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Timestamp: 2017-05-27 17:58:06
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Matched Legal Cases: ['artículo 188', 'artículo 87', 'artículo 165', 'artículo 176', 'artículo 176', 'ARTÍCULO 266', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 13', 'ARTÍCULO 267', 'Artículo 32', 'artículo 89']

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LA INCAPACIDAD CIVIL DE LA MUJER CASADA EN COLOMBIA
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Héctor Arturo Rojo Arroyo
1 Título: Ambiente Técnica: Acrílico sobre papel Dimensión: 34 x 24 cm LA INCAPACIDAD CIVIL DE LA MUJER CASADA EN COLOMBIA Conceptos de la doctrina jurídica en Medellín * * El presente artículo es resultado de los proyectos de investigación Una mirada histórica al derecho de propiedad en Colombia desde las políticas de género y las políticas de restitución de tierras y Análisis de derecho comparado sobre políticas de género en la propiedad de bienes inmuebles y sobre políticas de restitución de tierras, financiados por la Universidad Eafit Escuela de Derecho durante los años 2012 y Ambos proyectos están inscritos en la línea de investigación Derecho, política, cultura e historia del Grupo de Investigación Derecho y Poder de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit (Medellín Colombia), bajo la dirección de María Virginia Gaviria Gil. Fecha de recepción: septiembre 4 de 2013 Fecha de aprobación: octubre 18 de 20132 LA INCAPACIDAD CIVIL DE LA MUJER CASADA EN COLOMBIA Conceptos de la doctrina jurídica en Medellín Autores**: María Virginia Gaviria Gil Laura Daniela Alzate Tobón Camilo Espinal Arango Diana Paola Gil Guzmán José Jaime Posada Molina Juan Pablo Restrepo Upegui Resumen El presente artículo tiene como objetivo examinar los conceptos planteados por los abogados de Medellín entre 1887 y 1930, sobre la potestad marital y la incapacidad civil de la mujer casada para administrar y disponer de sus propios bienes. Es una investigación de historia del derecho y de historia local, en la cual a partir de referencias sobre la construcción del derecho liberal en el siglo XIX en los Estados occidentales europeos y americanos, y especialmente en Colombia, y la situación de Medellín en el período objeto de estudio, se analiza la doctrina producida por los abogados de la ciudad sobre el tema elegido. Palabras clave: Potestad marital, Incapacidad civil de la mujer casada, Historia del derecho, historia local, Doctrina. CIVIL INABILITY MARRIED WOMEN IN COLOMBIA Concepts of legal doctrine in Medellin Abstract This article aims to examine the concepts raised by lawyers of Medellín between 1887 and 1930, over marital authority and civil disability of married women to manage and dispose of their own property. It is a legal history research and local history, in which references from the construction of liberal law in the nineteenth century in European and American western states, and especially in Colombia, and the situation of Medellin in the period under study, we analyze the doctrine produced by the city attorneys on the chosen topic. Key words: Marital power, Civil Incapacity of married women, Legal history, Local history, Doctrine. ** Este artículo es una creación colectiva en la que participaron María Virginia Gaviria Gil y cinco estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit (Medellín Colombia), vinculados al Semillero de Investigación en Historia del Derecho y Derecho Comparado. María Virginia Gaviria Gil es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín), Especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad, Magister en Historia de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín; profesora e investigadora de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit (Medellín). Correo electrónico: Los correos electrónicos de los estudiantes son los siguientes: Laura Daniela Alzate Tobón edu.co), Camilo Espinal Arango Diana Paola Gil Guzmán José Jaime Posada Molina Juan Pablo Restrepo Upegui3 LA INCAPACIDAD CIVIL DE LA MUJER CASADA EN COLOMBIA Conceptos de la doctrina jurídica en Medellín INTRODUCCIÓN En la mayoría de los países occidentales se acepta actualmente la igualdad de hombres y mujeres ante las normas jurídicas, incluyendo un tema crucial: la capacidad civil para administrar y disponer de sus propios bienes. Esta situación ha sido el resultado de doscientos años de luchas y modificaciones en el derecho privado, generadas por unas codificaciones civiles que a principios del siglo XIX recogieron el derecho romano y germánico que subordinaba la mujer a la potestad del hombre. Motivados por el interés de conocer con más detalle estas luchas y cambios, el presente artículo se propuso como objetivo examinar los conceptos planteados por los abogados de Medellín entre 1887 y 1930 sobre la potestad marital, y específicamente sobre la incapacidad civil de la mujer casada para administrar y disponer de sus propios bienes. Varios historiadores colombianos han desarrollado investigaciones sobre los derechos civiles y políticos de las mujeres durante los siglos XIX y XX (Dueñas, 2002, págs ; Bermúdez, 1986, págs ; Velásquez Toro, 1995, págs ; Velásquez Toro, 1995, págs ), pero no es frecuente que recurran a fuentes jurídicas, es decir a textos escritos por abogados donde se utiliza un lenguaje jurídico para defender o atacar las normas vigentes, y cuando lo hacen, generalmente se remiten a fuentes nacionales, no locales. El presente trabajo pretende suplir este vacío, utilizando como fuentes primarias los textos escritos por los abogados de Medellín entre 1887, cuando comienza la elaboración del nuevo derecho del Estado Unitario creado por la Carta Política de 1886, y 1930, fecha anterior a la expedición de la Ley 28 de Estas fuentes primarias están constituidas por publicaciones periódicas revistas, tesis de grado, y tratados de derecho escritos por abogados en el período ya mencionado, y que fueron localizados en algunos archivos históricos de la ciudad como la Sala Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, la Sala Patrimonial de la Universidad Eafit, y la Universidad de Antioquia, Estudios de Derecho -Estud. Derecho- Vol. LXX. Nº 156, diciembre Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Antioquia. Medellín. Colombia4 142 LA INCAPACIDAD CIVIL DE LA MUJER CASADA EN COLOMBIA plantel educativo que ha incluido en la página web de la Revista Estudios de Derecho, las publicaciones realizadas desde principios del siglo XX. Se trata, por lo tanto, de un trabajo de historia del derecho que utiliza la metodología histórica a través del uso de las fuentes primarias ya citadas, complementadas con fuentes secundarias sobre el tema escogido. En materia de fuentes formales del derecho partimos obviamente de Constitución Política y la legislación existente en la época, pero buscamos profundizar en la doctrina o producción académica, con la cual pueden verificarse las interpretaciones que los abogados de Medellín hicieron de la ley emanada del poder legislativo. Es además un trabajo de historia local, pues aunque tiene un marco normativo nacional constitucional y legislativo solo utiliza como fuentes primarias los conceptos publicados por los abogados de Medellín sobre la incapacidad civil de las mujeres casadas y por lo tanto, sobre la potestad marital. La investigación está expuesta en tres partes: en la primera se hacen unas breves referencias a la construcción del derecho liberal en los siglos XIX y XX en los Estados occidentales y en Colombia, y especialmente a la creación de los códigos civiles que regularon los derechos civiles de la mujer, y la existencia de la potestad marital para las mujeres casadas. En la segunda hablaremos de Medellín y de la situación que presentaba la ciudad a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Posteriormente, en la tercera parte, abordaremos el análisis de los textos jurídicos encontrados sobre el tema, sean tratados, tesis, o artículos de revistas. 1. PRIMERA PARTE: El derecho liberal y los códigos civiles de los siglos XIX y XX 1.1. En los Estados occidentales Desde finales del siglo XVIII y hasta el siglo XX, la regulación jurídica de las mujeres fue objeto de numerosos cambios, por ejemplo en lo relacionado con la independencia respecto del marido, la libertad para decidir con quién casarse y cuándo divorciarse y, en general, sobre la superación de su incapacidad política y civil. Ya que esta última es el tema central de la investigación - la regulación de la incapacidad civil de la mujer casada en lo concerniente a la imposibilidad de administrar y disponer de sus propios bienes, y su recepción local por la comunidad jurídica nos concentraremos en dicho asunto. Como consecuencia de la Revolución francesa de 1789 y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, las mujeres exigieron ser independientes5 María Virginia Gaviria Gil y otros 143 de sus maridos, autónomas en las decisiones sobre su vida marital, y posteriormente, poder elegir a sus gobernantes y aspirar a ostentar tal posición. Pero la legislación de los nuevos Estados liberales, y especialmente el Código Civil napoleónico de 1804 fuente material de otros códigos europeos y americanos (Guzmán Brito, 2000, págs ), olvidaron estas aspiraciones y recogieron normativas romanas y germánicas que subordinaron a la mujer a la potestad del hombre, y le impidieron la independencia que ella buscaba, particularmente si la mujer estaba casada (Arnaud Duc, 1993, págs ; Sledziewski, 1993, págs ). En efecto, eran las normas sobre matrimonio y potestad marital las que explicaban por qué las mujeres casadas, no las solteras o viudas, reclamaban la capacidad civil para administrar y disponer de sus propios bienes. Durante los siglos XVIII y XIX encontramos varios filósofos y pensadores europeos que justificaron la existencia de la potestad marital que el marido ejercía sobre su mujer. Algunos defendieron la dependencia de la mujer del hombre (Crampe Casnabet, 1993, págs ), y otros se remitieron a una desigualdad natural (Sledziewski, 1993, pág. 45) entre el hombre y la mujer, desigualdad que causalmente se reflejaba en la situación jurídica de la mujer casada de manera exclusiva, y no en el de la soltera. Los argumentos anteriormente expuestos se usaron para mantener vigente la potestad marital sobre la mujer casada, según la cual el marido tenía la administración de los bienes en la sociedad conyugal, y la facultad de dirigir a la mujer y a sus hijos en asuntos familiares. La mujer casada no podía recurrir a la justicia, abrir una cuenta en el banco o disponer de sus propios bienes. En este último caso siempre debía contar con la autorización de su marido, excepto en algunas situaciones relacionadas con el ejercicio del comercio, especialmente en regiones industrializadas y que rápidamente incorporaron el trabajo femenino, caso de Inglaterra (Sineau, 1993, págs ). La situación descrita fue característica de Europa continental y especialmente de Francia -, América Latina y algunos Estados federados de los Estados Unidos de América como Luisiana o Nuevo México, donde el movimiento codificador recibió la influencia del derecho francés, y por lo tanto del romano y germánico. En estos territorios la autonomía de la mujer para administrar y disponer de sus propios bienes tuvo un reconocimiento más tardío, en parte porque su economía todavía estaba basada en la explotación de la tierra, y el proceso de industrialización no era tan fuerte como en Inglaterra. Adicionalmente, la justificación dada por los ideales católicos, la perfección atribuida al Código Civil napoleónico y al derecho romano en él recogido, e incluso los mismos ideales sentados a partir de la Revolución francesa, fueron utilizados para defender la posición inferior de la mujer en el derecho privado (Sineau, 1993, págs ).6 144 LA INCAPACIDAD CIVIL DE LA MUJER CASADA EN COLOMBIA En cambio en los países nórdicos y anglosajones la potestad marital desapareció con mayor rapidez. La mayoría protestante presente en ellos, la existencia de un sistema jurídico más concentrado en lo procedimental que en la regulación de asuntos de fondo, y la revolución industrial que generó la necesidad de una mayor mano de obra en las industrias urbanas mano de obra mayoritariamente femenina durante la Primera Guerra Mundial-, son algunas de las causas que explican la diferencia con los Estados de tradición francesa y latina. En especial este último fenómeno fue importante para impulsar la capacidad civil de las mujeres, pues al aumentar la oferta de empleos para ellas, también creció el patrimonio que podían manejar. Es así como Noruega, Finlandia y Suecia le otorgan la capacidad civil a la mujer en 1918, 1919 y 1920, respectivamente. En el Reino Unido el fenómeno ocurre en 1882, y en Estados Unidos se comienza a dar capacidad en algunos Estados a finales del siglo XIX, y el proceso culmina a principios del siglo XX. En cambio en Francia solo se concede capacidad civil a las mujeres en 1938, en España en recordar el régimen franquista, y en Portugal en 1976 (Sineau, 1993, pág. 127). En América Latina también encontramos un panorama muy diverso. El primero en eliminar la potestad marital en el siglo XIX fue Costa Rica. En las primeras dos décadas del siglo XX fueron reformados en el mismo sentido los Códigos Civiles de México, Brasil, Cuba, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En 1932 lo hizo Colombia, como se explicará más adelante. Algunos Estados permitieron a la mujer administrar sus propios bienes en la primera mitad del siglo XX, pero solo otorgaron la plena capacidad civil a la mujer casada en años posteriores: Argentina en 1968, Chile en 1979, Ecuador en 1970, y Perú en En los años cuarenta del siglo pasado abolieron la potestad marital Venezuela y Uruguay. Y los cambios más recientes se han producido en Bolivia en 1972, y en Guatemala en Sin embargo la igualdad de género en la administración y representación del hogar ha tenido cambios más lentos, y aún no se permite en algunas regiones del continente (Deere, 2000, págs ) En Colombia Durante la colonia, el derecho privado fue regulado entre otras por la Legislación de Indias mandatos especiales creados por España para sus colonias desde 1503 y recogidos en 1680 en la Recopilación de leyes de los Reinos de Indias, y de manera subsidiaria por el derecho español. Algunas de estas disposiciones continuaron vigentes con posterioridad a la independencia de la Nueva Granada, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 188 de la Carta Política de 1821, siempre y cuando no se opusieran a dicho texto constitucional o a las normas legislativas expedidas por el Congreso (Uribe Vargas, 1985, pág. 835).7 María Virginia Gaviria Gil y otros 145 Entre 1822 y 1840 se formaron varias comisiones con la finalidad de elaborar una legislación civil para el país, inspirada en recientes códigos europeos como el francés, pero los proyectos nunca llegaron a feliz término. Para 1840 Andrés Bello estaba trabajando en la redacción de un Código Civil, proyecto de gran interés para el gobierno nacional que creó por tercera vez una comisión para que le ayudara. La comisión fue posteriormente disuelta, pero el tratadista continuó con su labor hasta 1852, y en 1855 su trabajo fue aprobado como ley nacional en Chile (Valencia Zea & Ortíz Monsalve, 2006, pág. 34). Las cartas políticas de 1853 y 1858 profundizaron en la descentralización política y administrativa del Estado, y finalmente en 1863 se consagró el federalismo en los entonces denominados Estados Unidos de Colombia. Con base en la autonomía que el mismo les confería, algunos Estados federados acogieron el Código de Bello como su propia legislación civil. Posteriormente en 1873 se creó un Código Civil para la Unión Federal basado en el mismo modelo, el cual estuvo vigente hasta 1887, año en el cual como consecuencia del cambio constitucional de 1886 y la creación del nuevo Estado Unitario, se expidió la Ley 57 de 1887 sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional. El artículo primero de la ley determinó que regirán en la República, noventa días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas de que ella trata, los códigos siguientes: el Civil de la Nación, sancionado el 26 de mayo de El nuevo Código Civil del Estado Unitario presentó las mismas contradicciones de los códigos civiles europeos con los principios liberales, pues defendió la subordinación de la mujer casada a su marido. Los artículos 176, 177 y 178 del Código Civil regularon la posición de la mujer en relación con su marido, indicando el primero que el marido debe protección a la mujer y la mujer le debe obediencia al marido ; el segundo que la potestad marital es el conjunto de derechos que la ley le reconoce al marido sobre los bienes y la persona de la mujer ; y el tercero que el marido tiene derecho de obligar a la mujer a vivir con él y a acompañarlo a donde sea que trasladen su residencia. Aun así, la influencia francesa era considerada benéfica para el estatuto de la mujer casada, pues la potestad marital ya no se entendía en beneficio del marido sino de la familia y de la sociedad en general, y a la mujer sí se le dotaba de personalidad jurídica, por lo tanto su incapacidad era solo relativa (Devis Echandía, 1943, pág. 203). Las normas sobre la potestad marital y la incapacidad de la mujer casada continuaron vigentes hasta Solo hay un antecedente con la Ley 8 de 1922, que en su artículo primero otorgó a la mujer casada la administración no la disposición -, de ciertos bienes, en los siguientes términos: La mujer casada tendrá siempre la administración y el uso libres de los siguientes bienes: 1) Los determinados en capitulaciones8 146 LA INCAPACIDAD CIVIL DE LA MUJER CASADA EN COLOMBIA matrimoniales; 2) Los de su exclusivo uso personal, como son sus vestidos, ajuares, joyas e instrumentos de su profesión u oficio. De estos bienes no podrá disponer en ningún caso por sí solo uno de los cónyuges, cualquiera que sea su valor. Finalmente, la Ley 28 de 1932 estableció en su artículo primero que durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio y en consecuencia se procederá a su liquidación 1. El proyecto de ley que buscó reconocer la capacidad civil a las mujeres fue liderado por Luis Felipe Latorre Uriza durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera, primer presidente liberal después de la hegemonía conservadora vivida en el país desde 1886, y tomó como referentes las legislaciones de algunos Estados europeos como Hungría, Suecia, Islandia, Noruega y Dinamarca. El abogado civilista Latorre Uriza (Perry, 1944, págs. 119 y 120) defendió la capacidad civil de la mujer dentro del matrimonio, haciendo énfasis en la necesidad de un cambio de régimen que le permitiera a la mujer casada obtener la libertad e independencia para enajenar los bienes dentro del matrimonio, para obtener una repartición equitativa al momento de su disolución (Latorre, 1937, págs. 60, 68 y 69). Ello significa que la propuesta de Latorre Uriza no buscó suprimir la sociedad conyugal, sino considerarla una ficción que para efectos de la liquidación debía conservarse. 2. SEGUNDA PARTE: MEDELLÍN: CAMBIOS DEL SIGLO XIX AL SIGLO XX A finales del siglo XIX Medellín era una pequeña población rodeada de montañas, muy aislada de otras regiones antioqueñas y por lo tanto del resto del país. Su economía estaba principalmente basada en la minería y el comercio, este último con un nuevo auge por los cultivos de café que empezaban a generalizarse en el suroeste del departamento. 1 Es importante aclarar que la subordinación de la mujer al hombre continuó existiendo en otros temas diferentes a la administración y disposición de los bienes de la mujer, y solo desapareció con normas de finales del siglo XX como el Decreto 2820 de 1974, y las sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional a partir de la Carta Política de 1991.9 María Virginia Gaviria Gil y otros 147 Con excepción de la abolición del federalismo, que afectaba los intereses políticos y económicos de las élites de la ciudad, el movimiento de la Regeneración liderado por Rafael Núñez y la aprobación de la Constitución Política de 1886 fueron bien recibidos en la ciudad. Lo mismo sucedió con el posterior concordato de 1887 celebrado entre el Estado y la Iglesia católica. En Medellín se sintió de inmediato la influencia religiosa en los asuntos educativos, y por lo tanto en la facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Antioquia, único plantel educativo donde se formaban los abogados en la ciudad (Uribe de H, 1998, págs ). A principios del siglo XX, una vez superada la Guerra de los Mil Días, Medellín empezó a mostrarse como una ciudad en crecimiento con un importante desarrollo económico basado en la actividad cafetera, las nacientes industrias textiles, y la mejoría en las vías de comunicación hacia el resto del país y hacia el exterior, con la construcción del Ferrocarril de Antioquia y la navegación por el Río Magdalena (Poveda Ramos, 1996, págs ; Restrepo, 1988, págs ). Como consecuencia de los avances en la economía antioqueña surgió una nueva generación de trabajadores, en la cual las mujeres tuvieron una amplia participación; las más conocidas María Cano, escritora y dirigente socialista, y Betsabé Espinosa, quien en 1922 lideró la primera huelga en el país en la Fábrica de Hilados y Tejidos de Bello (Saavedra, 1996, págs ; Archila Neira, 1996, págs ). Pero la ciudad también cambiaba en otros aspectos. Desde finales del siglo XIX se fue haciendo evidente un avance en la vida cultural e intelectual de Medellín, con la formación de tertulias y la creación de publicaciones periódicas sobre los más variados asuntos. Algunas revistas tenían una especial dedicación a temas femeninos, por ejemplo Letras y Encajes. Otras buscaban un público más amplio en temas como literatura, poesía, arte, culinaria, costumbres sociales, análisis político, etc. Era el caso de El Montañés, Sábado, Alpha, Literatura y Arte, entre otras (Restrepo Arango, 2005, págs ; Escobar, 1988, págs ). Lo anterior incidió en una mayor participación femenina en la vida cultural de la ciudad, a pesar de lo cual las publicaciones todavía mostraban una imagen tradicional de la mujer. Es el caso del artículo de José Montoya sobre feminismo publicado por El Montañés, en el cual, alrededor de una conversación de amigos sobre los derechos de las mujeres en América del Norte, un personaje llamado Federico manifiesta: Emancipar a la mujer hasta hacerla igual al hombre dijo Federico encarándose no es enaltecerla, es degradarla; cada ser debe conservarse como lo hizo la naturaleza. Una mujer varonil, una mujer que abandona sus cualidades esenciales para asemejarse al hombre, me inspira náuseas y debe inspirárselas a todo el que tenga10 148 LA INCAPACIDAD CIVIL DE LA MUJER CASADA EN COLOMBIA calzones.... Las mujeres no quieren que los hombres las emancipen, sino que las amen, que las esclavicen y que las aten con cadenas de besos (1898, pág. 194). Unos años más tarde se encuentran conceptos similares en los escritos de J. H. Jorge Edmund Herzig (Suiza 1887 Medellín 1956)- sobre la cultura física de la mujer. Aunque inicialmente parece que el autor se limita a analizar asuntos fisiológicos debido a su trabajo como profesor de cultura física, en sus artículos hay reflexiones más profundas sobre el papel de la mujer en la sociedad. Para J. H. la mujer no tenía una función laboral en la colectividad, simplemente debía estar acorde con ciertos parámetros de belleza y cumplir con sus obligaciones como madre y ama de casa. En su opinión la mujer no carecía de capacidad de juicio, pero se la cedía al hombre para que este la utilizara en favor de ella, en la medida en que la mujer no la necesitaba para su vida cotidiana. Según sus palabras: La mujer necesita aptitudes más concretas más bien que abstractas; y juicio para discernir en las cosas pequeñas, más bien que en las grandes: la buena dirección del hogar no le exige más (1922, pág. 922). Más escasos eran los escritos que defendían la participación de la mujer en asuntos diferentes del hogar. En 1920 por ejemplo, Ignacio Duque se quejaba de la situación de las mujeres cuyos maridos habían quebrado económicamente, pues también perdían sus propios bienes. Para evitar esta situación recomendaba mejorar la educación de las mujeres en asuntos jurídicos, y propiciar la separación de bienes (1920, págs ). Un concepto similar fue expuesto por el abogado Alfonso Uribe en 1923, al afirmar que las autorizaciones judiciales para enajenar bienes de las mujeres se otorgaban con base en testimonios que acreditaban la necesidad del marido por estar atravesando problemas económicos. En su opinión, dichas autorizaciones solo debían ser aprobadas con fundamento en la necesidad de la mujer (1923, págs ). 3. TERCERA PARTE: CONCEPTOS JURÍDICOS DE LA DOCTRINA JURÍDICA EN MEDELLÍN En este capítulo pretendemos mostrar como la doctrina jurídica de Medellín justificó la existencia de la potestad marital sobre la mujer, o por el contrario abogó por su abolición. Para ello fueron analizados los escritos de cinco abogados de la ciudad, los dos primeros autores de tratados de derecho civil, y los tres últimos de trabajos o artículos donde hacen referencia a la incapacidad civil de la mujer casada.11 María Virginia Gaviria Gil y otros Fernando Vélez Una de las obras más importantes sobre el Código Civil colombiano ha sido, sin duda, el Estudio sobre Derecho Civil Colombiano de Fernando Vélez (Bello, Antioquia, 1847 Roma, Italia, 1935), publicado en el año 1898 y con una segunda edición en Este abogado antioqueño, uno de los más notables juristas colombianos de su época y quien además de tratadista fue profesor, diputado, representante a la Cámara y Gobernador del departamento (Castaño Zuluaga, 2002, págs ), se dio a la tarea de analizar y comentar las disposiciones del Código de manera minuciosa, logrando así un tratado que alcanza varios tomos de extensión. Como podrá observarse a continuación, en ambas ediciones se plasman los mismos conceptos sobre la potestad marital y la incapacidad civil de la mujer casada. En lo atinente a la mujer y su incapacidad civil, son varias las disposiciones, principalmente enmarcadas en la institución del matrimonio, que son objeto de estudio por Fernando Vélez. Así pues, sobre el artículo 87, que originalmente consagraba La mujer casada sigue el domicilio del marido, sostiene el jurista que es no solo lógica sino conveniente, puesto que el matrimonio da al marido la representación de la mujer y de la sociedad conyugal. Además, dado que el principal fin del matrimonio es la procreación, es claro que los cónyuges deben vivir juntos y auxiliarse mutuamente, de lo cual se deduce el derecho que tiene el marido para exigir de su mujer que lo siga a donde traslade su residencia (1898, pág. 107; 1926, pág. 103). En caso de que se diera el divorcio, el cual en aquella época no terminaba con el vínculo matrimonial, la mujer no tendría la libre disposición de sus bienes inmuebles; esto con el propósito de velar por los intereses de los hijos, ya que como el divorcio puede cesar por voluntad de los cónyuges, y cesa generalmente, la ley en previsión de esto, y para evitar que la mujer movida por consideraciones que no sean las de conveniencia debido a sus disgustos domésticos, disponga ligeramente de sus inmuebles o los grave, ha creído oportuno presentar dificultades a esto para dar tiempo a la reflexión (1898, pág. 152; 1926, pág. 147). Respecto de las obligaciones de cada cónyuge, afirma Vélez que han sido fijadas por la ley teniendo en cuenta la condición y destino especial de cada sexo (1898, pág. 166; 1926, pág. 160). Así, la mujer debe obediencia al marido, mientras que el marido le debe protección, ya que es él quien representa la fuerza y la aptitud para los negocios (1898, pág. 167; 1926, pág. 161). En el caso de la obediencia, esta se exige de la mujer porque el matrimonio requiere unidad, para lo cual debe tener uno de los cónyuges la dirección de la familia, la cual pertenece al hombre debido a que su modo de ser, o sus condiciones personales, indican que es el más propio para jefe de aquella (1898, págs ; 1926, pág. 161). Y continúa12 150 LA INCAPACIDAD CIVIL DE LA MUJER CASADA EN COLOMBIA Fernando Vélez: Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segundo, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste. En la sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, impone a la esposa la obligación de obedecer (1898, págs ; 1926, págs ). De todo lo anterior se colige que para Fernando Vélez, la incapacidad de la mujer no encuentra su fundamento en que esta sea inferior al hombre, pues no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer solteros respecto al ejercicio de los derechos civiles. Por el contrario, tal incapacidad tiene su razón en el matrimonio y la sociedad que con él se constituye, pues la dirección de esta requiere que el socio más apto tenga la dirección de los negocios. Asevera entonces que el hombre es generalmente el socio más competente dadas sus condiciones naturales (1898, pág. 170; 1926, pág. 164). Sin embargo, tal justificación de la incapacidad se encuentra con impedimentos e inconsistencias que podrían calificarse de obvias, pues cómo es posible que si la mujer y el hombre sean iguales, y esta igualdad sea reconocida por el derecho, tenga el hombre aptitudes, condiciones naturales que lo hagan más apto y competente para la administración de la sociedad conyugal? A pesar de sus aseveraciones respecto al hombre como socio más competente para la administración de la sociedad conyugal, un año después de la publicación de la primera edición del tratado Fernando Vélez escribió un artículo para la Revista Forense donde se dirige a las mujeres casadas, con la finalidad de llamar su atención sobre la administración del patrimonio familiar en beneficio de la felicidad de sus hijos. Así, sin pretender incitar a las mujeres casadas a una fiscalización y vigilancia de las actividades de sus consortes, que comprometería la paz familiar, la intención de Fernando Vélez es llamar la atención de las mujeres sobre ciertos aspectos especiales y saber así si es pertinente tomar precauciones en beneficio de sus hijos, por ejemplo en la representación del marido, la enajenación e hipoteca de los inmuebles de la mujer y la separación de bienes (1899, págs ) Antonio José Uribe Otro de los autores antioqueños que escribió sobre la incapacidad civil de la mujer casada, fue Antonio José Uribe (Medellín, 1869 Bogotá, 1942), jurista, diplomático y político colombiano. En compañía del francés Edmond Champeau, presentó en el año 1899 un primer tomo de cinco proyectados que conformarían un Tratado de Derecho Civil, el cual fue analizado para los efectos del presente artículo.13 María Virginia Gaviria Gil y otros 151 Inicialmente, pareciera que los autores están en contra de ciertas disposiciones que afectan especialmente a la mujer casada. Por ejemplo, cuando se refieren al tema del divorcio que insistimos para aquella época no disolvía el vínculo matrimonial, al citar el art. 163, que inicialmente decía: Si la mujer hubiere dado causa al divorcio por adulterio, perderá todo derecho a los gananciales, y el marido tendrá la administración y el usufructo de los bienes de ella, excepto aquellos que la mujer administre como cosa separada de bienes y los que adquiera a cualquier título después del divorcio, sostienen que esta es una disposición muy severa, y que puede constituir una verdadera confiscación para la mujer, pues pierde la administración y el usufructo de la porción de la fortuna común que ella ha contribuido a amasar, para que sea asignada al marido. No obstante, la alternativa contraria, es decir, que al marido se le prive de su parte de los bienes de la sociedad conyugal cuando es el causante del divorcio, no se encuentra estipulada (1899, pág. 224). En cuanto al artículo 165, que consagraba en ese momento La mujer divorciada administra con independencia del marido los bienes que ha sacado del poder de este, o que después del divorcio ha adquirido, hay una disputa interpretativa respecto al alcance de esta disposición. Puede interpretarse como que la mujer es por completo independiente del marido en lo relativo a sus bienes, y la administración referida en este artículo incluye también los bienes inmuebles, posición compartida por los autores. La otra interpretación es que la mujer administra sus bienes, pero para la enajenación de los inmuebles necesita autorización del marido o, subsidiariamente, de un juez, según lo que se dispone para toda mujer casada, incluso la separada de bienes (1899, págs ). Pero al hacer el análisis de las obligaciones y derechos entre los cónyuges, los autores defienden la incapacidad civil de la mujer casada. Al estudiar el artículo 176 inciso segundo, concluyen los autores que allí aparece ya la superioridad que la ley concede al marido sobre la mujer (1899, pág. 237). Afirman de igual manera los autores que la ley ha designado al marido como jefe del hogar, pero que además se considera que el marido es designado por la naturaleza misma como jefe del hogar y no se permite estipulación en contrario (1899, págs ). Consideran Champeau y Uribe que la prevalencia de la opinión de uno de los cónyuges sobre la del otro, permite la armonía de la sociedad conyugal, pues de lo contrario, ante cada divergencia habría que acudir al juez. Y es claro que el jefe de la sociedad debe ser el marido, quien por lo general es más fuerte que la mujer, y quien suministra casi siempre los recursos necesarios para la familia y se ocupa de los negocios que la favorecen. Con el solo hecho del matrimonio, sostienen los autores, la mujer habría convenido en designar al marido como jefe del hogar, tal como en una sociedad es elegido un socio para su dirección (1899, págs ).14 152 LA INCAPACIDAD CIVIL DE LA MUJER CASADA EN COLOMBIA En el aparte titulado Fundamento de la incapacidad de la mujer casada, justifican la incapacidad de la mujer casada no al hecho de la fragilidad e inexperiencia de la mujer en general, sino al de su matrimonio, pues desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al marido y a los hijos (1899, pág. 242). En otras palabras, los actos de la mujer son de interés moral y pecuniario de la familia. Así, la inferioridad de la mujer, sostienen, es una mera aplicación de la regla establecida en el inciso 2 del artículo 176: la mujer debe obediencia al marido (1899, pág. 242). El señor Champeau y el señor Uribe citan a Jacinto Chacón, comentador del Código de Chile, quien niega que los legisladores de su país hayan fundamentado la autoridad del marido en la incapacidad de la mujer. Según Chacón, la única base de esta incapacidad es el principio económico de la unidad en la administración del patrimonio común, es decir, la autoridad del marido en cuanto a los bienes, y añade, el fundamento de la inhabilitación legal de la mujer, no es ni la incapacidad radical del sexo, ni la obediencia personal debida al marido, sino un principio de unidad y correcta administración de la sociedad conyugal (1899, pág. 243). Así, para esta tesis, la potestad del marido sobre la persona de la mujer sería una consecuencia o efecto de su potestad marital sobre los bienes: el señorío del marido sobre los bienes es la causa, la incapacidad de la mujer es un efecto de ese señorío (1899, pág. 243). Champeu y Uribe se apartan de la tesis sostenida por Chacón, pues para ellos la sola unidad en la administración de los bienes comunes no es suficiente fundamento para explicar todas las disposiciones del Código Civil relativas a la inhabilidad legal de la mujer casada. Si esto fuera cierto, la incapacidad de la mujer estaría reducida a los actos relacionados con la administración de la sociedad de bienes. Para Champeau y Uribe hay justificaciones adicionales: la incapacidad legal de la mujer casada se funda no solamente en la autoridad del marido por lo que respecta a los intereses pecuniarios de la familia, sino también en su autoridad por lo tocante a los intereses morales de la misma, y no solo en su carácter de jefe y administrador de la sociedad de bienes, si que también en su calidad de jefe de la sociedad de personas (1899, pág. 245) Ricardo Uribe Escobar Al finalizar sus estudios de Derecho en la Universidad de Antioquia, Ricardo Uribe Escobar ( ) presentó como trabajo de grado la tesis titulada Notas feministas, en la cual analiza la posición de la mujer a través de la historia, así como la regulación civil, política y penal existente en el país sobre la misma.15 María Virginia Gaviria Gil y otros 153 Aunque en su posterior vida profesional Uribe Escobar fue reconocido como abogado, profesor y ensayista, y desempeñó importantes cargos como magistrado del Tribunal Superior de Antioquia y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, la presentación de la tesis del entonces estudiante causó una gran controversia al interior del claustro universitario, en gran parte motivada por la inconformidad de la Iglesia católica con su contenido (Uribe de H, 1998, págs ). En su estudio sobre las mujeres, Uribe Escobar afirma que la supuesta inferioridad de las mujeres no es consecuencia de su naturaleza sino del medio en el que vive: El desarrollo de las facultades intelectuales depende, principalmente, del medio en que el individuo se agita. Por eso puede decirse, sin temor alguno, que la general ausencia intelectiva de la mujer es el natural fruto de su condición social. Abránsele todos los caminos del espíritu, concédale la ley, como al hombre, completa libertad de acción en su vida social, y la mujer será muy distinta de cómo ha sido (pág. 32). En sus referencias a la legislación civil, el autor critica la potestad marital sobre la mujer casada, y a diferencia de los autores citados anteriormente, no encuentra justificación para que dicha institución continúe vigente: Motivos de protección? Pero, en realidad es un motivo de protección lo que ha inspirado al legislador esta incapacidad de la mujer casada? Es el temor de que la mujer sea engañada en todos los negocios que ejecute sin la cooperación de su marido? No. Esta razón es pueril. Por qué, entonces, no se incapacita a la mujer soltera? Si está ella tan expuesta a la fraudulencia de los hombres, como la mujer casada, por qué se le permite contraer toda clase de obligaciones y ejecutar toda clase de contratos? (pág. 45). Tampoco considera útiles las supuestas protecciones que el legislador estableció para las mujeres casadas. Por ejemplo, en su concepto nada vale la existencia de un listado de bienes que no forman parte del haber social pero que son administrados libremente por el marido, y que al disolverse la sociedad conyugal deben ser restituidos al cónyuge que los aportó, pues en la mayoría de los casos no se llega a la restitución por la desaparición del haber conyugal, motivada entre otras razones por despilfarro, malos negocios o fraudulencia del marido (pág. 41). Lo mismo sucede con la posibilidad de acordar capitulaciones matrimoniales entre los futuros cónyuges, para determinar, por ejemplo, que la mujer administrará una parte de sus bienes propios con independencia del marido. En su concepto son pocas las parejas que recurren a este documento, pues los que van a contraer matrimonio no se preocupan, por lo general, de la cuestión económica (pág. 43). La separación de bienes es otro remedio ineficaz, pues solo se concede por insolvencia o administración descuidada o fraudulenta del marido, es decir, cuando ya el daño está causado (pág. 43).16 154 LA INCAPACIDAD CIVIL DE LA MUJER CASADA EN COLOMBIA En conclusión, la propuesta del autor busca modificar el Código de manera que por el hecho del matrimonio no se constituya la comunidad de bienes entre los cónyuges. Así las cosas, cada uno de los cónyuges administrará libremente los bienes que aporte al matrimonio y los que durante la existencia del mismo adquiera. Si los cónyuges quieren tener comunidad de bienes, deberán pactarlo expresamente a través de las capitulaciones matrimoniales (págs ). No deja de llamar la atención que en un trabajo que hace una defensa tan férrea de las mujeres, especialmente en lo relacionado con su protección legal, el autor consagre este tipo de reflexiones para justificar la entrada de la mujer al mercado laboral: Por lo demás, el feminismo no pretende conquistar campo de acción en las tareas que demandan muy intenso trabajo cerebral. Pero en las labores manuales y de las fábricas, en los empleos del Gobierno, ferrocarriles, oficinas postales y telegráficas, administración, etc., etc., no se requiere mayor esfuerzo del espíritu. Por el contrario, son labores casi mecánicas que no solo no agitan la mentalidad sino que la aduermen. Ni se necesita para esta actividad algún esfuerzo físico que no podría prestar el organismo femenino. El funcionarismo sobre todo en los puestos inferiores es un ejercicio perfectamente compatible con el vigor intelectual y físico de la mujer actual. Y, dando a ella estos empleos, lograríase que las energías masculinas, que se atrofian hoy en el automatismo de las oficinas, se dedicaran a una labor más útil y más intensa, acorde con el actual desarrollo de la cerebralidad masculina. Además, para trabajar con una máquina y para ejecutar obras de mano, ninguna falta hace la fuerza muscular. Más se compadecen con estas obras la delicadeza y la habilidad. Y, todo el mundo sabe, como son de prodigiosas unas manos de mujer. No quiere el feminismo que todas las mujeres sean geniales, no lo que él pretende es que se les reconozca el derecho a ganarse la vida (pág. 34) Leocadio Lotero Leocadio Lotero era abogado, de filiación liberal, y cercano a Fidel Cano el fundador del periódico El Espectador. Escribió para varios periódicos de filiación liberal como La Consigna entre 1882 y 1883 y La Poliantea en 1896 (Latorre Mendoza, 2006, pág. 333). En 1908 la Revista Jurídica publicó su discurso de admisión a la Sociedad Antioqueña de Jurisprudencia, en el cual analizó la protección y tutela que la ley civil colombiana le otorgaba al poder judicial respecto de la mujer, protección y tutela que en su concepto no siempre era provechosa para ésta. Aunque el aspecto central de su trabajo fue proponer la eliminación de la licencia judicial que debían solicitar la mujer y su marido para enajenar ciertos bienes de la primera, finalmente considera que con base en la equidad natural la mujer debería ser17 María Virginia Gaviria Gil y otros 155 libre para disponer de los bienes que le pertenecían exclusivamente. Pero mientras se llega a esta reforma, para la enajenación debería bastar el consentimiento de la mujer y la licencia del marido (pág. 407). Al desarrollar el tema propuesto, Lotero defiende la educación y la cultura de la mujer, añora la igualdad que existe en otros Estados entre hombres y mujeres, y propone que una medida similar se apruebe en nuestro país. Considera que la instrucción femenina en el país no ha mejorado, pero las costumbres sociales sí le han hecho algunas concesiones: Ya no priva como antes entre nosotros en todos los cerebros masculinos, sino en algunos solamente, la preocupación de que la mitad del género humano solo sirve para rezar, coser y criar hijos para el cielo. Ya se admite que la mujer puede ir también, con iniciativa propia, a la conquista del pan (pág. 473). Con relación al derecho colombiano, encuentra que una de las causas de la regulación existente en el país es la copia de instituciones romanas cuyas costumbres no estaban fundadas en la igualdad de géneros. Para Leocadio Lotero los romanos se robaron a las sabinas, se las apropiaron como botín de guerra, y les aplicaron el derecho de conquista. Ese hecho fue la base del rapaz imperio que fundaron, e influyó en sus costumbres posteriores y en su legislación, origen de la nuestra. Nada de extraño tiene, pues, que nuestro Código Civil le confiera al hombre tantos derechos sobre la persona y los bienes de la mujer, tales como el de obligarla a seguirlo a donde quiera que él vaya; el de impedirle celebrar contratos ni desistir de ellos; perdonar deudas; aceptar ni repudiar donaciones, herencias o legados; adquirir nada por ningún título; enajenar, hipotecar, empeñar (pág. 475). Y en cuanto a las diferencias entre la mujer casada y la soltera o viuda, resalta lo inútil e injustificado del trato jurídico que recibe la primera, simplemente por estar casada: En cuanto a la ley sustantiva yo pregunto: es justa? Tiene algún objeto prácticamente útil para la mujer, para el marido o conjuntamente para el matrimonio? Me atrevo, señores, a contestar rotundamente que no, porque si la ley le permite a la soltera y a la viuda mayores de edad adquirir bienes y disponer libremente de ellos, no hay motivo razonable para convertir esa libertad en prohibición en tratándose de la mujer casada. Una mujer soltera o viuda representa un solo criterio, y en un matrimonio hay dos, el de la mujer y el del marido. De dónde puede sacarse que dé mayores probabilidades de acierto el cálculo de una mujer sola que el de una mujer y un hombre obrando acordes? (pág. 476).18 156 LA INCAPACIDAD CIVIL DE LA MUJER CASADA EN COLOMBIA 3.5. Félix Betancourt Villegas El abogado, profesor y humanista Félix Betancourt Villegas ( ) fue uno de los mayores defensores de la capacidad civil de la mujer, y de la necesidad de un cambio dentro de la legislación colombiana. Consideraba que los legisladores colombianos debían reemplazar las disposiciones arcaicas que existían, pues no tenían sentido en la nueva organización de la familia (pág. 523). Sus ideas no fueron expuestas a través de los comentarios al articulado del Código Civil, sino como reflexiones de un humanista y filósofo sobre el tema. Reconocía que la constitución de la familia debía establecerse conforme al contexto en el que se vivía, considerando que la ley se crea a partir de influencias de raza, medio y herencia. Por eso veía grandes diferencias entre la mujer de antes la primitiva, y la actual, situación que ameritaba revisar las arcaicas disposiciones de la legislación civil. Los argumentos expuestos por Félix Betancourt Villegas tienen una connotación histórica acerca del papel de la mujer en las antiguas civilizaciones, donde el matrimonio estaba basado en la fuerza y el poder, lo que explica el contenido de sus normas jurídicas, y cita como ejemplo la cultura aria, semita, indoeuropea y hebrea. Situación muy diferente se presentaba en Grecia, donde las mujeres no se veían como esclavas o seres serviles, y por ello recuerda los rasgos homéricos de la mujer en aquella época, donde se la veía como compañera del hombre, útil en el hogar, e intelectualmente igual al hombre. Para Villegas Betancourt la organización de la familia ha cambiado, y en el siglo XX el autoritarismo del marido no tiene ningún sentido. Prueba de ello es la libertad que la mujer ha adquirido en países avanzados como Inglaterra o Estados Unidos de América. Por eso el matrimonio actual debe estar basado en los derechos de las mujeres; las costumbres han cambiado y la ley debe adaptarse a la movilidad de la sociedad. CONCLUSIONES El derecho civil colombiano en el período objeto de estudio permitió la existencia de la potestad marital sobre la mujer casada, y como consecuencia de lo anterior, consagró la incapacidad civil de la mujer casada. En este sentido no se diferencia de otros ordenamientos jurídicos occidentales, europeos y americanos, que en el mismo período presentaban iguales contradicciones con los principios liberales defendidos en las décadas anteriores.19 María Virginia Gaviria Gil y otros 157 Tanto Fernando Vélez como Antonio José Uribe defendieron en sus tratados la existencia de la potestad marital y la incapacidad civil de la mujer casada. Ante la imposibilidad de justificar su defensa en la inferioridad de la mujer en relación con el hombre, recurrieron a nuevos argumentos como la búsqueda de la unidad en el matrimonio, el auxilio mutuo que se debían los cónyuges, la mayor fuerza y aptitud para los negocios del hombre, y la defensa y protección del marido, los hijos y la familia en el matrimonio. Argumentos que hoy parecen débiles pero que en su momento tuvieron una gran difusión, no solo en Medellín sino en todo el país, pues ambos tratados figuran entre las principales obras jurídicas del nuevo Estado unitario colombiano, y sus autores han sido considerados figuras principalísimas de la doctrina jurídica local y nacional. Otros autores como Ricardo Uribe, Leocadio Lotero y Félix Betancourt muestran su desacuerdo con la existencia de la potestad marital sobre la mujer casada, algunos con fundamentos jurídicos y otros con estudios humanos y filosóficos. Pero su influencia a principios del siglo XX tuvo que ser menor, no solo por tratarse de artículos y no tratados extensos sobre el derecho civil, sino además porque su difusión fue más local y no nacional. Adicionalmente, recordemos que en el caso de la tesis de Ricardo Uribe, se presentó una fuerte oposición de la Iglesia católica que con seguridad dificultó su conocimiento en aquel entonces. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Fuentes primarias Betancourt, F (1908). El estado de la mujer en el matrimonio, Revista Alpha, 18, pp Betancourt, F (1908). Estado de la mujer en el matrimonio. Revista Jurídica, II (12), pp Betancourt, F (1909). Estado de la mujer en el matrimonio. Revista Jurídica, III (13), pp Betancourt, F (1909). Estado de la mujer en el matrimonio. Revista Jurídica, III (14 y 15), pp Champeau, E & Uribe, A. J. (1899). Tratado de Derecho Civil colombiano. Tomo I. París: Contant Laguerre. Devis Echandía, H (1943). Características esenciales del derecho civil moderno. 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