Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2014/as201421301L.html
Timestamp: 2019-04-24 18:31:12
Document Index: 87197658

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 121', 'artículo 106', 'artículo 90', 'artículo 116', 'artículo 117', 'artículo 118', 'artículo 55', 'Artículo 10', 'Artículo 103', 'artículo 179', 'artículo 4', 'artículo 328', 'artículo 8', 'artículo 17']

as201421301
Auto Supremo: Nº 301
Sucre: 14 de Julio de 2014
Expediente: LP-59-09-S
Segunda Magistrada: Elisa Sánchez Mamani
I.-VISTOS:
1.- El recurso de casación, interpuesto por Freddy J. Sinka E. en representación del Juan del Granado Cosio, Alcalde Municipal de La Paz, de fojas 256 a 257, contra el Auto de Vista N° 388 de 24 de septiembre de 2008, cursante de fojas 244 a 245 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de La Paz, en el proceso ordinario doble sobre acción negatoria, seguido por Julio Mendizábal Mamani en contra de Juan Ramiro Jauregui Gómez, Erika Tatiana Jauregui Gómez, Gilka Jovanna Jauregui Gómez y la entidad recurrente, la contestación, los antecedentes y;
2.1. Antecedentes del Proceso.- Mediante sentencia de fecha 14 de enero de 2008, de fojas 208 a 209 vuelta de obrados, pronunciada por la Jueza de Partido Sexto en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, declaró improbada la demanda de fojas 34 a 35, subsanada a fojas 37, e improbada la acción reconvencional de fojas 58 a 60, sin costas por ser juicio doble.
Que, en grado de apelación, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de La Paz, por Auto de Vista N° 388 de fecha 24 de septiembre de 2008, se ANULA obrados hasta fojas 51 inclusive.
Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 256 a 257, Freddy J. Sinka E. en representación del Juan del Granado Cosio, Alcalde Municipal de La Paz, interpone recurso de casación en el fondo, que se compendia a continuación.
3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- Se denuncia la violación de los artículos 85 y 131 de la Ley de Municipalidades, alegando que con el Auto de Vista el derecho que tiene la Municipalidad se ha puesto en incertidumbre, puesto que si el Gobierno Municipal no es demandado no podría oponer excepciones o defensas; añade que de acuerdo al artículo 31 de la Ley de Municipalidades, es obligatoria la intervención del Gobierno Municipal, y que dicha intervención se encuentra supeditada por los efectos del artículo 121 del Código de Procedimiento Civil por haber sido citados y notificados en el proceso para asumir defensa; y que la intervención de la entidad se regula también por la ley especial de Municipalidades. Finalmente pide que se dicte Auto Supremo anulando el Auto de Vista y disponga que el Tribunal ad quem pronuncie un nuevo Auto de Vista que resuelva el fondo de la apelación.
3.2. Fundamentos del Fallo.- Que, por mandato del artículo 106 del Código Procesal Civil, vigente por mandato de la disposición Transitoria Segunda, numeral 4 ídem, en cualquier estado del proceso puede declararse de oficio la nulidad de obrados, cuando la ley lo califique expresamente.
El debido proceso legal constituye una esencial garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, a conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de "conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
La precaute1a de los derechos y garantías constitucionales, es, en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues los jueces de la jurisdicción ordinaria son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez.
La abrogada Constitución Política del Estado, bajo el principio de unidad jurisdiccional, que reconocía la Carta Fundamental, establecía en su artículo 116-III que la facultad de juzgar en la vía ordinaria, contenciosa y contenciosa administrativa y la de hacer ejecutar lo juzgado correspondía a la Corte Suprema y a los tribunales respectivos.
En ese sentido el artículo 117 -I) de la abrogada Constitución Política del Estado reconocía a la Corte Suprema como máximo Tribunal de Justicia ordinaria, contenciosa y contenciosa­ administrativa de la República y, en ese marco, a través del artículo 118-7 se establecía como atribución de la Corte Suprema de Justicia la de resolver las causas contenciosas que resulten de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y las demandas contencioso-administrativas a las que dieren lugar las resoluciones del mismo; en ese mismo sentido el artículo 55- 10) de la abrogada Ley de Organización Judicial (Ley N° 1455), establecía como atribución de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la de: "Conocer las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder ejecutivo y de las demandas contencioso-administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo; con arreglo a la Constitución Política del Estado. Sin embargo y respecto a la competencia sobre resoluciones emitidas por los municipios, el Artículo 10 de la Ley N° 3324 de 18 de enero de 2006 incorporó el numeral 22 en el Artículo 103 (atribuciones de Sala Plena) de la Ley N° 1455 de Organización Judicial, y atribuyó competencia a las Cortes Superiores de Distrito en Sala Plena, para el conocimiento y resolución de los procesos contencioso-administrativos señalados en la Ley de Municipalidades, correspondientes a los Municipios de todo el Departamento o Distrito Judicial.
De las normas descritas precedentemente se establece que en el anterior marco constitucional y legal, el legislador reconoció a la Corte Suprema de Justicia y las Cortes Superiores de Distrito (a estas últimas respecto a actos de los gobiernos municipales) la competencia para conocer de los procesos contencioso­ administrativos; normativa que no asignaba a los juzgados ordinarios en materia civil competencia para conocer y resolver los conflictos surgidos a raíz de los actos administrativos.
Dentro de ese contexto corresponde señalar el Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 778 a 781, desarrolla las normas que regulan el trámite y sustanciación del proceso contencioso administrativo.
Establecido lo anterior podemos concluir que el marco legal anterior a la Constitución Política del Estado Plurinacional y a la Ley N° 025 Ley del Órgano Judicial (que reconocen a la jurisdicción contenciosa -adrninistrativa como jurisdicción especializada a ser desarrollada por Ley especial), no atribuía competencia a los tribunales de la jurisdicción ordinaria civil, para resolver sobre litigios originados en actos administrativos, aspecto que corresponde a la jurisdicción contenciosa-administrativa, reconocida por la actual Constitución Política del Estado como una Jurisdicción especializada, en la última parte del artículo 179-I que dispone: (... existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley) y, en ese mismo sentido por el artículo 4-3) de la Ley del Órgano Judicial; ésta última norma en su disposición transitoria décima determina que la regulación de la jurisdicción especializada será desarrollada por Ley.
Por otro lado debe tenerse presente que, si bien es cierto que por mandato del artículo 328 del Código de Procedimiento Civil es posible la acumulación originaria de pretensiones, ello es posible siempre y cuando dichas pretensiones correspondan a la competencia del mismo juez, pero de ninguna manera la acumulación es posible si alguna de esas pretensiones es de competencia de otro Juez y peor aún de otra jurisdicción, por razón de materia.
Ahora bien, el caso en examen, se ha demandado acción negatoria en contra de Juan Ramiro, Tatiana Erika, Gilka Geovana, todos Jauregui Gómez, y así mismo se solicitó que se "...ordene a la H­ Alcaldía de la Paz que se instruya proceda a incluir mi nombre en la planimetría de la zona LOS ROSALES" y finalmente se pidió que se ordene la citación de la H. Alcaldía Municipal de La Paz, en persona de su representante legal a efectos de oponibilidad de la sentencia. Como se advierte existe una acumulación de pretensiones, pues a la pretensión de acción negatoria se ha sumado la de ordenar a la H. Alcaldía de la ciudad de La Paz, la inclusión de nombre del actor en la planimetría; es decir una pretensión civil se ha acumulado otra pretensión de índole administrativa, cuyo conocimiento y resolución no es de competencia de jurisdicción civil, pues conforme se tiene señalado, los actos administrativos pueden ser impugnados ante la jurisdicción administrativa y en su caso ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Consiguientemente, el Juez a qua, al haber admitido una pretensión de materia administrativa, respecto de ésta, ha obrado sin competencia, en razón de materia; defecto que el Tribunal ad quem ha tolerado al no haber subsanado el proceso hasta dicho vicio procesal. Se trata de un defecto trascendente, pues la competencia en razón de materia incumbe al orden público.
4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado P1urinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - 1 - 1) de la Ley N° 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo 11 del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fojas 35 vuelta, debiendo el Juez a quo observar la demanda de acuerdo a los fundamentos del presente fallo.
Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.