Source: https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/806065805
Timestamp: 2020-08-06 19:08:56
Document Index: 57584946

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 124', 'ARTÍCULO 124', 'ARTÍCULO 124', 'Artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 115', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 41', 'artículo 19', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 41', 'artículo 29', 'Artículo 105', 'artículo 34', 'artículo 124', 'artículo 150', 'artículo 21', 'artículo 124', 'artículo 747', 'artículo 124', 'artículo 21', 'Artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 124', 'artículo 57', 'artículo 70', 'artículo 12', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 115', 'artículo 41', 'Artículo 105', 'artículo 124', 'artículo 115', 'artículo 41', 'artículo 115', 'artículo 124', 'artículo 9', 'Artículo 747', 'Artículo 163', 'artículo 124', 'Artículo 19', 'artículo 21', 'Artículo 20', 'Artículo 105', 'Artículo 45', 'Artículo 10', 'Artículo 36', 'Artículo 38', 'Artículo 70', 'Artículo 12', 'artículo 25', 'Artículo 105', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'artículo 105', 'Artículo 105', 'Artículo 44']

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 806065805
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 215/2017. MUNICIPIO DE JOJUTLA, ESTADO DE MORELOS.I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE DE UN AYUNTAMIENTO ES UN ACTO QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE ESE ÓRGANO, LO QUE JUSTIFICA SU INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE UN AYUNTAMIENTO (ACUERDO POR EL QUE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ORDENA DESTITUIR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE JOJUTLA DE ESA ENTIDAD). V. DESTITUCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LA INTERPRETACIÓN CONFORME DE LA NORMATIVA QUE LA REGULA PERMITE CONSIDERAR QUE EL VOCABLO "INFRACTOR" NO INCLUYE A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). VI. DESTITUCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. EL TRIBUNAL RESPECTIVO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE ATRIBUCIONES PARA ORDENARLA, TODA VEZ QUE ELLO ES FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE JOJUTLA DE ESA ENTIDAD). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE ÚNICAMENTE TIENE EFECTOS RESPECTO DEL MUNICIPIO ACTOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL ACUERDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS POR EL QUE SE ORDENÓ LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE JOJUTLA DE ESA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 215/2017. MUNICIPIO DE JOJUTLA, ESTADO DE MORELOS. 24 DE ENERO DE 2018. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS A.P.D., J.L.P., J.F.F.G.S.Y.E.M.M.I. AUSENTE: M.B. LUNA RAMOS. PONENTE: A.P.D.. SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.
PRIMERO.—Demanda. Por escrito recibido el seis de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.F.Q., en su carácter de síndica del Ayuntamiento de Jojutla, Estado de M., promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades del Estado de M. que a continuación se señalan:
1. Artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., publicado en el Periódico Oficial de la entidad, de seis de septiembre de dos mil.
3. La sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el trece de marzo de dos mil diecisiete, en la que declaró procedente la imposición de la medida de apremio consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, M..
2. El veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., por conducto del actuario adscrito al mismo, notificó al Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, el acuerdo de trece de marzo del año citado, por el que se impone al presidente municipal, como sanción por incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral número **********, la destitución del cargo, es decir, la revocación del mandato constitucional, fundándose en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad.
La disposición referida está "encaminada para aquellos que ostentan el carácter de funcionarios, que por su naturaleza son designados mediante el nombramiento correspondiente de un superior jerárquico y para operar una administración pública; pero la invasión o intromisión de la esfera competencial del Ayuntamiento que represento se actualiza, al momento que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., atenta contra la integración del Ayuntamiento que represento, al ordenar de manera flagrante e inconstitucional, la destitución o revocación de mandato de aquellos ciudadanos que son electos por el mandato del pueblo, a través del voto o sufragio y mediante un proceso político electoral, como lo es el presidente municipal de Jojutla, M.; y dado que existe un procedimiento único y especial para sancionar y separar del cargo a los integrantes de un C.", resulta que dicha norma transgrede el artículo 115 de la Constitución Federal, pues sólo establece el concepto de "infractor" sin distinguir entre los cargos de elección popular, como ocurre con los miembros de los Ayuntamientos, y los que derivan de un nombramiento expedido por un superior jerárquico.
Tanto la Constitución Federal como la del Estado de M., "prevén un procedimiento único y legal, para proteger la gobernabilidad y estabilidad política y social de un Municipio y Ayuntamiento, ya que es de interés público y colectivo el buen funcionamiento, integración y la no desaparición de un Ayuntamiento, por lo que se dotó de manera única y exclusiva a las Legislaturas Locales con facultades para poder suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, siempre que existan causas graves que la ley local prevenga, y que sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para poder rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan, es decir, salvaguardando, en todo tiempo, los derechos de audiencia y legalidad y procurando la gobernabilidad de los Municipios."
Los numerales 183 y 184 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de M., establecen el procedimiento que debe seguirse para declarar que un Ayuntamiento ha desaparecido o para suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros, por lo que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje carece de competencia para determinar la destitución de algún integrante de un Ayuntamiento, porque el vínculo entre ellos no se refiere a una relación de supra a subordinación del tipo de los que corresponden a su conocimiento, sino que se trata de una relación entre diferentes autoridades o poderes, por lo que no hay duda que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad y su aplicación en el caso, transgreden la Norma Suprema, pues el citado tribunal carece de competencia constitucional para suspender o revocar el nombramiento de los miembros de un Ayuntamiento, lo que afecta gravemente al pueblo de Jojutla, M., y supone una invasión a las atribuciones que constitucionalmente corresponden al Congreso de la entidad y, por tanto, se transgreden también en perjuicio del Municipio actor, los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.
CUARTO.—Admisión a trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de seis de julio de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 215/2017 y, por razón de turno por conexidad, se designó como instructor al Ministro A.P.D..
En auto de diez de julio de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados sólo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de M., así como al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a los que ordenó emplazar para que formularan su contestación; por último, mandó dar vista a la Procuraduría General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
QUINTO.—Contestaciones de demanda. Compareció en representación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., su presidente y Tercer Árbitro, aduciendo que se configuran las siguientes causas de improcedencia: a) la determinación de destitución del presidente municipal de Jojutla, Estado de M., que se combate, constituye una resolución de carácter jurisdiccional en términos de los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad, por lo que en su contra es improcedente la controversia constitucional de conformidad con la tesis número 2a. CVII/2009, intitulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA."; b) la aplicación de la sanción que prevé el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., se hizo válida a partir de la entrada en vigor de la reforma realizada a la Ley Orgánica Municipal, en específico, la fracción XXXIX de su artículo 41, publicada en el Periódico Oficial de la entidad, de veintitrés de enero de dos mil catorce, que establece la obligación del presidente municipal de cumplir y hacer cumplir los laudos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, razón suficiente para considerar que se actualiza el supuesto explicado en la tesis jurisprudencial P. XV/2009, que lleva por rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES A PARTIR DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA ÚLTIMA."; y c) se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, ya que el Municipio actor, promovió previamente las controversias constitucionales 67/2016, 217/2016, 110/2017, 129/2017 y 210/2017, pendientes de resolución, en las que impugnó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M..
En cuanto al fondo, sostiene, esencialmente, que no tiene razón el Municipio actor, al pretender que se declare la invalidez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. y su acto de aplicación, ya que el artículo 41, fracción XXXIX, de la Ley Orgánica Municipal de la entidad establece la obligación a cargo de los presidentes municipales de dar cumplimiento a los laudos emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por lo que, si en términos del numeral 123 de la Ley del Servicio Civil, las resoluciones dictadas por dicho tribunal son inapelables y se cumplirán por la autoridad correspondiente, no hay duda que procede aplicar la sanción prevista en la fracción II del diverso numeral 124 de la citada Ley del Servicio Civil, al funcionario que no cumpla lo ordenado en un laudo, como ocurrió en el caso, ya que el presidente municipal de Jojutla, M., desatendió el laudo dictado en el expediente **********.
Por otro lado, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de M., contestó la demanda el consejero jurídico, quien planteó la improcedencia del juicio por lo siguiente: a) falta de legitimación del Municipio actor en tanto el Ejecutivo de la entidad no ha realizado ningún acto que invada su esfera de competencia, y por la misma razón, se afirma que dicho Ejecutivo carece de legitimación pasiva; y, b) en la demanda no se plantearon conceptos de invalidez por vicios propios de los actos de promulgación y publicación atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado de M., actos que no entrañan afectación o invasión a la esfera de atribuciones de dicho Municipio. En cuanto al fondo, sostiene que la promulgación de la norma impugnada se ajusta a las facultades constitucionales y legales que corresponden al Ejecutivo Local, además de que la sanción de destitución el presidente municipal de Jojutla, M., constituye sólo una medida de apremio para hacer efectivas las determinaciones del órgano jurisdiccional laboral, misma que cuenta con la debida fundamentación y motivación, además de que en el procedimiento relativo se dio intervención a la autoridad municipal.
Por último, en representación del Poder Legislativo del Estado de M., compareció la presidente de la mesa directiva, la que señaló que el Municipio actor carece de interés legítimo, pues el Congreso de la entidad cuenta con facultades, específicamente en términos del numeral 40, fracción II, de la Constitución de la entidad, para expedir, reformar y derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el gobierno y la administración del Estado, por lo que no invade la esfera competencial de dicho Municipio ni vulnera su autonomía, en tanto que sólo se dotó al tribunal laboral local de la atribución de sancionar, por la desobediencia a sus determinaciones, mediante la destitución del infractor sin responsabilidad para el gobierno estatal o municipal, ello con el objeto de que cuente con los medios necesarios para asegurar el respeto a sus decisiones y, con ello, garantizar el derecho de acceso a la justicia en los términos exigidos por el numeral 17 de la Constitución Federal.
SÉPTIMO.—Audiencia, cierre de instrucción y avocamiento. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el nueve de noviembre de dos mil diecisiete se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas y aportadas durante la instrucción del juicio, se asentó que las partes no formularon alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
El Municipio actor impugna el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., publicada en el Periódico Oficial de la entidad de seis de septiembre de dos mil, con motivo de su aplicación efectuada en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el trece de marzo de dos mil diecisiete, en la que declaró procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, M., que motivó que el presidente Ejecutor del Tribunal Estatal demandado dictara dentro del juicio laboral **********, el oficio ********** de veinticinco de mayo del último año citado, por el que hizo del conocimiento del mencionado presidente municipal su destitución "para todas las cuestiones jurídicas y administrativas a que haya lugar".
Al respecto, importa tener presente que el numeral 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M.,(1) establece que la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán con la destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios, así como que tal sanción será impuesta en su caso, por el mencionado Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
Ahora bien, de la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. el trece de marzo de dos mil diecisiete,(2) en relación con la determinación de imponer la sanción de destitución al presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, M., por hacer caso omiso del requerimiento que se le hizo en auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, con el fin de que acatara lo determinado en el laudo pronunciado en el juicio laboral **********, se lee:
"Cuernavaca, M.; a trece de marzo del año dos mil diecisiete. Y estando debidamente integrado el Pleno de este Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., se procede a resolver sobre la imposición de la medida de apremio decretada mediante acuerdo de fecha veintidós de noviembre del dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente **********, promovido por el actor (a) **********, consistente en la destitución del presidente municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Jojutla, M., en virtud de no haber dado cumplimiento al laudo de fecha siete de mayo del dos mil nueve.
"ÚNICO: En atención a los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto, por unanimidad de votos, se declara procedente la aplicación de la sanción decretada mediante acuerdo de fecha veintidós de noviembre del año dos mil dieciséis, dictado en los autos del expediente al rubro citado, ante la contumacia en que ha incurrido la parte demandada, esto es:
"Se decreta la destitución del cargo de presidente del Ayuntamiento Constitucional de Jojutla, M., en virtud de no haber dado cumplimiento al requerimiento realizado por esta autoridad; por lo que se ordena girar oficios al C., para que de manera inmediata hagan efectiva la separación del cargo declarada y lo informen a este tribunal.
"Lo anterior, al haberse aplicado la destitución por el incumplimiento a los requerimientos realizados por este H. Tribunal al H. Ayuntamiento de Jojutla, M.
"De lo que se advierte que resulta una obligación del Ayuntamiento de Jojutla, M., el dar total y cabal cumplimiento a cada una de las prestaciones a que fue condenado mediante laudo de fecha siete de mayo del año dos mil nueve, emitido por esta autoridad, de igual forma, este tribunal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria al presente procedimiento, tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, dictando todas las medidas a su alcance a fin de lograr el cumplimiento del laudo por parte del Ayuntamiento demandado, así mismo los artículos 123 y 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. establecen las medidas legales con las que cuenta este tribunal para efecto de hacer cumplir sus determinaciones, artículos que a la letra indican:
"N. personalmente y cúmplase.— Así lo resolvieron y firmaron al margen para constancia legal y al margen (sic) los CC. integrantes de este H. Tribunal Estatal."
En cumplimiento a la determinación del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., su presidente ejecutor dictó auto de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete,(3) contenido en el oficio **********, en el que se lee:
"A. de J.S.M.
"Presidente municipal del H. Ayuntamiento de Jojutla, M.
"En debido cumplimiento al acuerdo dictado con fecha trece de marzo del dos mil diecisiete y atendiendo al estado procesal que guardan los autos del expediente número **********, ... se ordenó girarle el presente para hacerle de su conocimiento que mediante acuerdo de Pleno efectuado el trece de marzo del dos mil diecisiete, los Integrantes del Pleno de este H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, determinaron por unanimidad de votos hacer efectivo al Ayuntamiento demandado el apercibimiento decretado mediante acuerdo de fecha veintidós de diciembre (sic) del dos mil dieciséis en relación con el acuerdo de quince de diciembre de dos mil dieciséis (sic) y en consecuencia se determinó la destitución del C. presidente municipal."
Se sigue de lo anterior, que si en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. el trece de marzo de dos mil diecisiete, se hizo efectivo el apercibimiento hecho en el acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, declarándose procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, M., por no acatar el laudo dictado en el expediente del juicio laboral **********, mismo en que el presidente del mencionado tribunal pronunció el diverso acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, con el fin de hacer efectiva la determinación plenaria, se concluye que esta determinación plenaria de destitución y el referido acuerdo constituyen actos de aplicación de la disposición impugnada en perjuicio del Municipio actor.
Establecido lo anterior, debe tenerse presente que el artículo 21, fracciones I y II, de la ley reglamentaria de la materia,(4) establece que el plazo para la presentación de la demanda, tratándose de actos, será de treinta días contados a partir de que surta efectos su notificación conforme a la ley del propio acto, al que en que se haya tenido conocimiento del mismo o al en que el actor se ostente sabedor de él, así como que tratándose de normas generales, dicho plazo será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de su aplicación.
Por tanto, para determinar sobre la presentación de la demanda, debe destacarse que el Municipio actor fue notificado de manera personal de la determinación tomada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en su sesión de trece de marzo de dos mil diecisiete, de hacer efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio laboral ********** y, por tanto, destituir al presidente municipal, en términos de lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., el viernes veintiséis de mayo de dos mil diecisiete.(5)
Dicha notificación personal surtió efectos el mismo día en que se practicó, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo,(6) de aplicación supletoria, según lo previsto en el numeral 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de M.,(7) por lo que el plazo para presentar la demanda transcurrió del lunes veintinueve de mayo al viernes siete de julio de dos mil diecisiete, descontándose del cómputo respectivo los días veintisiete y veintiocho de mayo, tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio, uno y dos de julio, por haber sido sábados y domingos, respectivamente, ello de conformidad con los artículos 2o. y 3o. de la ley reglamentaria de la materia,(8) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(9) y el punto primero, incisos a) y b) del Acuerdo General 18/2013,(10) dictado por el Pleno de esta Suprema Corte el diecinueve de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de noviembre siguiente, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como los de descanso para su personal.
De esta forma, al haberse recibido la demanda de controversia constitucional en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el jueves seis de julio de dos mil diecisiete, según sello fechador que obra en la misma, debe concluirse que fue promovida oportunamente, por lo que se refiere a la determinación tomada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. en la sesión celebrada el trece de marzo de dos mil diecisiete, en el sentido de hacer efectivo el apercibimiento hecho en el acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, declarándose procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, M., por no acatar el laudo dictado en el expediente del juicio laboral **********, así como en torno al acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, en que el presidente ejecutor del tribunal ordenó hacer efectiva la determinación plenaria.
Por lo que se refiere a la impugnación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil, se advierte que la misma no se realiza en virtud de la publicación de la norma, en tanto ello ocurrió en el Periódico Oficial de la entidad de seis de septiembre de dos mil, sino con motivo de su aplicación. Sin embargo, el cómputo relativo para determinar la oportunidad de su impugnación no puede hacerse a partir de los actos de aplicación controvertidos en esta controversia constitucional, a que se hizo referencia en el párrafo precedente, ya que con anterioridad al trece de marzo de dos mil diecisiete en que se produjeron, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. y su presidente, ya habían aplicado el citado numeral 124, fracción II, al Municipio de Jojutla, M..(11)
Por tanto, los actos de aplicación que ahora impugna el Municipio de Jojutla, M., no lo legitiman para impugnar de nueva cuenta el citado numeral 124, fracción II, en tanto que el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, establece como plazo para presentar la demanda de controversia constitucional en contra de normas generales el de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, sin que pueda reclamarse la misma norma general con motivo de un segundo o ulterior acto de aplicación, tal como se establece en la siguiente jurisprudencia P./J. 121/2006:(12)
En consecuencia, si en la presente controversia no se reclama el primer acto de aplicación, sino uno ulterior, lo que procede es decretar el sobreseimiento, por lo que hace a la impugnación de la disposición general reclamada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19, fracción VII,(13) y 20, fracción II,(14) de la ley reglamentaria de la materia.
Ahora bien, el Municipio actor es uno de los órganos enunciados por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal,(16) legitimado para promover controversia constitucional contra el Estado al que pertenece, respecto de la constitucionalidad de sus disposiciones generales y actos, como lo son el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. y su aplicación.
CUARTO.—Legitimación pasiva. Tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia constitucional el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, todos del Estado de M., el cual les fue reconocido así en el auto dictado por el Ministro instructor el diez de julio de dos mil diecisiete.
a) Poder Legislativo. Por el Poder Legislativo del Estado de M., comparece B.V.A., en su carácter de diputada presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la entidad, titularidad que acredita con la copia certificada del acta de la sesión celebrada el doce de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LIII Legislatura.(21)
b) Poder Ejecutivo. Por el Poder Ejecutivo del Estado de M., comparece J.A.G.C.P., en su carácter de consejero jurídico, lo que acreditó con el periódico oficial de la entidad de diecinueve de abril de dos mil diecisiete,(23) en que se publica su nombramiento.
Establece el artículo 57 de la Constitución Local,(25) que el Poder Ejecutivo de la entidad, se ejerce por el gobernador del Estado, quien está facultado para designar al consejero jurídico conforme al artículo 70, fracción VI, de la propia Constitución del Estado.(26) El gobernador del Estado delegó y autorizó al consejero jurídico para ejercer las facultades y atribuciones que requieran de acuerdo previo, según consta en el acuerdo publicado en el Periódico Oficial de la entidad de once de junio de dos mil quince,(27) por lo que dicho consejero jurídico está facultado para constituirse como representante legal del gobernador del Estado de M., en la presente controversia constitucional.
c) Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M.. Suscribe la contestación de demanda J.M.D.P., en su carácter de presidente y tercer árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, carácter que acredita con la copia fotostática de su nombramiento,(28) por lo que procede reconocerle legitimación en tanto la representación legal de dicho órgano jurisdiccional, corresponde a su presidente en términos de lo dispuesto por el artículo 12, fracción XIII, del reglamento interior del propio Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.(29)
QUINTO.—Causales de improcedencia. Dado que ya se determinó sobreseer en la controversia constitucional por lo que se refiere al artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., procede este Alto Tribunal a examinar las causales de improcedencia hechas valer en cuanto afectan la procedencia de la controversia constitucional en torno a los actos de su aplicación, a saber, la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el trece de marzo de dos mil diecisiete, en la que declaró procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, M., así como el acuerdo de veinticinco de mayo del mismo año, donde se ordena dicha destitución dentro del expediente del juicio laboral **********.
1. Por escrito presentado el once de enero de dos mil siete, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., ********** demandó en la vía ordinaria laboral al Ayuntamiento de Jojutla, M., exigiéndole la reinstalación en el puesto que desempeñaba al ser despido injustificadamente, así como el pago de los salarios caídos y demás prestaciones laborales a que tiene derecho. El juicio se radicó con el número de expediente **********.
2. El citado Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dictó laudo el siete de mayo de dos mil nueve, en el que, por un lado, condenó al Ayuntamiento de Jojutla, M., a la reinstalación y al pago de los salarios caídos y de algunas prestaciones laborales y, por otro lado, lo absolvió del pago de otras prestaciones laborales.
3. En el juicio de amparo **********, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de M. otorgó la protección constitucional a la parte actora en el juicio laboral, para el efecto de que el presidente ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje al hacer el requerimiento de pago, conforme a lo condenado en el laudo, lo aperciba para el caso de incumplimiento, con la imposición de la sanción que prevé el numeral 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil de la entidad.
4. Previos diversos requerimientos de ejecución al Municipio de Jojutla, M., el presidente ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de la entidad, dictó acuerdo el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, en el que, a fin de que se acatara la condena impuesta en el laudo del juicio laboral **********, requirió nuevamente su cumplimiento con el apercibimiento de imposición de la sanción contemplada en la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil de la entidad.
5. El Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., en sesión de trece de marzo de dos mil diecisiete, determinó procedente la imposición de la medida consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, M., de acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil de la entidad, por lo que el presidente ejecutor, mediante oficio **********, de veinticinco de mayo del año citado, hizo del conocimiento del citado presidente municipal la sanción impuesta "para todas las cuestiones jurídicas y administrativas a que haya lugar".
Ahora bien, esta Segunda Sala, considera que es infundada la causa de improcedencia planteada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M..
Es cierto que este Alto Tribunal ha establecido que es causa notoria y manifiesta de improcedencia de la controversia constitucional, el que se impugnen resoluciones jurisdiccionales cuando se pretende que, a través del medio de control constitucional, se revise la legalidad de tales resoluciones o las consideraciones que la sustentan, ya que la controversia constitucional no es un recurso a través del cual pueda someterse a revisión la misma cuestión litigiosa que en un procedimiento natural. Así se advierte de la tesis 2a. CVII/2009,(32) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA.", que invocó el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje demandado, así como de la jurisprudencia P./J. 7/2012 (10a.),(33) intitulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES DE FONDO DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR SU PROPIO CONTENIDO, EN RAZÓN DE SUS EFECTOS Y ALCANCES, CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE CONLLEVA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA."
En el caso, el Municipio actor no pretende que este Alto Tribunal revise la legalidad de las actuaciones y razonamientos que llevaron al dictado del laudo en el juicio laboral **********, ni las consideraciones de fondo de la determinación a través de la cual el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., en la sesión plenaria de trece de marzo de dos mil diecisiete, apoyándose en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, determinó aplicar, como medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, la sanción consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, M., como tampoco la legalidad del acuerdo de veinticinco de mayo del año citado, que dictó el presidente ejecutor de dicho tribunal en el mencionado juicio laboral, sino que plantea que la citada norma y su aplicación, transgreden el artículo 115 de la Constitución, que otorga de manera única y exclusiva la facultad y competencia a las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, para suspender Ayuntamientos, declarar que han desaparecido y suspender o revocar el mando a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que prevenga la ley local, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que, a su juicio, convengan, de suerte que el citado tribunal carece de competencia constitucional para suspender o revocar el nombramiento de los miembros de un Ayuntamiento, lo que afecta gravemente al pueblo de Jojutla, M., y supone una invasión a las atribuciones que constitucionalmente corresponden al Congreso de la entidad y, por tanto, una infracción también en perjuicio del Municipio actor, a los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.
Por tanto, en el caso se da el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 16/2008, antes transcrita, en tanto que la cuestión a examinar no se refiere a la legalidad de las consideraciones de las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje demandado, sino a cuestiones que atañen al ámbito competencial del Poder Legislativo Local y la posible afectación a la integración del Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, M..
SEXTO.—Estudio de fondo. Como conceptos de invalidez formulados en contra del acuerdo impugnado, el Municipio actor aduce, básicamente, que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., carece de competencia para decretar la destitución de su presidente municipal, por lo que debe declararse su invalidez.
Ahora bien, en suplencia de la deficiencia de la queja, con fundamento en el artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(35) esta Segunda Sala considera que el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de M., interpretó en forma incorrecta lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., lo que motiva declarar la invalidez del acuerdo impugnado.
"En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores."
• Las Legislaturas de los Estados, están facultadas para suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, siempre y cuando se den los siguientes requisitos:
La jurisprudencia P./J. 19/99,(37) que se cita en el precedente señala:
Como se señala en el precedente y en las tesis transcritas, la determinación de suspensión de alguno de los miembros del Ayuntamiento, que debe fundarse en alguna de las causas graves que prevenga la ley local, causa una afectación al interés de la comunidad y no sólo el interés particular de los miembros afectados del Ayuntamiento; por ello, lo que se protege es la independencia del Municipio, autorizándose únicamente a las Legislaturas Locales para afectar la integración del Ayuntamiento, siempre y cuando cumplan todos los requisitos exigidos por la propia Constitución.
"IV. Acordará la revocación del mandato a alguno de los integrantes del Ayuntamiento, en el supuesto de que éste no reúna los requisitos de eligibilidad previstos para el caso.
La disposición transcrita, interpretada conforme a la Constitución Federal, en concreto, al artículo 115, fracción I, así como el artículo 41 de la Constitución del Estado de M. y 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de M., permite considerar que la palabra "infractor" no incluye a los miembros de los Ayuntamientos, pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el Texto Supremo, al estimarse facultado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para revocar de facto el mandato a uno de sus miembros, olvidando que el citado artículo 115 señala con toda claridad que únicamente las Legislaturas Locales, "por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan."
Esto es, si el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., no se interpreta conforme a la Constitución Federal, se incurre en un acto contrario a ésta, tal como ocurrió en la especie, pues el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, consideró que estaba en aptitud de destituir a un integrante del Ayuntamiento, revocando de facto el mandato otorgado a éste, no obstante que la Ley Fundamental, así como los preceptos de la Constitución del Estado de M. y Ley Orgánica Municipal del Estado de M. citados con antelación, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución, cumpliendo con los requisitos que la propia disposición suprema exige para afectar la integración de un Municipio, impidiendo así que sea dicho Congreso el que califique, mediante el procedimiento correspondiente y cumpliendo con las exigencias constitucionales y legales, si la falta cometida constituye una causa grave que amerite la destitución de alguno de los integrantes del Ayuntamiento.
En consecuencia, dado que el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. no interpretó la norma conforme a la Constitución Federal, toda vez que destituyó directamente a un integrante del Municipio actor, en concreto, al presidente municipal, se impone declarar la invalidez de la determinación que tomó el trece de marzo de dos mil diecisiete, así como del oficio ********** dictado por el presidente ejecutor el veinticinco de mayo del mismo año, dentro del juicio laboral **********.
Igual criterio sostuvo esta Segunda Sala al fallar la controversia constitucional 253/2016, en sesión de quince de noviembre de dos mil diecisiete.
TERCERO.—Se declara la invalidez de la determinación efectuada en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el trece de marzo de dos mil diecisiete, en el sentido de estimar procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, M., así como del acuerdo de veinticinco de mayo del mismo año, dictado en el juicio laboral **********.
"En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."
2. Fojas 27 a 29 de autos.
3. Foja 34 frente y vuelta de autos.
"Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos,
"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia."
5. Foja 33 de autos.
6. "Artículo 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente:
"I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la ley; y."
9. "Artículo 163. En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 14 y 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la ley."
10. "PRIMERO. Para efectos del cómputo de los plazos procesales en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considerarán como días inhábiles:
"b) Los domingos."
11. En la controversia constitucional 67/2016, promovida por el Municipio de Jojutla, M., éste impugnó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, pero con motivo de su aplicación por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., consistente en la sesión plenaria que realizó el seis de mayo de dos mil dieciséis, en la que determinó hacer efectivo el apercibimiento hecho en el acuerdo de tres de febrero del mismo año y, por tanto, imponer la sanción de destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, M., por no acatar el laudo dictado en el expediente del juicio laboral 01/354/08, así como el acuerdo del día once de mayo de dos mil dieciséis, donde se ordena dicha destitución dentro del mencionado juicio laboral, los que le fueron notificados el día veinticuatro de mayo siguiente.
13. "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21, y."
14. "Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: "
15. Foja 24 de autos.
16. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
18. "Artículo 45. Los síndicos son miembros del Ayuntamiento, que además de sus funciones como integrantes del C., tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, así como la supervisión personal del patrimonio del Ayuntamiento; tendiendo además, las siguientes atribuciones:
20. "Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
21. Fojas 532 a 580 de autos.
22. "Artículo 36. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva:
23. Fojas 744 a 855 de autos.
24. "Artículo 38. A la Consejería Jurídica le corresponden las siguientes atribuciones:
26. "Artículo 70. Son facultades del gobernador del Estado:
27. Foja 857 de autos.
28. Foja 82 de autos.
29. "Artículo 12. El presidente tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
"XIII. Tener la representación legal del Tribunal ante todo tipo de autoridades y en eventos oficiales, así como para su funcionamiento administrativo y financiero."
33. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, Libro IX, Tomo 1, junio de 2012, página 18, registro digital: 2000966, cuyo texto señala: "El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 16/2008, de rubro: "‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO.’; en la inteligencia de que la excepción a que se refiere dicho criterio no se actualiza cuando de la demanda de controversia constitucional se advierta, sin duda alguna, que no se está ante un conflicto competencial entre órganos, poderes o entes, sino que lo efectivamente impugnado son las consideraciones de fondo de la resolución de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que la controversia constitucional no es un recurso por medio del cual pueda someterse a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en un procedimiento natural; por ende, en este caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conlleva al desechamiento de plano de la demanda, en términos del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
40. "Artículo 41. Las sentencias deberán contener: "
41. "Artículo 42. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) de la fracción I del artículo 105 constitucional, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
42. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c) y h) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
43. "Artículo 44. Dictada la sentencia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera íntegra en el Semanario Judicial de la Federación, conjuntamente con los votos particulares que se formulen."Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará, además, su inserción en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado."
Sentencia nº SUP-JRC-242-2001 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Superior), 14 de Noviembre de 2001