Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-4018-2004-12-07-2006-52421
Timestamp: 2018-05-27 17:45:24
Document Index: 306873183

Matched Legal Cases: ['artículo 133', 'artículo 40', 'artículo 38', 'artículo 230', 'artículo 40', 'artículo 322', 'artículo 126', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 133', 'artículo 40', 'artículo 133', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 37', 'artículo 10']

Resolución de TEAC, 00/4018/2004, 12-07-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/4018/2004 de 12 de Julio de 2006
Núm. Resolución: 00/4018/2004
Las reclamantes, que fueron nombradas administradoras de la entidad deudora junto con otros miembros, alegan contra el acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria de diversas deudas de la entidad que el Consejero Delegado era su padre y tenía los más amplios poderes de gestión, administración y representación, mientras que ellas rondaban los veinte años, dependían económicamente de sus padres y no fueron conscientes del significado y de las obligaciones que implicaba, por lo que su aceptación del cargo de administrador estuvo afectada de un vicio de consentimiento y de hecho nunca acudieron a ninguna reunión del Consejo de Administración, ni firmaron ningún documento ni tenían cuenta corriente en la compañía, por lo que no tuvieron poder de facto en la sociedad ni puede considerarse que incurrieran en una culpa in vigilando como mantiene la Administración. Sin embargo, las deudas tributarias corresponden a liquidaciones provenientes de actas y se aprecia la comisión de infracciones por no haber presentado la entidad las declaraciones correspondientes, por lo que resulta claro que las actuaciones que dieron lugar a las infracciones cometidas revelan la existencia de una conducta maliciosa o al menos negligente por parte de las personas que actuaron materialmente en nombre de la sociedad, así como también de las que dejaron de actuar consintiendo tácitamente la comisión de las mismas, que no fueron otras que sus administradores, según lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas. Además, no figura que se hubiera producido con posterioridad revocación o renovación de los cargos, por lo que debe considerarse que las interesadas continuaron ostentando la condición de administradoras durante el tiempo en que la empresa permaneció en actividad.
En la Villa de Madrid, a 12 de julio de 2006 en los recursos de alzada que penden de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, promovidos por D.ª A y D.ª B, con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra resoluciones presuntas del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... en las reclamaciones ... y ..., en asunto referente a responsabilidad subsidiaria de Administradores; cuantía: 319.851,31 €.
PRIMERO.- En fecha 14 de julio de 2003, D.ª A y D.ª B, interpusieron sendas reclamaciones económico administrativas ante el Tribunal Regional de ..., referencias ... y ..., impugnando los acuerdos del Jefe de la Unidad de Recaudación de la Delegación de ... de la Agencia Tributaria de fecha 16 de junio de 2003 que, al amparo de lo determinado en el párrafo 1º del artículo 40.1 de la Ley General Tributaria, había declarado a las interesadas responsables subsidiarias, de diversas deudas tributarias de la sociedad ..., S.A. provenientes de Actas de Inspección por un importe total de 319.851,31 €.
SEGUNDO.- En fecha 19 de mayo de 2004, las reclamantes formularon escrito de alegaciones ante el Tribunal Regional y el 21 de julio de ese mismo año, interpusieron sendos recursos de alzada ante este Tribunal Central impugnando las resoluciones presuntas de las reaclamaciones planteadas al amparo de los artículos 104 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico Administrativas y 240 de la Ley 58/2003.
Alegaron en esencia las interesadas en el citado recurso de alzada, lo siguiente: 1º) que la sociedad ..., S.A., constituida el 29 de marzo de 1988 por seis accionistas entre los que figuraban las que suscriben con un capital cada una de ellas del 10%, se regía por un Consejo de Administración integrado por todos los miembros fundadores de la sociedad, siendo nombrado su padre, D. C, Consejero Delegado con los más amplios poderes de gestión, administración y representación, mientras que ellas, que en aquella época rondaban los veinte años y dependían económicamente de sus padres, no fueron conscientes al firmar la escritura de constitución de la compañía, del significado y de las obligaciones que ello implicaba, por lo que su aceptación del cargo de administrador estuvo afectada de un vicio de consentimiento insubsanable; 2º) que de hecho nunca acudieron a ninguna reunión del Consejo de Administración, ni firmaron ningún documento ni tenían cuenta corriente en la compañía, por lo no tuvieron poder de facto en la sociedad ni puede considerarse que incurrieran en una culpa in vigilando como mantiene la Administración porque no tenían capacidad de obligar y ni siquiera tenían conocimiento de ostentar un determinado cargo, por lo que el acuerdo de derivación de responsabilidad incluye en infracción del principio de personalidad de la pena en la esfera administrativa; 3º) que según los Estatutos de la sociedad, el cargo de Consejero tenía una duración de cinco años sin que conste que hubieran sido objeto de prórroga o renovación, por lo que en ningún caso podría extenderse la responsabilidad a aquellos periodos impositivos en que el cargo no estaba vigente; 4º) que al ser su padre el único responsable de las infracciones tributarias de la sociedad, debería haber sido declarado responsable solidario al amparo del artículo 38 LGT, mientras que la Administración ha dictado el acuerdo de derivación de responsabilidad contra todos los miembros del Consejo de Administración sin proceder antes contra el responsable solidario y en consecuencia sin respetar el principio de excusión de que goza el responsable subsidiario.
TERCERO.- En fecha 26 de octubre de 2005 se recibieron en este Tribunal Central dos escritos remitidos por la Audiencia Nacional comunicando la interposición, por parte de D.ª A y de D.ª B, de recursos contencioso-administrativos contra la desestimación presunta del recurso referido, solicitando la remisión de los expedientes que motivaron las resoluciones impugnadas. Dichos expedientes fueron enviados a la Audiencia Nacional en fecha 28 de noviembre de 2005 y el 10 de febrero de 2006, las recurrentes remitieron a este Tribunal determinados documentos a efectos de prueba.
PRIMERO.- Concurren en los presentes recursos de alzada, los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que constituyen presupuesto para la admisión a trámite de los mismos, en los que la cuestión que se plantea, es la de la adecuación o no a derecho de la imputación de responsabilidad subsidiaria antes referida efectuada a las ahora recurrentes.
Procede la acumulación de ambos recursos de conformidad con lo determinado en el artículo 230.1.b) de la Ley 58/2003.
SEGUNDO.- El párrafo primero del artículo 40.1 de la Ley General Tributaria en el que se fundamentaron los acuerdos de derivación de responsabilidad, determina que "serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de las infracciones tributarias simples y de la totalidad de la duda tributaria en los casos de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de las mismas que no realizaren los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posible tales infracciones".
Por ello, la primera cuestión a examinar en relación con los recursos planteados, es la de la concurrencia o no en las personas de las interesadas de la condición de administradoras en la fecha en que se cometieron las infracciones tributarias apreciadas por la Inspección.
A tal efecto es de señalar que en la fecha en que las interesadas fueron nombradas administradoras de la sociedad eran mayores de edad, por lo que, de acuerdo con lo determinado en el artículo 322 del Código Civil, eran capaces para todos los actos de la vida civil, y ello con independencia de sus circunstancias personales, lo cual implica que el alegado desconocimiento del alcance y significado del hecho de haber aceptado el cargo de administradora, no pueda considerarse, como pretenden, causa exonerante de su responsabilidad.
Por otra parte, y según figura en las inscripciones del Registro Mercantil que obran en los expedientes, las ahora recurrentes fueron nombradas administradoras de la entidad ..., S.A. junto con los otros cuatro miembros del Consejo de la Administración, el día 29 de marzo de 1988, fecha de constitución de la citada sociedad, constando que todos los administradores aceptaron el cargo, por lo que no figurando que se hubiera producido con posterioridad revocación o renovación de los cargos, debe considerarse que las interesadas continuaron ostentando la condición de administradoras durante el tiempo en que la empresa permaneció en actividad, y ello pese a la irregularidad que supone no haber procedido a la reelección o renovación del mencionado cargo una vez transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas, por todo lo cual debe considerarse que la ahora recurrentes ostentaban el cargo de administradoras en las fechas en que se cometieron las infracciones tributarias objeto de la derivación de responsabilidad, debiendo en consecuencia responder de las obligaciones que ello pueda implicar.
TERCERO.- Sentado lo anterior es de indicar que el tema de la responsabilidad subsidiaria de los administradores de las sociedades por las infracciones tributarias cometidas en nombre de éstas, declarada al amparo del párrafo primero del artículo 40.1 de la Ley General Tributaria, ha sido ya abordado y resuelto en numerosas ocasiones por este Tribunal Central que ha mantenido el criterio de que la derivación de responsabilidad a los administradores obliga a distinguir entre el sujeto infractor, al que la ley penaliza por razón de su conducta, y aquellas personas a quienes la norma legal declara responsables de la infracción cometida y que, como tales, han de satisfacer a la Hacienda Pública el importe de lo que correspondería pagar a aquél. En líneas generales la separación descansa en el tipo de conducta propio de cada figura. En el infractor, normalmente se exige una conducta activa; en el responsable basta, por regla general, con una conducta pasiva. El primero realiza un acto contrario a la ley, que por eso mismo se sanciona; el segundo incumple una obligación de vigilancia que, de haber sido ejercida, hubiera evitado la infracción, y por eso se le obliga a compensar el daño derivado de su negligencia. No se trata en este último caso, de un elemento originador de una responsabilidad sancionadora en estricto sentido técnico, ya que es una noción perfectamente integrada en el ámbito del ilícito civil, dando lugar a un gravamen de esta índole, como es el de tener que soportar con carácter subsidiario el pago de la deuda (S.T.S. de 30 de septiembre de 1993). Lo que ocurre es que en ambos casos se precisa que los hechos acaecidos sean imputables, atribuibles a alguien. La imputabilidad es el fundamento de la responsabilidad, y aparece como el último y necesario reducto de la personalidad o la voluntariedad. Eso explica que el Tribunal Constitucional haya prohibido toda forma de responsabilidad objetiva en materia tributaria (S. de 26 de abril de 1990).
Estos principios se mantienen en el artículo 40.1, párrafo primero de la LGT cuando establece la responsabilidad subsidiaria de los administradores respecto a la totalidad de la deuda tributaria, en los casos de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, porque exige en ellos que no realicen los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, o que incumplimiento por quienes de ellos dependan, o que adopten acuerdos que hagan posibles tales infracciones. Los tres supuestos obedecen a unos deberes normales en un gestor, en los términos del artículo 133.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, propios de la diligencia con la que un administrador debe desempeñar el cargo. El primero exige la omisión de actos relacionados directamente con la obligación infringida que el administrador sabe que tiene el deber de realizar por razón de su cargo; el segundo supone una clara permisividad respecto de la actividad ilícita de los subordinados; el tercero, una consciencia de las consecuencias normales del acuerdo que se adopta. De esta breve referencia se desprende que la imputación de responsabilidad es consecuencia de los deberes normales en un gestor, aun cuando sea suficiente la concurrencia de la mera negligencia. Por consiguiente, en aquellos casos en que de la naturaleza de las infracciones tributarias apreciadas, se deduzca que los administradores aun cuando pudieran haber actuado sin malicia o intención hicieron "dejación de sus funciones" y de su obligación de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad, les es aplicable lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 40.1 de la Ley General Tributaria resultando en consecuencia correcta la asignación de responsabilidad subsidiaria al existir un nexo causal entre dichos administradores y el incumplimiento de los deberes fiscales por parte del sujeto pasivo, que es la sociedad.
En el presente caso y según del expediente de gestión, las deudas derivadas corresponden a liquidaciones provenientes de Actas de Inspección por los conceptos de Impuesto sobre Sociedades, IRPF Retenciones e IVA, y se refieren a periodos comprendidos entre el ejercicio 1991 y 1999, apreciándose en todas las Actas la comisión de una infracción tributaria grave, artículos 77 y 79 de la LGT, por no haber presentado el sujeto pasivo la declaración por el impuesto en los periodo a los que las Actas se refieren.
A la vista de ello resulta claro que las actuaciones que dieron lugar a las infracciones cometidas, revelan la existencia de una conducta maliciosa o al menos negligente por parte de las personas que actuaron materialmente en nombre de la sociedad, así como también de las que dejaron de actuar consintiendo tácitamente la comisión de las mismas, que no fueron otras que sus administradores, que según lo dispuesto en el artículo 133 de Ley de Sociedades Anónimas "responderán frente a la sociedad, frente los accionistas y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos contrarios a la Ley o a los estatutos o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo", cargo que no es honorífico sino que obliga al cumplimiento de los deberes inherentes al mismo.
Por tal razón y constando que las ahora recurrentes eran Administradoras de la sociedad ..., S.A. en el periodo en que se produjeron las infracciones tributarias origen de la imputación de la responsabilidad, es evidente que, aun en el caso de que no hubiera cometido personalmente las infracciones apreciadas, incurrieron al menos en negligencia o "culpa in vigilando" al consentir su comisión por parte de terceras personas, por lo que le es aplicable lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 40.1 de la Ley General Tributaria.
CUARTO.- Por lo que se refiere a posible defecto en que a juicio de las recurrentes se ha incurrido en los acuerdos de derivación de responsabilidad al no haberse declarado previamente responsable solidario al administrador que había asumido todas las funciones delegables del Consejo de Administración, y no haberse seguido el procedimiento recaudatorio frente al mismo, es de señalar que la responsabilidad propia de los administradores, es la regulada en el artículo 40.1 de la Ley General Tributaria, responsabilidad ésta que es de carácter subsidiario, por lo que la falta de exigencia de dicha responsabilidad a un determinado administrador, en caso de que procediera, no implica la ilegalidad de la exigencia responsabilidad a otro u otros de los administradores, ya que de acuerdo con lo determinado en el artículo 37.6 de la LGT "Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de una misma deuda, ésta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos".
QUINTO.- En relación con la cuantía de las sanciones contenidas en los acuerdos de derivación de responsabilidad, debe tenerse en cuenta que la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que entró en vigor el 1 de julio de 2004, recoge una importante reforma en el régimen sancionador tributario, estableciendo en su artículo 10.2 que "Salvo que se disponga lo contrario, las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos sin periodo impositivo devengados a partir de su entrada en vigor y a los demás tributos cuyo periodo impositivo se inicie desde ese momento. No obstante, las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias y el de los recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no sean firmes cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado". Por otra parte, la disposición transitoria cuarta 1 establece que "Esta Ley será de aplicación a las infracciones tributarias cometidas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el sujeto infractor y la sanción impuesta no haya adquirido firmeza. La revisión de las sanciones no firmes y la aplicación de la nueva normativa se realizará por los órganos administrativos y jurisdiccionales que estén conociendo de las reclamaciones y recursos, previa audiencia al interesado".
En el presente caso dada la imposibilidad de fijar la base de las sanciones a la vista del contenido de los expedientes de gestión, corresponderá al órgano de gestión, fijada la base de las sanciones, aplicar la nueva Ley General Tributaria y, siempre que resulte mas favorable, notificar liquidaciones por el importe resultante.
ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el presente recurso de alzada, ACUERDA: DESESTIMARLO, si bien con las precisiones que en cuanto a las sanciones se recogen en el último fundamento de derecho.