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Timestamp: 2019-10-22 16:58:47
Document Index: 346768039

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 235', 'artículo 66', 'artículo 68', 'artículo 376']

Gonzalez Torres Abogados: abril 2018
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La discapacidad del trabajador y no una enfermedad de larga duración, es la que da lugar a un despido nulo y no improcedente, según el Tribunal Supremo.
A) La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) de 15 de marzo de 2018, nº 306/2018, rec. 2766/2016, establece la doctrina jurisprudencial respecto a la diferencia entre la enfermedad tal cual de la discapacidad, que es la que se considera que puede impedir la participación plena y efectiva en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores, siendo únicamente esta la que puede dar lugar a la nulidad del despido por discriminación.
B) Una previa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 11 de abril de 2013, establece que las enfermedades de larga duración que conlleven limitaciones físicas, mentales o psíquicas puedan considerarse como una discapacidad, y que por tanto los trabajadores que las padezcan tengan derecho a medidas como la reducción de la jornada laboral.
En su sentencia, el Tribunal de Justicia señala que el concepto de "discapacidad" debe interpretarse "como la condición causada por una enfermedad diagnosticada médicamente como curable o incurable que acarrea una limitación, derivada en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas".
C) ANTECEDENTES DE HECHO: Los hechos sobre los que versa la sentencia son los siguientes: la trabajadora se mantuvo en situación de baja laboral (IT) desde el 13-10-2014 hasta el 12-10-2015, con diagnóstico de trastorno depresivo grave recurrente. El 31-7-2015 es despedida disciplinariamente por disminución del rendimiento porque en el periodo entre el 1-5-2014 y el 31-7-2015 estuvo de alta en la empresa 453 días de los cuales solo prestó servicios en forma efectiva durante 164 días. El Juzgado de lo social nº DOS de Lugo, declaró la nulidad del despido en sentencia confirmada en suplicación, al considerar que el despido por enfermedad asimilada a discapacidad es discriminatorio y por lo tanto nulo.
Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictó sentencia con fecha 27 de mayo de 2016, en la que desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empresa frente a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Lugo en procedimiento seguido a instancia de la trabajadora, y siendo parte el Ministerio Fiscal, confirmando la sentencia recurrida.
D) La discapacidad, y no una enfermedad de larga duración, es la que da lugar a un despido nulo y no improcedente.
Despido improcedente y no nulo. En su sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2018, nº 306/2018, rec. 2766/2016, declara el TS que no es posible incardinar la baja temporal de la demandante en un supuesto de discriminación gravado con la calificación de nulidad sino mantener la de improcedencia derivada de la falta de justificación como despido disciplinario que en todo caso exige un componente intencional, ausente en la actuación de la trabajadora.
En el caso enjuiciado el despido afecta a quien se encuentra en situación de incapacidad temporal que se ha prolongado con posterioridad al despido. El mismo se ha fundado por la comunicación extintiva en una causa disciplinaria, "un notable rendimiento laboral inferior al pactado" debido a que desde el 1 de mayo de 2014 hasta el día de hoy (31-7-2015) ha estado en alta en la empresa un total de 453 días de los cuales exclusivamente ha estado en disposición de prestar sus servicios en forma efectiva durante 164 días.
Resta por analizar la posibilidad de que se halle incluida en la noción de discriminación resultante de la vulneración de la Directiva 2000/78 y de la valoración de situaciones denominadas de discapacidad.
E) La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de la incidencia que sucesivas resoluciones del TJUE pudieran tener en litigios sometidos a nuestra consideración pudiendo citar las recaídas el 30 de mayo de 2016 (Rcud. 3348/2014), 21 de septiembre de 2017 (Rcud. 782/2016). Las citadas resoluciones se han hecho eco de las Sentencias del TJUE dictadas el 11 de junio de 2006 en el asunto Chacón Navas- C 13/05, el 13 de abril de 2013- asunto Ring acumulados C 335/11 y 337/11 y de 1 de diciembre de 2016, asunto Daouidi- C 345/15). Con posterioridad el TSJUE ha incidido nuevamente en la cuestión a través de la sentencia de 18 de enero de 2018, asunto Ruiz Conejero- C 270/16, que reitera el criterio interpretativo sentado en los asuntos acumulados C 335/11 Y 337/11, sentencia de 13 de abril de 2013 conocida como asunto Ring.
En la última de las sentencias dictadas por esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo (Rcud. 782/2016), se expresaba así la evolución experimentada por comparación entre los acumulados C- 13/15 (Chacón Navas) y los acumulados C- 335/11 y C- 337/11 (Ring) así como en el C- 395/15 (asunto Daouidi): "Es elemento inicial en orden a la extensión de la aplicabilidad es la legislación provisional la Directiva 200/78 de 27-11 cuyo artículo 1 dispone lo siguiente:
“Se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta basada en cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1. 2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1: a) existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por alguno de los motivos mencionados en el articulo 1; b) existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueda ocasionar una desventaja particular a personas con una religión o convicción, con una discapacidad, de una edad, o con una orientación sexual determinadas, respecto de otras personas, salvo que: i) dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios; o que ii) respecto de las personas con una ir discapacidad determinada, el empresario o cualquier persona u organización a la que se aplique lo dispuesto en la presente Directiva, esté obligado, en virtud de la legislación nacional, a adoptar medidas adecuadas de conformidad con los principios contemplados en el artículo" (art. 2); "Dentro del límite de las competencias conferidas a la Comunidad, la presente Directiva se aplicará a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector público como al privado, incluidos los organismos públicos.... (art.3)".
En cuanto a la primera resolución del TJUE dictada sobre el particular, sentencia de 11-7-2006 (asunto Chacón Navas), en la que el supuesto de controversia era un despido acordado hallándose la trabajadora en IT la respuesta dada sobre el concepto de discapacidad fue la siguiente:
1º) Que la discapacidad no viene definida en la directiva ni tampoco se remite su definición al derecho nacional.
2º) Que el concepto de discapacidad es el siguiente: "limitación derivada de dolencias físicas, mentales o psíquicas que suponen un obstáculo para que la persona participe en la vida profesional”.
3º) Que no se puede equiparar pura y simplemente el concepto discapacidad y enfermedad,
4º) Que para que la limitación al trabajo pueda incluirse en el concepto de discapacidad es preciso, conforme a la Directiva, la probabilidad de que tal limitación lo sea de larga evolución,
5º) Que la Directiva no contiene indicación alguna que sugiera que los trabajadores se encuentran protegidos por motivo de discapacidad, tan pronto como aparezca cualquier enfermedad (46), como consecuencia de ello, una persona que haya sido despedida a causa de una enfermedad no está incluida en el marco de la Directiva 200/78 para luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad.
6º) Que conforme al art. 2.1 y 3.1 c) de la Directiva, ésta se opone a todo despido por discapacidad que no se justifique por el hecho de no ser competente o no estar capacitado para desempeñar las tareas del puesto de trabajo, si no hubiera podido realizarse por el empresario ajustes razonables para que continuara trabajando (48, 49 y 51)."
F) En cuanto a la respuesta acerca de si cabe considerar la enfermedad como un motivo que se añada a los recogidos en la Directiva 2000/78 (EDL 2000/90175), el TJUE responde:
- Que ninguna disposición del Tratado de la CE prohíbe la discriminación por motivos de enfermedad "en cuanto tal".
- Que la enfermedad en "cuanto tal" no puede considerarse como un motivo que pueda añadirse a los ya recogidos.
- A juicio de esta Sala, la dicción de "la enfermedad en cuanto tal" o sea considerada únicamente y de forma abstracta como enfermedad, no entra dentro de los motivos de discriminación, pero ello no obsta a que la enfermedad que comporte una discapacidad a largo plazo, esté ya incluida como discapacidad y por tanto protegida por la Directiva.»
En las sentencias posteriores, ambas de 11-4-2013 (asuntos 335 y c 337-2011, Ring) al efectuar una interpretación de la Directiva, 2000/78 acorde con la Convención de la ONU ratificada por la UE mediante la decisión de 26-11-2009, se llega a varias conclusiones relacionadas con el contenido de la sentencia de 11-7-2006 (asunto Chacón Navas), para concretar que, manteniendo el concepto de discapacidad, ésta deberá mantenerse a largo plazo y que al igual que en aquella sentencia, la enfermedad "en cuanto tal" no constituye un motivo que venga a añadirse a otros respecto a los cuales la Directiva 200/78 prohíbe toda discriminación.
G) La Sentencia del TJUE de 11-4-2013 siguiendo la pauta establecida por la citada Convención y las consideraciones vertidas en los apartados 28 a 32 de la sentencia, señala que «el concepto de «discapacidad» debe entenderse en el sentido de que se refiere a una limitación, derivada en particular de dolencias físicas o mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores.
En cambio, una enfermedad que no suponga una limitación de esta índole no estará comprendida en el concepto de «discapacidad» en el sentido de la Directiva 2000/78. En efecto, la enfermedad en cuanto tal no puede considerarse un motivo que venga a añadirse a aquellos otros motivos en relación con los cuales la Directiva 2000/78 prohíbe toda discriminación (véase la sentencia Chacón Navas, antes citada, apartado 57).»
H) CONCLUSION DEL TRIBUNAL SUPREMO: La situación de incapacidad temporal en la que se hallaba la trabajadora al ser despedida, fecha en la que ni siquiera había agotado el periodo máximo y mucho menos existía resolución alguna acerca de una situación duradera de futuro no permite identificarla con la noción de "discapacidad" distinta de "la enfermedad en cuanto tal" en la que apoya la discriminación la interpretación dada por el TSJUE en las resoluciones a las que se ha hecho mérito, anteriores al enjuiciamiento de los hechos e inclusive posterior como sucede en el C- 270/16 (asunto Ruiz Conejero) en donde vuelve a insistir en que la Directiva 2000/78 del Consejo se opone a la normativa nacional cuando las ausencias sean debidas a "enfermedades atribuidas a la discapacidad de ese trabajador" sin alterar la noción de discapacidad elaborada en anteriores resoluciones. Con base en dicha interpretación no es posible incardinar la baja temporal de la demandante en un supuesto de discriminación gravado con la calificación de nulidad sino mantener la de improcedencia derivada de la falta de justificación como despido disciplinario que en todo caso exige un componente intencional, ausente en la actuación de la trabajadora.
Por lo expuesto y de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, procede la estimación del recurso y resolver el debate de suplicación con la estimación del recurso de igual naturaleza interpuesto por la empresa, absolviéndola de las costas causadas en dicho procedimiento y con devolución del depósito constituido para recurrir, revocamos la sentencia del Juzgado de lo Social, absolvemos a la demandada de la pretensión principal de despido nulo y estimamos la subsidiaria de despido improcedente condenando a la recurrente a que a su opción readmita a la trabajadora en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia o a que la indemnice en la cuantía legalmente establecida y en todo caso al pago de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la notificación de esta resolución o hasta que hubiera encontrado otro empleo, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado en el pago de los salarios de tramitación en cuanto ésta exceda del límite de noventa días hábiles, sin que haya lugar a la imposición de las costas en este procedimiento a tenor de lo preceptuado en el artículo 235 de la LRJS, con devolución del depósito constituido para recurrir y dando a las consignaciones efectuadas el destino que legalmente proceda.
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Etiquetas: Despacho de abogados especializado en despidos por enfermedades de larga duración y graves del trabajador, en Las Palmas de Gran Canaria
Es válido el acuerdo de la Junta de propietarios de prohibir la actividad de alquiler de viviendas para uso turístico cuando ha sido adoptado por las cuatro quintas partes de los propietarios con derecho a voto
A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 1ª, de 27 de diciembre de 2017, nº 708/2017, rec. 1163/2015, declara válido el acuerdo de la Junta de propietarios de prohibir la actividad de alquiler de viviendas para uso turístico cuando ha sido adoptado por las cuatro quintas partes de los propietarios con derecho a voto, ya que no supone una limitación de las facultades de uso y goce de la propiedad, sino que impide una ampliación del uso de los pisos.
B) Normativa catalana sobre viviendas de uso turístico y jurisprudencia sobre viviendas de uso turístico. Los alojamientos turísticos actualmente están regulados por el Decreto nº 159/2012 de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico , que derogó Decretos 164/2010, de 9 de noviembre, de regulación de viviendas de uso turístico , y 183/2010, de 23 de noviembre, de establecimientos de uso turístico .
El art. 68 del Decreto 159/2012, requiere " comunicación previa de inicio de actividad ante el ayuntamiento competente ", mientras que anteriormente se requería licencia municipal para el ejercicio de dicha actividad.
La regulación de las viviendas de uso turístico fue desarrollada por el Decreto 164/2010 de 9 de noviembre, según cuyo Preámbulo se pretendió conciliar los intereses de un propietario que desease destinar la vivienda a un uso que no sea el de residencia habitual y el de los vecinos de las viviendas de uso turístico " a la convivencia pacífica y al descanso”.
En el Decreto 159/2012, en su redacción aplicable a la vigencia temporal del supuesto analizado, se definen las viviendas de uso turístico (artículo 66) como " aquellas que son cedidas por su propietario, directamente o indirectamente, a terceros, de forma reiterada y a cambio de contraprestación económica, para una estancia de temporada, en condiciones de inmediata disponibilidad y con las características establecidas en ese Decreto”.
El art. 68.6 establece que no es posible destinar una vivienda a uso turístico si está prohibido por la ordenación de usos del sector donde se encuentre o está prohibida por los estatutos de la comunidad debidamente inscritos en el Registro de la propiedad en edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal.
Acerca de la cuestión objeto del presente procedimiento se han dictado recientemente dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (en adelante STSJC) que es oportuno traer aquí a colación.
La sentencia del TSJC de 19 de mayo de 2016, recurso nº 114/2015, en relación con las " Actividades prohibidas en los elementos privativos en el régimen de propiedad horizontal ", que ha establecido que:
" El Código Civil de Cataluña en su primitiva redacción, con deficiente técnica legislativa ya subsanada por la ley 5/2015, de 13 de mayo, disponía en el art. 553-40, 1 que los propietarios y ocupantes de los elementos privativos no pueden realizar en los mismos actividades contrarias a la convivencia normal en la comunidad o que dañen o hagan peligrar el edificio. Tampoco pueden realizar las actividades que los Estatutos o la normativa urbanística y de usos del sector donde se halla el edificio excluyen o prohíben de forma expresa y en el art. 553-47 tanto en relación a los elementos privativos como a los comunes, que los propietarios y ocupantes de pisos o locales no pueden realizar, en el elemento privativo o en el resto del inmueble, actividades que los Estatutos prohíban, que sean perjudiciales para las fincas o que vayan en contra de las disposiciones generales sobre actividades que molestan, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
Ambos preceptos responden a la idea de que el propio derecho no debe traducirse en perjuicio del derecho ajeno por lo que se legitima a la comunidad de propietarios para hacer cesar las actividades no permitidas que serán: a) aquellas excluidas o prohibidas de forma expresa por los Estatutos, esto es que provengan de la libre voluntad de los copropietarios; b) las excluidas de forma expresa por la normativa urbanística y de usos del sector (lo que obligará a examinar dicha normativa); c) las que vayan contra las disposiciones generales sobre actividades que molestan, insalubres, nocivas o peligrosas, en el caso de Cataluña reguladas en la Ley 20/2009, de 4 de diciembre; d) otras ilícitas (sin especificar); e) por último, a modo de cláusula general, aquellas actividades o conductas que sin estar comprendidas en las anteriores, sean contrarias a la convivencia normal en la comunidad o que dañen o hagan peligrar el edificio".
Como ha declarado esta sentencia, y también la de la misma fecha, en el recurso 52/2015, la actividad consistente en la existencia de viviendas de uso turístico no se puede conceptuar como actividad ilícita, estando admitida expresamente por la norma, ni se encuentra excluida por las normas urbanísticas del sector ni va contra las actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, ni es en abstracto, una actividad que suponga daño o peligro para el edificio.
No se trata, dice dicha sentencia (Rec.114/2015) " de una actividad ilícita ni prohibida por la ley, sino expresamente permitida por una norma con rango legal, la Ley de vivienda de 2007, tal y como se ha expuesto en el anterior fundamento jurídico.
La actividad no se halla excluida por las normas urbanísticas del sector ni tampoco va en contra de las disposiciones generales sobre actividades que molestan, insalubres, nocivas, peligrosas ya que no está contemplada en ninguno de los anexos de la ley catalana 20/2009 de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades ya que el Anexo III, punto 12.57, se refiere a establecimientos de apartamentos turísticos, no a las viviendas de uso turístico.
Tampoco la actividad per se y en abstracto supone un daño o peligro para el edificio en la medida en que el uso intensivo de los elementos comunitarios por el trasiego de los ocupantes, que dicho sea de paso, no es exclusivo de este tipo de actividad, sino de otras como despachos profesionales o locales abiertos al público, puede ser compensado mediante la activación del mecanismo previsto en el art. 553-45,4 CCCat, conforme al cual el título de constitución o la Junta pueden establecer un incremento de la participación en los gastos comunes que corresponde a un elemento privativo concreto, en el caso de uso o disfrute especialmente intensivo de elementos o servicios comunes como consecuencia del ejercicio de actividades empresariales o profesionales en el piso o el local".
Al respecto de lo que deba entenderse por conductas o actividades incívicas, la STSJC de 28 de abril de 2014 con cita de la STSJC 17/2012, de 20 de febrero, establece la necesidad de que las actividades que se emprendan en los elementos privativos por sus propietarios o por quienes de ellos traen causa se desarrollen dentro de los límites de la normalidad del uso y tolerabilidad por los restantes vecinos atendidas las condiciones de lugar y la naturaleza de los inmuebles de acuerdo con las normas de la buena fe.
Ciertamente, como indica la STSJC de 17/2012 de 20 de febrero, la calificación de una concreta actividad como molesta y contraria a la normal convivencia de la comunidad puede dar lugar por su carácter de concepto jurídico indeterminado a un amplio abanico de posibilidades lo que deviene en una cuestión casuística que deberá ser resuelta conforme a las circunstancias de cada caso concreto debiendo entenderse como " normal convivencia" aquella que se produce en circunstancias estándares o que se ajusta a las normas o reglas de conducta predeterminadas o fijadas de antemano.
Dicha sentencia, en relación con actividades de tipo turístico ya determinó que lo sancionable era al anómalo y antisocial ejercicio del derecho, revelado por una serie de conductas incívicas continuadas y graves.
Estas conductas se relacionaban en el primer fundamento jurídico de aquella resolución y consistían en el mal uso continuo del ascensor, reiterados ruidos y fiestas nocturnas, actos de vandalismo, suciedad en los rellanos con restos de comida, botellas y preservativas y robos.
C) Acuerdo de modificación de los Estatutos Comunitarios. La indicada sentencia del TSJC de 19 de mayo de 2016, recurso nº 114/2015 determinó que: "En Cataluña, a diferencia del régimen regulador de la LPH de 21-7- 1960, la modificación de los Estatutos, no requiere del acuerdo unánime de los miembros de la comunidad sino solo de las cuatro quintas partes, incluidas las limitaciones en el uso de los elementos privativos según resulta con toda claridad de lo dispuesto en el art. 553-25, 2 en relación con el art. 553-11 del CCCat (Es preciso el voto favorable de las cuatro quintas partes de los propietarios, que deben representar las cuatro quintas partes de las cuotas de participación, para adoptar acuerdos de modificación del título de constitución y de los Estatutos, salvo que el título establezca otra cosa).
En consecuencia, el acuerdo que limite las actividades que pueden realizarse en los elementos privativos, adoptado por la comunidad con el quorum previsto en el art. 553-25 , 2 del CCCat (actualmente art. 553-26,2) es válido e inscribible en el Registro de la Propiedad.
Cuestión distinta es que el cambio de destino sea oponible con efectos retroactivos a terceros que adquirieron los pisos o locales sin que constase inscrita la limitación en el Registro de la propiedad al impedirlo el art. 553-11 , 3 del CCCat (tanto en la redacción atinente a los hechos que nos ocupan como en la actual) y por vulnerar el principio de seguridad jurídica establecido en el art. 9,3 de la CE.
Señalar, por último, que la Ley 5/2015, de 13 de mayo, ha establecido con claridad que el consentimiento expreso de los afectados solo es exigible ex art. 553- 25 , 4 cuando los acuerdos modifiquen la cuota de participación, o bien priven a cualquier propietario de las facultades de uso y disfrute de los elementos comunes y los que determinen la extinción del régimen de la propiedad horizontal simple o compleja”.
La parte apelante reitera la plena validez del acuerdo por el que, con carácter de norma estatutaria, se acordó prohibir el destino de las viviendas del edificio a la actividad de apartamento turístico para estancias de corta duración.
No resulta discutido que los demandados disponen de habilitación normativa para ejercer tal actividad respecto del piso del que son titulares.
Efectivamente, en el supuesto enjuiciado, el acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria el 19 de diciembre de 2013 (documento nº 8 de la demanda) aprobó con el voto favorable de todos los propietarios, salvo el de los demandados, modificar los Estatutos en el sentido de prohibir el desarrollo de la actividad de alquiler de viviendas para uso turístico según lo establecido en el Decreto de la Generalitat 159/2012 de 20 de noviembre de 2012, concretamente en el artículo 68 en su punto 6.
En tanto el indicado acuerdo se refiere a la totalidad de las viviendas de la comunidad y se adoptó con el quorum previsto en el art. 553-25, 2 del CCCat (actualmente art. 553-26,2) es válido e inscribible en el Registro de la Propiedad, debiéndose admitir el recurso en este extremo, sin que el mismo sea oponible a los demandados en tanto en el momento de adquisición de la vivienda, no constaba inscrita la indicada limitación. De conformidad con ello, no procede la declaración de ilegalidad de la actividad llevada a cabo por los demandados en tanto la limitación no les resulta oponible.
D) Actividad ilegal, molesta o contraria a la normal convivencia; valoración de la prueba. Como se ha indicado, la actividad desarrollada por los demandados, no se halla excluida por las normas urbanísticas del sector ni tampoco va en contra de las disposiciones generales sobre actividades que molestan, insalubres, nocivas, peligrosas ya que no está contemplada en ninguno de los anexos de la ley catalana 20/2009 de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades ya que el Anexo III, punto 12.57, en su redacción aplicable al supuesto examinado, se refiere a establecimientos de apartamentos turísticos, no a las viviendas de uso turístico.
Tampoco la actividad per se y en abstracto supone un daño o peligro para el edificio en la medida en que el uso intensivo de los elementos comunitarios por el trasiego de los ocupantes, que dicho sea de paso, no es exclusivo de este tipo de actividad, sino de otras como despachos profesionales o locales abiertos al público, puede ser compensado mediante la activación del mecanismo previsto en el art. 553-45,4 CCCat conforme al cual el título de constitución o la Junta pueden establecer un incremento de la participación en los gastos comunes que corresponde a un elemento privativo concreto, en el caso de uso o disfrute especialmente intensivo de elementos o servicios comunes como consecuencia del ejercicio de actividades empresariales o profesionales en el piso o el local.
Ciertamente, como indica la STSJC de 17/2012 de 20 de febrero, la calificación de una concreta actividad como molesta y contraria a la normal convivencia de la comunidad puede dar lugar por su carácter de concepto jurídico indeterminado a un amplio abanico de posibilidades lo que deviene en una cuestión casuística que deberá ser resuelta conforme a las circunstancias de cada caso concreto debiendo entenderse como "normal convivencia" aquella que se produce en circunstancias estándares o que se ajusta a las normas o reglas de conducta predeterminadas o fijadas de antemano.
En atención a ello, para calificar a una actividad como contraria a la normal convivencia y molesta o incívica debe estarse a cada caso concreto y en el supuesto examinado, la Sala comparte el criterio de la juzgadora de instancia de concluir que la prueba practicada no ha revelado conductas graves y continuadas en el tiempo y contrarias con la vida en la comunidad que permitan calificar a la actividad desarrollada en el piso de los demandados como pretende la parte recurrente.
La prueba más directa de los hechos procede del testimonio de las personas que habitan la finca, sin que, por el hecho de ser vecinos de la Comunidad de Propietarios, su testimonio sea inhábil, debiendo aplicarse, en cuanto a su valoración, las reglas de la sana crítica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 376 de la LEC: "Los tribunales valorarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se hubiere practicado”.
En el caso enjuiciado, ni el vecino de los NUM008 NUM009, el Sr. Eliseo, ni el Sr. Fernando, NUM005 NUM005 ni el propio Sr. Leandro, NUM006 NUM006 detallaron episodios concretos y determinados de molestias ni los ubicaron de forma específica en el tiempo y en el espacio, resultando insuficientes las meras declaraciones genéricas acerca del ruido, el trasiego de personas y los baños en la piscina fuera de los horarios establecidos. Por otra parte, no existe prueba alguna acerca de daños o los bloqueos en el ascensor que el testigo Sr. Pablo refirió, pues no se acreditó ninguna actuación o reparación sobre el mismo, como tampoco se probaron actuaciones concretas en relación con los problemas de limpieza alertados por los testigos deponentes. Por otra parte, el administrador de la finca, el Sr. Santiago, declaró sobre las quejas de los vecinos por referencia de estos, sin haber presenciado ningún hecho concreto.
No consta tampoco que la Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra o el Ayuntamiento hubieran adoptado alguna medida concreta acerca de las molestias demandadas, más allá de recibir las quejas de los vecinos.
Por último, no se aportaron pruebas gráficas que acreditasen un uso antisocial de los elementos de la Comunidad.
Ante la indicada prueba, esta Sala reputa correcta la valoración de la juez de instancia en tanto de la prueba practicada no pueden calificarse las actividades llevadas a cabo el piso de los demandados como reiteradas, continuas y graves y por ello incívicas y contrarias a la normal convivencia.
Publicado por Pedro Torres Romero en 18:30 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
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