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Timestamp: 2018-11-18 06:23:52
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Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 179', 'artículo 280', 'artículo 179', 'artículo 10', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 180', 'artículo 19', 'artículo 133', 'artículo 180', 'artículo 180', 'artículo 181', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 44', 'artículo 179', 'artículo 30', 'artículo 5', 'artículo 123', 'artículo 38', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 10', 'artículo 179', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 122', 'artículo 180', 'artículo 181', 'artículo 123', 'artículo 36', 'Artículo 35', 'Artículo 1']

﻿ CONCEPTO 1791 DE NOVIEMBRE 30 DE 2006
CONCEPTO 1791 DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2006
CONTENIDO:CONGRESISTAS QUE ASPIRAN A SER ELEGIDOS GOBERNADORES. EN QUÉ FECHA DEBEN RENUNCIAR A SU INVESTIDURA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONGRESISTA, CALIDADES PARA SER CONGRESISTA, CAUSALES DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL CONGRESISTA, GOBERNADOR
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:422 DE FEBRERO DE 2007, PÁG.313
Concepto 1791 de noviembre 30 de 2006
CONGRESISTAS QUE ASPIRAN A SER ELEGIDOS GOBERNADORES
En qué fecha deben renunciar a su investidura.
EXTRACTOS: «El señor Ministro del Interior y de Justicia, doctor Carlos Holguín Sardi, consulta a la Sala acerca de las inhabilidades o incompatibilidades que pueden pesar sobre los congresistas que aspiren a ser elegidos gobernadores, para el periodo constitucional comprendido entre el 1º de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011.
Luego de transcribir el artículo 30 de la Ley 617 de 2000, sobre las inhabilidades de los gobernadores, menciona que la consagrada en el numeral 3º “se refiere expresamente a quienes se hubieren desempeñado como empleados públicos y no a todos los servidores públicos”, aclarando, con apoyo en los artículos 123 de la Constitución y 1º de la Ley 909 de 2004 y en la doctrina, que los miembros de las corporaciones públicas no son empleados públicos a pesar de tener la calidad de servidores públicos.
Afirma que “la referida inhabilidad se configura por razón del ejercicio [de] jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar en el respectivo departamento”, y al respecto invoca la jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual aunque los conceptos de autoridad política, civil y administrativa no han sido definidos con precisión ni por la jurisprudencia ni por la doctrina, “partiendo de la definición de autoridad, como la “potestad que en cada pueblo ha establecido su constitución para que lo rija y gobierne, ya dictando leyes, ya haciéndolas observar, ya administrando justicia” o “poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada” (Diccionario de la Lengua Española - vigésima primera edición), existen varias formas de manifestación de esa autoridad, dependiendo de la persona que la ostente y del asunto sobre el que recaiga”.
Señala también que tanto el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución como el artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, establecen que la renuncia de los congresistas puede presentarse antes de la fecha de la elección, pues el segundo de tales preceptos repitió las causales de inhabilidad señaladas por el primero de ellos, agregando solamente la expresión: “Salvo en los casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o dignidad antes de la elección correspondiente”; y observa que el numeral 8º del referido artículo 179, había sido modificado por el artículo 10 del Acto Legislativo 01 de 2003, según el cual la renuncia al cargo o corporación no eliminaría la inhabilidad, reforma que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional (1) .
Respecto a las incompatibilidades de los congresistas, transcribe los artículos 180 y 181 de la Constitución, y menciona que los congresistas no pueden, conforme a lo dispuesto en ellos, desempeñar cargo o empleo público o privado durante el periodo para el cual hubieren sido elegidos, ni, en caso de renuncia, durante el año siguiente a su aceptación si el lapso que faltare para la terminación del respectivo periodo fuere mayor a dicho término.
Por último, expresa el ministro consultante que “podría concluirse que, para no incurrir en la mencionada incompatibilidad, el congresista hoy día en ejercicio que aspire al cargo de gobernador en las elecciones de octubre de 2007, debe renunciar y su renuncia ser aceptada, antes del 31 de diciembre del año 2006, por cuanto la incompatibilidad consiste en “desempeñar” cargo o empleo público y el cargo de gobernador, en el evento de llegar a ser elegido, se desempeñaría a partir del 1º de enero de 2008, fecha de inicio de ese periodo constitucional”.
Con base en lo dicho, se formulan a la Sala los siguientes interrogantes:
“1. ¿El régimen de inhabilidades de que trata el artículo 30 de la Ley 617 de 2000, aplica en alguna de sus causales para quienes siendo hoy día miembros del Congreso, aspiren a ser elegidos como gobernadores para el periodo Constitucional 2007-2011?
2. ¿Deben renunciar los congresistas, previamente, para aspirar al cargo de gobernador? En caso afirmativo, ¿con qué anticipación deben hacerlo?
3. A fin de evitar incurrir en causal de incompatibilidad como congresista (L. 5ª/92, arts. 180 y 181), ¿es menester que el aspirante renuncie a su condición previa de miembro del Congreso, con un año de anticipación a la fecha de posesión como eventual gobernador elegido en octubre de 2007?”.
El tema sometido a estudio forma parte de los regímenes de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones aplicables a quienes aspiren a ser elegidos y ejercer funciones y cargos públicos de elección popular, circunscrito a quienes son congresistas en ejercicio y aspiran a postularse para gobernadores. En consecuencia, la primera de las preguntas formuladas se contestará con referencia exclusiva a la causal contenida en el numeral 3º del artículo 30 de la Ley 617 del 2000, pues es la aplicable a la situación consultada, no obstante que se inquiere por “alguna de [las] causales” de que trata esta norma.
Procederá entonces la Sala a analizar el punto concreto consultado, en su contexto constitucional y legal.
1. De los congresistas:
Tratándose de congresistas en ejercicio de sus funciones, entendiendo por tales a quienes fueron elegidos o han sido llamados como miembros del Congreso, el artículo 180 de la Constitución Política enumera las actividades que no pueden realizar, que en la Ley 5ª de 1992, artículos 281 y 282, se definen como incompatibilidades. Dicen las normas en cita:
3. Ser miembro de juntas o consejos directivos de entidades oficiales descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos (3) .
PAR 2º—El funcionario que en contravención del presente artículo, nombre a un congresista para un empleo o cargo o celebre con él un contrato o acepte que actúe como gestor en nombre propio o de terceros, incurrirá en causal de mala conducta”.
Ley 5ª de 1992:
“ART. 281.—Concepto de incompatibilidad. Las incompatibilidades son todos los actos que no pueden realizar o ejecutar los congresistas durante el periodo de ejercicio de la función”.
4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este”.
Como surge de sus textos, la hipótesis de la consulta se ubica en el primer numeral de las disposiciones transcritas, habida consideración del carácter de empleo público que corresponde al cargo de gobernador. La Sala no encontró otras reglas constitucionales o legales diferentes de las citadas, que regulen la situación en la que podrían encontrarse los congresistas que tengan la aspiración de ser elegidos gobernadores departamentales en las próximas elecciones.
Respecto de la causal en comento son dos los elementos que, en criterio de la Sala, deben ser considerados: el de empleo público y el de su desempeño.
a) El concepto de empleo público:
Actualmente el artículo 19 de la Ley 909 del 2004, se refiere al empleo público como “el núcleo básico de la estructura de la función pública” y lo define como “el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado”.
La jurisprudencia constitucional tiene identificados como elementos esenciales del empleo público: “(i) la clasificación y la nomenclatura; (ii) las funciones asignadas; (iii) los requisitos exigidos para desempeñarlo; (iv) la autoridad con que se inviste al titular del mismo para cumplir las funciones del cargo; (v) la remuneración correspondiente; y (vi) su incorporación en una planta de personal” (6) .
Por su parte, el artículo 133 de la Constitución se refiere a “los miembros de cuerpos colegiados de elección directa”, para señalar que “representan al pueblo”, y cómo deben actuar y cuál es su responsabilidad, por razón de esa investidura, que es, en términos gramaticales, un carácter o condición.
A la luz del ordenamiento vigente es claro, entonces, que mientras el vocablo gobernador identifica tanto al titular como a la denominación de un empleo público, el de congresista denota una condición y no un empleo; sin perjuicio de que tengan en común el acceso al ejercicio de funciones públicas por voto popular e integren el concepto genérico constitucional de servidores públicos.
b) El significado y alcance del verbo desempeñar:
En su tenor literal las disposiciones contenidas en el numeral 1º de los artículos 180 constitucional y 282 de la Ley 5ª de 1992, son claras, de manera que es suficiente acudir al significado gramatical del verbo rector de la conducta prohibida: “desempeñar”, del cual trae el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española varias acepciones, entre ellas: Cumplir las obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio; ejercerlos, o actuar, trabajar, dedicarse a una actividad.
Es pertinente agregar que la primera acepción del verbo ejercer, es Practicar los actos propios de un oficio, facultad o profesión, y que sobre el verbo cumplir, dice la obra en cita que referido a una persona es hacer aquello que debe o a lo que está obligado. Vale decir que en el sentido lato de las palabras, desempeñar el cargo o empleo es actuar ejerciendo las funciones que a este corresponden.
Desde el punto de vista jurídico, la Constitución colombiana exige para el ejercicio de un cargo público, tomar posesión del mismo (11) , acto que incorpora el juramento de “desempeñar los deberes que le incumben”.
En esa perspectiva, la incompatibilidad que la Constitución y la ley consagran en las normas antes transcritas respecto de los congresistas, solo se concreta si, encontrándose en ejercicio de su investidura, ejercen las funciones de un empleo, que, si es público, configura la incompatibilidad desde el acto mismo de la posesión.
Tal ha sido la interpretación tradicionalmente acogida por la jurisprudencia, cuando por vía contenciosa o en sede de tutela ha revisado la causal y su aplicación práctica en los casos de pérdida de investidura; sin perjuicio de considerar por lo menos cuatro sentidos de la noción de “desempeñar” en el numeral 1º del artículo 180 constitucional (12) , pero se reitera, privilegiando el que atañe a las acciones u omisiones propias del ejercicio de un empleo.
A lo anterior se agrega que la jurisprudencia contencioso administrativa ha sido igualmente constante en el sentido de diferenciar los conceptos de empleo y cargo, según se trate de un vínculo laboral, legal o contractual, o se trate de una dignidad o encargo, caso este último que puede ubicarse dentro de la causal analizada si su cumplimiento implica “una afectación a la labor que debe cumplir el congresista o un conflicto de intereses…” (13) , pues, atendidos sus antecedentes en la Asamblea Constituyente, “lo que prohíbe el numeral 1º del artículo 180 de la Constitución es el desempeño, la dinámica que comporta el ejercicio de un cargo o empleo; es la gestión, el desarrollo de unas funciones que estorben el cumplimiento de las tareas legislativas y de las demás atribuciones que corresponden a un ciudadano elegido para integrar el Congreso de la República, o que se utilice para ejercer tráfico de influencias…” (14) .
Con relación al desempeño del cargo también debe tenerse presente el periodo durante el cual aplica la incompatibilidad, que al tenor de la Carta Política, artículo 181 (15) , será el del ejercicio del cargo, y en caso de renuncia, se mantendrá por el año siguiente al de la aceptación de esta.
De manera que a la luz de su régimen vigente de incompatibilidades, el congresista que aspire a desempeñar un cargo o empleo público o privado debe renunciar a su investidura, para que transcurrido un año desde la fecha en que dicha renuncia le sea aceptada, pueda entrar a ejercer el cargo o empleo, esto es, a desempeñarlo.
Ahora bien, tratándose de cargos públicos, entra en juego la circunstancia de que algunos de ellos tienen establecido por el ordenamiento constitucional o legal, un periodo institucional y una fecha de inicio del mismo. En este caso, la exigencia normativa que inhibe la causal de incompatibilidad atañe a que la renuncia de la investidura debe quedar debidamente aceptada un año antes, por lo menos, de la fecha en que deberá tomarse posesión del empleo público, precisamente porque la posesión es determinante del desempeño.
2. De los gobernadores:
Hace notar la Sala que la hipótesis planteada por el señor Ministro del Interior y de Justicia, vista en la órbita del ordenamiento aplicable a los gobernadores, correspondería a una causal de inhabilidad, entendiendo por esta, en su definición gramatical, el “defecto o impedimento para obtener o ejercer un empleo u oficio” (16) .
Como su tratamiento presenta variaciones normativas a partir de la Constitución de 1991, encuentra la Sala necesario abordar su estudio diferenciando el régimen que aplicó hasta la entrada en vigencia de la Ley 617 del 2000, y el actualmente vigente, partiendo de las normas constitucionales según las cuales, los gobernadores son los jefes de la administración pública en los departamentos y sus representantes legales, forman parte de la rama ejecutiva del poder público a nivel departamental, en virtud de lo cual son empleados públicos y el cargo correspondiente es un empleo público, que, como tal, se regula por las leyes y reglamentos que para dicha rama desarrollan los artículos 122 y siguientes de la Constitución Política, sobre la “función pública”.
2.1. El régimen de inhabilidades anterior a la Ley 617 del 2000:
Los artículos constitucionales 303 y 304 difieren a la ley la fijación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable a los gobernadores, y ordenan que este régimen “no será menos estricto que el establecido para el Presidente de la República”.
En su texto original, el artículo 197 de la Carta se ocupaba de señalar como causales de inhabilidad para ser elegido Presidente de la República:
— haber ejercido a cualquier título la presidencia; o
— haber sido condenado en cualquier época a pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos o culposos; o
— haber perdido la investidura de congresista; o
— tener doble nacionalidad, excepto si se trata de colombianos por nacimiento; o
— haber ejercido un año antes de la elección cualquiera de los cargos relacionados en el inciso final del artículo 197, en comento, entre los cuales no se encuentra —ni podría encontrarse según ya se expuso— el haber sido miembro del Congreso de la República.
Bajo este marco jurídico, la Sala en el Concepto 863 de 1996, con cita del concepto 419 de 1992, concluyó que “la prohibición de desempeñar un cargo o empleo público que es una incompatibilidad para el congresista que ejerce como tal, se convierte en inhabilidad para aquel que renuncie a su investidura, hasta por un año después de su aceptación… por consiguiente se da un impedimento para ser elegido y en caso de serlo, el acto de elección queda viciado de nulidad…” (23) , pues “… el numeral 4º del artículo 44 de la Ley 200 de 1995 erigió en incompatibilidad el mismo hecho o conducta que el ordinal 8º del artículo 179 de la Constitución Política consigna como una inhabilidad, esto es: ‘Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación o un cargo, si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente’…”. Argumento al cual agregó en su momento la Sala, el de que “ningún servidor público puede entrar a desempeñar un empleo o cargo sin haber sido elegido o nombrado para el mismo … [y] afirmar que la incompatibilidad es solo para el nombramiento y no para la elección es incorporar una excepción que la norma constitucional no prevé… por el contrario, [el legislador] incluyó la elección como incompatibilidad para los servidores públicos sujetos a la ley 200 de 1995 (Código Disciplinario Único), entre ellos los miembros de las corporaciones públicas…” (24) .
2.2. El régimen de inhabilidades vigente:
Conforme lo cita y transcribe la consulta, respecto de los gobernadores la Ley 617 del 2000, artículo 30, en el aparte que tiene relación con el asunto de que trata el presente concepto, estatuye:
“De las inhabilidades de los gobernadores. No podrá ser inscrito como candidato, elegido o designado como gobernador: (…).
3. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. (…)”.
Obsérvese que la norma transcrita hace precisa referencia al vocablo empleado público, respecto del cual se conserva vigente la definición contenida en el Decreto-Ley 3135 de 1968, artículo 5º, parte inicial:
“Las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos, son empleados públicos; sin embargo los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales.
Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.”
La disposición transcrita armoniza en el artículo 123 de la Constitución de 1991 (27) , en tanto que explica el concepto de servidores públicos a través de una clasificación que diferencia entre los miembros de las corporaciones públicas y los empleados del Estado; de manera que los congresistas son servidores públicos por ser miembros de una corporación pública y, por lo mismo, no son empleados del Estado, que en la anterior terminología se denominaban como empleados públicos.
No hay, pues, duda, de que la causal de inhabilidad consagrada en la norma transcrita de la Ley 617 del 2000, no es predicable de los congresistas por cuanto ellos no son empleados públicos.
Pero igualmente la norma disciplinaria también cambió y es pertinente registrarlo, en razón a que fue el fundamento legal del anterior pronunciamiento de la Sala. En efecto, la Ley 200 de 1995 fue derogada por la Ley 734 del 2002 (28) , que en materia de incompatibilidades dispone que se entienden incorporadas las señaladas en la Constitución y en la ley (29) , agregando en el artículo 38 otras inhabilidades atinentes a sanciones penales y disciplinarias; y en cuanto a prohibiciones consagra la de “desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación proveniente del tesoro público…” (30) .
Como se expuso en el punto anterior, ha de volverse entonces a la norma propia de los congresistas, para quienes, como ya se analizó, es causal de incompatibilidad el desempeño de un empleo público, armonizándola con la disposición constitucional que establece para los gobernadores un periodo institucional de cuatro años (31) , que inicia el 1º de enero del 2008, fecha esta en la que los elegidos en los comicios electorales de octubre del 2007, deberán tomar posesión de su cargo.
Así las cosas, el congresista que aspire a ejercer el cargo de gobernador deberá renunciar a su investidura y su renuncia deberá quedar debidamente aceptada un año antes del 1º de enero del 2008.
1. Las inhabilidades de que trata el artículo 30 de la Ley 617 del 2000, están referidas a las personas que, teniendo o no la calidad de congresistas, aspiran a inscribirse y a ser elegidos o designados para ejercer el cargo de gobernadores de departamentos. A los congresistas, por el solo hecho de serlo, no se les aplica el numeral 3º del artículo 30 de la ley en cita, puesto que ellos, jurídicamente son miembros de corporación pública de elección popular y no empleados públicos, de conformidad con la clasificación constitucional del concepto de “servidores públicos”.
2. Dado que para los congresistas está consagrado, como incompatibilidad, el desempeño de un empleo público, la aspiración al cargo de gobernador, entendida como la inscripción para participar en los respectivos comicios electorales, no exige renuncia de su investidura.
3. Sí; el congresista que aspire a presentarse a las elecciones de gobernador, deberá renunciar a su investidura y esta renuncia deberá quedar debidamente aceptada en una fecha que anteceda, por lo menos un año, al 1º de enero del 2008, pues ese día inicia el periodo institucional de los gobernadores.
Transcríbase al señor Ministro del Interior y de Justicia y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República».
(Concepto de 30 de noviembre de 2006. Radicación 1791. Consejero Ponente: Dr. Enrique José Arboleda Perdomo).
(1) Aclara la Sala que el artículo 10 del Acto Legislativo 01 del 2003, que en efecto adicionó el artículo 179, numeral 8º, constitucional, en el sentido indicado en la consulta, en realidad trata de una causal de inhabilidad para ser elegido congresista, y no de las causales de incompatibilidad que se predican de los congresistas en ejercicio que es a quienes se refiere la consulta. Lo dicho, sin perjuicio de que la Corte Constitucional en sentencia C-332-05 (abr. 4), declaró inexequible el artículo 10 en comento, por vicios de forma.
(3) Texto con la modificación introducida por el Acto Legislativo 03 de 1993, artículo 2º, parágrafo 2º.
(6) Cfr. Sentencias C-793-02, C-1174-05, entre otras.
(11) Constitución Política, artículo 122, inciso 2º: “Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben”.
(12) Corte Constitucional, sentencia SU.1159-03: “… (i) “Desempeño” puede ser entendido como “ser”, en el sentido de “ostentar una condición”… se “desempeñó” como representante legal de una fundación, queriendo decir, simplemente, que él “había sido” el representante legal. / (ii) “Desempeño” puede ser entendido en el sentido de “ejercer”, esto es, llevar a cabo una actividad, un cargo, un empleo. En este caso, alegar que alguien desempeñó un empleo o un cargo, supone decir que este “ejerció” dicho cargo, esto es, que no solo lo ostentó, lo tenía, sino que realizó acciones u omisiones propias de este. / (iii) Ahora bien, en el contexto del artículo 180 de la Carta, también es plausible entender que cuando se habla de “desempeñar” un cargo o empleo, se hace referencia a realizar una actividad que afecte la investidura propia del congresista. Según esta interpretación, no bastaría con mostrar que una persona tiene un cargo y que lo ejerció, sino que estas acciones afectaron el “desempeño” como congresista. / (iv) La cuarta forma de entender la expresión “desempeño” en el contexto normativo que se analiza, consiste en “ejercer” una actividad que se desarrolla dentro del tiempo en que se debe actuar como congresista con dedicación exclusiva para que no se entorpezca su labor parlamentaria. / El uso que hace de la expresión “desempeño” el Consejo de Estado en la sentencia que decretó la pérdida de la investidura…, comprende elementos del segundo caso antes mencionado, es decir, se entiende que alguien desempeñó un cargo o empleo en el caso de que lo haya “ejercido”, esto es, en el caso en que haya realizado actuaciones u omisiones propias del cargo o el empleo…”.
(13) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de febrero 13 de 2001 (AC 11496).
(14) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente AC-1215, citado en sentencia, también de Sala Plena, del 1º de junio del 2005, rad. 11001-03-15-000-2004-01561(PI). Cfr., también de Sala Plena, sentencias del 20 de septiembre del 2005, rad. 11001-03-15-000-2004-01216-00(PI), y del 14 de febrero del 2006, rad. 11001-03-15-000-2005-00946-00(PI), entre otras.
(15) Constitución Política, artículo 181: “Las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el periodo constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del periodo fuere superior. / Quien fuere llamado a ocupar el cargo, quedará sometido al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesión”.
(16) Cfr. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
(23) Concepto del 15 de agosto de 1996, rad. 863.
(24) Concepto del 21 de octubre de 1996, rad. 863, concepto adicional.
(27) Constitución Política, artículo 123: “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”.
(28) Ley 734 del 2002, “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, Diario Oficial Nº 44.708, febrero 13 de 2002. Entró a regir a partir de los tres (3) meses de su sanción.
(29) Ley 734 de 2002, artículo 36: “Incorporación de inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses. Se entienden incorporadas a este código las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses señalados en la Constitución y en la ley”.
(30) Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:… 14. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, las entidades territoriales y las descentralizadas.
(31) Acto Legislativo 02 del 2002 (ago. 6), “Por el cual se modifica el periodo de los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles”, Diario Oficial Nº 44.893, agosto 7 de 2002. Artículo 1º, parte final del primer inciso: “… Los gobernadores serán elegidos popularmente para periodos institucionales de cuatro (4) años y no podrán ser reelegidos para el periodo siguiente”.