Source: http://200.38.163.178/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=42721&Clase=VotosDetalleBL
Timestamp: 2018-03-23 04:48:46
Document Index: 111005483

Matched Legal Cases: ['artículo 226', 'Artículo 226', 'artículo 115', 'Artículo 115', 'artículo 400', 'artículo 142', 'artículo 107', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 62', 'artículo 71']

Décima Época Semanario Judicial de la Federación 42721 1 de 1
Plenos de Circuito Publicación: viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h
Voto particular que formulan de manera conjunta los Magistrados Óscar Naranjo Ahumada, René Olvera Gamboa y Elías H. Banda Aguilar, en la contradicción de tesis 8/2017, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Respetuosamente nos permitimos disentir del criterio adoptado por la mayoría, con base en las siguientes razones:
El artículo 226, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que señala en lo conducente lo siguiente:
"Artículo 226. ...
"Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la mayoría de los Magistrados que los integran."
Ahora bien, para la resolución de la materia a la que se circunscribe la presente contradicción de tesis, es necesario destacar el contenido del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que dispone:
"Artículo 115. En los casos previstos en los artículos 111 a 114 de esta ley, se procederá indistintamente a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien requerirá la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o bien, a petición de la institución de crédito de que se trate, del titular de las cuentas bancarias o de quien tenga interés jurídico.
"En los casos previstos en los artículos 114 Bis 1, 114 Bis 2, 114 Bis 3 y 114 Bis 4 de esta ley, se procederá a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de quien tenga interés jurídico. Dicha Secretaría requerirá la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
"Lo dispuesto en los artículos citados en este capítulo, no excluye la imposición de las sanciones que conforme a otras leyes fueren aplicables, por la comisión de otro u otros delitos.
"I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y
"b. Todo acto, operación o servicio, que realicen los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas.
"Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas comerciales y bancarias que se observen en las plazas donde se efectúen; así como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la información. Los reportes deberán referirse cuando menos a operaciones que se definan por las disposiciones de carácter general como relevantes, internas preocupantes e inusuales, las relacionadas con transferencias internacionales y operaciones en efectivo realizadas en moneda extranjera.
"Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas disposiciones de carácter general emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las instituciones de crédito deberán observar respecto de:
"b. La información y documentación que dichas instituciones deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad de sus clientes;
"c. La forma en que las mismas instituciones deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo;
"d. Los términos para proporcionar capacitación al interior de las instituciones sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para su debido cumplimiento;
"e. El uso de sistemas automatizados que coadyuven al cumplimiento de las medidas y procedimientos que se establezcan en las propias disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, y
"f. El establecimiento de aquellas estructuras internas que deban funcionar como áreas de cumplimiento en la materia, al interior de cada institución de crédito.
"Las instituciones de crédito deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables.
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y recabar, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las instituciones de crédito, quienes estarán obligadas a entregar información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para obtener información adicional de otras personas con el mismo fin y a proporcionar información a las autoridades competentes.
"La obligación de suspensión a que se refiere el párrafo anterior dejará de surtir sus efectos cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público elimine de la lista de personas bloqueadas al cliente o usuario en cuestión.
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de personas en la lista de personas bloqueadas.
"El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a lo establecido en el artículo 142 de esta ley.
"Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por las instituciones de crédito, así como por los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las entidades como las personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan.
"La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento previsto en el artículo 107 Bis, 109 Bis 5, segundo y tercer párrafos de la presente ley, con multa equivalente del 10% al 100% del monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente o usuario que se haya informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas a que se refiere este artículo; con multa equivalente del 10% al 100% del monto de la operación inusual no reportada o, en su caso, de la serie de operaciones relacionadas entre sí del mismo cliente o usuario, que debieron haber sido reportadas como operaciones inusuales; tratándose de operaciones relevantes, internas preocupantes, las relacionadas con transferencias internacionales y operaciones en efectivo realizadas en moneda extranjera, no reportadas, así como los incumplimientos a cualquiera de los incisos a., b., c., e. (sic) del quinto párrafo de este artículo, se sancionará con multa de 30,000 a 100,000 días de salario y en los demás casos de incumplimiento a este precepto y a las disposiciones que de él emanen multa de 5,000 a 50,000 días de salario.
"Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las instituciones de crédito, sus miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes." (énfasis añadido)
Por su parte, los preceptos contenidos en el capítulo XV de la resolución que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, establecen:
"Lista de personas bloqueadas
"70a. La secretaría pondrá a disposición de las entidades, a través de la comisión, la lista de personas bloqueadas y sus actualizaciones.
"Las entidades deberán adoptar e implementar mecanismos que permitan identificar a los clientes o usuarios que se encuentren dentro de la lista de las personas bloqueadas, así como cualquier tercero que actúe en nombre o por cuenta de los mismos, y aquellas operaciones que hayan realizado, realicen o que pretendan realizar. Dichos mecanismos deberán estar previstos en el documento a que se refiere la 64a de estas disposiciones."
"V. Aquellas que las autoridades nacionales competentes determinen que hayan realizado, realicen o pretendan realizar actividades que formen parte, auxilien, o estén relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el Código Penal Federal, y
"II. Remitir a la secretaría, por conducto de la comisión, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de que conozca dicha información, un reporte de operación inusual, en términos de la 41a de las presentes disposiciones en el que, en la columna de descripción de la operación se deberá insertar la leyenda ‘lista de personas bloqueadas’.
"Las entidades que en términos de la presente disposición hayan suspendido los actos, operaciones o servicios con sus clientes o usuarios, de manera inmediata deberán hacer de su conocimiento dicha situación por escrito, en el que se deberá informar a dichos clientes y usuarios que podrán acudir ante la autoridad competente para efectos de la 73a de las presentes disposiciones."
"I. Se otorgará audiencia al interesado para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de que tenga conocimiento de la suspensión a que se refiere la disposición 72a anterior, manifieste por escrito lo que a su interés convenga, aporte elementos de prueba y formule alegatos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a petición de parte, podrá ampliar por una sola ocasión el plazo a que se refiere esta fracción, hasta por el mismo lapso, para lo cual considerará las circunstancias particulares del caso.
II. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se presente el interesado en términos de la fracción I anterior, emitirá resolución por la cual funde y motive su inclusión en la lista de personas bloqueadas y si procede o no su eliminación de la misma."
"74a. La secretaría deberá eliminar de la lista de personas "bloqueadas, a las personas que:
"I. Las autoridades extranjeras, organismos internacionales, agrupaciones intergubernamentales o autoridades mexicanas competentes eliminen de las listas a que se refieren las fracciones I, II y III o se considere que no se encuentra dentro de los supuestos a que se refieren las fracciones V y VI, de la disposición 71a;
"II. El Juez penal dicte sentencia absolutoria o que la persona haya compurgado su condena en el supuesto de la fracción IV de la disposición 71a;
"III. Cuando así se resuelva de conformidad con el procedimiento a que se refiere la 73a de las presentes disposiciones, y
"IV. Cuando así lo determine la autoridad judicial o administrativa competente.
"Para los casos, en que se elimine el nombre de alguna de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas, las entidades deberán reanudar inmediatamente la realización de los actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios de que se trate."
"75a. La secretaría autorizará a la entidad, sin perjuicio de lo establecido en el presente capítulo, el acceso a determinados recursos, derechos o bienes, así como actos, operaciones y servicios, para efectos del cumplimiento de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, en términos de la resolución 1452 (2002) del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, así como para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con alguna entidad."
De la interpretación armónica y sistemática de los preceptos antes reproducidos, en lo aquí atinente, se colige que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre sus atribuciones, cuenta con la facultad de emitir disposiciones de carácter general para establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión, entre otros, de delitos vinculados con terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre tales disposiciones, destacan las relativas a los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las instituciones de crédito, entre las que se encuentran las bancarias, deberán observar respecto del adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional y las plazas en que operen.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, pondrá a disposición de las entidades, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la lista de personas bloqueadas y sus actualizaciones, a efecto de que dichas instituciones de crédito adopten e implementen mecanismos que permitan identificar a los clientes o usuarios que se encuentren dentro de la lista de las personas bloqueadas, así como cualquier tercero que actúe en nombre o por cuenta de los mismos, y aquellas operaciones que hayan realizado, realicen o que pretendan realizar; así como para que suspendan de forma inmediata la realización de tales actos, operaciones o servicios con dichos clientes o usuarios que aparezcan en esa lista de personas bloqueadas, ello con la finalidad de prevenir y detectar la realización de esos actos, omisiones u operaciones.
Ahora bien, en lo que interesa se puede concluir que en los supuestos en que una persona física se encuentre incluida en la referida lista de personas bloqueadas, y actué en representación o sea titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, beneficiario y/o fideicomisario de una diversa persona moral que no se encuentre en dicha lista, tal circunstancia no resulta suficiente para negar la suspensión provisional solicitada por tal persona moral.
Ello es así, ya que el contenido de la 70a. regla de la Resolución que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en cuanto precisa que: "Las entidades deberán adoptar e implementar mecanismos que permitan identificar a los clientes o usuarios que se encuentren dentro de la lista de las personas bloqueadas, así como cualquier tercero que actúe en nombre o por cuenta de los mismos ..."; debe interpretarse, acorde a su teleología, en el sentido restrictivo de que tales terceros, personas físicas, actúan en nombre o en representación de una diversa persona moral que se encuentre en la lista de personas bloqueadas; es decir, que estos terceros despliegan actos, omisiones u operaciones en representación o en nombre de dicha persona moral bloqueada, lo que revela que los actos son realizados por la persona moral y no por la persona física en lo particular.
Sin embargo, no se actualiza dicha hipótesis en el caso inverso, esto es, cuando las personas físicas se encuentran en la lista de personas bloqueadas, y actúan en nombre o en cuenta de una diversa persona moral que no se encuentre en dicha lista; esto es, en sentido restrictivo, los actos, omisiones u operaciones de dichos terceros, no los realizan en lo particular, sino en representación de una persona moral.
Lo anterior resulta relevante, en función de que dar una interpretación en un sentido amplio a dicha disposición, implicaría irrogar dichas medidas no sólo en lo particular a la persona física incluida en la lista de personas bloqueadas, sino también a todas las personas morales en las que dicha persona física actué en su representación o figure como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, beneficiario y/o fideicomisario; más aún, porque en ese supuesto la propia persona moral no se encuentra incluida la citada lista de personas bloqueadas.
Por tanto, debe concluirse que no resulta suficiente para negar la suspensión provisional solicitada por una persona moral que no se encuentre en dicha lista de personas bloqueadas, la circunstancia de que una persona física sí se encuentre incluida en la referida lista, y actué en su representación o sea titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, beneficiario y/o fideicomisario de la misma, en la medida que, como se anotó precedentemente, tales actos, omisiones u operaciones, no los realiza en lo particular, sino en representación de dicha persona moral.
Además, debe puntualizarse que, si bien, la suspensión provisional con relación a los actos reclamados en los asuntos de los que emergieron los criterios contendientes, guardan vinculación en torno a medidas precautorias relativas al congelamiento de cuentas bancarias, es decir, no impuestas como pena o sanción derivadas de un procedimiento penal; lo cierto es que, con independencia de ello, el principio de presunción de inocencia, como regla de tratamiento del imputado en materia penal, tiene un efecto reflejo en otros procedimientos o ámbitos en que se establecen consecuencias desfavorables para una persona sujeta a proceso, pues aun cuando el mismo resulta aplicable a quienes se encuentran sometidos a un procedimiento penal, por mayoría de razón debe encontrar asidero respecto de aquellas personas que ni siquiera están sujetas a alguna investigación de esa naturaleza, precisamente, por no estar expresamente incluidas en la lista de personas bloqueadas.
Con lo que se impide la aplicación de cualquier tipo de medida desfavorable a la persona moral, no incluida expresamente en la citada lista de personas bloqueadas, por el solo hecho de que un tercero, persona física actué en su representación o figure como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, beneficiario y/o fideicomisario de la misma; ya que, en ese supuesto, se irradian los efectos respecto de la persona física bloqueada con relación a la persona moral que no está incluida expresamente en la citada lista de personas bloqueadas.
Es aplicable al respecto, la tesis 1a. CCCLXXII/2014 (10a.),(1) emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, de título, subtítulo y contenido:
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATAMIENTO DEL IMPUTADO EN MATERIA PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL PUEDE TENER UN EFECTO REFLEJO EN OTROS PROCEDIMIENTOS O ÁMBITOS DONDE SE ESTABLEZCAN CONSECUENCIAS DESFAVORABLES PARA UNA PERSONA SUJETA A PROCESO PENAL. La presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado no sólo determina la forma en la que debe tratarse a éste en el marco del proceso penal, sino que también establece la manera en la que debe tratarse al imputado ‘fuera del proceso’. En este caso, la finalidad de esta vertiente de la presunción de inocencia consiste en impedir que fuera del proceso penal se aplique cualquier tipo de medida desfavorable asociada al simple hecho de que una persona esté sujeta a proceso, evitando así que a través de esas medidas se haga una equiparación entre imputado y culpable en ámbitos extraprocesales. De esta manera, la presunción de inocencia de la que goza toda persona sujeta a proceso penal puede tener un ‘efecto reflejo’ en otros procedimientos o ámbitos donde se establezcan consecuencias desfavorables a una persona por el simple hecho de estar sujeta a proceso penal."
Consecuentemente, consideramos que sí es dable proceder (sic) la suspensión provisional, al no contravenir disposiciones de orden público ni seguir perjuicio al interés social, contra la orden de congelamiento de cuentas bancarias en el supuesto de que la persona moral quejosa no se encuentre en la lista de personas bloqueadas que emite la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aun cuando diversa persona física que sí se encuentre en dicha lista, aparezca como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, representante legal y/o apoderado, beneficiario y/o fideicomisario de aquélla.
El secretario de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, licenciado Carlos Abraham Domínguez Montero, en términos del artículo 62, párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, certifica que: en cumplimiento a los previsto en el artículo 71, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de la publicación del voto particular emitido en la contradicción de tesis 8/2017, se suprime la información considerada sensible.
1. Décima Época, Registro digital: 2007802, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, página 612 y Semanario Judicial de la Federación del viernes 31 de octubre de 2014 a las 11:05 horas.