Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S32-05.html
Timestamp: 2014-07-29 12:47:50
Document Index: 64317287

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 26']

Luis Rolando Cuscul Pivaral y otras personas afectadas por el VIH/SIDA v. Guatemala, Caso 642/03, Informe No. 32/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME Nº 32/05
3. El Estado responde a estas alegaciones mediante un informe sobre la aplicación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión a los beneficiarios, en el que argumenta que se habría atendido a las peticiones de las partes e insta a los peticionarios a continuar haciendo uso de los recursos jurídicos y políticos existentes en la jurisdicción interna hasta agotarlos. 4. Tras analizar las posiciones de las partes y el cumplimiento con los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto la Comisión declaró el caso admisible. La Comisión decidió notificar a las partes de esta decisión, publicarla e incluirla en el Informe Anual a la Asamblea de la OEA.
5. La CIDH registró bajo el número P 642/03 la petición recibida el 26 de agosto de 2003, y tras realizar una análisis preliminar del contenido de la misma, el 21 de abril del 2004 procedió a transmitir copia de las partes pertinentes al Estado, con un plazo de dos meses para presentar información de conformidad con el artículo 30(3) del Reglamento. 6. En fecha 22 de junio de 2004, se recibió en la Comisión la respuesta presentada por el Estado, la cual fue debidamente transmitida a los peticionarios en fecha 7 de julio de 2004, otorgando un mes para que presenten las observaciones que consideren oportunas. En fecha 9 de agosto de 2004, los peticionarios solicitaron una prórroga de siete días para presentar sus observaciones, la cual fue concedida en la misma fecha. El 17 de agosto de 2004 los peticionarios presentaron sus observaciones a la respuesta del Estado. En nota del 4 de octubre de 2004, los peticionarios solicitaron la inclusión de diez personas portadoras del virus VIH/SIDA que también participaron en la interposición del recurso de amparo, por medio del cual los peticionarios alegan que agotaron los recursos internos en el presente caso. Dicha comunicación se transmitió al Estado para sus observaciones, las cuales fueron presentadas en nota del 4 de marzo de 2005.
7. Los peticionarios presentaron una solicitud de medidas cautelares a favor de las presuntas víctimas el 26 de agosto de 2003 junto con la denuncia, la que fue registrada en la CIDH bajo el Nº 642. En fecha 3 de octubre de 2003 la Comisión solicitó información adicional respecto de algunos peticionarios y su estado de salud. El 9 de octubre de 2003 los peticionarios comunicaron a la Comisión que debido a la ubicación de las víctimas se requería tiempo para recabar la información solicitada. El 13 de abril de 2004 fue presentada ante la Comisión la información requerida con excepción de algunos exámenes como los de carga viral, debido a su alto costo. En fecha 21 de abril de 2004, la Comisión comunicó al Estado su decisión de otorgar medidas cautelares a las 39 personas objeto de esta solicitud, en virtud de que las mismas no estarían recibiendo los medicamentos adecuados por parte del sistema de salud público de Guatemala. III. POSICIONES DE LAS PARTES
8. Las presuntas víctimas son personas portadoras del VIH/SIDA quienes junto con otras portadores del mismo virus y las organizaciones como la Asociación Coordinadora de Lucha contra el SIDA, la Asociación de Salud Integral y la Fundación, el 23 de noviembre de 2001, acudieron al Ministerio de Salud, órgano responsable de su atención según la Ley General para el Combate del Virus de Inmunodeficiencia Humana y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y de la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el VIH/SIDA, Decreto 27-2000, solicitándole que dispusiera la atención integral para las personas que viven con el virus. Conforme a la petición, las anteriores organizaciones no recibieron respuesta alguna del Ministerio de Salud, entidad que mediante una declaración pública hizo saber que no contaba con los recursos económicos para cumplir con el mandato legal que le ordena proveer servicios de atención a las personas que viven con VIH/SIDA. 9. Ante la negativa del Ministerio de Salud, el 27 de mayo de 2002, organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de VIH/SIDA y personas que viven con la enfermedad, enviaron una carta al Presidente de Guatemala, señor Alfonso Portillo, solicitándole que tomara las medidas pertinentes para garantizar que todas las personas portadoras del VIH/SIDA recibieran tratamiento integral y universal. Concretamente, le solicitaron que dispusiera las medidas pertinentes para asegurar el tratamiento integral y universal a todas las personas que lo requerían de manera inmediata en Guatemala. En su misiva, los enfermos firmantes y las organizaciones que los acompañaban le exigieron al Presidente Portillo que atendiera su requerimiento a la brevedad posible, “pues de su diligencia a nuestro favor, depende la vida de cuatro mil personas que necesitamos tratamiento hoy…”.[1] Los peticionarios indican que dicha comunicación no fue atendida por el Presidente de la República.
10. En virtud de lo anterior, 17 de los peticionarios presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad el 26 de julio de 2002 contra el Presidente de la República, con el objeto de que “se restituya el derecho a la salud constitucionalmente reconocido para todas y cada una de las personas que vivimos con el VIH/SIDA”.[2] El 20 de agosto de 2002 el Presidente Portillo citó a los recurrentes a una reunión y les informó que ordenaría la inmediata transferencia de una partida extraordinaria de 500.000 quetzales para atender el tratamiento de las personas con VIH/SIDA hasta el último trimestre de ese año. Conforme a la petición, dicha partida efectivamente se transfirió, pero para mayo del 2003 sólo se habrían comprado medicamentos para 24 personas atendidas en el Hospital General San Juan de Dios y 47 en el Hospital Roosevelt, entre los cuales no se encontrarían las presuntas víctimas. 11. El 29 de enero de 2003, la Corte de Constitucionalidad denegó el amparo promovido el 26 de julio de 2002, con el fundamento de que el agravio reclamado cesó mediante la convocatoria del Presidente de la República a los recurrentes y la orden de transferencia de una partida extraordinaria. Al respecto, los peticionarios argumentan que en el fallo la Corte de Constitucionalidad no se refirió al objeto real del amparo, cual era la necesidad de que el Presidente de la República, como Jefe de Estado, dictara una línea política general y universal tendiente a garantizar el acceso a la salud y por ende la vida de las personas con VIH/SIDA. El recurso también pretendió la preservación del derecho a la vida y se presentó ante la necesidad de hacer respetar los derechos consagrados en la Constitución de la República y en la Ley sobre VIH/SIDA. 12. En el escrito de denuncia, los peticionarios indicaron que a esa fecha, a pesar de los recursos agotados ante las instancias internas, de las 39 presuntas víctimas, 12 no están recibiendo tratamiento alguno; 19 personas reciben atención médica y terapia antirretroviral de Médicos Sin Fronteras, Organización No Gubernamental; a 4 no se les han efectuado exámenes de carga viral por lo cual desconocen la necesidad de dicho tratamiento, 2 de ellas reciben tratamiento profiláctico otorgado por el Proyecto Vida y las otras dos solamente tienen una visita médica al mes. Por otra parte, 2 de las presuntas víctimas reciben tratamiento antirretroviral en forma irregular de parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en tanto que sólo una de ellas ha sido sometida a tratamiento en una clínica del Estado. A la fecha, tres de las presuntas víctimas han fallecido: Facundo Gómez Reyes, peticionario ante la CIDH y recurrente ante la Corte de Constitucionalidad, Ismar Ramírez Chajón, peticionario ante la CIDH y Reina López Mújica, peticionaria ante la CIDH.[3]
15. Los peticionarios sostienen que los denominados antirretrovirales son medicamentos capaces de bloquear la reproducción del virus dentro del organismo constituyéndose en un tratamiento ideal para prevenir la progresión de la enfermedad; y que su uso también contribuye a la disminución de infecciones oportunistas, así como de otros síntomas generales del SIDA. 16. Los peticionarios sostienen que es la obligación del Estado proteger el derecho a la vida de las presuntas víctimas. El deber del Estado de tomar medidas positivas se acentúa precisamente en relación con la protección de la vida y la salud de personas vulnerables, como son las personas viviendo con VIH/SIDA. Los peticionarios alegan, que la atención inadecuada de este grupo vulnerable atenta contra la integridad de los componentes del mismo. En concreto, los peticionarios alegan que la ausencia de un tratamiento médico adecuado pone en riesgo inminente la vida, como fue el caso de Facundo Gómez Reyes uno de los recurrentes del amparo quien habría fallecido a causa de una enfermedad oportunista debido a la falta de tratamiento antirretroviral. Al respecto los peticionarios alegan que el deber del Estado de tomar medidas positivas se acentúa precisamente en relación con la protección de la vida y la salud de las personas vulnerables, como son las personas viviendo con VIH/SIDA. 17. En cuanto a la integridad personal de las personas que viven con el virus del Sida, los peticionarios alegan que la inadecuada atención de las necesidades de este grupo derivan en el deterioro de sus condiciones de salud. Los peticionarios alegan que muchas de las víctimas de este mal no cuentan con apoyo del Estado y reciben tratamiento a través de organizaciones no gubernamentales tales como Médicos sin Fronteras. Sin embargo el suministro otorgado por esta organización se brindará por tiempo limitado.
24. El Estado alega que a partir de la comunicación de la Comisión se habría procurado la toma de acciones urgentes en cuanto a la aplicación del Decreto 27-2000 el cual contiene la Ley General para el Combate del VIH/SIDA y de la Promoción, Protección, y Defensa de los Derechos Humanos, el fortalecimiento del presupuesto del Programa Nacional de Sida, la cobertura de medicamentos antirretrovirales, y la realización de pruebas médicas para determinar el avance de la enfermedad. 25. El Estado manifiesta su preocupación ante la imposibilidad de acceso a tratamiento por parte de los enfermos de SIDA y reitera que el Gobierno provee tratamientos gratuitos en la medida de sus posibilidades. Agrega su apoyo a las iniciativas de la sociedad civil destinadas a establecer un presupuesto para el cumplimiento de políticas de Estado en relación a la Ley vigente.
27. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de Guatemala, Estado parte en dicho tratado. La Comisión tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana. 28. Con respecto a la cuestión de la competencia ratione personae, la Comisión ha explicado que, en general, su competencia en el trámite de casos individuales se refiere a hechos que entrañan los derechos de una persona o personas específicas.[12] Como ha explicado la Honorable Corte, para iniciar los procedimientos establecidos en los artículos 48 y 50 de la Convención Americana la Comisión requiere una petición que contenga una denuncia de una violación concreta respecto de una persona determinada.[13]
29. En la petición en estudio los peticionarios identificaron debida y oportunamente a personas individuales como presuntas víctimas, respecto a quienes el Estado guatemalteco se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En efecto, en su primera comunicación de 26 de agosto de 2003, los peticionarios indicaron como presuntas víctimas a Luis Rolando Cuscul Pivaral, Francisco Sop Gueij, Corina Robledo, Petrona López González, Aracely Cinto, Olga Marina Castillo, Israel Pérez Charal, Karen Judith Samayoa, Juana Aguilar, Darinel López Montes de Oca, Luis Rubén Álvarez Flores, Audiencio Rodas, Luis Edwin Cruz Gramau, Martina Candelaria Álvarez Estrada, Maria Felipe Pérez, Sayra Elisa Barrios, Felipe Ordóñez, Santos Isacax Vásquez Barrio, Ismera Oliva García Castañon, Guadalupe Cayaxon, Sandra Lisbeth Zepeda Herrera, Cesar Noe Cancinos Gómez, Santos Vásquez Oliveros, Maria Vail, Julia Aguilar, Sebastián Emilia Dueñas, Zoila Pérez Ruiz, Santiago Valdez, Pascula de Jesús Mérida, Iris Carolina Vicente Baullas, Reina López Mújica, Marta Alicia Maldonado PAC, José Cupertino Ramírez, José Rubén Delgado, Elsa Miriam Estrada, Ismar Ramírez Chajón, Félix Cabrera, Silvia Mirtala Álvarez, Facundo Gómez Reyes. Dicha comunicación fue completada mediante nota del 4 de octubre de 2004, en la que adicionan a Alberto Quiché Cuxeva, Dora Marina Martínez Sofoija, Ingrid Janeth Barillas Martínez, Jorge Armando Tavares Barreno, Luis Armando Linares Ruano, Mardo Luis Hernández, Melvin Yovani Ajtun Escobar, Miguel Lucas Vail, Rita Mariana Dubon Orozco y Teresa Magdalena Ramírez Castro. En relación con el total de las cuarenta y nueve presuntas víctimas relacionadas por los peticionarios, éstos alegan que todas son portadoras del VIH/SIDA, quienes por su condición de salud requieren de atención médica integral para garantizar su vida y su integridad, entendiendo por tal atención médica y medicación antirretroviral, así como las pruebas médicas pertinentes para determinar el avance de la enfermedad, las cuales no les habrían sido proporcionadas por el Estado. 30. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Guatemala es un Estado parte en la Convención Americana desde 25 de mayo de 1978, fecha en que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
1. Agotamiento de los recursos internos 31. De acuerdo a la denuncia, el 26 de julio de 2002 las organizaciones peticionarias junto con un grupo de personas que viven con el virus VIH/SIDA, entre las que se encuentran Luis Ronaldo Cuscul Piraval, Facundo Gómez Reyes, Marta Alicia Maldonado Pac, personas incluidas en la petición original; así como Alberto Quiché Cuxeva, Dora Marina Martínez Sofoija, Ingrid Janeth Barillas Martínez, Jorge Armando Tavares Barreno, Luis Armando Linares Ruano, Mardo Luis Hernández, Melvin Yovani Ajtun Escobar, Miguel Lucas Vail, Rita Mariana Dubon Orozco y Teresa Magdalena Ramírez Castro, presuntas víctimas adicionadas al trámite de la petición por los peticionarios mediante comunicación del 4 de octubre de 2004. Entre otras pretensiones, el recurso de amparo tenía como objeto que la Corte de Constitucionalidad ordenara al Ejecutivo el traslado de fondos necesarios para la compra, distribución sistemática y diaria de los tratamientos antirretrovirales necesarios para mantener la vida y la salud de las personas que viven con el VIH/SIDA en Guatemala; así como la compra de tratamientos antirretrovirales genéricos de calidad, para una atención masiva y no selectiva de las personas que viven con el VIH/SIDA.[14]
32. El 29 de enero de 2003 la Corte de Constitucionalidad declaró improcedente el recurso de amparo intentado tanto por los peticionarios como por las presuntas víctimas arriba relacionadas, con el objeto de que se protegiera su derecho a la vida y a la salud. Esta decisión fue notificada a las partes el 25 de febrero de 2003. 33. El Estado en su petitorio insta a los peticionarios a continuar haciendo uso de los recursos existentes en la jurisdicción interna pero no indica cuales son los recursos que deben ser agotados.[15] Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el señalamiento de los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad. Por lo tanto, la CIDH considera aplicable lo dispuesto en el artículo 46(2)(a) de la Convención Americana. 34. En el presente caso, los peticionarios intentaron ante las instancias internas el recurso judicial contemplado por la legislación adjetiva guatemalteca a fin de tutelar los derechos que alegan violados mediante el sometimiento del caso ante la Corte de Constitucionalidad, que a su juicio es la autoridad judicial competente para conocer del recurso de amparo. El Estado no ha alegado que este no sea un recurso adecuado en los términos de la Convención.
2. Plazo de presentación 36. El artículo 46(1)(b) de la Convención establece que la petición debe ser presentada dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva. El presente reclamo fue presentado el 26 de agosto de 2003, dentro de los seis meses posteriores a la decisión de la Corte de Constitucionalidad de fecha 29 de enero de 2003, que denegó el recurso de amparo promovido por los peticionarios con el objeto de que se preservara el derecho a la vida y a la salud de las personas portadoras del VIH/SIDA. 3. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales
37. Corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención en tanto no surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. 4. Caracterización de los hechos alegados
41. Respecto a la alegada violación al artículo 5 de la Convención Americana, la Comisión considera que, en las circunstancias del presente caso, se encuentra subsumido en el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana. 42. En cuanto a la alegada violación del artículo 26 de la Convención Americana, la Comisión considera que en cuanto se trata del derecho a la salud hay una obligación de cumplimiento progresivo, y esto se refiere al derecho a la salud en general, tanto curativa como preventiva, y cuya atención es debida a toda la población. En este sentido, la Comisión comparte lo sostenido por la Corte al indicar que Los derechos económicos, sociales y culturales tienen una dimensión tanto individual como colectiva. Su desarrollo progresivo, sobre el cual ya se ha pronunciado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas[16], se debe medir, en el criterio de este Tribunal, en función de la creciente cobertura de los derechos económicos, sociales y culturales en general, y del derecho a la seguridad social y a la pensión en particular, sobre el conjunto de la población, teniendo presentes los imperativos de la equidad social, y no en función de las circunstancias de un muy limitado grupo de pensionistas no necesariamente representativos de la situación general prevaleciente.[17]
[8] En Brasil y en Cuba se fabrican antirretrovirales genéricos cuyo costo asciende a $340 anuales por paciente. Comunicación de los peticionarios de 26 de agosto de 2003. [9] Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein, Sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 135.