Source: http://acj.org.co/conceptos/concep_ord_008-2007.htm
Timestamp: 2013-12-12 09:34:32
Document Index: 338925267

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 23', 'artículo 21', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 109', 'artículo 22', 'artículo 10', 'artículo 12']

Consulta Ordinaria - Resolución No 008 de 2007 - Conceptos docs - Academia Colombiana de Jurisprudencia
El problema jurídico es el siguiente: cuales son los presupuestos y trámite para aprobar las vigencias futuras excepcionales que expone la Ley 819 de 2003.
Bogotá, mayo 18 de 2007
SeñorFABIO NAVARRO MANCILLACiudad
Ref.- Su consulta a la Academia Colombiana de Jurisprudencia sobre vigencias futuras extraordinarias.
La normativa presupuestal colombiana establece dos tipos de vigencias futuras: las ordinarias y las extraordinarias, cuya diferencia fundamental radica en que mientras la ejecución de las primeras afecta el presupuesto del año en curso, las obligaciones amparadas por vigencias futuras extraordinarias no cuentan con apropiación presupuestal alguna en el año en que son autorizadas. Los requisitos establecidos por el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, la ley 819, y sus reglamentos, para que procedan las vigencias futuras excepcionales son, a grandes rasgos, los siguientes:
En primer lugar, se requiere que las obligaciones que se pretende atender con cargo a esas vigencias no cuenten con apropiación presupuestal en el año de que se trate. De lo contrario, se estaría ante una vigencia futura ordinaria, cuyos requisitos y trámite difieren de los de las vigencias futuras extraordinarias.
En segundo lugar, las obligaciones a cubrir con las vigencias futuras no deben corresponder a contratos de empréstito ni a intereses derivados de esos contratos. Lo anterior debido a que esas operaciones se rigen por la normativa propia de las operaciones de crédito público y no por las reglas sobre vigencias futuras1.
En tercer lugar, es necesario tener presente que el mecanismo de las vigencias futuras es, por definición, excepcional. Por esta razón, tanto el artículo 3º de la ley 225 de 1995, en su redacción original, como el artículo 11 de la ley 819 de 2003, establecen que las vigencias futuras extraordinarias sólo pueden aprobarse para obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, o para garantías a las concesiones teniendo en cuenta, en todos los casos, el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Sí se cumplen las anteriores condiciones, la entidad interesada en acudir a las vigencias futuras debe solicitar la autorización correspondiente al Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS). La solicitud de autorización debe estar acompañada de un concepto técnico-económico favorable del ente al cual esté adscrito o vinculado el órgano que solicita las vigencias futuras (vgr. Ministerio de Minas), y de una proyección de ingresos para los períodos que se afectarán. Adicionalmente, cuando se trate de proyectos de inversión nacional debe obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio del ramo2.
En principio, las vigencias futuras no pueden exceder el período de gobierno del Presidente de la República; sin embargo, en el caso de proyectos de inversión, es posible solicitar la aprobación de vigencias futuras que excedan ese período, para lo cual se requiere autorización del CONPES. Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el artículo 23, en concordancia con el artículo 21, del decreto 4730 de 2005, esa autorización del CONPES requiere del aval previo del CONFIS, entidad que debe analizar la consistencia de la solicitud con el Marco de Gasto de Mediano Plazo y el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Es importante poner de presente que, según lo dispone el decreto 3629 de 2004, cuando en un proceso de contratación amparado por vigencias futuras no sea posible realizar la adjudicación en la misma vigencia fiscal en que se aprobaron, será necesario solicitar una nueva autorización, aunque sin repetir el proceso de selección. Una vez autorizadas las vigencias futuras, el órgano respectivo deberá informar a la Dirección General del Presupuesto Nacional, antes del 31 de enero de cada año, sobre la utilización del cupo de vigencias futuras. En este punto debe tenerse en cuenta que las vigencias futuras no utilizadas caducan, sin excepción, el 31 de diciembre del año en que fueron autorizadas.
Las anteriores consideraciones están relacionadas, en lo fundamental, con las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación. Para las entidades territoriales es necesario tener en cuenta, además, lo siguiente:
A nivel territorial la competencia para impartir la autorización necesaria para comprometer vigencias futuras está radicada en la Asamblea o Concejo, según el caso, previa aprobación del Confis territorial o de quien haga sus veces.
Para los proyectos que involucren inversión nacional no se requiere concepto previo y favorable del Ministerio del ramo, ya que para ello basta el concepto del Departamento Nacional de Planeación.
La Asamblea o Concejo debe abstenerse de autorizar las vigencias futuras si los proyectos que se pretende financiar con ellas no hacen parte del Plan de Desarrollo territorial, o si sumados todos los compromisos que se pretenden adquirir por esta modalidad, incluyendo sus costos de administración y mantenimiento, desbordan la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial. Por regla general, las vigencias futuras no pueden ir más allá del período de Gobierno, salvo aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declara de importancia estratégica. En el mismo sentido, y salvo lo establecido en el parágrafo transitorio del artículo 12 de la ley 819, no pueden aprobarse vigencias futuras en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador.
Sin embargo, según la doctrina de la Dirección de Apoyo Fiscal, reiterada en el documento CONPES 3463, del 12 de marzo de 20073, la prohibición de autorizar vigencias futuras y la restricción de las mismas al período de gobierno, no aplica para las vigencias futuras extraordinarias sino solo para las ordinarias. Aunque la ley 819 de 2003 no hace referencia explícita a las vigencias futuras excepcionales para las entidades territoriales, la doctrina oficial, entre la cual cabe destacar el documento CONPES 3463, ha aceptado la posibilidad de que esas entidades, si sus normas orgánicas de presupuesto así lo establecen, utilicen las vigencias futuras excepcionales. Al respecto se dijo en el mencionado documento4:
?3. Hay dos clases de vigencias futuras: Las Ordinarias y las Excepcionales. Los artículos 10 y 11 de la ley 819 de 2003 establecen los requisitos bajo los cuales la Nación puede adquirir obligaciones con cargo al presupuesto de gastos de vigencias futuras bien sea ordinarias o excepcionales; a su vez el artículo 12 reglamenta las vigencias futuras ordinarias para las entidades territoriales. Sin embargo, no hay en la ley, mención expresa sobre las vigencias futuras excepcionales para las entidades territoriales. No obstante, siguiendo lo establecido en el artículo 109 del decreto 11? de 1996 o estatuto orgánico de presupuesto tas entidades territoriales al expedir las normas orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adatándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad territorial.
Significa lo anterior que si dentro del estatuto orgánico de presupuesto de la entidad territorial, se reglamentó la posibilidad de asumir obligaciones con cargo al presupuesto de gastos de vigencias futuras en casos excepcionales, estas se pueden adquirir.
Si las vigencias futuras excepcionales no están reglamentadas dentro del estatuto orgánico de presupuesto de la entidad territorial no se podrían adquirir obligaciones por esta modalidad, de manera que para optar por este mecanismo habría que, en primera instancia, modificar el estatuto presupuestal. Una vez modificado se procederá a solicitar y otorgar la autorización en los términos y condiciones allí aprobados.?
A nivel territorial, pueden ejecutarse mediante vigencias futuras extraordinarias obras de infraestructura en sectores de competencia de la entidad territorial tales como agua potable y saneamiento básico, así como aquellas obras o proyectos que correspondan a sectores o programas para los cuales se permita, en el estatuto orgánico de presupuesto de la entidad territorial, acudir a este mecanismo, con la condición de que la no ejecución de las obras o proyectos pueda causar la parálisis o afectación en la prestación de un servicio que se deba garantizar por mandato constitucional5.
Como se ve, el requisito fundamental para acudir a las vigencias futuras extraordinarias es la obtención de las autorizaciones a que haya lugar, para lo cual resulta fundamental realizar un análisis detallado del proyecto que se pretenda acometer con ayuda de esa herramienta presupuestal. La solicitud de autorización, claro está, debe contener los anexos a que se hizo referencia arriba, así como toda la información necesaria para que la entidad encargada de impartir esa autorización pueda determinar que el proyecto cumple los requisitos necesarios para las vigencias futuras extraordinarias. A nivel territorial deben tenerse en cuenta, además, los requisitos adicionales que estén establecidos en el estatuto presupuestal respectivo.
1 El artículo 22 del decreto 4730 de 2005 establece que no estarán sometidos a la normativa de las vigencias futuras ?los contratos de empréstito, la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública, los créditos de proveedores, las asunciones de deuda pública y las contrapartidas que se estipulen?. 2 Ley 819, artículo 10º, literal b). Téngase en cuenta que el mencionado literal b) es diferente al del artículo 12, ibídem, que se refiere a las vigencias futuras para las entidades territoriales, y que sólo exige concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.
3 Este documento CONPES recoge y reitera la doctrina sentada por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la circular externa número 7, del 20 de febrero de 2007.
4 Ídem. 5 Ídem, numeral 7º. RESOLUCIÓN
Resolución No 008 de 2007 (Mayo 29)Por la cual se aprueba la ponencia con autoridad de la Academia.