Source: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/cidhcol9.html
Timestamp: 2017-04-24 11:25:54
Document Index: 205145035

Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 30', 'artículo 324', 'artículo 4', 'artículo13', 'Artículo 10', 'Artículo 62', 'artículo 43', 'Artículo 13', 'Artículo 21', 'Artículo 11', 'artículo 31', 'artículo 30', 'Artículo 17', 'Artículo 5', 'Artículo 11', 'artículo 6', 'Artículo 4', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 37']

Equipo Nizkor - Informe sobre la implementación de la Ley de Justicia y Paz: Etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales.
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS OEA/Ser.L/V/II.
SECRETARÍA GENERAL Organización de los Estados Americanos
ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
A. Observaciones sobre la conducción de dos circuitos judiciales
de desmovilización
B. Observaciones sobre el resultado de dos circuitos judiciales de desmovilización y en general
sobre su marco legal
III. IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRIMERAS DILIGENCIAS JUDICIALES DE LA LEY DE
A. Incertidumbre sobre la interpretación del marco legal: aplicación retroactiva del fallo de la
Corte Constitucional y el Decreto 3391
V. REINCORPORACIÓN A LA VIDA CIVIL Y DESMONTE DE LA AUC
I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 1. Hacia mediados del año 2006 la República de Colombia superó la etapa inicial del proceso de
desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante “las AUC”), |1| grupo
armado ilegal involucrado en la comisión de crímenes durante el conflicto armado. |2| Esta etapa
inicial consistió en la entrega de armas por parte de 31.670 personas que se identificaron como
miembros de 38 bloques de las AUC |3| y otros grupos armados al margen de la ley que seconcentraron en zonas temporales de ubicación con la verificación internacional de la Misión de
Apoyo para el Proceso de Paz en Colombia de la OEA (adelante “Misión MAPP/OEA”). 2. Superada esta etapa, el proceso enfrenta hoy los desafíos derivados del establecimiento de
responsabilidad de aquellos desmovilizados involucrados en la comisión de crímenes, y la
reparación a las víctimas, mediante la aplicación de la Ley 975 de 2005 o de “Justicia y Paz”. |4|
Posteriormente, la compatibilidad de dicha normativa con la Constitución combiana fue
cuestionada ante la Corte Constitucional. En respuesta, la Corte Constitucional declaró a la Ley 975 constitucional en forma global y a la vez señaló condiciones a fin de que varias de sus
disposiciones pudieran ser consideradas compatibles con el bloque constitucional. |5|
3. Asimismo, un aspecto fundamental de este proceso consiste en asegurar el desmonte efectivo
de las estructuras armadas que participaron del proceso de desmovilización y la progresiva
reintegración de sus miembros a la sociedad a fin de lograr la no repetición de crímenes de
derecho internacional, de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho
internacional humanitario. 4. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado especial seguimiento a
la situación de derechos humanos en la República de Colombia y al empleo de mecanismos
destinados a desactivar a los actores del conflicto armado y poner fin a la violencia que afecta a
los colombianos desde hace cuatro décadas. |6| Asimismo, desde el año 2004, ha dado seguimiento a la situación como parte primordial de su rol de asesoría a los Estados miembros de la OEA, la Secretaría General de la Organización y la Misión MAPP/OEA. |7| El presente pronunciamiento de la CIDH tiene por objeto reflejar sus conclusiones sobre la observación en terreno del funcionamiento de los circuitos de desmovilización y sobre las primeras diligencias judiciales de implementación de la Ley de Justicia y Paz. |8|
5. El 2 de agosto de 2007 la Comisión trasladó copia del proyecto del presente informe al Estado
colombiano con un plazo de un mes para presentar sus observaciones. Mediante nota de fecha 4
de septiembre de 2007 el Estado presentó sus observaciones. |9|
Con fecha 5 de septiembre de 2007,
el Estado presentó un documento de observaciones complementarias. |10|
escritos ha sido incorporado, en lo pertinente, a la versión final del presente informe. 6. Específicamente, el informe aborda, en su primera parte, los resultados alcanzados en las etapas
iniciales del proceso de desmovilización. Examina el comportamiento de las agencias involucradas
en la identificación de los integrantes de bloques de las AUC y de otros grupos armados que se
plegaron al proceso; el sistema de información organizado para esta etapa, su potencialidad y las
oportunidades perdidas en términos de producción de información relevante para cumplir los
objetivos enunciados del proceso de desmovilización. En la segunda parte, el informe examina las
primeras diligencias judiciales de implementación de la ley de Justicia y Paz. En esta sección se
analiza la incertidumbre que aun existe sobre las reglas de juego del proceso y como esto afecta
la labor de las agencias estatales involucradas. También se observa la relevancia de la información
recogida en la etapa inicial de la desmovilización, y cómo algunos problemas de esta primera etapa
se han traducido en demoras y obstáculos en la instancia judicial. Además se exponen algunas
evaluaciones sobre las primeras diligencias procesales a cargo de la fiscalía, y en especial acerca
de su rol y su capacidad institucional para la investigación de los crímenes y la verificación de los
requisitos legales para el acceso a los beneficios de morigeración de penas. La tercera parte del
informe aborda la cuestión de la debida participación de las víctimas en las primeras etapas de los
procesos, la disposición de mecanismos de protección de víctimas, testigos y operadores
judiciales, y las dificultades observadas en el sistema de reparaciones. Por último, en la cuarta
parte del informe, se hace referencia a los desafíos en materia de reincorporación de los
desmovilizados a la vida civil. La CIDH concluye su informe con una serie de observaciones y
recomendaciones. 7. En la sección que sigue, se vuelcan los resultados y conclusiones de la observación sobre la
conducción y resultados de dos circuitos judiciales de desmovilización, junto a una serie de
consideraciones sobre el marco legal que acompaña los beneficios de tipo jurídico respecto del
juzgamiento de los desmovilizados por su participación en grupos armados ilegales y los procesos
adelantados en el marco de la Ley de Justicia y Paz. II. OBSERVACIONES DE LA CIDH SOBRE LA PRIMERA FASE DEL PROCESO DE
DESMOVILIZACIÓN 8. Dada la relevancia en términos del esclarecimiento de crímenes perpetrados durante el conflicto
armado, la CIDH condujo una serie de visitas a las zonas de ubicación designadas para concentrar
a las personas a desmovilizarse, a fin de observar la labor de las entidades involucradas en la
identificación de los miembros de dichas estructuras. Por razones tanto de tipo logístico como
sustantivo se escogió visitar una serie de desmovilizaciones llevadas a cabo en los departamentos
del Cesar |11| y Antioquia. |12| Concretamente, el 27 de febrero de 2006 se visitó la desmovilización
de los miembros del Bloque Norte II y III, liderado por Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”, |13| de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con influencia en los departamentos del Cesar,
la Guajira y Atlántico. |14|
El 25 de abril de 2006 se visitó la desmovilización del Bloque Élmer
Cárdenas, liderado por Freddy Rendón alias “El Alemán”, con influencia en la zona del Urabá
Chocoano y el occidente Antioqueño. |15|
Estas visitas de la CIDH al terreno a fin de realizar tareas
de observación de los circuitos judiciales y entrega de armas de las AUC contaron con la
invitación y el apoyo del Gobierno de Colombia, que facilitó el acceso amplio a todas las áreas
y actividades desarrolladas en el circuito, sin ningún tipo de restricciones. A. Observaciones sobre la conducción de dos circuitos judiciales de desmovilización 9. Previo al acto formal de desmovilización y entrega de armas, los miembros de los grupos
armados al margen de la ley se concentraron en la zona de ubicación destinada para tales efectos.
El llamado “circuito jurídico” o “circuito judicial” de la desmovilización tuvo por objeto
identificar a quienes se plegaban a la desmovilización, levantar un acta sobre su pertenencia a la
estructura armada ilegal, |16|
y verificar su pasado judicial a efectos del dictado de la resolución
judicial mediante la cual la Fiscalía General de la Nación se inhibe de procesarlos por el delito de
sedición, conforme a la Ley 782 de 2002. |17|
10. El Estado señala en sus observaciones al presente informe que el procedimiento para la
suscripción y aceptación de los listados de personas desmovilizadas colectivamente se rige por
el Decreto 3360 de 2003, que contempla lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 418 de 1997,
prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y por la Ley 782 de 2002 -en su artículo 21, que
dispone como forma de comprobar la calidad de miembro de un grupo armado organizado al
margen de la ley, entre otros, "el reconocimiento expreso de los voceros o representantes del
mismo". El Estado afirma que los listados de las personas desmovilizadas suscritos y aceptados
de conformidad con el Decreto 3360 de 2003, “han sido oportunamente remitidos, para los
efectos pertinentes,” por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a las siguientes autoridades
y entidades competentes: Ministerio del Interior y Justicia, Alta Consejería para la Reintegración
Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, Procuraduría General de la Nación,
Fiscalía General de la Nación y Consejo Superior de la Judicatura. |18|
11. Conforme a las entrevistas llevadas a cabo con los funcionarios de la oficina del Alto
Comisionado para la Paz, en principio, los líderes de los bloques debían identificar a los miembros
de cuadros de la estructura armada bajo su comando que se plegarían a la desmovilización. En
la práctica esta lista se confeccionó y amplió en la zona de ubicación, al momento de la
desmovilización, a medida que el Alto Comisionado y la Misión MAPP facilitaban la llegada de
estas personas a la zona de ubicación. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz contaba con
un estimado de personas a desmovilizarse, proporcionado por inteligencia militar. 12. La CIDH observó que el incumplimiento de la presentación del listado permitió, y propició,
la llegada al circuito de personas que no necesariamente pertenecían a la estructura armada a
desmovilizarse. El incentivo eran los beneficios sociales y económicos ofrecidos como parte del
proceso de desmovilización por los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Cada desmovilizado recibió un subsidio de $ 358.000 pesos colombianos por el término de 18
meses. En la zona de ubicación se ventiló información indicando que en algunos casos, los líderes
habían incentivado a civiles no combatientes a presentarse al circuito judicial invocando la
pertenencia al grupo paramilitar para acceder a los beneficios económicos y retribuir al líder con
un porcentaje de la suma recibida del Gobierno. Por su parte, el Estado advierte en sus
observaciones que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no recibió información ni tuvo
conocimiento sobre circunstancias de este tipo y agrega que en todo caso exigió a las AUC
desmontar toda la estructura ilegal, incluida su red de apoyo de colaboradores y financiadores. |19|
13. Durante su visita a los circuitos judiciales del Departamento del Cesar, la CIDH observó que
numerosas personas que buscaban desmovilizarse no presentaban características de
combatientes. |20|
Tanto en el circuito de Chimila como en el de La Mesa preocupó el bajo número
de combatientes (“patrulleros”) en comparación con el número de personas que afirmaron ser
operadores de radio (“radio chispas”), encargados de repartir víveres, o mujeres encargadas de
tareas domésticas (“lavanderas”). |21|
Estas personas habrían sido en su mayoría pobladores del
cercano Corregimiento de Villa Germania, de las cuales un tercio resultaron ser mujeres. En forma
reiterada y repetitiva habrían señalado que obedecían órdenes directas del líder máximo del
Bloque Norte, Jorge 40, manteniendo silencio respecto de cualquier información referida a la
identificación de los mandos intermedios de la estructura armada, y restando –por lo tanto—
credibilidad a su declaración. 14. Se ha indicado que estos desmovilizados, pese a no ser combatientes, conformarían los
“frentes de apoyo social” del bloque en cuestión. |22|
Al respecto, la CIDH constató que no existían
mecanismos para determinar cuáles eran las personas que verdaderamente pertenecían al bloque
a desmovilizarse y que por lo tanto tenían derecho a recibir beneficios socioeconómicos, ni para
establecer consecuencias, en caso de fraude. En todos los casos, la Oficina del Alto Comisionado
para la Paz habría aprobado todas las listas de desmovilizados confeccionadas en el marco de las
desmovilizaciones efectuadas. 15. A diferencia de lo observado en el Departamento del Cesar, la desmovilización llevada a cabo
en el Departamento de Antioquia involucró mayormente a hombres y a algunas mujeres que
mostraban tener características de combatientes. |23|
En efecto, en el circuito observado en El
Cuarenta, la vasta mayoría de personas a desmovilizarse declararon ser combatientes
(“patrulleros”), con al menos tres años de pertenencia al Bloque. Sólo una minoría, constituía la
red social y de apoyo del Bloque. 16. Los circuitos judiciales que visitó la CIDH contaron con la presencia de las siguientes
instituciones del Estado: (1) Oficina del Alto Comisionado para la Paz; (2) Registraduría; (3)
Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI); (4) Fiscalía; (5) Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS), y (6) Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF). |24|
MAPP/OEA y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también integraron el
circuito. 17. El primer paso del circuito consistió en una presentación sobre los beneficios de veracidad.
Los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz explicaban a las personas a
desmovilizarse las características del proceso, incluyendo la adquisición de beneficios procesales,
sociales y económicos, a cambio de la colaboración con el establecimiento de la verdad. 18. En segundo lugar, a fin de que los candidatos a desmovilizarse pudieran participar en el
circuito, la Registraduría –en carácter de oficina de identificación— emitió documentos de
identidad para aquellas personas que no los poseían. |25|
19. En tercer lugar, las personas a desmovilizarse se presentaron ante el Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI) para que dicha institución recopilara huellas dactilares, carta dental y ADN
con el fin de identificar a los desmovilizados. |26|
Es posible afirmar que, de preservarse
debidamente, la información recogida en este paso del circuito jurídico tendrá un importante rol
en términos de la identificación y vinculación de personas a la investigación de crímenes. 20. En cuarto lugar, la Fiscalía General de la Nación recibió las versiones libres de las personas
que se presentaban al circuito. El objeto de este trámite fue el de verificar la pertenencia del
candidato a la estructura armada que había acordado desmovilizarse en forma colectiva, a efectos
del dictado de una resolución inhibitoria a su favor, por el delito de sedición. |27|
El trámite ante la
Fiscalía concluyó mediante la firma de un acta de entrega voluntaria y un compromiso del
candidato a desmovilizarse de no delinquir durante los dos años siguientes. 21. En cuanto al desempeño de la Fiscalía en los circuitos jurídicos, la CIDH notó que los fiscales
asignados eran frecuentemente comisionados horas antes de su partida desde distintas zonas del
país hacia la zona de ubicación. Conforme a la información recibida, no pertenecían a una unidad
especial ni recibían entrenamiento específico para la tarea sino que normalmente cumplían
funciones en unidades de la Fiscalía dedicadas a la investigación de delitos tales como secuestro
o terrorismo. Solamente en un caso el fiscal entrevistado pertenecía a la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En ningún caso pertenecían a la Unidad
de Justicia y Paz. 22. Las preguntas formuladas por los fiscales durante la versión libre recibida en el circuito
jurídico consistieron en un cuestionario estándar que se empleó en todas las desmovilizaciones.
Las preguntas consistieron en el nombre del grupo armado al margen de la ley al que pertenecía
y su fecha de vinculación a éste; utilización de armas de algún tipo y sus características; utilización
de algún alias, “mote” o apodo; entrenamiento para pertenecer a la organización; tiempo de
permanencia en el grupo, lugares donde estuvo y fechas; lugares donde operaba el grupo; número
de personas que conformaban el grupo; estructura del grupo; motivos por los cuales se
desmovilizaba; actividades realizadas al interior del grupo; posibilidad de mencionar su
participación o de otras personas del grupo en otros hechos delictivos; nombres de sus jefes en
la organización; conocimiento sobre personas secuestradas por el grupo; conocimiento sobre
bienes obtenidos por el grupo u organización durante sus actividades como tal. 23. En vista de las características y los formatos utilizados en el cuestionario, la toma de versiones
constituyó un trámite meramente formal. Los fiscales enviados a las zonas de ubicación no
recibieron instrucciones de indagar la posible vinculación de quienes pasaron por el circuito con
la comisión de crímenes perpetrados en la zona, ni de recopilar en forma previa información
relacionada con las causas pendientes que involucraran a miembros de los Bloques de la AUC que
participaron de la desmovilización. 24. En sus observaciones, el Estado resalta que el cuestionario modelo “tan solo era una guía para
tener en cuenta pero que de manera alguna limitaba la autonomía del designado para llevar a feliz
término la versión” y que la diligencia “no tenía como objetivo lograr que los desmovilizados
delataran a miembros de la organización, y menos que reconocieran los delitos cometidos.” |28|
25. En quinto lugar, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) verificó el pasado
judicial de las personas a desmovilizarse. Concretamente, el DAS comprobó los antecedentes
judiciales de las personas que poseían documento de identidad mediante consultas por fax al
sistema nacional de archivo unificado. En los casos en los que las personas a desmovilizarse no
tuvieran antecedentes judiciales, el DAS les entregó un documento (con foto y huellas dactilares)
certificando que a la fecha el portador no tenía orden de captura nacional o internacional o
procesos pendientes. En los casos en los cuales se verificó la existencia de un proceso pendiente,
el DAS emitió certificados temporales (válidos por un año) dando cuenta de la situación de estas
personas. En los casos en los cuales se verificó la existencia de orden de captura por causa de su
participación en la estructura armada, los candidatos fueron “aplazados”, en consecuencia de lo
cual, debían trasladarse a Santa Fe de Ralito u otra zona de ubicación especialmente constituida
en la zona de la desmovilización, a efectos de “mantenerlos a disposición de las autoridades
judiciales”. |29|
Presumiblemente estas personas aparecerían, eventualmente, en las listas que el Alto
Comisionado para la Paz remitiría a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General, a efectos
de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. |30|
26. En sexto lugar, funcionarios de la Misión MAPP/OEA verificaron el paso de las personas a
desmovilizarse por el circuito jurídico y los entrevistaron con relación a su pertenencia a la
estructura armada que se desmovilizaba. 27. Por último, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) emitió los documentos
que dejaban constancia de la identidad de los desmovilizados que habían pasado por el circuito
y de su compromiso de dejar las armas (“carnetización”). 28. Además de las instituciones que participaron del circuito judicial, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) hizo presencia en las zonas de ubicación en la que se registró la
presencia de niños y niñas pertenecientes a los bloques a desmovilizarse. Al respecto, la Ley 975
de 2005 exige que el grupo a desmovilizarse ponga a disposición del ICBF la totalidad de los
menores reclutados como uno de los requisitos de elegibilidad para acceder a los generosos
beneficios de reducción de pena en ella establecidos. |31|
Consecuentemente, esta entidad fue
convocada a las zonas de ubicación por el Alto Comisionado para la Paz sobre la base de la
información proporcionada por los líderes del grupo armado a desmovilizarse. Durante las visitas
de la CIDH a los circuitos jurídicos, la delegación tuvo conocimiento de la presencia del ICBF
en la zona de ubicación de La Mesa –desmovilización del Bloque Norte de las AUC- y también
observó la presencia de niños y niñas en edad adolescente. |32|
En el circuito jurídico de la
desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas, el ICBF no se hizo presente en la zona, dado que
este grupo no entregó menores. |33|
29. La entrega de niños y niñas en las zonas de ubicación se formalizó mediante la llamada “acta
de entrega voluntaria”, confeccionada por el ICBF. Cabe señalar que el ICBF sólo puede
mantener bajo su órbita a los niños y niñas que tras la entrega voluntaria deseen permanecer en
sus albergues. 30. Paralelamente al paso por el circuito –y más allá de la entrega simbólica que pudo efectuarse
en el acto de cierre, con la presencia de la prensa y altas autoridades del Gobierno— los
funcionarios del Grupo Interinstitucional de Análisis Antiterrorista (GIAT), presentes en la zona
de ubicación, recibieron las armas entregadas por las personas que pasaron por el circuito. 31. El informe del Alto Comisionado para la Paz dio cuenta de la entrega de un total de 615 armas
de fuego |34|
durante los diez días de duración del circuito en Chimila, Departamento del Cesar. Por
su parte la CIDH constató que de las aproximadamente 800 personas que habían pasado el día
anterior por el circuito de Chimila se habían recibido 65 armas de fuego. Constató también que
de las 200 personas que habían pasado por el circuito de La Mesa el día anterior, se recibieron
aproximadamente 25 armas de fuego. Entre las entregadas no aparecían armas modernas o en
buen estado. 32. El informe del Alto Comisionado para la Paz indica que en Antioquia los 484 desmovilizados
del segundo grupo del Bloque Élmer Cárdenas entregaron al Gobierno un total de 359 armas. |35|
Allí la CIDH observó que las armas entregadas tampoco eran modernas y en algunos casos no
parecían estar en buen estado. Observó también que combatientes no desmovilizados que
montaban guardia, sí portaban armas modernas y en buen estado. El Estado, por su parte, indica
en sus observaciones que “una primera inspección al armamento entregado, por parte de expertos,
ha mostrado que se trata, en un 95%, de armamento de buena calidad” y que en todo caso se
habrían entregado otras armas largas en zonas rurales donde se recogía a los miembros del grupo
armado ilegal para transportarlos a la zona de concentración, previo a la desmovilización. |36|
33. Con posterioridad a los actos de desmovilización de las AUC, la Fuerza Pública descubrió
depósitos clandestinos de armas no entregadas por algunos bloques desmovilizados. |37|
que el Gobierno colombiano investigue estos hechos y haga públicos los resultados de la
investigación. B. Observaciones sobre el resultado de dos circuitos judiciales de desmovilización y en
general sobre su marco legal 34. El 90% de los desmovilizados que pasaron por los circuitos jurídicos (aproximadamente 28
mil) no aportaron datos relevantes sobre acciones ilegales desplegadas o crímenes cometidos por
los bloques paramilitares a los que pertenecían y se verificó que sólo el 36% del total, tenía
“pasado judicial”. |38|
35. Los desmovilizados se beneficiaron del dictado de resoluciones inhibitorias frente a la admitida
comisión del delito de “concierto para delinquir”, |39|
más tarde rotulado como “sedición”, basado
meramente en su participación en actividades de grupos armados al margen de la ley. Corresponde
señalar que mediante providencia del 11 de julio de 2007, la Honorable Corte Suprema de Justicia
de Colombia, en Sala Penal, rompió esa equivalencia de tipos penales al establecer que el articulo
71 de la Ley 975 de 2005 es una norma contraria a la Carta Constitucional, precisamente porque
le da un tratamiento similar a los delitos comunes frente a los delitos políticos. 36. La CIDH observa que el circuito judicial presentó una oportunidad propicia para que, más allá
del dictado de resoluciones inhibitorias por sedición, las autoridades judiciales recabaran
elementos para establecer si los desmovilizados se encontraban implicados en crímenes que podría
requerir la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, según se indicara supra, en el
marco de esas versiones libres los fiscales no recibieron instrucciones de indagar sobre los
crímenes perpetrados y la posible aplicación de la Ley de Justicia y Paz. 37. Por lo tanto, la toma de versiones libres en el marco de los circuitos jurídicos de las
desmovilizaciones constituyó una oportunidad perdida para la recopilación de información sobre
los bloques, sus miembros, y la dinámica socio-económica que mantenía el funcionamiento y
existencia de dichos grupos. Dicha información resulta hoy en día crucial para la labor de los
fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, así como para la de los representantes de las víctimas en
el marco de la aplicación de dicha Ley y la verificación efectiva del desmonte de las estructuras
armadas. 38. En cuanto al marco legal de esta etapa del proceso, durante más de un año y medio, la
desmovilización se adelantó a la luz del régimen de desmovilización individual y colectiva vigente
para todos los miembros de grupos armados al margen de la ley que desearan reincorporarse a
la vida civil. |40|
Dicho marco legal descansa sobre la normativa de la Ley 418 de 1997, |41|
por el Congreso mediante la Ley 782 en diciembre de 2002, luego reglamentada por el Decreto
128 de 2003. |42|
Conforme a esta normativa, las personas que se hayan beneficiado de indulto o a
quienes se les decrete la cesación del procedimiento no podrán ser procesadas o juzgadas por los
mismos hechos que dieron lugar al otorgamiento de beneficios. |43|
39. Aunque las disposiciones del Decreto 128 de 2003 en su mayoría se encuentran orientadas
a reglamentar la provisión de beneficios sociales, éste también hace referencia al derecho a
acceder a beneficios de tipo jurídico tales como el indulto, la suspensión condicional de la
ejecución de la pena, la cesación del procedimiento, la preclusión de la instrucción o la resolución
inhibitoria sobre la base de la certificación expedida por el Comité de Dejación de Armas
(CODA). |44|
Al reglamentar las disposiciones de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999 y 782 de
2002, el Decreto 128 de 2003 expresamente condiciona el acceso a beneficios jurídicos a que el
desmovilizado no esté efectivamente siendo procesado o haya sido condenado por la comisión
de delitos que “de acuerdo con la Constitución Política, a la ley o a los tratados internacionales
suscritos y ratificados por Colombia no puedan recibir esta clase de beneficios”. |45|
quienes se encuentren procesados o condenados por crímenes distintos al de alzarse en armas
contra el Estado, no podrán beneficiarse del indulto, la suspensión condicional de la ejecución de
la pena, la cesación del procedimiento, la preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria,
por vía de la desmovilización individual. 40. Dado el hecho que gran parte de los miembros de grupos armados al margen de la ley
responsables por la comisión de crímenes contra la población civil no han sido escuchados en
indagatoria ni declarados reos ausentes, se ha argumentado que la restricción establecida en el
artículo 21 del Decreto 128 de 2003 permite que la comisión de crímenes atroces que aun no han
sido objeto de apertura formal de investigación, permanezcan en la impunidad. Conforme a esta
interpretación, la certificación del Comité de Dejación de Armas impediría instaurar procesos
judiciales contra personas que no hayan sido procesadas o condenadas con anterioridad a su
desmovilización. 41. Una interpretación sobre estos beneficios procesales a los que alude el régimen legal vigente
sería que se aplican solamente a la figura penal del “concierto para delinquir”, en razón de la
afiliación del desmovilizado a un grupo armado al margen de la ley. Por lo tanto, las resoluciones
inhibitorias dictadas a favor de desmovilizados con o sin antecedentes judiciales al momento de
acceder al beneficio jurídico, no debieran impedir la apertura posterior de investigaciones por la
comisión de otros delitos, distintos al de concierto para delinquir. 42. En suma, la Ley 782 y el Decreto 128 no debieran constituir per se un obstáculo legal para
la investigación de crímenes de lesa humanidad ni graves violaciones de derechos humanos, y la
resolución inhibitoria en el marco de la norma aludida no tiene efecto de cosa juzgada respecto
de las investigaciones penales que puedan iniciarse eventualmente. Sin embargo, esta
interpretación depende del curso de acción que los funcionarios judiciales adopten respecto de
cada caso. 43. En vista de lo anterior, cabe concluir que los vacíos, la ausencia de herramientas de control
y la falta de sistematización de los mecanismos destinados a identificar a los desmovilizados y
determinar su responsabilidad penal en la comisión de crímenes, conllevaron a que –en esta
etapa— se perdiera la oportunidad de recabar información de importancia crucial para los
procesos investigativos de la Ley de Justicia y Paz. III. IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRIMERAS DILIGENCIAS JUDICIALES DE LA
LEY DE JUSTICIA Y PAZ 44. De las 31.670 personas que se habrían desmovilizados entre noviembre de 2003 y mediados
del 2006, solamente 2.695 manifestaron interés en acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia
y Paz. Sin embargo, las fallas institucionales cometidas durante el paso por el circuito judicial de
la desmovilización atrasó y dificultó la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. 45. Concretamente, el número de postulados a beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz se hizo
público en el segundo semestre de 2006, tras el rechazo por la Fiscalía General de la Nación del
primer listado que le entregara el Gobierno, el cual adolecía de defectos en la identificación de un
porcentaje importante de los postulantes. En efecto, el listado incluía a desmovilizados que no se
encontraban concentrados en Santa Fe de Ralito, así como a personas que no habían pasado por
los circuitos de la desmovilización, e incluso a personas que sí se encontraban en Ralito pero que
sólo pretendían acceder a los beneficios establecidos en el Decreto 128 de 2003 y en la Ley 782
de 2002 y no a los de la Ley de Justicia y Paz. 46. Frente a este problema la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Justicia y Paz hicieron
un llamado a las personas que pretendían beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz sin haber rendido
versión libre en el circuito jurídico de desmovilización, a fin de que cumplieran con dicha
diligencia. |46|
Una vez que estas personas rindieran versión libre conforme a la Ley 782 de 2002 y
demás normas aplicables, serían luego llamadas a comparecer ante la Fiscalía para rendir versión
libre en el marco de la Ley de Justicia y Paz. 47. En cuanto a los 2.695 postulados en la segunda lista presentada por el Gobierno, la Fiscalía
habría verificado que sólo una cantidad significativamente menor se encuentra en condiciones de
ser debidamente ubicados y llamados a rendir versión libre. El resto, pese a aparecer en el listado,
no habría podido ser ubicado por desconocimiento de sus domicilios, teléfonos o datos de
identificación verdaderos. 48. Al respecto, en sus observaciones el Estado indica que la Alta Consejería para la
Reintegración Social (ACR) habría desarrollado estrategias para llenar los vacíos de información.
Concretamente hace referencia a la realización de “brigadas de documentación y referenciación”
conducidas durante el primer semestre de 2007 con el apoyo del DAS, el Ejército, la Fiscalía, la
Registraduría. Indica que se logró la asistencia de 28.285 desmovilizados y el trámite de la
expedición de 20.380 documentos (libretas militares, certificados judiciales, cédulas de
ciudadanía). Resalta que “estas brigadas incluyeron la recepción de versiones libres en los
términos de la Ley 782 de 2002 realizadas por la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, se
firmaron allí Actas de Compromiso de los desmovilizados con el programa y se actualizó la
información que el gobierno tenía sobre su situación y la de sus familias, incluyendo la
actualización de datos de ubicación (teléfonos y direcciones).” |47|
A. Incertidumbre sobre la interpretación del marco legal: aplicación retroactiva del fallo
de la Corte Constitucional y el Decreto 3391 49. Como sostuvo la CIDH en su pronunciamiento de fecha 1º de agosto de 2006, la decisión de
la Corte Constitucional mejoró sustancialmente el marco legal del proceso de desmovilización,
sin embargo, aun existe incertidumbre sobre cuales serán las reglas que regirán el proceso judicial.
En efecto se ha abierto un debate sobre la posible aplicación retroactiva de varios puntos de la
sentencia de la Corte de Constitucionalidad dado que se considera que tal aplicación podría
eventualmente vulnerar el principio de favorabilidad o de ley penal más benigna. Esta
incertidumbre será gradualmente superada mediante las primeras decisiones judiciales que
interpreten y apliquen la Ley de Justicia y Paz a la luz de la decisión de la Corte Constitucional
en cada proceso particular. 50. En este contexto la adopción del Decreto 3391 |48|
de septiembre de 2006 –que hizo suyos
algunos de los condicionamientos establecidos en el fallo de la Corte Constitucional y reglamentó
otros aspectos en contradicción a lo establecido por la Corte en su fallo— generó una nueva
discusión entorno a la interpretación de la Ley de Justicia y Paz. 51. En primer término, el Decreto 3391 establece que el tiempo de privación de libertad cumplido
en los establecimientos de reclusión, previo a que el magistrado de control de garantías decida la
medida de aseguramiento, se imputará al cumplimiento de la pena alternativa que corresponda. |49|
Se ha interpretado esta disposición en el sentido de que permitiría reestablecer la vigencia del
artículo 31 de la Ley de Justicia y Paz cuya invalidez decretara la Corte Constitucional. Ello
permitiría descontar de la pena el tiempo de permanencia de los desmovilizados en la zona de
concentración. 52. Al respecto, la Corte Constitucional en su fallo dispuso la inconstitucionalidad del artículo 31
de la Ley de Justicia y Paz |50| indicando que: Aun en el marco de un instrumento que invoca como propósito fundamental la materialización
de la paz en el país, la pena no puede ser despojada de su atributo de reacción justa y adecuada
a la criminalidad, ni puede producirse al margen de las intervenciones estatales que el ejercicio del
ius puniendi reclama en el Estado constitucional de derecho. Lo primero conduciría a fenómenos
de impunidad indeseables, aún en el contexto de un proceso de pacificación, y lo segundo a la
pérdida de legitimidad de la potestad sancionadora del Estado. El régimen punitivo que caiga en
uno u otro fenómeno resulta contrario a la Constitución. Bajo estos presupuestos observa la Corte que el artículo 31 demandado asimila al cumplimiento
de una pena, la circunstancia de estar ubicado en una zona de concentración, a pesar de que no
haya habido ninguna medida del Estado que haya conducido a que las personas deban estar en
dicho lugar. En ese sentido, no constituye pena en cuanto no comporta la imposición coercitiva
de la restricción de derechos fundamentales. Generalmente, la permanencia en una zona de
concentración por parte de miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, en
proceso de desmovilización, obedece a una decisión voluntaria de esas personas, lo que concurre
a excluir cualquier posibilidad de equiparar a cumplimiento de pena una situación de tal
naturaleza, que prescinde y desplaza las intervenciones estatales que caracterizan el monopolio
estatal de la potestad sancionadora. |51|
Para la CIDH está claro que más allá de la discusión sobre el alcance temporal de la decisión de
la Corte, ésta ha establecido que la permanencia en la zona de concentración no puede asimilarse
a un período de pena cumplida. Esta interpretación constitucional sobre qué debe entenderse por
pena en el sistema legal colombiano, debería ser decisiva para los jueces al momento de
determinar el cómputo de las penas alternativas a aplicar para aquellas personas que hubieran
logrado acceder a este beneficio. De lo contrario, por la vía de una disposición reglamentaria, se
estaría introduciendo nuevas reformas al marco normativo, en sentido contrario a la decisión de
la Corte y en un aspecto sustancial para el examen de la legalidad internacional y constitucional
del sistema de Justicia y Paz, como es la posibilidad de nuevas rebajas en el cómputo de las penas
alternativas. 53. En segundo lugar, en cuanto a los establecimientos de reclusión designados para los
beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz, la Corte Constitucional consideró que los términos
establecidos en el inciso 2 del artículo 30 de dicha Ley encubrían una evidente sustracción del
control de las autoridades penitenciarias respecto de los sitios de reclusión en los cuales se
purgarían las penas establecidas. Resolvió, por lo tanto, que dichos establecimientos deben quedar
sujetos integralmente a las normas sobre control penitenciario. |52|
Al respecto, el Decreto 3391
establece que los desmovilizados “podrán” ser ubicados en los establecimientos de reclusión de
justicia y paz administrados y definidos por el INPEC, sin establecer claramente las características
de los sitios de reclusión. La CIDH observa que la incertidumbre sobre las características de los
llamados “establecimientos de reclusión de justicia y paz” exige claridad sobre su sometimiento
integral a la jurisdicción del INPEC en los términos de la decisión de la Corte Constitucional. 54. En tercer lugar, el Decreto establece que se entenderá como medida de reparación colectiva
la entrega por parte de los desmovilizados de bienes destinados al desarrollo de proyectos
productivos en zonas afectadas por la violencia, que beneficien a desplazados, campesinos y
reinsertados que carezcan de medios económicos para su subsistencia, otorgándoles participación
en la propiedad y medios de producción. |53|
En marzo de 2006, el universo de desmovilizados
involucrados en este tipo de proyectos era bajo, y no reflejaba una amplia aceptación por parte
de las comunidades receptoras de los desmovilizados. |54|
55. La CIDH observa que ese tipo de proyectos, más allá de su intención general, pueden generar
o agravar tensiones entre la población civil y los desmovilizados en vista del temor a represalias
que perdura en vastas zonas del país. De hecho, en el caso de las víctimas desplazadas por el
conflicto, puede obrar como herramienta para la repoblación de ciertas zonas del territorio en vez
de quedar al servicio del retorno de los desplazados por la violencia, como parte de la reparación. B. Convocatoria a las víctimas del conflicto a participar del proceso 56. En noviembre de 2006, la Fiscalía emitió los primeros edictos emplazatorios sobre las
primeras audiencias de versión libre de los postulados a beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz,
a fin de informar a las personas que se consideren con derecho a participar en los diferentes
procesos, en carácter de víctimas de crímenes perpetrados por las AUC (en adelante “las
víctimas”). 57. Los edictos establecen un plazo de 20 días, contados a partir de la fecha de publicación, para
que las víctimas comparezcan en los respectivos procesos. Si las víctimas indeterminadas no
comparecieren, el Ministerio Público designará un representante, hasta que se hagan presentes. |55|
La Fiscalía fija los edictos en diarios de amplia circulación, oficinas de la Fiscalía y del CTI, y el
portal de Internet de la misma entidad, en vista de su rol como medio legal para informar a las
víctimas sobre los procesos. En sus observaciones, el Estado indica que por efecto de la emisión
de 1.728 edictos publicados en periódicos de circulación nacional y difundidos por emisoras de
difusión local, y su divulgación por entidades nacionales, departamentales y locales, se habría
atendido a 12.354 víctimas hasta agosto de 2007. |56|
58. La CIDH observa, sin embargo, que el único periódico de circulación nacional es el diario ‘El
Tiempo’, el cual no es distribuido en caseríos, veredas y muchos corregimientos de distintas zonas
departamentales. En algunas de estas regiones no opera la señal de televisión, ni el servicio de
Internet. Es en estas regiones, precisamente, donde se encuentra el mayor número de víctimas que
requiere de acceso a información sobre sus derechos y cómo lograr su reconocimiento. Por lo
tanto, los emplazamientos debieran hacerse por intermedio de las emisoras locales, periódicos
regionales, Personerías y en general a través de los instrumentos que sirvan de enlace entre esa
población desinformada y el Estado. Asimismo, la CIDH llama la atención a las instituciones
encargadas de la labor formativa de este proceso a que trabajen en forma interinstitucional a fin
de evitar la duplicidad de funciones y acciones. 59. Con el inicio de las diligencias de versiones libres se generó un importante debate en torno a
la asistencia de las víctimas dadas las dificultades de traslado a las ciudades donde se rinden dichas
versiones. La legitimidad del proceso sigue dependiendo de la forma en que estos problemas sean
solucionados, y de cómo se garantice la transparencia de todas las etapas judiciales del proceso. C. Sentido o naturaleza de la versión libre 60. La CIDH observa con preocupación que no existe acuerdo en los operadores judiciales y en
especial en la Fiscalía sobre el sentido y la naturaleza de la versión libre de la Ley de Justicia y
Paz. Incluso se ha confundido esta diligencia procesal del procedimiento especial de Justicia y
Paz, con la versión del imputado propia del procedimiento penal ordinario. Ello ha tenido
consecuencias respecto del rol de los fiscales, los derechos de los imputados y la participación de
las víctimas y su representación jurídica en esta instancia. 61. En el sistema de procedimiento penal colombiano y específicamente en el artículo 324 del
Código de Procedimiento Penal colombiano |57|
se consagra la figura de versión para el imputado
dentro de la etapa preliminar de la investigación criminal. Dicha diligencia se puede realizar, sin
ser indispensable, con antelación a la iniciación formal de la investigación. A ella se acude por
iniciativa propia o por llamamiento de la Fiscalía. En el desarrollo de la diligencia, el imputado,
que no es aun sindicado, |58|
cuenta con la oportunidad de narrar su versión de los hechos,
inculpatorios o exculpatorios. Si los hechos narrados fueran inculpatorios, éstos serán tomados
como una confesión. En la diligencia, la actividad del fiscal no es protagónica, aunque debe
formular preguntas, especialmente en los casos en los que se está en presencia de una posible
confesión. Sin embargo, en general, la iniciativa recae en el imputado. En muchas ocasiones esta
diligencia da origen a un proceso formal, o a una providencia inhibitoria, la cual cierra la
investigación temporalmente. 62. En la diligencia de versión libre y confesión establecida para el procedimiento especial de
justicia y paz |59|
el desmovilizado voluntariamente postula a los beneficios de la Ley y presenta su
versión libre de los hechos. Se presume que, habiendo postulado a acceder a los beneficios de la
Ley, el desmovilizado ha cometido conductas punibles cuya narración debe ser el objeto de esta
diligencia. El fiscal delegado, entonces, debiera iniciar su gestión procesal interrogando al
postulado sobre todos los hechos de los que pudiera tener conocimiento, a fin de establecer la
verdad sobre lo sucedido. De ahí, que la diligencia toma las denominaciones de “versión y
confesión”. 63. Las dos diligencias: la versión del procedimiento ordinario, y la versión libre del
procedimiento especial de justicia y paz, difieren en el método, en el momento procesal, en el tipo
de procedimiento y sobre todo en la actividad que debe desarrollar el Fiscal. Dada esta dicotomía,
en diciembre de 2006 la Fiscalía estableció directrices para el procedimiento de recepción de
versión libre en los asuntos de competencia de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y
la Paz a fin de proceder con las primeras diligencias de versiones libres. |60|
Las directrices versan
sobre: (1) el procedimiento previo a la recepción de la versión libre y confesión; (2) la asignación
de salas de versión libre; (3) la citación para la diligencia de versión libre; (4) el desarrollo de la
diligencia de versión libre; (5) el acceso de las víctimas a las salas de versión libre; y (6) la
pluralidad de representantes de las víctimas, limitando en caso de conflicto a dos representantes. 64. En cuanto al desarrollo de la diligencia de versión libre, ésta consiste en dos etapas que
incluyen una primera sesión para la presentación por el postulado de su versión de los hechos, y
una segunda sesión en la que el fiscal delegado interroga al postulado con el objetivo que éste
aporte información en relación con cada uno de los hechos por los cuales aspira se le conceda la
pena alternativa. La información mínima requerida del postulado consiste en la fecha, el lugar, el
móvil, otros autores o partícipes, víctimas y demás circunstancias que permitan el esclarecimiento
de la verdad. En la segunda sesión la víctima o su representante, y el Ministerio Público podrán
solicitar aclaraciones o verificaciones, presentar pruebas y dejar constancia de lo que estimen
pertinente en relación con la respectiva conducta. 65. A pesar de estas directrices, en la práctica la CIDH aun observa confusión respecto del
concepto de versión libre, en cuanto a la distinción entre las dos modalidades descritas, a saber:
lo establecido en la legislación ordinaria y lo dispuesto en la Ley de Justicia y Paz. La versión en
el procedimiento ordinario, como fuera explicado, tiene lugar en la etapa preliminar de la
investigación donde los fiscales desempeñan una actividad pasiva. Preocupa que los fiscales que
participan de las versiones libres en el marco de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz asuman
que su rol es similar al de la versión prevista en el procedimiento ordinario. La CIDH resalta la
necesidad de adoptar medidas efectivas destinadas a asegurar que las diligencias de versión y
confesión sean conducidas por la fiscalía conforme al objeto y fin de este procedimiento especial,
que aspira al establecimiento de la verdad sobre lo sucedido en el conflicto, considerando además
que un rol activo de la Fiscalía en los interrogatorios es fundamental para cumplir con el mandato
de verificación de los requisitos de la ley especial. D. Publicidad de la versión libre 66. En diciembre de 2006 el listado de 2.695 postulados a beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz
se dividían en 761 postulados con orden de captura, medida de aseguramiento o privados de la
libertad, y 1.934 postulados libres y sin antecedentes, además de los veintitrés miembros
representantes. |61|
Ese mismo mes los primeros postulados a beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz
rindieron su versión libre ante los fiscales delegados de la Unidad de Justicia y Paz, entre ellos el
líder Salvatore Mancuso. 67. En enero de 2007 la Fiscalía General de la Nación advirtió no tener objeciones para que se
transmitan por radio y televisión las versiones libres que rindan los postulados de la Ley de
Justicia y Paz. |62|
Así a partir de la iniciativa del Gobierno y la Fiscalía General de la Nación de
transmitir las versiones libres de los desmovilizados, la Comisión Nacional de Televisión (CNTV)
reglamentó la transmisión de las audiencias de los integrantes de los grupos paramilitares
desmovilizados a través del canal Señal Colombia Institucional. |63|
68. Al respecto, en febrero de 2007 la Fiscalía General de la Nación dictó la Resolución 0387 |64| mediante la cual habilita a cada fiscal delegado a disponer la elaboración de un registro técnico
de la versión libre para su publicidad, una vez que culmine esta diligencia y sus labores de
verificación e investigación. |65|
Asimismo, la Resolución establece que para garantizar a las víctimas
su derecho de acceder a la justicia, la diligencia de versión se transmitirá en directo a la sala
habilitada para ellas. |66|
Además, la resolución establece la posibilidad de que el fiscal a cargo del
caso decida sobre restricciones a la transmisión de la diligencia de versión libre cuando las
manifestaciones del postulado puedan entrañar peligro para las víctimas u otras personas; el
interés de la justicia o la investigación, o la recolección de elementos materiales probatorios,
evidencia física o información legalmente obtenida; la intimidad, honra y buen nombre de las
personas; y la defensa y soberanía nacionales; asimismo cuando se trate de víctimas de violencia
sexual o menores de edad. |67|
La Resolución dispone además que los medios de comunicación que
se hayan acreditado ante el fiscal del caso con cinco días de antelación a la fecha prevista para la
versión, podrán acceder a la sala de víctimas en número no superior a dos delegados. |68|
69. La CIDH advierte la necesidad de que en esta nueva etapa del proceso de desmovilización se
fortalezca la presencia de los medios de prensa regionales y nacionales a fin de garantizar la
transparencia del proceso. Así, resulta crucial recordar que durante los circuitos judiciales en la
desmovilización y entrega de armas de los grupos armados al margen de la ley poca información
se hizo pública sobre lo sucedido en cada una de las zonas de ubicación donde los bloques se
concentraban y hacían entrega de sus armas. La presente etapa del proceso de desmovilización
de las AUC requiere transparencia, y ella sólo puede ser garantizada facilitando y permitiendo el
acceso de las víctimas a ambas sesiones de la versión libre, asegurando que en la segunda sesión
de la versión libre tengan la posibilidad real de interrogar a los postulantes en búsqueda de la
verdad. E. Elegibilidad de los desmovilizados y acusación formal 70. La Ley de Justicia y Paz establece los requisitos de elegibilidad para la desmovilización
colectiva e individual a fin de que mediante el cumplimiento de dichos requisitos los postulantes
a dicha normativa recibieran los beneficios en ella establecida. Para la desmovilización colectiva
la Ley condicionó el otorgamiento de los beneficios al cumplimiento de los siguientes requisitos:
(1) que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en
cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional; (2) que se entreguen los bienes producto de
la actividad ilegal; (3) que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) la totalidad de menores de edad reclutados; (4) que el grupo cese toda
interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra
actividad ilícita; (5) que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el
enriquecimiento ilícito; (6) que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder, en
el entendido que deben informar en cada caso sobre la suerte de las personas desaparecidas. |69|
Corte Constitucional añadió al último requisito la necesidad de además informar sobre las
personas desaparecidas, toda vez que ‘resulta inconstitucional que el Estado colombiano otorgue
beneficios penales a personas que son responsables del delito de desaparición forzada, sin que
exija, como condición para el otorgamiento del beneficio, además de que hayan decidido
desmovilizarse en el marco de esta ley que los responsables del delito hubieran indicado, desde
el momento en el que se define su elegibilidad, el paradero de las personas desaparecidas. |70|
71. Respecto de la desmovilización individual la Ley condicionó el acceso a los beneficios a que
el postulado: (1) entregue información o colabore con el desmantelamiento del grupo al que
pertenecía; (2) que haya suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional; (3) que se
haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el Gobierno Nacional para
tal efecto; (4) que cese toda actividad ilícita; (5) entregue los bienes producto de la actividad
ilegal, para que se repare a la víctima; y (6) que su actividad no haya tenido como finalidad el
tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito. |71|
Asimismo, la Ley establece que solamente
podrán acceder a los beneficios previstos en ella, las personas cuyos nombres e identidades sean
presentados por el Gobierno Nacional ante la Fiscalía General de la Nación. |72|
72. La CIDH entiende que los beneficios no serán otorgados a los desmovilizados que no cumplan
con los requisitos de elegibilidad establecidos por la Ley de Justicia y Paz. Durante la versión
libre, los postulados deben declarar bajo gravedad de juramento su compromiso de cumplimiento
con los requisitos de elegibilidad. |73|
Sin embargo, la validez de la declaración realizada por los
desmovilizados debe ser considerada de conformidad con la obligación que recae en las
autoridades judiciales como en los demás organismos del Estado llamados a colaborar en la
verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. |74|
73. Los fiscales delegados están encargados de la toma de versiones libres, las diligencias de
investigación en las zonas de influencia de cada uno de los bloques desmovilizados, las entrevistas
a víctimas en dichas zonas. Al respecto, corresponde expresar preocupación en dos aspectos
específicos. En primer término, el universo de los bloques investigados por Justicia y Paz
corresponde a 35. En consecuencia, cada fiscal delegado debe investigar un promedio de hechos
correspondiente a dos o tres bloques. El número de fiscales designados para esta unidad de la
fiscalía asciende a 22, repartidos de la siguiente forma: ocho en Bogotá, cinco en Barranquilla y
nueve en Medellín. Cada Fiscal para todas las investigaciones adscritas a su cargo cuenta sólo con
el apoyo de tres o cuatro investigadores del CTI y dos o tres asistentes judiciales. |75|
término preocupa la falta de seguridad que enfrentan los fiscales delegados en el cumplimiento
de sus funciones. Éstos deben dirigirse a zonas lejanas a fin de poder corroborar información,
levantar información, a procesos judiciales, archivos, entre otros, sin que cuenten con los medios
de transporte para realizar eficientemente estas tareas. Además, en estas zonas, según información
recibida por la CIDH, operan bandas delincuenciales de todo tipo. 74. Al respecto, la CIDH resalta la necesidad de fortalecer el apoyo brindado a la Unidad de
Justicia y Paz de la Fiscalía. La variada naturaleza de los requisitos exigidos por la Ley requieren
no sólo de una gran capacidad laboral si no además de un fuerte apoyo logístico que permitan a
los fiscales delegados cumplir con su labor en condiciones de seguridad. 75. La CIDH entiende que, durante la versión libre, los desmovilizados deben declarar bajo
gravedad de juramento su compromiso de cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos
en la Ley de Justicia y Paz. |76|
En todo caso, esta declaración debe ser considerada a la luz de la
obligación que recae sobre las autoridades judiciales y demás organismos del Estado de
verificación en forma fehaciente el cumplimiento efectivo de estos requisitos de elegibilidad. |77|
ese sentido, según lo entiende la CIDH, el juramento del desmovilizado no releva en modo alguno
a las autoridades de su rol de verificación activa de los requisitos para el acceso a los beneficios
de morigeración de penas. 76. La CIDH reitera la necesidad de que la Fiscalía y el Tribunal de Justicia y Paz hagan cumplir
de manera rigurosa los requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley de Justicia y Paz que
condicionan el acceso de los postulados a los beneficios de pena atenuada y su preservación, y
eliminar cualquier sospecha sobre su vinculación con el narcotráfico antes de decidir si califican
para acceder a los beneficios penales que establece la Ley |78|. Esto contribuirá al desarrollo de una
investigación diligente y exhaustiva de los crímenes perpetrados. |79|
Asimismo, las instituciones del
Estado deben agotar los medios de investigación a fin de determinar el proceso histórico de
conformación de los grupos armados al margen de la ley. 77. La correcta aplicación del marco legal exige una adecuada definición de la naturaleza y el
sentido de algunas diligencias procesales claves, tales como la versión libre de la Ley de Justicia
y Paz. Exige, además, la adopción de medidas efectivas para fortalecer el rol de la fiscalía y
afianzar mecanismos de participación y control de las víctimas y de la opinión pública como
resguardo de la transparencia y regularidad de los procesos. Asimismo, se requieren criterios más
claros y uniformes sobre el rol de la Fiscalía y la publicidad de las diligencias, a fin de garantizar
un comportamiento coherente de los fiscales en los distintos procesos y evitar discrepancias en
la información recibida por las víctimas y la sociedad, en razón de decisiones individuales
divergentes de los fiscales delegados. IV. PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y REPARACIÓN 78. La publicidad de los edictos emplazatorios constituyó el primer acercamiento de las víctimas
al procesamiento de los miembros de las AUC conforme a la Ley de Justicia y Paz. Como fuera
señalado anteriormente, la forma en que se llevaron a cabo los edictos emplazatorios solamente
permitieron que las víctimas que aun viven en las zonas de acción de los grupos armados al
margen de la ley se informaran de la diligencia de versión libre y pudieran en efecto asistir a dicha
diligencia. 79. La CIDH destaca los esfuerzos emprendidos por la Fiscalía en aras de cubrir el mayor número
de regiones con el objetivo de informar a las posibles víctimas dispersas en todo el territorio
nacional. Según información recibida por la CIDH, desde noviembre de 2006 a abril de 2007 la
Fiscalía ha recibido alrededor de 50 mil formularios presentados por las víctimas. Sin embargo,
urge la necesidad de continuar los esfuerzos por realizar emplazamientos a nivel nacional a través
de medios accesibles a la comunidad regional, diferente a los diarios de circulación nacional. 80. La normatividad interna colombiana y en especial los artículos 4 y siguientes de la Ley de
Justicia y Paz, los artículos 11 y siguientes del Código Procesal Penal, |80|
de la Corte Constitucional, |81|
confirman el derecho de las víctimas a participar activamente en los
procesos judiciales. La participación activa de las víctimas conlleva una serie de derechos, entre
otros, el ser reconocidas como parte procesal; presentar, solicitar y controvertir pruebas; acceder
a la información procesal; y obtener una compensación integral con miras a alcanzar la verdad,
la justicia y la reparación. 81. El Decreto 315 de 2007 |82|
reglamentó la intervención de las víctimas al disponer que tienen
el derecho a acceder en forma personal y directa, o a través de su apoderado, a las diligencias de
versión libre, formulación de imputación, formulación de cargos y demás etapas procesales que
se realicen en el marco de la Ley 975 y se relacionen con los hechos que generaron el daño. |83|
esto, se ha constatado que las víctimas no escatiman esfuerzos para poder presenciar las
versiones, a pesar de que carecen de recursos para solventar los gastos requeridos. 82. Otro obstáculo para la participación de las víctimas es la imposibilidad de interrogar
directamente o por medio de sus representantes al postulado sobre los hechos de su interés en las
distintas fases de la versión libre. El interrogatorio de las víctimas se reserva a la segunda fase de
la versión libre, pero se desarrolla a través de un mecanismo indirecto, pues las preguntas
propuestas se incorporan a un formulario que es entregado a miembros del CTI, quienes a su vez
se las entregan al Fiscal. Cabe señalar que el Fiscal se encuentra en una sala distinta a la sala
donde se hallan las víctimas. El Fiscal transmite al postulado sólo las preguntas de las víctimas que
considera pertinentes. Las víctimas y sus representantes no cuentan con la posibilidad de
repreguntar, pedir aclaraciones o precisiones, o realizar un cuestionario dinámico, encadenado a
las respuestas del postulado. Este mecanismo indirecto restringe seriamente la posibilidad de
utilizar el interrogatorio de la víctima como una vía adecuada de alcanzar la verdad de los hechos.
La Fiscalía pierde además una valiosa estrategia para confrontar las versiones libres, y avanzar en
la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para el acceso a los beneficios. 83. También observa la CIDH con preocupación las restricciones en el acceso de las víctimas al
patrocinio jurídico y la representación en los procesos judiciales. Un gran número de víctimas
atravesaron diversas dificultades para lograr ser representadas en las diligencias de versiones
libres, y poder contar con una asesoría legal adecuada. 84. La CIDH destaca la importancia de que el Ministerio Público haya aclarado el rol de la
Defensoría en cuanto a la representación de las víctimas, pero lamenta el tiempo perdido en la
disputa de competencias, toda vez que ello no sólo impidió el acceso de muchas víctimas a las
primeras diligencias de versión libre, sino que además hizo que la Defensoría no pudiera diseñar
un plan de trabajo para proveer adecuadamente a las víctimas de representación y protección. 85. La CIDH además observa que el Decreto 315 establece que en los eventos que la víctima no
contare con los servicios profesionales de un abogado particular, previa solicitud y comprobación
sumaria de la necesidad, la Fiscalía General de la Nación solicitará a la Defensoría del Pueblo la
asignación de un defensor público para que las represente |84|. La CIDH entiende dicha
reglamentación como una medida para garantizar la participación de las víctimas, y espera que
ello se refleje en su implementación. En sus observaciones el Estado informa que la Defensoría
ha orientado y asesorado a 9.765 víctimas de la violencia y representado jurídicamente a 2.307
víctimas en el proceso penal de justicia y paz. |85|
86. La CIDH entiende que la Defensoría del Pueblo habría designado a un funcionario para dar
seguimiento a la aplicación de la Ley Justicia y Paz. Sin embargo, su plan de acción estuvo
disponible meses después del inicio de las versiones libres. 87. La CIDH reitera que la participación de las víctimas con garantías de seguridad constituye un
aspecto crucial del proceso judicial y de la protección del derecho a la verdad, la justicia y la
reparación. |86|
Aún existen muchas zonas del país donde la violencia derivada de bandas
delincuenciales, miembros de las AUC que no se desmovilizaron, nuevos actores armados y el
fortalecimiento de algunos ya existentes, causan temor a las víctimas y las limita de comparecer
y reivindicar sus derechos. 88. La CIDH expresó su repudio frente al asesinato de la señora Yolanda Izquierdo, quien había
comparecido a las audiencias de versión libre del líder paramilitar Salvatore Mancuso en
cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley de Justicia y Paz, en carácter de víctima
del conflicto armado colombiano |87|. La señora Izquierdo fue baleada el 31 de enero de 2007 en
la puerta de su hogar, ubicado en un barrio de la ciudad de Montería. La señora Izquierdo lideraba
los reclamos de cientos de campesinos por usurpación de tierras por parte de miembros de las
AUC en el departamento de Córdoba y que –habiendo sido el blanco de amenazas de muerte
desde el mes de diciembre de 2006— solicitó reiteradamente la protección de las autoridades
judiciales, sin recibir respuesta. La CIDH hizo un llamado al Estado colombiano a esclarecer
judicialmente dicho crimen, a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para la debida
protección de las víctimas del conflicto y sus representantes en el ejercicio de sus derechos
fundamentales |88|. 89. Asimismo, la CIDH expresó repudió respecto de la muerte de Judith Vergara Correa el 23 de
abril de 2007 mientras viajaba en un bus de servicio público de la ruta Circular Coonatra cuando
se dirigía de su residencia a su lugar de trabajo |89|. La señora Vergara Correa se desempeñaba como
Presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Pesebre, Comuna 13 de Medellín, hacía
parte de varias organizaciones para la paz y el desarrollo social y había dado seguimiento a las
diligencias de versiones libres llevadas a cabo en Medellín en el marco de la aplicación de la Ley
de Justicia y Paz. La señora Vergara Correa lideraba y asesoraba la organización no
gubernamental Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES), la asociación de
Madres de la Candelaria, y REDEPAZ centrándose en el trabajo con los jóvenes y niños. 90. Se suman al caso de la señora Izquierdo y Vergara, la muerte en febrero de 2007 de la señora
Carmen Cecilia Santana Romaña en el Municipio de Apartado, Departamento de Antioquia,
ocurrida el 07 de febrero de 2007, quien lideraba e impulsaba la participación de las víctimas del
conflicto, específicamente en el trabajo de recuperación de las tierras perdidas por los campesinos
desplazados y en el acercamiento de las víctimas a los mecanismos de justicia previstos en la Ley
de Justicia y Paz. |90|
91. La CIDH ha recibido información en sus visitas en terreno, de numerosas víctimas del
conflicto que residen en zonas de influencia de los bloques desmovilizados, indicando que
continúan recibiendo amenazas, y siendo víctimas de actos de violencia e intimidación y control
del territorio. 92. A efectos del empleo del programa de protección para víctimas y testigos, la Fiscalía ha
entendido que los potenciales usuarios son aquellas personas vinculadas formalmente a un proceso
judicial. |91|
En vista del contexto en el que se aplica la Ley de Justicia y Paz, este concepto debiera
incluir no sólo a las víctimas formalmente vinculadas al proceso, sino también a aquellas personas
que quieran acercarse al proceso con el objetivo de aportar información para el esclarecimiento
de la verdad. |92|
93. Otro tema de especial cuidado en relación con las víctimas es el llamado incidente de
reparación. Sobre el particular la CIDH advierte que dicho incidente, e incluso la necesidad de
asistir a una audiencia de conciliación con el victimario, podría traducirse en un riesgo adicional
para las víctimas. Esta cuestión, nos lleva a vincular el problema de la protección de las víctimas
con las dificultades del mecanismo exclusivamente judicial de acceso a la reparación establecido
en la Ley de Justicia y Paz. 94. La CIDH en reiteradas ocasiones ha expresado que es loable la pretensión del Estado
colombiano de que sean los responsables directos de los crímenes quienes asuman el costo de las
reparaciones económicas con sus propios bienes lícitos e ilícitos. Sin embargo, entiende la CIDH
que este importante objetivo no puede descansar en el esfuerzo de las víctimas, ni servir como
excusa para dilatar o en el peor de los casos directamente impedir el acceso efectivo a la
reparación. En suma, más allá de la información que puedan aportar las víctimas, es el Estado el
que cuenta con mayores recursos y capacidades que las víctimas, para lograr recuperar bienes del
patrimonio de los desmovilizados, a fin de cubrir los fondos que se requiere para el pago de las
reparaciones. 95. La CIDH observa con preocupación que en la Ley de Justicia y Paz y en sus decretos
reglamentarios, se ha establecido como sujeto obligado al pago de las reparaciones a los
victimarios y eventualmente al bloque que integran, relegándose el rol del Estado a una
intervención secundaria y casi marginal. Por lo demás, se ha establecido la vía judicial penal como
único camino para el acceso a las reparaciones económicas, lo que indudablemente provocará que
muchas víctimas, por los problemas propios del acceso a la justicia en Colombia, las dificultades
probatorias y los criterios estrictos de responsabilidad característicos de los procesos criminales,
se vean impedidas de acceder finalmente a una reparación. Esta situación podría además producir
graves desigualdades en el acceso efectivo a las reparaciones, en perjuicio de las víctimas que
integran los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana, y minar la credibilidad y
efectividad del proceso como mecanismo real de reconciliación y restablecimiento de la
convivencia en las zonas afectadas por la violencia. 96. En este sentido, vale advertir que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
–CNRR- ha recomendado a las autoridades judiciales tener como criterios que permiten evaluar
si se está garantizado o no la efectiva participación de las víctimas en el proceso de
esclarecimiento judicial, los siguientes: i) acceso de la víctima o de sus familiares a las diferentes
diligencias que se lleven a cabo; ii) acceso de la víctima al expediente o expedientes relativos a
su caso; iii) acceso a la información relacionada con los hechos investigados; iv) posibilidad de
ser efectivamente escuchados por la autoridad judicial; y v) posibilidad efectiva de aportar pruebas
en relación con los hechos y con los daños sufridos. |93|
97. En cualquier caso, el tema es particularmente conflictivo, pues en el marco de los balances que
pretende realizar la Ley de Justicia y Paz como instrumento de justicia transicional, las víctimas
se ven obligadas a resignar una parte considerable de sus expectativas de justicia por la reducción
sustancial de las penas por crímenes atroces, a cambio de alcanzar la paz, lograr la verdad y el
acceso efectivo a una reparación. De allí que no resulte razonable que el Estado, que ha
establecido el marco jurídico del proceso y garantiza su suerte, no asuma respecto de las
reparaciones a las víctimas el mismo papel central que reconoce asumir para lograr los demás
elementos de la ecuación: la aplicación de justicia penal, la verdad, las políticas de memoria y el
desmonte efectivo de los grupos ilegales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
establecido que “en casos de violaciones de derechos humanos el deber de reparar es propio del
Estado, por lo que si bien las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades también
en la búsqueda de una justa compensación en el derecho interno, este deber no puede descansar
exclusivamente en su iniciativa procesal o en la aportación privada de elementos probatorios. |94|
98. La CIDH entiende que más allá del sistema legal establecido, corresponde al Estado un rol
central y una responsabilidad principal en garantizar a las víctimas de los crímenes contra el
derecho internacional un acceso efectivo y en condiciones de igualdad, a medidas de reparación,
acordes a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. En modo alguno el
acceso a la reparación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad puede quedar sujeto
exclusivamente a la determinación de responsabilidad criminal de los victimarios, ni a la previa
ejecución de sus bienes personales, lícitos o ilícitos. 99. La CIDH entiende que más allá de la vía judicial penal disponible, debería el Estado definir
una política pública de reparación que apunte a resolver los daños causados por la violencia
paramilitar, de acuerdo a sus recursos presupuestarios, y en base a los estándares del derecho
internacional de los derechos humanos, disponiendo de vías administrativas, ágiles y de escaso
costo, para el acceso a programas de reparaciones económicas. Esto sin perjuicio de las demás
formas de reparación no material, reparaciones colectivas y de los programas y servicios sociales
que pudieran establecerse para la población afectada durante el conflicto. En sus observaciones,
el Estado informa que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación “viene trabajando
en el diseño de una propuesta de un Programa Nacional de Reparaciones, que se caracterizaría
por su integralidad, esto es, por incluir medidas de reparación individuales y colectivas así como
medidas simbólicas y materiales.” |95|
100. La participación de las víctimas en todas las etapas del procedimiento de aplicación de la Ley
de Justicia y Paz es esencial en la búsqueda de la verdad. La CIDH reitera la necesidad de
implementar un programa de protección especial tanto para las víctimas del conflicto como para
los testigos que quieran acercarse a los procesos a fin de aportar información relevante en el
esclarecimiento de la verdad. Urge adoptar medidas destinadas a garantizar la debida
representación de las víctimas en los procesos judiciales, así como a fortalecer los mecanismos
para que éstas puedan hacer efectivo su derecho a la reparación. V. REINCORPORACIÓN A LA VIDA CIVIL Y DESMONTE DE LAS AUC 101. La CIDH observa que un elemento importante en el proceso de desmovilización tanto
colectivo como individual es el proceso de reincorporación a la vida civil de los desmovilizados.
La debilidad de las políticas de reinserción de los aproximadamente 30 mil desmovilizados en
forma colectiva, y los aproximadamente 10 mil desmovilizados en forma individual, sigue siendo
un tema preocupante, que contrasta con la información sobre el rearme de miembros de grupos
armados que se desmovilizaron y la posible emergencia de nuevos grupos en las zonas de
influencia de los que habrían entregado las armas. La CIDH en forma reiterada ha señalado que
la reincorporación a la vida civil de los desmovilizados, asegura la no-repetición de los graves
crímenes cometidos durante el actuar de los grupos armados al margen de la ley. Reincorporación a la vida civil 102. Como parte del programa de reinserción, se han inaugurado los llamados proyectos
productivos que involucran el trabajo de los desmovilizados. Cabe señalar que estos fueron
diseñados por el Gobierno como parte del modelo de atención del Programa para la
Reincorporación a la Vida Civil de los desmovilizados. Según información proporcionada por el
Gobierno, los desmovilizados cuentan con la posibilidad de participar de los proyectos
productivos una vez transcurridos entre 12 y 18 meses desde su desmovilización. |96|
2006 fueron consolidados una serie de proyectos productivos en las subregiones de Córdoba,
Antioquia y Casanare. |97|
En Córdoba, los proyectos productivos consisten en actividades en el área
ganadera y del cultivo de la acacia, el caucho y el cacao, con la participación de desmovilizados,
desplazados y pequeños productores. |98|
En Casanare, los proyectos consisten en la explotación
de maderas, productos agropecuarios y opal, |99|
y cuentan con la sola participación de
desmovilizados. |100|
Por último, en Antioquia se desarrollan proyectos productivos en las áreas de
ganadería intensiva, siembra y transformación de yuca, cacao, plátano y maderables, piscicultura
y banano de rechazo, respecto de los cuales sólo los proyectos de siembra y transformación de
yuca, y de cacao, plátano y maderables cuentan con la participación de desmovilizados,
desplazados y pequeños productores, siendo los otros exclusivamente implementados por
desmovilizados. |101|
Para su implementación, los proyectos productivos requieren de evaluación
gubernamental sobre su potencial de productividad. 103. Además, el programa de reinserción incluye actividades de educación integral destinadas a
proporcionar formación académica y ocupacional a los desmovilizados. Sin embargo, en 2006 el
total de los matriculados en educación y capacitación no superaba los seis mil desmovilizados. |102|
Los problemas en torno a la reinserción a la vida civil de los miles de desmovilizados se han visto
reflejados en la baja cobertura en educación, el alto porcentaje de deserción entre los que buscan
acceder a la educación formal, y deserción de los programas que ofrecen una remuneración
instantánea, tales como los de auxiliares cívicos o erradicadores manuales. |103|
desmovilizados vinculados a fuentes laborales –4.402 de los aproximadamente 40 mil
desmovilizados, en forma colectiva e individual— son bajos. |104|
104. Frente a dicho panorama, en septiembre de 2006 se procedió a la creación de la Alta
Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas,
como medida para acelerar resultados en este proceso de reinserción. |105|
La CIDH destaca la
iniciativa y la importancia de que estos programas surtan efectos concretos que se traduzcan en
la reinserción de los desmovilizados a la vida civil. 105. La CIDH observa que poca información se ha hecho pública sobre el proceso de reinserción
de los desmovilizados. En efecto, persiste la discrepancia entre las cifras hechas públicas por la
Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en
Armas y los Ministerios en cargados del tema. La CIDH señala la importancia de que mejoren los
mecanismos destinados a informar al público sobre los resultados alcanzados por los programas
de reinserción que se encuentra en la actualidad realizando la Alta Consejería, así como la
información relativa a la población beneficiara de estos programas. Desmonte de las AUC, rearme y aparición de nuevas bandas 106. La CIDH nota que poca información se ha dado a conocer al público sobre aquellos
desmovilizados que sin participar del proceso de reinserción se han rearmado o formado nuevas
bandas persistiendo en el fenómeno de la violencia. Sobre este panorama la información hecha
pública en el Sexto, Séptimo y Octavo informe del Secretario General de la Organización de
Estados Americanos al Consejo Permanente de la Organización ha revelado la existencia de
fenómenos de violencia posteriores a las desmovilizaciones que preocupaban a la MAPP |106|, que
obedecen a dinámicas diversas: 1) reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales
que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas; |107|
2) reductos que no se
desmovilizaron; |108|
3) aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya
existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados. |109|
107. El Gobierno Colombiano habría reconocido esta situación y advertido que si los
desmovilizados regresan a las armas quedarán por fuera de los beneficios de la Ley 975 de
2005. |110|
Asimismo, la CIDH destaca que ha recibido información del Gobierno colombiano sobre
la creación de un bloque de búsqueda contra la banda criminal Águilas Negras a fin de
desmantelar las bandas criminales que han surgido en zonas del país. |111|
Gobierno sobre la perdida de beneficios como consecuencia del retorno a la ilegalidad es
significativa. Sin embargo estas consecuencias sólo afectarán a aquellos desmovilizados que hayan
postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Estos constituyen solamente el 8.7% de los
31 mil desmovilizados de las AUC. A esto se suma el hecho de que existe incertidumbre sobre si
todos los miembros de las AUC efectivamente se plegaron al proceso de desmovilización, y por
lo tanto no se cuenta con información sobre un número importante de miembros de estas bandas.
En sus observaciones el Estado enfatiza su postura de que no se trata de “grupos de autodefensas
sino de bandas de criminales comunes” y agrega que “las autodefensas como expresión de un
complejo fenómeno en la historia colombiana no encuentra eco en el actual Gobierno”. |112|
108. La CIDH nota que se han implementado medidas para mejorar los resultados de los
programas de reincorporación de los desmovilizados a la vida civil, y espera que se continué en
la labor de fortalecer dichos programas a fin de que puedan arrojar resultados concretos que
reflejen la reincorporación de los desmovilizados a la vida civil. La CIDH mantendrá su
preocupación respecto del fenómeno del rearme y la formación de nuevas bandas, y reitera la
necesidad de que el Gobierno Colombiano implemente mecanismos efectivos destinados a
garantizar la desarticulación de las estructuras de las AUC y a continuar en la lucha por
desmantelar las bandas criminales. VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 109. Con relación a la implementación de la Ley de Justicia y Paz, las etapas iniciales del proceso
de desmovilización de las AUC y las primeras diligencias judiciales, la CIDH concluye: 1. Corresponde reconocer los esfuerzos emprendidos por el Estado colombiano a fin de lograr
la pacificación. En este sentido alienta especialmente aquéllos esfuerzos destinados a que los
procesos judiciales adelantados gocen de la mayor transparencia posible. 2. Los circuitos jurídicos previstos para el proceso de desmovilización de los miembros de las
AUC reflejaron una falta de sistematización de los mecanismos destinados a identificar y
determinar la responsabilidad penal por la comisión de crímenes. Los vacíos e inexactitudes
generados en esa primera etapa tienen repercusión negativa en los procesos investigativos
adelantados en aplicación de la Ley de Justicia y Paz y pueden llevar a la impunidad de los
numerosos crímenes no confesos por los cuales no se adelantan investigaciones judiciales. 3. Permanece la incertidumbre sobre la implementación práctica del fallo de la Corte
Constitucional sobre la Ley 975, y de los decretos reglamentarios dictados con anterioridad y
posterioridad a éste. Particularmente, en lo que concierne al cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad para acceder a los beneficios de la Ley 975. 4. Es incierto el panorama sobre el desmonte efectivo de las estructuras armadas del
paramilitarismo y la genuina participación de los cuadros armados de las AUC en el proceso de
desmovilización. Si bien el número de desmovilizados que han recibido beneficios procesales y
económicos supera con creces la cifra estimada de miembros de las AUC, el fenómeno de las
estructuras armadas ilegales permanece presente en las mismas áreas del país. 110. La CIDH mantiene algunas preocupaciones con aspectos relacionados a la situación y a la
participación de las víctimas en la implementación de la Ley de Justicia y Paz. A este respecto,
la CIDH recomienda al Estado la adopción de medidas orientadas a: 1. Fortalecer el trabajo de las instituciones llamadas a desempeñar un rol en la implementación de
la Ley de Justicia y Paz, especialmente las unidades de la Fiscalía General de la Nación que
ejercen un rol esencial de investigación. Estos entes deben contar con el apoyo logístico y la
capacidad humana necesaria para completar su tarea. Asimismo, el Estado debe asegurar medios
de protección para sus funcionarios a fin de que puedan adelantar sus investigaciones con seriedad
y en condiciones de seguridad. El esclarecimiento judicial de la responsabilidad de quienes han
perpetrado crímenes contra las víctimas del conflicto y buscan beneficiarse de la Ley de Justicia
y Paz no debe ser puesto en peligro. 2. Garantizar un rol activo de los fiscales en las correspondientes etapas de versión libre tanto
para ayudar a producir información indispensable para establecer la verdad de los hechos como
para verificar de manera efectiva el cumplimiento de los requisitos para el acceso a los beneficios
de morigeración de penas. 3. Disponer mecanismos para la transparencia de las decisiones sobre el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad previstos para acceder a los beneficios de la Ley 975. Previa
formalización de la etapa de acusación de los potenciales beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz,
debe darse amplia publicidad a la determinación que se realice sobre el cumplimiento de cada uno
de los requisitos de elegibilidad por cada uno de los grupos desmovilizados y de sus miembros,
en el caso de desmovilizaciones individuales; así como de las descalificaciones resultado del
incumplimiento con los requisitos. 4. Garantizar las oportunidades de participación de víctimas del conflicto, testigos y defensores
de derechos humanos en el proceso. A tal efecto, las víctimas deben contar con patrocinio jurídico
adecuado y con acceso a la asistencia efectiva de la Defensoría del Pueblo, desde la etapa inicial
de la versión libre. 5. Disponer de mecanismos destinados a proteger y garantizar la seguridad de las víctimas del
conflicto, testigos y defensores de derechos humanos que se acerquen a fin de participar en el
proceso de investigación y juzgamiento de quienes busquen beneficiarse de la Ley de Justicia y
Paz. 6. Estudiar la revisión del sistema de acceso a reparaciones previsto en el marco legal por la vía
exclusiva del incidente de reparaciones en el procedimiento penal. El Estado debe asumir un rol
principal y no secundario en garantizar el acceso de las víctimas a reparaciones, conforme a los
estándares del derecho internacional. Para ello la CIDH recomienda la adopción de un programa
de reparaciones que funcione de manera optativa frente a la vía judicial penal y complementaria
de las demás reparaciones de índole colectiva y de los programas y servicios sociales destinados
a la población que ha padecido la violencia en Colombia.
1. En el año 2003 el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe alcanzó un acuerdo con los líderes de
las AUC para la desmovilización de bloques de este grupo armado ilegal, en varias áreas del
país, a cambio de una resolución inhibitoria emitida por la Fiscalía que impidiera acusar a los
desmovilizados simplemente por su pertenencia a un grupo armado ilegal y la promesa de
establecer penas alternativas para aquellos que hubieren delinquido más allá de su mera
pertenencia a dichos grupos. Ver “Acuerdo de Santa Fe de Ralito” para contribuir a la paz en
Colombia, del 15 de julio de 2003. El texto de dicho acuerdo está disponible en el portal de
Internet de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz :
www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/acuerdos/index.htm [Volver]
2. Durante los últimos quince años, los actores en el conflicto armado interno –en particular las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las FARC-EP— han empleado la comisión de
masacres como estrategia contra miembros de los sectores más vulnerables tales como los
pueblos indígenas, las comunidades afro descendientes y los desplazados; y la comisión de
asesinatos selectivos y desapariciones forzadas contra defensores de derechos humanos,
operadores de justicia, líderes sindicales y sociales, periodistas y candidatos a cargos de
elección popular quienes han sido repetidamente declarados como objetivos militares,
principalmente por las AUC. Por su parte, los grupos armados disidentes –principalmente las
FARC-EP— también han empleado la comisión de atentados con explosivos en forma
indiscriminada y de secuestros, en violación de los principios más básicos del derecho
internacional humanitario, causando numerosas víctimas entre la población civil. [Volver]
3. Ver www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/desmovilizaciones [Volver]
4. Durante más de un año y medio el proceso de desmovilización, entrega de armas y
reincorporación a la vida civil se adelantó a la luz del régimen de desmovilización individual y
colectiva vigente, conforme al Decreto 128 de 2000 y la Ley 782 de 2002. El 22 de junio de
2005 el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 975 de 2005, la cual entró en
vigor tras la sanción presidencial del 22 de julio de 2005. Adicionalmente el 30 de diciembre
de 2005 se adoptó el Decreto No. 4760, del Ministerio del Interior y de Justicia, mediante el
cual se reglamentan algunos aspectos de la Ley 975 relacionados con los plazos disponibles
para investigar a quienes busquen acceder a los beneficios de la ley –artículo 4- y con la
introducción del principio de oportunidad a favor de terceros relacionados con la adquisición,
posesión, tenencia, transferencia y en general con la titularidad de los bienes ilícitos que sean
entregados para la reparación de las víctimas –artículo13. El 29 de septiembre de 2006 se hizo
público el Decreto No. 3391 por el cual reglamentó parcialmente la Ley 975 de 2005
Ministerio del Interior y de Justicia, Decreto No. 3391 de 2006, 29 de septiembre de 2006,
“Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 975 de 2005”. [Volver]
5. Entre los parámetros de interpretación establecidos por la Corte Constitucional se
destacan aquéllos destinados a proteger la participación de las víctimas en el proceso, y su
acceso a una reparación integral. La sentencia también clarifica la obligación de imponer en
forma efectiva la pena reducida de prisión allí prevista e introduce consecuencias legales, tales
como la pérdida de beneficios, en caso de que los desmovilizados que buscan beneficiarse de
la aplicación de la Ley oculten información a las autoridades judiciales. Asimismo, la sentencia
aclara la calificación del paramilitarismo como un delito común. En suma, los desmovilizados
implicados en la comisión de crímenes relacionados con el conflicto armado que quieran
obtener los beneficios establecidos por la Ley 975 tendrán que colaborar con la justicia a fin de
que se logre el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la
reparación y la no repetición. Corte Constitucional, Expediente D-6032 - Sentencia C-370/06,
fundamentos hechos públicos el 13 de julio de 2006. [Volver]
6. Ver CIDH Tercer Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia
OEA/Ser.L/V/II.102 Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999; Informe sobre el Proceso de
Desmovilización en Colombia OEA/Ser.L/V/II.120 Doc. 60, del 13 de diciembre de 2004;
Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación
y el alcance de la Ley de Justicia y Paz en la República de Colombia. OEA/Ser/L/V/II. 125
Doc. 15, 01 de agosto de 2006. Ver también capítulo IV de los informes anuales de la CIDH
para los años 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. [Volver]
7. Consejo Permanente de la OEA, Resolución CP/RES. 859 (1397/04) ”Apoyo al
Proceso de Paz en Colombia”, punto resolutorio tercero. OEA/Ser. G CP/RES. 859 (1397/04)
de 6 de febrero de 2004. [Volver]
8. La información se obtuvo mediante entrevistas con los entes directamente
involucrados y observaciones recogidas en el terreno. La CIDH ha dado seguimiento a los
aspectos de este proceso que se relacionan con su propia competencia, mediante contactos
con entidades del Gobierno, organizaciones y miembros de la sociedad civil en el marco de
observaciones en el terreno conducidas en julio de 2004 (Bogotá y Medellín), febrero de 2005
(Bogotá), junio de 2005 (Bogotá, Valledupar y Quibdó), diciembre de 2005 (Bogotá), febrero
de 2006 (Bogotá), marzo de 2006 (Valledupar), abril de 2006 (Apartadó), mayo de 2006
(Bogotá), enero del 2007 (Bogotá y Medellín), y abril de 2007 (Bogotá, Barranquilla y
Medellín). En todas estas visitas las respectivas delegaciones de la CIDH contaron con la total
colaboración del Gobierno, la Misión MAPP y la sociedad civil, así como de las
organizaciones intergubernamentales con presencia en Colombia. [Volver]
9. Comentarios del Estado colombiano al “Pronunciamiento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos sobre la implementación de la Ley de Justicia y Paz:
etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC primeras diligencias judiciales”.
Nota DDH No. 45284/2465/07 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de 4 de septiembre de
2007. [Volver]
10. Complemento a los comentarios del Estado colombiano al “Pronunciamiento de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la implementación de la Ley de Justicia
y Paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC primeras diligencias
judiciales”. Nota DDH No. 45497/2475/07 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de 5 de septiembre de
11. CIDH Informe Nº 71/05 Ever de Jesús Montero Mindiola e Informe Nº 72/05 Juan
Enenías Daza Carrillo, en Informe Anual de la CIDH 2005. Corte I.D.H., Medidas
Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la
República de Colombia, Caso del Pueblo Indígena Kankuamo, Resolución de 5 de julio de
2004. El 23 de septiembre de 2004 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de las liderezas
del pueblo indígena Wayúu en el departamento de La Guajira. El 4 de febrero de 2005 la
CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros del pueblo indígena Wiwa de la
Sierra Nevada de Santa Marta. [Volver]
12. Ver Informe N̊ 86/06 Operación Génesis en Informe Anual de la CIDH 2006. El 17
de diciembre de 1997 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los afro descendientes
desplazados a consecuencia de la operación militar conocida como “Operación Génesis” en el
bajo Atrato, Departamento del Chocó. Además, ver Corte I.D.H., Medidas Provisionales
solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de
Colombia, Caso de los miembros de las comunidades afrodescendientes del Consejo
Comunitario del Jiguamiandó y las familias del Curbaradó en el municipio de Carmen del
Darién, Departamento del Chocó, Resolución de 6 de marzo de 2003. [Volver]
13. Jorge 40 ha sido acusado inter alia por la masacre de indígenas de las etnias Wiwa y
Wayúu en 2004 así como por el asesinato de ocho personas en Curumaní en diciembre de
2005, en violación al compromiso del cese de hostilidades acordado con el Gobierno, materia
de verificación por la Misión MAPP/OEA. [Volver]
14. En vista del alto número de personas involucradas en el proceso de desmovilización
de este Bloque, estimado de 4.500 personas, el Alto Comisionado para la Paz y los líderes del
Bloque acordaron establecer, en paralelo, dos zonas especiales de ubicación en Chimila
(Municipio del Copey) y La Mesa (Corregimiento de Valledupar) ambas en el Departamento
del Cesar, para facilitar la concentración de las personas a desmovilizarse. [Volver]
15. La delegación visitó la zona de ubicación en “El Cuarenta” en el Municipio de
Apartadó y observó la desmovilización de 150 de los 484 miembros del segundo grupo de ese
bloque, que pasaron por el circuito jurídico. [Volver]
16. Los circuitos se llevaron a cabo en la zona de ubicación temporal establecida para
tales efectos mediante Resolución del Ministerio de Defensa y del Interior y de Justicia. El
inicio de los circuitos se llevó a cabo días antes al acto formal de desmovilización, e involucró
la participación de una serie de instituciones del Estado y entes internacionales. Los
funcionarios presentes en la zona de ubicación fueron entrevistados por la delegación durante
la visita a efectos de recoger información sobre el rol de cada entidad, la metodología
empleada y los resultados obtenidos. [Volver]
17. Sobre el alcance y aplicación de la Ley 782 de 2002 ver CIDH Informe sobre el
Proceso de Desmovilización en Colombia (2004), párrafo 62. La Ley 782 califica la
participación en grupos armados al margen de la ley en términos de la comisión del delito de
“concierto para delinquir”, los fiscales involucrados en la desmovilización informaron que la
calificación utilizada en la resolución inhibitoria ha sido cambiada a la de “sedición” a fin de
que pueda ser aplicable tanto a miembros de grupos paramilitares como a grupos guerrilleros
que deseen plegarse al proceso de desmovilización de estructuras armadas ilegales, con los
mismos efectos. Asimismo ver Decreto No. 4436 de 2006 del 11 de diciembre de 2006 “Por el
cual se reglamenta parcialmente la Ley 782 de 2002”. [Volver]
18. Comentarios del Estado colombiano al “Pronunciamiento de la Comisión
2007, página 3. [Volver]
19. Comentarios del Estado colombiano al “Pronunciamiento de la Comisión
Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores del 4 de septiembre de
2007, página 12. [Volver]
20. A este respecto, los datos hechos públicos por el Alto Comisionado para la Paz con
fecha 9 de marzo de 2006 indican que de las personas desmovilizadas en Chimila, sólo 880
pertenecerían a fuerzas de choque y 1335 pertenecerían a “frentes de apoyo social” de los
departamentos de Atlántico, Magdalena y Cesar. Información del Alto Comisionado para la
Paz. Reporte Desmovilización Primer Grupo de Integrantes del Bloque Norte de las
Autodefensas. Bogotá, jueves 9 de marzo de 2006. Disponible en el portal de Internet de la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz. [Volver]
21. El total de miembros desmovilizados en Chimila fue de 2.215, de los cuales 880 eran
miembros de las fuerzas de choque, y 1.335 miembros de los frentes de apoyo social que
actuaban en el plan productivo de los departamentos de Atlántico, Magdalena y Cesar.
Información disponible en el portal de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz:
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2006/marzo/marzo_08_06.htm. [Volver]
22. Información providenciada por la oficina del Alto Comisionado para la Paz. [Volver]
23. A este respecto, los datos hechos públicos por el Alto Comisionado para la Paz con
fecha 30 de abril de 2006 indican que de las personas desmovilizadas en El Cuarenta se
desmovilizó un total de 484 hombres y mujeres. Información del Alto Comisionado para la
Paz. Reporte Segunda Fase de Concentración y desmovilización de integrantes del Bloque
Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas. Bogotá, 30 de abril de 2006. Disponible en
el portal de Internet de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. [Volver]
24. El ICBF sólo se hizo presente en las zonas de ubicación en las que los grupos a
desmovilizarse hubieren entregado a menores. [Volver]
25. Se deja constancia de esta condición asentando el dato en las listas y dando pulseras
de distintos colores a las personas al pasar por el circuito. [Volver]
26. El formato para registrar las huellas dactilares en ambas manos incluye información
sobre nombre; tipo y número de documento; estado civil y nombre del cónyuge; nombre de los
padres; fecha y lugar de nacimiento; sexo, edad, RH, y estatura; raza, haciendo distinción entre
blanca, negra, oriental, mestiza, e indígena; dirección; profesión; y seguridad social, sumada a
la descripción general detallada en contextura, piel, cabello, ojos, barba o bigote, señales
particulares, y soporte jurídico. El formato único de carta dental incluye la siguiente
información: nombre; tipo y número de documento; estado civil y nombre del cónyuge;
nombre de los padres; fecha y lugar de nacimiento; sexo, edad, RH, y estatura; raza, haciendo
distinción entre blanca, negra, oriental, mestiza, e indígena; dirección; profesión; y seguridad
social. El CTI, presente en la zona de ubicación, esperaba que la información recopilada en el
circuito fuera puesta a disposición de la Fiscalía y contribuyera a resolver casos de
suplantación y reincidencia. Cabe señalar que en varios circuitos el CTI no contaba con el
personal especializado para recabar material genético de los desmovilizados. [Volver]
27. El Séptimo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre
la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA) señala que respecto al
proceso de identificación y documentación llevado a cabo en los circuitos jurídicos, la Misión
MAPP concluyó que el 26% de los desmovilizados no rindieron versión libre en el marco de la
desmovilización colectiva. Ver OEA/Ser.G/CP/doc.4148/06, 30 de agosto de 2006, página 9. [Volver]
28. Comentarios del Estado colombiano al “Pronunciamiento de la Comisión
2007, página 13. [Volver]
29. Comentarios del Estado colombiano al “Pronunciamiento de la Comisión
2007, página 14. [Volver]
30. La CIDH se entrevistó con funcionarios del DAS en el circuito jurídico de La Mesa
a fin de comprender la mecánica del procedimiento de verificación de antecedentes y sus
resultados en términos de la identificación de personas acusadas o condenadas de cometer
delitos distintos del de sedición o de perpetrar crímenes que no pueden ser materia de
resolución inhibitoria conforme a la Ley 782 de 2002. Los funcionarios del DAS al ser
consultados sobre el número de desmovilizados imputados, acusados o condenados como
autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a
la estructura armada que participa de la desmovilización indicaron a la delegación que de las
aproximadamente 200 personas que habían pasado por esa oficina del circuito entre el 2 y el 3
de marzo de 2006, sólo tres tenían antecedentes judiciales de algún tipo. [Volver]
31. Artículo 10 de la Ley 975 de 2005, conocida como la “Ley de Justicia y Paz”,
establece como requisito de elegibilidad para acceder a beneficios procesales los siguientes: ser
miembros de grupos armados al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados,
acusados o condenados por “actos atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro,
genocidio y homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de
indefensión” (definiciones de la Ley 782) cometidos durante o con ocasión de la pertenencia a
esos grupos; aparecer en el listado de desmovilizados que el Alto Comisionado para la Paz
remite a la Fiscalía General de la Nación; que el grupo al que pertenecen se haya
desmovilizado en cumplimiento del acuerdo con el Gobierno; que se entreguen los bienes
producto de la actividad ilegal; que el grupo ponga a disposición del ICBF la totalidad de los
menores reclutados; que el grupo “cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos
políticos y libertades públicas y cualquier otra actividad ilícita”; que el grupo no se haya
organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito; que se libere a las
personas secuestradas que se encuentren bajo su poder. [Volver]
32. La problemática de los niños y niñas adolescentes reclutados por los grupos armados
ilegales y eventualmente recibidos por el Gobierno tras la desmovilización del bloque al que
pertenecían, ha sido materia de entrevistas con el ICBF y la Unidad de Justicia y Paz de la
Fiscalía General en la ciudad de Bogotá. Sobre la situación de las niñas, ver el Informe de la
CIDH sobre “Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto
armado en Colombia”. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 67, 18 octubre 2006. [Volver]
33. Información entregada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, visita a la
zona de ubicación de El Cuarenta, Municipio El Turbo, Departamento de Antioquia, entre el
25 y el 27 de abril de 2006. [Volver]
34. Conforme información disponible por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el
total de 615 armas largas, cortas y de apoyo fueron clasificadas en: 346 fusiles, 31 escopetas,
1 carabina, 3 sub ametralladoras, 163 pistolas, 33 revólveres, 5 ametralladoras, 17
lanzagranadas y 16 morteros. En sus observaciones, el Estado identifica 625 armas entregadas.
Comentarios del Estado colombiano al “Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos sobre la implementación de la Ley de Justicia y Paz: etapas iniciales del
proceso de desmovilización de las AUC primeras diligencias judiciales”. Nota DDH No.
45284/2465/07 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
del Ministerio de Relaciones Exteriores de 4 de septiembre de 2007, página 15. [Volver]
35. Ver Alto Comisionado para la Paz. Reporte Balance de armas entregadas por
integrantes del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas. Bogotá, 30 de abril
de 2006. Disponible en el portal de Internet de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El
material entregado fue clasificado por el GIAT en 332 fusiles, 4 ametralladoras, 3 pistolas, 8
morteros de 60 mm, 7 lanzagranadas de 40 mm y 5 lanzagranadas MEL de 40 mm.
Igualmente el GIAT contabilizó 1.207 granadas, 289.728 unidades de munición, de diferente
calibre, y 1.121 proveedores. [Volver]
36. Comentarios del Estado colombiano al “Pronunciamiento de la Comisión
2007, página 15. [Volver]
37. Ver Séptimo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre
la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA)
OEA/Ser.G/CP/doc.4148/06, 30 de agosto de 2006, página 7. [Volver]
38. El documento que registra el “pasado judicial” emitido por el DAS sólo es entregado
a personas que no registran antecedentes penales, como fuera explicado en las etapas que
conformaban el circuito jurídico previo al acto formal de desmovilización y entrega de armas.
Séptimo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de
Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA). Ver OEA/Ser.G/CP/doc.4148/06, 30
de agosto de 2006, página 11. [Volver]
39. Ver Código Penal (Ley 100 de 1980) Título V, Delitos contra la Seguridad Pública.
Capítulo Primero: Del Concierto, el Terrorismo y la Instigación. Art. 186. - Concierto para
delinquir. (Modificado. Ley 365 de 1997, Art. 8) “Cuando varias personas se concierten con el
fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por ese solo hecho, con prisión de tres
(3) a seis (6) años. Si actuaren en despoblado o con armas, la pena será prisión de tres (3) a
nueve (9) años. Cuando el concierto sea para cometer delitos de terrorismo, narcotráfico,
secuestro extorsivo, extorsión o para conformar escuadrones de la muerte, grupos de justicia
privada o bandas de sicarios la pena será de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de
dos mil (2000) hasta cincuenta mil (50000) salarios mínimos legales mensuales. La pena se
aumentará del doble al triple para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan,
encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir.” [Volver]
40. Ver Informe sobre el Proceso de Desmovilización en Colombia OEA/Ser.L/V/II.120
Doc. 60, de 13 de diciembre de 2004. [Volver]
41. Ley 418, 26 de diciembre de 1997. Diario Oficial Nº 43201 de 26 de diciembre de
1997. [Volver]
42. Decreto 128 del 22 de enero de 2003. Diario Oficial Nº 45073 de 24 de enero de
2003. Estas normas establecen inter alia que se podrá conceder la cesación de procedimiento,
la resolución de preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria a favor de quienes
confiesen y hayan sido o fueren denunciados o procesados por delitos políticos y no hayan
sido condenados mediante sentencia ejecutoriada toda vez que elijan participar de un proceso
de desmovilización en forma individual o colectiva. [Volver]
43. Artículo 62 de la ley 418. Sin embargo, el artículo 43 aclara que estos beneficios
podrían quedar sin efecto si el beneficiario cometiere cualquier delito doloso dentro de los dos
años siguientes a su concesión. [Volver]
44. Artículo 13 del Decreto 128 de 2003. [Volver]
45. Artículo 21 del Decreto 128 de 2003. [Volver]
46. Información disponible en el portal de Internet de la Fiscalía General de la Nación:
www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/index.html. [Volver]
47. Comentarios del Estado colombiano al “Pronunciamiento de la Comisión
etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC primeras diligencias judiciales”. Nota DDH No. 45284/2465/07 de la Dirección de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de 4 de septiembre
de 2007, página 10. [Volver]
48. Ministerio del Interior y de Justicia, Decreto No. 3391 de 2006, 29 de septiembre de
2006, “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 975 de 2005”. [Volver]
49. Ministerio del Interior y de Justicia, Decreto No. 3391 de 2006, 29 de septiembre de
2006, “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 975 de 2005”. Artículo 11. [Volver]
50. Corte Constitucional Sentencia C-370/06 (Expediente D-6032), párrs. 6.2.3.3.4.1 al
6.2.3.3.4.6. La Ley de Justicia y Paz en su artículo 31 establece que: “Tiempo de permanencia
en las zonas de concentración. El tiempo que los miembros de grupos armados al margen de la
ley vinculados a procesos para la reincorporación colectiva a la vida civil, hayan permanecido
en una zona de concentración decretada por el Gobierno Nacional, de conformidad con la Ley
782 de 2002, se computará como tiempo de ejecución de la pena alternativa, sin que pueda
exceder de dieciocho (18) meses. El funcionario que el Gobierno Nacional designe, en
colaboración con las autoridades locales cuando sea el caso, será el responsable de certificar el
tiempo que hayan permanecido en zona de concentración los miembros de los grupos armados
de que trata la presente ley”. La Corte Constitucional en su fallo señaló que “…en el Estado
reposa el deber de imponer y ejecutar sanciones efectivas a quienes incurran en violación de la
ley penal, imperativo que adquiere mayor relevancia cuando se trata de grave criminalidad.
Las sanciones efectivas son aquellas que no encubren fenómenos de impunidad, en tanto
constituyen reacciones estatales justas y adecuadas a los delitos perpetrados, tomando en
consideración los específicos objetivos de política criminal que la ley entraña. Adicionalmente,
es preciso recordar que la fase de ejecución de la pena corresponde a una de las más
trascendentales expresiones del ejercicio del ius puniendi estatal. En el estado constitucional
de derecho el ejercicio de ius puniendi reclama la intervención de todos los poderes públicos:
el legislador en su fase de configuración; los jueces en su fase de imposición, y las autoridades
penitenciarias en su fase de ejecución”. [Volver]
51. Corte Constitucional Sentencia C-370/06 (Expediente D-6032), párrafos 6.2.3.3.4.5
– 6.2.3.3.4.6. [Volver]
52. Corte Constitucional Sentencia C-370/06 (Expediente D-6032), párrafos 6.2.3.3.4.7
al 6.2.3.3.4.10 referidos al inciso 2º del artículo 30. [Volver]
53. Ministerio del Interior y de Justicia, Decreto No. 3391 de 2006, 29 de septiembre de
2006, “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 975 de 2005”. Artículo 17 Determinación
judicial de la reparación. Párrafo 1. Inciso segundo. [Volver]
54. Ver Programa para la Reincorporación a la vida civil de personas y grupos alzados
en armas. Informe presentado a la Misión MAPP/OEA, Bogotá, marzo de 2006. [Volver]
55. Información disponible en el portal de Internet de la Fiscalía General de la Nación:
www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/index.html. Ver por ejemplo
www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/edictos/maribel%20galvis.html [Volver]
56. Comentarios del Estado colombiano al “Pronunciamiento de la Comisión
2007, página 19. [Volver]
57. Código de Procedimiento Penal, Legis 2006 - Ley 906 de 2004 y Ley 600 de 2000. [Volver]
58. Corte Constitucional, Sentencia C-033/03 de fecha 28 de enero de 2003 – Imputado
y sindicado - Distinción constitucionalmente válida: La diferenciación hecha por el Legislador
entre imputado y sindicado no tiene en sí misma reproche constitucional alguno, no sólo por
cuanto la denominación puede variar según la etapa en que se encuentre la investigación sino,
además, porque esa diferencia resulta razonable e incluso opera a favor del procesado. En
efecto, el reproche que se hace al imputado dentro de la investigación previa es mucho menor
que el cuestionamiento al sindicado en el sumario, pues en este último evento existen
elementos de juicio que comprometen en mayor grado la responsabilidad del procesado. De la
anterior distinción depende también el reconocimiento o no como sujeto procesal. [Volver]
59. Artículo 5 del Decreto Reglamentario No. 4760 de 2005. [Volver]
60. Resolución 0-3998 de 6 de diciembre de 2006, Diario Oficial 46.481, por la cual se
establecen directrices para el procedimiento de recepción de versión libre en los asuntos de
competencia de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, en desarrollo de la
Ley 975 de 2005 y sus Decretos Reglamentarios 4760 de 2005, 2898 y 3391 de 2006. [Volver]
61. Información entregada por la Fiscalía General de la Nación a la CIDH durante su
visita a Colombia en enero de 2007. [Volver]
62. Resolución de 18 de enero de 2007 de la Fiscalía General de la Nación, disponible en
el portal de internet: www.fiscalia.gov.co. [Volver]
63. Presidencia de la República de Colombia, Secretaría de Prensa, 24 de enero de 2007,
CNTV reglamenta transmisiones de audiencias de paramilitares desmovilizados. Información
disponible en el portal de internet: www.presidencia.gov.co. [Volver]
64. Fiscalía General de la Nación, resolución 0-0387 de 12 de febrero de 2007 “Por el
cual se establecen directrices para el procedimiento de transmisión de la diligencia de versión
libre en los asuntos de competencia de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz,
en desarrollo de la Ley 975 de 2005 y sus decretos reglamentarios 4760 de 2005, 2898 y 3391
de 2006 y 315 de 2007. [Volver]
65. Ibidem. Artículo tercero. Información aclaratoria o complementaria en los registros
técnicos de la versión libre. [Volver]
66. Ibidem. Artículo cuarto. Transmisión de la diligencia de versión libre. [Volver]
67. Ibidem. Artículo séptimo. Restricciones a la publicidad de la diligencia de versión
libre. [Volver]
68. Ibidem. Artículo quinto. Restricción al acceso a las salas de versión libre y de
víctimas. [Volver]
69. Ley 975 de 2005, artículos 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 y Corte Constitucional
Sentencia C-370/06 (Expediente D-6032), decisión No. 8, página 211. [Volver]
70. Corte Constitucional Sentencia C-370/06 (Expediente D-6032), decisión No. 8 y 22,
página 212; asimismo ver párrafo 6.2.2.2.5. [Volver]
71. Ley 975 de 2005, artículos 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 y Corte Constitucional
Sentencia C-370/06 (Expediente D-6032), decisión No. 9, página 211. [Volver]
72. Ley 975 de 2005, Artículo 11 párrafo final. [Volver]
73. Ministerio del Interior y de Justicia, Decreto número 423 de 16 de febrero de 2007
“Por medio del cual se reglamentan los artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005 de Justicia y
Paz”. Ver artículo 6. Juramento sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. [Volver]
74. Ibidem. Artículo 4. Información adicional. Asimismo ver Decreto Reglamentario
4760 de 2005. Artículo 3 inciso 6. [Volver]
75. Dada la cantidad de fiscales y el número de bloques investigados en promedio cada
fiscal delegado investiga el actuar de tres o cuatro bloques, o bien un solo bloque que posee
un gran número de miembros. Se infiere de esta información que cada fiscal podría tener a su
cargo aproximadamente 100 procesos. Asimismo, la CIDH ha recibido información indicando
que aproximadamente los fiscales delegados estarían investigando 2.000 hechos por Bloque.
Visita de la CIDH a Colombia, Enero de 2007. [Volver]
76. Ministerio del Interior y de Justicia, Decreto Número 423 de 16 de febrero de 2007
77. Ibidem. Artículo 4. Información adicional. Asimismo ver Decreto Reglamentario
78. Ver “Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre
la aplicación y el alcance de la Ley de Justicia y Paz en la República de Colombia.”
OEA/Ser/L/V/II. 125 Doc. 15, 1 de agosto de 2006, párrafo 30. [Volver]
79. Ver “Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre
OEA/Ser/L/V/II. 125 Doc. 15, 1 de agosto de 2006. [Volver]
80. Código de Procedimiento Penal – Ley 906 de 2004 y Ley 600 de 2000. [Volver]
81. Entre ellas la Sentencia de la Corte Constitucional C-228 de 2002. [Volver]
82. Ministerio del Interior y de Justicia, Decreto Número 315 del 7 de febrero de 2007
“Por medio de la cual se reglamenta la intervención de las víctimas durante la etapa de
investigación en los procesos de Justicia y Paz de acuerdo con lo previsto en la Ley 975 de
2005”. [Volver]
83. Ibidem. Artículo 1. [Volver]
84. Ministerio del Interior y de Justicia, Decreto Número 315 del 7 de febrero de 2007
2005”. Artículo 1, inciso segundo. Además, el Artículo 2 establece que: Con el objeto de materializar los derechos previstos en el artículo 37 de la Ley 975 de 2005,
las víctimas o sus apoderados podrán: a) acceder a las salas separadas e independientes de
quien rinde la versión libre; b) suministrarle al fiscal delegado de la Unidad de Justicia y Paz de
la Fiscalía General de la Nación la información necesaria y los medios de prueba que le sirvan
para el esclarecimiento de los hechos por los cuales haya sufrido un daño directo; c) informar
sobre los bienes que puedan ser destinados para la reparación; d) sugerirle al Fiscal preguntas
para que sean absueltas pro quien rinde la versión libre y que estén directamente relacionadas
con los hechos investigados, y e) solicitar información sobre los hechos por los cuales haya
sufrido un daño directo. Sin perjuicio de los demás derechos que la Constitución y la ley le
confiere a las víctimas. [Volver]
85. Complemento a los comentarios del Estado colombiano al “Pronunciamiento de la
Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores del 5 de septiembre de
2007, página 5. [Volver]
86. “Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la
aplicación y el alcance de la Ley de Justicia y Paz en la República de Colombia.”
OEA/Ser/L/V/II. 125 Doc. 15, 1 de agosto de 2006, páginas 13-19. [Volver]
87. CIDH Comunicado de Prensa No. 4/07, “CIDH expresa repudio por el asesinato de
víctima que buscaba reparación a través de la Ley de Justicia y Paz en Colombia”,
Washington, D.C., 2 de febrero de 2007. [Volver]
88. Ibidem. [Volver]
89. CIDH Comunicado de Prensa Nº 25/07, “CIDH expresa repudio por el asesinato de
Judith Vergara Correa”, Washington, D.C., 30 de abril de 2007. [Volver]
90. Información recibida por la CIDH durante visita a Colombia en abril de 2007. [Volver]
91. Oficina de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación. [Volver]
92. En la visita de la CIDH a Colombia de abril de 2007 se planteó el tema del concepto
de víctima con la Fiscalía General de la Nación a propósito del caso de Yolanda Izquierdo. La
Fiscalía expresó voluntad de ampliar el concepto de víctima y buscar fondos para poder
concretizar los programas de protección para todo el universo de víctimas. [Volver]
93. Comentarios del Estado colombiano al “Pronunciamiento de la Comisión
2007, página 25. [Volver]
94. Corte I.D.H. Caso de la Masacre de la Rochela, Sentencia de Fondo y
Reparaciones, 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párrafo 220. [Volver]
95. Comentarios del Estado colombiano al “Pronunciamiento de la Comisión
2007, página 32. [Volver]
96. Conforme a la información constatada por el Gobierno en la actualidad existe un
total 2.628 desmovilizados que se encuentran vinculados a trabajos formales e informales,
como auxiliares cívicos, y en proyectos productivos. Respecto de los proyectos productivos,
la cifra gubernamental refleja que existe un total de 365 desmovilizados trabajando en estos
proyectos a lo largo del país. Cabe señalar que el 62% de los desmovilizados realizan trabajos
informales. Sobre el tipo de trabajo considerado como informal se trata de actividades que
desarrollan los beneficiarios, que no implican un contrato de trabajo y son de carácter
transitorio en áreas tales como la agricultura y ganadería, oficios varios, construcción y
ventas-comercio. Ver Programa para la Reincorporación a la vida civil de personas y grupos
alzados en armas. Informe presentado a la Misión MAPP/OEA, Bogotá, marzo de 2006,
página 29. [Volver]
97. Los requisitos generales dispuestos por el Gobierno para participar de los diferentes
proyectos productivos son: (1) Lugar: sitios que cuenten preferiblemente con vías de
comunicación o cuya construcción esté asegurada en el corto plazo; tener facilidad de
vivienda, salud, educación y recreación; con presencia del Estado y en áreas que ofrezcan
seguridad y den tranquilidad a quienes vayan a participar en los proyectos productivos; en
tierras aportadas por empresarios, pequeños agricultores, desmovilizados o por el Estado
(adjudicadas por INCODER), o a través de formas alternativas de acceso como
arrendamiento, leasing o comodato, siempre con origen absolutamente claro y transparente:
realización de un estudio de títulos de posesión, escrituras y certificado de libertad y tradición;
cuando la tierra ha sido adquirida en los últimos años, se hace una investigación especial por
parte de las autoridades competentes. (2)Participantes: desmovilizados, desplazados y
habitantes de la región en calidad de trabajadores permanentes y como copropietarios, pero
con participación voluntaria; los desmovilizados que presenten inconvenientes de orden
jurídico, no tendrán participación en las empresas que se organicen. Los desmovilizados deben
de estar cobijados por resolución inhibitoria comprobada por el Ministerio del Interior y de
Justicia, deben adicionalmente presentar Certificado Judicial vigente; los desplazados que se
encuentren en la región o que deseen regresar a la región de origen y que se encuentren
inscritos ante la Red de Solidaridad Social; campesinos y agricultores de pequeñas tierras con
parcelas o sin ellas, habitantes en la región; empresarios particulares en calidad de
copropietarios, integradores, operadores o asesores; en el proceso de selección se busca que
los participantes tengan vocación agrícola, actitudes y aptitudes acordes con los proyectos
productivos a emprender. [Volver]
98. Programa para la Reincorporación a la vida civil de personas y grupos alzados en
armas. Informe presentado a la Misión MAPP/OEA, Bogotá, marzo de 2006, página 34. [Volver]
99. Opal es un tejido fino de algodón, parecido a la batista, más tupido y liso. [Volver]
100. Programa para la Reincorporación a la vida civil de personas y grupos alzados en
armas. Informe presentado a la Misión MAPP/OEA, Bogotá, marzo de 2006, página 35. [Volver]
101. Ibidem, página 36. [Volver]
102. Programa para la Reincorporación a la vida civil de personas y grupos alzados en
armas. Informe presentado a la Misión MAPP/OEA, Bogotá, marzo de 2006, pág. 25. Cuadro
No. 6: cantidad de personas en cada una de las áreas de formación, de acuerdo al estado,
distribuidas por Centro de Referencia y Oportunidades. Fuente: OIM-MIJ, SAME, Marzo
2006. [Volver]
103. Séptimo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la
Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA). Ver
OEA/Ser.G/CP/doc.4148/06, 30 de agosto de 2006, página 10. [Volver]
104. Del total de desmovilizados no habría información disponible sobre 141
desmovilizados; 536 habrían sido capturados; 236 asesinados o muerto en accidentes, y 39
heridos. Ver Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia. Proceso de
desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia. Apoyo de la cooperación europea.
Cuadernos de Cooperación y desarrollo. Año 3, Noviembre de 2006, No.2. Asimismo ver,
Primer Informe de control y monitoreo a los desmovilizados, Policía Nacional, Julio 2006.
Información disponible en el portal de Internet: www.altocomisionadoparalapaz.gov.co. En
sus observaciones, el Estado indica que hasta agosto de 2007 contabilizó 11.448 personas
estudiando, 971 de ellas en educación técnica o tecnológica, 243 en educación universitaria y
otorgó 279 becas adicionales en el 2007 para estudios superiores. Respecto a la formación
para el trabajo, hasta agosto de 2007 fueron entrenadas 7.370 personas y se encontraban en
capacitación otras 4.389. Comentarios del Estado colombiano al “Pronunciamiento de la
judiciales”. Nota DDH No. 45284/2465/07 de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho
2007, página 38. [Volver]
105. Presidencia de la República, Decreto No. 3043 de 2006, 07 de septiembre de 2006
Por el cual se crea en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República una
Armas. Entre las principales funciones de la Alta Consejería se destacan las siguientes: 1)
asesorar al Presidente de la República sobre el desarrollo de “la política de reintegración a la
vida civil de personas o grupos armados organizados al margen de la ley, que se desmovilicen
voluntariamente de manera individual o colectiva”; 2) diseño, ejecución y evaluación de la
política de Estado dirigida a esas personas, en coordinación con los Ministerios de Defensa,
del Interior y Justicia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; 3) asesorar al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) “en la definición de políticas y estrategias
relacionadas con la prevención del reclutamiento, la desvinculación y reintegración de los
menores de edad a grupos armados organizados al margen de la ley"; 4) articular las iniciativas
de las entidades territoriales y locales para el desarrollo de los planes de reintegración social y
económica de aquellos que se desmovilicen; y 5) consecución de recursos de cooperación
nacional e internacional, en coordinación con la Agencia Presidencial para la Acción Social y
la Cooperación Internacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El programa de la
Consejería incluye la ayuda humanitaria a los desmovilizados, acceso a salud, entrenamiento
técnico para desarrollo de actividades laborales, acceso a educación, y acompañamiento para
acceder a oportunidades laborales. Además, la Consejería estará encargada de implementar los
proyectos productivos entre desmovilizados, víctimas, campesinos y desplazados. Reunión
Alto Consejero para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en
Armas. Visita de la CIDH a Colombia, entre el 16 y el 20 de enero de 2007. [Volver]
106. Ver Sexto Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre
la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA). OEA/Ser. G/CP/doc.
4075/06, 16 de febrero de 2006. Asimismo ver Séptimo Informe Trimestral del Secretario
General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia
(MAPP-OEA). Ver OEA/Ser.G/CP/doc. 4148/06, 30 de agosto de 2006; y Octavo Informe
Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso
de Paz en Colombia (MAPP/OEA). OEA/Ser.G. CP/doc. 4176/07, 14 febrero 2007. [Volver]
107. Sexto Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la
Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA). OEA/Ser. G/CP/doc.
4075/06, 16 de febrero de 2006, pág. 7-8. Las zonas afectadas serían las siguientes: a)
Municipio de Palmito, departamento de Sucre (zona de influencia del ex bloque Héroes
Montes de María): grupo de alrededor de ocho desmovilizados ejerce control social sobre la
población y en especial en el casco urbano; b) Sub región de la Mojana, específicamente en los
Municipios de Majagual, Guaranda y Sucre (área de influencia del ex frente la Mojana): grupo
de siete individuos incluido un ex comandante del frente estaría ejerciendo extorsión sobre
algunos comerciantes. Según información y denuncias, el grupo también está ejerciendo
“limpieza social”; c) Municipio de Montelíbano, Departamento de Córdoba (área de influencia
del ex Bloque Sinú y San Jorge): grupo de alrededor de 25 individuos entre los que se
encuentran desmovilizados, que controlan el comercio de drogas ilícitas y ejercen intimidación
hacia la población civil; d) Corregimiento La Cristalina en Puerto Gaitán, Meta (área de
influencia de las ex Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada): grupo de cinco
desmovilizados extorsionan el transporte de alimentos; e) Barrios de Buenaventura, Valle del
Cauca (área de influencia del ex Bloque Calima), después de la captura de un desmovilizado,
hubo una violenta dinámica que arrojó 14 desmovilizados muertos; f) Zona rural de Palmira y
en Florida, Valle (también del ex Bloque Calima): grupo de desmovilizados se dedica a la
extorsión; g) Tumaco, Nariño (área de influencia del ex Bloque Libertadores del Sur):
información sobre desmovilizados que ejercen cierto control sobre la comercialización de
narcóticos. [Volver]
108. Ibidem. Estos grupos hacían parte orgánica de las estructuras armadas de los
bloques desmovilizados y continúan desarrollando las mismas actividades delictivas en sus
zonas de influencia. Dichas zonas detectadas por la Misión son las siguientes: Córdoba, Meta,
Sucre y Bolívar. La MAPP/OEA, mediante el Sexto informe del Secretario General, hizo un
llamado a que estos grupos se acogieran al proceso de paz, entregarán las armas y cesarán las
actividades delictivas. [Volver]
109. Ibidem. Este fenómeno, se ha presentado especialmente en lugares en donde existe
una economía ilícita consolidada: a) Valle del Cauca; b) Chocó; c) Nariño; d) Norte de
Santander; e) Antioquia; y f) Cundinamarca. El fenómeno de aparición de nuevos actores
armados responden a disímiles intereses, y no deja de ser preocupante para la Misión,
específicamente dado el existente riesgo de cooptación de población desmovilizada así como
de reclutamiento de nuevos combatientes. [Volver]
110. Ibidem. [Volver]
111. Información enviada a la CIDH por la Misión Permanente de Colombia ante la
Organización de Estados Americanos mediante Nota No. 079 del 23 de enero de 2007. Dicho
Bloque está integrado por la Policía, el Ejército, el Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS) y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y
estará apoyado por el Grupo Gaula (Antisecuestro y Extorsión) y el Escuadrón Móvil de
Carabineros (EMCAR), los cuales, conjuntamente con unidades de la Trigésima Brigada, se
encargarán de realizar las acciones operativas. [Volver]
112. Complemento a los comentarios del Estado colombiano al “Pronunciamiento de la
2007, página 9. [Volver]
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