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Timestamp: 2017-07-25 00:31:17
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[Sentencia T-0505-13] – Exoneración de cuotas moderadoras y copagos
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Sentencia T-505/13
(Bogotá, D.C., julio 26 de 2013)
Referencia: expediente T-3.847.556
Fallo de tutela objeto revisión: Sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta, del 11 de diciembre de 2012. Única instancia.
Accionante: Lisbet Rocío Fabra Vargas.
1.1. Elementos y pretensión. 1.1.1. Derechos fundamentales invocados: salud, vida digna, integridad personal y seguridad social.
1.1.2. Conducta que causa la vulneración: la no exoneración por parte de la entidad accionada del pago de la cuota moderadora y de los copagos. Así mismo, la no autorización para asistir a un centro en el que le puedan realizar terapia física, ocupacional y donde pueda montar en bicicleta y nadar. 1.1.3. Pretensión: solicitó ser atendida en un centro de salud que esté ubicado en la misma ciudad en la que reside y el cual cuente con la infraestructura necesaria para que le puedan realizar terapia física y ocupacional, donde pueda practicar el ciclismo y la natación. Adicionalmente, que se le ordene a la Nueva EPS exonerarla del pago de cuotas moderadores y copagos. 1.2. Fundamentos de la pretensión.
1.2.1. La señora Lisbet Rocío Fabra Vargas aseguró que padece una enfermedad progresiva llamada neuropatía de tipo “Charcot Marie Tooth” (CMT), la cual se le manifestó desde los 3 años de edad afectándole las piernas, posteriormente las manos y actualmente todo el cuerpo al punto que afirma que no puede valerse por si misma.
Informó que una forma de detener el avance de la enfermedad es tratándola con rehabilitación integral, especialmente con terapia física y ocupacional, haciendo énfasis en el fortaleciendo de los músculos y estirando los ligamentos, realizando ejercicio aeróbico moderado. Aseguró que se recomienda practicar deportes de bajo impacto como la natación y el ciclismo. 1.2.2. Manifestó que en febrero de 2011 la calificaron con una pérdida de la capacidad laboral correspondiente al 68.85%. Debido a esto no trabaja, depende económica de su madre quien es pensionada. Está afiliada al sistema general de salud en el régimen contributivo en calidad de beneficiaria desde hace más de veinte años. 1.2.3. La tutelante informó que estuvo mucho tiempo afiliada al seguro social donde gozó del beneficio de exoneración de cuota moderadora y de copagos debido a la enfermedad que la aqueja. Este beneficio lo perdió cuando fue trasladada a la Nueva EPS.
1.2.4. Afirmó que en marzo de 2011 le solicitó a la Nueva EPS que fuese relevada de la cancelación de copagos y de la cuota moderadora; petición que fue resuelta de manera negativa por parte de la entidad accionada basándose en el “artículo 159 de la ley 100 de 1993 que establece los deberes de los afiliados al sistema de salud y el artículo 186, referente a los pagos moderadores, artículos 117 patologías de tipo catastróficas; acuerdo 260 de 2004 servicios sujetos al cobro de copagos”.
1.3.1. Respuesta de Nueva EPS. 1.3.1.1. La Nueva EPS informó que la accionante está afiliada desde el 1 de agosto de 2008 en calidad de beneficiaria con un ingreso base de cotización de $601.000., ingreso que le permite costear el valor de los copagos y de la cuota moderadora. 1.3.1.2. Aseguró que le han prestado todos los servicios POS y no le han negado el suministro de algún servicio o medicamento que esté excluido del POS, razón por la cual la EPS no ha incumplido con sus deberes legales y constitucionales.
1.3.1.3. Consideró que la solicitud sobre la exoneración de copagos y cuota moderadora realizada por la accionante resulta improcedente, debido a que la patología que padece la accionante no está comprendida entre el listado de enfermedades catastróficas y por lo tanto, no se encuentra exenta del pago de éstas prestaciones económicas según el artículo 17 de la resolución 5261 de 2011 y el artículo 45 del acuerdo 029 de 2011.
A su vez, informó que la Ley 100 de 1993 en su artículo 159 y en concordancia con el acuerdo 260 de 2004, disponen que es un deber de los beneficiarios pagar el valor de los copagos, el cual tiene como objetivo contribuir con la financiación del Sistema General de Salud. Por su parte, el artículo 186 de la mencionada ley dispone que los usuarios cotizantes del sistema estarán sujetos al pago de cuotas moderadoras, pagos compartidos y deducibles con la finalidad de racionalizar el uso de los servicios del sistema de salud y para financiar el POS. 1.3.1.4. Afirmó que tampoco es procedente acceder a la petición de la tutelante respecto de un centro de rehabilitación deportiva en el que pueda montar en bicicleta y nadar, debido a que estos deportes se pueden realizar por fuera de un centro con estas características y además hace parte de un estilo de vida saludable al cual puede optar el usuario. 1.3.1.5. Debido a los argumentos expuestos, la Nueva EPS solicitó que la acción de tutela sea negada al no existir vulneración alguna, y en caso que se accedan a las pretensiones de la tutelante solicitó copia del fallo con el fin de realizar el recobro de los insumos y medicamentos NO POS al consorcio SAYP de acuerdo con el artículo 304 del CPC. 1.4. Decisión judicial objeto de revisión:
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta mediante sentencia del 11 de diciembre de 2012, negó las pretensiones de la accionante al considerar que el artículo 6 del acuerdo No. 206 de 2004 instituye los servicios que están sujetos al cobro de cuota moderadora y el artículo 7 de la misma disposición establece seis excepciones para el pago de los copagos. De acuerdo con la disposición enunciada se evidencia que la entidad accionada no está realizando cobro alguno por los conceptos establecidos en la norma citada.
Por otra parte, la resolución 5261 de 1994 en su artículo 17 enlista las enfermedades que son consideradas como catastróficas o ruinosas y las cuales están exentas del pago de copagos. Dentro de esta lista de enfermedades no se encuentra la que padece la accionante razón por la cual no hay lugar a la exoneración de la cancelación de los copagos. En cuanto a la pretensión de la accionante en la que solicita que se le ordene a la entidad accionada disponer de un centro de rehabilitación en la ciudad en la que reside y en donde le puedan realizar terapia física, ocupacional y además pueda practicar el ciclismo y la natación; aseguró que el juez constitucional no cuenta con los conocimientos científicos ni técnicos para determinar y ordenar el tratamiento indicado para tratar determinada patología, por el contrario, la labor del juez es proteger el derecho a la salud garantizando que los usuarios tengan acceso al sistema de salud, que les realicen un buen diagnóstico y se les practique el tratamiento ordenado por los médicos.
Aseguró que del material probatorio que obra en el expediente no hay una orden médica prescrita por el médico tratante en la que se determine la necesidad de los servicios solicitados, razón por la cual el juez no los puede ordenar. II. CONSIDERACIONES.
2.1. Alegación de afectación de un derechos fundamental: Salud.
2.2. Legitimación activa: La acción de tutela es interpuesta por la ciudadana Lisbet Rocío Fabra Vargas actuando en nombre propio. 2.3. Legitimación pasiva. La Nueva EPS S.A es una entidad particular prestadora del servicio público de salud a la que está afiliada la tutelante y, como tal, es demandable en procesos de tutela.
2.4. Inmediatez. Acorde con el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela no cuenta con un término de prescripción, sin embargo, la Corte Constitucional al interpretar este artículo ha manifestado que el juez en cada caso concreto tiene la obligación de constatar cual es la conducta que causa la vulneración de los derechos fundamentales invocados y al cuanto tiempo se interpuso la tutela para solicitar la protección de los mismos; debido a que se considera que debe existir una congruencia respecto del tiempo transcurrido entre el acto que genera la vulneración y la interposición de amparo. Al respecto la sentencia T-288 de 2011 aseveró:
“Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción”
Es decir, que la acción de tutela tiene como finalidad otorgar una protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, esto implica que debe ejercerse acorde con esta naturaleza, es decir, que su interposición debe realizarse de manera oportuna; por el contrario, cuando la acción de tutela no ha sido interpelada dentro de un término razonable, el juez de tutela deberá entrar analizar entre otros aspectos si existe una razón valida que justifique la inactividad del accionante. En el presente caso, la accionante elevó ante la entidad demandada solicitud de exoneración de copagos y cuotas moderadoras el 22 de marzo de 2011, petición que fue negada mediante respuesta del 30 de marzo de 2011. Posteriormente, instauró la acción de tutela el 3 de octubre de 2012, es decir, que transcurrió más de un año y medio entre la respuesta de la EPS y la interposición de la tutela, plazo que no resulta razonable.
Adicionalmente, en la demanda de tutela la señora Lisbet Rocío Fabra Vargas no explicó cuales fueron las circunstancias que le impidieron solicitar la protección de sus derechos fundamentales de manera oportuna, y del material probatorio que obra en el expediente no se desprende alguna circunstancia que justifique de manera razonable dicha tardanza. Debido a lo anteriormente expuesto, la Sala declarará improcedente el amparo deprecado respecto de la solicitud de exoneración de copagos y cuotas moderadoras.
2.5. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para reclamar la protección de los derechos fundamentales cuando estos se encuentren amenazados o violados por la omisión o acción de las autoridades públicas o de los particulares. Sin embargo, ésta sólo resulta procedente cuando no existen o se han agotado todos los mecanismos judiciales y administrativos que resultan efectivos para la protección de los derechos fundamentales, a no ser que se demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio. Esto tiene como finalidad impedir que este mecanismo, que es excepcional, se convierta en principal. Por su parte, el legislador en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, le confirió a la Superintendencia Nacional de Salud, potestades jurisdiccionales para resolver, con las facultades propias de un juez, algunas controversias entre las entidades promotoras de salud y sus usuarios. Así las cosas, la Sala considera que respecto de la pretensión por parte de la señora Lisbet Rocío Fabra Vargas para ser atendida en un centro de salud que este ubicado en la misma ciudad en la que reside y el cual cuente con la infraestructura necesaria para que le puedan realizar terapia física y ocupacional y en donde pueda practicar el ciclismo y la natación, no hay prescripción medica en el expediente que demuestre la necesidad del servicio; Además la accionante cuenta con un mecanismo jurisdiccional el cual resulta idóneo y eficaz para resolver esta solicitud, razón por la cual se declarará improcedente el amparo deprecado. III. DECISIÓN
PRIMERO. REVOCAR la providencia dictada el 11 de diciembre de 2012 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta, la cual negó la acción de tutela y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE al no cumplirse con el requisito de inmediatez