Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A059-07.htm
Timestamp: 2017-11-23 00:06:31
Document Index: 40129475

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 3', 'artículo 86', 'artículo 37', 'artículo 86', 'artículo 86']

A059-07
Auto 059/07
ACCION DE TUTELA CONTRA EL BATALLON DE ARTILLERIA “PALACE”-Expedición de revalidación de salvoconducto
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior para conocer recurso interpuesto
ACCION DE TUTELA-Jueces y corporaciones de la jurisdicción constitucional deben actuar conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia
La Sala precisa que los funcionarios que ejercen jurisdicción constitucional al adoptar cualquier decisión dentro del trámite de una solicitud de amparo no pueden soslayar que Colombia se obligó mediante la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972) a “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción” (art. 1-1) y que dentro de esos derechos se encuentra el que tiene toda persona a “un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución” (art. 25-1). En estas condiciones los jueces y corporaciones que conocen de acciones de tutela, deben actuar conforme a las prescripciones de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano (artículos 93 Superior) cuyo incumplimiento (art. 121 ídem) puede generar eventualmente responsabilidad internacional.
ACCION DE TUTELA CONTRA EL BATALLON DE ARTILLERIA “PALACE”-Competencia del Tribunal Superior para resolver impugnación por nulidad de todo lo actuado
Referencia: expediente ICC-1083
Conflicto de competencia entre la Sala Laboral y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.
Acción de tutela promovida por Luis Eduardo Nieto Duque contra el Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Artillería Nº3 “Batalla Palace” y un Suboficial Orgánico de la misma unidad militar del Ejercito Nacional.
Bogotá D.C., siete (7) de marzo de dos mil siete (2007).
Luis Eduardo Nieto Duque, el 25 septiembre de 2006, interpone acción de tutela[1] contra el Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Artillería Nº3 Batalla Palacé, y contra un Suboficial Orgánico de esa misma unidad militar, encargados de tramitar la documentación para salvoconductos. Lo anterior con el fin de que se protejan sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y a la vida, los cuales están siendo vulnerados ante la negativa de dichos funcionarios de expedir la revalidación de su salvoconducto.
La acción de tutela fue repartida al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Guadalajara de Buga Valle, que mediante auto del 2 de octubre de 2006 dio inicio al trámite constitucional, notificando a los accionados quienes se abstuvieron de participar en el trámite constitucional. El 12 de octubre de 2006, el juez constitucional tuteló los derechos invocados por el accionante y en consecuencia dispuso que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la sentencia los tutelados “expidan a nombre del accionante, la revalidación del salvoconducto”.
Un día después de proferido el fallo los accionados intervienen en el trámite presentando el informe que les fuera solicitado al avocarse conocimiento e impugnaron la sentencia del Juez Primero Laboral del Circuito de Guadalajara de Buga Valle, correspondiendo su estudio a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.
Esta colegiatura, mediante auto del 22 de noviembre de 2006 dispuso declarar la nulidad de lo actuado en primera instancia, aduciendo falta de competencia del a-quo para tramitar y decidir una acción de tutela interpuesta contra una autoridad del orden nacional, dado que al tenor de lo dispuesto por el Decreto reglamentario 1382 de 2000 “la competencia para conocer de la misma se radica en el Tribunal Superior de este Distrito Judicial”. En consecuencia, remitió el expediente a la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga para que se efectuara nuevo reparto de la acción de tutela impetrada.
Repartida por segunda vez la solicitud de protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales del actor, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante providencia del 29 de noviembre de 2006 dispuso remitir la actuación a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad para lo que corresponda, planteándole a su vez colisión negativa de competencia en caso de no aceptar los argumentos expuestos en dicha providencia.
Para la citada Sala Penal, en razón a “los hechos que soportan la pretensión del demandante y el criterio auxiliar de interpretación de la Sala de Casación Penal, vertido en el auto calendado el 8 de julio del año anterior, con ponencia del Magistrado doctor Alfredo Gomez Quintero (Tutela 16937), aplicable por afín al caso que nos ocupa, los Batallones si bien hacen parte del Ejército Nacional, son entidades descentralizadas, en cuyo caso la competencia radica en los jueces del circuito”
Recibido nuevamente el expediente por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga por auto del 7 de diciembre de 2006, insistió en que conforme a la Ley 489 de 1998 y al Decreto 1512 de 2000, “se tiene que al Batallón de Artillería Nº3, Batalla Palacé, no se le puede considerar como un ente descentralizado, por el contrario, él hace parte de la estructura del Ejército y éste de las Fuerzas Militares, que están al mando de la Presidencia de la República, quien lo ejerce directamente o por conducto del Ministerio de la Defensa Nacional (art.28) y, menos se le puede considerar como un ente descentralizado porque los Batallones carecen de patrimonio y autonomía”.
Por lo anterior, aceptó el conflicto de competencia negativa y dispuso la remisión del expediente a la Corte Constitucional para que determine la autoridad judicial que debe conocer del reclamo de protección constitucional impetrado.
De esta manera, en el presente caso, contrario a lo sostenido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, la colisión suscitada con la Sala Penal del mismo Tribunal, debió ser resuelta por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo ordenado en el inciso primero del artículo 18 de la Ley 270 de 1996.
No obstante, a partir del Auto 159A de 2003,[4] la Corte Constitucional a pesar de la existencia de superior común de las autoridades judiciales en colisión, ha optado por dirimir directamente dichas controversias con el fin de dar aplicación a los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (Art. 2º Superior) y de primacía de los derechos inalienables de las personas (Art. 5º ídem), proteger materialmente el derecho constitucional al acceso a la administración de justicia (Art. 229 ídem), así como observar los principios de informalidad, sumariedad y celeridad que deben informar el trámite de la acción de tutela (Art. 86 ídem y artículo 3º del Decreto 2591 de 1991).
Sobre este aspecto, en el Auto 170A de 2003,[5] esta Corporación explicó:
Teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido (casi seis meses) desde que se interpuso la tutela y la fecha en que esta Corporación conoce de este conflicto de competencia, la Sala Plena considera necesario entrar a dirimirlo directamente, en aras de garantizar sin más dilación el derecho de acceso a la administración de justicia del accionante.
Así, encuentra la Sala que la colisión que se ha presentado se generó en consideración al errado entendimiento que al Decreto reglamentario 1382 de 2000 le dieron los titulares de los despachos judiciales en conflicto.
En efecto, la Sala debe reiterar[6] que de conformidad con el artículo 86 de la Carta Política, todos los jueces son competentes para conocer de acciones de tutela a prevención conforme lo dispone el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, preceptos éstos que difieren de lo consagrado por el Decreto Reglamentario 1382 de 2000 que establece reglas de simple reparto y no de competencia.[7]
Aplicado lo anterior al asunto procedimental que se presenta, se tiene que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Guadalajara de Buga asumió el conocimiento de la acción interpuesta mediante auto del 2 de octubre de 2006, radicándose de esa manera la competencia (a prevención) en ese despacho, que conforme al principio perpetuatio jurisdictionis no puede ser alterada[8], dado que si ello ocurriera se afectaría gravemente la finalidad de la acción de tutela, cual es la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.
En este orden de ideas, al haber sido impugnado el fallo era la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, la autoridad judicial a quien correspondía conocer del recurso interpuesto por el accionado en el trámite constitucional de la referencia.
De esta manera, la Corte encuentra que la colisión de competencia entre la Sala Laboral y Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga es inexistente, puesto que la controversia procesal suscitada y que generó la remisión del expediente a esta Corporación tuvo origen en la inobservancia de los principios que informan el trámite de la acción de tutela.
Por lo anterior, deberá dejarse sin efecto el auto del 22 de noviembre de 2006 mediante el cual la citada Sala Laboral declaró la nulidad de todo lo actuado, para que en su lugar dicha colegiatura proceda, de forma inmediata a proferir la decisión de instancia que corresponda, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Finalmente, la Sala precisa que los funcionarios que ejercen jurisdicción constitucional al adoptar cualquier decisión dentro del trámite de una solicitud de amparo no pueden soslayar que Colombia se obligó mediante la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972) a “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción” (art. 1-1) y que dentro de esos derechos se encuentra el que tiene toda persona a “un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución” (art. 25-1). En estas condiciones los jueces y corporaciones que conocen de acciones de tutela, deben actuar conforme a las prescripciones de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano (artículos 93 Superior)[9] cuyo incumplimiento (art. 121 ídem) puede generar eventualmente responsabilidad internacional.
Primero.- Dejar sin efecto el auto del 22 de noviembre de 2006 proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante la cual se declaró la nulidad de lo actuado en la acción de tutela de la referencia.
Segundo.- Remitir a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el expediente de la acción de tutela de la referencia para que de forma inmediata, resuelva la impugnación formulada por el accionado, con observancia de las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Salvamento de voto al Auto 059/07
Peticionario: LUIS EDUARDO NIETO DUQUE
[1] Octubre 2 de 2006.
[2] Cfr. Corte Constitucional Autos 044 de 1998, 071, 072 de 1999, 087, 108, 115, 122, 142, 159, 175, 185, 188, 197, 216 de 2001, 031, 040, 043, 037A, 60, 66, 67,69, 072, 073, 075, 081, 082 y 084 de 2002.
[8] En el mismo sentido pueden estudiarse los Autos 099 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 134 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, 080 y 124 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil, 213 y 265 de 2005, 036 y 127 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil y 157 de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis, entre otros.
[9] Esta disposición en lo pertinente prescribe: “Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.” (Resaltado fuera de texto)