Source: http://justiciabol.blogspot.com/2015/10/
Timestamp: 2019-10-16 09:42:56
Document Index: 395673342

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Justicia en Bolivia: October 2015
Representante de la Onudc Observa que en Bolivia no haya sentencias por lavado de dinero
"Esperamos que la reforma del sistema judicial pueda tener lugar a la mayor brevedad, en 2016, para que el sistema judicial pueda salir de la crisis permanente en la que se encuentra desde hace tiempo", dijo, para luego agregar que "el país todavía no ha logrado tener una sentencia en legitimación de ganancias ilícitas por eso es importante que la reforma del sistema de justicia pueda incluir más especialización a esos asuntos que son fundamentales", declaró, según ANF.
Di Leo hizo esas declaraciones en un acto destinado a promover la prevención de la legitimación de ganancias ilícitas.
El director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Alejandro Taboada, dio a conocer que a la fecha se encuentra investigando aproximadamente 950 casos de presunto lavado de dinero en el sistema financiero. De estos, aproximadamente 400 se registraron en el último año.
"El 2008 teníamos 200 casos por año, actualmente el año pasado hemos llegado a 400 casos por año, siempre es progresivo", precisó el director, a tiempo de explicar que los casos son investigados a requerimiento del Ministerio de Transparencia, la Fiscalía, la Procuraduría y los bancos.
La mayoría de los casos corresponden a operaciones sospechosas y están vinculados a varios hechos ilícitos, como ser narcotráfico, corrupción, contrabando, trata y tráfico de personas y otros. Los casos que fueron remitidos a la Fiscalía, tras la investigación, suman más de 40 en este año, acotó Taboada.
Pese a que los casos se cuentan por centenares no existe hasta la recha una sentencia judicial en esta materia. Taboada precisó que las atribuciones de la UIF sólo llegan hasta la remisión del caso al Ministerio Público, que es el que debe realizar las indagaciones correspondientes.
Di Leo hizo notar que no pueden existir resultados en la lucha contra el crimen organizado si no se encara el delito de la legitimación de ganancias ilícitas.
El representante internacional hizo notar que Bolivia ha avanzado en buen sentido en materia legal para sancionar a los responsables de este delito, lo que le permitió al país salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Sin embargo, de inmediato hizo notar que eso no se ha traducido en una sentencia judicial.
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) indaga al momento cerca a 950 casos que contemplan varios delitos vinculados a legitimación de ganancias ilícitas, informó ayer el director ejecutivo de esta institución, Alejandro Taboada.
"A la fecha tenemos alrededor de 950 casos abiertos en investigación, hay casos que tienen una sola persona y casos que tienen (o involucran) hasta 40 personas", dijo Taboada, en el Día de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.
Asimismo, aclaró que la UIF sólo interviene a solicitud del Ministerio Público, el Ministerio de Transparencia, la Procuraduría, los bancos y la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego. "No podemos haber de oficio".
Fiscales forman redes contra delitos cibernéticos y trata y tráfico de personas
La XXIII Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos concluyó con la conformación de dos redes de fiscales para luchar contra los delitos cibernéticos y contra la trata y tráfico de personas.
Asimismo, acordaron trabajar de manera coordinada con las agencias de cooperación para la lucha contra la corrupción, los delitos financieros y el intercambio de buenas prácticas en las fiscalías de la región.
Los representantes de los Ministerios Públicos intercambiaron criterios en las mesas de trabajo respecto a las diferentes temáticas como los delitos de tráfico de sustancias controladas, trata y tráfico de personas e informáticos, que se constituyen en temas de interés internacional y que involucran a la mayoría de los países.
A tiempo de inaugurar el evento, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, manifestó el miércoles que estos encuentros permiten generar políticas institucionales y de gestión, para trabajar de manera conjunta en las problemáticas comunes.
Guerrero fue elegido presidente de la organización, contó con el apoyo de todos los países, excepto Chile, Cuba ocupa la vicepresidencia. La Asamblea se llevó a cabo este 28 y 29 en la ciudad de Santa Cruz. (ANF)
TCP declara constitucional pregunta del referéndum
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró constitucional la pregunta que será puesta a consideración de la población en el referéndum de modificación parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), informó ayer el magistrado relator del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores. La determinación fue emanada en menos de la mitad del plazo establecido por la normativa vigente.
“La Declaración Constitucional Plurinacional 194/2015 de fecha 29 de octubre de 2015 declara la constitucionalidad de la pregunta del Referéndum Aprobatorio de Modificación de Constitución. El texto de la pregunta que tiene dos partes fue declarado constitucional en su integridad, consecuentemente, el TCP cumplió con el mandato dispuesto en el Código de Procedimiento Constitucional”, precisó la autoridad.
Explicó que para la declaración de constitucionalidad del interrogante se aplicaron los criterios de pertinencia, claridad y viabilidad o permisibilidad. Además, sostuvo que el ente cumplió con los precedentes constitucionales y la jurisprudencia que el TCP emitió para anteriores referéndums nacionales.
“Con esos criterios de control de constitucionalidad se verificó que no se vulneró la Constitución Política del Estado”, subrayó.
Seis de los siete magistrados del TCP votaron a favor de la constitucionalidad de la pregunta, la magistrada Mirtha Camacho fue el voto disidente.
“El Código de Procedimiento Constitucional admite las disposiciones de Sala Plena con al menos cuatro votos, en este caso, seis manifestaron su voto a favor de este proyecto y han aprobado la Declaración Constitucional Plurinacional 198/2015”, precisó.
El magistrado Ruddy Flores, a tiempo de referirse a los procedimientos que siguen luego de la declaratoria de constitucionalidad de la pregunta, dijo que a partir de la fecha y tras notificar la resolución de manera oficial ante la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), esa instancia deberá completar la fase legislativa del proyecto de ley, para su posterior envío al Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien a su vez podrá programar el calendario electoral.
“¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente pueden ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?
Por disposición transitoria de la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección al periodo 2015-2020 y la segunda reelección el 2020 – 2025. SI – NO”, es la pregunta que emanó del TSE, luego de su reformulación el pasado 9 de octubre.
La misma fue duramente criticada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), al interior del Legislativo, a la que calificó de “larga y menos concisa”, al momento de identificar en el ente electoral un “exceso de susceptibilidad”.
Sobre el mismo tema, Unidad Demócrata (UD) opinó que el cambio era correcto, ya que la redacción planteada por el partido de gobierno “iba dirigida a un interés personal”.
Si la pregunta era declarada inconstitucional por el TCP, toda la iniciativa legislativa corría el riesgo de ser anulada y archivada, según legisladores.
El pasado 21 de octubre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) también declaró la constitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial a la Constitución, aprobada en la Asamblea Legislativa, en relación a la modificación del artículo 168 relativo a la relección del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.
“Mediante la declaración constitucional plurinacional 0193/2015, se ha declarado la constitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la CPE que modifica en parte el artículo 168 de la CPE en lo relativo al término “una sola vez” por “dos veces”, señaló el magistrado, Ruddy Flores. Se aclara que la norma sólo entrará en vigencia con la aprobación del referéndum.
Fiscales de Iberoamérica delinearán en estrategias contra crimen organizado
El fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, informó que en la 13 Asamblea de Fiscales de Iberoamérica pautada en la ciudad de Santa Cruz para los días 28 al 30 de octubre cuando se delinearán las estrategias de lucha contra el crimen organizado.
“El miércoles arranca en Santa Cruz, la XIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp) para fortalecer los lazos de cooperación y fijar estrategias comunes en la lucha contra el crimen organizado que afectan a nuestras sociedades”, dijo en entrevista con la ABI.
Guerrero sostuvo que se trata de un acontecimiento importante para Bolivia, asumidos los cambios permanentes en la materia y los compromisos de carácter internacional. “El Estado Plurinacional de Bolivia ya fue sede del G77 y ahora albergará esta reunión de Fiscales de 21 países de Iberoamérica”, subrayó.
En 2014, Bolivia fue elegida por unanimidad, en la XXII Asamblea de la Aiamp, en Montevideo, Uruguay. Entre los temas que permitirá llegar a un acuerdo, Guerrero anotó el fortalecimiento de la cooperación entre los ministerios públicos, el combate a la trata y tráfico de personas, el narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y otros.
Presencia de Cusi en CIDH anima a otros querellantes
La presencia del suspendido magistrado Gualberto Cusi y de su colega Ligia Velásquez en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), revitalizó a otros demandantes contra el Estado boliviano para lograr justicia en tribunales internacionales y denunciar también la supuesta injerencia del Ejecutivo en este órgano del Estado.
Rosario Chánez, que es la tercera magistrada que fue enjuiciada por el MAS en la Asamblea Plurinacional, dijo que ella también fue convocada a esta audiencia, pero que por razones ajenas a su voluntad no pudo viajar y explicó que esa sesión se llevó adelante en la Relatoría por la Independencia Judicial de la CIDH y no así por el juicio que presentaron contra el Estado boliviano.
“La audiencia no era por el juicio propiamente, sino por las denuncias que existen de injerencia del Ejecutivo en el Órgano Judicial, el juicio es aparte, y seguro nos convocarán más adelante”, dijo.
El abogado del caso Caranavi, Jorge Quiroz, que también presentó una denuncia por la violación de DDHH de sus clientes, dijo que la comparecencia de Gualberto Cusi hace ver que la justicia está más allá de las fronteras del país y no dentro las mismas, porque es el Estado que viola los derechos que debe comparecer ante los tribunales internacionales.
Tanto Quiroz como Chánez confían en ser convocados en poco tiempo para exponer sus casos. Asimismo, el abogado Quiroz, afirmó que son 88 causas en realidad que tiene el Estado en tribunales internacionales y que la negociación con dinero que impulsa la Procuraduría hace que muchos demandantes hayan desistido de seguir los juicios.
Ministra recibe malos tratos de jueces y fiscales
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, denunció que el viernes recibió malos tratos de jueces y fiscales de Yacuiba, en el marco de los sorpresivos operativos que realiza para constar “in situ” el trato que reciben los litigantes.
Con preocupación, dijo "la Constitución y la ley establece que la justicia es gratuita y es para todos, no podemos maltratar a la gente, a los litigantes como lo confirmé y personalmente he sido víctima del maltrato al acercarme a estas autoridades".
Comentó que en respuesta a denuncias de los litigantes, se acercó como una usuaria más a la oficina de la fiscal Anticorrupción, María Cerrano, quien no trato con amabilidad como se debe hacer con los ciudadanos.
Manifestó que, hace poco, en los juzgados de Quillacollo también recibió mala atención de los servidores públicos, comprobándose las denuncias de la población.
Finalizando el operativo en Yacuiba, añadió, se dirigió a los juzgados del Tribunal de Justicia de Tarija, donde observó ausencia de jueces, auxiliares, secretarios y acumulación de casos en 2 de 16 juzgados.
También visitó las oficinas de notarios de fe pública.
Gualberto Cusi: No se puede hablar de “vivir bien” sin independencia judicial
Desde Washington, el magistrado suspendido del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, aseveró que no se puede hablar de “vivir bien” en Bolivia cuando no existe independencia judicial.
En una entrevista con el periodista Óscar Ordoñez para la red Erbol, el magistrado suspendido se refirió al estado de la justicia en Bolivia y a su participación en el 156º período de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Siendo que (la independencia judicial) está en problemas y no existe prácticamente en Bolivia, no se puede hablar de una democracia, del respeto al Estado de Derecho y tampoco se puede hablar del vivir bien”, aseveró Cusi.
Ayer, Cusi y la exmagistrada Ligia Velásquez comparecieron en una audiencia sobre independencia judicial en la CIDH, donde denunciaron presión del Gobierno sobre los administradores de justicia.
“Junto con la magistrada Ligia hemos planteado que lamentablemente en Bolivia no existe independencia judicial”, indicó.
Sostuvo que, cuando existe un caso de interés político, el Gobierno ejerce “mecanismos de intervención” hacia autoridades judiciales. Explicó que el Órgano Ejecutivo tiene presencia en audiencias y hace llamadas, como mecanismos de presión.
Agregó que el Gobierno respeta la Constitución sólo cuando le “conviene” y, cuando no es así, se da “el lujo” de vulnerarla.
En la audiencia en la CIDH, el procurador general, Héctor Arce, fue el encargado de defender al Estado. En su intervención, esta autoridad afirmó que la justicia en Bolivia tiene problemas por magistrados como Cusi.
No obstante, hace una semana, Arce aseveró que uno de los problemas que identificó en la justicia es la falta de independencia.
“Antes había dependencia política, pero ahora hemos visto algunos dejos de dependencia de organizaciones sociales. Toda dependencia para un Órgano Judicial es pésima”, manifestó.
Caso Alexander Califican de incongruentes fundamentos de la Fiscalía
Roger Valverde, abogado de Jhiery F.S., médico imputado por la muerte del menor de ocho meses del hogar Virgen de Fátima en 2014 (hoy Niño Jesús), califica de incongruente la postura de la Fiscalía, cuando afirma que el médico puede influir en testigos y destruir pruebas desde su celda en el penal de San Pedro, sin embargo, todas las pruebas ya están judicializadas y se encuentran en poder de autoridades.
Los fiscales del caso, Susana Boyan y Edwin Blanco, que se han excusado de ofrecer declaraciones, plantean dentro del proceso que los riegos procesales previstos en los artículos 234 y 235, sobre peligro de fuga, destrucción o modificación de evidencias e influencia sobre testigos se mantienen a pesar de que el galeno se encuentra detenido hace once meses en el penal de San Pedro.
Para la defensa, este aspecto se torna en una incongruencia, pues según los antecedentes de la investigación, Jhiery F.S. no obstruyó la investigación y se presentó a todos los actuados judiciales hasta el día de su aprehensión.
El médico fue detenido el mismo día de los hechos (13 de noviembre de 2014) y sometido a pruebas periciales genéticas incluidas toma de muestras de sangre.
También tomaron su declaración, a pesar de que no contaba con abogado defensor y la fiscal de turno no estuvo presente, sólo envió a su ayudante.
Posterior a este hecho, entre el 13 noviembre y 16 de diciembre, los fiscales allanaron la casa del galeno y, según informe pericial, no se encontró material que indique desviaciones sexuales u otro tipo de elementos que lo inculpen, secuestrando fotos de familiares y películas infantiles de “Disney”, según refieren los familiares.
Al mismo tiempo, el médico asistió a todas las pericias que se le habían citado, incluida la reconstrucción del caso, la misma que también se desarrolló de forma irregular, porque los viajes de las ambulancias no se realizaron porque a medianoche continuaban en el Hospital del Niño, en tanto, todos los hechos ocurridos el 13 de noviembre se produjeron en horas de la mañana, observó.
Producto de este mal procedimiento, dos enfermeras del Hospital del Niño fueron afectadas y hasta la fecha no se conoce si se dio curso a la resolución de sobreseimiento.
La defensa del médico, Jhiery F.S., apeló el viernes la resolución emitida por el Tribunal Décimo de Sentencia, presidido por la juez Gladis Guerrero, donde se denegó el pedido de detención domiciliaria, solicitada por el galeno.
Valverde señaló que para esa audiencia se presentaron dos sentencias constitucionales para evitar que los magistrados empleen apreciaciones subjetivas, producto del alegato incongruente de los fiscales, pero, según el abogado, las normas no fueron aplicadas de forma correcta, por lo que se apeló el fallo.
El jurista afirmó que, además de las sentencias, se presentaron pruebas de que el galeno no representa peligro alguno para la sociedad, pues según los registros judiciales, que son el único documento legal para evidenciar conductas delictivas, Jhiery F.S. no cuenta con antecedentes que den indicio de una posible conducta delictiva.
Además, el médico está cumpliendo con el servicio de medicina general al interior del penal de San Pedro, donde trabaja sin cobrar salario alguno.
Cusi y Velásquez en la CIDH Magistrados denuncian al Estado por irregularidades en la justicia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en Washington, en su 156 período de sesiones públicas, recibió ayer la declaración de los exmagistrados del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi y Ligia Velásquez, oportunidad en que ratificaron su acusación en contra del Estado boliviano por la falta de independencia judicial a todo nivel, y prueba de ello es la destitución de la que fueron objeto en el Senado por una decisión política.
Los exmagistrados participaron de la misma para ratificar la denuncia planteada poco antes de ser destituidos en el Senado, a consecuencia de la postergación de la Ley del Notariado que debía aplicarse y que, según el Gobierno, fue motivo suficiente para iniciar un juicio de responsabilidades, cuya sanción fue derivada a la justicia ordinaria.
De acuerdo con el informe destinado a los medios de comunicación, Cusi relató que existe una sistemática violación a la independencia de todos los administradores de justicia, incluso la Fiscalía del Estado fue “cooptada por el poder político, acompañada de una flagrante violación a la carrera judicial y fiscal, para dar paso a la designación política de jueces y fiscales que responden a intereses del Gobierno”.
Cusi sostuvo que los operadores políticos del Gobierno intervienen directamente en los procesos judiciales. “Llaman por teléfono e incluso asisten a las audiencias, para presionar a sola mirada por un fallo a favor del Gobierno. No se respeta para nada la independencia del juez”, dice el informe enviado a los medios de prensa.
En su relato puso en conocimiento el funcionamiento de presuntas redes de corrupción judicial descubiertas en varios casos y que fueron atribuidas al llamado “Gabinete Jurídico” que, según dijo, ha utilizado el sistema penal “para destruir a la oposición. Los opositores no tienen seguridad ni protección de nada ni de nadie”.
“Pobre de aquel juez que falle en contra del Gobierno (…) y todo aquel abogado que no tiene el apoyo de estas redes de corrupción perderá todos sus juicios”, declaró al exigir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un pronunciamiento exigiendo una justicia independiente, sino velando por la vigencia del sistema democrático en Bolivia.
A su turno, la exmagistrada Velásquez ratificó que se vio forzada a renunciar al cargo, a consecuencia de la “presión y acoso político” de la que fue víctima, cuando estuvo en medio del juicio de responsabilidades abierto por el MAS ante la Asamblea Legislativa.
Cada parte tuvo cerca de 25 minutos para exponer sus argumentos y tres minutos para responder a una pregunta dentro de la sesión, que estuvo presidida por el estadounidense James Cavallaro, primer vicepresidente de la CIDH.
A su turno, el procurador general del Estado, Héctor Arce, destacó los cambios que lleva adelante el gobierno del Presidente Evo Morales, en lo político, económico y social, además sostuvo que los magistrados fueron enjuiciados porque cometieron el delito al suspender la aplicación de una ley que generó un daño económico irreparable al país, y admitió al mismo tiempo que la justicia en Bolivia “no está bien pero antes estaba peor”.
Cusi denuncia irregularidades en la justicia boliviana ante la CIDH
El magistrado suspendido del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, denunció este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actos irregulares de injerencia y de corrupción en la justicia del país.
Este viernes, la CIDH recibió en audiencia a Cusi y a la exmagistrada del Tribunal Constitucional, Ligia Velásquez, luego de que éstos, junto a otras organizaciones civiles como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, denunciarán ante esta instancia que no existe independencia judicial en Bolivia.
"Intervienen directamente y llaman por teléfono e incluso personalmente presionan para fallar en favor del gobierno", denunció Cusi en la 156 sesión de la CIDH que se llevó a cabo en Washington, sede de la entidad que nació en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En su declaración, Cusi, además, dijo que "se han constituido redes de corrupción" como el denominado "gabinete jurídico" al interior del órgano Ejecutivo.
Los exasesores del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas fueron los que revelaron la existencia de ese gabinete compuesto por un mínimo de cinco ministros y que contaba con el apoyo de importantes autoridades del órgano judicial.
"Pobre de aquel juez que falle en contra del gobierno (…). Aquel abogado que no tiene el apoyo de estas redes perderá sus juicios", denunció el exmagistrado, quien acotó que en el país se violó la carrera judicial.
Con esos argumentos Cusi aseveró que no existe independencia judicial en Bolivia, pues a su criterio la justicia es empleada para "destruir a la oposición".
"Sin independencia judicial no existe democracia", sostuvo. A esta audiencia asistió el Procurador General del Estado, Héctor Arce, quien reconoció que la justicia está en crisis en el país, pero en el caso particular de los magistrados, precisó que cometieron un "grave daño" al país con la suspensión de la ley del notariado.
"Es evidente que la justicia en Bolivia está en crisis y el Gobierno de nuestro presidente Evo Morales ha planteado soluciones", señaló la autoridad.
El 16 de octubre, Arce aclaró que la audiencia de la CIDH era considerada "temática", lo que, según su explicación, no significa un proceso porque "sólo se convoca al Estado para recibir información".
Dijo que pese a que el gobierno tiene "serios cuestionamientos" a la CIDH, se hará presente para presentar "la verdad de los hechos".
Cusi, Velásquez y la exmagistrada del Tribunal Constitucional Soraida Chánez, fueron sometidos a un juicio de responsabilidades en el Senado por la suspensión de la Ley del Notariado. Los tres extribunos fueron denunciados por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y prevaricato.
Junto a los exmagistrados y la APDHB, también están dentro de este caso, en calidad de denunciantes, el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados y Jueces de La Paz y la Red Nacional de Personas con VIH y SIDA de Bolivia (REDBOL).
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
Diputada demandó a ocho fiscales por faltas graves
La diputada de la alianza FSB-PDC, Erika Justiniano, presentó una demanda ante la autoridad sumariante del Ministerio Público contra ocho fiscales.
Los denunciados son Mabel Andrade, Helber Cabrera, María del Carmen Roca, Iván Quintanilla, Ruth Noemy Arnez, Pablo Guzmán, Cándido Blanco y Fanny Alfaro, sindicados de faltas graves y muy graves.
La legisladora acusó a los sindicados de haber recibido denuncias contra jueces y fiscales y no haber elaborado su requerimiento conclusivo del mismo.
Hay 137 denuncias. La parlamentaria dijo que dentro de su labor fiscalizadora, solicitó informe al Fiscal General sobre las denuncias contra jueces y fiscales en la gestión 2014.
La respuesta que recibió, fue que se registró 137 denuncias, de las cuales tres fueron archivadas y 134 se encuentran en etapa preliminar, sin embargo esta fase ya se encuentra vencida.
"Sin que los fiscales hubiesen hecho algo por esclarecer las denuncias de la población, de esa manera se convierten en cómplices y/o encubridores de los denunciados", afirmó la legisladora opositora.
Dijo que esta situación acarrea mayor impunidad y corrupción, "ya que la gente piensa para qué voy a denunciar a un corrupto si no va a prosperar".
Sindicó también de inepto al fiscal general, Ramiro Guerrero, porque no les exige a sus subalternos que cumplan la ley.
Oficina de denuncias. Por otro lado, Justiniano manifestó que abrirá una oficina para recibir denuncias y efectuar el seguimiento correspondiente para impulsar procesos contra jueces y fiscales.
Dos exjueces del Constitucional de Bolivia denuncian "acoso" ante la CIDH
Dos exjueces del Tribunal Constitucional de Bolivia, Gualberto Cusi y Ligia Velásquez, denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el "acoso" al que les somete el Gobierno de Evo Morales y la falta de independencia judicial en su país.
"En Bolivia, los procesos judiciales no se ganan por derecho y justicia, sino bajo el criterio del tráfico de influencias. El abogado que tiene lazos con el poder es el que gana el caso", denunció Cusi, durante la audiencia pública sobre Bolivia que se celebró hoy en la sede de la CIDH, en Washington.
"Si fallas en mi contra, verás lo que pasa", ese es el mensaje que el Gobierno de Morales desde la "arrogancia del poder" lanza a los jueces, aseveró Cusi que, al igual que sus colegas procesados y todos los altos magistrados del país, fue elegido en 2011 por voto popular en una inédita y polémica elección para cargos judiciales.
El magistrado Cusi, su compañera Ligia Velásquez y la jueza Soraida Chánez, que hoy no estuvo presente en la CIDH, fueron objeto en los últimos meses de un juicio político en el Senado, que resultó en la destitución del cargo de Chánez y la suspensión de Cusi, mientras que Velásquez renunció voluntariamente a su puesto.
El juicio político se llevó a cabo después de que el Gobierno denunciara a los tres magistrados del Constitucional por dejar en 2014 en suspenso una ley de notarías sin haber emitido una sentencia, tal y como exige la normativa vigente, lo que según el Ejecutivo creó un precedente que podía afectar a la seguridad jurídica y económica del país.
En ese juicio de responsabilidades, se acusó a los magistrados de adoptar "resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes".
Durante la audiencia, Cusi denunció "las redes de extorsión y mafias" que se tejen desde el Ejecutivo para influir en las decisiones judiciales e "imponer su voluntad" con presiones a los jueces, que supuestamente se materializan hasta con visitas a los magistrados el día antes de la vista judicial.
Por ello, los dos exjueces del Tribunal Constitucional pidieron a la CIDH que vigile que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales, se "abstenga de medidas de presión directas e indirectas" contra los magistrados y garantice el acceso de los ciudadanos a las instituciones de Justicia.
Frente a los peticionarios, en representación de Bolivia, el procurador Héctor Arce, defendió los esfuerzos del país andino por llevar a cabo una serie de reformas, como la elección popular de los jueces, y acusó a los magistrados de tratar de buscar los favores del poder y politizar el sistema judicial.
"Sí, la justicia está en crisis, debemos identificar las razones. En Bolivia, siempre hemos tenido una justicia clasista, una justicia con índices de poca transparencia muy altos y sometida en el pasado al poder político", argumentó Arce, que defendió los cambios logrados por Morales, primer presidente indígena del país.
En su respuesta, los miembros de la CIDH recordaron que la audiencia tenía el objetivo de tratar el tema de la justicia en general y no los casos concretos de los magistrados.
"Es claro que los estados pueden libremente organizar los casos y el nombramiento de jueces y procesos disciplinarios, pero también evidentemente deben de ajustarse a estándares internacionales, refiriéndome aquí al tema de juicios de responsabilidades", señaló el comisionado José de Jesús Orozco Henríquez.
En Bolivia, el tribunal parlamentario que juzgó a los tres exjueces del Constitucional estuvo formado sólo por senadores oficialistas, ya que el partido del presidente Evo Morales cuenta con mayoría tanto en el Senado como en la totalidad del Congreso.
La oposición se abstuvo de ser parte del proceso y denunció varias veces que el Gobierno quería reemplazar a estos jueces para sacar adelante en el Constitucional una ley, aprobada esta semana, para que Morales pueda perseguir la reelección en 2019 al ampliar el número de mandatos consecutivos permitidos.
El TCP responderá en 15 días
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la pregunta del referendo constitucional después que declaró el miércoles la constitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial a la Constitución.
El magistrado Oswaldo Valencia explicó que de acuerdo al Código Procesal Constitucional el sorteo del magistrado relator debe realizarse de forma inmediata por previsión de la norma procesal.
“Para el pronunciamiento de fondo tenemos 15 días para que el pleno también se pronuncie respecto a la constitucionalidad o no de la pregunta”, dijo Valencia a la prensa en Sucre, Chuquisaca.
La pregunta para el referendo de febrero 2016 fue elaborada por la Asamblea Legislativa y pasó en consulta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que la modificó, luego el pleno de la Asamblea la aceptó y la remitió para su control constitucional al TCP.
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TCP declara constitucional reforma parcial de la CPE
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró la constitucionalidad de la ley de reforma aprobada en la Asamblea Legislativa y allana así el camino para el referéndum y la posterior repostulación del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Resta ahora que el TCP se pronuncie sobre la constitucionalidad de la pregunta del referéndum, en actual revisión en la Comisión de Admisión.
“Mediante la declaración constitucional plurinacional 0193/2015, se ha declarado la constitucionalidad de la ley de reforma parcial de la CPE que modifica en parte el artículo 168 de la CPE en lo relativo al término ‘una sola vez’ por ‘dos veces’ (reelección)”, señaló ayer a Correo del Sur, el magistrado Ruddy Flores.
La consulta planteada por los titulares de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Milton Barón y Betty Yañíquez, había sido observada por la Comisión de Admisión del TCP, el 1 de octubre, demandando que los accionantes precisen que la consulta versaba sobre la ley de reforma parcial aprobada y no sobre un proyecto de ley. Además se demandaba que Barón acredite su personería como legislador.
Los accionantes subsanaron las omisiones al día siguiente y el 5 de octubre la consulta fue admitida en el TCP.
De acuerdo al magistrado Flores, la declaración constitucional fue firmada este miércoles y durante su análisis “se hizo una ponderación de los principios democráticos establecidos en la CPE y se ha identificado que no corresponde una reforma total porque no afecta a las bases fundamentales ni derechos constitucionales”.
Caso Alexander Médico solicita libertad y observa errores en investigación de Fiscalía
Dentro el proceso “caso Alexander”, hoy se llevará adelante la audiencia de “cesación a la detención preventiva”, solicitada por el médico Jhiery F.S., principal imputado de lo sucedido el 13 de noviembre de 2014, siendo el argumento central de la defensa los errores cometidos por la Fiscalía en la etapa de investigación.
Según la información brindada por la defensa del galeno, hoy, en el juzgado Décimo de Sentencia debe llevarse adelante la audiencia en la que se intentará modificar las medidas cautelares impuestas en la etapa investigativa, desvirtuando los artículos 234 y 235 sobre riesgo de fuga y obstaculización a la investigación, respectivamente, estipuladas en el Código de Procedimiento Penal.
La detención preventiva de Jhiery F.S. fue solicitada por la comisión de fiscales, compuesta por Edwin Blanco y Susana Boyan, basados en la probabilidad de autoría, por parte del galeno, en el improbable abuso sexual cometido en contra del bebé de ocho meses, Óscar Alexander, la madruga del 13 de noviembre en el Hogar Virgen de Fátima (hoy Niño Jesús), dependiente de la Gobernación.
Según la familia del médico, respaldados con informes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la médico forense, Ángela Mora, cometió varios errores en la formulación del informe en el que la Fiscalía basa su hipótesis.
Pese a esto, el proceso siguió su curso a instancias de lo instruido por el fiscal general Ramiro Guerrero, como lo denunció la exfiscal de Distrito, Patricia Santos.
En este sentido, la defensa del Jhiery F.S. se remite a la presunción de inocencia, señalando, al margen de este dato, una serie de falencias en el proceso investigativo. Errores que, afirma la familia, la Fiscalía no está dispuesta a admitir, pese a la gran cantidad de documentación en la que se señala la improbable violación.
Por tal motivo, los recursos legales presentados son para solicitar que el médico se defienda cumpliendo detención domiciliaria, pues ya cumple servicio social, al interior del penal, atendiendo a los internos en la posta sanitaria, sin cobrar salario.
El próximo 13 de noviembre se cumplirá un año del deceso de Alexander, en circunstancias que aún se investigan y por el que varias personas fueron imputadas.
Ley de Reforma Resoluciones del TCP serán obligatorias y vinculantes
Las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), luego del análisis constitucional de la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política del Estado (CPE) y la pregunta que irá a referéndum el próximo 21 de febrero, tendrán carácter vinculante y obligatorio, según el presidente del ente, Zenón Bacarreza.
“El Tribunal Constitucional, como es de conocimiento público, recibió el tema de la reforma constitucional planteado por los accionantes, ya se ha sorteado al magistrado relator, entonces, estamos actuando estrictamente en apego a la ley y al Código Procesal Constitucional y esta acción será emitida en los plazos correspondientes”, precisó la autoridad.
La Ley de Reforma con las observaciones corregidas, en menos de 24 horas, fue devuelta al TCP hace aproximadamente dos semanas, el plazo para el análisis de esta normativa es de 30 días, a la fecha ya transcurrieron 15.
El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Milton Barón, considero en días pasados que el tratamiento de la Ley de Reforma “no era tan complicado” por lo que identificó demora en el trabajo del TCP durante este proceso inicial. Al respecto, Bacarreza aseguró que actuarán de acuerdo a los plazos establecidos por ley y que una vez que emitan los fallos, los remitirán al Legislativo.
“Sencillo o no, nosotros tenemos una brújula, nuestra brújula es la Constitución Política del Estado (CPE), en función a eso, nosotros tenemos que emitir nuestro fallo, de tal modo, que el TCP actúa estrictamente en apego a la norma y a la ley, no nos salimos de ninguna manera del tema. (…) Queremos manifestar a la opinión pública que estamos en el plazo para emitir el primer fallo. Somos el máximo intérprete de la CPE y no nos salimos de nuestra brújula de trabajo que es la Carta Marga”, precisó el presidente del TCP.
“¿Está usted de acuerdo con la reforma del artículo 168 para permitir que el Presidente o Presidenta y el Vicepresidente o Vicepresidenta puedan ser reelectos por dos veces de manera continua, la que habilitaría la candidatura de los actuales mandatarios para el periodo 2020-2025?”. Esta es la pregunta que remitió la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) al Tribunal Constitucional, luego de la revisión técnica y modificación que desarrolló el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Según el informe del presidente del TCP, Zenón Bacarreza, en el caso del tratamiento de la pregunta, el procedimiento ya cuenta con el magistrado relator, por lo que simplemente se aguarda que el tema de la Ley de Reforma llegue a su fin para trabajar en el fallo sobre la interrogante del referéndum.
“Los plazos corren desde que se sortea al magistrado relator y ya se cumplió con este procedimiento en esta causa, por situación de seguridad no se puede revelar a qué magistrado se ha sorteado. Se hará el test de constitucionalidad pero también aclarar que estamos en los plazos correspondientes. Primero debe emitirse (el fallo) la Ley de Reforma y luego el de la pregunta”, aclaró.
En la oportunidad, Bacarreza adelantó que las resoluciones emitidas por el TCP poseerán carácter obligatorio y vinculante por lo que las mismas deben ser acatadas por los otros órganos del Estado.
Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) trabaja en la elaboración del Reglamento de Difusión de Campaña Electoral que será socializado la próxima semana, ante los medios de comunicación.
Asimismo, se prevé el inicio del empadronamiento biométrico para nuevos votantes tanto en Bolivia como en el exterior.
Avanza audiencia contra tres fiscales y exfiscal por desaparición de $us 119.800
﻿El proceso disciplinario que la Autoridad Sumariante les sigue a tres fiscales y a una exfiscal, por la desaparición de 119.800 dólares de la caja fuerte de la Fiscalía de Sustancias Controladas, avanzó ayer con una audiencia en la que las fiscales I.M., L.M. y la exfiscal C.M. presentaron incidentes como un recurso de incompetencia contra la Autoridad Sumariante y solicitaron la prescripción del caso, por el tiempo transcurrido.
La Autoridad Sumariante, Constantino Coca, encargado de procesar a funcionarios del Ministerio Público, desestimó ambos incidentes.
Rocío Peñaranda, abogada de la fiscal I.M., explicó que “pretenden aplicar la Ley 260 del Ministerio Público, cuando los hechos ocurrieron en 2011, antes de la vigencia de esta norma y se presentó un recurso de incompetencia contra el sumariante porque consideramos que él no tiene competencia para juzgar hechos anteriores a una ley que no la pueden ajustar a este caso”. Empero, la Autoridad Sumariante desestimó ambos incidentes porque el artículo 124 de la Ley del Ministerio Público exige ciertas condicionantes para la prescripción que en este caso no se cumplirían.
La defensa de dos de las tres fiscales procesadas y la exfiscal presentó un recurso de inconstitucionalidad, pues consideró que el artículo 124 de la norma 260 no se ajusta a lo que estipula la Constitución Política del Estado.
La Autoridad Sumariante pidió que la Inspectora se pronuncie al respecto en el plazo de tres días. Si la Inspectora se pronunciara a favor de ese recurso, el mismo tendría que ir en revisión al Tribunal Constitucional.
Sin embargo, esto no impediría que la audiencia disciplinaria continúe su curso, por lo que la misma se reanudará el próximo 27 de noviembre, a las 9 de la mañana.
Marcelo, singular vigilante del Tribunal de Justicia
Marcelo se pasea con toda familiaridad por las oficinas del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ). Todos los días llega a las seis y media de la mañana para cumplir con su peligrosa misión, el control de explosivos en el edificio, donde diariamente acuden al menos mil personas.
“El oficial” luce su chaleco verde olivo con un llamativo sello “antiexplosivos”, pero a pesar de su uniforme no despierta temor entre los funcionarios y litigantes.
Se trata de un golden retriever de cuatro años de edad, que hace once meses custodia el edificio. La raza del can se hizo conocida por la publicidad de la marca Scott.
Tiene un carácter fuerte a pesar de su aspecto sumiso y hay que ser muy firme con él, cuenta su guía, el policía Michael Herbas, quien lo entrena desde que era una cachorro.
El trabajo del animal y de su compañero Bugger, un pastor alemán, comienza a las siete de la mañana. Deben realizar el rastrillaje de los edificios situados en las calle Jordán y San Martín, revisar el Tribunal de Justicia, desde el sótano hasta el noveno piso; las 12 plantas del Pinto Palace, el edificio antiguo y la Plataforma.
A las ocho en punto se abren las rejas de los juzgados para que los litigantes y funcionarios entren a paso apresurado al recinto.
La mayoría no percibe la presencia de los perros vigilantes, quienes aguardan sentados las instrucciones de sus guías.
La rutina de los “expertos antiexplosivos” se repite a las 13.00 horas.
NINGUNA Desde la incorporación del sabueso y su compañero, las llamadas de amenaza de bomba se han reducido a cero, explica el jefe de Seguridad del Tribunal, mayor Iván Bernal.
La participación de los canes responde a un plan de contingencia elaborado en 2014 para reforzar la seguridad en el edificio.
La autoridad policial recordó que antes incluso se hallaron cachorros de dinamita.
Los perros reciben entrenamiento constante desde sus 45 días de vida, cuando son seleccionados para determinadas tareas como el control antiexplosivo, la búsqueda de cadáveres, de personas desaparecidas, canoterapia y defensa y protección, aseguran sus guías.
Pedirán presupuesto del 3% para Órgano Judicial
El presidente del Tribunal de Justicia Departamental (TDJ) de La Paz, Juan Carlos Berríos, informó que se solicitará el incremento de presupuesto para el Órgano Judicial, al tres por ciento, pues al momento los recursos sólo alcanzan para gastos administrativos. La solicitud se hará en la Cumbre de Justicia, anunciada por el Gobierno central, misma que aún no tiene fecha de realización.
“La asignación para el Órgano Judicial es del 0,36 por ciento del presupuesto del TGN y que eso debemos mejorar, mínimamente a un tres por ciento”, afirmó ayer en contacto con periodistas.
La autoridad, a tiempo de explicar las falencias que implica el bajo presupuesto, señaló que con el incremento del presupuesto se pretende trabajar en la capacitación adecuada de los magistrados y la misma infraestructura.
La propuesta sería presentada en la “Cumbre de Justicia”, anunciada por el Poder Ejecutivo pero que hasta el momento no tiene fecha de realización.
La autoridad ha manifestado en varias oportunidades, su pesar sobre la actitud de la sociedad, que recurre a estrados judiciales para solucionar desacuerdos personales o de ínfima importancia que pueden ser atendidos en el núcleo familiar.
Según el Censo 2012, La Paz cuenta con 2.706.359 habitantes para los cuales sólo hay 200 jueces, por lo que la autoridad afirma que este número se debe publicar.
NUEVO FISCAL DEPARTAMENTAL Ever Veizaga dirige la Fiscalía
Darle un “nuevo rostro” al Ministerio Público de Cochabamba y avanzar en su “transformación” son las tareas urgentes del nuevo fiscal departamental, Ever Veizaga, posesionado ayer.
La autoridad fue por 15 años vocal del Tribunal Departamental de Justicia y, como juez, procesó a Manfred Reyes Villa.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, posesionó a Ever Veizaga como nuevo fiscal de distrito, después de nombrar por un mes y 19 días a Víctor Hugo Cuellar como fiscal interino, debido a que el exfiscal departamental Freddy Torrico presentó su renuncia.
“Yo valoro la trayectoria de muchos profesionales, colegas abogados, pero hemos tomado la decisión que el nuevo fiscal departamental de Cochabamba sea una persona muy técnica, que revise los casos, que haga seguimiento, que revise los cuadernos, que esté en el lugar, que vaya a las audiencias, que haga seguimiento al trabajo de nuestros fiscales sin inmiscuirse, sin influir en las decisiones que tome cada uno, porque son los titulares de la investigación”, dijo Guerrero en el acto.
Por su parte, Veizaga expresó su voluntad de trabajo y dijo que lucharía contra la corrupción e inseguridad ciudadana. “Tengo una trayectoria institucional con la que tengo toda la intención de mejorar la imagen del Ministerio Público”, dijo después de su posesión.
Agregó que los temas que le preocupan son los feminicidios, violencia a menores y la inseguridad ciudadana.
Cuellar volverá al cargo de director Nacional de Gestión Fiscal después de un proceso de transición que realizará junto a la nueva autoridad. Durante los días que estuvo como fiscal departamental interino hizo varios cambios, al interior de la institución, que provocaron el retiro de 8 fiscales de materia y 4 asistentes.
Guerrero instruyó a Veizaga a “transparentar” el Ministerio Público y le dijo que se debe a la institución, a la Constitución Política del Estado, a las leyes y “no debe estar subordinado a ningún otro tipo de intereses más que el interés de la justicia”.
Agregó que tiene la “confianza plena que (Veizaga) va a seguir transformando el Ministerio Público y va a seguir dando transparencia y señales de que esto tiene que mejorar. La sociedad cochabambina espera eso”.
“Ya no debe haber eso que se fue el fiscal de turno y su celular está apagado o que no hay las condiciones para que se quede las 24 horas. Hay que implementar de manera inmediata los ambientes para que los fiscales estén fines de semana, las 24 horas. Eso es importante, usted debe realizar todos los cambios y mejoras para que la sociedad cochabambina vuelva a creer y recuperar la confianza en su Ministerio Público”, dijo Guerrero.
Experiencia de 18 años
El nuevo fiscal departamental de Cochabamba, Ever Veizaga, ocupó el cargo de vocal del Tribunal Departamental de Justicia desde el 2010, en la gestión 2011-2012 asumió la presidencia de esa instancia. El 2015 fue presidente de la Asociación Magistrados de Bolivia (Amabol).
Veizaga, que es cochabambino y tiene 44 años, es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Mayor de San Simón con mención en el área penal.
“El principal propósito es luchar contra la corrupción, contra la retardación que existe en la justicia y ver que las investigaciones se realicen dentro los plazos”, dijo la nueva autoridad.
Señaló además que es “un funcionario que tiene un trayectoria de 18 años en la institución del Órgano Judicial” y admitió que se necesitan labores de coordinación entre fiscales y jueces para garantizar una mejor atención a las víctimas.
Entre los casos que atendió Veizaga cuando era juez cautelar figura el de la exautoridad del departamento, Manfred Reyes Villa, por incumplimiento de deberes en la construcción de obras realizadas.
También atendió algunos incidentes presentados en el caso del asesinato de la tía del presidente Evo Morales, Rufina Morales, el 2012.
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Tribunal de Justicia recibe el primer Centro Archivístico
Con la presencia de las principales autoridades del Órgano Judicial del país y del departamento, en la mañana del lunes fue realizada la recepción oficial del Centro Archivístico, ubicado en El Valle de la Concepción, municipio de Uriondo, para el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), mismo que está destinado para albergar la carga procesal generada en los juzgados y servirá para aliviar los archivos.
En el acto estuvieron presentes el subgobernador de Uriondo, Ariel Ortega, la presidenta del Comité Cívico de ese municipio, Luz Marlene Vides, concejales municipales; asimismo, el presidente del TDJ, Nilo Velasco Albornoz, vocales de Sala Plena, encargado departamental de la Dirección Administrativa Financiera Tarija, Tánger Gutiérrez Alé; la encargada distrital del Consejo de la Magistratura, Paola Chirinos; y autoridades nacionales como el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Antonio Campero Segovia.
El proyecto consiste en la construcción de un inmueble de tres pisos, con un área edificada de 271 metros cuadrados cada una, haciendo un total de 813 metros cuadrados construidos en todo el edificio.
Cuenta con ocho salas de archivo, además de áreas de circulación técnica, portería, sala de control de cámaras, sala de encargado de archivos, sala de espera, sala de lectura.
“Todo el edificio cuenta con un tendido de red de datos, sistema de aire acondicionado, sistema de cámaras de seguridad, sistema de alarma contra incendios”, explicó el encargado departamental de la Dirección Administrativa Financiera Tarija, Tánger Gutiérrez Alé.
El magistrado Campero resaltó que este edificio es el primero en Bolivia, y está considerado como una prueba piloto para ser implementada en otros departamentos, por lo que se espera que sea una forma de centralizar mejor los archivos de todo el departamento de Tarija. “Hay la posibilidad de digitalizar la información con la finalidad de facilitar la distribución de la misma en los diferentes juzgados, pero ello se verá en los próximo días”, manifestó.
El Centro Archivístico está ubicado en la calle Bolívar, en el barrio La Cruz, en la población de El Valle de la Concepción.
Carga procesal en provincias es excesiva ante carencia de jueces
Una de las debilidades estructurales del actual sistema de justicia es la llamada mora procesal, retardación o dilación de los trámites judiciales cuya causa es la excesiva carga procesal que a nivel nacional sobrepasa las 850.000, ante 1.000 jueces que administran la justicia en Bolivia.
El presidente del Tribunal de Justicia de La Paz, Juan Carlos Berríos, aseguró que en los últimos años la carga procesal ha ido creciendo de manera sostenida, pero “inversamente proporcional con la cantidad de jueces, personal de apoyo, infraestructura y medios tecnológicos”. Para hacer frente a esa realidad, presentó un estudio técnico jurídico.
Mora y carga
El informe de la gestión 2014 del Consejo de la Magistratura registró la existencia de 1.004 jueces de distinta materia en los nueve departamentos del país.
En esa misma gestión, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aseguró que en Bolivia se tramitaron 852.400 causas en todos los tribunales de justicia, de las cuales se resolvieron cerca del 60%. Cada año, unas 400.000 causas pasan a la categoría de pendientes o remanentes porque la reducida cantidad de jueces, vocales y personal jurisdiccional no las puede atender, técnica ni humanamente.
El informe del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en esa misma gestión, registraron más de 284.500 procesos judiciales, es decir 33.3% del total nacional; de los cuales resolvió el 52%.
En La Paz se tramitan y resuelven muchas más causas que en seis distritos judiciales. En los distritos judiciales de Chuquisaca, Oruro, Potosí, Pando, Beni y Tarija, juntos, radican 220.000 causas; en cambio, en La Paz, se atienden más de 284.000 causa, es decir, 64.000 más que en los seis distritos judiciales nombrados.
Esa “inmensa carga procesal es asumida por los 209 jueces y 20 vocales de La Paz, distribuidos en las 20 provincias del departamento, el más grande del territorio boliviano en densidad poblacional de 2.7 millones de habitantes”, aseguró Berríos en una entrevista con EL DIARIO.
“Esos son los orígenes estructurales de la llamada mora procesal: la desproporcionalidad entre cantidad insuficiente de personal jurisdiccional y la excesiva o masiva carga procesal”, afirmó.
“Entonces, se hace imperioso implementar con mayor efectividad los principios fundamentales del Órgano Judicial establecidos en la nueva Constitución tales como la independencia, imparcialidad, celeridad, idoneidad y pluralismo jurídico”, sostuvo.
Como una propuesta para hacer frente a esta problemática, el presidente de la justicia paceña, que tiene más de 23 años de carrera judicial, presentó el viernes un estudio denominado “Alternativas técnico jurídicas para encarar la mora procesal”, cuyo objetivo es fortalecer el principio de celeridad para que el sistema judicial que llegue de manera oportuna y sin dilaciones a la población litigante con la “creación de salas especializadas” en provincias intermedias, capitales de provincia y ciudades de alta densidad poblacional como El Alto.
Plantea ampliar y modificar el número de vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia con la creación de salas especializadas en materias Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública, Penal, Trabajo y Seguridad Social con efecto de ejercicio funcional en las provincias intermedias, donde existan casas de justicia.
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TCP fallará primero sobre Ley de reforma a la CPE
MAGISTRADO, EFRÉN CHOQUE. GALERÍA(2)
El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Efrén Choque, a tiempo de informar que a una semana de su envío, la pregunta para el referéndum modificatorio de la Constitución Política del Estado (CPE) se halla en la comisión de admisión de dicha instancia, advirtió ayer que lo que corresponde, inicialmente, es fallar sobre la Ley de Reforma Parcial a la Carta Magna.
Luego de concretar este procedimiento para el cual tenían un plazo de 30 días, recién se realizará el análisis constitucional de la pregunta que será llevada a consulta ciudadana el próximo 21 de febrero.
“Respecto al TCP, si bien tenemos 15 días de plazo, entiendo que vamos a asumir una conducta razonable. Primero, tendría que salir la sentencia a la consulta de la Ley de Modificación Constitucional y luego inmediatamente asumir el plazo de 15 días para pronunciarnos sobre la pregunta”, afirmó el Magistrado.
Entretanto, explicó que el TCP hizo un “sorteo extraordinario” para designar a un magistrado relator para la resolución de la Ley de Reforma, después que fue admitido.
Sobre la pregunta para el referéndum, remitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) al iniciar esta semana, luego de ponerla a consideración del pleno del Legislativo, dijo que todavía “está en proceso de admisión”.
A tiempo de aclarar que no está en sus atribuciones realizar una explicación técnica y pormenorizada del procedimiento que seguirá la pregunta al interior del TCP, Choque se limitó a asegurar que la entidad se regirá en base al Código de Procedimiento Constitucional.
“En términos generales, nuestra tarea jurisdiccional se basa en un procedimiento de revisión con relación a la CPE, en tanto, contenido y forma”, dijo.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) aguarda el pronunciamiento del TPC sobre la Ley de Reforma Parcial a la Constitución para luego aprobar la Ley de Convocatoria al Referendo Aprobatorio sobre la modificación del artículo 168 de la CPE, que habilitaría al presidente, Evo Morales y al vicepresidente, Álvaro García Linera para una segunda reelección.
En ese entendido, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales manifestó que los plazos al interior del TCP siguen su curso y que el oficialismo aguarda tener en “un par de semanas” resultados sobre la evaluación constitucional de la Ley de Reforma y de la pregunta del referéndum.
“Entendemos que el Tribunal admitió la pregunta, está dentro de los plazos y nosotros estamos atentos, esperemos que en un par de semanas tengamos ya de vuelta, primero la respuesta a la consulta respecto al tema de la Reforma Parcial de la Constitución y segundo la pregunta del Referéndum, en un par de semanas tendremos noticias, por ahora nada, el Tribunal está haciendo su trabajo”, precisó la autoridad.
LA PREGUNTA REMITIDA AL TCP
El TSE eliminó de la pregunta enviada por el Legislativo la precisión de que la reelección es para los actuales mandatarios, Evo Morales y Álvaro García Linera, además se incluyó una disposición transitoria referida a los periodos de reelección, que deja en claro que el Presidente y el Vicepresidente solo podrían reelegirse para el período 2020-2025.
Por disposición transitoria de la Ley de reforma parcial a la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección al periodo 2015-2020 y la segunda reelección el 2020 – 2025. SI – NO”, es la pregunta reformulada por el ente electoral.
Para el Movimiento Al Socialismo (MAS), el TSE plantea una pregunta muy larga y menos concisa, además identificó un “exceso de susceptibilidad de parte del ente electoral”. Entretanto, el diputado por Unidad Demócrata (UD), Luis Felipe Dorado, opinó que el cambio es correcto, ya que la redacción planteada por el partido de gobierno “iba dirigida a un interés personal”.
Defensoría del Pueblo Operadores de justicia no cumplen su función
LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE FEMNINICIDIO NO ENCUENTRAN JUSTICIA.
La representante departamental del Defensor del Pueblo, Teófila Guarachi, denunció que los operadores de justicia, los fines de semana, no cumplen sus funciones en atender a las víctimas de violencia intrafamiliar. Esta falencia se comprobó el pasado fin de semana cuando se percató que funcionarios del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y del Ministerio Público no estaban trabajando.
Según Guarachi en el trabajo de atender casos de violencia al interior de los hogares, constataron falencias en la aplicación de la Ley 348, que define contar con especialistas para el tratamiento de esta temática, es decir, contar con personal especializado en el Ministerio Público y los Juzgados.
Sin embargo, señaló que las dos fiscalías con las que se cuenta en este momento en la fuerza antiviolencia, no dan abasto, a la demanda de víctimas. ”Necesitamos más fiscales en este tema; precisamos jueces especializados que no existen”.
Pero lo fundamental en este momento de las instituciones –dijo– es ingresar en el entorno más íntimo que es la familia; porque “es ahí donde se están generando estos hechos de violencia. Podemos la más avanzada normativa, pero si no se aplica es una debilidad”.
Además sostuvo que en la actualidad es una debilidad la prevención en los núcleos familiares, porque en su criterio ahí es donde se generan los niveles de violencia que tienen como antecedente el consumo de bebidas alcohólicas o la incomunicación.
Guarachi lamentó que los casos de feminicidio sigan sumando en las estadísticas, como los datos registrados por el Observatorio de Exigibilidad Contra la Violencia a las Mujeres que ya consignó al menos 90 casos y 300 en los últimos tres años; en contraposición a las sanciones que no llegan ni al uno por ciento.
“Estos hechos no deberían quedar en la impunidad pero lamentablemente quedan ahí porque existe ausencia del número de fiscales y jueces que tienen que trabajar con esta temática de manera específica”, sostuvo.
Relató que el pasado sábado 10 de octubre se observó que los fiscales de turno no cumplen con los casos de violencia intrafamiliar. “En el IDIF se tiene que cumplir las 24 horas el trabajo, pero no están en el momento que la víctima de violencia requiere atención. En la noche o madrugada los operadores de justicia están ausentes”.
Ante esta situación, refirió que las personas víctimas “tienen que pasar por un viacrucis después de vivir la violencia en el entorno familiar, pero no se está cumpliendo con lo que establece la norma”.
Sobre el mismo tema, la directora de Género y Gestión Social de la alcaldía de El Alto, Rosalía Nicolás, informó que hasta el mes de junio se registraron 8.260 casos de violencia contra la mujer en diferentes tipologías.
Por otra parte, informó que la tarea inmediata es socializar la Ley 348, concientizando a la sociedad a través de carteles y folletos, para prevenir los casos de violencia mediante los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) de El Alto.
Baltasar Garzón suspende charla sobre Justicia Penal
﻿El jurista español Baltasar Garzón suspendió anoche su participación en el seminario internacional, que estaba previsto para hoy en el hotel Cochabamba.
La Fiscalía General del Estado, a través de su cuenta en el Facebook, hizo conocer que “por motivo de urgencia, el exmagistrado español tuvo que salir del país de manera inmediata”.
Ante esta situación, se decidió suspender el Seminario Internacional Justicia Penal en el siglo XXI, Situación Actual y Prospectiva.
La actividad estaba dirigida a fiscales, Órgano Judicial, organizaciones sociales, sistema universitario y el Colegio de Abogados
Se conoció que al menos 200 personas habían sido invitadas al evento.
Entre los invitados, se anunciaba la llegada de autoridades y magistrados del Órgano Judicial, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional Plurinacional, vocales del Tribunal Departamental de Justicia del departamento, autoridades departamentales, Defensa Pública y todas las instancias relacionadas al tema de la justicia en Bolivia.
Expresidente del Tribunal Superior de Justicia: “Justicia indígena no respeta derechos de las mujeres”
La Justicia Indígena Originaria Campesina no respeta los derechos de las mujeres ni “da a cada quien lo que le pertenece”, sino, en los tiempos actuales, “se otorga a una persona, lo que no es suyo”, como si fuese un hecho normal.
El análisis fue presentado por el expresidente del Tribunal Superior de Justicia y exdocente de la escuela de jueces y magistrados, Zenobio Calizaya Velásquez, al advertir una serie de problemas que tienen que atravesar las mujeres de las comunidades que tuvieron que casarse con hombres de otra comunidad.
“Desde la creación de la Justicia Indígena Originaria Campesina, a la cual respeto mucho, se han suscitado hechos insólitos que no pueden pasar inadvertidos, especialmente para los abogados, que estamos buscando la aplicación de la justicia”, afirmó Calizaya, durante una conferencia especializada que se realizó en el salón del Colegio de Abogados de Oruro.
La Justicia Indígena fue reconocida el 2009 en la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, pero desde entonces, “no siempre se da a cada uno lo que es suyo, sino, en los tiempos actuales, parece que ese concepto ya ha sido superado, porque ahora es al revés, porque se da a cada quien, incluso lo que no es suyo, a través de diversas formas, incluyendo resoluciones administrativas”.
Calizaya explicó que, en el caso de las mujeres, que por azar del destino, “ha ido a vivir a la casa de su marido, en la comunidad de éste, cuando éste muere, por decisión de la asamblea de la comunidad, ratificada por las autoridades indígena originario campesinas, como no es de la comunidad, es conminada a abandonar la casa y la tierra de su marido, junto a sus hijos”.
El problema, considerado frecuente, fue presentado con memoriales ante la justicia ordinaria, con amparos constitucionales, denunciando la arbitrariedad. Las autoridades judiciales “otorgaron la tutela y reconocieron el derecho de las mujeres para quedarse en la comunidad del marido fallecido, no solo por respeto a la Constitución Política del Estado, sino también por respeto a los derechos humanos y convenciones internacionales”.
El amparo constitucional ha llegado incluso al Tribunal Constitucional Plurinacional, con sede en Sucre, aprobando la resolución del Tribunal de Oruro. “Las sentencias ya están ejecutoriadas, pero nadie hace cumplir esas determinaciones. Las autoridades originarias simplemente ignoran esas sentencias, pese a que las mujeres (porque no es solamente un caso) trabajaron en el terreno del marido, le dieron una función social, como dice la Constitución, pero no se hace justicia en estos casos”, explicó Calizaya.
Consideró que, por eso, “es necesario reflexionar sobre estos casos, ya que la Justicia Indígena Originaria Campesina, se ha creado para resolver con celeridad los problemas justiciables, pero en los hechos, en la realidad, el terreno de la viuda se ha cedido a otros comunarios”.
Dijo que los problemas, de las personas que claman justicia, “no solamente se registran en Oruro, sino también a nivel nacional”.
Belaunde confirmó entrega de 80 mil dólares y un auto
Martín Belaunde Lossio, exasesor del presidente Ollanta Humala, quien pidió refugio en el país y que fue capturado luego de su huida, dijo ante la comisión de fiscales bolivianos que durante su detención domiciliaria recibió la visita del doctor Ramiro López, a quien le habría entregado 80.000 dólares; además, sostuvo que el exvocal Ricardo Chumacero le habría llamado para pedirle el pago de 100.000, calificándolo de “grosero”.
“Se presentó el doctor Ramiro López que era el Vocal de la Sala (Primera) que iba a atender mi caso de Acción de Amparo (…) tenía preparado la respuesta a mi favor y que si yo lo quería favorable era cien mil dólares”, es parte de la respuesta a la pregunta número seis, de las 35 que le hicieron los fiscales Anghelo Sarabia y Jenny Quispe al peruano Martin Belaunde en el centro penitenciario de “Ancon” en Lima, Perú.
Los dos exvocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz fueron querellados por el Ministerio de Gobierno, luego de admitir, el 27 de marzo, un Amparo Constitucional en el que Belaunde planteaba la ilegalidad de la resolución emitida por la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) que rechazó, en dos oportunidades, la calidad de refugiado político en Bolivia.
Chumacero, en anteriores declaraciones, ratificó que emitieron la resolución a favor de Belaunde porque consideraron que no se valoró muchos elementos. Sin embargo, seis días después de conocer que se presentaría querella en su contra y de su colega, bajo los delitos de Prevaricato e Incumplimiento de Deberes, por el entonces ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, emitieron, de irregular, según el análisis del Consejo de Magistratura, un “auto” complementario, que en la práctica dejaba sin efecto su anterior fallo.
Según la relación de hechos señalados el 19 agosto por Belaunde a los fiscales bolivianos, luego de que la Conare le negara por segunda vez la solicitud de refugio político, Jorge Valda, su abogado (ahora también imputado por cohecho), le aconsejó presentar un amparo constitucional” por considerar ilegal las dos resoluciones que emitieron en esta instancia.
“Me indicó que podíamos presentar una acción de amparo en ambas resoluciones porque no habían sido validadas las pruebas presentadas y no era constitucional. (…) al día siguiente de ser presentado, me indicó que habían llamado los que verían el amparo, pidiéndoles 100 mil dólares, a lo cual (Valda) no accedió”, declaró Belaunde.
Desde enero, Belaunde, por orden del Tribunal Supremo de Justica, cumplía detención preventiva en el domicilio de un familiar, ubicado en la zona de Bajo Llojeta de La Paz.
La declaración prosigue: “Recibí una llamada de mi teléfono de Bolivia, de alguien presentándose como Dr. Ramiro López de la Sala donde estaba mi amparo (…) fue una comunicación corta, y no sabía quién era, (…) llamándome otro doctor Chumacero que fue más grosero, y me dijo: si no pones el dinero te vas a joder y le dije, ‘por lo menos uno de los dos venga a mi casa y hable conmigo’, y las 09.30 me dijeron que llegarían, por lo que a esa hora llegó Ramiro López”, detalla Belaunde.
En las respuestas a las tres siguientes preguntas, Belaunde deja en claro que “el total (que entregó) fue 80 mil dólares en efectivo y un auto de garantía (un vehículo BMB modelo 535)”.
DECLARACIÓN DE UN PRESO
Consultado sobre las afirmaciones de Belaunde confirmando la hipótesis del Ministerio Publico, en relación al presunto prevaricato y extorsión cometida por los dos exvocales, Marco Antonio Nina, abogado de Ramiro López, manifestó que ellos no consideran legal esta declaración debido a que fue emitida por otro imputado y preso en Perú. “¿Qué es lo que se puede esperar de una persona así?”.
Belaunde, exasesor y amigo íntimo de la pareja presidencial de ese país, es acusado en su país en otro controversial caso, por enriquecimiento ilícito.
Por su lado, Ricardo Maldonado, también abogado de López, señaló en los días anteriores, que la declaración de Belaunde sólo se constituiría en prueba si Belaunde se presenta a declarar en la etapa de juicio.
Nina, además, señaló que existen contradicciones con lo que habría declarado el abogado Valda, que afirmó haber entregado él la suma de 40 mil dólares. Esta es la cifra que se menciona que se pagó a miembros de la Conare.
Por último, el día de ayer, López se presentó ante la comisión de fiscales para someterse a un careo con Jaqueline P., con quien, según la Fiscalía, mantenía una relación extra matrimonial, con el fin de resolver contradicciones sobre el lugar donde fue elaborada la resolución que favoreció a Belaunde.
CASO BELAUNDE Contradicciones en reconstrucción de fuga
El Ministerio Público halló contradicciones entre los imputados en la fuga del empresario Martín Belaunde Lossio que se produjo el pasado 24 de mayo.
Durante la reconstrucción del caso, uno de los imputados —que se acogió a proceso abreviado— fue señalado como principal colaborador en la fuga de Belaunde de la zona Bajo Llojeta, decidió no emitir su declaración en este hecho. Belaunde buscó refugió en el país en diciembre de 2014.
Fiscales se formarán contra ciberdelincuencia
Con el avance de la tecnología, nuevas formas de delito también se van contabilizando, entre ellas la delincuencia cibernética para contar con todas las herramientas necesarias a fin de lidiar con esta nueva forma delictiva, los representantes de fiscalías de diez países se reunirán en la ciudad de Santa Cruz en el seminario denominado “Ciberdelincuencia” para intensificar vínculos de cooperación internacional contra este delito que no reconoce fronteras.
De acuerdo con la información, participan de esta actividad los fiscales especializados de Paraguay, Cuba, Brasil, Argentina, Ecuador, España, Portugal y Bolivia, entre otros.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Gomer Padilla, a nombre del fiscal general del Estado, Ramiro José Guerrero Peñaranda, fue el encargado de inaugurar esta actividad que se prolongará hasta el 9 de octubre del presente año en instalaciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
El seminario busca facilitar a los fiscales de los países miembros de la Asociación Ibero Americana de Ministerio Públicos (Aiamp) el conocimiento de sus respectivos marcos legales e institucionales en materia de Cibercrimen, así como el intercambio de experiencias prácticas en casos concretos.
Asimismo, intensificar los contactos en relación con el delito cibernético y la obtención de pruebas digitales entre los Ministerios Públicos de Ibero América, con el fin de crear condiciones que promuevan la cooperación práctica y operativa en casos específicos.
“En este seminario se tratarán temas como la articulación de tipos penales ante las nuevas formas de actuación delictiva, en particular la lucha contra la pornografía infantil; ataques a los sistemas de información; defraudación a través de la red; derechos de propiedad intelectual; radicalización a través de la red como ser crímenes de odio y terrorismo, entre otros”, informó Padilla.
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Magistrada Limachi asegura que lucha contra la corrupción
La delegada del Consejo de la Magistratura (CM) en La Paz, Mónica Limachi, afirmó que está enfrentando redes de corrupción internas y recibe amenazas de muerte, las cuales serán denunciadas ante el Ministerio Público.
"Debe saber el pueblo que estamos enfrentados a redes de corrupción interna y que obviamente no quieren dejar ciertos ‘beneficios’, pero vamos a estar de pie trabajando para la población y no vamos a desmayar", dijo.
Limachi ha emprendido una fiscalización de los juzgados. En esta tarea, indicó que ya se están procesando a 10 jueces por faltas gravísimas.
Sin embargo, su labor provocó que ella y sus colaboradores reciban amenazas contra su integridad física y la de sus familias.
"Como funcionario hemos recibido amenazas en nuestros celulares que tratan de intimidarnos y limitar nuestras acciones, pero damos a conocer a la población que todo nuestro trabajo se enmarca en la Constitución", informó.
Señaló que de las amenazas se pueden inferir que incluso las familias de los funcionarios del CM son objeto de seguimiento.
Limachi anunció que denunciará estas amenazas para que el Ministerio Público se encargue de identificar a los responsables.
La semana pasada, la delegada afirmó que recibía amenazas de personas allegadas al juez Franz Zabaleta de El Alto, sólo porque dispuso que esta autoridad sea destinada al área rural, debido a las "numerosas" denuncias en su contra. (Erbol)
Piden destitución de juez por retardar procesos de internos de San Pedro
En un mitin de protesta ayer, internos del penal de San Pedro protagonizaron un mitin de protesta exigiendo la destitución de la juez de Ejecución Penal, Anselma Lafuente, denunciada por retardación de justicia, con más de 70 recusaciones en su contra, como lo informó Limbert P. S., presidente del Comité Electoral de los privados de libertad. Los mismos critican una sanción disciplinaria que se le impuso a la juez luego de cinco años, que señala apenas la suspensión del ejercicio de sus funciones por dos meses.
El delegado recordó a las autoridades judiciales que “la libertad es una norma, la detención preventiva es una excepción” y pidió que estos cumplan la ley.
“Inclusive tiene una denuncia por falsificación de instrumento público, son denuncias muy graves que tenemos en contra de esta juez. Vulnera los beneficios que la Ley 2298 (de Ejecución Penal) nos franquea, siempre impone requisitos que no están dentro del marco legal”, afirmó Limbert P.S.
“Queremos su destitución inmediata (…) El penal de San Pedro se encuentra en estado de emergencia y hasta que la jueza (Lafuente) se vaya, no vamos parar (con las protestas) en el penal”, aseguró el delegado quien junto a los internos protestaron portando carteles en contra de la juez y pidiendo la reorganización judicial.
“Tenemos entendido que ha sido suspendida dos veces, sin embargo ella no acata, ella hace lo que quiere”, agregó.
En efecto, la juez aludida aún cumple sus funciones en el Juzgado Segundo de Ejecución Penal, pese a que existe “sentencia disciplinaria Nº06/2015” que señala que por “faltas graves” se le impone “la sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones por el lapso de dos meses sin goce de haberes”.
Al momento de pedir su versión respecto de las graves denuncias que pesan en su contra, mediante la secretaria del juzgado, hizo conocer a EL DIARIO, que se encontraba muy ocupada y recién hoy por la mañana emitiría declaración.
“Hemos tenido un compañero que más de 10 veces ha pedido salir al médico, tenía quebrada la pierna y no le permitieron”, denunció Limbert P.S.
Los internos también señalaron que temen una represalia en su contra, luego que la juez Lafuente cumpla la suspensión de dos meses, debido a que efectuaron las denuncias ante la representante del Consejo de la Magistratura (CM) en La Paz, Mónica Limachi.
Aseguraron que Lafuente tiene en su contra más de 50 denuncias y 70 recusaciones, sin embargo, estos pedidos no son escuchados. Pero aseguró que esto ocurre debido a que la juez cuenta con la protección de dos miembros de los tribunales disciplinarios del mismo CM que, afirman, se dan a la tarea de rechazar sus denuncias.
La semana pasada, durante los operativos sorpresa que realizó, Limachi denunció que la juez fue acusada por al menos 20 privados de libertad de San Pedro por retardación de justicia.
EN EL ALTO HAY SEIS DENUNCIAS Denuncian a 25 jueces y hay amenazas
El Consejo de la Magistratura dice que hay redes internas
Cerca a 25 jueces de materia penal, civil y familia han sido denunciados en los últimos dos meses por retardación de justicia y corrupción, informó Mónica Limachi representante del Consejo de la Magistratura en La Paz.
La autoridad de control de justicia explicó que estos administradores de justicia fueron denunciados por litigantes y privados de libertad que cumplieron con su sentencia.
“Varias de las denuncias fueron presentados por privados de libertad de la cárcel de San Pedro y Obrajes en contra de jueces de sentencia y otros contra jueces civiles y de familia, motivo por el que se les inició procesos administrativos”.
FALTAS. De acuerdo con Mónica Limachi, las faltas en las que incurrieron los jueces son graves y gravísimas por incumplimiento de deberes y casos de corrupción.
La representante identificó a Ancelma La Fuente, juez de Sentencia Segundo, como una de las involucradas en caso de corrupción y Franz Zabaleta en retardación de justicia, este último fue cambiado y enviado a la jurisdicción de Chulumani.
“Si cometieron irregularidades serán sancionados acorde a nuestros reglamentos y si son reincidentes serán destituidos de sus cargos”.
AMENAZAS Y REDES. La representante denunció también que por las verificaciones que realizan en juzgados, fueron amenazados por personas subalternas y otras que forman parte de las mini redes de extorsión interna que hay dentro de algunos juzgados del Tribunal.
La representante del Consejo de la Magistratura refirió que ya identificaron a esas personas y que presentarán una demanda al Ministerio Público para que prosiga con la investigación y sancione a los sospechosos.
De acuerdo con las indagaciones de La Prensa, se pudo observar que los funcionarios subalternos son los que realizan los cobros a favor de jueces y secretarios de juzgados donde radican sus procesos, el área más delicada son los juzgados de familia y después de sentencia y oficinas penales cautelares de La Paz y El Alto.
LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA CÁRCEL DE SAN PEDRO afirman que hay jueces de sentencia que se enriquecen a su costa, cobrando por audiencia para favorecerlos con salidas alternativas que prorrogan su libertada. Uno de ellos tiene hasta 20 denuncias en su contra. Los reos afirman que si no se resuelven sus casos tomarán medidas de presión.
10 jueces están observados y otros 10 son funcionarios subalternos que incluso se dedican a amedrentar a litigantes.
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