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Timestamp: 2018-12-18 11:16:45
Document Index: 48138530

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 18', 'artículo 51', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine']

P. A. E. c/ Consejo Escolar de M. s/ pretensión anulatoria
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Causa Nº 3.645/13 - “P. A. E. c/ Consejo Escolar de M. s/ pretensión anulatoria” - CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN MARTÍN (Buenos Aires) – 13/08/2013
En la ciudad de General San Martín, a los 13 días del mes de agosto de 2.013, se reúnen en acuerdo ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, Ana M. Bezzi, Jorge Augusto Saulquin y Hugo Jorge Echarri, para dictar sentencia en la causa Nº 3.645/13, caratulada “P. A. E. C/ CONSEJO ESCOLAR DE M. S/ PRETENSION ANULATORIA. Estableciendo el siguiente orden de votación de acuerdo al sorteo efectuado: Bezzi - Saulquin. Se deja constancia que el Señor Juez Hugo Jorge Echarri se encuentra excusado de intervenir (fs.171 y 172))
I.- A fs. 137/146, el Señor Juez Titular a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, resolvió declarar inoficioso el pronunciamiento por haber devenido abstracta la cuestión planteada en la demanda e impuso las costas por su orden (art. 51 inc.1º del CPCA). Seguidamente, reguló los honorarios del letrado patrocinante de la actora.//-
II.- Contra dicho pronunciamiento, a fs. 151/153 y vta., la parte actora interpuso recurso de apelación.-
III.- Mediante providencia de fs. 154, atento el recurso de apelación interpuesto, el juez de grado dispuso el traslado al apelado por el término de 10 días.-
IV.- A fs. 156/159, la parte demandada contestó el traslado conferido.-
V.- Mediante providencia de fs. 160, el magistrado de grado tuvo presente el traslado conferido y dispuso la elevación de las actuaciones al presente Tribunal.-
VI.- Recibidas que fueran las mismas -cfr. constancia de fs. 163 vta.- pasaron los Autos para Resolver (cfr. fs. 164).-
VII.- A fs. 165 y vta., se efectuó el pertinente examen de admisibilidad formal. Pasando los autos al acuerdo sin más trámite, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
A la cuestión planteada, la Señora Juez Ana M. Bezzi dijo:
1º) Para resolver en el modo apuntado en los antecedentes, el Sr. Juez a quo reseñó los elementos procesales del caso, y dio las consideraciones que paso a relatar.-
Expresó que del análisis del objeto de la pretensión contenida en la demanda inicial, se desprende que aquella se dirige a la anulación de la resolución dictada por el Consejo Escolar de M. en la Sesión Especial llevada a cabo el día 7 de febrero de 2006, que destituyó al actor de su cargo como consejero escolar -por considerar su conducta incursa en las disposiciones del art. 94 inciso "c" de la ley 11.612- y que el interés concreto de aquel, viene dado en la restitución del cargo de marras, lo que así deja peticionado (v. pto.”f” in fine del petitorio).-
Observó que -a fs. 95- el propio accionante denuncia que el mandato como consejero venció el 10/12/2007, lo que motiva el desistimiento de la medida cautelar solicitada en razón de que la misma “… no podrá ser cumplimentada”.-
Recordó que las sentencias no () pueden prescindir de las circunstancias existentes al momento de la decisión y citó jurisprudencia (cfr. CSN in re “Asociación por los Derechos Civiles y otros c/ Estado Nacional - Poder Judicial de la Nación” sent. del 21 de noviembre de 2006, cons 3º).-
Entendió que así planteada la pretensión, la decisión judicial que se requiere, no cuenta con posibilidad alguna de producir efectos en la situación personal del accionante, en tanto –a su entender- el término del mandato por el cual aquél fue electo, se encuentra, a la fecha, largamente vencido.-
Concluyó que, en consecuencia, ha perdido virtualidad la cuestión articulada como materia a dirimir en esta causa y que tal extremo convierte en abstracta la decisión sujeta a debate.-
Finalmente, citó jurisprudencia en materia de cuestiones abstractas y destacó que la Suprema Corte Provincial, en materia de conflictos que involucran cargos electivos, ha expresado que “Se torna abstracto cualquier pronunciamiento de este Tribunal acerca del conflicto promovido por el accionante con la finalidad de que se declare la nulidad de la decisión del Concejo Deliberante de Bahía Blanca que lo destituyó del cargo de Intendente municipal que desempeñara, y se lo reponga en el ejercicio del mismo, para el que había sido elegido por un período que culminó el 10 de diciembre de 2007;; en tanto el lapso para el que fuera designado Intendente feneció y, por ende, una sentencia que acogiere o desestimare la pretensión no tendría efecto alguno y constituiría una declaración meramente teórica, impropia de la función jurisdiccional” (doc. SCBA, causa B 68825, “Lopes”, sentencia del 2-3-2011; ver también demás allí citadas: causa B. 55.047 “Bloque de concejales de la U.C.R del Concejo Deliberante de Morón”, sent. 6-IV-1993; B. 54.971 “Pérez”, res. 16-III-1993; B. 61.703 “Giles”, res. 14-II-2001; B. 66.457 “Ostoich”, res. del 16-VI-2004; B. 69.080 “Regueiro”, res. del 20-II-2008; B. 69.147 “Clark”, res. del 27-III-2008; B. 68.182 "Aguirre", res. del 25-VI-2008, entre otras).-
Seguidamente, concluyó en que corresponde extinguir la controversia por haberse tornado abstracta la cuestión litigiosa.-
2º) Contra dicho pronunciamiento el actor interpuso recurso de apelación, solicitando se revoque la sentencia de grado y se declare la nulidad del acto administrativo dictado por el Consejo Escolar de M.-
En esos términos, dijo que se agravia por cuanto el a quo consideró la cuestión abstracta por haber finalizado su mandato como Consejero Escolar, y al haber sentenciado de esa forma cerró definitivamente su camino para reclamar los daños y perjuicios que la resolución de destitución le ha causado.-
Expresó que conforme surge del escrito de inicio la presente demanda se inició contra el Consejo Escolar de M., para que al momento de dictar sentencia se procediera a anular el acto administrativo dictado por dicho organismo en la sesión especia llevada a cabo el día 7 de febrero de 2006, y por el cual se dispuso su destitución como consejero escolar.-
Dijo entonces que el único objeto de este juicio era (y lo sigue siendo) que el a quo procediera a declarar la nulidad del acto administrativo cuestionado, pero que una cosa es el objeto de la pretensión y otra muy distinta sus consecuencias, términos que dice que el juez de grado confundió en la resolución atacada.-
Y sostuvó esa postura, por que de haberse hecho lugar a la pretensión anulatoria solicitada, sus consecuencias habrían sido diversas:
a) por un lado, se lo hubiera restituido a sus funciones de consejero escolar, en la medida que su mandato se encontrara vigente.-
b) por otro lado, se hubiera abierto la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios que la resolución del Consejo Escolar le ha irrogado, independientemente de si hubiera fenecido o no su mandato.-
En ese sentido, dijo que yerra el sentenciante al declarar inoficioso el pronunciamiento por haber devenido abstracta la cuestión planteada, por la única razón de haber finalizado su mandato. Que el acto cuestionado sólo se convirtió en abstracto en lo que hace a su restitución en el cargo, pero no así en lo que respecta al reclamo por daños y perjuicios posterior, el que sólo puede formalizar si existe sentencia que haya declarado nula la resolución de destitución.-
Por otro lado, expresó que el hecho que solo se haya mencionado en su demanda la restitución en el cargo de Consejero Escolar se debió a dos cuestiones: la primera consistente en que cuando se inició la acción su mandato de consejero aún se encontraba vigente; la segunda, relativa a que la restitución es una consecuencia inmediata a la anulación del acto que no requiere ninguna sustanciación.-
Pero que en cambio, sí lo requiere una acción para reclamar daños y perjuicios, ya que es requisito previo e ineludible para ello que exista un hecho generador del mismo, y en el caso de autos, el hecho generador de los daños hubiera sido la obtención de una sentencia que declara la nulidad de la resolución de la destitución.-
Citó jurisprudencia del Supremo Tribunal Provincial, en el cual se dijo “…sólo puede entenderse que la cuestión a resolver se ha tornado abstracta si la pretensión formulada por el accionante en el escrito inicial se ha satisfecho plenamente por fuera del proceso y, por lo tanto, ya no existe la posibilidad de que una decisión judicial tenga algún efecto práctico sobre los hechos del caso por cuanto cualquier pronunciamiento resultaría teórico o inoficioso, al tiempo que, impropio de la función judicial” ( SCBA, B 63493 27-8-2008).-
Dijo, que toda vez que la pretensión formulada por el suscripto en el escrito inicial no ha sido satisfecha y que, por esa razón, no puede considerarse inoficioso o teórico un pronunciamiento que declare la nulidad de la resolución de destitución, no puede afirmase como lo hace el sentenciante que la cuestión a resolver se ha tornado abstracta cuando tal decisión cierra definitivamente la posibilidad de seguir discutiendo las consecuencias de una resolución ilegal.-
Y que de ratificarse semejante decisión se vulnerarían derechos de raigambre constitucional como el derecho de defensa, el de igualdad y el de legalidad, entre otros (art. 16 y 18 del C.N.).-
3º) Al contestar el traslado del recurso, la accionada sostuvo que cabía comenzar recordando cual era el objeto de la pretensión de la actora, que definió el curso de acción del presente proceso.-
Señaló que la pretensión de la actora fue deducida con el único objeto de obtener la nulidad de la decisión de la demandada que dispuso la destitución de su cargo de consejero escolar, al solo efecto de obtener una reincorporación en el empleo. Que esa fue la única y exclusiva finalidad perseguida en este proceso.-
En efecto, el proceso y el ejercicio de la función jurisdiccional a su respecto quedó circunscripto por el contenido de la pretensión inicial, que únicamente perseguía una reincorporación laboral. Que también dijo que en ningún tramo de la demanda, ni en el curso del presente proceso, se introdujo reclamo indemnizatorio por daños y perjuicios.-
Expresó que así definida y acotada la pretensión del proceso, resulta claro que al producirse luego el vencimiento del mandato del cargo de Consejero Escolar reclamado, paralelamente se produjo el decaimiento de la razón de ser de este pleito, habida cuenta que se tornaba inoficioso –por imposible- un pronunciamiento sobre la reincorporación en el empleo.-
En ese sentido, relató lo dicho en su contestación de la demanda, en la cual planteó que habiendo vencido el plazo del mandato, esto impedía obtener el reingreso en el cargo, haciendo perder virtualidad e interés al proceso. Continuo diciendo que el juez de grado receptó ese planteo formulado y consideró que la causa se había tornado abstracta.-
Mencionó que el actor pretendió cuestionar esa resolución por dos argumentos; 1) que en autos no se ha dado el supuesto de que su pretensión se ha haya visto satisfecha extrajudicialmente, 2) que mucho menos ha perdido interés su pretensión anulatoria porque le queda pendiente un eventual reclamo de daños.-
Dijo que ninguno de esos dos agravios resultan ajustados a derecho, ni sirven para eludir los precedentes dictados en casos análogos.-
Respecto al primero de los agravios arriba mencionados, dijo que uno de los ejemplos resultan paradigmáticos de causas que se tornan abstractas durante el curso del proceso, es el que se produce cuando con posterioridad a la demanda promovida para cuestionar la destitución en cargo electivo, de manera sobreviniente se produce el vencimiento del plazo del cargo para el que se había designado al agente, pendiéndose allí el fin del proceso.-
En cuanto al segundo agravio introducido por el actor, relacionado a un interés remanente de su parte en la obtención de los daños y perjuicios provocados, dijo que dicha pretensión no ha sido deducida en este proceso (ni siquiera fue reservada o anticipada en autos), quedando delimitado el interés sustancial que justificara este juicio a la exclusiva obtención de una reincorporación en el cargo referenciado.-
Finalmente, agregó que la decisión del a quo coincide con la doctrina legal sentada por el más Alto Tribunal Provincial en procesos análogos, en los que se declaró abstracta la causa por motivos similares a los del caso ( conf. causa citada SCBA, B-68.825, “Lopes”, s. 02/03/11 entre otros).-
4º) Sentado ello, recordaré que en el caso de autos, el Sr. P. inició una pretensión anulatoria contra la decisión del Consejo Escolar de M., por la cual se dispuso su destitución por considerar incursa la conducta que se la endilga en los términos de lo dispuesto por el art. 94 inc. c de la ley 11.162.-
Solicitó así, que debía dejarse sin efecto la sanción de destitución impuesta y restituirlo en su función de consejero escolar.-
En base a que el mandato del actor como consejero escolar había vencido el 10/12/2007, el a quo resolvió declarar inoficioso el pronunciamiento por haber devenido abstracta la cuestión planteada.-
5º) En dicho marco, corresponde resolver si ha sido correctamente aplicada la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en relación la abstracción de un litigio, y en el supuesto de no ser así en segundo lugar se tratarán los temas que no han sido resueltos por el juez de grado a causa de la aplicación de dicha doctrina.-
En esta instancia, cabe recordar la doctrina del Cimero Tribunal Provincial, que ha sido citada por el a quo “…Se torna abstracto cualquier pronunciamiento de este Tribunal acerca del conflicto promovido por el accionante con la finalidad de que se declare la nulidad de la decisión del Concejo Deliberante de Bahía Blanca que lo destituyó del cargo de Intendente municipal que desempeñara, y se lo reponga en el ejercicio del mismo, para el que había sido elegido por un período que culminó el 10 de diciembre de 2007; en tanto el lapso para el que fuera designado Intendente feneció y, por ende, una sentencia que acogiere o desestimare la pretensión no tendría efecto alguno y constituiría una declaración meramente teórica, impropia de la función jurisdiccional” (doc. SCBA, causa B 68825, “Lopes”, sentencia del 2-3-2011; ver también demás allí citadas: causa B. 55.047 “Bloque de concejales de la U.C.R del Concejo Deliberante de Morón”, sent. 6-IV-1993; B. 54.971 “Pérez”, res. 16-III-1993; B. 61.703 “Giles”, res. 14-II-2001; B. 66.457 “Ostoich”, res. del 16-VI-2004; B. 69.080 “Regueiro”, res. del 20-II-2008; B. 69.147 “Clark”, res. del 27-III-2008; B. 68.182 "Aguirre", res. del 25-VI-2008, entre otras).-
La "doctrina legal", en la acepción técnica que le confiere el texto del Código Procesal Civil y Comercial de Buenos Aires, nos ubica frente a otro caso de "obligatoriedad" de la jurisprudencia, con un alcance mucho más amplio que el que poseen los fallos plenarios. Ello así, por cuanto en la actualidad forma parte del mecanismo del control casatorio que lleva adelante nuestra Suprema Corte bonaerense respecto de sentencias definitivas provenientes de toda la provincia (conf. Camps, Carlos E. Jurisprudencia obligatoria y doctrina legal en la Corte bonaerense, 2004 SJA 30/6/2004 ; JA 2004-II-1164)
6º) Así de la lectura de la doctrina legal aplicada, surge que el precedente citado se encuentra relacionado con cargos electivos, en los cuales se encontraba vencido el mandato al momento de resolver la cuestión.-
También surge que estos precedentes fueron encausados como conflictos en los términos del art. 196 del Constitución Provincial, el cual dispone “Los conflictos internos de las municipalidades, sea que se produzcan entre los departamentos ejecutivo y deliberativo, sea que ocurran en el seno de este último, los de las distintas municipalidades entre sí o con otras autoridades de la Provincia, serán dirimidos por la Suprema Corte de Justicia”.-
Bajo dichos parámetros, observo que si bien el caso de autos se encuentra relacionado con un cargo electivo fenecido al momento de dictar sentencia, lo cierto es que la pretensión que aquí se ha planteado se encuentra regulada en el Código Contencioso Administrativo Provincial, que prevé la posibilidad de introducir la anulatoria conjuntamente con la daños y perjuicios o realizarla de manera autónoma ( conf. art. 12 inc. 1 y 20 del CPCA). Es decir, no nos encontramos ante un caso análogo por su naturaleza y circunstancias al resuelto por la S.C.B.A.-
La pretensión anulatoria que se encuentra regulada por el art. 12 inc. 1 del CPCA, tiene como finalidad la anulación total o parcial de los actos administrativos de alcance particular o general. A su vez el art. 20 del mismo texto legal dispone que “…Pretensión resarcitoria e ilegitimidad de actos administrativos 1. Juntamente con la pretensión de anulación puede reclamarse el resarcimiento de los daños y perjuicios, aplicándose el plazo de caducidad del artículo 18 del presente Código. 2. El interesado podrá deducir la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios, como reclamo autónomo luego de finalizado el proceso de anulación que le sirve de fundamento y dentro del plazo de prescripción”.-
Es decir, en lo referente al aspecto instrumental o modo de articulación de la pretensión, el art. 20 inc. 1 dispone que, conjuntamente con la pretensión de anulación puede reclamarse el resarcimiento de los daños y perjuicios, aplicándose el plazo de caducidad del art. 18. En su inc. 2 prevé que el interesado podrá deducir la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios, como reclamo autónomo, luego de finalizado el proceso de anulación que le sirve de fundamento y dentro del plazo de prescripción de la misma.-
De la lectura de la normas reseñadas no se visualiza que para reclamar en forma autónoma los daños y perjuicios -una vez finalizado el proceso de anulación- al momento de iniciar la acción anulatoria el accionante deba dejar reservada la posibilidad de reclamar posteriormente los daños productos de la ilegitimidad, como sucede – a modo de ejemplo- con la reserva del caso federal (arg. art. 14 de la ley 48).-
Así, y luego del análisis de las normas en cuestión, estimo que la doctrina legal citada por el a quo no resulta aplicable al presente, toda vez que no habiendo sido enmarcado el asunto en lo previsto por el art. 196 de la Constitución Provincial, es el propio Código Contencioso Administrativo el que permite elegir la vía por la cual el actor ha transitado, siendo necesario entonces expedirse sobre la nulidad –o no- del acto administrativo sancionatorio.-
7º) Adúnese a ello, que a fs. 95 el actor solicitó se deje sin efecto la medida cautelar que pretendía su reinstalación en el cargo, toda vez que su mandato había vencido. Pero a renglón seguido peticiono al a quo el traslado de la demanda, por lo que entiendo que esta actitud tuvo como finalidad expresar su interés actual en obtener la nulidad del acto, con las consecuencias que ello implica.-
Como así también, entiendo que ese fue el momento en donde el juez –de acuerdo a su postura- debió declarar la abstracción de la cuestión, ya que contaba con los elementos de conocimiento suficientes para expresarse en ese sentido, y no prorrogar el juicio por dos años más con el dispendio jurisdiccional que ello implica.-
8º) Ahora bien, resuelto ello corresponde que me expida sobre el fondo de la cuestión.-
La parte actora ha planteado:
Que tanto el procedimiento sancionatorio como la resolución que dispuso su destitución son nulos, ya que fueron instrumentados al margen del ordenamiento jurídico que rige el procedimiento administrativo en el ámbito de la Pcia. de Buenos Aires (leyes 11.612 y 7.647), resultando al propio tiempo, contrarios a las Constituciones Nacional y Provincial.-
Que denunció violación a las disposiciones emanadas de la ley provincial 11.612 (arts. 93, 94, 96 y cctes.) y de la ley 7.647 de Procedimiento Administrativo de la Pcia. de Buenos Aires (arts. 40, 42, 55, 56, 57, 62, 64 y cctes.); como así también a los principios constitucionales de legalidad (arts. 16, 17, 18, 19,28 y cctes. de la Constitución Nacional, y arts. 3, 10, 11 y 15 de la Constitución Provincial), de razonabilidad (arts.28 y 29, inc. 2° de la CN.) y de que nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo; el derecho a la intimidad (art. 19) y el derecho a la libre expresión (art. 14) en concordancia con el art. 37 (CN.) que garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos.-
Que eI "expediente administrativo" instruido en su contra, se inició a partir de una nota que los Consejeros Escolares F., C. y F. dirigieron a la Sra. Presidente del Consejo Escolar de M. M. de los A. B., solicitando una Sesión Especial " ... a los efectos de tratar las versiones emitidas por el Consejero Escolar Sr. P. A. según consta en Acta Nº 343/05 del libro de Actas Especiales de este Consejo Escolar".-
Que las acusadas "versiones" habrían tenido lugar en su domicilio particular, tal como lo expresa el propio consejero denunciante R. C. en el acta labrada al efecto y que parcialmente trascribe.-
Que el hecho que se le imputa es haber manifestado en su domicilio particular algunas cuestiones vinculadas con el accionar de los consejeros C., F., B. y F., hecho que no se expresó en ningún ámbito público, ni tampoco está demostrado en el expediente que el mismo efectivamente haya sucedido y que por tal invalida todo el procedimiento posterior.-
Que ninguno de los testigos citados por el Consejo Escolar a prestar declaración, manifestó haber escuchado al accionante afirmar en su domicilio particular la acusada expresión de que "... los Consejeros C., F., B. y F. arreglan las licitaciones y que hay manejos raros con los proveedores... ".-
Que aún habiéndose logrado acreditar tal circunstancia, es decir, que esas "versiones" efectivamente fueron efectivamente realizadas, los comentarios que pudiera haber realizado en su domicilio en una reunión de amigos, corresponden a su ámbito privado y de relación, y que la Constitución Nacional garantiza en su art. 19 el derecho a la intimidad.-
Que el hecho que dio origen al inicio de las actuaciones sumariales no puede ser materia de investigación ni juzgamiento.-
Que para fundar el inicio de las "actuaciones administrativas" el Consejo Escolar de M. sólo se basó en las "constancias" obrantes en el acta nº 343/05 obrante a fs. 27 del expte. Nº 5828-966087-9, donde consta que el actor habría ratificado haber dicho en su domicilio particular que los consejeros F., C., B. y F. arreglaban licitaciones y que había manejos raros con proveedores.-
Que en la citada acta sólo se limitó a expresar que en su domicilio particular había "conversado" sobre los temas que originaron la presentación de los Consejeros F., C. y F., sin admitir en ningún momento haber dicho que ellos arreglaran licitaciones o que tuvieran manejos raros con proveedores.-
Que la reunión que da cuenta el acta nº 343/05, no se celebró a partir de una citación previa del Consejo para hablar de ese tema específico, sino que se aprovechó maliciosamente que se estaba llevando a cabo una Sesión del Cuerpo, para luego tratar en forma separada los sucesos que derivaron en el inicio de las "actuaciones administrativas".-
Que en esa oportunidad no se le dio la posibilidad de contar con asesoramiento legal y fue presionado a hablar por los consejeros presentes. Todo ello –entiende- en flagrante violación al art. 18 de la Constitución Nacional.-
La accionada en su contestación a la demanda señaló:
Que con carácter previo a des¬arrollar los argumentos defensivos relacionados con la legitimidad del obrar administrativo, estima necesario señalar que existe un precedente judicial adverso a la postura de la actora -dictado en un juicio de amparo previo al presente- en el que la justicia rechazó la existencia de una ilegalidad o arbi¬trariedad manifiesta en el procedimiento disciplinario bajo examen.-
Que con anterioridad al inicio del presente proceso contencioso, la actora promovió un juicio de amparo contra la autoridad demandada con semejante finalidad y fundamentos que los invocados en este pleito, esto es, la causa Nº 5052 caratulada "P. A. E. C/ Consejo Escolar de M. s/ Amparo" de trámite por ante este Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Mercedes.-
Que en dicho proceso –sigue indicando - la actora cuestionó la me-dida disciplinaria de destitución del cargo de Consejero Escolar que fuera resuelta en su contra, solicitando la anulación de ese acto administrativo por no haber sido dictado de conformidad con el ordenamiento jurídico que rige el procedimiento administrativo, alegando también violación al prin¬cipio de intimidad, legalidad, razonabilidad, derecho de defensa, etc.-
Que en ese proceso, conforme sentencia de la CCALP de fecha 01/03/07 y resolución de la SCBA de fecha 08/10/08, se rechazo la acción intentada por estimársela improcedente desde el punto de vista sustancial. Para así resolver –apunta el representante fiscal- la justicia consideró que no se había demostrado la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta como para que fuera procedente el amparo solicitado.-
Que ese fallo importa un precedente a ser considerado en autos, predispo¬niendo este juicio hacia a una solución semejante.-
Que la au¬toridad escolar ejerció válidamente su potestad disciplinaria, luego de sus¬tanciar el procedimiento previsto al efecto y de constatar que el actor había incurrido en una conducta indecorosa para la función desempeñada, en tan¬to tuvo declaraciones agraviantes para con los otros consejeros.-
Que concretamente, se le reprochó al actor el hecho de que en su carácter de Consejero Escolar del Municipio de M. y en el marco de una reunión social llevada a cabo en su domicilio con funcionarios y perso¬nas destacadas de la actuación comunal, manifestó que los consejeros C., F., B. y F. arreglaron las licitaciones llevadas a cabo por el Consejo Escolar y tenían manejos turbios con proveedores.-
Que por haber trascendido esas manifestaciones y haber llegado a conocimiento del cuerpo, oportunamente se celebró una sesión con todos los integrantes del Consejo Escolar en la que se solicitó al actor explicara sus manifestaciones, diciendo éste que " ... va aclarar la situación cuando se llegue al Señor Intendente, manifestando que dijo que conversó sobre los te-mas que manifestó el Señor C. ... " (Cf. Acta Nº 343/05 del 17 /11/09).-
Que esta asunción de los comentarios por parte del propio actor, provocó la iniciación del procedimiento disciplinario del caso y así fue que ciertos consejeros escolares solicitaron la realización de una "Sesión Especial" a efectos de tratar el asunto y en el marco de ese procedimiento, se corroboró a través de testigos la infracción imputada.-
Que con fecha 01/02/06 se libró cédula de citación al actor para que compareciera a la "Sesión Especial" a celebrarse el día 07/02/06. Y que con fecha 03/02/06 el actor presentó un pedido de licencia por enfermedad, petición que fue rechazada por resultar que la situación invocada por el consejero no encua¬draba en la normativa.-
Que así se llegó a la "Sesión Especial" celebrada con fe¬cha 07/02/06, en la que se tuvieron por comprobados los hechos que se le imputaran al actor y se consideró que la falta importaba una violación al deber de lealtad y probidad para con la totalidad de los Consejeros Escolares (Cf. art. 94 inc. c Ley 11.612 -Disp. 66/06-), en razón de que el actor había tenido comentarios agraviantes para con los compañeros del cuerpo, que afectaron el decoro de su desempeño, decidiéndose la destitu¬ción del actor en el cargo de consejero.-
Que descarta por improcedentes las defensas sustanciales que intenta esgrimir el accionante, pues entiende que surge claro del texto expreso del acta Nº 343/05 que el actor asumió la conversación mantenida en su casa respecto de un conjunto de personas, quedando confirmadas las circunstancias de tiempo, personas y lugar en las que se formularon sus dichos.-
Que por otro lado -en orden a la violación al dere¬cho a la intimidad alegado por el actor- que la circunstancia de que este hiciera declaraciones agra¬viantes en contra de los restantes consejeros escolares, en una reunión con funcionarios y agentes municipales, comprueba que en el caso no hubo reserva o intimidad, sino difusión hacia terceros de una afirmación injuriante sobre ausentes, circunstancia que no merma su carácter perjudicial por el hecho de que dichas afirmaciones se hiciera en un domicilio particular. Al difundir sus comentarios a personas públicas del ámbito municipal, agraviando a terceras personas que estaban ausentes, el actor permitió que sus dichos salieran de su hogar y tomaran estado público, lle¬gando a ratificarlos a través de un acta oficial del Consejo Escolar (ver Acta Nº 343/05). Tal circunstancia –concluye- impide alegar la violación de un derecho a la intimidad, siendo que el propio actor difundió sus palabras.-
Que en cuanto a los cuestionamientos formulados por el actor a su citación a la "Sesión Especial" que derivó en su destitución, resulta inocultable la existencia de notificación y el debido conocimiento que tenía el actor respecto del procedimiento discipli¬nario que aquella involucraba. Puntualiza que así lo ha considerado la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que ha rechazado –al resolver el amparo arriba indicado- la existencia de un vicio en el procedimiento sustentado en las notificaciones cursadas.-
Que tampoco encuentra respaldo probatorio la supuesta enfermedad que justifique su inasistencia a la Sesión Especial del Consejo Esco¬lar.-
Que pone de resalto que el actor no ha invo¬cado de qué defensas y pruebas se vio privado en sede administrativa y/o en esta sede jurisdiccional. Por tal razón, estima que su planteo se traduce en un reproche de la nulidad por la nulidad misma, resultando descalificado tal proceder por la jurispru-dencia de la CSJN y la SCBA, que han rechazado planteos de vicios de pro-cedimientos que no traducían más que un agravio de mera legalidad.-
Que no ha existido una des¬proporción en la sanción aplicada por la autoridad de aplicación. Argumenta al respecto, que entre las atribuciones del Consejo Escolar se encuentra la posibilidad de aplicar la sanción de destitución en relación a alguno de los consejeros (Cf. art. 93 Ley 11.612), y que dicha medida es pertinente cuando se constata que un consejero no ha mantenido dentro o fuera de las funciones una conducta decorosa (Cf. art. 94 Ley 11.612).-
Que en el caso de autos –asevera el representante fiscal- de conformidad a la prueba acumulada en el expediente administrativo, valorada bajo el sistema de las libres convicciones razonadas, la autoridad demandada concluyó válidamente que existían suficientes elementos de juicio a los fines de acreditar la responsabilidad administrativa del actor, por el incumplimiento de los deberes a su cargo y por ello aplicó correctamente la sanción de destitución.-
Que ofrece prueba y finalmente, peticiona se desestime la demanda en todas sus partes.-
9º) Sentado ello, en el estado actual del avance del derecho público, se hallan ampliamente superados los criterios que propugnan el carácter restringido del contralor judicial de los actos administrativos de índole disciplinaria, basado en el margen de discrecionalidad que cuenta la administración en esa materia, y en la consideración que todo antecedente que exceda el dictado acto sancionatorio definitivo, goce de presunción de legitimidad.-
Resulta ilustrativo y punto de inflexión en el amplio sentido del tema, el desarrollo doctrina de la SCBA en la causa Trezza (Causa B 51249 S 10-11-1992).-
En tal sentido, corresponde admitir -sin restricciones- el control judicial de las facultades disciplinarias de la Administración Pública, no sólo en cuanto a su "legalidad" sino también en lo atinente a su "razonabilidad", aún cuando se trate de potestades discrecionales, sin que ello implique que los jueces tengan la posibilidad de inspeccionar la "oportunidad, mérito o conveniencia" de dichas facultades, misión que les es ajena (SCBA, B 55191 S 16-12-1997, Juez Hitters (MA) Espilman, Epifanio Héctor c/ Municipalidad de Chivilcoy s/ Demanda contencioso administrativa; SCBA, A 68782 S 22-12-2008, Juez Genoud (OP) C.,d. c/ d.,M. s/ Acción disciplinaria, CA0000SM, SCBA, B 64810 S 7-6-2010, Juez Hitters (OP) Quiroga, Elba Graciela c/ Municipalidad de General Pinto s/ Demanda contencioso administrativa; SCBA, B 62884 S 1-6-2011, Juez Hitters (OP) Ríos, Cosme Damián c/ Municipalidad de Ayacucho s/ Demanda contencioso administrativa).-
En efecto, la fiscalización jurisdiccional de los actos administrativos, aun de aquéllos que traducen el ejercicio de potestad disciplinaria, no exhibe en principio, elemento estructural alguno que conlleve un trato diferencial a la hora de establecer su impugnabilidad en sede procesal administrativa, ni menos todavía, un acotamiento en las causales determinantes de su invalidez. Bajo la observancia de la regulación material que les sea aplicable, tales actos también se encuentran comprendidos por las normas y principios informadores de la juridicidad administrativa; ellos traducen un quehacer que, como tal, está sujeto a control y eventual invalidación judicial al comprobarse, no sólo arbitrariedad o irrazonabilidad, sino también la concurrencia de cualquier otra causal de nulidad prevista en el ordenamiento positivo (arg. arts. 103, 108 y conc. dec. ley 7647/1970; confr. mi voto en las causas B. 59.078, "González", sent. de 28V2003; B. 58.328, "Miller", sent. de 21V2003; B. 57.563, "Agliani", sent. de 4VI2003; B. 59.986, "Caselli", sent. de 16II2005, ver voto del Juez Soria en causa “Serdá” B. 60.355, del 14/11/07).-
Es aquí donde, en mérito a la brevedad y a la claridad de fundamentos brindados sobre el tópico, es que me permito recordar determinados fundamentos relevantes vertidos por la SCBA en la causa A. 68.782, "Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires contra doctor M. H.M. Acción disciplinaria", del 22 de diciembre de 2008”, sobre cuya base los cuales el alto tribunal provincial, confirmó la declaración de inconstitucionalidad decidida por esta alzada del art. 74 del CCA.-
En particular, resulta clarificador aquello que emerge en línea coincidente, en lo sustancial, de los votos de los Jueces Hitters, Pettigiani, Kogan, Genoud y Negri; en el sentido que las decisiones de los órganos administrativos queden sujetas a un control judicial suficiente, cuyo alcance no depende de reglas generales u omnicomprensivas, sino que ha de ser más o menos extenso y profundo según las modalidades de cada situación jurídica; pero que admita la revisión de las cuestiones de hecho y de derecho comprendidas o resueltas en la decisión administrativa.-
Destaca el primero de los magistrados, que modernamente el control de legalidad ha cedido paso a un escrutinio de legitimidad o de juridicidad sustancial, avance que queda en evidencia, particularmente, al permitirse el contralor del ejercicio de las potestades discrecionales (arg. SCBA causas B. 55.191, "Espilman" sent. del 16-XII-1997; B. 50.082, "Filomeno de Questa", sent. del 25-X-1999; B. 56.758, "Neustadt", sent. del 5-IV-2000; B. 57.944, "Samara", 18-VII-2001, entre otras; y causa B. 51.249 (sent. del 10-XI-1992, "Trezza", en especial, votos de los doctores Ghione y Negri). Ello, en tanto no existen actos estrictamente reglados, o totalmente discrecionales, sino que, en todo caso, tales caracteres pueden informar predominantemente un determinado acto administrativo.-
Sobre esa base, considera el magistrado citado que el órgano jurisdiccional se encuentra investido de la potestad de revisar los actos disciplinarios emanados de la Administración, abarcando no sólo el control de su `regularidad´, sino también el de la `razonabilidad´ de las medidas que los funcionarios hayan adoptado en el ejercicio de sus facultades; conclusiones, todas ellas, que comparto y que brindan, junto a los fundamentos que paso a exponer, el marco conceptual adecuado para abordar el presente caso.-
Si bien no desconozco que el acto administrativo, incluso aquél por el cual se decide aplicar una medida disciplinaria, goza de la presunción de legitimidad que le otorgan en nuestro país los ordenamientos de procedimientos administrativos (art. 110 DL 7647, art 12 DL 19549, entre otros, ver además SCBA, B 49826 S 24-2-1987, Juez Cavagna Martinez (SD) Lekander, Oscar Gustavo c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa en AyS 1987-I, 245 y SCBA, B 59084 S 14-9-2005, Juez Pettigiani (SD) Ramos, A. Mario c/ Municipalidad de General Alvarado s/ Demanda contencioso administrativa), no puede extenderse en materia disciplinaria tal cualidad con total extensión, ni reputarse per se, como instrumentos públicos –cfr. art. 979 Cód. Civ.y sus consabidos alcances-, a los actos previos o preparatorios al de aplicación de la sanción de la instrucción suM.l (arg. cfr. Gordillo Agustín, Tratado de Derecho Administrativo Tomo III, Cap. 7), sin conculcar la mentada presunción de inocencia del agente.-
10º) A fin pasar a resolver la cuestión en debate, señalaré que los agravios que vierte el Sr. P. discurren en dos órdenes de consideraciones diversos: (i) que el hecho que dio origen al inicio de las actuaciones no puede ser materia de investigación ni juzgamiento, por cuanto habrían tenido lugar en su ámbito privado (domicilio particular) (ii) vicios graves en el desarrollo del procedimiento suM.l, que derivaron en la violación de su derecho de defensa y al debido procedimiento adjetivo.-
Así, diré que de las constancias que surgen relevantes para solución del pleito observo que:
Del expediente administrativo n°5828-966087/06 surge:
a) A fs. 27 obra acta nº 343/05 del 17/11/05 en donde el Consejero C. expresa “...Solicitara una reunión con el Intendente Municipal dice que el Consejero A. P. en una reunión en su casa dice que los Consejeros C., F., B. y F. arreglan las licitaciones y que hay manejos raros con los proveedores... a tal efecto el consejero informa que va aclarar la situación cuando llegue al señor intendente manifestando que dijo que converso sobre los temas que manifiesta el señor C.”.-
b) A fs. 1 obra nota del día 1/12/2005 suscripta por los Consejeros Escolares F., F.i y C. donde solicitan al Presidente del Consejo Escolar una sesión especial a los efectos de tratar las versiones emitidas por el Consejero A. P. según consta en el acta n° 343/05.-
c) A fs. 8 obra nota por medio de la cual se cita al consejero P. A. a la sesión especial para el día 07/02/2006, “…referida al pedido que me hicieran los consejeros escolares F., F. y C. el día 1/12/2005 motivado por lo descripto y tratado en la sesión ordinaria del día 1/12/05 bajo acta n° 265/05 y en foja 104 del libro de Actas de Sesiones de Consejeros Escolares”.-
d) A fs. 43/47 obra acta de la sesión especial del día 7/2/06, en la cual se procede a dar “…tratamiento de solicitud realizada por los señores Consejeros Escolares C., R., F. Miriam y F. Oscar respecto del acta nº343/05 a fs. 389 del libro de actas especiales…” luego dice “…La señora Presidente del cuerpo, M. de los A. B., abre la sesión manifesndo que de acuerdo al contenido del acta precedentemente aludida, propone como moción el inicio del proceso disciplinario contra el consejero P., consagrado por el art. 93 y sg. De la ley 11612 que rige el cuerpo” luego se transcribe el acta nº343/05 que dice “…el consejero C. desea informar sobre el siguiente tema, con la presencia de todos los consejeros escolares.Solicitara una reunión con el Intendente Municipal dice que el Consejero A. P. en una reunión en su casa dice que los Consejeros C., F., B. y F. arreglan las licitaciones y que hay manejos raros con los proveedores... a tal efecto el consejero informa que va aclarar la situación cuando llegue al señor intendente manifestando que dijo que converso sobre los temas que manifiesta el señor C.”. Posteriormente se dice “…concedida la palabra al consejero R. C., propone la destitución del señor A. P., en razón de encontrarse su conducta incursa y en violación palM. de las disposiciones de los art. 94 inc. c y conc. de la ley 11.612 por las faltas reiteradas contra la dignidad y respecto contra la administración y falta de lealtad y probidad para con la totalidad de los Consejeros Escolares”, para finalmente resolver: “POR MAYORIA, RESUELVE: DESTITUIR del cargo de Consejero Escolar de la Ciudad de M., Provincia de Buenos Aires al señor A. E. P., por considerar su conducta incursa en las disposiciones de los artículos 94 inciso “c” de la ley 11.612”.-
11º) En esas condiciones, la sanción de destitución del consejero escolar A. E. P., por considerar su conducta incursa en las disposiciones de los art. 94 inc. C de la la ley 11612 –faltas reiteradas contra la dignidad y respeto contra la administración y falta de lealtad y probidad para con la totalidad de los consejeros escolares-, adolece de vicios esenciales que lo invalidan como acto administrativo.-
Destáquese que el art. 93 de la ley 11612 –entonces vigente- disponía: “…en cuanto a la Responsabilidad Disciplinaria Administrativa, el Consejo Escolar podrá aplicar a sus miembros con causa las sanciones de: 1) Amonestación. 2) Suspensión de hasta 90 días. 3) Destitución”.-
Por su parte, el art. 94 inc. c de la mentada ley decía: “Serán causas de aplicación de las sanciones previstas en el artículo anterior: … c) No mantener dentro y fuera de las funciones una conducta decorosa y digna. Lo precedente es meramente enunciativo y no taxativo, y no excluye otras conductas que puedan justificar la aplicación de una sanción.”
Referenciado el marco normativo cabe resaltar que no se encuentra acreditado el hecho por el cual se aplicó la sanción, en tanto las palabras que habría dicho el sancionado no lucen demostradas en el expediente administrativo, ni en los presentes. Así, la supuesta ratificación por parte del actor –prueba en que sustancialmente fundó la decisión el demandado- no luce corroborada de la lectura de las actuaciones. Se suma a ello que tampoco se ha dilucidado en sede administrativa quienes serian las personas ante las cuales se habrían emitidos las controvertidas expresiones.-
En tal contexto, luce determinante que no existe controversia en que las actuaciones sumariales se iniciaron como consecuencias de los supuestos dichos que actor habría realizado en su domicilio privado, respecto de otros integrantes del Consejo Escolar de M., y ante las constancias fácticas del asunto, comprendo que esos hechos realizados en el ámbito privado quedan exentos del análisis del juzgador, y por tal motivo entiendo que no pueden ser utilizados para el inicio de un sumario administrativo.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una causa en la que se aplicó una sanción por la conducta realizada en la privacidad por un funcionario entendió que “Dicho comportamiento constituye una parte de los hábitos íntimos reservada a la conciencia del individuo, protegida por el art. 19 de la Constitución Nacional y, por tanto, exenta de la vigilancia y el castigo por parte de las autoridades administrativas y judiciales” (CSJN Spinosa Melo c. Mrio. de Relaciones Exteriores 5/9/06).-
Y –tal como ocurre en este caso con el concepto “conducta decorosa y digna”- que “…la mera indeterminación del concepto de honorabilidad previsto en art. 11 de la ley 20.957 no habilita implícitamente al órgano sancionador a llenarlo con el contenido que le dicte su libre y cambiante arbitrio… Ello es así porque, a pesar de que como regla se acepte que las infracciones disciplinarias no son susceptibles de ser típicamente descritas, en el sentido en que lo son los delitos del derecho criminal, tampoco resulta posible admitir que los funcionarios estén expuestos a ser separados forzadamente del servicio por el mero hecho de incurrir en conductas innominadas, cuya descripción concreta depende exclusivamente del juicio formulado a posteriori por el órgano sancionador, según el libre arbitrio de éste. Esto último supondría tanto legitimar la existencia de un poder legal en blanco como retornar, inexcusablemente, al concepto de los delicta innominata del derecho antiguo (cfr. Mattes, Heinz: "Problemas de Derecho Penal Administrativo". Ed. Edersa, Madrid, 1979; ídem, Nieto, Alejandro: "Problemas Capitales del Derecho Disciplinario". Revista de la Administración Pública. Instituto de Estudios Políticos, 1970. Nº 63, pág. 39) (CSJN Spinosa Melo c. Mrio. de Relaciones Exteriores 5/9/06).-
Desde este punto de vista sin duda el acto administrativo – 66/06- aparece viciado en su elemento causa, es decir, en las circunstancias de hecho y de derecho que dan fundamento a la decisión administrativa – Cfr. Art. 108 Ley 7647/70; cfr. Marienhoff, Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo”, T II, pág. 298; -, por cuanto en lo concreto el hecho que constituye la falta resulta ajeno al conocimiento tanto de la autoridad administrativa como judicial, por ser una actividad privada la cual debe ser analizada solamente ante los ojos de Dios, no ajustándose a derecho por ello, el encuadre jurídico pertinente a dicho hecho ( art. 94 inc. c ley 11.612).-
12º) Por lo demás, corresponde destacar ciertos vicios que se advierten en el procedimiento previo al dictado acto administrativo cuestionado.-
Del expediente administrativo n°5828-966087 ya reseñado, surge que la nota glosada a fs. 8 se ha limitado a consignar que se cita al Consejero A. P. a la Sesión especial a celebrarse el día 7 de febrero a las 10:00 horas, referida al pedido que hicieran los Consejeros Escolares C., F. y F. “... motivado en lo descrito y tratado en la sesión ordinaria del día 1 del mes de diciembre de 2005, bajo acta Nº 265/05 y en foja 104 del libro de Actas de Sesiones de Consejeros Escolares...”.-
Así de la simple lectura de esa nota, se concluye que nada se dice allí de la tramitación de un proceso de investigación; no se menciona respecto de un acto de imputación o prueba de cargo producida; no se advierte respecto que la audiencia se desarrollara a los fines del procedimiento disciplinario previsto en el art.96 de la ley 11.612; no se menciona que dicha audiencia es la oportunidad prevista por la ley para ser oído en un tramite sumarial y de ofrecer la prueba que hace a su descargo.-
Finalmente, en dicha sesión especial se dispone iniciar el proceso disciplinario, se incorpora la prueba de cargo, acto seguido se procede a aprobar la moción de destitución; todo en ausencia del interesado, cuya justificación medica presentada es rechazada por extemporánea.-
De lo expuesto, surge patente la afectación del derecho constitucional a ser oído previo a toda decisión que afecte los derechos del interesado (arts. 11 y 15 Const. Pcial y 18 Const. Nac.). El Consejo Escolar ha aplicado una sanción –de la máxima entidad de la que podía aplicar (cfr. art.93 ley 11.612)- sin garantizar al actor la oportunidad de ser oído y de ofrecer y controlar la producción de la prueba que eventualmente pudiera valerse, en tanto y en cuanto, nunca fue notificado efectiva y útilmente a tal fin (cfr. arts.55, 56, 62, 103 y su doc. del decreto ley 7647/70).-
Otro punto a tener en cuenta, es la ausencia de dictamen jurídico previo al dictado del acto (art.57 dec.ley 7647/70) que implica una clara subsunción normativa y que resulta perjudicial para el interesado, constituyendo esta omisión un vicio esencial de aquel. Así lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia Provincial, remarcando que “… Este vicio es grave, ya que compromete la garantía de la defensa en juicio y afecta al accionante, a quien debe reconocérsele el derecho a una decisión adoptada con el debido cuidado hacia los recaudos técnicos que aseguren una suficiente fundamentación de lo que se decide” (cfr. doc. SCBA causa B 64.413 “Club Estudiantes de La Plata contra Municipalidad de La Plata. Amparo” del 04-09-2002).-
13º) En cuanto a las costas cabe aclarar que al momento del dictado de la presente se encuentra vigente la ley 14437, que modificó el artículo 51 del CCA e impuso en el inciso 1º como criterio rector el principio objetivo de la derrota, en lugar de la distribución de costas por su orden.-
Por su parte, la ley vigente en el inciso 1º in fine estipula que el juez puede eximir total o parcialmente del pago de las costas al vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.-
En tales condiciones, cabe recordar que en el terreno procesal, en principio la aplicación de las normas es inmediata en aquéllas causas pendientes, debiendo los actos procesales regirse por la ley vigente en el momento en que se produce, razón por la cual en este caso debe aplicarse la norma en su redacción actual (cfr. CCCSM, sala Segunda causa 48028/2 S. VII/2000).-
Bajo esos parámetros, corresponde decidir el modo de imposición de las costas de ambas instancais para lo cual tengo en cuenta que, en este caso, la actividad procesal recursiva-, en su totalidad, se desarrolló con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14437, al amparo del régimen anterior -ley 12008 texto según ley 13101- que fijaba como regla general las costas por su orden-.-
Por ello, encuentro mérito para establecer la distribución de las costas en el orden causado (art. 51 inc. 1 in fine ley 12008, texto según ley 14.437, en este sentido ver SCBA, C 95114 S 17-2-2010, C 95629 S 6-10-2010).-
13º) Por todo lo expuesto, propongo: 1) hacer lugar al recurso interpuesto por la actora y revocar la sentencia de grado en cuanto declaró la cuestión abstracta, y en consecuencia declarar la nulidad de la sanción de destitución impugnada, a los fines del eventual planteo indemnizatorio (art. 20 inc. 2 del CCA); 2) establecer la distribución de las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 51 inc. 1 in fine ley 12008, texto según ley 14.437, en este sentido ver SCBA, C 95114 S 17-2-2010, C 95629 S 6-10-2010); 3) volver los autos al acuerdo a efectos de tratar lo correspondiente a los honorarios profesionales. ASI VOTO.-
El Sr. Juez Jorge Augusto Saulquin adhiere, por los mismos fundamentos, al voto que abre el acuerdo.-
En virtud de todo lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1º) hacer lugar al recurso interpuesto por la actora y revocar la sentencia de grado en cuanto declaró la cuestión abstracta, y en consecuencia declarar la nulidad de la sanción de destitución impugnada, a los fines del eventual planteo indemnizatorio (art. 20 inc. 2 del CCA); 2º) establecer la distribución de las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 51 inc. 1 in fine ley 12008, texto según ley 14.437, en este sentido ver SCBA, C 95114 S 17-2-2010, C 95629 S 6-10-2010);; 3º) volver los autos al acuerdo a efectos de tratar lo correspondiente a los honorarios profesionales.-
Se deja constancia que el Dr. Hugo Jorge Echarri no suscribe la presente por encontrarse excusado de entender ( ver fs.171 y 172).-
Regístrese. Notifíquese y oportunamente devuélvase.//-
Fdo.: ANA M. BEZZI - JORGE AUGUSTO SAULQUIN
Fdo.: Ana Clara González Moras, Secretaria
Citar: elDial AA815D
Publicado el: 05/09/2013