Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Speru43-00.html
Timestamp: 2014-09-01 23:47:00
Document Index: 355154017

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo\n5', 'artículo 4', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo\n8', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 27', 'artículo 51']

Peredo Valderrama v. Mexico, Caso 11.103, Informe No. 42/00, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 1023 (1999). I. RESUMEN
3. Refiere que el día jueves 25 de enero de 1990 los hermanos Alcides Sandoval Flores, Julio César Sandoval Flores y Abraham Sandoval Flores, agricultores, de 33, 30 y 25 años, respectivamente, fueron detenidos junto con otras cuatro personas por miembros del Ejército con base en el Km. 35 de la Carretera Federico Basadre, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali. 4. Indica que los tres hermanos Sandoval Flores habían salido a trabajar como ayudantes en una camioneta con placa de rodaje PY-6631-M-T,
y que en horas de la tarde, en el trayecto de regreso a Pucallalpa por la
Federico Basadre, fueron intervenidos, junto con otras cuatro personas, por
efectivos del Ejército en la localidad de Campo Verde (Km. 34), quienes les
ordenaron retornar a la base ubicada en el Km. 35 de dicha carretera. Una
allí fueron trasladados al Campamento del Km. 11 donde el día siguiente fueron
interrogados. 5. Señala que el 27 de enero de 1990 fueron liberadas tres de las cuatro personas que habían sido detenidas junto con los hermanos Sandoval Flores, y que el 28 de enero de 1990 varios sujetos encapuchados allanaron el domicilio del padre de los hermanos Sandoval Flores, y se llevaron varios objetos de valor.
6. Sostiene que los familiares de los hermanos Sandoval Flores denunciaron su detención al Fiscal Provincial de Coronel Portillo, y éste, en fecha 15 de febrero de 1990, envió el oficio No. 063-90-2 FPMCP-J al Jefe del Campamento Militar (Bas-28) para indagar sobre el paradero de los hermanos Sandoval Flores. 7. Relata que el oficio antes mencionado fue respondido por Oficio N° 0-25, mediante el cual el Jefe del Campamento Militar (Bas-28) informó al Fiscal Provincial que los hermanos Sandoval Flores fueron puestos en libertad el 6 de febrero de 1990. 8. Aduce que no obstante que los militares declararon haber liberado a los hermanos Sandoval Flores, el paradero de éstos es desconocido desde la fecha de su detención por los militares. B. El Estado
9. El 21 de septiembre de 1991 el Estado alegó que conforme se comprueba con la información recabada por la 2a. Fiscalía Mixta
de Coronel Portillo, los hermanos Sandoval Flores fueron liberados. 10. En la misma oportunidad el Estado argumentó que no se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna, toda vez que no se interpusieron denuncias ni acciones de habeas corpus respecto a los hechos denunciados. Acompañó constancias de la 1a. Fiscalía Mixta de Coronel Portillo y de los dos Juzgados de Instrucción que existían para la época en la Provincia de Coronel Portillo, para evidenciar que no se intentaron denuncias penales ni habeas corpus respecto a la detención de los señores Sandoval Flores. Adjuntó copia de la constancia de la 2a. Fiscalía que comprobaría la liberación de los mencionados señores.
14. El hecho de que en las primeras etapas del proceso, es decir, dentro de los 90 días que se le conceden para informar sobre los hechos denunciados, el Estado no haya objetado el agotamiento de los recursos internos sería suficiente para que la Comisión tenga por satisfecho el requisito establecido en el artículo 46(1)(a) de la Convención. 15. La Comisión decidió recientemente en forma conjunta un grupo de 35 casos que involucraban a 67 personas desaparecidas en diversos Departamentos del Perú durante el período 1989-1993, y analizó en detalle el fenómeno general de las desapariciones en ese país. En tales informes la Comisión señaló que el habeas corpus era el recurso adecuado en los casos de desapariciones para tratar de hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades, averiguar sobre la legalidad de la detención y, llegado el caso, lograr su libertad. La CIDH concluyó igualmente que a los fines de la admisibilidad de denuncias ante este organismo no era necesario intentar el recurso de habeas corpus --ni ningún otro--, con el objeto de agotar los recursos internos, dado que durante el período 1989-1993 existió en Perú una práctica o política de desapariciones ordenada o tolerada por diversas autoridades del poder público, que tornó completamente ineficaz el recurso de habeas corpus en los casos de desapariciones. En dichos informes la Comisión señaló textualmente lo siguiente: Tal y como se ha referido anteriormente, los familiares de las víctimas efectuaron numerosas gestiones ante diversas autoridades, judiciales, ejecutivas (militares) y legislativas, tendientes a la localización y liberación de las víctimas. Tales gestiones incluían normalmente recursos de habeas corpus; denuncias al Fiscal de la Nación, al Fiscal Superior Decano (), al Fiscal Especial de Derechos Humanos (), a la Fiscalía Especial de Defensoría del Pueblo, a las Fiscalías Provinciales; gestiones
Sin embargo, la Corte ha también establecido que los recursos internos deben ser eficaces, es decir, que deben ser capaces de producir el resultado para el que han sido concebidos y que en caso de comprobarse la existencia de una práctica o política ordenada o tolerada por el poder público, cuyo efecto es impedir a ciertos demandantes la utilización de los recursos internos que, normalmente, estarían al alcance de los demás, acudir a dichos recursos se convierte en una formalidad sin sentido, por lo que se hacen plenamente aplicables las excepciones al agotamiento de los recursos internos contempladas en el artículo 46(2) de la Convención. En el análisis del fondo del asunto, contenido en la sección VI, infra, la Comisión determina que en Perú existió durante el período en el que ocurrieron los hechos denunciados una práctica o política de desapariciones ordenada o tolerada por diversas autoridades del poder público. Por tanto, y comoquiera que dicha práctica tornó completamente ineficaz el recurso de habeas corpus en los casos de desapariciones, la Comisión establece que, a los fines de la admisibilidad de denuncias a esta Comisión, no era necesario intentar el recurso de habeas corpus --ni ningún otro--, con el objeto de agotar los recursos internos. En consecuencia, la Comisión considera plenamente aplicable la regla de excepción al agotamiento de los recursos internos establecida en el artículo 46(2) de la Convención.2 16. La Comisión considera plenamente aplicables las anteriores consideraciones al presente caso, por tratarse de una denuncia de desaparición forzada ocurrida en el año 1990, que ha sido imputada al ejército peruano. Dicha desaparición habría ocurrido dentro de la época (1989-1993) en que la Comisión determinó, conforme a la cita anterior, que en Perú existió una práctica o política de desapariciones ordenada o tolerada por diversas autoridades del poder público que tornó completamente ineficaz el recurso de habeas corpus en los casos de desapariciones, por lo que la Comisión estableció que a los fines de la admisibilidad de denuncias a la Comisión, no era necesario intentar el recurso de habeas corpus --ni ningún otro-- con el objeto de agotar los recursos internos. Por tanto, la Comisión concluye que en el presente caso se configura la excepción
contemplada en el artículo 46(2)(a) de la Convención, conforme a la cual el
requisito de agotamiento de los recursos internos de la jurisdicción interna
previsto en el artículo 46(1)(a) de la Convención no es aplicable cuando "no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos violados". c. Plazo de presentación
18. La Comisión, sin prejuzgar sobre el fondo, debe agregar que la desaparición forzada de una persona por parte de agentes estatales configura una violación continuada por parte de los Estados que persiste como infracción permanente de diversos artículos de la Convención Americana, hasta que aparezca la persona o su cadáver. Por tanto, en dichos casos no opera el requisito concerniente al plazo de presentación de peticiones contemplado en el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana. d. Duplicidad de procedimientos y cosa juzgada
e. Caracterización de los hechos 20. La Comisión considera que la exposición del peticionario se refiere a hechos que de ser ciertos podrían caracterizar una violación de derechos garantizados en la Convención puesto que tal y como se estableció supra, el tema sometido a la decisión de la Comisión es la desaparición forzada de tres personas. 21. Por todas las razones anteriormente expuestas, la Comisión considera que tiene competencia para conocer de este caso y que de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana la petición es admisible, en los términos anteriormente expuestos. B. Consideraciones sobre el fondo
23. Surge de los hechos alegados por las partes que el peticionario alega que las presuntas víctimas fueron detenidas el día 25 de enero de 1990 por miembros del Ejército con base en el Km. 35 de la Carretera Federico Basadre, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, y luego desaparecieron. El Estado por su parte alega que liberó a las presuntas víctimas el 6 de febrero de 1990. La Comisión observa al respecto que la detención de las víctimas no está controvertida, toda vez que el propio Estado admite expresamente haberlas detenido. La CIDH nota igualmente que no hubo ninguna investigación judicial respecto a las desapariciones denunciadas, y que las únicas averiguaciones al respecto, que por demás no llegaron a ningún resultado concreto, fueron efectuadas por un fiscal. De acuerdo con lo anterior, la Comisión da por cierto que las presuntas víctimas fueron detenidas por efectivos del Ejército peruano.3 b. Práctica Estatal de Desapariciones
25. De acuerdo a lo doctrina de la Comisión anteriormente reseñada, el principio general es que en los casos de desapariciones en donde haya suficientes indicios de prueba, a juicio de la Comisión, de que la detención fue efectuada presumiblemente por agentes del Estado en el marco general de la política oficial de desapariciones, la Comisión presumirá que la víctima fue desaparecida por agentes del Estado peruano, salvo que dicho Estado haya probado lo contrario. 26. En aplicación de dichas consideraciones al presente caso, la Comisión observa que ambas partes concuerdan en que las víctimas fueron detenidas por efectivos del Ejército peruano, que el peticionario identifica como pertenecientes a la base del Km. 35 de la Carretera Federico Basadre, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali.
27. Por tanto, y conforme a la mencionada doctrina de la Comisión, correspondía al Estado peruano probar que no desapareció a los hermanos Sandoval
Flores. Al efecto, la Comisión observa que aunque el Estado alegó haber liberado
a los señores Sandoval Flores, la única prueba que consignó a la Comisión
copias simples de "actas de liberación", en las cuales, aunque constan las supuestas firmas de las presuntas víctimas, no consta ningún elemento adicional,
como por ejemplo la declaración de algún familiar u otro testigo fehaciente
que haya visto a las víctimas después de su pretendida liberación, que tienda
a convencer a la Comisión de que realmente se haya liberado a los hermanos
Flores. 28. El mero alegato del Estado respecto a que liberó a las víctimas, junto a las copias señaladas, no puede ciertamente ser prueba suficiente
de esa circunstancia, más aún cuando la Comisión ya estableció anteriormente
que en diversos casos "las autoridades alegaban que la víctima había sido liberada, y presentaban incluso constancias de liberación, las cuales algunas veces contenían la firma falsificada de la víctima y otras veces su firma verdadera, obtenida bajo tortura, sin que en realidad la liberación se hubiera producido".5 29. Con base en las razones anteriormente expuestas la Comisión concluye que el Estado peruano, a través de efectivos del ejército de la base del Km. 35 de la Carretera Federico Basadre, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, detuvo a los señores Alcides, Julio César y Abraham Sandoval Flores el 25 de enero de 1990, en la Carretera Federico Basadre, y que posteriormente procedió a desaparecerlos.
31. La Comisión procede ahora a analizar las violaciones específicas de los derechos consagrados en la Convención que la desaparición de los señores Alcides Sandoval Flores, Julio César Sandoval Flores y Abraham Sandoval Flores implican, por parte del Estado peruano. Derecho a la libertad personal (artículo 7 de la Convención)
39. En este sentido, el artículo 7(5) de la Convención Americana prescribe que "toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad". El numeral (6) de dicho artículo añade: "Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención (...)". La Comisión también ha señalado que toda persona privada de su libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos
43. En este sentido, la Corte ha dicho que ?el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima
(de la desaparición) representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel
e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del
de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, lo
que constituye, por su lado, la violación de las disposiciones del artículo
5 de la Convención que reconocen el derecho a la integridad personal".8
46. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la desaparición forzada de personas implica "con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención". La Corte estableció asimismo que el hecho de que una persona esté desaparecida
de su vida.9 47. En el caso de los señores Alcides Sandoval Flores, Julio César Sandoval Flores y Abraham Sandoval Flores ha quedado establecida su desaparición por agentes estatales, y existen elementos suficientes para presumir su muerte, considerando que ya han transcurrido más de nueve años de su detención y desaparición, y que los responsables son agentes del Estado.
48. Por lo tanto, la Comisión considera que el Estado peruano violó, en perjuicio de las víctimas, el derecho a la vida, que es un derecho
56. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirma lo establecido en la legislación interna cuando se refiere
dice que: "El Estado está en el deber jurídico de (...) investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación".13
57. El Estado no puede eludir, bajo argumento alguno, su deber de investigar un caso que involucre la violación de derechos humanos elementales.
La Corte así lo expresa cuando dice que "la investigación debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa ... de ... familiares ... sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad".14
58. El derecho a ser presentado ante un juez competente es una garantía fundamental de los derechos de todo detenido. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la supervisión judicial sobre la detención, a través del habeas corpus, "cumple una función esencial, como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".15 59. Precisamente por este motivo es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 27, ha establecido que no pueden suspenderse
Como ha sido señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos "del artículo 27.1 se deriva la necesidad genérica de que subsistan medios idóneos para el control de las disposiciones que se dicten, a fin de que ellas se adecuen razonablemente a la necesidad de la situación y no excedan los límites estrictos impuestos por la Convención o derivados de ella".16
60. Asimismo, ha señalado la Corte: "El carácter judicial de tales medios implica la intervención de un órgano independiente e imparcial,
Estado de excepción"17 y "[D]ebe entenderse que... la implantación del estado de emergencia --cualquiera que sea la dimensión o denominación con que se le considere en el derecho interno-- no puede comportar la supresión o la pérdida de la efectividad de las garantías judiciales que los Estados Partes están obligados a establecer, según la misma Convención, para la protección de los derechos no susceptibles de suspensión o de los no suspendidos en virtud del estado de emergencia".18 61. Esto incluye también --según la Corte Interamericana de Derechos Humanos-- el derecho al debido proceso legal contenido en el artículo
8, que "abarca las condiciones que deben de cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial".19 La Corte ha concluido que "los principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepción en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como garantías judiciales".20
63. En el presente caso se ha demostrado que el Estado peruano no ha cumplido con la previsión del artículo 1(1) de la Convención de "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción", por haber violado los derechos contemplados en los artículos 7, 5, 4, 3, 8 y 25 de la
64. La primera obligación de los Estados, emergente del artículo 1(1) de la Convención, es la de respetar los derechos y libertades de todos
Corte expresó que "es un principio de derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes ...por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno". Además, establece que "es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención de los poderes que ostentan por su carácter oficial".21
66. La segunda obligación prevista en el artículo 1(1) es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos
en la Convención. En este sentido la jurisprudencia de la Corte establece: "Esta obligación implica el deber de los Estados partes de organizar el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención".22
67. El Estado en un caso de "desaparición forzada" tiene el deber de determinar el destino y situación de la víctima, sancionar
ejercicio de los derechos y garantías de los señores Alcides Sandoval Flores,
Julio César Sandoval Flores y Abraham Sandoval Flores.
69. Mediante Nota No 7-5-M/555, de fecha 17 de diciembre de 1999, el Estado transmitió a la Comisión sus consideraciones al Informe No 94/99 y manifestó su desacuerdo con aspectos de hecho y de derecho reflejados
habría agotado los recursos internos, y agregó que "la excepción al requisito del agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46°(2)(a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no es aplicable al caso 10.670, toda vez que no resulta cierto que en el Perú haya existido una práctica o política de desapariciones ordenada o tolerada por las autoridades del poder público".
70. El Estado peruano indicó su discrepancia específica con la conclusión de la CIDH a que se refiere el párrafo 74 infra, insistiendo al efecto que los señores Sandoval Flores no fueron desaparecidos por miembros
del Ejército del Perú. Agregó que "por lo expuesto, no resultan admisibles las recomendaciones de la CIDH, dado que el Estado Peruano he demostrado no tener responsabilidad en los hechos denunciados en el Caso No. 10.670". 71. Finalmente el Estado señaló, respecto a las leyes de amnistía Nos. 26479 y 26492, que "dichas normas fueron aprobadas por el Congreso de la República en el ejercicio de las funciones que la Constitución política le confiere, y forman parte de la política de pacificación iniciada por el Estado peruano".
73. Con respecto al alegato de Perú respecto a que las leyes de amnistía se ajustan a la Constitución peruana, la Comisión considera importante recordar al Estado peruano que al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 28 de julio de 1978, contrajo la obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en ella. En tal sentido, y conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Estado peruano no puede invocar sus leyes internas como justificación para incumplir las obligaciones que asumió al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A través de los años esta Comisión se ha pronunciado en un número de casos claves en los cuales ha tenido la oportunidad de expresar su punto de vista y cristalizar su doctrina en materia de aplicación de leyes de amnistía, estableciendo que dichas leyes violan diversas disposiciones tanto de la Declaración Americana como de la Convención.23 Estas decisiones, coincidentes con el criterio de otros órganos internacionales de derechos humanos respecto a las amnistías,24 han declarado en forma uniforme que tanto las leyes de amnistía como las medidas
legislativas comparables que impiden o dan por terminada la investigación y
juzgamiento de agentes del Estado que puedan ser responsables de serias violaciones
de la Convención o la Declaración Americana, violan múltiples disposiciones
de estos instrumentos. Esta doctrina ha sido confirmada por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, que ha establecido que los Estados partes tienen el deber
los señores Alcides Sandoval Flores, Julio César Sandoval Flores y Abraham
Flores y para sancionar a los responsables con arreglo a la legislación peruana. 2. Dejar sin efecto toda medida interna, legislativa o de otra naturaleza, que tienda a impedir la investigación, procesamiento y sanción
de los responsables de la detención-desaparición forzada de los señores Alcides
Sandoval Flores, Julio César Sandoval Flores y Abraham Sandoval Flores. En
virtud, el Estado debe dejar sin efecto las Leyes Nos. 26479 y 26492.
3. Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de los señores Alcides Sandoval Flores, Julio César Sandoval Flores y Abraham
Sandoval Flores reciban adecuada y oportuna reparación por las violaciones
VIII. PUBLICACIÓN 75. El 28 de febrero de 2000, la Comisión transmitió el informe 12/00 --cuyo texto es el que antecede-- al Estado peruano y al peticionario, de conformidad con lo establecido en el artículo 51(2) de la Convención, y le otorgó un plazo adicional al Estado para el cumplimiento de las recomendaciones precedentes. En fecha 3 de abril de 2000, Perú remitió una comunicación a la Comisión en la cual reiteró consideraciones efectuadas respecto a las conclusiones de hecho y de derecho de la Comisión, y no acreditó haber efectuado ninguna acción relacionada con el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Comisión. 76. En virtud de las consideraciones que anteceden, y de lo dispuesto en los artículos 51(3) de la Convención Americana y 48 del Reglamento de la Comisión, ésta decide reiterar la conclusión y las recomendaciones contenidas en los capítulos VI y VII supra; hacer público el presente informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA. La Comisión, conforme a las disposiciones contenidas en los instrumentos que rigen su mandato, continuará evaluando las medidas adoptadas por el Estado peruano respecto a las recomendaciones formuladas, hasta que éstas hayan sido cumplidas por dicho Estado. Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 13 de abril de 2000. (Firmado): Hélio Bicudo, Presidente; Claudio Grossman, Primer Vicepresidente; Juan Méndez, Segundo Vicepresidente; Marta Altolaguirre, Robert K. Goldman, Peter Laurie y Julio Prado Vallejo miembros.
1 El Estado peruano depositó el instrumento de ratificación de la Convención Americana el 28 de julio de 1978. 2 CIDH, Informe N° 51/99, Casos 10.471 y otros (Perú), Informe Anual 1998, párrafos 58 al 63. Ver en el mismo sentido, CIDH, Informes Nos. 52/99, 53/99, 54/99, 55/99, 56/99 y 57/99, (Perú), Informe Anual 1998. 3 Tal y como se menciona en el párrafo 26, infra, la Comisión ha referido, citando doctrina de la Corte Interamericana, que cuando ha quedado probada la existencia de una política de desapariciones auspiciada o tolerada por el Gobierno, es posible, mediante prueba circunstancial o indirecta, o por inferencias lógicas pertinentes, demostrar la desaparición de un individuo concreto, que de otro modo sería imposible, por la vinculación que ésta última tenga con la práctica general. (Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 124).
10 La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas,
23 Informe 28/92, Argentina, Informe Anual de la CIDH 1992-1993, párrafo 41; Informe 29/92, Uruguay, Informe Anual de la CIDH 1992-1993, párrafo 51; Informes 34/96 y 36/96, Chile, Informe Anual de la CIDH 1996, párrafos 76 y 78 respectivamente; Informe 25/98, Chile, Informe Anual de la CIDH 1997, párrafo 71 e Informe 1/99, El Salvador, Informe Anual de la CIDH 1998, párrafo 170. 24 Véase, por ejemplo el estudio sobre la impunidad preparado en 1997 por Luis Joinet, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Impunidad (Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political), Informe Final revisado, preparado por el señor Joinet de acuerdo con la decisión 1996/119 de la Subcomisión). E/CN.4/Sub.2/1997/20 Rev. 1, 2 de octubre de 1997. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró que se encontraba profundamente preocupado por las amnistías concedidas por los Decretos Leyes Nos. 26479 y 26492, y concluyó que dichas normas violan distintos derechos humanos (Observaciones preliminares del Comité de Derechos Humanos, Perú, CCPR/C/79/Add.67, 25 de julio de 1996). Asimismo, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura también examinó la legislación peruana de amnistía y expresó la preocupación del Comité por la práctica de promulgar leyes de amnistía que en los hechos confieren impunidad a personas culpables de tortura, en violación de muchas de las disposiciones de la Convención contra la Tortura (Actas resumidas de la parte pública de la sesión 333a.: Panamá y Perú 20/05/98. CAT/C/SR.333). 25 Corte IDH, Caso Loayza Tamayo, Sentencia de Reparaciones del 27 de noviembre de 1998, párrafo 170.