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Timestamp: 2017-05-29 19:48:56
Document Index: 164348345

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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO DE LA MASACRE DE LAS DOS ERRES VS. GUATEMALA - PDF
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Amparo Aguilar Olivera
1 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO DE LA MASACRE DE LAS DOS ERRES VS. GUATEMALA SENTENCIA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas) En el Caso de la Masacre de Las Dos Erres, La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte, la Corte Interamericana o el Tribunal ), integrada por los siguientes jueces: Cecilia Medina Quiroga, Presidenta; Diego García-Sayán, Vicepresidente; Sergio García Ramírez, Juez; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Margarette May Macaulay, Jueza; Rhadys Abreu Blondet, Jueza; y Ramón Cadena Rámila, Juez ad hoc; presentes además, Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta; de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención o la Convención Americana ) y con los artículos 30, 32, 38, 59, 60 y 61 del Reglamento de la Corte (en adelante el Reglamento ), dicta la presente Sentencia. I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 1. El 30 de julio de 2008, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Por razones de fuerza mayor, el Juez Leonardo A. Franco no participó en la deliberación y firma de la presente Sentencia. Asimismo, el Secretario de la Corte Pablo Saavedra Alessandri por razones de fuerza mayor no estuvo presente en la decisión del caso. Conforme a lo dispuesto en el artículo 72.2 del Reglamento de la Corte Interamericana que entró en vigor el 24 de marzo de 2009, [l]os casos en curso se continuarán tramitando conforme a este Reglamento, con la excepción de aquellos casos en que se haya convocado a audiencia al momento de entrada en vigor del presente Reglamento, los cuales seguirán tramitándose conforme a las disposiciones del Reglamento anterior. De ese modo, el Reglamento de la Corte mencionado en la presente Sentencia corresponde al instrumento aprobado por el Tribunal en su XLIX Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 a 25 de noviembre de 2000 y reformado parcialmente por la Corte en su LXXXII Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 19 a 31 de enero de 2009.2 2 (en adelante la Comisión o la Comisión Interamericana ) sometió ante la Corte una demanda contra la República de Guatemala (en adelante el Estado o Guatemala ). La petición inicial fue presentada por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante CEJIL ) 1 ante la Comisión el 13 de septiembre de El 1 de abril de 2000 el Estado y los representantes de las presuntas víctimas (en adelante los representantes ) pactaron un acuerdo en el marco de una solución amistosa 3, mediante la cual el Estado reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a reparar a las presuntas víctimas. Sin embargo, el 20 de febrero de 2006 los representantes manifestaron su voluntad de apartarse del acuerdo de solución amistosa, por lo que se prosiguió con el trámite ante la Comisión 4. El 14 de marzo de 2008 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 22/08, en los términos del artículo 50 de la Convención 5. El informe recomendó al Estado que, entre otros, realizara una investigación especial, rigurosa, imparcial y efectiva que juzgara y sancionara a los responsables, así como que removiera todos los obstáculos de hecho y de derecho que mantenían el caso en la impunidad. Este informe fue notificado al Estado el 30 de abril de Después de considerar que Guatemala no había adoptado sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó a los señores Víctor Abramovich, Comisionado y Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, como Delegados, y a la señora Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y al señor Juan Pablo Albán Alencastro y a la señora Isabel Madariaga como asesores legales. 1 El 26 de marzo de 1999 la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala se incorporó al procedimiento ante la Comisión como co-peticionaria. 2 Los representantes denunciaron las presuntas violaciones de los derechos contenidos en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 19 (Derechos del Niño) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, todos en relación con el artículo1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del mismo tratado. Posteriormente, el 26 de agosto de 1997 los peticionarios presentaron un escrito mediante el cual solicitaron a la Comisión que declarara al Estado responsable de las violaciones a los derechos contenidos en los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad), 17 (Protección a la Familia), 19 (Derechos del Niño), 21 (Derecho a la Propiedad Privada), 22 (Derecho de Circulación y de Residencia), 25 (Protección Judicial) y 29 (Normas de Interpretación) de la Convención, en concordancia con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese instrumento. 3 En el acuerdo suscrito el 1 de abril de 2000 en el marco de la solución amistosa, entre el Estado y los representantes, el Estado dejó plasmado su reconocimiento de responsabilidad internacional en los siguientes términos: El Gobierno de Guatemala reconoce la responsabilidad institucional del Estado por los hechos ocurridos entre el 6 y 8 de diciembre de 1982 en el Parcelamiento Las Dos Erres, Aldea Las Cruces, ubicado en el municipio de la Libertad, Departamento [de] Petén [ ], donde miembros del Ejército de Guatemala masacraron aproximadamente a 300 personas, pobladores del Parcelamiento, hombres, niños, ancianos y mujeres. El Gobierno de Guatemala reconoce también la responsabilidad institucional del Estado guatemalteco por el retardo de la justicia para investigar los hechos relativos a la masacre, identificar a los responsables materiales e intelectuales de los mismos y aplicar las sanciones correspondientes [ ] Guatemala acepta su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos denunciadas por los peticionarios en la comunicación enviada a la Comisión de fecha 13 de septiembre de 1996, a saber, violación del derecho a reconocimiento de la personalidad jurídica, del derecho a la vida, a la integridad, a la libertad personal, violación de la protección a la familia y los derechos del niño, violación del derecho a la propiedad privada, a las garantías judiciales, a la protección judicial y violación del deber de investigar, sancionar y reparar. 4 El procedimiento de solución amistosa no se concretó con el informe del artículo 49 de la Convención. 5 En el informe de Admisibilidad y Fondo No. 22/08 la Comisión concluyó que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales), 17 (Protección a la Familia), 19 (Derechos del Niño), 21 (Derecho a la Propiedad Privada) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho instrumento, por los hechos ocurridos en el Parcelamiento de Las Dos Erres, los días 6, 7, 8 y 9 de diciembre de 1982 y la posterior denegación de justicia.3 3 2. La demanda se relaciona con la supuesta falta de debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la masacre de 251 habitantes del Parcelamiento de Las Dos Erres, la Libertad, Departamento de Petén, ocurrida entre los días 6 a 8 de diciembre de Dicha masacre fue ejecutada por miembros del grupo especializado de las fuerzas armadas de Guatemala denominados kaibiles 6. Entre los habitantes del Parcelamiento se encontraban niños, mujeres y hombres. Las personas ejecutadas, habrían sufrido previamente golpes y maltratos, así como muchas mujeres habrían sido violadas y golpeadas hasta el punto de sufrir abortos. Adicionalmente, en el contexto de la masacre uno de los Kaibiles que participó en ella, sustrajo a un niño sobreviviente, se lo llevó a su casa, y lo registró con sus apellidos. Recién en 1994 se iniciaron las investigaciones sobre dicha masacre, en el marco de las cuales se realizaron algunas diligencias de exhumación. Sin embargo, el supuesto uso indiscriminado y permisivo de recursos judiciales, el retardo injustificado por parte de las autoridades judiciales y la falta de una investigación exhaustiva, juzgamiento, y sanción de los responsables está pendiente hasta el día de hoy. 3. La Comisión solicitó a la Corte que declarara que el Estado es responsable por la violación de los artículos 25 (Protección Judicial) y 8 (Garantías Judiciales) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del mismo instrumento, en perjuicio de dos sobrevivientes de la masacre 7 y 153 familiares 8 de las personas que fallecieron durante la misma. Asimismo, la 6 De acuerdo a lo señalado en el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala: Memoria del Silencio (en adelante CEH, Guatemala: Memoria del Silencio ), Guatemala: Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, 1999; los kaibiles eran una fuerza especial contrainsurgente del Ejército de Guatemala, los cuales en diversos operativos ponían en práctica la extrema crueldad de sus métodos de entrenamiento. (Anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 30, f ). 7 Salomé Armando Gómez Hernández y Ramiro Antonio Osorio Cristales. Este último fue obligado a llevar el nombre Ramiro Fernando López García, y es llamado de esa manera en la demanda. Sin embargo, en el año 2002 recobró su verdadero nombre biológico, el cual será utilizado por la Corte en esta Sentencia. 8 A saber: 1) Baldomero Pineda Batres, 2) Catalina Arana Pineda de Ruano, 3) Francisca Morales Contreras, 4) Tomasa Galicia González, 5) Inocencio González, 6) Santos Nicolás Montepeque Galicia, 7) Pedro Antonio Montepeque, 8) Enriqueta González G. de Martínez, 9) Inés Otilio Jiménez Pernillo, 10) Mayron Jiménez Castillo, 11) Eugenia Jiménez Pineda, 12) Concepción de María Pernillo J., 13) Encarnación Pérez Agustín, 14) María Ester Contreras, 15) Marcelina Cardona Juárez, 16) Victoria Hércules Rivas, 17) Margarito Corrales Grijalva, 18) Laura García Godoy, 19) Luis Armando Romero Gracia, 20) Edgar Geovani Romero García, 21) Edwin Saúl Romero García, 22) Aura Anabella Romero García, 23) Elvia Luz Granados Rodríguez, 24) Catalino González, 25) María Esperanza Arreaga, 26) Felipa de Jesús Medrano Pérez, 27) Felipe Medrana García, 28) Juan José Arévalo Valle, 29) Noé Arévalo Valle, 30) Cora María Arévalo Valle, 31) Lea Arévalo Valle, 32) Luis Saúl Arevalo Valle, 33) Gladis Esperanza Arevalo Valle, 34) Felicita Lima Ayala, 35) Cristina Alfaro Mejia, 36) Dionisio Campos Rodríguez, 37) Elena López, 38) Petronila López Méndez, 39) Timotea Alicia Pérez López, 40) Vitalina López Pérez, 41) Sara Pérez López, 42) María Luisa Pérez López, 43) David Pérez López, 44) Manuela Hernández, 45) Blanca Dina Elisabeth Mayen Ramírez, 46) Rafael Barrientos Mazariegos, 47) Toribia Ruano Castillo, 48) Eleuterio López Méndez, 49) Marcelino Deras Tejada, 50) Amalia Elena Girón, 51) Aura Leticia Juárez Hernández, 52) Israel Portillo Pérez, 53) María Otilia González Aguilar, 54) Sonia Elisabeth Salazar Gonzáles, 55) Glendi Marleni Salazar Gonzáles, 56) Brenda Azucena Salazar González, 57) Susana Gonzáles Menéndez, 58) Benigno de Jesús Ramírez González, 59) María Dolores Romero Ramírez, 60) Encarnación García Castillo, 61) Baudilia Hernández García, 62) Susana Linarez, 63) Andrés Rivas, 64) Darío Ruano Linares, 65) Edgar Ruano Linares, 66) Otilia Ruano Linares, 67) Yolanda Ruano Linares, 68) Arturo Ruano Linares, 69) Saturnino García Pineda, 70) Juan de Dios Cabrera Ruano, 71) Luciana Cabrera Galeano, 72) Hilaria Castillo García, 73) Amílcar Salazar Castillo, 74) Marco Tulio Salazar Castillo, 75) Gloria Marina Salazar Castillo, 76) María Vicenta Moran Solís,77) María Luisa Corado, 78) Hilario López Jiménez, 79) Guillermina Ruano Barahona, 80) Rosalina Castañeda Lima, 81) Teodoro Jiménez Pernillo, 82) Luz Flores, 83) Ladislao Jiménez Pernillo, 84) Catalina Jiménez Castillo, 85) Enma Carmelina Jiménez Castillo, 86) Álvaro Hugo Jiménez Castillo, 87) Rigoberto Vidal Jiménez Castillo, 88) Albertina Pineda Cermeño, 89) Etelvina Cermeño Castillo, 90) Sofía Cermeño Castillo, 91) Marta Lidia Jiménez Castillo, 92) Valeria García, 93) Cipriano Morales Pérez, 94) Antonio Morales Miguel, 95) Nicolasa Pérez Méndez, 96) Jorge Granados Cardona, 97) Santos Osorio Ligue, 98) Gengli Marisol Martínez Villatoro, 99) Amner Rivai Martínez Villatoro, 100) Celso Martínez Villatoro, 101) Rudy Leonel Martínez Villatoro, 102) Sandra Patricia Martínez Villatoro, 103) Yuli Judith Martínez Villatoro de López, 104) María Luisa Villatoro Izara, 105) Olegario Rodríguez Tepec, 106) Teresa4 4 Comisión solicitó al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de varias medidas de reparación no pecuniarias, así como el pago de las costas y gastos del presente caso que se hayan originado y se originen ante la Corte Interamericana. 4. El 12 de noviembre de 2008 los representantes, CEJIL y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (en adelante FAMDEGUA ), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante escrito de solicitudes y argumentos ). Además de lo indicado por la Comisión, los representantes sostuvieron, inter alia, que el Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en: a) los artículos 8 y 25 (Garantías Judiciales y Protección Judicial) de la Convención, en relación con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de ese tratado, en perjuicio de las víctimas de la masacre 9 y sus familiares, por: i) el supuesto retardo injustificado en la investigación de los hechos, y ii) la presunta falta de imparcialidad del tribunal que resolvió uno de los amparos; b) los artículos 8 y 25 (Garantías Judiciales y Protección Judicial) de la Convención, en relación con el incumplimiento del artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante CIPST o Convención Interamericana contra la Tortura ), en perjuicio de las víctimas de la masacre y sus familiares y el artículo 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante Convención de Belem Do Pará), en perjuicio de las víctimas mujeres, por la supuesta falta de una investigación seria y exhaustiva de todos los hechos y responsables de la masacre; c) los artículos 8 y 25 (Garantías Judiciales y Protección Judicial) de la Convención, en relación con el incumplimiento del artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado, en perjuicio de las víctimas de la masacre y sus familiares, por: i) haber obstaculizado las investigaciones, y ii) no haber ejecutado las órdenes de captura dictadas contra algunos de los presuntos partícipes en los hechos; d) los artículos 8, 25 y 13 (Garantías Judiciales, Protección Judicial y Libertad de Pensamiento y Expresión) de la Convención, en concordancia con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado, en perjuicio de los familiares porque a la fecha desconocen la verdad de lo ocurrido a sus seres queridos y la identidad de los responsables; e) el artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado, en perjuicio de las Juárez, 107) Lucrecia Ramos Yanes de Guevara, 108) Eliseo Guevara Yanes, 109) Amparo Pineda Linares de Arreaga, 110) María Sabrina Alonzo P. de Arreaga,111) Francisco Arreaga Alonzo, 112) Eladio Arreaga Alonzo, 113) María Menegilda Marroquín Miranda, 114) Oscar Adelso Antonio Jiménez, 115) Ever Ismael Antonio Coto, 116) Héctor Coto, 117) Rogelia Natalia Ortega Ruano, 118) Ángel Cermeño Pineda, 119) Felicita Herenia Romero Ramírez, 120) Esperanza Cermeño Arana, 121) Abelina Flores, 122) Albina Jiménez Flores, 123) Mercedez Jiménez Flores, 124) Transito Jiménez Flores, 125) Celedonia Jiménez Flores, 126) Venancio Jiménez Flores, 127) José Luís Cristales Escobar, 128) Reyna Montepeque, 129) Miguel Angel Cristales, 130) Felipa de Jesús Díaz de Hernández, 131) Rosa Erminda Hernández Díaz, 132) Vilma Hernández Díaz de Osorio, 133) Félix Hernández Díaz, 134) Desiderio Aquino Ruano, 135) Leonarda Saso Hernández, 136) Paula Antonia Falla Saso, 137) Dominga Falla Saso, 138) Agustina Falla Saso, 139) María Juliana Hernández Moran, 140) Raul de Jesús Gómez Hernández, 141) María Ofelia Gómez Hernández, 142) Sandra Ofelia Gómez Hernández, 143) José Ramiro Gómez Hernández, 144) Bernardina Gómez Linarez, 145) Telma Guadalupe Aldana Canan, 146) Mirna Elizabeth Aldana Canan, 147) Rosa Elvira Mayen Ramírez, 148) Augusto Mayen Ramírez, 149) Rodrigo Mayen Ramírez, 150) Onivia García Castillo, 151) Saturnino Romero Ramírez, 152) Ana Margarita Rosales Rodas, y 153) Berta Alicia Cermeño Arana. 9 De lo señalado por los representantes se desprende que se trata de aquellas personas que fallecieron durante los hechos de la masacre.5 5 víctimas de la masacre, respecto de la supuesta inadecuada investigación de su ejecución; f) el artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese instrumento, en perjuicio de las víctimas de la masacre, respecto de la presunta falta de investigación de los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes de los que supuestamente fueron objeto; g) el artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese instrumento, en perjuicio de los familiares de las víctimas de la masacre por el sufrimiento causado a raíz de la supuesta impunidad en que se han mantenido los hechos, y h) el artículo 19 (Derechos del Niño) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado, en perjuicio de los dos sobrevivientes de la Masacre, así como la violación de los artículos 17 (Protección a la Familia) y 18 (Derecho al Nombre) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho instrumento, respecto de uno de los sobrevivientes. 5. Finalmente, los representantes solicitaron al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de varias medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias, así como el pago de las costas y gastos del presente caso incurridos tanto a nivel nacional como internacional a partir del mes de abril del año Aclararon que CEJIL y FAMDEGUA representan a 59 presuntas víctimas, incluyendo a uno de los sobrevivientes, por lo que la Comisión representa a 96 presuntas víctimas El 20 de enero de 2009 el Estado presentó su escrito de excepción preliminar, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante contestación de la demanda ). Señaló que manif[estaba] su aceptación parcial a los hechos denunciados por la [ ] Comisión [y las violaciones] alegadas en los artículos 8 y 25 de la [Convención,] en relación con el deber consagrado en el artículo 1.1 [de la misma]. No obstante, interpuso una excepción preliminar relacionada con la supuesta incompetencia ratione temporis de 10 Las 96 presuntas víctimas que no otorgaron poder de representación a CEJIL ni a FAMDEGUA son: 1) Tomasa Galicia González, 2) Inés Otilio Jiménez Pernillo, 3) Encarnación Pérez Agustín, 4) Edwin Saúl Romero García, 5) Elvia Luz Granados Rodríguez, 6) Juan José Arévalo Valle, 7) Noe Arévalo Valle, 8) Cora María Arévalo Valle, 9) Lea Arévalo Valle, 10) Luis Saúl Arévalo Valle, 11) Gladis Esperanza Arévalo Valle, 12) Felicita Lima Ayala, 13) Dionisio Campos Rodríguez, 14) Elena López, 15) Sara Pérez López, 16) David Pérez López, 17) Manuela Hernández, 18) Blanca Dina Elizabeth Mayen Ramírez, 19) Rafael Barrientos Mazariegos, 20) Toribia Ruano Castillo, 21) Eleuterio López Méndez, 22) Marcelino Deras Tejadas, 23) Amalia Elena Girón, 24) Aura Leticia Juárez Hernández, 25) Israel Portillo Pérez, 26) Glendi Marlini Salazar González, 27) Brenda Azucena Salazar González, 28) Susana González Menéndez, 29) Benigno de Jesús Ramírez González, 30) María Dolores Romero Ramírez, 31) Encarnación García Castillo, 32) Baudilia Hernández García, 33) Susana Linarez, 34) Andrés Rivas, 35) Edgar Ruano Linarez, 36) Arturo Ruano Linares, 37) Saturnino García Pineda, 38) Juan de Dios Cabrera Ruano, 39) Luciana Cabrera Galeano, 40) Hilaria Castillo García, 41) Marco Tulio Salazar Castillo, 42) Gloria Marina Salazar Castillo, 43) María Vicente Moran Solís, 44) María Luisa Corado, 45) Rosalina Castañeda Lima, 46) Teodoro Jiménez Pernillo, 47) Ladislao Jiménez Pernillo, 48) Catalina Jiménez Castillo, 49 Enma Carmelina Jiménez Castillo, 50) Álvaro Hugo Jiménez Castillo, 51) Rigoberto Vidal Jiménez Castillo, 52) Etelvina Cermeño Castillo, 53) Sofía Cermeño Castillo, 54) Marta Lidia Jiménez Castillo, 55) Valeria García, 56) Cipriano Morales Pérez, 57) Antonio Morales Miguel, 58) Nicolasa Pérez Méndez, 59) Jorge Granados Cardona, 60) Santos Osorio Ligue, 61) Rudy Leonel Martínez Villatoro, 62) Olegario Rodríguez Tepec, 63) Teresa Juárez, 64) Lucrecia Ramos Yanes de Guevara, 65) Eliseo Guevara Yanes, 66) María Menegilda Marroquín Miranda, 67) Oscar Adelso Antonio Jiménez, 68) Ever Ismael Antonio Coto, 69) Héctor Coto, 70) Rogelia Natalia Ortega Ruano, 71) Ángel Cermeño Pineda, 72) Esperanza Cermeño Arana, 73) Abelina Flores, 74) Mercedes Jiménez Flores, 75) Tránsito Jiménez Flores, 76) Felipa de Jesús Díaz de Hernández, 77) Rosa Ermida Hernández Díaz, 78) Vilma Hernández Díaz de Osorio, 79) Félix Hernández Díaz, 80) Desiderio Aquino Ruano, 81) Leonarda Saso Hernández, 82) Paula Antonia Falla Saso, 83) Dominga Falla Saso, 84) Agustina Falla Saso, 85) María Juliana Hernández Morán, 86) Sandra Ofelia Gómez Hernández, 87) José Ramiro Gómez Hernández, 88) Bernardina Gómez Linarez, 89) Mirna Elizabeth Aldana Canan, 90) Rosa Elvira Mayen Ramírez, 91) Augusto Mayen Ramírez, 92) Onivia García Castillo, 93) Saturnino Romero Ramírez, 94) Ana Margarita Rosales Rodas, 95) Berta Alicia Cermeño Arana, y 96) el sobreviviente Salomé Armando Gómez Hernández.6 6 la Corte, en la cual alegó que los hechos constitutivos de las violaciones denunciadas en contra de los derechos contenidos en los artículos 4, 5, 17, 18 y 19 de la Convención [ ] ocurrieron entre los días 6 y 8 de diciembre de 1982 y el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte [ ] ocurrió con posterioridad. El 2 de octubre de 2008 el Estado designó a la señora Delia Marina Dávila Salazar como Agente, y a la señora Carol Angélica Quirós Ortiz como Agente Alterna para el presente caso. El 29 de mayo de 2009 el Estado sustituyó a la Agente Alterna por la señora María Elena de Jesús Rodríguez López. 7. El 4 de marzo de 2009 la Comisión y los representantes presentaron sus alegatos sobre el allanamiento y la excepción preliminar interpuesta por el Estado, de conformidad con el artículo 38.4 del Reglamento. II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 8. La demanda fue notificada al Estado 11 y a los representantes el 11 de septiembre de Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1, 4 y 6) la Presidenta de la Corte (en adelante la Presidenta ) ordenó, mediante Resolución de 18 de mayo de , la recepción de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) 13 por dos presuntas víctimas y dos peritajes, ofrecidos oportunamente por las partes 14. Asimismo, mediante la misma Resolución se convocó a las partes a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de dos presuntas víctimas, un testigo y dos peritos propuestos, según el caso, por la Comisión y los representantes, así como los alegatos finales orales sobre la excepción preliminar y los eventuales fondo, reparaciones y costas 15. Finalmente, la Presidenta fijó plazo hasta el 18 de agosto de 2009 para que las partes presentaran sus respectivos escritos de alegatos finales. 9. Los días 30 de junio y 7 de julio de 2009 los representantes presentaron a la Corte prueba superviniente con fundamento en el artículo 46.3 del Reglamento, entre la que se encuentran oficios con nuevas actuaciones efectuadas en el procedimiento interno, notas periodísticas y una lista de los abogados que adeudan dinero [ ] por utilizar el amparo de forma notariamente improcedente, la cual fue transmitida, respectivamente, a la Comisión y al Estado, para que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes. 10. La audiencia pública fue celebrada el 14 de julio de 2009 durante el XL Período Extraordinario de Sesiones de la Corte 16, llevado a cabo en la ciudad de La 11 Cuando se notificó la demanda al Estado se le informó de su derecho de designar a un Juez ad hoc para la consideración del caso. El 2 de octubre de 2008 el Estado designó al señor Ramón Cadena Rámila. 12 Cfr. Caso Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Resolución de la Presidenta de la Corte de 18 de mayo de El 9 de junio de 2009 los representantes desistieron de la declaración del señor Amílcar Salazar Castillo, presunta víctima del caso. 14 El 14 de mayo de 2009 el Estado remitió sus observaciones a la lista definitiva de testigos y peritos ofrecida por los representantes y objetó el testimonio de Marco Antonio Garavito Fernández. 15 Cfr. Caso Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Resolución de la Corte de 6 de julio de A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Isabel Madariaga, Juan Pablo Albán Alecastro y Angelita Baeyens, abogados; b) por los representantes: Viviana Krsticevic, Marcela Martino, Marcia Aguiluz, Carlos Pelayo Moller y Aura Elena Farfán, y c) por el Estado: Dora Ruth del Valle Cóbar, Presidenta de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de7 7 Paz, Bolivia. 11. El 28 de julio de 2009 los señores Daniel Rothenberg y Daniel Thoman, en representación del International Human Rights Law Institute de la Universidad DePaul, College of Law, remitieron un escrito en calidad de amicus curiae, sobre la doctrina establecida en el derecho internacional de la responsabilidad [del] superior. 12. El 18 de agosto de 2009 el Estado, la Comisión y los representantes remitieron sus alegatos finales escritos sobre la excepción preliminar y eventuales fondo, reparaciones y costas. El Estado y los representantes adjuntaron a sus alegatos algunos anexos. Los días 28 de septiembre, 5 y 6 de octubre de 2009 los representantes, el Estado y la Comisión presentaron, respectivamente, sus observaciones a los anexos a los escritos de alegatos finales. 13. El 3 de septiembre de 2009 la Secretaría, siguiendo instrucciones de la Presidenta, y de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Corte, requirió a la Comisión Interamericana y a los representantes que brindaran cierta información o documentación como prueba para mejor resolver. Los días 11 y 14 de septiembre de 2009 los representantes y la Comisión remitieron, respectivamente, la referida información. El 2 de octubre de 2009 el Estado presentó sus observaciones a la información remitida por los representantes y la Comisión como prueba para mejor resolver. III DETERMINACIÓN DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS 14. Este Tribunal considera oportuno determinar quiénes deben considerarse presuntas víctimas en el presente caso. 15. Esta Corte observa que en el párrafo siete de la demanda, la Comisión precisó el objeto de la misma e identificó a 155 presuntas víctimas del caso. Igualmente, dichas presuntas víctimas fueron señaladas en el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 22/08. Al respecto, la Comisión solicitó al Tribunal que concluyera y declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de dos sobrevivientes de la masacre y 153 personas que son familiares de los fallecidos durante ésta. Asimismo, en el escrito de solicitudes y argumentos los representantes presentaron su propia lista de presuntas víctimas. Por otra parte, los representantes en dicho escrito alegaron adicionalmente supuestas violaciones en perjuicio de las personas que fallecieron durante la masacre (supra párr. 4 incisos a), b), c), e) y f)), para lo cual adjuntaron un anexo con los nombres de los fallecidos y el vínculo con sus familiares. A este respecto, la Comisión, en el apartado de antecedentes y contexto del caso, en el párrafo 96 de la demanda, incluyó una lista con el nombre de las personas que fallecieron en la masacre. 16. Esta Corte constató que habían algunas inconsistencias o diferencias en cuanto a los nombres y calidades de las personas contenidas en la lista de las presuntas víctimas presentada por la Comisión y la de los representantes, por lo que en diversas oportunidades se les solicitó información, aclaraciones o documentación al respecto. Una vez recibida la información, ésta fue puesta en conocimiento del Derechos Humanos, Delia Marina Dávila Salazar, Agente, María Elena de Jesús Rodríguez López, Agente Alterna y Sara Elizabeth Romero, asesora.8 8 Estado, el que presentó observaciones. Con la información y elementos probatorios remitidos por las partes, las diversas inconsistencias fueron aclaradas o subsanadas. Sin embargo, esta Corte considera oportuno referirse a continuación a la situación planteada respecto a Bernabé Cristales Montepeque y María Rebeca García Gómez, así como a la situación de las personas que fallecieron durante la masacre. 17. Este Tribunal nota que en el párrafo 365 de la demanda la Comisión indicó que [l]os señores [ ] Bernabé Cristales Montepeque [y] María Rebeca García Gómez [ ] han autorizado a las organizaciones [ ] CEJIL y [...] FAMDEGUA, para que los representen en la etapa judicial del trámite ante el sistema ; sin embargo, dichas personas no fueron mencionadas en la lista de presuntas víctimas contenida en el referido párrafo siete de la demanda, ni en el informe del artículo 50 de la Convención. Mediante comunicaciones de la Secretaría de 11 de septiembre de 2008 y 3 de septiembre de 2009 se hizo notar lo anterior a la Comisión, y en la última comunicación se le solicitó que hiciera las aclaraciones pertinentes. 18. Mediante comunicación de 14 de septiembre de 2009, la Comisión indicó que había transmitido los poderes de ambas personas en virtud de la exigencia contenida en el reglamento de la Corte[, sin embargo, agregó que] no constituye una determinación sobre la calidad o no de víctimas que estas personas puedan tener, la que corresponde a sus representantes y a la Corte declarar. Por su parte, los representantes señalaron, mediante comunicación de 11 de septiembre de 2009, que tales personas deben ser consideradas como [presuntas] víctimas del caso y beneficiarios de las reparaciones[, ya que] no fueron incluidas en anteriores comunicaciones por un error material. Por último, el Estado expresó, mediante comunicación de 2 de octubre de 2009, que el hecho de que haya sido presentada ante la Corte la documentación que los acredita como sus representantes en el presente caso, no les otorga la calidad de [presuntas] víctimas. El Estado agregó que dichas personas no aparecen identificadas como familiares ni beneficiarios durante el trámite ante la Comisión ni han sido reconocidos por el Estado, además de que no es procedente incluirlos como víctimas sobrevivientes, ya que no se [ha] acreditado ese extremo y no aparecen dentro de la demanda presentada por la [Comisión], que constituyen hechos objeto de esta litis. 19. En el presente caso, el Tribunal hace notar que la Comisión alegó violaciones de forma clara y específica en perjuicio de 155 presuntas víctimas, sobre quienes no existe controversia entre las partes respecto a su identificación con esa calidad. Asimismo, la Corte constata que el señor Bernabé Cristales Montepeque y la señora María Rebeca García Gómez no se encontraban en la lista de presuntas víctimas presentada en el párrafo siete de la demanda ni en el informe del artículo 50 de la Convención en tal calidad, por lo que este Tribunal solicitó información o aclaraciones al respecto como prueba para mejor resolver. Además, la Corte observa que las personas que fallecieron en la masacre tampoco fueron señaladas en los referidos informe y demanda en calidad de presuntas víctimas. 20. El Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que las presuntas víctimas deben estar señaladas en la demanda y debe corresponder con el informe de la Comisión Interamericana del artículo 50 de la Convención. Además, de conformidad con el artículo 34.1 del Reglamento, corresponde a la Comisión y no a este Tribunal identificar con precisión y en la debida oportunidad procesal a las presuntas víctimas en un caso ante esta Corte 17. La seguridad jurídica exige, como regla general, que todas las presuntas víctimas estén debidamente identificadas en ambos escritos, no 17 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de Serie C No. 148, párr. 98; Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de Serie C No. 117, párr. 102, y Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de Serie C No. 190, párr. 58.9 9 siendo posible añadir nuevas presuntas víctimas en la demanda. Consecuentemente, al no haber sido mencionadas en el momento procesal oportuno, el Tribunal no puede considerar como presuntas víctimas en el presente caso al señor Bernabé Cristales Montepeque, a la señora María Rebeca García Gómez, ni a las personas que fallecieron durante la masacre. Consecuentemente, no corresponde pronunciarse acerca de las supuestas violaciones alegadas en su perjuicio. 21. Por lo tanto, la Corte considera que las presuntas víctimas en el presente caso son aquellas que la Comisión individualizó e identificó en el párrafo siete de la demanda, a saber: a) dos sobrevivientes de la masacre (supra nota 7), y b) 153 personas que son familiares de quienes murieron en ésta (supra nota 8). IV RECONOCIMIENTO PARCIAL DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO 22. En su contestación de la demanda el Estado expresó su aceptación parcial a los hechos denunciados por la [ ] Comisión[, la] cual debe ser entendid[a] en los [ ] términos [de las] violaciones alegadas a los artículos 8 y 25 de la [Convención,] en relación con el deber consagrado en el artículo 1.1 de la misma. El Estado consideró que no puede excusarse de la responsabilidad relacionada con los actos u omisiones de sus autoridades judiciales, ya que tal actitud resultaría contraria a lo dispuesto en los referidos artículos de la Convención. No obstante, afirmó que en el presente caso existe una solución amistosa a la que el Estado ha dado y continúa dando cumplimiento[, por lo que] ha cesado la controversia en cuanto a los hechos que dieron origen al caso. Agregó que el objeto de la demanda entablada por la [Comisión] es efectuar un análisis del estado de cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa suscrito por las partes, específicamente en relación con las medidas adoptadas para reparar las violaciones [a los artículos mencionados,] no así condenar al Estado por hechos y pretensiones que ya obran en el proceso amistoso. Concluyó que el alcance de la demanda de la Comisión debía entenderse única y exclusivamente a los extremos que se alegaron incumplidos respecto al acuerdo, por lo que debía desestimarse la petición de los representantes de ampliar el objeto de la demanda. En sus alegatos finales escritos el Estado reiter[ó] la posición [ ] en el sentido de allanarse a las pretensiones [ ] en cuanto a declarar violentados [ ] los artículos 8 y 25 de la Convención, sin hacer más referencia a argumentaciones que pretendieran limitar la competencia de la Corte al respecto, y reiteró que Guatemala en tres oportunidades ha manifestado su reconocimiento de responsabilidad institucional. 23. En lo que se refiere a las reparaciones, el Estado indicó que se comprometió a realizar diversas medidas de reparación a favor de las [presuntas] víctimas sobrevivientes y de los familiares de las víctimas de la Masacre, y agregó que se encontraban pendientes de cumplimiento aquellas tendientes a realizar una investigación seria y efectiva, así como brindar la atención médica y psicológica a las víctimas sobrevivientes y los familiares de las personas fallecidas en la masacre. 24. La Comisión manifestó que tomaba nota de la aceptación parcial de responsabilidad que realizó Guatemala y la valoraba como una medida que puede contribuir a la mejor resolución del caso. Sin embargo, observó que tal aceptación parcial de responsabilidad difiere de la expresada anteriormente en el marco del trámite ante la [Comisión], y deriva de una interpretación de los hechos diversa a la planteada en la demanda, en virtud de lo cual invocó la aplicación del principio de estoppel. Asimismo, la Comisión señaló que lo manifestado por el Estado no altera la conclusión basada en los hechos del caso y en la interpretación del derecho de10 10 que la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención[,] así como el incumplimiento de la obligación general del artículo 1.1 del mismo instrumento[, ya que] se mantienen hasta el presente. En la audiencia pública, la Comisión manifestó que durante el trámite ante ella, el Estado reconoció su responsabilidad por los hechos ocurridos en el Parcelamiento de Las Dos Erres y que tal reconocimiento no fue objeto de controversia, por lo que solicitó a la Corte que tuviera los hechos por establecidos y los incluyera en la sentencia de fondo. 25. En cuanto a las reparaciones, la Comisión reiteró la solicitud a la Corte de que ordene al Estado completar en forma efectiva las investigaciones[, así como] adoptar medidas de rehabilitación para las víctimas[, y] una política de capacitación permanente en derechos humanos y derecho internacional humanitario para el personal de las Fuerzas Armadas. 26. Los representantes argumentaron que los términos del reconocimiento de responsabilidad del Estado en la contestación de demanda [eran] sumamente confusos, pues entran en una serie de contradicciones, debido a que el Estado reconoce que no puede excusarse de la responsabilidad relacionada con actos u omisiones de sus autoridades judiciales, pero al mismo tiempo presenta alegatos que pretenden desvirtuar su responsabilidad por el retardo de justicia. Los representantes concluyeron que las manifestaciones contradictorias impiden establecer el verdadero alcance del reconocimiento de responsabilidad[,] no contribuyen a la reparación de las [presuntas] víctimas, ni al conocimiento de la sociedad guatemalteca de lo ocurrido a las [presuntas] víctimas de la Masacre de Las Dos Erres. Agregaron que tal reconocimiento no permite que el Tribunal valore realmente cuáles han sido las obligaciones incumplidas y los derechos vulnerados por el Estado. 27. En lo que se refiere a las reparaciones, los representantes señalaron que es necesario que la Corte ordene al Estado el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y proceda no sólo a indemnizar el daño causado, sino a tomar una serie de medidas de satisfacción y garantías de no repetición de manera que este tipo de violaciones no vuelvan a ocurrir, y presentaron a la Corte su posición en relación a las medidas con las que el Estado alega haber reparado los derechos de las presuntas víctimas. 28. En los términos de los artículos 56.2 y 58 del Reglamento, en ejercicio de sus poderes de tutela judicial internacional de los derechos humanos, la Corte puede determinar si un reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por un Estado demandado ofrece base suficiente, en los términos de la Convención Americana, para continuar con el conocimiento del fondo y determinar las eventuales reparaciones y costas. Para estos efectos, el Tribunal analiza la situación planteada en cada caso concreto Además, la Corte observa que la evolución del sistema de protección de derechos humanos permite que hoy en día las presuntas víctimas o sus familiares pueden presentar de manera autónoma su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y esgrimir pretensiones coincidentes o no con las de la Comisión. Cuando se presenta un allanamiento, éste debe expresar claramente si se aceptan también las pretensiones formuladas por las presuntas víctimas o sus familiares Cfr. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de Serie C No. 101, párr. 105; Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de Serie C No. 171, párr. 14, y Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala, supra nota 17, párr Cfr. Caso Myrna Mack Chang, supra nota 18, párr. 107; Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de marzo de Serie C No. 122, párr. 28, y Caso11 En consideración de lo señalado por la Comisión y los representantes en relación con el alcance del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado (supra párrs. 24 a 27), esta Corte observa que en la contestación de la demanda el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, e hizo algunas apreciaciones respecto a las diligencias efectuadas para dar cumplimiento con la investigación de la masacre. No obstante, tanto en la audiencia pública como en sus alegatos finales, el Estado reiteró su posición vertida en dicha contestación, en el sentido de allanarse a las pretensiones de la Comisión y de los representantes, en cuanto a declarar violados únicamente los derechos establecidos en los artículos 8 y 25 de la [Convención Americana], en virtud de la denuncia presentada por FAMDEGUA. 31. Dado lo anterior, el Tribunal concluye que en el trámite ante éste el Estado circunscribe su reconocimiento de responsabilidad a las pretensiones de la Comisión y de los representantes respecto a la alegada violación de los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25.1 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de ese instrumento, y aceptó las alegaciones de las partes en relación con dichos derechos. 32. En lo que se refiere a los hechos de la demanda relacionados con las alegadas violaciones de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de ese tratado, la Corte entiende que si bien el Estado no realizó una admisión específica de aquellos hechos referidos en la demanda, sí admitió aquellos hechos ocurridos a partir del 9 de marzo de 1987 relativos a la denegación de justicia contenidos en los párrafos 137 a 282 de la demanda. Lo anterior en virtud de que éstos conforman el marco fáctico de este proceso y no fueron contravertidos por el Estado en su allanamiento. 33. Por otro lado, en la contestación de la demanda el Estado se opuso a que se ampliara el objeto de la demanda respecto a su responsabilidad internacional por la supuesta violación de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 17 (Derecho a la Familia), 18 (Derecho al Nombre) y 19 (Derechos del Niño) de la Convención, alegados por los representantes, por considerar que los hechos y pretensiones ya fueron objeto de acuerdo de solución amistosa y porque se encuentran fuera de la competencia del Tribunal. El Estado basa esta posición en el reconocimiento de responsabilidad internacional realizado el día 1 de abril de 2000 por los hechos de la masacre ocurridos los días 6 a 8 de diciembre de 1982 en el Parcelamiento de Las Dos Erres y por las violaciones a diversos artículos de la Convención. 34. De otra parte, en cuanto a los hechos relacionados con la supuesta violación de los artículos 4, 5, 17, 18 y 19 de la Convención, este Tribunal observa que el Estado ni admitió ni desvirtuó expresamente los hechos contenidos en la demanda que dan sustento a las alegadas violaciones, sino que simplemente alegó razones de competencia, a fin de que el Tribunal no entre a analizar los referidos hechos, por lo que interpuso una excepción preliminar al respecto. En razón de esto, la Corte resolverá esta cuestión al momento de pronunciarse respecto a la excepción preliminar interpuesta (infra párr. 51). 35. En cuanto a las pretensiones de derecho, si bien el Estado se allanó respecto a la alegada violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, el Estado, como se indicó, interpuso una excepción preliminar ratione temporis respecto a las presuntas violaciones de los artículos 4, 5, 17, 18 y 19 de la Convención alegadas Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de Serie C No. 153, párr. 47.12 12 por los representantes. Esta Corte considera que para determinar o no la existencia de controversia sobre dichas pretensiones, deberá tomar en cuenta lo que se resuelva en la referida excepción preliminar (infra párr. 51). 36. De conformidad con lo expuesto anteriormente y en consideración del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado en el trámite ante la Corte, este Tribunal concluye que si bien el Estado admitió los hechos relacionados con la denegación de justicia de la demanda y se allanó a la presunta violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, dada la gravedad de los hechos y de las violaciones reconocidas por el Estado, considera necesario hacer algunas precisiones sobre la determinación de los hechos ocurridos, así como sobre la falta de investigación e impunidad que persiste en este caso (infra capítulo VIII). Estas precisiones contribuirán al desarrollo de la jurisprudencia sobre la materia y a la correspondiente tutela de derechos humanos de las presuntas víctimas en el presente caso. Asimismo, los representantes alegaron las violaciones de los artículos 2 y 13 de la Convención, las cuales serán examinadas por la Corte en el fondo de la presente Sentencia (infra capítulo VIII). 37. Por último, en lo que se refiere a las reparaciones, la Corte observa que el 1 de abril de 2000 los representantes y el Estado, durante el trámite ante la Comisión, suscribieron un acuerdo en el cual el Estado se comprometió a ejecutar diversas medidas de reparación. Adicionalmente, con posterioridad al acuerdo de solución amistosa 20, el Estado y los representantes firmaron un Acuerdo Sobre Reparación Económica y un Acuerdo Sobre la Divulgación del Video. En ese sentido, este Tribunal constata que el Estado ha realizado una serie de acciones y/o medidas para implementar sus compromisos adquiridos en dichos acuerdos, respecto de los cuales los representantes han manifestado discrepancias en cuanto a la forma en que han sido implementadas por el Estado. A este respecto, en el marco del caso sometido a la Corte y vistas las alegaciones planteadas por las partes en lo referente a la determinación de las eventuales reparaciones, el Tribunal considera que subsiste la controversia, por lo cual determinará, en el capítulo correspondiente, las medidas reparatorias que sean adecuadas para el presente caso, teniendo en cuenta las solicitudes de los representantes y la Comisión y los estándares del sistema de protección interamericano de derechos humanos en esa materia. 38. Este Tribunal considera que la actitud del Estado constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso, al buen despacho de la jurisdicción interamericana de derechos humanos, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana y a la conducta a la que están obligados los Estados en esta materia 21, en virtud de los compromisos que asumen como parte en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. V EXCEPCIÓN PRELIMINAR RATIONE TEMPORIS 39. El Estado interpuso la excepción ratione temporis en virtud de que consideró que las alegaciones hechas por la Comisión en la demanda son susceptibles de ser conocidas por la Corte, las presuntas violaciones a los derechos contenidos en los 20 Cfr. Acuerdo de Solución Amistosa, supra nota Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de Serie C No. 117, párr. 84; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de Serie C No. 192, párr. 46, y Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de Serie C No. 196, párr. 32.13 13 artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 17 (Derecho a la Familia), 18 (Derecho al Nombre) y 19 (Derechos del Niño) de la Convención alegados por los representantes en su escrito de solicitudes y argumentos ocurrieron, entre los días 6 y 8 de diciembre de 1982, por lo que no son susceptibles de ser conocidos por la Corte, en virtud de que Guatemala reconoció la jurisdicción contenciosa del Tribunal recién el 9 de marzo de En distintas oportunidades el Estado reiteró su solicitud de que se declarase la incompetencia de la Corte respecto de las alegadas violaciones por la excepción preliminar interpuesta. 40. La Comisión consideró que dada la naturaleza y alcance de los argumentos de hecho y de derecho contenidos en el escrito de demanda, no le corresponde formular observaciones a la excepción preliminar planteada por el [ ] Estado. Durante la audiencia pública la Comisión añadió que los hechos que planteó en la demanda para conocimiento de la Corte son aquellos que se refieren a la investigación a partir del 14 de junio de 1994, y aclaró que no se puede prescindir de los hechos anteriores, en virtud de que la gravedad de los mismos permite determinar el alcance de la obligación de investigar en este caso. 41. Los representantes alegaron, en relación a las presuntas violaciones de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 17 (Derecho a la Familia), 18 (Derecho al Nombre) y 19 (Derechos del Niño) de la Convención, que la Corte es competente para pronunciarse sobre aquellos hechos violatorios, que si bien comenzaron a ocurrir antes [de que el Estado reconociera la competencia contenciosa del Tribunal,] se prolongaron en el tiempo aún después de esa fecha [u] ocurrieron con posterioridad a la misma. Durante la audiencia pública y en su escrito de alegatos finales, los representantes aclararon que no solicitaban a la Corte que extendiera su competencia hasta el año 1982, sino que tuviera en cuenta tales hechos a fin de determinar las obligaciones que tiene el Estado respecto a dichos derechos, después del 9 de marzo de En lo que se refiere a las presuntas violaciones a los artículos 4 (Derecho a la Vida) y 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, los representantes argumentaron que el Estado es responsable de la falta de investigación y la consecuente violación al deber de garantizar los derechos a la vida e integridad de las personas que fueron torturadas y ejecutadas durante la masacre, y el derecho a la integridad de los sobrevivientes. 43. Además, en relación a los dos niños sobrevivientes de la masacre, Ramiro Antonio Osorio Cristales (en adelante Ramiro Osorio Cristales ) y Salomé Armando Gómez Hernández (en adelante Salomé Gómez Hernández ), los representantes argumentaron que la Corte es competente para conocer acerca de la presunta violación del artículo 19 (Derechos del Niño), por el incumplimiento del Estado de su obligación de brindar medidas de protección especial por su condición de niños; así como en el caso de Ramiro Osorio Cristales también de las presuntas violaciones de los artículos 17 (Derecho a la Familia) y 18 (Derecho al Nombre) por estar separado de su familia y con otro nombre del que le dieron sus padres. 44. La Corte, como todo órgano con funciones jurisdiccionales, tiene el poder inherente a sus atribuciones de determinar el alcance de su propia competencia (compétence de la compétence). Los instrumentos de reconocimiento de la cláusula facultativa de la jurisdicción obligatoria (artículo 62.1 de la Convención) presuponen la admisión, por los Estados que la presentan, del derecho de la Corte a resolver cualquier controversia relativa a su jurisdicción. Para determinar el alcance de su propia competencia, debe tomar en cuenta exclusivamente el principio de irretroactividad de los tratados establecido en el derecho internacional general y14 14 recogido en el artículo Tratados de de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 45. Guatemala reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987 y en su declaración indicó que el Tribunal tendría competencia para los casos acaecidos con posterioridad a dicho reconocimiento 24. Con base en lo anterior y en el principio de irretroactividad, la Corte no puede ejercer su competencia contenciosa para aplicar la Convención y declarar una violación a sus normas sobre aquellos hechos acaecidos o la conducta estatal que pudiera implicar su responsabilidad internacional cuando son anteriores al reconocimiento de la competencia del Tribunal 25. En ese sentido, esta Corte ha considerado que el Tribunal es competente para pronunciarse sobre aquellos hechos violatorios que ocurrieron con posterioridad a la fecha en que el Estado reconoció la competencia de la Corte o que a tal fecha no hayan dejado de existir Establecido lo anterior, corresponde al Tribunal determinar si puede conocer los hechos que fundamentan las violaciones a la Convención, alegadas por los representantes en el presente caso, a saber: a) la falta de la investigación de la muerte de las personas fallecidas en la masacre con posterioridad al 9 de marzo de 1987, hechos que constituirían una violación a los artículos 4 y 5 de la Convención en su vertiente procesal, y b) en el caso de Ramiro Osorio Cristales, estar separado de su familia y con otro nombre al que era el suyo, con posterioridad al 9 de marzo de 1987, lo cual constituiría una violación a los artículos 17 y 18 de la Convención Americana, así como el incumplimiento de las medidas de protección a Ramiro Osorio Cristales y Salomé Gómez Hernández, con posterioridad al 9 de marzo de 1987, lo cual constituiría una violación al artículo 19 de la Convención. 47. La Corte observa que durante el trámite ante la misma, el Estado argumentó el límite a la competencia del Tribunal reconociendo únicamente las presuntas violaciones señaladas por la Comisión, al considerar que las violaciones alegadas por los representantes se basan en hechos ocurridos con anterioridad al reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte. Al respecto, el Tribunal estima que al Estado le asiste razón cuando señala que la Corte no puede conocer de los hechos propios de la masacre, en virtud de que efectivamente se encuentran fuera de la competencia del Tribunal. No obstante, la Corte nota que las violaciones alegadas por los representantes no se fundamentan en los hechos propios de la masacre, sino en aquellos que presuntamente han tenido lugar con posterioridad al 9 de marzo de 1987, fecha en que el Estado reconoció la competencia contenciosa de la Corte. En razón de lo anterior, el Tribunal sólo se pronunciará respecto de aquellos hechos que presuntamente hayan tenido lugar después del reconocimiento de la competencia 22 Dicho artículo establece que: [l]as disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. 23 Cfr. Caso Cantos Vs. Argentina. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de Serie C No. 85, párrs. 35 a 37; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de Serie C No. 186, párr. 23, y Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de Serie C No. 203, párr El reconocimiento de competencia hecho por Guatemala el 9 de marzo de 1987 señala que [l]a aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace por plazo indefinido, con carácter general, bajo condiciones de reciprocidad y con la reserva de que los casos en que se reconoce la competencia son exclusivamente los acaecidos con posterioridad a la fecha en que esta declaración sea presentada a Secretario de la Organización de los Estados Americanos. 25 Cfr. Caso Cantos Vs. Argentina, supra nota 23, párrs. 35 a 37; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra nota 23, párr. 24, y Caso Garibaldi Vs. Brasil, supra 23, párr Cfr. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra nota 23, párr. 24.15 15 contenciosa del Tribunal, o que a tal fecha no han dejado de existir. 48. La Corte tiene competencia para analizar los hechos que se refieren a la presunta denegación de justicia a la luz de la obligación procesal derivada del deber de garantía emanada de los artículos 4 y 5 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, ya que los representantes fundan las alegadas violaciones en hechos que se encuentran dentro de la competencia temporal del Tribunal. 49. La Corte considera que la obligación de investigar del Estado se genera a favor de los titulares del derecho consagrado en el artículo 4 (Derecho a la Vida) leído en conjunto con el artículo 1.1 de la Convención, lo cual es aplicable al artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, siendo en este caso las víctimas mortales de la masacre, quienes no han sido determinadas como presuntas víctimas (supra párr. 21) de este caso. Por lo tanto, la Corte no se pronunciará respecto de las presuntas violaciones de dichos artículos, en cuanto a la obligación de garantía. Sin embargo, la Corte examinará la alegada violación del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención por el sufrimiento causado a raíz de la supuesta impunidad, en perjuicio de las 155 presuntas víctimas que son familiares de las personas ejecutadas, así como en relación al sufrimiento adicional que padecieron los dos niños sobrevivientes. 50. En relación a la competencia del Tribunal respecto de las supuestas violaciones a los artículos 17 (Derecho a la Familia), 18 (Derecho al Nombre) y 19 (Derechos del Niño) de la Convención, la Corte observa que los hechos en los cuáles los representantes fundan las mencionadas violaciones se refieren a la situación que presuntamente sufrieron los dos sobrevivientes de la masacre al no haber obtenido medidas especiales de protección y, en el caso de Ramiro Osorio Cristales, por haber estado separado de su familia y con otro nombre. Tal situación se mantuvo, hasta que ambos niños alcanzaron la mayoría de edad y Ramiro Osorio Cristales se reencontró con su familia biológica en el año 1999 y recuperó su nombre el día 15 de mayo de Por lo tanto, el Tribunal considera que tiene competencia en razón del tiempo para conocer de tal situación a partir del 9 de marzo de 1987, fecha en que el Estado reconoció la competencia de la Corte. 51. Este Tribunal considera que se mantiene la controversia y tiene la competencia para conocer los hechos y las presuntas violaciones de los artículos 5, 17, 18, y 19 de la Convención, por lo que rechaza parcialmente la excepción preliminar interpuesta por el Estado, en los términos señalados en los párrafos 44 a 50 de esta Sentencia. En consecuencia, este Tribunal examinará, y en su caso determinará las presuntas violaciones de dichos derechos en los capítulos IX y X de la presente Sentencia. VI COMPETENCIA 52. Guatemala es Estado Parte en la Convención Americana desde el 25 de mayo de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de El Estado ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 29 de enero de 1987 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer el 4 de abril de En sus alegatos finales, el Estado cuestionó la competencia de la Corte para conocer de la presunta violación de los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST y el artículo16 16 7.b) de la Convención de Belem do Pará. La Corte considera, como lo ha manifestado en otras ocasiones 27, que es competente para pronunciarse respecto de las obligaciones que se encuentran pendientes al momento de la ratificación de dichos instrumentos, como son las presuntas omisiones derivadas de la falta de investigación. VII PRUEBA 55. Con base en lo establecido en los artículos 46 y 47 del Reglamento, así como en la jurisprudencia del Tribunal respecto de la prueba y su apreciación 28, la Corte procederá a examinar y valorar los elementos probatorios documentales remitidos por las partes en diversas oportunidades procesales, así como las declaraciones rendidas mediante affidávit y las recibidas en audiencia pública. Para ello, el Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco legal correspondiente Prueba testimonial y pericial 56. Fueron recibidas las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) por los siguientes declarantes y peritos: a) Amílcar Salazar Castillo. Presunta víctima. Propuesto por los representantes. Declaró sobre las investigaciones de los hechos de la masacre y la respuesta de las autoridades; las consecuencias que ha tenido en él y en otros familiares de víctimas de la masacre la supuesta falta de justicia, y las medidas que debería adoptar el Estado para la reparación de las supuestas violaciones a sus derechos; b) Francisco Arreaga Alonzo. Presunta víctima. Propuesto por los representantes. Declaró sobre las investigaciones de los hechos de la masacre y la respuesta de las autoridades; las consecuencias que ha tenido en él y en otros familiares de víctimas de la masacre la supuesta falta de justicia, y las medidas que debería adoptar el Estado para la reparación de las supuestas violaciones a sus derechos; c) Marco Antonio Garavito Fernández. Director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental. Perito propuesto por los representantes. Declaró sobre los efectos que la separación de sus familias y la alteración de su identidad tiene en los niños desaparecidos, así como las medidas que el Estado debería adoptar para hacer frente a este fenómeno, y d) Nieves Gómez Dupuis. Coordinadora de un programa de intervención psicosocial en víctimas de tortura en el Equipo de Estudios Comunitarios y de 27 Cfr. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de Serie C No. 114, párrs. 62, 159 y 162; Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de Serie C No. 147, párr. 162, y Caso del Penal Miguel Castro Castro. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de Serie C No. 160, párrs. 266 y Cfr. Caso de la Panel Blanca (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de Serie C No. 76, párr. 50; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de Serie C No. 202, párr. 21, y Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de septiembre de Serie C No. 203, párr Cfr. Caso de la Panel Blanca (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de Serie C No. 37, párr. 76; Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, supra nota 21, párr. 36, y Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de Serie C No. 197, párr. 26.17 17 Acción Psicosocial. Perito propuesta por los representantes. Declaró sobre los efectos que ha tenido en las presuntas víctimas sobrevivientes de la Masacre de Las Dos Erres y en los familiares de las personas fallecidas en la masacre la supuesta falta de justicia y verdad a través de los años, y las características que debe tener un programa adecuado de atención psicológica. 57. En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte escuchó las declaraciones de las siguientes personas: a) Ramiro Antonio Osorio Cristales. Presunta víctima. Propuesto por los representantes. Declaró sobre las condiciones en las que vivió como consecuencia de su alegada sustracción por el Kaibil Santos López; las circunstancias en que se reencontró con su familia biológica; las investigaciones de los hechos de la masacre y la respuesta de las autoridades; las consecuencias que ha tenido la supuesta falta de justicia, y las medidas que debería adoptar el Estado para la reparación de las supuestas violaciones a sus derechos; b) Felicita Herenia Romero Ramírez. Presunta víctima. Propuesta por los representantes. Declaró sobre las investigaciones de los hechos de la masacre y la respuesta de las autoridades; las consecuencias que ha tenido en ella y en otros familiares de presuntas víctimas de la masacre la supuesta falta de justicia, y las medidas que debería adoptar el Estado para la reparación de las supuestas violaciones a sus derechos; c) Edgar Fernando Pérez Archila. Abogado de los representantes desde el año Testigo propuesto por los representantes. Declaró sobre los supuestos obstáculos encontrados en la obtención de justicia en el caso de la Masacre de Las Dos Erres y sus causas, así como los supuestos obstáculos encontrados en otros casos similares en los que participa como abogado; d) Carlos Manuel Garrido. Profesor Titular de Derecho Penal en la Universidad Nacional de la Plata, Fiscal de Investigaciones Administrativas y Experto de la Misión de Naciones Unidas en Guatemala. Perito propuesto por la Comisión. Declaró sobre la impunidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno que afectó a Guatemala de 1962 a 1996; las deficiencias estructurales en la administración de justicia guatemalteca, y la utilización del recurso de amparo como estrategia dilatoria en los procesos judiciales, y e) Claudia Paz y Paz Bailey. Abogada y Notaria. Ex Directora del Instituto de Ciencias Penales y Estudios Comparados de Guatemala. Perito propuesta por los representantes. Declaró sobre el contexto de impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado guatemalteco, sus causas y las medidas que el Estado de Guatemala debería adoptar para hacer frente a esta situación. 2. Valoración de la prueba 58. En este caso, como en otros 30, el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados oportunamente por las partes que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda. En relación a los documentos remitidos como prueba para mejor resolver solicitados por este Tribunal (supra párr. 13), la Corte los incorpora al acervo probatorio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47.2 del Reglamento. Además, esta Corte hace notar 30 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de Serie C No. 4, párr. 140; Caso Acevedo Buendía y otros ( Cesantes y Jubilados de la Contraloría ) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de Serie C No. 198, párr. 26, y Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados, supra nota 28, párr. 39.18 18 que la Comisión en sus alegatos hizo alusión al Quinto Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala de la CIDH, OEA/Ser.L/V/II.111, aprobado el 6 de abril de 2001, pero no fue aportado como prueba. Al respecto, este Tribunal considera pertinente para la resolución del presente caso incorporarlo al acervo probatorio, de conformidad con el artículo 47.1 del Reglamento. Asimismo, la Corte observa que tanto la Comisión como los representantes hicieron alusión en sus alegatos al Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala: Memoria del Silencio (en adelante CEH, Guatemala: Memoria del Silencio ); sin embargo sólo los representantes aportaron como prueba algunos tomos o apartados de éste, así como el enlace electrónico directo a los documentos. Igualmente, los representantes se refirieron al Informe sobre Inclusión Social: Los Desafíos de la Democracia en Guatemala de la CIDH, OEA/Ser.L/V/II.118, Doc. 5 rev. 1, 29 diciembre 2003 e indicaron su enlace electrónico directo. La Corte ha establecido que si una parte proporciona al menos el enlace electrónico directo del documento que cita como prueba y es posible acceder a éste no se ve afectada la seguridad jurídica ni el equilibrio procesal, porque es inmediatamente localizable por el Tribunal y por las otras partes 31. En este caso, el Tribunal constata que los representantes indicaron los enlaces directos a los referidos documentos en su escrito de argumentos y pruebas, y que no existió oposición u observaciones de las otras partes sobre el contenido y autenticidad de los mismos. 59. Los días 30 de junio y 7 de julio de 2009 los representantes remitieron como pruebas supervinientes 32 nuevas diligencias que han tenido lugar en el proceso interno (supra párr. 9), así como dos notas periodísticas y una lista que contiene los nombres de los abogados que adeudan dinero a la Corte de Constitucionalidad por conceptos de costas procesales y multas derivadas de la interposición de recursos frívolos o notoriamente improcedentes, y algunas actuaciones emitidas en el proceso interno con posterioridad al escrito de solicitudes y argumentos. Los representantes señalaron que las copias de los documentos aportados son las más completas y legibles con los que esta representación cuenta y solicitaron a la Corte que si así lo llegara a considerar pertinente, requiera al Estado copias de mejor calidad de dichas actuaciones. Los días 10 y 22 de julio de 2009 la Comisión manifestó a la Corte que no tiene observaciones que formular a dicha prueba. El Estado consideró que en virtud de que la prueba superviniente presentada por la parte peticionaria se encuentra ilegible, no debe valorarse, y el 22 de julio de 2009 el Estado reiteró lo manifestado anteriormente. 31 Cfr. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de Serie C No. 165, párr. 26, Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de Serie C No. 195, párr. 108, y Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, supra nota 29, párr Prueba superveniente presentada el 30 de junio de 2009: nota periodística Abogados adeudan Q6.4 millones a la CC publicada en el diario guatemalteco Prensa Libre el día 21 de mayo de 2009; solicitud de información a la Corte de Constitucionalidad realizada por CEJIL el día 10 de junio de 2009; lista de abogados que tienen adeudos a la Corte de Constitucionalidad por concepto de costas procesales y multas derivadas de la interposición de recursos frívolos o notoriamente improcedentes; recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público el 27 de enero del 2009 contra la resolución de 8 de diciembre de 2008 emitida por la Sala Cuarta de la Corte de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala; resolución de 23 de febrero de 2009 que otorga el mencionado recurso de reposición interpuesto el 27 de enero de 2009; recurso de amparo interpuesto por el imputado Reyes Colin Gualip el 13 de marzo de 2009 contra la resolución de 23 de febrero de 2009, y resolución de 23 de febrero de 2009 de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal por el cual se resuelve la Acción de Inconstitucionalidad presentada por el imputado Roberto Aníbal Rivera Martínez, y el trámite de su apelación. Prueba superviniente presentada el 7 de julio de 2009: acreditación del señor Benedicto Tenas como Agente Fiscal de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos; nota del Magistrado Presidente de la Cámara Penal de 25 de mayo de 2009, solicitud del Ministerio Público a Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de San Benito, Petén, de 22 de junio de 2009; resolución del Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de San Benito, Petén de 23 de junio de 2009, y nota periodística Bitácora militar queda en reserva publicada en el diario guatemalteco Prensa Libre el día 6 de julio de 2007.19 La Corte considera que las referidas pruebas supervinientes cumplen con los requisitos formales de admisibilidad estipulados en el artículo 46.3 del Reglamento. Sin embargo, observa que numerosos documentos se encuentran incompletos o ilegibles. En lo que se refiere a los documentos presentados los días 30 de junio y 7 de julio de 2009 por los representantes, con excepción de los documentos incompletos o ilegibles señalados en el anexo de la comunicación de esta Secretaría de 3 de julio de 2009, la Corte los admite como prueba para mejor resolver, y los valorará aplicando las reglas de la sana crítica y dentro del marco fáctico en estudio. 61. El Tribunal admite los documentos aportados por los peritos Carlos Manuel Garrido y Claudia Paz y Paz Bailey, así como las fotografías presentadas por los representantes en el transcurso de la audiencia pública, en lo que se ajusten al objeto del presente caso, los cuales estima útiles para la presente causa y no fueron objetados ni su autenticidad o veracidad puestas en duda. 62. En lo que se refiere a los documentos remitidos por los representantes y por el Estado junto con sus alegatos finales escritos, así como aquellos documentos que responden a requerimientos realizados por el Tribunal durante la audiencia pública celebrada en este caso, la Corte advierte que ni los representantes ni la Comisión presentaron objeciones a la incorporación de dicha prueba; sin embargo, el Estado hizo varias observaciones a los documentos remitidos por los representantes junto con los alegatos finales y objetó ciertos comprobantes de gastos aportados por éstos, por considerar, entre otros, que no corresponden al trámite ante la Corte. A este respecto, el Tribunal toma en cuenta las objeciones del Estado, las que valorará al momento de determinar las costas y gastos en el presente caso. En consecuencia, la Corte, incorpora la prueba presentada junto con los alegatos finales por considerarla útil, de conformidad con el artículo 47.2 del Reglamento. 63. En relación con las declaraciones de las presuntas víctimas rendidas ante fedatario público por Amílcar Salazar Castillo (supra párr. 56.a) y Francisco Arreaga Alonzo (supra párr. 56.b), respecto a ésta última el Estado solicitó que debe desestimarse en virtud de que no cumplió con lo establecido en el artículo 145 del Decreto Ley 107, Código Procesal Civil guatemalteco en relación a cómo debe dirigirse un interrogatorio, por lo que no cumpl[ió] con los requisitos que debe llenar una declaración testimonial. Al respecto, este Tribunal estima oportuno recordar que los procedimientos que se siguen ante él no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas 33. En ese sentido, esta Corte ha admitido en otras ocasiones declaraciones que no se adecuan a lo señalado por la legislación interna para su emisión 34, sin que se deje de velar por la seguridad jurídica y por el equilibrio procesal de las partes 35. La Corte estima pertinente admitir ambas declaraciones en estricta medida que se ajusten al objeto definido por la Presidencia en la Resolución que ordenó recibirla (supra párr. 8) y teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el Estado respecto a Francisco Arreaga Alonzo. Por último, cabe mencionar que este Tribunal estima que las declaraciones rendidas por las presuntas víctimas no pueden ser valoradas aisladamente, dado 33 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de Serie C No. 72, párr. 71; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, supra nota 31, párr. 95, y Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de Serie C No. 200, párr Cfr. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia, supra nota 17, párr. 114; Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de Serie C No 153, párr. 62, y Caso Escher y otros, supra nota 33, párr Cfr. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, supra nota 19, párr. 58; Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, supra nota 34, párr. 62, y Caso Escher y otros Vs. Brasil, supra nota 33, párr. 74.20 20 que tienen un interés directo en este caso, razón por la cual serán apreciadas dentro del conjunto de las pruebas del proceso En relación con las declaraciones juradas de los peritajes rendidos por Marco Antonio Garavito Fernández (supra párr. 56.c) y Nieves Gómez Dupuis (supra párr. 56.d), en sus observaciones presentadas el 17 de junio de 2009, el Estado señaló que no se tomaron las declaraciones de los peritos ante fedatario público como lo establece la Resolución de la Presidenta de 18 de mayo de 2009, sino mediante documento privado con firma legalizada y que tampoco cumplen con lo que establece el artículo 227 del Código Procesal Penal, Decreto No , que establece que los peritos aceptarán el cargo bajo juramento. Al respecto, este Tribunal reitera lo señalado en el párrafo anterior en el sentido de que los procedimientos que se siguen ante él no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas. En ese sentido, la Corte ha admitido en otras ocasiones declaraciones juradas que no fueron rendidas ante fedatario público, cuando no se afecta la seguridad jurídica y el equilibrio procesal entre las partes. En el presente caso, el Tribunal no encuentra fundamentos para considerar que la admisión de las declaraciones cuestionadas, es decir, aquellas cuya firma fue certificada por un notario público, haya afectado la seguridad jurídica o el equilibrio procesal de las partes. En todo caso, el declarante no rechaza o desconoce el contenido de la declaración que se le atribuye, sino que asegura a través de su firma certificada ante un fedatario público que efectivamente es el autor de tal declaración, asumiendo las consecuencias legales de dicho acto. En razón de lo expuesto, el Tribunal admite como prueba los peritajes en las cuales consta la firma del perito debidamente certificada por un notario y las apreciará en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica y tomando en consideración las objeciones de las partes En relación con las declaraciones rendidas por Ramiro Osorio Cristales (supra párr. 57.a) y Felicita Herenia Romero Ramírez (supra párr. 57.b), la Corte las estima pertinentes en cuanto se ajusten al objeto definido por la Presidencia en la Resolución que ordenó recibirlas (supra párr. 8). Este Tribunal reitera lo señalado anteriormente en relación a la valoración de las declaraciones rendidas por las presuntas víctimas (supra párr. 63). 66. Respecto de los peritajes rendidos por Edgar Fernando Pérez Archila (supra párr. 57.c), Carlos Manuel Garrido (supra párr. 57.d) y Claudia Paz y Paz Bailey (supra párr. 57.e), la Corte los admite tomando en cuenta el objeto de los mismos fijado en la Resolución de la Presidenta de 18 de mayo de 2009 (supra párr. 8) y los valorará de acuerdo con el acervo probatorio del presente caso y las reglas de la sana crítica. 67. En cuanto a los documentos de prensa presentados por las partes, este Tribunal ha considerado que podrán ser apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de Serie C No. 120, párr. 39; Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, supra nota 34, párr. 62, y Caso Escher y otros Vs. Brasil, supra nota 33, párr Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, supra nota 36, párr. 40, Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, supra nota 34, párr. 62, y Caso Escher y otros Vs. Brasil, supra nota 33, párr Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota 30, párr. 146; Caso Escher y otros Vs. Brasil, supra nota 33, párr. 76, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 28, párr. 25. Mostrar más
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