Source: https://www.scribd.com/document/341812374/La-Doble-Instancia
Timestamp: 2018-10-24 01:09:32
Document Index: 213650521

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 26', 'artículo 8', 'artículo 565', 'artículo 561', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 11', 'artículo 113', 'artículo 7']

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1. El derecho a la doble instancia.
1.1. Derecho al Recurso. Evolución Histórica.
A través del tiempo se ha manifestado una
confrontación entre dos necesidades: la primera,
impartir justicia pronta; y la segunda, garantizar
que la sentencia que establece el derecho, esté
apegada a la ley.
Con el fin de procurar lo segundo, se han diseñado los
medios de impugnación, los cuales en su especie de
“recursos”, son actos procesales de la parte que se
estima agraviada por un acto de resolución del juez o
tribunal, por lo que acude al mismo o a otro superior
pidiendo que se revoque o anule, el o los actos
gravosos, siguiendo el procedimiento previsto en las
leyes. 1
En el proceso germánico primitivo, el cual se regía
por una acentuada connotación religiosa, el recurso
era desconocido, porque para ellos la sentencia era
una expresión de la voluntad divina. Siendo así, no
FAIRÉN GUILLÉN (Víctor),Doctrina General del Derecho Procesal, Barcelona, Librería Bosch, primera
edición, 1990, p.479.
podía ser injusta, dado que la divinidad no podía
equivocarse. Explica COUTURE que una vez que el
proceso se hizo laico, surgieron los recursos como
medios de revisión de la sentencia, la cual ya no se
consideraba infalible.
Contrario al esquema germánico, en la legislación
antigua procesal española, los recursos eran tanto más
numerosos cuanto más se desconfiaba de los jueces, y
la cosa juzgada era un concepto débil que siempre
dejaba la posibilidad de un nuevo recurso.2
Actualmente, las tendencias giran en torno a aumentar
los poderes del juez y de este modo a disminuir el
número de recursos.3 Lo anterior, en materia civil
fundamentalmente, pero sin restar importancia a la
garantía de la doble instancia conforme se analizará.
A efecto de caracterizar el derecho al recurso, debe
indicarse que se trata de un derecho disponible,
entiéndase que en este aspecto rige el principio
dispositivo. Así, ejercer el recurso es una
facultad, por ende, renunciable. El sistema jurídico
pone a disposición de las partes el medio de
ALSINA (Hugo), Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Buenos Aires, Ediar
Editores, 1961., p. 185.
COUTURE (Eduardo J.) Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Ediciones De Palma,
tercera edición, 1997, p.349.
impugnación, siendo su concreción un acto voluntario
Ahora bien al hablar de renuncia del derecho a
recurrir, se hace referencia a la renuncia cuando el
derecho ha nacido, y no a la renuncia anticipada, lo
cual sería ilegítimo. Incluso, es factible desistir
del recurso ya planteado, lo que no es lo mismo que
Siguiendo a Devis Echandía, renunciar al recurso
significaría simplemente no presentarlo; desistir del
mismo implicaría que una vez presentado, se solicitara
no considerarlo.
1.2. Derecho a la doble instancia como parte del
El derecho al recurso no es sinónimo del derecho a la
doble instancia, ésta última implica una idea más
concreta donde se establece como presupuesto la
participación de DOS autoridades judiciales
jerarquizadas. De modo que, por ejemplo, el derecho
al recurso de revocatoria no satisface la garantía de
La instancia, en un sentido lato, hace referencia a
una parte del proceso. Precisamente COUTURE la
define como “la denominación que se da a cada una de
las etapas o grados del proceso y que va desde la
promoción del juicio hasta la primera sentencia
definitiva; o desde la interposición del recurso de
apelación hasta la sentencia que sobre él se dicte”4
Con base en el principio de preclusión, se entiende
que una instancia sucede a la otra y no es posible una
segunda instancia sin haberse agotado los trámites de
El derecho a la doble instancia tiene sus fundamentos
en dos aspectos concretos; en primer orden la
seguridad jurídica, pero también en el derecho que
tienen las partes a que exista un control jerárquico
del fallo, con el fin de evitar que un órgano
jurisdiccional pueda ocasionar una resolución injusta,
algo que resulta probable y posible en virtud de la
falibilidad humana. Como los errores y las
irregularidades dentro del proceso son inevitables a
pesar de la voluntad de las partes, se busca con el
recurso vertical evitar que tales violaciones
subsistan en el proceso.
Sobre esta máxima de la doble instancia, CHIOVENDA
tercera edición, 1997, p.171
378. p.2. Esta garantía no deja de presentar inconvenientes. sino en segunda instancia por un juez o tribunal superior. pues es lógico que el recurso implique una dilación.. a veces indebida. 21 5 . expone que la posibilidad de accesar un doble grado representa una garantía de los ciudadanos en tres aspectos básicos: 5 a) Un juicio reiterado hace posible la corrección de los errores. Trad. Cit. en el cual la garantía al recurso no se limita a que una resolución sea conocida dos veces. Madrid. p. Gómez Orbaneja 1940. citado por SOLÉ RIERA (Jaume) Op. se establece en el artículo 8. b) Los juicios se confían a jueces distintos c) El segundo juez aparece con más autoridad que el primero. 1. h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. en cuanto puede rozar el derecho a la justicia pronta. El derecho o garantía de la doble instancia.3 Concepto 5 CHIOVENDA (Giuseppe) Instituciones de Derecho Procesal Civil.
La Sala Primera de la Corte lo ha definido como un derecho de rango constitucional. Para eso. Número 673 de las 14 horas 37 minutos del 4 de setiembre del 2002. 6 1. 6 . Así. Una sentencia que no está fundamentada ni motivada impide su revisión. 6 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. el Juez que conoció en primera instancia debe inhibirse de conocer del mismo asunto en instancias superiores. discutir en distintas oportunidades. En general se define la garantía de la doble instancia como el derecho a la revisión por una autoridad superior de aquella resolución que en criterio de la parte interesada contiene vicios y le causa perjuicio. los fundamentos de la discordia. y B. existen dos presupuestos fundamentales: A.4 Contenido Esencial Implica el derecho de toda persona a que los fallos que le perjudican sean revisados por una instancia superior. Una sentencia motivada y fundamentada que le permita al recurrente cuestionar sus bases. y frente a jueces diferentes. que faculta además de buscar la diferencia de las controversias a través de un tercero imparcial. Un plazo razonable para recurrir.
En otras palabras no existe un derecho 7 Tribunal que se compone de un número de jueces igual al de los estados Miembros del Consejo de Europa. 8 GOZAINI (Osvaldo Alfredo) El Debido Proceso. Buenos Aires.5 Marco Constitucional Parte de la doctrina estima que el derecho a recurrir no debe considerarse una exigencia del debido proceso. 9 GOZAINI (Osvaldo Alfredo) El Debido Proceso.8 1. Rubinzal-Culzoni editores. debatir. Su jurisdicción cubre las controversias relativas a aplicación e interpretación del Convenio Europeo. 464. y si ello no se hace a tiempo para que el perjudicado pueda establecer los fundamentos de su apelación. Para algunos no implica una “instancia de exploración y prueba” sino una oportunidad de reexaminar la causa.9 El Tribunal Constitucional Español ha concluido que aunque existe un derecho a la tutela judicial. 2004. Pág. Pág. 2004. probar y obtener una sentencia motivada. ello no significa que para todas las cuestiones exista un recurso. 486. 7 . Buenos Aires. lo importante es garantizar el derecho a la defensa que incluye el derecho a alegar. pues puede limitarse sin que ello implique una lesión. Ya el Tribunal Europeo7 ha resuelto que los tribunales están obligados a establecer con claridad los fundamentos de sus fallos. ello equivale a negarle el derecho de defensa. Rubinzal-Culzoni editores.
8 . no se encuentra consagrado por ningún texto constitucional. Número 673 de las 14 horas 37 minutos del 4 de setiembre del 2002. el cual por mandato constitucional debe garantizarse en la administración de justicia. En nuestro país. Voto 300-90 de las 17:00 horas del 21 de marzo de 1990. ello no impide concluir que si de alguna de las fuentes del ordenamiento jurídico se deduce la existencia de un derecho a recurrir. entonces el recurso no puede ser negado o excluido 11 . la misma Sala en diversos fallos ha delimitado la cuestión. de modo que sólo cuando el recurso está previsto por la ley. la Sala Primera de la Corte ha defendido que el derecho a la doble instancia es un pilar fundamental del debido proceso. al menos 10 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Ha expuesto la Sala Constitucional: “…nuestra Constitución Política no se ocupa de la doble instancia. 11 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. al recurso en sí. y arbitrariamente se impide por el operador jurisdiccional. constitucional en España.10 Sin embargo. aclarando que aunque el derecho a recurrir de un fallo ante un tribunal superior. entonces habría una violación legal. como una garantía revisora por parte de un superior de aquello resuelto por el inferior. en general o para determinados supuestos.
Voto 1056-94 citado por HERRERA FONSECA (Rodrigo) El Debido Proceso Penal en la Jurisprudencia Constitucional. y por el artículo 8. el cual exige la doble instancia en el numeral 14. específicamente a 12 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. queda a salvo la condenatoria penal por delito…La Sala Constitucional ha inferido que. más bien. no consagra un derecho a la alzada…”12 En términos generales se admite que debe hacerse una diferencia por materias. En materia penal.5. se ocupa de garantizar que un juez que haya resuelto un asunto no pueda conocer en alzada de su decisión. Pág. 9 . La Sala Constitucional ha considerado que esa norma internacional se limita a reconocer el derecho a recurrir ante un tribunal superior. Ahora bien.140. 2001. el derecho a utilizar el mismo formará parte del concepto del debido proceso legal.. y que el derecho a recurrir sólo tiene vinculación constitucional en materia penal. inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.2. Este. no principalmente en el artículo 42. la limitación o restricción viene dada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. San José. una vez determinada en sede civil la existencia de un recurso por una ley determinada. Por supuesto. IJSA. aunque el artículo 42 de la Constitución Política establece una prohibición para que intervenga un mismo juez en dos instancias distintas. como derivación del debido proceso.
número 1620 del 5 de agosto de 1953 y sus reformas. la legalidad y razonabilidad de toda sentencia o resolución jurisdiccional que imponga a la persona un gravamen irreparable. Voto 300-90 de las 17:00 horas del 21 de marzo de 1990. de igual forma contra cualquier interpretación o aplicación que negara el recurso de apelación contra las resoluciones que establecieran o 13 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Justamente esa tesis fue la utilizada por la Sala Constitucional en marzo de 1990 para declarar inconstitucional la interpretación o aplicación del artículo 26 de la Ley de Pensiones Alimentarias. no puede pasarse por alto que la Sala Constitucional también estima que un derivado del debido proceso es el derecho a que un tribunal superior examine o reexamine. favor del imputado contra el fallo. pero no en otras materias. en el sentido de que carecían de recurso de apelación los autos que resolvieran incidentes posteriores a la sentencia.13 Pese a las anteriores aclaraciones. por vía de recurso. sea aquellos que causen un gravamen más allá del procedimiento mismo en que de dictan. sea en una causa penal por delito. 10 . Lo anterior a tono con la tesis que prevalece en derecho público relativa al derecho de impugnación de los denominados “actos separables” o de “efecto propio”.
2. 11 . sino también aquella que la agrava o aumenta. se dio en el año 2002.1 Objeto del Recurso (qué puede conocer el superior) 14 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Otro aspecto de interés analizado por la Sala Constitucional respecto al principio de la doble instancia. En este caso sin embargo. 2 Límites a ese derecho 2. inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite al imputado exigir que otro órgano conozca de la sentencia condenatoria. cuando esa Sala dispuso que contraviene la citada garantía el que se agrave o aumente la sanción penal del imputado por parte del propio Tribunal de Casación al resolver un recurso de casación interpuesto contra una sentencia condenatoria 14 . impusieran una pensión provisional o las similares con efectos propios. y que sentencia condenatoria no es la que impone por primera vez una pena. Voto 2050 de las 14 horas 49 minutos del 27 de febrero del 2002. En esa ocasión amplió la Sala que el artículo 8. más pareciera que se estaba dando una violación al principio de la no reforma en perjuicio.
citó el numeral 102 inciso b) de la Ley General de la Administración Pública. Indicó la Sala. que de ese artículo se desprende que 12 .1 Interpretación amplia Nuestra Sala Segunda de la Corte. su competencia se limita a los agravios. según la legislación de la que se trate. el cual refiere: “…El superior jerárquico tendrá las siguientes potestades…b) Vigilar la acción del inferior para constatar su legalidad y conveniencia.1.Básicamente la discusión se plantea en torno a cuáles son los límites que tiene el superior al conocer en alzada de una resolución. como una sencilla revisión de la decisión de primera instancia sin posibilidad de incorporar algo más al proceso. en un fallo dictado en el año 2004. y utilizar todos los medios necesarios o útiles para ese fin que no estén jurídicamente prohibidos…”. En algunos sistemas el recurso de apelación se constituye como un juicio nuevo revisando integralmente la primera instancia. para otros no. La naturaleza jurídica del tribunal de segunda instancia estará directamente relacionada con los poderes de la competencia de alzada. en otros. Para algunos. 2.
como derivación del artículo 565 del Código Procesal Civil.15 2. viéndose reducido así el ámbito de conocimiento. sino que lo realiza de manera global para verificar que se encuentren realizados conforme al ordenamiento jurídico. Número 706 de las 11 horas 40 minutos del 27 de agosto del 2004. 13 .1. lo que generaría un sin sentido de ser para este recurso. Esta es la interpretación que manejan la mayoría de los Tribunales en nuestro país. el cual 15 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.2 Interpretación limitada La posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto del recurso es que la impugnación no tiene por qué implicar un nuevo proceso. es decir que el órgano que resuelve la apelación no puede fiscalizar otros elementos alegados por el recurrente. se considera entonces que se trata de una nueva oportunidad pero sólo para el conocimiento de los agravios. el superior que revisa las actuaciones del inferior lo hace no sometido solamente a los elementos argumentados por el recurrente. Agregó entonces la Sala que si se considerara lo contrario. quedaría desvirtuado el principio de examinar la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el inferior.
83. la 16 Tribunal Constitucional. Algunos estiman que si dos instancias revisan mejor que una. Número 36 de 1989. 2002. que la limitación al ejercicio del recurso mediante el establecimiento de plazos no es un obstáculo irracional al derecho a recurrir. Se ha interpretado por la doctrina y por algunos órganos jurisdiccionales como el Tribunal Constitucional Español. Barcelona. Plazos.Las Garantías Constitucionales del Proceso. del 14 de febrero de 1985 citada por PICÓ I JUNOY (Joan). debería aumentarse a tres o cuatro instancias para tener una mayor garantía. Las críticas que se le hacen a la garantía procesal de la doble instancia se han basado en dos ideas. Sin embargo. 16 Por el contrario. por lo tanto. resulta indispensable establecer un límite de tiempo para el ejercicio de los recursos.2. se entiende que los plazos razonables son una necesidad procesal para la ordenación del proceso. Pág. José María Bosch Editor. Críticas. establece: “…El superior no podrá. No obstante las facultades que se otorgan a las partes para hacer vales sus derechos. 2. 14 . y la seguridad jurídica. tercera reimpresión. enmendar o revocar la resolución en la parte que no sea objeto del recurso…”. 3.
necesidad de alcanzar seguridad jurídica y certeza respecto del objeto del proceso. el proceso no tendría fin. En materia civil. 2. Vemos aquí reflejado lo anteriormente comentado sobre la no existencia en esta materia de un derecho constitucional al recurso. pues no necesariamente los juzgados de segunda instancia son más preparados que los de primera instancia. Otros proponen asignar los asuntos de una vez a un órgano superior. esto tampoco constituye una garantía para lograr una adecuada resolución al conflicto. impide una solución de esa índole.1 Formales (Oportunidad. 15 . Sin embargo existen ciertos requisitos establecidos en la legislación procesal a efecto de ejercer este derecho. Bajo esa perspectiva. sin embargo. Requisitos para recurrir 2.3. fundamentación) En primer lugar conviene indicar que en materia de admisión de recursos. el Código Procesal establece que sólo se puede recurrir por los medios y en los casos expresamente establecidos. la legalidad debe aplicarse en forma amplia y flexible.3.
3. porque el trato diverso a un tercero que no es parte en el proceso está. 17 2. en su criterio. 16 . Ya la Sala Constitucional ha dispuesto que esa norma no es inconstitucional ni violatoria del principio de igualdad. en ese sentido.2 Fondo (El gravamen) Se entiende que aquella persona que recurre lo hace en virtud de que se ha visto perjudicada por la resolución que objeta. que un límite formal se encuentra previsto en el numeral 561 del Código Procesal Civil. según se trate de autos o sentencias. Además. plenamente justificado al ser un sujeto externo que intenta intervenir en el juicio de otros. Sí debe aclararse. por las discusiones que ha generado. el cual impone el deber de garantizar las resultas del recurso al tercero que desea intervenir en el proceso civil. mas para efecto de este trabajo cuyo énfasis es constitucional y no procesal. debe haber una 17 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. se establecen otro tipo de requisitos formales en lo que respecta a plazos y motivación. Voto número 1394 de las 14 horas 55 minutos del 14 de febrero del 2001. no es necesario extenderse en estas formalidades.
discordancia entre lo pedido y lo resuelto. Lo anterior tiene que ver con una concepción del recurso como garantía individual. No se concibe un recurso para impugnar una sentencia o resolución que haya sido favorable totalmente a las pretensiones del recurrente. pero hay quienes promueven el recurso como una garantía procesal. En general. la parte que se considera legitimada para apelar. lo pedido. y en ese sentido el fin del recurso no es tanto reparar un gravamen individual como un error jurídico. Así. al menos parcialmente. no siempre el gravamen ha de suponer una repercusión económica de valor. bajo esta perspectiva se procura disminuir la cantidad de vicios que pudiera tener la sentencia a través del conocimiento por parte de un superior jerárquico. Ahora bien. de modo que se puede impugnar una decisión que desestima por razones procesales. pues no basta para recurrir su apreciación subjetiva de considerarse agraviado. en nuestro sistema. debe demostrar que la resolución que apela le causa perjuicio. como otra que entra a analizar el fondo del asunto y rechaza en todo o en parte. Puede haber recurso si se ha otorgado distinto de lo 17 .
tanto en lo que afecta al fondo o al derecho pretendido como a la forma de llevarlo 18 .4. 18 . Barcelona. La buena fe procesal viene a ser la “…conducta exigible a toda persona. el artículo 561 del Código Procesal Civil establece que puede apelar la parte a la que le haya sido desfavorable la resolución. reclamado y el recurrente entiende que esta concesión es perjudicial. J. en el marco de un proceso.cit. se admite una derivación suya atinente al proceso: la buena fe procesal.M. Pág 63. 2003. Dice PRIETO CASTRO que “Aunque el proceso sea una lucha. En ese sentido. Así como se admite la existencia del principio general del derecho denominado buena fe. 18 PRIETO CASTRO citado por PICÓ Y JUNOY (Joan) El Principio de la Buena Fe Procesal. Pág 78 19 DIEZ-PICAZO Y GULLÓN citados por PICÓ Y JUNOY (Joan) Op. por ser socialmente admitida como correcta…” 19 Se entiende que la mala fe en el proceso puede materializarse en un número muy amplio de actos. Abuso procesal. Bosch Editor. persigue el derecho. y ha de ser leal y guiado por la verdad. 2.
Se puede abusar del derecho genérico de acceder la jurisdicción (demandas improponibles o reiteración de aspectos litigiosos ya decididos). o bien del derecho a recusar. Pág 63. de todos los actos procesales. Esta situación ocasionaba un desprestigio creciente de la administración de justicia. El abuso procesal se distingue porque ya sea el proceso en su totalidad o bien los actos procesales individuales se utilizan en forma desviada o inadecuada en relación con su finalidad natural. y a esta conducta se le identifica como abuso en el proceso. 20 Y es que la teoría del abuso del derecho puede aplicarse al proceso o materia procesal. La doctrina informa que fue a principios del siglo XX cuando se comenzó a denunciar la creciente mala fe en el proceso. del derecho a recurrir. y en general. violentando entonces esa buena fe en el proceso que como tesis de principio debiera regir la conducta de todos los sujetos procesales. 19 . de los incidentes. cuyo fundamento se hallaba en el interés de retrasar y complicar el trámite de los litigios.cit. y en general a esta conducta se le denomina abuso con el proceso. 20 BERMEJO Y CEBALLOS-ESCALERA citado por PICÓ Y JUNOY (Joan) Op.
Cita este autor fallos de los Tribunales de su país en los cuales se ha indicado que “…La verdad no sólo se dice sino que también se actúa. y sobre el uso incontrolado y contradictorio de alegaciones y razones de hecho y derecho. 20 . 50. 21 LOPEZ MESA (Marcelo) Op. y su observancia o inobservancia generadora de abuso u otras conductas corresponde al Juez. si parecen expresar algo que no es…”. Una victoria tal no acredita ganancias a ninguno y enloda por igual a todos los que. Actualmente se acepta que como la buena fe procesal es un concepto indeterminado. actitudes y gestos. Cit. Acierta LOPEZ MESA cuando indica que “…La suerte ocasional de un litigio no puede edificarse sobre la absoluta prescindencia de la buena fe. somos partícipes de este sistema de solución de conflictos…”21 El acto procesal abusivo siempre causa un perjuicio. sobre la utilización artera y maliciosa de institutos procesales. En el mejor de los casos (en que no se perjudica a una de las partes) se daña al propio sistema de administración de justicia. Pág. es éste quien está llamado a analizar cada caso concreto a fin de determinar si la conducta procesal de las partes violenta valores admitidos por la generalidad de los ciudadanos. pues también se puede mentir con acciones. de una u otra manera.
Rubinzal-Culzoni Editores. con nuestra legislación actual y dadas las directrices emanadas por el Consejo Superior del Poder Judicial. Al respecto. únicamente es posible aplicar sanciones procesales (ejemplo: costas).. comenta GOZAINI: 22 DANIEL PASTOR (Carlos) El Abuso Procesal en Abuso Procesal. 1999. pág. según el sistema. Coincidimos con DANIEL PASTOR en el sentido de que “. termina cercenando las facultades del juez. disciplinarias o económicas. sea como una forma de abuso en el proceso. 67.. los recursos muchas veces se utilizan como medida o estrategia para prolongar los procesos varios años. Buenos Aires. con determinación de cuáles hipótesis lo configuran. Las consecuencias del acto abusivo serán procesales (ejemplo: rechazo de la gestión).” 22 No obstante también debe reconocerse que una aplicación arbitraria de esta facultad del Juez (no motivada) podría constituir un abuso procesal de su parte.. Lamentablemente más que una garantía para la parte.una regulación del abuso del proceso. 21 . En Costa Rica. y comunicar al Colegio de Abogados para lo de su cargo. estableciendo las sanciones específicas..
2004. y la necesidad de garantizar una justicia pronta. sin prologar innecesariamente los procesos. Buenos Aires. y que la aspiración a la rapidez no puede ser compulsiva en detrimento del justiciable mismo.1. 3 Normativa Internacional 3. Pág. Convención Americana sobre Derechos Humanos Establece en el artículo 8 inciso h) el principio de doble instancia ante un Juez o Tribunal Superior. “…El camino de las impugnaciones no tiene plena aceptación en la dogmática procesal. 487. amparado en el derecho de defensa en juicio. persigue dilatar la llegada a una sentencia definitiva…” 23 Por ello. al establecer la garantía al recurso. 22 . toda vez que reproduce en múltiples ocasiones la actitud maliciosa de quien. se ha entendido que el debido proceso requiere tiempo. Pese al riesgo de abuso. Rubinzal-Culzoni editores. que debe entenderse además como un juez diverso al que conoció en primera instancia. debe buscarse un equilibrio entre la posibilidad que deben tener las partes al conocimiento del superior en grado. Dispone esa norma: 23 GOZAINI (Osvaldo Alfredo) El Debido Proceso.
Madrid. Esta garantía no se vería satisfecha entonces con la doble revisión por parte del mismo Juez o Tribunal. 1998. toda persona tiene derecho. Manual de Amnistía Internacional.5 el cual prevé: “…Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior. Se entiende además que la segunda es de rango superior. 24 24 Juicios Justos. en plena igualdad. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Regula el derecho de “apelación” en el artículo 14. Editorial Amnistía Internacional. a las siguientes garantías mínimas…h) Derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior…” 3.2. 23 . Así lo ha resuelto el Comité de Derechos Humanos. entonces se habla de dos instancias judiciales y no una. conforme a lo prescrito por la ley…” Se ha interpretado esa norma en el sentido de que la revisión del fallo debe necesariamente garantizarse ante un tribunal superior. “…Durante el proceso. Pág 129.
Además. el tribunal debe revisar no sólo los motivos del recurso. y las largas demoras del tribunal de alzada para resolver. para que el tribunal de Casación pueda examinar si la 25 Creada para promover la defensa de los derechos humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos Históricamente. Manual de Amnistía Internacional.26 3. Madrid. 26 Juicios Justos.3. 24 . se ha asegurado en tiempos anteriores que sí es así en el tanto no se regule la casación con demasiado rigor formalista. Pág 129. En algunos países como Argentina. Finalmente ha dispuesto que en el recurso de apelación. 1998. los plazos excesivamente cortos. Editorial Amnistía Internacional. sirve como órgano de consulta para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) en este tema. La Comisión de Derechos Humanos25 estima que limitan de hecho la posibilidad de recurrir aspectos como la burocracia. se ha debatido si el recurso de casación satisface o no los requerimientos relativos a la garantía de la doble instancia judicial. sino también si se han cumplido las exigencias del debido proceso. ha sentenciado que la revisión que se limita a cuestiones de derecho (caso típico del recurso de casación) no satisface las disposiciones de la doble instancia.
estimó que el recurso de casación en nuestro país en materia penal no satisfacía los requisitos de ser un recurso amplio sino más bien limitado. sentencia es válida y si se han respetado los derechos fundamentales de las partes27 . Jorge y otros”. donde el tribunal superior no realiza un análisis o examen comprensivo e integral.L. 2004. la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que el derecho al recurso implica una instancia adicional que verifique todos los extremos DE HECHO y de DERECHO que llevaron al Juez de la instancia inicial a resolver como lo hizo. y le conminó a adecuar su 27 CSJN. el derecho al recurso no se satisface únicamente estableciendo un tribunal superior. “Zambianchi. Para la Corte Interamericana. Buenos Aires. sino que éste debe ser accesible. 25 . Por ello condenó al Estado por estimar que violó en ese caso el artículo 8. No obstante. La Corte. Rubinzal-Culzoni editores. L. ordinario. Se trata de un nuevo examen de los hechos y una nueva oportunidad para la parte de ejercer la defensa de su tesis. conociendo el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica.2h de la Convención Americana. Pág. 2000-C-36 citada por GOZAINI (Osvaldo Alfredo) El Debido Proceso. eficaz e integral. 15-2-2000.
pues precisamente existe contra las sentencias en segunda instancia dictadas por los tribunales superiores y que reúnan ciertos requisitos. tal como está diseñada hoy en día no da lugar a una instancia. conforme al cual el perito expuso: “…La revisión que hace el Tribunal de Casación Penal es muy limitada y se restringe exclusivamente al derecho. IJSA. San José. razón por la cual se encuentra 28 Peritaje de Carlos Tiffer Sotomayor dentro del expediente del caso Herrera Ulloa vs Costa Rica citado por SALAZAR MURILLO (Ronald) La Condena de Costa Rica ante la Corte Interamericana y su Incidencia en la Casación Penal Costarricense. El recurso de casación deja por fuera tres aspectos importantes: la revalorización de la prueba. ordenamiento jurídico interno en un plazo de seis meses. se trata de un recurso extraordinario. Además. las cuestiones fácticas. 26 . 2004. se admite que la casación en sí misma. como sucede con las apelaciones de las sentencias. y además está limitado solamente a las pretensiones de los motivos de las partes que lo invocan…” 28 En general. Como el fallo de la Corte no ahondó en las razones que tuvo para considerar la casación superficial. se ha analizado un peritaje rendido en el expediente atinente al caso.
por vía normativa o jurisprudencial. Cit. 1. o bien ampliar la casación. definir cómo va a cumplir ese mandato del ente internacional ya citado. 29 DEVIS ECHANDÍA (Hernando) Op. Concepto El concepto de reformatio en peius es un resabio de la antigua concepción del proceso civil como asunto privado. 27 . limitado a los casos en que la importancia del litigio por su valor o su naturaleza lo justifique.29 La Sala Constitucional de la Corte ya ha reconocido que tratándose de derechos humanos. actualmente fuera de plazo. TITULO SEGUNDO: NO REFORMA EN PERJUICIO 1. donde la competencia del juez superior se veía de antemano limitada. Así que el Estado costarricense deberá.. los convenios o tratados internacionales se encuentran al nivel de la Constitución o incluso por encima de ella cuando regulan en forma más amplia el ejercicio de un derecho fundamental. p 643. Tiene varias opciones cuales son implementar un recurso de apelación como fase previa a la casación.
lo que supone introducir un elemento disuasorio del ejercicio del derecho a los recursos legalmente previstos que no contempla el ordenamiento 31 procesal…” 30 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 28 . para algunos es una modalidad de incongruencia procesal. es tanto como autorizar que el recurrente pueda ser penalizado por el hecho mismo de interponer su recurso. 31 PICÓ I JUNOY (Joan).Op. Pág. Indica el autor PICÓ I JUNOY: “…Admitir que el tribunal decisor del recurso tiene facultad para modificar de oficio. 85. La “no reforma en perjuicio” (reformatio en peius) significa que en ausencia de recurso contrario. Número 458 de las 10 horas 20 minutos del 30 de julio del 2003.cit. no puede el tribunal de alzada resolver en detrimento o perjuicio de quien sí recurrió. Es decir. no puede el fallo provocar que se agraven las obligaciones ya establecidas en contra del recurrente. 30 La reforma en perjuicio se produce cuando la situación del único recurrente resulta empeorada al recurrir. la Sentencia íntegramente aceptada por la parte recurrida. en perjuicio y sin audiencia y contradicción del recurrente.
y para su configuración se ha entendido que debe estar siempre presente el elemento del “perjuicio”. el segundo aplicable a la Sala de Casación. y que el superior no puede enmendar o revocar en lo que no sea objeto de recurso. salvo que el cambio originado por el recurso implique necesariamente el cambio de otros puntos. Todo para concluir que de la actividad de defensa. reitera que cuando se conoce por el recurso de una sola de las partes. La reformatio en peius se encuentra prevista por los artículos 565 y 610 del Código Procesal Civil. El primero recuerda que la apelación debe ser considerada sólo en lo desfavorable al recurrente. que lo que debe evitarse es la modificación tal. Adicionalmente. que causa un resultado contradictorio con el fin de la defensa que provocó el recurso. no puede derivar en perjuicio para aquél que se defiende. 29 . no puede agravarse la situación de ésta.Ha ampliado la Sala Primera de la Corte. siguiendo nuestro esquema procesal debe indicarse que la reforma en perjuicio configura de hecho una causal de casación por la forma. prevista por el numeral 594 inciso 6) del Código Procesal Civil. por naturaleza.
¾ Tampoco se da ese perjuicio si se confirma la sentencia por razones diversas a las que expone el superior. ¾ Si una parte apela y la otra se adhiere a la apelación. más no cuando se varían sus fundamentos en la parte considerativa.32 Es decir: ¾ La confirmación de la sentencia no plantea nunca reforma en perjuicio. TITULO TERCERO: NO PRISIÓN POR DEUDAS CIVILES 1. Número 706 de las 11 horas 40 minutos del 27 de agosto del 2004.2 Límites Se violenta únicamente cuando se da una disminución o denegatoria de los derechos adquiridos por el recurrente. 1. Proscripción del apremio por deudas civiles 32 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. el superior tiene facultad y competencia para revisar y modificar la resolución recurrida como estime pertinente. 30 . habiéndose interpretado que ello acontece cuando se altera la parte dispositiva de la sentencia.
1. La Constitución Política establece en su artículo 38 la prohibición en forma expresa de la prisión por deudas. Número 8360-M-97 de las 14 horas 12 minutos del 5 de diciembre de 1997. siendo que si no lo hacía. 1. que en todo caso deben ser desarrolladas por la legislación ordinaria. 31 . Se entendía que a partir de entonces perdía su libertad. Refiere: “…Ninguna persona puede ser reducida a prisión por deuda…”. Naturaleza Jurídica La prisión por deuda se define como el encarcelamiento como medio coactivo para obtener el pago de una obligación dineraria. Evolución La prisión por deudas tiene sus antecedentes en el derecho romano.1. 33 33 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. y debía trabajar conforme a la voluntad del acreedor hasta el pago de la deuda. A su vez. podía ser detenido y llevado ante el magistrado. El proceso “manus iniectio” establecía un plazo para que el deudor satisficiera su deuda. el artículo 39 dispone excepciones al principio.2.
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 establece en su artículo 11 el mismo principio: “…Nadie será encarcelado por el simple hecho de no cumplir una obligación contractual…”. de la Convención Americana. En tiempos modernos sin embargo. Como ejemplo. derogó expresamente: “…Todas las disposiciones legales que establezcan causales de apremio corporal. se reconoce que el apremio corporal por deudas es muy excepcional y restringido. Voto 300-90 de las 17:00 horas del 21 de marzo de 1990. o 9 al indicar: “…Nadie podrá ser arbitrariamente detenido.7. salvo aquellas referentes al incumplimiento de deberes alimentarios…” 34 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Precisamente el artículo 113 inciso ch) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. y de igual forma lo hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. el cual reza: “…Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimenticios…” 34 Por su parte. artículo. La normativa nacional hoy día es congruente con esta idea. el artículo 7. 32 . preso o desterrado…”.
que fueron eliminados ya en la Constitución de 1889. El rigor de la regulación alimentaria tiene su fundamento o razón de ser principal en la perentoriedad de los alimentos para un sector sensible como es la familia. y las contravenciones. Límites o excepciones al principio 2. No obstante. se ven imposibilitadas de trabajar. usualmente compuesta de niños y mujeres que por dedicarse al cuidado de los mismos. Casos de Excepción La regla general prevista por el numeral 38 de la Constitución no es absoluta. 33 . Por su trascendencia social. el Código de Carrillo establecía supuestos de prisión por deudas. se citan dos casos a continuación: las deudas alimentarias.1.1. 2. en el año de 1841. 2.1 Pensiones Alimentarias Las deudas alimentarias se encuentran excluidas normativamente de la prohibición de prisión por incumplimiento. encuentra excepciones en materias que han sido desarrolladas oportunamente por la Sala Constitucional.
1.2 Contravenciones. No obstante. atendiendo a razones ajenas a la culpabilidad o antijuridicidad del hecho. Inicialmente se consideró que las contravenciones protegían bienes jurídicos de menor importancia. y más bien a las condiciones patrimoniales del condenado. 2. que la pena sustitutiva sea más grave que la pena sustituida. Declaró inconstitucional la Sala la sustitución que en esta materia (contravencional) se hace de la multa por la pena de prisión en caso de que el sentenciado no pueda pagar la pena pecuniaria impuesta. se comenzó a prestar mayor atención al tema de las contravenciones conforme se fue comprendiendo que la mayoría de la población contraventora pertenece a un estrato social más bien bajo. lo que autorizaba un menor rigor en el procedimiento que las regula. De ahí que la Sala Constitucional se planteó el tema en el año noventa y siete y concluyó que es indudablemente inconstitucional. y que la mayoría de los contraventores en prisión se encontraban ahí en virtud de su insolvencia personal. Dispuso 34 . conversión de multa por prisión.
Voto 8360-M-97 de las 14 horas con doce minutos del 5 de diciembre de 1997. pues ésta viola el principio de igualdad constitucional al exponer a quien sufre la condenación a una situación peor a la del condenado por delito. 35 35 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 35 . que existían vicios constitucionales que impedían admitir la conversión de la multa en prisión. (El contraventor no puede acceder a la libertad condicional o al indulto).
con las salvedades propias de la materia penal. relativas a la no existencia de un derecho de alzada. Lo anterior por cuanto el Estado no ha reaccionado con la necesaria seriedad ante las denuncias de la citada Corte. y se tornan. puede concluirse que ha existido un desarrollo jurídico positivo para equipar estas figuras a las exigencias internacionales plasmadas en los diferentes Pactos y Tratados Internacionales referentes a la materia de derechos humanos. con las limitaciones dichas. de acatamiento obligatorio. y la no reforma en perjuicio. y ha dejado vencer el plazo concedido para reformar el ordenamiento interno. por ende. así como la no prisión por deudas civiles. los cuales en todo caso han sido ratificados por el país. la no 36 . Resaltan las aclaraciones de la Sala Constitucional respecto a las tres garantías estudiadas. (doble instancia) es quizá donde mayor conflicto se vislumbra en atención a la reciente condena de la Corte Interamericana de derechos Humanos al Estado costarricense por violentar esa garantía en materia penal. CONCLUSIONES Realizado el breve análisis previo sobre las garantías procesales de la doble instancia. En materia de recursos.
37 . Se espera que el breve esquema presentado sea de utilidad como punto de partida para la discusión de los alcances y evolución de las citadas garantías.violación del derecho de la no reforma en perjuicio en la medida en que se modifiquen los considerandos del fallo más no su parte dispositiva. y la declaratoria de inconstitucionalidad de conversión de la multa por prisión en materia de contravenciones.
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