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Timestamp: 2020-07-09 21:23:10
Document Index: 414783986

Matched Legal Cases: ['artículo 89', 'artículo 1287', 'artículo 1288', 'artículo 1', 'artículo 403', 'artículo 7', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18']

Gonzalez Torres Abogados: 2016
Reclamamos todos los gastos comisiones tributos e impuestos pagados al banco tras firmar una escritura de compraventa de inmueble con garantía hipotecaria
En Gonzalez Torres Abogados SL, nos encargamos de recuperar para nuestros clientes, todos los gastos de otorgamiento de una escritura de hipoteca si el banco los ha cargado a la cuenta del cliente (gastos preparatorios, comisiones, gastos notariales, registrales e impuestos), en base a la solicitud de nulidad de dichas clausulas.
Todo ello en base a la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo nº 705/2015 de 23 de diciembre de 2015, que declaró abusiva las cláusulas en la que el banco Popular y el BBVA imponen al prestatario el pago de todos los gastos, tributos y comisiones derivados del préstamo hipotecario, y cuyo texto es el siguiente:
“Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras, modificación (incluyendo división, segregación o cualquier cambio que suponga alteración de la garantía) y ejecución de este contrato, y por los pagos y reintegros derivados del mismo, así como por la constitución, conservación y cancelación de su garantía, siendo igualmente a su cargo las primas y demás gastos correspondientes al seguro de daños, que la parte prestataria se obliga a tener vigente”.
Y porque esas prácticas bancarias, contravienes normas que en determinados aspectos tienen carácter imperativo, como el artículo artículo 89.3.c) TRLGCU, que considera como abusiva la estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario, la declaración de nulidad es plenamente ajustada a derecho.
Dice el art. 89 de la Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, referente a las cláusulas abusivas que afectan al perfeccionamiento y ejecución del contrato:
1. Las declaraciones de recepción o conformidad sobre hechos ficticios, y las declaraciones de adhesión del consumidor y usuario a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato.
2. La transmisión al consumidor y usuario de las consecuencias económicas de errores administrativos o de gestión que no le sean imputables.
3. La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al empresario. En particular, en la compraventa de viviendas:
a) La estipulación de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al empresario (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción o su división y cancelación).
b) La estipulación que obligue al consumidor a subrogarse en la hipoteca del empresario o imponga penalizaciones en los supuestos de no subrogación.
c) La estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario.
d) La estipulación que imponga al consumidor los gastos derivados del establecimiento de los accesos a los suministros generales de la vivienda, cuando ésta deba ser entregada en condiciones de habitabilidad.
Publicado por Pedro Torres Romero en 15:59 No hay comentarios:
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Las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado en los contratos de seguro en caso de conducir bajo la influencia de las bebidas alcohólicas, para su validez es necesario que esten redactadas tanto de forma clara y destacada como que sea expresamente aceptada por el tomador del seguro
A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 13ª, de 27 de septiembre de 2016, nº 421/2016, rec. 553/2015, declara que en los seguros voluntario del automóvil, es válida aquella cláusula que excluye la cobertura de los daños propios en caso de conducción bajo las bebidas alcohólicas cuando la misma está redactada de forma clara en su comprensión.
B) Es doctrina jurisprudencial constante y reiterada del Tribunal Supremo (por todas Sentencia del TS 10.3.2010) que "los artículos 1281 al 1289 del Código civil son un cuerpo subordinado y complementario de criterios de interpretación contractual, de tal manera que si los términos literales del contrato no dejan lugar a dudas sobre la intención de las partes, no cabe que entren en juego los restantes criterios subordinados al primero; así lo ha declarado la STS de 4 de julio de 2007 :"la doctrina jurisprudencial más general ha señalado que las normas o reglas de interpretación contenidas en los artículos 1281 a 1289 del Código Civil, constituyen un conjunto o cuerpo subordinado y complementario entre sí, de las cuales, tiene rango preferencial y prioritario la correspondiente al párrafo primero del artículo 1287 del CC, de tal manera que si la claridad de los términos de un contrato no dejan duda sobre la intención de las partes, no cabe la posibilidad de que entren en juego las restantes reglas de los artículos siguientes, que vienen a funcionar con carácter subsidiario, respecto a la que preconiza la interpretación literal"; en el mismo sentido, se manifiestan las SSTS de 13 de diciembre de 2001 y 23 de enero de 2003, entre otras muchas".
En concreto, y en relación a un contrato de seguro, la Sentencia del TS 19.7.2016) afirma que "El artículo 1288 CC establece un canon hermenéutico contra proferentem como sanción por falta de claridad para proteger al contratante más débil (SSTS de 21 de abril de 1998, 10 de enero de 2006 y 5 de marzo de 2007), ordenando que «en caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor». Pero esta regla de interpretación sólo entra en juego cuando exista una cláusula oscura o sea oscuro todo el contrato, pues, ante esa falta de claridad y de transparencia, con la consiguiente imposibilidad de conocer la voluntad común, se ha de proteger al contratante que no causó la confusión".
C) La sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sec. 6ª, de 26 de septiembre de 2016, nº 482/2016, rec. 685/2015, en un supuesto del seguro de automóvil, determina que es una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, la que fija que la aseguradora queda exonerada de su obligación de pago de la indemnización reclamada en caso de conducir bajo la influencia de las bebidas alcohólicas. Para su validez es necesario que este redactada de forma clara y destacada como que sea expresamente aceptada por el tomador del seguro.
D) CLAUSULAS LIMITATIVAS DE DERECHOS: De acuerdo con las Sentencias del TS de 15 de julio y 12 de noviembre de 2009 y especialmente la del Pleno de 11 de septiembre 2006, entre otras, hay que recordar la doctrina que distingue entre cláusulas limitativas de derechos y delimitadoras del riesgo, la cual establece que delimitadoras del riesgo son las cláusulas que tienen por finalidad concretar el riesgo, esto es, el objeto del contrato, fijando que riesgos, en caso de producirse, por constituir el objeto del seguro, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación, y en la aseguradora el recíproco deber de atenderla, determinando pues qué riesgo se cubre, en qué cuantía, durante qué plazo y en qué ámbito espacial, tratándose de cláusulas susceptibles de ser incluidas en las condiciones generales y respecto de las cuales basta con que conste su aceptación por parte de dicho asegurado, mientras que limitativas de derechos son las que, en palabras de la Sentencia del TS de 16 de octubre de 2000, operan para "restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido", las cuales, afirma la STS de 15 de julio de 2009 están sujetas, en orden a su validez y como expresión de un principio de transparencia legalmente impuesto, a los requisitos de que: a) han ser destacadas de modo especial; y b) ser específicamente aceptadas por escrito (art. 3 LCS).
Así pues, por tratarse de una cláusula limitativa, sólo podría ser válida, eficaz y oponible si consta como hecho probado que en el momento de perfeccionamiento del contrato de seguro la controvertida cláusula fue realmente conocida y aceptada en la forma prevista en el art. 3 LCS, pues la validez de la cláusula limitativa exige, no solo que cumpla el principio de transparencia, es decir que aparezca redactada "de forma clara y precisa" y que se encuentre destacada, por ejemplo en negrilla, cosa que no ocurre, sino que, además, sean aceptadas expresamente y por escrito las restricciones o limitaciones de su contenido, no bastando, por tanto, ni siquiera el conocimiento de las cláusulas limitativas, sino que es preciso, como requisito para que resulten vinculantes "que hayan sido expresamente aceptadas por escrito", supuesto que no se da en el caso de autos, pues es manifiesto que la póliza aportada por la demandada carece absolutamente de firma.
Publicado por Pedro Torres Romero en 15:46 No hay comentarios:
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El Tribunal Supremo permite que los administradores concursales acuerden la resolución de los contratos de alquiler de renta antigua cuando redunde en interés del concurso y la empresa arrendadora
A) La sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2016, nº 660/2016, rec. 2694/2014, permite que los administradores concursales resuelvan contratos de alquiler del arrendador en concurso, aunque estén sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Estos contratos de arrendamiento, firmados antes de la reforma de 1985 y conocidos como rentas antiguas, se prorrogan de manera obligatoria para el arrendador, siempre que así sea la voluntad del arrendatario.
Sin embargo, el TS establece que la resolución de estos alquileres es una pieza de interés del concurso, según prevé la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio (LC). De este modo, y para asegurar la viabilidad de la empresa concursada, exige que se termine con los arrendamientos sujetos a la antigua ley.
La sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2016, determina que es posible la resolución del contrato de arrendamiento de local de negocio, contrato de tracto sucesivo pendiente de cumplimiento por ambas partes, sujeto al sistema de prórroga forzosa siempre y cuando redunde en interés del concurso. Por interés del concurso se refiere a lo que mejor convenga, que es la satisfacción de los créditos y la continuación de la actividad empresarial del arrendador y deudor concursado. Ante la resolución del contrato, el arrendatario tiene derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios ocasionados.
B) Régimen legal de la resolución del contrato en interés del concurso. Con carácter general, el párrafo primero del art. 61.2 LC prescribe que «la declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte». Y, excepcionalmente, el párrafo segundo permite que a instancia del concursado o de la administración concursal, según se haya acordado la intervención o la suspensión de las facultades patrimoniales del deudor concursado, el juez pueda acordar la resolución del contrato al que se refiere el párrafo anterior.
Esta resolución en interés del concurso no se articula como un derecho dispositivo atribuido por la ley a una de las partes, en concreto de quien represente a la masa del concurso (el concursado o la administración concursal), sino como una decisión judicial en ausencia de acuerdo entre las partes. Acuerdo entre las partes que se refiere tanto a la resolución como a sus consecuencias o efectos, que según la Ley son la liquidación de la relación contractual y la indemnización de los daños y perjuicios que la resolución hubiera podido ocasionar a la parte in bonis, que deberá satisfacerse con cargo a la masa.
1º) El art. 61.2.II LC no establece ninguna excepción a la aplicación de esta resolución en interés del concurso, sin que, por otra parte, el contrato litigioso siga tutelado por un régimen legal tuitivo que lo impida.
Es cierto que cuando se concertó, en 1983, el contrato de arrendamiento de local de negocio, sobre el local sito en el edificio de la Puerta del Sol núm. 9, estaba sujeto a un régimen de prórroga forzosa por ser anterior al Real Decreto Ley 2/1985. Este régimen podía calificarse de especialmente tuitivo de los derechos del arrendatario.
Sin embargo, la situación cambió con la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que acabó con el régimen de prórroga forzosa, sin perjuicio del régimen transitorio respecto de la actualización de rentas y la duración de los contratos. En concreto, y por lo que ahora interesa, en el caso de los contratos de arrendamiento de local de negocio concertados con personas jurídicas, como arrendatarias, el apartado 4 de la disposición transitoria 3ª de la reseñada Ley estableció, en el mejor de los casos, un plazo máximo de 20 años a contar desde la entrada en vigor de la Ley, que se cumplió el 31 de diciembre de 2014.
No se discute ahora la concreta duración de este contrato, sino si estaba sujeto a una normativa especialmente tuitiva que justificara su exclusión del régimen previsto en el art. 61.2 LC. A estos efectos, hemos de concluir que si bien este contrato cuando se constituyó estaba sujeto a un régimen especialmente tuitivo, este régimen cambió con la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, sin perjuicio de que para compensar a los arrendatarios se les reconociera un especial régimen transitorio.
De este modo no cabía excluir el contrato litigioso de la posibilidad de que se acordara judicialmente la resolución en interés del concurso del arrendador.
Los derechos reconocidos por la ley al arrendatario en las disposiciones transitorias, y en concreto el relativo a continuar durante el tiempo que le corresponda, pueden ser tenidos en cuenta para evaluar los daños y perjuicios que la resolución anticipada le puede reportar, y que deberían ser compensados económicamente con cargo a la masa.
No existe, como argumenta la Audiencia, un ejercicio abusivo o antisocial del derecho, ni tampoco es contrario a la buena fe, sin perjuicio de que la valoración del interés del concurso tenga que tener en cuenta la contrapartida que puede conllevar la compensación del perjuicio que la resolución puede reportar al arrendatario, como veremos a continuación.
2º) No existe duda de que el contrato que tanto la administración concursal como la concursada (titular del inmueble arrendado) pretenden que se resuelva en interés del concurso, al amparo del precepto invocado (art. 61.2.II LC), es un contrato de tracto sucesivo, un arrendamiento de local de negocio, que estaba pendiente de cumplimiento por ambas partes, por la concursada, que era la arrendadora, y por la arrendataria (parte in bonis). Con ello se cumple el presupuesto legal para que pueda proponerse la resolución en interés del concurso, sin perjuicio de la valoración que el tribunal haga de su procedencia.
3º) En síntesis, el interés invocado en la solicitud de resolución dirigida al juzgado se apoyaba en dos circunstancias. La primera que el contrato de arrendamiento de local de negocio, como consecuencia de haberse constituido bajo un régimen de renta antigua y prórroga forzosa, a pesar de la actualización de las rentas impuesta por la LAU de 1994, generaba una renta mensual desproporcionadamente inferior a la que se viene cobrando en locales de características similares, en aquella zona (la Puerta del Sol de Madrid). En concreto, se afirmaba que la renta mensual actualizada era de 4.860,48 euros, cuando el alquiler de un local de similares características (ubicación y superficie), sito en las cercanías de la Puerta del Sol, podría comportar la obligación de pago de una renta mensual de 48.689,33 euros.
La segunda circunstancia que este contrato de arrendamiento impedía el desarrollo de un proyecto de rehabilitación del edificio, mediante la unificación de toda la planta (donde se halla el local objeto de litigio), que permitiría incrementar el rendimiento de su explotación.
4º) «El interés del concurso» es un parámetro fijado por la ley para que el tribunal pueda apreciar, en cada caso, sobre la procedencia de la resolución de un contrato de estas características.
Es cierto que «el interés del concurso» se refiere a lo que mejor convenga a la finalidad perseguida con el concurso de acreedores, que es la satisfacción de los créditos y la continuación de la actividad empresarial del deudor concursado. Este interés legitima que el juez autorice al concursado a que se desligue de la relación contractual. Pero, al mismo tiempo, ello no supone que se obvien los derechos de la contraparte, pues el precepto expresamente prevé, como un efecto de la resolución, que además de la liquidación de la relación contractual, se pueda acordar con cargo a la masa la indemnización de los daños y perjuicios que para la parte in bonis pueda representar la resolución.
En la sentencia 189/2016, de 18 de marzo, el Tribunal Supremo afirmaba que la indemnización de daños y perjuicios no es una consecuencia necesaria e ineludible de la resolución del contrato en cuestión, sino que en cada caso debe apreciarse si han existido los daños y perjuicios, y la cuantificación de la indemnización:
«La dicción literal del precepto muestra que la indemnización de los daños y perjuicios con cargo a la masa no es una consecuencia necesaria e ineludible de la resolución del contrato por convenir al interés del concurso. Es necesario realizar un enjuiciamiento tanto fáctico como jurídico, esto es, es necesario valorar si aplicando la regulación contractual establecida en el contrato a las circunstancias fácticas concurrentes, la resolución que resulta del régimen excepcional contenido en el art. 61.2 de la Ley Concursal determina la procedencia de indemnizar daños y perjuicios, y si efectivamente tales daños y perjuicios se han producido».
Como esta indemnización está anudada a la eventual resolución del contrato, nada impide que podamos tener en consideración esta previsión legal, que reconoce el derecho de la parte in bonis a percibir la indemnización de los daños y perjuicios que la resolución le pudiera reportar, a la hora de sopesar la existencia del «interés del concurso».
La previsión de la eventual indemnización para la parte in bonis, que tiene como presupuesto que la resolución le haya reportado daños y perjuicios, pone en evidencia que el interés del concurso puede legitimar la resolución del contrato, pero no puede obviar el perjuicio que esta resolución puede reportar a la contraparte, que se traduce en una indemnización con cargo a la masa.
A este respecto, en relación con la primera circunstancia alegada para justificar el interés del concurso, existe una correlación entre el incremento que por rentas podría tener la arrendadora si se resuelve anticipadamente el contrato, con el perjuicio que esta resolución anticipada le reportaría al arrendatario, que tendría que pagar una renta mayor a la que viene pagando, durante el tiempo en que, si no fuera por la resolución anticipada, estaría vigente el contrato.
Por ello, propiamente, por esta primera circunstancia no existe interés del concurso, pues el incremento de rentas que se supone que se alcanzaría con la resolución del contrato (la diferencia entre la renta que cobra del arrendatario actual y lo que podría cobrar según el mercado) es equivalente con el perjuicio que la resolución anticipada le reportaría al arrendatario (la diferencia entre la renta que paga y la que debería de pagar para mantenerse en un local de esas características en esa zona). Dicho de otro modo, de forma estimativa, la evaluación económica del beneficio que se piensa obtener con la resolución coincidiría con el perjuicio que la resolución ocasionaría al arrendatario, que debería ser indemnizado con cargo a la masa.
5º) Cuestión distinta es la segunda circunstancia. Se aduce que existe un proyecto para modificar la distribución de locales del inmueble, que permitiría la unión de espacios, lo que conllevaría una revalorización del espacio destinado a local, y por ello generaría un incremento de las rentas que podrían cobrarse.
Esta segunda circunstancia sí que apunta a un beneficio suplementario, que no se corresponde con un correlativo y equivalente (desde el punto de vista de su evaluación económica) perjuicio para el arrendatario. Si la resolución del contrato permite llevar a cabo una operación de transformación interior del inmueble que revalorizaría su explotación arrendaticia, existe interés del concurso porque redundará en un incremento de la masa activa.
6º) Por ello, procede, por tanto, la estimación en parte del recurso de apelación. Declaramos la procedencia de la resolución del contrato en interés del concurso, para el caso en que no estuviera ya resuelto por expiración del término (legal, previsto en la reseñada disposición transitoria de la LAU 1994) y la arrendadora siguiera interesada en hacer efectiva la resolución. Y reconocemos, en caso de que se haga efectiva la resolución anticipada, el derecho de la arrendataria a ser indemnizada, con cargo a la masa o de quien se hubiera subrogado en el contrato de arrendamiento, de los perjuicios derivados de la resolución anticipada del contrato de arrendamiento.
7º) El importe de esta indemnización se fijará en ejecución de sentencia, a partir de las siguientes bases: la diferencia entre el importe de la última renta mensual actualizada (4.860,48 euros) y la que el arrendador manifiesta que se paga en un local de esas características y ubicación (48.689,33 euros); por los meses que todavía restaran entre la resolución anticipada -si llega a haberla- y el término que conforme a las normas transitorias de la LAU 1994 correspondiera a este contrato para continuar con el régimen anterior de prórroga forzosa.
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El Estatuto de los Trabajadores presume que la contratación de familiares por un trabajador autónomo no es una relación laboral con derecho a la prestación de desempleo
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Derecho del perjudicado en un accidente a resarcirse de los gastos hechos para la curación cuando la prueba o tratamiento a realizar tenga probabilidades de curación
La sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, sec. 6ª, de 7 de octubre de 2016, nº 282/2016, rec. 357/2016, declara el derecho del perjudicado en un accidente a resarcirse de los gastos hechos para la curación cuando, en el momento en que decide realizar la prueba o tratamiento de que se trate, existe una expectativa razonable de que aprovechen a la misma.
En función de esas premisas fácticas recordaremos que el artículo 1.4 del R.D. Leg 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor preveía que: "Los daños y perjuicios causados a las personas, comprensivos del valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener, previstos, previsibles o que conocidamente se deriven del hecho generador, incluyendo los daños morales, se cuantificarán en todo caso con arreglo a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el anexo de esta ley; y el anexo en cuestión indicaba que: "Además de las indemnizaciones fijadas con arreglo a las tablas, se satisfarán en todo caso los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria en la cuantía necesaria hasta la sanación o consolidación de secuelas, siempre que el gasto esté debidamente justificado atendiendo a la naturaleza de la asistencia prestada."
Pues bien, abordando supuestos similares en los que el tratamiento no había surtido los resultados esperados, la Audiencia Provincial de Asturias ha señalado reiteradamente que el derecho del perjudicado a resarcirse de los gastos hechos para la curación no dependía exclusivamente del criterio de utilidad, antes bien surge igualmente cuando en el momento en que se decida realizar la prueba o tratamiento de que se trate existe una expectativa razonable de que aprovechen a la curación, aun cuando a la postre dicha expectativa no se confirme como realidad pues la ciencia médica no es de certeza absoluta, ni puede exigirse otra cosa que un pronóstico más o menos fiable sobre el buen fin del acto médico de que se trate; sin embargo, con idéntica contundencia hemos afirmado también que el derecho a la reparación integral de la salud no cubre la realización de pruebas o tratamientos cuyo resultado pueda obtenerse por medios menos costosos, ni tampoco cuando a priori no pueda establecerse su utilidad o necesidad; en esos casos, esto es cuando, sin respaldo científico suficiente, se exploran nuevos tratamientos o medios de diagnóstico, el paciente los acomete por su cuenta y riesgo y solo tendrá derecho al resarcimiento si a la postre se revelan útiles.
El tratamiento aplicado en el supuesto que nos ocupa no pudo ser más convencional y ya habíamos dicho que, según se desprende de la documental antes valorada, se prestó bajo indicación del terapeuta; en consecuencia concluimos que, aun cuando el resultado final no hubiera sido lo exitoso que se pretendía, no por ello debe irrogarse al lesionado el perjuicio adicional que representa trasladarle el coste de dichas atenciones.
Publicado por Pedro Torres Romero en 19:41 No hay comentarios:
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La eficacia de las declaraciones de los coimputados como prueba de cargo, según la juriusprudencia del Tribunal Constitucional y el Supremo
La jurisprudencia, sobre las declaraciones de coimputados y su eficacia como prueba de cargo, es clara, así a título de ejemplo reseñamos la STS 565/2011, de 6 de junio, que nos recuerda que el Tribunal Constitucional tiene una consolidada doctrina que se sintetiza en los siguientes términos:
"Las declaraciones de los coimputados carecen de consistencia plena como prueba de cargo cuando, siendo únicas, no resultan mínimamente corroboradas por otros datos externos. La exigencia de corroboración se concreta, por una parte, en que no ha de ser plena, sino mínima y, por otra, en que no cabe establecer qué ha de entenderse por corroboración en términos generales, más allá de que la veracidad objetiva de la declaración del coimputado ha de estar avalada por algún hecho, dato o circunstancia externa, debiendo dejarse al análisis caso por caso la determinación de si dicha mínima corroboración se ha producido o no.
Igualmente, el Tribunal Constitucional ha afirmado que los diferentes elementos de credibilidad objetiva de la declaración -como pueden ser la inexistencia de animadversión, el mantenimiento o no de la declaración, o su coherencia interna- carecen de relevancia como factores de corroboración, siendo necesario que existan datos externos a la versión del coimputado que la corroboren, no en cualquier punto, sino en relación con la participación del recurrente en los hechos punibles que el órgano judicial considera probados.
Por último, también se ha destacado que la declaración de un coimputado no puede entenderse corroborada, a estos efectos, por la declaración de otro coimputado y que los elementos cuyo carácter corroborador ha de ser valorado por este Tribunal son exclusivamente los que aparezcan expresados en las resoluciones judiciales impugnadas como fundamentos probatorios de la condena" (SSTC 34/2006, de 13 de febrero; 230/2007, de 5 de noviembre; 102/2008, de 28 de julio; 56/2009 y 57/2009, de 9 de marzo; 125/2009, de 18 de mayo; y 134/2009, de 1 de junio).
El mismo Tribunal Constitucional argumenta también en el sentido de que "la exigencia de que la declaración incriminatoria del coimputado cuente con un elemento externo de corroboración mínima no implica la existencia de una prueba directa o indiciaria sobre la participación del condenado en los hechos que se le imputan, sino, más limitadamente, una prueba sobre la veracidad objetiva de la declaración del coimputado respecto de la concreta participación del condenado, y, en segundo lugar, que son los órganos judiciales los que gozan de inmediación y de un contacto directo con los medios de prueba" (SSTC 56/2009 y 57/2009, de 9 de marzo). Y en la misma dirección se matiza que "la corroboración externa mínima y suficiente que, como exigencia constitucional para completar el carácter incriminatorio de las declaraciones de coimputados, venimos exigiendo, no constituye una prueba, pues, en otro caso, bastaría ésta sin necesidad de las declaraciones referidas; la corroboración es una confirmación de otra prueba, que es la que por sí sola no podría servir para la destrucción de la presunción de inocencia, pero que con dicha corroboración adquiere fuerza para fundar la condena" (SSTC 198/2006, de 3 de julio; y 258/2006, de 11 de septiembre).
Por último, "la existencia de una coincidencia entre lo declarado por un coimputado y las circunstancias del condenado atinentes a su conducta delictiva, "configuran una realidad externa e independiente a la propia declaración del coimputado que la avalan" (así, SSTC 233/2002, de 9 de diciembre; 91/2008, de 21 de julio; y 56/2009 y 57/2009, de 9 de marzo).
Publicado por Pedro Torres Romero en 22:38 No hay comentarios:
Etiquetas: La eficacia de las declaraciones de los coimputados como prueba de cargo. Abogados penalistas en Las Palmas de Gran Canaria
En materia de trafico con carácter previo a interponer la demanda se deberá comunicar el siniestro a la aseguradora solicitando la indemnización que corresponda, en los accidentes ocurridos a partir del 1 de enero de 2016
A) El Auto de la Audiencia Provincial de Granada, sec. 3ª, de 3 de junio de 2016, nº 101/2016, rec. 187/2016, declara la obligatoriedad en materia de accidentes de trafico, de la reclamación previa a la compañía aseguradora, exigida tras la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
El llamado "nuevo baremo" que aprueba esta norma, entró en vigor el 1 de enero de 2016, pues así lo dispone su Disposición Final 5 ª.
El apartado 3 del artículo Único de la Ley 35/2015, reforma el art. 7 del RDL 8/2004, de 29 octubre, que aprueba el Texto Refundido de la de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, da nueva redacción al mencionado precepto, que pasa a establecer: "no obstante, con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, deberán comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que corresponda. Esta reclamación extrajudicial contendrá la identificación y los datos relevantes de quien o quienes reclamen, una declaración sobre las circunstancias del hecho, la identificación del vehículo y del conductor que hubiesen intervenido en la producción del mismo de ser conocidas, así como cuanta información médica asistencial o pericial o de cualquier otro tipo tengan en su poder que permita la cuantificación del daño”.
Además añade un nuevo apartado 8 al precepto citado, que en su último párrafo dispone que: “No se admitirán a trámite, de conformidad con el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el asegurado”.
A ello se añade que el art. 403.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, tras su reforma por Ley 7/2015, previene que: "No se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquéllas o no se hayan intentado conciliaciones o efectuado requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales”.
En definitiva, la reforma introduce un requisito previo a la interposición de la demanda, que es la reclamación previa, a la compañía aseguradora.
B) La cuestión que suscita el recurso es si cabe exigir tal reclamación previa a un accidente que, como el de autos, acontece antes del 1 de enero de 2016, aunque la demanda se presente posteriormente.
La modificación del art. 7 es consecuencia de la reforma general del sistema del baremo, operada por la Ley 35/2015, y aunque establece su Disposición Final 5ª, la entrada en vigor de la reforma a partir del 1 de enero de 2016, sin embargo por virtud de su Disposición Transitoria única:
2.- Para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley subsistirá y será de aplicación el sistema recogido en el Anexo y en el Anejo del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
En la interpretación de la normativa transitoria que nos ocupa, debemos tomar en consideración que el RD 1148/2015, por el que se regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos, solo se aplicará a los accidentes de circulación que se produzcan tras su entrada en vigor, es decir 1 de enero de 2016.
Por tanto, aunque pueda pensarse que el "sistema" al que alude la Disposición Transitoria de la Ley 35/2015, se refiere al Título IV, que incorpora la reforma, no podemos desconocer que la ley introduce una regulación general bien distinta de la previa, para la valoración del daño, es decir un nuevo sistema para su determinación. En ese contexto se modifica la fórmula de reclamación, introduciendo un requisito procesal como la reclamación previa, al mismo tiempo que se aumentan las cuantías y conceptos indemnizables, se amplían las personas beneficiarias, se regula el cálculo del lucro cesante, se distingue entre "gastos de asistencia sanitaria" y otros "gastos diversos resarcibles", además de admitir el resarcimiento del trabajo doméstico y un largo etcétera de aplicación, en conjunto, para accidentes que ocurran a partir del 1 de enero de 2016.
C) ENTRADA EN VIGOR: En definitiva, tanto la Ley 35/2015, como el RD 1148/2015, refiriéndose la disposición transitoria única de la primera norma a todo el nuevo sistema de valoración (al que no es ajeno como hemos visto el nuevo artículo 7), apuntan a que el nuevo régimen de reclamación nacido por la reforma del sistema de valoración del daños, es de aplicación a los accidentes ocurridos a partir del 1 de enero de 2016. No es razonable, en el contexto de aplicación transitoria de la nueva normativa, supeditar la admisión de la demanda por un siniestro anterior a 1 de enero de 2016, a una reclamación previa, pensada para el sistema de valoración del daño aplicable a accidentes posteriores a 1 de enero de 2016, y que carece de sentido en el sistema anterior.
Como establece el reciente Auto de 3 de mayo de 2016, de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Alava, "resulta incoherente una hermenéutica que traslada a un hecho previo, el accidente de autos, requisitos que en ese momento no se exigían, y sin embargo, resulte inaccesible a las eventuales mejoras sustantivas que introduce la reforma, en bloque, a partir del 1 de enero de 2016".
Esta tesis también es seguida por el Auto de 20 de mayo de 2016 de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Girona. Es decir parece más que razonable, por todo lo expuesto, que todo el nuevo conjunto normativo dirigido a instaurar un nuevo sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación , incluida la reclamación previa, se aplique a accidentes ocurridos a partir del 1 de enero de 2016, como expresamente señala la Disposición Transitoria de la Ley 35/2015, y se deriva de una interpretación sistemática de la normativa antes señalada.
La interpretación que entendemos procedente, en la duda generada por la aplicación en el tiempo de la reforma operada por la Ley 35/2015, resulta así además favorable a la admisión de la demanda, y por ello resulta conforme con la doctrina constitucional en favor del principio "pro accione" (STC 216/1989 (EDJ 1989/11625), 154/1992, 55/1995, 104/1997, 112/1997, 8 y 38/1998 citadas por la de 16/6/98), impidiendo que determinadas interpretaciones y aplicaciones de los requisitos procesales eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida.
Publicado por Pedro Torres Romero en 15:39 No hay comentarios:
Etiquetas: Despacho de abogados especializado en reclamación de indemnizaciones por accidentes de trafico y atropellos en Las Palmas de Gran Canaria
Los locales comerciales o lugares de esparcimiento como bares o restaurantes no tienen la consideración de domicilio y no están amparados en el derecho a la inviolabilidad del artículo 18.2 de la constitución
El artículo 18.2 de la Constitución española establece que: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.
La sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 21 de mayo de 2012, nº 444/2012, rec. 1695/2011, declara que como ha dicho en su STS 1448/2005 de fecha 18/11/2005, de una interpretación ajustada al espíritu de nuestra Constitución, se entiende como domicilio, "cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar" (SSTS de 23 de mayo y 15 de octubre de 1.994), o lo que es lo mismo, que "sirva de habitación o morada a quien en él vive", estimándose que constituye domicilio o morada, cualquier lugar, cualquiera que sea su condición y característica, donde vive una persona o una familia, sea propiamente domicilio o simplemente residencia, estable o transitoria, incluidas las chabolas, tiendas de campaña, roulottes, etc., comprendidas las habitaciones de un hotel u hospedería en la que se viva (SSTS de 26 de junio y 17 de septiembre de 1.993 y las de 18 de febrero, 23 de mayo y 15 de octubre de 1.994).
Por el contrario, no integra el concepto de vivienda, el local comercial o de esparcimiento, como los bares, tabernas, pubs, restaurantes, tiendas, locales de exposición, almacenes, etc. (Cfr. SS. de 11 de junio de 1.991, 19 de junio y 5 de octubre de 1.992, la antes citada de 17 de septiembre de 1.993 y la de 21 de febrero de 1.994), sencillamente porque no lo son al estar esencialmente destinados a estar abiertos al público, y esto es así porque el derecho fundamental proclamado en el artículo 18.2 de la Constitución, protege como antes se dijo, la "intimidad" como valor esencial, que para nada se proyecta sobre bienes materiales en sí, ni en defensa de su propiedad (SSTS, entre otras, de 31 de octubre de 1.988 y 28 de abril de 1.993).
Por ello, han sido excluidos de ese ámbito constitucionalmente protegido, los referidos bares, cafeterías y similares, incluidas las dependencias que sirvan de almacén, las habitaciones reservadas de un club de libre acceso al público, las cocinas de estos establecimientos públicos y también los aseos privados de los mismos (véanse, entre otras muchas, SSTS de 3 de mayo de 1.994, 10 de diciembre de 1.994, 20 de noviembre de 1.995 y 16 de enero de 2.002).
Publicado por Pedro Torres Romero en 12:07 No hay comentarios:
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