Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/9466
Timestamp: 2019-07-18 09:10:31
Document Index: 135981481

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 25', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 10', 'artículo 25', 'artículo 30']

Sentencia: TAD-CUN-SIII-11457-2003
Una entidad pública puede suspender una audiencia de adjudicación y revaluar un propuesta, debido a que en el factor de experiencia no tuvo en cuenta un contrato que el proponente había celebrado con la misma entidad y cuyas constancias reposaban en sus archivos
SOC. EQUIPO UNIVERSAL Y CIA. VS. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
La sociedad EQUIPO UNIVERSAL & COMPAÑÍA LTDA., junto con HERMES GARCÍA BLANCO y el CONSORCIO OCIL LTDA. y TOPCO S.A. presentaron propuesta dentro de la licitación pública para la “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GALICIA LA ESTANCIA”. En la primera calificación la sociedad EQUIPO UNIVERSAL & COMPAÑÍA LTDA obtuvo el mayor puntaje (94.77). Para la fecha en que se había programado la audiencia de adjudicación, el consorcio OCIL LTDA y TOPCO S.A. manifestó su inconformidad frente al puntaje asignado, en especial frente al factor de experiencia, dejando constancia que en la calificación no se había tenido en cuenta un contrato anterior celebrado con la demandada, denominado proyecto “LOS MOLINOS”. Del mismo modo en esa oportunidad la entidad dejó en claro que la información de dicho contrato no había sido anexada en la oferta del objetante, razón por la que suspendió la diligencia, en orden a recalificar las propuestas. Posteriormente, se reanudó la audiencia de adjudicación y en la recalificación el puntaje del consorcio OCIL LTDA TOPCO S.A., sobrepasó al de la sociedad EQUIPO UNIVERSAL & COMPAÑÍA LTDA, en cuanto el ítem de experiencia (OCIL LTDA TOPCO S.A.: 99.87, SOCIEDAD EQUIPOS UNIVERSAL & LTDA: 94.77) que se modificó a su favor, gracias a que fue tenido en cuenta el contrato del proyecto “LOS MOLINOS”. La razón para haber sido valorado ese contrato fue sustentado en que su texto reposaba en los archivos de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, y que no se tuvo en cuenta al momento de la primera evaluación.
¿Puede una entidad pública adjudicar un contrato estatal a un proponente que en la evaluación inicial de la oferta no obtuvo el mayor puntaje, pero en la audiencia de adjudicación advirtió que en el factor de experiencia no se tuvo en cuenta un contrato que había celebrado con la misma entidad y cuya certificación incluyó en la oferta, por lo al reanudarse la audiencia e incluirse dicho contrato el oferente ocupó el primer puesto?
Falsa Motivación. «(...) cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió (…)»
«(…) El último inciso del artículo 10 del Código Contencioso Administrativo establece:
“...Los funcionarios no podrán exigir a los particulares constancias, certificaciones o documentos que ellos mismos tengan, o que puedan conseguir en los archivos de la respectiva entidad.” De acuerdo a lo anterior, a la entidad le estaba prohibido exigirle al consorcio OCIL LTDA TOPCO S.A. un documento que se encontraba en sus dependencias, como es el contrato relacionado con la obra “LOS MOLINOS”, por lo que su proceder fue acertado, máxime si se tiene en cuenta que según se expresó en la audiencia del 15 de diciembre de l994, y que también manifestó la PROCURADURÍA SEGUNDA DISTRITAL DE BOGOTÁ cuando al estudiar las posibles irregularidades que se habían presentado en la licitación, hizo afirmación en el mismo sentido, aceptando que aunque la respectiva certificación no fue aportada, fue relacionado el contrato en la propuesta del consorcio en comento.
(…) Al referirse sobre el principio de economía el artículo 25 de la citada ley, señala que deberán tenerse en cuenta que las reglas que gobiernen a la actividad contractual se ejerciten de acuerdo a los fines estatales. Con este principio se persigue eliminar trámites, requisitos y en general procedimientos innecesarios que entraben o dilaten injustificadamente el proceso de contratación, y para el caso sub examine, se dio aplicación a tal preceptiva, agilizando y dinamizando el procedimiento precontractual, cuando la empresa no exigió documentos distintos a los que poseía en sus instalaciones. Lo que hizo la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA fué suspender la diligencia para no violarle el pleno derecho que le asistía a la entidad ganadora de la licitación.
En el canon 28 de la aludida preceptiva, indica que las normas relacionadas con los procedimientos de selección y escogencia de contratistas, deberá interpretarse de acuerdo a los fines de Estado, los principios antes expuestos, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracterizan a los contratos, y en concordancia con lo anterior, el artículo 29 de esta ley se refiere al deber de selección objetiva, esto es a la obligación que tiene la administración para escoger la mejor oferta, desde aspectos tales como el cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato.
Como se ha visto, la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA no desatendió esta disposición, ya que desde el punto de vista técnico, jurídico y económico, la propuesta del consorcio en comento, era la más beneficiosa para esta entidad, de acuerdo al cuadro de resumen de evaluación obrante en el folio 81 (c.2). El numeral 9 del artículo 30 del estatuto contractual, determina que el jefe o representante de la entidad podrá prorrogar los plazos para la adjudicación del contrato por un término total no mayor a la mitad del inicialmente fijado, siempre que las necesidades de la administración así lo requieran. La EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ con fundamento en tal facultad, procedió a prorrogar el término para la adjudicación, bajo argumentos que se avienen a la restricción allí señalada “siempre que las necesidades de la administración así lo exijan”, dada la observación hecha por el consorcio ganador, específicamente a lo relacionado con la experiencia que no se le había tenido en cuenta. (…)»
Una entidad pública puede adjudicar un contrato estatal a un proponente que en la evaluación inicial de la oferta no obtuvo el mayor puntaje, pero en la audiencia de adjudicación advirtió que en el factor de experiencia no se tuvo en cuenta un contrato que había celebrado con la misma entidad y cuya certificación incluyó en la oferta, por lo al reanudarse la audiencia e incluirse dicho contrato el oferente ocupó el primer puesto, porque:
De acuerdo al artículo 10 del Código Contencioso Administrativo, los funcionarios no podrán exigir a los particulares constancias, certificaciones o documentos que ellos mismos tengan, o que puedan conseguir en los archivos de la respectiva entidad.
A la entidad le estaba prohibido exigirle al proponente un documento que se encontraba en sus dependencias, como es el contrato que habían celebrado previamente, por lo que si bien la respectiva certificación no fue aportada, fue relacionado el contrato en la propuesta.
Se dio aplicación al principio de económica, previsto en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, agilizando y dinamizando el procedimiento precontractual, al no exigir la empresa documentos distintos a los que poseía en sus instalaciones. En consecuencia, se eliminaron trámites, requisitos y en general procedimientos innecesarios que dilataban injustificadamente el proceso de contratación.
La entidad cumplió con la obligación de escoger la mejor oferta, desde aspectos tales como el cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio, etc., siguiendo lo previsto en los pliegos de condiciones.
El numeral 9 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, determina que el jefe o representante de la entidad podrá prorrogar los plazos para la adjudicación del contrato por un término total no mayor a la mitad del inicialmente fijado, siempre que las necesidades de la administración así lo requieran. En el presente caso, la entidad, con fundamento en tal facultad, procedió a prorrogar el término para la adjudicación, dado que no había tenido en cuenta aspectos relación con la experiencia de unos de los proponentes en la calificación de su propuesta.
PRIMERO: No prosperan las excepciones formuladas por la accionada.
SEGUNDO: Niéganse las súplicas de la demanda.
Ley 80 de 1993. Artículos 24, 29 y 30.
Ficha: Una entidad pública puede suspender una audiencia de adjudicación y revaluar un propuesta, debido..