Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-1061-08.htm
Timestamp: 2017-10-18 09:10:38
Document Index: 161134013

Matched Legal Cases: ['artículo 478', 'artículo 150', 'artículo 478', 'artículo 478', 'artículo 478', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 478', 'artículo 478', 'artículo 478', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 38', 'artículo 34', 'artículo 33', 'artículo 39', 'artículo 478', 'artículo 34', 'artículo 33', 'artículo 478']

C-1061-08
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 40-6, 241 No. 4 y 242-1 de la Constitución Política, el ciudadano José Luis Duarte Bohórquez demandó el artículo 478 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, por considerar que la norma acusada viola los artículos 4, 29, 31, 150, numeral 1 y 158 de la Carta.
El demandante señala que el artículo acusado vulnera los artículos 4, 29, 31, 150 num. 1 y 158 de la Carta Política, por cuanto viola el principio del debido proceso y la doble instancia “al permitir la viabilidad de que un juez de igual o inferior jerarquía revise las decisiones penales del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, en aspectos de tanta importancia que tienen que ver con el derecho fundamental de la libertad”, desconociendo lo establecido en los artículos 29 y 31 de la Carta Política, en cuanto a que debe ser un superior quien revise la decisión del juez de inferior categoría.
Para el accionante, si bien “es plausible aplicar la excepción de inconstitucionalidad, pero desafortunadamente la H. Corte Suprema de Justicia en reiteradas decisiones ha reconocido la validez de la controvertida norma fijando como precedente jurisprudencial que decisiones de gran peso jurídico como libertades condicionales (sic) la segunda instancia la desaten los jueces de instancia, es decir, penales del circuito o municipales, estos últimos de inferior categoría. Pero es tal el desaguisado jurídico generado que otras decisiones de menor trascendencia en el ámbito punitivo, por ejemplo, beneficios administrativos, redenciones de pena, acumulaciones, la segunda instancia si la lleven a cabo los Tribunales en respeto al principio de doble instancia.”
En relación con la asimilación que hace el demandante de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad con los jueces del circuito, señala el interviniente que es equivocada, pues de la lectura de los artículos 31 de la Ley 906 de 2004 y 11 de la Ley 270 de 1996, se observa que la categoría de los jueces de ejecución de penas “totalmente independiente de tribunales y juzgados que adelantan el conocimiento de las diferentes causas. (…) Como quiera que a este tipo de juez se le denomina de ejecución de penas y medidas de seguridad, resulta claro que su competencia arranca de la existencia de una sentencia condenatoria en firme, y por lo tanto no son de su competencia los pronunciamientos restitutorias que emanen de la sentencia absolutoria y esta se rige por los principios de territorialidad y contingentación.”
Resalta el interviniente también que la Corte Suprema de Justicia ha reconocido la competencia especial de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, y la competencia del juez que profirió la condena en primera o única instancia para conocer de la apelación contra las decisiones que adopten los jueces de ejecución de penas relativas a los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. Según el interviniente, “la Corte Suprema de Justicia manifestó que la norma examinada en concreto escinde de la multiplicidad de materias de las que conocen los jueces de ejecución de penas –redención de penas, acumulación jurídica de penas, aplicación de penas accesorias, libertad vigilada, extinción de la condena, entre otras ‑ aquellas que deciden sobre los mecanismos sustitutivos privativos de la libertad, lo que devela que por excepción y especialidad estos temas son del conocimiento de juez que profirió la condena.”
Para el Fiscal la norma cuestionada no viola el debido proceso como quiera que en la definición de los procedimientos el legislador cuenta con un amplio margen de configuración. Recuerda que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido que el principio de la doble instancia no tiene un carácter absoluto. Señala que “el Congreso de la República puede establecer reglas que desarrollan esa garantía, instituida para que otro funcionario distinto del que adoptó la decisión, la revise. En este último aspecto (…) reside el núcleo esencial de la doble instancia: garantizar que sea otro funcionario y no el mismo, el que analice los presupuestos de hecho y de derecho en que se fundamentó un pronunciamiento judicial determinado.”
Por lo anterior concluye que la norma cuestionada no comporta ninguna vulneración pues bien puede el legislador establecer que en determinados casos la apelación de la decisión sea resuelta por un funcionario de la misma o incluso de inferior jerarquía al que emitió la decisión. “Esa libertad de configuración se amplía mucho más tratándose de autos y no de sentencias, pues la propia Corte Constitucional lo ha reconocido al señalar que “en materia de apelación de autos, la Constitución no trae norma específica al respecto, ampliándose así la libertad de configuración del Legislador…” (Sentencia C-900 del 7 de octubre de 2003)”
Luego de hacer un recuento de las obligaciones constitucionales e internacionales en relación con el principio de la doble instancia, así como de los límites del legislador al regular este derecho, el interviniente concluye que “no sería inconstitucional que consagrara el recurso de apelación frente a las decisiones proferidas por los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, pues la Constitución sólo requiere la aplicación de la doble instancia frente a las sentencias y a los fallos de tutela, permitiendo incluso que existan excepciones que avalen que frente a estos dos tipos de decisiones pueda no contemplarse la posibilidad de interponer el recurso de apelación.” Igualmente señala que “en ejercicio de la libertad de configuración de los procedimientos y los recursos, contemplado en el artículo 150, el legislador puede decidir qué decisiones (sic) pueden ser objeto de recursos, siempre y cuando no viole el principio de igualdad, lo cual no sucedería en relación con el artículo 478 de la Ley 906 de 2004, pues esta norma constituye una regulación genérica que no establece un trato discriminatorio que diferencie situaciones o sujetos particulares.”
No obstante, frente a la interpretación del alcance de la norma que hace el demandante, el interviniente señala que “a partir de una interpretación sistemática de la Ley 906 de 2004, no puede entenderse que el recurso al cual se refiere el art. 478 de la misma, sea conocido por el juez que profirió la sentencia condenatoria, sino que la apelación se presente ante éste, para que el mismo lo remita a la Sala Penal del Tribunal del Distrito Judicial correspondiente.” Señala que habría dos interpretaciones posibles: (i) “considerar, como lo hace el demandante, que el recurso contemplado en el artículo 478 de la Ley 906 de 2004 se interpone ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad para que lo decida el juez que profirió la condena en primera o única instancia. Sin embargo, una interpretación en este sentido implicaría considerar que dicho recurso no es una apelación, sino un recurso sui generis, pues no sería decidido por el superior jerárquico del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, sino por alguien que ya ha conocido el proceso y por ello no puede dar una resolución completamente independiente. (…) Esta interpretación del art. 478 implicaría la falta de técnica legislativa de la Ley 906 de 2004, sin embargo, no sería inconstitucional, pues en estos eventos la Carta fundamental no exige que exista doble instancia. Tampoco se violaría el principio de imparcialidad, pues existen otros recursos como la reposición en la cual el funcionario que decide ya ha conocido previamente el proceso, sin que esto implique inconstitucionalidad alguna.” (ii) Hacer una interpretación sistemática del artículo 478 de la Ley 906 de 2004, 34 del Código de Procedimiento Penal y 352 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento penal en virtud de la remisión expresa que a dicho estatuto realiza el art. 25 del Código de Procedimiento Penal. “De acuerdo a esta interpretación, el art. 478 establece que el recurso de apelación se presenta (…) ANTE el juez que profirió la sentencia condenatoria, pero que el recurso lo conoce la sala penal de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 906 de 2004, según el cual “las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial conocen: (…) 6. Del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del juez de ejecución de penas.”
Señala la interviniente que existe una contradicción entre lo que establece el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 906 de 2004 y el artículo 478 de la misma ley, pues mientras el primero señala que las Salas Penales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial son las competentes para conocer de las apelaciones contra la decisión del juez de ejecución de penas, el artículo 478 establece una “impugnación horizontal o, lo que es más preocupante, (…) un recurso inclinado y sinuoso que lleva al extremo de permitir que un funcionario de inferior jerarquía al juez de ejecución, le revise sus decisiones y en consecuencia, las revoque, aclare o modifique.”
Indica la interviniente que la aplicación aislada del artículo 478 de la Ley 906 de 2004, sin tener en cuenta las normas sobre competencia que establece la misma ley, “conduciría a admitir que las decisiones de los jueces de ejecución de penas carecen de recurso de apelación y por ende, de la posibilidad de revisión por parte de un juez colegiado y jerárquicamente superior, ya que quien debe reexaminarla en los términos del precepto acusado, es el mismo funcionario que profirió la sentencia condenatoria en primera o única instancia, lo que contradice abiertamente las reglas del derecho nacional y la ineludible supremacía de la normativa internacional, tan prolífica y contundente en la materia.”
Señala la Vista Fiscal, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que “los recursos son concebidos como instrumentos de creación legal, de defensa para la obtención de la revocación, modificación o aclaración de una decisión judicial o administrativa como garantía del proceso,[1] lo que facilita la corrección de las decisiones, para la unificación de criterios jurídicos y para el control mismo de la función judicial.[2] El recurso de apelación responde al principio fundamental de la doble instancia, consagrado expresamente en el artículo 31 Superior, que señala “toda sentencia judicial podrá ser apelada, salvo las excepciones que consagre la ley”. Este recurso tiene carácter obligatorio sólo para el caso de las sentencias penales condenatorias (art.29) o de fallos de tutela (art.86), quedando claro que eliminar el recurso de apelación no afecta necesariamente este principio, ni el debido proceso en general, menos aún en los autos que se profieran por decisiones judiciales en cualquier etapa del proceso penal”.[3] Adicionalmente, señala que el artículo 31 constitucional también autoriza al legislador para establecer excepciones al principio general de la doble instancia aun para sentencias judiciales, a fortiori, puede establecerlo o no cuando se trata de autos, los cuales no definen un proceso ni establecen sanción alguna.
Para la delegada del Procurador, una interpretación armónica de las disposiciones de la Ley 906 de 2004 que regulan tanto las competencias judiciales como los recursos que caben contra las distintas decisiones judiciales, permite entender el sentido de la norma cuestionada. Así, se debe tener en cuenta lo que establece el artículo 38 de la Ley 906 de 2004, que consagra la competencia de los jueces de ejecución de penas, el artículo 34, numeral 6 de la Ley 906 de 2004, que señala que la competencia general para conocer en segunda instancia de las decisiones de los jueces de ejecución de penas corresponde a los Tribunales Superiores de Distrito. Igualmente, se debe tener en cuenta que la misma Ley, de manera específica y privativa, establece en el numeral 6 del artículo 33 de la misma ley, que los Tribunales Superiores del Distrito conocerán: “6. Del recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión del juez de ejecución de penas cuando se trate de condenados por delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados”.
Agrega la delegada que la norma cuestionada hace parte del libro IV de la Ley 906 de 2004, el cual se refiere a la “ejecución de sentencias” y, en particular del título I, “Ejecución de penas y medidas de seguridad”, y se ubica en el capítulo V que consagra normas únicamente aplicables a la solicitud, decisión y revocatoria de la libertad condicional (Artículos 472 a 476 de la Ley 906 de 2004. Teniendo en cuenta esta estructura normativa, la Vista Fiscal concluye que sólo las decisiones relativas a la libertad condicional siguen el procedimiento previsto en el artículo cuestionado, mientras que los recursos contra las demás determinaciones de los jueces de ejecución de penas son de competencia de los tribunales superiores.
“En el presente caso la decisión del juez de ejecución de penas contenida en el auto en gran medida se fundamenta en la verificación del cumplimiento de requisitos legales para la obtención de un beneficio legal, decisión con respecto a la cual, el legislador puede establecer o no una segunda instancia clásica, como lo hace en los artículos 33 y 34, es decir, por un superior funcional, u otros mecanismos de revisión, como el que establece la norma demandada en cabeza del juez que conoció en primera o en única instancia, el cual si bien es sui generis con respecto a la definición tradicional del recurso de apelación, no por ello es inconstitucional, debido a la libertad del legislador en esta materia.”
Recuerda la Vista Fiscal que la Corte Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse en la sentencia C-591 de 2005, en relación con un cargo similar contra el parágrafo 1º del artículo 39 de la misma Ley 906 de 2004, el cual dispone que “en los casos que conozca la Corte Suprema de Justicia, la función de juez de control de garantías será ejercida por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.” En esa ocasión la Corte analizó como uno de los problemas jurídicos planteados: “… ( iii ) si el respeto por los diversos fueros constitucionales se opone o no a que, en los casos de investigaciones y juzgamientos que adelante la Corte Suprema de Justicia, la función de juez de control de garantías sea ejercida por un funcionario judicial de inferior jerarquía” (subrayado agregado por la delegada) y reiteró la amplia facultad del legislador para establecer las formas de los juicios.
También recordó la delegada del Procurador General de la Nación la sentencia C-155 de 1996, que analizó la constitucionalidad de otorgar la competencia para resolver el recurso de apelación contra los autos proferidos por el juez de ejecución de penas a un juez de igual o inferior jerarquía. Destaca la delegada que aquella ocasión la Corte señaló “no resulta argumento válido decir que un juez penal municipal no puede conocer de la apelación contra una decisión de un juez de ejecución de penas por tener aquél menor remuneración, o ser de inferior jerarquía, pues, los ámbitos en que se desenvuelven estos jueces son diferentes, y están claramente definidos por la ley.”
Igualmente, argumenta la delegada de la Procuraduría General de la Nación que, “no resulta de recibo el argumento de la falta de independencia e imparcialidad del juez que conoció en primera instancia, únicamente fundada en ese contacto previo con el proceso que dio lugar a la sanción penal, puesto que, el superior funcional también pudo haber conocido el caso en segunda instancia, sin que eso afecte su objetividad, puesto que se trata de decisiones nuevas y diversas, en circunstancias y con requisitos legales diferentes, en las que de ninguna manera se controvierte o retoma la decisión del juez del conocimiento, la cual pudo ser recurrida en la correspondiente oportunidad procesal.”
Finalmente precisa la delegada que el artículo 478 de la Ley 906 de 2004 demandado es una norma especial y posterior que excluye la aplicación de la regla general de competencia de los Tribunales Superiores del Distrito contenida en el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, sin que ello vulnere el debido proceso o los principios de racionalidad y proporcionalidad, en atención a la naturaleza y al tipo de providencia. “Una lectura armónica de la norma lleva a concluir que cuando se trata de estas u otras decisiones de los jueces de ejecución de penas en procesos que fueron de conocimiento de los jueces penales especializados del circuito, la competencia para la revisión de estos autos es privativa de los Tribunales Superiores del Distrito, como lo ordena el artículo 33 de la ley 906 de 2004, aplicación preferente de conformidad con el mismo principio hermenéutico de especialidad, consagrado en el numeral 1 de la Ley 57 de 1887.”
Con base en lo anterior, corresponde a la Corte Constitucional resolver el siguiente problema jurídico: ¿Resulta contrario a los artículos 29 y 31 de la Carta, que regulan el debido proceso y el principio de la doble instancia, que el artículo 478 de la Ley 906 de 2004, le asigne al juez de primera o única instancia, la competencia para conocer de las apelaciones que se presenten contra las decisiones del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, en relación con los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación?
La Corte Constitucional ha señalado que las demandas de inconstitucionalidad deben exponer razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, de lo contrario, la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra “la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional”.[6] En la sentencia C-1052 de 2001, la Corte sintetizó en qué consisten estos requisitos.
[2] Sentencia C-415 de 2002.