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Timestamp: 2019-08-20 07:30:11
Document Index: 43413984

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DS. Senado, Comisiones, núm. 392, de 04/12/2002
Comisiones. Núm. 392
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN VAN-HALEN ACEDO
celebrada el miércoles, 4 de diciembre de 2002
--Dictaminar el proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (Continuación). (Número de expediente 621/000092).
Vamos a debatir el Título VI dentro del debate del proyecto de ley orgánica de calidad de la educación.
Las enmiendas números 223 a 227, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, se dan por defendidas, así como las enmiendas números 315 a 318, del señor Quintana González.
Para defender las enmiendas números 383 a 385, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el señor Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señor presidente y buenos días.
Las enmiendas números 653 a 667, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, se dan por defendidas.
Para defender las enmiendas números 989 a 1003, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Zanca.
El señor FERNANDEZ ZANCA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Al artículo 95 hemos presentado la enmienda número 989 para corregir lo que a nuestro juicio es un error. Dice el texto que hay que evaluar las actividades del profesorado. Nosotros creemos que no se deben evaluar las actividades, sino al profesorado mismo.
En las enmiendas siguientes hacemos un detalle pormenorizado de lo que ha de ser lo fundamental para cada uno de los grupos: para los alumnos, para los profesores y para los centros.
La enmienda número 990, al artículo 95 bis, hace hincapié en los alumnos en el sentido de que las juntas de evaluación, especialmente en la educación obligatoria, han de tener como misión fundamental coordinar a todo el profesorado que imparte clase a un mismo grupo, reflexionar y decidir colegiadamente sobre todos los componentes del proceso de la evaluación para adoptar las medidas que se deriven de dicho proceso.
La enmienda número 991, al artículo 95 ter, se hace referencia a que la evaluación de los centros deberá tener en cuenta el contexto socioeconómico del centro y los recursos de que dispone, y que se efectuará sobre los resultados de los alumnos y la valoración de la comunidad educativa sobre el funcionamiento del centro.
La enmienda número 992 hace mención expresa a la evaluación de carácter obligatorio del profesorado.
La enmienda número 994, al artículo 96 bis, plantea que además de esa evaluación general obligatoria ha de haber una evaluación voluntaria para aquel profesor que lo desee. A nuestro juicio tiene gran importancia porque hay que vincular esa evaluación a la carrera profesional. Esta evaluación voluntaria serviría no sólo para percibir un complemento retributivo sino que cobraría relevancia en aspectos como concursos de traslado y en el desarrollo de la carrera profesional.
La enmienda número 995 pretende la supresión del artículo 97 porque las evaluaciones generales de diagnóstico tienen que estar recogidas en los planes de evaluación general del sistema educativo. Si los centros van a ser evaluados puede suceder que en lugar de vigilar la marcha del proceso de aprendizaje de los alumnos, en vez de mejorar el rendimiento escolar, en vez de tener buenos planes de evaluación de sus alumnos se van a dedicar más a ver cómo van a pasar esa prueba, con lo que la autonomía de los centros quedaría devaluada, porque estarían muchísimo más pendientes de pasar esa evaluación que de cualquier otra cosa.
La enmienda número 998, al artículo 99, propone una nueva redacción, en el sentido de recoger, con carácter general, las diferentes evaluaciones que se deben desarrollar por parte del Instituto Nacional de Evaluación --éstas han de ser a alumnos, a profesores, a centros, a inspección educativa y a la administración educativa--, los informes con las recomendaciones necesarias y la necesidad de elaborar un informe bianual en el Consejo Escolar de Estado y en el Parlamento. Estas son las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a este bloque.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Zanca.
La enmienda número 1093, de Coalición Canaria, por expresa petición del señor Acosta, se da por defendida.
Para defender sus enmiendas números 1235 a 1241, tiene la palabra, por Convergència i Unió, el senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor presidente.
Estas enmiendas hacen referencia a la evaluación del sistema educativo.
Las doy todas por defendidas, tan sólo me voy a centrar en las números 1236 y 1241.
La enmienda 1236 lo es al artículo 96. En dicho artículo se especifica que será el Ministerio de Educación quien realizará la evaluación general del sistema educativo y nosotros proponemos que sea el INCE, el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, que pasará a denominarse Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, lo cual nos parece bien si se mantiene, como es de esperar, la situación actual según la cual las distintas administraciones educativas del país están representadas. Sin embargo, no nos parece correcto que el Ministerio de Educación sea quien dirija toda la evaluación, motivo por el que hemos presentado esta enmienda.
La enmienda número 1241 es al artículo 101, cuyo punto 1comienza con la siguiente frase: La administración educativa correspondiente elaborará y pondrá en marcha planes de evaluación. Es decir, el Gobierno obliga a las administraciones autonómicas a poner en marcha planes de evaluación, con lo cual se pone de manifiesto el carácter paternalista de esta Ley en demasiadas ocasiones porque, insisto, no solamente obliga a la administración a elaborar planes de evaluación sino que en el punto 4 de dicho artículo se indica también cuándo deberán hacerlo, que será al final de cada curso.
Francamente es algo sorprendente y mueve a la sonrisa si no fuese tan indignante ver cómo desde un despacho de Madrid se decide obligar a las administraciones ejecutivas a realizar planes de evaluación porque significa que se considera a las autonomías como direcciones provinciales y, por tanto, es retornar muchos años atrás.
Turno en contra. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Delgado.
La señora DELGADO GARCIA: Gracias, señor presidente.
Con relación a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista deseo aclarar que lo tratado en el Título VI plantea una normativa básica para llevar a cabo una evaluación y, por tanto, la ejecución de las pruebas corresponde a las comunidades autónomas; de hecho, a lo largo de los artículos se comenta la participación de éstas pero, insisto, el texto es fundamentalmente una normativa básica. Y lo digo porque correspondería estudiar y plantear en su momento los detalles a los que ustedes descienden en las enmiendas, es decir, cuando se lleve a cabo el desarrollo
de esta Ley; pero en la actualidad lo que se pretende simplemente es una normativa básica y por ello recoge esas ideas más generales.
Senador Varela, el modelo INCE no es nuevo, en estos momentos depende de la Subdirección General del Ministerio, y nadie puede discutir que existen dos tipos de evaluación: una es la que llevan a cabo las comunidades autónomas, y otra --porque tampoco puede ponerse en duda-- es la evaluación general que corresponde precisamente al que tiene la capacidad para vertebrar la educación en España, en este caso, el Estado.
Por consiguiente, en todos los textos queda muy clara la participación o la consulta, dependiendo del artículo, de las comunidades autónomas; usted ha leído sólo la parte que corresponde al Estado pero si vemos artículo por artículo podrá comprobar que en ningún momento se obvia la parte correspondiente a las comunidades autónomas; por tanto, como ayer comenté, está usted en su derecho de sentirse molesto pero también es cierto que el texto va contemplando y respetando su área de competencia y también el ámbito competencial de las comunidades autónomas.
Tiene la palabra el señor Varela por un minuto.
El señor VARELA I SERRA: Senadora Delgado, efectivamente se habla de las comunidades autónomas pero se indica que el Gobierno, previa consulta a las mismas, determinará la estructura y funcionamiento de este Instituto de Calidad.
Por la experiencia de estos últimos años sabemos que la frase «previa consulta» significa muy poco diálogo, señora Delgado y, por tanto, esta frase queda muy bien en los papeles pero en la práctica dice muy poco.
Otra cosa sería previo acuerdo con las comunidades autónomas, que debería ser lo lógico si se deseara elaborar una ley sentada sobre la roca y no sobre las arenas, como ayer comenté, y para funcionar bien. Pero «previa consulta» es una manera formal de decir «oídas las comunidades autónomas» que es lo que ha sucedido en las distintas reuniones para sacar adelante esta ley, que se ha consultado pero no se ha llegado un acuerdo con las comunidades autónomas.
La evaluación del INCE o el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo sería para todo el Estado, que es lo que a usted le preocupa, pero deberían estar todos representados porque no es el Ministerio de Educación el que vertebra el Estado.
Tiene la palabra el señor Fernández Zanca.
El señor FERNANDEZ ZANCA: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir muy brevemente. Senadora Delgado, el único argumento que me ha dado es que descendemos al detalle y le pregunto qué hay de malo en ello. Creo que no es malo, si lo podemos explicitar en el texto legal facilitaríamos la labor para su desarrollo posterior.
Usted ha contestado algo respecto a algunas enmiendas pero no ha dicho nada acerca de la opinión del Grupo Parlamentario Popular sobre la evaluación voluntaria del profesorado y la carga vinculada a su carrera profesional, y me gustaría que me contestara a este respecto, si fuera posible.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Zanca.
Tiene la palabra la senadora Delgado.
Señor Fernández Zanca, lo que he dicho es que el texto pretende una normativa básica; fíjese que ya existen posturas contradictorias por parte de los dos portavoces que han intervenido. He comentado que es una normativa básica y por tanto le compete al Estado puesto que es una prueba general, como ha sucedido en primaria o en los distintos tramos, a fin de evaluar el sistema educativo que, como ayer comentamos, va a tener la ventaja de que se va a someter a evaluación y que va a permitir al mismo Estado que ha redactado esta Ley comprobar qué aspectos están saliendo bien y cuáles habrá que modificar. Así pues, considero que de entrada es una garantía que se contemple este apartado, ya que si la ley fracasa dentro de unos años habrá que modificarla. Este es el objetivo de que exista esa evaluación.
Me parece correcto que el texto sea básico, ahora bien, habrá que consultar estos detalles con las comunidades autónomas, porque si esta ley no hubiera entrado en ellos nos habríamos quejado y hubiéramos dicho que tiene que establecerse un diálogo. Ese será el momento de estudiar artículo por artículo, de elaborar un real decreto, de consultar a quien se debe y de elaborar un documento detallado, pero eso sí, teniendo en cuenta que las comunidades tienen algo que decir y mucho en su momento.
Insisto, el texto no ha entrado en ese tipo de cuestiones. Siento que usted considere que hubiera sido mucho mejor hacerlo --ésa es su opinión, y yo la respeto, como es lógico--, pero entendemos que es mucho más conveniente que la ley se refiera a la normativa general y que sea a posteriori cuando dichas cuestiones se desarrollen. Sabe usted perfectamente que por el hecho de que en el texto no figuren los aspectos a los que usted ha hecho referencia no por ello van a dejar de contemplarse, porque todas las leyes tienen un desarrollo posterior. Por tanto, será en ese momento cuando el Estado se reúna con las comunidades autónomas y se entre en detalle, en función de las competencias de cada una de las administraciones, elaborando un texto en ese sentido.
Así pues, no se trata de que no se tengan que valorar esos aspectos, sobre los cuales, por otro lado, no he hecho ningún un juicio de valor, sino que simplemente, insisto, no corresponde hacerlo en estos momentos.
Por tanto, como estas enmiendas se refieren a ese desarrollo, y el texto que ahora tenemos sobre la mesa regula una normativa básica, no vamos a aceptarlas, no porque sean malas o discutibles, sino porque, lo repito una vez más, no son procedentes. Esa es la posición de mi grupo.
En cuanto al senador Varela, le diré que el modelo INCE no es nuevo --si usted contempla la LOGSE comprobará que ya se mencionaba en los artículos correspondientes a la evaluación--. En cualquier caso, debemos tener muy claro que el Estado tiene una responsabilidad en el sistema educativo español, sistema que, con todas las transferencias correspondientes, realmente es único; por tanto, existe una responsabilidad en lo que a evaluar el sistema se refiere, aunque ya le he indicado que en todo el articulado se tiene en cuenta el papel que en cada aspecto debe jugar la comunidad autónoma. Lamento que usted tenga prejuicios sobre lo que pueda ocurrir con posterioridad por las experiencias ya habidas, pero creo que ese no es un argumento suficiente a la hora de presentar enmiendas para modificar un texto o de fijar posiciones durante el debate de un proyecto de ley, que es algo muy serio. Piense usted que si se establece que se debe consultar a las comunidades autónomas, la consulta se tiene que hacer con todo lo que eso supone. ¿Que con anterioridad esas consultas no han sido satisfactorias, o no se han realizado adecuadamente? Pues habrá que corregir ese problema, pero repito que tener prejuicios sobre esa cuestión no es en nuestra opinión argumento suficiente para modificar un texto. Insisto en que hay una serie de competencias, una responsabilidad, y en que el sistema de evaluación tiene una parte general, y otra que corresponde a las comunidades autónomas, tal como se recoge en el texto.
Por tanto, vamos a dejar que el texto se lleve a efecto en sus justos términos, y si posteriormente la consulta resulta descafeinada, como usted ha dicho, para eso está la evaluación, a través de la cual se pueden introducir modificaciones. Si no la hubiera, podríamos cerrar la ley y esperar a que decayera con el paso del tiempo.
Como resumen, aunque podamos entender sus prejuicios sobre esta materia, prejuicios que usted está en su legítimo derecho de esgrimir, consideramos que en una Cámara legislativa no tienen el peso suficiente como para modificar una ley.
Pasamos al debate del Título VII.
Las enmiendas de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, números 228 a 232, se dan por defendidas.
Asimismo se da por defendida la enmienda del senador Quintana González número 319.
Para defender las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos números 386 a 392, tiene la palabra el senador Bildarratz.
La enmienda número 389 se presenta al artículo 104, relativo a las competencias de la alta inspección, y concretamente a la letra a). El texto del proyecto dice así: a) Comprobar que los currículos, así como los libros de texto y demás material didáctico, se adecuan a las enseñanzas comunes.
Pues bien, nuestra enmienda propone que únicamente sea función de la alta inspección comprobar que los currículos se adecuan a las educaciones mínimas, por entender que de lo contrario se produciría una contradicción con la disposición adicional tercera, que lleva por título: De los libros de texto y demás materiales curriculares, y que en su apartado 3 establece que la supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la administración educativa. Es decir, se entiende dicha supervisión como una función ordinaria y no como una competencia que se atribuya a la alta inspección.
Por otro lado, anuncio que en este momento retiramos la enmienda número 390 porque lo que en ella planteamos puede generar una serie de contradicciones en el funcionamiento administrativo.
Las enmiendas números 391 y 392 se refieren a lo que ayer defendimos una y otra vez, y hoy también ha defendido el senador Varela, y por cierto muy bien. Se trata de la filosofía de siempre: puesto que estamos en un sistema educativo en el que todas las comunidades autónomas tienen plenas competencias, qué menos que desde el Gobierno central haya una colaboración para con las comunidades autónomas, que en estos momentos son las que más protagonismo tienen en esa materia. Entendemos que el hecho de que sólo se las consulte supone discriminarlas y restarles una serie de funciones y el protagonismo que ya de por sí tienen, por lo que nos parece mucho más adecuado para el actual sistema introducir la expresión «en colaboración», en lugar del que figura en el texto del proyecto de ley.
Las enmiendas del Grupo de Entesa Catalana de Progrés, números 668 a 678, se dan por defendidas.
Para defender las enmiendas del Grupo Socialista números 1004 a 1013, tiene la palabra la senadora Agudo.
La señora AGUDO CADARSO: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, al Título VII, De la Inspección del Sistema Educativo, presentamos las enmiendas números 1004 a 1013. Las enmiendas 1004 a 1008 se refieren a los artículos 102 a 107, y todas ellas son de supresión.
Por otro lado, presentamos unas importantes enmiendas de adición, un Título VII bis y unos artículos nuevos 107 bis, ter, quáter, quinquies.
Como ya hemos repetido aquí varias veces, y estamos viendo a lo largo del debate de la ley, estas enmiendas de supresión se refieren a una materia que está ya legislada en un 80 por ciento, como el otro día decía mi compañero el senador Fernández Zanca. Por tanto, como el Parlamento ya se ha pronunciado sobre esa materia y no la ha derogado, planteamos estas enmiendas de supresión porque las modificaciones que se introducen sólo suponen un retroceso. Pedimos, pues, la supresión de copias literales de los artículos 35, 36 y 41 de la LOPEG. Por ejemplo, en el artículo
36 de la LOPEG se establecen las funciones de la inspección, funciones que consideramos importantísimas para el sistema educativo, como son la aplicación, el seguimiento, la supervisión, el control organizativo y pedagógico, el asesoramiento y la información. El problema es que en el artículo 106 se dice que el Gobierno establecerá las especialidades básicas de inspección educativa, teniendo en cuenta, en todo caso, los diferentes niveles educativos y especialidades docentes. Nos tememos que esta introducción suponga volver al antiguo sistema de las especializaciones, con lo cual se perderá esa visión general y cada uno se dedicará a su pequeña parcela, multiplicándose además el número de inspectores. Esa es la razón de que presentemos estas enmiendas de supresión a los artículos citados, sobre una materia ya legislada o con modificaciones que, repito, consideramos suponen un retroceso.
Y paso ahora a referirme a las enmiendas de adición que presenta nuestro grupo a este Título, que en nuestra opinión son de una importancia sustancial.
Señorías, no se puede gobernar sobre la Educación en contra de todos, y menos aún en contra de los gobiernos autonómicos. Entendemos que el Gobierno ha obviado la oportunidad que tenía en este momento de introducir en esta ley una referencia a la mejor coordinación con las comunidades autónomas, una vez cerrado el panorama de transferencias autonómicas. Este es el sentido de nuestras enmiendas de adición números 1009 a 1013, pues entendemos que se debe responder a la realidad actual del sistema educativo en los diferentes niveles competenciales, así como a la nueva consolidación de la estructura del Estado autonómico, pues una vez que se han completado las transferencias queremos insistir en la coordinación y en la cooperación.
Otro tema que nos parece importante y que reflejamos en nuestra enmienda número 1013, también de adición al artículo 107, es el avance en la descentralización hacia las administraciones locales. Tal y como se refleja en la documentación de la que disponen, nuestro grupo propone la adición de un nuevo Título VII bis con la rúbrica: «Del sistema educativo del Estado de las Autonomías», pero, insisto, fundamentalmente deseamos insistir en el fomento de la coordinación y la cooperación entre las distintas administraciones educativas, estableciendo de común acuerdo los objetivos; en el impulso del papel de la conferencia sectorial y la actualización del Consejo Escolar del Estado; en la creación de órganos de cooperación, asesoramiento y evaluación, como el Instituto Nacional de Evaluación y el Centro de Investigación y Cooperación Educativa, con un consejo rector compuesto por personas de reconocido prestigio en el ámbito educativo y vinculado a la conferencia sectorial de Educación.
Por último, señorías, nuestro país, que tiene muy descentralizadas las competencias en materia educativa a nivel de comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera en nuestra estructura de Estado, está muy por detrás del resto de los países de la Unión Europea en lo que se refiere a las transferencias a las administraciones locales que, como todos sabemos, son las más cercanas al ciudadano. Sería, pues, muy importante que éstas asumieran un papel en el sistema educativo en cuanto a programas de formación, aperturas de centro y mejor relación con las organizaciones sociales. Considero que esta ley nos brinda la oportunidad de poder avanzar en este sentido, de ahí las enmiendas que hemos presentado al respecto. Me gustaría conocer por qué no se ha hecho hincapié en este tema y por qué lo obvia la ley, y quizá el Grupo Parlamentario Popular pueda explicarlo. Quizá seguimos teniendo reticencias acerca de las competencias de los gobiernos autonómicos, pero, insisto, nosotros consideramos que ésta es una oportunidad única para avanzar en este sentido.
Quisiera terminar mi intervención haciendo un pequeño homenaje a un escritor de todos conocido, Guelbenzu, que en su artículo de fecha 11 de marzo escribió algo que me parece importante. Dice así: La madre del conocimiento es la curiosidad; potenciar la curiosidad sería, pues, la primera piedra sobre la que apoyar una torre de motivaciones. Una de las maneras de motivar es formar buenos profesores, pagarles decentemente; otra es invertir en centros y medios; otra es fomentar la investigación hasta el extremo de que investigar sea atractivo, y otra es jubilar a los pedagogos que se dedican a la teórica de despacho, pero si hay una buena inversión donde merece la pena echar el resto, sabiendo que los resultados son siempre a favor del desarrollo material y espiritual de ese país, es en la educación de sus hijos, de los del país. El problema de la derecha es que le basta con educar a los suyos, el de la Educación, en cambio, es un problema de actitud, de miras y generosidad social.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Agudo.
Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria se dan por defendidas.
Corresponde ahora la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, números 1242 a 1246. Tiene la palabra el senador Varela.
La última intervención de nuestra amiga, la senadora Agudo, me sugiere el hecho de que esta ley ha estado elaborada por pedagogos de despacho, burócratas que desde su confortable despacho han dicho lo que debe hacer cada autonomía. En este sentido hay cosas que nos sorprenden muchísimo, así por ejemplo, nuestra enmienda número 1242, al artículo 102, se refiere a la inspección del sistema educativo. El Gobierno central no tiene competencias sobre la inspección; la Constitución sólo reserva competencias al Estado para la alta inspección, siendo la inspección educativa competencia de las autonomías. No obstante, el artículo 102 del proyecto de ley dice que las administraciones públicas ejercerán la inspección educativa --hasta aquí bien--, pero ese burócrata de despacho ha añadido, además, la siguiente frase: «de conformidad con las normas básicas que regulan esta materia». Amenaza, pues, con normas básicas posteriores para decir cómo regular esa inspección educativa que, como digo, es competencia
de las autonomías. Nuestro grupo no está de acuerdo con esa referencia, motivo por el que presenta una enmienda a este respecto.
Doy por defendido todo este bloque de enmiendas, pero antes quisiera comentar nuestra enmienda número 1246, que se refiere a la formación de los inspectores. Si la inspección es competencia de las autonomías, también lo es la formación. No podemos aceptar el apartado 3 de este artículo, donde se da permiso a las autonomías para realizar actividades de formación, que surtirán efecto en todo el territorio nacional previo cumplimiento de las condiciones y requisitos básicos que el Gobierno establezca, eso sí, se incluye esa frase que el Grupo Parlamentario Popular dice que nos debe tranquilizar y que es la siguiente: ... una vez consultadas las comunidades autónomas.
Esta frase, señoría, no nos tranquiliza, pues somos gatos escaldados desde hace muchísimos años, y sabemos que esas consultas no funcionan en la práctica. Estamos de acuerdo en que haya una evaluación general del sistema para todo el Estado, pero debe partir de un organismo donde las administraciones estén representadas, que es el INCE. No podemos admitir que esta evaluación la dicte un único organismo, que es el Ministerio.
Existe una alta inspección que reconoce la Constitución, y por ello la aceptamos, ¿por qué no dejan, entonces, que las autonomías desarrollen su función? Han introducido unas enmiendas en ponencia donde creo que dicen que hay que fomentar la creatividad y la imaginación de los alumnos, pero no permiten que las autonomías tengan esa creatividad y esa imaginación.
Para turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Barquero.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Gracias, señor presidente; gracias, señorías.
Voy a comenzar haciendo algún comentario a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
En cuanto a la número 389 y siguientes, quiero decirle al senador Bildarratz solamente una cosa. Las competencias de la alta inspección que se señalan en el proyecto de ley están copiadas rigurosa y textualmente del Real-Decreto 480/81, porque, como usted sabe --ya lo señalé ayer--, ese Real decreto fue objeto de un doble recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de Euskadi y de la Generalitat, recursos que tuvieron la correspondiente contestación por parte del Alto Tribunal --no recuerdo la sentencia, pero la tengo anotada--, quien avaló y ratificó en todos sus extremos la constitucionalidad de este Real decreto. Por esa razón no se ha querido cambiar ninguna palabra, ninguna frase, ni una sola coma.
Por otra parte, he de decirle que no es bueno que nos enredemos en discusiones puramente verbales. En ese sentido, la consulta a las comunidades autónomas es una forma de colaboración, es absolutamente innegable. La palabra colaboración es mucho más omnicomprensiva, polivalente o polisignificativa que el término consulta, pero sin duda ésta es una forma de colaboración.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, señora Agudo, he oído a lo largo del debate que ustedes han fundamentado muchas de sus enmiendas de supresión en que son párrafos, artículos copiados literalmente bien sea de la LOGSE, bien sea de la LOPEG.
Eso es verdad, pero desde un punto de vista de técnica legislativa, como es el caso de la inspección, si nosotros introducimos una variación tan importante, como a la que usted se ha referido, de transformar la inspección en una inspección de especialidades, comprenderá su señoría que lo que no podemos decir es: hasta aquí, todo igual que en la LOGSE; excepción: artículo único. Esto es inviable desde un punto de vista de técnica legislativa. Lo que se hace entonces es reflejar qué es lo que se mantiene respecto a la legislación básica anterior y, dentro de ese mismo título o capítulo se modifican o se añaden uno, dos, tres, o los artículos necesarios que son los que sustancialmente marcan la diferencia. Es un problema puramente de técnica legislativa.
Sí podemos discutir el tema de fondo, pero no la forma, pues las leyes están hechas para que todos puedan entenderlas y para que, en la medida de lo posible, evitemos que la persona que va a consultarlas ande con un dedo en una página y otro en otra, o con un dedo en un libro y otro dedo en otro libro. El tema de fondo es que, evidentemente, sí que hay un cambio en la concepción, en la estructura o en el futuro ordenamiento de la inspección, que de una inspección de generalidades pasa a ser concebida como una inspección de especialidades.
Pero me gustaría hacer alguna matización, porque he oído declaraciones --a lo mejor son malas interpretaciones del mensajero-- que no me han gustado porque me parece que no se adecuan a lo que señala el texto legislativo. Se dice: el Partido Popular vuelve a la inspección por asignaturas. Probablemente en algún caso haya inspectores por asignaturas, pero el proyecto de ley no habla de inspectores por asignaturas, sino de estructurar un nuevo sistema de inspección por especialidades. Mal se puede hablar de asignaturas cuando hay niveles educativos en los que no hay asignaturas y, por lo tanto, estaríamos creando una inspección distinta de lo que es la estructura académica de nuestro sistema educativo.
Se puede estar o no de acuerdo con este tipo de inspección. A mí ni me gusta la inspección absolutamente atomizada ni me gusta el sistema actual de inspección. Yo he conocido otro sistema en el que el inspector no solamente era un especialista en generalidades, sino además un especialista en métodos y sistemas pedagógicos y en contenidos de asignaturas importantes. Cuando esa inspección se cambió a una inspección de especialidades, más preocupada de temas organizativos generales, fundamentalmente organizativos y disciplinarios --no nos engañemos, la inspección ha terminado derivando así, porque al final las generalidades acaban en eso, y lo comento desde mi experiencia personal--, ¿qué sucedió? Pues que los jefes de seminario tuvimos que asumir una serie de responsabilidades que a veces nos han excedido, porque claramente eran competencias de la inspección.
La inspección, como se reconoce en el proyecto de ley y también en la LOGSE, es autoridad pública, y un profesor no es autoridad pública. Y en determinados aspectos, incluso de ámbito académico, no estaría mal que en determinados momentos y circunstancias y para resolver determinados problemas al final sea un cuerpo con carácter de autoridad el que se implique en determinadas materias.
En el proyecto se opta por una vía media, y no podía ser de otra forma, es decir, se va a ir hacia una inspección más especializada. ¿Que en algún caso sea por asignaturas? No estaría nada mal que en determinadas áreas de conocimiento, por ejemplo del bachillerato o de la formación profesional de grado superior, la inspección académicamente fuese bastante más especializada. Toda inspección ha de tener un elemento común, que es el conocimiento de la legislación y de la organización de los centros escolares, eso es evidente.
Señora Agudo, en este sentido sinceramente considero que mejoramos, la inspección que se diseña en el proyecto de ley va a responder mejor a los requerimientos y necesidades de nuestro sistema educativo.
Respecto al nuevo Título VII voy a hacer sólo un comentario. Considero que con este Título VII se meten ustedes en un follón importante, porque las autonomías tienen sus competencias, y lo que tienen que hacer es ejercerlas. Hace pocos días leía una intervención de la señora Chacón hablando de la «navaja de Occam» --por cierto, la enunciaba bastante mal--, es el principio de economía metafísica conocido luego como principio de la navaja, pero lo que dice ella no es lo que decía Occam.
Occam decía que no hay que multiplicar los entes sin necesidad. Las explicaciones metafísicas cuanto más complicadas probablemente más alejadas de la realidad, eso es lo que decía Occam, principio de economía metafísica. Yo considero que aquí se puede aplicar.
Las relaciones con las comunidades autónomas tienen que partir de la base de algunos principios inenunciables, por ejemplo, del principio de unas relaciones de lealtad mutua, de unas relaciones de lealtad estatutaria y constitucional. Eso es absolutamente indiscutible. A partir de ahí, cuanto menor sea el número de órganos, mejor; sólo los necesarios e imprescindibles. En este momento, con las conferencias sectoriales es suficiente, pero le voy a decir además que, desde el punto de vista de la prudencia política, no es bueno crear un sistema determinado de relación con las comunidades autónomas en un sector como el educativo, y que no exista lo mismo en el sector agrícola, en el sanitario o en otros. Es decir, la relación con las comunidades autónomas debe plantearse --de acuerdo con ellas--, de una forma general, de manera que exista un sistema de relaciones más homogéneo y equilibrado.
Su planteamiento, que sin ninguna duda respeto y que además me parece un interesante esfuerzo de imaginación, me parece que sería más propio en todo caso de un proyecto de ley de cooperación o, si quieren decirlo de otra forma, que no se limite únicamente al ámbito educativo sino, en general, que pueda ser utilizado y aplicado a toda una serie de ámbitos sectoriales. Por tanto, no me parece procedente hacer una excepción con el mundo educativo.
No quiero terminar mi intervención sin mencionar un último asunto, la descentralización de competencias educativas hacia administraciones locales. Ustedes saben que el Partido Popular y el Gobierno, a través de sus portavoces, ha planteado el tema de la famosa segunda descentralización. En el esquema genérico de la segunda descentralización se aborda el tema educativo, pero nos parece improcedente que esto se aborde aquí, y de la manera que ustedes lo redactan, por una razón: porque el Gobierno central y el Estado no pueden disponer legislativamente de lo que no es suyo. Nosotros no podemos hacer aquí ningún enunciado general sobre transferencias educativas de las comunidades autónomas a las entidades locales, porque las depositarias de esas competencias son las propias comunidades autónomas y son ellas las que tienen que ser el vehículo inmediato de cesión de competencias. Por ello, en nuestro documento de la segunda descentralización, la concreción y el paso concreto y determinado de cesión de competencias se deja en manos de lo que nosotros llamamos pactos locales o, si lo prefieren ustedes, pactos intraautonómicos. Desde nuestro punto de vista, este sistema es mucho más respetuoso con el espíritu de la Constitución y con los propios estatutos de autonomía que lo que ustedes plantean aquí.
El senador Varela ha afirmado que el Gobierno no tiene competencias sobre la inspección, solamente sobre la alta inspección. A mí me gustaría introducir un elemento de reflexión en el sentido de que habría que reconocer que el Estado sí tiene alguna competencia sobre la inspección.
Así, aunque los miembros del Cuerpo de Inspectores y los de los cuerpos de profesores son propios de las comunidades autónomas, no dejan de ser cuerpos de funcionarios del Estado. La prueba de que es así es que cada uno de ellos tiene un número de registro personal estatal, no autonómico; además, las leyes posibilitan la movilidad estatal de estos funcionarios sobre la base de concursos de traslado. Si hay una movilidad estatal y si hay un registro de personal estatal y, por tanto, son cuerpos estatales, hemos de reconocer que ha de haber una mínima formación común para que la realidad de la movilidad no sea un elemento puramente geográfico sino que se base también en una formación común. En este sentido, creo que la ley aboga por esta formación común, pero es evidente que deja la formación continua de los inspectores en manos de las comunidades autónomas y se reconoce expresamente en la ley que esa formación es válida también para los concursos nacionales y perfectamente supletoria de la del Estado.
He querido introducir esta matización porque creo que éste es un asunto que se puede aplicar también en otras instancias de la Administración pública en cuanto a los recursos humanos; es decir, en cuanto a la política de personal.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barquero.
Senador Varela, tiene la palabra pero, por favor, sea muy breve.
El señor VARELA I SERRA: De acuerdo, señor presidente.
Quiero decir que agradezco las explicaciones del señor Barquero, siempre tan interesantes, pero el hecho de que el Cuerpo de Inspectores sea de todo el Estado --como es evidente-- no es obstáculo para que la formación se imparta en cada autonomía, según su capacidad de gestión. En este sentido, aquí tengo una Orden vigente, de 26 de noviembre de 1992, en la que se hace un reconocimiento oficial del Ministerio de estas actividades de formación: estas actividades de formación de las autonomías tendrán validez a efectos de reconocimiento oficial, etcétera.
Es decir, el Gobierno da validez a esos cursos, pero la formación la lleva a cabo la autonomía correspondiente, que es la que tiene la competencia; el hecho de que el Gobierno central se encargue de la formación de los inspectores sería inmiscuirse en la gestión que corresponde a las autonomías y supone crear perturbación; eso no es ayudar al buen funcionamiento del sistema educativo.
Tiene la palabra la senadora Agudo.
Voy a intervenir brevemente para agradecer al senador Barquero sus explicaciones, la sinceridad y el tono empleado en la defensa de este título; sin duda, es mucho más conocedor que yo del problema de la inspección y de la importancia de la misma. Sin embargo, nosotros vamos al origen de la propia ley.
Nosotros hemos repetido multitud de veces que efectivamente considerábamos que había problemas en el sistema educativo, que había que mejorar cosas y, aunque éste sólo es un problema de técnica legislativa, es posible que hubiera sido mucho más sensato no tensionar tanto al país, haber dialogado sobre determinados puntos, modificando algunas leyes, de manera que no fuese necesario armar todo este lío, porque nosotros estamos aquí para intentar aportar lo mejor para la educación de nuestro país, desde nuestra filosofía.
Vamos a pasar de una inspección de generalidades a una de especialidades y probablemente hubiera sido mucho más sensato analizar en qué estaba fallando la formación. Estoy de acuerdo con usted en que la excesiva generalidad puede hacer perder la óptica de las competencias o de las funciones que cumple la inspección, pero habría que haber adoptado medidas únicamente sobre aquellos puntos sobre los que se estaba fallando; creo que ésta ha sido una oportunidad perdida.
Nosotros proponemos un grupo de enmiendas de adición que, desde mi punto de vista, no suponen ningún follón. Con toda honestidad y con todo el rigor, hay que asumir de una vez por todas que tenemos un diseño de Estado de autonomías y que hay que ordenarlo; y, por ello, aunque nuestras propuestas estén dirigidas sólo al sistema educativo, hay que tener en cuenta la importancia del mismo para la vertebración del país.
A pesar de no pertenecer a este ámbito y no poder padecer una deformación profesional, supongo que tengo una deformación de corazón porque desde mi punto de vista el armazón de un país es su sistema educativo y su formación integral. Y ahí es donde debemos insistir, sobre todo porque en este momento teníamos la oportunidad con esta nueva ley de avanzar en la colaboración, la compenetración, la coordinación dentro de las comunidades autónomas. Efectivamente, el Pacto Local es algo que estamos oyendo tanto y tan repetido que yo no sé si va a llegar hasta el siglo XXIII. Entonces, casi es mejor que lo abordáramos al principio del siglo XXI. Por eso respecto a las administraciones locales, que tienen tantísimo que decir, no creo que sea meternos en cuestiones de competencias, porque nuestra propuesta es previo acuerdo con las comunidades, la Federación Española de Municipios y Provincias, etcétera, para ir avanzando en la distribución o en la transferencia desde las comunidades autónomas, que, efectivamente, como nuevas administraciones --y todos los que hemos estado en ellas lo sabemos-- son muy celosas de sus competencias recién adquiridas. Entre todos hay que avanzar en esa segunda descentralización hacia las administraciones locales, que tienen muchísimo que decir en materia educativa.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Barquero Vázquez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Agudo.
Tiene la palabra el señor Barquero.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Intervendré muy brevemente, señor presidente.
Quiero pedir al Senador Varela que se fije en el artículo 107, donde exactamente se establece: «A los efectos de los concursos de traslados de ámbito nacional y del reconocimiento de la movilidad entre los Cuerpos docentes, previstos en la disposición adicional octava de esta Ley, las actividades de formación organizadas por cualesquiera de las Administraciones educativas --por tanto, ya se reconoce esa capacidad expresamente--, surtirán sus efectos en todo el territorio nacional, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos básicos que el Gobierno establezca, una vez consultadas las Comunidades Autónomas.» Estamos en lo de siempre, cuando prevemos actuaciones de ámbito estatal siempre habrá un mínimo núcleo de requisitos, que es lo que va a homogeneizar todo el sistema. Y a partir de ahí, no me cabe la menor duda de que las comunidades autónomas tendrán un amplio espectro, en este caso en el aspecto formativo, como además no podía ser de otra forma.
Por otra parte, agradezco mucho su tono a la senadora Agudo. Y creo que en el fondo de las dos cuestiones que ustedes plantean estamos de acuerdo. ¿Que probablemente sea necesario revisar las estructuras de relación del Estado con las comunidades autónomas? No tengo ningún inconveniente en aceptarlo. ¿Que sea ésta la forma de abordar el
tema desde un punto de vista monosectorial? En eso ya no estamos de acuerdo. Y por mucho que se diga previa consulta, en esto creo que, antes de hablar de previas consultas, hay que hablar sin previas consultas con las comunidades autónomas. No sé si he sido suficientemente claro. (El señor Varela i Serra: ¡Clarísimo, ojalá fuera real!) Este es un tema esencial y ahora estamos de acuerdo en las conferencias sectoriales y, a lo mejor, resulta que no hace falta complicar más esta cuestión, sino que se pueden reformar las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas, pero previamente a ser consultadas. Creo que en el fondo podemos estar de acuerdo. Y sobre la inspección no tengo nada más que añadir.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barquero.
Pasamos al preámbulo y disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. En ese sentido, la señora doña Inmaculada de Boneta y Piedra tiene la palabra para defender las enmiendas números 47 a 49.
A pesar de darlas por defendidas, únicamente quiero señalar un par de cuestiones en relación con estas enmiendas a las disposiciones adicionales segunda, tercera y cuarta.
Respecto a la enmienda número 47 a la disposición adicional segunda, se pretende colocar el tema, siempre vidrioso, de la enseñanza de la religión en sus justos términos. Y sus justos términos son en todo caso aquellos requeridos por las propias sentencias del Tribunal Supremo, que determinaron que el derecho a recibir enseñanzas de religión por parte de los alumnos que así lo soliciten no implica un deber para el resto del alumnado. Por consiguiente, con esta enmienda nosotros intentamos que las actividades alternativas en tiempo lectivo destinado a las enseñanzas de religión no constituyan un área o asignatura obligatoria, sino que exista una oferta para todo tipo de enseñanzas de religión, que serán opcionales cuando haya un número de padres o representantes legales de alumnos que así lo soliciten. En este sentido, estas enseñanzas deben enmarcarse dentro del Acuerdo suscrito por la Santa Sede y el Estado español en relación con la religión católica, pero respecto a otras religiones deben impartirse también estas enseñanzas. También debe haber un contenido curricular necesario para todos los alumnos, en el que se incluya sociedad, cultura y religión, puesto que el conocimiento desde un punto de vista científico e histórico de todos esos aspectos es necesario no sólo para aquellos que tienen una determinada confesión religiosa, sino para todos los alumnos.
Dicho esto, me voy a referir brevemente a las otras dos enmiendas, que son de índole competencial y únicamente pretenden no encorsetar la labor de las comunidades autónomas. En cuanto a la enmienda 49 a la disposición adicional cuarta se trata de sacar de esa obsesión reguladora del Gobierno aspectos como, por ejemplo, el calendario escolar al fijar un límite de 175 días lectivos, como mínimo, para las enseñanzas obligatorias, y también el inicio y el término del curso escolar, que no puede extenderse más allá salvo para la enseñanza de adultos y para el desarrollo de la formación en centros de trabajo cuando por razones de estacionalidad de la actividad de las empresas así se exija. Creo que esta cuestión debería dejarse abierta, no al Gobierno, sino a las administraciones educativas competentes, o sea, a las comunidades autónomas, y tendrían que tenerse en cuenta dentro de esos límites para el inicio y fin del curso escolar excepciones fuera del ámbito mencionado. Se me ocurre el caso de los deportistas de elite o, por decir algo que en estos momentos está en el candelero, los niños que están trabajando y haciendo las delicias de todos en el Circo del Sol. Muchas excepciones que no dependen de actividades estacionales, pero sí de competiciones deportivas muy importantes, por ejemplo, los deportistas de las Olimpiadas, y no está dentro de las posibilidades del Gobierno del Estado ni de ningún otro Gobierno fijar previamente cuál es el calendario de mínimos y máximos y en qué momentos tienen que producirse estas enseñanzas. Por tanto, me parece que esta disposición encorseta y se debe optar por una fórmula más abierta o suprimirlo, de forma que sean las administraciones educativas atendiendo a cada caso quienes fijen ese límite de una u otra manera.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Boneta.
Las enmiendas números 233 a 273 de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares se dan por defendidas. Las enmiendas números 274 y 320 a 323 del senador Quintana González se dan por defendidas.
Para defender las enmiendas números 324 a 328 y 393 a 399 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Bildarratz.
La enmienda número 393 es la relacionada con la disposición adicional segunda, apartado número 4, en la que nos preocupa un concepto. En dicho número 4 de se establece lo siguiente: «4. Los profesores que, no perteneciendo a los Cuerpos de funcionarios docentes, impartan la enseñanza confesional de religión en los Centros públicos en los que se desarrollan las enseñanzas reguladas en la presente Ley, lo harán en régimen de contratación laboral, de duración determinada y coincidente con el curso escolar, ...» Este concepto de duración determinada nos preocupa por sus posibles interpretaciones. Posiblemente sea un concepto que esté fuera de la ley, por lo que nosotros lo harán de acuerdo con la legislación laboral vigente. Entendemos que es adecuado a la filosofía que puede estar detrás de este apartado y que aporta a este proyecto de ley una mayor estabilidad laboral y seguridad para este grupo de docentes.
Las enmiendas números 395, 396, 398 y 399 pretenden ser coherentes con algunas otras que hemos presentado al articulado.
Por ejemplo, la enmienda relativa a la disposición adicional tercera es en concordancia con la enmienda presentada
al artículo 27, en la que nosotros proponíamos la supresión de los programas de iniciación profesional.
La enmienda que presentamos a la disposición adicional vigésima es en coherencia con la eliminación que proponíamos respecto al artículo 37.1, sobre la prueba general de bachillerato.
La enmienda número 398 es la relacionada con la disposición transitoria segunda, en coherencia con el artículo 10. En nuestra opinión, los centros de educación preescolar, al quedar desgajados del sistema educativo y al primar su carácter asistencial, deben ser objeto de regulación por parte de las comunidades autónomas.
La última enmienda está en coherencia con la enmienda presentada al artículo 27, también en referencia a la supresión de los programas de iniciación profesional.
En lo correspondiente a las enmiendas presentadas al preámbulo, mediante la enmienda número 325 se pretende respetar la distribución territorial de las competencias y el marcado carácter pluricultural y plurilingüe del sistema educativo. En nuestra opinión, son objetivos que debe contemplar esta ley para poder garantizar los que la misma persigue.
Las supresiones que planteamos a las disposiciones están en coherencia con las enmiendas presentadas a los artículos 27 y 37.1 del proyecto de ley orgánica.
La enmienda número 326 es de adición al preámbulo. Al hacer un reconocimiento de la evolución del sistema educativo, entendemos que también hay que hacer un gran reconocimiento del esfuerzo que las comunidades autónomas han realizado desarrollando positivamente el sistema educativo que hoy nos ocupa. Por tanto, entendemos que cabe aquí un reconocimiento a la labor de las comunidades autónomas, objetivo que tiene el texto de adición que proponemos mediante dicha enmienda.
La enmienda número 327 suprime un párrafo del preámbulo porque entendemos que no aporta nada al mismo. Este proyecto de ley ya está diagnosticando una serie de deficiencias que todos entendemos que existen en el sistema educativo y que esta ley debe intentar corregir. Ahora bien, no nos parece adecuado este párrafo para que conste en una ley.
La enmienda número 328 viene a corregir lo que nos preocupa y que está detrás de este proyecto de ley. Cuando en el preámbulo se viene a decir que «el segundo eje de medidas de la Ley consiste en orientar más abiertamente el sistema educativo hacia los resultados, pues la consolidación de la cultura del esfuerzo y la mejora de la calidad están vinculadas a la intensificación de los procesos de evaluación de los alumnos», se entiende que es una ley que va enfocada únicamente hacia unos resultados académicos, a resultados referidos a áreas determinadas, etcétera, y a nosotros nos parece un error enfocar así este proyecto de ley. Por eso nosotros presentamos esta enmienda, cuyo texto es el siguiente: «El segundo eje de medidas de la ley consiste en orientar más abiertamente el sistema educativo hacia los resultados de una buena educación integral de los alumnos...» Es decir, por supuesto que tiene que haber resultados, por supuesto que los resultados se tienen que evaluar, pero el objetivo no está en los resultados con respecto a una serie de conocimientos, sino en referencia a los resultados en la consecución de una buena educación integral de los alumnos del sistema educativo.
Para terminar, presentamos una enmienda al título de la ley porque entendemos que el mismo, Ley Orgánica de Calidad de la Educación, puede desmerecer a otro tipo de leyes. Es evidente que cualquier ley persigue una calidad en el servicio para el que está abocada, ya sea en el campo de la sanidad, por ejemplo, etcétera, que --insisto--, por supuesto, se supone que pretende conseguir la mejor y mayor calidad del servicio que debe regular. Y en la educación ocurre otro tanto de lo mismo. Cualquier ley, la LOGSE, la LODE, etcétera, por supuesto que pretende y debe pretender dotar al sistema educativo de la mayor calidad posible. Por tanto, no nos parece adecuado que este concepto aparezca en el título de la ley, por lo que proponemos que sea proyecto de ley orgánica ordenadora de la educación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz. Para defender las enmiendas números 400, 634 y 679 a 733, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Sabaté.
El señor SABATE BORRËS: Gracias, señor presidente.
Doy por defendidas todas ellas, exceptuando la enmienda número 710, sobre la que quiero detenerme un momento.
Esta es una enmienda de adición de una disposición adicional nueva en cuanto al sistema de acceso a los puestos de trabajo en los centros concertados. Entendemos que todos los centros que se sostienen con fondos públicos deberían tener una regulación en cuanto al acceso del profesorado a la función docente en los mismos. No es posible que profesores financiados con recursos de la Administración pública únicamente se vean controlados en la mecánica de acceso por la opinión de los titulares de dichos centros. Entendemos que, si hay financiación pública, tanto en lo que se refiere a centros públicos como a centros concertados, debe haber igualdad de condiciones de acceso para los profesores. El mismo sistema de selección que se mantiene en la enseñanza pública o similar debería aplicarse también en cuanto a los centros concertados. Este es el motivo y la justificación de la enmienda.
Las demás, como ya he dicho, señor presidente, las doy por defendidas.
Por el Grupo Parlamentario Socialista y para defender las enmiendas números 734 y 1014 a 1071, tiene la palabra el senador Fernández Zanca.
Doy por defendidas todas las enmiendas de este bloque.
Me detendré en alguna cuestión especialmente importante y preocupante.
Es preocupante, por ejemplo, la disposición adicional segunda tal y como está redactada.
Voy a recordarles lo que decía un diario de tirada nacional el 14 de mayo de 2002: Rouco afirma que la reforma de la clase de religión es lo que venían pidiendo los obispos.
Vuelvo a insistir en lo que ya se ha dicho tantas veces. Señorías, ¿va a mejorar la religión el fracaso escolar? ¿Va a mejorar el sistema educativo el que la religión tenga un peso académico importante? ¿La obligación de cursar una determinada asignatura alternativa para los que no quieran religión va a mejorar el resultado de esos estudiantes? Son preguntas absolutamente serias para las que me gustaría algún tipo de respuesta. Y añado alguna más. ¿No sería más sensato utilizar estas horas al refuerzo de asignaturas básicas, como las matemáticas o la lengua, por poner algún ejemplo, para los alumnos con mayores dificultades? ¿Por qué no reforzar esas áreas para estos muchachos, que, además, no quieren la religión y, por tanto, tampoco la otra? A este respecto tengo que recordarles que los tribunales han dicho que la actual regulación es respetuosa, primero, con los acuerdos con la Santa Sede y, en segundo lugar, con la Constitución Española. ¿Cómo se va a eludir con esta redacción lo que dice el Tribunal Supremo sobre la enseñanza de la religión? Porque estoy seguro de que ha dicho que la religión es un opción personal de la que no pueden derivarse obligaciones para los demás, para los que no quieran esa opción personal.
Asimismo, el Tribunal Supremo ha dicho que a la alternativa a la religión no se le pueden incluir contenidos curriculares, por una razón muy sencilla, para no dar ventajas académicas a aquellos alumnos que no elijan dicha asignatura.
Señorías, saben que esto va a ir al Tribunal Constitucional en cohete porque está perfectamente claro que no es constitucional y hay sentencias al respecto. Por tanto, me gustaría saber su opinión y cómo van a eludir estos problemas.
Paso a comentar otra disposición adicional que, a nuestro juicio, también es preocupante, que es la disposición adicional quinta, que se refiere a la admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos en el caso de no existir plazas suficientes. Les confieso, señorías, que me preocupa, así como esa especialización curricular, porque, a nuestro juicio, puede suponer un gravísimo riesgo para el sistema educativo por una razón: muchos centros, y no exclusivamente los privados, financiados con fondos públicos, aunque sí especialmente, van a especializarse o pueden hacerlo en una serie de itinerarios que van a conducir a determinados lugares como, por ejemplo, al bachillerato, a la universidad, más adelante, y ¿qué es lo que va a pasar a los otros centros públicos? Que se van a quedar con los otros itinerarios, los que podemos llamar de menos prestigio social. Porque, señorías, ¿creen que algún centro concertado va a especializarse, por ejemplo, en los programas de iniciación profesional? Estoy seguro de que no.
Y ¿qué decir, señorías, de la formación profesional y del bachillerato concertados, que van a poder seleccionar a sus alumnos por el expediente académico, por ejemplo? Yo creo que no hay nada que discutir, pero lo que es evidente es que no creo que puedan seguir defendiendo que este proyecto de ley no beneficia a la escuela privada.
Para concluir este debate estéril, porque ha sido una pared contra la que han rebotado nuestras propuestas, me gustaría leer un fragmento de una editorial de 29 de abril de este año, que dice: algunas de las opiniones sobre el sistema educativo, recogidas en el último barómetro del CIS, no parecen ir en la misma línea que la ley de calidad de enseñanza que prepara el Gobierno.
Tampoco las propuestas de reforma educativa en marcha en Francia, Reino Unido, Portugal y Estados Unidos, que huyen de dividir a los alumnos a una edad temprana y tienden a postergar la elección de itinerarios el máximo tiempo posible van en esa dirección.
Lo primero que se aprecia en la encuesta del CIS es una mayoritaria conciencia de la mejora progresiva de la escuela, y ello a pesar de los difíciles problemas que se derivan de las nuevas pautas sociales, como los cambios acaecidos en las familias o la inmigración y que repercuten en la escuela, haciendo más compleja la labor de los profesores. Esta opinión mayoritaria rebate los mensajes apocalípticos lanzados desde el Ministerio de Educación y Cultura para justificar la urgencia de la reforma.
Se dan por defendidas las enmiendas números 1095 y 1096 del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
Para defender las enmiendas números 1247, 1264 y 1266 a 1274, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convèrgencia i Unió, tiene la palabra el senador Varela.
No creo que sea un debate estéril, señor Fernández Zanca, mi querido amigo. Los que somos pedagogos o intentamos serlo creemos que algo queda de lo que decimos. Además, el senador Barquero, que no es alumno, está hoy en una actitud muy de escucha. Asimismo, en la vida he valorado siempre la actitud del caballo de «Animal's Farm», cuando las cosas van mal dadas y no van tal como esperaba y hay problemas --cito la novela de George Orwell con la revolución de los cerdos--, el caballo dice: trabajaré más. La reacción del caballo es: voy a trabajar más. (Risas.) Pues yo voy a intentar dialogar más.
Para finalizar este paréntesis, diré que en el cohete al Tribunal Constitucional el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convèrgencia i Unió será una de las fases. Ya lo he anunciado. Porque, verdaderamente, se trata de una ley que no tiene respeto con las autonomías de manera clara.
Y siguiendo ese intento de diálogo y dada, creo, la buena disposición para escuchar hoy del señor Barquero, fijese en
la enmienda número 1247, a la disposición adicional primera. Habla del calendario de aplicación de la ley. Dice que el Gobierno, previa consulta a las comunidades aprobará el calendario. (El señor vicepresidente, Campoy Zueco, ocupa la Presidencia.) ¿Ni en el calendario de aplicación de la reforma se pueden poner de acuerdo? ¿ Tanto miedo tiene el Gobierno a sentarse en una mesa con las comunidades autónomas y llegar a acuerdos? ¿ Quién va a aplicar la ley en las comunidades autónomas? Las autonomías, ¿no? Los Gobiernos autónomos. ¿Por qué no pone aquí: El Gobierno, previo acuerdo con las comunidades autónomas? La palabra acuerdo es la gran ausente de esta ley de calidad. Realmente, mucha previa consulta, pero muy poco previo acuerdo, ¿no? Y nuestra enmienda va en este sentido.
El segundo punto, muy pequeño, pero que no deja de ser interesante, es insistir en que es una pena que en la ley no haya una referencia a la progresiva aplicación de la gratuidad de los libros de texto. Sería un elemento interesante. Pero lo esencial de esta enmienda 1247 es el pedir que se cambie esta fórmula de previa consulta por previo acuerdo en algo tan elemental como es la forma de hacer conjuntamente la aplicación de esta ley.
Doy todas las enmiendas por defendidas y me voy a detener sólo en algunas.
Voy a comenzar con la enmienda número 1249, a la disposición adicional tercera. Usted ha dicho, señor Barquero --y estoy de acuerdo con usted--, que el Gobierno no puede disponer de lo que no es suyo. ¿Por qué lo hace en la disposición adicional tercera diciendo que son los inspectores los que van a supervisar los libros de texto? ¿Por qué desde un despacho de Madrid dicen para toda España que van a ser los inspectores quienes supervisen los libros de texto? ¿Por qué en una autonomía pueden decidir que sean, efectivamente, los inspectores, pero en otra que sean los catedráticos de universidad de pedagogía, por ejemplo, u otros organismos? ¿Por qué no dejar esa libertad a cada autonomía para que supervisen los libros de texto según su saber y entender, que seguro que lo querrán hacer bien? Pero no, el Gobierno se reserva esta alta inspección para ver si algo se descarría, debe ser la inspección la que supervise los libros de textos y esto es meterse en casa ajena, es disponer de lo que no es suyo, porque por mucho cuerpo que tenga la inspección, en ninguna parte dice que la inspección es la que se va a encargar de supervisar los libros de texto. Esto es un ejemplo --casi una anécdota-- de esa poca sensibilidad, de ese poco respeto hacia las competencias de las autonomías.
Usted puede entender esta argumentación, y aunque sé que va a salir así, que no se va a cambiar nada, sí debería tenerse en cuenta para futuras acciones porque no se puede trabajar de esta manera, no se puede pretender colaborar con las autonomías diciéndoles lo que tiene que hacer la inspección. Como han dicho aquí el señor Fernández Zanca o la señora Cristina Agudo, las autonomías son celosas de sus competencias, y es normal. Igual que el Gobierno es celoso de sus competencias, las autonomías también; cada uno quiere ejercer de la mejor manera posible sus competencias. Luego no les digan lo que tiene que hacer la inspección, dejen que supervisen los textos a su manera.
La tercera enmienda a que me voy a referir es la número 1253 a la disposición adicional octava, como ha cambiado el texto no sé si ahora es otra, pero me parece que sigue igual. Esta disposición adicional octava trata de las bases del régimen estatutario de la función pública docente y al final del número 1 se señala lo siguiente: El Gobierno desarrollará reglamentariamente dichas bases... Pues bien, esta frase no la podemos aceptar, es una frase muy peligrosa. Está consolidado por el Tribunal Constitucional que las remisiones de la ley al desarrollo reglamentario por el Gobierno pueden ser un cheque en blanco que le permita al Estado regular con carácter básico cualquier aspecto no previsto en la propia ley. El Tribunal Constitucional ha advertido en públicas sentencias que no se puede hacer esto, que el Gobierno no puede poner en una ley «desarrollará reglamentariamente dichas bases» porque es un cheque en blanco para que luego su reglamento se considere básico. Esta frase sobre el desarrollo reglamentario de las bases es muy peligrosa, es uno de los puntos más importantes para rechazar esta ley y se repite en varios artículos de la misma.
La enmienda número 1263, a la disposición transitoria segunda, hace referencia a la adaptación de los centros que imparten educación infantil, qué deben hacer los centros que ahora imparten educación infantil para adaptarse a este sistema. Aquí se insiste --y leo textualmente: «... deberán adaptarse a los requisitos mínimos que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establezca para los Centros de educación preescolar.» Señor Barquero, esto es un ejemplo de lo que ayer por la tarde mencionaba como voracidad competencial del Gobierno, voracidad de gestión.
La educación infantil no es obligatoria, la básica empieza a los seis años, por tanto no es competencia del Gobierno. ¿Por qué se ha de establecer en la ley que el Gobierno determinará los requisitos mínimos? ¿Por qué no se deja que cada autonomía diga a sus centros: Para que puedas dar educación preescolar con dignidad tendrás que cumplir tales condiciones? ¿Qué va a hacer una autonomía? ¿Va a hacer barbaridades? ¿Por qué esa desconfianza? ¿Por qué se deben exigir unos requisitos mínimos a las autonomías para que puedan regular cómo debe ser una escuela de preescolar? Es meterse otra vez en cosas que no le competen, francamente. Insisto, la educación obligatoria es a partir de los seis años y la educación infantil no es competencia del Gobierno. Es una agresión que sobra, injustificada.
La enmienda número 1268 propone una disposición transitoria nueva para proteger a los interinos que hay ahora. Pedimos que se prevea en la ley que habrá turnos restringidos para ellos durante los tres años siguientes a la aplicación de la ley. Ya sabemos que siempre hay protestas con los interinos y por ello sería bueno que se previese en la ley. Se trata de pura prudencia y hubiera sido sabio aceptar esta enmienda, pero no hemos tenido éxito.
Finalmente, la número 1269 es, a nuestro entender, una de las enmiendas más importantes de esta ley y hace referencia a la disposición final primera del antiguo texto, que ahora es la disposición final sexta, «Del título competencial».
En la disposición final sexta actual ustedes dicen que la presente ley es toda básica de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución. Nosotros presentamos una enmienda muy justificada, que no voy a relatar, en la cual decimos que no es toda básica y que no debe ser toda básica. Esta es, quizá, la enmienda más importante de toda la ley porque en ella se contiene nuestra filosofía de lo que debería ser una ley para todo el Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Campoy Zueco): Gracias.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
Empiezo por su última enmienda, senador Varela. Yo creo que la enmienda número 1269 es el combustible del cohete para el Tribunal Constitucional.
(Risas.--El señor Varela i Serra: Sí, sí, efectivamente.) No tengo ningún comentario más que hacer. Es así ¿verdad? Es el queroseno. (Risas.) Voy a ir agrupando enmiendas porque algunas tocan materias comunes. Tanto la senadora De Boneta como el senador Fernández Zanca han hecho referencia a la disposición adicional segunda, que trata de la enseñanza de la religión. Este tema, tan debatido en profundidad, se puede plantear desde dos perspectivas distintas: una perspectiva es la suya --que, aunque con palabras distintas, yo creo que es una perspectiva común-- y consiste en tratarlo desde el punto de vista exclusivamente de la enseñanza de la religión y las connotaciones que esa especial materia lleva consigo. Desde esa perspectiva, y también por alguna connotación ideológica más, lo que ustedes plantean es coherente, pero en mi opinión esta cuestión debe enfocarse tal y como lo ha hecho el Gobierno, es decir, considerando un contenido de materias, lo que quiere decir que se puede elegir entre varias. Previsiblemente va a haber dos, como consta en la disposición adicional segunda, referida al área o asignatura de sociedad, cultura y religión. Se dice «asignatura» en singular, pero podrían ser varias asignaturas. Podría haber una asignatura de tipo confesional que podría llamarse religiones por si hubiese más religiones a impartir entre los alumnos que la católica, podría haber otra asignatura de sociedad y otra de cultura religiosa, por poner estos ejemplos. Es decir, de ese bloque se elige una asignatura. Creo que no se va a estructurar así pero podría ser. Creo que éste es el sentido en que hay que interpretar esta cuestión, sin que quiera desactivar yo nada de lo que aquí se ha dicho.
Planteado esto así, no tiene sentido esa argumentación de que esto es inconstitucional porque la asignatura de religión es de libre elección y no puede implicar obligaciones para terceros. Por ejemplo, cuando se estructuró el preuniversitario o el COU había bloques de asignaturas optativas, y había que elegir dos asignaturas entre determinados bloques compuestos por tres optativas según se quisiera hacer un preuniversitario de ciencias, de letras o mixto. Es evidente que ahí no se planteaba si el hecho de elegir una determinada asignatura conllevaba que se tuviese que elegir necesariamente otra opción. No. Son bloques temáticos. La única diferencia estriba en que aquí hay un bloque con una asignatura confesional y con otra u otras asignaturas que no lo son, pero lo cierto es que por ese motivo no deja de ser un bloque tan sometido a elección como lo pueda estar cualquier otro.
Los clásicos distinguían entre dos tipos de libertad: de ejercicio y de especificación. La primera se da cuando un sujeto elige entre hacer una cosa o no hacerla. La de especificación se da cuando un sujeto elige entre hacer una cosa, otra u otra. No creo que se pueda pensar que la segunda libertad en ejercicio es constitucional o es inconstitucional dependiendo de los contenidos. En mi opinión estamos haciendo un planteamiento excesivamente religioso y confesional, ambas cosas juntas, de esta temática. Creo que la perspectiva no es la que ustedes plantean.
Al menos yo planteo otra: la de que haya un bloque de asignaturas del que se elija una. Ustedes son muy libres de recurrir al Tribunal Constitucional o de citar al Tribunal Supremo --con todos mis respetos para la sentencia de ese Tribunal, que comparto en los extremos que usted ha leído--, pero sigo insistiendo en que hay que ver el tema desde la perspectiva de un bloque de contenidos. Y no quiero entrar ahora en si eso disminuye el fracaso escolar, pero sí quiero decir que una ley de calidad de la educación lógicamente tiende a reducir el fracaso escolar en la medida de lo posible, pero va incluso más allá al tratar de mejorar la calidad de los contenidos, del sistema, de los métodos, de la propia formación del profesorado, etcétera. Pero no creo que sea la Comisión el lugar de tratar de ello. Si sus señorías quieren en el Pleno podemos abundar más en ello.
Consideramos que lo que importa en el mundo europeo occidental es no ya la religión confesional, sino la cultura religiosa. Aquí se han hecho citas y yo también podría hacer muchas de pensadores y políticos muy importantes sobre la religión como uno de los fundamentos de la cultura europea occidental. Por ejemplo, Javier Zubiri considera que los tres fundamentos de la cultura europea occidental son: la filosofía griega, el Derecho romano y el pensamiento religioso. Pero dejemos este tema tan largo aunque sí les digo que me gusta comentarlo.
Senadora De Boneta, en cuanto a no fijar límite para el calendario escolar, creo que se puede entender como algo que entra en las competencias que se prevén en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación cuando establece la programación general de la enseñanza y la ordenación general del sistema educativo.
Creo que fijar los mínimos de duración del calendario escolar entra en esas previsiones. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En cuanto a la propuesta que hace el senador Bildarratz en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos sobre la contratación de profesores de religión, debo decirle que el texto que se propone en el proyecto de ley va de acuerdo con los convenios y tratados firmados con la Santa Sede. Ese tipo de contratación encuentra ahí su fundamento; no es un capricho del Gobierno.
En cuanto a otras enmiendas a las que usted se ha referido, por ser concordantes con otras ya debatidas y por razones de brevedad no las voy a comentar.
Enmiendas al preámbulo. En cuanto a la número 326, con la que quieren ustedes que se incluya a las comunidades autónomas como protagonistas del progreso en el sistema educativo español, no tengo ninguna duda al respecto, y además afirmo lo siguiente: en formación profesional no conozco en España ninguna comunidad autónoma mejor que el País Vasco.
Pero, señoría, hacer excepciones en el preámbulo de un proyecto de ley orgánica no nos parece pertinente. (El señor Bildarratz Sorron: Me refería a todas.) A eso voy, señoría, todas. Pero tenga usted en cuenta que las transferencias de educación a la mayoría de las comunidades autónomas se han hecho ayer o antes de ayer --lo digo así para que nos entendamos--. A lo mejor esto que usted dice es perfectamente pertinente en el próximo proyecto de ley que ustedes hagan reformando éste cuando tengan la oportunidad, según nos ha anunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. (El señor Fernández Zanca: El año que viene.) Además, con más tiempo de ejercicio de esas competencias en muchas comunidades autónomas, probablemente tendrán ustedes una magnífica ocasión de introducir esto --que sin duda para entonces será una realidad--, pero en este momento debemos dejar que pase el tiempo dado que esas transferencias a muchas comunidades autónomas datan de hace poco. En cualquier caso, yo espero que dé un resultado magnífico como servicio público esencial. (Rumores.--Risas.) Yo creo que el diagnóstico del preámbulo es absolutamente necesario. Ese es uno de los fundamentos de la ley.
En cuanto a la enmienda número 328, su señoría quiere hacer una enmienda de adición al segundo eje. Si lo que usted plantea ahí no apareciese en ninguna parte, estaríamos totalmente de acuerdo, pero tenga en cuenta que el primer eje habla de valores, y valores que tienen mucha importancia con la formación integral de la persona, y, además, la formación integral de la persona se recoge de una u otra forma en los objetivos de cada etapa. Por eso creemos que está suficientemente recogido. Hay una última cuestión. Comprenderá que no podemos admitir que, como consecuencia de lo que le acabo de decir, el proyecto de ley vaya exclusivamente encaminado a los resultados.
Entesa Catalana de Progrés, bienvenidos al debate de la Comisión.
(Risas.) Planteaban ustedes, como una de las poquísimas enmiendas que les distinguen de las del Grupo Parlamentario Socialista, que son muy pocas pero muy selectas, la relativa a la revisión del sistema de contratación de los profesores de la enseñanza concertada. No tendríamos ningún inconveniente en aceptar esto si se diese un fundamento que nosotros no podemos admitir de ninguna manera, que es el siguiente: que un centro privado concertado es igual a un centro público, que un centro privado concertado sostenido con fondos públicos no es igual a un centro público.
A partir de ahí se produce otra serie de diferencias, una de las cuales es que el sistema de contratación de los centros públicos no tiene por qué ser el mismo que el sistema de contratación de los centros privados, lo cual no quiere decir que el sistema de contratación de los centros privados sea absolutamente arbitrario, y por eso no admitimos su enmienda.
Me he dejado sin contestar alguna enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Bildarratz no está, pero creo que por razones de brevedad es imposible que conteste a todas.
Podríamos hablar más sobre religión,señores del Grupo Socialista, pero me parece que para el trámite de comisión ya es suficiente. Este debate, señor Fernández Zanca, no es un debate estéril. Me parece un debate muy importante y muy interesante. En relación con el comentario que ha hecho sobre los centros de especialización curricular y la pregunta concreta que ha formulado respecto a si algún centro va a especializarse en programas de Formación Profesional, le diré que estoy absolutamente convencido de que sí. Voy a decirle más. En mi comunidad autónoma hay centros especializados en Formación Profesional, y hay centros tan especializados en Formación Profesional que se han constituido ya como centros de auténtica élite en ese ámbito. Por ejemplo, le voy a citar solamente uno, porque además quiero que figure en acta: el Instituto de la Máquina-Herramienta de Elgoibar. Así de claro se lo dejo encima de la mesa. Probablemente no haya un centro de mayor especialización y de más alto nivel que el Instituto de la Máquina-Herramienta de Elgóibar. La senadora De Boneta le podrá decir si lo que estoy afirmando es o no verdad. Eso no va en detrimento de otros, que los hay y muy buenos también. Pero por nombrar uno de Vitoria, citaré a las Escuelas Diocesanas, por ejemplo, que es un centro de la Iglesia. El servicio social que está prestando este centro a la sociedad vitoriana y alavesa es inestimable. Creo que en estas cuestiones no debemos actuar con prejuicios, porque podemos equivocarnos.
Me habla usted de la encuesta del CIS en relación con la opinión de la sociedad española sobre el progreso educativo. Aquí nadie ha dicho que la LOGSE no haya contribuido al progreso. Hay medidas de la LOGSE que, evidentemente, han contribuido al progreso. Esto lo venimos diciendo desde el principio, lo que pasa es que consideramos que existen determinados aspectos de la LOGSE que no están de acuerdo con el ritmo de los tiempos y que no han dado los resultados apetecidos, y esos son los que pretende cambiar esta ley. Y punto. Nada más. Esa es la cuestión. Por eso yo, muy desde el principio, he dicho que ésta no es una ley general de educación, que no es una ley que vaya a cambiar nuestro sistema educativo. Es una ley que aprovecha muchas cosas del sistema educativo, que en buena parte y en buena medida han construido ustedes también.
Alguien ha dicho aquí, no recuerdo qué portavoz, que todos los grupos que han estado en el gobierno de España desde la instauración de la democracia han contribuido en mayor o en menor medida a la mejora de nuestro sistema educativo. Por lo tanto, esa no es la cuestión. Pero comprenderá una cosa que para nosotros tiene mucho más valor selectivo: las encuestas sobre el sistema educativo se han hecho dentro de ámbitos especializados del sistema, dentro de sectores que participan en la educación, y una encuesta del CIS aborda las preguntas desde la sociedad en general, porque muchas familias pueden estar muy contentas,
por ejemplo, con los resultados del sistema en función de las notas que tengan sus hijos, simplemente en función de eso, mientras que en la valoración del profesional, que ve las cosas de una forma distinta, desde otra perspectiva diferente, a lo mejor inciden otros factores que para el simple padre o para la simple madre no intervienen a la hora de valorar.
Por consiguiente, a las encuestas hay que darles su valor en función del sector social del que provengan y del que se extraigan.
Paso a los comentarios del Grupo Catalán de Convergència i Unió sobre el calendario de aplicación de la ley. Si partimos del supuesto de que toda ley orgánica, y fundamentalmente una ley educativa, tiene que permitir un sistema normal de movilidad de alumnos, debe haber unas bases de acuerdo, como es lógico, a la hora de aprobar un calendario de implantación de la ley. Por ejemplo, una comunidad no puede comenzar un año más tarde que otra. E incluso tampoco sería buena desde el punto de vista de la movilidad de los alumnos, que en estas edades son consecuencia de movilidades de familias, una falta de sincronización en la aplicación de la ley, ya que puede suponer trastornos familiares importantes. Este es el punto de vista desde el que contemplo ese enunciado de la disposición adicional primera.
En cuanto a la disposición adicional tercera, dice usted que la ley entra en el detalle de que sean los inspectores los que analicen en su caso la aprobación o no de los libros de texto. Creo que la ley no es reglamentista en ese sentido, sino consecuencia de lo que la ley supone que es el Cuerpo de Inspectores, un cuerpo con una especial formación en legislación, con una especialización académica y que, además, es autoridad administrativa. Por consiguiente, es un cuerpo que se encuentra dotado de una serie de características que le hacen más idóneo que cualquier otro para esta cuestión. Sin embargo, observará usted que, a la hora de fijar los criterios de adopción de libros de texto, esto se deja en manos de las comunidades autónomas para que ellas determinen en qué órganos puede recaer esta responsabilidad.
En cuanto a la disposición adicional octava, «Bases del Régimen Estatutario de la Función Pública Docente», me cita usted la siguiente frase, al final del punto 1: «El Gobierno desarrollará reglamentariamente dichas bases en aquellos aspectos que sean necesarios para garantizar el marco común básico de la función pública docente.» O sea, faculta al Gobierno para desarrollar reglamentariamente las bases, siempre y cuando los reglamentos estén en función de garantizar el marco común básico de la función pública docente. Es decir, la misma disposición enmarca los límites del desarrollo reglamentario. El desarrollo reglamentario no puede ir más allá del marco común básico de la función pública docente, y me temo que ahí el combustible del cohete les va a fallar.
Ayer le escuché, senador Varela, defender varias enmiendas sobre las competencias del Gobierno y del Estado en materia de educación no obligatoria. Nosotros creemos que en niveles de educación no obligatoria el Gobierno sí tiene competencias a la hora de fijar las condiciones mínimas. El artículo 10 de la ley se refiere a la educación preescolar, que es de carácter educativo asistencial. Fíjese bien lo que dice el artículo 10.2: «Corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la normativa básica que sobre los aspectos educativos de esta etapa establezca el Gobierno...» Pero no dice nada de los aspectos asistenciales, porque, ni en sus máximos ni en sus mínimos, son competencia del Gobierno central. Lo que puede haber aquí, señor senador, es una diferente concepción doctrinal sobre los niveles competenciales; en ese sentido, si no hay acuerdo entre nosotros, sería bueno que lo dirimiese el Tribunal Constitucional. Se va haciendo camino al andar, obviamente.
En cuanto a la enmienda 1268 que ustedes plantean sobre protección a los interinos, quiero decirle que nuestro sistema de acceso a la función pública no contempla la posibilidad de oposiciones restringidas, salvo en un caso, que creo que es en la integración de redes educativas, donde sí hay que dar posibilidades a los profesores de una determinada red que se integran en la red pública. Esto se ha venido haciendo, por ejemplo en el País Vasco, con las ikastolas que se han integrado en el sector público.
Fuera de ahí, y por mucho beneficio que suponga para esos profesores interinos, supone un agravio para quienes, por las razones que sean, han estado fuera del sistema, no han podido ser contratados como profesores interinos y se ven con menos posibilidades de conseguir una plaza en la función pública.
Nada más y muchas gracias. Perdón, señor presidente, por la extensión de la explicación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Barquero. (El señor Barquero Vázquez pide la palabra.) Tiene la palabra, señoría.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Quiero saber si, independientemente del turno de portavoces, el Grupo Parlamentario Socialista ha dado por defendidas todas las enmiendas. (El señor Fernández Zanca: Sí.) Sí es así, voy a darle una alegría.
El señor PRESIDENTE: Pues denos una alegría, que nunca viene mal.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Admitimos la enmienda 1064 del PSOE. (La señora Martínez García: ¡Bien! No sé lo que dice, pero bien.--La señora De Boneta y Piedra: No lo puedo creer.) Si ustedes están de acuerdo, claro.
El señor PRESIDENTE: No desborden sus señorías el entusiasmo, que sólo es una enmienda. (El señor Barahona Hortelano: Menos da una piedra.) Continúe, señoría.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Por lo tanto, se suprime la disposición transitoria octava, que creo que es la antigua octava. Admitimos la enmienda 1064, y lo siento por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, porque, como no la tenía presentada, no se puede admitir la correspondiente.
Esto lleva consigo, a efectos de modificación, eliminar también en la disposición final décima la referencia a dicha disposición transitoria octava.
El señor PRESIDENTE: Sí, hay que adecuar el texto a la resultante de la admisión.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Claro, concretamente la final décima.
Quiero hacer una última precisión. La enmienda 1065 del Grupo Parlamentario Socialista queda pendiente de estudio, por lo que nos posicionaremos sobre la misma en el Pleno.
Turno de portavoces. (Pausa.) La senadora De Boneta, tiene la palabra.
En este último turno voy a hacer una serie de observaciones, pero no se preocupe, señor presidente, que, a pesar de haber agotado las posibilidades de permanecer en otras comisiones, no me voy a extender.
En primer lugar, quiero hacer una referencia a la respuesta dada por el señor Barquero a este último grupo de enmiendas. He de decirle, aunque en este punto han quedado claras cuáles son las posiciones, que, a pesar de la habilidad que le caracteriza al señor Barquero a la hora de exponer sus argumentos --habilidad que conozco bien--, no me satisface la referencia que ha hecho sobre la posibilidad que tendrán los alumnos de elegir entre una triple opción: cultura, religión o sociedad. (El señor Barquero Vázquez: Yo no he dicho eso.) Nosotros consideramos --y en mi primer turno ya lo he dicho-- que esas opciones están profundamente interrelacionadas y que deben entenderse como un todo para constituir parte del acervo educativo y cultural de los estudiantes, que tienen que tener acceso a todas y no sólo a una de las opciones que se ofrecen.
Creemos que es importante conocer, desde un punto de vista aséptico y aconfesional, la base de la civilización occidental, y no podemos olvidar que es la religión cristiana en todas sus versiones. Por tanto, entendemos que todo ello es un bloque y que aquellos alumnos que no quieran estudiar esa opción no tienen que ceñirse a una historia de la cultura o a una apreciación sobre el entorno social.
Por otra parte, también hay que tener en cuenta la religión desde el punto de vista confesional. Independientemente de la confesión de cada uno, no podemos olvidar que la religión católica es la dominante en el Estado y que hay que respetar los acuerdos firmados con la Santa Sede.
Sin embargo, existen otras religiones y los padres y tutores de los alumnos tienen derecho a exigir la impartición de clases de sus respectivas religiones siempre que sea suficiente el número de estudiantes que lo solicitan.
Por último, queremos insistir en una cuestión a la que antes no he hecho referencia pero que sí ha mencionado el de Senadores Nacionalistas Vascos. Entendemos que el profesorado que no pertenece a los cuerpos de funcionarios docentes e imparta enseñanzas religiosas en los centros públicos tiene que tener el mismo régimen de contratación, o contratación laboral, que el resto de los profesores interinos del correspondiente nivel educativo. Nos parece peligrosa esa indefinición y la situación de esos profesores sometidos a una presunta inestabilidad.
Tengo que hacer referencia, también, a una cuestión que ha planteado el senador Barquero en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Quiero dejar claro que, efectivamente, un centro privado concertado no es lo mismo que un centro público pero, en la medida en que recibe fondos públicos, debe someterse a una serie de condiciones homologables a las de los centros públicos, sin perjuicio de respetar la libertad que, como centro privado concertado, tiene en ciertos aspectos.
Efectivamente, en el País Vasco hay una mayor incidencia --y aprovecho el comentario hecho por el senador Barquero para ponerlo de manifiesto-- de los centros privados. Según revela el último informe del Consejo Escolar, es una de las pocas comunidades autónomas, si no la única, donde es mayor la incidencia de la enseñanza no universitaria privada que de la pública.
El señor PRESIDENTE: Senadora De Boneta, como usted conoce muy bien, este es un turno que corresponde a esta ley y no a las anteriores.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino, señor presidente, sólo voy a hacer esta referencia y otra para terminar.
Ha hablado usted de las Escuelas Diocesanas de Vitoria y he de decirle que efectivamente considero que la razón de que la incidencia de los centros privados concertados sea superior a la de los públicos se debe precisamente a la tradición de escuelas de enseñanza profesional de iniciativa social que como las Escuelas Diocesanas, afortunadamente existen en la Comunidad Autónoma del País Vasco porque de esta forma la Formación Profesional se encuentra en un nivel satisfactorio o quizá menos insatisfactorio.
Por último, el debate al que hemos asistido no puede calificarse de estéril porque un debate nunca lo es; pero sí lo es en cuanto a que las posiciones de la oposición, aún las compartidas y aceptadas por el grupo parlamentario que apoya al Gobierno, el Grupo Popular, se han dado contra un muro, al menos las del Grupo Parlamentario Mixto, las de Eusko Alkartasuna, en este caso, las de esta senadora; en general, hemos percibido que, incluso los argumentos coincidentes no eran aceptados en ningún caso curiosamente cuando éstos provienen de la oposición. Hemos podido ver que a la oposición ni agua.
El diálogo ha sido interesante y el muro al que se ha aludido en varias ocasiones se produce porque estamos en un sistema democrático en el que los parlamentos están demasiado
sujetos a los ejecutivos; esta es una reflexión que debemos hacer y que considero un defecto de la democracia, pero, en fin, es otra cuestión que no ha lugar en este debate.
Al senador Barquero voy a hacerle sólo dos comentarios. Primero, en cuanto al inicio del calendario de la aplicación de la ley ha afirmado que la falta de sincronización de la misma en diferentes autonomías podría ocasionar trastornos familiares; evidentemente, es así, senador Barquero, pero considero que las autonomías y el Gobierno central podrían y deberían ponerse de acuerdo. Me sorprende que esto no se considere posible y me decepciona. El Gobierno no debería dictar el inicio de la ley sino acordarlo e, insisto, el que no sea capaz de hacerlo es preocupante.
Segundo, no pongo en duda que los inspectores sean los más capacitados en cuanto a la evaluación de los libros de texto pero lo que sí rechazo es que el Gobierno central afirme que en cada autonomía han de ser los inspectores quienes evalúen los libros de texto. No es así porque es una competencia de la autonomía y ésta --quizá equivocadamente-- puede decidir que lo efectúen los catedráticos de pedagogía de las universidades. Dejen que se equivoquen pero no lo dicten ustedes desde aquí.
También ha dicho que los criterios de adopción de los libros de texto se dejan en manos de las autonomías. He de decirle que no es así, señor Barquero, porque la enmienda adicional tercera afirma que han de ser los órganos de coordinación didáctica de los Centros públicos los que elegirán los libros de texto y después se habla de «... otros órganos del Centro». En primer lugar se especifica el detalle concreto, los órganos de coordinación didáctica de los centros públicos serán los que escogerán los libros y después la autonomía podrá escoger otros diferentes. Quiero insistir en ello porque siempre tratan esta cuestión con la mentalidad de que exista una alta inspección que vela porque no suceda nada extraño y me pregunto por qué se entra en ese detallismo, lo cual me molesta profundamente y considero incorrecto.
En cuanto al combustible y a lo de reglamentista ya se verá en su momento oportuno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Varela.
Senador Barquero, yo me refería al debate estéril porque estéril es lo improductivo y ya tenemos un fruto pequeño que casi no se ve pero lo primero es agradecer que hayan aceptado esta enmienda. (El señor Barquero Vázquez: ¡Los bienes útiles!) Para no ampliar el debate me gustaría insistir en lo que ya he dicho y hacer algún comentario a sus palabras. No somos nosotros quienes decimos que de una opción personal no pueden derivarse obligaciones para los demás; es el Tribunal Supremo el que lo dice y, por tanto, lo único que hago es reproducir un fragmento de una sentencia. Como todos sabemos, usted es un hábil parlamentario y le han encargado el papelón de defender algo sobre lo que estoy seguro tiene usted muchísimas dudas. (El señor Barquero Vázquez: No.) Lo ha hecho brillantemente pero, repito, estoy seguro de que como profesor y profesional si sus hijos tuvieran dificultades de aprendizaje preferiría unas horas de matemáticas a la asignatura alternativa de religión. Por tanto, le felicito por la defensa de algo indefendible como es la existencia de una asignatura que es doctrina porque usted habla de cultura religiosa y señoría no estamos hablando de cultura religiosa sino de doctrina, en este caso, doctrina católica o de otras confesiones.
Por consiguiente, considero que hay una gran diferencia entre la doctrina católica como una opción absolutamente respetable y las optativas que estudiamos en la carrera en nuestros años mozos. No tiene nada que ver lo uno con lo otro.
Usted se ha referido a escuelas de muchísimo prestigio de Formación Profesional y claro que existen, por cierto, se crearon con una ley socialista, no lo olvide, pero no me he referido a la Formación Profesional sino a los programas de iniciación profesional que no tienen nada que ver y según confesó ayer la senadora Delgado en dos ocasiones esto iba a ser el cuarto itinerario, iba a ser un itinerario. Si les da tiempo a ponerlo en práctica, y tengo mis dudas, ya veremos cuántos centros privados se especializan en los programas de iniciación profesional, sospecho que ninguno.
Por último, ayer hablamos de la posibilidad de incorporar una enmienda «in voce», que considero muy importante, que hace referencia a la informática como asignatura de la enseñanza secundaria y es algo que les ruego estudien con todo cariño porque además de afectar a un colectivo muy importate de profesores, en los tiempos que corren en que la informática es una herramienta diría que imprescindible, su incorporación a las asignaturas que se imparten en la Enseñanza Secundaria Obligatoria sería muy importante.
Muchas gracias. (La señora Delgado García: Pido la palabra por alusiones.)
Tiene la palabra el senador Barquero, quien defenderá las alusiones efectuadas a su señoría como grupo porque he entendido que no era una referencia personal sino a lo que usted comentó ayer como grupo parlamentario. Señor Barquero, defienda su posición y de paso la de la senadora Delgado.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Gracias, señor presidente.
Voy a hacer sólo dos o tres precisiones muy brevemente. No quiero que nadie interprete mal mi planteamiento sobre la asignatura de religión. A efectos de una perspectiva de elegir una u otra asignatura en un determinado bloque he dicho que imaginemos que en lugar de dos asignaturas sean tres o cuatro, pero no he dicho que vayan a ser tres. Yo no he dicho eso. Evidentemente en el
texto se ha planteado como asignatura de carácter confesional, y por tanto, doctrinal, y en esto estamos de acuerdo, y otra asignatura no doctrinal. Así pues, mi planteamiento del bloque se hace desde esa perspectiva y no exclusivamente desde la perspectiva de la confesionalidad que acarrea obligaciones. Señor Fernández Zanca, créame usted que no he pretendido, ni muchísimo menos, hacer una defensa sofista del tema, sino que quería realizar una defensa de fondo, que no de artilugio o virtuosismo parlamentario, tal y como me ha parecido entenderle, aunque agradezco lo que ello tiene de positivo. En cualquier caso, no era ésa mi intención. Usted insiste en ese otro planteamiento, que considero respetable, y seguramente seguiremos hablando de este tema en el Pleno, de lo cual estaré encantado.
Probablemente le he entendido mal cuando ha aludido a los centros especializados, pues me pareció que decía usted «Formación Profesional» y no «iniciación profesional». Como digo, así lo he entendido, pero si ése no era su planteamiento retiro mi argumentación. No obstante sí debo decirle que lo que la ley plantea no es un cuarto itinerario. Los itinerarios son los que son, al igual que tampoco era un itinerario el conjunto de programas que ustedes planteaban en la LOGSE, del que nosotros partimos y mejoramos. Insisto, pues, en que la iniciación profesional que plantea la ley no es un cuarto itinerario, sino otra cosa distinta. Entendemos que los programas de Formación Profesional son una mejora de la Formación Ocupacional que ustedes plantean en la LOGSE, y por ello lo hemos planteado, pues eso es, además, lo que tienen que hacer las leyes educativas, introducir mejoras sobre determinados proyectos, y debe hacerlo la izquierda, el centro, la derecha o quién sea, incluso un grupo nacionalista.
Por tanto, debo insistir en que con el programa de iniciación profesional sólo hemos pretendido introducir una mejora, que no hay un cuarto itinerario ni trampa alguna, sino que hay lo que hay y lo que dice la ley exclusivamente. Ahora bien, quien quiera hacer una lectura tergiversada o torticera de la misma obviamente puede hacerlo, pero eso no es lo que está en el espíritu de la ley. Veamos cómo se desarrolla, cuáles son los resultados y en qué mejora el proyecto que ustedes planteaban en la LOGSE como alternativa a muchos alumnos que no quieren seguir en el sistema ordinario académico. Asimismo, señoría, debo decirle que tomaremos con interés el planteamiento de la informática que hace usted.
Con permiso de la Presidencia quisiera hacer dos últimas observaciones.
En la antigua disposición transitoria séptima, que se titula «Transformación de los conciertos», figura un término que habría que cambiar, y explico el porqué. Dice el punto 1: «Los Centros privados que, a la entrada en vigor de la presente Ley, tengan concertadas las enseñanzas no obligatorias, mantendrán el concierto para las enseñanzas equivalentes. El concierto de estas enseñanzas tendrá el carácter singular.» A nadie se le escapa que este punto quiere referirse exclusivamente al Bachillerato, y como los centros privados concertados tienen también nivel de infantil, proponemos que, para evitar equivocaciones y para que la disposición diga con precisión terminológica aquello a lo que quiere referirse, se sustituya el término «enseñanzas no obligatorias» por «enseñanzas post-obligatorias».
El señor PRESIDENTE: Señorías, esta Presidencia necesita saber si los diferentes grupos manifiestan su consentimiento a lo propuesto por el señor Barquero. ¿Están de acuerdo con este cambio los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios? (Asentimiento.) En tal caso necesitaríamos que nos pasara el mismo por escrito.
Continúe, señor Barquero.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Una última cuestión sería la siguiente. La disposición adicional decimoquinta dice así: «La información de carácter tributario que se precisa para la acreditación de las condiciones económicas a las que se refieren los artículos 4.1 y 72.2...» Yo entiendo que ésta es una errata y que debería poner 72.4.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barquero. En todo caso parece que se trata de una mera corrección técnica que se hará constar. (La señora Delgado García pide la palabra.) Señora Delgado, considero que su posición y la de su Grupo han quedado suficientemente claras y no vamos a reabrir el debate.
Para comunicar las sustituciones a esta Presidencia tiene la palabra, en primer lugar, el señor Barahona.
El señor BARAHONA HORTELANO: En el Grupo Parlamentario Popular don Adolfo Abejón Ortega es sustituido por don Oscar Llanos Vera; doña Míriam Blasco Soto es sustituida por don Juan García-Talavera Casañas; doña Carmen González Rodríguez es sustituida por don José Blas Fernández Sánchez; don Alberto Terán Molleda es sustituido por don Fernando Carlos Rodríguez Pérez, y don Emilio del Río Sanz es sustituido por doña Mar Agüero Ruano.
El señor PRESIDENTE: Para comunicar las sustituciones del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Zanca.
En el Grupo Parlamentario Socialista doña María Antonia Martínez García sustituye a don Manuel Hurtado García.
Pasamos, pues, a la votación del informe de la ponencia en un único bloque que incorporará las tres enmiendas transaccionales que llegaron a la Mesa firmadas por todos los grupos, más las enmiendas números 1064, 1132 y 1133, así como la sustitución del término «no obligatorias» por el de «post-obligatorias», propuesto por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y la corrección de la
disposición adicional decimoquinta. Por tanto, vamos a votar texto inicial del informe de la ponencia, además de todo lo que acabo de exponer. ¿Les ha quedado alguna duda sobre el contenido de la votación o su fondo? (Denegaciones.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en contra, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la Ponencia, según se ha expresado por la Presidencia hace un momento.
Es necesario proceder ahora a la designación de un senador para que presente este proyecto de ley. ¿Quieren hacer ustedes alguna propuesta? (Varios señores senadores: El señor presidente.) En ese caso, ya que lo ha solicitado una abrumadora mayoría, presentaré el proyecto de ley.
¿Algún senador desea hacer una última intervención? (Pausa.) Muchas gracias.