Source: https://www.cuestionesadministrativas.es/actos-administrativos-nulos/
Timestamp: 2019-03-18 17:56:18
Document Index: 99088904

Matched Legal Cases: ['artículo 62', 'artículo 57', 'artículo 106', 'e contrario', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 106', 'e contrario', 'artículo 64', 'artículo 65', 'artículo 66']

Actos administrativos nulos – Cuestiones Administrativas
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¿Qué es un acto administrativo nulo?
Efectos de un acto administrativo nulo
Cómo reaccionar ante un acto administrativo nulo
Limitación de los efectos de la anulación de un acto administrativo
El acto administrativo nulo, junto con el acto administrativo anulable, es un acto inválido en el sentido de que faltan o de que se encuentran viciados algunos de sus elementos.
El acto administrativo nulo puede ser definido como un acto administrativo (+ Info acto administrativo) que infringe el ordenamiento jurídico de tal manera, con una entidad que podríamos calificar como “muy grave”, que debe ser anulado.
Los supuestos en los que un acto administrativo es considerado nulo de pleno derecho (también conocido como nulidad absoluta) se encuentran tasados en nuestro ordenamiento jurídico mediante una relación exhaustiva. Así, son actos administrativos nulos los siguientes -artículo 62.1 de la Ley 30/1992-:
El artículo 57.1 de la Ley 30/1992 dice lo siguiente “Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa”.
La presunción de validez de todo acto administrativo hace que los efectos de un acto administrativo nulo sean los mismos que los de un acto administrativo válido mientras que aquel no sea expresamente anulado o no se haya declarado expresamente su nulidad.
Es decir, un acto administrativo que incurra en alguno de los supuestos de nulidad que señalamos anteriormente precisa de una declaración expresa de nulidad. Mientras que ésta no se produzca gozará de validez.
Abundando en este razonamiento, todo acto administrativo debe ser considerado válido mientras no se produzca su anulación expresa.
El interesado (+info la condición de interesado) tiene dos maneras de actuar ante un acto administrativo que se encuentre en un supuesto de nulidad,
Interponer un recurso administrativo o contencioso administrativo contra el acto administrativo. Esta opción está sujeta a unos determinados plazos. Una vez transcurridos los plazos legalmente establecidos el interesado ya no podrá recurrir el acto administrativo y se topará con un acto firme.
Solicitar de la Administración Pública correspondiente que proceda a iniciar de oficio un procedimiento para declarar la nulidad del acto administrativo. Esta solicitud se conoce comúnmente como la “acción de nulidad”. Esta acción no tiene plazo para su ejercicio puesto que las Administraciones Públicas pueden “en cualquier momento” declarar la nulidad de sus actos administrativos. Es decir, es imprescriptible la acción de nulidad. No obstante, el artículo 106 de la Ley 30/1992 establece unos límites “Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”. Debe destacarse que es un deber de la administración, una obligación, declarar expresamente nulo todo acto administrativo que incurra en uno de los supuestos tasados de nulidad de pleno derecho, por lo que debe tramitarse en cualquier caso y en cualquier tiempo el procedimiento para declarar su nulidad.
Se suele distinguir entre actos favorables y desfavorables para el interesado, de manera que la revisión de oficio para declarar la nulidad del acto administrativo -a la que nos referimos como segunda opción del interesado- resultaría aplicable para los actos administrativos nulos y favorables para el interesado mientras que para los actos desfavorables se podría acudir a la potestad de revocación prevista en el artículo 105.1 de la Ley 30/1992.
El artículo 105.1 de la Ley 30/1992 regula la revocación de actos por parte de las Administraciones Públicas. La revocación puede realizarse en cualquier momento (no prescribe pero está sujeta a lo dispuesto en el artículo 106 “Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”), solo puede realizarse sobre actos de gravamen o desfavorables y está sujeta a una limitación: que la revocación “no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico”.
Debe destacarse que la revocación se prevé para todo tipo de actos. Es decir, no se requiere que el acto administrativo que se pretenda revocar infrinja el ordenamiento jurídico puesto que su fundamentación es su eliminación por motivos de oportunidad o de conveniencia administrativa.
La Ley 30/1992 trata de reducir al mínimo las consecuencias negativas que la anulación de un acto administrativo pueda producir. En este sentido, se tratan de reducir o de minimizar los efectos “colaterales” de la anulación de un acto administrativo.
El artículo 64 establece que la nulidad de un acto administrativo no implica la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. Cuando la nulidad sea de parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.
El artículo 65 establece que los actos nulos que contengan los elementos constitutivos de otro acto administrativo distinto producirán los efectos de éste.
El artículo 66 se refiere a la conservación de actos y trámites señalando que el órgano que declare la nulidad de un acto administrativo dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.