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Timestamp: 2018-03-25 05:02:52
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tema 3 [72990] | Derecho Constitucional I (UMA) | Unybook
TEMA 3: EL ESTADO ESPAÑOL COMO UN ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO.
El artículo 1.1 proclama que el Estado Español es un Estado social y democrático de Derecho. Sin embargo, no lo define. Por tanto, para entender su significado hay que tener en cuenta la evolución histórica. El Estado constitucional surge como un Estado liberal de Derecho, y evoluciona desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días para convertirse en un Estado social y democrático de Derecho. Para entender esta evolución hay que empezar desglosando los diferentes elementos de esta definición y los 3 tipos distintos de Estado que se encuentran en ella:  Estado de Derecho: aunque es el último que aparece en la definición, es el primero que surge cronológicamente. Se identifica con el Estado constitucional en sus orígenes y surge con una finalidad muy concreta, que es limitar jurídicamente el poder del Estado para garantizar la libertad del individuo. El motivo de que en ese momento se viera la necesidad de limitar el poder del Estado es el propio desenvolvimiento del poder hasta ese momento, ya que el Estado absoluto no reconoce ni admite límites jurídicos. Por tanto, el Estado constitucional surge como reacción frente al Estado absoluto. Es la burguesía la clase social que está detrás de este surgimiento.
Retrocediendo todavía más en el tiempo, nos encontramos con las sociedades feudales. A finales de la Edad Media comienza un proceso caracterizado por la reducción de la multitud de centros de poder (poliarquía) y que va a derivar en el Estado Moderno. Para eliminar estos centros de poder hay que afianzar el poder del monarca, de manera que el rey personifique al Estado y concentre en sus manos todo el poder. La burguesía ocupa un papel protagonista en las reivindicaciones del nacimiento de un nuevo modelo de Estado y de organización. Los 3 principios básicos de este nuevo modelo de Estado, para conseguir la limitación del poder, son: a. La división de poderes: que consiste en distinguir una serie de funciones principales y darle a cada uno un nombre específico. Además de esta división funcional, hay que hacer una división orgánica, de manera que cada poder recaiga sobre órganos distintos.
   Potestad legislativa: elaborar las leyes, que recae en el Parlamento.
Potestad ejecutiva, que recae en el Gobierno.
Potestad judicial: aplicar esas leyes cuando se planteen conflictos entre particulares y ejecutar aquello que se ha decidido, que recae en los jueces y tribunales.
Por último, se establece un sistema de pesos y contrapesos de manera que ningún poder pueda hacerlo todo de manera independiente, y para que exista una especie de jerarquía entre ellos. El primer lugar de esta jerarquía lo ocupa en un principio el poder legislativo, ya que el Parlamento es el único órgano que es elegido directamente por los ciudadanos y que expresa la voluntad del pueblo.
Reconocimiento de derechos de los ciudadanos: en un principio solo se reconocen algunos derechos, concretamente, son los derechos que interesan a la burguesía. Se conocen con el nombre de derechos liberales o derechos negativos, que se erigen como una barrera o límite frente a la actuación del poder político. Un derecho típico de esta época es el derecho de la propiedad privada: el Estado solo se tiene que abstener de invadir ese derecho (lo único que se le permite al Estado hacer es reaccionar en caso de incumplimiento, pero no hacer nada más, no intervenir).
Principio del imperio de la ley: todo el poder está sometido al derecho. Este principio evoluciona, hasta que el lugar que ocupaba la ley lo ocupa actualmente la Constitución, de manera que ya no se habla del imperio de la ley, sino de la supremacía de la Constitución.
Estado social: el Estado liberal es un Estado mínimo, que entiende que la sociedad y el Estado son dos ámbitos totalmente diferentes y que deben estar totalmente separados: el Estado debe ocuparse de sí mismo, del funcionamiento de sus órganos, pero no inmiscuirse en las relaciones de la sociedad. No debe invadir la esfera social, sino que la sociedad debe autoregularse por sí misma, sin que el Estado intervenga. De esta manera se entendía que esta sociedad alcanzaría su punto de equilibrio en todas sus relaciones. Sin embargo, las circunstancias históricas demuestran que la sociedad apartada de las relaciones laborales y económicas, no conduce a un punto de equilibrio. Por tanto, este planteamiento no es cierto, ya que no hay un libre juego de la oferta y la demanda, el empresario y el trabajador no están en igualdad de condiciones, y por tanto hace falta que el Estado intervenga para solucionar esas irracionalidades que surgen.
Este cambio se va a reflejar en el comportamiento del Estado y en la índole de los derechos que se reconocen: ya no son derechos liberales o negativos que reivindican la no actuación del Estado, sino que se reconocen derechos sociales y se demanda la intervención del Estado (Estado intervencionista).
1 El Estado tiene entonces que regular las condiciones laborales, como la duración de las jornadas de trabajo o los periodos obligatorios de descanso. Además, tiene que ser un Estado prestacional, que ofrezca subsidios y ayudas para los sectores que se encuentran en situación de desventaja. Por último, va a ser un Estado planificador, va a definir una línea de distribución y redistribución de los bienes y servicios.
Lo que pretende el Estado social es conseguir la igualdad de sus ciudadanos, corrigiendo las desigualdades.
Desde un punto de vista teórico no se encuentra la denominación del Estado social hasta 1929. Otro cambio que tiene lugar con el Estado social es la prevalencia del gobierno, es decir, del poder ejecutivo, en lugar del poder legislativo.
 Estado democrático: con el Estado democrático se trata de responder a la siguiente pregunta: ¿dónde reside la legitimidad del poder político? Por tanto, añade el principio de soberanía popular, lo que significa que la soberanía reside en el conjunto del pueblo, que es el titular de los poderes políticos del Estado. Todos los órganos del Estado que ejercen un poder político, lo hacen por delegación nuestra y no por derecho propio (no porque sean titulares de ese poder), sino porque es materialmente imposible que cada ciudadano pudiera redactar las leyes. Por tanto, lo único que podemos hacer es elegir a los representantes, que forman el Parlamento y que elaboran las leyes. De esta forma, cumplir dichas leyes supone obedecer a las normas que los propios ciudadanos se estarían dando.
El Estado democrático no lo podemos fijar en un momento concreto de la historia, pero el proceso empieza en el siglo XIX y se extiende durante todo el siglo XX, y lo que reivindica básicamente es:  Por una parte, el derecho de asociación, ya que a través de los partidos políticos es como se va a configurar la contienda política.
 Sobre todo, la extensión del sufragio. Este sufragio no comienza siendo un sufragio universal, sino que es un sufragio restringido: no todos los ciudadanos tienen derecho a elegir a sus representantes, sino solo una parte de la población, que eran los que se consideraban más capacitados, bien por su condición intelectual o económica. Por tanto, el objetivo del Estado democrático es conseguir el sufragio para toda la población, independientemente de su grado de formación o de sus propiedades.
En realidad, en el artículo 1.1 de la Constitución no se habla de 3 tipos de Estado, sino que todos ellos se unen en una fórmula conjunta, de manera que cada uno condiciona a los demás y no deja que desplieguen totalmente sus características: se matizan mutuamente. El significado del Estado de Derecho no se queda en este artículo, sino que se proyecta en todo el texto constitucional.
Manifestaciones de cada tipo de Estado en la Constitución Española :  Los valores superiores del ordenamiento jurídico: son los ideales u objetivos que pretende conseguir dicho ordenamiento jurídico. Son la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Cada uno de ellos se puede identificar con un tipo de Estado: 1.
El Estado democrático se identifica con el pluralismo político, ya que sin variedad de partidos políticos no se puede hablar realmente de una sociedad democrática.
El Estado de Derecho se identifica con la libertad, ya que surge como reacción frente al Estado absoluto y pretende limitar el poder político para garantizar la libertad de los ciudadanos.
El Estado social se identifica con la igualdad.
Por último, la justicia podría ser la suma de todo e identificarse con cualquiera de los Estados.
A. MANIFESTACIONES DEL ESTADO DE DERECHO  Los valores superiores del ordenamiento jurídico: la libertad  Principios constitucionales: Art. 9.1 y 9.3 CE - Art. 9.1: todos estamos vinculados a la CE, pero no de la misma manera: los ciudadanos tienen una vinculación negativa (no hacen lo que les prohíbe la CE), y los poderes públicos una vinculación positiva (hacen lo que les permite la CE).
2 - Art. 9.3: recoge principios propios del Estado de Derecho: 1.
principio de jerarquía normativa: la validez de la norma de grado inferior depende de que no contradiga a la norma superior. Sirve para resolver conflictos que se plantean cuando una situación jurídica es regulada por dos normas distintas y de manera diferente.
Principio de legalidad: vinculación de todos a la ley. Dentro de este principio se distinguen otros 3:  Reserva de ley: cuando la CE expresamente dispone que una determinada materia ha de ser regulada por ley. Ello significa que sólo la CE puede hacer la reserva de la ley y que quedan excluidas el resto de normas jurídicas. Si la CE no especifica nada, la reserva de ley es a favor de una ley ordinaria. Sin embargo, a veces la reserva se hace a favor de un tipo específico de ley (ej. Orgánica).
 Primacía de la ley: la ley puede regularlo todo, no solo lo que le haya sido expresamente reservado. En nuestro ordenamiento no hay una reserva de reglamento, como en el ordenamiento francés.
 Imperio de la ley: sujeción de los poderes públicos a la ley. El poder legislativo también está vinculado a la ley, pero de manera distinta a los otros dos, ya que es el único poder que puede reformar la ley y modificarla, e incluso derogarla, pero mientras la ley esté vigente, no puede apartarse de ella.
Dentro de nuestra CE, encontramos una manifestación específica de este principio, que es el principio de legalidad penal, que es un auténtico derecho subjetivo y fundamental, que nos otorga a recurrir ante los tribunales en caso de incumplimiento de este derecho (art. 25.1) y regula los delitos y faltas.
Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos: este principio establece la prohibición de que los poderes públicos actúen de manera arbitraria, apartándose del ordenamiento jurídico. el Tribunal Constitucional lo ha especificado más en el caso de dos de los poderes: cuando la Administración se aparta de la ley o el Poder Judicial incurren en un trato desigual no razonable (discriminación): dicta dos disposiciones diferentes para una misma situación jurídica sin justificación.
Responsabilidad de los poderes públicos: es un principio consustancial al Estado de Derecho. Está muy relacionado con el principio de legalidad y de arbitrariedad: los poderes públicos tienen que responder de sus propios actos. Sin embargo, este principio es todavía más amplio: también se genera responsabilidad de los poderes públicos incluso cuando actúan conforme a la ley, es decir, aunque no se lesionen esos dos principios mencionados anteriormente (es una responsabilidad objetiva).
Principio de seguridad jurídica: puede ser definido como certeza de la norma o predictibilidad del ordenamiento jurídico: los ciudadanos deben poder prever de antemano las consecuencias jurídicas de sus propios actos, a qué se atienen. Este principio está íntimamente relacionado con el principio de publicidad de las normas, de manera que se hagan públicas en el BOE y todos los ciudadanos puedan conocerlas. Sin embargo, este principio de publicidad de las normas es un principio forma, no material: basta con que los poderes públicos nos ofrezcan la posibilidad de acceder a las normas jurídicas, pero el hecho de que los ciudadanos lleguen a conocerlas realmente es irrelevante (por eso no es una publicidad material). Además de la CE, hay que tener en cuenta lo que dice al respecto el Código Civil, que afirma que la publicidad de las normas tiene dos efectos: - Dar conocimiento al ciudadano.
- Marcar el momento en el que esa norma va a empezar a producir efecto jurídico. el artículo 2.1 CC expresa que las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial correspondiente si no se dispone lo contrario. Ese periodo intermedio entre la publicación y la entrada en vigor de las normas se denomina “vacatio legis”, cuya finalidad es facilitar el conocimiento de dicha norma por parte de los ciudadanos. Este periodo puede disminuirse o ampliarse, llegando a veces a coincidir el momento de su publicación y de su entrada en vigor, y todo dependerá de la propia norma.
Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales: lo normal es que las normas se apliquen hacia el futuro. Sin embargo, a veces hay normas que también se aplican a situaciones jurídicas y efectos jurídicos que nacieron con anterioridad al momento en que la norma entró en vigor. En realidad, para saber lo que está prohibiendo hay que distinguir varios grados de retroactividad, de los cuales sólo algunos de ellos está prohibido: 3 - - Retroactividad de grado máximo: cuando la norma se aplica a situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, y se aplica a todos los efectos jurídicos, incluso a aquellos que ya se han agotado. Es el único grado que está prohibido.
Retroactividad en grado medio: cuando la norma se aplica a situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, y a aquellos efectos jurídicos que aún no se hayan agotado. Por tanto, es menos incisiva que la anterior.
Retroactividad en grado mínimo: cuando la norma se aplica a situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, pero sólo se va a aplicar a aquellos efectos jurídicos que aún no se hayan producido.
Para determinar las normas que no pueden ser retroactivas, debemos tener en cuenta que:   Para las normas restrictivas de derechos individuales, el Tribunal Constitucional ha interpretado que los derechos individuales a los que se refiere el artículo 9.3 son los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en los artículo 15 a 29 de la Constitución.
En cuanto a las disposiciones sancionadoras no favorables, se distingue entre: penales y administrativas.
Este principio está subsumido dentro del artículo 25.1, que establece el principio de legalidad. No obstante, el legislador prefirió introducirlo expresamente para evitar dudas. Por tanto, ante el incumplimiento de este principio podemos acudir al Tribunal Constitucional en recurso de amparo, ya que de la mano del artículo 25.1 estamos ante un derecho fundamental.
Sin embargo, en cuanto a la retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables, el artículo 9.3 de la Constitución no establece nada claro: no lo prohíbe, pero tampoco lo garantiza. Por tanto, la respuesta la encontramos fuera de la Constitución, en la Sentencia 8/1981 Fi3 del Tribunal Constitucional Hay otras manifestaciones del Estado de Derecho en el texto constitucional, aunque no aparecen expresamente en un solo artículo concreto, sino que se plasma implícitamente en la lectura de varios artículos, como por ejemplo, la separación de poderes.
 DERECHOS La mayoría de los derechos fundamentales y libertades públicas son manifestaciones del Estado de Derecho, que aparecen recogidos en nuestra Constitución en los artículos 15 a 29. También existen otros derechos que son manifestaciones de este tipo de Estado y que quedan fuera de estos artículos, que son el derecho de propiedad (art. 33 CE) y el de igualdad formal (art.
B. Manifestaciones del Estado Social en la Constitución Española :  Los valores superiores del ordenamiento jurídico La igualdad propia del Estado social aparece como valor superior y como principio constitucional en el artículo 9.2 CE (igualdad real y efectiva). Este artículo es el que fundamenta todas las medidas de acción o discriminación positiva (ej. La paridad electoral, medidas para ayudar a las personas con algún tipo de minusvalía a acceder a cargos públicos en unas oposiciones reservando un número de plazas para ellos: trata de reequilibrar una situación desequilibrada).
La igualdad que aparece en el artículo 9.2 CE es solo un principio constitucional, mientras que la igualdad recogida en el artículo 14 es un derecho fundamental. Por lo tanto, tienen una naturaleza jurídica diferente.
 Derechos Cuando la intervención del Estado se ha considerado importante se ha configurado como un derecho prestacional, como propio del Estado. A diferencia de los derechos liberales, requiere que el Estado intervenga para que lo haga eficaz. Ej. El derecho a la educación (art. 27 CE): no es suficiente con que proclame este derecho, sino que tiene que crear los centros de enseñanza, contratar profesorado, ofrecer becas, etc. de manera que el derecho se haga eficaz.
Paradójicamente, la mayoría de los derechos sociales aparecen en la Constitución en forma de principios constitucionales, en el Capítulo III del Título I: “Principios rectores de la política social y económica”.
4 No son auténticos derechos subjetivos, sino principios constitucionales. La consecuencia fundamental es que hasta que no se exista la ley que lo regule (hasta que no se convierten en auténticos derechos) no se podrá recurrir ante los tribunales. Algunos de los más importantes y que se han convertido en derechos subjetivos son: - Derecho a la educación (art. 27 CE).
Libertad sindical (art. 28.1 CE) Derecho de huelga (art. 28.2 CE).
C. Manifestaciones del Estado Democrático en la Constitución Española :  Los valores superiores del ordenamiento jurídico: el pluralismo político  Principios constitucionales: principio de soberanía popular, recogido en el artículo 1.2 CE. La soberanía es aquel poder del Estado que reviste las características de supremo (no reconoce ningún otro poder superior a él), originario (no hace derivar su poder de ningún otro órgano o institución) y perpetuo (no está limitado en el tiempo).
Esta formulación tiene sus inicios en el siglo XVI, y es obra fundamental de Juan Bodino, en su obra “Los Seis Libros de la República”. Una vez definido el concepto de soberanía, hace falta un titular para él. Se han dado 3 a lo largo de la historia: - El monarca: debido a la época histórica en la que surge el concepto. Aparece el monarca como titular natural de la soberanía.
- El primer cambio significativo lo encontramos con la Revolución Francesa: se sustituye al monarca por la nación (soberanía nacional). En este caso, la formulación la debemos a Sièyes. La nación se define como una persona jurídica diferente del conjunto de ciudadanos que forman parte de ella. Se entiende que incluye en su concepto incluso las generaciones pasadas y futuras. Puesto que los ciudadanos y la nación son dos cosas diferentes, éstos no tienen porqué participar en la elección de los representantes. Por tanto, el concepto de nación da lugar al sufragio restringido (derecho de sufragio activo). Por tanto, solo van a participar en la elección de representantes los que se consideran más preparados o los que tenían propiedades y por ello estaban inscritos en el censo, de ahí el nombre de sufragio censitario.
- El siguiente cambio de titularidad da lugar a la soberanía popular, formulación doctrinal que debemos a Rousseau. En este caso, el pueblo sí que se identifica con todos y cada uno de los ciudadanos. Por tanto, ahora sí son los ciudadanos los que eligen a los representantes. Se produce la extensión al principio de sufragio universal. Ello no quiere decir que todos los ciudadanos puedan votar, sino que se exigen una serie de requisitos, pero no en función de la raza, sexo o preparación personal, sino por ejemplo la necesidad de ser mayor de edad y tener la nacionalidad española.
Sin embargo, en el artículo 1.2 se consagra no sólo la soberanía popular, sino también la nacional. Aunque ello pueda extrañar, puesto que la soberanía nacional es un concepto ampliamente superado, para entenderlo hay que relacionarlo con el artículo 2, que lo que declara es que la nación es indivisible.
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