Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/60566
Timestamp: 2019-10-18 14:58:47
Document Index: 390762899

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 13', 'artículo 18', 'artículo 102', 'artículo 3', 'artículo 31']

Gaceta: LXIII/1SPO-82/60566
La que suscribe, Mariana Gómez del Campo Gurza, Senadora a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno del Senado de la República la siguientePROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE DISEÑEN E IMPLEMENTEN ACCIONES TENDIENTES A ERRADICAR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN QUE EXISTEN EN NUESTRO PAÍS, ASÍ COMOATENDER LAS DIVERSAS PROBLEMÁTICAS QUE AQUEJAN A LOS INTERNOS Y SUS FAMILIARES:
1. De acuerdo con el informe “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014”, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el estado en que se hallan los centros penitenciarios es lamentable; dado queexiste un gran número de deficiencias por parte de dichos centros lo que representa una gran problemática, el diagnóstico en cuestión incluyó los 130 centros estatales penitenciarios más poblados del país (varoniles, mixtos y femeniles), en las 32 entidades federativas, cuya población total al momento de la supervisión fue de 195 mil 329 internos; asimismo, se hizo un análisis en 20 centros federales con el 90.06% del total de la población penitenciaria a nivel nacional.
Entre las deficiencias con mayor incidencia se encontraron las siguientes:
Deficiencias en los servicios para mantener la salud de los internos
Sobrepoblación y aglomeración
Inexistentes programas de prevención de adicciones y deficientes programas de desintoxicación para los internos con adicciones.
Deficiencias en la calidad y cantidad de los alimentos.
Cobros indebidos por parte de los custodios.
2. Así mismo, de acuerdo con los últimos datos que publica el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, correspondiente al mes de octubre de 2015, emitido por Secretaría de Gobernación, la población total penitenciaria es de 251 mil 512 personas de los cuales 238 mil 245 son hombres y 13 mil 267 son mujeres; de ellos 203 mil 226 (80.80 por ciento)corresponden al fuero común y 48 mil 286 (19.20 por ciento) corresponden al fuero federal.Otra de las problemáticas que se refleja en dicho informe, es la sobrepoblación que asciende a 45 mil 140 personas en 194 centros penitenciarios.
3. Dentro de las diversas recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en torno a la situación que ha prevalecido en los centros penitenciarios del país, se encuentran las siguientes:
a) Derivado de las prácticas de revisiones que realizó el personal de esa Comisión Nacional, encontró prácticasindignantes que realizan a las personas que visitan los centros de reclusión estatales y federales, (del 19 de junio de 2001):
Erradicar laconstante práctica de exploraciones de cavidades corporales a visitantes de los centros de reclusión, a fin de que se garantice un absoluto respeto a la dignidad personal.
Se adquiera el equipo y tecnología disponibles para la detención de objetos y sustancias prohibidas, y se dote de tales herramientas a todos los centros de reclusión.
b) Sobre mujeres internas en centros de reclusión, (de fecha 14 de febrero de 2002), destacan las siguientes:
Giren instrucciones a las autoridades responsables de la organización y funcionamiento de los centros de reclusión bajo su autoridad, para que tomen las medidas necesarias a efecto de que las mujeres reclusas reciban un trato respetuoso a su dignidad y a su condición femenina.
En razón del interés superior de la infancia, ordenar se realicen las gestiones administrativas y presupuestales para que se creen instalaciones y programas de atención para las niñas y niños que permanecen con sus madres o familias en los centros de reclusión del país.
c) Sobre la situación en materia de derechos humanos de los internos que padecen trastornos mentales y que se encuentran en centros de reclusión, (las recomendaciones realizadas el 9 de octubre de 2004),son las siguientes:
A los señores gobernadores y jefe de Gobierno del Distrito Federal a que instruyan a quien corresponda con el objeto de que se tomen las medidas necesarias para que los internos con enfermedades mentales que actualmente se encuentran en los centros de reclusión de las entidades federativas, reciban la atención médica y de rehabilitación psicosocial que requieren.
Al secretario de salud federal en cumplimiento a las facultades que otorga el artículo 13, apartado A), fracción IV, de la Ley General de Salud, oriente y apoye a los gobiernos de las entidades federativas para que los internos con enfermedades mentales que se encuentren en los centros de reclusión que de ellos dependen reciban la atención médica que requieren.
d) Sobre el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada a internos, (emitida el 25 de enero de 2006):
A los gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tomen las medidas necesarias para que en la normatividad de la materia, se incorporen aquellos elementos que permitan eliminar la discrecionalidad durante el procedimiento y determinación de los beneficios de la libertad anticipada, a fin de evitar, en esta materia, las violaciones a los derechos humanos de los internos en los centros de reclusión.
Giren las instrucciones correspondientes a efecto de que cada centro de reclusión cuente con los servicios de un consejo técnico interdisciplinario que contribuya a la aplicación del tratamiento adecuado para la reincorporación social del delincuente.
e) Sobre la situación de los derechos humanos de los internos en los centros penitenciarios de la República Mexicana, (el 21 de septiembre de 2010), la CNDH emitió lo siguiente:
Impulsar la adopción de medidas por parte de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que las correspondientes leyes de ejecución de sanciones penales, así como los reglamentos internos que deben regir los centros penitenciarios bajo su autoridad, contemplen lo dispuesto en la Constitución Política y en los tratados internacionales, a efecto de garantizar a los internos una estancia digna y segura, sobre la base del respeto de los derechos humanos.
Realizar las acciones necesarias a efecto de garantizar que en los centros penitenciarios que dependen de las autoridades estatales y del Distrito Federal, se lleven a cabo campañas de promoción y prevención para la salud.
Promover y apoyar las acciones en materia de educación del Distrito Federal, así como en las entidades federativas, a fin de garantizar el derecho a la educación de los hombres y mujeres que se encuentran privados de la libertad en igualdad de condiciones que el resto de la población.
f) Sobre las prácticas de aislamiento en los Centros de Penitenciarios de la República Mexicana (de 2015); entre las que destaca:
Se implementen acciones en los Centros Penitenciarios para regular el aislamiento como internamiento cotidiano, cuando se trate de delincuencia organizada, y de aquellos que requieren medidas especiales de seguridad en términos de lo previsto en el artículo 18 constitucional.
Se instruya a quien corresponda para que las administraciones del sistema penitenciario tanto federal como de las entidades federativas, realicen los ajustes presupuestales y administrativo a efecto de que se destinen los recursos humanos, materiales y financieros suficientes para que la plantilla del personal penitenciario sea acorde con las funciones necesarias para lograr la reinserción social de los internos y la seguridad del centro.
Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que durante 2014 ocurrieron mil 737 incidentes, 993 en Centros de Reinserción Social; 740 en Centros Federales de Readaptación Social. El acontecimiento violento con mayor número de incidencia corresponde a riñas con un total de mil 435; el segundo lugar lo ocupan los desórdenes; el tercer lugar lo ocupan los suicidios con 68; el cuarto lugar lo ocupa los abusos y el quinto lugar los homicidios.
Las Entidades Federativas que reportaron mayor incidencia en este tipo de eventos fueron Sonora con 170, Puebla con 62, Baja California con 61, Nuevo León con 58 y el Distrito Federal con 54 reportes.
Las Entidades Federativas donde se presentan más suicidios son el Distrito Federal, Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Durango, Michoacán y San Luis Potosí. Las entidades con mayor índice en homicidios son Distrito Federal, Guerrero, Tamaulipas, Estado de México y Sonora.
5. De acuerdo con el documento “La cárcel en México, ¿para qué?”, elaborado por la organización México Evalúa, señala que hay más de 242 mil personas recluidas en centros penitenciarios, cuando su capacidad es para 190 mil, lo que originaun 80% de hacinamiento, aunado a que quienes están recluidos en prisiones federales han declarado no recibir visitas de familiares.
De igual modo, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), realizó un estudio en ocho países de América Latina, entre ellos México, donde señala que durante un periodo de 10 años (1992-2012) la población penitenciaria aumento en un 100 por ciento.
Es evidenteque las deficiencias en los centros penitenciarios han ido incrementando como son la sobrepoblación, escases alimentaria, personal de custodia insuficiente, así como las constantes violaciones a derechos humanos, lo cual ha provocado que el país ocupe el sexto lugar a nivel mundial en cuanto a número de población penitenciaria, así mismo se destaca que el 65 por ciento de las prisiones están sometidas a un autogobierno, lo cual es otro problema grave ya que la autoridad no está ejerciendo el control. Y más aún preocupante la situación que indica que entre los años 2009 y 2013 más de mil internos se fugaron y alrededor de 600 perdieron la vida.
Que de acuerdo al artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será protector de derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, así mismo podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos cuando lo considere o lo pidiere alguna de las dos Cámaras del Congreso de la Unión.
Que con fundamento en el artículo 3 del Reglamento de la Secretaría de Gobernación, la adscripción de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados al área de responsabilidad en este caso al Comisionado Nacional de Seguridad, tal es el caso Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dentro de sus atribuciones de este último tiene que coordinar las acciones necesarias para la debida administración y funcionamiento del sistema penitenciario.
Que de conformidad a la atribución XII del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, debe atender las observaciones lasrecomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a los centros federales y centros de readaptación social de las entidades federativas.
Que con fundamento en el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional del Sistema Nacional Penitenciaria deberá promover mecanismos para implementar la educación y el deporte como medio de reinserción social, así como promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios y promover la adopción del trabajo comunitario como medio de reinserción social.
Que de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Estados de la OEA, deberán entre otras cosas adoptar medidas, judiciales, legislativas, administrativas y de otra índole que permitan corregir la aplicación de la prisión preventiva, aplicando en todo momento los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad.
Adoptar políticas públicas integrales que reúnan elementos de continuidad, marco jurídico adecuado, presupuesto suficiente e integración institucional. Las cuales deberán incluir un modelo de política criminal acorde con las normas del derecho internacional de los derechos humanos; que contenga información técnica, evaluaciones y datos científicos. Entre dichas medidas la CIDH emite las siguientes líneas de acción por lo que respecta al hacinamiento:
a) velar porque el proceso penal y los programas conexos se aborden mediante un enfoque integrado, sostenido y que abarque todo el sistema;
b) asegurar que la tramitación de los procesos penales se realice dentro de un plazo razonable;
c) optar por un diseño de política criminal en la que se garanticen los derechos fundamentales;
d) adoptar pasos concretos para asegurar un uso excepcional y racional de la prisión preventiva;
e) aumentar el empleo de medidas no privativas de la libertad, aplicando el principio del encarcelamiento como último recurso y el principio de la proporcionalidad;
f) fortalecer el acceso a la justicia y los mecanismos de defensa pública;
g) fortalecer la aplicación de los mecanismos de libertad previa al cumplimiento de la sentencia propios del proceso de ejecución de la pena;
h) fortalecer las medidas para prevenir la reincidencia, como los programas de actividades productivas (educativas y laborales);
i) garantizar el principio del trato humano a las personas privadas de libertad y el cumplimiento de los estándares internacionales aplicables;
j) aumentar la capacidad de las cárceles si es absolutamente necesario;
k) establecer sistemas eficientes de gestión y análisis de la información judicial y penitenciaria; y
l) desarrollar programas de capacitación a los operadores de justicia en torno al carácter excepcional de la prisión preventiva.
Es evidente que con las reformas a nuestro sistema penal contribuirán a que haya menos personas en los centros de reclusión, sin embargo, resulta urgente que los Gobiernos federal y de las entidades federativas rediseñen sus políticas a fin de erradicar violaciones graves a derechos humanos y diversos problemas que ocurren al interior de los centros de reclusión, por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y a las Secretarías de Gobierno de las entidades federativas, para que implementen acciones que permitan erradicar graves violaciones a los derechos humanos y atender diversas problemáticas que ocurren al interior de los diversos centros de reclusión que afectan a la población de internos así como de sus familiares.
SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las Secretarías de Salud de las entidades federativas para que diseñen e implementenprogramas de prevención y atención dirigida a la población que se encuentra recluida en los diversos centros que existen en nuestro país.
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que remita a esta Soberanía un informe sobre el estado que guarda cada una de las recomendaciones que ha emitido al Poder Ejecutivo Federal, así como al poder ejecutivo de las Entidades Federativasrelacionadas conla atención que han brindado a dichas recomendaciones relacionadas con el sistema penitenciario del país.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el día nueve de febrero del año dos mil dieciséis.
En torno a las violaciones de los derechos humanos en los centros de privación de libertad.
Oficio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán
OFICIO_No_DGPL-2P1A-2861
Oficio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua
OFICIO_No_DGPL-2R1A-75
Oficio de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo
OFICIO_No_DGPL-2R1A-76
OFICIO_No_DGPL-2R1A-77
Oficio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa
OFICIO_No_DGPL-2R1A-95
Oficio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Durango
OFICIO_No_DGPL-2R1A-96
Oficio de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el estado de Nayarit
OFICIO_No_DGPL-2R1A-114
Oficio de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas
OFICIO_No_DGPL-2R1A-116
Oficio del Gobierno del estado de Querétaro
OFICIO_No_DGPL-2R1A-201
OFICIO_No_DGPL-2R1A-202
Oficio de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima
OFICIO_No_DGPL-2R1A-204
Oficio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco
OFICIO_No_DGPL-2R1A-205
Oficio de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla
OFICIO_No_DGPL-2R1A-206
Oficio de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Nuevo León
OFICIO_No_DGPL-2R1A-207
OFICIO_No_DGPL-2R1A-307
OFICIO_No_DGPL-2R1A-372
Oficio de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila de Zaragoza
OFICIO_No_DGPL-2R1A-395
Oficio del Gobierno del estado de Morelos
OFICIO_No_DGPL-2R1A-421
Oficio de la Comisión de Derechos Humanos del estado de México
OFICIO_No_DGPL-2R1A-422
Oficio de la Unidad de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud
OFICIO_No_DGPL-2R1A-423
OFICIO_No_DGPL-2R1A-424