Source: https://robertovalenzuela.mx/la-representacion-organica-y-el-mandato-efectos-legales-y-fiscales/
Timestamp: 2020-04-04 22:39:56
Document Index: 181127487

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 6', 'artículo 2693', 'artículo 33', 'artículo 26', 'artículo 10', 'artículo 142', 'artículo 10', 'artículo 2569', 'artículo 31', 'artículo 17', 'artículo 95', 'artículo 14']

La representación orgánica y el mandato, efectos legales y fiscales. – Roberto Valenzuela Lozano
La representación orgánica y el…
El derecho reconoce y da vida a diversas ficciones jurídicas, una de estas se encuentra constituida por el reconocimiento que les otorga a las denominadas personas jurídicas o morales, dotándolas de todos y cada uno de los atributos necesarios para cumplir con el objeto social para lo cual son creadas; así, la legislación civil federal, en la fracción III del artículo 25, reconoce a las sociedades de carácter mercantil y civil como entes titulares de derechos y obligaciones. Así mismo, sus atributos son reconocidos por las leyes especiales que los rigen, de este modo, la Ley General de Sociedades Mercantiles, en lo sucesivo LGSM, en su artículo 6 que forma parte de las disposiciones generales, señala que el contrato constitutivo deberá contener los siguientes atributos: I.- Su razón social o denominación (nombre); II.-El importe del capital social (parte de su patrimonio); III.-El domicilio de la sociedad. Por lo que respecta a las sociedades de naturaleza civil, el artículo 2693 del Código Civil Federal, en lo sucesivo CCF, establece los atributos que este tipo de sociedades deben incluir en su pacto societario, siendo estos los siguientes: I. La razón social (nombre); II. El importe del capital social y la aportación con que cada socio debe contribuir, en este caso no cita como atributo de la persona moral el contar con un domicilio sin embargo, el artículo 33 del citado cuerpo normativo establece que las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su administración; El artículo 26 del mismo ordenamiento legal establece que las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución, en tanto que el cardinal 28 del propio código establece que las personas jurídicas se regirán por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus estatutos.
Régimen jurídico de la sociedad Asamblea de socios o accionista Órgano de Administración Órgano de vigilancia
En nombre colectivo Junta de socios, arts. 21 y 241, fracción III LGSM. Arts. 6, f IX,10 y 36 LGSM. Posibilidad de designar interventor Art. 47 LGSM.
Comandita simple Junta de socios, según reglas de la SNC. Arts. 6, f IX, 10, 36 y 57 LGSM. Posibilidad de designar interventor Art. 47 y 57 LGSM.
De responsabilidad limitada Asamblea de socios Art. 77 LGSM. Arts. 6, f IX,10 y 74 LGSM. Cuando así lo establezcan los estatutos sociales, Art. 84 LGSM
Anónima Asamblea de accionistas, Art. 178 LGSM. Arts. 6, f IX, 10,142 y 157 LGSM. Obligatorio. Art. 164 LGSM.
Comandita por acciones Asamblea de accionistas, Arts. 178 y 211 LGSM. Arts. 6, f IX, 10,142,157 y 211 LGSM. Obligatorio. Arts. 164 y 211 LGSM.
Civil Junta de socios Aplicación supletoria Art. 2677 CCF Art. 2709 CCF No requiere.
El artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su párrafo primero, establece en forma genérica que la representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezca la ley y el contrato social. Asimismo, establece que el órgano de administración de las sociedades o la asamblea de socios, puede otorgar poderes a personas ajenas a dicho órgano sin restricción de las facultades de éste. La razón de que la ley admita que la administración tanto de una sociedad de responsabilidad limitada como de una sociedad anónima pueda confiarse a personas no socias de las personas morales, tiene la finalidad de dar elasticidad de organización y no cerrar el camino a necesidades distintas que pueden manifestarse en la imposibilidad de los socios de asumir directamente los cargos de administración, o en la conveniencia de acudir a especiales competencias y aptitudes de personas extrañas. Así, se distingue entre representación funcional u orgánica, de la negocial u otorgada por virtud de un mandato. Únicamente esta última es representación en sentido técnico, en tanto que los administradores son orgánicamente los representantes de la sociedad, pero el contrato social puede habilitar sólo a algunos para concretar la función. El cometido de todo administrador es, naturalmente, el de administrar el patrimonio de la persona jurídica; es aquel a quien se confía la realización de los fines de la sociedad; comprende todos los medios que sirven para la consecución del objeto indicado en el acta constitutiva; por ello, se acumulan en él los poderes de la capacidad jurídica que son fundamentalmente de formación y de declaración de la voluntad del ente. Administración y representación corresponden precisamente a la aplicación de estas dos prerrogativas del órgano. Por lo tanto, el nombramiento del órgano de administración no confiere ningún mandato, aunque el artículo 142 de la referida ley, establezca que la administración de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales, y el 157 que los administradores tendrán la responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. La representación y el mandato se distinguen de una manera especial en una persona moral, dado que los representantes legales de ésta son órganos para la formación y ejecución de la voluntad social y por ello en cierto sentido son parte integrante de la misma persona moral y se identifican con ella, en tanto que los mandatarios de la misma persona moral no forman parte de ésta, sino que son personas extrañas a la persona moral en cuestión. Esta diferencia se basa en que el objeto de una sociedad tiene dos dimensiones en contraste, a saber, un lado negativo, por cuanto los representantes legales de ella no están facultados ni pueden realizar actos que sean contrarios o ajenos al objeto social, y otro lado positivo, en virtud de que dichos representantes legales en principio están facultados y pueden llevar a cabo todos los actos que se requieran para la realización del objeto social. De este último aspecto se deriva la regla general de que los integrantes del órgano de administración de la sociedad, como representantes de la sociedad, en principio están facultados y pueden llevar a cabo todos los actos que requiera la realización del objeto social, salvo las limitaciones que expresamente se les hayan impuesto, puesto que de conformidad con lo previsto por el primer párrafo del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezca la ley y el contrato social. En cambio, para los mandatarios, aun los de una sociedad, rige la regla inversa, o sea, que sus facultades son sólo aquellas que expresamente se les hayan conferido para realizar determinados actos. A diferencia de los deberes legales y sociales de los administradores como órgano social, previstos por la ley o el acta constitutiva, o acuerdo de asamblea, las obligaciones de los mandatarios están reguladas por los artículos 2566, 2568, 2569 y 2570 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. Los deberes de los administradores pueden agruparse en dos grandes categorías: deberes que se reflejan en las relaciones internas, es decir, frente a los socios y a la sociedad, y deberes que se reflejen en el exterior, frente a los acreedores y frente al público en general. La acción de responsabilidad de la sociedad contra los administradores es de naturaleza social y corresponde a las asambleas de las sociedades de responsabilidad limitada y anónima, porque tiene por objeto reintegrar el capital social perdido por los abusos o mala gestión de los administradores. Luego, cuando alguno de los administradores de una sociedad de responsabilidad limitada o anónima, pretende fincar responsabilidad en contra de otros de la misma sociedad, es requisito que esa responsabilidad sea exigida por la asamblea general de accionistas, la que designará la persona que haya de ejercitar la acción correspondiente, como lo prevén los artículos 76 y 161 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por otra parte, la acción de responsabilidad civil contra los representantes o mandatarios de una sociedad mercantil, por no ser éstos administradores de la sociedad, según lo antes considerado, no está sujeta a la mencionada condición o requisito de procedibilidad, sino que puede ejercitarse en cualquier tiempo, a falta de pacto en contrario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2569 del multicitado código sustantivo civil. En consecuencia, si en un juicio una persona moral ejercita la acción de responsabilidad civil, contra otra física o moral que fungió como su administrador o mandatario, no puede considerarse que la acción está sujeta al requisito previo de que la asamblea de socios acuerde el ejercicio de la acción conforme a lo previsto en los artículos 76 y 161 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque ese requisito sólo se surte cuando la acción se ejercita contra los administradores orgánicos.
Orgánica Apoderado
Forma parte de la estructura de la sociedad. Es totalmente ajeno a la sociedad
Sus facultades son Inherentes al cargo y constan en el contrato constitutivo. Se confieren para los actos jurídicos que expresamente se establezca.
Las obligaciones emanan de los estatutos sociales. Las obligaciones nacen de los artículos 2566. 2567, 2568 y 2569 del CCF.
Cabe señalar que los poderes antes enunciados puedes conferirse a título especial o limitado, en cuyo caso se agotará una vez que se celebre el acto jurídico para el cual fue conferido. A manera de ejemplo, puede conferirse un poder especial para actos de administración a realizarse ante el Servicio de Administración Tributaria acotándolo a los siguientes actos: i.- Tramitar la Firma electrónica. ii.- Obtener CIECF de la sociedad. iii.- Tramitar el padrón de importadores. iv.- Inscribir a la sociedad ante el registro federal de contribuyentes. Etc.
Al inicio del presente artículo se estableció que para llevar cabo su funcionamiento, las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos; así al desarrollar su objeto social ejecutan actos económicos que dan lugar al pago de impuestos en términos de lo estatuido por el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna. El Código Fiscal de la Federación, en lo sucesivo CFF, en su numeral 19 establece “En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios. La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales se hará mediante escritura pública o mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público, acompañando copia de la identificación del contribuyente o representante legal, previo cotejo con su original”; esta disposición alude de manera genérica al representante legal sin hacer distinción de las figuras analizadas previamente, es decir se refiere indistintamente a la representación orgánica y al mandato como representación legal. Sin embargo, en otras disposiciones si hace tal distinción, así en lo relativo al trámite de la obtención de la firma electrónica, establecido en el artículo 17-D, séptimo párrafo, del mismo ordenamiento legal, señala que “La comparecencia de las personas físicas a que se refiere el párrafo anterior, no podrá efectuarse mediante apoderado o representante legal, salvo en los casos establecidos a través de reglas de carácter general.”
DELITOS FISCALES. LA IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL NO DERIVA PER SE DEL CARGO DE SOCIO, ADMINISTRADOR O APODERADO DE UNA PERSONA MORAL, SINO QUE ES NECESARIO DEMOSTRAR SU INTERVENCIÓN A TÍTULO DE AUTOR O PARTÍCIPE Y LA VINCULACIÓN DIRECTA O INDIRECTA DE SUS ACTOS EN LA COMISIÓN DE DICHOS ILÍCITOS.
Tratándose de la perpetración de delitos de índole fiscal, el solo hecho de ser socio, administrador o apoderado de alguna persona moral resulta insuficiente para atribuirle responsabilidad penal, pues ésta no deriva per se del encargo u obligación que la Ley General de Sociedades Mercantiles le impone, sino que es necesario demostrar la intervención que tuvo a título de autor o partícipe de acuerdo con las hipótesis previstas por el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, es decir, cuáles fueron los actos que desplegó y que le vinculan directa o indirectamente en la comisión del delito, pues sólo de esta manera se cumple con los principios de nullum crimen sine conducta y de exacta aplicación de la ley previstos en el artículo 14 de la Constitución Federal.
L.D. y E.F. Roberto Valenzuela Lozano
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