Source: https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/806066081
Timestamp: 2019-08-26 00:38:18
Document Index: 259915225

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 124', 'ARTÍCULO 124', 'ARTÍCULO 124', 'ARTÍCULO 124', 'artículo 124', 'artículo 115', 'artículo 124', 'artículo 41', 'artículo 19', 'Artículo 105', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 41', 'artículo 124', 'artículo 21', 'artículo 124', 'artículo 115', 'artículo 40', 'artículo 29', 'Artículo 105', 'artículo 34', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 124', 'Artículo 105', 'artículo 124', 'artículo 21', 'artículo 747', 'artículo 11', 'artículo 45', 'artículo 12', 'artículo 10', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 115', 'artículo 19', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 19', 'Artículo 105', 'artículo 40', 'Artículo 105', 'artículo 124', 'artículo 178', 'artículo 115', 'artículo 41', 'artículo 115', 'artículo 124', 'artículo 105', 'artículo 44', 'artículo 124', 'artículo 88', 'Artículo 19', 'Artículo 163', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 38', 'Artículo 10', 'artículo 25', 'Artículo 105', 'artículo 25', 'Artículo 105', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'artículo 105', 'Artículo 105', 'Artículo 44']

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 806066081
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 204/2017. MUNICIPIO DE AMACUZAC, ESTADO DE MORELOS.I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS).II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES OPORTUNA LA IMPUGNACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC, ESTADO DE MORELOS, AL CONSTITUIR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE ESA ENTIDAD.III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE DE UN AYUNTAMIENTO ES UN ACTO QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE ESE ÓRGANO, LO QUE JUSTIFICA SU INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA.IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE.V. DESTITUCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LA INTERPRETACIÓN CONFORME DE LA NORMATIVA QUE LA REGULA PERMITE CONSIDERAR QUE EL VOCABLO "INFRACTOR" NO INCLUYE A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS).VI. DESTITUCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. EL TRIBUNAL RESPECTIVO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE ATRIBUCIONES PARA ORDENARLA, TODA VEZ QUE ELLO ES FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMACUZAC DE ESA ENTIDAD).VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE ÚNICAMENTE TIENE EFECTOS RESPECTO DEL MUNICIPIO ACTOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL ACUERDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS POR EL QUE SE ORDENÓ LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMACUZAC DE ESA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 204/2017. MUNICIPIO DE AMACUZAC, ESTADO DE MORELOS. 31 DE ENERO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS A.P.D., J.L.P., J.F.F.G.S., M.B. LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: J.F.F.G.S.. SECRETARIA: A.C.C..
PRIMERO.—Demanda. Por escrito recibido el veintiuno de junio de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, C.A.M.R., en su carácter de síndica del Ayuntamiento de Amacuzac, Estado de M., promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades del Estado de M. que a continuación se señalan:
2. La asunción de competencia por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., para el efecto de ordenar la revocación de mandato o destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, derivado del juicio laboral 01/785/09.
3. La sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el ocho de marzo de dos mil diecisiete, en la que por unanimidad de votos, se declaró procedente la imposición de la medida de apremio, consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, M..
2. El quince de mayo de dos mil diecisiete, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por conducto del actuario adscrito, notificó al Ayuntamiento actor la sesión plenaria de ocho de marzo del propio año, por medio de la cual se impone al presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, como sanción por contumacia o incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 01/785/09, la destitución de su cargo.(1)
El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. establece que las infracciones a ese ordenamiento que no tengan prevista otra sanción, y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios, sanción que será impuesta en su caso, por el mencionado tribunal.
Aduce que la disposición referida, lo es únicamente para sancionar a servidores públicos de libre designación, es decir, aquellos que ostentan el carácter de funcionarios, que por su naturaleza son designados mediante el nombramiento correspondiente de un superior jerárquico y para operar una administración pública, mas no para aquellos que son electos por el mandato del pueblo a través del voto o sufragio, como lo es el presidente de Amacuzac, M..
Señala que existe un procedimiento especial para sancionar y separar del cargo a los integrantes de un cabildo, por lo que resulta que dicha norma transgrede el artículo 115 de la Constitución Federal, aunado a que sólo establece el concepto de "infractor", sin distinguir entre los cargos de elección popular, como ocurre con los miembros de los Ayuntamientos, y los que derivan de un nombramiento expedido por un superior jerárquico.
Al respecto, la disposición constitucional referida otorga de manera única y exclusiva a las Legislaturas Locales la facultad y competencia de suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan, es decir, la Constitución Federal prevé un procedimiento especial que se debe llevar a cabo por las Legislaturas Locales para poder destituir, suspender o revocar el mandato de un presidente municipal.
CUARTO.—Admisión a trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de veintidós de junio de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la controversia constitucional bajo el expediente 204/2017, asimismo, ordenó su turno al M.J.F.F.G.S. por conexidad.
En proveído de veintitrés de junio siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la controversia constitucional, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de M., así como al Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación; no así al secretario de Gobierno, director del Periódico Oficial y secretario del Trabajo de esa entidad, por ser órganos subordinados al Poder Ejecutivo, y ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República.
I.C.s de improcedencia
1. La determinación de destitución del presidente municipal de Amacuzac, Estado de M., que se combate, constituye una resolución de carácter jurisdiccional, en términos de los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad, por lo que en su contra es improcedente la controversia constitucional de conformidad con la tesis número 2a. CVII/2009, intitulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA."
2. La aplicación de la sanción que prevé el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., se hizo válida a partir de la entrada en vigor de la reforma realizada a la Ley Orgánica Municipal, en específico, la fracción XXXIX de su artículo 41, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de veintitrés de enero de dos mil catorce, que establece la obligación del presidente municipal de cumplir y hacer cumplir los laudos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, razón suficiente para considerar que se actualiza el supuesto explicado en la tesis jurisprudencial P. XV/2009, que lleva por rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES A PARTIR DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA ÚLTIMA."
3. La controversia constitucional resulta improcedente, en términos del artículo 19, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, debido a que el Municipio actor promovió las diversas controversias constitucionales 253/2016, 100/2017, 111/2017, 149/2017, 171/2017 y 172/2017, las cuales se encuentran pendientes de resolver. Destaca que en dichos asuntos también se impugnó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., así como la asunción de competencia por parte del tribunal demandado, para ordenar la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, M., en los que se esgrimen los mismos conceptos de invalidez.
No tiene razón el Municipio actor en cuanto pretende se declare la invalidez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. y su acto de aplicación, ya que el artículo 41, fracción XXXIX, de la Ley Orgánica Municipal de la entidad establece la obligación a cargo de los presidentes municipales de dar cumplimiento a los laudos emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
En ese sentido, señala que si en términos del numeral 123 de la Ley del Servicio Civil, las resoluciones dictadas por dicho tribunal son inapelables, y se cumplirán por la autoridad correspondiente, entonces procede aplicar la sanción prevista en la fracción II del diverso numeral 124 de la citada ley, al funcionario que no cumpla lo ordenado en un laudo, como ocurrió en el caso, ya que el presidente municipal de Amacuzac, M., desatendió el laudo dictado en el expediente 01/785/09.
No obstante, continúa, el incumplimiento a los laudos de la autoridad jurisdiccional laboral también constituye una conducta que da lugar a la responsabilidad administrativa o política de los presidentes municipales, ya que la obligación de acatarlos, está contemplada en la fracción XXXIX del numeral 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de M., por lo que no pueden desconocerse las atribuciones que corresponden al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para hacer cumplir sus resoluciones, como lo es aplicar la sanción consistente en la destitución del servidor público infractor, ya que tampoco puede afirmarse que los procedimientos administrativos o políticos sean la vía idónea para hacer efectivas las medidas de apremio, como la contenida en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, de suerte que el citado tribunal, puede imponer las sanciones procedentes para hacer efectivas sus resoluciones sin necesidad de seguir los procedimientos administrativos o políticos referidos.
SEXTO.—Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de M.. El consejero jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de M. señaló lo siguiente:
1. El Municipio actor carece de legitimación pues no es titular del derecho que pretende hacer valer, ya que el Poder Ejecutivo del Estado de M. no ha realizado acto alguno que invada o afecte el ámbito competencial de ese Municipio.
3. Señala que no es el primer acto de aplicación del artículo impugnado, ya que existen diversos juicios de amparo y controversias constitucionales promovidos por el ahora Municipio actor contra el multicitado precepto de la Ley del Servicio Civil del Estado de M.. Por ello, considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 21, fracción II, en relación con el diverso 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia.
5. El acto cuya invalidez se reclama fue emitido por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por lo que la controversia constitucional instaurada es improcedente al impugnar una resolución jurisdiccional. Al efecto, invoca la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA."
Por lo que toca al acto que compete al Ejecutivo del Estado de M., a saber, la promulgación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, es inexacto que transgreda los artículos 1o., 14, 16, 17, 115 y 133 de la Constitución Federal, ya que actuó conforme a las facultades constitucionales y legales que le corresponden, al ordenar la promulgación y publicación de esa disposición legal.
La sanción que contempla la disposición impugnada es la destitución de quienes incumplan las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, pero no refiere la desaparición de los Ayuntamientos, en ese sentido, no se encuentra dentro de los procedimientos que refiere el artículo 115 de la Constitución Federal, en relación con el 41 de la Constitución Local, ya que no se trata de un procedimiento de responsabilidad administrativa ni un juicio político pues no se pretende desaparecer Ayuntamientos ni suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros; se está sólo frente a una medida de apremio para hacer efectivas las determinaciones del órgano jurisdiccional laboral.
SÉPTIMO.—Contestación del Poder Legislativo del Estado de M.. La presidenta de la mesa directiva dio contestación a la demanda como a continuación se sintetiza.
El Municipio de Amacuzac, M., no cuenta con interés legítimo para acudir a la controversia constitucional, pues se requiere que resienta una afectación en su esfera de atribuciones; sin embargo, en el caso, el Poder Legislativo demandado cuenta con las facultades constitucionales para expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y Administración Interior del Estado, de conformidad con lo señalado por el artículo 40, fracción II, de la Constitución local. Por tanto, aduce que no se invade la esfera competencial del Municipio actor ni se vulnera su autonomía municipal.
Señala que la norma impugnada al establecer la sanción de destitución de funcionarios que no cumplan con los laudos dictados por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, no puede dar lugar a una invasión a la esfera de competencias del Municipio actor pues el único afectado por la resolución es el miembro del Ayuntamiento sancionado, por lo que procede que se reconozca su validez.
NOVENO.—Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el nueve de octubre de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas y aportadas durante la instrucción del juicio, por presentados los alegatos de la síndica del Municipio actor y se puso el expediente en estado de resolución.
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno,(4) publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de M. y el Municipio Amacuzac, de la propia entidad, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno debido a que el estudio de fondo versa únicamente sobre actos y no sobre normas de carácter general.
El Municipio actor reclama: 1) Una disposición general, en concreto, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M.; y, 2) Un acto, consistente en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el ocho de marzo de dos mil diecisiete, en la que por unanimidad de votos, se declaró procedente la imposición de la medida de apremio, consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, M., como sanción por contumacia o incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 01/785/09.
Por lo que hace a la impugnación de la citada disposición general, la presente controversia constitucional es improcedente,toda vez que no constituye el primer acto de aplicación, sino uno ulterior.
Se afirma que la controversia constitucional es improcedente con fundamento en la jurisprudencia P./J. 121/2006,(5) de rubro y texto siguientes:
En el caso, se invoca la diversa controversia constitucional 43/2015 como hecho notorio,(6) para concluir que el acuerdo impugnado en el presente asunto no constituye el primer acto de aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. en perjuicio del Municipio actor.
En efecto, de la citada ejecutoria se advierte: i) Que en sesión celebrada el ocho de mayo de dos mil quince, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de M. determinó, por unanimidad de votos, destituir al presidente municipal de Amacuzac, Estado de M., conforme a la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil de ese Estado; ii) que ello motivó la promoción de la controversia constitucional 43/2015, el veintinueve de julio de dos mil quince; iii) que en dicha controversia se impugnó el referido precepto; y, iv) que tal asunto se sobreseyó por la disposición general reclamada y el acto de aplicación con motivo del desistimiento del Municipio actor.
Consecuentemente, si en la presente controversia no se reclama el primer acto de aplicación, sino uno ulterior, procede decretar el sobreseimiento por lo que hace a la impugnación de la disposición general reclamada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19, fracción VII y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(7)
En ese sentido, resulta innecesario el análisis de los argumentos del Poder Ejecutivo y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ambos del Estado de M., en los que alegan que el acuerdo que ahora se impugna no es el primer acto de aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M..
En cambio, la presente controversia constitucional es oportuna por lo que hace a la impugnación de la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el ocho de marzo de dos mil diecisiete, en la que, por unanimidad de votos, se declaró procedente la imposición de la medida de apremio consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, M., como sanción por contumacia o incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 01/785/09, toda vez que fue presentada dentro del plazo de treinta días previsto en el artículo 21, fracción I, de la ley de la materia.(8)
En el caso, el Municipio actor fue notificado del acuerdo referido el lunes quince de mayo de dos mil diecisiete(9) y surtió efectos el martes dieciséis siguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 747, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo,(10) de aplicación supletoria según lo previsto en el numeral 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de M.,(11) por lo que el plazo para presentar la demanda transcurrió del miércoles diecisiete de mayo al martes veintisiete de junio de dos mil diecisiete, de los que deben descontarse los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de mayo, así como tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio, todos del año en cita, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 2o. y 3o. de la ley reglamentaria de la materia,(12) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(13)
Por tanto, si la demanda de controversia constitucional se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Tribunal Constitucional el miércoles veintiuno de junio de dos mil diecisiete,(14) se concluye que fue promovida oportunamente por lo que hace a la impugnación del acto.
TERCERO.—Legitimación activa. El Municipio de Amacuzac, Estado de M., compareció al presente juicio por conducto de C.A.M.R., en su carácter de síndica del Ayuntamiento, lo que acreditó con la copia certificada de constancia de mayoría expedida por el Consejo Municipal Electoral, el diez de junio de dos mil quince,(15) en la que consta su carácter de síndica suplente, así como copia certificada del acta de cabildo, donde se le tomó protesta como sindica propietaria, con motivo de la destitución de la propietaria S.F.R..
De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(16) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que, quien comparece a juicio, goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
Pues bien, de acuerdo con el artículo 45, fracción II, de la Ley Orgánica municipal del Estado de M.,(17) corresponde a los síndicos la representación jurídica del Municipio.
En consecuencia, se reconoce legitimación a quien compareció en representación del Municipio de Amacuzac, Estado de M., lo que se refuerza con el criterio contenido en la tesis 2a. XXVIII/2012 (10a.),(18) que señala:
CUARTO.—Legitimación pasiva. Tienen el carácter de autoridades demandadas, en esta controversia constitucional, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, todos del Estado de M., como lo precisó el Ministro instructor, en el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil diecisiete.
a) Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M.. La contestación a la demanda la suscribe J.M.D.P., presidente del citado tribunal, quien cuenta con capacidad legal para suscribir la contestación, ya que la representación legal del citado órgano jurisdiccional corresponde a su presidente, en términos de lo dispuesto por el artículo 12, fracción XIII, del reglamento interior de dicho tribunal;(19) personalidad que acredita con copia certificada de su nombramiento.(20)
b) Poder Ejecutivo. J.A.G.C.P. comparece como consejero jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de M., lo que acredita con la publicación de su nombramiento en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el diecinueve de abril de dos mil diecisiete.(21)
A dicho funcionario corresponde la representación jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de M., en términos de lo previsto en los artículos 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de dicho Estado.(22)
c) Poder Legislativo. Por el Poder Legislativo del Estado de M., comparece B.V.A., en su carácter de Diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, titularidad que acredita con la copia certificada del acta de la sesión solemne, celebrada el doce de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LIII Legislatura en la que consta su designación.(23)
QUINTO.—Causales de improcedencia. Sostiene el Poder Ejecutivo del Estado de M., que el Municipio actor no hace valer conceptos de invalidez por vicios propios de los actos de promulgación y publicación de la Ley del Servicio Civil de dicho Estado, actos que no entrañan afectación o invasión a la esfera de atribuciones de dicho Municipio. También sostiene que el propio Municipio carece de legitimación, pues no es titular del derecho que pretende hacer valer, ya que el gobernador de la entidad no ha realizado acto alguno que invada o afecte el ámbito competencial municipal, y que por la misma razón carece de legitimación pasiva el mencionado gobernador.
De igual manera, el Poder Legislativo demandado, sostiene que el Municipio actor no cuenta con interés legítimo, pues el Congreso de la entidad está facultado para expedir, reformar y derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el gobierno y administración del Estado, por lo que no invade la esfera competencial de dicho Municipio ni vulnera su autonomía.
No les asiste la razón a los Poderes demandados. En una controversia constitucional en que se impugnan normas generales, tienen la calidad de demandados, en términos de lo establecido por el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia,(25) tanto el órgano que la hubiera expedido como el órgano que la hubiera promulgado, por lo que con independencia de que se hagan valer o no conceptos de violación por vicios del acto de promulgación, ello no impide tenerlo como acto impugnado al ser parte del proceso legislativo de la disposición combatida, y es precisamente por eso, que se llama a juicio, tanto al expedidor como al promulgador, a fin de que defiendan la validez de dicha disposición, tal como se explica en la siguiente tesis P. XV/2007,(26) del Tribunal Pleno:
Ahora bien, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo del Estado de M., aducen la falta de legitimación del Municipio actor, pues consideran que no se ha invadido su esfera de competencia.
Al respecto, debe considerarse que el Municipio actor impugna el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. y el acto de aplicación, consistente en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el ocho de marzo de dos mil diecisiete, en la que por unanimidad de votos, se declaró procedente la imposición de la medida de apremio, consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, M., como sanción por contumacia o incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 01/785/09. Por tanto, si el acto que motivó la promoción de la controversia afecta la integración de dicho Ayuntamiento, está justificado el interés legítimo, que asiste al Municipio para acudir al medio de control constitucional, tal como se explica en la jurisprudencia P./J. 84/2001,(27) que establece:
No obstante, respecto de la causa de improcedencia consistente en la falta de legitimación del Municipio actor debido a que los actos impugnados no invaden su esfera competencial, se desestima, porque involucra el estudio de fondo del asunto; determinación que se apoya en la jurisprudencia P./J. 92/99,(28) que señala:
Por otro lado, tanto el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje como el Poder Ejecutivo de la entidad, señalan que la determinación de destitución del presidente municipal de Amacuzac, constituye una resolución de carácter jurisdiccional, por lo que en su contra es improcedente la controversia constitucional.
Es infundada la anterior causa de improcedencia. Es cierto que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es causa notoria y manifiesta de improcedencia de la controversia constitucional, el que se impugnen resoluciones jurisdiccionales, cuando se pretende que a través del medio de control constitucional, se revise la legalidad de tales resoluciones o las consideraciones que la sustentan, ya que la controversia constitucional no es un recurso a través del cual pueda someterse a revisión la misma cuestión litigiosa que en un procedimiento natural. Así se advierte de la tesis 2a. CVII/2009,(29) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA.", que invocó el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje demandado, así como de la jurisprudencia P./J. 7/2012 (10a.),(30) intitulada "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES DE FONDO DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR SU PROPIO CONTENIDO, EN RAZÓN DE SUS EFECTOS Y ALCANCES, CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE CONLLEVA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA."
No obstante, el Tribunal Pleno ha precisado que el referido motivo manifiesto e indudable de improcedencia no se actualiza, aun cuando se impugne una resolución de carácter jurisdiccional, cuando la cuestión que se plantea atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, a fin de preservar su ámbito de facultades. Así se determina en la jurisprudencia P./J. 16/2008,(31) de rubro y texto siguientes:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO.—El objeto principal de la controversia constitucional es tutelar el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios delEstado; de ahí que por regla general no es la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo; sin embargo, si dichas atribuciones llegasen a rebasar los principios rectores previstos en la Constitución, las posibles transgresiones estarán sujetas a dicho medio de control constitucional. En efecto, de manera excepcional procede la controversia constitucional intentada aun cuando el acto impugnado sea una resolución jurisdiccional en estricto sentido, si la cuestión a examinar atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, en aras de preservar su ámbito de facultades, pues de lo contrario se llegaría al extremo de que, por ser resoluciones jurisdiccionales, no podrían analizarse en esta vía cuestiones en las que algún tribunal se arrogue facultades que no le competen, llegando al absurdo de que los poderes constituidos carecieran de medios de defensa para impugnar los actos que consideraran violatorios del ámbito competencial que les confiere la Norma Fundamental."
En el caso, el Municipio actor no pretende que se revise la legalidad de las consideraciones de fondo de la determinación, a través de la cual el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje declaró procedente la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, M., como sanción por contumacia o incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 01/785/09, con fundamento en el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., sino que plantea que la citada norma transgrede el artículo 115 de la Constitución Federal, que otorga de manera única y exclusiva la facultad y competencia a las Legislaturas Locales, previo acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, para suspender Ayuntamientos, declarar que han desaparecido y suspender o revocar el mando a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que prevenga la ley local, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas, y hacer los alegatos a que a su juicio convengan, de suerte que la sanción impuesta al citado presidente municipal supone una invasión a las atribuciones que constitucionalmente corresponden al Congreso de la entidad y, por tanto, una infracción también en perjuicio del Municipio actor; aunado a que, en todo caso, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. carece de competencia para decretar la destitución de un miembro del Ayuntamiento.
Como se advierte, en el caso se da el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 16/2008 invocada, en tanto que la cuestión a examinar no se refiere a la legalidad de las consideraciones de la resolución del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje demandado, sino cuestiones que atañen al ámbito competencial de los Poderes locales y la posible afectación a la integración del Ayuntamiento del Municipio de Amacuzac, M..
Finalmente, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje alega que la controversia constitucional resulta improcedente, en términos del artículo 19, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia, debido a que el Municipio actor promovió las diversas controversias constitucionales 253/2016, 100/2017, 111/2017, 149/2017, 171/2017 y 172/2017, las cuales se encuentran pendientes de resolver. Destaca que en dichos asuntos también se impugnó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., así como la asunción de competencia por parte del tribunal demandado para ordenar la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, M., en los que se esgrimen los mismos conceptos de invalidez.
Es cierto que el Municipio actor ha instado diferentes controversias constitucionales en las que impugna el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M.; sin embargo, cabe señalar que en los asuntos que señala el tribunal referido, se han combatido actos distintos de aplicación del artículo en cita, como se detalla a continuación:
1. Controversia constitucional 253/2016: Se impugna la sesión plenaria de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, en la que por unanimidad de votos se declaró procedente la medida de apremio, consistente en la destitución del presidente municipal de Amacuzac, derivada del juicio laboral 01/1032/13.
2. Controversia constitucional 100/2017: Se impugna la sesión plenaria de veintinueve de enero de dos mil diecisiete, en la que por unanimidad de votos se declaró procedente la medida de apremio, consistente en la destitución del presidente municipal de Amacuzac, derivada del juicio laboral 01/306/03.
3. Controversia constitucional 111/2017: Se impugna la sesión plenaria de siete de febrero de dos mil diecisiete, en la que por unanimidad de votos se declaró procedente la medida de apremio, consistente en la destitución del presidente municipal de Amacuzac, derivada del juicio laboral 01/198/08.
4. Controversia constitucional 149/2017: Se impugna la sesión plenaria de uno de julio de dos mil diecisiete, en la que por unanimidad de votos se declaró procedente la medida de apremio, consistente en la destitución del presidente municipal de Amacuzac, derivada del juicio laboral 31/01/12.
5. Controversia constitucional 171/2017: Se impugna la sesión plenaria de diez de marzo de dos mil diecisiete, en la que por unanimidad de votos se declaró procedente la medida de apremio consistente en la destitución del presidente municipal de Amacuzac, derivada del juicio laboral 01/22/2004.
6. Controversia constitucional 172/2017: Se impugna la sesión plenaria de veinticuatro de marzo dos mil diecisiete, en la que por unanimidad de votos se declaró procedente la medida de apremio, consistente en la destitución del presidente municipal de Amacuzac, derivada del juicio laboral 01/142/2005.
De lo anterior, se desprende que, en cada controversia constitucional promovida por el Municipio de Amacuzac, M., ha impugnado actos diferentes, por lo que con independencia de que haya hecho valer los mismos conceptos de invalidez, ello no da lugar a que se sobresea en el presente asunto.
En ese sentido, es infundado que, en el caso, se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, ya que se insiste, no hay una identidad de actos impugnados.
En suplencia de la deficiencia de la queja, con fundamento en el artículo 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(32) esta Segunda Sala considera que el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de M. interpretó en forma incorrecta lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., lo que motiva declarar la invalidez del acuerdo impugnado.
"En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores. ..."
En relación con la referida disposición de la Carta Magna, el Tribunal Pleno, al resolver la controversia constitucional 27/2000,(33) realizó el siguiente análisis:
La jurisprudencia P./J. 19/99,(34) que se cita en el precedente señala:
Como se señala en el precedente y la jurisprudencia transcritas, la determinación de suspensión de alguno de los miembros del Ayuntamiento, que debe fundarse en alguna de las causas graves que prevenga la ley local, causa una afectación al interés de la comunidad y no sólo al interés particular de los miembros afectados del Ayuntamiento; por ello, lo que se protege es la independencia del Municipio autorizándose únicamente a las Legislaturas Locales para afectar la integración del Ayuntamiento, siempre y cuando cumplan todos los requisitos exigidos por la propia Constitución Federal.
Lo anterior también lo destacó el Tribunal Pleno es la jurisprudencia P./J. 7/2004,(35) en los términos siguientes:
"I.D. la desaparición de Ayuntamientos cuando se hayan presentado previamente circunstancias de hecho como la desintegración del cuerpo edilicio o que éste se encuentre imposibilitado para el ejercicio de sus funciones conforme al orden Constitucionaltanto Federal como Estatal;
"g). En los casos de incapacidad física o legal permanente.
Por su parte, la Ley Orgánica Municipal del Estado de M., en su artículo 178, refiere la atribución del Congreso de la entidad, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, para declarar la desaparición de Ayuntamientos, suspenderlos en su totalidad o suspender a alguno de sus integrantes, mientras que, en sus numerales 181 y 182, señala los casos en que podrá suspenderse definitivamente a los integrantes del Ayuntamiento o revocar su mandato, en los términos siguientes:
La disposición transcrita, interpretada conforme a la Constitución Federal, en concreto, al artículo 115, fracción I, así como el artículo 41 de la Constitución del Estado de M. y 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de M., permite considerar que la palabra "infractor", no incluye a los miembros de los Ayuntamientos, pues de lo contrario se contravendría la Norma Fundamental, al estimar que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje está facultado para revocar de facto el mandato a uno de sus miembros, olvidando que el citado artículo 115 señala con toda claridad que únicamente las Legislaturas Locales "por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan."
Esto es, si el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. no se interpreta conforme a la Constitución Federal, se incurre en un acto contrario a ésta, tal como ocurrió en la especie, pues el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje consideró que estaba en aptitud de destituir a un integrante del Ayuntamiento, por lo que revocó de facto el mandato otorgado a éste, no obstante que la Ley Fundamental, así como a los preceptos de la Constitución del Estado de M. y Ley Orgánica Municipal del Estado de M. citados con antelación, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución, previo cumplimiento de los requisitos que la propia disposición constitucional exige para afectar la integración de un Municipio.
Lo anterior impide que sea el Congreso Local el que califique, mediante el procedimiento correspondiente, y cumpliendo con las exigencias constitucionales y legales, si la falta cometida constituye una causa grave que amerite la destitución de alguno de los integrantes del Ayuntamiento.
En consecuencia, dado que el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. no interpretó la norma conforme a la Constitución Federal, toda vez que destituyó directamente a un integrante del Municipio actor, en concreto, al presidente municipal, procede declarar la invalidez del acuerdo dictado el ocho de marzo de dos mil diecisiete, en el que, por unanimidad de votos del tribunal referido, se declaró procedente la imposición de la medida de apremio, consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, M., como sanción por contumacia o incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 01/785/09.
SÉPTIMO.—Efectos. Conforme a los artículos 41, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia,(36) que obliga a esta Segunda Sala a determinar los alcances y efectos de la declaratoria de invalidez, fijando con precisión los órganos obligados a cumplirla y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia, y 42(37) del mismo ordenamiento legal, en concordancia con el artículo 105, fracción I, penúltimo y último párrafos, de la Constitución Federal,(38) se precisa que la declaratoria de invalidez decretada en esta ejecutoria tiene efectos exclusivamente entre las partes y sólo respecto del acuerdo impugnado, dado que se decretó el sobreseimiento respecto de la disposición general.
En términos del artículo 44 de la ley reglamentaria de la materia,(39) esta ejecutoria sólo deberá publicarse en el Semanario Judicial de la Federación.
A similares consideraciones arribó esta Segunda Sala al resolver la controversia constitucional 253/2016, en sesión de quince de noviembre de dos mil diecisiete.
SEGUNDO.—Se decreta el sobreseimiento respecto de la impugnación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., publicado en el Periódico Oficial de la entidad de seis de septiembre de dos mil, por los motivos expuestos en el considerando segundo.
TERCERO.—Se declara la invalidez del acuerdo dictado el ocho de marzo de dos mil diecisiete, en el que se declaró procedente la imposición de la medida de apremio, consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, M., por los motivos expuestos en el penúltimo considerando.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los Ministros A.P.D., J.L.P., J.F.F.G.S. (ponente), M.B.L.R. y presidente E.M.M.I.E.M.J.F.F.G.S. (ponente) emitió su voto con reservas.
1. Página 46 de la controversia constitucional 204/2017.
4. Segundo. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:
I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquellas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención. Una vez resuelto el problema relacionado con la impugnación de normas generales, el Pleno podrá reservar jurisdicción a las S. para examinar los conceptos de invalidez restantes, cuando así lo estime conveniente;
Tercero. Las S. resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito.
5. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, noviembre de 2006, página 878, registro digital: 173937.
6. "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.—Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las S., al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial."
7. "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
9. Foja 46 de autos.
13. "Artículo 163. En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la ley."
14. Foja 25 vuelta de autos.
16. "Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. ..."
18. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VII, Tomo 2, abril de 2012, página 1274, registro digital: 2000537.
19. "Artículo 12. El presidente tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
20. Foja 84 de autos.
21. Foja 672 de autos.
22. "Artículo 38. A la Consejería Jurídica le corresponden las siguientes atribuciones:
23. Fojas 411 a 445 de autos.
25. "Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
26. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página1534, registro digital: 172562.
27. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XIV, julio de 2001, página 925, registro digital: 189325.
28. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo X, septiembre de 1999, página 710, registro digital: 193266.
29. "El motivo manifiesto e indudable de improcedencia da lugar al desechamiento de plano de la demanda de controversia constitucional, acorde con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta tesitura, la impugnación de resoluciones jurisdiccionales en la demanda de controversia constitucional constituye un motivo manifiesto de improcedencia cuando de su análisis integral, de los escritos aclaratorios o de ampliación y de los documentos anexos a tales promociones, se aprecie con claridad que los actos cuya invalidez se reclama fueron emitidos por órganos jurisdiccionales o pueden atribuírseles, sin la existencia de elementos relativos a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, en aras de preservar su ámbito de facultades, lo que constituye la excepción para la impugnación de tales resoluciones. Asimismo, esa petición de invalidez constituye un motivo indudable de improcedencia cuando derivado delanálisis de los documentos iniciales del proceso constitucional existe certeza de que se está en presencia de la regla general y no de la excepción de la impugnación de resoluciones jurisdiccionales, lo que genera la plena convicción de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 2777, registro digital: 166464.
30. "El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 16/2008, de rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO.’; en la inteligencia de que la excepción a que se refiere dicho criterio no se actualiza cuando de la demanda de controversia constitucional se advierta, sin duda alguna, que no se está ante un conflicto competencial entre órganos, poderes o entes, sino que lo efectivamente impugnado son las consideraciones de fondo de la resolución de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que la controversia constitucional no es un recurso por medio del cual pueda someterse a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en un procedimiento natural; por ende, en este caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conlleva al desechamiento de plano de la demanda, en términos del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
31. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 1815, registro digital: 170355.
32. "Artículo 40. En todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios."
33. En sesión de quince de febrero de dos mil uno, por unanimidad de once votos.
34. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, T.I., abril de 1999, página 283, registro digital: 194286.
35. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., marzo de 2004, página 1163, registro digital: 182006.
36. "Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
37. "Artículo 42. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) de la fracción I del artículo 105 constitucional, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
38. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
39. "Artículo 44. Dictada la sentencia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera íntegra en el Semanario Judicial de la Federación, conjuntamente con los votos particulares que se formulen.