Source: https://www.webscolar.com/diversas-funciones-del-organo-ejecutivo
Timestamp: 2020-02-23 11:59:30
Document Index: 316690235

Matched Legal Cases: ['artículo 170', 'Artículo 140', 'Artículo 141', 'Artículo 142', 'Artículo 143', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 146', 'Artículo 147', 'Artículo 148', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 152', 'Artículo 153', 'Artículo 154', 'Artículo 155', 'Artículo 153', 'Artículo 157', 'Artículo 156', 'Artículo 157', 'artículo 153', 'Artículo 158', 'Artículo 159', 'Artículo 160', 'Artículo 161', 'Artículo 162', 'Artículo 163', 'Artículo 164', 'Artículo 165', 'Artículo 166', 'Artículo 167', 'Artículo 168', 'Artículo 169', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 275', 'Artículo 276', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 65', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'artículo 211', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50']

Diversas Funciones del Órgano Ejecutivo | Webscolar
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Diversas Funciones del Órgano Ejecutivo
1. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA O EJECUTIVA
Cuando se estudia al Órgano Ejecutivo, en relación con sus funciones administrativas o ejecutivas, antes debemos comprender tres criterios que caracterizan esas funciones.
El criterio orgánico: es la que realiza el poder ejecutivo
El criterio material: es la actividad estatal que tiene por objeto realizar actos jurídicos subjetivos. Se distingue así de la función legislativa en que los efectos jurídicos de esta son generales. Pero la actividad reglamentaria, que también los produce, es típicamente administrativa.
El criterio formal: consiste fundamentalmente en realizar los actos necesarios para el cumplimiento de las leyes, así como los objetivos del bien común dentro del Estado.
La función administrativa o ejecutiva está confiada al gobierno.
El término gobierno se puede entender en tres sentidos.
Amplio: conjunto de órganos del Estado.
Restringido: formado por el Ejecutivo solamente.
Estricto: Asamblea Legislativa (Parlamento)
Cuando hablamos aquí de gobierno, tomamos esta palabra en el segundo de los sentidos indicados, es decir, como el órgano ejecutivo del poder público. Dentro del gobierno la suprema autoridad es el jefe del gobierno el cual, en sistema presidencial, es al mismo tiempo jefe del Estado.
El origen del Órgano Ejecutivo, surge a finales del siglo XVIII, con las ideas de Montesquieu y su teoría de la separación de poderes. Anteriormente, el Órgano Ejecutivo no existía, existía el Rey o Monarca quien era que tomaba las decisiones del Estado, apoyado por el Poder Legislativo y Judicial que él controlaba.
El Poder Ejecutivo anteriormente era un poder incierto, no esta claramente definida su función de gobierno, no así el Poder Legislativo y Judicial que, a pesar de estar controlados por el Monarca, tenía su función claramente definida en el gobierno.
El hecho de que los tres poderes del Estado estuvieran reunidos en una misma persona, significaba para Montesquieu que ni había libertad para los ciudadanos, gobernados bajo una tiranía, porque el corpus legislativo y la forma de gobierno son indicadores de los grados de libertad a los que ha llegado un pueblo, por esto consideraba la necesidad de la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales deben actuar separadamente, respetando la independencia de cada Uno. Esta Teoría de la Separación de Poderes, proclamada por la Revolución Norteamericana. La Revolución Francesa y creada por Montesquieu, fue asumida y aplicada por todos los gobiernos democráticos posteriores.
El Poder Ejecutivo, en sus inicios recibía el poder del Legislativo, es decir que el Poder Ejecutivo estaba subordinado al Poder Legislativo y su función era de velar que las leyes fueran fielmente ejecutadas por otros. Con la separación de poderes se le fueron asignando al Órgano Ejecutivo nuevas funciones aparte de la antes mencionada y se constituye en un órgano independiente y era representado por el Presidente en quien se concentraba el Poder Ejecutivo.
El Sistema Presidencialista surge en Estados Unidos y se caracteriza por la existencia de un gobierno basado en la separación de poderes de acuerdo a las ideas de Montesquieu y que es utilizado por los gobiernos democráticos, de manera que el Órgano Ejecutivo se expresa a través del Sistema Presidencialista, sistema este que alcanza su máxima expresión en los países de América Latina siguiendo el modelo de los Estados Unidos
EL ORGANO EJECUTIVO EN LAS CONSTITUCIONES DE 1904, 1941,1946, 1972
A- El Órgano Ejecutivo en la Constitución de 1904
El Poder Ejecutivo estaba ejercido por un Magistrado denominado Presidente de la República y sus colaboradores se denominaban Secretarios.
Entraban en ejercicio de sus funciones el primero de octubre y duraban en el cargo cuatro años.
No había Vicepresidente de la República, en las faltas accidentales y absolutas del Presidente, el Poder Ejecutivo era ejercido por uno de los Magistrados designados en el orden en que hayan sido nombrados, a falta de Magistrado designado, la presidencia la ejercía el Secretario de Estado que por mayoría de votos designará el Consejo de Gabinete.
El Presidente tomaba posesión ante la Asamblea Legislativa en su efecto ante la Corte Suprema de Justicia o ante dos testigos.
Todos los actos del Presidente excepto el nombramiento o remoción de Secretarios de Estados, tenían que ser refrendados por el Secretario de Estado del respectivo ramo.
B- El Órgano ejecutivo en la Constitución de 1941
Con la Constitución de 1941, el Presidente era elegido por sufragio popular, por un período de seis años, anteriormente con la Constitución de 1904, no había sufragio y el Presidente salía de la Corte Suprema de Justicia.
Se aumentó el período del Presidente que era de cuatro años a seis años
No había Vicepresidente y el Presidente era reemplazado por falta temporal o absoluta por los designados en el orden en que hayan sido elegidos.
C- El Órgano ejecutivo en la Constitución de 1946
El Poder Ejecutivo volvió a estar ejercido por un Magistrado, se le cambio la denominación a los Secretarios de Estados por la de Ministros de Estado.
El período de duración del Presidente volvió a ser de cuatro años, se introduce la figura de los dos Vicepresidente como parte del Órgano Ejecutivo, quienes reemplazan al Presidente en sus faltas absolutas o temporales, estos eran elegidos de igual manera que el Presidente y por igual período.
Se separan las funciones que ejerce el presidente por sí sólo y las que ejerce con el Ministro del respectivo ramo.
D- El Órgano ejecutivo en la Constitución de 1972
El Órgano Ejecutivo estaba constituido por dos ciudadanos denominados presidente y Vicepresidente de la República con la cooperación de los Ministros de Estados.
Se elimina la figura del Magistrado para ser Presidente de la república, se elimina un Vicepresidente, se vuelve a aumentar el período de gobierno del Presidente a seis años, se mantiene la escogencia del Presidente y el Vicepresidente por sufragio popular.
En cuanto a la facultad que se le asigna al Presidente con la participación del Ministro respectivo de dirigir las relaciones exteriores, celebrar tratados…. Es importante mencionar el hecho de que en esta constitución se da un elemento histórico, el país estaba gobernado por militares encabezados por el General Omar Torrijos Herrera, y no se sabe cuál de esos brillantes juristas con los cuales se asesoraba le dio la brillante idea de constitucionalizar el Poder Militar, y se introduce el articulo 277 especialmente creado con nombre y apellido para el General Torrijos en el cual sele reconocía como líder máximo de la revolución panameña, y se le asignan parte de las funciones del Presidente de la república, este articulo nefasto y humillante para la democracia del país establecía tácitamente que el Poder Ejecutivo estaba siendo ejercido por el General Torrijos y el presidente de aquel entonces Demetrio Lakas Q.E.P.D. , Torrijos se nombró Jefe de Gobierno y Lakas era una figura decorativo que cuando se hacía necesario representaba al Estado panameño, esto por un periodo de seis años.
En la actualidad entendemos por Estado el territorio en el cual rigen unas leyes e instituciones propias creando un marco común de convivencia.
Aquellos Estados democráticos que siguen la teoría de la separación de los poderes, su estructura básica de funcionamiento se basa sobre tres órganos principales, el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, de estos tres, en este trabajo, nos concentraremos en el último.
Podemos adelantar que el Órgano Ejecutivo, es el que se encarga de dirigir la acción política, de la aplicación de las leyes y demás normas del ordenamiento. En la República de Panamá lo constituye el Presidente de la República y los Ministros de Estado de acuerdo con el artículo 170 de la Constitución Política de 1972.
Veremos pues en este trabajo, en una primera parte los antecedentes del Órgano Ejecutivo, y su organización en las diferentes constituciones que rigieron en el país y de forma sucinta una comparación de la figura considerada en otros países.
En la segunda parte veremos las funciones de este órgano en general y otros detalles relevantes como la forma de operar a través de decretos y reglamentos.
Finalmente en una tercera sección expondremos una comparación textual de los artículos de algunas Constituciones latinoamericanas tratando de resaltar la composición y funciones de la figura que estudiamos.
El Órgano Ejecutivo es el representante máximo del poder de un Estado, sobre el recae la responsabilidad de hacer cumplir las leyes que el Órgano Legislativo crea para la regular la pacífica convivencia de los ciudadanos.
Dentro de este Órgano del Estado, es el Presidente en nuestro país quien lleva la carga principal de representar al Estado y que a través de Decretos y reglamentos ejerce sus funciones, es así que prácticamente los vicepresidentes no cumplen prácticamente ninguna función mas que la de ser figura decorativa, y no obstante devengan salarios altos. Además de hacer cumplir las leyes el Presidente tiene otras funciones muy importantes que puede ejercer por si solo o con la cooperación de uno de los Ministros de Estado o con el Consejo de Gabinete.
Creemos oportuno que esta persona la del Vicepresidente debería asignársele funciones concretas como se ve en el caso de la Constitución de Venezuela en la que es un personaje importante en las reuniones del Consejo de Estado donde representantes de las principales entidades de la rama ejecutiva se reúnen para decidir asuntos relativos a la Administración del Estado. Si no es así sería mejor eliminar a esta persona ya que fácilmente el Estado puede funcionar con solo la figura del Presidente ya que se cuenta con un completo engranaje gubernamental que puede funcionar solo sin necesidad de incurrir en los gastos de este personaje.
Por otro lado sería bueno que en la Constitución se incluyera en el artículo que expone los componentes del Órgano Ejecutivo a los Gobernadores de cada provincia para que estas autoridades tengan mayor participación política ya que tienen acceso a las necesidades y problemas sociales, en las provincias sobre las cuales ejercen su jurisdicción, dado que tienen un control administrativo sería bueno que se elevara a rango constitucional el derecho a participar con voz y voto en el Consejo de Gabinete.
1. NARANJO MESA, Vladimir. Teoría del Estado.
2. BISCARETTI, Di Ruffia. Derecho Constitucional.
3. Constitución Política de la República de Panamá de 1972: Reformada por los actos reformatorios de 1978, por el acto constitucional de 1983 y por los actos legislativos 1 de 1993 y 2 de a994. Instituto de Estudios Políticos e Internacionales: República de Panamá. 1995.
4. http://www.georgetown.edu/pdba/Comp/Ejecutivo/ejecutivo.html
5. http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/conspan6.htm
Este argumento suele ser esgrimido también por la clase política para descalificar los resultados de referéndum y elecciones legítimas y también en contextos en los que se plantean reformas en busca de una profundización hacia formas de democracia más participativas o directas que la democracia representativa.
En un régimen político en el que la soberanía reside en el pueblo y es ejercida por éste de manera directa o indirecta. Más concretamente, la política es una forma de gobierno en la cual, en teoría, el poder para cambiar las leyes y las estructuras de gobierno, así como el poder de tomar todas las decisiones de gobierno reside en la ciudadanía. En un sistema así, las decisiones tanto legislativas como ejecutivas son tomadas por los propios ciudadanos (democracia directa) o por representantes escogidos mediante elecciones libres, que actúan representando los intereses de los ciudadanos (democracia representativa).
En la práctica, en la historia inicial de la política y democracia son primos ya que el componente directo son ambos, pero en la actualidad todos los sistemas democráticos del mundo son principalmente de tipo representativo.
Artículo 140- El Órgano Legislativo estará constituido por una corporación denominada Asamblea Legislativa cuyos miembros serán elegidos mediante postulación partidista y votación popular directa, conforme esta constitución lo establece.
Artículo 141- La Asamblea Legislativa se compondrá de los Legisladores que resulten elegidos en cada Circuito Electoral, de conformidad con las bases siguientes:
Únicamente los partidos políticos podrán postular candidatos para Legislador.
Artículo 142- Los Legisladores serán elegidos por un período de cinco años, el mismo día en que se celebre la elección ordinaria de Presidente y Vicepresidente de la República.
Artículo 143- La Asamblea Legislativa se reunirá por derecho propio, sin previa convocatoria, en la Capital de la República, en sesiones que durarán ocho meses en el lapso de un año, dividido en dos legislaturas ordinarias de cuatro meses cada una. Dichas legislaturas se extenderán del primero de septiembre hasta el treinta y uno de diciembre y el primero de marzo al treinta de junio. También se reunirá la Asamblea Legislativa, en legislatura extraordinaria, cuando sea convocada por el Órgano Ejecutivo durante el tiempo que ésta señale, para conocer exclusivamente de los asuntos que dicho Órgano someta a su consideración.
Artículo 144- Los Legisladores actuarán en interés de la Nación y representan en la Asamblea Legislativa a sus respectivos partidos políticos y a los electores de su Circuito Electoral.
Artículo 145- Los partidos políticos podrán revocar el mandato de los Legisladores Principales o Suplentes que hayan postulado, para lo cual cumplirán los siguiente requisitos y formalidades:
Artículo 146- Se denominarán sesiones judiciales las dedicadas al ejercicio de las atribuciones jurisdiccionales de la Asamblea Legislativa, sea cual fuere el tiempo en que se celebren y la forma como dicha Asamblea Legislativa hubiere sido convocada.
Su celebración no alterará la continuidad y la duración de una legislatura, y sólo terminará cuando la Asamblea hubiese fallado la causa pendiente.
Para ejercer funciones jurisdiccionales, la Asamblea Legislativa podrá reunirse por derecho propio, sin previa convocatoria.
Artículo 147- Para ser Legislador se requiere:
No haber sido condenado por el Órgano por delito contra la administración pública con pena privativa de la libertad, o por el Tribunal Electoral por delito contra la libertad y pureza del sufragio.
Artículo 148- Los miembros de la Asamblea Legislativa no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo.Artículo 149- Cinco días antes del período de cada legislatura, durante ésta y hasta cinco días después, los miembros de la Asamblea Legislativa gozarán de inmunidad. En dicho período no podrán ser perseguidos ni detenidos por causas penales o policivas, sin previa autorización de la Asamblea Legislativa. Esta inmunidad no surte efecto cuando el Legislador renuncie a la misma o en caso de flagrante delito. El Legislador podrá ser demandado civilmente, pero no podrán decretarse secuestros u otras medidas cautelares sobre su patrimonio, desde el día de su elección hasta el vencimiento de su período.
Artículo 150- Los Legisladores Principales y Suplentes, cuando éstos últimos estén ejerciendo el cargo, no podrán aceptar ningún empleo público remunerado. Si lo hicieren, se producirá la vacante absoluta del cargo de Legislador Principal o Suplente, según sea el caso. Se exceptúan los nombramientos de Ministros, Viceministro, Director General o Gerente de entidades autónomas o semiautónomas y Agentes Diplomáticos, cuya aceptación produce vacante transitoria por el tiempo que se desempeñe el cargo.
El ejercicio de los cargos de maestro o profesor en centros de educación oficial o particular es compatible con la calidad de Legislador.
Artículo 151- Los Legisladores devengarán los emolumentos que señale la Ley, los cuales serán imputables al Tesoro Nacional, pero su aumento sólo será efectivo después de terminar el período de la Asamblea Legislativa que lo hubiere aprobado.
Artículo 152- Los Legisladores no podrán hacer por si mismo, ni por interpuestas personas, contrato alguno con el Organismo del Estado o con instituciones o empresas vinculados a éste, ni admitir de nadie poder para gestionar negocios ante esos Órganos, instituciones o empresas.
Cuando se trate de contratos con cualquiera de los Órganos o entidades mencionadas en este Artículo, mediante licitación, por sociedades que no tengan el carácter de anónimas y de las cuales sea socio un Legislador, siempre que la participación de éste en aquellas sea de fecha anterior a su elección para el cargo.
Cuando, mediante licitación o sin ella, celebran contratos con tales Órganos o entidades, sociedades anónimas de las cuales no pertenezca un total de más del veinte por ciento de acciones del capital social, a uno o más Legisladores.
Artículo 153- La función legislativa es ejercida por medio de la Asamblea Legislativa y consiste en expedir las Leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:
Declarar la guerra y facultar al Órgano Ejecutivo para concertar la paz.
Dictar las normas generales o específicas a las cuales deben sujetarse el Órgano Ejecutivo, las entidades autónomas y semiautónomas, las empresas estatales y mixtas cuando, con respecto a éstas últimas, el Estado tenga su control administrativo, financiero o accionario, para los siguientes efectos: negociar o contratar empréstitos; organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; fijar y modificar los aranceles, tasas y demás disposiciones concernientes al régimen de las aduanas.
Todo Decreto-Ley que el Ejecutivo expida en el ejercicio de las facultades que se le confieren deberá ser sometido al Órgano Legislativo para que legisle sobre la materia en la legislatura ordinaria inmediatamente siguiente a la promulgación del Decreto-Ley de que se trate. El Órgano Legislativo podrá en todo tiempo y a iniciativa propia derogar, modificar o adicionar sin limitación de materias los Decretos-Leyes así dictados.
Artículo 154- Son funciones judiciales de la Asamblea Legislativa:
Conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra el Presidente de la República y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; juzgarlos si a ello diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de la Constitución o las Leyes.
Artículo 155- Son funciones administrativas de la Asamblea Legislativa:
Citar o requerir los funcionarios que nombre o ratifique el Órgano Legislativo, a los Ministros de Estado, a los Directores Generales o Gerentes de todas las entidades Autónomas, Semiautónomas, organismos descentralizados, empresas industriales o comerciales del Estado, así como a los de empresas mixtas a las que se refiere el Numeral once del Artículo 153, para que rindan los informes verbales o escritos sobre las materias propias de su competencia, que la Asamblea Legislativa requiera para el mejor desempeño de sus funciones o para conocer los actos de la Administración, salvo lo dispuesto en el Artículo 157, Numeral 7. Cuando los informes deban ser verbales, las citaciones se harán con anticipación no menor de cuarenta y ocho horas y formularse en cuestionario escrito y específico. Los funcionarios que hayan de rendir el informe deberán concurrir y ser oídos
En la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en sesiones posteriores por decisión de la Asamblea Legislativa. Tal debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario específico.
Artículo 156- Todas las Comisiones de la Asamblea Legislativa serán elegidas por ésta mediante un sistema que garantice la representación proporcional de la minoría.
Artículo 157- Es prohibido a la Asamblea Legislativa:
Inmiscuirse por medio de resoluciones en asuntos que son de la privativa competencia de otros Órganos del Estado.
Ordenar o autorizar otras partidas y programas no previstos en Presupuesto General del Estado, salvo en casos de emergencia así declarados expresamente por el Órgano Ejecutivo.
Delegar cualquiera de las funciones que le correspondan, salvo lo previsto en el numeral 16 del artículo 153.Dar votos de aplausos o de censura respecto de actos del Presidente de la República.
Artículo 158- Las Leyes tienen su origen en la Asamblea Legislativa y se dividen así:
Artículo 159- Las Leyes serán propuestas:
Todos los funcionarios antes mencionados tendrán derecho a voz en las sesiones de la Asamblea Legislativa. En el caso de los Presidentes de los Consejos Provinciales, los mismos tendrán derecho a voz cuando se trate de proyectos de Leyes presentados por éstos. Las Leyes orgánicas necesitan para su expedición del voto favorable en segundo y tercer debates, de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa. Las ordinarias sólo requerirán la aprobación de la mayoría de los Legisladores asistentes a las sesiones correspondientes.
Artículo 160- Ningún proyecto será Ley de la República si no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa en tres debates, en días distintos y sancionado por el Ejecutivo en la forma que dispone esta Constitución.
Artículo 161- Todo proyecto de Ley que no hubiere sido presentado por una de las Comisiones será pasado por el Presidente de la Asamblea Legislativa a una Comisión “ad-hoc ” para que lo estudie y discuta dentro de un término prudencial.
Artículo 162- Aprobado un proyecto de Ley pasará al Ejecutivo, y si éste lo sancionare lo mandará a promulgar como Ley. En caso contrario, lo devolverá con objeciones a la Asamblea Legislativa.
Artículo 163- El Ejecutivo dispondrá de un término máximo de treinta días hábiles para devolver con objeciones cualquier proyecto.
Artículo 164- El proyecto de Ley objetado en su conjunto por el Ejecutivo, volverá a la Asamblea Legislativa, a tercer debate. Si lo fuere sólo en parte, volverá a segundo, con el único fin de formular las objeciones formuladas.
Artículo 165- Cuando el Ejecutivo objetará un proyecto por inexequible y la Asamblea Legislativa, por la mayoría expresada, insistiere en su adopción, aquél lo pasará a la Corte Suprema de Justicia para que decida sobre su inconstitucionalidad. El fallo de la Corte que declare el proyecto constitucional, obliga al Ejecutivo a sancionarlo y hacerlo promulgar.
Artículo 166- Si el Ejecutivo no cumpliere con el deber de sancionar y de hacer promulgar las Leyes, en los términos y según las condiciones que este Título establece, las sancionará y hará promulgar el Presidente de la Asamblea Legislativa.
Artículo 167- Toda Ley será promulgada dentro de los seis días hábiles que siguen al de su sanción y comenzará a regir desde su promulgación, salvo que ella misma establezca que rige a partir de una fecha posterior. La promulgación extemporánea de una Ley no determina su inconstitucionalidad.
Artículo 168- Las Leyes podrán ser motivadas y al texto de ellas precederá la siguiente fórmula:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DECRETA
Artículo 169- Los proyectos de Ley que queden pendientes en un período de sesiones, sólo podrán ser considerados como proyectos nuevos.
El Gobierno de Panamá se define en su Constitución Política como unitario, republicano, democrático y representativo. Se indica que el Poder Público sólo emana del pueblo y lo ejerce el Estado por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.1
3 Entidades Descentralizadas, Autoridades Autónomas, Semi-Autónomas y Secretarias
4 Órgano Legislativo: Asamblea Nacional de Diputados
5 Órgano Judicial: Corte Suprema de Justicia
6 Partidos y organizaciones políticas
Ministro de la Presidencia: Roberto Henríquez
Ministra de Educación: Lucy Molinar
Ministro de Obras Públicas: Jaime Ford
Ministro de Seguridad: José Raúl Mulino
Ministro de Salud: Javier Díaz
Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral: Alma Cortés
Ministro de Comercio e Industria: Ricardo Quijano
Ministro de Vivienda: Yasmina Pimentel
Ministro de Desarrollo Agropecuario: Oscar Armando Osorio
Ministro para Asuntos del Canal: Roberto Roy
Ministro de Desarrollo Social: Guillermo Ferrufino
Ministro de Economía y Finanzas: Frank De Lima
Ministro de Relaciones Exteriores: Francisco Álvarez De Soto
Ministro de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa: Giselle Burillo
Ministro de Gobierno: Jorge Ricardo Fábrega
Director General de la Policía Nacional: Julio Armando Moltó Alain
Director General del Servicio Nacional Aeronaval: Comisionado Belsio Giolis González Sánchez
Director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront): Comisionado Frank Alexis Abrego
Director del Servicio de Protección Institucional: Licenciado Jaime Trujillo
Director del Servicio Nacional de Migración y Naturalización: Comisionado Javier Carrillo
Entidades Descentralizadas, Autoridades Autónomas, Semi-Autónomas y Secretarias[editar]
Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá: Jorge L. Quijano
Presidente de la Junta Directiva del Canal de Panamá: Roberto Roy
Consejo Nacional de Seguridad: Alejandro Garuz
Programa de Ayuda Nacional (antiguo FIS): Rafael Guardia
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología:Rubén Berrocal
Secretaría del Metro de Panamá: Ingeniero Roberto Roy
Secertaria de la Cadena de Frío: Ing. Fernando Duque Soto
Caja de Ahorros:Jayson Pastor
Banco Nacional de Panamá:Dario Berbey
Directora General de Aduanas: Virna Luque Ferro
Director de Pandeporte: Javier Tejeira
Autoridad Marítima de Panamá: Roberto Linares
Directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información: Abigail Benzadón Cohen
Secretaría para la Innovación Gubernamental: Eduardo E. Jaén
Adminstrador General de la Autoridad Nacional de Ambiente: Silvano Vergara Vásquez
Autoridad de Transito y Trasporte Terrestre: Roberto Moreno
Gerente de Zona Libre de Colon: Leopoldo Benedetti
Director Ejecutivo de la Oficina de Electrificación Rural: Ing. Vicente Prescott Barrera
Gaceta Oficial: Narciso Arellano Z
Director General de la Autoridad Aeronaútica Civil: Rafael Barcenas Chiari
Secretaria Nacional para el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional: Licenciada Farank “Fary” Levy
Directora General de la Carrera Administrativa: Licda.Mariela Jiménez Peralta
Director General de la Autoridad Nacional de Tierras: Franklin Ivan Oduber B
Programa de Desarrollo de Darién (PRODAR): Magister Dayra DawsoN
Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES):LIC. DANNA HARRICK
Coordinador Ejecutivo Nacional del Programa de Desarrollo Comunitario: Ing. Vladimir Herrera
Autoridad de Pasaportes: Carmen Bernardez
Administrador General de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos de Panamá: Luis Cucalón
Director General de la Caja de Seguro Social: Ingeniero Guillermo Sáez-Llorens
Directora General del Instituto Nacional de Cultura (Panamá): Maria Eugenia Herrera de Victoria
Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN): Ingeniero Abdiel Cano
Administrador General de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) de Panamá: Enrique Ho Fernández
Director General del Registro Público de Panamá: Licenciado Hernando Abraham Carrasquilla Abadi-Balid
Administradora General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos: Magíster Zelmar Rodríguez Crespo
Director General de la Lotería Nacional de Beneficencia: Licenciado Sergio González Ruiz O.
Directora Ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo: Ana Giselle Rosas de Vallarino
Director General del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH): Licenciado Jose Pablo Ramos
Director General de la Secretaria Nacional de la Discapacidad (SENADIS): Ramón Ignacio Alemán Arias
Director del Sistema Nacional Protección Civil (Sinaproc): Arturo Alvarado
Administrador General de la Autoridad de Recursos Acuaticos de Panamá: ING. GIOVANNI A. LAURI CARRETI
Administrador General de la Agencia Panamá- Pacifico: Ing. Olmedo Alfaro Preciado
Órgano Legislativo: Asamblea Nacional de Diputados
Presidente: Sergio Galvez
Primer Vicepresidente: Abraham Martínez Montilla
Segundo Vicepresidente:Miguel Ángel Fanovich Tijerino
Órgano Judicial: Corte Suprema de Justicia
Magistrado Presidente: Licdo. Alejandro Moncada Luna
*Magistrados de la Sala Primera de lo Civil:
*Oydén Ortega Durán
*Hernán Antonio De León Batista
*Harley James Mitchell Dale
*Magistrados de la Sala Segunda de lo Penal:
*José Ayú Prado Canals
*Harry Alberto Díaz González de Mendoza
*Jerónimo Emilio Mejía Edward
*Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo:
*Alejandro Moncada Luna
*Luis Ramón Fábrega Sánchez
*Víctor Leonel Benavides Pinilla
Artículo principal: Partidos políticos de Panamá
Los partidos políticos y coaliciones son pocos y de tendencia de centro-derecha. No existe ningún partido de izquierda en el espectro político desde hace ya más de 20 años, aunque está en formación un partido político denominado Frente Amplio por la Democracia (FAD).
PRD Cambio Democrático Partido Panameñita.
Volver arriba Asamblea Nacional (2004). «Constitución Política de la República de Panamá». Gaceta Oficial (25176).
presidencia.gob.pa (el sitio utiliza flash) e-panamá asamblea.gob.pa
TuPolitica.Com El Sitio Oficial de Política en Panamá
“Una conducta ´reprochable´”, historial de Alejandro Moncada Luna en La Prensa de 19/11/2013
Artículo 105.- Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la
República. El individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción,
protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de
conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social.
Publicado en internet por www.Legalinfo-Panama.com
Artículo 106.- En materia de salud, corresponde primordialmente al Estado el
desarrollo de las siguientes actividades, integrando las funciones de prevención,
curación y rehabilitación:
1. Desarrollar una política nacional de alimentación y nutrición que asegure un
Óptimo estado nutricional para toda la población, al promover la disponibilidad,
el consumo y el aprovechamiento biológico de los alimentos adecuados.
2. Capacitar al individuo y a los grupos sociales, mediante acciones educativas,
que difundan el conocimiento de los deberes y derechos individuales y
Colectivos en materia de salud personal y ambiental.
3. Proteger la salud de la madre, del niño y del adolescente, garantizando una
atención integral durante el proceso de gestación, lactancia, crecimiento y
4. Combatir las enfermedades transmisibles mediante el saneamiento ambiental,
el desarrollo de la disponibilidad de agua potable y adoptar medidas de
inmunización, profilaxis y tratamiento, proporcionadas colectivamente o individualmente, a toda la población.
5. Crear, de acuerdo con las necesidades de cada región, establecimientos en
los cuales se preste servicio de salud integral y suministren medicamentos a
toda la población. Estos servicios de salud y medicamentos serán
proporcionados gratuitamente a quienes carezcan de recursos económicos.
6. Regular y vigilar el cumplimiento de las condiciones de salud y la seguridad
que deban reunir los lugares de trabajo, estableciendo una política nacional
de medicina e higiene industrial y laboral.
Artículo 107.- El Estado deberá desarrollar un apolítica nacional de medicamentos
que promueva la producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y control de los
medicamentos para toda la población del país.
Artículo 108.- Es deber del Estado establecer una política de población que
responda a las necesidades del desarrollo social y económico del país.
Artículo 109.- Todo individuo tiene derecho a la seguridad de sus medios
económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo
retribuido. Los servicios de seguridad social serán prestados o administrados por
entidades autónomas y cubrirán los casos de enfermedad, maternidad, invalidez,
subsidio de familia, vejez, viudez, orfandad, paro forzoso, accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales y las demás contingencias que puedan ser objetos de
previsión y seguridad social. La Ley proveerá la implantación de tales servicios a
medida que las necesidades lo exijan.
El Estado creará establecimientos de asistencia y previsión sociales. Son tareas
fundamentales de éstos la rehabilitación económica y social de los sectores
dependientes o carentes de recursos y la atención de los mentalmente incapaces,
los enfermos crónicos, los inválidos indigentes y de los grupos que no hayan sido
incorporados al sistema de seguridad social.
Artículo 110.- El Estado podrá crear fondos complementarios con el aporte y
participación de los trabajadores de las empresas públicas y privadas a fin de Publicado en internet por www.Legalinfo-Panama.com
mejorar los servicios de seguridad social en materia de jubilaciones. La Ley
reglamentará esta materia.
Artículo 111.- Los sectores gubernamentales de salud, incluyendo sus instituciones
autónomas y semiautónomas, intégranse orgánica y funcionalmente. La Ley
Artículo 112.- Las comunidades tienen el deber y el derecho de participar en la
planificación, ejecución y evaluación de los distintos programas de salud.
Artículo 113.- El Estado establecerá una política nacional de vivienda destinada a
proporcionar el goce de este derecho social a toda la población, especialmente a los
El estar a la vanguardia del desarrollo de una institución, conlleva a realizar cambios o modificaciones estructurales y organizacionales (creación de dependencias
o funciones, reformulación de objetivos), es por ello que estos cambios se muestran en el Manual de Organización y Funciones del Órgano Judicial.
Este Manual, tiene su fundamento legal en los acuerdos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, tanto en el área judicial como en la administrativa. Igualmente, se basa en la Constitución, Decretos, leyes, entre otras normas relacionadas al funcionamiento de la administración de justicia.
Para su confección se contó con la participación de todos los Directores y/o jefes responsables de cada dependencia; el diseño sencillo utilizado, contempla elementos tales como: Organigrama General, Base Legal, Objetivos y Funciones de las respectivas unidades judiciales y administrativas.
Cada Magistrado tendrá un suplente nombrado en igual forma que el principal y para el mismo periodo, quien lo reemplazará en sus faltas, conforme a la Ley. Solo podrán ser designados suplentes, los funcionarios de Carrera Judicial de servicio en el Órgano Judicial. Cada dos años, se designarán dos Magistrados, salvo en los casos en que por razón del número de Magistrados que integren la Corte, se nombren más de dos o menos de dos Magistrados. Cuando se aumente el número de Magistrados de la Corte, se harán los nombramientos necesarios para tal fin, y la Ley respectiva dispondrá lo adecuado para mantener el principio de nombramientos escalonados.
La Corte Suprema de Justicia se compone de nueve (9) magistrados elegidos conforme lo señala la Constitución Política. La Corte Suprema de Justicia tiene cuatro Salas, formadas por tres Magistrados permanentes cada una, así: la Primera, de lo Civil; la Segunda, de lo Penal; la Tercera, de lo Contencioso-Administrativo; y la Cuarta, de Negocios Generales.
Cuando los intereses de la administración de justicia lo aconsejen, el Pleno de la Corte podrá, con el voto de siete magistrados, por lo menos, hacer una nueva distribución de los miembros permanentes de las tres primeras Salas. En el mes de octubre de cada dos años, la Corte Suprema de Justicia elegirá, por mayoría de votos, el Presidente y Vicepresidente de la Corporación.
2. Quien esté ejerciendo o haya ejercido cargos de mando y jurisdicción en el Órgano Ejecutivo durante el periodo constitucional en curso.
5. Haber completado un periodo de diez años durante el cual haya ejercido indistintamente la profesión de abogado, cualquier cargo del Órgano Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Electoral o de la Defensoría del Pueblo que requiera título universitario en Derecho, o haber sido profesor de Derecho en un establecimiento de enseñanza universitaria. Se reconoce la validez de las credenciales para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, otorgadas de acuerdo con disposiciones constitucionales anteriores.
2. La jurisdicción contencioso-administrativa respecto de los actos, omisiones, prestación defectuosa o deficiente de los servicios públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos y autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas. A tal fin, la Corte Suprema de Justicia con audiencia del Procurador de la Administración, podrá anular los actos acusados de ilegalidad; restablecer el derecho particular violado; estatuir nuevas disposiciones en reemplazo de las impugnadas y pronunciarse prejudicialmente acerca del sentido y alcance de un acto administrativo o de su valor legal.
Los Magistrados y Jueces principales no podrán desempeñar ningún otro cargo público, excepto el de profesor para la enseñanza del Derecho en establecimientos de educación universitaria. En los Tribunales y juzgados que la Ley establezca, los Magistrados serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia y los Jueces por su superior jerárquico. El personal subalterno será nombrado por el Tribunal o juez respectivo. Todos estos nombramientos serán hechos con arreglo a la Carrera Judicial.
Los Magistrados y Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la Ley; pero los inferiores están obligados a acatar y cumplir las decisiones que dicten sus superiores jerárquicos al revocar o reformar, en virtud de recursos legales, las resoluciones proferidas por aquellos Los Magistrados y los Jueces no serán depuestos ni suspendidos o trasladados en el ejercicio de sus cargos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la Ley.
Los cargos del Órgano Judicial son incompatibles con toda participación en la política, salvo la emisión del voto en las elecciones, con el ejercicio de la abogacía o del comercio y con cualquier otro cargo retribuido, excepto el de profesor para la enseñanza del Derecho en establecimientos de educación universitaria.
La Corte Suprema de Justicia y el Procurador General de la Nación formularán los respectivos Presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público y los remitirán oportunamente al Órgano Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de Presupuesto General del sector público. El Presidente de la Corte y el Procurador podrán sustentar, en todas las etapas de los mismos, los respectivos proyectos de Presupuesto.
2. El objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley substancial.
Los Magistrados y Jueces no podrán ser detenidos ni arrestados sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad judicial competente para juzgarlos. La Ley arbitrará los medios para prestar asesoramiento y defensa jurídica a quienes por su situación económica no puedan procurárselos por si mismos, tanto a través de los organismos oficiales, creados al efecto, como por intermedio de las asociaciones profesionales de abogados reconocidas por el Estado. Se instituye el juicio por jurados. La Ley determinará las causas que deban decidirse por este sistema.
El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Fiscales y Personeros y por los demás funcionarios que establezca la Ley. Los agentes del Ministerio Público podrán ejercer por delegación, conforme lo determine la Ley, las funciones del Procurador General de la Nación. Son atribuciones del Ministerio Público:
Para ser Procurador General de la Nación y Procurador de la Administración se necesitan los mismos requisitos que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ambos serán nombrados por un período de diez años. Son funciones especiales del Procurador General de la Nación:
1. Acusar ante la Corte Suprema de Justicia a los funcionarios públicos cuyo juzgamiento corresponda a esta Corporación.
2. Velar por que los demás Agentes del Ministerio Público desempeñen fielmente su cargo, y que se les exija responsabilidad por falta o delitos que cometan.
Rigen respecto a los Agentes del Ministerio Público las mismas disposiciones que para los funcionarios judiciales.
El Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración serán nombrados de acuerdo con los mismos requisitos y prohibiciones establecidos para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Las faltas temporales de alguno de los Procuradores serán cubiertas por un funcionario del Ministerio Público, en calidad de Procurador Encargado, que cumpla con los mismos requisitos para el cargo y quien será designado temporalmente por el respectivo Procurador.
Para los efectos jurisdiccionales en lo judicial, el territorio de la República de Panamá se divide en cuatro Distritos Judiciales. Estos se dividirán en Circuitos Judiciales que a su vez se dividen en Municipios Judiciales.
El Primer Distrito Judicial comprenderá las provincias de Panamá, Colón, Darién y la Comarca de San Blas; el Segundo Distrito Judicial estará formado por las provincias de Coclé y Veraguas; el tercer Distrito Judicial por las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro; y el Cuarto Distrito Judicial por las provincias de Herrera y Los Santos. En el evento de crearse otras subdivisiones territoriales sometidas a regímenes especiales, tales subdivisiones formarán parte del respectivo Distrito Judicial. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y las Agencias del Ministerio Público que ante ellos actúen, tendrán su sede en las ciudades de Panamá, Penonomé, David y Las Tablas, respectivamente.
Los Circuitos Judiciales, a su vez, se subdividen en Distritos Municipales que corresponden a cada uno de los distritos, según la división política establecida en la Constitución Política
Artículo 275- Habrá un organismo estatal independiente denominado Contraloría General de la República, cuya dirección estará a cargo de un funcionario público que se denominará Contralor General, secundado por un Subcontralor, quienes serán nombrados por un período igual al del Presidente de la República, dentro del cual no podrán ser suspendidos ni removidos sino por la Corte Suprema de Justicia, en virtud de causas definidas por la Ley. Ambos serán nombrados para que entren en funciones a partir del primero de enero después de iniciado cada período presidencial ordinario.
Para ser Contralor y Subcontralor de la República se requiere ser ciudadano panameño por nacimiento; tener título universitario y treinta y cinco años o más de edad y no haber sido condenado por el Órgano Judicial con pena privativa de la libertad en razón de delito contra la administración pública.
Artículo 276- Son funciones de la Contraloría General de la República, además de las que le señale la Ley, las siguientes:
1. Llevar las cuentas nacionales, incluso referentes a las deudas interna y externa.
2. Fiscalizar, regular y controlar todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección según lo establece la Ley. La Contraloría determinará los casos en que ejercerá tanto el control previo como el posterior sobre los actos de manejo, al igual que aquellos en que sólo ejercerá este último.
3. Examinar, intervenir y fenecer las cuentas de los funcionarios públicos, entidades o personas que administren, manejen o custodien fondos u otros bienes públicos. Lo atinente a la responsabilidad penal corresponde a los tribunales ordinarios.
4. Realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentar las denuncias respectivas.
5. Recabar de los funcionarios públicos correspondientes informes sobre la gestión fiscal de las dependencias públicas, nacionales provinciales, municipales, autónomas o semiautónomas y de las empresas estatales.
6. Establecer y promover la adopción de las medidas necesarias para que se hagan efectivos los créditos a favor de las entidades públicas.
7. Demandar la declaratoria de inconstitucionalidad, o de la ilegalidad, según los casos de las leyes y demás actos violatorios de la Constitución o de la Ley que afecten patrimonios públicos.
8. Establecer los métodos de contabilidad de las dependencias públicas señaladas en el numeral 5 de este artículo. Informar a la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo sobre el estado financiero de la Administración Pública y emitir concepto sobre la vialidad y conveniencia de la expedición de créditos suplementales o extraordinarios.
9. Dirigir y formar la estadística nacional.
10. Nombrar los empleados de sus departamentos de acuerdo con esta Constitución y la Ley.
11. Presentar al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa el informe anual de sus actividades.
12. Juzgar las cuentas de sus Agentes y sus empleados de manejo cuando surjan reparos de las misas por razón de supuestas irregularidades.
En nuestro país, el Ministerio Público como institución estatal responsable de investigar los delitos, fue creado con la Constitución Política de 1904, la cual configuró la personalidad jurídica del naciente Estado Panameño. Su desarrollo anterior y su afianzamiento institucional se reflejó en la legislación positiva patria, al ser regulado su funcionamiento, junto al de los Tribunales Jurisdiccionales, en la Ley 2 de 1916, por medio de a cual se adoptó el Código Judicial.
Su naturaleza jurídica, contrario a lo que se puede afirmar, defiere de las otras instituciones del estado, puesto que mientras aquellas son parte integrante de alguno de los tres órganos o poderes en que se sustentan los mismos, el Ministerio Público es un órgano que no pertenece ni al Ejecutivo, ni al Legislativo ni al Judicial, ni conforma un cuatro poder independiente, sino que es una entidad autónoma que participa dentro del proceso Administrativo de Justicia por razón de la facultad constitucional y legal de ejercer la acción penal a nombre del Estado.
De 1904 a 1968 esta institución desplegó su actividad y gestión dentro del marco de las exigencias de una sociedad en desarrollo, que aún no conocía los grandes desafíos que, en materia criminal le impondría su propia evolución.
Resoluciones Emitidas por la Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación (Extensión Bocas del Toro)
Procuraduría General de la Nación (Fiscalía Delegada Regional de Drogas de Darién)
Procuraduría General de la Nación (Extensión Fiscalía Segunda del Circuito de Coclé)
Procuraduría General de la Nación (Extensión Personería Municipal de Aguadulce)
Procuraduría General de la Nación (Extensión Personería Municipal de la Pintada)
Procuraduría General de la Nación (Extensión Personería Primera Municipal de Antón)
Procuraduría General de la Nación (Fiscalía Superior del Segundo Distrito Judicial-Coclé y Veraguas
Procuraduría General de la Nación (Extensión Fiscal del Adolescente de Colón)
Procuraduría General de la Nación (Extensión Fiscalía Cuarta de Circuito-Colón)
Procuraduría General de la Nación (Extensión Fiscalía Primera de Circuito)
Procuraduría General de la Nación (Extensión Fiscalía Segunda de Circuito)
Procuraduría General de la Nación (Extensión Fiscalía Tercera de Circuito)
Procuraduría General de la Nación (Extensión Personería Primera Municipal de Colón)
Procuraduría General de la Nación (Extensión Fiscalía Primera de Circuito Darién-La Palma)
Procuraduría General de la Nación (Extensión Personería Municipal de Chepigana-La Palma)
Procuraduría General de la Nación (Extensión Personería Municipal de Chepigana-Santa Fé)
Procuraduría General de la Nación (Extensión Personería Municipal de Pinogana-El Real)
Procuraduría General de la Nación (Intituto de Medicina Legal de Darién)
Procuraduría General de la Nación (Extensión Herrera)
Procuraduría General de la Nación (Extensión Los Santos)
Procuraduría General de la Nación (Agencia Delegada de la Fiscalía Auxiliar-San Miguelito)
Procuraduría General de la Nación (Central Telefónica Edificio Porras)
Procuraduría General de la Nación (Extensión Coordinación Administrativa-San Miguelito)
Procuraduría General de la Nación (Extensión Edificio Avesa)
Procuraduría General de la Nación (Extensión Fiscalía de Adolescentes de La Chorrera)
Procuraduría General de la Nación (Extensión Fiscalía del Adolescente-San Miguelito )
Procuraduría General de la Nación (Extensión Fiscalía Primera de la Chorrera)
Procuraduría General de la Nación (Extensión Fiscalía Primera-San Miguelito)
Procuraduría General de la Nación (Extensión Fiscalía Segunda de la Chorrera )
Procuraduría General de la Nación (Extensión Fiscalía Segunda-San Miguelito )
Procuraduría General de la Nación (Extensión
Ana Belfon asume cargo de procuradora
En un acto oficial en el domo de la Universidad de Panamá, la nueva procuradora general de la Nación, Ana Belfon, asumió esta mañana su cargo ante los funcionarios del Ministerio Público.
“Yo no vengo con ningún tipo de pre-requisito, a pesar de nuestra cercanía con respecto al Ejecutivo, que es una de las primeras críticas que se hacen a la formulación de mi nombramiento”, señaló Belfon en su discurso.
Belfon dijo que la independencia judicial hace énfasis en la función de cada uno de ellos. “La decisión que adopte el personero es importante y debe ser independiente”.
“Debemos exigir objetividad y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y garantías procesales y judiciales del país”, indicó.
Belfon llega a la Procuraduría de la Nación designada por el presidente de la República, Ricardo Martinelli, cuya decisión fue duramente cuestionada debido a que Belfon se desempeñaba en ese momento como secretaria de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia.
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Artículo 1. La Procuraduría de la Administración es la institución, integrada al Ministerio Público, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional.
Artículo 2. Las actuaciones de la Procuraduría de la Administración se extienden al ámbito jurídico administrativo del Estado, excluyendo las funciones jurisdiccionales, legislativas y, en general, las competencias especiales que tengan otros organismos oficiales.
Artículo 3. La Procuraduría de la Administración tiene como misión:
1. Promover y defender el estado de derecho, fiscalizando el cumplimiento de la Constitución Política, las leyes, las sentencias judiciales y las disposiciones administrativas;
5. Desarrollar medios alternos de solución de conflictos que surjan a lo interno de la Administración Pública;
8. Recibir y atender las quejas contra actuaciones de los servidores públicos; y
1. Conocer, en cualquier momento, el estado del proceso, consulta o queja en el cual acredite la condición de parte interesada;
4. Recibir orientación e información oportuna en cuanto a los requisitos y actuaciones jurídicas que se surtan en la institución; y
1. Intervenir en forma alternada con el Procurador o la Procuradora General de la Nación, en los procesos de control constitucional siguientes:
a. En las objeciones de inexequibilidad que presente el Organo Ejecutivo contra proyectos de leyes, por considerarlos inexequibles;
b. En las demandas de inconstitucionalidad en contra de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos impugnados como inconstitucionales, por cualquier ciudadano, por razones de fondo o de forma;
c. En las consultas que, de oficio o por advertencia de parte interesada, formulen ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia los funcionarios encargados de impartir justicia cuando, en un caso concreto, estimen que la disposición o disposiciones aplicables pueden ser inconstitucionales por razones de fondo o de forma.
2. Representar los intereses nacionales, municipales, de las entidades autónomas y, en general, de la Administración Pública en los procesos contencioso-administrativos, que se originen en demandas de plena jurisdicción e indemnización, iniciados ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, los municipios y las otras entidades administrativas autónomas pueden constituir los apoderados que a bien tengan para defender sus respectivos intereses en dichos negocios, pero tales apoderados quedarán sujetos a la asesoría y directrices que les imparta la Procuradora o el Procurador de la Administración.
Cuando en un proceso de los mencionados tengan intereses opuestos la Nación y el municipio o alguna entidad estatal autónoma, la Procuradora o el Procurador de la Administración debe defender los intereses de la primera. En este supuesto, el Personero o la Personera Municipal defenderá los intereses del municipio, si es que éste no ha constituido apoderado especial. La respectiva entidad autónoma deberá nombrar un apoderado especial y, en caso de no contar con él, deberá actuar en su representación un Fiscal o una Fiscal de Distrito Judicial.
Cuando en un proceso de los mencionados en este numeral, dos entidades autónomas, dos municipales o, en general, dos entidades estatales, tengan intereses contrapuestos, la Procuradora o el Procurador de la Administración deberá actuar en interés de la ley y cada entidad deberá designar su propio apoderado especial;
3. Intervenir en interés de la ley, en los procesos contencioso- administrativos de nulidad, de protección de los derechos humanos, de interpretación y de apreciación de validez, que se surtan ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia;
4. Intervenir en interés de la ley, en los procesos contencioso- administrativos de plena jurisdicción en los que se impugnen resoluciones que hayan decidido procesos en vía gubernativa, en los cuales haya habido controversia entre particulares por razón de sus propios intereses. En estos casos deberá corrérsele traslado a la contraparte de aquélla que ha recurrido ante la Sala Tercera de la Corte;
5. Actuar en interés de la ley, en las apelaciones, tercerías, incidentes y excepciones que se promuevan en los procesos de la jurisdicción coactiva;
6. Promover acciones contencioso-administrativas en que sea parte la Nación, cuando reciba órdenes e instrucciones del Organo Ejecutivo para ello;
7. Intervenir en interés de la ley, en los procesos contencioso- administrativos que se promuevan ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en contra de laudos arbitrales que resuelvan controversias laborales entre la Autoridad del Canal de Panamá y sus trabajadores;
8. Instruir las sumarias a que dieren lugar las denuncias o acusaciones presentadas contra el Procurador o la Procuradora General de la Nación;
9. Intervenir en cualquier otro proceso contencioso-administrativo que se surta ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia;
10. Intervenir ante cualquier tribunal de control constitucional o legal que establezca la Constitución Política o la ley.
Artículo 6. Corresponde a la Procuraduría de la Administración:
1. Servir de consejera jurídica a los servidores públicos administrativos que consultaren su parecer respecto a determinada interpretación de la ley o el procedimiento que se debe seguir en un caso concreto.
Las consultas deberán estar acompañadas del criterio jurídico respectivo, salvo aquéllas provenientes de instituciones que no cuenten con un asesor jurídico;
2. Coordinar el servicio de asesoría jurídica de la Administración Pública, a través de sus respectivas direcciones y departamentos legales;
3. Dirimir, mediante dictamen prejudicial, las diferencias de interpretación jurídica que sometan a su consideración dos o más entidades administrativas;
4. Emitir dictamen respecto a la celebración de los contratos de empréstito internacional en el que sea parte el Estado, cuando así se le solicite o se contemple dentro del respectivo contrato;
5. Ofrecer información, orientación y capacitación legal administrativa, a través de programas de prevención y desarrollo de procedimientos, para el mejoramiento de la calidad de la gestión pública;
6. Vigilar la conducta oficial de los servidores públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes, sin perjuicio de las competencias que en esta materia señale la ley;
7. Atender a prevención, las quejas que se le presenten contra los servidores públicos, procurar que cesen las causas que las motivan, siempre que éstas sean fundadas, y ejercitar las acciones correspondientes; para ello, ejecutará todas las diligencias y medidas que considere convenientes;
8. Sistematizar, recopilar y analizar, a través de bancos de datos, la legislación que expida el Organo Legislativo, así como los reglamentos de carácter general, expedidos por las instituciones del Estado en el ejercicio de las funciones administrativas inherentes a cada una de ellas. Para ello, contará con la colaboración de las demás entidades públicas; y
9. Organizar, con los instrumentos tecnológicos necesarios, las tareas a que se refiere el numeral anterior; y expedir las certificaciones de la vigencia de las normas legales del país.
Para el cumplimiento de lo descrito en los numerales 8 y 9, la Procuraduría de la Administración dictará la reglamentación necesaria.
Artículo 7. La Procuraduría de la Administración planificará, diseñará, desarrollará y evaluará planes de capacitación legal administrativa de forma continuada.
Artículo 8. La Procuraduría de la Administración coordinará y ejecutará programas de capacitación para los asesores legales del Estado y de los municipios.
Artículo 9. La Procuraduría de la Administración promoverá y fortalecerá la mediación como medio alterno para la solución de conflictos, que puedan surgir en el ámbito administrativo, con el propósito de reducir la litigiosidad.
Artículo 10 . La autoridad administrativa de la institución estará a cargo de la Procuradora o del Procurador, quien ejercerá su representación legal y será responsable de dictar las políticas y administrar las directrices. Ejercerá sus atribuciones con el apoyo de los responsables o las responsables de las secretarías y direcciones de la institución, de conformidad con la Constitución Política, la presente Ley, los reglamentos y resoluciones internas. Podrá delegar parcialmente sus potestades en otros funcionarios de la Procuraduría, de acuerdo con la reglamentación respectiva.
Artículo 11 . Para ser Procuradora o Procurador de la Administración, se requiere:
1. Ser panameño o panameña por nacimiento;
3. Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos;
4. Tener título universitario de Derecho, inscrito en la oficina que la ley señale; y
5. Haber completado un periodo de diez años, durante el cual haya ejercido indistintamente la profesión de abogado o abogada, cualquier cargo en el Organo Judicial o del Tribunal Electoral que requiera título universitario de Derecho, o haber sido profesor o profesora de Derecho en un establecimiento de enseñanza universitaria.
Iguales requisitos deberán cumplir los suplentes de la Procuradora o del Procurador de la Administración.
La comprobación de la idoneidad de la Procuradora o del Procurador y sus suplentes se hará ante el Órgano Ejecutivo.
Artículo 12 . La Procuradora o el Procurador de la Administración tendrá dos suplentes, quienes lo reemplazarán, en el orden de su nombramiento, en las faltas absolutas, temporales, accidentales e incidentales mientras se llena la vacante.
Artículo 13. La Procuradora o el Procurador de la Administración y sus suplentes serán nombrados por un período de diez años, mediante Acuerdo de la Presidenta o del Presidente de la República y el Consejo de Gabinete, con sujeción a la aprobación del Órgano Legislativo.
Artículo 14. La Procuradora o el Procurador de la Administración y sus suplentes tomarán posesión ante la Presidenta o el Presidente de la República.
Artículo 15. Las vacaciones y licencias de la Procuradora o del Procurador de la Administración les serán concedidas por la Presidenta o el Presidente de la República, de conformidad con lo que establece la ley.
Artículo 16. La Procuradora o el Procurador de la Administración tendrá la misma categoría, remuneración, garantías, prerrogativas, restricciones y prohibiciones que los Magistrados y las Magistradas de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 17 . La Procuradora o el Procurador de la Administración tendrá las siguientes atribuciones:
1. Fijar los salarios y emolumentos, nombrar, remover, trasladar, ascender y aplicar sanciones disciplinarias conforme a la ley y los reglamentos que se expidan al respecto;
2. Elaborar, conjuntamente con los responsables de las secretarías y las direcciones, los manuales y reglamentos para el funcionamiento de la institución, su modernización y adecuación administrativa;
3. Ser responsable de la ejecución y racionalización del presupuesto;
4. Aprobar la organización y reestructuración interna de la Procuraduría de la Administración, sujetas a las necesidades del servicio, a la disponibilidad presupuestaria y a las posibilidades económicas del Estado;
5. Velar para que los Agentes del Ministerio Público que le estén subordinados, cumplan adecuadamente con sus atribuciones; y
6. Cualquier otra que le señale la ley.
Artículo 18. La Procuradora o el Procurador de la Administración sólo podrá ser suspendido y/o removido de su cargo por el incumplimiento de sus deberes y obligaciones contenidas en la Constitución Política, en la presente Ley, o por incapacidad física, mental o administrativa debidamente comprobada.
Le corresponderá a la Corte Suprema de Justicia su juzgamiento. La instrucción del sumario corresponderá al Procurador o Procuradora General de la Nación.
Artículo 19. La Secretaria o el Secretario General es el funcionario inmediato a la Procuradora o al Procurador de la Administración, encargado de apoyar a la Procuradora o al Procurador en sus tareas; participa junto con los responsables de las secretarías y las direcciones en la coordinación de las actividades de las diversas unidades administrativas; orienta y supervisa las actividades de las secretarías y otras unidades de la organización, de conformidad con las directrices emanadas de las reglamentaciones internas.
Artículo 20. Para ser Secretario o Secretaria General de la Procuraduría de la Administración, se requiere:
2. Tener título universitario de Derecho;
3. Haber cumplido treinta años de edad;
4. Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos; y
5. Cumplir con los requisitos necesarios para ejercer el cargo de Magistrado o Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial.
Artículo 21 . En las faltas absolutas, temporales, accidentales e incidentales del Secretario o de la Secretaria General, mientras se proceda a hacer el nombramiento, actuará el funcionario que designe la Procuradora o el Procurador de la Administración y reúna los requisitos exigidos en el artículo anterior.
Artículo 22. El Secretario o la Secretaria General de la Procuraduría de la Administración tendrá los mismos privilegios y consideraciones de que gocen los Magistrados y las Magistradas de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, en lo referente a sueldo, gastos de representación, derecho a jubilación y la exención contemplada en el artículo 65 del Código Judicial.
Artículo 23. La Procuraduría de la Administración se dividirá en secretarías y direcciones, cuya organización interna y atribuciones específicas se establecerán en el Manual de Organización y Funciones y en el Manual de Cargos, y se regulará a través del Reglamento Interno de la institución.
Artículo 24. Los responsables o las responsables de las secretarías y las direcciones tendrán las mismas prerrogativas, derechos, privilegios y consideraciones de que gozan los Jueces y las Juezas de Circuito del Organo Judicial y Agentes del Ministerio Público del mismo nivel jerárquico.
Artículo 25. Para desarrollar la presente Ley, se expedirán los reglamentos, manuales y resoluciones que sustentarán la administración de la organización interna y el recurso humano, los cuales serán publicados en la Gaceta Oficial y en boletines internos.
Artículo 26. La Procuraduría de la Administración tendrá un sistema de recursos humanos fundamentado en los siguientes principios:
1. Reconocimiento al mérito e igualdad de oportunidades;
2. Estabilidad en el cargo, condicionada a la competencia, lealtad y moralidad en el servicio;
3. Igualdad de remuneración de acuerdo con los niveles de responsabilidad asignados;
4. Excelencia profesional cimentada en la capacitación y el desarrollo profesional permanente; y
5. Respeto a las relaciones intersexos.
Artículo 27 . Los actos administrativos de nombramiento y destitución de la Procuraduría de la Administración, se ajustarán a la ley y a las normas reglamentarias internas.
Gestión Financiera y Régimen Patrimonial
Artículo 28. Para cumplir con las responsabilidades de su manejo financiero, la Procuraduría de la Administración contará con la estructura administrativa que garantice el manejo eficiente de la gestión financiera, cumpliendo con las regulaciones que emanan de la institución encargada de la fiscalización de los bienes públicos.
Artículo 29 . El patrimonio de la Procuraduría está constituido por las instalaciones que actualmente ocupa, su equipamiento y las que adquiera en el futuro por razón de sus necesidades y el cumplimiento de sus funciones.
Se reconoce su sede actual como parte del patrimonio histórico de la ciudad de Panamá.
Artículo 30. Son recursos de la Procuraduría de la Administración:
1. Los que el Estado le traspase, indispensables para su funcionamiento, respetando el principio constitucional que garantiza al sistema de justicia el porcentaje al que se refiere el artículo 211 de la Constitución Política;
2. Las donaciones a su favor;
3. Los ingresos generados en concepto de préstamos no reembolsables;
4. Los ingresos no presupuestarios generados por actividades de gestión institucional; y
5. Otros que le asigne la ley.
Artículo 31. La Procuraduría de la Administración elaborará su anteproyecto de presupuesto, el cual será remitido oportunamente al Ministerio de Economía y Finanzas, para su integración al Presupuesto General del Estado.
La Procuradora o el Procurador de la Administración sustentará su presupuesto ante los organismos que corresponda.
Artículo 32. La Procuraduría de la Administración dirigirá la gestión financiera cónsona con los principios rectores de una ordenada y responsable administración.
Artículo 33. La Procuradora o el Procurador de la Administración suscribirá los contratos y convenios en los que sea parte la institución.
LIBRO SEGUNDO: DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
Artículo 34. Las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se efectuarán con arreglo a normas de informalidad, imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia, garantizando la realización oportuna de la función administrativa, sin menoscabo del debido proceso legal, con objetividad y con apego al principio de estricta legalidad. Los Ministros y las Ministras de Estado, los Directores y las Directoras de entidades descentralizadas, Gobernadores y Gobernadoras, Alcaldes y Alcaldesas y demás Jefes y Jefas de Despacho velarán, respecto de las dependencias que dirijan, por el cumplimiento de esta disposición.
Artículo 36 . Ningún acto podrá emitirse o celebrarse con infracción de una norma jurídica vigente, aunque éste provenga de la misma autoridad que dicte o celebre el acto respectivo. Ninguna autoridad podrá celebrar o emitir un acto para el cual carezca de competencia de acuerdo con la ley o los reglamentos.
Artículo 37 . Esta Ley se aplica a todos los procesos administrativos que se surtan en cualquier dependencia estatal, sea de la administración central, descentralizada o local, incluyendo las empresas estatales, salvo que exista una norma o ley especial que regule un procedimiento para casos o materias específicas. En este último supuesto, si tales leyes especiales contienen lagunas sobre aspectos básicos o trámites importantes contemplados en la presente Ley, tales vacíos deberán superarse mediante la aplicación de las normas de esta Ley.
Artículo 38. Cuando las entidades públicas deban resolver una serie numerosa de expedientes homogéneos, establecerán un procedimiento sumario de gestión mediante formularios impresos y otros documentos que permitan el rápido despo de los asuntos, y podrán utilizarse, cuando sean idénticos los motivos y fundamentos de las resoluciones, tipos o series de éstas, siempre que se exponga la motivación básica de la decisión, no se lesione la garantía del debido proceso legal y el libre ejercicio de la abogacía.
Artículo 39. En aquellos casos en que las peticiones deban resolverse previa la intervención de otra entidad pública, se instruirá un solo expediente y se dictará una resolución única. En estos casos, se iniciará el procedimiento ante la entidad pública que tenga la competencia más específica en relación con la materia de que se trate. En caso de duda, resolverá el asunto la Ministra o el Ministro de la Presidencia.
Artículo 40. Si la petición es formulada con fundamento en el derecho constitucional de petición, se seguirán las siguientes reglas:
1. La autoridad ante quien se dirige la petición deberá proferir la resolución correspondiente, dentro de los treinta días siguientes a su presentación, salvo los supuestos de excepción establecidos en la ley;
2. Cuando se reciba una petición, consulta o queja que deba ser objeto de determinado procedimiento administrativo o jurisdiccional especial, se comunicará así al peticionario dentro del término de ocho días, contado a partir de la recepción de la petición, con expresa indicación del procedimiento que corresponda según la ley, medida que se adoptará mediante resolución motivada; y
3. Si la autoridad ante la cual se formula una petición, estimare que carece de competencia para resolver, la remitirá a la que considere competente, y comunicará tal circunstancia al peticionario, previa resolución inhibitoria, en la que expresará la norma o normas legales en que se funda la declinatoria de competencia y la entidad administrativa o jurisdiccional que, a su juicio, es la competente.
Cuando se produzca un conflicto de competencia positivo o negativo, entre autoridades que pertenezcan a un mismo ministerio, entidad descentralizada o local, lo resolverá el superior jerárquico de ambas autoridades; si éstas pertenecieran a ministerios, entidades descentralizadas o entidades locales diferentes, el conflicto lo decidirá la Ministra o el Ministro de la Presidencia, quien para ello deberá consultar con la Procuraduría de la Administración.
Artículo 41. Toda petición, consulta o queja que se dirija a la autoridad por motivos de interés social o particular, deberá presentarse de manera respetuosa, y no se podrán usar, en los escritos respectivos, expresiones indecorosas, ofensivas o irrespetuosas.
La autoridad encargada de resolver, en cualquier etapa del trámite, puede disponer que se tachen las expresiones ostensiblemente indecorosas, ofensivas o irrespetuosas, sin perjuicio de las sanciones correccionales o penales que ameriten. La respectiva resolución que ordene la tacha o cancelación, es de mero obedecimiento.
El Secretario o la Secretaria del Despacho o quien haga sus veces, al recibir los escritos, debe velar por el cumplimiento de esta disposición y comunicar a la autoridad que deba decidir, para que proceda de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 42. El funcionario ante quien se presente una petición, consulta o queja estará en la obligación de certificar, en la copia del respectivo memorial, la fecha de su presentación o recibo de éste, y transcurrido el término para su resolución o respuesta, deberá también certificar, en la misma copia, que la petición, consulta o queja no ha sido resuelta dentro de dicho término.
Con la copia y el certificado, mencionados en el párrafo anterior, el peticionario podrá recabar del funcionario respectivo la imposición de la correspondiente sanción.
Artículo 43. Al servidor público infractor de las disposiciones sobre el derecho fundamental de petición se le impondrán las siguientes sanciones, de oficio o a petición de parte:
1. Amonestación escrita, la primera vez;
2. Suspensión temporal del cargo por diez días hábiles, sin derecho a sueldo, en caso de reincidencia durante el mismo año;
3. Destitución, en caso de volver a cometer la falta disciplinaria; y
4. Destitución, si el funcionario incurre en infracción a lo dispuesto en este artículo en tres ocasiones distintas, sin consideración al año en que realice la falta.
Las sanciones antes descritas serán impuestas por el superior jerárquico, respetando el debido proceso y mediante resolución motivada que deberá ser agregada al expediente personal del funcionario sancionado.
Artículo 44. Toda persona que haya presentado una petición, consulta o queja tiene derecho a conocer el estado en que se encuentra la tramitación, y la entidad pública correspondiente está en la obligación de informarle lo pertinente en el término de cinco días, contado a partir de la fecha de su presentación. Si la entidad no pudiese resolver la petición, consulta o queja dentro del término señalado en la ley, la autoridad responsable deberá informar al interesado el estado de la tramitación, que incluirá una exposición al interesado justificando las razones de la demora.
Artículo 45. El peticionario, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los servidores públicos por el impulso procesal, tiene la obligación de realizar oportunamente las gestiones procesales que a él correspondan según la ley, para impulsar el desarrollo del proceso.
Cuando un proceso se paralice por un término de tres meses o más debido al incumplimiento del peticionario, se producirá la caducidad de la instancia y el proceso no podrá ser reabierto dentro del año siguiente a la fecha en que se ejecutoríe la resolución que así la declara. La caducidad de la instancia podrá ser declarada de oficio por el despacho respectivo o a solicitud de parte interesada.
Artículo 46. Las órdenes y demás actos administrativos en firme, del Gobierno Central o de las entidades descentralizadas de carácter individual, tienen fuerza obligatoria inmediata, y serán aplicados mientras sus efectos no sean suspendidos, no se declaren contrarios a la Constitución Política, a la ley o a los reglamentos generales por los tribunales competentes.
Los decretos, resoluciones y demás actos administrativos reglamentarios o aquéllos que contengan normas de efecto general, sólo serán aplicables desde su promulgación en la Gaceta Oficial, salvo que el instrumento respectivo establezca su vigencia para una fecha posterior.
Artículo 47 . Se prohíbe establecer requisitos o trámites que no se encuentren previstos en las disposiciones legales y en los reglamentos dictados para su debida ejecución. Constituye falta disciplinaria la violación de este precepto y será responsable de ésta el Jefe o la Jefa del Despacho respectivo.
Artículo 48. Las entidades públicas no iniciarán ninguna actuación material que afecte derechos o intereses legítimos de los particulares, sin que previamente haya sido adoptada la decisión que le sirve de fundamento jurídico. Quien ordene un acto de ejecución material, estará en la obligación, a solicitud de parte, de poner en conocimiento del afectado el acto que autorice la correspondiente actuación administrativa.
La violación de lo establecido en el presente artículo generará, según las características y gravedad del caso, responsabilidad disciplinaria, penal y civil, para lo cual deben iniciarse las investigaciones o procesos respectivos.
Artículo 49. Es responsabilidad de la Administración y, de manera especial, del Jefe o la Jefa del Despacho respectivo y del funcionario encargado de la tramitación del proceso, el impulso de éste. Por tanto, ambos funcionarios serán solidariamente responsables de que el proceso se desarrolle conforme a los principios instituidos en esta Ley y demás normas pertinentes.
El retraso injustificado en la realización de un trámite a cargo de la Administración, constituirá impedimento de la autoridad para seguir conociendo del proceso. El incidente de recusación deberá ser presentado ante el superior jerárquico respectivo, quien deberá decidirlo en un término no superior a tres días hábiles, contado a partir de la fecha que quede en estado de decidir. La decisión que resuelve el incidente no admite recurso alguno.
De prosperar el incidente de recusación, la autoridad nominadora designará la autoridad ad hoc para conocer y decidir el proceso.
Si en el transcurso de un año prosperan dos o más incidentes de recusación contra una autoridad por la causa instituida en este artículo, la sanción será la destitución del funcionario.
Lo anterior es sin perjuicio de la queja que el afectado pueda presentar contra el funcionario moroso.
Artículo 50 . Para intervenir en las actuaciones administrativas, la persona interesada deberá utilizar los servicios de un abogado o una abogada cuando así lo exija la ley.
Algunas experiencias locales, antecedentes inmediatos de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, aunque limitadas en su ámbito de competencia, como entidades con funciones de fiscalización y control de actos de la administración pública, que afectan derechos de los ciudadanos, se encuentran en la adopción del Ombudsman de la Comisión del Canal, que se crea por efecto de la Legislación de Ejecución del Tratado del Canal de Panamá. Igualmente en el año de 1990, mediante Decreto 107, el Tribunal Electoral de la República de Panamá, pone en funcionamiento la Dirección de Investigaciones Administrativas, a cuyo funcionario a cargo se denominó ?Ombudsman?, con la misión principal de velar por el cumplimiento de las normas administrativas de la institución y proteger los derechos de los ciudadanos.
Publicación: Constitución Política de la República de Panamá
Publicación: Derecho a Nombre y Nacionalidad de la Niñez en Zonas Indígenas
Publicación: Derechos y Deberes de las Personas Privadas de Libertad
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Publicación: La Defensoría del Pueblo de la República de Panamá
Publicación: La Defensoría del Pueblo y los Derechos del Consumidor
Publicación: La Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes es un Delito
Publicación: Ley 55 Que Reorganiza el Sistema Penitenciario
Publicación: Mujer… has valer el derecho de tus hijos a ser reconocidos por sus padres
Publicación: Paternidad Responsable
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Publicación: Policía y Derechos Humanos
Publicación: Prevengamos el VIH – SIDA
Publicación: Programa de Solución Pacífica de Conflictos
Quejas Defensoría del Pueblo de la República de Panamá (Internet)
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá(Extensión David)
Defensoría del Pueblo ( Extensión Colón)
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá(Extensión Las Tablas)
Defensoría del Pueblo ( Centro de Orientación al Ciudadano)
Defensoría del Pueblo (Central Telefónica)
Defensoría del Pueblo (Departamento de Compras)
Defensoría del Pueblo (Despacho Superior)
Defensoría del Pueblo (Secretaría Administrativa)
Defensoría del Pueblo de la República de Panamá(Extensión Santiago)
Citar este texto en formato APA: _______. (2017). WEBSCOLAR. Diversas Funciones del Órgano Ejecutivo. https://www.webscolar.com/diversas-funciones-del-organo-ejecutivo. Fecha de consulta: 23 de febrero de 2020.