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Timestamp: 2020-02-17 01:15:11
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Matched Legal Cases: ['artículo 254', 'artículo 40', 'artículo 148', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40']

Casación No. 15616. José H. Rodríguez
Casación No.15616.
José H. Rodríguez.
Proceso No 15616
Bogotá, D. C., tres de octubre del dos mil dos.
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia de 23 de julio de 1998, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja condenó al procesado JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ AREVALO a la pena principal privativa de la libertad de 5 años y 9 meses de prisión, como autor responsable de los delitos de homicidio y lesiones personales culposos, ambos en concurso homogéneo.
El 29 de octubre de 1994, siendo aproximadamente la 1:00 horas de la mañana, en el sitio La Peña, Vereda La Lajita, de la vía que comunica a Bogotá y Tunja, colisionaron el tractocamión de placas XKG-341, conducido por José Humberto Rodríguez Arévalo, quien se movilizaba hacia Bogotá con una carga de envase, y el bus de pasajeros de placa XIC-869, que cubría la ruta Bogotá- Yopal, resultando muertos José Gabriel Castro Puerto (conductor del bus), Luis Olmedo Sánchez Orjuela, Juan Carlos León Gómez y Juan Silverio Pabón Cubides, todos pasajeros del bus, y con lesiones de distinta índole no menos de 25 personas que se movilizaban en el mismo vehículo. También resultó herida Martha Isabel Palacios Becerra, quien acompañaba en el viaje al conductor del tractocamión (fls.3, 14, 24, 88, 137, 138, 139, 166, 169, 187, 227, 232-235, 236-267, 277 y 345/1).
Al proceso fueron allegados el informe de tránsito (fls.31/1), los croquis y planos del accidente (fls.31 bis, 454-473/1), y los registros fotográficos de los vehículos involucrados (fls.64-65, 158-165//1), de los que se establece que el bus fue impactado por el costado izquierdo con el tráiler (remolque) del camión, y que éste terminó volteándose sobre su lado izquierdo, quedando atravesado en la vía con la cabina en la orilla del lado contrario, detrás del bus, que aparece conservando su derecha. También dejan en claro que la colisión se presentó en una curva cerrada, en terreno pendiente, en posición de ascenso para el bus y de descenso para el tractocamión.
En indagatoria, José Humberto Rodríguez Arévalo manifestó haber tomado la curva a velocidad normal (40 o 45 k/h), con la rueda izquierda sobre la raya central, conservando su derecha, y que en esos momentos apareció el bus sobre el centro de la calzada. En vista de ello viró la dirección a la derecha para esquivarlo, pero éste chocó con el tráiler de su vehículo haciendo que perdiera el control. Explicó que el tractocamión quedó más a la derecha de la ubicación que ilustra el croquis, y el bus más cerca del camión (fls.125-133/1). En sentido similar declaró su acompañante Martha Isabel Palacios Becerra. Precisó que al tomar la curva apareció intempestivamente el bus, y que al tratar su compañero de evitarlo se presentó la colisión, a causa de la cual perdió el conocimiento (fls.439/1).
Los pasajeros del bus que declararon en el proceso, entre quienes se encuentran Luis Omar Tibambre (fls.220/1), José Emilio Gómez Beltrán (fls.298/1), Juan Eliécer Hernández Carreño (fls.310/1), Augusto Velásquez Forero (fls.341/1), Migdonia Alfonso (fl.348), María Riquelda Arciniegas de Rodríguez (fls.355, 428/1), Jairo Rodríguez (fls.357/1), Olga Lucía Bolívar Sandoval (fls.389/1), Angel María Camacho Medina (fls.401/1), Sonia Sirley Bernal Sánchez (fls.487/1) y Jorge Antonio Giraldo Giraldo (fls.495/1), coinciden en señalar que no vieron la forma como ocurrieron los hechos porque la división de la cabina no les permitía tener visibilidad hacia adelante, y porque la mayoría se encontraba durmiendo, pero que la conducción y velocidad del bus era normal. Algunos describen la posición de los vehículos después de la colisión, coincidiendo en que el bus quedó sobre su derecha, muy cerca del abismo.
Del proceso hacen igualmente parte los testimonios de Lope Parmenio Pardo Camargo (fls.122/1) y Tulio Cárdenas Berdugo (fls.148/1), agentes de la policía que elaboraron el informe de tránsito (fls.31 y 32/1); Luis Alfonso Benavides Mojica (fls.371/1) y Manuel Ignacio Herrera Torres (fls.373/1), conductores de tractocamiones que se desplazaban detrás del conducido por el procesado, quienes aseguraron no haber alcanzado a ver el accidente, pero que, en su opinión, el responsable fue el conductor del bus por invasión del carril contrario; y Siervo Ibáñez Sánchez (fls.407/1) y Carlos Alfonso Gil Suarique (fls.409/1), residentes en el sector donde ocurrieron los hechos, quienes describen la posición en la cual quedaron los vehículos después de la colisión. De las versiones de estas personas se establece que después de haber sido trasladados los heridos a los centros hospitalarios, algunos voluntarios pretendieron apagar el bus, provocando que se desplazara hacia adelante varios metros, pasando por encima del cadáver del conductor, que se encontraba en frente, para quedar en la forma que registran los planos y las fotografías (fls.31 bis, 456-462/1).
También fueron incorporados los reconocimientos médico legales de los lesionados Gustavo Alberto Rojas Acosta (fls.304, 406/1), Migdonia Alfonso (fls.351/1), María Riquelda Arciniegas de Rodríguez (fls.362/1), Augusto Velásquez Forero (fls.375), Sonia Sirley Bernal Sánchez (fls.492, 524/1), y Jorge Antonio Giraldo Giraldo (fls.498, 515/1). Los demás, o no comparecieron al proceso, o sus heridas no comportaron incapacidad médico legal (fls.395 y 401 del cuaderno No.1).
El 29 de octubre de 1997, la Fiscalía calificó el mérito probatorio del sumario con resolución de acusación por los delitos de homicidio en Luis Olmedo Sánchez Orjuela, José Gabriel Castro Puerto, Juan Carlos León Gómez y Juan Silverio Pabón Cubides, y lesiones personales en Augusto Velásquez Forero, Gustavo Alberto Rojas Acosta y Migdonia Alfonso, todos en la modalidad de culposos, de acuerdo con lo previsto en los artículos 329 y 333.3 del Código Penal de 1980 (fls.543-566/1). Esta decisión causó ejecutoria en dicha instancia el 18 de noviembre siguiente (fls.568/1).
Rituado el juicio y celebrada la audiencia pública, el Juzgado de conocimiento, mediante sentencia de 16 de abril de 1998, condenó al procesado a la pena principal de 5 años y nueve meses de prisión, 5 años de suspensión en el ejercicio de la profesión de conducción, y multa de diez mil pesos, y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena aflictiva, como autor responsable de los delitos imputados en la resolución de acusación.
Apelado este fallo por la defensa, el Tribunal Superior, mediante el suyo de 23 de julio de 1998, que ahora el mismo sujeto procesal recurre en casación, lo confirmó en todas sus partes, y ordenó expedir copias para investigar las lesiones personales de que fueron víctimas Jorge Antonio Giraldo Giraldo, María Riquelda Arciniegas y Juan Eliécer Hernández Carreño (fls.16, 29 y 33 del cuaderno del Tribunal).
Con fundamento en la causal primera de casación, cuerpo segundo, el casacionista plantea violación indirecta de la ley sustancial, por aplicación indebida de los artículos 103 y 329 del Código Penal, y falta de aplicación de los artículos 5º, 40.1 ejusdem, y 254 de procedimiento, producto de varios errores de hecho por falsos juicios de identidad en la apreciación de las pruebas, así:
1. Alteración del contenido fáctico del informe de tránsito suscrito por los agentes Lope Parmenio Pardo Camargo y Tulio Cárdenas Berdugo.
1.1.. Sostiene que en este documento se señala como hora del siniestro, las 0:30 de la mañana. Este aspecto, que resulta bien importante, fue soslayado por el Tribunal, pues omitió valorarlo en forma conjunta con los testimonios de Olga Lucía Bolívar Sandoval y Augusto Velásquez, quienes aseguran que el bus se desplazaba a alta velocidad. Si la hora de la colisión es confrontada con la de la salida de Bogotá (10:30 p. m), se concluye que el bus habría gastado 2 horas en el recorrido, que no resulta normal si se tiene en cuenta que entre Bogotá y Tunja existe una distancia de 180 kilómetros, y que un autobús a velocidad moderada gasta tres horas.
1.2. La posición que del tractocamión grafican los agentes en el croquis, no es la correcta, ni corresponde a la del vehículo después del accidente. La distancia tomada desde la raya donde empieza la berma en dirección Tunja - Bogotá, hasta la última rueda trasera derecha del tractocamión indica 1,50 metros. La calzada tiene un ancho total de 8, 80 metros, y cada carril 4,40 metros. Esto indica que el tráiler del camión quedó dentro de su carril, y que el cabezote o cabina sí ocupó parte de la calzada contraria, como lo reiteran algunos pasajeros que observaron los vehículos inmediatamente después de la colisión. El error del Tribunal radicó en haber omitido aplicar al apreciar este medio el artículo 254 del estatuto procesal penal, que prescribe que las pruebas deben ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
1.3. En el informe los agentes expusieron como causa probable del accidente el exceso de velocidad del tractocamión. Sin embargo, este posible motivo, que sirvió de fundamento a la decisión de primer grado, fue desvirtuado por el Tribunal. Esto favorece al implicado, porque al ser excluida dicha circunstancia como causa del mismo, no podría imputársele autoría en el hecho, y se abriría paso la tesis de la fuerza mayor como circunstancia generadora del mismo, y por tanto, a la causal de inculpabilidad prevista en el artículo 40.1 del Código Penal.
1.4. Los Agentes que elaboraron el informe refieren que el bus fue movido del lugar del accidente. Así lo indica el croquis, donde aparece identificada con la convención 4, la posición en que quedó después de la colisión; y con la convención 2, la posición después de haber sido accidentalmente movido. No resulta lógico, por tanto, ni aceptable, que sin haber visto la real ubicación del vehículo después de la colisión, procedieran a dibujarla, como lo hicieron. Y se pregunta ¿En qué se basaron los policiales para graficar de esa forma el bus, acaso alguien les dijo cómo habían quedado, en dónde, en qué posición? ”.
2. Distorsión del contenido fáctico y alcance de las declaraciones de los pasajeros del bus.
El Tribunal da por sentado que el accidente ocurrió a la 1:30 de la mañana, porque así lo informan los pasajeros Jairo Rodríguez, María Riquelda Arciniegas y Luis Omar Tibambre, y que el bus salió de Bogotá a las 10:30 de la noche, como lo declaran Migdonia Alfonso, José Antonio Giraldo y la misma María Riquelda, para concluir que el tiempo transcurrido era normal, porque corresponde al que ordinariamente gasta un bus intermunicipal entre Bogotá y Tunja (dos horas y media o tres horas). Sin embargo, el juzgador entra en contradicción, porque le otorga credibilidad a la testigo Olga Lucía Bolívar, quien asegura que la velocidad del bus era de 120 k/h, y le resta mérito a los testigos que dicen que iban a 40 o 50 k/h, no lográndose saber qué quiso decir: si hubo o no exceso de velocidad.
El ad quem precisa que estos buses se desplazan normalmente a 100 k/h, pero si es tomado en cuenta que “la enmienda 127 del Decreto 1809 de 1990”, artículo 148 del Código Nacional de Tránsito, fija en 80 k/h la velocidad máxima permitida, debe concluirse que el Tribunal da por sentado que el conducido por Castro Puerto marchaba a exceso de velocidad. Sin embargo concluye en forma inexplicable diciendo que si era tenido en cuenta el lugar donde se produjo el accidente (subiendo y en curva), no podía sostenerse que transitara en esos momentos a esa velocidad.
El Tribunal incurrió en el error denunciado al quebrar la lógica, la racionalidad objetiva que debe servir de fundamento a la valoración del testimonio. Desestimó el argumento de exceso de velocidad planteado por la defensa, porque de acuerdo con los datos del proceso el bus habría gastado 2:30 a 3:00 horas, lo cual insinuaba una velocidad normal, pero olvida que en el informe de tránsito aparece como hora del accidente las 0:30, y si el bus salió de Bogotá a las 10:30, se concluye que gastó 2 horas, tiempo demasiado corto a juzgar por la distancia recorrida. El argumento de la defensa se basó además en las propias atestaciones de los pasajeros Olga Lucía Bolívar y Augusto Velásquez, quienes afirman que el bus viajaba a alta velocidad.
3. Distorsión del alcance de las fotografías del accidente que aparecen a folios 457 a 467 del proceso.
Afirma que en el proceso aparece demostrado que el bus fue movido accidentalmente del lugar donde inicialmente quedó al presentarse la colisión. Así lo sostienen varios pasajeros, el procesado, y los agentes de policía que elaboraron el informe. Las fotografías debieron por tanto ser analizadas teniendo en cuenta dicha circunstancia, pues los técnicos del DAS, quienes las tomaron, arribaron al sitio a las 2:45, casi dos horas después del suceso, cuando el bus ya había sido movido.
El pasajero Luis Omar Tibambre hizo en su declaración la siguiente precisión: “cuando me bajé de la flota, me fijé que la flota quedó en la mitad de la carretera y mitad al centro siempre por su lado”. Esto descarta la posición del bus que predican las fotografías, y la registrada por los Agentes de Policía en el informe. Si esto hubiese sido valorado en conjunto, con fundamento en las reglas de la sana crítica, el Tribunal no habría confirmado la decisión del a quo. Pero no tuvo en cuenta que el bus había sido movido. Las fotografías visibles a folios 459, 460 y 461 muestran por su parte que el tractocamión está corrido hacia el carril contrario (el del bus). Esto resulta claro, “por cuanto fue corrido para poder dar vía -al menos parcialmente- y se trasladó su tráiler del carril derecho al carril izquierdo, puesto que como se encuentra probado el cabezote o cabina al dar el bote por efecto de la carga, había quedado localizada en el carril por donde transitaba el bus”.
4. Distorsión del contenido y alcance de la indagatoria del procesado, y las declaraciones de Luis Alfonso Benavides Mojica y Manuel Ignacio Herrera Torres.
El fallo recurrido acoge la indagatoria del procesado para deducir de su dicho y de las fotografías la causa del accidente, pero al analizarla desconoce sus explicaciones sobre la existencia de una fuerza mayor, revelada en el siguiente aparte de su versión: “perdí la dirección, porque al entrar en la curva y ver el bus encima de mí, lo primero que uno hace es virar la dirección a la derecha, es una reacción de momento y de puro instinto, la de virar la dirección, la carga que era envase que como tal es volumen, se encargó de dominar el tráiler y empezar el volcamiento del vehículo”. Al referirse a las fotografías, expresa que se aprecia una valla metálica que sirve como punto de referencia para establecer la distancia a la cual quedó el automotor, que de acuerdo con un testigo era 50 centímetros, pero olvida que el bus fue movido, y que en las fotografías 6310 y 6311 se aprecia el bus alejado de la baranda metálica.
Se está ante lo fortuito no solo cuando el hecho era imprevisible, sino cuando a pesar de ser previsible, no podía evitarse ni siquiera con diligencia máxima. En el caso analizado, aparece claro que aún habiendo previsto el procesado el aparecimiento del bus en la parte más alta de la curva, su salida intempestiva bordeando la raya central de la calzada hacía irresistible el volcamiento del tráiler, a consecuencia de la carga, y del viraje, maniobra por él ejecutada para evitar el accidente, y no para causarlo. Esta acción no da lugar a responsabilidad penal, por falta de la necesaria relación causal que debe existir entre la voluntad del agente y el evento producido. El hecho no puede imputársele a su aparente autor, como emanado de su propio siquismo, porque no le pertenece, en cuanto no fue resultado de operaciones intelectivas y volitivas creadas por su conciencia.
El Tribunal sostiene que el proceder sin cautela del acusado, y su desatención, es lo que constituye la imprudencia, pero opuestamente, el procesado sí estaba atento, por ello mismo realizó el viraje, ante el aparecimiento súbito del bus bordeando la línea central de la calzada. Si hubiera venido distraído, el choque se habría presentado de frente, y los daños y destrucción de los vehículos hubieran sido en sus partes frontales. En síntesis, el Tribunal yerra al darle un sentido y alcance al contenido de los descargos del encartado, por las siguientes razones: (1) le da credibilidad a lo afirmado por los testigos en el sentido que el choque se produjo con el tráiler y no con la cabina del camión, y que éste invadió el carril del bus, no obstante que no tenían visibilidad por ser de noche y existir un compartimento que no los dejaba ver hacia adelante; (2) desconoce la fuerza mayor o caso fortuito como causa generadora del percance; (3) abandona pruebas complementarias, como la afirmación de algunos testigos en cuanto que el bus viajaba a alta velocidad; (4) toma de manera parcial el relato del procesado, dejando de estudiar en conjunto su versión; y (5) desconoce “que el cabezote respecto del tráiler no va fijo, sino sobre la quinta rueda o tandem, con facilidad de giro”. Esta circunstancia, y el giro del volante, es lo que determina la salida del tráiler hacia el costado izquierdo y el volcamiento.
Respecto de los testimonios de Manuel Ignacio Herrera y Luis Alfonso Benavides, quienes atribuyen al bus la causa del accidente, se tiene que el Tribunal realizó un estudio parcial de su contenido, sin consultar los requisitos de eficacia que señala la doctrina, al sostener simplemente que “no tuvieron oportunidad de presenciar el accidente”, puesto que llegaron después de haber sucedido. Aquí surge el error de hecho alegado, “por cuanto está haciéndoles decir a estas declaraciones lo que ellas no dicen”.
Sostiene que los errores denunciados son trascendentes porque el Tribunal estimó como base para fincar la culpabilidad del procesado la existencia de imprudencia, producto de la falta de cautela, atención, y por exceso de confianza, desconociendo la causal de inculpabilidad prevista en el artículo 40.1 del Código Penal (Decreto 100 de 1980). Resulta importante destacar que el fundamento de la sentencia de primera instancia lo constituyó EL EXCESO DE VELOCIDAD DEL CAMION, pero el Tribunal lo desestimó, señalando que la verdadera causa fue LA IMPRUDENCIA DE SU CONDUCTOR, imprudencia que edifica ya no sobre al exceso de velocidad, sino en la falta de cautela, atención, y en el exceso de confianza, situación que por ninguna parte aparece demostrada, siendo producto de suposiciones y elucubraciones.
Se refiere a la teoría de la imputación objetiva, sus funciones, el riesgo permitido, y el principio de confianza, para sostener que este último (el principio de confianza), suponía para el procesado “asumir como regla general de comportamiento que los ciudadanos se conducen conforme a las previsiones sociales de conducta, y no que el conductor del autobús condujera su automotor en forma rápida e invadiendo la raya central divisoria de la calzada, circunstancia que determinó la reacción instintiva del conductor del tractocamión, con el único fin de evitar el estrellamiento. Y por ende es aquí donde se presenta la causal de inculpabilidad alegada”.
Sostiene que el requisito de previsibilidad, en cuanto elemento esencial de la culpa, debe medirse con criterio de normalidad. En este tema, no caben posturas extremas. En el desenvolvimiento de cualquier actividad, especialmente en aquellas donde la acción está ligada al gobierno de los medios mecánicos, la valuación del elemento subjetivo no puede provenir tan solo de la previsión normativa que necesariamente debe tomarse en cuenta para delinear la conducta del sujeto en relación con la diligencia debida frente a una emergencia que ocurra en un ambiente normal.
La valuación del comportamiento, tratándose de juicios de culpabilidad, debe cumplirse también en aquellos eventos en los cuales el sujeto viene a encontrarse frente a circunstancias excepcionales, determinadas por factores externos, materiales o humanos, o por factores internos. En este último caso, la indagación sobre el elemento subjetivo debe precisar cuál puede ser la capacidad de reacción que un individuo es capaz normalmente de tener ante la insurgencia de un estímulo externo inesperado, y es sobre tal parámetro que debe cimentarse cualquier juicio relacionado con los atributos de la habilidad y la idoneidad.
Finalmente se refiere al poder de atención, y los actos automáticos, para concluir diciendo que estos últimos, entendidos como acciones conscientes que a través de su repetición pueden efectuarse sin incurrir en una constante intervención del impulso volitivo, suelen estar vinculados a labores manuales, y particularmente en la conducción de vehículos automotores, donde se ejecutan numerosas maniobras dentro del automatismo referido, lo cual permite el relajamiento de la atención consciente, aunque manteniéndola vigilante en el subconsciente y pronta a intervenir en situaciones de peligro. “Del grado de automatismo necesario a los actos ordenados por el impulso volitivo, depende en gran manera la brevedad del tiempo intercurrente entre el instante de la sensación de peligro y el momento de la acción. El grado de automatismo representa, por lo tanto, el parámetro de la pericia del conductor”.
Consecuente con estos planteamientos, solicita a la Corte casar el fallo impugnado, y proferir en su lugar decisión absolutoria.
La Procuradora Cuarta Delegada para la Casación Penal afirma que la fundamentación del los cargos, no obstante la extensión de la demanda, resulta precaria, por cuanto el casacionista no precisa respecto de cada uno de los medios de prueba atacados, la forma como el Tribunal distorsionó su contenido, ofreciendo, por el contrario, de manera indiscriminada, una misma argumentación para todos ellos. Dicha precariedad demostrativa se evidencia en la falta de precisión de los hechos que las distintas pruebas cuestionadas revelan, única manera de acreditar su desdibujamiento, y por ende, la configuración del error denunciado.
A esto se suma que el demandante fundamentalmente critica la interpretación que los juzgadores hicieron de las pruebas, por ser contrarias a las tesis de la defensa en cuanto que la causa del accidente fue el exceso de velocidad del bus intermunicipal, queriendo así hacer prevalecer su personal criterio de apreciación probatoria, pero ante todo, evidenciando una discrepancia entre el error planteado (de identidad) y su fundamentación, pues se duele que el Tribunal en la valoración del mérito de la prueba quebrantó la lógica y la sana crítica, planteamiento que resulta propio de otra modalidad de error (falso raciocinio).
Aparte de esta mixtura indebida, no integra en forma correcta la proposición jurídica, pues dentro de un mismo plano, y con la misma connotación, relaciona como violadas normas procesales y sustanciales, sin distinguirlas, o invoca normas que ninguna relación guardan con el ataque, dejando de aducir otras que debió mencionar, como las que tipifican las lesiones personales culposas, o la que regula el concurso de delitos. Además de estas falencias de carácter técnico, la razón resulta ajena al censor, por los siguientes motivos:
1. En el primer ataque, el casacionista confunde, como ya se dejó dicho, dos modalidades de error de hecho (falso juicio de identidad y falso raciocinio). Además no los demuestra, pues nada dice sobre la distorsión del contenido material de las pruebas, y cuando se refiere al desconocimiento de las reglas de la sana crítica, no precisa qué principios de la lógica, leyes científicas o reglas de la experiencia fueron infringidas por el Tribunal, o cuál postulado debió aplicar en el caso concreto. Opuestamente, asume una postura interpretativa, al afirmar que es “lógico” que el tráiler después del impacto quedara sobre su carril y la cabina invadiera la calzada correspondiente al bus, o que no resulta “lógico” que los agentes hubieran dibujado con líneas punteadas el bus en su inicial posición, sin haberlo visto, sin especificar el conocimiento científico que lo lleva a sustentar la tesis.
Respecto de la velocidad del bus, por ejemplo, presenta sus propias deducciones, al afirmar que si el recorrido se inició a las 10:30 de la noche, y el accidente se presentó a las 12:30, resulta incuestionable que gastó dos horas, tiempo que viene a ser menor del que indican las reglas de la experiencia (tres horas), considerada la distancia que separa las ciudades de Bogotá y Tunja (180 kilómetros), sin tener en cuenta que el exceso de velocidad fue descartado por el Tribunal mediante un indicio construido a partir de las declaraciones de varios pasajeros que afirman que salieron de Bogotá a las 10:30, y que el accidente se presentó alrededor de la una de la mañana.
Si el censor, por tanto, consideraba equivocado este planteamiento, debió atacar el proceso de inferencia lógica realizado por el ad quem a partir de las declaraciones tenidas en cuenta, censura que no puede realizarse dentro del ámbito del error de hecho por falso juicio de identidad, porque siendo este netamente objetivo, solo podría predicarse de la apreciación de la prueba que soporta el hecho indicador, cuando el juzgador al aprehenderla distorsiona su contenido, pero si lo atacado es la construcción del nexo causal, ha de acudirse al falso raciocinio. Las restantes afirmaciones del casacionista, o se fundan en pruebas minoritarias, no tenidas en cuenta, o en pruebas descalificadas por los juzgadores de instancia.
2. El segundo ataque (distorsión de las declaraciones de los pasajeros del bus), resulta ineficaz, porque el casacionista no se detiene a precisar lo que en verdad revela cada uno de estos medios de prueba. Por el contrario, los agrupa, convirtiendo sus argumentaciones en un alegato de instancia, pues afirma que como la mayoría de los pasajeros iban dormidos, y los otros viendo una película, y que el bus tenía una división que separaba la cabina de la carrocería, no pudieron darse cuenta del siniestro.
El actor cuestiona la hora que el Tribunal admitió como la del suceso con fundamento en las declaraciones de Jairo Rodríguez, María Riquelda Arciniegas y Luis Omar Tibambre, quienes aseguran que se presentó entre la 1 y 1:30 de la mañana. Sin embargo, dichos medios de prueba no fueron falseados en su contenido, como quiera que los testigos aludieron a ese marco temporal, tornándose inexistente el error denunciado. Y el demandante no puede pretender revivir el debate probatorio por la sola circunstancia de haber el Tribunal dado crédito a la hora precisada por varios pasajeros, y no a la señalada en el croquis por los Agentes.
Situación similar se presenta con la valoración que el Tribunal hizo de la prueba para establecer la velocidad probable a la cual se desplazaba el bus a la hora del accidente. En este proceso, de manera ponderada y cuidadosa se reparó en las condiciones de la vía, la existencia de una curva cerrada, el número de pasajeros, el sentido en el cual transitaba el bus y las condiciones del terreno, circunstancia todas que le permitieron concluir razonablemente que el vehículo no podía desplazarse a velocidad excesiva.
3. En la tercera censura (distorsión de las fotografías), el libelista anota que las visibles a folios 457 y 458 no ilustran la posición real del bus, y que en cambio las obrantes a folios 459 y 461, sí son claras, porque el tráiler fue corrido hacia el carril izquierdo para dar vía, pero no indica en qué consistió el error denunciado, si en la aprehensión del contenido material de la prueba, o en la valoración de su mérito. Afirma también que las referidas fotografías no fueron confrontadas con la circunstancia de haber sido el bus movido accidentalmente, pero esto no es cierto, porque dicho aspecto constituyó uno de los argumentos de la apelación interpuesta contra la sentencia, al cual el Tribunal dio respuesta, haciendo énfasis en las condiciones de la vía, la “valla de contención” que registraban las fotografías, y el testimonio de Juan Eliécer Hernández, quien precisó que al bajarse del bus se dio cuenta que a su mano derecha estaba la barra protectora que avisa sobre la existencia del abismo, aproximadamente a 50 centímetros, y que el cadáver de su conductor se encontraba frente al vehículo.
4. En el cuarto ataque (declaraciones de Luis Alfonso Benavides y Manuel Ignacio Herrera Torres, compañeros de viaje del procesado), el demandante no evidencia la forma como los juzgadores tergiversaron dichos medios de prueba, dedicándose, en cambio, a transcribir los requisitos requeridos para la eficacia del testimonio, y afirmar a continuación, de manera global, que el Tribunal no cumplió con ellos. Adicionalmente sostiene que solo analizó parcialmente dichas pruebas, y que el error radicó en afirmar que los testigos no habían presenciado el accidente. Empero, si son analizados con detenimiento sus dichos, se concluye con el fallador que los testigos no presenciaron los hechos.
En relación con la indagatoria de Rodríguez Arévalo, el actor sostiene que el Tribunal no tuvo en cuenta su contenido en forma conjunta, dejando de lado sus afirmaciones en torno a la velocidad del automotor, que evidenciaban la confluencia de una fuerza mayor. Aquí resulta evidente su confusión, pues en el propósito de demostrar dicha situación parte de un supuesto equivocado, como es afirmar que el conductor del bus había invadido la raya divisoria de la calzada. Realiza, además, toda una serie de transcripciones inconexas, que no relaciona con el caso en estudio, sobre temas propios de la teoría de la imputación objetiva.
Sostiene que la imputación puede ciertamente excluirse en los casos de riesgo permitido, pero siempre y cuando se acaten los límites impuestos por el ordenamiento jurídico, o los observados históricamente por determinada sociedad, tal como sucede con la conducción de vehículos automotores, actividad de suyo peligrosa, cuyo resultado dañoso resulta irrelevante cuando se han observado a cabalidad las normas que regulan el tránsito en las vías públicas, situación que no se presenta en el caso en examen, porque la condición determinante de la responsabilidad del procesado la constituyó a juicio del Tribunal la imprudencia en el manejo del tractocamión, circunstancia que necesariamente implica la admisión de la creación de un riesgo no permitido de su parte.
Predica igualmente el impugnante que su asistido podía esperar razonablemente que el conductor del bus adecuara su conducta a las normas de tránsito, pero olvida que el Tribunal no estimó desconocidas dichas normas por quien resultó víctima del fatal accidente, y que desde este punto de vista no resultaba posible sostener que este conductor infringió los deberes inherentes a su propio rol, como para que operara en el presente caso el principio de confianza, en cuanto circunstancia que impidiera derivar responsabilidad al procesado por el hecho irreglamentario de un tercero.
Finalmente el actor se refiere a la previsibilidad como elemento esencial de la culpa, mencionando aspectos relacionados con la atención, los estímulos externos e internos, los actos automáticos, y el grado de automatismo del sujeto, pero sin vincularlos con la violación indirecta de la ley sustancial que denuncia, situación que impide determinar si lo pretendido cuando alude a la teoría de la imputación objetiva y la previsibilidad, es la anulación de la conducta, o la declaración de su atipicidad, o la inculpabilidad del comportamiento.
Pudiera pensarse, desde luego, por la cita que hace del artículo 40.1 del Código Penal, que plantea la causal de inculpabilidad de fuerza mayor o caso fortuito, pues afirma que a su defendido le fue imposible evitar el volcamiento del tráiler por la salida intempestiva del bus a alta velocidad bordeando la raya central de la calzada. Pero los aspectos que el casacionista pretende hacer notar (alta velocidad e invasión del carril contrario), resultan impertinentes, en cuanto son producto de su personal y parcializada forma de ver los hechos.
Olvida también que en los eventos de caso fortuito y fuerza mayor no incide la voluntad del sujeto, y aquí el Tribunal evidenció el actuar imprudente del procesado, pues consideró que estaba en condiciones de prever que apareciera otro automotor en el punto crítico de la curva, conclusión a la que llegó no con fundamento en conjeturas o suposiciones, como lo sostiene el libelista, sino mediante una apreciación razonada y coherente de los medios de prueba, y de analizar la estructura del vehículo colisionante (tractocamión).
Apoyada en estos planteamientos, solicita a la Corte no casar la sentencia impugnada.
1. Violación indirecta de la ley sustancia. Errores de hecho por falsos juicio de identidad.
1.1. Alteración del contenido fáctico del informe de tránsito suscrito por los Agentes de Policía de Carreteras Lope Parmenio Pardo Camargo y Tulio Cárdenas Berdugo.
Cuatro aspectos del informe y del croquis complementario, en opinión del censor, fueron objeto de distorsión por parte de los juzgadores de instancia: (1) La hora del accidente; (2) la ubicación del tractocamión; (3) las causas probables de la colisión; y (4) la posición del bus. Separadamente la Corte analizará cada uno de estos aspectos.
1.1.1. Hora del accidente: En el informe de tránsito, los Agentes de la Policía que conocieron del caso registraron las 0:30 horas del día 29 de octubre de 1994 como hora de la colisión (fls.31/1). El casacionista afirma que este dato fue soslayado por el Tribunal, y que si lo hubiera tenido en cuenta, y analizado con la hora de salida del bus de Bogotá (10:30 p. m.), habría concluido que se desplazaba a alta velocidad, como lo sostuvieron los testigos Olga Lucía Bolívar Sandoval y Augusto Velásquez Forero.
Así planteado el cargo, no existe duda que el demandante acierta en la selección del error enunciado, pues la omisión de aspectos importantes de una determinada prueba constituye una de las modalidades de error de hecho por falso juicio de identidad. Es de recordarse que a esta clase de error (de identidad) puede llegarse por tres motivos: (1) porque el Juzgador realiza una lectura equivocada del texto de la prueba, como cuando convierte una negación en una afirmación, o una dubitación en aserto (tergiversación por transmutación); (2) porque le hace agregados o adiciones que no corresponden a su materialidad (tergiversación por adición); y (3) porque omite tener en cuenta apartes importantes de su contenido (tergiversación por cercenamiento).
Lo que ocurre es que el error denunciado no se presentó. Del estudio de la sentencia de segunda instancia se establece que la defensa alegó dicho punto en apelación, y que el Tribunal le dio respuesta, solo que no compartió sus apreciaciones, pues consideró que los datos en los cuales se sustentaba no tenían respaldo probatorio, porque lo demostrado a través de los testimonios de varios pasajeros era que el bus había salido de Bogotá alrededor de las 10:30 - 10:35 de la noche, y que la colisión se había presentado entre la 1:00 y 1:30 horas de la mañana, es decir 2:30 o 3:00 horas después, tiempo que normalmente gasta un vehículo de las características del colisionado, desde Bogotá al lugar del insuceso, y que por esta razón no podía hablarse de velocidad excesiva (pags.14 y 15 de la sentencia).
No resulta cierto, por tanto, que el ad quem hubiese omitido tomar en cuenta la hora de la colisión que registra el informe. La consideró, pero la desestimó por existir prueba testimonial que indicaba que había ocurrido más tarde. Esto ubica la discusión en el plano de la valoración del mérito de la prueba, no en el de la aprehensión de su expresión material, y muestra la incorrección del planteamiento, pues si el casacionista consideraba que lo afirmado por los policiales debía prevalecer en sana crítica sobre lo dicho por los pasajeros, debió plantear error de hecho por falso raciocinio, y demostrar que el Tribunal, en el análisis que hizo de la prueba, desconoció de manera manifiesta las reglas de la persuasión racional. Pero no lo hace, ni del análisis de las pruebas surge evidente un error de esta índole.
No todos los datos consignados en un informe de tránsito derivan de una constatación personal del hecho. Existirán algunos que tienen esta connotación, pero otros que deben ser obtenidos de los testigos. En el caso en estudio se sabe que los Agentes de Policía de Carreteras arribaron al lugar del accidente a las 2: 00 horas de la mañana, y que el croquis fue levantado a las 2:10 (fls.32/1), cuando ya los heridos habían sido trasladados a los centros hospitalarios.
Esto significa que el dato relacionado con la hora fue suministrado por las personas que se encontraban en el lugar en el momento de la elaboración del croquis, y que el mismo, por tanto, debía ser tenido como probable, sujeto a verificación procesal. Los propios policiales se encargan de hacer claridad en este punto, pues en sus declaraciones rendidas en el curso de la investigación dan a entender que la hora del accidente la obtuvieron de algunos testigos, y que se trataba de un dato aproximado (fls.124 y 150/1).
Varios de los pasajeros que declararon en el proceso, coinciden en señalar, por su parte, que la colisión se presentó alrededor de la una de la mañana, información que resulta coincidente con las apreciaciones del Tribunal, y de alguna manera confirmada por las historias clínicas de los heridos, de cuyo contenido se establece que éstos empezaron a ingresar al centro hospitalario de Tunja, ciudad que se encuentra muy cerca del lugar del accidente según lo relatado por los testigos, a la 1:30 de la mañana, y que la mayoría lo hizo entre las 2:00 y 2:30 horas (fls.239, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 249, 252, 253, 258, 259 y 262/1).
Adicionalmente de lo que viene de ser expuesto debe decirse que la circunstancia que el casacionista afirma probada (desplazamiento del bus a una velocidad promedio superior de la normal), no prueba de suyo que su conductor sea responsable de haber causado el hecho punible, ni excluye de compromiso penal al conductor del tractocamión (procesado). Ello solo probaría que es infractor de los reglamentos de tránsito, pero no de la ley penal. Para que lo fuese de esta última debía demostrar que entre la violación de los reglamentos por parte del conductor del bus (exceso de velocidad promedio), y la causación del resultado (lesiones y muertes), existía una inequívoca conexión causal, que excluía de toda culpa al procesado, labor que en manera alguna cumple.
Lo dicho permite concluir que el cargo, en los términos en que fue planteado, no solo resulta indemostrado, sino incompleto. Además infundado, pues las premisas argumentativas que sirvieron de soporte al Tribunal para desestimar el exceso de velocidad del bus como causa directa o confluyente del accidente, encuentran respaldo probatorio, y su apreciación resulta acorde con las reglas de la valoración racional, no advirtiéndose, en consecuencia, error alguno en la apreciación de estas pruebas.
1.1. 2. Ubicación del tractocamión: Sostiene el casacionista que la posición que los Agentes de Carreteras dibujaron del tractocamión en el croquis no es correcta, ni corresponde a la realidad, porque lo ubican ocupando totalmente el carril contrario, no obstante indicarse en el mismo plano que la distancia entre la orilla de la calzada por donde transitaba, y el punto más cercano del mismo (ruedas traseras), era de 1.50 metros. Esto es cierto, pero el error de hecho por falso juicio de identidad no surge de las discrepancias que puedan llegar a presentarse entre la verdad histórica y la verdad revelada por la prueba, sino de la disconformidad entre el contenido material del medio y la que los juzgadores en la sentencia le atribuyen, situación que el actor no demuestra.
Tampoco acredita la incidencia del error en las conclusiones del fallo, ni se advierte que la hubiese tenido. Los planos elaborados por el Departamento Administrativo de Seguridad (fls.456/1), y las fotografías Nos. 6314 y 6315 (fls.459/1) muestran con claridad la posición real del camión después del accidente (totalmente atravesado en la vía, ocupando todo el carril contrario y buena parte del propio), y así lo entendieron los juzgadores de instancia, no siendo cierta, por su parte, la afirmación del casacionista, en el sentido de que solo la cabina quedó ocupando el carril opuesto.
1.1.3. Causas probables de la colisión: El informe registra como causa probable de la colisión “exceso de velocidad del conductor del tractocamión” (fls.31 bis/1). El libelista sostiene que dicha circunstancia fue desestimada por el Tribunal como motivo del accidente, y que esto descarta al procesado como autor del hecho, dando paso a la consolidación de la exculpante de la fuerza mayor prevista en el artículo 40.1 del Código Penal entonces vigente (Decreto 100/80).
La verdad es que el censor no explica en qué consistió específicamente el error, ni la Corte logra entender cuál podría ser su origen, o su naturaleza. Por el enunciado del cargo pareciera cuestionar las conclusiones de los policías de carretera en cuanto a la causa probable del accidente, pero este ataque sería intrascendente, porque el ad quem, como él mismo lo afirma, descartó dicha circunstancia (exceso de velocidad del tractocamión) como motivo del mismo.
Adicionalmente sostiene que el Tribunal debió consecuencialmente reconocer la existencia de la fuerza mayor como causal de inculpabilidad, pero no explica por qué razón, ni en qué consistió el yerro. Pareciera insinuar uno de hecho por falso raciocinio, por desconocimiento de las reglas de la sana crítica en la construcción de las inferencias lógicas, pero este ataque resultaría también intrascendente, por no estar orientado a desvirtuar los fundamentos de la decisión de condena.
Ha de recordarse que la responsabilidad del procesado en el hecho la dedujo el Tribunal de la circunstancia de haber tomado la curva con violación manifiesta del deber de cuidado. De allí, y no de la velocidad a la cual se movilizaba, derivó su compromiso penal. Si el casacionista pretendía, por tanto, derruir los fundamentos del fallo, debió empezar por atacar dicho aspecto, y no insistir en la velocidad del tractocamión, porque esta circunstancia ninguna incidencia tuvo en la decisión de condena.
1.1.4. Posición del bus: El croquis del accidente elaborado por los policías de carretera registra dicho vehículo en dos posiciones. La primera ilustra la ubicación en la cual fue encontrado por los policiales al llegar al sitio de la colisión (convención 2); la segunda, la posición original después del impacto (convención 4). También aparece la siguiente anotación explicativa: “Vehículo puntiado (sic) corresponde a la posición del bus después del accidente el cual había quedado prendido y en neutro y al bajar heridos accidentalmente lo colocaron en marcha pasando por ensima (sic) del occiso quedando en la posición que aparece en el croquis” (fls.31 bis/1).
El casacionista cuestiona la inclusión en el croquis de la ubicación original del vehículo (convención 4), pues argumenta que los policiales no pudieron constatarla porque cuando llegaron al sitio de los hechos el bus ya había sido movido, y que se desconoce de dónde obtuvieron dicha información. Aunque este reparo pareciera contener más una crítica a la inclusión en el informe de aspectos no constatados directamente por los policiales, que un cuestionamiento a la apreciación probatoria que los juzgadores realizaron del mismo, y que el casacionista omite fundamentar el cargo, lo cual, de suyo, concita su desestimación, debe decirse que este no es el único elemento de prueba que informa de la posición original del vehículo.
Sobre el punto declaran en el proceso Juan Eliécer Hernández Carreño (fls.310/1), Jairo Rodríguez (fls.357/1), y Carlos Alfonso Gil Suanique (fls.409/1), quienes coinciden en sostener que el bus quedó inicialmente sobre su carril, muy cerca del abismo, tal como lo ilustra el croquis levantado por los policías de carreteras, y que en frente se encontraba el cadáver del conductor. Si lo pretendido, por tanto, era cuestionar el mérito demostrativo del croquis en dicho concreto aspecto (posición original del vehículo), alegación que como ya se dijo, el casacionista no aborda, debió dirigir el ataque no solo contra dicho medio de prueba, sino también contra los referidos testimonios.
1. 2. Distorsión del contenido fáctico de los testimonios de los pasajeros del bus que informan sobre la hora de salida de Bogotá, la hora del accidente, y su velocidad aproximada.
Este reparo resulta sustancialmente idéntico al primero, pues el demandante retoma el argumento allí expuesto, en el sentido de que la velocidad promedio del bus resultaba superior a la normal, a juzgar por la hora de salida de Bogotá (10:30 p. m.) y la hora de la colisión registrada en el informe de tránsito (0:30 horas a. m.). La diferencia radica en que ahora acusa al Tribunal, no de haber omitido considerar un aspecto del informe (el relativo a la hora del impacto), sino de quebrar la lógica y la racionalidad objetiva en la valoración de la prueba, con lo cual pareciera estar planteando un error de hecho por falso raciocinio.
Los defectos técnicos y de fundamentación son sin embargo los mismos. El actor no demuestra la existencia del error denunciado, ni acredita su trascendencia: No precisa las razones por las cuales los juzgadores quebrantaron los principios de la lógica y la racionalidad objetiva en la valoración del mérito de las pruebas, ni relaciona la circunstancia cuya existencia afirma demostrada (exceso de velocidad promedio del bus) con los hechos investigados, en orden a demostrar la existencia de un vínculo causal que permita radicar en cabeza del conductor del bus la responsabilidad del hecho, con exclusión del compromiso penal del procesado. De allí que también deba desestimársele.
1. 3. Distorsión del alcance de las fotografías visibles a folios 457 a 467 del cuaderno principal.
Dentro del marco de esta censura el actor hace cuestionamientos de índole distinta a la valoración de la prueba realizada por los juzgadores de instancia. Inicia diciendo que los fallos omitieron tener en cuenta que el bus fue movido después de la colisión; luego sostiene que las afirmaciones del testigo Luis Omar Tibambre, consistentes en que “la flota quedó en la mitad de la carretera y mitad al centro siempre por su lado”, desvirtúan la ubicación graficada por los gendarmes en el informe, y la captada en los registros fotográficos; y por último, que algunas fotografías muestran el tractocamión corrido hacia el carril contrario, pero que esto se explica si es tomado en cuenta que fue movido para “dar vía”.
Además de que esta mezcla indebida de propuestas de ataque impide determinar el verdadero alcance de la impugnación, y que el censor en ninguno de los tres casos se ocupa de demostrar el error cometido, ni su incidencia en las conclusiones del fallo, siendo esto suficiente para la desestimación del reparo, debe precisarse que las afirmaciones en las que se sustentan los ataques primero y tercero no son ciertas, y que las que sirven de soporte al segundo, responden a una apreciación personal e interesada de un medio de prueba, de contenido poco claro, que pretende anteponer a las de naturaleza testimonial y documental, que demuestran lo contrario.
No es verdad que los juzgadores hubiesen omitido considerar que el bus fue movido accidentalmente, quedando en la posición que registran las fotografías. El Tribunal, aunque no se refirió al punto de manera específica, admitió el hecho, pues del contexto de la decisión se establece que cuando se refiere a su posición original, lo ubica al borde del abismo, muy cerca de la baranda de contención, como lo sostienen, entre otros, el testigo Juan Eliécer Hernández Carreño, y no en la posición en que fue encontrado por los Agentes que levantaron el croquis (fls.13 y 15 del fallo).
Tampoco es cierto que el tráiler del tractocamión hubiese sido corrido hacia el carril contrario para abrir paso, antes del levantamiento del croquis y de los registros fotográficos. Esta afirmación responde una invención interesada del casacionista, en su afán por demostrar que el procesado conservaba su derecha, que no deja de ser censurable. El croquis del accidente y las fotografías 6314 y 6315 tomadas en el lugar de los hechos (fls.31 bis, 456 y 459), muestran con claridad que el tractocamión quedó completamente atravesado en la vía, con la cabina sobre la berma del carril contrario, y la parte trasera del tráiler a escasos 1:50 centímetros de la berma de su propio carril, impidiendo el paso normal de vehículos, situación que es confirmada por algunos testigos y por el Agente Tulio Cárdenas Berdugo, quien levantó el croquis (fls.148/1).
En cuanto dice relación con el testimonio de Luis Omar Tibambre, cierto es que este declarante hace la afirmación en el sentido de que el bus “quedó en la mitad de la carretera y la mitad al centro siempre por su lado”, pero el actor no puede desconocer que sus afirmaciones son intrínsecamente contradictorias, en cuanto da a entender que el vehículo quedó en la mitad de la vía, pero también, que quedó por su lado; ni ignorar los testimonios de Juan Eliécer Hernández Carreño, Jairo Rodríguez y Carlos Alfonso Gil Suanique, ni la restante prueba (documental y circunstancial), que ubican el referido automotor sobre su carril, muy cerca del abismo.
1. 4. Distorsión de la indagatoria del procesado, y los testimonios de Luis Alfonso Benavides Mojica y Manuel Ignacio Herrera Torres.
En relación con el contenido de la indagatoria, el casacionista sostiene que los juzgadores desconocieron las afirmaciones que el procesado hizo en el sentido de que al entrar en la curva y ver que el bus se le fue encima, viró la dirección a la derecha para evitar la colisión, pero el volumen y el peso de la carga dominó el tráiler, iniciándose el volcamiento.
La premisa sobre la cual se sustenta el cargo no es cierta, pues el Tribunal sí apreció las afirmaciones que el procesado hizo al respecto, como surge de los siguientes apartes de la sentencia: “los testigos…unánimemente sostienen que el choque no se produjo con la cabina de la tractomula sino con el tráiler de la misma. En esto están corroborando la indagatoria del procesado para quien cuando apareció el bus viró a la derecha para no estrellarse y al hacerlo perdió el control de la dirección y ocurrió la volcada y el estrellamiento. Agrega que perdió la dirección porque el volumen se encargó de dominar el tráiler (fls.127)” (pags. 15 y 16 del fallo).
Esto permite concluir que el error denunciado (de identidad) no se presentó, y que el ataque carece por tanto de fundamento. A juzgar por el desarrollo de la censura podría pensarse que lo planteado por el demandante es un error de raciocinio, derivado de equivocaciones en el proceso lógico inferencial desarrollado a partir del contenido fáctico de esta prueba, o uno de índole puramente jurídica, pues asegura en las afirmaciones del indagado se encuentran insertos los elementos del caso fortuito (imprevisibilidad e inevitabilidad), pero en lugar de entrar a demostrar su existencia, y sus implicaciones en la decisión recurrida, se limita a elaborar sus propias conclusiones a partir de supuestos fácticos no demostrados, que el Tribunal rechaza, como por ejemplo que el procesado conducía conservando su carril del derecho, y que el bus apareció intempestivamente invadiendo la línea central de la calzada.
Para el ad quem, se insiste, la colisión se presentó porque el procesado tomó la curva abierta, si reparar que podía venir un vehículo en sentido contrario, y porque al virar bruscamente la dirección a la derecha para evitar el impacto, provocó la desestabilización del tráiler, debido al peso y volumen de la carga, perdiendo el control y haciendo que este último (el tráiler) impactara al bus por todo el lado izquierdo (fls.16 del fallo). Siendo ello así, correspondía demostrar al casacionista que las conclusiones del Tribunal en este punto (causa del accidente) eran equivocadas, y complementariamente, que se cumplían a cabalidad los presupuestos fácticos para el reconocimiento del caso fortuito como causal de inculpabilidad, pero este desarrollo no es el que el cargo contiene.
En procura de darle sustento a la propuesta de ataque, el demandante sostiene que el procesado, contrariamente a lo expuesto por el Tribunal, sí estaba “atento”, porque de no haber sido así, no habría realizado el viraje a la derecha, como lo hizo, maniobra que ejecutó para evitar el accidente, no para causarlo. Esto no se discute, pero el Tribunal, cuando habló de “desatención”, lo hizo para reiterar que el procesado no fue cuidadoso al tomar la curva, y no para significar que al momento del accidente estuviese manejando en forma distraída, como es interpretado por el casacionista en el análisis aislado que hace de sus afirmaciones y argumentaciones. Si es analizado el fallo en su contexto, y no a partir de expresiones aisladas, se establece que no fue la falta de atención en la conducción, sino el exceso de confianza, y la falta de precaución y cautela al ingresar a la curva, lo que determinó la imputación del hecho a título de culpa.
En relación con los testimonios de Luis Alfonso Benavides Mojica y Manuel Ignacio Herrera Torres, quienes atribuyen al bus la causa del accidente, el demandante sostiene que el Tribunal, al desestimarlos con el argumento de que “no tuvieron la oportunidad de presenciar el accidente” incurrió en un error de hecho por falso juicio de identidad, puesto “que los puso a decir lo que ellos no dicen”.
Este ataque es también infundado, pues ambos testigos aseguraron no haber presenciado el momento de la colisión. Manuel Ignacio Herrera Torres afirma que iba a 50 metros aproximadamente de la “mula” accidentada, y cuando llegó a la curva “ya estaba acostada” (fls.393/1). Y Luis Alfonso Benavides Mojica, a la pregunta de si observó el momento exacto del accidente, contesto: “No, directamente no, porque yo iba detrás de Manuel Herrera y no alcancé a ver nada” (fls.371/1). Esto nos muestra que lo afirmado por el Tribunal coincide cabalmente con las afirmaciones de los testigos, y por tanto, que el error denunciado no existió.
Al finalizar la demanda el censor realiza algunas consideraciones sobre temas relacionados con la teoría de la imputación objetiva, la previsibilidad como elemento esencial de la culpa, y la atención, que ilustra con transcripciones doctrinales, pero no las relaciona con la demostración de un error en concreto, ni su desarrollo guarda una secuencia argumentativa lógica que permita descifrar el propósito de su inclusión. Aparte de esto, no las vincula con el caso en concreto, y cuando procura hacerlo, incurre en el desacierto de apoyarse en una personal visión los hechos, con total apartamiento de los que el Tribunal declaró probados en la sentencia.
Ante el fracaso en la demostración de los errores probatorios denunciados, no puede la Corte abordar el estudios de dichos temas de manera aislada, sin que ello conlleve sustraerlos al juicio de casación. Estas consideraciones, y las expuestas por la Procuradora Delegada en su concepto en relación con los distintos ataques, que la Sala en general comparte, resultan suficientes para desestimar la censura.
Comuníquese y devuélvase al Tribunal de origen. CUMPLASE.
EVA MARINA PULIDO DE BARON YESID RAMIREZ BASTIDAS