Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/29858
Timestamp: 2020-05-29 07:41:18
Document Index: 370762945

Matched Legal Cases: ['Artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 26', 'artículo 42', 'artículo 122', 'artículo 472', 'artículo 410']

Sentencia: CSJ-SPENAL-37350-2011
Un Gobernador no puede celebrar un contrato de prestación de servicios con una persona natural para la representación judicial del departamento, sin antes verificar la capacidad del mismo para ejecutar el objeto del contrato, la idoneidad y la experiencia directamente relacionada con el objeto contratado
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CRESPO, GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
El Gobernador del Departamento de La Guajira celebró el con abogado Osvaldo Díaz contrato de Asesoría, Consultoría y Gestión. El objeto concertado era la representación judicial de ese ente territorial en defensa de sus intereses frente a los ingresos dejados de recaudar por concepto de estampillas.
¿Puede un Gobernador celebrar un contrato de prestación de servicios con una persona natural para la representación judicial del departamento, sin antes verificar la capacidad del mismo para ejecutar el objeto del contrato, la idoneidad y la experiencia directamente relacionada con el área del litigio por parte del particular contratado, sin incurrir en el delito de celebración de contratos sin el cumplimento de los requisitos legales?
«(…) Artículo 13 del Decreto 2170 de 2002, reglamentario de la Ley 80 de 1993: “De los contratos de prestación de servicios profesionales, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas o para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas. Para la celebración de los contratos a que se refiere el literal d) del numeral 1o del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita”.
Ciertamente, el representante del Departamento debía escoger al abogado a contratar luego de acreditar tanto la experiencia e idoneidad, así como la necesidad del servicio a suplir, contrariamente, como se advierte del informe de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de 26 de junio de 2008, no medió algún estudio previo relacionado con la conveniencia del contrato, ni se analizó la calidad del profesional a contratar, esto es, conocimientos y habilidad en el área jurídica para representar al Departamento y defender sus intereses al cobrar lo recaudado por concepto de estampillas.
A su vez, el otrora Jefe de la Oficina Jurídica Departamental, Rafael Celedón Soraca expresó que, contrario a la afirmación del procesado, en su oficina no se analizó ni elaboró el contrato de Asesoría y que no sabe quién verificó la experiencia o idoneidad del contratista, y que tampoco en esa dependencias se hizo el mandato judicial conferido por el Gobernador al abogado Díaz Bermúdez.
De otro lado, aunque el 10 de agosto de 2004 fue expedido el Decreto 227 por medio del cual en materia de contratación para La Guajira se delegó al Secretario de Obras Públicas y Vías del Departamento, es claro que ello fue con posterioridad al convenio de asesoría suscrito con el abogado Díaz Bermúdez para el cual actuó directamente el Gobernador GONZÁLEZ CRESPO, por ello, se impone también que deba responder como lo preceptúa el numeral 5° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993: “La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal quien no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma”. (…)»
Un Gobernador no puede celebrar un contrato de prestación de servicios con una persona natural para la representación judicial del departamento, sin antes verificar la capacidad del mismo para ejecutar el objeto del contrato, la idoneidad y la experiencia directamente relacionada con el área del litigio por parte del particular contratado, sin incurrir en el delito de celebración de contratos sin el cumplimento de los requisitos legales, porque:
Al contratar una persona que no tenga la idoneidad y experiencia relacionada con el objeto contractual se está realizando un desgaste innecesario e injustificado del de erario público, lo que resulta contrario a los principios de transparencia y economía bajo los cuales se rige la contratación estatal.
Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se pueden celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se busca suplir con dicha contratación.
PRIMERO: DECLARAR penalmente responsable a JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CRESPO, de condiciones civiles y personales conocidas, como autor de las conductas punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación previstas en los artículos 410 y 397 inciso 3º de la Ley 599 de 2000, comportamientos realizados cuando se desempeñó como Gobernador del departamento de La Guajira, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar precisadas en esta decisión. SEGUNDO: CONDENAR, en consecuencia, a JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CRESPO, a la pena principal de ocho (8) años, siete (7) meses y veinte (20) días de prisión y multa por un valor de $1.378.527.079 a favor del Tesoro Nacional, la cual deberá consignarse a nombre del Consejo Superior de la Judicatura según lo normado en el artículo 42 de la Ley 599 de 2000. La pena de inhabilitación de derechos y funciones públicas opera a perpetuidad de conformidad con el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política. TERCERO: DECLARAR que JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CRESPO, no tiene derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni al sustituto de la prisión domiciliaria, conforme a lo expuesto en el cuerpo de esta sentencia. CUARTO: CONDENAR a JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CRESPO, a pagar al departamento de La Guajira, por concepto de indemnización de perjuicios materiales la suma equivalente a 6.161,58 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de su cancelación. QUINTO: LIBRAR por la Secretaría de la Sala las comunicaciones de rigor a las autoridades competentes, conforme lo normado por el artículo 472 Ley 600 de 2000. SEXTO: COMUNICAR esta decisión a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y a la tesorería del departamento de La Guajira, para efecto del recaudo de la multa y la condena en perjuicios impuesta. SÉPTIMO: En firme esta providencia, remítase la actuación al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que corresponda, para lo de su cargo.
Ley 80 de 1993. Artículos 4, 26,29,60. Decreto 2170 de 2002. Artículo.13
Requisitos legales esenciales a los cuales se refiere el artículo 410 del estatuto punitivo, según la fase contractual respectiva. « (…) 1) Previos a la celebración del contrato:
c. La publicación”. [1](…)»
[1] Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 20 de mayo de 2009, radicación 31654.
Documento: CSJ-SPENAL-37350-2011