Source: http://www.lexnova.es/Pub_ln/Documentos/documento_1633.htm
Timestamp: 2017-01-21 08:31:59
Document Index: 353373493

Matched Legal Cases: ['artículo 1331', 'artículo 1329', 'artículo 1330', 'artículo 1325', 'artículo 831', 'artículo 1327', 'artículo 1280', 'artículo 1279', 'artículo 1327', 'artículo 1333', 'artículo 266', 'artículo 266', 'artículo 9', 'artículo 1357', 'artículo 75', 'artículo 1333', 'artículo 1219', 'artículo 1333', 'artículo 75', 'artículo 1475', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 1317']

Requisitos para el otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales
— Requisitos para el otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales —
1. Intervinientes y consentimientos
En el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales después de haberse celebrado el matrimonio deben intervenir solo los cónyuges, siendo su presencia necesaria hasta el punto de que no cabe la representación, sino, a lo sumo, la actuación mediante nuntius, pues el otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales es un acto personalísimo. Accesoriamente pueden intervenir terceras personas para completar la capacidad de uno o ambos cónyuges (artículos 1329 y 1330 del CC). Además, tal y como señala el artículo 1331 del CC, «Para que sea válida la modificación de las capitulaciones matrimoniales deberá realizarse con la asistencia y concurso de las personas que en éstas intervinieron como otorgantes si vivieren y la modificación afectare a derechos concedidos por tales personas». Los sujetos a que se refiere este precepto, como señala Ainhoa GUTIÉRREZ, son los que intervinieron en las capitulaciones matrimoniales anteriores para donar o hacer alguna liberalidad a favor de los cónyuges, siendo preciso que vivan en el momento de la modificación, sin que en caso de fallecimiento se transmita a sus herederos su derecho de asistencia y concurso. Este derecho, por otro lado, consiste únicamente en el asentimiento a la modificación de las capitulaciones matrimoniales por los cónyuges.
La prestación del consentimiento para el otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales debe someterse a las reglas generales de los artículos 1263 y siguientes del CC, si bien con carácter especial habrá que tener en cuenta, como ya comentamos en el caso de los pactos previos, lo dispuesto en el artículo 1329 del CC, en cuanto a que «El menor no emancipado que con arreglo a la Ley pueda casarse podrá otorgar capitulaciones, pero necesitará el concurso y consentimiento de sus padres o tutor, salvo que se limite a pactar el régimen de separación o el de participación», y también en el artículo 1330 siguiente: «El incapacitado judicialmente sólo podrá otorgar capitulaciones matrimoniales con la asistencia de sus padres, tutor o curador».
2. Límites de las capitulaciones matrimoniales
Los mismos límites que especificamos en el caso de los pactos prematrimoniales o las capitulaciones otorgadas antes de contraerse el matrimonio deben observar las que se otorgan por los cónyuges después de celebrado el matrimonio, por lo que para evitar repeticiones innecesarias nos remitimos a los comentarios que hicimos en el capítulo anterior.
3. Contenido de las capitulaciones matrimoniales
De acuerdo con lo señalado por el artículo 1325 del CC, una vez celebrado el matrimonio los cónyuges pueden otorgar capitulaciones matrimoniales para modificar o sustituir el régimen económico matrimonial, pero además podrán establecer «cualesquiera otra disposición por razón de matrimonio». Por tanto, nos encontramos con una variedad de pactos mucho más extensa que cuando los cónyuges otorgaron las capitulaciones matrimoniales antes de celebrarse el matrimonio, y además, como señala José Luis DE LOS MOZOS, puede haber capitulaciones en las que no se contenga disposición alguna sobre el régimen matrimonial, limitándose los otorgantes a aportar bienes, a prometerlos, a constituir promesas de mejora o de no mejorar, o a atribuir las facultades que confiere el artículo 831 del CC, o simplemente a reconstruir con alcance de fijación las distintas masas patrimoniales que se pueden desenvolver en las relaciones patrimoniales de la sociedad conyugal.
En la práctica, la evolución experimentada por nuestra sociedad ha derivado las capitulaciones matrimoniales que se otorgan después de celebrado el matrimonio en dos direcciones básicas: una, como antesala de la separación o divorcio en que los cónyuges, roto el deseo de convivir juntos, modifican el régimen económico de corte comunitario a uno separatista como paso previo a la desvinculación total en el aspecto patrimonial; otra, con la que se persigue establecer alguna cautela para salvaguardar el patrimonio de los cónyuges de los infortunios que puedan derivarse de las distintas actividades económicas que estos realizan.
El artículo 1327 del CC impone como requisito ad solemnitatem para la validez de las capitulaciones matrimoniales que se otorguen en documento público, por lo que en caso de incumplimiento de este requisito aquellas carecen de efecto no sólo frente a los terceros, sino frente a los propios cónyuges. Este requisito es aplicable tanto al otorgamiento de capitulaciones matrimoniales como a las modificaciones posteriores tal y como señala expresamente el artículo 1280 del CC. Si los cónyuges pactan capitulaciones matrimoniales en un documento privado ¿pueden compelerse recíprocamente a elevarlas a escritura pública? José Luis DE LOS MOZOS da una respuesta negativa a pesar de lo que indica el artículo 1279 del CC («Si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez»).
Ahora bien, lo indicado anteriormente es de aplicación única y exclusivamente al contenido típico de las capitulaciones matrimoniales, en este caso, el de modificar o sustituir el régimen económico que estuviese vigente en el matrimonio, pero no cabe extender la obligatoriedad de la escritura pública a aquellos pactos atípicos que pueden alcanzarse con ocasión del otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales. En este sentido hay que tener en cuenta, como señaló la STS de 4 de febrero de 1995 en relación con las operaciones liquidatorias de una sociedad de gananciales, que «La exigencia de escritura pública, con carácter constitutivo o ad solemnitatem que establece el artículo 1327 del CC, correctamente interpretado, se refiere exclusivamente a las capitulaciones matrimoniales, o sea, a las estipulaciones a través de las cuales los esposos establezcan el régimen económico de su matrimonio, lo modifiquen o lo sustituyan por otro, con todos los demás pactos relacionados con ello y que, por tanto, tengan naturaleza capitular, pero de dicha naturaleza carecen evidentemente las operaciones liquidatorias o particionales de una sociedad conyugal ya disuelta, aunque las mismas se practiquen en una misma escritura de concurrentes o simultáneas capitulaciones matrimoniales, a cuyas operaciones particionales o liquidatorias no es aplicable, para la validez de las mismas, la exigencia de escritura pública con el expresado carácter constitutivo».
5. Publicidad de las capitulaciones matrimoniales: la inscripción en los registros públicos
Dada la trascendencia frente a terceros que tiene el régimen económico matrimonial el legislador se ha cuidado de que las capitulaciones matrimoniales puedan ser siempre conocidas por terceros que contratan con los cónyuges, dado que es vital para ellos conocer qué régimen tiene la persona o personas con las que contratan. Hay que tener en cuenta que los poderes de disposición de los cónyuges y todo lo relativo a la responsabilidad están en función del régimen económico que rija en el matrimonio, y precisamente toda modificación o sustitución del régimen debe ser conocida por los terceros. Las controversias se plantean cuando se transita desde un sistema de comunidad, en el que existe un patrimonio común sobre el que se pueden hacer efectivas las deudas contraídas por los cónyuges, sin perjuicio de la responsabilidad privativa de cada uno de ellos, a un sistema de separación absoluta, en el que sus bienes propios son los únicos que responden de las deudas que cada uno de los esposos contrajere. El mecanismo utilizado ha sido descrito reiteradamente por la doctrina: Dos cónyuges, sometidos al régimen de gananciales, acuerdan el cambio al de separación absoluta y liquidan inmediatamente el haber consorcial, de tal modo que los bienes de verdadero contenido patrimonial son adjudicados al cónyuge que no contrajo la deuda, y los de nulo, o sólo aparente valor, al deudor, de todo lo cual se realiza la oportuna toma de razón registral. Por supuesto, no incluyen el pasivo en la liquidación ni hacen previo pago de las deudas comunes.
La Exposición de Motivos de la Ley 14/1975, de 2 de mayo, recogía la necesidad de prever mecanismos de protección de los intereses generales y del interés del tercero: «La modificación de las capitulaciones matrimoniales y del régimen económico matrimonial exige una especial protección de los intereses generales y de los intereses de terceros. Esa protección se ha organizado a través de dos fundamentales coordenadas. La primera consiste en el establecimiento de un sistema de publicidad. Las alteraciones de los capítulos y del régimen económico conyugal y sus modificaciones son objeto de publicidad a través del Registro Civil, con lo que se han fortalecido preceptos que ya se encuentran en la Ley de 8 de junio de 1957. La publicidad registral se produce, además, a través del Registro de la Propiedad si se trata de bienes inmuebles. Una regla complementaria del sistema de publicidad es la de que la existencia de pactos modificativos ha de indicarse mediante nota en la escritura que contenga la anterior estipulación, haciéndolo constar el Notario en las copias que expide. La segunda medida de salvaguardia o de garantía y tan actual que no requiere ningún comentario consiste en la relatividad o irretroactividad de los pactos de modificación del régimen económico conyugal, que en ningún caso perjudicará a los derechos ya adquiridos por terceros». 5.a)
Régimen de publicidad de las capitulaciones matrimoniales
Señala el artículo 1333 del CC que «En toda inscripción de matrimonio en el Registro Civil se hará mención, en su caso, de las capitulaciones matrimoniales que se hubieren otorgado, así como de los pactos, resoluciones judiciales y demás hechos que modifiquen el régimen económico del matrimonio. Si aquéllas o éstos afectaren a inmuebles, se tomará razón en el Registro de la Propiedad, en la forma y a los efectos previstos en la Ley Hipotecaria».
La doctrina aborda el tema de la publicidad desde una triple perspectiva, por un lado la naturaleza del asiento, por otro la obligatoriedad de su práctica y por último su eficacia.
El otorgamiento de capitulaciones matrimoniales motivará que se practique una anotación marginal en el Registro Civil en el que consta inscrito el matrimonio haciendo mención de aquellas. Según dispone el artículo 266, párrafo cuarto del RRC, «En la indicación constará la naturaleza del hecho, la denominación, en su caso, del nuevo régimen matrimonial, el documento auténtico o resolución en cuya virtud se extiende el asiento y, en forma destacada, su carácter de indicación». En cuanto a la obligatoriedad de la inscripción, habrá que partir del hecho de que en el artículo 266 del RRC se indica que «Sólo se extenderán a petición de interesado», es decir, que la inscripción de las capitulaciones matrimoniales está en función de que lo soliciten los cónyuges o alguno de ellos. La no inscripción de las capitulaciones matrimoniales únicamente implica que los cónyuges renuncian al efecto erga omnes derivado de la publicidad, con las consecuencias que luego veremos. Por otro lado, hay que precisar que no es obligación del notario remitir una copia al Registro Civil. El notario únicamente tiene la obligación de consignar en las capitulaciones el Registro Civil, tomo y folio en que consta inscrito el matrimonio y expedir copias de las estipulaciones que afecten al régimen económico matrimonial en los casos permitidos por la legislación notarial y, en particular, a cualquier solicitante que presente un principio de prueba que le acredite como titular de algún derecho patrimonial frente a cualquiera de los cónyuges. En la práctica se ha cuestionado si eran inscribibles las capitulaciones otorgadas ante notarios extranjeros, decantándose la DGRN por su admisibilidad siempre y cuando estas capitulaciones reúnan los requisitos de fondo y de forma.
Deben acceder al registro civil español las capitulaciones otorgadas ante un notario italiano en Italia por un español casado con una italiana que residen en aquel país, por regir la Ley italiana sobre el fondo del acto, en aplicación del artículo 9.3 del CC. DGRN, Res. 25-9-2006. Denegación de la inscripción de unas capitulaciones matrimoniales otorgadas en Pakistán por un matrimonio mixto (española y pakistaní) al no reunir las formalidades del artículo 1357 del CC. DGRN, Res. 23-11-2006.
Respecto a la eficacia, las capitulaciones matrimoniales producirán efectos frente a terceros desde que conste su inscripción en el Registro Civil, a menos que los cónyuges acrediten que estos tuvieron conocimiento extrarregistral de su otorgamiento recayendo sobre los cónyuges la carga de la prueba.
Como señala el notario Honorio ROMERO, para proteger a los terceros adquirentes de buena fe la ley reputa exacto el contenido de los libros hipotecarios, aun en el caso en que los términos de sus asientos no concuerden con la realidad jurídica extrarregistral. Aunque los asientos del Registro se hallen en desacuerdo con la realidad jurídica, su valor es decisivo en cuanto lo que expresan prevalece sobre la realidad ante el tercer adquirente protegido por la fe pública registral. En provecho de este adquirente el contenido del Registro se reputa verdadero o se finge por la ley como irrebatiblemente exacto dentro del ámbito y alcance que ella misma determina, gracias a lo que se proporciona base firme a la contratación inmobiliaria. El principio de la fe pública registral actúa, pues, a modo de ficción de veracidad, de la que la ley inviste a los asientos practicados en la correspondiente hoja registral, que constata la existencia, extensión y titularidad de los derechos reales inmobiliarios registrados, y cuya adquisición por el tercero es mantenida en las circunstancias especificadas por la ley.
Señala el artículo 75 del Reglamento Hipotecario que «De conformidad con el artículo 1333 del CC, serán inscribibles en el Registro de la Propiedad las capitulaciones matrimoniales en cuanto contengan, respecto a bienes inmuebles o derechos reales determinados, alguno de los actos a que se refieren los artículos 2 de la Ley y 7 de este Reglamento», es decir, que procederá la inscripción cuando en las capitulaciones matrimoniales se declare, constituya, reconozca, transmita, modifique o extinga el dominio o los derechos reales y cualesquiera otros relativos a derechos de la misma naturaleza, así como cualquier acto o contrato de trascendencia real que, sin tener nombre propio en derecho, modifique, desde luego, o en el futuro, algunas de las facultades del dominio sobre bienes inmuebles o inherentes a derechos reales.
Como en el caso del Registro Civil, la inscripción de las capitulaciones matrimoniales en el Registro de la Propiedad es facultativo de las partes, si bien serían inoponibles frente a terceros si no se hallan debidamente inscritas ya, que resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos 32, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria, que protegen al tercero de buena fe.
En cuanto a la cuestión sobre la oponibilidad a terceros de unas capitulaciones matrimoniales no inscritas, en palabras de Ainhoa GUTIÉRREZ, la doctrina mayoritaria se inclina por considerar que cuando la alteración capitular afecta a un inmueble, la indicación en el Registro Civil no otorga a aquella eficacia frente a terceros, fundamentalmente porque si bastara con la indicación en el Registro Civil, la toma de razón en el Registro de la propiedad sería inútil, además de reiterativa. Así lo entendió igualmente el Tribunal Supremo en la sentencia de 20 de junio de 1975 señalando que «lo contrario implicaría la inadmisible conclusión de negar la propia razón de ser del Registro que tiene como objetivo la publicidad de las situaciones jurídicas inmobiliarias, evitando la inseguridad y los pleitos consiguientes al desconocimiento de aquellas». También puede llegarse a esa conclusión en base a lo dispuesto en el artículo 1219 del CC («Las escrituras hechas para desvirtuar otra escritura anterior entre los mismos interesados, sólo producirán efecto contra terceros cuando el contenido de aquéllas hubiese sido anotado en el registro público competente o al margen de la escritura matriz y del traslado o copia en cuya virtud hubiera procedido el tercero»). Y es que, como dice GUILARTE GUTIÉRREZ, hay que tener en cuenta, por un lado, la dificultad que entraña tener que consultar el Registro Civil, a causa del gran número y dispersión geográfica de sus oficinas en el territorio estatal, lo cual obliga al tercero a conocer el lugar donde los cónyuges contrajeron matrimonio y, por otro, a la escasa publicidad que ofrece, al no dar noticias del contenido de las capitulaciones. La STS de 6 de junio de 1994 incide en esta cuestión: «la validez de las capitulaciones depende de su constancia en escritura pública, de manera que tal requisito se erige en forma ad solemnitatem y no meramente en forma ad probationem y su eficacia y oponibilidad está en función de la inscripción en el Registro civil, mas estas circunstancias no alteran el régimen de publicidad registral inmobiliario, con las garantías que a terceros ofrece el mismo, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 1333 del Código civil, respecto de los inmuebles concretos afectados por capitulaciones matrimoniales en cuanto a la toma de razón en el Registro de la Propiedad en la forma y con los efectos previstos en la Ley Hipotecaria, y, especialmente, en concordancia con lo establecido por el artículo 75 del Reglamento Hipotecario (...) Finalmente, el motivo tercero, seguido por igual vía que el anterior, denuncia la infracción del artículo 1475 del Código Civil, que plantea la dicotomía entre lo que este precepto señala en cuanto al momento en que el convenio se establece sea inicialmente, sea posteriormente, como consecuencia de un cambio en el régimen matrimonial y la eficacia que la sentencia retrasa y hace depender de las inscripciones registrales. Fácilmente se observa que no cabe que se confundan lo que son efectos interpartes de los de acuerdos de esta naturaleza, incluso de sus proyecciones en función de la inscripción en el Registro civil, por lo que el cambio de régimen económico matrimonial representa, con lo que son derechos de terceros sobre bienes inmuebles concretos y determinados que constan en una relación ofrecida por las partes como tales bienes gananciales que se hacen, con toda sujeción a Derecho, depender, de cuál sea su situación registral pública, que es, en definitiva, la cuestión que decide la sentencia impugnada».
Cuando uno o ambos cónyuges sean comerciantes, es perfectamente posible que se incluyan en las capitulaciones matrimoniales pactos tendentes a hacer constancia del consentimiento para el ejercicio del comercio o de su revocación, lo que incidirá en la responsabilidad de los bienes propiedad de los cónyuges. Pues bien, a estos efectos señala el artículo 11 del Código de Comercio que «Los actos de consentimiento, oposición y revocación a que se refieren los artículos 7, 9 y 10 habrán de constar, a los efectos de tercero, en escritura pública inscrita en el Registro Mercantil. Los de revocación no podrán, en ningún caso, perjudicar derechos adquiridos con anterioridad», y por su parte, el artículo 12 del mismo cuerpo legal indica que «Lo dispuesto en los artículos anteriores se entiende sin perjuicio de pactos en contrario, contenidos en capitulaciones matrimoniales debidamente inscritas en el Registro Mercantil». Por consiguiente, todo lo indicado anteriormente respecto a la inoponibilidad de las capitulaciones patrimoniales no inscritas en el Registro de la Propiedad es aplicable también al caso que analizamos, incluso ante el supuesto de que las capitulaciones matrimoniales se hayan inscrito en el Registro Civil pero no en el Registro Mercantil, que no serían oponibles a tercero.
Irretroactividad de los pactos de modificación del régimen económico matrimonial
Conforme indica el artículo 1317 del CC, «La modificación del régimen económico matrimonial realizada durante el matrimonio no perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros». La regla de protección es obvia, dado que la modificación del régimen económico no puede realizarse para burlar los derechos que con anterioridad habían adquirido los acreedores de los cónyuges o de uno de ellos.
Pactos prematrimoniales. Capitulaciones matrimoniales. Convenio regulador. Procedimiento consensual. Aunque estos pactos son muy comunes en otros países, lo cierto es que en el Derecho español apenas se redactaban al no adaptarse al sistema matrimonial que ha imperado durante mucho tiempo; sin embargo, la evolución del Derecho de Familia -tras la trascendental reforma de 2005 que dejó atrás el sistema causal de separación y divorcio, permitiendo el acceso a este estado civil con el mero transcurso de tres meses de matrimonio- tiene que hacernos cambiar, necesariamente, la concepción del matrimonio, lo que -a su vez- nos llevará a considerar la importancia y necesidad de estos pactos prematrimoniales.
Este libro de Antonio Javier Pérez Martín profundiza en las posibilidades que tienen los cónyuges para regular sus relaciones personales, familiares, económicas y patrimoniales, tanto antes de contraer matrimonio como durante su vigencia e, incluso, cuando llega la ruptura.
Como es habitual en las obras de este autor -probablemente, una de las voces más autorizadas en el ámbito del Derecho de Familia- incluye comentarios, jurisprudencia, casos prácticos, formularios, esquemas y un CD-ROM.
Capítulo I. La autonomía de la voluntad en el ámbito familiar.
Capítulo II. Pactos prematrimoniales.
Capítulo III. Capitulaciones matrimoniales posteriores a la celebración del matrimonio.
Capítulo IV. El convenio regulador.
Capítulo V. Procedimiento de separación y divorcio de mutuo acuerdo.
Capítulo VI. La reconciliación de los cónyuges.
Capítulo VII. Parejas de hecho. solución consensuada de la crisis.
Capítulo VIII. El convenio regulador no ratificado judicialmente.
Capítulo IX. Impugnación, nulidad y anulabilidad del convenio regulador.