Source: https://www.scribd.com/document/149760265/2-Gaceta-Corte-Constitucional-No-2-Art-168-y-178-apelacion-LOTTTSV-ano-2013
Timestamp: 2018-10-19 16:06:54
Document Index: 251197407

Matched Legal Cases: ['artículo 237', 'artículo 239', 'artículo 178', 'artículo 145', 'artículo 178', 'artículo 237', 'artículo 428', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 142', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 88', 'artículo 76', 'artículo 142', 'artículo 178', 'artículo 76', 'artículo 178', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 178', 'artículo 76', 'artículo 145', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 142', 'artículo 178', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 178', 'artículo 139', 'artículo 76', 'artículo 178', 'artículo 145', 'artículo 145', 'artículo 178', 'artículo 145', 'artículo 141', 'artículo 428', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 178', 'Artículo 178', 'artículo 76', 'artículo 178', 'Artículo 168', 'artículo 403', 'artículo 168', 'artículo 168', 'artículo 82', 'artículo 76', 'artículo 178', 'artículo 168', 'artículo 168', 'artículo 81', 'artículo 428', 'artículo 428', 'artículo 237', 'artículo 428', 'Artículo 428', 'artículo 142', 'artículo 4', 'artículo 142', 'artículo 168', 'artículo 237', 'artículo 178', 'artículo 168', 'artículo 168', 'artículo 168', 'Artículo 106', 'artículo 178', 'artículo 178', 'Artículo 168', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 168', 'artículo 168', 'Artículo 14', 'Artículo 8', 'artículo 76', 'artículo 178', 'artículo 76', 'Artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 178', 'artículo 143', 'artículo 168', 'artículo 76', 'artículo 239', 'artículo 76', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 239', 'artículo 178', 'artículo 168']

2. Gaceta_Corte_Constitucional_No._2- Art. 168 y 178 apelacion LOTTTSV-año 2013
2. Gaceta_Corte_Constitucional_No._2- Art. 168 y 1...
Quito, Martes 19 de Marzo del 2013
ING. HUGO ENRIQUE DEL POZO BARREZUETA DIRECTOR Quito: Avenida 12 de Octubre N 16-90 y Pasaje Nicolás Jiménez Dirección: Telf. 2901 - 629 -- Oficinas centrales y ventas: Telf. 2234 - 540 Distribución (Almacén): 2430 - 110 -- Mañosca Nº 201 y Av. 10 de Agosto Sucursal Guayaquil: Malecón Nº 1606 y Av. 10 de Agosto - Telf. 2527 - 107 Suscripción anual: US$ 400 + IVA para la ciudad de Quito US$ 450 + IVA para el resto del país -- Impreso en Editora Nacional 400 ejemplares 20 páginas -Valor US$ 1.25 + IVA Al servicio del país desde el 1º de julio de 1895
GACETA CONSTITUCIONAL Nº 002
SENTENCIA N.º 008-13-SCN-CC CASOS N.º 0033-09-CN, 0012-10-CN, 0026-10-CN, 0029-10-CN, 0033-11-CN, 0040-11-CN, 0043-11-CN, 0052-11-CN, 0016-12-CN, 0344-12-CN, 0579-12CN, 0598-12-CN, 0622-12-CN, 0623-12-CN y 0624-12-CN ACUMULADOS
Gaceta Constitucional No. 2 - Registro Oficial - Martes 19 de Marzo del 2013
el expediente del caso signado con el N.º 0033-11CN, mismo que está acumulado al caso N.º 0033-11CN, al Dr. Fabián Marcelo Jaramillo Villa, juez ponente. Con providencia del 21 de enero de 2013, el Dr. Fabián Marcelo Jaramillo Villa, juez ponente, avoca conocimiento de la causa y determina su competencia para efectos del control concreto de constitucionalidad, el cual permite garantizar la constitucionalidad de la aplicación de las disposiciones jurídicas dentro de los procesos judiciales. Casos que producen constitucionalidad la consulta de
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR I. ANTECEDENTES Resumen de admisibilidad Dentro de la presente causa se han presentado varias consultas respecto de la constitucionalidad de los artículos 168 y 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, reformada mediante Ley s/n, publicada en el Registro Oficial Suplemento N.º 415 del 29 de marzo de 2011 y del artículo 237 numeral 9 (anterior artículo 239 numeral 9) del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publicado en el Registro Oficial Suplemento N.º 731 del 25 de junio de 2012. Por existir identidad de objeto y acción, certificada por la Secretaría General de la Corte, se dispuso la acumulación de las causas a fin de que esta Corte Constitucional resuelva en conjunto las consultas formuladas. El 06 de noviembre de 2012 se posesionan ante el Pleno de la Asamblea Nacional, los señores jueces de la Primera Corte Constitucional, integrada conforme lo dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República. En virtud del sorteo de causas realizado por el Pleno de la Corte Constitucional, en sesión extraordinaria del 29 de noviembre de 2012, conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Octava de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, le correspondió al Dr. Fabián Marcelo Jaramillo Villa actuar como juez ponente en los casos signados con los N.º 0033-09-CN, 0012-10-CN, 0026-10-CN, 0029-10-CN, 0040-11-CN, 0043-11CN, 0052-11-CN, 0344-12-CN, 0579-12-CN, 059812-CN, 0622-12-CN, 0623-12-CN y 0624-12-CN. Con memorando N.º 005-CCE-SG-SUS-2012 del 4 de diciembre de 2012, el Dr. Jaime Pozo Chamorro, secretario general de la Corte Constitucional, remite el expediente de los casos citados anteriormente al Dr. Fabián Marcelo Jaramillo Villa, para que actúe como juez ponente. Con oficio N.º 0015-2012-CCE-AEGM del 21 de diciembre de 2012, el Abg. Ángel Guala Mayorga, actuario del despacho de la jueza constitucional, Dra. María del Carmen Maldonado, remite el expediente del caso signado con el N.º 0016-01-CN, al Dr. Fabián Marcelo Jaramillo Villa, juez ponente de la causa, en virtud de que el proceso debe ser acumulado al caso N.º 0033-09-CN. Mediante memorando N.º 013-CCE-SG-SUS-2012 del 4 de enero de 2013, el Dr. Jaime Pozo Chamorro, secretario general de la Corte Constitucional, remite
La presente consulta de constitucionalidad de norma se formula dentro de las causas de tránsito signadas con los números 0033-09-CN, 0012-10-CN, 0026-10CN, 0029-10-CN, 0033-11-CN, 0040-11-CN, 004311-CN, 0052-11-CN, 0016-12-CN, 0344-12-CN, 0579-12-CN, 0598-12-CN, 0622-12-CN, 0623-12CN y 0624-12-CN, a solicitud de los señores Dr. Edgar Ávila Enderica, secretario relator de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, por disposición de los doctores Eduardo Maldonado, Ariesto Reinoso H. y Vicente Vallejo, jueces de la Segunda Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, Abg. Jorge Landivar Méndez, juez Segundo de Garantías Penales y de Tránsito de El Oro, Dr. Luis Antonio Ortega Sacoto, juez primero de Garantías Penales y de Tránsito del Cañar, Dr. Nelson Peñafiel Contreras, juez segundo de Garantías Penales y de Tránsito de Azogues (Cañar), Abg. Violeta Aguilar Jara, secretaria del Juzgado Primero de Garantías Penales y de Tránsito de El Oro, por disposición del Dr. Rómulo Espinoza Caicedo, juez primero de Garantías Penales y de Tránsito de El Oro, Dr. Ramiro Loayza Ortega, juez primero adjunto de Garantías Penales y de Tránsito de El Oro, Dr. Christian Polo Cacao, juez temporal primero de Garantías Penales y de Tránsito de El Oro, Dra. Lorgia Aguilar Ruiz, jueza temporal primero de Garantías Penales y de Tránsito de El Oro, Dr. Vicente Robalino Villafuerte, juez nacional de la Sala Especializada de lo Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia y Dr. Carlos Calderón Arrieta, juez segundo de Garantías Penales y de Tránsito de Riobamba (Chimborazo). Caso N.º 0033-09-CN El 24 de septiembre de 2009, el doctor Edgar Ávila Enderica, secretario relator de la Segunda Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, envía a la Corte Constitucional, para el periodo de transición, la consulta dispuesta en
iniciado en contra del señor Nelson Patricio León Lozano. Tránsito y Seguridad Vial.º 0033-09-CN. iniciado en contra del señor Mateo Agustín Jara Alvarado. el Dr. Con certificación del 04 de mayo de 2010. Amparado en lo dispuesto en los artículos 76 numeral 7 literal m y 86 numeral 3 inciso final de la Constitución de la República (sic). El juez. el Dr. por conducir un vehículo en estado de embriaguez. recayendo su conocimiento en la Segunda Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay.º 415 del 29 de marzo de 2011.º 415 del 29 de marzo de 2011. dentro del juicio por contravención de tránsito muy grave N. publicada en el Registro Oficial Suplemento N. Nelson Peñafiel Contreras. juez segundo de Garantías Penales de Tránsito de Azogues. Caso N. solicita a la Corte Constitucional. Luis Antonio Ortega Sacoto. previo a resolver el recurso planteado. eleva a consulta a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Jorge Landivar Méndez. Tránsito y Seguridad Vial. el Dr. provincia de Cañar. iniciado en contra del señor Marlon Hitler Ayovi Ordinola. solicita a la Corte Constitucional. el Dr. toda vez que en el día y hora señalados para la audiencia de juzgamiento. 2 . iniciada en contra del señor Jorge Oswaldo Guillén Idrovo. Arturo Larrea Jijón. secretario general de la Corte . El procesado.º 0033-09-CN y 001210-CN. Con certificación del 02 de marzo de 2010. reformada mediante Ley s/n publicada en el Registro Oficial Suplemento N. razón por lo cual el juez consulta a la Corte sobre la pertinencia de dictar sentencia en ausencia del presunto contraventor. remite en consulta a la Corte Constitucional la causa N.Gaceta Constitucional No. se le condena al pago de una multa equivalente al cien por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en general. juez segundo de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. para el periodo de transición.º 032522010-0058. En sentencia dictada por el juez temporal segundo de Garantías Penales y de Tránsito del Azuay el 06 de septiembre de 2009.º 522-09.Martes 19 de Marzo del 2013 -auto del 21 de septiembre de 2009. para el periodo de transición.º 0012-10-CN tiene relación con el caso signado con el N. el presunto contraventor no se presenta. se declara al procesado culpable de la infracción de tránsito por haber adecuado su conducta a lo previsto en el artículo 145 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. el procesado apela 3 la sentencia dictada. En sentencia dictada por el señor juez suplente del Juzgado Segundo de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. indica que en referencia a la acción N. juez primero de Garantías Penales de Tránsito del Cañar. Marcia Ramos Benalcázar. la pérdida de diez puntos en la licencia de conducir y multa de doscientos dieciocho dólares. se establece que en el día y hora señalados para la audiencia de juzgamiento el indiciado no se presenta.º 2010-0119. se pronuncie sobre la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. reformada mediante Ley s/n. Arturo Larrea Jijón.º 071-2009. el Dr. el Abg. por los jueces que conforman la Sala. por encontrarse en desacuerdo con la sanción impuesta. el 07 de diciembre de 2009. la que previo a resolver el recurso. a la suma de doscientos dieciocho dólares.º 0026-10-CN El 04 de mayo de 2010. Dentro del juicio por contravención leve de segunda clase N. dentro del juicio por contravención de tránsito N. Tránsito y Seguridad Vial. recurre la sentencia ante el superior. indica que la acción N. Con certificación del 24 de septiembre de 2009. Tránsito y Seguridad Vial. Tránsito y Seguridad Vial y el articulo 239 numeral 9 (actual artículo 237 numeral 9) del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. la Dra. Tránsito y Seguridad Vial. secretario general de la Corte Constitucional.º 0012-10-CN El 02 de marzo de 2010. siendo en consecuencia la primera acción ingresada relativa a la materia de la presente sentencia. secretaria general de la Corte Constitucional (e). suspende la tramitación de la causa y al amparo de lo dispuesto en el artículo 428 de la Carta Magna. esto es.Registro Oficial . indica que la acción N. Caso N.º 0029-10-CN El 11 de mayo de 2010. tres días de prisión y la reducción de diez puntos de su licencia de conducir. se establece que no se ha presentado otra causa con identidad de objeto y acción. Caso N. determine si es procedente dictar sentencia en ausencia del presunto contraventor. Arturo Larrea Jijón. conforme lo previsto en el artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre.º 0033-09-CN.º 0026-10-CN tiene relación con los casos N. secretario general de la Corte Constitucional. Con certificación del 11 de mayo de 2010. se impone al indiciado una pena de tres días de prisión. decide suspender la tramitación de la causa y consultar a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre.
El procesado apela la resolución dictada. equivalente al treinta por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de seis puntos de su licencia de conducir. Tránsito y Seguridad Vial. equivalente al treinta por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de seis puntos de su licencia de conducir.4 -- Gaceta Constitucional No. 0026-10-CN y 0029-10-CN.Registro Oficial . solicita a la Corte Constitucional que resuelva sobre la constitucionalidad del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial. prevista y sancionada en el literal a del artículo 142 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre.º 0033-09-CN. iniciado en contra del señor Carlos Eduardo Cueva Ríos. por lo que se le condena al pago de USD$ 79. indica que la acción N. Jaime Pozo Chamorro. secretario general (e) de la Corte Constitucional. el Dr. Rómulo Espinoza Caicedo. el juez resuelve suspender la tramitación de la causa y consultar a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Con certificación del 10 de agosto de 2011. Tránsito y Seguridad Vial.º 937-2011.º 036-2011. frente a la insistencia del procesado. por el juez adjunto primero de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. juez primero adjunto de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. secretaria del Juzgado Primero de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. se sanciona al señor Carlos Eduardo Cueva Ríos al pago de dos remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. 0029-10-CN.º 0029-10-CN tiene relación con los casos N. 0012-10-CN. Tránsito y Seguridad Vial. Ramiro Loayza Ortega.º 0033-09-CN. Obra del expediente que en sentencia dictada el 01 de junio de 2011. motivo por el cual. en cumplimiento de lo dispuesto por el Dr. iniciada en contra del señor Juan Rogelio Prado Rocano. la Dra. solicita a la Corte Constitucional que resuelva sobre la constitucionalidad del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. dentro de la contravención grave de primera clase N. el señor Carlos Julio Polo Cacao es considerado sujeto activo del cometimiento de la contravención grave de primera clase. Tránsito y Seguridad Vial.CN y 0043-11CN. Marcia Ramos Benalcázar. 0026-10-CN. solicita a la Corte Constitucional que resuelva sobre la constitucionalidad de norma que se halla contenida en el artículo 88 de la Ley Orgánica Reformatoria de Transporte Terrestre. Caso N. por el juez adjunto primero de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. el Dr. iniciada en contra del señor Carlos Julio Polo Cacao. 001210-CN y 0026-10-CN. específicamente en la frase que dice “la sentencia dictada por el Juez o la resolución emitida por la autoridad competente no será susceptible de recurso alguno” por considerarla contraria al literal m numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República.º 940-2011.Martes 19 de Marzo del 2013 Consta en el proceso de instancia que en sentencia dictada el 29 de julio de 2011. Violeta Aguilar Jara. prevista y sancionada en el literal a del artículo 142 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. . el juez a quo decide suspender la sustanciación de la causa y consultar a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. juez primero adjunto de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. Ramiro Loayza Ortega. 2 . secretaria general de la Corte Constitucional. por el juez primero de Garantías Penales de Tránsito de El Oro.20 dólares de multa.º 0043-11-CN El 25 de agosto de 2011. indica que la acción N. específicamente en la frase que dice “la sentencia dictada por el Juez o la resolución emitida por la autoridad competente no será susceptible de recurso alguno” por considerarla contraria al literal m numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República.20 dólares de multa. (actual artículo 178 LOTTSV) dentro del juicio de contravenciones de tránsito muy grave N.º 003311-CN tiene relación con los casos N. Tránsito y Seguridad Vial. esto es.º 0040-11-CN El 10 de agosto de 2011. por lo que se le condena al pago de USD$ 79. Con certificación del 17 de enero de 2012.º 0033-09-CN. misma que es negada inicialmente por el juez de instancia. juez primero de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. Caso N. Caso N. 0040-11. dentro de la contravención grave de primera clase N. a la suma de quinientos veintiocho dólares de multa y la reducción de diez puntos de su licencia de conducir. Tránsito y Seguridad Vial. Obra del proceso de instancia que en sentencia dictada el 15 de agosto de 2011. Por encontrarse el procesado en desacuerdo con la sanción impuesta apela la resolución dictada.º 004011-CN tiene relación con los casos N. la Abg. el Dr. sin embargo. el señor Juan Rogelio Prado Rocano es considerado sujeto activo del cometimiento de la contravención grave de primera clase. Constitucional. indica que la acción N.º 0033-11-CN El 30 de junio de 2011.
Al amparo de lo previsto en el artículo 76 de la Constitución de la República. 0026-10-CN y 0029-10-CN.º 005211-CN tiene relación con los casos N. 0043-11-CN. equivalente al treinta por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de seis puntos de su licencia de conducir.º 977-2011. se declara al señor Marcelo Apolinario Parrales Cedillo culpable de la contravención juzgada y le impone una multa de dos remuneraciones básicas del trabajador en general. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución de la República. 0012-10CN. Con certificación del 25 de agosto de 2011. Jaime Pozo Chamorro. la Dra.º 0040-11-CN. 0029-10-CN. iniciada en contra del señor Edwin Pascual Moreno Barrezueta.º 0033-09-CN. secretario general (e) de la Corte Constitucional.Martes 19 de Marzo del 2013 -Por encontrarse en desacuerdo con la sanción impuesta. Christian Polo Cacao. por el juez temporal primero de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. Con certificación del 23 de enero de 2012. iniciada en contra del señor Marcelo Apolinario Parrales Cedillo. razón por la cual. secretaria general de la Corte Constitucional.º 0344-12-CN El 11 de junio de 2012. 0040-11-CN y 0043-11-CN. 0033-09-CN. juez temporal de Garantías Penales de Tránsito de El Oro.º 074-2011.º 415 del 29 de marzo de 2011. Lorgia Aguilar Ruiz.º 001612-CN tiene relación con los casos N.º 004311-CN tiene relación con el caso N. por considerarlo sujeto activo del cometimiento de la contravención grave de primera clase.00. esto es la suma de USD$ 528. indica que la acción N. el Dr. la pérdida de treinta puntos de su licencia de conducir y sesenta días de prisión. 0052-11-CN. 0026-10-CN. indica que la acción N. iniciado en contra del señor Jorge Arturo Crespo Rodríguez. juez primero adjunto de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. Tránsito y Seguridad Vial. por lo que se le condena al pago de USD$ 79. el procesado apela la sentencia.º 0016-12-CN 5 El 23 de enero de 2012. el Dr. Tránsito y Seguridad Vial. Tránsito y Seguridad Vial. Tránsito y Seguridad Vial. dentro de la contravención grave de tránsito N. en tal virtud. sin contar con el título habilitante correspondiente. el Dr. solicita a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. dentro de la contravención grave de primera clase N.º 0033-11-CN. el procesado apela la sentencia dictada. por conducir vehículo prestando servicio de transporte de pasajeros. indica que la acción N. Tránsito y Seguridad Vial. 2 . Jaime Pozo Chamorro.º 0246-2012.Gaceta Constitucional No. específicamente en la frase que dice “la sentencia dictada por el Juez o la resolución emitida por la autoridad competente no será susceptible de recurso alguno” por considerarla contraria al literal m numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República. Con certificación del 26 de octubre de 2011. el señor Edwin Pascual Moreno Barrezueta es considerado sujeto activo del cometimiento de la contravención grave de primera clase. prevista y sancionada en el artículo 145 numeral 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial. por tanto el juez resuelve suspender la tramitación de la causa y consultar a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre.20 de multa. solicita a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Marcia Ramos Benalcázar. Tránsito y Seguridad Vial. el juez resuelve suspender la tramitación de la causa y consultar a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. el juez suspende la tramitación de la causa y resuelve consultar a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. el procesado apela la sentencia dictada. específicamente la frase que dice “la sentencia dictada por el juez o la resolución emitida por la autoridad competente. 0012-10 CN. prevista y sancionada en el literal a del artículo 142 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. el Dr. Obra del expediente de instancia que en sentencia dictada el 04 de mayo de 2012. solicita a la Corte Constitucional que resuelva sobre la constitucionalidad del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre.Registro Oficial . 0040-11-CN. la Dra. Ramiro Loayza Ortega. reformada mediante Ley s/n publicada en el Registro Oficial Suplemento N. Consta en el expediente de instancia que en sentencia dictada el 26 de julio de 2011. por el juez primero adjunto de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. De la revisión del proceso se establece que en sentencia dictada el 29 de septiembre de 2011. Caso N. no será susceptible de recurso alguno”. Caso N. Tránsito y Seguridad Vial. dentro del juicio por contravención de tránsito muy grave N. secretario general (e) de la Corte Constitucional. jueza temporal del Juzgado Primero de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. por la jueza encargada . Caso N.º 0052-11-CN El 26 de octubre de 2011.
00 de multa. el doctor Vicente Tiberio Robalino Villafuerte. En la causa en cuestión se establece que en sentencia dictada el 16 de agosto de 2012. previo a solventar el recurso. en virtud de lo cual el expediente es remitido a conocimiento del superior. 0052-11-CN. el procesado apela la sentencia dictada. El sentenciado apela la sentencia dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 numeral 7 literal m de la Constitución de la República. por el juez primero adjunto de Garantías de Tránsito de El Oro. 0026-10-CN.º 0033-11-CN.00 de multa equivalente al 5% de la remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de uno punto cinco puntos de su licencia de conducir. y se le impone una sanción pecuniaria de USD$ 14. el procesado apela la sentencia dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 literal m de la Constitución de la República. en virtud de ello. el procesado es considerado sujeto activo del cometimiento de la contravención grave de primera clase. Tránsito y Seguridad Vial.º 0033-11-CN. correspondiéndole conocer la causa a la Sala Única de Morona Santiago. misma que en sentencia del 24 de noviembre de 2011. el juez a quo resuelve suspender la tramitación de la causa y consultar a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Inconforme con el fallo. indica que la acción N. se declara al señor Eduardo Felipe Osorio Marca culpable de la contravención juzgada. Jaime Pozo Chamorro. seguido en contra del señor Eduardo Felipe Osorio Marca.Martes 19 de Marzo del 2013 negativa del recurso. Tránsito y Seguridad Vial. del Juzgado Primero de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. Tránsito y Seguridad Vial. 0040-11-CN. Consta en el proceso de instancia que en sentencia dictada el 18 de septiembre de 2011. indica que la acción N. Tránsito y Seguridad Vial. 0012-10-CN. Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. solicita a la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de los artículos 168 y 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre.º 034412-CN tiene relación con los casos N. 0043-11-CN. sustanciar el recurso como juez ponente.º 0579-12-CN El 11 de septiembre de 2012.º 0598-12-CN El 12 de septiembre de 2012. el juez nacional resuelve consultar a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de los referidos artículos. 0012-10CN. Tránsito y Seguridad Vial. 0029-10-CN y 001612-CN. Con certificación del 11 de septiembre de 2012. Con certificación del 11 de junio de 2012. prevista y sancionada en el literal h del artículo 139 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. secretario general (e) de la Corte Constitucional. Por existir duda sobre el contenido de los artículos 168 y 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. iniciado por contravención de tránsito en contra del señor Sharupi Yu Emanuel Alcides.º 057912-CN tiene relación con los casos N. en tal virtud.60. dentro del juicio contravencional leve de primera clase N. 2 . 0026-10-CN.º 226-2012. 002910-CN y 0016-12-CN.º 0409-2012. Tránsito y Seguridad Vial. Caso N. el Dr. Caso N. el Dr. Ramiro Loayza Ortega. no obstante reforma el sentido de la conducta en ella atribuida.6 -- Gaceta Constitucional No. 0040-11-CN. el encausado interpone recurso de casación. el encausado interpone recurso de hecho. Tránsito y Seguridad Vial. el cual fue negado. Frente a la . dentro del proceso N. Por encontrarse en desacuerdo con la sanción impuesta. 0033-09-CN.Registro Oficial . Marcia Ramos Benalcázar. específicamente en la frase que dice “la sentencia dictada por el Juez o la resolución emitida por la autoridad competente no será susceptible de recurso alguno” por considerarla contraria al literal m numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República. 0052-11-CN. solicita a la Corte Constitucional que resuelva sobre la constitucionalidad del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. confirma la sentencia subida en grado. secretaria general de la Corte Constitucional. 0043-11-CN. por el juez temporal segundo de Garantías Penales de Tránsito de Morona Santiago. juez primero adjunto de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. equivalente a dos remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general y la pérdida de diez puntos en su licencia de conducir. prevista y sancionada en el artículo 145 literal f de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. la Dra. Tránsito y Seguridad Vial. por lo que se le condena al pago de USD$ 584. se sanciona al señor Sharupi Yu Emanuel Alcides conforme lo previsto en el artículo 145 literal f de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. correspondiéndole al doctor Vicente Tiberio Robalino Villafuerte. por considerarlo sujeto activo del cometimiento de la contravención grave de primera clase. 0033-09-CN. juez nacional de la Sala Especializada de lo Penal Militar. Por encontrarse en desacuerdo con la sanción impuesta. y se le condena al pago de una remuneración básica unificada del trabajador en general y tres días de prisión. el juez a quo resuelve suspender la tramitación de la causa y consultar a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. juez nacional de la Sala Especializada de lo Penal Militar. 0012-10CN.
º 059812-CN tiene relación con los casos N. por infringir el artículo 145 literal f de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. el señor Kléver Saúl Manotoa Totoy es declarado inocente de la contravención juzgada. 0012-10CN. específicamente en la parte que dice “la sentencia dictada por el juez o la resolución emitida por la autoridad competente no será susceptible de recurso alguno”. secretaria general de la Corte Constitucional. 0043-11-CN. 0598-12-CN y 062212-CN.Registro Oficial . el Dr. el Dr. la Dra.º 0622-12-CN El 05 de octubre de 2012. pedido . dentro del juicio contravencional de vehículo informal N. Con certificación del 05 de octubre de 2012. 0052-11-CN. juez segundo de Garantías Penales de Tránsito de Riobamba (Chimborazo). 004011-CN. Tránsito y Seguridad Vial. Consta en el expediente de instancia. secretario general (e) de la Corte Constitucional. indique “cuál es el Juez competente para conocer la causa en segunda instancia”. jueza temporal del Juzgado Primero de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. Con certificación del 05 de octubre de 2012.º 0624-12-CN El 05 de octubre de 2012. indica que la acción N.º 062212-CN tiene relación con los casos N. 0033-09-CN. 0029-10-CN. 0026-10-CN. presenta a la Corte Constitucional su consulta de control concreto de constitucionalidad dentro del expediente N. El procesado apela la sentencia dictada por encontrarse en desacuerdo con la misma. 0033-09-CN.º 2012-1577 iniciado en contra de Klever Saúl Manotoa Totoy y Cristhian Barba López (propietario del vehículo). Tránsito y Seguridad Vial. 001612-CN y 0579-12-CN. 0043-11-CN. Caso N. 0012-10-CN. se declara al señor Víctor Alonso Campoverde Rivera 7 culpable de la contravención leve de tercera clase prevista y sancionada por el literal l del artículo 141 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Marcia Ramos Benalcázar. por el juez segundo de Garantías Penales de Tránsito de Riobamba (Chimborazo). Tránsito Seguridad Vial. dentro del juicio contravencional 0323-2012. 0033-09-CN. Caso N. en aplicación del artículo 428 de la Constitución de la República. Lorgia Aguilar Ruiz. la Dra. Tránsito y Seguridad Vial. Obra del proceso de instancia que en sentencia dictada por el señor juez segundo de Tránsito de Riobamba (Chimborazo) el 07 de agosto de 2012. A la sentencia dictada se presenta recurso de apelación. Caso N. Marcia Ramos Benalcázar. 0016-12CN. en tal virtud. solicita a la Corte Constitucional que diga si "procede o no el recurso de apelación de todas las sentencias en las que se declara la culpabilidad o se confirma la inocencia.60 dólares. 001612-CN. la reducción de diez puntos de su licencia de conducir y la detención del vehículo por un mínimo de siete días. solicita a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Obra del proceso de instancia que en sentencia dictada el 14 de agosto de 2012. juez segundo de Garantías Penales de Tránsito de Riobamba (Chimborazo). Jaime Pozo Chamorro. por lo que el juez a quo resuelve suspender la ejecución de la sentencia y consultar a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. que en sentencia dictada el 09 de agosto de 2012. 0052-11-CN.º 0623-12-CN El 05 de octubre de 2012.Gaceta Constitucional No. Por encontrarse en desacuerdo con la sanción impuesta. 0052-11-CN. en atención a lo previsto en el articulo 178 inciso tercero de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre.º 0033-11-CN. 0579-12-CN y 0598-12-CN. 0040-11-CN. el Dr. 0029-10-CN. Tránsito y Seguridad Vial. 0026-10-CN. Tránsito y Seguridad Vial y se le condena al pago de una multa de USD$ 39. 0040-11-CN. 0026-10-CN. 0344-12-CN.º 0033-11-CN. indica que el caso N. y en caso de proceder el recurso de apelación. Carlos Calderón Arrieta. secretaria general de la Corte Constitucional. 0043-11-CN. iniciado en contra del señor Víctor Alonso Campoverde Rivera. el procesado solicita su aclaración. 0344-12-CN. se impone al señor Marco Antonio Salambay Tilinchano una multa de quinientos ochenta y cuatro dólares americanos. Carlos Calderón Arrieta. el juez a quo resuelve suspender la ejecución de la sentencia y consultar a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. indica que la acción N. equivalente al quince por ciento (15%) de la remuneración básica unificada del trabajador en general y perdida de cuatro punto cinco puntos de su licencia de conducir. 0579-12-CN.Martes 19 de Marzo del 2013 -Con certificación del 12 de septiembre de 2012. iniciado en contra del señor Marco Antonio Salambay Tilinchano. 0029-10-CN. 0012-10CN. 2 . por la jueza temporal primero de Garantías Penales de Tránsito de El Oro.º 0623-12CN tiene relación con los casos 0033-11-CN. dictadas por las juezas o jueces de tránsito en las contravenciones o únicamente de las sentencias que declaren la culpabilidad o confirman la inocencia en las que se imponen penas de prisión por delitos". la Dra.º 15812012. por estacionar vehículo en lugares no permitidos.
Cuando el fiscal se abstuviere de acusar al procesado. el procesado estuviere prófugo o no compareciere a la misma en más de dos ocasiones. Juzgado Segundo de Garantías Penales de Tránsito de Azogues (Cañar). Juzgado Primero de Garantías Penales de Tránsito del Cañar. 0598-12-CN. el juez de garantías penales ordenará se practique las diligencias que establece el Código de Procedimiento Penal. y el valor de las multas será cancelado en las oficinas de recaudaciones de los GADs. correspondiente a la infracción de tránsito. quien será convocado para esta audiencia. Argumentos de la consulta de constitucionalidad Los señores jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay. Si el dictamen fiscal fuere acusatorio el Juez de Tránsito. 0579-12CN. Tránsito y Seguridad Vial. que se instalará dentro de un plazo no menor de tres días ni mayor a diez días siguientes a su convocatoria. de los Juzgados Segundo de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. en caso de que el infractor impugnare el parte del agente de tránsito dentro del término de tres días. dentro del plazo diez días siguientes a la emisión de la boleta.Martes 19 de Marzo del 2013 Artículo 178. 0040-11-CN. por considerarla contraria al literal m numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República. dándole el tiempo necesario para que prepare la defensa correspondiente y se pueda garantizar los derechos del procesado. 0016-12-CN.. . vencido el cuál pronunciará sentencia aún en ausencia del infractor. Marcia Ramos Benalcázar. Esta audiencia se realizará con la presencia del defensor del procesado y de no comparecer éste. Juzgado Primero de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. secretaria general de la Corte Constitucional. en una sola audiencia oral. Normas cuya constitucionalidad se consulta Ley Orgánica de Transporte Terrestre. 0344-12-CN. La sentencia dictada por el juez o la resolución emitida por la autoridad competente no será susceptible de recurso alguno y obligatoriamente será notificada a los organismos de tránsito correspondiente de la jurisdicción. Las boletas de citación que no fueren impugnadas dentro del término de tres días se entenderán aceptadas voluntariamente por el infractor. 0043-11-CN. el Juez dispondrá el archivo de la causa de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal. 0033-11-CN. indicando que en los casos en concreto. si ratificare el dictamen del inferior. reformada mediante Ley s/n publicada en el Registro Oficial Suplemento N. Juzgado Primero Adjunto de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. puestos a su conocimiento y resolución. se requiere que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial.º 0033-11-CN. la Dra. 0029-10-CN. si éste revocare el dictamen del inferior. no necesitándose para el efecto. En caso de aceptación del infractor. Juzgado Temporal Primero de Garantías Penales de Tránsito de El Oro y del Juzgado Segundo de Garantías Penales de Tránsito de Riobamba (Chimborazo). el Juez podrá consultar al Ministro Fiscal Distrital. La acción del cobro de la multa prescribirá en el plazo de cinco años. indica que la acción N.. serán juzgadas por los jueces o por la autoridad competente determinada en la presente Ley. La aceptación voluntaria del cometimiento de la infracción no le exime de la pérdida de los puntos de la licencia de conducir.º 415 del 29 de marzo de 2011 Artículo 168.Registro Oficial . Con certificación del 05 de octubre de 2012. 005211-CN. 0026-10-CN.º 062412-CN tiene relación con los casos signados con los N. el juez concederá un término de tres días. Tránsito y Seguridad Vial. de los organismos de tránsito o en cualquiera de las instituciones financieras autorizadas para tales cobros. 0622-12-CN y 0623-12-CN. designará otro Fiscal para que intervenga en la etapa del juicio. Si al tiempo de convocarse la audiencia oral y pública de juzgamiento. dentro del plazo de diez días desde la fecha de su notificación. En lo demás y para el desarrollo de la audiencia oral y pública de juzgamiento se seguirá las normas del Código de Procedimiento Penal que fueren aplicables. el juez a quo decide suspender la ejecución de la sentencia y consultar a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de los artículos 168 y 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. que es negado por el juez. 2 . se la realizará con la presencia del defensor público. la boleta de citación constituye título de crédito para dichos cobros. por lo cual el procesado apela la sentencia y en virtud de ello. formulan su consulta de manera muy general. señalará día y hora para que tenga lugar la audiencia oral pública de juzgamiento. sentencia judicial.Las contravenciones.8 -- Gaceta Constitucional No. 0012-10-CN.
al prohibir cualquier recurso respecto de la sentencia que se dicte en un proceso de juzgamiento de contravenciones. en el caso No.Martes 19 de Marzo del 2013 -Por su parte. sin que por ello haya recurso alguno. contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables. lo que conlleva como se ha dicho en líneas anteriores a la obligación de los operadores de justicia. la declaratoria de contrariar la Constitución de la República realizada por la Corte Constitucional para el período de transición. en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa. sin embargo este principio no se agota en las meras formas ‘pues en muchos casos dichas formalidades y solemnidades podrían ser el mecanismo de perpetuación de una injusticia o un sinrazón jurídico’. como servidores públicos. En lo demás y para el desarrollo de la audiencia oral y pública de juzgamiento. así como de ejercitar los recursos que la ley otorga’. ya citado el principio de seguridad jurídica va de la mano con el principio de justicia. es querer dilatar la causa.La disposición que contiene el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal. 403 del Código de Procedimiento Penal. 0006-2006-DI. públicas y aplicadas por las autoridades competentes. y que es la certeza de contar con normas jurídicas previas. de garantizar que la aplicación de las normas no viole los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales (…). pueden ser aplicadas sanciones de privación de la libertad que. Sentencia 024-10SCN-CC. 4. publicada en el Registro Oficial No.. Tránsito y Seguridad Vial. .Registro Oficial . como elemento de este. de controvertir. juez nacional de la Sala Especializada de lo Penal Militar. 531 de 18 de febrero de 2009. b) En el caso No. Tránsito y Seguridad Vial. de hacer valer las propias razones y argumentos. se seguirán las normas del Código de Procedimiento Penal que fueren aplicables’. en tanto la posibilidad de revisión de la decisión del juzgador está vedada. 0022-2009-CN. cuya sentencia está publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. limita el derecho al debido proceso y a una justicia efectiva. por ese motivo se debe declarar su inconstitucionalidad’ (…). el doctor Vicente Robalino Villafuerte. ‘La Corte Constitucional para el Periodo de Transición. 021-10-SEP-CC en el caso No. 398 del 7 de agosto del 2008 que decía: ‘Si la audiencia oral y pública de juzgamiento no se llevare a efecto en dos ocasiones por causas que tengan relación con el procesado. en este orden de juzgamiento. si bien en general son de menor duración que las determinadas para la sanción en caso de delitos. dentro de la argumentación de su consulta de constitucionalidad expresa. Un pilar fundamental del debido proceso se encuentra configurado por el derecho a la defensa: ‘Una de las principales garantías del debido proceso es precisamente el derecho a la defensa. La Corte Constitucional para el período de transición ya declaró la inconstitucionalidad por el fondo de disposiciones constantes en legislaciones ordinarias vigentes. por la sola voluntad de éste. por tanto contraría las disposiciones constitucionales y de tratados internacionales analizadas que garantizan el debido proceso y. el tercer inciso del artículo 168 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Así lo declara la Corte Constitucional para el período de transición en sentencia No. a la luz de consultas realizadas por operadores de justicia. publicada en el Registro Oficial No 294-S del 6X-2010 (…). se encuentra derogada por inconstitucional. publicada en el Suplemento de Registro Oficial No. respecto de limitantes al ejercicio de la facultad impugnatoria. no justifica el hecho de juzgar en ausencia y limitar el derecho de recurrir en el fallo. determina que: NOVENO. tanto más si considera que. el inciso tercero 9 del artículo 168 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. De acuerdo al dictamen de la Corte Constitucional para el período de transición. así: a) Mediante sentencia No. no por ello menos importante para que no necesiten una confirmación que asegure una actuación de justicia y equidad. 294 –S del 6X-2010. los siguientes fundamentos: “(…) El acceso a la justicia es parte de la seguridad jurídica prevista en nuestra Constitución en su artículo 82. de ser oída. entre otros. la Corte Constitucional para el período de transición dictaminó: Declárese que la frase “no habrá recurso alguno” contenida en el Art. dentro del apartado de su motivación. 024-10-SCN-CC.Gaceta Constitucional No. el derecho a acceder a una instancia superior. 2 . Penal Policial y de Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. En ambos casos. aquella se practicará en ausencia del procesado. Al declarar la inconstitucionalidad la Corte Constitucional para el periodo de transición determinó que: ‘se evidencia. claras. que en los test de razonabilidad y proporcionalidad. 0585-09-EP. de 11 de mayo de 2010. entendido como la oportunidad reconocida a toda persona. se refiere a la inconstitucionalidad de la restricción de recurrir los fallos ante juez o tribunal superior y que contraviene claramente la garantía constitucional ya señalada.
” Petición concreta Los jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay. 168 numeral 4.7. 76. 168 numeral 4. 75.99 (sic) deber del Estado de respetar los derechos señalados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.7. 2 .” Agrega además el sujeto activo legitimado en esta consulta que “cualquier disposición que implique una desventaja para los sujetos procesales. literal m. literal m. y 428”. el juez. 169 la administración de justicia para la realización de la justicia. frente a aquellas situaciones que desequilibran su actuación en el proceso y que no coinciden estrictamente con los supuestos establecidos en las cláusulas del debido proceso de la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos (supra). Con ello se proyecta la satisfacción del principio de igualdad de medios o igualdad de armas. por permitir el juzgamiento en ausencia de procesado. 427. 82 seguridad jurídica artículo.2 principio de igualdad y no discriminación. Finalmente. de tal manera que se permita. o principio de igualdad de armas. Juzgado Primero Adjunto de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. 426. 75. 398 del 7 de agosto de 2008. 82 seguridad jurídica artículo. en el desarrollo del proceso. tanto de las garantías para preparar una defensa material y técnica estratégica. en que declaró inconstitucional por el fondo. derecho a la tutela judicial efectiva. como de la carga de sustentar las pruebas y la acusación’. el principio de contradicción e inmediación debe garantizarse. 84. En ese sentido. A este principio se le denomina igualdad de armas. 66. cuyo desarrollo implica una ampliación. atenta al principio de igualdad material y formal”. reconoce el mandato según el cual cada parte del proceso debe poder presentar su caso bajo condiciones que no representen una posición sustancialmente desventajosa frente a la otra parte. Juzgado Temporal Primero de Garantías El debido proceso previsto en el artículo 76 numeral 7 literal c de la Constitución señala entre sus garantías la de: “Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones”. Tránsito y Seguridad Vial.Registro Oficial . 66. supremacía constitucional. Además. 424. 11. Juzgado Primero de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. para fundamentar la duda razonable señala que “las disposiciones contenidas en el artículo 178 en los siguientes tenores: ‘vencido el cual pronunciará sentencia aún en ausencia del infractor. y 428. derecho a la tutela judicial efectiva. en referencia a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre.Martes 19 de Marzo del 2013 competente no será susceptible de recurso alguno’ vulnerarían la Constitución de la República. 427. publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. Tránsito y Seguridad Vial sostiene “la disposición contenida en el artículo 168 en el siguiente tenor: si el procesado estuviere prófugo o no compareciere a la misma en más de dos ocasiones.4 ninguna norma podrá restringir el contenido de un derecho y 11. 426. y peor aun cuando se abre la posibilidad de que puedan ser juzgados en ausencia.2 principio de igualdad y no discriminación. supremacía constitucional. en el caso No. 424. Concluye señalando que “De acuerdo a estos razonamientos los y las ciudadanas que se encuentren. vulneraría.10 -- Gaceta Constitucional No. 169 la administración de justicia para la realización de la justicia. A partir de ello. derecho a recurrir los fallos. sancionados por contravenciones de tránsito de aplicarse los mencionados artículos no podrían acceder a la justicia ni al adecuado ejercicio de defensa al limitar su derecho a recurrir a los fallos.4 derecho a la igualdad formal y material. tomar medidas para equiparar en el mayor grado que se pueda.4 derecho a la igualdad formal y material. 294-s del 6X-2010. esto es la igualdad de armas invocada por la Corte Constitucional para el período de transición en la ya citada sentencia 024-10-SCN-CC. 84. lo que implica una caracterización del derecho a ser oída pues debe revestirse de elementos fundamentales como la igualdad de condiciones materiales entre sujetos procesales. 76. 11. el tercer inciso del artículo 168 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre.99 deber del Estado de respetar los derechos señalados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. o que de por resultado la denegación de su acceso a la justicia. específicamente los artículos: 11. a propósito de la posibilidad de juzgar en ausencia que dicha norma establecía con respecto a lo cual determinó: ‘En el mismo sentido. Juzgado Primero de Garantías Penales de Tránsito del Cañar. derecho a recurrir los fallos. específicamente los artículos: 11. el principio de igualdad en los procesos jurisdiccionales. 11. como en el actual caso.’ Y ‘la sentencia dictada por el juez o la resolución emitida por la autoridad .3 derecho a la aplicación de la Constitución y las normas internacionales de Derechos Humanos. de los Juzgados Segundo de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. 0022-2009-CN publicada en el Registro Oficial No. 11. la Constitución de la República.3 derecho a la aplicación de la Constitución y las normas internacionales de Derechos Humanos.4 ninguna norma podrá restringir el contenido de un derecho y 11. el derecho al debido proceso debe interpretarse a la luz de los principios de juicio justo y de igualdad de armas. Juzgado Segundo de Garantías Penales de Tránsito de Azogues (Cañar).
la norma constitucional debe ser observada de manera integral. de oficio o a petición de parte. Tránsito y Seguridad Vial. publicada en el Registro Oficial Suplemento N. Juzgado Primero Adjunto de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. de la Sala Especializada de lo Penal Militar. Mediante el ejercicio de esta atribución. y el artículo 81 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. Juzgado Segundo de Garantías Penales de Tránsito de Azogues (Cañar). en cuya cúspide precisamente se halla la Norma Suprema. de esa manera se concreta el principio de supremacía constitucional y de jerarquización de las normas. por considerar a los artículos antes referidos contrarios a la Constitución de la República. Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia. como máximo órgano de control e interpretación de la Constitución. reformada mediante Ley s/n. que al realizar la consulta. de conformidad con lo previsto en el artículo 428 de la Constitución de la República. Penal Policial y de Tránsito de la Corte Nacional de Justicia y del Juzgado Segundo de Garantías Penales de Tránsito de Riobamba (Chimborazo). Legitimación activa Los jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay. Ignacio Ma. debe preceder una tarea hermenéutica de parte del juez consultante que permita.Martes 19 de Marzo del 2013 -Penales de Tránsito de El Oro. considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución. en concordancia con los artículos 141. verificar que las normas aplicables al caso concreto adolecen de vicios de inconstitucionalidad y es por ese motivo que requiere consultar a la Corte Constitucional para que este órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la duda originada. Juzgado Primero de Garantías Penales de Tránsito del Cañar. II. considerando tanto los principios como las demás reglas contenidas en la Constitución. pronunciarse respecto a la constitucionalidad de las normas establecidas en el ordenamiento jurídico interno. suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional. de conformidad con lo establecido en el artículo 428 de la Constitución de la República.º 415 del 29 de marzo de 2011 y del articulo 239 numeral 9 (actual artículo 237 numeral 9) del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. la Corte tutela objetivamente a la Constitución y garantiza un sistema jurídico coherente. en el que las normas infra constitucionales contrarias a la Norma Suprema deben ser declaradas inválidas. 2 . es decir.Cuando una jueza o juez. que sean o puedan ser contrarias a la Constitución o a los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. 142. el perjudicado podrá interponer la acción correspondiente. en el caso en que hayan de aplicar una norma sujeta a control y tengan dudas sobre su constitucionalidad. se encuentran legitimados para presentar la consulta de constitucionalidad. se entenderá que previo a realizar la consulta de constitucionalidad de una norma. Tránsito y Seguridad Vial. Naturaleza y alcance del control concreto de constitucionalidad de la consulta La denominación de control concreto de constitucionalidad proviene de la acepción formal prevista en el artículo 428 de la Constitución de la 11 República.. En ese sentido. Penal Policial y de Tránsito de la Corte Nacional de Justicia y del Juzgado Segundo de Garantías Penales de Tránsito de Riobamba (Chimborazo). Juzgado Primero de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. la cual asigna a la Corte Constitucional la tarea de vigilar la supremacía de la Norma Fundamental a través del control concreto de constitucionalidad de una determinada norma jurídica y de su aplicación a un caso concreto1. resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. deben suspender el 1 Artículo 428 de la Constitución de la República. el juez debe justificar de manera razonada y suficiente que ninguna interpretación posible de la norma le ha permitido establecer que aquella cumple con los principios y reglas constitucionales. Para que este control se efectúe. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver la presente causa. y que al advertir que la norma eventualmente contraría la Constitución debe suspender el proceso jurisdiccional para que la Corte determine la constitucionalidad en cuestión. 143 y 191 numeral 2 literal b de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. el artículo 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el inciso segundo del artículo 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Juzgado Temporal Primero de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. De Lojenndio e Irure respecto del control concreto de constitucionalidad del sistema español – muy similar al nuestro– manifiesta que “(…) las autoridades u órganos a los que está encomendada la aplicación de la ley. . Es entonces que corresponde a la Corte Constitucional. que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días. en lo principal solicitan a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la constitucionalidad de los artículos 168 y 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. de los Juzgados Segundo de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. de la de la Sala Especializada de lo Penal Militar. tras un proceso de argumentación jurídica.Gaceta Constitucional No.Registro Oficial .
no determinan cuáles son los principios o las reglas constitucionales que presumen vulnerados por la aplicación de las normas que impugnan. respecto no solo a la relevancia de la disposición normativa acusada en el proceso de su conocimiento y el momento procesal en el que se presenta dicha consulta. el procedimiento a seguir para el control concreto de constitucionalidad de la norma. juez primero de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. situación por la cual esta Corte se encuentra impedida de emitir un pronunciamiento. 0623-12-CN y 0624-12-CN no se evidencia a los presupuestos de duda motivada. 0033-11-CN. identificar el enunciado normativo cuya constitucionalidad se consulta.Registro Oficial . es decir. Juzgado Segundo de Garantías Penales de Tránsito de Azogues (Cañar). o la imposibilidad de continuar con el procedimiento de aplicar dicho enunciado. En otras palabras. juez nacional de la Sala Especializada de lo Penal Militar. En la presente causa. 2 . en razón de los efectos de irradiación de la Constitución. respecto de la decisión de un caso concreto. a pesar de que identifican el precepto normativo que consideran inconstitucional. 0029-10CN. Juzgado Primero Adjunto de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. Para que una consulta pueda considerarse adecuada y pueda ser resuelta por la Corte. esta disposición establece que el juez ordinario debe plantear la consulta solo si tiene duda razonable y motivada. no ha logrado adaptar la disposición normativa pertinente a los principios y reglas constitucionales. 0344-12-CN. Juzgado Temporal Primero de Garantías Penales de Tránsito de El Oro y Juzgado Segundo de Garantías Penales de Tránsito de Riobamba (Chimborazo) en las consultas que han elevado a conocimiento y resolución de la Corte Constitucional. que se desatienden de la resolución oportuna de las causas sin un legítimo motivo constitucional. 0043-11-CN. cuando el juez. 0026-10-CN. 0040-11-CN. En efecto.º 001-13SCN-CC del 6 de febrero del 2013. la Corte señaló que es necesario en primer lugar. los requisitos que debe presentar la duda razonable y motivada para que proceda su análisis. para ello. a fin de que este organismo despeje su duda. y las circunstancias. sea absolutamente necesaria para continuar con el proceso o para decidir la cuestión. motivos y razones por las cuales dichos principios resultarían infringidos y finalmente explicar y fundamentar la relevancia de la norma puesta en duda. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional desarrolla en el artículo 142. 0012-10-CN. Ignacio Ma. Juzgado Primero de Garantías Penales de Tránsito del Cañar. mientras no se cumplan con estos presupuestos los jueces no pueden elevar una consulta de constitucionalidad a la Corte Constitucional y deberán seguir sustanciando el proceso hasta que la aplicación de una disposición normativa de dudosa constitucionalidad. de tal manera la consulta procederá única y exclusivamente cuando exista una motivación razonada de porqué el juez acude a este mecanismo. no comprometidos con la protección de derechos. como segundo. Sevilla. por el doctor Vicente Robalino Villafuerte.Martes 19 de Marzo del 2013 en la toma de la decisión. debe tener una motivación exhaustiva. en los procesos con los números 0033-09-CN. de la lectura de sus solicitudes no se evidencia motivación adecuada. 005211-CN.12 -- Gaceta Constitucional No. En lo referente a la consulta presentada dentro de la causa N. 0016-12-CN. el juzgador está obligado a determinar adecuadamente las razones fácticas y jurídicas que le llevan a considerar que una norma es o puede ser inconstitucional. Así. en la sentencia N. por lo que la Corte Constitucional estableció. El control de constitucionalidad surge entonces de la imposibilidad que tienen los jueces para establecer dentro de la sustanciación de un proceso una interpretación constitucional de la disposición normativa pertinente. es decir. 2003. Penal Policial y de procedimiento correspondiente y elevar al Tribunal Constitucional solicitud motivada de control y eventualmente de anulación de norma”2. sino también respecto a la forma cómo influye la norma consultada 2 KELSEN. pues un proceder contrario deviene en la existencia de jueces pasivos. 0622-12-CN. debe ser interpretada sistemáticamente con los principios de aplicación directa de la Constitución. Así. Los señores jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay. “Antecedentes y normativa de la Cuestión de Inconstitucionalidad en el Ordenamiento Español”. los jueces deben realizar un análisis minucioso de las normas que van a consultar de un modo que les permita sustentar su duda respecto a las mismas. La “duda razonable” que señala la ley como causa de la consulta de constitucionalidad. .º 0579-12-CN. así como tampoco establecen las razones por las cuales los enunciados son determinantes en el proceso y en la decisión. de los Juzgados Segundo de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. identificar los principios o reglas constitucionales que se presumen infringidos. Hans “WesenundEntwicklung der Staatsgerrichlbarkeit” citado por DE LOJENNDIO E IRURE. Es importante señalar que la consulta de constitucionalidad por ninguna causa podrá convertirse en un mecanismo de dilación de la justicia o como vía de escape de las juezas y jueces para no cumplir con su deber constitucional de impartir justicia oportuna. toda vez que la motivación es un requisito sine qua non para el ejercicio del control concreto de constitucionalidad. 0598-12-CN.
principios como el juicio ANGULO GARCÍA Dorennys. renuncia voluntariamente al ejercicio personal de su defensa y a todas las garantías que le brinda el Estado para que el proceso judicial se cumpla con los efectos de su presencia. Para verificar si la injerencia objetada se funda o no en motivos suficientes. garantizando la justicia y los derechos constitucionales de las partes procesales.Registro Oficial . pretendía que el procesado pueda definir su situación ante la ley y ante la sociedad dentro del tiempo más corto posible. para lo cual se realizará el respectivo análisis a través del control concreto de constitucionalidad. ”La duración excesiva del juicio”. 2011. se debe distinguir que en materia penal la ausencia del procesado se puede dar en primer lugar respecto de quienes no se presentan al proceso penal porque voluntariamente se ocultan. contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó (Antioquia). pág. Revisar de la CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Un juicio sin dilaciones comporta la obligación de que todo proceso tenga una duración temporal razonable del procedimiento. 2 . Uno de los primeros postulados que entraremos a analizar es el tema de la ausencia. la Corte Constitucional debe analizar si las normas contenidas en el inciso tercero del artículo 168.Martes 19 de Marzo del 2013 -Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. 33. respecto del juicio sin dilaciones y el plazo razonable sostiene que se trata de un derecho de carácter prestacional en virtud del cual “los jueces y tribunales están en el deber de resolver y hacer ejecutar lo resuelto en un plazo razonable. pero se desconoce dónde se encuentra. y en segundo lugar. se encuentran en contradicción con la Constitución de la República. una de las novedades más discutidas fue la posibilidad de juzgar y sancionar en ausencia al infractor. Por todo lo expuesto. se entiende como ausente al procesado de quien se conoce su identidad (su existencia y su nombre aparece del proceso). En este caso. de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. En consonancia con lo anterior. de forma consciente y deliberada se oculta. publicada en el Registro Oficial Suplemento N. Según el Diccionario de la Real Academia Española se entiende por ausencia la condición legal de la persona cuyo paradero se ignora. es menester analizar los aspectos más relevantes de las disposiciones impugnadas. la Sentencia T-395/10. Desde el punto de vista jurídico procesal penal. 4 . pues el Estado. respecto de quienes no lo hacen porque les fue imposible conocer de la existencia del proceso instaurado en su contra y en consecuencia les fue imposible comparecer al juicio. en el marco de un proceso judicial”3. si una persona encausada. como para el proceso. Tránsito y Seguridad Vial. Tránsito y Seguridad Vial. En la causa. pues expresa cuál es su preocupación respecto al juzgamiento en ausencia del infractor y a la negativa del recurso de apelación de las sentencias dictadas en el juzgamiento de las contravenciones de tránsito. El juzgamiento en ausencia del procesado en los juicios de contravenciones de tránsito ¿vulnera el derecho a la legítima defensa? 13 sin dilaciones y el plazo razonable pueden verse afectados. esta Corte considera necesario sistematizar los argumentos planteados en el caso a partir de la solución de los siguientes problemas jurídicos: 1. Resolución de problemas jurídicos Para decidir el fondo de la cuestión. ya sea por encontrarse prófugo o por no comparecer a la audiencia de juzgamiento. Tránsito y Seguridad Vial. una vez que ha sido legalmente citada al proceso.º 415 del 29 de marzo de 2011 y el numeral 9 del artículo 237 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. por lo que la consulta contiene una adecuada argumentación sobre las razones fácticas y jurídicas por las cuales se genera la duda de inconstitucionalidad. se establece que el consultante justifica de forma suficiente la duda que motiva su consulta. reformada mediante Ley s/n. pero a la vez es un derecho instrumental que permite disfrutar de otros derechos. Dorennys Angulo García. Publicación. materia de esta consulta. porque la imposición de la pena será el resultado de una decisión voluntaria y libre del condenado de alejarse 3 Al expedirse las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. a través de medios procesales idóneos. Salamanca. obrando como apoderado del señor Manuel Mena. inciso primero y el último inciso del artículo 178 en la frase que dice: “La sentencia dictada por el juez o la resolución emitida por la autoridad competente no será susceptible de recurso alguno”. todo lo dicho. pues la tardanza excesiva o irrazonable puede acarrear efectos negativos tanto para las partes. le garantizará la defensa técnica a través de su abogado o de un abogado de oficio (defensoría pública). En los juicios penales cuando la ausencia del procesado es prolongada. Acción de Tutela instaurada por Juan Carlos Cárdenas Castaño. juzgar en ausencia física del procesado no tendrá efectos negativos para el procesado. tanto para resolver como para ejecutar lo resuelto.Gaceta Constitucional No. es cierto que es un derecho independiente de la causa por la cual se instauró el proceso. podemos interpretar que el legislador. sin perjuicio de que el Estado vele para que los encausados cuenten con los medios procesales pertinentes para su defensa4. En este sentido. al dictar las normas que son materia del presente análisis. y principalmente.
Que la ausencia del encausado a la audiencia de juzgamiento sea injustificada. Que se verifique que una vez que se ha dispuesto la realización de la audiencia oral y pública de juzgamiento. la Corte Constitucional de la República de Colombia ha señalado que “Aun cuando se trata de situaciones diferentes. En ambos casos la verdad del procesado puede ser oída en juicio a través de su defensor. 2. sea a través de la designación de un defensor propio. Con relación al juzgamiento en ausencia. En este caso. pues como ha dicho la Corte Constitucional colombiana. M. En el caso objeto de la consulta. “Instituciones del Derecho Procesal Penal” Ediciones jurídicas Cuyo. tenemos que el inciso tercero del artículo 168 distingue en primer término. No es un procedimiento especial. Sentencia T. cuando no fuere hallado en su domicilio (por haberse ausentado de él). la necesidad de contar con la presencia física del inculpado durante la audiencia oral y pública de juzgamiento. es cierto. Tránsito y Seguridad Vial. sino que es el resultado de su ignorancia respecto a la situación que se le ha creado. de esta manera se garantiza además la tutela judicial efectiva. que el juzgamiento en ausencia constituye la excepción a la regla. la norma habilita al juez a juzgar al inculpado en ausencia. a pesar de que se tramitan sin la presencia del sindicado. sino más bien un acontecimiento que puede darse en cualquiera de los procedimientos previstos en la ley penal. Vladimiro Naranjo Mes. previa a la realización de la audiencia de juzgamiento en ausencia. estos están provistos de los mecanismos necesarios para garantizar el respeto por los derechos del procesado. del proceso. Debemos anotar además. Hablamos del supuesto en que la persona ha sido llevada a juicio sin haber sido legalmente citada. por tanto. para ello y con el objeto de garantizar los derechos constitucionales de los procesados. Mendoza. No se debe olvidar que el ejercicio hermenéutico plantea un análisis sistemático e integral del texto constitucional. que el primero puede designar defensor libremente.P. libremente escogido por el encausado o por un defensor de oficio dotado por el Estado. por cuanto se le ha limitado fácticamente su defensa. Que el encausado haya sido citado legalmente a juicio.Registro Oficial . que el sancionado siempre puede presentarse al proceso y apelar del fallo en aquellos casos que hayan sido previstos por el legislador.º 415 del 29 de marzo de 2011. sin dilaciones o incidentes que lo retarden. la del procesado presente físicamente en el proceso y la del procesado ausente. 6 LOPÈZ BARJA DE QUIROGA. 3. por el cual se asegura que el juez personalmente pueda elaborar sus juicios de análisis en presencia de la parte imputada y la parte agraviada. Esto significa. quien además está consciente de las consecuencias judiciales de su ausencia. 2 . siempre que se cumplan con ciertas condiciones. cuando se ignore su paradero o no sea posible determinar un domicilio conocido para notificarlo y cuando se encuentra prófugo”6. el encausado haya sido convocado al menos por dos ocasiones a dicha audiencia. En ese caso. no es menos cierto que existe el principio de celeridad procesal. a ambos se les asegura el derecho a la igualdad. se podrá juzgar en ausencia cuando el justiciable: “no comparece a la audiencia pese a encontrarse debida y legalmente notificado.14 -- Gaceta Constitucional No. lo cual indudablemente representa ciertas ventajas. que los juicios en ausencia son procedimientos válidos a la luz del ordenamiento jurídico constitucional. pues ésta se hace efectiva a través del defensor de oficio”5. No conoce de los cargos que se le imputan. publicada en el Registro Oficial Suplemento N. esta Corte considera indispensable que el juez verifique el cumplimiento de los presupuestos previstos en el artículo 168 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre.Martes 19 de Marzo del 2013 reparados en los perjuicios ocasionados por el acto culposo del infractor (específicamente en materia de tránsito). reformada mediante Ley s/n. En efecto. Otro es el caso de la persona que ha sido encausada en un proceso y cuya apertura de expediente le es desconocido. advierte que si la actitud del justiciable frente al proceso es adversa y no se presenta para ser juzgado pese a que fue convocado y notificado legalmente por dos ocasiones. . es necesario constatar: 1. 209. su aplicación procede cuando se juzgan asuntos de poca gravedad o cuando se trata de contravenciones. por la cual los agraviados de algún modo pueden ser 5 CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLCA DE COLOMBIA. si bien uno de los principios procesales que observa la Constitución es el de inmediación. En ese sentido. no obstante. la persona puede alegar la nulidad del proceso. Argentina.945 de 1999. nunca ha sido citada y en consecuencia su ausencia en el proceso no es voluntaria. sin embargo. Es importante advertir. pero igualmente el segundo no está huérfano de defensa. se puede colegir que su decisión es renunciar voluntariamente al ejercicio personal de su defensa y como resultado de su ausencia someterse a las consecuencias jurídicas que se deriven. en el sentido de que se les garantiza el debido proceso. por el cual se establece la necesidad de que los juicios concluyan dentro de un tiempo prudente. pág.
La sociedad requiere de una convivencia civilizada en donde las personas mutuamente respeten sus derechos. por cuanto el procesado. por la sola voluntad de éste. Las infracciones se dividen en delitos y contravenciones. en una sola audiencia oral.. estas últimas en las que llega incluso a tomar medidas restrictivas de la libertad. sea propio o de oficio. pudiendo y debiendo ser previstas. La ley define a las infracciones de tránsito como aquellas acciones u omisiones que. o una sanción de tipo penal. pues a diferencia de lo que sucedía antes de la reforma de este artículo en el que se establecía que procedía el enjuiciamiento en ausencia del procesado7. en estos casos..Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que. vencido el cuál pronunciará sentencia aún en ausencia del infractor”. Partiendo del análisis realizado. Cuando el incumplimiento o la violación de una norma se comete dentro de la actividad del tránsito vehicular. son más bien el resultado de la negligencia. 15 debemos determinar que una contravención difiere de un delito. Además de las contravenciones muy graves. y con sus actos irrumpen la armonía. Corte Constitucional para el Periodo de Transición. resoluciones y demás regulaciones de tránsito. comenten infracciones. es decir. el cual en la práctica no se limita. 294 de 6 de octubre de 2010.8 Una contravención en materia de tránsito difiere de los delitos porque son menos graves y consecuentemente sus efectos son menos lesivos. . imprudencia. Como resultado del cometimiento de una infracción el infractor se expone a las sanciones respectivas. se verifican por negligencia. En el primer caso. sobre la base de un proceso legalmente actuado. se le garantice al profesional del derecho un tiempo razonable.. reglamentos. impericia o por inobservancia de las leyes. con la reforma el legislador agregó al artículo que solo procede la audiencia de juzgamiento siempre y cuando se cuente con la defensa del procesado. imprudencia. se verifican por negligencia. según la gravedad de la falta. la norma no limita a las partes (miradas indistintamente.Gaceta Constitucional No. De las ideas expuestas se determina que el artículo 168 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. aquella se practicará en ausencia del imputado.“Si la audiencia oral y pública de juzgamiento no se llevaré a efecto en dos ocasiones por causa que tengan relación con el procesado. a fin de que exista de manera permanente o continua una convivencia social plenamente armónica y en paz. sin querer dilatar la causa.Primer Suplemento No. 5. Sin embargo. Que el encausado al momento de la audiencia de juzgamiento cuente con la presencia de un abogado defensor.Registro Oficial . pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por el causante. garantizando de esta manera su defensa y respetando el principio de igualdad de armas. Ley Orgánica de Transporte Terrestre. la imprudencia. 024-10-SCN-CC.Artículo 106. El inciso 1 del artículo 178 de la Ley supra establece que “Las contravenciones. la ley establece que 8 7 Ley Orgánica de Transporte Terrestre. el retiro de puntos en la licencia de conducir. si bien la contravención no presenta rasgos comunes con el delito. como es en el caso de las contravenciones muy graves cuya sanción además de la multa. evacuar y hacer valer sus pruebas en la audiencia de juzgamiento. el deseo de ocasionar un daño. sin que por ello haya recurso alguno. Previo a llegar a una conclusión. cuando las personas traspasan el ámbito de la legalidad. no todas las personas asumen el compromiso social de esta convivencia..” Este inciso fue declarado inconstitucional por el fondo mediante Sentencia No. es pertinente reflexionar respecto al alcance del inciso primero del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. serán juzgadas por los jueces o por la autoridad competente determinada en la presente Ley. la impericia o la inobservancia de las leyes y reglamentos de tránsito.Martes 19 de Marzo del 2013 -4. Tránsito y Seguridad Vial goza de validez constitucional. consecuentemente junto al cometimiento de una infracción siempre está en la obligación de resarcir o reparar los daños y perjuicios ocasionados a la persona natural o jurídica agraviada con la falta cometida. 2 . es también la prisión del infractor. pero no queridas por el causante. en caso de que el infractor impugnare el parte del agente de tránsito dentro del término de tres días. se conforman las denominadas infracciones de tránsito. En esta disposición también se prevé el juzgamiento de una contravención en ausencia del contraventor. Tránsito y Seguridad Vial. el juez concederá un término de tres días. Que en el caso que se designe un defensor público. impericia o por inobservancia de las leyes. las que pueden ser delitos o contravenciones. Sin embargo. publicada en el Registro Oficial. puede solicitar. su castigo varía desde una sanción económica (pago de una multa). disposición que también forma parte de la presente consulta de norma. a fin de que pueda preparar la defensa a favor del encausado. reglamentos. Tránsito y Seguridad Vial. infracciones que son esencialmente culposas. a través de sus defensores. Tránsito y Seguridad Vial.Artículo 168 inciso 3. En el segundo caso. una sanción de tipo administrativo (retiro de la licencia de conducir). 0022-2009-CN. no limita el derecho al debido proceso. resoluciones y demás regulaciones de tránsito. procesado o agraviado) la posibilidad de acceder a la administración de justicia y obtener de ella un fallo. pues en aquellas no interviene el elemento intención. puesto que garantiza la tutela judicial efectiva y el debido proceso. dentro del Caso No.
2 . el legislador ha observado las disposiciones contenidas en la Carta Fundamental del Estado y en caso de duda respecto a la constitucionalidad o no de una determinada norma se le concederá el beneficio de la duda a favor del legislador y por tanto se considerará constitucional la norma consultada. que con un vehículo automotor excediere los límites de velocidad fuera del rango moderado. o. con la que module el contenido de la disposición supra. Los costos del cambio de pintura del vehículo estarán a cargo del contraventor. hasta tanto se cumpla con dicha obligación. previsto en el inciso primero del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. es procedimentalmente el necesario diferenciar juzgamiento de las Principio Pro Legislatore. conforme está redactado. es necesario establecer que el inciso primero del artículo 178. Sin embargo. sin el permiso correspondiente. si además el vehículo hubiere sido pintado con el mismo color y características de los vehículos autorizados. y quien causare un accidente de tránsito. la misma que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de tránsito. garantizándole además el tiempo razonable para preparar una adecuada defensa. previa la respectiva verificación. que se garantice la presencia de un abogado propio o de un defensor público en caso que no cuente con abogado defensor propio. quien condujere un vehículo con una licencia de categoría diferente a la exigible para el tipo de vehículo que conduce. de conformidad con el reglamento correspondiente. del que resulte herida o lesionada alguna persona. esta Corte. por vía interpretativa de la Constitución incorpora el Tribunal Constitucional como derivación de una exigencia constitucional. en esta parte. dicho cumplimiento solo será probado con la certificación que para el efecto extenderá la autoridad competente correspondiente. determina que la declaración de inconstitucionalidad de una norma solo debe ser realizada como ultima ratio. realice un servicio diferente para el que fue autorizado. tiene vicios de inconstitucionalidad.Ha de entenderse que en la promulgación de una norma. no ha diferenciado la intensidad o gravedad de la contravención ni de la sanción. en las que el derecho a la libertad de una persona se encuentra comprometido. Las contravenciones muy graves y susceptibles de ser sancionadas con la pena de prisión hasta por tres días están tipificadas para los siguientes casos: Quien conduzca sin haber obtenido la licencia. en ejercicio de sus facultades constitucionales y en atención al principio de conservación del derecho. dictar una sentencia interpretativa. al introducir en la reforma la facultad de que el juez pueda dictar sentencia aun en ausencia del contraventor. así como la estabilidad de otros bienes jurídicos. Sin embargo. posibilitando el mantenimiento de la norma legal en el ordenamiento jurídico. 10 . por lo que le corresponde a esta Corte. Bogotá 2010. Humberto. de tutela judicial efectiva. el conductor. observen lo determinado en el artículo 168 del mismo cuerpo legal. que estará bajo su responsabilidad. el conductor que faltare de obra a la autoridad o agente de tránsito. produciendo enfermedad o incapacidad física para efectuar sus tareas habituales. es decir: 1. y que se hayan efectuado al menos dos convocatorias a la audiencia. segunda y tercera clase. la pena impuesta a este tipo de infracciones puede afectar la libertad de las personas. buscando que no se generen cargas administrativas. Respecto a las contravenciones muy graves (aquellas sancionadas incluso con la prisión del infractor) podemos concluir que constituyen conductas punibles que lesionan y ponen en peligro el orden social. del juzgamiento de las contravenciones muy graves. menor a quince días. quién conduzca un vehículo prestando servicios de transporte de pasajeros o bienes sin contar con el título habilitante correspondiente. económicas y procesales que afecten el normal desenvolvimiento de la administración jurisdiccional. es constitucional. Del análisis realizado se colige entonces que el juzgamiento en ausencia del procesado. quien conduzca con licencia anulada. Tránsito y Seguridad Vial. Que el encausado haya sido citado legalmente a juicio. En Nogueira Alcalá. los cuales.16 -- Gaceta Constitucional No. a fin de que guarde plena armonía con los derechos constitucionales10. 535. quienes participen con vehículos a motor en competencias en la vía pública.Registro Oficial . Para estos casos.Martes 19 de Marzo del 2013 contravenciones leves y graves. observando especialmente el principio de celeridad. Según el tratadista Humberto Nogueira Alcalá “Esta modalidad de sentencias es una respuesta a una inconstitucionalidad por omisión legislativa declarándose la inconstitucionalidad parcial del precepto legal afectado por la insuficiente regulación al no prever aspectos necesarios para que la norma tuviere un carácter constitucional. es necesario garantizar al procesado (al igual que habíamos determinado en el análisis de la validez constitucional del artículo 168 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. De manera general. Como resultado del análisis realizado. pág. y estas dos además se subdividen en contravenciones de primera.. Universidad Externado de Colombia. el legislador pretende evitar que en estos juicios se produzca un retardo injustificado de la justicia. el juez dispondrá que el vehículo con el que se cometió la infracción sea pintado con un color distinto al de las unidades de transporte público o comercial y prohibirá su circulación. razón por la cual. 9 pueden ser leves. revocada o suspendida. Tránsito y Seguridad Vial) que sea legalmente citado. El derecho procesal constitucional a inicios del siglo XXI en América Latina. los juzgadores. al momento de invocar la norma. y que más bien se debe propender a la conservación de la Ley9. graves. El legislador. con un único sentido de conformidad con la Carta Fundamental”. siempre que en los casos de las contravenciones muy graves.
la parte que se siente perjudicada siempre tendrá el derecho de buscar y activar los medios que le permitan oponerse a que la resolución o sentencia dictada por el juez adquiera la calidad de cosa juzgada y de esta manera evitar el efecto de inmutabilidad de las sentencias. la Constitución de la República. estos mecanismos constituyen los llamados medios impugnatorios. Como todo medio impugnatorio.Registro Oficial . en la garantía de recurrir el fallo o resolución? 17 oposición se materializa a través de los denominados recursos (en sus distintas clasificaciones). la normativa internacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos11 y la Convención Americana de Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica (CADH) –12. En este sentido. en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. 2. Que se verifique que una vez que se ha dispuesto la realización de la audiencia oral y pública de juzgamiento. como un mecanismo legal a través del cual se puede conseguir que el sentido de una sentencia pueda ser modificada. no podrían acceder a la justicia ni al adecuado ejercicio de defensa al limitarse su derecho a recurrir a los fallos. que los y las ciudadanas que. se encuentren sancionados por contravenciones de tránsito. constituye una garantía que configura su derecho constitucional a un proceso justo. Estas impugnaciones. Esta Leer Artículo 14 numerales 1 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. quienes en ejercicio de sus potestades jurisdiccionales están en capacidad de controlar y modificar las decisiones judiciales impartidas por los juzgadores inferiores. Sobre la base de esta negativa. Leer Artículo 8 numeral 2 literal h) de la Convención Americana de Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica (CADH). como un fundamento del derecho a la defensa (artículo 76 numeral 7 literal m de la Constitución de la República). Que la ausencia del encausado a la audiencia de juzgamiento sea injustificada. 4. vía recursos. al tratar sobre el derecho al debido proceso y el de la defensa de las personas. el encausado interpone recurso de hecho. Que el encausado al momento de la audiencia de juzgamiento cuente con la presencia de un abogado defensor. se interponen cuando una parte estima que el juzgador en su sentencia ha infringido normas legales o contenidos doctrinarios. 3. Los medios impugnatorios son recursos procesales que permiten a las partes solicitar una modificación de la resolución judicial cuando esta ocasione un grave perjuicio al interés del impugnante. el encausado haya sido convocado al menos por dos ocasiones a dicha audiencia. La imposibilidad de impugnar la sentencia dictada en los juicios de contravenciones de tránsito. La ley establece los mecanismos jurisdiccionales a favor de los procesados para que puedan expresar su disconformidad con las resoluciones dictadas por los órganos de justicia. para que pueda ser admitido. como en el caso en concreto. distinguen la facultad de recurrir. señalando. la cual es apelada y posteriormente ratificada por el Tribunal de alzada. Que la resolución sea recurrible. a la facultad que tienen todas las personas de recurrir el fallo o resolución. entre los que están los de materia penal. El juez de la Sala Especializada de lo Penal. el cual exige resoluciones acordes a la Constitución y la ley.Gaceta Constitucional No. La facultad para impugnar un fallo mediante un recurso procesal habilita a las partes litigantes para que. Que en el caso que se designe un defensor público. Militar. que tienen por objeto modificar una decisión judicial por una nueva. De igual manera. la resolución o el fallo del juez les haya 11 La presente consulta se plantea sobre la base de un caso concreto en el que el contraventor ha sido sancionado por el cometimiento de una contravención muy grave de tránsito. ¿vulnera el debido proceso. en el marco del principio de la tutela judicial efectiva. 5. señala como parte de este derecho varias garantías y otros derechos. por regla las resoluciones o fallos puedan ser impugnables Que a criterio de las partes procesales o una de ellas. sea propio o de oficio. Presentado el recurso de casación este es negado. 2 . En todos los procesos sometidos a juicio. en cumplimiento del principio de legalidad. se le garantice al profesional del derecho un tiempo razonable. La facultad para recurrir un fallo procede del mandato de la Constitución que dota a los procesos judiciales de pluralidad de instancias. es decir. a fin de que pueda preparar la defensa a favor del encausado. tramitado y resuelto debe cumplir con ciertos requisitos: 1. 12 . puedan solicitar que su proceso y sobre todo la sentencia derivada del proceso sea sometida a conocimiento de juzgadores de mayor jerarquía. es por ello que el derecho de las partes procesales a recurrir una resolución o fallo. entre otras cosas. Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia eleva a la Corte Constitucional su consulta. en los cuales existe una confrontación de intereses. Ubica.Martes 19 de Marzo del 2013 -2.
fácticamente. En este sentido. puesto que es deber del recurrente fundamentar y motivar adecuadamente su recurso. para determinar si la prohibición de recurrir el fallo contenido en el último inciso del artículo 178 es proporcional con la tutela de los otros derechos constitucionales. Además. en aquellos fallos condenatorios que priven de la libertad al procesado. Fiscalía y Defensoría Pública. es decir. debemos establecer si la limitación de los derechos que contiene la norma favorece el ejercicio de los principios que persigue. (las cursivas no forman parte del texto original) Corte Constitucional del Ecuador. determinó también que el derecho a recurrir un fallo o resolución judicial no es aplicable en todas las circunstancias. por lo que la medida es idónea y eficaz. sí representa una medida idónea.Registro Oficial . tal y como lo ha hecho en el caso objeto de la presente consulta.Martes 19 de Marzo del 2013 sumaria sin que medien otras instancias para su prosecución”14. que tienen como fin garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y mantener un funcionamiento adecuado y ordenado del tráfico. la facultad de recurrir un fallo o resolución no tiene carácter absoluto. publicada en el segundo Suplemento del registro Oficial No. Editorial Fontamara. pero que no generan consecuencias lesivas para la sociedad. por mandato legal (juez. Por consiguiente. necesidad y de proporcionalidad. también a la gravedad de la infracción y al nivel de afectación que tenga para la sociedad. 0005-09-CN. En el caso de las contravenciones leves y graves. 003-10-SCNCC. es un requisito básico que la parte procesal que impugna la decisión demuestre que efectivamente sus derechos e intereses han resultado afectados total o parcialmente y no solo que la decisión le es desfavorable. tiene la facultad para delimitar el ejercicio del derecho consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal m de la Constitución. pues el derecho a recurrir de un fallo no es absoluto. cuyos subprincipios son los de idoneidad.Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior. En primer lugar. Así. esto no significa que el legislador deba establecer recursos en todo proceso. para garantizar el ejercicio simultáneo y completo de todos los derechos constitucionales. Como ya ha quedado establecido. 2. conllevan únicamente penas de tipo pecuniario. la Corte Constitucional. además de los requisitos antes referidos.18 -- Gaceta Constitucional No. Para ello. en efecto. respecto al derecho de recurrir un fallo o resolución judicial.. Por tanto. pues “existen procesos que por su naturaleza excepcional ameritan una tramitación 13 Artículo 14. con el fin de garantizar el ejercicio del principio de celeridad y el derecho a una tutela judicial efectiva y oportuna. México. 159 del 26 de marzo del 2010. el restringir la potestad de recurrir el fallo en materia de contravenciones de tránsito. debe evaluar estas circunstancias y determinar la procedencia de la segunda instancia en los procesos judiciales. con sujeción a los principios de celeridad y efectividad. es necesario determinar si constituye una medida proporcional y adecuada. este tipo de contravenciones constituyen infracciones producidas por la impericia o negligencia de la persona. 2010. en ejercicio de su libertad de configuración. 2 . Pero este requisito no solo puede referirse a las situaciones o expectativas de las partes en cuanto a sus derechos o intereses legítimos derivados de la relación jurídica creada por el proceso. Por esa razón.5. puesto que. sino también puede estar relacionada con las situaciones y expectativas de quienes actúan formalmente en el juicio. así como el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los ciudadanos. en sentencia N. conforme a lo prescrito por la ley. siempre que con ello no afecte su núcleo esencial. Sentencia No. Robert. Que la resolución no sea firme o que no tenga el efecto de cosa juzgada.º 003-10-SCNCC. el numeral 5 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contempla que la facultad para recurrir un fallo no otorga a las partes derecho a un doble pronunciamiento en todos los casos. para el período de transición. pues la posibilidad de poder recurrir el fallo provocaría únicamente 14 causado un grave perjuicio. El legislador. para determinar si la medida es idónea. Derechos sociales y ponderación. sirve para favorecer a otro derecho fundamental u otro principio constitucional”15. sino únicamente en los casos de delitos. . El principio de idoneidad “determina que la limitación de un derecho fundamental u otro principio constitucional sólo es constitucionalmente admisible si efectivamente. este derecho a poder recurrir los fallos está supeditado. limitar el ejercicio de la facultad para recurrir la sentencia o la resolución dictada. abogados. su imposición no genera afectación de derechos constitucionales y por ende la restricción para recurrir el fallo es aceptable. Esto significa que el legislador. aun cuando el derecho a un doble pronunciamiento es un derecho constitucional. Sin embargo. caso No.13 En el ámbito penal. 15 ALEXY. incluso en aquellos que por su naturaleza sean innecesarios. y. aplicaremos el test de proporcionalidad. de modo que se debe considerar la gravedad de las contravenciones de tránsito y su afectación a la sociedad. Para ello. sirve para conseguir el fin buscado. según el caso). a fin de garantizar el derecho a una oportuna tutela judicial efectiva.
basada en el principio de celeridad de la justicia. aquellas personas que han sido juzgadas y sancionadas con penas privativas de la libertad en los casos de las contravenciones muy graves. por lo que. puesto que. Tránsito y Seguridad Vial. por encontrarse comprometida la libertad ambulatoria del procesado. propuesta por el juez nacional de la Sala Especializada de lo Penal. DECISIÓN En mérito de lo expuesto. respecto de las contravenciones muy graves. Dado que para los casos de contravenciones graves hemos determinado que la norma no es idónea. la situación es distinta. Militar. negar la posibilidad de recurrir el fallo con el objeto de garantizar una tutela judicial expedita. este tipo de infracciones se asemejan (aunque en menor medida) a los delitos. En consecuencia. 2. es constitucional. esta Corte advierte que la restricción contemplada en el texto del último inciso del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial. En cuanto a los efectos de esta sentencia serán los previstos en el artículo 143 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. necesariamente deben contar con el derecho a recurrir el fallo. Como ya se ha dicho. reformado mediante Ley s/n. siempre que los jueces. no es posible imponer una limitación con el fin de obtener celeridad. Juzgado Segundo de Garantías Penales de Tránsito de Azogues (Cañar). incluyendo el análisis de los demás subprincipios. no es posible. Tránsito y Seguridad Vial. Juzgado Primero de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. la medida resulta desproporcionada para la consecución del fin que persigue la norma. en atención a los elementos anotados y tomando en cuenta el principio de conservación del derecho. administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador. cuando la sanción aplicada a los infractores sea privativa de la libertad. a fin de que esta guarde plena consonancia con los derechos constitucionales. puesto que se encuentra en juego su libertad ambulatoria.Martes 19 de Marzo del 2013 -dilación de justicia y un movimiento exagerado del aparato judicial para resolver una infracción menor. En este caso. esto es. En conclusión. al no permitir la doble instancia en los casos de contravenciones muy graves. Negar la consulta sobre el contenido del artículo 168 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre.Registro Oficial . vulnera derechos constitucionales del procesado. desproporcionada. 2 . Por lo expuesto. por falta de motivación.Gaceta Constitucional No. puesto que en estos casos está en juego el derecho a la libertad del procesado. dictar una sentencia aditiva. No obstante. cuando se trata de contravenciones muy graves. publicada en el Registro Oficial Suplemento N. Negar las consultas de normas que elevan a conocimiento de la Corte Constitucional los señores jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay. evidencia un vicio de inconstitucionalidad. no puede restringirse el ejercicio del derecho contenido en el artículo 76 numeral 7 literal m. por no contravenir las disposiciones constitucionales. por su gravedad. la limitación impuesta por el legislador a no recurrir de los fallos dictados en esta materia no es idónea. la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA 1. garanticen el derecho a recurrir el fallo. Juzgado Primero de Garantías Penales de Tránsito del Cañar. No hace falta entonces llevar a cabo íntegramente el test. Por tanto. en este aspecto. de los Juzgados Segundo de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. si es que dicha limitación va a afectar el ejercicio de otros derechos. . Penal Policial y de Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. Juzgado Primero Adjunto de Garantías Penales de Tránsito de El Oro. la posibilidad de recurrir el fallo. III. pues las penas aplicables incluyen privación de la libertad ambulatoria del procesado. necesariamente debemos concluir que la norma no es proporcional. Juzgado Temporal Primero de Garantías Penales de Tránsito de El Oro y del Juzgado Segundo de Garantías Penales de Tránsito de Riobamba (Chimborazo). en gran medida.º 415 del 29 de marzo de 2011 y del articulo 237 numeral 9 (anterior artículo 239 numeral 9) del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial. puesto que si bien la disposición puede favorecer la consecución del principio constitucional de celeridad procesal. en estos casos. como sucede en las causas materia de esta consulta. Dado que el fallo que se dicte en un proceso de juzgamiento de contravenciones muy graves puede afectar el derecho de libertad del procesado. atenta contra otros derechos constitucionales. le corresponde a esta Corte. En consecuencia. consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal m de la Constitución. con la que se armonice el 19 contenido de la disposición supra. esta Corte establece que la prohibición prevista en el último inciso del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. puesto que. pues ya se ha comprobado que la limitación del derecho a recurrir se convierte en una medida no idónea y consecuentemente. dentro de los procesos de contravenciones de tránsito muy graves.
Es fiel copia del original..º 415 del 29 de marzo de 2011. salvo en las contravenciones muy graves en las que se hayan dictado penas privativas de libertad. Secretario General. Ruth Seni Pinoargote y Manuel Viteri Olvera.. es decir: a. con seis votos de los señores jueces y señoras juezas: Marcelo Jaramillo Villa. 8. reformado mediante Ley s/n. 3. Que en el caso que se designe un defensor público. a fin de que pueda preparar la defensa a favor del encausado. Jaime Pozo Chamorro. Declarar constitucional el contenido del inciso primero del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Devolver los expedientes a los jueces y tribunales de origen. a fin de que en el marco de sus competencias y atribuciones.Es fiel copia del original. Secretario General. Alfredo Ruiz Guzmán y Patricio Pazmiño Freire.) Ilegible.) Ilegible. agregando después de las palabras “recurso alguno”. el encausado haya sido convocado al menos por dos ocasiones a dicha audiencia. f.) Dr.. 4. Secretaría General. Secretario General.Quito. Lo certifico. en sesión ordinaria llevada a cabo en la ciudad de Cuenca el 14 de marzo de 2013.. Razón: Siento por tal. siempre que al momento de realizar la audiencia de juzgamiento en ausencia. 2 . reformado mediante Ley s/n. Que se verifique que una vez que se ha dispuesto la realización de la audiencia oral y pública de juzgamiento..f. se le garantice al profesional del derecho un tiempo razonable. el día lunes 18 de marzo de dos mil trece. b. d. f. a 18 de marzo del 2013.) Dr. Disponer la publicación de la presente sentencia en la Gaceta Constitucional. que la sentencia que antecede fue suscrita por el doctor Patricio Pazmiño Freire. de contravenciones muy graves. e.) Ilegible.f.(…) La sentencia dictada por el juez o la resolución emitida por la autoridad competente no será susceptible de recurso alguno. 178. La aceptación voluntaria del cometimiento de la infracción no le exime de la pérdida de los puntos de la licencia de . c.f. sin contar con la presencia de los doctores Antonio Gagliardo Loor. Notifíquese. 0033-09-CN-y acumulados. Tránsito y Seguridad Vial.º 415 del 29 de marzo de 2011. el último inciso del artículo 178 queda de la siguiente manera: “Art. Presidente. María del Carmen Maldonado Sánchez. Tatiana Ordeñana Sierra.) Dr. CASO No. realice una debida.. las cuales podrán ser únicamente apeladas ante la Corte Provincial. 5. y del articulo 237 numeral 9 (anterior artículo 239 numeral 9) del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional. Jaime Pozo Chamorro..Registro Oficial . a 18 de marzo del 2013.20 -- Gaceta Constitucional No. publicada en el Registro Oficial Suplemento N. Que la ausencia del encausado a la audiencia de juzgamiento sea injustificada. Declarar constitucional el contenido del último inciso del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. 6. CORTE CONSTITUCIONAL. f.Martes 19 de Marzo del 2013 conducir. publíquese y cúmplase.Revisado por: Ilegible.. 7.Lo certifico. oportuna y generalizada difusión de esta sentencia en las instancias pertinentes de la función judicial. Presidente de la Corte Constitucional.) Ilegible.. Que el encausado al momento de la audiencia de juzgamiento cuente con la presencia de un abogado defensor.Quito. lo siguiente: “salvo en las contravenciones muy graves en las que se hayan dictado penas privativas de libertad... Tránsito y Seguridad Vial. sea propio o de oficio. Wendy Molina Andrade.Revisado por: Ilegible. Patricio Pazmiño Freire. f.) Dr. Tránsito y Seguridad Vial. Jaime Pozo Chamorro. CORTE CONSTITUCIONAL. correspondiente a la infracción de tránsito”.f. Poner en conocimiento del Consejo Nacional de la Judicatura la presente sentencia. Que el encausado haya sido citado legalmente a juicio. publicada en el Registro Oficial Suplemento N. Por lo tanto. RAZON: Siento por tal. Secretaría General.. se observe estrictamente lo determinado en el artículo 168 del mismo cuerpo legal. y obligatoriamente será notificada a los organismos de tránsito correspondiente de la jurisdicción. las cuales podrán ser únicamente apeladas ante la Corte Provincial”.
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