Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/ley-200-de-1995?documento=legcol&contexto=legcol_759920414891f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-24 05:12:50
Document Index: 163198363

Matched Legal Cases: ['artículo 338', 'artículo 175', 'artículo 278', 'artículo 61', 'artículo 110', 'artículo 30', 'artículo 96', 'artículo 209', 'artículo 303', 'artículo 71', 'artículo 116', 'artículo 277', 'artículo 152', 'artículo 23', 'artículo 146', 'artículo 278', 'artículo 278', 'artículo 175', 'artículo 175']

﻿ LEY 200 DE 1995
LEY 200 DE 28 DE JULIO DE 1995
CONTENIDO:CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO. INTEGRACIÓN DE LOS DIFERENTES REGÍMENES
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1029, AGOSTO 30 DE 1995, PG. 220
DIARIO OFICIAL N°:41936
"Por la cual se adopta el código disciplinario único".
ART. 1º—Titularidad de la potestad disciplinaria. El Estado a través de sus ramas y órganos, es el titular de la potestad disciplinaria.
ART. 2º—Titularidad de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria corresponde al Estado. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación, corresponde a las ramas y órganos del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.
ART. 3º—Poder disciplinario preferente. En desarrollo del poder disciplinario preferente, podrá el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes avocar, mediante decisión motivada, de oficio o a petición de parte, el conocimiento de aquellos asuntos que se tramiten internamente ante cualquiera de las ramas u órganos del poder público.
ART. 4º—Legalidad. Los servidores públicos y los particulares que transitoriamente ejerzan funciones públicas sólo serán juzgados y sancionados disciplinariamente cuando por acción u omisión de funciones incurran en las faltas establecidas en la ley.
ART. 5º—Debido proceso. Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya, ante funcionario competente previamente establecido y observando la plenitud de las formas del procedimiento regulado en la Constitución y en este código, salvo que se trate de faltas disciplinarias cometidas por miembros de la fuerza pública en razón de sus funciones, caso en el cual se aplicará el procedimiento prescrito para ellos.
ART. 6º—Resolución de la duda. En el proceso disciplinario toda duda razonable se resolverá en favor del disciplinado, cuando no haya modo de eliminarla.
ART. 7º—Reconocimiento de la dignidad humana. Todo servidor público o particular en ejercicio de función pública a quienes se atribuyan una falta disciplinaria, tienen derecho a ser tratados con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
ART. 8º—Presunción de inocencia. El servidor público o el particular que ejerza función pública a quienes se atribuyan una falta disciplinaria se presumen inocentes mientras no se declare legalmente su responsabilidad en fallo ejecutoriado.
ART. 9º—Aplicación inmediata de la ley. La ley que fije la jurisdicción y competencia o determine lo concerniente a la sustanciación y ritualidad del proceso, se aplicará desde el momento en que entre a regir, salvo lo que la misma ley determine.
ART. 10.—Gratuidad. Ninguna actuación procesal causará erogación a quienes intervengan en el proceso, salvo las copias que solicite el disciplinado o su apoderado.
ART. 11.—Cosa juzgada. Nadie podrá ser investigado más de una vez por una misma acción u omisión constitutiva de falta disciplinaria, aun cuando a ésta se le dé una nominación diferente.
ART. 12.—Celeridad del proceso. El funcionario competente impulsará oficiosamente el procedimiento y suprimirá los trámites y diligencias innecesarias.
ART. 13.—Finalidad del procedimiento. En la interpretación de la ley procesal, el funcionario competente debe tener en cuenta, además de la prevalencia de los principios rectores, que la finalidad del procedimiento es el logro de los fines y funciones del Estado y el cumplimiento de las garantías debidas a las personas que en él intervienen.
ART. 14.—Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa.
ART. 15.—Favorabilidad. En materia disciplinaria la ley favorable o permisiva se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
ART. 16.—Igualdad ante la ley. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación o razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
ART. 17.—Finalidades de la ley y de las sanciones disciplinarias. La ley disciplinaria garantiza el cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro.
ART. 18.—Prevalencia de los principios rectores. En la interpretación y aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores que determina este código, la Constitución Política y las normas de los códigos Penal, Procedimiento Penal y Contencioso Administrativo.
ART. 19.—Ámbito de aplicación. La ley disciplinaria dentro del territorio nacional se aplicará a sus destinatarios cuando éstos incurran en falta disciplinaria dentro del territorio o fuera de él.
ART. 20.—Destinatarios de la ley disciplinaria. Son destinatarios de la ley disciplinaria los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitorias, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la comisión de lucha ciudadana contra la corrupción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Nacional.
ART. 21.—Autores. El destinatario de la ley disciplinaria que cometa la falta disciplinaria o determine a otro a cometerla, incurrirá en la sanción prevista para ella.
ART. 22.—Concurso de faltas disciplinarias. El que con una o varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley disciplinaria o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la sanción más grave o en su defecto, a una de mayor entidad.
(Nota: La expresión: “o en su defecto, a una de mayor entidad” fue declarada inexequible por la Corte constitucional en Sentencia C-280 de 1996).
ART. 23.—De la justificación de la conducta. La conducta se justifica cuando se comete:
ART. 24.—Calificación. Para efectos de la sanción, las faltas disciplinarias son:
(Nota: Declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C- 310 de 1997, bajo el entendido de que el incremento patrimonial debe ser aquél que no tiene causa justificada, o es indebido o ilícito).
5. Sin perjuicio de lo regulado en el numeral 2º de este artículo, constituye falta gravísima:
1. Realice matanza o lesión (grave)* a la integridad física de los miembros del grupo, (ejecutado en asalto)*.
2. Ejerza sometimiento del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, y
*(Nota: Se declaran inxequibles las expresiones “grave” y “ejecutado en asalto”, del literal a) del presente numeral 5 por la Corte Constitucional en Sentencia C-181 de 2002).
9. La publicación o utilización indebida de secretos oficiales, así declarados por la ley (o por quien tenga la facultad legal para hacerlo)*.
(Nota: La expresión: “o por quien tenga la facultad legal para hacerlo” fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-280 de 1996).
ART. 26.—Causales de mala conducta. Las faltas anteriores constituyen causales de mala conducta para los efectos señalados en el numeral 2º del artículo 175 de la Constitución Política cuando fueren realizadas por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Contador General, Procurador General de la Nación, Auditor General y miembros del Consejo Nacional Electoral.
PAR.—(Inexequible).* El funcionario de la Procuraduría General de la Nación que viole el debido proceso incurrirá en causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.
(Nota: El parágrafo del presente artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-653 de 2001).
ART. 27.—Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios:
g) Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de que le sea impuesta la sanción, y
ART. 28.—Clasificación de las sanciones. Las sanciones se clasifican en principales y accesorias.
ART. 29.—Sanciones principales. Los servidores públicos estarán sometidos a las siguientes sanciones principales:
5. Suspensión del contrato de trabajo o de prestación de servicios personales, hasta por noventa (90) días.*
6. Terminación del contrato de trabajo o de prestación de servicios personales.*
8. Desvinculación del cargo de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 278 de la Constitución Política.
*(Nota: La expresión: “o de prestación de servicios personales” de los numerales 5º y 6º fueron declaradas inexequibles por la Corte constitucional en Sentencia C-280 de 1996).
PAR.—En aquellos casos en que la conducta haya originado sanción penal la inhabilidad procede siempre y cuando no hubiere sido impuesta en el respectivo proceso, igualmente como consecuencia de faltas graves o gravísimas.
(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-181 de 2002 declaró exequible el numeral tercero del presente artículo, condicionado a que se entienda que la sanción accesoria en él contemplada no procede frente a faltas disciplinarias graves ni leves)
(Nota: La Corte Constitucional en sentencia C-187 de 1998 Declaró exequible condicionalmente los siguientes apartes del parágrafo del numeral 1º del presente artículo: “igualmente como consecuencia de faltas graves o gravísimas.
En firme la decisión, tendrá efectos inmediatos”).
ART. 31.—Plazo y pago de la multa. Cuando la sanción consista en multa que exceda de diez (10) días del salario devengado en el momento de la comisión de la falta y el sancionado continúe vinculado a la misma entidad, el descuento podrá hacerse proporcionalmente durante los ocho (8) meses inmediatamente siguientes a su imposición.
*(Nota: El inciso cuarto del presente artículo fue modificado por la Ley 633 de 2000 artículo 61)
ART. 32.—Límite de las sanciones. Las faltas leves dan lugar a la aplicación de las sanciones de amonestación escrita con anotación en la hoja de vida o multa hasta 10 días del salario devengado en el momento de cometer la falta, con la correspondiente indexación.
(Nota: La expresión: “terminación del contrato de trabajo” del inciso tercero del presente artículo, fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-280 de 1996, siempre y cuando se entienda que en estos casos es también aplicable el artículo 110 de la Constitución).
(Nota: La expresión: “o pérdida de investidura” del inciso tercero del presente artículo, fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-280 de 1996, siempre y cuando se entienda que no se aplica a los congresistas y que para los miembros de las corporaciones públicas de las entidades territoriales son causas constitucionales autónomas de pérdida de investidura las previstas por los artículos 110 y 291 inciso primero de la Constitución).
(Nota: La expresión: “o de prestación de servicios” del inciso segundo fue declarada inexequible por la Corte constitucional en Sentencia C-280 de 1996).
(Nota: La expresión: “o de prestación de servicios personales” del inciso tercero fue declarada inexequible por la Corte constitucional en Sentencia C-280 de 1996).
ART. 33.—El registro. Toda sanción disciplinaria impuesta a un servidor público deberá ser registrada en la Procuraduría General de la Nación para que pueda ser consultada por cualquier entidad del Estado. La anotación tendrá vigencia y sólo podrá ser utilizada por el término de la inhabilidad correspondiente salvo para los efectos de nombramiento y posesión en los cargos que exigen para su desempeño la ausencia total de sanciones.
ART. 34.—Términos de prescripción de la acción y de la sanción. La acción disciplinaria prescribe en el término de cinco (5) años. La prescripción de la acción empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de la consumación y, desde la realización del último acto, en las de carácter permanente o continuado.
PAR. 1º—Cuando la prescripción ocurra una vez notificado en legal forma el fallo de primera instancia, el término prescriptivo se prorroga por seis (6) meses más.
PAR. 2º—La ejecución de la sanción disciplinaria prescribe en un término de dos (2) años, contados a partir de la ejecutoria del fallo.
ART. 35.—Prescripción de varias acciones. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.
ART. 36.—Renuncia y oficiosidad. El disciplinado podrá renunciar a la prescripción de la acción disciplinaria. En este caso la acción sólo podrá proseguirse por un término máximo de un (1) año contado a partir de la presentación personal de la solicitud, vencido el cual, sin que se hubiese proferido y ejecutoriado el respectivo fallo, no procede decisión distinta a la declaratoria de la prescripción.
De los derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades de los servidores públicos
ART. 37.—Garantía de la función pública. Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función el servidor público o el particular que desempeñen funciones públicas, ejercerán sus derechos, cumplirán los deberes, respetarán las prohibiciones y estarán sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y las leyes de la República de Colombia.
ART. 38.—La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones, la incursión en prohibiciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses.
ART. 39.—Los derechos. Son derechos de los servidores públicos los siguientes:
ART. 40.—Los deberes. Son deberes de los servidores públicos los siguientes:
11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, salvo las excepciones legales referentes a la docencia (universitaria).*
(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-317 de 1996).
ART. 41.—Prohibiciones. Está prohibido a los servidores públicos:
*(Nota: El presente numeral fue declarado exequible por la Corte constitucional en Sentencia C-280 de 1996, siempre y cuando se entienda que los paros, las suspensiones de actividades o disminuciones del ritmo laboral que se efectúen por fuera de los marcos del derecho de huelga no son admisibles constitucionalmente y, por ende, están prohibidas para todos los servidores públicos y no sólo para aquellos que laboren en actividades que configuren servicios públicos esenciales).
9. Omitir y retardar o no suministrar oportunamente respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o solicitudes de las autoridades, retenerlas o enviarlas a destinatario diferente al que corresponda cuando sea de otra oficina.
10. Usar en el sitio de trabajo o lugares públicos sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o síquica; asistir al trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes.
(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-728 de 2000, declaró exequible el presente numeral, bajo el entendido de que la investigación disciplinaria acerca del reiterado e injustificado incumplimiento de las obligaciones del servidor público sólo podrá iniciarse con base en sentencias proferidas por las respectivas jurisdicciones, en las que se declare que un servidor público ha incumplido sus obligaciones).
(Nota: El presente numeral fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-280 de 1996).
31. Gestionar en asuntos que estuvieran a su cargo, directa o indirectamente a título personal o en representación de terceros.
ART. 42.—Las inhabilidades. Se entienden incorporadas a este código las incompatibilidades e inhabilidades previstas en la Constitución, la ley y los reglamentos administrativos.
(Nota: Declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-448 de 1998 , salvo la expresión: “y los reglamentos administrativos”, que se declaró inexequible ).
ART. 43.—Otras inhabilidades. Constituyen además, inhabilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:
1. Haber sido condenado por delito sancionado con pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos salvo que estos últimos (hayan afectado la administración pública)*.
4. La prevista en el numeral 1º del artículo 30 de este código.
*(Nota: La expresión:“hayan afectado la administración pública” del literal a, fue declarada exequible por la Corte constitucional en sentencia C-280 de 1996, siempre y cuando se entienda que ésta hace referencia a los delitos contra el patrimonio del Estado). (sic)
(Nota: El presente artículo fue declarado exequible en los términos de la sentencia C-111 de 1998, excepto las expresiones “hayan afectado la administración pública”, que fueron declaradas exequibles por sentencia C-280 del 25 de junio de 1996).
ART. 44.—Otras incompatibilidades. 1. Los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales desde el momento de su elección y hasta cuando esté legalmente terminado el período, así como los que reemplace el ejercicio del mismo, no podrán:
a) Intervenir en nombre propio o ajeno en procesos o asuntos en los cuales tengan interés el departamento o el municipio o el distrito o las entidades descentralizadas correspondientes, y
2. Salvo las excepciones constitucionales y legales y el ejercicio de la docencia (universitaria)* hasta por ocho horas semanales dentro de la jornada laboral.
*(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-317 de 1996).
3. Ningún servidor público podrá intervenir directa o indirectamente en remate o ventas en público, subasta o por ministerio de la ley de bienes, que se hagan en el despacho bajo su dependencia o en otro ubicado en el territorio de su jurisdicción. Estas prohibiciones se extienden aún a quienes se hallen en uso de licencia.
5. No podrán ser elegidos diputados ni concejales (quienes dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección hayan sido empleados públicos o trabajadores oficiales, ni)* quienes en cualquier época y por autoridad competente hayan sido excluidos en el ejercicio de una profesión o se encuentren en interdicción para la ejecución de funciones públicas.
*(Nota: El texto entre paréntesis del numeral 5 del presente artículo fue derogado por la Ley 617 de 2000 artículo 96).
ART. 45.—Extensión de las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos. Las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos señalados en la ley para gerentes, directores, rectores, miembros de juntas directivas y funcionarios o servidores públicos de las empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta se hacen extensivos para los efectos de esta ley a los directores, gerentes, miembros de juntas directivas y servidores públicos de las mismas entidades de los niveles departamental, distrital y municipal.
ART. 46.—Naturaleza de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria es pública.
ART. 47.—Oficiosidad y preferencia. La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, por información proveniente de servidor público, de queja formulada por cualquier persona o por cualquier otro medio siempre y cuando éste amerite credibilidad.
ART. 48.—Control disciplinario interno. Toda entidad u organismo del Estado, excepto la rama judicial debe constituir una unidad u oficina del más alto nivel, encargada de conocer en primera instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. La segunda instancia será de competencia del nominador.
ART. 49.—Significado de control interno. Cuando en este código se utilice la locución “control interno o control interno disciplinario de la entidad” debe entenderse por tal la oficina o dependencia que conforme a la ley tenga a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria.
ART. 50.—Obligatoriedad de la queja. El servidor público que de cualquier manera se entere de la ocurrencia de un hecho que constituya falta disciplinaria deberá ponerlo en conocimiento del funcionario competente suministrando toda la información y pruebas que tuviere.
ART. 51.—Exoneración del deber de formular quejas. El servidor público no está obligado a formular queja contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni por hechos que haya conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que le impongan legalmente el secreto profesional.
ART. 52.—Ciudadano renuente. Salvo las excepciones constitucionales y legales a su favor cuando el testigo sea un particular y se muestre renuente a comparecer podrá imponérsele multa de cinco (5) a ciento ochenta (180) salarios mínimos diarios, previa explicación sobre su no concurrencia, que deberá presentar dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha señalada para la declaración mediante resolución contra la cual sólo cabe recurso de reposición, quedando con la obligación de rendir la declaración.
*(Nota: El inciso segundo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-280 de 1996, siempre y cuando se entienda que se trata de situaciones de urgencia en las cuales la conducción forzada del testigo es necesaria para evitar la pérdida de pruebas).
ART. 53.—Faltas de funcionarios retirados del servicio. La acción disciplinaria es procedente aunque el servidor público haya cesado en sus funciones.
ART. 54.—Terminación del procedimiento. En cualquier momento del proceso en que aparezca plenamente probado que el hecho atribuido no ha existido, o que la conducta no está prevista como falta disciplinaria, o que está plenamente demostrada una causal de justificación, o que el proceso no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario competente, mediante decisión motivada así lo declarará.
ART. 55.—Factores determinantes de la competencia. La competencia se determinará teniendo en cuenta la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio, el factor funcional y el de conexidad.
ART. 56.—Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Corresponde a las entidades y organismos del Estado, de las administraciones central y descentralizadas territorialmente y por servicios, disciplinar a sus servidores públicos y a las personas particulares que transitoriamente ejerzan función pública cualquiera sea la forma de vinculación y la naturaleza del hecho u omisión.
ART. 57.—Competencia para adelantar la investigación disciplinaria. La investigación disciplinaria se adelantará por el organismo de control interno disciplinario o por el funcionario que señale el jefe de la entidad o de la dependencia regional o seccional y deberá ser de igual o superior jerarquía a la del investigado. La investigación se realizará de conformidad con lo previsto en este código.
ART. 58.—Faltas cometidas por funcionarios de distintos organismos. Cuando en la comisión de una o varias faltas conexas o relacionadas entre sí hayan participado servidores públicos pertenecientes a distintos organismos, el jefe de la entidad que primero tenga conocimiento del hecho informará a las demás para que inicien la respectiva acción disciplinaria.
ART. 59.—El factor territorial. Es competente en materia disciplinaria el funcionario del territorio donde se realizó la conducta y en los casos de omisión donde debió realizarse la acción.
ART. 60.—Competencia por razón de la conexidad. Cuando un servidor público cometa varias faltas disciplinarias conexas se investigarán y fallarán en un solo proceso.
ART. 61.—Competencia funcional. Corresponde al jefe inmediato del investigado, cuando la falta sea leve, fallar el proceso en única instancia.
ART. 62.—Competencia de la Procuraduría General de la Nación. Los procesos disciplinarios que adelante la Procuraduría General de la Nación se tramitarán conforme a las competencias establecidas en la ley que determina la estructura y funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación.
ART. 63.—Acumulación disciplinaria. La acumulación de las investigaciones disciplinarias contra una misma persona podrá hacerse de oficio o a solicitud del acusado a partir de la notificación de los cargos, siempre que no se haya proferido fallo de primera instancia. Si se niega, deberá hacerse exponiendo los motivos de la decisión contra la cual procede el recurso de reposición.
ART. 64.—Colisión de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria, así lo consignará y la remitirá directamente a quien en su concepto deba adelantar el proceso.
El funcionario de inferior nivel, según el factor funcional no podrá promover colisión de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquél de plano, resolverá lo pertinente.
ART. 65.—Competencia preferente. La falta por incremento patrimonial no justificado será de competencia exclusiva de la Procuraduría General de la Nación tanto en la instrucción como en el fallo en aquellos casos en que la cuantía exceda de mil (1.000) salarios mínimos mensuales.
ART. 66.—Competencias especiales. 1. Conocerán del proceso disciplinario que se adelante contra el Procurador General de la Nación, en única instancia y mediante el procedimiento ordinario previsto en este código, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y en el evento de que haya sido postulado por esta Corporación, lo hará la Sala Plena del Consejo de Estado.
(Nota: El inciso segundo del presente numeral fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-280 de 1996).
ART. 67.—Declaración de impedimentos. Los servidores públicos que conozcan de procesos disciplinarios en quienes concurran alguna causal de recusación, deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella.
ART. 68.—Causales de recusación y de impedimento. Son causales de recusación y de impedimento para los servidores públicos que ejercen la acción disciplinaria, las establecidas en los Códigos de Procedimiento Civil y Penal.
ART. 69.—Procedimiento en caso de impedimento. El funcionario impedido o recusado pasará el proceso a su superior jerárquico o funcional, según el caso, fundamentando y señalando la causal existente y si fuere posible aportará las pruebas pertinentes, a fin de que el superior decida de plano a quien ha de corresponder su conocimiento o quien habrá de sustituir al funcionario impedido o recusado.
ART. 70.—Improcedencia de impedimento y recusación. No están impedidos, ni son recusables los funcionarios a quienes corresponda decidir el incidente.
ART. 71.—Intervinientes en el proceso disciplinario. En el proceso disciplinario solamente pueden actuar el acusado y su apoderado, sin perjuicio de la intervención que en razón de la vigilancia superior pueda realizar la Procuraduría General de la Nación.
ART. 72.—Calidad de disciplinado. La calidad del disciplinado o acusado se adquiere a partir de la notificación de los cargos, momento en el cual, en cuanto sea posible, se le entregará personalmente copia de la respectiva providencia
ART. 73.—Derechos del disciplinado. El apoderado para los fines de la defensa tiene los mismos derechos del disciplinado. Cuando existan criterios contradictorios entre ellos prevalecerán los del apoderado. Son derechos del disciplinado:
ART. 74.—Vigencia y oportunidad del nombramiento de apoderado. El defensor puede presentar pruebas en la indagación preliminar y solicitar versión voluntaria sobre los hechos. La negativa se resolverá mediante providencia interlocutoria contra la cual sólo cabe el recurso de reposición.
ART. 75.—Principios que la rigen. La actuación disciplinaria se desarrollará de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política siguiendo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y contradicción.
ART. 76.—Principios de economía. En virtud del principio de economía:
3. No se exigirán más documentos y copias de los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa.
ART. 77.—Principios de imparcialidad. En virtud del principio de imparcialidad:
ART. 78.—Principios de dirección. En virtud del principio de dirección:
ART. 79.—Principio de publicidad. En virtud del principio de publicidad:
ART. 80.—Principio de contradicción. El investigado tendrá derecho a conocer las diligencias tanto en la indagación preliminar como en la investigación disciplinaria para controvertir las pruebas que se alleguen en su contra y solicitar la práctica de pruebas.
(Nota: Declarada exequible condicionalmente la expresión “se comunicará", contenida en el segundo inciso del presente artículo por la Corte Constitucional en Sentencia C-555 de 2001, bajo el entendido que se refiere a la notificación personal y en subsidio a la notificación por edicto, cuando a pesar de las diligencias pertinentes, de las cuales se dejará constancia secretarial en el expediente, no se haya podido notificar personalmente.)
ART. 81.—Requisitos formales de la actuación. La actuación disciplinaria debe consignarse por escrito, en idioma castellano y en duplicado, salvo las excepciones previstas en este código.
Las demás formalidades son las que prevé el Código Contencioso Administrativo; pero cuando la Procuraduría General de la Nación ejerza funciones de policía judicial se aplicará el Código de Procedimiento Penal en cuanto no se oponga a las previsiones de esta ley.
ART. 82.—Adición de documentos. Los documentos que se aporten a las investigaciones disciplinarias lo serán en original o copia autenticada, de conformidad con las disposiciones legales que regulen la materia.
(Nota: La expresión: “autenticada” fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-280 de 1996).
ART. 83.—Notificaciones. La notificación puede ser personal, por estrado, por edicto o por conducta concluyente.
ART. 84.—Providencias que se notifican. (Sólo)* se notificarán las siguientes providencias: el auto de cargos, el que niega la práctica de pruebas, el que niega el recurso de apelación y los fallos.
Los autos que niegan la solicitud de ser oído en exposición espontánea o la expedición de copias, solamente se comunicarán al interesado utilizando un medio apto para ello.
*(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-892 de 1999).
ART. 85.—Notificación personal. Las providencias señaladas en el inciso 1º del artículo anterior se notificarán personalmente (si el interesado comparece ante el funcionario competente antes de que se surta otro tipo de notificación)*.
ART. 86.—Notificación en estrados. Las providencias que se dicten en las audiencias públicas o en el curso de cualquier diligencia, se consideran notificadas cuando el disciplinado o su apoderado estén presentes.
ART. 87.—Notificación por edicto. Los autos de cargos, el que niega pruebas, el que niega el recurso de apelación y los fallos se notificarán por edicto cuando, a pesar de las diligencias pertinentes de las cuales se dejará constancia secretarial en el expediente, no se hayan podido notificar personalmente.
ART. 88.—Procedencia de la notificación por edicto. Una vez producida la decisión se citará inmediatamente al disciplinado, por medio eficaz y adecuado a la entidad donde trabaja o a la última dirección registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso disciplinario, con el objeto de notificarle el contenido de aquélla y, si es sancionatoria, hacerle conocer los recursos que puede interponer. Se dejará constancia secretarial en el expediente sobre el envío de la citación.
Cuando el procesado ha estado asistido por apoderado con él se surtirá la notificación personal, previo el procedimiento anterior.
ART. 89.—Notificación por conducta concluyente. Cuando no se haya hecho notificación personal, o se haya notificado irregularmente el auto o el fallo emitido en un proceso disciplinario, la exigencia legal se entiende satisfecha para todos los efectos, si el procesado no reclama y actúa en diligencias posteriores o interpone los recursos contra ellos.
ART. 90.—Notificación por funcionario comisionado. Si la notificación personal debe realizarse en sede diferente a la del funcionario competente, éste podrá remitir copia de la providencia al jefe de la oficina de la entidad disciplinaria o a la que esté vinculado el disciplinado y, subsidiariamente, al personero municipal del lugar en que se encuentre el disciplinado o su apoderado, según el caso, para que la surta. En este evento, el término será de veinte (20) días hábiles y las formalidades serán las señaladas en este código. Vencido el término anterior sin que se tuviere constancia de la notificación, se procederá a surtirla por edicto.
ART. 91.—Clasificación. Las providencias que se dicten en el proceso disciplinario serán:
ART. 92.—Requisitos formales del auto de cargos. El auto de cargos deberá contener:
3. La individualización funcional e identificación del posible autor o autores de la falta o faltas, señalando el cargo, el empleo y la entidad en que se desempeña o desempeñaba, así como la fecha o época aproximada de los hechos.
4. La determinación de la norma que describe el derecho, deber, prohibición, inhabilidad, o incompatibilidad que regula la conducta funcional y específica del servidor público investigado.
ART. 93.—Redacción de los fallos. Todo fallo contendrá:
8. En casos de absolución, además de los requisitos previstos en los numerales 1º a 6º, para los casos en que procedió la suspensión provisional, se ordenará el reconocimiento y pago de lo dejado de percibir por conceptos salariales.
ART. 94.—Ejecución de la sanción. La sanción impuesta la hará efectiva:
Quien deba ejecutar la sanción tomará las previsiones o comenzará los trámites conforme a la ley, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que reciba la comunicación sobre imposición de aquélla, para llenar la vacante en forma transitoria o definitiva.
PAR. TRANS.—Mientras se expide la ley a que se refiere el inciso 2º del artículo 303 de la Constitución, las faltas absolutas o temporales de los gobernadores como consecuencia de las sanciones impuestas por la Procuraduría General de la Nación, se llenarán de conformidad con lo previsto para los alcaldes en la Ley 136 de 1994.
(Nota: La Corte Constitucional en sentencia C-57 de 1998 Declaró exequibles los incisos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto salvo la expresión “y de los contratos de prestación de servicios” que es inexequible, séptimo y octavo (sic) del presente artículo).
ART. 95.—Cumplimiento del fallo. En los fallos que profieran la Procuraduría General de la Nación y los personeros en los asuntos de su competencia se ordenará comunicar la sanción correspondiente al funcionario competente para que en el término de diez (10) días, contados a partir de la fecha de su recibo, proceda a su ejecución. El funcionario a su vez deberá comunicar de inmediato a la Procuraduría General de la Nación la previa anotación en la hoja de vida del sancionado aun en el caso de que éste ya no esté vinculado a la entidad.
ART. 96.—Recursos y su formalidad. Contra las decisiones disciplinarias, en los casos, términos y condiciones establecidos en este código proceden los recursos de reposición, apelación y queja, los cuales deberán interponerse por escrito, salvo disposición en contrario.
ART. 97.—Oportunidad para interponerlos. Los recursos se podrán interponer y deberán sustentarse desde la fecha en que se dictó la providencia hasta el término de cinco (5) días, contados a partir de la última notificación. Si ésta se hizo en estrados la impugnación y sustentación sólo procede en el mismo acto.
ART. 98.—Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedarán ejecutoriadas cinco (5) días después de la última notificación, si contra ellas no procede o no se interpone recurso.
ART. 99.—Reposición. El recurso de reposición procederá contra los autos de sustanciación, contra el que niega la recepción de la versión voluntaria y contra los fallos de única instancia.
ART. 100.—Trámite. Cuando el recurso de reposición se formule por escrito, vencido el término para impugnar la decisión, se mantendrá en secretaría por dos (2) días en traslado a la procuraduría si está interviniendo según lo previsto en el inciso primero del artículo 71, de lo cual se dejará constancia. Surtido el traslado, se decidirá el recurso.
ART. 101.—Inimpugnabilidad. La providencia que decide la reposición no es susceptible de recurso alguno, salvo que contenga puntos que no habían sido decididos en el auto impugnado, caso en el cual podrá interponerse recurso respecto de los puntos nuevos.
ART. 102.—Procedencia de la apelación. El recurso de apelación es procedente contra el auto que niega pruebas en la investigación disciplinaria y contra el fallo de primera instancia.
ART. 103.—Concesión del recurso de apelación. El recurso de apelación procede contra el auto que niega pruebas en la investigación disciplinaria y se concederá en el efecto suspensivo si las niega todas y en el devolutivo si la negativa es parcial.
En el proceso disciplinario el investigado es sujeto procesal, pero aun existiendo pluralidad de disciplinados no habrá lugar a la figura del apelante único, excepto que el objeto de la apelación sea diferente.
(Nota: Declara inexequible la palabra “no” y la expresión “excepto que el objeto de la apelación sea diferente”. Sentencia de la Corte Constitucional C-12 de 1997).
ART. 104.—Sustentación de los recursos. Antes del vencimiento del término de ejecutoria de la providencia, quien interponga los recursos de reposición o de apelación deberá exponer por escrito las razones de la impugnación ante el funcionario que profirió la providencia. En caso contrario aquéllos no se concederán.
ART. 105.—Procedencia del recurso de queja. Procederá el recurso de queja cuando se rechace el de apelación.
ART. 106.—Interposición. Dentro del término de ejecutoria del auto que deniega el recurso de apelación se interpondrá y sustentará el recurso de queja, se solicitará la expedición de las copias pertinentes las cuales se expedirán en un término no mayor de dos (2) días, y se enviarán por el funcionario competente, por cuenta del recurrente al superior funcional para que lo decida.
ART. 107.—Corrección de errores. En los casos de error aritmético o en el nombre del disciplinado, en la entidad donde laboraba, o del cargo que ocupaba o de omisión sustancial en la parte resolutiva del fallo, éste deberá ser corregido o adicionado, de oficio o a petición de parte, por el mismo funcionario que lo haya dictado y se darán los avisos respectivos.
ART. 108.—Desistimiento de los recursos. Podrá desistirse de los recursos antes que el funcionario competente los decida.
ART. 109.—Consulta. Se establece el grado jurisdiccional de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales.
ART. 110.—Fallos consultables. Son consultables los fallos absolutorios de primera instancia y los que impongan como sanción amonestación escrita.
ART. 111.—Causales de revocación. Los fallos disciplinarios serán revocables en los siguientes casos:
2. Cuando con ellos se vulnere o amenacen manifiestamente los derechos fundamentales del sancionado.
ART. 112.—Competencia. Conocerán de la revocación directa, de oficio o a petición del sancionado:
a) Respecto de los fallos de única y segunda instancia el superior funcional si lo tuviere o quien lo profirió, y
ART. 113.—Improcedencia. No procederá la revocación directa prevista en este código, a petición de parte, cuando el sancionado haya ejercido cualquiera de los recursos ordinarios.
ART. 114.—Efectos. Ni la petición de revocación del fallo ni la decisión que sobre ella se tome revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso-administrativas, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo.
ART. 115.—Suspensión provisional. Cuando la investigación verse sobre faltas gravísimas o graves, el nominador, por su iniciativa o solicitud de quien adelanta la investigación, o el funcionario competente para ejecutar la sanción a solicitud del Procurador General de la Nación, o de quien delegue, podrán ordenar la suspensión provisional del investigado por el término de tres (3) meses, prorrogable hasta por otros tres (3) meses, siempre y cuando existan serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio facilita la interferencia del presunto autor de la falta en el trámite normal de la investigación o ante la posibilidad de la continuidad o reiteración de la falta.
ART. 116.—Reintegro del suspendido. El disciplinado suspendido provisionalmente será reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir, durante el período de suspensión en los siguientes casos:
a) Cuando la investigación termine porque el hecho investigado no existió, la ley no lo considera como falta disciplinaria, o se justifica, o el acusado no lo cometió o la acción no puede proseguirse o haberse declarado la nulidad de lo actuado incluido el auto que decretó la suspensión provisional;
b) Por la expiración del término de suspensión sin que hubiere terminado la investigación, salvo que esta circunstancia haya sido determinada por el comportamiento dilatorio del investigado o su apoderado, y
PAR.—Cuando la sanción impuesta fuere la multa se ordenará descontar de la cuantía de la remuneración que deba pagarse correspondiente al término de suspensión, el valor de la multa hasta su concurrencia.
ART. 117.—Necesidad de la prueba. Toda providencia disciplinaria debe fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al proceso.
ART. 118.—Prueba para sancionar. El fallo sancionatorio sólo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado.
ART. 119.—Petición de pruebas. El disciplinado o quien haya rendido exposición podrá pedir la práctica de las pruebas que estime conducentes o aportarlas.
ART. 120.—Libertad de pruebas. La falta y la responsabilidad del disciplinado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos.
ART. 121.—Práctica de pruebas. El funcionario competente podrá comisionar para la práctica de pruebas a otro funcionario idóneo.
ART. 122.—Apreciación integral de las pruebas. Las pruebas deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
ART. 123.—Utilización de medios técnicos. Para la práctica de cualquier prueba, se podrán utilizar los medios técnicos adecuados.
ART. 124.—Prueba trasladada. Las pruebas obrantes válidamente en un proceso judicial, administrativo o disciplinario, podrán trasladarse al proceso disciplinario en copia autenticada y se apreciarán de acuerdo con las reglas preexistentes, según la naturaleza de cada medio probatorio.
ART. 125.—Pruebas en el exterior. En las diligencias de carácter disciplinario que adelante la Procuraduría General de la Nación se podrán practicar pruebas en el exterior, por conducto de sus funcionarios, previa autorización de desplazamiento dada por el Procurador General de la Nación.
ART. 126.—Aseguramiento de la prueba. El funcionario de la procuraduría en ejercicio de las facultades de policía judicial tomará las medidas que sean necesarias para asegurar los elementos de prueba.
ART. 127.—Apoyo técnico. En ejercicio de la facultad disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación podrá exigir de todos los organismos del Estado, la colaboración técnica y gratuita que considere necesaria para el éxito de las investigaciones.
ART. 128.—Inexistencia de la prueba. La prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o en forma tal que afecte los derechos fundamentales del disciplinado, se tendrá como inexistente.
ART. 129.—Visitas especiales. En la práctica de visitas especiales, el funcionario investigador procederá a examinar y reconocer los documentos, hechos y demás circunstancias relacionadas con el objeto de la diligencia y simultáneamente irá extendiendo la correspondiente acta, en la cual anotará pormenorizadamente los documentos, hechos o circunstancias examinados y las manifestaciones que bajo la gravedad del juramento hagan sobre ellos las personas que intervengan en la diligencia.
ART. 130.—Oportunidad para controvertir la prueba. El investigado podrá controvertir la prueba a partir del momento de la notificación del auto que ordena la investigación disciplinaria.
ART. 131.—Causales. Son causales de nulidad en el proceso disciplinario:
ART. 132.—Declaratoria de oficio. En cualquier etapa del proceso en que el funcionario advierta que existe alguna de las causales previstas en el artículo anterior, decretará la nulidad total o parcial de lo actuado desde el momento en que se presentó la causal y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo, para que se subsane lo afectado. Las pruebas practicadas legalmente conservarán su plena validez.
ART. 133.—Solicitud. Podrán proponerse causales de nulidad hasta antes de proferirse el fallo definitivo. En la respectiva solicitud se precisará la causal invocada y se expondrán las razones que la sustenten. Únicamente se podrá formular otra solicitud de nulidad por causal diferente o por hechos posteriores.
ART. 134.—Nulidad de providencias. Cuando la nulidad alegada se refiera exclusivamente a un auto, sólo podrá decretarse si no es procedente la revocación de la providencia.
ART. 135.—Funciones jurisdiccionales del Procurador General de la Nación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política, para efectos del ejercicio de las funciones de policía judicial establecidas en el inciso final del artículo 277 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación tendrá atribuciones jurisdiccionales, en desarrollo de las cuales podrá dictar las providencias necesarias para el aseguramiento y práctica de pruebas, en la indagación preliminar como en la investigación disciplinaria que adelanten los funcionarios competentes de la Procuraduría General de la Nación.
ART. 136.—Policía judicial. Las funciones de policía judicial que la Constitución Política le atribuye a la Procuraduría General de la Nación serán ejercidas por los funcionarios que adelanten indagaciones preliminares o investigaciones disciplinarias sólo cuando sean necesarias y conducentes para esos fines.
ART. 137.—Intangibilidad de las garantías constitucionales. Las pruebas y actuaciones que se realicen en ejercicio de funciones de policía judicial se efectuarán con acatamiento estricto de las garantías constitucionales y legales.
ART. 138.—Indagación preliminar. En caso de duda sobre la procedencia de investigación disciplinaria se ordenará una indagación preliminar.
ART. 139.—Fines de la indagación preliminar. La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria e identificar o individualizar al servidor público que haya intervenido en ella.
ART. 140.—Facultades en la indagación preliminar. Para el cumplimiento de los fines de la indagación preliminar, el funcionario competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y podrá oír en exposición espontánea al servidor público (que considere necesario)* para determinar la individualización o identificación de los intervinientes en el hecho investigado.
*(Nota: Declarado exequible en los términos de la Sentencia C-892 de 1999 de la Corte Constitucional, salvo la expresión: “que considere necesario", que fue declarada inexequible).
ART. 141.—Término. Cuando proceda la indagación preliminar no podrá prolongarse por más de seis (6) meses.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos; al vencimiento de este término perentorio el funcionario sólo podrá, o abrir investigación o archivar definitivamente el expediente.
ART. 142.—Término y reservas especiales. Cuando la procuraduría adelante investigaciones por conductas de competencia de la procuraduría delegada para derechos humanos o de la dirección nacional de investigaciones especiales el término de indagación preliminar de seis (6) meses, podrá prorrogarse hasta por otros seis (6) mediante providencia debidamente motivada.
ART. 143.—Comisiones. En indagación preliminar o en la investigación disciplinaria podrá comisionarse para la práctica de pruebas a funcionario de igual o inferior categoría.
ART. 144.—Investigación disciplinaria. Cuando de la indagación preliminar, de la queja o del informe y sus anexos el investigador encuentre establecida la existencia de una falta disciplinaria y la prueba del posible autor de la misma ordenará investigación disciplinaria.
El auto de trámite que le ordene contendrá los siguientes requisitos:
ART. 145.—Informe de apertura de investigación disciplinaria. Cuando el investigador, cualquiera que sea, ordene la apertura de investigación disciplinaria, informarán de inmediato a la oficina de registro y control de la procuraduría con los siguientes datos:
1. Nombres y apellidos, estado civil, nivel educativo, sexo, edad, lugar de nacimiento, documento de identificación del presunto infractor, cargo que desempeñaba, dependencia administrativa a la cual pertenecía y el lugar donde ejercía sus funciones.
ART. 146.—Término. Cuando la falta que se investigue sea grave el término será hasta de nueve (9) meses y, si la falta es gravísima, será hasta de doce (12) meses prorrogable hasta doce (12) meses más contados a partir de la notificación de los cargos, según la complejidad de las pruebas.
Cumplido este término y el previsto en el artículo 152 si no se hubiere realizado la evaluación mediante formulación de cargos se ordenará el archivo (provisional, sin perjuicio de que si con posterioridad aparece la prueba para hacerlo, se proceda de conformidad siempre que no haya prescrito la acción disciplinaria)*.
*(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-181 de 2002 declaró inexequible la expresión, “provisional, sin perjuicio de que si con posterioridad aparece la prueba para hacerlo, se proceda de conformidad siempre que no haya prescrito la acción disciplinaria”).
ART. 147.—(Oportunidad para rendir exposición. Quien tenga conocimiento de la existencia de una investigación disciplinaria en su contra y antes de que se le formulen cargos, podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba la exposición espontánea)*; aquél la recibirá cuando considere que existen dudas sobre la autoría de la falta que se investiga. En caso contrario negará la solicitud con auto de trámite.**
*(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-430 de 1997, bajo la condición de que se entienda que la oportunidad para rendir la exposición voluntaria se contrae no sólo a la etapa de la investigación sino de la indagación preliminar).
**(Nota: La Corte Constitucional en sentencia C-430 de 1997, declaró inexequible la expresión: “aquél la recibirá cuando considere que existen dudas sobre la autoría de la falta que se investiga. En caso contrario negará la solicitud con auto de trámite”, del presente artículo).
ART. 148.—Oportunidad. Vencido el término de la investigación disciplinaria y hasta 30 días después, prorrogables por 30 días más, según la gravedad de la falta, el funcionario procederá a su evaluación.
ART. 149.—Formas de evaluación. La evaluación que se hará mediante formulación de cargos o archivo definitivo.
ART. 150.—Formulación de cargos. El funcionario formulará cargos cuando esté demostrada objetivamente la falta y existan confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cualquier otro medio probatorio que comprometa la responsabilidad del disciplinado.
ART. 151.—Archivo definitivo. Procederá el archivo definitivo de la investigación disciplinaria cuando se demuestre que la conducta no existió, que no es constitutiva de falta disciplinaria o que la acción no podía iniciarse o proseguirse por prescripción o muerte del implicado cuando se trata de uno sólo, o cuando se presente alguna de las causales previstas en el artículo 23 de esta ley.
De los autos que ordenen el archivo (provisional o definitivo)* de las diligencias investigativas, excepto cuando la causal sea la muerte del implicado, así como de la sentencia absolutoria se librará comunicación al quejoso a la dirección registrada en la queja al día siguiente de su pronunciamiento para que pueda impugnar mediante recurso de apelación debidamente fundamentado en la forma y términos de los artículos 102 y 104 de este código.
*(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-181 de 2002 declaró inexequible la expresión “provisional o definitivo” contenida en el inciso segundo del presente artículo).
ART. 152.—Término para presentar los descargos. El disciplinado dispondrá de un término de diez (10) días contados a partir del siguiente de la entrega del auto de cargos o de la desfijación del edicto para presentar sus descargos, solicite y aporte pruebas, si lo estima conveniente. Durante ese término el expediente permanecerá a su disposición en la secretaría.
ART. 153.—Término para decretar pruebas. Vencido el término anterior, el investigador tendrá hasta veinte (20) días para decretar las pruebas pedidas y las que por oficio considere conducentes y hasta el máximo de los términos fijados del artículo 146 para su práctica; pero si fueren más de tres (3) los disciplinados, el término para la práctica se ampliará en doce meses.
ART. 154.—Juzgamiento del ausente. Si el disciplinado no presentare escrito de descargos se dejará constancia en este sentido y de inmediato se le designará un apoderado para que lo represente en el trámite procesal.
ART. 155.—Término para fallar. Practicadas las pruebas o vencido el término que tiene el investigado para solicitarlas o aportarlas el funcionario competente proferirá decisión de fondo dentro del término de cuarenta (40) días.
En caso de que los investigados sean tres o más, el término se ampliará en quince (15) días más.
ART. 156.—Pruebas de oficio antes del fallo. Cuando el funcionario competente antes de fallar considere necesario practicar pruebas para verificar los hechos relacionados con los cargos, de oficio las decretará y practicará en un lapso no mayor de treinta (30) días.
ART. 157.—Trámite en segunda instancia. Recibido el proceso, el funcionario de segunda instancia deberá decidir dentro de los cuarenta (40) días hábiles siguientes, dándole prelación a los procesos que estén próximos a prescribir. En caso de que los investigados sean tres o más el término se ampliará en quince (15) días más.
(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-181 de 2002 declaró exequible el inciso final del presente artículo, condicionado a que en el trámite de la segunda instancia, se entienda que el procesado conserva la facultad de controvertir las pruebas decretadas de oficio por la autoridad disciplinaria.)
ART. 158.—Competencia del superior. El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar el proceso disciplinario en su integridad.
(Nota: Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-12 de 1997, advirtiendo que en su aplicación el superior no podrá, en ningún caso, agravar la pena impuesta al apelante único, haya o no una pluralidad de disciplinados).
ART. 159.—Procedencia. Cuando la conducta por la cual se procede sea alguna de las previstas en el artículo 278 numeral 1º de la Constitución Política el procedimiento aplicable será el previsto en este capítulo.
ART. 160.—Oportunidad. El Procurador General de la Nación procederá a citar a audiencia al servidor público cuando por cualquiera de los medios probatorios referidos en este código, adquiera certeza de que está en presencia de alguna de las causales previstas en el numeral 1º del artículo 278 de la Constitución Política.
ART. 161.—Citación. La citación para audiencia se hará por auto motivado sobre la existencia de la causal que la origina, precisando el lugar, fecha y hora de su celebración, la cual no podrá realizarse ni antes de cinco (5) ni después de diez (10) días siguientes a la notificación al disciplinado o su apoderado, lapso durante el cual el expediente permanecerá a su disposición en la secretaría general de la Procuraduría General de la Nación.
Si vencido el término de tres (3) días de enviada la citación no comparece el citado a la secretaría general de la procuraduría, se fijará edicto por dos (2) días para notificar la providencia, vencidos los cuales se entiende surtida y se le designará apoderado de oficio con el cual continuará el proceso hasta su terminación sin perjuicio de que el citado comparezca al proceso a hacer valer sus derechos caso en el cual tomará el proceso en el estado en que se encuentre.
ART. 162.—Petición de pruebas. El investigado o su apoderado podrán solicitar por escrito pruebas o aportarlas dentro de los cinco (5) días anteriores a la celebración de la audiencia.
ART. 163.—Celebración de la audiencia. Llegados el día y la hora para su celebración, se hará lectura al escrito de citación a audiencia y se procederá a resolver sobre la conducencia de las pruebas solicitadas y aportadas y se decretarán las que de oficio se consideren necesarias.
ART. 164.—Notificación en estrados. La notificación del auto que resuelve sobre pruebas se hará en estrados y contra él sólo procederá el recurso de reposición, que se interpondrá y resolverá inmediatamente. Agotado el trámite se procederá a la práctica de las pruebas.
ART. 165.—Término probatorio. El término para la práctica de pruebas en audiencia no podrá ser superior a veinte (20) días hábiles.
ART. 166.—Intervención. Agotado el término probatorio se concederá por una sola vez la palabra al disciplinado y a su apoderado.
La intervención sólo podrá referirse en forma concreta a los cargos por los cuales se citó la audiencia; el incumplimiento de este mandato dará lugar a amonestación y su reiteración autorizará al procurador para limitar prudencialmente el tiempo de la misma.
ART. 167.—El fallo. Concluida la intervención se procederá verbal y motivadamente a emitir el fallo en el transcurso de la misma diligencia. El Procurador General de la Nación podrá suspender para este efecto la diligencia por una vez y por un término de cinco (5) días hábiles.
ART. 168.—El acta. De todo lo actuado en las diligencias de audiencia se dejará constancia en un acta que será firmada por los intervinientes. En caso de renuencia de alguno de los participantes a firmarla o en el de inasistencia se dejará constancia.
ART. 169.—Recurso de reposición. Contra el fallo proferido sólo procede recurso de reposición que se interpondrá en el mismo acto y sustentará verbalmente o por escrito dentro de los dos (2) días siguientes y se decidirá en el término de tres (3) días.
ART. 170.—Aplicación del procedimiento anterior. Cuando la falta porque se procede sea leve, o admitida por el disciplinado antes de que se formulen los cargos, o el autor haya sido sorprendido en el momento de su realización se aplicará el procedimiento establecido en el capítulo I de este título.
ART. 171.—Destinatarios. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, en materia disciplinaria están sujetos al régimen disciplinario previsto en los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución Política, para lo cual el Congreso de la República adelantará el procedimiento correspondiente de conformidad en lo dispuesto por las normas especiales del presente capítulo y las generales como disposiciones complementarias.
ART. 172.—Procedimiento ante la Cámara. La comisión legal de investigación y acusación de la Cámara de Representantes designará de su seno un representante para que adelante la indagación preliminar, si a ello hubiere lugar, hasta por un término de noventa (90) días, en el cual practicará las pruebas conducentes, vencido el cual rendirá informe para que la comisión decida si abre investigación disciplinaria o archiva definitivamente el proceso.
ART. 173.—Procedimiento ante el Senado. Vencidos los términos anteriores el expediente será enviado a la comisión de instrucción del Senado, la cual designará a un senador para que dentro del término de treinta (30) días decida y practique las pruebas conducentes.
Cumplido este trámite, durante el término de veinte (20) días, proyectará el fallo correspondiente teniendo en cuenta lo previsto en el numeral segundo del artículo 175 de la Constitución Política, para que la plenaria del Senado adopte la respectiva decisión en el término de cuarenta (40) días el cual deberá ser notificado por la secretaría de esta corporación y contra la cual sólo procede el recurso de reposición.
ART. 174.—Intervención del Procurador General de la Nación. El Procurador General de la Nación rendirá concepto previo al fallo, para lo cual se le correrá traslado de la actuación por el término de treinta (30) días.
ART. 176.—Transitoriedad. Los procesos disciplinarios que al entrar en vigencia la presente ley se encuentren con oficio de cargos notificado legalmente, continuarán su trámite hasta el fallo definitivo de conformidad con el procedimiento anterior.
ART. 177.—Vigencia. Esta ley regirá cuarenta y cinco (45) días después de su sanción, será aplicada por la Procuraduría General de la Nación, por los personeros, por las administraciones central y descentralizada territorialmente y por servicios y por todos los servidores públicos que tengan competencia disciplinaria; se aplicará a todos los servidores públicos sin excepción alguna y deroga las disposiciones generales o especiales que regulen materias disciplinarias a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, o que le sean contrarias, salvo los regímenes especiales de la fuerza pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de este código.
ART. 178.—Divulgación. Al momento de su posesión copia del código disciplinario único será entregada a cada servidor público por parte de la entidad donde labore.