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Timestamp: 2017-02-22 20:40:14
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Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 26', 'artículo 29', 'artículo 323', 'Artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 48', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 49', 'artículo 153', 'artículo 153', 'artículo 180', 'artículo 10', 'artículo 86', 'ARTÍCULO 151', 'ARTÍCULO 151', 'artículo 20', 'artículo 28', 'artículo 177']

Lorenzo Rojas Martin
1 . No hay derechos absolutos Titulo Borrero García, Camilo - Autor/a; Autor(es) Derechos humanos : ideas y dilemas para animar su comprensión En: Bogotá Lugar CINEP, Fundacion Centro de Investigacion y Educacion Popular Editorial/Editor 2006 Fecha Colección Normas sociales; Pedagogía; Derecho a la vida; Sociedad; Derechos humanos; Temas Medios de enseñanza; Jurisprudencia; Colombia; Capítulo de Libro Tipo de documento URL Reconocimiento-No comercial-sin obras derivadas 2.0 Genérica Licencia Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO) Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)2 No hay derechos absolutos3 No hay derechos absolutos Autor: Delphine Magre. Exposición: Colombia Imágenes y Realidades. Fundación Dos Mundos -OACNUDH OBJETIVOS Reflexionar sobre el carácter incompleto y contradictorio de los derechos. Valorar los derechos a partir de sus limitaciones. 424 Derechos Humanos PLANTEANDO EL PROBLEMA Uno de las características que más cuesta asumir a quienes trabajamos en pro de la vigencia de los derechos humanos, es su carácter relativo. Es como si todos quisiéramos que éstos adquirieran un blindaje que los hiciera intocables, de forma tal que se garantizara siempre el mayor cumplimiento posible de ellos. Y, en tal sentido, cualquier comprensión que los haga ver como opcionales, parciales o recortables nos deja insatisfechos, porque asumimos que entramos al campo del relativismo o del cálculo político, en donde la expectativa de su aplicación dependiera de consideraciones subjetivas de quienes tienen el poder. Sin embargo, todos los tribunales e instancias de protección de derechos humanos nos reiteran una y otra vez la máxima de que no hay derechos absolutos. Y no los hay, en varias perspectivas. Primero, porque todo derecho es susceptible de limitaciones. El contorno mismo de su aplicación requiere ser delimitado, lo que podría ir de por sí en detrimento de una comprensión expansiva del mismo. Piénsese, por ejemplo, en el lugar común de que mi libertad tiene como límite la libertad de los demás. Adicionalmente, por cuanto este derecho, ya limitado, coexiste con el ejercicio y reivindicación de otros derechos de igual entidad. Por ejemplo, se espera que el derecho a la libre expresión coexista con el derecho a la intimidad. Pero: qué sucede cuando, en desarrollo de la libre expresión, yo quiero divulgar hechos protegidos por el derecho a la intimidad? Si me entero de un secreto que interesa a otros, pero cuya divulgación al mismo tiempo afecta sensiblemente a aquellos que lo protegen? También, acontece que los derechos entran en conflicto con otros principios que informan la vida en sociedad. Por ejemplo: generalmente aceptamos como indiscutibles preceptos como el que establece la primacía del interés general sobre el particular. Pero, qué sucede cuando, para que se cumpla el interés general, se ponen en riesgo mis derechos individuales? Piénsese, a manera de ejemplo, en lo que acontece con el servicio militar obligatorio: me obligan a ir para defender a la patria, que es una abstracción que en últimas cobija al bienestar de otros diferentes a mí, así ahí esté también mi propia familia. Situación que se torna más restrictiva en situaciones excepcionales. Como cuando se invocan como necesarias, en casos de guerra, sensibles restricciones a la libertad o a la igualdad. 435 No hay derechos absolutos UN DILEMA PROPICIADOR Estamos en un Estado imaginario, que tiene una gran cohesión social y vive armónicamente. Se trata de un país que está totalmente rodeado, en todos sus límites, por otro Estado con el que no guarda ninguna relación, por un pasado plagado de incomprensiones y rencillas. La situación poblacional de nuestro Estado es la siguiente: En nuestro territorio contamos con las siguientes particularidades: personas en total. 50% hombres, 50% mujeres. (aplicado a cada uno de los segmentos de edad) Repartidas por edades, así: mayores de sesenta años mayores de 30 y menores de mayores de 18 y menores de menores de 18 En materia de salud, tenemos: mujeres embarazadas entre 18 y 30 años, mujeres embarazadas entre 30 y 60 años, y 500 mujeres embarazadas menores de 18 años enfermos graves, de los cuales mayores de 60, entre 30 y 60, entre 18 y 30 años y menores de 18 años enfermos leves, de los cuales mayores de 60, entre 30 y 60, entre 18 y 30 y menores de atletas (condiciones físicas envidiables), de los cuales 500 mayores de 60, entre 30 y 60 años, entre 18 y 30 años y menores de 18 años. En lo que respecta a derechos previos, nos hemos puesto de acuerdo en lo siguiente: Queremos el desarrollo de un Estado de Bienestar, Solidaridad y Justicia Social. Para ello, hemos determinado tres reglas fundamentales: Respeto a la vida. Respeto a la igualdad ante la ley. Todos tenemos derecho a ser tratados como los demás, y cualquier discriminación debe justificarse. Respeto a la libertad y al libre desarrollo de la personalidad: en principio, tenemos derecho a la mayor libertad posible, siempre y cuando nuestros actos no dañen a los demás. Cualquier 446 Derechos Humanos restricción de esta libertad debe justificarse. (En algunos casos, es posible y deseable también utilizar los derechos mínimos que se acordaron en el dilema anterior). Situación: De manera sorpresiva, se descubre petróleo. Pero la dicha no nos dura mucho, pues inmediatamente nos llega la noticia de que nuestros vecinos, de la noche a la mañana convertidos en enemigos, han decidido armar un ejército para ir a por el petróleo. No tenemos la posibilidad de ayuda externa, ni de acudir a trucos como emboscadas, escondites, nuevas negociaciones, ejercicios de convicción y similares. Enviamos sí a nuestros mejores negociadores, quienes han regresado con el mejor escenario de arreglo posible, de acuerdo con nuestro enemigo: 1.- Podemos aceptar la esclavitud de toda nuestra población hasta la cuarta generación y entregar el petróleo. A cambio, ellos nos respetarán la vida. 2.- Podemos entregar el petróleo y a un número de hombres (del género masculino), seleccionados por nosotros mismos. En contrapartida, ellos se comprometen a respetar la vida y los derechos de las otras personas. Como no nos hemos quedado quietos, también le hemos encargado a un grupo de expertos que evalúe la posibilidad de triunfar en una confrontación bélica frente al enemigo. De acuerdo con éste, es posible ganarles. Pero, para ello, se requiere seguir los siguientes pasos: 1.- Formar un ejército de personas máximo. 2.- Utilizar dos contingentes distintos. El primero, de personas, debe confrontar directamente al enemigo en un combate sin cuartel del cual, muy seguramente, todos saldrán muertos. El segundo, de , debe contra atacar, y en este contra ataque muy seguramente se logrará llegar hasta el centro de poder del enemigo y someterlo con muy pocas bajas. Nuestras opciones: Se ha conformado un comité de ciudadanos (el grupo) para presentarle al pueblo la mejor estrategia a adoptar. Tenemos, de acuerdo con lo analizado, cuatro opciones: 457 No hay derechos absolutos Opción 1: dejarnos asesinar masivamente. En este caso debe elaborarse una regla, dirigida a nuestros nacionales, que evidencie que esta medida es la que mejor garantiza el respeto de los derechos a la vida, igualdad y libertad. Opción 2: entregar el petróleo y a los hombres, escogidos por nosotros mismos, para que sean sacrificados. En este caso, se debe crear una o varias reglas que permitan establecer quiénes conforman este grupo, de donde quede claro por qué se les afectaron a ellos más los derechos a la vida y la igualdad. No hay voluntarios. Opción 3: aceptar la esclavitud de todos hasta la cuarta generación, y entregar el petróleo. En este caso, debe establecerse una regla mediante la cual se evidencie que esta medida es la que mejor respeta los derechos a la vida e igualdad, con los límites absolutos a los derechos de libertad. Opción 4: luchar. En este caso, es necesario construir un conjunto de reglas que especifiquen quiénes conforman el ejército (no hay voluntarios), quiénes conforman el primer contingente (de entre los seleccionados), y quiénes el segundo contingente, y por qué a éstos se les afectó de manera más grave los derechos a la vida, libertad e igualdad. La decisión final: Triunfa la estrategia que pruebe, mediante argumentos, mantener de la mejor forma posible nuestras tres normas de convivencia: vida, libertad e igualdad. REITERAR LA CONSIGNA Más que un ejercicio sobre estrategia militar, se busca propiciar un debate sobre los límites de los derechos. Y, en especial, sobre lo que acontece con ellos en situaciones dramáticas. Por ello, el tallerista debe hacer énfasis en que lo que está en discusión es la posibilidad de mantener los principios y derechos que mueven y motivan a nuestra sociedad, aun en casos difíciles, y al costo de limitarlos. Hay que advertir que este ejercicio genera reacciones muy diversas, en especial porque saca a la luz pública preconcepciones de los asistentes en temas como el conflicto armado, la guerra o el valor de la vida. Hay que tener cuidado con ello, pues puede derivar fácilmente hacia una discusión sobre visiones distintas de la 468 Derechos Humanos vida, sin concentrarse en la propuesta de analizar y vivenciar la idea de la existencia de derechos absolutos. Hemos mantenido el dilema propiciador a pesar de este riesgo, por cuanto pone en la balanza precisamente el derecho a la vida, que es el que estamos más dispuestos a considerar como absoluto, sin avanzar tan frontalmente en campos como el religioso o el moral. Otras presentaciones de dilemas similares, como acontecería con casos de eutanasia o aborto, podrían ser más o menos convenientes, teniendo en cuenta el perfil de los grupos. (En esos casos, los dilemas podrían ser más o menos del siguiente orden: un pariente suyo ha manifestado en todas las reuniones familiares que no quiere vivir dependiendo de una máquina que le dé respiración artificial. Sufre un accidente, y queda en estado de coma, con comprobado daño cerebral. Los médicos dicen que si lo desconectan del respirador artificial, muere. En el mismo hospital, un paciente espera un corazón con el cual espera salvar su vida. Su esposa se entera de la situación de su pariente, y le solicita que autorice desconectar el respirador para posibilitar el transplante de órganos cuanto antes. Varios de sus familiares insisten en que el derecho a la vida de su pariente no se puede vulnerar, y el médico del enfermo del corazón insiste en que el derecho a la vida de su paciente le impone el deber de recomendar de manera inminente la operación. Si pudiera tomar la decisión, qué resolvería, por qué, y cómo catalogaría el derecho a la vida de las dos personas involucradas?) De igual manera, nuestra experiencia ha demostrado que este dilema es inconveniente para el trabajo con grupos que han asumido consignas en relación con derechos, en donde éstos adquieren el carácter de absolutos en razón de los principios que dan sentido al colectivo, y en cuyo caso el dilema lleva es a desmotivar o a poner en cuestión la acción reivindicativa o política (Esto acontece, por ejemplo, con activistas de causas como la de la no violencia absoluta, o con equipos que han optado por la defensa válida de principios como los de las mujeres no aportamos hijos para la guerra ). En estos eventos, conviene preparar un dilema que ponga en contexto la limitación de derechos menos polémicos, como los de igualdad o libertad (más adelante, se encuentran dilemas de esta índole, que pueden ayudar a preparar una actividad para este ejercicio). EL SENTIDO DEL DEBATE Aun cuando todos los grupos experimentarán las dificultades de la limitación de derechos, no es fácil prever respuestas simples. Varios, seguramente optarán por la guerra, mientras que otros por una modalidad que les permita perder el mínimo de vidas humanas. 479 No hay derechos absolutos Además, el hecho de experimentar el límite no siempre lleva a aceptarlo: a pesar de constatar la utilidad aparente de ciertas estrategias, existen grupos que optan por un pacifismo radical que mantenga incólume el derecho ilimitado a la vida. En este primer aspecto, la labor del tallerista no necesariamente es la de imponer un determinado tipo de límite, sino la de hacer notar que por lo menos hipotéticamente es posible pensar en distintas formas de limitar los derechos, y que éstas no necesariamente significan un desconocimiento total del derecho en cuestión. Una dificultad real es la de encontrar reglas que limiten los derechos. Aunque las matemáticas sirven, dado que generalmente los grupos tienden a elaborar reglas que garanticen ganar la guerra, la tarea suele ser más compleja: cómo generar fórmulas que permitan distinguir en casos dramáticos, donde en apariencia están en juego los bienes más preciados de la persona. En este sentido, el tallerista debe estar atento a evidenciar el sustrato de las distintas reglas que se propongan, en especial en lo que tiene que ver con los derechos. Por ejemplo: lo que significa priorizar la vida de los más jóvenes sobre los más viejos, de los hombres sobre las mujeres, de los enfermos sobre los sanos, etc. Por esta vía, puede mostrar cómo en la práctica este es el sentido de varios de los derechos fundamentales que rigen en Colombia (por ejemplo, protección prevalerte a poblaciones vulnerables), pero que a la vez por ese mismo camino se ha limitado el derecho de algunos grupos sociales (a la guerra van los más aptos, dentro de un rango generacional y de género bien preciso). Otro de los elementos importantes a resaltar tiene que ver con la constatación de la integralidad. Todos los grupos, al tener que decidir su estrategia, han pasado por esta evidencia: no vale la pena proteger un solo derecho, pues el sentido de su existencia es inocuo sin otros complementarios. Esto le sirve al animador para iniciar un debate de esta índole, en donde las personas puedan incluso ampliar el rango de los derechos que deben protegerse armónicamente en aras a ofrecer una real protección individual y colectiva. Finalmente, la discusión habrá llevado también a los grupos al límite de discutir si uno de los derechos puede ser totalmente vulnerado, en aras a garantizar por lo menos en parte los otros. Por ejemplo, si vale la pena perder completamente el derecho a la libertad, con miras a preservar la vida. O conculcar el derecho a la vida de unos, entregándolos al enemigo en sacrificio, para salvar a otros. Aquí, el tallerista puede introducir el debate en torno al núcleo esencial de los derechos. Esta teoría tiende a balancear la aprecia- 4810 Derechos Humanos ción de que no existen derechos absolutos. Porque, si bien esto último es cierto, ello no quiere decir que un derecho pueda ser totalmente vulnerado. Siempre debe existir una especie de corazón del derecho que debe respetarse. Aunque es difícil establecer este núcleo, ya que la tarea consiste en ubicar el conjunto de atributos de un derecho que nunca pueden ser limitados, ni aún en casos de excepción, una vez se construye el mismo, es intocable. Quizás por ello nos es tan difícil aceptar las opciones en donde uno de los derechos humanos sencillamente desaparece, aún si se invoca que ello se hace precisamente para salvaguardar a los otros. Luego, cabría preguntarse: qué sería para el grupo lo intocable, lo que constituiría el núcleo esencial de los derechos a la vida, la igualdad y la libertad? NOTAS PARA EL CIERRE Es importante que al momento del cierre, el facilitador reitere los aspectos que buscaba problematizar el ejercicio: No hay derechos absolutos es una evidencia a partir de la cual es posible precisamente desarrollar los derechos. Por ello, la expresión no equivale a decir que la posibilidad de limitar un derecho sea similar a anularlo. La discusión de cuándo las limitaciones a un derecho equivalen a hacerlo totalmente inoperante, es política y no técnica. Es decir, la ciudadanía debe participar en la comprensión y defensa de los núcleos básicos de cada derecho, que supone la protección de un mínimo intocable del mismo. Si esto no es así, la delimitación y ámbito de aplicación o inaplicación de los derechos humanos queda en manos de quien detente el poder, a pesar de su existencia formal. 4911 No hay derechos absolutos LECTURAS COMPLEMENTARIAS Esta vez, acudimos como material de lectura a extractos de sentencias de la Corte Constitucional. Y ello por cuanto a la Corte le ha correspondido desarrollar con mucha fuerza esta idea de que no existen derechos absolutos, especialmente cuando debe buscar el equilibrio entre derechos en pugna, o cuando debe pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de normas que limitan derechos. En Sentencia C-475 de 1997, con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte declaró inconstitucionales tres normas que se ocupaban de regular el momento a partir del cual una persona, cuya conducta está siendo penalmente investigada, tenía derecho de conocer las respectivas diligencias y asumir plenamente su defensa. En su argumentación, definió con bastante claridad los riesgos de asumir los derechos como ilimitados 1 : En efecto, en los términos de la demanda, considerar que un determinado derecho fundamental tiene carácter ilimitado, implica, necesariamente, aceptar que se trata de un derecho que no puede ser restringido y que, por lo tanto, prevalece sobre cualquiera otro en los eventuales conflictos que pudieren presentarse. Pero su supremacía no se manifestaría sólo frente a los restantes derechos fundamentales. Un derecho absoluto o ilimitado no admite restricción alguna en nombre de objetivos colectivos o generales o de intereses constitucionalmente protegidos Si el sistema constitucional estuviese compuesto por derechos ilimitados sería necesario admitir (1) que se trata de derechos que no se oponen entre sí, pues de otra manera sería imposible predicar que todos ellos gozan de jerarquía superior o de supremacía en relación con los otros; (2) que todos los poderes del Estado, deben garantizar el alcance pleno de cada uno de los derechos, en cuyo caso, lo único que podría hacer el poder legislativo, sería reproducir en una norma legal la disposición constitucional que consagra el derecho fundamental, para insertarlo de manera explícita en el sistema de derecho legislado. En efecto, de ser los derechos absolutos, el legislador no estaría autorizado para restringirlos o regularlos en nombre de otros bienes, derechos o intereses constitucionalmente protegidos. Para que esta última consecuencia pueda cumplirse se requeriría, necesariamente, que las disposiciones normativas que consagran los derechos absolutos tuviesen un alcance y significado claro y unívoco, de manera tal que constituyeran la premisa mayor del silogismo lógico deductivo que habría de formular el operador del derecho. Como la concepción absolutista de los derechos en conflicto puede conducir a resultados lógica y conceptualmente inaceptables, la Carta opta por preferir que los derechos sean garantizados en la mayor medida posible, para lo cual deben sujetarse a restricciones adecuadas, necesarias y proporcionales que aseguren su coexistencia armónica. 1 Sentencia en cita en la C- 916 de12 Derechos Humanos LECTURAS COMPLEMENTARIAS Frente al tema de si existen derechos fundamentales jerárquicamente superiores a otros, como podría ser el de la vida sobre la libertad o la igualdad, la Corte dijo: La Constitución no diseñó un rígido sistema jerárquico ni señaló las circunstancias concretas en las cuales unos han de primar sobre los otros. Sólo en algunas circunstancias excepcionales surgen implícitamente reglas de precedencia a partir de la consagración de normas constitucionales que no pueden ser reguladas ni restringidas por el legislador o por cualquier otro órgano público. Son ejemplo de este tipo de reglas excepcionales, la prohibición de la pena de muerte (C.P. art. 11), la proscripción de la tortura (C.P. art. 12) o el principio de legalidad de la pena (C.P. art. 29). Ciertamente, estas reglas no están sometidas a ponderación alguna, pues no contienen parámetros de actuación a los cuales deben someterse los poderes públicos. Se trata, por el contrario, de normas jurídicas que deben ser aplicadas directamente y que desplazan del ordenamiento cualquiera otra que les resulte contraria o que pretenda limitarlas. La mayoría de los derechos fundamentales pueden verse enfrentados a otros derechos o intereses constitucionalmente relevantes. En estas condiciones, para asegurar la vigencia plena y simultánea de los distintos derechos fundamentales y, adicionalmente, para garantizar el respeto de otros intereses constitucionalmente valiosos, es necesario que los derechos se articulen, auto-restringiéndose, hasta el punto en el cual resulte posible la aplicación armoniosa de todo el conjunto. En Sentencia C-189 de 1994, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz, la Corte examinó la libertad de fundar medios masivos de comunicación. En ella, reiteró que en un Estado Social de Derecho no existen derechos absolutos, pues el absolutismo, así se predique de un derecho, es la negación de la juridicidad : En verdad el actor sólo formula un cargo contra las disposiciones que demanda del decreto 1900 de 1990, y consiste en que como el artículo 20 de la Constitución Nacional consagra la libertad de fundar medios masivos de comunicación, ello significa que no puede existir en esta materia reglamentación legal alguna, y por tanto el legislador no puede exigir permisos, requisitos, ni establecer limitaciones o condiciones de cualquier índole para su funcionamiento. La libertad de fundar medios masivos de comunicación que consagra el artículo 20 de la Carta, se encuentra íntimamente relacionada con la libertad de expresión, de opinión y de información, puesto que tales medios se constituyen en instrumentos eficaces para difundir las ideas, el pensamiento y la información. 5113 No hay derechos absolutos LECTURAS COMPLEMENTARIAS Sin embargo tal derecho no es de carácter absoluto, como parece entenderlo el demandante, pues es evidente que en un Estado de Derecho y más aún, en un Estado Social de Derecho, no puede haber derechos absolutos; el absolutismo, así se predique de un derecho, es la negación de la juricidad, y, si se trata de un derecho subjetivo, tratarlo como absoluto es convertirlo en un antiderecho, pues ese sólo concepto implica la posibilidad antijurídica del atropello de los derechos de los otros y a los de la misma sociedad (sent. T-512/92 Mag. Dr. José Gregorio Hernández Galindo), y por el contrario está sometido a ciertas limitaciones Tales como el control y vigilancia de todo servicio publico, en este caso de servicio de telecomunicaciones. En C-531 de 2000, con ponencia del magistrado Álvaro Tafur Galvis, la Corte examina los derechos de personas discapacitadas. En dicha oportunidad, el tema se planteaba casi al revés, si se quiere: dado que el Estado había generado una legislación que protegía a las personas con discapacidad, no constituía ello una especie de absolutización de sus derechos, y por ende contradecía lo que venía diciendo en materia de inexistencia de derechos absolutos? Veamos cómo trata el problema la Corte: En cuanto al primer contenido normativo acusado por los actores, expuesto en el inciso 1o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que señala que ninguna persona limitada puede ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo, para la Corte es claro que en lugar de contradecir el ordenamiento superior, lo desarrolla. Lo anterior, pues se evidencia como una protección del trabajador que sufre de una disminución física, sensorial o síquica, en cuanto impide que ésta se configure per se en causal de despido o de terminación del contrato de trabajo, pues la misma sólo podrá alcanzar dicho efecto, en virtud de la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada (C.S.T., art. 62, literal a-13), y según el nivel y grado de la disminución física que presente el trabajador. En tal situación, el requerimiento de la autorización de la oficina de Trabajo para proceder al despido o terminación del contrato de trabajo debe entenderse como una intervención de la autoridad pública encargada de promover y garantizar el derecho al trabajo según el ordenamiento jurídico nacional e internacional vigente sobre estas materias, para corroborar la situación fáctica que describe dicha causa legal de despido y proteger así al trabajador. Es de reiterar, según lo señalado por esta Corte con anterioridad, que la legislación que favorezca a los discapacitados no consagra derechos absolutos o a perpetuidad que puedan ser oponibles en toda circunstancia a los intereses generales del Estado y de la sociedad, o a los legítimos derechos de otros 2. 2 Sentencia T-427/92, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 5214 Derechos Humanos LECTURAS COMPLEMENTARIAS Sin embargo, resulta exigible al patrono que adelante una actuación previa al despido del trabajador discapacitado, ajustada a los principios establecidos en el artículo 29 de la Constitución Política sobre el debido proceso y defensa, en razón del carácter sancionatorio de la medida, permitiendo a las partes participar activamente en la presentación y contradicción de las pruebas, con publicidad de los actos y decisiones, así como en la práctica y valoración de las mismas bajo los principios de la sana crítica, como así se indicó en la Sentencia C-710 de , a propósito del despido con justa causa de la trabajadora embarazada. Veamos otro caso en donde se había construido claramente una concepción ilimitada de un derecho. Una disposición permitía la utilización por parte del Presidente de la República del servicio de televisión en cualquier momento y sin ninguna limitación. En Sentencia C-1172 de 2001, con ponencia del magistrado Alfredo Beltrán Sierra, la Corte reiteró que la Constitución no reconocía derechos absolutos, y declaró que la expresión y sin ninguna limitación era contraria a la Carta Política y al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Como lo ha señalado esta Corporación, el hecho de que existan derechos de carácter preferente, no significa en manera alguna que ellos sean absolutos [e]l carácter preferente de las libertades de expresión, información y de prensa no significa, sin embargo, que estos derechos sean absolutos y carezcan de límites. Así, no sólo no existen en general derechos absolutos sino que, en particular, la libertad de expresión puede colisionar con otros derechos y valores constitucionales, por lo cual, los tratados de derechos humanos y la Constitución establecen que ciertas restricciones a esta libertad, son legítimas. Así, conforme a la Convención Interamericana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, este derecho puede ser limitado para asegurar i) el respeto de los derechos o a la reputación de los demás, o para ii) la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Por ello, esta Corporación ha también admitido, ciertas restricciones a la libertad de expresión a fin de proteger y asegurar, en ciertos casos concretos, otros bienes constitucionales como el orden público o los derechos a la intimidad y al buen nombre 4 Sentencia T- 405 de 1993, donde se examinó la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas a que resguardos indigenistas sean inalienables, imprescriptibles e inembargables con el uso del suelo por parte del Estado para instalar radares para el control de aeronaves que transitan por el espacio aéreo colombiano, y específicamente para el seguimiento y persecución de aeronaves del narcotráfico. 3 M.P. Dr. Jorge Arango Mejía. 4 Sent. C-010/00 M.P. Alejandro Martínez Caballero 5315 No hay derechos absolutos LECTURAS COMPLEMENTARIAS Se debe reiterar que en ningún caso puede pensarse en que los derechos de la comunidad indígena prevalecen sobre los derechos de los colombianos -en general- y más teniendo en cuenta que de lo que se trata en el presente caso es de la obligación del Estado colombiano de asegurarle a los habitantes del territorio nacional la protección en sus vidas, bienes, seguridad, etc. Obligación que cumple, por ejemplo, instalando en diversos lugares estratégicos del territorio nacional radares para el control de aeronaves que transitan por el espacio aéreo colombiano, y específicamente para el seguimiento y persecución de aeronaves del narcotráfico. Mal podría pensarse que por el hecho de haberse instalado el radar en una zona del resguardo indígena de Monochoa, Araracuara, terreno a juicio de estos con carácter sagrado y de especial valor cultural, se violen sus derechos fundamentales, entre ellos el de propiedad. Es necesario tener en cuenta lo siguiente: 1o.) No obstante tratarse de terrenos de propiedad de las comunidades indígenas, respecto de los cuales tienen plena autonomía, y respaldados por Convenios Internacionales, como el 169 de la O.I.T., no se puede decir que se trate de derechos absolutos, pues como lo ha sostenido esta Corporación, y así se deduce del texto de la Carta Política, ningún derecho es absoluto. 54 Documentos relacionados
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