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Timestamp: 2020-05-26 07:51:09
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Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 23', 'artículo 28', 'artículo 4', 'artículo 49', 'artículo 140', 'artículo 154', 'artículo 40', 'artículo 16', 'artículo 15']

BOE.es - Documento BOE-A-1983-34079
Documento BOE-A-1983-34079
Ley 30/1983, de 28 de diciembre, reguladora de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1983, páginas 34770 a 34774 (5 págs.)
BOE-A-1983-34079
https://www.boe.es/eli/es/l/1983/12/28/30
Esta nueva configuración del Estado aconseja, con el fin de acercar la Administración a los administrados, que las Comunidades Autónomas puedan actuar como delegados o colaboradores del Estado para la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las Leyes y los Estatutos.
Si bien la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre establece los principios básicos a que ha de ajustarse la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas para proveer a su financiación, resulta imprescindible concretar el alcance y condiciones en que ha de llevarse a cabo dicha cesión, con objeto de que este proceso se desarrolle de forma homogénea en las diferentes Comunidades Autónomas, garantizando así la coherencia del conjunto del sistema tributario español.
Al establecer el artículo 12 de la citada Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas un porcentaje en la recaudación de los impuestos estatales no cedidos, resulta necesario que las condiciones de cesión sean equivalentes, con el fin de evitar los complicados ajustes financieros que serían necesarios, si existieran sustanciales diferencias en las modalidades de cesión de tributos de cada Comunidad.
De otro lado, las Administraciones encargadas de la gestión y recaudación de los tributos cedidos han de seguir un modelo único en cuanto al contenido de su función -delegada o colaboradora- que el Estado les encomienda, con objeto de evitar problemas de competencia.
Con ello se respeta lo previsto en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, y en los Estatutos de Autonomía aprobados, En efecto, una vez adoptado el acuerdo sobre el alcance y condiciones de la cesión en la respectiva Comisión Mixta, el Gobierno de la nación tramitará los proyectos de Ley específica de cesión de tributos del Estado a cada Comunidad Autónoma, que, aprobados por el Parlamento, entrarán en vigor en la fecha que en ellas se determine.
Artículo uno. Tributos cedidos.
1. Con el alcance y condiciones establecidas en esta Ley se cede a las Comunidades Autónomas el rendimiento en su territorio de los siguientes tributos:
a) Impuesto extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas
c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, únicamente en cuanto a los siguientes hechos imponibles:
– Vehículos de tracción mecánica (artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre el Lujo).
– Aviones de turismo y embarcaciones de recreo, así como sus accesorios y piezas de recambio, incluso motores auxiliares (artículo 18 del citado texto refundido).
– Joyería, platería y relojería (apartados a) y c) del artículo 20 del citado texto refundido).
– Antigüedades (artículo 21 del texto refundido).
– Esculturas, pinturas y grabados originales en el supuesto comprendido dentro del apartado c) del artículo 23 del texto refundido del Impuesto sobre el Lujo.
– Artículos de fumador (apartado a) del artículo 28 del repetido texto refundido).
2. La eventual supresión o modificación de alguno le los impuestos antes señalados implicará la extinción o modificación de la cesión.
Se entiende por rendimiento cedido de los tributos que se señalan en el artículo anterior el importe de la recaudación líquida derivada de las deudas tributarias correspondientes a los distintos hechos imponibles cedidos.
1. Se considera producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas que corresponda a aquellos sujetos pasivos que tengan su residencia habitual en dicho territorio.
2. En el supuesto de que los sujetos pasivos, cuyos bienes y derechos fueren objeto de acumulación según lo previsto en el artículo 4. de la Ley 50/1977. tuviesen residencias distintas, el rendimiento se entenderá producido en el territorio de la Comunidad Autónoma donde tenga su residencia habitual la persona en quien deba realizarse la acumulación, según las normas reguladoras del Impuesto.
1. Se considera producido en el territorio de una Comunidad Autónoma:
b) El rendimiento del Impuesto que grava los bienes de las personas jurídicas cuando éstas tengan su domicilio fiscal en el territorio de dicha Comunidad Autónoma.
c) El rendimiento del Impuesto que grava las donaciones de bienes inmuebles, cuando éstos radiquen en territorio de esa Comunidad Autónoma y el del que grava las de los demás bienes y derechos, cuando el donatario tenga su residencia habitual en la misma.
2. El gravamen complementario sobre las adquisiciones lucrativas superiores a diez millones de pesetas será exigible por la Administración competente con arreglo a las normas del número 1. de este artículo.
Artículo seis. Puntos de conexión en el Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
1. En las transmisiones onerosas y arrendamientos de bienes inmuebles y en la constitución y cesión onerosa de derechos de toda clase, incluso de garantía, que recaigan sobra los mismos, cuando radiquen en territorio de esa Comunidad Autónoma.
2. En las transmisiones onerosas de bienes muebles, semovientes y créditos, así como en la constitución y cesión onerosa de derechos sobre los mismos, cuando el adquiriente, siendo persona física, tenga su residencia habitual en el territorio de dicha Comunidad Autónoma y siendo persona jurídica esté en él su domicilio fiscal.
3. En la constitución de préstamos, fianzas, arrendamiento no inmobiliarios y pensiones, cuando el prestatario, arrendatario, afianzado o pensionista, siendo persona física tenga su residencia habitual en el territorio de aquella Comunidad Autónoma, o, siendo persona jurídica, tenga en él su domicilio fiscal.
4. En las concesiones administrativas de bienes cuando estos radiquen en el territorio de esa Comunidad Autónoma y en las de explotación de servicios, cuando el concesionario tenga su residencia habitual o su domicilio fiscal en dicho territorio, según se trate de personas físicas o jurídicas.
5. En el supuesto de constitución de Sociedades y en el de fusión con extinción de las Sociedades integradas y creación de nueva Sociedad, cuando el domicilio social del Ente recién creado radique en el territorio de esa Comunidad Autónoma.
1. Las adquisiciones de vehículos nuevos o usados, aviones de turismo y embarcaciones de recreo, enumerados en al título III del texto refundido de dicho Impuesto, cuando el adquiriente tenga su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de que se trate.
2. En la tasa estatal sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, se entiende producido el rendimiento en el territorio de cada Comunidad Autónoma cuando la Administración de dicha Comunidad autorice la celebración o hubiera sido la competencia para autorizarla, en los supuestos en que se organicen o celebren sin solicitud de dicha autorización.
A estos efectos, no se tendrán en cuenta las ausencias del indicado territorio cuando, por las circunstancias en las que se realicen pueda inducirse que aquéllas no tendrán una duración superior a tres años.
Se entiende que las personas jurídicas tienen su domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de que se trate cuando tengan en dicho territorio su domicilio social y en el mismo esté efectivamente, centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios.
1. La titularidad de las competencias de gestión, liquidación, recaudación. inspección y revisión de los tributos cuyo rendimiento se cede a las Comunidades Autónomas, corresponde al Estado.
2. La Inspección General del Ministerio de Economía y Hacienda realizará anualmente una inspección de los servicios y rendirá informe sobre el modo y la eficacia en el desarrollo de las diversas competencias asumidas por delegación por la Comunidad Autónoma de que se trate, respecto a los tributos cuyo rendimiento se cede. Dicho informe se unirá a la documentación de los Presupuestos Generales del Estado.
1. La Comunidad Autónoma se hará cargo, por delegación del Estado, de la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los Impuestos Extraordinarios sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, General sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Lujo, cuando se devengue en destino, y las tasas y demás exacciones sobre el juego en los términos previstos en la presente Ley.
2. Las declaraciones relativas al Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio se presentarán conjuntamente con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La Administración central y las Comunidades Autónomas acordarán lo que proceda en orden a la más eficaz tramitación de los expedientes en el ámbito de sus respectivas competencias.
4. En relación con el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio, la Administración Tributaria del Estado y la de la Comunidad Autónoma colaborarán facilitándose medios personales, coadyuvando en la inspección e intercambiando toda la información que se derive de las declaraciones, censos y actuaciones efectuadas por la Inspección.
1. En relación con la gestión y liquidación de los Impuestos Generales sobre Sucesiones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Lujo, cuando se devengue en destino, y de las tasas y demás exacciones sobre el juego, corresponderá a las Comunidades Autónomas:
d) La facultad prevista en el artículo 49.5 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en tanto esté vigente dicho precepto.
c) La concesión de exenciones en el Impuesto sobre el Lujo relativas a las adquisiciones de vehículos de tracción mecánica condicionadas por sus normas reguladoras a plazos de carencia o limitaciones en cuanto al número de vehículos a que afectan los beneficios fiscales, y
2. En lo que se refiere a aplazamiento y fraccionamiento de pago de los tributos cedidos, corresponderá a cada Comunidad Autónoma la competencia para resolver de acuerdo con la normativa del Estado.
1. Las Comunidades Autónomas podrán organizar libremente sus servicios para la recaudación, en sus dos períodos, de los tributos cedidos.
1. Respecto de los Impuestos General sobre Sucesiones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Lujo cuando se devengue en destino y de las tasas y demás exacciones sobre el juego, corresponde a las Comunidades Autónomas las funciones previstas en el artículo 140 de la Ley General Tributaria, aplicando las normas legales y reglamentarias que regulen las actuaciones inspectoras del Estado en materia tributaria y siguiendo los planes de actuación inspectora que habrán de ser elaborados conjuntamente por ambas Administraciones, y de cuya ejecución darán cuenta anualmente las Comunidades Autónomas al Ministerio de Economía y Hacienda y al Congreso y Senado.
2. Cuando la inspección financiera y tributaria del Estado o de las Comunidades Autónomas conocieren con ocasión de sus actuaciones comprobadoras e investigadoras hechos con trascendencia tributaria para otras Administraciones, lo comunicarán a éstas en la forma que reglamentariamente se determine.
3. Las actuaciones comprobadoras e investigadoras en materia tributaria de las Comunidades Autónomas, fuera de su territorio serán realizadas por la Inspección Financiera y Tributaria del Estado, a requerimiento de las Comunidades Autónomas de conformidad con los planes de colaboración que al efecto se establezcan.
1. En relación con la revisión de los actos en vías administrativas, relativos a los Impuestos Generales sobre Sucesiones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Lujo, cuando se devengue en destino, y a las tasas y demás exacciones sobre el juego, las Comunidades Autónomas serán competentes para:
a) Ante los Tribunales Económico-Administrativos los actos de gestión tributaria propios, por el correspondiente órgano de fiscalización interna.
b) En alzada ordinaria, las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos Provinciales.
a) La revisión de actos de gestión tributaria a los que se refiere el artículo 154 de la Ley General Tributaria.
2. De los resultados obtenidos en la gestión, liquidación y recaudación de tales tributos se rendirá anualmente a la Intervención General de la Administración del Estado una «Cuenta de gestión de tributos cedidos», adaptada a las disposiciones que sobre liquidación de los presupuestos contienen la Ley General Presupuestaria y, en su caso, las modificaciones que puedan introducirse en la misma.
La estructura de esta cuenta será determinada por el Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, y deberá contener, respecto a cada uno de los conceptos tributarios cedidos el importe de las liquidaciones contraídas, la recaudación obtenida, el pendiente de cobro al finalizar cada período y el importe de los beneficios fiscales que les afecten.
1. Las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma de que se trate, entre sí y con las de las demás Comunidades Autónomas, colaborarán en todos los órdenes de gestión, inspección y revisión de los tributos.
b) En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y con la finalidad de determinar la cuantía total de las porciones hereditarias y legados, así como respecto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Estado y las Comunidades Autónomas se prestarán recíprocamente en la forma que reglamentariamente se determine, los auxilios que se interesen a los efectos de sus respectivos cometidos y los datos y antecedentes que se reclamen.
3. Para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en los números anteriores, las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas crearán, con carácter permanente oficinas ejecutivas de colaboración, coordinación y enlace.
4. Las autoridades, funcionarios, oficinas o dependencias de la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas, no admitirán ningún tipo de documento que les sea presentado a fin distinto del de su liquidación y que contenga hechos imponibles sujetos a tributos que otra Administración deba exigir, sin que se acredite el pago de la deuda tributaria liquidada, conste declarada la exención por la oficina competente o cuanto menos, la presentación en ella, del referido documento. De las incidencias que se produzcan se dará cuenta inmediata a la Administración interesada.
No obstante, la anterior delegación no se extenderá al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados cuando el mismo se recaude mediante efectos timbrados
2. Las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas se comunicarán a los efectos oportunos los hechos con transcendencia para su tipificación como posible delito fiscal, y de los que tengan conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus respectivas competencias en materia tributaria.
A los efectos de la aplicación de las normas contenidas en los párrafos primero y segundo del artículo 40 de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, es competente para la práctica de las liquidaciones la Comunidad Autónoma en cuyo territorio radiquen los bienes de que se trate.
Artículo veintitrés. Secreto bancario y colaboración en la gestión tributaria.
1. La investigación tributaria de las cuentas y operaciones activas y pasivas de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, se realizarán en orden a la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y lujo cuando se devengue en destino y de las tasas y demás exacciones sobre el juego, previa autorización de la autoridad competente de la Comunidad Autónoma respectiva.
3. En relación con las actuaciones que en este sentido haya de practicar la Inspección Tributaria de las Comunidades Autónomas fuera de su territorio, habrá de procederse de acuerdo con lo prevenido en el artículo 16.3 anterior.
c) Examinar los supuestos o cuestiones que se hayan planteado en materia de inspección entre la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas.
1. A la entrada en vigor de la respectiva Ley de Cesión de Tributos, cada Comunidad Autónoma se subrogará en los derechos y obligaciones tributarias de la Administración del Estado, en cuanto afecte a la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos cedidos.
3. La Administración que hubiere percibido la deuda tributaria será obligada a devolver los importes que resultaren indebidos.
Los actos administrativos dictados por la Administración del Estado, cualquiera que sea su fecha y aunque se trate de tributos cedidos, serán reclamables ante los órganos competentes del Estado.
Hasta la entrada en vigor de la Ley Reguladora del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se entenderá comprendido en el rendimiento que se cede por el Impuesto General sobre Sucesiones el que resulte del gravamen que recae sobre las donaciones.
En tanto las Comunidades Autónomas no hayan ejercitado la facultad que les confiere el artículo 15.1 o bien no hayan concertado con otra Administración Pública la recaudación de los tributos cedidos, ésta, en período ejecutivo, seguirá siendo realizada por los Servicios de recaudación de tributos del Estado, estén o no encomendados a las Diputaciones provinciales, en las mismas condiciones en que dicho servicio se prestaba al Estado en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley.
1. Para la calificación de infracciones tributarias así como para la imposición de las sanciones que a las mismas correspondan, tendrán plena validez los antecedentes que sobre el particular obren en la Hacienda Pública estatal con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma de que se trate.
1. A la entrada en vigor de las Leyes reguladoras del Impuesto sobra el Patrimonio Neto y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se entenderá cedido a las Comunidades Autónomas con el alcance y condiciones fijadas en esta Ley, el rendimiento en las mismas de las correspondientes figuras impositivas.
El alcance y condiciones de la cesión de tributos a que se refiere la presente Ley tendrá plena efectividad para cada Comunidad Autónoma a la entrada en vigor de su respectiva Ley específica de Cesión.
Las Comunidades Autónomas Uniprovinciales se subrogarán en su caso, en la encomienda de los Servicios de Recaudación de Tributos, cedidos o no, del Estado, con el alcance y condiciones que la normativa del Estado señale al respecto.
Las normas de esta Ley serán de aplicación a todas las Comunidades Autónomas, salvo Navarra y País Vasco.
En consecuencia, a su entrada en vigor, la Ley 41/1981, de 28 de octubre, relativa a la cesión de tributos del Estado a la Generalidad de Cataluña, quedará derogada en lo que se refiere a cuestiones ajenas a la cesión de tributos del Estado, y modificada en los términos que señala la presente Ley en las materias referentes al alcance y condiciones de la referida cesión de tributos del Estado.
en la forma indicada , por Ley 21/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-24962).
con la excepción indicada , por la Ley 14/1996, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1996-29118).
SE DICTA DE CONFORMIDAD art. 19: Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre (Ref. BOE-A-1990-27479).
SE DECLARA en el recurso 209/1984, la inconstitucionalidad y nulidad del inciso final del párrafo tercero de la disposición final 1, por Sentencia 181/1988, de 13 de octubre (Ref. BOE-T-1988-25636).
SE MODIFICA, por la Ley 32/1987, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-1987-28352).
regulando cesión de tributos: Ley 43/1983, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1983-34092).
regulando cesión de tributos: Ley 42/1983, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1983-34091).
regulando cesión de tributos: Ley 41/1983, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1983-34090).
regulando cesión de tributos: Ley 40/1983, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1983-34089).
regulando cesión de tributos: Ley 39/1983, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1983-34088).
regulando cesión de tributos: Ley 38/1983, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1983-34087).
regulando cesión de tributos: Ley 37/1983, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1983-34086).
regulando cesión de tributos: Ley 36/1983, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1983-34085).
regulando cesión de tributos: Ley 35/1983, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1983-34084).
regulando cesión de tributos: Ley 34/1983, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1983-34083).
regulando cesión de tributos: Ley 33/1983, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1983-34082).
regulando cesión de tributos: Ley 32/1983, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1983-34081).
regulando Cesión de Tributos: Ley 31/1983 de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1983-34080).
DEROGA lo indicado y modifica determinados preceptos de la Ley 41/1981, de 28 de octubre (Ref. BOE-A-1981-26084).
art. 10 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre (Ref. BOE-A-1980-21166).