Source: http://www.congresozac.gob.mx/f/todojuridico&cual=180
Timestamp: 2019-03-20 09:42:23
Document Index: 286982323

Matched Legal Cases: ['artículo 60', 'artículo 3', 'artículo 123', 'artículo 12', 'artículo 26', 'artículo 20', 'artículo 123', 'artículo 15', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 140', 'artículo 59', 'artículo 141', 'artículo 146', 'ARTÍCULO 48']

Última reforma POG 13-01-2018
Ley publicada en el Suplemento 5 del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el miércoles 2 de abril de 2014
TEXTO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2014
RESULTANDO PRIMERO. En Sesión Ordinaria del Pleno del día 4 de marzo de 2014, el Gobernador del Estado, Licenciado Miguel Alonso Reyes, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 60 de la Constitución Política del Estado, en relación con la fracción II del numeral 46, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95 fracción II, 96, 97 fracción I y 98 del Reglamento General del Poder Legislativo, sometió a la consideración de esta Honorable Representación Popular, la Iniciativa de Ley de Educación del Estado de Zacatecas.
RESULTANDO SEGUNDO. Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha, mediante memorándum número 0292, a la Comisión de Educación, para su estudio y dictamen correspondiente.
RESULTANDO TERCERO. El proponente justificó su Iniciativa en la siguiente:
Esta Ley tiene por objeto regular la educación que sea impartida por el Estado, municipios, organismos descentralizados y particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.
Toda persona tiene derecho a recibir educación de calidad y en igualdad de oportunidad de acceso al sistema educativo estatal, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.
El sistema educativo estatal deberá asegurar la participación activa de todas las personas involucradas en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, docentes y padres de familia, para alcanzar los fines a que se refiere esta Ley.
La educación que impartan el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y los particulares, estará sujeta a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Zacatecas, la Ley General de Educación, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley para Prevenir y Erradicar toda forma de Discriminación del Estado de Zacatecas; y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en materia de educación básica, y por esta Ley; además:
I.	Se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, actos discriminatorios, servidumbres, fanatismos y prejuicios;
II.	Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;
III.	Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos–, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica, a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;
IV.	Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los ejemplos que aporte, cuanto por su cuidado en sustentar ideales de fraternidad, igualdad y derechos para todos; y
V.	Será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad.
Asimismo, la educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones voluntarias.
I.	Autoridad educativa estatal, al titular del Poder Ejecutivo del Estado;
II.	Autoridad educativa federal, a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal;
III.	Autoridad educativa municipal, al ayuntamiento de cada municipio;
IV.	El Estado, al Gobierno del Estado, municipios y organismos descentralizados;
V.	Secretaría, a la Secretaría de Educación;
VI.	Educación inclusiva, a la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, proporcionándoles programas educativos apropiados, estimulantes y adecuados a las necesidades específicas de cada tipo de discapacidad;
VII.	Educación especial, al servicio educativo destinado a los alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas especiales, con mayor prioridad a los que tienen discapacidad o aquellos con aptitudes sobresalientes. Atiende a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social; y
VIII.	Ajustes razonables, a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
IX.	Deserción escolar, al abandono definitivo de las clases por parte del alumno menor de edad de educación básica y media superior, ocurrida durante el ciclo escolar o por falta de inscripción al grado siguiente que corresponde;
X.	Educación básica, a la impartida en los niveles Preescolar, Primaria y Secundaria; y
XI.	Educación media superior, a la que comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes.
Reformado POG 16-09-2017
I.	Los educandos, educadores y padres de familia;
II.	Las autoridades educativas estatal, municipales y de los organismos descentralizados;
IV.	Los planes, programas, métodos y materiales educativos;
V.	Las instituciones educativas del Estado, municipios y organismos descentralizados;
VI.	Las instituciones creadas por particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios;
VII.	Las instituciones de educación superior a las que la Ley otorga autonomía;
VIII.	La evaluación educativa;
IX.	El sistema estatal de información educativa; y
X.	La infraestructura educativa.
EL ESTADO Y LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad, con un enfoque inclusivo y sin discriminación alguna, a manera que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Estos servicios se prestarán de conformidad con lo que aporte la federación al Estado y la concurrencia que aporte el mismo Estado de Zacatecas y sus municipios, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.
Es obligación de las instituciones educativas públicas y privadas, alcanzar los fines específicos siguientes:
I.	Sustentar el proceso educativo en los principios de libertad, respeto a la diversidad y responsabilidad crítica, que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores, y promover el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas;
II.	Contribuir al desarrollo integral del individuo;
III.	Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos y estimular la libre discusión de las ideas y la reflexión propia, fortaleciendo sus habilidades racionales, emocionales y de inclusión social;
IV.	Fortalecer la conciencia de identidad nacional y de soberanía; el aprecio por la historia, el respeto a los símbolos patrios y a las instituciones; la valoración de las tradiciones, el respeto de la diversidad y particularidades culturales;
V.	Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como forma de vida que permita a todos participar en la toma de decisiones;
VI.	Promover el valor de la justicia, la observancia de la Ley y la igualdad de los individuos;
VII.	Impulsar la creación, apreciación y expresión artística en todos sus ámbitos y modalidades;
VIII.	Propiciar la apropiación, enriquecimiento y difusión de los bienes de la cultura universal, en especial del patrimonio cultural de la Nación y del Estado;
IX.	Estimular el desarrollo psicomotriz, fortaleciendo la educación física, la práctica del deporte y la recreación;
X.	Desarrollar actitudes solidarias y el valor de la convivencia; la conciencia sobre la preservación de la salud y la planeación familiar, sin menoscabo de la libertad y el respeto absoluto de la dignidad humana;
XI.	Fomentar las actitudes solidarias para preservar el equilibrio ecológico, la protección al ambiente y el aprovechamiento integral sustentable de los recursos naturales;
XII.	Fomentar las actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, la productividad, el ahorro y el bienestar general;
XIII.	Promover, a través de apoyos financieros o de otros medios, todos los tipos y modalidades de educación, necesarios para el progreso de la entidad;
XIV.	Impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología;
XV.	Fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos, la no discriminación, la autoestima de niños y niñas, y la concepción de la igualdad entre hombres y mujeres;
XVI.	Promover una cultura de hábitos alimenticios saludables;
XVII.	Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas y el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental, así como las mejores prácticas para ejercerlo;
XVIII.	Promover y fomentar los buenos hábitos de lectura y de su comprensión integral; y
XIX.	Promover y fortalecer el aprendizaje y el reconocimiento de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, para estimular la inclusión en los educandos.
La educación que imparta el Estado quedará a cargo de la Secretaría. A ésta compete, con el concurso de las demás autoridades educativas, vigilar que la educación sea de calidad en términos de relevancia, eficacia, equidad, eficiencia, pertinencia social, inclusión y competitividad.
El logro de la calidad es responsabilidad de los actores del sistema educativo.
Son facultades y obligaciones de la Secretaría:
I.	Diseñar, proporcionar, regular, modificar y dirigir por sí o a través de sus organismos descentralizados, la actividad educativa, de conformidad con la legislación aplicable y con las políticas estatales, objetivos y metas que determine la autoridad educativa estatal;
II.	Acordar con la autoridad educativa estatal, los asuntos que así lo ameriten, desempeñar las comisiones y funciones que le confiera y mantenerla informada sobre su cumplimiento y desarrollo;
IV.	Proponer a la autoridad educativa estatal, los proyectos de iniciativas de ley, decreto, reglamentos, acuerdos y órdenes sobre los asuntos de su competencia;
V.	Proponer a la autoridad educativa estatal, las políticas y acciones de planeación que requiera la instrumentación de los programas sectoriales a su cargo;
VI.	Dar cuenta a la Legislatura del Estado, una vez abierto el primer período de sesiones ordinarias, del estado que guarda su ramo, e informar además, cuando aquello lo cite, así como en los casos que se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus actividades;
VII.	Presentar a la autoridad educativa estatal el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría;
VIII.	Ejercer el presupuesto asignado y rendir cuentas de su ejercicio;
IX.	Otorgar y promover la educación preescolar, primaria secundaria, media superior, especial, superior y normal; asimismo coordinar, unificar, fortalecer y desarrollar las acciones educativas de las instituciones públicas y de las privadas que presten servicios de educación media superior y superior, y prestar servicio de actualización de maestros;
X.	Proponer a la autoridad educativa federal los contenidos regionales para incluirse en programas de primaria, secundaria y normal;
XI.	Ajustar, en su caso, el calendario escolar para cada ciclo lectivo;
XII.	Prestar en forma sistemática y gratuita, servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional de maestros;
XIII.	Expedir certificados y otorgar constancias, diplomas o grados académicos a quienes cubran los requisitos establecidos;
XIV.	Otorgar, negar y revocar autorización a particulares para impartir educación en cualquier nivel, tipo o modalidad;
XV.	Llevar un registro y control de todas las instituciones que ofrezcan servicios educativos de cualquier tipo, nivel o modalidad;
XVI.	Establecer programas educativos con contenidos históricos, nacionales y estatales, que permitan el conocimiento de las culturas indígenas, la promoción de la cultura cívico-democrática, el respeto de los derechos humanos y de los migrantes;
XVII.	Promover el rescate, conservación y difusión de las tradiciones culturales regionales;
XVIII.	Promover la difusión de programas de radio y televisión que impulsen el desarrollo cultural y educativo de la población, exaltando los valores humanos en que se sustenta la convivencia armónica de la población; así como promover que los contenidos de los medios de comunicación sean coadyuvantes del proceso educativo;
XIX.	Promover el establecimiento de centros de cultura a nivel estatal y regional;
XX.	Concertar acciones y convenios con instituciones de educación superior, para que sus egresados presten servicio social en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas;
XXI.	Promover y apoyar la participación de los padres de familia y de la sociedad en el hecho educativo, a través de las asociaciones correspondientes y de los consejos de participación social, de conformidad con la normatividad aplicable;
XXII.	Administrar los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales que requieran las unidades departamentales, regiones y centros de las subsecretarías que integran la Secretaría;
XXIII.	Promover la realización de congresos, reuniones, concursos y demás actividades de carácter educativo, científico, artístico-cultural y deportivo;
XXIV.	Realizar un Congreso Estatal cada tres años sobre mecanismos de evaluación;
XXV.	Promover y vigilar la realización de actos cívicos escolares de acuerdo con el calendario oficial;
XXVI.	Vigilar el cumplimiento del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la legislación vigente;
XXVII.	Fomentar las relaciones educativas y culturales con otras entidades;
XXVIII.	Planear, ejecutar y evaluar programas de educación para prevenir y erradicar la discriminación, la drogadicción, el alcoholismo, el pandillerismo, la violencia familiar y la delincuencia juvenil, por sí y en coordinación con otras instancias;
XXIX.	Administrar los planteles de la entidad conforme al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XXX.	Supervisar los servicios educativos que impartan el Estado y los particulares con autorización;
XXXI.	Asumir el control educativo de los planteles escolares federalizados y estatales a través de las respectivas subsecretarías;
XXXII.	Establecer un sistema de becas para apoyar la educación de alumnos de escasos recursos económicos;
XXXIII.	Instituir un órgano dependiente de la Secretaría para la asesoría y consulta en la planeación y evaluación del sistema educativo estatal;
XXXIV.	Promover y apoyar la realización de la investigación educativa;
XXXV.	Organizar y administrar internados y albergues conforme al respectivo reglamento;
XXXVI.	Coordinarse con la autoridad educativa federal y los Servicios de Salud del Estado, para implementar políticas públicas que fomenten en los educandos y sus familias, el consumo de alimentos con alto valor nutricional, la activación física y la práctica de ejercicio saludable, así como también establecer lineamientos generales para regular y evitar la venta o consumo de alimentos y bebidas con bajo o nulo valor nutricional en las tiendas escolares y, en general, en los espacios en donde se expenden alimentos en las instituciones de nivel básico;
Asimismo, realizar las inspecciones necesarias a fin de vigilar el cumplimiento de las disposiciones relativas, procurando coadyuvar en el consumo de dietas balanceadas y con alto valor nutricional para los educandos;
XXXVII.	Diseñar y ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, en los términos de la Ley General de Educación;
XXXVIII.	Participar en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente;
XXXIX.	Establecer, de manera adicional, a la obligación de la autoridad educativa federal, las estrategias necesarias para la formación, actualización y evaluación integral y permanente de los educadores, con el fin de que puedan cumplir cabalmente con sus responsabilidades en la conducción del proceso educativo;
XL.	Ejecutar programas para la inducción, actualización, capacitación y superación de maestros de educación media superior, los que deberán sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente;
XLI.	Participar en la aplicación, en forma periódica y sistemática, de exámenes de evaluación a los educandos;
XLII.	…
XLIII.	Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, bajo la responsabilidad de los supervisores escolares;
XLIV.	Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel; y
XLV.	Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo.
XLVI.	Implementar programas específicos que prevengan y atiendan de forma permanente los casos de ausentismo y deserción escolar, integrando en ellos un procedimiento de registro, seguimiento y activación de alertas de ausentismo y deserción escolar; con el fin de lograr que los educandos menores de edad se reintegren lo más pronto posible a su instrucción básica o media superior; y
XLVII.	Celebrar convenios de colaboración con el DIF Estatal, el DIF Municipal, así como con cualquier ente público de los demás niveles de gobierno, con el objeto de emprender acciones orientadas a lograr la permanencia en la institución escolar del alumno menor de edad.
Reformado POG 16-09-2017 y 16-09-2017
Además de las funciones anteriores, corresponde a las autoridades educativas federal, estatal y municipales, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:
I.	Prestar los servicios de educación inicial, básica –incluyendo la indígena–, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros;
II.	Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción I del artículo 12 de la Ley General de Educación;
III.	Revalidar, otorgar o retirar reconocimientos de validez de estudios, de acuerdo con los lineamientos de la autoridad educativa federal;
IV.	Editar libros y producir otros materiales en sistema braille, macro textos, audio textos, iconográficos y de fácil lectura, distintos a los libros de texto;
V.	Prestar servicios bibliotecarios accesibles en infraestructura y materiales, procurando contar con servicios a población abierta para la enseñanza del sistema braille y el lenguaje de señas; y
VI.	El municipio auxiliará a equipar y mantener el edificio escolar; y
VII.	Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y fomentar su enseñanza, diseminación en acceso abierto y su divulgación, cuando el conocimiento científico y tecnológico sea financiado con recursos públicos o que se haya utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional, derechos de autor, entre otras, así como aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada.
El Estado podrá convenir, coordinar y unificar actividades educativas a las que se refiere esta Ley, manteniendo siempre el control de las facultades no reservadas a la federación.
Reformado POG 09-01-2016
El logro de la calidad es responsabilidad de todos los actores del sistema educativo. En forma específica, a las autoridades educativas corresponde vigilar que:
I.	Los padres de familia o tutores envíen a sus hijos o pupilos a la escuela desde el nivel de preescolar y apoyen el esfuerzo de profesores y educandos para que se alcancen los objetivos de aprendizaje;
II.	Los trabajadores de la educación desarrollen su trabajo con responsabilidad, vocación, competencia y eficacia;
IV.	Los directivos y supervisores realicen su tarea ofreciendo los apoyos pedagógicos y administrativos que se requieran para el adecuado funcionamiento de los centros escolares;
V.	Las actividades de otras instituciones o áreas de la administración pública que involucren a las escuelas, se integren adecuadamente a los programas de trabajo de cada plantel, para que se realicen de manera productiva y enriquezcan el quehacer educativo; y
VI.	Los planteles de educación básica cuenten con su proyecto escolar.
Derogado POG 16-09-2017
La Secretaría, con base en lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente y demás normatividad aplicable, desarrollará en la entidad el proceso de formación, actualización, capacitación y superación profesional para docentes, con la finalidad de:
I.	Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica. Dicho sistema deberá sujetarse a los lineamientos, medidas, programas, acciones y demás disposiciones generales que resulten de la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente; y
Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, los maestros deberán satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen las autoridades competentes; en el caso de la educación básica y media superior, deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Para garantizar la calidad de la educación obligatoria brindada por los particulares, las autoridades educativas, en el ámbito de sus atribuciones, evaluarán el desempeño de docentes que prestan sus servicios en estas instituciones.
Para tal efecto, dichas autoridades deberán aplicar evaluaciones del desempeño, derivadas de los procedimientos análogos a los determinados por los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para evaluar el desempeño del personal docente en educación básica y media superior en instituciones públicas.
Las autoridades educativas otorgarán la certificación correspondiente a docentes que obtengan resultados satisfactorios y ofrecerán cursos de capacitación y programas de regularización a los que presenten deficiencias, para lo cual las instituciones particulares otorgarán las facilidades necesarias a su personal.
En el caso de docentes de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñen las autoridades educativas y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y en español, asimismo conocer la cultura del pueblo o comunidad indígena en el que se desempeñen.
El Estado otorgará un salario profesional digno, que permita al profesorado de los planteles de la entidad, alcanzar un nivel de vida decoroso en lo individual y para su familia, arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna, así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y para realizar actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional.
Las autoridades educativas, de conformidad con lo que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente, establecerán la permanencia de los docentes frente a grupo, con la posibilidad para este personal de ir obteniendo mejores condiciones y mayor reconocimiento social.
La autoridad educativa estatal otorgará reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a docentes que se destaquen en el ejercicio de su profesión y, en general, realizarán actividades que propicien mayor aprecio social por la labor desempeñada por el magisterio. Además, establecerán mecanismos de estímulo a la labor docente con base en la evaluación.
El Estado tomará las medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, aprendizaje y permanencia en los servicios educativos. Estas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago o que enfrenten condiciones de discapacidad, económicas y sociales de desventaja.
Para cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, el Estado llevará a cabo las acciones siguientes:
I.	Atenderá de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades;
II.	Desarrollará programas de apoyo a los maestros que realicen su servicio en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades;
III.	Promoverá centros de desarrollo infantil, centros de integración social, internados, albergues escolares e infantiles y demás planteles con un enfoque inclusivo, que apoyen en forma continua y estable el aprendizaje y el aprovechamiento de los alumnos;
IV.	Prestará servicios educativos incluyentes para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica y media superior, otorgando, especialmente, facilidades de acceso, reingreso, permanencia y egreso a las mujeres. Estos servicios se complementarán con las siguientes acciones:
a)	Elaborar un sistema de registro de los alumnos con elevados índices de ausentismo, a fin de establecer indicadores de riesgo de deserción escolar a partir de los cuales se identifiquen los centros educativos y los alumnos susceptibles de ser sujetos de programas especiales y, en su caso, recibir apoyos, estímulos o becas; y
b)	Aplicar campañas de difusión sobre la información relativa a la prevención, atención o erradicación del ausentismo y la deserción escolar, con sus respectivos protocolos y líneas de actuación, dirigidas tanto a la comunidad educativa escolar como a las unidades familiares y a los propios alumnos.
V.	Fortalecerá la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad;
VI.	Otorgará apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos específicos, tales como programas encaminados a eliminar retrasos en el aprovechamiento escolar de los alumnos;
VII.	Establecerá sistemas de educación a distancia;
VIII.	Realizará campañas educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales y de bienestar de la población, tales como programas de alfabetización y educación comunitaria, con un enfoque inclusivo;
IX.	Desarrollará programas para otorgar becas y demás apoyos económicos a educandos;
X.	Impulsará programas y escuelas dirigidos a los padres de familia o tutores, que les permitan dar mejor atención a sus hijos o pupilos, para lo cual se aprovechará la capacidad escolar instalada, en horarios y días en que no se presten los servicios educativos ordinarios;
XI.	Promoverá mayor participación de la sociedad en la educación, así como el apoyo de los particulares al financiamiento y a las actividades a que se refiere esta Sección;
XII.	Concederá reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los propósitos mencionados en la fracción anterior;
XIII.	Realizará las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura de los servicios educativos;
XIV.	Llevará a cabo programas asistenciales, culturales, políticos, de práctica inclusiva, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a establecer las condiciones sociales que incidan en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos;
XV.	Realizará las demás actividades que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior;
XVI.	Apoyará y desarrollará programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los padres de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención de la violencia escolar desde el hogar, la no discriminación y el respeto a sus maestros;
XVII.	Establecerá, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible en el desarrollo académico, deportivo y cultural;
XVIII.	Impulsará esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria;
XIX.	Planeará, ejecutará y evaluará programas de educación para prevenir la drogadicción, el alcoholismo, el pandillerismo, la violencia familiar y la delincuencia juvenil, la discriminación, por sí y en coordinación con otras instancias;
El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos; y
XX.	Realizará ajustes razonables para la eliminación de las barreras de aprendizaje y participación que enfrentan los educandos, en especial las personas con discapacidad.
El Estado garantizará el desarrollo científico y tecnológico, a través de la investigación como eje en que se sustenta la transformación social, económica y cultural de la entidad.
Corresponde al Estado establecer el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología y el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología.
La Ley, los reglamentos y demás disposiciones, determinarán los objetivos específicos, organización, facultades y obligaciones que corresponda ejercer a los organismos, dependencias y entidades que formen parte del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología.
DE LOS SERVICIOS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
Además de los servicios educativos, a la autoridad educativa estatal, a través de la Secretaría, le corresponde la prestación de los servicios de cultura, deporte y recreación.
Las actividades culturales serán desarrolladas por las instituciones educativas, en todos los niveles, tipos y modalidades, con un enfoque inclusivo, y estarán orientadas a:
I.	Propiciar la investigación de la cultura;
II.	Preservar y difundir la cultura regional, nacional y universal;
III.	Fomentar la capacidad de iniciativa y creatividad mediante la actividad artística; y
IV.	Transmitir el legado cultural y artístico de la entidad.
Corresponde a la Secretaría, a través de la instancia competente que señale la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado:
I.	Promover la enseñanza, investigación, conservación, restauración, preservación y difusión del patrimonio histórico cultural;
II.	Realizar inventarios del acervo cultural del Estado;
III.	Recuperar el patrimonio cultural vinculado a la identidad de los zacatecanos y su diversidad regional;
IV.	Representar a la autoridad educativa estatal, ante organismos culturales;
V.	Proponer, elaborar, revisar y, en su caso, ejecutar los acuerdos o convenios en materia cultural que celebre la autoridad educativa estatal con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como con los sectores social y privado;
VI.	Asesorar en la creación de organismos municipales de cultura; y
VII.	Las demás que le asigne la Ley o la autoridad educativa estatal.
Corresponde además a la Secretaría, en coordinación con las instancias de la juventud y cultura:
I.	Promover el establecimiento de centros deportivos y programas de recreación y esparcimiento, con un enfoque inclusivo, en las comunidades;
II.	Promover y apoyar programas deportivos, nutricionales y de recreación, para preservar la salud física y mental de los niños, jóvenes, adultos y de la tercera edad, sin distinción de sus capacidades psicomotrices o mentales;
III.	Coadyuvar en la construcción y mantenimiento de espacios deportivos y de recreación inclusivos;
IV.	Crear escuelas de iniciación deportiva acordes a la edad y aptitudes físicas del educando;
V.	Otorgar becas y apoyos para alumnos y maestros destacados en el área deportiva; y
VI.	Crear espacios y programas inclusivos para el deporte y la recreación para las personas con discapacidad.
La Secretaría, en coordinación con las instancias de juventud y cultura, fomentará y apoyará la celebración de eventos deportivos y la participación de representaciones deportivas locales en el país y en el extranjero, sin menoscabo de aquellos que organicen los planteles educativos.
Para cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, la Secretaría, en coordinación con las instancias de juventud y cultura, llevará a cabo las siguientes actividades:
I.	Representar a la autoridad educativa estatal, ante todo tipo de organismos;
II.	Proponer, elaborar, revisar y, en su caso, ejecutar los acuerdos o convenios en materia recreativa, deportiva y de bienestar social, que celebre el Estado con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como con los sectores social y privado; y
III.	Las demás que le señale la Ley o le asigne la autoridad educativa estatal.
Para cumplir lo dispuesto en la fracción II del artículo 26 de esta Ley, la Secretaría, en coordinación con los Servicios de Salud del Estado, promoverá cursos, talleres y seminarios de capacitación para docentes, alumnos y padres de familia, que contribuyan a crear conciencia en el seno de nuestra sociedad, sobre los males que causa la obesidad y la importancia de tener hábitos alimenticios saludables y mejorar la nutrición de los niños y los adolescentes.
Es responsabilidad del Estado, ofrecer o autorizar los servicios de educación, con un enfoque inclusivo, en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta, conforme a los tipos siguientes:
I.	BÁSICA. Está compuesta por los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria;
II.	MEDIA SUPERIOR. Comprende el nivel de bachillerato, los demás estudios equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Se organizará, bajo el principio de respeto a la diversidad, a través del sistema nacional de educación media superior, el cual establecerá un marco curricular común a nivel nacional y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo; y
III.	SUPERIOR. Es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Comprende la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales; incluye además, la educación normal en todos sus niveles y especialidades.
El Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo. Apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura universal.
La educación básica tendrá las adaptaciones necesarias para atender a la población rural dispersa y a los grupos migratorios, así como en su caso, responder a las características lingüísticas y culturales de grupos indígenas. Queda comprendida la educación especial, la educación para menores infractores y la educación para adultos.
De acuerdo con las necesidades educativas específicas y las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrente la población, también puede impartirse la educación básica con programas y sus adaptaciones curriculares particulares para atender dichas necesidades.
Se promoverá que los educandos adquieran los conocimientos básicos sobre ecología, medio ambiente, hábitos alimenticios saludables, la vida y la sociedad y la solución pacífica de controversias, de manera que adquieran el máximo desarrollo académico y social conforme al objetivo de la plena inclusión.
La educación básica que imparta el Estado en sus tres niveles, deberá responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos de la entidad, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios.
La educación inicial estará dirigida a la población infantil menor de cuatro años de edad, con un enfoque inclusivo, y puede ser ofrecida por instituciones públicas o privadas; tiene como propósito potenciar las funciones y arquitectura cerebral, contribuir a la cimentación armónica y equilibrada de la personalidad de los niños, con la finalidad de lograr la formación de un perfil más apto y capaz de enfrentar con éxito los retos de su trayecto educativo y en la vida.
En su promoción, la Secretaría deberá:
I.	Coordinar su vinculación con la educación preescolar;
II.	Apoyar el incremento del número de centros de desarrollo infantil con infraestructura física adecuada a las necesidades educativas, programas de enseñanza regulados, avalados y supervisados por las autoridades educativas para atender la demanda de las madres trabajadoras que así lo requieran, tanto por la vía institucional como por vías no formales;
III.	Procurar que el personal adscrito a las instituciones de educación inicial esté formado dentro del marco de las neurociencias para conformar un equipo interdisciplinario y tengan el perfil profesional correspondiente a la función que desempeña, establecido por la autoridad educativa;
IV.	Desarrollar programas de orientación y apoyo para los padres o tutores, a fin de que la educación que den a sus hijos o pupilos en el hogar, pueda, entre otros principios de educación inicial, ayudarlos a convertirse en individuos capaces de tener iniciativa propia, responsables de sus acciones, arquitectos de su propia identidad que los definirá como jóvenes y adultos, que sus actos individuales y en sociedad no sean para obtener la aprobación de los demás, sino para alcanzar sus propios objetivos; y
V.	Ofrecer servicios médicos, psicológicos, pedagógicos, de trabajo social y de nutrición, que contribuyan al desarrollo integral del niño y la niña, tomando en cuenta que es durante los primeros años de vida que el ser humano exige alimentación óptima, salud, higiene, estabilidad emocional, aprovechamiento de su plasticidad cerebral y atención profesional de profesores, padres y tutores.
La educación preescolar deberá impartirse en establecimientos denominados jardines de niños o Centros de Desarrollo Infantil, y tiene como propósito fundamental la socialización, procurando que adquieran los conocimientos básicos sobre la naturaleza, la vida, la sociedad, el desarrollo de competencias para la vida en lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, desarrollo personal, habilidades y destrezas físico corporales para la convivencia, y orientará su desarrollo hacia la creatividad.
La educación preescolar tiene como objetivo aplicar, bajo criterios de eficiencia, calidad, equidad y con un enfoque inclusivo, los programas institucionales del nivel de preescolar con el fin de facilitar a los niños y niñas el inicio del proceso educativo, fortaleciendo el desarrollo integral del educando en todas sus etapas para lograr los fundamentos esenciales que lo preparen intelectual y cognoscitivamente en el plano afectivo-motivacional y en las posibilidades regulativas para iniciar con éxito el aprendizaje.
La educación primaria deberá aplicar criterios de eficiencia, calidad, inclusión y equidad en los programas institucionales del nivel primaria, con el fin de continuar en los niños y niñas el proceso educativo, desarrollando las competencias básicas y procurando el conocimiento de su entorno escolar, familiar y social.
En la impartición de educación para menores de edad, se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.
En caso de que las y los educadores, así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de las y los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente, haciendo del conocimiento al personal de los planteles educativos, las responsabilidades en que pudieran incurrir si hicieren caso omiso a lo anterior.
La educación secundaria incluye las escuelas generales, técnicas y telesecundarias, y tendrá un enfoque inclusivo. Tiene como propósito alentar el proceso de madurez de la personalidad del educando, para orientar sus opciones vocacionales y favorecer su superación académica.
La educación secundaria se sujetará a los planes y programas que determine la autoridad educativa federal. La educación secundaria es el antecedente obligatorio del bachillerato.
El bachillerato o la preparatoria son antecedentes obligatorios de la educación superior, y tendrá un enfoque inclusivo. Puede ser propedéutica, tecnológica o bivalente, que oriente al educando a cursar estudios de educación superior.
La educación media superior es obligatoria y comprende el nivel bachillerato en sus distintas modalidades, así como las carreras técnicas y profesionales, y se impartirá a quien acredite haber concluido la educación secundaria.
Este nivel se considera terminal tratándose de preparación tecnológica, que permita el egresado su incorporación al sector productivo.
El nivel superior se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Comprende la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como otras opciones terminales. Incluye la educación normal en sus diferentes modalidades.
Tiene como propósito formar profesionistas e investigadores al servicio de la sociedad; organizar y realizar investigaciones científicas de los problemas regionales, estatales y nacionales, poniendo énfasis en la vinculación de los conocimientos básicos, tecnológicos, humanísticos, así como sus innovaciones a las necesidades del sector productivo.
Las personas con discapacidad tendrán acceso general a la educación básica y media superior, y a la formación profesional.
La educación superior de acuerdo con la Ley, determinará sus programas en base a las necesidades de la nación, el Estado, las regiones y los municipios.
OTRAS MODALIDADES DE LA EDUCACIÓN
De acuerdo con lo señalado en la Ley General de Educación, en su artículo 20, las autoridades educativas federal y estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, constituirán el sistema estatal de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros que tendrá las finalidades siguientes:
I.	La formación, con nivel de licenciatura, de maestros de educación inicial, básica -incluyendo la de aquéllos para la atención de la educación indígena- especial y de educación física, con base en un plan de estudios que considere el fortalecimiento de valores como responsabilidad, patriotismo, superación, generosidad, respeto, solidaridad, honestidad, amistad y compañerismo; conocimientos en el área de neurociencias, etapas del desarrollo, inteligencias múltiples, neuronutrición, didácticas del aprendizaje, psicología infantil y capacidad de interactuar de manera responsable con su medio ambiente, diseño de planes y programas curriculares para el desarrollo de escuelas para padres y capacidad de realizar la educación inicial por vías no formales o institucionales;
II.	La formación continua, la actualización de conocimientos y superación docente de los maestros en servicio, citados en la fracción anterior;
III.	La realización de programas de especialización, maestría y doctorado, adecuados a las necesidades y recursos educativos de la entidad;
IV.	El desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura educativa;
V.	La formación y capacitación docente incluirá la toma de conciencia social sobre la discapacidad y el uso de los modos, medios y formatos de comunicación alternativos y aumentativos apropiados y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad; y
VI.	Propiciará las relaciones interinstitucionales incluidas las organizaciones de la sociedad civil, de y para las personas con discapacidad para la promoción y el desarrollo de programas de difusión de la cultura pedagógica y la extensión educativa.
La autoridad educativa estatal podrá coordinarse para llevar a cabo actividades relativas a las finalidades previstas en este artículo, cuando la calidad de los servicios o naturaleza de las necesidades hagan recomendables proyectos regionales.
Asimismo, podrá suscribir convenios de colaboración con instituciones de educación superior, nacionales o del extranjero, para ampliar las opciones de formación, actualización y superación docente.
El cumplimiento de las finalidades mencionadas se sujetará, en lo conducente, a los lineamientos, medidas y demás acciones que resulten de la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa estatal, en su respectiva competencia, las atribuciones siguientes:
I.	Prestar los servicios de educación inicial, básica -incluyendo indígena-, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros;
II.	Proponer a la Secretaría, los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;
III.	Ajustar, en su caso, el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, con respeto al calendario y horario escolar fijado por la Secretaría;
V.	Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida;
VI.	Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica;
VII.	Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respecto a la autonomía universitaria y a la diversidad educativa;
VIII.	Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un sistema estatal de información educativa. Para estos efectos las autoridades educativas locales deberán coordinarse en el marco del sistema de información y gestión educativa, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la Secretaría y demás disposiciones aplicables.
IX.	Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de administración escolar;
X.	Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para docentes de educación básica, de conformidad con las disposiciones generales que la autoridad educativa federal determine y conforme a lo dispuesto por la Ley General de Servicio Profesional Docente;
XI.	La autoridad educativa estatal deberá implementar y tener actualizado un sistema estatal de información y gestión educativa, mismo que deberá proporcionar información para satisfacer las necesidades de operación del sistema educativo estatal; asimismo, participará en la actualización e integración permanente del sistema de información y gestión educativa;
XII.	Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de administración escolar; y
XIII.	Aplicar los programas compensatorios implementados por la autoridad educativa federal, a través de los recursos específicos asignados, considerando preferentemente las regiones con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se establezcan las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que la Secretaría deba realizar para prevenir y hacer frente al ausentismo y la deserción escolar;
XIV.	Prestar servicios educativos especiales para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran en condición de rezago educativo, a efecto que concluyan la educación básica y media superior; otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia y egreso a los jóvenes y niños;
XV.	Coordinarse con autoridades de los niveles de gobierno federal y municipal para la realización y difusión de campañas para erradicar el ausentismo y la deserción escolar en el Estado de Zacatecas;
XVI.	Impartir capacitaciones permanentes al personal de trabajo social encargado de efectuar y dar seguimiento a los procedimientos para enfrentar y erradicar el ausentismo y la deserción escolar; y
XVII.	Las demás que con tal carácter establezca esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Se considera a la educación a distancia como una modalidad más de la educación que puede impartirse por diversos medios de comunicación, conforme a la Ley y bajo la vigilancia de las autoridades competentes, misma que deberá incluir sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.
La educación para adultos está destinada a individuos mayores de quince años, incluidas las personas con discapacidad, que no hayan cursado o concluido la educación básica y comprende, entre otras, la alfabetización, la educación primaria, la educación secundaria, media superior y la capacitación para el trabajo.
Los beneficiarios de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos mediante exámenes parciales o globales, con ajustes razonables que se adecuen a las necesidades particulares de cada caso, conforme a los procedimientos de acreditación y certificación de estudios establecidos en la Ley General de Educación, la presente Ley y el reglamento respectivo.
El Estado podrá organizar servicios de promoción y asesoría de educación para adultos, y dará las facilidades necesarias a sus trabajadores.
La autoridad educativa estatal estará obligada, en la medida de sus posibilidades, a destinar de manera creciente recursos humanos profesionales y materiales, para alcanzar los objetivos de que todos los adultos de la entidad tengan educación básica y media superior completa, fundamentando toda esta acción en el principio de solidaridad social que establece la Ley General de Educación.
La educación especial está destinada a personas con discapacidad definitiva o transitoria, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Procurará atender a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social, incluyente, de conformidad con lo que establecen la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley para Prevenir y Erradicar toda forma de Discriminación del Estado de Zacatecas; y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación propiciará su inclusión en los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para esta inclusión se facilitarán medidas de apoyo efectivas en un entorno que fomente el máximo desarrollo académico y social reforzando el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana.
Para quienes no logren esa inclusión, la educación especial procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, a través de su servicio escolarizado.
Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que incluyan a alumnos con necesidades educativas especiales.
El Estado garantizará la educación inclusiva para personas con discapacidad en educación básica y demás subsistemas de educación. Las personas con discapacidad, sus padres o tutores podrán elegir si la persona con discapacidad cursa sus estudios en escuela regular o en algún otro servicio de atención que preste la Secretaría.
La Secretaría podrá asignar a las instituciones educativas de nivel básico que así lo requieran, alumnos de las carreras de Psicología Educativa y de Educación Especial, entre otras, que estén prestando servicio social o prácticas profesionales, para que se desempeñen como Apoyo a los Maestros y brinden atención profesional a aquellos alumnos con necesidades especiales integrados en escuelas regulares.
La decisión que tome la persona con discapacidad, sus padres o tutores, deberá ser respetada y respaldada por la escuela elegida, quien deberá adoptar los ajustes razonables necesarios para lograr la inclusión educativa plena de las personas con discapacidad. Cualquier acto de rechazo o negativa del servicio educativo a las personas con discapacidad en las escuelas regulares, será considerado un acto discriminatorio, lo anterior independientemente del tipo y grado de discapacidad de la persona que solicite la inclusión educativa.
La formación para el trabajo es un proceso integral y continuo; tiene como objetivo propiciar la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que permitan a los individuos que la reciben, incluidas las personas con discapacidad, desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante algún oficio calificado.
Las instituciones de educación media superior que se dediquen a la capacitación laboral, deberán realizar los ajustes razonables con el fin de lograr la inclusión de personas con discapacidad de manera plena dentro del plantel.
Todas las instituciones de educación media y Superior que se dediquen a la capacitación laboral, deberán contar con currícula adaptada y ajustes razonables en atención a lograr la capacitación laboral de personas con discapacidad de manera plena e inclusiva dentro del plantel.
La autoridad educativa estatal asumirá el régimen de certificación establecido para ello por la autoridad educativa federal en forma conjunta con las demás autoridades federales competentes, respecto a la acreditación de conocimientos, habilidades y destrezas, intermedios o terminales de manera parcial y acumulativa e independiente de la forma en que hayan sido adquiridos.
La autoridad educativa estatal podrá emitir, en forma adicional, lineamientos generales para la definición de aquellos conocimientos, habilidades y destrezas susceptibles de certificación, así como los procedimientos de evaluación correspondientes.
Podrán celebrarse convenios entre la autoridad educativa estatal y las autoridades municipales, las instituciones privadas, las organizaciones sindicales, los patrones y demás particulares para que se imparta formación para el trabajo.
La formación para el trabajo que se imparta en los términos precisados en este artículo y el precedente, será adicional y complementaria a la capacitación prevista en la fracción XIII del Apartado A) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DE LOS CURRÍCULOS Y PROGRAMAS DE ESTUDIO
La Secretaría pondrá a la consideración y, en su caso, autorización de la autoridad educativa federal, proyectos curriculares y programas de estudio con contenidos regionales que sin detrimento del carácter nacional de la educación, permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, el cuidado y conservación del ambiente, la formación en los valores, las costumbres, las tradiciones y demás aspectos propios de la entidad y municipios, a través de documentos elaborados para este fin.
La orientación y contenidos de la educación serán definidos en proyectos curriculares, planes y programas de estudio. En los currículos deberá establecerse:
I.	Una fundamentación donde se analice el contexto socio-económico en que se desarrolla el programa de educación de que se trate, y la inserción del egresado ante los problemas y necesidades sociales que atenderá o que se resolverán con su formación; así como un análisis comparativo de estudios similares que se ofrecen en los ámbitos local, regional y nacional. Incluirá los referentes normativos que permiten su creación o existencia;
II.	Una explicación de la propuesta pedagógica que le da sustento a planes y programas de estudio; y
III.	Una explicación de la propuesta metodológica que permita desarrollar los planes y programas de estudio, así como el esquema de evaluación para dar seguimiento y comprender el éxito o fracaso del proyecto curricular en cuestión.
Los planes y programas de estudio regional que la autoridad educativa federal determine en cumplimiento a las disposiciones oficiales, así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.
La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas al aplicar los planes y programas de estudio, para sugerir su permanente actualización.
Derogada POG 16-09-2017
La evaluación de los educandos consistirá en un proceso de estudio sistematizado que permita comprender el proceso formativo del alumno en lo individual y en lo colectivo, acerca de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, del logro de los propósitos establecidos en planes y programas de estudio y que al mismo tiempo, permita tomar las decisiones concernientes a la acreditación del aprendizaje.
Las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y a los padres de familia o tutores, los resultados y calificaciones de las evaluaciones parciales y finales; y de haberlas, aquellas observaciones sobre el desempeño académico, los procesos de aprendizaje de los educandos que incidan en el aprovechamiento escolar.
Los resultados de las evaluaciones en los educandos deberán estar al margen de cualquier acto de discriminación, estados de ánimo y situaciones personales en la interacción maestro-alumno.
El calendario escolar se sujetará a las reglas siguientes:
I.	La autoridad educativa estatal podrá ajustar, en su caso, el calendario escolar para cada ciclo lectivo de las escuelas oficiales y particulares incorporadas de todos y cada uno de los tipos y niveles de educación comprendidos en esta Ley, con respecto a lo establecido por la autoridad educativa federal, garantizando como mínimo 200 días de clase;
II.	Con respecto al calendario fijado por la autoridad educativa federal, el calendario escolar aplicable en la entidad, deberá publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado;
III.	En días laborables, las horas de actividad escolar se dedicarán a la práctica docente con los educandos, conforme a lo previsto en los planes y programas de estudio aplicables;
IV.	Las actividades no previstas en los planes y programas de estudio, o bien la suspensión de clases, sólo podrán ser autorizadas por la autoridad educativa estatal. Estas autorizaciones se concederán, únicamente, en casos extraordinarios, cuando no impliquen incumplimiento de los planes, programas o calendario oficial;
V.	De presentarse interrupciones por caso extraordinario o fuerza mayor, la autoridad educativa estatal tomará las medidas para recuperar los días y horas perdidos. Si la modificación al calendario escolar implica más días de clase que los establecidos oficialmente, los docentes serán debidamente remunerados, siempre y cuando el motivo de la suspensión no tenga un origen ilegal.
FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
El Estado en concurrencia con el Ejecutivo Federal, así como los gobiernos de los municipios, de conformidad con lo establecido en sus respectivas leyes de ingresos, presupuestos de egresos, y demás normatividad aplicable, concurrirán en el financiamiento educativo e invertirán recursos económicos que propicien el funcionamiento adecuado de los servicios educativos públicos para la educación básica, media superior y normal en la entidad.
Los recursos federales, estatales y municipales, no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios, programas y proyectos y demás actividades educativas en la entidad que para tal fin se reciban.
A fin de contar con una administración expedita de los recursos, éstos deberán entregarse de manera total y oportuna a la autoridad educativa estatal, de conformidad con el presupuesto de egresos aprobado y el calendario de ministración establecido.
La autoridad educativa estatal otorgará las facilidades necesarias para que el Ejecutivo Federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos, así como el funcionamiento y evaluación de las escuelas e instituciones para hacer efectiva la rendición de cuentas a la sociedad, respecto de las políticas, acciones y el uso del presupuesto asignado al sector educativo.
En el caso de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se observará lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.
La autoridad educativa estatal estará obligada a incluir en el proyecto de presupuesto que someta a la aprobación del Congreso Estatal, los recursos suficientes para fortalecer la autonomía de la gestión escolar, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
Las autoridades educativas estatal y municipales en el ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas; tratándose de educación básica, observarán los lineamientos que expida la autoridad educativa federal para formular los programas de gestión escolar, mismos que tendrán como objetivos:
I.	Usar los resultados de la evaluación como retroalimentación para la mejora continua en cada ciclo escolar;
II.	Desarrollar una planeación anual de actividades, con metas verificables y puestas en conocimiento de la autoridad educativa estatal y la comunidad escolar; y
III.	Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su infraestructura, adquirir materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.
La autoridad educativa estatal, de conformidad con la legislación aplicable, dispondrá lo conducente para que cada ayuntamiento reciba recursos a fin de que cumpla con las responsabilidades que con base en el artículo 15 de la Ley General de Educación estén a cargo del municipio.
La educación pública es de carácter prioritario para el desarrollo estatal y, por ende, el nacional; virtud a ello, se deberá cumplir con los artículos que anteceden en materia de financiamiento y administración.
Son de interés social las inversiones que en materia educativa realicen el Estado y los particulares.
Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, de conformidad con las disposiciones siguientes:
I.	Por lo que concierne a la educación primaria, la secundaria, la normal y la relativa a la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa de la Secretaría;
II.	Cuando se trate de niveles y modalidades distintos a los mencionados en la fracción anterior, deberán obtener el registro y el reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría;
III.	Por lo que se refiere a la educación inicial, preescolar y especial, deberán previamente obtener el registro ante la Secretaría, así como cumplir los requisitos y principios señalados en los artículos 34 y 42 de esta Ley para el funcionamiento que establezca la propia autoridad educativa; y
IV.	La Secretaría vigilará la observancia de los requisitos pedagógicos establecidos por la autoridad educativa federal, en los planes y programas, así como en los esquemas curriculares y cocurriculares que se establezcan en cada centro escolar como fortalecimiento a la educación inicial, preescolar y especial, en los términos que marca la presente Ley.
Tratándose de estudios impartidos por los particulares se estará, además, a lo siguiente:
I.	La autorización, el registro y el reconocimiento de validez oficial serán específicos para cada plan de estudios y lugar. Para distintos niveles de educación a impartirlos en otro lugar, se requerirá nueva autorización, registro o reconocimiento de validez oficial de estudios; y
II.	La autorización, el registro y el reconocimiento incorporan al sistema educativo estatal, a las instituciones que los obtengan respecto de los niveles educativos a que la propia autorización, registro o reconocimiento se refieren.
Las autorizaciones, registros y reconocimientos de validez oficial de estudios impartidos por particulares se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:
I.	Con personal que acredite la preparación adecuada y, en su caso, satisfagan los demás requisitos a que se refiere la Ley;
II.	Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización, registro o reconocimiento de validez oficial de estudios; y
III.	Con planes y programas de estudios que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta a la primaria, la secundaria y normal.
Con una anticipación de treinta días previos al inicio de cada ciclo escolar, la Secretaría publicará en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, una relación de las instituciones a las que haya concedido autorización, registro o reconocimiento de validez oficial de estudios.
Asimismo deberá publicar, en cada caso, la inclusión o supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorgue, revoque o retire autorización, registro o reconocimiento respectivo.
De igual manera, indicará en dicha publicación, los nombres de los educadores que obtengan resultados suficientes, una vez que aplique las evaluaciones, que dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Educación, este ordenamiento y demás disposiciones aplicables, les correspondan.
La Secretaría deberá entregar a las escuelas particulares, un reporte de los resultados que hayan obtenido sus docentes y alumnos en las evaluaciones correspondientes.
Es obligación de los particulares que presten servicios educativos por los que impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, comunicarlo a la Secretaría y mencionarlo en su documentación y publicidad.
Los particulares que impartan estudios con autorización, registro o reconocimiento de validez oficial de estudios, deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, así como la autoridad que lo otorgó.
Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos. Las autoridades deberán llevar a cabo una visita de inspección por lo menos una vez al año.
Para realizar una visita de inspección, deberá mostrarse la orden correspondiente expedida por la autoridad competente. La visita se realizará en el lugar, fecha y sobre los asuntos específicos señalados en dicha orden. La persona encargada de la visita deberá identificarse adecuadamente.
Desahogada la visita, se suscribirá el acta correspondiente por quienes hayan intervenido y por dos personas en calidad de testigos. En su caso, se hará constar en dicha acta la negativa del visitado de suscribirla sin que esa negativa afecte su validez. Un ejemplar del acta se pondrá a disposición del visitado.
De la información contenida en el acta correspondiente, así como la documentación relacionada, que, en su caso, presenten los particulares, las autoridades educativas podrán formular medidas correctivas, mismas que harán del conocimiento de los particulares.
La Secretaría emitirá la normatividad correspondiente para realizar las tareas de inspección y vigilancia.
En el caso de educación inicial, los particulares deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada, contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la presente Ley y presentar las evaluaciones que correspondan en el marco del sistema nacional de evaluación educativa, así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.
DE LA VALIDEZ OFICIAL DE LOS ESTUDIOS Y DE LA CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS
Los estudios realizados en la entidad, integrados al Sistema Educativo Nacional, tendrán validez en toda la República.
Las instituciones del sistema educativo estatal, expedirán certificados, constancias, diplomas y otorgarán títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios, de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudios correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados académicos tendrán validez en toda la República.
La Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial en la entidad sean reconocidos en el extranjero.
De acuerdo con las normas y criterios generales, determinados por la autoridad educativa federal, la Secretaría podrá revalidar y otorgar equivalencias de estudios, cuando estén referidos a planes y programas de estudios que se equiparen con los que se imparten en el sistema educativo estatal.
La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, por asignaturas, créditos académicos u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la normatividad respectiva.
Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional podrán adquirir validez oficial mediante su revalidación, por la Secretaría, siempre y cuando sean equiparables con los estudios de dicho sistema, y podrán otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, créditos académicos, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la normatividad respectiva.
La Secretaría podrá otorgar revalidaciones y equivalencias, únicamente cuando sean referidas a planes y programas de estudios que se impartan en el sistema educativo estatal, las cuales tendrán validez en toda la República.
La Secretaría podrá expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia laboral.
El acuerdo respectivo señalará los requisitos específicos que deban cumplirse para la acreditación de los conocimientos adquiridos.
LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LOS PADRES DE FAMILIA
Todos los habitantes del Estado tienen derecho a las mismas oportunidades de educación, con sólo satisfacer los requisitos establecidos en la Ley y los ordenamientos que de ella se deriven.
Todos los habitantes del Estado deberán cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; es obligación de los padres, tutores o representantes legales de los menores de edad, hacer que cursen los citados niveles educativos.
El Estado tendrá la obligación de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
El incumplimiento de estas obligaciones será motivo de las sanciones previstas en la Ley.
Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:
I.	Obtener inscripción en escuelas públicas de la entidad para que sus hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior;
II.	Participar a las autoridades de la escuela donde estén inscritos sus hijos o pupilos, cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que se aboquen a su solución;
III.	Conocer la relación oficial del personal docente y de apoyo, adscrito en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar;
IV.	Ser observadores en las evaluaciones a personal docente y directivo, para lo cual deberán cumplir con los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;
V.	Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a la que asistan sus hijos o pupilos;
VI.	Opinar a través de los consejos de participación, respecto a las actualizaciones y revisiones de los planes y programas de estudio;
VII.	Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su aplicación y los resultados de su ejecución;
VIII.	Presentar quejas ante las autoridades educativas correspondientes, en los términos establecidos en la presente Ley, sobre el desempeño del personal docente, directivo, de supervisión y de asesoría técnico pedagógica, de sus hijos o pupilos menores de edad y sobre las condiciones de la escuela a la que asisten; y
IX.	Tener la facultad única de decidir, cuando se trate de la educación de personas con discapacidad, la escuela, sea regular o especial, para su escolarización.
I.	Hacer que sus hijas, hijos o pupilos, menores de edad, reciban la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior;
II.	Apoyar el proceso educativo de sus hijas, hijos, o pupilos, de conformidad con lo señalado en los programas educativos del Estado, y colaborar con las instituciones educativas donde estén inscritos, en las actividades cívicas que dichas instituciones realicen; así como cumplir la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; y
III.	En el caso de tutores, presentar ante quien corresponda el documento legal de tutoría, expedido por la autoridad competente o de mayor jerarquía política del lugar donde se ubique el centro escolar que corresponda.
Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:
II.	Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles;
III.	Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos;
IV.	Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores; y
V.	Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, en su caso, hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar. Estas cooperaciones serán de carácter voluntario y, según lo dispuesto por esta Ley, en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.
La organización y el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia, en lo concerniente a sus relaciones con las autoridades y personal de los establecimientos escolares, se sujetarán a las disposiciones que señalen la Ley, los reglamentos y las autoridades educativas; además se abstendrán de participar en cuestiones políticas y religiosas y de intervenir en los aspectos laborales y pedagógicos de las escuelas públicas de educación básica.
Para asegurar el apoyo de la sociedad en el logro de los fines de la educación pública de calidad, las autoridades educativas del Estado promoverán en los términos de las disposiciones aplicables, la integración de:
I.	Un consejo escolar de participación social en cada institución de educación básica, integrado por padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros, directivos de la escuela, exalumnos, representación sindical de los maestros, así como miembros de la comunidad interesados en el desarrollo educativo. En las escuelas particulares de educación básica, podrán instituirse consejos análogos;
II.	Un consejo municipal de participación social en la educación, en cada municipio, integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y directivos de escuelas, representación sindical de los maestros, así como representantes de organizaciones sociales y demás interesados en el mejoramiento de la educación; y
III.	Un consejo estatal de participación social que como órgano de consulta, orientación y apoyo, contribuya a elevar la calidad de la educación mediante la participación de padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas estatales y municipales, así como de sectores sociales en la entidad especialmente interesados en la educación.
Las autoridades educativas asumen el deber de asesorar a los consejos de participación social en el desempeño de las tareas que señala esta Ley.
Los consejos de participación social tendrán las funciones establecidas en la Ley General de Educación y se regirán por los lineamientos generales que emita la autoridad educativa federal; además se abstendrán de participar en cuestiones políticas y religiosas y de intervenir en los aspectos laborales de las escuelas públicas de educación básica.
La estructura y forma de operación de los consejos escolares, deberá ser sencilla y flexible, al reducir al mínimo las comisiones permanentes y procurar, por el contrario, establecer grupos de trabajo funcionales y de duración variable, organizados en relación con las tareas prioritarias del proyecto escolar, del proyecto educativo del municipio y del programa estatal de educación, según corresponda.
Los consejos de participación social tendrán prioridad en el nombramiento de comités para operar proyectos autorizados para el mejoramiento de los espacios educativos.
Las autoridades escolares harán lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica opere un Consejo Escolar de Participación Social, el cual estará integrado por:
I.	Padres de familia y representantes de sus asociaciones;
II.	Docentes y representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores;
III.	Personal directivo de la escuela;
IV.	Exalumnos; y
V.	Representantes y demás integrantes de la comunidad con interés en el desarrollo de su propia escuela.
Corresponde a los consejos escolares de participación social proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados de la escuela, para ser considerados por los programas de reconocimiento que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente y demás programas que al efecto determine la autoridad educativa federal y las autoridades competentes.
En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación, los cuales estarán integrados por:
I.	Autoridades municipales;
II.	Padres de familia y representantes de sus asociaciones;
III.	Docentes;
IV.	Personal directivo de escuelas;
V.	Representantes de la organización sindical de los maestros, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores; y
VI.	Representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea la educación y demás interesados en el mejoramiento de la educación.
El Consejo Estatal de Participación Social en la Educación deberá integrarse por:
I.	Autoridades educativas estatales;
II.	Autoridades educativas municipales;
III.	Padres de familia y representantes de sus asociaciones;
IV.	Maestros y representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores;
V.	Instituciones formadoras de maestros; y
VI.	Organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y productivo de la entidad especialmente interesados en la educación.
Los medios de comunicación masiva, en el desarrollo de sus actividades, contribuirán al logro de las finalidades previstas en el artículo 7 de la presente Ley y conforme a los criterios establecidos en el artículo 8 de la Ley General de Educación.
Las autoridades educativas y los particulares, promoverán mediante programas, concursos, estímulos o cualquier otra actividad similar, el fomento de la cultura cívica, de valores en comunidad, cumplimiento de la Ley y de conocimientos básicos en lo económico, político y social.
Las autoridades educativas podrán obtener colaboraciones diversas como tiempo o espacio en emisiones de radio, televisión, prensa escrita, internet u otras similares, para promover ediciones especiales, de difusión o asesoría de programas educativos públicos en investigación, ciencia, cultura y artes.
Los convenios que al efecto se celebren, podrán tener cobertura regional, estatal, nacional o internacional y los contenidos, en todos los casos, atenderán a la política de comunicación social adecuada para los fines de la educación, el aprecio social y el respeto por la labor del magisterio, así como el impulso a las instituciones educativas.
En el ámbito de su competencia, las autoridades educativas solicitarán a la autoridad competente, la vigilancia de los mensajes, publicidad, promociones, avisos, invitaciones que se emitan, que pudieran ser contrarios a los principios contenidos en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y DEL RECURSO DE REVISIÓN
Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:
I.	El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley;
II.	Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;
III.	Suspender clases en días y horas no autorizados por el calendario escolar aplicable, sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;
IV.	No utilizar los libros de texto que la Secretaría autorice y determine para la educación primaria y secundaria;
V.	Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, la primaria y la secundaria;
VI.	Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos;
VII.	Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables;
VIII.	Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo, así como realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, distintos de alimentos;
IX.	Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos;
X.	Ocultar a los padres o tutores las conductas de los alumnos que notoriamente deban ser de su conocimiento;
XI.	Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así como no proporcionar información veraz y oportuna;
XII.	Contravenir las disposiciones contempladas en esta Ley en sus artículos 7, 16, 38 tercer párrafo, por lo que corresponde a las autoridades educativas, y en el 116 segundo párrafo;
XIII.	Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella;
XIV.	Administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de los padres o tutores, medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;
XV.	Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;
XVI.	Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a personas que presenten problemas de aprendizaje o condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos, o bien, presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos; y
XVII.	Incumplir con las medidas correctivas derivadas de las visitas de inspección.
Corresponde a la Secretaría, por conducto del área administrativa que señale el ordenamiento respectivo, sancionar las infracciones enumeradas en el artículo anterior, de conformidad con lo siguiente:
I.	Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica y en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia; y
II.	Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente. La imposición de esta sanción, no excluye la posibilidad de que se imponga multa al infractor, en los términos de la fracción anterior.
Además de las previstas en el artículo 140, también son infracciones a esta Ley:
I.	Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo;
II.	Incumplir con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley General de Educación;
III.	Impartir la educación preescolar, primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, sin contar con la autorización correspondiente; y
IV.	Impartir educación inicial, sin contar con el registro correspondiente.
En los supuestos previstos en este artículo, además de la aplicación de las sanciones señaladas en el artículo 141, podrá procederse a la clausura del plantel respectivo.
Cuando la autoridad educativa responsable de la prestación del servicio, o que haya otorgado la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, considere que existen causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones, lo hará del conocimiento del presunto infractor para que, dentro de un plazo de quince días naturales, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los datos y documentos que le sean requeridos.
La Secretaría dictará resolución con base en los datos aportados por el presunto infractor y las demás constancias que obren en el expediente.
Para determinar la sanción, se considerarán las circunstancias en que se cometió la infracción, los daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los educandos, la gravedad de la infracción, las condiciones socio-económicas del infractor, el carácter intencional o no de la infracción y si se trata de reincidencia.
La negativa o revocación de la autorización o registro otorgada a particulares, produce efectos de clausura del servicio de que se trate.
El retiro del reconocimiento de la validez oficial, se hará mediante resolución que se notificará al interesado, con sujeción a las reglas siguientes:
I.	La resolución surtirá efectos a partir de la fecha en que se notifique;
II.	Los estudios realizados en el periodo en que la institución contaba con el reconocimiento, mantendrán su validez oficial;
III.	Cuando la revocación o retiro, según sea el caso, se dicte durante un ejercicio lectivo, la institución podrá seguir prestando el servicio, a juicio y bajo la vigilancia de la Secretaría, hasta que dicho ciclo concluya; y
IV.	La Secretaría adoptará las medidas que sean necesarias para evitar perjuicios a los educandos.
En contra de las resoluciones de la Secretaría dictadas con fundamento en las disposiciones de esta Ley y demás derivadas de ésta, podrá interponerse recurso de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
Asimismo, podrá interponerse dicho recurso cuando la Secretaría no dé respuesta en un plazo de sesenta días hábiles siguientes a la presentación de las solicitudes de autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios.
El recurso de revisión se interpondrá de conformidad con los siguientes requisitos:
I.	Por escrito firmado por el promovente o su representante legal;
II.	Señalar el nombre o razón social y domicilio del promovente;
III.	Dirigirse a la autoridad educativa que emitió o ejecutó el acto impugnado y presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes al de su notificación;
IV.	Expresar la resolución, acto u omisión que se impugna;
V.	Mencionar los agravios que le cause la resolución acto u omisión que se impugna; y
VI.	Ofrecer las pruebas y señalar los hechos controvertidos de que se trate.
I.	Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de otro o de personas morales; y
II.	Las pruebas documentales que ofrezca.
En el recurso de revisión podrán ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la confesional a cargo de autoridades educativas. Si se ofrecen pruebas que requieran desahogo especial, se abrirá un plazo no menor de cinco ni mayor de treinta días hábiles para tales efectos. La autoridad educativa que esté conociendo del recurso, podrá allegarse los elementos de convicción adicionales que considere necesarios.
La Secretaría, a través del área administrativa correspondiente, recibirá el escrito de impugnación; deberá sellarlo o firmarlo de recibido; anotar la fecha y hora en que se presente y el número de anexos que en su caso se acompañen; en el mismo acto, entregará copia debidamente sellada o firmada al interesado.
La Secretaría dictará resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes a partir de la fecha:
I.	Del acuerdo de admisión del recurso, cuando no se hubiesen ofrecido pruebas o las ofrecidas no requieran plazo especial de desahogo; y
II.	De la conclusión del desahogo de las pruebas o, en su caso, cuando haya transcurrido el plazo concedido para ello y no se hubieren desahogado.
La resolución del recurso se notificará al interesado o a su representante legal personalmente, o por correo certificado con acuse de recibo.
Es improcedente el recurso de revisión cuando se haga valer contra resoluciones, actos u omisiones:
I.	Que no afecten el interés jurídico del recurrente;
II.	Que sean resoluciones dictadas en diverso recurso administrativo;
III.	Que se hayan consentido, de manera expresa y cuando no se promovió el recurso en el plazo señalado al efecto;
IV.	Si son revocados los actos por la Secretaría; y
V.	Por no cumplir alguno de los requisitos señalados en el artículo 146 de esta Ley.
La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada en cuanto al pago de multas.
I.	Que lo solicite el recurrente;
II.	Que el recurso haya sido admitido;
III.	Que de otorgarse no implique la continuación o consumación de actos u omisiones que ocasionen infracciones a esta Ley; y
IV.	Que no ocasionen daños o perjuicios a los educandos o terceros en términos de esta Ley.
Las resoluciones que se emitan, dejarán invariablemente a salvo los derechos del o de los promoventes para deducirlos en la vía y forma que convenga a sus intereses.
Artículo Segundo. Se abroga la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, publicada en Suplemento 2 al número 57 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente al sábado 17 de julio de 1999.
Artículo Tercero. Dentro del término de noventa días naturales contados a partir de la vigencia de la presente Ley, el Ejecutivo del Estado deberá actualizar la reglamentación de conformidad con las presentes disposiciones.
Artículo Cuarto. Con el propósito de dar cumplimiento a la obligación de garantizar la calidad en la educación obligatoria, en el marco de las disposiciones que regulan el servicio profesional docente, el Ejecutivo del Estado, las Autoridades municipales y los organismos descentralizados, adecuarán su normativa de naturaleza laboral y administrativa, debiendo dejar sin efectos la que se oponga o limite el cumplimiento de dicha obligación.
Artículo Quinto. Se derogan todas las disposiciones administrativas que se opongan a la presente Ley.
Artículo Sexto. El Estado reconoce a todas las organizaciones sindicales del ámbito educativo, que cuenten con el reconocimiento legal, como las titulares de las relaciones laborales, en términos de su registro vigente y de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
DADO en la Sala de Sesiones de la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas, a los siete días del mes de marzo del año dos mil catorce. Diputado Presidente.- CLISERIO DEL REAL HERNÁNDEZ. Diputados Secretarios.- CUAUHTEMOC CALDERÓN GALVÁN y CARLOS ALBERTO PEDROZA MORALES.- Rúbricas.
DADO en el Despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO (9 DE ENERO DE 2016).
“DECRETO NO. 439.- SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y DE LA LEY DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS”.
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO (16 DE SEPTIEMBRE DE 2017).
“DECRETO 132.- SE DEROGAN ALGUNOS ARTÍCULOS Y FRACCIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS”.
“DECRETO 163.- SE REFORMAN ARTÍCULOS, PÁRRAFO Y FRACCIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS”.
Artículo segundo. Las modificaciones a la normatividad administrativa que deriven del presente Decreto, deberán efectuarse dentro de los noventa días naturales siguientes a su entrada en vigor.
"DECRETO 169.- SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN, LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y LEY DE BECAS, ESTÍMULOS EDUCATIVOS Y APOYOS FINANCIEROS, TODAS DEL ESTADO DE ZACATECAS".
PRIMERO. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado.
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO (13 DE ENERO DE 2018).
"DECRETO NO. 207.- SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS".
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