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Timestamp: 2017-04-23 23:32:18
Document Index: 184147024

Matched Legal Cases: ['Artículo 191', 'Artículo 182', 'Artículo 147', 'Artículo 147', 'Artículo 138', 'Artículo 173']

Propuesta pública de Toño Lacayo a los Diputados del PLC — Archivo – la verdad nica Archivo – la verdad nica
noviembre 15, 2009 – 10:04 am - Managua, Nicaragua
Reabrieron las heridas que la reelección ha causado a lo largo de la historia nacional, atribuyéndose facultades que no le están dadas a ningún grupo minoritario de Magistrados, ni siquiera a la Corte Suprema en su conjunto. La facultad de alterar la Constitución solamente la tiene la Asamblea Nacional, según el Artículo 191 de la Constitución Política de Nicaragua.
Además, nuestra Constitución establece que “No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan” (Artículo 182). El remedo de sentencia del día 19, autorizando al señor Daniel Ortega, presidente hoy en día, a postularse nuevamente como candidato, a pesar de la prohibición expresa que contiene el Artículo 147, es una ilegal y perversa disposición que se opone a la Constitución, por lo que no tiene valor alguno. Así de sencillo.
Sin embargo, lo que también causó asombro y desagrado tras dicha ilegal disposición fue que, en opinión de muchos ciudadanos, no es creíble que los Magistrados liberales, Escobar Fornos y Sergio Cuarezma, hayan sido engañados como niños de escuela.
En caso fuese verdad, es inaceptable que ninguno de los dos haya aparecido esa misma noche explicado los hechos ante los medios. Tampoco se vio entonces al Presidente de la Corte, el Magistrado liberal Manuel Martínez, decir nada al respecto.
Es incomprensible cómo un presidente de un cuerpo colegiado, como es la Corte Suprema de Justicia, pueda haberse quedado pasivo en ese crucial momento, igual que los dos Magistrados mencionados, ante un desmán y un delito de tan graves consecuencias para el país, cometido en secreto y a oscuras por miembros de su Corte en violación de los procedimientos establecidos y de las atribuciones que tiene la Corte en dicha materia.
El comunicado de los siete Magistrados liberales de la Corte Suprema de Justicia, aparecido en los diarios el día 30, sin embargo, confirma que el documento de Solís y compañía no fue más que un golpe de imagen ante sus seguidores por parte del presidente Ortega. Nuestra Constitución sigue siendo la misma, y el Artículo 147 continúa incólume.
El país que progresó sin detenerse durante 16 años, de 1990 al 2006, se encuentra ahora en franco proceso de retroceso económico y deterioro social. Son miles de compatriotas los que han perdido sus empleos. Mientras nuestra población crece arriba del 2% por año, la economía nicaragüense disminuirá cerca del 2% este año.
El presidente Ortega aduce que es culpa del sistema capitalista, pero ustedes y yo bien sabemos que la mayor culpa en todo esto es del propio presidente Ortega al tramar y ordenar un masivo y descarado fraude electoral que ahora cumple un año, y fomentar el conflicto permanente con la Unión Europea y los Estados Unidos.
Es hora pues de decidir cómo pueden los partidos como el PLC contribuir a salir de la crisis en que el país ha caído. Las bases del PLC quieren un cambio. Ustedes lo han percibido en el campo y la ciudad. También lo quieren las bases del MVE, del PLI, de ALN, del MRS, los conservadores, y el 51% de los que nos identificamos como independientes, el bloque más numeroso de votantes en el país.
Es más, son miles los sandinistas que también desean un cambio. Comprenden que ya no es hora de ideologías, no es tiempo de odios, ni momento de mirar hacia fuera en busca de culpables, sino de enderezar el rumbo que llevan las cosas y ponerse a trabajar por el país.
En mi opinión de ciudadano, la clave para salir de este atolladero nacional estará en la forma en que ustedes en la Asamblea Nacional elijan a los Magistrados del Consejo Supremo Electoral que sustituirán a los que dejarán de ser Magistrados entre el 14 de Febrero y el 1 de Junio del próximo año. Todos los actuales Magistrados terminan en esos meses los períodos para los cuales fueron electos originalmente.
La reforma de 1995, que el PLC apoyó y aprobó, establece que se elegirán a los Magistrados del Consejo Supremo Electoral “de listas separadas, propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por los Diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes”. “Se elegirá a cada Magistrado con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los Diputados de la Asamblea Nacional” (Artículo 138).
Desde que el PLC asumió el gobierno en 1997 ha mantenido que la única forma de juntar el voto de “sesenta por ciento de los Diputados” ha sido poniéndose de acuerdo el PLC con el FSLN, argumentando que esa condición constitucional es lo que los ha obligado a lo que llamamos pacto.
Sin embargo, en la actualidad, dicho “sesenta por ciento” se puede lograr en la Asamblea Nacional de dos maneras: juntando los votos del PLC con el FSLN, o los votos del MVE-ALN-MRS con el FSLN.
En otras palabras, el PLC ya no está obligado a concurrir con el FSLN para elegir dichos Magistrados. Y allí está la clave para salir de ese pacto que ustedes dicen ahora repudiar, y que repudiamos la inmensa mayoría de los nicaragüenses.
Y allí también está la clave para que, haciendo respetar el mandato constitucional de consultar “con las asociaciones civiles pertinentes”, se pongan de acuerdo los Diputados del PLC y del MVE-ALN-MRS para consultar con la Sociedad Civil de este país y presentar una lista única de unos treinta candidatos idóneos a fin de elegir dentro de ellos los Magistrados Propietarios y Suplentes que deseen para integrar al Consejo Supremo Electoral.
Es más, dado que el resultado de las últimas elecciones nacionales fue tal que el FSLN obtuvo únicamente el 38% de los votos, resulta evidente que dicho partido no puede jamás aspirar a tener más de tres Magistrados Propietarios y un Suplente, y que le corresponde a la mayoría opositora los restantes cuatro Propietarios y dos Suplentes.
Esto, además, permitiría a estos cuatro elegir Presidente de dicho Consejo Supremo Electoral a uno de ellos, que sea apto para tal responsabilidad, íntegro, recto, temeroso de Dios, y capaz de administrar correctamente dicho poder del Estado.
Estoy seguro que una lista de treinta candidatos pre-seleccionados con estas “asociaciones civiles pertinentes”, incluirá solamente ciudadanos idóneos por su capacidad, entereza, valentía y disposición de servir a la Nación, por encima de intereses partidistas.
Yo los invito a ustedes, señores Diputados del PLC, y a la dirigencia de su partido, a que hagan uso de esta legítima disposición constitucional para darle al país el Consejo Supremo Electoral que se requiere para volver al camino del estado de derecho.
La principal obligación de este nuevo Consejo Supremo será “Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones, y hacer la declaratoria definitiva de los resultados”, y “Demandar de los organismos correspondientes condiciones de seguridad para los partidos políticos participantes” (Artículo 173).
Esta facultad del Consejo permitirá autorizar la presencia de observadores nacionales e internacionales en las próximas elecciones nacionales, una garantía necesaria para evitar lo que vimos en Noviembre pasado, que tantísimo daño y dolor le ha traído al país.
Súmense ustedes y hagan que su partido PLC contribuya a darnos a los nicaragüenses demócratas un nuevo Consejo Supremo Electoral entre Febrero y Junio. Si el PLC se hermana con MVE-ALN-MRS, esto será posible. Si el PLC actúa en solitario con el FSLN, la historia lo hundirá para siempre.
Yo soy optimista. En dos años Nicaragua dejará atrás este período de atraso y desesperación, y retomará el camino de la búsqueda inteligente del progreso y la prosperidad para todos, con un gobierno capaz de generar desarrollo. La gran mayoría del pueblo noble y trabajador de este país así lo quiere.