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Timestamp: 2020-08-05 03:08:01
Document Index: 352001709

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 1281', 'artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 4', 'artículo 4']

Resolución de 17 de junio de 2011, de la Consejería de Empleo, por la que se acuerda la inscripción, registro y publicación del Laudo arbitral en relación a la interpretación y aplicación del Convenio colectivo del comercio de Córdoba.
Naturaleza, objeto y ámbito del Conflicto
Visto el Texto del Laudo Arbitral de fecha 19 de mayo de 2011, con relación al procedimiento de interpretación y aplicación del Convenio Colectivo del Comercio de Córdoba nº 14/2011/23-C, promovido por D. Rafael Bados Moreno, en calidad de Presidente de la Federación Provincial de Empresarios y Autónomos del Comercio de Córdoba, D. Antonio Vacas Rodríguez, en calidad de Secretario General del Sindicato de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT de Córdoba y D. Jesús García Aragonés, en calidad de Secretario General del Sindicato de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO en Córdoba, y de conformidad a lo establecido en los artículos 2.1 y 6.1.c del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, esta Autoridad Laboral, sobre la base de las competencias atribuidas en el Real Decreto 4.043/1982, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de trabajo, el Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de Consejerías y el Decreto 136/2010, de 13 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo.
Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de la Dirección General de Trabajo de Ministerio de Trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos, con notificación a la Comisión Negociadora del Convenio.
En Córdoba a 19 de mayo de 2010, Carmen Sáez Lara, Catedrática de Universidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en mi condición de árbitro designado por el SERCLA en el procedimiento de arbitraje promovido por D. Rafael Bados Moreno, en calidad de Presidente de la Federación Provincial de Empresarios y Autónomos del Comercio de Córdoba, D. Antonio Vacas Rodríguez, en calidad de Secretario General del Sindicato de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT en Córdoba y D. Jesús García Aragonés, en calidad de Secretario General del Sindicato de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO en Córdoba, en el marco de las previsiones del Acuerdo Interconfederal para la Constitución del Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía y el Reglamento de Funcionamiento y Procedimiento del SERCLA (BOJA de 4 de febrero de 2004) ha dictado el siguiente
En el procedimiento numerado con expediente 14/2011/23-C, relativo al conflicto colectivo de interpretación y aplicación del Convenio Colectivo Provincial del Comercio de Córdoba (2008- 2009). Han sido partes, de un lado, don Rafael Bados Moreno, en representación de la Federación provincial de empresarios y autónomos del comercio de Córdoba y de otro, don Antonio Vacas Rodríguez en representación de UGT y don Jesús García Aragonés en representación de CCOO.
Primero.- Mediante escrito que tuvo entrada en el registro del SERCLA en fecha de 29 de marzo de 2011, don Jesús García Aragonés en representación de CCOO y don Antonio Vacas Rodríguez en representación de UGT formulan conflicto de interpretación del Convenio Colectivo Provincial del Comercio de Córdoba.
Con fecha de 27 de abril de 2011, en nombre de la Presidencia del SERCLA, en el procedimiento de arbitraje promovido conjuntamente por don Rafael Bados Moreno en representación de la Federación Provincial de Empresarios y Autónomos de Córdoba y por don Jesús García Aragonés en representación de CCOO y don Antonio Vacas Rodríguez en representación de UGT, se comunica a doña Carmen Sáez Lara que sido designada como árbitro.
Segundo.- Requeridas ambas partes para la presentación de alegaciones y proposición de pruebas, con fecha de 11 de mayo de 2011, don Jesús García Aragonés en representación de CCOO y doña María del Carmen Montes Fortuna, en representación de UGT, presentan conjuntamente escrito de alegaciones en el que afirman conclusivamente que una vez comprobado que el IPC del año 2010 es del 3% procede un incremento salarial en los términos establecidos, esto es descontar del 3% del año 2010 el exceso en este caso de lo pactado en 2009, 1,2%, lo que da una diferencia del 1,8%, cuantía sobre la que se produce el conflicto.
Para esta parte procede una vez consolidado por ser definitivo el IPC, el abono de los atrasos correspondientes del citado 1,8%, desde el día 1 de enero de 2010.
Tercero.- Con fecha de 11 de mayo de 2011, se presenta escrito de alegaciones por don Rafael Bados Moreno, en representación de la Federación provincial de empresarios y autónomos del comercio de Córdoba.
En este escrito resumidamente se afirma que de acuerdo con el texto del convenio no procede pagar diferencias salariales «por encontrarse las mismas abonadas», en este sentido se alega que «las empresas han pagado cantidades de más durante el año 2008 y 2009 que no han podido compensar y que tal y como vamos a acreditar con las cifras que se adjuntan al presente escrito de alegaciones y que a título de ejemplo y por tratar una sólo categoría que sería la de dependiente, la exponemos en el siguiente cuadro» (se incorpora cuadro relativo a cantidad abonada de más en 2008 y 2009 y abonada de menos en 2010, para la citada categoría de dependiente). En apoyo de esta postura se citan las Sentencias de la Audiencia Nacional de fechas 28 de octubre de 2009 y 21 de diciembre de 2010, «en las cuales se considera que las empresas pueden efectuar descuentos sobre los desvíos de IPC, incluso llevar a cabo descuentos sobre las nóminas de los trabajadores».
Cuarto.- Citadas de comparecencia ambas partes, el acto tuvo lugar el día 13 de mayo de 2011.
Asistieron al mismo los siguientes señores/as:
En representación de la Federación Provincial de Empresarios y Autónomos del Comercio de Córdoba:
D. Eduardo Bautista Cantero y D. Marco Antonio García Gómez, ambos en calidad de miembros de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Provincial del Comercio de Córdoba, y legitimados para comparecer en este acto en representación de la Federación de Comercio de Córdoba, mediante Certificación emitida por D. Rafael Bados Moreno, con DNI 29.797.638-B, en calidad de Presidente de la Federación Provincial de Empresarios y Autónomos del Comercio de Córdoba, con fecha 4 de abril de 2011, que queda incorporada al expediente.
D. José Marín Guerrero, con DNI 30.415.306-Z, graduado social y miembro de la Comisión Paritaria, en calidad de asesor de la Federación de Comercio.
En representación del sindicato UGT:
Dña. Mª Carmen Montes Fortuna, miembro de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Provincial del Comercio de Córdoba, en representación de dicho sindicato, lo que acredita mediante fotocopia de poder notarial otorgado en Madrid, con fecha 7 de octubre de 1.998, ante el Notario, D. Ignacio Solís Villa, con el nº 1.331 de su protocolo, que consta en el expediente.
D. José Parrado Villar, con DNI 30.468.373-C.
En representación del sindicato CCOO:
D. Jesús García Aragonés, en su calidad de Secretario General del Sindicato de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO en Córdoba, y miembro de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo en representación de dicho sindicato, condición que queda acreditada ante este órgano mediante fotocopia de poder notarial otorgado en Málaga, con fecha 15 de febrero de 2.005, ante el Notario, D. Alfonso Casasola Tobía, con el nº 496 de su protocolo, que consta en el expediente.
D. Francisco Ramírez Corrales, con DNI 30.514.178-D, miembro de la Comisión Paritaria del Convenio, en representación del sindicato CCOO.
Asimismo asiste Dña. María Angustias González Montes, Responsable del SERCLA en Córdoba, quien actúa como Secretaria.
Del acto de comparecencia se levanta acta que firman todos los asistentes.
Quinto.- En la comparecencia, los citados se ratifican en las razones expuestas en sus escritos de alegaciones.
En un principio, y antes de exponer sus respectivas alegaciones, todas las partes manifiestan su conformidad sobre el procedimiento y trámites administrativos seguidos hasta la fecha.
A continuación, los representantes de cada una de las partes comparecientes exponen sus respectivas posturas sobre el tema objeto del presente conflicto, explicando y detallando, el contenido de las alegaciones presentadas. En este acto se hace entrega a cada una de las partes de sus respectivos escritos de alegaciones, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Igualmente, todas las partes manifiestan su conformidad con que el objeto del presente conflicto es «someter de forma conjunta a un arbitraje en el SERCLA, el pago de las posibles diferencias salariales de convenio correspondientes al año 2010».
Finalmente, las partes concluyen ratificándose en el contenido de sus escritos de alegaciones Sexto.- Una vez valoradas las alegaciones de las partes y examinada la documentación aportada han quedado acreditados los siguientes hechos que, a juicio de la Árbitro actuante, se estiman relevantes:
1. El Convenio Colectivo del Comercio de la Provincia de Córdoba para los años 2008 y 2009 (BOP de 19 de enero de 2009) no ha sido denunciado por ninguna de las partes, encontrándose en la actualidad prorrogado, de conformidad con el art. 86.2 del Estatuto de los Trabajadores.
2. En 2008, primer año de vigencia del citado convenio colectivo, el incremento salarial fue del 2,5%. El IPC real fue 1,4 %.
3. El Acta de la Comisión Paritaria del citado convenio colectivo, de 20 de enero de 2009 (BOP 18 de febrero de 2009), refleja como punto único, relativo al incremento salarial para 2009, lo siguiente:
«Tras la aportación del certificado del INE y de conformidad con los establecido en el artículo 13, apartado B, del Convenio Colectivo Provincial de Comercio, (...), en base a la previsión del Gobierno, correspondiente al año 2009 de un incremento del 2 por ciento para dicho período y un 0, 25% recogido en el Convenio se procede a incrementar la tabla salarial (...), con efectos retroactivos al 1 de enero de 2009. Para ello se ha tenido en cuenta que en el año 2008 se incrementaron las tablas salariales en un 2,5%, estando recogido en el Convenio que fuese el IPC del mencionado año, por lo que ha existido un desvío de un 1,1% que deberá compensarse con el 2,25% recogido en el Convenio, por lo que subida salarial prevista para el presente año sería de un 1,15%».
4. En el año 2009 el IPC real resultó ser el 0,8%.
5. En el año 2010 no se incrementó la tabla salarial. El IPC real de 2010 ha sido del 3%.
6. El Acta de la reunión de la Comisión Paritaria del Convenio del día 23 de marzo de 2011 refleja como punto único del orden del día la revisión del convenio conforme a lo establecido en el artículo 13 del vigente convenio lo siguiente:«1º La Federación Provincial de Empresarios y Autónomos del Comercio de Córdoba propone consolidar las tablas salariales que han estado vigentes hasta la fecha más el IPC del año de 2010 (1.8%), y sin que tengan carácter retroactivo alguno y establecer una subida a cuenta para el año 2011 en torno al 1 o 1.5%. 2º Por parte de los Sindicatos U.G.T. y C.C.O.O. proponen la revisión en la diferencia del IPC del 2010 del 1.80 con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2010 y que para el año 2011 se aplique el IPC real. Tras no alcanzar acuerdo alguno por las partes, se levanta la sesión...»
El conflicto base de las presentes actuaciones, tal y como las partes informan y consta en el acta de la comparecencia del presente procedimiento de arbitraje, es un conflicto jurídico de interpretación y aplicación del art. 13 del Convenio Colectivo del Comercio para la Provincia de Córdoba, relativo a revisiones salariales y más concretamente la procedencia conforme al mismo del «pago de las posibles diferencias salariales de convenio correspondientes al año 2010».
La tramitación regular de este procedimiento en el marco institucional del SERCLA conlleva la constatación positiva de la legitimación de las partes solicitantes de esta actuación, que en el presente supuesto son, de un lado, don Rafael Bados Moreno, en representación de la Federación provincial de empresarios y autónomos del comercio de Córdoba y de otro, don Antonio Vacas Rodríguez, en representación de UGT, y don Jesús García Aragonés, en representación de CCOO, y que además se han reconocido mutuamente como sujetos legitimados a lo largo de este procedimiento.
Primero.- El presente procedimiento de arbitraje tiene por objeto determinar la interpretación y aplicación del art. 13 del Convenio Colectivo del Comercio para la Provincia de Córdoba, al que remite el art. 4, relativo a revisiones salariales y más concretamente la procedencia conforme al mismo del «pago de las posibles diferencias salariales de convenio correspondientes al año 2010».
Por parte de los sindicatos UGT y CCOO se alega de forma conjunta que de conformidad con ese artículo 13 procede una vez consolidado por ser definitivo el IPC de 2010 (3%) el abono de los atrasos correspondientes del 1,8% desde el día 1 de enero de 2010, Por su parte, la Federación Provincial de Empresarios y Autónomos del Comercio considera que de acuerdo con el mismo art. 13 no procede pagar diferencias salariales «por encontrarse las mismas abonadas», toda vez que «las empresas han pagado cantidades de más durante el año 2008 y 2009, que no han podido compensar...».
Segundo.- Centrada la cuestión en los anteriores términos es preciso partir de considerar que constituye doctrina reiterada del Tribunal Supremo en materia de interpretación de los convenios colectivos, que el carácter mixto del convenio, en su doble vertiente de norma de origen contractual, pero con eficacia normativa, determina que su interpretación haya de acomodarse tanto a las reglas que se refieren a las normas jurídicas (art. 3 y 4 del Código Civil), como a aquellas otras relativas a los contratos (artículos 1281 a 1289 del Código Civil).
En relación a los concretos criterios de interpretación, también constante jurisprudencia ha señalado que el primer canon hermenéutico en la exégesis de la norma es «el sentido propio de sus palabras» (art. 3.1 del Código Civil ) y el «sentido literal de sus cláusulas» en la interpretación contractual, de forma que las palabras e intención de los contratantes constituyen la principal norma hermenéutica, y que, además, las normas de interpretación contractual de los artículos 1282 y siguientes del Código Civil tienen carácter de subsidiaridad en su aplicación cuando la literalidad de las causas de un contrato sean claras (por todas, SSTT de 5 de abril de 2010 y las muchas que en ella se mencionan); o dicho de otro modo el artículo 1281 del Código Civil, consta de dos párrafos, que persiguen la doble finalidad de evitar que se tergiverse lo que aparece claro, o que se admita, sin aclarar, lo que se ofrezca oscuro, siendo factor decisivo de interpretación en el primer supuesto las palabras empleadas, y, en el segundo, la intención evidente de los contratantes (entre otras, STS 2 de diciembre de 2009 Rec. 66/2009 y 21 de diciembre de 2.009 Rec. 11/2009 ).
Pues bien, sobre la base de estos cánones interpretativos la jurisprudencia ha establecido diversos criterios en supuestos similares al aquí planteado, relativos a la interpretación de las cláusulas de actualización salarial, atendiendo al índice de referencia fijado para calcular los incrementos salariales por el convenio, y al tenor literal de las cláusulas de revisión, en caso de diferencias entre el índice previsto y real de precios al consumo, pues, como se sabe, el IPC es preferentemente el índice de referencia en materia de actualización salarial en nuestro país.
Y así la jurisprudencia ha señalado (para el año 2009) que el concepto de IPC previsto -que aquí no se cuestiona- ha de equipararse al parámetro utilizado en la Ley 2/2008 ( RCL 2008, 2146 y RCL 2009, 494) , de Presupuestos Generales del Estado para 2009, en Donde, si bien no hay declaración formal -la previsión del Gobierno sobre incremento anual del IPC no se produce desde la Ley 23/2001 ( RCL 2001, 3247 y RCL 2002, 1347) de Presupuestos Generales del Estado para 2002 -, se pone en evidencia una previsión en relación a la revalorización de pensiones públicas (Sentencia Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 enero 2011 (RJ 2011\251), y las allí citadas).
De forma reiterada, el Tribunal Supremo también ha declarado que para que se produjera el efecto de revisión salarial a la baja (cuando el IPC real es inferior al IPC previsto) sería preciso que así se hubiera establecido de manera clara y expresa en el pacto en virtud del cual se acordaba la revisión (STS 25 de febrero de 2010 RJ2010, 2363). Y en la misma dirección, ha distinguido entre el «abono» y «reintegro», para exigir que el eventual reintegro se pacte de modo expreso en las cláusulas de revisión salarial en los que entran en juego el IPC previsto y el IPC real (STS de 27 de septiembre de 2010 RJ2010, 7580).
Más concretamente, en la mima línea de esta doctrina del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional ha afirmado que parece claro que el requisito constitutivo para las empresas puedan deducir incrementos anticipados conforme al IPC previsto, cuando el IPC real es inferior al previsto, es «que se haya pactado de ese modo» de conformidad con lo dispuesto en el 82.3 ET en relación con los arts. 1282, 1283, 1284 del Código Civil (SAN 128/2010, de 21 de diciembre).
Tercero.- Vistos los cánones interpretativos seguidos por la jurisprudencia, es preciso concretar el contenido de los preceptos convencionales aplicables y la aplicación hasta la fecha del vigente Convenio Colectivo del Comercio de la Provincia de Córdoba.
De partida, hemos de señalar que el artículo 4 del convenio, que fijó el término final del plazo de vigencia el día 31 de diciembre de 2009, dispone que si no mediara denuncia el convenio se prorroga de año en año, incrementándose las tablas de salarios y demás conceptos económicos incluido el seguro colectivo, con un porcentaje igual al IPC previsto por el Gobierno, efectuándose una revisión en los términos establecidos en el artículo 13 sobre la base del IPC previsto.
Por su parte, el citado artículo 13 del convenio, titulado «Revisiones Salariales» contiene resumidamente las siguientes previsiones:
1.- Si a 31 de diciembre de 2008 el IPC establecido por el INE registrase un incremento (respecto a 31 de diciembre de 2007) superior al 2,5%, las retribuciones serán revisadas en el exceso de dicha cifra, aplicando el porcentaje de exceso a la tabla salarial.
Dichas revisiones se abonan en una sola paga en (...).
2.- Al 1 de enero de 2009 se incrementará (sobre las cuantías resultantes de aplicar la anterior cláusula, si se hubiera producido) los salarios (y demás conceptos económicos) en el IPC previsto por el Gobierno para el año 2009, más 0,25 puntos.
3.- Si a 31 de diciembre de 2009 el IPC real resulta superior al previsto por el Gobierno se efectúa una nueva revisión. Las retribuciones «serán revisadas en el exceso de dicha cifra aplicando el porcentaje de exceso a la tabla salarial adjunta». Caso de producirse las revisiones se abonarán en una sola paga como máximo dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación de dichas revisiones del convenio en el BOP.
4.- «En caso de que el IPC real producido en dichas periodos sea inferior al IPC previsto por el gobierno, la Comisión paritaria establecerá la compensación correspondiente sobre los salarios y demás conceptos económicos deduciendo la diferencia en la aplicación del incremento del siguiente daño, de tal modo que estos se correspondan con el IPC real pactado, más los 0,25 puntos establecidos para el año 2009».
De esta forma, el citado artículo 13 contiene diversas cláusulas que regulan tanto el incremento salarial (sobre la base del IPC previsto), como la revalorizan salarial al alza (si el IPC real es superior al previsto), como la compensación (si el IPC real es inferior al previsto).
Y es que en efecto, atendiendo al tenor literal del convenio, el incremento salarial se determina conforme al IPC previsto (más 0, 25 puntos en 2009) y sólo el IPC previsto, durante los años de prórroga del convenio. Se establece una cláusula de revisión, de revalorización al alza de la tabla salarial y el abono de la revisión en una sola paga, si el IPC real resulta ser superior al previsto.
Las retribuciones serán revisadas en el exceso de dicha cifra aplicando el porcentaje de exceso a la tabla salarial. Y se establece también una cláusula de «compensación», si por el contrario el IPC real resulta ser inferior al previsto. Esta cláusula resulta aplicable tanto si a 31 de diciembre de 2008 como a 31 de diciembre de 2009 resultara ser el IPC real inferior al previsto, pues literalmente la cláusula se refiere en plural a «dichos períodos». El modo o la forma que se articula en el referido artículo 13 para llevar a cabo la compensación correspondiente sobre los salarios y demás conceptos económicos será «deduciendo la diferencia en la aplicación del incremento del siguiente año».
Por ello, cuando a finales de 2008 el IPC real resultó ser 1,4 %, y el incremento había sido del 2,5%, la diferencia, es decir, 1,1 punto, debía compensarse deduciendo esta diferencia en la aplicación del incremento para 2009. Y así se hizo. En efecto, para 2009, según el citado artículo 13, correspondía un incremento del IPC previsto por el Gobierno más 0, 25 puntos. Tomando como base la previsión del Gobierno del 2% más 0,25 recogido en el convenio, el incremento habría de ser de 2,25%. Ahora bien, como acaba de señalarse, sobre este incremento era preciso deducir a efectos de compensación, aquella diferencia del 1,1 por lo que finalmente el incremento salarial para 2009 fue del 1,15%.
A estos efectos, es preciso destacar que el Acta de la Comisión Paritaria del convenio colectivo, de 20 de enero de 2009 (BOP 18 de febrero de 2009), transcrita en el Antecedente Sexto del presente Laudo, acredita no sólo que este fue el incremento para 2009, sino también, y es lo relevante, que esta cifra es el resultado de compensar la diferencia derivada de un IPC real inferior en 2008, deduciendo esta diferencia en la aplicación del incremento del siguiente año, y todo ello de conformidad con el referido artículo 13 del convenio.
De nuevo, en 2009 el IPC real (0,8%) resultó finalmente ser inferior al previsto, que había sido del 2%, por ello existía de nuevo una diferencia, en este caso de 1,2 puntos, que habría de ser compensada. En 2010 como ha quedado dicho no se incrementó la tabla salarial. El IPC real de 2010 ha sido del 3%.
Reunida la Comisión Paritaria el 23 de marzo de 2011 para la revisión salarial conforme a lo establecido en el citado artículo 13, se evidencia el conflicto objeto del presente procedimiento y relativo al «pago de las posibles diferencias salariales de convenio correspondientes al año 2010» y al que debe darse una respuesta.
A este efecto, hemos de partir de recordar que, como ha podido comprobarse, a tenor del art. 4 en relación con el art. 13, ambos del citado convenio, durante la actual situación de prórroga, los salarios se incrementarán de conformidad con el IPC previsto, siendo aplicables tanto la cláusula de revisión como de compensación establecidas en el citado art. 13.
De conformidad con la cláusula de revisión salarial prevista, siendo el IPC real de 2010 del 3% y no habiéndose aplicado sobre la tabla salarial de 2009 incremento salarial alguno (en el convenio se fijaba el incremento sobre el IPC previsto) procede la revisión aplicando el porcentaje de exceso, que sería el 3%, a la tabla salarial, con el correspondiente abono de la revisión, todo ello de conformidad con el tantas veces citado art. 13 del Convenio.
Ahora bien, quedando pendiente de compensar 1,2 puntos como diferencia entre IPC real y previsto para 2009 (IPC real 0,8% menos el IPC previsto de 2%) éste se va a aplicar a la referida revisión del 3%, por lo que la tabla salarial se revisaría aplicando una subida del 1,8%. Pues bien, el conflicto entre las partes se centra exclusivamente en relación con el abono de ese incremento del 1,8 % desde el día 1 de enero de 2010, es decir en relación con «el pago de las posibles diferencias salariales de convenio correspondientes al año 2010».
Cuarto.- El conflicto entre las partes expresado en si procede o no «el pago de las posibles diferencias salariales de convenio correspondientes al año 2010» se concreta pues en la procedencia o no del abono por parte de la empresa a los trabajadores de ese incremento del 1,8, para el año 2010 y desde el día 1 de enero de 2010.
Por parte de los sindicatos UGT y CCOO se alega de forma conjunta que, una vez consolidado por ser definitivo el IPC, procede el abono de los atrasos correspondientes del citado 1,8% desde el día 1 de enero de 2010, ya que en caso contrario no tendría sentido los incrementos salariales que no tuviesen repercusión económica». Una vez comprobado que el IPC del año 2010 es del 3% procede un incremento salarial en los términos establecidos, esto es descontar del 3% del año 2010 el exceso en este caso de lo pactado en 2009, 1,2%, lo que da una diferencia del 1,8%, cuantía sobre la que se produce el conflicto.
Por su parte la Federación Provincial de empresarios y autónomos del comercio considera que de acuerdo con el texto del convenio no procede pagar diferencias salariales «por encontrarse las mismas abonadas», alegando en este sentido que «las empresas han pagado cantidades de más durante el año 2008 y 2009 que no han podido compensar y que tal y como vamos a acreditar con las cifras que se adjuntan al presente escrito de alegaciones y que a título de ejemplo y por tratar una sólo categoría que sería la de dependiente, la exponemos en el siguiente cuadro» (se incorpora cuadro relativo a cantidad abonada de más en 2008 y 2009 y abonada de menos en 2010, para la citada categoría de dependiente).
La Federación Provincial de empresarios y autónomos del comercio apoya su postura en las Sentencias de la Audiencia Nacional de fechas 28 de octubre de 2009 y 21 de diciembre de 2010, «en las cuales se considera que las empresas pueden efectuar descuentos sobre los desvíos de IPC, incluso llevar a cabo descuentos sobre las nóminas de los trabajadores».
Pues bien, las invocadas Sentencias de la Audiencia Nacional al igual que otras posteriores (SSAN 3/2010, de 26 de enero, 14/2010 de 22 de febrero y 128/2010, de 21 de diciembre) interpretan cláusulas Donde los incrementos salariales pactados toman como base el IPC real y establecen que con efectos de 1 de enero de cada año las empresas anticiparán el IPC previsto por el Gobierno para el conjunto del año, procediéndose a su regulación una vez se publiquen los valores definitivos.
Concretamente, la Sentencia 128/2019, de 21 de diciembre de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en relación con la cláusula convencional allí aplicable declara que «la simple lectura del (....) permite concluir que en la misma se pactó únicamente un incremento del IPC real más 0.25% durante los tres años de vigencia, no pactándose, como señalaron los demandados, ningún tipo de cláusula de revisión, ya que el IPC real más 0,25% aseguraba por si mismo el mantenimiento del poder adquisitivo, que es la razón de ser de este tipo de cláusulas, de manera que la «regularización» pactada en dicho artículo, puede concebirse tanto al alza como a la baja, porque si no fuera así, sobraría la expresión «anticiparán», siendo esta precisamente la razón por la que en los supuestos estudiados por el TS, se negaron las deducciones, porque allí se pactó un incremento del IPC previsto y una cláusula de revalorización conforme al IPC real, mientras que aquí el IPC previsto es una herramienta temporal, que se instrumenta como anticipo hasta que se conocen los valores definitivos, momento este en el que la empresa debería incrementar hasta el IPC real más 0,25% si el IPC real hubiera superado al previsto, o deducir las diferencias entre lo anticipado y lo convenido, cuando el IPC real es inferior al previsto».
Sin embargo, el tenor literal tanto del art. 13 como del art. 4 del convenio, ambos aplicables, es diverso. En el convenio aplicable en el presente conflicto, como hemos señalado, se establece un incremento salarial sobre el IPC previsto, una cláusula de revalorización al alza si el IPC real resultase mayor al previsto (y abono de la revisión) y una cláusula de compensación, para el caso de que el IPC real sea menor del previsto, que se articula expresamente, o que se ha pactado a través de un concreto modo: deduciendo la diferencia (entre IPC real y previsto) en la aplicación del incremento del siguiente año.
Además, es preciso señalar que si la Federación Provincial de empresarios y autónomos del comercio entiende que la referida cláusula de compensación establecida en el convenio autorizaba, conforme a lo sostenido por las Sentencias de la Audiencia Nacional invocadas, a deducir las cantidades anticipadas, ello no resulta avalado por sus propios actos, pues no formuló tal pretensión, en relación con los salarios (anticipados, según los argumentos de las sentencias) percibidos en 2008 y 2009, años en los que el IPC se desvió a la baja, al finalizar tales períodos temporales.
Por el contrario, el Acta de la Comisión Paritaria del convenio colectivo, de 20 de enero de 2009 (BOP 18 de febrero de 2009), refleja como punto único, relativo al incremento salarial para 2009, lo siguiente: «Tras la aportación del certificado del INE y de conformidad con los establecido en el artículo 13, apartado B, del Convenio Colectivo Provincial de Comercio, (...), en base a la previsión del Gobierno, correspondiente al año 2009 de un incremento del 2 por ciento para dicho período y un 0, 25% recogido en el Convenio se procede a incrementar la tabla salarial (...), con efectos retroactivos al 1 de enero de 2009. Para ello se ha tenido en cuenta que en el año 2008 se incrementaron las tablas salariales en un 2,5%, estando recogido en el Convenio que fuese el IPC del mencionado año, por lo que ha existido un desvío de un 1,1% que deberá compensarse con el 2,25% recogido en el Convenio, por lo que la subida salarial prevista para el presente año sería de un 1,15%».
Como ya hemos señalado anteriormente, es preciso destacar que este Acta de la Comisión Paritaria acredita no sólo cual fue el incremento para 2009, sino también, y es lo relevante, que esta cifra es el resultado de compensar la diferencia derivada de un IPC real inferior en 2008, deduciendo la diferencia en la aplicación del incremento para el 2009 y todo ello de conformidad con la literalidad de la cláusula de compensación fijada en el artículo 13 del convenio.
En definitiva, la literalidad del convenio no avala la tesis de la citada Federación, lo cual ya por sí mismo es decisivo, pero tampoco la avala la aplicación que hasta la fecha se ha realizado por la Comisión Paritaria del Convenio.
Quinto.- Una vez interpretados los preceptos convencionales aplicables, atendiendo a los cánones interpretativos fijados por reiterada jurisprudencia hemos de concluir lo siguiente:
Ciertamente, tanto en 2008 como en 2009 el IPC real resultó ser inferior al previsto y aplicado, a efectos de incrementar los salarios y demás conceptos económicos, por lo que resultaba de aplicación la cláusula de compensación prevista en el artículo 13.
Pero igual de cierto resulta que al finalizar 2010 y haberse producido una desviación al alza del IPC hasta alcanzar el 3% es preciso una revalorización de la tabla también al alza en esta cantidad, pues en 2010 no se llevó a cabo incremento conforme a previsión alguna del IPC.
De otra parte, también resulta de la propia literalidad del convenio que la cláusula de compensación se articula en el convenio a través de una concreta fórmula o procedimiento, esto es, «deduciendo la diferencia en la aplicación del incremento para el próximo año» (que según convenio se ha de establecer conforme con el IPC previsto) Así se hizo en relación con el diferencia de 2008 (1,1 puntos) y se va a hacer ahora en relación con la diferencia de 2009 (1,2 puntos). En consecuencia, no puede entenderse que se haya producido un enriquecimiento injusto de los trabajadores pues, según reiterada jurisprudencia, la doctrina del enriquecimiento injusto «resulta únicamente de aplicación cuando el mismo carezca absolutamente de toda razón jurídica, de justa causa, entendiéndose por tal una situación que autorice el beneficio obtenido, sea porque existe una norma que lo legitima, sea porque ha mediado un negocio jurídico válido y eficaz, como aquí es el caso» (Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 5 de abril de 2010, fundamento jurídico cuarto).
En definitiva, esta árbitro entiende que se ha aplicado la cláusula de compensación y procede ahora la aplicación de la cláusula de revisión al alza, cuando el IPC real en 2010 ha alcanzado la cifra de un 3%, por lo que de conformidad con esta cláusula convencional deben revisarse las retribuciones, aplicando el porcentaje de exceso a la tabla salarial, y deben abonarse dichas revisiones (1,8 % con efectos de 1 de enero de 2010, tal y como pretenden conjuntamente las organizaciones sindicales), resolviéndose de esta forma lo que constituye el objeto del presente conflicto colectivo.
Por tanto, de conformidad con el art. 13 al que remite el artículo 4 del Convenio Colectivo del Comercio de la Provincia de Córdoba procede el abono de las diferencias salariales de convenio correspondientes al año 2010, objeto del presente conflicto jurídico.
En atención a todo lo expuesto y en el marco estricto del compromiso arbitral suscrito por las partes la Árbitro designada ha decidido que:
De conformidad con el art. 13 al que remite el artículo 4 del Convenio Colectivo del Comercio de la Provincia de Córdoba procede el abono de las diferencias salariales de convenio correspondientes al año 2010, objeto del presente conflicto jurídico.
El presente Laudo Arbitral es de carácter vinculante y de obligado cumplimiento y tendrá la eficacia jurídica de los convenios colectivos regulados por la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Asimismo se entiende equiparado a las sentencias firmes a efectos de su ejecución judicial, en los términos contemplados en la disposición adicional séptima de la Ley de Procedimiento Laboral.
El presente Laudo arbitral de conformidad con el art. 91 del Estatuto de los Trabajadores será susceptible de impugnación conforme a los procedimientos previstos para los convenios colectivos y específicamente cabrá recurso contra el laudo arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidas al efecto, o cuando el laudo hubiese resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión.
Por el SERCLA se procederá a la notificación del presente Laudo a las partes del Procedimiento arbitral, adoptando las medidas necesarias para su depósito y registro.
Fdo: Carmen Sáez Lara.