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Timestamp: 2018-03-24 11:43:21
Document Index: 373246095

Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 149', 'artículo 10', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 53', 'artículo 45', 'artículo 10', 'artículo 45', 'artículo 9', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 53', 'artículo 9', 'artículo 45', 'in fine', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 128', 'Artículo 14']

NO ENVIAN COPIA DE RESOLUCIONES A LOS AGENTES – Página 3 – Foro de Agentes Forestales
10 julio, 2012 a las 3:40 pm #24629
EL SINDICATO SGTEX, CON FECHA 3 DE MAYO DE 2012, HA PEDIDO INFORMACIÓN A CERCA DE LAS DENUNCIAS EFECTUADAS POR LOS AGENTES DE MEDIO NATURAL EN EXTREMADURA, EN EN PARTICULAR LAS EFECUTADAS EN BASE A LA LEY DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 8/1998.
TODO ELLO, CONFORME A LA LEY DE ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL. LA MOTIVACIÓN ES MULTIPLE Y VARIADA:
* COMPROMISO CON UN TRABAJO PROFESIONAL POR PARTE DE LOS AGENTES, COMO CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE ESTE COLECTIVO.
* ESCRUPULOSO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL Y DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
* ACLARAR LAS SOSPECHAS, MÁS QUE FUNDADAS, DE UNA TRÁMITACIÓN PRESUNTAMENTE IRREGULAR.
Según la susodicha Ley 9/2006, el plazo de respuesta es de 1 mes. NI QUE DECIR TIENE QUE PASADOS 2 MESES, NO HA SIDO CONTESTADO ESTE ESCRITO. Seguiremos informando….
11 julio, 2012 a las 2:51 pm #24859
Con fecha 11 julio de 2012, sindicato SGTEX solicita esta información ahora, no a responsables de medio ambiente, sino a Secretaría General.
Parece ser que es intención de este sindicato, llegar hasta las últimas consecuencias.
Esperamos acontecimientos…..
12 julio, 2012 a las 11:16 am #24864
Sería bueno que por parte del resto de sindicatos también se solicitase esta información.
Y que se obligue a que los agentes, como dice el Reglamento, cada tres meses manden relación de su denuncias para que estas consten en una base de datos, que ya quisimos algunos hacerlo, mas nos dijeron que, hasta que no se piediese por parte de la Dirección, no teníamos que hacerlo… y esperando estamos.
6 agosto, 2012 a las 2:36 pm #24871
From: Plataforma contra la contaminación de Almendralejo
sanción simbólica a la fábrica de grasas Campo Verde
La Junta de Extremadura impone una sanción simbólica a la fábrica
de grasas Campo Verde
Tan solo 1000 € por infringir una ley diseñada para proteger a
Hace algo más de un año la Plataforma se interesó por los
trastornos que una nueva industria estaba ocasionando en la ciudad de Almendralejo.
Se trataba de una fábrica de tratamiento de grasas animales,
Agropecuaria Campo Verde S. L., que entre otras molestias, producía intensos olores desagradables. La primera información que obtuvieron fue que la industria no contaba con la perceptiva autorización ambiental, como suele ser costumbre, por desgracia, en nuestro entorno.
Y como también suele ser costumbre, las autoridades encargadas de
velar por el cumplimiento de la ley, empezaron a actuar tras la
denuncia de los ciudadanos. Así pues, los técnicos de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, visitaron las instalaciones de Campo Verde en diferentes ocasiones, constatando que la industria no contaba con la correspondiente autorización ambiental (ni presumiblemente con la licencia de actividad que otorga el Ayuntamiento), y que las instalaciones carecían de los medios necesarios para minimizar el impacto (los olores por ejemplo) en su entorno. Concluyendo, que los ciudadanos nos podíamos haber evitado las molestias sufridas si la empresa por un lado, y la administración por otro, hubiesen hecho bien su trabajo.
Tras un largo año, la Consejería mencionada concluye que la
industria Agropecuaria Campo Verde S. L. ha infringido la Ley de Prevención y Calidad Ambiental, y le impone una multa de 1000 €, la cuantía mínima establecida por la misma ley (resolución remitida por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, y recibida por la Plataforma el 1 de agosto). Para la Plataforma esta sanción es insuficiente. Con sanciones así, que resulta más barato pagar una infracción que no cometerla, y en un mundo empeñado en que creamos que el mercado lo es todo, no es extraño que lo normal sea infringir la ley, como se ha comentado más arriba, pues económicamente es más rentable.
Además, la Plataforma considera que no se ha tenido en cuenta el art. 154.2 de la LEY 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que establece:
“Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por la comisión de la infracción, la sanción será aumentada, como mínimo, hasta el doble del importe en que se haya beneficiado el
Resulta llamativo observar como la administración impone sanciones
mucho más cuantiosas en caso de infracciones urbanísticas. La Ley de Urbanismo está para protegernos a todos, al igual que la Ley de
Calidad Ambiental, para eso fueron diseñadas y aprobadas. ¿Por qué entonces priman los intereses de unos cuantos, casi siempre camuflados tras losmpuestos de trabajo, por encima de la calidad de vida de todos?
Página web: http://perso.wanadoo.es/plataforma_cc/ [1]
E-mail: almendralejosincontaminacion@yahoo.es [2]
17 octubre, 2012 a las 3:16 pm #25035
Por lo que se ve esta semana el sindicato SGTEX tiene previsto registrar escrito ante la FISCALIA DE MEDIO AMBIENTE, los temas que demandan son:
– La no tramitación adecuada de las denuncias, especialmente se hace notar las tramitadas por la Ley Conservación de la Naturaleza.
– El impedir el acceso público a la información ambiental tal como se recoge en la LEY 27/2006. Se ha solicitado en 2 ocasiones información y no se ha contestado en el plazo indicado
El Sindicato SGTEX, con fecha 3 DE MAYO DE 2012, ha pedido información a cerca de las denuncias efectuadas por los Agentes de Medio Natural en Extremadura, en particular las efectuadas por en base a la LEY DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 8/1998.
Con fecha 11 JULIO de 2012, sindicato SGTEX solicita esta información ahora, no a responsables de medio ambiente, sino a Secretaría General Consejería Agricultura y Medio AMbiente
23 octubre, 2012 a las 6:13 am #25782
Al parecer el Servicio de Conservación de la Naturaleza (Junta Extremadura) es que el menos esta por la labor. Cuando debería ser al contrario, dado que gestiona las joyas de la corona: águilas imperiales (también conocidas como albihombros), buitres negros o cigüeñas negra; o espacios protegidos como Monfragüe o Sierra de San Pedro.
En este momento de la cuestión, NO SON ACEPTABLES MEDIANÍAS O EQUIDISTANCIAS, los señores técnicos de ese Servicio y otros puestos de estructura intermedios, como FUNCIONARIOS O PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO que son, deben estar por que SE APLIQUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
Sería conveniente que se posicionarán claramente (mediante manifiesto, escrito o cualquier otra formula), otra cosa no sería entendida por la mayoría de los Agentes de Medio Natural, que con menores retribuciones económicas están demostrando un mayor grado de compromiso tanto en el cumplimiento de la ley, como en la salvaguarda de la naturaleza extremeña.
24 octubre, 2012 a las 8:29 am #25807
He aquí el escrito sindicato SGTEX, que YA HA SIDO REGISTRADO ANTE LA FISCALIA [file name=Tramites_denuncias_agentes_ante_Fiscalia_SGTEX.doc size=117760]http://www.agentesforestales.net/media/kunena/attachments/legacy/files/Tramites_denuncias_agentes_ante_Fiscalia_SGTEX.doc[/file]
25 octubre, 2012 a las 5:11 pm #25847
Primero alabar la constancia de algunos agentes y sindicatos (o sindicato, en singular) para que un asunto tan trascendental como es el de que se cumpla la Ley, se lleve hasta el final si es preciso.
Segundo preguntar, inocentemente quizás, ¿por qué tanto recelo de este gobierno extremeño, como del anterior, en ocultar las resoluciones a las denuncias administrativas tramitadas por los agentes? Si todo se hace bajo la legalidad ¿qué razón tiene el encubrirlo? O es que no es así.
Tercero ¿por qué confiamos en el poder judicial más que en nuestra propia Administración? ¿uno es más serio que el otro? ¿o más legal? ¿o menos político?
Esto que se está produciendo en cuanto a las resoluciones de nuestras denuncias, o la remisión de las mismas a los agentes del medio natural, parece ser que, por lo que me cuentan los compañeros del SEPRONA, no sucede con las que ellos tramitan por vía administrativa. ¿Nos están ninguneando entonces, al pertenecer a la casa y ser más fácilmente… controlables? ¿nos están utilizando, por lo tanto, para otros fines partidistas distintos a los del cumplimiento riguroso de la legislación vigente? Y pregunto más puerilmente incluso ¿cuáles?
Quien calla (u oculta) otorga.
28 noviembre, 2012 a las 6:48 am #25853
http://es.groups.yahoo.com/group/ecoextremadura/message/2578
TA ESTA EN LA RED LA NOTICIA
9 diciembre, 2012 a las 5:23 pm #8918
Puede que interese a más personal, a parte de agentes de Extremadura.
9 diciembre, 2012 a las 5:34 pm #26279
“La Protección del Medio Ambiente desde la perspectiva del Derecho Administrativo Sancionador”
1.1 Marco Constitucional y Estatutario del Medio Ambiente.
1.2 Concepto jurídico y constitucional de medio ambiente.
1.3 La configuración del contenido del derecho constitucional al medio ambiente.
1.4 La obligación constitucional de conservar el medio ambiente como contenido del Estado Social: principio rector de la política social y económica.
1.5 La sanción ante la vulneración del medio ambiente.
2.- LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE INTERVENCIÓN EN LA ACTIVIDAD PRIVADA. ASPECTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS.
3.- DECRETO 269/2005, DE 27 DE DICIEMBRE. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS AGENTES DEL MEDIO NATURAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.
3.2 Agentes de la Autoridad.
4.- LA INSPECCIÓN AMBIENTAL.
4.1 Funciones y objetivos.
4.2 El Estatuto del personal inspector.
4.3 Potestades.
4.3.1 Potestades en general.
4.3.2 Facultad de acceso a los lugares sujetos a la función inspectora.
4.3.3 Facultad de obtención de la información.
5.- DISCIPLINA AMBIENTAL. TÍTULO VII DE LA LEY 5/2010, DE 23 DE JUNIO, DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.
5.2 Infracciones y sanciones en materia de autorizaciones y comunicación ambiental.
5.3 Infracciones y sanciones en materia de residuos y suelos contaminados.
5.4 Infracciones y sanciones en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos.
5.5 Aspectos comunes.
6.- CUADRO DE DISPOSICIONES LEGALES.
Como dato previo en esta parte de la exposición, considero conveniente e ilustrativo tener presente la literalidad del artículo 45 de la Constitución Española de 1978, que es la siguiente:
•	1) Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
•	2) Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
•	3) Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
Por su parte, el artículo 149.1.23 de la Constitución Española otorga competencia exclusiva al Estado en materia de legislación básica y a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía, competencia para establecer normas adicionales de protección en materia ambiental. Así, la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, por la que se aprobó la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, determina en su artículo 10.1.2 que, en el marco de la legislación básica del Estado y en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura el desarrollo normativo y ejecución en materia de: medio ambiente; regulación y protección de la flora, la fauna y la biodiversidad; prevención y corrección de la generación de residuos y vertidos y de la contaminación acústica, atmosférica, lumínica, del suelo y del subsuelo; regulación del abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas; montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
La primera idea que subyace es que los mandatos contenidos en el artículo 45 CE, vinculan a todos los Poderes Públicos, con independencia de su ámbito territorial y competencial. Los principios ambientales que proclama la Constitución se hacen efectivos a través de la acción de todos ellos, en función de las normas del bloque de la constitucionalidad que distribuyen competencias ambientales. El resultado de la actividad del Estado y de las Comunidades Autónomas ha de ser la realización de los principios constitucionales ambientales, y del Derecho reconocido en el primer apartado del mencionado precepto. En el plano legislativo estamos ante una materia compartida entre Estado y Comunidades Autónomas, a las que se suma las competencias, en algunos casos muy importantes, de los Ayuntamientos.
Cuestión importante es fijar el concepto jurídico de medio ambiente. El profesor GIANNINI delimitó el concepto jurídico de medio ambiente catalogándolo en tres posibles versiones:
a) en cuanto conservación del paisaje, incluyendo tanto las bellezas naturales como los centros históricos.
b) el medio ambiente en cuanto normativa relacionada con la defensa del suelo, del aire y del agua.
c) el ambiente en cuanto objeto de disciplina urbanística.
La Sentencia 102/1995, de 26 de junio, del Tribunal Constitucional, en su Fundamento Jurídico Sexto, pone el acento sobre la relación compleja existente entre todos los factores ambientales: el medio “no puede reducirse a la mera suma o yuxtaposición de los recursos naturales y su base física sino un entramado complejo de las relaciones entre todos esos elementos…”. Para el TC, la dinamicidad del concepto de medio ambiente se conjuga con su carácter antropocéntrico: “… esencialmente antropocéntrico y relativo. No hay ni puede haber una idea abstracta, intemporal y utópica de medio ambiente fuera del tiempo y del espacio. Es siempre una concepción perteneciente al hoy y operante” (FJ 4º de STC 102/1995). Por tanto, nuestro Alto Tribunal sostiene un concepto dinámico de medio ambiente, es decir, como entorno vital conformado más que por los elementos considerados aisladamente, por las relaciones entre los distintos factores y elementos ambientales.
El profesor DELGADO PIQUERAS ha sostenido que el derecho al medio ambiente no debe ser entendido como el derecho a disfrutar de un ambiente ideal, sino como el derecho a que éste sea preservado, protegido del deterioro y, en su caso, mejorado en el momento y lugar concreto en que se manifieste una situación de degradación efectiva o potencial.
Asimismo, considera que el deber del legislador no consiste en redundar una proclamación general que ya sanciona la Constitución ni tampoco en establecer una definición universalmente válida del Derecho, sino en extender y hacer realidad su verificación en los distintos sectores del ordenamiento que le afectan. Ésta es, según DELGADO PIQUERAS, la tarea que el constituyente encomienda al legislador: decidir progresivamente en los distintos ámbitos y realidades de conflicto ambiental cuál debe ser el alcance de ese derecho, conjugándolo y armonizándolo con el resto de bienes, valores, principios y Derechos igualmente reconocidos en la Constitución.
•	La primera razón es la que nos ofrece la interpretación literal: si el artículo 45 de la CE utiliza la expresión derecho, lo que se reconoce es un derecho.
•	En segundo término, cabe una construcción expansiva ex artículo 10.2 CE : el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la O.N.U reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado, y el artículo 12 reconoce el derecho de toda persona al mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y el medio ambiente.
•	En tercer lugar, el artículo 53.3 de la Constitución es base indiscutible para defender la naturaleza de verdadero derecho subjetivo del derecho consagrado en el art. 45 CE.
Nuestra Constitución de 1978 es un buen ejemplo de toda esta problemática. El artículo 45 CE, que consagra un derecho subjetivo al medio ambiente adecuado, está ubicado sistemáticamente en el Capítulo III del Título I. En rigor, no es un derecho, sino un principio rector de la política económica y social. Estos principios suponen mandatos al legislador y al resto de los Poderes Públicos para que orienten su actividad en la senda que marcan estos principios. Se puede concluir que el reconocimiento de un derecho a disfrutar del medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, al margen de su formulación literal y de su problemático valor como derecho subjetivo típico, es, según el autor, incuestionablemente un principio, y como tal se proyecta sobre todo el orden jurídico.
La referencia más clara al derecho en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la encontramos en la STC 102/1995, según la cual “el aseguramiento de la solidaridad colectiva que haga posible el ejercicio del derecho a disfrutar del medio y el correlativo deber de conservarlo, legitiman la atribución al Estado de competencias ambientales (FJ 8º)”. En esta misma sentencia, en su Fundamento Jurídico 7º, el Tribunal Constitucional brinda un importante apoyo a la consideración como fundamental del derecho proclamado en el art. 45.1 CE, al entender que como emanación de la dignidad de la persona (artículo 10.1 CE) cada cual tiene el derecho inalienable a habitar en su entorno de acuerdo con sus características culturales.
La doctrina encuentra conexión entre el artículo 45.1 CE y la cláusula de igualdad sustancial del artículo 9.2 CE, entendiendo que la promoción de la igualdad material exige como elemento fundamental un medio ambiente adecuado. Por tanto, el deber ambiental reclama un reparto de cargas: concentrar las actividades contaminantes en los lugares más desfavorecidos supone una suerte de «exportación» interior de la insalubridad ambiental y una muestra de insolidaridad contraria a lo proclamado en el artículo 45.1 CE.
En 1978, la constitucionalización del medio ambiente se realiza en nuestra Carta Magna en una doble vertiente: reconociendo un derecho subjetivo y proclamando unos principios ambientales. En efecto, el artículo 45.2 CE encarga a los poderes públicos «velar por la utilización racional de los recursos naturales» y «defender y restaurar el medio ambiente». Estos principios han de estar vinculados a los fines que el propio precepto establece: «proteger y mejorar la calidad de vida» y ser un «medio adecuado para el desarrollo de la persona».
En cuanto a la eficacia normativa de los principios ambientales, la primera idea que hay dejar clara es que, como todos los preceptos del Capítulo III del Título I, la eficacia normativa de los principios que contienen el artículo 45 CE (ubicado en ese Capítulo) depende de lo dispuesto en el artículo 53.3 CE, que regula la eficacia normativa. Textualmente dice este precepto que «El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo Tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen».
Hay que recordar una cuestión importante respecto a los Principios Constitucionales del Capítulo III, del Título I. Éstos operan como mandatos al legislador y en consecuencia son normas de cobertura constitucional: al asignar obligaciones a los poderes públicos, vinculan su discrecionalidad al modelo de transformación que impone la Constitución (artículo 9.2 CE y Capítulo III del Título I). Esta función de cobertura es, en materia ambiental, bastante clara pues la realización de los objetivos constitucionales ambientales supone importantes sacrificios de otros intereses jurídicos.
Importante es el tema de la integración del medio ambiente en el «constitucionalismo de lo concreto», es decir, la preocupación de los textos constitucionales por las condiciones de vida del ser humano. Esto es el Constitucionalismo social, que se preocupa de lo concreto, de las condiciones de vida del ser humano, lo que supone un acercamiento de las Constituciones al ser humano, al ciudadano. En este sentido hay que entender la inclusión de lo ambiental en las Constituciones.
Nuestro artículo 45 de la Constitución Española, al tiempo que consagra el derecho a «disfrutar del medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona», en el propio primer apartado, “in fine”, recoge el «deber de conservarlo». Este deber se refuerza con la posible imposición de sanciones penales y administrativas y con la obligación de reparar el daño causado (artículo 45.3 CE).
La regulación constitucional del deber de conservación refuerza la limitación sobre la libre disposición de los recursos naturales que entraña el reconocimiento del derecho ambiental y la inclusión de principios constitucionales en la materia. La estructura de este deber ambiental es la propia de un deber constitucional, puesto que no corresponde con el Derecho sino que es impuesto objetivamente por la Constitución y desarrollado por otras normas de nuestro ordenamiento.
9 diciembre, 2012 a las 5:40 pm #26280
La actividad administrativa de control, constituye una potestad que afecta a las actividades de los particulares, y tiene su soporte jurídico en las leyes sectoriales que regulan los diversos ámbitos de la actividad de los ciudadanos y de las empresas. Es en ese campo, donde cabe perfilar el concepto de intervencionismo administrativo que las Leyes imponen a las actividades industriales contaminantes. Este intervencionismo consiste, pues, en una reducción de las posibilidades de libre actuación particular causada por el poder público, y estas limitaciones solo pueden venir a través de la Ley, instrumento que permite regular las posibilidades de actuación lícitas en el ámbito de la libre iniciativa particular constitucionalmente garantizada.
Situándonos más concretamente en el ámbito del medio ambiente, nuestra Constitución reconoce la defensa, protección y restauración del medio ambiente como un título de intervención de los poderes públicos, en cuanto declara que, para el logro de esa protección, “los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva” (artículo 45.2 CE). La intervención pública en los derechos y la actividad de los particulares en esta materia encuentra también respaldo constitucional en el artículo 128, en el que se señala que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” y, por tanto, al interés general de preservación del medio ambiente y de sus recursos naturales.
Ciñéndonos a las actividades administrativas de limitación de derechos y de imposición de deberes, es decir, aquellas que se engloban tradicionalmente en el concepto de policía administrativa , de lo que se trata, es de encauzar una actividad privada a los fines de interés público, utilizando técnicas que permiten compatibilizar los derechos de los ciudadanos con los derechos e intereses públicos.
Un principio fundamental en este aspecto es el de reserva de ley . Las medidas de limitación o de policía sólo serán posibles en la medida en que cuenten con una habilitación legal previa. En virtud del citado principio, sólo por Ley formal pueden adoptarse regulaciones que entrañen restricciones a la libertad o la propiedad de los ciudadanos. Una vez que la Ley habilite a la Administración, la actuación administrativa de limitación puede ser previa al ejercicio de las actividades de los particulares (mediante el otorgamiento de autorizaciones, licencias, registros, etc.), simultánea o concurrente con las mismas (actividad de inspección, instrucciones, órdenes de hacer o no hacer), o bien, puede consistir en una actuación posterior (de coacción o de sanción) frente a los incumplimientos e infracciones administrativas.
La Autorización es la técnica, por tanto, que mejor permite el control preventivo por la Administración de las actividades situadas en la esfera de la iniciativa privada, por cuanto con ella se condiciona el ejercicio de la actividad a la comprobación previa de su adecuación al ordenamiento jurídico y a la valoración del interés público afectado. De ahí que esta técnica sea de uso habitual en el ámbito del Derecho Ambiental, para permitir a la Administración controlar, caso por caso, las actividades potencialmente lesivas para el Medio Ambiente.
Frente a la concepción clásica de la autorización entendida como mero acto reglado de comprobación de la concurrencia de los requisitos legales para el legítimo ejercicio de un derecho preexistente (por ejemplo, el ejercicio del Derecho edificatorio a través de las Licencias Urbanísticas), en el ámbito de las actividades que afecten al Medio Ambiente (las actividades clasificadas, el control del impacto ambiental, la gestión de residuos o los vertidos al dominio público hidráulico o marítimo, etc.), la autorización se configura como un acto administrativo con amplia discrecionalidad técnica y con intensas potestades de limitación y control por parte de la Administración.
La singularidad que manifiesta este tipo de autorizaciones ha llevado a la mayoría de la doctrina a catalogarlas como una forma especial de la técnica, denominada como autorización operativa, de funcionamiento o de tracto continuado, y caracterizada porque no se limita a realizar un control preventivo de la sujeción de la actividad a unos límites determinados, sino que, además, como ha señalado GARCÍA DE ENTERRÍA Y TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ, encauza y orienta positivamente la actividad de su titular en la dirección marcada por los planes o normas aplicables.
Con este criterio, sobre la base de la autorización otorgada, cuando se trate de una actividad que se prolonga en el tiempo, se establece una relación duradera entre la Administración Pública autorizante y el particular autorizado, lo que permitirá una intervención pública sostenida en el tiempo, de tal manera que el órgano administrativo competente ha de comprobar, en todo momento, el cumplimiento de las condiciones ambientales impuestas y su adecuación a las circunstancias concurrentes, pudiendo modificarlas (“potestad del ius variandi”) cuando así lo exijan circunstancias sobrevenidas y ostentando la potestad incluso de suspender o revocar la autorización por incumplimiento de las condiciones impuestas.
9 diciembre, 2012 a las 6:39 pm #26281
Sobre el papel, en la teoría, está quizás todo escrito en esto de la preservación del medio ambiente, en la obligación de la Administración Pública a preservarlo ya sea con concesiones, autorizaciones… Y sancionarlo si llegase el caso de que no se cumpliese dicha normativa.
Pero el mismo ser que hizo la Ley, a la hora de aplicarla, es decir, de que la teoría se transforme en la práctica, de que la potencia se transforme en acto, encuentra siempre recursos suficientes para eludir sus obligaciones. Incluso con la dejadez de sus funciones amparado por la dejadez a la vez de las funciones de control que otros tienen que ejercer sobre ellos. Imperan las “disciplinas de partido” y el “guardarse mutuamente las espaldas”. Aquéllas siempre están encaminada a preservar por encima del bien y del mal al propio partido, sea del color que sea, y lo otro tiende también a lo anterior, de forma que no se derrumbe nunca “la torre de naipes”. Aunque sea haciendo caso omiso al marco constitutivo básico tan mencionado como es el art. 45.3 CE.
¿Cómo si no se entiende que no se paralicen definitivamente ciertas autorizaciones? (Valdecañas por ejemplo, construcciones en ENP de Orellana por poner otro caso, o en Sierra de Fuentes en su día), ¿Que no se apliquen en la mayoría de los casos la medida de multas coercitivas hasta volver a su origen lo degradado o evitar que se siga degradando? (en más de 25 años de profesional, sólo he conocido un caso), y, finalmente, ¿Cómo entonces, volviendo a ser redundante sobre el tema principal de este post, no se conozcan las resoluciones de muchas denuncias que, aunque sean grano, de él se hacen montañas?
Insisto, creo que tenemos ya todo escrito en referencia a la protección del medio ambiente, lo que hace falta es ponerlo definitivamente en la práctica, pero mientras que los valores políticos priven más que los… medioambientales…
12 diciembre, 2012 a las 4:32 pm #26282
Establece el Decreto 269/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Agentes del Medio Natural de la Comunidad Autónoma de Extremadura:
“ Artículo 14. Agentes de la Autoridad.
1. EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, los Agentes del Medio Natural de la Comunidad Autónoma de Extremadura ostentan la consideración de Agentes de la Autoridad, reconocida por la normativa vigente para el Cuerpo y Especialidad de procedencia, por lo cual, las actas de inspección y las denuncias que formulen los Agentes en el ejercicio de sus funciones dan fe y gozan de presunción de veracidad respecto de los hechos reflejados en las mismas, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO.
2. Si un Agente se viera impedido o imposibilitado para desarrollar sus cometidos con el fin de prevenir la comisión de infracciones, podrá requerir el auxilio de la autoridad judicial o gubernativa.
3. Cuando un Agente se vea incurso en un proceso judicial, en virtud de actos u omisiones en el desempeño de su cargo en los que haya seguido las disposiciones legales vigentes en la materia o haya cumplido una orden de autoridad competente, tendrá derecho a ser asistido por un letrado de la Junta de Extremadura.
4. En el cumplimiento de sus funciones, constituye un derecho y un deber de los Agentes del Medio Natural el acceso a cualquier terreno rural con los medios disponibles en el momento, teniendo en cuenta el Protocolo de Actuación dictado por la Dirección General de Medio Ambiente, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.
5. En situaciones de emergencia, y sin perjuicio de las compensaciones a que dieran lugar por la realización de trabajos fuera de la jornada normal, los Agentes del Medio Natural podrán ser requeridos para prestar el servicio correspondiente.
Si fuese el Agente el primero en conocer la emergencia, deberá tomar por sí mismo las medidas pertinentes para atender la situación creada, dando cuenta a sus superiores con la mayor brevedad posible.
Se entenderá por situación de emergencia aquella en la que, por la gravedad de los hechos, existan indicios de peligro para las personas y los bienes.
6. Trimestralmente, los Agentes deberán remitir una relación de todas las denuncias formuladas en dicho período al Jefe de la Unidad Administrativa”.
El precepto acabado de exponer, en lo tocante a los contenidos que a continuación se dirán, trae origen de la Disposición Adicional Décima de la Ley 8/1998, de 23 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura, que establece:
“1. La vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen será desempeñada por los Agentes del Medio Natural de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio de las competencias que, en materia de vigilancia, correspondan a la Guardia Civil y demás personal al servicio del Estado.
3. Para el ejercicio de sus funciones propias referidas a la vigilancia del cumplimiento de esta Ley y de la restante normativa ambiental aplicable, y en virtud de su consideración como Agentes de la Autoridad, los Agentes del Medio Natural podrán tener acceso al interior de los terrenos rústicos, estén o no cercados”.
4 octubre, 2013 a las 3:26 pm #26311
Los agentes de medio natural de la comarca forestal de La Siberia, me comentan, han formulado queja formal sobre la INADECUADA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DENUNCIAS EN MATERIA DE CAZA.
Al parecer, todos los agentes han firmado dicho escrito, salvo algún DEDOCRATA (vamos los puestos a dedo), esperan estos compañeros que sea atendida su reclamación, por otra parte más que justa.
La zona de la Reserva de Caza del Cíjara, es una de las zonas más importantes de caza de Extremadura y de España, es de esperar una pronta rectificación de quien corresponda.