Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-711-de-julio-6-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920420b55f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-22 15:53:47
Document Index: 269257410

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 105', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 37', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 105']

﻿ SENTENCIA C-711 DE JULIO 6 DE 2005
SENTENCIA C-711 DE 06 DE JULIO DE 2005
CONTENIDO:REUNIONES Y DESFILES PÚBLICOS. LA EXIGENCIA LEGAL DEL ANUNCIO PREVIO NO ES EXIGIBLE PARA REUNIONES PRIVADAS, NI PARA MANIFESTACIONES O DESFILES QUE SE LLEVEN A CABO DENTRO DE ESPACIOS QUE NO SON PÚBLICOS O DE USO PÚBLICO, O EN RECINTOS PRIVADOS. SE ESTA A LO RESUELTO A LA SENTENCIA C-24 DE 1994, EN CUANTO AL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 105 DEL DECRETO 1355 DE 1970, POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE POLICÍA. SOBRE EL INCISO SEGUNDO DEL MISMO ARTÍCULO, SE INHIBE DE PRONUNCIARSE DE FONDO, POR INEPTA DEMANDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ESPACIO PÚBLICO, DERECHO DE REUNIÓN, FACULTADES DEL POLICÍA JUDICIAL, ACTUACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL, FUNCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL
Sentencia C-711 de julio 6 de 2005
Sentencia C-711 de 2005
Ref.: Expediente D-5583
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 105 del Decreto-Ley 1355 de 1970 “por el cual se dictan normas sobre policía”.
Actor: Néstor Mario Herrera Loaiza
“ART. 105.—La policía podrá impedir la realización de reuniones y desfiles públicos que no hayan sido anunciados con la debida anticipación.
2. Lo que se debate. Cosa juzgada e inhibición.
Al momento de admitir esta demanda, el magistrado sustanciador hizo la advertencia de que si bien existía un pronunciamiento previo de la Corte sobre el artículo 105 del Código de Policía en la Sentencia C-024 de 1994, este se dio en lo concerniente al artículo 37 de la Constitución y respecto del inciso primero del artículo 105. Por consiguiente, admitió la acusación contra todo el artículo 105, por supuestamente infringir el artículo 20 de la Carta.
El artículo acusado dice:
Y las explicaciones que suministró el actor para impugnar su constitucionalidad, son las siguientes:
“Es así como debemos entender que dicha norma [art. 105] esta limitando este derecho de reunión y por ende de opinión, a unas condiciones como son : falta de anuncio con la debida anticipación y cuando no cumpla con los objetivos señalados en ella.
En virtud de lo anterior, encontramos que existe en nuestro ordenamiento jurídico una norma de carácter superior que garantiza a todas las personas estas libertades, sin más limitantes que el de una responsabilidad social y en condiciones de equidad; de esta manera tenemos que nuestra carta política consagra en su artículo 20 la libertad de opinión, prensa e información, garantizando cualquier forma de difusión de esta y sin contemplar una serie de requisitos que en el caso concreto y sin tener problemas de orden público, no dan pié (sic) para impedir por parte de la policía, la realización de reuniones o desfiles públicos que no hayan subsanado el requisito más que absurdo de cumplir con los objetivos señalados en un aviso que de una u otra manera no garantiza el normal funcionamiento respecto a la seguridad, tranquilidad y moralidad que constituyen en síntesis, los elementos de orden público.
En definitiva, dicha norma se encuentra violando un precepto constitucional, puesto que la norma superior no establece ningún tipo de requisitos para el ejercicio del derecho de opinión, cualquiera que sea la forma de hacerlo o expresarlo, que para el caso concreto es la reunión el desfile” (fls. 3 y 4).
En efecto: el artículo 20 de la Constitución garantiza la libertad de expresión, opinión, la garantía de informar y ser informado, de fundar medios de comunicación. Así mismo, señala que los medios son libres, con responsabilidad social. Y que no habrá censura. Es decir, el artículo 20 de la Carta garantiza la libertad de pensamiento y de expresión, y, como lo afirma el actor, no establece más exigencias que la responsabilidad social.
Todo lo contrario sucede en el artículo 37 de la Constitución, en el cual se delega precisamente en la ley lo concerniente a la posibilidad de limitar el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación pública y pacífica.
Dice el artículo 37:
“Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho” (se destaca).
Entonces, el argumento único y central del que parte el actor —que la norma legal acusada al establecer limitaciones en el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación, viola una norma constitucional que no permite que se introduzcan exigencias legales—, no es cierto y, por consiguiente, la demanda sub examine carece del mínimo sustento constitucional que permitiera realizar el respectivo examen de inexequibilidad.
Aunado a lo anterior, como se advirtió, en la Sentencia C-024 de 1994, la Corte examinó los artículos relativos al derecho de reunión y manifestación pacífica: artículos 102 y 105 del Decreto 1355 de 1970, y declaró la exequibilidad, con base en las siguientes consideraciones:
“8.3. Artículos relativos al derecho de reunión y manifestación pacífica.
“ART. 102.—Toda persona puede reunirse con otras o desfilar en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin lícito.
Inciso 4º. Modificado. D. 522 de 1971, art. 188. Dentro de las 24 horas siguientes al recibo del aviso la autoridad podrá, por razones de orden público y mediante resolución motivada, modificar el recorrido del desfile, la fecha, el sitio y la hora de su realización.
ART. 105.—La policía podrá impedir la realización de reuniones y desfiles públicos que no hayan sido enunciados con la debida anticipación.
La Corte Constitucional considera que las disposiciones anteriores no limitan ni restringen el derecho fundamental de reunión consagrado en el artículo 37 de la Constitución y que las disposiciones acusadas son normas razonables establecidas para el mantenimiento del orden público. Así pues, la Corte comparte el concepto tanto de los ministros de Gobierno y Defensa y del Procurador, en el sentido que las normas acusadas no contravienen la Constitución, pues no contienen cosa distinta que mecanismos para hacer efectivos los derechos fundamentales, en aras de la convivencia pacífica, teniendo en cuenta la función eminentemente preventiva y persuasiva, que por mandato constitucional corresponde ejercitar a la Policía Nacional. Ahora bien, la Corte desea aclarar el sentido del concepto “orden público”, utilizada por el inciso cuarto de esta norma, con el fin de que las autoridades políticas hagan un correcto uso de la misma. En este sentido, García de Enterría nos dice que “el orden público es hoy en todos los países occidentales el ejemplo más claro de lo que más atrás hemos llamado un concepto jurídico indeterminado: no puede ser una facultad discrecional de la administración determinar a su arbitrio si existe o no perturbación del orden público, o amenaza de la misma, o incluir el más inicuo de los actos de la vida privada entre los actos contrarios al orden. Y por ello por razones muy simples: porque el criterium central que hemos utilizado para separar la discrecionalidad de los conceptos jurídicos indeterminados, la unidad de solución justa, se cumple en el caso con fácil evidencia: una misma situación no puede ser a la vez conforme y contraria al orden, como un mismo señor puede ser designado alcalde o no designado, sin perjuicio de que la vida social reserve necesariamente un “margen de apreciación” de cierta holgura —nunca en todo caso una discrecionalidad a la administración para su calificación” (1) . Por tanto la norma será declarada exequible” (M.P. doctor Alejandro Martínez Caballero).
Considera ahora la Corte pertinente hacer la siguiente distinción: la exigencia legal del anuncio previo declarada constitucional por esta corporación en la Sentencia C-024 de 1994, se circunscribe a las reuniones públicas y a los desfiles que se realicen en sitios públicos o de uso público, lo que implica que requisitos de tal índole no pueden exigirse tratándose de reuniones privadas, ni para manifestaciones o desfiles que se lleven a cabo dentro de espacios que no son públicos o de uso público, o en recintos privados.
En conclusión : el actor, en la demanda sub examine, no cumplió dos de los requisitos para el examen de constitucionalidad respectivo: (i) señalar las normas constitucionales que se estiman infringidas y (ii) exponer las razones por las cuales dichos textos constitucionales se estiman violados (D. 2067/91, art. 2º), pues, basó la acusación en una norma constitucional que no sólo no es la pertinente, sino que omitió referirse a la que sí es pertinente y que establece precisamente que el legislador puede consagrar las limitaciones legales que reprocha. A su vez, estas limitaciones fueron objeto de pronunciamiento anterior de la Corte (Sent. C-024/94), que las encontró exequibles, cuando se trata de reuniones públicas o de desfiles públicos. No hay tal exigencia previa cuando se trata de reuniones privadas o desfiles en recintos privados.
Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-024 de 1994, en cuanto al inciso primero del artículo 105 del Decreto 1355 de 1970 “por el cual se dictan normas sobre policía”. Sobre el inciso segundo del mismo artículo, se inhibe de pronunciarse de fondo, por inepta demanda.
(1) García de Enterría, Eduardo. La lucha contra las inmunidades del poder. Tercera edición. Cuadernos Civitas. Madrid, 1983, pág. 63. Véase igualmente al respecto la jurisprudencia contenciosa francesa de principios de siglo, en la que se anularon actos locales que prohibían tocar las campanas de las iglesias, por considerar que tales conductas no alteran por sí mismas el orden público. En: Waline, Droit Administratif. 7a. edición, París, 1957, pág. 578.