Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/43625544
Timestamp: 2020-05-27 10:14:20
Document Index: 348585073

Matched Legal Cases: ['artículo 306', 'artículo 229', 'artículo 48', 'artículo 247', 'artículo 1', 'artículo 53', 'artículo 13', 'artículo 251', 'artículo 249', 'artículo 25', 'artículo 289', 'artículo 306', 'artículo 279', 'artículo 306', 'artículo 6', 'artículo 51', 'artículo 289', 'artículo 10', 'artículo 247', 'artículo 53', 'artículo 306', 'artículo 251', 'artículo 251', 'artículo 53', 'artículo 249', 'artículo 306', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 53', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 53', 'Artículo 53', 'artículo 306', 'artículo 306', 'artículo 306']

Sentencia de Constitucionalidad nº 825/06 de Corte Constitucional, 4 de Octubre de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 43625544
Codigo sustantivo del trabajo articulos 223 lit. B, 229 lit. B, 247 (parcial), 251 lit. B, 289 (parcial) y 306 (parcial). Exoneracion de pago y excepciones de reconocimiento de prestaciones y privilegios economicos para los trabajadores accidentales o transitorios. Los demandantes consideran que las disposiciones impugnadas transgrede los articulos 13, 25, 48 y 53 de la constitucion, al igual que la ley 1295 de 1994, por cuanto se someten a los trabajadores accidentales a condiciones indignas e injustas en el trabajo y se les restringe derecho sin justificacion alguna. Decision inhibitoria respecto de los articulos 223 literal b, 229 literal b, 247 (parcial) y 289 (parcial) del codigo sustantivo del trabajo. Cosa juzgada constitucional en relacion con el articulo 251 literal b. Inconstitucionalidad de la expresion excepto a los ocasionales o transitorios del articulo 306 del codigo sustantivo del trabajo. Principio de proteccion al trabajo y al regimen de seguridad social en nuestro estado social de derecho. Dimensiones reconocidas al trabajo. La igualdad de tratamiento del trabajo independientemente del tipo de relacion laboral. No se justifica un trato desigual de los trabajadores independientes. Inhibida, estarse a lo resuelto en c-823 de 2006 e inexequible la expresion excepto a los ocasionales o transitorios del articulo 306 del c.s.t.
Sentencia citada en: 14 sentencias, 26 artículos doctrinales, una disposición normativa, 3 noticias
Demandantes: G.M.D.O., G.F.C.A., N.V.S.M. y OSORIO GAVIRIA JUAN CAMILO
G.M.D., ORLANDO, G.F.C.A., N.V.S.M. y O.G.J.C. presentan demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 223 literal b, 229 literal b, 247(parcial) y 251 literal b, 289(parcial) y 306(parcial) de los Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados como legislación permanente por la Ley 141 de 19661,Código Sustantivo del Trabajo.
A los trabajadores accidentales o transitorios;
NOTA: La expresión ''de carácter permanente'' del numeral 1º del artículo 306 citado fue declarada inexequible mediante sentencia C-100 de 2005.
El artículo 229 literal b) transgrede los artículos 13 y 25 de la Constitución Política y la Ley 1295 de 1994, por cuanto establecería un trato desigual en contra de los trabajadores accidentales o transitorios, así como el artículo 48 de la misma Carta al negarles el derecho a la seguridad social.
La exclusión de los gastos de entierro a los trabajadores accidentales o transitorios prevista en el artículo 247 señalado desconocería el artículo 1º. de la Carta Política en cuanto niega la posibilidad de ser enterrados dignamente, así como su artículo 53 al negarles igualdad de oportunidades.
Igualmente violaría el derecho a la igualdad consagrada en el artículo 13 de la Constitución la exclusión que hace de los mismo trabajadores accidentales o transitorios artículo 251 literal b demandado en relación con el auxilio de cesantía consagrado en el artículo 249 del mismo estatuto laboral para el resto de trabajadores; también desconocería el artículo 25 de la Carta que reconoce a toda persona el derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
El actual artículo 289 demandado violaría los artículos 13, 25, 48 y 53 de la Constitución, pues al negarle a los trabajadores accidentales el seguro de vida colectivo y el cubrimiento del riesgo por muerte quedan desprotegidos al presentarse las eventualidades allí previstas y por tanto sometidos a condiciones indignas e injustas en el trabajo.
Al excluir a los trabajadores ocasionales de la prima de servicios, el artículo 306,1 del estatuto referido violaría también la Carta de Derechos en sus artículos 13, 25 y 53 pues les restringe derechos sin justificación alguna.
La abogada G.C.B.T., en nombre y representación de este Ministerio se opone a las pretensiones de la demanda. Considera que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se cambió el régimen de previsión social por un Sistema General de Seguridad Social Integral de carácter obligatorio para todos los habitantes del territorio colombiano y orientado por principios como el de la universalidad, la solidaridad, la integralidad, etc.
Con base en las facultades otorgadas por dicha ley, el gobierno expidió el Decreto Ley 1295 de 1994 que crea el Sistema General de Riesgos Profesionales para prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y accidentes provenientes del trabajo desarrollado y que es aplicable a empresas y trabajadores de todos los órdenes, con la única excepción prevista en su artículo 279, en la cual no incluyó a los trabajadores ocasionales. Este nuevo S. está dirigido, vigilado y controlado por el Estado, mientras las entidades Administradoras de los Riesgos Profesionales tienen a su cargo la afiliación de los trabajadores y las cotizaciones corren por cuenta de las empresas. El mencionado decreto está rigiendo para el sector privado desde el 1º de Agosto de 1995 y para el sector público desde el 1º de Enero de 1996.
Considera la representante del Ministerio de la Protección Social que los artículos 223 lit.b, 229 lit.b, 247(parcial), 251 lit. b y 289 (parcial) demandados, han desaparecido de nuestra normatividad por derogación hecha por el Decreto Ley 1295 de 1994; y sobre el artículo 306(parcial) ya se efectuó el control de constitucionalidad en la sentencia C-100 de 2005. Por tanto la demanda es inocua, por cuanto los artículos demandados ya no forman parte de nuestra normatividad. Por último solicita acumular a la presente demanda las correspondientes a los expedientes números D-6245(M.P.D.J.A.R., D-6256(M.P.D.H.A.S.) y D-6251(M.P.D.M.G.M.C.) que acusan las mismas partes de las normas aquí impugnadas.
Intervención de las Confederaciones de Trabajadores.
1) En representación de la Confederación General del Trabajo, CGT, su S. General, señor JULIO R.G.E. solicita se declare la inconstitucionalidad de las normas demandas. Ello por cuanto representan otra realidad, tanto en relación con la nueva Constitución que nos rige como con normas de carácter internacional sobre la materia, las cuales hoy en día conciben de otra manera los derechos de los trabajadores. C., en consecuencia, los argumentos de los demandantes para impugnar las normas acusadas, principalmente por violar artículos de la Constitución, tales como los números 13, 25, 48 y 53.
2) El señor C.R.D., en nombre y representación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, solicita se acceda a la declaratoria de exequibilidad demandada. Ello por cuanto las normas demandadas confieren un trato desigual a los trabajadores ocasionales, quienes además se encuentran en condiciones desfavorables por no tener estabilidad laboral alguna.
Intervención de los académicos.
1) En nombre de la Academia Colombiana de Jurisprudencia el señor G.L.G. considera que el demandante ha debido pedir la supresión por inconstitucionalidad del artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo que define el trabajo ocasional, el cual si se mantiene es porque se presta en condiciones diferentes, y que si los trabajadores que lo desarrollan están excluidos de las prestaciones es porque no son iguales a los demás y, en consecuencia, no puede pretender el demandante que se les de un trato igualitario. Cree que sería ''injusto y peligroso'' para el empleo que se les homologue con los restantes trabajadores subordinados; que el ISS y otras entidades de Seguridad Social han absorvido todas sus prestaciones. En fin, que la demanda lograría que los contratos laborales sean reemplazados por otros de naturaleza civil o comercial.
Igualmente, en nombre de la misma Academia, intervino el abogado J.C. CORAL sosteniendo que muchas de las prestaciones establecidas en el C. S. del T. han sido asumidas por el Seguro Social; que la Ley 100 de 1993 creó un Sistema de Seguridad Social Integral del que no están excluidos los trabajadores ocasionales. Considera así mismo que las normas demandas no existen: por ejemplo, el art. 229 demandado fue derogado por el art. 193 del Decreto 3041 de 1966; el art. 247 por los Decretos 3169 y 3170 de 1964 para cubrir el riesgo de muerte por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y por el Decreto 3141 de 1966 para cubrir la muerte del trabajador o pensionado; el art. 289 también fue derogado por la Ley 11 de 1984
2) Por parte de la Universidad Santiago de Cali intervino la decana de la Facultad de Derecho, doctora B.D.M., oponiéndose a las pretensiones de inconstitucionalidad de los actores. Considera que la clasificación de los contratos de trabajo, entre los cuales se encuentra el de trabajo ocasional, se hizo para que empleadores y trabajadores pudiesen optar por la forma de contratación más ajustada a sus necesidades y el legislador, en su sabiduría, incluyó solamente a los de mayor duración en el régimen de prestación legal y en el sistema riesgos profesionales, excluyendo sin arbitrariedad a los contratos accidentales o transitorios por la brevedad del tiempo de servicio y por la ejecución de labores distintas de las normales del empleador. Los trabajadores ocasionales, por razones de tiempo, no alcanzarían a disfrutar los beneficios consagrados para los permanentes, de haberlos consagrado. En fin, manifiesta la señora decana estar de acuerdo, sobre el tema tratado, con la Corte Suprema de Justicia, S.L..
Para el Ministerio Público los artículos 229 lit.b, 247 y 289 objeto de esta demanda han sido derogados por regulación integral de la materia y su desconocimiento violaría el principio ya señalado de universalidad que orienta a la Seguridad Social, cual derecho fundamental, cuando ponga en peligro o vulnere el derecho a la vida, a la integridad personal u otros derechos fundamentales. Por virtud de este principio en Colombia todo trabajador, independientemente de la clase de contrato de trabajo, debe estar cobijado por el Sistema de de Seguridad, a pesar de que de este criterio difiere la Corte Suprema de Justicia, S.L., para quien los trabajadores accidentales o transitorios deben obtener su ingreso al Sistema mediante la afiliación voluntaria como la de los trabajadores independientes. En sentir de la Procuraduría el hecho de que no exista una regulación especial para los trabajadores ocasionales no puede ser razón suficiente para dejar sin el amparo que brinda la Seguridad Social a esta clase de trabajadores.
De acuerdo con lo anterior, por ejemplo el auxilio funerario debe ser asumido por el ISS y los Fondos Privados, aún para los trabajadores ocasionales, de conformidad con el artículo 51 de la Ley 100 de 1993; el seguro colectivo de vida obligatorio, referido en el artículo 289 acusado, fue asumido por el ISS, de conformidad con el artículo 10 de la misma Ley, al garantizar a toda la población las contingencias originadas en la muerte. En fin, para la vista fiscal, normas acusadas como los artículos 229 lit.b, 247, y 289 en la expresión ''excepto a los ocasionales o transitorios'' fueron objeto de derogatoria por regulación integral, por lo que solicita a esta Corte se declare inhibida para pronunciarse de fondo en relación con ellos.
Respecto del auxilio de cesantía, contemplado en el artículo 247 del CST y del cual se exceptúa a los trabajadores ocasionales, de conformidad con el art.251 y de la prima de servicios contemplada en el art. 306, el Ministerio Público cree que la situación fáctica de los trabajadores permanentes no es comparable con la de los ocasionales, dada la naturaleza de sus funciones y los objetivos de las prestaciones. En efecto, considera, que los trabajadores permanentes tienen la expectativa justificada y fundada de conservar el empleo, en cuanto desempeñen sus obligaciones laborales, y el interés del empleador; en cambio, los ocasionales no tienen esas expectativas de permanencia, pues las funciones para los que fueron contratados son excepcionales. Es por esto que la diferenciación establecida en estas últimas normas en contra de los trabajadores ocasionales- acusada de inconstitucional- está justificada; le da pleno desarrollo al artículo 53 de la C.N. que consagra como derecho del trabajador que su remuneración sea proporcional a la calidad y cantidad de trabajo. En consecuencia, para el Ministerio Público, no hay violación al derecho a la igualdad ni a los artículos 25 o 53 de la Constitución, por lo que los artículos 251 y la expresión ''excepto de los ocasionales o transitorios'' del artículo 306, ambos del Código Sustantivo del Trabajo, deben declararse EXEQUIBLES.
Sobre la derogatoria de los artículos 229 literal b), 247(parcial) y 289(parcial) acusados.-
C.C. juzgada constitucional en relación con el artículo 251 literal b).
En la sentencia C-823 de 2006 esta Corte declaró inexequible el artículo 251 literal b) del Código Sustantivo del Trabajo aquí demandado. Se consideró en dicha oportunidad que la norma se encontraba vigente pero que era inconstitucional por contradecir el artículo 53 de la Carta que contempla la garantía de la Seguridad Social como uno de los principios fundamentales que orientan la legislación laboral del país y que está regida por la exigencia de la universalidad, la solidaridad y la eficiencia, tal como quedó señalado en el punto anterior y que son parámetros defendidos por este tribunal en la materia en sinnúmero de decisiones. Por la excepción que la norma contemplaba para los trabajadores ocasionales del pago del auxilio de cesantía, consagrado, en cambio, para los trabajadores con relación laboral permanente, de conformidad con el artículo 249 del mismo estatuto laboral, fue excluida de nuestro ordenamiento porque, ''Las contingencias provenientes de la actividad laboral, la necesidad de establecer condiciones dignas de trabajo, la protección de la seguridad económica de los individuos que derivan su sustento y el de sus familias del trabajo dependiente, son circunstancias que se predican de todos los trabajadores dependientes, sin consideración a la naturaleza del contrato que los vincula, ni a la actividad desarrollada por la empresa. Así, la exclusión de los trabajadores ocasionales de la prestación social del auxilio de cesantías es contraria al atributo de la universalidad que orienta la garantía de la seguridad social, principio mínimo fundamental que debe guiar la legislación en materia laboral (Art. 53)... Desborda el marco de libertad de configuración normativa el legislador, cuando establece un precepto que restringe algunos de los principios fundamentales del derecho al trabajo como ''la igualdad de oportunidades para los trabajadores'' y el derecho del trabajador a que su remuneración sea ''proporcional a la cantidad y calidad del trabajo'' (Art. 53 superior), en relación con un grupo de trabajadores (los ocasionales o transitorios) vinculados mediante una modalidad contractual que goza de la protección constitucional establecida en la mencionada disposición.
El auxilio de cesantía tiene como finalidad cubrir o prever las necesidades que se originan para el trabajador con posterioridad al retiro de una empresa, por lo que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el riesgo de desempleo. Se trata de un objetivo acorde con los principios de una Constitución humanista fundada en el respeto por la dignidad humana, en este caso, del trabajador...''
La inconstitucionalidad de la expresión ''excepto a los ocasionales o
transitorios'' del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.
El principio de protección al trabajo y el régimen de Seguridad Social en nuestro Estado social de derecho:
Por todo esto al trabajo se le ha reconocido, por de esta Corporación, varias dimensiones Cfr. Entre otras la Sent. C-100 de 2005(M.P.M.C.G.) : a) es valor fundante de nuestro Estado social de derecho; b) es un principio constitucional y legal; c) es un derecho fundamental y d) es una obligación social fundada en la solidaridad. Por ello, y por remitirnos a otros principios también protegidos, como el respeto a la dignidad humana y en general a los derechos fundamentales de quien gracias a él viven y sostienen a otros, se exige una protección especial por parte del Estado. Todo esto adquiere fuerza vinculante desde nuestra Carta Política a través de artículos como el 1º, 25º, 48 o 53, por virtud del cual compromete al Estado en el deber de protegerlo, garantizando las condiciones, también normativas, para que las relaciones laborales sean justas y compatibles con otros postulados de la Carta, propiciando el ambiente de convivencia entre libertad de empresa y régimen salarial y de prestaciones sociales de los trabajadores.
''La seguridad social para los trabajadores sus familiares y pensionados no es entonces una dadiva del patrono o de las entidades prestadoras de salud, ni dependen de la mero arbitrio; es un derecho inalienable e irrenunciable de aquéllos, que hacen parte de las condiciones dignas y justas que deben rodear las relaciones de trabajo; lo anterior significa la correlativa y perentoria obligación de todo patrono de hacer efectivo tal derecho, pues no puede eludir la afiliación de sus trabajadores y pensionados al sistema nacional de seguridad social contemplado en la ley, sin violar las normas constitucionales y legales, y comprometer su responsabilidad en los términos previstos en el ordenamiento. Por eso, la omisión del patrono implica que él asuma, de su propio peculio y de manera total, los costos que genere la atención de la salid del trabajador o pensionado y, por supuesto, también de manera integral, la de sus familiares que son beneficiarias de los servicios correspondientes.'' Sentencia T- 137 de 2000, (M.P. Carlos Gaviria Díaz)
También ha considerado este tribunal constitucional que el trabajo como principio y valor fundante de nuestra Carta es vinculante independientemente del tipo de relación laboral que tenga el trabajador. Precisamente a propósito de las normas laborales que han discriminado a los trabajadores ocasionales o transitorios la Corporación sostuvo que, ''El texto constitucional en su conjunto presenta un amplio marco de protección al trabajo en su dimensión objetiva, y al trabajador en su concepción subjetiva. Así, el trabajo constituye un valor y una aspiración del Estado Social de Derecho. Desde el Preámbulo se establece que el fin de la Constitución es asegurar a sus integrantes la vida, el trabajo, la justicia, la igualdad, entre otros valores, erigiéndose además en un principio de obligatoria observancia por todos los operadores jurídicos. En este sentido el artículo 1° de la Carta señala que el Estado Social de Derecho está fundado en el respeto de la dignidad humana y en el trabajo, entre otros valores. Constituye además un derecho fundamental que se garantiza mediante acciones de control, vigilancia, prestación, y en general, bajo el amparo de la consagración de unos deberes estatales establecidos en el artículo 25 conforme al cual `el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas'.
La protección reforzada que el texto constitucional brinda al trabajo en sus dimensiones individual y colectiva, productiva e instrumental, pero en todo caso como medio para el fortalecimiento de la dignidad humana, deviene también del artículo 53 de la Carta que dispuso un mínimo de principios fundamentales, tales como la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la actividad y calidad del trabajo y la garantía a la seguridad social, entre otros. En este contexto constitucional es evidente que existen especiales garantías para quienes desarrollan una actividad productiva protegida por el Estado, la cual debe prodigarse independientemente de si el trabajador se desempeña bajo una forma de vinculación indefinida, de larga o de corta duración, y al margen de la naturaleza de las actividades que desarrolla el empleador'' Sentencia C- 823 de 2006(M.P.J.C.T..
La igualdad de tratamiento del trabajo independientemente del tipo de relación laboral :
Constituye el derecho a la igualdad uno de los fundamentos axiológicos de nuestro Estado constitucional más decantados por nuestra Corporación, entre cuyas argumentaciones teoréticas sobresale la siguiente Cfr. la línea precedencial trazada desde la sentencia C-022 de 1996:
''La teoría jurídica analítica, aplicada al tratamiento del derecho a la igualdad, ha establecido algunas distinciones de mucha utilidad para la solución de casos relacionados con ese derecho. La primera de ellas tiene que ver con la estructura de las normas que establecen el derecho a la igualdad, tales como la formulación aristotélica clásica o el artículo 13 de nuestra Constitución Política. En efecto, los conflictos en que entra en juego el derecho a la igualdad muestran que las normas que lo consagran pueden ser tratadas como principios, esto es, son normas cuya aplicación en un caso concreto depende de la ponderación que se haga frente a los principios que con él colisionanRobert Alexy. Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1993. p. 409. El principio de igualdad de tratamiento entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, por ejemplo, puede entrar en pugna con el principio de la autonomía de la voluntad, expresado en la posibilidad del patrono de firmar convenciones colectivas con los primeros y pactos colectivos con los segundosSentencia U-342/95. M.P.A.B.C. o en la de contratar a sus trabajadores para laborar horas extrasSentencia T-230/94. M.P.E.C.M. . Corresponde al juez hacer la ponderación entre el principio a la igualdad y el principio que entra en conflicto con él, y decidir sobre la prevalencia de uno de ellos en el caso concreto, a la luz del ordenamiento constitucional.
Dos consecuencias se desprenden con claridad de esta enunciación del principio de igualdad: en primer lugar, la carga argumentativa está inclinada en favor de la igualdad, pues en todo caso la carga de la prueba pesa sobre quien pretende el establecimiento de un trato diferenciado. En otras palabras, quien establece o pretende establecer un trato discriminatorio, debe justificarlo...'' Sentencia T-230 de 1994(M.P.E. cifuentes)
''La seguridad social se ubica dentro de los principios constitucionales considerados como necesarios para la efectiva de la igualdad material. En este sentido no se trata de un derecho judicialmente exigible, sino de un mandato social el constituyente de 1991 atribuye al Estado Social de derecho. Por ello, las reglas y leyes en general, relacionadas con la seguridad social no se configuran para restringir el derecho, sino para el desarrollo normativo que orienta y ordena su optimización.
El cumplimiento del mandato constitucional de crear, mantener y optimizar un sistema de seguridad social tiene como características la obligatoriedad por parte del Estado para la prestación, la universalidad en el cubrimiento para todos los colombianos y la solidaridad como principio de sostenimiento y financiación'' Sentencia C-828 de 2001(M.P.J.C.T.)
No se justifica el trato desigual de los trabajadores ocasionales:
Con la nueva Constitución los estímulos que en otra época otorgaba el legislador al ejercicio de la libertad de empresa son válidos pero están limitados por la naturaleza del trabajo y por los derechos fundamentales. Por ello esta Corporación Sentencia C-100 de 2005(M.P.Á.T.G.) sostuvo a este propósito:
''La Corte ha hecho énfasis en que tanto los posibles estímulos como las limitaciones de orden legal a las que puede verse sometida la libertad económica y de empresa, han de tener como guía la garantía de los derechos fundamentales de las personas y la prevalencia del interés general. También ha destacado que el ejercicio de esa libertad, debe ser compatible con la protección especial estatal otorgada a derechos que, como el del trabajo y demás ligados a éste, son determinantes para alcanzar los fines económicos para los cuales fue creada la empresa, garantizando su realización efectiva, pero dentro del entorno que asegure la vigencia de un orden justo, protegido por las distintas autoridades públicas.
`(E)l derecho al trabajo surge con particular importancia a partir del Preámbulo de la Constitución, a efectos de ser protegido en la perspectiva de un orden político, económico y social justo. A lo cual concurre el artículo 1 ibídem otorgándole un valor fundante en el Estado Social de Derecho que entraña Colombia, ámbito en el que le corresponde a las autoridades proveer a su garantía en condiciones dignas y justas, es decir, atendiendo a la realización de los fines del Estado materializando los atributos y consecuencias del derecho al trabajo. Así entonces, dentro de la órbita estatal, a partir de políticas laborales consonantes con la dignidad y justicia que deben irradiar el derecho al trabajo, le compete al Legislador establecer normas tendientes a salvaguardar los intereses del empleado frente al empleador. Vale decir, es tarea fundamental del Estado en general, y del Legislador en particular, promover las condiciones jurídicas y fácticas necesarias a la reivindicación del trabajo, en el entendido de que la libertad de empresa con criterio rentable implica a su vez una función social en cabeza de los empleadores, función ésta que en términos constitucionales tiene como primeros destinatarios a los trabajadores de la empresa y, subsiguientemente, a los clientes de sus bienes y servicios''(C-019 de 2004 J.A.R., con S.V.R.E.G.)
En este sentido la regulación que en relación con las empresas efectúe el Legislador respecto de los derechos de los trabajadores ha de enmarcarse claramente dentro de los principios que el Constituyente señaló para el efecto en el artículo 53 superior y dentro de ellos -cabe resaltar para efectos de esta sentencia- del principio de igualdad para los trabajadores''
Los trabajadores ocasionales en nuestro país han sido discriminados frente a los trabajadores permanentes, tanto por las razones de política económica que hemos señalado, como por falta de una clara regulación laboral posterior a la Constitución del 91. De esta M. se les ha venido excluyendo del auxilio monetario por enfermedad profesional (Art. 229 lit. b. CS.T), del pago de gastos funerarios (Art. 247 del C.S.T.), del auxilio de cesantías (Art. 251 lit. b del C.S.T), del seguro de vida obligatorio (Art. 289 del C.S.T.), temas frente a los cuales ya hubo de pronunciarse esta Corte, excluyéndolos de nuestro ordenamiento jurídico por ser abiertamente inconstitucionales.
La finalidad del legislador al excluir a los trabajadores ocasionales de ciertas prestaciones, como la prima de servicios, fue la protección de un modelo económico. Ello no obstante, analizada dicha exclusión desde la perspectiva del principio de proporcionalidad Cfr. las sentencias C-576 de 2004(M.P.J.A., C-022 de 1996 (M.P.C.G.D., entre otras., vale decir, estableciendo un juicio de ponderación entre medios y fines, la autorización de un privilegio a expensas de unos derechos como son las prestaciones sociales, de conformidad con nuestro desarrollo constitucional hoy representa un medio no permitido. Si dicho principio exige además que el medio sea idóneo y necesario, o sea, que sea adecuado y que solo por su intermedio se logre el fin buscado por no existir otra alternativa menos gravosa, la negación de esta prestación contradice nuestro orden constitucional por ser desproporcionada respecto del estímulo que quiso otorgarse a algunos empleadores.
Precisamente esta Corporación no encontró razonable ni proporcionado que, por ejemplo, se condicionara el pago de la prima de servicios a que el trabajador hubiese laborado por un período fijado por el legislador a su arbitrio. Por ello, por sentencia C- 042 de 2003, se excluyó de nuestro ordenamiento jurídico la norma que negaba dicha prestación respecto de contratos a término fijo inferiores a un año, en los siguientes términos:
''Dentro del marco de la libertad de configuración normativa del legislador, para la Sala no resulta razonable que se establezca una norma que restrinja uno de los principios constitucionales fundamentales del derecho del trabajo como es la ''igualdad de oportunidades para los trabajadores'' (Artículo 53 Superior), puesto que con la aplicación de la restricción temporal que fija la expresión demandada se permite que personas que han imprimido a una actividad la misma fuerza laboral, se vean excluidos de acceder a la prima de servicios por haber iniciado o concluido sus labores por fuera de la mitad del semestre respectivo.
Como la expresión acusada introdujo sin justificación constitucional alguna, una restricción de tipo temporal para reconocer el derecho a la prima de servicios y desconoce así los principios fundamentales del derecho al trabajo en el Estado social de derecho, se declarará inexequible''.
Finalmente esta Corte considera que respecto de la expresión demandada ''toda empresa'' con que comienza la proposición del artículo 306 no existen cargos, porque los cargos de la demanda están formulados contra la expresión ''excepto a los trabajadores ocasionales o transitorios, motivo por el cual nos abstendremos de pronunciarnos sobre la expresión ''toda empresa''.
En conclusión, la expresión ''excepto a los ocasionales o transitorios'' del artículo 306 del C.S.T. desconoce el preámbulo de nuestra Constitución, así como sus artículos 1º, 2º, 13º, 25, 48 y 53, tal como ha quedado señalado, por lo que debe ser declarada inexequible.
Tercero.- DECLARAR INEXEQUIBLE la expresión ''excepto a los ocasionales o transitorios'' del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 39834 de 20 de Noviembre de 2013