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Timestamp: 2019-10-17 08:09:56
Document Index: 156171725

Matched Legal Cases: ['artículo 318', 'artículo 44', 'artículo 515', 'artículo 368', 'artículo 78', 'artículo 77', 'artículo 78', 'artículo 48', 'artículo 368', 'artículo 48', 'artículo 44', 'artículo 77', 'artículo 85', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 318', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 49', 'artículo 48', 'artículo 116', 'artículo 368', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 48']

﻿ SENTENCIA 5708 DE MAYO 16 DE 2001
SENTENCIA 5708 DE 16 DE MAYO DE 2001
CONTENIDO:DEMANDA CONTRA PERSONAS JURÍDICAS. PRUEBA DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CIVIL, PERSONA JURÍDICA, SOCIEDAD, CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:355 DE JULIO DE 2001, PÁG.1184
Sentencia 5708 de mayo 16 de 2001
Ref.: Expediente 5708
Decídese el recurso de casación interpuesto por la demandante Ferretería Hedipal Ltda. contra la sentencia dictada el 27 de junio de 1995 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso ordinario promovido por la recurrente frente a la Sociedad Machino Export.
1. Mediante libelo presentado el 15 de octubre de 1992, la Sociedad Ferretería Hedipal Ltda. demandó a la Sociedad Machino Export, para que previo el trámite del proceso ordinario de mayor cuantía, se dictara sentencia declarando que entre la demandante y la demandada “se celebró un contrato de compraventa comercial, como se demuestra con los siguientes documentos..”. Así mismo solicitó que se declarara que la sociedad demandada incumplió el contrato en mención por no haber entregado la lámina negociada conforme lo previsto en los artículos 923 y 924 del Código de Comercio, y que como consecuencia de tal declaración se le condenara a pagar a la demandante los perjuicios causados por la no entrega de la totalidad de la mercancía y por el deterioro de la parcialmente recibida. Finalmente deprecó se declarara la compensación entre el justo precio que debía pagar la demandante con el valor de los perjuicios a cuyo pago se condenará a la demandada.
2. Sirven de sustento a las anteriores pretensiones los hechos que a continuación se resumen:
2.1. En el mes de septiembre de 1991, la sociedad demandante celebró un contrato de compraventa con la sociedad demandada, mediante el cual la primera compró a la segunda, por un valor de U.S. $399.000, 1047.820 kilogramos de lámina de frío colrod rolled, bordes cortados y aceitados, sin chapar ni revestir con calibres de 0.45, 0.60, 0.70, 0.75, 0.90, y 1.20 y dimensiones de 1.000 X 2.000.
2.2. Para la legalización de la mercancía se solicitó ante el Incomex los respectivos registros de importación, los cuales fueron otorgados bajo los números 0441088 y 0441090, con vencimiento el 30 de junio de 1992.
2.3. Para efectos de la garantía del pago del precio, la sociedad compradora solicitó una carta de crédito al Banco del Comercio por valor de U.S.$ 399.000. En dicha carta se estipuló que para hacer exigible su pago, la vendedora tenía que entregar la mercancía en su calidad, empaques parciales y transbordos no permitidos.
2.4. La citada mercancía fue recibida por el demandante en el puerto de Cartagena, conforme consta en la factura número 246093 de junio 12 de 1992, expedida por la Empresa Puertos de Colombia, y en la certificación SC1519 de agosto 20 de 1992, emitida por la Secretaría Comercial de Puertos de Colombia, en estado de deterioro, además de tener diferente calidad, dimensiones y calibres.
2.5. El incumplimiento de la demandada se concreta a lo siguiente: “1.) La cantidad de lámina materia de la compraventa fue 1047.780 Kilogramos equivalentes a 1.407 toneladas de lámina: 2.) la cantidad de mercancía recibida por mi mandante, no fue estipulada en el contrato de compraventa, ya que las dimensiones fueron diferentes, siendo éstas las enviadas y recibidas así: 1.250 X 2.500 calibre 26, 24, 22, 20 y 18. 3.) la calidad de la lámina de segunda clase y de dimensiones diferentes y en completo estado de deterioro”.
2.6. Dicho incumplimiento conllevó que el demandante también incumpliera un contrato de conversión y fabricación de muebles de tipo exportación, celebrado con la señora Lila Isabel Cruz, porque recibió mercancía de segunda clase, la cual sólo es susceptible de usarse en la fabricación nacional y consumo doméstico.
2.7. Como la demandada incumplió el contrato de compraventa, la sociedad demandante tiene derecho por mandato legal a que se le rebaje el precio pactado, mediante justa tasación de peritos, y se le indemnice por los perjuicios causados.
Tales perjuicios consistieron en que la demandante tuvo que vender la mercancía para fabricación nacional y consumo doméstico, por su mala calidad, a un precio del 75% menos del valor real, ya que le fue imposible usarla para la fabricación de muebles metálicos de tipo exportación.
2.8. La demandante tiene derecho igualmente a que se declare la compensación del justo precio con el valor de los perjuicios ocasionados que se demuestren dentro del proceso.
2.9. Como consecuencia de los anteriores hechos Ferretería Hedipal Ltda. dio orden de no pago de la carta de crédito al Banco del Comercio, mediante comunicación de 25 de junio de 1992.
2.10. De conformidad con el Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, únicamente existió un registro Mercantil de Machino Export, hasta el año 1990, el cual fue cancelado por su propietario.
Por lo anterior el actor se presentó a la embajada de Bulgaria, el 31 de julio de 1992, en donde se entrevistó con el diplomático Vassile Bascil, quien le manifestó, en presencia de los señores Pedro Rodríguez y Dionicio González, que él era el representante legal de la sociedad Machino Export aquí en Colombia, y que por las comunicaciones enviadas por la sociedad demandante, se había decidido hacer una rebaja del 8% del precio de la mercancía recibida por la demandante, de conformidad con el telex que lo facultaba a él. Ofrecimiento que no aceptó el actor por cuanto le pareció irrisorio, ya que el valor de los perjuicios causados era superior a doscientos millones de pesos.
3. Admitida la demanda por providencia del 20 de octubre de 1992, se ordenó correrla en traslado a la demandada. En el mismo proveído se dispuso que la persona señalada como representante legal de la demandada presentara con la respectiva contestación prueba de la representación legal y existencia de la persona jurídica, o que indicara la oficina donde podía obtenerse, o manifestara bajo juramento no tener dicha representación.
4. Ante la imposibilidad de notificar personalmente el auto admisorio de la demanda a la sociedad demandada, se ordenó el emplazamiento de la misma en los términos del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil.
El curador ad litem designado a la sociedad demandada, contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones hasta tanto se probaran las situaciones fácticas que les sirvieran de sustento. En cuanto a los hechos, dijo que no le constaba ninguno (fl. 79, cdno. 1).
5. Tramitado el proceso se puso fin a la instancia por sentencia del 11 de agosto de 1994 (fls. 132 al 143, ibídem), mediante la cual se resolvieron favorablemente las pretensiones de la actora.
6. Consultada la anterior decisión con el superior, éste mediante proveído del 27 de junio de 1995 la revocó en su integridad, para en su lugar inhibirse de resolver sobre las pretensiones de la demanda (fls. 13 al 23, ibídem).
Luego de hacer una relación sobre los antecedentes de la controversia, pasó el ad quem a analizar si los presupuestos procesales estaban reunidos, anotando en primer lugar, que merecía un especial y ponderado examen el de la capacidad para ser parte.
Respecto de dicho presupuesto dijo que conforme al inciso 1º del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, toda persona natural o jurídica puede ser parte de un proceso. A continuación, luego de definir los conceptos de persona natural y jurídica, reiteró que solo los sujetos de derecho pueden ser parte en un proceso, a excepción de algunos patrimonios autónomos como la masa de la quiebra, la herencia, etc., que pueden serlo por expreso mandato legal, salvedad dentro de la cual no se encuentran contemplados los bienes mercantiles, que además de carecer de personería no pueden ser representados, tal como sucede con el establecimiento de comercio, que de conformidad con el artículo 515 del Código de Comercio, es un conjunto de bienes organizados para realizar los fines de la empresa.
Por lo anterior concluyó: “resulta un esperpento jurídico formular demanda contra un establecimiento de comercio por la potísima razón de que se está demandando a un bien mercantil que por definición no es sujeto de derecho (persona) y por ende, no puede ser parte de un proceso ni tener representante legal ni menos adquirir derechos y contraer obligaciones. En tal virtud, demandar a un bien mercantil es tanto como demandar a una persona inexistente y por ende, en la parte pasiva no estará ubicada una persona jurídica sino un bien mercantil al cual no puede exigírsele que cumpla decisiones judiciales”.
Con apoyo en los aspectos jurídicos anotados, estimó el Tribunal que en este caso la decisión tenía que ser inhibitoria, pues se demandó a un bien mercantil denominado Machino Export, el cual fue debidamente inscrito en el registro mercantil 405944 de abril de 1990, como un establecimiento de comercio de propiedad de Humberto Agredo Espitia, registro que fue cancelado el 25 de noviembre de 1991.
Contra la sentencia de segundo grado cuyo contenido se deja visto, la sociedad demandante interpuso recurso de casación. En la respectiva demanda formula dos cargos con fundamento en la causal primera, los que la Corte procede a resolver de manera conjunta, por cuanto merecen algunas consideraciones comunes.
Con apoyo en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se acusa la sentencia del tribunal de ser violatoria indirectamente de los artículos 44, 94, 1494, 1546, 1609 del Código Civil, 905, 922, 923 y 940 del Código de Comercio, como consecuencia de haber incurrido el fallador en error de hecho, “consistente en la infracción de los artículos 48, 75, 77, 174, 175 y 187 del Código de Procedimiento Civil, por errónea interpretación de la demanda…”.
El censor inicia el desarrollo del cargo transcribiendo las pretensiones de la demanda. Seguidamente dice que en el mismo libelo se hizo la manifestación de la imposibilidad de acompañar la prueba de la existencia o representación del demandado, conforme al artículo 78 numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, circunstancia por la cual en el auto admisorio se ordenó al representante legal de la sociedad demandada, presentar la prueba, tanto de la representación legal como de la existencia de dicha sociedad.
A continuación concreta el cargo de la siguiente manera: “De conformidad con la realidad procesal antes transcrita e invocada queda claro que la demandada es la sociedad Machino Export, representada por el señor Antoni Ivanov, o quien haga sus veces, y nó un establecimiento de comercio, como erróneamente lo interpretó el ad quem, y por esa errónea interpretación llegó a la conclusión de que ‘resulta un esperpento jurídico formular demanda contra un establecimiento de comercio.’”.
Otro hecho relevante para la censura, está en que en los edictos emplazatorios se citó a la sociedad Machino Export, para que a través de su representante legal compareciera a recibir notificación del auto admisorio de la demanda.
También dice el impugnante que no obstante lo expuesto en el hecho décimo sexto del libelo, respecto del registro mercantil de Machino Export, no se estaba indicando como erróneamente lo interpretó el tribunal que la demanda iba dirigida contra un establecimiento de comercio, sino, “que no existía registrada la sociedad demandada en Colombia, y que solamente existió un registro mercantil, hasta el año de 1990, y que fue cancelado su registro por su propietario; obviamente había que hacer las gestiones en la cámara de comercio, para establecer si dicha sociedad estaba registrada en Colombia, y acreditar su existencia y representación como anexo necesario que establece el artículo 77 del Código de Procedimiento Civil, y como no estaba registrada en la Cámara de Comercio por eso se acudió a lo previsto en el artículo 78 de la obra citada”.
Según el recurrente, el error de interpretación en que incurrió el fallador respecto de la demanda, lo condujo a que no tuviera en cuenta que conforme al artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, las personas jurídicas extranjeras que no aparezcan inscritas en el Registro de la Cámara de Comercio y que no tengan negocios permanentes en Colombia, pueden ser representadas por apoderado judicial, es decir, que si pueden ser sujetos de derecho.
Agrega que en ninguna parte de la demanda se dijo que se hubiese demandado a un bien mercantil denominado Machino Export, sino todo lo contrario, pues se demandó a una sociedad extranjera de nombre Machino Export, representada por el señor Antoni Ivanov, o quien haga sus veces.
Con fundamento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se acusa la sentencia del ad quem de ser indirectamente violatoria de los artículos 1494, 1546 y 1609 del Código Civil, 905, 922, 923, 940 del Código de Comercio, como consecuencia de haber incurrido el fallador en “error de hecho consistente en la infracción de los artículos 48, 75, 77, 78, 174, 175, 187 del Código de Procedimiento Civil, al no apreciar en su conjunto la totalidad de las pruebas aportadas…” (destacado del texto).
En el desarrollo del cargo el censor imputa al fallador los siguientes yerros:
1. El ad quem incurrió en error de hecho en la apreciación de la prueba al entender que la demanda iba dirigida contra el establecimiento comercial denominado Machino Export, cuyo registro mercantil fue cancelado según consta en el certificado de la Cámara de Comercio que obra al folio 10 del cuaderno 2, pues dicho certificado hace relación a un establecimiento de comercio del nombre anotado, “pero, en ninguna forma a la Sociedad Extranjera denominada Machino Export, representada por el señor Antoni Ivanov o sea, fenómenos jurídicos completamente diferentes, tampoco hace referencia ese certificado de que se trate de la misma sociedad demandada”.
2. El tribunal no apreció en su integridad la demanda, en la cual se dijo textualmente, tanto en las pretensiones como en los hechos, así como en otros apartes de dicho escrito, que se demandaba a la Sociedad Machino Export, representada por el señor Antoni Ivanov o quien hiciera sus veces, sin que en ningún momento se expresara que se estaba demandando al establecimiento de comercio mercantil del mismo nombre.
3. Tampoco tuvo en cuenta el fallador los testimonios rendidos por los señores Dionisio González Parra y Pedro Rodríguez, quienes manifestaron que conocieron la sociedad demandada, cuyo representante era el citado señor Antoni Ivanov, la cual tenía la sede en la calle 81 Nº 7-71 de Santafé de Bogotá, dirección que fue suministrada en el libelo para que allí se notificara a la demandada. Sobre este aspecto resalta el censor: “Nótese bien, que los declarantes afirman es que el negocio jurídico se reallizó (sic) con una sociedad denominada Machino Export, representada por el señor Antoni Ivanov, y no con un establecimiento de comercio mercantil, como erróneamente llegó a la conclusión el ad quem”.
4. No tuvo en cuenta el tribunal el escrito que obra a folios 69 a 71, suscrito por el representante legal mencionado, en el cual éste manifestó: “conocer la existencia del proceso, y, hace relación al negocio jurídico materia del presente proceso y de que se trata de una Sociedad Extranjera”.
El recurrente finaliza la explicación de la acusación insistiendo en que en este caso no se demandó al establecimiento de comercio a que hace referencia el certificado expedido por la Cámara de Comercio, sino a la Sociedad extranjera Machino Export, la cual conforme con el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, podía ser representada por los apoderados que constituyera por no tener negocios permanentes en este país, ya que sólo están obligadas a registrarse en la Cámara de Comercio, cuando éstos se realicen de manera constante.
1. A partir de asimilar el presupuesto procesal de la capacidad para ser parte al sustancial de la capacidad de goce, el inciso 1º del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, atribuye la primera a “toda persona natural o jurídica”, por el hecho de serlo. Por consiguiente, como hubo de predicarlo el tribunal, carecen de capacidad para ser parte los entes o bienes que no tienen personalidad, como sucede con los establecimientos de comercio, que no son otra cosa que “un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa” (C. de Co. art. 515). Con todo, como de tiempo atrás lo tienen averiguado la doctrina y la jurisprudencia, la aptitud para ser sujeto de la relación jurídico-procesal, se admite, así no cuenten con personalidad propia, del nasciturus para hacer valer los derechos que a él le corresponderían y de los patrimonios autónomos, tales como la herencia, la sociedad conyugal disuelta e ilíquida, la comunidad, entre otros.
Conforme a lo anterior las sociedades en su condición de personas jurídicas, incluyendo, desde luego las extranjeras, pueden ser parte de un proceso. Claro está, que para tal efecto, es decir, para poderlas constituir en parte, se precisa demostrar su existencia y su representación, conforme lo establecen los ordinales 3º y 4º del artículo 77 del Código de Procedimiento Civil, esto es, anexando a la demanda los documentos que dan cuenta de una y otra circunstancia, pues de no agotar tal carga probatoria la demanda se torna inadmisible, según el artículo 85 numeral 2º ibídem, salvo que en ejercicio de la facultad consagrada por el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, se haya manifestado la imposibilidad de acompañar las respectivas pruebas, caso en el cual, de acuerdo con la circunstancia denunciada, se procederá a obtener la prueba para efectos de la admisión de la demanda (ord. 1º), o indicado el nombre y el lugar donde se halla la persona que representa a la demandada, se resolverá sobre la admisión ordenándole al expresado representante “que con la contestación presente prueba de su representación, y si fuere el caso, de la existencia de la persona jurídica que representa, o que indique la oficina donde puede obtenerse, o que manifieste bajo juramento, que se considera prestado con la presentación del escrito, no tener dicha representación” (num. 2º). De no cumplir la orden, agrega el inciso 2º del numeral citado, el mencionado representante será sancionado con multa y condenado a indemnizar los perjuicios que con su silencio cause al demandante.
Si se ignora por el demandante y su apoderado, dice el ordinal 3º del artículo 78, “quien es el representante del demandado o el domicilio de éste, o el lugar donde se encuentre la prueba de su representación, se procederá como dispone el artículo 318”, es decir, a emplazar a la sociedad.
En todo caso, si la actividad probatoria desplegada con ocasión de lo previsto en el artículo 78, resulta en vano, porque en las oportunidades allí indicadas no se obtiene la prueba de la existencia y representación de la persona jurídica demandada, el proceso definitivamente se frustra, bien porque la demanda nunca se admitiría, caso del ordinal 1º del artículo en comentario, o la admisión dispuesta conforme al numeral 2º se revocaría, tal como lo entiende la doctrina nacional, y en cualquier caso obraría un impedimento procesal para una definición de mérito, porque no es posible una adecuada conformación de la relación jurídica procesal, cuando uno de sus extremos carece del presupuesto procesal de la capacidad para ser parte, pues no otra sería la situación de una persona calificada de jurídica, que no se sabe si es tal, porque no se demostró su existencia, y por consiguiente su representación, aunque la ausencia de esto último concierne a la capacidad procesal o para comparecer, que como bien se sabe es otro de los presupuestos del proceso. Analizando el caso del ordinal 2º del artículo 78, o sea, cuando preventivamente se ha admitido la demanda para procurar la posterior obtención de las señaladas pruebas, bien porque quien se indica como representante de la persona jurídica las aduzca, o señale la oficina donde se pueden obtener, López Blanco considera que si este cometido no se consigue, “el juez… procederá a dictar un auto que revoque el admisorio de la demanda, pues no puede adelantarse un proceso, y mucho menos tenerlo por iniciado, cuando se presenta tal situación” (instituciones, t. I, pág. 33).
Tratándose de personas jurídicas extranjeras de derecho privado con domicilio en el exterior, pero con negocios permanentes en Colombia, según el artículo 48 ibídem, para efectos de la concurrencia procesal, éstas deben “constituir en el lugar donde tengan tales negocios, apoderados con capacidad para representarlos judicialmente”, para lo cual deberán protocolizar en la notaría del respectivo circuito, “prueba idónea de la existencia y representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder”. Un extracto de los documentos protocolizados —agrega la norma— “se inscribirá en el registro de comercio”.
Si la persona jurídica extranjera no tiene negocios permanentes en Colombia, la representación en los procesos la tendrá “el apoderado que constituyan con las formalidades prescritas en este código”, dice el inciso 2º del artículo 48.
Según el contenido del artículo en comentario, la sociedad extranjera con domicilio en el exterior, pero con negocios permanentes en Colombia, para efectos de una debida concurrencia al proceso deberá aducir el certificado de registro mercantil que el inciso 1º de la norma consagra, mediante el cual, entonces, demostraría su existencia y la representación, pues los documentos protocolizados, cuyo extracto se registra hacen relación a esas aptitudes.
La sociedad extranjera con domicilio en el exterior, sin negocios permanentes en Colombia, para el mismo efecto procesal, deberá constituir apoderado judicial conforme al Código de Procedimiento Civil, y probar su existencia de acuerdo a la ley de su país.
Las sociedades domiciliadas en Colombia, “deberán constituir apoderados con capacidad para representarlos en los procesos relacionados con ellas o sus dependientes, en los lugares donde establezcan las sucursales o agencias, en la forma indicada en el artículo precedente”, dice el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil, o sea que también deben probar su existencia y representación con el respectivo certificado de la cámara de comercio, conforme al citado artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, en asocio con el artículo 116 del Código de Comercio.
2. El tribunal para abstenerse de fallar sobre el mérito de lo pretendido, pues a la postre concluyó que se había citado como demandado a un establecimiento de comercio, sin personalidad jurídica y por ende sin capacidad para ser parte, argumentó:
“A. La sociedad Ferretería Hedipal Ltda, formuló demanda en contra de Machino Export indicando que de conformidad con el certificado de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, existió un registro mercantil de Machino Export hasta el año de 1990, cuando fue cancelado. Por tanto, no existe representación legal en Colombia. La demandante al formular la demanda, la que fue suscrita y presentada por el mandante y el mandatario, se manifestó bajo juramento que se desconocía quién era el representante legal de Machino Export, pero que se tenía conocimiento de que quien la representaba era el señor Antoni Ivanov.
“B. Con fundamento en lo estatuido en los artículos 179 y 180 se hizo obrar como prueba el certificado del registro mercantil 405944 de abril de 1990 en donde aparece que Machino Export se inscribio como un establecimiento de comercio de propiedad de Humberto Agredo Espitia y cuyo registro mercantil, fue cancelado el 25 de noviembre de 1991 (resalta la Sala).
“C. Habiéndose demandado a un bien mercantil denominado Machino Export, el cual fue debidamente inscrito en el registro mercantil, se evidencia que en la parte pasiva no actúa una persona jurídica, ni una persona natural, luego las pretensiones de la demanda no pueden ser resueltas mediante una sentencia estimatoria o desestimatoria y por ende, necesariamente tiene que ser inhibitoria único caso en que esa especie de sentencias procede”. (Rayado original).
3. Como ya se dijo, el recurrente impugna la sentencia del tribunal en dos cargos, ambos con fundamento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, vía indirecta. En el primero alegando la incursión en un error de hecho en la interpretación de la demanda, pues en su entendimiento la pretensión se formuló no contra un establecimiento de comercio, sino contra la sociedad Machino Export, representada por el señor Antoni Ivanov, puesto que desde la demanda se manifestó la imposibilidad de acompañar la prueba de la existencia o representación del demandado, conforme al artículo 78 numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, circunstancia por la cual en el auto admisorio de la demanda se ordenó al representante legal de la sociedad demandada, presentar la prueba, tanto de la representación legal como de la existencia de la sociedad.
Además, expresa el censor, como quedó atrás consignado, que cuando en el hecho décimo sexto de la demanda, se hizo mención del registro mercantil de Machino Export, no se estaba significando que la demanda se dirigía contra un establecimiento de comercio, como equivocadamente lo interpretó el tribunal, sino anunciando que la sociedad demandada no estaba registrada en Colombia y dando cuenta del único registro que existió, para así acudir “a lo previsto en el artículo 78 de la obra citada”.
En el cargo segundo se denuncia “error de hecho consistente en la infracción de los artículos 48, 75, 77, 78, 174, 175, 187 del Código de Procedimiento Civil, al no apreciar en su conjunto la totalidad de las pruebas aportadas.” Concretamente en el desarrollo del cargo se dice que el ad quem incurrió en error de hecho en la apreciación del certificado de la Cámara de Comercio, pues dicho documento hace relación a un establecimiento de comercio y no a la sociedad demandada, que son “fenómenos jurídicos completamente diferentes”. Argumenta también que se cometió error de hecho en la apreciación de la demanda, pues allí en ningún momento se expresó que se estaba demandando al citado establecimiento de comercio, con nombre idéntico al de la sociedad. Además se propone igual tipo de error con relación a la apreciación de unos testimonios que manifestaron conocer la sociedad y a su representante y con respecto al documento que obra a folios 69 a 71, suscrito por el representante legal mencionado, en el cual manifestó “conocer la existencia del proceso, y, hace relación al negocio jurídico materia del presente proceso y de que se trata de una sociedad extranjera”.
4. Ahora bien, leído en su integridad el texto de la demanda (fls. 32 a 40-1), fácilmente se verifica que efectivamente, como lo afirma el recurrente, en dicho escrito no se formularon pretensiones contra establecimiento de comercio alguno, sino contra la sociedad Machino Export, ciertamente con nombre idéntico al establecimiento de comercio que se halló en el registro mercantil. Empero, lo anterior no significa que el ad quem haya cometido el error que se denuncia, respecto de la apreciación o interpretación de la demanda, puesto que la sentencia guarda fidelidad con su tenor, pues aunque partió del hecho cierto de que formalmente se había demandado a una sociedad, probatoriamente concluyó que ésta no existía, por lo menos como verdad procesal, al examinar la prueba de la existencia y representación de la misma, como era imperativo por estar frente a dos de los llamados presupuestos procesales: la capacidad para ser parte y la capacidad para comparecer.
Fue entonces, a propósito de dicho análisis, cuando el ad quem, luego de haber dispuesto oficiosamente la orden probatoria (CPC, arts. 179 y 180), que era también su deber, verificó que en el proceso no se hallaba demostrada, conforme lo establece el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, la existencia y representación de la que se decía sociedad demandada, puesto que el certificado de registro mercantil 405944 de abril de 1990, allegado de oficio, como quedó anotado, apenas daba cuenta de la inscripción de un establecimiento de comercio de propiedad de Humberto Agredo Espitia, cuyo registro había sido cancelado el 25 de noviembre de 1991 (fl. 10-2).
5. Respecto de los otros errores que se traen a colación para acusar la sentencia, por cuanto no se apreciaron los testimonios y el documento que se señalan en el cargo segundo, baste decir que así ellos se hubiesen cometido su connotación para efectos del recurso de casación sería ninguna por falta de trascendencia, porque no existiendo en el expediente, como no existe, prueba de la existencia de la sociedad demandada, la cual como quedó explicado es específica, en nada se variaría la decisión por la evaluación de los medios que se dicen omitidos, porque ninguno de ellos suplanta la exigencia tarifaria para dar por descontado el presupuesto procesal de capacidad para ser parte, que fue el que echó de menos el tribunal.
Por lo demás, no sobra hacer ver que en la demanda nunca se dijo que la demandada era una sociedad extranjera, sin domicilio en Colombia, pues contrariamente se anunció en forma expresa que se trataba de una “sociedad domiciliada en esta ciudad”.
Con fundamento en lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 27 de junio de 1995 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en este proceso ordinario adelantado por Ferretería Hedipal Ltda contra la Sociedad Machino Export.
Costas a cargo de la demandante-recurrente. Liquídense.
Magistrados: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Manuel Ardila Velásquez—Nicolas Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—
José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros—Silvio Fernando Trejos Bueno.