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Timestamp: 2018-09-19 03:59:53
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Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 13', 'artículo 47', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 12']

﻿ Sentencia 41874 de febrero 5 de 2014
SENTENCIA SL1062-2014 DE 05 DE FEBRERO DE 2014
CONTENIDO:LAS ENTIDADES QUE ADMINISTRAN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES NO PUEDEN INVOCAR LA FALTA DE PAGO, NI LA SOLUCIÓN INOPORTUNA DE LOS APORTES, PARA NEGAR EL RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE DEBEN CUBRIR EN VIRTUD LA AFILIACIÓN, PUES EN EL CASO DE TRABAJADORES SUBORDINADOS, LA COTIZACIÓN SE CAUSA CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CON INDEPENDENCIA DE LA FECHA EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO. DE AHÍ, QUE CUANDO SE CANCELAN COTIZACIONES EN MORA DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES, SE ENTIENDE QUE CORRESPONDEN A LA FECHA EN QUE FUERON CAUSADAS, ESTO ES, CUANDO SE PRESTÓ EL SERVICIO SUBORDINADO, CONFORME A LAS REGLAS DE IMPUTACIÓN DE PAGOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADOR, FONDOS DE PENSIONES, ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES, SISTEMA DE PENSIONES, TRABAJADOR, APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES, AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES, AFILIACIÓN A LOS FONDOS DE PENSIONES
Sentencia 41874 de febrero 5 de 2014
SL1062-2014
Radicación 41874
El impugnante de manera deliberada y consciente comienza con la elaboración de lo que el mismo denomina “disquisición jurídica” en un “marco conceptual”, con la advertencia de que con ello no pretende cambiar la vía de los hechos seleccionada en la única acusación, y concluye luego de hacer un recuento normativo y jurisprudencial que: “surge la incuestionable evidencia de que si por alguna razón los progenitores contasen con recursos propios distintos de los aportados por el hijo fallecido y estos fuesen estables y bastasen para llevar una vida digna, no tendrán derecho a percibir una pensión de sobrevivencia”.
En torno al mismo tópico - dependencia económica de los padres respecto del hijo asegurado, el sentenciador de segundo grado empieza por señalar que no existe norma que defina el concepto de dependencia económica y que la prevista en el artículo 16 del Decreto 1889 de 1994 fue anulada por el Consejo de Estado; también observó que la expresión “de forma total y absoluta” contenida en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, fue declarada inexequible mediante la Sentencia C-111 de 2006.
En este orden, el ad quem plasmó que ante la inexistencia de norma que defina la dependencia económica, se debe acudir a su sentido natural y obvio, de tal “manera que por ella se entienda la situación en que una persona se encuentra subordinada a otra, en tanto necesita de su auxilio”. También dijo:
i) Que “la autosuficiencia entra a jugar un papel de vital importancia, en la perspectiva de saber si una persona depende o no económicamente de otra y, por consiguiente, con derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes; ii) Que si el postulante se perfila con aptitud de bastarse así mismo, se esfuma la subordinación. “Se dice, entonces, que es autosuficiente económicamente, que se basta a sí mismo, que no depende de otra, que no está subordinada o sometida a nadie; iii) La subordinación exige que se encuentre supeditada de manera cabal al ingreso que le brinde otra. Ello descarta la situación de simple ayuda o colaboración; iv) Que lo anterior no es lo mismo que pregonar carencia de recursos, ni indigencia o miseria, “ni se opone a que una persona reciba un ingreso adicional en razón de su propio trabajo o actividad; v) De ahí que lo determinante es saber si el ingreso adicional le otorga autosuficiencia económica, sin lugar a generalizaciones o axiomas, sino el examen del caso particular; y vi) Que “la dependencia económica debe ser examinada al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, de manera que para nada importa la situación que se presente con posterioridad”.
Ahora bien, del examen a cada uno de los medios de prueba que se denuncian en el cargo y con los cuales pretende el censor demostrar los desaciertos fácticos que allí se singularizan, se tiene objetivamente lo siguiente:
Del documento no apreciado por el fallador denominado “información de los solicitantes-padres” (fls. 88 y 90) se extrae la composición familiar de los demandantes, integrada por la pareja y dos hijos; que Fabriciano Muñoz aportaba para la manutención $ 1.200.000, pero nada se dice acerca del valor total de los gastos que implicaba el sostenimiento del núcleo familiar del que hacía parte la trabajadora, para efectos de determinar si los actores eran autosuficientes, y por ende no requerían el aporte que le hacían sus descendientes.
La certificación de la exempleadora de Yaneris Edith Muñoz, visible a folio 91, simple y llanamente destaca que esta percibía un ingreso de $ 463.050 mensuales, documento que en concordancia con el de folio 88, da cuenta que la contribución realizada por aquella ascendía a las suma de $ 300.000, lo cual en nada descarta lo inferido por el tribunal en el sentido de que “si bien no dependían económicamente en forma total y absoluta de la fallecida..., sí lo es que ayudaba o colaboraba en los gastos de la casa”, y que obtuvo luego del análisis conjunto de otros elementos de convicción.
Situación diferente se aprecia del interrogatorio que absolvió el demandante Muñoz Velásquez y que obra a folio 250 y 251, y que efectivamente no fue tenido en cuenta por el tribunal, pues lo que clara y palmariamente se observa es la confesión que este hace de no depender económicamente de su hija, en cuanto agrega que su esposa “sí dependía de ella”.
Así las cosas, el citado medio de prueba sí contradice la inferencia que obtuvo el sentenciador de alzada, al menos en lo que atañe a la dependencia económica de su progenitor, pues aun cuando trabajadora sí contribuía al sostenimiento de los gastos requeridos en el hogar que compartía con su señora madre, ello significa al menos que sí se configuró una dependencia parcial respecto de esta y no de aquel.
Como puede observarse de los medios de prueba que se dejaron analizados, si bien logra desvirtuarse la dependencia económica parcial que dedujo el ad quem respecto del padre de la trabajadora, Fabriciano Muñoz Velásquez, en tanto que este mismo admite esa situación, no sucede lo propio con respecto de su progenitora, ya que lo que reflejan las pruebas es que de los ingresos que ella percibía destinaba una suma importante para contribuir con los gastos que implicaba el sostenimiento del hogar que compartía con su madre.
No hay lugar a estudiar la prueba no calificada en casación y que se acusa de mal apreciada o dejada de apreciar, en tanto que no se demostraron los desaciertos con respecto de la comandante Gilma Rosa García Agudelo con los medios aptos en este recurso extraordinario, tal cual lo tiene adoctrinado esta Sala de la Corte.
Con todo se tiene, que aun cuando era mayor el aporte que hacía el padre de la afiliada con respecto de la contribución que ella en vida realizaba para el sostenimiento del hogar que conformaba con sus progenitores, esa sola circunstancia no es razón válida para pregonar que no existía la dependencia económica que se exige frente a su señora madre para acceder al derecho a la pensión de sobrevivientes reclamada, pues tal como se ha dejado adoctrinado con precedencia, no se requiere que la misma sea total.
Al efecto, es pertinente traer a colación lo indicado por la Corte, entre otras, en S.L., 4 de diciembre de 2008, rad. 30385, que al referirse a la dependencia económica de los padres respecto al hijo que fallece, dijo:
“En efecto, reiteradamente ha precisado la corporación, que la dependencia económica no tiene que ser total y absoluta, lo cual significa que la situación de que el padre beneficiario tenga algún ingreso adicional, no descarta la posibilidad de ser dependiente económico de su hijo que fallece. Así se advirtió en las sentencias de 27 de julio de 2007, rad. 30790”.
“En las condiciones que anteceden es oportuno destacar, que si bien es cierto no todos los casos pueden ser tratados bajo la misma perspectiva, sino atendiendo sus especiales particularidades, la Sala precisa que la ayuda económica del hijo respecto del padre, tiene que ser constante y permanente, y además, servir para sobrellevar las cargas o gastos familiares, como aquí ocurre, a fin de poder derivar la dependencia económica de que trata el artículo 47 de la Ley 100 de 1993”.
Por lo visto, se casará parcialmente la sentencia impugnada, en cuanto se dedujo la dependencia económica del padre de la trabajadora, Fabriciano Muñoz Velásquez, mas no respecto de su progenitora Gilma Rosa García Agudelo, tal como se dejó visto con precedencia.
De otro lado, en cuanto a la condena impuesta a la demandada del reconocimiento de la prestación económica, en razón de no haber ejercido el cobro de las cotizaciones en mora del empleador, y que también se constituye en uno de los temas que controvierte el impugnante, en la medida en que busca trasladarle esa responsabilidad al empleador, debe destacar la Corte que el tribunal no transgredió ninguna de las disposiciones legales denunciadas en el cargo al tener en cuenta las cotizaciones en mora para contabilizarlas y así deducir la densidad mínima exigida para el efecto, pues ese es el criterio que ha mantenido la corporación desde las S.L., 22 de julio y S.L., 26 de agosto de 2008, rads. 34270 y 31063, respectivamente, en las que se rectificó la posición que en sentido contrario se tenía, providencias que han venido siendo reiteradas en las S.L., 24 del mes de abril de 2012, rads. 38966 y 40243.
En efecto, ha sido constante y reiterada la jurisprudencia de la Corte, en el sentido de que las entidades que administran el sistema de seguridad social en pensiones no pueden invocar la falta de pago, ni la solución inoportuna de los aportes, para negar el reconocimiento de las prestaciones económicas que deben cubrir en virtud la afiliación, pues en el caso de trabajadores subordinados, la cotización se causa con la prestación del servicio, con independencia de la fecha en que se efectúe el pago. De ahí, que cuando se cancelan cotizaciones en mora de los trabajadores dependientes, se entiende que corresponden a la fecha en que fueron causadas, esto es, cuando se prestó el servicio subordinado, conforme a las reglas de imputación de pagos.
Precisamente, la Corte en S.L., 6 de septiembre de 2011, rad. 39582, al rememorar otras en ese mismo sentido, entre otras, la S.L., 21 de septiembre de 2010, rad. 38098, dijo:
En sentencia de 19 de mayo de 2009, rad. 35.777, precisó esta Sala de la Corte:
... en el sub lite no se trata de reconocer pensiones haciendo caso omiso de las cotizaciones, o concediéndolas sin verificar su existencia; lo que acontece es que lo que subyace en la tesis que se controvierte, es la definición de a partir de cuándo existe la cotización, aspecto que ya ha resuelto la Sala cuando señaló: “La cotización surge con la actividad como trabajador, independiente o dependiente, en el sector público o privado” (Sent. sep. 30/2008, rad. 33476).
Y, tercero, el que se admita la existencia de la cotización desde su causación, no supone que pierda trascendencia su pago, que la conserva en toda su dimensión, para asegurar el equilibrio financiero del sistema,...
Esta interpretación fue asumida también cuando se dio el viraje jurisprudencial sobre las consecuencias de la mora, al atribuir responsabilidad a las administradoras de pensiones en los eventos en que estas falten al deber de diligencia en el cobro de las cotizaciones generadas por la actividad laboral de sus afiliados, de tal manera que en esos eventos, las cotizaciones no pagadas debían ser tenidas en cuenta para acumular la densidad de cotizaciones exigidas para una determinada prestación, en el momento en que fueron causadas.
En sentencia de 22 de julio de 2008, rad. 34270, donde operó el cambio jurisprudencial señaló la Sala:
Posteriormente en sentencia de 1º de julio de 2009, rad. 36502 precisó la corporación:
Como consecuencia de lo anterior, no se configuran las violaciones a la ley que se denuncian, ni encuentra la Sala razones para variar su línea jurisprudencial sobre el tema objeto de estudio.
Tampoco se observa yerro fáctico alguno del juzgador al valorar el elenco probatorio acusado en el cargo, dado que su análisis se ciñe a lo que esta corporación ha asentado sobre el tópico y que en resumen lo sintetiza en S.L., 9 de septiembre de 2009, rad. 35.211, donde se dijo:
A juicio de la Corte, en la hipótesis de los afiliados en su calidad de trabajadores dependientes o subordinados, que han honrado su compromiso con el sistema de seguridad social de prestar el servicio y así causar la cotización, aquellos o sus beneficiarios no pueden resultar perjudicados por la mora del empleador en el cubrimiento de los aportes, de modo que las consecuencias de esa omisión no se trasladan automáticamente al empleador, puesto que ha de verificarse si la administradora utilizó las herramientas legales de cobro, como que de no haberlo hecho, deviene a cargo de la entidad gestora el pago de los beneficios o de las prestaciones.
De manera que una vez causada la cotización —en razón de que el afiliado prestó el servicio—, surge a favor de la entidad administradora un crédito por el valor de aquella y de los intereses moratorios por la tardanza en su pago.
Prevalida de ese crédito, la administradora está legitimada para iniciar los trámites orientados al recaudo efectivo de la cotización, so pena de correr con la obligación de reconocer o pagar la prestación, en caso de renuencia.
En suma, la omisión por parte de la administradora de adelantar las gestiones encaminadas a conseguir la percepción de las cotizaciones, apareja la consecuencia jurídica de que sea la administradora de pensiones y no el empleador quien asuma el reconocimiento y satisfacción de la prestación al afiliado o a sus beneficiarios.
Repárese en que esta nueva construcción jurisprudencial viene edificada sobre unos cimientos inconfundibles: la omisión del empleador de su obligación de pagar los aportes, sin que las administradoras del régimen de pensiones hubiesen echado mano de los instrumentos legales enderezados a obtener la percepción efectiva de las cotizaciones.
Y se trae a colación lo anterior, por cuanto respecto de la gestión de cobro, si bien arguye el recurrente que se informó a la afiliada el estado de cotizaciones y le remitió el extracto sobre su estado de cuenta, esa no es una excusa o justificación suficiente para exonerarse de asumir el pago de la prestación económica pretendida, pues simple y llanamente es una de las obligaciones consagrada en la norma acusada distinta a la de adelantar la gestión de cobro extrajudicial, la cual no se cumplió a través de las herramientas legales. A su vez, el hecho de que el artículo 13 del Decreto 1161 de 1994, indique que las acciones de cobró se harán “a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la cual se entró en mora”, no significa que antes no puedan activarse los mecanismos tendientes a conjurar la mora en que incurre el empleador.
Tampoco las expresiones consignadas en el documento visible a folios 326 y 327 del cuaderno principal, demuestran la realización del cobro extrajudicial de que trata el artículo 13 del Decreto 1161 de 1994, razón por la cual no hay lugar al reproche en el sentido de que el tribunal no apreció el documento, pues así lo estimara, no podía extraer de él la conclusión que asume la entidad recurrente.
Adicional a ello el tribunal dijo que Muñoz García realizó aportes a la administradora demandada hasta el mes de mayo de 2005, “muy superior a las 50 semanas exigidas por el artículo 12 de la Ley 797, de 2003”, sin que se deduzca error de apreciación, del documento, de folios 183 y 184 del cuaderno principal, que registra 63.5899 semanas cotizadas, sin que ninguna incidencia tenga el hecho de que para el tribunal asciendan a 64.857 o que diga que de este total no hacen parte las semanas cotizadas de manera extemporánea, pues con las 63.5899 semanas, la hija de los actores dejó causado el derecho con arreglo a la Ley 797 de 2003, como lo expresó en la sentencia atacada.
Por lo visto, el cargo prospera parcialmente, tal se dejó consignado con anterioridad.
En sede de instancia y con fundamento en las mismas consideraciones ya precisadas al despachar el cargo, se revocará parcialmente la sentencia del juez de primera grado, en cuanto condenó a la demandada a pagar el 50% de la pensión de sobrevivientes a favor del padre de la trabajadora, Fabriciano Muñoz Velásquez, para en su lugar, absolver a la demandada de la reclamación incoada por dicho demandante, y disponer el pago del 100% de dicha prestación económica y su respetivo retroactivo e intereses moratorios a favor de su progenitora Gilma Rosa García Agudelo.
Sin costas en el recurso extraordinario en virtud a que no se presentó réplica y por las prosperidad parcial del cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el 17 de junio de 2009, en el proceso que promovieron Fabriciano Muñoz Velásquez y Gilma Rosa García Agudelo a la empresa Servicios Temporales Presencia Inteligente Ltda., y a la administradora de fondos de pensiones y cesantías Protección S.A., en cuanto confirmó la condena a favor del demandante Muñoz Velásquez del 50% de la pensión de sobrevivientes, el respetivo retroactivo pensional y los intereses moratorios
En sede de instancia, se revoca parcialmente la sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, en cuanto condenó a la demandada a pagar el 50% de la pensión de sobrevivientes a favor del padre de la trabajadora, Fabriciano Muñoz Velásquez, para en su lugar, absolverla de la reclamación incoada por dicho demandante, y disponer el pago del 100% de dicha prestación económica y su respetivo retroactivo e intereses moratorios a favor de su progenitora Gilma Rosa García Agudelo.