Source: https://psicolog.org/jefatura-del-estado-v4.html?page=22
Timestamp: 2019-12-14 03:10:46
Document Index: 206759853

Matched Legal Cases: ['Artículo 63', 'Artículo 20', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'artículo 13', 'Artículo 67', 'artículo 203']

Artículo 63. Modificación de la Ley 16/1989, de 17 de julio (RCL 1989, 1591), de Defensa de la Competencia. Organismo Autónomo Tribunal de Defensa de la Competencia.
«Artículo 20. Naturaleza jurídica y fines generales.
7. El personal al servicio del Tribunal de Defensa de la Competencia será funcionario o laboral en los mismos términos que los establecidos para la Administración General del Estado y la contratación del Tribunal se regirá por las normas generales de contratación de las Administraciones Públicas».
«1. El Tribunal de Defensa de la Competencia estará regido por el Pleno, integrado por un Presidente y ocho Vocales, nombrados mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Economía, entre juristas, economistas y otros profesionales de reconocido prestigio».
«1. El Presidente y los Vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia ejercerán su función con dedicación absoluta y tendrán las incompatibilidades establecidas con carácter general para los altos cargos de la Administración del Estado».
«1. El Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia se entiende válidamente constituido con la asistencia del Presidente o Vicepresidente y cinco vocales».
d) De una cantidad fija de 24.000 euros cuando el volumen de ventas en España del conjunto de los partícipes sea superior a 3.000.000.000 de euros, más 6.000 euros adicionales por cada 3.000.000.000 de euros en que el mencionado volumen de ventas supere la cantidad anterior, hasta un límite máximo de 60.000 euros».
«9. El 50 por 100 de la recaudación obtenida por el pago de la presente tasa se afectará a los recursos del Tribunal de Defensa de la Competencia como ingresos propios».
Artículo 64.Modificación de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre (RCL 1999, 2687 y RCL 1991, 408), de Presupuestos Generales del Estado para 1991, por el que se crea la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Los ingresos producidos por este concepto incrementarán de forma automática los créditos del presupuesto de gastos de la Agencia por el procedimiento establecido en el apartado seis.2 de esta disposición».
2. Las variaciones en la cuantía global del presupuesto y las que afecten a gastos de personal a nivel de capítulo serán autorizadas por el Ministro de Hacienda. Las restantes variaciones internas serán acordadas por el Presidente de la Agencia».
Artículo 65. Modificación de la Ley 23/1998, de 7 de julio (RCL 1998, 1693), de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
«Disposición adicional tercera. Relaciones culturales y científicas con otros países.
Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en orden a la aplicación y desarrollo de lo previsto en la presente disposición adicional».
Artículo 66. Instituto Astrofísico de Canarias.
1. El Instituto de Astrofísica de Canarias se regirá por sus disposiciones legales específicas, por las normas dictadas en su desarrollo y, en lo no previsto en las mismas, por la normativa legal aplicable a los organismos públicos de investigación a los que se refiere el artículo 13 de la Ley 13/1986, de 14 de abril (RCL 1986, 1194), de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.
Artículo 67.Régimen Jurídico de la Sociedad Estatal para las Enseñanzas Aeronáuticas Civiles, SA. (SENASA).
Uno. La Sociedad Estatal para las Enseñanzas Aeronáuticas Civiles, SA (SENASA), tendrá la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración y estará obligada a realizar los trabajos que le encomienden la Administración General del Estado y sus organismos y entidades de Derecho público en las siguientes materias:
Cinco. Los contratos de consultoría y asistencia y de servicios que SENASA deba contratar para la ejecución de las actividades que se exponen en el apartado Uno se adjudicarán mediante la aplicación del procedimiento establecido al efecto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, cuando, en función de su importe, la licitación deba ser objeto de publicidad en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, respecto a las cuantías establecidas en el artículo 203 de dicha ley para los órganos y entidades de derecho público que se integran en la Administración General del Estado.