Source: http://aslegal.blogspot.com/
Timestamp: 2016-12-10 22:16:18
Document Index: 69320905

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 23', 'artículo 11', 'artículo 141', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo 2330', 'artículo 97', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 39', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 91', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 94']

PORTAL DE LEGISLACIÓN EDUCACIONAL
Nuestra intención es constituir un espacio especializado de información legal y jurisprudencial, que acerque al lector a la compleja dinámica jurídica que rige a la Educación Chilena.
SEGUNDA SALA DE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO RECHAZÓ RECURSO DE PROTECCIÓN DE PROFESORES POR DESCUENTOS DE SUELDOS POR PARO, RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado por un grupo de profesores en contra de la Municipalidad por los descuentos –en torno al 20%– que aplicó a sus liquidaciones la tras el último paro nacional del gremio, en 2015.
En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Marisol Moya, Ana Cienfuegos y Tomás Gray– descartó actuar arbitrario o ilegal del municipio al aplicar los descuentos a las remuneraciones de los profesores por atrasos e inasistencias.
"Que constando de los informes de asistencias que se remitieron al Ministerio de Educación, el hecho que los docentes se hayan ausentado de sus actividades laborales en los establecimientos educacionales por adherir a un paro, conllevó a que el pago íntegro de las remuneraciones carece de causa legal, porque durante aquellos días, no hubo prestación de servicios, por lo que no procede que se pague o se exija el pago íntegro de sus remuneraciones sí estuvieron ausentes sin que tuvieran causa justificada para ello", sostiene el fallo.
Resolución que agrega: "En consecuencia, el acto administrativo que en realidad se impugna es legal al haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 19.880, dictado por quien conforme a la ley- artículo 23 letra b) del DFL N° 1 de 1996 que fija el texto refundido y sistematizado de la Ley Orgánica de Municipales- está facultado para ello; y, no es arbitrario. Por el contrario, ha sido debidamente fundado, como lo dispone el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo, desde que se han explicitado las razones tanto de hecho como de derecho así como se explicitaron los días descontados, monto y forma en que ese descuento debía llevarse a efecto y que se ejecutó en la liquidación entregada con fecha 3 de julio de 2015".
SENTENCIA DE LA CORTE DE SANTIAGO
Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile.
NELSON LOBOS ZAMORANO
CORTE SUPREMA DE CHILE CONFIRMÓ UNÁNIMEMENTE FALLO QUE ORDENA A MUNICIPALIDAD DE ANGOL A INDEMNIZAR A FAMILIA DE ESCOLAR QUE SE AHOGÓ EN PASEO DE CURSO
ratificó la resolución que ordenó a la Municipalidad de Angol a pagar una
indemnización de $80.000.000 (ochenta millones de pesos) a los padres y
hermanos de un menor que murió, tras sufrir un accidente en un paseo escolar.
En fallo unánime, la
Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Pedro Pierry,
Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval y los abogados (i) Álvaro Quintanilla y
Jaime Rodríguez– rechazó el recurso de casación presentado en contra de la
resolución que ordenó al municipio pagar la indemnización a los familiares de
Ronnie Riquelme Toledo, alumno de séptimo grado de la escuela básica Nahuelbuta
de Angol, quien murió ahogado en el sector de Chacaico, el 14 de diciembre de
La sentencia de la
Corte Suprema determina que la decisión que estableció la responsabilidad de la
Municipalidad de Angol por la muerte de escolar en virtud del contrato de
servicios educacionales como sostenedora de la escuela básica, se adoptó sin
infracción de ley.
"Los jueces de
la instancia estimaron que el estatuto de responsabilidad que en la especie ha
de aplicarse es el contractual, en razón del contrato de prestación de
servicios educacionales que vinculaba a la Municipalidad de Angol, como
sostenedora del mencionado establecimiento educacional, y los padres del
educando extinto, imputándose falta de la debida diligencia o cuidado por parte
del docente a cargo del aludido paseo de curso que habría posibilitado la
defunción del menor, más aún si se trataba del único alumno que no iba
acompañado de algún familiar, circunstancia que obligaba a redoblar el cuidado
de su persona. Añadieron los magistrados que el municipio no probó, conforme
estaba obligado a hacerlo de acuerdo a los artículos 1547 y 1698 del Código
Civil, que hubiere empleado el cuidado suficiente para evitar la ocurrencia del
hecho lesivo", sostiene el fallo.
Resolución que
agrega: "Finalmente, se consigna en el motivo vigésimo tercero del fallo a
quo, reproducido por el superior, que las alegaciones de la demandada
"resultan insuficientes para desvirtuar la responsabilidad contractual
demandada (…) correspondiendo establecer precisamente la responsabilidad del
municipio en virtud del contrato de educación existente en autos y las normas
de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (…) debiendo responder por
los daños que causen atento al artículo 141 (sic) del mismo cuerpo legal, por ser
el sostenedor del establecimiento educacional en el que se hallaba matriculado
Ronnie Riquelme Toledo al momento de su fallecimiento".
RESOLUCIÓN CORTE DE TEMUCO
FALLO PRIMER JUZGADO CIVIL DE ANGOL
PRESENTAN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN CHILE PARA CONSAGRAR DEBER DEL ESTADO DE PROMOVER EDUCACIÓN CÍVICA A NIVEL ESCOLAR
Un proyecto de reforma constitucional para establecer el deber del Estado de promover la educación cívica en todos los niveles de la educación escolar, presentaron los diputados Guillermo Ceroni (PPD); Miguel Angel Alvarado (PPD; René Saffirio (DC) y Leonardo Soto (PS).
En el texto de la moción remitido a la Comisión de Constitución, se señala que en los últimos años se ha registrado una sostenida baja en la participación electoral de los ciudadanos. Estas cifras indican que mientras en 1989 el 86% de la población en edad de votar ejerció su derecho a sufragio, esta cifra disminuyó en más de 34 puntos en 23 años, alcanzando el 51,7% en la última elección presidencial.
Esta situación, sumada a la actual crisis de confianza en los actores políticos por los conocidos casos de corrupción relacionados con el financiamiento irregular de las campañas electorales, agravó el distanciamiento de la ciudadanía con la política.
Por ello, los parlamentarios afirman que el Estado debe fomentar o promover una educación cívica integral, basada en la cultura de la ética, la transparencia, y valores esenciales como la solidaridad, la tolerancia y el respeto por los derechos humanos, es decir, que no sólo esté circunscrita al conocimiento de instituciones y autoridades, sino que también sea de una sólida formación en principios y valores republicanos.
Agregan que debido a la importancia que reviste para la democracia el educar a ciudadanos con sólidos valores cívicos, proponen dar un rango constitucional al deber del Estado de promover la educación o formación cívica, en los establecimientos de enseñanza básica y media.
En lo formal, el proyecto iniciado como moción parlamentaria, se presentó el día 20 de agosto de 2015 y con fecha 1° de septiembre de los corrientes se dio cuenta de él, pasando a la Comisión de ]Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara.
Significaría asimismo, agregar un inciso nuevo al N°10 del art. 19 de la Carta Fundamental, referido al Derecho a la Educación.
A continuación, el texto íntegro del proyecto y sus fundamentos.
Reforma constitucional que establece el deber del Estado de promover la formación cívica en los niveles educacionales básico y medio
Boletín N° 10267-07
FUNDAMENTOS. Durante los últimos años se ha registrado una sostenida baja en la participación electoral de los ciudadanos. “Mientras el 86% de la población en edad de votar ejerció su derecho a sufragio en 1989, esta cifra disminuyó en más de 34 puntos en 23 años, alcanzando el 51,7% en la última elección presidencial” (PNUD; 2014). Esta situación, sumado a la actual crisis de confianza en los actores políticos, por los conocidos casos de corrupción relacionado con el financiamiento irregular de las campañas electorales; sólo han venido a agravar el distanciamiento de la ciudadanía con la política.
Es a raíz de estos fenómenos, que el Estado debe fomentar o promover una educación cívica integral, basada en la cultura de la ética, la transparencia, y valores esenciales como la solidaridad, la tolerancia, el respeto por los derechos humanos, etc; es decir, que no sólo esté circunscrita al conocimiento de instituciones y autoridades, sino que también sea de una sólida formación en principios y valores republicanos.
A nuestro juicio una educación cívica integral debe tener una orientación laica, es decir, que promueva el librepensamiento, y el respeto de toda confesión o credo. A mayor abundamiento, sobre este repecto, la autora Gabriella Bianco define el laicismo como una “voluntad de construir una sociedad justa y progresista, que garantice la dignidad de la persona y los derechos humanos, asegurando a cada uno la libertad de pensamiento y de expresión, en la igualdad de todos delante de la ley, en el respeto de la elaboración personal de una concepción de vida que se funda sobre la base de la experiencia humana individual”. Es una patria basada en estos excelsos valores, la que queremos construir y legar a las nuevas generaciones.
En tiempos en que en nuestro país se discuten importantes reformas al sistema educacional, en que existe una fuerte tensión entre sectores de la sociedad que se resisten a los cambios, y otros que los promueven. El cambio de paradigma en el sistema educativo, que pasa de concebir la educación como un bien de mercado, a otra que la considera como un derecho social, debe ser tierra fértil para consolidar una formación cívica y laica, toda vez que mayor inclusión social, mediante una educación gratuita y de calidad permiten de forma consecuencial el fortalecimiento de lo colectivo, y de aquellos nobles y altos valores republicanos.
En virtud de la importancia que reviste para nuestra democracia, educar a ciudadanos con sólidos valores cívicos, es que proponemos elevar a rango constitucional el deber del Estado de promover la educación o formación cívica y laica, en los establecimientos de enseñanza básica y media. Es por eso que sobre la base de estos antecedentes y fundamentos venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL: ARTÍCULO ÚNICO.- Intercálese en el artículo 19 número 10 de la Constitución Política de la República, el siguiente inciso séptimo nuevo, pasando el actual a ser inciso octavo:
“Es deber del Estado promover la formación cívica y laica, en los niveles educacionales básico y medio.”.
GUILLERMO CERONI FUENTES
Fuente: Cámara de Diputados de Chile.
CORTE SUPREMA DE CHILE RECHAZÓ RECURSOS DE PROTECCIÓN POR NUEVO REGLAMENTO DE AGENCIAS DE ACREDITACIÓN DE EDUCACIÓN
La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de
Santiago y rechazó sendos recursos de protección presentados por agencias de
acreditación de educación en contra de la Comisión Nacional de Acreditación
(CNA) por la dictación del "Reglamento que fija procedimiento de
autorización para el funcionamiento de agencias de acreditación, condiciones de
operación y supervisión", del 7 de noviembre de 2014, y la
posterior modificación del 12 de diciembre pasado.
En fallos unánimes, la Tercera Sala del máximo tribunal del país
–integrada por los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval,
Juan Escobar y el abogado (i) Álvaro Quintanilla– rechazó los recursos
presentados por las agencias: Acreditadora de Arquitectura, Arte y Diseño SA;
Acreditación y Evaluación Superior y Akredita QA Quality.
Las resoluciones establecen que la Comisión Nacional de Acreditación
(CNA) actuó dentro de sus facultades al dictar un nuevo reglamento para regular
las actividades de las agencias de acreditación.
"Habrá de tenerse presente que a diferencia de la acción denominada
doctrinariamente "por exceso de poder", que no requiere de un derecho
subjetivo violado bastando para interponerla un interés legítimo; tratándose
del control del reglamento por la vía del recurso de protección, deberá invocarse
necesariamente por el recurrente la vulneración de alguna garantía contemplada
en el artículo 20 de la Constitución Política, y deberá interponerse dentro del
plazo de 30 días desde su publicación; la que es obligatoria de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 48 letra a) de la Ley de Bases de los Procedimientos
Administrativos; teniendo la sentencia que lo anule, efectos generales o erga
omnes. Ello sin perjuicio de la verificación sobre la legalidad del
reglamento con ocasión de un recurso contra un acto particular de
aplicación", exponen los fallos.
Resoluciones que agregan: "Sentado lo anterior debe señalarse que
como se sostiene en la sentencia que se confirma, no existe ilegalidad alguna
en la modificación del reglamento por la resolución DJ N° 016-4. En cuanto a la
resolución exenta DJ N° 018-4, esta no constituye un reglamento, ni formalmente
ni en cuanto al fondo, sino que son instrucciones sobre la aplicación del
mismo; las que corresponden a lo que se denomina en doctrina "circulares o
instrucciones" en que la autoridad administrativa puede por medio de
ellas, formular comentarios sobre un texto legal; desarrollar el texto legal o
reglamentario, indicando, por ejemplo, modalidades de aplicación; o también,
instruyendo a los subordinados acerca de las decisiones que deberán tomar
frente a determinadas situaciones de hecho, de las que no pueden apartarse.
Debe advertirse que cuando la circular excede a una medida de orden interno
sobre la forma de organizar el trabajo al interior del servicio afectando a los
particulares que se relacionan con la Administración, conteniendo normativa, se
podría estar frente a un reglamento no obstante la forma de circular o
instrucción, debiendo en dicho evento el tribunal efectuar la verificación de
si la autoridad contaba o no con dicha potestad reglamentaria. En el presente
caso, la autoridad administrativa sí tiene la potestad reglamentaria, pero no
obstante ello la circular o instrucción no incluye normativa de naturaleza
reglamentaria sino que corresponde precisamente a lo que debe contener una
circular o instrucción. Resuelto lo anterior habrá de señalarse que la
resolución exenta DJ N° 018-4 tampoco contiene disposición alguna que pueda
entenderse ilegal o que agregue algún requisito a los contenidos de la ley o el
reglamento y que pueda afectar alguna de las garantías fundamentales invocadas
por el recurrente".
Junto a los fallos, a modo de normativa de
contexto, se ofrecen enlaces al texto actualizado de la ley 20.129, a la Resolución
13 Ex de 2014 y a link que conduce a otros reglamentos de la referida ley.
FALLO CS ACREDITADORA ARQUITECTURA ARTE Y DISEÑO
FALLO CS ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN SUPERIOR
FALLO CS AKREDITA QA QUALITY
TEXTO LEY 20.129 VERSIÓN ÚNICA
TENOR RES. DJ 013-4 EX; RES 13 EX AL 20 12 2014
ENLACES A LOS REGLAMENTOS DE LA LEY 20.129
Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile y Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO DE CHILE CONFIRMÓ UNÁNIMEMENTE FALLO QUE RECHAZÓ DEMANDA POR LEY ZAMUDIO DE EX FUNCIONARIOS DE LA JUNJI
La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó fallo del Vigésimo Sexto
Juzgado Civil de Santiago que rechazó una demanda por Ley 20.609, conocida como
Ley Zamudio, por el despido de siete funcionarios de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles (Junji), en abril de 2014.
En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por
los ministros Marisol Moya, Ana Cienfuegos y Tomás Gray- confirmó sin
modificaciones, la sentencia que rechazó la demanda por supuesta discriminación
política en el término de las contratas.
El 16 de diciembre del año pasado, el juez del 26° Juzgado Civil de
Santiago, Humberto Provoste, rechazó la demanda presentada por no lograr
acreditar los demandantes que las desvinculaciones fueran discriminatorias.
"Que, en mérito de los antecedentes allegados al proceso, los
hechos establecidos en los motivos anteriores y, apreciando la prueba conforme
a las reglas de la sana crítica, arriba el sentenciador a la conclusión que no
se ha logrado acreditar por los actores que el ente administrativo para el cual
prestaban servicios a contrata, hubiere incurrido en su decisión de ponerles
término a sus servicios en una discriminación conforme a los presupuestos del
artículo 2º dela Ley Nº 20.609, sino que ha ejercido la facultad que la ley le
otorga, lo que llevará en definitiva al rechazo de la demanda, en razón de no
haber adquirido convicción respecto de la ocurrencia de una discriminación
arbitraria en contra de los demandantes, en la categoría sospechosa de
ideología u opinión política; no siendo, por este motivo, necesario realizar el
examen de proporcionalidad respecto de los derechos fundamentales en
contradicción", sostiene el fallo de primera instancia.
FALLO CORTE DE SANTIAGO
SENTENCIA 26° JUZGADO CIVIL SANTIAGO
EN FALLO UNÁNIME, LA PRIMERA SALA DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE CONFIRMÓ SENTENCIA QUE ORDENA A COLEGIO DE ARICA INDEMNIZAR A FAMILIA DE ESCOLAR QUE SUFRIÓ CAÍDA FATAL
La Corte Suprema confirmó sentencia que ordena a un colegio de Arica pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a los padres y hermanos de un menor que falleció producto de una caída que sufrió en una pelea durante una actividad extracurricular.
En fallo unánime, la Primera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Patricio Valdés, Guillermo Silva, Rosa María Maggi, Juan Eduardo Fuentes y el abogado (i) Rafael Gómez Balmaceda- ordena al colegio Junior College de Arica pagar la indemnización a los padres y hermanos de Felipe Camp Moya, quien cayó desde una graderías, ubicada al interior del establecimiento, el 7 de julio de 2010, falleciendo una semana después producto de las serias lesiones en la cabeza que la caída le provocó.
La resolución del máximo tribunal confirma la responsabilidad del establecimiento en el accidente al no supervigilar la conducta de los alumnos durante la realización de una actividad extraprogramática entre alumnos de segundo y cuarto medio; sin embargo, rebajó el monto de la indemnización al considerar que Felipe Camp Moya provocó la riña que derivó en su caída desde las graderías.
"Que la conducta culposa atribuida a los dependientes del colegio demandado aparece, sin lugar a dudas, como una condición generadora de los efectos nocivos reclamados. En efecto, el deber de cuidado que asume un establecimiento educacional para con sus alumnos y sus familias cobra particular relevancia en un caso como el que se analiza. Así se infiere del Reglamento Interno y del Manual de Convivencia Escolar citados parcialmente por la sentencia de segundo grado, instrumentos que determinan, entre las obligaciones propias de una institución como la demandada, el deber de custodia, inherente a la de educación que se oferta al público, lo que surge de la entidad de la labor propia de quienes prestan tal servicio.
La responsabilidad de las personas o entidades titulares de un centro docente de enseñanza encuentra su sustento en un deber de vigilancia dimanante de las funciones que desempeñan estas instituciones sobre sus alumnos menores de edad. Ciertamente, la tarea de cuidar, es una relación entre al menos dos personas, donde una de ellas se encuentra vulnerable, física y emocionalmente y deposita su confianza en otra que se presupone bien preparada para la función de proteger a la anterior, constituyéndose, entonces, en una relación asimétrica.
(…) Ahora bien, aun cuando la educación que se imparte en los colegios debe respetar ciertos parámetros de libertad y autonomía, ello no obsta para que se adopten las medidas de seguridad necesarias con el fin de garantizar la integridad física y síquica de los alumnos. Igualmente, existe una relación de subordinación entre el docente y el alumno donde el primero -por ostentar la posición dominante en razón de su autoridad- tiene no sólo el compromiso sino la responsabilidad de impedir que el segundo actúe de una forma imprudente. Dicho en otros términos, en tanto dependen de otras personas para satisfacer sus necesidades y para su supervivencia y bienestar, los menores necesitan protección, labor que el establecimiento educacional debe cumplir durante el período en que sus educandos se encuentran bajo su esfera de resguardo, debiendo tal custodia mantenerse no sólo durante el tiempo que el alumno permanece asistiendo a las clases lectivas, sino también cuando participa en la realización de otras actividades educativas o de recreación promovidas por éste, dentro de los cuales se encuentra el evento en cuestión ya que, en definitiva, los educandos están confiados a las autoridades y cuerpo docente cuya responsabilidad no sufre atenuación alguna y sí una acentuación por la presencia de nuevos riesgos y potenciales situaciones de peligro. De hecho, podría incluso afirmarse que el deber de cuidado o seguridad se acentúa ante la realización de una actividad ejecutada fuera del aula de clases, en la que los alumnos puedan exhibir comportamientos que probablemente no presentarían dentro de la rutina del horario programático", sostiene el fallo.
Resolución que agrega: "esta Corte comparte el razonamiento desarrollado por el sentenciador en lo relativo a la insuficiencia de las medidas adoptadas por el personal del colegio, pues si se hubiese dispuesto lo pertinente de modo eficiente, es razonable estimar que el menor Felipe Camp Moya no habría propiciado la pelea que culminó con su caída desde las graderías que le provocó la lesión que originó su muerte, ya sea porque se habría impedido oportunamente que los alumnos de cuarto medio agredieran y arrojaran objetos a sus compañeros de segundo medio o porque se habría atendido los reclamos frente a esa situación que la víctima estimaba injusta e ilegítima, de modo que no puede acogerse el recurso en cuanto afirma conculcados los artículos 2314, 2316, 2318, 2319, 2320 y 2325, en lo que hace a la conducta de los docentes dependientes del colegio y la relación causal entre ellas y el hecho dañoso invocado por los actores".
Respecto a la exposición imprudente al daño de la víctima, el máximo tribunal razona que: "a la luz de lo expuesto en los motivos anteriores, surge evidente que aun cuando se haya establecido que el colegio Junior College S.A. no adoptó las medidas necesarias para evitar las nefastas consecuencias del actuar de su alumno Felipe Camp, es innegable también que a ello se sumó su actuación precipitada, descuidada e imprudente, de lo que cabe colegir que los jueces del fondo infringieron lo previsto en el artículo 2330 del Código Civil, al declarar que no procedía aplicar la reducción a que se refiere ese precepto legal por estimar que los demandantes, al actuar por sí mismos y no como herederos de su hijo y hermano, no tomaron parte en los acontecimientos en que falleció Felipe y que éste, además, no se expuso imprudentemente al daño, calificando su accionar como una autodefensa frente al agravio de que su hermano Roberto era víctima, sin que fuera previsible suponer que caería de las gradas al ir a increpar al alumno Ignacio Riveros, inobservancia que ha de ser sancionada con la invalidación de lo resuelto, pues la sentencia objeto de alzamiento no puede ser mantenida, si se tiene todavía en cuenta que de ese error ha seguido una decisión necesariamente diversa a la que se habría debido arribar en caso contrario".
SENTENCIA DE CORTE SUPREMA
FALLO DE CORTE DE APELACIONES DE ARICA
DECISIÓN DE PRIMER GRADO TERCER JUZGADO CIVIL ARICA
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE CHILE EL DECRETO N°209 DE 2015 DE EDUCACIÓN, QUE MODIFICA EL DECRETO SUPREMO 538 DE 2013 SOBRE REQUISITOS DE ADMINISTRADORES PROVISIONALES. NORMAS RELACIONADAS. SE INCLUYEN TEXTOS
La ley 20.529 sobre Aseguramiento de la Calidad de la Educación
contempló en el art. 97 que debe procederse a la dictación de un reglamento que
determine los requisitos para desempeñarse como Administrador Provisional de la
Superintendencia de Educación, aparte de regularse otras materias.
Tal es el caso del Decreto 538 de 2013, reglamento que regula las mencionadas
Sin embargo, se dispuso la dictación de un nuevo decreto (el Decreto 209
de 2015) que subsane algunas omisiones detectadas en la puesta en marcha del Decreto
538, como asimismo, que armonice algunas disposiciones con las de la ley
20.800, que crea la figura del Administrador Provisional de Instituciones de
De este modo, a continuación se reproduce el tenor del Decreto 209 de
2015. Enseguida, en los respectivos enlaces, se puede acceder al texto debidamente
actualizado del Decreto 538 de 2013 que contiene estas últimas modificaciones,
y como normas relacionadas, al texto completo y actualizado de la ley 20.529 sobre Aseguramiento de la Calidad de la Educación y
de la ley 20.800, relativa a los Administradores Provisionales de Educación Superior y Sostenedores Educacionales.
DECRETO 209
DE 2015 EDUCACIÓN
DECRETO SUPREMO Nº 538 DE 2013, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, QUE APRUEBA
REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS PARA EL
INGRESO Y PERMANENCIA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ADMINISTRADORES PROVISIONALES
DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA EDUCACIÓN Y DEMÁS MATERIAS QUE INDICA
(Publicado el 06 de agosto de
Núm. 209.- Santiago, 28 de mayo de 2015.
Que, el artículo 97 de la Ley Nº 20.529,
sobre el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia,
Básica y Media y su Fiscalización, prescribe en su inciso segundo que, un
reglamento determinará los requisitos que deberán cumplir las personas para el
ingreso y permanencia en el registro que se cree; mecanismos para determinar los
honorarios; procedimiento de selección y los mecanismos de evaluación de ellas;
tiempo de duración en el registro, y causales que originan la salida de éste, a
fin de asegurar la idoneidad del administrador provisional y la efectividad de
Que, en virtud de dicho mandato legal, se
dictó el decreto supremo Nº 538, de 2013, del Ministerio de Educación, que
reglamentó los requisitos que deben cumplir las personas para el ingreso y
permanencia en el registro público de administradores provisionales de la
Superintendencia de Educación y demás materias que indica.
Que, durante la puesta en marcha de esta
institución, se han detectado omisiones en el reglamento citado, las cuales
tienen implicancias en la efectividad de la gestión de los administradores
provisionales designados, las cuales deben ser subsanadas.
Que, por otra parte se dictó la Ley Nº
20.800, que Crea el Administrador Provisional y Administrador de Cierre de
Instituciones de Educación Superior y Establece Regulaciones en Materia de
Administración Provisional de Sostenedores Educacionales, introdujo
modificaciones al Párrafo 6º de la ley Nº 20.529, las cuales hacen
imprescindible modificar el decreto supremo Nº 538, de 2013, antes mencionado.
dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la
República; en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de
Educación, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley Nº
20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005,
del Ministerio de Educación; en la Ley Nº 18.956, que Reestructura el
Ministerio de Educación; en la Ley 20.529, sobre el Sistema de Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización; en la
Ley Nº 20.800, que Crea el Administrador Provisional y Administrador de Cierre
de Instituciones de Educación Superior y Establece Regulaciones en Materia de
Administración Provisional de Sostenedores Educacionales; en el decreto supremo
Nº 538, de 2013, del Ministerio de Educación; y en la resolución Nº 1.600, de
2008, de la Contraloría.
Artículo único: Modifícase el decreto
supremo Nº 538, de 2013, del Ministerio de Educación, que Aprueba Reglamento
que Establece los Requisitos que deben cumplir las personas para el ingreso y
Superintendencia de Educación y demás materias que indica, en el siguiente
sentido: 1) Agrégase un inciso cuarto al artículo 2º del
siguiente tenor: "En caso que la persona que requiera
inscripción sea jurídica, deberá además indicar en el formulario de solicitud
de inscripción, la naturaleza jurídica de la entidad.".
2) Agrégase en el artículo 3º: a) En el número 6., luego de la expresión
"establecimientos educacionales", lo siguiente:
"como docente, directivo o
sostenedor.".
b) En el numeral 5., letra a), un párrafo
"Sin perjuicio de las inhabilidades
señaladas, no podrán desempeñar labores de administrador provisional los
condenados por alguno de los delitos contemplados en las leyes Nos 20.005,
20.066 y 20.594 que modifica el artículo 39 bis del Código Penal.".
3) Modifíquese el artículo 4º en los términos
que siguen: a) Reemplácese el número 2. por lo
"2. Certificado de vigencia de poder
del Registro de Comercio, del Conservador de Bienes Raíces respectivo.".
b) Agrégase un numeral 8, en los
"8. En el caso de las sociedades
constituidas o migradas al sistema electrónico establecido en la Ley Nº 20.659,
que Simplifica el Régimen de Constitución, Modificación y Disolución de las Sociedades
Comerciales, les serán exigidos los documentos necesarios de acuerdo a lo
establecido en dicha legislación.".
4) Agrégase al artículo 16, el siguiente inciso
final: "De acuerdo a lo anterior, el 10% de
la subvención mensual que perciba como honorarios, se respaldará mediante
boleta de honorarios, la que será entregada en la Secretaría Regional
Ministerial respectiva. Por otra parte, en el caso de recibir el complemento de
la remuneración señalado, deberá entregar otra boleta de honorarios en la
dirección nacional de la Superintendencia de Educación.".
5) Incorporase el Título VII, luego del
artículo 21, cuyo articulado será el siguiente:
"TÍTULO VII Informes y Rendición de Cuentas
Artículo 22º.- Dentro de los diez días
siguientes a la fecha en que asume sus funciones, el administrador provisional
levantará un acta que dé cuenta del estado administrativo y financiero del
establecimiento educacional, la que será entregada a la Superintendencia. Para el cumplimiento de lo anterior, el
administrador provisional podrá, de acuerdo a la sustitución establecida en el
artículo 91 de la ley Nº 20.529, solicitar al sostenedor toda la información
que estime necesaria para llevar a cabo su mandato. Además, el sostenedor
deberá hacer entrega formal del establecimiento educacional al administrador
provisional designado, permitiendo siempre el libre acceso a las dependencias,
con el objeto que pueda desempeñar sus funciones.
En caso que el sostenedor no realizara la
entrega de la información solicitada o lo hiciera de manera inexacta o
incompleta, o no permita el acceso al establecimiento educacional, el
administrador provisional denunciará este hecho a la Superintendencia, quien
podrá en virtud de los antecedentes expuestos, iniciar un procedimiento
administrativo por eventual infracción a las normas establecidas al respecto en
la ley Nº 20.529.
Artículo 23º.- El administrador
provisional deberá presentar un plan de trabajo a la Superintendencia, dentro
de los veinte días siguientes a su nombramiento, el cual deberá considerar el
estado pedagógico, administrativo y financiero en que se encuentre el
establecimiento y deberá enfocarse en generar acciones que tiendan a asegurar
el adecuado funcionamiento del establecimiento educacional y a dar continuidad
del servicio educativo. Por su parte, la Superintendencia de Educación tendrá
un plazo de diez días hábiles contados desde la entrega del plan de trabajo
para aprobar u observar el plan de trabajo. En caso de tener observaciones o
requerir aclaraciones, éstas deberán comunicarse al Administrador provisional
dentro de un día hábil siguiente al término de la revisión. El administrador provisional por su parte,
tendrá un plazo de cinco días hábiles, contados desde la recepción de las
observaciones u/o aclaraciones, para corregirlas y entregarlas a la
Superintendencia, la que deberá revisarlas dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha de su recepción y aprobar o rechazar el plan de trabajo.
Artículo 24º.- El administrador
provisional deberá presentar informes trimestrales de avance de su gestión
técnica y pedagógica, administrativa y financiera, dentro de los diez días
siguientes al vencimiento del plazo de tres meses, contados desde la
notificación de la resolución que lo designa. Por su parte, la Superintendencia de
Educación tendrá un plazo de diez días hábiles contados desde la entrega del
informe para aprobar u observar el avance. En caso de tener observaciones o
dentro de un día hábil siguiente al término de la revisión.
El administrador provisional por su parte,
tendrá un plazo de cinco días hábiles, contados desde la recepción de las observaciones
y/o aclaraciones, para corregirlas y entregarlas a la Superintendencia, la que
deberá revisarlas dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su
recepción y aprobarlas o rechazarlas.
En caso que el administrador provisional
no entregue los informes en los plazos antes señalados, así como de mantenerse
las observaciones, sin que sean subsanadas o aclaradas por ésta, la
Superintendencia podrá poner término anticipado al nombramiento.
Asimismo deberá dar cuenta documentada de su
gestión al Superintendente dentro de los veinte días siguientes al término de
sus funciones. Por su parte, la Superintendencia de Educación tendrá un plazo
de quince días hábiles contados desde la entrega del informe para aprobar u
observarlo. El administrador provisional por su parte, tendrá un plazo de cinco
días hábiles, contados desde la recepción de las observaciones u/o
aclaraciones, para corregirlas y entregarlas a la Superintendencia, la que
Los señalados informes deberán contener:
a) Información relativa a aspectos
técnicos y pedagógicos.
Comprenderá materias de plan de estudios,
evaluación y promoción, asistencia y retención, gestión de la convivencia
escolar, acciones de integración, relación familia escuela, entre otros.
b) El estado de la situación
administrativa y financiera del establecimiento educacional.
Comprenderá ámbitos de gestión de los
recursos humanos, gestión de recursos financieros y administrativos, y gestión
de recursos educativos.
Artículo 25º.- Para la administración de
los recursos percibidos durante su gestión, el administrador provisional deberá
tener cuentas corrientes exclusivas, de acuerdo a los requerimientos
legales. El administrador provisional deberá rendir
cuenta mensual del uso de los recursos percibidos, mediante los procedimientos
ordinarios vigentes sujetándose a lo establecido por la normativa educacional.
El Administrador provisional responderá de
la culpa leve en su administración.".
6) Incorpórase el Título VIII, cuyo articulado
"TÍTULO VIII Del término de la gestión del
Artículo 26º.- Las facultades y
atribuciones del administrador provisional cesan de pleno derecho al finalizar
el año escolar, salvo lo establecido en el inciso segundo del artículo 94 de la
ley Nº 20.529. El Director Regional de la
Superintendencia dictará una resolución con el solo objeto de constatar y
comunicar el término de funciones del cargo del administrador provisional por
haber finalizado el año escolar.
Al término de su gestión, el administrador
provisional tendrá un plazo de 10 días hábiles desde la notificación de la
resolución que constata el término de su labor, para hacer entrega al
sostenedor de toda la documentación referente a la gestión realizada en el
establecimiento durante su administración y del recinto educacional,
levantándose acta de esta entrega, la que deberá ser firmada, con o sin
observaciones, por el sostenedor y el ministro de fe designado por el Director
Regional de la Superintendencia para tal efecto.
El Director Regional de la
Superintendencia respectiva, mediante resolución, designará como ministro de fe
a un funcionario de su dependencia, el que deberá ser notificado personalmente
de dicha designación, para efectos de comparecer al acto de entrega.
La Superintendencia de Educación, podrá
impartir instrucciones para la aplicación de este reglamento, en virtud de la
facultad que le otorga el artículo Nº 49, letra m), de la Ley Nº 20.529.".
Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán,
que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Valentina
Karina Quiroga Canahuate, Subsecretaria de Educación.
TEXTO DECRETO 538 DE 2013 EDUCACIÓN
LEY 20.529 ACTUALIZADA AL 05 MAYO 2015
LEY 20.800 VERSIÓN ÚNICA
Fuente: Diario Oficial de la República de Chile y Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
CORTE DE APELACIONES DE CHILLÁN (CHILE) ORDENÓ A MUNICIPIO INDEMNIZAR POR ACCIDENTE DE ESCOLAR EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
La Corte de Apelaciones de Chillán condenó a la Municipalidad de Chillán Viejo a pagar una indemnización de $5.000.000 (cinco millones de pesos) por su responsabilidad –por falta de servicio– en el grave accidente que sufrió alumno en clases de educación básica, en junio de 2010, en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Darío Silva Gundelach, Christian Hansen Kaulen y el fiscal judicial Solón Vigueras Seguel- confirmó el fallo dictado por la magistrada del Segundo Juzgado Civil de Chillán, Claudia Arenas González, el 13 de septiembre del 2013, que dispuso el pago de la indemnización de perjuicios por daño moral provocado a estudiante de 12 años y su familia.
El alumno M.C.C. de séptimo año básico, sufrió un accidente durante una clase de educación física, pese a que el profesor estaba informado de que el menor estaba eximido del ramo, debido a que se le había detectado una malformación torácica. Situación que fue comunicada al establecimiento por la madre del escolar, 25 días antes del incidente, a través de un certificado médico.
Durante la clase, M.C.C. chocó con un compañero, golpe que lo dejó inconsciente y con heridas en los labios, luxación y fractura dentoalveolar, contusión craneana, desvío en el tabique nasal y estrés post traumático. Cuadro clínico que demandó un licencia médica por seis meses y, además, el término anticipado de su año escolar.
El fallo del tribunal de alzada "(…) coincide íntegramente con el razonamiento elaborado por el tribunal de primera instancia en virtud en el cual dio por establecido que la Municipalidad demandada no prestó el servicio a que se encontraba obligada, compartiendo, igualmente, el argumento consistente en que la víctima tenía derecho a esperar de la demandada, como estándar del servicio educacional que ella debió prestarle, el debido resguardo de sus derechos fundamentales y no sufrir las consecuencias dañosas que experimentó; coincidiendo el Tribunal, además, con que el daño sufrido fue de gran magnitud y que la actividad física realizada por los menores implicaba un alto riesgo que debió ser debidamente previsto y controlado, no habiéndolo sido".
TEXTO DE SENTENCIA DE LA CORTE DE CHILLÁN
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