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Timestamp: 2019-03-19 02:28:00
Document Index: 9067771

Matched Legal Cases: ['artículo 357', 'artículo 170', 'artículo 138', 'artículo 138', 'artículo 720', 'artículo 450', 'artículo 454', 'artículo 455', 'artículo 728', 'artículo 728', 'artículo 835', 'artículo 829', 'artículo 393', 'artículo 393', 'artículo 726', 'artículo 68', 'artículo 722', 'artículo 728']

﻿ Sentencia 2005-00979 de julio 10 de 2014
SENTENCIA 2005-00979 DE 10 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:DEMANDA RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PARA QUE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE PRONUNCIE SOBRE LA LEGALIDAD DEL AUTO QUE INADMITIÓ EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y PUEDA ESTUDIAR EL FONDO DE LAS PRETENSIONES, DEBE DEMANDARSE TANTO EL ACTO DEFINITIVO COMO EL AUTO INADMISORIO DEL RECURSO Y EL QUE LO CONFIRMA. PUES SI NO SE DEMANDA EL ACTO QUE INADMITIÓ EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, ESE ACTO CONTINUARA HACIENDO PARTE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y RESULTARA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRIBUYENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, INTERVINIENTES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, ESTATUTO TRIBUTARIO, SANCIÓN POR NO PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA
Sentencia 2005-00979 de julio 10 de 2014
Rad.: 440012331000200500979-02
440012331000200500980-01
440012331000200600448-01
440012331000200600701-01
Número interno: 18721
Demandante: Corelca S.A. E.S.P.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Corporación Eléctrica del Caribe Corelca S.A. ESP, contra la sentencia del Tribunal Administrativo de La Guajira que: (i) declaró probadas las excepciones de inepta demanda, en relación con las resoluciones 466 y 848 de 2005 y de caducidad de la acción, en relación con las resoluciones 5 y 204 de 2005; y, (ii) anuló el mandamiento de pago del 12 de octubre de 2005, las resoluciones 1227 de 2005 y 015 de 2006, el auto de liquidación del 15 de marzo de 2006 y el auto del 23 de marzo de 2006, que negó las objeciones propuestas contra el anterior.
Es menester precisar que la sentencia fue desfavorable a las dos partes. Sin embargo, solo apeló la parte actora.
En ese contexto, en aras de dar mayor claridad al caso, la Sala iniciará el análisis de la demanda de nulidad de las resoluciones 5 y 204 de 2005, que impusieron la sanción por no declarar. Posteriormente, analizará la demanda de nulidad de las resoluciones 466 y 848 de 2005 mediante las cuales, el departamento de La Guajira decidió no restablecer el trámite de notificación de la resolución 5 y, en consecuencia, no restablecer los términos para interponer el recurso de reconsideración.
Ahora bien, como el departamento demandado no apeló la sentencia en lo que le fue desfavorable, a la Sala tampoco le correspondería analizar la demanda contra los actos que se profirieron en la actuación administrativa de cobro coactivo de la Resolución 5 de 2005.
Sin embargo, dado que el a quo declaró la nulidad de los actos proferidos en el proceso administrativo de cobro coactivo por encontrar probada la excepción de pérdida de fuerza ejecutoria por haberse demandado el título ejecutivo objeto de cobro, esto es, la Resolución 5 de 2005 que es también objeto de análisis en esta sentencia, es evidente que todo lo que se diga respecto de esa resolución repercute en la excepción declarada por el a quo.
El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil dispone que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto, el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella.
Con fundamento en la citada disposición, la Sala analizará la demanda contra los actos proferidos en el proceso administrativo de cobro coactivo. Incluso los referidos a la liquidación del crédito, habida cuenta de que sobre estos actos no dijo nada el tribunal en vista de que consideró que prosperaba la excepción de pérdida de ejecutoria del título ejecutivo.
3.1. Pretensión de nulidad de las resoluciones 5 y 204 de 2005.
En los términos del recurso de apelación que interpuso Corelca, le correspondería a la Sala analizar si se configuró la excepción de caducidad de la acción para demandar la Resolución 5 de 2005, como se propuso en la demanda y en el recurso de apelación.
Sin embargo, para la Sala es imprescindible que también se analice si se encuentra configurada la excepción de inepta demanda por indebida individualización de las pretensiones. Aunque esta excepción no fue propuesta por la parte demandada, es menester precisar que el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo faculta al juez para declarar probadas todas las excepciones propuestas o las que se encuentren probadas en el proceso.
3.1.1. De la excepción de indebida individualización de las pretensiones.
El artículo 138 del Decreto 1º de 1984 dispone lo siguiente:
ART. 138. —Individualización de las pretensiones. Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión.
Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las pruebas que lo demuestren (resaltado fuera de texto).
De conformidad con la norma citada, para que se satisfaga el requisito previsto en el artículo 138 trascrito, es menester precisar que si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también se deben demandar las decisiones que lo modifiquen o confirmen. Y si fue revocado, se debe demandar la última decisión.
En el caso concreto está probado que mediante la Resolución 5 de 2005, el departamento de La Guajira le impuso a la demandante la sanción por no declarar la estampilla pro desarrollo fronterizo del período gravable enero a mayo de 2004.
Sin embargo, en el caso concreto está probado que la demandante no interpuso el recurso de reconsideración dentro de ese plazo, puesto que, como se vio, alegó que el acto administrativo que le impuso la notificación fue entregado a la dirección de la empresa, pero en una oficina que correspondía a otra.
También está probado que mediante la Resolución 204 de 2005, el departamento de La Guajira decidió dejar constancia de que la parte actora no interpuso el recurso de reconsideración contra la Resolución 5 de 2005 y que, por esa circunstancia, la declaraba en firme. Por lo tanto, esa resolución no constituye un verdadero acto administrativo, porque ni creó, ni modificó, ni extinguió la situación jurídica que se creó mediante la Resolución 5 de 2005. Por tanto, la Resolución 204 de 2005 ni siquiera era susceptible de ser demandada ante esta jurisdicción.
Ahora bien, como contra la Resolución 5 de 2005 procedía el recurso de reconsideración, y está probado que se interpuso, y que fue rechazado por el auto del 5 de agosto de 2005, proferido por el jefe de Rentas e Impuestos del departamento de La Guajira, la Sala considera que la parte actora también debió demandar ese auto por las razones que pasan a exponerse:
De acuerdo con el artículo 720 del estatuto tributario, el recurso de reconsideración es el medio de impugnación para agotar la vía gubernativa frente a las resoluciones que imponen sanciones, entre otros actos definitivos. Este recurso fue adoptado por el departamento de La Guajira, en similares términos a como se encuentra regulado en el Estatuto Tributario Nacional, pues, como se precisó, se reguló en el artículo 450 de la Ordenanza 65 de 2002, que precisó que debe interponerse dentro de los dos meses siguientes a la notificación del acto definitivo proferido por el área de ingresos y rentas de la Secretaría de Hacienda Departamental.
Si el recurso se presenta por fuera de ese lapso, la administración debe inadmitirlo dentro del mes siguiente a la interposición del recurso, mediante auto contra el que solamente procede el recurso de reposición, como lo prevé el artículo 454 de la Ordenanza 65 de 2002(14).
Si se confirma la inadmisión, la vía gubernativa frente a la inadmisión se agota en el momento de la notificación del acto que resuelve la reposición, como lo señala el artículo 455 [inciso 3º] ibídem que reproduce lo dicho en el artículo 728 del Estatuto Tributario Nacional(15).
“Cabe anotar que el agotamiento de la vía gubernativa de que trata el parágrafo del artículo 728 del estatuto tributario, se refiere solo a los motivos de inadmisión del recurso de reconsideración, pues los aspectos de fondo de la impugnación no fueron estudiados por la administración. Así, “queda abierta la vía jurisdiccional, en la cual el demandante deberá comenzar por demostrar la ilegalidad de la inadmisión del recurso; si no lo logra, el asunto queda clausurado en su contra”(16).
Si, por el contrario, el contribuyente prueba que la administración debió admitir el recurso, o lo que es lo mismo, la ilegalidad del auto inadmisorio, el juez puede anular la decisión y estudiar el fondo de las pretensiones de la demanda; o, declarar resuelto el recurso a favor del administrado en virtud del silencio administrativo positivo, si ha transcurrido más de un año desde la interposición de la reconsideración (artículos 732 y 734 del estatuto tributario)(17).
No sobra advertir que para que el juez administrativo se pronuncie sobre la legalidad del auto que inadmitió el recurso de reconsideración, y posteriormente pueda estudiar el fondo de las pretensiones de la parte actora, o declarar la ocurrencia del silencio positivo, se deben demandar tanto el acto definitivo como el auto inadmisorio del recurso. En caso de que dicho auto no se acuse, continúa haciendo parte del ordenamiento jurídico y resulta de obligatorio cumplimiento para la administración y el contribuyente”(18).
De modo que para que la jurisdicción contencioso administrativa se pronuncie sobre la legalidad del auto que inadmitió el recurso de reconsideración y pueda estudiar el fondo de las pretensiones de la actora, debe demandarse tanto el acto definitivo como el auto inadmisorio del recurso y el que lo confirma, si es del caso. Esto, porque, como lo precisó la Sala(19), si no se demanda el acto que inadmitió el recurso de reconsideración, ese acto continuará haciendo parte del ordenamiento jurídico y resultará de obligatorio cumplimiento para la administración y el contribuyente.
Por tanto, en el presente proceso habrá de declararse probada la excepción de inepta demanda contra la Resolución 5 de 2005.
3.2. Pretensión de nulidad de las resoluciones 466 del 27 de mayo de 2005 y 848 del 30 de agosto de 2005.
Por medio de estas resoluciones, el tesorero del departamento de La Guajira negó la solicitud de obtener una nueva notificación de la Resolución 5 del 22 de enero de 2005, así como la restitución de términos para interponer el recurso de reconsideración contra la misma.
Para la Sala, estos actos administrativos son de trámite y no actos que deciden de fondo la controversia, que, en este caso, lo es la Resolución 5 del 22 de enero de 2005, mediante la que se le impuso a Corelca sanción por no declarar el impuesto objeto de discusión(20).
En consecuencia, la Sala confirmará lo decidido por el tribunal, en cuanto se inhibió de pronunciarse de fondo sobre las Resoluciones 466 del 27 de mayo de 2005 y 848 del 30 de agosto de 2005, pero por las razones aquí expuestas.
3.3. Pretensión de nulidad de los actos proferidos en la actuación administrativa de cobro coactivo.
3.3.1. Pretensión de nulidad del mandamiento de pago del 12 de octubre de 2005.
La Sala advierte que el tribunal declaró la nulidad del mandamiento de pago del 12 de octubre de 2005 sin tener en cuenta que ese acto no es susceptible de ser demandado ante esta jurisdicción.
En efecto, de acuerdo con el artículo 835 del estatuto tributario, en el proceso administrativo de cobro coactivo solo son demandables las resoluciones que resuelve las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago y que ordenan seguir adelante la ejecución.
En el caso del mandamiento de pago, la Sala ha precisado que se trata de un acto no susceptible de control judicial, puesto que es un acto de trámite que no pone fin al proceso de cobro, sino que, por el contrario, da inicio al mismo(21).
En esa medida, la Sala considera pertinente revocar la sentencia apelada en cuanto decidió anular el mandamiento de pago. En su lugar, declarará probada la excepción de inepta demanda y se inhibirá de pronunciarse de fondo sobre el mismo.
3.3.2. Pretensión de nulidad de los actos administrativos que resolvieron las excepciones contra el mandamiento de pago.
La Sala parte de recordar que la Resolución 5 de 2005 es el acto que constituye el título ejecutivo del proceso de cobro coactivo que motivó la expedición de los actos demandados y que son objeto de análisis por la Sala.
Así el Tribunal de La Guajira haya admitido la demanda contra el auto del 5 de agosto de 2005, está impedido para decidir de fondo sobre la nulidad de la Resolución 5 de 2005 que se entiende ejecutoriada puesto que el demandante perdió la posibilidad de demandarla nuevamente.
Ahora bien, la demandante también alegó que se configuró la excepción de pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 5 de 2005, por el presunto hecho de haberse suspendido el artículo segundo de la Ordenanza 117 de 2003, norma en la que se habría fundamentado la Resolución 5 de 2005.
La Sala precisa que ese argumento atañe a uno de los argumentos de fondo que se propuso para fundamentar la nulidad de la Resolución 5 de 2005 y, por lo tanto, no es pertinente que se debata en el proceso administrativo de cobro coactivo.
El artículo 829-1 del estatuto tributario es enfático en disponer que en el procedimiento administrativo de cobro no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa. En el evento de que la cuestión de fondo se haya debatido en la vía gubernativa, la excepción pertinente de proponer es la de pérdida de fuerza ejecutoria del título por haberse interpuesto la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, excepción que, como se precisó, no tiene vocación de prosperar puesto que se declarará inepta la demanda contra la Resolución 5 de 2005.
En consecuencia, con fundamento en lo anterior, la Sala negará la pretensión de nulidad de las resoluciones 1227 del 29 de noviembre de 2005 y 15 del 20 de enero de 2006.
3.3.3. Pretensión de nulidad de los actos que liquidaron el crédito.
La demandante alegó la causal de nulidad por falta de competencia del tesorero del departamento de La Guajira para proferir el auto de liquidación del crédito, pues, a su juicio, era necesario que ese auto se profiriera una vez estuviera ejecutoriada la resolución que resolvió el recurso de reposición contra el acto que resolvió las excepciones. Que habida cuenta de que esa resolución no se notificó en debida forma y que adquirió ejecutoria después de que se profirió el auto de liquidación del crédito, este auto deviene en nulo.
También alegó que el auto de liquidación del crédito era nulo porque el título ejecutivo contenido en la Resolución 5 de 2005 no estaba ejecutoriado.
Finalmente, Corelca alegó que el acto de liquidación del crédito también era nulo por violación del artículo 393 de la Ordenanza 65 de 2002, porque liquidó intereses de mora sobre la sanción por no declarar objeto de cobro coactivo.
La Sala considera que no se configuró la causal de nulidad por falta de competencia puesto que esa causal solo se configura cuando el órgano que profiere el acto demandado no está facultado por la ley para expedirlo.
En efecto, la competencia es la cantidad de potestad que tiene un órgano administrativo para dictar un acto(22) y atiende a diversos criterios: el criterio objetivo o de atribución, que atañe a las materias o funciones propiamente dichas(23); el criterio funcional, que se fundamenta en la estructura jerárquica del órgano de la administración pública(24); el criterio territorial, que alude a la competencia local(25), y, por último, el criterio temporal, que hace referencia al plazo o tiempo con el que se cuenta para ejercer la función.
Ahora, la falta de competencia puede viciar de nulidad el acto administrativo. Y esa falta de competencia puede ser absoluta o relativa(26).
La incompetencia es absoluta cuando el órgano administrativo invade las competencias de un órgano distinto al de la administración pública. Por ejemplo, cuando la administración avoca competencias propias de la rama judicial. O cuando el órgano administrativo invade las competencias de otro órgano de la administración pública. Por ejemplo, cuando el Ministerio de Hacienda asume las competencias otorgadas al Ministerio de Comercio o viceversa.
La incompetencia, entonces, es absoluta cuando se ejercen funciones no asignadas por la ley.
La incompetencia es relativa cuando se deriva de la incompetencia funcional y territorial, que, como se dijo, alude a la asignación de competencias en virtud de la organización jerárquica de cada institución o en virtud de la desconcentración de funciones a nivel territorial. Por ejemplo, cuando el recurso de apelación lo decide el mismo funcionario que dictó el acto administrativo. O cuando la decisión administrativa la toma una dependencia regional del órgano administrativo, pero distinta a la que, por jurisdicción territorial, le corresponde adoptarla.
La incompetencia, entonces, es relativa porque las funciones sí son del órgano de la administración pública correspondiente, pero no del funcionario específico que dictó el acto administrativo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la extralimitación en que puede incurrir el funcionario no altera la competencia del órgano como tal, puesto que la competencia sí está asignada a ese órgano.
De manera que, como en el caso concreto la falta de competencia no se alega por ninguna de las circunstancias antedichas, no prospera la causal de nulidad.
Podría decirse que la causal de nulidad que en realidad alegó la demandante es la de expedición irregular del acto pues el departamento demandado no esperó a que quedara ejecutoriada la resolución que resolvió el recurso de reposición contra el acto que resolvió las excepciones.
Según la doctrina judicial de la Sala, la expedición irregular o el vicio de forma del acto administrativo se presenta cuando la administración no se ajusta a los procedimientos establecidos para manifestar su voluntad(27).
En el mismo sentido, esta corporación ha señalado que la expedición irregular se configura cuando la decisión de la administración viola las normas de orden adjetivo que establecen el procedimiento para su formación o la manera como este debe presentarse. Sin embargo, cuando el acto es expedido con vicios en el trámite, debe verificarse si estos tienen la vocación de incidir en el sentido de la decisión, de tal manera que si la irregularidad en el proceso logra afectarla por ser sustancial o trascendente, el acto administrativo será anulable; en el caso contrario, es decir, cuando el defecto es intrascendente, no hay lugar a su anulación(28).
La Sala considera que en este caso el vicio es intrascendente pues no afecta la decisión de fondo que adoptó el municipio, porque el artículo 393 de la Ordenanza 65 del 2002 prevé la sanción por mora solo por el pago de impuestos.
En ese orden, se declarará la nulidad del auto de liquidación del crédito del 15 de marzo de 2006, razón también suficiente para declarar la nulidad del auto del 23 de marzo de 2006 que resolvió las objeciones.
1. REVÓCANSE los numerales primero, segundo, tercero y séptimo de la sentencia apelada. En su lugar:
1. DECLÁRASE probada la excepción de inepta demanda, por indebida individualización de las pretensiones, de la Resolución 5 de 2005, por encontrarse probada la excepción de inepta demanda. Como consecuencia de lo anterior:
2. INHÍBESE de pronunciarse de fondo sobre la Resolución 5 del 22 de enero de 2005, mediante la que el departamento de La Guajira impuso sanción a Corelca S.A. E.S.P. por no declarar el impuesto estampilla pro desarrollo fronterizo por los meses de enero a mayo de 2004.
3. DECLÁRASE inhibida la Sala para decidir de fondo sobre la nulidad de las resoluciones 204 del 5 de abril de 2005, 466 del 27 de mayo de 2005 y su confirmatoria, 848 del 30 de agosto de 2005, y del mandamiento de pago del 12 de octubre de 2005, por tratarse de actos no demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
4. DENIÉGANSE las pretensiones de nulidad de las resoluciones 1227 del 29 de noviembre de 2005 y 015 del 20 de enero de 2006, proferidas por el tesorero Departamental de La Guajira, mediante las cuales resolvió las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago del 12 de octubre de 2005, y se decidió el recurso de reposición interpuesto por Corelca contra dicha decisión, respectivamente.
5. ANÚLASE el auto de liquidación del crédito del 15 de marzo de 2006 y del auto del 23 de marzo de 2006 que resolvió las objeciones.
A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE al departamento de La Guajira liquidar el crédito sin el cálculo de intereses por mora.
(14) El estatuto tributario prevé que el recurso se admita en el plazo de 15 días hábiles siguientes. Dice el artículo 726, Estatuto Tributario Nacional:
“ART. 726. —Inadmisión del recurso. (Artículo modificado por el artículo 68 de la Ley 6 de 1992. El nuevo texto es el siguiente): En el caso de no cumplirse los requisitos previstos en el artículo 722, deberá dictarse auto de inadmisión dentro del mes siguiente a la interposición del recurso. Dicho auto se notificará personalmente o por edicto si pasados diez días el interesado no se presentare a notificarse personalmente, y contra el mismo procederá únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario, el cual podrá interponerse dentro de los diez días siguientes y deberá resolverse dentro de los cinco días siguientes a su interposición.
(15) En similares términos reza el artículo 728 del estatuto tributario:
“ART. 728. —Recurso contra el auto inadmisorio. Contra el auto que no admite el recurso, podrá interponerse únicamente recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.
Si la providencia confirma el auto que no admite el recurso, la vía gubernativa se agotará en el momento de su notificación”.
(16) Jaime Abella Zárate. Procedimiento constitucional y contencioso administrativo en materia tributaria. Bogotá. Editorial Legis. 2007 p 269.
(18) Sentencia del 14 de junio de 2007, Exp. 14589, Consejero Ponente: Héctor J. Romero Díaz. Entre otras, ver las sentencia del 25 de marzo de 2010, Exp 16831, Consejera Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia y del 15 de julio de 2010, Exp 16919, Consejero Ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(19) Sentencia del 14 de junio de 2007, Exp. 14589, Consejero Ponente: Héctor J. Romero Díaz.
(20) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejera Ponente: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E). Bogotá, D. C., julio tres (3) de dos mil trece (2013). Referencia: 1100103270002010000011 01. Radicado: 18231. Actor: Medardo Antonio Zuluaga Ramírez. Demandado: U.A.E DIAN.
(21) Autos del 19 de julio de 2002, Exp.12733, Consejero Ponente: Juan Ángel Palacio Hincapié; 27 de enero de 2005, Exp. 14949, Consejera Ponente: Ligia López Díaz; 17 de febrero de 2005, Exp. 15040; y sentencias del 18 y 24 de octubre de 2007, Exps. 15484 y 16220, Consejero Ponente: Héctor J. Romero Díaz.
(22) Manuel María Díez. “El Acto Administrativo”. Tipográfica Editora Argentina S.A. Buenos Aires. 1993. pág. 165.
VILLEGAS BASAVILBASO, citado por Manuel María Díez dice “que si en el derecho procesal la competencia es la medida que posee el órgano judicial para el ejercicio de la jurisdicción, en el derecho administrativo la competencia es la medida que posee el órgano administrativo para el ejercicio de las atribuciones conferidas por el derecho objetivo”. Manuel María Diez. Op. cit. págs. 165 y 166.
(23) Artículos 5º y 9º de la Ley 489 de 1998 (competencia administrativa y delegación de funciones).
(24) “Ley 489 de 1998. ART. 115. —Planta global y grupos internos de trabajo. El Gobierno Nacional aprobará las plantas de personal de los organismos y entidades de que traía la presente ley de manera global. En todo caso el director del organismo distribuirá los cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de la organización y sus planes y programas.
(25) Descentralización administrativa y desconcentración administrativa. Artículos 7º y 8º de la Ley 489 de 1989.
(26) Sobre el particular, ver: Manuel María Díez. “El Acto Administrativo”. Tipográfica Editora Argentina S.A. Buenos Aires. 1993, págs. 400 y 401.
(27) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Consejero Ponente: Juan Ángel Palacio Hincapié. Bogotá D.C., 26 de septiembre de 2007. Rad.: 25000-23-24-000-2002-00700-01. Número interno: 14519. Actor: Leasing de Occidente S.A. Demandado: Fondo de Garantías de Instituciones Financieras–FOGAFIN.
(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero Ponente: Mauricio Torres Cuervo. Bogotá D.C., 27 de enero de 2011. Rad.: 11001-03-28-000-2010-00007-00, Actor: Jaime Ramírez Plazas. Demandado: Rector de la Universidad Surcolombiana.