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Timestamp: 2013-05-22 07:15:31
Document Index: 219241478

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 12', 'Artículo 16']

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Prevención y control integrados de la contaminación química de las aguas superficiales en la Unión Europea {SEC(2006) 947} {COM(2006) 397 final}
fin de validez: 11/03/2008; relacionado con 52006PC0397
relación 52006PC0397
Prevención y control integrados de la contaminación química de las aguas superficiales en la Unión Europea {SEC(2006) 947}{COM(2006) 397 final}
Prevención y control integrados de la contaminación química de las aguas superficiales en la Unión Europea (Texto pertinente a los fines del EEE)
La Directiva marco sobre aguas (DMA)[1], adoptada en 2000, establece un nuevo régimen para la prevención y el control de la contaminación química de aguas superficiales y subterráneas. Además, la DMA obliga a la Comisión a presentar propuestas específicas sobre sustancias prioritarias presentes en aguas superficiales.
Son muchos los contaminantes que pueden llegar a afectar a la calidad de nuestros ríos, lagos y aguas marinas y costeras. La contaminación acuática puede deberse a materia orgánica, nutrientes y un gran número de sustancias químicas que se producen expresamente con el propósito de utilizarlas (por ejemplo como plaguicidas) o que se generan de forma involuntaria en procesos de producción (por ejemplo, los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) derivados de procesos de combustión). Hay miles de sustancias rastreables en nuestras aguas dulces, y muchas de ellas pueden llegar al mar.
Hay un número limitado de contaminantes químicos cuya presencia en las aguas superficiales de la Unión se considera especialmente preocupante por el uso extendido que se hace de esas sustancias y por las altas concentraciones que se registran en ríos, lagos y aguas costeras. Esos contaminantes se han clasificado como «sustancias prioritarias»[2]. Hay, además, una subcategoría de «sustancias peligrosas prioritarias», a las que se aplican objetivos ambientales más estrictos por su gran persistencia, bioacumulación y toxicidad. Además de las sustancias prioritarias, los Estados miembros tienen que indicar otros contaminantes químicos que obstaculizan la consecución de los objetivos de la DMA.
La idea de poner remedio a la contaminación química de las aguas superficiales ya formaba parte de la estrategia establecida en la década de los setenta. La DMA incorpora totalmente esa política a largo plazo y la actualiza convirtiéndola en una respuesta integrada, flexible y moderna a las persistentes amenazas que plantean las concentraciones excesivas de sustancias químicas en las aguas de la Unión Europea.
La presente comunicación se acompaña de una propuesta de Directiva relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas[3] y presenta el marco conceptual y la justificación del planteamiento político por el que ha optado la Comisión.
Cuando se extraen, producen o transforman sustancias químicas pueden generarse emisiones, vertidos o pérdidas al aire, el agua y el suelo. La eliminación de los residuos resultantes de esas actividades puede, por su parte, dar lugar a inmisiones. Los vertidos directos al agua desde minas o fábricas son una causa evidente de contaminación. Las deposiciones atmosféricas, sin embargo, no lo son tanto. Cuando se comercializa una sustancia puede utilizarse para fabricar bienes de consumo, y en ese proceso pueden producirse vertidos, emisiones y pérdidas al medio ambiente. Cuando se utiliza un producto (por ejemplo, detergentes, plaguicidas, materiales de construcción, etc.), también se provocan pérdidas. Por último, cuando se eliminan materiales en forma de residuos sólidos o líquidos, vuelve a haber más pérdidas.
Las medidas de prevención y control de la contaminación química del agua tienen que adoptarse teniendo en cuenta esas distintas vías de dispersión. El control de emisiones y de procesos puede reducir las pérdidas durante la producción de productos químicos y durante su incorporación posterior en otros productos. Si se imponen restricciones a la comercialización y utilización de productos químicos, por ejemplo mediante procedimientos de autorización y aprobación, es posible reducir aún más la contaminación potencial del medio ambiente. Por último, las medidas de tratamiento y eliminación de residuos son también muy eficaces a la hora de reducir la contaminación.
Esas medidas tienen por objeto reducir o controlar los vertidos, emisiones y pérdidas, pero eso es sólo parte de la solución. El artículo 10 de la DMA prevé un «planteamiento combinado» que incluye la aplicación de normas de calidad ambiental (NCA). A partir de datos sobre el potencial de toxicidad, persistencia y bioacumulación de una sustancia, junto con información sobre lo que le ocurre a esa sustancia en el medio ambiente, pueden establecerse concentraciones umbral para proteger a las personas, la fauna y la flora. Cuando se fijan NCA respecto al agua, los sedimentos o los tejidos vegetales o animales, se proporciona un punto de referencia para garantizar la integridad ecológica de ecosistemas acuáticos o la protección de la salud humana cuando se consume agua (por ejemplo, para el baño o como agua potable).
Por último, para que las medidas de control o las NCA puedan ser eficaces, tienen que combinarse con un sistema adecuado de seguimiento para que las medidas se lleven a cabo y las normas se respeten.
Ese marco conceptual se aplica a todos los tipos de contaminación acuática. No obstante, las consideraciones que se exponen a continuación se refieren únicamente al marco reglamentario para las sustancias prioritarias, aplicable a la contaminación por todas las sustancias químicas que afectan negativamente a la calidad de las aguas superficiales[4]. Otros contaminantes (por ejemplo, nutrientes y materia orgánica) están regulados por actos concretos de la legislación comunitaria (como la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas[5] y la Directiva sobre nitratos[6]).
¿Cómo se regulaba la contaminación química de las aguas superficiales en el pasado?
A principios de los años setenta, se publicaron informes alarmantes sobre el Rin y otros ríos europeos en los que se documentaban altos niveles de contaminación química responsables de incidentes frecuentes de muertes de peces. La respuesta del Consejo fue una Directiva relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad (Directiva 76/464/CEE)[7], que establece un ambicioso programa de prevención y limitación de la contaminación por sustancias peligrosas. Los contaminantes químicos se agruparon en la lista I, compuesta por sustancias consideradas especialmente tóxicas, persistentes y bioacumulables que debían regularse por la Comunidad Europea (la regulación de las sustancias de la lista II, menos problemáticas, se dejó en manos de los Estados miembros). En 1982, la Comisión propuso una lista de 132 sustancias para su inclusión en la lista I. En 1990 se habían fijado valores límite de emisión y normas de calidad para 18 de esas 132 sustancias en cinco directivas de desarrollo[8]. A continuación, el Consejo detuvo la propuesta de la Comisión de regular las demás sustancias[9] aduciendo que el proceso legislativo había sido lento e ineficaz. Solicitó a la Comisión que reconsiderara la política a la luz de los debates que se estaban manteniendo sobre una nueva política sobre prevención y control integrados de la contaminación (IPPC).
En 1996, se adoptó la Directiva IPPC[10], que recoge en parte el marco regulador de la Directiva 76/464/CEE y mantiene los valores límite de emisión como requisitos mínimos. No obstante, esa Directiva IPPC sólo se aplicaba a determinadas instalaciones y, por esa razón, la Comisión incorporó las disposiciones restantes pertinentes de la Directiva 76/464/CEE en su propuesta modificada de Directiva marco sobre aguas[11].
Durante los 25 años transcurridos desde que se adoptó la Directiva 76/464/CEE, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión ha publicado varios informes sobre su aplicación[12]. La valoración global del éxito de esa política no es unívoca: a pesar de los resultados positivos, evidentes y demostrables en cuanto a la reducción de la contaminación de fuentes industriales concretas, se han observado algunos problemas graves de aplicación[13].
La DMA, basada en el concepto de control integrado de la contaminación, ha superado esos obstáculos y ahora aborda la contaminación química de una forma más holística, eficaz y diferenciada. En la actual propuesta de directiva, la Comisión propone derogar las cinco directivas de desarrollo, contribuyendo así a racionalizar y simplificar la legislación ambiental.
PLANTEAMIENTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN
El planteamiento general de la DMA debe traducirse en medidas concretas que brinden una respuesta a las preguntas siguientes (suscitadas por el artículo 16):
1. ¿Qué sustancias deberían regularse a nivel comunitario?
2. ¿Cuáles son los criterios o indicadores (NCA) necesarios para comprobar si se cumplen los objetivos de la DMA?
3. ¿Qué medidas adicionales deben adoptarse a nivel comunitario para realizar esos objetivos?
En respuesta a la primera pregunta se aprobó, en 2001, una lista de 33 (grupos de) sustancias prioritarias que debían regularse a escala de la Unión[14]. Algunas de esas sustancias suscitan gran inquietud y se han clasificado como «sustancias peligrosas prioritarias». El objetivo de la DMA es interrumpir o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de esas sustancias en un plazo de 20 años.
El objetivo principal de la actual propuesta de directiva es responder a las otras dos preguntas, es decir: establecer normas de calidad ambiental normalizadas y proponer medidas adicionales de control.
La Comisión empezó a preparar su propuesta en 2001, abriendo un proceso de consulta de carácter intensivo y extensivo. La consulta se realizó, fundamentalmente, en forma de intercambios periódicos con el Foro consultivo de expertos de los Estados miembros y otros países (Noruega, Bulgaria y Rumanía), medios industriales y organizaciones no gubernamentales. Además, la propuesta de NCA fue estudiada por el Comité científico de toxicidad, ecotoxicidad y medio ambiente (CCTEMA). Por último, entre junio y septiembre de 2004 se realizó una consulta por escrito sobre un proyecto de directiva.
Durante el proceso preparatorio, se realizaron dos estudios que constituyeron la base de la evaluación de impacto[15]. En ella se consideraron tres opciones principales y varias subopciones:
Opción 1: No presentar ninguna propuesta y dejar completamente en manos de los Estados miembros la labor de regulación.
Opción 2: Presentar una propuesta únicamente sobre NCA armonizadas y dejar en manos de los Estados miembros la especificación de medidas adicionales de control.
Opción 3: Proponer tanto NCA como medidas adicionales de control de las emisiones a nivel comunitario.
A continuación se analizan con más detalle esas opciones.
Las normas de calidad ambiental (NCA) establecen las concentraciones de contaminantes que no deben superarse con objeto de proteger la salud humana y el medio ambiente. En el contexto de la Directiva marco sobre aguas, las NCA determinan el objetivo medioambiental de conseguir un «buen estado químico de las aguas superficiales» y, por consiguiente, incluyen criterios de evaluación de la conformidad por parte de los Estados miembros (véase el artículo 2, apartado 24).
En el pasado ya se establecieron algunas NCA para el agua a nivel comunitario (véase la sección 1.3). Además, la mayoría de los Estados miembros ha elaborado una serie completa de NCA a nivel nacional, regional o de cuenca hidrográfica. En la actualidad, las normas nacionales de calidad correspondientes a sustancias prioritarias varían considerablemente en toda la Unión. Como consecuencia de ello, el grado de protección y las condiciones impuestas a los usuarios de agua (la industria, por ejemplo) difieren mucho de un Estado miembro a otro.
Lo que quiere la Comisión es que, en relación con las sustancias prioritarias, que por definición interesan a toda la Unión, el establecimiento de NCA garantice que la aplicación de la Directiva se haga de forma coherente con las obligaciones del texto jurídico y pueda compararse entre los Estados miembros. Por otra parte, es preciso disponer de una base armonizada para la evaluación, en particular por lo que se refiere a las cuencas hidrográficas internacionales. Asimismo, las NCA deben elaborarse teniendo en cuenta otros aspectos, como las sustancias químicas y los plaguicidas, y garantizando la coherencia de los ejercicios de determinación del riesgo.
La mejor solución para alcanzar esos objetivos consiste en armonizar NCA para sustancias prioritarias a nivel comunitario. Por esa razón, se descartó la opción 1 (no presentar ninguna propuesta).
Además de NCA, la DMA obliga a la Comisión a presentar medidas comunitarias de control dirigidas a reducir la contaminación por sustancias prioritarias o a efectos de interrumpir o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. Ya hay una amplia gama de instrumentos disponibles y operativos, por ejemplo controles de productos (restricciones de comercialización y uso, etc.), controles de procesos (mejores técnicas disponibles, valores límite de emisión, etc.) o instrumentos económicos (como impuestos sobre los plaguicidas).
Ya antes de la DMA se disponía de legislación comunitaria que contribuía a conseguir los objetivos de esa Directiva, por ejemplo medidas relativas a las sustancias químicas (incluidos los plaguicidas y los biocidas) y a la contaminación industrial. Además, desde el año 2000 la Comisión ha venido presentando muchas propuestas y decisiones sobre medidas de control de la contaminación provocada por sustancias prioritarias concretas de acuerdo con el artículo 16, apartado 6, de la DMA[16]. Asimismo, la revisión actual de la legislación sobre sustancias químicas[17] ayudará considerablemente al logro de los objetivos de la DMA. Todas esas políticas y actos legislativos comunitarios se describen con más detalle en la evaluación de impacto.
La aplicación de la mayor parte de esas medidas aún no es completa y, por tanto, es imposible determinar si los objetivos de la DMA se alcanzarán poniendo en práctica esas políticas o si aún quedan lagunas que habría que colmar con una actuación comunitaria.
Durante el análisis de los impactos socioeconómicos de las distintas opciones se reconoció también ese reto. En relación con la opción 3 se formuló una serie de supuestos con vistas a determinar medidas específicas a escala de la Unión (por ejemplo, valores límite de emisión) aplicables a las industrias más afectadas, es decir, la industria química (principalmente cloro y plaguicidas), la siderúrgica, el sector de los metales no ferrosos, la transformación del PVC y las refinerías. Al estudiar esa opción se calculó que acarrearía costes elevados (para más detalles, véase la evaluación de impacto). Asimismo se observó que podía tener repercusiones sobre el empleo. Sobre la base de los datos disponibles, resultaría más rentable, flexible y proporcionado que fueran los Estados miembros los que introdujeran medidas adicionales (incluso valores límite de emisión). Por consiguiente, se excluyó la opción 3 por los costes desproporcionados que llevaría aparejados.
En conclusión, la Comisión considera que el corpus actual de legislación comunitaria permitirá, en la mayoría de los casos, la consecución de los objetivos de la DMA. Por otra parte, la evaluación de impacto pone de manifiesto que el planteamiento más rentable y proporcionado que puede aplicarse a las sustancias prioritarias consiste en el establecimiento de normas claras y armonizadas que den a los Estados miembros la máxima flexibilidad en cuanto a su realización. Si los Estados miembros proporcionan pruebas suficientes respecto a la necesidad de medidas adicionales a escala comunitaria, los instrumentos existentes brindan toda una serie de mecanismos para que puedan presentar esas pruebas a la Comisión como base para el debate.
En el estudio de impacto se consideraron los costes socioeconómicos de la opción política elegida, la opción 2. Los costes estimados ascendían aproximadamente a 700 millones de euros al año, cifra muy inferior a la correspondiente a la opción 3. La evaluación demostró claramente que la opción 2 (fijar NCA armonizadas a escala comunitaria) es la mejor opción.
Tras ese estudio se realizaron otras evaluaciones. En primer lugar, se calculó el grado actual de cumplimiento de las NCA propuestas y se observó que era mayor incluso de lo que se había previsto en el estudio de costes. En el caso de las sustancias orgánicas, el grado de cumplimiento podría ser superior, en la mayoría de los casos, al 75 %, y en el de los metales, entre el 50 % y el 80 %. No obstante, faltan muchos datos porque no se dispone de los resultados del seguimiento correspondientes a EU-10 ni a algunas sustancias prioritarias. El grado de cumplimiento respecto al níquel, el plomo y algunas sustancias orgánicas es inferior a los porcentajes antes indicados.
Se estudiaron también algunas subopciones para precisar más las elecciones y planteamientos respecto al establecimiento de NCA armonizadas. Más importante aún, se decidió que el principio general debía consistir en establecer un vínculo con los ejercicios de determinación del riesgo realizados con arreglo a otros actos legislativos comunitarios para garantizar una coherencia entre los distintos ámbitos políticos. Algunos de esos ejercicios aún no han concluido, y respecto al níquel y el plomo, por ejemplo, es difícil prever cuándo van a estar listos. Por consiguiente, la Comisión se ha comprometido a modificar su propuesta de NCA si se observan grandes diferencias entre los resultados definitivos de la determinación del riesgo y la propuesta actual.
Otras subopciones consistieron en considerar planteamientos respecto al establecimiento de NCA para sedimentos, la biota, metales y espacios protegidos en relación con la producción de agua potable. También se estudiaron aspectos relativos al análisis y seguimiento en relación con la conformidad. En general, las subopciones que se eligieron respondían a la voluntad de minimizar el impacto de la propuesta manteniendo un grado elevado de protección del medio ambiente.
Por último, el estudio de las NCA por parte del CCTEMA y la amplia consulta por escrito sobre los proyectos contribuyeron a racionalizar la propuesta, por ejemplo suprimiendo algunas de las metas vinculantes respecto al control de emisiones. Además, se actualizaron las NCA propuestas con respecto a varias sustancias prioritarias a la luz de nuevos datos y de las observaciones formuladas por el CCTEMA. En la mayoría de los casos (níquel, plomo, mercurio, nonilfenol e HAP, por ejemplo), se redujo la severidad de las NCA tras una revisión científica.
Con esas adaptaciones se pretendía aumentar el grado actual de cumplimiento y reducir el impacto económico de la propuesta.
En la evaluación de impacto se estudiaron también los beneficios de las acciones propuestas, tanto los beneficios directos como los beneficios de no uso. Como en el caso de otras evaluaciones de impacto, no es posible en este momento cuantificar los beneficios y asignarles una cifra global. Los beneficios económicos directos son, por ejemplo, la reducción de los costes del tratamiento de agua potable y de la deposición de sedimentos contaminados, que supondría un ahorro de entre 100 y 400 millones de euros al año. No se espera, sin embargo, que la propuesta consiga explotar todo ese potencial porque tras su plena aplicación va a seguir siendo necesario cierto grado de tratamiento del agua potable para eliminar sustancias prioritarias.
También se prevén beneficios para el sector del pescado y el marisco y más oportunidades para las industrias que proporcionan tecnologías menos contaminantes. Asimismo cabe esperar toda otra serie de beneficios medioambientales y sociales como la protección y aumento de la biodiversidad, menos riesgos de exposición para bañistas y surfistas, sedimentos menos contaminados y menos acumulación en la cadena alimentaria, por ejemplo cuando el ganado o la caza bebe en ríos o lagos.
Por último, se prevé que la propuesta va a reducir considerablemente la carga administrativa. El hecho de disponer de NCA armonizadas evitará que los Estados miembros tengan que realizar una labor preparatoria similar para conseguir unas normas científicas válidas. Asimismo, va a contribuir a la racionalización y simplificación de las obligaciones de seguimiento e información, en particular gracias a la derogación de las cinco directivas existentes.
ACCIONES CENTRADAS EN SUSTANCIAS PRIORITARIAS CON ARREGLO A LAS POLÍTICAS EXISTENTES
Como ya se ha dicho antes, la propuesta de directiva no incluye medidas adicionales de control de emisiones. La Comisión considera que ya existe una gama completa de instrumentos jurídicos que los Estados miembros pueden utilizar para cumplir los objetivos de la DMA respecto a las sustancias prioritarias. No obstante, propone algunas acciones concretas para orientar mejor la legislación comunitaria aplicable y aumentar su eficacia a los fines de la DMA.
Acción 1: Modificar algunas directivas
Entre 2006 y 2007 deben revisarse y modificarse algunas directivas, en particular las Directivas 96/61/CE y 91/414/CEE. La Comisión pretende aprovechar esas revisiones para determinar si es posible aumentar aún más la eficacia de esos instrumentos para prevenir y controlar la contaminación por sustancias prioritarias. En el caso de la Directiva IPPC una de las modificaciones podría ser incluir una referencia explícita a las sustancias prioritarias en los procedimientos de autorización. En la Directiva sobre plaguicidas, uno de los aspectos que debe mejorarse es, por ejemplo, la consideración de los riesgos para el medio marino. Por otra parte, se está trabajando en la elaboración de modelos de exposición a escala de cuenca hidrográfica con objeto de tener en cuenta otros riesgos, por ejemplo los que afectan a la producción de agua potable. Esos modelos podrían utilizarse en el futuro durante el proceso de evaluación del riesgo.
Acción 2: Mejorar la aplicación y el cumplimiento
En virtud de la legislación comunitaria vigente, los Estados miembros ya pueden o tienen que controlar las emisiones, vertidos y pérdidas de sustancias prioritarias, pero, lamentablemente, la aplicación de esas disposiciones no se realiza de una forma coherente ni comparable. Por ejemplo, podían y debían adoptarse normas de calidad ambiental para contaminantes con arreglo a la Directiva 76/464/CEE. Si se exceden esas normas de calidad con carácter periódico, los Estados miembros pueden tomar una amplia gama de medidas en virtud, por ejemplo, de la Directiva 91/414/CEE (revisar la autorización, etc.) o la Directiva 96/61/CE (revisar los permisos, etc.) en función de las razones de la superación. Aunque a escala europea se han regulado restricciones a la fabricación, puesta en el mercado y uso de algunas sustancias peligrosas, algo que seguirá haciéndose en el futuro, los Estados miembros pueden también, bajo una serie de condiciones estrictas previstas en el Tratado, introducir disposiciones nacionales para limitar la comercialización y el uso de sustancias si suponen un riesgo para el medio acuático[18].
Para mejorar la aplicación y el cumplimiento de la legislación comunitaria vigente, la Comisión va a establecer un intercambio de información con los Estados miembros en el contexto de la estrategia de aplicación común de la DMA con objeto de compartir datos y puntos de vista sobre las posibilidades existentes así como experiencias positivas y mejores prácticas.
Acción 3: Establecer procedimientos para que los Estados miembros presenten pruebas de la necesidad de medidas comunitarias
La Comisión va a establecer procedimientos claros y transparentes tendentes a la creación de un marco racionalizado y focalizado para que los Estados miembros puedan proporcionar información pertinente sobre sustancias prioritarias a efectos de la toma de decisiones comunitarias. Esos procedimientos podrían basarse en el artículo 12 de la DMA y prever un calendario, un proceso y un formato específicos para presentar pruebas a los comités u organismos decisorios que correspondiera con arreglo al instrumento considerado.
Acción 4: Mejorar la disponibilidad de información
En los próximos años debe colmarse la laguna de conocimientos de la que ya se ha hablado más arriba. La aplicación del registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes[19] contribuirá a ello sin lugar a dudas. Además de información sobre vertidos, emisiones y pérdidas, la Comisión pretenderá mejorar la información sobre sustancias prioritarias, en particular sobre calidad ambiental, tendencias, liberaciones y vías de dispersión en el medio acuático. A tal fin, la Comisión, junto con la AEMA, el CCI y ESTAT está desarrollando ya un sistema compartido de información del agua en Europa (sistema WISE - Water Information System for Europe )[20].
La Directiva marco sobre el agua, junto con la actual propuesta de la Comisión sobre una directiva relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, establece objetivos claros, ambiciosos y sostenibles en relación con la presencia de sustancias prioritarias en aguas superficiales. Lo que se pretende es conseguir un grado elevado de protección del medio acuático y de la salud humana frente a la exposición a concentraciones de esas sustancias químicas en el agua. Además, se aspira a aumentar la comparabilidad de las condiciones impuestas a las industrias en el mercado interior.
Para garantizar el nivel y la combinación más rentables y proporcionados de medidas para alcanzar esos objetivos, la Comisión considera conveniente dar a los Estados miembros la mayor flexibilidad de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Por eso no propone en su directiva medidas específicas adicionales sino que pretende recurrir a la amplia gama de instrumentos comunitarios existentes y aumentar su eficacia, como se ha explicado en la presente comunicación.
Si se aplica en su totalidad, la legislación comunitaria vigente proporciona una sólida red de políticas interoperativas con las que abordar este difícil problema pluridimensional. No obstante, a medida que conocemos mejor las presiones, situaciones e impactos ambientales, tendremos que determinar, dentro de esa compleja red, cuáles son los ámbitos donde pueden introducirse mejoras y cuáles son las omisiones que pueden remediarse.
[1] Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1), modificada por la Decisión 2455/2001/CE, de 20 de noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas (DO L 331 de 15.12.2001, p. 1).
[2] Artículo 16 de la DMA: en la primera lista de sustancias prioritarias adoptada en virtud de la Decisión 2455/2001/CE figuraban 33 sustancias o grupos de sustancias (véase la nota a pie de página 1). Para más información sobre la metodología y los resultados de la labor de determinación de sustancias prioritarias, véase http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm.
[3] COM(2006) 397 final.
[4] Definidas como las sustancias que forman parte de los grupos y familias indicados en los puntos 1 a 9 del anexo VIII de la DMA.
[5] Directiva 91/271/CEE del Consejo (DO L 135 de 30.5.1991, p. 40).
[6] Directiva 91/676/CEE del Consejo (DO L 375 de 31.12.1991, p. 1).
[7] DO L 129 de 18.5.1976, p. 23.
[8] Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE (en su versión modificada por las Directivas 88/347/CEE y 90/415/CEE).
[9] COM (90) 9 final de 8.2.1990 (ISBN 92-77-57387-2).
[10] Directiva 96/61/CE (DO L 257 de 10.10.1996, p. 26).
[11] Véase COM(98) 76 final (DO C 108 de 7.4.1998, p. 94), que modifica a COM(97) 614 final (DO C 16 de 20.1.1998, p. 14) y COM(97) 49 final (DO C 184 de 17.6.1997, p. 20).
[12] europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/library.htm.
[13] El obstáculo principal fue el planteamiento conceptual, basado en dos opciones: bien valores límite de emisión bien objetivo ambiental. La DMA introdujo el «planteamiento combinado» que toma los puntos fuertes de ambas opciones. Además, no se habían establecido plazos claros de aplicación ni un umbral mínimo para la contaminación insignificante. Tampoco resultaba claro el reparto de responsabilidades entre la Comisión Europea y los Estados miembros. Algunos de esos problemas podrían haberse solucionado con orientaciones de aplicación, de las que no se disponía entonces.
[14] Véanse las notas a pie de página 1 y 2.
[15] SEC(2006) 947.
[16] Por ejemplo, decisiones sobre la no inclusión de algunos plaguicidas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE (véase la Decisión 2004/247/CE respecto a la simazina o la Decisión 2004/248/CE sobre la atrazina), la propuesta de directiva sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas (COM (2003) 319 final), propuestas de restricciones a la comercialización y el uso con arreglo a la Directiva 76/769/CEE (por ejemplo, de éter de pentacromodifenilo o de triclorobenceno), la estrategia sobre el mercurio (COM (2005) 20 final) o el Reglamento sobre contaminantes orgánicos persistentes (Reglamento (CEE) nº 850/2004).
[17] Propuesta REACH (COM (2003) 644 final).
[18] Véase, por ejemplo, la Decisión 2002/884/CE de la Comisión de 31 de octubre de 2002 (DO L 308 de 9.11.2002, p. 30).
[19] Reglamento (CE) nº 166/2006 (DO L 33 de 4.2.2006, p.1).
[20] El documento programático sobre WISE puede consultarse en http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/transposition.html.