Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1998-00225-29637-de-marzo-30-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_0b0dd64f283a49188fbd7e0aa00e3024&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-23 22:05:06
Document Index: 123164608

Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'artículo 42', 'artículo 177', 'artículo 2', 'artículo 132', 'artículo 248', 'Artículo 37']

﻿ SENTENCIA 1998-00225/29637 DE MARZO 30 DE 2017
SENTENCIA 1998-00225 DE 30 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:TASACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES DEBE TENER EN CUENTA LA TRIPLE O DOBLE PÉRDIDA SUFRIDA. SE HA ADMITIDO QUE SE ACUMULEN LAS INDEMNIZACIONES POR PERJUICIOS MORALES EN CABEZA DE UN MISMO DEMANDANTE, CUANDO SE TRATA DE PERSONAS AFECTADAS POR LA MUERTE O LESIONES DE DOS O MÁS FAMILIARES CERCANOS, COMO EL CÓNYUGE, LOS PADRES, LOS HIJOS, LOS ABUELOS O LOS HERMANOS, O DE QUIENES ACREDITEN DEBIDAMENTE SU AFECTACIÓN MORAL. ASÍ MISMO, SE ESTABLECIÓ QUE ES PROCEDENTE TOMAR COMO BASE DE LIQUIDACIÓN EL SALARIO MÍNIMO LEGAL ACTUAL CUANDO RESULTE MÁS FAVORABLE AL DEMANDANTE, EN LUGAR DE AQUEL VIGENTE PARA LA FECHA DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS. POR ÚLTIMO, SE PRECISA QUE EN LOS EVENTOS EN QUE NO SE DEMUESTRA LA DEPENDENCIA ECONÓMICA DE CÓNYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE RESPECTO DE PERSONA FALLECIDA, ÉSTA PUEDE SER INFERIDA CON FUNDAMENTO EN LAS REGLAS DE LA EXPERIENCIA Y DE LA LÓGICA, SIEMPRE Y CUANDO SEA VIABLE DEDUCIR QUE ESOS SUJETOS SÍ ESTABAN A SU CARGO POR ENCONTRARSE EN UN ESTADO DE CARENCIA O INVALIDEZ ECONÓMICA Y DEL VÍNCULO DE PARENTESCO QUE LOS UNÍA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES, DEPENDENCIA ECONÓMICA, CONFLICTO ARMADO
Sentencia 1998-00225/29637 de marzo 30 de 2017
Rad.: 50001-23-31-000-1998-00225-01(29637)
Actor: José Rodrigo Currea Sánchez y otros
13. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, Sala de Descongestión, en un proceso que por su cuantía (f. 3 c.1.)(4), determinada al momento de la interposición de la demanda, tiene vocación de doble instancia. Se aplican en este punto las reglas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998.
14.1. El 24 de marzo de 1998, la insurgencia se tomó el municipio de Puerto Lleras con el fin de atacar las instalaciones de la estación de policía (oficio 259 del Tercer Distrito de Policía del Meta, f. 111-112 c.4).
14.2. Con ocasión de los enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla, perdieron la vida Zully Yaneth Currea Romero, Gloria Yaneth Delgadillo Martínez y el menor Wilmer Rojas Delgadillo y resultó lesionado el menor Sebastián Rojas Delgadillo (oficio 50 del 20 de enero del año 2000 proferido por el Comando del Tercer Distrito de la Policía Nacional, f. 106 c.4., protocolos de necropsia Nº 007 y 008, f. 149 c.4 y 135 c.3, historia clínica de Sebastián Rojas f. 117 y ss c.3, historia clínica y registro de defunción de Gloria Yaneth Delgadillo Martínez f. 24 y 103 c.2, registro civil de defunción de Zully Yaneth Currea Romero f. 29 c.4 y oficio 259 del Tercer Distrito de Policía del Meta, f. 111-112 c.4).
14.3. La señora Zully Yaneth Currea Romero era hija de Hermelinda Romero Peña y José Rodrigo Currea Sánchez, esposa de Juan Carlos Figueredo Cortés, madre de Yenny Marcela Currea Romero y Luisa Fernanda Figueredo Currea y hermana de José Israel Currea Romero, Ana Zulena Currea Romero, Joiber Arnoldo Currea Romero y José Ruperto Currea Romero (registros civiles de nacimiento, f. 21, 22, 23, 24, 25, 27 y 28 y registro civil de matrimonio f. 26 c.4).
14.4. La señora Gloria Yaneth Delgadillo era nieta de Teodolinda Martínez, hija de Alicia Martínez de Méndez y Luis Eduardo Delgadillo, hija de crianza de Jaime Noel Méndez, hermana de Andelfo Méndez Martínez, Martha Andrea Méndez Martínez, Jaime Andrés Méndez Martínez, José Armando Méndez Martínez, Wilson Alexander Méndez Martínez y Edilson Méndez Martínez, compañera permanente de Wilmer Rojas Grajales y madre de Wilmer Rojas Delgadillo y Sebastian Rojas Delgadillo (registros civiles de nacimiento, f. 21, 22, 23 y 25, c.3 y 18, 19, 20, 21 y 23, c.2, testimonio de Fanny Montaño Padilla, f.199 c.3 y registro civil de matrimonio f. 15 c.2).
14.5. El menor Wilmer Rojas Delgadillo era bisnieto de Teodolinda Martínez, nieto de Alicia Martínez, Hijo de Wilmer Rojas Grajales y Gloria Yaneth Delgadillo Martínez y hermano de Sebastian Rojas Delgadillo.
14.6. Los actores sufrieron perjuicio moral derivado de la muerte de sus familiares (testimonios de Fanny Montaño Padilla, f.199, Neyla García Triviño, f.202, Micaelina Tigreros, f. 203, José Antonio Sánchez Méndez, f. 205 c.3, Julia María Martínez de Beltrán f. 147, Nancy Elizeth Martín Beltrán f. 149 c. 2, Rosa Elvira Peña y Blanca Lilia Gómez de Ahumada f. 95-97 c.4).
VI. Problemas jurídicos.
15. Corresponde a la Sala determinar si el daño causado a los actores le es imputable al Estado. Para ello será necesario analizar si la incursión guerrillera en el municipio de Puerto Lleras fue dirigida específicamente contra las instalaciones policiales o si, por el contrario, se trató de un ataque indiscriminado contra la población civil. De confirmarse lo primero, la Sala estudiará los siguientes aspectos planteados en apelación:
15.1. Se decidirá si en la sentencia de primera instancia debió incluirse en la indemnización a la señora Teodolinda Martínez, como abuela de algunas de las víctimas mortales.
15.2. Se establecerá si debe incrementarse la condena tasada por el a quo por concepto de perjuicios morales con el fin de reconocer el doble o triple perjuicio moral sufrido por algunos de los demandantes por la pérdida de más de uno de sus familiares.
15.3. La Sala analizará si debe tomarse como base de liquidación para el lucro cesante el salario mínimo más favorable e incrementarlo en un 25% correspondiente a las prestaciones sociales.
15.4. Se estudiará si debe otorgarse indemnización al menor Sebastián Rojas Delgadillo por concepto de lucro cesante derivado de una merma laboral propia. Y, finalmente se establecerá si debe adicionarse la condena para reconocer en su favor la indemnización por concepto de daño en la vida de relación.
16. Dado que el daño causado a los demandantes está debidamente probado dentro del expediente y que, al respecto, la parte condenada en la primera instancia no manifestó inconformidad alguna, le corresponde a la Sala determinar si se trata de un daño antijurídico imputable jurídica o fácticamente a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional o no.
17. Respecto de los fundamentos con base en los cuales los daños causados como consecuencia de los ataques subversivos, producidos en el marco del conflicto armado interno, pueden ser imputados al Estado(5), la Sala ha considerado que independientemente del título de imputación con base en el cual se resuelva el caso y, al margen de que no se alcance a vislumbrar la existencia de una falla del servicio, este último sea declarado responsable con el fin de que las víctimas obtengan la reparación de los daños sufridos, dado su carácter de antijurídicos.
17.1. Esta perspectiva no solo se enmarca perfectamente en la evolución de la responsabilidad extracontractual del Estado sino que se explica por ella. En efecto, tal como lo desarrolló recientemente la Sala Plena de la Sección Tercera(6), desde antes de la promulgación de la Constitución Política de 1991, los avances jurisprudenciales hicieron que el derecho de daños se desligara de la percepción civilista de la responsabilidad, fundada sobre la culpa, para darle cabida a un “sistema completo de protección de los bienes de los asociados que materializaba los fines y principios del ordenamiento constitucional anterior”.
17.2. Sobre el particular vale la pena recordar que, como lo ha considerado la Corte Constitucional(7), el derecho de la responsabilidad previo a la Constitución de 1991 ya se fundaba en un “principio autónomo de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”, que justificaba la aplicación de regímenes objetivos de responsabilidad en los cuales lo importante es garantizar el resarcimiento de quienes han visto lesionado su interés jurídico como consecuencia de las actuaciones de las autoridades públicas, “independientemente que estas fueran legítimas o ilegítimas, normales o anormales, regulares o irregulares”.
17.3. En estos términos, la cláusula general de responsabilidad del Estado consagrada en el artículo 90 de la Constitución de 1991(8) y cuyo énfasis está en la antijuridicidad del daño y no en la de la actuación de la administración(9), “debe ser entendida como el resultado del proceso histórico de consolidación de los sistemas de responsabilidad estatal”(10), lo cual implica que el concepto de imputación no pueda ser restringido a los eventos en los cuales las actuaciones o las omisiones de las autoridades públicas han incidido fácticamente en la causación del daño —concepción subjetiva—, sino que hay que aplicarlo también a todas aquellas situaciones en las cuales hay razones jurídicas en virtud de las cuales el Estado debe responder, a pesar de no haber influido concretamente en el resultado dañino —concepción objetiva—.
17.4. Este último es precisamente el caso de las tomas guerrilleras a municipios en las cuales han resultado afectados los derechos de particulares. En efecto, como lo consideró la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia citada, precedente con base en el cual se adopta esta decisión, dichos hechos se presentan en el marco del conflicto armado interno para cuya terminación el Estado debe buscar soluciones y, en consecuencia, “se aparta de los más elementales criterios de justicia y equidad que, al producirse estos ataques subversivos, el Estado no acuda a socorrer a sus víctimas”(11).
17.5. Ahora bien, respecto del título de imputación con base en el cual debe endilgarse la responsabilidad al Estado, tal como se consideró en la decisión ya referida, corresponde al juez determinar el que más se ajuste a las condiciones del caso. En esos términos y dado que, al resolver casos similares al sub examine(12), esta Sala ha estimado que los pobladores del municipio cuyas viviendas se encontraban en las inmediaciones de la estación de policía, atacada, fueron sometidos a un riesgo excepcional por cuenta del conflicto armado interno, el denominado riesgo conflicto es el título con base en el cual debe imputarse la responsabilidad de la Policía Nacional. Al respecto vale la pena recordar lo sostenido por esta Sala:
La imputabilidad surge de la creación de un riesgo, que es considerado excepcional, en la medida en que supone la puesta en peligro de un grupo particular de ciudadanos, como consecuencia del desarrollo de una actividad dirigida a proteger a la comunidad en general. No se trata aquí, entonces, de la existencia de una acción u omisión reprochable de la administración, sino de la producción de un daño que, si bien es causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional, creado conscientemente por esta, en cumplimiento de sus funciones. Y es la excepcionalidad del riesgo lo que hace evidente la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y posibilita el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado [(13)](14).
17.6. Así, para la Sala resulta claro que, aún cuando los daños no fueron causados por cuenta de las autoridades públicas, lo cierto es que, producidos en el marco del conflicto armado interno, jurídicamente dichos daños deben serle imputables al Estado y ello con fundamento en el riesgo al que fueron sometidos los habitantes aledaños a la estación de policía del municipio, que en el caso concreto se trata de Puerto Lleras, Meta.
18. En este orden de ideas, el argumento con base en el cual el apoderado de la Policía Nacional apeló la sentencia de primera instancia, esto es, que los ataques fueron indiscriminados, no solo carece de fundamento fáctico sino que no tiene la envergadura jurídica suficiente para lograr que se le exonere de responsabilidad pues, en todo caso, los daños sí fueron causados con ocasión del riesgo derivado del conflicto al que fueron sometidas las víctimas.
18.1. En efecto, tal como está probado en el expediente y como lo señaló el Ministerio Público, el ataque de la insurgencia del 24 de marzo de 1998 fue dirigido esencialmente contra la estación de policía del municipio y fue como consecuencia del mismo que resultaron gravemente lesionadas las personas que se encontraban en las inmediaciones, entre ellas, las esposas e hijos de quienes integran la parte actora.
18.2. Adicionalmente, incluso si no es bajo el título de imputación de riesgo excepcional, dadas las circunstancias concretas en las cuales se produjeron los perjuicios causados en el sub examine, esto es, i) el hecho de que los ataques tuvieron por objeto la estación de policía que, a todos luces, es representativa del Estado y ii) el riesgo que la presencia de dicha estación implicaba para la vida y bienes de la población civil que se encontraba en los alrededores, habida cuenta que, como está acreditado en el expediente, dicha estación se encontraba en una zona de interés estratégico para los actores armados, los daños causados deben ser imputados al Estado a título de riesgo conflicto(15).
18.3. Por último, la Sala precisa que, si bien no hay pruebas específicas que demuestren que los daños se produjeron como consecuencia de una actividad legítima de defensa del Estado, dado que la imputación de responsabilidad se produce no en virtud de su intervención fáctica en los hechos dañinos, sino con fundamento en los principios constitucionales que lo obligan a proteger a las víctimas cuando han sido sometidas a un riesgo de naturaleza excepcional o riesgo conflicto, como ocurre en el sub examine, no se puede tener como configurada la causal exonerativa de responsabilidad alegada por la entidad demandada y consistente en el hecho de terceros.
18.4. La Sala reitera las consideraciones hechas en sentencia del 27 de septiembre de 2013, con motivo de los ataques guerrilleros dirigidos contra las estaciones de policía del municipio Cravo Norte en Arauca, en aquella oportunidad se dijo(16):
De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, en zonas en las cuales se vea alterado el orden público con frecuencia, las estaciones de policía deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la población aledaña (...).
Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que al respecto ha señalado que en situaciones de conflicto armado las obligaciones de adoptar medidas positivas de protección y prevención, adquieren un carácter superlativo, por lo que su inobservancia puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, debido a que en estos casos las personas enfrentan un riesgo real de sufrir amenazas o vulneraciones de sus derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante que lo obliga a ofrecer una protección efectiva a la población civil y a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar o conjurar situaciones de peligro razonablemente previsibles(17).
En este caso, se tiene que las edificaciones afectadas se encuentran cerca de la estación de policía, y que los ataques guerrilleros se dirigieron contra dicha edificación.
19. Una vez confirmada la responsabilidad en cabeza de la demandada, procede la Sala a resolver los aspectos planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
19.1. La sentencia de primera instancia negó las pretensiones impetradas por la señora Teodolinda Martínez por considerar que no acreditó su calidad de abuela de una de las víctimas y bisabuela de los dos menores afectados en los hechos que se estudian. La Sala encuentra probado tal parentesco como se desprende del cotejo de los registros civiles de nacimiento de la occisa Gloria Yaneth Delgadillo y el de la madre de esta, la señora Alicia Martínez, en donde figura como madre de la última la señora Teodolinda Martínez (ver párrafo 14.4. y f. 21 y 25 c.3.).
19.1.1. La configuración de un daño en cabeza de Teodolinda Martínez, en calidad de abuela y bisabuela de dos de las víctimas mortales y del menor lesionado, se infiere del parentesco acreditado en el expediente(18) y se confirma con los testimonios aportados al mismo.
19.1.2. Así, cuando ha tratado el tema de la prueba de la existencia de los perjuicios morales en los parientes del afectado, esta corporación ha considerado que “el hecho de que esté acreditado el parentesco representa un indicio para la configuración del daño en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad(19) y primero civil”(20).
19.1.3. Las razones que sustentan el paso del hecho indicador del parentesco, a la circunstancia de que el daño causado a una persona afecta moralmente a sus parientes, se fundamentan en que: “a) la experiencia humana y las relaciones sociales enseñan que entre los parientes existen vínculos de afecto y ayuda mutua y b) las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes (artículo 42 de la C.P.)”(21).
19.1.4. Lo anterior no obsta para que, “(…) en los eventos en que no esté acreditado el parentesco se pruebe el dolor moral de estos parientes en calidad de damnificados(22), mediante el uso de los diversos medios de prueba que dispone el C.P.C., de los cuales se pueda inferir el daño moral sufrido”(23).
19.1.5. Por lo anterior, se incluirá en la condena la correspondiente indemnización a favor de la señora Teodolinda Martínez conforme lo depreca la parte actora en el recurso de apelación.
19.2. La actora considera que para aquellos demandantes que perdieron a más de un familiar, debería tasarse la indemnización del perjuicio moral atendiendo la triple o doble pérdida sufrida. Al respecto, cabe señalar que la Sala ha admitido que se acumulen las indemnizaciones por perjuicios morales en cabeza de un mismo demandante, cuando se trata de personas afectadas por la muerte o lesiones de dos o más familiares cercanos, como el cónyuge, los padres, los hijos, los abuelos o los hermanos, o de quienes acrediten debidamente su afectación moral, “en razón a que no puede desconocerse que el impacto sentimental o emocional es mayor cuando son varias las víctimas que cuando se trata de una sola persona, pero dicho incremento no puede obedecer a una suma matemática de estos perjuicios por cada una de ellas”(24).
19.2.1. Así las cosas, la Sala incrementará el valor de las condenas por concepto de perjuicio moral, en los casos que resulte procedente(25).
19.3. En cuanto a la solicitud de tomar como base de liquidación el salario mínimo legal actual cuando resulte más favorable al demandante, en lugar de aquel vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos, la Sala encuentra que resulta procedente, pues así lo ha hecho esta corporación reiteradamente en pronunciamientos anteriores —para tal efecto se revisará el monto de los salarios de 1998 y de 2014 en el acápite de liquidación de perjuicios—. Por la misma razón accederá a la solicitud de incrementar el salario en un 25% por concepto de prestaciones sociales.
19.4. En cuanto a la solicitud de incluir una indemnización adicional a favor Sebastián Rojas Delgadillo por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante por la merma laboral que padeció, la Sala encuentra acreditado en el plenario que el menor sufrió graves lesiones físicas que permiten inferir la ocurrencia de algún porcentaje de pérdida de la capacidad laboral; Sin embargo, no se cuenta con una prueba que acredite el porcentaje de dicha pérdida, por lo tanto la Sala ordenará indemnizar este perjuicio en abstracto. Una vez se haya obtenido en el incidente de liquidación, un concepto de la Junta de Calificación de Invalidez que permita conocer el nivel de pérdida de capacidad laboral del menor, este se liquidará conforme a los parámetros vigentes de liquidación de este perjuicio utilizados por la Sección tercera de esta corporación.
19.5. Finalmente, en cuanto a la solicitud de reconocer a favor del menor Sebastián Rojas Delgadillo indemnización por concepto de daño a la vida en relación —que en el escrito de demanda se encuentra solicitado como pérdida de goce fisiológico—, la Sala considera pertinente aclarar que esta categoría de perjuicio inmaterial cambió a partir de la sentencia de Sección Tercera del 14 de septiembre de 2011 en la que se expuso(26):
Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, como lo hace ahora la Sala, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona, como quiera que al haberlo subsumido en unas categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos y que han sido reconocidos en diferentes latitudes, como por ejemplo la alteración a las condiciones de existencia (v.gr. Francia), se modificó su propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad(27).
Entonces, como se aprecia, el daño a la salud gana claridad, exactitud y equidad donde los precisados perjuicios la pierden, puesto que siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado a cubrir no solo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad de ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se conseguiría una sistematización del daño no patrimonial(28). En otros términos, se insiste, en Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que, se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte del operador judicial será el denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones.
En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no solo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica(29). Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.
Así las cosas, el daño a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la máxima “a igual daño, igual indemnización”(30).
ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(31).
19.5.1. La Sala encuentra acreditado, con la historia clínica del menor Sebastián Rojas Delgadillo, que este sufrió un daño a la salud(32). Sin embargo, no es claro para la Sala cuáles fueron los efectos o consecuencias de las lesiones sufridas por el menor con posterioridad a los hechos. No se cuenta con el concepto de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, de tal forma que no se encuentra probado que el menor haya sufrido una pérdida de la capacidad laboral.
19.5.2. No obstante, por tratarse de un menor de edad para el momento de la ocurrencia de los hechos, y como quiera que el daño se encuentra acreditado aunque no así el quantum del mismo para efectos de la tasación del perjuicio, la Sala considera procedente conceder en su favor la indemnización derivada del daño a la salud, para lo cual proferirá una condena en abstracto, con el fin de que se establezca mediante incidente ante el Tribunal Administrativo, el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral y se tase la indemnización conforme a los parámetros que se indicarán en el acápite de la liquidación de perjuicios.
20. Por lo anterior, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, en cuanto a la indemnización de perjuicios conforme a las consideraciones que preceden y la liquidación que sigue.
IX. Indemnización de perjuicios.
21. Por concepto de perjuicios morales la Sala ordenará indemnizar a los actores —para lo cual tiene en cuenta las diferentes circunstancias de cada uno de los mismos—, así:
Juan Carlos Figueredo Cortés(33) (Cónyuge) 100 smmlv.
Yenny Marcela Currea Romero (Hija) 100 smmlv
Luisa Fernanda Figueredo Currea (Hija) 100 smmlv.
José Rodrigo Currea Sánchez (Padre) 100 smmlv.
José Ruperto Currea Romero (Hermano) 50 smmlv.
Joiber Arnoldo Currea Romero (Hermano) 50 smmlv.
José Israel Currea Romero (Hermano) 50 smmlv.
Ana Zulema Currea Romero (Hermano) 50 smmlv.
Wilmer Rojas Grajales (Compañero y padre) 150 smmlv.
Sebastián Rojas Delgadillo (Hijo, hermano y víctima) 180 smmlv.
Alicia Martínez (Madre y abuela) 120 smmlv.
Jaime Noel Méndez (Padre de crianza) 80 smmlv.
Andelfo Méndez Martínez (Hermano y tío) 60 smmlv.
Martha Andrea Méndez Martínez (Hermana y tía) 60 smmlv.
Jaime Andrés Méndez Martínez (Hermano y tío) 60 smmlv.
José Armando Méndez Martínez (Hermano y tío) 60 smmlv.
Wilson Alexander Méndez Martínez (Hermano y tío) 60 smmlv.
Edilson Alexander Méndez Martínez (Hermano y tío) 60 smmlv.
Teodolinda Martínez (Abuela y bisabuela) 60 smmlv.
22. Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante se ordenará indemnizar a los actores —teniendo como base el salario mínimo vigente a la fecha de esta sentencia por resultar más favorable que el salario mínimo de 1998 actualizado(34). Adicionalmente se incrementará en un 25% por concepto de prestaciones sociales—. Del total a liquidar se descontará el 25% que la señora Zully Yaneth Currea Romero utilizaría en sí misma, y la suma restante será la base de liquidación a favor de los actores, atendiendo los siguientes porcentajes: 50% para cada una de las dos hijas.
23. Se aplica la fórmula que reiterativamente ha sido instrumentada por la Sala(35), según la cual:
23.1. Se tendrá en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2017: $ 737 717, que aumentado en el 25% por concepto de prestaciones sociales es $ 922 146,25 a este valor se le descuenta el 25% correspondiente a la parte que la persona fallecida dedicaría a sus propios gastos, de esta operación resulta $ 691 609,69. Esta suma se divide en dos para tomar como base de liquidación el 50% para cada una de las dos hijas ($ 345 804,84).
24. De tal forma, la indemnización debida o consolidada en favor de Yenny Marcela Currea Romero se calcula teniendo en cuenta el periodo de tiempo de 200,5 meses, que es el comprendido entre marzo de 1998 —época de configuración del daño— y diciembre de 2014 —tiempo en el que cumplió 25 años—:
S= 345 804,84 (1+0.004867)200,5-1
S= $ 117 028 310,25
24.1. Como lucro cesante consolidado se condena a pagar a favor de Yenny Marcela Currea Romero la suma de $ 117 028 310,25.
24.2. No se liquidará indemnización futura o anticipada a favor de Yenny Marcela Currea Romero por cuanto para la fecha de este fallo ya cumplió la mayoría de edad.
25. En favor de Luisa Fernanda Figueredo Currea por la muerte de su madre, se tasará la indemnización debida o consolidada, teniendo en cuenta el periodo de tiempo de 228 meses, que es el comprendido entre marzo de 1998 —época de configuración del daño— y marzo de 2017 —fecha en que se profiere esta sentencia—:
S= 345 804,84 (1+0.004867)228-1
S= $ 143 893 860,55
25.1. Como lucro cesante consolidado se condena a pagar a favor de Luisa Fernanda Figueredo Currea la suma de $143 893 860,55.
25.2. La tasación de la indemnización futura o anticipada a favor de Luisa Fernanda Figueredo Currea, por la muerte de su madre, se realizará de acuerdo con la fórmula que ha sido reiteradamente aplicada por la Sala(36), de acuerdo con la cual:
25.3. Así, se tendrá en cuenta que para el momento en que se profiere el presente fallo, Luisa Fernanda Figueredo Currea tiene una edad de 23 años y 4 meses, y cumplirá 25 años el 23 de noviembre de 2018. Así, el número de meses que debe tenerse en cuenta para la liquidación es de 20 y el cálculo se efectúa de la siguiente forma:
S= 345 804,84 (1+0.004867)20-1
0.004867 * (1+0.004867)20
S= $ 6 574 929,74
25.4. Como indemnización futura o anticipada se reconocerá a Luisa Fernanda Figueredo Currea la suma de $6 574 929,74.
26. De igual forma, se liquidará el lucro cesante correspondiente al núcleo familiar de Gloria Yaneth Delgadillo Martínez —teniendo como base el salario mínimo vigente a la fecha de esta sentencia, incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales—, esto es $ 922 146,25. Del total a liquidar se descontará el 25% que la mencionada señora utilizaría en sí misma, y la suma restante, $ 691 609,69, será la base de liquidación para calcular el lucro cesante a favor del hijo.
26.1. A favor de Sebastián Rojas Delgadillo por la muerte de su madre, se tasará la indemnización debida o consolidada con aplicación de la fórmula que reiterativamente ha sido instrumentada por la Sala, teniendo en cuenta el periodo de tiempo de 228 meses, que es el comprendido entre marzo de 1998 —época de configuración del daño— y marzo de 2017 —tiempo en el que se profiere esta condena—. De tal forma, la indemnización debida o consolidada se calcula así:
S= 691 609,69 (1+0.004867) 228-1
S= $ 287 787 725,26
26.2. Como indemnización debida o consolidada se reconocerá a favor de Sebastián Rojas Delgadillo por la muerte de su madre, la suma de $ 287 787 725,26.
27. La tasación de la indemnización futura o anticipada a favor de Sebastián Rojas Delgadillo, por la muerte de su madre, se realizará de acuerdo con la fórmula que ha sido reiteradamente aplicada por la Sala(37), de acuerdo con la cual:
27.1. Así, se tendrá en cuenta que para el momento en que se profiere el presente fallo, el menor Sebastián Rojas Delgadillo tiene una edad de 19 años y 6 meses y cumplirá 25 años el 18 de septiembre de 2022. Así, el número de meses que debe tenerse en cuenta para la liquidación es de 66 y el cálculo se efectúa de la siguiente forma:
S= 691 609,69 (1+0.004867)66-1
0.004867 * (1+0.004867)66
S= $ 40 141 536,26
27.2. Como indemnización futura o anticipada se reconocerá a Sebastián Rojas Delgadillo la suma de $38 960 412,26 por concepto de lucro cesante derivado de la muerte de la madre.
27.3. Los criterios que el Tibunal (sic) debe tener en cuenta para liquidar el lucro cesante a favor de Sebastián Rojas Delgadillo, derivado de sus propias lesiones, deben ser idénticos a los utilizados en esta instancia, es decir, la pérdida de capacidad laboral, la edad del menor y el salario mínimo vigente a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.
28. La parte actora solicitó indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de los compañeros permanentes de las fallecidas, al respecto cabe señalar que en los eventos en que no se demuestra cómo se constituye dicho detrimento por quien demanda su causación, esta corporación se ha fundamentado en reglas de la experiencia y de la lógica para inferir su existencia, lo que en casos de muerte sucede cuando es posible deducir que el solicitante estaba recibiendo una suma de dinero en específico de manera periódica proveniente de la persona que fallece mientras se encontraba con vida, debido al estado de necesidad de aquel y al correlativo deber de prestarle auxilio de este, vínculo obligacional que es factible dilucidar a partir de ciertas relaciones familiares y para lo que se ha invocado como apoyo el derecho de alimentos regulado por los artículos 411 y siguientes del Código Civil.
28.1. De esta forma, en los eventos en que no se demuestra fehacientemente que el difunto hubiera repartido una porción de sus ingresos continuamente al demandante o al actor correspondiente hasta el instante de su muerte, así como tampoco estuviera acreditada la suma en concreto que destinaba para ello, se hace posible inferir dichas circunstancias acudiendo al estado de necesidad probado del damnificado, al derecho de alimentos que este tiene, a su relación con el occiso, a la equidad, y a las directrices experienciales y de la lógica mencionadas, siempre y cuando la aplicación de esas reglas y lucubraciones no se encuentre inhabilitada por elementos de prueba que obren en su contra.
28.2. Lo anterior significa que cuando no se cuenta con prueba alguna al respecto, para poder inferir que un occiso de estar vivo destinaría parte de sus ingresos a ciertos individuos de los que se hubiese hecho responsable antes de fallecer, debe ser viable deducir que esos sujetos sí estaban a su cargo por encontrarse en un estado de carencia o invalidez económica y del vínculo de parentesco que los unía, habida cuenta de que si se tienen elementos de convicción que demuestren que el accionante correspondiente no habría estado en dicha situación y que por lo tanto, sea razonable concluir que no dependía financieramente de quien falleció, se impondría colegir ante la falta actividad probatoria al respecto que no recibía ayuda periódica alguna y que por consiguiente, el detrimento mencionado en realidad no se le habría ocasionado de tal forma que no podría serle indemnizado —es carga del demandante probar fehacientemente la causación de los perjuicios cuyo resarcimiento demanda; artículo 177 del C.P.C.—.
28.3. En efecto, si el lucro cesante que pide un demandante en casos de fallecimiento consiste en haber dejado de percibir un ingreso económico que usualmente le era otorgado por una persona que murió, y no se allega medio probatorio alguno que acredite que esa circunstancia se presentaba continuamente de tal forma que se pudiera señalar que dicha situación se hubiese mantenido en el tiempo de estar viva la víctima, es necesario que la inferencia de que ello ocurría y que se construye a partir de las reglas de la experiencia y de la lógica señaladas no tenga un medio probatorio que la desvirtúe, puesto que de ser así se impondría advertir que el menoscabo en análisis es inexistente y que por lo tanto, no podría salir avante la respectiva petición indemnizatoria.
28.4. En el caso concreto, se advierte que no obra en el expediente elemento demostrativo alguno tendiente a probar la dependencia económica de los agentes de policía Juan Carlos Figueredo Cortés y Wilmer Rojas Grajales de sus fallecidas esposa y compañera permanente respectivamente, cuando se encontraban vivas o, que ellas les brindaran un ingreso económico periódico.
28.5. Debido a lo anterior, es claro que para efectos de poder llegar a conceder la indemnización deprecada por la parte demandante, se debe acudir a los parámetros jurisprudencialmente adoptados y aludidos con anterioridad, los cuales no le resultan aplicables puesto que la inferencia de que los mencionados demandantes se encontraban en un estado de necesidad o dependencia en virtud del cual le correspondiera a su esposa o compañera permanente respectivamente, colaborarles y sostenerlos económicamente con un aporte regular, no tiene elemento probatorio alguno que la sustente y por el contrario, se encuentra totalmente desvirtuada, comoquiera que está probado que ellos trabajaban en la Policía Nacional, en condiciones que se puede inferir eran iguales o inclusive mejores a las de las difuntas.
28.6. Con observancia de lo anterior, es claro que la actora no probó el perjuicio de lucro cesante que reclama en favor de Juan Carlos Figueredo y Wilmer Rojas sin mayor fundamentación, argumentación y en desconocimiento de las reglas de la experiencia, motivo por el cual se denegará el resarcimiento respectivo.
29. A propósito del perjuicio fisiológico solicitado por la parte actora, se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, exp. 19031 y 38222, C.P. Enrique Gil Botero, se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud.
29.1. Respecto a este último es importante señalar que su consagración tuvo por objeto dejar de lado la línea jurisprudencial que sobre este punto se había trazado y que consistía en indemnizar, por una parte, el daño corporal sufrido y, por otra, las consecuencias que el mismo producía tanto a nivel interno (alteración a las condiciones de existencia), como externo o relacional (daño a la vida de relación). Lo anterior en la perspectiva de “delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad”. En esta medida el daño a la salud “siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado a cubrir no solo la modificación de la unidad corporal, sino las consecuencias que las mismas generan”, lo cual implica que no puede desagregarse en otros conceptos.
29.2. Ahora bien, la Sala unificó su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar.
30. Como quiera que en el caso concreto la parte actora no aportó prueba de que la lesión a la salud del menor Sebastián Rojas Delgadillo fuera de carácter permanente, es decir no aportó el certificado de la junta de calificación de invalidez, se concederá en abstracto la indemnización por concepto de daño a la salud a favor de Sebastián Rojas Delgadillo, para que, dependiendo del grado de pérdida de capacidad laboral se establezca en monto a pagar en su favor según los criterios establecidos:
31. Sin embargo, de no probarse la pérdida de capacidad laboral, deberá otorgarse una indemnización de 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes por este concepto, toda vez que, aún de no existir merma laboral, se acreditó en el expediente que el menor sufrió una afectación en su integridad física, que a pesar de no dejar secuelas merece ser resarcido toda vez que alteró aunque fuera temporalmente su estado de salud(38).
33. En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera —Subsección B— de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
MODIFICAR la sentencia del 26 de agosto de 2004, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la cual quedará así:
1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por la muerte de las señoras Zully Yaneth Currea Romero, Gloria Yaneth Delgadillo Martínez, del menor Wilmer Rojas Delgadillo y las lesiones del menor Sebastián Rojas Delgadillo, en medio del ataque guerrillero perpetrado contra sus instalaciones en el municipio de Puerto Lleras - Meta el 24 de marzo de 1998.
2. En consecuencia, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar:
En ABSTRACTO a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar en favor de Sebastián Rojas Delgadillo —previo incidente— la suma que indique el tribunal de primera instancia, por concepto de lucro cesante, según los parámetros expuestos en la parte motiva de esta providencia (ver párrafos 26.1 a 27.3).
Juan Carlos Figueredo Cortés(39) (sucesión). 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Yenny Marcela Currea Romero 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Luisa Fernanda Figueredo Currea 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
José Rodrigo Currea Sánchez 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
José Ruperto Currea Romero 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Joiber Arnoldo Currea Romero 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
José Israel Currea Romero 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Ana Zulema Currea Romero 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Wilmer Rojas Grajales 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Sebastián Rojas Delgadillo 180 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Alicia Martínez 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Jaime Noel Méndez 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Andelfo Méndez Martínez 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Martha Andrea Méndez Martínez 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Jaime Andrés Méndez Martínez 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
José Armando Méndez Martínez 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Wilson Alexander Méndez Martínez 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Edilson Alexander Méndez Martínez 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Teodolinda Martínez 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante los siguientes montos:
Yenny Marcela Currea Romero $ 117 028 310,25.
Luisa Fernanda Figueredo Currea $ 143 893 860,55.
Sebastián Rojas Delgadillo $ 287 787 725,26.
Luisa Fernanda Figueredo Currea $ 6 574 929,74.
Sebastián Rojas Delgadillo $ 38 960 412,26.
3. CONDENAR en abstracto a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar en favor de Sebastián Rojas Delgadillo —previo incidente— la suma que indique el tribunal de primera instancia por concepto de daño a la salud, según los parámetros expuestos en la parte motiva de esta providencia.
6. Cumplir lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
4 En la demanda presentada el 11 de agosto de 1998, se estima la cuantía de la mayor pretensión, por concepto de lucro cesante en $ 200 000 000. Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta instancia, se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 18 850 000.
5 Es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación: “En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación”. En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia. De conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente. Sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón.
7 Sentencia C-831 de 8 de agosto de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
8 “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.
9 Ponencia del constituyente Juan Carlos Esguerra Portocarrero, citada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012, op. cit.
12 Al respecto véanse: Sección Tercera, Subsección B, sentencias de 22 de febrero de 2012, exp. 21456; 21 de marzo de 2012, exp. 23819, 21473, 21946, 23996, 23774, 24450 y 23778 y de 22 de marzo de 2012, exp. 22406, todas con ponencia de la consejera Ruth Stella Correa Palacio, sentencias de 27 de abril de 2012, exp. 24504 y 24505, y de 26 de julio de 2012, exp. 24012, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo y sentencia del 3 de mayo de 2013, exp. 07001-23-31-000-2000-00234-01(26763), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
13 [18] Sentencia del 10 de agosto de 2000, exp. 11518, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; en el mismo sentido, sentencia del 18 de octubre de 2000, exp. 11834, C.P. Alier Hernández.
14 [13] Sentencia de 22 de febrero de 2012, exp. 21456, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
15 A propósito del riesgo de naturaleza excepcional como título de imputación en el caso de los daños causados por ataques de la insurgencia ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de octubre de 2012, exp. 18472, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. 07001-23-31-000-2001-01345-02(28711), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
17 Sentencias de 31 de enero de 2006, caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, párr. 123 a 141; y de 1º de julio de 2006, caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, párr. 126 a 138. En similar sentido, el Consejo de Estado ha considerado que hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la inobservancia del deber positivo de protección que le es exigible con mayor rigor en situaciones de conflicto armado, y que demanda la aplicación de medidas de precaución (anticipación del riesgo) y de prevención para proteger y preservar los derechos fundamentales no solo de las personas civiles, sino también de quienes participan en las hostilidades.
18 Así, el C.P.C. dispone que para que un hecho pueda considerarse como indicio, debe estar debidamente probado en el proceso (artículo 248). “De este modo, y siguiendo la doctrina, para la existencia jurídica del indicio es necesario plena prueba del hecho indicador y que, el hecho probado tenga alguna significación probatoria respecto al hecho que se investiga por existir alguna conexión lógica entre ellos. El análisis para la configuración de un indicio, esto es, el paso entre el hecho indicador y el hecho indicado, es una operación que debe realizar el juez en cada caso concreto, de acuerdo con las reglas de la experiencia y siempre que no obre prueba en contrario que lo desvirtúe Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 21 de septiembre de 2000, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación 11766.
19 Artículo 37 C.C.: “Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y los primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí”.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias; del 10 de abril de 2003, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, radicación 13834; del 10 de julio de 2003, C.P María Elena Giraldo Gómez, radicación 14083; del 12 de febrero de 2004, C.P. Ricardo Hoyos Duque, radicación 14955; del 24 de febrero de 2005, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación 14335; del 10 de marzo de 2005, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, radicación 14808; del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 15459; del 23 de abril de 2008, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación 16186; del 19 de noviembre de 2008, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, radicación 28259.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de octubre de 2012, exp. 23346, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
22 Consultar las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: del 27 de enero del 2000, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicado 10867; del 24 de febrero de 2005, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicado 14335; del 1º de marzo de 2006, C.P. María Elena Giraldo Gómez, radicado 17256; del 23 de abril de 2008, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicado 16186.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de octubre de 2012, exp. 23346, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de julio de 2000, exp. 12.788, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 31 de octubre de 1997, exp. 10.696, C.P. Ricardo Hoyos Duque y de 26 de febrero de 1996, exp. 10.438, C.P. Daniel Suárez Hernández.
25 Con relación al aumento del valor de las condenas por concepto de perjuicio moral, cuando el actor padeció la pérdida o lesión de varios de sus familiares, ver sentencias del 14 de junio de 1012 exp. 24 157 rad. 25000-23-26-000-1998-00732-01 y del 5 de diciembre de 2013 exp. 25793 rad. 25000 2326 000 2000 00463 01 C.P. Danilo Rojas Betancourth.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. 05001-23-25-000-1994-00020-01(19031), C.P. Enrique Gil Botero.
27 “El daño subjetivo o daño a la persona es aquel cuyos efectos recaen en el ser humano, considerado en sí mismo, en cuanto sujeto de derecho, desde la concepción hasta el final de la vida. Por la complejidad del ser humano, los daños pueden efectuar alguna o algunas de sus múltiples manifestaciones o ‘maneras de ser’”. Fernández Sessarego, Carlos “El daño a la persona”, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, pág. 71 y s.s.
28 Fruto del trabajo jurisprudencial en Italia, se llegó a establecer dentro de este orden que el concepto daño biológico agrupa entre otros: el daño a la vida de relación, el daño estético, el daño a la esfera sexual y el daño a la incapacidad laboral genérica, todo lo cual ha sido recogido y reconocido por la Corte Suprema de Casación de ese país. Ver entre otras, las sentencias: 2761 de 1990, 1341 de 1991, 11133 de 1990, 9170 de 1994, y 7262 de 1991.
29 “Este estado de cosas no solo deja la sensación de desorden, sino que también crea desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser “límites razonables”, determinados sí, en términos jurídicos” Cortés, Edgar Ob. Cit. pág. 57.
30 “En el histórico fallo 184 de 1986 la Corte Constitucional italiana afirmó que el criterio de liquidación que debe adoptarse para el resarcimiento del daño biológico “debe, de un lado, responder a una uniformidad pecuniaria de base (el mismo tipo de lesión no puede valorarse de manera diferente para cada sujeto) y, de otro, debe ser suficientemente elástico y flexible para adecuar la liquidación del caso concreto a la incidencia efectiva de la lesión sobre las actividades de la vida cotidiana, por medio de las cuales se manifiesta concretamente la eficiencia sicofísica del sujeto perjudicado” Rozo Sordini, Paolo “El daño biológico”, edit. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, pág. 209 y 210.
31 “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico” Gil Botero, Enrique “Daño Corporal —Daño Biológico— Daño a la vida de relación”, pág. 10.
32 La información registrada en la historia clínica del menor da cuenta de las lesiones sufridas así “Diagnóstico definitivo: paciente con quemaduras de II grado en mano izquierda y pierna izquierda 10%”.
33 Mediante memorial obrante a f. 378 del c.p. la señora Sandra Milena Hernández Quintana, quien afirmó ser la esposa del difunto, aportó registro civil de defunción del señor Juan Carlos Figueredo Cortés y tres registros civiles correspondiente a hijos del mencionado señor, nacidos con posterioridad a la fecha de los hechos que dieron origen a este proceso.
34 Salario mínimo legal mensual de 1998 ($ 203 826) actualizado a la fecha (IPC febrero de 2017: 136,12): $ 575 260,11. Salario mínimo año 2017: $ 737 717.
35 En la que “i” es una constante, “S” corresponde a la indemnización debida, “Ra” corresponde a renta actualizada y “n” corresponde al número de meses por liquidar.
36 En la que “i” es una constante, “Ra” es renta actualizada, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.
37 En la que “i” es una constante, “Ra” es renta actualizada, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.
38 En sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2014, exp. 28 832 rad. 250002326000200000340-01, C.P. Danilo Rojas Betancourth se dijo respecto a la indemnización de daño a la salud de carácter temporal: “En este sentido y aun a pesar de que no obraba dictamen de pérdida de capacidad laboral, de haber sido de carácter permanente, dichas lesiones habrían dado lugar a otorgar una indemnización cercana a los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, comoquiera que está demostrado que al señor Sholten le fueron tratadas las dolencias por las cuales fue trasladado al hospital San Ignacio y que allí no solo se curó de la infección padecida, sino que le practicaron un recubrimiento de la zona perineal, con injertos de piel, intervención respecto de la cual evolucionó favorablemente, está claro que los padecimientos constitutivos de daño a la salud susceptible de ser indemnizado fueron sufridos por un espacio de alrededor de tres meses. Así pues, en la medida en que las lesiones padecidas por el señor Sholten corresponden a lesiones que no solo eran de carácter reversible sino que, efectivamente, fueron revertidas en el marco de la atención médica garantizada por la demandada y que la víctima tuvo que soportarlos por un período relativamente corto en comparación con lesiones graves de carácter permanente que una persona joven tendría que soportar a lo largo de sus años de vida, se considera proporcionado reconocer una indemnización correspondiente a la décima parte de lo que se otorgaría por las lesiones de mayor gravedad de carácter permanente —100 smlmv—, esto es, diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
39 Vigentes al momento de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.