Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28CDP200810160036.CODI.%29
Timestamp: 2020-06-01 23:20:47
Document Index: 39290301

Matched Legal Cases: ['artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 54', 'ARTÍCULO 54', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 4', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 4', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 13', 'artículo 8', 'artículo 149', 'artículo 54']

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 36, de 16/10/2008
Año 2008 IX Legislatura Núm. 36
Sesión plenaria núm. 33 celebrada el jueves 16 de octubre de 2008
- Real Decreto-ley 5/2008, de 3 de octubre, por el que se autoriza a la Administración General del Estado a formalizar un contrato de garantía con el Banco Europeo de Inversiones y se amplía el límite para el otorgamiento de avales fijado en el artículo 54 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008. ("BOE" número 240, de 4 de octubre de 2008). (Número de expediente 130/000004.)... (Página 4)
- Proyecto de ley por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 7-1, de 18 de julio de 2008. (Número de expediente 121/000007.)... (Página 8)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención
a las personas en situación de dependencia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 81, de 10 de octubre de 2008. (Número de expediente 173/000027.)... (Página 14)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Perestelo), sobre los planes y actuaciones del Gobierno para garantizar el mantenimiento y mejora de la conectividad aérea de Canarias, tanto con la Península como con el exterior, a la vista de la reducción de líneas y frecuencias provocada por la crisis en el sector. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 81, de 10 de octubre de 2008. (Número de expediente 173/000028.)... (Página 19)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política de seguridad aérea. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 81, de 10 de octubre de 2008. (Número de expediente 173/000029.)... (Página 24)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.)... (Página 29)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.)... (Página 29)
- Propuesta de la Comisión de Igualdad, de creación de una subcomisión para realizar un estudio y elaborar unas conclusiones sobre la aplicación de la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 78, de 7 de octubre de 2008. (Número de expediente 158/000015.)... (Página 30)
- Propuesta de la Comisión de Igualdad, de creación de una subcomisión para el estudio del funcionamiento de la ley integral de medidas contra la violencia de género y, en su caso, propuestas de modificación. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, número 78, de 7 de octubre de 2008.
(Número de expediente 158/000006.)... (Página 30)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes... (Página 4)
Real Decreto-ley 5/2008, de 3 de octubre, por el que se autoriza a la Administración General del Estado a formalizar un contrato de garantía con el Banco Europeo de Inversiones y se amplía el límite para el otorgamiento de avales fijado en el artículo 54 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008... (Página 4)
La señora ministra de Administraciones Públicas (Salgado Méndez) expone las razones que han obligado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley que se somete a la convalidación o derogación de la Cámara.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Robles Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Gastón Menal, del Grupo Parlamentario Socialista.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas... (Página 8)
Proyecto de ley por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito... (Página 8)
Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Sanidad y Consumo (Soria Escoms), en nombre del Gobierno.
En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución presentada, interviene la señora Nadal i Aymerich, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Tarruella Tomás, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario Socialista.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes... (Página 14)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia... (Página 14)
Defiende la moción el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Corral Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Peres-telo), sobre los planes y actuaciones del Gobierno para garantizar el mantenimiento y mejora de la conectividad aérea de Canarias, tanto con la Península como con el exterior, a la vista de la reducción de líneas y frecuencias provocada por la crisis en el sector... (Página 19)
Defiende la moción el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Guerra Guerra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Perestelo Rodríguez.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política de seguridad aérea... (Página 24)
En defensa de la moción interviene el señor Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y De la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 5/2008, de 3 de octubre, por el que se autoriza a la Administración General del Estado a formalizar un contrato de garantía con el Banco Europeo de Inversiones y se amplía el límite para el otorgamiento de avales fijado en el artículo 54 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008, se aprueba por 319 votos a favor.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al proyecto de ley por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito, se rechaza por 139 votos a favor, 179 en contra y una abstención.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, se rechaza por 180 votos a favor, uno en contra y 138 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Perestelo), sobre los planes y actuaciones del Gobierno para garantizar el mantenimiento y mejora de la conectividad aérea de Canarias, tanto con la Península como con el exterior, a la vista de la reducción de líneas y frecuencias provocada por la crisis en el sector, se aprueba por 318 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política de seguridad aérea, se aprueba por 319 votos a favor.
Propuestas de creación de subcomisiones... (Página 30)
Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Igualdad, de creación de una subcomisión para realizar un estudio y elaborar unas conclusiones sobre la aplicación de la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo, se aprueba por 176 votos a favor, 139 en contra y tres abstenciones.
Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Igualdad, de creación de una subcomisión para el estudio del funcionamiento de la ley integral de medidas contra la violencia de género y, en su caso, propuestas de modificación, se aprueba por asentimiento.
Se levanta la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
- REAL DECRETO-LEY 5/2008, DE 3 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A FORMALIZAR UN CONTRATO DE GARANTÍA CON EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Y SE AMPLÍA EL LÍMITE PARA EL OTORGAMIENTO DE AVALES FIJADO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 51/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2008. (Número de expediente 130/000004.)
Iniciamos el debate con el IV punto del orden del día. Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Concretamente este punto contiene la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/2008, de 3 de octubre, por el que se autoriza a la Administración General del Estado a formalizar un contrato de garantía con el Banco Europeo de Inversiones, y se amplía el límite para el otorgamiento de avales fijado en el artículo 54 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
Para exponer las razones de urgencia que han obligado a la promulgación del real decreto-ley tiene la palabra la señora ministra de Administraciones Públicas.
La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Comparezco ante esta Cámara para presentar el Real Decreto-ley 5/2008, de 3 de octubre, por el que se autoriza a la Administración General del Estado a formalizar un contrato de garantía con el Banco Europeo de Inversiones, y se amplía el límite para el otorgamiento de avales fijado en el artículo 54 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
El objeto de esta norma con rango de ley es que España pueda cumplir, en proporción a su capital suscrito y en el plazo estipulado, con las obligaciones contraídas como miembro del Banco Europeo de Inversiones.
Desde su adhesión a la Comunidad Europea en el año 1986, el Reino de España forma parte del Banco Europeo de Inversiones, del que ha suscrito hasta la fecha una participación de 15.987.719.500 euros, equivalentes a una cuota del 9,702 por ciento del capital del banco. Los Estados miembros que participan en el Banco Europeo de Inversiones han contraído obligaciones para actuar como garantes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del acuerdo interno de 17 de julio de 2006, también denominado Acuerdo Interno de Cotonou II. Este acuerdo regula la financiación de la ayuda comunitaria concedida con cargo al marco financiero plurianual 2008-2013 a los miembros del grupo de los Estados
de África, Caribe y Pacífico, intérpretes del conocido Acuerdo de Cotonou, y la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar, denominada decisión de asociación. En el citado acuerdo interno los Estados miembros establecen un X Fondo Europeo de Desarrollo por importe de 22.682 millones de euros, de los que España financia el 7,85 por ciento, lo que nos sitúa como quinto contribuyente tras Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. A éste X Fondo Europeo de Desarrollo se añadirá un importe de hasta 2.030 millones de euros, en forma de préstamos concedidos por el BEI, con cargo a sus recursos propios. De esta cantidad, 2.000 millones de euros se dirigen a Estados ACP, y 30 millones de euros a los países y territorios de ultramar. En proporción al capital del BEI por ellos suscrito, los Estados miembros se comprometerán a constituirse en garantes del BEI. La garantía se limita al 75 por ciento del importe total de los préstamos otorgados, si bien cubrirá todos los riesgos. Básicamente estos préstamos financiarán proyectos de inversión del sector público con garantía soberana, y en especial infraestructuras como suministro y tratamiento de aguas, generación y transporte de energía, carreteras de peaje, puertos y aeropuertos. Además, se podrán financiar operaciones de inversión del sector privado, siempre que el propio proyecto genere beneficios con los que recuperar la inversión, como por ejemplo proyectos mineros y construcción de complejos hoteleros.
En este marco, mediante el real decreto-ley que hoy presento para su consideración se habilita la concesión de un aval del Estado para garantizar las obligaciones económicas a cargo del Reino de España, con origen en el contrato de garantía, a suscribir con el Banco Europeo de Inversiones y derivadas de los préstamos que el banco otorgue con cargo a sus recursos propios bajo el Acuerdo de Cotonou II. La garantía máxima que asume el Reino de España asciende a 147.713.239,28 euros, equivalente a un 9,7 por ciento de 1.522,50 millones de euros, es decir, del 75 por ciento de los 2.030 millones de euros a los que ya me he referido. El aval se extenderá, además de al principal, a las cargas financieras que determine el banco en cada caso particular. Además del contrato de garantía, en documento aparte se suscribirá un acuerdo que establezca el procedimiento de administración de los atrasos. Para articular en derecho interno este instrumento de garantía no podemos olvidar que existe una limitación legal para la concesión de avales por la Administración General del Estado, concretamente lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008. Por ello es necesario modificar el límite que se recoge en ese artículo, incrementándolo en el importe ya mencionado relativo a la garantía que asume el Reino de España.
Con respecto a los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la aprobación del presente real decreto-ley, estos derivan de la necesidad de que el contrato de garantía entre el Banco Europeo de Inversiones y los Estados miembros entre en vigor antes del final de 2008. Dicha suscripción es necesaria para que el Banco Europeo de Inversiones pueda comenzar a operar, con cargo a sus recursos propios, en los Estados de África, Caribe y Pacífico, y en los países y territorios de ultramar para el periodo 2008-2013. Este contrato inicia su vigencia únicamente desde el momento en el que esté firmado por todos los Estados miembros participantes. Varios Estados miembros han indicado ya al BEI su disponibilidad de suscribir el contrato de garantía.
Este es el contenido, objeto y justificación del real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros que hoy presento a SS.SS. para que, con su voto, apoyen su convalidación.
¿Algún grupo parlamentario, con independencia de cuál sea su posición final en la votación, desea hacer uso del turno en contra del real decreto-ley? (Pausa.) En ese caso, pasaremos a la fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, ¿desea hacer uso de la palabra alguna de SS.SS. del Grupo Mixto? (Denegaciones.) El Grupo Mixto renuncia al uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
Intervengo desde el escaño para decir que vamos a votar favorablemente, como no podía ser de otra manera -el real decreto que hoy presenta el Gobierno está cargado de sentido-, pero sí quería aprovechar para hacer una reflexión en torno al funcionamiento del BEI, del Banco Europeo de Inversiones y a los acuerdos Cotonou y Cotonou II. Entendemos que en un contexto global como el actual lo que tenemos que hacer es recuperar precisamente instrumentos, como mínimo, de intervención y de control en torno a estos créditos que se están dando por parte del Banco Europeo de Inversiones, y más teniendo presente que en el contexto financiero internacional las obligaciones en materia de desarrollo pueden acabar siendo aparcadas o pueden quedar supeditadas a intereses comerciales de toda índole. Por tanto, queríamos aprovechar para instar al Gobierno a que lidere una postura en el contexto europeo y en lo que se refiere al Banco Europeo de Inversiones para que haya más control y mayor supeditación a objetivos de desarrollo. En segundo lugar, queríamos también aprovechar para hacer una reflexión en torno a Cotonou II y los acuerdos con los países de África, Caribe y Pacífico; en particular a los acuerdos alcanzados para las zonas de libre comercio, conocidas por sus siglas en inglés SEPA, por lo que están significando y suponiendo, y para poner de manifiesto precisamente que no todo son
bondades en estas zonas de libre comercio, como ustedes bien saben. Lo digo por dos razones. En primer lugar, porque estas zonas de libre comercio tienen una limitación que es la PAC, la política agraria común, que hace precisamente que el libre comercio con estas zonas no sea efectivo, como algunas de SS.SS. saben y como denuncian diferentes organizaciones no gubernamentales. Y en segundo lugar, porque estas zonas de libre comercio se hacen en muchos casos sin las garantías, sin las ayudas, sin las aportaciones necesarias por parte de los países desarrollados para no desmantelar el pequeño tejido de relaciones comerciales que pueda existir en estos países. Quería hacer estas pequeñas reflexiones para después decir que, en cualquier caso, entendemos que es pertinente la ampliación de este aval y que vamos a votar favorablemente al real decreto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) don Pedro Azpiazu tiene la palabra.
Intervengo muy brevemente también y desde el escaño para fijar la posición de nuestro grupo en relación con este real decreto con el que se pretende ampliar la capacidad de avalar del Estado. Vamos a votarlo favorablemente porque entendemos que los contratos hay que cumplirlos y los acuerdos también, y entre ellos está el acuerdo al que se ha referido la ministra, el Acuerdo de Cotonou II. Lo que nos sorprende -y es una crítica mínima que vamos a hacer- es que la urgencia no nos parece tal en el sentido de que, si el acuerdo era del año 2006, se podía haber tramitado este aval con antelación, e incluso no hubiera habido necesidad de tramitarlo si se hubiera incorporado en la Ley de Presupuestos del año pasado el importe suficiente como para hacer frente a esta responsabilidad. Entendemos que es un pecado menor que se podía haber evitado. No obstante no se ha hecho, y nuestro grupo va a votar favorablemente a la aprobación de este real decreto.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ya me manifiestan su deseo de no intervenir. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular don Gonzalo Robles tiene la palabra.
El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quiero decir que obviamente el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar este real decreto-ley por el que se autoriza a la Administración General del Estado a formalizar este contrato, y también va a apoyar lógicamente la ampliación del límite de otorgamiento de avales fijado en el artículo 54 de la ley. Como es obvio, se trata de algo coherente con nuestros compromisos internacionales y con nuestros compromisos históricos, desde que España viene formando parte del Banco Europeo de Inversiones. Además, como Estado miembro de la Unión hemos suscrito ya desde el año 2000 acuerdos importantes en el ámbito del Acuerdo de Cotonou. Por tanto, este no es más que un trámite para formalizar un nuevo contrato de avales sobre préstamos que va a otorgar el Banco Europeo de Inversiones, con sus recursos propios, y que tiene su origen en el Acuerdo de Cotonou II para los países de África, Caribe, Pacífico, y para los países de ultramar. Se trata, por lo tanto, de materializar estos acuerdos, de cumplir los compromisos tanto con el Banco Europeo de Inversiones como con la Unión en Cotonou II, en el marco de un acuerdo plurianual que abarca el periodo 2008-2013 y que pretende facilitar la ayuda que da la Unión Europea a los países de África, Caribe, Pacífico, y a los países de ultramar. España tiene ahí una cuota del 9,70 y por tanto tenemos que asumir nuestra parte de corresponsabilidad. Pero además se trata también de ser coherentes con la ayuda a los países en desarrollo. Una de las cuestiones que en este momento nos marcan todos los organismos internacionales, y que debe ser de alguna manera también la orientación de la política española, es buscar sinergias y coherencia en las políticas que llevamos a cabo. No solamente la ayuda al desarrollo es la AOD española, sino que son todos los instrumentos de financiación de que disponen tanto España como los organismos internacionales, en este caso la Comisión, para ayudar lógicamente al objetivo último, que es el desarrollo de estos países y la incorporación a las economías regionales e internacionales de los países citados.
No hay que olvidar que en el fondo de este acuerdo, que es un acuerdo básicamente técnico, y de este real decreto-ley lo que subyace es la reducción y erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible de estos países, la integración progresiva en las economías regionales e internacionales, y crear un ámbito de cooperación económica y comercial así como una integración regional. Por todo eso es evidente que hay una bondad de fondo en este real decreto-ley y en estos acuerdos que toma la Unión Europea, y que España lógicamente tiene que hacer como país miembro.
Esto no solamente surge de los acuerdos de 2006, sino que viene de los acuerdos de Cotonou de 2002, en que el Partido Popular gobernaba y formó parte de aquellos acuerdos. Por tanto, coherentemente con aquello y con nuestra coherencia actual de apoyar las políticas de desarrollo, tenemos que estar en esta política. No obstante me van a permitir que, saliéndome del guión y habiendo dicho de antemano que vamos a apoyarlo, aproveche para recordar a los miembros del Gobierno en este momento una cuestión importante. Nos queda un año para la Presidencia de España en el semestre de 2010, y las cosas hay que prepararlas con tiempo. Hay una
proposición no de ley aprobada en esta Cámara, precisamente en la línea de buscar nuevos instrumentos de financiación, que recuerda nuestra obligación histórica y moral con un continente como es América Latina.
Todos sabemos que en este momento ha habido desviaciones en la geopolítica, en las estrategias y en las prioridades de la Unión hacia otras zonas del mundo, que apoyamos encantados porque es evidente que es necesario, pero América Latina ha perdido peso relativo en los instrumentos de financiación que la Unión Europea tiene, y es el momento de ir preparando, cara a esa Presidencia, que tenga nuevo peso e instrumentos, nueva prioridad y figure América Latina de nuevo en la agenda de la Unión con estos instrumentos o con otros, como pueden ser los acuerdos de asociación que están pendientes con algunos países importantes de América Latina. Sé que me salgo del guión, pero no quería dejar de aprovechar para decirlo, porque las cosas hay que prepararlas con tiempo.
Finalizo diciendo que, coherentemente con nuestra posición histórica y con los compromisos que España tiene, tanto en el Banco Europeo de Inversiones como en la Unión Europea, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar tanto este real decreto-ley que autoriza los avales como también la ampliación del límite previsto para el mismo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Robles.
Para fijar posición por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Gastón.
La señora GASTÓN MENAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señores ministros, señorías, el marco en el que encuadramos el debate del presente real decreto-ley parte, como ya se ha dicho, del Acuerdo de Cotonou, firmado el 23 de junio del año 2000. Posteriormente fue revisado en Luxemburgo, derivando en la firma del denominado Acuerdo de Cotonou II. Los objetivos principales de estos acuerdos son la reducción y, a largo plazo, la erradicación de la pobreza, así como la integración progresiva de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico en la economía mundial de forma coherente con el desarrollo sostenible. En definitiva, promover y acelerar el desarrollo económico, social y cultural de estos países.
En virtud del artículo 4 del acuerdo interno, los Estados miembros que forman parte del Banco Europeo de Inversiones contrajeron obligaciones para actuar como garantes en el marco financiero plurianual 2008-2013. A estas obligaciones, y dentro del contenido de este real decreto-ley, unimos las referidas a la asignación financiera para los países y territorios de ultramar, contemplada por la parte IV del Tratado de la Comunidad Europea, en virtud de la decisión del consejo de 27 de noviembre del año 2001. Los Estados miembros que participan en el Banco Europeo de Inversiones asumen una responsabilidad -también se ha citado- total, que se limita al 75 por ciento del importe total de los créditos abiertos por el banco, con unos límites máximos marcados. La participación española en el capital suscrito del banco corresponde a una cuota del 9,7 por ciento del citado capital suscrito, y por tanto la garantía máxima que España asume también es ese 9,7 por ciento, equivalente al 75 por ciento del total, ascendiendo a la cifra de 147.713.239,28 euros. Visto el marco en este momento, y como Estado miembro del Banco Europeo de Inversiones, necesitamos afrontar la obligación, a la mayor brevedad posible, de suscribir un contrato de garantía con el Banco Europeo de Inversiones por dicho importe de 147.713.239,28 euros.
Según el artículo 115, en su apartado 1, de la Ley General Presupuestaria el otorgamiento de avales por parte de la Administración General del Estado deberá ser autorizado por la correspondiente ley. El motivo de la presentación de este real decreto-ley es precisamente esta obligación de la autorización, unida a la premura en el tiempo para la suscripción del contrato, atendiendo al requerimiento del Banco Europeo de Inversiones.
Además en esta situación se hace necesario también modificar el límite máximo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, inicialmente de 220.300.000 euros, y en cumplimiento del artículo 115, en su apartado 1, de la Ley General Presupuestaria según el cual el importe total de los avales del Estado no podrá exceder del límite que en cada ejercicio señale la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El real decreto-ley incluye dos puntos: por un lado, autorizar a la Administración General del Estado a formalizar un contrato de garantía con el Banco Europeo de Inversiones y, por otro, abordar para ello la modificación necesaria, en virtud de tal autorización, en la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2008, en concreto en su artículo 54. La modificación de este artículo 54 recogerá, en primer lugar, que el importe de los avales a prestar por el Estado durante el año 2008 no podrá exceder en este caso de 368.013,24 miles de euros, y por otro lado que de este total se aplicarán los siguientes límites máximos: los ya contemplados destinados a la entidad pública empresarial de Renfe, los ya contemplados destinados a las empresas navieras domiciliadas en España, y un límite nuevo añadido, los 147.713,24 miles de euros, objeto del presente real decreto-ley. Hay que señalar que a las alturas en las que nos encontramos del ejercicio 2008 se ha autorizado ya un aval por un importe de 168 millones de euros, destinados a la sociedad estatal Expoagua 2008. Por tanto, queda un remanente de 52.300 miles de euros. Se hace necesario dejar tal remanente para posibles contingencias hasta el final de este año 2008, y modificar por tanto el límite previsto incrementándolo en la cantidad requerida por el Banco Europeo de Inversiones.
Como Estado miembro del Banco Europeo de Inversiones, España debe dar respuesta inmediata -así lo vemos- a la suscripción de este contrato de garantía
solicitado por el propio banco. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista apoya el contenido, y por tanto su convalidación, del real decreto-ley que ahora presentamos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gastón.
(Número de expediente 121/000007.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el siguiente asunto del orden del día. Proyecto de ley por el que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.
Por parte del Gobierno desea intervenir para presentar el proyecto el señor ministro de Sanidad y Consumo, que tiene la palabra.
Señorías, quería empezar citándoles al prestigioso profesor británico de ciencia política David Held, cuando afirma que los acuerdos obtenidos por consenso, sustentados siempre en la ley, suponen el fundamento básico de los procesos políticos. El consenso significa un vínculo de solidaridad social y sobre todo un incremento en la eficiencia de esos procesos. El proyecto de ley que hoy nos ocupa, y que regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito responde a esa responsabilidad política de sumar voluntades, que es a la vez obligación y necesidad. Es una responsabilidad más ineludible, si cabe, en el momento actual, en la difícil situación económica que atravesamos, porque la protección de los consumidores, como establece nuestra Constitución, es uno de los principios rectores de la política social y económica, y el Gobierno ha manifestado innumerables veces, como ha manifestado innumerables veces su presidente, tener la voluntad de llevar a cabo sus actuaciones como debe hacerse, con consenso, diálogo y acuerdo. Saben SS.SS., y singularmente los componentes de la Comisión de Sanidad y Consumo de esta Cámara, que esos principios los he reiterado en todas mis comparecencias y hoy he vuelto a hacerlo respecto al proyecto de ley. Esta búsqueda es la suma de voluntades y del consenso, y queda bien patente por el hecho de que con esta norma el Gobierno atiende también una iniciativa parlamentaria, una moción aprobada por el Pleno del Senado en febrero de 2007 por unanimidad de los grupos políticos.
El objeto fundamental de este proyecto de ley es alcanzar un régimen adecuado de salvaguarda de los intereses económicos y de protección de los derechos de los consumidores y usuarios, especialmente en relación con dos fenómenos concretos: los servicios de intermediación de crédito y los créditos o préstamos hipotecarios concedidos por empresas que no sean entidades de crédito. Todas las medidas que se adopten para incrementar la protección de los ciudadanos como consumidores tienen el efecto de incrementar la seguridad del tráfico jurídico y mercantil, y esta seguridad genera a su vez mayor confianza en el funcionamiento de la economía en la actuación de los agentes económicos públicos y privados.
Es un círculo en este caso virtuoso que se cierra con un incremento de la eficiencia de los mercados. De ahí que sea tan importante la salvaguarda de los derechos de los consumidores, ya que constituye una forma de valor añadido en los bienes de consumo. Para el consumidor actual, la calidad y seguridad de los productos constituye una de las razones fundamentales cuando decide sobre su adquisición. Nuestras empresas son bien conscientes de este hecho, de que su labor es legitimada día a día por el consumidor y el inversor. La empresa que hoy en día no tenga en cuenta criterios de responsabilidad social en sus ámbitos de actuación lo paga con una pérdida de su competitividad.
Mediante este proyecto de ley el Gobierno ha buscado completar con nuevas normas de transparencia el régimen jurídico de protección del que disponen hasta la fecha consumidores y usuarios, un régimen que se encuentra integrado, entre otras, por normas como el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general para la defensa de consumidores y usuarios, la Ley 7/1998, sobre condiciones generales de la contratación o la Ley 7/1995, de crédito al consumo. Se trata de un proyecto de ley que está dentro de la tradición jurídica española y que asigna al Banco de España el control de las entidades financieras, mientras que la Ley 22/2007, de 11 de julio, que regula la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores establece un régimen jurídico común para el crédito al consumo, con independencia de que este se presente o no por entidades financieras o por empresas que no lo son. Se trata de un proyecto de ley que defiende la transparencia en un mercado cada vez más creciente, y que en este momento puede jugar un papel importante de protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios. No existe conflicto de competencias y asimismo se ajusta a las directivas europeas.
Se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra doña Dolors Nadal.
Señor ministro, hacía usted un llamamiento al consenso en el inicio de su intervención en la presentación de este proyecto de ley. Pues bien, desde el Grupo Popular consideramos que la voluntad de llegar a pactos, a acuerdos, a consensos es un valor, y es un valor especialmente preciado en democracia. Por tanto, quiero decirle, señor ministro, que nosotros daremos nuestro apoyo a una ley que regule todo lo necesario para proteger a los consumidores y a las familias, pero no podemos apoyar este proyecto de ley.
El proyecto de ley que nos ocupa, usted lo ha dicho desde la tribuna, pretende regular -nosotros creemos que es pura apariencia, señor Soria- la contratación de préstamos o créditos hipotecarios y también la intermediación de estas mismas operaciones, así como la protección de los consumidores en aquellos supuestos en los que se pueda producir una situación de abusos por parte de algunas de estas entidades que se dedican a la contratación de préstamos o créditos o intermediación. Desde el Grupo Popular hemos estado de acuerdo -y usted hacía referencia a una moción que se aprobó en el Senado- en el Senado, en el Congreso, yo misma lo he manifestado en las pertinentes comisiones, lo ha manifestado mi compañero don Álvaro Nadal al vicepresidente económico, señor Solbes, y hemos manifestado siempre que no solo es acertado y necesario, sino que es imprescindible contar con una regulación que venga a ordenar esta parte del sector financiero. ¿Por qué? Porque es una parte de la actividad financiera que, si se regula con los niveles necesarios de transparencia, de control y de profesionalidad, es tremendamente útil y beneficiosa para los consumidores porque, en definitiva, lo que hace es permitir una búsqueda mucho más eficiente del crédito o préstamo que se halle en el mercado, se hace ganar poder de negociación y, en definitiva, lo que permite es tener una contratación más beneficiosa para los consumidores. Sin embargo, nada de esto se consigue con el proyecto de ley que usted nos presenta, señor Soria. Porque a los consumidores no se les defiende creando una ficticia situación de seguridad jurídica que nada tiene que ver, que no se corresponde, en absoluto, con la realidad de la regulación. No se les defiende aprobando una ley como esta que no aporta nada y que lo que pretende es trasladar responsabilidades a las comunidades autónomas que, señor Soria, ni les corresponden, ni las quieren. La protección de los consumidores, la protección de su salud y la de sus legítimos intereses es una exigencia -y usted se refirió a ello también- que se recoge en nuestra Constitución. Para el Partido Popular ese debe ser un requisito medular, inexcusable en cualquier regulación que se haga, naturalmente también en la regulación de la contratación de créditos o préstamos, y ese ha sido un requisito desconocido cuando no despreciado por su Gobierno. Para nosotros la regulación de préstamos y créditos hipotecarios y la intermediación para esta misma actividad no son una excepción, señor Soria, sea quien sea la entidad que lo realice.
Por esa razón, a nuestro entender, debe regularse y supervisarse en el ámbito adecuado.
Esta ley llega tarde pero, sobre todo, llega mal, y lo que hemos de preguntarnos es por qué no ha actuado el Gobierno socialista. Por qué, señor Soria, ha dejado en la total indefensión precisamente a aquellos sectores de la sociedad que son especialmente sensibles a esta actividad, a aquellos sectores desprotegidos y también a aquellas entidades que realizan esa actividad de forma correcta. Ustedes llegan tarde, ustedes se dedicaron a negar la existencia de la crisis económica utilizando toda clase de subterfugios lingüísticos. Tampoco se dieron cuenta del desamparo en que podían quedar muchos españoles en medio del caos existente en el mercado crediticio. Usted sabe, señor Soria, lo sabe el vicepresidente económico, el señor Solbes, lo saben todos ustedes, señoras y señores diputados, que en los últimos años el sector financiero ha evolucionado muchísimo, se han producido muchos cambios. Han aparecido nuevos y complejos productos financieros y, también, y es el caso que nos ocupa, han aparecido nuevos prestadores de servicios. Sin embargo, el Gobierno socialista no se vio en la obligación, no vio en ningún caso la necesidad de garantizar la seguridad de estos nuevos consumidores. Y ahora, señor Soria, ante la que se les viene encima, quieren desprenderse de cualquier responsabilidad. He de decirle una cosa, la serenidad siempre es recomendable y en tiempo de crisis no solo es recomendable sino que una actuación serena es absolutamente necesaria, pero eso nada tiene que ver con eludir responsabilidades, eludir responsabilidades es cosa bien distinta. Les decía que ustedes llegan tarde, pero llegan sobre todo mal. Por eso les pedimos que retiren y modifiquen profundamente este proyecto, porque insistimos, lejos de mejorarse la protección al consumidor, se crea una ficticia situación de protección jurídica que no se corresponde con lo que es la realidad, porque lo que se hace es que se retira del ámbito lógico de protección a estos nuevos tipos de prestadores de servicios. Se les sustrae del control que existe para el resto de entidades financieras o bancarias para transmitirlo de forma encubierta y sin los medios necesarios a las comunidades autónomas.
Todos sabemos que las comunidades autónomas tienen asumidas competencias exclusivas en materia de protección al consumidor, no solo en esta última tanda de reformas estatutarias, sino desde la aprobación de los primeros estatutos de autonomía. Pero las tienen asumidas en exclusiva salvo en aquellas cuestiones que tiene arrogadas el Estado, concretamente en lo que aquí nos afecta, es decir, aquellas cuestiones que son propias del ámbito económico financiero. Por tanto, señor ministro,
en este proyecto lo que no es superfluo es ineficaz. Yo le pregunto: ¿qué hace regulando -que constituye el grueso de la ley- cuestiones que afectan a información, a que sea veraz, a que sea eficaz, a que sea suficiente, a que se proteja al consumidor frente a la publicidad engañosa? ¿Qué hace regulando esto nuevamente, señor Soria? Si ya está regulado, si está en la Ley de protección de los consumidores, en su artículo 13. En cualquier caso, el desarrollo de esa ley no es competencia suya, es una intromisión, es competencia de las comunidades autónomas. Lo que no es superfluo en el proyecto no puede traspasarse a las comunidades autónomas, porque, como le dije antes, entra dentro de la regulación financiera, y eso es competencia exclusiva del Estado. Así se recoge claramente por el Tribunal Constitucional en la sentencia del año 1996 que en su fundamento jurídico decimosexto lo deja claro. Fíjese: Atribuye las potestades de acción, de inspección, de sanción al Ministerio de Economía y Hacienda. ¿Para qué, señor Soria? En relación con las personas físicas o jurídicas -leo literalmente- que sin estar inscritas en algunos de los registros legalmente previstos para entidades de carácter financiero, ofrezcan al público la realización de operaciones financieras de activo o de pasivo o la prestación de servicios financieros, cualquiera que sea su naturaleza. Como ven, señor ministro, señoras y señores diputados, es indudable que estamos hablando de un elemento básico de la ordenación del crédito y que su control sea confiado por ley a las autoridades del Ministerio de Economía y Hacienda es indispensable; es indispensable para garantizar dos cosas: la protección de los consumidores y la propia estabilidad del sistema. Pero si, incluso, lo reconoce el mismo proyecto de ley en su exposición de motivos. Dice: se tiene que hacer esta regulación del sector -financiero, claro- dado que están en juego no solo los intereses económicos de los consumidores sino también la estabilidad del sistema. Por eso, el proyecto no plantea un problema de competencias -que sería otra cuestión- sino de responsabilidades.
Creemos sinceramente que están dejando a la intemperie a los más desprotegidos. Están abandonando, una vez más, a las familias; aquellas que están obligadas a acudir a la obtención de crédito o préstamos fuera de los circuitos bancarios precisamente por la situación de sobreendeudamiento en la que se encuentran. Mi grupo y yo creemos, sinceramente, que es consecuencia de cinco años de desidia y de pasividad del Gobierno socialista. Deberían asumir alguna responsabilidad, especialmente el vicepresidente económico, el ministro Solbes, aunque no tenga esa buena costumbre. Con esa irresponsabilidad se genera una enorme inseguridad, señor Soria. Que el ministro de Economía quiera lavarse las manos y no hacerse responsable en una situación como esta, irradia, además de irresponsabilidad, inseguridad a los agentes económicos, al sector y a todos los consumidores. Parece que estén viendo venir un nuevo Fórum-Afinsa. Notan ese aliento otra vez y, como no saben cómo hacerle frente, prefieren huir. Están viendo venir una crisis de características similares a la de las hipotecas subprime y han decidido eludir sus responsabilidades, señor ministro -con todo respeto, pero también con toda claridad-, al grito de sálvese quien pueda.
El sistema financiero necesita credibilidad, confianza y parece que el Gobierno solo se interesa por determinadas entidades. Pero, ¿no se da cuenta, señor ministro, que en el sector financiero la confianza es un valor más indispensable hoy que nunca? Pero, ¿no se dan cuenta de que para generar esa confianza, o al menos no degradarla más, se debe actuar asumiendo responsabilidades? ¿No se dan cuenta de que sin responsabilidad no hay confianza, sin confianza el sistema no funciona y si el sistema falla los más débiles serán quienes más sufran? No crea confianza, señor Soria, que el ministro de Consumo siga el juego, contra toda lógica, al ministro Solbes. Porque lo lógico es que el control de toda clase de préstamos o créditos sea de quien se dedica a ello, de quien siempre se ha dedicado a ello y de quien se dedica mejor a ello. Es decir, las autoridades económico financieras. Desde el Grupo Popular consideramos imprescindible cumplir el doble objetivo -se lo dije antes- de proteger a los consumidores y garantizar la estabilidad del sistema. Para ello es imprescindible, en primer lugar, que el Gobierno no eluda responsabilidades. En segundo lugar, que el registro, que tiene un carácter constitutivo para ejercer la actividad, sea un registro de carácter estatal. En tercer lugar, que el control y la inspección sean realizados por las autoridades del Ministerio de Economía y Hacienda.
Señor ministro, nos da igual; puede ser el ministerio directamente, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o esa nueva agencia que hace tiempo vienen anunciando y que, teóricamente, se podría ocupar de esta cuestión. En cuarto lugar, también es necesario introducir el concepto de crédito responsable. Lo ignoran por completo, conociendo la situación de sobreendeudamiento en la que se encuentran nuestras familias. Señor ministro, es necesario incorporar en similares términos a los del artículo 8 de la Directiva 87/102 la obligación de que quienes contratan o intermedian en la concesión de crédito, con independencia de su naturaleza jurídica -nos da igual que entidad sea-, tengan un adecuado nivel de conocimiento de la solvencia del solicitante. Porque, ¿sabe qué pasa? Que quien termina perjudicado es precisamente quien hipoteca, no solo sus bienes sino su futuro sin poder hacer frente a ello. También sufre el sistema financiero, sin duda. Por lo tanto, incorporar este concepto de crédito responsable es absolutamente imprescindible. También creemos que tener la mayor y mejor información es básico para los consumidores. Para ello es imprescindible -lo desconoce completamente el proyecto de ley- que no se haga publicidad engañosa, etcétera -cuestión que ya estaba regulada, señor ministro, se lo dije-, que los consumidores puedan obtener una tabla de amortización desglosando qué parte corresponde al principal y qué parte a los intereses durante toda la vida del crédito o del préstamo. Voy finalizando, señor presidente, porque veo que acaba
mi tiempo. Me gustaría hacer mención a otro criterio que creemos imprescindible, que es la exigencia de que la carga de la prueba del cumplimiento de sus obligaciones sea precisamente para las empresas; pero no solo eso, sino que también tengan la obligación de crear la figura del defensor del consumidor, de la misma manera que lo tiene el resto de entidades que se dedican a la contratación o la intermediación de préstamos o créditos hipotecarios.
Dejo aquí las cuestiones básicas que nosotros consideramos que deberían haberse incorporado para no crear precisamente esa sensación ficticia de seguridad jurídica que perjudica enormemente a los consumidores. Señor ministro, estamos ante una situación de gravísima crisis económica que ha menoscabado la confianza de la población en el Gobierno. Con este proyecto creo que demuestran que andan perdidos. Usted hizo un llamamiento al consenso, cuente con nosotros para regular los derechos de los consumidores, para proteger a los más débiles, a los consumidores que tienen que acudir, como digo, a conseguir préstamos y créditos fuera del sistema bancario por su situación de sobreendeudamiento. Pero creemos imprescindible que eso sea de verdad, que no sea esa falsa apariencia que se da en este proyecto de ley. Por eso le pedimos, señor Soria, exigimos al Ministerio de Economía que se ponga a trabajar en serio, que no eluda sus responsabilidades, que no le pase a usted la patata caliente y usted se la pase a las comunidades autónomas. Le volvemos a pedir, señor Soria, liderazgo en materia de consumo. Precisamente por ello le pedimos que retire este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Nadal.
¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso de su derecho al turno en contra de la enmienda o, por el contrario, pasamos a la fijación de posición? (Pausa.)
Pasamos a la fijación de posiciones. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) No se desea hacer uso de la palabra. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Francesc Canet.
Intervengo brevísimamente para fijar nuestra posición. Estamos de acuerdo con el objetivo básico del proyecto de ley, la protección del consumidor en cuanto asume préstamos y créditos hipotecarios. Pero, en cualquier caso, pudiéndose discutir y acordar en su momento en la Comisión, pensamos que no procede dar apoyo a la enmienda a la totalidad.
Evidentemente, desde mi grupo tenemos algunos recelos con el proyecto que esperamos limar en el trámite de la Comisión. El registro no nos acaba de convencer, pensamos que en el consumo la inspección ha de ser posterior y no previa; que puede llegar a ser más efectista que real si no se modifican los criterios; que las directivas europeas no siempre serán conjugables con lo que propone el proyecto; tenemos algún que otro recelo competencial, que pueda derivar, en el mejor de los casos, en más cargas económicas o funcionariales incluso, para las comunidades autónomas sin recursos. En cualquier caso, insisto, no daremos apoyo a la enmienda a la totalidad y pensamos que en Comisión se puede mejorar lo suficiente este proyecto para darle su apoyo.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
Intervengo, también brevemente, desde el escaño para fijar la posición de nuestro grupo, que va a ser de rechazo a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular. Creemos que partiendo de que ni la actividad de la concesión de créditos hipotecarios ni de intermediación financiera se haya reservada en exclusiva a las entidades financieras, el proyecto de ley persigue uniformar la regulación de los requisitos y las condiciones necesarias para la concesión de préstamos hipotecarios, extendiendo así las obligaciones que ya tienen las entidades de crédito al resto de operadores que se dedican a esta actividad. Con ello se persigue dotar de mayor transparencia a este mercado y ofrecer una mayor protección a los consumidores. El proyecto de ley también contiene, a nuestro juicio, una regulación de la actividad de intermediación en préstamos y créditos en general y en particular respecto de la reunificación de deudas, dirigida también a dotar de mayor protección a los consumidores. Desde la perspectiva competencial, creemos que la postura que adopta el proyecto de ley de hacer primar las competencias en materia de consumo y residenciar en dichas autoridades las competencias de desarrollo y ejecución y en particular las de registro, así como las de control y supervisión, resulta a nuestro juicio positivo para el ámbito del autogobierno vasco, toda vez que prima las competencias de orden económico, artículo 149.1.11ª y 13ª, las mismas hubieran sido objeto de centralización por órganos del Estado como el Ministerio de Economía y Hacienda y el Banco de España. Es por esto por lo que nos mostramos favorables al planteamiento de este proyecto normativo. El proyecto de ley, por lo tanto, en términos generales es respetuoso con el orden competencial vigente, si bien procedería realizar algunos comentarios u observaciones que nuestro grupo tramitará como enmiendas parciales.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña María Concepcio Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÁS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, desde nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) queremos empezar manifestando nuestro convencimiento de la necesidad de regulación de este tipo de entidades no de crédito que encontramos en el mercado y que ofrecen al consumidor créditos rápidos o consolidación de sus deudas, en la mayoría de los casos con garantía hipotecaria. Estas entidades, ya sean personas físicas o jurídicas, hasta ahora no están específicamente reguladas por ninguna normativa ni inscritas en registro administrativo alguno. Y, efectivamente, la regulación existente es generalista y no está particularizada. No nos cabe duda de que el sector se halla sujeto, por la actividad que desarrolla, a la normativa sobre la defensa de los consumidores y usuarios, sobre condiciones generales de la contratación, de publicidad, de crédito al consumo, etcétera, pero no existe una regulación específica sobre la actividad de intermediación financiera que desarrollan estas entidades no financieras. En los últimos años, su actividad ha crecido de forma exponencial. En estos momentos, estas entidades están canalizando casi un 30 por ciento de las hipotecas suscritas en el país. La importancia del sector reclama, como muchos grupos parlamentarios han puesto en valor, una regulación específica. El Gobierno, cumpliendo diversos mandatos parlamentarios aprobados en la anterior legislatura, nos presenta el proyecto de ley que hoy debatimos.
Desde Convergència i Unió compartimos la necesidad y conveniencia del proyecto y la oportunidad de impulsar una regulación específica que controle y proteja a los consumidores en sus relaciones con las empresas de intermediación financiera y de actividad crediticia con garantía hipotecaria. Por ello, el criterio de oportunidad de la iniciativa, que debe ser el primer objetivo del debate, se cumple con creces y además con cierta urgencia.
El segundo motivo que hace urgente este proyecto de ley es ofrecer a los consumidores la suficiente información y transparencia en la contratación de préstamos o créditos hipotecarios y en la intermediación para la celebración de dichos contratos. En estos momentos, ante la situación económica que vivimos, estamos teniendo conocimiento de que diferentes sectores de la población especialmente vulnerables, están viviendo en sus carnes efectos no deseados, o no han sido adecuadamente informados en el momento de la contratación por parte de algunas de las empresas que intermediaron en sus contratos. Señorías, no se trata de criminalizar el sector, sino de garantizar con la normativa adecuada los derechos de los consumidores. Por ello, desde esta doble perspectiva, más información y más transparencia, el proyecto de ley tiende a cumplir con ambos objetivos.
De la lectura del proyecto de ley también se desprende que la opción escogida por el Gobierno ha sido reconducir la regulación al ámbito del consumo. La iniciativa que debatimos ha sido elaborada desde la perspectiva de la protección de consumidores y usuarios y, desde nuestro punto de vista, es una de las opciones a las que el Gobierno podía ajustar la legislación particular y que nosotros consideramos adecuada.
Es desde esta perspectiva de consumo dese la que debe garantizarse la seguridad de los consumidores, la información veraz y completa y el equilibrio entre las partes. Además, las administraciones competentes en materia de consumo ya vienen ejerciendo la competencia de supervisión, de control y sanción en regulaciones que afectan a las entidades que no son de crédito; por ejemplo, en materia de crédito al consumo, de comercialización a distancia de servicios financieros o en la venta a plazos de bienes inmuebles. Por ello, creemos acertado que el proyecto de ley recoja la capacidad de las comunidades autónomas para desarrollar y ejercer la competencia de control y supervisión sobre las actividades de intermediación financiera y de actividad crediticia con garantía hipotecaria. Desde esta opción de la necesidad de esta regulación respetuosa con las competencias que ostentan las comunidades autónomas, deben realizarse algunas modificaciones en el proyecto de ley para adecuarlo en mayor medida al vigente marco competencial. Está claro que el Estado también ha de cumplir con el principio de lealtad institucional, facilitando todos los recursos necesarios a las respectivas comunidades autónomas. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Por este motivo, desde nuestra perspectiva y asumiendo que el proyecto de ley es oportuno, consideramos que deben fortalecerse algunos aspectos de su contenido, como el reforzamiento de los mecanismos de control de estabilidad financiera de la actividad, el reforzamiento del acceso a la información por parte del consumidor y el reforzamiento del ejercicio de las competencias que en materia de consumo ostentan ya las comunidades autónomas. Estos son los objetivos que hemos materializado en las enmiendas al articulado formuladas por Convergència i Unió. Por tanto, manifiesto nuestro voto a favor de este proyecto de ley.
Muchas gracias, señores diputados, señor ministro, señora presidenta.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Nadal, creo que la que realmente está perdida es usted. Ha escuchado al resto de los portavoces en esta Cámara y, a pesar de la pasión que ha puesto en su intervención, lo que ha puesto claramente de manifiesto es un desconocimiento absoluto del sistema normativo y jurídico de nuestro país, de nuestra realidad económica y de cuál es el ámbito competencial en materia de consumo y de control, supervisión e inspección de este tipo de productos, materias y empresas sobre los que hoy estamos legislando.
Señorías, efectivamente, el 20 de febrero de 2007 el Senado aprobó por unanimidad una moción en la que pedía al Gobierno que pusiera en marcha la regulación de las empresas de crédito privado que no tengan la categoría de establecimiento financiero de crédito y, entre otras cuestiones, se pedía una regulación encaminada a ofrecer un régimen específico de transparencia sobre la información precontractual que las empresas ponen a disposición de los consumidores, un régimen de supervisión de los contratos de los intermediarios que refinancian y reunifican las deudas de los particulares, que se establecieran con precisión los costes totales de estas operaciones en cada uno de sus contratos y que se acordara la inscripción obligatoria en un registro público de estas nuevas empresas. Y esto, señorías, es lo que estamos haciendo hoy en este inicio de trámite de este proyecto de ley. El Gobierno ha cumplido fielmente con el mandato que le dio unánimemente el Senado, y antes de que terminara la anterior legislatura presentó un anteproyecto de ley que, finalmente, ha sido aprobado por el Consejo de Ministros del 4 de julio de este año. Por eso, es incomprensible e incoherente, señora Nadal, que el Grupo Popular presente una enmienda de totalidad para su devolución al Gobierno a un proyecto de ley que ustedes mismos han pedido que se redacte y se apruebe atendiendo a la necesidad que todos hemos compartido de reforzar la protección de los consumidores y usuarios y, sobre todo, sus intereses económicos ante dos tipos de actividades concretas, la intermediación y reunificación de los créditos y la concesión de préstamos y créditos hipotecarios por las empresas que no son entidades financieras. Señorías, señora Nadal, desde este momento les pido que vuelvan a reflexionar, que lo hagan seriamente y que rectifiquen su posición. Hay una necesidad real de regular este sector empresarial que está teniendo un rápido desarrollo en nuestro país. Hay que definir claramente las reglas para que los consumidores no sean vulnerables, no se sientan indefensos, conozcan sus derechos y puedan exigirlos cuando tienen que contratar productos con tanta trascendencia para la economía familiar y personal, como son los créditos hipotecarios o los servicios de intermediación de préstamos o reunificación de sus deudas. Si hace un año y medio ustedes tomaron la iniciativa en el Senado -ya ve que no me duelen prendas en reconocerlo- y fuimos capaces de ponernos todos de acuerdo para pedirle al Gobierno una norma de esta naturaleza, no puede usted pedir en estos momentos, señora Nadal, que el proyecto que presenta el Gobierno en la Cámara sea retirado. Es hora de ponernos a trabajar y de intentar llegar entre todos al mayor acuerdo posible, de manera que podamos ofrecer a los ciudadanos la mejor cobertura de protección y seguridad en la defensa de sus intereses económicos. No vuelvan a quedarse solos en un asunto como este y mantengan la posición. Ya han visto cuál es la posición del resto de los grupos de la Cámara. Si esto tenía razón de ser hace un año y medio, mucho más en estos momentos en que las economías familiares, como han dicho otros portavoces en su intervención, se ven afectadas por la crisis económica que estamos padeciendo. Ustedes reclaman continuamente que se atienda a la familia; que las medidas que adopta el Gobierno lleguen hasta ella, pero cuando el Gobierno legisla y trae al Parlamento un proyecto de ley que protege decididamente sus intereses y sus derechos, ustedes lo rechazan.
Señora presidenta, el proyecto de ley que hoy ha presentado el ministro de Sanidad y Consumo en esta Cámara complementa la normativa de protección de los consumidores en este ámbito; normativa que, a pesar de ser amplia, no cubre todas las necesidades de los consumidores en un sector tan dinámico como el financiero, donde la innovación de los productos y la aparición de nuevos prestadores es continua. El objeto fundamental de esta ley es salvaguardar los intereses económicos y los derechos de los consumidores en relación con las dos actividades a las que antes me he referido, los créditos y préstamos hipotecarios y la intermediación de los servicios de crédito y agrupación de deuda. Por tanto, quedan excluidas de esta norma las entidades de crédito, que ya cuentan con su propia regulación y normativa y son supervisadas por el Banco de España.
En nuestro ordenamiento jurídico, la actividad de concesión de créditos o préstamos hipotecarios no está reservada a estas entidades de crédito.
Por lo tanto, es una actividad libre, ya que lo único reservado a aquellas es la captación de fondos reembolsables del público en forma de depósitos, préstamos o cesión de activos financieros. Para realizar esta actividad no es necesario constituirse en establecimiento financiero de crédito -una categoría específica de las entidades de crédito-, tal como plantean algunos grupos, en concreto el Grupo Popular en sus enmiendas.
Este proyecto de ley, señorías, no pretende proteger al sistema financiero; su objetivo, como ya dije antes, es proteger los intereses económicos de los consumidores en relación con unas actividades económicas no reservadas a ninguna otra entidad. La obligación que algún grupo plantea en sus enmiendas de que estas empresas tengan que constituirse en entidades de crédito dependiendo de la implantación territorial o del volumen de negocio, no es razonable y sí plantearía claramente una seguridad jurídica ficticia, tal como ha acuñado ese nuevo y curioso término el Partido Popular. Este planteamiento desconoce nuestra realidad económica y rompe totalmente la lógica del actual ordenamiento jurídico financiero. Significaría establecer la reserva de estas actividades a este tipo de entidades -las entidades financieras de crédito-, quedando bajo las normas de protección financiera no por la necesidad de preservar este sistema financiero, sino por otras consideraciones, como la protección de los consumidores, que resultan claramente ajenas a este fin. El proyecto de ley mantiene en manos de las autoridades de consumo el control y la supervisión de estas actividades.
El contrato de préstamo se regula expresamente en la legislación civil y mercantil y en el marco de la legislación general en materia de
protección de consumidores. El proyecto respeta esta situación y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico que únicamente somete al control y supervisión del Banco de España a las entidades financieras.
Así ocurre igualmente en la Ley de crédito al consumo, en la de venta a plazos de bienes muebles y en la de comercialización de servicios financieros destinados a los consumidores, que establecen el control de las actividades de las autoridades de consumo y, por tanto, no hay ninguna novedad en este sentido.
Sobre el posible conflicto de competencias a que hacía referencia el Partido Popular en su enmienda de totalidad, hay que recordar que la Ley de protección de consumidores y usuarios aprobada en la pasada legislatura mejora la protección de los consumidores, creando una competencia horizontal al establecer que las autoridades de consumo son competentes para el control del cumplimiento de las normas dictadas en materia de protección de los consumidores, también en sectores que cuenten con una regulación específica, entre otros el propio sector financiero. El proyecto de ley cuya tramitación vamos a iniciar no modifica esta situación, únicamente establece obligaciones familiares para todos los operadores del mercado, obligaciones de transparencia, de veracidad en las comunicaciones comerciales, en particular en relación con el precio y el contenido del contrato, información precontractual mínima obligatoria, contenido mínimo del contrato, etcétera, lo que significa que el control de las autoridades de consumo no se va a realizar desde un punto de vista financiero sino desde el punto de vista de la defensa de los consumidores. En relación con la directiva de crédito de consumo que argumentaban, aunque S.S. creo que no lo ha mencionado en esta ocasión, parece claro que no hay ninguna razón lógica que apoye su enmienda a la totalidad ya que es una directiva que no será de aplicación hasta mayo de 2010 y este proyecto es sumamente respetuoso con sus contenidos.
Señorías, este proyecto de ley aborda por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico las obligaciones de transparencia de las empresas que ofertan los créditos o realizan actividades de intermediación sin ser entidades de crédito, estableciendo garantías para los consumidores como la constitución de un seguro o aval bancario que garantice las indemnizaciones, la obligación de inscripción en un registro público, el derecho de desistimiento en los contratos de intermediación sin que el consumidor tenga que hacer alegación alguna para su decisión o que las comisiones que se cobren deberán corresponder a servicios efectivamente prestados. Señorías, este proyecto de ley se suma a los aprobados en la legislatura pasada en los que el Gobierno socialista hizo un esfuerzo enorme para mejorar y adaptar a la nueva realidad económica y mercantil de nuestro país los derechos de los consumidores: la Ley de comercialización de servicios financieros, la Ley de bienes tangibles, la reforma de la Ley de protección de los consumidores y usuarios, y el texto refundido de la misma a través de la aprobación de un decreto-ley en diciembre de 2007 fueron las leyes básicas de defensa de los consumidores y usuarios que se aprobaron en la legislatura pasada y que trajo el Gobierno socialista.
Señora presidenta, señorías, sin duda este es un buen proyecto de ley y además necesario para mejorar la seguridad y la confianza de los consumidores. Agradezco, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la posición y el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara, excepto la del Grupo Popular, que una vez más vuelve a quedarse solo y al que de nuevo pido que reflexione y retire esta excéntrica enmienda de totalidad que ha presentado a este proyecto de ley.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Pozuelo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA AL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 173/000027.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Una vez finalizado el debate de este punto, pasamos al punto VI del orden del día, mociones consecuencia de interpelaciones urgentes, y debatiremos, en primer lugar, la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Para defenderla en nombre de su grupo y por un tiempo de siete minutos, tiene la palabra el señor Campuzano.
Señorías, recordábamos en el debate de esta interpelación hace quince días que Convergència i Unió, junto con el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), no votó favorablemente al proyecto de ley de atención a la dependencia. Partíamos de la convicción de que las políticas de atención a la dependencia y de autonomía personal debían desarrollarse -de hecho, reivindicábamos esa recomendación del Pacto del Toledo que incorporó en 2003 la necesidad de poner en marcha esa política-, pero afirmábamos que la concreción legislativa que la mayoría gubernamental propició entonces en esa Cámara no era adecuada. Algunas de las críticas que formulamos en esos debates, hoy -a casi dos años ya de aplicación
de esa ley- se ponen de manifiesto. Algunas de esas críticas que explicaron por qué Convergència i Unió no pudo votar favorablemente ese proyecto de ley han estallado con toda su dimensión. En el mismo debate de la interpelación con la ministra poníamos en evidencia lo que definíamos como los cinco pecados originales que están marcando el desarrollo de esa ley: obviar la realidad autonómica, confundir igualdad con uniformidad, no asumir el coste real de los servicios en la financiación de estas políticas, haber menospreciado la dimensión sociosanitaria de esta política y haber incorporado mal en la concepción legal la cuestión vinculada a la discapacidad. Hoy tenemos problemas en la aplicación de esta normativa. Los tenemos en parte también por las expectativas que se generaron por parte del Gobierno a finales de la pasada legislatura sobre lo que iba a suponer esa ley. Y los tenemos también en el debate presupuestario de las próximas semanas, porque en la financiación que articula la ley los costes reales de los servicios y de las prestaciones no forman parte de la orientación presupuestaria. Hoy todas las comunidades autónomas de todos los colores políticos están manifestando el estrangulamiento económico que supone para sus finanzas la aplicación de esa ley. Y en las perspectivas presupuestarias de los próximos años, en un contexto de crisis económica y de bajada significativa de los ingresos de las administraciones públicas, no es menor esa consideración. Además, señorías, aunque esto lógicamente no forma parte de los debates de esta Cámara y va a corresponder a los debates en los parlamentos autonómicos, también existen responsabilidades concretas de los gobiernos autonómicos en la aplicación de esa ley y es evidente que hay comunidades autónomas que deberían mejorar sustancialmente la gestión de ese marco legal, en la medida en que la mayoría de los gobiernos autonómicos forman parte o están dirigidos por fuerzas políticas que votaron favorablemente ese proyecto de ley en la pasada legislatura.
En los próximos días vamos a tener oportunidad de debatir a fondo las cuestiones del corto plazo: en la discusión de presupuestos, sobre si la cantidad que el Gobierno ha anunciado en los presupuestos es suficiente para atender a las responsabilidades de la Administración central en esa materia; o en el propio desarrollo de la ley, por lo que hace referencia a dos decretos hoy tan estratégicos como el decreto de copago o el decreto de acreditación de centros y servicios. Vamos a discutir esas cuestiones para el corto plazo para los próximos meses, pero nos parece -y ahí está el sentido de la moción que les planteamos desde Convergència i Unió- que nos toca tener una mirada más larga sobre la articulación de esa política. En ese sentido, señorías, la moción que hoy Convergència i Unió somete a la consideración de la Cámara y en la que espera conseguir el apoyo de todos los grupos parlamentarios pretende encargar a un grupo de expertos independientes -y subrayo la concepción de independientes- una evolución del desarrollo y efectiva aplicación de la Ley 39/2006. El informe -afirmamos en nuestra moción- deberá contener el análisis sobre la evolución de dicha aplicación en opinión de los expertos y las consideraciones oportunas, incluidas modificaciones normativas, porque nos parece que en esa mirada a largo y medio plazo debemos incorporar claramente la opción de modificar la ley que aprobamos en la pasada legislatura para adecuarla a los parámetros de eficacia, eficiencia, calidad, equidad, sostenibilidad financiera y pleno respeto al marco competencial de las autonomías en los servicios y las prestaciones para la autonomía y atención a la dependencia. Pretendemos que un grupo de expertos nos diga si esa política que hoy estamos empezando a articular va a ser sostenible en el tiempo y va a responder a esas necesidades de garantizar para la inmensa mayoría de las familias con personas dependientes servicios de calidad que sirvan para mejorar su calidad de vida. Además, ese informe, que debe presentarse en esta Cámara, debe hacerse antes del final del periodo de sesiones que va a empezar en febrero del año que viene.
Señorías, ustedes conocen perfectamente, como nosotros, que la propia Ley de Dependencia articula unos mecanismos de revisión para el final del año 2009. Ese mecanismo de revisión debe avanzarse y nos parece que para articular una revisión a fondo de la ley, más allá de los propios instrumentos que el Gobierno tenga, debe reclamarse esa participación de los expertos de fuera de la propia Administración. Desde la perspectiva de hacer sostenible este sistema más allá del año 2015, que es cuando está prevista la implicación desde el Estado, desde la perspectiva de incorporar los costes reales de los servicios en la articulación de la financiación, desde la perspectiva de la capacidad de las clases medias de poder acceder a servicios de calidad, desde la perspectiva de movilizar el sector privado -sin una activa participación del sector privado esta política no se va a poder desarrollar-, desde la perspectiva del desarrollo de las prestaciones sociosanitarias y desde la perspectiva de hacer posible la autonomía personal, nos parece que esas necesidades que todos compartimos de atender a las personas dependientes van a exigir un repaso a fondo de la legislación, de su aplicación y de su propio núcleo duro desde un punto de vista de consideración legal. Señorías, espero que todos tengamos la mirada suficientemente larga para empezar a dar la vuelta a una realidad que hoy seguramente es frustrante para la mayoría de las personas dependientes y sus familias.
En el turno de los grupos que han presentado enmiendas a la moción, le corresponde al Grupo Parlamentario Popular y en su nombre las defenderá el señor Barrachina.
Este texto viene a constatar una vez más la desidia y la parsimonia en la ejecución de la Ley de Dependencia. Este es un incumplimiento y hay una disposición final sexta que exige un informe anual de la Ley de Dependencia. Por tanto, deberíamos estar debatiendo el segundo informe que el Gobierno tiene obligatoriamente que presentar en esta Cámara de Diputados y, sin embargo, esa desidia y esa apatía en el desarrollo de la ley hace que estemos debatiendo no el segundo de los informes obligatorios, sino una oportuna propuesta de Convergència i Unió para que haya un informe distinto y excepcional. Hay que constatar ese nuevo incumplimiento de la Ley de Dependencia. Ese informe anual debiera también contener la memoria del Consejo Territorial y el dictamen de los órganos consultivos. Nada de esto ha visto ninguno de los diputados.
Evidentemente, no es lo mismo hacer una ley con objeto publicitario y anunciar un informe anual para venir a sacar pecho que para venir ahora a reconocer el fracaso de la ley en todos sus objetivos. La proposición que el señor Campuzano ha presentado es correcta, pero absolutamente insuficiente. Dice con claridad que ese informe de expertos debe pretender finalmente -y leo el entrecomillado- modificaciones, incluso modificaciones en la ley. Es decir, aprobar esa proposición supone reconocer que efectivamente esta ley ha fracasado en sus objetivos, como mayores y personas con discapacidad hoy reconocen. Además del reconocimiento expreso del fracaso, supone la asunción por parte de esta Cámara de que las leyes del PSOE no sirven para nada. ¿Qué valor tiene que aprobemos hoy una moción cuando existe una ley de un rango normativo muy superior que el Gobierno está incumpliendo de forma manifiesta? Reitero, disposición final sexta en su punto 1: "El Gobierno deberá informar a las Cortes anualmente de la ejecución de las previsiones contenidas en la presente ley". Yo sé que es difícil para el Gobierno dar cuenta de esas ejecuciones y de esa previsión contenida en la ley, pero es su obligación, para eso están gobernando. Llevamos veintiún meses y deberíamos estar debatiendo el segundo de esos informes. Por tanto si se aprueba o no la moción de CiU, esta Cámara tolerará y reconocerá el incumplimiento de la Ley de Dependencia y además reconocerá el expreso fracaso por ese informe que pretende incluso modificar la ley. La realidad escueta de la dependencia es la siguiente. La página del Imserso dice que hay 378.000 beneficiarios. Una simple división por la cantidad que dice la ministra que ha aportado, deja en 76 euros al mes la aportación del Estado para cada gran dependiente que requiere atención continuada y por tanto lo propio sería una residencia, como aquí se manifestó durante el debate de la ley hace dos años. Sin embargo, esos 76 euros suponen el 4,4 por ciento del coste de una plaza residencial, menos de lo que las plazas residenciales y su precio han crecido este año. En 2008 el precio de las residencias ha aumentado un 6 por ciento y lo que aporta el Gobierno para los grandes dependientes es un 4 por ciento del coste de esas plazas. Por tanto, ni en los beneficiarios ni en la generación de empleo este Gobierno ha cumplido. Comisiones Obreras y la Federación de Empresarios de la Dependencia califican de nulo el aumento en el empleo, y la creación y la construcción de residencias se han paralizado en los dos últimos años. El efecto de la ley ha sido el contrario al pretendido. Hoy existen más plazas vacantes que nunca en las residencias españolas, más de un 20 por ciento, y el ritmo de construcción ha decaído extraordinariamente: en primer lugar, por la falta de desarrollo de la acreditación común, que están esperando a ver este Gobierno y el Consejo Territorial qué van a decir, y en segundo lugar, porque la escasísima aportación del Estado hace que en lugar de llevar a residencias, como ocurría antes, se trate de entregar una ayuda, que antes era excepcional, a las familias para que sean cuidados y mantenidos en sus casas.
Por tanto, concluyo pidiéndole también al Gobierno que cumpla su palabra con los mayores y con las personas con discapacidad, que se lo tomen en serio. La semana pasada fueron todos los grupos, seis grupos, quienes dijeron que esto iba mal. Esta semana ha sido la propia Generalitat de Catalunya quien afirmaba que en 2009 podrían pedir la suspensión de la aplicación de la ley, con la diferencia -y termino- de que cuando es la Generalitat gobernada por socialistas quien dice que va a parar la ley, lo dice un socialista, y cuando son las comunidades autónomas del PP las que dicen que no hay dinero, entonces son los socialistas quienes van a la puerta de sus presidencias a manifestarse contra la inaplicación de la ley. Por tanto, dénse un baño de realidad, señorías. Mi grupo sinceramente piensa que esta propuesta se queda muy corta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Barrachina, no me haga hacerme ilusiones y si me dice que acaba, acabe. Muchas gracias.
Pasamos seguidamente al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández.
Señoras y señores diputados, señor Campuzano, subimos a esta tribuna para manifestar nuestro apoyo a la moción que usted hoy nos presenta y que acaba de defender con una serie de razonamientos que tenemos que decir que en su inmensa mayoría compartimos, de la misma manera que compartimos los criterios o los conceptos que emanan de la propuesta que usted presenta, en la medida en que cuando se debatió la Ley de Dependencia fue también un debate presente en toda su tramitación. De hecho, algunos grupos políticos, como el Bloque Nacionalista Galego, que finalmente apoyó esta ley, lo hicieron. Nosotros lo hicimos constar así en nuestras intervenciones, pues el debate que se suscitó en la tramitación de la ley permitió mejorar el texto presentado por el Gobierno en cuestiones que hoy usted también plantea en la moción, como son las cuestiones
competenciales, la vinculación que existe entre las prestaciones o servicios que emanan de la Ley de Dependencia y los servicios sociales, en la medida en que se deben desarrollar a través de los servicios sociales. Lo mismo ocurre con el tema de las competencias y la financiación. Los avances que en estas cuestiones se hicieron en el trámite de la Ley de Dependencia, que finalmente se contemplan en la misma, fueron muy positivos, de tal forma que la apoyamos, poniéndose además en evidencia aquellas mejoras que se incorporaron a los artículos 3, 14 y 16, relativos a los servicios sociales y a las competencias que los mismos tienen en las comunidades autónomas, una cuestión del proyecto del Gobierno que era importante superar. Asimismo, se mejoró la consideración que se tenía en el proyecto inicial del Consejo Territorial, tanto por lo que se refiere a sus competencias como por lo que respecta a su constitución. En esta consideración -esa fue la razón del apoyo de mi grupo a la ley- se mejoraban y se contemplaban mejor las competencias de las comunidades autónomas. Y en cuanto al tema de la financiación, señor Campuzano y señoras y señores diputados, también fue el gran debate de la Ley de Dependencia y el problema es que en la actualidad es el gran debate del desarrollo de la Ley de Dependencia, pues queda demostrada la insuficiencia del compromiso del Estado con la financiación para que la ley se pueda desarrollar debidamente. En este sentido, en la tramitación también se mejoraron muchísimos aspectos; de hecho, si hoy las comunidades autónomas pueden negociar con el Gobierno central, procurando una mejor financiación, es justamente debido al avance que se hizo en aquella tramitación, mejorándose lo que inicialmente se contemplaba en el proyecto del Gobierno.
Si hoy apoyamos la moción que presenta Convergència i Unió es porque, aunque nosotros dimos nuestro apoyo y grupos como Convergència i Unió, que participaban de los mismos criterios, no lo dieron, los avances que se hicieron en aquel debate -lo manifestamos entonces y lo manifestamos ahora- tampoco colmaron las aspiraciones de mi grupo político, el Bloque Nacionalista Galego. De ahí que nos parezca oportuna la propuesta que hace Convergència i Unió, ya que significa profundizar en los criterios de servicios sociales universales que se planteaban. Esperamos que, una vez que estos estudios estén elaborados -lo damos por hecho dada la razonabilidad de la propuesta que va a ser aprobada-, nos permitan reforzar la idea de que la Ley de Dependencia tiene que mejorar en algunos aspectos, pero que sobre todo se tiene que garantizar la financiación, que todos consideramos insuficiente. Por tanto, vamos a apoyar esta moción, independientemente de que, igual que ocurrió en la tramitación de la ley, discrepemos en algunas cuestiones que seguramente Convergència i Unió planteará en su momento, relacionadas con la concepción de los servicios sociales, pero sobre todo con aquello que tiene que ver con lo público y lo privado, la diferencia que hasta ahora hemos tenido en los debates que se han suscitado en relación con este asunto.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.
Nuestro grupo parlamentario, como no podía ser de otra manera, va a votar favorablemente a esta moción de Convergència i Unió. Que se encargue un informe de evaluación del despliegue de la ley y que, además, tenga fecha para su entrega es positivo. Quizá sería más interesante que fuera el Parlamento quien hubiera instado a la elaboración de esta evaluación porque así podríamos conocer la verdadera independencia de quienes van a hacer el informe. Bien, vamos a ver cómo podemos ir resolviendo esta cuestión.
Debo decir que las cosas, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, van mal; las cosas van mal. Y, atendiendo al hecho de que las cosas van mal, nosotros ya hicimos una propuesta de modificación de la ley. Curiosamente los padres de la criatura, el Partido Socialista, y los que han intentado matar a la criatura desde el primer día, Convergència i Unió, se pusieron de acuerdo en decir no a quienes habíamos colaborado para que la criatura creciera modificando el texto legislativo. Ustedes consideraron que no, yo creo que esto es una puesta en escena, una escena de sofá. En todo caso, estamos dispuestos a corregir si este informe independiente, entre comillas, al final da luces a la problemática existente.
Las cosas van mal. Por ejemplo, en el caso catalán, de cada euro que aporta el Estado, Cataluña aporta 3,25 al despliegue de la Ley de Dependencia, y creo que esto es extensible -de hecho lo es- al resto de comunidades autónomas. Estamos en una situación de cul de sac. Hay que consolidar la gran dependencia pero ya hay dificultades y hay ya políticos que se atreven a decir públicamente que quizá habrá que ralentizar el despliegue de la ley. Ustedes dijeron no a modificar la ley, dicho por nosotros, es decir, por aquellos que estábamos corresponsabilizados desde el primer día con la ley y con su despliegue.
Siempre hemos dicho que el Gobierno de Cataluña ha hecho los deberes en franca lealtad de colaboración con el Gobierno español y, dicho por nosotros, ya anunciamos que la cuestión está muy, pero que muy mal. Es más, posiblemente habrá dentro de un par de meses problemas de liquidación efectivos para el despliegue de la ley. Si ustedes, aun cuando reconocieron que no podían ser cautivos de la memoria económica, se limitan a incrementar el 15 por ciento de lo reflejado en la memoria, si solamente llegan a los 1.100. millones y no llegan, como mínimo, a los 2.000 millones, esto será el caos. Esto no digo que sea papel mojado, pero hay que hablar de las cosas y no de un cierto humo. Esto tiene
un cierto aire de humo para ir tirando los unos y los otros. Aquí de lo que se trata es de que ustedes digan si van a llegar a los 2.000 millones cómo mínimo en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.
Quiero plantear una cuestión referida a mi amigo y compañero Carlos Campuzano. Usted, en más de una ocasión nos ha dicho que nosotros, durante la tramitación de la ley, habíamos optado por la ideología por encima del país. Creo que esta es una afirmación que, desde el punto de vista intelectual, tiene cabida. Hace 300 años que andamos inmersos en esta contradicción. Nadie mejor que ustedes para saber que esta contradicción existe. ¿Cuántas leyes han aprobado ustedes desde el año 1977 primando la ideología por encima del país? ¿Cuántas leyes de carácter económico y fiscal? Reconozco que esta contradicción puede ser compartida. Ustedes lo han hecho siempre en beneficio de las clases pudientes catalanas, siempre. Reconozco que nosotros en alguna ocasión hemos caído en esta tentación, en este error, en beneficio de las clases populares. Y en este apartado votar ideología es votar país y, en mi caso, votar independencia.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban.
Intervendré brevemente, desde el escaño. Quedó manifiestamente claro hace dos semanas -y hoy se están repitiendo básicamente los discursos de los distintos portavoces-, en el debate que hubo en la sesión del Pleno y en la comparecencia de la ministra en Comisión, que evidentemente existen disfunciones, importantes disfunciones en la aplicación y el desarrollo de la ley y desencuentros importantes entre los responsables institucionales de comunidades autónomas y del Gobierno. Hay una evidente preocupación por la financiación por parte de todos y una sensación de que esa financiación no está suficientemente dotada; una preocupación por lo que pueda suceder a futuro. Tampoco nos encontramos -sí, ahora hay promesas- con una definición o línea clara de cuánto es lo aportado como garantía básica o mínima y cuánto es lo aportado como cantidad de la parte convenida. Creemos que eso también es algo a lo que tenemos que enfrentarnos inmediatamente. Hay retrasos también en la aplicación de algunos instrumentos, sin los cuales ciertamente el desarrollo de la ley es muy complicado. Que el reglamento, que los acuerdos para decidir cómo se va a aplicar el copago se hayan retrasado tanto tiempo desde la aprobación de la ley -si no me equivoco, 15 meses- no ha contribuido, desde luego, a que la sensación de claridad y efectividad de la propia ley haya sido la correcta. Parece lógica, por lo tanto, la creación de una comisión de expertos como la que propone el grupo de Convergència i Unió, una comisión independiente que valore -porque en esto hay dudas y acusaciones de todas las partes, también por parte del Gobierno del Estado-, que cuantifique cuánto es lo que está aportando cada cual. Con cada cual no digo el bloque de las comunidades autónomas y el Estado, sino también cada una de las comunidades autónomas por separado para que sepamos verdaderamente cuál es el esfuerzo que está haciendo cada uno y si ese esfuerzo es suficiente. Nos parece también correcto que, en su caso, se puedan proponer modificaciones y adecuaciones a la ley dentro del bloque constitucional y el reparto competencial. Debemos manifestar, una vez más, que creemos que la ley en su texto actual no se cumple. Por lo tanto, también nos parece correcto la elaboración del informe y -algo inexcusable- que la presentación de ese informe tenga una fecha concreta que nos parece prudente y suficiente. En ese sentido, saludamos la propuesta de Convergència i Unió y la apoyaremos.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Corral.
La señora CORRAL RUIZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Socialista va a votar a favor de esta moción que presenta Convergència i Unió y que ha sido muy bien defendida por el señor Campuzano. Vamos a votar a favor porque el Gobierno y el Grupo Socialista siempre han apostado por el seguimiento exhaustivo de esta ley y, por tanto, bienvenida sea una evaluación externa más. Y digo más, porque recuerdo a SS.SS. que en esta tribuna la ministra de Educación, Política Social y Deporte informó de las medidas puestas en marcha para realizar una evaluación continuada del propio despliegue de la ley. Por esto ha puesto en marcha, el pasado 4 de julio, la comisión especial para profundizar en las mejoras de la calidad del servicio de autonomía y atención a la dependencia con carácter interministerial, en la que pueden participar, como ustedes saben, las comunidades autónomas. Además, la Agencia de Evaluación y Políticas Públicas ya está trabajando en la evaluación del sistema informático de la ley. También saben SS.SS. que la propia ley, en el apartado 3 de la disposición final primera, tiene previsto el mecanismo de evaluación a partir de los tres años de funcionamiento.
Señorías, esta ley tiene solo veinte meses y bienvenidas sean todas las evaluaciones que nos ayuden a corregir, a no cometer errores, que nos ayuden a evitar obstáculos, que nos faciliten el camino, que nos marquen el norte, que nos ayuden, en definitiva, a articular un sistema de autonomía y atención a la dependencia fuerte y eficiente, equitativo y de calidad y sostenible financieramente, como sin duda quieren todos los grupos de esta
Cámara. Después de lo que han manifestado SS.SS., en mi breve intervención quiero dejar claro que el grupo parlamentario al que represento felicita al Gobierno, porque el Gobierno de España no ha regateado impulso ni esfuerzo para que esta ley avance por el camino que proporcione más seguridad y más bienestar a las personas dependientes y a sus familias, y lo ha hecho, señorías, con exquisito respeto al marco competencial de las comunidades autónomas. Por ello les digo, señoras y señores diputados, que el Gobierno de España ha cumplido todos sus compromisos. No quiero caer en la complacencia, pero en estos veinte primeros meses de inicio, los más duros y los más difíciles, los datos que presenta el Gobierno de España son alentadores. Solo voy a dar cinco, del 1 de octubre. Han confiado en esta ley y han solicitado ser valoradas 606.446 personas.
Como muy bien decía el señor Barrachina, 378.378 ya tienen reconocido el derecho y están recibiendo prestaciones, fundamentalmente prestaciones de servicio, como también priorizaba esta ley. Casi 30.000 altas en la Seguridad Social. La primera prestación económica es la de cuidador/a familiar, el 80 por ciento mujeres. Se han creado 70.000 nuevos puestos de trabajo vinculados a esta ley. Señorías, la maquinaria de la Administración del Estado funciona, se libran todos los meses a las comunidades autónomas las cantidades convenidas, tanto del nivel mínimo como del nivel acordado; se libran mes a mes. ¿Y el presupuesto que aquí se ha cuestionado? Sabemos que se necesita más dinero y el Gobierno de España, otra vez, no ha regateado esfuerzos y ha aumentado un 33 por ciento lo que se contempla en la memoria económica de esta ley, 1.200 millones de euros, y no están contemplados el presupuesto vasco y el navarro. El Gobierno, insisto, ha cumplido todos sus compromisos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Sabemos que hay aspectos en el despliegue de la ley, y aquí se han puesto de manifiesto, que hay que corregir y mejorar. Por eso, señoras y señores diputados, es fundamental el seguimiento exhaustivo en esta fase de implantación y bienvenidas sean las evaluaciones externas. Y si hay que modificar la ley, sin duda lo haremos, pero cuando toque, a partir del tercer año, que ha sido cuando esta Cámara se ha comprometido a hacerlo.
Sabemos que en el marco competencial, en ese marco comparativo de las comunidades autónomas, hay desequilibrios significativos en el comportamiento de la demanda y en el reconocimiento y en la aplicación del derecho por parte de las comunidades autónomas, hay dificultades. No voy a calificar una, pero sí voy a lamentar que mi comunidad...
El señor PRESIDENTE: Señora Corral, tiene que acabar.
La señora CORRAL RUIZ: Voy terminando, señor presidente.
La Comunidad de Madrid, una comunidad rica, ocupa el último lugar entre todas las comunidades de España. Pueden ver los datos en Internet, como se recordaba aquí, en la página del Imserso. Bienvenidas sean las evaluaciones que nos ayuden a ver la luz, que nos iluminen también a los responsables de algunas comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Señora Corral, ha superado con mucho su tiempo.
La señora CORRAL RUIZ: Gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Corral.
Pregunto al grupo parlamentario proponente si acepta la enmienda que ha sido defendida.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: No, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: No la acepta. En consecuencia, se pasará a votación el texto de la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR PERESTELO), SOBRE LOS PLANES Y ACTUACIONES DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CONECTIVIDAD AÉREA DE CANARIAS, TANTO CON LA PENÍNSULA COMO CON EL EXTERIOR, A LA VISTA DE LA REDUCCIÓN DE LÍNEAS Y FRECUENCIAS PROVOCADA POR LA CRISIS EN EL SECTOR. (Número de expediente 173/000028.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre planes y actuaciones del Gobierno para garantizar el mantenimiento y mejora de la conectividad aérea de Canarias, tanto con la Península como con el exterior, a la vista de la reducción de líneas y frecuencias provocada por la crisis en el sector. Tiene la palabra para defenderla el señor Perestelo.
Señorías, nuestra interpelación de hace quince días y la moción que someto ahora a su consideración tenía y tiene un claro objeto: intensificar las acciones de las autoridades aeroportuarias, el Ministerio de Fomento y AENA para mejorar la conectividad con Canarias, algo clave, esencial en un territorio insular y ultraperiférico; a nadie se le oculta esta realidad. Nuestra propuesta no es gratuita ni falta de fundamento, los canarios estamos viendo cómo se reduce el número de vuelos y, consecuentemente, las posibilidades de movernos entre las islas y también con el exterior; se limitan, por otra parte, las posibilidades de que nuestro principal sector de actividad económica, el turismo, cuente con los suficientes canales de transporte aéreo desde la Península y los
principales países europeos, que son nuestros mercados turísticos desde hace décadas.
Hoy mismo nos despertábamos con una noticia, un acuerdo que comunicaba el Sepla en relación con el ERE, el expediente de regulación de empleo, de la compañía Spanair que afecta a noventa tripulantes y que también afecta al desmantelamiento de las bases de operaciones de la compañía en las dos capitales canarias. No solo es importante que la oferta de vuelos alcance a la demanda, ha de ser significativamente superior a ella para ofrecer las debidas condiciones de competencia en precios, frecuencia y posibilidades. Esto es lo que se nos dice; pero la realidad, a través de las estadísticas de AENA, es que mientras en el pasado ejercicio se produjeron 200.000 vuelos más que en 2006 en la red de aeropuertos españoles, lo que representa un crecimiento del 7 por ciento, en Canarias el crecimiento fue nulo, rompiéndose la tendencia creciente de los dos años anteriores. Es bien cierto que en los primeros meses de este año se produjo en Canarias una cierta recuperación, como indicó la ministra en el debate de la interpelación, pero el mes de septiembre nos ha vuelto a demostrar que son necesarias nuevas medidas proactivas para recuperar un tráfico aéreo sin el que Canarias, sencillamente, no puede progresar; medidas tendentes a recuperar el dinamismo de nuestros aeropuertos.
Ya indiqué en mi intervención el pasado día 1 de octubre que no estoy refiriéndome al conjunto de inversiones del Plan Canarias de aeropuertos, que son necesarias para la mejora de nuestra capacidad de tráfico, pero no son suficientes para convertir a Canarias en esa plataforma intercontinental que todos los gobiernos, desde hace décadas, persiguen de una u otra forma. El que lo logremos requiere de un conjunto muy amplio de medidas, entre ellas, la captación del tráfico aéreo resulta fundamental. A ello va dirigido el conjunto de medidas que proponemos en la moción, a la mejora de la calidad de vida de los canarios acercando su capacidad de movilidad a la del continente, y a mejorar sus posibilidades de progreso económico convirtiendo Canarias en un centro de servicios avanzados para su entorno, asegurando su posición de liderazgo en el turismo europeo invernal, muy amenazada por otros destinos emergentes.
Por eso planteamos el necesario abaratamiento de algunas de las aproximadamente treinta tasas aeroportuarias a las que han de hacer frente las compañías en los aeropuertos canarios. Porque si en el sector del transporte por carretera el Gobierno ha introducido rebajas fiscales a raíz de la crisis y de la última huelga, en Canarias parte de las carreteras se dibujan sobre el mar y sobre el cielo, y necesitamos la flexibilización tarifaria, especialmente en los tráficos interinsulares.
Planteamos medidas de mejora en la operativa de los aeropuertos canarios a fin de convertirlos en auténticos intercambiadores de transporte, con una función similar a las estaciones de trenes y guaguas en las que el tránsito de pasajeros y mercancías se procesa de manera fluida e inmediata. Y también hay otro importante paquete de propuestas tendentes a que AENA y el Gobierno de Canarias desarrollen conjuntamente una estrategia de promoción específica para los aeropuertos canarios en la que se atenderá especialmente la captación de nuevos tráficos.
No pedimos la luna. Experiencias de este tipo se están desarrollando en otras comunidades donde el tráfico aéreo no es tan crucial para todo como en Canarias. En el año 2004 Canarias planteó la propuesta de un convenio para articular esa colaboración conjunta, razonable y conveniente. Nadie en el ministerio o en AENA le puso ninguna pega técnica, pero se quedó indefinidamente sobre la mesa. Hicieron oídos sordos a un planteamiento leal de colaboración institucional, muy alejado de reclamaciones maximalistas o demagógicas. Un año después, en 2005, Cataluña tuvo mejor suerte. La Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el ministerio crearon el llamado Comité de desarrollo de rutas aéreas como plataforma de encuentro y de trabajo dedicado a la promoción exterior y a la captación de tráficos. Sus buenos resultados son evidentes, y nos alegramos, pero no había ni hay ningún motivo para no hacer lo mismo o algo parecido en Canarias. Confío en que cuatro años después se pueda proseguir por aquel productivo camino.
Señorías, nuestro grupo plantea esta iniciativa como una necesidad y como tal estamos abiertos a cualquier sugerencia que presenten los grupos parlamentarios. Buscamos el consenso de los grupos parlamentarios para cubrir una necesidad que hoy tiene que afrontar Canarias con garantías.
El transporte, las comunicaciones entre las islas requieren de ese esfuerzo de consenso, y para ello estamos abiertos a buscar, no en el marco de la enmienda presentada pero sí en una posible transaccional que surja a lo largo del debate, una aproximación de todos los grupos que permita un posicionamiento claro de esta Cámara en defensa del sector aéreo de Canarias.
Señorías, Canarias solo tiene como métodos de comunicación exterior y entre las islas los aviones y los barcos. En estos momentos ninguno de esos medios de transporte están cubiertos por compañías estatales, como ocurre en el resto de las comunicaciones y traslados en territorio peninsular. De ahí que se demande este planteamiento desde Canarias. El Estado, los poderes públicos tienen que garantizar a los ciudadanos siempre la necesaria dotación de medios de transporte que permitan esa conectividad exterior y también la conexión interior entre los territorios insulares. No es posible, señorías, que en estos momentos para movernos entre dos o tres islas en Canarias tengamos que pagar tasas en tres aeropuertos. Este mismo martes, en mi desplazamiento a Madrid, tuve que pasar por Lanzarote y tuvimos que pagar tasas en La Palma, en Tenerife y en Lanzarote. Creo que eso no ocurre en ningún otro lugar del territorio español y por eso planteamos esta justa demanda, que espero que pueda contar con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias.
Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra don José Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda integrada por cuatro puntos y, a efectos de dejar constancia clara del texto, me tomo la libertad de leer en principio los dos primeros puntos para, en la última fase de mi intervención, centrarme en los dos posteriores. Los dos primeros se vinculan entre sí con una temática equivalente y están en la línea de la posición que el Grupo Parlamentario Socialista ha mantenido a lo largo de las cuatro o cinco últimas legislaturas. En primer lugar, planteamos seguir manteniendo la política de descuentos y reducciones en las tasas aeroportuarias de AENA en Canarias, especialmente las que tienen mayor incidencia sobre el precio del billete, que son las aterrizaje, pasajeros y seguridad. En segundo lugar, planteamos potenciar y regular el funcionamiento de la Comisión mixta Estado-Canarias sobre seguimiento de las obligaciones de servicio público como vía no solo para mantener actualizado ese instrumento actualmente en vigor, sino para estudiar su ampliación a las conexiones entre Canarias y los más importantes destinos peninsulares, al igual que lo que ya existe en el resto de regiones ultraperiféricas de la Unión Europea para sus vuelos con las regiones ultraperiféricas francesas y portuguesas. Hacemos este planteamiento porque lo encontramos coherente, es decir, en primer lugar, pedimos seguir manteniendo la política de descuentos y reducciones de las tasas aeroportuarias y, en segundo lugar, potenciar una comisión que ha dado origen a la calificación de rutas de interés público dentro del archipiélago canario que ha posibilitado que dos compañías aéreas compitan y que ha significado que el Estado no dé ni un solo euro para ese mantenimiento. Debe quedar muy claro. Las rutas de interés público que caracterizan la conexión entre las diferentes islas vienen reguladas por un real decreto y, a su vez, controladas por una comisión mixta, y por último, reitero, no implica financiación. Pero sí que es cierto que las tasas aeroportuarias -la tarifa de aterrizaje de aeronaves- o las tasas aplicables a los pasajeros en los aeropuertos canarios están reducidas en un 15 por ciento para aquellas aeronaves procedentes de distintos puntos del Estado español que aterrizan en Canarias. Por tanto, las tasas aplicables al aterrizaje y a los pasajeros están minorada en un 15 por ciento con respecto a las peninsulares. Es más, señorías -porque es bueno que lo sepamos-, las tasas que se aplican para los vuelos interinsulares en Canarias están bonificadas en un 70 por ciento. Luego estamos partiendo de un aspecto que no es conocido y que a veces es utilizado erróneamente. Porque la pregunta que SS.SS. podrían formularse es si esa minoración de ingresos que tiene el ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea como consecuencia de esa minoración en el cobro de las tasas se compensa porque se disminuye la transferencia financiera del ente público AENA a la Hacienda pública.
Luego es la solidaridad de todos los ciudadanos españoles la que permite esa minoración. De ahí que el Grupo Parlamentario Socialista plantee, en primer lugar, continuar con esa política de descuentos y reducciones y, en segundo lugar, dado que no están calificadas todavía como rutas de interés público las conexiones Península-Canarias, ampliar esa posibilidad de calificación de rutas de interés público a esas conexiones con el objeto de posibilitar una garantía de un número de asientos, de capacidad de carga, de frecuencias, etcétera, que nos garantice la movilidad.
Asimismo, planteamos en esta enmienda de sustitución dos puntos más. El tercero, impulsar los contactos necesarios para continuar con la colaboración existente entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares que posibilite la firma de un convenio de colaboración y, en cuarto lugar, la inmediata puesta en marcha de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. En consecuencia, señorías, pensamos que es coherente la enmienda de sustitución y, naturalmente, deseamos que sea aprobada por unanimidad en esta Cámara, siempre y cuando seamos capaces de encontrar una transaccional racional como ha ofertado el portavoz proponente de Coalición Canaria.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Pausa.) No hay ninguno de sus miembros, por lo que entiendo que renuncian.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don José Ramón Beloki.
Señorías, vamos a apoyar la moción presentada por el señor Perestelo, diputado canario del Grupo Mixto, y adelanto que, en caso de que el señor Perestelo termine por transaccionar la moción con el Grupo Socialista, apoyaremos también dicha transacción. Lo vamos a hacer porque, más allá de las reivindicaciones concretas contenidas en su moción a favor de Canarias, coincidimos con el señor Perestelo en la necesidad de que sin más retrasos se realice desde el Ministerio de Fomento, desde el Gobierno, una nueva forma de gestión y, por lo mismo, una nueva forma de hacer política en el tema aeroportuario. Una nueva forma en la que el Ministerio de Fomento y los organismos dependientes de él, en este caso AENA, no se reserven con esa exclusividad que tan celosamente se están guardando para sí y para ellos solos la gestión de todos y cada uno de los aeropuertos del Estado español. El señor Perestelo, desesperanzado de
que podamos ver en un plazo corto la implantación de un nuevo sistema de gestión aeroportuario, reclama que al menos en el caso de Canarias, donde seguramente el tema aprieta más, como él mismo señala, el Ministerio de Fomento dé pasos en la dirección de contar con las administraciones autonómicas, bien sea a través de la Comisión Mixta Estado-Canarias, sobre seguimiento de las obligaciones de servicio público, bien sea a través de ese convenio, aplazado sine die desde hace cuatro años entre AENA y el Gobierno de Canarias en materia de promoción de los aeropuertos de interés general situados en el archipiélago canario.
No entraré a analizar los detalles que el señor Perestelo desea ver recogidos y desarrollados a través de este último convenio al que hacía referencia. Como he dicho, apoyaremos al señor Perestelo en todos los puntos de su moción. Lo haremos más allá de la razón que pueda tener el contenido de la misma y también por lo que debiera ser razón suficiente para cuantos, desde diversas posiciones políticas, nos hemos manifestado reiteradamente a favor de un nuevo sistema de gestión aeroportuario en el que, a la par que se establezcan reglas más lógicas -por cierto, reglas más habituales en nuestro entorno donde, como se ha dicho muchas veces, somos una excepción-, entren a jugar las comunidades autónomas y las fuerzas económicas y sociales de los entornos próximos de los aeropuertos. La verdad es que tener que estar defendiendo a estas alturas del año 2008 una actuación excepcional para Canarias, al igual que para cualquier otro territorio, refleja con claridad la resistencia un tanto numantina con la que parece que se está abordando desde las instancias de la Administración Central el antes o después inevitable paso a otro sistema de gestión aeroportuaria, donde la responsabilidad de la misma resida en lo que genéricamente podemos calificar como agentes de proximidad. Hoy es el día en el que no parece haber un solo indicio de que tales focos de resistencia no solo no hayan desaparecido, sino que más bien da la impresión de que están reafirmándose. No lo hay a pesar de ese anuncio lleno de incertidumbres, y hasta de confusión, hecho en pleno agosto por diversos miembros del Gobierno, tras una decisión supuesta del Consejo de Ministros de poner en marcha lo que denominaron un nuevo sistema de gestión aeroportuaria.
Quien lea el "Diario de Sesiones" que recoge las manifestaciones que tuvieron lugar por parte de los diversos portavoces en la sesión de la Diputación Permanente del pasado día 20 de agosto, podrá constatar que, al parecer, todos, empezando por la propia ministra, estábamos de acuerdo en que, dada la confusión generada por las diversas manifestaciones en torno al nuevo sistema, se celebrara una reunión urgente de la Comisión de Fomento en la que el Gobierno explicara a los grupos parlamentarios -y a través de tales explicaciones, al conjunto de la sociedad- sus ideas y planes al respecto. Ese mismo día 20 de agosto ocurrió el accidente que todos lamentamos en el aeropuerto de Madrid, y esto aconsejó que este tema se relegara. Han pasado ya dos meses, y parece que se ha relegado ad aeternum, para siempre. El Gobierno parece que ha perdido todo interés en manifestar sus ideas, planes y supuestas decisiones y todos poco a poco vamos perdiendo la esperanza de que el nuevo sistema aeroportuario sea una realidad en un tiempo razonable. Como decía antes, el señor Perestelo ha debido perder también la esperanza, si alguna vez la tuvo, y de ahí que urja que al menos en el caso de Canarias se den pasos siquiera paralelos como los que propone en su moción.
Como decía, mi grupo nada tiene que objetar a este planteamiento y lo va a apoyar, si bien hemos creído necesario recordar el contexto general en el que estamos en este tema. Apoyaremos, por supuesto, al señor Perestelo en todos los extremos de la iniciativa y aclaro que también el punto cuarto, que no tiene una relación estricta con el tema que acabamos de tratar sino que más bien tiene que ver con la seguridad, pero que por razones que después explicaré en la defensa de la siguiente moción, también recibirá el apoyo de mi grupo.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Pere Macias.
Cuando tuvo noticia nuestro grupo de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto ya anunció al grupo proponente su voluntad de darle apoyo. Lo hizo por dos motivos, en primer lugar, porque nos parecía razonable lo que planteaba ya que respondía a las necesidades del territorio de Canarias, pero también -lo comentaba el diputado Beloki hace unos momentos- porque la necesidad de presentar interpelaciones y mociones, en definitiva iniciativas parlamentarias como ésta, pone de relieve la crisis del modelo de AENA. Esto que se suele decir que funciona y que va tan bien y que es una maravilla, está haciendo aguas por todas partes, especialmente en algunos territorios.
Cataluña comparte con Canarias una gravísima discriminación que, en el caso de esta última aún es superior. De hecho, si hacemos un balance fiscal interno de AENA, quien más recauda y quien menos inversiones recibe con un déficit escandaloso son las islas Canarias y no se quiere dejar participar al Gobierno canario en decisiones importantes. Aquí lo que no funciona, señoras y señores diputados, es el modelo aeroportuario actual y hay que cambiarlo.
Mi grupo ha traído a esta Cámara múltiples iniciativas para hacer posible este cambio, se suma a lo que se ha dicho anteriormente -va a utilizar los mecanismos de amparo parlamentario al uso- y reclama la urgente convocatoria de la Comisión de Fomento -que había que haber convocado en pleno mes de agosto, que lógicamente
todos pospusimos- que, incomprensiblemente y pese a los intentos que hemos llevado a cabo, no se ha celebrado hasta este momento y no hay siquiera calendario de la comparecencia de la señora ministra para informarnos sobre el cambio de modelo. Sabemos por qué no hay calendario, porque el modelo propuesto era una chapuza de un tamaño tan fenomenal que solo dos meses después de haberlo propuesto no se aguanta por ninguna parte y la propia ministra -persona suficientemente hábil en sus explicaciones- tampoco se ve capaz de defender con un mínimo rigor un modelo que es peor aún que el modelo existente. Pero hay que dar la cara y nosotros vamos a pedir que se cumpla aquello que fue acordado por la Diputación Permanente. Anuncio que nuestro grupo va a activar los mecanismos pertinentes de reclamación de amparo ante la Presidencia de esta Cámara para que se convoque cuanto antes esta Comisión de Fomento y comparezca la señora ministra.
En definitiva, señoras y señores diputados, lo de AENA no va. Hay que cambiar de modelo y, mientras tanto, hay que hacer más llevadera la existencia de este ente faraónico, no adaptado, que no sabe recoger las necesidades de cada territorio. Nos parece bien que para sobrellevar este periodo transitorio hasta que algún día haya nuevo modelo, se pueda contar con mandatos como el presente. Me comentan que el grupo proponente ha llegado a una transacción con el Grupo Parlamentario Socialista. Nos parece bien; el grupo proponente está en su derecho de aceptar lo que le parezca oportuno. Pero, a nuestro entender, la moción inicial que presentaba nos parecía ajustada a las necesidades y, sobre todo, era un buen argumento más para decir al conjunto de ciudadanos que tenemos un mal modelo aeroportuario y que en época de crisis se van a acentuar los problemas. Vamos a ver si, como en otros tantos temas, cuando hay crisis hay coraje para afrontar con realismo y valentía los cambios, porque el cambio en el modelo aeroportuario, señoras y señores diputados, es cada día más urgente.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña María del Carmen Guerra. (Pausa.) Perdone, señora Guerra, por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora GUERRA GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, es la primera vez que me dirijo a ustedes desde esta tribuna y quiero agradecer en estos momentos a mi grupo que me permita defender nuestra posición en esta moción que presenta Coalición Canaria, sobre todo en defensa de los intereses de mi tierra y también de mi gente.
Garantizar el mantenimiento y la mejora de la conectividad aérea de Canarias es una condición indispensable para nosotros, para nuestro territorio y para nuestra gente. Somos un territorio lejano al territorio peninsular. Por eso es muy importante que se reduzcan las tasas aeroportuarias y también que haya un control en las tarifas por nuestra dependencia de un sistema de estas características. Hay una condición relevante. Somos un territorio fraccionado entre nosotros. Tenemos ocho aeropuertos en Canarias. Y algunas islas dependen de la doble insularidad con lo que eso conlleva. Islas como Fuerteventura, Lanzarote, Hierro, Gomera o La Palma tienen una doble insularidad. También en Canarias se da un hecho muy especial. Tenemos una situación estratégica y, por tanto, podemos ser plataforma logística en el Atlántico; podemos ser una plataforma entre Europa y África.
El sistema aeroportuario es básico para Canarias, sobre todo, es fundamental para la población de Canarias. Es estratégico para el desarrollo turístico, un sector fundamental para nuestras islas, y es también trascendental para el sector comercial de importaciones y exportaciones. Hay que decir que el sistema aeroportuario es determinante en la vida de Canarias. Pero también hay algo muy importante para este sector, la seguridad. En la actualidad la seguridad es fundamental para los canarios, para los cuales no es ni un gusto ni un placer tener que viajar, sino una necesidad. La gran tragedia del pasado 20 de agosto en este país -en España y de manera especial en Canarias, donde perdimos a muchos de nuestros vecinos, a mucha de nuestra gente- ha sido muy mal gestionada por el Ministerio de Fomento. Confiamos plenamente en esa comisión de investigación y también en el juez que lleva esa causa y queremos saber qué paso en ese accidente. Queremos y debemos saberlo porque la seguridad es muy importante para todo el sector y, de manera especial, para todos aquellos que queriéndolo o no tienen que viajar. El Grupo Parlamentario Popular propuso el pasado 25 de septiembre la subcomisión de seguridad aérea. Contó con el voto en contra del Partido Socialista y por eso no pudo salir. Desgraciadamente hubiera sido muy importante para todo el territorio español que se hubiera creado esa comisión y, de manera especial, para nosotros, los canarios, también.
Señorías, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea tenía que haber estado funcionando lo más tarde el pasado mes de junio y así se acordó en el Consejo de Ministros del pasado 8 de febrero. La estadística que les voy a dar en este momento deja clara muestra de la importancia de nuestros aeropuertos. El tráfico aéreo en Canarias es semejante al de Cataluña e inferior al de Madrid, pero hay que tener en cuenta que todos los enlaces nacionales e internacionales se encuentran en sus aeropuertos. En el año 2007 pasaron por los aeropuertos de Canarias 35 millones de pasajeros y 400.000 movimientos de aeronaves se hicieron en sus aeropuertos. Quiero decirles que vamos a apoyar esta moción que se presenta para la reducción de las líneas y frecuencias, que, sobre todo, está provocada por la crisis en el sector aéreo. Con esta moción vamos a votar favorablemente el solicitar al Gobierno la garantía y el mantenimiento de la conectividad con Canarias. Lo queremos hacer porque mejora
la calidad de vida de los canarios, mejora, sin lugar a dudas, un sector tan importante y estratégico para Canarias como es el turismo y, sobre todo, mejora las infraestructuras generales del Estado que repercuten en la mejora de la calidad de vida para todos los españoles. Por eso quiero decir al Grupo de Coalición Canaria que mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, votará favorablemente esta moción.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Guerra. Pregunto al señor Perestelo si acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PERESTELO Rodríguez: Muchas gracias, señor presidente.
A lo largo del debate -nos alegramos de que sea así- hemos llegado a un acuerdo transaccional. No se acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y espero en un minuto presentar a la Mesa una propuesta transaccional firmada por todos los grupos políticos. Me resta agradecer la actitud de colaboración de apoyo a todos los grupos de la Cámara.
Cuando tenga formalizada la enmienda transaccional, le ruego que la haga llegar a la Presidencia para pasarla a votación.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE POLÍTICA DE SEGURIDAD AÉREA. (Número de expediente 173/000029.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre política de seguridad aérea. Para la defensa de la moción tiene la palabra don Andrés Ayala.
Señorías, debatimos hoy la moción consecuencia de interpelación urgente que vimos hace dos semanas. Una interpelación en la que, como siempre, nuestra ministra de Fomento nada justificó, nada explicó y nada ofreció.
La estadística como bálsamo es la política en la que está empeñada en el ministerio que es de su responsabilidad. Señorías, mi grupo viene hoy animado con la mejor intención de hacer una política constructiva, una política que sirva para mejorar la seguridad aérea en España. Las últimas semanas que nos han tocado vivir han sido lo suficientemente preocupantes como para dar un giro, un cambio, en esta política. Ha habido desorden, ha habido precipitación, ha habido filtraciones -todos lo sabemos-, negación de esas filtraciones, confirmación posterior de esas filtraciones. En definitiva, una actuación bastante poco edificante -por ser muy generoso en mis palabras- por parte del ministerio. Por último se nos filtró el borrador del informe preliminar -nos gustaría saber no solo quién lo filtró, que lo sabemos, sino quién lo hizo- y luego otro informe preliminar que ordenaba cuestiones bastante distintas a las del primer borrador. Aquí surgen muchísimas preguntas. ¿Quién sugiere este segundo borrador? ¿Quién ordena recortar las recomendaciones que en el primer borrador teníamos? ¿Quién dice que no se siga insistiendo en cuestiones básicas de responsabilidad? Un cúmulo de despropósitos.
La Agencia de Seguridad Aérea -todos lo sabemos, no lo voy a reiterar- debía estar en funcionamiento desde el 2 de junio y todavía no lo está, a pesar de las prisas de última hora, rompiendo ese principio básico que dice que en aviación la improvisación no existe. Aquí parece que todo lo hacemos a golpe de improvisación. También hemos visto cómo no se cumplen, se implementan normas europeas y hay incumplimientos claros de las recomendaciones de OACI. Todo eso se nos tapa a golpe de estadística.
Todo eso se nos tapa a golpe de decir que se han aumentado unas inspecciones, que, como todos sabemos, no están conducidas en el ánimo unívoco de aumentar y mejorar nuestra seguridad, sino en poder justificarse con la estadística. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
En el quehacer diario no estamos en una mejor situación. Hemos visto que se producen vuelos sin controladores, tres meses en Córdoba; que se suprimen los técnicos de apertura y cierre de los aeropuertos en A Coruña y Lanzarote y parece que se va a hacer extensivo a todos los aeropuertos que no son H24; que no hay inspectores en determinados aeropuertos de la red de aeropuertos españoles; que no existe ningún inspector en determinados aeropuertos, que no quiero citar para que nadie me diga que genero inseguridad o incertidumbre en los posibles usuarios, etcétera. La seguridad es un tema que hay que abordar. El Partido Popular, como he dicho anteriormente, tiene el ánimo de cooperar, de no encerrar al Grupo Parlamentario Socialista en un callejón sin salida, por lo que hemos propuesto una moción consecuencia de interpelación, creemos que modesta, en el sentido de no ambiciosa, para que sea posible, con el fin de ser sensibles no solamente a esa situación que se ha generado en el operativo de nuestros aeropuertos y de nuestro espacio aéreo, sino también ante la situación por la que atraviesa un sector económico importantísimo de nuestra economía, como es la industria turística. A día de hoy ha bajado ya el 9 por ciento de los pasajeros y, en palabras que han empleado los técnicos del sector: Prevemos un grave descalabro, puesto que en el programa de invierno del año en curso hay 170.000 slots menos solicitados. Los aeropuertos españoles van a tener una demanda de 170.000 slots menos que en la temporada de invierno del año pasado.
Como digo, hemos presentado una moción que puede ser asumida por todos los grupos. Tiene tres únicos puntos. Uno, que se elabore y se presente al Congreso de los Diputados un plan de seguridad para el transporte
aéreo. Es básico y fundamental y no puede ser troceado ni parcheado con cuestiones anteriores. Dos, que se asuma la incorporación a nuestro ordenamiento de las normas europeas y la adaptación de la Ley de Seguridad Aérea de 2003. Y tres, que se aprueben las normas de funcionamiento de la Comisión de investigación de accidentes e incidentes, que, como hemos visto, deja bastante que desear. A esta moción se han presentado dos enmiendas que voy a comentar brevemente. La primera es del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Pretende una modificación del punto primero y la verdad es que no sabemos en qué mejora nuestro texto, pues la diferencia entre elaborar e informar al Congreso y elaborar y presentar al Congreso es poca. Respecto a los dos puntos de adición, no tenemos ningún inconveniente en incorporarlos; eso sí, nos gustaría saber qué ventajas tiene esa modificación, que suprime la inclusión del programa estatal de seguridad aérea operacional. En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ayala, por favor, tiene que ir concluyendo.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Termino en un momento, señora presidenta.
En cuanto a la enmienda del Grupo Socialista, sinceramente creemos que va conducida, eso sí con buen ánimo -se lo reconozco, señor De la Encina-, a cuestiones distintas de las que estamos valorando. Con el ánimo de sacarla adelante, le ofrecemos una transacción que podemos analizar a continuación, pero entendemos que es básico que no se prescinda de la elaboración de un plan de seguridad para el transporte aéreo, pues tenemos que saber y no lo sabemos con ningún plan anterior...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Termino, señora presidenta. Estoy tratando incluso de obviar...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ayala, permítame que le diga una cosa. Cuando usted ha subido a la tribuna, sabía el tiempo con el que contaba, el tiempo que se le ha marcado. Yo le dejo terminar, pero sabe usted que ha excedido con exceso el tiempo que tenía. Continúe, por favor.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchísimas gracias, señora presidenta, y agradezco su generosidad. Termino rápidamente.
Creemos que cualquier instrumento anterior no es válido, porque hoy debemos saber cuál es el nivel aceptable de seguridad de nuestro transporte aéreo, cuáles son los objetivos del ministerio -nos ofrecemos para ello- y cuál va a ser a partir de ahora el modelo que conjugue la viabilidad de nuestra industria, que es muy importante, con el legítimo derecho a volar seguro de todos los ciudadanos. Señor De la Encina, si usted quiere luego lo vemos, pero ese es nuestro ánimo y entendemos que es básico realizar este programa con las modificaciones que usted considere oportunas.
Muchas gracias, señora presidenta, por su generosidad. (Aplausos.)
En el turno de los grupos que han presentado enmiendas a esta moción, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
Mi grupo parlamentario ha presentado una serie de enmiendas que, compartiendo lo fundamental de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, intentan concretar cuestiones que nos parecen no solamente de matiz, sino importantes. En primer lugar, en relación con la seguridad aérea, quisiera hacer una reflexión general. Estamos ante iniciativas que devienen de un gravísimo accidente aéreo, con 150 personas fallecidas, heridos y desde luego dolor en muchas familias que todavía no ha terminado. En ese sentido, comparto con el resto de los grupos parlamentarios que no es el momento de la retórica de las fuerzas políticas con relación a este tema, ni tampoco el momento de la autocomplacencia o de la catástrofe. Creo que ninguno de esos principios generales nos ayudan. En segundo lugar, quiero manifestar en nombre de mi grupo parlamentario la preocupación no solamente por la mejora de la seguridad aérea que todos compartimos, que siempre se puede mejorar a nivel internacional y en nuestro país, sino también por los poderes públicos y su intervención con relación a esta catástrofe. Creo que como mínimo no deberíamos estar satisfechos de nuestro papel. Mi grupo parlamentario no está satisfecho del papel de este Parlamento que, después del debate inmediatamente posterior a la catástrofe, todavía no ha adoptado ninguna medida de fondo con relación a la seguridad aérea, no hemos cumplido con nuestro trabajo. Tampoco estoy satisfecho del papel de los poderes públicos que, ante situaciones extremas, nos demuestra que tenemos un poder público bastante débil, bastante frágil. Me refiero, en concreto, a las primeras conclusiones del trabajo de la comisión de investigación. Una comisión de investigación sin antecedentes y una comisión de investigación sin hipótesis no es una comisión de investigación. Es un relato, nada más un relato, o un relator, pero no es un investigador, y los que tenemos nuestro trabajo vinculado a la investigación lo sabemos. Por tanto, manifiesto nuestra preocupación por el futuro de las comisiones técnicas de investigación en nuestro país.
También quiero expresar nuestra preocupación por el ámbito judicial, que debe ser complementario y
detectar, en nuestra opinión, si hubo responsabilidades en el accidente.
Por lo que tiene que ver con el Parlamento quiero decir que el Parlamento todavía está inédito con relación a la catástrofe y a la seguridad aérea, aunque tenemos nuestras propias responsabilidades y tareas y algunas de ellas se nos plantean en el documento de hoy. ¿Por qué enmendamos el primer punto del Grupo Popular y separamos el plan operacional del programa de seguridad? Porque el plan operacional es una obligación internacional del Gobierno de España incumplida el día de hoy. Por tanto, queremos delimitar claramente un mandato al Gobierno para que cumpla el Plan estatal operacional, que es obligatorio y que está incumplido, de lo que pueden ser mejoras de seguridad que es un deseo de este Parlamento, pero es una cosa distinta, no es un mandato incumplido. Por eso lo separamos y no porque queramos hacer una enmienda artificial al Grupo Popular.
Luego incluimos dos nuevas propuestas que son importantes. Antes ha habido un debate sobre la comunicación aérea en Canarias y eso demuestra también la necesidad imperiosa que tiene este país de contar con una legislación del sector aéreo que, señorías, data de la friolera de los años sesenta.
Esa es la legislación sobre el sector aéreo en España, como si no hubiera llovido en materia aérea desde los años sesenta. Por eso proponemos que haya una ley del sector aéreo y también que esta Cámara mandate al Gobierno para que presente un informe sobre la situación de la seguridad aérea y sobre las mejoras que se puedan introducir en la misma. Como ven, son iniciativas muy light, aunque creo que la dinámica bipartidista y la dinámica de bipolarización terminan siempre en el maniqueísmo y seguramente esto va a llevar a que una parte de la Cámara rechace, a priori, lo que se propone porque viene de otra parte de la Cámara.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Salvador de la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señora presidenta.
Desde el año 2004 en el que el Gobierno socialista asumió su responsabilidad de gobernar España, la seguridad ha sido una de sus grandes prioridades. Eso lo puedo afirmar con rotundidad porque desde entonces el Consejo de Ministro ha adoptado todo un paquete de acuerdos para potenciar la seguridad aeronáutica española, entre los que podemos citar el desarrollo del Plan de vigilancia de aeronaves extranjeras, el mismo plan pero aplicado a aeronaves nacionales, la creación de un comité de expertos de seguridad en las aeronaves, la revisión de los procedimientos de información y de coordinación entre AENA y la Dirección General de Aviación Civil, el incremento de recursos de dicha Dirección General de Aviación Civil y de Senasa, que es una empresa pública instrumental de aviación civil, numerosos reales decretos de seguridad de aeronaves de terceros países que utilizan nuestros aeropuertos españoles y, fundamentalmente, el Plan nacional de seguridad para la aviación civil, que aprobó el Consejo de Ministros, el 5 de mayo de 2006. Por eso sorprende, cuando menos, que ahora el Grupo Popular nos presente en el punto primero de su moción que en el plazo de tres meses se presente un plan de seguridad para el transporte aéreo que disipe las dudas y que se pueda volar con seguridad en España. Señorías del Grupo Popular, ustedes saben, y no lo pueden negar, que el modelo de seguridad español es el establecido por la Unión Europea, de la que España es miembro, y nosotros estamos acomodados en nuestra normativa y en nuestro desarrollo aeronáutico a la normativa que nos marca la Unión Europea. Esa normativa que tenemos aplicable directamente a España es la que ha hecho que hoy nuestro país como miembro de la Unión Europea y, por tanto, la Unión Europea junto con Estados Unidos sean las zonas más seguras del mundo en el ámbito aéreo. Esto lo tenemos que reconocer y decir sin rubor ninguno, señor Ayala, porque cuando usted plantea en su moción que los ciudadanos están inquietos porque no es seguro volar, usted no está diciendo la verdad y está aprovechando un accidente como el que ocurrió en Barajas para trasladar un mensaje que es preocupante, como es que nuestra seguridad aérea no es totalmente la adecuada, y no es así. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
En todo caso, le quiero plantear otro aspecto de su moción que me parece importante, el tema operacional. Estamos en la misma situación que la anterior. En cuanto a lo que es el sistema operacional de navegación aérea, nuestra normativa es la que nos marca la Unión Europea. En estos momentos ustedes tienen que saber que la OACI, que es el instrumento europeo para regular el ámbito del que estamos hablando, tiene previsto que en el mes de marzo de 2009 se apruebe el programa estatal de navegación operacional. Por tanto, tenemos que estar sujetos a esa fecha para, a partir de entonces, llevar a cabo las modificaciones oportunas en España. ¿Qué se hace mientras tanto, que es la pregunta que usted se planteaba? Aplicar la normativa comunitaria y española en vigor como cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea. Voy a darle unos datos que pueden ilustrar su preocupación. En el ámbito de las inspecciones, ¿sabe cuántas se hicieron en 2004, último año del Gobierno del Partido Popular? Se hicieron 4.153 inspecciones. ¿Sabe cuantas se han hecho en 2007, porque hasta que no concluya 2008 no se sabrá cuántas se han realizado este año? Más del doble, 9.710 inspecciones ¿Quiere decir que con 4.000 inspecciones en 2004 no había seguridad? Pues no, había seguridad, aunque gobernaba el Partido Popular. ¿Quiere decir que en 2008, con el doble de inspecciones, con el Gobierno socialista no hay seguridad? No, quiere decir que hay seguridad. Por tanto, si usted pone ese parámetro donde se ha duplicado la cifra de inspecciones, la seguridad
ha aumentado. Si cogemos otro parámetro, que es el de las inversiones económicas que se destinan al programa de supervisión de la aviación civil, en 2004 ustedes destinaron 22 millones. ¿Cuánto se ha destinado en 2008? El doble, 45 millones. Yo me pregunto, si había seguridad aérea en base a la inversión en 2004, cuando gobernaba el Partido Popular, la tiene que haber en igual medida cuando, cuatro años más tarde, se han duplicado las inversiones en la regulación de la supervisión de la aviación civil. No se pueden tener dos varas de medir -una cuando gobierna el Partido Socialista y otra cuando gobernó el Partido Popular- y trasladar aquí una interpretación que deje inquietos a los ciudadanos cuando ustedes plantean que hay que modificar la normativa porque no hay una seguridad absoluta -que es lo que piden, absoluta- y sabe usted que en la vida es imposible la seguridad absoluta. Se podrá garantizar la seguridad en los máximos extremos pero no la absoluta, como usted pide, porque que haya un accidente no implica que no haya seguridad.
Por último, y termino, su punto tercero. Estamos trabajando para adecuar esa normativa europea -que no podemos olvidar que es la que marca la pauta en España y en los restantes Estados miembros- para avanzar en lo que se llama subparte Q del anexo 3 del reglamento 3.922, no 21. Le tengo que decir, porque creo que lo desconoce, que esa normativa ya es aplicable en España y se está haciendo desde hace unos días, desde el 16 de julio de 2008.
El señor PRESIDENTE: Señor De la Encina, tiene que acabar.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Termino, señoría, diciendo que estamos cumpliendo el compromiso del Gobierno socialista mejorando de manera integral la seguridad, potenciando la actuación inspectora, creando un nuevo modelo operacional y anticipando riesgos en la navegación aérea y, por último -anuncio- la inmediata puesta en servicio y funcionamiento a lo largo de los próximos días -máximo en el mes de noviembre- de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Por eso le pido, señor Ayala, el apoyo a la moción y enmienda posterior del Grupo Socialista.
Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.
Señorías, señor Ayala, mi grupo iba a apoyar esta moción en los términos en que la ha presentado pero no sin una profunda desazón. Espero que el trabajo que en estos momentos se va haciendo para llegar a una enmienda transaccional haga que la desazón con la que mi grupo iba a apoyar este tema desaparezca y podamos todos coincidir en algo que es importante.
¿Qué es importante? Básicamente dos cosas. Una, no colaborar ni un ápice en extender la menor sombra de duda sobre la seguridad de la navegación aérea en el Estado español. Esto es importante para mi grupo. Dos, es importante tener una concepción de seguridad clara y, por lo mismo, saber qué entendemos por seguridad, quiénes son los agentes de la seguridad y cómo se articula la seguridad. Voy a hablar de esto. La seguridad, para empezar, se mejora día a día. Es mejorable y debe ser mejorada día a día.
Toda seguridad y, por supuesto, la seguridad aérea. La seguridad aérea no tiene un único responsable ni a nivel de Estado ni a nivel europeo ni a nivel mundial. A ningún nivel hay un agente que sea el responsable único de la seguridad aérea, como muy acertadamente recoge en sus fundamentos al establecer fines y objetivos la hoja de ruta de la seguridad aérea que en estos momentos se está elaborando por la OACI conjuntamente con otras instituciones. A jugar en el campo de la seguridad -cada cual en su campo, cada cual con sus responsabilidades- deben entrar los Estados, deben entrar los reguladores, deben entrar los operadores aéreos, deben entrar los constructores de aviones, las asociaciones de pilotos, las organizaciones de seguridad, los proveedores de servicios de tráfico aéreo; todos los que participan en el tráfico aeroportuario, todos los stakeholder, palabra en inglés pero que ya es habitualmente utilizada en todas las lenguas. En todo caso, el responsable político de la seguridad aérea en el Estado español tiene un nombre y un apellido: el Ministerio de Fomento, en concreto, la Dirección de Aviación Civil, aunque convendría precisarlo. Tiene un responsable en los términos definidos en la Ley 21/2003, de Seguridad Aérea. Tampoco es una responsabilidad genérica. No voy a recoger aquí los términos que figuran en la ley, pero convendría recordar para no confundir. Después de esta ley disponemos de principios, disponemos de instituciones y dispondríamos también de una serie de instrumentos. Por ejemplo, disponemos o debiéramos disponer de algo que figura en la ley, como es un programa nacional de seguridad para la aviación civil; programa en el que, como dice la ley, deben articularse medidas, deben articularse los procedimientos necesarios para garantizar la aplicación efectiva de las normas de seguridad de la aviación civil en los aeropuertos, aeródromos e instalaciones de navegación aérea y la previsión de actos ilícitos contra las actividades aeronáuticas. De todo esto disponemos, pero lo lamentable, volviendo al punto primero de mi intervención, es que todo pudiéramos confundirlo.
Como decía al comienzo de mi exposición, la verdad es que en este tema mi grupo se mueve entre el texto de la moción presentada y el contexto de lo que está ocurriendo. El texto lo íbamos a apoyar -si hay una transacción la apoyaremos-, pero si uno repara en el contexto le dan ganas de volver a las posiciones en las que ha estado mi grupo desde que temas similares han empezado a plantearse tras el accidente del pasado 20 de
agosto: las de no apoyar ninguna iniciativa que venga mezclada desde la confusión o desde la utilización política de aquel desgraciado accidente que tanto nos sacudió y nos conmovió a todos. Nuestro apoyo a la moción va a ser, pues, el apoyo al texto formal, no a los discursos que se pronunciaron con ocasión de la interpelación o a algunos de los que hoy se han pronunciado; va a ser un apoyo al texto y no al contexto. Lo vamos a hacer con una esperanza: que el impulso al Ejecutivo, a través de las exigencias que plantee esta moción, dé un cumplimiento más cabal y de mayor ritmo de la Ley 21/2003, de seguridad aérea, y que hecho esto redunde en mayores cotas de seguridad para todo el mundo aeronáutico.
Muchas gracias, señorías, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo saluda la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y la ve con satisfacción, toda vez que nos parece que tiene un tono positivo sobre una cuestión conflictiva, difícil, que además está instalada desde hace algunos meses en la opinión pública; esta mañana, a raíz de ciertas informaciones sobre la actuación judicial lo vuelve a estar. Por tanto, en estas cuestiones tan delicadas, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y su confianza en el sistema, creo que siempre se hace necesario que la intervención de la Cámara vaya en tonos positivos, de acuerdo, de saber exigir al Gobierno lo que razonablemente se le pueda exigir y que este pueda cumplir. En este sentido, a nosotros la propuesta inicial del Grupo Popular, su moción, ya se nos antojaba positiva, así como también las aportaciones que ha propuesto el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Finalmente, hemos visto que parece que va a haber una transacción que aún nos place mucho más.
En los temas de seguridad aérea, especialmente aquellos que tienen que ver con lo que se denomina la seguridad operacional, es decir, más allá de la seguridad de las propias aeronaves que hay que garantizar, que tienen sus sistemas de inspección, creo que con razonables niveles de garantía, existe lo que se llama el concepto de seguridad aérea operacional, es decir, que todo el cúmulo de operaciones, de secuencias, de decisiones que se vayan tomando, se adopten siempre con las máximas garantías. En este sentido, los instrumentos previstos por la normativa española, por la normativa europea y por la normativa de los organismos internacionales, la OACI, coinciden en un instrumento que es el programa, y en nuestro caso el programa estatal de seguridad aérea operacional.
Este es un instrumento al que hay que dar una gran importancia, que prevé exactamente las decisiones que se pueden y se deben tomar para garantizar en cada momento los mayores niveles de seguridad. Por tanto, la exigencia de que dispongamos de este programa cuanto antes nos parece muy atinada.
Evidentemente, nuestro grupo comparte también el hecho de que se adapte y se desarrolle normativamente la Ley de Seguridad Aérea de 2003, una ley reciente, una buena ley; una ley que recoge ya los avances de seguridad que de la propia Unión Europea han ido emanando. Por tanto, este segundo punto nos parece también especialmente positivo. Finalmente, también consideramos -y hoy mismo el juez estaba diciendo algo en este sentido- que debemos perfeccionar el funcionamiento de la Comisión de investigación de accidentes e incidentes de aviación civil, y que esta se adapte plenamente al espíritu de la Ley de Seguridad Aérea.
Señoras y señores diputados, si hoy, como todo parece indicar, este punto acaba con un acuerdo, este Congreso habrá, como mínimo, subsanado el pésimo ejemplo que ha dado en sesiones anteriores, donde el respeto a la seguridad aérea de nuestros ciudadanos no halló un buen eco en ciertas intervenciones. En este tema Convergència i Unió siempre ha procurado que la Cámara busque los máximos acuerdos para que podamos restablecer los niveles de confianza, basados nunca en la ocultación de la verdad sino en ser capaces de ser exigentes pero de transmitir un mensaje de creciente seguridad y de creciente confianza en el sistema de seguridad aérea español y europeo.
Hemos acabado el examen del orden del día. Comunico al portavoz del Grupo Popular que como está en trámite la redacción de una transaccional a esta última moción, vamos a esperar unos minutos hasta que la misma se encuentre en condiciones de ser pasada a votación, es decir, escrita y firmada por todos los grupos. Será cuestión de dos o tres minutos.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.):
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones. Ruego a los servicios de la Cámara que tengan la bondad de cerrar las puertas.
En primer lugar, votación para convalidar o derogar el Real Decreto-Ley 5/2008, de 3 de octubre, por el que se autoriza a la Administración General del Estado a formalizar un contrato de garantía con el Banco Europeo de Inversiones y se amplía el límite para el otorgamiento de avales fijado en el artículo 54 de la ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008. Se pasa a votación la convalidación o derogación de este real decreto-ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 319.
¿Algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley? (Denegaciones.) Ninguno.
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución de este proyecto de ley. Es esa enmienda de devolución la que pasamos a continuación a votar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 139; en contra, 179; abstenciones, una.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.):
El señor PRESIDENTE: Mociones consecuencia de interpelación. En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Había una enmienda del Grupo Popular que no ha sido aceptada por el grupo proponente. En consecuencia, se pasa a votación la moción en los términos en que ha sido redactada y presentada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 180; en contra, uno; abstenciones, 138.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR PERESTELO), SOBRE LOS PLANES Y ACTUACIONES DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CONECTIVIDAD AÉREA DE CANARIAS, TANTO CON LA PENÍNSULA COMO CON EL EXTERIOR, A LA VISTA DE LA REDUCCIÓN DE LÍNEAS Y FRECUENCIAS PROVOCADA POR LA CRISIS DEL SECTOR. (Número de expediente 173/000028.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los planes y actuaciones del Gobierno para garantizar el mantenimiento y mejora de la conectividad aérea de Canarias, tanto con la Península como con el exterior, a la vista de la reducción de líneas y frecuencias provocada por la crisis del sector. Hay una enmienda transaccional suscrita por cinco grupos parlamentarios, con la aceptación de todos para su tramitación. Por tanto, se pasa a votación la enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 318; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción en los términos antedichos.
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre política de seguridad aérea. En relación con esta moción se ha presentado enmienda transaccional de todos los grupos de la Cámara. En consecuencia,
se pasa a votación la enmienda transaccional presentada.
(Número de expediente 158/000015.)
El señor PRESIDENTE: Punto VII. (Rumores.) Les ruego silencio, por favor, estamos apunto de acabar la sesión. Votación de la propuesta de la Comisión de Igualdad, de creación de una subcomisión para realizar un estudio y elaborar unas conclusiones sobre la aplicación de la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo. A petición de la Junta de Portavoces, esta propuesta de creación de subcomisión se hará mediante votación ordinaria y electrónica.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 176; en contra, 139; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta.
- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LEY INTEGRAL DE MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y, EN SU CASO, PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN. (Número de expediente 158/000006.)
El señor PRESIDENTE: Propuesta de la Comisión de Igualdad para crear una subcomisión para el estudio del funcionamiento de la Ley integral de medidas contra la violencia de género y, en su caso, propuestas de modificación. Se puede aprobar por asentimiento de la Cámara? (Asentimiento.) Se aprueba.