Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/90.91sp/Peru10470.htm
Timestamp: 2017-03-28 13:54:16
Document Index: 65551489

Matched Legal Cases: ['Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 44', 'Artículo 46', 'Artículo 48', 'Artículo 42', 'Artículo 48', 'Artículo 50', 'Artículo 1', 'Artículo 50', 'Artículo 47']

propuestos; 2. Que tampoco ha presentado observaciones a los informes y no ha dado respuesta a las comunicaciones efectuadas al respecto, y 3. Que no existen en esta Comisión nuevos elementos de juicio que requieran modificar dichos informes originales. LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RESUELVE: Publicar dichos informes en su Informe Anual 1990-1991. INFORME N° 85/90
Humanos, el 15 de septiembre de 1989, cuyas partes pertinentes se transcriben a continuación: El día 14 de agosto efectivos del Ejército realizaron una incursión al caserío de Ishanga, llegando al poblado valiéndose de
vehículos, tanto terrestres como aéreos (utilizaron helicópteros para trasladar a los detenidos). Alrededor de las 3 de la tarde se iniciaron las detenciones. Asimismo, efectuaron saqueos a las viviendas, llevándose motocicletas, generadores de corriente eléctrica y
otros. La siguiente es la relación de detenidos desaparecidos: 1. Bocanegra Espinoza, Vicente Profesor, 25 años 2. Solís Zorrilla, Carlos Augusto Agricultor, 23 años 3. Sajami Pizango, Mike Agricultor, 23 años 4. Alejandro, Nixon Agricultor, 23 años 5. Alvarado Ruíz, Santiago Agricultor, 27 años 6. Quispe Paredes, Miguel Agricultor, 25 años 7. Tuanama Peláez, Rainer Agricultor, 25 años 8. Bisarres Tadeo, Leonardo Agricultor, 25 años 9. Camacho Sabolla, Pablo Agricultor, 22 años 10. Pinedo Collazos Diva Luis Estudiante, 15 años 2. La Comisión, mediante nota del 10 de octubre de 1989 inició la tramitación del caso y solicitó al Gobierno del Perú la información pertinente sobre los hechos materia de dicha comunicación, así como cualquier elemento de juicio que permitiera apreciar si en el caso objeto de la solicitud se habían agotado los recursos de la jurisdicción
interna, concediéndosele el plazo de 90 días para dar respuesta a dicho pedido. 3. En fecha 7 de marzo de 1990, la Comisión reiteró al Gobierno del Perú su solicitud de información, mencionando que de no recibirse dicha información en un plazo de 30 días, la Comisión entraría a considerar la posible aplicación del Artículo 42 del Reglamento, el cual establece la presunción de los hechos relatados en la denuncia, toda vez que el Gobierno aludido no suministre la información correspondiente dentro del plazo señalado por la Comisión. 4. La Comisión reiteró al Gobierno de Perú, el 12 de abril de 1990, su pedido de información sobre la desaparición de Vicente Bocanegra Espinoza, Carlos Augusto Solís Zorrilla, Mike Sajami Pizango, Nixon Alejandro, Santiago Alvarado Ruiz, Miguel Quispe Paredes, Rainer Tuanama
Peláez, Leonardo Bisarres Tadeo, Pablo Camacho Sabolla y Diva Luis Pinedo Collazos bajo apercibimiento de la aplicación del Artículo 42 del Reglamento. CONSIDERANDO: 1. Que la Comisión es competente para conocer del presente caso por tratarse de violaciones de derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 4, relativo al derecho a la vida y Artículo 7, derecho a la libertad personal, tal como lo dispone el Artículo 44 de la citada Convención, de la cual Perú es Estado
jurisdiccionales, por lo cual no son aplicables los requisitos referentes al agotamiento de los recursos internos contenidos en el Artículo 46 de la Convención. 4. Que la reclamación no se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional ni es la reproducción de petición anterior ya examinada por la Comisión. 5. Que pese al tiempo transcurrido y a las reiteradas gestiones efectuadas por la Comisión, el Gobierno del Perú no ha proporcionado respuesta relativa a los hechos en relación con el presente caso. 6. Que al no haber dado respuesta el Gobierno del Perú ha incumplido la obligación internacional de suministrar información a la Comisión dentro de un plazo razonable, como lo establece el Artículo 48 de la Convención. 7. Que en el presente caso existe la agravante de que una de las presuntas víctimas es un menor de edad. 8. Que la Comisión ha manifestado reiteradamente su terminante rechazo a este grave fenómeno de la desaparición forzada de personas en sus informes sobre la situación de los derechos humanos, expresando en diversos documentos que: ... este procedimiento es cruel e inhumano y que la desaparición no sólo constituye una privación arbitraria de la libertad, sino también un gravísimo peligro para la integridad personal, la seguridad y la vida misma de la víctima.1 9. Asimismo, la Asamblea General de la OEA en diversas resoluciones ha destacado la necesidad de que en los países donde hubiesen ocurrido desapariciones forzadas se pusiese inmediato fin a esa práctica, instando
asimismo, a los gobiernos a que lleven a cabo los esfuerzos necesarios para determinar la situación de esas personas. Además, a propuesta de la Comisión, la Asamblea General de la OEA ha declarado que la desaparición forzada de personas en América constituye un crimen de lesa humanidad.2 10. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de 29 de julio de 1988 en el caso Velásquez Rodríguez, declaró lo siguiente: La práctica de desapariciones, además de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención (...), significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención.3 11. Que el Artículo 42 del Reglamento de la Comisión establece lo
correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión diversa. 12. Que al no ser aplicable el procedimiento de solución amistosa (Artículo 48. 1. f, de la Convención), por la naturaleza misma de los hechos denunciados y por la ausencia de respuesta de parte del Gobierno, la Comisión debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50, inciso 1, de la Convención Americana, emitiendo sus conclusiones y recomendaciones sobre la denuncia sometida a su consideración. LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS, RESUELVE: 1. Presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicación del 15 de septiembre de 1989, relacionados con la detención y la posterior desaparición de Vicente Bocanegra Espinoza, Carlos Augusto Solís
Zorrilla, Mike Sajami Pizango, Nixon Alejandro, Santiago Alvarado Ruíz, Miguel Quispe Paredes, Rainer Tuanama Pelaez, Leonardo Bisarres Tadeo, Pablo Camacho Sabolla y Diva Luis Pinedo Collazos por parte de efectivos del Ejército peruano el día 14 de agosto de 1989. 2. Declarar que el Gobierno del Perú no ha cumplido con las obligaciones de respeto de los derechos humanos y garantías impuestas por el Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 3. Declarar que tales hechos constituyen violaciones del derecho a la vida y al derecho a la libertad consagrados en los Artículos 4 y 7 de la Convención. 4. Formular al Gobierno del Perú las siguientes recomendaciones (Artículo 50, inciso 3 de la Convención y Artículo 47 del Reglamento de
Comisión. 1. Cf. Informe Anual 1978, 1980-1981, 1982-1983, 1985-1986, 1986-1987. 2. Cf. Res. 443 (IX-0/79), 510 (X-0/80), 543 (XI-0/81), 618 (XII-0/82), 666 (XIII-0/83) y 742 (XIV-0/84). 3. Cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C. No. 4, párr. 158.