Source: http://cidh.org/annualrep/2003sp/Ecuador.11515.htm
Timestamp: 2017-12-12 17:41:40
Document Index: 296638195

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 49', 'artículo 385', 'Artículo 7', 'Artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 17']

Ecuador 11.515 Solución amistosa
INFORME No 63/03[1]
PETICIÓN 11.515
1. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos ("CEDHU”) (en adelante “el peticionario”) presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o la “CIDH”) contra la República del Ecuador (en adelante “el Estado”) en la cual denunciaba la violación de los siguientes derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”): derecho a la libertad personal (artículo 7), garantías judiciales (artículo 8) y derecho a la protección judicial (artículo 25), en contravención de las obligaciones que figuran en el (artículo 1(1) en perjuicio del señor Bolívar Franco Camacho Arboleda.
2. Las partes lograron un Acuerdo de Solución Amistosa en el presente caso el 17 de julio de 2002. El presente informe contiene una breve exposición de los hechos y el texto de la solución lograda, en conformidad con el artículo 49 de la Convención.
3. Según la denuncia de fecha 8 de noviembre de 1994, el día 7 de octubre de 1989 el señor Bolívar Camacho Arboleda, de 25 años de edad y de nacionalidad ecuatoriana, fue detenido aproximadamente a las 16:00 horas por agentes de la INTERPOL[2] de Santo Domingo de los Colorados. El señor Bolívar Camacho fue acusado de posesión ilícita de cocaína (un total de 6 gramos), y fue puesto a las órdenes del Juzgado Sexto de lo Penal de Pichincha, ubicado en Santo Domingo de los Colorados.
4. El Juzgado Sexto ordenó al Juzgado Segundo Penal de Quito para que realizase la destrucción de la droga y tomase la indagatoria al detenido, sin que hubiese dado cumplimiento a dicha orden en dos años. Tras transcurrir cuatro años el Juez emitió auto de sobreseimiento y por la consulta obligatoria el caso subió a la Segunda Sala de la Corte Superior de Quito, donde transcurrieron 180 días sin que se emitiera ninguna resolución.
5. La Corte Superior revocó el sobreseimiento y declaró abierta la etapa del plenario y el Tribunal Quinto de lo Penal expidió sentencia absolutoria el 24 de enero de 1995. De la sentencia se desprende que al Juez Segundo de lo Penal de Pichincha, César Morales Naranjo, se le habían comisionado las diligencias de análisis químico y destrucción de las sustancias estupefacientes, a quien por haber demorado el cumplimiento de esas diligencias, se le ha impuesto una multa del treinta por ciento de su sueldo básico. El señor Bolívar Camacho fue puesto en libertad en febrero de 1995.
6. El señor Bolívar Camacho reclama que se le indemnice por el daño causado al habérsele privado arbitrariamente de su libertad durante más de cinco años (63 meses). Afirma que no existe en la legislación interna ninguna norma que le permita realizar su reclamo de indemnización.
7. El 19 de julio de 1995 la Comisión envió las respectivas notas al Estado y al peticionario. El 10 de octubre de 1995 el Gobierno del Ecuador dio respuesta a la denuncia. El 26 de octubre de 1995 se envió a CEDHU copia de la información proporcionada por el Gobierno de Ecuador. El 23 de noviembre de 1995 CEDHU envió a la Comisión sus observaciones a la respuesta del Estado en la cual afirmaba que el señor Bolívar recibió sentencia absolutoria, pero indica que lo que no era correcto es que el señor Camacho hubiera podido interponer recurso de revisión para conseguir una indemnización. De acuerdo con el artículo 385 el Código de Procedimiento Penal, vigente en esa época, solamente se podía interponer recurso de revisión de las sentencias condenatorias. Las observaciones del peticionario fueron transmitidas al Estado el 28 de febrero de 1996.
8. En el curso de su 95º período de sesiones la Comisión aprobó el informe sobre admisibilidad Nº 13/97 en este caso. El informe fue publicado en el Informe Anual de la Comisión correspondiente al año 1996.
9. El 18 de marzo de 1997 la Comisión se puso a disposición de las partes con el fin de alcanzar una solución amistosa. El 8 de octubre de 1997, en el curso de su 99º período de sesiones, la Comisión llevó a cabo una reunión para tratar asuntos relacionados con una solución amistosa en el caso. Las partes aceptaron la posibilidad de llegar a un acuerdo de solución amistosa, el cual fue firmado el 17 de julio de 2002. Las partes pidieron a la Comisión ratificar el presente acuerdo de solución amistosa en todas sus partes y supervisar su cumplimiento.
El Estado Ecuatoriano en estricto cumplimiento de sus obligaciones adquiridas con la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de otros instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, y consciente de que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño, comporta el deber de repararlo adecuadamente, constituyendo la indemnización pecuniaria y la sanción penal de los responsables la forma más justa y equitativa de hacerlo, en tal virtud la Procuraduría General del Estado conjuntamente con el señor Cliter Celso Arboleda, en representación del señor Bolívar Franco Camacho Arboleda, han resuelto llegar a una solución amistosa de conformidad con lo establecido en los artículos 48.1 lit (f), 49, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 45 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
a) Por una parte el doctor Ramón Jiménez Carbo, Procurador General del Estado, según se desprende del nombramiento y acta de posesión, que se adjunta a la presente como documentos habilitantes;
b) Por otra parte comparece el señor Cliter Celso Arboleda, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 110207616-1, en representación del señor Bolívar Franco Camacho Arboleda, mediante poder especial otorgado ante la Notaría Pública Quinta del Cantón Loja, que se adjuntan a la presente como documentos habilitantes.
El Estado Ecuatoriano reconoce su responsabilidad internacional por haber conculcado los derechos humanos del señor Bolívar Franco Camacho Arboleda reconocidos en los Artículos 8 (Garantías Judiciales), Artículo 7 (Derecho a la Libertad Personal) y Artículo 25 (Protección Judicial), en relación con la obligación general contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, siendo dichas violaciones cometidas por agentes del Estado, hecho que no ha podido ser desvirtuado por el Estado y ha generado la responsabilidad de éste frente a la sociedad.
Con estos antecedentes el Estado Ecuatoriano se allana a los hechos constitutivos del Caso No. 11.515 que se encuentra en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se obliga a asumir la medidas reparadoras necesarias a fin de resarcir los perjuicios ocasionados a la víctimas de tales violaciones o en su defecto a sus causahabientes.
Con estos antecedentes, el Estado Ecuatoriano, por intermedio del Procurador General del Estado, éste como único representante judicial del Estado Ecuatoriano de acuerdo con el Art. 215, de la Constitución Política de la República del Ecuador, promulgada en el Registro Oficial No. 1, vigente desde el 11 de Agosto de 1998, entrega al señor Cliter Celso Arboleda, con cédula de ciudadanía número 110207616-1, en representación del señor Bolívar Franco Camacho Arboleda, mediante poder especial otorgado ante la Notaría Pública Quinta del Cantón Loja, una indemnización compensatoria por una sola vez, de treinta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica ($US 30,000.00), con cargo al Presupuesto General del Estado.
Esta indemnización involucra el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral irrogados, sufridos por el señor Bolívar Franco Camacho Arboleda, así como cualquier otro reclamo que pudiere tener el señor Bolívar Franco Camacho Arboleda, o sus familiares, por el concepto mencionado en este acuerdo, observando la normativa legal interna e internacional, con cargo al Presupuesto General del Estado, a cuyo efecto la Procuraduría General del Estado notificará al Ministerio de Economía y Finanzas, para dar cumplimiento a esta obligación.
El Estado Ecuatoriano, se compromete, en la medida de sus posibilidades, al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la búsqueda de las sanciones administrativas de las personas que en cumplimiento de funciones estatales o prevalidos del poder público, se presume que tuvieron participación en la violación alegada.
La indemnización compensatoria que concede el Estado Ecuatoriano, al señor Bolívar Franco Camacho Arboleda, se encuentra prevista en los artículos 22 y 24 de la Constitución Política de la República del Ecuador, por violación a normas constitucionales, y demás normas del ordenamiento jurídico nacional, así como las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
El señor Cliter Celso Arboleda, en representación del señor Bolívar Franco Camacho Arboleda, autoriza expresamente al Procurador General del Estado, para que éste ponga en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el presente arreglo amistoso, con el objeto de que este organismo lo homologue y ratifique en todas sus partes.
Las partes, que intervienen en la suscripción de este acuerdo, expresan libre y voluntariamente su conformidad y aceptación con el contenido de las cláusulas precedentes, dejando constancia que de esta manera ponen término a la controversia sobre la responsabilidad internacional del Estado Ecuatoriano, sobre los derechos que afectaron al señor Bolívar Franco Camacho Arboleda, que se sigue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
12. La Comisión valora la celebración de un acuerdo de solución amistosa en los términos de la Convención Americana en que concurrieron el Estado y el peticionario.
13. La CIDH seguirá acompañando el cumplimiento del compromiso asumido por Ecuador relativo al enjuiciamiento de las personas implicadas en los hechos alegados.
14. La CIDH ratifica que la modalidad de solución amistosa contemplada en la Convención Americana permite la terminación de los casos individuales en forma no contenciosa, y ha demostrado, en casos relativos a diversos países, ser un procedimiento importante de solución de presuntas violaciones, que puede ser utilizado por ambas partes (Peticionario y Estado).
Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los diez días del mes de octubre del año 2003. Firmado: José Zalaquett, Presidente; Clare K. Roberts, Primer Vicepresidente; Susana Villarán, Segunda Vicepresidenta; y Robert K. Goldman, Comisionado.
[1] El doctor Julio Prado Vallejo, de nacionalidad ecuatoriana, no participó de la discusión de este caso conforme al artículo 17 del Reglamento de la Comisión.