Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/resolucion-30-abril-2019-783339645
Timestamp: 2020-08-14 05:13:24
Document Index: 179386095

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 326', 'artículo 53', 'artículo 68', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 34', 'artículo 51', 'artículo 395', 'artículo 399', 'artículo 1522']

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Bilbao n.º 6, por la que suspende parcialmente la inscripción de una escritura de donación de la participación indivisa de una finca y la atribución del uso exclusivo de un trastero perteneciente a la citada finca a una de las condueñas de la misma, en cuanto a dicha atribución de uso. - Doctrina Administrativa - VLEX 783339645
CONSENTIMIENTO CAUSAL: aplicación del principio en un caso de atribución de uso exclusivo de un trastero por los condueños de la cuota restante aún no transmitida con asignación concreta.
Calificado, conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley Hipotecaria el precedente documento, autorizado el día veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, ante el Notario de Bilbao Fernando Varela Uría, con el número de protocolo 2609, que fue presentado por vía telemática el día veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, bajo el asiento 2019 del Diario 75, y aportada carta de pago del Impuesto correspondiente el día once de diciembre de dos mil dieciocho; se suspende el despacho de la misma, y se notifica la calificación desestimatoria de la presente (artículos 58 y 59 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común; artículo 19 bis de la Ley y del R.D. 1039 de 1 de agosto de 2003), por haberse observado, conforme a los hechos y fundamentos de derecho que expongo, los siguientes defectos que se consideraran subsanables:
Que la finca 32537/B de Begoña, se describe en su inscripción 2.ª, obrante al folio 166 del Libro 1536 de Begoña, como sigue: Urbana: elemento número tres. Local del sótano, situado bajo la planta primera de sótanos. Tiene una superficie aproximada de trescientos ochenta metros cuadrados. Linda: Norte, por donde tiene su entrada, terreno de don F. F. M., dejado para servidumbre de paso de los sótanos, Sur, casa número (…) provisional de la calle (…), Este, terreno bajo la calle de (…) y Oeste, por donde tiene otra entrada, terreno propiedad de don F. F. M. Tiene asignado el número Fijo Catastral N9744658E. Participa con seis enteros y setenta y cinco centésimas de entero por ciento en los elementos comunes de la casa señalada con el número (…), hoy (…) de la calle (…), de esta villa, descrita en la inscripción 3.ª de la finca matriz 16982-A, al folio 46 del Libro 263 de Begoña
Bilbao, dos de enero de dos mil diecinueve.–Este documento ha sido firmado digitalmente por la registradora: doña Begoña Beitia Bastida con firma electrónica reconocida.
El principio de autonomía de la voluntad las legitima para atribuir ese uso exclusivo y excluyente, independientemente de que la participación de la que es dueña doña M. M. se identifique como el 4,233% o como o un tercio del 12,70%.
Como cuestión previa, hay que señalar que en su informe preceptivo la registradora informa de que mediante escritura, autorizada por el mismo notario recurrente, de fecha 21 de enero de 2019, es decir, con posterioridad a la calificación ahora impugnada y antes de la interposición del recurso, las dos cotitulares registrales de la referida participación indivisa del 12,70%, de forma conjunta, transmiten una participación indivisa del 4,2334 % del mismo local, con derecho al uso y utilización con carácter exclusivo y excluyente del trastero señalado con el número 26, es decir, el mismo que es objeto de la escritura cuya calificación desfavorable da lugar a la presente. Sin prejuzgar ahora el alcance material de esta circunstancia, la misma no podrá ser objeto de consideración en la presente Resolución de conformidad con lo previsto en el artículo 326 de la Ley Hipotecaria al disponer que «el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma». Siendo la citada escritura de compraventa un título otorgado y presentado en el Registro con posterioridad a la emisión de la calificación recurrida y, por tanto, no habiendo podido ser analizada por el registrador para efectuar la calificación recurrida, tampoco puede ser tenida en cuenta para la resolución del recurso, según reiteradísima doctrina de este Centro Directivo (vid., por todas, la Resolución de 31 de octubre de 2018), ya que éste tiene como objeto valorar la procedencia de la calificación teniendo en cuenta los elementos de que dispuso el registrador para emitirla.
Entrando en el examen del fondo del recurso, a fin de precisar el supuesto de hecho a que se refiere este recurso interesa señalar que, según se desprende de la documentación obrante en el expediente, por un lado, las cuotas indivisas concretadas en trasteros ya transmitidas constan inscritas con señalamiento de un número de trastero con especificación de la superficie atribuida y sus linderos, pero, por otro lado, diversamente los trasteros pendientes de transmitir correspondientes al porcentaje del 12,70% del local (en concreto los números 5, 8, 16, 24 y 26), que conservan en pro indiviso las propietarias originales del local, no tienen asignada una cuota de participación separada o individualizada, ni consta la descripción individualizada de tales trasteros en el título calificado ni en otro anterior, ni consta su inscripción en folio independiente. Sí consta incorporado al título un plano si bien, conforme a la doctrina de este Centro Directivo (vid., por todas, la reciente Resolución de 13 de marzo de 2019), la descripción de las plazas de aparcamiento y/o trasteros transmitidos, con los datos concretos de su concreta superficie y linderos, debe constar en el título inscribible, sin que pueda suplirse dicha descripción por meros planos, sin perjuicio de su eventual valor complementario o auxiliar (obsérvese que la «descripción pormenorizada» de las plazas de aparcamiento exigida por el artículo 53.b) de las normas complementarias al Reglamento Hipotecario en materia urbanística, aprobado por del Real Decreto 1093/1997, «deberá incluirse en el título», según este mismo precepto, sin que en el mismo figure la posibilidad que admitía el párrafo tercero del artículo 68 del Reglamento Hipotecario, en su redacción dada por Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, de hacer la descripción de los elementos a que se refería exclusivamente «con referencia a un plano, cuya copia testimoniada se archivará en el Registro», párrafo que fue anulado por la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala tercera, de 31 de enero de 2001).
De lo anterior resulta la trascendencia que tiene la delimitación física del objeto a que se refiere la atribución de uso exclusivo. Esa delimitación va a transformar la comunidad ordinaria preexistente en una comunidad especial con asignación de uso de plazas de aparcamiento o trasteros determinados, comunidad de carácter funcional, por razón de su destino, en la que queda excluida la «actio communi dividundo» y el derecho de retracto (cfr. Resolución de 27 de mayo de 1983), y que como tal comunidad o subcomunidad participa de algunas de las características propias de la propiedad horizontal, en cuanto integrada por elementos comunes (zonas accesos, rodamiento, etc.) y otros privativos, susceptibles de un aprovechamiento separado e independiente (cfr. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala primera, de 24 de diciembre de 1990).
Ciertamente, como recordaba la Resolución de este Centro Directivo de 16 de enero de 2013, uno de los principios fundamentales de nuestro sistema hipotecario es el que puede denominarse principio de consentimiento causal, según el cual y a diferencia del sistema alemán, es requisito de inscripción de cualquier desplazamiento patrimonial que exista causa de la transmisión y que sea verdadera y lícita, y además, que esté correctamente expresada en el título, sin imprecisiones, contradicciones ni ambigüedades, pues el registrador debe calificar la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas por lo que resulte de éstas y de los asientos del Registro (cfr. artículo 18.1.º de la Ley Hipotecaria), estando los asientos bajo la salvaguardia de los tribunales (artículo 1.3.º de la Ley Hipotecaria) y teniendo los mismos la presunción de exactitud, de existencia y pertenencia del derecho inscrito en la forma determinada por el asiento respectivo (artículo 38 de la Ley Hipotecaria), siendo diferentes los efectos de la inscripción según la clase de causa del negocio (cfr. artículo 34 de la Ley Hipotecaria). Por todo ello, debe expresarse en el acta de inscripción «el título genérico de la adquisición» (artículo 51, regla décima, del Reglamento Hipotecario), es decir, la causa de la misma.
En el escrito de recurso el recurrente, afirmando que dicha causa negocial no pude ser la propia de una disolución del condominio por no implicar la referida atribución del derecho de uso sobre el trastero número 26 la extinción total de la comunidad, afirma que la causa del negocio jurídico de dicha atribución patrimonial realizado es «la organización de la propiedad de forma que se concrete en el uso de un espacio definido y le quede excluido el uso del resto del local».
Es cierto que esta Dirección General (vid. Resolución de 11 de noviembre de 2011), ha afirmado el carácter atípico, no regulado legalmente, de la «extinción parcial» de comunidad, negando su asimilación indiferenciada con la figura de la «extinción total». Así afirma dicha Resolución que «el Código Civil sólo regula en rigor la extinción total de la comunidad. El pretendido negocio de «extinción parcial» de comunidad no aparece tipificado legalmente y no presenta ninguna semejanza que genere identidad de razón con el de extinción total, por lo que no puede pretenderse la aplicación analógica a aquella del régimen jurídico de ésta. Sólo se podría invocar una especialidad legal para los supuestos de reducción del número de comuneros en el supuesto de que uno de ellos no quiera contribuir a los gastos de conservación de la cosa común, renunciando a la participación que le corresponde (cfr. artículo 395 del Código Civil), especialidad que, empero, no autoriza a hablar con propiedad de extinción parcial de la comunidad. La terminología de «extinción parcial» de comunidad o condominio ha sido recogida por la literatura jurídica fiscal, en orden a determinar la posible apreciación o no de la no sujeción al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales por el exceso de adjudicación, pero referida a un supuesto distinto del ahora contemplado, en concreto, en relación con los casos de salida de uno de los cotitulares de la comunidad compensando todos los demás al saliente en dinero (cfr. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 7 de julio de 2006, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 22 de septiembre de 2006, Consultas de la Dirección General de Tributos de 23 de marzo y 4 de abril de 2006, y 4 de mayo de 2007). Cada comunero puede enajenar y gravar su cuota libremente (cfr. artículo 399 del Código Civil) a un extraño o a otro de los comuneros, con la singularidad en este último caso de que el resto de los comuneros no podrán ejercitar el derecho de retracto que prescribe el artículo 1522 del Código Civil».
En el presente caso hay una extinción total de la comunidad en cuanto al trastero número 26, cuyo uso queda atribuido de forma exclusiva a una de las dos cotitulares que compartían en régimen de comunidad ordinaria la participación de un 12,70% (en las proporciones de un tercio y dos tercios respectivamente), y paralelamente la misma cotitular a la que se atribuye dicho derecho de uso exclusivo queda excluida del que corresponderá a la otra cotitular sobre el resto de trasteros (5, 8, 16 y 24) que quedaban pendientes de configurar como fincas independientes. Y ello sin que en el título calificado se especifiquen el título causal que justifique dichos desplazamientos patrimoniales en los términos señalados por la citada Resolución de 11 de noviembre de 2011 y en las por ella citadas («la extinción o disolución de la comunidad ordinaria en nuestro Derecho puede tener lugar, bien por la división de la cosa común, bien por la reunión de todas las cuotas en una sola persona (comunero o no) en virtud de los correspondientes desplazamientos patrimoniales por cualquier título de adquisición, incluyendo la renuncia de los demás comuneros que dé lugar al acrecimiento de la porción del cotitular beneficiario (cfr. Resolución de 2 de febrero de 1960)».