de la interpretación aislada de los artículos 142º y 181º de la Constitución 13. e) e) El principio de fuerza normativa de la Constitución13[13]: La interpretación constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica. de modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional. c) c) El principio de corrección funcional11[11]: Este principio exige al juez constitucional que. y teniendo presente que. 11[11] Este principio se presenta en cada ocasión en la que este Tribunal delimita las competencias que la Constitución ha conferido a los distintos órganos constitucionales ( vg. todo precepto constitucional. Fundamento 10. Esta vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo. la reciente STC 0020-2005-PI / 00212005-PI —acumulados—). alguno puede haberse preguntado: ¿cómo puede el Tribunal Constitucional sostener que la Constitución es norma jurídica vinculante. Fundamento 25. STC 2209-2002-AA. no desvirtúe las funciones y competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales. STC 1219-2003-HD. Es en base a estos criterios que debe llevarse a cabo la interpretación de los referidos artículos 142º y 181º de la Constitución. Fundamento 7. como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales. 2579-2003-HD. desde luego. STC 0029-2004-AI.a) a) El principio de unidad de la Constitución9[9]: Conforme al cual la interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla como un ―todo‖ armónico y sistemático. Llegados a este punto. Fundamento 6. Fundamento 11. Fundamento 3. 13. STC 0008-2003-AI. se encuentre plenamente garantizado. a este Tribunal) y a la sociedad en su conjunto. Fundamento 5. STC 0045-2004-HC. Fundamento 6. Fundamento 6. STC 1797-2002-HD. pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con la sociedad. derechos o principios concernidos. Fundamento 5. STC 0008-2003-AI.
. 1076-2003-HC. 10[10] Vid. sin ―sacrificar‖ ninguno de los valores. al realizar su labor de interpretación. STC 0008-2003-AI. es decir. como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana. STC 1124-2001-AA. y. d) d) El principio de función integradora12[12]: El ―producto‖ de la interpretación sólo podrá ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar. incluso aquellos pertenecientes a la denominada ―Constitución orgánica‖ se encuentran reconducidos a la protección de los derechos fundamentales. b) b) El principio de concordancia práctica10[10]: En virtud del cual toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta ―optimizando‖ su interpretación. Fundamento 5. Fundamento 5. Fundamento 6. en última instancia. cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de la Constitución). Fundamento 4. STC 1013-2003-HC. 13[13] Vid. STC 0976-2001-AA.
tan sencilla como ilegítima. empero. son sólo algunas muestras. en el artículo 140º se regula la pena de muerte. incluso en aquellos supuestos en los que afecten los
. sino el propio ciudadano. buscando aliviar los conflictos intersubjetivos e interinstitucionales (funciones de ordenación y pacificación). es inatacable jurisdiccionalmente. Pues bien. —expedida en el caso sobre la Ley Orgánica de la Justicia Militar y el Código de Justicia Militar—. mientras en el inciso 2) del artículo 2º se reconoce el principio-derecho a la igualdad ante la ley. definitiva. de un proceso en el que no se hayan respetado los derechos fundamentales de la persona. el literal f) del mismo inciso justifica que la autoridad policial prive a la persona de ésta en caso de flagrante delito. 16. 0004-2004-CC —sobre el conflicto de competencias surgido entre el Poder Judicial y el Congreso de la República—. sin ingresar en consideración adicional alguna. por ejemplo. 15. es consciente de que. resulta evidente que luego de la lectura aislada de alguna de estas disposiciones.. 14. 15. haber expedido la STC 2366-2003-AA. acompaña una cabal conciencia de la realidad social. 00192005-HC — sobre la ―ley de arresto domiciliario‖—. entre las muchas existentes. que las resoluciones del JNE en materia electoral ―no son revisables en sede judicial‖ y que ―son dictadas en instancia final. mientras en el inciso 1) del artículo 2º se reconoce que toda persona tiene derecho a la vida. debe hacerlo en términos que no sólo pueda comprender el técnico en Derecho. De ahí que nunca ha sido ni será válido interpretar las disposiciones constitucionales de manera aislada. mientras el inciso 2) del artículo 139º. el inciso 2) del artículo 200º de la Constitución establece que el amparo contra esta resolución procede si emana de un proceso irregular. y (.) contra ellas no procede recurso alguno‖? 14. Así.. 0020-2005-AI / 0021-2005-AI — sobre el conflicto de competencias suscitado entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Regionales de Cusco y Huánuco—. mientras el inciso 24) del artículo 2º reconoce el derecho a la libertad personal. Y por ello. Las sentencias 0010-2002-AI —expedida en el caso sobre la legislación antiterrorista—. concluirá en que. con las que este Colegiado ha demostrado que a los métodos jurídicos y de argumentación constitucional (función de valoración).obstante. es decir. 17. el artículo 103º establece que pueden expedirse leyes especiales cuando así lo exija la naturaleza de las cosas. es decir. 0023-2003-AI. contraviniendo (sic) el ―claro mandato‖ de los artículos 142º y 181º de la Constitución que establecen. La Constitución del Estado está plagada de disposiciones entre las que existe una ―aparente‖ contradicción. refiere que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada. una resolución en materia electoral expedida por el JNE. 17. Es indiscutible que esta es una lectura más sencilla. respectivamente. se llegará a resultados inconsecuentes con el postulado unitario o sistemático de la Constitución. si pretende desvirtuarla. sí. Qué duda cabe de que una interpretación literal y aislada de los artículos 142º y 181º de la Constitución. Por ello no puede escapar a la consideración de este Tribunal que la pregunta planteada es el resumen fiel de la preocupación expuesta por algún sector. 16.
Así. si así no ocurriese. de conformidad con el artículo 100º de la Constitución. ya que los despoja de toda garantía jurisdiccional de protección. ya que desconoce. por ejemplo. por un lado. de la Carta Fundamental. En otras palabras. pues pretende que sus resoluciones no sean objeto de control constitucional en aquellos casos en los que resulten contrarias a los principios y derechos fundamentales reconocidos en la Carta Fundamental. en el marco del respeto al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva (artículo 139° de la Constitución). ―sacrifica‖ los derechos fundamentales. el JNE se encuentra impedido de desconocer una resolución adoptada por el Congreso de la República que inhabilita a una persona para el ejercicio de la función pública. el resultado de esta interpretación ¿es sustentable constitucionalmente? 18. como cualquier otro poder público. dicha interpretación confunde la autonomía que ha sido reconocida constitucionalmente al JNE (artículo 177º de la Constitución) con autarquía. pues pretendiendo auspiciar la seguridad jurídica que debe informar a todo proceso electoral. se encuentra impedido constitucionalmente de desconocer las decisiones vinculantes que los otros órganos constitucionales expiden en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente previstas. tales principios y derechos no resultan vinculantes. el carácter jurídico-vinculante de la Constitución y. no lo es menos que. máxime si la validez constitucional de dicha resolución ha sido plenamente confirmada a través de una
.derechos fundamentales de la persona. viola los más elementales principios de interpretación constitucional (unidad de la Constitución y concordancia práctica). 19. de conformidad con el principio de corrección funcional. desconoce la limitación que dicho contenido representa para los actos llevados a cabo por todo poder público. Es preciso tener presente que. desde luego. Son distintas las razones que permiten al Tribunal Constitucional sostener que tal interpretación resulta manifiestamente inconstitucional. lejos de optimizar el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales. Lo que equivaldría a sostener que para el JNE. se encuentra obligado a respetar los derechos fundamentales. bajo las responsabilidades de ley. En primer lugar porque. el ―producto‖ resultante de realizar una interpretación aislada de los artículos 142º y 181º de la Constitución. por otro. in fine. de conformidad con el artículo 31°. En efecto. la función de contralor de la constitucionalidad conferida al Tribunal Constitucional (artículo 201º de la Constitución). los que efectúe el JNE. por cuanto. será nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. incluyendo. Si bien es cierto que esta entidad es el máximo órgano de administración de justicia electoral del país. 18. La interpretación aislada de los artículos constitucionales bajo análisis resulta manifiestamente contraria al principio de fuerza normativa de la Constitución y al de corrección funcional. el JNE. Empero. 19.
La secuencia es idéntica en los supuestos de resoluciones expedidas por jueces que administran justicia electoral.
Vid. Sería. Sin que pueda caber aquí. STC 3238-2004-AA y STC 2791-2005-PA
. reponiendo las cosas al estado anterior al momento en que tuvo lugar la afectación del derecho fundamental (primer párrafo del artículo 1º del Código Procesal Constitucional). claro está. en tales casos. por ejemplo. para que luego el proceso continúe siendo resuelto por su respectivo juez competente. De conformidad con el artículo 93º de la Constitución. son susceptibles de control constitucional. 21. el criterio del JNE escapa a los asuntos técnico-jurídicos de carácter estrictamente electoral. Al referir que las resoluciones del JNE en materia electoral se dictan en última instancia y no pueden ser objeto de control constitucional en sede jurisdiccional. 20.sentencia del Tribunal Constitución. no se trata de una superposición de funciones. pues en esta materia técnico-jurídica. que vulnera o amenaza los (. el JNE es. en efecto. Así lo ordena la Constitución y bajo el principio de corrección funcional ese fuero debe ser plenamente respetado por todo poder constituido. los Congresistas de la República no están sujetos a mandato imperativo. la jurisdicción constitucional se torna inmediatamente en el fuero competente para dirimir la litis circunscrita a si existió o no violación de la Carta Fundamental.) derechos reconocidos por la Constitución‖.. Así pues. 21. órgano independiente y autónomo. una subrogación en las funciones reservadas constitucionalmente al JNE. desde luego. instancia definitiva. Asunto distinto se presenta cuando el JNE ejerce funciones excediendo el marco normativo que la Constitución le impone. STC 3760-2004-AA. las leyes expedidas por el Congreso. si se expide una resolución contraria a los derechos fundamentales.. En tales supuestos. En otras palabras. 20. desde luego. siendo de inmediata aplicación el inciso 2) del artículo 200º de la Constitución que dispone que el proceso de amparo ―procede contra el hecho u omisión. a este Tribunal. tiene capacidad de administrar justicia penal o civil. sino de delimitar clara y correctamente las competencias que la Constitución ha conferido a cada uno de los órganos constitucionales (principio de corrección funcional). tienen por propósito garantizar que ningún otro órgano del Estado se arrogue la administración de justicia sobre los asuntos electorales. absurdo sostener que porque el Tribunal Constitucional tiene competencia para declarar la nulidad de una sentencia expedida por un juez penal o civil que contravenga los derechos fundamentales. mediante el proceso de inconstitucionalidad (artículo 200º 4). No obstante. los artículos 142º y 181º de la Constitución. por parte de cualquier autoridad. Ello tendría lugar. incluyendo. supremo intérprete de la Constitución (artículo 201º de la Constitución y artículo 1º de la LOTC)14[14]. funcionario o persona. Es evidente que en tales supuestos el Tribunal Constitucional se limita a administrar justicia constitucional.
23. sin embargo. los que han permitido que esta última tesis se consolide sin reparo (artículo 4º del Código Procesal Constitucional). eficaz y. Los tratados sobre derechos humanos y las decisiones de los tribunales internacionales de derechos humanos como Derecho Interno 22. como no podría ser de otro modo en un Estado que se precie de ser Constitucional. por pertenecer al ordenamiento jurídico interno. Lo propio se podría señalar en torno a la justicia militar. En tal sentido. el Poder Judicial también goza de independencia y autonomía. cuya excepcionalidad y autonomía del Poder Judicial está reconocida en los artículos 139º 1 y 173º. Tal como lo dispone el artículo 55º de la Constitución. es decir. deben ser obligatoriamente interpretados de conformidad con los tratados y los convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú y en concordancia con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte (Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). sin embargo. inmediatamente aplicable al interior del Estado. los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano. Son los principios de unidad de la Constitución. 23. Los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución. No existe. cuando no respete los derechos fundamentales en el marco del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. sin embargo.De conformidad con el artículo 139º 2 de la Constitución. justificación constitucional alguna para que el JNE se encuentre relevado de dicho control. de concordancia práctica y de fuerza normativa de la Constitución. para determinar el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales. pues. hoy en día a nadie se le ocurre sostener que las resoluciones firmes emanadas de un proceso en el que han existido violaciones a los derechos fundamentales.. están exceptuadas de control constitucional mediante los procesos de amparo o hábeas corpus. debe estar obligatoriamente informado por las disposiciones de los tratados internacionales de
. De esta manera. §6. 22. no se encuentra exceptuada del control constitucional. son Derecho válido. a través de los procesos de amparo o hábeas corpus. sus resoluciones (incluso las de la Corte Suprema de la República) son susceptibles de control constitucional mediante los procesos constitucionales de amparo y hábeas corpus. los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. existe también una disposición constitucional que expresamente establece que ―ninguna autoridad (.) puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada‖ (artículo 139º 2) y. el ejercicio interpretativo que realice todo órgano jurisdiccional del Estado (o que desempeñe funciones materialmente jurisdiccionales). Incluso. en consecuencia..
tal como se tiene previsto en el artículo 205º de la Constitución: ―Agotada la jurisdicción interna. por un juez o tribunal competente. laboral. no sólo se reduce al acceso a los tribunales internos.). independiente e imparcial. 24. los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano y las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos.‖ Es también en base a estas consideraciones que debe ser analizada la aplicación aislada de los artículos 142º y 181º de la Constitución. con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. refieren: ―1. 25. o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil.‖ Mientras que los incisos 1) y 2) de su artículo 25º. como manifestación del derecho al debido proceso reconocido en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución. incluso en los supuestos en los que resulten contrarias a los derechos fundamentales. resulta manifiesto que dicha aplicación se opone a una interpretación de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. fiscal o de cualquier otra índole. 25. aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. En criterio de este Tribunal.derechos humanos y por la interpretación de las mismas realizada por los tribunales internacionales sobre derechos humanos a través de sus decisiones. el artículo 8º 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. sino también a los internacionales. establecido con anterioridad por la ley. tal como lo exigen la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y el Artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (CPConst. la ley o la presente Convención. 24. quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte.
. En efecto. De ahí que el derecho fundamental de acceso a la justicia frente a toda vulneración de los derechos humanos. dispone: ―Toda persona tiene derecho a ser oída. según la cual las resoluciones del JNE en materia electoral no pueden ser objeto de control constitucional. constituidos según tratados de los que el Perú es parte. en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella.
. la Corte Interamericana de Derechos Humanos.‖ 26. párrafo 23. si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al
Opinión Consultiva OC-9/87. de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción.‖15[15] Para posteriormente afirmar que: "los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (Art. la obligación a cargo de los Estados de ofrecer. 25°). ilícita. la Corte ha referido: ―El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal. como procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales. Los Estados partes se comprometen: a) a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso. de toda decisión en que haya estimado procedente el recurso. en el Caso del Tribunal Constitucional vs. De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de derecho. Es así. igualmente.2. Casos Velásquez Rodríguez. Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz. Dispone. además. sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley. 8. Sobre el particular.‖16[16] 27. Establece este artículo.
. todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados.) el artículo 25. Sentencias del 26 de junio de 1987. y c) c) a garantizar el cumplimiento.. toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. (. recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (Art.1 de la Convención es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo. en razón de su carácter oficial.). en términos amplios. Perú. un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales.. respecto de las demás personas. que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención. lo cual vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder. 26. ha sostenido: "(.1°). párrafos 90 y 92. Excepciones Preliminares. b) b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial. Asimismo.. por las autoridades competentes. a todas las personas sometidas a su jurisdicción. respectivamente.
lo que es lo mismo. Nicaragua (sentencia del 23 de junio de 2005) la Corte Interamericana expuso: ―Si bien la Constitución de Nicaragua ha establecido que las resoluciones del Consejo Supremo Electoral en materia electoral no son susceptibles de recursos ordinarios o extraordinarios. Por la razón mencionada. párrafos 68 y
71. Etapa de fondo. Sentencias del 24 de septiembre de 1999.
. sea administrativa. en ese sentido. 28. se encuentra implícito el derecho a la protección jurisdiccional de los derechos o. por permitir que sus máximos órganos jurisdiccionales electorales se encuentren exentos de un control jurisdiccional frente a aquellas decisiones que contravengan los derechos fundamentales de las personas. 29. Las exigencias derivadas del principio de independencia de los poderes del Estado no son incompatibles con la necesidad de consagrar recursos o mecanismos para proteger los derechos humanos. Independientemente de la regulación que cada Estado haga respecto del órgano supremo electoral. éste debe estar sujeto a algún control jurisdiccional que permita determinar si sus actos han sido adoptados al amparo de los
Caso Tribunal Constitucional. Debe recordarse. asimismo. legislativa o judicial. dicho derecho constituye parte del núcleo duro de la Convención Americana de Derechos Humanos y. esto no significa que dicho Consejo no deba estar sometido a controles judiciales. En efecto.Poder Judicial. no puede obstaculizarse irrazonablemente su acceso o simplemente impedirse su cabal goce y ejercicio. Es en base a tales premisas que el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de referir (entre otras. justamente. como lo están los otros poderes del Estado. en el Caso Yatama vs. otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer fucniones del mismo tipo. que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido oportunidad de condenar y sancionar a Estados que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un `juez o tribunal competente´ para la `determinación de sus derechos. esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública. el derecho a recurrir ante un tribunal competente frente a todo acto u omisión que lesione una facultad reconocida en la Constitución o en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. 29. tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8º de la Convención Americana.‖17[17] 28. esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional. en la STC 2409-2002-AA) que detrás del establecimiento de los procesos constitucionales de la libertad. De conformidad con la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
supondría incurrir en una manifiesta irresponsabilidad. y que podrían ser utilizados. Así las cosas. tienen amplias atribuciones. 31. 175 y 176. 32.1 de la Convención Americana (. dicho recurso debe ser sencillo y rápido. 31. lo cual no es incompatible con el respeto a las funciones que son propias de dicho órgano en materia electoral. 30. resulta incompatible con el artículo 8º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.‖18[18] 30. Sentencia del 23 de junio de 2005. En este ámbito. y los artículo 8º 1 y 25º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.. pretendiendo que las resoluciones del JNE en materia electoral están exceptuadas de control constitucional a través del proceso constitucional de amparo. así como los establecidos en su propia legislación. Y el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua tiene en el JNE peruano a su homólogo. justamente. 32. las disposiciones del ordenamiento jurídico peruano (artículos 181 constitucional y 13 de la Ley Orgánica Electoral) tal y como han sido interpretadas por el JNE en su decisión del 18 de enero de 1995
Caso Yatama vs. para favorecer determinados fines partidistas. Nicaragua. sin un adecuado control.. el artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ya que situaría al Estado peruano ante la cierta e inminente condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al violar el artículo 25. Son. sino deber de este Tribunal y del Poder Judicial impedir ello. Las similitudes con el caso peruano son manifiestas. el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. No sólo es facultad.). Este control es indispensable cuando los órganos supremos electorales.1 de la Convención. la Corte concluye que el Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25. tomando en cuenta las particularidades del procedimiento electoral. El artículo 173º de la Constitución nicaragüense es sustancialmente análogo a los artículos 142º y 181º de la Constitución peruana. una interpretación aislada de los artículos constitucionales sub exámine. como el Consejo Supremo Electoral en Nicaragua. Etapa de fondo. aplicaciones literales de los artículos 142º y 181º de la Constitución. las que han ocasionado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostenga lo siguiente: ―En el presente caso. mediante una adecuada interpretación de los referidos preceptos. Insistir en una interpretación aislada de los artículos 142º y 181º de la Constitución. de conformidad con la Constitución y los tratados y las decisiones de los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte. párrafos 174. que exceden las facultades administrativas.derechos y garantías mínimas previstos en la Convención Americana. Por todo lo expuesto.
allanándose a la denuncia planteada en su contra. no protegibles en el Derecho Interno. desde la expedición de la STC 2409-2002-AA. posibilitando un recurso efectivo y sencillo. 22[22] Cfr. El Tribunal Constitucional considera. Idem.‖19[19] Sobre tal premisa. 34..° de la Constitución establece que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de Jueces. no son revisables y por tanto. caso 11. párrafo 93. su contenido normativo es susceptible de compatibilizarse con los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano y las decisiones y recomendaciones de los organismos internacionales relacionados con la materia. las cuales. 34. y 13 de la Ley Orgánica Electoral.‖20[20] Cabe señalar que en este Informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa que en reiteradas comunicaciones el Estado peruano puso en su conocimiento la existencia de diversas iniciativas de modificación de la legislación electoral.(Oficio N. Susana Higuchi Miyagawa (Perú). párrafo
55. del 6 de octubre de 1999. STC 0010-2002-AI... debe enfatizarse que la imposibilidad de optar por una lectura aislada del artículo 142º del la Constitución no sólo ha sido establecida por este Tribunal en lo que al control de constitucionalidad de las resoluciones del JNE en materia electoral se refiere (STC 2366-2003-AA). tampoco serían susceptibles de ser objeto de control constitucional en sede jurisdiccional. que.428.º 188-95-SG/JNE).) cuando el artículo 142. a pesar de lo cual. recomendó al Estado peruano: ―Adoptar las medidas tendientes a modificar las disposiciones de los artículos 181 de la Constitución de 1993. sino también en lo que respecta a las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces. hasta la fecha de la publicación del Informe.. en criterio que este Colegiado tiene reiterado en más de 200 sentencias. la reforma de los artículos 142º y 181º resulta innecesaria.
Op.) el presupuesto de validez de dicha afirmación se sustenta en que las consabidas funciones que le han sido conferidas a dicho organismo sean ejercidas dentro
Informe N. (. sin embargo. 33. en los términos del artículo 25º (1) de la Convención. quedó establecido que: ―(. ninguna había sido adoptada. contra las decisiones del JNE que vulneren la garantía a la participación política por parte de los ciudadanos.
. cit. pues por vía de una interpretación constitucional adecuada. Por lo demás. tal como ocurriera en su oportunidad con el artículo 173º de la Constitución (relacionado a las competencias de la jurisdicción militar22[22]).21[21] 33.. punto 1 de la parte resolutiva. implican que cualquier decisión adoptada por el JNE y que pueda afectar los derechos políticos consagrados en la Convención. En efecto.º 119/99. al amparo de dicha aislada interpretación. Fundamentos 41 a 54.
El Consejo Nacional de la Magistratura.° de nuestro texto fundamental.de los límites y alcances que la Constitución le otorga. pues resulta indiscutible que estas no dejan en ningún momento de sujetarse a los lineamientos establecidos en la norma fundamental. Todo juez y tribunal de la República -sea que realice funciones estrictamente jurisdiccionales o materialmente jurisdiccionales-. strictu sensu. Criterios para un oportuno control constitucional de las resoluciones jurisdiccionales del JNE 36. no reside en las disposiciones 142º y 181º de la Constitución. toda vez que el JNE emita una resolución que vulnere los derechos fundamentales. Por ello. y Primera Disposición Final de la LOTC). sino en la inconstitucional interpretación y consecuente aplicación literal y aislada que de ellas pretenda hacerse. el conflicto. llegado a este punto. En el fondo. en criterio del Tribunal Constitucional. Consecuentemente. sino en determinar cómo debe operar dicho control constitucional. Como quedó dicho en el Fundamento 33. la demanda de amparo planteada en su contra resultará plenamente procedente. en el sentido de considerar que una resolución del JNE que afecta derechos fundamentales. principios y derechos fundamentales de la persona contenidos en la Constitución. que si ellas son ejercidas de una forma tal que desvirtúan el cuadro de principios y valores materiales o los derechos fundamentales que aquella reconoce. pero sin que tal característica los convierta en entes autárquicos que desconocen o hasta contravienen lo que la misma Carta les impone. En aplicación del artículo VII del Título Preliminar del CPConst. sin perjuicio de lo que luego se sostendrá. este criterio normativo constituye precedente vinculante para todos los poderes públicos. En tal sentido. no corresponde concentrar el análisis en si pueden o no ser objeto de control constitucional las resoluciones del JNE en materia electoral que violen derechos fundamentales. 35. bajo responsabilidad (artículo VI del Título Preliminar del CPConst. a contrario sensu.
. no se trata de otra cosa sino de la misma teoría de los llamados poderes constituidos. que son aquellos que operan con plena autonomía dentro de sus funciones. es una interpretación inconstitucional. no existe ni puede existir ninguna razón que invalide o deslegitime el control constitucional señalado a favor de este Tribunal en los artículos 201. §7.° y 202. y no a otros distintos. lo que supone. tiene límites en sus funciones.. supra. pues no cabe duda de que lo son. se encuentra vinculado por este criterio. sus resoluciones tienen validez constitucional en tanto las mismas no contravengan el conjunto de valores. el Tribunal Constitucional se encuentra en condiciones de afirmar que toda interpretación de los artículos 142º y 181º de la Constitución que realice un poder público. que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al margen de la misma norma que le sirve de sustento. como cualquier órgano del Estado. Por consiguiente. se encuentra exenta de control constitucional a través del proceso constitucional de amparo. 36.‖ 35.
so pretexto del establecimiento de garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales. el inciso 8) del artículo 5º del CPConst. Sin embargo. De conformidad con los tratados y la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos.‖ Consecuentemente. este Colegiado considera necesario precisar los siguientes aspectos: a) a) El Tribunal Constitucional es un órgano constituido sometido a la Constitución y a su ley orgánica. a acceder a los medios impugnatorios regulados. siendo que los procesos electorales ostentan plazos perentorios y preclusivos. a la obtención de una resolución fundada en derecho. y que una de las garantías para la estabilidad democrática es el conocimiento exacto y oportuno del resultado de la voluntad popular manifestada en las urnas (artículo 176º de la Constitución). de modo enunciativo. a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal. En tal virtud. establece que son objeto de control constitucional las resoluciones del JNE que violen la tutela procesal efectiva. sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional. 38. al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso. refiere que: ―Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan. la estabilidad y el equilibrio del sistema constitucional en su conjunto (principio de interpretación constitucional de concordancia práctica). de defensa. en el que este Colegiado se reafirma. El artículo 4º de la misma norma. Fundamentos 3 y 4. y con el criterio sostenido en la STC 2366-2003-AA. a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley. y otorgar así seguridad jurídica y unidad normativa al Derecho Electoral Constitucional. a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos. se culmine por negar la seguridad jurídica del proceso electoral. En su función de máximo intérprete constitucional (artículo 201º de la Constitución y artículo 1º de la LOTC). 38. la posibilidad de ejercer control constitucional a las resoluciones del JNE que resulten contrarias a los derechos fundamentales no sólo emerge de una adecuada interpretación de la Carta Fundamental. es pilar fundamental de todo proceso electoral.37. tiene el deber de integrar todas las normas constitucionales. 39.
. a probar. 37. y con ella. 39. sino que se encuentra expresamente concretizada en una disposición del CPConst. STC 0016-2002-AI. En efecto. b) b) En atención a la seguridad jurídica que debe rodear todo proceso electoral y a las especiales funciones conferidas a los órganos del sistema electoral en su
Vid. no es menos cierto que la seguridad jurídica —que ha sido reconocida por este Tribunal como un principio implícitamente contenido en la Constitución23[23]— . no es factible que.). garantizando el respeto a los derechos fundamentales y la primacía normativa de la Constitución (artículo II del Título Preliminar del CPConst..
RENIEC —artículos 178º. En dichos supuestos el proceso de amparo sólo tendrá por objeto determinar las responsabilidades a que hubiera lugar. ―debe estar sujeto a algún control jurisdiccional que permita determinar si sus actos han sido adoptados al amparo de los derechos y garantías mínimas previstos en la Convención Americana. Debe recordarse que con el mismo énfasis con el que la Corte Interamericana ha señalado que todo órgano supremo electoral. puedan ser conocidas por el Tribunal Constitucional.   Que las demandas de amparo contra una decisión del JNE en materia electoral sean presentadas ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. c) c) Este Colegiado considera. ha establecido que ―dicho recurso debe ser sencillo y rápido. este Tribunal propone al Congreso de República introducir en el CPConst. devendrá en irreparable cada vez que precluya cada una de las etapas del proceso electoral o que la voluntad popular. sin embargo. mediante
Segundo párrafo del artículo 1º del CPConst. Toda afectación de los derechos fundamentales en la que incurra el JNE. de conformidad con el artículo 1º del CPConst. el Juez. 26[26] Idem. ONPE. Op. el cual sigue su curso inexorable. sino también a evitar en lo posible que las eventuales afectaciones a los derechos fundamentales en las que incurran los órganos encargados de administrar justicia electoral no se tornen irreparables. Nicaragua. declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión.conjunto (JNE. 25[25] Caso Yatama vs. emitidas en un plazo sumarísimo. En tal sentido. cit. a la que hace alusión el artículo 176º de la Constitución. en el más breve plazo posible. tomando en cuenta las particularidades del procedimiento electoral‖26[26]. haya sido manifestada en las urnas. en ningún caso la interposición de una demanda de amparo contra el JNE suspende el calendario electoral. disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda.
. 182º y 183º de la Constitución— ). las modificaciones conducentes a:   Reducir sustancialmente el plazo de prescripción para interponer una demanda de amparo contra una resolución del JNE en materia electoral. o si ella deviene en irreparable.24[24]. y cuyas resoluciones denegatorias. no sólo apunta a que no corra riesgo el cronograma electoral. así como los establecidos en su propia legislación‖25[25]. y que si procediere de modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 del presente Código. sin que con ello se afecte el plausible control constitucional de una resolución del JNE en materia electoral que contravenga derechos fundamentales. párrafo 175. atendiendo al agravio producido. Resulta evidente que esta previsión de la Corte Interamericana. que es preciso incrementar las garantías que aseguren la celeridad y seguridad jurídica que deben caracterizar a todo proceso electoral. de conformidad con lo establecido en el artículo 107° de la Constitución.: Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor. sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.
la afectación de su derecho político a ser candidato a un cargo público (artículos 2º 17.
Estas medidas no sólo garantizarán la seguridad jurídica del proceso electoral. de la Constitución) de un ciudadano y. Análisis de constitucionalidad del caso planteado 40. como consecuencia de ello. 41. 41. la ausencia de plazos perentorios en los procesos de amparo orientados a la protección de derechos fundamentales políticos. pues considera que el JNE era incompetente para pronunciarse sobre el asunto. En otras palabras. debió ser dirimida en un proceso contencioso administrativo. mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de reconsideración del Acuerdo de Concejo que rechazó la solicitud de vacancia planteada en su contra por un ciudadano. 
la interposición de un recurso de agravio constitucional a ser resuelto también en tiempo perentorio.  Sancionar a aquellos jueces constitucionales que. está reafirmado por el artículo 5º u. contraviniendo el artículo 13º del CPConst. establece que los recursos de apelación contra los Acuerdos de Concejo Municipal que resuelven la reconsideración planteada contra una decisión del propio Concejo en relación con una solicitud para vacar al Alcalde. que resolvió vacarlo en el cargo de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Canchaque-Piura. es que la apelación interpuesta contra la Resolución de Concejo N. el artículo 23º de la LOM.. 40.º 26486 —Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones—. La pretensión del recurrente carece de todo sustento constitucional. sucede que en desarrollo del inciso 6) del artículo 178º de la Constitución. determinó la imposibilidad de reponer las cosas al estado anterior.  Los plazos deben ser perentorios a efectos de no crear incertidumbre en las decisiones electorales y asegurar la confianza en el sistema de control jurisdiccional constitucional. el JNE resultaba plenamente competente para conocer el asunto.
. a pesar de haberse acreditado la manifiesta afectación por parte del JNE del derecho a la presunción de inocencia (artículo 2º 24 e. por lo demás. y no por el JNE. de la Ley N. no concedan trámite preferente a las demandas de amparo interpuestas contra las resoluciones del JNE en materia electoral.º 039-2004-CDC/A. acusa una supuesta afectación de su derecho fundamental al debido proceso. §8. En efecto. al haber devenido dichas afectaciones en irreparables27[27]. el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. De este modo.
Vid. son resueltos por el JNE. Debe recordarse cómo. STC 2366-2003-AA. El argumento del recurrente para solicitar la nulidad de la Resolución N. por ejemplo. sino que también permitirán la oportuna protección de los derechos fundamentales. por causal de nepotismo. 31º y 35º de la Constitución). lo que.º 315-2004JNE.
). Conforme al artículo 4º de la Ley Orgánica del Sector Justicia. 42. resulta inaceptable.‖ 45. tampoco se puede permitir su restricción en períodos ordinarios. en el punto §6 de esta sentencia). que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.1 de la Convención. cuando se permite que el Estado restrinja lícitamente la vigencia de ciertos derechos.. de fecha 7 de noviembre de 2005.º 1209-2005-JUS/DM. Al conocer el caso. luego de efectuarse un extenso análisis respecto a los alcances del artículo 25. §9. Por tanto. lejos de acreditar la afectación de derecho fundamental alguno. El Informe Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia 44. es decir. 43. Si en Estados de Emergencia. en los que rige en toda su extensión la Convención Americana y los derechos fundamentales. tal como se encuentra previsto en el inciso 8) del artículo 22º de la LOM. el artículo 5º de la misma norma. y a la interpretación de mismo realizada a través de sus sentencias y opiniones consultivas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (recogida. 44. establece que ―Corresponde al Ministerio de Justicia.º 145-2005JUS/CNDH-SE/CESAPI. que reconoce el derecho de toda persona ―a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes.
. aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales‖. corresponde al Ministerio de Justicia ―velar por la vigencia del imperio de la Ley. de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos. así como promover una eficiente y pronta administración de justicia (. en la administración de justicia electoral que el inciso 4) del artículo 178º de la Constitución confía al JNE.. lo que. la demanda debe ser desestimada. el asesoramiento legal al Poder Ejecutivo y especialmente al Consejo de Ministros. en su mayoría.42. En tal sentido. a todas luces. Mediante Oficio N. el derecho y la justicia. 45. se concluye en que: ―a) La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que instituciones como el hábeas corpus (y el amparo) resultan mecanismos sencillos y rápidos para proteger derechos humanos. no se suspenden las garantías judiciales o procesales indispensables para proteger los derechos que forman parte del núcleo duro de los derechos humanos.‖ Asimismo. En dicho Informe. el señor Ministro de Justicia ha remitido a este Tribunal el Informe N. 43. el recurrente pretende que este Colegiado se subrogue en una interpretación de la legislación electoral acorde con la Constitución. el JNE encontró plenamente acreditada la causal de nepotismo que determinaba la vacancia del demandante en el cargo de Alcalde. la ley o la presente Convención.
sus sentencias vinculadas con la violación del artículo 25 de la Convención (en particular la expedida en el Caso Yatama vs. en base a los artículos 142º y 181º de la Constitución Política del Perú. en ninguna circunstancia (ni aun durante los estados de excepción). aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales‖. De momento. 47. en el sentido de que. si bien es cierto que aún no existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano por el eventual impedimento de la procedencia de una demanda de amparo contra una resolución del JNE en materia electoral que afecte derechos fundamentales. son muestras evidentes de que dichas condenas serán inminentes si el Estado peruano obra en dicho sentido. puedan ser examinadas a través del proceso de amparo. En consecuencia. la ley o la presente Convención. HA RESUELTO 1.b) La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría estimarse que permitiría que las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. desconocer el derecho de toda persona a recurrir a los procesos constitucionales de amparo y hábeas corpus frente a toda vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución del Estado. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú. Por estas consideraciones. 1. el Ministerio de Justicia no ha promovido medida alguna para posibilitar un recurso efectivo y sencillo en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contra las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones que afecten los derechos fundamentales. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.‖ 46. a nivel interno. como manifestación concreta.
. del derecho humano de toda persona ―a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. el Tribunal Constitucional. en los términos del artículo 25º de la Convención Americana de Derechos Humanos. no cabe. 47. Nicaragua) y sus opiniones consultivas sobre el particular. El Tribunal Constitucional comparte plenamente el criterio del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. De otra parte. Declarar INFUNDADA la demanda. es deber del Estado regular un proceso constitucional sumario de amparo contra las resoluciones del JNE que violen derechos fundamentales. 46. no ha habido ningún caso del Perú que haya sido resuelto por la Corte Interamericana en este punto específico. c) Actualmente.
De acuerdo con los artículos 201° de la Constitución y 1° de la LOTC. Consecuentemente. es una interpretación inconstitucional. devendrá en irreparable cada vez que precluya cada una de las etapas del proceso electoral o en que la voluntad popular. a la que hace alusión el artículo 176º de la Constitución. la demanda de amparo planteada en su contra resultará plenamente procedente. haya sido manifestada en las urnas. Publíquese y notifíquese. 2. en su calidad de supremo intérprete de la Constitución. en ningún caso la interposición de una demanda de amparo contra el JNE suspende el calendario electoral. Todo juez y tribunal de la República -sea que realice funciones estrictamente jurisdiccionales o materialmente jurisdiccionales. 4. este Tribunal propone al Congreso de República introducir en el CPConst.. el cual sigue su curso inexorable. bajo responsabilidad (artículo VI del Título Preliminar del CPConst. En aplicación del artículo VII del Título Preliminar del CPConst.   Que las demandas de amparo contra una resolución del JNE en materia electoral se presenten ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. 5. En dichos supuestos. emitidas en un plazo sumarísimo. y Primera Disposición Final de la LOTC). 3. y cuyas resoluciones denegatorias. este Tribunal. y tal como ha quedado dicho en el Fundamento 39 c). 5. 3. SS. supra. este criterio normativo constituye precedente vinculante para todos los Poderes Públicos. establece que toda interpretación de los artículos 142º y 181º de la Constitución que realice un poder público en el sentido de considerar que una resolución del JNE que afecta derechos fundamentales. 4. supra. En observancia del artículo 107° de la Constitución. el proceso de amparo sólo tendrá por objeto determinar las responsabilidades a que hubiera lugar. mediante la interposición de un recurso de agravio constitucional a ser resuelto también en tiempo perentorio. Toda afectación de los derechos fundamentales en que incurra el JNE. se encuentra exenta de control constitucional a través del proceso constitucional de amparo. según ha quedado dicho en el Fundamento 35. cada vez que el JNE emita una resolución que vulnere los derechos fundamentales. puedan ser conocidas por el Tribunal Constitucional. ALVA ORLANDINI BARDELLI LARTIRIGOYEN
.se encuentra vinculado por este criterio. las modificaciones conducentes a:   Reducir sustancialmente el plazo de prescripción para interponer una demanda de amparo contra una resolución del JNE en materia electoral. Poner en conocimiento del Congreso de la República y del JNE la presente sentencia. De conformidad con el Fundamento 39 b). de conformidad con el artículo 1º del CPConst.2. en el más breve plazo posible.
GONZALES OJEDA GARCÍA TOMA VERGARA GOTELLI LANDA ARROYO
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