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Timestamp: 2019-02-17 03:51:14
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Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'artículo 8', 'Artículo 6', 'artículo 3', 'Artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 14']

BOE.es - Documento BOE-A-2011-19938
Documento BOE-A-2011-19938
Pleno. Sentencia 189/2011, de 23 de noviembre de 2011. Recurso de inconstitucionalidad 1506-2002. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley general de estabilidad presupuestaria. Competencias sobre ordenación general de la economía y hacienda general, autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas: validez de los preceptos de la ley estatal que establecen un régimen de equilibrio presupuestario en el sector público (STC 134/2011); reforma constitucional que consagra el principio de estabilidad presupuestaria (STC 157/2011).
«BOE» núm. 306, de 21 de diciembre de 2011, páginas 131 a 144 (14 págs.)
BOE-A-2011-19938
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1506-2002, interpuesto por Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados contra los arts. 2, 3, 5, en el inciso que comienza en «tanto el Consejo» y termina en «Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria», 6 (apartados 3 y 4), 8, 9 y la disposición adicional única (apartados 3 y 4) de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley general de estabilidad presupuestaria. Ha intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Mediante escrito registrado en el Tribunal con fecha 13 de marzo de 2002, don Roberto Granizo Palomeque, Procurador de los Tribunales en nombre y representación de Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 2, 3, 5, en el inciso que comienza en «tanto el Consejo» y termina en «Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria», 6 (apartados 3 y 4), 8, 9 y la disposición adicional única (apartados 3 y 4) de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley general de estabilidad presupuestaria. Por otrosí solicitó la acumulación del presente recurso de inconstitucionalidad al interpuesto por la propia representación legal de los Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados contra la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria (recurso este que se tramita bajo el núm. 1505-2002), con la que la Ley Orgánica 5/2001, objeto del presente recurso guarda una evidente relación de complementariedad, exigiendo una argumentación de conjunto como la desarrollada en la demanda.
a) La representación procesal de los Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados comienza realizando algunas consideraciones generales sobre el significado del objetivo de estabilidad presupuestaria que se pretende alcanzar, sus implicaciones desde la perspectiva jurídica constitucional y los instrumentos legalmente establecidos a su servicio.
b) Tras el análisis inicial del contexto europeo y del contenido preciso de las leyes recurridas, el recurso analiza el contexto constitucional. Considera que una exigencia de cierta estabilidad es constitucionalmente razonable, según resulta del artículo 40.1 CE, debido a la necesidad de coordinación entre la política presupuestaria y la evolución de la coyuntura económica, con el fin de alcanzar un cierto equilibrio global, una cierta estabilidad económica que permita el progreso social y económico en los términos del citado precepto. Sin embargo, sostiene el recurso, que es a los titulares de los poderes públicos con competencias en la materia a quienes corresponde decidir sobre las orientaciones de la política económica. Y precisamente al traducir en términos absolutamente precisos los principios de estabilidad y equilibrio, obligación de equilibrio o superávit frente, por ejemplo, a las exigencias europeas que lo que prohíben son los déficits excesivos entendidos como aquellos superiores al 3 por 100 del producto interior bruto (PIB), los art. 3.2, 8 y 19 de la Ley 18/2001 y el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2001 incurren en un vicio de inconstitucionalidad al situar ilegítimamente al legislador en la posición del constituyente.
c) La representación procesal de los Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso examina a continuación cómo incide el mecanismo legalmente previsto para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria sobre el proceso o ciclo presupuestario en el ámbito del sector público estatal, pues razona que tal mecanismo y sus efectos son inconstitucionales por alterar la distribución de competencias presupuestarias, entre el Gobierno y las Cortes Generales, que resulta del art. 134 CE. Así, destaca la demanda que el poder legislativo al establecer condiciona o limita la competencia exclusiva que la Constitución Española reconoce al Gobierno para la elaboración del presupuesto. Analiza entonces el escrito de los recurrentes los diferentes preceptos de la Ley 18/2001 que producen tal efecto.
d) Seguidamente se expone como afectan las leyes recurridas a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. Comienza el escrito destacando que el art. 156 CE reconoce y garantiza a las Comunidades Autónomas la autonomía financiera autonomía que la jurisprudencia constitucional ha interpretado referida tanto a la autonomía para la obtención de ingresos como a la autonomía de gasto que implicaría, de acuerdo con una consolidada doctrina constitucional, la competencia de las Comunidades Autónomas para elaborar, aprobar y ejecutar sus propios presupuestos, lo que entraña su competencia para decidir la estructura de su presupuesto de gastos de inversión y la ejecución de los correspondientes proyectos. La demanda reconoce que el Estado puede condicionar, no obstante, el ejercicio de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas imponiendo limitaciones al amparo de diversos títulos competenciales, entre ellos los títulos en los que se ha fundamentado el Estado para dictar las leyes recurridas.
No discute, por tanto, la demanda la existencia de títulos competenciales que habiliten al Estado para la adopción de medidas tendentes a preservar la estabilidad económica mediante la garantía del equilibrio presupuestario sino sólo si la imposición a las Comunidades Autónomas de una estabilidad concebida como equilibrio o superávit impone condicionamientos indebidos que no dejan el suficiente margen de libertad de decisión y son por ello inconstitucionales. Para los recurrentes no cabe hablar de libertad de las Comunidades Autónomas cuando el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 5/2001 afirma que «en todo caso, vendrán obligadas a adecuar su normativa presupuestaria al objetivo del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria».
e) Examina, finalmente, la representación procesal de los recurrentes los efectos de las leyes recurridas sobre la autonomía de las entidades locales. Tras desarrollar en general las limitaciones que se derivan para el legislador ordinario del reconocimiento de la autonomía local como garantía institucional considera la demanda que imponer a las entidades locales un objetivo de estabilidad presupuestaria en términos de equilibrio o superávit, definido unilateralmente desde la instancia central estatal, con las implicaciones que ello tiene sobre el ejercicio del conjunto de las competencias locales, es contrario a la garantía constitucional de su autonomía. Por ello la fijación del objetivo de la estabilidad presupuestaria en los términos de los arts. 3.2, 19, 20 y 23 de la Ley 18/2001 así como por conexión la disposición adicional única, apartado 1 resultan inconstitucionales por violar la garantía institucional de la autonomía local del art. 140 CE y su autonomía financiera.
f) Concluye la demanda solicitando la acumulación del presente recurso con el recurso planteado contra diversos preceptos de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, con la que la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, objeto del presente recurso guarda una evidente relación de complementariedad, exigiendo una argumentación de conjunto como la que se ha desarrollado por los recurrentes.
2. Mediante providencia de 23 de abril de 2002 el Pleno del Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme al art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno, al objeto de que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular alegaciones. Por último, se acordó publicar la incoación del proceso en el «Boletín Oficial del Estado».
4. El día 14 de mayo de 2002 la Sección Segunda acuerda incorporar a las actuaciones el escrito del Abogado del Estado de 8 de mayo de 2002 y concederle la prórroga solicitada para formular las alegaciones.
5. Con fecha 17 de mayo de 2002 se registra un escrito de la Presidenta de Congreso de los Diputados comunicando al Tribunal el acuerdo de la Mesa de la Cámara de no personarse en el proceso ni formular alegaciones y poniéndose a su disposición.
6. El día 16 de mayo de 2002 se registra en el Tribunal un escrito del Letrado jefe de la asesoría jurídica del Senado, en representación de dicha Cámara, comunicando que comparece en relación con los recursos de inconstitucionalidad números 1451-2002, promovido por el Parlamento de Cataluña, 1454-2002, promovido por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; 1455-2002, promovido por el mismo órgano de la Comunidad Autónoma y 1460-2002, promovido por el Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña, así como en relación con los recursos números 1461-2002, promovido por el Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña; 1462-2002, promovido por las Cortes de Castilla-La Mancha; 1463-2002, promovido por las Cortes de Castilla-La Mancha; 1467-2002, promovido por el Gobierno de Aragón; 1471-2002, promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; 1473-2002, promovido por el Gobierno de Aragón; 1487-2002, promovido por las Cortes de Aragón; 1488-2002, promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura; 1505-2002 y 1506-2002, promovidos por Diputados del Grupo Parlamentario Socialista y 1522-2002, promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, todos ellos relacionados con la Ley 18//2001, de 12 de diciembre, y con la Ley Orgánica 5/2002, de 13 de diciembre.
7. Con fecha 3 de junio de 2002 se registra el escrito mediante el cual el Abogado del Estado formula sus alegaciones en el presente recurso de inconstitucionalidad número 1506-2002.
a) Antes de examinar los motivos de inconstitucionalidad aducidos por la parte demandante, el Abogado del Estado expone el contenido y finalidad de las leyes recurridas.
El Abogado del Estado destaca que el objetivo de la Unión Europea no es conseguir un endeudamiento neto máximo del 3 por 100, sino sanear las cuentas públicas para que la inexistencia de déficit permita el éxito en las políticas de crecimiento y pleno empleo, de modo que dicho 3 por 100 aparece como el punto en que se requiere una acción inmediata de corrección (en general, los arts. 4.3 y 104 del Tratado y, en especial, el Reglamento 1467/1997 y la resolución del Consejo de 17 de junio de 1997 –Pacto de estabilidad y crecimiento–, aludiendo esta última al objetivo a medio plazo de situaciones próximas al equilibrio o de superávit). A partir de esta premisa, el Estado español ha adoptado distintas decisiones legislativas de ordenación de su política económica, no tratándose del simple desarrollo o ejecución de decisiones europeas, sino de adopción de medidas de carácter estatal en el marco de los compromisos asumidos en la Unión Europea.
c) El Abogado del Estado afirma a continuación que no es correcto aplicar al presente supuesto la doctrina de que el legislador no puede dictar normas cuyo objeto exclusivo sea interpretar preceptos de la Constitución en un sentido determinado (STC 76/1983), pues en el supuesto que nos ocupa no se trata de imponer una interpretación constitucional determinada de una cuestión competencial sino del establecimiento de un objetivo de política económica general.
d) Seguidamente el Abogado del Estado se refiere a la repercusión del nuevo sistema sobre las competencias del Gobierno en materia presupuestaria afirmando, en esencia, que la atribución constitucional al Gobierno de la facultad de elaborar los proyectos de ley de presupuestos no supone que el Gobierno tenga absoluta libertad para determinar la estructura, condiciones y requisitos de los presupuestos. Cuando el Gobierno elabora los presupuestos debe hacerlo de acuerdo con lo que establezca en cada momento la ley.
e) Señala el escrito del Abogado del Estado que el recurso de inconstitucionalidad parte de la premisa de que los fines que persiguen las leyes impugnadas son los de la Unión Europea, concluyendo de ello que como ésta no impone el equilibrio o el superávit presupuestario existe un exceso competencial en el ejercicio del título contenido en el art. 149.1.13 CE. La demanda entiende, en suma, que la imposición del equilibrio presupuestario o superávit sin ningún criterio de flexibilización no es proporcionada al objetivo y vulnera la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.
f) A continuación, el Abogado del Estado rechaza que las leyes recurridas vulneren la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. Para la demanda dicha autonomía supone la plena disponibilidad por las Comunidades Autónomas de sus ingresos sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión para poder ejercer sus competencias, afirmando que dichas leyes conculcan este principio al suponer una restricción casi absoluta del crédito como medio de financiación.
g) El Abogado del Estado examina a continuación la medida consistente en la elaboración de un plan de saneamiento y su sometimiento al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
h) En cuanto a la alegada infracción de la autonomía local constitucionalmente garantizada, el Abogado del Estado manifiesta que la Ley 18/2001 supone, en el ámbito de la Administración local, una mínima innovación del ordenamiento jurídico, ya que el control del déficit y la tendencia a aprobar y liquidar los presupuestos locales en equilibrio ya estaba vigente tras las últimas modificaciones de la Ley de haciendas locales. El Abogado del Estado sostiene que las leyes recurridas no vulneran la autonomía local constitucionalmente garantizada, pues en absoluto se ha acreditado que sus disposiciones provoquen una situación de insuficiencia de las haciendas locales, acreditación que la STC 104/2000, de 14 de abril, FJ 5, exige para apreciar infracción del principio de autonomía local.
8. Mediante providencia de 4 de junio de 2002, el Pleno del Tribunal acordó tener por personado al Letrado de las Cortes Generales jefe de la asesoría jurídica del Senado, en representación de la Cámara, en el presente recurso de inconstitucionalidad, así como en los registrados con los números 1451-2002, 1454-2002, 1455-2002, 1460-2002, 1461-2002, 1462-2002, 1463-2002, 1467-2002, 1471-2002, 1473-2002, 1487-2002, 1488-2002, 1505-2002 y 1522-2002, según interesa en su escrito de 16 de mayo último, accediendo a la suspensión que pide del plazo para hacer alegaciones en los correspondientes recursos hasta tanto se resuelva sobre la acumulación de los mismos.
9. El día 2 de julio de 2002 se registró en el Tribunal un escrito del Procurador don Roberto Granizo Palomeque, actuando en representación de don Joaquín Almunia Amann y otros Diputados del Grupo Parlamentario socialista, en el que se manifiesta que no se opone a la acumulación solicitada.
10. Por ATC 215/2002, de 29 de octubre, el Pleno del Tribunal decidió no haber lugar a la acumulación solicitada.
11. Por providencia de 22 de noviembre de 2011 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 23 del mismo mes y año.
1. Se impugnan con este recurso de inconstitucionalidad los arts. 2, 3, 5, en el inciso que comienza en «tanto el Consejo» y termina en «Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria», 6 (apartados 3 y 4), 8, 9 y la disposición adicional única (apartados 3 y 4) de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley general de estabilidad presupuestaria.
2. La fundamentación que sustenta la presente impugnación es en buena medida coincidente con la recogida en el recurso de inconstitucionalidad 1505-2002 planteado por Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso contra determinados artículos de la Ley 18/2001, general de estabilidad presupuestaria. La representación procesal de los recurrentes destaca que ambas leyes están estrechamente conectadas entre sí, como confirma el propio título de la Ley Orgánica 5/2001, que proclama su complementariedad de la Ley 18/2001, y como ponen de relieve sus respectivas exposiciones de motivos. No obstante los recurrentes han planteado un recurso autónomo frente a los preceptos recogidos en la Ley 18/2001, recurso finalmente no acumulado al presente por este Tribunal, por lo que en esta Sentencia únicamente nos corresponde la resolución de las impugnaciones dirigidas contra los preceptos referidos de la Ley Orgánica 5/2001. Ahora nos habremos de referir, no obstante, a aquellos preceptos de la Ley 18/2001 que se encuentren directamente conectados con los aquí impugnados, pues, en efecto, buena parte de la argumentación del recurso va dirigida contra «la construcción del principio de estabilidad presupuestaria» que define el art. 3.2 de la Ley 18/2001 general de estabilidad presupuestaria y a la que se remite el art. 2 de la Ley Orgánica 5/2001 complementaria de la Ley general de estabilidad presupuestaria, de clara conexión con varios de los preceptos impugnados en el presente recurso.
3. Ante todo, hemos de plantearnos la posible extinción de este proceso por virtud de la modificación de la Ley Orgánica 5/2001 por la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, que afecta a varios de los preceptos aquí impugnados, cuestión ésta a la que la citada STC 134/2011, ha dado en su FJ 2 una respuesta negativa: «carece de sentido, tratándose de un recurso de inconstitucionalidad, pronunciarse sobre normas que el mismo legislador ha expulsado ya» del ordenamiento, pero «constituyen una excepción a esta regla general aquellos supuestos en los que a través de un recurso de inconstitucionalidad lo que se traba en realidad es una controversia en el ámbito de las competencias respectivas del Estado y de las Comunidades Autónomas».
Y en este caso ocurre que la modificación que dicha Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo introduce en la Ley Orgánica 5/2001 supone su sustitución por otra normativa que reproduce las mismas cuestiones objeto de controversia. Por tanto, tal como dijimos en la STC 134/2011, «ha de alcanzarse la conclusión de que, pese a su modificación o derogación, el recurso de inconstitucionalidad promovido frente a la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, … mantiene vivo su objeto».
4. Para entrar en el fondo del asunto hemos de recordar la doctrina del «ius superveniens» que reiteradamente venimos sentando, en lo que ahora importa, en el control de los posibles excesos competenciales, y sobre esta base, una vez que ya hemos dejado constancia de la reforma constitucional que ha modificado el art. 135 CE con la «consagración constitucional» –exposición de motivos– del «principio de estabilidad presupuestaria», resulta claro que «es a este nuevo canon de constitucionalidad al que hemos de atenernos ahora al dictar Sentencia, pues es doctrina uniforme de este Tribunal que “en el recurso de inconstitucionalidad no se fiscaliza si el legislador se atuvo o no, en el momento de legislar, a los límites que sobre él pesaban, sino, más bien, si un producto normativo se atempera, en el momento del examen jurisdiccional, a tales límites y condiciones”.» (STC 179/1998, de 19 de septiembre, FJ 2, y en el mismo sentido SSTC 135/2006, de 27 de abril, FJ 3, 1/2011, de 14 de febrero, FJ 2, 120/2011, de 6 de julio, FJ 2 y 157/2011, de 18 de octubre, FJ 2).
Y el apartado 1 de la nueva redacción del art. 135 CE establece que «todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria». Estamos, pues, como ya dijimos en la STC 157/2011, de 18 de octubre, FJ 3, «ante un mandato constitucional que, como tal, vincula a todos los poderes públicos y que por tanto, en su sentido principial queda fuera de la disponibilidad –de la competencia– del Estado y de las Comunidades Autónomas. Cuestión distinta es la de su desarrollo, pues aquel sentido principial admite diversas formulaciones, de modo que será ese desarrollo el que perfilará su contenido». Desarrollo que la nueva redacción del art. 135 CE en su apartado 3 encomienda a una ley orgánica, obviamente estatal.
5. Procede, en primer lugar, rechazar la alegación de los recurrentes de que el legislador ha dictado una norma meramente interpretativa que otorga un único sentido al principio de equilibrio o estabilidad vulnerando la doctrina establecida en la STC 76/1983, de 5 de agosto, pues la inclusión en la ley de definiciones de conceptos generales no supone en modo alguno que nos encontremos ante una norma meramente interpretativa en el sentido de la STC 76/1983 [FJ 4 c)], ni que el legislador estatal se haya situado en la posición propia del poder constituyente, pues una cosa es que dicho legislador realice, con pretensiones normativas de validez general, una interpretación genérica y abstracta del sistema constitucional y estatutario de distribución de competencias, con pretensiones de vinculación a las Comunidades Autónomas (tarea que, evidentemente, le está vedada), y otra muy distinta que, en el ejercicio de las competencias que la Constitución le atribuye para la ordenación general de la economía, dicho legislador proceda a establecer un objetivo de política económica general.
Estando clara, como ya declaramos en la STC 134/2011 y ratificamos en la STC 157/2011, ya citadas, la competencia estatal ex 149.1, 13 y 14 CE, por un lado, y art. 149.1.11 y 18 CE, por otro para dictar las normas controvertidas, «deberemos valorar en el examen de cada precepto impugnado si las competencias estatales en juego limitan o no de modo indebido las competencias autonómicas, en particular su autonomía política y financiera (arts. 137 y 156 CE)» (STC 134/2011, ya citada, FJ 7).
6. Llegados así, como acabamos de indicar, al examen de los concretos preceptos impugnados, habrá que comenzar por el art. 2 de la Ley Orgánica 5/2001, cuyo tenor es el que sigue:
«Artículo 2. Principios generales.
Los principios de estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, tal como aparecen definidos en la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, serán aplicables a las Comunidades Autónomas en la forma prevista en esta Ley Orgánica.»
a) «La definición de ‘estabilidad presupuestaria’ se configura como una orientación de la política económica general que el Estado puede dictar ex art. 149.1.13» de la Constitución.
d) «Una vez desestimada la impugnación del artículo 3.2 de la Ley 18/2001, que contiene el alcance de dicho principio de estabilidad, procede hacer lo mismo respecto del art. 2 de la Ley Orgánica 5/2001 y desestimar su impugnación.»
7. A la misma conclusión desestimatoria hemos de llegar respecto de todos aquellos preceptos impugnados que se remiten al concepto de estabilidad fijado en el art. 3.2 de la Ley 18/2001. Esto es lo que ocurre con la disposición adicional única, apartado 4, cuyo texto es el siguiente:
«Disposición adicional única. Modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
1. Los presupuestos de las Comunidades Autónomas tendrán carácter anual e igual período que los del Estado, atenderán al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos de los organismos y entidades integrantes de la misma, y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a tributos atribuidos a las referidas Comunidades.»
Como ya dijimos en la STC 134/2011, FJ 8 e), «el principio de estabilidad es el único aspecto sobre el que se contiene una argumentación de reproche, debiendo desestimarse con la misma fundamentación que en los casos anteriores».
8. El art. 3 de la Ley Orgánica 5/2001 se impugna por los mismos motivos que los preceptos ya citados. Dice así:
«Artículo 3. Cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria por las Comunidades Autónomas.
3. Las situaciones excepcionales de déficit presupuestario que pudieran afectar a las Comunidades Autónomas deberán ser justificadas mediante la exposición de las causas que las ocasionan y la identificación de los ingresos y los gastos que las producen, y requerirán la formulación de un plan económico-financiero de saneamiento a medio plazo para su corrección, con el contenido y alcance previstos en esta Ley Orgánica.»
9. Con igual argumentación se desestimó en la STC 134/2011, FJ 8 c) la impugnación del art. 5, segundo inciso de la Ley Orgánica 5/2001, que dispone:
«Artículo 5. Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
… Tanto el Consejo como las Comunidades Autónomas en él representadas deberán respetar, en todo caso, el objetivo de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 8 de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria.»
El precepto supone «una reiteración del contenido del art. 3.2 de la Ley 18/2001 de manera que, por consecuencia de lo dicho respecto de este último precepto, debemos desestimar también la impugnación».
10. Procede igualmente la desestimación de la impugnación del art. 6 (apartados 3 y 4) de la Ley Orgánica 5/2001. Su texto es el siguiente:
«Artículo 6. Objetivo de estabilidad presupuestaria de las Comunidades Autónomas.
4. Si en el plazo previsto en el apartado anterior el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas no alcanzase un acuerdo sobre los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria, cada una de ellas estará obligada a elaborar y liquidar sus presupuestos en situación, al menos, de equilibrio presupuestario, computada en los términos previstos en el artículo 3.2 de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria.»
a) «Ninguna vulneración de la autonomía política y financiera … supone lo establecido en el art. 6.3 de la Ley Orgánica 5/2001, pues la fijación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas del «objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente a cada una de las Comunidades Autónomas» es una cuestión que por su naturaleza y alcance afecta, sin duda, a ‘la garantía del equilibrio económico, a través de la política económica general’ [art. 2.1 b) LOFCA] y ha de ser adoptada, de acuerdo con nuestra doctrina ‘con carácter general y de forma homogénea para todo el sistema’.»
b) «Lo propio acaece respecto del art. 6.4 de la Ley Orgánica 5/2001, que se limita a establecer que, si no se alcanzase un acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas acerca de ‘los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria» de cada Comunidad Autónoma, éstas deben elaborar y liquidar sus presupuestos «en situación, al menos de equilibrio’, pues al precepto le es de aplicación todo lo que se acaba de razonar.»
c) «En conclusión, procede desestimar la impugnación del art. 6.3 y 4 de la Ley Orgánica 5/2001.»
11. Los recurrentes impugnan igualmente el art. 8 de la Ley Orgánica 5/2001 cuyo tenor es el siguiente:
«Artículo 8. Corrección de las situaciones de desequilibrio.
8. Cuando concurran condiciones económicas, imprevistas en el momento de la aprobación del plan económico-financiero, la Comunidad Autónoma podrá remitir al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas un plan rectificativo del plan inicial, que se tramitará de acuerdo con el procedimiento previsto en este artículo.»
a) «Partiendo de la legitimidad del establecimiento por el Estado del principio de estabilidad presupuestaria, debemos atribuir igual legitimidad al criterio de que cuando dicho principio no se atienda en el momento de la aprobación del presupuesto o se constate su incumplimiento en la liquidación del mismo, el Estado imponga ex art. 149.1.13 CE la elaboración por las Comunidades Autónomas correspondientes de un plan económico-financiero de corrección del desequilibrio, pues de no hacerse así quedaría sin efecto el objetivo de estabilidad y, por consecuencia, la citada competencia del Estado, a cuyo través éste ha de garantizar el equilibrio de la política económica general (STC 62/2001, FJ 4, con remisión a otras).»
b) «No vulnera la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas la necesaria elaboración por las Comunidades Autónomas del plan económico-financiero cuando los presupuestos autonómicos se aprueben o liquiden con desequilibrio, ni tampoco lo hace su examen por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y la presentación de un nuevo plan cuando el anterior no garantice el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Lo mismo ocurre cuando, concurriendo las circunstancias imprevistas a que se refiere el apartado 8 del art. 8, la propia Comunidad Autónoma remita un plan rectificativo al Consejo de Política Fiscal y Financiera.»
12. Finalmente se recurren el art. 9 y la disposición adicional única (apartado tres) de la Ley Orgánica 5/2001. Este es su texto:
La autorización del Estado a las Comunidades Autónomas para realizar operaciones de crédito y emisiones de deuda, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados en cada caso, así como el resto de las obligaciones establecidas en esta Ley Orgánica.»
Tres El apartado 3 del artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, queda redactado en los siguientes términos:
Nos remitimos, asimismo, para la desestimación de la impugnación de ambos preceptos a la STC 134/2011, FJ 8 e), en la que declaramos que «la necesaria autorización del Estado de las operaciones de crédito que pretendan realizar las Comunidades Autónomas cuando se constate a través de la información suministrada por éstas el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, según prevé el precepto impugnado, no vulnera la autonomía política y financiera de la Generalitat, pues ambas encuentran su límite en las competencias del Estado del art. 149.1.11 y 13 CE».
Desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra los arts. 2, 3, 5, en el inciso que comienza en «tanto el Consejo» y termina en «Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria», 6 (apartados 3 y 4), 8, 9 y la disposición adicional única (apartados 3 y 4) de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley general de estabilidad presupuestaria.
Dada en Madrid, 23 de noviembre de 2011.–Pascual Sala Sánchez.–Eugeni Gay Montalvo.–Javier Delgado Barrio.–Elisa Pérez Vera.–Ramón Rodríguez Arribas.–Manuel Aragón Reyes.–Pablo Pérez Tremps.–Francisco José Hernando Santiago.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Firmado y rubricado.
DICTADA en el RECURSO 1506/2002 (Ref. BOE-A-2002-9025).
DECLARA la DESESTIMACIÓN en relación con determinados preceptos de la Ley Orgánica 572001, de 13 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-23632).