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Timestamp: 2019-01-21 08:07:29
Document Index: 11793494

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 380', 'artículo 380', 'artículo 383', 'artículo 380', 'artículo 380', 'artículo 380', 'artículo 2341', 'artículo 380', 'artículo 380', 'artículo 380', 'artículo 380', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 2341', 'artículo 384']

﻿ SENTENCIA SC12948-2016/2012-01064 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2016
SENTENCIA SC12948-2016 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:NO PUEDE VALIDARSE UNA ACTUACIÓN JUDICIAL ASÍ ESTÉ EJECUTORIADA CUANDO SU FUNDAMENTO SON ELEMENTOS FALSOS. PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL DEL NUMERAL 2° DEL ARTÍCULO 380 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ES INDISPENSABLE: A) QUE SE TRATE DE UN DOCUMENTO, PÚBLICO O PRIVADOB) QUE EL MISMO SEA INDISCUTIBLEMENTE FALSO, ESTO ES, QUE LLEGUE A LA CAUSA DE REVISIÓN COMO VERDAD PROBADA POR ASÍ HABERLO DECLARADO LAS AUTORIDADES PENALESC) QUE ESE DOCUMENTO HAYA FORMADO PARTE DEL PROCESO ANTERIORD) QUE LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE FALSEDAD SE HUBIERA PRODUCIDO CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA O QUE, SI LO FUE CON ANTERIORIDAD, HUBIESE SIDO IGNORADA POR EL DEMANDANTE EN REVISIÓNY E) QUE SE TRATE DE DOCUMENTO DECISIVO, VALE DECIR, QUE EL SENTIDO DE LA DECISIÓN OBJETADA OSTENTE COMO SOPORTE FUNDAMENTAL EL DOCUMENTO DECLARADO FALSO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEMANDA DE REVISIÓN, RECURSO DE REVISIÓN, CAUSALES DE REVISIÓN, REQUISITOS DEL RECURSO DE REVISIÓN, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO, TACHA DE DOCUMENTO FALSO, ACTIVIDAD PROCESAL, ACTUACIÓN JURISDICCIONAL, ACCIÓN DE REVISIÓN DE LA SENTENCIA, ACTUACIÓN DEL JUEZ, FACULTAD DE REVISIÓN
SC12948-2016/2012-01064 de septiembre 15 de 2016
Rad.: 11001 02 03 000 2012 01064 00
(Aprobado en sesión de diecinueve de abril dos mil quince)
La Corte Procede a decidir el recurso de revisión que formuló el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA S.A., frente a la sentencia que el dieciocho (18) de septiembre de dos mil diez (2010), profirió la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario promovido por Interaseo del Sur S.A. ESP contra el recurrente y el Banco de Colombia.
1. De la actuación surtida en las instancias, puede inferirse que ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué, la empresa Interaseo del Sur S.A. ESP., formuló demanda en contra de las entidades bancarias señaladas en precedencia, con el propósito de que se les declarara responsables y, por tanto, obligadas a resarcirle los daños generados.
En el escrito pertinente se reclamó la condena al pago del importe de dos cheques, cada uno por $45.196.725.oo.; los intereses moratorios de dichas sumas y la correspondiente indexación.
2. Se dijo, en el documento aludido, que la empresa de servicios públicos de aseo licitó ante el Municipio de Ibagué la recolección de basuras y, luego de obtener la adjudicación respectiva, por así imponérselo tanto la ley como el negocio ajustado, tuvo que adquirir un seguro y, por esa razón, gestionó ante la intermediaria ‘Camayo y Toro y Cia. Ltda’, la expedición de dicha garantía. Para cancelar parte de la prima (50%), giró a esta última sociedad los dos títulos valores señalados precedentemente. Los referidos instrumentos de pago tenían sello de restricción, es decir, que se dispuso su cancelación únicamente en favor del primer beneficiario que lo era el ente societario.
3. Dichos documentos fueron consignados en el Banco BBVA, en la cuenta del señor Eduardo Camayo Barrero, quien, para la fecha, fungía como representante legal de la proveedora de seguros. Tal depósito se efectúo en favor de la persona natural y no de la jurídica.
4. El promotor de esta impugnación extraordinaria, al momento de efectuarse el depósito de los títulos valores, certificó que la operación se ajustaba a las instrucciones del girador, esto es, que la consignación tuvo lugar en la cuenta del primer beneficiario.
5. El Banco de Colombia, entidad girada, accedió al desembolso de las sumas referidas y, culminado en esos términos el procedimiento, se debitaron los dineros de la demandante Interaseo del Sur S.A.; sin embargo, tales valores nunca llegaron a la intermediaria de seguros sino que, por el error de la entidad bancaria (BBVA), Eduardo Camayo los recibió y se los apropió.
6. El trámite previsto por la ley para asuntos anejos a la declaratoria de responsabilidad civil, fue agotado a plenitud. El a quo, el dieciocho (18) de abril de dos mil ocho (2008), profirió sentencia en favor de las pretensiones de la parte demandante y, subsecuentemente, condenó al establecimiento bancario (BBVA), al pago de las sumas reclamadas. Al banco de Colombia lo absolvió.
7. Apelado el fallo, el funcionario que fungió como juez de segundo grado acogió las argumentaciones de la actora y del juzgador de primera instancia, por lo que confirmó lo resuelto. Solamente varió el porcentaje de los intereses reconocidos.
8. Paralelo al proceso ordinario, a instancia de la Aseguradora Confianza S.A., se adelantó la investigación penal correspondiente. Allí se constató que las pólizas emitidas por la sociedad ‘Camayo y Toro y Cia. Ltda’, sí habían sido falsificadas, circunstancia que, por un lado, evidenciaba la ausencia o inexistencia del seguro adquirido, por otro, para que la contratante (Interaseo S.A.), pudiera cumplir con las condiciones contractuales del servicio de aseo, se vio precisada a adquirir o formalizar el contrato de seguro y la expedición de una nueva póliza, generándole una segunda erogación.
En conclusión, se dijo, la promotora del proceso ordinario tuvo que asumir un doble pago y todo por el error del banco BBVA.
1. La entidad financiera, a través de apoderado judicial, con apego en las causales primera, segunda y octava del artículo 380 del Código de Procedimeinto Civil, en oportunidad legal, presentó recurso extraordinario de revisión.
2. Recibida la demanda pertinente, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil doce (2012) —folio 90—, se ordenó a la parte actora prestar la caución a que alude el artículo 383 ibídem y, luego de ello, una vez cumplió con tal carga, se reclamó de la oficina judicial en donde se encontraba, el proceso cuya sentencia es objeto de revisión.
3. En su momento, a través de la providencia de cuatro (4) de marzo de dos mil trece (2013), la demanda fue admitida, habiéndose dispuesto el traslado correspondiente. En tiempo, por una y otra de las convocadas se dio respuesta al libelo. Luego, el plenario fue abierto a pruebas y, fenecido el término previsto para su recaudo, se concedió a las partes la oportunidad para alegar de conclusión, derecho del que hicieron uso todas ellas.
4. Respecto de las causales invocadas y las razones expuestas como soporte de las mismas, en su orden, la parte actora expuso lo siguiente:
4.1. Con fundamento en la primera del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, no se tuvieron en cuenta los siguientes documentos, que de haberlos acogido la sentencia hubiere sido sustancialmente distinta:
i) La confesión que el señor Eduardo Camayo Barrero realizó ante notario, a través de la cual admitió haber sido el autor del ‘hurto’ y haber ‘falsificado’, las pólizas Exp. el 4 de julio de 2001;
ii) Denuncia penal formulada el 5 de julio de 2001, por la apoderada de la aseguradora Confianza S.A., mediante la cual da cuenta de las anteriores irregularidades;
iii) Copia del acta contentiva de la formulación de cargos que el 26 de diciembre de 2002, la Fiscalía presentó en contra del señor Camayo Barrero; y,
iv) Copia de la sentencia anticipada que el 13 de diciembre de 2006, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ibagué, profirió en contra del citado señor por el delito de falsedad en documento privado, decisión judicial que se encuentra ejecutoriada.
4.1.1. Para el recurrente, a partir del contenido de los anteriores elementos de persuasión, no quedaba ninguna duda que el representante legal de la intermediaria de seguros, hurtó y adulteró las pólizas entregadas a la empresa Interaseo del Sur S.A. ESP., luego, si la actora padeció algún perjuicio él es el único responsable de tales daños y, por tanto, es el llamado a soportar la indemnización correspondiente.
Es evidente, sostuvo, que el verdadero detrimento radica en el ilícito cometido, pues, en últimas, esa situación condujo a que la empresa de aseo tuviera que pagar, por segunda vez, la expedición de nuevas pólizas.
4.1.2. En ese orden, afirmó, descargar los cheques por parte del BBVA no tuvo relevancia alguna, ese error no determinó el daño o perjuicio de la sociedad contratante. El verdadero detrimento, insistió, tiene origen en la ilicitud cometida por el citado señor, más no por el pago de los instrumentos negociables, así haya existido el error denunciado.
4.1.3. Por último, resalta que los documentos atrás señalados fueron conocidos tiempo después de haberse proferido la sentencia cuestionada. En definitiva, así planteó su inconformidad:
«(…) los referidos documentos, claros e inequívocos sobre la responsabilidad penal del señor Camayo Barrero en el fraude a Interaseo del Sur no pudieron ser conocidos ni aportarse como prueba por BBVA Colombia dentro del trámite del proceso ordinario, no sólo por el malicioso y reprochable silencio que sobre la existencia de ese proceso penal guardó la sociedad Interaseo del Sur S.A., sino también, porque se trata de una actuación judicial ajena, esto es, en la cual el banco BBVA no fue parte y por contera, era imposible que pudiera conocerla, máxime que como es sabido en su etapa investigativa el trámite gozaba de reserva del sumario» (fl. 59, cdno. de la Corte).
4.2. Se reclamó en segundo lugar, de acuerdo con el numeral 2° del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, que es nula la sentencia de segunda instancia, cuya revisión se pretende, habida cuenta que un juez penal declaró falsos documentos decisivos para el pronunciamiento de la misma, por cuanto que:
«H. Magistrados, con base en los mismos argumentos y planteamientos expuestos para sustentar la causal anterior, se concluye sin ambages que también se configura esta segunda causal de revisión toda vez que la falsedad judicialmente declarada de las pólizas GU1176396 y RCD 11701130 expedidas el 20 de septiembre de 2000, materia del debate, desvirtúa y derriba por entero la desacertada y errática sentencia del Tribunal Superior de Ibagué.
En efecto, obsérvese que al haberse establecido por las autoridades penales que Eduardo Camayo Barrero falsificó las referidas pólizas, es incontestable que la decisión del Tribunal Superior de Ibagué cayó en el vacío, puesto que la certeza que ahora se tiene sobre la comisión del delito impone concluir que no se demostraron los elementos de la responsabilidad civil en cabeza de BBVA sino del tercero Camayo Barrero, sujeto que engañó y defraudó a Interaseo del Sur S.A. ESP, todo lo cual fue confesado por él y establecido así por los jueces penales que conocieron del asunto, mediante las sentencias citadas en párrafos precedentes» (fl. 59 idem).
Insiste en que la comisión del daño que pudo originar la demanda, fue la conducta delictiva del señor Camayo Barrero y, en la medida en que tal proceder se demostró, la entidad bancaria debe ser absuelta o liberada de cualquier responsabilidad, así haya incurrido en un error al momento del depósito de los cheques. Finiquitó su argumentación en los siguientes términos:
«(…) esta segunda causal de revisión se configuró por el hecho de que el Tribunal Superior de Ibagué no analizó ni ponderó que las pólizas entregadas inicialmente a Interaseo eran documentos falsos, declarados así por la justicia penal y que, adicionalmente, fue exclusivamente ese hecho el que de manera determinante aparejó el detrimento económico invocado por Interaseo por tener que adquirir, a posteriori, unas nuevas pólizas con otra aseguradora».
4.3. La última causal aducida para lograr la revisión de la sentencia cuestionada, es la octava de las contempladas en el referido artículo 380 del Código, concerniente con la ‘falta de motivación suficiente y adecuada’, del fallo emitido.
«(...) el Tribunal Superior de Ibagué tuvo por probado el daño con base en una ligera afirmación producto de la mera opinión del Juez, sin que mediara una verdadera motivación, razonamiento o ponderación sobre el tema, desde luego, tampoco se ofreció una valoración de los elementos probatorios pertinentes que obraban en el plenario, ni se tuvieron en cuenta los criterios doctrinales y jurisprudenciales sobre la prueba del daño. En resumen, la sentencia sólo ofreció afirmaciones pero nunca motivos o consideraciones jurídicas sobre el daño, siendo pertinente agregar que tales afirmaciones se oponen de bulto con la realidad y la verdad que emerge del expediente» (fl. 63, demanda de revisión).
Aseveró que la Corporación falladora tuvo por demostrado el perjuicio sin que, por un lado, hubiese valorado ‘los elementos probatorios pertinentes que obraban en el plenario’, por otro, ni siquiera sopesó ‘los criterios doctrinales y jurisprudenciales sobre la prueba del daño’ (fl. 63 idem). Insistió en que no hubo una verdadera ‘motivación, razonamiento o ponderación’ para darle culminación a la controversia. Así discurrió:
« (…) la sentencia sólo ofreció afirmaciones pero nunca motivos o consideraciones jurídicas sobre el daño, siendo pertinente agregar que tales afirmaciones se oponen de bulto con la realidad y la verdad que emerge del expediente» (misma foliatura y encuadernación).
Frente a la conclusión del ad quem en torno a que los cheques emitidos por la sociedad de aseo, no llegaron a su verdadero destinatario que era la empresa ‘Camayo y Toro y Cía Ltda., sino a las de su representante legal, situación que condujo a un pago a persona diferente, constituyendo tal evento el daño reclamado, el libelista expuso:
«(...) lejos de ser una verdadera motivación, plausible, razonable o sustentada, en los términos que requieren los justiciables en uno estado social de derecho, se constituye apenas un aserto subjetivo o una mera aseveración que emerge de la ligereza del ponente (...)»
«Obsérvese muy bien por parte de la Corte Suprema de Justicia que el error bancario en el depósito de los cheques no se tradujo, en manera alguna, en un daño material a Interaseo del Sur S.A., como quiera que los cheques girados por esa empresa sí dieron lugar a que ellos recibieron las pólizas que querían, sólo que a la postre ellas resultaron espurias y perdieron su eficacia jurídica, tema sobre el cual el Banco BBVA no tuvo ninguna responsabilidad ni participación» (fl. 64 ejusdem).
Continúo manifestando que:
« (...) puede afirmarse que el Tribunal tomó o empleó una especie de minuta de sentencia sobre responsabilidad por pago irregular de cheques sin descender, como corresponde, al caso concreto objeto de debate, lo cual implicó que esa Corporación Judicial se abstuviera de analizar con rigor el litigio sometido a su consideración, específicamente lo inherente a la existencia del daño» (fl. 65, cdno. de la Corte).
Termina cuestionando, por precaria e insuficiente, la declaratoria de existencia del nexo causal entre la conducta del Banco y el daño probado, pues en su decir:
«(…) la falta de motivación sobre el nexo de causalidad, que a su turno invalida la sentencia del Tribunal es patente con una simple lectura del fallo y su comparación con la realidad que emerge del expediente. En efecto, el tema no es tan básico y precario como lo propone el Tribunal, para lo cual, basta revisar los hechos palpables debidamente planteados en párrafos precedentes al hacer alusión a la responsabilidad penal de Eduardo Camayo Barrero en la falsedad de las pólizas de seguros Confianza (…)» (fl. 66 ibídem).
5. Para el impugnante, según la reseña efectuada, la sentencia cuya revisión pretende, adolece de nulidad, pues no contiene una verdadera motivación respecto de los elementos que estructuran la responsabilidad civil; según el actor, el fallo recurrido no expuso las razones por las cuales consideró que el daño denunciado se había estructurado; la mención sobre el particular fue aparente, lo que, igualmente, aconteció cuando abordó el tema relativo al nexo causal. Este punto, tampoco, contó con la exposición argumentativa mínima para considerar que a los justiciables se les presentó las razones del sentido de la sentencia.
6. A partir de lo anterior, el actor reclama que el fallo cuestionado sea anulado y, en su reemplazo, la Corte emita la sentencia que corresponda. En esta decisión, sostiene, deben analizarse los elementos de la responsabilidad civil que se le endilga al Banco BBVA, con sujeción a la doctrina y la jurisprudencia; además, corresponde tener en cuenta las pruebas que reposan en el expediente.
III. Contestación de la Demanda.
Los llamados a este trámite, en tiempo, concurrieron a blandir sus razones como soporte de la oposición formulada y, en los siguientes términos la dejaron planteada:
1. Interaseo del Sur S.A. ESP.
1.1. Atinente a la primera causal de revisión enfatizó que en el proceso ordinario cuya sentencia es objeto de ella, no se valoró la responsabilidad del señor Eduardo Camayo, sino el error que cometió la gestora de este recurso (BBVA), y las consecuencias del mismo, que no fueron otras que pagarle el importe de los cheques a un tercero.
1.1.1. Señaló que la entidad financiera debe asumir la responsabilidad por haber autorizado la consignación de esos documentos negociables, desconociendo las instrucciones del cuentacorrentista, pues procedió con culpa y bajo esas circunstancias, en conformidad con el artículo 2341 del Código Civil, le correspondía indemnizar al afectado.
1.1.2. Sostuvo que la falta de aportación de las pruebas a que alude el recurrente ocurrió por su propia negligencia, empero, aun habiéndose allegado al expediente, el resultado hubiese sido el mismo, habida cuenta que el detrimento denunciado provino no del actuar del señor Camayo sino de la equivocación del banco.
1.2. Referente a la segunda causal, además de vindicar los mismos argumentos de la anterior réplica, agregó, con soporte en un pronunciamiento de la Corte Suprema, que los perjuicios dimanantes de la responsabilidad civil son diferentes a los generados por la comisión de delitos, por consiguiente, cada circunstancia comporta la indemnización correspondiente y deben ser abordadas de manera separada o autónoma.
En ese orden, agregó, la condena impuesta al recurrente no provino de la falsificación de las pólizas expedidas sino de los errores en que incurrió cuando, contrariando la realidad, aseveró que los cheques emitidos habían sido consignados en la cuenta del primer beneficiario.
1.3. Alusivo a la tercera causal, manifestó que los argumentos planteados en el recurso no guardan relación con el objeto del litigio que se ventiló en el proceso ordinario, pues, allí, se involucró como causa litigiosa la consignación de los cheques girados y la equivocación del BBVA, al certificar que dichos títulos se habían depositado en la cuenta del primer beneficiario, más no el ilícito en que incurrió el señor Camayo.
2. Banco de Colombia.
La entidad financiera, en primer lugar, resalta el hecho de que tanto en primera como en segunda instancia fue liberada de cualquier responsabilidad, decisiones que a la fecha adquirieron el sello de ejecutoria y, por tanto, a través de este recurso, no puede alterarse esa realidad procesal. Además, dijo, en esta impugnación no se reclama la revisión de la actuación cumplida alrededor de dicha entidad.
Respecto de la impugnación y los motivos expuestos, sostuvo:
2.1. Los requisitos para la prosperidad del primer ataque no se presentan en el caso analizado, dado que en el proceso ordinario no se ventiló como causa la ilicitud del señor Camayo sino el pago equivocado de los cheques referidos en favor de un tercero. Sostuvo que esa persona es ajena al debate del trámite adelantado sobre la responsabilidad del banco BBVA.
Con soporte en algunas decisiones de esta Corporación, relativas a las exigencias que se deben cumplir para la prosperidad del recurso, cuando de la causal en comento se trata, resalta que no se acreditó la existencia de fuerza mayor como razón para no lograr aportar los documentos oportunamente.
Concluye en el sentido de que todo lo discutido no le es oponible al Banco de Colombia.
2.2. Relacionado con la segunda causal dijo que la decisión penal recayó sobre la falsificación de unas pólizas de seguros y esa circunstancia es ajena a la entidad financiera. Insistió en que la intervención del banco fue pagar los cheques girados y lo hizo a través del canje en el que intervino el BBVA, luego, su participación, insistió en ello, no tiene ninguna relación con la actuación de esta última empresa.
Reafirma que la valoración de los escritos señalados por el censor, de llegar a darse tal hipótesis, no tendrían la jerarquía de variar la decisión adoptada en el proceso ordinario.
2.3. En cuanto a la tercera acusación se limitó a decir que la motivación del Tribunal, al momento de definir la apelación, estuvo ajustada a la realidad litigiosa y, antes que ser deficiente fue ‘lógica y bien fundada’.
Adicionó que la procedencia de la nulidad, a partir de la causa invocada, solo se estructura si la falta de motivación es absoluta o de tal magnitud que se muestre ‘gravemente deficiente’. Todo se redujo, manifestó, a la inconformidad o desacuerdo con la valoración probatoria que realizó el juzgador de segunda instancia.
3. En su momento, a través del auto de fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil trece (2013) —folios 208 a 209, cuaderno de la Corte—, el proceso se abrió a pruebas, habiéndose decretado todas aquellas que, siendo procedentes, las partes pidieron en tiempo.
4. Mediante providencia datada el ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014) —folio 234, mismo cuaderno—, se corrió traslado para alegar de conclusión, derecho del cual hicieron uso todas las partes, habiendo insistido, cada una, en los planteamientos expuestos en sus escritos pertinentes.
1. La inmutabilidad de una decisión judicial cuando ha adquirido el sello de ejecutoria, principalmente, cuando de fallos definitorios del fondo del pleito se trata, es pilar del orden jurídico y soporte de los derechos de los justiciados, pues comporta seguridad jurídica y, sin duda, es un elemento definitivo en la organización y armonía de cualquier grupo social. Así lo reconoció el legislador y al instituir la cosa juzgada para validarlo, patentiza a cabalidad esa garantía.
Sin embargo, no obstante ese loable propósito, este postulado de la res judicata no es absoluto, pues hay bienes jurídicos de mayor jerarquía o principios que ameritan ser resguardaos más allá de un concepto de seguridad jurídica. Ciertamente, la percepción del concepto de justicia, como derecho fundamental, conduce a exceptuar de aquella prerrogativa los fallos proferidos en los que tal referente superior hubiere sido conculcado, es decir, si el actuar del juzgador contraviene la propia normatividad vigente o los derechos de los ciudadanos; frente a tales hipótesis, en aras de permitir el restablecimiento de ese valor superior y en los casos precisos que contempla la ley (art. 380 CPC.), deviene posible la revisión del fallo respectivo y, dado el caso, la posibilidad de alterar su firmeza.
Así lo ha reflexionado la Corte Suprema:
«(…) circunstancias de diferente índole existen, por lo general externas a los juicios, que tornan permeable la institución de la cosa juzgada; en otras palabras, la res judicata cede ante situaciones de tal trascendencia que, eventualmente, vulneran en forma abierta el ordenamiento jurídico de la nación alcanzando a trasgredir el orden público.
3. Bajo esa orientación, con el propósito de remediar semejante situación y, particularmente, con miras a resguardar los derechos de los sujetos procesales ante una vulneración grave y específica, fue establecido el recurso extraordinario de revisión, dirigido, entonces, a quebrar la firmeza de la decisión emitida cuando la misma resulta impregnada de tales vicios; empero, la procedencia del mismo, como extraordinario que es, está supeditado a los taxativos casos autorizados por el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil» (CSJ SC julio 31/2013, Exp. 2010 0181600).
2. Debido a la naturaleza extraordinaria del recurso bajo estudio, las causas que lo determinan, regularmente, son exógenas al proceso dentro del cual se adoptó la decisión opugnada, constituyendo, en esencia, situaciones novedosas que, de haberse conocido, habrían conducido la definición de la litis a un resultado diferente. A través de este mecanismo excepcional, la normatividad procura liberar el ejercicio judicial de elementos perturbadores de su legalidad y legitimidad.
Por tanto, en línea de principio, con este recurso no es factible controvertir los cimientos que sustentan la sentencia censurada, o discutir los problemas debatidos en el pleito, menos propiciar una nueva oportunidad para formular hechos exceptivos; tampoco reviste el propósito de mejorar la prueba aportada al litigio, pues ello implicaría abrir la compuerta a una tercera instancia, que nuestro ordenamiento jurídico no la contempla. Es incontrovertible, por las características de este mecanismo de defensa, que la relación procesal de la que da cuenta el trámite cumplido en las respectivas instancias ya está cerrada o concluida, luego no es posible replantear el conflicto.
La Corte, sobre el particular ha expresado:
«(…) no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi» (CSJ SC mayo 16/2013, rad. 01855).
Bajo esa perspectiva, el recurrente debe someterse, con el rigor plasmado en las disposiciones pertinentes, a las causales señaladas por el legislador, así como a las características de su fundamentación, observando, igualmente, los tiempos previstos para reclamar la revisión y por los motivos a que haya lugar.
3. El actor, al materializar su inconformidad, de las causales contempladas en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, invocó la primera, la segunda y la octava.
3.1. Respecto de la inicial, su tenor literal expresa:
«Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria».
Entre muchas otras providencias, la Corte ha dicho sobre este motivo de revisión lo que sigue:
«En torno a dicha causal resulta conveniente recordar que, conforme lo ha decantado la jurisprudencia, el censor para el buen suceso de la misma debe acreditar todos los presupuestos que la estructuran, a saber: (i) Que la nueva prueba encontrada sea de índole documental; (ii) Que ese documento por preexistir, hubiera podido allegarse al proceso; (iii) Que no se pudo aportar, por fuerza mayor o caso fortuito o por obra (dolo) de la parte contraria; (iv) Que el hallazgo del mismo ocurrió después de haberse proferido el fallo; y (v) Que la presencia de dicho documento en el litigio habría variado la resolución opugnada (Sent. julio 28/97)» (CSJ SC octubre 3/2013, rad. 2010 00801 00).
3.2. Las piezas procesales faltantes de las que se vale el recurrente para exponer su acusación, referidas, como se recordará, a la confesión del señor Camayo Barrero respecto de la ilicitud cometida; copia de la denuncia penal formulada por la aseguradora Confianza S.A.; escrito contentivo de los cargos que la fiscalía le formuló a dicha persona y la sentencia del juez penal, castigando los actos de falsedad del mismo, son de carácter documental y, tales elementos demostrativos existían al momento de proferirse la sentencia. Empero, como lo impone la causal invocada, no logró acreditarse que fueron hallados después de haberse proferido el fallo objeto de revisión o que por fuerza mayor o caso fortuito no pudieron aducirse ante los jueces de instancia, menos que tal situación acaeció por actuaciones atribuibles, exclusivamente, a la víctima o por culpa de la parte contraria.
En ese orden, lo afirmado por el recurrente, sobre su imposibilidad de aducirlos, no puede tener la jerarquía suficiente en cuanto que no acreditó las eventualidades referidas precedentemente.
Obsérvese que el actor, para validar las circunstancias en que conoció la documental, se limitó a decir lo siguiente:
«(...) no pudieron ser conocidos ni aportarse como prueba por BBVA Colombia dentro del trámite del proceso ordinario, no sólo por el malicioso y reprochable silencio que sobre la existencia de ese proceso penal guardó la sociedad Interaseo del Sur S.A., sino también, porque se trata de una actuación judicial ajena, esto es, en la cual el Banco BBVA no fue parte (...) el trámite gozaba de reserva del sumario» (fl. 59).
De la anterior explicación no puede inferirse la existencia de la «fuerza mayor o caso fortuito», condiciones para que esos documentos, novedosos en la esfera litigiosa, no hayan podido aducirse al proceso. El silencio sobre el proceso penal y su sentencia no origina per se una situación imposible de resistir o de naturaleza tal que comporte una imprevisión de tal magnitud para concluir que la presentación de esos escritos por parte del recurrente desbordó sus posibilidades y, de ahí, que no haya podido allegarlos a la causa (art. 64 C.C.). Recuérdese que la fuerza mayor y el caso fortuito significan verdadera imposibilidad de aportación y no una mera dificultad.
Igual sucede con la culpa de la parte contraria, como elemento motivante que impidió la aducción de los referidos documentos, pues más allá de la propia afirmación del promotor del recurso, ese elemento subjetivo quedó huérfano de prueba. Nada se aporta que ayude al convencimiento referente a que esos medios se encontraban en poder del demandante o bajo su dominio y mucho menos que la contraparte intervino en la preterición de esa prueba.
Pero si en gracia de discusión se aceptara el cumplimiento de los presupuestos en antes señalados, tampoco habría lugar a la anulación que por vía de revisión se pretende porque no se satisface el último de los requisitos exigidos, alusivo a la eficacia legal del documento y su trascendencia en la providencia del Tribunal. En la demanda presentada, mediante la cual se dio inicio al proceso ordinario promovido por la sociedad Interasero del Sur S.A., en contra del Banco BBVA, que obra en folios 216 a 233, del cuaderno principal, la causa expuesta como soporte de las pretensiones refirió al error de la entidad bancaria en el procedimiento de consignación de los cheques mencionados. Y, las súplicas formuladas, en coherencia con esos hechos, reclamaron la declaratoria de responsabilidad por el pago irregular de tales instrumentos, así como la correspondiente condena indemnizatoria. Se pidió: «Que se declaren civilmente responsables (…) por permitir la consignación, canje y pago irregular del cheque (…)». Lo anterior significa que es a través de este recurso extraordinario que se involucra, como esencia del debate, la adulteración de la póliza de seguropor parte del señor Eduardo Camayo Barrero.
Siguiendo esa dirección, por obvias razones, los documentos nuevos, generados alrededor de la investigación penal, acogiendo el planteamiento del actor en cuanto que no los conoció ni los pudo aportar antes de la sentencia proferida, para que impactaran en la decisión cuya revisión se pretende, debieron comprender la misma causa y objeto debatidos en la controversia relativa a la responsabilidad endilgada al banco BBVA.
En ese orden, así se hubiesen podido allegar los escritos a los que refiere el recurrente, el fallo de la justicia civil no hubiere resultado afectado por aquellas piezas procesales.
En definitiva, las condiciones señaladas en la causal invocada no concurren y, por tanto, la misma no prospera.
3.2. La segunda senda escogida para la revisión alegada, fue la consistente en:
«Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueren decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida».
Refiere este motivo para afectar la firmeza de la sentencia censurada, al hecho de que la prueba documental, sobre la cual se erigió el fallo opugnado, haya sido construido a partir de un ilícito. No puede validarse una actuación judicial así haya adquirido el sello de ejecutoria, cuando su basamento fue levantado con elementos espurios.
(…) para que se configure el supuesto previsto en el numeral segundo del artículo 380 es indispensable que en forma oportuna ‘el peticionario acompañe la prueba de que el documento que sirvió de base primordial al fallo que se pretende revisar, ha sido declarado falso por el juez competente, o que haya recaído decisión en igual sentido después de dictado el fallo correspondiente’, ya que ‘mientras no se acompañe dicha prueba no se puede saber si el documento base de la sentencia es o no falso’ (…)’. (CSJ SC, diciembre 19/2011, rad. 2008-01281-00).
Posteriormente, esta Corporación sostuvo:
(…) para la cabal estructuración de esta causal se requiere, como lo ha reiterado la jurisprudencia, que concurran los siguientes presupuestos: a) que se trate de un documento, ya público ora privado; b) que el mismo sea indiscutiblemente falso, esto es, que llegue a la causa de revisión como verdad probada por así haberlo declarado las autoridades penales; c) que ese documento haya formado parte del proceso anterior; d) que la declaración judicial de falsedad se hubiera producido con posterioridad a la sentencia o que, si lo fue con anterioridad, hubiese sido ignorada por el demandante en revisión; y, e) que se trate de documento decisivo, vale decir, que el sentido de la decisión objetada ostente como soporte fundamental el documento declarado falso. (La Corte resalta).
(…) Desde luego que conforme al numeral 2º en referencia, lo que edifica la mentada causal no es propiamente la falsedad en sí misma considerada, de suerte que el juez de la revisión tuviera que decidir si la declara o no, y en cambio sí la resolución proveniente del juez de la causa criminal que así lo hubiese determinado, por cuanto es éste y no otro el debido entendimiento que emerge de este precepto al prescribir, en forma perentoria, que constituye causal de revisión «haberse declarado falsos por la justicia penal documentos decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida (…)». (CSJ SC marzo 5/2007, rad. 2001-00212-01).
Asimilada, en los anteriores términos, la causal invocada, atendiendo las exigencias establecidas de tiempo atrás por la Corte para que prospere tal reproche, su fracaso salta a la vista.
En efecto, la justicia penal juzgó la conducta del señor Eduardo Camayo Barrero por la falsificación de un documento privado, concretamente, de unas pólizas de seguros y dicho fallo así permite afirmarlo. Sin embargo, el proceso civil ventiló la responsabilidad de las entidades bancarias y, en particular, la del BBVA, por haber desconocido los protocolos que gobernaban la consignación de cheques con sello de restricción. La condena impuesta provino de ese factum litigioso, es decir, el fallo penal condenatorio, en rigor no fue soporte de la decisión de responsabilidad. La investigación punitiva y, en últimas, la sanción impuesta por el Juez Primero Penal del Circuito de Ibagué, tuvieron como soporte la adulteración de unas pólizas de seguro, es decir, en uno y otro proceso se ventilaron causas diferentes. Luego, no puede afirmarse que la sentencia objeto de revisión estuvo apalancada en la determinación del juez penal.
Las pólizas de seguro, de cuya alteración dio cuenta tanto la fiscalía como el funcionario penal, no constituyeron ni fuente ni base de la indemnización impuesta en la controversia civil. Y no podían serlo, pues los perjuicios reclamados tuvieron su génesis en el error del banco más no en el ilícito cometido respecto de la prueba del seguro. La causa analizada en el proceso ordinario aludía a la equivocación del banco BBVA, al certificar que los cheques girados por aquella sociedad habían sido consignados en la cuenta del primer beneficiario, cuando lo cierto es que el depósito se realizó en favor de un tercero.
Alrededor de la incidencia de la investigación y decisión penal en el asunto civil, esta Corporación ha dicho:
«En relación con el alcance de este supuesto normativo tiene sentado la Corporación que para su configuración ‘es menester que se trate de una prueba documental que, habiendo obrado en el proceso cuya sentencia se pretende sea revisada, haya sido determinante en la decisión adoptada en dicho proveído’, de lo cual se infiere que la revisión por el aspecto que se comenta no lo estructura la falsedad de un escrito cualquiera, ‘pues que solamente posee dicha virtualidad la que recae sobre el documento en que precisamente el sentenciador edificó su fallo, de suerte tal que constituya la única razón o fundamento de la decisión, y, sin la cual, por tanto, ésta hubiese sido ciertamente diversa’ (CSJ SC octubre 5/90, no publicada aun oficialmente).
Luego, al volver sobre el punto expresó:
«(...) pues que solamente posee dicha virtualidad la que recae sobre el documento en que precisamente el sentenciador edificó su fallo, de suerte tal que constituya la única razón o fundamento de la decisión, y, sin la cual, por tanto, ésta hubiese sido ciertamente diversa (Sent. 342 octubre 5/90, no publicada); criterio que reiteró en el fallo 022 de 5 de marzo de 2007, expediente número 2001-00212-01» —Las líneas no son originales— (CSJ SC octubre 3/2013, rad. 2010 00801 00).
Y basta analizar el fallo del Tribunal acusado para concluir que la sentencia allí proferida no tuvo como soporte de la misma las pólizas de seguro que los funcionarios penales consideraron falsas. Bajo esta perspectiva, aquella decisión no sufrirá alteración alguna, aun teniendo en cuenta la determinación de la justicia penal.
El motivo de revisión analizado no puede, entonces, tener acogida.
3.3. La última queja está soportada en la causal 8ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, que reza:
«Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso».
El impugnante al reclamar la declaratoria de nulidad del fallo adoptado expuso las irregularidades o deficiencias en que incurrió el Tribunal acusado al momento de motivar la sentencia proferida, sentando que eran superfluas, vacías, superficiales y desconocedora de los elementos doctrinarios y jurisprudenciales alrededor del concepto de daño.
Sobre este vicio, la Corporación ha dicho:
«Debe recordarse que la citada causal octava ‘sólo tiene lugar cuando el motivo de invalidez procesal aparece en la decisión misma, desde luego que la causa de nulidad no puede ser distinta de las que establece el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, pues el recurso de revisión no es campo propicio para expandir las razones que el legislador estableció como genitivas de la invalidez del proceso’ (CSJ SC enero 13/2007, Exp. 2001-00211-01).
Posteriormente, en distintas decisiones, la Corte amplío el espectro de las nulidades habiendo habilitado como vicio generador de tal sanción, no solo las del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, sino también otras como la falta de motivación de los fallos judiciales, por tener incidencia en el debido proceso. Así lo expuso:
La Sala también ha hecho explícitos los motivos que, en línea de principio, pueden dar lugar a la nulidad originada en la sentencia, y ha mencionado entonces los siguientes: ‘a) cuando se dicta en un proceso terminado por desistimiento, transacción o perención, hoy parcialmente sustituida por el llamado ‘desistimiento tácito’, regulado por la Ley 1194 de 2008; b) se adelanta [el trámite] estando el litigio suspendido; c) se condena a una persona que no tiene la calidad de parte; d) si por la vía de la aclaración se reforma la misma; e) se dicta por un número de magistrados menor al establecido por el ordenamiento jurídico; f) se resuelve sin haber abierto a pruebas el pleito; g) se desata sin correr traslado para que los litigantes aleguen en los eventos que así lo dispongan las normas procesales y h) la que tiene ‘deficiencias graves de motivación’ —hace notar la Corte— (Sent. junio 1º/2010, Exp. 2008-00825-00).
Y la gravedad, no sólo comprende una inexistencia plena o total de los motivos para fallar la litis, sino, también, cuando el sostén argumentativo explicitado rompe toda lógica o coherencia; se aparta de elementales reglas del sentido común y contraría, abiertamente, la razón. La motivación así sea lacónica, en la medida en que aborde el tema litigioso, no estructura el vicio; los argumentos expuestos cuando resultan entendibles, comprensibles y anejos al tema debatido no configuran la irregularidad. Tal deficiencia la crean solo trazos o ensayos del soporte para sentenciar, sin ningún análisis o exposición de las más mínimas reflexiones con miras a resolver la contienda.
En reciente decisión, en un asunto analizado bajo la cuerda del recurso de casación, empero aplicable al asunto de marras, esta Corporación abordó el tema en discusión y asentó las siguientes deducciones:
«En esa medida, entiende la Corte que la ‘impertinencia’ de la motivación apunta, expresamente, a razones que no vienen al caso, o que no guardan conexión con la problemática de que trata el proceso. De esta forma, la cuestión desborda el marco del vicio in judicando para quedar circunscrita a la determinación del cumplimiento de las exigencias formuladas por el legislador en punto del contenido de la sentencia (art. 304 del CPC.), las cuales remiten al campo de la lógica, por cuanto se utilizan premisas extrañas que no conducen a fundamentar con un mínimo de racionalidad la conclusión adoptada».
«Es ‘deficiente’ la motivación, cuando los argumentos ofrecidos son tan parciales o inconclusos, que más se aproximan a lo inexistente, o a lo irreal, en vista de que lo que les falta, el complemento argumentativo que está ausente, no puede lógicamente suponerse, no está implícito ni se puede dar por sobreentendido, de forma que no es posible establecer una conexión racional y unívoca con lo decidido».
«Incurre en ‘contradicción’ en su parte considerativa, el fallo que simultáneamente adopta a nivel de premisas o de conclusiones parciales, ideas, entidades o conceptos que se repelen, que resultan antagónicos, encontrados o de imposible aplicación simultánea, y que por ello, sólo uno, si acaso, podría conducir a la solución adoptada en la decisión, mediante desarrollos que no se encuentran explicitados» (CSJ SC julio 31/2015, Exp. 2009 00241 01).
Motivar es también justificar con razones adecuadas una resolución judicial.
Dice el profesor Jordi Ferrer Beltrán que: «Si las premisas fácticas y las normativas cumplen con las condiciones requeridas, esto es, han sido correctamente seleccionadas, podrá considerarse el razonamiento justificado externamente. Y si la conclusión se deriva lógicamente de esas premisas, gozará también de justificación interna. Se dirá, pues, de una sentencia que está debidamente motivada cuando la norma individual que constituye su conclusión se deriva lógicamente de las premisas y expresa analíticamente las razones que justifiquen la selección de esas premisas fácticas y normativas». (Apuntes sobre el concepto de la motivación de decisiones judiciales, Universidad de Girona, abril 2011, Isonomía: Revista de teoría y filosofía del derecho 3).
La motivación entendida bajo las premisas anteriores, cumple en nuestro país la función extraprocesal de legitimación democrática de la jurisprudencia ante la sociedad, a más de hacer posible el control procesal por parte de los superiores, conforme lo explica el profesor Taruffo (La motivación de la sentencia civil, pág. 344 y ss.). En ese sentido la función de la motivación es la de ofrecer una explicación del caso a la sociedad; acercar la justicia a la ciudadanía (Jordi Ferrer Beltrán, ídem), mucho más, en ésta época en donde la tecnología y la informática han revolucionado al mundo de tal forma, que nos encontramos en la llamada sociedad del conocimiento en la que el recurso principal es la información y que exige del funcionario judicial una explicación clara y sencilla sobre las razones de su decisión, para sentir a la justicia como parte fundamental del sistema, al ofrecer de esa manera una comunicación adecuada.
Fijado ese derrotero, fluye que la exposición de las razones que llevan al funcionario a resolver en los términos en que lo hace, es decir, la motivación del fallo, necesariamente debe condensar el porqué del sentido dado a la realidad fáctica y jurídica surgida de la controversia; no es más que la exteriorización de la percepción racional y coherente del estado de cosas captadas con fundamento en las actuaciones validadas dentro del proceso pertinente.
La anterior percepción la confirma la definición que adoptó la Real Academia Española de la Lengua, respecto del concepto ‘motivar’. Sobre el punto ha dicho: «Dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer una cosa».
En ese orden, encontrar una decisión judicial en donde se identifica y expone, acertadamente, el tema objeto de decisión; se realiza un examen crítico del material probatorio y se valoran los argumentos legales y doctrinarios necesarios para fundamentar la decisión adoptada, permite concluir que esa labor del juzgador cumplió tanto con el razonamiento de justificación externo como el interno; así mismo, que las exigencias regladas en los artículos 304 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 51 y ss. de la Ley 270 de 1996, fueron atendidas con suficiencia.
Ciertamente, la resolución judicial opugnada no carece de la exposición de los motivos que la inspiraron, contrariamente, en el cuerpo del fallo proferido quedó reseñado el por qué el Tribunal resolvió en los términos en que lo hizo; allí se plasmaron los fundamentos para imponer la condena a la entidad bancaria. Cuando la Corporación abordó el tema planteado en la litis, para resolverlo en segunda instancia, expuso:
«Conforme a las súplicas impetradas en la demanda inicial y los fundamentos fácticos que a ellas sirve de soporte, sin mayor esfuerzo se infiere con claridad meridiana que la parte actora ha intentado la acción de responsabilidad civil encaminada a que se declare civilmente responsable tanto al BBVA-Colombia como al Banco Colombia de esta ciudad, de manera solidaria, por permitir la consignación, canje y pago irregular de los cheques (…)» (fl. 114, cdno. 8).
Por tanto, en ese marco de referencia litigioso, el juzgador de segundo grado estudió el punto relacionado con la responsabilidad civil, aludió a la ‘culpa probada y la responsabilidad objetiva’; seguidamente aplicó el artículo 2341 del Código Civil, sobre el compromiso de quien infiere daño a otra persona debe salir a resarcirlo y, a continuación memoró el precepto 715 del Código de Comercio, concerniente con la negociabilidad de los cheques, así como a la hipótesis normativa incorporadas en las reglas 737 y 738 ibidem.
Refirió, a renglón seguido, al nexo causal, a la culpa y las características que debe cumplir el hecho a partir del cual se genera responsabilidad a cargo de quien infiere daño a otro.
Así, dijo:
«Sin embargo, está plenamente acreditado en los autos que los dos cheques girados por Interaseo del Sur S.A. a favor de la sociedad Camayo y Toro Cia, Limitada, el 20 de septiembre de 2000 de su cuenta corriente (…) a pesar la restricción o limitación de circulación fueron consignados en el BBVA sucursal de Ibagué por el señor Eduardo Camayo Barrero en su cuenta personal y no en la cuenta perteneciente a la sociedad (…)» (fl. 119, cdno. 8).
Y finiquita su argumentación, entre otras reflexiones, con el siguiente texto:
«(…) Esta Sala de la Corporación considera que en el plenario está suficiente y debidamente acreditado el elemento ‘culpa’ en cabeza del BBVA, por su notorio e irregular proceder al no haber realizado una revisión cuidadosa de los títulos, y de paso desconocer el protocolo del sello de restricción impuesto por la entidad giradora, en este caso Interaseo del Sur S.A. (…)» (fl. 120 idem).
Posteriormente analizó las defensas propuestas, para concluir que no tenían vocación de prosperar.
El defecto de falta o deficiencia de motivación a que alude el impugnante, entonces, no aparece reflejado en la sentencia proferida por el Tribunal ad quem; las justificaciones expuestas para la condena están en conformidad con la identificación del problema que originó la controversia (ratio decidendi); los elementos signados como determinantes de la responsabilidad deducida a cargo de la entidad bancaria guardan plena correspondencia con lo exigido tanto por la doctrina como por la jurisprudencia alrededor de temáticas como la analizada.
4. De lo expuesto surge, en conclusión, en primer lugar, que no existió ausencia de motivación; en segundo, el tema planteado a través de la vía extraordinaria seleccionada, describe el propósito de reabrir un debate anejo a la génesis del conflicto e introducir al mismo aspectos que no hicieron parte de la causa originaria del proceso cuya sentencia se sometió a esta impugnación. Objetivo este último que, por supuesto, no es atendible en la medida en que desnaturaliza la censura.
Corolario de lo expuesto es que la revisión reclamada no deviene procedente.
2. Costas y perjuicios a cargo de la parte recurrente. Estos se liquidaran por el trámite previsto en el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, y aquellas serán tasadas por la Secretaría de esta Corporación, para lo cual se incluirán como agencias en derecho la suma de tres millones de pesos ($3’000.000,oo), en virtud de haber existido oposición.
4. Devolver, cumplido lo anterior, el expediente al juzgado de origen, junto con copia de esta providencia.
Luego, archívese lo actuado.
Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo—Presidente de la Sala, —Margarita Cabello Blanco—Fernando Giraldo Gutiérrez—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta —Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.