Source: http://farmaysalud.blogspot.com/2011/08/ley-para-el-trasplantado-entre-la.html
Timestamp: 2017-07-23 22:39:38
Document Index: 394100223

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 48', 'Artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 1']

FARMA Y SALUD: LEY PARA EL TRASPLANTADO: "ENTRE LA VERDAD Y LO QUE SE ESCONDE"
Fuente: ncn.com.arUn trabajo de investigación de NCN descubrió, hace dos meses, los puntos importantes del proyecto original que fueron dejados afuera por los senadores ante presiones del INCUCAI. Ahora Diputados tiene la posibilidad de corregir la media sanción de la Cámara Alta. Texto original del proyecto.
El Senado repitió una vieja fórmula que, no por uso habitual en el Parlamento, refleja lo cualititivoque debiera primar por sobre lo circunstancial a la hora de legislar para la sociedad. Y si de materia de calidad de vida se tratare, más debiera estar contemplada esa imprescindible responsabilidad en la sanción de cualquier norma. La vieja, como recurrente justificación "Se sacó la ley posible", encierra en su conclusión muchísimas incógnitas que, a la hora de explicar los porqué, se diluyen en vagos argumentos que, también es cierto, nadie se preocupa por descifrarlos.
En el Congreso de la Nación, suceden a menudos estas cosas. El último episodio fue con la sanción de la Ley que estableció la prohibición de fumar en espacios públicos, promoción y difusión del consumo del tabaco, norma que fue promulgada, casi inmediatamente, por el PEN. Lo que muy pocos advirtieron y denunciaron, y que no tuvo la difusión debida, es que paradójicamente, antes del celebrado gran final, el lobby de las tabacaleras tuvo sus buenos frutos. Logró que la misma ley que prohíbe y condena el consumo del tabaco, permitiera a las empresas elaboradoras de cigarrillos poder aumentar el porcentaje de los nocivos químicos en el producto. Juan Carlos Diaz Roig, el diputado kirchnerista formoseño, que suele ser uno de los fieles incondicionales a la hora de votar, dijo: "Yo, a esa ley no la voté, fue la primera vez que no acompañé a mi bloque porqué es una vergüenza lo que se hizo, una paradia impresentable". Este tipo de producciones legislativas son recurrentes, y demasiado poco se hace para ponerle un freno en la práctica a "se sacó la ley posible". ¿Lo mismo ocurrirá con la Ley para Trasplantados?. Esperemos que, esta vez, la responsabilidad en la gestión legislativa prevalezca ante cualquier "lobby de intereses" o presión manifiesta. Diputados puede demostrar que ha aprendido la lección.
Nota publicada por NCN
Desde la presentación del proyecto por la protección integral para las personas trasplantadas, realizada por la senadora del Peronismo Federal, Sonia Escudero, la comunidad argentina involucrada en el diario vivir de esta particular realidad (pacientes y familiares) parece haber recuperado la esperanza de ver concretado un viejo y necesario anhelo que le permita equilibrar la desigual lucha que lleva desde hace muchos años para mejorar su condición de vida.
Uno de los tantos preocupados y aportadores de ideas en la materia, que quedó en el camino sin ver concretado su esfuerzo, Ricardo Arce, solía decir: “Uno de los principales problemas de quienes deben afrontar la vida con un órgano de otra persona, no pasa tanto por la necesidad de tomar varias medicaciones, sino por la falta de un marco legal que los contenga, pues en nuestro país, las personas trasplantadas no están contempladas en la ley de discapacidad, pero, para el derecho laboral por ejemplo, tampoco son individuos –normales- dado que su condición implica un riesgo que muchas veces puede hacerles perder su trabajo. Si bien la ley del donante presunto ha marcado un avance en la búsqueda por regularizar la situación de la donación de órganos, a nivel local el sistema de salud todavía está lejos de lo que es considerado como el paradigma: el sistema español”.
El proyecto de Escudero discutido en la Comisión de Salud y Deporte de la Cámara Alta, que es presidida por el radical José Cano, contiene apreciaciones puntuales de la problemática que padecen los trasplantados en Argentina. Una de ellas dice que: “La persona que ha recibido un trasplante se encuentra ante una gran problemática, ya que en primer lugar existe una resolución del Servicio Nacional de Rehabilitación (Disposición 577/2003), dependiente del Ministerio de Salud, de evidente inconstitucionalidad, que establece que un valor químico determina si una persona trasplantada, es o no discapacitada. Los ciudadanos trasplantados, entonces, si en forma circunstancial se encuentran por encima o debajo de dicho valor químico, en una millonésima, son amparados o no por la Ley 22.431”.
“La paradoja que se da, en base a la situación planteada precedentemente”, dice Escudero en su fundamento, es que si una persona rechaza el órgano injertado, ingresa al artículo 2º de la Ley de Discapacidad 22.431. Si en el lapso en el que se inicia el trámite administrativo, continúa la senadora, se lo comienza a tratar con medicación y se revierte el rechazo del órgano injertado, automáticamente se produce su exclusión del artículo mencionado”. Para luego proseguir en forma contundente con su fundamentación: “En un lapso muy reducido de tiempo, una persona trasplantada pasa de ser no discapacitada a discapacitada, y nuevamente a no discapacitada. Cabe agregar, para un mejor entendimiento de la paradoja planteada, señala Escudero, el ciudadano trasplantado nunca es dado de alta, ya que vive inmune-suprimido (baja de las defensas del cuerpo, debido a la medicación de sostén que tiende a evitar el rechazo del órgano injertado)”.
Las personas trasplantadas constituirán siempre un grupo de riesgo, en cuanto al cuidado de su salud. Curiosamente no están contemplados en la ley de discapacitados, porqué se aduce que no lo son. La ley afirma que “son normales”, pero sin embargo no reciben jamás el alta médico. Y este es el comienzo de una serie de dificultades que encuentra, cómo ser en el ámbito laboral. Contradicciones de especialistas
Llamativamente, el titular de la Sociedad Argentina de Trasplantes, Rubén Schiavelli sostuvo en la última reunión de la Comisión de Deporte y Salud que “Esta ley es una deuda pendiente, ya que creemos que el trasplantado es una persona que, si bien uno le devuelve la salud, y puede integrarlo en la sociedad, tiene ciertas situaciones relacionadas con su control médico que lo hacen algo diferente. Pero, por supuesto, el concepto nuestro es que no es un discapacitado”
Con esta afirmación, Schiavelli entra de lleno a formar parte de la paradoja a la que se refiere la senadora Escudero en sus fundamentos. Es difícil entender cómo a una persona que se le devuelve la salud, no puede obtener jamás su alta médica, y a la vez, seguir siendo diferente para Schiavelli. Una enorme contradicción en sí mismo. Uno también podría preguntarse, un trasplantado que debe ser medicado con: Ciclosporina; Rapamune; Tracrolimus; Deltisona; antibióticos o medicamentos para la hipertensión: ¿goza de salud?
Además de no quedar clara la posición de Schiavelli, al subrayar que “el trasplantado no es un discapacitado. ¿Por qué, entonces, vivirá el resto de su vida sin obtener el alta médica? Si tanto le molesta la denominación de discapacitado al presidente de la Sociedad Argentina de Trasplantes, como a algunos senadores, sería importante que definiera la denominación científica de los trasplantados, y el porqué de la necesidad de un marco legal determinado, si son ciudadanos que han recuperado su salud, aún cuando sus situaciones son de carácter irreversible.
Su disquisición, como la de tantos otros, ¿es sólo moral, científica o económica?
También se constituyen un hallazgo las expresiones del titular del INCUCAI, doctor Carlos Soratti, en su visita a la Comisión de Salud, refiriéndose a los trasplantados: “Muchas veces hemos discutido con muchos de ellos. Nosotros le decíamos que no íbamos a pelear para que vuelvan a ser discapacitados, todo lo contrario. Una persona trasplantada, precisamente, se reintegra plenamente a la sociedad. Entonces vamos a luchar para que no vuelvan a ser discapacitados, sino para ser una persona, que si necesita de cuidados especiales, en torno a la inserción de su vida laboral; de su vida social; de su vida económica activa; aún, de su vida familiar. Por todas esas cosas, está plenamente justificado que podamos seguir construyéndola”.
Las personas que precisan de cuidados especiales, y que jamás volverán a tener alta médica, ¿deben ser consideradas personas sanas para Soratti? Análisis que queda sujeto a la reflexión del lector.
Sendos testimonios corresponden a la versión taquigráfica de la reunión en la que la Comisión de Salud y Deporte sacó despacho favorable.
El proyecto, cuyo dictamen fue firmado por los 15 integrantes de la Comisión, según le confirmó a NCN, Cecilia Chocobar, asesora del senador Cano, va a ser debatido en el recinto de la Cámara alta en la programada sesión del 1 de junio próximo, por un acuerdo existente entre el senador radical y el titular del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto.
Uno de sus artículos prevé que las obras sociales y la empresas de medicina prepaga deberán brindar al trasplantado una cobertura del 100 % en los medicamentos, como en los estudios para diagnósticos y prácticas.
Otra de las cuestiones que resalta es la problemática laboral que enfrentan los trasplantados. Ya sea para conservar el empleo o insertarse en el mercado activo. Por la imposibilidad de contar con el alta médica, no pueden superar los exámenes pre-ocupacionales, ni mucho menos ser admitidos por alguna ART. Esta situación provoca que, un alto porcentaje de la comunidad trasplantada se encuentre desempleada. Es por ello que la norma a debatir establece que “tal condición no será impedimento para el ingreso o continuidad de una relación laboral, tanto en el ámbito público, como en el privado. En caso que esto suceda, será considerado un acto discriminatorio en los términos de la Ley 23.592.
El empleador de personas trasplantadas tendrá derecho al cómputo de una deducción especial en el impuesto a las ganancias, equivalente al 70 % de las retribuciones que abonen a personas trasplantadas en cada período fiscal, contempla la posible norma.
La Secretaría de Transporte otorgará un pase libre que garantice a los trasplantados el uso gratuito de cualquier medio de transporte público de pasajeros, siempre que su traslado se efectúe para cumplir los objetivos de la ley. Solamente para realizarse controles médicos o atenciones de emergencia. El mismo beneficio es extendido a las personas que cumplan la función de acompañantes del titular. El proyecto también se ocupa de la adopción de planes y medidas que faciliten a los trasplantados que carecen de recursos suficientes, la adquisición de una adecuada unidad habitacional o la adaptación de su vivienda a las exigencias que su condición de trasplantada le demande.
Para las personas trasplantadas, mayores de edad, que estén en situación de desempleo forzoso, y no cuenten con ningún otro beneficio de carácter previsional, contempla que el Estado Nacional otorgará una asignación mensual equivalente a una jubilación mínima. Si en caso la tuviere, tendrá que optar por uno o por otro.
Con respecto al tema educativo, fija que el Ministerio de Educación facilitará, en coordinación con las autoridades educativas jurisdiccionales, formas de enseñanza grupal o individualizada, que permitan a las personas incluidas en el contexto normativo, cumplir con las exigencias de los regímenes de educación de carácter obligatorio.
El dictamen de Salud y Deporte pasó, ahora, a la consideración de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dónde también se espera su aprobación para determinar los recursos esenciales. Al respecto, el INCUCAI, cuenta con el manejo del Fondo Solidario de Trasplante (art. 49 y 51 de la Ley 24.193) y es potestad del organismo hacer convenios con las provincias para la asignación de recursos financieros que requieran personas que se encuentran fuera del sistema de protección de salud.
Falencias, olvidos y contenidos que quedaron en el camino
Tomando como referencia los proyectos presentados oportunamente en la Cámara de Diputados: Exp: 0140-D-2007 (diputada Mirta Pérez); Exp: 7133-D-2006 (diputado Leonel Galantini); Exp: 2410-D-2010 (diputado Patricio Solanas), y las conversaciones que mantuvo NCN con Walter Espinoza (Coordinador del INCUCAI); Alejandro González (Consejero Asesor de Pacientes del INCUCAI y titular de una ONG), y Fernando Figueredo (Asesor de la senadora Sonia Escudero), el proyecto a debatir presenta innumerables flancos, si lo comparamos con los anteriores citados, y si se consideran las coincidentes expresiones vertidas por las tres últimas personas citadas: “había que consensuar y sacrificar algunos puntos para que le ley sea posible”.
Más allá de las posiciones políticas y personales que cada senador/a tenga con respecto al tema, como así también de los especialistas que aportaron a la discusión de la ley, es responsabilidad insoslayable de los legisladores producir la mejor norma que contemple cada una de las necesidades que padecen los miles de trasplantados en Argentina. La calidad en la producción parlamentaria debe prevalecer a cualquier inconveniente de índole ideológico; económico o sectorial que pudiera esgrimirse. Porque no hay motivo o justificación alguno que prevalezca a la angustia o sufrimiento de una persona que lucha ante la incertidumbre de su expectativa de vida. Como es el de este caso puntual. Comparando el proyecto original, presentado por la senadora Escudero, con el dictamen de mayoría de la Comisión de Salud y Deporte, se encuentran las siguientes diferencias:
Proyecto Original: El certificado de trasplantado será otorgado por la autoridad de aplicación (Ministerio de Salud).
Dictamen: El INCUCAI y los organismos provinciales de coordinación y trasplante, extenderán un certificado-credencial.
Problema en ciernes: Que los trasplantados se encuentren con los mismos inconvenientes que tratan de sobrellevar los discapacitados con esta modalidad. Con el agravante de la existencia de un comercio ilegal de certificaciones que se emiten en desmedro de la buena fe y la necesidad.
Proyecto original: El Ministerio de Salud, con asesoramiento del INCUCAI, realizará el abordaje, seguimiento, implementación y difusión de los alcances del sistema creado por la presente ley. Auditará y evaluará el pleno y efectivo cumplimiento de lo establecido en la ley. Realizará los relevamientos necesarios y elaborará un Registro Nacional con todos los antecedentes de la afección del trasplantado. Dispondrá los medios y recursos necesarios para realizar campañas informativas sobre la problemática. Coordinará planes y programas con instituciones, empresas privadas, organismos estatales, entidades intermedias, para lograr la inserción laboral de las personas trasplantadas. Establecerá un Régimen de Subsidios para trasplantados en situación de insolvencia económicas, y uno de Seguridad Social para personas que carezcan de obra social. Coordinará con el Ministerio de Educación de la Nación la escolarización en establecimientos comunes de las personas trasplantadas, en forma gratuita. Dictamen: Los relevamientos necesarios serán realizados por el INCUCAI. Proponer a otros organismos la adopción de medidas que, aunque no previstas en la presente ley, resulten congruentes con el objeto de la misma. Proyecto original: El Ministerio de Salud implementará planes de acción, a través de los cuales se habilitarán, en los hospitales de las respectivas jurisdicciones, servicios especiales destinados a cumplimentar la continuación de los tratamientos vitales que deban realizar las personas trasplantadas en los lugares más cercanos a su domicilio real. Inclusive gestionará la creación de un Hogar con internación total o parcial para las personas que deban realizarse estudios de alta complejidad y se encuentren alejadas de su domicilio real. Y contempla la necesidad de un acompañante en la internación.
Dictamen: omite lo contemplado en el proyecto original.
Proyecto original: El Ministerio de Salud gestionará ante los organismos pertinentes un Programa de Alimentación para que las personas trasplantadas tengan acceso a la dieta requerida por el trasplante.
Dictamen: Nada menciona sobre esto.
Proyecto original: Los pases gratuitos para trasplantados, serán para uso en medios de transporte de pasajeros urbanos, y/o interurbanos de corta, media y larga distancia, como así también para su acompañante.
Dictamen: Sólo menciona cualquier medio de transporte, sin especificar la distancia de cobertura. Y en cuanto al acompañante, será para niños, adolescentes o mayores ajustados a la reglamentación.
Proyecto original: El Ministerio de Salud, conjuntamente con el ANSES, otorgará una pensión de carácter vitalicio, por un monto mensual equivalente a dos pensiones mínimas para los trasplantados que estén fuera del mercado laboral y no cuenten con ningún beneficio previsional o de reparticiones públicas nacionales, provinciales y/o municipales. Y las personas que no cuenten con cobertura médica alguna, tendrán garantizada su afiliación al PAMI.
Sobre el particular, existe actualmente la cobertura, por ley, que debe dar el Estado Nacional a través del PMO (Programa Médico Obligatorio). Dictamen: Sólo habla de una asignación mensual equivalente a una jubilación mínima.
Proyecto original: El Ministerio de Educación de la Nación establecerá un régimen de ingreso por medio de Becas a los establecimientos educacionales de nivel terciario y universitario, para permitir la incorporación de las personas trasplantadas.
Dictamen: No contempla la posibilidad precedente.
El proyecto original fue firmado por las senadoras: Sonia Escudero; Graciela di Perna; Hilda González de Duhalde.
Ahora bien, tanto el proyecto original cómo el dictamen producido por la Comisión de Salud y Deporte no contemplan para nada la situación del donante vivo. En la Argentina, una gran cantidad, dentro de los 18.000 trasplantes realizados, fueron concretados mediante donantes vivos relacionados. O sea hasta el cuarto grado de consanguineidad, según lo establece la Ley de Trasplante vigente. Y este dato no debería pasar inadvertido para los parlamentarios encargados de sancionar la ley, sobre todo para los donantes de riñón. A partir de producida la donación por parte del familiar, éste queda en condiciones de desamparo en cuanto a la posibilidad de tener que sortear la exigencia de un examen pre-ocupacional, o tener que ingresar a una empresa de medicina prepaga u obra social. Le alcanzan las mismas dificultades que padece un trasplantado.
NCN, consultó al respecto al senador José Cano y a la senadora Sonia Escudero. El primero argumentó que “No se quiso incluirlos porque, esto puede originar que se inserten los que lucran con la venta de órganos, lo que desvirtuaría el posible beneficio que puede otorgar la ley”. En el mismo sentido respondió la senadora salteña. Pero cuando se les repreguntó si con ese argumento, también habría que deshabilitar a todas las droguerías que proveen medicamentos, por el sólo hecho de que algunas se encuentran comprometidas en la causa judicial por venta de medicamentos ilegales. Ambos reflexionaron y prometieron “replantear el tema antes de llevar el proyecto al recinto”.
En España, por ejemplo, este tipo de donaciones está reglamentada desde 1979. A diferencia de Argentina, puede realizarse entre personas no emparentadas, pero debe cumplimentar una serie de requisitos legales y éticos, y contar con la colaboración de diferentes profesionales para garantizar una correcta protección del donante, además de evitar las prácticas no correctas, el comercio y el tráfico de órganos.
Los españoles justifican la realización de trasplantes con donantes vivos, ante la escasez de donantes cadavéricos para satisfacer la demanda de forma razonable.
NCN, también le preguntó a Walter Espinoza (Coordinador de Prensa del INCUCAI), quien participó de la discusión del proyecto en el Senado, sobre porque no se incluyó a los donantes vivos; a lo que respondió: “Porqué son donantes sin ninguna contraprestación obligatoria; lo hacen por razones sentimentales”.
La presente investigación de NCN expone, en su más cruda realidad, los elementos que se conjugan en los días previos al debate de la ansiada ley. Las distintas posturas de los responsables de lograr la media sanción, seguramente habrán considerado, con madurez y sentido común, las decisiones a tomar. Y si algo se hubiera llegado a omitir, como resulta del trajín propio de la construcción normativa, será bienvenido y gratificante la producción de un acto oportuno de reparació.
Texto del proyecto original
(S-3441/10)
ARTICULO 5º: La Autoridad de Aplicación, con el asesoramiento del INCUCAI realizará el abordaje, seguimiento, implementación y difusión de los alcances del Sistema creado por la presente Ley, con
intervención de los Consejos Asesores establecidos en el artículo 48° de la ley 24.193.
a) Auditar y evaluar el pleno y efectivo cumplimiento de lo establecido en la presente Ley.
b) Realizar los relevamientos necesarios, a través de la reunión, análisis y categorización de las situaciones de las personas trasplantadas, para la elaboración de un Registro Nacional, detallando todos los antecedentes relacionados con la afección que han padecido, determinando su naturaleza y posibilidades.
e) Establecer un Régimen de Subsidios para personas trasplantadas que se encuentren en situación de insolvencia económica para afrontar las consecuencias del trasplante.
f) Establecer un régimen diferenciado de Seguridad Social para aquellas personas trasplantadas que carezcan de Obra Social.
h) Fomentar, asistir o integrar equipos de estudios científicos que se relacionen con la problemática de las personas trasplantadas o donantes relacionados, tanto en el ámbito médico como en el social.
i) Proponer y presentar todas aquellas medidas adicionales a las ya establecidas dentro de la presente ley que tiendan fundamentalmente a mejorar la situación y la calidad de vida de las personas trasplantadas.
ARTICULO 7º: La Autoridad de Aplicación, con el asesoramiento del INCUCAI, implementará Planes de Acción a través de los cuales se habilitarán, en los hospitales de las respectivas jurisdicciones, de acuerdo a su grado de complejidad y al ámbito territorial a cubrir, servicios especiales destinados a cumplimentar la continuación de los
tratamientos vitales que deben realizar las personas trasplantadas en los lugares más cercanos a su domicilio real.
Artículo 12º: La Autoridad de Aplicación, con el asesoramiento del INCUCAI, gestionará ante los organismos pertinentes la creación de un Programa que garantice a las personas trasplantadas el acceso a una vivienda que revista las condiciones de habitabilidad adecuada. Para ello, gozarán de preferencia en los diferentes planes de vivienda
lanzados por la Nación y de la misma con las provincias en la adjudicación de las respectivas viviendas.- Será condición necesaria la acreditación de tal condición con la presentación -junto con las demás exigidas- del respectivo certificado de transplante.
ARTICULO 14º: Ser trasplantado o donante vivo comprendido en el art. 15 de la ley 24.193 no será causal de impedimento para el ingreso o continuidad de una relación laboral, tanto en el ámbito público, como en el privado. El desconocimiento de este derecho será considerado acto discriminatorio en los términos de la Ley Nº 23.592.
ARTICULO 15°: El empleador de personas transplantadas tendrá derecho al cómputo, a opción del contribuyente, de una deducción especial en el Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor agregado o Ganancia Mínima Presunta, equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) de las retribuciones que abonen a personas trasplantadas en cada período fiscal.
ARTICULO 16º: La Autoridad de Aplicación, con el asesoramiento del INCUCAI, tendrá la responsabilidad de promover conjuntamente con el Ministerio de Trabajo de la Nación, lo establecido en el artículo anterior a los efectos de incentivar el empleo de personas trasplantadas. Asimismo La Autoridad de Aplicación, a través del INCUCAI, tendrá la responsabilidad de promover conjuntamente con el Ministerio de Trabajo de la Nación, la creación de Talleres Protegidos de Producción y de emprendimientos que las personas trasplantadas puedan llevar a cabo a fin de reinsertarse laboralmente y mejorar su calidad de vida.
ARTICULO 19º: El presente capítulo será de aplicación a las personas establecidas en el artículo 15° de la ley 24.193.
ARTICULO 25º: El presente capítulo será de aplicación a las personas establecidas en el artículo 15° de la ley 24.193.
ARTICULO 28º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. –
Sonia Escudero.-Graciela A. di Perna. - Hilda B. González de Duhalde.-
El proyecto que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo dar protección legal a las personas trasplantadas, ya que del análisis de la legislación vigente en nuestro país, surge que, excepto la Ley de trasplante 24.193, no existe norma que contemple los derechos de los ciudadanos trasplantados.
La paradoja que se da, en base a la situación planteada precedentemente, es que si una persona rechaza el órgano injertado, ingresa al artículo 2° de la Ley de Discapacidad 22.431. Ahora bien,
si en el lapso en el que se inicia el trámite administrativo, se lo comienza a tratar con medicación y se revierte el rechazo del órgano injertado, automáticamente se produce su exclusión del artículo mencionado.
El mercado laboral, mercado limitado de por sí, está vedado a los ciudadanos trasplantados. En efecto, al ser trasplantado, la persona que está trabajando es amparada entre 3 y 12 meses, según su antigüedad y cargas de familia (Art. 208 Ley Contrato de Trabajo) a los efectos de cobrar su sueldo. Una vez vencido este plazo, por 12 meses, se le guarda el puesto de trabajo sin goce de sueldo, a la espera del alta médica. Trascurrido los plazos mencionados el contrato se resuelve sin indemnización alguna (Art. 211 LCT). En este punto es dable aclarar que el art. 211 de la ley 20.744 deviene de por sí en inconstitucional, ya que al no poder obtener la persona
trasplantada el alta médica en momento alguno, nunca puede desactivar la resolución del contrato de trabajo, el que deviene fatalmente inevitable.
La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad incorporado al derecho interno de nuestro país a través de la ley 26.378 de 2008, establece en su artículo 1° que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Se considera así a la discapacidad como el resultado de la interacción entre un ambiente inaccesible y una persona, más que un atributo inherente a un individuo.
Al ratificar nuestro país el referido Convenio, ha asumido el compromiso internacional de tratar a las personas con discapacidad no sólo como miembros de una minoría, sino como sujetos de derecho y a adaptar su legislación a las normas internacionales que estén estipuladas en el tratado.
Con la evolución del concepto de discapacidad, que va más allá del enfoque médico y avanza con un enfoque social, las personas trasplantadas quedarían enmarcadas en el concepto ya que se considera a la discapacidad como problema social creado y básicamente como cuestión de la integración completa de individuos en la sociedad.
Si bien, como ya mencioné precedentemente, las personas trasplantadas no se encuentran enmarcadas en nuestra Ley de Discapacidad, sus capacidades no son plenas por múltiples factores y en su relación con la sociedad se encuentran en desventaja con el normal de la gente. Por ello la necesidad de legislar en el sentido que se propone a través de la presente y para adaptar nuestra legislación a las normas internacionales a las cuales nos hemos obligado.
Vale decir que la deficiencia no causa la discapacidad, aquello que la persona pueda hacer, va a depender tanto o más de las barreras que la sociedad construya o legitime. La discapacidad no es una condición a curar, completar o reparar, es una construcción relacional entre la sociedad y un sujeto (individual o colectivo).
Este enfoque refleja asimismo la perspectiva social que sostiene la Organización Mundial de la Salud, que considera la discapacidad como una experiencia universal humana y no como una preocupación de una minoría: todo ser humano puede sufrir la pérdida de salud y experimentar alguna discapacidad.
Actualmente se encuentran registrados en el INCUCAI 18.100 personas trasplantadas (12.600 de órganos y 5.600 de tejidos).
Asimismo según fuentes del referido instituto, el 55% de las personas que han recibido un trasplante y se encuentran en edad de trabajar, no poseen empleo.
A modo de conclusión, cabe decir que luego del trasplante, el ciudadano beneficiado carece de cobertura legal, si bien tiene beneficios médicos, su inserción social es casi nula.
El ciudadano - trasplantado se convierte simplemente en un paciente trasplantado dependiente de la cobertura del Estado.