Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1998-01070-de-mayo-31-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_c6f297ae59d501a0e0430a01015101a0&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-12-06 05:13:49
Document Index: 317554957

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 651', 'artículo 631', 'artículo 631', 'artículo 651', 'artículo 83', 'artículo 1', 'artículo 631', 'artículo 648', 'artículo 631', 'artículo 651', 'artículo 631', 'artículo 651', 'artículo 651', 'artículo 651', 'artículo 631', 'artículo 651', 'artículo 631', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 631', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 631', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 45', 'artículo 651', 'artículo 651', 'artículo 1', 'artículo 241']

﻿ Sentencia 1998-01070 de mayo 31 de 2012
SENTENCIA 1998-01070 DE 31 DE MAYO DE 2012
CONTENIDO:ERRORES EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MAGNÉTICOS. EL PLIEGO DE CARGOS NO ES UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONTENGA UNA MANIFESTACIÓN DEFINITIVA DE LA VOLUNTAD DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, POR LO QUE, NO ES SUSCEPTIBLE DE SER CONTROVERTIDO ANTE LA JURISDICCIÓN. EL ARTÍCULO 651 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NO DISTINGUE EL TIPO DE ERRORES QUE TIPIFICAN INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA, POR LO QUE LA COMISIÓN DE ERRORES EN EL SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN EN MEDIOS MAGNÉTICOS, ES SANCIONADA CUANDO SE INFRINJA DAÑO O SE OBSTACULICE LA LABOR DE FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIÓN POR IRREGULARIDAD EN LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA, SUMINISTRO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MAGNÉTICOS, INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA
Sentencia 1998-01070 de mayo 31 de 2012
Rad.: 76001232400199801070 01
Nº Interno: 17918
Demandantes: Agrícola La Rosaura S.A.
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la UAE DIAN, la Sala decidirá si se ajusta a derecho la Resolución Sanción 1242 de septiembre 29 de 1997, mediante la que se impuso a la parte actora la sanción por presentar errores en el reporte de información en medios magnéticos correspondiente al año 1994 y la Resolución del Recurso de Reconsideración 27 de marzo 17 de 1998, que la confirmó.
Previamente, la Sala precisa que el pliego de cargos no es un acto administrativo que contenga una manifestación definitiva de la voluntad de la administración y, en consecuencia, no es susceptible de ser controvertido ante la jurisdicción. Por esta razón, se modificará la sentencia del tribunal en cuanto declaró la nulidad del pliego de cargos 00390-48 del 6 de marzo de 1997.
Para resolver el recurso de apelación, son relevantes para decidir los siguientes hechos probados:
1. La empresa Agrícola el Palmar Ltda. (hoy Agrícola La Rosaura S.A.) estaba obligada a presentar información en medios magnéticos.
2. La subdirección de fiscalización de la DIAN incluyó a la empresa Agrícola el Palmar Ltda. en la lista de personas seleccionadas como informantes inexactos que incumplieron la obligación de enviar información de costos y deducciones y compra de activos fijos por el año gravable 1994, según lo dispuesto en la Resolución 5987 de diciembre 28 de 1994 y literal e) del artículo 631 del estatuto tributario.
3. Conforme con el informe de validación de la información R116R2(1) del 16 de febrero de 1996, la parte actora reportó 90 registros “Tipo 2” en la entrega de información en medios magnéticos correspondiente al año 1994, de los cuales 65 presentaron “Errores de sintaxis”. En el informe se señaló que el valor de la sumatoria de la información fue de $6.911.551.000, de los cuales $8.115.000.000 correspondieron al monto de los registros procesados.
4. Con fundamento en el programa de fiscalización y el informe de validación de información, el 6 de marzo de 1997, la división de fiscalización de la Administración de Impuestos y Aduanas de Cali, expidió el pliego de cargos 00390-48(2), mediante el que propuso imponer a la parte actora una sanción de $94.200.000, por entregar con errores la información en medios magnéticos del año 1994(3), con fundamento en lo previsto en la Resolución 5987 del 28 de diciembre de 1994 y en el literal e) del artículo 631 del estatuto tributario. Para tasar la sanción, la división de fiscalización tomó el valor de los costos y deducciones que la parte actora solicitó en la declaración de renta de 1994 ($2.428.528.000), más la compra de activos fijos ($315.571.000), para un total de $2.744.099.000. Sobre dicha base calculó el 5%, para un total de $137.204.950. Habida cuenta de que la sanción máxima era de $94.200.000, la tasó en ese valor.
5. El 1º de abril del 1997, la división de fiscalización de la Administración de Impuestos y Aduanas de Cali expidió el Oficio 2009-48(4), mediante el que informó a la parte actora que debía presentar un nuevo medio magnético con la información con el cumplimiento de las características y especificaciones técnicas definidas por resolución, correspondientes al año gravable 1994.
6. El 28 de abril de 1997(5), con la respuesta al Oficio 2009-48, la parte actora adjuntó el formato de entrega de la nueva información en medios magnéticos correspondiente al año 1994. También aclaró que el valor de la sumatoria del formato entregado era de $6.911.551.000.
7. El 30 de abril de 1997, la parte actora respondió el pliego de cargos en el que se opuso a la sanción propuesta por la administración(6). En sustento de su alegato, señaló que los errores en que incurrió no estaban tipificados como sanción por la norma tributaria, ya que, la Resolución 5987 de 1994 solo preveía dos tipos de conductas sancionables: i) el desconocimiento de las características y especificaciones en el medio magnético previstas en la Resolución 2808 de 1993, esto es, aspectos técnicos o formales, y ii), la presentación de la información por fuera del plazo establecido, o con errores o cuando no correspondiera a lo requerido, es decir, errores sustanciales, dentro de los que no se enmarcaba el hecho sancionado por la administración. Expuso, además, que el acto administrativo no fue motivado.
8. El 3 de julio de 1997, la división de fiscalización de la Administración de Impuestos y Aduanas de Cali expidió el Oficio 49-993(7), mediante el que le comunicó a la parte actora que la información fue aceptada y que la invitaba a acogerse al beneficio de la reducción de la sanción de que trata el artículo 651 del estatuto tributario.
9. El 7 de julio de 1997, la demandante respondió el requerimiento de la DIAN(8), en el sentido de precisarle que presentó la información dentro de los parámetros del artículo 83 de la Carta Política y que, por eso, no estaba incursa en ninguna de las causales de infracción administrativa. Que, por esa razón, no aceptaba la invitación a pagar la sanción reducida.
10. El 29 de septiembre de 1997, la división de liquidación de la Administración Local de Impuestos y Aduanas de Cali expidió la Resolución Sanción 2142, mediante la que impuso la sanción propuesta en el pliego de cargos por $94.200.000(9). Para tasar la penalidad impuesta, tomó como base el monto de la información reportada, esto es, $6.903.436.000, importe que multiplicó por 2.5% que, según dijo, era la tarifa correspondiente a los errores de sintaxis. Esta operación arrojó un total de $172.585.900, pero se redujo la sanción a la cuantía máxima permitida de conformidad con el artículo 1º del Decreto 2806 de 1994, esto es, a $94.200.000.
11. El 28 de noviembre de 1997, la parte actora, con fundamento en las mismas razones expuestas en la respuesta al pliego de cargos, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 2142(10).
12. El 17 de marzo de 1998, la división jurídico tributaria de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Cali expidió la Resolución 27, mediante la que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto y confirmó el acto impugnado(11).
De acuerdo con los hechos probados y con lo expuesto en el recurso de apelación que interpuso la DIAN, el debate se centra en determinar si la sanción se impuso sobre una conducta tipificada como infracción administrativa.
De si la conducta estaba prevista como infracción administrativa
El fundamento legal que impone la obligación de presentar la información en medios magnéticos, que suscita la presente controversia, es el literal e) del artículo 631 del estatuto tributario que, para año 1994, disponía:
“ART. 631.—Para estudios y cruces de información. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 648 y demás normas que regulan las facultades de la Administración de Impuestos, el Director de Impuestos Nacionales podrá solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, una o varias de las siguientes informaciones, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos:
e. Los apellidos y nombres o razón social y NIT, número de cédula de ciudadanía o de tarjeta de identidad y dirección de cada uno de los beneficiarios de los pagos o abonos en cuenta que constituyan costo o deducción o den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, en los casos en los cuales el valor acumulado por beneficiario de los mismos, por el año gravable 2003, sea superior a un millón de pesos ($1.000.000) con indicación del concepto, el valor de la retención en la fuente practicada, el valor del impuesto sobre las ventas retenido, el valor del impuesto sobre las ventas descontable. (...)”.
Concordante con lo anterior, para el mismo período, la Resolución 5984 del 28 de diciembre 1994 especificó la información y las condiciones en las que debía ser presentada, a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 631 del estatuto tributario. Los artículos 9º y 10 señalaban:
ART. 10.—El no suministrar la información dentro del plazo establecido, o cuyo contenido presente errores, o la información no corresponda a la solicitada, dará lugar a la aplicación de la sanción contemplada en el artículo 651 del estatuto tributario”.
De otra parte, la sanción por no dar cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 631 del estatuto tributario está contemplada en el artículo 651 del mismo estatuto que, para el año 1994, señalaba:
a) Una multa hasta de cincuenta millones de pesos ($50.000.000)(12), la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:
La Sala ha considerado que los hechos constitutivos de la infracción tributaria a los que se refiere el artículo 651 del estatuto tributario se concretan en los siguientes supuestos: a) no suministrar la información dentro del plazo establecido para ello, b) cuando el contenido de la información presente errores y, c) lo informado no corresponda a lo solicitado(13).
Sobre la conducta sancionable consistente en la presentación de la información con errores, se reitera el criterio acogido por esta corporación en el sentido de que los errores sancionables son los de contenido, es decir, aquellos relacionados con los datos, cifras o conceptos específicos que, por ley, está obligado a reportar el contribuyente(14).
Sin embargo, como también ha sostenido esta Sala, dado que el deber de suministrar información en medios magnéticos comporta la obligación de observar los aspectos técnicos y condiciones generales prescritos para el efecto, los medios electrónicos utilizados para el suministro de la información deben cumplir con las características y exigencia de forma instruidas por la autoridad tributaria, no obstante que los requerimientos técnicos no tengan la virtualidad de modificar el contenido de la información a suministrar. Así lo precisó la sala:
“De todas formas, es factible que surjan inconsistencias formales que puedan alterar el contenido de la información, por lo que para la correcta interpretación y aplicación de las disposiciones, deben ponderarse las circunstancias que rodean cada caso en particular y exponerse en forma detallada los motivos de los rechazos de la información, con lo que además se satisface la exigencia legal y general de motivación de los actos administrativos”(15).
De manera que, la Sala considera que como el artículo 651 del estatuto tributario no distingue el tipo de errores que tipifican infracción administrativa, si las inconsistencia formales —“errores de sintaxis”— no permiten acceder a la información solicitada, es válido que se sancionen si con ello se obstaculiza la labor de fiscalización de la autoridad tributaria(16).
De cualquier manera, cada caso debe analizarse dentro de los parámetros que, según la Corte Constitucional, deben tenerse en cuenta para imponer la sanción, en particular, verificar si la conducta cometida infligió daño a la administración tributaria.
En efecto, la Sala ha dicho que, concordantemente con la Sentencia C-160 del 29 de abril de 1998 de la Corte Constitucional, la sanción debe obedecer a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Esto implica que la infracción administrativa por la comisión de errores en la información solo se sanciona cuando se cause daño al Estado. Es decir, que lo determinante no es el error per se sino que tenga la entidad suficiente para dificultar u obstaculizar la labor fiscalizadora propia de la administración o que afecte los intereses de terceros(17).
En consecuencia, los errores formales en que incurran los obligados a presentar información en medios magnéticos no tienen por sí mismos la vocación de tipificar una infracción administrativa sancionable. Sin embargo, si en virtud de estos se errores se imposibilita la labor de fiscalización de la administración, si pueden ser objeto de sanción, evento en el cual, la autoridad tributaria deberá explicar en qué medida se obstruyó esa labor.
La DIAN señaló en el pliego de cargos que, en desarrollo del programa de fiscalización “FL/74 informantes inexactos”, adelantado por la subdirección de fiscalización, determinó que la parte actora incumplió con la obligación de enviar la información de costos, deducciones y compras de activos fijos del año gravable 1994, según lo dispuesto en Resolución 5987 de 1994 y el literal e) del artículo 631 del estatuto tributario.
En el reporte de validación de la información inicialmente presentada, la administración dejó constancia de que las inconsistencias se debían a errores “de sintaxis”. En el memorando explicativo de la Resolución 1242 de 1997, la DIAN precisó lo siguiente:
“El artículo 651 del estatuto tributario en su contenido no hace referencia a que tipo de error se aplicaría la sanción, sino que simplemente habla de error en su presentación, de lo cual puede inferirse que en ella se encuentran contemplado cualquier tipo de error, lo anterior se ratifica con el contenido de la norma que expresa:
Se ratifica que en el contenido de la norma no hace referencia a ningún tipo de error en particular, sino a errores en general”.
De manera que, aunque la DIAN no explicó en qué consistían tales errores, es claro que para dicha institución todo tipo de error tipifica la infracción y, por ende, la sanción. En todo caso, conforme lo sostuvo la parte actora en la demanda y, según puede constatarse de los antecedentes administrativos, esos errores estaban referidos a la inclusión de caracteres o signos, tales como comas y puntos en el reporte.
Pues bien, la Resolución 2808 de 1993 estableció los formatos y las especificaciones técnicas de la información a la que se refiere el artículo 631 del estatuto tributario. Así, el literal b) del artículo 2º señalaba que la información debía ser relacionada mediante tres tipos de registros, según fuera de identificación, movimiento o de cierre.
En el artículo 2º, la resolución fijó las características (lit. a)), especificaciones (lit. b)) y organización (lit. c)), que debía tener la información.
Los registros tipo 1, 2 y 3 corresponden a las especificaciones de la información. Respecto de los registros “Tipo 2”, sobre los que gira la presente controversia, el literal b) del artículo 2º de la Resolución 2808 de 1993 dispuso:
Registro de identificación (Tipo 1) (...).
1-1 Tipo de registro: Lleva el carácter numérico “2”
2-3 Código que identifica la información a que se refieren los literales del artículo 631 del estatuto tributario, según el numeral 1º del artículo 5º de la presente resolución
4-5 Subcódigo que identifica el concepto informado Según lo establezca la resolución mediante la cual se solicite la información
6-16 NIT, cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad de la persona o entidad informada. (once caracteres numéricos)
17-17 Dígito de verificación
18-18 Clase de documento de identificación
A. NIT expedido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
19-79 Apellidos y nombres de la persona o razón social de la entidad, de la cual se está informando
79-93 Primer valor informado (miles de pesos)
Según el numeral 1º del artículo 5º de la presente resolución
94-108 Segundo valor informado (miles de pesos)
109-110 Ubicación del informado
Solo deberá informarse la ubicación en el caso de las personas o entidades que se refiere el literal c) del artículo 631 del estatuto tributario. La ubicación está dada por el código de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, a la cual pertenece la ciudad donde les fue practicada la retención en la fuente según el artículo 4º de la presente resolución
Registro de cierre (Tipo 3) (...).
Nota: Los campos definidos como numéricos no deben permitir grabar caracteres especiales tales como puntos (.), comas (,), signos de pesos ($), etc. y deben venir justificados a la izquierda. (...)”.
Como se puede apreciar, la nota del literal b) del artículo 2º de la Resolución 2808 de 1993 exige que los campos numéricos se consignen con ciertas especificaciones. El expediente da cuenta de que la parte actora incurrió en ese tipo de errores y que, por eso, remitió nuevamente la información solicitada, de acuerdo con las exigencias de la Resolución 2808 de 1993, de manera que, la DIAN la pudo leer, procesar y, por ende, aceptar.
En esa medida, la actuación del contribuyente no le causó daño a la administración, pues no impidió ni obstruyó la labor de fiscalización de la administración. En consecuencia, no se configuró un hecho sancionable.
Adicionalmente, el parágrafo 651 del estatuto tributario(18), vigente al momento de la ocurrencia de los hechos controvertidos, preveía que no había lugar a la sanción prevista en la norma si las inconsistencias en la información se corregían voluntariamente antes de la notificación del pliego de cargos. En el presente caso, tal como se precisa en los hechos narrados, la parte actora corrigió la información antes de la notificación del pliego de cargo, razón adicional para determinar que era improcedente la sanción.
Ahora bien, frente a los efectos de la sentencias de la Corte Constitucional que, tal y como lo prevé el artículo 45 de la Ley 270 de 1996(19), rigen hacia el futuro, salvo que la misma corporación determine lo contrario, es pertinente precisar que la Sentencia C-160 del 29 de abril de 1998 es aplicable al caso concreto porque se trata de una situación jurídica que no se consolidó antes de la expedición de la mentada providencia(20).
1. REVÓCASE la sentencia del 23 de julio de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, únicamente en cuanto declaró la nulidad del del pliego de cargos 00390-48 del 6 de marzo de 1997. En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.
2. RECONÓCESE personería a la abogada Aydee Correa Amórtegui como apodera de la DIAN.
Comparto la decisión de la Sala en cuanto confirmó la decisión del tribunal que anuló los actos administrativos acusados.
La decisión adoptada por la Sala se fundamentó principalmente en que la demandante incurrió en errores al remitir la información en medios magnéticos, toda vez que en los campos numéricos incluyó carácteres como puntos y comas que no eran permitidos según las especificaciones de la Resolución 2808 de 1993. No obstante lo anterior, como la actora remitió nuevamente la información y pudo ser procesada y leída, esta situación no impidió la labor de fiscalización, por lo tanto, no se configuró el hecho sancionable.
Al respecto considero que la nulidad de los actos administrativos demandados debió sustentarse en dos aspectos, así:
Revisado el pliego de cargos mediante el cual la administración propuso imponer la sanción, la DIAN no especificó el tipo de error en que había incurrido el contribuyente, es decir, el acto no estaba debidamente motivado para que la demandante pudiera corregirse los errores o ejercer su derecho de defensa para controvertir la imposición de la sanción.
Esta situación, solo fue precisada por la administración en un oficio posterior al pliego de cargos, con el cual se allegó un reporte sobre los errores, pero tampoco allí se especificaba cuál era en concreto la inconsistencia detectada, pues se limitó a afirmar que se trataba de “errores de sintaxis”.
Si bien la demandante corrigió la información, tal situación no impedía reconocer que la DIAN no había sustentado de manera clara y precisa los errores en que supuestamente había incurrido la demandante.
2. Inexistencia de la causal invocada por la demandada.
La causal invocada por la DIAN para sancionar al contribuyente no está consagrada legalmente, como lo alegó la demandante tanto en sede administrativa como ante esta jurisdicción.
En efecto, no es procedente sostener, como lo hizo la DIAN en el memorando explicativo de la Resolución 1242 de 1997, que el artículo 651 del estatuto tributario “no hace referencia a qué tipo de error se aplicaría la sanción, sino que simplemente habla de error en su presentación, de lo cual puede inferirse que en ella se encuentran contemplados cualquier tipo de error”, lo cual, a juicio de la demandada, “se ratifica del contenido de la norma porque no hace referencia a “ningún tipo de error en particular sino a errores en general”(1).
El mencionado artículo 651 del estatuto tributario dispone:
Cuando la norma señala como causal para imponer la sanción que la información en su “contenido presente errores”, no puede incluirse “cualquier tipo de error”, pues la finalidad de la norma es sancionar los errores de contenido, es decir, aquellos que, para el caso analizado por la Sala, por ejemplo, constituyan errores en los valores informados por costos o deducciones por no corresponder a la realidad económica del contribuyente.
Por el contrario, en el sub examine, se demostró que la DIAN pretendió sancionar al contribuyente porque incluyó puntos y comas, aspectos que no afectaron el “contenido” de la información sino que corresponden al incumplimiento en los requerimientos “formales” o meramente técnicos con los que debieron presentarse las cifras requeridas por la administración.
Como se observa del texto de la norma transcrita, no se indica que el incumplimiento de las especificaciones técnicas constituya hecho sancionable. Debe precisarse en este punto, que las sanciones son de interpretación restrictiva y que el procedimiento se rige por el principio constitucional de legalidad de la pena(2).
En consecuencia, considero que los anteriores argumentos debieron fundamentar la decisión adoptada por la Sala en la sentencia objeto de este salvamento, aspectos que fueron debidamente sustentados en la demanda y que fueron tenidos en cuenta por el a quo en la sentencia apelada
Martha Teresa Briceño de Valencia».
(1) Folios 1 al 3 del C.A.A.
(2) Folios 49 a 51 de C.P.
(3) La sanción de $94.200.000 corresponde a la penalidad máxima prevista para el año 1994 (D. 2806/94). Inicialmente fue calculada por la administración en $137.204.920. Esta cifra corresponde al 5% de los valores que a juicio de la DIAN, presentaron inconsistencias, esto es, $2.744.099.000 x 5% = 137.204.000 (fl. 50 del C.P.).
(4) Folio 12 del C.A.A.
(5) Folio 18 del C.A.A.
(6) Folios 31 a 43 del C.P.
(7) Folio 54 de C.A.A.
(8) Fl. 59 C.A.
(9) Con la resolución sancionatoria la administración aumentó la base para el cálculo de la sanción a $6.903.436.000. Sin embargo fue calculada a una tarifa graduada del 2.5%, lo que arrojó la suma de $172.585.900 (fls. 28 y 29 del C.P.).
(10) Folios 11 a 21 del C.P.
(11) Folios 2 al 8 del C.P.
(12) Valor actualizado a $94.200.000 de conformidad con el artículo 1º de la Decreto 2806 de 1994.
(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Bogotá, D.C., 24 de septiembre de 2009. Número de radicación: 17001-23-31-000-2003-00840-01. Número interno: 17347. Actor: Construir Ingeniería S.A. “Coinsa”. Demandado: DIAN.
(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Héctor J. Romero Díaz. Bogotá, D.C., 13 de septiembre de 2007. Número de radicación: 05001-23-15-000-2000-01613-01. Número interno: 14489. Actor: Cadena S.A. Compañía de Artes Gráficas. Demandado. DIAN.
(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. Bogotá, 1º de febrero de 2002. Número de radicación: 76001-23-24-000-1999-1838-01. Número interno: 12549. Actor: Agropecuaria Los Lagos S. en C. Demandado: La nación-DIAN.
(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., 3 de junio de 2010. Número de radicación: 68001 23 15 000 2000 00372 01. Número interno interno: 17121. Demandante: Inversora Hotelera Colombiana S.A. Demandado: UAE DIAN. “La obligación de presentar la información en medios magnéticos se instituyó como una herramienta que le facilita a la DIAN la facultad de fiscalización, a través de cruces de verificación. De esa manera se racionaliza su labor, pues permite orientar las investigaciones hacia aquellos contribuyentes cuya información reportó hallazgos que ameritan ser comprobados.
De ahí que cuando no se suministra la información en medios magnéticos o se suministra con errores que impiden su convalidación, se perjudica la misión de la DIAN y ese perjuicio, que es intangible, constituye un daño que amerita ser sancionado”.
(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. William Giraldo Giraldo. Bogotá, D.C., 6 de octubre de 2009. Número de radicación: 25000-23-27-000-2005-01759-01. Número interno: 17043. Actor: Otepi Consultores de Colombia S.A. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
(18) PAR.—No se aplicará la sanción prevista en este artículo, cuando la información presente errores que sean corregidos voluntariamente por el contribuyente antes de que se le notifique pliego de cargos.
(19) ART. 45.—“Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”.
(20) “Igualmente se ha indicado que la sentencia de nulidad que recaiga sobre un acto de carácter general, afecta las situaciones particulares que no se encuentren consolidadas, esto es, que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción contencioso administrativa”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. María Inés Ortiz Barbosa. Bogotá, D.C., 10 de julio 2003. Número de radicación: 25000-23-27-000-1999-00840-01. Número interno: 13196. Actor: Banco de Crédito de Colombia S.A. Demandado: Departamento de Cundinamarca.
(1) Fls. 28 y 29, cdno. ppal., apartes transcritos en la página 16 de la sentencia.
(2) C.P. art. 29.