Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2002-01543-34123-de-mayo-25-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_966afa8477eb483f9ba8a8c6b8f37050&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-20 21:55:07
Document Index: 70405526

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 233', 'artículo 184', 'artículo 57', 'artículo 357', 'artículo 54', 'artículo 265', 'artículo 1857', 'artículo 762', 'artículo 86', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 90', 'artículo 140', 'artículo 315', 'artículo 91', 'artículo 9', 'artículo 296', 'artículo 189', 'artículo 233', 'artículo 172', 'artículo 115', 'artículo 362']

SENTENCIA 2002-01543 DE 25 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL- RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO. LA REACCIÓN ARMADA ES ESPERABLE Y EXIGIBLE RESPECTO DE LA FUERZA PÚBLICA, PUES SON LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN ESTA ÚLTIMA (FUERZAS MILITARES Y POLICÍA NACIONAL) LAS QUE, POR MANDATO CONSTITUCIONAL Y LEGAL, ESTÁN ENCARGADAS, EN SU ORDEN, DE DEFENDER Y PROTEGER LA SOBERANÍA, LA INDEPENDENCIA, LA INTEGRIDAD DEL TERRITORIO, EL ORDEN CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO DE MANTENER LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES PÚBLICAS Y PARA ASEGURAR QUE LOS HABITANTES DEL PAÍS CONVIVAN EN PAZ, EFECTO PARA EL CUAL SE LES HA DOTADO DE UN PRINCIPIO DE EXCLUSIVIDAD EN EL PORTE Y USO DE ARMAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 233 SUPERIOR, QUE, POR CONSIGUIENTE, EXCLUYE DE ELLO A LOS CIVILES Y A LOS DEMÁS ORGANISMOS DEL ESTADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, POLICÍA NACIONAL, FUERZA PÚBLICA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Sentencia 2002-01543/34123 de mayo 25 de 2015
Exp.19001-23-31-000-2002-01543-01 (34.123)
Actor: Ana Deiva Rivera y otros
Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988, conforme al cual, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $ 36’950.000. Comoquiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $ 389.943.410(3), solicitada por concepto de perjuicios materiales a favor de unos de los demandantes, se concluye que esta Corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.
De conformidad con la solicitud elevada por el Ministerio Público en el trámite de la segunda instancia, esta Corporación citó a audiencia de conciliación que se llevó a cabo el 25 de septiembre de 2008, en la que las partes acordaron que el Ministerio de Defensa – Policía Nacional pagaría el 80% de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Cauca (f. 340, 341, 355 a 357, c. ppl.).
No obstante, la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto del 3 de diciembre de ese año, con fundamento en la jurisprudencia vigente para esa época, improbó el acuerdo de conciliación, al considerar que, a pesar de que la apelación fue presentada únicamente por la parte demandante, se reunían los presupuestos necesarios para dar trámite al grado jurisdiccional de consulta y que, en esa medida, se debía analizar nuevamente si el daño alegado le era imputable a la administración (f. 359 a 364, c. ppl.).
Al respecto, para la Subsección resulta necesario precisar que, en providencia del 9 de febrero de 2012(4), la Sección Tercera en pleno unificó los criterios de competencia y la procedencia de la consulta de sentencias, tras la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, como pasa a explicarse.
El artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, establece los presupuestos que deben concurrir para que proceda el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia de primera instancia, así:
De conformidad con la norma transcrita, los requisitos necesarios para que proceda el grado jurisdiccional de consulta en relación con la sentencia de primera instancia son los siguientes: i) que el proceso tenga vocación de doble instancia, en razón de su cuantía, ii) que la condena impuesta por el a quo, a cargo de una entidad pública, sea superior a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales o que la sentencia se haya proferido en contra de una persona que hubiere sido representada en el proceso judicial por curador ad litem y iii) que la sentencia de primera instancia no haya sido apelada.
La anterior supone que, cuando la sentencia de primera instancia impone una condena superior a 300 SMLMV a cargo de una entidad pública o se profiere en contra de quien fue representado por curador ad litem y ha sido apelada por alguna de las partes, no procede tramitar el grado jurisdiccional de consulta.
Así las cosas, si bien es cierto que en este caso se profirió sentencia condenatoria de primera instancia en contra de una entidad pública, por un valor superior a 300 SMMLV, también es cierto que la parte demandante formuló recurso de apelación, con el fin de que se reconocieran perjuicios materiales a favor del municipio de Inzá, de manera que, a la luz de la nueva tesis jurisprudencial atrás explicada, el trámite del grado jurisdiccional de consulta resulta improcedente.
De otro lado, es menester anotar que el artículo 357 del C. de P.C. señala que la apelación se entenderá interpuesta en lo desfavorable al apelante y, por lo tanto, “el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que, en razón de la reforma, fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”; de esta forma, no se puede agravar la situación del apelante único, en virtud del principio de la no reformatio in pejus, por lo que la Sala se pronunciará únicamente en lo que se debate en el recurso, esto es, se limitará a determinar si el municipio de Inzá tiene derecho a que se le reparen los perjuicios materiales que sufrió como consecuencia del mencionado ataque guerrillero, es decir, no se pronunciará sobre la responsabilidad de Estado respecto de los demás demandantes, por cuanto la parte demandada no apeló la sentencia de primera instancia y, por lo tanto, la condena que le corresponde sigue en firme.
Sea lo primero advertir que el municipio de Inzá compareció al proceso en calidad de propietario de dos inmuebles que, aseguró, destinaba al funcionamiento del centro de acopio y de la plaza de mercado, respectivamente, y en calidad de poseedor del inmueble donde operaba el matadero municipal, instalaciones que resultaron afectadas con ocasión de la incursión guerrillera del 12 y del 13 de diciembre de 2001.
La Sección Tercera del Consejo de Estado, en reciente sentencia de unificación(5), se pronunció sobre los requisitos para acreditar el derecho de dominio sobre un inmueble, cuando quien comparece a un proceso judicial ante la jurisdicción administrativa alega ser el propietario; al respecto, sostuvo que para ello es suficiente allegar al expediente el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria expedido por la oficina de instrumentos públicos del lugar del inmueble y que, faltando este documento, se entenderá que la propiedad no se encuentra acreditada.
Al efecto, esta Corporación argumentó lo siguiente:
“Por lo anterior, la sola certificación, entendida como la constancia o fe que expide el Registrador acerca de la situación jurídica de los bienes sometidos a registro, mediante la reproducción fiel y total de las inscripciones respectivas (artículo 54 del Decreto-Ley 1250 de 1970(6)), sin duda constituye prueba suficiente, para el caso que aquí se examina, de la titularidad del derecho de dominio que se pretende hacer valer, puesto que en ese documento se hace constar tanto la persona que figura como titular de ese derecho —valor constitutivo del derecho de dominio de la inscripción (modo de transferir el dominio)— como que esa constancia se fundamenta en la realización de un acto de registro del título, el cual goza de una presunción de legalidad y legitimidad registral que debe necesariamente observarse y acatarse mientras no se demuestre —a través de los medios legales previstos para ello— lo contrario, en el entendido en que previamente se ha surtido todo un procedimiento especial, jurídico y técnico mediante el cual el registrador ha recibido, examinado, calificado, clasificado y finalmente inscrito el respectivo título.
“Según la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con los requisitos para acreditar la legitimación en la causa por activa cuando se acuda al proceso en calidad de propietario de un determinado bien, consistente en exigir la acreditación, ‘a través de los medios exigidos por la ley para el efecto’, tanto del título como del modo, dada la dualidad prevista en el ordenamiento para la transferencia o adquisición del derecho real de dominio y, dado que el título debe constituirse a través de escritura pública, necesariamente debe aportarse al proceso en original o copia auténtica en los términos del artículo 265 del C. de P. C., según el cual: ‘La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad y se mirarán como no celebrados aun cuando se prometa reducirlos a instrumento público’.
“Con la tesis según la cual con la simple presentación del certificado resulta suficiente para tener acreditado (sic) la titularidad del derecho de propiedad en cabeza de la persona que figura en esa condición en el registro de instrumentos públicos, no solo no se está desconociendo la anterior normatividad, sino que, todo lo contrario, se está garantizando su estricto cumplimiento, por la sencilla, pero potísima razón, como se ha venido reiterando, de que resulta condición indispensable, ineludible y necesaria para que el Registrador inscriba un título en el registro de instrumentos públicos cuando se trata de la transferencia de un derecho real de dominio, que este documento se hubiere presentado por el interesado en la forma en que dispone la ley para su existencia, esto es, tratándose de un contrato de compra-venta entre particulares respecto de un bien inmueble, a través de escritura pública en los términos del artículo 1857 del Código Civil”(7).
Conforme a la escritura pública de compraventa 3683 de 5 de diciembre de 1989, de la Notaría Segunda del Círculo de Popayán, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 134-0000875, el municipio de Inzá adquirió el derecho de dominio y posesión de un inmueble urbano ubicado en la calle 6ª # 4-103, con el fin de destinarlo al funcionamiento del centro de acopio municipal (f. 44 a 46, c. 1).
Además, según el folio de matrícula 134-0000183, el municipio registró la escritura pública 1329 del 12 de junio de 1987, a través de la cual adquirió, a título de compraventa, un inmueble que destinaría al funcionamiento de la plaza de mercado(8).
Así las cosas, no queda duda de que el municipio de Inzá es el propietario de los mencionados inmuebles, esto es, de aquellos en los que funcionaba tanto el centro de acopio como la plaza de mercado.
Ahora bien, como ya se advirtió, el municipio de Inzá también compareció al proceso en calidad de poseedor de un inmueble en el que, según su dicho, operaba el matadero municipal y el cual habría resultado afectado como consecuencia del ataque guerrillero que se presentó en diciembre de 2001.
El artículo 762 del Código Civil define la posesión como “la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él”. De dicha definición se han distinguido dos elementos integradores de la posesión, así: el corpus, esto es, el ejercicio material del derecho, y el animus, que es la voluntad de considerarse titular del derecho.
“El animus es el elemento sicológico o intelectual de la posesión. Consiste en la intención de obrar como señor y dueño [animus domini] sin reconocer dominio ajeno. El animus es una conducta del poseedor que puede manifestarse en el título que la origina y supone que obra como un verdadero propietario aunque no tenga la convicción de serlo, como ocurre con el ladrón a quien nadie le niega su calidad de poseedor”(9).
“Por su parte, la propiedad o dominio es un derecho de índole real sobre una cosa que permite a su titular tener las facultades de uso (servirse de la cosa), de goce (hacerla producir) y de abuso —disponer de ella por actos jurídicos, destruirla o transformarla— (art. 669 del C.C).
“De una manifestación externa, es decir del signo o de los actos que lo revelan ante los ojos de los terceros. Esta manifestación de voluntad externa, se constituye por una situación de hecho que consiste en una relación material, directa o indirecta, entre una persona y una cosa. Dicho de otro modo, es lo que se llama el corpus; (sic) este se entiende como el conjunto de actos materiales que se están realizando continuamente durante todo el tiempo que dure la posesión, (sic) y además, constituyen su manifestación visible, la manera de ser comprobada por los sentidos.
“De un estado anímico, o sicológico del poseedor en que se considera como señor y dueño (animus); (sic) este, es el respaldo a los actos posesorios ejercidos sobre la cosa; (sic) es la voluntad de tenerla para sí, de modo libre e independiente de la voluntad de otra persona, y en función del derecho correspondiente, sea que este realmente exista en cabeza del poseedor o no; (sic) sin este ánimo se da solo una fría relación física, sin alma, un hecho material sin verdadero contenido jurídico, sin vida ante el derecho”(10).
Pues bien, con el fin de acreditar la posesión que el municipio de Inzá adujo ejercer sobre el inmueble donde operaba el matadero, la parte demandante allegó al expediente un oficio del 9 de junio de 2003, por medio del cual la Personería Municipal de Inzá, previo censo realizado en conjunto con la Red de Solidaridad Social con ocasión del ataque guerrillero del 12 y 13 de diciembre de 2001, informó que “los inmuebles que fueron objeto de ataque y de propiedad de el (sic) estado (sic) fueron la Carnicería (sic), Galería (sic), Matadero (sic), Casa (sic) de propiedad del municipio” (se resalta, f. 31, c. pbas.).
Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Inzá, mediante constancia del 4 de julio de 2002, informó que como consecuencia del mencionado ataque “salieron afectadas varias viviendas, establecimientos de comercio así como la galería municipal, el matadero y la casa del municipio” (se resalta, f. 19, c. 1).
También obran en el acervo probatorio los siguientes testimonios que se decretaron y se practicaron en el trámite de la primera instancia, de los cuales resulta pertinente resaltar las siguientes versiones (se transcriben tal como obran en el expediente):
— “Preguntado: Si igualmente el poder destructivo de las bombas afectó estructuras y bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Inzá, mediante los cuales se prestaba un servicio público, como fueron las del Centro de Acopio y la Plaza de Mercado, y el Matadero Municipal? Contestó: Si el poder destructivo de los cilindros y las bombas afectó totalmente el Matadero Municipal que estaba adjunto al Cuartel de Policía, como también el Centro de Acopio y la Galería Municipal, ya que como anteriormente expuse los cilindros los enviaban sin ninguna dirección precisa” (testimonio del señor Octavio González Bedoya, f. 53 a 54, c. pbas.).
— “Preguntado: Si igualmente el poder destructivo de las bombas afectó estructuras y bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Inzá, mediante los cuales se prestaba un servicio público, como fueron el Centro de Acopio y la Galería Municipal y el matadero Municipal? Contestó: Así, eso sí, es evidente se destruyó parte de la Galería Municipal, el matadero y el Centro de Acopio, por estar cercanos al Puesto de Policía” (testimonio del señor Luis Gentil Ángel Cuéllar, f. 59 a 60, c. pbas.).
Como se observa, ninguno de los testigos cuestionó que el matadero fuera del municipio; por el contrario, de alguna manera lo aceptaron al responder sin reparo las preguntas que les hicieron haciendo referencia a esa situación.
Agregase a lo anterior que, el municipio de Inzá, con posterioridad a la incursión guerrillera del 12 y 13 de diciembre de 2001 que causó afectaciones de gran magnitud en el matadero municipal, suscribió el contrato 022 del 17 de abril de 2002, por medio del cual el contratista Jair López se comprometió a ejecutar, a favor de aquella entidad territorial, en un plazo de 20 días, “todas las obras necesarias para la Construcción explanación para la construcción matadero municipal de Inzá Cauca, a precios unitarios y de acuerdo con los planos y especificaciones suministrados por el Municipio” (copia simple(11) que obra a folios 33 a 36, c. pbas.).
De igual manera, mediante los contratos de obra pública 021 del 17 de abril de 2002 y 010 del 17 de mayo de 2003, el contratista Iván Pabón se obligó a ejecutar, a favor del municipio de Inzá, todas las obras necesarias para la construcción de la primera y de la cuarta etapa, respectivamente, del matadero municipal (f. 23 a 29, c. pbas.).
Al respecto, debe advertirse que el dictamen pericial que obra en el expediente habla de la imposibilidad de reparar el matadero y de la consiguiente necesidad de construir uno nuevo (folios 142 a 145, cuad.1)
Así las cosas, de conformidad con dichas piezas probatorias, para la Sala no hay duda de que el municipio de Inzá ha realizado actividades que demuestran el ejercicio del derecho de posesión sobre el inmueble que estaba destinado para el funcionamiento del matadero municipal; por lo tanto, comoquiera que para declarar la responsabilidad patrimonial se debe alegar un daño antijurídico consistente en la lesión al derecho subjetivo, real o personal, de que es titular el demandante, que comprende, no solo los perjuicios derivados de la afectación del derecho de propiedad, sino también los perjuicios provenientes del menoscabo del derecho de posesión, fuerza concluir que el municipio de Inzá tiene derecho a una indemnización a su favor, como consecuencia de los daños materiales que presentó dicha edificación, por cuenta de las actividades delictivas de un grupo al margen de la ley, ocurridas el 12 y el 13 de diciembre de 2001.
Dicho lo anterior, queda por definir: i) si el municipio de Inzá puede reclamar, por vía de la acción de reparación directa enderezada en contra de otra entidad de carácter público, como lo es el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, indemnización por los daños causados a bienes de su propiedad, con ocasión de un ataque guerrillero y, ii) si los deberes de dirección, control y restablecimiento del orden público que le corresponden a la administración municipal implican, per se, que no puede alegar su propia falla para perseguir la reparación de perjuicios, habida cuenta de que, según la posición adoptada por el Tribunal de primera instancia, el municipio, en conjunto con la Nación, está encargado de garantizar la seguridad en su territorio.
Pues bien, sea lo primero advertir que el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, antes de la modificación que introdujo el artículo 31 de la Ley 446 de 1998, disponía que “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa de la petición sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos”.
Posteriormente, el mencionado artículo 31, con el ánimo de regular la responsabilidad patrimonial de que trata el artículo 90 de la Constitución Política(12) y con el objeto de dar un alcance mayor a la acción de reparación directa, no solo otorgó a las entidades públicas la posibilidad de perseguir el reintegro al erario de los emolumentos que haya debido pagar, a título de indemnización, por causa de los daños antijurídicos que sus agentes, de manera dolosa o gravemente culposa, hayan causado, sino que, además, de manera expresa, las autorizó a ejercer dicha acción en contra de otras entidades de la misma naturaleza jurídica, cuando consideren que la actuación de estas ha producido un daño antijurídico, en los siguientes términos:
“ART. 86.—La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
“Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al procedimiento respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública” (se resalta).
De hecho, el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo reitera tal disposición, así:
“Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.
Así las cosas, para la Sala no existe duda alguna de que un órgano de carácter público, en este caso el municipio de Inzá, está legitimado para demandar de otra entidad de la misma naturaleza la indemnización de los daños antijurídicos que esta última le cause con su actuación.
Ahora bien, según el artículo 315 de la Constitución Política, una de las atribuciones otorgadas a los alcaldes consiste en “conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”(13).
Por su parte, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 definió el contenido y alcance de las obligaciones relativas al orden público a cargo de los alcaldes municipales, en los siguientes términos:
“Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna (sic) la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo.
“1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente de la República y del respectivo gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.
“a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos;
“b) Decretar el toque de queda;
“c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes;
“d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la ley;
“e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 9º, del Decreto 1355 de 1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen.
“PAR. 1º—La infracción a las medidas previstas en los literales a), b) y c) se sancionarán por los alcaldes con multas hasta de dos salarios legales mínimos mensuales.
“PAR. 2º—Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 52 de 1990, los alcaldes estarán obligados a informar a la oficina de Orden Público y Convivencia Ciudadana del Ministerio de Gobierno, los hechos o circunstancias que amenacen con alterar o subvertir el orden público o la paz de la comunidad, con la especificidad de las medidas que se han tomado para mantenerlo o restablecerlo”.
De conformidad con lo anterior, el alcalde es la primera autoridad de la policía en su jurisdicción y, como tal, le corresponde, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, velar por el sostenimiento del orden público y garantizar la seguridad de sus habitantes, a través de la adopción de medidas restrictivas o de vigilancia que le permitan controlar situaciones que puedan desestabilizar la convivencia pacífica de las personas; sin embargo, como las disposiciones transcritas deben ser interpretadas de manera armónica con el resto del ordenamiento jurídico, esta Corporación ha entendido que esas facultades de las que gozan los alcaldes municipales son subsidiarias a aquellas que les han sido encargadas a los gobernadores y al Presidente de la República y, en esa medida, pretender que la administración municipal reaccione de manera efectiva ante una incursión guerrillera o ante un ataque de carácter militar representaría una desproporción respecto de las atribuciones que le han sido concedidas.
Al respecto, esta Sección ha manifestado lo siguiente (se transcribe tal como se lee en la providencia)(14):
“(...) el alcalde municipal es una autoridad subsidiaria o residual respecto a la protección del orden público, pues si bien es la primera autoridad de policía dentro de la respectiva entidad territorial, de conformidad con los lineamientos del artículo 296 de la Constitución Política —precepto sobre la organización territorial— el Presidente de la República y los gobernadores son superiores jerárquicos frente a los alcaldes en la obligación de mantener y salvaguardar el orden público.
“En efecto, la citada disposición establece:
‘ART. 296.—Para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes’.
“En similar sentido, la Ley 62 de 1994, por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, determina sin anfibología alguna que es el Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, quien ostenta la condición de jefe superior de la Policía (art. 9º), competencia que puede ejercer a través del Ministro de Defensa y del Director General de la Policía, funcionarios que son de libre nombramiento y remoción de aquel (arts. 10 y 11). De igual forma, los miembros de la Fuerza Pública, al margen de sus funciones y posibles superiores jerárquicos del orden civil, policial o militar, se encuentran vinculados legal y reglamentariamente con el nivel central, y es a ese nivel que se les fija su régimen salarial (Ley 4ª de 1992).
“Es así como, existe una estructura jerárquica en materia de orden público que se encuentra trazada desde el propio texto constitucional, y que ha sido desarrollada por el legislador, para radicar la competencia general y principal de mantenimiento de la seguridad pública en cabeza del Presidente de la República, y una competencia residual y subsidiaria en los Gobernadores y Alcaldes(15).
“El asunto concreto —dada su magnitud— desbordaba las competencias a cargo del alcalde municipal, toda vez que el ataque indiscriminado contra la población y, principalmente, contra las edificaciones públicas, por parte de un grupo armado ilegal que superaba ampliamente en número a los agentes de policía que se encontraban destacados en el Comando de Policía de la entidad territorial es un aspecto que, en materia de orden público, corresponde atender directamente a las autoridades nacionales del nivel central, de conformidad con lo señalado en el numeral 4º del artículo 189 de la Constitución Política(16), en concordancia con lo dispuesto en varias disposiciones de la Ley 4ª de 1991, por la cual se dictan normas sobre orden público interno y policía cívica local(17).
“En efecto, la amenaza contra la seguridad del territorio nacional es una competencia que desborda las tareas asignadas al alcalde y gobernadores, razón por la cual el Presidente de la República, a través del señor Ministro de Defensa y de los Comandantes de Policía y de las Fuerzas Militares, asume directamente el cumplimiento de la función de protección y custodia de la población y la restitución de la soberanía territorial amenazada. A modo de ejemplo, no es posible equiparar el control y la seguridad que debe imperar en una marcha estudiantil o en un paro laboral en determinado municipio, cuestiones de orden público que, en principio, serían del resorte exclusivo del mandatario local, a una incursión militar de las proporciones de que fue objeto la municipalidad de Ituango, un escenario como este último, en un país cuya fuerza pública se encuentra fuertemente centralizada, corresponde como se analizó en líneas anteriores, a las autoridades nacionales”.
En esa oportunidad a la cual se refiere la sentencia acabada de transcribir, el Consejo de Estado desató el debate propuesto en la acción de reparación directa impetrada por el municipio de Ituango en contra del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional, en el sentido de declarar la responsabilidad de la demandada por los perjuicios causados al municipio demandante en una toma guerrillera que se presentó entre el 5 y el 6 de marzo de 1995, en la que resultaron destruidas varias edificaciones, entre ellas el palacio municipal y el comando de policía, y frente a la cual los únicos que pudieron actuar fueron los policías que se encontraban en aquella estación.
De conformidad con ese lineamiento jurisprudencial y al encontrarse que en el asunto que ahora ocupa a la Sala se presentaron presupuestos fácticos similares a los que dieron origen a aquella acción, en la medida en que se trata de una reparación directa formulada por el municipio de Inzá en contra del Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a través de la cual reclama el resarcimiento de los daños que sufrieron algunos bienes fiscales del municipio, como resultado de la incursión subversiva que se presentó en diciembre de 2001, la Sala considera que se debe acceder a las pretensiones de la demanda y ordenar, por tanto, que se indemnicen los perjuicios materiales que se lleguen a acreditar.
Lo anterior, por cuanto, según lo informó el Departamento de Policía del Cauca el 14 de diciembre de 2001(18), los sediciosos realizaron un ataque armado para el cual utilizaron, inclusive, artefactos explosivos no convencionales de destrucción masiva como cilindros de gas, además de rockets, morteros, bombas incendiarias, gases lacrimógenos y armamento de largo alcance, atentado que, como tal y por consiguiente, exigía una defensa también armada e inmediata y que, como es lógico, escapaba a la capacidad de prevención y de reacción de la primera autoridad de policía del municipio.
En efecto, la simple adopción de medidas tales como la restricción de la locomoción de los ciudadanos u otras similares, que son los instrumentos que, dentro de sus funciones y, como atrás se vio, tienen asignados los alcaldes para garantizar la convivencia pacífica de las personas y para restablecer el orden público cuando este ha sido alterado, no resultaban eficaces, suficientes ni útiles, por supuesto, para prevenir los efectos destructivos de la irrupción armada guerrillera sufrida por el municipio de Inzá y, por el contrario, esas resultaban ser unas medidas exiguas para tal fin, ya que por la magnitud, la naturaleza y el alcance del armamento utilizado, lo que se requería en esa ocasión era valerse de armamento de similares características al utilizado por los guerrilleros, a fin de enfrentar y repeler, en condiciones de igualdad o similares, cuando menos, la actuación subversiva.
Este tipo de reacción, es decir, la reacción armada no es esperable y exigible respecto de la administración municipal, sino de la Fuerza Pública, pues son las instituciones que integran esta última (Fuerzas Militares y Policía Nacional) las que, por mandato constitucional(19) y legal(20), están encargadas, en su orden, de defender y proteger la soberanía, la independencia, la integridad del territorio, el orden constitucional, así como de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes del país convivan en paz, efecto para el cual se les ha dotado de un principio de exclusividad(21) en el porte y uso de armas, en los términos del artículo 233 superior(22), que, por consiguiente, excluye de ello a los civiles y a los demás organismos del Estado.
En consecuencia, se reitera, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de reconocer los perjuicios que el municipio apelante acredite haber sufrido, con ocasión del mencionado ataque guerrillero.
La Sala se abstendrá de pronunciarse respecto de la indemnización de perjuicios morales, toda vez que es un asunto que no fue debatido en el recurso de apelación.
La indemnización por este concepto se calculará, únicamente, respecto del centro de acopio y de la plaza de mercado, ya que, tal como se advirtió en el capítulo anterior, el municipio solo acreditó el derecho de propiedad sobre estos bienes y no sobre aquel en donde, adujo, funcionaba el matadero municipal.
La parte demandante solicitó, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Inzá, la práctica de una prueba anticipada consistente en la inspección judicial a los bienes afectados en el ataque guerrillero perpetrado el 12 y el 13 de diciembre de 2001, con el fin de calcular el monto de los perjuicios materiales causados.
Según el dictamen pericial que resultó de dicha inspección judicial (practicada el 20 de marzo de 2002), pieza procesal respecto de la cual las partes no manifestaron objeción alguna, los bienes inmuebles del municipio de Inzá, esto es, el centro de acopio municipal, la plaza de mercado y el matadero municipal resultaron con los siguientes daños:
“Estado actual del centro de acopio
“Esta propiedad se encuentra parcialmente destruida como consecuencia de los fuertes impactos de artillería, detonaciones de cilindros de gas y morteros que recibió durante la toma guerrillera en los días 12 y 13 de diciembre del año 2001.
“En la visita se constató que toda la estructura de la cubierta se encuentra destruida, los muros de la fachada principal y de las alcobas principales sufrieron impactos de proyectil; las puertas y ventanas fueron seriamente averiadas como consecuencia de las detonaciones y onda explosiva.
“Actualmente por la falta de cubierta el mal tiempo está deteriorando poco a poco toda la propiedad, observándose detrimento en la baldosa y filtraciones de agua en la losa de entrepiso.
“Avalúo de los daños sufridos por la toma guerrillera sucedida los días 12 y 13 de diciembre de 2001
“Por lo descrito anteriormente el Centro de Acopio debe repararse la totalidad de la estructura de cubierta utilizando correas, vigas metálicas y teja de Eternit, en cuanto a los muros deber (sic) ser resanados y repellados parcialmente ya que los impactos sufridos no causaron daños profundos debido a su construcción en ladrillo y concreto. Los pisos deben ser reemplazados ya que en la actualidad por la intemperie se han deteriorado en su totalidad.
“El valor calculado para su reparación utilizando materiales modernos y de acuerdo al (sic) Código de Construcción Sismorresistente se estima en treinta y un millones ochocientos sesenta y tres mil novecientos cincuenta y nueve pesos ($ 31’863.959,00) M/CTE.
“Estado actual de la plaza de mercado municipal
“Esta propiedad se encuentra parcialmente destruida especialmente en el nivel principal donde se encuentra (sic) las ventas de comestibles y los servicios de comedor. En este sitio se observa que la detonación de varios cilindros de gas destruyó toda la teja trapezoidal de Eternit y dañó parcialmente su estructura metálica; los muros del lado occidental, sur y norte (...) también fueron colapsados así mismo varias columnas que servían como soporte de la estructura metálica y los puestos destinados para las ventas de comestibles.
“En los otros niveles de la Plaza mercado se observa (sic) varias tejas de Eternit perforadas por causa de los impactos de proyectil y esquirlas recibidos.
“Por lo descrito anteriormente la Plaza de Mercado debe repararse parcialmente la estructura de cubierta utilizando correas, vigas metálicas y teja trapezoidal en Eternit; en cuanto a los muros detallados en el plano a Escala 1:500 deben ser levantados nuevamente de acuerdo a las normas de construcción sismorresistente y la construcción de los nuevos puestos de venta de comestibles.
“El valor calculado para su reparación utilizando materiales modernos y de acuerdo al (sic) Código de Construcción Sismorresistente se estima en sesenta y ocho millones cuatrocientos setenta y tres mil doscietnos (sic) setenta y cinco pesos ($ 68’473275,00) (sic) M/CTE” (f. 120 a 144, c. 1).
Así las cosas, le corresponde a la Sala actualizar las sumas calculadas en la prueba recién trascrita, a través de la siguiente fórmula, donde la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (aquella calculada en la prueba pericial) multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia (índice final), por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que se practicó la prueba (marzo 20 de 2002) (índice inicial), así:
• Por el centro de acopio de Inzá
Ra = $ 56’512.297
• Por la plaza de mercado de Inzá
Ra = $ 121’440.717
Ahora, en cuanto al avalúo de los daños que se causaron en el matadero municipal, aquel dictamen pericial concluyó:
“Áreas
“Área del Lote: 439,95 mts2.
“Área Construida: 439,95 mts2.
“Detalle de la construcción
“En la inspección realizada no se pudo constatar la distribución del Matadero Municipal, ya que toda su estructura se encuentra totalmente destruida donde los escombros impidieron la toma de medidas y el levantamiento topográfico.
“Estado actual del matadero municipal de Inzá
“Esta propiedad se encuentra completamente destruida como consecuencia de los fuertes impactos de artillería y detonaciones de cilindros de gas y morteros que recibió durante la toma guerrillera en los días 12 y 13 de diciembre del año 2001.
“Por lo descrito anteriormente el Matadero Municipal debe ser construido en su totalidad en un área mayor para dotarlo de todas las instalaciones tales como: Sitio para el Retiro de Sobrantes, Corrales en Concreto, Báscula Ganadera, Manejo y Disposición de Aguas Residuales con sus líneas de conducción al sitio de tratamiento, Cámaras de Cribado, Tanque Séptico, Filtros de Aguas Residuales y Lecho de Secado, Filtro Fitopedológico y Tanques de Almacenamiento de agua, De acuerdo a (sic) los anteriores requerimientos presentamos el presupuesto actualizado como avalúo para su respectiva construcción.
“De acuerdo a (sic) investigaciones realizadas el futuro Matadero de Inzá se construirá en un lote aledaño dentro del Vivero Municipal de Inzá a un (1) kilómetro de la vía en dirección a Belalcázar y que cuenta con un área de 3.600,00 Mts². para su construcción e implementación moderna. Dicho Matadero Municipal de encuentra en período de diseño y aprobación cuyo presupuesto es de doscientos ochenta y nueve millones seiscientos cuarenta y dos mil ciento setenta y nueve pesos ($ 289’642.179,00) M/CTE” (se resalta, f. 142 a 145, c. 1).
De conformidad con lo expuesto en el dictamen pericial, para la Sala es evidente que el cálculo realizado por los peritos corresponde al valor del levantamiento de una nueva instalación —lo cual resulta razonable en la medida en que el inmueble donde funcionaba el matadero quedó completamente destruido—; sin embargo, ha de tenerse en cuenta que, para el avalúo de aquella construcción, se consideró que el matadero ocuparía un “área mayor” correspondiente a 3.600 m2; es decir, un área que supera, en gran medida, los 439,95 m2 que ocupaba el inmueble afectado por el ataque.
Advierte la Sala, entonces, que acceder a una indemnización fundada en el dictamen que se acaba de transcribir resultaría contrario al principio de reparación integral y ubicaría a la parte demandante en una posición de ventaja frente a la entidad demandada, toda vez que aquella se estaría beneficiando patrimonialmente, sin justa causa, en detrimento de esta última.
Al respecto, resulta oportuno acudir a planteamientos expuestos por la doctrina colombiana, la cual se ha pronunciado en los siguientes términos:
“La reparación del daño debe dejar indemne a la persona, esto es, como si el daño no hubiere ocurrido, o, al menos, en la situación más próxima a la que existía antes de su suceso. Dicho de otra manera, se puede afirmar que ‘se debe indemnizar el daño, solo el daño y nada más que el daño’, o, en palabras de la Corte Constitucional colombiana, que ‘el resarcimiento del perjuicio, debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado, mas no puede superar ese límite’(23). La explicación que se da a esta regla se apoya en un principio general del derecho: si el daño se indemniza por encima del realmente causado, se produce un enriquecimiento sin juta (sic) causa a favor de la ‘víctima’; si el daño se indemniza por debajo del realmente causado, se genera un empobrecimiento sin justa causa para la víctima. Es así el daño la medida del resarcimiento”(24).
Ahora, dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo(25) resulta exiguo en este asunto, toda vez que, atendiendo a la realidad procesal, la Sala debe entender que no existe suficiente información que dé cuenta de las características estructurales y funcionales del antiguo matadero municipal que faciliten la elaboración de un nuevo dictamen, máxime que, según la prueba pericial atrás transcrita, “no se pudo constatar la distribución del Matadero Municipal, ya que toda su estructura se encuentra totalmente destruida donde los escombros impidieron la toma de medidas y el levantamiento topográfico”.
En consecuencia, con el ánimo de calcular de la manera más próxima, objetiva y ponderada el quantum indemnizatorio del perjuicio, esta Corporación, con fundamento en el arbitrio judicial(26) que le asiste, tiene en cuenta el valor que corresponde a la construcción de un matadero municipal de 3.600 m2, esto es, $ 289’642.179 (según el dictamen pericial atrás citado), para concluir que, en proporción, la construcción de un matadero municipal de 439,95 m2, como lo era aquel destruido en los hechos del 12 y del 13 de diciembre de 2001, costaría, para la época en que se realizó el dictamen pericial, $ 35’.396.687, suma que será actualizada a través de la siguiente fórmula, donde la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($ 35’.396.687) multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia (índice final), por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que se practicó la prueba (marzo 20 de 2002) (índice inicial), así:
• Por el matadero municipal de Inzá
Ra = $ 62’777.763
En este orden de ideas, el valor total de la indemnización por daño emergente a favor del municipio de Inzá (Cauca) es de doscientos cuarenta millones setecientos treinta mil setecientos setenta y siete pesos ($ 240’730.777).
Ahora bien, como ya se advirtió atrás, el Tribunal de primera instancia condenó al Estado a pagar a cada uno de los demandantes, salvo al municipio, una suma de dinero como indemnización por los perjuicios materiales padecidos con ocasión de los hechos a los que se ha hecho referencia; sin embargo, comoquiera que observó que algunas de las víctimas habrían recibido una ayuda humanitaria por parte de la administración por los mismos hechos, dispuso que, al momento de efectuar el pago, la demandada podía descontar el valor de dicho subsidio al valor de la condena. No obstante, la Sala considera útil advertir que no se adoptará la misma decisión respecto de la indemnización a favor del municipio de Inzá, toda vez que no obra prueba alguna en el expediente que dé cuenta de que esa entidad haya solicitado, ni mucho menos recibido, un auxilio económico por parte del Estado, para la reparación de daños materiales.
5. Actualización de las otras condenas impuestas en primera instancia.
El Tribunal Administrativo del Cauca declaró la responsabilidad del Estado y lo condenó a pagar por los perjuicios materiales causados a otros demandantes en los hechos del 12 y del 13 de diciembre de 2001, ocurridos en el municipio de Inzá, las siguientes sumas:
Actor Valor indemnización
Ana Deiva Rivera $ 51.487.062
Israel Guevara Ramírez $ 45.465.392
Pablo Emilio Ortega P. $ 36.939.437
Evelio Sánchez Camayo $ 12.771.711
Pedro Antonio Arciniegas $ 19.618.313
Hermanas de la Caridad $ 26.200.537
Ana Lucia Gantiva de Marín $ 3.166.708
Pues bien, la Sala actualizará estas cifras, a través de la siguiente fórmula, donde la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (aquella calculada por el Tribunal) multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia (índice final), por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que se profirió el fallo del Tribunal Administrativo del Cauca (29 de marzo de 2007) (índice inicial), así:
• Para Ana Deiva Rivera
Ra = $ 69’075.351
• Para Israel Guevara Ramírez
Ra = $ 60’996.642
• Para Pablo Emilio Ortega Polanco
Ra = $ 49.558.170
• Para Evelio Sánchez Camayo
Ra = $ 17.134.604
• Para Pedro Antonio Arciniegas
Ra = $ 26.320.046
• Para las Hermanas de la Caridad del municipio de Inzá
Ra = $ 35.150.797
• Para Ana Lucía Gantiva de Marín
Ra = $ 4.248.474
MODIFÍCASE la sentencia de 29 de marzo de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, la cual quedará así:
1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por los perjuicios ocasionados a los señores Ana Deiva Rivera, Israel Guevara Ramírez, Pablo Emilio Ortega Polanco, Evelio Sánchez Camayo, Pedro Antonio Arciniegas, Ana Lucia Gantiva de Marín, a las Hermanas de la Caridad del municipio de Inzá y al municipio de Inzá, por los perjuicios sufridos con los hechos del 12 y del 13 de diciembre de 2001.
2. En consecuencia CONDÉNESE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, previa deducción de lo pagado por el Inurbe, la Red de Solidaridad u Otras Entidades, a título de indemnización por los perjuicios materiales causados a los demandantes, las siguientes sumas:
Ana Deiva Rivera $ 69.075.351
Israel Guevara Ramírez $ 60.996.642
Pablo Emilio Ortega P. $ 49.558.170
Evelio Sánchez Camayo $ 17.134.604
Pedro Antonio Arciniegas $ 26.320.046
Hermanas de la Caridad del municipio de Inzá $ 35.150.797
Ana Lucia Gantiva de Marín $ 4.2480.474
3. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, a título de indemnización por perjuicios materiales, doscientos cuarenta millones setecientos treinta mil setecientos setenta y siete pesos ($ 240’730.777), a favor del municipio de Inzá (Cauca).
7. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Cauca cumplirá los dictados del artículo 362 del C. de P.C.
3 Cifra que resulta de sumar lo que solicitó el municipio de Inzá como reparación de los daños materiales causados a la plaza de mercado, el centro de acopio y el matadero municipal.
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
5 Sentencia del 13 de mayo de 2014, expediente 23128, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
6 La Ley 1579 regula la expedición de los certificados de la siguiente forma:
8 F. 47, c. 1.
9 Velásquez Jaramillo, Luis Guillermo: “Bienes”. Editorial Temis, Bogotá, 2000, págs. 127 y 128.
10 Consejo de Estado, sentencia del 25 de enero de 2001, expediente 9672, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
11 En sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2013 (expediente 25002), la Sección Tercera de esta Corporación aceptó la valoración de las piezas documentales aportadas al proceso en copia simple, por cuanto respecto de estas “se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido”. Pese a que el suscrito Magistrado no comparte la posición mayoritaria adoptada por la Sala sobre la materia, acogerá lo dispuesto en la mencionada providencia.
12 “ART. 90.—El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
13 Numeral 2º.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 15 de febrero de 2012, expediente 21277. C.P. Enrique Gil Botero.
15 “No obstante, una cosa es ejercer la tutela del orden público, conservarlo, prevenir los acontecimientos que impliquen su ruptura y restablecerlo cuando hubiere sido perturbado, lo cual compete exclusivamente al Presidente de la República, y otra muy distinta dictar normas generales aplicables a situaciones que afectan a la sociedad por causa de actividades como el narcotráfico, el terrorismo y la subversión, las cuales, si bien no propician necesariamente una perturbación del orden público que deba conducir a la declaración del Estado de Conmoción Interior, constituyen un fenómeno innegable y actualmente presente, que debe ser objeto de regulación legal y de la atención de las ramas del Poder Público, dentro de la órbita de sus respectivas atribuciones”. Corte Constitucional, Sentencia C-283 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
16 “Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
“(...) 4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.
17 “ART. 6º—Orden Público Interno. Corresponde al Presidente de la República conservar en todo el territorio nacional el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.
“ART. 7º—Normas y Órdenes de Orden Público en lo Nacional. Para efectos de la conservación del orden público en el territorio nacional se aplicarán preferentemente y de manera inmediata las órdenes y decretos del Gobierno Nacional en materia de policía, frente a las disposiciones u órdenes expedidas por cualquier autoridad de las entidades territoriales.
“(...) ART. 10.—El Alcalde Como Jefe de Policía. El Alcalde es el Jefe de Policía en el Municipio y el responsable de la preservación y mantenimiento del orden público en el mismo, con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.
“Para el cumplimiento de lo anterior, el Alcalde deberá dictar las medidas de orden público que sean requeridas por el Presidente de la República, por el Gobernador, Intendente o Comisario, y las que considere indispensables cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen” (Se destaca).
18 F. 18 a 21, c. pbas.
19 “ART. 216.—La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
20 Ley 62 de 1993, por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República.
21 Al respecto, ver la Sentencia C-404 de 2003 de la Corte Constitucional.
22 “Solo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas. Los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados, de carácter permanente, creados o autorizados por la ley, podrán portar armas bajo el control del Gobierno, de conformidad con los principios y procedimientos que aquella señale”.
23 “Corte Constitucional col., 20 de mayo de 1993, Sent. C-197: estudia la constitucionalidad de normas de asistencia a las víctimas de atentados terroristas”.
24 Henao, Juan Carlos. “El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho Colombiano y Francés; Universidad Externado de Colombia, 2007, pág. 45.
25 “ART. 172.—Modificado. Ley 446 de 1998, art. 56. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil”.
26 “El arbitrio es un criterio de la toma de decisión. El juez adopta sus resoluciones siguiendo o bien un criterio de legalidad o bien un criterio de su propio arbitrio o bien —como es lo más frecuente— combinando ambos de tal manera que la decisión es fijada con su arbitrio dentro de las posibilidades que le ofrece la legalidad. Si la ley diera una solución precisa y unívoca al conflicto, no habría lugar para el arbitrio. Pero como esto sucede muy pocas veces, dado que la naturaleza general y abstracta de la ley no le permite entrar en las peculiaridades del caso concreto, es imprescindible la intervención de un ser humano que conecte ambos polos de la relación —la ley y el caso— utilizando al efecto primero la técnica de interpretación de la norma y luego su adaptación al caso concreto” (Nieto, Alejandro. El arbitrio judicial, Ed. Ariel, 2001, Pág. 219).