Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-941-de-noviembre-16-de-2006?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920422db1f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-19 03:53:37
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Matched Legal Cases: ['artículo 351', 'artículo 29', 'artículo 6', 'artículo 530', 'artículo 6', 'artículo 533', 'artículo 351', 'artículo 40', 'artículo 351', 'artículo 29', 'artículo 40', 'artículo 351', 'artículo 293', 'artículo 351', 'artículo 29', 'artículo 351', 'artículo 351', 'artículo 351', 'artículo 351', 'artículo 351', 'artículo 14', 'artículo 351', 'artículo 351', 'artículo 86', 'artículo 6', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 40', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 6', 'artículo 26', 'artículo 533', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 313', 'artículo 29', 'artículo 5', 'artículo 29', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 29', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 61', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 29', 'artículo 351', 'artículo 26', 'artículo 29', 'artículo 40', 'artículo 235', 'artículo 533', 'Artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 61', 'artículo 2', 'artículo 37']

﻿ SENTENCIA T-941 DE NOVIEMBRE 16 DE 2006
SENTENCIA T-941 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2006
CONTENIDO:SENTENCIA ANTICIPADA. SE ANALIZAN LOS SIGUIENTES TEMAS: EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD DE LA LEY PENAL EN LA LEY 906 DE 2004LAS FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO Y SU EVOLUCIÓN EN EL SISTEMA JURÍDICO COLOMBIANO, LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN LA LEY 906 DE 2004LA FIGURA DE LA SENTENCIA ANTICIPADA ( LEY 600 DE 2000) Y LA DE LA ACEPTACIÓN DE CARGOS (LEY 906 DE 2004)Y EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD. LOS NEXOS DE POLÍTICA CRIMINAL ENTRE LA LEY 890 DE 2004 Y LA LEY 906 DE 2004.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO, SENTENCIA ANTICIPADA, REALIZACIÓN DEL DELITO, ACEPTACIÓN DE LA FORMULACIÓN DE CARGOS
Sentencia T-941 de noviembre 16 de 2006
Sentencia T-941 de 2006
Ref.: Expediente T-1390972
Acción de tutela instaurada por Alix Amira Sotelo Vargas contra el Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Mediante auto del 26 de agosto de 2005, el Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la solicitud de redosificación de la pena al amparo del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, considerando que i) la Ley 906 de 2004 solamente es aplicable a conductas punibles cometidas con posterioridad al 1º de enero de 2005 y en el caso de la señora Sotelo los hechos ocurrieron el 21 de junio de 2004 y que ii) el procedimiento de la referida Ley 906 es propio del sistema acusatorio u oral y solamente comenzó a regir, como se dijo, a partir del 1º de enero de 2005 (fl. 14, cdno. 2).
El juez se refirió a los principios de legalidad y de favorabilidad de la ley penal, establecidos en el artículo 29 de la Constitución Política, y al inciso 2º del artículo 6º del Código Penal que reitera este último. Así mismo, señaló que con el sistema penal implantado en la Ley 906 de 2004 se modificó considerablemente el que existía consagrado en la Ley 600 de 2000; especialmente, sostuvo que la Ley 906 fijó claramente sus límites “espacial”, en el artículo 530, y “temporal”, en el artículo 6º, inciso 3º en concordancia con el artículo 533, “rigiendo única y exclusivamente para los delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero de 2005”.
A su juicio, “la aceptación de cargos y el consiguiente acogimiento a sentencia anticipada consagrada en la Ley 600 de 2000, y la aceptación de cargos en la audiencia de imputación o la aceptación de responsabilidad posterior a la acusación, que contempla la Ley 906 de 2004, son actos consagrados dentro de dos sistemas diferentes, bajo parámetros distintos, (...) son fenómenos regulados de forma diversa en cada uno de los códigos procedimentales ya citados, por lo que resulta (...) desacertada la aplicación del principio de favorabilidad incoado y por lo tanto se NEGARA la redosificación de la pena deprecada”.
El juez sostuvo que sobre la improcedencia de la redosificación de la pena se ha pronunciado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Yesid Ramírez Bastidas, en “la adición a su ponencia el 7 de abril de 2005”, la cual trae en cita y expresa que “la figura del allanamiento o aceptación de cargos a que se refiere el inciso 1º del artículo 351 de la Ley 509 (sic) de 2004, no es equivalente a la sentencia anticipada regulada en la Ley 600 de 2000 porque la cantidad de rebaja de pena merecida, que puede ser “hasta la mitad de la pena imponible” para el sindicado que acepte los cargos en la audiencia de formulación de la imputación, tiene que lograrse mediante acuerdo fiscal-imputado (bilateral) como no lo exige el artículo 40 del Código de Procedimiento Penal-2000 que solo demanda manifestación unilateral que se premia con una rebaja fija (...)”.
Mediante auto del 23 de enero de 2006, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión del juzgado accionado, con fundamento en las siguientes razones (fls. 74-79, cdno. 2).
Para empezar, aclaró que si bien es cierto el principio de favorabilidad es de aplicación universal, no se está frente a un fenómeno de tránsito o sucesión de leyes, sino de coexistencia de normas y que el contenido de las mismas difiere la una de la otra tanto de su forma como de su procedimiento, lo cual trae como consecuencia “el no poder gobernarse por la norma más favorable”.
En efecto, al comparar las dos normas (L. 600/2000, art. 40 y L. 906/2004, inc. 1º del art. 351) encontró que las rebajas de una son fijas y las de la otra variables, con lo cual concluyó que no puede haber equivalencia y en un momento determinado la aplicación de la nueva ley puede resultar más gravosa para el imputado, acusado o condenado, todo lo cual desvirtúa la aplicación del principio de favorabilidad.
Así, al coexistir dos procedimientos diferentes, con filosofía, estructura y teleología disímiles, no es válido retrotraer las instituciones del nuevo sistema de la Ley 906 y aplicarlas a las situaciones ocurridas en vigencia del sistema de la Ley 600, como lo sería el allanamiento a la imputación. Lo anterior, con apoyo en la sentencia del 4 de mayo de 2005, magistrado ponente Yesid Ramírez Bastidas, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, según la cual la aplicación de las normas del nuevo Código Penal —L. 906/2004— son aplicables por favorabilidad a los casos gobernados por la Ley 600 “a condición de que no se refieran a instituciones propias del nuevo modelo procesal y de que los referentes de hecho en los dos procedimientos sean idénticos (...)” (negrilla original).
Adicionalmente, citó apartes de la sentencia del 23 de agosto de 2005, magistrado ponente Jorge Luis Quintero Milanés, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia según la cual “surge evidente que la comparación institucional de las dos figuras en estudio, es decir, la sentencia anticipada del sistema procesal anterior y la aceptación de cargos o de imputación actualmente reglada en la Ley 906 de 2004 no son iguales, toda vez que pertenecen a sistemas procesales de enjuiciamiento contrapuestos, conclusión lógica y jurídica que necesariamente conlleva a excluir la pretendida aplicación del principio de favorabilidad que reclama la procuraduría delegada, pues si bien es cierto que la Sala ha admitido la operancia de la favorabilidad frente a la ‘coexistencia’ de legislaciones, también lo es que ella se verifica siempre y cuando los institutos partan de los mismos supuestos de hecho, evento que en este caso no ocurre (...)” (negrilla original).
La señora Alix Amira Sotelo Vargas, actualmente privada de la libertad en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-Reclusión Nacional de Mujeres, instauró acción de tutela el 8 de marzo de 2006, mediante apoderado, contra el Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, con la decisión negativa de esos despachos a conceder el beneficio de redosificación de la pena establecido en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, en virtud del principio de favorabilidad.
El apoderado de la demandante sostuvo que el juzgado demandado negó la solicitud de redosificación de la pena, mediante providencia del 26 de agosto de 2005, “violando y desconociendo el principio de favorabilidad establecido en el artículo 29 de la Carta Política”, por lo que interpuso recurso de apelación contra esa decisión ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá la confirmó la decisión de primera instancia, mediante providencia del 23 de enero de 2006, “sin haber controvertido ninguno de los argumentos planteados”.
Así mismo, consideró que la juez demandada profirió el fallo en un actuar “negligente y prevaricador” en total desconocimiento de sus deberes, pues la decisión se fundamentó en un estudio superficial “si es que lo hizo, de los elementos jurídicos”, pues no controvirtió los argumentos del recurrente, demostrando total desconocimiento de los derechos al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, así como de los principios de igualdad y de favorabilidad, pues “no concedió la rebaja del 50 % de pena que (la accionante) se merece y que se le ha concedido a otras personas que se han encontrado en circunstancias similares” y se limitó “a emitir una vergonzosa y violatoria transcripción del concepto del doctor Yesid Ramírez Bastidas, en el cual hace una interpretación desde todo punto de vista ilegal y arbitraria por cuanto olvidó el honorable magistrado el sagradísimo principio que consagra que en materia penal no se puede interpretar en forma extensiva un precepto que le sea favorable al procesado en otros términos, si existe la norma que quiere favorecer al sindicado con una rebaja de pena, esta (sic) debe interpretarse restrictivamente y no como lo quiere hacer ver (...)” (negrillas originales).
Además, aseguró que la Sala Penal del Tribunal demandado “en total desconocimiento de las providencias proferidas y en contravía de los preceptos emitidos por otros magistrados de la Sala Penal del mismo Tribunal de Bogotá (...)” resolvió confirmar la decisión del juzgado demandado.
A continuación transcribió apartes de varias providencias (1) de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y de varios juzgados penales, en las que, según afirmó, se ha estudiado el tema concediendo el beneficio que solicita para su poderdante.
Adicionalmente, citó apartes de la Sentencia T-1211 de 2005, de la Corte Constitucional y sostuvo que ella “NOS CONCEDE LA RAZÓN EN EL SENTIDO DE QUE ES VIABLE Y APLICABLE EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD A LOS PROCESADOS QUE SE HAYAN ACOGIDO A SENTENCIA ANTICIPADA” porque la Corte dijo que “ambos sistemas eran similares motivo por el cual es viable que a todo condenado se le rebaje el 50% de la pena (...)” (mayúsculas originales).
• Copia del auto proferido, el 26 de agosto de 2005, por el Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, dentro del proceso contra la accionante (fls. 14-17, cdno. 2).
• Copia de la Sentencia T-1211 de 2005, magistrado ponente Clara Inés Vargas Hernández, de la Corte Constitucional (fls. 18-40, cdno. 2).
• Copia del auto proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el 5 de agosto de 2005, con ponencia del magistrado Luis Eduardo Manrique Bernal, dentro de un proceso penal contra Yesenia Guadalupe Robles Cáceres (fls. 41-49, cdno. 2).
• Copia del auto proferido por el Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el 26 de agosto de 2005, dentro del proceso contra la accionante (fls. 50-58, cdno. 2).
• Copia del auto proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el 23 de enero de 2006, dentro del proceso adelantado contra la accionante (fls. 59-64, cdno. 2).
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto del 9 de marzo de 2006, admitió la demanda y ordenó i) enterar a los accionados de esa decisión, ii) correrles traslado para que ejercieran su derecho de contradicción y iii) oficiar al Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá para que a) remitiera copia de la sentencia condenatoria proferida contra la demandante e b) informara si contra esa decisión se interpusieron recursos de apelación y de casación o si se encuentra debidamente ejecutoriada (fl. 66, cdno. 2).
4.1. Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
La Juez Décima de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante oficio 0223-10 del 13 de marzo de 2006, contestó la demanda indicando que desde el momento en que recibió el proceso penal en su despacho, el 29 de noviembre de 2004, en forma diligente y en cumplimiento de los principios de celeridad, inmediatez y demás, se ha dado trámite al mismo y a las peticiones allí presentadas dentro de los términos de ley, ordenando el impulso procesal de la manera que informó en detalle, fecha por fecha, cada actuación surtida. Anunció el anexo de copia de la referida providencia, pero no fue allegada al proceso (fls. 81-83, cdno. 2).
4.2. Tribunal Superior de Bogotá —Sala Penal—.
El magistrado Javier Armando Fletscher P., mediante oficio 0049 DM del 14 de marzo de 2006, respondió la demanda en el sentido de informar que en ese despacho se conoció el recurso de apelación contra el auto del 26 de agosto de 2005, por medio del cual el Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la redosificación de la pena y la aplicación del principio de favorabilidad a la sentenciada Alix Amira Sotelo Vargas y que mediante auto del 23 de enero de 2006 se confirmó esa decisión, regresando el proceso a la oficina judicial de origen, por lo que en el archivo solo reposaba copia de esta providencia, de la cual anexó copia (fls. 73-79, cdno. 2).
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 21 de marzo de 2006, negó la tutela considerando que i) la procedencia de la acción de tutela está “limitada tan solo a aquellas actuaciones que de manera grosera se aparten de la juridicidad, ya sea porque fueron emitidas de manera arbitraria o con desconocimiento total de los valores, garantías y derechos consagrados en la Constitución” y que ii) “dentro de la autonomía que se garantiza y reconoce al funcionario judicial está la de interpretar las normas para resolver el caso concreto”, labor que “permite que la comprensión que lleguen a tener distintos jueces sobre una misma norma sea diversa, y que unas interpretaciones sean mejor recibidas que otras”, lo cual no implica la procedencia de la acción de tutela, pues la razonabilidad ocupa un lugar importante a la hora de realizar la valoración respectiva” (fls. 84-99, cdno. 2).
Lo anterior, porque “pese a poseer uno y otro mecanismo de terminación anticipada del proceso características comunes, no son iguales” y guardan diferencias fundamentales (según Sent. C-592/2005), que explicaron a través de la interpretación que le ha dado la Sala mayoritaria a la aplicación de la figura del allanamiento a la imputación, de la Ley 906 de 2004, y las diferencias que presenta con la aplicación de la figura de la sentencia anticipada, de la Ley 600 de 2000, tal como la Sala lo concluyó en sentencia de casación 21.954 del 23 de agosto de 2005, en la que indicó que la sentencia anticipada de la Ley 600 no tiene “institución procesal idéntica en la Ley 906 de 2004 como para contemplar la posibilidad de una rebaja eventual de esta más favorable a casos que finalizaron o finalicen anticipadamente con fundamento en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000”.
De otra parte, la Sala explicó que con la reforma constitucional del Acto Legislativo 3 de 2002 se pretendió la creación de un sistema procesal penal de partes, que efectivamente se logró con la expedición de la Ley 906 de 2004, en el cual operan i) el principio de consenso (art. 348), según el cual el fiscal (con observancia de las directivas de la fiscalía y las pautas trazadas de política criminal) y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos o acuerdos que impliquen la terminación del proceso, y ii) el principio de oportunidad.
Así mismo, la Sala señaló que entre las finalidades de la norma que establece las negociaciones y acuerdos, está la de “lograr la participación del imputado en la definición de su caso”, originada en el principio democrático de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan (C.P., art. 2º) y vinculada con la idea de una justicia en la que “el procesado siempre cuenta con la opción de anticipar la sentencia a cambio de una rebaja en la pena, así la fiscalía se niegue a conversar con él para negociar”, mediante la aceptación —allanamiento— de cargos, aunque con diferente impacto en la pena a imponer según el momento procesal en que se presente, “debiéndose eso sí acordar con la fiscalía la porción de la rebaja punitiva en todos aquellos casos en que la misma sea flexible y no automática”.
A continuación explicó que la aceptación de cargos establecida en el modelo procesal de la Ley 906 de 2004, implica una negociación entre las partes para convenir la rebaja, lo cual la convierte en uno de los tipos de acuerdos a los que se puede llegar dependiendo del momento procesal en que ella se dé. De manera pues que, la Sala reiteró que “la conclusión de que la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000 y la aceptación de cargos de la Ley 906 de 2004 no son lo mismo y, en consecuencia, no es viable aplicar por favorabilidad ninguna rebaja de esta (sic) última”.
ii) la sentencia anticipada y la audiencia especial (suprimida en el código de 2000), como modalidades de la terminación abreviada del proceso, tienen sus equivalentes en el código de 2004, en la aceptación de la imputación o allanamiento a cargos (arts. 288, 293 y 351) que suponen “aceptación unilateral de responsabilidad” y en los preacuerdos y negociaciones (art. 348 y ss.) que “se verifican a través de un acuerdo entre imputado y fiscalía sobre la naturaleza y términos de la acusación que se formulara (sic), en torno a la cual se obtiene un consenso, a cambio de beneficios no siempre representados en rebaja de pena”;
iii) aunque la norma que regula el allanamiento a la imputación hace una remisión al artículo 351 de la Ley 906, sobre las modalidades de los preacuerdos y negociaciones, no por ello se pueden asimilar estas dos figuras, porque a) el allanamiento a la imputación supone un acto unilateral de aceptación de la responsabilidad, mientras que los preacuerdos son fruto de la aproximación entre las partes (imputado-fiscalía), a partir de la cual se conviene o los términos de acusación o la cantidad de pena a imponer, a condición de que se acepte la responsabilidad; b) se trata de dos modalidades diversas de terminación abreviada del proceso, pues aunque el artículo 293 indica que el allanamiento a la imputación puede darse por manifestación unilateral del imputado o por acuerdo con la fiscalía, para efectos de determinar la rebaja de pena a que se haría acreedor quien acepta voluntariamente los cargos, no por ello se puede considerar que la aceptación unilateral “se convierta en un acto consensuado”; c) la aceptación de cargos establecida en el artículo 351 solo puede entenderse referida a los eventos en que haya preacuerdos o negociaciones y no extensiva al allanamiento a la imputación, porque esta no implica consenso previo, en cuanto al monto de la rebaja que corresponde dosificarla al juez; d) si la manifestación unilateral es una forma de preacuerdo, la fiscalía estaría obligada a negociar con el imputado y los efectos del acto voluntario de este quedarían sometidos a aquella, lo que “no parece enmarcarse dentro de la nueva sistemática penal que ha recuperado para el juez el monopolio de la administración de justicia” salvo en lo referido a los preacuerdos para los casos taxativamente señalados en la ley; e) para el allanamiento a la imputación se prevé “una rebaja que pondera el juez”, para los preacuerdos “quedó establecido un régimen en el que dicha rebaja, en caso que se opte por esta forma de negociación, es determinada por el fiscal, dentro de los parámetros que le fija la ley”, esto, al confrontar los artículos 288, numeral 3º, 356 y 367, que regulan las consecuencias de la aceptación unilateral de cargos en diferentes etapas del proceso, con rebajas variables que corresponde conceder al juez, mientras que tratándose de preacuerdos o negociaciones, esas consecuencias están establecidas en los artículos 369 y 370, de las que se destaca que el juez no puede imponer una pena superior a la solicitada por el fiscal. Igual sucede con las disposiciones de los artículos 356 para el allanamiento a cargos y 352 para los preacuerdos, que establecen “una rebaja hasta una tercera parte” y “una rebaja fija de la tercera parte”, respectivamente, lo que sugiere la clara voluntad del legislador “de dejar un margen de discrecionalidad al juez, que no a la fiscalía, para fijar la rebaja en caso de aceptación voluntaria y libre de cargos” (negrilla original); f) en el allanamiento a cargos la rebaja depende “exclusivamente de que se produzca una aceptación libre, espontánea e informada de la imputación y solo a condición de ello produce efectos”, mientras que en los preacuerdos se requiere de ellos mismos para que opere la rebaja, pero en estos casos, además, también se puede negociar la eliminación de agravantes, o de cargos, o la tipificación de la conducta de una forma específica con miras a reducir la pena;
v) citó las consideraciones de la Corte Constitucional para conceder la tutela en un caso similar al que está en estudio, en la Sentencia T-211 (sic) del 24 de noviembre de 2005.
El magistrado Alfredo Gómez Quintero salvó su voto considerando que la vulneración de la garantía al debido proceso, concretado en la favorabilidad, se configura al dejar de aplicar la norma constitucional que protege el derecho superior “bien porque se le excluya de manera directa, ora porque la interpretación que se le dé desconozca el alcance protector que la caracteriza” como sucedió —“mutatis mutandis”— en el caso en estudio, porque dejaron de aplicarse el artículo 29 superior en concordancia con el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, que sería la solución más “ventajosa”.
a) en el preacuerdo se puede acceder aún por encima de lo propuesto por el defensor (art. 354, inc. 1º) como excepción a la regla general que establece la prelación de la pretensión de la defensa técnica respecto de la del acusado (art. 130);
b) en el allanamiento la intervención del fiscal se agota una vez formulada la imputación, porque en esta especie no hay más que “un simple acto de liberalidad, de unilateralidad, de acogimiento, de aceptación” lo que descarta la participación del fiscal en la búsqueda del allanamiento, mientras que en el preacuerdo hay “bilateralidad” sobre acerca de lo que será tema de definición judicial por parte del juez, que está obligado salvo que pruebe violación de garantías fundamentales;
c) el allanamiento a cargos ofrece tres oportunidades procesales para su materialización “todas ellas perfectamente identificables, precisas en su invocación, inflexibles” a saber: 1) en la audiencia de la formulación de la imputación (art. 288) “donde surge la “posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351” (num. 3º íd.) norma a la que se llega por vía de remisión exclusivamente en la búsqueda del factor deducible, y únicamente con ese específico objetivo, no solo porque únicamente en aquel evento y en este aspecto —el descuento punitivo— la ley asimila las dos figuras, sino porque lo demás que en este (sic) último dispositivo se señala (acuerdo y consignación en el escrito de acusación) únicamente tiene aplicación cuando ha mediado preacuerdo o negociación con el fiscal, tal como lo explica el hecho de que ese procedimiento esté dentro del capítulo único del título II ‘preacuerdos y negociaciones’. La rebaja señalada es de “hasta la mitad de la pena imponible”; 2) en la audiencia preparatoria (art. 356-5) en la que si el acusado manifiesta que acepta los cargos la reducción será hasta en la tercera parte de la pena a imponer y 3) en la alegación inicial en el juicio oral, cuando el acusado se declare “voluntaria, espontánea y unilateralmente culpable —total o parcialmente—”, con lo cual “tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena imponible respecto de los cargos aceptados”, tal y como, según afirmó, lo indicó la Corte Constitucional en la Sentencia T-091 de 2006, antes referida.
Por su parte, en los acuerdos, preacuerdos o negociaciones la ley es más “elástica o flexible” en cuanto a los momentos para acceder a ellos: a) desde la formulación de la imputación y hasta antes de presentarse el escrito de acusación (art. 350), caso en el cual la reducción será hasta de la mitad de la pena a imponer (en concordancia con el inciso 1º del artículo 351); b) desde la presentación de la acusación hasta el momento del interrogatorio al acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad (art. 352), caso en el que, de manera fija, la pena imponible será reducida en una tercera parte y c) en el juicio oral “no solo como fruto de una manifestación unilateral, como se vio, sino como producto de un preacuerdo, aspecto este sobre el cual deberá interrogar el juez (art. 368 inc. 1º), caso en el que el fiscal indicará al juez su pretensión punitiva (art. 369)”.
d) el allanamiento procede respecto de cualquier delito, porque no hay norma específica que la límite, en cambio, en los preacuerdos el legislador restringió su aplicación a algunos delitos “o por lo menos condicionando su procedencia al reintegro del incremento patrimonial obtenido como fruto del delito” (art. 349);
e) y f) el allanamiento se manifiesta unilateralmente sin necesidad de alguna actividad previa por ser un acto autónomo, espontáneo e individual, pero lo hace una vez formulada la imputación, en audiencia preliminar, frente al juez de control de garantías (art. 286); en cambio, el preacuerdo requiere conversaciones previas necesarias para definir los términos del acuerdo, sin que la ley tenga prevista alguna audiencia preliminar para el efecto y sin que el juez de control de garantías tenga injerencia alguna;
g) por la manera como se tramitan el allanamiento y los preacuerdos, en el primero el juez no debe manifestar su aprobación previa, en tanto en el segundo sí debe manifestar dicha aprobación;
h) en el allanamiento no hay lugar a la retractación en tanto que para los preacuerdos está normativamente previsto que antes de la aceptación que debe manifestar el fallador, cualquiera de los intervinientes (fiscal o imputado) puedan retractarse (art. 293, inc. 2º);
i) el allanamiento se caracteriza por la ausencia de condicionamiento por parte de los intervinientes, pues precisamente el acuerdo encuentra su razón de ser en la negociación o pacto sobre la eliminación de “una circunstancia de agravación, el reconocimiento de una atenuación, la variación de la tipicidad que comporte efectos punitivos benéficos, o sobre los hechos imputados y sus consecuencias, las que bien pueden orientarse hacia la pena en sí o hacia un mecanismo sustitutivo de la misma, etc. (cfr. arts. 350 y 351)”;
j) el acuerdo de la pena pactada obliga al juez, siempre que se respeten las garantías fundamentales (art. 370), pues no puede imponer pena mayor a la solicitada por la fiscalía, mientras que frente al allanamiento ese convenio punitivo “es refractario a la figura”;
k) en el caso del allanamiento, el juez está obligado a la aplicación de del sistema de cuartos para la aplicación de la pena, en tanto que existe prohibición legislativa para el juez, cuando se acude a la figura de la negociación, sobre la utilización del dicho sistema (L. 890/2004, art. 3º), salvo cuando el preacuerdo se refiera a aspectos diferentes a la pena, caso en el cual “al juez no le queda opción distinta a la de acudir al sistema de cuartos”; en este aspecto, el magistrado citó la Sentencia T-091 de 2006 de la Corte Constitucional, y,
l) el tratamiento benéfico de la rebaja en ambas figuras cuando se lleva a cabo en la segunda oportunidad es diferente ya que cuando el allanamiento se expresa en la audiencia preparatoria la rebaja de la pena es “hasta la tercera parte” (art. 356, num. 5º), es decir es móvil, en tanto que si el preacuerdo se materializa “Presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral ... la pena imponible se reducirá en una tercera parte” (art. 352, inc. 2º), es decir, es fija (negrilla y bastardilla originales).
De otra parte, consideró que no tiene cabida el argumento según el cual en el artículo 351 se regula el allanamiento, pues la Ley 906 en el título II y en su capítulo único (arts. 348 y ss.) desarrolla exclusivamente el tema de los preacuerdos y en sus siete artículos para nada se refiere al allanamiento, sin perjuicio de que este se encuentre inmerso en el artículo 351, numeral 1º y que solo se toma para efectos de establecer el monto de la rebaja, pues para ambas figuras es igual cuando se materializa en la primera oportunidad.
Todo lo anterior deja en claro que la sentencia anticipada de la Ley 600 es esencialmente igual al allanamiento de la Ley 906 “no solo en cuanto que ambos son especies de derecho premial, sino también porque los dos persiguen idénticos fines como la economía procesal, la realización de la justicia material, el efectivo castigo al delincuente y la descongestión judicial”.
A continuación comparó las rebajas a que se haría acreedora una persona al someterse a cada una de las figuras —la sentencia anticipada y el allanamiento— en los momentos que la ley estableció, de lo cual concluyó que si se dan en el primer momento “al rompe refulge la advertida disparidad de tratamiento de la rebaja y como consecuencia de ello la obligatoria aplicación de la favorabilidad dado que la final operación mostrará necesariamente una pena desigual.
En conclusión, sostuvo que habiéndose acogido la accionante a sentencia anticipada en la etapa de instrucción (L. 600) debió prosperar la tutela, “sin atender lo que se calificó como interpretación razonable, dado que una valoración de tal entidad no tenía cabida cuando ese juicio de valor se aparta del alcance protector de la norma constitucional”.
El magistrado Édgar Lombana Trujillo salvó su voto considerando que el debate sobre la procedencia de la aplicación favorable de los efectos que frente a la sentencia anticipada puede tener la Ley 906 de 2004 debió conducir a “tomar una posición interpretativa que se ajuste en verdad al concepto, contenido y alcances que la propia jurisprudencia de esta Sala le ha dado al principio de favorabilidad”.
A continuación, manifestó que, contrario a lo resuelto por la Sala mayoritaria, el allanamiento a la imputación y la sentencia anticipada “se asimilan en lo sustancial: la voluntad libre del imputado o procesado a aceptar su responsabilidad en el delito o delitos que se le imputan, a sabiendas de que renuncia a cualquier controversia de tipo probatorio, a ejercer actos de defensa y asume sin ambages una sentencia de condena, en la que el juez, como consecuencia de ese comportamiento procesal sincero y decidido, que contribuye a cumplir los propósitos de una pronta, eficaz y cumplida justicia, compensa con la sustancial rebaja de pena señalada en la ley”.
Por lo tanto, consideró que la sentencia de la cual se apartó, partió de un supuesto “equívoco y sofístico” porque la apreciación de que no son equiparables solo es comprensible a partir de la obvia razón de que es imposible que fueran procesalmente idénticas, pues al pertenecer a sistemas bien diversos, no pueden gozar de características iguales.
Por lo tanto, el análisis de comparación no puede reducirse a actos de comparación objetiva, sino a la constatación en su contenido material, por eso desde el punto de vista sustancial, su naturaleza, fines y alcances de ambas, el legislador se propuso lograr una pronta, eficaz y cumplida justicia (Ley Estatutaria de Administración de Justicia) y hacia eso apuntaba el Decreto 2700 de 1991 cuando estableció la sentencia anticipada y más adelante la Ley 81 de 1993 que adicionó el Código de Procedimiento Penal con la audiencia especial (que desapareció con la Ley 600 de 2000), de modo que la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha sido abundante al reiterar que la sentencia anticipada significa para el Estado un ahorro de esfuerzos del aparato judicial que tiene como prestación para el sindicado una rebaja de pena, cuyo monto depende de la etapa en que aquel decida libre y voluntariamente allanarse a los cargos. Así, las normatividades anteriores buscaban avanzar de un sistema procesal netamente inquisitivo a uno acusatorio, cuya transición ocurrió con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, respecto de todo lo cual se deben afrontar las consecuencias.
El magistrado Mauro Solarte Portilla aclaró su voto en el sentido de expresar que en la Ley 906 la terminación “prematura” del proceso se puede dar o por la simple manifestación unilateral de los cargos por parte del imputado o como producto de una negociación entre este y la fiscalía, pues se trata de dos institutos diversos que deben tener un desarrollo procesal diferente. Asegura que su argumentación “mira más a los sistemas; al entorno normativo, a su génesis, a su teleología”.
Por lo tanto, resalta que la Sala hizo notar la “relación indisoluble” entre el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 y el artículo 351 de la Ley 906, como se expuso en otra sentencia de tutela (Rad. 24.020, feb. 7/2006), de donde se concluye que las dos leyes tienen origen y filosofía comunes, fueron expedidas al amparo del Acto Legislativo 3 de 2002, tiene por objeto desarrollar el nuevo sistema, de manera que quedó manifestada una política criminal “que no puede reducirse solo a los preacuerdos” y, por lo tanto, la “oferta de la posibilidad de mayor rebaja, rige para las dos especies aludidas.” Al respecto el magistrado citó in extenso las consideraciones plasmadas por él en otro proceso de tutela (Rad. 21.954), en las que concluyó que el aumento de penas en el nuevo sistema de la Ley 906 responde a una estrategia de política criminal dirigida a evitar que el proceso cumpla con todas sus etapas, como regla general, mientras que las figuras de sentencia anticipada y la audiencia especial de la Ley 600 eran la excepción a la manera normal de acabar el proceso. En otras palabras, “lo que antes era la excepción, ahora es la norma”.
En efecto, sostuvo que el concepto de vía de hecho “tan dispendiosamente trabajado por la doctrina constitucional ha ido desnaturalizándose en su verdadero sentido, significación y alcance, hasta llegar al desolado panorama actual en el que para la prosperidad del amparo basta y sobra con que el juez constitucional no esté de acuerdo con el legítimo ejercicio hermenéutico del juez que por expreso mandato constitucional está llamado a resolver el caso, con autonomía e independencia (...), así sean muy buenos los argumentos que utilice en sustento de su determinación (...) y con ello se les ha asestado una herida mortal a la seguridad jurídica y a la soberanía judicial.” Y agregó que “dígase lo que se diga, lo irrefutable es que por este atajo se está desconociendo cada vez más patentemente un fallo de constitucionalidad [se refiere a la Sentencia C-543 de 1992 que a todos obliga, empezando por la autoridad que lo expidió.” En consecuencia, consideró que en el presente caso la tutela resulta improcedente porque se trata de “una cuestión opinable, que no porque se comparta, significa que la decisión ameritada no corresponda a la delicada misión constitucionalmente asignada a los jueces de apreciar y valorar la prueba recaudada, y asímismo (sic) interpretar y aplicar las disposiciones normativas insertas en el ordenamiento jurídico, como se indica en el fallo”.
El apoderado de la demandante, mediante memorial del 28 de marzo de 2006, impugnó el fallo de primera instancia especialmente llamando la atención sobre la necesidad de unificar la jurisprudencia relativa a la aplicación del principio de favorabilidad, al caso concreto, porque, a su juicio, la sentencia impugnada es violatoria de las mínimas garantías constitucionales, que fueron consignadas, además, en la Sentencia T-1211 de 2005 de la Corte Constitucional (fl. 174, cdno. 2).
En efecto, para el apoderado, en la sentencia atacada el magistrado ponente se limitó a exponer porqué no era procedente la rebaja solicitada, pero dejó de lado y no controvirtió los argumentos sobre la vulneración el derecho a la igualdad, pues se expusieron muchos casos en que a otras personas se ha concedido la referida rebaja y a las que no, entre estas su defendida.
Por consiguiente, al no advertirse la violación de los derechos invocados por la accionante, el fallo impugnado deberá recibir confirmación”.
En esta oportunidad la Sala debe resolver i) si para el caso concreto la acción de tutela es procedente contra las decisiones judiciales que se cuestionan, de conformidad con la jurisprudencia constitucional sobre la materia y en caso afirmativo, se verá ii) si se dan los presupuestos para aplicar, en virtud del principio de favorabilidad, la rebaja de pena dispuesta para la aceptación —allanamiento— de cargos (L. 906/2004, art. 351, inc. 1º) a las personas que fueron condenadas habiéndose acogido a sentencia anticipada (L. 600/2000, art. 40) y iii) si con los fallos proferidos por el Juez Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, demandados en este proceso, mediante los que negaron a la demandante la solicitud de redosificación de la pena, en virtud del principio de favorabilidad de la ley penal, de conformidad con el inciso 1º del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, violaron ese principio constitucional (C.P., art. 29) y, en consecuencia, el debido proceso.
El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela para que “toda persona” pueda reclamar “la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Evidentemente las autoridades judiciales son autoridades públicas, de manera que la acción de tutela es procedente contra las decisiones que ellas profieren, aunque de manera excepcional, en los supuestos que la Corte Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia, como recientemente lo reiteró la Sala Plena en la Sentencia C-590 de 2005 (2) de la siguiente manera:
Ese es el contexto en que la Corte Constitucional ha desarrollado su jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales y la ha reiterado y ajustado tanto en sentencias de revisión de fallos de tutela (T-1031/2001 y T-774/2004) como de juicios de constitucionalidad (C-590/2005, antes citada) en las que se ha trazado una línea jurisprudencial que “involucra la superación del concepto de vías de hecho y una redefinición de los supuestos de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, en eventos que si bien no configuran una burda trasgresión de la Constitución, sí se está frente a decisiones ilegítimas violatorias de derechos fundamentales” (3) . Esa evolución doctrinal fue reseñada en la sentencia T-091 de 2006 (4) , la cual se reitera a continuación:
““En los últimos años se ha venido presentando una evolución de la jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que hacen viable la acción de tutela contra providencias judiciales. Este desarrollo ha llevado a concluir que las sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos no implican que la sentencia sea necesariamente una “violación flagrante y grosera de la Constitución”, es más adecuado utilizar el concepto de “causales genéricas de procedibilidad de la acción” que el de “vía de hecho” (5) .
d) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales (7) o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
h) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado (8) .
i) Violación directa de la Constitución (9) “en detrimento de los derechos fundamentales de las partes en el proceso, situación que concurre cuando el juez interpreta una norma en contra del estatuto superior o se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en aquellos eventos en que ha mediado solicitud expresa dentro del proceso” (10) .
De manera que cuando la acción de tutela se instaura contra una decisión judicial, es necesario realizar previamente un análisis de procedibilidad de la acción, a fin de “armonizar la necesidad de protección de los intereses constitucionales implícitos en la autonomía jurisdiccional, y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado” (11) .
La Corte Constitucional en la Sentencia C-592 de 2005 (12) , se refirió ampliamente a los principios de legalidad y de favorabilidad de la ley penal y al significado que la jurisprudencia constitucional les ha dado. Dada la importancia de ese pronunciamiento, en el que se estudió, entre otras normas, la exequibilidad de una expresión contenida en el artículo 6º de la Ley 906 de 2004, a continuación se reiterarán ampliamente las consideraciones que expuso la Corte, especialmente sobre el principio de favorabilidad.
El principio de favorabilidad, como elemento integrante del debido proceso en materia penal, se encuentra establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, según el cual “en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”. Esa norma también se encuentra establecida en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, aprobado por la Ley 74 de 1968, en la Convención americana de derechos humanos, aprobada por la Ley 16 de 1972, las cuales integran todas el bloque de constitucionalidad, en materia penal, el principio de favorabilidad constituye un elemento fundamental del debido proceso que no puede desconocerse (13) y el carácter imperativo del inciso segundo del artículo 29 de la Carta no deja duda al respecto.
“Al respecto cabe recordar que esta corporación, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (14) , en diferentes ocasiones (15) en las que se ha referido a la concordancia del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 —que prevé la regla general de aplicación inmediata de la ley procesal (16) — con el artículo 29 constitucional, ha concluido que independientemente del efecto general inmediato de las normas procesales, el principio de favorabilidad debe operar para garantizar la aplicación de la norma más favorable, sin que en materia penal pueda hacerse distinción entre normas sustantivas y normas procesales que resulten más benéficas al procesado (17) .
“El entendimiento del artículo 29 constitucional que ha hecho esta corporación es en efecto el de que al momento de los hechos que configuran la conducta punible, debe existir un tribunal competente y un procedimiento para juzgar a la persona que ha cometido un delito (18) , pero ello no significa que ese procedimiento no pueda cambiar, o que la competencia del juzgamiento quede definida de manera inmodificable.
“4.1.5.2.2.1 Las expresiones acusadas se encuentran contenidas en el artículo 6º de la Ley 906 de 2004 que hace parte del título preliminar sobre “Principios rectores y garantías procesales”, respecto de los cuales el artículo 26 del mismo título preliminar precisa que “Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código”. Así como que “Serán utilizadas como fundamento de interpretación””.
Así, el primer inciso establece pues como principio rector para el caso de la Ley 906 de 2004 el respeto del principio de legalidad; el segundo inciso hace lo propio en relación con el respeto del principio de favorabilidad penal y el tercer inciso acusado precisa que las disposiciones de la Ley 906 de 2004 se aplican única y exclusivamente para la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. Vigencia que de acuerdo con el artículo 533 de la misma Ley 906 de 2004 se fijó para el 1º de enero de 2005, con excepción de los artículos 531 y 532 del mismo código (19) cuya vigencia se estableció para la fecha de la publicación de la ley (20) .
En cuanto al último inciso, la Corte concordó su texto con los mandatos del artículo 5º del Acto Legislativo 3 de 2002 y de las disposiciones del libro VII sobre “Régimen de implementación” (21) .
“ART. 5º—Vigencia. El presente acto legislativo rige a partir de su aprobación, pero se aplicará de acuerdo con la gradualidad que determine la ley y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca (22) . La aplicación del nuevo sistema se iniciará en los distritos judiciales a partir del 1º de enero de 2005 de manera gradual y sucesiva. El nuevo sistema deberá entrar en plena vigencia a más tardar el 31 de diciembre del 2008 (itálica fuera de texto).
“En relación con dicho artículo la Corte ha explicado que por virtud del mecanismo gradual y sucesivo de implementación en él establecido, se presentan tres (3) etapas distintas en el proceso de materialización del nuevo sistema acusatorio: (i) entre el momento de la aprobación del acto legislativo y el 1º de enero de 2005; (ii) entre el 1º de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2008, en que se da una etapa de transición durante la cual coexisten dos sistemas en distintas regiones del territorio nacional; y (iii) a partir del 31 de diciembre de 2008, cuando deberá estar en “plena vigencia” el nuevo modelo acusatorio de procedimiento penal en todo el país (23) .
Por lo tanto, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 5º transitorio del Acto Legislativo 3 de 2002, en lo que toca con la acusación del actor” (24) .
“En ese orden de ideas cabe señalar que a las expresiones “Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia” contenidas en el tercer inciso del artículo 6º de la Ley 906 de 2004, ha de dárseles similar alcance en el sentido de comportar la consagración expresa del principio de irretroactividad de la ley penal y de constituir una precisión inherente al tema de la aplicación de la reforma, hecha necesaria en razón del particular mecanismo establecido por el Acto Legislativo 3 de 2002 para la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio que comporta como ya se señaló tres etapas diferentes (25) , durante una de las cuales se presenta la coexistencia de dos sistemas penales en varias regiones del territorio nacional.
“4.1.5.2.2.3. Resulta pertinente advertir que —como lo puso de presente recientemente la Corte Suprema de Justicia— (26) , al revisar las Actas de la Comisión Constitucional Redactora (27) y el debate que tuvo lugar en el Congreso de la República (28) sobre el texto que se convertiría en el artículo 6º de la Ley 906 de 2004 y específicamente sobre su tercer inciso (29) , las intervenciones del Fiscal General de la Nación evidencian que la idea de su proposición estuvo orientada a evitar la “combinación” de los sistemas procesales y más exactamente la posibilidad de aplicar normas del nuevo de efectos sustanciales —en ningún caso el sistema propiamente dicho— a procesos gobernados por la ley anterior (...)”.
“4.1.5.2.2.4. Ahora bien, no solo por ser manifestación del derecho viviente (30) —sobre cuyo alcance para efectos del control de constitucionalidad se ha pronunciado en varias ocasiones la Corte— (31) , sino porque aportan importantes elementos para el entendimiento de la norma acusada y de la aplicación en el presente caso de los principios de legalidad, irretroactividad y favorabilidad penal, la Corte considera pertinente transcribir a continuación dos decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia donde en relación con casos concretos sometidos a su consideración invocó el principio de favorabilidad penal (C.P., art. 29) y aplicó algunas normas de contenido sustancial de la Ley 906 de 2004 a hechos acaecidos con anterioridad al 1º de enero de 2005.
““5. Es propio de una sociedad en cambio característica de regímenes democráticos, la existencia de ordenamientos jurídicos de carácter dinámico que implican evolución materializada en sucesión de leyes, las que tienen existencia y aplicación durante el período de su vigencia que abarca desde la promulgación hasta la derogación, y en donde el principio de irretroactividad es manifestación del de legalidad penal, máxima expresión de la seguridad jurídica, solo a ceder por la aplicación retroactiva o ultraactiva de norma de similar estirpe más favorable.
6. Dígase también que en el propósito de esclarecer el sentido de una norma, es indispensable la hermenéutica de su exégesis pero, además, su interpretación finalista y sistemática en la que resulta importante el espíritu del constituyente y del legislador, la fuerza de la razón y, en el campo ya de la praxis judicial, los moduladores de su actividad (CPP-2004, art. 27), especialmente el de la ponderación (32) “para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente a la justicia”.
7. Colombia quiso adoptar un sistema de gestión de procesos penales de corte acusatorio a nivel de Constitución Política fijándole marcos precisos en tiempo (a partir del 1º de enero de 2005) y espacios (en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira), traducidos a lenguaje de gradualidad en su vigencia dando lugar a un trato diferente pero no discriminante (mucho menos discriminante peyorativo) y conocido por todos los residentes en el país (33) , y que el Tribunal Constitucional declaró exequible con la modulación de su aplicación irretroactiva (34) entendida en lo atinente a lo vertebral de la nueva sistemática que, además, por su rango resulta invulnerable a cualquier pretensión legal de decaimiento.
8. El principio general señala que el mandato constitucional debe ser desarrollado por la preceptiva legal correspondiente (35) y por eso la articulación dinámica de ese sistema dice que lo integran las normas del Acto Legislativo 3 de 2002 y las leyes dictadas para su funcionamiento, además de la infraestructura necesaria para su implementación, conforme lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-873 de 2003. Y el método de su implantación o dinámica del proceso mediante el cual se deberá dar eficacia jurídica y social a la reforma constitucional, fue el de la gradualidad (A.L., art. 5º trans.), medida de política criminal —como la calificó el Tribunal Constitucional en el pronunciamiento atrás citado— que lleva a tres etapas distintas:
“(i) Entre el momento de la aprobación del acto legislativo y el 1º de enero de 2005, regirá el sistema preexistente; (ii) entre el 1º de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2008, se presentará una etapa de transición durante la cual coexistirán los dos sistemas en distintas regiones del territorio nacional; y (iii) a partir del 31 de diciembre de 2008, deberá estar en ‘plena vigencia’ el nuevo modelo acusatorio de procedimiento penal en todo el país” (36) .
Así, pues, la enmienda constitucional existe y cobró vigencia —rige— a partir de su aprobación en diciembre de 2002, aunque su eficacia jurídica (37) o aplicación la moduló el constituyente en el sentido de que si bien comenzaría a surtir efectos jurídicos inmediatos en relación con la conformación de una comisión encargada de preparar los proyectos de ley necesarios para desarrollarla y el establecimiento de las fechas de inicio y culminación de su implementación, otros efectos fueron diferidos en el tiempo, como la desaparición del anterior sistema procesal, o excluidos, como es el caso de la prohibición expresa de aplicar el nuevo sistema a hechos anteriores al 1º de enero de 2005.
9. La anterior conclusión no significa descartar la posibilidad de que ciertas normas procesales de efectos sustanciales consagradas en la Ley 906 de 2004, y en particular las que versan sobre el derecho a la libertad (v. gr. medidas de aseguramiento, revocatoria, libertad provisional, subrogados), sean aplicadas en razón del principio de favorabilidad en las actuaciones penales que se rigen por la Ley 600 de 2000, en virtud de la resolución judicial de la antinomia de los principios constitucionales de la gradualidad, tan en la base de la eficacia del nuevo sistema, y de la favorabilidad, a través del núcleo esencial más fuerte (38) del último.
11. En el caso que resuelve la Corte, al establecerse que la conducta punible de prevaricato por acción imputada tiene prevista pena de prisión de 3 a 8 años y que el artículo 313-2 de la ley 906 de 2004 fijó como requisito de procedencia de la detención preventiva en los delitos investigables de oficio que el mínimo de la pena prevista en la respectiva disposición sea o exceda de 4 años, es claro que esta norma resulta aplicable al caso examinado en virtud del principio de favorabilidad penal y que, por lo tanto, debe accederse a la petición inicial de la defensa” (39) .
“La Corte al respecto reitera que como se desprende de las consideraciones preliminares de este acápite de la sentencia, el principio de favorabilidad constituye un elemento fundamental del debido proceso en materia penal que no puede desconocerse en ninguna circunstancia (40) . Así mismo que en esta materia no cabe hacer distinción entre normas sustantivas y normas procesales, pues el texto constitucional no establece diferencia alguna que permita un trato diferente para las normas procesales (41) .
“Ahora bien, dado que el Acto Legislativo 3 de 2002 introdujo únicamente cambios en ciertos artículos de la parte orgánica de la Constitución, mas no en la dogmática y que como se precisó en los apartes preliminares de esta sentencia se hace necesario interpretar las modificaciones por él introducidas teniendo en cuenta el principio de unidad de la Constitución (42) , es claro que en manera alguna puede considerarse que el mandato imperativo del artículo 29 de la Constitución haya dejado de regir con la introducción del sistema penal acusatorio. Mandato ese que como igualmente ya se explicó se encuentra en perfecta armonía con las normas internacionales que lo establecen y que hacen parte del bloque de constitucionalidad como igualmente se explicó.
“Tal fue precisamente el criterio que aplicó la Corte cuando al examinar en la Sentencia C-1092 de 2003 los cargos que se formularon en contra de algunos apartes del artículo 5º del Acto Legislativo 3 de 2002 concluyó que con las expresiones “pero se aplicará de acuerdo con la gradualidad que determine la ley y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca” contenidas en el referido artículo simplemente se hizo expreso el principio de irretroactividad de la ley penal al formular algunas precisiones inherentes a los aspectos temporales de aplicación de la reforma.
“En ese orden de ideas es claro que las normas de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” igualmente “deben interpretarse y aplicarse en forma tal que guarden armonía con los principios generales y los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional” (43) y en consecuencia con los mandatos del artículo 29 superior.
“Así frente a las expresiones “Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia” contenidas en el tercer inciso del artículo 6º de la Ley 906 de 2004, ha de entenderse que al tiempo que comportan la formulación expresa del principio de irretroactividad de la ley penal y constituyen una precisión inherente a la aplicación como sistema de las normas en él contenidas, —hecha necesaria en razón del particular mecanismo establecido por el Acto Legislativo 3 de 2002 para la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio que comporta como ya se señaló tres etapas diferentes (44) , durante una de las cuales se presenta la coexistencia de dos sistemas penales en distintas regiones del territorio nacional—, en manera alguna pueden interpretarse en el sentido de impedir la aplicación del principio de favorabilidad.
“Ahora bien, podría afirmarse que el legislador introdujo en el aparte acusado junto con la expresión “únicamente” —contenida en el artículo 5º del acto legislativo y en relación con la cual la Corte se pronunció sobre su preciso alcance en la Sentencia C-1092 de 2003— las expresiones “y exclusivamente” que hacen un énfasis restrictivo que pudiera llegar a ser interpretado como una limitante aparentemente adicionada por el legislador destinada precisamente a excluir en cualquier circunstancia —entre ellos los casos en que sería aplicable el principio de favorabilidad— la aplicación de determinadas normas de la Ley 906 de 2004 a hechos anteriores a su entrada en vigencia.
“Téngase en cuenta así mismo que el significado usual de las expresiones “únicamente” (45) y “exclusivamente” (46) de acuerdo con el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española es prácticamente el mismo y desde esta perspectiva la adición aludida no comporta ningún elemento nuevo que pueda significar un mandato diferente al que fue enunciado por el constituyente derivado en el artículo 5º del Acto Legislativo 2 de 2003.
“Cabe precisar de otra parte que como lo puso de presente la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en las decisiones que se han citado la aplicación del principio de favorabilidad en estas circunstancias además de significar el respeto del mandato imperativo del artículo 29 superior está sometido a unos presupuestos lógicos que en manera alguna pueden poner en peligro el carácter sistémico de las normas que comenzaron a regir el 1º de enero de 2005. Y ello por cuanto dicho principio será aplicable frente a supuestos de hecho similares en uno —el de la Ley 600 de 2000— y otro —el sistema de la Ley 906 de 2004— pero que reciben en cada uno soluciones de derecho diferentes. Mal podría en efecto pretenderse por ejemplo que se dé aplicación, en virtud del principio de favorabilidad, a las normas que sobre principio de oportunidad se establecen en la Ley 906 de 2004 a hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, pues ese es un elemento esencial del nuevo sistema que no encuentra su equivalente en el sistema anterior regulado por la Ley 600 de 2000 y por tanto no se dan en relación con este último los presupuestos lógicos para la aplicación del principio de favorabilidad.
“La Corte llama la atención además sobre la circunstancia de que el principio de favorabilidad fue expresamente reiterado por el legislador en el segundo inciso del artículo 6º de la Ley 906 de 2004 que hace parte de las normas rectoras del nuevo Código de Procedimiento Penal.
“No escapa a esta corporación por supuesto que el entendimiento en referencia no es el que se ha dado de dichas normas por algunos responsables institucionales comprometidos con la puesta en marcha del sistema penal introducido con el Acto Legislativo 3 de 2002 y en particular por la Fiscalía General de la Nación y por el Ministerio del Interior y de Justicia. En efecto tanto de las intervenciones en la comisión preparatoria ordenada por el artículo 4º transitorio del referido acto legislativo y en el debate parlamentario del proyecto que culminó con la expedición de la Ley 906 de 2004, como en el presente proceso, se desprende que la interpretación que se hace por esas instituciones tanto del artículo 5º del Acto Legislativo 3 de 2003 como del artículo 6º de la Ley 906 de 2004 excluye en cualquier circunstancia la aplicación de las normas de la Ley 906 de 2004 a hechos anteriores a su entrada en vigencia de acuerdo con la gradualidad que en ellas se establece. Aún si como lo hace el Vicefiscal General de la Nación no se descarte que el principio de favorabilidad como principio rector pueda aplicarse en casos concretos que puedan llegar a presentarse durante la vigencia de la Ley 906 de 2004.
“Así las cosas, dado que no queda duda sobre la aplicabilidad del principio de favorabilidad penal, la Corte —además de acoger, por ser claramente respetuosa de las garantías constitucionales, la interpretación adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal de la Jurisdicción ordinaria en este tema—, declarará la exequibilidad del tercer inciso del artículo 6º de la Ley 906 de 2004 por el cargo formulado, pues se reitera la única interpretación posible del mismo en el marco de la Constitución es la que se desprende de la conjugación de los principios de legalidad, irretroactividad de la ley y favorabilidad penal a que se ha hecho extensa referencia, lo que pone de presente que en manera alguna se pueda desconocer la aplicación del principio de favorabilidad, contrariamente a lo que afirma el actor”.
6. La figura de la sentencia anticipada (L. 600/2000) y la de aceptación de cargos (L. 906/2004), y el principio de favorabilidad.
“Esta institución jurídica es una de las formas de terminación abreviada del proceso penal, y responde a una política criminal cuya finalidad es la de lograr mayor eficiencia y eficacia en la aplicación de justicia, pues mediante ella se autoriza al juez para emitir el fallo que pone fin al proceso antes de agotarse o cumplirse todas las etapas procesales establecidas por el legislador, las que se consideran innecesarias, dada la aceptación por parte del procesado de los hechos materia de investigación y de su responsabilidad como autor o partícipe de los mismos. Dicha actuación por parte del procesado es catalogada como una colaboración con la administración de justicia que le es retribuida o compensada con una rebaja de pena cuyo monto depende del momento procesal en que esta se realice” (53) .
“iii) En cuanto al control de legalidad por parte del juez: “Es el fallador quien debe ejercer el control de legalidad, con el fin de verificar si en las actuaciones procesales se han violado garantías fundamentales del procesado” (54) .
“El juez no puede fallar basado exclusivamente en el dicho o aceptación de los hechos por parte del procesado, sino en las pruebas que ineludiblemente lo lleven al convencimiento de que este es culpable. La aceptación por parte del implicado de ser el autor o partícipe de los hechos investigados penalmente, aunada a la existencia de prueba suficiente e idónea que demuestre tal afirmación, permite desvirtuar la presunción de inocencia” (55) .
“En el nuevo sistema la carga de la prueba radica igualmente en el órgano de investigación penal. La aceptación unilateral de cargos conduce necesariamente a una sentencia condenatoria que debe estar fundada en el “convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda” (art. 7º). De manera que la sentencia condenatoria producida sin agotar el debate público debe contar con el presupuesto relativo a la existencia de evidencia o material probatorio sobre la responsabilidad aceptada del procesado. Mediante la aceptación de los cargos y la evidencia o elementos materiales de prueba, el procesado renuncia a controvertirlos en el juicio.
“v) La sentencia anticipada debe estar mediada por el principio de publicidad: “En el trámite de sentencia anticipada no hay lugar a justicia secreta, pues todas las actuaciones son conocidas por el sindicado y cumplidas con su intervención” (56) .
“La aceptación de los cargos por parte del implicado en el trámite de la sentencia anticipada, guarda cierta similitud con la confesión simple, por cuanto el reconocimiento que hace el imputado ante el fiscal o el juez del conocimiento, de ser el autor o partícipe de los hechos ilícitos que se investigan, debe ser voluntario y no hay lugar a aducir causales de inculpabilidad o de justificación. Resulta obvio afirmar que la aceptación, además de voluntaria, es decir, sin presiones, amenazas o contraprestaciones, debe ser cierta y estar plenamente respaldada en el material probatorio recaudado” (57) .
“Adicionalmente, tanto la sentencia anticipada como el allanamiento a los cargos demandan la asistencia de defensor; una y otra puede presentarse desde la vinculación formal del procesado o imputado; en los dos eventos la aceptación de cargos constituye el fundamento de la acusación o de la sentencia; frente a los dos institutos el fallo es condenatorio y comporta una rebaja de pena; en ninguno de los dos eventos es admisible la retractación; frente a los dos sucesos el juez de conocimiento tiene como únicas opciones dictar sentencia o decretar la nulidad, dependiendo de si se afectan o no garantías fundamentales; para efectos de la concreción punitiva, en uno y otro evento el juez debe acudir al sistema de cuartos (58) .
“El anterior paralelo entre la figura de la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000 y la aceptación de cargos o allanamiento a cargos de la Ley 906 de 2004, permite concluir que en efecto se trata de instituciones análogas, con regulaciones punitivas diversas (59) .
“Sin embargo, para determinar la favorabilidad en abstracto, es preciso abordar el tema con una visión sistemática, y de conjunto de los diferentes rangos de descuento punitivo que la nueva normatividad establece, vinculando su magnitud a los estadios en que se produce el allanamiento a los cargos: i) una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible cuando el evento se produce en la audiencia de formulación de la imputación (arts. 288.3 en c.c. con el 351); ii) una rebaja de hasta una tercera parte de la pena a imponer, cuando el mismo evento se produce en desarrollo de la audiencia preparatoria (art. 356.) y iii) un descuento de una sexta parte, cuando ocurre en el juicio oral (art. 367 inc. 2º). Cuanto más distante se encuentre el proceso del juicio, el allanamiento genera un mayor reconocimiento punitivo.
En efecto, como la rebaja de pena por aceptación de cargos debe deducirse luego de que el juez ha calculado la pena a imponer dentro de los márgenes del cuarto de movilidad que corresponda y teniendo en cuenta los criterios de individualización establecidos en el artículo 61-3 del Código Penal sustantivo, la determinación de la rebaja de pena dentro de los límites mínimo y máximo de cada rango, tendrá que calcularse atendiendo también los factores que tuvo en cuenta el juez de conocimiento para establecer el quantum punitivo (60) .
“De otra parte, en atención a que puede argumentarse válidamente que el incremento de la rebaja por allanamiento a los cargos previsto en la nueva normatividad procesal (hasta la mitad de la pena imponible) forma parte de una estrategia global de política criminal (cuya validez no corresponde analizar en esta oportunidad a la Corte) de la cual formaría parte el incremento generalizado de penas introducido por la Ley 890 de 2004, considera la Sala conveniente detenerse en el estudio de la correlación que, en términos de política criminal, pueda existir entre el incremento generalizado de penas y el incremento de los descuentos punitivos por aceptación espontánea de cargos.
“En desarrollo de ese mandato se profirió la Ley 890 de 2004 “por la cual se modifica y adiciona el Código Penal”. El artículo 14 de esa reforma a la ley penal sustantiva incrementó de manera general las penas contempladas en los tipos penales que integran la parte especial del código: “Las penas previstas en los tipos penales de la parte especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte del mínimo y en la mitad del máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la presente ley” (61) .
“Atendiendo a los fundamentos del sistema acusatorio, que prevé los mecanismos de negociación y preacuerdos, en claro beneficio para la administración de justicia y los acusados, se modificaron las penas y se dejó como límite la duración máxima de sesenta años de prisión, excepcionalmente para los casos de concurso, y en general de cincuenta años” (62) .
“Es claro que la aceptación unilateral de los cargos por parte del procesado, no reclama espacios de negociación, ni autoriza al fiscal para hacer solicitudes sobre punibilidad, correspondiendo al juez regirse por los parámetros de dosificación ordinarios (C. Penal, art. 61). En consecuencia, los nexos de política criminal integrada entre el Acto Legislativo 3 de 2002 y las leyes 906 de 2004 y 890 de 2004, se presentan entre el incremento punitivo general y el mecanismo de preacuerdos y negociaciones, y no entre aquel y el allanamiento a los cargos.
“En primer término, el nuevo sistema penal ha cifrado sus expectativas de éxito en la reducción de los casos que lleguen a juicio. Conforme a los estudios contratados por el Consejo Superior de la Judicatura se ha sugerido como “política de gestión” un parámetro que han denominado nivel de “contundencia de la investigación” consistente en que, siguiendo la experiencia de los países con tradición en un sistema de corte acusatorio, un alto porcentaje de procesos se deben resolver en la fase de investigación, lo que reduciría los costos de operación del sistema (63) . Sobre la base de estas expectativas resulta coherente que se valorice, en términos punitivos, la actitud procesal de quien contribuye eficazmente al logro de esos propósitos. Y resulta también factible un mayor interés en estimular, desde la regulación legal, todos los mecanismos de terminación anticipada del proceso.
“Quienes piensan que la favorabilidad solo puede preverse en relación con el código, ley o tipo complejo como sistemas o instituciones, y así, verbigracia aplicarían integralmente el nuevo estatuto porque consagra una pena privativa de la libertad más benigna, no obstante contemplar una sanción pecuniaria más grave que la del anterior ordenamiento, sencillamente han dejado de aplicar la favorabilidad en esa última materia, a pesar de ser esta perfectamente deslindable en su concepción teórica y práctica, aunque haga parte de un todo orgánico; o en otras palabras, le han puesto restricciones a un instituto que el legislador quiere que los jueces desplieguen generosamente, siempre y cuando el precepto conserve su identidad y sentidos jurídicos, por más que en su aplicación concreta deba relacionarse con otras normas” (64) .
“(ii) Se reitera la línea jurisprudencial trazada por esta corporación (Sents. C-592/2005 y C-801/2005), en el sentido que la Ley 906 de 2004 puede ser aplicada, en virtud del principio de favorabilidad, tanto a hechos acaecidos antes de la vigencia de la ley, como en distritos judiciales en los que aún no se encuentre operando el nuevo sistema. Estos pronunciamientos acogen la tesis mayoritaria desarrollada por la Corte Suprema de Justicia (65) sobre la aplicabilidad del principio de favorabilidad frente a la “coexistencia” de sistemas procesales, siempre y cuando no se esté frente a instituciones estructurales del nuevo sistema, que excluyan el supuesto material del principio de favorabilidad.
Es pertinente en este momento recordar que la Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre este tema en particular en la Sentencia T-1211 de 2005 (66) y en la Sentencia T-091 de 2006, en las que la Sala Novena y la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, respectivamente, concedieron la tutela del derecho fundamental al debido proceso invocado en cada caso concreto, al estimar que los jueces demandados en uno y otro proceso penal adoptaron sus decisiones interpretando las normas aplicables relativas a la redosificación punitiva, de manera adversa a la Constitución Política. Por ello, en el caso en estudio se adoptará la posición sentada por esas dos salas de revisión, conforme los precedentes que se citaron anteriormente.
Esa interpretación que se hizo del principio de favorabilidad es violatoria del artículo 29 inciso 3º de la Constitución que prevé un concepto amplio de favorabilidad, sin restricciones relativas a los condenados y sin ubicarlo en el estrecho margen de la norma sustantiva favorable; aspectos que están superados en el ámbito normativo y jurisprudencial, a partir de la amplia concepción constitucional y que fueron interpretados por los accionados de manera negativa a los derechos fundamentales de la actora.
En efecto, los accionados se negaron a aplicar el principio de favorabilidad en el caso en estudio, y se limitaron a aplicar las normas de la Ley 600 de 2000 en materia de punibilidad referida al allanamiento a los cargos, omitiendo la aplicación del régimen previsto en la nueva ley (L. 906/2004, arts. 288-3 y 351) en relación con la misma materia, que resulta más favorable, y con ello vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de la demandante.
En efecto, como se estableció en el marco teórico reiterado para el análisis de este caso, la figura de la sentencia anticipada (L. 600/2000, art. 40) regula un supuesto de hecho análogo en sus características y finalidades, al que estructura el allanamiento a los cargos en la diligencia de formulación de imputación prevista en los artículos 288-3 y 351 de la Ley 906 de 2004, para el cual se prevé un descuento punitivo de “hasta la mitad”. También quedó establecido que atendiendo a la sistemática que regula los diferentes rangos de descuento punitivo por el allanamiento a los cargos, vinculados aquellos a los diferentes momentos procesales en que se presentan, la rebaja de pena por allanamiento en la diligencia de formulación de cargos será de una tercera parte (67) “hasta la mitad”.
De manera pues que, como ello demanda un ejercicio de ponderación por parte del juez competente, que para el caso es el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad (CPP, art. 79.7), deben tenerse en cuenta para el efecto los criterios de dosificación aplicados, en desarrollo de su autonomía, por el Juez que impuso la condena. Sin embargo, será el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad quien deberá efectuar la redosificación punitiva, atendiendo la aplicabilidad del principio de favorabilidad en la materia estudiada, así como los criterios de dosificación aplicados en la sentencia definitiva por el juez de conocimiento.
1. REVOCAR las sentencias del 21 de marzo y del 13 de junio de 2006, mediante las cuales las Salas de Casación Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, negaron la tutela instaurada por la señora Alix Amira Sotelo Vargas y en su lugar CONCEDER la tutela al derecho fundamental al debido proceso de la demandante.
2. ORDENAR al Juzgado Décimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá que proceda, dentro del término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, a resolver la solicitud de redosificación punitiva formulada por la señora Alix Amira Sotelo Vargas, mediante apoderado, teniendo en cuenta las normas aplicables en virtud del principio de favorabilidad y conforme a las consideraciones de esta sentencia.
(1) A saber: i) la proferida el 21 de febrero de 2005 con ponencia del magistrado Luis Eduardo Manrique Bernal, del Tribunal Superior de Bogotá, en el que se aplicó la rebaja de pena a la mitad, establecida en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, en virtud del principio de favorabilidad, a Sandra Milena Elejalde Vásquez condenada por el delito de tráfico de estupefacientes, según afirmó, por haberse acogido a la figura de la sentencia anticipada; ii) la proferida por el mismo magistrado Luis Eduardo Manrique Bernal, del Tribunal Superior de Bogotá, el 1º de marzo de 2005 que, en virtud del principio de favorabilidad, aplicó los artículos 293, 350 y 351 de la Ley 906 de 2004 y concedió en beneficio de redosificación de la pena al señor Javier González Parra, condenado por el delito de hurto calificado y agravado, por acogerse a la figura de la sentencia anticipada; iii) la proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el 14 de marzo de 2005, en la que se aceptó la petición de sentencia anticipada y el beneficio de redosificación de la pena al señor Miguel Ángel Amador Pérez condenado por el delito de tráfico de estupefacientes; iv) la proferida el 14 de junio de 2005, por el juzgado noveno de ejecución de penas y medidas de seguridad, en la cual se concedió el beneficio de redosificación de la pena, en virtud del principio de favorabilidad, al señor José del Carmen Orjuela, condenado por el delito de secuestro simple en concurso homogéneo con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones y hurto calificado y agravado; v) la proferida el 17 de junio de 2005, por el juzgado once de ejecución de penas y medidas de seguridad, en la cual se reconoció el beneficio de redosificación de la pena, en virtud del principio de favorabilidad, al señor Luis Óscar Sáenz Rojas, condenado por el delito de tráfico de estupefacientes; vi) la proferida el 5 de agosto de 2005, por el magistrado Luis Eduardo Manrique Bernal, de la Sala Penal Tribunal Superior de Bogotá, donde revocó la decisión del Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y aplicó, por el principio de favorabilidad, la rebaja de pena a la mitad de la señora Yesenia Guadalupe Robles Cáceres condenada por el delito de tráfico de estupefacientes, por acogerse a la figura de la sentencia anticipada.
(3) Sentencia T-091 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(6) Sentencia T- 774 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(8) Cfr. sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001 y T-1031 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-1625 de 2000, M.P. (e) Martha Victoria Sáchica Méndez.
(10) Cfr. T-1130 de 2003.
(11) Cfr. Sentencia T-462 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(13) Ver Sentencia C-200 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis SPV Jaime Araújo Rentería.
(14) Caber recordar al respecto en efecto que la Corte Suprema de Justicia refiriéndose al artículo 26 de la Constitución de 1886, cuyo texto en lo pertinente es reproducido de manera casi idéntica por el artículo 29 de la Carta de 1991 ya había dicho en la Sentencia de la Sala de Casación Penal de marzo 15 de 1961 —citada en las sentencias C-200/2002 y T-272/2005— que:
“A pesar de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 sobre la vigencia inmediata de lo relativo a la sustanciación y ritualidad de los juicios, es doctrina constitucional y legal la de que ni siquiera lo que se refiere a procedimiento debe tener aplicación inmediata si, sin solicitud de parte, apareciere como menos favorable, a simple vista, que el procedimiento anterior” (Auto 22 de septiembre de 1950. LXVIII, 232; 29 de septiembre de 1950, LXVIII, 271).
(15) Ver entre otras las sentencias C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-200 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-922 de 2001 y T-272 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(16) “ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y las diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.
(17) En similar sentido en relación con las normas de la Constitución de 1886 ver las sentencias de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del 27 de noviembre de 1987, M.P. Jesús Vallejo Mejía y 11 de febrero de 1988, M.P. Hernando Gómez Hotálora.
(18) Ver Sentencia C-843 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(19) ART. 533.—Derogatoria y vigencia. El presente código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero del año 2005. Los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000.
(20) Cabe advertir que la Ley 906 de 2004 fue publicada sucesivamente en los diarios oficiales 45.657 del 31 de agosto de 2004 y 45.658 del 1º de septiembre de 2004.
(21) LIBRO VII
(22) Vigencia que de acuerdo con el artículo 533 de la Ley 906 de 2004 se fijó para el 1º de enero de 2005, con excepción de los artículos 531 y 532 del mismo código cuya vigencia se estableció para la fecha de la publicación de la Ley 906 de 2004.
(23) Ver Sentencia C-873 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa S.V. Jaime Araújo Rentería; Alfredo Beltrán Sierra; Álvaro Tafur Galvis.
(24) Sentencia C-1092 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(25) i) entre el momento de la aprobación del acto legislativo y el 1º de enero de 2005; (ii) entre el 1º de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2008, en que se da una etapa de transición durante la cual coexisten dos sistemas en distintas regiones del territorio nacional; y (iii) a partir del 31 de diciembre de 2008, en que deberá estar en “plena vigencia” el nuevo modelo acusatorio de procedimiento penal en todo el país.
(26) Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal auto del cuatro (4) de mayo de dos mil cinco (2005), M.P. Yesid Ramírez Bastidas (Rad. única instancia 19094).
(27) Artículo 4º transitorio del Acto Legislativo 3 de 2002.
(28) Ver acta de la sesión del 26 de mayo de 2004 Senado de la República.
(29) El siguiente es el texto de la disposición proyectada y aprobada: “Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia”.
(30) Sobre la jurisprudencia, se ha dicho que la producida por los órganos judiciales que se encuentran en la cúspide la respectiva jurisdicción, como es el caso de la Corte Suprema de Justicia en la jurisdicción ordinaria (C.P., art. 234) y el Consejo de Estado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo (C.P., art. 237-1), en cuanto cumplen la función de unificar los criterios hermenéuticos y de aplicación de las normas que integran el ordenamiento, resulta ser un referente de gran autoridad para evaluar con mayor precisión el alcance de las disposiciones sometidas al juicio de constitucionalidad. Es evidente que al acoger sus criterios, el órgano de control no solo está reconociendo la importancia que tiene para el derecho la labor interpretativa y de unificación asignada a los organismos de cierre de las distintas jurisdicciones, sino además, rescatando el verdadero significado de la norma, esto es, su significado viviente o el que surge de su aplicación. Ver Sentencia C-901 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(31) Ver, entre otras las sentencias C-557 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-901 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(32) Ponderación no es simplemente el acto de ponderar sino que demanda del funcionario judicial una hermenéutica que comprenda el tipo de Estado y todo el capital axiológico de la Constitución Política incluido el bloque de constitucionalidad, como también la parte dogmática del estatuto procesal.
(33) “Compartimos con el gobierno el plazo prudencial de cuatro años a partir de la promulgación del proyecto de acto legislativo..., para permitir el proceso de transición hacia la implementación de un sistema de corte acusatorio... En este término se deberán llevar a cabo foros gubernamentales, discusiones académicas y publicidad a través de los medios, para enterar a los funcionarios del aparato judicial y a la ciudadanía sobre la reforma...”. Cámara de Representantes, Ponencia para primer debate, Comisión Primera Constitucional, Gaceta del Congreso 148 del 7 de mayo de 2002.
(34) Corte Constitucional, Sentencia C-873 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. “Según se advierte del análisis sobre el trámite de la reforma, con las expresiones sobre las cuales el demandante puntualiza los cargos contra este artículo (5º trans. del A.L. 3/2002), se hizo expreso el principio de irretroactividad de la ley penal al consignar que el nuevo sistema se aplicaría únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en la propia ley establezca y se amplió en un año el plazo para que entrara en plena vigencia el nuevo sistema”. Corte Constitucional, Sentencia C-1092 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(35) Norberto Bobbio, Teoría general del derecho. Bogotá, Edit. Temis, 1994, pág. 188. Y, Humberto Sierra Porto. Valor normativo de la Constitución. Bogotá, Uniext, págs. 27 ss.
(36) Corte Constitucional, Sentencia C-873 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(37) La existencia de una norma hace relación a su introducción al ordenamiento jurídico una vez se han cumplido los requisitos constitucionales respectivos para su adopción; la eficacia jurídica hace relación a la producción de efectos de la norma en cuanto a su aceptación; y la vigencia al tiempo en el que genera efectos jurídicos obligatorios, a su entrada en vigor.
(38) Gustavo Zagrebelsky. El derecho dúctil (Cap. 6, El derecho por principios). Madrid. Edit. Trotta, 1995, págs. 109 ss.
(39) Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal auto del cuatro (4) de mayo de dos mil cinco (2005), M.P. Yesid Ramírez Bastidas (Rad. única instancia 19094).
(40) Ver Sentencia C-200 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis SPV Jaime Araújo Rentería.
(41) Ver entre otras las sentencias C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-200 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-922 de 2001 y T-272 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(42) Sentencia SU-062 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(43) Sentencia C-873 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(44) i) entre el momento de la aprobación del acto legislativo y el 1º de enero de 2005; (ii) entre el 1º de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2008, en que se da una etapa de transición durante la cual coexisten dos sistemas en distintas regiones del territorio nacional; y (iii) a partir del 31 de diciembre de 2008, en que deberá estar en “plena vigencia” el nuevo modelo acusatorio de procedimiento penal en todo el país.
(45) Así en cuanto a la expresión únicamente el Diccionario de la Lengua Española señala: “únicamente. Adv. M. Sola o precisamente”; y en relación con la expresión único señala “único, ca. adj. Solo y sin otro de su especie” Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española Vigésima Primera Edición, pág. 2046.
(46) En cuanto a la expresión exclusivamente el Diccionario de la Lengua Española señala: “exclusivamente. Adv. M. Con exclusión / 2. Sola, únicamente. Y en relación con la expresión exclusivo señala “Exclusivo, va. Adj. Que excluye o tiene fuerza de excluir / 2. Único, solo, excluyendo a cualquier otro”. Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española Vigésima Primera Edición, pág. 931.
(52) En este momento procesal también se contempla la posibilidad de que la aceptación de los cargos sea la consecuencia de un acuerdo celebrado entre acusado y fiscal, configurándose las denominadas manifestaciones de culpabilidad preacordadas, caso en el cual es la fiscalía quien deberá indicar al juez los términos del acuerdo y la pretensión punitiva que tuviere (art. 369). Si la manifestación preacordada fuere aceptada por el juez la pretensión punitiva del fiscal, se convierte en el marco para el juez, en cuanto no podrá imponer una pena superior a la solicitada por el fiscal (art. 370).
(53) Corte constitucional, Sentencia C-425 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Definición similar se inserta en la Sentencia SU-1300 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(58) El artículo 3º de la Ley 890 de 2004, por la cual se modificó el Código Penal establece: “El artículo 61 del código penal tendrá un inciso final así: El sistema de cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los cuales se lleven a cabo preacuerdos o negociaciones entre la fiscalía y la defensa”.
(59) Este reconocimiento desvirtúa la legitimidad del argumento de que por tratarse de una institución propia, vertebral o estructural del nuevo sistema acusatorio no admitiría la posibilidad de invocar favorabilidad. No solamente porque como se demostró presenta una tradición en el sistema jurídico procesal colombiano, sino porque es evidente que si una institución presenta ese nivel de caracterización específica, esencial y medular respecto del nuevo sistema, es muy probable que no encuentre punto de referencia en el anterior sistema, excluyéndose así el supuesto material de la favorabilidad, cual es la existencia de supuesto de hecho similares tratados de manera distinta.
(60) Esos factores son la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto, en la tentativa el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo, y en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda (C. Penal, art. 61).
(61) El artículo 2º establece que “El numeral 1º del artículo 37 del Código Penal quedará así: 1. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de cincuenta (50) años, excepto en los casos de concurso”.
(62) Gaceta del Congreso 345 de julio 23 de 2003, pág. 11.
(63) “El parámetro de “contundencia de la investigación” es crucial no solo para el cálculo de costos de la implantación de la reforma sino también para la operación del nuevo sistema. En efecto, los estándares internacionales de países con tradición en el empleo de sistema penal acusatorio establecen que tan solo un 10% de los procesos debe llegar a juicio formal; el 90% debe terminar en un proceso de negociación de la pena que consume mucho menos recursos del sistema penal. Este parámetro para el caso colombiano, podría asociarse de una manera histórica con el número de procesos que termina con una sentencia anticipada. El porcentaje en estos casos no supera el 15% según cifras de la fiscalía. Si este fuese el valor que se toma para este parámetro el sistema, simplemente, colapsaría por la demanda de recursos del sistema penal para realizar todas las audiencias de juicio que se requerirían. Las discusiones en la mesa institucional de la fiscalía llevaron a reconocer la importancia de fijar este parámetro como una política de gestión de la entidad para guiar la efectividad de labor como actor imprescindible del sistema penal. Fue así como se acordaron los porcentajes de contundencia (...) 80% para los casos investigados por las fiscalías locales; 70% para los casos a cargo de los fiscales seccionales; y 60% para los casos en manos de los fiscales especializados” (Estudio contratado por el Consejo Superior de la Judicatura con la Universidad de los Andes y el Instituto SER de Investigación denominado “Plan Operativo para la implantación de la reforma del sistema penal colombiano”. Abril de 2004).
(64) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de única instancia, septiembre 3 de 2001. Radicación 16.837, M.P. Jorge Aníbal Gómez. Criterio reiterado en auto de noviembre 29 de 2001. Radicación 18.915, M.P. Édgar Lombana Trujillo. Esta línea jurisprudencial se ha mantenido en esa corporación, con la natural irradiación que proyecta hacia la judicatura penal.
(65) Auto de julio 19 de 2005. Radicación 23910. Criterio ratificado en autos de mayo 4 de 2005, radicaciones 19094 y 23567.
(67) La tercera parte constituye el máximo a descontar cuando el allanamiento se produce en la audiencia preparatoria (hasta una tercera parte).