Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1999-00288-de-julio-29-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e95b607b798c0334e0430a0101510334&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-10 22:27:41
Document Index: 212906693

Matched Legal Cases: ['artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 90', 'artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 1614', 'artículo 115', 'artículo 37', 'artículo 390']

﻿ Sentencia 1999-00288 de julio 29 de 2013
SENTENCIA 1999-00288 DE 29 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES EN PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. EL DAÑO EMERGENTE NECESARIAMENTE DETERMINA QUE ALGÚN BIEN ECONÓMICO SALIÓ O SALDRÁ DEL PATRIMONIO DE LA VÍCTIMA COMO CONSECUENCIA PRINCIPALÍSIMA DEL HECHO DAÑOSO, ES DECIR, DEBE EXISTIR UNA RELACIÓN DIRECTA DE CAUSALIDAD ENTRE ESTE Y EL DETRIMENTO O DISMINUCIÓN PATRIMONIAL QUE SE ALEGA. EL LUCRO CESANTE CORRESPONDE A LA GANANCIA FRUSTRADA A TODO BIEN ECONÓMICO QUE, SI LOS ACONTECIMIENTOS HUBIERAN SEGUIDO SU CURSO NORMAL, HABRÍA INGRESADO O LO HARÍA EN EL FUTURO AL PATRIMONIO DE LA VÍCTIMA. LOS GASTOS DE MANUTENCIÓN COMO CRÉDITOS Y DEMÁS, SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN EL CONCEPTO DE LUCRO CESANTE Y NO SON UNA MODALIDAD INDEPENDIENTE. PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, SE DEBE UTILIZAR LA PROPORCIÓN VALOR–TIEMPO. PARA ELLO SE DEBERÁ ESTABLECER CUÁL ES EL VALOR, QUE EN PROMEDIO, SE CONCEDE AL MES DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, ATENDIENDO ÚNICAMENTE AL FACTOR TEMPORAL, SIN PERJUICIO DE QUE OTRAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES OBLIGUEN A RECONOCER UNA CIFRA MÁS ALTA, Y ATENDIENDO AL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL EN VIRTUD DEL TOPE INDEMNIZATORIO PARA EL PERJUICIO MORAL QUE ES DE 100 S.M.L.M.V.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, LUCRO CESANTE, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
Sentencia 1999-00288 de julio 29 de 2013
Rad.: 19001-23-31-000-1999-00288-01(21564)
Actor: Juan Carlos Liévano Fernández y otros
Por ser competente, procede la Sala a decidir en segunda instancia(1), el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo Sala de Descongestión, Sede Cali, el 27 de abril de 2001.
1. El señor Juan Carlos Liévano Fernández es: (i) hijo de Dora Fernández Benítez; (ii) hermano de Víctor Iván, María Patricia y Nancy Esther Liévano Fernández, así como de Alma Milena Liévano Sánchez (copia auténtica de registro civil de nacimiento y certificaciones expedidas por la Notaría Segunda del Circulo de Popayán - fls. 7, 8, 9, 10 y 11, c. 1); (iii) cónyuge de Yenny Arias Collazos (copia auténtica de registro civil de matrimonio expedida por la Notaría Primera del Circulo de Popayán - fl. 18, c. 1); (iv) compañero permanente de Clara Eugenia Valencia Rebolledo (declaraciones de José Wilson Alomia Riascos e Ignacio Jordán Martínez - fls. 12 y 14, c. pruebas), y (v) padre de Carlos Alfonso y Paola Andrea Liévano Arias, de Manuela y Juan Sebastián Liévano Valencia y de Angie Daniela Liévano Bohórquez (copias auténticas de registros civiles de nacimiento y certificaciones de las notarías Primera y Tercera del Circulo de Popayán - fls. 14, 15, 16 y 17, c 1 - fl. 415, cdno. ppal.).
2. El 8 de septiembre de 1995, el señor Juan Carlos Liévano Fernández se desempeñaba como administrador del establecimiento de comercio llamado “Discoteca Baco Norte” en la ciudad de Popayán, devengando en promedio un salario mensual de $ 1.000.000, (testimonios de Iván Ferney Ramos Pino y Mauricio Restrepo Vásquez, fls. 5-7, cdno. pruebas).
3. Para la referida fecha, el señor Liévano Fernández fue privado de su libertad como consecuencia de la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía Quinta Seccional de Popayán, dentro de la investigación adelantada con ocasión de la muerte del señor Raúl Cerón Sánchez, y recuperó su libertad el 1º de marzo de 1996 (copia auténtica resolución de acusación de 14 de agosto de 1996(2) - fl. 55, cdno. pruebas y constancia de retención expedida por el Inpec - fl. 416, cdno. ppal.).
4. Mediante sentencia del 25 de junio de 1997, Juan Carlos Liévano Fernández fue absuelto de responsabilidad penal por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Cali, en cuanto consideró que la conducta era atípica (copia auténtica de la sentencia de 25 de junio de 1997 - fls. 59-140, cdno. ppal.). Al respecto se lee en la mencionada providencia:
¿Por qué es atípica la conducta endilgada a los hermanos Víctor Iván y Juan Carlos Liévano Fernández…? Sencillamente porque ellos no ayudaron a eludir la acción de la justicia al autor del crimen aquí investigado, señor Juan Vicente Ordóñez Aragón. Éste, que obró en presencia del primero de los aquí nombrados únicamente, en las circunstancias como actúo, (sic) no podía ser retenido ni por el doctor Víctor Iván Liévano Fernández, que presenció cuando disparó contra el doctor Raúl Cerón Sánchez, ni por su hermano Juan Carlos que llegó después de los hechos al bar (…).
5. La sentencia del 25 de junio de 1997 fue apelada por la defensa del señor Juan Vicente Ordóñez Aragón, en tanto que lo condenó a veintiún años y ocho meses de prisión; dicho recurso fue desatado mediante sentencia del 17 de octubre siguiente, proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cali, la cual confirmó en su totalidad la decisión de primera instancia (copia auténtica de la sentencia del 17 de octubre de 1997 - fls. 144-163, cdno. pruebas).
10. Procede la Sala a determinar si en el presente caso se estructura la responsabilidad patrimonial de la parte demandada, como consecuencia de la privación de la libertad del señor Juan Carlos Liévano Fernández. Para tal efecto, deberá establecerse si la privación de la libertad del demandante, quien fue absuelto de toda responsabilidad por haberse establecido que su conducta era atípica, genera la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad derivado del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 o si, por el contrario, deben analizarse las actuaciones de la demandada, bajo la óptica de la falla del servicio.
Si hay lugar a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad derivado del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, será necesario estudiar: (i) si es procedente el reconocimiento de perjuicios morales para todos los integrantes del extremo activo de la litis, esto es, si se presume o no el dolor moral con sólo probar el parentesco, y (ii) si lo solicitado por concepto de daño emergente tiene vocación de prosperar.
1. En primer lugar, en lo relacionado con el régimen de responsabilidad aplicable al presente caso, el fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados por la privación injusta de la libertad, se encuentra fundado en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que prescribe:
2. En interpretación de dicho artículo, el criterio a aplicar en el sub examine, es el siguiente:
En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(3), con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.
En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél(4).
3. No obstante lo anterior, es preciso señalar que para el momento en el que quedó en firme la sentencia absolutoria —17 de octubre de 1997— ya había entrado en vigencia el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que establece que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”, circunstancia que en el sub lite no impide abordar la responsabilidad de la demandada con fundamento en el criterio expuesto. En efecto, al revisar el proyecto de dicha ley estatutaria, la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996(5), condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68, en estos términos:
4. Al respecto, la Sala ha considerado(6) que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquellos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, que son los eventos a los que se refiere el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, el cual no perdió vigor con la entrada en el mundo jurídico de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, pues ello tuvo lugar solo hasta el 24 de julio de 2001, al entrar a regir la Ley 600 de 2000 —Código de Procedimiento Penal—.
5. En síntesis, la responsabilidad patrimonial del Estado debe ser declarada en todos aquellos casos en los cuales se dicte sentencia penal absolutoria o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, con fundamento en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, cuando la decisión penal se profiera en vigencia de esa norma, esto es, cuando la sentencia penal o su equivalente se hubieran proferido durante el lapso comprendido entre el 30 de noviembre de 1991 —cuando aquel fue expedido— y el 24 de julio de 2001 —cuando entró en vigor la Ley 600 de 2000—, porque solo desde la decisión definitiva debe entenderse consolidado el daño antijurídico.
6. Clarificado lo anterior, el caso bajo estudio implica una responsabilidad de carácter objetivo, en la que no es necesaria la demostración de que la autoridad judicial incurrió en un error. Al damnificado le basta con demostrar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que dicho proceso culminó con decisión favorable a su inocencia, así como el daño surgido de la situación de la detención, para que con esa demostración surja a cargo de la administración la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos.
7. En consecuencia, se considera que, de acuerdo con el criterio expuesto, al presente caso le es aplicable el régimen objetivo de responsabilidad señalado y bajo esa óptica, deberán analizarse los presupuestos para que pueda declararse responsabilidad en contra de la demandada en el sub lite.
8. En el caso concreto, se evidenció que el señor Juan Carlos Liévano Sánchez estuvo privado de la libertad, recluido en la Cárcel Judicial de Popayán (Cauca), a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, resultó probado que la conducta endilgada al demandante era atípica, razón por la cual la presunción de inocencia del procesado quedó incólume y así fue reconocido por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Cali en el fallo de primera instancia —confirmado en su totalidad por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali—, en el cual fue absuelto de toda responsabilidad penal por el delito de encubrimiento; es decir, del contenido de dicha decisión emerge la antijuridicidad de la privación de la libertad que sufrió el demandante, en tanto es claro que su conducta no era constitutiva de hecho punible.
9. Ahora bien, la Nación - rama judicial - Fiscalía General de la Nación adujo que no le era imputable el daño, en tanto simplemente se limitó a cumplir con sus deberes constitucional y legalmente previstos en la materia. Al respecto, si bien está demostrado que la investigación penal por la presunta comisión del ilícito de encubrimiento, que se adelantó en contra del demandante, tuvo origen en que el homicidio del señor Raúl Cerón Sánchez se llevó a cabo en un establecimiento de comercio que estaba bajo la administración de Juan Carlos Liévano Fernández, y que es deber constitucional del Estado investigar los delitos y lograr la comparecencia de los sindicados al proceso, también lo es que la privación de la libertad legalmente impuesta puede resultar, sin embargo, injusta cuando al final del proceso se demuestre que el procesado no tenía el deber jurídico de soportar esa grave restricción de sus derechos, porque, finalmente, en el proceso quedó incólume su carencia de responsabilidad, tal como en su momento lo reconoció el legislador extraordinario al consagrar en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 las causales objetivas de responsabilidad en estos asuntos.
10. También cabe agregar que la única causal de exoneración de responsabilidad del Estado, en los términos de la norma referida lo era la culpa exclusiva de la víctima(7); en el caso concreto no se demostró ni siquiera lo insinuó la parte demandada, que la conducta procesal del sindicado hubiera dado lugar a la imposición de la detención que sufrió.
11. Las anteriores consideraciones son suficientes para encontrar acreditada la responsabilidad de la parte demandada, y dado que la privación de la libertad tuvo lugar y se prolongó por el periodo de tiempo en el que se encontraba a disposición de la Fiscalía Quinta Seccional de Popayán, la Nación pagará la condena que se le imponga con cargo al presupuesto de la Fiscalía General de la Nación.
12. Ahora bien, de conformidad con los hechos probados, se tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, es decir, está debidamente acreditado que el señor Liévano Fernández estuvo privado de su libertad, a órdenes de la Fiscalía Quinta Seccional de Popayán, desde el 8 de septiembre de 1995 hasta el 1º de marzo de 1996, dentro de la investigación adelantada por la presunta comisión del delito de encubrimiento —en la que posteriormente resultó absuelto—, esto es, durante un lapso de 5 meses y 22 días.
13. Aprecia la Sala que por la privación de la libertad del señor Juan Carlos Liévano Fernández, está demostrada la configuración de un perjuicio en cabeza de Dora Fernández Benítez, toda vez que ella es la madre de quien estuvo detenido; así mismo en la persona de Víctor Iván, María Patricia y Nancy Esther Liévano Fernández, así como de Alma Milena Liévano Sánchez, quienes son sus hermanos; de Yenny Arias Collazos, quien es su cónyuge; de Carlos Alfonso y Paola Andrea Liévano Arias, de Manuela y Juan Sebastián Liévano Valencia y de Angie Daniela Liévano Bohórquez, quienes son sus hijos. En efecto, conforme a las reglas de la experiencia, dichas relaciones de parentesco permiten inferir el sentimiento de pena por ellos padecido debido a la detención de su ser querido. Al respecto, es preciso manifestar que para el reconocimiento del daño moral, la parte demandante tiene el deber mínimo de probar su existencia (CPC, art. 177) y que la prueba de parentesco con la víctima directa constituye un indicio para derivar la afectación moral(8). De otro lado, la prueba testimonial recepcionada por el a quo también da cuenta de los perjuicios morales padecidos por los demandantes, lo que permite tener por cierto el daño alegado en la demanda.
14. En cuanto a la señora Clara Eugenia Valencia Rebolledo, quien se presentó al proceso alegando vínculos de afecto que la unen con Juan Carlos Liévano Fernández con quien convive en unión libre, obra prueba testimonial que da cuenta de ello; además reposan las respectivas certificaciones que acreditan que de esa unión son hijos Manuela y Juan Sebastián Liévano Valencia. Dicha situación permite inferir que con ocasión de la privación injusta de la libertad del señor Liévano Fernández, la señora Clara Eugenia Valencia Rebolledo resultó moralmente afectada (declaraciones de José Wilson Alomia Riascos e Ignacio Jordán Martínez - fls. 12 y 14, cdno. pruebas).
15. Respecto de la señora Yolanda Liévano Sánchez, quien otorgó poder para ser representada dentro del proceso, se advierte que no acreditó parentesco alguno con la víctima, esto es, no allegó el respectivo registro civil de nacimiento, así como tampoco probó su condición de damnificada, por tal razón la Sala no encuentra demostrado el perjuicio moral alegado y, en consecuencia, denegará las pretensiones relacionadas con la antes mencionada(9).
16. Ahora bien, en cuanto a la solicitud esgrimida en el recurso de alzada propuesto por la parte actora, en el sentido de que se adicione la sentencia de primera instancia en lo que tiene que ver con el reconocimiento de perjuicios materiales, de tal manera que no solo se repare el lucro cesante sino también lo que considera originó en el señor Juan Carlos Liévano Fernández un daño emergente, por cuanto este tuvo que acudir a créditos para solventar los gastos de manutención de su familia, advierte la Sala que esta pretensión debe ser despachada desfavorablemente por las razones que pasan a exponerse.
16.1. La jurisprudencia de esta corporación ha reconocido los perjuicios materiales en dos modalidades, a saber: (i) daño emergente y (ii) lucro cesante; lo que supone que ambas modalidades refieren a situaciones distintas, cuyas nociones se hallan consagradas en el artículo 1614 del Código Civil, a cuyo tenor:
(i) En ese orden de ideas, el daño emergente corresponde a una pérdida patrimonial sufrida con la consiguiente necesidad —para el afectado— de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha perdido. El daño emergente necesariamente determina que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima como consecuencia principalísima del hecho dañoso, es decir, debe existir una relación directa de causalidad entre este y el detrimento o disminución patrimonial que se alega.
(ii) Por su parte, el lucro cesante corresponde a la ganancia frustrada a todo bien económico que, si los acontecimientos hubieran seguido su curso normal, habría ingresado o lo haría en el futuro al patrimonio de la víctima. Sin embargo, vale señalar que este perjuicio corresponde a una consecuencia accesoria del hecho dañoso, por cuanto no es causada de manera directa con su ocurrencia sino que está sujeta a la condición de que se afecte la percepción de un ingreso, lo cual puede que ocurra en algunos casos, sin que ello implique que pueda predicarse categóricamente como una consecuencia necesaria.
16.2. Aclarado lo anterior, y puesto que la sentencia apelada reconoció al señor Juan Carlos Liévano Fernández una suma por concepto de lucro cesante correspondiente a los ingresos mensuales dejados de percibir con ocasión de la privación de la libertad a la que fue sometido, y a que los gastos de manutención de su familia no son una consecuencia directa del hecho dañoso —privación de la libertad—, sino que se trata de egresos que normalmente debía asumir el privado de la libertad, concluye la Sala que los presuntos créditos —que además no fueron demostrados en el proceso— a los que acudió el demandante para solventar dichos gastos, encuentran amparada su reparación en el reconocimiento indemnizatorio por concepto de lucro cesante, sin que se refieran a situaciones o perjuicios diferentes, como lo pretende el demandante.
VII.1. Perjuicios morales
Conforme a las consideraciones efectuadas en esta providencia en relación con la acreditación del dolor moral padecido por los actores con ocasión de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido Juan Carlos Liévano Fernández por el término de 5 meses y 22 días —ver supra párr. 12.—, se procederá a su reconocimiento en los términos de la sentencia de septiembre 6 de 2001, expedientes 13232 y 15646, en la cual se fijó tal indemnización en cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, en los eventos de mayor intensidad del dolor, abandonando así el criterio de aplicación extensiva de las normas que sobre la materia se habían adoptado en el Código Penal, por considerarlo improcedente y para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo, que ordenan la reparación integral y equitativa del daño y la tasación de las condenas en moneda legal colombiana, respectivamente.
Conviene precisar, acerca de la cuantía del perjuicio, que si bien la jurisprudencia contenciosa administrativa ha señalado unos parámetros a tener en cuenta al momento de proferir la respectiva condena, estos no son absolutos y pueden variar —ser incrementados o disminuidos— según el caso concreto, en razón de la magnitud e implicaciones del daño padecido por los damnificados(10). En efecto, las pautas jurisprudenciales en la materia constituyen simplemente una guía, dada la inexistencia de una norma a seguir para la tasación de la indemnización y precisamente por ello, si las características del caso concreto lo ameritan, el juez se puede apartar de tales pautas y condenar incluso por montos superiores a los tradicionalmente empleados.
Por otra parte, para la determinación de la cuantía de la indemnización del perjuicio moral, la Sala se guiará por la proporción valor-tiempo, presente en su jurisprudencia más reciente. Para ello, deberá establecer cuál es el valor, que en promedio, se concede al mes de privación de la libertad, atendiendo únicamente al factor temporal, sin perjuicio de que otras circunstancias concurrentes obliguen a reconocer una cifra más alta, y atendiendo al precedente jurisprudencial en virtud del tope indemnizatorio para el perjuicio moral que es de 100 smlmv.
Ahora bien, en sus pronunciamientos esta Sala ha estimado en un promedio de 5.1 salarios mínimos legales mensuales vigentes(11) el valor correspondiente a los perjuicios morales por un mes de privación de la libertad, sin que, como ya se dijo, ello implique desatender a otros factores circunstanciales (condiciones personales, difusión de la noticia, etc.). Acogiendo el ponente este criterio jurisprudencial, y teniendo en cuenta que el demandante Juan Carlos Liévano Fernández estuvo privado de su libertad durante 5 meses y 22 días, la Sala condenará a la Nación - Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar la correspondiente indemnización, así: A favor de Juan Carlos Liévano Fernández la suma equivalente a 29 smlmv; para Dora Fernández de Liévano, Angie Daniela Liévano Bohórquez, Yenny Arias Collazos, Carlos Alfonso y Paola Liévano Fernández, Clara Valencia Rebolledo, Manuela y Juan Sebastián Liévano Valencia la suma equivalente a 14.5 smlmv, para cada uno, y para Alma Milena Liévano Sánchez, Víctor Iván, María Patricia y Nancy Esther Liévano Fernández la suma equivalente a 7.25 smlmv para cada uno.
VII.2. Lucro cesante
Según se indicó —ver supra párr. 9.2.—, en el proceso resultó acreditado que antes de ser privado de la libertad el señor Liévano Fernández ejercía una actividad económica lícita —administrador de un establecimiento de comercio—, que por el ejercicio de la misma devengaba un salario en promedio de $ 1.000.000, y que con ocasión de la detención sufrida entre el 8 de septiembre de 1995 hasta el 1º de marzo de 1996 no pudo seguir desarrollando dicha actividad lucrativa. Por tal razón, será reconocida la indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.
Adicionalmente al tiempo de privación de libertad señalado, se le reconocerá el periodo en que, según los datos oficiales, una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel. En efecto, la jurisprudencia de la Sala ha reconocido el tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, según la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, de acuerdo con la cual dicho periodo equivale a 35 semanas (8.7 meses)(12).
En consecuencia, el periodo a indemnizar es igual a 14,4 meses, que se obtiene de sumar 5,7 meses de privación de la libertad, más 8.7 meses del tiempo que demoraría en reincorporarse a alguna actividad laboral.
Rh = Renta histórica, $1 000 000
Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 113,74 que es el correspondiente a junio de 2013, a falta del índice del mes de julio de 2013
Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 30,95 que es el que correspondió al mes de noviembre de 1995, mes en el cual ocurrió la detención.
MODIFICAR la sentencia proferida el 27 de abril de 2001 por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sala de Descongestión, Sede Cali, la cual quedará así:
1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación por los perjuicios ocasionados con la privación de la libertad de que fue víctima el señor Juan Carlos Liévano Fernández.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios morales:
a. Veintinueve (29) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Juan Carlos Liévano Fernández;
b. Catorce punto cinco (14.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de los siguientes demandantes: Dora Fernández de Liévano, Angie Daniela Liévano Bohórquez, Yenny Arias Collazos, Carlos Alfonso y Paola Liévano Fernández, Clara Valencia Rebolledo y Manuela y Juan Sebastián Liévano Valencia;
c. Siete punto veinticinco (7.25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de los siguientes demandantes: Alma Milena Liévano Sánchez, Víctor Iván, María Patricia y Nancy Esther Liévano Fernández.
3. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de Juan Carlos Liévano Fernández, la suma de cincuenta y cuatro millones seiscientos ochenta mil doscientos sesenta y tres pesos con cincuenta y un centavos ($ 54 680 263,51).
5. La Nación - Fiscalía General de la Nación dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
6. Para el cumplimiento de esta sentencia expedir copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
7. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.
(1) La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.
(2) “Las determinaciones aquí se han tomado respecto de los procesados Víctor Iván Liévano y Juan Carlos Liévano Fernández, implica que hay lugar a ordenar la revocatoria que por el ilícito del Homicidios (sic) pesa en su contra, manteniéndola por razón del delito del encubrimiento por favorecimiento, modificándola en el sentido que la medida de aseguramiento a imponer es la de la conminación, de conformidad con lo establecido, en el artículo 390 del Código de Procedimiento Penal (…)”.
(3) [18] A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no solo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto estas son decisiones equivalentes a aquella para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, expedientes 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, Expediente 13.449.
(4) Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, Expediente 20942, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(6) Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, Expediente 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(7) Establecía dicha norma: “Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de septiembre 15 de 1994, Expediente 9391, C.P. Julio César Uribe Acosta y de septiembre 25 de 1995, Expediente 10056, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.
(8) La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado de mayo 12 de 2011, Expediente 18902, C.P. Danilo Rojas Betancourth, señaló: “… la Sala tiene establecido que si se acredita el nexo de parentesco entre dos personas, también es posible inferir el perjuicio padecido indirectamente por una persona, debido al daño irrogado a un ser querido como víctima directa del actuar lesivo de la administración. Así las cosas, aun cuando en el expediente no existe prueba alguna que demuestre el daño moral padecido por el señor Juan Alberto Caicedo, la Sala reconocerá una indemnización por concepto de dicho perjuicio, en la medida en que se infiere el daño sufrido por el demandante con ocasión de la privación de su libertad. Por la misma vía se reconocerán perjuicios morales a favor de la señora (…) pues, aunque tampoco se demostró el daño moral por esta padecido por la privación de la libertad del señor Juan Alberto Caicedo, sí quedó acreditado su parentesco con este, razón por la cual la Sala infiere el perjuicio que sufrió la mencionada señora con ocasión de la detención de su cónyuge”.
(9) Mediante providencia del 2 de febrero de 2012 esta Sala ofició a la parte actora para que allegara copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Yolanda Liévano Sánchez, sin que dicho requerimiento fuese atendido.
(10) Con relación al arbitrio judice en materia de la cuantía de los perjuicios morales, ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de febrero 13 de 2003, Expediente 12654, C.P. Alier Hernández y junio 24 de 2004, Expediente 14950, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
(11) En sentencia 11 de noviembre de 2009, Radicación 08001-23-31-000-1990-06095-01 (15485), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, los perjuicios morales por 9,5 meses de prisión se fijaron en 50 smlmv (5,2 smlmv por mes); en sentencia 25000-23-26-000-1996-02709-01 (18626) del 31 de enero de dos mil once 2011, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, se ordenó pagar una indemnización de 50 smlmv por la privación de la libertad durante 12 meses (4,1 smlmv por mes); luego en sentencia de 12 de mayo de 2011, Radicado 25000-23-26-000-1998-01785-01 (18902), C.P. Danilo Rojas Betancourth, se reconoció una indemnización de 50 smlmv a una persona que fue privada de la libertad durante 11 meses (6,1 smlv por mes).
(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia de 9 de julio de 2010, Expediente 19.312, C.P. Enrique Gil Botero.