Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9143
Timestamp: 2018-01-23 23:26:15
Document Index: 352646346

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 41', 'artículo 313', 'artículo 150', 'artículo 12', 'artículo 150', 'artículo 12', 'artículo 185', 'artículo 1', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 300', 'artículo 327', 'artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 300']

Contestación Demanda 8488 de 2003 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Fecha de Expedición: --//2003
PICO Y PLACA CONTES- 2001-0839
CONTESTACIÓN DEMANDA 8.488.
H. CONSEJEROS DE ESTADO
CONCEJO DE ESTADO E.S.D.
EXPEDIENTE: 8.488
ERNESTO CADENA ROJAS, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.153.811 de Usaquén, abogado titulado y portador de la tarjeta profesional No 63.161 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado del DISTRITO CAPITAL, y obrando de conformidad con el poder adjunto, muy respetuosamente me permito contestar la demanda de nulidad presentada por el ciudadano JUAN PABLO CARDONA GONZÁLEZ, dentro del término de fijación en lista y acuerdo con los siguientes razonamientos:
I. NORMAS IMPUGNADAS
En esta oportunidad el actor se encuentra cuestionando la constitucionalidad del apartado que a continuación se subraya, y que corresponde al numeral 18 del artículo 12 del Decreto ley 1.421 de 1.993, integrante del Régimen Especial del Distrito Capital, y que fuera expedido por el Presidente de la República en ejercicio del artículo 41 transitorio de la C.N:
"Artículo doce (12), atribuciones del Concejo Distrital: numeral dieciocho (18): Expedir los códigos Fiscal y de Policía"
II. CARGOS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.
Considera el demandante que con la disposición cuestionada se vulneraron los artículos 1, 2, 4, 13, 113, 160 numerales 2º y 10º primordialmente su inciso 3º, 152 literal a), artículos 300 numeral 8º, artículo 313 numerales 7º y 9º, y 322 de la Constitución Nacional:
Los cargos formulados por el actor en contra de la disposición demandada se podrían sintetizar de la siguiente forma:
1. En primer lugar, manifiesta el actor que la norma impugnada contraviene las disposiciones constitucionales, toda vez que de un lado, el numeral 2º del artículo 150 de la C.N revistió exclusivamente al Congreso de la República de la potestad de expedir códigos en todos los ramos de la legislación; y a que del otro, el parágrafo del numeral 10º Ibídem, prohibió al Legislativo delegar esta prerrogativa en el Presidente de la República, a la hora de revestirlo de facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley, en desarrollo del precitado numeral 10 de la norma anteriormente indicada.
De donde concluye: que si el Congreso de la República no puede delegar en el Presidente de la República la facultad de expedir códigos, mal podría éste haber delegado en el Concejo del Distrito Capital la facultad de expedir su propio Código de Policía, al momento expedir el régimen especial del Distrito Capital, el Decreto 1421 de 1.993, artículo 12 numeral 18.
2. En segundo lugar, arguye que la norma demandada quebranta el principio de igualdad que debe existir entre los diferentes entes municipales de la República, ya que la Constitución no habilita a los Concejos Municipales para la expedición de códigos de policía, al paso que la norma impugnada si lo hace respecto del Concejo del Distrito Capital.
3. Finalmente, y en tercer lugar, aduce que es reserva de Ley la facultad de ejercer el poder policivo, que se verifica en la potestad de restringir las facultades y libertades individuales para la preservación del orden público, por lo que el Concejo Distrital no podría regular materias reservadas al Legislador.
III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA.
Como vemos, los razonamientos y cargos elevados por el actor en contra de la disposición impugnada se encuentran dirigidos básicamente a demostrar que constitucionalmente no se podía facultar al Consejo Distrital para la expedición de un solo cuerpo de normas de policía, residuales y subsidiarias a las dispuestas por el Legislador, en forma coherente, sistematizada y lógica, por ser una prerrogativa exclusiva del Legislador, por no haberla conferido a los Municipios de la República, y porque el ejercicio del poder policivo está reservado al Legislador.
Situación que nos conduce a desagregar el análisis de los cargos en los acápites que desarrollaremos a continuación, no sin antes mencionar que la norma procesada fue expedida por el Presidente de la República en desarrollo directo de la Constitución Nacional, mediante un Decreto sustitutivo de Ley1, y más concretamente en ejercicio de las facultades a él conferidas por el artículo transitorio 41 de la Carta, que dispuso:
"Si durante los 2 años siguientes a la fecha de promulgación de esta C.N el Congreso no dicta la ley a que se refieren los arts. 322, 323 y 324 sobre el régimen especial del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, el Gobierno por una sola vez expedirá la norma correspondiente"
De donde debemos concluir que si la fuerza y naturaleza jurídica del Decreto 1.421 de 1.993 es la de ser materialmente un Decreto Sustitutivo de Ley, no nos encontraríamos entonces dentro de las hipótesis normativas aludidas por el actor, numerales 3º y 10º del artículo 150 de la Carta, ya que estas aluden a la posibilidad de revestir transitoriamente al Presidente de la República de facultades extraordinarias y puntuales para proferir Decretos Leyes, y a la imposibilidad de que el Presidente pueda expedir códigos en ejercicio de éstas.
Ahora bien, situándonos en una orilla diferente a la propuesta por el actor, que propendería por responder al cuestionamiento de si se ajusta a la Carta Fundamental que el Legislador ¿ en este caso el Presidente de la República obrando como tal por mandato de la C.N ¿hubiera conferido al Concejo Distrital de la Capital de la República la facultad de expedir normas de policía, y más concretamente de aglutinarlas un mismo cuerpo normativo, denominado Código de Policía.
1. ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES Y LEGALES CONSONANTES CON LA NORMA IMPUGNADA.
Ahora bien, como un primer punto de nuestro análisis, vimos importante indagar sobre si la norma impugnada se encontraba o no dentro de nuestra tradición jurídica, o si por el contrario, era una norma totalmente ajena a ésta.
Producto de nuestro análisis, y como veremos a continuación, pudimos concluir que la competencia a que se refiere la norma debatida, numeral 18 del artículo 12 del Decreto 1.421 de 1.993, se encuentra inscrita ampliamente dentro de nuestra tradición jurídica, anterior y posterior a la Carta Fundamental de 1.991.
Tradición Jurídica que ha reconocido, anterior y coetáneamente a la C.N de 1.991, no sólo al Concejo Distrital de la Capital, sino a los demás entes territoriales distintos de la Nación, la facultad residual y subsidiaria de éstas para expedir normas policivas, y por qué no, de aglutinarlas en un mismo cuerpo normativo.
Al respecto vale la pena resaltar, entre otros, los siguientes antecedentes relativos al caso Sub Examine:
Constitución Política de 1.886, artículo 185.
" Corresponde a las Asambleas dirigir, fomentar, por medio de ordenanzas y con los concursos propios del Departamento, la instrucción primaria y la beneficencia, la industrias establecidas y la introducción de otras nuevas, la inmigración la importación de capitales extranjeros, la colonización de tierras pertenecientes al Departamento, la apertura de caminos y canales navegables, construcción de vías férreas, la explotación de bosques de propiedad del Departamento, la canalización de ríos, lo relativo a la policía local, la fiscalización de las rentas y gastos de los distritos, y cuando se refiera a los intereses seccionales y al adelantamiento interno "
Acto Reformatorio No 7 del 8 de abril de 1.905.
"Corresponde a las Asambleas dirigir, fomentar, por medio de ordenanzas y con los concursos propios del Departamento, la instrucción primaria y la beneficencia, la industrias establecidas y la introducción de otras nuevas, la colonización de tierras pertenecientes al Departamento, la apertura de caminos y canales navegables dentro del Departamento, y la explotación de bosques, el arreglo de la policía local y cárceles de Circuito, la fiscalización de las rentas y gastos departamentales y municipales y cuanto se refiere al adelantamiento interno"
Acto Legislativo No 1 del 16 de febrero de 1.945, artículo 1º:
"El artículo 5º de la Constitución quedará así:
Artículo 5º El territorio nacional se divide en Departamentos, Intendencias y Comisarías; aquellos y éstas, en Municipios o Distritos Municipales.
La ciudad de Bogotá, capital de la República, será organizada como un Distrito especial, sin sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de las condiciones que fije la Ley. La ley podrá agregar otro u otros Municipios circunvecinos al territorio de la capital de la República, siempre que sea solicitada la anexión por las tres cuartas de los concejales del respectivo municipio (...)"
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 12 de marzo de 1.971. M.P. José Gabriel De La Vega. Gaceta Jurisprudencial Nos. 2340 ¿ 41 ¿ 42. Pag. 105.
Consejo de Estado. Sala de Consulta y de Servicio Civil. Radicado 297 del 10 de julio de 1.989. C.P: Dr. Hernán Cardoso Durán. Referencia: Consulta sobre competencia del honorable Concejo de Bogotá para expedir Código de Policía del Distrito Especial de Bogotá.
1. Al Concejo de Bogotá le corresponde la atribución de expedir el Código de Policía del Distrito Especial de Bogotá, entre otros motivos, porque la ciudad de Bogotá no está sometida a las disposiciones de la Asamblea de Cundinamarca, y porque su régimen es distinto al del resto de los municipios del país; además, porque la ley (Decreto-ley 3133 de 1968) previó que las atribuciones constitucionales y legales que le corresponden a las asambleas y a los gobernadores, se entenderán conferidas al Concejo y al Alcalde de Bogotá, y como dicha atribución ha sido asignada a las asambleas, puede entonces, ser ejercida por el Concejo Distrital.
2. La atribución de expedir normas en materia de policía ha sido conferida al Concejo de Bogotá por los artículos 2: - parte final - 13, ordinal 16 del Decreto-ley 3133 de 1968 en concordancia con los artículos 187 y 199 de la Constitución Nacional, y de los artículos 60, ordinal 9° del Decreto -ley 1222 de 1986 y 8°., inciso 2° del Código Nacional de Policía, que otorgan dicha atribución a las asambleas departamentales y que le son aplicables al Concejo de Bogotá por expresa disposición legal (...)" (subrayas fuera de texto)
Constitución Política de 1.991, artículo 300 numeral 8.
Constitución Política de 1.991, articulo 322.
Constitución Política de 1.991, artículo 327.
"En las elecciones de Gobernador y de diputados a la Asamblea Departamental de Cundinamarca no participarán los ciudadanos inscritos en el censo electoral del Distrito Capital"
Constitución Política de 1.991, artículo transitorio 41.
"Si durante los dos años siguientes a la fecha de promulgación de esta Constitución, el Congreso no dicta la ley a que se refieren los artículos 322, 324 y 324, sobre régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, el Gobierno, por una sola vez expedirá las normas correspondientes"
Corte Constitucional. Sentencia C ¿ 024 de 1.994. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Consejo de Estado. Sección Primera. C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Expediente 7.264. Sentencia del 5 de diciembre de 2.002
2. DE LA FACULTAD DEL CONCEJO DISTRITAL PARA EXPEDIR EL CÓDIGO DE POLICÍA DEL DISTRITO.
Es de anotar que el artículo 7º del citado Régimen Especial del Distrito Capital dispuso que: "(¿) las atribuciones administrativas que la Constitución y las leyes confieren a los departamentos se entienden otorgadas al Distrito Capital, en lo que fuere compatible con el régimen especial de este último, y sin perjuicio de las prerrogativas políticas, fiscales y administrativas que el ordenamiento jurídico concede al departamento de Cundinamarca.
3. DE LA RESERVA LEGISLATIVA Y EL PODER DE POLICÍA DEL CONCEJO DISTRITAL.
4. PREPARACION, CONSENSO Y DILIGENCIA EN LA PREPARACION DEL PROYECTO Y DEBATE DEL ACUERDO 79 DE 2.003.
Los tres, ciudadanía, administración y policía, se unieron para la elaboración del Código de Policía. En el largo proceso participaron 86 organizaciones no gubernamentales, 5 organizaciones gremiales y sindicales, 122 colegios distritales y no distritales, 15 universidades, 50 miembros de la Policía Nacional y las 42 entidades que componen la Administración Distrital. En total, se consultaron 917 entidades y asociaciones. Además la ciudadanía tuvo el documento a su disposición para sus comentarios en la Alcaldía Mayor, en la Veeduría Distrital, y en sus correspondientes páginas de Internet. El nuevo Código de Policía de Bogotá, es entonces, un producto colectivo; un acuerdo resultado de muchas discusiones y de muchos acuerdos
Luego de las anteriores consideraciones, podemos concluir que la norma demandada se ajusta a la Constitución Política, por cuanto esta:
5.1. Es un desarrollo directo de la Constitución Política, que había dispuesto que legislativamente se diseñara un régimen especial para el Distrito Capital.
En este régimen especial se otorgaron al Concejo Distrital diversas facultades, pero adicionalmente a la de reunir en un mismo cuerpo normativo, denominado Código de Policía, las normas de policía del Distrito (numeral 18 del artículo 12 del Decreto 1.421 de 1.993), se le dotó de las mismas atribuciones que la Constitución y las leyes han previsto para las Asambleas Departamentales (numeral 23 artículo 12 Ibídem), y dentro de éstas se encuentra a su vez la facultad de dictar normas de policía en todo aquello que no fuera materia de disposición legal (numeral 8º artículo 300 de la C.N)
5.2. Articula legítimamente las competencias entre la Nación y el Distrito entratándose del poder de policía, toda vez que reconoce a las autoridades distritales su obligación e interés en regular los aspectos de policía que tienen un efecto directo en la vida de la ciudad, sin que tengan efecto directo sobre el orden público nacional.
5.3. No quebranta la reserva legislativa respecto del poder de policía, ya que la misma Carta y sus diferentes desarrollos jurisprudenciales, han reconocido a los entes territoriales esta prerrogativa, pero en forma residual y subsidiaria a la del Legislador, por cuanto el Estatuto Fundamental no ha dispuesto una reserva legislativa exclusiva frente a todos los derechos constitucionales, ni frente a todos los aspectos relacionados con la regulación de éstos
IV. A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
En consecuencia, y con fundamento en los anteriores razonamientos, muy respetuosamente solicitamos al H. Consejo de Estado negar las súplicas de la demanda, toda vez que la norma impugnada se ajusta a la Constitución Política.
Adjunto a la presente copia de los documentos que acreditan la representación legal de la entidad que represento y el poder en mí conferido.
Las recibiré en la Secretaría de su despacho o en la Sede de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, ubicada en la Avenida Caracas no. 53-80, Dirección de Asuntos Judiciales.
De los Honorables Consejeros,
C.C. 79.153.811 de Usaquén.
T.P. 63.181 del C.S.J.
1.11.1. cjo/MAO/
1 CHARRY UREÑA, Juan Manuel. Sistema Normativo de la Constitución de 1.991. Editorial Temis. Bogotá D.C. 1.993. Página 53.