Source: http://ignacioconstantino.com/2011/11/
Timestamp: 2018-02-23 06:26:24
Document Index: 259107228

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 64', 'artículo 38', 'artículo 45', 'artículo 12', 'artículo 91']

noviembre 2011 - Ignacio Constantino
Portada Newsletter Diciembre 2011
29/11/2011 /0 Comentarios/en Portada Newsletter /por emartin
Normativa Diciembre 2011
29/11/2011 /0 Comentarios/en Normativa /por emartin
Medidas de apoyo a deudores hipotecarios, control del gasto público, cancelación de deudas contraídas por entidades locales, impulso de la rehabilitación y simplificación administrativa
Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa (BOE 07/07/2011). Corrección de errores BOE 13/07/2011
A través de este Real Decreto-ley se recogen un conjunto de medidas vinculadas a la protección de los deudores hipotecarios, el control del gasto público y la garantía de pago de las obligaciones contraídas por las administraciones públicas, el impulso de la actividad empresarial, el desarrollo de las actuaciones de rehabilitación, el incremento de la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y la eliminación de obstáculos injustificados derivados de la actividad administrativa.
Siendo preciso adoptar nuevas iniciativas que refuercen la confianza internacional en la economía española y expresen el compromiso de las instituciones españolas con las reformas acordadas en el seno de la Unión Europea en materia de control de la evolución del gasto público y con el impulso de la actividad económica en España, con la finalidad de mantener la capacidad de financiación de las administraciones y las empresas españolas en el mercado internacional, se considera necesario anticipar la adopción de alguna de las medidas discutidas en el marco del Pacto por el Euro plus y la aprobación con carácter urgente de otras actuaciones vinculadas en todos los casos al impulso de la actividad económica, incrementando las posibilidades de acceso a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas o de nuevos proyectos empresariales, actuando específicamente sobre el sector de la construcción con reformas tendentes a garantizar la confianza y la seguridad en el mercado inmobiliario, con medidas que impulsan el desarrollo de la rehabilitación como nuevo ámbito de crecimiento sólido y sostenible y reduciendo aquellos obstáculos administrativos a la actividad empresarial y de los ciudadanos que no estén plenamente justificados.
Asimismo, dada la situación de especial dificultad en que se encuentran quienes contrajeron préstamos hipotecarios en los momentos de mayor valoración de los inmuebles y se encuentran ahora imposibilitados para satisfacer sus obligaciones de pago, se adoptan medidas adicionales de protección para las familias con menores ingresos y las reformas necesarias para garantizar que las ejecuciones hipotecarias se realicen sin dar lugar a situaciones abusivas o de malbaratamiento de los bienes afectados, aunque manteniendo los elementos fundamentales de garantía de los préstamos.
La entrada en vigor es el día 7 de julio de 2011, el día de su publicación en el BOE, a excepción de lo dispuesto en el artículo 21, en relación con la inspección técnica de edificios, que entrará en vigor el día 7 de julio de 2012, al año de su publicación.
Restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal
Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal (BOE de 17 de septiembre de 2011)
Siendo precisa la adopción de nuevas medidas tributarias que refuercen los ingresos públicos, así como la aplicación del principio de equidad para que exista una mayor contribución por parte de quienes tienen una mayor capacidad económica, se considera necesario el restablecimiento efectivo del Impuesto sobre el Patrimonio.
El restablecimiento del impuesto tiene carácter temporal ya que se contempla exclusivamente en 2011 y 2012, debiéndose presentar las consiguientes declaraciones, respectivamente, en 2012 y 2013, produciéndose su devengo el próximo 31 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012. Sigue siendo un tributo cedido a las Comunidades Autónomas, que recuperan de manera efectiva su capacidad normativa y a ellas corresponde su recaudación, con la finalidad de que esos años obtengan recursos adicionales. La supresión futura de este impuesto o la creación de otro de naturaleza estatal no implicará compensación adicional a las Comunidades Autónomas.
No se introducen modificaciones sustanciales en la estructura del impuesto, que se reactiva eliminándose la bonificación estatal hasta ahora existente y recuperando los elementos del tributo que fueron objeto de una eliminación técnica, pero elevándose los importes de la exención parcial de la vivienda habitual y del mínimo exento.
En resumen, gravará ahora patrimonios superiores a los 700.000 euros, lo que supone multiplicar casi por siete el límite anterior (cerca de 108.000 euros). Además, el mínimo exento para vivienda habitual se eleva a 300.000 euros, el doble de 2008, todo ello sin perjuicio de las competencias normativas que sobre esta materia ostentan las Comunidades Autónomas.
En el caso de núcleos familiares, la titularidad de bienes y derechos que sean comunes a ambos cónyuges se atribuye por mitad a cada uno de ellos, salvo que se justifique otra cuota de participación, y se considera individualmente a la hora de calcular la base imponible del impuesto.
Su entrada en vigor es el 18 de septiembre de 2011, al día siguiente de su publicación en el BOE.
Integración de los trabajadores agrarios por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social
Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social (BOE 23/09/2011)
Los objetivos básicos de la presente Ley son:
La entrada en vigor será el 1 de enero de 2012. Las cotizaciones satisfechas al extinguido Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social por los trabajadores por cuenta ajena integrados en el Régimen General de la Seguridad Social, se entenderán efectuadas en este último, teniendo plena validez tanto para perfeccionar el derecho como para determinar la cuantía de las prestaciones previstas en la acción protectora de dicho Régimen General a las que puedan acceder aquellos trabajadores, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.
Medidas urgentes para la promoción del empleo
Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (BOE 30/08/2011)
Se modifica el contrato para la formación y el aprendizaje, con el objetivo de dotar de una cualificación profesional acreditada a todos aquellos jóvenes que carezcan de ella, y ofrecer al trabajador la posibilidad de ejecutar un trabajo efectivo en una empresa, directamente relacionado con la formación que está recibiendo, lo que favorecerá una mayor relación entre ésta y el aprendizaje en el puesto de trabajo.
El nuevo contrato se dirige a jóvenes mayores de dieciséis y menores de veinticinco años que carezcan de cualificación profesional, aunque transitoriamente, podrá ser realizado también con jóvenes mayores de veinticinco y menores de treinta años, pues dentro de ese grupo de edad existen en este momento importantes déficits de cualificación profesional y elevados niveles de desempleo.
Asimismo, se reducen las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social para las contrataciones iniciales y para cuando los contratos se transformen en contratos indefinidos.
Entrada en vigor es el día 31 de agosto de 2011, al día siguiente al de su publicación en el BOE. Los contratos para la formación concertados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley se regirán por la normativa legal o convencional vigente en la fecha en que se celebraron.
Real Decreto-legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (BOE 02/07/ 2011)
Se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, ofreciendo un texto sistemático y unificado, comprensivo de toda la normativa aplicable a la actividad de auditoría de cuentas, regularizando, armonizando y aclarando los textos que se refunden, modificando su estructura y realizando adaptaciones y precisiones terminológicas con la finalidad de aclarar su contenido.
Recogiendo todas las modificaciones que se han ido llevando a cabo en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas e incluyendo toda la normativa aplicable a la actividad de auditoría de cuenta, el Texto Refundido que ahora se aprueba tiene por objeto regular la actividad de auditoría de cuentas, tanto obligatoria como voluntaria, mediante el establecimiento de las condiciones y los requisitos de necesaria observancia para su ejercicio, así como la regulación del sistema de supervisión pública y los mecanismos de cooperación internacional en relación con dicha actividad.
Las modificaciones más relevantes fueron las llevadas a cabo por la Ley 12/2010, de 30 de junio, que traspuso la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas.
La entrada en vigor es el día 3 de julio de 2011, al día siguiente de su publicación en el BOE.
29/11/2011 /0 Comentarios/en Agenda /por emartin
• Diciembre 2011. Grandes Empresas………… 111,115,117,123,124,126,128
• Cuarto Trimestre………… 2011 110,115,117,123,124,126,128
• Resumen anual 2011. Presentación modelo preimpreso………… 180,188,190,193,194
• Comunicación de incorporaciones en el mes de diciembre, Régimen especial del grupo de entidades………… 039
• Cuarto Trimestre 2011. Servicios vía electrónica………… 367
Declaración anual 2011. Presentación en papel (preimpreso o generado mediante el módulo
de impresión de la AEAT)………… 346
Renta Cuarto Trimestre 2011:
• Diciembre 2011. Régimen General. Autoliquidación………… 303
• Diciembre 2011. Grupo de entidades, modelo individual………… 322
• Diciembre 2011. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA y del IGIC………… 340
• Diciembre 2011. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias………… 349
• Diciembre 2011. Grupo de entidades, modelo agregado………… 353
• Diciembre 2011 (o año 2011). Operaciones asimiladas a las importaciones………… 380
• Cuarto Trimestre 2011. Régimen General. Autoliquidación………… 303
• Cuarto Trimestre 2011. Declaración-Liquidación no periódica………… 309
• Cuarto Trimestre 2011. Declaración final. Régimen Simplificado………… 311
• Cuarto Trimestre (o año 2011). Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias………… 349
• Cuarto Trimestre 2011. Declaración final. Regímenes General y Simplificado………… 371
• Cuarto trimestre 2011. Operaciones asimiladas a las importaciones………… 380
• Resumen anual 2011………… 390
Resumen anual 2011. Presentación en soporte, vía telemática (Internet) y en impreso generado mediante el módulo de impresión de la AEAT (con programa de ayuda)………… 180, 188, 190, 193, 194, 196
Solicitud de aplicación del porcentaje provisional de deducción distinto del fijado como definitivo para el año
precedente………… sin modelo
Enero 2012 Grandes Empresas………… 111,115,117,123,124,126,128
Declaración anual 2011. Presentación en soporte y vía telemática (Internet)………… 346
• Enero 2012. Régimen General. Autoliquidación………… 303
• Enero 2012. Grupo de entidades, modelo individual………… 322
• Enero 2012. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA y del IGIC………… 340
• Enero 2012. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias………… 349
• Enero 2012. Grupo de entidades, modelo agregado………… 353
• Enero 2012. Operaciones asimiladas a las importaciones………… 380
MPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Entidades cuyo ejercicio coincida con el año natural: opción/renuncia a la opción para el cálculo de los pagos
fraccionados sobre la parte de base imponible del período de los tres, nueve u once meses de cada
año natural………… 036
Febrero 2012. Grandes Empresas………… 111,115,117,123,124,126,128
• Febrero 2012. Régimen General. Autoliquidación………… 303
• Febrero 2012. Grupo de entidades, modelo individual………… 322
• Febrero 2012. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA y del IGIC………… 340
• Febrero 2012. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias………… 349
• Febrero 2012. Grupo de entidades, modelo agregado………… 353
• Febrero 2012. Operaciones asimiladas a las importaciones………… 380
NOTA: En el momento de elaborar esta agenda, ninguno de los calendarios tributarios habían sido publicados por los organismos oficiales, por lo tanto, se ha confeccionado teniendo en cuenta el calendario fiscal del año 2011.
Contabilidad Diciembre 2011
29/11/2011 /0 Comentarios/en Contabilidad /por emartin
De acuerdo con el Plan General de Contabilidad (PGC), se entiende que un elemento del inmovilizado material se adquiere por permuta cuando se recibe a cambio de la entrega de activos no monetarios o una combinación de éstos con activos monetarios. Por tanto, en una permuta puede existir la entrega de dinero, siempre y cuando vaya acompañada del intercambio de un activo no monetario. Así, a diferencia de la permuta, en el contrato de compra-venta el precio es cierto y se materializa en dinero o cualquier otro activo monetario.
Existen otros tipos de permutas, sobre los cuales no se pronuncia el PGC, pero que se producen en el ámbito empresarial:
Entrega de un activo no monetario a cambio de otro activo no monetario más una entrega de activo monetario.
Entrega de un activo no monetario para cancelar un activo monetario.
Entrega de un activo no monetario para cancelar un pasivo monetario o deuda. Un claro ejemplo de este último caso serían las daciones en pago que las empresas inmobiliarias realizan a las entidades de crédito.
El PGC distingue dos tipos de permutas, las comerciales y las no comerciales. Para que la permuta sea considerada de carácter comercial tendrán que darse alguna de las dos siguientes consideraciones:
a) La configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado.
b) El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa afectada por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la operación.
Además, es necesario que cualquiera de las diferencias surgidas por las anteriores causas a) o b), resulte significativa al compararla con el valor razonable de los elementos intercambiados.
En caso de no cumplir los requisitos anteriores, la permuta tendrá carácter de no comercial.
Como el lector habrá podido comprobar, la complejidad para determinar si la permuta es de carácter comercial es importante, puesto que la determinación de los flujos de efectivo de los bienes intercambiados no es fácil de determinar. De la misma manera, determinar si el valor actual de los flujos de efectivo de la empresa ha variado tras la permuta todavía resulta de mayor complejidad.
En este sentido, y si bien no hay ninguna resolución al respecto, se podrían considerar permutas de carácter no comercial aquellas en las que se intercambian bienes de la misma naturaleza y uso para la sociedad. Si, por el contrario, se intercambian elementos patrimoniales que no tienen la misma naturaleza y uso, es más probable que el importe y momento de los flujos que se generen difieran en ambos activos no monetarios y, por lo tanto, se considerarán permutas de carácter comercial.
En función de la clasificación de la permuta, la valoración inicial del activo adquirido difiere en las permutas comerciales y no comerciales.
A continuación, expondremos de manera práctica el tratamiento contable de las permutas.
Ejemplo 1: La Sociedad A entrega a la Sociedad B un vehículo, recibiendo a cambio una máquina que será utilizada en el proceso productivo. Los valores contables y razonables de dichos elementos son los siguientes:
Vehículo 15.000 18.000
Máquina 16.000 14.000
Vamos a proceder a contabilizar dicha permuta en la Sociedad A. No consideraremos el IVA de la operación.
Para ello, en primer lugar, deberemos determinar el tipo de permuta de la que se trata: comercial o no comercial. En este supuesto, dado que los bienes no son de la misma naturaleza, ni tampoco para el mismo uso por parte de la Sociedad, podemos entender que los flujos monetarios que se obtengan por la explotación de dichos activos difieran en importe y calendario, y en consecuencia se tratará de una permuta comercial. Por lo tanto, el asiento a realizar por la Sociedad A será:
213 Maquinaria 14.000
218 Elementos de transporte 15.000
671 Pérdidas procedentes del inmovilizado material 1.000
Así la sociedad dará de baja el elemento de transporte por su valor contable, es decir, 15.000 euros, y la máquina se valorará por el valor razonable del activo entregado (18.000 euros) pero con el límite del valor razonable del activo recibido. Por lo tanto, se valorará por el menor de los dos, es decir, 14.000 euros. La diferencia de valores, en este caso pérdida, se registrará en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Ejemplo 2: Una Sociedad A que tiene en propiedad una Máquina X que adquirió por 150.000 euros y que a la fecha de la operación de permuta tiene una amortización acumulada de 80.000 euros (siendo su valor razonable 75.000 euros), cambia dicha máquina por otra cuyo valor razonable es de 95.000 euros (Máquina Y).
En primer lugar, y puesto que los elementos permutados tienen la misma naturaleza y uso, los flujos que generen serán similares y por lo tanto, podemos decir que se trata de una permuta no comercial.
En este caso, la maquinaria Y recibida se valorará por el Valor Neto Contable del activo entregado (Máquina X): 70.000 (150.000-80.000), con el límite del Valor Razonable del activo recibido (Máquina Y), es decir, 95.000.
Por lo tanto, la Máquina Y se valorará por 70.000 euros.
213 Maquinaria Y 70.000
281 Amortización acumulada del inmovilizado material 80.000
213 Máquina X 150.000
En este caso, la permuta no tiene repercusión en la cuenta de pérdidas y ganancias.
A continuación, nos gustaría centrarnos brevemente en las operaciones en las que se entrega/recibe un activo no monetario para cancelar un activo o pasivo monetario (crédito/deuda). Esta práctica está siendo muy utilizada en la actualidad debido a la falta de liquidez de muchas empresas, que se ven obligadas a cancelar sus deudas mediante la entrega de activos no monetarios. En este sentido, estas operaciones pueden ser consideradas como compra-ventas a crédito y posterior cancelación de pasivos financieros, o también el ICAC contempla la posibilidad de tratarlas como permutas. En función de su consideración, el tratamiento contable difiere.
Ejemplo 3: La Empresa X adquiere a crédito a la Empresa Y un local comercial por importe de 400.000 euros a pagar en 5 años. Puesto que la empresa X a lo largo del primer año no puede hacer frente a sus pagos, decide cancelar la deuda mediante la entrega a la empresa Y de una vivienda cuyo valor de mercado es de 380.000 euros y su valor neto contable de 200.000 euros.
Hipótesis 1: La operación se considera compra de local y posterior cancelación de la deuda mediante la entrega de la vivienda, los asientos contables a realizar serían los siguientes:
211 Construcciones (Local Comercial) 400.000
171 Deudas a largo plazo 400.000
Por la entrega de la nave para cancelar la deuda:
Deudas a largo plazo 400.000
221 Inversiones en construcciones (Vivienda) 200.000
77 Beneficios del inmovilizado material 200.000
Hipótesis 2: Se considera una permuta del local por la vivienda. Si se entiende que la permuta es de carácter comercial los registros contables serán los siguientes:
Construcciones (Local Comercial) 380.000
77 Beneficios del inmovilizado material 180.000
Como vemos, bajo esta hipótesis el beneficio es de 180.000 euros. Pero el resultado todavía diferirá más si consideramos la permuta como no comercial. En este caso, el asiento sería:
Construcciones (Local Comercial) 200.000
211 Inversiones en construcciones (Vivienda) 200.000
Como podemos observar, si se considera la operación como una permuta no comercial, no llevaremos ningún resultado a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Para finalizar, y dada la necesidad que tienen actualmente muchas empresas para restablecer el equilibrio patrimonial como consecuencia de las pérdidas que van generando, nos gustaría destacar el tratamiento contable que el ICAC (en su consulta 9 del BOICAC Nº 84/2010) ha dado a una aportación no dineraria en una ampliación de capital, desde la perspectiva de la Sociedad aportante. Así, en aquellos casos en los que una Empresa X aporta un terreno en la ampliación de capital de una Sociedad Y, y ambas sociedades son “claramente vinculadas”, la valoración que debe otorgarse a las participaciones recibidas por la Sociedad X se determinará conforme a los criterios establecidos en las permutas no comerciales del inmovilizado. Es decir, la inversión se reflejará en la Sociedad X al valor contable de la contraprestación entregada, sin que se produzca un resultado contable.
Ante la situación actual, en la que un gran número de empresas tienen problemas económicos y financieros, la entrega de activos no monetarios para cancelar deuda, o el intercambio de los mismos puede suponer una alternativa interesante para reducir el endeudamiento de las empresas.
Del mismo modo, las ampliaciones de capital mediante aportaciones no dinerarias son una solución para restablecer el desequilibrio patrimonial en la empresa en caso de existir.
Laboral Diciembre 2011
29/11/2011 /0 Comentarios/en Laboral /por emartin
Como ya hemos indicado, el grueso de la reforma afecta a la pensión de jubilación y a ella vamos a dedicar la mayor parte del comentario, reservando para el final al resto de modificaciones y novedades que esta Ley introduce.
I. JUBILACIÓN (Art. 4 L.27/2011. En vigor el 1 de enero de 2013)
Las modificaciones de la pensión de jubilación afectan a:
1) La edad como requisito de acceso
a) A partir de 2027 se exigirá haber cumplido 67 años de edad o 65 años cuando se acrediten cotizados 38 años y seis meses.
b) A partir de 1 de enero de 2013 (fecha de entrada en vigor) y hasta el 2027, el requisito de edad para acceder a esta pensión y los períodos de cotización exigidos que permitirán el acceso con 65 años (que se tomarán completos, sin que queda equiparación de fracciones de años o meses a años o meses completos), se aplicará de forma gradual. Así, por ejemplo:
— 2013: con 35 años cotizados y 3 meses o más, la edad exigida será 65 años. Si la cotización es inferior, la edad será de 65 años y un mes.
— 2014: con 35 años cotizados y 6 meses o más, la edad exigida será 65 años. Si la cotización es inferior, la edad será de 65 años y dos meses.
— Y así, sucesivamente, hasta el ejercicio de 2027, que será: con 38 años y 6 meses o más, la edad exigida será 65 años y si la cotización es inferior, la edad será de 67 años.
2) Período de cotización
Tener cubierto un período mínimo de cotización de 15 años, de los cuales al menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. A efectos del cómputo de los años cotizados no se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias. En los supuestos en que se acceda a la pensión de jubilación desde una situación de alta o asimilada al alta, sin obligación de cotizar, este período de 2 años deberá estar comprendido dentro de los 15 años anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar.
3) Cálculo de la Base Reguladora
Será el cociente que resulte de dividir por 350 (antes 210), las bases de cotización del beneficiario durante los 300 meses (es decir, 25 años) inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante (antes se tomaban los 180 meses anteriores, o sea, 15 años).
Se aplicará gradualmente a partir de enero de 2013:
— 2013: se dividirán por 224 las bases de cotización de los 192 meses inmediatamente anteriores.
— 2014: se dividirán por 238 las bases de los 204 meses inmediatamente anteriores.
— Y así sucesivamente, hasta completar el cálculo indicado en enero de 2022.
4) Cuantía de la pensión
— Por los primeros 15 años cotizados: 50%.
— A partir del 16º, por cada mes adicional de cotización, comprendido entre los meses 1 y 248, se añadirá el 0,19% y por los que rebasen el mes 248, se añadirá el 0,18% sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora pueda superar el 100% de la misma, salvo lo indicado a continuación.
Cuando se accede a la pensión de jubilación a una edad superior a los 67 años, o 65 años con 38 años y medio de cotización, siempre que se acrediten un mínimo de 15 años cotizados, se reconocerá al interesado un porcentaje adicional por cada año completo cotizado entre la fecha que cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión, cuya cuantía estará en función de los años cotizados acreditados en la primera de las fechas indicadas, según la siguiente escala:
— Hasta 25 años cotizados, el 2%.
— Entre 25 y 37 años cotizados, el 2,75%.
— A partir de 37 años cotizados, el 4%.
Para aplicar los porcentajes anteriormente indicados también se establece un escalado o aplicación paulatina que se inicia en el 2013 y finaliza en el 2027:
Durante los años 2013 a 2019 Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 163, el 0,21% y por los 83 meses siguientes, el 0,19%
Durante los años 2020 a 2022 Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 106, el 0,21% y por los 146 meses siguientes, el 0,19%
Durante los años 2023 a 2026 Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 49, el 0,21% por los 209 meses siguientes, el 0,19 %
A partir del año 2027 Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 248, el 0,19%y por los 16 meses siguientes, el 0,18%
II. JUBILACIÓN ANTICIPADA (Art. 5 L. 27/2011. En vigor el 1 de enero de 2013)
La jubilación anticipada se ha convertido, básicamente, en una fórmula de regulación de empleo, por lo que su formulación legal debe cambiar, reservando el acceso anticipado a la pensión de jubilación para los casos en que se acrediten largas carreras de cotización, por ello se establecen dos modalidades diversas dentro de esta figura:
1) Derivada del cese en el trabajo por causa no imputable al trabajador
En este caso los requisitos a cumplimentar por la persona que se pretende jubilar anticipadamente son los siguientes:
Tener cumplidos los 61 años de edad, sin que resulten de aplicación los coeficientes reductores.
Encontrarse inscrito en la Oficina de Empleo, al menos, 6 meses inmediatamente previos a la solicitud de la jubilación.
Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años (antes eran 30). Como novedad se computa como cotizado el período de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria realizada con un máximo de 1 año.
Que el cese se haya producido como consecuencia de una situación de crisis o cierre de la empresa. Las causas de extinción del contrato que podrán dar derecho al acceso a esta modalidad de jubilación anticipada son:
1. El despido colectivo por causas económicas autorizado por la autoridad laboral (ERE) (art. 51, ET)
2. El despido objetivo por causas económicas (art. 52c, ET)
3. La extinción del contrato por resolución judicial conforme al artículo 64 de la Ley Concursal.
4. La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual.
5. La extinción del contrato por causa de fuerza mayor.
En este supuesto la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción que le falte al trabajador para alcanzar la edad de jubilación, de un coeficiente del 1,875% por trimestre para los trabajadores con menos de 38 años y 6 meses cotizados y del 1,625% para los trabajadores con 38 años y 6 meses cotizados o más.
2) Derivada de la voluntad del interesado
Tener cumplidos los 63 años de edad, sin que resulten de aplicación los coeficientes reductores.
Acreditar un período mínimo de cotización de 33 años. Rige en los mismos términos anteriores el período de servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria.
Una vez acreditados los anteriores requisitos, el importe de la pensión debe ser superior a la mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a la jubilación anticipada bajo esta fórmula.
En este supuesto, la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación de coeficientes en los mismos términos que los indicados para cuando el cese no era por voluntad del trabajador.
Por último, se mantiene, como hasta el momento, la posibilidad de jubilación a partir de los 60 años de los que tuvieran la condición de mutualista el 1 de enero de 1967, viéndose reducida la cuantía de su pensión en un 8% por cada año o fracción que, en el momento de acceso a la jubilación anticipada, le falte al trabajador para cumplir la edad de 65 años.
III. JUBILACIÓN PARCIAL (Art. 6 L. 27/2011. En vigor el 1 de enero de 2013)
Otra importante modificación efectuada por esta Ley es la introducción de una letra g) en el apartado 2 del art. 166 de la LGSS. Concretamente, se indica que sin perjuicio de la reducción de jornada a que se refiere la letra c) del citado artículo (mínimo de un 25% y máximo de un 75% de la jornada), durante el disfrute de la jubilación parcial empresa y trabajador cotizarán por la base de cotización que, en su caso, hubiese correspondido de seguir trabajando éste a jornada completa.
Esta nueva obligación se aplicará de forma gradual:
— Durante el año 2013, la base de cotización será equivalente al 30% de la base de cotización que hubiera correspondido a jornada completa.
— A partir del 2014 ese porcentaje se elevará un 5% cada año hasta alcanzar el 100% de la base de cotización que le hubiese correspondido a jornada completa.
Como ya indicamos al principio del comentario y por cuestión de espacio, a continuación realizamos unos breves apuntes del resto de modificaciones que la Ley 27/2011 introduce en el sistema de Seguridad Social, afectando a la Ley básica reguladora del mismo (Ley General de la Seguridad Social).
1. Complementos para pensiones inferiores a la mínima (Art. 1, L. 27/2011. En vigor el 1 de enero de 2013)
En ningún caso, el importe de tales complementos será superior a la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas vigentes en cada momento, estableciéndose algunas excepciones en lo que se refiere a las pensiones de gran invalidez, así como a las pensiones de orfandad que se incrementen en la cuantía de la pensión de viudedad, dadas las particularidades que concurren en ambos supuestos. También se exige la residencia en territorio español como requisito para percibir estos complementos.
2. Exención parcial de la obligación de cotizar (Art. 2, L. 27/2011. En vigor el 1 de enero de 2013)
Se adapta la regulación especificándose las diferentes edades y los distintos períodos de cotización acreditados desde los que se puede acceder a la pensión de jubilación calculada con el 100%, circunstancia que es precisamente la que justifica el que pueda reconocerse una exoneración de la obligación de cotizar por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal, cuando el trabajador continúe trabajando habiendo cumplir 65 o más años de edad.
Dado que esta adaptación será aplicable a hechos causantes producidos a partir del 1 de enero de 2013, se establece que los períodos en que se hayan tenido exenciones de cuotas como resultado de la aplicación de la normativa actual (vigente hasta el 31/12/2012) será tenidos como cotizados a efectos del cálculo de la pensión causada a partir del 1 de enero de 2013.
3. Incapacidad permanente (Art. 3, Ley 27/2011. En vigor el 1 de enero de 2013 y el 1 de enero de 2014)
Por lo que se refiere al régimen jurídico de la pensión de incapacidad permanente, se adecua la fórmula de cálculo para determinar la base reguladora de la incapacidad permanente a las reglas de cálculo que se establecen para la pensión de jubilación.
4. Ampliación de la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Art. 7 L. 27/2011. En vigor el 1 de enero de 2013)
5. Factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social (Art. 8 L. 27/2011. En vigor el 1 de enero de 2013)
6. Beneficios por cuidado de hijos (Art. 9 L. 27/2011. En vigor el 1 de enero de 2013)
7. Pensión de orfandad (DA 1ª L. 27/2011. En vigor el 2 de agosto de 2011)
8. Convenio especial a suscribir en Expedientes de Regulación de Empleo (DA 6ª L. 27/2011. En vigor el 1 de enero de 2013)
9. Integración del Régimen Especial de los Empleados del Hogar en el Régimen General (DA 39ª L. 27/2011. En vigor el 1 de enero de 2012)
10. Modificaciones de los apartados 6 y 7 del art. 12 ET (Contrato de Relevo y Jubilación Parcial) (DF 1ª L. 27/2011. En vigor el 1 de enero de 2013)
La cuestión más relevante (en la línea de las modificaciones operadas en el art. 166 de la LGSS) es que el puesto de trabajo del empleado relevista podrá ser el mismo del sustituido (cuando proceda su sustitución). En todo caso, deberá siempre existir una correspondencia entre las bases de cotización de ambos, en los términos previstos en la letra e) del apartado 2 del art. 166 LGSS. Es decir, la base de cotización del trabajador relevista no podrá ser inferior al 65% del promedio de las bases de cotización correspondientes a los seis últimos meses del período de base reguladora de la pensión de jubilación parcial.
Fiscal Diciembre 2011
29/11/2011 /0 Comentarios/en Fiscal /por emartin
La prolongada situación de dificultad económica en que nos encontramos inmersos ha provocado que las normas dictadas por la vía de urgencia hayan pasado a ser lo habitual. Ésta no es la mejor de las formas para conseguir un efectivo cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal, que ya antes y de por sí eran muchas y complicadas. Al mismo tiempo, la confusión ante la continua aparición de normas modificando lo previamente modificado, coadyuva a generar una situación de inseguridad jurídica. Durante los últimos años han sido muchos los Reales Decretos que hemos tenido que estudiar, siempre con el alivio de que durante los meses estivales la labor del legislador menguaba. Este año, en cambio, no ha sido así. Durante los meses de julio, agosto y septiembre han aparecido normas de calado en el ámbito tributario. A ello hay que añadir la incertidumbre que provoca la extensión temporal de la vigencia de estas medidas, tras la celebración de las elecciones generales.
Es, pues, la situación financiera internacional y sus consecuencias en España la que ha llevado al gobierno de la nación, en los últimos tiempos, a adoptar diversas medidas tendentes a reforzar la capacidad de respuesta de la economía española, intensificar las previsiones de apoyo a quienes se encuentran en situaciones más difíciles y dar impulso a las iniciativas vinculadas con el desarrollo de nuevas formas de actividad económica y, por ende, de generación de empleo.
Ciertamente, el comportamiento de los mercados de deuda pública, y en especial en los países de la zona del euro, ha conducido a adoptar nuevas iniciativas que refuercen la confianza internacional en la economía española y expresen con claridad el compromiso de nuestras instituciones con las reformas acordadas en el seno de la Unión Europea en materia de control de la evolución del gasto público y con el impulso de la actividad económica en nuestro país.
Por ello, las medidas a que nos referimos constituyen el anticipo de la adopción de alguna de las propuestas discutidas en el marco del Pacto por el Euro, aprobando al mismo tiempo, con el ya usual carácter urgente, otras actuaciones vinculadas en todos los casos al impulso de la actividad económica, bien incrementando las posibilidades de acceso a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas o de nuevos proyectos empresariales, bien actuando específicamente sobre el sector de la construcción con reformas tendentes a garantizar la confianza y la seguridad en el mercado inmobiliario y con medidas que impulsan el desarrollo de la rehabilitación como nuevo ámbito de crecimiento.
Como decimos, se trata, en todos los casos, de actuaciones urgentes. Y es que las medidas de control del gasto y de impulso de la reactivación económica deben surtir efecto en un contexto económico internacional especialmente difícil y turbulento, en el marco de las actuaciones de rescate adoptadas por la Unión Europea y dirigidas a los Estados con mayores dificultades en el mercado de deuda pública.
Es precisamente al amparo del razonamiento que acabamos de exponer que se han dictado distintas medidas de carácter fiscal con el objeto de atajar la crisis, generar ingresos y recursos para el Estado y reactivar la economía. Las normas a que nos referiremos son:
El Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa;
El Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011; y por último,
El Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal.
II. El real decreto-ley 8/2011
Con el objeto de estimular la actividad económica, y en especial los proyectos empresariales innovadores, se propone una serie de estímulos a la inversión. Para ello, se introducen una serie de modificaciones en sede del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades.
A. Medidas para favorecer la capitalización de empresas de nueva o reciente creación
En virtud de esta medida, estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, cuyo valor total de adquisición no exceda, para el conjunto de entidades, de 25.000 euros anuales, ni de 75.000 euros por entidad durante un período de tres años.
La entidad deberá revestir la forma de Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral, y no deberá estar admitida a cotización. Además, deberá desarrollar una actividad económica sin que merezca tal consideración la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, exigiéndose que para el desarrollo de aquella exista al menos una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.
El requisito cuantitativo en sede de la sociedad consiste en que el importe de la cifra de los fondos propios de la misma no podrá ser superior a 200.000 euros en los períodos impositivos en los que el contribuyente adquiera las acciones o participaciones.
Se exige, además, que la entidad no tenga ninguna relación laboral ni mercantil, al margen de la condición de socio, con el contribuyente.
Las acciones o participaciones en la entidad deberán adquirirse por el contribuyente a partir de la entrada en vigor de esta norma, bien en el momento de la constitución, bien mediante ampliación de capital efectuada en los tres años siguientes a dicha constitución, contados de fecha a fecha, aun cuando se trate de entidades ya constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de la misma.
La participación del contribuyente, detentada de forma directa o indirecta, no puede ser, durante ningún día de los años naturales de tenencia de la participación, superior al 40% del capital social de la entidad o de sus derechos de voto. Y en todo caso, el tiempo de permanencia de la acción o participación en el patrimonio del contribuyente deberá ser superior a tres años e inferior a diez años, contados de fecha a fecha.
La entidad deberá presentar una declaración informativa en relación con el cumplimiento de los requisitos exigidos a la entidad, la identificación de sus accionistas o partícipes, porcentaje y período de tenencia de la participación.
B. Medidas de fomento a la producción de largometrajes
A los efectos de fomentar la producción de largometrajes, El apartado 2 del artículo 38 del TRLIS (deducción por inversiones en bienes de interés cultural, producciones cinematográficas, etcétera), mantendrá su vigencia hasta los períodos impositivos que se hayan iniciado antes de 1 de enero de 2013, y quedará derogado con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de esa fecha.
III. EL REAL DECRETO-LEY 9/2011
Con el objeto de consolidar las finanzas públicas como objetivo imprescindible para asegurar la estabilidad de la economía española y favorecer la recuperación y el empleo se adoptan medidas tributarias que refuercen los ingresos públicos, por ello se modifica el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
1. Incremento del porcentaje de cálculo de los pagos fraccionados que deben realizar las grandes empresas
Con efectos exclusivamente para los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2011, 2012 y 2013, el porcentaje a que se refiere el artículo 45.4 TRLIS, para la modalidad prevista en el apartado 3 de dicho artículo, será:
Tratándose de sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones no haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2011, 2012 o 2013, según corresponda, el resultado de multiplicar por cinco séptimos el tipo de gravamen redondeado por defecto.
Tratándose de sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2011, 2012 o 2013:
a) El resultado de multiplicar por cinco séptimos el tipo de gravamen redondeado por defecto, cuando en esos doce meses el importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 20 millones de euros.
b) El resultado de multiplicar por ocho décimos el tipo de gravamen redondeado por defecto, cuando en esos doce meses el importe neto de la cifra de negocios sea al menos 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros.
c) El resultado de multiplicar por nueve décimos el tipo de gravamen redondeado por defecto, cuando en esos doce meses el importe neto de la cifra de negocios sea al menos 60 millones de euros.
2. Limitación de compensación de bases imponibles negativas procedentes de ejercicios anteriores
Para los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2011, 2012 o 2013, en la compensación de bases imponibles negativas serán de aplicación las siguientes normas:
La compensación de bases imponibles negativas está limitada al 75% de la base imponible previa a dicha compensación, cuando en esos doce meses el importe neto de la cifra de negocios sea al menos 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros.
3. Incremento del plazo máximo para la compensación de bases imponibles negativas
La compensación de bases imponibles negativas pasa de 15 a 18 años. Esta ampliación del plazo para la compensación de bases negativas es una medida de la que se beneficiarán todo tipo de entidades, incluidas las Empresas de Reducida Dimensión.
4. Limitación de la deducción del fondo de comercio financiero
La deducción de la diferencia establecida en el artículo 12.5 TRLIS que se deduzca de la base imponible en los períodos impositivos iniciados dentro del año 2011, 2012 o 2013, quedará sujeta al límite anual máximo de la centésima parte de su importe.
Con efectos desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley y con vigencia exclusivamente hasta el 31 de diciembre de 2011, se aplicará el tipo reducido del 4 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas de bienes a las que se refiere el artículo 91 uno.1.7º LIVA, en particular, los edificios o partes de los mismos aptos para su utilización como viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se transmitan conjuntamente.
IV. REAL DECRETO-LEY 13/2011
Las circunstancias actuales y los efectos de la recesión económica justificaron para el gobierno el restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio, como una forma de materializar el principio por el cual quienes más tienen deben contribuir en mayor medida a la salida de esta situación, reforzando así el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
El Impuesto sobre el Patrimonio se estableció por la Ley 19/1991, de 6 de junio y fue materialmente exigible hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprimió el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio. Esta norma, sin derogarlo, eliminó la obligación efectiva de contribuir por el Impuesto sobre el Patrimonio, entre otras razones por haber disminuido su capacidad redistributiva al gravar principalmente patrimonios medios.
Para excluir del gravamen a los contribuyentes con un patrimonio medio se aumenta significativamente el límite para la exención de la vivienda habitual, así como el mínimo exento que se venía aplicando en el impuesto antes de 2008, quedando establecido en 300.000 euros y 700.000 euros respectivamente, sin perjuicio de las competencias normativas que sobre esta materia ostentan las Comunidades Autónomas.
En cualquier caso, el restablecimiento del impuesto tiene carácter temporal ya que se contempla exclusivamente para los años 2011 y 2012, debiéndose presentar las consiguientes declaraciones, respectivamente, en 2012 y 2013.
Junio 2011. Grandes Empresas………… 111,115,117,123,124,126,128
Segundo Trimestre 2011………… 110,115,117,123,124,126,128
Estimación Directa………… 130
Estimación Objetiva………… 131
Declaración anual 2010 con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta………… 200,220
Junio 2011. Régimen General. Autoliquidación………… 303
Junio 2011. Grupo de entidades, modelo individual………… 322
Junio 2011. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA y del IGIC………… 340
Junio 2011. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias………… 349
Junio 2011. Grupo de entidades, modelo agregado………… 353
Junio 2011. Operaciones asimiladas a las importaciones………… 380
Segundo Trimestre 2011. Régimen General. Autoliquidación………… 303
Segundo Trimestre 2011. Declaración-Liquidación no periódica………… 309
Segundo Trimestre 2011. Régimen Simplificado………… 310
Segundo Trimestre 2011. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias………… 349
Segundo Trimestre 2011. Servicios vía electrónica………… 367
Segundo Trimestre 2011. Regímenes General y Simplificado………… 370
Segundo trimestre 2011. Operaciones asimiladas a las importaciones………… 380
Solicitud de devolución Recargo de Equivalencia y sujetos pasivos ocasionales………… 308
Reintegro de compensaciones en el Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca……… 341
Declaración anual 2010………… 200, 220
Resto de entidades: en los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo.
Segundo Trimestre 2011. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a las entidades de crédito………… 195
Julio y Agosto 2011. Grandes Empresas………… 111,115,117,123,124,126,128
Julio y Agosto 2011. Régimen General. Autoliquidación………… 303
Julio y Agosto 2011. Grupo de entidades, modelo individual………… 322
Julio y Agosto 2011. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA y del IGIC………… 340
Julio y Agosto 2011. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias………… 349
Julio y Agosto 2011. Grupo de entidades, modelo agregado………… 353
Julio y Agosto 2011. Operaciones asimiladas a las importaciones………… 380