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Timestamp: 2019-04-22 02:00:27
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diariolaley - Documento Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia 429/2018 de 19 Mar. 2018, Rec. 2070/2017
S TS 19/3/2018
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Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia 429/2018 de 19 Mar. 2018, Rec. 2070/2017
Nº de Recurso: 2070/2017
Diario La Ley, Sección Reseña de Sentencias, 30 de Marzo de 2018, Editorial Wolters Kluwer
LA LEY 13030/2018
INTERÉS CASACIONAL. IRPF. Actividades profesionales. Abogados. Reducción de los rendimientos obtenidos con un periodo de generación superior a dos años. Interpretación del art. 32.1, LIRPF. Los ingresos obtenidos por los abogados en defensa procesal en un litigio extendido por más de 2 años, percibidos de una sola vez o en varias en el mismo ejercicio, se consideran generados en un periodo superior a 2 años a los efectos de acogerse a la reducción de los rendimientos netos prevista en dicho precepto. La interpretación de la excepción que excluye la reducción en caso de que los rendimientos procedan del ejercicio de una actividad económica regular o habitual ha de hacerse por referencia a los ingresos obtenidos por el sujeto pasivo, no atendiendo a lo que, real o supuestamente, sean las características del sector o profesión. La carga de la prueba de que concurre el presupuesto de hecho que habilita la citada excepción compete a la AEAT.
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto contra sentencia del TSJ Madrid relativa a liquidación girada en concepto de IRPF, sentencia que casa y estimando en su lugar el recurso contencioso-administrativo resuelve declarando la nulidad de los actos administrativos impugnados en él, por ser disconformes con el ordenamiento jurídico.
Esta Sala ha visto , constituida en su Sección Segunda por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación nº 2070/2017, interpuesto por el procurador don Fernando Díaz-Zorita Cantó, en nombre y representación de DON Jacobo , contra la sentencia de 27 de marzo de 2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nº 882/2015 (LA LEY 43780/2017) (ES:TSJM:2017:2968), relativa a liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Ha comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.
1. El presente recurso de casación tiene por objeto la sentencia pronunciada el 27 de marzo de 2017 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (ES: TSJM:2017:2968), que desestimó el recurso nº 882/2015 , en que se había impugnado la resolución de 26 de mayo de 2015, dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Madrid, desestimatoria a su vez de la reclamación formulada contra la liquidación provisional del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) del ejercicio 2009, en cuanto a la reducción prevista en el artículo 32.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (LA LEY 11503/2006) (LIRPF).
c) Agotada la vía administrativa, el Sr. Jacobo formuló reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Madrid, que fue estimada en parte, en lo relativo a la sanción impuesta -que quedó anulada-, y desestimada respecto a la solicitud de rectificación de la autoliquidación de 2009, en cuanto a la mencionada reducción del 40 por 100. En su resolución de 26 de mayo de 2015, el TEAR consideró que no resultaba de aplicación la reducción a los rendimientos que proceden del ejercicio de una actividad que de forma habitual produce rendimientos irregulares. Razona el órgano administrativo de revisión que el propio interesado admite que en 2007 y 2011 también percibió rendimientos generados en varios años, lo que demuestra que, aunque desarrolle varios tipos de asesoramiento y al margen de cómo minute los honorarios, su actividad da lugar de forma regular a la obtención de rendimientos derivados de la asistencia jurídica en procedimientos judiciales que se prolongan más de dos años, pero los honorarios se devengan por cada actuación y el periodo de generación no se corresponde con la duración del pleito ni de cómo se facturen para el cobro.
"[...] en el ejercicio 2009 únicamente la factura nº NUM000 , relativa al proceso de quiebra número 175/1990 del Juzgado nº 2 de Lugo, fue girada por servicios desarrollados más de dos años, y que según manifiesta el recurrente, corresponde a un trabajo realizado a lo largo de 19 años. En consecuencia, no procede aplicar la reducción cuestionada, toda vez que lo que pretende con esa previsión el art. 32.1 de la Ley 35/2006 (LA LEY 11503/2006) es que rendimientos en principio irregulares tributen como rendimientos regulares (por la razón de que se perciben de forma habitual), pero no que un rendimiento regular en el conjunto de la actividad que se lleva a cabo, se convierta en irregular.
SEGUNDO.- Preparación y admisión del recurso.
2. En tal escrito identificó como infringidas las siguientes normas: (i) el artículo 32, apartado 1 de Ley del IRPF ; (ii) los artículos 105 (LA LEY 1914/2003) y 106 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LA LEY 1914/2003) (LGT ) y 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; (iii) los artículos 24 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) , 67 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa (LJCA ) y 218 LEC ; y (iv) los artículos 1 (LA LEY 2500/1978) , 10 (LA LEY 2500/1978) y 38 CE (LA LEY 2500/1978) .
3. También considera conculcadas: (i) la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, contenida en las sentencias de 15 de julio de 2004 (casación para la unificación de doctrina 1364/1999 (LA LEY 1888/2004); ES:TS:2004.5235 ) y 1 de febrero de 2008 (casación para la unificación de doctrina 183/2003 (LA LEY 1708/2008) ; ES:TS:2008:406); (ii) la doctrina de las sentencias del Tribunal Constitucional 20/1982, de 5 de mayo (LA LEY 13497-JF/0000) ( ES:TC:1982 : 20 ), 144/1991, de 1 de julio (LA LEY 55801-JF/0000) ( ES:TC:1991 : 144 ), 88/1992, de 8 de junio (LA LEY 55873-JF/0000) ( ES:TC:1992 : 88 ) y 91/1995, de 19 de junio (LA LEY 13092/1995) (ES:TC:1995:91); y (iii) la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 15 de julio de 2002 (casación 2313/2000 (LA LEY 7240/2002); ES:TS :2002:5315).
4. La Sala de instancia tuvo por preparado el recurso mediante auto de 20 de abril de 2017 y la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo lo admitió a trámite en otro de 21 de junio de 2017, en el que, considerando que concurre la circunstancia de interés casacional objetivo prevista en el artículo 88.3.a) LJCA (LA LEY 2689/1998) , señala que la cuestión que presenta ese interés consiste en lo siguiente:
"Precisar si los rendimientos netos de actividades económicas con un período de generación superior a dos años, y los calificados reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, quedan exceptuados de la reducción contemplada en el artículo 32.1, párrafo primero, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (LA LEY 11503/2006), del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, cuando proceden de una actividad que de forma habitual genera ese tipo de rendimientos".
TERCERO.- Interposición del recurso de casación.
2. Inicia su escrito denunciando que la sentencia impugnada ha incurrido en incongruencia extra petitum y omisiva, con infracción de los artículos 24 CE (LA LEY 2500/1978) , 67 LJCA y 218 LEC y con desconocimiento de la doctrina contenida en las sentencias del Tribunal Constitucional 20/1982 (LA LEY 13497-JF/0000) , 144/1991 (LA LEY 55801-JF/0000) , 88/1992 (LA LEY 55873-JF/0000) y 91/1995 (LA LEY 13092/1995) , ya referenciadas. Precisa que el artículo 32.1 LIRPF (LA LEY 11503/2006) contempla dos supuestos de reducción: (i) rendimientos con un periodo de generación superior a dos años y (ii) rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, siendo así que su pretensión se refería a los primeros. No obstante, la sentencia argumenta y decide respecto de los segundos y nada dice sobre los primeros, pese a haber acreditado los requisitos necesarios para su reducción. De acuerdo con ello, interesa la casación de la sentencia recurrida por incongruente y el dictado de otra nueva que analice y resuelva su verdadera pretensión.
3. En segundo lugar denuncia la infracción del artículo 32.1 LIRPF (LA LEY 11503/2006) y "normas complementarias sobre carga de la prueba" .
3.1. Indica que el artículo 32.1 LIRPF (LA LEY 11503/2006) contiene en el primer párrafo una regla general de reducción y en el último contempla supuestos de excepción. Reitera que la regla general es doble, ya que afecta a los rendimientos con un periodo de generación superior a dos años y a los calificados reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular, supuesto este segundo que no ha sido el invocado en la demanda. Lo que pretende -subraya- es la reducción por rendimientos netos con periodo de generación superior a dos años .
3.3. Razona que el artículo 32.1 LIRPF (LA LEY 11503/2006) debe ser interpretado a la luz de la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2008 (recurso de casación para la unificación de doctrina nº 183/2003 (LA LEY 1708/2008) , ya citada).
3.4. Considera que la Administración se equivoca cuando aplica la excepción del último párrafo del artículo 32.1 LIRPF (LA LEY 11503/2006) . La excepción afecta a los rendimientos que proceden del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtengan tal tipo de rendimientos. Entiende que la regla de una actividad es lo que marca el comportamiento común o normal, y no lo singular o esporádico. Añade que lo habitual es lo que se hace continuamente o por hábito , siendo el hábito lo "uniforme, típico, distintivo" y lo "acostumbrado" . Recuerda que en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, se contrapone lo "habitual" a lo "ocasional" .
3.7. Sostiene, por el contrario, que en la instancia ha acreditado la no concurrencia de los requisitos que han de estar presentes para que opere la excepción a la reducción. Afirma que a efectos de retribución existen muy diferentes clases de abogacía, pues, en virtud de los artículos 1 (LA LEY 2500/1978) , 10 (LA LEY 2500/1978) y 38 CE (LA LEY 2500/1978) , no existe una actividad económica de abogacía que pueda considerarse como tipo , bastando el examen de los registros de ingresos, aportados a las actuaciones, para comprobar que su actividad como abogado no encaja en una sola modalidad, pues realiza labores muy diversas, con diferentes sistemas de minutación. Insiste en que su actividad económica sólo ocasional o irregularmente da lugar a facturación de servicios que abarquen más de dos años. De las 46 facturas emitidas en el ejercicio 2009, 45 son por servicios de un año o menos. Si para juzgar la habitualidad se computa, no sólo el ejercicio 2009, sino el periodo comprendido entre los años 2003 y 2010 se comprueba la emisión de 304 facturas, produciéndose la obtención de rendimientos por servicios de más de dos años en dos ejercicios: 2007 (cuatro facturas) y 2009 (una factura).
4. Solicita que se reconozca que le es aplicable la regla general de reducción del artículo 32.1 LIRPF (LA LEY 11503/2006) y que no lo es la excepción esa norma, contemplada en el párrafo tercero del mismo precepto, por lo que procede la casación de la sentencia recurrida y, con estimación del recurso contencioso-administrativo, la anulación de los actos administrativos impugnados, reconociendo el derecho a la reducción de la base imponible del IRPF de 2009, con la consecuente devolución de lo indebidamente ingresado, más los intereses de demora.
CUARTO.- Oposición al recurso de casación por la Administración.
2. Destaca que la norma que contiene el último párrafo del artículo 32.1 LIRPF (LA LEY 11503/2006) no existía con anterioridad, sino que fue introducida en nuestro sistema tributario por la Ley 35/2006 (LA LEY 11503/2006), que, en virtud de su disposición final octava , se aplica al ejercicio 2009.
3. Opina que las sentencias del Tribunal Supremo invocadas de contrario no son aplicables al caso litigioso pues se refieren a liquidaciones del IRPF de ejercicios anteriores a la entrada en vigor del artículo 32.1 LIRPF (LA LEY 11503/2006) .
5. Considera que la actividad propia de la abogacía tiene pleno encaje en la previsión contenida en el último párrafo del artículo 32.1 LIRPF (LA LEY 11503/2006) , puesto que de forma regular o habitual los expedientes propios de la actividad de abogado exigen una dedicación superior a dos años, cobrándose los honorarios, o una parte sustancial de los mismos, una vez terminado el expediente.
6. Razona que el matiz introducido por la Ley 35/2006 (LA LEY 11503/2006) en la regulación de los rendimientos irregulares obliga a calificar en abstracto las actividades profesionales, de manera que si en ellas es habitual que los rendimientos se perciban después de dedicar más de dos años de trabajo a un encargo o asunto, y la actividad viene a desarrollarse mediante una sucesión de ese tipo de encargos o asuntos, los rendimientos no pueden calificarse fiscalmente como irregulares.
7. Matiza que podría admitirse que una renta se calificase de irregular a efectos tributarios cuando la prestación constituyese la única actividad desarrollada por el sujeto pasivo a lo largo de un periodo superior a dos años, concurriendo en tal caso una excepción cualificada, como es el caso resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en las Palmas (Sección 1ª), del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la sentencia de 13 de octubre de 2015 (recurso nº 415/2013 (LA LEY 242540/2015)).
8. Añade que el legislador ha querido que en las actividades profesionales o económicas en que esa circunstancia concurre habitualmente, la corrección del exceso de progresividad del impuesto no pueda justificarse en el hecho de que el asunto haya exigido un esfuerzo desplegado en varios ejercicios. Simplemente, la nueva norma no admite la calificación como renta irregular cuando en el ejercicio de la actividad las operaciones supuestamente irregulares se suceden con habitualidad. Invoca en este sentido las sentencias de las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia de la Comunidad Valenciana -Sección 3ª- de 2 de noviembre de 2012 (recurso nº 543/2010 (LA LEY 209428/2012); ES:TSJCV:2012:6394 ) y de Cataluña -Sección 1ª- de 16 de octubre de 2015 (recurso 309/2012 (LA LEY 193866/2015); ES:TSJCAT :2015:11043).
9. Considera que la sentencia recurrida no es incongruente, pues ha tenido en cuenta los dos supuestos que contempla el artículo 32.1 LIRPF (LA LEY 11503/2006) y concluye que no es aplicable la reducción pretendida del 40%.
11. Entiende que la tesis del recurrente, valorando la prueba, podría admitirse si estuviéramos en un recurso de apelación, pero no es posible tal análisis en un recurso de casación cuyo objeto es fijar jurisprudencia con efectos erga omnes. A estos efectos, sostiene que cuanto existen pluralidad de rendimientos obtenidos y generados en un periodo superior a dos años, de forma continua y habitual -años 2007, 2009, 2011- concurre el supuesto de excepción del artículo 32.1 LIRPF (LA LEY 11503/2006) , tercer párrafo, para no reconocer la reducción del 40%.
QUINTO. - Vista pública y deliberación, votación y fallo.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 92.6 LJCA (LA LEY 2689/1998) , se convocó a las partes a una vista pública, que tuvo lugar el 6 de marzo de 2018, en que las partes comparecidas, por su orden, expusieron los argumentos que tuvieron por conveniente en defensa de sus tesis, ratificándose en sus respectivas pretensiones y dando respuesta a las preguntas que les fueron formuladas por la Sala.
El objeto de este recurso de casación consiste en determinar si la sentencia pronunciada por la Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia (en su Sección 5ª) de Madrid, es o no conforme a Derecho en lo que atañe a la interpretación que efectúa del artículo 32.1 de la LIRPF (LA LEY 11503/2006) .
El recurrente denuncia la supuesta incongruencia, tanto extra petita como omisiva, en que habría incurrido la sentencia, porque aborda el asunto litigioso negando que estemos en presencia de rendimientos irregulares. Afirma al respecto que el artículo 32 LIRPF (LA LEY 11503/2006) habla de dos categorías diferentes, determinantes ambas de la reducción del 40 por 100 (hoy en día, del 30 por 100): Los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así como aquéllos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo , siendo así que la sentencia sólo examinó la inexistencia de rendimientos irregulares -ajenos a los que deben debatirse-, lo que determina, siempre en opinión de la parte recurrente, que se haya omitido la debida respuesta sobre la cuestión efectivamente suscitada.
La denuncia de incongruencia no debe prosperar. Al margen de la dificultad de incardinar este vicio in procedendo de la sentencia, como acto procesal, en la dinámica de la nueva regulación del recurso de casación -no se puede desconocer que la cuestión ahora examinada no ha sido incluida en el auto de admisión como necesitada de esclarecimiento o concreción, antes bien la cuestión que debe precisarse atiende exclusivamente a la interpretación de las normas sustantivas aplicadas, esto es, al artículo 32.1 LIRPF (LA LEY 11503/2006) -, la pretendida incongruencia no tiene otro origen que un equívoco puramente terminológico o de nomenclatura, con arreglo al cual se denominan en la sentencia a quo , indistintamente, como irregulares, a unos y otros rendimientos definidos en el párrafo primero del citado artículo, esto es, a los propiamente irregulares y a los generados en periodo superior a dos años.
Es claro y evidente que la sentencia ha dado una respuesta motivada y específica a la cuestión efectivamente planteada, pues la referencia a los rendimientos irregulares debe entenderse rectamente referida a los aquí concernidos, como lo demuestra, de forma irrebatible, que se haya examinado la excepción o salvedad contenida en el párrafo tercero del artículo 32.1 y su concurrencia en el asunto litigioso, pues ésta, dados sus términos literales, sólo excepciona una de las modalidades acreedoras de la reducción, precisamente aquélla a que se acoge el Sr. Jacobo . Además, la sentencia de 1 de febrero de 2008 (recurso de casación para la unificación de doctrina nº 183/2003 (LA LEY 1708/2008) (ES:TS :2008:406), que invoca el recurrente en favor de su tesis, utiliza también la misma denominación de irregulares para referirse a los ingresos generados en un lapso temporal superior a los dos años.
TERCERO.- La interpretación procedente acerca de los conceptos jurídicos indeterminados que introduce el artículo 32.1 LIRPF (LA LEY 11503/2006) .
Pues bien, la primera conclusión que debemos establecer es que los rendimientos percibidos por un abogado, en el ejercicio de su profesión, como retribución por sus servicios de defensa jurídica en procesos judiciales que se han prolongado más de dos años y se han percibido a su finalización, en un solo periodo fiscal, deben entenderse, a los efectos de su incardinación en el artículo 32.1, párrafo primero, de la ley del IRPF , como generados en un periodo superior a los dos años. Con ello no hacemos sino seguir la doctrina establecida en nuestra sentencia de 1 de febrero de 2008 (recurso de casación para la unificación de doctrina nº 183/2003 (LA LEY 1708/2008) ), que se remite a su vez a otra anterior de 15 de julio de 2004, pronunciada en el recurso de casación para la unificación de doctrina nº 1364/1999, referida ésta a un arquitecto.
Es cierto que la regulación ha cambiado sustancialmente a partir de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (LA LEY 11503/2006), del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pero sólo en la parte en que se introdujo la exclusión de la reducción, pero la tipificación de los casos a los que se reconocía la reducción del 40 por 100 permanecía igual a la establecida en su precedente inmediatamente anterior, el artículo 30 del texto refundido de la Ley del IRPF , aprobado por Real Decreto legislativo 3/2004, de 5 de marzo (LA LEY 372/2004), y también semejante a versiones anteriores, como el artículo 27 de la Ley 44/1978 (LA LEY 1734/1978) , precepto examinado en la sentencia precedente de esta Sala, referida al ejercicio 1986.
2) La segunda de las cuestiones interpretativas que el artículo 32.1, tercer párrafo, LIRPF (LA LEY 11503/2006) nos suscita y cuyo análisis resulta preciso para desentrañar su verdadero sentido y finalidad, a fin de resolver en consecuencia el recurso de casación que nos ocupa, es la de si para determinar la exclusión de los rendimientos que, aun referidos a periodos de generación superiores a los dos años, procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos, ha de considerarse la profesión, actividad o sector a que pertenezca el sujeto pasivo o, por el contrario, debe estarse a la índole de los ingresos propios de cada contribuyente.
Tal interpretación refleja una concepción restrictiva de la profesión de abogado, centrada en la actividad procesal o de asistencia jurídica en litigios y da por supuesta, sin ningún razonamiento ni prueba, una verdad axiomática que no cabe compartir, pues sugiere la configuración de tales actividades o prestaciones como las únicas o, al menos, las más características o genuinas de la profesión, excluyendo otras posibles. Por ello es imprescindible que, para aplicar la excepción del párrafo tercero del tan reiterado artículo 32.1 LIRPF (LA LEY 11503/2006) , deba atenderse a la singular situación personal del contribuyente sometido a regularización, a la índole concreta de su actividad (defensa en juicio, asesoramiento, consulta, arbitraje, asistencia a órganos de administración mercantil, etc.) y a la naturaleza de los rendimientos obtenidos en su ejercicio, con respecto a los cuales se pueda precisar cuáles son los regular o habitualmente obtenidos.
En el seno del proceso judicial sucede lo mismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) , de aplicación supletoria en nuestra jurisdicción, cuyo apartado 3 prescribe que "...incumbe al demandado...la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior...", esto es, los hechos en que se funde la pretensión de la demanda.
El motivo que justifica la reducción fiscal reconocida, desde la ley del IRPF de 1978 (LA LEY 1734/1978), reside en la necesidad, tanto de justicia tributaria como de capacidad económica, de mitigar los efectos de la progresividad sobre rentas que tributan íntegramente en un solo ejercicio pero que han sido obtenidas en contraprestación de trabajos o servicios realizados en periodos de tiempo mayores, al menos de dos años conforme a la ley vigente. Por su parte, la razón de ser de la excepción debe ser comprendida en presencia de esa misma finalidad, de modo que si lo habitual o lo regular es la percepción de tales ingresos cuyos periodos de generación superen el umbral temporal legalmente previsto, en tal caso la reducción sería un privilegio irritante e injustificable, pues en nada se diferenciarían aquéllos de los obtenidos de forma regular.
Con arreglo a lo que establece el artículo 93.1 LJCA (LA LEY 2689/1998) , procede, en función de todo lo razonado precedentemente, responder a la cuestión suscitada en el auto de admisión, consistente en "precisar si los rendimientos netos de actividades económicas con un período de generación superior a dos años, y los calificados reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, quedan exceptuados de la reducción contemplada en el artículo 32.1, párrafo primero, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (LA LEY 11503/2006), del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, cuando proceden de una actividad que de forma habitual genera ese tipo de rendimientos".
1. Los ingresos obtenidos por un abogado, en el ejercicio de su profesión, por su actuación de defensa procesal en un litigio cuya duración se haya extendido más de dos años, cuando se perciban de una sola vez o en varias en el mismo ejercicio, se consideran generados en un periodo superior a dos años a los efectos de acogerse a la reducción de los rendimientos netos prevista al efecto en el artículo 32.1, párrafo primero, de la LIRPF (LA LEY 11503/2006) .
3 . La carga de la prueba de que concurre el presupuesto de hecho que habilita la citada excepción incumbe a la Administración, que deberá afrontar los efectos desfavorables de su falta de prueba. Tal carga comporta obviamente la de justificar y motivar las razones por las que considera que la reducción debe excluirse.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA (LA LEY 2689/1998) , no procede declaración expresa de condena a las costas de la casación, ni tampoco respecto de las de instancia, dado que es regla general de esta Sala, por lo común, presuponer que hay razones para su dispensa, conforme a la excepción del apartado 1 del artículo 139 LJCA (LA LEY 2689/1998) , en el hecho de que la parte que resulta perdedora del litigio como efecto del recurso de casación hubiera resultado victoriosa en principio, a tenor del fallo de la sentencia casada.
2°) Haber lugar al recurso de casación interpuesto por el procurador don Fernando Díaz-Zorita Cantó, en nombre y representación de DON Jacobo , contra la sentencia de 27 de marzo de 2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nº 882/2015 (LA LEY 43780/2017) , sentencia que se casa y anula.