Source: https://www.diariomedico.com/normativa/novedades-en-jubilacion-forzosa.html
Timestamp: 2018-07-19 13:39:33
Document Index: 5879135

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 33', 'artículo 67', 'artículo 2', 'artículo 149', 'artículo 26']

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Novedades en jubilación forzosa
El autor analiza la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anuló la jubilación forzosa en el ICS al no existir planes de recursos humanos, y aclara que con las pautas dadas por el alto tribunal algunas de las prórrogas denegadas por la Administración podrían ser nulas.
La entrada en vigor del Estatuto Marco abrió una caja de truenos en lo que respecta a la jubilación del personal estatutario de los servicios de salud. De un lado ofreció un derecho, no ejercible, a la jubilación anticipada. Es conocido el largo camino, a veces espinoso, que han seguido los que han intentado, infructuosamente, jubilarse antes de los 65 años y tener derecho a percibir la pensión de jubilación. Por otro lado provocó la extinción de los estatutarios mayores de 65 años en algunos servicios de salud.
Para muchos de los afectados, la jubilación forzosa truncó expectativas, y por ello se generó una intensa actividad reivindicativa en la esfera política sindical y en el ámbito judicial. A pesar de la evidente falta de profesionales médicos, la jubilación forzosa se mantuvo en los servicios de salud.
La revisión por parte del orden jurisdiccional contencioso-administrativo del procedimiento de jubilación forzosa a los 65 años del personal estatutario de los servicios de salud ha ido clarificando las condiciones en que el servicio de salud correspondiente puede denegar la prolongación en el servicio activo a los que lo solicitan.
No vale cualquier documento
La anticipación del Servicio Catalán de la Salud en instaurar la medida ha hecho que los pronunciamientos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hayan sido pioneros en la materia. La línea interpretativa que han sentado viene referida a que la jubilación forzosa a los 65 años del personal estatutario de los servicios de salud es ilegal si no existe un plan de ordenación de recursos humanos, y que ese plan no es cualquier documento que así se denomine, sino que ha de cumplir los requisitos que marca la ley en cuanto a su contenido mínimo, autoridad que lo dicta y publicidad necesaria.
El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en otro conocido pronunciamiento, señaló que la cobertura, por parte de otro facultativo, de la plaza vacante por jubilación forzosa a los 65 años del titular que había solicitado la prolongación en el servicio activo es causa de nulidad del acto administrativo de denegación de la prórroga en el servicio activo.
El Instituto Catalán de la Salud (ICS) presentó un recurso en interés de ley ante el Tribunal Supremo, en el que instaba a que el artículo 26.2 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco fuese interpretado de una forma adecuada a sus intereses. Recientemente, como anunció Diario Médico el 28 de abril de 2010, se ha conocido la sentencia que, desestimando el recurso del ICS, señala la interpretación que debe darse al citado texto legal.
El Tribunal Supremo considera que para denegar la prolongación en el servicio activo del personal estatutario que cumpla 65 años no es suficiente la referencia a la existencia de un plan de ordenación de recursos humanos, sino que se precisa una motivación particularizada respecto de la decisión que la Administración sanitaria adopte.
El tribunal sienta su argumentación sobre la base de “una interpretación sistemática del precepto de que se viene hablando (artículo 26.2 del Estatuto Marco) que lo pusiera en relación con la regulación que sobre esta misma materia se haya establecido en la legislación general de la función pública”.
La legislación a la que hace referencia en un caso es el artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, para todos aquellos que fueron jubilados forzosamente al cumplir 65 años con anterioridad al 12 de mayo de 2007, y el artículo 67.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público para el caso de los jubilados forzosamente al cumplir 65 años con posterioridad al 12 de mayo de 2007.
En el primer supuesto la norma calificaba de derecho esta prolongación en la vida activa y obligaba a las Administraciones públicas a “dictar normas de procedimiento necesarias para el ejercicio de este derecho”.
En el segundo caso el precepto es más explícito cuando impone a la Administración pública el deber “de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación”. Además, recuerda el Tribunal Supremo que la Ley 7/2007 es aplicable al personal estatutario de los Servicios de Salud porque lo dice su artículo 2.3 y porque sus disposiciones constituyen bases del régimen estatutario de los funcionarios al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.18ª de la Constitución (así lo recoge la disposición final primera).
Y sigue el tribunal con la siguiente conclusión final: la prolongación en el servicio activo, regulada en el artículo 26.2 del Estatuto Marco, es un derecho subjetivo del funcionario “condicionado a que las necesidades organizativas de la Administración hagan posible su ejercicio y recae sobre dicha Administración la carga de justificar esas necesidades organizativas”, no siendo suficiente la mera remisión a las necesidades genéricas recogidas en un plan de ordenación de recursos humanos.
Requisitos para entrar en la legalida
dLlegados a este punto, reconsideremos los requisitos que se deben cumplir para poder decidir la denegación o no de la prolongación en el servicio activo del personal estatutario que cumpla 65 años. El primero es que el interesado lo haya solicitado en plazo. El segundo es que reúna la capacidad funcional suficiente para el ejercicio profesional. El tercero, la intervención de la Administración sanitaria autorizando o no la prórroga. El cuarto, la existencia de unas necesidades en un plan de ordenación de recursos humanos que cumpla las exigencias de la ley y que haya sido suficientemente publicado. El quinto es que la administración justifique su decisión para ese funcionario en concreto.
Así pues, se puede sostener que sólo las jubilaciones forzosas y forzadas al cumplir los 65 años el personal estatuario de los servicios de salud que se trate, que reúnan los anteriores cinco requisitos están ajustadas a Derecho. Y a la vista de lo expuesto no es descabellado plantearse que las denegaciones a la prolongación en el servicio activo efectuadas hasta la fecha se hallan viciadas radicalmente por falta de motivación y por tanto con nulas.
De ser así, se abre un camino reivindicativo nuevo para aquellos afectados que, en su día, se aquietaron con la decisión adoptada por la Administración sanitaria.
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