Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1999-07640-de-noviembre-15-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_b3fa5e240c8d008ae0430a010151008a&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-23 08:25:56
Document Index: 164168966

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 79', 'artículo 140', 'artículo 365', 'artículo 150', 'artículo 3', 'artículo 132', 'artículo 82', 'artículo 132', 'artículo 134', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 150', 'artículo 16', 'artículo 1519', 'artículo 1741', 'artículo 87', 'artículo 241', 'artículo 15', 'artículo 31', 'artículo 82', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 60', 'artículo 2']

﻿ Sentencia 1999-07640 de noviembre 15 de 2011
SENTENCIA 1999-07640 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2011
TEMAS ESPECÍFICOS:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Sentencia 1999-07640 de noviembre 15 de 2011
Rad.: 2000123310001999076401 (21178)
Asunto: acción de controversias contractuales (apelación Sent.-3206)
La Sala Plena del Consejo de Estado, en providencia de 23 de septiembre de 1997(3), definió el alcance de esa norma en el sentido de que por regla general los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios estaban sometidos al derecho privado y a la justicia ordinaria, con algunas excepciones entre las cuales se encuentra la de aquellos regulados en los artículos 128 y siguientes de la Ley 142 de 1.994 es decir, los de condiciones uniformes, en los que identificó el derecho público como predominante y a la jurisdicción en lo contencioso administrativo como la competente para su juzgamiento. Se concluyó en aquella providencia:
“a) Los actos y los contratos de las empresas de servicios domiciliarios son privados y están sometidos, por regla general, al derecho privado y sus conflictos dirimibles ante la jurisdicción ordinaria. b) No obstante esto, las citadas empresas pueden dictar ciertos actos administrativos, susceptibles de recursos y de acciones contencioso administrativas, entre los que pueden citarse los de negativa a celebrar el contrato de servicios públicos, los que ordenan su suspensión o terminación o deciden el corte del servicio y su facturación (art. 154, inc. 1º). c) Así mismo, esas empresas pueden celebrar contratos sometidos por regla general al derecho privado y a la jurisdicción ordinaria; y otros, como los de prestación de servicios regulados en los artículos 128 y ss. y los demás contratos que contengan cláusulas exorbitantes por imposición o autorización de las comisiones de regulación, en los cuales el derecho público será predominante y cuyas controversias serán de la jurisdicción administrativa (art. 31, inc. 2º), porque quien presta esos servicios se convierte en copartícipe, por colaboración, de la gestión estatal; o, en otras palabras, cumple actividades o funciones administrativas. d) El ejercicio de las facultades previstas en los artículos 33, 56, 57, 116, 117 y 118 de la Ley 142, darán lugar a la expedición de actos controlables por la jurisdicción administrativa, y e) Los contratos especiales enunciados en el artículo 39 de la mencionada ley estarán sujetos al derecho privado, salvo el señalado en el artículo 39.1 que estará sometido al derecho público y a la jurisdicción administrativa”.
Posteriormente, con la modificación que a ese artículo introdujo el 3º de la Ley 689 de 2001, se logró aclarar el régimen de derecho aplicable a los contratos celebrados por las prestadoras de servicios públicos domiciliarios, para precisar que es el derecho privado, pero también en esta oportunidad se guardó silencio en torno al tema de la jurisdicción competente para dirimir las controversias surgidas de esos contratos. Solo se abordó el tema de atribución de competencias, igual que lo hizo la Ley 142, para señalar a la contencioso administrativa la de dirimir las controversias surgidas de los contratos en los cuales se incluyeran cláusulas excepcionales.
(...) 5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes y de los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales” (resalta la Sala).
(...) 5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes, y de los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales” (se destaca).
Además si se recurre a la historia fidedigna del establecimiento de este precepto (voluntas legis), se confirma lo arriba expuesto, esto es, que el legislador solo pretendía dejar en claro el régimen jurídico aplicable al contrato y no su juez natural, en tanto tan solo pretendía modificar la Ley 142 y en modo alguno la Ley 446.
En efecto, en la ponencia para segundo debate en Cámara a los proyectos de ley 38 de 1998, 65 de 1998 y 81 de 1998, acumulados, se indicó sin ambages:
De acuerdo con el texto transcrito la prestación de los servicios puede estar a cargo de seis distintas modalidades de operadores: i) las empresas de servicios públicos; ii) los productores de servicios marginales, independientes o para uso particular (arts. 16 y 14.15); iii) el municipio prestador directo (arts. 6º y 14.14); iv) las comunidades organizadas; v) las entidades descentralizadas, al momento de expedir la ley y temporalmente, cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones que deben adoptar la forma de empresa industrial y comercial del Estado (art. 17, par. 1º, arts. 180 y 182) y vi) las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de transición previstos en la Ley 142 (art. 181).
Este texto legal se estructuró sobre la base de un mercado en competencia fuertemente intervenido por el Estado, y cuyos ejes temáticos son dos: por una parte los usuarios y por otro lado, los prestadores de servicios públicos domiciliarios. Frente a estos últimos, esta ley prevé que por regla general deben constituirse como ‘empresas de servicios públicos’ y solo por excepción pueden revestir otras modalidades v.gr. prestador directo, empresa industrial y comercial del Estado, etc. Así lo indicó la exposición de motivos de esta ley al señalar que ‘[e]l proyecto supone que, por regla general, son ‘empresas de servicios públicos’ las que han de prestar los servicios a los que se aplica la ley’ (C.C., art. 27 del voluntas legislatoris)(11).
Asimismo, la Ley 142 en el apartado dedicado a las personas prestadoras de servicios públicos (título I), también dejó en claro que esta preceptiva privilegia la prestación por parte de empresas de servicios públicos domiciliarios (en cualquiera de sus modalidades: públicas, privadas o mixtas) y solo por excepción la permite por parte de otro tipo de operadores (...).
Nótese que el precepto trascrito [art. 15] sigue la línea de determinar que las empresas de servicios públicos son el prestador por antonomasia y los otros prestadores los operan de manera excepcional(12) (...).
Sobre esta base, esto es que la operación de los servicios públicos recae prioritariamente en esa nueva tipología jurídica que constituye el género ESP y que tan solo por vía excepcional puede adelantarse la prestación mediante las otras modalidades permitidas por el legislador, la Ley 142 establece en el capítulo I (régimen jurídico de las empresas de servicios públicos) de su título I (de las personas prestadoras de servicios públicos) varios preceptos relativos a la denominación de esa nueva persona jurídica. Así el artículo 17 al ocuparse de la naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos las define como ‘sociedades por acciones’ (S.A.), a su vez el numeral 19.1 del artículo 19 eiusdem que se ocupa del régimen jurídico de las empresas de servicios públicos prescribe que ‘[e]l nombre de la empresa deberá ser seguido por las palabras ‘empresa de servicios públicos’ o de las letras ‘E.S.P.’ (se resalta), por su parte el numeral 19.15 señala que ‘[e]n lo demás, las empresas de servicios públicos se regirán por las reglas del Código de Comercio sobre sociedades anónimas’ (S.A.).
En la misma línea los numerales 14.5, 14.6 y 14.7 de la citada ley al definir las distintas modalidades de empresas de servicios públicos pone el acento en el porcentaje de los aportes, tal y como sucede con el modelo societario anónimo (S.A.)”(13).
iv) el inciso 4º del artículo 51 (modificado por L. 689, art. 6º), al regular las auditorías externas de gestión y resultados (AEGR), prevé que estas deberán elaborar al menos una vez al año una evaluación del manejo de la entidad prestadora;
v) el inciso segundo del artículo 52 (modificado por L. 689, art. 7º), al señalar el concepto de control de gestión y resultados, prescribió que las comisiones de regulación definirán los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permitan evaluar la gestión y resultados de las entidades prestadoras;
viii) el numeral 79.9 del artículo 79 (modificado por L. 689, art. 13) consigna dentro de las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la de mantener un registro actualizado de las entidades que prestan los servicios públicos;
xiv) los incisos segundo y quinto del artículo 140 (modificado por L. 689, art. 19), al regular la suspensión del servicio por incumplimiento del contrato, aluden a la entidad prestadora;
Por manera que, la Carta de 1991 al regular los servicios públicos domiciliarios como un apartado especial de la Constitución Económica “dejó atrás la noción de servicio público que lo asimilaba a una proyección de la ‘función pública’ y optó por un ‘nuevo servicio público’ basado en el modelo de servicios públicos competitivos: mercado a la vez libre e intervenido, ya que el Estado en su condición de director general de la economía se erigió en el garante —que no prestador monopólico— de los servicios. En otras palabras, se trata del cambio del modelo de Estado (...)”(18). De suerte que, los servicios públicos domiciliarios dejaron de ser concebidos como función pública, a la manera de la escuela realista de Burdeos, para ser tratados como un capítulo singular de la Constitución económica dentro de un modelo “neocapitalista, propio de una economía social de mercado, que pretende conciliar las bondades de la competencia con la necesaria intervención estatal, en orden a proteger al usuario final”(19).
(...) No obstante tratarlos como un asunto económico, el Constituyente al definirlos como inherentes a la finalidad social del Estado (C.P., art. 365) se reservó para los servicios públicos un capítulo separado formulando desde el mismo nivel constitucional un régimen jurídico y una autoridad singulares(21), sobre la base de la superación de la vieja concepción que los asimilaba a una manifestación más de la función pública para dar paso a una concepción económica asociada a un nuevo modelo de Estado, habida consideración de su inescindible relación con sus cometidos sociales (C.P., art. 1º)(22) (se resalta).
“(...) El modelo constitucional económico de la Carta Política de 1991 está fundado en la superación de la noción ‘francesa’ de servicio público, conforme a la cual este era asimilable a una función pública, para avanzar hacia una concepción económica según la cual su prestación está sometida a las leyes de un mercado fuertemente intervenido; así se deduce del artículo 365 constitucional cuando dispone que es deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos y que estos pueden ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. Nótese que la norma es clara en señalar que el Estado debe asegurar la prestación (no prestar forzosamente) al tiempo que permite la concurrencia de agentes (públicos, privados o mixtos) en su prestación.
(...) De manera que los derechos colectivos que se involucran en la prestación de los servicios públicos no aluden a la función pública propia del Estado, sino a una actividad económica que por implicar el tráfico de servicios inherentes a la finalidad social del Estado, que la doctrina colombiana(23), con base en expresión foránea, llama ‘bienes meritorios’, exige la intervención del mismo a través de los instrumentos tradicionales de policía administrativa: regulación y control (C.N., art. 365, inc. 2º). En otras palabras, el bien jurídico colectivo por proteger no refiere a la función administrativa, sino a los derechos propios de los consumidores y usuarios particularmente en lo relativo a la calidad del servicio y a su precio”(24) (resaltados no originales).
‘(...) En definitiva, la prestación de los servicios públicos domiciliarios ya no es expresión del poder de imperio del Estado, sino un asunto económico sometido al control y vigilancia de la única Superintendencia de rango constitucional y a la atribución presidencial regulatoria, como instrumentos de intervención estatal (C.P., arts. 333,334, 365 y 370 y L. 142, art. 3º, nums. 3.4 y 3.3).
‘Por lo demás, en desarrollo de la distinción constitucional entre función pública y servicio público, prevista en el ordinal 23 del artículo 150 de la Carta Política, el artículo 3º de la Ley 489 de 1998 dispuso que los principios de la función administrativa solo aplicarían a los servicios públicos en tanto ‘fueren compatibles con su naturaleza y régimen’. De modo que, la propia ley trazó una frontera clara entre esos dos conceptos antes considerados sinónimos(29) (negrillas y cursivas originales, subrayas fuera de texto)(30).
“... la Constitución de 1991 significó un gran cambio en cuanto se refiere a la concepción de los servicios públicos, pues reconoce que el Estado y los particulares pueden concurrir, en condiciones de libre competencia, a su prestación, sin que ello signifique que renuncie a su condición de director general de la economía y garante del cumplimiento de la función social de la propiedad”(31).
1.4. La sustitución de un criterio funcional por uno orgánico de la cláusula general de asignación de competencias a la jurisdicción en lo contencioso administrativo
Ahora bien, el numeral 5º del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo asignaba a esta jurisdicción el juzgamiento de los contratos de todas las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios sin atender a la naturaleza jurídica de la entidad y siempre y cuando la finalidad del contrato estuviese vinculada directamente a la prestación del servicio, pero luego de la modificación del artículo 82 ibidem, este precepto debe interpretarse bajo la óptica del criterio orgánico, como criterio rector de las competencias de la justicia administrativa y por lo mismo, el precepto está referido solo a las entidades estatales prestadoras de servicios públicos.
Y no puede invocarse que en materia de derogatorias quedaron a salvo todos los asuntos relativos a servicios públicos. El parágrafo del precepto que se comenta es claro en señalar: “PAR.—Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, se mantiene la vigencia en materia de competencia, de las leyes 142 de 1994, 689 de 2001 y 712 de 2001”.
i) a los actos y contratos en los que se ejerciten cláusulas exorbitantes (L. 142, art. 31, inc. 2º modificado por L. 689, art. 3º) estarán sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa(39);
En tal virtud y siguiendo el criterio sentado por la Sala(41), se impone concluir que el numeral 5º del artículo 132 y el numeral 5º del artículo 134B fueron derogados por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006.
Al descender las premisas anteriores al sub lite se tiene que al momento de suscribir el contrato cuyo incumplimiento se demanda, Telecom era una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, vinculada al entonces Ministerio de Comunicaciones, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente, creada y organizada de acuerdo con las leyes 6ª de 1943 y 83 de 1945 y los decretos 1684 de 1947, 1233 de 1950, 1184 de 1954, 1635 de 1960 y 3267 de 1963 y reestructurada mediante Decreto 2123 de 1992(42). En consecuencia, como recientemente lo señaló la Sala, el juez del contrato es esta jurisdicción, de acuerdo con lo arriba expuesto.
Por manera que la jurisdicción administrativa conoce de la actividad contractual y precontractual de todas las entidades públicas, se sometan estas últimas o no al estatuto de contratación estatal, en tanto se adoptó un criterio orgánico en el que resulta irrelevante el régimen de derecho aplicable(43).
La Sala es competente para conocer de la apelación dentro de este proceso, en virtud de lo dispuesto por los artículos 129 del Código Contencioso Administrativo y 13 del Reglamento del Consejo de Estado (Ac. 58/99, modificado por Ac. 55/2003, art. 1º).
2. La nulidad absoluta de las cláusulas excepcionales del contrato SAI GDVA 027 de 1995 y su declaratoria de oficio.
Por las circunstancias anteriormente analizadas, la controversia que se suscita con ocasión del Contrato SAI GDVA 027 de 1995 se dirime por las reglas del derecho privado y, por tal motivo, las partes del contrato se encontraban en igualdad o paridad de condiciones.
“(..) el Constituyente dejó en manos de la ley, sin tener en cuenta su pertenencia un régimen de derecho público o privado, la fijación de las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de tales servicios, su cobertura, calidad, financiación, tarifas etc. Luego el legislador, en uso de la facultad constitucional consagrada en los artículos 365 y 367 de la Carta, expidió en el año de 1994 de la ley 142 y entregó a las normas que regulan la conducta de los particulares la forma de actuar y contratar de las empresas prestadoras de los servicios tantas veces citados, sin transgredir con ello la normatividad superior.
(...) Tampoco desbordó el legislador la competencia dada por el Constituyente para expedir el estatuto general de la contratación de la administración pública, toda vez que el régimen de contratos organizado en la Ley 142 de 1994 no es de la administración pública, sino de los servicios públicos domiciliarios que pueden ser prestador bien por ella, bien por sociedades por acciones, personas naturales o jurídicas privadas, organizaciones y entidades autorizadas, entidades descentralizadas etc. ( ver artículo 15 de la ley). Entonces, la Ley 80 de 1993 no podía cubrir a todas las personas en posibilidad de prestar los servicios públicos domiciliarios, por ello fue necesario dictar una reglamentación especial sobre la materia y está nada tiene que ver con el inciso final del artículo 150 de la Carta, sino con los artículos 365 y 367 de la misma, directos depositantes de tal facultad en el legislador (...)”(47).
Nótese que se trata de todos actos administrativos que no resultan aplicables al contrato en estudio, ya que no solo fueron expedidos con posterioridad a su celebración y ejecución del contrato, sino que además no cobijan el negocio jurídico que se estudia.
Ahora, si bien es cierto que en los contratos celebrados por la administración regidos solo por el derecho privado, no se cuestiona la posibilidad de que las partes pacten la cláusula de multas o la cláusula penal(50), dado que tales estipulaciones en ejercicio de la autonomía de la voluntad son de uso común y válidas en dicho régimen, no lo es menos que la administración cuando actúa en pie de igualdad con los particulares no puede declarar directamente el incumplimiento (total o parcial) del contrato e imponer y hacer efectiva unilateralmente una sanción mediante un acto administrativo, ni menos aún puede decretar la caducidad del contrato, pues tales potestades exorbitantes no le fueron atribuidas o autorizadas en las normas civiles o comerciales, ni como ocurre en el caso concreto en la citada Ley 142 de 1994.
(...) observa la Sala que de acuerdo con la normatividad aplicable al contrato celebrado por las partes [derecho privado] y que ya fue objeto de análisis en otro capítulo, surge de manera evidente el hecho de que el gerente de la Industria Licorera de Caldas, empresa industrial y comercial de este Departamento, no tenía competencia para incluir en el negocio jurídico de venta y distribución de licores que suscribió con la sociedad D’Costa S.A. en 1987, la cláusula de caducidad del contrato, tal y como lo hizo; dado que las normas sobre competencia son de orden público y la entidad demandada las quebrantó con dicha cláusula, esta estipulación contiene un objeto ilícito, que la vicia de nulidad absoluta y autoriza por lo tanto al juez del contrato, toda vez que se hallan presentes en el proceso las partes del mismo, para declararla oficiosamente, como en efecto lo hará la Sala...”(51) (negrilla ajena al texto original).
En tal virtud, siguiendo la tesis de la jurisprudencia transcrita(52), es válido afirmar que de acuerdo al régimen privado que rige la actividad de los prestadores de servicios públicos, cláusulas exorbitantes contenidas en contratos como el que ocupa la atención de la Sala —administración a través del sistema SAI— están viciadas de ilegalidad, por violación de normas imperativas y de orden público(53) y falta de disposición o de competencia, pues se trata de una materia que “... es del resorte exclusivo del legislador y no puede tener origen en estipulaciones negociables...”(54).
Recuérdese que los poderes excepcionales al derecho común, únicamente pueden ser ejercidos en los casos y en las condiciones que la ley autoriza a las entidades públicas, habida cuenta de que está por fuera de discusión que todas las actuaciones del Estado se rigen por el principio de legalidad, según el cual los servidores públicos solo pueden ejercer las funciones a ellos asignadas específicamente en la Constitución Política, la ley y el reglamento y por lo mismo, son responsables por infringir estas normativas y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (arts. 6º, 121 y 122 superiores).
En efecto, según las voces del artículo 16 del C.C. no podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres. En consonancia con este mandato el artículo 1519 eiusdem dispone que hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la Nación. Finalmente, el artículo 1741 ibídem establece que constituye nulidad absoluta, aquella producida por un objeto o causa ilícita.
Por su parte, el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo (modificado por L. 446/98, art. 32) faculta al juez administrativo para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato, cuando esté plenamente demostrada en el proceso y siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes, nulidad absoluta que puede recaer sobre la totalidad del contrato o sobre alguna o algunas de sus cláusulas.
Así las cosas, el juez administrativo no solo está facultado sino que tiene el deber de declarar oficiosamente la sanción legal de la nulidad absoluta del contrato o de alguna de sus estipulaciones, aunque no exista petición de parte, en cualquiera de las instancias, cuando aparezca plenamente demostrada en el proceso y en él intervengan las partes o sus causahabientes.
En otros términos, la Sala en el presente caso procederá a declarar en forma parcial la nulidad del contrato SAI GDVA 027 de 1995 en relación con las cláusulas décima sexta —modificación, interpretación y terminación unilaterales— y décima octava —caducidad administrativa—, en los términos indicados atrás.
3.1. Que el sistema de atención indirecta “SAI” está constituido por puntos de venta de los servicios de telecomunicaciones prestados por Telecom, los cuales son atendidos por personas naturales o jurídicas en calidad de empresarios independientes, que para dichos efectos se denominan agentes. Dicho sistema comprende las siguientes modalidades de administración: -C.T. Centro de Telecomunicaciones, -TCC Teléfono Comunitario Compartido, -T.G. Telegráfico, según da cuenta la Resolución 10000-0800 de 5 de febrero de 1993(56) (copia fls. 12 a 36, cdno. 1).
(iii) Telefonía de larga distancia utilizando teléfonos públicos,
3.2. Que Tele Costa Express Ltda. fue constituida mediante escritura pública 1503 de 22 de agosto de 1995 y dentro de su objeto social se encuentra “Prestar los siguientes servicios al público como agente indirecto en la modalidad denominada por Telecom como SAI, ‘Sistema de atención indirecta’: a) Telefonía urbana de conexión a larga distancia; b) Telefonía larga distancia utilizando [teléfonos] públicos; c) los demás servicios de telecomunicaciones (...)” según da cuenta el original del Certificado de existencia y representación legal 0205396, expedido por el 24 de agosto de 1999 por la Cámara de Comercio de Valledupar (original fls. 9 y 10, cdno. 1).
3.3. Que Telecom adjudicó a Tele Costa Express Ltda. en administración SAI la oficina en el municipio de la Jagua de Ibirico (Cesar), según da cuenta el original del oficio 22010011-1255 de 22 de agosto de 1995 suscrito por el gerente departamental y dirigido a Junio Alexander Teherán (fl. 4, cdno. 1).
3.4. Que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y la Sociedad Telecosta Express Ltda. —representada por su gerente señor Junior Alexander Teherán Molina— celebraron el 29 de agosto de 1995 el contrato GDVA-027 para la administración de una oficina, a través del sistema de atención indirecta (SAI), según da cuenta copia auténtica del mismo que obra en el plenario (fls. 185 a 188, cdno. 1)(57).
“El objeto de este contrato es regular los derechos y las obligaciones recíprocas entre las partes, para la administración de la oficina a través del sistema de atención indirecta ‘SAI’ en la modalidad C.T. ‘Centro de telecomunicaciones’, en el municipio de La Jagua, edificio de propiedad de Telecom, donde se atenderán los siguientes servicios: telefonía urbana con conexión de larga distancia, por los abonados indicados en el anexo suministrado por la sección de atención al cliente, los cuales dependen de la central telefónica de propiedad de Telecom, indicada en los términos de referencia (Cap. II, num. 2.3.1.)(58) que hacen parte integrante de este contrato” (fl. 185 y reverso, cdno. 1).
3.5. Que mediante Resolución 20001200-00049 de 2 de julio de 1997 Telecom ordenó el cobro de las facturas dejadas de cancelar “por el contratista Junior Alexander Teherán Molina (...) correspondientes al saldo de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1996 y facturas de enero y febrero 1997, por valor de $ 38.816.640,oo, como consecuencia del Contrato GRVA-0111-93, para la atención de los servicios que presta Telecom a través de la modalidad C.T. centro de telecomunicaciones desde un SAI, esto es, servicio de telefonía urbana con conexión a larga distancia, en la terminal de transporte del municipio de Valledupar, Cesar” (copia auténtica, fls. 61 y 62, cdno. 1).
3.6. Que en comunicación de 4 de agosto de 1999 la gerencia departamental del Cesar de Telecom le indicó al contratista que según “la cláusula quinta [del contrato SAI GDA 027/95] se indicaba que el contrato podía prorrogarse en forma escrita, lo cual no ocurrió y por lo tanto su terminación se dio a su vencimiento y no fue prorrogado”.
En la misma comunicación Telecom señaló que dicho contrato no fue prorrogado en razón a que “para la época de los hechos este incumplió reiteradamente el contrato GDVA-0011 de 1993 para prestar servicios en el sistema SAI-CT en el punto terminal de transportes en Valledupar, a tal punto de que fue objeto de denuncia penal por presunto peculado por extensión en octubre de 1997, además de haberle declarado el siniestro ordenando hacer efectivas las garantías mediante Resolución 20001200-00049 del 2 de julio de 1997, la cual fue notificada personalmente el día 27 de agosto de 1997 (...) el mismo señor Teherán Molina ex contratista de Telecom, reconoce su incumplimiento y solicita se le haga cruce de cuentas para cubrir las deudas del SAI terminal de transporte con la participación de la administración SAI de la Jagua de Ibirico, según consta en su escrito del 1º de abril de 1997, resultado que con dicho procedimiento no alcanzó a cancelar la deuda (...)”.
Y en ese mismo escrito al referirse a la retribución por participación de la administración se aseguró que “nos acogimos a su escrito del 1º de abril de 1997 mediante el cual usted solicitó expresamente el cruce de cuentas para con la participación por concepto de la Administración SAI de la Jagua de Ibirico según contrato GDVA-027, cancelar la deuda pendiente del SAI -terminal en Valledupar y como consecuencia la empresa procedió una vez recibidas las cuentas y realizado el trámite de cancelación de participaciones, a realizar los cruces respectivos (...). Esta empresa no puede reconocer sumas o valores que no debe y por el contrario estará atenta a tomar las medidas coercitivas que la ley establece para recuperar dineros que le pertenecen como entidad pública de las cuales se apropia el excontratista, con el agravante de que cobra lo no debido”. Con fundamento en ello negó el reconocimiento y pago de los $ 24.517.705,74 reclamados (copia fl. 67, cdno. 1).
No obstante lo anterior, y si bien de conformidad con la cláusula quince del contrato GDVA-027 de 1995, el plazo de duración era de “dos (2) años, prorrogable en forma escrita, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte del agente (...)” (fl. 186 reverso, cdno. 1) y al hacerlo se pactó que fuese por escrito, lo cierto es que la Sala aprecia que la sola formación del consentimiento bastó para dar a la vida jurídica la prórroga tácita del contrato en comento.
Ello se desprende del comportamiento y la conducta adoptada por las partes. Así mediante comunicación 20001240-0142 de 10 de mayo de 1998 Telecom devolvió a Telecosta Express la cuenta de cobro telefónica local del mes de diciembre de 1997, esto es varios meses después de finalizado el plazo de dos años acordado, y al hacerlo señaló que lo hacía “debido a que la cuenta presenta inconsistencia en la suma de los conceptos (tarifa básica, larga distancia y valor impulsos), así mismo la plantilla 325 carece de soporte copia de la consignación” en la misma se indica que le agradecen “nos la envíe la más pronto posible” (original, fl. 37, cdno. 1).
3.7. Que en comunicación de 27 de junio de 1999 dirigida a Telecom, Tele Costa Express Ltda. solicitó el reconocimiento y pago de las facturas de abril de 1997 a noviembre de 1998, las cuales según ese escrito ascendían a $ 24.517.705,74. En la misma comunicación se lee: “Según la cláusula quinta el contrato fue celebrado por dos años prorrogables en forma escrita; lo cual no sucedió, ni se dieron las circunstancias anotadas, para darlo por concluido; no obstante ello, no quiere decir que ustedes no deban indemnizar (...)” (copia al carbón fl. 9, cdno. 1).
3.8. Que a la terminación del contrato del señor Junior Alexander Teherán Molina, en el municipio de la Jagua de Ibirico, se encontraban en servicio 539 líneas telefónicas, según da cuenta certificación suscrita por la jefatura de la sección de atención al cliente de Telecom en Cesar remitida al proceso mediante oficio 20001205-00001664 de 19 de julio de 2000 el gerente departamental Cesar de Telecom (fls. 176 a 178, cdno. 1).
3.9. Que Sara Elena Amaya Arias reemplazó al demandante en la administración del SAI, en el municipio de la Jagua de Ibirico, según da cuenta tanto la certificación remitida al proceso suscrita por la jefatura de la sección de atención al cliente de Telecom en Cesar y el Contrato GDVA-000309 de septiembre 25 de 1998(61) (copia auténtica fls. 176 a 178, cdno. 1).
(i) la existencia de los recaudos correspondientes a la facturación del período mayo de 1996 a mayo de 1998;
(iv) la existencia de las facturas 001 a la 23 y si lo recaudado en ellas corresponde a lo contabilizado por la empresa Telecom;
(ix) la existencia del contrato GDVA 027 del 29 de agosto de 1995 y de la Resolución 100000800 de febrero 5 de 1993.
Por lo demás, el dictamen del perito debe ser claro, preciso y detallado, en él se deben explicar los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones (art. 237, num. 6 eiusdem).
Ahora bien, el artículo 241 ibídem señala que al valorar o apreciar el juez el dictamen de los peritos tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que el juez no está obligado a “... aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían falladores...”(66).
(i) Frente a la existencia de los recaudos correspondientes a la facturación del período mayo de 1996 a mayo de 1998, los expertos se limitaron a señalar: “lo expuesto en el anterior cuadro nos refleja cada una de las órdenes de pago por el valor cobrado según los recaudos de cada uno de los meses y lo pactado en el contrato” y agregaron que “en la última columna aparece el valor neto a girar por cada una de las cuentas una vez descontado los conceptos de ley así como los descuentos por varios servicios también pactados en el contrato (...) como son arriendo, aseo, energía, IVA retenido y retención en la fuente” (fls. 119 y 120, cdno. 1)(68).
“De acuerdo a una fotocopia (fue imposible conseguir el original) de un oficio presentado por el señor Junior Alexander Teherán en abril 1º de 1997 solicitaba a Telecom que se hiciese cruce de sus cuentas de cobro abonándoselas a la deuda que el citado señor tiene con la empresa Telecom, por concepto del contrato GRVA 00111 del 1º de septiembre de 1993, comprometiéndose a abonar además de las cuentas de cobro, la suma de $ 1.000.000,oo mensual. Este cruce está debidamente autorizado de acuerdo con lo establecido por la Empresa Telecom en su manual de facturación y cobranzas, capítulo IV, numeral 1.4.
Se verificó por tanto estos cruces de cuentas arrojando a la fecha una deuda a favor de Telecom y a cargo del señor Junior Alexander Teherán por la suma de $ 45.560.212,oo incluidos los intereses de mora.
Anexamos la fotocopia [fl. 115, cdno. 1 copia simple y en gran medida ilegible porque a la vez es borrosa y con múltiples anotaciones al margen a mano], ya que como lo manifestamos, fue imposible constatar esta fotocopia con su original. De todas maneras este cruce de cuentas está autorizado por el manual de facturación y cobranzas de Telecom, en el capítulo IV, numeral 1.4” (fls. 120 y 121, cdno. 1)
De manera que la inferencia de que existió un “cruce de cuentas” de que hablan los expertos se construyó, por una parte, sobre la base de una fotocopia simple —como ellos mismos admiten y cuya copia que se anexa (fl. 115, cdno. 1) a su vez resulta ilegible— y, por otra, se dice que se “revisó el archivo de tesorería donde reposan las cuentas u órdenes de pago” pero no se hace estudio alguno de estas. El escrito no solamente no ofrece los datos necesarios para darle crédito a lo que concluye, sino que además no consigna análisis alguno que lo fundamente.
“Uno de los aspectos observados, es el desfase en el trámite de las cuentas y esto obedece a que no se presentaban a su debido tiempo por parte del señor Junior Alexander Teherán y en su mayoría por presentación de las cuentas mal elaboradas, como lo manifiesta el señor Ramón Montaño Flórez en oficio 20001240-0202 de mayo 6 de 1997 y que certifica algunas diferencias entre lo demandado y lo observado en el trámite de Telecom. Fotocopia de este oficio lo estamos anexando [fotocopia simple borrosa y parcialmente legible].
Por lo expuesto anteriormente, varias de las cuentas presentadas por el señor Junior Alexander Teherán fueron devueltas para que se corrigiesen y regresaron debidamente arregladas sin que el señor Teherán les anotare nuevamente su numeración, razón por la cual la numeración no concuerda, pero sus valores sí fueron cruzados para abonar al contrato GRVA 00111-1 1º septbre/93, como se demuestra en el cuadro inicial de este dictamen pericial.
Así mismo verificamos que no existen cuentas pendientes de trámite de pago y cruce, en las dependencias de Telecom, por lo que creemos y consideramos que no fueron presentadas” (fls. 122 y 123, cdno. 1).
Una vez más se advierte la carencia de soporte del dictamen. Se afirma que las cuentas fueron “mal elaboradas”, pero no se soporta este aserto y tan solo se llega a esta conclusión a partir de lo manifestado en un oficio del accionado. Y en respaldo se adjunta una copia ilegible de este último.
Como arriba se indicó, la labor del perito es lograr que las conclusiones de su dictamen sean claras y firmes, para que aparezcan exactas y el fallador pueda adoptarlas, considerarlas, de ser el caso, por ser convincentes y merecedoras de credibilidad, pues solo ante su firmeza y ausencia de vacilaciones, el dictamen puede tener eficacia probatoria, que es su fin último.
A este respecto el informe de los peritos se limitó a señalar: “[f]ue imposible constatar el movimiento de esta cuenta en las dependencias de Telecom y debido a la reserva bancaria no la solicitamos al Banco Agrario de la Jagua de Ibirico, banco este que reemplazó a la Caja Agraria que entró en disolución y liquidación” (fl. 123, cdno. 1).
Circunstancia que no fue corregida con la solicitud de aclaración y complementación hecha por el actor(73). En efecto, en respuesta fechada el 29 de septiembre de 2000, los peritos dijeron reiteradamente que se “ratificaban” en su experticio (fls. 209 a 211, cdno. 1).
(4) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 8 de febrero de 2001, Exp. 16661, C.P. Ricardo Hoyos.
(5) Vigente en este aspecto desde el 28 de abril de 2.005, con la habilitación de competencias dada por la Ley 954, norma que entró a regir en la fecha ya señalada.
(6) Gaceta del Congreso 538, año VIII, viernes 10 de diciembre de 1999, p. 3.
(7) Gaceta del Congreso 186, Año VIII, viernes 2 de junio de 2000, p. 9.
(11) Hommes Rodríguez, Rudolf et. al. Exposición de motivos al Proyecto de Ley 197 de 1992, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, en Gaceta del Congreso 162, 17 de noviembre, 1992, p. 24.
(12) Salvo el supuesto previsto en el numeral 15.4 del artículo 15 relativo a las organizaciones autorizadas, que pueden prestar el servicio no solo en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas, sino que pueden competir en otras zonas, según la declaratoria de constitucionalidad condicionada que hiciera la Corte Constitucional de esta disposición (Sent. C-741/2003)
(14) Así lo indica la doctrina nacional: “Como quiera que en el articulado de las leyes 142 y 143 se mencionan indistintamente los términos, ‘prestadores’, ‘entidades’, ‘empresas’, ‘entes’, ‘agentes’ y ‘personas prestadoras’, todas estas denominaciones deben entenderse dentro del concepto genérico de prestadores de servicios públicos domiciliarios” (Moreno, Luis Ferney, Servicios públicos domiciliarios, perspectivas del derecho económico, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, p. 77).
(15) Sobre el alcance las funciones regulatorias como instrumento de intervención estatal ver Naranjo Mesa, Vladimiro, “Análisis constitucional de la Sentencia C-1162 de 200”, en Servicios públicos domiciliarios-actualidad jurídica tomo IV, publicación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Imprenta Nacional, Bogotá, 2001, pp. 59-67 y Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, radicado 1100-10-326-000-1998-05354-01 (16.257), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(16) Sobre esta faceta de la policía administrativa en servicios públicos Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 16 de junio de 1999, radicado 931, C.P. Luis Camilo Osorio; Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia AP-1470 de 2005, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Sentencia AP-1944 de 2006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Sentencia AP-1843 de 2006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y “La reestructuración de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: hacia un nuevo control de gestión empresarial” en Régimen jurídico empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2004, pp. 173 y ss.
(17) Sobre los subsidios como instrumento de intervención estatal vid. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia AP-543 de 2006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Concepto SSPD 20011300000310 en Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Servicios públicos domiciliarios, actualidad jurídica, tomo IV, Bogotá, 2001, p. 229 y ss.; “Los deberes de la solidaridad en el modelo tarifario de los servicios públicos domiciliarios”, en Contexto, Revista de Derecho y Economía, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, septiembre de 2004, Ed. Especial Nº 19, pp. 41 y ss.
(21) Vid. “Del carácter singular del derecho de la competencia en los servicios públicos domiciliarios”, en Contexto, Revista de Derecho y Economía, Nº 13, abril de 2002, Universidad Externado de Colombia, p. 22 y ss.
(25) Cfr. Chahín Lizcano, Guillermo, Elementos básicos del régimen constitucional y legal de los servicios públicos, Bogotá, EEB, 1998, p. 33: “... se trata de un régimen de libertad empresa (sic) pero dentro de los límites del bien común, sujeta esta actividad a la dirección general y a la intervención del Estado con miras al logro de los fines del Estado social de derecho”.
(26) Según el profesor Julio Prat: “El servicio público... como pieza maestra del derecho administrativo francés servirá como criterio para que todos los actos ya tomados en sí mismo o en sus consecuencias, de un servicio público, se regulen por el derecho público, al igual que todo acto concurrente a permitir, de una u otra manera, la ejecución de un servicio público caiga en el dominio del derecho administrativo” (Prat, Julio A. “Los servicios públicos” en V.V.A.A. El derecho administrativo en Latinoamérica, tomo II, Ediciones Rosaristas, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 1986, pp. 236 y ss.).
(28) Vid. “Del carácter singular del derecho de la competencia en servicios públicos domiciliarios” en Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Actualidad Jurídica tomo IV, Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, 2001, p. 125. La Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 2003 adoptó este criterio.
(31) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 17 de febrero de 2005, Exp. 27673, radicado 500012331000200300277 01, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.
(32) Diario Oficial 46494. 27 de diciembre de 2006.
(33) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del tres de marzo de 2005, Exp. 15.322 (R-0456), actores: Henry Fonseca Ochoa y Sindicato de Trabajadores del municipio de Yopal. Se atribuyó a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de un contrato de suscripción de acciones celebrado por el municipio de Yopal, de acuerdo con los artículo 31 y 39 de la Ley 142 de 1994.
(34) Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, auto de 15 de junio de 2005, radicación 110010102000200500852 00 (269-18).
(38) Cfr. Exposición de motivos al proyecto de Ley 69 de 2005 Senado, por la cual se modifica el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, en Gaceta del Congreso 538 del 18 de agosto de 2005, p. 31 y ss.
(43) Con arreglo a lo previsto en el artículo 2º de la Ley 226 de 1995 a los procesos de enajenación accionaria estatal no le son aplicables las normas propias de la Ley 80 de 1993. Sin embargo, como lo ha advertido la Sala, ello no implica un reenvío automático al derecho común, sino la sujeción a normas especiales de orden público perfiladas en la citada, en acato del artículo 60 Constitución Nacional, en el marco —en este caso además— de un actividad no solo evidentemente administrativa sino también de intervención económica, vid. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de febrero de 2010, radicado 1100-10-326-000-20010-0015-01 (19.526), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(44) La cuantía para que un proceso de controversias contractuales en el año de 1997 y cuyo recurso se hubiera propuesto antes de la vigencia de la Ley 446 de 1998 (lo cual ocurrió el 28 de abril de 2005 por virtud de lo dispuesto en la Ley 954 de 2005), tuviera vocación de segunda instancia ante esta Corporación era de $ 13.460.000,oo y la mayor de las pretensiones de la demanda con la cual se inició este proceso asciende a la suma $ 24.517.705, 74 solicitada como perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en favor del demandante.
(2)(sic) Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 19 de julio de 1995, radicación 704, C.P. Roberto Suárez Franco.
(47) Corte Constitucional en Sentencia C-O66 de 1997, M.P. Morón Díaz.
(48) ART. 2-26.—Inclusión de clausulas exorbitantes. Todos los operadores de TPBC sometidas a la regulación de la CRT deberán incluir las cláusulas exorbitantes o excepcionales al derecho común de terminación, modificación o interpretación unilaterales del contrato, de sometimiento a las leyes nacionales, de caducidad administrativa y de revisión, en los contratos de obra, de consultoría y suministro de bienes, cuyo objeto esté directamente relacionado con la prestación del servicio y su incumplimiento pueda acarrear como consecuencia directa la interrupción en la prestación del mismo.
ART. 2-27.—Régimen aplicable a las clausulas exorbitantes. En los casos señalados en los artículos anteriores, todo lo relativo a las cláusulas exorbitantes se regirá por lo dispuesto en lo pertinente, en la Ley 80 de 1993; los actos en que se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
(49) ART. 2.6.1.—Inclusión de clausulas exorbitantes. Todos los operadores de TPBC sometidos a la regulación de la CRT deberán incluir las cláusulas exorbitantes o excepcionales al derecho común de terminación, modificación o interpretación unilaterales del contrato, de sometimiento a las leyes nacionales, de caducidad administrativa y de revisión, en los contratos de obra, de consultoría y suministro de bienes, cuyo objeto esté directamente relacionado con la prestación del servicio y su incumplimiento pueda acarrear como consecuencia directa la interrupción en la prestación del mismo.
ART. 2.6.2.—Régimen aplicable a las clausulas exorbitantes. En los casos señalados en los artículos anteriores, todo lo relativo a las cláusulas exorbitantes se regirá por lo dispuesto en lo pertinente, en la Ley 80 de 1993; los actos en que se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
(51) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2006, Exp. 13.414, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(52) Ver en sentido similar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de agosto de 2004, Exp. 12.342, Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 7 de octubre de 2009, Exp. 18.496, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(53) La Sección ha tenido oportunidad de pronunciarse en múltiples ocasiones sobre la naturaleza de orden público de las normas que regulan la contratación de las entidades estatales. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de agosto de 2002, Exp. 21041, actor: Electrificadora del Atlántico S.A. ESP.
(54) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 21 de octubre de 1994, Exp. 9.288.
(56) En el plenario también obra copia auténtica de: (i) la Resolución JD 0088 de 9 de septiembre de 1991, por la cual se actualizan los procedimientos para la adopción de la modalidad de prestación de servicios en forma compartida; (ii) la Resolución JD 0023 de 13 de febrero de 1992, por la cual se cambian los procedimientos para la adopción de la modalidad de prestación de servicios de agencias indirectas en un nuevo sistema denominado SAI, en cuyo artículo 2º se indica que “[p]ara efectos de esta resolución defínese como suscriptor SAI —sistema de atención indirecta— a la persona natural o jurídica que en calidad de agente de Telecom colabora con esta en la atención de los servicios descritos en el artículo anterior [telefonía urbana con conexión a larga distancia, telefonía larga distancia utilizando teléfonos públicos y demás servicios de telecomunicaciones]. El suscriptor SAI no asume ni directa ni indirectamente la titularidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, las cuales están a cargo de Telecom (...)”; (iii) la Resolución JD 0054 de 27 de febrero de 1992, por medio de la cual se reglamenta la atención del servicio telegráfico por el sistema de atención indirecta SAI y (iv) Resolución 00010000-820 de 23 de diciembre de 1993, por la cual se adopta el manual de normas de operación telegráfica y facsímil expedidas por Telecom.
(57) Remitido mediante oficio 20001205-00001664 de 19 de julio de 2000 por el Gerente Departamental Cesar de Telecom (fls.176 a 189, cdno. 1).
(59) En el proceso declaró Sara Elena Amaya Arias luego de afirmar que sabía por intermedio de un tercero (“Nando” Ojeda que era empleado del señor Junior Alexander Teherán Molina) que entre este último y Telecom se había suscrito un contrato, agregó que no tenía conocimiento de cuál era el plazo del mismo y categóricamente indicó que “no conocía las condiciones del contrato”. Al preguntársele que más sabía de ese contrato, señaló que “Yo no se más nada del contrato” (fls. 140 y 141, cdno. 1). Se trata, no solo de un testimonio de oídas, cuya fuerza probatoria y eficacia, en principio, es muy reducida, sino que además dice desconocer las condiciones en que se celebró y ejecutó el contrato.
De otro lado, si bien Arnaldo Ojeda Gómez en su declaración aseguró que conoce al demandante por haber sido el administrador del SAI “desde el 21 de septiembre de 1995 hasta octubre 2 de 1998” (fls. 142 a 143, cdno. 1), se trata de una declaración que muestra claramente el ánimo de favorecer decididamente los intereses de la parte actora, en tanto resulta implicada —aunque sea indirectamente— en lo que se decida en este proceso, por lo que resulta sospechosa. Además aún si se pudiera darle crédito, su dicho no da cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los cuales ha debido tener lugar la alegada prórroga.
(61) Remitido mediante oficio 20001205-00001664 de 19 de julio de 2000 por el gerente departamental Cesar de Telecom (fls. 176 a 189, cdno. 1).
(62) El punto e) refería a determinar cuántas líneas telefónicas existían al momento de la terminación del contrato en el municipio de la Jagua de Ibirico; el punto f) alude a establecer quién reemplazó al demandante en la administración del SAI CT en la Jagua de Ibirico y cuándo lo reemplazó y finalmente el punto h) atañe a constatar hasta qué época el demandante administró el SAI La Jagua de Ibirico y qué persona lo reemplazó. Como ya se indicó mediante oficio 20001205-00001664 de 19 de julio de 2000 el gerente departamental Cesar de Telecom informó al efecto lo siguiente: “Anexo oficio 20001230-00204 del 13 de julio de 2000 suscrito por la jefe sección atención al cliente, donde informa que a la terminación del contrato del señor Junior Alexander Teherán Molina, en el municipio de la Jagua de Ibirico, se encontraban en servicio 539 líneas telefónicas instaladas, según cuadro anexo” (fls. 176 a 189, cdno. 1).
(65) Devis Echandía, Hernando, Ob. cit., pp. 346 a 350 y ss.
(66) Parra Quijano, Jairo, Manual de derecho probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2004, p. 649.
(67) Devis Echandía, Hernando, Ob. cit., p. 348.
(68) Al responder la solicitud de aclaración y complementación formulada por la parte demandante los peritos señalaron que la relación que aparece en el peritazgo “corresponde a las órdenes de pago expedidas por Telecom, sobre las únicas cuentas de cobro presentadas por la firma Telecosta Express Ltda. que figuran en su contabilidad. Si la firma Telecosta Express Ltda. presentó otras cuentas de cobro, las mismas no reposan en los archivos de Telecom” (fls. 209 a 211, cdno. 1).
(69) En el escrito de aclaración y complementación los peritos reiteraron que las cuentas de cobro no habían sido pagadas al actor ya que “fueron cruzadas con una deuda del señor Junior Alexander Teherán según autorización por escrito en carta de abril 1/97 suscrita por el señor Teherán como persona natural y no como representante legal de la firma Telecosta Express Ltda., quien era la entidad que únicamente podía haber dado la autorización para el cruce de cuentas. Para confirmar que la Empresa Telecom no contaba con la autorización de los demandantes para el cruce de cuentas, el señor Junior Alexander Teherán nos hizo llegar en la fecha, fotocopia de la respuesta de Telecom dio a su carta —sic— (...) en donde Telecom, le dice que para poder estudiar la propuesta de cruce de cuentas es necesario que proceda a ceder dichas cuentas mediante documento a través de la firma Telecosta Express Ltda. hecho este que nunca ocurrió” (fl. 210, cdno. 1). Este documento que anexa a la aclaración no puede ser tenido en cuenta en la medida en que (i) No corresponde a la materia objeto de la peritación que no era otra que el análisis de la información que reposaba en Telecom (y no la aportada por el actor —por lo demás— luego de la solicitud de aclaración); (ii) Fue allegada en forma informal, extemporánea y sin posibilidad de su contradicción a los peritos y no al proceso y (iii) Se trata de una copia simple.
(70) En efecto, en el proceso declaró Sara Elena Amaya Arias luego de afirmar que sabía por intermedio de un tercero (“Nando” Ojeda que era empleado del señor Junior Alexander Teherán Molina). Y luego al preguntársele si Telecom le daba participación al demandante sobre los recaudos de facturación, de nuevo señaló que si bien sabía que le daban un porcentaje, no sabía cuánto “porque yo no conocía las condiciones del contrato” (fls. 140 y 141, cdno. 1).
Igualmente declaró Arnaldo Ojeda Gómez quien aseguró haber sido el administrador del SAI objeto de la litis “desde el 21 de septiembre de 1995 hasta octubre 2 de 1998”. Al preguntársele sobre el porcentaje que se pactó como reconocimiento de la facturación, señaló que “[e]l contrato ese no tengo conocimiento”. Y al interrogársele sobre el incumplimiento alegado por el demandante indicó: “Según la información del señor Junior la empresa Telecom no se le había cancelado las cuentas que él presentaba mensualmente por problemas que él tenía con Telecom (...) no se más nada de esta contratación, en cuanto a la participación de las cuentas del mes de mayo de 1996 a mayo de 1998, yo se las enviaba al señor Junior para que las firmara y las remitiera a Telecom, no tengo nada más que decir” (fls. 142 a 143, cdno. 1).
Es evidente que es una declaración que muestra claramente el ánimo de favorecer decididamente los intereses de la parte actora, en tanto resulta implicada –aunque sea indirectamente- en lo que se decida en este proceso, por haber laborado justamente para la parte actora por lo que resulta sospechosa. Además aún si se pudiera darle total crédito se trata en lo que refiere a la ejecución del contrato, también se trata de un testimonio de oídas que por demás no aporta mayor elemento de juicio a la situación que se pretende acreditar.
(71) El director del Banco Agrario de La Jagua de Ibirico con oficio 001570 de septiembre 6 de 2000 remitió, en cumplimiento de lo ordenado en el auto de pruebas, “fotocopia de los extractos de la cuenta corriente 2442-000088-7 perteneciente a Telecom” de los meses de mayo de 1996 a mayo de 1998, con excepción de los extractos de septiembre, octubre y diciembre de 1997 “los cuales no fue posible su localización en los archivos que reposan en la oficina” (fls. 154 a 175, cdno. 1). Dichos extractos no aportan ningún elemento de juicio a la materia objeto del proceso, allí tan solo aparece una relación de movimientos de la cuenta sin discriminación alguna.
(72) Sobre la facultad del juez para desestimar los dictámenes periciales en circunstancia similares. Vid. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 16 de marzo de 2000, Exp. 11515; 7 de octubre de 2009, Exp. 16.986; 23 de agosto de 2008, Exp. 16.491 y 14 de abril de 2010, Exp. 16.432.