Source: http://eotransits.foroactivo.com/t166-los-sucesores-de-dona-mercedes
Timestamp: 2018-10-18 03:56:22
Document Index: 40983037

Matched Legal Cases: ['artículo 392', 'artículo 94', 'artículo 163', 'artículo 272', 'artículo 19', 'artículo 299', 'artículo 1057', 'artículo 272', 'artículo 1256', 'artículo 177', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 17', 'artículo 254', 'artículo 163']

LOS SUCESORES DE DOÑA MERCEDES
por ellv el Dom 5 Feb 2017 - 13:18
CALIFICACIÓN REGISTROS-
Ejercicio uno: LOS SUCESORES DE DOÑA MERCEDES
CALIFICAR ESTA ESCRITURA Y DEFENDER LA NOTA
En la ciudad de Valencia, a cuatro de febrero de dos mil diecisiete.
Ante mí, X, Notario del Ilustre Colegio de Valencia, con residencia en esta ciudad,
DON ALBERTO, mayor de edad, abogado, casado en régimen de gananciales con Doña Carmen; vecino de Valencia, domiciliado en Avenida del Cid, 24; con D.N.I. número x.
DON LUCAS, de diecisiete años de edad, soltero, estudiante, domiciliado en Avenida del Cid, 24, con D.N.I. número x.
DON ANDRÉS, de quince años de edad, soltero, estudiante, domiciliado en Avenida del Cid, 24, con D.N.I. número x.
DON FABIAN, mayor de edad, empleado de banco, con domicilio en Ayuntamiento, 4; con D.N.I. número.
DON ZACARÍAS, de diecisiete años de edad, estudiante; vecino de Albacete, domiciliado en Plaza Principal, 4: con D.N.I. X.
DON YAGO, mayor de edad, Ingeniero, casado bajo régimen de gananciales con Doña Alicia; vecino de Almansa, (Albacete), domiciliado en Mayor, 24; con D.N.I. númeroX.
DON XAVIER, mayor de edad, soltero, Arquitecto; vecino de Almansa, domiciliado en Menor, 34; con D.N.I. número X.
A-) Intervienen todos en su propio nombre; y Don Alberto lo hace además como titular único de la patria potestad sobre sus hijos Don Lucas y Don Andres, como acredita con el libro de Familia.
Don Zacarías está emancipado, como consecuencia de su matrimonio con Doña Zorita, como me acredita con su certificación de matrimonio.
b-) Don Fabian, además, interviene en nombre y representación del Banco de la Plaza Mayor, S.A. entidad que fue constituida mediante escritura autorizada el 1-enero-2000 por el entonces Notario de Madrid, don… y que consta inscrita en el Registro Mercantil de dicha capital.
Deriva la representación que ostenta de Poder que le fue conferido mediante escritura autorizada por el mismo notario el 10-Enero-2010, bajo el número 45 de su protocolo, fotocopia de la cual yo el notario tengo a la vista y de la que resulta que entre otras facultades se le confirieron las de :”conceder préstamos y aceptar sus garantías, así como recibir el pago de las sumas adeudadas y consiguientemente cancelar sus garantías.”
Tienen los señores comparecientes, en el concepto en que respectivamente intervienen, capacidad legal suficiente para otorgar esta Escritura de Herencias, Segregaciones; Cancelación parcial de Hipoteca, Compraventas, Constitución de Servidumbre y Concesión del derecho de opción.
PRIMERO: HERENCIAS DE DOÑA MERCEDES Y DON JUAN:
I.- Doña Mercedes falleció en Valencia, de donde era vecina, el 1 de enero de 2010 en estado de casada con Don Alberto, de cuyo matrimonio tuvo tres hijos, don Juan, Don Lucas y Don Andrés.
II.- Falleció la causante bajo testamento abierto autorizado por mí el 5-Enero-2005 en el que legó a su esposo el usufructo universal de su herencia e instituyó universales herederos por partes iguales a sus tres hijos don Juan, don Lucas y Don Andrés, sustituidos por sus respectivos descendientes. Y además ordenó que los bienes que procedieran de su herencia se integraran en una comunidad constituida por su esposo e hijos, y que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 392 del CC, se pudiera disponer del pleno dominio de los mismos por mayoría simple de los partícipes.
III.- El único bien existente en su sucesión es la siguiente finca rústica:
Campo de tierra en término de Almansa, provincia de Albacete, partida Camino del Puerto. Ocupa una superficie de diez hectáreas. Tierra secano, inculta. Lindante al Norte, con fincas de Pedro y Teresa; al Sur con camino; al Este, con tierras de José y Josefa; y por el Oeste la finca de Don Jeremías.
Su referencia catastral:----
La adquirió Don Alberto, durante su matrimonio con la causante, por compra a Don Roberto, mediante Escritura autorizada el 12-Febrero-2004, por el entonces Notario de Almansa, Doña…
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almansa, al tomo 24, Libro 74, finca 14.734, inscripción 5º-
La finca no tiene otra carga más que una Hipoteca a favor del Banco de la Plaza Mayor S.A. que responde de un préstamo de un millón de euros, más intereses y costas, constituida mediante escritura autorizada por la citada notario de Almansa en el mismo día de la adquisición y número inmediatamente posterior.
Se valora la finca en dos millones de euros.
Y como se adeuda todavía en su totalidad, se valora la herencia, una vez deducida la carga hipotecaria en la suma de un millón de euros.
IV.- Don Juan, hijo de la anterior causante, falleció el 2 de febrero de 2012, en estado de soltero, careciendo de descendientes, y sin haber aceptado ni repudiado la herencia de su madre. Su más próximo pariente es el compareciente, Don Alberto, como resulta del libro de familia, que se me ha exhibido.
V.- Don Alberto, en su propio nombre, acepta la sucesión de su hijo Don Juan, a su favor deferida; pero renuncia al legado que a su favor estableció su difunta esposa.
V.- Don Lucas, Don Andrés, y el propio Don Alberto, como heredero de su hijo Don Juan, aceptan la herencia de Doña Mercedes.
VI.- Como consecuencia de lo expuesto, Don Alberto se adjudica el pleno dominio de una mitad indivisa de la finca descrita en pago de sus gananciales, es decir tres sextas partes indivisas; se adjudica también otra sexta parte como heredero de Don Juan; y las dos terceras partes se adjudican, una a favor de Don Lucas y otra a favor de don Andrés.
SEGUNDO: SEGREGACIONES.
Don Alberto, Don Lucas y Don Andrés, como titulares del dominio de la finca descrita, en la proporción expresada, SEGREGAN de la misma las siguientes porciones:
1º-) Campo de tierra en término de Almansa, provincia de Albacete, partida Camino del Puerto. Ocupa una superficie de una hectárea. Tierra secano, inculta. Lindante al Norte, resto de finca de que se segrega; al Sur con camino; al Este, con tierras de José y Josefa; y por el Oeste con la siguiente finca segregada.
2º-) Campo de tierra en término de Almansa, provincia de Albacete, partida Camino del Puerto. Ocupa una superficie de dos hectáreas. Tierra secano, inculta. Lindante al Norte, con resto de finca de que se segrega; al Sur con camino; al Este, con la finca antes segregada; y por el Oeste la finca de Don Jeremías.
TERCERO: CANCELACIÓN PARCIAL DE HIPOTECA.
Don Fabian, en el concepto en que interviene, considerando que el resto de la finca descrita es suficiente garantía para el préstamo que tiene concertado el Banco, consiente en que las dos porciones segregadas se inscriban como libres de la hipoteca, recayendo ésta en su totalidad sobre el resto de la finca, pues tiene valor más que suficiente para garantizar el préstamo.
CUARTO: COMPRAVENTAS.
I.- Don Alberto, Don Juan y Don Andrés, venden el pleno dominio de las fincas segregadas:
a-) La descrita bajo la letra a-) a Don Zacarías, por precio de cien mil euros.
b-) La descrita bajo la letra b-) a Don Yago, por precio de doscientos mil eros.
La mitad del importe de las ventas se entrega en este acto mediante un cheque bancario extraído de la cuenta xxxxx y que se ingresará en la cuenta yyyyy; y la otra mitad queda aplazada de pago sin devengo de interés para ser satisfecha dentro de un año. Se estipula expresamente que la falta de pago de cualquiera de las cantidades aplazadas dará lugar a la resolución de la venta.
II.- Las fincas se transmiten libres de cargas y gravámenes; y en el estado físico en que se encuentran, que es conocido por los compradores.
III.- Los vendedores se reservan expresamente el pacto de retro de forma solidaria; y, en consecuencia, cualquiera de ellos podrá dentro del plazo de diez años a contar desde el día de hoy, retraer ambas o cualquiera de las fincas vendidas, sin más que notificarlo previamente a los actuales compradores, y reembolsarles la totalidad de los gastos previstos en el a. 1518 del código civil.
QUINTO: CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE DE PASO.
Don Zacarías y Don Yago, constituyen servidumbre de paso sobre las fincas que han adquirido y a favor de la finca que es resto, mediante un camino suficiente para el paso de automóviles, camiones, tractores y demás maquinaria agrícola, que discurrirá entre las dos porciones segregadas.
Se valora en cien euros, valor que ya ha sido tenido en cuenta en el importe de la venta.
SEXTA: CONCESIÓN DE OPCIÓN DE COMPRA.
Don Zacarías y Don Yago conceden a Don Xavier y Don Fabian, que aceptan de forma solidaria un derecho de opción de compra sobre las dos o sobre cada una de las fincas segregadas, que podrá ejercitarse de la siguiente forma:
a-) La duración de la opción de compra será de seis años a contar desde el día de hoy.
b-) El derecho de opción de compra lo podrá ejercitar de forma solidaria cualquiera de los beneficiarios, y sobre una o las dos finca; si sólo se ejercita por una de ellas, subsistirá sobre la otra hasta la finalización del paso.
c-) La opción podrá ejercitarse por el doble del precio por el que se han adquirido cada una de las fincas.
d-) La opción se concede de forma onerosa, recibiendo en este acto los concedentes de la opción la suma de cincuenta mil euros de los beneficiarios de la misma.
e-) La opción podrá ejercitarse unilateralmente; y para ello bastará con que uno o los dos beneficiarios de la opción concurran ante notario, otorgando la correspondiente escritura de ejercicio de la opción; y depositen en poder del notario, para que éste lo ingrese en la cuenta yyyyyyyyyyyy de los concedentes, la suma correspondiente a la finca o fincas por las que se opta.
SÉPTIMO: Tanto los honorarios notariales como registrales de los distintos actos y negocios jurídicos realizados serán abonados por los respectivos interesados de conformidad con las leyes. Y también los impuestos correspondientes serán satisfechos por los respectivos sujetos pasivos de todos ellos.
Se solicita la prescripción fiscal con relación a las dos herencias relacionadas.
OCTAVO: Se solicita del señor Registrador la inscripción en el Registro a su cargo de todas las operaciones realizadas en este instrumento.
Hago las reservas y advertencias legales, especialmente las fiscales, y en particular:
a-) La obligación de presentar copia de este instrumento en la Oficina Liquidadora en el plazo de treinta días hábiles.
b-) las responsabilidades en que se incurre en caso de incumplimiento.
c-) La afección de los bienes al pago del Impuesto.
Entero a los comparecientes de su derecho a leer este instrumento y no lo usan; les realizo su íntegra lectura en alta voz; manifiestan estar enterados de su total contenido; todos ellos se ratifican en el mismo; y firman.
De todo cuando se contiene en este instrumento, extendido en el presente…. Folio de papel timbrado notarial y en otros… anteriores de igual clase y números inmediatamente precedentes, yo, el Notario, doy fe.
NOTA DE EXPEDICIÓN DE COPIA.
NOTA DE HABERSE REMITIDO COPIA TELEMÁTICA AL AYUNTAMIENTO.
NOTA DE HABERSE PRESENTADA COPIA TELEMÁTICA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.
DOCUMENTOS INCORPORADOS A LA MATRIZ:
-.- Fotocopia del libro de familia, con las páginas pertinentes.
-.- Copia autorizada del Testamento de Doña Mercedes.
-.- Certificado de defunción de ambos causantes y del Registro General de últimas voluntades;
-.- Fotocopia del poder de Don Fabián
-.- Certificación descriptiva y gráfica de la finca, que coincide con la descripción de la misma y su referencia catastral.
-.- Nota simple del Registro de la que resulta la titularidad ganancial de la finca de Doña Mercedes y Don Alberto; y la existencia de la hipoteca, con sus características.
Monteolivete, 5-Febrero-2017
La sucesión de Doña Mercedes-Posible solución
por ellv el Jue 2 Mar 2017 - 13:09
(Calificación-Registros)	LOS SUCESORES DE COÑA MERCEDITAS
Sumario: Calificación. Otras cuestiones.
“Presentada esta escritura en el libro Diario el día…. Al ….. yo, El Registrador, he procedido a su calificación y he resuelto denegar la inscripción por los siguientes defectos que considero subsanables”
I.- Falta de expresar la forma de identificación.
En la escritura el Notario no expresa la forma en que han sido identificados por él los comparecientes, con lo que se se vulnera lo establecido en el a. 23 de la Ley del Notariado y 187 de su Reglamento.
II.- Falta de datos de identidad.
-.- Lucas: No se nos indica la población en que vive.
-.- Andrés: no se nos dice la población en que vive.
-.- Fabian: No se nos dice la población en que vive. Ni tampoco su estado civil. El estado civil no es necesario en tanto en cuanto intervenga como apoderado; pero sí cuando está adquiriendo la opción.
III.- Banco de la Plaza Mayor, S.A.
No se nos indica:
-.- Ni el domicilio, ni su número de identificación fiscal, ni los datos de inscripción en el Registro Mercantil.
-.- La fotocopia no es medio hábil para justificar ni la existencia, ni el contenido del apoderamiento.
-.- Tampoco se especifica la inscripción del mismo Poder en el Registro Mercantil, lo que es necesario, conforme al artículo 94-5º del Reglamento del Registro Mercantil.
IV.- En la sucesión de Doña Mercedes y de Don Juan.
No se acompaña el Certificado de Seguros de Vida, en ninguna de las dos.
V.- Sucesión de don Juan.
No se acompaña el título sucesorio, que habiendo fallecido intestado, será el acta de declaración de herederos intestados, tramitada por el notario competente para autorizarla.
VI.- Segregaciones.
No consta que se haya obtenido la preceptiva licencia municipal para las segregaciones, como exige tanto la Ley del Suelo estatal, como la correspondiente a la Comunidad de Castilla la Mancha.
VII.- Medios de pago de las compraventas.
El cheque de ciento cincuenta mil euros debe quedar testimoniado en la escritura; cosa que no se nos dice que se hace.
Y, tampoco se expresa si el cheque es nominativo o al portador. En el primer caso como excede de cien mil euros, es necesario ir acompañado de un impreso bancario que permite su tráfico.
Por tanto, de conformidad con el a. 254 de la Ley Hipotecaria, procede la calificación negativa de la escritura, hasta que se acrediten suficientemente los medios de pago.
VIII.- Condición resolutoria.
En el caso de que se estipule el pacto de retro, hay que determinar exactamente la cantidad aplazada. En la presente escritura se hace de forma indirecta; ya que si bien se puede deducir mediante operaciones matemáticas, lo correcto es que estas ya vengan claramente realizadas en las escrituras.
Pero, a nuestro juicio, la escritura al realizar un pago global por las dos fincas, parece que no aclara suficientemente la cantidad que queda aplazada en cada una de ellas; y la DGRN tiene reiteradamente declarado que en caso de condición resolutoria sobre dos o más fincas es preciso determinar la cantidad exacta que queda aplazada en cada una de aquellas.
IX.- Reserva del derecho de forma solidaria por los vendedores.
El pacto de retro en la compraventa, es aquel por el que el vendedor se reserva el derecho de recuperar la finca vendida, pagando el precio y los demás gastos comprendidos en el a. 1518 CC, dentro del plazo estipulado, que en este caso es de diez años, permitido por el CC.
Ahora bien, lo que creemos que no es posible es la reserva que se hace de que este derecho sea ejercitado sobre las dos fincas o sobre cualquiera de ellas. Y mucho, menos, que de ser posible sea factible inscribible en el Registro de la Propiedad, pues si tratándose de condiciones resolutorias hay que poner claramente las cantidades lo mismo debe ocurrir en el pacto de retro. Y además resultarían ser titulares del derecho derivado del pacto de retro solidariamente todos los vendedores, lo que no creemos posible.
Los derechos personales admiten la solidaridad; no los derechos reales. No cabe el dominio solidario como ya tuvo ocasión de afirmar la DGRN.
X.- Constitución de la servidumbre de paso.
Falta totalmente la determinación de las características de la servidumbre. Por lo menos tendrá que expresarse su anchura y su longitud.
Y, por supuesto, también habrá que expresar su duración, pues no puede presumirse que sea indefinida.
XI.- Constitución de la opción.
-.- Se trata de un acto dispositivo, y, en consecuencia, Zacarías necesitará el complemento de capacidad que exige el a. 323 del CC.; y Yago el consentimiento de su esposa doña Alicia, en virtud del a. 1377. En ambos casos la sanción es la anulabilidad.
-.- No se mencionan los medios de pago.
-.- Y se estipula por el plazo de duración de seis años, lo que no permite el a. 14 del RH.
XII.- Falta Fiscal.
-.- Las herencias están prescritas.
-.- No se acredita el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (segregaciones), transmisiones (venta, constitución de servidumbre y constitución de opción). (a. 254 LH).
-.- Y tampoco se acredita la presentación del documento en el Ayuntamiento de Almansa para la posible liquidación del Impuesto de Incremento de los terrenos, lo que impide la inscripción de conformidad con el último párrafo del a. 254 de la LH.
I.- Justificación de la patria potestad y la emancipación.
Consideramos que al exhibirse al Notario el Libro de Familia del compareciente y la causante, es título hábil para justificarla.
Y asimismo, la exhibición de la Certificación del matrimonio es título hábil para justificar la emancipación, pues antes ésta se producía por ministerio de la ley; y ahora sólo pueden contraer matrimonio los emancipados.
II.- ¿Posibles intereses contrapuestos con Don Andrés?
1º-) Legado de usufructo universal a favor del viudo.
En la partición de herencia de Doña Mercedes existen intereses contrapuestos entre el padre, Don Alberto, y su hijo Don Andrés, sometido a su patria potestad, como consecuencia del legado de usufructo universal concedido en el testamento de la causante.
De conformidad con el a. 823-3 del CC, el gravado con el usufructo tiene la facultad de conformarse con la disposición o de exigir su legítima estricta. Y al estar representado por su padre, se da el conflicto de intereses, por lo que debe necesariamente nombrarse un defensor judicial. El conflicto de intereses se produce exclusivamente en el momento de ejercitar o no esa opción.
Siendo esto lo correcto, en el presente caso no se da conflicto de intereses, ya que el viudo ha renunciado al legado del usufructo, con lo que desaparece el posible conflicto de intereses.
2º-) ¿Hubieran existido con Don Lucas?
Hemos considerado que podría haber habido intereses contrapuestos entre Don Alberto y Don Andrés; luego también podrían haber existido entre don Alberto y Don Lucas, porque la situación en teoría es la misma. No los hay por la citada renuncia.
Pero en el caso de Don Lucas, tiene más de diecisiete años y consiente; luego creemos que por analogía se le debe aplicar al supuesto la doctrina que emana del último inciso del a. 166 del CC, puesto que estamos ante una Escritura pública y el menor consiente la actuación. Luego creemos que en el caso de haber aceptado el legado, no habrían existido los intereses contrapuestos con Don Lucas.
III.- ¿Conflicto en el resto de la partición?
El problema que debemos plantearnos es si existe o no conflicto de intereses en la partición propiamente dicha.
Aparentemente, en una partición existen intereses contrapuestos entre los diferentes interesados en la misma, pues cada uno de ellos puede pretender una distribución distinta del caudal hereditario.
Pero para que la autocontratación (que indudablemente existe entre Don Alberto y Don Andrés, pues el primero está representando a ambos, por mucho que comparezca Don Andrés en el otorgamiento) esté prohibida, es preciso que existan intereses contrapuestos.
Si, existiendo como régimen económico del causante el de gananciales, y el padre (titular de la otra mitad de los mismos), representa a su hijo en la liquidación, hay que distinguir dos supuestos:
-.- Que los bienes gananciales estén totalmente claros, como ocurre aquí.
-.- O que exista la posibilidad de discutir sobre la ganancialidad o privaticidad de alguno de los bienes.
En el primer caso no hay conflicto de intereses; pero sí en el segundo.
Y después en la partición propiamente dicha, pueden darse también dos supuestos:
-.- Que se formen lotes separados de bienes, en cuyo caso hay conflicto de intereses, pues se está eligiendo uno y otro, y el padre elige por su hijo y por él.
-.- O que se adjudiquen todos los bienes por cuotas indivisas.
Como en el supuesto el único bien existente es claramente ganancial, y los bienes se están adjudicando proindiviso, creemos que la autocontratación no está prohibida en este caso, y consecuentemente la partición, como tal, está correctaente realizada.
Así lo ha entendido la DGRN en diversas resoluciones.
IV.- Eficacia de la disposición testamentaria que regula la comunidad y ordena que se enajene no por unanimidad, sino por mayoría.
Otro punto problemático es la admisibilidad de esta disposición testamentaria.
Podríamos considerar que el principio de que para la enajenación de un bien sólo pueda disponer de él su titular es norma imperativa en el derecho español, pues el a. 392-2, al establecer que: “A falta del contratos, o de disposiciones especiales, se regirá la comunidad por las prescripciones de este título,” podría referirse exclusivamente a las normas de administración.
Pero creemos que el precepto permite un amplio margen en la organización de la comunidad; e incluso hay supuestos legales en los que se establece ese pacto.
-.- Así, en el código de comercio, a. 589 afirmaba que si existiera un buque en copropiedad se regiría por los acuerdos de la mayoría; y el 592-2 ordenaba que fueran obligatorios para la venta del buque los acuerdos de la mayoría.
-.- Y lo mismo se mantiene en la ley de Navegación Marítima de 2014.
En consecuencia, hemos de admitir con carácter general la validez y eficacia de este pacto.
2º-) En una partición con legitimarios.
Pero el problema se complica cuando en el testamento de una persona que tiene legitimarios, se ordena que en caso de constituirse una comunidad los actos dispositivos se realicen por mayoría.
Puede considerarse que implica una coacción sobre el heredero/legitimario, ya que puede ver transformada la naturaleza de su legítima de pars bonorum en pars valoris, pues tras la enajenación tan sólo tendría el dominio de su valor en dinero.
Es cierto que el a. 841 CC permite al testador realizar esa conversión; pero esta disposición resulta controlada por el propio código, al exigir la eficacia de la ulterior partición, alternativamente, o el acuerdo de todos los interesados, o la aprobación por el Juez o Notario competente.
De ser esto así, podríamos entender que cabría la disposición testamentaria con relación a un bien exclusivo de la herencia (la casa familiar, por ejemplo); pero no para la totalidad de la misma.
No obstante, creemos y por eso no consideramos que exista defecto en la escritura en este punto que:
-.- La comunidad, tenga el origen que tenga, se rige en primer lugar por sus reglas constitutivas y en su defectos por las de los a. 392 y ss.
-.- Que son válidos, en principio, todos los pactos contenidos en el título constitutivo sobre la administración del bien común.
-.- Y creemos que también son válidos, en principio, todos los pactos contenidos en el título constitutivo sobre la disposición del bien.
V.- Documentos que hay que acompañar a una herencia.
Para inscribir una herencia es necesario acompañar:
-.- Certificación del Registro Civil, de defunción del causante.
-.- Certificación del Registro General de últimas voluntades.
-.- Certificación de los Seguros de Vida que tenía contratados el causante.
-.- Y el título de la sucesión, que será:
-.- El último testamento.
-.- El acta de declaración de herederos intestados.
-.- El contrato sucesorio cuando se admita.
-.- O el certificado sucesorio europeo.
-.- Y el documento notarial en el que se formalice la partición hereditaria (escritura u acta, según los casos).
VI.- Reserva lineal.
Don Alberto está recibiendo como heredero de Juan una sexta parte de la finca que a éste le correspondía heredar de su madre Doña Mercedes.
-.- Si se sigue la teoría tradicional que afirma que existen dos sucesiones, evidentemente se dan los supuestos de la reserva; pues Alberto, tras aceptar la herencia de su hijo Juan, hace a éste aceptar la de la madre. Ejercita por tanto el ius delaciones y en virtud de la retroacción de efectos del a. 989 es cómo si Juan hubiera sido heredero de Mercedes.
-.- Según la tesis, a nuestro juicio totalmente errónea del TS, y considerar que sólo hay una delación, y que directamente Alberto es heredero de Mercedes en virtud del derecho de transmisión, no existirá esa reserva.
De todas formas lo que interesa destacar es que en ningún caso el Registrador puede hacer constar en la inscripción que practique la cualidad de reservable de un bien, si los interesados (bien el propio reservista, bien algún posible reservatario) así lo haya solicitado. Y, como no se ha efectuado tal solicitud, el Registrador, aunque existiera la reserva no podría reflejarla en el asiento registral.
VII.- Medios de pago en la hipoteca.
Tratándose de cancelaciones de hipoteca, no es aplicable la doctrina de los medios de pago, tal como ha considerado la DGRN.
VIII.- Facultades del apoderado para la cancelación parcial.
Desde un punto de vista civil e hipotecario, y teniendo en cuenta que la hipoteca es un derecho accesorio del crédito, hay que distinguir:
-.- Si se paga la deuda, está claro que se ha extinguido la hipoteca; y por eso prácticamente cualquier apoderado facultado para cobrar lo está también para cancelar el gravamen accesorio que lo garantiza. Basta con ver el a. 178 RH.
-.- Pero si no se paga la deuda, el apoderado que pretende cancelar la hipoteca, está realizando un negocio jurídico dispositivo, ya que está renunciando (total o parcialmente), a una garantía del crédito. Y eso, normalmente, no puede realizarlo un apoderado.
Pero en la actualidad, es al Notario autorizante a quien corresponde la calificación de los poderes, debiendo limitarse el Registrador a comprobar que se ha indicado el número del mismo, lugar y día de su otorgamiento, Notario autorizante, y la expresión del Notario de que a su juicio el poder es suficiente para otorgar en nombre del poderdante el acto, negocio o contrato que se documento, según diversas resoluciones de la DG.
Por tanto no cabe entrar a calificar las facultades del mismo; que, a nuestro juicio, son insuficientes para este otorgamiento; pero hemos de presumir que el Notario lo ha tenido en cuenta en el momento del otorgamiento; y que en el texto del poder habrá algo que le ha permitido autorizar la escritura.
IX.- Constitución de la servidumbre de paso.
Aparentemente existe problema en cuanto a la capacidad para la constitución de la servidumbre, ya que:
-.- Zacarías es emancipado y conforme al a. 323 parece que precisa el consentimiento de los antiguos titulares de la patria potestad o del sobreviviente de éste.
-.- Y Yago está casado bajo régimen de gananciales, y la constitución de servidumbre es sin duda un acto dispositivo, por lo que parece precisar el consentimiento de su cónyuge de conformidad con el a. 1377 del CC.
En ambos casos, de ser necesarios, los negocios jurídicos serían anulables
Pero la DGRN tuvo ocasión de afirmar (en sendos casos de casados bajo gananciales que adquirían una finca y seguidamente la hipotecaban en garantía del precio aplazado sin consentimiento de su mujer) (Deben ser las resoluciones de 13-mayo-1968 y 4-noviembre-1968), que tal acto dispositivo se puede considerar de dos formas:
-.- Como venta pluscuamperfecta: El vendedor transmite al comprador el pleno dominio de la cosa; y el vendedor devuelve al comprador la hipoteca (en nuestro caso la servidumbre). En este caso sería necesario el consentimiento del otro cónyuge.
-.- O como venta imperfecta: el vendedor se reserva la hipoteca (en nuestro caso la servidumbre), y transmite el resto del pleno dominio. En cuyo caso no sería necesario el consentimiento del cónyuge.
Se inclinó hacia el segundo supuesto. Y parece que lo mismo debemos considerar en nuestro caso, por lo que lo consideramos inscribible.
Hay que recordar que más recientemente, la DGRN mantiene la misma teoría, pero nos habla del negocio jurídico complejo, entendiendo que hay una única relación jurídica, que engloba venta/hipoteca, por lo que en definitiva se está adquiriendo un bien gravado. Lo realizó en caso de compraventa por la titular de la patria potestad para un menor, hipotecando seguidamente la finca sin autorización judicial para el pago del precio.
Y creemos que la misma doctrina es aplicable a nuestro supuesto.
X.- Constitución del derecho de opción.
Este derecho de opción, aparte de los defectos que impiden su inscripción, plantea dos problemas:
-.- Que se concede sobre una o dos fincas. Lo que únicamente determina que se fije el valor por el que puede ejercitarse sobre cada una de ellas, lo que se nos dice, aunque también indirectamente: el doble por el que se han comprado en la misma escritura.
-.- Y que se concede de forma solidaria a dos personas.
Al examinar el pacto de retro que se reservan los vendedores hemos indicado que no se admite en nuestro ordenamiento jurídico los derechos reales con carácter solidario; luego si entendemos que la opción es un derecho real, resulta claro que no sería posible pactar la solidaridad, y en consecuencia, sería una razón más para que no resultara inscribible.
Por tanto para admitir su posibilidad hemos de partir de la base de que la opción es un derecho personal, lo que siempre hemos creido. Y, en tal caso, no vemos inconveniente en que se pueda conceder simultáneamente a varias personas de forma solidaria o mancomunada y que así se haga constar en el Registro de la Propiedad.
Podría parecer contradictorio con la posición mantenida en el ejercicio de los derechos derivados del pacto de retro. Pero es que el a. 1510 del CC, atribuye claramente al derecho derivado del pacto de retro un carácter de derecho real, ejercitable erga omnes. Y al darle este tratamiento, a nosotros no nos parece posible atribuirle otra solución que negar su ejercicio solidario por los diferentes vendedores.
Recordemos que son figuras totalmente distintas:
-.- La compraventa con pacto de retro. El vendedor se reserva un derecho real.
-.- Los derechos de adquisición preferente (tanteo y retracto legal o sólo este último), que indudablemente conceden a sus beneficiarios un derecho real, aunque no consten en el Registro.
-.- La opción, en la que el propietario concede a otra persona la facultad de adquirir la cosa por precio determinado durante un plazo cierto. Su naturaleza se discute, pero en la actualidad está bastante generalizada la tesis de que se trata de un derecho puramente personal. (Ver el caso que adjunto sobre el chalet de la sierra del dictamen de Genoveva y Rigoberto).
-.- El derecho de tanteo convencional, en virtud del cual me obligo con un tercero a que si decido vender antes de hacerlo le ofreceré la compra en igualdad de condiciones.
-.- Y el derecho de retracto convencional, en virtud del cual atribuyo a un tercero el derecho de que si vendo a otra persona, este tercero tendrá derecho de readquirir la cosa del comprador en igualdad de condiciones que la ha adquirido.
No se tiene dudas de que si opción, tanteo y retracto convencional consiguen la inscripción en el Registro de la Propiedad, producirán efectos erga omnes. Y resulta evidente que la opción puede acceder al Registro si se reúnen los requisitos del a. 14 RH; y la DGRN ha admitido la inscripción de los derechos de tanteo y retracto convencional siempre y cuando se concedan por plazos breves y perfectamente delimitados los pasos a seguir para su ejercicio.
Pero la duda está en si fuera del Registro, tanteo y retracto convencional son simples derechos personales, o por el contrario auténticos derechos reales. La cuestión no está clara, pero a pesar de la doctrina del numerus apertus en la creación de los derechos reales, no creemos que sea posible la configuración de cualquier relación jurídica con el carácter de derecho real.
Y nunca hemos creido que las partes, en cualquier contrato, conviertan en real lo que es personal, añadiendo al mismo simplemente la frase “esto es un derecho real.”
Cualquier convención puede originar un derecho real si reúne los requisitos que para él exige el ordenamiento jurídico; y, en otro caso, no será derecho real, sino personal.
Pero nos estamos pasando de la explicación de la calificación, por lo que no queda otro remedio que darla por finalizada.
Monteolivete, 27-Febrero-2017.
Algunas resoluciones interesantes para el supuesto
por ellv el Jue 2 Mar 2017 - 13:12
ALGUNAS RESOLUCIONES PARA EL SUPUESTO
I.- Herencia, intereses contrapuestos y adjudicación proindiviso.
1º-) Resolución 11-diciembre-2012.
a-) Antecedentes. Se otorga una escritura de herencia en la que una de las herederas, declarada incapaz, está representada por la madre, titular de la patria potestad rehabilitada.
El testador, en su testamento, nombró usufructuaria universal a su esposa y herederos a sus hijos con una cláusula especial denominada “Cautela Socini”.
En la escritura de herencia se adjudican los bienes conforme a lo dispuesto en el testamento, concurriendo otros tres hermanos de la incapaz, que prestan su consentimiento.
b-) Registrador. El registrador considera que hay conflicto de intereses entre la madre, usufructuaria universal y la hija incapaz, nuda propietaria y legitimaria, por lo que la madre no puede representar a la hija y tiene que intervenir un defensor judicial.
c-) Notario. El notario autorizante recurre y argumenta que, en el caso concreto, no hay tal conflicto de intereses, pues la partición es meramente determinativa (la adjudicación es pro indiviso), no dispositiva, que están presentes los restantes hermanos, que la madre es mayor, 90 años, que convive con la hija en el mismo domicilio, que el trámite judicial exigible (nombramiento de defensor judicial y posterior aprobación judicial de la partición) sería costoso y que de optar por la adjudicación de su legítima saldría notablemente perjudicada.
d-) Doctrina de la DG. La DGRN confirma la calificación declarando, conforme a Resoluciones precedentes, que existe conflicto de intereses al tener que optar la hija entre dos alternativas: o respeto al usufructo universal y adjudicaciones en nuda propiedad, o legítima en pleno dominio sobre el tercio de legítima estricta.
Señala también que este conflicto de intereses es susceptible de calificación registral por afectar a la validez y eficacia del acto.
e-) Comentario de “Notarios y Registradores. Desde el punto de vista teórico no hay necesariamente un ejercicio de un derecho de opción cuando se acepta y adjudica la herencia con cautela socini.
En realidad lo que ocurre es que al aceptar la herencia y adjudicarse los bienes se ha de dar, en principio, cumplimiento a lo ordenado por el testador. Cuestión diferente es que el heredero, si no quiere respetar la voluntad del testador, tiene el derecho de reclamar su legítima en pleno dominio. Es decir, hay una regla general, la voluntad del testador, y una excepción, la voluntad del heredero discrepante. La opción se produce, como excepción, sólo en caso de discrepancia.
Desde el punto de vista práctico la realidad, derivada de la experiencia constante en los despachos notariales, indica que los herederos legitimarios aceptan casi siempre (por no decir siempre) la voluntad del testador cuando el cónyuge viudo es también progenitor de los legitimarios.
Por tanto creo que la interpretación de la existencia de conflictos de intereses, conforme a la realidad social expuesta, debería limitarse a casos muy concretos, con circunstancias especiales, y no generalizarse a todos los casos, como el presente, en el que todos los herederos están de acuerdo y la adjudicación es proindiviso.
El nombramiento de defensor judicial y posterior aprobación judicial sólo va a conllevar gastos de tiempo y dinero para, finalmente, con casi total seguridad, quedar las cosas tal como estaban en la presente partición. Téngase en cuenta además que los restantes hermanos estaban de acuerdo en respetar el usufructo universal a la viuda. (AFS)
2º-) Resolución 5-Febrero-2015.
a-) Antecedentes. Se formaliza una escritura de renuncia, aceptación y partición de herencia, causada por fallecimiento de A, en la que están interesadas sus tres hijas (una de ellas incapacitada) y su viudo B.
En ella se adjudica al viudo el usufructo vitalicio de todos los bienes que forman el caudal relicto, por lo que existe un claro conflicto de intereses entre padre e hija discapacitada, lo que exige la intervención de un defensor judicial, y la posterior aprobación judicial, si el juez no dispone otra cosa.
En este supuesto de cautela socini existe un claro conflicto de interés, ya que el legitimario percibe más de lo que le corresponde, pero gravado con un usufructo. En definitiva comporta una alternativa por la que el legitimario debe optar, y el hecho de ejercitar esa opción por el padre acarrea la contraposición de interés.
b-) Doctrina de la DG.
La opción compensatoria de legítima establecida en el art 820.3 del c.c. o cautela socini, implica la adopción de una decisión por parte del padre titular de la patria potestad prorrogada, que, aunque pueda considerarse adecuada para los intervinientes, supone una elección por parte del padre que afecta al legitimario, la cual, en el presente caso, y dada la incapacidad de su hija, no puede ejercerse libremente por éste, sino que exige, conforme a lo establecido por el artículo 163 c.c., el nombramiento de un defensor, con posterior sometimiento a lo que establezca el juez en su decisión, sobre la necesidad o no de posterior aprobación judicial.
3º-) Resolución de 23-mayo-2012.
a-) Supuesto de hecho.
-.- Fallece Antonio bajo testamento en el que lega a su amiga Eulalia una finca; e instituye herederos por partes iguales a Eulalia y su hijo Doroteo. (todos extraños al causante)
-.- Y la madre, interviniendo en su propio nombre y en el de su hijo menor, se adjudica la finca legada; y el resto del patrimonio lo distribuye por mitades indivisas entre su hijo y ella.
Se plantea si hay conflicto de intereses y si se necesita el nombramiento de un defensor judicial.
2º-) Doctrina de la DG. La DGRN reitera su doctrina sobre el conflicto de intereses, que no puede fundamentarse en meras hipótesis o conjeturas, sino que exige la concurrencia de aquellas circunstancias cuyo desenvolvimiento supongan un potencial y razonable conflicto de intereses.
-.-1º.- Que representante legal y representado estén interesados en la herencia no autoriza a suponer sin más la existencia de un conflicto de intereses, sino que habrán de examinare las circunstancias de cada caso concreto.
-.- 2. No hay contradicción ni conflicto de intereses en una partición si los bienes se adjudican proindiviso respetando las normas legales sobre la partición de la herencia.
-.- 3. En la formación de inventario no tiene por qué existir interés contrapuesto, pues la declaración sobre los bienes que integran el caudal relicto está más cerca del testimonio o declaración de ciencia que del negocio jurídico propiamente dicho.
-.- 4. La doctrina de este Centro Directivo ha reiterado que la contradicción de intereses entre los menores y sus representantes legales se puede deber a diferentes motivos: incluir en el inventario bienes como gananciales, o bienes de cuyo título adquisitivo no resulte con claridad tal carácter; no ajustarse el viudo o viuda en la adjudicación de los bienes a las disposiciones legales sobre titularidad de cuotas en el caudal relicto; ejercitar el cónyuge viudo una opción de pago de su cuota legal usufructuaria.
-.- 5. La patria potestad tiene sus propias normas y no cabe aplicar analógicamente en sede de patria potestad las normas de la tutela: "... no procede (la aplicación)) del artículo 272 del Código Civil, que se encuentra en sede de ejercicio de la tutela. En el caso que nos ocupa, se trata de un menor sometido a la patria potestad de su madre, que la ejerce con exclusividad, como se acredita en la escritura, por lo que sólo proceden las limitaciones de los artículos 162 y siguientes, pero no otros...". (JAR)
4º-) Resolución 26-septiembre-2011.
-.- Abelardo fallece dejando viuda y ocho hijos (siete de ellos representados por su madre como titular de la patria potestad).
-.- Tuvo además otra hija que falleció casada con Joaquin y tres hijas, Juana, Josefa y Jimena, las tres menores de edad.
-.- Esta hija falleció DESPUÉS que Abelardo, y en la herencia de la hija, se inventariaron los derechos que correspondían a la difunta en la herencia de Abelardo, y en la partición se adjudicaron los mismos íntegros a Juana, Josefa y Jimena por partes iguales.
b-) Calificación de los registradores.
El registrador suspende la inscripción porque considera que existe conflicto entre los intereses del padre que representa a la nieta del causante por ser menor de edad y los intereses de la misma representada, toda vez que –a su juicio– el representante está interesado en la herencia del abuelo como transmisario, al ser heredero de su esposa y no haber renunciado expresamente a la herencia de ésta.
Solicitada calificación sustitutoria, la registradora sustituta confirmó la calificación del sustituido y añade que la escritura cuya calificación es objeto del presente recurso afecta a la partición de la herencia de la hija fallecida –transmitente– por concretarse ahora el derecho hereditario en bienes determinados, por lo que deberá «observarse el valor de dichos bienes, máxime tratándose de una menor, a fin de calificar que no han sido perjudicados los derechos que en su día se la adjudicaron en la herencia de la transmitente (su madre)…», de modo que «la menor en este acto sigue teniendo el mismo conflicto de intereses con su padre que tenía al practicar la partición hereditaria de su madre, por lo que deberá estar representada por un defensor judicial y obtener la correspondiente aprobación judicial…».
c-) Doctrina de la Dirección general. La DGRN estima, con razón, que no existe conflicto. Y aclara: De acuerdo con la reiterada doctrina de este Centro Directivo, para que el registrador pueda apreciar en su calificación que existe contradicción de intereses en una partición de herencia en la que intervenga el cónyuge viudo en representación de sus hijos menores es necesario examinar las circunstancias concretas del caso.
Así esta Dirección General ha entendido que:
- No existe conflicto de intereses en el caso de adjudicación «pro indiviso» de bienes de la herencia, realizada por la viuda en su favor y en representación de sus hijos menores de edad si había estado casada en régimen de separación de bienes –Resolución de 27 de enero de 1987-
- Tampoco cuando uno de los herederos interviene en su propio nombre y además como tutor de otro y se adjudica en nuda propiedad una cuota parte indivisa del único bien inventariado a los herederos –Resolución de 14 de septiembre de 2004–;
- Tampoco en la liquidación de sociedad de gananciales y partición de herencia otorgada por el cónyuge viudo en su propio nombre y en representación legal de sus hijos menores, cuando la liquidación es total, todos los bienes inventariados fueron adquiridos por el cónyuge premuerto para su sociedad conyugal y se adjudican «pro indiviso» al cónyuge supérstite y a los hijos por éste representados, respetándose estrictamente las cuotas legales en la sociedad conyugal disuelta y en el caudal relicto según la declaración de herederos «ab intestato» –Resolución de 15 de septiembre de 2003.
Y añade que el registrador no puede apreciar la existencia de conflicto de intereses en un caso como el presente en el que, según se expresa en la escritura y se reconoce en la calificación impugnada, el representante legal interviene exclusivamente en nombre de la representada en la adjudicación de una herencia en la que aquél nada recibe.
No procede analizar el defecto expresado por la registradora sustituta en su calificación. En efecto, el párrafo segundo de la regla quinta del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria dispone que «en la calificación el registrador sustituto se ajustará a los defectos señalados por el registrador sustituido y respecto de los que los interesados hubieran motivado su discrepancia en el escrito en el que soliciten su intervención, no pudiendo versar sobre ninguna otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma».
La Dirección General acordó estimar el recurso y revocar la calificación impugnada.
e-) Comentario de “Notarios y Registradores”
Comentario: El “ius transmisionis” pasa siempre a través de la herencia del transmitente (en este supuesto, herencia de la madre de la menor); la aceptación o repudiación de la herencia es un acto enteramente voluntario y libre; aceptada la herencia de la madre (segunda herencia) son libres de aceptar o repudiar la del abuelo (primera herencia). En su día y en la herencia de la madre de la menor (partición en la que intervino defensor judicial y fue aprobada judicialmente) se adjudicó a los hijos el derecho hereditario.
Se inventarió el derecho hereditario en la herencia de la madre puesto que forma parte de ésta, y luego se adjudicó a los hijos; hecho esto, ahora corresponde a los hijos partir con sus tíos maternos y en tal partición el padre representa exclusivamente a la menor. Los derechos a la herencia del primer causante (abuelo) constituyen en la herencia del transmitente (madre) una especie de “res certa”, compleja, que conserva su autonomía mientras no se confunda con ella, así se puede aceptar pura y simplemente la segunda herencia y a beneficio de inventario la del primer causante. Como el ius delationis lo reciben los nietos en la herencia de su madre, su valor ha de contarse también en lo que respecta a ésta, pero ello tuvo lugar al inventariarse en la herencia materna. (IES)
5º-) Resolución 10-Enero-2012.
b-) Calificación del Registrador.
c-) Alegación del recurrente.
d-) Doctrina de la DG.
En el presente caso son de aplicación los razonamientos anteriores, ya que es una partición realizada por el contador partidor –aunque reconoce que la escritura está redactada de forma gramaticalmente confusa, lo que pudo llevar a error en la calificación- que el contador partidor no necesita el consentimiento de los herederos, por lo que no es necesaria tampoco la aprobación judicial.
6º-) Resolución 2-Agosto-2012.
Hechos: Se otorga una escritura pública de liquidación de gananciales y partición de herencia relativa a un causante en la que comparecen la viuda y los hijos. La madre interviene en su propio nombre y en el de una menor, que también comparece por ser mayor de 16 años. Uno de los bienes es ganancial, por haber sido aportado al matrimonio, y es adjudicado pro indiviso, conforme a las cuotas legales. En la herencia hay una deuda que no se adjudica.
b-) Calificación.
El registrador considera que hay un conflicto de intereses entre el menor y la madre y por tanto hay que nombrar un defensor judicial.
c-) Opinión del notario.
El notario autorizante alega que no hay tal conflicto de intereses pues la ganancialidad del bien inventariado es indubitada, la partición es “pro indiviso” y la deuda no se adjudica a ningún heredero, por lo que responden todos solidariamente.
c-) Doctrina de la DG.
La DGRN estima el recurso pues considera que el conflicto de intereses tiene que ser real, no meramente hipotético, y en el presente caso no lo hay ya que los intereses de madre e hijo no son contrapuestos sino paralelos.
En la liquidación de gananciales habría conflicto de intereses si, por ejemplo, la ganancialidad de los bienes no fuera indubitada, o derivara de manifestación unilateral del fallecido, pero en el presente caso el carácter de ganancial del bien es indubitado, pues ambos cónyuges así lo manifestaron en su adquisición.
En la partición habría conflicto si los lotes fueran desiguales o la partición parcial, pero en el presente caso la adjudicación es indivisa, por lo que no hay ningún cambio en las cuotas de propiedad y el único efecto que se produce es el cambio de la naturaleza de la comunidad de bienes, de forma que de ser una comunidad de tipo germánico pasa a ser de tipo románico. (AFS)
7º-) Resolución 18-diciembre-2002.
a-) Supuesto.Si en una partición, efectuada por el albacea contador partidor, pero ratificada por todos los herederos, es necesaria la intervención de defensor judicial y la posterior aprobación judicial, que exige el artículo 299 del CC, cuando uno de los herederos, la viuda, interviene además de en su propio nombre, en representación de otro, judicialmente incapaz y sobre el que ejerce la patria potestad prorrogada.
b-) Opinión del recurrente. Alega el recurrente que no hay tal conflicto, ya que los herederos se han limitado a aprobar la partición efectuada por unos terceros, que eran los albaceas testamentarios.
c-) Opinión del Registrador. Entiende sin embargo, el Registrador, que no se trata de una partición efectuada por un contador partidor, ya que se ha omitido un trámite esencial, cual es la citación del representante legal del incapaz del Art. 1057.3 CC por lo que tal partición es nula y de ahí, que sea necesaria la ratificación de los herederos.
d-) Doctrina de la DG. La Dirección General, considera que la omisión de la citación del representante legal de la incapaz para la formación del inventario que exige el artículo 1057 del Código Civil, (según la STS de 8 de marzo de 1999) es causa de mera anulabilidad y como tal convalidable con posterioridad y a los solos efectos de subsanar la omisión de la notificación para el inventario de los bienes hereditarios, en la ratificación de éste por la madre de la incapaz no se da contraposición de intereses que exija la intervención de un defensor judicial (por ser los intereses paralelos y no contrapuestos) desestima el recurso
Y entiende que, como en el cuaderno particional se hacen adjudicaciones de bienes en metálico, lo que excede de un acto meramente particional para incidir en el de los actos dispositivos, que no entran en las funciones del contador partidor, tales actuaciones suponen una extralimitación en sus funciones por parte de los autores del cuaderno, que tan sólo la ratificación por los herederos, dando a la partición carácter contractual, pueden salvar; y la ratificación por la madre en nombre de su hija a la que legalmente representaba supone una actuación en la que ha de apreciarse una clara contraposición de intereses, pues no estamos ante una estricta igualdad en los lotes y derechos que la excluiría.(MN)
8º-) Resolución 6-noviembre-2002.
a-) Supuesto de hecho.	Se trata de una escritura de partición de herencia en la que intervienen la viuda y los hijos del causante. Como tutor de dos de los hijos, incapaces, comparece uno de los coherederos, hermano de ambos, el cual actúa, además, en su propio nombre.
Los bienes -que son todos ellos gananciales- se adjudican de este modo: a la viuda la mitad indivisa de cada uno de ellos, por su mitad de gananciales, y el usufructo de la otra mitad, conforme a lo establecido en el testamento, y por iguales partes, a todos los hijos, la nuda propiedad de esta última mitad indivisa.
b-) Doctrina de la DG. La DG estima que no es preciso el nombramiento de defensor judicial al no existir entre el tutor y los incapaces intereses contrapuestos. Sin embargo, sí que será precisa la aprobación judicial (artículo 272 del Código Civil) existiendo una verdadera partición sin que para entenderlo así sea obstáculo la equivalencia de las adjudicaciones. Se puede observar que en el caso existe un gravamen colectivo de la legítima estricta (el usufructo del cónyuge viudo sobre esa parte).
II.- Opción de compra.
1º-) Resolución 26-mayo-2005.
Se constituye una opción de compra en la que se estipula lo siguiente: se condiciona el ejercicio de la opción al hecho de que los optantes o, en su caso, herederos, sean arrendatarios de las fincas de referencia, lo cual se entenderá acreditado de no constar, al notario ante el que se ejercita la opción, ninguna manifestación expresa en contrario de los concedentes.
Asimismo se prevé que el plazo para el ejercicio de la opción finalizará el día…, transcurrido el cual, si no constara en el Registro el ejercicio, quedará extinguido y podrá hacerse constar su extinción a instancia de los propietarios de las fincas.
El Registrador entiende que no es admisible la condición citada por entender que es contradictoria con el pacto de ejercicio unilateral del derecho de opción por parte del optante y porque su aplicación puede dejar la validez y el cumplimiento del contrato al arbitrio de una de las partes contratantes-lo que va en contra de el artículo 1256 CC-; y que tampoco puede ser objeto de inscripción el pacto relativo a la extinción por falta de constancia registral, por ser posible su ejercicio extrarregistral.
La Dirección, sin embargo, estima el recurso ya que "en nuestro derecho la libertad contractual permite a los contratantes establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, con los únicos límites de ser contrarios a las leyes, a la moral o al orden público. Y para su acceso al Registro debe predicarse lo mismo siempre que tengan carácter real o trascendencia real inmobiliaria. Y como nuestro ordenamiento permite la inscripción del derecho de opción así como el modo y condiciones del derecho que se inscriba, no se observa la escritura calificada precepto alguno limitativo de la libertad de los contratantes, ni expresado por el Registrador en su nota, que haga que el negocio tal y como ha sido constituido choqué contra ninguno de los principios hipotecarios ni adolezca de los requisitos que se exigen para que pueda tener acceso al Registro." (MN)
2º-) Resolución 19-septiembre-2011.
a-) Supuesto de hecho. En un leasing inmobiliario sobre 2 fincas, se fija globalmente un único canon arrendaticio o precio contractual y un único precio o valor residual, sin especificar los correspondientes a cada una de las fincas arrendadas financieramente. Tampoco se incluye el pacto de ejercicio conjunto de la opción de compra sobre ambas.
b-) Calificación del Registrador. Suspende la inscripción, conforme al Principio de especialidad o determinación registral (arts. 9 y 12 LH y 51 RH) por falta de distribución del importe de los cánones y del precio para el ejercicio de la opción de compra a su finalización, y ello en beneficio tanto del tercer adquirente como del transmitente a quienes interesa conocer la extensión del derecho y los importes a satisfacer.
Y ello incluso aunque se configurara la opción como un derecho personal con trascendencia real por la inscripción, y aunque no se garantice el pago de los cánones con condición resolutoria.
c-) Alegaciones del Notario.El notario recurre alegando que:
-. - El llamado Principio registral de especialidad es una elaboración doctrinal (para los sistemas de Folio Real, frente a los de Folio Personal) que no tiene una base positiva clara en nuestro Ordenamiento, y que los concretos supuestos específicamente contemplados por el legislador, no pueden aplicarse por analogía a otros, porqué vulneraría el Principio de Libertad Civil.
-. - Y que dicho Principio de Libertad Civil permite la configuración del objeto múltiple de la operación como un todo unitario: ni el titular de la opción puede adquirir la finca a) sin la finca b), ni el concedente puede ser compelido a transmitir una sin la otra.
La DGRN confirma la calificación, y aun admitiendo el 2º argumento del notario, entiende que para ello es preciso pactar expresamente dicho ejercicio conjunto, pues de lo contrario, el Principio de especialidad exige determinar y distribuir entre las fincas el importe de los cánones y del precio residual.
Añade que el Principio de especialidad es compatible y complementario con el de Libertad Civil y de circulación de bienes, para dar una completa publicidad “erga omnes”, como resulta de los arts. 9 y 12 LH (hipotecas); 11 LH (precio aplazado con condición resolutoria sobre varias fincas); 51 RH (circunstancias generales de la inscripción) o el 54 RH (expresión de la porción ideal, con datos matemáticos, de las partes indivisas de una finca o derecho). (ACM).
III.- Servidumbre de paso.
1º-) Resolución 25-Febrero-2014.
Se plantea si descrita una servidumbre de paso en la siguiente forma: «las partes han acordado la constitución de una servidumbre de paso a favor de las parcelas …, y que grava la …., que discurre por el lindero este de esta última finca, con una anchura de 3 metros, a contar desde el límite exterior del brazal regador, de tierra, que discurre por el citado lindero», se vulnera el principio de especialidad por la falta de determinación de la longitud del terreno afectado por la misma.
b-) Doctrina de la DG. Señala la Dirección General que la inscripción del derecho de servidumbre debe expresar su extensión, límites y demás características configuradoras, como presupuesto básico para la fijación de los derechos del predio dominante y las limitaciones del sirviente.
En este caso se dice que la servidumbre tendrá un ancho de 3 metros y que transcurre por el lindero este del predio sirviente, pero nada se dice en torno a la longitud en que dicho lindero se verá afectado por el paso a favor del predio dominante.
En consecuencia el defecto debe ser confirmado, debiendo complementarse el documento presentado en cuanto a la descripción más precisa de la servidumbre.
Esquema de la Escritura
por ellv el Jue 2 Mar 2017 - 13:14
I.- Partes de la escritura.
La escritura consta de las siguientes partes:
-.- Menciones preliminares.
-.- Comparecencia.
-.- Intervención.
-.- Cuestiones previas.
-.- Clausulado propiamente dicho.
-.- Menciones finales.
II.- Menciones preliminares.
-.- Número de protocolo. La primera escritura que autoriza un notario al principio de cada año, recibe el número uno; la segunda el dos; y así sucesivamente, hasta terminar el año.
-.- Lugar de otorgamiento. Es decir la población en que está personado el notario y los interesados; es facultativo indicar también algún otro detalle, como el paraje, la calle, etc.
-.- Identificación del notario. Nombre y dos apellidos del Notario; Notaría a la que sirve, y distrito y Colegio Notarial al que pertenece.
III.- Comparecencia.
A partir de aquí es como si el Notario estuviera hablando y nos cuenta las cosas. Y lo primero que hace es decirnos quiénes están delante de él. De cada uno de ellos hay que expresar:
-.- El nombre y los dos apellidos.
-.- Si es mayor de edad, menor o emancipado. Si es menor hay que decir la edad, lo que también es necesario en algunos casos si es mayor; si es emancipado hay que decir la causa de la emancipación. La emancipación se prueba SIEMPRE, mediante la certificación del Registro civil donde consta inscrito el nacimiento con la ulterior emancipación. Sólo el Notario que ha autorizado la escritura de emancipación puede prescindir de la misma.
-.- La nacionalidad. Pero en la práctica sólo se menciona si no es español.
-.- La regionalidad. En la práctica sólo se menciona cuando es diferente de la correspondiente al lugar del otorgamiento.
-.- La profesión.
-.- Su estado civil. Es decir, soltero, casado, viudo, divorciado o separado legalmente.
-.- El nombre de su cónyuge y régimen económico-matrimonial. Sólo cuando el negocio que se vaya a escriturar afecte a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal. El régimen económico puede ser el legal supletorio del interesado, en cuyo caso basta su afirmación; o el pactado en Capitulaciones, en cuyo caso es necesario que éstas estén inscritas en el Registro civil correspondiente.
-.- Domicilio. Población en la que vive, calle, número, y puerta.
-.- Documento identificativo. Carnet de Identidad, Pasaporte, etc.
-.- NIF: Número de identificación fiscal. Que es el mismo del Carnet de Identidad, pues ahora ya lleva incorporada la letra. También es necesario para los extranjeros, debiendo solicitarlo en cualquier comisaría.
IV.- Medio de identificación.
No basta con indicar que está delante, ya que el Notario debe asegurarse de que efectivamente los comparecientes son quiénes dicen ser. Para ello:
-.- Puede el propio notario afirmar que los conoce.
-.- O puede indicar alguno de los medios de identificación permitidos por la ley del Notariado: Vale el D.N.I., y el pasaporte; en la actualidad, también el permiso de conducir, aunque hay quien lo duda. En su defecto, puede una parte del instrumento identificar a la otra; o cabe la presencia de dos testigos de conocimiento.
Puede realizarse bien después de la comparecencia; o como mención final.
V.- Intervención.
-.- En nombre propio. Basta con indicarlo.
-.- En nombre ajeno. En cuyo caso:
a-) Es necesario poner todos los datos identificativos de la persona por la que se actúa. Tanto si es persona física, como jurídica.
b-) Y es necesario manifestar y acreditar al notario el título por el que se ostenta la representación. Este título puede ser legal (como la patria potestad) o voluntario (como el apoderamiento).
Tratándose del apoderamiento hay que poner la fecha de la escritura de apoderamiento, el notario autorizante de la misma, y el número de protocolo. La COPIA AUTORIZADA DE LA ESCRITURA DE APODERAMIENTO, hay que exhibirla necesariamente al Notario. El Notario, autorizante de la escritura de que se trate, ha de incluir en la suya una nota sacramental que más o menos diga: “Me exhibe la copia autorizada de la misma, y de ella resulta que el compareciente, en el concepto en que interviene, tiene a mi juicio, facultades suficientes para otorgar esta escritura de….” Y el Notario debe decir el nombre de todos los puntos jurídicos de la escritura.
VI.- Capacidad.
Y, finalmente, el Notario ha de dar fe, de forma general, de que a su juicio, los señores comparecientes, tienen, a juicio del Notario, capacidad legal suficiente para el otorgamiento que se va a realizar (especificando de nuevo todos los puntos jurídicos de la escritura.
VII. Cuerpo propiamente dicho de la escritura.
Normalmente consta de dos partes, que suelen distinguirse por el “Dicen”, y el “Otorgan”. En la primera se suelen narrar algunos hechos, y en la segunda se formaliza el negocio propiamente dicho.
Yo solía dividir la primera en párrafos, llamados PRIMERO, SEGUNDO, etc; y la segunda en otros párrafos denominados con números romanos I. II, III, etc. Aquí cada uno hace lo que cree conveniente.
En las escrituras más complicadas, siempre he prescindido de las dos partes, y he puesto : “dicen y otorgan”, y luego he explicado párrafo por párrafo las cuestiones, porque me parece que quedan más claras.
Para mí, siempre hay que empezar con la creación del mundo, el nacimiento de Adán y Eva, hasta llegar al tiempo actual. Es decir, la mejor forma de narrar los hechos es contarlos tal como han acontecido en el tiempo.
Y como yo siempre escribo para que se me entienda, he procurado utilizar un lenguaje sencillo para que quiénes me hicieron el honor de ser mis clientes, se enterasen del contenido de la escritura.
VIII. Menciones finales.
-.- Una frase sacramental: “Así lo dicen y otorgan”, aunque puede utilizarse cualquiera parecida.
-.- La mención de que el Notario ha realizado las reservas y advertencias legales. Es decir todas las que exige la ley, y en especial todas las de carácter fiscal.
-.- Forma de lectura. Hay que decir que se ofrece a las partes el derecho a proceder por sí mismas a la lectura de la escritura; y que lo han usado o no. Seguidamente, es el notario el que procede a la lectura en alta voz de de la escritura; aunque en algunos casos es mucho más conveniente explicar con claridad a los clientes el contenido de los pactos y cláusulas que en ella se contiene.
-.- La declaración de que las partes, enteradas del contenido de la escritura, la ratifican y firman (o la declaración de que alguna de ellas no sabe, e imprime la huella digital del índice de su mano derecha, en presencia de los dos testigos necesarios en tal caso).
-.- La numeración del papel timbrado en que se extiende el documento.
-.- La dación de fe general por el Notario: por ejemplo: “De todo cuanto se contiene en este instrumento extendido en… yo el Notario, doy fe.
por ellv el Jue 2 Mar 2017 - 13:18
Podemos considerar que los medios de pago no son más que la forma mediante la cual se abona el precio en las compraventas, o en los demás contratos en que hay abonos de dinero.
Hasta principios del siglo XXI no se controlaban, pero una serie de disposiciones los han regulado de forma muy concreta. Tras la ley de 8-enero-2010 el artículo 177 del Reglamento Notarial, ostenta la siguiente redacción:
“El precio o valor de los derechos se determinará en efectivo, con arreglo al sistema monetario oficial de España, pudiendo también expresarse las cantidades en moneda o valores extranjeros, pero reduciéndolos simultáneamente a la moneda española.
De igual modo, los valores públicos o industriales se estimarán en efectivo metálico, con arreglo a los tipos oficiales o contractuales.
En las escrituras públicas relativas a actos o contratos por los que se declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan a título oneroso el dominio y los derechos reales sobre bienes inmuebles, se identificarán, cuando la contraprestación consistiera, en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente, los medios de pago empleados por las partes, en los términos previstos en el artículo 24 de la ley del Notariado, de acuerdo con las siguientes reglas:
-.- 1ª.- Se expresarán por los comparecientes los importes satisfechos en metálico, quedando constancia en la escritura de dichas manifestaciones.
-.- 2ª.- El Notario incorporará testimonio de los cheques y demás instrumentos de giro que se entreguen en el momento del otorgamiento de la escritura. Los comparecientes deberán, asimismo, manifestar los datos a que se refiere el artículo 24 de la Ley del Notariado, correspondientes a los cheques y demás instrumentos de giro que hubieran sido entregados con anterioridad al momento del otorgamiento, expresando además su numeración y el código de la cuenta de cargo.
En el caso de cheques bancarios u otros instrumentos de giro librados por una entidad de crédito, entregados con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura, el compareciente que efectúe el pago deberá manifestar el código de la cuenta con cargo a la cual se aportaron los fondos para el libramiento o, en su caso, la circunstancia de que se libraron contra la entrega del importe en metálico. De todas estas manifestaciones quedará constancia en la escritura.
-.- 3ª.- En el caso de pago por transferencia o domiciliación, los comparecientes deberán manifestar los datos correspondientes a los códigos de las cuentas de cargo y abono, quedando constancia en la escritura de dichas manifestaciones.
En el marco del artículo 17,3 de la Ley de 28 de mayo de 1862 del Notariado, el Consejo General del Notariado proporcionará a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria información, en particular, en el caso de pagos por transferencia o domiciliado, cuando no se hubieran comunicado al Notario las cuentas de cargo y abono.
En el caso de que los comparecientes se negasen a identificar los medios de pagos empleados, el Notario advertirá verbalmente a a aquellos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 254 de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946, dejando constancia, asimismo, de dicha advertencia en la escritura.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderán identificados los medios de pago si constan en la escritura, por soporte documental o manifestación, los elementos esenciales de los mismos.
A estos efectos, si el medio de pago fuere cheque será suficiente que conste librador y librado, beneficiario si es nominativo, fecha e importe;
Si se tratara de transferencia se entenderá suficientemente identificado, aunque
no se aporten los códigos de las cuentas de cargo y abono, siempre que conste el ordenante, beneficiario, fecha, importe, entidad emisora y ordenante y receptora o beneficiaria.
Igualmente, en las escrituras citadas el Notario deberá incorporar la declaración previa del movimiento de los medios de pago aportada por los comparecientes cuando proceda presentar ésta en los términos previstos en la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
Si no se aportase dicha declaración por el obligado a ello, el Notario hará constar dicha circunstancia en la escritura y lo comunicará al órgano correspondiente del Consejo General del Notariado.
II.- Medios de pago acreditados.
-.- Si se trata de metálico, los comparecientes manifestaran los importes satisfechos, tanto los anteriores como los simultánesos a la firma, indicando en todo caso la fecha de los mismos.
En todos los casos, tratándose de metálico o cheques bancarios al portador (no cuando sean nominativos) deberá presentarse el modelo S-1 si el importe excede de 100.000 euros para los residentes y de 10.000 euros para los no residentes.
-.- Si se paga mediante cheches, en todo caso habrá que indicar el librado, librador y si es nominativo el beneficiario, su fecha y su importe. Si la fecha es anterior, parece que bastará con eso; si es simultáneo a la escritura, habrá que incorporar a la matriz, una fotocopia del mismo.
-.- Si se paga mediante transferencia bancaria o domiciliación bancaria,
Habrá que manifestar los códigos de cuenta y cargo de abono pero se entenderá suficientemente identificado, aunque no se aporten los códigos de las cuentas de cargo y abono, siempre que conste el ordenante, beneficiario, fecha, importe, entidad emisora y ordenante y receptora o beneficiaria.
III.- Medios de pago no acreditados.
Si los comparecientes se niegan a identificar los medios de pago; el notario realizará las oportunas advertencias; y las comunicará al Consejo y Esté a la Agencia Estatal. PERO LA ESCRITURA PODRÁ OTORGARSE.
En cambio, conforme al vigente a. 254 LH, la escritura no podrá ser inscrita hasta que no se identifiquen los medios de pagos.
IV.- Limitaciones de pagos en efectivo.
Conforme al a. 7 de una Ley de 29-Octubre-2012, relativa a la prevención del fraude fiscal establece lo siguiente:
Monteolivete, 27-Febrero-2017
Autocontratación-Intereses contrapuestos entre padres e hijos
por ellv el Jue 2 Mar 2017 - 13:25
LA AUTOCONTRATACIÓN: CONTRAPOSICIÓN PADRES E HIJOS
Como regla general cada persona es titular de un patrimonio; y siendo mayor de edad y teniendo la libre disposición de sus bienes, tiene aptitud para realizar toda clase de negocios jurídicos de administración o de disposición que producen efectos en ese patrimonio.
Pero también es posible que una misma persona sea titular de diversos patrimonios especiales, como ocurre, por ejemplo, en los siguientes casos:
-.- Los casados bajo régimen económico de gananciales pueden realizar actos que vinculen tanto a su patrimonio privativo como al ganancial.
-.- Cuando una persona es designada fiduciario, puede realizar negocios jurídicos tanto sobre su patrimonio privativo, como sobre el fiduciario.
-.- Y lo mismo ocurre cuando estamos ante las reservas, etc.
Ahora bien, el derecho permite que la declaración de voluntad para formar un negocio jurídico pueda ser emitida por persona distinta de la titular del patrimonio que la afecta.
Estamos ante la figura de la representación, que puede ser voluntaria, legal y orgánica.
-.- Una persona que sea titular de un patrimonio.
-.- Que esta persona otorgue un negocio jurídico a favor de otra, llamado apoderamiento o poder, en virtud del cuál se le faculta para que de forma general o en casos concretos pueda vincular su patrimonio.
-.- Que la persona que reciba el poder haga uso él, lo quesignifica:
-.- Que al celebrar el negocio de que se trate, exhiba el poder.
-.- Que manifieste que interviene para el poderdante.
-.- Que actúe dentro de los límites que le han concedido en el poder.
-.- Que haya una contraparte.
-.- Y que como consecuencia de ese negocio, entren en relación el patrimonio del poderdante y el de la contraparte.
3º-) Representación legal.
Significa lo mismo que la voluntaria, pero con dos importantes diferencias:
-.- En la voluntaria, la representación se deriva del apoderamiento conferido por el poderdante: tiene a ampliar la posibilidad de actuación del poderdante; por el contrario, en la legal la representación se deriva de un mandato legal: tiende a permitir celebrar negocios jurídicos a aquellas personas que siendo titulares de un patrimonio carecen legalmente de la capacidad para prestar el consentimiento (menores o incapacitados).
-.- En la voluntaria, las facultades del representante se deducen del texto del apoderamiento: serán las que se hayan concedido. En la legal las facultades del represente son las que se derivan de la ley; aunque el Juez, encargado de conferirla en los casos de incapacitación, puede modelarlas, según la situación del incapacitado.
4º-) La representación orgánica.
Las personas jurídicas, como tales personas jurídicas, no pueden hablar. Para formar su voluntad han de acudir a personas físicas, los cuáles:
-.- O se reúnen en Juntas de la persona jurídica, para decidir con las mayorías legales la voluntad de la persona jurídica.
-.- O atribuyen su representación ordinaria a otras personas físicas, normalmente individuales, para que hablen o tomen decisiones en nombre de la persona jurídica.
Se ha discutido si estas personas que intervienen en nombre de la sociedad, son representantes voluntarios de las sociedades, o si, por el contrario, forman una categoría especial que se denomina representación orgánica.
En la actualidad predomina esta última posición, y así la doctrina suele considerar que:
-.- Que las juntas de los miembros de las personas jurçidicas son los que toman las decisiones sobre la marcha del ente.
-.- También las juntas son las encargadas de designar a las personas que han de ejecutar sus acuerdos o han de llevar la marcha ordinaria de las operaciones de la soc iedad.
-.- Las personas designadas, tienen siempre un ámbito concreto de actuación, vinculando a la persona jurídica en ese ámbito. Normalmente este ámbito mínimo está señalado por la ley. Por eso se trata de una representación orgánica.
-.- Pero las personas jurídicas, a través de sus órganos, también pueden conceder la representación voluntaria a otras personas, como pueden hacer las personas físicas.
5º-) Representación directa o indirecta.
Cuando una persona interviene en un negocio jurídico, es necesario que indique si interviene en su propio nombre o si lo hace en nombre de otra persona, de la que ha recibido una representación voluntaria, orgánica o legal.
Cuando el Presidente del Gobierno acude al Notario, debe decirle si lo que va a realizar, surtirá efecto:
-.- En el patrimonio de España.
-.- En el de una persona de la que sea administrador (si es que es posible).
-.- En su propio patrimonio personal.
-.- En el de sus hijos constituidos bajo su patria potestad exclusiva.
-.- En el de las personas sometidas a su tutela.
-.- O en el patrimonio de un amigo del que ha recibido el poder.
En estos casos, cuando el apoderado indica en nombre de quién actúa (nombre propio o ajeno), y se trata de una intervención en nombre ajeno, debe exhibir el poder para que los funcionarios o la contraparte comprueben que efectivamente ostenta la representación, y el negocio jurídico surte efectos inmediatos en los patrimonios de la contraparte y del representado.
Este supuesto es el que se denomina representación directa; y es el ordinario.
Pero existe otra posibilidad: el vecino no nos quiere vender su terreno, o nos pide a nosotros más precio que a un tercero; no queremos que se sepa que estamos comprando tierras en el término de cierta población, porque se encarecerían los precios, etc.
En todos estos casos, lo que se realiza en la práctica es lo siguiente:
-.- Acudimos a otra persona de nuestra confianza.
-.- Le damos instrucciones; y le proveemos de fondos suficientes para realizar el negocio.
-.- Y entonces este pseudo/apoderado, MANIFESTANDO INTERVENIR EN SU PROPIO NOMBRE, adquiere del tercero la finca en cuestión, pero sabiendo en su conciencia que dicha finca es nuestra, y queriendo que la adquiramos directamente.
Se trata de la representación indirecta. En ella una persona actúa en nombre de otra, pero sin manifestarlo en el negocio jurídico que celebra con la contraparte.
Naturalmente, existen dos posiciones jurídicas:
-.- Los que afirman que la representación indirecta existe y produce sus efectos directamente.
-.- Y quienes consideran que no existe, y se precisa otro negocio jurídico, entre pseudopoderdante y pseudoapoderado para que los efectos jurídicos del negocio, que de momento se han producido en el apoderado, vayan a surtir efectos en el patrimonio del poderdante.
No cabe duda de que en la práctica se acude muchas veces a la representación indirecta, tanto para los fines lícitos que antes hemos indicado, como para fines ilícitos.
Pero en su caso serán los Tribunales de Justicia los encargados de desvelar que ésta existe.
Para nosotros estamos ante negocios jurídicos de tipo fiduciario con toda su problemática, que se estudia en otro caso.
Creemos, como imagino que creemos todos los notarios, y sobre todo Hacienda Pública, que la representación indirecta no puede admitirse en la práctica; y fiscalmente hay dos transmisiones: de la contraparte al apoderado; y del apoderado al poderdante. Otra cosa será la que determinen los Tribunales de Justicia.
III.- Múltiple representación.
1º-) Multiple representación.
Existe múltiple representación cuando una persona ostenta la representación de varias personas y tiene la posibilidad de vincular los patrimonios de todos ellos. Así:
-.- Una finca pertenece a cinco hermanos, y dos de ellos dan poder al mayor para que les represente en la venta.
-.- Diez personas han de constituir una sociedad, y cinco dan poder a una de ellas, o a un tercero para que les represente en el negocio constitutivo.
-.- Juan quiere vender su vivienda y apodera a Pedro para venderlo; a su vez Luis quiere comprarlo y faculta también al propio Pedro para realizar la compra.
2º-) Intereses contrapuestos.
Existen intereses contrapuestos en un negocio jurídico, cuando las partes son antagónicas. Así ocurre:
-.- En la compraventa hay intereses contrapuestos entre el vendedor y el comprador. El primero quiere vender la cosa al precio más elevado y en las mejores condiciones para él; y el comprador pretende pagar el menor precio y en las mejores condiciones para él.
-.- Entre las dos partes de la permuta. Pues cada uno pretenderá que su cosa sea de mayor valor.
-.- Entre arrendador y arrendatario.
-.- En la misma partición de herencia, porque cada heredero pretenderá obtener lo mejor. Etc.
3º-) Intereses coincidentes.
Surgen cuando a todas las personas les interesa lo mismo:
-.- Si somos copropietarios de una cosa, y hay que venderla, a todos los comuneros les interesa venderla por el mayor precio y las mejores condiciones. No discutiremos entre nosotros, y formaremos un frente unido contra el comprador.
-.- Lo mismo si varias personas pretendemos comprar una finca por cuotas indivisas iguales.
-.- Si vamos a constituir una sociedad con responsabilidad limitada, y todos aportamos metálico, la situación de todos los interesados es la misma. (Salvo el nombramiento del administrador).
4º-) Importancia del intérprete.
En la materia que vamos a examinar ahora es necesaria la contemplación muy cuidadosa de la situación de hecho con la que nos encontremos; basta cualquier sutileza, para que en un caso concreto los intereses sean contrapuestos o coincidentes.
Por tanto ante cada caso concreto hay que plantearse si los intereses son de un tipo o de otro. Si consideramos que los intereses son contrapuestos, entenderemos que el negocio jurídico será ineficaz; pero si entendemos que son coincidentes habrá que mantener la eficacia del mismo.
Antes hemos dicho que en una partición de herencia los intereses son contrapuestos entre los herederos; correcto. Pero serán coincidentes si en ella nos limitamos a atribuir todos los bienes hereditarios en la misma proporción en que el testador ha instituido a los llamados.
Supongamos que Javier dice en su testamento: sean mis herederos, Maite, Fernando, Eduardo y los dos hijos menores de Eduardo, por quintas partes iguales.
Si hacen la partición Maite, Fernando y Eduardo (éste que es viudo, en su propio nombre y en nombre de sus hijos pequeños), si de los cinco bienes existentes en el caudal hereditario se atribuye a cada uno de los interesados un bien concreto. Y ello independientemente de que tenga más o menos valor; esto es indiferente. La contraposición está en atribuir un bien a uno y otro a otro.
Pero esta partición (yo la llamo manifestación de herencia), estará bien hecha, porque los intereses serán coincidentes, si Maite, Fernando y Eduardo (éste en el triple concepto), se limitan a adjudicar los únicos cinco bienes hereditarios a los cinco herederos por partes iguales.
La finalidad de esta llamada “manifestación de herencia” es convertir la comunidad hereditaria en cinco comunidades romanas, una sobre cada uno de los bienes (Mira el a. 392: Hay comunidad cuando “una cosa…; no sobre dos cosas; entonces hay dos comunidades)
Igual ocurre con la constitución de una sociedad. En principio todos los intereses son coincidentes, porque todos queremos que la sociedad se constituya, tenga personalidad jurídica y gane y nos haga ganar mucho dinero.
Pero veamos este supuesto:
-.- Antonio concede poderes a Luis para constituir la sociedad, y para que aporte los bienes del primero.
-.- Entonces Luis (en su propio nombre y en nombre de Antonio), con Fernando y Javier constituyen la sociedad, aportando cada uno de los cuatro un millón de euros, cada uno en metálico. Parece que no hay nada que reprochar.
-.- Pero en el mismo supuesto, Luis, Fernando y Javier aportan cada uno en su nombre el citado millón de euros; pero Luis, en nombre de Antonio aporta determinados bienes de éste.
En este supuesto, los intereses entre Luis y Antonio son contrapuestos, porque está la cuestión de la valoración de los bienes (aunque la haya realizado un experto independiente). La constitución es ineficaz.
Para salvarla sería necesario que Antonio, al conceder el poder hubiera especificado que la sociedad tenía un determinado capital, que se aportaban determinados bienes suyos, por un valor cierto; y que la aportación de Luis, sería de equis euros. Entonces estaría salvada la situación, por las reglas que seguidamente estudiaremos.
Por estos motivos, y por otros muchos casos semejantes, hay que huir siempre de las afirmaciones generales y analizar muy cuidadosamente el caso concreto ante el que nos encontremos.
I.- La autocontratación.
De acuerdo con lo expuesto, hay autocontratación cuando:
-.- Una persona tiene la posibilidad de emitir declaraciones de voluntad que vinculen a dos o más patrimonios.
-.- Y haga uso de esa posibilidad celebrando un negocio jurídico por el cuál los distintos patrimonios entran en relación y quedan vinculados.
Para ello poco importa que en el negocio intervengan además o no extraños. Por tanto, entendemos que hay autocontración cuando:
-.- Marisa puede vincular el patrimonio de Isabel; y entonces la propia Marisa vende a Isabel, a la que hace comprar, un piso propiedad de la primera por un millón de euros.
-.- Ana puede vincular su patrimonio privativo y como es viuda, también el patrimonio de su hijo del que ostenta la patria potestad. Entonces Ana vende (o compra) a su hijo un bien inmueble por precio de un millón de euros.
-.- Fernando tiene poderes de Luis para ceder en arrendamiento el piso que el segundo tiene en Valencia; y el propio Fernando tiene poderes de Pedro para adquirir en arrendamiento un piso en Valencia. En tal caso Fernando, interviniendo él solo, en nombre de Luis cede en arrendamiento el piso del primero; y en nombre de Pedro, acepta el arrendamiento. (Aquí estamos ante múltiple representación, pero las consecuencias son equiparables).
II.- Reglas generales de la autocontratación.
Para nosotros las reglas generales de la autocontratación en derecho español son las siguientes, y creemos que están admitidas unánimente tanto por la doctrina del Tribunal Supremo, como por las resoluciones de la DGRN. Y, aunque parezca extraño estas reglas son:
-.- Como regla general, la autocontratación está permitida.
-.- Pero esta regla tiene dos excepciones y resulta prohibida:
-.- Si en el negocio existen intereses contrapuestos.
-.- O cuando un precepto concreto de la ley la veta.
-.- Pero incluso en los supuestos prohibidos (intereses contrapuestos o precepto legal en contrario), resultará permitida y el negocio será plenamente eficaz, siempre que el representado o representados con los que existen los intereses contrapuestos admita antes la autocontratación, o la ratifique posteriormente.
Creemos que ésta es la mejor forma de exponer esta doctrina, con lo que queda más clara, a nuestro juicio, la situación.
III.- Efectos de la autocontratación prohibida.
Hay que llegar a la conclusión que la situación jurídica es la misma en los siguientes supuestos:
-.- Cuando tu no tienes poderes para representarme y me representas.
-.- Cuando tienes poderes insuficientes, como cuando te doy poderes para que retires dinero de mi cuenta corriente en el banco, y me compras un piso.
-.- Cuando te doy poderes para que me representes en Valencia y me representas en Alicante.
-.- Cuando te doy poderes para que me representes durante un año; y me representan dentro de catorce meses.
-.- Cuando te di poderes y concurre una causa de revocación (salvo los casos de subsistencia frente a tercero de los poderes revocados).
-.- Cuando te doy poderes para que me compres una finca; y me vendes una mía.
En ninguno de estos supuestos tienes realmente facultades para representarme; y, como sabes, estas figuras se denominan:
-.- Representación sin poder.
-.- Extralimitación del poder en las facultades.
-.- Extralimitación del poder en el espacio.
-.- Extralimitación del poder en el tiempo.
-.- Uso del poder revocado.
-.- Y autocontratación.
La sanción en todos estos casos sólo puede ser la misma. Utilizando nuestra terminología estaremos ante un negocio jurídico de tipo TRES, es decir que inicialmente será del todo ineficaz.
Nos encontramos ante un negocio jurídico que no ha producido el efecto jurídico querido. Después de prestado el consentimiento, no se ha producido el efecto normal del negocio jurídico. La situación de los patrimonios queda en la misma situación en que estaba antes de realizarse el negocio.
El acto queda como latente. Utilizando la terminología de DE CASTRO, estamos ante un negocio jurídico incompleto, y procederá la aplicación del a. 1259-2 del CC: “El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratantes.”
-.- La otra parte puede revocarlo, es decir, retractarse del negocio, porque éste, en realidad, no es más que un proyecto de negocio.
-.- El “Dominus negotti”, es decir la persona por quién se ha actuado sin ostentar su representación (o siendo ésta insuficiente), puede ratificarlo.
-.- Si lo ratifica está sanando el efecto de representación; está diciendo: “Si, no le había conferido mi representación, pero estoy de acuerdo con lo que ha hecho en mi nombre”.
-.- El negocio entre partes, y una vez ratificado, surtirá efectos desde que se celebró.
-.- Pero el negocio, una vez ratificado, frente a terceros surtirá efectos sólo desde la ratificación.
Esta es la diferencia fundamental entre la ratificación (que sana el negocio incompleto), y la confirmación (que sana el negocio anulable). La confirmación produce efectos retroactivos no sólo entre partes, sino incluso frente a terceros.
CONTRAPOSICIÓN DE INTERESES ENTRE PADRES E HIJOS.
I. Autocontratación.
1º.- Concepto.
Existe autocontratación cuando una persona que ostenta la representación de dos o más personas (físicas o ju¬rídicas) las hace intervenir a todas ellas en un mismo contrato.
La representación de las personas se puede ostentar:
a.- Bien por propia naturaleza por tratarse de uno mismo.
b.- Bien por corresponder le la representación legal de ella: titular de la patria potestad o tutor.
c.- Bien por habérsele conferido dicha representación me¬diante un acto voluntario, como puede ser:
- Apoderamiento.
- O representación orgánica de personas jurídicas.
En todos los casos en que una persona ostenta dos o más representaciones y emite una declaración de voluntad que les afec¬ta a todas ellas, hay autocontratación.
2º.- Reglas generales de autocontratación:
Las reglas que se aceptan como generales en nuestro derecho son las siguientes:
a.- La autocontratación está permitida en nuestro ordena¬miento jurídico: lo que significa que en principio es válido acudir a ella.
b.- No obstante, la autocontratación está prohibida:
- Cuando haya un precepto expreso de la ley que la vete.
- O cuando, sin existir dicho precepto, haya intere¬ses contrapuestos entre las personas cuya voluntad se emite.
Y, finalmente, a pesar de la existencia de intereses, contrapuestos, la autocontratación está permitida, si la persona con la que se entra en colisión, lo con¬siente, es decir, está conforme con dicha autocontra¬tación.
Estas reglas son aplicables a todos los supuestos reco¬gidos en nuestro derecho.
II.- Contraposición de intereses entre padres e hijos.
1º.- Regla general.
Según el artículo 163: "Siempre que en algún asunto el padre y la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, se nombrará a éstos un defensor que los/ represente en juicio y fuera de él. Se procederá también a este nombramiento cuando los padres tengan un interés opuesto al del hijo menor emancipado cuya capacidad deban completar.
Si el conflicto de interés existiera sólo con uno de los progenitores, corresponde al otro por Ley y sin necesidad de especial nombramiento representar al menor o completar su capacidad.
A petición del padre o de la madre, del menor, del Ministerio Fiscal o de cualquier persona capaz de comparecer en juicio, el Juez nombrará defensor, con las facultades que señale, al pariente del menor a quien en su caso correspondería la tutela legítima, y a falta de éste o cuando tuviere intereses contrapuestos, a otro pariente o a un extraño".
Si los intereses contrapuestos son con uno sólo de los padres, la representación la ostentará el otro sin mayores problemas.
Si los intereses contrapuestos son con ambos progeni¬tores, no queda otro remedio que acudir al nombra¬miento de un defensor judicial, pues ya estableció la Dirección General de los Registros y del Notariado que no es eficaz el designado en testamento.
2º.- Intereses contrapuestos.
El problema es determinar cuándo hay o no intereses contrapuestos. La doctrina suele considerar que existen:
a.- Cuando padres e hijo tienen interés común en algún asunto que se traduce en un derecho diferente.
b.- Cuando la decisión normal de un asunto recaiga sobre valores patrimoniales que, si no fueran atribuidos directa o indirectamente al padre o madre, correspon¬derían al hijo.
De todas formas la solución es totalmente casuística, debiéndose comprobar en cada caso que se presente, la posible o presunta existencia de intereses contrapuestos.
Por lo demás hay que partir de la base de que existe contraposición, cuando ambas partes son antagónicas en el contrato como ocurre en Comprador/vendedor, permutantes, arrendador/arren¬datario, partición de herencia en la forma que luego veremos, etc .
Por el contrario no lo hay en aquellos casos en que son coincidentes, como ocurre si:
a.- Si ambos compran un bien por cuotas, o el padre el usufructo y el hijo la nuda propiedad. Aquí el pa¬dre está interesado en obtener las mejores condiciones, lo que beneficiará a ambos.
b.- Igual si venden un bien que les pertenece de algu¬na de las formas dichas.
Pero de todas formas habrá que estar caso a caso para aclarar cuándo hay o no la contraposición.
Así la jurisprudencia ha declarado que hay interés con¬trario entre padres e hijos:
- Si el padre es heredero y el hijo acreedor de la he¬rencia.
- Si el hijo, heredero del padre, liquida herencia en que la madre tiene derecho a gananciales.
- Si se trata de división de herencia en que el padre y el hijo son coherederos o la madre, faltando el padre tiene derecho a la cuarta marital catalana.
- Si el padre es heredero y el hijo legatario, sin que se establezca diferencia por la naturaleza del lega¬do.
Por el contrario, en la jurisprudencia se ha entendido que no es necesario el nombramiento del defensor judicial:
- Cuando el padre renuncie los derechos que represen¬tan un interés contrario a sus hijos.
- Cuando los intereses son paralelos, como si ambos son coherederos y reclaman intereses comunes.
- Si hipotecan porciones indivisas de una misma finca.
3º.- Intereses contrapuestos y sociedades.
En la constitución de una sociedad hay que distinguir:
La capacidad para constituir la sociedad, que es la capacidad general para obligarse: que siempre es la misma para todas las personas, Y que por hipótesis tienen:
- Los menores emancipados.
- Los padres titulares de la patria potestad en nombre de sus hijos y sin necesidad de ninguna autorización judicial.
Pero de la que carecen los tutores, que requeri¬rán la autorización judicial previa.
Y la capacidad para realizar la aportación, lo que dependerá, naturalmente, de la naturaleza del bien aportado, según sea dinero, mueble o inmueble.
Así tratándose de matrimonio sometido a gananciales, cualquiera de los cónyuges puede intervenir en el acto constitu¬tivo pues siempre tiene capacidad para obligarse. Pero para rea¬lizar la aportación la realizará sin problema si se aportan sólo privativos, o dinero ganancial. Para aportar bienes gananciales, muebles o inmuebles, será necesaria la concurrencia de ambos.
Con ello debemos llegar a la conclusión de que el padre titular exclusivo de la patria potestad puede intervenir en nom¬bre de su hijo sin más en la constitución de la sociedad, si el hijo sólo aporta dinero pero precisará la autorización judicial, si se aporta un inmueble.
Y como en una sociedad los intereses de los socios son congruentes o paralelos no habrá ningún problema en que los padres intervengan en el acto constitutivo de la misma en su propio nombre y además en nombre del hijo, y ello aunque los únicos so¬cios sean padre, madre e hijo sometido a la patria potestad común.
Excepcionalmente no se ha permitido la constitución de una colectiva, por entender que se impone responsabilidad ilimita¬da al menor.
Y, por otra parte es muy curiosa la doctrina jurisprudencial sobre las sociedades:
Se permite que en la constitución de la sociedad el padre intervenga en su propio nombre y en el de su hijo.
Pero no se permite que una persona intervenga en la constitución de la sociedad en su propio nombre, y además en representación de otra persona jurídica, si no está expresamente prevista la permisión de la au¬tocontratación.
Tanto en uno como en otro caso, la situación es exacta¬mente la misma, y lógicamente la solución debería ser idéntica: permisión de la autocontratación en ambos casos por no existir in¬tereses contrapuestos, sino paralelos.
III. Herencia del cónyuge a la que son llamados el viudo y los hijos:
En estos casos hay que distinguir tres momentos cuando en la sucesión del cónyuge premuerto están intere¬sados el viudo y los hijos menores sometidos a su patria potestad. Si en cualquiera de los tres puntos hay intereses contrapuestos, será necesario el nombramiento de defensor judicial. Estos puntos son:
Título de la sucesión.
2º.- Liquidación de la comunidad conyugal.
Si el régimen es de separación, nada hay que liquidar, y por tanto no pueden existir intereses contrapuestos.
Por el contrario, si el régimen económico-matrimonial es el legal de gananciales o participación, o cualquier otro paccio¬nado de comunidad, es evidente que para su liquidación deben in¬tervenir:
Y los herederos del premuerto.
Como por hipótesis, en el presente caso alguno de los herederos están sometidos a la patria potestad del cónyuge sobre¬viviente, aquí ya tenemos los intereses contrapuestos.
En consecuencia para realizar la partición si el causan¬te estuvo sometido al régimen de gananciales y concurren a la su¬cesión su viudo y los hijos sometidos a la patria potestad, siem¬pre hay intereses contrapuestos, y siempre hay que nombrar el de¬fensor judicial.
Y ello, no sólo en los presentes casos, sino también en el supuesto en que haya contador/partidor, en cuyo caso debe nom¬brarse el defensor judicial exclusivamente para que reciba la citación al inventario del a. 1057-3, ya que de lo contrario la re¬cibiría el padre/viudo, titular de la patria potestad, que por hi¬pótesis tiene intereses contrapuestos.
3º.- Titulo sucesorio.
El titulo por el que están llamados a la sucesión puede ser:
a.- La sucesión intestada.
b.- Un testamento que en si mismo no vulnere la legítima.
c.- Testamento que en sí mismo viole las legítimas de los hijos,
En los dos primeros casos no habrá contraposición de in¬tereses. Pero existirá dicha contraposición en todos aquéllos en que las disposiciones del testador vayan en contra de la legítima de los hijos,
El supuesto más típico es el caso de que se deje al viu¬do el usufructo universal del caudal hereditario. En tal supuesto el código concede a los legitimarios acción para recibir en pleno dominio lo que por legítima les corresponda, entregando al viudo el dominio del tercio libre.
Como esta opción corresponde ejercitarla al hijo someti¬do a la patria potestad, y precisamente en contra del titular de la misma, está claro que existen los intereses contrapuestos, y en consecuencia también se precisa el nombramiento del defensor judicial.
4º.- Partición propiamente dicha.
Lo que generalmente llamamos partición de herencia, puede adoptar en la realidad dos formas distintas: La manifestación de herencia. La partición de herencia.
a) Manifestación de herencia.
Llamamos manifestación de herencia a aquel acto en el que no se distribuyen los bienes hereditarios entre los interesa¬dos, sino que simplemente se limitan a adjudicar todos y cada uno de los bienes que integran el caudal a favor de los distintos in¬teresados y en la misma proporción en que les corresponde según el título sucesorio.
En este caso evidentemente no puede haber intereses con¬trapuestos, ya que simplemente se está cumpliendo lo ordenado por la sucesión intestada o por un testamento del causante que no vio¬la la legítima.
Cada uno de los bienes que integran el caudal hereditario quedará distribuido entre los interesados en proporción a sus cuotas. En realidad casi todo queda como antes de realizarse la partición, pero la comunidad germánica se ha convertido en romana: lo que eran cuotas sobre la comunidad ahora serán cuotas sobre ca¬da uno de los bienes concretos. Por ello, y al no haber contraposición de intereses, no se precisa el nombramiento del defensor judicial.
b) Partición de herencia.
Frente a la manifestación de herencia, la partición supone la distribución de los distintos bienes hereditarios entre los interesados en la partición. Aquí, por supuesto, hay intereses contrapuestos; y en tal caso si el viudo y sus hijos están interesados, evidentemente será preciso el nombramiento del defensor judicial.
Las conclusiones son muy tristes: casi siempre habrá intereses contrapuestos y será necesario el nombra¬miento del defensor judicial. Ya que, según lo expuesto, no se precisará cuando cumulativamente se reúnan los tres requisitos si¬guientes:
a.- Que el régimen económico-matrimonial hubiera sido separación de bienes.
b.- Que se trate de sucesión intestada, o que el testa¬mento en sí mismo no viole las legítimas (fundamen¬talmente que no deje al viudo el usufructo universal)
c.- Y que se trate de una simple manifestación de heren¬cia y no de una auténtica partición.
6º.- Desaparición de los intereses contrapuestos.
Para que desaparezcan los intereses contrapuestos, y por tanto no sea necesario el nombramiento del defensor deberá realizarse lo si¬guiente:
a) En el régimen matrimonial.
Si el régimen era de ga¬nanciales, el viudo deberá renunciar a los efectos y consecuencias de los gananciales.
Tal renuncia produce que la mitad que repudia acrezca a la otra, y consecuentemente todos los bienes gananciales se inte¬gran en la herencia del premuerto, a la que son llamados los hijos comunes.
Si el régimen de participación, la solución es más dudo¬sa; pero tal vez pudiera asimilarse a la renuncia a los ganancia¬les (aunque fiscalmente por supuesto no), a:
- La renuncia del viudo a la liquidación.
- Donación de todos los bienes que ha adquirido cons¬tante matrimonio y que deberían incluirse en la li¬quidación, a favor de los hijos/herederos del marido, no como tales hijos, sino para su inclusión en la hereditaria.
Esto último parece dudoso, pero creemos que puede admitirse.
b) En la sucesión.
Para que desaparezcan los intereses contrapuestos en el título sucesorio, cuando el testamento viole la legítima, se precisa la renuncia del viudo a todos los derechos derivados de la herencia de su cónyuge premuerto.
Recordemos que la renuncia debe ser total, pues no cabe la renuncia parcial, salvo que haya distintos llamamientos.
En consecuencia, si el viudo renuncia a los efectos y consecuencias de los gananciales, y a los derechos que le corresponden en la herencia del premuerto, desaparecen los intereses contrapuestos. Y puede hacerse la partición.
Pero ¿Qué ocurre si hay varios hijos menores de edad y sometidos a su patria potestad?
El problema se reconduce a si el titular de la patria potestad puede representar a unos hijos frente a otros. La solu¬ción no es unánime en la doctrina, pues:
Unos entienden que en tal caso la ley concede al ti¬tular la posibilidad de dirimir los conflictos entre los hijos.
Mientras que otros creemos que si viven los dos pro¬genitores cada uno representará a un hijo y no habrá problema; pero si viviendo los dos padres hay más de dos hijos sometidos a la patria potestad; o si sólo vive uno de los dos, habrá intereses contrapuestos, y estimamos preferible el nombramiento del defensor ju¬dicial.
III. Herencia de otra persona.
El supuesto que queremos ahora contemplar es el de que cualquier causante extraño:
- Haya instituido herederos al padre y al hijo sometido a la patria potestad de éste.
- O deje al primero el usufructo de la herencia y al hijo la nuda propiedad.
De nuevo hemos de distinguir:
1º.- Manifestación de herencia.
Creemos que en ningún ca¬so existen los intereses contrapuestos. Y suponemos que no los hay tanto si padre e hijo son los únicos interesados en la sucesión, como si existen otros herederos.
2º.- Partición de herencia.
a) Si padre e hijo son los únicos interesados.
Eviden¬temente hay intereses contrapuestos, y se precisará o la repre-sentación del menor por el cotitular de la patria potestad, o el nombramiento del defensor judicial.
Está claro que el padre no puede determinar qué bienes se adjudican al hijo y cuáles se queda el propio padre.
b) Si hay otros interesados.
En este caso pueden darse dos hipótesis:
- Que se forme un lote para el hijo y otro para el pa¬dre: evidentemente hay contraposición de intereses.
- Que se forme un sólo lote para el hijo y el padre: creemos que no hay contraposición de intereses.
El supuesto en el que estamos pensando es cuando el testador ha dejado al padre el usufructo de la cuota que ha atri¬buido al hijo. Los intereses aquí serán comunes.
3º.- Desaparición de intereses.
Se precisará la renuncia del padre a la herencia.
Como resumen de lo expuesto, podemos indicar que no hay contraposición de intereses, y por tanto no es necesario el nombramiento de defensor judicial, tan sólo en los siguientes supuestos:
a.- Cuando tratándose de la herencia del cónyuge, se den cumulativamente estos requisitos:
- Que el régimen matrimonial sea el de separación.
- Que el testamento no vulnere legítima.
- Que sea una manifestación, no una partición.
b.- Tratándose de la herencia de un extraño, no habrá intereses contrapuestos en estos dos casos:
- Cuando se trate de una manifestación de herencia.
- O si se trata de una partición, se forme un sólo lote para el padre y el hijo.
Son dos folletos distintos, unidos para utilizarlos mejor
Mis Dictámenes-I- Valencia 2015
El chalet de la Sierra (Problema del dictamen Genoveva y Rigoberto)
por ellv el Jue 2 Mar 2017 - 13:28
CHALET EN LA SIERRA. (Principio del Dictamen de Genoveva y Rigoberto)
I.- Genoveva era titular del dominio de un chalet en la sierra, que no estaba inmatriculado, pero como era muy olvidadiza otorgó los siguientes contratos, todos mediante documentos privados que fueron liquidados del impuesto dentro de plazo.
a-) En enero de 0000 concedió un derecho de opción de compra, por plazo de seis años y precio de veinte millones, a favor de Rafael. La prima de la opción fue de un millón, que recibió, aunque en caso de ejercitarse la opción se entendería a cuenta del precio.
b-) En Abril de 0000 vendió el mismo chalet a Noelia por dieciocho millones, que cobró, pero no entregó la posesión.
c-) En Octubre 0000 vendió de nuevo el mismo chalet a Isabel, por precio de veinticinco millones, que fueron aplazadas hasta 0004; pero le entregó la posesión.
El mismo día de Octubre de 0002, Genoveva recibe tres requerimientos notariales y en este orden:
-.- Rafael, ejercitando la opción.
-.- Noelia exigiendo la entrega de las llaves y el otorgamiento de la escritura.
-.- E Isabel, solicitando simplemente el otorgamiento de la escritura a su favor.
I.-. Presupuestos de hecho.
De los presupuestos de hecho de que partimos, resulta que Genoveva era titular del pleno dominio de un Chalet en la Sierra. Ignoramos el título por el que lo adquirió, pero como en estos momentos estaba soltera, indudablemente es privativo suyo.
El chalet no está inmatriculado en el Registro, precisamente para que podamos ver con toda claridad el alcance de este derecho de opción en el puro derecho civil.
Mediante negocios sucesivos:
-.- En Enero, concede un derecho de opción de compra a Rafael. Por tanto sigue siendo titular del pleno dominio de la finca Genoveva, aunque constreñida por el derecho de opción que ha concedido.
-.- En Abril del mismo año, vendió el mismo chalet a Noelia, pero no le entregó la posesión. Como seguía siendo dueña podía hacerlo. Y como no le entregó la posesión, sigue reteniendo Genoveva el dominio del chalet. Aunque ahora está constreñida tanto por la primera opción de compra a favor de Rafael, como por el derecho de Noelia a consumar su compraventa, exigir la entrega de posesión y adquirir su dominio.
-.- Y, finalmente, en enero del año siguiente, vendió el mismo chalet a Isabel, a quien entregó la posesión.
II.-. Naturaleza jurídica de la opción.
1º-) Solución sin la opción.
En el supuesto de que no se hubiera concedido la opción de compra a Rafael, es decir si tan sólo lo hubiera vendido a Noelia sin entregarle la posesión; y luego lo hubiera vuelta a vender a Inmaculada, entregándole ésta, ya sabemos que estaríamos ante una doble venta, con toda la problemática de la misma, que ya hemos estudiado en anteriores ocasiones, y que evidentemente ahora no vamos a repetir.
En tal caso prevalecería Isabel por ser la primera en la posesión, tal como tuvimos ocasión de examinar al estudiar el dictamen de Remigio y Catalina, y el temilla de la doble venta. Por supuesto, partiendo de la base de la buena fe de Isabel.
2º-) Naturaleza de la opción.
Pero la existencia de una opción previa hace que todo lo tengamos que hacer depender de cuál sea la naturaleza de esta opción:
-.- Si la opción fuera un derecho real, al constituirla, Genoveva tiene un dominio “mordido” por el derecho de opción.
Consecuentemente, como no puede transmitir en ningún caso más de lo que tiene, Isabel sólo podrá adquirir ese dominio “mordido”. Cuando Rafael ejercite su derecho real de opción, adquirirá la cosa de la persona que en tal momento sea titular del dominio, es decir de Isabel, a quien pagará el importe estipulado.
-.- Si la opción fuera un simple derecho personal, Rafael sólo tendría acción contra Genoveva, y sólo podría adquirir la cosa, mientras estuviera en su dominio. Al haberla transmitido a Isabel, ésta adquiere el dominio. El derecho real excluye al personal. Rafael sólo tendrá acción contra Genoveva; y al no poder ésta entregarle la cosa, todo se resolverá de conformidad con el 1124 del CC, con la indemnización de daños y perjuicios (sea cuál sea la cuantía de los mismos.
-.- Pero no olvidemos que existen opiniones intermedias.
-.- Así quiénes afirman que las partes pueden configurar la opción como derecho personal o como derecho real. Pero para esto último creemos que no bastará con la mera voluntad de los interesados, con la inclusión en el contrato de una cláusula más (“queremos que esto sea un derecho real”); sino, que si es posible, se precisará que se cumplan con todos los requisitos que el derecho exige para que aparezca el teórico derecho real de opción. Recordad la teoría del título y el modo. Y recordad la tesis del números apertus sobre los derechos reales, y las diferentes posiciones doctrinales.
-.- No faltan quiénes entienden que la opción es personal; pero que si se inscribe en el registro de la propiedad será real. Pero creemos que la opción, una vez inscrita, TENDRÁ LA MISMA NATURALEZA QUE ANTES DE LA INSCRIPCIÓN, pero en virtud de la inscripción, lo que ocurre es que PRODUCIRÁ EFECTOS FRENTE A TERCEROS, cosa que no produciría de otra forma.
-.- Y BONILLA afirmó que la opción era personal si se concedía atendiendo a las cualidades personales del beneficiario; pero que podía ser real, si se atendía a la vinculación que tenía el beneficiario con la cosa (por ejemplo ser propietario de la finca colindante). Esta tesis me gustaba mucho en los “felices” tiempos de opositor; pero hoy nos parece que, de ser posible, se debe reconducir a la de que sean las partes quiénes la configuren como personal o como real.
Personalmente, desde que hice el tema de 1982 para las oposiciones restringidas, y tuve que estudiar con profundidad esta materia, estoy convencido de que estamos siempre ante un simple derecho personal. Y esta posición se robusteció cuando me di cuenta de la situación que precisamente plantea este supuesto: opción, y doble venta.
Pero, a efectos de dictamen, éste es un punto que admite cualquier solución; pero siempre EXPLICANDO LAS CONSECUENCIAS DE TODAS ELLA. Recordar, como siempre, que el opositor cumple, y cumple bien:
-.- Planteando el problema.
-.- Exponiendo las posibles soluciones que le parezcan.
-.- Explicando las razones que justifican cada una de las soluciones, según los argumentos que en tal momento recuerde o invente.
-.- Indicando las consecuencias jurídicas de seguir una u otra.
-.- Y eligiendo la que más le acomode, e indicando el por qué lo hace.
3º-) Razón del ejemplo.
Este ejemplo está puesto para que podamos observar el por qué la opción sólo puede ser un simple derecho personal. Para ello nada mejor que examinar la opción frente a las reglas del código civil sobre la doble venta.
Para transmitir el dominio de los bienes inmuebles hace falta tanto un título como un modo. El primero es el negocio jurídico de compraventa; el segundo la entrega de la posesión. Y la compraventa implica dos consentimientos:
-.- El del vendedor, que dice: yo vendo.
-.- El del comprador, que dice: yo compro.
Pues bien, a pesar de ese doble consentimiento para que el comprador adquiera el dominio se precisa ADEMÁS LA ENTREGA DE LA POSESIÓN (entrega de posesión que se aplica también no sólo al dominio, sino también, como regla general a los demás derechos reaqles).
Por tanto, en la venta, la transmisión del dominio exige tres requisitos:
-.- Perfección simultánea: yo vendo, yo compro.
-.- Entrega de la cosa.
Pero en la opción SE OPERA EN TRES MOMENTOS JURÍDICOS DIFERENTES:
-.- Primero: Concesión de la opción: Yo vendo. En este negocio el concedente de la opción está manifestando su voluntad de vender una cosa en determinadas condiciones. Es en éste instante cuando el vendedor debe reunir todos los complementos necesarios para la venta (del cónyuge si está casado bajo gananciales y el bien tiene tal naturaleza; de los padres si el vendedor es menor emancipado y el bien inmueble; la autorización judicial, si son los titulares de la patria potestad quién la concede; etc.)
-.- Segundo: Ejercicio de la opción: Yo compro. Es la decisión del comprador de ejercitar la opción y PERFECCIONAR ASÍ LA COMPRAVENTA. En el caso de la doble venta estos dos pasos (yo vendo/yo compro), son simultáneos; aquí media un espacio de tiempo; pero el resultado es exactamente el mismo.
-.- Tercero: Consumación de la opción. Se otorga la correspondiente escritura y se entrega la posesión.
Vemos, pues, que el ejercicio de la opción es lo que perfecciona el título del contrato: la concurrencia de la oferta y de la aceptación, sobre la cosa y la causa de la obligación.
Recordemos que en el doble venta teníamos:
-.- Un negocio jurídico de compraventa que implicaba según lo expuesto un “yo vendo/yo compro”, sin ir seguido de la entrega de la posesión.
-.- El vendedor que retenía el dominio, realizaba otra segunda venta que implicaba un nuevo “yo vendo/yo compro”; y que como iba seguida de la tradición transmitía el dominio a este segundo comprador, dejando al primero sin nada más que la posibilidad de solicitar que se le devuelva la prestación más los daños y perjuicios.
Parece que en la opción ocurre lo mismo, sólo que dilatado en el tiempo:
-.- La concesión de la opción y el ejercicio de la misma, no son más que la perfección del negocio jurídico de compraventa. Que, de momento no ha transmitido el dominio porque la cosa no ha sido entregada.
-.- Si después de ejercitada la opción por Rafael, Genoveva vendiera el chalet de la Sierra a Isabel y le entregase la posesión, estaríamos exactamente el caso de la doble venta. Y ya vimos que quedaba protegida Isabel.
-.- Luego JAMÁS podrá exigirle Rafael nada a Isabel, ya que su posición, antes de ejercitar la opción, ha de ser por necesidad más débil que la del primer comprador. Porque él todavía no es ni eso.
Por ello, para nosotros, a la opción sólo se le puede dar el tratamiento de un simple derecho personal; que producirá los efectos de todas las obligaciones:
-.- Facultad de exigir al obligado: Genoveva.
-.- Pero no “muerde” la cosa…
-.- Luego si ya no la tiene y como hemos dicho que es un derecho personal, el adquirente la recibe libre de cargas.
-.- Y ya se encargará Genoveva de satisfacer la legítima reclamación de Rafael.
En consecuencia, para nosotros, la posición ideal es la de Isabel. Ella es la propietaria de la finca; y con ella deberá ponerse en contacto Creso para adquirir el dominio del chalet con absoluta seguridad jurídica.
Rafael y Noelia no tienen más derechos que los de exigir a Genoveva la restitución de las prestaciones que hayan entregado más los daños y perjuicios que se les haya ocasionado.
III.-. Recapitulación.
Recapitulando lo dicho, la solución al chalet de la Sierra dependerá de la naturaleza jurídica que se atribuya a la opción:
-.- Estamos todos de acuerdo en que Isabel ha adquirido el dominio de la cosa, en virtud de la teoría del título y el modo.
-.- Por tanto Noelia, con toda seguridad, queda excluida de la propiedad. Esto ya no se puede discutir a estas alturas.
-.- Pero queda todavía pendiente la situación de Rafael que dependerá de la posición que sostengamos sobre la naturaleza de la opción:
-.- Si la opción es un derecho real, y lo ha adquirido Rafael, podrá entonces ejercitar la opción contra Isabel, aunque sea de buena fe. Mira el a. 1510 del CC relativo al retracto convencional.
-.- Habiendo entendido que la opción es un simple derecho personal, la finca será definitivamente de Isabel. Rafael sólo podrá solicitar de Genoveva o de sus herederos, la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.
IV.-. Una cuestión incidental.
La opción se ejercita por su beneficiario mediante el acto de notificar al concedente su voluntad de adquirir la cosa en las condiciones pactadas.
Puede hacerse de cualquier forma, pero lo normal es mediante Acta Notarial, en la cual el beneficiario de la opción manifiesta su voluntad y requiere al notario para que vaya a notificarlo al concedente. Salvo pacto en contrario no es necesaria la consignación del precio. (A diferencia de lo que ocurre con los retractos).
El Notario lo notifica; y con posterioridad concedente y beneficiario otorgan un negocio de consentimiento al ejercicio de la opción, que es cuando se entrega el precio y se transmite la posesión, adquiriendo entonces el beneficiario de la opción el dominio de la cosa.
Esto es lo normal; pero no hay ningún inconveniente en que todo esto se haga de forma privada, sin acudir al requerimiento notarial y a la ulterior escritura.
Y recordemos que la DGRN permitió que se hiciera en un solo acto y de forma unilateral tanto la manifestación de la voluntad de optar, como el consentimiento a la misma, exigiendo para ello:
-.- Que así se hubiera previsto en la escritura de constitución.
-.- Que se haya pactado la forma de pago del precio: bien depositándolo ante el Notario para que lo entregue al concedente, bien ingresándolo en la entidad crediticia estipulada.
Recordemos que esta misma resolución de 1978, lo que no permitió es que el beneficiario pudiera por sí sólo segregar y adquirir un trozo de finca, a pesar de haberse así estipulado. Esto último no lo vemos demasiado claro.
Y recordemos que también la DGRN permitió que se inscribiera en el Registro de la Propiedad el ejercicio de una opción de compra, consentida por el titular registral, aunque en el Registro no se había reflejado dicha opción.
En este caso, por supuesto, la titularidad registral era del concedente de la opción y consentía la opción. La DGRN dijo que resultaba evidente la voluntad del mismo de transmitir el dominio de la finca, y que era innecesario que se inscribiese antes la opción (Esta opción creo recordar que era consecuencia de un contrato de leasing, concedido en póliza mercantil intervenida por los entonces llamados corredores, y por tanto formalmente el título en el que se había concedido la opción no era inscribible en el Registro de la propiedad).
Dictámenes-I
Punto del dictamen de Genoveva y Rigoberto
Colegio Notarial-Valencia-1915
Re: LOS SUCESORES DE DOÑA MERCEDES