Source: https://almaabogados.com/las-penas-privativas-de-derechos
Timestamp: 2020-08-08 18:41:36
Document Index: 373826453

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 40', 'artículo 42', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 46', 'artículo 40', 'artículo 43', 'artículo 40', 'artículo 47', 'artículo 40', 'artículo 47', 'artículo 40', 'artículo 48', 'artículo 40', 'artículo 48', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 49', 'artículo 25', 'artículo 54', 'artículo 33', 'artículo 55', 'artículo 579', 'artículo 56', 'artículo 57', 'artículo 48', 'artículo 57', 'artículo 48', 'artículo 57', 'artículo 40', 'artículo 127', 'artículo 128', 'artículo 33', 'artículo 129']

LAS PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS. – Despacho de abogados
Aunque las penas privativas de libertad suponen, esencialmente, la privación de derechos, esta última denominación se reserva en el Código para un grupo de penas que tienen como denominador común la privación, temporal o definitiva, de derechos distintos de la libertad ambulatoria y que, o bien son propios de cargos públicos o profesionales, o bien son inherentes a determinadas situaciones jurídicas como la patria potestad, la mayoría de edad, el domicilio, etc.
Según el Código, son penas privativas de derechos:
j) La privación de la patria potestad (artículo 39).
Veamos ahora cada una de estas penas.
La pena de inhabilitación absoluta tendrá una duración de seis a 20 años (artículo 40). Sus efectos son los siguientes:
La privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos. Produce, además, la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena (artículo 41).
Tendrá una duración de tres meses a veinte años (artículo 40.1).
La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de los honores que le sean anejos. Produce, además, la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos, durante el tiempo de la condena. En la sentencia habrán de especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación (artículo 42).
La inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo priva al penado, durante el tiempo de la condena, del derecho a ser elegido para cargos públicos (artículo 44).
La inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio o cualquier otro derecho, que ha de concretarse expresa y motivadamente en la sentencia, priva al penado de la facultad de ejercerlos durante el tiempo de la condena (artículo 45).
La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, priva al penado de los derechos inherentes a la primera, y supone la extinción de las demás, así como la incapacidad para obtener nombramiento para dichos cargos durante el tiempo de la condena. La pena de privación de la patria potestad implica la pérdida de la titularidad de la misma, subsistiendo los derechos de los que sea titular el hijo respecto del penado. El Juez o Tribunal podrá acordar estas penas respecto de todos o alguno de los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que estén a cargo del penado, en atención a las circunstancias del caso (artículo 46).
Tendrá una duración de tres a seis años (artículo 40.1). La suspensión de empleo o cargo público priva de su ejercicio al penado durante el tiempo de la condena (artículo 43).
Privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores.
Tendrá una duración de tres meses a diez años (artículo 40.2). Inhabilitará al penado para el ejercicio de ambos derechos durante el tiempo fijado en la sentencia (artículo 47, párrafo 1º).
5. Privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
Tendrá una duración de tres meses a diez años (artículo 40.2). Inhabilitará al penado para el ejercicio de este derecho por el tiempo fijado en la sentencia (artículo 47, párrafo 2º).
6. Privación del derecho a residir en determinadas lugares o acudir a ellos.
Tendrá una duración de hasta diez años (artículo 40.3). La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquel en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos. En los casos en que exista declarada una discapacidad intelectual o una discapacidad que tenga su origen en un trastorno mental, se estudiará el caso concreto a fin de resolver teniendo presentes los bienes jurídicos a proteger y el interés superior de la persona con discapacidad que, en su caso, habrá de contar con los medios de acompañamiento y apoyo precisos para el cumplimiento de la medida (artículo 48.1).
7. Prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o el tribunal.
Tendrá una duración de un mes a diez años (artículo 40.3). La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena (artículo 48.2).
8. Prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal.
Tendrá una duración de un mes a diez años (artículo 40.3). La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual.
9. Trabajos en beneficio de la comunidad.
Esta pena fue introducida por primera vez en el vigente Código Penal. Tendrá una duración de un día a un año (artículo 40.4).
El Código dispone que: “Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares. Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas y sus condiciones serán las siguientes:
1ª. La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que, a tal efecto, requerirá los informes sobre el desempeño del trabajo a la Administración, entidad pública o asociación de interés general en que se presten los servicios.
2ª. No atentará a la dignidad del penado.
3ª. El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración, la cual podrá establecer los convenios oportunos a tal fin.
4ª. Gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación penitenciaria en materia de Seguridad Social.
5ª. No se supeditará al logro de intereses económicos.
6ª. Los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena y, en todo caso, si el penado:
7ª. Si el penado faltara al trabajo por causa justificada no se entenderá como abandono de la actividad. No obstante, el trabajo perdido no se le computará en la liquidación de la condena, en la que se deberán hacer constar los días o jornadas que efectivamente hubiese trabajado del total que se le hubiera impuesto (artículo 49).
La obligatoriedad de contar con el consentimiento del penado se asienta en la prohibición constitucional de que las penas “consistan” en trabajos forzados (artículo 25.2 de la C.E.), que indudablemente se violaría si el trabajo se impusiera coactivamente.
LAS PENAS ACCESORIAS.
Entendemos por penas accesorias aquellas que van aparejadas por imperativo legal a otras de carácter principal. Esta definición se desprende del artículo 54 del Código Penal, que en referencia a las penas de inhabilitación establece que éstas son accesorias en los casos en que, no imponiéndolas especialmente, la ley declare que otras penas las llevan consigo.
Así, el artículo 33.6 del Código Penal establece que las penas accesorias tendrán la duración que respectivamente tenga la pena principal, excepto lo que dispongan expresamente otros preceptos de este Código.
Conforme a la regulación del Código, pueden distinguirse dos grandes grupos de penas accesorias:
Penas accesorias de la pena de prisión.
La pena de prisión siempre conlleva pena accesoria, distinguiendo el Código según se trate de pena de prisión igual o superior a diez años, o pena de prisión inferior a diez años. Así, tenemos las siguientes reglas:
La pena de prisión igual o superior a diez años llevará consigo la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, salvo que ésta ya estuviere prevista como pena principal para el supuesto de que se trate. El Juez podrá además disponer la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, o bien la privación de la patria potestad, cuando estos derechos hubieren tenido relación directa con el delito cometido. Esta vinculación deberá determinarse expresamente en la sentencia (artículo 55).
1º. Suspensión de empleo o cargo público.
2º. Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
3º. Inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o cualquier otro derecho, la privación de la patria potestad, si estos derechos hubieran tenido relación directa con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta vinculación, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 579 de este Código.
Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en otros preceptos de este Código respecto de la imposición de estas penas (artículo 56).
Penas accesorias aplicables en razón de la naturaleza del delito cometido.
Dispone el artículo 57 que:
Según el artículo 48, tales prohibiciones, cuyo control podrá realizarse mediante aquellos medios electrónicos que lo permitan, son:
Se ha discutido mucho sobre la naturaleza de estas prohibiciones, pues mientras algunos autores las consideran auténticas penas, otros las conceptúan como medidas de seguridad.
Su actual regulación induce a considerarlas penas privativas de derechos, no sólo por establecerlo así el Código sino también en atención a datos objetivos como la obligatoriedad de su imposición en ciertos casos con independencia de factores como la gravedad del hecho o la peligrosidad del delincuente.
Su regulación puede sintetizarse como sigue:
Presupuesto objetivo de aplicación es la condena por un delito de los que el precepto enumera, es decir homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico.
En principio, su aplicación es facultativa, tal y como se desprende del vocablo “podrán”, si bien de carácter reglado, pues el Código establece los dos únicos criterios que han de guiar su imposición: de una parte, la gravedad de los hechos; de otra, el peligro que el delincuente represente.
En cualquier caso, la aplicación de tales penas deberá estar suficientemente motivada en sentencia.
Sin embargo, si el delito cometido lo es contra alguna de las personas enumeradas en el número 2 del artículo 57, entonces deberá imponerse forzosamente la pena accesoria de prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, en los términos y con el alcance previstos en el artículo 48.2. Ello sin perjuicio, naturalmente, de imponer además otra u otras de las penas accesorias relacionadas en el artículo 57.
En cuanto a la duración de las penas, se establece un límite máximo (diez y cinco años, según se trate de delito grave o menos grave), y un mínimo de un mes en el caso de las prohibiciones de acercamiento y comunicación previstas en el párrafo 3 del artículo 40. Sin embargo, el Código no establece un plazo mínimo de duración de la pena de privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos.
Como regla especial, si la pena principal impuesta es la de prisión, la accesoria tendrá una duración superior al menos entre uno y diez años a la de aquélla (si se trata de delito grave), o de entre uno y cinco años (si se trata de delito menos grave).
En todo caso, la pena principal y las accesorias se cumplirán por el penado simultáneamente. Con ello se pretende la efectividad de las prohibiciones impuestas también durante el tiempo de cumplimiento de la condena privativa de libertad, evitando de este modo el acercamiento durante los permisos de salida u otros beneficios penitenciarios o después de su cumplimiento.
Entre las consecuencias jurídicas del delito, y junto a la imposición de penas y medidas de seguridad y a la exigencia de responsabilidades civiles, figuran las llamadas consecuencias accesorias. Como su nombre indica, tienen por objeto coadyuvar a restaurar el orden jurídico vulnerado por la infracción penal.
El Código Penal regula las consecuencias accesorias en el Título VI de su Libro I. El texto legal contiene dos tipos de consecuencias accesorias, relativo uno al destino que deba darse a los efectos o instrumentos del delito (comiso) y concerniente el otro a las medidas a adoptar en relación con personas jurídicas involucradas en la comisión de infracciones penales.
Así, y por lo que se refiere al primero, el Código dispone que:
3. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso de los bienes señalados en los apartados anteriores de este artículo, se acordará el decomiso de otros bienes por una cantidad que corresponda al valor económico de los mismos, y al de las ganancias que se hubieran obtenido de ellos. De igual modo se procederá cuando se acuerde el decomiso de bienes, efectos o ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenían en el momento de su adquisición (artículo 127).
Cuando los referidos efectos e instrumentos sean de lícito comercio y su valor no guarde proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción penal, o se hayan satisfecho completamente las responsabilidades civiles, podrá el Juez o Tribunal no decretar el decomiso, o decretarlo parcialmente (artículo 128).
Las consecuencias accesorias a las que se refiere el apartado anterior sólo podrán aplicarse a las empresas, organizaciones, grupos o entidades o agrupaciones en él mencionados cuando este Código lo prevea expresamente, o cuando se trate de alguno de los delitos por los que el mismo permite exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas.
La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa a los efectos establecidos en este artículo y con los límites señalados en el artículo 33.7 (artículo 129).
By almaabogados|2019-11-29T15:43:42+02:0029/11/2019|Procedimiento penal|