Source: http://www.scribd.com/doc/127368389/ResolucionN000066-2013-JNE-Pr
Timestamp: 2013-12-21 19:16:37
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P. 1ResolucionN000066 2013 JNE PrResolucionN000066 2013 JNE PrRatings: 0|Views: 350|Likes: 0Published by jbrignoleMore info:Published by: jbrignole on Feb 26, 2013Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Free download as PDF, DOC, TXT or read online for free from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee MoreSee lesshttp://www.scribd.com/doc/127368389/ResolucionN000066-2013-JNE-Pr09/25/2013pdftextoriginal Jurado Nacional de Elecciones
Resolución N.° 066-2013-JNE
CAÑETE - LIMALima, veinticuatro de enero de dos mil trece
en audiencia pública del 24 de enero de 2013, el recurso de apelación interpuesto por Rómulo Absalón Pardo Ortega contra el Acuerdo de Concejo N.° 098-2012-MPC, que resolviódesaprobar la solicitud de declaratoria de vacancia de María Magdalena Montoya Conde,alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Cañete, departamento de Lima, por la causal previstaen el artículo 22, numeral 9, en concordancia con el artículo 63 de la Ley N.° 27972, LeyOrgánica de Municipalidades, y oídos los informes orales.
ANTECEDENTESRespecto a la solicitud de vacancia Con fecha 23 de octubre de 2012, Rómulo Absalón Pardo Ortega solicitó la declaratoria devacancia de María Magdalena Montoya Conde, alcaldesa de la Municipalidad Provincial deCañete, por la causal establecida en el artículo 22, numeral 9, en concordancia con el artículo63, de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante LOM), por cuanto se leimputa que, estando en el cargo de alcaldesa, en forma irregular, y contraviniendo el DecretoSupremo N.° 004-2011-EF y la Ley N.° 29626, en la Planilla de Empleados Permanentes sehabría asignado dolosamente, como bonificación por escolaridad, correspondiente al año 2011,la suma de S/. 7 800,00 (siete mil ochocientos y 00/100 nuevos soles), cuando, de acuerdo a ley,solo le correspondía la suma de S/. 400 (cuatrocientos y 00/100 nuevos soles).
María Magdalena Montoya Conde presentó sus respectivos descargos alegando que inclusoantes que el pedido de vacancia formulado en su contra sea presentado, había cumplido condevolver el monto recibido en el año 2011, por concepto de bonificación por escolaridad,sustentando su defensa en los siguientes medios probatorios:
Memorándum N.° 180-2011-GAEF-MPC, de fecha 19 de diciembre de 2011, mediante el cualse dispone que se proceda a efectuar el descuento a la titular de la entidad del monto que lefuera entregado por concepto de escolaridad en el año 2011, haciéndose efectivo dichodescuento a partir del mes de febrero del año 2012.
Resolución de Gerencia N.° 446-GAEF-MPC, de fecha 29 de diciembre de 2011, mediante lacual se aprueba el cronograma de devolución de lo percibido por la alcaldesa cuestionada,por concepto de bonificación por escolaridad correspondiente al año 2011, disponiendo hacer efectiva la referida devolución mediante descuentos de la remuneración mensual de lareferida autoridad municipal, desde el mes de febrero hasta el mes de diciembre de 2012,estableciéndose además que el monto en exceso que debía devolver la alcaldesa ascendía ala suma de S/. 5 200,00 (cinco mil doscientos y 00/100 nuevos soles).
Informe N.° 027-2012-GAEF/MPC, de fecha 12 de setiembre de 2012, mediante el cual seinforma que la referida alcaldesa ha cumplido con realizar la devolución del monto quepercibió por escolaridad en el año 2011. Adicionalmente, se señala que la citada autoridadtambién devolvió los importes percibidos por aguinaldo de julio y diciembre del año 2011, díadel trabajador del año 2011 y bonificación vacacional del año 2012.
En sesión extraordinaria, de fecha 23 de noviembre de 2012, el alcalde y diez regidores delConcejo Provincial de Cañete votaron en contra de la declaratoria de vacancia, resolviendorechazar la solicitud de vacancia presentada por Rómulo Absalón Pardo Ortega contra laautoridad cuestionada. Dicha decisión fue materializada en el Acuerdo de Concejo N.° 098-2012-MPC, del 23 de noviembre de 2012.
Con fecha 14 de diciembre de 2012, Rómulo Absalón Pardo Ortega interpuso recurso deapelación contra el Acuerdo de Concejo N.° 098-2012-MPC, que resolvió desaprobar su pedidode vacancia, reafirmando, sustancialmente, los argumentos señalados en la solicitud dedeclaratoria de vacancia.
La materia controvertida en el presente caso consiste en determinar si la alcaldesa MaríaMagdalena Montoya Conde, incurrió en la causal de vacancia prevista en el artículo 22, numeral9, en concordancia con el artículo 63 de la LOM.
CONSIDERANDOSCuestiones generales sobre la infracción al artículo 63 de la LOM
Es posición constante de este Supremo Tribunal Electoral, que el inciso 9 del artículo 22 dela LOM, concordado con el artículo 63 del mismo cuerpo normativo, tiene por finalidad laprotección de los bienes municipales, precepto de vital importancia para que lasmunicipalidades cumplan con sus funciones y finalidades de desarrollo integral, sostenible yarmónico de su circunscripción. En vista de ello, dicha norma entiende que estos bienes noestarían lo suficientemente protegidos cuando quienes están a cargo de su protección(alcaldes y regidores) contraten, a su vez, con la misma municipalidad, y prevé, por lo tanto,que las autoridades que así lo hicieren sean retiradas de sus cargos.
En ese entendido, la vacancia por conflicto de intereses se produce cuando se compruebala existencia de una contraposición entre el interés de la comuna y el interés de la autoridad,alcalde o regidor, pues es claro que la autoridad no puede representar interesescontrapuestos. En tal sentido, en reiterada jurisprudencia, este Supremo Tribunal Electoralha indicado que la existencia de un conflicto de intereses requiere la aplicación de una
evaluación tripartita y secuencial, en los siguientes términos: a) si existe un contrato, en elsentido amplio del término, con excepción del contrato de trabajo de la propia autoridad,cuyo objeto sea un bien municipal; b) si se acredita la intervención, en calidad de adquirenteo transferente, del alcalde o regidor como persona natural, por interpósita persona o de untercero (persona natural o jurídica) con quien el alcalde o regidor tenga un
(sila autoridad forma parte de la persona jurídica que contrata con la municipalidad en calidadde accionista, director, gerente, representante o cualquier otro cargo) o un
(sise advierte una razón objetiva por la que pueda considerarse que el alcalde o regidor tendría algún interés personal en relación a un tercero, por ejemplo, si ha contratado consus padres, con su acreedor o deudor, etcétera.); y c) si, de los antecedentes, se verificaque existe un conflicto de intereses entre la actuación del alcalde o regidor en su calidad deautoridad y su posición o actuación como persona particular.3.El análisis de los elementos antes señalados es secuencial, en la medida en que cada unoes condición para la existencia del siguiente.En esa línea, una vez precisados los alcances del artículo 63 de la LOM, en la jurisprudencia del Pleno del JNE se procederá a valorar la congruencia de la motivaciónexpuesta en la recurrida y la conexión lógica de los hechos imputados con la solicitud dedeclaratoria de vacancia.
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Resolución N.° 556-2012-JNE,del 31 de mayo de 2012, estimó que era posible declarar la vacancia de aquellosfuncionarios municipales de elección popular que hayan sido beneficiados por aquellasbonificaciones, gratificaciones y demás beneficios otorgados mediante pacto colectivo, ycuyos cobros irregulares hayan afectado al patrimonio municipal.
No obstante, en la Resolución N.° 671-2012-JNE, del 24 de julio de 2012, el SupremoTribunal Electoral señaló que no se podían obviar aquellos casos en los que se desvirtúeque el alcalde haya buscado la obtención no debida de los caudales municipales vía pactocolectivo, y por lo tanto, no sea posible asumir con meridiana certeza que el alcalde, por medio de tales cobros, haya pretendido sobreponer su interés particular al interés municipal.6.En tal sentido, en el referido pronunciamiento, se estableció que debía tenerse enconsideración si la autoridad cuestionada, una vez iniciado el procedimiento de vacancia, yadvertida su conducta irregular, había procedido con la devolución de los montos percibidos,precisando la citada resolución que para todos aquellos futuros casos se consideraría si seha regularizado de inmediato y devuelto el íntegro del monto dinerario por dicho concepto, loque debería ser debidamente acreditado.
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