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Timestamp: 2018-02-19 16:07:41
Document Index: 268374411

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 86', 'artículo 189', 'artículo 3', 'artículo 46', 'artículo 3', 'artículo 174', 'artículo 158', 'artículo 189', 'artículo 158', 'artículo 365', 'artículo 188', 'artículo 8', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 189', 'artículo 185', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 158', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 189', 'ARTÍCULO 189', 'artículo 158', 'artículo 188', 'artículo 392', 'artículo 73', 'artículo 365', 'artículo 188', 'artículo 171', 'artículo 365', 'artículo 280']

Igualdad | Paz Abogados
CORTE CONSTITUCIONAL Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil diecisiete (2017). Sentencia T 141/17
SE ADOPTAN MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN CONTRA DE DISCRIMINACIÓN DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD LGBTI
Sentencia T 141/17
– En primer lugar, a manera de cuestión previa y dado que tanto el actor como los accionados manifestaron que, en relación con el acto administrativo proferido por la Inspección Décima de Policía Urbana de Barranquilla y controvertido en el recurso de amparo, existió otra acción de tutela formulada en su contra, se torna necesario determinar si al respecto existe cosa juzgada constitucional y si el tutelante ha actuado de forma temeraria.
– En segundo lugar y sólo en caso de superarse el análisis de procedencia, la Sala se ocupará de definir si: ¿vulnera un grupo de ciudadanos los derechos fundamentales a no ser discriminado(a), a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana de uno de sus vecinos, dentro de un conjunto residencial, quien manifiesta que ha venido siendo discriminado en razón de su orientación sexual, la cual, según afirma, ha sido usada para agredirlo física y verbalmente?
4.2. La procedencia de la tutela en casos que integran conflictos entre habitantes de copropiedades o bienes sometidos al régimen de propiedad horizontal[24] – jurisprudencia constitucional
Con posterioridad, esta Corporación ha vuelto a pronunciarse sobre la procedencia de la acción de tutela en estos casos. Por ejemplo en la sentencia T-416 de 2013,[27] la Sala Segunda de Revisión dispuso que cuando se evidencie “una posible afectación al derecho fundamental a la igualdad entre particulares, la intervención del juez constitucional por vía de tutela se encuentra justificada ante la constatación de unarelación asimétrica de poder”.
La acción de tutela promovida por Héctor Alfonso Sánchez Escorcia es procedente, por encontrarse en condición de indefensión (no de subordinación) en relación con los particulares accionados, y en ese sentido no contar con mecanismos ordinarios de defensa judicial que estén dotados de idoneidad y eficacia para resolver su situación
La importancia del desarrollo jurisprudencial relativo a los “actos discriminatorios” se halla sustentada en la aproximación que esta Corte ha abordado desde sus pronunciamientos iniciales frente a la discriminación, al señalar que su existencia no implica, en sí misma, un quebrantamiento del orden jurídico, siempre que ésta tenga un fundamento[72] objetivo, razonable y proporcional desde el punto de vista constitucional;[73]siendo inadmisibles, en consecuencia, las diferenciaciones arbitrarias basadas en los criterios a que se refiere el artículo 13 superior, que significarían una distinción manifiestamente contraria a la dignidad humana. Por eso, históricamente se han reconocido figuras como la denominada “discriminación positiva o inversa”, la cual obedece a la necesidad derivada del principio de igualdad material que autoriza la diferenciación en beneficio de sujetos vulnerables o potencialmente vulnerables en razón de sus subjetividades, y que tiene como reflejo la adopción de medidas o acciones afirmativas, nunca motivadas por una intención hostil, como sí ocurriría con la discriminación arbitraria.[74]
Hasta el año 2001, en Colombia las propiedades inmobiliarias compartidas se encontraban reguladas por un conjunto de disposiciones integrado, principalmente, por las Leyes 182 de 1948[99] y 428 de 1998.[100]Sin embargo, el 4 de agosto de 2001 fue proferida la Ley 675, “[p]or medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal”, en virtud de la cual se unificó en un solo cuerpo normativo la regulación de este tipo de bienes, estableciendo, en su artículo 86 un régimen de transición según el cual:
10.1.1. Primer acto: uso discriminatorio del lenguaje – referencia a la homosexualidad con el ánimo de ofender al accionante
Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a Yiceth Díaz Miranda, Gladys Miranda, Luis Fernando Soler Jimeno, Yamile Ester Colón Romero, Ernestina Romero, Jesús Colón, Carlos Palacio, JhonnyEnrique Stefanell Ballesteros, Heidy Arévalo Pautt, Gladys Sanjuanelo Reales y Miguel Rodríguez Muñoz:
EN ARAS DE EFECTIVIZAR EL DERECHO A LA IGUALDAD ASÍ COMO PROTEGER EL NÚCLEO FAMILIAR DEL SOLDADO QUE FALLECE EN COMBATE, ES VIABLE APLICAR EL DECRETO 1211 DE 1990 CON EL OBJETIVO DE RECONOCER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES PREVISTA EN DICHO RÉGIMEN.
Radicado No. 66001 23 33 000 2013 00432 01 (4826 2014)
Asunto: Determinar la viabilidad del reconocimiento de la pensión de sobreviviente por la muerte en combate[1] y establecer si se deben devolver las sumas reconocidas por concepto de compensación.
Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la Sección de 23 de octubre de 2015[2], después de surtidas a cabalidad las demás etapas procesales y de establecer que no obran en el proceso irregularidades o nulidades que deban ser saneadas, para decidir los recursos interpuestos por las partes demandante y demandada contra la sentencia de 17 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por los señores Luz Angélica Yande y Delio Rodríguez Cometa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
ANTECEDENTES[3]
Luz Angélica Yande y Delio Rodríguez Cometa, por intermedio de apoderado judicial[4], en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentaron demanda con el fin de que se declare la nulidad del Oficio OFI12-59707 MDSGDVBSGPS -1.10 de 25 de junio de 2012, a través del cual la Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa les negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente por el fallecimiento de su hijo, el señor Wiltón Rodriguez Yande (q.e.p.d.).
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, solicitaron el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes desde el 15 de abril de 1999, fecha en que falleció el señor Wiltón Rodriguez Yande (q.e.p.d.), en los términos dispuestos por el Decreto 1211 de 1990, incluyendo todas las prestaciones propias de un Cabo Segundo[5]; la abstención de ordenar cualquier reembolso de dinero pagado como compensación por la muerte del mencionado señor; y, dar aplicación a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 193 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Para una mejor compresión del caso, la Sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica presentada por el apoderado de los demandantes, así:
Señaló que los señores Luz Angélica Yande y Delio Rodríguez Cometa son los padres del señor Wiltón Rodriguez Yande (q.e.p.d.), quien ingresó a prestar servicio militar obligatorio el 28 de diciembre de 1998 y, a partir del 6 de febrero de 2000, siguió la actividad militar como soldado voluntario; no obstante, el 17 de marzo de 2000 mientras realizaba actividades de registro en el corregimiento de Santa Cecilia (Risaralda), fue muerto en combate por parte del grupo guerrillero de las FARC.
Expresó que mediante Resolución 00766 de 1 de septiembre de 2000 el Comandante del Ejército Nacional, en uso de las facultades conferidas por el Decreto 1211 de 1990, consideró que la muerte del señor Wiltón Rodriguez Yande (q.e.p.d.) fue en combate por acción directa del enemigo, y por ende, fue ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo. Por lo anterior, a través de la Resolución 15149 de 15 de septiembre de 2000 el Subjefe del Estado Mayor del Ejército Nacional les reconoció a los padres del causante el pago de cesantías definitivas y una compensación por muerte equivalente a 4 años de haberes correspondientes al grado conferido, atendiendo lo dispuesto en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990[6].
Comentó que el 5 de junio de 2012 solicitaron ante a la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército el reconocimiento y pago de la pensión por la muerte de su hijo, sin embargo por medio del Oficio OFI12-59707MDSGDVBSGPS -1.10 de 25 de junio de 2012 la Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa les negó tal petición bajo el argumento de que el Decreto No. 2728 de 1968[7] no estableció este beneficio.
Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 13, 29, 46, 48, 53, 209, 217, 228 y 230; Leyes 131 de 1985, artículo 3; 100 de 1993, artículo 46, Decretos 2728 de 1968, artículos 8 y 10; 370 de 1991, artículo 3; 1211 de 1990, artículos 158, 185 y 189.
Como concepto de violación de las normas invocadas, los demandantes consideraron que el acto acusado está viciado de nulidad por las siguientes razones:
En su sentir, se ha vulnerado el derecho a la igualdad porque ha existido un trato discriminatorio al negarles la pensión de sobreviviente, máxime cuando la muerte de su hijo se produjo en combate y como consecuencia de ello fue ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo.
Enunció que la finalidad de la citada prestación es que se proteja y brinde de alguna forma a las personas que dependían económicamente del causante en el mismo grado de seguridad social y económica con la que contaba cuando éste vivía. Al respecto, el Consejo de Estado[8] ha defendido esta tesis señalando que es un contrasentido que la ley ordene ascender a los soldados que mueren en misiones del orden público y como consecuencia de ello les conceda una compensación, pero no se les conceda una pensión porque supuestamente se les deba aplicar el Decreto 2728 de 1968 y no el 1211 de 1990, es por ello que debe aplicarse el principio de favorabilidad.
Pidió, en caso de no ser reconocidas las mesadas pensionales desde la ocurrencia de los hechos, que se aplique la prescripción establecida en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990 donde se establece que este fenómeno se configura una vez han transcurrido 4 años.
El apoderado del Ministerio de Defensa solicitó negar las súplicas con fundamento en los siguientes argumentos[9].
Argumentó que al momento de la muerte del señor Wiltón Rodriguez Yande (q.e.p.d.) se encontraba vigente el Decreto 2728 de 1968, razón por la que se reconocieron las prestaciones a que había lugar a través de la Resolución 15149 de 15 de septiembre de 2000.
1.4 La sentencia apelada[10].
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia de 17 de julio de 2014, declaró la nulidad del acto acusado; ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes en los términos que establece el artículo 158 del Decreto 1211 de 1990[11] aplicando la prescripción a las mesadas causadas con anterioridad al 5 de junio de 2008 y con la correspondiente indexación; indicó que se debía dar aplicación a los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; condenó en costas a la entidad demandada; y, pidió que se descontara de las sumas adeudadas, lo cancelado por concepto de compensación. Lo anterior con fundamento en lo siguiente.
Expresó que el Consejo de Estado[12] ha encontrado que entre las prestaciones reconocidas por el Decreto 2728 de 1968 a los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio y las previstas por el Decreto 1211 de 1990 para los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en las mismas circunstancias, existe un trato discriminatorio el cual es violatorio de las garantías constitucionales tales como la igualdad y la seguridad social.
Anotó que como el señor Wiltón Rodriguez Yande prestó sus servicios al Ejercito Nacional durante 1 año, 5 meses y 14 días, el monto de la pensión de sobreviviente reclamada por los demandantes deberá ser reconocida y pagada por el ente demandado de acuerdo a los términos previstos en el literal d) del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, esto es, debe reconocerse y liquidarse en el equivalente al 50% de las partidas de que trata el artículo 158 ibídem.
Autorizó al Ejército Nacional para que la suma dineraria pagada a los señores Luz Angélica Yande y Delio Rodriguez Cometa una por concepto de compensación, sea descontada del respectivo retroactivo una vez se liquide el monto pensional a favor de los demandantes.
Advirtió que debido a que la pensión de sobrevivientes se debe reconocer a favor de los demandantes a partir del 17 de marzo de 2000, se deberá indexar la primera mesada pensional al 5 de junio de 2008, fecha a partir de la cual la entidad demandada empezará a pagar las mesadas pensionales por efectos de la aplicación de la prescripción cuatrienal.
Finalmente dispuso condenar en costas a la parte vencida de conformidad a lo previsto en el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por expresa remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Las partes demandante y demandada interpusieron recurso de apelación con fundamento los siguientes argumentos:
Parte demandante[13]:
La sentencia que profirió el A – quo debe confirmarse salvo el numeral segundo, en cuanto ordenó descontar lo pagado por compensación, puesto que no es posible que se manifieste que el acto administrativo que negó la pensión contaría los principios constitucionales, cuando se evidencia un trato discriminatorio hacía el causante al momento en que se le retira a los beneficiarios tal reconocimiento.
Parte demandada[14].
Indicó que la Ley aplicable a los beneficiarios del causante es el Decreto 2728 de 1968 y no el Decreto 1211 de 1990 ya que el ascenso póstumo se presentó juntamente después del fallecimiento.
Añadió que el régimen prestacional que se encontraba vigente para los soldados era el Decreto 2728 de 1968, puesto que para la fecha en que se expidió la Ley 131 de 1985 no existía legislación alguna respecto del reconocimiento de pensión de sobrevivientes o por muerte de soldados voluntarios.
1.6 Concepto del Ministerio Público[15].
La Procuradora Segunda Delegada ante esta Corporación, rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia del A – quo y revocar en cuanto ordenó al descuento de las sumas recibidas por compensación por muerte y condenó en costas a la entidad demandada. Lo anterior con fundamento en lo siguiente:
Destacó que si bien es cierto existe un trato diferenciado entre las prestaciones reconocidas por el Decreto 2728 de 1968 a los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio y las previstas por el Decreto 1211 de 1990 para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en las mismas circunstancias; no se puede desconocer que el Consejo de Estado[16] ha concluido que en aras de efectivizar el derecho a la igualdad y proteger el núcleo familiar del soldado que fallece en combate es procedente aplicar el último Decreto con el fin de reconocer la pensión de sobrevivientes.
Por lo anterior concluyó que es viable inaplicar el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968 en cuanto no dispuso el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio y, en su lugar, aplicar el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 toda vez que esta normatividad reconoce la citada prestación a favor de los beneficiarios de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública, ya que finalmente al ser ascendido en forma póstuma adquirió el grado de suboficial.
Agregó que de acuerdo a lo estipulado en el mencionado marco normativo, la indemnización por muerte del suboficial o del oficial no es incompatible con la pensión de sobrevivientes, por ello no hay lugar a devolver las sumas que se pagaron por concepto de compensación.
Finalmente estipuló que el A – quo no expuso la razón para imponer las costas, ya que esta condena debía ser el resultado de una serie de factores como temeridad y mala fe, razón por la que se debe revocar en cuanto a esto se refiere.
Atendiendo a los motivos de oposición aducidos tanto por la parte demandante como la demandada y conforme al material probatorio obrante en el expediente, se extrae que en el sub-lite el problema jurídico se contrae a determinar si los señores Luz Angélica Yande y Delio Rodríguez Cometa tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente de que trata el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990[17]; en caso afirmativo, se debe establecer si los mencionados señores tienen que devolver las sumas que se les pagó por concepto de compensación y, además, si la entidad demandada puede ser condenada en costas.
i)De la pensión de sobrevivientes para los beneficiariosdel soldado profesional en el caso que su muerte se produzca en combate
Bajo ese contexto debe decirse, que el Decreto 2728 de 1968, “por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares”, en el artículo 8° estableció algunas prestaciones de carácter económico a favor de los soldados que en servicio activo mueren “por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público”. Al respecto, la norma en referencia preceptuó:
“(…) ARTÍCULO 8o. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía.
A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las enunciadas anteriores a sus beneficiarios tendrá derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.”.
“(…) ARTÍCULO 189. MUERTE EN COMBATE. A partir de la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
(…)”. (Lo subrayado es de la Sala).
En cuanto al orden de beneficiarios al que se refiere esta normatividad, el artículo 185 ibídem señaló que:
“(…) Las prestaciones sociales por causa de muerte de Oficiales y Suboficiales en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión se pagarán según el siguiente orden preferencial:
– El cincuenta por ciento (50%) para el cónyuge.
– El cincuenta por ciento (50%) para los padres en partes iguales.
– Si el causante es hijo legítimo llevan toda la prestación a los padres.
– Si el causante es hijo extramatrimonial con adopción, la totalidad de la prestación corresponde a sus padres adoptivos en igual proporción.
– Si no concurriere ninguna de las personas indicadas en este artículo llamadas en el orden preferencial en él establecido, la prestación se paga, previa comprobación de que el extinto era su único sostén a los hermanos menores de 18 años.
– A falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptivos, hermanos y cónyuges, la prestación corresponder a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. (…)”.
Bajo estos supuestos, resulta evidente la existencia de un trato diferenciado entre las prestaciones reconocidas por el Decreto 2728 de 1968 a los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio y las previstas por el Decreto 1211 de 1990, para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en las mismas circunstancias; es por ello que en casos con contornos similares al presente, esta Corporación ha concluido que en aras de efectivizar el derecho a la igualdad, así como proteger el núcleo familiar del soldado que fallece en combate, es viable aplicar el Decreto 1211 de 1990 con el objetivo de reconocer la pensión de sobrevivientes prevista en dicho régimen. Al respecto, se ha sostenido[18]:
Lo anterior, si se tiene en cuenta que los soldados al igual que los suboficiales y oficiales no sólo hacen parte de las Fuerzas Militares, sino que contribuyen al desarrollo de su misión constitucional y legal, esto es, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional
ii)Del caso concreto
Observa la Sala que mediante la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho los señores Luz Angélica Yande y Delio Rodríguez Cometa, en su condición de padres del soldado Wiltón Rodriguez Yande, quien falleció en actos propios del servicio el 17 de marzo de 2000[19], pretenden el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente de acuerdo con el régimen prestacional previsto para los miembros de las Fuerzas Militares, en el Decreto 1211 de 1990.
En efecto, los demandantes el 5 de junio de 2012, con fundamento en el Decreto 1211 de 1990, le solicitaron al Director de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional el reconocimiento y pago de la citada prestación pensional teniendo en cuenta que la muerte de su hijo se produjo en desarrollo de actos propios del servicio[20].
No obstante lo anterior, la Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa mediante Oficio OFI12-59707 MDSGDVBSGPS -1.10 de 25 de junio de 2012 negó la referida solicitud, con el argumento de que el Decreto 2728 de 1968 no establecía el reconocimiento de una prestación pensional a favor de los ascendientes o descendientes de los soldados muertos en combate. Para el efecto dispuso:
Por el fallecimiento del señor WILTON RODRÍGUEZ YANDE (q.e.p.d.) se reconoció y ordenó pagar compensación por muerte y bonificación especial mediante Reso0lución No. 2859 de 2001, única prestaciones a que había lugar, teniendo en cuenta el Decreto 2728 de 1968, norma legal vigente y aplicable para la época de los hechos.
En el evento de haber hecho efectivo dichos valores, deberá dirigirse a la Tesorería Principal del Grupo Financiero de la Dirección Administrativa (…)”.
“(…) siendo aproximadamente las 23.00 horas del día viernes 17 de marzo del año en curso, la contraguerrilla bombarda 3 recibe la orden de desplazamiento hacía el corregimiento de Santa Cecilia donde en ese momento se encontraba siendo asaltada la población por subversivos del 47 frente de las FARC, llegando las tropas hasta el sitio llamado puente la unión. Antes de llegar al corregimiento de santa Cecilia, llegando al puente fueron enviados unos vehículos particulares con pasajeros con las luces encendidas, mencionados cruzaron el mismo y se les ordenó alto sin acatar la orden de la tropa los cuales llegando a la curva iluminando la patrulla que se encontraba en el sitio de inmediato se sintieron ráfagas de fusil producidas por los bandoleros, cayendo herido el soldado RODRÍGUEZ YANDE WILTÓN, donde más tarde falleció por causa del impacto de arma larga calibre 556 R-15 con entrada parte izquierda torácica con orificio de salida en la espalda, fue auxiliado por el soldado enfermero pero fue imposible salvarle la vida, más tarde se procedió a evacuar el soldado. (…)”.
De acuerdo con las consideraciones que anteceden, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Política[21], la Sala en el caso concreto, tal y como lo dispuso el A – quo, inaplicará el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968 en cuanto no dispone el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a favor de los familiares de los soldados regulares muertos en desarrollo de actos propios del servicio y, en su lugar, aplicará el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, toda vez que, como quedó visto, sí reconoce la citada prestación pensional a favor de los beneficiarios de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública.
“(…) En principio, como el hijo de los demandantes ostentaba la calidad de soldado regular no tendría derecho a las prestaciones consagradas en el Decreto 1211 de 1990 para los oficiales y suboficiales muertos en combate sino únicamente a las relacionadas en el Decreto 2728 de 1968.
El derecho a la pensión de sobrevivientes para los beneficiarios del soldado que muere en la prestación del servicio militar obligatorio fue consagrado en la Ley 447 de 21 de julio de 1998. (…)
Sin embargo, la finalidad de la norma aludida es proteger al grupo familiar del soldado muerto en la prestación del servicio militar oficial y brindar una ayuda para que sus integrantes no queden desamparados, razón ésta que permitiría aplicar el beneficio pensional consagrado en el Decreto 1211 de 1990 a favor de los oficiales y suboficiales, también a los soldados que prestando el servicio militar son muertos en combate.”.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que el señor Wiltón Rodriguez Yande (q.e.p.d.) prestó sus servicios al Ejército Nacional durante 1 año, 5 meses y 19 días el monto de la citada prestación pensional, de acuerdo con el literal d, del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, debe ser equivalente al 50% de las partidas de que trata el artículo 158 ibídem, tal y como lo señaló el A – quo.
De otro lado, en lo que se refiere al argumento que expuso la parte demandante, según el cual, no es posible la devolución de lo pagado por compensación de la muerte del señor Wiltón Rodriguez Yande (q.e.p.d.), se tiene que, al comparar tanto el Decreto 2728 de 1968 como el 1211 de 1990, se advierte que ambas normas son coincidentes en una indemnización que corresponde al reconocimiento de cuarenta y ocho meses (cuatro años) de haberes correspondientes al grado del fallecido y pago doble de las cesantías causadas, quiere decir entonces que no hay lugar a solicitar tal devolución, por ende, se revocará la sentencia en cuanto a este punto se refiere. Al respecto esta Corporación ha señalado lo siguiente[22]:
“(…) En efecto haciendo un parangón entre lo previsto por el artículo 8º del Decreto 2728 de 1968, que en su inciso primero reza: “ARTÍCULO 8o. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía…” y lo dispuesto por el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 que dispuso “ARTÍCULO 189. MUERTE EN COMBATE. A partir de la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones: a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 de este Decreto. b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante…”, no existe explicación jurídica para exigir que lo percibido por los demandantes a título de indemnización por mandato del Decreto 2728 de 1968 sea reintegrado por el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de que trata el Decreto 1211 de 1990, cuando ésta última también lo contempla y ninguna de las prestaciones allí consagradas son optativas o excluyentes, sino, por el contrario, perentorias para quienes se hallen en los supuestos fácticos descritos por el legislador.
Finalmente en relación a la condena en costas, es pertinente señalar que aunque el origen de éstas obedece a un principio de responsabilidad patrimonial que tienen las partes[23], cuando con sus actuaciones procesales incurren en mala fe o temeridad, también es cierto que éstas actualmente constituyen causales o reglas que expresamente refiere la ley para su declaratoria, liquidación y ejecución.
Bajo este entendido, cabe precisar que el criterio para la imposición de costas inicialmente estaba dado por observancia de la conducta asumida por las partes[24], no obstante, con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, se advierte que en el artículo 188[25] se hace mención a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil que respecto a la materia señala en el artículo 392[26]: “(…) En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas: Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto. Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio artículo 73 (…)”.
Consecuente con lo anterior y dado que con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, el artículo 365 señaló que “(…) En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe (…).”, se tiene que el criterio subjetivo que en principio operaba y que hacía referencia al examen que debía realizar el juez para determinar si hubo o no culpa en quien promovió el proceso, recurso o incidente o se opuso a él y resultó vencido, dejo de existir cuando se acogió con la nueva normatividad el criterio objetivo que simplemente indica que las costas en los casos señalados en los artículos anteriores, son a cargo de la parte vencida.
Es necesario señalar que recientemente esta Corporación[27], respecto de la condena en costas, en relación a la aplicación del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[28], dijo lo siguiente:
“(…) La norma contenida en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no impone al funcionario judicial la obligación de condenar en costas, solo le da la posibilidad de “disponer”, esto es, de pronunciarse sobre la procedencia o no de imponerlas.
La mencionada sentencia, precisó que si bien es cierto en la Ley 1437 de 2011, no aparece la previsión que contenía el artículo 171 del Decreto 01 de 1984, referido a la potestad de imponer condena en costas, “teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes…”, también lo es que la norma establecida en la Ley 1437 de 2011, no impone la condena de manera automática, frente a aquel que resulte vencido en el litigio, pues debe entenderse que tal condena es el resultado de observar una serie de factores, tales como, la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre la causación de gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el juez ponderando tales circunstancias, debe pronunciarse sustentando su decisión de procedencia.
La anterior interpretación se ajusta con lo previsto en el artículo 365 del Código General del Proceso, el cual señala que la condena en costas se impone en los procesos y actuaciones posteriores a aquellos “…en que haya controversia…” y “… sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
En el presente asunto, el a quo no expuso ningún argumento para imponer la condena en costas a la parte vencida en el litigio, decisión que debió fundamentar de acuerdo con lo previsto en el artículo 280 del Código General del Proceso (…)”
Así las cosas, refiriéndonos al caso en concreto, se observa que el A – quo no realizó un análisis que permita inferir si hay una circunstancia distinta a la aplicación objetiva y literal de la norma y por tanto al revisarse la discusión planteada por la demandante.
PRIMERO: CONFÍRMASE parcialmente la sentencia de 17 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por los señores Luz Angélica Yande y Delio Rodríguez Cometa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR los numerales 6.5.2 y 6.5.5 de la decisión, en cuanto el Tribunal Administrativo de Risaralda ordenó el descuento de lo cancelado por compensación por muerte del señor Wiltón Rodriguez Yande y condenó en costas a la parte demandada, respectivamente.