Source: http://www.asep.gob.pa/leyes_decretos/Ley26.asp
Timestamp: 2018-01-19 01:09:26
Document Index: 55357292

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 5', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 13', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24']

(De 29 de enero de 1996)
Por la cual se crea el Ente Regulador de los Servicios Públicos
Artículo 1. Creación. Créase el Ente Regulador de los Servicios Públicos, en adelante llamado el Ente Regulador, como organismo autónomo del Estado, con personería jurídica y patrimonio propio, con derecho a administrarlo y con fondos separados e independientes del Gobierno Central.
El Ente Regulador tendrá a su cargo el control y fiscalización de los servicios públicos, con sujeción a las disposiciones de esta Ley y las respectivas normas vigentes sectoriales en materia de servicios públicos.
El Ente Regulador actuará con independencia en el ejercicio de sus funciones, y estará sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República, conforme lo establecen la Constitución Política y esta Ley.
Artículo 2. Apoyo. Las autoridades y los funcionarios de la República de Panamá prestarán apoyo eficaz al Ente Regulador, en todo lo relacionado con el ejercicio de sus funciones y atribuciones, y le suministrarán las informaciones que éste solicite, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes. El Ente Regulador podrá comisionar la práctica de diligencias a otras autoridades o servidores públicos, pero los gastos que se generen correrán a cargo del primero.
Artículo 3. Competencia. El Ente Regulador ejercerá el poder de regular y controlar la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, telecomunicaciones y electricidad, en adelante llamados servicios públicos, según lo establecen la presente Ley y las leyes sectoriales respectivas.
Artículo 3 de la Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, tal como quedó modificado por la Ley No. 24 de 30 de junio de 1999.
Artículo 3. Competencia. El Ente Regulador ejercerá el poder de regular y controlar la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión, así como la transmisión y distribución de gas natural en adelante llamados servicios públicos según lo establecen la presente Ley y las leyes sectoriales.
Por tener incidencia de carácter nacional y, por ende, extradistrital, y para los fines legales correspondientes, los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión, así como la transmisión y distribución de gas natural, y los bienes dedicados a la prestación de tales servicios, solamente estarán gravados con tributos de carácter nacional, entre ellos, la contribución nacional establecida en el artículo 5 de la presente Ley. Por lo tanto, dichas actividades, servicios o bienes destinados a la prestación de los servicios públicos antes mencionados, no podrán ser gravados con ningún tipo de tributo de carácter municipal, con excepción de los impuestos de anuncios y rótulos, placas para vehículos y construcción de edificaciones y reedificaciones.
La administración de los concesionarios que prestan los servicios públicos antes mencionados, no estará sujeta a ninguna medida cautelar.
Adicionalmente, los bienes inherentes a la prestación de los servicios públicos de radio y televisión, tampoco estarán sujetos, a medidas cautelares, salvo que estos bienes garanticen obligaciones contractuales contraídas por sus propietarios.
Artículo 4. Recursos de funcionamiento. Para cubrir sus gastos de funcionamiento, el Ente Regulador contará con los siguientes recursos:
La tasa por los servicios de control, vigilancia y fiscalización que se establezca a cargo de las empresas prestadoras de servicios públicos;
El importe de los derechos de inspección y otros servicios especiales que soliciten las empresas prestadoras de servicios públicos, los cuales serán pagados por éstas;
Las donaciones y legados aceptados;
Los bienes o derechos que adquiera por cualquier título;
Los frutos y rentas que generen sus bienes;
Cualquier otro ingreso que provenga de leyes especiales o de aportes específicos.
Parágrafo Transitorio: Hasta tanto el Ente Regulador no reciba los ingresos suficientes para su funcionamiento de los recursos señalados en este Artículo, los gastos de operación del Ente Regulador serán incluidos en el Presupuesto General del Estado, en calidad de transferencia corriente del Gobierno Central.
Artículo 5. Tasa de regulación. Créase la tasa de control, vigilancia y fiscalización de los servicios públicos, a favor del Ente Regulador. El monto de la tasa aplicable a cada servicio será fijado anualmente por el Ente Regulador, el cual guardará absoluta relación con el costo de cumplir sus funciones racional y eficientemente. La referida tasa no excederá del uno por ciento (1%) de los ingresos brutos de los sectores en el año inmediatamente anterior, será pagada por las empresas prestadoras de servicios públicos y no podrá ser transferida a los usuarios a través de la tarifa. La obligación de pagar dicha tasa se establecerá en el contrato de prestación de servicios.
El Ente Regulador se asegurará de que la tasa correspondiente a cada uno de los servicios, no se utilice para sufragar gastos claramente identificados como relacionados con otro
Artículo 6. Presupuesto. El presupuesto anual de ingresos y egresos del Ente Regulador deberá ser equilibrado y estará incorporado al Presupuesto General del Estado, cumpliendo para ello con los procedimientos establecidos en la Ley.
Artículo 6 de la Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, tal como quedó modificado por la Ley No. 24 de 30 de junio de 1999.
Artículo 6. Presupuesto. El presupuesto anual de ingresos y egresos del Ente Regulador deberá ser equilibrado y estará incorporado en el Presupuesto General del Estado. El pleno de la junta directiva del Ente Regulador, mediante resolución motivada, podrá autorizar, dentro de su presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, el traslado de las partidas que resulten necesarias para el cumplimiento de sus funciones, sin alterar con ello el monto global del presupuesto o el equilibrio que debe existir en éste. Una vez autorizado el traslado de partidas, deberá comunicárselo al Ministerio de Economía y Finanzas, para su conocimiento; y a la Contraloría General de la República, para su correspondiente registro.
Los traslados de partidas deberán autorizarse mediante resolución motivada, cuya copia autenticada deberá remitirse al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República, para su registro y demás efectos legales.
El total de los traslados de partidas presupuestarias autorizados por la junta directiva del Ente Regulador, no ocasionará que el total de gastos de la entidad supere el total de gastos aprobados para ella en el Presupuesto General del Estado.
Las acciones de personal, tales como nombramientos, destituciones, ajustes salariales y ascensos, así como los cambios en la estructura de personal que realice el ente Regulador, se enviarán al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, únicamente para los fines de registro y conocimiento.
Artículo 7. Impuestos. El Ente Regulador está excento del pago de tributos, impuestos, contribuciones, tasas, gravámenes o derechos de aplicación general, establecidos o por establecerse, salvo las cuotas del seguro social, seguro educativo y riesgos profesionales, el impuesto de importación, el impuesto de transferencia de bienes muebles y las tasas por servicios públicos.
Artículo 8. Jurisdicción. Las empresas prestadoras de servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario, telecomunicaciones y electricidad, están sujetas a la jurisdicción del Ente Regulador en los términos señalados por las leyes sectoriales.
Artículo 8 de la Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, tal como quedó modificado por la Ley No. 24 de 30 de junio de 1999.
Artículo 8. Jurisdicción. Las empresas prestadoras de servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión y las dedicadas a la transmisión y distribución de gas natural, están sujetas a la jurisdicción del Ente Regulador, en los términos señalados por las respectivas leyes sectoriales.
Artículo 9. Información. Las empresas prestadoras de servicios públicos están obligadas a entregar al Ente Regulador la información técnica, comercial, estadística, financiera, contable y económica, que éste les solicite.
Artículo 10. Confidencialidad. El Ente Regulador solicitará a las empresas prestadoras de servicios públicos la información que requiera para desempeñar sus funciones, y está obligado a respetar la confidencialidad de la información suministrada. El funcionario del Ente Regulador que, sin la debida autorización, divulgue información confidencial suministrada por las empresas prestadoras de servicios públicos, será destituido, sin perjuicio de las responsabilidades penales o civiles que le correspondan.
Artículo 11. Dirección. El Ente Regulador será dirigido y administrado por una junta directiva compuesta por tres miembros principales, denominados directores, nombrados por el Organo Ejecutivo y ratificados por la Asamblea Legislativa, por un período de cinco años.
Páragrafo transitorio. Para asegurar la designación sucesiva de los directores principales en períodos que venzan en distintas fechas, al entrar en vigencia la presente Ley los primeros directores serán designados de la siguiente manera:
Un director principal, cuyo período vencerá el 31 de diciembre de 1998;
Un director principal, cuyo período vencerá el 31 de diciembre del año 2000. La designación de su reemplazo será hecha por la administración presidencial que asuma funciones el primero de septiembre de 1999;
Un director principal, cuyo período vencerá el 31 de diciembre del año 2001. La designación de su reemplazo será hecha por la administración presidencial que asuma funciones el primero de septiembre de 1999.
Artículo 12. Requisitos para el nombramiento. Para ser director del Ente Regulador se requiere:
Tener título universitario reconocido;
Contar con un mínimo de diez años de experiencia en actividades profesionales y/o en la administración pública.
Artículo 13. Impedimentos para el nombramiento. No podrá ser nombrada para el cargo de director del Ente Regulador, la persona que:
Haya sido condenada por delito contra el patrimonio, la fe pública o la administración pública;
Tenga parentesco con el presidente o los vicepresidentes de la República, los ministros de Salud, Gobierno y Justicia o Hacienda y Tesoro, o con otro director del Ente Regulador, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
Participe, por sí misma o por interpuesta persona, en el capital de alguna de las empresas prestadora de los servicios de agua potable y alcantarillado, telecomunicaciones o electricidad, del país.
Artículo 14.Limitaciones en el ejercicio de derechos. Los directores del Ente Regulador no podrán:
Ejercer profesiones liberales o el comercio, o cualquier otro cargo retribuido, excepto la enseñanza universitaria en horario distinto al de labores del Ente Regulador;
Ejercer cualquier otra actividad o cargo no retribuido que sea contrario o interfiera con los intereses públicos confiados a su cargo.
Artículo 15. Elección de presidente y representación legal. Los miembros de la junta directiva del Ente Regulador elegirán de su seno un presidente, por un período de dos años, que podrá ser reelegido. El presidente ejercerá la representación legal y, en caso de impedimento o ausencia temporal, será reemplazado por el miembro de más antigüedad en la junta directiva.
El presidente hará cumplir las decisiones adoptadas por la junta directiva, administrará y coordinará las actividades de la institución, con las limitaciones que le impongan las atribuciones que son competencia de la junta directiva, y autorizará gastos que no excedan de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00).
Artículo 16. Ausencia. Cuando se produzca la ausencia temporal de alguno de los directores, los restantes escogerán, del seno de la institución, a un funcionario que ocupará el cargo hasta que el primero se reintegre a sus funciones.
En caso de que la ausencia sea permanente, el funcionario escogido ocupará el cargo hasta cuando sea elegido un nuevo director principal.
Artículo 17. Decisiones. Las decisiones del Ente Regulador serán adoptadas, mediante resoluciones, por el voto de la mayoría de sus directores. Estos deberán declararse impedidos o podrán ser recusados, por las razones señaladas en el Código Judicial.
Artículo 18. Causales de remoción. Son causales de remoción de los miembros de la junta directiva del Ente Regulador, las siguientes:
La comprobación de haber cometido delito contra el patrimonio, la fe pública o la administración pública;
Haber incurrido en alguna de las incompatibilidades expresadas en los numerales 2 y 3 del artículo 13, o
Por la declaratoria de quiebra o concurso de acreedores.
Los miembros de la junta directiva del Ente Regulador sólo podrán ser removidos previa decisión de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, basada en las causales de remoción que señala esta Ley.
Artículo 19. Atribuciones del Ente Regulador. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Ente Regulador tendrá las funciones y atribuciones siguientes:
Cumplir y hacer cumplir esta Ley y las demás normas legales complementarias, así como las leyes sectoriales respectivas. Para ello, el Ente Regulador realizará eficaz control, vigilancia y verificación del cumplimiento de las leyes y reglamentos por parte de las empresas de servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario, telecomunicaciones y electricidad;
Otorgar, en nombre del Estado según proceda, las concesiones, licencias y autorizaciones para la prestación de los servicios públicos de su competencia, de acuerdo con las normas fiscales y demás disposiciones vigentes, hasta tanto se aprueben las normas sectoriales correspondientes;
Verificar el cumplimiento de los niveles de calidad de los servicios en los aspectos técnicos, comerciales, legales y ambientales. Con este fin dictará, mediante resoluciones, la reglamentación necesaria para implementar dicha fiscalización;
Verificar el cumplimiento de las metas de mejoramiento, la expansión de los servicios y el mantenimiento de las instalaciones, que se establezcan en las leyes sectoriales, en sus reglamentos o en las concesiones, licencias o autorizaciones específicas;
Promover la competencia y la eficiencia en las actividades de los servicios públicos e investigar posibles conductas monopolísticas, anticompetitivas o discriminatorias, en las empresas y entidades que operen en dichos servicios públicos, cuando considere que pueden ir en contra del interés público;
Determinar criterios de eficiencia operativa y de gestión de los servicios públicos, desarrollando modelos o estableciendo metas, para evaluar el desempeño de las empresas, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley o en las leyes sectoriales respectivas;
Controlar el cumplimiento de las condiciones básicas para la prestación de los servicios públicos de su competencia;
Reglamentar la aplicación de principios generales, metodologías y fórmulas de cálculo de tarifas para la prestación de los servicios públicos de su competencia, salvo que las leyes sectoriales indiquen que los precios serán fijados mediante régimen de competencia o por acuerdo entre las partes;
Supervisar y verificar la aplicación del régimen tarifario y de los valores tarifarios, de acuerdo con los mecanismos que se prevean en las leyes sectoriales. Asegurar que la información sustentatoria esté disponible para conocimiento de las personas interesadas;
Establecer los requerimientos de información a las empresas de servicios públicos;
Dictar un reglamento sobre los derechos y deberes de los usuarios, que contenga las normas de trámites y reclamos, de conformidad con los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los procedimientos;
Controlar el cumplimiento del reglamento sobre los derechos y deberes de los usuarios y conocer de denuncias sobre la prestación deficiente de los servicios públicos;
Aplicar sanciones a los infractores, en el campo normativo de su competencia, sobre la base de las atribuciones conferidas en la presente Ley, en las leyes sectoriales respectivas o en las concesiones, licencias o autorizaciones;
Arbitrar conflictos entre las empresas prestadoras de los servicios y los otros organismos del Estado, los municipios o los clientes, en las áreas de su competencia;
Intervenir, como última instancia administrativa, ante denuncias de clientes sobre la prestación deficiente de los servicios o falta de atención a reclamos;
Conocer y procesar las denuncias y reclamos presentadas por los clientes, las empresas y entidades reguladas o los órganos competentes del Estado, en relación con las actividades bajo su jurisdicción;
Recomendar las expropiaciones y autorizar la constitución de limitaciones de dominio y servidumbres, que sean necesarias para la prestación de los servicios públicos;
Organizar las audiencias públicas que las leyes sectoriales ordenen o que el propio Ente Regulador considere necesarias;
Establecer normas contables;
Organizar y efectuar las encuestas que considere necesarias para obtener opiniones de los usuarios de las empresas de servicios públicos, con respecto a la calidad de estos servicios;
En general, ejercer vigilancia sobre el funcionamiento de los sectores, para determinar que se estén cumpliendo las respectivas leyes sectoriales, especialmente en lo que respecta al desarrollo de la competencia en las actividades que, por ley, deban desenvolverse en régimen de competencia;
Informar anualmente, al Presidente de la República y a la Asamblea Legislativa, sobre el estado de los servicios públicos y recomendar, a quien corresponda, las medidas que considere necesarias para mejorarlos, para mantener o incrementar la competencia, o para evitar abuso de posiciones dominantes;
Intervenir, cuando fuere necesario, en las circunstancias que determinen la Constitución Política o las leyes sectoriales, a las empresas y entidades bajo su jurisdicción reguladora, y designar a los interventores, según lo dispongan las normas legales sectoriales;
Las que le señalen las leyes sectoriales;
En general, realizar los actos necesarios para que se cumplan las funciones y los objetivos de esta Ley y de las leyes sectoriales, así como los contratos, concesiones, licencias y autorizaciones que se generen de estas leyes.
Artículo 20. Atribuciones de la junta directiva. La junta directiva del Ente Regulador tendrá las siguientes atribuciones:
Establecer la política administrativa, de personal y de gestión;
Establecer su organización y dictar su reglamento interno;
Establecer y aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos para el año siguiente, a más tardar el quince de julio de cada año, el cual será remitido al Organo Ejecutivo para su debida consideración y aprobación, previo al cumplimiento del proceso presupuestario prescrito por la ley y su incorporación en el Proyecto de Presupuesto General del Estado;
Confeccionar anualmente el informe de su gestión;
Autorizar la celebración de contratos y la realización de gastos, cuyos montos exceda de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00);
Administrar los bienes que formen parte de su patrimonio;
Dictar las medidas necesarias para el ejercicio de sus funciones, con sujeción a las disposiciones legales aplicables.
En general, realizar todos los actos jurídicos necesarios para cumplir con sus objetivos.
Artículo 21. Impugnaciones. Las resoluciones del Ente Regulador podrán ser impugnadas por cualquier persona natural o jurídica, o por los órganos competentes del Estado, cuando demuestren razonablemente que han sido perjudicados en sus intereses legítimos o en sus derechos, interponiendo recurso de reconsideración ante el propio Ente Regulador, con lo cual se agotará la vía gubernativa.
El Ente Regulador tendrá un plazo de dos meses para decidir el recurso de reconsideración respectivo. Si en tal plazo no lo ha decidido, la decisión se considerará favorable al recurrente.
Artículo 22. Vía jurisdiccional. Las resoluciones emitidas por el Ente Regulador serán recurribles ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 23. Prohibición. Los servicios públicos a los que se incorpore la participación del sector privado por medio de concesiones o contratos, serán otorgados a través de competencia. Se prohibe a las empresas prestadoras de servicios públicos, al socio operador, o a cualquiera de sus accionistas, socios directos o indirectos, y a empresas afiliadas o subsidiarias, tener acciones o participar, por sí o por interpuesta persona, en el capital, en la operación o administración de sociedades o consorcios a los que se les hubiera otorgado otra concesión o contrato, para prestar un servicio público similar.
Igualmente, se prohibe a las empresas prestadoras de servicios públicos, al socio operador, o a cualquiera de sus accionistas, socios directos o indirectos, y a empresas afiliadas o subsidiarias, participar en licitaciones públicas que tengan por objeto el otorgamiento de una concesión o contrato para la prestación de un servicio público, cuando a cualquiera de éstos se le hubiera otorgado una concesión o contrato para la prestación de un servicio público similar.
Artículo 24. Entrada en vigencia. Esta ley deroga cualquier disposición que le sea contraria y entrará en vigencia a partir de su promulgación.
Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 29 días del mes de enero de mil novecientos noventa y seis.
(Publicada en la Gaceta Oficial No. 22,962 del martes 30 de enero de 1996)