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Timestamp: 2018-09-25 17:11:23
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Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 37', 'artículo 17', 'artículo 55', 'artículo 1', 'artículo 57', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'artículo 73', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 151', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 147', 'artículo 16', 'artículo 404', 'artículo 13', 'Artículo 282', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 2']

Constitución española. Derechos y deberes. Organización territorial. Derecho penal. Administración pública. Derecho procesal. Detención. Cuerpos y fuerzas de seguridad
190 paginas / es
1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
1.1. El constitucionalismo
La Constitución,también llamada “Norma Suprema”, “Ley de Leyes”, “Súper Ley” o “Carta Magna”, es la norma jurídica más importante de todo el ordenamiento jurídico del Estado. Si alguna otra norma jurídica la contradice, sería declarada “inconstitucional” y, por consiguiente, “ilegal”.
Salvo en el caso del Reino Unido, que tuvo su revolución en el siglo XVII, las constituciones modernas comienzan a surgir a finales del siglo XVIII, como reacción al poder absoluto de los monarcas de la época, que acumulaban en sus manos todos los poderes. De esta forma, el poder pasa del rey al pueblo soberano y sus integrantes pasan de “súbditos” a “ciudadanos”.
En esta línea, la revolución francesa (1978) adopta las ideas del filósofo francés Montesquieu, quien en su libro “Del Espíritu de las Leyes” establece la famosa “Teoría de la División de Poderes”, según la cual los poderes del estado (legislativo, ejecutivo y judicial), deberían estar en tres manos diferentes que se controlaran mutuamente, pues su acumulación en una sola llevaría inevitablemente al abuso de poder, que es lo que estaba ocurriendo hasta entonces.
1.2. Historia del constitucionalismo español
El constitucionalismo español está marcado por las tres Constituciones siguientes:
La Constitución de 1812, aprobada en Cádiz, en plena Guerra de la Independencia, el 19 de marzo. Por eso, los liberales de la época la llamaron “la pepa” (día de San José). Está inspirada en la surgida de la Revolución Francesa.
En 1814, terminada la Guerra de la Independencia, regresa del exilio Fernando VII y declara ilegal el texto constitucional, a la vez que persigue a sus defensores. España vuelve a caer nuevamente en una monarquía absolutista y los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) vuelven a estar concentrados en una sola mano.
La Constitución de 1931, aprobada tras la caída de la monarquía y la proclamación de la Segunda República ese mismo año. Fue, como la de Cádiz, muy moderna para su tiempo, pues introducía términos como el matrimonio civil, el divorcio, el derecho de sufragio de la mujer, etc., y muy corta. En 1939 Franco gana la Guerra Civil y la hace desaparecer. Una vez más, los tres poderes de Montesquieu vuelven a estar concentrados en una sola mano.
La Constitución de 1978, de la que pasamos a hablar a continuación.
1.3. La Constitución Española de 1978
La Constitución Española es la culminación de un proceso, ya histórico, que ocurrió en nuestro país entre los años 1975 y 1978. A tal proceso se le ha llamado: “La Transición”, en tanto que supuso “transitar” desde la dictadura hacia la democracia. Los pasos dados para efectuar dicha transición fueron los siguientes:
Muerte del General Franco y proclamación del Príncipe Juan Carlos, a título de heredero del franquismo, como Rey y Jefe de Estado. Pero Juan Carlos I, en lugar de continuar con la dictadura, fue uno de los principales impulsores de la democracia.
Ley para la Reforma Política: El Rey nombra Presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, quien promueve la Ley Fundamental para la Reforma Política ((Ley 1/1977, de 4 de enero). Esta ley fue aprobada por las mismas Cortes que proclamaron al Rey (aún franquistas) y refrendada por el pueblo el 15 de diciembre de 1976.
Las primeras elecciones democráticas: El 15 de junio de 1977 se disuelven las Cortes y se convocan elecciones generales con la participación de los diferentes partidos políticos. Las nuevas Cortes Generales resultaron ser unas auténticas “Cortes Constituyentes”, pues serían las encargadas de redactar una nueva constitución para todos los españoles. Esto se hizo así:
El Congreso de los Diputados designó a una Ponencia Constitucional encargada de redactar el Proyecto de CE.
El 31 de octubre de 1978, ambas Cámaras (Congreso y Senado), por separado, aprobaron el texto constitucional.
El 6 de diciembre de 1978 el pueblo español la ratificó mediante referéndum.
El 27 de diciembre de 1978, el Rey y Jefe del Estado la sancionó y promulgó.
El 29 de diciembre de 1978 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entrando en vigor ese mismo día según lo dispuesto en la propia Constitución.
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PRINCIPIOS INSPIRADORES
Escrita: Como cualquier norma jurídica.
Codificada: Dividida en títulos, capítulos, secciones y artículos
Extensa: Consta de 169 artículos (la francesa tiene 89 y la italiana 139)
Monárquica: Se proclama como forma política del estado la Monarquía Parlamentaria
Democrática: El poder radica en el Pueblo Soberano.
Autonomista: La definición más válida y actual para la división territorial de España es: Estado de las autonomías o Estado autonómico. No es un estado federal, ni confederal, pero se acerca.
Rígida: Difícil de cambiar, pues los procedimientos para modificarla requieren de un consenso importantísimo de las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales y de los ciudadanos.
Consensuada: Su redacción final fue el fruto del consenso de los distintos partidos políticos representados en las Cortes Generales.
Refrendada: Por el pueblo español, mediante referendum.
Por lo que respecta a la esencia de la Constitución y de su contenido, cabe destacar, además de las anteriores, las siguientes características:
Se trata de una norma supralegal que no puede ser alterada o reformada mediante los procedimientos ordinarios de creación o modificación de normas. La Constitución sólo podrá reformarse mediante un procedimiento específico, de carácter agravado, más dificultoso que el procedimiento legislativo ordinario y definido en los artículos 166 al 169. Así pues, ninguna ley puede modificar a la Constitución.
Los preceptos constitucionales, no sólo no pueden ser alterados, sino tampoco contradichos, o ignorados, por la acción u omisión de los poderes públicos. La Constitución tiene un valor de Derecho más fuerte, en el sentido de que esos poderes no podrán válidamente contravenir sus disposiciones; si así lo hicieran, su actuación sería inconstitucional, y susceptible por tanto, de la correspondiente sanción, que puede llegar a la declaración de nulidad.
Finalmente, ha de tenerse en cuenta que la Constitución viene a imponer también unos límites genéricos a la acción de los poderes públicos (incluyendo al legislador): los límites derivados del respeto a una serie de valores y principios que se expresan en abstracto en la Constitución (se verá en el siguiente epígrafe).
2.2. Principios inspiradores de de la Constitución Española de 1978
Los grandes valores sociales en que se sustenta nuestra Constitución están tomados de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Libertad: Es un principio consagrado por todas las constituciones democráticas. El ser humano es libre para hacer lo que quiera, teniendo como único límite los derechos y libertades de las demás personas y la ley. Se consagra en el Título I, art. 10.1 CE.
Justicia: Todos los seres humanos son iguales ante la ley y deben estar protegidos contra toda discriminación en la aplicación de la misma. Título VI (del Poder Judicial) y IX (del Tribunal Constitucional).
Igualdad: El valor de la igualdad implica la aceptación de que todos somos iguales, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Título I, artículos 9.2 y 14 CE.
Pluralismo político: la existencia de una sola opción política es la negación del pluralismo. Para evitarlo, sebe existir un sistema plural de partidos políticos. Título I, artículos 6 y 7 CE.
2.3. Principios del Régimen Constitucional
Estado democrático: Todos los poderes, incluidos los del Jefe del Estado, emanan del “Pueblo Soberano”, quien se gobierna a sí mismo y elige su propio destino, mediante la participación ciudadana en la llamada “democracia representativa”. Asi, resulta que el Estado español es democrático por:
Su origen: Su Constitución fue elaborada por unas “Cortes Constituyentes”, elegidas por el pueblo y ratificada en referendum por el mismo pueblo.
Su forma: Todos los poderes, como hemos dicho, emanan del pueblo.
Su funcionamiento: A través de las Cortes Generales compuestas por diputados y senadores elegidos por el pueblo, quienes toman las decisiones por mayoría simple, absoluta (mitad + uno) o por mayoría de tercios o tres quintos, según los casos.
Estado social: El Estado tiene la obligación de esforzarse por consolidar y elevar el “bienestar social de sus ciudadanos”, es decir, por dotarles de la dignidad que se merecen en su calidad de seres humanos (derechos fundamentales, derivados de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
Estado de derecho: Implica la supresión de la arbitrariedad, de la injusticia y del despotismo. Todo y todos quedan bajo el imperio de la Constitución. Y ello se consigue a través de los siguientes principios:
La ley nace como expresión de la voluntad popular;
Los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial son independientes;
La Administración ha de actuar conforme a la Ley y será supervisada por la Autoridad Judicial que será independiente y contará con su propio órgano de gobierno (el Consejo General del Poder Judicial);
El reconocimiento y la protección de los derechos y libertades se ajustará a la Declaración Universal de los Derechos Humanos;
La seguridad jurídica se garantizará mediante la “Jerarquía Normativa” y
El Tribunal Constitucional velará para que ninguna norma atente contra lo dispuesto por la Constitución.
Estado autonómico: El poder político se distribuye entre el Estado y las Comunidades Autónomas en virtud del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española, lo que ha dado lugar al traspaso de competencias desde la Administración Central a la Autonómica.
Monarquía parlamentaria: El Rey no es ni titular ni cotitular de la soberanía, que radica en el “Pueblo Soberano”, sino titular de un órgano constitucional (la Monarquía). Su régimen jurídico se caracteriza por lo siguiente:
Los aspectos fundamentales de su régimen jurídico son competencia de las Cortes Generales
El rey solo posee los poderes o potestades que la Constitución y las leyes dispongan expresamente.
Los actos constitucionales del rey son actos debidos y no puede cuestionarlos, sino cumplirlos.
El rey no ejerce poder político (reina, pero no gobierna).
El rey es irresponsable políticamente, por lo que la responsabilidad política de sus actos la asume mediante el refrendo la autoridad que lo presta (con carácter general, el Presidente del Gobierno o el Ministro respectivo).
Garantía Jurídica de los ciudadanos: Avalada por el artículo 9.3 CE, que garantiza los principios de “legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción (prohibición) de la arbitrariedad de los poderes públicos”.
3. ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN
La Constitución española, como la mayoría de las constituciones, se estructura en dos grandes apartados: parte dogmática (títulos preliminar y I) y parte orgánica. (títulos II al X), además de un preábulo y algunas disposiciones finales.
Preámbulo: Es una declaración política, carente de valor normativo, en la que se expresan los valores en que se sustenta la Constitución. Por lo tanto, va a tener una gran importancia a la hora de interpretar rectamente el contenido de la misma.
Parte dogmática: Dividida en dos títulos:
El título preliminar, que aborda los principios constitucionales, y
El título I, que regula los Derechos y Deberes Fundamentales de los ciudadanos.
Parte orgánica, en la que se definen los Órganos de Poder, en los siguientes títulos:
De la Corona: Regula la figura y funciones del Rey, la sucesión a la Corona, la Regencia, etc.
De las Cortes Generales. Consta de tres Capítulos relativos a las Cámaras (Congreso de los Diputados y Senado), la elaboración de las Leyes y los Tratados Internacionales.
Del Gobierno y de la Administración: Regula la composición y funciones del Gobierno, su nombramiento, cese, responsabilidad, etc.
De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales: Regula la responsabilidad política del Gobierno, las mociones, interpelaciones y preguntas al mismo, así como los estados de alarma, excepción y sitio.
Del Poder Judicial: Regula sus funciones y las de su órgano de gobierno: el Consejo General del Poder Judicial.
De la Economía y Hacienda:, Regula lo que se ha venido a llamar el Derecho Constitucional Socioeconómico.
De la Organización Territorial del Estado:, con tres Capítulos, relativos a los Principios Generales, la Administración Local y las Comunidades Autónomas. Este último es el más amplio de todos, regulándose con mucho detalle las competencias exclusivas y delegables de las Comunidades Autónomas y del Estado, así como el contenido y aprobación de los Estatutos de Autonomía.
Del Tribunal Constitucional, como órgano supremo del Estado en materia de garantías constitucionales e interpretación de la Constitución.
De la reforma constitucional, garantizando el texto constitucional frente a intentos simples de revisión.
Disposiciones: En la estructura de la Constitución hay que señalar que existen partes que no están articuladas, o sea, no están divididas en artículos, pero que forman parte de la misma y que hay que conocer y tener en cuenta puesto que su contenido es importante para un mejor conocimiento del propio texto constitucional. Se trata de:
Las Disposiciones adicionales y transitorias. Entre otras materias, regulan algunos procedimientos especiales de acceso a la autonomía, como el caso de Navarra, Ceuta y Melilla, etc.; asimismo, tratan de los Derechos Históricos Forales, su posible actualización, etc.
La Disposición derogatoria. Deja sin vigor a la Ley para la Reforma Política, de 4 de enero de 1977, así como, en tanto no estuvieran ya derogadas por ésta, a las anteriores Leyes Fundamentales. Contiene, también, una cláusula derogatoria general respecto de cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la Constitución.
La Disposición final. Establece que “esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará, también, en las demás lenguas de España”.
4.- TÍTULO PRELIMINAR
, 18, apartados 2 y 3; artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.
La Constitución, en su artículo 55, permite dos formas de suspensión de derechos fundamentales:
La que acompaña a una declaración ya sea del estado de excepción o del estado de sitio, que daría lugar a la suspensión temporal de los derechos citados en el apartado 1 del art. 55, y
La individual, que estaría relacionada con la actuación de bandas armadas y elementos terroristas y que permite la suspensión de tres derechos fundamentrales:
La ampliación del tiempo de detención de 72 a 120 horas, la incomunicación del detenido y la no interacción privada entre entre detenido y abogado, particular o de oficio.
La entrada en domicilio privado sin orden judicial, dando cuenta inmediata al Juez, y
La intevención de las comunnicaciones, previa autorización del Ministerio del Interior y consiguiente comunicación al juez, dentro de las primeras 72 horas, quien confirmará o revocará la decisión tomada (art. 579 LECrim).
La legislación de desarrollo, a la suspensión de estos derechos y libertades añadió la privación de otras garantías:
Clausura de los medios de difusión, lo que supone afectar la libertad de prensa (art. 20).
Suspensión de cargo público y privación del derecho de sufragio pasivo (art. 23.2).
Declaración de ilegalidad y disolución de partidos políticos y asociaciones, frente a la libertad de asociación (art. 22)
TÍTULO II. LA CORONA
1.- LA CORONA
La Constitución dedica el Título II a la Corona, artículos 56 a 65, refiriéndose a la misma como expresión de una monarquía parlamentaria (artículo 1.3 C.E.), en la cual el Rey encarna la figura de árbitro o moderador por encima de cualquier carácter partidista.
La figura del Rey
Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona
Pero, además, tenemos que saber que:
La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad..
Sin refrendo sus actos no son válidos, y que los actos del Rey son refrendados por el Presidente del Gobierno, los Ministros competentes y Presidente del Congreso, según los casos. Aquí atenderemos a los artículos 64 y 65.2 de la C.E.
1.2.- Sucesión a la Corona.
La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
El apartado 1 del artículo 57 determina que el trono se defiere (se otorga) al primogénito y a sus descendientes, de padres a hijos y nietos, y así sucesivamente, con preferencia sobre los hermanos y los sobrinos por razón de línea; que las mujeres sólo tienen acceso al trono si no tienen hermanos varones; y que la preferencia de línea con derecho a la representación significa que los nietos anteceden, en caso de fallecimiento, a los padres, a los tíos, y a los hermanos del Rey difundo.
Unido el principio de primogenitura al de la representación (sin parangón alguno en nuestros precedentes ni en el derecho comparado), supone que el primogénito constituirá siempre cabeza de la primera línea descendente; el segundo legítimo, cabeza de la segunda, y así sucesivamente, de forma que ningún integrante de la segunda línea podrá entrar a suceder mientras queden descendientes de la primera.
Por otra parte, también debemos saber que:
En caso de extinción de las líneas sucesorias, serán las Cortes Generales las que proveerán la sucesión a la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.
En caso de que las personas con derechos sucesorios contraigan matrimonio contra la prohibición expresa del Rey o de las Cortes Generales, quedarán excluidas de la sucesión, tanto ellas como sus descendientes.
En todo caso, Las abdicaciones, renuncias o cualquier duda respecto a la sucesión a la Corona, se resolverá por las Cortes Generales mediante una Ley Orgánica.
Referencia a la Reina consorte o al consorte de la Reina
Capacidad del Rey
El Rey ha de ser mayor de edad y tener la capacidad necesaria para el ejercicio de su autoridad. Si no poseyese esas condiciones, se ponen en marcha 2 instituciones con significado distinto, tendentes a suplir la falta de capacidad del Rey tanto en el orden político, a través de la Regencia, como en el orden civil, a través de la tutela.
La Regencia.
Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey, y en su defecto, el pariente de mayor edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia, y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.
Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, esta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de 1, 3 o 5 personas.
Para ejercer la Regencia, es preciso ser español, y mayor de edad. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey”.
Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.
Proclamación y juramento.
El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de prestar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.
El juramento del Rey es manifestación de la antigua costumbre de los Reyes hereditarios de prestar juramento de respetar y observar las leyes, fueros, privilegios y costumbres de su reino, antes de recibir el juramento de fidelidad y obediencia de sus súbditos.
Funciones del Rey.
Sancionar y promulgar las Leyes: Se trata de una función puramente nominal, pues según el art. 91 “El Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación”.
Convocar y disolver las Cortes Generales, y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
Proponer al candidato a Presidente del Gobierno, y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución: aunque el Rey carece de cualquier margen de libertad en el nombramiento y cese del Presidente del Gobierno, si se ha reconocido dicho margen en la propuesta del candidato. Sin embargo, el poder del Rey se encuentra materialmente condicionado por la necesidad de que el candidato propuesto obtenga la mayoría del Congreso de los diputados.
Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente: es pacífica la opinión de que el nombramiento y separación de los Ministros (que no responden individualmente ante el Parlamento) es responsabilidad exclusiva del Presidente del Gobierno.
Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares, y conceder honores y distinciones con arreglo a las Leyes.
Ser informado de los asuntos de Estado, y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno: son funciones ligadas a la autoritas que debe acompañar a la actividad de la Corona.
El Mando Supremo de las Fuerzas Armadas: se trata de uno de las funciones que más polémica ha suscitado, por la discusión sobre si ese mando es sólo honorífico o real.
Ejercer el Derecho de gracia con arreglo a la Ley, que no podrá autorizar indultos generales: este Derecho ha de ejercerse con arreglo a la Ley.
El Alto Patronazgo de las Reales Academias: lo cual tiene su justificación en que a lo largo de la historia todas las Academias han sido de creación real.
; 145.2; y 158.2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado, En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto, que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.
Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones.
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 76. (Comisiones de investigación)
El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.
Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.
Artículo 77. (Peticiones a las cámaras)
Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.
Artículo 78. (La Diputación permanente)
En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cámaras, cuando éstas no están reunidas.
Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.
Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.
Artículo 79. (Cómo se adoptan los acuerdos)
Para adoptar acuerdos las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.
Dichos acuerdos para ser válidos deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras.
Artículo 80. (Publicidad de las reuniones o sesiones)
Inviolabilidad e Inmunidad de Diputados y Senadores
Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.
Título IV. El Gobierno y la Administración. Título V. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Título VI. El Poder Judicial
La Ley regulará el Estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.
regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
regulará:
La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
regulará su composición y competencia.
2. Título V. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio y las competencias y limitaciones correspondientes.
La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificará el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las Leyes.
3. Título VI. El Poder Judicial
Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la Ley.
El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la Leydetermine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
TÍTULO VIII. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
La CE mantiene la estructura unitaria del Estado, pero, al propio tiempo, reconoce el derecho de las Entidades territoriales regionales o nacionales a constituirse en Comunidades Autónomas con facultades de autogobierno. Entre las distintas opciones posibles de organización territorial, se ha elegido el modelo de Estado unitario regionalizado, siguiendo el precedente introducido por la Constitución de la II República española.
En concreto, el art. 2 CE dispone, como vimos, que “la CE se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad de todas ellas”, y el art. 137 CE, por su parte, prescribe que “el Estado se organiza territorialmente en Municipios, en Provincias y en las CCAA que se constituyan. Todas estas Entidades gozarán de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”.
2. NOTAS CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO A LA AUTONOMÍA.
La voluntariedad de su ejercicio, salvo que las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica y por motivos de interés nacional lo impidan sustituyendo la iniciativa de las Corporaciones afectadas (arts. 143 y 144 y Disposición Transitoria Primera de la CE).
La generalidad de su otorgamiento. Se puede otorgar a cualquier territorio que tenga el propósito de constituirse en Comunidad Autónoma y reúna los requisitos establecidos.
La igualdad en su contenido. Que ninguna Comunidad Autónoma puede tener privilegios sobre otra aspirando todas ellas, aunque a través de distintas vías y tiempos a las mismas cotas de autonomía.
La progresividad en su integración (art. 148-2º). Como existen diversos tipos de CCAA que accedieron a su autonomía por distintos procedimientos, la igualdad en las competencias de las mismas se han ido adquiriendo progresivamente.
La diversidad de su plasmación en cuya virtud y sin merma del principio de igualdad, las CCAA podrán, dentro de los límites constitucionales, adaptar su estructura y funcionamiento a sus propias exigencias.
Junto a estas notas, hemos de señalar, dos principios básicos:Solidaridad y Autogobierno
3. CONSTITUCIÓNOCREACIÓN DE LAS CC.AA.
a) VÍA ORDINARIA:
Vía especial privilegiada
Artículo 151 y Disposición Transitoria Segunda
Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse la Constitución, con regímenes provisionales de autonomía, pueden acceder a la autonomía plena cuando así lo acuerden por mayoría absoluta sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno.
, en los casos y formas que la Ley establezca.
De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de estas entre si.
regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.
TÍTULO IX. REFORMA CONSTITUCIONAL
Derecho penal: concepto. Principios generales del derecho. Concepto de delito y falta. Dolo y culpa. Sujetos y objeto del delito. Personas responsables de delitos y faltas. GRADOS PUNIBLES DE PERPETRACIÓN DE DELITOS Y FALTAS. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
1. DERECHO PENAL: CONCEPTO
Cuello Calón define el Derecho penal como “el conjunto de leyes que determinan los delitos y las penas que el poder social impone al delincuente”.
Los tratadistas suelen dividir el Derecho penal en dos partes: una denominada GENERAL, dedicada al estudio teórico del delito, y otra ESPECIAL que se ocupa de los diversos delitos y faltas, así como de las penas correspondientes. A este respecto, la Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre, del Código Penal estructura el mismo en tres libros: el primero se corresponde con la parte general y el segundo y tercero con la específica. Concretamente, en el segundo se recogen los distintos delitos y sus penas y en el tercero las diferentes faltas y sus penas.
Aspectos fundamentales del Derecho penal:
Derecho penal OBJETIVO: Cuando hablamos de Derecho penal objetivo nos estamos refiriendo al conjunto de hechos que en sus libros segundo y tercero aparecen tipificados, respectivamente, como delitos y faltas.
Derecho penal SUBJETIVO: Cuando nos referimos a la subjetividad del Derecho penal, hacemos referencia al “ius puniendi” o potestad del Estado para imponer, a través de los Tribunales penales, las penas o las medidas de seguridad derivadas de las conductas delictivas.
Derecho penal COMÚN: El recogido en el Código Penal.
Derecho penal ESPECIAL: El recogido en el Código Penal Militar y en otras leyes (Ley de Contrabando, Violencia de Género, Menores, etc.)
Derecho Penal PERSONALÍSIMO: Las penas se aplican exclusivamente al delincuente. Nunca a terceros (ascendientes o descendientes, por ejemplo).
El derecho penal es una rama del derecho público, en la medida que regula las relaciones entre el Estado y los particulares en materia penal. Sólo el Estado, en nombre del pueblo soberano al que representa, tiene atribuido el “ius puniendi”, es decir, el derecho de imponer penas.
El derecho penal protege bienes jurídicos FUNDAMENTALES (la integridad física, la salud, el honor, la propiedad, etc.), para el desarrollo y convivencia pacífica de quienes la integran.
El derecho penal es eminentemente PREVENTIVO. A este respecto cabe distinguir dos tipos de prevención:
prevención general: Es de carácter persuasivo y evita la comisión del delito por miedo a ir a la cárcel. Otras ciencias la denominan prevención primaria.
prevención específica: Es consecuencia de la propia ejecución de la pena, cuya finalidad principal es la reinserción social del delincuente. Otras ciencias la denominan prevención secundaria o terciaria.
No obstante, con respecto a la prevención existen diversas posturas teóricas: las que consideran que la pena tiene por objeto la compensación del daño causado por el delito (en todo caso a la sociedad); las que consideran que la pena es un mecanismo exclusivamentge preventivo; y los eclécticos, que consideran que la pena tiene ambas funciones.
El derecho penal es también REPRESIVO y SANCIONADOR, en la medida que castiga con determinadas penas las conductas tipificadas en el mismo como delito o falta.
2. PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO PENAL
El Derecho penal, dada la gravedad de las consecuencias del delito y que afecta, como se ha dicho, a los bienes jurídicos fundamentales del individuo y de la comunidad, se rige por una serie de principios informadores que tienen su base en el “principio de legalidad”.
Principio de legalidad: No hay más fuente del derecho penal que la ley. Nadie pùede ser castigado sino por los hechos que la ley ha definido como delitos ni con otras penas que las establecidas por aquella. De este principio se derivan las siguientes garantías jurídicas:
Garantía criminal (nullum crimen sine previa lege): Para que un hecho sea delito tiene que estar previamente tipificado como tal en una ley. El artículo 1.1 del Código Penal señala que no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por Ley anterior a su perpetración.
Garantía penal (nulla pena sine previa lege): Ningún delito conllevará una pena distinta de la que tengra prevista por ley. El artículo 2.1 del Código Penal establece que no será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su perpetración.
Garantía jurisdiccional: Los únicos que tienen atribuida la potestad jurisdicional del Estado para imponer una pena por la comisión de un delito son los Jueces y Tribunales competentes. El artículo 3.1 del Código Penal establece que no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales.
Garantía ejecutiva: La ejecución de la sentencia y el modo de cumplirla debe ajustarse a derecho. El artículo 3.2 del Código Penal dispone que tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los jueces y Tribunales competentes.
Principio de proporcionalidad: La pena ha de ser proporcional a la gravedad del hecho delictivo. Debe existir un equilibrio entre el delito y la pena.
Principio de intervención mínima: Sólo cuando la perturbación de un bien jurídico no puede ser reprimida por otros medios se aplica el Código Penal. Por ejemplo, no es lo mismo una estafa de seis mil euros que el impago de una deuda por dicha cantidad. Las acciones reservadas para el primer caso son penales (Código Penal) y conducen a la cárcel; las previstas para el segundo son civiles (código civil) y, como mucho, si la persona es solvente, darán lugar a un embargo de sus bienes por la cantidad adeudada, pero nunca a la privación de libertad.
Principio de culpabilidad. El artículo 5 del Código Penal establece que no hay pena sin dolo o imprudencia por lo que, para considerar a alguien criminalmente responsable, será necesario que la realización del hecho delictivo responda a una acción u omisión intencionada o imprudente.
De este principio se deduce lo siguiente:
La personalidad de las penas: Se dice que el derecho penal es PERSONALÍSIMO, ya que las penas se aplican exclusivamente a la persona que comete el delito y nunca, por ejemplo, a sus herederos.
La responsabilidad por el hecho. Supone que no pueden castigarse los pensamientos o deseos, sino las acciones u omisiones, por lo que es necesario que exista una manifestación externa, una conducta que podamos hablar de infracción penal.
Principio de resocialización. La prevención específica es la finalidad de la pena. Se busca la reinserción social por adaptación o por temor a las consecuencias del delito. Este principio explica que no exista la cadena perpetua ni la pena de muerte.
Principio de judicialización de la ejecución penal. Todas las decisiones relacionadas con la ejecución de la pena, por ejemplo el cambio de régimen cerrado a régimen abierto, o cualquier otra, deberán ser tomadas por un Juez, independiente de la administración penitenciaria. Generalmente, por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
3. CONCEPTO DE DELITO Y FALTA.
Muchos criminalistas han intentado formular una definición universal de delito y falta que fuera válida para cualquier país en cualquier tiempo, pero su pretensión ha resultado imposible porque, como sabemos, lo que un día no es delito al otro puede serlo (Delitos contra la seguridad del tráfico) o lo que es delito en un país no lo es en otro (ablación del clítoris).
La noción definitiva de delito nos la da el propio Códico Penal en su artículo 10, cuando dice que son delitos o faltaslas acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley y en el artículo 13 hace una clara distinción entre delito y falta, cuando dice que:
Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave.
Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave.
Son faltas las infracciones que la Ley castiga con pena leve.
Pero entre delito y falta no existen diferencias esenciales, pues ambas constituyen infracciones voluntarias penadas por la ley. Si su esencia es identica ¿cuál será su diferencia? Pues, aparte del tipo de pena que conlleva, la distinta gradación en la gravedad del hecho. Así, por ejemplo, en el hurto la línea que divide el delito de la falta está en el valor de lo hurtado, que el legislador ha establecido en los 400 euros. Lo que pase de esta cifra, aunque sea un céntimo, debe ser delito y las consecuencias para el autor del hecho cambian drásticamente. Ya se le puede detener y ya se le puede imputar un delito en el correspondiente proceso penal. Otro claro ejemplo de lo que estamos diciendo lo podemos encontrar en el artículo 147 del código penal, el cual establece cláramente la línea divisoria entre el delito y la falta de lesiones. Según el mismo, para que haya delitose requiere, además de una primeria asistencia facultativa, tratamiento médico quirúrgicoy añade que la simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico, debiendo ser considerada, en este caso, la lesión como falta.
Los delitos se castigan también en grado de tentativa, las faltas sólo cuando hayan sido consumadas (art. 15 CP).
Para que una conducta pueda ser considerada como delito es preciso que en la misma concurran los siguientes elementos:
Acción u omisión: Es necesario que estemos en presencia de una acción u omisión. No basta el simple pensamiento o la predisposición a delinquir. Se precisa de actos externos capaces de producir un cambio en el mundo exterior, por ejemplo, disparar un tiro a alguien, en el caso de la acción, o dejar de socorrer (no hacer, no ayudar) en el caso de un accidente de circulación.
Típicidad: Las acciones u omisiones sólo constituirán delito cuando estén tipificadas como tales en el Código Penal, en el Militar o en cualquier otra Ley.
Antijuridicidad: Una acción u omisión prevista en la ley como delito es, por sí misma, contraria a derecho, no legal, antijurídica. A no ser que concurran circunstancias que eliminan tal antijuridicidad como, por ejemplo, la legítima defensa o los casos previstos en el artículo 16 del Código Penal, según el cual queda exento de responsabilidad quien habiendo intentado la ejecución de un delito, evita o desiste de la ejecución iniciada.
Culpabilidad. En una acción u omisión, además de la tipicidad y la antijuridicidad ha de confluir la culpabilidad y esta sólo existe cuando hay dolo (voluntad consciente de ejecutar la acción) o imprudencia (falta de previsión sobre las consecuencias de la acción u omisión).
Punibilidad: Junto con los elementos anteriores debe coexistir este último: la punibilidad. El legislador debe habe previsto una pena para la acción u omisión típica, antijurídica y culpable, porque si no hay pena no hay delito.
Para que una persona sea declarada culpable de un delito y castigado es preciso que lo haya ejecutado materialmente(actos externos) y que haya queridohacerlo. La voluntad es, pues, un elemento esencial de la culpabilidad.
El dolo puede definirse como la intenciónde ejecutar un hecho delictivo. Por lo tanto, para que haya DOLO es preciso que el sujeto activo del delito sepalo que hace (conocimiento) y, además, quierahacerlo (voluntad) y, por supuesto, lo haga (incluidos los grados de frustración y tentativa)
Un ejemplo aclarará aún más, si cabe, la idea de que es necesaria la presencia de ambos elementos (conocimiento y voluntad) para que exista dolo y, por lo tanto, responsabilidad por la acción delictiva ejecutada. Si un esquizofrénico mata a su padre (parricidio) está exento de responsabilidad criminal porque no ha existido dolo, pues aunque quería matarlo (voluntad) no sabía lo que hacía (conocimiento).
Ambos elementos (conocimiento y voluntad) suelen aparecer de forma explícita en la redacción del articulado del Código Penal. Por ejemplo, el delito de prevaricación del artículo 404 está redactado así: “La autoridad o funcionario público que, a sabiendasde su injusticia(conocimiento), dictare(voluntad) una resolución...”
Los criminalistas de la escuela clásica distinguen dos clase de dolo:
Dolo determinado: Se da cuando el culpable ha previsto y querido el resultado de su acción. Ejemplo: Matar a una persona, disparándole un tiro a la cabeza.
Dolo indeterminado: Se da cuando el resultado de la acción es tan sólo una consecuencia de ella, posible pero no prevista o no querida. Ejemplo: Si alguien golpea a su enemigo con el ánimo de causarle lesiones, no de matarlo, y lo mata. En este caso estaríamos en presencia de un dolo determinado con respecto a las lesiones y de un dolo indeterminado con respecto al homicidio.
A su vez, y en atención a la fuerza intrínseca del dolo, se distinguen varios grados:
Dolo intenso o de propósito: En este caso hay premeditación, que supone perseverancia en la preparación del delito y frialdad en su ejecución. Ejemplo: el asesinato.
Dolo simple: No existe la premeditación. Ejemplo: Paso por un comercio, le veo vacio y decido atracarlo. Hay voluntad (decisión de atracar) y se lo que hago (voluntad), pero no hay premeditación.
Dolo impetuoso: Está relacionado con conductas en las se pierde el control de las emociones y de los impulsos y surge una pasión ciega. En ese momento quieres matar, matas y, luego, te arrepientes.
Es la voluntaria falta de previsión de las consecuencias dañosas de nuestra conducta. Sus elementos constitutivos son:
Que exista una falta de previsión de las consecuencias de la conducta y, por lo tanto, ausencia de voluntad de su ocurrencia (no quieres que ocurra, pero ocurre). Este elemento (la ausencia de voluntad) es el que distingue la culpa del dolo.
Que las consecuencias no previstas sean previsibles. De no serlo, estariamos en presencia de un accidente o caso fortuito y no existiría culpa (circulo por una vía e, inesperadamente, salta un niño a la vía y lo atropello).
La culpa se deriva , por lo tanto, de la falta de diligencia para evitar que nuestra conducta tenga consecuencias pernicioasas para terceros. En este caso entra en juego el binomio libertad-responsabilidad. Si es cierto que somos libres para hacer lo que queramos, también lo es que somos responsables de nuestros actos y, en la medida que no hayamos previsto las consecuencias de los mismos, deberemos asumir sus consecuencias (la culpa). Esta falta de previsión puede ser grave o leve:
Imprudencia grave o temeraria: El Tribunal Supremo la define como negligencia inexcusable por olvido de las precauciones que aconseja la más vulgar prudencia. Ejemplo: circular por una avenida de la ciudad a 100 kilómetros por hora y matar a una persona que intenta cruzar la avenida. HOMICIDIO CULPOSO.
Imprudencia leve o simple: Se da cuando la previsión de las consecuencias requiere el empleo de una especial diligencia, no propia de cualquier persona. Ejemplo: Utilizo un coche viejo, con fallos múltiples, incluido frenos. Me fallan y atropello a una persona en un paso de peatones.
Otra clasificación de la culpa sería la siguiente:
Culpa pura: El hecho inicial voluntario es lícito, pero las consecuencias no previstas originan un daño.
Culpa mixta (dolo + culpa): El hecho inicial es ilícito (delito), pero las consecuencias no previstas generan un daño superior al previsto, es decir, un delito mayor. En este caso estaríamos ante la figura jurídica del llamado delito preterintencionado (proeter intentionem) en el cual el efecto dañoso va más allá de la intención. Por ejemplo, si quiero dar una paliza a alguien, para asustarlo, y le mato, estaría presente el dolo en las lesiones y la culpa en el homicidio.
En este tipo de delitos (preterintencionados) se conjugan dos partes: a) una, querida y atribuible al dolo;y b) las consecuencias no queridas, atribuibles a la culpa. Pero si estas consecuencias hubieran sido previsibles, entonces el hecho en su conjunto (delito y consecuencias) sería doloso. Se trataría de dolo indirecto.
Al comienzo de este apartado hemos hecho referencia al caso fortuito, derivado de la imprevisibilidad de las consecuencias. Para que haya exención de responsabilidad se precisa que concurran los siguientes elementos:
Que el acto ejecutado sea lícito
Que se haya ejecutado con la prudencia debida
Que, a pesar de ello, resulte un daño, no imputable a dolo o culpa
SUJETOS DEL DELITO Y OBJETO DEL DELITO.
En este punto vamos a distinguir entre el sujeto activo, el sujeto pasivo y el objeto del delito.
Los sujetos activos del delito
Sólo el ser humano, en tanto que persona física, puede ser sujeto activo de un delito, porque sólo en él se dan las condiciones necesarias para serlo: inteligencia y voluntad(dolo) y estas capacidades son exclusivas del hombre.
No será nunca sujeto activo de un delito la persona jurídica (una entidad mercantil, por ejemplo) porque no posee las capacidades indicadas. En tal caso serán sujetos activos sus socios, en la medida que participen en la ejecución del delito.
La responsabilidad penal o criminal es siempre individual. Por lo tanto aunque sean varios los sujetos activos se iniciarán tantas acciones penales como sujetos haya. Si, por ejemplo, entre varios matan a alguien, todos ellos, de manera individual, serán responsables del delito de homicidio. La pena nunca se distribuye o comparte.
Es la víctima del delito y en este caso si pueden ser varios y en el caso de víctimas de homicidio (el 11-M, por ejemplo) se imputará a cada sujeto activo tantos delitos como víctimas haya.
Existen distintos tipos de sujeto pasivo o víctima del delito:
La persona física: Cualquiera que sea esta. Incluido el aborto, fuera de los casos permitidos por la ley o lesiones al feto. Por lo tanto, desde antes de su nacimiento, hasta su muerte.
La persona jurídica: Puede ser sujeto pasivo contra el honor (injurias o calumnias) o contra su propiedad (defraudaciones, hurtos, etc.)
El Estado: Es sujeto pasivo de los dlitos de traición, contra la paz o la independencia del Estado y los relativos a la defensa nacional.
La sociedad: Es sujeto pasivo de todos los delitos, pero especialmente de aquellas infracciones penales que le afectan más directamene como es el caso de los delitos contra la seguridad colectiva.
El sujeto pasivo no se identifica siempre con la víctima o perjudicado por el delito. En caso de homicidio el sujeto pasivo es el muerto y el agraviado o agraviados son su mujer y sus hijos.
Debemos distinguir entre objeto material y objeto jurídico.
Objeto material: El objeto material es la persona o cosa sobre la que recae el delito, por tanto pueden ser todos los posibles sujetos pasivos y animales u objetos inanimados.
Objeto jurídico: Es la norma, el derecho violado o el bien o interés protegido, objeto de la acción delictiva (la vida, la propiedad, etc.)
Para q ue el autor de un hecho delictivo o de una falta sea castigado con una pena es preciso que sea declarado culpable, pero antes hay que constatar que es imputable, es decir, que sabe lo que hace y, por eso mismo, responsable de sus actos.
Por lo tanto, para que una persona pueda ser considerada responsable de un hecho tipificado como delito o falta es preciso que lo haya ejecutado y, además, que tenga capacidad mental para entender lo que hace y quiera hacerlo.
El código Penal dedica el Título II del Libro I (artículos 27 al 31) a determinar qué personas deben ser consideradas criminalmente responsables de los delitos y faltas.
Son autores quienes realizan el hecho por sí solos (autores inmediatos), conjuntamente (coautores) o por medio de otro del que se sirven como instrumento (autores mediatos).
Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo (inductores).
Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado (cooperadores necesarios).
En este caso, la cooperación no ha de ser imprescindible para la ejecución del hecho, porque si lo fuera sería una cooperación necesaria y, por lo tanto, serían autores, no cómplices.
El Código Penal señala como responsables criminalmente de los delitos y las faltas a los autores y a los cómplices. No incluye aquí a los encubridores puesto que “el encubrimiento” es un delito independiente o autónomo, un delito contra la Administración de Justicia.
En los delitos y faltas que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal o realmente.
Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de España, no pueda perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de los números del apartado anterior, se dirigirá el procedimiento contra las mencionadas en el número inmediatamente posterior.
El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.
En estos supuestos, si se impusiere en sentencia una pena de multa al autor del delito, será responsable del pago de la misma de manera directa y solidaria la persona jurídica en cuyo nombre o por cuya cuenta actuó.
La perpetración de un delito conlleva todo un proceso de desarrollo, conocido como “iter crímninis” o camino del delito, que consta de dos fases: interna y externa.
Fase interna: En esta fase el “iter críminis” transcurre por la mente del sujeto y no es punible, porque el Derecho Penal sólo castiga conductas, no pensamientos. En esta fase se dan dos momentos principales:
La deliberación: El sujeto piensa cómo hacerlo (mezclándole un veneno en el café), y
La decisión: El sujeto se decide a hacerlo (le llevará un café al despacho).
Fase externa: En esta fase el “iter críminis” transcurre fuera de la mente del sujeto. Ahora necesita no sólo pensar, sino realizar conductas. En esta fase se distinguen dos tipos de actos: los preparatorios y los de ejecución:
Actos prepararorios: No tienen porqué darse en todos los actos delictivos y sólo se castigan los supuestos previstos en los artículos 17 y 18 del Código Penal:
La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo (acuerdan que uno envenenará el café y la otra se lo servirá)
La proposición, existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo (propone a la secretaria del jefe matarlo entre los dos)
La proposición y la conspiración para delinquir sólo se castigarán en los casos especialmente previstos en la Ley.
La provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito. Ejemplos de provocación los hemos visto con frecuencia en relación con los actos de apología del terrorismo.
Actos de ejecución: Están orientados a la materialización del proyecto criminal, a la ejecución material del delito y, según los resultados obenidos estaremos en presencia de distintos grados punibles del hecho delictivo:
Delito consumado: Existe cuando se consigue el resultado perseguido a través de la realización de los actos necesarios para ello (consiguen envenenar y matar al jefe).
Delito en grado de tentativa (art. 16 C.P.). Hay tentativa cuando el sujeto inicia la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, realizando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor (al jefe le huele el café a arsénico y denuncia al empleado)
Los 3 elementos que son necesarios para que haya delito en grado de tentativa son:
Que el culpable dé principio a la ejecución del delito,
Que ejecucte alguno de los actos constitutivos del delito, y
Que el autor no haya desistido voluntariamente de ejecutarlos.
Tentativa imposible: No es punible la tentativa porque es imposible la ejecución del delito, debido a la inidoneidad o ineficacia del medio empleado (usar sal común en lugar de arsénico).
Delito frustrado: En el fondo es un caso de tentativa, ya que la no consumación del delito no es debido al desistimiento voluntario de su autor, sino a la intervención de un tercero (la Policía Judicial detiene al autor en el momento en que se dispone a ofrecer el café al jefe).
El desistimiento: Cuando voluntariamente se desiste o se evita la consumación del delito, quien desiste o lo evita queda exento de responsabilidad.
Si la acción que se pretendiera llevar a cabo fuera una falta, esta sólo se castigaría si se hubiera consumado. Las faltas en grado de tentativa no se castigan (art. 15 CP).
CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL:
8.1. EXIMENTES
De los recursos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria.
Con sede Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías Constitucionales. Tiene jurisdicción en toda España y ningún otro podrá tener el título de Supremo.
Está integrado por las siguientes Salas.
Quinta: de lo Militar, que se regirá por su legislación especifica y supletoriamente por la presente Ley y por el ordenamiento común a las demás Salas del Tribunal Supremo.
De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, loss Presidentes del Congreso, del Senado, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas, Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo.
De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia.
En las causas a que se refieren los puntos anteriores se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor, que no formara parte de la misma para enjuiciarlas.
PRIMERAS DILIGENCIAS. LA ACCIÓN PENAL. CONCEPTO DE DENUNCIA Y OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR. LA DENUNCIA: FORMALIDADES Y EFECTOS. LA QUERELLA.
La noticia de un delito puede llegar a conocimiento del Juez de forma directa o a través de particulares, que presentan una denuncia o una querella, del Fiscal o de la Policía.
Cuando el Juez aprecie que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito decretará la apertura del sumario o diligencias previas para investigarlo.
4.1. Primeras deligencias
También denominadas diligencias de prevenciónpor ser las que lleva a cabo la Policía Judicial en un primer momento para asegurar las pruebas del delito (incluidas las testificales), detener al delincuente y proteger a las vístimas. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 13, recoge el concepto de primeras diligencias así:
Se consideran como primeras diligencias:
La de consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer.
La de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente.
La de detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito.
La de proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas, pudiendo acordarse a tal efecto medidas cautelares, o la orden de protección.
4.2. La acción penal
4.2.1. Concepto de acción penal
La acción penal es la que nace del conocimiento de un delito o falta, para el castigo del culpabe y, como el ius puniendies monopolio del Estado, la acción penal siempre será PÚBLICA, aunque puedan ejercitarla o impulsarla los particulares mediante denuncia o querella. Los dos ejemplos siguientes servirán para comprender bien el concepto de acción penal.
DELITOS PÚBLICOS PERSEGUIBLES DE OFICIO: Un empresario denuncia a su empleado por el delito de apropiación indebida de 3.000 euros y su denuncia es como si hubiera pulsado el interruptor que pone en marcha la “máquina judicial” (acción penal) sin posibilidad de pararla. Ahora, podrá parar la acción civil, perdonando a su empleado los 3.000 euros, pero no podrá impedir que la justicia le imponga la pena derivada del ilícito penal cometido. Por eso, la acción penal, aunque puede nacer de un impulso privado, siempre es pública.
DELITOS PRIVADOS, PERSDEGUIBLES A INSTANCIA DE PARTE: El sujeto “A” presenta, mediante abogado y procurador, una querella en el Juzgado de Instrucción de Guardia, contra el sujeto “B” por injurias. Nuevamente, con la presentación de la querella, se pone en marcha la máquina de la justicia (acción penal PÚBLICA) , pero en este caso sí puede pararse dicha acción por el desistimiento o perdon del ofendido.
En conclusión: a) La acción penal siempre será pública aunque se haya ejercitado inicalmente de forma privada; b) El control privado de la acción penal se pierde con el inicio de la misma en los delitos públcos y se conserva en los privados.
4.2.1. Características de la acción penal
Pública: La acción penal siempre es pública porque la persecución de los delitos y la imposición de las penas es monopolio del Estado.
Oficial: Excepto en el caso de los delitos privados, los públicos se persiguen de oficio. Es el Fiscal y no el Juez quien inicia, en representación del Estado, la acción penal sin que sea precisa la presentación de denuncia o querella por parte del ofendido.
Obligatoria: El Ministerio Público (Fiscal), cuando tenga conocimiento de un ilícito penal (público), tiene la obligación de ejercitar la acción penal, orientada a la investigación del mismo y al castigo de los culpables.
Irrevocable: Ejercitada la acción penal por delito público, esta sólo puede concluir con una sentencia firme condenatoria o absolutoria. No cabe el desistimiento o renuncia como ocurre en los delitos privados, perseguibles sólo a instancias de parte.
Personal: En un proceso penal, aun cuando el hecho punible sea único, existirán tantas acciones como posibles imputados.
4.3. Concepto de denuncia y obligación de denunciar
4.3.1. Concepto de denuncia
La denuncia es la declaraciónque efectúa una persona para poner en conocimiento del Juez, del Ministerio Fiscal o de la policía, unos hechos que revisten los caracteres de delito o falta. La denuncia, como queda dicho en el punto anterior, provoca el inicio de la acción penal que desembocará indefectiblemente en la condena del culpable, en su absolución o en el sobreseimiento y archivo de la causa por falta de pruebas.
Públicas, cuando se denuncian delitos públicos, perseguibles de oficio. Las públicas, a su vez, pueden ser:
Públicas oficiales, cuando se realizan por la Policía o el Fiscal, y
Públicas particulares, cuando se realizan por particulares.
Privadas, cuando se denuncian delitos privados, perseguibles a instancias del odendido.
Cualquier persona puede denunciar un delito público del que tenga conocimiento, sin necesidad de haber sido víctima del mismo. Sin embargo en los delitos privados sólo puede denunciar el ofendido presentando en el Juzgado de Instrucción de Guardia, mediante abogado y procurador, una querella Siempre después de haber celebrado en el juzgaddo un acto (intento) de conciliación entre ofendido y ofensor.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus artículos 259 y siguientes, establece quienes tienen la obligació de denunciar.
Quienes presencien la perpetración de un delito público tiene la obligación de denunciarlo inmediatamente a la Policía, al Juez o al Fiscal, pudiendo ser sancionados económicamente los que no lo hicieren. De esta obliagación quedan exceptuados los siguientes:
Los impúberes y los que carezcan de pleno uso de razón,
El cónyuge del delincuente,
Los ascendientes y descientes del delincuente, en primer o segundo grado,
Los hijos naturales, respecto a la madre en todo caso y respecto al padre, si los ha reconocido,
Los abogados y procuradores respecto de las explicaciones que recibieron de sus clientes.
Los sacerdotes respecto de las noticias que hubiesen recibido en el ejercicio de sus funciones eclesiásticas.
Los que, por razón de su cargo, profesión u oficio, tuvieren conocimiento de un delito, especialmente los médicos, farmaceuticos y funcionarios públicos, quedando exceptuados, como ya se ha indicado, abogados, procuradores y sacerdotes, cuando el conocimiento del hecho delictivo se derive directamente de su actividad profesional.
Los que no hayan sido testigos directos de un hecho delictivo, pero tengan conocimiento indirecto del mismo, también tienen la obligación de denunciarlo, aunque en este caso, si no lo hicieren, no serían sancionados económicamente. Por lo tanto, la obligación a la que se refiere la Ley es más una obligación “cívica”.
Mediante la denuncia sólo se da cuenta de un hecho delictivo, pero no se ejercita la acción penal, por eso el denunciante no está obligado a probar los hechos denunciados. Sólo tendrá responsabilidd penal en el caso de que la denuncia sea falsa.
La denuncia. Formalidades y efectos
A. Formalidades
La denuncia puede efectuarse, por escrito o verbalmente, ante el juez, el Fiscal o la Policía. Si se efectua por escrito, el denunciante hará constar en la misma sus datos personales, domicilio, teléfono, etc., así como los hechos que denuncia y las circunstancias en que se produjeron, con indicación, si los conce, de sus autores.
La denuncia deberá estar firmada por el propio denunciante o, si no puede, por su representante. En el caso de que la denuncia sea verbal, el funcionario o autoridad que la reciba hará constar los datos anteriores en un acta, que deberá firmar junto al denunciante.
Cuando se presenta una denuncia no se precisa la intervención de abogado o procurador ni la prestación de fianza. Los gastos que pudieran derivarse de tales exigencias podrían hacer desistir al denunciante de sus propósito.
B. Efectos:
Si la denuncia se presenta ante el Juez y este considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito, decretará el inicio del sumario. Si cree que no lo son archivará la denuncia y si cree que son falsos iniciará diligencias contra el denunciante.
Si la denuncia se presenta ante la Fiscalía se archivará si es infundada o se elevará al Juzgado competente si presenta visos de verosimilitud, dando cuenta de la decisisón adoptada al denunciante y, además, en el segundo caso, iniciando las diligencias necesarias para comprobar los hechos y la responsabilidad de sus autores. Si la denuncia fuera falsa, procederá en igual forma, pero contra el denunciante.
Si se presenta ante la Policía, o si esta conoce directamente de la comisión de un delito, instruirá el correspondiente atestado, que elevará al Juez de Instrucción, dando cuenta también al Fiscal.
4.3.4. La querella
Es la declaraciónque una persona efectúa por escrito para poner en conocimiento del Juez unos hechos que cree que presentan las características de delito.
La querella puede interponerse por cualquier ciudadano español independientemente de que haya sido o no ofendido por el delito; sin embargo, los extrajeros sólo podrán querellarse si son directamente ofendidospor el delito que declaran.
El querellante, con la presentación de la correspondiente querella, solicita la aperturade una causa criminalen la que se investigará la comisión del presunto delito, y se constituirá como parte acusadoraen el mismo. Es necesario que se manifieste su intención de interveniren el procedimiento judicial como parte acusadora, pudiendo apartarse del mismo en cualquier momento, sin perjuicio de que pueda exigírsele la responsabilidad civil y/o penal que en su caso proceda.
El Juez de Instrucción decidirá si admite o no a trámite la querella interpuesta y, contra la resolución que dicte, en caso de ser desestimatoria, podrá presentarse recurso de apelación.
Los delitos objeto de querella podrán ser tanto públicos como privados, si bien, para la persecución de los delitos privados, aquélla es requisito necesario.
A diferencia de la denuncia, la querella ha de formularse por escrito con intervención de abogado y procurador y prestando fianza con objeto de cubrir los gastos del proceso. Se incorporarán, además, los documentos o pruebas pertinentes para su reforzamiento.
En el escrito de querella ha de figurar:
El Juez o Tribunal al que se dirige.
Nombre, apellidos y vecindad y residencia del querellante.
Nombre, apellidos y domicilio del querellado. Si se desconoce la identidad del querellado, se debe indicar su descripción así como todas aquellas señas de las que se dispongan y que puedan contribuir a su identificación.
La descripción de los hechos, el lugar, la fecha, y la hora en que ocurrieron.
Las diligencias que deben practicarse para comprobar el hecho.
La petición de que se admita a trámite la querella, de que se practiquen las diligencias indicadas y se tomen las medidas cautelares, personales o reales, que se consideren oportunas.
La firma del querellante.
Junto a la querella deberán aportarse aquellos documentoso pruebasque sirvan para acreditar los hechos objeto de la misma o indicar dónde pueden encontrarse.
Cuando se trate de un delito "in flagranti", de los que no dejan señales de su comisión o en los que exista un temor fundado de que el presunto culpable va a escaparse o a ocultarse, el particular que tenga la intención de formular querella podrá acudir, además, a cualquier funcionario de policía solicitando la práctica de las primeras diligencias averiguatorias y, en su caso, la deteción del delincuente.
En los delitos privados, junto con la querella se presentará la certificación que acredite que se ha celebrado o intentado celebrar el acto de conciliación entre querellante y querellado. No obstante, podrán celebrarse aquellas diligencias de carácter urgente dirigidas a la comprobación de los hechos o para la detención del delincuente, debiendo presentar la certificación lo antes posible, de lo contrario se paralizarían las actuaciones.
La querella por delito público o privado se entenderá abandonada cuando el querellante muere o queda incapacitado y no comparecen sus herederos o repesentantes legales.
La Policía Judicial. Composición. Misión. Forma de actuación. Dependencia y relación con las Autoridades Judiciales
1.- LA POLICÍA JUDICIAL. CONCEPTO.-
Por un lado, la existencia de delitos, contra los que la sociedad debe reaccionar, es una realidad evidente y, para defenderse de los mismos, cuenta con los Jueces y Tribunales, el Ministerio Fiscal y la Policía Judicial.
Por otro lado, la identificación y detención de los delincuentes y el empleo de técnicas cada vez más sofisticadas y científicas para averiguar los hechos y sus circunstancias y asegurar una sentencia justa, es misión de la Policía Judicial que, así, actúa como un órgano auxiliar y complementario del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal.
El Artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal define la Policía Judicial como “la que tiene por objeto averiguar los delitos públicosque se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos, descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delitode cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial. Si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima (delitos privados), tendrán la misma obligaciónexpresada en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto.
2.- COMPOSICIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL.-
, de 17 de junio, de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.
No obstante, excepto en los casos en que sea competente la jurisdicción militar, los delitos cometidos por o contra los miembros de la Guardia Civil, en su condición de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, será competente la jurisdicción penal ordinaria. Cuando se trate de faltas, la instrucción y fallo será competencia de los Jueces de Instrucción y cuando se trate de delitos, la instrucción del sumario será competencia del Juez de Instrucción y el enjuiciamiento y fallo de la Audiencia Provincial.
El cumplimiento de la prisión preventiva y de las penas privativas de libertad se realizarán en establecimientos penitenciaras ordinarios, con separación del resto de detenidos o presos.
3. ESTRUCTURA, DEPENDENCIAS Y FUNCIONES DE LA GUARDIA CIVIL
3.1. Estructura de los Servicios Centrales
El Real Decreto 1546/2007, de 23 de noviembre, modifica el número 4 del apartado B del artículo 3 del Real Decreto 991/2006, de 8 de septiembre, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad, Subsecretaría de Interior, Secretaría General Técnica y las ocho direcciones generales dependientes del Ministerio; entre ellas la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil).
Con esta modificación lo que hace es separar la Jefatura de Información y Policía Judicial en dos jefaturas distintas: la judicial, por un lado, y la de información, por otro, consiguiendo dar mayor autonomía funcional a estas dos grandes áreas operativas, potenciando, por un lado, la gestión integral de la información de interés para la seguridad pública en el ámbito de las funciones propias de la Guardia Civil y su utilización operativa, especialmente en materia antiterrorista, y por otro, la investigación y persecución de los delitos y faltas, el desarrollo de los servicios de criminalística e investigación científica, la elaboración de normas técnico-operativas y, en general, el desarrollo de las funciones de Policía Judicial específica en el ámbito de la Guardia Civil.
En consecuencia, la estructura de los servicios centrales de la Guardia Civil (ver anexo 2. Organigrama CGC), de acuerdo con el R.D. 991/2006, ya modificado, es la siguiente:
Artículo 3. Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.
Corresponde al DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL, cuyo titular tendrá rango de subsecretario, bajo la dependencia del Secretario de Estado de Seguridad, el mando directo del Cuerpo Nacional de Policía y del Cuerpo de la Guardia Civil, en este último caso, sin perjuicio de las competencias que correspondan al Ministerio de Defensa.
Dependiendo directamente del Director General, y con nivel orgánico de Subdirección General, para funciones de asistencia directa y apoyo, existirán dos Gabinetes, que ejercerán sus funciones en el ámbito de los respectivos Cuerpos, manteniendo sus competencias y estructura actual.
En el ámbito del Cuerpo de la Guardia Civil, ejercerá las siguientes funciones:
En el ejercicio de sus competencias, y en relación con la extranjería e inmigración, actuar, de acuerdo con la normativa vigente en la materia, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.
Se encuentran adscritos a la Dirección General el Consejo Superior de la Guardia Civil y el Consejo Asesor de Personal, con la composición y funciones determinadas para cada uno por la normativa vigente.
Del Director General dependen las siguientes Unidades con nivel orgánico de Subdirección General:
LA DIRECCIÓN ADJUNTA OPERATIVA, a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, es responsable, de acuerdo con las directrices emanadas del Director General, de la dirección, impulso y coordinación del servicio de las unidades de la Guardia Civil. Del Director Adjunto Operativo dependen las siguientes unidades:
El Estado Mayor, a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo. Es el principal órgano auxiliar de mando del Director Adjunto Operativo, responsable de proporcionar los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, traducirlas en órdenes y velar por su cumplimiento, centrando su actividad sobre la planificación operativa.
La Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde dirigir, coordinar y controlar las unidades y jefaturas de servicios de ella dependientes.
La Jefatura de Información, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde organizar, dirigir y gestionar la obtención, recepción, tratamiento, análisis y difusión de la información de interés para el orden y la seguridad pública en el ámbito de las funciones propias de la Guardia Civil y la utilización operativa de la información, especialmente en materia antiterrorista en el ámbito nacional e internacional, así como el establecimiento y mantenimiento del enlace, coordinación y colaboración operativa con otros Servicios de información, nacionales e internacionales.
La Jefatura de Policía Judicial, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde organizar y gestionar la investigación y persecución de los delitos y faltas y desarrollar los servicios de criminalística, identificación, analítica e investigación técnica llevando a cabo las funciones de Policía Judicial específica de la Guardia Civil, así como la colaboración en dichas materias con otros cuerpos de policía, nacionales o extranjeros, Europol, Interpol y cualquier otra agencia internacional con cometidos similares, bajo la dirección y coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad.
La Jefatura Fiscal y de Fronteras, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde organizar y gestionar el resguardo fiscal del Estado, las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando, el narcotráfico y demás tráficos ilícitos, la custodia y vigilancia de las costas, fronteras, puertos, aeropuertos y mar territorial y, en este ámbito, el control de la inmigración irregular, en el ámbito de las funciones encomendadas a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por la normativa vigente.
La Jefatura de la Agrupación de Tráfico, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde, como unidad especializada en materia de tráfico, seguridad vial y transporte, organizar y gestionar todo lo relativo al ejercicio de las funciones encomendadas a la Guardia Civil por la normativa vigente.
La Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde organizar y gestionar todo lo relativo con el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la conservación de la naturaleza y medio ambiente, los espacios protegidos, los recursos hidráulicos, la caza y pesca, el patrimonio histórico y la ordenación del territorio.
LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL, a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, es responsable, de acuerdo con las directrices emanadas del Director General, de la dirección y coordinación del desarrollo de la política de personal.
Del Subdirector General de Personal dependen las siguientes unidades:
La Jefatura de Personal, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde la organización y gestión de todo lo relativo al régimen de ascensos, destinos, situaciones administrativas y régimen disciplinario del Cuerpo de la Guardia Civil.
La Jefatura de Enseñanza, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde la organización y gestión de la selección y capacitación del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, así como del desarrollo de las actividades técnico-docentes de formación, perfeccionamiento y especialización de dicho personal.
La Jefatura de Asistencia al Personal, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil, a la que corresponde la organización y gestión de la acción social y la asistencia sanitaria y psicológica al personal de la Guardia Civil destinado en la Dirección General.
La Secretaría Permanente para la Clasificación y Evaluación, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil, que tiene por misión facilitar la labor de los órganos de evaluación, para lo cual aportará la documentación de los miembros a evaluar y adoptará las medidas necesarias para el buen fin de la evaluación, así como el mantenimiento, custodia y reserva de dichos documentos.
LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO, a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, es responsable, de acuerdo con las directrices emanadas del Director General, de la dirección, coordinación y gestión de los recursos financieros y del desarrollo de la política de recursos materiales. Del Subdirector General de Apoyo dependen las siguientes unidades:
La Jefatura de los Servicios de Apoyo, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde la gestión, control y mantenimiento de los medios materiales asignados al Cuerpo de la Guardia Civil para la realización del servicio, en particular, del material móvil, equipamiento policial, armamento e infraestructuras.
La Jefatura de Servicios Técnicos, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde la gestión, control y mantenimiento operativo de los equipos y sistemas informáticos, de telecomunicaciones y equipos especiales asignados a la Guardia Civil, así como la investigación y desarrollo tecnológico de recursos materiales de aplicación a la actividad de dicho cuerpo.
La Jefatura de Asuntos Económicos, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde la realización de las actividades relacionadas con la administración y coordinación de los recursos financieros y patrimoniales.
La organización periférica de la Guardia Civil estará constituida por las zonas, las comandancias, las compañías y los puestos.
La sustitución del Director General, en los supuestos previstos legalmente, así como en el ejercicio de la potestad sancionadora que le atribuye la legislación vigente sobre régimen disciplinario del Cuerpo de la Guardia Civil, se efectuará por el Director Adjunto Operativo.
3.1.1. Estructura de apoyo directo al Director General
Los órganos adscritos a la Dirección General(punto 2 del art. 3 anterior) son de dos tipos: colegiados y de apoyo.
El Consejo Superior de la Guardia Civil: Es el órgano colegiado asesor y consultivo de los Ministros de Defensa e Interior, del Secretario de Estado de Seguridad y del Director General de la Guardia Civil (Art. 7 Ley 42/99). Está integrado por todos los Generales en activo del Cuerpo.
El Consejo Asesor de Personal: Es el órgano colegiado de representación laboral, regulado por Real Decreto 4/02, de 11 de enero, encargado de analizar y valorar las propuestas o sugerencias de régimen personal, laboral, social.... que afecten a los miembros del Cuerpo.
Está compuesto por el Presidente (Direcor General de la Policía y de la Guardia Civil) y 47 Vocales, en principio, designados por libre elección de los miembros de todas las Escalas y Categorías, por 4 años, renovándose por mitad cada dos años.
Órganos de apoyo al Director
La secretaría de Despacho: Es un órgano de asistencia y apoyo inmediato, tiene por cometidos el acompañamiento y seguridad personal, la planificación y programación de la agenda, despacho y audiencias del Director general, así como cualesquiera otras funciones que dicha Autoridad le encomiende. Depende de la Secretaría de Despacho el Registro Central, órgano encargado del control, curso y reparto de la correspondencia oficial que tenga origen o destino en la Dirección General. También depende de dicha Secretaría la escolta del Director.
El Gabinete Técnico: Le corresponde la asistencia y apoyo al Director general en el cumplimiento de sus funciones directivas, en particular:
La coordinación entre los distintos órganos del centro directivo.
El estudio, análisis y prospectiva de los planes y disposiciones que afectan a la Guardia Civil.
La coordinación del proceso de planificación, presupuestación y gestión de la calidad de la Dirección General.
Dependen directamente del Jefe del Gabinete Técnico:
Oficina de Relaciones Informativas y Sociales. Le corresponde:
Establecer y mantener relaciones con los medios de comunicación social en aquellas materias que afecten a la Guardia Civil, recogiendo, analizando y proponiendo la utilización de la información.
Diseñar, desarrollar y orientar la política de comunicación interna, creando, editando y produciendo audiovisuales y multimedia.
Encargarse de las relaciones sociales y del protocolo de la Dirección General, y ser el cauce de relación con los órganos análogos de los Ministerios de Defensa y del Interior.
Secretaría de Cooperación Internacional. Tendrá como misión:
Centralizar, coordinar y canalizar todas las peticiones de cooperación internacionales que reciba la Guardia Civil.
Gestionar y coordinar la asistencia de miembros del Cuerpo a los grupos de trabajo europeos e internacionales, y
Centralizar todas las cuestiones relativas a los agregados y demás personal que preste su servicio en el extranjero.
Centro de Análisis y Prospectiva. Encargado de la investigación y prospectiva de asuntos relacionados con la seguridad y de la colaboración con otros centros de investigación y estudio sobre seguridad.
La Asesoría Jurídica: Es un órgano consultivo y asesor, en materia jurídica, del Director general y de los Órganos y Unidades centrales, tiene por cometidos emitir los dictámenes e informes jurídicos, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y evacuar aquellos que les sean encomendados, todo ello sin perjuicio de las funciones que correspondan a la Abogacía General del Estado Dirección del Servicio Jurídico del Estado. También coordinará la actuación de las Asesorías Jurídicas de las Zonas y de otras Unidades, para lo que dictarán instrucciones y evacuarán las consultas que éstas formulen.
3.1.2. Estructura de la Unidades dependientes de la Dirección Adjunta Operativa
Esta Dirección Adjunta Operativa, bajo el mando de un General de División, es la responsable de dirigir, impulsar y coordinar el servicio de las Unidades territoriales y de las Jefaturas y Servicios operativos centrales.
Además, organiza el despliegue territorial; dispone los planes de actuación operativa; elabora la inteligencia precisa para el servicio; y estable los enlaces y la coordinación con los órganos nacionales y extranjeros adecuados para el desempeño de las misiones del Cuerpo.
Como responsable directa del servicio que la Guardia Civil presta a los ciudadanos, imprime en gran medida el carácter tradicional de servicio de los componentes del Cuerpo con sus componentes de proximidad al ciudadano, especialización de las diferentes actividades y permanente auxilio a los que lo puedan necesitar, faceta esta última responsable del carácter benemérito con que se conoce al Cuerpo.
Las Unidades Centrales que dependen de esta Dirección Adjunta Operativa son las siguientes:
3.1.2.1. El Estado Mayor
Sin unidades que dependan directamente de él.
3.1.2.2. La Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva, de la que dependen las sifguientes Unidades y Servicios:
Agrupación Rural de Seguridad (ARS): Principal Unidad de Reserva de la Dirección General de la Guardia Civil, especialmente concebida, preparada y organizada para su empleo temporal en beneficio de la acción de otras unidades, tiene como misiones específicas la prevención, mantenimiento y, en su caso, restablecimiento de la seguridad ciudadana, prestando colaboración en materia de protección civil, en particular en supuestos de gran riesgo, catástrofe o calamidad pública.
Unidad de Acción Rural (UAR): Tiene como misiones específicas la lucha especializada contra elementos terroristas y la intervención en operaciones que entrañen especial riesgo y requieran una respuesta rápida.
Unidad Especial de Intervención (UEI): Tiene como misión específica la ejecución de operaciones que exijan una actuación inmediata y altamente especializada o que por su peligrosidad y riesgo así lo requieran.
Servicio Aéreo. Tiene como misión específica la organización, coordinación y explotación de los medios aéreos con que cuenta la Guardia Civil, así como prestar asesoramiento técnico al desempeño de las competencias de policía administrativa aeronáutica que tenga asignadas el Cuerpo.
Servicio Cinológico y Remonta: Tiene como misión específica la dirección técnica e inspección de las Unidades dotadas de perros, y de la ejecución de los servicios en que éstos participen; así como la gestión, administración y apoyo al ganado y animales de utilidad para el servicio.
Servicio de Montaña: Tiene como misión específica desempeñar las funciones propias de la Guardia Civil en las zonas de montaña, o en aquellas otras que, por su dificultad orográfica o climatológica, requieran de una especial preparación física y técnica, así como del empleo de medios técnicos adecuados.
Servicio de Protección y Seguridad: Tiene como misión específica elaborar y velar por el cumplimiento de las directrices técnicas que se dicten en relación con: La protección y seguridad de personalidades, medios e instalaciones; establecimientos penitenciarios; las conducciones de penados, presos y detenidos, así como las competencias que la Ley de Seguridad Privada y sus normas complementarias atribuyen a la Dirección General de la Guardia Civil, no encomendadas expresamente a otros órganos de la misma.
Servicio de Desactivación de Explosivos (S.E.D.E.X.) y Defensa Nuclear, Biológica y Química (N.B.Q.): Tiene como misión específica organizar, gestionar y ejecutar las tareas de detección, neutralización y/o desactivación de artefactos explosivos, incendiarios, radiactivos, biológicos y químicos, así como el estudio y análisis de las técnicas de desactivación, difundiendo la información obtenida, y el estudio y especificación de las características del material de detección y desactivación.
3.1.2.3. La Jefatura de Información. De esta Jefatura depende:
Servicio de Información: Tiene como misión específica organizar, dirigir y gestionar la captación, recepción, tratamiento y desarrollo de la información de interés para el orden y la seguridad pública en el ámbito de las funciones propias de la Guardia Civil, y la utilización operativa de la información, específicamente en materia antiterrorista, así como el establecimiento y mantenimiento del enlace, coordinación y colaboración operativa con otros Servicios de información, nacionales e internacionales.
3.1.2.4. La Jefatura de Policía Judicial. De esta Jefatura dependen:
Unidad Central Operativa (UCO): Como Unidad específica de Policía Judicial, tiene como misión investigar y perseguir los asuntos relacionados con la delincuencia organizada, económica, internacional y aquellas otras cuyas especiales características así lo aconsejen, así como el establecimiento y mantenimiento del enlace, coordinación y colaboración con otros servicios afines, nacionales e internacionales.
Unidad Técnica de Policía Judicial: Tiene las siguientes funciones:
Auxiliar técnicamente al Jefe de la Policía Judicial en sus funciones,
Centralizar los datos en el ámbito de la delincuencia que sean de interés para la acción del mando y la operatividad de las Unidades Orgánicas periféricas, elaborando las normas técnico-operativas de funcionamiento,
Centralizar la gestión de los archivos manuales o informáticos de delincuencia,
Materializar la cooperación e intercambio de información con otros organismos afines, nacionales y extranjeros.
Encuadrar, a efectos administrativos, al personal del Cuerpo de la Guardia Civil destinado en Interpol, Europol, Sirene y demás órganos compartidos con policías nacionales y extranjeras.
Servicio de Criminalística: De las funciones específicas de Policía Judicial, tiene como misión prestar los servicios de criminalística, identificación, analítica e investigación científica y la elaboración de los informes periciales y documentales que le sean encomendados por los órganos judiciales.
3.1.2.5. La Jefatura Fiscal y de Fronteras. De esta Jefatura dependen:
Servicio Fiscal: Tiene como misión específica el resguardo fiscal del Estado, ejerciendo las funciones y actuaciones tendentes a prevenir y perseguir el contrabando, el narcotráfico, el fraude y demás infracciones, en el marco de las competencias legalmente asignadas a la Guardia Civil, así como la materialización del enlace, cooperación y colaboración operativa en dichas materias con otros servicios afines, nacionales y extranjeros.
Servicio Marítimo: Tiene como misión específica ejercer las funciones que le corresponden a la Guardia Civil en las aguas marítimas españolas y las aguas continentales, incluyendo también las actividades en el medio subacuático, y en particular la custodia de las costas y el control de la inmigración irregular en este ámbito.
Servicio de Costas y Fronteras: Tiene como misión específica la custodia y vigilancia de los aeropuertos, puertos, costas y fronteras, así como el control de la inmigración irregular en este ámbito.
3.1.2.6. La Jefatura de la Agrupación de Tráfico
La Jefatura de la Agrupación de Tráfico está al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, le corresponde, como unidad especializada en materia de tráfico, seguridad vial y transporte, organizar, dirigir y gestionar todo lo relativo al ejercicio de las funciones encomendadas a la Guardia Civil en esa materia por la normativa vigente.
3.1.2.7. La Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza
La Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) está al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, le corresponde organizar, dirigir y gestionar todo lo relativo con el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la conservación de la naturaleza y medio ambiente, los espacios protegidos, los recursos hidráulicos, la caza y la pesca, el patrimonio histórico y arqueológico y la ordenación del territorio.
3.1.2.8. Intervención Central de Armas y Explosivos
Tiene como misión específica la planificación, organización y control de las actividades encaminadas al ejercicio de las competencias que la normativa sobre armas y explosivos encomienda a la Guardia Civil en todo el territorio nacional.
3.1.2.9. Unidades Territoriales Periféricas: Zonas
Las Zonas son las unidades de mando, coordinación e inspección de todos los servicios de la Dirección General de la Guardia Civil existentes en el ámbito territorial de cada una de ellas.
Dependen del Subdirector general de Operaciones, sin perjuicio de sus relaciones funcionales con las Subdirecciones Generales de Personal y de Apoyo.
3.1.3. Estructura de la Unidades dependientes de la Subdirección General de Personal:
Esta subdirección General contará con una Secretaría Técnica con la misión de auxiliar al titular en el desempeño de sus funciones.
Estará adscrita a la Subdirección General de Personal la Sección de la Dirección General de la Guardia Civil del Archivo General del Ministerio del Interior.
Las sustituciones del Subdirector general de Personal se efectuarán por los titulares de las Jefaturas de acuerdo con el criterio de empleo y antigüedad.
3.1.3.1. Jefatura de Personal
La Jefatura de Personal, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, es el órgano responsable de organizar, administrar y gestionar el personal de la Dirección General de la Guardia Civil, en particular en lo relativo al régimen de ascensos, destinos, situaciones administrativas y régimen disciplinario del Cuerpo de la Guardia Civil, así como la elaboración de las propuestas de aprobación o modificación de las plantillas, del catálogo y relación de puestos de trabajo. De la Jefatura de Personal dependen los siguientes Servicios:
Servicio de Recursos Humanos: Tiene como cometidos la gestión de los asuntos relativos al régimen de personal perteneciente o destinado en la Dirección General de la Guardia Civil, en materia de destinos, ascensos, situaciones administrativas, trienios, condecoraciones y distintivos, así como la custodia y puesta al día de las documentaciones personales.
Servicio de Retribuciones: Tiene como cometidos la gestión, administración y control de las retribuciones del personal destinado o que presta sus servicios en la Dirección General de la Guardia Civil y la elaboración de las propuestas de modificación presupuestaria que afecten a esta materia.
Servicio de Régimen Disciplinario: Tiene como cometidos tramitar, informar y proponer los asuntos relativos al régimen disciplinario de la Guardia Civil, así como archivar y custodiar la documentación correspondiente.
3.1.3.2. Jefatura de Enseñanza
La Jefatura de Enseñanza, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, es el órgano responsable de organizar, dirigir, coordinar, investigar e inspeccionar los aspectos relacionados con la selección y capacitación del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, así como del desarrollo de las actividades técnico-docentes de formación, perfeccionamiento y Altos Estudios de dicho personal. De la Jefatura de Enseñanza dependen los siguientes Servicios:
Servicio de Selección y Formación: Tiene por cometidos la planificación y gestión de los procesos selectivos para el ingreso en los centros docentes de formación que facultan para el acceso a las distintas Escalas de la Guardia Civil y para la promoción interna en el Cuerpo, coordinando los planes y programas de dichos centros.
Servicio de Perfeccionamiento: Tiene como cometidos la planificación y gestión de los procesos selectivos para la capacitación, especialización, actualización y ampliación, así como la elaboración de estudios sobre técnicas de adiestramiento físico, coordinando y fomentando la práctica deportiva en la Guardia Civil.
Servicio de Altos Estudios y Doctrina: Tiene por cometidos la planificación y gestión de la asistencia del personal de la Guardia Civil a cursos de Altos Estudios Profesionales, así como la elaboración y actualización de la doctrina para la prestación del servicio.
Dependen directamente de la Jefatura de Enseñanza los Centros Docentes de la Guardia Civil.
Jefatura de Asistencia al Personal
La Jefatura de Asistencia al Personal, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil, es el órgano responsable de organizar, dirigir, coordinar y gestionar la acción social y la asistencia sanitaria y psicológica al personal destinado en la Dirección General de la Guardia Civil. De la Jefatura de Asistencia al Personal dependen los siguientes Servicios:
Servicio de Acción Social: Tiene como cometidos el impulso, la planificación, gestión y coordinación de la acción social en la Guardia Civil.
Servicio de Asistencia Sanitaria: Tiene como cometidos la gestión, administración y control de las actuaciones en relación con la salud del personal en los campos operativo-logístico, ocupacional y asistencial, además del ejercicio de la inspección médica. También es el encargado de realizar la inspección bromatológica y de velar para que las instalaciones se adapten a la normativa aplicable sobre prevención de riesgos laborales.
Servicio de Psicología y Psicotecnia: Tiene como cometidos asesorar y auxiliar al mando en el conocimiento científico del comportamiento, aptitudes, actitudes e intereses de los miembros del Cuerpo, de las relaciones de éstos con la Institución, desde la perspectiva de la psicología clínica, organizacional y educativa, realizando cuantos trabajos le sean encomendados sobre orientación, clasificación, selección y adaptación del personal al medio profesional, acción psicosocial individual y colectiva y factores condicionantes de su moral.
Secretaría Permanente para la Clasificación y Evaluación.
Tiene como cometidos el encuadramiento administrativo del personal destinado en los órganos centrales de la Dirección General, el gobierno y régimen interior de la misma, y la tramitación de los asuntos de carácter general no encomendados específicamente a otros órganos.
Servicio de Asuntos Internos.
Tiene como cometidos investigar las conductas del personal destinado en la Dirección General de la Guardia Civil contrarias a la ética profesional, a cuyo fin realizará cuantas actividades sean necesarias para su esclarecimiento.
Servicio de Estudios Históricos (Museos).
Tiene como cometidos ejercer la dirección del Museo de la Guardia Civil y el tratamiento de la información considerada de interés para la historia de la Institución.
3.1.4. Estructura de la Unidades dependientes de la Subdirección General de Apoyo:
Las sustituciones del Subdirector General de Apoyo se efectuarán por los titulares de las Jefaturas de acuerdo con el criterio de empleo y antigüedad.
3.1.4.1. Jefatura de los Servicios de Apoyo.
La Jefatura de los Servicios de Apoyo, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, es el órgano responsable de la gestión, control y mantenimiento de los medios materiales asignados al Cuerpo de la Guardia Civil para la realización del servicio, en particular, del material móvil, armamento e infraestructuras. De la Jefatura de los Servicios de Apoyo dependen los siguientes Servicios:
Servicio de Acuartelamiento: Tiene como cometidos la gestión, administración y control del patrimonio inmobiliario asignado a la Dirección General de la Guardia Civil y la elaboración de propuestas de ejecución de obras de construcción, reforma y reparación de los acuartelamientos y de adquisición o arrendamiento de inmuebles, así como la gestión y control de las viviendas cedidas en arrendamiento al personal de la Guardia Civil y aquel otro que preste sus servicios en la Dirección General.
Servicio de Armamento y Equipamiento Policial: Tiene como cometidos programar la adquisición de armamento, munición y demás equipamiento policial, así como la gestión, control, almacenaje, distribución e inspección de dichos medios.
Servicio de Material Móvil: Tiene como cometidos programar, gestionar, distribuir y controlar los medios y el material de automoción, aeronaves y embarcaciones de la Guardia Civil, así como su mantenimiento.
Servicio de Abastecimiento: Tiene como cometidos programar la adquisición de los medios y servicios que requieran las Unidades, Centros y Organismos de la Dirección General, así como la gestión, control, almacenaje, mantenimiento y distribución de los mismos, especialmente vestuario, mobiliario, equipamiento y suministros diversos no específicos de otros Servicios.
3.1.4.2. Jefatura de Servicios Técnicos.
La Jefatura de Servicios Técnicos, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, es el órgano responsable de gestionar, controlar y mantener operativos los sistemas informáticos, de telecomunicaciones y equipos especiales asignados a la Guardia Civil, así como de la investigación y desarrollo tecnológico de recursos materiales de aplicación a la actividad de dicho Cuerpo. De la Jefatura de Servicios Técnicos dependen los siguientes Servicios:
Servicio de Informática y Estadística: Tiene como cometidos programar la adquisición, distribución, control y desarrollo de los sistemas y aplicaciones informáticos y su gestión técnica. Realizará la programación, obtención y análisis de los datos necesarios para la Guardia Civil, elaborando las estadísticas correspondientes, dando cumplimiento a los planes de los Ministerios de Interior y de Defensa en esta materia.
Servicio de Telecomunicaciones: Tiene como cometidos programar las necesidades en medios de telecomunicaciones, así como la gestión, instalación y mantenimiento de los mismos y su explotación técnica para asegurar el enlace entre las distintas Unidades del Cuerpo.
Servicio de Innovación Tecnológica: En colaboración con las distintas Unidades y Servicios, tiene como cometidos el estudio y análisis de las nuevas tecnologías susceptibles de ser utilizadas por el Cuerpo de la Guardia Civil, manteniendo un banco de datos sobre las características y valoración económica, técnica y operativa de las mismas, y de sus aplicaciones y desarrollo.
3.1.4.3. Jefatura de Asuntos Económicos.
La Jefatura de Asuntos Económicos, al mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo, es el órgano responsable de la administración y coordinación de los recursos financieros, del seguimiento de la ejecución del presupuesto y su registro contable, así como de la coordinación de la actividad de las unidades económico-administrativas. De la Jefatura de Asuntos Económicos dependen los siguientes Servicios:
Servicio de Contratación: Tiene como cometidos la elaboración y tramitación de los expedientes de contratación.
Servicio de Gestión Económica: Tiene como cometidos la administración y gestión de los recursos económicos de la Dirección General de la Guardia Civil, la tramitación de los expedientes de gastos que correspondan y la coordinación y control de las distintas cajas y subcajas pagadoras de la Guardia Civil.
3.1.5. Organización Territorial de la Guardia Civil
El Real Decreto 367/97, de 14 de marzo, que determina la organización periférica de la Dirección General de la Guardia Civil, modificado en sus artículos 3 y 6, por el Real Decreto 3486/00, de 29 de diciembre, establece la distribución periférica de la Guardia Civil de la siguiente manera:
Zonas, que se corresponden con las 17 CC.AA. españolas.
Comandancias, que se corresponden con las 50 provincias españolas, más Algeciras, Gijón, Ceuta y Melilla.
El Real Decreto establece tantas Zonas de la Guardia Civil como Comunidades Autónomas (con la salvedad de Ceuta y Melilla en las que se constituyen sendas Comandancias), con lo que se logrará una mayor coordinación de los servicios a través de los Delegados del Gobierno en cada Comunidad y se facilitarán las relaciones de colaboración con los Gobiernos autonómicos y, en su caso, con los respectivos Cuerpos policiales.
3.1.5.1. Zonas
Cada Zona comprenderá el territorio de una Comunidad Autónoma.
El mando de las Zonas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª, 12ª, 15ª y 16ª, será ejercido por un Oficial General de la Guardia Civil y, el de las Zonas 5ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª y 17ª recaerá en un Coronel de la Guardia Civil.
3.1.5.2. Comandancias
En cada provincia existirá, al menos, una Comandancia, a cuyo mando estará un Coronel o Teniente Coronel.
Las Comandancias de Ceuta y Melilla comprenderán el territorio de sus respectivos términos municipales y dependerán directamente de la Subdirección General de Operaciones.
1ª. C.A. Madrid
2ª. C.A. Castilla-La Mancha
Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca y Albacete
3ª. C.A. Extremadura
4ª. C.A. Andalucía
Sevilla, Jaén, Córdoba, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Almería y Algeciras
5ª. C.A. Región de Murcia
6ª. C.A. Valencia
7ª. C.A. Cataluña
Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona
8ª. C.A. Aragón
9ª. C. Foral de Navarra
10ª. C.A. La Rioja
11ª. C.A. País Vasco
Vitoria, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya
12ª. C.A. Castilla-León
Valladolid, Ávila, León, Zamora, Salamanca, Palencia, Burgos, Segovia y Soria
13ª. C.A. Cantabria
14ª. C.A. Principado de Asturias
15ª. C.A. Galicia
La Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra
16ª. C.A. Canarias
Sta. Cruz de Tenerife y Las Palmas de G.C.
17ª. C.A. Baleares
18ª. C.A. Ceuta
19ª. C.A. Melilla
3.1.5.3. Compañías y Puestos
El mando y demarcación de las Compañías y Puestos, vienen determinados mediante Orden dictada a propuesta de los Ministerios de Defensa e Interior, que se concretó en la Orden del Ministerio de Presidencia de 8 de Septiembre de 1998.
Las Compañías son mandadas por un Capitán, siendo las encargadas de planificar, coordinar, dirigir y ejecutar en su demarcación, las misiones que las disposiciones vigentes encomiendan al Cuerpo de la Guardia Civil.
Los Puestos atenderán a una demarcación de uno o varios municipios, garantizando los niveles de presencia, proximidad y servicio necesarios y estarán al mando de un Suboficial o Cabo.
3.1.6. Empleos, Categorías y Escalas
La Ley Orgánica 2/86 de FF y CC de Seguridad, establece que la Guardia Civil se estructura jerárquicamente según los diferentes empleos de conformidad con su naturaleza militar.
Esta estructura jerárquica militar se recoge en el Artículo 10 de la Ley 42/99, de 25 de noviembre, del Régimen de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.
La estructura orgánica del Cuerpo de la Guardia Civil se basa en la ordenación jerárquica de sus miembrospor empleos y, dentro de éstos, por antigüedad y edad. Se distinguen 4 Categorías y 18Empleos Militares.
Guardia Civil de 1ª.
El empleo faculta para ejercer la autoridad que corresponda en el orden jerárquico del Cuerpo y desempeñar los cometidos de los distintos niveles de su organización. El empleo militar del Cuerpo de la Guardia Civil, conferido con arreglo a esta Ley, otorga los derechos y obligaciones establecidos en la misma. Cuando se produzca un cambio de Escala se obtendrá el empleo que en cada caso corresponda, causando baja en la Escala de origen con la consiguiente pérdida del empleo anterior.
Cuando por necesidades del servicio se designe a un guardia civil para ocupar un puesto en organizaciones internacionales que corresponda al empleo superior al suyo, el Ministro de Defensa, a propuesta del Director general del Instituto, le podrá conceder, con carácter eventual, el grado militar correspondiente a ese empleo superior, en el que tendrá las atribuciones y usará las divisas del mismo, excepción hecha de las competencias sancionadoras y de las retribuciones que serán las correspondientes a su empleo efectivo. Dicho grado lo conservará hasta ascender al citado empleo superior o hasta el momento de su cese en el mencionado puesto.
En el empleo de Guardia Civil existirá, como distinción, el grado militar de Guardia Civil de Primera, sin efectos retributivos.
El personal de la Guardia Civil se agrupa en 6 Escalassegún el grado educativo exigido para el ingreso en ellas y el ejercicio de las funciones profesionales asignadas
Escala Superior de Oficiales: Incluye empleos de Teniente a Teniente General (Nivel-A).
Escala de Oficiales: Incluye empleos de Alférez a Teniente Coronel (Nivel-A).
Escala de Suboficiales: Incluye empleos de Sargento a Suboficial Mayor (NivelB).
Escala Básica de Cabos y Guardias: Incluye los empleos de Guardia Civil a Cabo Mayor (Nivel-C)
Por la Ley 42/99, de Régimen Personal, fueron creadas como apoyo a la función policial otras dos Escalas, ambas con Nivel-A:
Escala Facultativa Superior: Incluye los empleos de Teniente a Coronel.
Escala Facultativa Técnica: Incluye los empleos de Alférez a Teniente Coronel
Según la citada Ley, corresponde al Consejo de Ministros fijar periódicamente la plantilla reglamentaria de los distintos Empleos y Escalas.
Descripción de Divisas
El elemento que caracteriza la divisa de los Oficiales Generales es la estrella de 4 puntas y el timbrado por Corona Real de España.
Teniente General : La divisa está constituida por el conjunto que forman dos bastones en aspa o bastón y sable en la misma posición y tres estrellas doradas de cuatro puntas, timbrado por Corona Real de España de gulas, todo lo restante en color oro.
General de División: Sable en banda o en barra y bastón de mando pasantes en aspa, timbrado por Corona Real de España; acompañado de dos estrellas, ambas en el ángulo inferior.
General de Brigada: Sable en banda o en barra bastón de mando pasantes en aspa, timbrado por Corona Real de España, en el cruce una estrella.
El elemento que caracteriza la divisa de los diferentes empleos de Jefe es la estrella de color oro de 8 puntas.
Coronel: Tres estrellas en línea horizontal.
Teniente Coronel: Dos estrellas en línea horizontal.
Comandante: Una estrella.
El elemento que caracteriza la divisa de los diferentes empleos de Oficial es la estrella de color oro de 6 puntas.
Capitán: Tres estrellas, dos en horizontal y la tercera centrada sobre las anteriores.
Teniente: Dos estrellas en horizontal.
Alférez: Una estrella.
El elemento que caracteriza las divisas de los diferentes empleos de Suboficial, es el galón color oro sobre ribete grana.
Suboficial Mayor: Dos galones dorados formando ángulo de 120° y una estrella de cinco puntas.
Subteniente: Un galón dorado formando un ángulo de 120° y una estrella de cinco puntas.
Brigada: Dos galones con ribetes formando una sardineta.
Sargento Primero: Tres galones con ribetes, paralelos, unidos al del centro y otro similar en un lateral en ángulo recto.
Sargento: Tres galones, paralelos, unidos al del centro.
Cabo Mayor: Galón de color oro con ribetes grana y otro similar junto en ángulo recto.
Cabo Primero: Galón de color oro con ribetes grana.
Cabo: Tres galones grana, paralelos, unidos al del centro.
Guardia Civil Primero: Galón de color grana.
3.2. DEPENDENCIAS
El Ministerio del Interior dispondrá todo lo necesario a los servicios de la Guardia Civil relacionado con la seguridad ciudadana y demás competencias atribuidas por Ley Orgánica 2/1986 de FF. Y CC. de Seguridad, así como sus retribuciones, destinos, acuartelamientos y material (Art. 14.1).
Conjuntamente, los Ministerios de Defensa e Interior, dispondrán todo lo referente a selección, formación, perfeccionamiento, armamento y despliegue territorial y propondrá al Gobierno el nombramiento de la Dirección General.
El Ministro de Defensa, dispondrá lo concerniente al régimen de ascensos y situaciones de personal, así como las misiones de carácter militar que se encomiende al Cuerpo de La Guardia Civil (Art. 14.3).
Las unidades de Policía Judicial en las funciones de descubrimiento y averiguación de los delitos, dependerán de los Juzgados, Tribunales y Ministerio Fiscal (es lo que se entiende por “dependencia funcional”).
Resulta de gran importancia conocer de forma global los principales medios con que cuenta la Guardia Civil, a través de la Subdirección General de Apoyo, para el desarrollo de sus diferentes misiones y cometidos, pasamos a describirlos de forma detallada.
3.3. FUNCIONES DE LA GUARDIA CIVIL
La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, establece una doble distribución de competencias entre ambos Cuerpos. Tras atribuir unas funciones comunes que se desarrollan de acuerdo a su distribución territorial, asigna a cada Cuerpo determinadas funciones específicas.
3.3.1. Funciones comunes
Las funciones comunes se recogen en el Artículo 11 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde las FF y CC de Seguridad tienen corno misión “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”, mediante el desempeño de las siguientes funciones:
Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia.
Colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofe, o calamidad pública, en los términos que se establezcan en la legislación de protección civil.
Las funciones señaladas en el párrafo anterior serán ejercidas con arreglo a la siguiente distribución territorial de competencias:
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los miembros del Cuerpo Nacional de Policía podrán ejercer las funciones de investigación y las de coordinación de los datos a que se refieren los apartados g) y h) de este artículo, en todo el territorio nacional.
La Guardia Civil, para el desempeño de sus competencias propias, podrá asimismo realizar las investigaciones procedentes en todo el territorio nacional, cuando ello fuere preciso.
Sin perjuicio de la distribución de competencias de este artículo, ambos Cuerpos deberán actuar fuera de su ámbito competencial por mandato judicial o del Ministerio Fiscal o, en casos excepcionales, cuando lo requiera la debida eficacia en su actuación; en ambos supuestos deberán comunicarlo de inmediato al Gobernador Civil y a los mandos con competencia territorial o material; el Gobernador Civil podrá ordenar la continuación de las actuaciones o, por el contrario, el pase de las mismas al Cuerpo competente, salvo cuando estuvieren actuando por mandato judicial o del Ministerio Fiscal.
En caso de conflicto de competencias, ya sea positivo o negativo, se hará cargo del servicio el Cuerpo que haya realizado las primeras actuaciones, hasta que se resuelva lo procedente por el Gobernador Civil o las instancias superiores del Ministerio del Interior, sin perjuicio de lo dispuesto para la Policía Judicial.
Al objeto de conseguir la óptima utilización de los medios disponibles y la racional distribución de efectivos, el Ministerio del Interior podrá ordenar que cualesquiera de los Cuerpos asuma, en zonas o núcleos determinados, todas o algunas de las funciones exclusivas asignadas al otro Cuerpo.
Funciones específicas de la Guardia Civil
Además de las funciones comunes establecidas en el artículo anterior, el Artículo 12 de la Ley Orgánica 2/1986, se establece la siguiente distribución material de competencias exclusivas para el Cuerpo de la Guardia Civil:
La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran.
Aquellas otras que le atribuye la legislación vigente.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están obligadas a la cooperación recíproca en el desempeño de sus competencias respectivas.
Las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil actuarán recíprocamente como oficinas para la recepción y tramitación de los documentos dirigidos a las autoridades de cualquiera de los dos Institutos.
REGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. OBJETO. AMBITO Y PRINCIPIOS GENERALES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SUS RELACIONES. ÓRGANOS. DE LOS INTERESADOS. LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
0.- CONCEPTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
El Derecho Administrativo es una rama del Derecho Público Interno (es público porque no existe lucro, y es interno porque es diferente del derecho internacional) y está compuesto por normas jurídicas que regulan las relaciones de las distintas administraciones públicas con los ciudadanos, así como la actividad administrativa que sustenta dichas relaciones.
1.- REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN
La Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reformada por la Ley 4/99 de 13 de enero, regula las relaciones de las distintas administraciones entre sí y de estas con los ciudadanos.
2.- OBJETO DE LA LEY 30/92
Cuando se habla del objeto de una determinada norma, se está haciendo referencia a la materia concreta que regula. Así, el artículo 1 de la Ley 30/92 señala que el objeto de la misma es REGULAR…
Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, es decir, las normas que rigen su organización, composición, forma de actuación, etc,
El procedimiento administrativo común, esto es, los cauces y formas de relación de los ciudadanos con las Administraciones Públicas y viceversa, y
El sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, es decir, en qué supuestos y de qué forma van a responder las administraciones por los daños causados a particulares por su incorrecta actuación.
3.- AMBITO DE APLICACION
Esta Ley se aplica a TODAS las Administraciones Públicas y su artículo 2 dice que son Administraciones Públicas:
Las Entidades de Derecho Público, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. Estas se regirán por la Ley 30/92, cuando ejerzan la potestad administrativa, y por sus normas de creación, en los demás casos. Ejemplo: El Organismo de Loterías y Apuestas del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.
4.- PRINCIPIOS GENERALES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho, evitando todo tipo de arbitrariedad. (art. 103.1 CE).
Respetar los principios de buena fe y de confianza legítima.
Regirse, en sus relaciones, por el principio de cooperación y colaboración y, en su actuación, por los criterios de eficiencia y servicio los ciudadanos.
Intentar conseguir, bajo la dirección de los responsables políticos, los objetivos previstos en las leyes y en el resto del ordenamiento jurídico.
Actuar, cada administración, con personalidad jurídica única.
En cuanto a sus relaciones con los ciudadanos, regirse por los principios de transparencia y participación.
5.- LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SUS RELACIONES
Las Administraciones Públicas deben regirse en sus relaciones por el principio de lealtad institucional, que supone:
Respetar las competencias de las otras Administraciones.
Velar por los intereses públicos, tanto si son de su competencia como de otras administraciones.
Facilitar información, sobre actividades de su competencia (datos, documentos o medios probatorios), a otras administraciones, cuando la soliciten.
Apoyar activamente a las otras administraciones, cuando estas lo precisen, especialmente cuando tengan competencias territoriales distintas.
La información y el apoyo activo se darán siempre que el órgano del que se solicita esté facultado, disponga de medios suficientes para hacerlo y sin perjuicio de los intereses cuya tutela tiene encomendada. En los casos en que no pueda dar dicha información o apoyo activo lo denegará motivadamente.
A.- Relaciones entre las Administraciones Estatal y Autonómica:
La Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas pueden crear órganos para la cooperación entre ambas, de composición bilateral o multilateral, de ámbito general o de ámbito sectorial, en aquellas materias en las que exista interrelación competencial, y con funciones de coordinación o cooperación según los casos.
Órganos de composición bilateral y de ámbito general:
Comisiones Bilaterales de Cooperación: Son órganos de cooperación, de composición bilateral y de ámbito general. Están formadas por miembros del Gobierno del Estado y de UNA SOLA Comunidad Autónoma.
Órganos de composición multilateral y de ámbito sectorial:
Conferencias Sectoriales: Son órganos de cooperación, de composición multilateral y de ámbito sectorial. Están formadas por miembros del Gobierno del Estado y de VARIAS o TODAS las Comunidades Autónomas (multilateral), para estimular la mutua cooperación en aquellos sectores (educación, por ejemplo) en los que exista interrelación competencial . Las convoca el ministro o ministros con competencia en la materia objeto de la conferencia y los acuerdos, que se denominarán “Convenio de Conferencia Sectorial”, los firman los ministros y consejeros intervinientes y se comunican al Senado. Podrán crear comisiones y grupos de trabajo para la preparación de los asuntos a tratar en la Conferencia Sectorial.
Otros Órganos de Cooperación Multilateral: Con la misma finalidad, y en ámbitos materiales específicos (deportes, por ejemplo), la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas podrán constituir otros órganos de cooperación que reúnan a responsables de la metaria (no ministros ni consejeros).
Participación de las Entidades Locales: Cuando las materias tratadas por un órgano multilateral afecten o se refieran a competencias de las Entidades Locales, el pleno del órgano puede invitar a la asociación estatal más representativa de las mismas, para que asistan a sus reuniones (por ejemplo, a la FEMP).
Convenios de Colaboración: La Administración General y los Organismos públicos vinculados o dependientes de ella pueden celebrar convenios de colaboración con órganos de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias. Dichos convenios serán comunicados al Senado.
En el Convenio se especificará qué Órganos intervienen, qué compentencias ostentan, su forma de financiación, su vigencia y la necesidad de crear una organización común en forma de CONSORCIO, dotado de personalidad jurídica propia.
Planes y Programas Conjuntos: La Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas pueden acordar la realización de planes y programas conjuntos de actuación, para el logro de objetivos comunes, en aquellas materias en las que ostenten competencias concurrentes. Cuando estas competencias se ostenten en el mismo ámbito sectorial, la iniciativa para acordar la realización de los planes o programas conjuntos, la aprobación de su contenido, así como el seguimiento y evaluación de su puesta en práctica le compete a la correspondiente Conferencia Sectorial.
El acuerdo aprobatorio deberá contener los objetivos a cumplir, las actuaciones a desarrollar, las apaortaciones materiales, personales y económicas de cada Administración, su duración y los mecanismos de seguimiento, evaluación y modificación.
Efectos de los convenios: Los Convenios de Conferencia Sectorial y los Convenios de Colaboración en ningún caso suponen la renuncia a las competencias propias de las Administraciones intervinientes, aunque obligarán a las Administraciones intervinientes desde el momento de su firma y deberán ser comunicados al Senado y publicados en el BOE y en DO de la Comunidad Autónoma respectiva.
Las cuestiones litigiosasque puedan surgir en su interpretación y cumplimiento, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo contencioso-administratívo y, en su caso, de la competencia del Tribunal Constitucional.
B.- Relaciones de las Administraciones Estatal o Autonómica con la Administración Local.
Se regirán por la legislación básica en materia de Régimen Local (Ley reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985), aplicándose supletoriamente lo dispuesto en el Título I de la Ley 30/92.
C.- Comunicaciones a las Comunidades Europeas:
Las comunicaciones que deban hacer las distintas administraciones públicas a las distintas instituciones de la Unión Europea, las cursarán a través del órgano de la Administración General del Estado, con competencia para tramitarlas.
1 Derecho a la libertad y a la seguridad.
2 Inviolibilidad domiciliaria y secreto de las comunicaciones.
3 Libertad de residencia y circulación y derecho a entrar y salir libremente de España.
4 Libre difusión de pensamientos, ideas u opiniones, mediante la palabra hablada o escrita o por cualquier medio de comunicación..
5 Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones o grabaciones, previa resolución judicial.
6 Derecho de reunión.
7 Derecho de huelga.
8 Derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo.
9 Lectura de derechos al detenido.
10 Duración imprescindible del tiempo de detención (72 horas).
11 Inviolabilidad de domicilio y secreto de las comunicaciones.
12 La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de Tratados o convenios de carácter político, militar, que afecten a laintegridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentaales, que impliquen obligaciones financierqas para la Hacienda Públivs o para la modificación o derogación de una ley, requerirá la previa autorización de las Cortes Generales.
13 Convenios de o acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas.
14 Corrección desequilibrios económicos entre las Comunidades Autónomas y las provincias.
15 Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno
16 Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado
17 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
18 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
19 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
20 Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado
21 Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio
22 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
23 Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
24 Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado
25 Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre Regulación de las Distintas Modalidades de Referéndum
26 Cualquier ciudadano podrá interponer Recurso de Amparo snte el Tribunal Constitucional, para recabar la tutela de los derechos y libertades constitucionales
27 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
28 1) La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado; 2) Las CC.AA. podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley.
29 Estados de alarma, de excepción y de sitio
30 Se considera apología la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito.
31 Extradición activa: Es solicitada por España a un país extrajero (se da con frecuencia en el caso de terrorismo); Extradición pasiva: el país extrajero la solicita a España. En amabos casos ha de existir un Tratado internacional en el que España sea parte.
32 Consultar título IV de la LECrim, artículos 100 y siguientes (De las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones que nacen de los delitos y faltas).
33 Título V, artículos 59 y siguientes, sobre anotación y cancelación de las sanciones en la documentación militar del guardia civil.
34 Orden del Ministerio de la Presidencia de 29 de octubre de 2001 por la que se desarrolla la estructura orgánica de los servicios centrales de la Dirección General de la Guardia Civil (Capítulo I, artículos 2 y 3)
35 El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales.
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