Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-15-marzo-2005-ministerio-de-justicia-100266
Timestamp: 2016-12-03 14:21:33
Document Index: 193270518

Matched Legal Cases: ['artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 84', 'artículo 166', 'artículo 18', 'artículo 98', 'artículo 18']

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Las Palmas de Gran Canaria don Antonio Roberto García García contra la negativa del Registrador de la propiedad de San Bartolomé de Tirajana, n.º 1, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca
RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Las Palmas de Gran Canaria don Antonio Roberto García García contra la negativa del Registrador de la propiedad de San Bartolomé de Tirajana, n.º 1, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Las Palmas de Gran Canaria don Antonio Roberto García García contra la negativa del Registrador de la propiedad de San Bartolomé de Tirajana, n.º 1, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Las Palmas de Gran Canaria don Antonio Roberto García García contra la negativa del Registrador de la propiedad de San Bartolomé de Tirajana, n.º 1, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca.
El día 1 de abril de 2002 Don Antonio Roberto García García, Notario de Las Palmas de Gran Canaria, autorizó una escritura, en virtud de la cual comparecían Doña M. J.G.A. y Doña M.J.D.A. como apoderadas mancomunadas, en nombre y representación de la entidad B.Z., S.A., y procedían a dar carta de pago y cancelaban la hipoteca que gravaba la finca registral 13767 del Registro de la Propiedad número uno de San Bartolomé de Tirajana.
«Dicha representación le resulta a la señora G. A.,en virtud de escritura de poder que dicha entidad le tiene conferido ante el Notario de Zaragoza Don Eloy Jiménez Pérez, el día 09 de Abril de 1997, al número 907 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Zaragoza, al tomo 1774, folio 78, Hoja número Z-346, inscripción 846.
Y dicha representación le resulta a la señora D. A. en virtud de la escritura de poder que dicha entidad le tiene conferido ante el Notario de Zaragoza Don Eloy Jiménez Pérez, el día 27 de enero de 2000, bajo el número 238 de protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Zaragoza, Tomo 1774, libro 0, folio 187, Sección 8, Hoja Z-346, Inscripción 1122.
Tengo a la vista copia autorizada e inscrita de las citadas escrituras de apoderamiento y, en su virtud de conformidad con lo dispuesto por el art.
98.1 de la Ley 28/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales administrativas y de orden social, yo, el Notario, HAGO CONSTAR que, a mi juicio, según resulta de los documentos auténticos reseñados, los/las comparecientes tienen facultades suficientes para formalizar cartas de pago y cancelación de hipoteca de préstamos concedidos con garantía hipotecaria y los demás pactos complementarios contenidos en esta escritura pública.
Me aseguran los/las citado/as comparecientes la vigencia de sus facultades.».
vieja Ley por la que se rige el Notariado, Ley de 28 de mayo de 1862, dispone que «El Notario es el funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales», función de garantía de legalidad que igualmente destaca el Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944, en su art. 145, párrafo 2, al imponer a los Notarios no sólo la excusa de su ministerio sino la negativa de la autorización notarial cuando «. el acto o el contrato, en todo o en parte, sean contrarios a las leyes, a la moral y a las buenas costumbres, o se prescinda por los interesados de los requisitos necesarios para la plena validez de los mismos», sosteniendo a continuación que «La función pública notarial incorpora, pues, un juicio de legalidad sobre la forma y el fondo del negocio jurídico que es objeto del instrumento público, y cabe afirmar, por ello, que el deber del Notario de velar por la legalidad forma parte de su función como fedatario público».
Presentada copia de la anterior escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca en el Registro de la Propiedad número 1 de San Bartolomé de Tirajana, causó el asiento 984 del Diario 26, y fue calificada negativamente con base en los siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho:
«HECHOS: Presentada con fecha de mayo de 2002. y practicada su calificación, resulta/n el/los siguiente/s defecto/s subsanable/s:
Falta acreditar la representación de la entidad acreedora. Es insuficiente la reseña sobre las facultades que constan conferidas en los poderes invocados, pues de la misma no resultan los elementos necesarios para cumplir con la función calificadora.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 18, 19 y 20 de la Ley Hipotecaria y 1259 del Código Civil. Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de abril de 2002.
San Bartolomé de Tirajana, 6 de junio de 2002. El Registrador. Fdo.: Emilio Campmany Bermejo».
En dicho recurso, en esencia, alega que el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, tan sólo exige al Notario que reseñe los datos del documento auténtico del que surgen las facultades representativas y que incluya un juicio de suficiencia acerca de esas facultades. Añade que la escritura calificada se ajusta a las Resoluciones de 12 y 23 de abril de 2002, que son vinculantes para el Registrador. Y resume sus argumentos de la siguiente forma: a) El artículo 98 ha venido a recoger lo dispuesto en el artículo 84 del Decreto 853/1959, modificando el sistema previsto en el artículo 166 del Reglamento Notarial que obligaba a copiar, unir o acompañar a la escritura los documentos acreditativos de la representación; b) La reforma se enmarca en el conjunto de medidas que el legislador ha introducido para agilizar el tráfico documental, simplificarlo y favorecer la confección y envío electrónico de las escrituras notariales. La Ley 24/ 2001 introduce, como medio de agilización del tráfico inmobiliario y mercantil, las nuevas tecnologías y para ello se regulan aspectos tan esenciales como el documento público electrónico, el empleo de la firma electrónica avanzada del Notario y el medio de obtención de ésta. Desde esta perspectiva es plenamente coherente que se intente simplificar la confección de las escrituras notariales, haciendo desaparecer la obligación de que el Notario uniera o transcribiera en la escritura notarial los documentos protocolares que acreditan la representación con la que actúa el otorgante del acto o negocio que se documenta, y ello, con independencia de que el destinatario del instrumento público sea un Registro; c) La reforma en nada contradice lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, puesto que la calificación registral debe atenerse a lo que resulte de la propia escritura, y por ello, no se trata de que el artículo 98 de la Ley 24/ 2001 haya derogado tácitamente el artículo 18.1 de la Ley Hipotecaria, sino que este precepto debe interpretarse coordinadamente con aquel artículo, sin que ninguno pierda su virtualidad; d) Todo ello en armonía con la distinción entre el control de legalidad que el Notario está obligado a realizar en el momento de la firma del contrato y la calificación registral del documento, si este tuviera cláusulas inscribibles, calificación que realiza posteriormente el Registrador a los solos efectos de determinar la inscribibilidad de tales cláusulas. Esta distinción fundamental ha sido explícitamente reconocida por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 207/1999, al afirmar que «A los Notarios, en cuanto fedatarios públicos, les incumbe en el desempeño de la función notarial el juicio de legalidad, sea con apoyo en una ley estatal o autonómica, dado que el art. 1 de la
8 de febrero, 3 de marzo y 17 de noviembre de 2003 y 3 de enero de 2004, se expresó que el contenido del informe del Registrador debía reducirse a cuestiones de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que quepa adicionar argumento alguno. Cabe añadir, en este punto (y como ha sido puesto de relieve en otras Resoluciones más recientes citadas en los «Vistos» de la presente), que el informe del Registrador tampoco debe utilizarse como réplica a los argumentos utilizados por el recurrente en su recurso y que, obviamente, no se constituye en una suerte de contestación a la demanda. Cuando este Centro Directivo se está refiriendo a cuestiones de mero trámite, quiere expresar que en dicho informe habrán de incluirse aspectos tales como: fecha de presentación del título calificado y las incidencias que hayan podido existir; por ejemplo, que dicho título se retiró para ser subsanado o para pago de los impuestos que gravan el acto o negocio jurídico sujeto a inscripción; fecha de calificación del título y de notificación a los interesados en éste, etc.
Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente los documentos de los que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta los mismos son poderes conferidos, mediante sendas escrituras públicas, autorizadas por el Notario que se identifica, añadiendo la fecha del respectivo poder, el número de protocolo y los datos de inscripción en el Registro Mercantil; así mismo se expresa que las apoderadas aseveran la íntegra subsistencia de la representación que ejercitan (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este Centro Directivocfr., por todas, la Resolución de 28 de mayo de 1999-, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento). Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de las reseñas.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título lo siguiente: «Tengo a la vista copia autorizada e inscrita de las citadas escrituras de apoderamiento y, en su virtud de conformidad con lo dispuesto por el art. 98.1 de la Ley 28/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales administrativas y de orden social, yo, el Notario, HAGO CONSTAR que, a mi juicio, según resulta de los documentos auténticos reseñados, los/las comparecientes tienen facultades suficientes para formalizar cartas de pago y cancelación de hipoteca de préstamos concedidos con garantía hipotecaria y los demás pactos complementarios contenidos en esta escritura pública».
Madrid, 15 de marzo de 2005.La Directora General, Pilar Blancomorales Limones.
Sr. Registrador de la Propiedad n.º 1 de San Bartolomé de Tirajana.