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Timestamp: 2020-02-28 23:02:00
Document Index: 69854084

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 9', 'artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15']

Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular - Wikisource
(BOE núm. 74, de 27 de marzo de 1984)
Texto vigente desde 28 de mayo de 2006
1.1 Artículo 1. Objeto de la presente Ley Orgánica
1.2 Artículo 2. Materias excluidas de la iniciativa legislativa popular
1.3 Artículo 3. Requisitos de la iniciativa popular
1.4 Artículo 4. Iniciación del procedimiento
1.5 Artículo 5. Trámite de admisión de la iniciativa
1.6 Artículo 6. Amparo ante el Tribunal Constitucional
1.7 Artículo 7. Iniciación del procedimiento de recogida de firmas y plazo para la misma
1.8 Artículo 8. Pliegos para la recogida de firmas
1.9 Artículo 9. Autenticación de las firmas
1.10 Artículo 10. Fedatarios especiales
1.11 Artículo 11. Remisión de los pliegos a las Juntas Electorales Provinciales y papel auxiliar de las mismas
1.12 Artículo 12. Presentación, comprobación y recuento de las firmas
1.13 Artículo 13. Tramitación parlamentaria
1.14 Artículo 14. No caducidad de las proposiciones en caso de disolución de las Cámaras
1.15 Artículo 15. Compensación estatal por los gastos realizados
2 DISPOSICIONES ADICIONALES
Ello no es óbice para que siguiendo la tendencia de los más modernos estados democráticos, la Constitución se proponga, como se señala en el número 2 del artículo 9, intensificar la participación de los ciudadanos y de los grupos en la vida pública. La Norma Fundamental articula, para ello, varias formas de participación directa de los ciudadanos, como son, por ejemplo, la participación pública o en la gestión de los centros docentes sostenidos con fondos públicos. En esta misma línea, la Constitución prevé, también, la participación directa de los ciudadanos en el proceso de producción normativa, configurando al pueblo, mediante la presentación de 500.000 firmas, como sujeto de la iniciativa legislativa. Este reconocimiento constitucional de la iniciativa legislativa popular permite, de un lado, instrumentar la directa participación del titular de la soberanía en la tarea de elaboración de las normas que rigen la vida de los ciudadanos, y posibilita, de otra parte, la apertura de vías para proponer al poder legislativo la aprobación de normas cuya necesidad es ampliamente sentida por el electorado, pero que, no obstante, no encuentren eco en las formaciones políticas con representación parlamentaria.
El tiempo transcurrido y la experiencia acumulada desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, hacen aconsejables algunas adecuaciones de la institución de participación popular para evitar requisitos innecesarios e incorporar mejoras que faciliten su ejercicio. La puesta en marcha del procedimiento exige que la Comisión Promotora presente ante la Mesa de la Cámara un Texto Articulado dotado de unidad sustantiva precedido de una exposición de motivos. Para evitar gastos y esfuerzos inútiles la Mesa realizará un examen de admisibilidad que, de ser negativo, podrá dar lugar a que la Comisión Promotora interponga recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Los parámetros de juicio de admisibilidad, además de los generales para todo Proyecto o Proposición de Ley, son los previstos en el artículo 5.2 que exige la adecuación de la iniciativa a las prescripciones constitucionales, que no verse sobre cuestiones manifiestamente distintas carentes de homogeneidad entre si y que no exista en el Congreso de los Diputados o el Senado un Proyecto o Proposición de Ley que verse sobre el mismo objeto de la iniciativa legislativa popular que esté en el trámite de enmienda u otro más avanzado o que la iniciativa sea reproducción de otra de contenido igual o sustancialmente equivalente presentada durante la legislatura.
El plazo para la recogida de firmas se amplía a nueve meses prorrogable por otros tres cuando concurra causa mayor apreciada por la Mesa del Congreso. La garantía de la regularidad del procedimiento de recogida de las firmas se encomienda a la Junta Electoral Central. Ello se debe a la relativa similitud entre el proceso electoral y el de recogida de firmas y cómputo de las mismas, así como a la infraestructura, que abarca la totalidad del territorio español, de que dispone la Junta Electoral Central. La inscripción del firmante en el Censo Electoral, que debe demostrarse acompañando certificación de la misma, obedece, igualmente, a las mismas razones que se dan en el proceso electoral, como son, por ejemplo, acreditar la capacidad del firmante y evitar una eventual multiplicidad de firmas por un mismo ciudadano. A los firmantes, por su parte, se les asegura el conocimiento del texto que apoyan mediante la obligación de que éste se incorpore a los pliegos de firmas, que son sellados y numerados por la Junta Electoral Central. En fin, el mecanismo de autenticación de las firmas se facilita considerablemente permitiendo a la Comisión Promotora que añada, a quienes habitualmente dan la fe pública, unos fedatarios especiales que pueden, con total libertad de movimiento, dedicarse en exclusiva a la labor de autenticación. Recogidas las firmas exigidas, se inicia la tramitación parlamentaria. La Mesa de la Cámara deberá incluir la Proposición en el orden del día del Pleno para su toma en consideración en el plazo máximo de seis meses. En éste trámite, de acuerdo con las previsiones reglamentarias, se podrá contemplar la participación de una persona designada por la Comisión Promotora. El decaimiento de los trabajos parlamentarios en curso por disolución de las Cámaras, bien por finalización de la legislatura o disolución anticipada, no hace decaer la Proposición, pero la Mesa podrá retrotraerla sin que en ningún caso sea necesario presentar nueva certificación de haberse reunido el mínimo de firmas exigidas.
Nota: MODIFICADO POR ART. ÚNICO .1 DE LO 4/2006.
Artículo 1. Objeto de la presente Ley Orgánica[editar]
Artículo 2. Materias excluidas de la iniciativa legislativa popular[editar]
Artículo 3. Requisitos de la iniciativa popular[editar]
La iniciativa popular se ejerce mediante la presentación de proposiciones de Ley suscritas por las firmas de, al menos, 500.000 electores autenticadas en la forma que determina la presente Ley.
c) La relación de los miembros que componen la Comisión Promotora de la iniciativa, con
expresión de los datos personales de todos ellos.
Nota: APDO. 2 B) SUPRIMIDO POR ART. ÚNICO 2 DE LO 4/2006.
Artículo 4. Iniciación del procedimiento[editar]
Artículo 5. Trámite de admisión de la iniciativa[editar]
1. La Mesa del Congreso de los Diputados examinará la documentación remitida y se pronunciará
en el plazo de quince días sobre su admisibilidad.
a) Que tenga por objeto alguna de las materias excluidas de la iniciativa popular por el artículo 2.
b) Que no se hayan cumplimentado los requisitos del artículo 3. No obstante, si se tratase de
defecto subsanable, la Mesa del Congreso de los Diputados lo comunicará a la Comisión Promotora para que proceda, en su caso a la subsanación en el plazo de un mes.
c) El hecho de que el texto de la Proposición verse sobre materias manifiestamente distintas y
carentes de homogeneidad entre sí.
d) La previa existencia en el Congreso o el Senado de un proyecto o proposición de Ley que
verse sobre el mismo objeto de la iniciativa popular y que esté, cuando ésta se presenta, en el trámite de enmiendas u otro más avanzado.
e) El hecho de que sea reproducción de otra iniciativa popular de contenido igual o
sustancialmente equivalente presentada durante la legislatura en curso.
[f)]
3. La resolución de la Mesa de la Cámara se notificará a la Comisión Promotora y se publicará de
acuerdo con lo que al efecto disponga el Reglamento del Congreso de los Diputados.
Nota: APDO. 2.C) MODIFICADO POR ART. ÚNICO 3 DE LO 4/2006.
Nota: APDO. 2.F) SUPRIMIDO POR ART. ÚNICO 3 DE LO 4/2006.
Artículo 6. Amparo ante el Tribunal Constitucional[editar]
Contra la decisión de la Mesa del Congreso de no admitir la proposición de Ley, la ComisiónPromotora podrá interponer ante el Tribunal Constitucional recurso de amparo, que se tramitará de conformidad con lo previsto en el Título III de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Si el Tribunal decidiera que la irregularidad afecta a determinados preceptos de la proposición, la Mesa del Congreso lo comunicará a los promotores, a fin de que éstos manifiesten si desean retirar la iniciativa o mantenerla una vez que hayan efectuado las modificaciones correspondientes.
Artículo 7. Iniciación del procedimiento de recogida de firmas y plazo para la misma[editar]
El procedimiento de recogida de firmas deberá finalizar con la entrega a la Junta Electoral Central de las firmas recogidas, en el plazo de nueve meses a contar desde la notificación a que se refiere el apartado anterior. Este plazo podrá ser prorrogado por tres meses cuando concurra una causa mayor apreciada por la Mesa del Congreso. Agotado el plazo sin que se haya hecho entrega de las firmas recogidas, caducará la iniciativa.
Nota: APDOS. 3 Y 4, MODIFICADO Y AÑADIDO RESPECTIVAMENTE POR ART. ÚNICO 4 Y 5 DE LO 4/2006.
Artículo 8. Pliegos para la recogida de firmas[editar]
Recibida la notificación de admisión de la proposición, la Comisión Promotora presentará ante la Junta Electoral Central, en papel de oficio, los pliegos necesarios para la recogida de firmas. Estos pliegos reproducirán el texto íntegro de la proposición. Los pliegos deberán estar escritos en castellano. Para la recogida de firmas en el territorio de una Comunidad Autónoma con otra lengua cooficial podrá utilizarse, conjuntamente, esta otra lengua.
Recibidos los pliegos por la Junta Electoral Central, ésta, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, los sellará, numerará y devolverá a la Comisión Promotora.
Nota:APDO. 1 PÁRR. 2º AÑADIDO POR ART. ÚNICO.6 DE LO 4/2006.
Artículo 9. Autenticación de las firmas[editar]
Junto a la firma del elector se indicará su nombre y apellidos, número del documento nacional de identidad y municipio en cuyas listas electorales se halle inscrito.
La firma deberá ser autenticada por un Notario, por un Secretario Judicial o por el Secretario municipal correspondiente al municipio en cuyo censo electoral se halle inscrito el firmante. La autenticación deberá indicar la fecha y podrá ser colectiva, pliego por pliego. En este caso,
junto a la fecha deberá consignarse el número de firmas contenidas en el pliego.
Artículo 10. Fedatarios especiales[editar]
Sin perjuicio de lo indicado en el artículo anterior, las firmas podrán también ser autenticadas por fedatarios especiales designados por la Comisión Promotora.
Los fedatarios especiales incurrirán, en caso de falsedad, en las responsabilidades penales previstas en la Ley.
Artículo 11. Remisión de los pliegos a las Juntas Electorales Provinciales y papel auxiliar de las mismas[editar]
La Comisión Promotora podrá recabar en cualquier momento de la Junta Electoral Central la información que estime pertinente respecto del número de firmas recogidas.
Nota: MODIFICADO POR ART. ÚNICO.7 DE LO 4/2006.
Artículo 12. Presentación, comprobación y recuento de las firmas[editar]
Una vez remitidos los pliegos a la Junta Electoral Central, ésta procederá a su comprobación y recuento definitivos.
Las firmas que no reúnan los requisitos exigidos en esta Ley se declaran inválidas y no serán computadas.
Comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos para la válida presentación de la proposición, la Junta Electoral Central elevará al Congreso de los Diputados certificación acreditativa del número de firmas válidas y procederá a destruir los pliegos de firmas que obren
Artículo 13. Tramitación parlamentaria[editar]
Recibida la notificación que acredite haberse reunido el número de firmas exigido, la Mesa ordenará la publicación de la Proposición, que deberá ser incluida en el orden del día del Pleno en el plazo máximo de seis meses para su toma en consideración.
Nota: APDOS. 1 Y 2 MODIFICADOS POR ART. ÚNICO.8 DE LO 4/2006.
Artículo 14. No caducidad de las proposiciones en caso de disolución de las Cámaras[editar]
La iniciativa legislativa popular que estuviera en tramitación en una de las Cámaras, al disolverse ésta no decaerá, pero podrá retrotraerse al trámite que decida la Mesa de la Cámara, sin que sea preciso en ningún caso presentar nueva certificación acreditativa de haberse reunido el mínimo de firmas exigidas.
Artículo 15. Compensación estatal por los gastos realizados[editar]
El Estado resarcirá a la Comisión Promotora de los gastos realizados en la difusión de la proposición y la recogida de firmas cuando alcance su tramitación parlamentaria.
Los gastos deberán ser justificados en forma por la Comisión Promotora. La compensación estatal no excederá, en ningún caso, de 300.000 euros. Esta cantidad será revisada anualmente por los órganos de gobierno de las Cámaras de las Cortes Generales con arreglo a las variaciones
del Índice de Precios de Consumo.
Nota: APDO. 2 MODIFICADO POR ART. ÚNICO.9 DE LO 4/2006.
Nota: RENUMERADA POR ART. ÚNICO.10 DE LO 4/2006. ANTES DISP. ADIC.
Nota: AÑADIDA POR ART. ÚNICO.10 DE LO 4/2006.
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