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Timestamp: 2018-11-17 16:10:10
Document Index: 383131402

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 21', 'artículo 6', 'artículo 54', 'artículo 53', 'artículo 56', 'artículo 91', 'artículo 103', 'artículo 110', 'artículo 28', 'artículo 79', 'artículo 58', 'artículo 105', 'artículo 61']

10. Las charcas situadas en predios de propiedad privada se considerarán como parte integrante de los mismos siempre que se destinen al servicio exclusivo de tales predios y sin perjuicio de la aplicación de la legislación ambiental correspondiente.
Quinto. Se crea un nuevo capítulo V en el Título I, cuya rúbrica será: DE LAS AGUAS PROCEDENTES DE LA DESALACIÓN , que estará compuesto por el artículo 12 bis, con el siguiente contenido:
2. Los Organismos de cuenca dispondrán de autonomía para regir y administrar por si los intereses que les sean confiados; para adquirir y enajenar los bienes y derechos que puedan constituir su propio patrimonio; para contratar y obligarse y para ejercer ante los Tribunales todo género de acciones, sin más limitaciones que las impuestas por las leyes. Sus actos y resoluciones ponen fin a la vía administrativa.
La Administración General del Estado contará con una representación de cuatro vocales como mínimo, uno de cada uno de los Ministerios de Medio Ambiente; de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Industria y Energía; y de Sanidad y Consumo, y un representante de la Administración tributaria del Estado, en el supuesto de que por convenio se encomiende a ésta la gestión y recaudación en la cuenca de las exacciones previstas en la presente Ley.
Adoptar los acuerdos que correspondan en el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 21 de la presente Ley, así como los relativos a los actos de disposición sobre el patrimonio de los Organismos de cuenca.
Preparar los asuntos que se hayan de someter al Consejo de Agua de la cuenca.
Aprobar, previo informe del Consejo del Agua de la cuenca, las modificaciones sobre la anchura de las zonas de servidumbre y de policía previstas en el artículo 6 de la presente Ley.
Declarar acuíferos sobreexplotados o en riesgo de estarlo, determinar los perímetros de protección de los acuíferos subterráneos conforme a lo señalado en el artículo 54 de la presente Ley, aprobar las medidas de carácter general contempladas en el artículo 53 y ser oída en el trámite de audiencia al Organismo de cuenca a que se refiere el artículo 56. Asimismo, le corresponde la adopción de las medidas para la protección de las aguas subterráneas frente a intrusiones de aguas salinas a que se refiere el artículo 91 de la presente Ley.
Adoptar las decisiones sobre Comunidades de Usuarios a las que se refieren los artículos 73.4 y 74.4.
Promover las iniciativas sobre zonas húmedas a las que se refieren los apartados 5 y 6 del artículo 103.
Aprobar, en su caso, criterios generales para la determinación de las indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico, de acuerdo con el artículo 110 de la presente Ley.
Proponer al Consejo del Agua de la cuenca la revisión del plan hidrológico correspondiente.
Las Juntas de Explotación tienen por finalidad coordinar, respetando los derechos derivados de las correspondientes concesiones y autorizaciones, la explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de agua de aquel conjunto de ríos, río, tramo de río o unidad hidrogeológica, cuyos aprovechamientos esten especialmente interrelacionados. Las propuestas formuladas por las Juntas de Explotación en el ámbito de sus competencias se trasladarán, a los efectos previstos en el artículo 28.1, al Presidente del Organismo de cuenca.
La constitución de las Juntas de Explotación, en las que los usuarios participaren mayoritariamente en relación a sus respectivos intereses en el uso del agua y al servicio prestado a la comunidad, se determinará reglamentariamente.
Se promoverá la constitución de Juntas de Explotación conjunta de aguas superficiales y subterráneas en todos los casos en que los aprovechamientos de unas y otras aguas esten claramente interrelacionados.
Las entidades locales cuyo territorio coincida total o parcialmente con el de la cuenca estarán representadas en función de la extensión o porcentaje de dicho territorio afectado por la cuenca hidrográfica.
Las obras necesarias para el control, defensa y protección del dominio público hidráulico, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, especialmente las que tengan por objeto hacer frente a fenómenos catastróficos como las inundaciones, sequías y otras situaciones excepcionales, así como la prevención de avenidas vinculadas a obras de regulación que afecten al aprovechamiento, protección e integridad de los bienes de dominio público hidráulico.
Las obras necesarias para la ejecución de planes nacionales, distintos de los hidrológicos pero que guarden relación con ellos, siempre que el mismo plan atribuya la responsabilidad de las obras a la Administración General del Estado, a solicitud de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se ubique
1. El Organismo de cuenca competente, oído el Consejo del Agua, podrá declarar que los recursos hidráulicos subterráneos de una zona esten sobreexplotados o en riesgo de estarlo. En estas zonas el Organismo de cuenca, de oficio o a propuesta de la Comunidad de Usuarios u órgano que la sustituya, conforme al apartado 2 del artículo 79, aprobará, en el plazo máximo de dos años desde la declaración, un plan de ordenación para la recuperación del acuífero o unidad hidrogeológica. Hasta la aprobación del plan, el Organismo de cuenca podrá establecer las limitaciones de extracción que sean necesarias como medida preventiva y cautelar.
7. Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso a efectos de lo previsto en este artículo y siguientes, debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación. En todo caso, se aplicará también a los caudales medioambientales la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones recogida en el párrafo final del apartado 3 del artículo 58. Los caudales ecológicos se fijarán en los planes hidrológicos de cuenca. Para su establecimiento, los Organismos de cuenca realizaren estudios específicos para cada tramo de río.
La autorización del contrato de cesión no implicará por si misma la autorización para el uso o construcción de infraestructuras a que se refiere este apartado. La resolución del Organismo de cuenca sobre el uso o construcción de infraestructuras a que se refiere al párrafo anterior será independiente de la decisión que adopte sobre la autorización o no del contrato de cesión, y no se aplicarán a la misma los plazos a que se refiere el anterior apartado 2.
11. En las situaciones reguladas en los artículos 53, 54 y 56 de la presente Ley, y en aquellas otras que reglamentariamente se determinen por concurrir causas análogas, se podrán constituir centros de intercambio de derechos de uso del agua mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Medio Ambiente. En este caso, los Organismos de cuenca quedaren autorizados para realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso del agua para posteriormente cederlos a otros usuarios mediante el precio que el propio organismo oferte. La contabilidad y registro de las operaciones que se realicen al amparo de este precepto se llevarán separadamente respecto al resto de actos en que puedan intervenir los Organismos de cuenca.
2. Los Estatutos y Ordenanzas de las Comunidades de Usuarios incluirán la finalidad y el ámbito territorial de la utilización de los bienes del dominio público hidráulico, regularán la participación y representación obligatoria, en relación a sus respectivos intereses, de los titulares actuales y sucesivos de bienes y servicios y de los participantes en el uso del agua; y obligarán a que todos los titulares contribuyan a satisfacer en equitativa proporción los gastos comunes de explotación, conservación, reparación y mejora, así como los cánones y tarifas que correspondan. Los Estatutos y Ordenanzas de las Comunidades, en cuanto acordados por su Junta General, establecerán las previsiones correspondientes a las infracciones y sanciones que puedan ser impuestas por el jurado de acuerdo con la costumbre y el procedimiento propios de los mismos, garantizando los derechos de audiencia y defensa de los afectados.
Ejecutar en el ámbito de sus competencias las funciones que les sean atribuidas por las leyes o que puedan asumir en virtud de los Convenios que suscriban con el Organismo de cuenca.
Prevenir el deterioro del estado ecológico y la contaminación de las aguas para alcanzar un buen estado general.
Establecer programas de control de calidad en cada cuenca hidrográfica.
Impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo capaces de contaminar las aguas subterráneas.
Evitar cualquiera otra acumulación que pueda ser causa de degradación del dominio público hidráulico.
Recuperar los sistemas acuáticos asociados al dominio público hidráulico.
El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección, fijados en los planes hidrológicos, cuando pudieran constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio público hidráulico.
En la tramitación de concesiones y autorizaciones que afecten al dominio público hidráulico que pudieran implicar riesgos para el medio ambiente, será preceptiva la presentación de un informe sobre los posibles efectos nocivos para el medio, del que se dará traslado al órgano ambiental competente para que se pronuncie sobre las medidas correctoras que a su juicio deban introducirse como consecuencia del informe presentado. Sin perjuicio de los supuestos en que resulte obligatorio conforme a lo previsto en la normativa vigente, en los casos en que el Organismo de cuenca presuma la existencia de un riesgo grave para el medio ambiente, someterá igualmente a la consideración del órgano ambiental competente la conveniencia de iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Cuando sobrevengan circunstancias que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos.
Cuando se produzca una mejora en las características del vertido y así lo solicite el interesado.
Para adecuar el vertido a las normas y objetivos de calidad de las aguas que sean aplicables en cada momento y, en particular, a las que para cada río, tramo de río, acuífero o masa de agua dispongan los planes hidrológicos de cuenca.
Incoar un procedimiento sancionador y de determinación del daño causado a la calidad de las aguas.
Liquidará el canon de control de vertido, de conformidad con lo establecido en el artículo 105.
De declaración de caducidad de la concesión de aguas en los casos especialmente cualificados de incumplimiento de las condiciones o de inexistencia de autorización, de los que resulten daños muy graves en el dominio público hidráulico.
En el caso de ocupación de terrenos del dominio público hidráulico, por el valor del terreno ocupado tomando como referencia el valor de mercado de los terrenos contiguos.
5. El tipo de gravamen anual será del 5 % en los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado anterior, y del 100 % en el supuesto de la letra c), que se aplicarán sobre el valor de la base imponible resultante en cada caso.
6. En el supuesto de cuencas intercomunitarias este canon será recaudado por el Organismo de cuenca o bien por la Administración tributaria del Estado, en virtud de convenio con aquel. En este segundo caso la Agencia Estatal de Administración Tributaria recibirá del Organismo de cuenca los datos y censos pertinentes que faciliten su gestión, e informará periódicamente a éste en la forma que se determine por vía reglamentaria. El canon recaudado será puesto a disposición del Organismo de cuenca correspondiente.
4. El canon de control de vertidos se devengará el 31 de diciembre, coincidiendo el periodo impositivo con un año natural, excepto el ejercicio en que se produzca la autorización del vertido o su cese, en cuyo caso, se calculará el canon proporcionalmente al número de días de vigencia de la autorización en relación con el total del año. Durante el primer trimestre de cada año natural, deberá liquidarse el canon correspondiente al año anterior.
5. En el supuesto de cuencas intercomunitarias este canon será recaudado por el Organismo de cuenca o bien por la Administración tributaria del Estado, en virtud de convenio con aquel. En este segundo caso la Agencia Estatal de Administración Tributaria recibirá del Organismo de cuenca los datos y censos pertinentes que faciliten su gestión, e informará periódicamente a éste en la forma que se determine por vía reglamentaria. El canon recaudado será puesto a disposición del Organismo de cuenca correspondiente.
5. En el supuesto de cuencas intercomunitarias las exacciones previstas en este artículo serán gestionadas y recaudadas por el Organismo de cuenca o bien por la Administración tributaria del Estado, en virtud de convenio con aquel. En este segundo caso la Agencia Estatal de la Administración Tributaria recibirá del Organismo de cuenca los datos y censos pertinentes que faciliten su gestión, e informará periódicamente a éste en la forma que se determine por vía reglamentaria. El canon recaudado será puesto a disposición del Organismo de cuenca correspondiente.
3. El pago de las exacciones previstas en la presente Ley, cuando los obligados a ello esten agrupados en una Comunidad de Usuarios u organización representativa de los mismos, se podrá realizar a través de tales comunidades o entidades, que quedan facultadas a tal fin para llevar a cabo la recaudación correspondiente, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Cuadragésimo séptimo. Se crea un nuevo Título VIII, con la rúbrica DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS , compuesto por los artículos 114 al 120, que tendrán los siguientes contenidos:
3. Son competencia de la Administración General del Estado las obras hidráulicas de interés general. La gestión de estas obras podrá realizarse directamente por los órganos competentes del Ministerio de Medio Ambiente o a través de las Confederaciones Hidrográficas. También podrán gestionar la construcción y explotación de estas obras, las Comunidades Autónomas en virtud de convenio especifico o encomienda de gestión.
Asimismo, las Comunidades de Usuarios y las Juntas Centrales de Usuarios podrán ser beneficiarios directos, sin concurrencia, de concesiones de construcción y/o explotación de las obras hidráulicas que les afecten. Un convenio especifico entre la Administración General del Estado y los usuarios, regulará cada obra y fijará, en su caso, las ayudas públicas asociadas a cada operación.
El resto de los Departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.
Las Comunidades de Usuarios u organizaciones representativas de los mismos
Procedimientos relativos a concesiones del dominio público hidráulico, excepto los previstos en el artículo 61 bis, dieciocho meses.
Procedimientos de autorización de usos del dominio público hidráulico, seis meses.
Procedimientos sancionadores y otras actuaciones referentes al dominio público hidráulico, un año.