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Timestamp: 2019-05-22 21:19:09
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Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 165', 'artículo 79', 'artículo 7', 'artículo 19', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 105', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 177', 'artículo 7', 'artículo 93', 'artículo 57', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 42', 'artículo 22', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 441', 'artículo 150', 'artículo 250', 'artículo 437', 'artículo 250', 'artículo 444', 'artículo 250', 'artículo 548', 'artículo 1227', 'artículo 13', 'artículo 32', 'artículo 94']

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EL TITULAR REAL Y EL DEPÓSITO DE LAS CUENTAS ANUALES. RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADMINISTRADOR
El Colegio de Registradores, como organización con capacidad y medios, actuando como parte activa en la lucha contra el blanqueo de capitales y siguiendo las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), ha creado un Registro Público de Titulares Reales (RPTR), que en este caso, depende del Colegio de Registradores de España y en concreto del Registro Mercantil.
Estas son algunas de sus características del RPTR:
1. El depósito de Las Cuentas anuales no se practicará si no se ha incorporado la declaración de titularidades reales. Así, la falta de depósito de cuentas impide a la sociedad la inscripción de nuevos actos en el Registro Mercantil, pudiendo suponer la declaración de un concurso de acreedores como culpable, tampoco permite participar en licitaciones públicas, lo que explica que las sociedades que no depositan cuentas generalmente no desarrollen actividades económicas efectivas. En la actualidad, este sistema es el único que viene a resolver las objeciones del GAFI sobre la falta de sanción en caso de no declarar la titularidad real de la sociedad.
2. La constancia del titular real como un apartado de los depósitos de cuentas no supone incremento de costes para las sociedades mercantiles y hace innecesario el otorgamiento de ningún otro documento cuyo coste deba ser satisfecho por las sociedades. La publicidad, que es gratuita para las administraciones públicas, tendría el coste fijado en el arancel para los demás sujetos obligados.
3. El titular real podrá actualizarse en cualquier momento en virtud del documento presentado al efecto por el administrador de la sociedad, y además obligatoriamente se deberá actualizar con la presentación de las cuentas sociales una vez al año.
4. El proyecto BRIS (*) ha supuesto la interconexión de los registros mercantiles europeos, y es a través de esta plataforma, en la que se integra el Registro Mercantil español, por la que se dará la publicidad de los titulares reales a nivel europeo. Además, el punto de conexión que se prevé con los distintos países es el domicilio social lo que hace especialmente valiosa esta base de datos al ser más fácilmente controlables todas las operaciones referidas a una misma sociedad con independencia del lugar en que se realicen.
5. Es Completo: la constancia de la titularidad real en el Registro Mercantil se extiende a todas las sociedades mercantiles y es ajena al documento que haya generado la misma, pues incluye tanto los titulares resultantes de documentos notariales españoles como los que deriven de documentos notariales extranjeros, documentos judiciales, administrativos o privados.
6. El Registro Mercantil es un registro público, lo que permite cumplir con la directiva comunitaria que exige que cualquier persona pueda conocer el titular real de una sociedad, y además la gestión directa de esta publicidad se llevará a través de los registradores mercantiles quienes velarán por hacer cumplir las limitaciones a la publicidad impuestas por las normas.
7. El origen de la información es el depósito de cuentas realizado por el administrador de la sociedad, cuyo cargo es comprobado por el registrador mercantil, y además será responsable dicho administrador, incluso penalmente, en caso de falsedad puesto que podría considerarse falsedad en documento mercantil.
8. Sistema fiable y reglado, con pleno respeto a la legislación de protección de datos: El registrador mercantil como funcionario público, resolverá sobre las peticiones de información presentadas por particulares, pues las administraciones públicas y los sujetos obligados tienen un acceso privilegiado, y contra su decisión cabrá la interposición de recurso.
9. La normativa antiblanqueo comunitaria ha ido exigiendo progresivamente más datos sobre los titulares reales (fecha de nacimiento, residencia, estructuras societarias interpuestas…), sin embargo, estos nuevos requerimientos se añadirán al modelo de cuentas anuales para completar la información en el siguiente ejercicio, a la vez que actualizarla.
(*) Los registradores han comunicado al índice Central Europeo de Interconexión de Registros Mercantiles (BRIS) información de 2.960.203 sociedades.
OBLIGACIÓN DE CONSERVAR LOS DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece en la letra e) del apartado 2 del artículo 29, respecto de los obligados tributarios, la obligación de conservar las facturas, documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias.
Asimismo, la Ley del IVA, en su artículo 165.uno (redacción dada por el artículo 79.once de la Ley 39/2010 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011) establece que las facturas recibidas, los justificantes contables y las copias de las facturas expedidas, deberán conservarse, incluso por medios electrónicos, durante el plazo de prescripción del Impuesto.
Se entiende por justificante contable cualquier documento que sirva de soporte a la anotación contable de la operación cuando quién la realice sea un empresario o profesional no establecido en la Comunidad.
Cuando los documentos se refieran a adquisiciones por las cuales se haya soportado o satisfecho cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuya deducción esté sometida a un período de regularización, deberán conservarse durante el período de regularización correspondiente a dichas cuotas y los cuatro años siguientes.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de facturación, los empresarios y profesionales deben conservar durante el plazo previsto en la Ley General Tributaria, los siguientes documentos:
- Las facturas y documentos sustitutivos recibidos.
- Las copias o matrices de las facturas expedidas y las copias de los documentos sustitutivos expedidos.
- Las facturas originales o los justificantes contables de la operación expedidos por quien realice la entrega de bienes o la prestación de servicios en los supuestos de inversión del sujeto pasivo.
- Los recibos justificativos del reintegro de la compensación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, tanto el original por parte del expedidor, como la copia por el titular de la explotación.
- Los documentos acreditativos del pago del Impuesto a la importación.
La obligación también alcanza a los empresarios o profesionales acogidos a los regímenes especiales del IVA, y a quien sin ser empresario o profesional es sujeto pasivo del impuesto. En este último caso, la obligación alcanza únicamente a los documentos citados en el párrafo c).
Formato de conservación:
La obligación de conservación se refiere a los documentos recibidos en el formato y soporte original en el que hubieran sido remitidas. No obstante los artículos 7 y 8 de la orden EHA/962/2007 admiten las siguientes posibilidades de conversión:
- El destinatario puede proceder a la digitalización certificada de los documentos recibidos en papel que tengan el carácter de originales, siempre que el proceso de digitalización, que puede realizarse por el propio obligado tributario o por un tercero, se haga de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la orden. En todo caso, será necesario utilizar un software de digitalización homologado por el Director del Departamento de Informática Tributaria.
El procedimiento de digitalización certificada también puede utilizarse respecto del resto de los documentos a que se refiere el artículo 19.1 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
(En relación a lo anterior, de acuerdo con lo previsto en la disposición final primera de la Orden EHA/962/2007, se ha dictado la Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre procedimiento para la homologación de software de digitalización -BOE de 1 de noviembre-).
- Cuando los documentos sean remitidos por medios electrónicos y firmados con firma electrónica avanzada, los destinatarios que lo deseen, después de verificar la firma, pueden conservarlos de forma impresa en papel. La conversión de soporte podrán realizarla mediante la correspondiente opción de software que permita la impresión a papel, junto con los contenidos del documento, de dos conjuntos de códigos PDF-417, considerados como dos marcas gráficas de autenticidad, de acuerdo con establecido en el artículo 8 de la orden.
La obligación de conservación se puede cumplir por un tercero, que actuará en nombre y por cuenta del empresario o profesional o sujeto pasivo el cual será el responsable del cumplimiento de la obligación.
Cuando el tercero no esté establecido en la Comunidad Europea, salvo que se encuentre establecido en Canarias, Ceuta o Melilla o en un país con el que exista un instrumento jurídico relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del IVA (en la actualidad, el único país con el que existe un acuerdo de este tipo es Noruega), debe existir autorización por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En este sentido, de acuerdo con la Instrucción 5/2004, de 1 de junio, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se concreta que la concesión de dicha autorización corresponde al Departamento de Gestión Tributaria.
Formas de conservación.
La Ley 37/1992 prevé la posibilidad de que las facturas recibidas, los justificantes contables y las copias de las facturas expedidas, pueden conservarse por medios electrónicos.
Cuando el sujeto pasivo conserve por medios electrónicos las facturas expedidas o recibidas, deberá garantizarse a la Administración tributaria tanto el acceso en línea a las facturas como su carga remota y utilización, con independencia del lugar en que se conserven.
De acuerdo con el Reglamento de facturación, todos los documentos, tanto los recibidos como los expedidos, deben conservarse de forma que se garantice el acceso a ellos por parte de la Administración tributaria sin demora. Esta obligación podrá cumplirse, además de en papel, mediante la utilización de medios electrónicos. En este caso la conservación se debe efectuar de manera que se asegure su legibilidad en el formato original en el que se hayan recibido o remitido de forma que garanticen la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. A estos efectos, la Administración tributaria puede exigir en cualquier momento al remisor o al receptor de los documentos su transformación en lenguaje legible.
Se entenderá por acceso completo el que permita la consulta directa de todos y cada uno de los documentos.
Cuando las facturas o documentos sustitutivos tengan soporte electrónico, el acceso completo debe entenderse como aquél que posibilite una consulta en línea a los datos que permita la visualización de los documentos con todo el detalle de su contenido, la búsqueda selectiva por cualquiera de los datos que deban reflejarse en los libros registro de IVA, la copia o descarga en línea en los formatos originales y la impresión a papel de aquellas facturas y documentos sustitutivos que sean necesarios a los efectos de la verificación o documentación de las actuaciones de control fiscal.
Lugar de conservación.
Por su parte, los artículos 22 y 23 del Reglamento de facturación establecen que el empresario o profesional o el sujeto pasivo obligado a la conservación de las facturas o documentos sustitutivos podrá determinar el lugar de cumplimiento de dicha obligación, a condición de que ponga a disposición de la Administración tributaria y sin demora injustificada, toda la documentación así conservada.
Cuando la obligación de conservación se cumpla mediante la utilización de medios electrónicos, se deberá garantizar a la Administración el acceso en línea a los documentos conservados, así como su carga remota y utilización. Esta obligación es independiente del lugar de conservación.
Cuando la conservación se efectúe fuera de España, dicho extremo debe comunicarse, con carácter previo, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y únicamente se considerará válidamente cumplida la obligación si se realiza mediante el uso de medios electrónicos que garanticen el acceso completo al sistema informático de almacenamiento remoto y sin demora injustificada. Por tanto, no se admite la conservación de documentos en soporte papel fuera del territorio español.
Cuando el lugar seleccionado para la conservación por el propio obligado tributario, o por un tercero que actúe en nombre y por cuenta del obligado tributario sea un tercer país no perteneciente a la Unión Europea o con el cual no exista un instrumento jurídico de asistencia mutua, la conservación de las facturas o documentos sustitutivos en dichos terceros países sólo podrá realizarse cuando lo haga de forma directa el obligado tributario previa comunicación al Departamento de Gestión de la AEAT, o cuando se encomiende a un tercero previa autorización del Director del Departamento de Gestión Tributaria siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 8.4. de la orden ministerial de facturación telemática.
El procedimiento indicado también es aplicable a los supuestos de autorización en relación con la expedición de facturas o documentos sustitutivos por los clientes o por terceros prestadores de servicios de facturación no residentes en España por cuenta de empresarios y profesionales residentes en territorio español.
Este procedimiento sólo podrá instarse por empresarios o profesionales establecidos o residentes en España.
Los documentos de facturación deben conservarse durante el plazo previsto en la Ley General Tributaria.
Cuando las facturas recibidas o expedidas se refieran a adquisiciones por las cuales se hayan soportado cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido cuya deducción esté sometida a un período de regularización, deberán conservarse durante su correspondiente periodo de regularización y los cuatro años siguientes.
Por otra parte, los empresarios o profesionales que realicen operaciones que tengan por objeto oro de inversión, deberán conservar las copias de las facturas correspondientes a dichas operaciones durante un período de cinco años. (art. 140 sexies LIVA).
DIETAS DECLARADAS EXENTAS POR PARTE DEL PAGADOR
El pasado 06 de noviembre de 2018, la vocalía duodécima del TEAC emitió la resolución 03975/2018 por la que se fija Criterio doctrinal, acerca del Recurso de unificación de criterio en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en referencia a la carga de la prueba de la exoneración de tributación de las retribuciones que han sido declaradas por el pagador como dietas exceptuadas de gravamen. En concreto el criterio adoptado trata de determinar si corresponde al pagador o al perceptor de las mismas.
Así el Criterio adoptado es el siguiente:
1. No existe obstáculo normativo que impida a la Administración comprobar al perceptor de retribuciones que han sido declaradas como dietas y asignaciones para gastos de viaje exoneradas de gravamen, en relación con las mismas.
2. Los gastos de locomoción mediante uso de vehículo privado así como los gastos de manutención, deben ser acreditados por el pagador, pues a él le corresponde justificar el día y lugar del desplazamiento que, junto con el motivo o razón de éste, son precisamente los extremos que permiten acreditar que las cantidades (euros por kilómetro o euros por día) establecidas en la norma quedan exoneradas de tributación por obedecer a razones laborales y de desarrollo de su actividad económica. Ello no es obstáculo para que el perceptor pueda aportar voluntariamente la justificación de los mismos si dispusiera de ella.
3. Los gastos de locomoción en caso de haberse utilizado un medio público de transporte, así como los de estancia (con la salvedad de los correspondientes a conductores de vehículos de transporte de mercancías por carretera que no excedan de las cantidades diarias señaladas en la norma), habrán de justificarse, en principio, por el empleado o perceptor de las dietas, al no atribuir la norma la carga de dicha prueba a la entidad pagadora, haber sido satisfechos por él, estando los justificantes expedidos a su nombre, y regir, en definitiva, el criterio general sobre reparto de la carga de la prueba del artículo 105 de la LGT y que atribuye al obligado tributario acreditar aquellos hechos que le favorecen. Lo mismo cabría señalar de los gastos de aparcamiento o peaje en el caso de que se hubiese utilizado un vehículo privado.
4. Si la Administración acreditase que al tiempo del procedimiento de comprobación seguido con el perceptor la relación de éste con el pagador fuera tal que le permitiera el acceso pleno a las pruebas requeridas para justificar la exoneración de gravamen de las cantidades recibidas en concepto de dietas y asignaciones para gastos de viaje, entonces aquélla podría dirigirse exclusivamente al perceptor para recabarlas, sin obligación de requerir al pagador.
EL TRIBUNAL SUPREMO RESUELVE LA EXENCIÓN DE LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD
El pasado 3 de octubre, el Tribunal Supremo, resolvió el recurso interpuesto por la abogacía del Estado, para dilucidar si la prestación de maternidad satisfecha por la Seguridad Social cumple la función de sustituir la retribución normal (que no está exenta en el IRPF) que obtendría la contribuyente por su trabajo habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso, o bien cabía extender a las prestaciones por maternidad de la Seguridad Social la exención que el artículo 7 de la Ley del IRPF sí establece para dichas prestaciones por maternidad cuando proceden de las Comunidades Autónomas o entidades locales.
Dicha Sentencia (1462/2018) considera que “la prestación por maternidad a cargo del INSS puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero letra h del artículo 7 de la Ley del IRPF”, ya que éste dispone textualmente “igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”.
Aduce la Sentencia, que ello emana de la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003, de 30 de Diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que introdujo la mencionada exención en la Ley 40/1998 del IRPF y trasladó al RD Legislativo 3/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del IRPF.
Cabe pues recordar, esa Exposición de Motivos: "En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en primer lugar, se establece la exención de las prestaciones públicas percibidas por nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo, entre las que se incluyen las prestaciones económicas por nacimiento de hijo y por parto múltiple previstas en el Real Decreto Ley 1/2000, de 14 de enero".
Argumenta el Alto Tribunal que: “se desprende que la exención que se establece comprende la prestación de maternidad y no sólo las de nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo, pues se refiere expresamente a la prestación por maternidad y no parece pretender que su alcance se limite a las concedidas por las Comunidades Autónomas o entidades locales, sino que trata de establecer la exención de todas las prestaciones por maternidad, sin distinción del órgano público del que se perciban, lo que conduce a estimar que el párrafo cuarto del artículo 7 letra h de la ley del IRPF trata de extender el alcance del tercer párrafo a las percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales”.
Siguiendo el argumento que en muchas ocasiones esgrime la AEAT, “que las leyes hay que interpretarlas en el propio sentido de las palabras”, el TS efectúa una interpretación gramatical: “Cuando el párrafo cuarto comienza con la palabra “también” estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales”, después de declarar exentas en el párrafo tercero “las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”, parece dar a entender que además de las que corren a cargo de la Seguridad Social, entre las que cabe incardinar las prestaciones por maternidad, están exentas las que por el mismo concepto se reconozcan por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pues en otro caso la partícula “también” sería inútil, y podría dar lugar a entender que el legislador ha querido exclusivamente declarar exentas éstas últimas y excluir las estatales.
Finalmente, resaltamos de la Sentencia que, “del tenor del artículo 177 de la Ley General de la Seguridad Social, “el Supremo recuerda que se consideran situaciones protegidas la maternidad, la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen.”
“En consecuencia (falla el Tribunal) la prestación por maternidad puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero de la letra h del artículo 7 de la LIRPF, y por ello el recurso de casación ha de ser desestimado y establecer como doctrina legal que ‘las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas’.”
¿Qué puede hacer el contribuyente afectado?
Parece lógico abstraer, que tanto madres como padres que en su momento tributaron en el IRPF por estas prestaciones de maternidad, pueden iniciar un procedimiento tributario de rectificación de autoliquidación, relativos a los ejercicios no prescritos, es decir, de 2014 a 2017, por el que se solicitará la correspondiente devolución de ingresos indebidos.
Al tratarse de la declaración del IRPF, para los ejercicios 2016 y 2017 podrá utilizarse la propia plataforma RentaWeb, o bien presentando escrito de devolución de ingresos indebidos. Esto será posible siempre que la Administración no haya practicado liquidación provisional o definitiva por ese motivo y que no haya transcurrido el plazo de cuatro años (a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de las declaraciones, o bien, si la declaración se presentó fuera de ese plazo, desde el día siguiente a la presentación).
AUSENCIA DE IDONEIDAD DEL MÉTODO DE COMPROBACIÓN DE VALORES, BASADO EN LA REFERENCIA A LOS VALORES CATASTRALES
El Tribunal Económico Administrativo Central, ha emitido una importante resolución, de fecha 20 de Septiembre, (núm. Res. 5176/2015), sobre los métodos de comprobación de valores, en particular el “método de estimación por referencia a valores catastrales multiplicados por índices o coeficientes”, para el cálculo de impuestos en los que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo declara que este método NO es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, como es el caso del Impuesto sobre Sucesiones, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo.
Así, como referencia práctica, la STS de 23 de mayo de 2018 (Recurso de Casación Nº1880/2017), en el Fundamento Sexto de la misma, matizaba el contenido interpretativo en los siguientes términos:
“Con arreglo a lo que establece el artículo 93.1 Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa LJCA), procede, en función de todo lo razonado precedentemente, responder a las cuestiones suscitadas en el auto de admisión....A tal efecto la respuesta es la siguiente:
1) El método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes (artículo 57.1.b) L 23 de mayo de2018 (Recurso de Casación Nº 1880/2017) GT ) no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo.
B.- La segunda cuestión se formula así: "determinar si, en caso de no estar conforme, el interesado puede utilizar cualquier medio de prueba admitido en Derecho o resulta obligado a promover una tasación pericial contradictoria para desvirtuar el valor real comprobado por la Administración Tributaria a través del expresado método, habida cuenta de que, es el medio específicamente regulado para cuestionar el valor comprobado por la Administración Tributaria en caso de discrepancia".En armonía con una reiterada y constante jurisprudencia de este Tribunal Supremo, la respuesta a tal pregunta debe ser la siguiente:
3) En el seno del proceso judicial contra el acto de valoración o contra la liquidación derivada de aquél, el interesado puede valerse de cualesquiera medios de prueba admisibles en Derecho, hayan sido o no propuestos o practicados en la obligatoria vía impugnatoria previa. (...)”.
La Sentencia referida y esta resolución del TEAC, nos sirven como referencia en las reclamaciones económico-administrativas, no sólo que interpongamos a futuro, sino también a las que aún no están resueltas por los TEAR y TSJ´s.
Además como reitera el propio TEAC, “anulado el acto administrativo por la existencia de vicios formales generadores de indefensión, como es el caso, el órgano económico-administrativo carece de competencia para pronunciarse sobre las cuestiones de fondo planteadas por el recurrente”.
DEDUCCION DEL IVA EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TURISMOS UTILIZADOS POR LOS REPRESENTANTES O AGENTES COMERCIALES
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, en Sentencia del 19 Julio 2018, 1347/2018, Rec. 4069/2017, aborda diversas cuestiones sobre la deducción de IVA en la compra de vehículos turismos utilizados por representantes o agentes comerciales
Aunque la deducibilidad del IVA soportado, en ocasión de adquisición de vehículos es una cuestión que parecía haber quedado resuelta tras las sentencias de 5 febrero, 17 de abril y 21 de mayo de 2018, en esta nueva sentencia el alto Tribunal va más allá y al hilo de una regularización en el IVA, en la que se redujo al 50% la deducción por las cuotas soportadas en el arrendamiento financiero de vehículos, aclara el alcance de la presunción de la afectación de los vehículos al desarrollo de la actividad de los representantes o agentes comerciales.
A priori, la letra e) del último párrafo de la regla 2ª del artículo 95, tres, de la LIVA parece contemplar el derecho a la deducción de las cuotas soportadas, relacionadas con vehículos turismos, en atención al grado efectivo de afectación del bien a la actividad empresarial o profesional del interesado, pero dejando a cargo del contribuyente la carga de probar un porcentaje mayor al del 50% de afectación, y siendo de cargo de la Administración Tributaria probar que procede una menor deducción.
Alegada la contradicción de la norma española con la Directiva de IVA, no entiende el Supremo que se dé tal contradicción, al contrario, la Ley del IVA reconoce expresamente el derecho a la deducción sin limitación derivada del grado de afectación del vehículo a la actividad empresarial, y entiende correcta únicamente la deducción que responda al grado efectivo de utilización del bien en el desarrollo de la actividad empresarial, presumiendo, salvo prueba en contrario, un porcentaje de afectación que puede ser, en la práctica, superior o inferior al presunto, desplazando sobre la parte que pretende incrementarlo o reducirlo la carga de acreditar un diferente grado de afectación, lo que lleva a la afirmación de que pueden las legislaciones nacionales establecer que el derecho a deducir el IVA de los bienes de inversión se corresponda porcentualmente con el grado de afectación de ese bien a la actividad empresarial.
Sobre estas bases, no acierta la Sentencia recurrida, al considerar que la Directiva no autoriza a los Estados miembros a limitar la deducción de las cuotas de IVA relativo a los vehículos automóviles al grado efectivo de utilización del bien a la actividad, introduciendo un nuevo matiz el Tribunal Supremo en la resolución de las pretensiones deducidas en el proceso. La errónea oposición de la Sala a la posibilidad de aceptar en los vehículos una afectación a la actividad empresarial del cien por cien consistió en reiterar, a estos efectos, la tesis seguida por la Administración Tributaria, en el acto de liquidación, basada en que la referencia a representantes o agentes comerciales en la letra e) incluida en el último párrafo de la regla 2ª del artículo 95.tres de la LIVA venía referida a "profesionales que desarrollan esa actividad, y no a empleados de la propia empresa". El Tribunal Supremo no acoge esa única oposición de la Administración demandada, al no compartir la interpretación que preconiza para la letra e) incluida en el último párrafo de la regla 2ª del artículo 95.tres de la LIVA , y declara la nulidad de la sentencia impugnada ya que presumiéndose la afectación del 100% en los desplazamientos que conllevan las actividades comerciales y de representación por entender que los mismos tienen un carácter permanente, no fue ajustado a Derecho reducir al 50% la deducción aplicable.
LA NUEVA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR AL TITULAR REAL EN LAS EMPRESAS
La Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, aprobó los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.
La principal novedad en la información que se debe presentar en el Registro Mercantil está motivada por la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y se centran en un nuevo formulario en el que debe manifestarse la llamada “identificación del titular real de la sociedad”.
1. ¿EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA OBLIGACIÓN MERCANTIL Y QUIENES DEBEN CUMPLIRLA?
A continuación sintetizamos en qué consiste esta nueva obligación mercantil:
¿Quiénes están sujetos a la obligación de identificar al titular real?
Todas las personas jurídicas domiciliadas en España que depositan cuentas exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado en virtud del artículo 3.6 a) i) de la directiva y el artículo 9.4 de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, tienen la obligación de identificar a las personas físicas que son titulares reales de acciones o participaciones de las mismas.
¿Quiénes tienen la cualidad de “titular real”?
La persona física o personas físicas que cumplen con los requisitos establecidos en la Directiva y en la legislación española. En general, se entiende por titular real a la “persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica”. Si el control es indirecto por medio de una persona jurídica deberá indicarse la identidad de esta. En su caso se tendrá en cuenta el artículo 42 del Código de Comercio y el artículo 22, apartados 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Le recomendamos leer la información más completa sobre la declaración de titular real de la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo (versión 3) accediendo a las Preguntas frecuentes sobre la “declaración de titular real” publicadas recientemente en la web de Registradores.org.
2. POLÉMICA ACTUAL EN TORNO A ESTA NUEVA OBLIGACIÓN MERCANTIL
El Consejo General del Notariado y la patronal Cepyme interpusieron un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la antes citada orden que aprobó los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de las empresas. Solicitaron a la Audiencia Nacional medidas cautelares para impedir la obligación fijada por Justicia, a partir de junio.
Cepyme y los notarios entienden que tal obligación entraña un “serio atentado al derecho a la intimidad de los pequeños y medianos empresarios”. A su juicio, el “gravísimo impacto” que la orden puede tener sobre el derecho a la intimidad de los cientos de miles de españoles que son titulares de alguna acción o participación societaria o que han constituido una pyme para desarrollar su actividad económica, y los “gratuitos riesgos” a los que se les somete, aconsejan la suspensión de su eficacia hasta que el proceso haya sido definitivamente fallado.
Las organizaciones, que recuerdan que en España hay 1.291.317 pymes, han solicitado, como medida cautelar, la inmediata suspensión de dicha orden en lo relativo a la inscripción del titular real en el Registro Mercantil, dado que la inmensa mayoría de sociedades mercantiles de España aprobaron sus cuentas antes del 31 de mayo, y que durante el mes de junio habrán realizado su depósito en el citado registro.
Una vez realizado este depósito, todas las titularidades reales (las personas físicas propietarias) de los casi 3,5 millones de sociedades mercantiles existentes en España, incluyendo las sociedades familiares, se encontrarán “plenamente accesibles a cualquier persona o por qué no delincuente”, que solo tendrá que solicitar una sencilla certificación al Registro Mercantil.
En este sentido, señalan que no ha sido consultado al respecto el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).
Por otra parte, la directiva comunitaria sobre Prevención del Blanqueo de Capitales también obliga a los estados miembros a una serie de adaptaciones en su normativa en la materia.
Finalmente, cabe hacer la siguiente reflexión: el cumplimiento de este deber de información ¿no conlleva el levantamiento del velo social?
EL TRIBUNAL SUPREMO ESTABLECE UNA DOCTRINA ACERCA DE LA VALIDEZ DEL MÉTODO DE ESTIMACIÓN POR REFERENCIA AL VALOR CATASTRAL
1. ESTIMACIÓN POR REFERENCIA A LOS VALORES DE REGISTRO OFICIALES DE CARACTER FISCAL.
El pasado día 23 de mayo, el Tribunal Supremo dictó varias sentencias, a favor del con las que establece doctrina sobre la comprobación del valor real de inmuebles, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados mediante la aplicación de coeficientes sobre el Valor Catastral:
Tribunal Supremo, Sentencia 841/2018 de 23 May. 2018, Rec. 666/2017
Tribunal Supremo, Sentencia 842/2018 de 23 May. 2018, Rec. 1880/2017
Tribunal Supremo, Sentencia 843/2018 de 23 May. 2018, Rec. 4202/2017
Antes de analizar el criterio del Alto Supremo cabe recordar los siguientes conceptos tributarios:
Uno de los medios de comprobación de valores establecidos en la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria (LGT) es el establecido en su artículo 57.1.b): la estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. Este medio puede consistir en la aplicación de los coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración Tributaria competente, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el Registro Oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo de bienes.
Este método permite la accesibilidad por parte del contribuyente, y la automatización de su utilización y la fácil motivación por parte de la Administración. Como sabemos, su mayor desventaja reside en su generalidad y dificultad a la hora de recoger las posibles singularidades de los inmuebles.
2. SÍNTESIS DE LA SENTENCIA TS 843/2018, DE 23 DE MAYO 2018-06-21: COMPROBAR EL VALOR REAL DE INMUEBLES MULTIPLICANDO EL VALOR CATASTRAL POR COEFICIENTES NO ES VÁLIDO
En el caso de la sentencia objeto de la presente nota, una persona física, mediante escritura pública de compraventa, adquiere una vivienda y sus anejos, por lo que liquida ITP y AJD. La Administración efectúa una comprobación de valores, utilizando el método de estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal (LGT art.57.1.b). Como consecuencia, se incrementa el valor declarado.
Desconforme el contribuyente, acude al TEAR Castilla-La Mancha, que anula la liquidación impugnada, basándose fundamentalmente en el hecho de que la Administración no hace una comprobación real del valor del inmueble.
La Administración de Castilla-La Mancha interpone recurso de casación, en torno principalmente a las siguientes cuestiones:
1. Determinar si la aplicación del método de comprobación escogido por la Administración, permite a la Administración invertir la carga de la prueba, y obliga al interesado a probar que el valor comprobado no se corresponde con el valor real.
El Tribunal, en su contestación establece que el método de comprobación elegido no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto, salvo que se complemente con una actividad comprobadora sobre el inmueble singular.
2. Determinar si el interesado puede utilizar cualquier medio de prueba admitido en derecho, o está obligado a instar la tasación pericial contradictoria.
Para oponerse a la valoración llevada a cabo por la Administración, puede valerse de cualquier medio de prueba admitido en derecho, situación que se extiende al seno del procedimiento judicial, hayan sido o no propuestos o practicados en la vía impugnatoria previa. Por todo lo anterior, el Tribunal entiende que no da lugar al recurso de casación y confirma la sentencia impugnada.
Nota: la sentencia incluye un voto particular de uno de los magistrados que, a pesar de compartir el fallo de desestimar el caso concreto, defiende el uso general del método de valoración en cuestión, siempre que el contribuyente tenga la posibilidad de presentar los datos concretos del bien inmueble objeto de comprobación.
El Tribunal Supremo considera que el método de estimación del valor real de los inmuebles por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal (artículo 57.1.b) LGT), no es idóneo ni adecuado, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto, salvo que se complemente con una comprobación directa por parte de la Administración del inmueble concreto sometido a valoración.
Además, razona que la aplicación de ese método no dota a la Administración de una presunción reforzada de veracidad, y que su aplicación para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la Administración motive por qué considera que se deber rectificar, sin que sirva solamente la mera discordancia con los valores o coeficientes publicados.
Por último, interpreta que NO es el contribuyente el que tiene que probar que el valor que figura en la autoliquidación coincide con el valor real, sino que es la Administración la que debe de acreditar que no coincide.
ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE “DESAHUCIO EXPRESS”
El pasado 12 de junio de 2018, se publicó en el BOE, la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. Esta norma, conocida como la ley de desahucio exprés, fue aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso en el mes de abril, cuya entrada en vigor, se produjo pasado 2 de julio.
Su principal objetivo es acelerar el desalojo de los grupos organizados que "okupan" viviendas de forma ilegal.
Fuentes del sector inmobiliario, calculan que en España hay entre 85.000 y 90.000 viviendas "okupadas". Sólo en Barcelona y Madrid se estiman que esta situación arroja unos costes de 21 millones de euros anuales.
Además, ninguno de los cauces legales actualmente previstos en la vía civil, para procurar el desalojo de la ocupación por la fuerza de inmuebles, resulta plenamente satisfactorio y, en todo caso, se demora temporalmente de forma extraordinaria, con los consiguientes perjuicios de los legítimos poseedores de la vivienda, en muchos casos también con una difícil situación económica, personal o familiar.
La ocupación ilegal, esto es, la ocupación no consentida ni tolerada, no es título de acceso a la posesión de una vivienda ni encuentra amparo alguno en el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna. Los poderes públicos, eso sí, deben promover las condiciones necesarias y establecer.
En el nuevo apartado 1 bis del artículo 441, en previsión de que el ocupante ilegal se encontrara en situación de vulnerabilidad social, se regula la obligación de trasladar a los servicios públicos competentes comunicación sobre la situación del mismo por si procediera su actuación, siempre que otorgara consentimiento.
Asimismo, se generaliza la regulación de esta comunicación incorporando un nuevo apartado 4 al artículo 150, en todos aquellos procedimientos en los que la correspondiente resolución señale el lanzamiento de una vivienda de quienes la ocupen, sea cual sea la causa por la que se encontraran en dicha situación, para dar conocimiento a los servicios públicos competentes en materia de política social, por si procediera su actuación, buscando así una rápida respuesta de los poderes públicos cuando se detecten situaciones de especial vulnerabilidad.
Se modifica el numeral 4.º del apartado 1 del artículo 250, de forma que, las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute. Podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.
Se añade un nuevo apartado 3 bis al artículo 437, regulando frente a quien se pude interponer la demanda, así, Cuando se solicitase en la demanda la recuperación de la posesión de una vivienda o parte de ella a la que se refiere el párrafo segundo del numeral 4.º del apartado 1 del artículo 250, aquélla podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificación. A la demanda se deberá acompañar el título en que el actor funde su derecho a poseer.
Finalmente, en cuanto a la resolución de la demanda, se añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 444, con la siguiente redacción: "Tratándose de un caso de recuperación de la posesión de una vivienda a que se refiere el párrafo segundo del numeral 4. º del apartado 1 del artículo 250, si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia. La oposición del demandado podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor. La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548.
Esta reforma se tornaba necesaria para dar una respuesta eficaz y más eficiente a la problemática de la "okupación" organizada o no, pues se acortan los plazos para hacer efectiva la recuperación de la vivienda, y se evitando tener que recurrir a la vía penal, que de facto era la otra alternativa en estos casos.
Conviene recalcar, que el objetivo de la ley es agilizar el desahucio a través de la vía civil, si bien no está disponible para cualquier propietario, pues únicamente podrán beneficiarse de esta solución de desahucio exprés los particulares, las entidades sin ánimo de lucro y las Administraciones Públicas que sean dueñas logísticas de los inmuebles okupados.
Quedan por tanto, fuera de la normativa, tanto las entidades financieras, como otros grandes tenedores de viviendas: fondos de inversión, socimis, sareb, etc.
Los propietarios particulares, podrán dirigir las demandas presentadas contra los ocupantes del inmueble, y en caso de desconocer su identificación, sin perjuicio de que las mismas puedan entregarse a quien se encuentre en la vivienda okupada al tiempo en que se practiquen las notificaciones.
El plazo dependerá de si el demandante ha solicitado la inmediata entrega de la posesión, pues en este caso, el Juzgado dictará decreto requiriendo a los okupas para que en el plazo de 5 días aporten el título que justifique su posesión, y de no hacerlo dictará auto ordenando la inmediata entrega contra el que no cabrá recurso alguno. La sentencia podrá ejecutarse sin necesidad de que transcurra el plazo de 20 días de espera previsto para la ejecución de resoluciones de condena.
En el caso de que los "okupantes" se opusiesen la demanda, la misma únicamente podrá fundarse en la existencia del título de posesión por parte del ocupante para poseer o en la falta de título por parte del demandante.
UNIFICACIÓN DE DOCTRINA EN RELACIÓN CON LA DEDUCCIÓN DE CANTIDAD DE LA MASA HEREDITARIA
Te informamos que el Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 45/2018, de 17 de enero de 2018, recurso 3283/2016 ha resuelto un recurso de casación para la unificación de doctrina indicando la posibilidad de que en las transmisiones mortis causa, a efectos de la determinación del valor neto patrimonial, puedan deducirse con carácter general las deudas que dejare contraídas el causante de la sucesión, y exige que su existencia se acredite por documento público o por documento privado que reúna los requisitos del artículo 1227 CC o que se justifique de otro modo la existencia de aquélla.
Antes de comentar la sentencia, recordemos que para obtener el valor neto de la adquisición individual de cada causahabiente, del valor real de los bienes y derechos también se deducen las deudas dejadas por el fallecido que minoren el neto patrimonial. Debe tratarse de deudas del causante impagadas por éste, ya que, de haber pagado, el pago habría supuesto su extinción, y pagadas por los causahabientes, albaceas o administradores, siempre que se trate de (artículo 13 de la LISD, Ley 29/1987 de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; y artículo 32 del RISD, Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento del ISD) :
- deudas del fallecido reconocidas en sentencia firme;
- deudas cuya existencia se acredite por documento público o por documento privado o cualquier otro medio de prueba. La Administración puede exigir, no obstante, que se ratifique la existencia de la deuda en documento público por los herederos, con la comparecencia del acreedor;
- tributos y deudas a la Seguridad Social adeudados por el causante.
La deuda no es deducible si está contraída a favor de los herederos, legatarios de parte alícuota y cónyuges, ascendientes, descendientes o hermanos de aquellos, aunque renuncien a la herencia, salvo cuando se acredite la existencia de la deuda por sentencia judicial firme.
El parentesco se entiende por consanguinidad (TEAC 13-10-04).
Respecto de las deudas del fallecido que, reuniendo las condiciones para ser deducibles, se pongan de manifiesto después de satisfecho el ISD, la deducción se hace efectiva a través de la devolución de la parte de impuesto satisfecha que haya correspondido a la deuda no deducida, pero deducible.
Dicha deducción se ajusta a las siguientes reglas (artículo 94 del RISD):
1) Se devuelve, sin intereses de demora, la parte del impuesto que corresponda a la deuda no deducida (diferencia entre la cantidad ingresada y la que se debería haber ingresado de haberse tenido en cuenta esta deducción).
2) La deducción deben solicitarla los interesados por escrito, acompañado de los documentos acreditativos de la existencia de la deuda.
3) La oficina liquidadora resuelve concediendo la devolución o denegándola, con expresión de los posibles recursos.
4) No procede la devolución si han transcurrido más de cinco años desde la expiración del plazo de presentación de la liquidación o cuando se trate de liquidaciones administrativas firmes de carácter definitivo.
2. SÍNTESIS DE LA STS. DETERMINACIÓN DEL VALOR NETO PATRIMONIAL DE LA MASA HEREDITARIA
Tras el fallecimiento de su esposo, la viuda y sus tres hijos presentan autoliquidación en concepto de ISD deduciendo del caudal hereditario una cantidad en concepto de préstamo realizado en su día al causante por su cuñada.
La Administración gira liquidación provisional en la que no acepta, a los efectos de determinar el valor neto patrimonial de la masa hereditaria, la reducción aplicada, al no considerar acreditada que la cantidad obedeciera a una deuda contraída por el causante.
Ese criterio fue confirmado, primero por el TEAR, y después por el TSJ de Aragón, quien sostiene además que de los justificantes aportados no puede obtenerse certeza sobre la causa de las transferencias. O no queda identificado el concepto por el que se realizan las transferencias, o del que se hace constar, no es posible deducir que derive de un pacto de préstamo entre la ordenante y los beneficiarios.
Entiende el Tribunal, que no solo debe acreditarse la existencia de deuda sino también su realidad. Esta no puede derivar del mero reconocimiento de su existencia por los herederos, sino de que la misma tenga una causa cierta. Y en base de la prueba aportada por la parte, afirma que:
- los justificantes aportados de las transferencias realizadas al finado, no se desprende que la causa de aquellas fuera dicho préstamo;
- la causa de las trasferencias solo aparece en un documento público de reconocimiento de deuda, realizado, sospechosamente, más de dos años después de que tuvieran lugar los flujos patrimoniales, y simultáneamente a la aceptación de la herencia;
- a pesar del elevado importe de las transferencias, no existe ningún documento de formalización del préstamo invocado, ni se ha presentado la correspondiente autoliquidación por el ITP;
- la cantidad de mayor importe ha sido abonada por una sociedad, cuando la deuda en la escritura de manifestación y adjudicación de herencia intestada se adjudica a los hermanos.
Los actores, no conformes, interponen recurso de casación para la unificación de doctrina ante TS al entender que la resolución impugnada contradice la doctrina establecida en la sentencia TS 15-11-13 e infringe el derecho a la tutela judicial efectiva al realizar un examen irracional de la prueba.
En su fallo el TS sostiene que no puede prosperar el recurso al no concurrir las identidades necesarias. Además, establece que:
1) La valoración de la prueba efectuada por el TSJ de Aragón, no puede calificarse de arbitraria, ilógica, irracional, y, por tanto, vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva.
2) La sentencia impugnada y la de contraste no enjuician los mismos hechos exactamente.
Concluyendo que no existe, como sostiene la parte, una contradicción de doctrinas, sino una diversa valoración de los hechos, que ni siquiera pueden considerarse idénticos. Por lo tanto, entiende que no ha lugar al recurso de casación para la unificación de la doctrina.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. DEUDAS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES EN EL ISD
Como hemos visto, a la hora de liquidar el ISD sobre una herencia, se puede reducir la base de éste con las deudas que tuviese el fallecido. Para probar que dicha deuda existe puede exhibirse un documento público o privado, o cualquier otro elemento de prueba admitido por la ley (por ejemplo, una factura). Eso sí, la Administración, para asegurarse de que la deuda es real, puede exigir a los herederos que la reconozcan en documento público, con comparecencia del acreedor.
Por su parte, la ley prohíbe expresamente la deducción de las deudas cuando el acreedor sea el propio heredero, o lo sea el cónyuge, los ascendientes, descendientes o hermanos de éste. La prohibición es taxativa, por lo que parece que no admite prueba en contrario. Pero si el valor del préstamo entregado al difunto estaba en el patrimonio de éste en el momento del fallecimiento, podrá defenderse la no inclusión de dicho importe en la base de la herencia, ya que el impuesto sólo grava el valor neto de la adquisición realizada.
Un ejemplo sería el de un heredero que había prestado dinero al causante pocos días antes del fallecimiento, y en el momento de la muerte este dinero todavía estaba en la cuenta corriente del fallecido. En este caso cabe defender que esa parte del saldo no debe incluirse en la herencia. Aunque Hacienda discutirá esta interpretación, los tribunales podrían aceptarla, ya que, de no hacerlo, Hacienda estaría recaudando el impuesto sobre unos bienes que, realmente, el heredero no ha recibido.
En las herencias, cabe deducir las deudas que el causante tuviese al fallecer, aunque figuren en un documento privado.