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Timestamp: 2020-01-28 15:42:57
Document Index: 410887448

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 116', 'artículo 40', 'artículo 73', 'artículo 115', 'artículo 123', 'artículo 20', 'artículo 17']

Contenido - Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima
La autonomía en la gestión presupuestal
La supresión de los Magistrados Suplentes y Supernumerarios
La creación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado
La desincorporación de la carrera judicial de los cargos de Secretario General de Acuerdos del Pleno y Presidencia, y de los Proyectistas.
D E C R E T O No. 405
Al aprobarse el Código Nacional de Procedimientos Penales se marcó una pauta fundamental en el desarrollo del Derecho Procesal Mexicano. Con ello se hace necesaria la revisión legislativa de distintas áreas de gobierno al interior del Estado de Colima, para evitar que se pueda presentar una derogación tácita de normas, como lo prevé el artículo cuarto transitorio del Dispositivo nacional.
Así mismo se considera a la Administración de Justicia como uno de los bienes jurídicos tan importantes, como la Salud, la Educación y la Seguridad; por lo que al tema de la Autonomía del Poder Judicial del Estado no se le puede dar un tratamiento de una institución operativa.
Algunos temas relevantes que se contemplan en este proyecto son los siguientes:
Una de las garantías más relevantes a favor de los poderes judiciales locales es la autonomía de gestión presupuestal; puesto que constituye una condición necesaria para que los poderes judiciales locales ejerzan sus funciones con plena independencia, pues sin ella se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial (entendida como remuneración adecuada y no disminuible), el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores, además, dicho principio tiene su fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuye la garantía de expeditez en la administración de justicia, su gratuidad y la obligación del legislador federal y local de garantizar la independencia de los tribunales, cuestiones que difícilmente pueden cumplirse sin la referida autonomía presupuestal; por ello, debe tomarse en cuenta que la autonomía de gestión presupuestal no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes, pues ello implicaría violación al principio de división de poderes que establece el artículo 116 constitucional1.
Se expone lo anterior considerando que el principio de división de poderes, con especial referencia a los poderes judiciales de las entidades federativas, se viola cuando se incurre en las siguientes conductas2:
que en cumplimiento de una norma jurídica o voluntariamente se actualice una actuación antijurídica imputable a alguno de los Poderes Legislativo o Ejecutivo;
que dicha conducta implique la intromisión de uno de esos poderes en la esfera de competencia del Poder Judicial, o bien, que uno de aquéllos realice actos que coloquen a éste en un estado de dependencia o de subordinación con respecto a él; y
que la intromisión, dependencia o subordinación de otro poder verse sobre el nombramiento, promoción o indebida remoción de los miembros del Poder Judicial; la inmutabilidad salarial; la carrera judicial o la autonomía en la gestión presupuestal.
En la Ley Orgánica que se abroga se contempla la figura de los magistrados suplentes y supernumerarios, quienes entran en funciones cuando deben sustituir a los magistrados propietarios en sus faltas temporales o por impedimento; sin embargo se destaca que, atendiendo a las hipótesis limitadas en las que pueden entrar en funciones los mismos, se ha optado por una nueva fórmula de suplir a los magistrados propietarios mediante el establecimiento de la suplencia por ministerio de ley a cargo de un juez de primera instancia de mayor antigüedad en su designación tomándose en cuenta la materia en la que se desempeñe; lo que se estima no vulnera los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Federal, puesto que se trata de una atribución puramente operativa que no vulnera la potestad exclusiva del Supremo Tribunal de Justicia para determinar el funcionamiento, integración y administración de sus Salas, ni la esfera competencial del órgano legislativo y, por tanto, tampoco vulnera la autonomía e independencia del Poder Judicial. Lo anterior es así, toda vez que la referida facultad tiene como objetivo asegurar el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional a través de la designación temporal de Jueces de primera instancia quienes deben cumplir los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado3.
Como resultado de las consultas a diversos sectores de la población de la entidad, entre los que destacan la junta empresarial, abogados litigantes, académicos y sociedad en general, se pronunciaron en el establecimiento en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial el Estado de un órgano diverso al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, que se encargara de la vigilancia, disciplina y administración del Poder Judicial; a fin de garantizar transparencia en la toma de decisiones administrativas, particularmente en el tema de ejercicio de recursos, y nombramientos de personal.
En ese tenor, si bien los Consejos de la Judicatura, como órganos de administración del Poder Judicial, sólo son obligatorios en el régimen Federal y en el ámbito del Distrito Federal, conforme a los artículos 100 y 122, apartado C, base cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; su existencia en el ámbito estatal no es imperativa. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 se ha pronunciado en el sentido de que, en caso de que las Legislaturas Locales decidan establecerlos en sus regímenes internos, por cuestión de coherencia con el sistema federal, de acuerdo con los artículos 40, 41, 49 y 116 de la Ley Suprema, ello no debe contravenir los principios establecidos por el Constituyente; antes bien, en acatamiento a los artículos 17 y 116, fracción III, constitucionales, debe seguirse garantizando la independencia y la autonomía del Poder Judicial Local, en función del principio general de división de poderes, sin perjuicio de que esta modalidad se oriente por los principios que para el nivel federal establece la propia Ley Fundamental de acuerdo con su artículo 40, lo que no significa mezclar diferentes regímenes del Estado mexicano, sino sólo extraer los principios generales que el Constituyente Permanente ha establecido para los Consejos de la Judicatura en pleno acatamiento al sistema federal imperante en el país, en el que los Estados de la República son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la Norma Suprema. En este tenor, de acuerdo con los procesos legislativos que han originado la creación de los Consejos de la Judicatura, el Constituyente Permanente ha establecido, por lo menos, dos principios fundamentales:
En la suma total de componentes de un Consejo, debe haber más sujetos directamente extraídos del Poder Judicial al que administrará, al cual previsiblemente regresarán una vez que terminen sus funciones; y
La conformación del Consejo es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, por tanto, sus decisiones deben respetar los principios de autonomía e independencia judiciales, así como no controlar o invadir la esfera jurisdiccional del órgano al que administrará.
Estos principios tienden al pleno respeto a la división de poderes como expresión de una correcta distribución de funciones, pues se garantiza que la función jurisdiccional se vea reflejada en las decisiones administrativas; se acotan funciones de otros Poderes para no permitir que, en ningún caso, formen mayoría que incida en las decisiones administrativas del Poder Judicial; se evitan suspicacias nocivas relativas a una posible intervención en la administración del Poder Judicial por parte de personas designadas por Poderes ajenos al mismo y, finalmente, se garantiza que exista una mayor representatividad de los integrantes del Poder Judicial en la toma de decisiones administrativas y organizacionales del indicado Poder, todo lo cual conduce a desempeñar correctamente la función encomendada relativa a otorgar una adecuada impartición de justicia hacia los gobernados.
En ese sentido, en la presente iniciativa se contempla la creación del Consejo de la Judicatura local, a fin de descargar del Pleno del Tribunal, las cuestiones administrativas que no correspondan en forma exclusiva a éste, así como lo correspondiente a la vigilancia, disciplina y carrera judicial, de los servidores públicos de la administración de justicia, con excepción de los adscritos al Supremo Tribunal de Justicia; con lo que se estima se da cumplimiento a las demandas sociales y se garantiza la transparencia en la toma de decisiones al contemplarse un órgano diverso al Pleno, que lleve a cabo las actividades ya señaladas.
Como se señaló al inicio de la exposición de motivos; El Secretario General de Acuerdos del Pleno y la Presidencia, por razón de sus atribuciones, se rige en personal de apoyo técnico de la Presidencia del Tribunal, a quien le corresponde la tramitación de los asuntos competencia del Pleno, lo que implica que, al igual que los proyectistas jurídicos de las Salas, sean colaboradores directos; en ese sentido atendiendo en lo conducente a los lineamientos contenidos en la resolución pronunciada en la queja 22/2014 a que se hizo referencia anteriormente, tales cargos no pueden ser considerados como parte integrante de la carrera judicial; ya que de lo contrario, -a la luz del criterio de dicho Tribunal Colegiado, se vulneraría la independencia y autonomía de los magistrados de las salas, por lo que ve a los proyectistas- y del Magistrado Presidente- por lo que se refiere al Secretario General de Acuerdos- pues si se le atribuyera el ingreso a la carrera judicial con su consecuente estabilidad y permanencia, se llegaría al extremo de obligar a los citados magistrados a tener bajo su dirección y supervisión a colaboradores directos aún contra su voluntad si es que se consideraran inidóneos para la función encomendada; y aunado a ello, con esta nueva dinámica se generan condiciones favorables para el debido desempeño operativo de la Presidencia conforme a las políticas públicas determinadas por ésta, atento a la confianza depositada por sus homólogos en la persona que desempeñe esa responsabilidad durante el periodo para el que haya sido elegido.
Además de lo anterior, dicha mecánica sin duda alguna repercute en el cuidado de las finanzas públicas al evitarse que eventualmente se produzcan ingresos de personal sorteando el procedimiento de selección previsto en la ley y posteriormente canalizarse a diversas áreas o categorías de la carrera judicial, con lo que de igual forma se garantiza la idoneidad del personal jurisdiccional de carrera; o por el contrario, cuando se pierda la confianza en el Proyectista o Secretario General de Acuerdos, o asuma el cargo otro magistrado propietario en alguna de las ponencias, no se encuentre obligado a tener bajo su adscripción a un proyectista que no sea de su confianza, y sin más, se le reubique en otra área del Poder Judicial del Estado, con la misma remuneración que percibían en esos cargos, lo que evidentemente lesiona el erario público.
SÉPTIMO.- Estas Comisiones dictaminadoras consideran de suma trascendencia que la Ley Orgánica del Poder Judicial sea objeto de una reforma integral que le permita a este Poder adecuarse al nuevo sistema de justicia penal que se ha venido adoptando a nivel nacional y particularmente a la administración de justicia en el Estado.
En virtud de las nuevas tendencias en la impartición de justica a nivel internacional y nacional con las reformas realizadas por el Constituyente Permanente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, a sus artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia penal. Dicha reforma constitucional en materia penal representó un verdadero cambio en el sistema de procuración e impartición de justicia en nuestro país, transitando del procedimiento semi-inquisitorio al acusatorio y oral, basados en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, que recoge el artículo 20 constitucional; asimismo esta reforma, también denominada Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia Penal, entre otros aspectos, estableció en el país el Sistema de Justicia Penal Acusatorio para la investigación y el enjuiciamiento penal, e instituye un nuevo sistema nacional de seguridad pública.
En lo especifico, en nuestro Estado, y como consecuencia de la citada reforma constitucional, se llevó a cabo la correspondiente reforma a la Constitución Política del Estado, a través del decreto 328 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” con fecha 26 de julio del 2014. Igualmente, mediante el decreto 372, se emitió la declaratoria de incorporación del Estado al Nuevo Sistema de Justicia Penal y del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por lo anterior es una exigencia constitucional que las leyes secundarias se adecuen a las nuevas disposiciones jurídicas vigentes, que significan una importante modificación en la administración de justicia en nuestra entidad; bajo estos argumentos, el Poder Judicial del Estado es el ente público que debe ser objeto de mayores reformas para que tanto su estructura, como sus funciones se encuentren acorde a los nuevos sistemas adoptados para la implementación de justicia.
En este sentido, después del estudio y análisis de la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por el Poder Ejecutivo Estatal es evidente que su contenido se encuentra superado por las nuevas reformas implementadas a la Constitución Local en materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal, citadas con anterioridad, por lo cual es inviable su procedencia.
Empero, es imperante para estos momentos que se adopten las disposiciones legales capaces de instrumentar y de hacer funcional al Poder Judicial de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, máxime cuando la Declaratoria de Incorporación del Estado al Nuevo Sistema de Justicia Penal y del Código Nacional de Procedimientos Penales mandata que entrará en funcionamiento el 19 de noviembre del presente año en el primer partido judicial integrado por los municipios de Colima y Villa de Álvarez.
Siendo de esta manera, se considera procedente aprobar la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentado por el Poder Judicial y que se describe en el considerando Cuarto, Quinto y Sexto del presente dictamen, por ser de gran trascendencia para sumar al funcionamiento efectivo del Poder Judicial del Estado, que debe adecuarse en lo máximo a las tendencias internacionales y nacionales de administración de justicia.
De conformidad a los distintos instrumentos jurídicos internacionales del que nuestro país es parte, y de las reformas realizadas por el Constituyente Permanente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de impartición de justicia, es impostergable que el funcionamiento del Poder Judicial del Estado sea sometido a reformas estructurales que le permitan adecuarse a las distintas dinámicas públicas y dar respuesta eficaz a las exigencias y fenómenos sociales.
Si consideramos que la impartición de justicia es la principal función estatal que garantiza y hace valer los derechos de los gobernados, cristalizando así los principios constitucionales establecidos en su artículo 17, el que mandata que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, resulta un motivo más para aprobar el proyecto que se somete a la consideración de esta Asamblea.
En este sentido, se considera que el Poder Judicial del Estado en todo momento se ha encontrado a la altura de las circunstancias y exigencias sociales, convirtiéndose en un eficaz impartidor de justicia, procurando en lo máximo hacer valer los derechos de la sociedad colimense. Sin embargo, esto no es óbice de que sea susceptible a reformas que vengan a coadyuvar para mejorar su funcionamiento, lo que efectivamente se logra con la iniciativa de ley en estudio y análisis, que contempla reformas trascendentales y de gran calado tanto en la estructura del poder judicial, como en su funcionamiento y en la forma en que imparte justicia.
Estas Comisiones dictaminadoras tienen plena certeza de que las reformas que se incluyen en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, representan un importante cambio de paradigma en la impartición de justicia en nuestra entidad, logrando una mayor imparcialidad, expeditez y prontitud, mediante la adopción de nuevas instituciones, y modificaciones a figuras jurídicas que nos permitirán contar con un Poder Judicial moderno y armonizado a las exigencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y a la tendencia de la implementación del principio de oralidad en los procedimientos jurisdiccionales en nuestra nación.
En este sentido, para estas Comisiones dictaminadoras es importante señalar los siguientes argumentos relacionados al análisis de la Iniciativa de Ley en estudio y dictamen:
La incorporación dentro de la estructura del Poder Judicial de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, y de los Juzgados de Menor Cuantía, esta acción se realiza para adecuarse a las exigencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal que se encuentra en plena implementación en el país y de manera particular en la entidad.
En cuanto a los Juzgados de Menor Cuantía es importante aclarar que vienen a sustituir a los Juzgados de Paz, aumentando en primer término la cuantía de los asuntos de su competencia, y además se les dota de mayores facultades para conocer de manera auxiliar en las audiencias iniciales, solicitud de técnicas de investigación, providencias precautorias, medidas de protección y aprobación de acuerdos reparatorios, todo esto dentro del sistema penal acusatorio.
Se establece la autonomía judicial en la gestión presupuestal como un principio para garantizar la independencia funcional del juzgador, y condición necesaria para que los poderes judiciales locales ejerzan sus funciones con plena autonomía e independencia.
Sin embargo, consideramos que los términos propuestos por los iniciadores a través de la fijación de un porcentaje determinado del Presupuesto de Egresos del Estado para ser asignado al Poder Judicial, significaría un límite que no le beneficia presupuestalmente, sino al contrario, podría llegar a afectar el funcionamiento de este Poder, por lo que se propone se precise que el presupuesto asignado al Poder Judicial del Estado sea el suficiente para el adecuado cumplimiento de sus funciones, garantizando así su independencia económica.
Se mantiene la división territorial, en tres partidos judiciales, el primero que comprende los municipios de Colima, Comala, Villa de Álvarez, Coquimatlán, Minatitlán y Cuauhtémoc; con cabecera asentada en la Ciudad de Colima; el segundo los municipios de Tecomán, Armería e Ixtlahuacán; con cabecera asentada en la Ciudad de Tecomán; y el tercero el Municipio de Manzanillo.
Con relación a la organización del Poder Judicial, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia no sufre reformas en cuanto a su integración y se prevé que estará conformado por lo menos de diez magistrados propietarios, de los cuales uno fungirá como Presidente y los restantes integrarán Sala.
En cuanto al quórum, permanece lo establecido por la ley anterior, el cual se conforma con la presencia de la mitad de los Magistrados integrantes del Supremo Tribunal. Cabe destacar que esta disposición fue objeto de controversia judicial, en la que se resolvió su procedencia y legalidad para garantizar la expeditez de las resoluciones del Pleno.
Por su parte, se suprimen las figuras de Magistrados Suplentes y Supernumerarios optando por una nueva fórmula para suplir a los magistrados propietarios, mediante el establecimiento de la suplencia por ministerio de ley a cargo de un juez de primera instancia de mayor antigüedad en su designación, tomándose en cuenta la materia en la que se desempeñe.
En cuanto a la elección del Presidente del Tribunal, se prevé su elección por el Pleno en escrutinio secreto para un periodo de dos años en los primeros quince días del mes de noviembre que corresponda y podrá ser reelecto.
A saber de la integración de los juzgados, se establece los requisitos para ocupar el cargo de juez, en el cual durarán seis años contados a partir de la toma de protesta del cargo y podrán ser ratificados, y si lo fueren solo podrán ser privados de sus puestos en los términos de la Constitución Estatal y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Son jueces de primera instancia: los civiles, y de oralidad civil; familiares, y de oralidad familiar; los mercantiles, y de oralidad mercantil; los Penales; los especializados en impartición de justicia para adolescentes; los especializados en narcomenudeo; los mixtos y los del Sistema Penal Acusatorio.
Se establece un capítulo específico para el Sistema Penal acusatorio, el cual se ejercerá por los jueces de control, el tribunal de enjuiciamiento, los jueces de ejecución y las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Asimismo se dispone que la administración y operatividad del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial, corresponderá a la Coordinación General de Administración, que contará con un Titular y un Coordinador de Control de Gestión del Sistema Penal Acusatorio; y un Coordinador de Difusión y Transparencia del Sistema Penal Acusatorio.
Se establece la Contraloría que tendrá como finalidades entre otras: vigilar el cumplimiento de las normas de control establecidas por el Pleno del Tribunal; presentar a consideración del Pleno del Tribunal los instrumentos normativos que se requieran para el adecuado ejercicio de sus atribuciones; y comprobar el cumplimiento por parte de los órganos administrativos de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos.
Se reconoce una Unidad de Acceso a la Información Pública, Unidad que atenderá las solicitudes de información que mediante los buzones autorizados presenten, debiendo compilar para ello, los datos necesarios para cumplir con los requisitos establecidos por las leyes de la materia.
Se crea el Sistema de Carrera Judicial que contemplará el ingreso, promoción y permanencia de las personas que aspiren a ocupar u ostenten un cargo público en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado.
La Carrera judicial estará integrada por las categorías de juez de primera instancia, juez de menor cuantía, jefe de causas y atención de sistema acusatorio, secretario de roma de actas del sistema acusatorio, secretario de causas y atención de sistema acusatorio, secretario de acuerdos, y secretario actuario o notificador, los cuales se obtendrán por medio de concursos de oposición, que serán a convocatorias abiertas o como así se determine para ciertas categorías.
Se establece un apartado especial para las responsabilidades y sanciones de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, los cuales además de las contenidas en este apartado, se encuentran sujetos a las previstas por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.