Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1121848
Timestamp: 2019-08-19 02:44:10
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Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 15', 'artículo 58', 'artículo 164', 'artículo 58', 'artículo 13', 'artículo 110', 'artículo 27', 'artículo 2', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 31', 'Artículo 20', 'Artículo 22', 'artículo 38', 'artículo 82', 'Artículo 23', 'Artículo 25', 'artículo 20', 'Artículo 30', 'artículo 59', 'artículo 12', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 72', 'Artículo 35', 'artículo 78', 'Artículo 38', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 91', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 80']

Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía y de ayudas para la reconstitución del potencial de producción agrario como consecuencia de adversidades naturales (BOJA de 20 de diciembre de 2013). Texto completo.
El Decreto-ley 10/2013 tiene por objeto la regulación del Programa de ayudas financieras a las Pequeñas y Medianas Empresas Industriales de Andalucía destinado a facilitar a las pequeñas y medianas empresas industriales, con necesidades de financiación o que vayan a realizar cualquier tipo de inversión, el acceso a fórmulas de recapitalización empresarial para garantizar o mejorar sus estructuras financieras, responder a sus necesidades económicas y de financiación, potenciar proyectos de crecimiento o consolidación empresarial en sectores que aportan valor añadido y ocupación a la economía andaluza y afrontar con mayor capacidad financiera la actual coyuntura económica.
Las consecuencias de la crisis financiera y las políticas económicas de ajuste y restricción del crédito sobre el tejido empresarial andaluz se visualizan en el Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, que a 1 de enero de 2013, mostraba la existencia de 471.521 empresas de los sectores no agrarios en Andalucía, un 9,8% menos que al inicio de la crisis, descenso que también se observa en el conjunto nacional, con un 8,1% menos.
La crisis ha tenido una mayor incidencia en el tejido empresarial industrial, que se ha reducido en un 19,6%. Considerando el tamaño de las empresas, las más afectadas han sido las pequeñas y medianas empresas industriales (de entre 1 y 49 asalariados), que han experimentado una reducción en los últimos cinco años del 24,3%, más del doble de las de más de 50 asalariados (-10,4%). Este ajuste ha llevado a que, a 1 de enero de 2013, haya en Andalucía 17.309 pymes industriales de entre 1 y 49 asalariados, casi 5.000 menos que al inicio de la crisis.
Precisamente, el papel estratégico que las actividades industriales tienen en el conjunto de la economía, fundamenta la puesta en marcha de medidas extraordinarias de políticas de fomento industrial. Una presencia industrial amplia y diversificada es imprescindible para lograr reducir la tasa de paro estructural de la economía andaluza. La industria es el mayor suministrador y consumidor de inputs intermedios, determinante de la generación de cadenas de valor añadido en el resto del tejido productivo y, en consecuencia, determinante clave del grado de articulación productiva. La diversidad de las producciones industriales es también decisiva en cuanto a la posición exterior de una economía, dada la naturaleza crecientemente intraindustrial del comercio internacional, pues de hecho casi las tres cuartas partes de las exportaciones de bienes de Andalucía son industriales. La industria es también soporte del crecimiento de la productividad y la eficiencia de la economía, puesto que es el principal generador de innovación tecnológica. El sector industrial andaluz tiene una productividad que supera en un 42% la media de los sectores productivos andaluces.
Andalucía dispone de un número de pymes industriales suficientemente amplio para poder impulsar un proceso de crecimiento endógeno, pero presentan retos derivados de la reducida dimensión y capitalización empresarial, así como de su alta dependencia de la financiación externa. Dichos retos suponen un límite a la capacidad de crecimiento y generación de empleo industrial.
Todas estas circunstancias ponen de manifiesto la necesidad de fomentar las pymes industriales, dado que son las más afectadas por la crisis económica, las que se encuentran en peor posición financiera como consecuencia de la restricción del crédito en España y, al mismo tiempo, sobre las que puede pivotar la salida de la crisis.
Con esta finalidad, con el Programa de ayudas financieras a las Pequeñas y Medianas Empresas Industriales de Andalucía para su recapitalización se pretende paliar dicha restricción del crédito, a la vez que se promueve una mayor capitalización propia de las empresas industriales, lo que mejorará su capacidad de financiación para invertir, ganar tamaño y crear empleo.
A tal efecto, se ha optado por la figura de los préstamos blandos, teniendo en cuenta la fuente de financiación (JEREMIE), que sólo contempla instrumentos de ingeniería financiera como el que nos ocupa, dado su carácter retornable que permite, una vez reembolsado, su posterior utilización para la financiación de otros proyectos. El instrumento utilizado, préstamos blandos, constituye una figura de derecho privado sujeto en su extensión a dicho régimen.
Todo ello, en relación al artículo 58.2.1.º y 3.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38 , 131 y 149.1.11.º y 13.º de la Constitución.
Conforme a lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, el Estado español elaboró el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural y el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013, y en su aplicación y concreción, por Decisión de la Comisión C(2008) 3843, de 16 de julio 2008, se aprueba el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para el periodo 2007-2013, en el que se desarrollan entre otras la medida 126 Reconstitución del potencial agrario dañado por desastres naturales y acciones de prevención.
Una de las peculiaridades de nuestro clima es la existencia de fenómenos como lluvias torrenciales, inundaciones, heladas, sequías y fuertes vientos que además de consecuencias negativas sobre los cultivos y cosechas, producen un deterioro en las estructuras de producción de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
El mundo agropecuario se presenta como uno de los sectores económicos más expuesto a la incidencia de riesgos naturales no controlables por el productor, cuestión esta que en la actualidad presenta una especial significación si tenemos en cuenta las previsiones relativas al cambio climático. Los desastres naturales que se presentan pueden poner en peligro, en muchos casos, la continuidad y supervivencia de las explotaciones agrarias, pudiendo encontrar dificultades para recuperar su capacidad productiva y para continuar en el ciclo de producción, lo que conduce a su progresiva descapitalización y a la reducción de su futura viabilidad.
Por otro lado, en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para el nuevo Marco 2014-2020 (Anexo V), esta medida se contempla como de especial pertinencia para fomentar la gestión de riesgos en agricultura.
Por tanto, es necesario desarrollar actuaciones preventivas y correctoras e incluso de emergencia que minimicen los efectos de la climatología y restaurar el potencial de producción agraria dañado e introducir las medidas de prevención apropiadas para contribuir a la competitividad.
Atendiendo a criterios de cohesión social, cumplimiento de obligaciones legales y competitividad industrial, se procede a una modificación de la Ley 4/1988, de 5 de julio , de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que afecta a las contraprestaciones a satisfacer por la verificación de cualesquiera aparatos de medida, así como por la inspección técnica de vehículos, que se perciben en la forma de tarifas. Esta actualización de la Ley viene a reflejar una imagen fiel de la situación de la Hacienda Pública de la Administración de la Junta de Andalucía, determinante para fijar el marco de referencia a utilizar tanto por la Administración General del Estado como por la Unión Europea.
La justificación de su inclusión en el presente Decreto-ley tiene, así, una doble vertiente, un doble orden de razones. De un lado, los órganos fiscalizadores y asesores de la Administración de la Junta de Andalucía han advertido recientemente de la falta de concordancia entre la regulación y práctica autonómicas y la regulación estatal respecto de la naturaleza de la contraprestación que se satisface por ciudadanos y empresas como consecuencia de la inspección técnica de vehículos y de la metrología. El arcaísmo de la figura normativa autonómica venía constituyendo una rémora que no se adecuaba a las modificaciones normativas acaecidas posteriormente y a lo que los órganos fiscalizadores y asesores han indicado para que la inspección técnica de vehículos -y por extensión, la metrología- constituyan actividades en Andalucía revestidas de la más exigente seguridad jurídica, en su vertiente contable y presupuestaria, esto es, en pro de la ordenación más transparente de la contabilidad y el presupuesto de los sujetos acreedores y deudores por dicho servicio. El Gobierno Andaluz ha situado la recuperación económica como el eje vertebrador de todas las políticas públicas y se encuentra plenamente convencido de que una de las mayores rémoras para dicha recuperación, para que la inversión privada y pública se desenvuelvan con la mayor prontitud y con su completa potencialidad, es que no exista una completa seguridad jurídica, fuente de inseguridad económica y de retraimiento de la inversión. De ahí que esta adecuación entre regulaciones y prácticas se antoja indispensable que se logre de manera inmediata, antes de que comience un nuevo ejercicio económico.
Esta modificación se dicta al amparo del título competencial recogido en el artículo 58.1.5.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que establece la competencia exclusiva autonómica para promover la competencia en los mercados respecto de las actividades económicas que se realizan principalmente en Andalucía y el establecimiento y regulación de un órgano independiente de defensa de la competencia. Para el cumplimiento de estas competencias, el artículo 164 del Estatuto de Autonomía para Andalucía prevé un órgano independiente de defensa de la competencia en relación con las actividades económicas que se desarrollen principalmente en Andalucía. También se dicta al amparo del título competencial previsto en el artículo 58.4.5.º del mismo Estatuto de Autonomía en el que la Comunidad Autónoma asume competencias ejecutivas en materia de defensa de la competencia en el desarrollo de actividades económicas que alteren o puedan alterar la libre competencia del mercado en un ámbito que no supere el territorio de Andalucía, incluidas la inspección y la ejecución del régimen sancionador.
Se introduce en la disposición final tercera una modificación de la Ley 2/2011, de 25 de marzo , de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, en relación con la definición del concepto de acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad, dirigida a la adecuación de la misma a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 765/2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de productos.
Finalmente, es necesario que la mejora de la competitividad empresarial se traduzca en creación de empleo y que éste sea de calidad. Por este motivo, el presente decreto-ley complementa en parte a los programas incluidos en el Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo , de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento. De esta forma, se incluyen también medidas que afectan a algunos de los programas regulados mediante dicho decreto-ley, como es el caso del Programa Bono de Empleo Joven, el Programa de Apoyo y Fomento del Trabajo Autónomo, que amplía la vigencia de su línea 5 para el año 2014, y el Programa de Becas de Internacionalización para técnicos superiores de formación profesional.
Asimismo, el Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo , también regula la convocatoria para el año 2013 del Programa Bono de Empleo Joven, cuyo plazo finalizó el pasado 1 de julio, publicándose con fecha 2 de septiembre de 2013 la Resolución de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo, por la que se aprueba la lista definitiva de solicitudes admitidas a trámite, así como las excluidas. Finalizada la baremación, y una vez publicada la relación provisional de titulares bonistas, con fecha 2 de octubre de 2013, se publica la lista definitiva de titulares del Bono de Empleo Joven, mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, a fin de proceder a la formalización de los contratos conforme a lo dispuesto en el artículo 13.3 del citado decreto-ley.
Por razones de economía procedimental, así como de efectiva aplicación de esta medida de creación de empleo, en la propuesta provisional de 11 de septiembre no se incluyó a todas las personas cuya solicitud había sido admitida a trámite pero no hubieran obtenido la puntuación suficiente para obtener la condición de beneficiarios provisionales.
En consecuencia, y teniendo en cuenta que no se ha alcanzado el número de bonos inicialmente previstos, así como el periodo de tiempo existente entre la aprobación definitiva de los titulares del Bono y el plazo con el que cuentan las empresas para contratar, resulta necesario, por un lado, ampliar la lista definitiva de titulares del bono, así como la de suplentes, entre las personas que, habiendo sido admitidas a trámite sus solicitudes y cumpliendo los requisitos previstos en el decreto-ley, no hubieran obtenido la condición de titulares bonistas por no alcanzar la puntuación suficiente. Y, por otro, ampliar el plazo para la formalización de los contratos, de manera que se conceda un margen temporal suficiente para garantizar el mayor número de contratos posible y, con ello, la cobertura de todos los bonos ofertados, todo ello, en aras a favorecer la plena eficacia de esta política activa de empleo.
Asimismo, razones de urgencia hacen necesario modificar el Programa de Apoyo y Fomento del Trabajo Autónomo, regulado también mediante el Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo , extendiendo la vigencia de la línea 5 del mismo Fomento de la Innovación en el Trabajo Autónomo al año 2014, con el fin de poder atender el elevado volumen de solicitudes recibidas en dicha línea.
Por todo ello, resulta necesario implementar con la suficiente celeridad estas medidas extraordinarias adoptadas para permitir la reactivación de nuestro tejido empresarial y agrario, incorporando al presente decreto-ley las actuaciones consideradas estratégicas para hacer frente de modo inaplazable a las necesidades económicas y sociales existentes.
A la vista de todos estos antecedentes, resulta acreditada la urgencia para los poderes públicos de acometer de modo inaplazable medidas positivas que permitan tanto la recapitalización de las empresas industriales como todas aquellas modificaciones en el actual marco normativo que permitan que las empresas andaluzas puedan crecer y generar empleo, así como mantener la actividad agraria en Andalucía.
En su virtud, en uso de la autorización atribuida por el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, a propuesta del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y de la Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de diciembre de 2013,
1. El presente decreto-ley tiene por objeto la regulación del Programa de ayudas financieras a las Pequeñas y Medianas Empresas Industriales de Andalucía destinado a facilitar a las pequeñas y medianas empresas industriales, con necesidades de financiación o que vayan a realizar cualquier tipo de inversión, el acceso a fórmulas de recapitalización empresarial para garantizar o mejorar sus estructuras financieras, responder a sus necesidades económicas y de financiación, potenciar proyectos de crecimiento o consolidación empresarial en sectores que aportan valor añadido y ocupación a la economía andaluza y afrontar con mayor capacidad financiera la actual coyuntura económica.
1. Las medidas de apoyo financiero reguladas en el presente título se regirán por lo dispuesto en el mismo, por las normas de derecho privado aplicable a los préstamos y por las normas relativas a los instrumentos de ingeniería financiera previstos en el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) núm. 1260/1999.
3. Igualmente, le serán de aplicación el Reglamento (CE) núm. 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis, así como el Reglamento (CE) núm. 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al FEDER, por el Reglamento (CE) núm. 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 y el Reglamento (CE) núm. 1080/2006, la Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero , por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión y la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de programación 2007-2013.
d) Que desarrollen una actividad industrial manufacturera no incluida en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea . Los sectores regulados por normativa específica, como las fibras textiles, la construcción naval o el acero, requerirán de un informe previo, emitido por la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, que determine, a la vista del Plan presentado, la posibilidad o no de obtener ayudas en este Programa.
1. Las medidas de apoyo financiero se articularán a través de préstamos blandos de recapitalización sometidos a derecho privado y otorgados con la garantía de la propia empresa solicitante.
Esta garantía se considerará suficiente siempre que los Fondos Propios Totales de la empresa solicitante sean iguales o superiores al 20% de su Activo Total, referidos ambos al balance oficial del último ejercicio cerrado y depositado en el registro oficial competente antes de la solicitud. En otro caso serán necesarias garantías suficientes, tal como se describen en el punto cuarto de este artículo.
Las garantías que puedan ofrecerse por la empresa sólo serán aceptadas si aseguran el resarcimiento del préstamo y que no se produzca el menoscabo de fondos públicos en el caso de producirse un incumplimiento por parte de las empresas que accedan a los mismos.
 Si R  100, Interés Variable = Euríbor a 1 año + 200 puntos básicos.
 Si R  2, Int. Variable = Euríbor a 1 año + 800 puntos básicos.
a) Dotaciones necesarias para capital circulante
3. Los préstamos regulados en el presente decreto-ley quedarán sometidos al régimen de minimis en los términos establecidos en el artículo 2 del Reglamento 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas minimis o Reglamento de la UE que lo sustituya.
- Agroindustria, incluyendo la industria forestal (excepto actividades incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ).
- Empresas ubicadas en Municipios de Baja Tasa de Actividad Económica previstos en el Anexo II del Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo , de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento.
1. Las ayudas se regirán por lo previsto en el presente título y en las siguientes normas:
e) Real Decreto 1852/2009, de 4 de diciembre , por el que se establecen los criterios para subvencionar los gastos en el marco de los Programas de Desarrollo Rural cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
A efectos del presente decreto-ley, serán tenidas en cuenta las definiciones establecidas en el Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre, y en la normativa comunitaria y nacional de desarrollo o transposición de los mismos, así como las siguientes definiciones:
Artículo 16. Requisitos que deben reunir las personas solicitantes.
1. Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas y jurídicas que sean titulares de la explotaciones agrarias objeto de las ayudas y que ejerzan la actividad agraria en dichas explotaciones y se comprometan al aseguramiento de la explotación con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de pago. Estos requisitos deberán mantenerse desde la fecha de presentación de solicitud hasta los 5 años posteriores a la fecha de justificación y presentación de la solicitud de pago.
Artículo 17. Cuantía de las ayudas y gastos subvencionables.
1. El importe máximo de la ayuda no podrá superar el 40% del presupuesto de las inversiones realizadas por los beneficiarios, sin que en ningún caso pueda exceder de 100.000 euros por explotación.
8. En los términos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre , para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.
Artículo 20. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio, y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
e) Actuaciones de efectiva consecución de la igualdad de género, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre , para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, y la Ley 45/2007, de 13 de diciembre , de desarrollo sostenible del medio rural: 3 puntos.
Artículo 22. Lugares y medios de presentación de solicitudes.
1. La solicitudes se podrán presentar en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica: http://www.andaluciajunta.es, en el área Estructuras e Infraestructuras Agrarias de la oficina virtual de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural disponible en la dirección www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca y en los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
2. Para utilizar el medio de presentación electrónico, se deberá disponer de un certificado electrónico reconocido expedido por cualquiera de los prestadores de servicios de certificación cuyos certificados reconoce la Administración de la Junta de Andalucía. Igualmente se podrá utilizar los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas, en los términos de los artículos 13 y 14 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Artículo 23. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Artículo 25. Órganos competentes para la instrucción y resolución.
Los órganos competentes para la instrucción del procedimiento serán las Delegaciones Territoriales de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y para la resolución del procedimiento de concesión de subvenciones, la Dirección General con competencias en Estructuras Agrarias.
1. La evaluación previa comprenderá el análisis y valoración de las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 20. En este trámite, se podrán realizar cuantas actuaciones se estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se efectuará la evaluación previa.
a) En relación con la identidad de las personas. La presentación de la documentación acreditativa de la identidad sólo será necesaria en el caso de que no se haya consentido su consulta a través del Sistema de Verificación de datos de Identidad.
1.º. En caso de personas físicas y representantes legales de personas jurídicas o de representantes de asociaciones sin personalidad jurídica, el NIF.
2.º. En caso de personas jurídicas, el NIF de la entidad, la declaración censal del alta en la actividad agraria, acreditación del representante legal y el acuerdo del órgano competente de la sociedad respecto de la solicitud presentada.
1.º. Escritura pública o nota simple del Registro de la Propiedad.
2.º. Contrato de arrendamiento liquidado de impuestos con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud.
3.º. Concesión administrativa de fecha anterior a la de presentación de la solicitud.
4.º. Cualquier otro documento válido en derecho que acredite fehacientemente el derecho de uso de la parcela.
1.º. Ser titular de una explotación agraria prioritaria inscrita en el Registro Autonómico que esté debidamente actualizada.
2.º. Ser titulares catastrales de las parcelas que componen la explotación.
3.º. Los solicitantes cuyo régimen de tenencia de la parcela sea el de aparcería. En este caso se deberá presentar una declaración responsable de esa circunstancia.
1.º. Proyecto técnico o memoria técnica valorada suscritos por un técnico competente en la materia que se trate.
2.º. Las preceptivas autorizaciones, licencias, concesiones y permisos exigibles en cada caso o de la acreditación de haberlas solicitado.
1.º. El certificado de la entidad financiera acreditativo de la titularidad de la cuenta corriente o de ahorro en la que se abone el importe de la ayuda.
2.º. Seguro de la explotación objeto de las ayudas, por el periodo de compromisos.
Artículo 30. Notificación y publicación.
1. Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas y, en particular, los de requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento, se publicarán en la página web www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca área Estructuras e infraestructuras agrarias, en los términos del artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y del artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos.
Artículo 31. Publicación trimestral de las subvenciones concedidas.
2. No será necesaria dicha publicación respecto de las subvenciones cuyo importe individual sea de cuantía inferior a 3.000 euros. En este supuesto la publicidad se efectuará a través de la página web www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca área Estructuras e infraestructuras agrarias.
Artículo 32. Modificación de la resolución de concesión.
1.º. No llevar a cabo modificación alguna en el tipo de inversiones aprobadas que previamente no haya sido autorizada por la Dirección General de Estructuras Agrarias.
2.º. Cumplir la normativa aplicable en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral, así como las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales de conformidad con la normativa comunitaria y nacional.
3.º. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución.
4.º. Obtener las autorizaciones administrativas que para la ejecución de las obras exijan las disposiciones legales vigentes, así como el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la Administración competente.
5.º. Comunicar los cambios de domicilio a los efectos de posibles notificaciones durante el período en que la ayuda es reglamentariamente susceptible de control.
6.º. El cuidado, gestión y conservación de las inversiones realizadas, durante un plazo mínimo de cinco años desde la fecha de la solicitud de pago.
7.º. Realizar las actuaciones subvencionables en el plazo establecido.
8.º. Justificar la subvención y presentar la cuenta justificativa, con el contenido previsto en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , y la solicitud de pago en el plazo establecido.
9.º. Ejercer la actividad agraria en la explotación de acuerdo con lo expuesto en su solicitud de ayuda y mantener las inversiones objeto de la ayuda durante al menos 5 años desde la fecha de la presentación de la solicitud de pago.
2. En caso de que el importe de la subvención se fije en porcentaje sobre el presupuesto total, el importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad efectivamente realizada por la persona beneficiaria, conforme a la justificación presentada y aceptada, el porcentaje de financiación establecido en la resolución de concesión, sin que en ningún caso pueda sobrepasar su cuantía el importe autorizado en la citada resolución.
Artículo 35. Justificación de la subvención.
1. La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de la persona o entidad beneficiaria. Por justificación se entenderá, en todo caso, la aportación al órgano concedente de los documentos justificativos de los gastos realizados con cargo a la cantidad concedida debiendo comprender el gasto total de la actividad subvencionada aunque la cuantía de la subvención fuera inferior. El plazo máximo para la presentación de la justificación será de un mes a contar desde la finalización de la ejecución de las inversiones.
2. La justificación por parte de la persona o entidad beneficiaria del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de la finalidad u objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta justificativa, con aportación de los justificantes del gasto.
El contenido en el formulario de justificación de la subvención y solicitud de pago que figura en el Anexo III que constituye una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contiene una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
La justificación de los pagos efectuados por las personas beneficiarias se realizará mediante facturas y documentos de pago (cheques nominativos o resguardos de transferencias). En todo caso deberá aportar los extractos bancarios correspondientes.
Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago de las mismas. Todos los documentos se presentarán en original y copia autenticada.
En los casos en los que los justificantes sean facturas, para que éstas tengan validez probatoria, deberán cumplir con los requisitos de las facturas y de los documentos sustitutivos establecidos en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre .
Igualmente deberán aportar:
a) Documentos justificativos de pago, con las respectivas certificaciones de obras acreditativas de la ejecución de las reparaciones, así como con el proyecto técnico, si no hubiera sido entregado junto con la solicitud de ayuda.
Disposición adicional primera. Nuevo plazo para la presentación de solicitudes para obtener la condición de centro colaborador en el Programa de Becas de Internacionalización para Técnicos Superiores de Formación Profesional.
En relación con la convocatoria prevista en el artículo 78.1.f ) del Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento, se abre un nuevo plazo de dos meses, contado desde la entrada en vigor del presente decreto-ley, para la presentación de solicitudes para obtener la condición de centro colaborador en el Programa de Becas de Internacionalización para Técnicos Superiores de Formación Profesional. Las entidades interesadas en adquirir dicha condición cumplimentarán la solicitud ajustándose al formulario correspondiente que se incluye en el Anexo VI del Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo , dirigido a la persona titular de la Secretaría General de Economía.
5. Los costes de referencia serán los que se publiquen cada año para las ayudas a la modernización de explotaciones en la página Web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, área Estructuras e Infraestructuras.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 4/1988, de 5 de julio , de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 38: Hecho tributable
4. Determinados servicios prestados por la Administración a requerimiento de parte, y que aparecen definidos en el Anexo III.
Dos. Se suprimen los puntos 1 y 3 del Anexo III de la Ley 4/1988, de 5 de julio , de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. En el marco de la correspondiente planificación energética en vigor, a las actuaciones de construcción o instalación de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos vinculados a la generación mediante fuentes energéticas renovables, incluidos su transporte y distribución, no les será de aplicación lo referente a la prestación de garantía previsto en el artículo 52.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. No obstante, en la resolución de aprobación del proyecto de ejecución y desmantelamiento a otorgar por la Consejería competente en materia de energía se incluirá el importe de la garantía necesaria para la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su entorno inmediato, en cumplimiento esto último de lo dispuesto en el artículo 52.6 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Así mismo el porcentaje máximo de la prestación compensatoria previsto en el artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre se fija para estas instalaciones en el diez por ciento del importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, y la base de cálculo de dicha prestación compensatoria no incluirá, en ningún caso, el importe correspondiente al valor y los costes asociados a la maquinaria y equipos que se requieran para la implantación efectiva o para el funcionamiento de las citadas instalaciones, sean o no parte integrante de las mismas.
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 6/2007, de 26 de junio , de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía.
4. La persona titular de la Presidencia tendrá la consideración de alto cargo. Cuando el nombramiento recaiga en persona al servicio de las Administraciones Públicas en activo, ésta pasará a la situación de servicios especiales o equivalente. Ejercerá su función con dedicación absoluta y estará sometida al régimen de la Ley 3/2005, de 8 de abril .
5. El cargo de vocal del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, que no tendrá la condición de alto cargo, desempeñará su función sin dedicación absoluta ni exclusividad y, en consecuencia, los titulares de las Vocalías no percibirán retribuciones periódicas de naturaleza alguna por el desarrollo de sus funciones. No obstante, las personas titulares de las Vocalías tendrán derecho a percibir una compensación económica que se determinará estatutariamente.
Acreditación: declaración por un organismo nacional de acreditación de que un organismo de evaluación de la conformidad cumple los requisitos fijados con arreglo a normas armonizadas y, cuando proceda, otros requisitos adicionales, incluidos los establecidos en los esquemas sectoriales pertinentes, para ejercer actividades específicas de evaluación de la conformidad.
Disposición final quinta. Modificación del Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo , de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento.
El Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo , de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento, queda modificado como sigue:
8. En el supuesto de que una vez publicada la lista definitiva de titulares del Bono de Empleo Joven, el número de titulares bonistas no alcanzara el número de bonos inicialmente previsto para la convocatoria 2013, se publicará un nuevo listado provisional de bonistas y suplentes, complementario del anterior, con la finalidad de proceder a la adjudicación de los bonos disponibles en 2013, conforme al procedimiento establecido en el artículo 91. Este nuevo listado se confeccionará incluyendo aquellas personas con solicitudes admitidas a trámite en el procedimiento, que no alcanzaron puntuación suficiente para resultar bonistas provisionales o suplentes en un primer momento y cuya puntuación global resulte la más elevada de entre las restantes, por la aplicación de los criterios de baremación contenidos en el artículo 10.
3. La formalización del contrato podrá efectuarse desde la entrada en vigor del presente decreto-ley hasta el 31 de marzo de 2014, con la excepción de lo dispuesto en el artículo 11.2.
3. Los expedientes instruidos en el marco de la Línea 5 Fomento de la innovación en el trabajo autónomo, se resolverán con cargo al Programa 54A Investigación Científica e Innovación del ejercicio 2014.
3. Corresponderá a la persona titular de la Secretaría General de Economía el reconocimiento de la condición de centro colaborador y el desarrollo de cuantas instrucciones sean necesarias para la ejecución de lo dispuesto en el Programa de Becas de Internacionalización para Técnicos Superiores de Formación Profesional.
d) Estar en posesión en el momento de la solicitud de alguna de las siguientes titulaciones de Técnico Superior de Formación Profesional, obtenidas dentro de los cinco años anteriores a la solicitud:
1.º. Técnico Superior en Comercio Internacional.
2.º. Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing.
3.º. Técnico Superior en Gestión del Transporte.
4.º. Técnico Superior en Administración y Finanzas.
Todos los artículos y disposiciones de este decreto-ley tendrán vigencia para el año 2013, excepto los que afecten a la Línea 5 Fomento de la Innovación en el Trabajo Autónomo del Programa de Apoyo y Fomento del trabajo Autónomo, que amplían su vigencia para el año 2014. No obstante, para el caso de las líneas de ayuda contempladas en el artículo 2.1, extenderá su vigencia hasta la tramitación administrativa final de las mismas. Como excepción a lo anterior, el artículo 80 y la disposición final primera tendrán vigencia indefinida.