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Timestamp: 2020-01-22 09:23:57
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Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 43', 'artículo 19', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 1', 'artículo 33', 'ARTÍCULO 33', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 17']

El habeas data en el derecho constitucional argentino. Concepto y alcances. Recepción jurisprudencial
Mercedes Eugenia López
Por Mercedes Eugenia López (*)
El principal objetivo del constitucionalismo clásico del Siglo XVIII, fue limitar el poder del Estado y, en consecuencia, proteger al individuo ante el abuso de poder.
Para ello, ha procurado organizar al estado en defensa de las libertades y los derechos del hombre, de tal forma que toda la armazón de este constitucionalismo se dirige a proporcionar garantías y seguridad.
La propia constitución formal se ha definido como un sistema de garantías, cuyas dos partes fundamentales se caracterizan en ese sentido: a) la dogmática, por contener una declaración de derechos; b) la orgánica, por establecer la división de poderes.
Las garantías constitucionales son el soporte de la seguridad jurídica y existen frente al Estado, en cuanto son medios o procedimientos que aseguran la vigencia de los derechos.
De tal forma, y con el propósito de llevar a cabo este objetivo perseguido por el constitucionalismo clásico, fue la inclusión en las constituciones de una parte dogmática, en la que se declaraban los derechos individuales del hombre.
LA PARTE DOGMÁTICA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA
La declaración de los derechos en nuestra constitución se encuentra principalmente en la parte Dogmática (Art. 1 al 43), donde quedan declarados los derechos de las personas frente al estado y frente a los demás particulares. La parte dogmática contiene dos capítulos:
1) Capítulo Primero: "DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS" (Art. 1 al 35 C.N.)
2) Capítulo Segundo: Incorporado en la Reforma del año 1994, denominado "NUEVOS DERECHOS Y GARANTÍAS" (Art 36 al 43 C.N.).
A partir de la reforma constitucional del año 1994, la inclusión de los nuevos derechos y garantías en nuestra Constitución guarda directa correspondencia con la existencia de lo que se ha dado en llamar “Derechos de la Tercera Generación”, referidos a una nueva concepción del hombre en relación con el mejoramiento integral de su calidad de vida, su interrelación con los otros y su espacio en la sociedad.
Luego, la Revolución Industrial y la concentración de capitales de fines del siglo XIX y comienzos del XX, unidas a nuevas concepciones destinadas a la regulación e intervención del Estado, determinaron un nuevo cúmulo de declaraciones, derechos y garantías que se fueron sancionando bajo la denominación de lo que se ha llamado justicia social. Dichas manifestaciones están relacionadas a las declaraciones de derechos en función social y a la Doctrina Social de la Iglesia.
La finalización de la Segunda Guerra Mundial determinó la división estratégica del mundo entre las potencias vencedoras y también dio nacimiento político a una lucha de poder, tecnología y política denominada guerra fría; en la cual no hubo conflicto armado directo entre las potencias, pero sí en las sociedades periféricas y produjo grandes procesos de descolonización.
El avance de tecnología originó como contrapartida una serie de perjuicios y problemas trascendentes e impensados que hacen repensar la vida futura en el planeta en un plazo aproximado de doscientos años.
Tanto poder tecnológico de investigación, junto con un poder de destrucción, concentraciones de capitales y peligros de supervivencia dieron lugar a la tercera generación de declaraciones, derechos y garantías referidas al uso racional de la tecnología, de los recursos naturales y del espacio aéreo.
La finalización de la guerra fría, que se puede identificar con la caída del muro de Berlín, trajo aparejado el nuevo fenómeno de la globalización, por la existencia de una tecnología de última generación que permite el flujo constante e ininterrumpido de información en todas partes del mundo.
La simultaneidad y la masividad que genera la comunicación en cuanto a la información e integración global es un fenómeno que cambió radicalmente la concepción mundial en cuanto a la cultura e integración de la comunidad internacional.
Nuestra Constitución de 1853-1860, que respondía al denominado constitucionalismo liberal o clásico, no incluyó esta garantía operativa dentro de su parte dogmática, ya que se corresponde con modelos de constitucionalismo muy posteriores.
El habeas data, como una de estas garantías, viene a responder a una necesidad del hombre común de oponerse a la información falsa arbitraria o discriminatoria que se encuentre en cualquier base de datos, sin interesar la importancia que aquella revista.
HABEAS DATA. CONCEPTO
El habeas data es un proceso constitucional con fines diversos. Literalmente apunta a “traer los datos” y su objeto principal es contener ciertos excesos del llamado “poder informático”.
El derecho a ese acceso a la información que consagra esta garantía, como así también la posibilidad de rectificar los datos contenidos en los registros respectivos, fue instituido en la Constitución de Portugal de 1976 (art. 35) y en la de España de 1978 (art. 105, “b”). Asimismo, Gran Bretaña y Estados Unidos, tienen similares sistemas de control por parte de los ciudadanos con relación a los bancos de datos. En Latinoamérica, la Constitución de la República Federativa de Brasil, introdujo en su artículo 5º el habeas data junto con el denominado mandado de injunçao (mandato de ejecución), que daba operatividad a la norma, cuando a falta de disposiciones reglamentarias se tornara complicado el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales (MORELLO, Augusto M. “Constitución y Proceso”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1998, págs. 240/241).
Recién con la reforma constitucional de 1994, se incorporó a nuestro derecho positivo esta garantía operativa, en el tercer párrafo del artículo 43, siendo el amparo la acción habilitada para el caso.
Se puede definir “el Habeas Data como una nueva institución jurídica para poder lograr efectivamente, en un Estado de Derecho, la protección, seguridad, exactitud o rectificación, preservación o destrucción justificadas del secreto o privacidad sobre los datos del ciudadano, que el Estado u otros entes públicos o privados tengan sobre ellos con el propósito del conocimiento y difusión permitidos de los mismos, ya sea que estén archivados o guardados en medios electrónicos o similares, porque ellos constituyen testimonios o proyecciones de la persona, de la vida, de la identidad, pensamiento cultural o instrucción, actividades sociales, económicas, religiosas, así como los de la genética, salud, orientación sexual, pensamiento político, sea que ya se hallen registrados o por registrarse, según el amparo y protección que la Constitución y las Leyes respectivas lo ordenen (“El Habeas Data en el Derecho Comparado”, Edgar Salazar Cano, Anuario Nº 29 (2006), ISSN 1316-5852).
También se ha conceptualizado el habeas data como el derecho de toda persona a interponer la acción de amparo para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad; sea que ellos reposen en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes y, en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos (“El Habeas Data en el Derecho Comparado”, Edgar Salazar Cano, Anuario Nº 29 (2006), ISSN 1316-5852. Ortiz; 2001:70).
Es decir, entonces, que el habeas data tiene por finalidad impedir que la información contenida en bancos o registros de datos, respecto de la persona titular del derecho que interpone la acción, sea recopilada cuando está referida a aspectos de su personalidad y directamente vinculados con su intimidad y privacidad, a que no puedan encontrarse a disposición del público o ser utilizados en su perjuicio por órganos públicos o entes privados. Refiere particularmente a información sobre la filiación política, a las creencias religiosas, militancia gremial, desempeño en el ámbito laboral o académico etc.
FUNDAMENTO DEL INSTITUTO
En la actualidad, la protección a los datos personales resulta imprescindible, ya que el concepto de privacidad que históricamente tuvo límites bien acotados a las acciones privadas que no se exteriorizan o se mantienen en la interioridad del hombre (primera lectura del art. 19 de la C.N.), hoy desborda esa barrera haciéndose extensiva a aquellas conductas, actitudes o creencias exteriorizadas pero internas o privativas.
En este orden de ideas, y en gran parte merced a la extensión y masividad de la informática, la intimidad queda expuesta a sufrir un grave daño, ante la libre circulación de información que pueda afectar el honor y la dignidad de las personas.
El derecho a la intimidad como género que caracteriza la defensa de la privacidad, del honor, la imagen, la reputación, la identidad, entre otros de los derechos, es el fundamento de la garantía que tutela el habeas data.
Al ser garantía, es la herramienta procesal que la Constitución dispone para afianzar el cumplimiento de los derechos fundamentales. Por tal motivo, a partir del derecho de amparo creado por la Constitución Nacional, se perfila este proceso constitucional específico de protección a la persona agredida o amenazada por los bancos de datos.
Vale decir, entonces, que el habeas data se trata de un proceso constitucional, de un instrumento procesal destinado a garantizar la defensa de la libertad personal en el contexto de la era informática.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho a la intimidad o privacidad - consagrado en forma genérica por el artículo 19 de la C.N. y especificado respecto de algunos de sus matices en los arts. 18, 43 y 75, inciso 22 -, es aquel que protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por sentimientos hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en resumen, las acciones, hechos o datos que teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad.
En este sentido, el Máximo Tribunal ha sostenido en reiterados pronunciamientos que el habeas data tutela la identidad personal y garantiza al interesado conocer, acceder a la finalidad y, eventualmente, rectificar o lograr confidencialidad, de datos o informes falsos o discriminatorios. Se protege una dimensión del derecho a la intimidad, y debe interpretárselo coherentemente con la garantía consagrada por el art. 19 de la Constitución Nacional. De tal forma, aparece como un instrumento destinado a evitar injerencias extrañas en la vida privada, pero también a fin de proteger el honor, el derecho a la identidad y a la propia imagen.
El habeas data constituye una dimensión del derecho a la intimidad, en conexión de sentido con el art. 19 de la Constitución Nacional; constituye la acción que garantiza el derecho que toda persona tiene a decidir por sí misma en qué medida compartirá con los demás sus sentimientos, pensamiento y los hechos de su vida personal (Conf. doctrina Fallos: 321:2767; 322:259; 322:2139; 324:2592; 327:4846; 328:797; 329:5239 entre otros).
CLASES O VARIEDADES DE HABEAS DATA EN FUNCIÓN DE SU OBJETO Y SU FINALIDAD
El habeas data informativo tendiente a recabar:
· Qué datos personales se encuentran registrados.
· Con qué finalidad se han obtenido y se hallan registrados.
· De qué fuente se han obtenido los datos (salvo que se trate de fuentes periodísticas, u otras fuentes resguardadas por secreto profesional).
El habeas data rectificador para:
· Corregir datos archivados que son falsos o inexactos.
· Actualizar o adicionar datos atrasados o incompletos.
El habeas data de preservación para:
· Excluir datos archivados que integran la información personal, denominada “información sensible”, por ejemplo, los referidos a tendencia sexual, identidad étnica o racial, religión, ideas políticas, ciertas enfermedades, etc.
· Reservar en la confidencialidad ciertos datos archivados que, conteniendo informaciones innecesarias, su eventual divulgación, pudiera ocasionar daño a una persona.
EL SECRETO PERIODÍSTICO
El precepto constitucional ha dado protección específica al secreto de las fuentes de información periodística, impidiendo que mediante el habeas data se pretenda conocer qué datos personales figuran registrados periodísticamente, como así también de dónde fueron obtenidos, extendiéndose de esta forma la tutela a la fuente originaria de información.
El reconocimiento constitucional y normativo en nuestro país:
La Ley 24.309, declarativa de la necesidad de reforma constitucional implementada en 1994, omitió toda mención explícita a la acción de habeas data.
En este sentido, cabe destacar que los constituyentes atendieron la demanda de la sociedad que reclamaba un instituto de garantía, como respuesta a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a los derechos de la persona, al consagrarlo en el nuevo articulado.
En efecto, luego de intensos debates y diferentes proyectos que elaboraron los constituyentes, quedó redactado el artículo 43 de la siguiente manera:
“Art. 43 de la Constitución Nacional
Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato aun durante la vigencia del estado de sitio.”
La Constitución Nacional no utiliza la expresión habeas data pero hay coincidencia doctrinal y jurisprudencial de que la figura fue incorporada al art. 43, párr. 3º de la Carta Magna.
Aunque con algunas variantes, la doctrina coincide en que el art. 43 de la Constitución Nacional regula el habeas data como un amparo especial.
La posición asumida por el texto constitucional (el habeas data es una especie de amparo) no implica aceptar que todo lo regulado por la ley de amparo sea aplicable al habeas data.
En efecto, el objeto perseguido procesalmente difiere en ambos casos. Se ha afirmado que, para la procedencia del habeas data no se requiere, en principio, arbitrariedad o ilegalidad manifiesta dado que procede ante la mera falsedad en el contenido de los datos o la discriminación que de ellos pudiere resultar (CNCont.-adm., Fed., sala IV, 4/10/1995, Gaziglia c. BCRA y otro, amparo ley 16.986, ED, 167-169).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Martínez c/Organización Veraz”, deslinda finalmente el perfil del habeas data de la garantía del amparo.
De este modo, el voto de la mayoría (y también el voto de la doctora Argibay) dice en el considerando 4° que la procedencia de la acción de habeas data está limitada a la verificación de los recaudos dispuestos en la ley reglamentaria, es decir, se lo limita solo a lo dispuesto en el art. 33 de la ley 25.326. Se está excluyendo entonces la “arbitrariedad” o “ilegalidad manifiesta” exigida al amparo pero no se lo funda en la Constitución sino en la ley 25.326. El voto de la doctora Elena Highton de Nolasco, en cambio, señala claramente: “6°) Que el art. 43, párr. 3°, de la Ley Fundamental ha consagrado el derecho de toda persona a interponer una acción expedita y rápida para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, contenidos en registros o bancos de datos públicos y, en caso de falsedad o discriminación, para exigir su supresión, rectificación, actualización y confidencialidad (Fallos, 322:259).
Si bien el tratamiento de ambos institutos se ubica en la misma norma de la Constitución Nacional, la acción de habeas data –a diferencia del amparo– tiene un objeto preciso y concreto que consiste básicamente en permitir al interesado controlar la veracidad de la información y el uso que de ella se haga. Este derecho forma parte de la vida privada y se trata, como el honor y la propia imagen, de uno de los bienes que integran la personalidad.
Ante esta distinción, no cabe sujetar la procedencia de la acción de habeas data a ‘la comisión de conductas arbitrarias e ilegítimas’, recaudos propios de la acción de amparo, pero no de la acción de habeas data, ya que esa exigencia no se halla presente en el texto constitucional –aplicable aún en ausencia de reglamentación expresa, conf. Fallos, 321:2767– y tampoco ha sido prevista en la ley 25.326, reglamentaria de la norma constitucional.
Para otros, en cambio, si se inicia por la vía del amparo hay que probar una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (Sagüés, Néstor P., Subtipos de hábeas data, JA, 1995-IV-352; conforme CNCiv., sala A, 8/9/97, Pochini, Oscar c. Organización Veraz s/hábeas data, ED, 174-681).
Por otra parte, la información que lesione o restrinja algún derecho es suficiente para solicitar su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización, sin exigir la falsedad o discriminación del dato en cuestión, alcanzando con ello las hipótesis de error u omisión de los datos.
Aun cuando un dato personal sea exacto o correcto, si ha sido obtenido con un determinado propósito y posteriormente se lo utiliza con otra finalidad o es recolectado con una finalidad ilícita o socialmente reprochable, debe ser suprimido por cuanto afecta la esfera de reserva de la persona, sin perjuicio de la secuela discriminatoria o dañosa.
Pretender que un dispositivo constitucional contemple casuísticamente todos los supuestos, resulta absolutamente ilusorio, máxime en una materia sujeta a transformaciones permanentes e incesantes.
Su regulación normativa
Por su parte, la ley 25.326 de Protección de los Datos Personales sancionada el 4 de octubre de 2000 y publicada el 2 de noviembre de 2000 (fue observada por el Poder Ejecutivo, por medio del decreto 995-2000) fue dictada para reglamentar la norma constitucional.
Dicha norma se dictó con el objeto de procurar la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional.
La norma establece que sus disposiciones también serán aplicables, en cuanto resulte pertinente, a los datos relativos a personas de existencia ideal.
Por último, aclara en su artículo 1 que, en ningún caso se podrán afectar a base de datos ni las fuentes de información periodísticas.
Por lo demás, el texto precisa la procedencia de esta vía en su artículo 33 que establece:
“ARTÍCULO 33. — (Procedencia).
b) en los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trata, o el tratamiento de datos cuyo registro se encuentra prohibido en la presente ley, para exigir su rectificación, supresión, confidencialidad o actualización.”
La norma contiene principios generales relativos a la protección de datos, los derechos de los titulares de datos, las obligaciones de responsables y usuarios de datos, el órgano de control, las sanciones y el procedimiento del recurso judicial habeas data.
Asimismo, la ley 25326 fue reglamentada por el decreto 1558, del 29 de noviembre de 2001, publicado el 3 de diciembre de ese año.
PLANO JURISPRUDENCIAL
La Corte Suprema de Justicia fijó su criterio en cuanto al habeas data y ha emitido diversos pronunciamientos en la materia.
En este análisis, no es posible soslayar la mención del fallo en la causa Suárez Mason, Carlos G. (resuelta el 13 de agosto de 1998), en el cual, la mayoría del tribunal decidió declarar improcedente el recurso extraordinario incoado por la Sra. Aguiar de Lapacó (madre de una persona desaparecida) contra la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que había decidido, por mayoría, tener presente la respuesta producida por el Estado Mayor del Ejército relativa al destino de las personas desaparecidas en la jurisdicción dependiente del Primer Cuerpo del Ejército entre los años 1976 y 1983 (lapso en el que discurrió la última dictadura militar), ordenando la prosecución de la causa según su estado, lo que entrañaba una denegatoria de diversas medidas de prueba impetradas en el caso (Fallos, 321: 2767).
Dicha decisión motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, el 7 de octubre de 1998 recibió una petición presentada por Carmen Aguiar de Lapacó, patrocinada por Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de la Plaza de Mayo -Línea Fundadora-, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) en contra de la República Argentina.
Los peticionarios alegaron que las autoridades judiciales argentinas rechazaron la solicitud de la señora Carmen Aguiar de Lapacó a efectos de determinar lo ocurrido a su hija Alejandra Lapacó, detenida desaparecida desde el 17 de marzo de 1977, fundamentada en el derecho a la verdad y el derecho al duelo. Los peticionarios consideran que el rechazo de las autoridades judiciales viola los derechos a las garantías judiciales (artículo 8 (1)), a una tutela judicial efectiva (artículo 25) y la obligación de respetar los derechos (artículo 1 (1)), protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ya en una causa similar en cuanto a la plataforma fáctica, Urteaga, Facundo Raúl c/ Estado Nacional - Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. s/ Amparo Ley 16.986, dilucidado por la Corte el 15 de octubre de 1998, las instancias de mérito habían coincidido en cuanto al rechazo de la “acción de amparo de hábeas data” (sic) que el peticionante había articulado contra el Estado Nacional y/o el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y/o el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, destinada a “obtener información que exista en los Bancos de Datos de la Secretaría de Informaciones del Estado, Servicio de Inteligencia del Ejército, Servicio de Informaciones de la Armada, Servicios de Informaciones de la Aeronáutica, Servicio de Inteligencia de la Policía Federal, Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y Servicio de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires y/o cualquier otro del Estado Nacional, de las Fuerzas Armadas y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, sobre su hermano Benito J. Urteaga, supuestamente ‘abatido’ el 19 de julio de 1976 en un departamento ubicado en la localidad de Villa Martelli, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires […]” (considerando 2).
A modo de síntesis en lo concerniente a la ruta procesal constitucional escogida por el actor, los magistrados Nazareno, Moliné O’Connor, Boggiano, Petracchi y Vázquez juzgaron que la acción de habeas data era la adecuada.
Por su parte, los doctores Belluscio y López (conjuntamente) y Fayt y Bossert (individualmente) sostuvieron que la vía procedente era la del amparo, bien que advirtiendo los dos magistrados citados en último término que el habeas data es una forma de amparo.
En el fondo, el fallo dio testimonio de que el habeas data podía funcionar como medio para levantar la barrera que obstaculizara proporcionar información en poder del Estado, cuando estuvieran en juego el derecho de acceso a la información, el derecho a la verdad y la necesidad de abrir los archivos de los organismos de seguridad estatales para conocer sobre una de las tantas víctimas dentro de un universo de personas desaparecidas forzadamente.
Es de destacar que la doctrina sentada por la Corte Suprema fue emitida antes del dictado de la ley reglamentaria del habeas data, sentando una posición aun frente a la falta de reglamentación específica de instituto que podría aparecer como un obstáculo en el camino hacia la tutela judicial requerida.
Dicho giro jurisprudencial se inscribe en el marco de un contexto de intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la causa de Aguiar de Lapacó y que bien se podría inferir su incidencia en el diseño de la solución jurisdiccional consagrada en el caso “Urteaga”.
Este criterio fue complementado más tarde por el tribunal in re “Ganora, Mario Fernando y otra s/ hábeas corpus”, el 16 de septiembre de 1999 (Fallos, 322: 2139), en el que el voto mayoritario evocó lo decidido en aquella causa en punto a la operatividad de la acción a falta de norma reglamentaria.
Así, se resolvió que, en principio, la obtención de información sobre datos de carácter personal obrantes en organismos y fuerzas de seguridad encontraba adecuación legal en la acción de habeas data, sin perjuicio de que el suministro de tal información pudiera, eventualmente, afectar la seguridad, la defensa nacional, las relaciones exteriores o una investigación criminal, cuestión que en cada caso debería ser invocada por el titular de la institución requerida y meritada por la autoridad judicial interviniente para determinar si mediaba un interés público relevante para restringir el derecho de autodeterminación informativa o si, por el contrario, no concurría en el caso la trascendencia exigible para relevar al organismo de su obligación de informar.
De tal forma, la ausencia de norma reglamentaria del instituto no fue óbice para la instrumentación del proceso constitucional en los mencionados precedentes.
Durante la vigencia de la reglamentación del habeas data el Máximo Tribunal se expidió con relación al derecho de acceso a la información personal obrante en archivos y/o bancos de datos de los órganos de inteligencia y seguridad del Estado, en el caso R. P., R. D. c/ Estado Nacional - Secretaría de Inteligencia del Estado, del 19 de abril de 2011 (Fallos 334:445).
La causa en cuestión consiste en un pedido de información referente a un trámite jubilatorio, en la que la Corte Suprema confirmó una sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
El demandante había iniciado una acción de habeas data con sustento en el artículo 43 de la Constitución Nacional.
El objetivo de la demanda era conocer si la Secretaría de Inteligencia del Estado tenía en sus archivos información de interés para el cálculo de su jubilación del período comprendido entre 1961 y 1973, de acuerdo a lo que determina el decreto 4.827/58.
La Corte sostuvo, en sintonía con lo dictaminado por la Procuración General de la Nación, que el artículo 43 de la Constitución protege la identidad personal y garantiza que el interesado tome conocimiento de los datos referidos a él consignados y su finalidad, en registros públicos o privados que proveen informes. Lo autoriza, asimismo, a exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización.
El órgano de segunda instancia, si bien reconoció el derecho del actor a acceder a los datos requeridos, dispuso que el juez inferior debía previamente intimar al organismo de inteligencia para que remitiese la información.
Planteado el recurso extraordinario federal por el Estado Nacional y denegado por el tribunal de segunda instancia, se articuló la queja directa ante la Corte Suprema, que finalmente, por unanimidad, determinó que las leyes 25.326 y 25.520 (Ley de Inteligencia Nacional) y el decreto reglamentario 950/200251 confieren al actor el derecho de obtener toda la información que pueda existir en la Secretaría de Inteligencia y sea útil para acceder al beneficio jubilatorio que invocaba (considerando 2º ).
Sin embargo, añadió : […] para que tal derecho tenga efectiva concreción, la Secretaría se encuentra obligada a manifestar si tiene o no los datos requeridos; y si los tuviese sólo podría negarse a revelarlos en los términos del artículo 17 inc. 1 y 2 de la ley 25326, vale decir, mediante decisión fundada en función de la protección de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad pública, o de la protección de los terceros considerando 3º).
Asimismo, dejó en claro: […] los jueces cuentan con la potestad de verificar, a instancias del interesado, si las razones dadas por el organismo justifican la negativa a suministrar la información, para lo cual podrán “tomar conocimiento personal y directo de los datos solicitados asegurando el mantenimiento de su confidencialidad”.
De su lado, advirtió que la clasificación de la información de los organismos de inteligencia (artículos 23, inciso 2, de la ley 25.326 y 16 de la ley 25.520) “no es óbice para que los jueces, a pedido de parte, puedan verificar si está comprometido el interés público y hacer efectiva la garantía del hábeas data” (considerando 4).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el derecho al olvido
El 8 de noviembre de 2011 la Corte Suprema dictó dos fallos donde interpreta algunas cuestiones relacionadas con el derecho al olvido. En ambos casos mediante una acción de habeas data se pretendía borrar información sobre deudas bancarias con fundamento en el art. 26 de la ley de protección de datos personales y su decreto reglamentario (CSJN, 8/11/2011, C.1380 “Catania v. BCRA s/habeas data” y CSJN, 8/11/2011, N.112, “Napoli, Carlos v. Citibank N.A. s/habeas data”).
El Alto Tribunal sostuvo, que en materia de derecho al olvido “no resulta del texto de la ley –ni puede inferirse de su génesis- que el plazo de cinco años deba quedar pospuesto mientras la deuda sea exigible por no haberse operado a su respecto la prescripción”.
Destacó también que la ley 25.326 “ha consagrado el derecho del afectado a exigir que –transcurrido cierto tiempo- los datos significativos para evaluar su solvencia económica- financiera no sean mantenidos en las bases ni difundidos, con el objeto de que el individuo no quede sujeto indefinidamente a una indagación sobre su pasado”.
En el caso “Catania” un particular solicitó, mediante un habeas data, la supresión de información crediticia adversa por haber transcurrido el plazo de cinco años que prevé la ley 25.326. Se trata del primer caso en que el Máximo Tribunal se pronuncia sobre este tema. En primera y segunda instancia su planteo fue rechazado. Los magistrados que intervinieron alegaron que la falta de pago de la deuda impedía la supresión de la información hasta que hubiera operado la prescripción.
El Máximo Tribunal sostuvo que la idea del legislador fue fijar un plazo de 5 años y que el plazo del derecho al olvido corre en forma separada de otros plazos como la prescripción, o de otras situaciones como la vigencia de la deuda o su exigibilidad. No hay que esperar que la deuda esté prescripta, de lo contrario se desvirtúa la voluntad del legislador. En este caso la Corte Suprema revoca la sentencia y manda dictar nuevo fallo en atención a que el tribunal había rechazado el habeas data porque había considerado que las deudas estaban vigentes y ello impedía el olvido de las mismas.
En “Napoli” (CSJN, 8/11/2011, N.112, “Napoli, Carlos v. Citibank N.A. s/habeas data”), complementando a “Catania”, el Alto Tribunal vuelve, el mismo día, a tratar el tema del derecho al olvido, en especial respecto a desde cuándo se debe contar el plazo de 5 años.
La discusión se focalizó en la fecha en que debe comenzar a computarse el plazo de cinco años establecido por la ley 25.326. En este supuesto, la Cámara Federal que intervino falló de modo favorable al actor.
En ambos casos, el Alto Tribunal nacional realizó un examen general de las normas aplicables, es decir, de la ley 25.326 y su decreto reglamentario. Luego, se abocó a develar la intención del legislador al consagrar el llamado “derecho al olvido”.
De modo puntual, el Máximo Tribunal destacó que “más allá de las bondades, o no, del sistema ideado, el legislador expuso su preocupación acerca de que el mantenimiento de información adversa en las pertinentes bases de datos durante un largo lapso podría dar lugar a una suerte de inhabilitación del deudor y a la consiguiente imposibilidad de reingreso al circuito comercial”.
Por su parte, en el caso “Catania”, la Corte explicó que la ley 25.326 distingue “la situación de aquellos deudores que no han cancelado sus deudas (en cuyo caso el plazo será de 5 años), de los que sí lo han hecho (supuesto en que el plazo se reduce a 2 años), con total independencia de que relación a los primeros pueda perseguirse el cobro de la acreencia mientras la obligación sea jurídicamente exigible”.
Ahora bien, respecto del cómputo del plazo de cinco años, cuestión especialmente debatida en el caso “Napoli”, el Alto Tribunal remarcó que el decreto reglamentario que regulaba la cuestión era “impreciso” y “poco claro” lo que ameritaba que se subsane el problema mediante “una interpretación que, sin excluir su literalidad, se ajuste estrictamente a la voluntad del legislador que dictó la Ley 25.326”.
“Ha de evitarse toda inteligencia que en los hechos implique una postergación sine die, o una excesiva tardanza en el inicio del cómputo del plazo que se examina, puesto que ello se opone al declarado propósito de lograr una reinserción del afectado en el circuito comercial o financiero”, puntualizó en “Napoli” el Alto Tribunal.
Las decisiones, tanto en la causa “Catania” como en “Napoli” fueron adoptadas con el voto de los Ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay. En el primer caso, se admitió el recurso extraordinario del deudor, en el segundo, se rechazó la impugnación de la entidad bancaria.
Estos precedentes se enmarcan en la tendencia que ha tomado la Corte con su actual integración de abrir el recurso extraordinario en temas de habeas data y protección de datos personales, y pronunciarse delineando los aspectos importantes de esta figura.
La Corte, desde la vigencia de la ley 25.326 ya ha precisado que al habeas data se aplican las reglas propias, y nos las generales del amparo general (caso “Martínez v. Veraz”), que existe un derecho a aclarar el dato personal mientras dure el litigio de habeas data (caso “Di Nunzio v. Bank Boston”) y que una persona tiene derecho a acceder a sus datos personales obrantes en la Secretaría de Inteligencia (caso “R. P., R. D. c/ Estado Nacional – Secretaría de Inteligencia del Estado”).
Ahora bien, el derecho al olvido tiene otras aristas relacionadas con la libertad de información y la libertad de prensa. Con las redes globales como Internet el derecho al olvido cobra dimensiones insospechadas frente al poder omnipresente de los buscadores y de las redes sociales que todo lo conectan y revelan. En este sentido, la Máximo Tribunal ha ido diseñando su doctrina a la luz de los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad en la Sociedad de la Información en los sucesivos precedentes que ha dictado, que exceden el marco de este trabajo, por una cuestión de extensión.
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Normas complementarias de la Ley de Protección de Datos Personales
A continuación, se detallan otras normas de interés que surgieron a partir de la sanción de la Ley 25.326.
Disposición 4/2004 - Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Se homologa el Código de Ética de la Asociación de Marketing Directo e Interactivo de la Argentina (AMDIA).
Disposición 3/2005 - Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Apruébanse los formularios, instructivos y normas de procedimiento que utilizará la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, en relación con la implementación del citado Registro.
Disposición 7/2005 - Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (Deroga la Disposición 1/2003 – Dirección Nacional de Protección de Datos Personales). Se aprueba la "Clasificación de Infracciones" y la "Graduación de las sanciones" a aplicar ante violaciones a las normas de la Ley Nº 25.326 y de las reglamentaciones dictadas en su consecuencia.
Disposición 7/2008 - Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Apruébanse la "Guía de Buenas Prácticas en Políticas de Privacidad para las Bases de Datos del Ámbito Público" y el texto modelo de "Convenio de Confidencialidad".
Asimismo, existen otros dispositivos normativos referidos a distintos aspectos de la cuestión, por ejemplo, la ley 26.032 (Boletín Oficial de 17 de junio de 2005) que declara a la búsqueda, la recepción y la difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, comprendidas en la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión (art. 1 de la ley).
Por su parte, la ley Nº 26.343 incorpora el art. 47 a la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, que viene a contemplar, además de la protección de datos que disponen las entidades bancarias, una situación particular por la que atravesó nuestro país en un momento histórico determinado, profundizando los alcances de esta garantía constitucional atendiendo las características de la situación coyuntural de crisis que nos tocó atravesar.
De esta forma, el legislador quiso precisar la protección prevista en la norma constitucional, a través de la regulación en la ley que la reglamenta, mediante la incorporación de este artículo en cuestión que señala:
“ARTICULO 47. — Los bancos de datos destinados a prestar servicios de información crediticia deberán eliminar y omitir el asiento en el futuro de todo dato referido a obligaciones y calificaciones asociadas de las personas físicas y jurídicas cuyas obligaciones comerciales se hubieran constituido en mora, o cuyas obligaciones financieras hubieran sido clasificadas con categoría 2, 3, 4 ó 5, según normativas del Banco Central de la República Argentina, en ambos casos durante el período comprendido entre el 1º de enero del año 2000 y el 10 de diciembre de 2003, siempre y cuando esas deudas hubieran sido canceladas o regularizadas al momento de entrada en vigencia de la presente ley o lo sean dentro de los 180 días posteriores a la misma. La suscripción de un plan de pagos por parte del deudor, o la homologación del acuerdo preventivo o del acuerdo preventivo extrajudicial importará la regularización de la deuda, a los fines de esta ley.
Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, el acreedor debe comunicar a todo archivo, registro o banco de datos al que hubiera cedido datos referentes al incumplimiento de la obligación original, su cancelación o regularización.”(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 26.343 B.O. 9/1/2008)
Mediante, la Ley Nº 26.388 de Reforma del Código Penal se incorpora la previsión legal de diversos delitos informáticos, tales como la distribución y tenencia con fines de distribución de pornografía infantil, violación de correo electrónico, acceso ilegítimo a sistemas informáticos, daño informático y distribución de virus, daño informático agravado e interrupción de comunicaciones. La norma deroga y modifica algunos incisos introducidas por el art. 32 de la Ley 25.326 al Código Penal.
(*) Secretaría de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
Citar: elDial.com - DC2510