Source: http://lagazzettadf.com/noticia/2013/07/02/iniciativa-anti-gongora-del-gppan-pretende-evitar-que-ex-presidentes-gobernadores-jefes-de-gobierno-o-ministros-de-la-scjn-utilicen-influencias-en-asuntos-legales-en-su-favor/
Timestamp: 2017-11-19 10:25:33
Document Index: 9978639

Matched Legal Cases: ['artículo 277', 'artículo 277', 'artículo 311', 'artículo 309', 'artículo 311', 'artículo 277']

Diputados del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, encabezados por su Coordinador, Federico Döring Casar, anunciaron reformas a los Códigos Civil y Penal del Distrito Federal para evitar que ex servidores públicos, sobe todo quienes fueron Presidente de la República, Gobernadores, Jefe de Gobierno o Ministros de la Corte, hagan uso de sus influencias en asuntos legales como recientemente sucedió con el ex Ministro Genaro Góngora Pimentel.
“A raíz de los hechos lamentables, condenables del ex Ministro Genaro Góngora, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha estado tratando de construir una propuesta de ley, la hemos denominado la Ley Anti Góngora, para evitar que esto vuelva a suceder, nos parece que en un caso tan alarmante de incongruencia, de falta de humanidad y de tráfico de influencias desde la esfera civil, tenemos que darle a la ciudadanía una herramienta para la certeza de que esto nunca vuelva a suceder”, destacó Döring Casar.
Una de las reformas, dijo la diputada Olivia Garza de los Santos, Vicepresidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, va en el sentido de modificar el artículo 277 bis del Código Penal para el Distrito Federal, en el delito que se llama Delito contra el Servicio Público cometido por Servidores Públicos.
“Desgraciadamente en una ciudad como México, este tipo de prácticas y actos de corrupción, pareciera que son usuales y que se pueden hacer; entonces, lo que buscamos con este artículo 277 bis, es precisamente impedir que funcionarios públicos estén ejerciendo o utilizando el poder que tuvieron o tengan para utilizarlo en acciones ya sea jurídicas, o en negocios. Tal es el caso de la Lady Profeco, no puede ser que una persona pueda decir que puede clausurar un negocio por su influencia”, explicó Garza de los Santos.
En su oportunidad, el diputado Orlando Anaya González integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la ALDF, recordó que Acción Nacional ya ha presentado iniciativas de reforma a los códigos penal y civil orientadas a salvaguardar el bienestar de la familia, sobre todo lo referente a garantizar la alimentación de los menores.
“Que el registro de deudores alimentarios se haga de manera pública que sea público para todas las personas, que todos los padres y madres de familia en esta ciudad, pueda identificarse su situación en este registro, y que pueda generar un documento que libere de algún compromiso de deuda alimentaria a una persona que desea contraer matrimonio, es decir, se volvería un requisito”, sostuvo Anaya González.
La vicecoordinadora del GPPAN y Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, que este paquete de reformas “Ley Anti Góngora”, cuenta con una visión de derechos humanos, pues la defensa irrestricta de éstos ha sido una prioridad de Acción Nacional en la ALDF.
“Obviamente el PAN a través de estas acciones ha reconocido siempre la inminente dignidad de la persona humana y es eso lo que nos mueve el día de hoy en estas modificaciones, específicamente en estos ordenamientos legales con el objetivo de que se respete la dignidad de las personas… y eso se tiene que reflejar en la protección de los más vulnerables”, destacó Ballesteros Mancilla.
A pregunta expresa de la actuación de la Comisión de Derechos humanos del Distrito Federal en el caso del ex Ministro Góngora Pimentel, el Coordinador del GPPAN, dijo que se hace necesario un comentario como se dice en el argot jurídico, de previo y especial pronunciamiento acerca del tema.
“No debe pasar por alto en el devenir de la Comisión la falta de actuar en este caso, el vínculo tan estrecho que tiene Genaro Góngora con el PRD, la omisión, el dolo, la complicidad de la Comisión de no haber actuado en este caso , no puede no verse en el contexto político, con el conflicto de interés que representa la cercanía de Góngora Pimentel con el PRD como la razón por la cual, entre muchas, otras, un Ombudsman está buscando su confirmación por parte de la Asamblea donde tiene mayoría el PRD. Ha sido abiertamente omiso”, concluyó Döring Casar.
Evitar que se argumente que el acreedor alimentario requiere menos recursos por ser una persona en situación de vulnerabilidad.
Se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 311 del Código Civil para señalar con precisión que el juez no podrá conceder la disminución en el monto de la pensión so pretexto de que el acreedor es una persona en situación de vulnerabilidad o sujeto a estado de interdicción (problemas de salud mental decretadas por autoridad).
Evitar que el deudor alimentario no cumpla con su obligación por la imposibilidad del juez de conocer sus ingresos.
En este punto se hacen dos propuestas:
Que cuando el deudor quede inscrito en el Registro de Deudores, el juez lo obligue a entregar información relativa a sus bienes e ingresos, y en caso de no entregarla, se haga acreedor a un arresto por 36 horas (conforme a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles). Una vez que el juez cuente con la información, la misma será usada para determinar el monto de la pensión (adición al segundo párrafo del artículo 309).
Cuando, derivado del correspondiente estudio socioeconómico, el juez determine que el deudor tiene muy pocos ingresos, aún así la pensión no pueda ser menor a un salario mínimo (adición al artículo 311 Ter).
Se propone adicionar un artículo 277 Bis, para sancionar el tráfico de influencia (la figura es “promoción de conductas ilícitas”, que implica la gestión de resoluciones sobre asuntos públicos en los que tengan intereses particulares) que se cometa en los entes públicos del Distrito Federal, cometidos por los siguientes ex servidores públicos: Presidente de la República, Ministro de la Suprema Corte, Jefe de Gobierno.
Pena: de dos a seis años de prisión y de cien a quinientos días multa. Si la conducta produce un beneficio económico, la sanción se aumentará en una mitad.
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