Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2012-00391-de-junio-29-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_a3fdd135df0e4a42a3bf2e1c211bdde3&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-21 00:41:26
Document Index: 16219452

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 45', 'artículo 35']

﻿ SENTENCIA 2012-00391 DE JUNIO 29 DE 2017
SENTENCIA 2012-00391 DE 29 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:IMPOSICIÓN DE SANCIÓN DE EXCLUSIÓN DE LA PROFESIÓN POR ACTITUD DE APROVECHAMIENTO Y LA EXISTENCIA DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. SE ESTABLECE QUE ANTE LA CONDUCTA DEL ABOGADO DE FALTAR A LA HONRADEZ Y A LA LEALTAD QUE SE DEBE TENER CON LA PROFESIÓN, LOS CIUDADANOS Y CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, AL NO INFORMAR AL CLIENTE SOBRE EL RECIBO DE DINEROS POR LA LABOR ENCOMENDADA, RESULTA PROCEDENTE IMPONER UNA SANCIÓN DE EXCLUSIÓN DE LA PROFESIÓN, CUANDO SE EVIDENCIA EN EL ACTUAR DEL ABOGADO, QUE LOS ACTOS OBJETO DE REPROCHE NO FUERON DESVIRTUADOS NI JUSTIFICADOS, COMPROBÁNDOSE UN APROVECHAMIENTO A TÍTULO DE DOLO, “DE LAS CONDICIONES DE IGNORANCIA E INEXPERIENCIA DE SU CLIENTE”, SUMADO A LA EXISTENCIA DE ANTECEDENTES QUE REGISTRAN VARIAS SANCIONES DISCIPLINARIA DENTRO DE LOS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA COMISIÓN DE LA CONDUCTA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIONES AL ABOGADO, ABOGADO, ACTUACIÓN DEL ABOGADO, DEBERES DEL ABOGADO, FACULTADES DEL ABOGADO, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO, FALTA CONTRA LA HONRADEZ
Sentencia 2012-00391 de junio 29 de 2017
Rad.: 760011102000201200391 01
Aprobado según Acta 49 de la misma fecha
Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en grado jurisdiccional de consulta la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca el 24 de febrero de 2017, mediante el cual resolvió sancionar con exclusión de la profesión al abogado Jaime Smith Ortiz, responsable de la falta establecida en el artículo 35 numeral 4 de la ley 1123 de 2007.
En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.
Previo a entrar a resolver el grado de consulta de la sentencia proferida el 24 de febrero de 2017, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, esta Corporación considera relevante citar lo enseñado por la Corte Constitucional, en diversos fallos, donde se ha pronunciado sobre el papel del abogado en el Estado Social y Democrático de Derecho, así como la relevancia del control que respecto de esta profesión ejercen las autoridades públicas.
“(…) Si al abogado le corresponde asumir la defensa en justicia de los derechos e intereses de los miembros de la comunidad y, a su vez, le compete la asesoría y asistencia de las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones legales, resulta lícito que la ley procure ajustar su comportamiento social a la observancia de tales fines, impidiendo, a través de la imposición de determinadas sanciones, que el profesional desvíe su atención y opte por obrar contrario a derecho, impulsado por el ánimo egoísta de favorecer sus intereses particulares en detrimento de la Administración de Justicia y de la propia sociedad”
Ahora, esta Superioridad, procederá en esta instancia a verificar si en el proceso se salvaguardaron las garantías y derechos del procesado, de otro lado, se constatará si en el expediente existe prueba que en grado de certeza demuestre la materialidad de la conducta y la responsabilidad del disciplinado.
En cuanto al aspecto formal y material del debido proceso y derecho de defensa del enjuiciado, encuentra esta Colegiatura que ningún reparo puede hacerse al respecto, si bien, la actuación disciplinaria se llevó a cabo conforme al procedimiento establecido en la Ley 1123 de 2007.
Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, el abogado JAIME SMITH ORTIZ, fue llamado a juicio disciplinario y hallado responsable de infringir la norma relacionada con la falta a la honradez, pues adelantó un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho donde se condenó a la Caja de Sueldos de las fuerzas Militares, a cancelar la suma de $ 2.805.609, entrando ese dinero a su patrimonio sin que le entregara a su poderdante.
Encuentra esta superioridad que la imputación del tipo disciplinario contenido en el artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, está plenamente soportada, pues quedo demostrado que esa conducta la cometió a título de dolo, pues sabiendo que debía entregar ese dinero a su cliente, no lo hizo.
De acuerdo con lo anterior, se tuvo como pruebas documentales que demuestra la conducta objeto de pronunciamiento, así:
1. Copia del poder que le otorgara el señor Nicolás Antonio Rodriguez Alfonso al togado Jaime Smith Ortiz, a efectos que adelantara en su favor el mencionado proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Sueldos de las Fuerzas Militares.
2. Copia de la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho radicado al No. 2003-2649-00, la cual fue favorable a las pretensiones del quejoso.
3. Copia de la actuación surtida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en relación con el cumplimiento de la sentencia antes mencionada, donde se procedió al pago de las pretensiones, con la certificación de haber consignado los dineros a través de transacción electrónica a la cuenta del investigado.
4. Oficio recibido el 8 de noviembre del año 2016, proveniente del Banco Davivienda S.A. de la ciudad de Bogotá, donde se anexa el extracto bancario de la cuenta de ahorros de Bancafé número 172587875 a nombre del señor Jaime Smith Ortiz, se corrobora la consignación realizada por proceso ACH el día 20 de abril de 2009, por la suma de $2.805.609. y el retiro del dicho valor a través de varias transacciones realizadas en el mismo mes.
En conclusión, corroborados los supuestos fácticos y jurídicos por los cuales se sancionó al jurista, encuentra esta Colegiatura que la única decisión a tomar es la confirmación de la sentencia consultada, pues del material probatorio descrito anteriormente se desprende que existió conducta relevante al derecho disciplinario y que no ahí causal eximente de responsabilidad.
El fallo de primera instancia imputó al profesional del derecho la falta consagrada en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007 que señala:
Numeral 4º. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo.
Respecto a la falta consagrada en el numeral anterior, es evidente que la conducta del disciplinable está inmersa en el supuesto de hecho de la norma en mención, en cuanto el abogado como apoderado del señor Nicolás Antonio Rodríguez, le otorgó poder para que adelantara un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con la intención de dejar sin valor la Resolución 3363 del 27 de octubre de 1999, proferida por la caja de retiro de las Fuerzas Militares, por medio de la cual se le negó la prima de actualización y se le reajustara la asignación en su condición de sargento segundo retirado, que culminó con sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, el 14 de julio de 2006, donde efectivamente se declaró la nulidad del acto administrativo y se condenó a la parte demanda a pagar las sumas pretendidas. De acuerdo con lo anterior la caja de retiro de las Fuerzas Militares, mediante Resolución 2948 del 1 de diciembre de 2008, ordenó reconocer y pagar la prima de actualización al señor Rodríguez, la suma de $ 2.805.609, valor que fue pagado el 20 de abril de 2009, a través de trasferencia electrónica.
Se dice que una falta es típica cuando la acción corresponde perfectamente con el tipo disciplinario plasmado en la norma, describiendo esta una conducta que de realizarse u omitirse en algunos casos, infringiría o amenazaría un deber dentro del catálogo considerado como estatuto del abogado, siendo consecuentemente coherente la imposición de una sanción determinada por el legislador.
Cuando un abogado asume un compromiso profesional, se obliga a realizar todas las actividades en procura de cumplir las gestiones a ella encomendadas, compromiso que lleva consigo un actuar positivo al obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales, por tanto cuando el abogado no entregó el dinero a su poderdante no cumplió con su deber de actuar con honradez frente a su cliente.
Antijuridicidad: La Ley 1123 de 2007, consagra como uno de sus principios rectores, el de Antijuridicidad, según el cual, “un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”
Significa lo anterior que, conforme a lo establecido en el Estatuto de la Abogacía, “mientras no se afecte un deber de los previstos en el catálogo expuesto en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, la conducta del abogado constitutiva de falta al ejercer la profesión, no puede desvalorarse como antijurídica, afectación que en garantía de derechos del sujeto disciplinable, debe trascender igualmente de la simple descripción legal”.
En este caso, el togado contrarió el deber de obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales, que se encuentra consagrado en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 que establece:
Del estudio anteriormente realizado, en lo que respecta a la antijuridicidad, se tiene entonces que efectivamente con la conducta del disciplinado se vulneró sin ninguna justificación su deber de obrar con lealtad y honradez en sus encargos profesionales, ya que el abogado como apoderado del señor Rodríguez, no entregó el dinero que le consignó la caja de sueldos de la Fuerzas Militares producto de la sentencia que había proferido el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuantía de $ 2.805.609, situación que se materializó el 20 de abril del 2009, pues se tiene según material probatorio que obra en el plenario se le hizo un trasferencia a su cuenta Bancafé, tal como lo certificó el banco Davivienda, disponiendo de los mismos a su arbitro como quiera que se indicó los retiros a través de varias transacciones.
Culpabilidad: Es importante para esta Superioridad destacar que precisamente la falta a la honradez es de las faltas más graves y censurables en que pueden incurrir los profesionales del derecho, falta que pone en juego la profesión misma, con su actitud afecta el honor y la dignidad de la profesión, la actuación honesta implica abstenerse de toda conducta que pueda redundar en descredito de la abogacía, como lo afirma el tratadista Ángel Osorio “en el abogado la rectitud de la conciencia es mil veces más importante que el tesoro de los conocimientos”.
La conducta realizada lo fue bajo la modalidad dolosa, toda vez que el abogado investigado recibió un dinero en virtud de su gestión profesional, y en representación del señor Rodríguez Alfonso, no hizo la entrega correspondiente del dinero que recibió por la caja de sueldos de las Fuerzas Militares, puesto que, si bien logró el reconocimiento y pago de las acreencias laborales que tenía por derecho propio el quejoso. Ese actuar consciente, en contra de lo que mandan las respectivas normas disciplinarias, constituye claramente un actuar doloso. Se trata de una falta a la honradez; el abogado sabía que debía entregar ese dinero a su poderdante, y omitió ese deber, de manera voluntaria.
No se encuentra objeción alguna en la designación a título de dolo, pues quedó plenamente demostrado a la falta de honradez, el abogado sabía que debía entregar el dinero producto de la gestión encomendada y no lo hizo, conducta que se materializó el 20 de abril de 2009 fecha en que se le transfirió el dinero por parte de la caja de sueldos de las Fuerzas Militares y se extendió en forma permanente, sin que a la fecha haya devuelto el dinero, por lo que continua incurso en la falta.
Visto lo anterior, no media justificación alguna que lleve a entender la conducta del investigado es típica, antijurídica y culpable, circunstancia que obliga a endilgar responsabilidad disciplinaria contra el abogado Jaime Smith Ortiz.
De la dosimetría de la sanción: En relación con la sanción impuesta por el a quo, observa esta Superioridad, que la misma consultó los parámetros establecidos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, pues la conducta del abogado concurre con las circunstancias de agravación establecidas en literal C de los numerales 4, 6 y 7 del mismo artículo, que establecen la utilización en provecho propio de los dineros que recibió en virtud del encargo encomendado por lo que se causó un perjuicio al quejoso, igualmente registra cinco sanciones, dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta aquí investigada, además se aprovechó de las condiciones de ignorancia e inexperiencia de su cliente quien confió plenamente en la gestión que le encomendó, y en atención a la gravedad de la conducta analizada y cometidas por el disciplinado, a título de dolo, por lo que considera esta Sala que de acuerdo a los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad debe mantenerse en su integridad la sanción de exclusión de la profesión al abogado Jaime Smith Ortiz.
Por los argumentos expuestos, esta superioridad encuentra debidamente acreditada la materialización de la falta endilgada y en consecuencia se confirmará en su integridad la providencia objeto de consulta, al igual que la sanción impuesta por el a quo en torno al asunto bajo examen.
1. CONFIRMAR la sentencia consultada el 24 de febrero de 2017, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del valle del Cauca, mediante la cual resolvió sancionar con exclusión de la profesión al abogado Jaime Smith Ortiz, responsable de la falta establecida en el artículo 35 numeral 4 de la ley 1123 de 2007, a título de dolo, ello conforme lo considerado en la parte motiva de este proveído.