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Timestamp: 2019-10-14 03:56:47
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﻿ DECRETO 35 DE 1992
DECRETO 35 DE 03 DE ENERO DE 1992
CONTENIDO:RÉGIMEN LABORAL PARA LA EMPRESA DE PUERTOS DE COLOMBIA, EN LIQUIDACIÓN
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:945, FEBRERO 29 DE 1992, PG. 214
DECRETO 35 DE 1992
“Por el cual se dictan normas sobre el régimen laboral de la empresa Puertos de Colombia, en liquidación”.
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 37 de la Ley 1ª de 1991,
ART. 1º—La junta directiva de la empresa Puertos de Colombia suprimirá los cargos vacantes y los desempeñados por servidores públicos de acuerdo con el programa de supresión de empleos que apruebe la misma junta directiva, siguiendo las pautas que establezca la comisión de empleo de que trata el artículo 36 de la Ley 1ª de 1991, dentro del proceso de la liquidación.
ART. 2º—La supresión de los cargos desempeñados por servidores públicos implica la terminación de los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales y de la relación legal y reglamentaria de los empleados públicos.
La eventual vinculación que se ofrezca a los servidores públicos de la empresa Puertos de Colombia, en liquidación, en otras entidades públicas, mixtas o privadas deberá hacerse mediante la suscripción de un nuevo contrato de trabajo o un nuevo nombramiento.
ART. 3º—El reconocimiento de la pensión de jubilación, invalidez o vejez establecida en las leyes vigentes y en las normas que se expidan en ejercicio de las facultades extraordinarias de la Ley 1ª de 1991, a que tengan derecho los servidores públicos, significará la terminación de su respectivo contrato de trabajo y vinculación legal y reglamentaria.
ART. 4º—Los cargos que por necesidades del servicio o de la liquidación no sean suprimidos, serán provistos por el liquidador de la empresa con el visto bueno de la junta directiva.
El liquidador de la empresa Puertos de Colombia, en liquidación, con autorización de la junta directiva, podrá ordenar el traslado de servidores públicos a otro cargo o sede, en cuyo caso se reconocerán y pagarán los gastos que el traslado ocasione al empleado.
ART. 5º—Los trabajadores oficiales que a la fecha de publicación del presente decreto o durante el período de liquidación, cumplan una edad de cincuenta y cinco (55) años o más, los hombres, y cincuenta (50) años o más las mujeres, y tiempo de servicio igual o superior a veinte (20) años en el sector público o privado y no menos de diez (10) años, continuos o discontinuos en la empresa, tendrán derecho a la pensión de jubilación.
Se garantizan los derechos adquiridos a la fecha de publicación de este decreto.
ART. 6º—Los trabajadores oficiales que a la fecha de publicación del presente decreto tuvieren veinte (20) años o más de servicios en la empresa, tendrán derecho sin consideración a la edad, a pensión de jubilación proporcional correspondiente al tiempo de servicio así:
a) Veinte (20) años, sesenta y cuatro por ciento (64%) del salario promedio;
b) Veintiún (21) años, sesenta y cinco por ciento (65%) del salario promedio;
c) Veintidós (22) años, sesenta y seis por ciento (66%) del salario promedio;
d) Veintitrés (23) años, sesenta y siete por ciento (67%) del salario promedio, y
e) Veinticuatro (24) años, sesenta y ocho por ciento (68%) del salario promedio, y así sucesivamente, sin sobrepasar del setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio, el valor de la pensión.
(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-13 de 1993).
ART. 7º—Las pensiones de jubilación se liquidarán con base en el salario promedio causado durante el último año de servicios del trabajador. Para efectos de su reconocimiento y pago se tendrá en cuenta exclusivamente los factores salariales a que se refiere el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
ART. 8º—Las pensiones de jubilación, invalidez y vejez serán reajustadas en las mismas fechas en que se decrete cualquier aumento del salario mínimo legal.
ART. 9º—Los trabajadores oficiales a quienes en desarrollo de la liquidación se les suprima el cargo tendrán derecho a la siguiente indemnización:
Años de servicio Salario promedio
18 años o más y menos de 19años 855 días
PAR.—Para la liquidación de las indemnizaciones se tendrá en cuenta el salario promedio causado, calculado de acuerdo con lo establecido en el artículo 7º del presente decreto.
ART. 10.—Las indemnizaciones de que trata el artículo anterior serán reconocidas y pagadas por la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, o por el Fondo del Pasivo Social que se cree en virtud de las facultades del artículo 37 de la Ley 1ª de 1991, una vez éste asuma dicha obligación.
ART. 11.—Los empleados públicos que a la fecha de publicación del presente decreto o durante el período de liquidación, tuvieren una edad de cincuenta y cinco (55) años o más, los hombres; y cincuenta (50) años o más las mujeres, y tiempo de servicio igual o superior a veinte (20) años en el sector público o privado y no menos de diez años, continuos o discontinuos en la empresa tendrán derecho a la pensión de jubilación.
ART. 12.—Los empleados públicos que a la fecha de publicación del presente decreto tuvieren veinte 20 años o más de servicios a la empresa, tendrán derecho sin consideración a la edad, a pensión de jubilación proporcional correspondiente al tiempo de servicio así:
e) Veinticuatro (24) años, sesenta y ocho por ciento (68%) del salario promedio; y así sucesivamente, sin sobrepasar del setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio, el valor de la pensión.
(Nota: Declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-13 de 1993, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los empleados públicos).
ART. 13.—Para la liquidación de las pensiones de los empleados públicos se aplicarán los factores salariales establecidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
ART. 14.—Las pensiones de jubilación se liquidarán con base en el salario promedio causado durante el último año de servicios del empleado.
ART. 15.—Los empleados públicos a quienes en desarrollo de la liquidación se les suprimiere el cargo, tendrán derecho a recibir las bonificaciones establecidas en el Decreto 1660 de 1991.
ART. 16.—Las pensiones son incompatibles con las bonificaciones. Si se paga una bonificación y luego se reclama y obtiene una pensión, el monto cubierto por bonificación más intereses liquidados a la tasa de interés corriente bancario, se descontará periódicamente de la pensión, en el menor número de mesadas legalmente posible.
ART. 17.—Las bonificaciones especiales de que tratan los artículos anteriores serán reconocidas y pagadas por la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación o por el Fondo del Pasivo Social que se cree en virtud de las facultades del artículo 37 de la Ley 1ª de 1991, una vez este asuma dicha obligación.
PAR.—Para la liquidación de las bonificaciones se tendrá en cuenta el salario promedio causado, calculado en la forma establecida en los artículos 13 y 14 del presente decreto.
ART. 18.—Con el fin de asegurar la protección del empleo de que trata el artículo 36 de la Ley 1ª de 1991, créase una comisión de promoción de empleo, compuesta por las siguientes personas:
a) El Ministro de Obras Públicas y Transporte o su delegado, quien la presidirá;
c) El Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil o su delegado, y
d) Un representante de las organizaciones sindicales de la Empresa Puertos de Colombia en liquidación, designado por el Ministro de Obras Públicas y Transporte.
El liquidador de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, asistirá con voz pero sin voto.
Actuará como secretario de la comisión el funcionario que para el efecto designe el Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil.
ART. 19.—Son funciones de la Comisión de Promoción de Empleo las siguientes:
a) Hacer acuerdos con el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, para capacitar a los servidores públicos cesantes en oficios alternativos;
b) Hacer acuerdos con la Corporación Financiera Popular para obtener los recursos financieros tendientes a la formación de empresas de operadores portuarios por parte de los servidores de la Empresa Puertos de Colombia;
c) Asesorar a los servidores públicos cesantes en la búsqueda de empleo y en la formación de las empresas de que trata el literal anterior, y
d) Señalar al liquidador de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación y a la junta directiva, las pautas para la supresión de cargos y el pago de las correspondientes indemnizaciones.
ART. 20.—Las pensiones a que se refiere el presente decreto serán reconocidas y pagadas por la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación o por el Fondo de Pasivo Social que se cree en desarrollo de las facultades extraordinarias del artículo 37 de la Ley 1ª de 1991, los cuales tendrán derecho a repetir contra las anteriores entidades empleadoras para el cobro de las cuotas partes pensionales que se deriven del reconocimiento de las pensiones.
ART. 21.—Los procesos que instauren quienes al momento de su desvinculación de la empresa, ocupen cargos clasificados como de dirección o confianza de acuerdo con los estatutos de la misma, serán de conocimiento exclusivo de la jurisdicción contencioso administrativa.
ART. 22.—Las sentencias proferidas en contra de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, que dispongan el reintegro del demandante quedarán cumplidas mediante el pago de las condenas económicas liquidadas hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, sin que haya lugar al reintegro dada la liquidación de la entidad.
ART. 23.—De las condenas a que hubiere lugar en los procesos judiciales que se sigan o que se estén siguiendo contra la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, responderá dicha empresa mientras el Fondo de Pasivo Social asume la obligación de atenderlos.
ART. 24.—La liquidación de la Empresa Puertos de Colombia es justa causa para dar por terminados los contratos de trabajo, de conformidad con el artículo 5º literal e) de la Ley 50 de 1990.
ART. 25.—El tiempo de servicio para efectos del reconocimiento de las pensiones de jubilación se acreditará de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
ART. 26.—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.