Source: https://boe.vlex.es/vid/real-decreto-420-2015-574634818
Timestamp: 2019-09-19 09:17:40
Document Index: 346555080

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'artículo 7', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 9', 'Artículo 5', 'artículo 7', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 72', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 13', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'artículo 27', 'artículo 27', 'Artículo 15', 'artículo 86', 'Artículo 16', 'artículo 86', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 7']

Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 574634818
Fecha de Entrada en Vigor: 18 de Junio de 2015
Marginal: BOE-A-2015-6708
CAPÍTULO II. Universidades que imparten enseñanzas conducentes a titulaciones oficiales de sistema educativo español
Sección 1ª. Requisitos básicos para la creación y reconocimiento de universidades - arts. 4 a 11
Sección 2ª. Autorización de comienzo de actividades - arts. 12 y 13
CAPÍTULO III. Acreditación institucional - art. 14
CAPÍTULO IV. Centros que impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos extranjeros de educación superior universitaria - arts. 15 y 16
ANEXO I. Módulos mínimos de los espacios docentes e investigadores
ANEXO II. Exigencias especiales para las enseñanzas en el ámbito de las Ciencias de la Salud
ANEXO III. Documentación justificativa para el expediente de creación/reconocimiento de universidades y su posterior autorización
Norma citada en: 7 sentencias, 3 artículos doctrinales, 21 disposiciones normativas, 6 resoluciones administrativas, 37 noticias
Artículo 2 Denominaciones.
Sólo podrán denominarse universidades aquéllas que sean creadas o reconocidas como tales al amparo de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y del presente real decreto.
Solo podrán ostentar las denominaciones propias de los centros a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y de los demás que impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales, aquéllos que sean creados o reconocidos como tales.
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional decimonovena de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, no podrán utilizarse denominaciones que por su significado puedan inducir a confusión con las universidades y centros a que se refieren los apartados anteriores.
CAPÍTULO II Universidades que imparten enseñanzas conducentes a titulaciones oficiales de sistema educativo español Artículos 3 a 13
Artículo 3 Creación y reconocimiento de universidades.
Sección 1ª Requisitos básicos para la creación y reconocimiento de universidades Artículos 4 a 11
Artículo 4 Requisitos de las universidades.
Disponer de una oferta académica mínima de titulaciones oficiales
Contar con una programación investigadora adecuada.
Disponer de personal docente e investigador en número suficiente y con la adecuada cualificación.
Disponer de instalaciones, medios y recursos adecuados para el cumplimiento de sus funciones.
Contar con una organización y estructura adecuada.
Garantizar la prestación del servicio, así como el mantenimiento de sus actividades según lo regulado por el artículo 9.
Garantizar que sus Estatutos, régimen jurídico y Normas de organización y funcionamiento sean conformes a lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en la normativa de la comunidad autónoma respectiva y en este real decreto.
Artículo 5 Requisitos básicos de los centros docentes adscritos a universidades.
Los títulos universitarios correspondientes a enseñanzas de carácter oficial impartidas en los centros adscritos a una universidad serán expedidos por el Rector de la misma, debiendo cumplir el profesorado los requisitos establecidos en el artículo 7.3 del presente real decreto.
Artículo 6 Actividad docente e investigadora.
Las universidades deberán contar con una oferta de enseñanzas conducentes, como mínimo, a la obtención de un total de ocho títulos de carácter oficial de grado y máster. Esta oferta académica deberá ser coherente dentro de cada rama de conocimiento y en su globalidad.
Para la acreditación de los requisitos previstos en este artículo las universidades deberán presentar la siguiente documentación:
Un Plan de desarrollo de titulaciones por cada rama de conocimiento que deberá comprender, al menos: la relación de las titulaciones, la previsión del número total de plazas universitarias que pretenden ofertarse, curso a curso; el curso académico en que darán comienzo las referidas actividades y el calendario para la implantación completa de las enseñanzas y la puesta en funcionamiento de los correspondientes centros, así como los medios con los que se cuente específicamente para su desarrollo. Dicho plan deberá ser evaluado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o, en su caso, por el órgano de evaluación externa de la comunidad autónoma en cuyo territorio se establezca la universidad.
Una programación plurianual de la actividad investigadora en las áreas científicas que guarden relación con las titulaciones oficiales que integren la nueva universidad, y que deberán contener, entre otras, las estrategias para la incorporación de talento científico, para la adquisición, uso y/o construcción de infraestructuras científico-técnicas, para la participación en proyectos de investigación competitivos de ámbito regional, nacional e internacional, y para la colaboración con el sector productivo en materia de I+D+i, incluyendo los indicadores que se establecerán en la evaluación de las mismas.
Artículo 7 Personal docente e investigador.
El personal docente e investigador de las universidades se regirá por lo dispuesto en el título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y por las previsiones contenidas en este artículo.
El número total de miembros del personal docente e investigador en cada universidad no podrá ser inferior al que resulte de aplicar la relación 1/25 respecto al número total de alumnos matriculados en enseñanzas universitarias de carácter oficial. Esta ratio se entenderá referida a personal docente e investigador computado en régimen de dedicación a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial.
Un cincuenta por ciento de doctores para el conjunto de enseñanzas correspondientes a la obtención de un Título de Grado.
Un setenta por ciento de doctores para el conjunto de enseñanzas correspondientes a la obtención de un título de Máster.
La totalidad del profesorado de la universidad encargado de la impartición de las enseñanzas de doctorado deberá estar en posesión del título de Doctor.
Las universidades garantizarán que, al menos el sesenta por ciento del total de su profesorado ejerza sus funciones en régimen de dedicación a tiempo completo.
En cuanto a la compatibilidad del profesorado de las universidades públicas y las universidades privadas, se aplicará lo previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.
Para acreditar los requisitos previstos en este artículo, las universidades deberán aportar la plantilla del personal docente e investigador al comienzo de la actividad, así como la previsión de su incremento anual hasta la implantación total de las correspondientes enseñanzas.
Artículo 8 Instalaciones.
Las universidades deben contar, como mínimo, con las infraestructuras y medios materiales adecuados y suficientes para el desarrollo de sus funciones docentes e investigadoras, en atención al tipo de enseñanzas y al número de alumnos matriculados, que reúnan las condiciones funcionales apropiadas y permitan el ejercicio de actividades tanto docentes como de investigación. En todo caso, deberán contar con:
Espacios docentes e investigadores. Su número y superficie vendrá determinado por el número de alumnos que se prevea van a utilizarlos simultáneamente. El anexo I recoge módulos mínimos para la valoración de la adecuación de las instalaciones.
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI). El edificio o los correspondientes servicios físicos o virtuales destinados a este fin, que incluirán los servicios de biblioteca universitaria, deberán permitir, en su conjunto, la utilización simultánea de, al menos, un diez por ciento del número total de alumnos matriculados.
Equipamiento informático: Aulas y servicios generales que garanticen una conectividad adecuada a la red mediante la creación de espacio wifi y un número adecuado de ordenadores para los estudiantes, así como acceso, vía servicios web, a los requisitos docentes y científicos institucionales para la comunidad universitaria.
En el caso de las enseñanzas en el ámbito de las Ciencias de la Salud, se establecen en el anexo II exigencias especiales.
En todo caso, las instalaciones universitarias habrán de reunir las condiciones de prevención de riesgos laborales, y los requerimientos acústicos y de habitabilidad que exija la legislación vigente. Asimismo deberán disponer de unas condiciones arquitectónicas que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable, posibiliten el acceso y movilidad de personas con discapacidad.
Artículo 9 Garantía de actividad.
Las universidades privadas deberán aportar las garantías que aseguren su financiación económica, que serán proporcionales al número de títulos ofertados y de alumnos matriculados y se calcularán en función de la oferta docente, así como un plan de viabilidad y cierre para el caso de que su actividad resulte inviable.
El compromiso de mantener en funcionamiento la universidad y cada uno de sus centros durante un período mínimo que permita finalizar sus estudios a los alumnos que, con un aprovechamiento académico suficiente, los hubieran iniciado en ella. Las universidades deberán prever, por lo tanto, los mecanismos que garanticen la finalización de los estudios de estos alumnos, tanto en el caso de extinción de alguna de las titulaciones impartidas, bien por decisión de la propia universidad, bien por no renovación de la acreditación del título.
Artículo 10 Organización y funcionamiento.
Los Estatutos o, en el caso de las universidades privadas, las Normas de organización y funcionamiento por las que ha de regirse la actividad y autonomía de la universidad deben ser conformes con los principios constitucionales y respetar y garantizar, de forma plena y efectiva el principio de libertad académica que se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio.
Naturaleza, funciones y competencia de la universidad.
Régimen jurídico, de personal y económico-financiero.
Procedimiento para la elección o designación del Defensor Universitario, duración de su mandato y dedicación, así como su régimen de funcionamiento.
Motivos de extinción o supresión de la universidad, entre los que se encontrarán la no presentación o no aprobación del plan de medidas correctoras a que se refiere en artículo 13 del presente real decreto.
Cualquier otra disposición que se considere relevante siempre que no sea contraria a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normativa en materia universitaria.
Las universidades deberán contar con la estructura necesaria para la organización y desarrollo de enseñanzas y actividades de investigación programadas.
A efectos de acreditar los requisitos previstos en este artículo en el momento de inicio de la actividad, las universidades deberán aportar:
La estructura y normas de organización y funcionamiento que habrán de regir hasta la aprobación definitiva, en su caso, de dichas normas o de sus Estatutos.
La determinación del emplazamiento de los centros de la universidad y su ubicación en el ámbito territorial de la comunidad autónoma correspondiente, con memoria justificativa y especificación de los edificios e instalaciones existentes y las proyectadas para el comienzo de las actividades y hasta la implantación total de las enseñanzas.
Artículo 11 Implantación de enseñanzas universitarias no presenciales.
La implantación por las universidades y centros universitarios de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional mediante metodologías de modalidad no presencial, exigirá, a fin de garantizar su calidad, una serie de características que se aplicarán a cada titulación y al conjunto de la oferta en modalidad no presencial. Las características referidas a las titulaciones específicas serán fijadas, evaluadas y comprobadas en el procedimiento, seguimiento y renovación de la acreditación por ANECA o, en su caso, por el órgano de evaluación externa de la comunidad autónoma en cuyo territorio se establezca la universidad.
La autorización de enseñanzas mediante metodologías de modalidad no presencial comprenderá todas las actividades docentes no presenciales y además las correspondientes a exámenes, evaluaciones, prácticas y actividades docentes presenciales ocasionales. La realización de actividades docentes presenciales continuadas por universidades y centros universitarios autorizados para impartir enseñanzas mediante metodologías de modalidad no presencial se someterá al régimen general regulado en este real decreto.
Sección 2ª Autorización de comienzo de actividades Artículos 12 y 13
Artículo 12 Inicio de actividades.
El comienzo de las actividades de las universidades será autorizado por el órgano competente de la comunidad autónoma, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos para su creación o reconocimiento establecidos en este real decreto, en la normativa de la comunidad autónoma respectiva, y, en su caso, en su ley de creación o reconocimiento.
El procedimiento de autorización se iniciará a solicitud del interesado y tendrá una duración máxima de seis meses. Transcurrido el plazo y en el caso que no se haya dictado la correspondiente autorización o denegación del inicio de la actividad, se entenderá autorizada por silencio administrativo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.
Sin perjuicio de lo establecido en la sección anterior de este capítulo, para la creación o reconocimiento de universidades, y su posterior autorización, será necesaria la aportación, como mínimo, de la documentación a que se refiere el anexo III del presente real decreto.
Artículo 13 Supervisión y control.
Corresponde a las Administraciones educativas la supervisión y control periódico del cumplimiento por las universidades de los requisitos exigidos para su creación y reconocimiento. Para ello, las universidades presentarán anualmente al órgano competente de la comunidad autónoma una memoria comprensiva de sus actividades docentes e investigadoras, realizadas en el marco de la programación plurianual.
Si con posterioridad al inicio de sus actividades se apreciase que una universidad incumple los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, en especial por este real decreto, y los compromisos adquiridos al solicitar su reconocimiento, el órgano competente de la comunidad autónoma requerirá a la misma la regularización de la situación, a través de la presentación de un plan de medidas correctoras, en el plazo máximo de 6 meses desde el día siguiente a aquel en el que se haya realizado el requerimiento. En particular, se tendrá en cuenta la evolución del número de estudiantes en dicha universidad.
Transcurrido el plazo sin que la Universidad hubiese adoptado las medidas o cumplir los requisitos, previa audiencia de la misma, la Administración educativa revocará la autorización de inicio de actividad de la Universidad. El alcance de la revocación podrá afectar a la Universidad o limitar sus efectos a alguno de sus centros.
CAPÍTULO III Acreditación institucional Artículo 14
Artículo 14 Acreditación institucional de centros de universidades públicas y privadas.
La universidad solicitará la acreditación institucional de sus centros a ANECA o, en su caso, al órgano de evaluación externa de la comunidad autónoma en cuyo territorio se haya establecido la universidad y que se encuentren inscritos en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (European Quality Assurance Register, EQAR).
Para obtener la acreditación institucional los centros universitarios tendrán que cumplir los siguientes requisitos:
Haber renovado la acreditación inicial de al menos la mitad de los títulos oficiales de grado y máster que impartan de acuerdo al procedimiento general previsto en el artículo 27 bis del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Contar con la certificación de la implantación de su sistema de garantía interno de calidad, orientado a la mejora continua de la formación que se ofrece a los estudiantes, de acuerdo a lo establecido en el apartado 9 del anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y conforme los criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG).
En el caso de que un título, o más, se imparta en varios centros de la misma universidad, no se podrá solicitar la acreditación de los centros implicados hasta que se renueve la acreditación del título o títulos en cuestión conforme al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
El certificado de implantación de su sistema de garantía interno de calidad podrá ser expedido por ANECA o por los órganos de evaluación que la ley de las comunidades autónomas determine y que estén inscritos en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (European Quality Assurance Register, EQAR). El proceso que desarrollen los órganos de evaluación para emitir este certificado deberá seguir el protocolo que, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se establezca en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria.
La renovación de la acreditación de los centros, o re-acreditación institucional, se deberá producir antes del transcurso de cinco años contados a partir de la fecha de obtención de la primera resolución de acreditación, o siguientes, del Consejo de Universidades. El procedimiento de evaluación de la re-acreditación institucional deberá incorporar un informe de un panel de expertos externos e independientes de la institución que solicite la acreditación, nombrados por ANECA, o por los órganos de evaluación externa de la comunidad autónoma en cuyo territorio se establezca la universidad y que estén inscritos en el registro europeo de agencias de calidad (EQAR). El procedimiento que desarrollen las agencias para llevar a cabo la re-acreditación institucional de centros deberá seguir el protocolo general que, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se establezca en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria y que, en todo caso, deberá respetar lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. ANECA y los órganos de evaluación externa de las comunidades autónomas se facilitarán mutuamente información relativa a dichas evaluaciones.
En el caso de que el Consejo de Universidades dicte una resolución desestimatoria, la universidad deberá solicitar la renovación de la acreditación a todos sus títulos oficiales de acuerdo al artículo 27 bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en un plazo no superior a un año desde la fecha de la resolución.
CAPÍTULO IV Centros que impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos extranjeros de educación superior universitaria Artículos 15 y 16
Artículo 15 Autorización de centros que impartan enseñanzas con arreglo a sistemas educativos extranjeros.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, la impartición en España de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos, certificados o diplomas de educación superior universitaria, con arreglo a sistemas educativos extranjeros, requiere autorización del órgano competente de la comunidad autónoma.
El otorgamiento de la autorización administrativa se producirá en los siguientes supuestos:
Que las enseñanzas sean impartidas por un centro docente integrado o adscrito a una universidad creada o reconocida de conformidad con la legislación española.
Que las enseñanzas sean impartidas por un centro extranjero que deberá estar debidamente constituido con arreglo a la legislación del país conforme a cuyo sistema educativo pretenda impartir enseñanzas.
En todo caso, deberán cumplirse los requisitos siguientes:
Los señalados en los artículos 6.2 [con excepción de lo previsto en el segundo párrafo de la letra a)] a 13 del presente real decreto.
Que las enseñanzas extranjeras cuya impartición se pretende:
Estén efectivamente implantadas en la universidad o institución extranjera de educación superior que expida el título, certificado o diploma.
Sus planes de estudios se correspondan en estructura, duración, y contenidos con los que se imparten en la universidad o institución de educación superior extranjera matriz, debiendo acreditarse dicho extremo a través de un certificado del Rector o remitiendo copia del plan de estudios de la universidad matriz con referencia a asignaturas, secuencia curricular y carga lectiva.
Conduzcan a la obtención de títulos, certificados o diplomas que tengan idéntica validez académica oficial en el país de origen y la misma denominación que los que expida la universidad o institución de educación superior extranjera matriz por dichos estudios.
Estén sometidas a los procesos de evaluación, acreditación e inspección de los órganos competentes del indicado sistema, si los hubiere.
Las comunidades autónomas comunicarán al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de las autorizaciones conferidas a los centros a efectos de su inscripción en el RUCT.
El expediente de autorización requerirá el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación sobre la conveniencia de la misma, basada en la existencia de Tratados o Convenios internacionales suscritos por España y, en su defecto, en el principio de reciprocidad.
Artículo 16 Efectos de la autorización.
Los centros autorizados tendrán la denominación que corresponda de acuerdo con las enseñanzas que impartan, no pudiendo utilizarse denominaciones que, por su significado o por utilizar un idioma extranjero, puedan inducir a confusión sobre la naturaleza del centro, las enseñanzas que en él se impartan, o la naturaleza, validez y efectos de los títulos, certificados o diplomas académicos a las que aquellas conducen.
Las enseñanzas autorizadas estarán sometidas a la evaluación de ANECA o, en su caso, del órgano de evaluación externa de la comunidad autónoma en cuyo territorio se establezca el centro. ANECA y los órganos de evaluación externa de las comunidades autónomas se facilitarán mutuamente información relativa a dichas evaluaciones
Los títulos, certificados o diplomas a que conduzcan las enseñanzas autorizadas tendrán únicamente los efectos que les otorgue la legislación del Estado de origen, de conformidad con el artículo 86.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. El reconocimiento de efectos en España se ajustará a lo establecido por la normativa específica reguladora del reconocimiento de estudios y título extranjeros de educación superior.
El incumplimiento de las obligaciones inherentes a la buena práctica docente e investigadora, la incorrecta información sobre las enseñanzas que imparten y sobre los títulos, certificados o diplomas a cuya obtención conducen, así como la modificación de cualquiera de los elementos conforme a los cuales se otorgue la autorización por el órgano competente de la comunidad autónoma, podrán motivar su revocación.
Disposición adicional primera Adaptación de las universidades y centros universitarios a los requisitos previstos en este real decreto.
Todas las universidades, públicas y privadas, y los centros universitarios deberán cumplir con los requisitos personales, de infraestructura y medios materiales establecidos en el presente real decreto en un plazo máximo de cuatro años a partir de su entrada en vigor.
Las universidades ya creadas deberán presentar el plan al que se refiere el artículo 6.2.a) cuando quieran implantar titulaciones en una rama en la que no tienen oferta, en las mismas condiciones previstas en el mencionado artículo.
Los centros que imparten enseñanzas universitarias con arreglo a sistemas educativos extranjeros, deberán adaptarse a las previsiones de este real decreto en el plazo máximo de tres años a partir de su entrada en vigor.
Disposición citada en: 5 disposiciones normativas, 6 resoluciones administrativas
Disposición adicional tercera Ámbito territorial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Disposición adicional cuarta Universidades de la Iglesia Católica.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, las universidades de la Iglesia Católica establecidas en España con anterioridad al Acuerdo de 3 de enero de 1979, entre el Estado español y la Santa Sede, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, en virtud de lo establecido en el Convenio entre la Santa Sede y el Estado español, de 10 de mayo de 1962, así como en el dicho Acuerdo, mantienen sus procedimientos especiales en materia de reconocimiento de efectos civiles de planes de estudios y títulos, en tanto en cuanto no opten por transformarse en universidades privadas.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de hacer efectivos dichos procedimientos, estas universidades solicitarán al Consejo de Universidades la acreditación institucional de sus centros que se llevará a cabo una vez se compruebe que cumplen con los requisitos establecidos por el Gobierno con carácter general.
A los mismos efectos, estas universidades deberán adaptarse a los requisitos previstos en este real decreto con carácter general y en los mismos plazos.
Disposición adicional quinta Centros Universitarios de la Defensa.
Disposición adicional sexta Tratados o Convenios internacionales.
Disposición transitoria única Requisitos de personal durante la implantación progresiva de las enseñanzas.
Disposición final segunda Modificación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Disposición final tercera Modificación del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las bases generales del régimen de conciertos entre las universidades y las Instituciones sanitarias.
Disposición citada en: 3 sentencias, 2 noticias
ANEXO I Módulos mínimos de los espacios docentes e investigadores
Laboratorios docentes: cinco metros cuadrados por alumno asignado a un grupo de docencia. Dicho módulo podrá ser objeto de adaptación en función de las necesidades de docencia práctica que correspondan a las enseñanzas oficiales que impartan. En este espacio deberá reservarse una zona o mobiliario de custodia del vestuario y de las prendas protectoras de laboratorio.
Laboratorios de investigación: entre 10 y 15 metros cuadrados por profesor o investigador. Estos laboratorios deberán estar separados del paso de alumnos y no deben compartirse para labores docentes.
ANEXO II Exigencias especiales para las enseñanzas en el ámbito de las Ciencias de la Salud
En las enseñanzas de Medicina, Enfermería, y Fisioterapia, deberá garantizarse:
Las universidades deberán contar al menos con un hospital y tres centros de Atención Primaria (de titularidad pública o privada) con base en un concierto en el caso de las universidades públicas o en un convenio en el de las universidades privadas).
Las instituciones sanitarias tendrán que reunir los requisitos (dotación de medios personales y materiales) que se establezcan de forma conjunta entre los Ministerios con competencias en materia de sanidad y de universidades.
El concierto o convenio señalarán los servicios de las instituciones sanitarias que se concierten y los departamentos o unidades universitarias que con ellos se relacionan.
Se utilizará la denominación «hospital universitario» cuando el concierto se refiera al hospital en su conjunto o que abarque la mayoría de sus servicios y/o unidades asistenciales, en el caso de que solo se concierten algunos servicios, se hablará de «hospital asociado a la universidad». Lo mismo se aplicará a los centros de Atención Primaria.
Para las enseñanzas en Odontología, Veterinaria, Farmacia, y otras enseñanzas en el ámbito de la salud que requieran elementos asistenciales, deberá garantizarse la disponibilidad de los medios clínicos necesarios sean de la propia universidad (clínicas universitarias de Odontología, Podología, Psicología, hospitales clínicos veterinarios, etc.), sean mediante convenios con instituciones públicas o privadas que tengan estos servicios asistenciales acreditados por la Administración que competa.
ANEXO III Documentación justificativa para el expediente de creación/reconocimiento de universidades y su posterior autorización
Memoria en la que consten sus objetivos académicos y la programación de actividades docentes e investigadoras que garanticen el cumplimiento de las funciones de la universidad establecidas en el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.
Documentación justificativa de la garantía de actividad a la que se refiere el artículo 9 del presente real decreto.
La documentación que acredite los requisitos de organización y funcionamiento previstos en el artículo 10 del presente real decreto.
Justificación de la plantilla del personal docente e investigador al comienzo de la actividad, en los términos previstos en el artículo 7.6 del presente real decreto.
Justificación de la plantilla de personal de administración y servicios al comienzo de la actividad, así como la previsión de su incremento anual hasta la implantación total de las correspondientes enseñanzas.
Justificación de las enseñanzas a impartir y el número de centros con que contará la nueva universidad al inicio de las actividades, así como la previsión del número total de plazas universitarias que pretenden cubrirse, curso a curso, hasta alcanzar el pleno rendimiento, curso académico en que darán comienzo las referidas actividades, y calendario para la implantación completa de las enseñanzas y la puesta en funcionamiento de los correspondientes centros.
Justificación de los objetivos y programas de investigación de las áreas científicas que guarden relación con las titulaciones oficiales que integren la nueva universidad, así como de las estructuras específicas que aseguren tales objetivos.
Justificación del cumplimiento de las infraestructuras y medios materiales adecuados y suficientes para el desarrollo de sus funciones docentes e investigadoras.
Decreto 20/2006, de 24 de enero, por el que se da cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 25 de febrero de 2002, confirmada por la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2005, y se procede a la segregación de la parte del término municipal de Zaragoza correspondiente al núcleo de Villamayor, para constituir un municipio independiente con la denominación de Villamayor de Gállego.
ORDEN FORAL 81E/2019, de 9 de mayo, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se aprueba definitivamente el expediente de modificación de adaptación del Plan Municipal de Buñuel al POT Eje del Ebro, en el suelo no urbanizable, en Buñuel, promovido por Ayuntamiento de Buñuel.