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Timestamp: 2019-01-21 12:20:14
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La difícil calificación de la elección – Dr. Pablo Trejo Pérez
Publicado por Dr. Pablo Trejo el 30 julio, 2018
En el imaginario colectivo, el proceso electoral termina cuando el día de la jornada el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) sale en la televisión y da los resultados del conteo rápido. La Ley, en realidad, no le asigna la competencia de validar la elección y declarar al Presidente Electo, sino que esto corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien debe hacerlo respetando los principios del voto.
Estos, en teoría, son: que sea universal, libre, secreto y directo (valores que se no aplican nada más a la votación, sino también a la recepción del sufragio el día de la jornada electoral), que impere la equidad en todas las etapas de la contienda y en materia de financiamiento público de los partidos políticos, sus campañas electorales y en el acceso a los medios de comunicación masiva.
Así, en toda la organización de los procesos electorales, su desarrollo y resultados deben acatarse los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Se da ahora el curioso caso de que el ganador de la elección ha sido reconocido como Presidente electo por un sin fin de países (como muestra la carta que le envío ya el Presidente Trump), pero no por la autoridad electoral. Evidentemente, los tiempos jurídicos no van de la mano con los procesos diplomáticos, pero es verdad que uno de los debates ahora mismo es la calificación de la elección y la entrega de la constancia respectiva al ganador. Por ello, resulta interesante entender un poco el proceso de calificación.
En primer lugar, la autoridad jurisdiccional electoral federal, tiene como una de sus atribuciones resolver en forma definitiva e inapelable las impugnaciones que se presenten sobre el proceso electoral. Las salas regionales hacen lo respectivo con las elecciones a gobernador, mientras que la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será resuelta en única instancia por la Sala Superior, debiendo realizar el cómputo final de la elección y, en su caso, formular la declaración de validez de la misma y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. Si es verdad que llama la atención que el proceso sea tan largo y alejado del ojo público.
Otro facor a entener es que no hay mecanismos explicativos sobre si hay o no afectación grave, generalizada, sistemática y determinante, a los principios y valores, que pudieren conllevar a la nulidad de la votación o, inclusive, a la nulidad de la elección, como se desprende de lo dispuesto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Se trata de situaciones que exigen un análisis jurídico realizado por personal calificado (por ejemplo, la determinación de si existen normas retroactivas que impongan sanciones o condiciones más gravosas requiere inevitablemente un análisis jurídico).
Es aquí donde toma sentido el si hay indicadores que ayuden a entender el proceso, si hay una metodología que ayude ello. La revisión de la bibliografía sugiere que el parámetro para ello, son los principios contenidos en la sentencia del expediente SUP-JIN-359/2012, con la que se calificó el proceso 2011-20121. Esta misma metodología está mencionada en el libroDemocracia y Elecciones, particularmente en el capítulo I, Calificación de elecciones: el caso de la elección presidencial de 2012 en México del Dr. Luis Antonio Corona Nakamura, editado por Retio Legis (Salamanca, 2013)2.
Los derechos fundamentales a votar, ser votado, de asociación y de afiliación [artículos 35, fracciones I, II y III, y 41, párrafo segundo, fracción I, párrafo segundo, de la CPEUM; 25, inciso b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23.1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos];
Acceso, para todos los ciudadanos, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas del país [artículos 25, inciso b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23.1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos];
Principio de elecciones libres, auténticas y periódicas [artículos 41, párrafo segundo, de la CPEUM; 25, inciso b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23.1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos];
Principio del sufragio universal, libre, secreto y directo [artículos 41, párrafo segundo, base I, párrafo segundo; y 116, fracción IV, inciso a) de la CPEUM; 25, inciso b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23.1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos];
Principio de maximización de la libertad de expresión y del derecho a la información en el debate público que precede a las elecciones [artículos 6 y 7 de la CPEUM; 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos];
Principio conforme al cual los partidos políticos nacionales deben contar de manera equitativa con elementos para sus actividades [artículo 41, párrafo segundo, base II, de la CPEUM];
Principio de equidad en el financiamiento público [artículos 41, párrafo segundo, base II, y 116, fracción IV, inciso g), de la CPEUM]:
Principio de prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen privado [artículo 41, párrafo segundo, base II, de la CPEUM];
Principio para la organización de las elecciones mediante un organismo público dotado de autonomía e independencia [artículo 41, párrafo segundo, base V, de la CPEUM];
Principios rectores de la función estatal electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad [artículos 41, párrafo segundo, base V, párrafo primero; y 116, fracción IV, inciso b), de la CPEUM];
Principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales [artículo 41, párrafo segundo, base VI, de la CPEUM];
Derecho a la tutela judicial efectiva en materia electoral [artículos 17; 41, párrafo segundo, base VI, y 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución Federal y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos];
Principio de definitividad en materia electoral [artículo 41, párrafo segundo, base VI; y 116, fracción IV, inciso m, de la CPEUM];
Principio de equidad de la competencia entre los partidos políticos [artículo 134, en relación con el 41, párrafo segundo, base II, de la CPEUM]; y
Principio conforme al cual, sólo la ley puede establecer nulidades [artículo 99, párrafo cuarto, fracción II, párrafo segundo, de la CPEUM].
Al observar estos quince indicadores, se puede entender el por qué el proceso es largo y tardado. Sin embargo, el hecho de que estos propios indicadores no sean públicos; es decir, algo sobre loq ue el propio Tribunal vaya informando, genera altas suspicacias.
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