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Timestamp: 2020-07-10 12:19:14
Document Index: 24229705

Matched Legal Cases: ['artículo 387', 'artículo 119', 'artículo 387', 'artículo 119', 'artículo 387', 'artículo 387', 'artículo 387', 'artículo 2', 'artículo 120', 'artículo 387', 'artículo 120', 'artículo 387', 'artículo 119', 'artículo 387', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 387', 'artículo 387', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 387', 'artículo 387']

Sentencia de Constitucionalidad nº 480/03 de Corte Constitucional, 10 de Junio de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 43619985
Decreto 624 de 1989. Art. 387, incs. 2 y 3 (ps.). Estatuto tributario. Impuestos administrados por la dian. Disminucion base de retencion. Intereses y correccion monetaria por prestamos para adquisicion de vivienda. Deduccion a trabajadores asalariados con ingresos laborales inferiores a quince millones de pesos. Exclusion de trabajadores independientes. Principio de igualdad y equidad tributaria. Facultades extraordinarias. Falta de requisitos en la demanda. Ineptitud sustancial. Inhibida.
Sentencia citada en: 57 sentencias, una disposición normativa
Sentencia C-480/03
COSA JUZGADA-No configuración
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Necesidad de razones conducentes
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Apreciación de las razones debe hacerse con aplicación al principio pro actione
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-No existe concordancia entre el texto de la norma y el cargo formulado
Referencia: expediente D-4371
Demandante: M.S. de G..
En ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, la ciudadana M.S. de G. demandó los incisos 2º y 3º (parciales) del artículo 387 del Estatuto Tributario.
"DECRETO NUMERO 624 DE 1989
En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confieren los artículos 90,
numeral 5°, de la Ley 75 de 1986 y 41 de la Ley 43 de 1987, y oída la Comisión
Asesora de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
ART. 387.--Los intereses y corrección monetaria deducibles se restarán de la base de retención. En el caso de trabajadores que tengan derecho a la deducción por intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de vivienda, la base de retención se disminuirá proporcionalmente en la forma que indique el reglamento.
INC. 2º--Adicionado. L. 6ª/92, art. 120. El trabajador podrá optar por disminuir de su base de retención lo dispuesto en el inciso anterior o los pagos por salud y educación conforme se señalan a continuación, siempre que el valor a disminuir mensualmente, en este último caso, no supere el quince por ciento (15%) del total de los ingresos gravados provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria del respectivo mes, y se cumplan las condiciones de control que señale el Gobierno Nacional:
Los pagos efectuados por contratos de prestación de servicios a empresas de medicina prepagada vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, que impliquen protección al trabajador, su cónyuge y hasta dos hijos;
INC. 3º--Adicionado. L. 6ª/92, art. 120. Lo anterior será sólo aplicable a los asalariados que tengan unos ingresos laborales inferiores a quince millones seiscientos mil pesos ($ 15.600.000) (año base 1992) en el año inmediatamente anterior.
PAR 1º--Adicionado. L. 6ª/92, art. 120. La opción establecida en este artículo, será aplicable a partir del primero de enero de 1993.
PAR. 2º--Adicionado. L. 223/95, art. 124. Cuando se trate del procedimiento de retención número dos, el valor que sea procedente disminuir mensualmente, determinado en la forma señalada en el presente artículo, se tendrá en cuenta tanto para calcular el porcentaje fijo de retención semestral, como para determinar la base sometida a retención."
La demandante solicita la declaratoria de inexequibilidad de los apartes normativos subrayados, por considerar que dichas expresiones violan los artículos 13 y 363 de la Constitución Política.
Fundamenta su solicitud en que el régimen tributario en el artículo 119 estableció como deducibles, aunque no guarden relación de causalidad con la producción de la renta, los intereses que se paguen sobre préstamos para adquisición de vivienda del contribuyente, siempre que el préstamo esté garantizado con hipoteca, si el acreedor no está sometido a la vigilancia del Estado y se cumplan las demás condiciones señaladas en este artículo. En este sentido señala, que de conformidad con el primer inciso del artículo 387 ídem, la disminución proporcional de la base de la retención con el valor pagado por intereses o corrección monetaria se liga "al caso de trabajadores que tengan derecho a la deducción por intereses o corrección monetaria." Folio 4 del expediente.
Sostiene, que al señalar el artículo 119 del Estatuto Tributario a los contribuyentes como titulares del derecho a la deducción por intereses o corrección monetaria, no se hizo distinción entre trabajadores asalariados e independientes, lo cual, a su juicio transgrede el derecho a la igualdad.
En efecto, considera que tanto los trabajadores asalariados como los independientes son contribuyentes en la medida en que obtienen ingresos susceptibles de ser gravados con el impuesto sobre la renta y que ambos pueden encontrarse bajo la situación de haber contraído préstamos para adquisición de vivienda y hallarse obligados al pago de intereses y corrección monetaria, es decir, estar bajo el supuesto de los artículos 119 y 387 del Estatuto Tributario.
Por lo anterior, colige que aplicar el beneficio contemplado en el inciso primero del artículo 387 del Estatuto Tributario, sólo para los asalariados, como lo disponen los apartes acusados de los incisos 2º y 3º del mismo artículo, es introducir un trato discriminatorio que, lejos de ser razonable, rompe ostensiblemente con los principios de la igualdad (Art. 13 Superior) y de la equidad tributaria (Art. 363 ídem), ya que la hipótesis para que opere la deducción es la misma para las dos clases de trabajadores.
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario, a través de su Presidente, sostiene que no le asiste razón a la demandante por cuanto no puede predicarse violación del derecho a la igualdad cuando se está ante situaciones disímiles.
En este sentido, señala que los apartes normativos que se acusan, se refieren a la base de retención para los asalariados, lo cual constituye una disposición propia del régimen laboral que mal puede extender a los trabajadores independientes.
Agrega, que la referencia legal de restar como gasto los intereses por préstamos para vivienda tanto por parte de los trabajadores asalariados como de los demás rentistas de trabajo, como argumento para tratar de evidenciar que debió haber ocurrido lo propio con los gastos por salud y educación, no es afortunada, puesto que el legislador goza de amplia libertad de configuración normativa y puede establecer, en algunos casos, beneficios aplicables de una manera general a todos los contribuyentes y en otros casos sólo a ciertos sectores.
De lo anterior, concluye el interviniente que no se presenta violación de los principios de igualdad y equidad, toda vez que las situaciones del trabajador independiente y del trabajador asalariado no son comparables.
Esta Unidad Administrativa Especial, por medio de apoderada judicial, solicita a esta Corporación declararse inhibida para fallar de fondo o en su defecto declarar la exequibilidad de los preceptos demandados.
Como fundamento de su intervención afirma que la demanda contiene interpretaciones contradictorias, respecto del artículo 387 del Estatuto Tributario. Por ello explica que esta norma consagra dos clases de deducciones: i) por concepto de intereses y corrección monetaria por préstamos de vivienda y, ii) por salud y educación.
Sobre este particular, precisa que en el inciso primero de la referida norma - que no fue demandado - se encuentra consagrada la deducción por intereses y corrección monetaria en virtud de préstamos de vivienda; mientras que en los dos siguientes incisos y literales que fueron adicionados por la Ley 6ª de 1992 se creó la deducción para salud y educación señalando todas las reglas de los asalariados para gozar de este beneficio estableciendo un límite de $15.600.000 (año base 1992) para efectos de esta deducción.
A partir de lo anterior considera, que la demanda resulta incongruente ya que los incisos segundo y tercero del artículo 387 del Estatuto Tributario que, en la equivocada opinión de la demandante, corresponden a descuentos por intereses y corrección por préstamos de vivienda, según lo explicado, regulan el descuento por concepto de salud y educación el cual es de una naturaleza totalmente distinta y por ello tiene un tratamiento fiscal específico. En este sentido, señala que esta confusión de la accionante le impide a la Corte hacer un pronunciamiento de fondo.
De otra parte, explica el interviniente que si bien es cierto respecto de los trabajadores independientes y los asalariados existen elementos que los identifican por cuanto desarrollan actividades económicas que son gravadas para contribuir con los gastos del Estado, tanto los unos como los otros están en situaciones diferentes, toda vez que en el caso del asalariado, éste se encuentra vinculado por una relación laboral con subordinación y dependencia, siendo en la mayoría de los casos, el salario su único ingreso, en tanto que para el trabajador independiente no existe un límite para celebrar contratos con terceros, y en estos no hay subordinación, ni dependencia.
Ante estas diferencias en la forma de obtención de ingresos, no puede pretenderse la aplicación de un mismo tratamiento legal, toda vez que las características que acompañan a un asalariado como al trabajador independiente implican necesariamente la imposición de un régimen fiscal diferente.
Desde esta perspectiva, afirma que la retención en la fuente para trabajadores independientes se calcula sobre el hecho generador que es el ingreso y no sobre la base del impuesto, de suerte que le corresponde una tarifa que lleva implícitas las deducciones, toda vez que al determinarse la tarifa respectiva, ésta implica un análisis de la rentabilidad que comporta la actividad económica del trabajador independiente.
En cambio para los asalariados, se parte del hecho generador, que corresponde a la totalidad de los ingresos gravables directos e indirectos, bien sea que constituyan salario o no, restando lo correspondiente a rentas exentas, ingresos no constitutivos y deducciones, llegando así a la base gravable a la cual le aplican las tablas de retención del impuesto calculadas éstas en forma mensual proyectadas anualmente, siendo ésta la única aplicable al concepto de ingresos laborales, por ello los porcentajes previstos en la misma oscilan entre 0% y 35%.
Sobre este particular agrega que, "el sistema de cálculo del impuesto de renta y retención en la fuente es diferente para el asalariado que para el trabajador independiente, por ello no puede afirmarse que existe violación al principio de igualdad, en cuanto al tratamiento que el ordenamiento dispone del trabajador independiente al no incluirse como deducción, los intereses y corrección monetaria por préstamos de vivienda, puesto que éstos se encuentran calculados teóricamente al establecerse una menor tarifa, que incluye deducciones, mientras que al asalariado, se le determina su renta liquida mensual y aplica la tabla de retención de manera correlativa a la anual del impuesto sobre la renta. Se trata de contribuyentes cuyas características en razón de la actividad económica que ejercen, los diferencia sustancialmente." Folio 30 del expediente.
Finalmente, afirma que no existe tratamiento discriminatorio por parte del régimen fiscal, en relación con la posibilidad que otorga el régimen tributario al asalariado como al trabajador independiente, se trata de la aplicación del régimen acorde con la Carta Superior que respeta y reconoce, que tratándose de contribuyentes plenamente diferenciados, ellos requieren también un tratamiento específico diverso, sin que del mismo pueda derivarse violación de principios constitucionales.
El P. General de la Nación, solicita a esta Corporación declararse inhibida para fallar de fondo la demanda de la referencia por cuanto ésta adolece de ineptitud sustancial.
El Director del Ministerio Público considera que los cargos que intenta esbozar la demandante no cumplen las exigencias del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. En este sentido considera que las razones que presenta en la demanda no son ciertas, puesto que la argumentación se basa en la supuesta vulneración de los principios de igualdad y de equidad, porque en sentir de la actora las expresiones demandadas sólo permiten el descuento tributario a los trabajadores asalariados de los intereses y corrección monetaria pagados por concepto de préstamos para adquisición de vivienda, descuento del cual no pueden beneficiarse los trabajadores independientes.
No obstante, las expresiones acusadas, que hacen parte de una adición realizada por el artículo 120 de la Ley 6ª de 1992, no se refieren al descuento que echa de menos la actora en beneficio de los trabajadores independientes, pues dichos incisos lo que consagran a favor de los trabajadores asalariados y no en beneficio de los independientes, es la posibilidad de descontar pagos realizados por concepto de salud y educación, sin prever nada relacionado con los intereses y corrección monetaria pagados por concepto de préstamos para adquisición de vivienda, cuestión que está consagrada en el primer inciso del artículo 387 del Estatuto Tributario que por una parte, no distingue entre trabajadores asalariados e independientes, y que por la otra, no está demandado en el presente proceso.
Para terminar, agrega la vista fiscal que las razones presentadas en la demanda tampoco son pertinentes, puesto que ellas están estructuradas sobre un concepto de violación que no guarda relación alguna con el texto de las expresiones acusadas.
La demanda de inconstitucionalidad instaurada contra las expresiones "provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria", "sólo aplicable a los asalariados" y "laborales" contenidas en el artículo 120 de la Ley 6ª de 1992, que adicionó el artículo 387 del Estatuto Tributario, se refiere a la presunta violación del derecho a la igualdad y al principio de equidad tributaria que a juicio del actor dichos apartes normativos configuran, al excluir a los trabajadores independientes del beneficio de la deducción por intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para la adquisición de vivienda, de que trata el artículo 119 del citado estatuto.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en la primera parte de su intervención, y el señor P. General de la Nación, solicitan a esta Corporación optar por un pronunciamiento inhibitorio, puesto que la demanda de la referencia adolece de ineptitud sustancial al estar sustentada en razones que no son ciertas ni pertinentes.
En estas condiciones corresponde a la Corte Constitucional, establecer si existe cosa juzgada constitucional respecto de las expresiones acusadas, y así mismo determinar si los reproches que la demandante endilga a los apartes normativos acusados configuran un cargo de inconstitucionalidad. Teniendo en cuenta lo anterior habrá de resolverse si debe adoptarse decisión inhibitoria como lo solicita el P. General o por el contrario, pronunciarse de fondo sobre la acción instaurada.
El artículo 387 del Estatuto Tributario fue objeto de control de constitucionalidad mediante la Sentencia C-421/94 M.P.J.A.M.. en la que se realizó su cotejo con el artículo 29 de la Carta Política.
En efecto, en dicha sentencia se explicó cómo ''la presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte da inicio a un diálogo entre el ciudadano, las autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación de las normas demandadas y el juez competente para juzgarlas a la luz del Ordenamiento Superior.'' Se ha dicho, entonces que esto supone como mínimo la exposición de razones conducentes para hacer posible el debate.
No obstante, con base en la jurisprudencia constitucional se ha considerado que ''la apreciación del cumplimiento de tales requerimientos ha de hacerse en aplicación del principio pro actione de tal manera que se garantice la eficacia de este procedimiento vital dentro del contexto de una democracia participativa como la que anima la Constitución del 91. Esto quiere decir que el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo.'' Corte Constitucional. Sentencia C-1052/01 M.P.M.J.C.E..
Este principio fue precisamente el que se aplicó en el estudio de la demanda, para efectos de decidir sobre su admisión Folio 15 del expediente., análisis en el que se estimó que la misma reunía los requisitos exigidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. Empero, con ocasión de la adopción de la decisión constitucional, encuentra la Sala que las acusaciones planteadas contra algunos enunciados normativos del artículo 387 del Estatuto Tributario, presentan una formulación apenas aparente del cargo de inconstitucionalidad.
En efecto, según lo sostiene la demandante, las expresiones acusadas vulneran los artículos 13 y 363 de la Carta Política, al aplicar sólo a los trabajadores asalariados y excluir a los independientes del beneficio contemplado en el inciso primero del artículo 387 del Estatuto Tributario, esto es, la deducción por intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de vivienda.
Por su parte, el inciso segundo, que fue adicionado por el artículo 120 de la Ley 6ª de 1992, estableció que el trabajador puede optar por disminuir de su base de retención, lo dispuesto en el inciso anterior o los pagos por salud y educación conforme a lo señalado en los literales ''a'', ''b'' y ''c'' de ese precepto, los cuales hacen referencia a contratos celebrados con ocasión de la prestación del servicio de salud y educación.
En este mismo sentido, el inciso tercero Este inciso también fue adicionado por el artículo 120 de la Ley 6ª de 1992. de la norma en mención establece que ''Lo anterior será sólo aplicable a los asalariados que tengan unos ingresos laborales inferiores a quince millones seiscientos mil pesos ($ 15.600.000) (año base 1992) en el año inmediatamente anterior''. Una interpretación sistemática del artículo 387 ídem permite inferir entonces, que los incisos que contienen las expresiones demandadas se refieren a las deducciones por pagos de salud y educación y no a las que tienen derecho los contribuyentes en virtud de préstamos para adquisición de vivienda, como lo sostiene la demandante.
Al respecto cabe anotar, que la Corte Constitucional no puede hacer el análisis de constitucionalidad de las expresiones acusadas cuando lo que se ataca es una regla diferente de la señalada en la demanda como inconstitucional, mediante deducciones o inferencias creadas por la accionante y no imputables a la norma puesta en tela de juicio. Sobre este mismo particular puede estudiarse la Sentencia C-1544/00 M.P.J.G.H.G..
Lo anterior permite afirmar que le asiste razón a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y al señor P. General de la Nación, al sostener que el fundamento del aparente cargo de inconstitucionalidad resulta ser incierto e impertinente en la medida en que la demanda recae sobre una proposición jurídica que no es real, sino deducida por la actora.
Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las expresiones "provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria", "sólo aplicable a los asalariados" y "laborales'' contenidas en el artículo 387 del Estatuto Tributario.
Sentencia nº 012-11001-03-25-000-2011-00185-00(0644-11) de Consejo de Estado - Sección Segunda, de 17 de Abril de 2013