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Timestamp: 2020-02-24 02:22:11
Document Index: 234562914

Matched Legal Cases: ['artículo 733', 'artículo 132', 'artículo 517', 'artículo 519', 'artículo 521', 'artículo 452', 'artículo 736']

Sentencia nº 2016-000096 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 14 de Marzo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 825474617
196881-21-14317-2017-2016-000096.html
Magistrado Ponente: GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ Expediente Nº AA10-L-2016-000096
Mediante oficio signado TS-042-2016 de fecha 8 de junio de 2016, emanado del Tribunal Superior del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, fue remitido a la Sala Plena de este Máximo Tribunal el expediente contentivo del juicio que por interdicción civil, interpusiere la ciudadana ZORAIDA DEL CARMEN CABALLERO, asistida por el abogado Héctor José Solar Odreman, a favor del ciudadano LUIS ARGENIS REYES CABALLERO.
Dicha remisión se hizo a la Sala Plena, a los fines de que conozca y decida la regulación oficiosa de competencia surgida entre el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, el cual mediante fallo de fecha 30 de mayo de 2016, se declaró incompetente en razón de la materia para conocer y decidir la consulta obligatoria en el juicio que por interdicción civil, hiciere el precitado ciudadano a favor del presunto inhábil antes identificado, y el Juzgado Superior del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esa misma Circunscripción Judicial, con sede en Ciudad Bolívar, el cual mediante sentencia de fecha 8 de junio de 2016, se declaró igualmente incompetente en razón de la materia, planteando la regulación oficiosa de competencia ante la Sala Plena.
En fecha 6 de diciembre de 2012, se presentó ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, solicitud de interdicción civil incoada por la ciudadana Zoraida del Carmen Caballero, representada por el abogado Héctor José Solare Odreman, a favor del ciudadano Luis Argenis Reyes Caballero, correspondiendo conocer la causa por distribución al Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.
En fecha 6 de febrero de 2013, el juzgado a quo, admitió la referida solicitud, ordenó la apertura de una averiguación sumaria conforme con el artículo 733 del Código de Procedimiento Civil y 396 del Código Civil, ordenándose el interrogatorio del ciudadano Luis Argenis reyes Caballero, así como la notificación del ciudadano Fiscal del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil.
El 17 de septiembre de 2016, el precitado juzgado del primer grado de conocimiento, dictó sentencia decretando con lugar la solicitud de interdicción civil provisional del inhábil, supra identificado.
Posteriormente, el 5 de febrero del presente año, el juzgado de cognición, remitió las actuaciones al tribunal de alzada, mediante oficio N° 2260-114.-.
En esa misma cronología, el 23 de febrero de 2016, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, dejó constancia de haber recibido la causa bajo análisis, ordenando darle entrada en el registro de causas respectivo, proveyéndose “…que los informes se presentarían al vigésimo día hábil siguiente, de conformidad con el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil, y en caso de presentación de informes se dejarían transcurrir ocho (8) días hábiles de conformidad con el artículo 519 ejusdem…” (Cursivas de la Sala).
El 30 de marzo de 2016: “…se dejó constancia que el día (29/03/2016), venció el lapso para la presentación de informes, y la parte solicitante no hizo uso de éste derecho, iniciándose así, el lapso de sesenta (60) días para dictar sentencia, conforme lo dispone el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil…” (Cursivas de la Sala).
En la oportunidad para decidir, sobre el sub-iudice, el ad-quem mediante sentencia de fecha 30 de mayo de 2016, estableció que según “…lo dispuesto en los artículos 26, 49, numeral 4, 78 y 257 de la Constitución, en relación con los artículos 7, 8, 12, 29, 177 (Parágrafo segundo, literal b) de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a los principios de perpetuatio fori y de ser juzgado por el juez natural, resulta forzoso para quien aquí decide declarar de oficio la incompetencia por la materia de este juzgado, considerando por ende, que el tribunal COMPETENTE para conocer de la consulta surgida con motivo a la solicitud ejercida por el ciudadano Oscar José Rauseo Jiménez…” es el tribunal superior de protección de niños, niñas y adolescentes. (Cursivas de la Sala, negrillas y mayúsculas del texto transcrito).
Declinando así su competencia, en el Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, el cual a su vez, en fecha 8 de junio del corriente año, “…se declara igualmente incompetente funcional para conocer de la presente causa y solicita de oficio la regulación de la competencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, por ampliación supletoria del artículo de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes…” (Cursivas de la Sala).
Así las cosas, el mencionado juzgado señaló que, “… (…) en virtud de que no existe una Sala común con competencia por la materia afín a la de ambos Tribunales Superiores en conflicto, [ordenó] remitir inmediatamente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, la copia certificada y copia certificada de la sentencia de declinatoria de competencia dictada por el referido tribunal superior civil, a los fines de que decida sobre el conflicto negativo de competencia planteado entre ambos Tribunales Superiores…” (Cursivas y agregado de la Sala).
La presente regulación oficiosa surge, como consecuencia de la declaratoria de incompetencia por la materia formulada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, mediante sentencia de fecha 30 de mayo de 2016, pues consideró pertinente con base en la sentencia N° 10, dictada por la Sala Plena, de este Tribunal Supremo de Justicia el 23 de febrero de 2012 (caso: Amanda Barreto), que cuando un adulto padece de un defecto intelectual se equipara a la situación de un niño, niña o adolescente.
En ese sentido, señaló que en el caso de la interdicción civil presentada por la ciudadana Zoraida del Carmen Caballero, a favor del ciudadano Luis Argenis reyes Caballero, le corresponde conocer la consulta obligatoria a un tribunal superior con competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes.
En tal sentido, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 26, 49, numeral 4, 78 y 257 de la Constitución, en relación con los artículos 7, 8, 12, 29, 177 (Parágrafo segundo, literal b) de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a los principios de perpetuatio fori y de ser juzgado por el juez natural, resulta forzoso para quien aquí decide declarara (Sic) de oficio la incompetencia por la materia de este juzgado, considerando por ende, que el tribunal COMPETENTE para conocer de la consulta surgida con motivo a la solicitud ejercida por la ciudadana Zoraida del Carmen Caballero, es el Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, la cual se ordena la remisión inmediata del expediente para que atienda la solicitud bajo examen…”(Resaltado, mayúsculas y cursiva del texto transcrito).
Por su parte, el Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, ante el cual se declinó la competencia, para conocer de la referida consulta obligatoria a su vez se declaró incompetente en razón de la materia, mediante sentencia de fecha 8 de junio de 2016 y, en consecuencia, planteó la regulación oficiosa de competencia, ordenando la remisión del expediente a la Sala Plena, con base en que en los interdictos civiles seguidos ante los tribunales civiles, concretamente el planteado ante el Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, el tribunal superior o de alzada para conocer de las consultas o apelaciones de las decisiones de los juzgados de primera instancia o por los juzgados de municipio ordinarios y ejecutores de medidas con competencia en materia civil, mercantil, agrario y tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, le corresponde al precitado tribunal superior con competencia civil.
“…Que si bien la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No. 289, de fecha 18 de marzo de 2015, estableció que los Juzgados especializados en la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para conocer de oficio o a instancia de parte, del procedimiento de incapacidad de personas que habiendo adquirido la mayoría de edad, ostentan una discapacidad, total o parcial, de carácter intelectual congénita o surgida en la niñez o en la adolescencia, puntualizando además; que dicho criterio se aplicaría a partir de la publicación dicho fallo, conforme al principio de confianza legítima o expectativa plausible.
En el caso bajo estudio, se trata de un procedimiento de interdicción civil iniciado en fecha 06 de diciembre de 2012, ante el ante el Juzgado Primero de Municipio Ordinario y ejecutor (Sic) de Medidas del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado (Sic) Bolívar, antes de que la Sala Constitucional le atribuyera la competencia de los Tribunales de Protección para conocer de los casos de interdicción e inhabilitación, siendo dictada la sentencia definitiva por dicho juzgado en fecha 17 de septiembre de 2015, y se ordenó su remisión para la consulta obligatoria al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado (Sic) Bolívar, en fecha 05 de febrero de 2015, el cual se declaró incompetente por la materia para conocer de la consulta de la sentencia realizada por el referido juzgado Civil (Sic) en fecha 30 de mayo de 2016, y fue remitido el expediente a este Tribunal (Sic) Superior (Sic), en fecha 07 de julio de 2016.
De los hechos narrados se colige, que el Tribunal Superior o Tribunal de alzada para conocer de las consultas o apelaciones de las decisiones de los Juzgados de Municipio Ordinario y ejecutor (Sic) de medidas (Sic) con competencia en materia Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, es el Juzgado el (Sic) Juzgado (Sic) Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado (Sic) Bolívar y no este Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual sólo es competente conocer de forma exclusiva y excluyente de las apelaciones y consultas de las decisiones de los Tribunales de Mediación, Sustanciación y juicio del Estado (Sic) Bolívar, con excepción de las apelaciones interpuestas en contra de los Tribunales de Municipio foráneos en materia obligación de manutención, que por tener atribuida la competencia mediante Resolución No. 1278, de fecha 22 de agosto de 2000, publicada en Gaceta Oficial N° 37.036 del 14 de septiembre de 2000, dictada por la Comisión del Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, son tramitados por 1os procedimientos previstos en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y conocidas por los Jueces Superiores en materia de Protección.
En tal sentido, este Juzgador considera que el Tribunal competente para conocer de la consulta de la sentencia definitiva dictada, realizada por el Juzgado Primero de Municipio Ordinario y ejecutor de Medidas del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, es el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado (Sic) Bolívar, razón por la cual, este Tribunal Superior de Protección se declara igualmente incompetente funcional para conocer de la presente causa y solicita de oficio la regulación de la competencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 70 y 71 del Código de procedimiento Civil, por aplicación supletoria del artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección de N1ños, Niñas, Adolescentes…” (Resaltado, cursiva y subrayado del texto transcrito).
Ahora bien, del análisis del presente expediente se evidencia, que la regulación oficiosa de competencia ha surgido en razón tanto de la materia como funcional y entre órganos judiciales que no tienen un juzgado superior común, es decir, entre el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, y el Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Primer Circuito de la misma Circunscripción Judicial, con sede en Ciudad Bolívar, el cual, como ya se dijo, planteó la regulación oficiosa de competencia ante la Sala Plena, para resolver la consulta obligatoria de la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, que declaró la interdicción civil solicitada.
Así las cosas, el presente caso versa sobre solicitud de interdicción civil por la supuesta incapacidad intelectual que posee el ciudadano Luis Argenis Reyes Caballero, quien es venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-28.032.978, nacido en Ciudad Bolívar, en fecha 9 de noviembre de 1965, contando para la presente fecha con 51 años de edad, el cual según afirma la solicitante, ha padecido desde su nacimiento, Etiología Orgánica-Congénita de Síndrome de Down, R.M.M y Disfunción Orgánica Cerebral cuya evolución es crónica y degenerativa. Asimismo lo determinó la decisión dictada por el Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, el 17 de septiembre de 2016, decretando con lugar la solicitud de interdicción civil provisional.
En fecha 6 de diciembre de 2012, fue presentada la referida solicitud de interdicción civil por la ciudadana Zoraida del Carmen Caballero, representada por el abogado Héctor José Solare Odreman, a favor de su hermano supra identificado, la cual fue sustanciada por el Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, siendo admitida el 6 de febrero de 2013, y sentenciada el 30 de mayo de los corrientes, decretando con lugar la solicitud de interdicción civil del presunto inhábil.
El 5 de febrero del presente año, el juzgado de cognición, remitió las actuaciones al tribunal de alzada por consulta obligatoria a la que se refiere el artículo 736 del Código de Procedimiento Civil, mediante oficio N° 2260-114.-, conociendo de la causa el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, declarándose incompetente por la materia para conocer del sub-iudice, mediante sentencia de fecha 30 de mayo de 2016, sobre la base de lo dispuesto en la sentencia N° 10, dictada por la Sala Plena, de este Tribunal Supremo de Justicia el 23 de febrero de 2012 (caso: Amanda Barreto), la cual dispone, que cuando un adulto padece de un defecto intelectual, ello se equipara a la situación de un niño, niña o adolescente, y en el caso bajo análisis le correspondía la competencia por consulta obligatoria según su criterio, a un tribunal superior con competencia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, declinando la competencia por la materia para conocer la consulta obligatoria planteada.
Por su parte, el Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, a su vez, conociendo del sub iudice por distribución que se le efectuare se declaró incompetente en razón de la materia, mediante sentencia de fecha 8 de junio de 2016 y, en consecuencia, planteó la regulación oficiosa de competencia, ordenando la remisión del expediente a la Sala Plena de éste Máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela.
“…La consulta oficiosa tiene el mismo efecto de la apelación, pero como la causa interesa al orden público y el proceso es de carácter inquisitivo, no hay prohibición de reforma en perjuicio… (Sic)” (Negrillas de la Sala)
Por otra parte, la Sala Plena de éste Máximo Tribunal mediante sentencia N° 10 de fecha 23 de febrero de 2012, expediente: 2010-000125, caso: Amanda Barreto León De Reyes contra el ciudadano Rafael Antonio Gutiérrez Meléndez, estableció:
b)Por haber alcanzado la mayoridad el beneficiario o la beneficiaria de la misma, excepto que padezca discapacidades físicas o mentales que le impidan proveer su propio sustento, o cuando se encuentre cursando estudios que, por su naturaleza, le impidan realizar trabajos remunerados, caso en el cual la obligación puede extenderse hasta los veinticinco años de edad, previa aprobación judicial. (Negrillas de la Sala)”
Resulta oportuno señalar, que en el sub iudice el libelo de interdicción civil presentado el 6 de diciembre de 2012, por la precitada solicitante, se manifiesta la presunta incapacidad congénita de su hermano, correspondiendo conocer la causa por distribución al Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, siendo sentenciada en fecha 17 de septiembre de 2015.
En el caso concreto, con respecto a la presunta interdicción civil del ciudadano Luis Argenis Reyes Caballero, puede colegirse que, al ser presentada la interdicción bajo análisis el 6 de diciembre de 2012, con posterioridad a la sentencia N° 10, de Sala Plena de fecha 23 de febrero de 2012, expediente. 2010-000125, ut supra la cual estableció que al no haber una jurisdicción especial para personas con discapacidad, los tribunales más idóneos para garantizarle el derecho a la tutela judicial efectiva son los tribunales con competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, a los siete días del mes de diciembre de dos mil dieciséis (2016). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.