Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-076-16.htm
Timestamp: 2020-06-04 01:57:31
Document Index: 121947473

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 86', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 10', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo 1', 'Artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'Artículo 10']

T-076-16
Sentencia T-076/16
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO DE DESVINCULACION DE LAS FUERZAS MILITARES-Procedencia excepcional
La estabilidad laboral es una medida de protección constitucional para todos aquellos que se hallen en estado de debilidad manifiesta por padecer una disminución física, psíquica o sensorial. Esta garantía hace parte del derecho al trabajo y se fundamenta en el contexto de desigualdad en el que se encuentran estas personas en relación con las que sí gozan de un buen estado de salud.
DERECHO A LA REUBICACION DE SOLDADOS PROFESIONALES CON DISMINUCION DE LA CAPACIDAD LABORAL
Aun cuando existe un régimen especial para los soldados que permite su retiro del servicio activo cuando disminuya su capacidad psicofísica, la Corte ha considerado que en atención al contexto específico de cada caso, la aplicación de esta causal puede ocasionar la vulneración de los derechos fundamentales del soldado desvinculado.
DERECHO A LA SALUD, MINIMO VITAL Y ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE SOLDADO PROFESIONAL-Orden a Ejército Nacional reintegre a soldado retirado por razón de disminución de capacidad laboral
Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
1.1.8. Enfatiza sobre su crítica situación económica, derivada del desempleo en que se encuentra, lo que le ha traído como resultado el desamparo de su núcleo familiar, toda vez que de él dependen su madre (la señora Elizabeth Montoya)[1], quien padece problemas de salud graves y requiere por lo mismo atención médica permanente y su hijo menor de edad.
1.1.9. En virtud de lo anterior, mediante acción de tutela instaurada el día el día 7 de julio de 2015 solicita:
1.6.10. Copia del Informativo por Lesiones del 03 de julio de 2001 (folios 33-34 del cuaderno original de tutela).
2.1.1 El apoderado expone que el señor Oscar Iván Gordillo Panteves se vinculó al Ejército Nacional como soldado profesional, desde el 10 de noviembre de 2008 hasta el 28 de febrero de 2015, donde estuvo adscrito al Batallón de Contraguerrilla núm. 12 Diosa del Chairá de la móvil núm. 36 y agregado al ASPC 57.
2.1.2 Indica que para ingresar a la institución su poderdante reunió todos los requisitos mínimos establecidos por el artículo 4º del Decreto 1793 del 2000 y durante el tiempo de su desempeño siempre actuó con profesionalismo, diligencia y respetando a sus mandos.
2.1.3 Señala que según acta del Tribunal Médico núm. TML-15-0175, de fecha 20 de enero de 2015, el soldado Oscar Iván Gordillo Panteves presenta trauma en pierna derecha “mientras patrullaba, sufriendo factura de peroné derecho, con adecuada evolución que deja como secuela dolor crónico en pierna derecha”, “gastritis crónica valorada y tratada en gastroenterología con evolución satisfactoria”, y “exposición crónica a ruido valorado y tratado por otorrino con manejo médico y farmacológico que deja como secuela hipoacusia leve en el oído izquierdo (28 DB) y tinnitus bilateral”.[2]
2.1.4 Explica que, como consecuencia de lo anterior, la Junta del Tribunal Médico determinó el 20 de enero de 2015, que su pérdida de capacidad laboral correspondía a un 27%, y por ende lo calificó como no apto para la actividad militar y con incapacidad permanente parcial, con ocasión de dos lesiones existentes, una derivada del servicio -enfermedad profesional- y la otra de origen común.
2.1.5 Relata que, a pesar de las afecciones en su salud, el señor Oscar Iván Gordillo Panteves continuó prestando sus servicios por más de cinco años, recibiendo incluso anotaciones y conceptos favorables por su buen desempeño en el servicio. Sin embargo, mediante orden administrativa de personal núm. 1132 de fecha 07 de febrero de 2015, se le retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares por la causal de disminución de la capacidad psicofísica.
2.1.6 Declara que su poderdante adquirió la enfermedad profesional después de su vinculación al Ejército y a pesar de ello su estado de salud no le impidió obtener un buen desempeño en la prestación del servicio, por lo que no comparte la decisión adoptada mediante la cual fue desvinculado sin considerarse que perteneció a la institución durante 7 años.
2.1.7 Expone que el núcleo familiar del accionante está compuesto por su hija Brenda Liseth Gordillo Franco y su compañera permanente Yaqueline Franco Gaviria quien tiene dos hijas, Yuliana y Geidy Camila Franco Gaviria, quienes también conviven con él y se han visto afectadas por la situación económica sobreviniente a su retiro del servicio, toda vez que dependen de él, quien no ha podido conseguir empleo con ocasión de la disminución de su capacidad laboral.
2.1.8 De conformidad con lo anterior, mediante acción de tutela instaurada el
2.6.6. Fotocopia de certificación de entrenamiento del 15 de febrero al 11 de marzo de 2010, expedida por el Equipo Móvil de Entrenamiento de las Fuerzas Militares de Colombia (folio 25 del cuaderno original de tutela).
El artículo 86 de la Constitución Política consagra que la acción de tutela es procedente cuando se emplea como mecanismo para la defensa de un derecho fundamental que se encuentra vulnerado o amenazado, independientemente de que se trate de una acción u omisión que provenga de una autoridad pública o de un particular. No obstante, consiste en una herramienta subsidiaria, carácter que pretende evitar que se suplanten los caminos ordinarios para resolver controversias jurídicas y se convierta en un instrumento alternativo cuando no se han empleado oportunamente dichos medios, como si se tratase de un mecanismo alternativo.[3]
“En relación a la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se está frente a un perjuicio irremediable, esta Corte ha precisado que se considera un perjuicio de esa índole cuando: en primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”[4]
Han sido varias las oportunidades en que esta Corporación ha señalado como procedente la acción de tutela cuando se trata de miembros de las fuerzas militares que solicitan el amparo de sus derechos, presuntamente vulnerados por el acto mediante el cual se les desvincula de la institución.[5]
4.2. A nivel internacional también se reconoce esta protección especial a las personas en condiciones de discapacidad. Este Tribunal ha señalado algunos de dichos estatutos[6]:
“La Declaración de los derechos del deficiente mental aprobada por la ONU en 1971, la Declaración de los derechos de las personas con limitación, aprobada por la Resolución 3447 en 1975 de la ONU, la Resolución 48/96 del 20 de diciembre de 1993 de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, la Recomendación 168 de la OIT, el Convenio 159 de la OIT, la Declaración de Sund Berg de Torremolinos de la UNESCO en 1981, la Declaración de las Naciones Unidas para las personas con limitación de 1983, entre otras.”[7]
La Corte Constitucional ha atribuido gran importancia a estos instrumentos internacionales, toda vez que imponen a los Estados la obligación de evitar cualquier clase de discriminación en el mercado laboral interno, de las personas con disminuciones físicas, sensoriales o psíquicas al tiempo que promueven un ambiente propicio para quienes que padecen de alguna discapacidad[8].
4.3. En la normatividad interna, la Ley 361 de 1997[9] estableció mecanismos dirigidos a la integración social de las personas en situación de discapacidad, en el ámbito educativo, del trabajo, de las comunicaciones y del transporte, entre otros.[10]
El artículo 2º reafirmó la obligación del Estado de evitar discriminación alguna en el ordenamiento jurídico[11]. El artículo 4º ordena a la administración central y a las entidades descentralizadas y gubernamentales disponer de los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas en estado de discapacidad. [12] Además, el artículo 26 consagró que bajo ninguna circunstancia la discapacidad que sufra una persona podrá ser un obstáculo para su vinculación laboral, a menos que se demuestre que efectivamente el ejercicio del cargo en cuestión es realmente incompatible con las circunstancias de salud en las que se halle. La disposición jurídica establece:
La estabilidad laboral reforzada se instituye como una protección que se ofrece a quienes se hallen en estado de debilidad manifiesta, con la finalidad de que reciban el pago de las incapacidades mientras estén cesantes y para que sus condiciones de vulnerabilidad no puedan constituir la causa de su despido u otra modificación laboral perjudicial. Como en algunos casos no es posible reintegrarlas al cargo en el que se venían desempeñando cuando se presenta la disminución de su capacidad laboral, será necesario verificar el estudio de los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.[13]
“Bajo tal supuesto, el amparo cobija a quienes sufren una disminución que les dificulta o impide el desempeño normal de sus funciones, por padecer i) deficiencia entendida como una pérdida o anormalidad permanente o transitoria, sea psicológica, fisiológica o anatómica de estructura o función; ii) discapacidad, esto es, cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad, ocasionado por un desmedro en la forma o dentro del ámbito considerado normal para el ser humano; o, iii) minusvalidez, que constituye una desventaja humana, al limitar o impedir el cumplimiento de una función que es normal para la persona, acorde con la edad, sexo o factores sociales o culturales.”[14]. (Subrayas fuera del texto original).
Por su parte, el Decreto 1796 de 2000[15] regula, entre otros aspectos, la evaluación de la capacidad psicofísica y de la disminución de la capacidad laboral de los miembros de la Fuerza Pública. Define en su artículo 2º la capacidad psicofísica y en el artículo 3° las clasificó en diferentes categorías:
Ahora bien, aun cuando estas disposiciones indican que los soldados profesionales pueden ser retirados del servicio activo cuando presenten disminución en su capacidad psicofísica, esta facultad no opera automáticamente en detrimento de sus garantías y derechos constitucionales. Es por esto que la Corte ha sostenido que si la discapacidad se adquiere con ocasión del servicio o como producto directo del mismo, las Fuerzas Militares deben hacerse cargo de la atención médica del afectado. En concreto, en providencia T-516 de 2009 señaló lo siguiente[16]:
“Cuando la lesión o enfermedad (i) es producida durante o por ocasión de la prestación del servicio y (ii) es generada como producto directo de la actividad desempeñada o (iii) es la causa de la desincorporación de las fuerzas militares o de policía, las fuerzas militares o de policía deberán hacerse cargo de la atención médica.”[17]
Vale aclarar que este Tribunal, al referirse a la reincorporación de los soldados que se encuentran en dicha situación, de manera alguna exige su reintegro a desarrollar labores incompatibles con sus capacidades; contrario sensu, ha señalado que deberán tenerse en cuenta tanto su grado de escolaridad como sus habilidades o destrezas[18].
En esa ocasión el Ejército Nacional sostuvo que el despido obedeció a lo dispuesto en el artículo 10º del Decreto 1793 de 2000[19]. Manifestó que la labor militar implica una exigencia física mínima que requiere de personal plenamente capaz, condición con la que no contaba el soldado debido a su disminución física. La Corte, sin embargo, manifestó lo siguiente:
Por esta razón, y como lo ha decidido esta Corporación en las sentencias T-503 de 2010 y T-081 de 2011, se procederá a inaplicar por inconstitucional el artículo 10° del Decreto 1793 de 2000 que consagra la disminución de capacidad laboral como causal de retiro de la institución demandada. De lo contrario, se prolongaría la vulneración de los derechos fundamentales del señor Pabón Moreno a la estabilidad laboral reforzada, la igualdad, el trabajo, la salud, la dignidad humana y la seguridad social.” [20]
Esta Sala verifica que si bien es cierto que el accionante contaba con otros mecanismos de defensa, no lo es menos que se encuentra en estado de debilidad manifiesta, como se evidencia en las pruebas allegadas al expediente, al tratarse de un soldado cuya capacidad laboral disminuyó a raíz de un accidente sufrido en servicio y que con posterioridad fue retirado del mismo.[21]
Asimismo, la Sala considera que el actor no empleó la tutela como un mecanismo para suplantar las vías judiciales de defensa ordinarias, ni de forma negligente, ni se trata de una acción dirigida a revivir términos procesales. Simplemente acudió legítimamente a este mecanismo por considerarlo el más idóneo para asegurar la protección oportuna y efectiva de sus derechos fundamentales, como en efecto lo es, según ha recordado la jurisprudencia de la Corte Constitucional.[22]
La Corte Constitucional observa que el acta del tribunal médico laboral de revisión militar y de policía señala la imposibilidad de su reubicación por carecer de destrezas y capacitación para desempeñarse en algún cargo al interior de la institución. En la misma señala:[23]
Lo anterior carece de fundamento si se tiene en cuenta, por una parte, que el actor permaneció durante más de 14 años en servicio activo desde que sufrió el accidente que ocasionó su pérdida de capacidad laboral, ocurrido el 13 de mayo de 2001, lo que indica que pudo desempeñarse satisfactoriamente al interior de la institución; y por otra, que cursó varios entrenamientos durante la prestación del servicio, por lo cual no es admisible su retiro bajo los argumentos expuestos de carecer de destrezas y capacitación para desarrollar alguna función dentro de la institución.[24]
Este Tribunal evidencia que las demandadas desconocieron preceptos constitucionales y su obligación de proteger a quienes se encuentran en una situación de debilidad manifiesta, al retirar del servicio activo al actor aplicando disposiciones jurídicas sin realizar previamente un análisis del caso ni tener en cuenta las condiciones particulares del mismo, desconociendo con ello también los precedentes de la Corte Constitucional.[25]
Si bien es cierto que sigue en firme la calificación de pérdida de capacidad otorgada al actor, y que existe la causal de retiro por disminución en la capacidad del soldado[26], no lo es menos que con la mengua adquirida tras el accidente referido permaneció durante más de 14 años desempeñando diferentes funciones en el Ejército Nacional.
De esta manera, teniendo en cuenta decisiones adoptadas por esta Corte en las que se ampararon los derechos fundamentales de los soldados retirados del servicio por presentar una disminución en su capacidad laboral[27], esta Sala tutelará los derechos invocados por el accionante. En consecuencia, procederá a revocar las decisiones de primera y segunda instancia proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
El Tribunal Médico determinó que durante actos de servicio el accionante sufrió trauma en su pierna derecha con fractura en peroné derecho y con secuela de dolor crónico en esa pierna, más gastritis con evolución favorable satisfactoria y secuela por exposición crónica al ruido, lo que le deja como resultado hipoacusia leve en el oído izquierdo (28 DB) y tinnitus bilateral. Con ocasión de estas afecciones el 20 de enero de 2015 se le certificó una pérdida de capacidad laboral de 27%, calificándolo como no apto para la actividad militar, con una incapacidad permanente parcial de dos lesiones existentes, una derivada del servicio como enfermedad profesional y la otra catalogada como de origen común.[28]
Al respecto, si bien es cierto que pudo acudir a otros mecanismos judiciales de defensa, no lo es menos que se trata de un sujeto de especial protección constitucional, como se evidencia en las pruebas allegadas al expediente, por ser una persona con una disminución de su capacidad laboral de un 27.0%.[29]
Lo anterior, aunado a que es un sujeto de especial protección que tiene a su cargo el sustento de su compañera permanente y de sus tres hijas, quienes dependen plenamente de él, hace que exigirle que acuda a la jurisdicción ordinaria se convierta en una carga desproporcionada.[30]
“Los integrantes del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía procedieron a efectuar examen físico al paciente evidenciando: aceptables condiciones generales, consciente, alerta orientado en las tres esferas, entrenamiento lógico, responde coherentemente al interrogatorio con precisión, mantiene la mirada con los examinadores, juicio y raciocinio conservado, otoscopia membranas íntegras, no eritemas cono lumínico presente. Abdomen blando depresible no masas no dolores. Marcha normal, marcha punta talón anormal, por presentar dolor en pierna derecha, perímetros piernas de 41 cm bilateral, con leve a moderada limitación en los últimos grados a los movimientos pierna derecha. Sensibilidad conservada. Fuerza 5/5. Trofismo normal. Reflejos normales.” (sic)[31]
Lo que precede pone de presente que la afección física que sufre el accionante en su salud, radica en los dolores en su pierna derecha, lo que no impide que realice otras tareas o actividades administrativas; además, evidencia esta Sala que el actor sí realizó algunos entrenamientos durante la prestación de su servicio[32], adicionalmente, que atendiendo al diagnóstico emitido por el mismo Tribunal, podría desarrollar labores de tipo administrativo.
[1] Aun cuando el texto de la tutela se refiere a la señora Elizabeth como abuela del señor Vargas Montoya, a folio 47 se evidencia en declaración extrajuicio que se trata de su madre.
[2] Según se evidencia a folio 20 del cuaderno principal de tutela, el accionante sufrió “fractura de peroné derecho el 15 de marzo de 2013 en San Vicente del Caguán…”.
[3] Ver sentencias T-094 de 2013, T-404 de 2014, T-371 de 2015 y T-690 de 2015, entre otras.
[4] Sentencia T-135 de 2015. Ver también sentencias T-1085 de 2003, T-806 de 2004, T-397 de 2008, T-629 de 2009 y T-338 de 2010, entre otras.
[5] Ver sentencias T-404 de 2014 y T-371 de 2015, entre otras.
[6] Sentencia T-198 de 2006. Ver también sentencias T-459 de 2012, C-824 de 2011 y C-066 de 2013, entre otras.
[7] Sentencia T-198 de 2006.
[8] Sentencia T-198 de 2006. Ver también sentencia T-459 de 2012.
[9] “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones”.
[10] Mediante sentencia C-458 de 2015 se estudió la constitucionalidad de algunas expresiones contenidas en algunas normas por considerar que el lenguaje podía tener implicaciones inconstitucionales, toda vez que podría ser entendido y utilizado con fines discriminatorios. Se estableció que el uso de algunas expresiones como parte del lenguaje técnico jurídico pretende definir una situación legal y no hacer una descalificación subjetiva de ciertos individuos. En ese sentido, varias expresiones fueron declaradas exequibles por los cargos analizados en esta oportunidad y otras exequibles condicionadamente. El término discapacitado se reemplazó por “persona en situación de discapacidad”. Por su parte, las definiciones legales y lexicográficas de las expresiones “discapacitado”, “inválido”, “sordo”, “minusválido”, “persona con limitaciones” y “limitados”, se declararon exequibles al considerar que estaban desprovistas de los componentes peyorativos que los demandantes les atribuyeron.
[11] “Artículo 2º. El Estado garantizará y velará por que en su ordenamiento jurídico no prevalezca discriminación sobre habitante alguno en su territorio, por circunstancias personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales.”
[12] “Artículo 4º. Las ramas del poder público pondrán a disposición todos los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 1o. de la presente Ley, siendo obligación ineludible del Estado la prevención, los cuidados médicos y sicológicos, la habilitación y la rehabilitación adecuadas, la educación apropiada, la orientación, la integración laboral, la garantía de los derechos fundamentales económicos, culturales y sociales.
[13] Sentencia T-691 de 2015.
[14] Sentencia T-196 de 2006. Ver también las sentencias T-341 de 2009 y T-651 de 2012, entre otras.
[15] "Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993"
[16] En este caso el accionante “fue seleccionado para prestar el servicio militar obligatorio el 28 de octubre de 2006, y la mayor parte del tiempo de servicio estuvo en condiciones psicofísicas normales, sin que exista noticia sobre padecimientos de lesión o enfermedad de consideración. Sin embargo, en marzo de 2008 presentó varios episodios de polineuropatía periférica, parálisis periódica hipocalémica y depresión franca. Todas estas fueron calificadas por la Junta Médica de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional como enfermedades comunes asociadas al Síndrome de Guillain Barré, no imputables al servicio y que, sin embargo, generaron una incapacidad permanente parcial del diez punto cinco por ciento (10.5%).
[17] Ver también sentencia T-470 de 2010. En esta providencia el accionante sufrió una disminución de su capacidad laboral en desarrollo de su actividad como soldado profesional. Se le calificó con una pérdida del 41.96%, por la cual se sugirió su reubicación. El Ejército estableció que dicha incapacidad le impedía realizar las actividades que debía desempeñar como soldado y por ello procedió a retirarlo del servicio. La entidad adujo que el retiro del actor estaba debidamente fundamentado en las causales previstas en el Decreto 1796 de 2000, por lo que no resultaba viable su reubicación. Con el expediente se allegaron las certificaciones que constataban el excelente servicio desempeñado por el peticionario luego de la calificación de disminución de la capacidad psicofísica, lo cual indicaba claramente la aptitud para desempeñar otras actividades dentro del sistema militar, demostrando contrariamente a lo sostenido por el Ejército, que podía continuar en servicio sin que sus circunstancias de debilidad manifiesta lo impidieran. En esa ocasión la Corte concluyó que el Ejército desconoció la obligación y el deber de protección de quienes han luchado por defender con su vida a la Nación, dejando de lado la materialización del principio de solidaridad que debe ser indispensable en la realización como Estado Social de Derecho. Por lo anterior, tuteló los derechos invocados por el afectado y ordenó su reintegro al Ejército Nacional.
[18] Sentencia T-503 de 2010.
[19] “Artículo 10º. Retiro por disminución de la capacidad psicofísica. El soldado profesional que no reúna las condiciones de capacidad y aptitud psicofísica determinadas por las disposiciones legales vigentes, podrá ser retirado del servicio.”
[20] Por ejemplo en la sentencia T-503 de 2010 la Corte Constitucional inaplicó el artículo 10º del Decreto 1793 de 2000, en un caso en el que el Ejército Nacional había calificado a un soldado con una pérdida de capacidad laboral 28.25%, y por ello lo declaró no apto para el servicio activo. Lo anterior “en la medida en que deviene en la vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.” En otro caso resuelto en la sentencia T-843 de 2013 la Corte consideró que el Ejército Nacional no debió aplicar el artículo 10º del Decreto 1793 de 2000 con sujeción únicamente al dictamen de la Junta Médica Laboral, ya que si bien allí no se recomendó la reubicación del soldado en labores administrativas, docentes o de instrucción, si venía ejerciendo labores en las oficinas de quejas y reclamos, y de archivo, entre otros cargos del Ejército Nacional, mientras se determinaba la pérdida de su capacidad psicofísica, por lo que la sola calificación de pérdida de capacidad no reflejaba en realidad las circunstancias en que se encontraba el soldado.
[21] Folios 23 y 35-39 del cuaderno original de tutela. Se evidencia por una parte la Resolución mediante la cual se retira del servicio al accionante por tener una pérdida de capacidad laboral del 9.0%. En segundo lugar, se consigna en el Acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía núm. TML-15-1-021MDNSG-TML-41.1., del 6 de mayo de 2015, que las lesiones referidas ocurrieron durante el servicio por causa y razón del mismo.
[22] Ver sentencias T-516 de 2009, T-081 de 2011, T-459 de 2012, T-843 de 2013 y T-382 de 2014, entre otras.
[23] Folio 38 del cuaderno principal de tutela.
[24] Folio 25 a 28 del cuaderno principal de tutela. Curso realizado en la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia sobre inteligencia básica a distancia del 3 de diciembre de 2009. Curso de paracaidismo ejecutado el 13 de abril de 2009. Curso básico de contraguerrillas rural del 20 de agosto de 2001. Entrenamiento en operaciones especiales cursado el 15 de julio de 2008.
[25] Ver sentencias T-516 de 2009, T-081 de 2011, T-459 de 2012, T-843 de 2013 y T-382 de 2014, entre otras.
[26] Decreto 1793 de 2000. “Artículo 10. Retiro por disminución de la capacidad psicofísica. El soldado profesional que no reúna las condiciones de capacidad y aptitud psicofísica determinadas por las disposiciones legales vigentes, podrá ser retirado del servicio.”
[27] Sentencias T-459 del 2012, T-843 de 2013 y T-382 de 2014, entre otras.
[28] No reposa copia de la calificación de pérdida de capacidad, pero otros documentos emitidos por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía sirven de soporte para respaldar que la pérdida de capacidad laboral corresponde al 27% y que fue calificado como no apto para la actividad militar (Folios 17-21).
[29] Folios 17-21 del cuaderno principal de tutela.
[30] Folio 32-33 del cuaderno principal de tutela. Declaración juramentada.
[31] Folio 20 del cuaderno original de tutela, se evidencia acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía en la que se analiza la inconformidad presentada por el accionante, en relación con la decisión de retiro de la institución por disminución de su capacidad laboral.
[32] Esto de conformidad con las pruebas que reposan en el expediente: Fotocopia de certificación de entrenamiento del 15 de febrero al 11 de marzo de 2010, expedida por el Equipo Móvil de Entrenamiento de las Fuerzas Militares de Colombia (folio 25 del cuaderno original de tutela). Fotocopia de diploma que acredita el curso de tirador de alta precisión primer nivel realizado del 20 de junio al 12 de julio de 2011, expedido por la fuerza de tarea conjunta omega (folio 26 del cuaderno original de tutela). Fotocopia de la certificación de entrenamiento de tirador de alta precisión primer nivel del 24 de agosto de 2012, expedida por el equipo móvil de entrenamiento rural escuela de tiro (folio 27 del cuaderno original de tutela). Fotocopia de entrenamiento de tirador de alta precisión realizado el 30 de noviembre 2012, expedida por el equipo móvil de entrenamiento rural escuela de tiro (folio 28 del cuaderno original de tutela). Fotocopia de diploma emitido por el comandante del Ejército Nacional que certifica que mediante Resolución núm. 1477 del 08 de septiembre de 2011 se confirió al accionante la medalla militar “Fe en la Causa”, (folio 29 del cuaderno original de tutela). Fotocopia del certificado de reentrenamiento, por su excelente desempeño durante el desarrollo del reentrenamiento de doctrina de fuerzas especiales realizada en la ESFER, de fecha 26 de marzo de 2011 (folio 30 del cuaderno original de tutela).