Source: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2007&nu_doc=390
Timestamp: 2013-05-24 16:53:07
Document Index: 264229902

Matched Legal Cases: ['artículo 280', 'artículo 95', 'artículo 185', 'artículo 30', 'artículo 22', 'artículo 280', 'Artículo 8']

celex-txt - 52007DC0390
52007DC0390
Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Protección de los intereses financieros de las Comunidades – Lucha contra el fraude – Informe anual 2006 [SEC(2007) 930] [SEC(2007) 938]
/* COM/2007/0390 final */
Bruselas, 6.7.2007
COM(2007) 390 final
Protección de los intereses financieros de las Comunidades – Lucha contra el fraude – Informe anual 2006 [SEC(2007) 930][SEC(2007) 938]
1. Resultados de la lucha contra el fraude: estadísticas de fraudes y otras irregularidades 5
1.1. Estadísticas de fraudes y otras irregularidades notificadas por los Estados miembros en 2006 5
1.1.1. Recursos propios tradicionales 6
1.1.2. Gastos agrícolas (FEOGA-Garantía) 7
1.1.3. Medidas estructurales 8
1.1.4. Fondo de Preadhesión 9
1.2. Estadísticas relativas a la actividad de la OLAF 10
2. Prevención del fraude 11
2.1. Análisis y gestión del riesgo, sistemas de control 11
2.1.1. Medidas adoptadas en materia de gastos 11
2.1.2. Régimen aduanero 13
2.2. Las bases de datos de exclusión, de alerta o de fiabilidad 14
2.2.1. A escala europea 14
2.2.2. En los Estados miembros 15
2.3. En pro de una mayor transparencia en la gestión financiera a escala europea 18
2.4. Mejora de las normas relativas a la contabilidad y a los controles con el fin de obtener una declaración de fiabilidad positiva 19
2.5. El programa Hércules de fomento de acciones para la protección de los intereses financieros comunitarios 20
3. Lucha contra el fraude 20
3.1. Detección del fraude: mecanismos de alerta a través de informadores internos (denuncia de irregularidades) 20
3.1.1. Instituciones europeas 20
3.1.2. Países de la UE 21
3.2. Reforma de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 23
3.3. Ampliación de la asistencia mutua 23
3.4. Lucha contra el contrabando y la falsificación de cigarrillos 24
3.5. Protección del euro 25
3.6. Medidas adoptadas por algunos Estados miembros en 2006 25
4. Recaudación 26
4.1. Agricultura 26
4.1.1. El cometido del Grupo de trabajo recaudación 26
4.1.2. Correcciones financieras 27
4.2. Fondos Estructurales 28
4.3. Recursos propios 29
4.4. Recaudación a raíz de una investigación de la OLAF 29
4.5. Las legislaciones nacionales relativas a la recaudación de fondos comunitarios 30
La protección de los intereses financieros comunitarios y la lucha contra el fraude constituyen un ámbito de responsabilidad compartida entre la Comunidad y los Estados miembros. La Comisión redacta cada año, en cooperación con los Estados miembros, un informe en el que se presentan las nuevas medidas adoptadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 280 del Tratado CE. El presente informe, que es objeto de publicación, va dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo.
Tras describir las características generales de las medidas adoptadas en los distintos ámbitos, se acordó conjuntamente con los Estados miembros la presentación de cuatro temas específicos: el análisis y la gestión del riesgo, las bases de datos de exclusión y alerta, los mecanismos de alerta por informador interno y los mecanismos de recaudación por compensación.
En el primer punto del informe se resumen los resultados de las estadísticas relativas a los casos de irregularidades notificadas por los Estados miembros en virtud de los Reglamentos sectoriales y se presentan ciertas cifras correspondientes a la actividad operativa de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
El segundo punto se refiere a las medidas adoptadas por los Estados miembros y la Comisión en la prevención del fraude y otras irregularidades. Este punto incluye también el tema del análisis y la gestión del riesgo y el de las bases de datos de exclusión y alerta .
El tercer punto resume las medidas adoptadas para luchar contra el fraude . Este punto incluye también un capítulo sobre los mecanismos de alerta por informador interno .
El cuarto punto presenta las medidas adoptadas con el fin de mejorar la recaudación de los importes no cobrados o indebidamente abonados. Este punto incluye un capítulo sobre los mecanismos de recaudación por compensación en Derecho nacional.
En el informe no se hace sino un resumen de las medidas adoptadas y de los resultados obtenidos. Simultáneamente, la Comisión publica dos documentos de trabajo: en uno de estos documentos se hace un inventario de las contribuciones de los Estados miembros[1]; en el otro, se presentan las estadísticas de las irregularidades notificadas por los Estados miembros[2].
Los informes de años anteriores están disponibles en el sitio Internet de la OLAF[3].
1. RESULTADOS DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE: ESTADÍSTICAS DE FRAUDES Y OTRAS IRREGULARIDADES
1.1. Estadísticas de fraudes y otras irregularidades notificadas por los Estados miembros en 2006
La protección de los intereses financieros constituye un sector de responsabilidad compartida. En aquellos sectores en los que los Estados miembros ejecutan el presupuesto (política agrícola, Fondos Estructurales, Fondo de Preadhesión), y respecto de la recaudación de los recursos propios comunitarios, la legislación comunitaria obliga a los Estados miembros a notificar los casos presuntos de fraudes y otras irregularidades que van en detrimento de los intereses financieros. Los gastos administrados por los Estados miembros rondan el 80% del presupuesto comunitario.
El documento de los servicios de la Comisión "Evaluación estadística de las irregularidades", publicado al mismo tiempo que el presente informe, presenta un análisis minucioso de las estadísticas obtenidas a partir de las notificaciones recibidas. En el presente informe no se recogen estadísticas de las irregularidades descubiertas en el sector de los gastos administrados directamente por las Comunidades; no obstante, la Comisión ha adoptado las medidas necesarias para que se presenten a partir de ahora.
En el cuadro 1 se presenta un resumen, por sector, de las irregularidades notificadas y los importes de las mismas.
Cuadro 1 – Número de irregularidades e importes - año 2006
Total 2006 |
Sector | Irregularidades notificadas | Estimación de la incidencia financiera total de las irregularidades, incluidos los presuntos fraudes (importes en millones de euros) | Estimación de la incidencia financiera de los presuntos fraudes únicamente (importes en millones de euros) |
Recursos propios | 5 243 | 353 | 134,39 (~0,94% del importe total de los recursos propios de 2006[4]) |
FEOGA-Garantía | 3 249 | 87 | 29,8 (~0,06% del total de los fondos asignados) |
Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión | 3 216 | 703 | 157,56 (~0,41% del total de los fondos asignados) |
Fondo de Preadhesión | 384 | 12,32 | 1,57 (~0,03 % de los fondos asignados[5]) |
Total | 12 092 | 1 155,32 | 323,32(~0,94% del importe de los recursos propios y ~0,2% del importe total de los gastos en los otros tres sectores[6]) |
1.1.1. Recursos propios tradicionales
Las notificaciones de fraudes e irregularidades descubiertas (casos superiores a 10 000 euros) disminuyeron un 12% en 2006 con relación a 2005 (de 5 943 a 5 243), pero el importe de las irregularidades aumentó un 7% (de 328 millones de euros a 353 millones de euros[7]). Los presuntos fraudes representan alrededor del 22% de los casos de irregularidades notificados (la incidencia financiera estimada asciende a 134,39 millones de euros, lo que representa en torno a un 0,94% de los recursos propios de 2006, frente a los 105,3 millones de euros, equivalente a alrededor de 0,85% de los recursos propios de 2005). El gráfico 1 muestra la evolución de las irregularidades notificadas durante los últimos cinco años y la estimación de su incidencia financiera.
El nivel de base del número de casos, más elevado que en 2003, puede explicarse por el mayor número de notificaciones de casos por parte de los Estados miembros, por la inscripción de casos en relación con operaciones de tránsito liquidadas con retraso y por la adhesión de nuevos Estados miembros. El número y la proporción de operaciones de tránsito liquidadas con retraso disminuyó en comparación con 2005 (en más de un tercio)[8].
Los productos más afectados por irregularidades en 2006 son, como en años anteriores, los productos del tabaco y los televisores. El sector del azúcar ha perdido importancia con relación a 2005, así como el sector de los productos pesqueros, el vidrio y las manufacturas de vidrio y los instrumentos de óptica; sin embargo, los sectores de la carne, motores y piezas de recambio, productos inorgánicos, aceites y materias grasas han experimentado un aumento. El sector de la industria textil permaneció relativamente estable con 10,3 millones de euros de derechos.
Gráfico 1 Irregularidades notificadas y estimación de la incidencia financiera en materia de recursos propios tradicionales – Años 2002-2006 (importes en millones de euros)
1.1.2. Gastos agrícolas (FEOGA-Garantía)
En 2006, las irregularidades notificadas aumentaron un 3% con relación al año anterior (3 249 casos en 2006). El importe total concernido en 2006 (87 millones de euros) supuso una disminución del l5%, equivalente a aproximadamente un 0,17% de los créditos totales destinados a la Sección de Garantía del FEOGA (49 742 millones de euros en 2006). Los presuntos fraudes rondan el 10% de los casos de irregularidades notificadas (29,8 millones de euros, alrededor del 0,06% de los créditos totales, frente a los 21,5 millones de euros y el 0,05% de 2005).
El mayor número de casos notificados se refiere a los sectores de desarrollo rural, carne de vacuno y "frutas y hortalizas". Estos tres sectores representan conjuntamente casi el 60% del todas las irregularidades notificadas y cerca del 70% del importe total concernido.
En el sector de los gastos agrícolas, en un reglamento adoptado en 2006 por la Comisión[9] se simplifican los procedimientos de notificación de las irregularidades a partir de 2007. En adelante, el umbral a partir del cual los Estados miembros deberán comunicar las irregularidades a la Comisión se alinea sobre el de los Fondos Estructurales (10 000 euros).
Gráfico 2 Irregularidades notificadas y estimación de la incidencia financiera en materia de gastos agrícolas – Años 2002-2006 (importes en millones de euros)
1.1.3. Medidas estructurales
En el ámbito de los Fondos Estructurales, el Parlamento Europeo y el Consejo han adoptado una serie de reglamentos para el nuevo período de programación 2007-2013. Se han mantenido las normas relativas a la obligación de indicar las irregularidades a la Comisión. Los antiguos reglamentos seguirán aplicándose en el marco de los antiguos períodos de programación.
En 2006, las irregularidades notificadas (3 216 casos, incluido el Fondo de Cohesión) disminuyeron un 10% con relación al año anterior (3 750 casos), mientras que su incidencia financiera (703 millones de euros) aumentó un 17%. Se estima que la incidencia financiera de las irregularidades notificadas en 2006 representa aproximadamente un 1,83% de los créditos destinados a los Fondos Estructurales y al Fondo de Cohesión en 2006 (38 430 millones de euros) y los supuestos fraudes rondan el 16,6% de la incidencia financiera de las irregularidades notificadas (157,56 millones de euros, cerca del 0,41% de los créditos totales asignados, frente a los 205 millones de euros y el 0,53% de 2005). La incidencia definitiva no se conocerá hasta que no se den por finalizados los programas.
Como en años anteriores, el mayor número de irregularidades notificadas afectó al FEDER y al FSE (alrededor del 75% de las irregularidades). El número de irregularidades notificadas en el caso del FEOGA-Orientación aumentó un 38%, mientras que en el Fondo de Cohesión y en el IFOP permaneció estable.
Gráfico 3 Irregularidades notificadas y estimación de la incidencia financiera en materia de acciones estructurales – Años 2002-2006 (importes en millones de euros)
1.1.4. Fondo de Preadhesión
Las irregularidades totales en los Fondos PHARE, SAPARD e ISPA en 2006 aumentaron un 13,6% (384, frente a los 338 de 2005). La posible incidencia financiera de las irregularidades aumentó en el caso de PHARE y SAPARD, pero disminuyó en ISPA (pasó de 6,9 millones de euros en 2005 a 1,2 millones de euros en 2006). El total de las irregularidades notificadas en 2006 aumentó un 26% (12,318 millones de euros frente a los 16,7 millones de euros en 2005), lo que corresponde aproximadamente a un 2,8% de los importes totales subvencionables de los tres Fondos. Los presuntos fraudes representaron alrededor del 14,63% de los importes irregulares notificados. La incidencia financiera considerada es de 1,57 millones de euros. La incidencia financiera estimada de los fraudes notificados en el período 2000-2006 corresponde a un 0,03% de todos los recursos asignados a los tres Fondos en este período.
El tipo de irregularidad más frecuente en cada uno de los Fondos de Preadhesión fue "gastos no subvencionables"[10]. En el caso de PHARE, el segundo tipo de irregularidad más frecuente fue "gastos injustificados"[11].
Gráfico 4 Irregularidades notificadas y estimación de la incidencia financiera en materia de Fondos de Preadhesión – Años 2002-2006 (importes en miles de euros)
1.2. Estadísticas relativas a la actividad de la OLAF
Las investigaciones abiertas por la OLAF tras la valoración de los datos recibidos disminuyeron (195 expedientes incoados en 2006, frente a los 214 de 2005). La decisión de incoar una investigación se toma previa evaluación.
Gráfico 5 Expedientes incoados tras valoración de la información recibida
En total, a 31 de diciembre de 2006, había 430 investigaciones en curso, cifra comparable a la de 2005 (452 investigaciones en curso a 31 de diciembre de 2005).
Cuadro 2: Expedientes en curso a 31 de diciembre de 2006 por sectores e incidencia financiera respectiva
Sector | Expedientes en curso a 31 de diciembre de 2006 | Incidencia financiera estimada (en millones de euros) |
Agricultura | 65 | 202,7 |
Fondos Estructurales | 46 | 192,9 |
Aduanas | 111 | 748,9 |
Gastos directos | 118 | 293,4 |
Investigaciones internas | 91 | 301 |
Total | 431 | 1.738,8 |
Para mayor información sobre las investigaciones de la OLAF y para una comparación con años anteriores, véase el informe de la OLAF[12].
2. PREVENCIÓN DEL FRAUDE
2.1. Análisis y gestión del riesgo, sistemas de control
Una evaluación y una gestión adecuadas del riesgo, como elementos de un sistema de control eficaz, contribuyen a que el dinero de los contribuyentes se gaste eficazmente. Este ámbito está actualmente desarrollándose tanto en la Comisión, como en los Estados miembros, a los efectos de protección proactiva de los intereses financieros comunitarios, de prevención y de acciones específicas.
2.1.1. Medidas adoptadas en materia de gastos
Desde hace varios años la gestión de riesgos se utiliza en la Comisión en un contexto más amplio que en el mero sector de los gastos. A raíz del reconocimiento de la necesidad de instaurar una metodología común para la gestión de riesgos[13], la Comisión adoptó ciertas medidas a partir de 2006[14]. El objetivo consiste en mejorar el proceso de toma de decisiones, aumentar la eficacia y reforzar la fiabilidad de los sistemas de gestión. En este contexto, los servicios disponen de una metodología común para analizar los riesgos y elegir una respuesta adaptada. A finales de 2006 se efectuó un ejercicio piloto, que se convertirá en permanente a partir de 2007, sobre una estructura tendente a mejorar la gestión de los riesgos que afectan a varios servicios, riesgos que pueden ser gestionados con mayor eficacia por una agrupación de servicios.
A escala nacional, todos los Estados miembros disponen, en sus procedimientos presupuestarios, de normas que ayudan a los gestores a evaluar y administrar los riesgos financieros asociados a la concesión de una ayuda o a la adjudicación de un contrato público, en particular, para comprobar la fiabilidad de los beneficiarios potenciales[15].
Las nuevas normas financieras adoptadas en 2006[16] prevén que las Administraciones nacionales establezcan sistemas eficaces de control interno y efectúen los controles necesarios de los fondos de la UE gestionados por las mismas. Ello supone recabar la información necesaria y elaborar un informe anual sobre los controles y las auditorías.
Alrededor de la mitad de los Estados miembros dispone de orientaciones generales de carácter nacional (instrucciones o buenas prácticas)[17] o de normas relativas a la evaluación y a la gestión del riesgo en ámbitos específicos[18].
Nueve Estados miembros disponen de instrumentos específicos para evaluar el riesgo que presentan los nuevos beneficiarios de fondos públicos. Por ejemplo, en Irlanda , en la fase de evaluación previa a la concesión de subvenciones puede solicitarse información suplementaria, no disponible aún para los nuevos países candidatos. En Polonia , los que se benefician de la PAC por primera vez tienen mayores posibilidades de ser seleccionados para un control in situ .
El hecho de que se considere que un beneficiario comporta riesgos puede llevar a controles reforzados por parte de la autoridad de gestión[19] o a la exigencia sistemática de garantías específicas [20].
Cuando se concede una subvención o se adjudica un contrato público (a escala nacional o comunitaria), las autoridades de gestión exigen a los candidatos que presenten los correspondientes documentos acreditativos de cumplir con los criterios. En algunos Estados miembros, las autoridades de gestión tienen acceso a bases de datos específicas (directa o indirectamente), con el fin de comprobar la exactitud de las declaraciones efectuadas por los candidatos; se trata, en particular, de bases de datos sobre la fiscalidad (accesibles en más de la mitad de los Estados miembros[21]), las entidades de crédito[22] y las personas y empresas que han sido sancionadas en procedimientos administrativos[23] o penales[24]. En 2006, se creó en Hungría por ley un nuevo registro de protección de los acreedores, cuyo objetivo es proporcionar información completa y actualizada de la solvencia y de las medidas judiciales adoptadas en contra de empresas registradas.
2.1.2. Régimen aduanero
Hace tiempo que las autoridades aduaneras nacionales se sirven del análisis de riesgo para determinar las posibles actividades ilícitas y para orientar mejor los controles. Al cabo de los años, la eficacia de la acción de las autoridades nacionales ha podido perfeccionarse gracias a una coordinación a escala europea.
Para luchar con mayor eficacia contra el fraude del que adolecía el régimen de tránsito, la Comisión presentó en 1997 "Un plan de acción para el tránsito en Europa"[25] y en 2001 estableció un marco reglamentario revisado, en el que se incluía, notablemente, la instauración de un nuevo sistema de tránsito informatizado (NSTI). A raíz del informe especial n° 11/2006 del Tribunal de Cuentas, la Comisión adoptó las medidas necesarias para poder acceder, a partir de 2007, a la información del NSTI relativa a los bienes más expuestos con fines de análisis del riesgo, al objeto de poder promover estrategias de controles físicos centrados en mercancías en tránsito.
La Comisión continuó mejorando, asimismo, el sistema "ConTraffic", gracias al cual puede tenerse una visión general de la circulación de mercancías en contenedores. Este sistema permite seguir el itinerario de un contenedor con el fin de poder identicar las entradas potencialmente sospechosas. Gracias a un nuevo programa Web, que empezó a funcionar en 2006, y a una base de datos que en estos momentos posee más de 220 millones de registros de 4,4 millones de contenedores, el sistema ha podido ser utilizado con éxito por las autoridades nacionales para luchar con mayor eficacia contra el fraude, en particular, en el marco de las operaciones aduaneras conjuntas realizadas en 2006.
En diciembre de 2006, la Comisión adoptó un reglamento[26] por el que se modifican determinadas disposiciones de aplicación del código aduanero comunitario. El Reglamento prevé la aplicación de criterios comunes de riesgo, ámbitos de control prioritarios y normas para la aplicación armonizada de los controles aduaneros en casos particulares.
2.2. Las bases de datos de exclusión, de alerta o de fiabilidad
2.2.1. A escala europea
En 2006, la Comisión examinó los sistemas de alerta y de exclusión[27], con el fin de administrar mejor ciertos riesgos ligados, en particular, al funcionamiento de los contratos públicos y proteger en mayor medida los intereses financieros comunitarios. En este contexto, la OLAF y Transparency Internacional (TI) organizaron una mesa redonda en enero de 2006 sobre los medios de proteger los intereses financieros de la UE mediante sistemas de exclusión[28].
El artículo 95 del Reglamento financiero, en su modificación de 2006, prevé la creación de una base de datos central, común a las instituciones, a las agencias ejecutivas y a los organismos contemplados en el artículo 185 del Reglamento financiero, de organizaciones excluidas de los contratos y subvenciones financiados por el presupuesto comunitario. Esta base de datos contendrá toda la información pertinente sobre las entidades condenadas por fraude o corrupción en los Estados miembros y en terceros países que participan en la ejecución de programas de la UE. Dicha base de datos será abastecida con la información procedente de socios y podrá ser consultada también por las autoridades de los Estados miembros que participan en la ejecución del presupuesto comunitario[29].
La Comisión ya dispone de una base de datos interna de alerta precoz (EWS - Early Warning System ), que contiene información sobre los fondos administrados directamente por la Comisión, conforme a las normas sobre protección de datos personales.
La Comisión tiene a su cargo también una base de datos, abastecida por los Estados miembros, en la que figuran los operadores económicos que suponen algún riesgo en el ámbito específico de la Sección de Garantía del FEOGA. En el segundo informe sobre la aplicación del reglamento que establece este sistema[30], la Comisión recoge los problemas encontrados en la aplicación del reglamento como, por ejemplo, el número limitado de irregularidades declaradas, los problemas de interpretación de conceptos jurídicos o, incluso, el temor de los Estados miembros a exponerse a demandas judiciales ante los tribunales nacionales por parte de los operadores registrados.
Junto a las bases de datos de exclusión, existen también bases de datos de beneficiarios dignos de confianza, que contribuyen a una mejor evaluación del riesgo. Así pues, el Reglamento por el que se modifican determinadas disposiciones de aplicación del código aduanero comunitario[31] prevé conceder la condición de operador económico autorizado a los operadores dignos de confianza, que cumplen determinados criterios y disfrutan de procedimientos simplificados previstos en la reglamentación aduanera o de facilidades en materia de controles aduaneros.
2.2.2. En los Estados miembros
Las dos directivas de 2004[32] sobre "contratos públicos" disponen que los Estados miembros están obligados a excluir a aquellos operadores económicos a quienes se hubiere condenado, en sentencia firme, por participación en una organización delictiva, por corrupción o fraude en detrimento de los intereses financieros de la CE o por blanqueo de capitales. Las directivas prevén, asimismo, la posibilidad de excluir a los operadores económicos que estén incursos en un procedimiento de quiebra, liquidación, cese de actividades o intervención judicial, a los que hayan sido condenados por un delito que afecte a su ética profesional, a los que hayan cometido una falta profesional grave y a los que no estén al corriente en el pago de las cuotas de la seguridad social o en el pago de impuestos.
En relación con la reciente evolución de los sistemas de alerta precoz y de exclusión (listas negras), se ha exhortado a los Estados miembros a informar de sus bases de datos de beneficiarios con riesgos (si disponen de tales bases) y a describir alguna de ellas con mayor detenimiento. Es importante destacar que el hecho de que la mitad de los Estados miembros[33] carezcan de tales bases de datos no significa que no dispongan de medidas o normas vigentes que permitan identificar a los beneficiarios con riesgos (véase apartado 2.1.1.).
Casi todas las bases de datos descritas tienen un objetivo de prevención (sistema de alerta precoz)[34]. El hecho de estar registrado en la base de datos supone, por ejemplo, la exigencia de garantías específicas o controles reforzados. Siete de estas bases de datos[35] tratan igualmente (o solamente) de sanciones , es decir, que el estar registrado en la base acarrea o puede acarrear, por ejemplo, la exclusión de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos o de concesión de subvenciones públicas durante un período determinado.
Todas las bases de datos contienen información sobre la persona jurídica responsable de la irregularidad de que se trate y la mayor parte de las bases también recoge información sobre las personas físicas implicadas (por ejemplo, la persona que cometió la irregularidad o el director de la empresa)[36]. Seis bases contienen igualmente información sobre las personas jurídicas vinculadas a la persona jurídica responsable de la irregularidad (sociedad de cartera, filial, etc.)[37].
Respecto de las bases de datos de fiscalidad [38], supone un motivo de registro en la base el hecho de que el beneficiario no esté al corriente en el pago de las contribuciones fiscales o de la seguridad social. Algunas bases registran también a beneficiarios endeudados[39], a los incursos en un procedimiento de sanción administrativa[40] o a los que se instó al pago de una sanción administrativa[41], a los perseguidos por infracción financiera[42] o a los declarados culpables de infracción financiera (en primera instancia o tras sentencia firme)[43]. En la mayoría de los casos, es la autoridad fiscal la que decide registrar a un beneficiario en la base de datos o suprimirlo de la misma[44].
Respecto de las bases de datos de contratación pública [45], en Austria se registra a los beneficiarios en la base, si se ven obligados a cumplir una sanción administrativa. En Alemania son inscritos en el registro de actos de corrupción los beneficiarios que han debido cumplir una sanción administrativa o que han sido declarados culpables de infracción financiera por sentencia firme. Parece que la base de datos más voluminosa es la base de datos de obras públicas en Italia, cuyo registro en la misma se produce en cada una de las situaciones previamente mencionadas. En la base de datos se registra también a los beneficiarios que no hayan respetado sus obligaciones en la concesión de una subvención o en la adjudicación de un contrato público.
El principal motivo por el que se registra a un beneficiario en las bases de datos de ayudas financieras [46] es el incumplimiento de las obligaciones en la concesión de una subvención[47]. Entre otros motivos, cabe destacar la existencia de diligencias judiciales en curso por infracción financiera[48] o de una condena definitiva por infracción financiera[49].
Los principales motivos que justifican la supresión de un beneficiario de la base de datos pueden ser: la expiración del plazo[50], un cambio con relación a la situación inicial[51] o la constatación, previa investigación, de la inexistencia de irregularidad[52]. En el caso de dos países, la supresión de la base de datos no es posible[53].
Por lo que se refiere al derecho a la defensa , en seis Estados miembros se informa a los beneficiarios de su registro en la base de datos[54]. A veces es posible recurrir esta decisión de registro[55]. Los procedimientos de apelación pueden ser administrativos[56] o judiciales[57].
La mayoría de las bases de datos están centralizadas [58]; el resto de bases se administra a escala local. Cuatro bases son accesibles a autoridades distintas de las que las administran[59]. En tres Estados miembros, la base de datos también es accesible a las autoridades de otros Estados miembros, de terceros países o de organizaciones internacionales que se ajustan a normas equivalentes en materia de protección de datos y solicitan este acceso[60]. Excepto en Suecia, las bases de datos no son accesibles al público.
Más de la mitad de los Estados miembros[61] indicó que debían atenerse a normas sobre la protección de datos de carácter personal , además de a disposiciones comunitarias en esta materia (por ejemplo, garantías constitucionales).
Los Estados miembros han mencionado varios problemas encontrados en la instauración o funcionamiento de las bases de datos; por ejemplo, base jurídica inadecuada[62], necesidad de justificar la existencia de una base de datos mediante un objetivo jurídico preciso[63], dudas en cuanto a los datos relativos a las personas físicas y jurídicas que podían ser introducidos en el sistema[64], problemas técnicos para conectar una base de datos con otras bases de datos[65], problemas de identificación de una sociedad cuando ésta modifica su forma jurídica[66] y búsqueda de toda la información disponible para hacer frente a la complejidad de la evaluación de riesgos[67]. Los problemas indicados son similares a los descritos en el segundo informe de la Comisión sobre la aplicación del reglamento que establece un sistema de identificación de operadores económicos que presentan un riesgo en el ámbito de la Sección de Garantía del FEOGA[68].
Existen igualmente medidas (instrumentos) aplicables a los beneficiarios dignos de confianza : como, por ejemplo,una base de datos específica sobre beneficiarios dignos de confianza ("lista blanca"), un sistema de certificación o una evaluación cualitativa de los resultados.
En Alemania (Berlín), las empresas que han demostrado sus capacidades técnicas, su eficacia y su fiabilidad tienen la posibilidad de solicitar la inscripción en un registro de empresarios y proveedores en el sector de la construcción . Las empresas que hubieren cometido una infracción son suprimidas del registro durante un determinado período, pudiendo ser excluidas de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.
En Italia, toda empresa que ejecute contratos de obras públicas de cuantía superior a 150 000 euros debe estar en posesión de un certificado. Las empresas " cualificadas " son inscritas en un registro informatizado del Observatorio de obras públicas. En virtud de la legislación antimafia es necesario también un certificado (autorización).
Aunque de la panoplia de bases de datos presentada supra no pueda extraerse un modelo preponderante en los Estados miembros, los ejemplos proporcionados muestran las posibilidades existentes en este ámbito. Este inventario permite también a la Comisión examinar si hay que perfeccionar la política europea de alerta precoz y de lista negra y analizar de qué modo las normas y procedimientos pueden clarificarse y hacerse más transparentes.
2.3. En pro de una mayor transparencia en la gestión financiera a escala europea
A raíz de la iniciativa europea de transparencia [69], el nuevo artículo 30.3 del Reglamento financiero establece en adelante la transparencia en relación con los beneficiarios de fondos procedentes del presupuesto comunitario, con independencia del tipo de gestión de tales fondos. Los beneficiarios de los Fondos Estructurales serán objeto de una publicación anual a posteriori a partirde 2008. En el ámbito de la política agrícola común la citada publicación será efectiva, en materia de gastos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), a partir del ejercicio presupuestario 2008 y, en materia de gastos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), a partir del 1 de enero de 2007. Algunos Estados miembros[70] aplicaron ya el principio de transparencia con anterioridad a la reforma del Reglamento financiero. La Comisión tiene un portal Web central que remite a los sitios Web útiles de los Estados miembros[71]. La propia Comisión ha empezado a publicar información sobre los beneficiarios de los programas de cuya gestión se encarga directamente[72].
Al dar acceso a esta información financiera, se da la posibilidad al público de ejercer un control indirecto sobre la manera en que se gastan los fondos comunitarios, lo que contribuye a garantizar una mayor protección de los intereses financieros comunitarios.
2.4. Mejora de las normas relativas a la contabilidad y a los controles con el fin de obtener una declaración de fiabilidad positiva
La Comisión adoptó, en enero de 2006, un plan de acción para un marco de control interno integrado[73], teniendo en cuenta, en particular, el dictamen n° 2/2004[74] del Tribunal de Cuentas Europeo. Este plan de acción se inscribe en el objetivo de la Comisión Barroso de obtener del Parlamento una declaración de fiabilidad positiva sobre la ejecución presupuestaria.
En este contexto, el informe 2005 de la Comisión sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude[75] había reunido una serie de informaciones sobre los sistemas de certificación de una buena gestión del gasto público existentes en los Estados miembros.
Entre los acontecimientos importantes que se produjeron en 2006 figuran especialmente los que se citan a continuación[76].
El nuevo Reglamento del Consejo relativo a los Fondos Estructurales, adoptado en julio de 2006 para el período 2007-2013, así como el Reglamento (CE) n° 1290/2005[77] del Consejo, relativo a la financiación de la PAC, introducen una serie de mejoras destinadas a simplificar y clarificar las normas aplicables en esta materia, las cuales deberían dar una mayor fiabilidad en el buen uso de los fondos a la Comisión, al Tribunal de Cuentas Europeo y al Parlamento Europeo. Se ha introducido una evaluación de los elementos de control por parte de los Estados miembros, así como indicadores de legalidad y de irregularidad.
Se ha reforzado la supervisión de los organismos pagadores en la gestión compartida y se ha previsto un mecanismo de revisión regular tanto en el sector agrícola, como en el de los Fondos Estructurales.
Las autoridades del País de Gales y de Austria firmaron en 2006 un "contrato de confianza" con la Comisión. Este "contrato" es un acuerdo voluntario concluido entre la Comisión y las autoridades de un Estado miembro con el fin de garantizar la calidad de las auditorías de los programas en curso con cargo a los Fondos Estructurales hasta 2008. La conclusión de un contrato de esta naturaleza significa que la Comisión obtiene garantías del buen funcionamiento del sistema de gestión y control, de la estrategia de auditoría y de la calidad del informe de control anual. Están en una fase avanzada las negociaciones con otros Estados miembros para la conclusión de otros contratos de confianza.
Los Países Bajos adoptaron en 2006, de acuerdo con las propuestas del Parlamento Europeo y de la Comisión, una iniciativa para la presentación de una declaración de fiabilidad nacional a nivel político en relación con los fondos comunitarios. La Comisión considera que esta iniciativa podría abrir el camino a otras iniciativas análogas.
2.5. El programa Hércules de fomento de acciones para la protección de los intereses financieros comunitarios
El objetivo de este programa es contribuir a fomentar acciones en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la Comunidad[78]. En junio, la Comisión propuso prolongar y modificar el programa Hércules hasta finales de 2013[79].
En 2006, el programa permitió cofinanciar, mediante subvenciones, 11 proyectos en materia de formación, 5 seminarios, 1 estudio de derecho comparado en materia legislativa y 23 proyectos en materia de asistencia técnica.
La Comisión propuso aumentar en 44 millones de euros la dotación financiera de este programa en el período 2007-2013 (6 millones de euros en 2007), lo que permitirá financiar, particularmente, acciones de formación y adquisiciones de equipos, con el fin de combatir el contrabando de cigarrillos en el marco del acuerdo de cooperación firmado con el fabricante de cigarrillos Philip Morris International.
3.1. Detección del fraude: mecanismos de alerta a través de informadores internos (denuncia de irregularidades)
Los funcionarios y otros agentes de una administración son las personas que están en la mejor posición para conocer los riesgos y, en consecuencia, prevenir y combatir el fraude. La condición de informador interno ha evolucionado considerablemente en los últimos años en algunos Estados miembros, así como en la Unión Europea y en distintas organizaciones internacionales.
3.1.1. Instituciones europeas
En 1999, las instituciones europeas instauraron un mecanismo que obligaba a todo funcionario o agente a señalar sin demora las supuestas acciones reprensibles de las que tuviera conocimiento a su jefe de servicio o a su Director General o, si lo consideraba conveniente, al Secretario General de la Comisión o a la OLAF directamente[80].
En 2004, se introdujo un nuevo artículo en el Estatuto de los funcionarios y en el régimen aplicable a los otros agentes de la UE. El artículo 22 bis del Estatuto recoge la obligación prevista en la Decisión de 1999[81].
El Estatuto prevé, además, la protección del informador. Establece, en particular, que "el funcionario que haya comunicado la información […] no sufrirá perjuicio alguno, siempre que haya actuado de buena fe".
En el marco de sus acciones relativas a la ética de los funcionarios y agentes de la UE, la Comisión ha formado también al personal para que cumpla correctamente con su obligación de transmitir la información sobre los fraudes u otras irregularidades que puedan detectarse.
En 2006, la OLAF no llevó a cabo ninguna investigación derivada de la información recibida directamente de un informador interno.
3.1.2. Países de la UE
Los Estados miembros declararon en sus respectivas contribuciones al presente informe que habían adoptado disposiciones legales o prácticas, según las cuales todo funcionario o agente de la Administración pública tenía el derecho o la obligación de transmitir la información descubierta en el ejercicio de sus funciones, si sospechaba que en la organización donde trabaja había podido cometerse una irregularidad, un fraude, un acto de corrupción o una malversación. Estas disposiciones o prácticas contribuyen a la protección de los fondos públicos, incluidos los fondos comunitarios.
En la mayoría de los Estados miembros[82], se trata en primer lugar de disposiciones de derecho penal, las cuales obligan a todo funcionario a denunciar las infracciones constatadas en el ejercicio de sus funciones. A estas disposiciones se añaden a menudo[83] otras disposiciones previstas en códigos de conducta, circulares y manuales en los que se establecen las normas de desarrollo de este deber de información. En once Estados miembros[84], la obligación de informar a las autoridades de actos irregulares constatados o supuestos no está prevista por el derecho penal, sino solamente en instrumentos de derecho administrativo.
La obligación de informar es, a menudo, muy general y se refiere a cualquier sospecha de irregularidad. En ciertas circunstancias, se limita a los casos más graves, en particular, a las infracciones penales. Un Estado miembro[85] indicó que la obligación de informar es mayor en el caso de las infracciones que van en detrimento de la Hacienda Pública y, en particular, de los intereses financieros de la UE.
En todos los sistemas excepto dos[86], en caso de que un agente tenga conocimiento de un hecho denunciable, la información deberá comunicarse en primer lugar al superior jerárquico directo (o a un superior jerárquico que no sea directo, si las circunstancias así lo justifican[87]). En su caso, el superior jerárquico trasladará la información a otras autoridades competentes. A veces, el agente podrá comunicar directamente los hechos a un servicio interno independiente, sin pasar por el superior jerárquico, como por ejemplo el Servicio de Auditoría Interna[88] o una autoridad interna de control[89]. En otros casos, se informa simultáneamente al superior jerárquico y a una autoridad externa: policía[90], ministerio fiscal[91], autoridades encargadas de gestionar fondos[92], autoridad externa de control[93], etc.
La comunicación de la información puede efectuarse por medios muy variados: por carta, teléfono, correo electrónico, fax. En un Estado miembro, el informador debe poder ser identificado en el momento de cumplir con su obligación de presentar una denuncia[94]. En dos Estados miembros, en cambio, la información puede ser anónima[95]. En cinco Estados miembros, la información debe transmitirse obligatoriamente por escrito[96]. Dos Estados miembros disponen de sistemas de comunicación por Internet[97] y otro Estado miembro de una dirección de correo electrónico específica para informadores[98]. Cinco Estados miembros ofrecen una línea de "teléfono verde"[99].
A menudo, el agente que descubre una irregularidad grave en su administración puede temer represalias por parte de las personas implicadas. Con el fin de reducir este temor y favorecer la transmisión de la información, distintas son las protecciones que pueden ofrecerse: protección contra el despido[100], irresponsabilidad por el perjuicio financiero causado por la denuncia[101], no divulgación de la identidad del informador[102], mantenimiento bajo la protección del Defensor previa petición[103]. El derecho laboral común también puede garantizar una determinada protección: justificación obligatoria de las decisiones que sean desfavorables a un empleado[104], obligación de la Administración de proteger a su personal contra toda forma de injusticia o violencia[105].
Cuando existe un procedimiento judicial en curso, el informador puede convertirse en testigo protegido según los términos previstos por la ley[106], en particular, cuando él mismo u otra persona corren un serio peligro. Un Estado miembro[107] indicó que el informador tiene derecho a ser informado, en un plazo razonable, de la tramitación dada a su comunicación, pudiendo recurrir a una autoridad independiente si tal tramitación no le satisface. Además de haber actuado razonablemente y de buena fe, algunos ordenamientos jurídicos exigen condiciones suplementarias para conceder la protección, por ejemplo, que haya estado expuesto a sufrir un perjuicio por haber denunciado la irregularidad[108].
3.2. Reforma de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
La OLAF, creada en 1999 con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión Europea y la reputación de las instituciones europeas, fue reestructurada en 2006 sobre la base de la experiencia adquirida durante los primeros años de funcionamiento, con el fin de lograr una mayor eficacia.
La Comisión adoptó en mayo de 2006 una propuesta de reglamentos que modificaban los reglamentos relativos a las investigaciones efectuadas por la OLAF[109], que viene a sustituir a una propuesta de febrero de 2004[110]. Esta nueva propuesta, cuyo objetivo es mejorar la gobernanza y eficacia de la Oficina y los derechos procesales, tiene en cuenta las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. La propuesta se ha transmitido, para examen, al Parlamento y al Consejo en el marco del procedimiento de codecisión.
3.3. Ampliación de la asistencia mutua
En una propuesta de modificación del reglamento relativo a la asistencia mutua en materia agrícola y aduanera[111], adoptada por la Comisión en diciembre de 2006, se propone ampliar el sistema de información aduanera[112], de modo que pueda utilizarse en los sistemas nacionales de análisis de riesgos a los efectos de dar orientaciones sobre el control de las mercancías y sobre las acciones de coordinación comunitarias. Es un sector en el que hay no hay más remedio que innovar o introducir en todo momento mejoras de los instrumentos, si no se quiere que aumente la delincuencia. La propuesta tiene por objeto reforzar la cooperación operativa en el ámbito aduanero y garantizar un nexo entre las autoridades aduaneras, las organizaciones regionales e internacionales (Interpol, OMA[113], Europol, etc.) y los órganos y agencias de la Unión Europea. En ella se prevé crear un fichero de identificación de los expedientes de investigaciones aduaneras[114] y una base central de datos europea dimanantes de los principales prestadores de servicios en el sector del transporte internacional de mercancías, en particular, por contenedores[115]. Por último, la propuesta establece la base jurídica para la gestión de una infraestructura permanente de coordinación de las operaciones aduaneras conjuntas de vigilancia, lo que permite acoger en la OLAF a representantes o a oficiales de enlace de los Estados miembros durante la fase operativa.
Una propuesta modificada, adoptada en septiembre de 2006[116], tiene por objeto establecer un nuevo marco de asistencia mutua, más completo y pluridisciplinar, para proteger los intereses financieros de la Comunidad contra el fraude y toda actividad ilegal. Para ello, los Estados miembros y la Comisión trabajan en cooperación, coordinan sus actividades, se prestan asistencia mutua e intercambian información, todo ello con el fin de permitir investigaciones rápidas y una acción apropiada. Esta propuesta no tiene por objeto conferir competencias de investigación propias de la Comisión, sino ofrecer a los Estados miembros asistencia (plataforma de servicios) en casos de fraude transfronterizo, como el fraude del IVA denominado "carrusel". La propuesta pretende optimizar la utilización de la información disponible, utilizando por ejemplo la información financiera del sector contra el blanqueo de capitales, al objeto de luchar contra el fraude en detrimento de los intereses financieros comunitarios.
3.4. Lucha contra el contrabando y la falsificación de cigarrillos
En 2006, otros seis Estados miembros[117] se adhirieron al Acuerdo firmado en 2004 entre la Comisión, diez Estados miembros[118] y el fabricante de cigarrillos Philip Morris International (PMI), de modo que a finales de diciembre de 2006 se elevaba a venticuatro el número de Estados miembros que eran Partes en el Acuerdo[119]. Hasta ahora, el único Estado miembro que no se ha adherido el Acuerdo es el Reino Unido. El Acuerdo prevé un sistema eficaz de lucha contra el contrabando y la falsificación de cigarrillos. Mejora el intercambio de información entre las Partes en lo referente a la incautación de cigarrillos de contrabando o falsificados (con la marca Philip Morris), así como los contactos regulares respecto de las operaciones contempladas en el Acuerdo.
Entre los principales elementos del Acuerdo figuran también los Protocolos de control y de seguimiento de la colaboración entre la OLAF y los Estados miembros, por una parte, y PMI, por otra. Esta cooperación implica el "seguimiento y [la] localización" de cigarrillos, con el fin de determinar el punto en el que éstos han abandonado la cadena de suministro legal para caer en manos de los contrabandistas.
En el marco de este Acuerdo, la Comunidad Europea y los diez Estados miembros que eran Partes en el Acuerdo en julio de 2004 recibirán 1.000 millones de dólares en un período de doce años. Entre la firma del Acuerdo y finales de 2006 PMI entregó cerca de 425 millones de dólares. En octubre de 2006, los diez Estados miembros signatarios en origen y la Comisión, en nombre de la CE, se pusieron de acuerdo sobre el reparto de los 1.000 millones de dólares. El presupuesto comunitario recibe un 9,70% del importe recibido y los presupuestos de los Estados miembros el resto.
3.5. Protección del euro
La Comisión sigue coordinando los esfuerzos de los Estados miembros por proteger el euro de la falsificación, en estrecha cooperación con Europol y el Banco Central Europeo.
La OLAF administra también el programa de acción Pericles en materia de intercambios, asistencia y formación, cuyo objetivo es proteger el euro contra la falsa acuñación de moneda[120]. Mediante este programa se cofinancian proyectos transnacionales y pluridisciplinares destinados a concienciar al personal interesado en la dimensión comunitaria del euro, a aproximar las estructuras y al personal concernidos y a desarrollar un clima de confianza mutua, a conseguir la convergencia de la acción formativa de los formadores a un elevado nivel y a vulgarizar conocimientos generales, en particular por lo que se refiere a la legislación y a los instrumentos comunitarios e internacionales pertinentes. En 2006, se pusieron en marcha doce proyectos, nueve de los cuales fueron propuestos por las autoridades competentes de los Estados miembros y tres por la Comisión/OLAF.
Visto su éxito, este programa se prolongó hasta a finales de 2013[121].
3.6. Medidas adoptadas por algunos Estados miembros en 2006
Varios Estados miembros indicaron que habían adoptado en 2006 nuevas leyes para luchar contra el fraude en materia de IVA. En Dinamarca, se aplican normas más severas para la ejecución de las garantías y la liquidación de las empresas implicadas en fraudes de tipo "carrusel". Una ley italiana agrava las sanciones penales en caso de fraude en materia de IVA. En Eslovenia, puede pronunciarse la sanción de anular el número de identificación del IVA contra un operador desaparecido (operador carrusel). Una nueva ley portuguesa prevé una serie de medidas para luchar contra el fraude del IVA en materia de residuos. Varios Estados miembros indicaron que habían adoptado medidas para reforzar la responsabilidad solidaria en caso de impago del IVA[122].
El Gobierno checo adoptó una resolución sobre la estrategia contra la corrupción para el período 2006-2011.
Algunos Estados miembros indicaron que habían concluido en 2006 acuerdos bilaterales de asistencia mutua en materia aduanera con otros Estados miembros o con terceros países[123].
4. RECAUDACIÓN
4.1.1. El cometido del Grupo de trabajo recaudación
En 2002, la Comisión anunció la creación de un "grupo de trabajo recaudación" (GTR) que analizase el importante atraso de los expedientes de recaudación en el ámbito del FEOGA-Garantía.
El GTR conjunto de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural y de la OLAF se encargaba de 463 expedientes que rebasaban los 500 000 euros cada uno y de 3 227 expedientes de un importe inferior a 500 000 euros cada uno, como consecuencia de una irregularidad notificada a la Comisión antes de 1999. Se resume a continuación la situación de los trabajos del GTR a 31 de diciembre de 2006.
a) Expedientes de un importe superior a 500 000 euros cada uno.
El 3 de octubre de 2006, la Comisión adoptó una primera Decisión formal[124] referente a la responsabilidad financiera en 349 casos de falta de recaudación por un importe total de unos 895 millones de euros. Esta Decisión archivó los siguientes expedientes de la lista de deudores:
- 41 casos, de un importe total de 176 millones de euros, imputados al presupuesto comunitario, dado que los Estados miembros habían adoptado todas las medidas necesarias y, por lo tanto, no eran responsables de la falta de recaudación;
- 164 casos, por un importe total de 317 millones de euros, imputados a los Estados miembros por su negligencia en el procedimiento de recaudación;
- 144 casos, por un importe total de unos 402 millones de euros, fueron suprimidos de la lista de deudores, ya que los expedientes se habían archivados o existían por duplicado.
De los 114 casos restantes debe efectuarse aún la liquidación.
- En 59 casos, por un importe de 111,9 millones de euros, la Comisión constató que los Estados miembros en cuestión fueron diligentes en la tramitación del procedimiento de recaudación, la cual estaba aún en curso.
- En 55 casos, por un importe total de 128,6 millones de euros, estaba efectuándose aún el procedimiento de liquidación de cuentas, el cual deberá finalizar probablemente en 2007.
Además, el 13 de octubre de 2006, la Comisión adoptó una Decisión[125] referente a un importe de 6 653 487 euros correspondientes a 50 casos que afectaban a Bélgica, Alemania, Irlanda, Francia, los Países Bajos, Portugal y el Reino Unido. Esta cantidad se ha imputado al presupuesto comunitario, ya que los Estados miembros fueron diligentes en la recaudación.
b) Expedientes de un importe inferior a 500 000 euros cada uno.
El Reglamento (CE) 1290/2005 introdujo un mecanismo automático de liquidación de los pagos irregulares cuando la recaudación no se hubiere efectuado en el plazo de cuatro años a contar desde la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial o de ocho años, si la recaudación hubiere sido objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales. En este caso la incidencia financiera por la falta de recaudación se imputará en un 50% al Estado miembro en cuestión y en otro 50% al presupuesto comunitario.
Este nuevo mecanismo es aplicable desde el 16 de octubre de 2006 y cubre todos los casos de falta de recaudación pendientes en dicha fecha, incluidos los 114 casos antedichos y los casos notificados por los Estados miembros antes del 31 de diciembre de 1998 inferiores a 500 000 euros cada uno. Por consiguiente, todas las irregularidades de fecha anterior a 2003 (o 1999 si la recaudación había sido recurrida ante los órganos jurisdiccionales nacionales) cuyo importe no había sido recaudado aún a 16 de octubre de 2006 pudieron liquidarse en 2007 aplicando la norma de recuperación del 50%-50%. La Comisión aplicó esta norma por vez primera en la Decisión de liquidación de cuentas adoptada en abril de 2007[126].
4.1.2. Correcciones financieras
Además de la actividad de recaudación anteriormente mencionada, la Comisión excluyó asimismo de la financiación del FEOGA-Garantía algunos gastos de los organismos pagadores autorizados de los Estados miembros, debido a que no se atenían a las normas comunitarias. Al término de una serie de verificaciones y reuniones bilaterales con las autoridades competentes de trece Estados miembros, la Comisión excluyó de la financiación comunitaria, en tres Decisiones de 2006[127], unos 575,5 millones de euros de gastos.
La Comisión excluyó también de la financiación comunitaria más de medio millón de euros de gastos de las agencias SAPARD de dos países[128].
4.2. Fondos Estructurales
En el ámbito de los Fondos Estructurales, la recaudación de los importes indebidamente pagados a raíz de una irregularidad o un fraude es de la competencia de los Estados miembros. El reembolso de estos importes a la Comisión puede hacerse, en particular, reduciendo o suprimiendo la participación financiera, con la posibilidad de reasignar los fondos a otras operaciones.
Los programas cofinanciados por los Fondos Estructurales son plurianuales y funcionan sobre la base de pagos intermedios. La recaudación de las sumas indebidamente pagadas puede producirse antes o después del cierre del programa. El plazo para la presentación a la Comisión de la solicitud de pago final en el período de programación 1994-1999 fue el 31 de marzo de 2003. Durante este período, cerca de 1 000 programas, de un importe total de unos 159 000 millones de euros, fueron cofinanciados por la Comunidad[129]. Los servicios de la Comisión encargados de la ordenación de pagos y de la gestión (DG REGIO, EMPL, AGRI y FISH), asistidos por la OLAF, se encargan del seguimiento administrativo y financiero con el fin de cerrar estos programas. El seguimiento se basa, en particular, en las comunicaciones de irregularidades efectuadas por los Estados miembros al amparo del Reglamento (CE) n° 1681/94[130] y registradas en la base de datos ECR ( External Communications Registry – Registro de comunicaciones externas).
En relación con el período de programación 1994-1999, los Estados miembros notificaron 11 573 casos de irregularidades con una incidencia financiera de 1 452 millones de euros[131] con cargo a la contribución comunitaria.
Entre estos casos, la Comisión archivó definitivamente 5 488; el importe correspondiente de 600 millones de euros se tuvo en cuenta en el pago final. Por otra parte, en relación con 2 016 casos, de una incidencia financiera de 173 millones de euros, correspondientes al mismo periodo, los Estados miembros indicaron a la Comisión que habían finalizado a escala nacional los procedimientos administrativos y judiciales. Los servicios de la Comisión iniciaron las operaciones de reconciliación contable, con el fin de cerrar estos casos.
Por lo que se refiere al período de programación 2000-2006, los Estados miembros han notificado hasta el presente 8 733 casos de irregularidades con una incidencia financiera de cerca de 1 156 millones de euros con cargo a la contribución comunitaria.
Los Estados miembros indicaron a la Comisión que se habían incoado a escala nacional procedimientos administrativos o judiciales en 3 686 de estos casos y que se habían recuperado en torno a los 345 millones de euros.
En 2006, las correcciones financieras correspondientes al período de programación 1994-1999 y 2000-2006 ascendieron a 502 millones de euros y a 521 millones euros, respectivamente. Estas correcciones financieras se deben a las auditorías de la Comisión y del Tribunal de Cuentas, así como al procedimiento de cierre de los programas del período 1994-1999. Incluyen las decisiones formales de corrección financiera a raíz de la detección de una irregularidad; la liberación de créditos al cierre de un programa da lugar a la reducción de la financiación comunitaria, ya que el Estado miembro no ha declarado gastos subvencionables suficientes, y al reembolso de importes recuperados a raíz del resultado de procedimientos judiciales que estaban pendientes en el momento del cierre de los programas. Estos importes no incluyen las correcciones financieras que no generan recaudación, por ejemplo, las correcciones financieras efectuadas cuando un Estado miembro ha detectado una irregularidad o ha aceptado la corrección financiera propuesta por la Comisión, reasignándose el importe irregular a otro proyecto.
4.3. Recursos propios
Incumbe a los Estados miembros recuperar los importes constatados relativos a un caso de irregularidad registrado en el sistema OWNRES. A 30 de marzo de 2007, el porcentaje de recaudación de los casos notificados en 2006 era del 32% (aproximadamente 113 millones de euros).
Es posible que por distintas razones el importe constatado inicialmente no pueda ser recuperado en su totalidad, a pesar de los esfuerzos de los Estados miembros, por ejemplo, por ser incobrable a causa de la insolvencia del deudor o en caso de modificación por la existencia de nuevos datos o por un procedimiento judicial.
Cuando la falta de recuperación de una cantidad constatada no es imputable al Estado miembro, éste puede solicitar se suprima dicha cantidad irrecuperable de la contabilidad. En 2006, la Comisión rechazó la supresión solicitada por algunos Estados miembros en 59 casos, por un importe aproximado de 4,6 millones de euros, porque consideraba que la falta de recuperación era imputable a los Estados miembros.
Por otro lado, algunos Estados miembros fueron considerados responsables financieramente de un importe total aproximado de 33,4 millones de euros, por haber incumplido su deber de constatar deudas aduaneras.
4.4. Recaudación a raíz de una investigación de la OLAF
Cuando de las conclusiones de una investigación de la OLAF se desprenda que es probable que se hayan abonado irregularmente determinadas cantidades a un beneficiario o que no se hayan percibido determinados importes que habrían debido ingresarse, las autoridades responsables, generalmente las autoridades de los Estados miembros o de terceros países, deberán proceder a la recaudación de dichos importes. En 2006, el total de las cantidades recuperadas a raíz de una investigación de la OLAF rondaba los 114 millones de euros.
Cuadro 4: Recaudación a raíz de una investigación de la OLAF
Sector | Recaudación 2006 |
Aduanas | 0,1 |
Agricultura | 1,2 |
Fondos Estructurales | 17,2 |
Gastos directos | 93,1 |
Investigaciones internas | 2,2 |
Total | 113,8 |
4.5. Las legislaciones nacionales relativas a la recaudación de fondos comunitarios
En el informe anual anterior se recogía una descripción general de los procedimientos de recaudación existentes en los Estados miembros. Del examen de las contribuciones aportadas se colige que la recaudación por compensación, considerada en general como la anulación de los títulos de crédito y deudas recíprocas, es aplicable casi en todos los Estados miembros en materia de fondos públicos. La compensación constituye un medio eficacísimo para la recaudación de fondos públicos; de ahí que en el cuestionario de 2006 se pretendiese como objetivo aclarar determinados aspectos de este mecanismo.
En principio, todos los ordenamientos jurídicos contemplan la compensación entre deudas y títulos de crédito correspondientes al mismo fondo comunitario[132]. No sucede así, en cambio, cuando las deudas y los títulos de crédito corresponden a fondos comunitarios diferentes. En este caso, sólo la mitad de los Estados miembros indica que la compensación es posible[133].
Respecto de la Sección Garantía del FEOGA, la compensación entre deudas y títulos de crédito correspondientes a sectores agrícolas diferentes es posible en casi todos los ordenamientos jurídicos[134]. Por lo que se refiere a los Fondos Estructurales y al Fondo de Cohesión, la compensación queda restringida en general a un mismo programa. Sólo en diez Estados miembros[135] es posible la compensación entre programas diferentes. Del mismo modo, diez Estados miembros autorizan la compensación entre diferentes períodos de programación[136]. En cuatro Estados miembros, la compensación es posible, incluso cuando la recaudación y el pago no dependen del mismo organismo pagador[137].
En la mayoría de Estados miembros es posible efectuar la compensación entre una deuda comunitaria y un título de crédito nacional y viceversa[138].
Algunos Estados miembros disponen de estadísticas relativas a sus prácticas de recaudación, que comunicaron a la Comisión en el marco de este informe. Estas estadísticas ponen de manifiesto que algunos Estados miembros recurren regularmente a la compensación. Así, por ejemplo, durante los tres últimos años, la recaudación por compensación representó en Irlanda entre un 75% y un 90% del total de los fondos públicos recaudados en el ámbito agrícola; en Francia, entre un 73% y un 94% en el sector de las primas por animales; en Austria, alrededor del 90% en el ámbito agrícola; y en Suecia, más del 50% en el ámbito agrícola y entre un 21% y un 93% en el Fondo Social Europeo[139]. Estas cifras comprenden los fondos nacionales, pero una parte considerable corresponde a fondos comunitarios recuperados de este modo.
La compensación, ampliamente utilizada en algunos Estados miembros para la recaudación de fondos comunitarios, se aplica con mucha menor frecuencia en otros Estados miembros, aunque en éstos sea legalmente posible bajo determinadas condiciones. La Comisión no puede sino alentar el recurso a este instrumento sumamente eficaz en la recaudación de fondos comunitarios, siempre que ello sea posible. Para favorecer el recurso a la compensación, podría permitirse a los servicios encargados de la recaudación el acceso a bases de datos, en particular, las de otros organismos pagadores o bases de datos centrales, como sucede ya en algunos Estados miembros[140].[pic][pic][pic]
[1] "Aplicación del artículo 280 del Tratado CE en 2006 por los Estados miembros", SEC(2007) 930.
[2] "Evaluación estadística de las irregularidades", SEC(2007) 938.
[3] http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/anti-fraud_en.html.
[4] Este porcentaje se calcula basándose no en la contabilidad, sino en las previsiones de recursos propios tradicionales en el presupuesto general de 2006.
[5] Porcentaje de presuntos fraudes durante el período 2000-2006 en todos los fondos asignados durante este período.
[6] En materia de Fondos de Preadhesión se ha tenido en cuenta la prorrata del período 2000-2006.
[7] Se han actualizado las cifras publicadas en el informe 2005.
[8] En 2005, el número de casos de tránsito liquidados tardíamente fue de 2 313. En 2006, se contabilizaron 1 381casos.
[9] Las referencias exactas de los reglamentos mencionados en este capítulo están recogidas en el antedicho documento de trabajo de los servicios "Evaluación estadística de las irregularidades".
[10] Un gasto es "no subvencionable" en aquellos casos en que se efectúa sin respetar los criterios definidos por los Estados miembros o no se paga de conformidad con las normas comunitarias y nacionales aplicables en esta materia.
[11] Un gasto es "injustificado" en aquellos casos en que, aunque es subvencionable, no se presentan los documentos justificativos del gasto o los fondos se utilizan para fines distintos de los subvencionados.
[12] http://ec.europa.eu/comm/anti_fraud/reports/index_en.html.
[13] Comunicación relativa a un programa operativo para la realización de un marco de control interno integrado, COM(2005) 252.
[14] Comunicación a la Comisión de la Sra. Grybauskaité, de acuerdo con el Presidente y el Vicepresidente Kallas, para una gestión de riesgos eficaz y coherente en los servicios de la Comisión, SEC(2005) 1327.
[15] Se trata de normas establecidas desde hace varios años, pero que evolucionan. Así, por ejemplo, las autoridades españolas indicaron que una ley de 2006 sobre subvenciones introduce la posibilidad de infligir una sanción penal a una persona que, debiendo constituir una garantía, no lo hace.
[16] Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248/1 de 16.9.2002), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE, Euratom) n° 1995/2006 del Consejo, de 13 de diciembre de 2006 (DO L 390 de 30/12/2006).
[17] La República Checa, Dinamarca, Polonia, Finlandia y ReinoUnido.
[18] Contratos públicos: Irlanda, Países Bajos, Polonia y Reino Unido. Subvenciones y ayudas financieras (incluidos Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión, programas de preadhesión y del mecanismo transitorio): Bélgica, República Checa, Malta, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia. Agricultura: Irlanda, Francia y Luxemburgo.
[19] Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido.
[20] Alemania y Francia En Derecho maltés, las autoridades pueden exigir la constitución de una garantía por parte de una persona cuyo registro IVA puede crear un riesgo particular.
[21] República Checa, Dinamarca, Grecia, España, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Hungría, Austria, Polonia, Finlandia y Suecia. En Portugal, la ley presupuestaria 2006 prevé la publicación de los principales deudores del fisco.
[22] Dinamarca, Grecia (indirectamente), Francia, Lituania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido.
[23] Grecia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Austria, Polonia, Portugal y Finlandia.
[24] República Checa, Dinamarca, Grecia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Hungría, Austria, Polonia, Portugal y Finlandia.
[25] COM(97) 188 final, DO C 176 de 10.6.1997.
[26] Reglamento (CE) nº 1875/2006 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2006, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, por el que se establece el código aduanero comunitario (DO L 360 de 19.12.2006).
[27] Los sistemas de exclusión constituyen sistemas de sanción administrativa consistentes en excluir a un operador económico incurso en alguna de las situaciones previstas en la condiciones de exclusión de determinados procedimientos o ventajas como, por ejemplo, la participación en un contrato público o el beneficio de subvenciones. A los operadores excluidos se les incluye en una base de datos accesible a las autoridades competentes.
[28] A raíz de la reunión, Transparency International formuló una serie de recomendaciones para la mejora del sistema de exclusión en el seno de la Comisión y para la introducción de un sistema de exclusión administrado centralmente a escala europea para el conjunto de los gastos comunitarios, incluso para los fondos de gestión compartida.
[29] Esta base de datos se creará a más tardar el 1 de enero de 2009.
[30] Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del Reglamento n° 1469/95 ("lista negra"), COM(2005) 520; SEC(2005) 1333 de 20.10.2005.
[31] Véase nota a pie de página nº 26.
[32] Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, y Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, DO L134 de 30.4.2004.
[33] Bélgica, República Checa, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Hungría, Francia, Chipre, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Finlandia y Reino Unido.
[34] Dinamarca, Eslovenia y Eslovaquia (bases de datos fiscales); Alemania, Italia y Austria (bases de datos de contratos públicos); Lituania y Polonia (Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión).
[35] Alemania, Italia, Austria, Polonia, Eslovaquia y Suecia.
[36] Excepto en el caso de Polonia.
[37] Alemania, Italia, Lituania, Austria, Eslovaquia y Suecia.
[38] Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia.
[39] Eslovaquia y Suecia.
[40] Eslovenia y Eslovaquia.
[41] Dinamarca, Eslovenia y Eslovaquia.
[42] Eslovenia y Eslovaquia.
[43] Dinamarca y Eslovaquia.
[44] Dinamarca, Eslovenia y Suecia. En Eslovaquia, el registro y la supresión son automáticos.
[45] Alemania (Berlín), Italia y Austria.
[46] Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión: Lituania, Malta y Polonia; Agricultura: Letonia.
[47] Letonia, Lituania y Polonia.
[48] Polonia.
[49] Letonia.
[50] Dinamarca, Alemania, Austria, Eslovenia y Suecia.
[51] Alemania. Artículo 8, apartado 2, de la ley relativa al registro de corrupción.
[52] Polonia.
[53] Letonia y Lituania
[54] Dinamarca, Alemania, Italia, Letonia, Lituania y Suecia.
[55] Dinamarca, Alemania, Italia, Letonia y Suecia.
[56] Dinamarca, Italia y Letonia.
[57] Alemania y Suecia.
[58] Dinamarca, Alemania (centralización a nivel de los Estados Federados), Italia, Lituania, Malta, Austria, Polonia, Eslovenia y Suecia.
[59] Alemania, Malta, Austria y Suecia.
[60] Dinamarca (en casos excepcionales), Italia y Suecia.
[61] Alemania, Irlanda, Grecia, España, Italia, Letonia, Malta, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia.
[62] Eslovaquia.
[63] Austria.
[64] Lituania.
[65] Malta.
[66] Austria.
[67] Eslovaquia.
[68] Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del Reglamento n° 1469/95 ("lista negra"), COM(2005) 520; SEC(2005) 1333 de 20.10.2005.
[69] COM(2006) 194 final.
[70] En el caso de la política agrícola común, por ejemplo, en 2006 se puso a disposición del público información sobre los beneficiarios en Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Países Bajos, Portugal, España, Eslovenia, Suecia y Reino Unido.
[71] http://ec.europa.eu/grants/beneficiaries_fr.htm.
[72] http://ec.europa.eu/public_contracts/beneficiaries_en.htm.
[73] Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Tribunal de Cuentas: Plan de acción de la Comisión para un marco de control interno integrado, COM (2006) 9 y SEC(2006) 49. Por marco de control integrado se entiende los sistemas de vigilancia y control complementarios, suficientes para que exista garantía razonable de una gestión correcta del riesgo de error en todas las operaciones.
[74] Dictamen n° 2/2004 del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas sobre el modelo de control único (auditoría única), DO C 107 de 30.4.2004.
[75] COM(2006) 378 final.
[76] Véase también el primer informe sobre el avance del plan de acción, COM(2007) 86 final.
[77] Reglamento (CEE) nº 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (DO L 209 de 11.08.2005, p. 1).
[78] http://ec.europa/anti-fraud/programmes/index_fr.html.
[79] COM(2006) 339. En el momento de acabar la redacción de este informe, la propuesta no había sido aprobada aún por el Consejo y el Parlamento.
[80] Apartado 2 del Acuerdo interinstitucional de 25 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión sobre las investigaciones internas efectuadas por la OLAF (DO L 136 de 31.5.1999, p.15).
[81] "Cuando, en el desempeño o con ocasión del ejercicio de sus funciones, el funcionario tenga conocimiento de hechos que lleven a presumir que existe una posible actividad ilegal, y en particular fraude o corrupción, perjudicial para los intereses de las Comunidades, o que una conducta relacionada con el ejercicio de tareas profesionales puede constituir un incumplimiento grave de las obligaciones de los funcionarios de las Comunidades, informará de inmediato a su superior jerárquico o a su Director General o, si lo juzga oportuno, al Secretario General o personas de rango equivalente o, directamente, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude".
[82] Bélgica, República Checa (en donde la normativa laboral contiene también disposiciones), Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia.
[83] Bélgica, Estonia, España, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.
[84] Dinamarca, Alemania, Irlanda, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Finlandia, Suecia y Reino Unido.
[85] España.
[86] Grecia y Suecia.
[87] Letonia, Países Bajos y Eslovenia.
[88] Bélgica (Región flamenca), Irlanda (en el ámbito de la agricultura) y Malta. En Suecia, el agente del Tribunal Supremo de Auditoría debe rendir cuentas obligatoriamente a la unidad de auditoría interna.
[89] Dinamarca, Lituania ("el inspector de irregularidades"), Hungría ("la persona encargada de las irregularidades en la organización"), Austria (un funcionario encargado de la lucha contra la corrupción).
[90] Dinamarca e Italia.
[91] Francia, Italia y Eslovaquia. En Grecia el funcionario que constate una infracción deberá denunciarlo directamente al ministerio fiscal.
[92] Letonia, Malta y Polonia.
[93] Países Bajos y Portugal (autoridad disciplinaria).
[94] Bélgica.
[95] Alemania y Eslovenia.
[96] Grecia, Italia, Chipre, Luxemburgo y Malta.
[97] Lituania (para los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión). En Alemania, un sistema de esta naturaleza existe en Baja Sajonia y Hannover, previéndose la introducción de un sistema de este tipo a escala nacional.
[98] Polonia.
[99] República Checa, Letonia, Austria, Portugal y Reino Unido.
[100] España e Irlanda
[101] Irlanda.
[102] Irlanda y Finlandia.
[103] Bélgica (Comunidad flamenca).
[104] Dinamarca y Letonia.
[105] Francia y Austria.
[106] República Checa, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia.
[107] Países Bajos.
[108] Letonia y Austria.
[109] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1073/1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), COM(2006) 244 final.
[110] COM(2004) 103 y 104.
[111] COM(2006) 866 en la que se propone la modificación del Reglamento (CE) n° 515/97 del Consejo relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria, DO L 82 de 22.3.1997.
[112] SIA – Sistema de información aduanera.
[113] Organización Mundial de Aduanas.
[114] FIDE - Base de datos de identificación de expedientes aduaneros.
[115] EE.UU. Sistema de selección de contenedores.
[116] COM(2006) 473.
[117] Chipre, República Checa, Estonia, Letonia, Hungría y Suecia.
[118] Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Finlandia.
[119] Con Rumanía y Bulgaria, que se adhirieron al Acuerdo en marzo de 2007, este número pasó a veintiseis.
[120] http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/pericles/index_en.html.
[121] Decisión 849/2006 del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se modifica y amplia la Decisión 2001/923/CE, por la que se establece un programa de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa Pericles).
[122] Bélgica y Dinamarca, en relación con la responsabilidad de los directores de empresa; España, en relación con la responsabilidad solidaria de las agrupaciones de empresas.
[123] Bélgica firmó acuerdos con Bielorrusia y el Congo; Portugal, con España; Eslovaquia, con Eslovenia, Albania e Israel.
[124] Decisión 2006/678/CE de la Comisión, de 3 de octubre de 2006 (DO L 278 de 10.10.2006, p. 24).
[125] C(2006) 4801.
[126] Decisión nº 2007/327/CE de la Comisión, de 27 de abril de 2007 (DO L 122 de 11.5.2007).
[127] Decisiones 2006/334/CE, 2006/554/CE y 2006/932/CE, DO L 124 de 11.5.2006, L 218 del 9.8.2006 y L 355 de 15.12.2006.
[128] Decisiones de la Comisión C(2005) 3702 y de C(2006) 2405, no publicadas en el DO.
[129] Se trata de programas plurianuales. Esta cifra no incluye los proyectos directos financiados en el marco de los Fondos Estructurales, ni los proyectos cofinanciados por el Fondo de Cohesión.
[130] DO L 178 de 12.7.1994.
[131] Según datos de la base ECR a 18.5.2007.
[132] Algunos Estados miembros indican, sin embargo, que la compensación se limita al sector agrícola: República Checa, Grecia, Luxemburgo, Hungría y Malta.
[133] Bélgica (Gobierno flamenco), Dinamarca, Alemania, Irlanda (entre las dos secciones del FEOGA, pero no utilizada en la práctica), España, Francia (entre las dos secciones del FEOGA), Italia, Países Bajos, Polonia (cuando la gestión depende del mismo organismo), Portugal, Eslovaquia y Suecia.
[134] Salvo Estonia, Malta y Eslovenia. En Austria, la compensación es posible, pero solamente si el organismo pagador es el mismo.
[135] Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, España, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Reino Unido.
[136] Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, España, Italia, Países Bajos, Polonia, Finlandia y Reino Unido.
[137] Bélgica (Región flamenca), Dinamarca, Alemania e Italia.
[138] Esto no es posible en Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y Reino Unido. En algunos Estados miembros, este tipo de compensación se limita al ámbito agrícola. En Eslovenia y Eslovaquia es posible compensar un importe adeudado al presupuesto comunitario con un título de crédito del presupuesto nacional, pero no al revés.
[139] Para el conjunto de estadísticas notificadas por los Estados miembros, véase SEC(2007) 930.
[140] Bélgica (Región valona), República Checa, Dinamarca, Estonia, Grecia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Suecia y Reino Unido.