Source: http://valcap.es/html/Nuestro%20boletin/nr40/7.htm
Timestamp: 2017-11-19 06:34:24
Document Index: 146760001

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 1692', 'artículo 1281', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 9', 'artículo 1692', 'artículo 1281', 'artículo 8', 'artículo 1255', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 90', 'artículo 91', 'artículo 20', 'artículo 91', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 26', 'artículo 79', 'artículo 16', 'artículo 1692', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 1692', 'artículo 9', 'artículo 396']

UNA NOVEDAD EN LAS DECLARACIONES DE OBRA TERMINADA
En la nueva Ley de Suelo 8/2007 de 28 de mayo ya que no basta el certificado final de obra y el certificado del técnico competente, sino que se exige además la acreditación de que se han cumplido todos los requisitos necesarios para la entrega a los usuarios y obtenido las autorizaciones administrativas precisas, en definitiva la licencia de primera ocupación y la cédula de habitabilidad. El artículo 19 indica: Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción, los notarios exigirán, para su testimonio, la aportación del acto de conformidad, aprobación o autorización administra-tiva que requiera la obra según la legislación de ordenación territorial y urbanística, así como certificación expedida por técnico competente y acreditativa del ajuste de la descripción de la obra al proyecto que haya sido objeto de dicho acto administrativo. Tratándose de escrituras de declaración de obra nueva terminada, exigirán, además de la certificación expedida por técnico competente acreditativa de la finalización de ésta conforme a la descripción del proyecto, la acredi-tación documental del cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora de la edificación para la entrega de ésta a sus usuarios y el otorgamiento, expreso o por silencio administrativo, de las autorizaciones administrativas que prevea la legislación de orde-nación territorial y urbanística. Para practicar las correspondientes inscrip-ciones de las escrituras de declaración de obra nueva, los registradores exigirán el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior.
para la hora de
reparar o cambiar una red doméstica de fontanería podemos incluir los siguientes
. No intercalar tramos de cobre en una red de acero galvanizado, por los problemas de corrosión de uniones que conlleva (aquí la aplicación de la ley de Murphy es directa: si algo puede fallar, fallará).
. En el caso de tener que actuar sobre una instalación completa es conveniente valorar si, en lugar de sustituir la instalación vieja, puede resultar más práctico y económico anular la red existente dejándola donde está (especialmente si va por el suelo) y realizar una red nueva independiente.
. Colocar llaves de paso y corte cuantas más mejor (la Normativa incide especialmente en ello) ya que así tenemos la red controlada por tramos y aparatos, pudiendo realizar las reparaciones necesarias sin tener que cortar el suministro a toda la vivienda y teniendo el peligro de fugas más controlado.
. Pedir presupuestos de la instalación con los nuevos (algunos no tan nuevos) materiales plásticos homolo-gados existentes en el mercado: Polietileno Reticulado, Polipropileno,
Polibutileno y multicapas
Resultan un poco más caros que los sistemas tradicionales y no por el precio del tubo precisamente sino porque deben instalarse con mayor precisión y piezas de unión específicas, nada de empalmes, soldaduras y doblados hechos de aquella manera. Disponen de una tecnología que permite realizar, sin problemas, las conexiones entre accesorios y tuberías de distintos materiales y diámetros, por lo que son compatibles con el cobre y el acero en el 90% de las instalaciones existentes. Por otro lado, aportan una serie de ventajas complementarias como son la ausencia de ruidos y vibraciones, no acumulan depósitos de cal, no son conductores de la electricidad, no sufren problemas de corrosión... Pero, eso sí, deben ser colocados por personal especializado que conozca bien el producto que tienen entre manos.
La cal se va depositando en las tuberías y poco a poco disminuye su sección útil, con lo que se modifica el caudal y la presión del agua que circula por ellas.
Incide con mayor gravedad en la red de agua caliente ya que, al aumentar la temperatura del agua por encima de los 40 grados, la cal disuelta se precipita con mayor rapidez.
Este problema afecta prácticamente por igual a las redes de cobre y a las de hierro.
En cuanto a la corrosión tampoco se libra ninguna de las dos aunque, para pequeños diámetros (red de distribución interior de las viviendas), el comportamiento del cobre es mejor.
La cuestión se agrava cuando, en una misma red, se alternan los dos materiales (cobre y acero) pues se produce lo que se llama el «par galvánico» que, en síntesis, es la carga electrostática que se genera entre dos metales con distinta conductividad y que tiene, como consecuencia más inmediata, la corrosión acelerada de uno de ellos especialmente en el punto de unión.
¿ PUEDO SER PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD, YO VIVO EN EL EDIFICIO, PERO EL PISO ESTE A NOMBRE DE MI MADRE ?
Para ser Presidente es condición necesaria ser propietario
La Jurisprudencia de la sala 1º del T.S. ha declarado nulidad de pleno derecho del nombramiento como presidente de la comunidad de propietarios de quien no es propietario así dice la sentencia de 30 de junio de 2005 que” eviden-temente la normativa del art. 12 de la Ley de Propiedad Horizontal es imperativa y cuando se conculca estamos ante un acto nulo de pleno derecho, conforme el art. 6.3 del Código Civil, así lo declara la sentencia de 30 de abril de 1994 , que estudia un caso análogo.
No se trata evidentemente de nombramiento susceptible de subsanación y convalidación desde el momento en que la norma es exigente en cuanto a reunir la condición de copropietario en el momento de la elección para presidente y al tratarse de acto radicalmente nulo, no sometido a plazo de caducidad alguno, es decir, el previsto en el articulo 16.4, de treinta días, que juega para los acuerdos anulables.
EL DERRUMBE EMINENTE DEL EDIFICIO HACE 20 AÑOS
Situación grotesca ,en la reunión de la Comunidad del edificio Santa Fe, así la veo pasado el tiempo.
Era la celebración de la Junta anual de la Comunidad, todo transcurría dentro de la normalidad, hasta que D. Jose pidió la palabra.
-Quiero comunicarles, queridos vecinos, que desde hace tiempo, no les digo esto con la intención de alarmarles, sino más bien para alertarles, que el bloque se viene abajo. Llevo tiempo estudiando la situación y compruebo día a día que el suelo se esta desnivelando. Para que vean que no es una simple anécdota, o que alguno de los que están aqui, exclamen- ¡cosas de D. José! , voy a demostrárselo a ustedes,- el asunto tomaba un cariz de certeza, lo que provocaba angustia entre los asistentes a la reunión, sobre todo entre algunas señoras. mayores; D. José coge una pequeña naranja, la posa sobre el suelo y ante los ojos atónitos de los presentes se desliza hacia una de las esquinas.
La administradora, con grades reflejos, y con un momento de lucidez, le pregunta al profeta de la arquitectura, pues D. José era albañil, de los de antes, como él decía, -desde cuando estaba haciendo esa comprobación y si había hecho ese experimento cuando le entregaron la vivienda-, pues los pisos tenían más de 30 años,.
No, -contesto muy serio D. José,- hace 30 años era más joven y no tenía la experiencia y el tiempo libre que tengo ahora, pues hace 30 años no estaba jubilado.
La cara le cambio a los vecinos, las señoras se tranquilizaron, se oyó un murmullo; un vecino comentó:- Sigamos la reunión, cuando lleguemos a nuestras casas, hagamos, todos, el experimento, y veamos si son cosas de D. José.-
La administradora se acordó del librito que tenia la Sección Femenina hace 30 años, que para comprobar si la cama estaba bien hecha, decía: Comprobar, poniendo una naranja en la cama, si esta empieza a rodar y se para, es a consecuencia de que existen MONTAÑAS en las mantas. Vuelva a estirar las mantas y la sabana, tire de nuevo la naranja, repita tantas veces esta operación, cuantas sean necesarias, hasta que la naranja ruede de un extremo a otro de la cama sin parar..
Los vecinos llamaron a la administra-dora, comentando que habían realizado el experimento y que a todos les rodaba la naranja.
La administradora repasando las actas, comprueba que esto se menciono cuando se hizo la ITE del edificio, y que no apareció nada alamarmante en el mismo, solamente que el edificio tenia termitas, y, las vigas , que eran de madera, se cambiaron por unas de hierro. comprobándose que los forjados tenían una pequeña inclinación, que no iba a mas.
" El insulto deshonra a quien lo infiere, no a quien lo recibe"
(412 AC-323 AC)
Para comprar volver a www.valcap.es
PRIMERO.- 1º.- El Procurador don Manuel García Boado, en nombre y representación de don Carlos María , promovió, ante el Juzgado de Primera Instancia de Arzúa, demanda de juicio declarativo de menor cuantía sobre declaración de obra nueva y otros extremos, contra doña Blanca , en nombre propio y como representante legal de su hijo menor de edad don Rogelio , don Eugenio y demás personas desconocidas e inciertas que pudieran estar interesadas en la herencia de don Juan Francisco , en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicó al Juzgado: " (...) Se dicte sentencia por la que se declare respecto a la casa número NUM000 de la CALLE000 , que:
A) El local número tres, piso NUM001 , y el local número NUM002 piso NUM003 , debe ser destinado cada uno de ellos a una sola vivienda, de conformidad con lo establecido en la escritura de compraventa otorgada por don Carlos María a favor de don Juan Francisco , el veintidós de febrero de mil novecientos setenta y cinco ante el Notario de Ordenes, don José Añino Garrido.
B) Debe demolerse la edificación construida sobre la terraza anexa al local número NUM002 , piso NUM003.
C) Deben retirarse por los demandados las canalizaciones por los mismos conectadas a las canalizaciones generales del edificio.
D) Deben ser restablecidas las dos ventanas ampliadas en la fachada a la calle Fraga de Rey, al ser y estado que siempre tuvieron.
E) Las escaleras son elemento común del inmueble, por lo que los demandados deben retirar la puerta que colocaron en la primera planta.
F) Los demandados deben utilizar el patio y demás elementos comunes del inmueble con toda diligencia y cuidado de conformidad con su destino.
G) Los demandados deben hacer las conexiones e instalaciones necesarias para independizar los suministros de energía eléctrica y agua para sus dos viviendas y terraza, satisfaciendo al actor en proporción a sus cuotas de partición el importe por el mismo satisfecho de los elementos comunes de estas instalaciones, según resulte de la prueba o se determine en ejecución de sentencia. Condenando a los demandados a estar y pasar por estas declaraciones, a llevar a cabo las obras necesarias para su entero cumplimiento y al pago de la cantidad que en definitiva resulte según lo solicitado, así como al pago de las costas de este juicio".
2º.- Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, el Procurador don Luis Rodríguez Cascón, en nombre y representación de doña Blanca , se opuso a la misma, formuló demanda reconvencional, suplicando al Juzgado: " (...) En su día dicte sentencia por la que, en aplicación de todas o cualesquiera de las excepciones invocadas, desestime la demanda, absolviendo a los demandados de la misma, con imposición de costas al actor, y, estimando la reconvención, condene al actor reconvenido a reponer el vestíbulo, pasillo y escaleras que, desde el portal, accedían a las plantas altas, segunda y superiores, al estado primitivo, según el proyecto técnico indicado, deshaciendo a tal fin las nuevas escaleras por el construidas y toda obra con la que alteró aquel estado; condenándolo así bien a retirar las tuberías que instaló en el patio de luces, a que nos referimos en el hecho VII y al pago de costas de la reconvención". El codemandado don Eugenio fue declarado en rebeldía por providencia de 16 de febrero de 1994.
3º.- El Juzgado de Primera Instancia de Arzúa dictó sentencia, en fecha 24 de julio de 1995 , cuya parte dispositiva dice literalmente: "Que debo estimar y estimo en parte la demanda interpuesta por el Procurador don Manuel García Boado en nombre y representación de don Carlos María y en su consecuencia debo condenar y condeno a los demandados a que el local nº NUM003 , piso NUM001 y el local nº NUM002 piso NUM003 , deben ser destinados cada uno de ellos a una sola vivienda, retirando las canalizaciones conectadas a las generales del edificio, así como deben restablecer las dos ventanas ampliadas en la fachada con frente a la calle Fraga de Rey al ser y estado que siempre tuvieron, debiendo retirar la puerta colocada en la primera planta, absolviéndolos del resto de las pretensiones. Que debo estimar y estimo la demanda reconvencional interpuesta por el Procurador don Luis Rodríguez Cascón en nombre y representación de doña Carla y en su consecuencia debo condenar y condeno a don Carlos María a que reponga el vestíbulo, pasillo y escaleras que, desde el portal, accedían a las plantas altas, segundo (sic) y supervisen al estado primitivo, así como a retirar las tuberías instaladas en el patio de luces a que se refiere el hecho VIII, del escrito reconvencional, todo ello sin especial condena en costas".
4º.- Apelada la sentencia de primera instancia, y, sustanciada la alzada, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de La Coruña dictó sentencia, en fecha 2 de mayo de 1997 , cuyo fallo se transcribe textualmente: "Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de don Carlos María , y estimando en parte el planteado por la de doña Blanca y otros, formulados contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Arzúa, de fecha 24 de julio de 1995 , debemos revocar y revocamos dicha resolución, para desestimar el pedimento relativo a que los pisos NUM001 y NUM003 en el número NUM000 de la CALLE000 , sean destinados a una sola vivienda, así como a la retirada de las canalizaciones colocadas como consecuencia de esta división, que había sido formulado por la representación de don Carlos María , manteniéndose el resto de los pronunciamientos que se contienen en dicha resolución; todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en esta alzada".
SEGUNDO.- La Procuradora doña Pilar Segura Sanagustín, en nombre y representación de don Carlos María , interpuso, en fecha 18 de febrero de 2000, recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia, por los siguientes motivos, al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil : 1º) Por violación de los artículos 8, 11 y 16.1 de la Ley de Propiedad Horizontal de 21 de julio de 1960 , en relación con el artículo 1281.1 del Código Civil ; 2º) por infracción del artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal , en relación con el artículo 11 de la misma Ley ; 3º) por vulneración del artículo 9, párrafos 1 y 2 de la Ley de Propiedad Horizontal , y, suplicó a la Sala, que se dicte sentencia dando lugar al recurso y casando la resolución recurrida, con los pronunciamientos que correspondan conforme a Derecho".
TERCERO.- Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, el Procurador don Juan Carlos Estévez Fernández Novoa, lo impugnó mediante escrito de fecha 17 de julio de 2002, suplicando a la Sala, que se dicte en su día sentencia desestimando el recurso, con imposición de costas al recurrente".
CUARTO.- La Sala señaló para votación y fallo del presente recurso, el día 3 de mayo de 2007 , en que tuvo lugar.
= SIN VACACIONES
El 43% de los hipotecados que se han visto afectados por las últimas subidas de tipos de interés asegura que reducirá sus vacaciones, lo que convierte a esta actividad de consumo en la primera a la que se renuncia ante un incremento en el esfuerzo de financiación de la vivienda.
una puerta abierta a una vivienda protegida “cara”
La nueva ley no hace referencia a las características del régimen de protección de las futuras viviendas que se ubicarán en un suelo protegido. Actualmente existen comunidades autónomas, que han “inventado” tipologías de viviendas protegidas cuyos precios están fuera de lo que se puede permitir una persona con un sueldo normal, especialmente si hablamos de una persona joven, inmigrante, divorcia-da, o en alguna otra situación de necesidad especial.
En este sentido, aunque la ley reserve suelo para vivienda protegida, se deja la puerta abierta a que ese suelo sea ocupado finalmente por viviendas protegidas que la mayoría de los demandantes no podrán pagar, con lo que la reserva de suelo acaba siendo inútil desde el punto de vista de la función social de la vivienda protegida.
CAPITANÍAS Y DISTRITOS MA-RÍTIMOS. Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos.
PDF (14 págs. - 302 KB)
REGLAMENTO REGISTRO MER-CANTIL. Real Decreto 659/2007, de 25 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, para su adaptación a las disposiciones de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre , sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España.
PDF (5 págs. - 152 KB)
DEPÓSITOS JUDICIALES. Orden JUS/1623/2007, de 4 de abril, por la que se aprueban los modelos de formularios de ingreso, de mandamientos de pago y de órdenes de transferencia, así como los requisitos que éstas han de reunir para su correcta recepción en las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales , reguladas por el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los pagos, depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores.
Esta Orden aprueba los modelos de formularios de ingreso, mandamientos de pago y órdenes de transferencia , así como los requisitos que éstas han de reunir para su correcta recepción, y de cuantos instrumentos de pago puedan ser admisibles en el futuro.
De todos modos, la Exposición de Motivos advierte que estos formularios tienen un carácter excepcional y residual, ya que el real decreto pretende la incorporación paulatina de las técnicas electrónica, informáticas y telemáticas en la actividad administrativa y judicial.
PDF (32 págs. - 6529 KB)
DEMARCACIÓN REGISTRAL. Co-rrección de errores del Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
PDF (2 págs. - 64 KB)
DEMARCACIÓN NOTARIAL. Co-rrección de errores del Real Decreto 173/2007, de 9 de febrero, sobre demarcación Notarial.
PDF (6 págs. - 122 KB)
CARGAS ADMINISTRATIVAS . Re-solución de 23 de mayo de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de mayo de 2007, sobre impulso del programa de mejora de la reglamentación y reducción de cargas administrativas.
PDF (2 págs. - 66 KB)
REGISTRO DE BUQUES. LEY 9/2007, de 22 de junio, sobre regularización y actualización de inscripciones de embarcaciones pesqueras en el Registro de Buques y Empresas Navieras y en el Censo de la Flota Pesquera Operativa.
PDF (3 págs. - 94 KB)
LEY DEL LIBRO. LEY 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas.
PDF (11 págs. - 350 KB)
SERVICIOS PÚBLICOS ELEC-TRÓNICOS . LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
PDF (17 págs. - 532 KB)
EMPLEADO PÚBLICO . Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se publican las Instrucciones, de 5 de junio de 2007, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
PDF (6 págs. - 172 KB)
RESERVA DE DERECHOS DE EDIFICACION POR FASES Y POSTERIOR AMPLIACION DE OBRA NUEVA. R. 19 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 16 de junio de 2007. Interesado - Registro n.º 1, de Lorca. En una finca dividida horizontalmente en la que se ha construido la Fase I el propietario se reserva el derecho de realizar la fase II de la edificación con un determinado número de apartamentos, pero condicionando ese derecho y la modificación de cuotas de los iniciales elementos en propiedad horizontal a que en determinada fecha conste inscrita en el Registro el inicio de las obras de ampliación de la fase II.
Se otorga la prevista obra nueva de ampliación de la segunda fase que se presenta en el Registro en plazo, pero es denegada su inscripción por excederse del derecho reservado. Posteriormente, ya fuera del plazo previsto, se otorga y presenta a inscripción una escritura de rectificación de la anterior, con una nueva licencia, ajustándose ahora sí, a las previsiones de la reserva de derechos.
La DGRN desestima el recurso por cuanto que no se ha cumplido la inscripción en el Registro en plazo del inicio de las obras de la segunda fase (ampliación de la obra nueva) y ahora solo cabe obtener el consentimiento individualizado de los propietarios de la primera fase. (AFS)
PDF (3 págs. - 120 KB.)
La Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda, a través de sus Gerencias Territoriales, tiene encomendada la misión de formar y mantener actualizado el Catastro Inmobiliario .
Impuesto sobre la renta de las personas fisícas
Impuesto sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales
El Ayuntamiento, con el padrón anteriormente citado, fija la cuota a pagar y emite los recibos, ya sea directamente o a través de la respectiva Diputación Provincial o Cabildo o Consejo Insular.
También corresponde a estas Corporaciones la concesión de exenciones y bonificaciones.
Si Vd. desea alguna aclaración sobre los datos del recibo puede dirigirse a las oficinas recaudatorias de la entidad local correspondiente.
En caso de revisión catastral, el valor del terreno fijado por el Catastro se reduce en una cuantía de entre el 40% y el 60%, durante los cinco años siguientes a la citada revisión, según lo que haya acordado el Ayuntamiento
En el nuevo Impuesto, en vigor desde 1999, ha desaparecido la imputación de rendimiento por la vivienda habitual.
Para los demás inmuebles urbanos (ver excepciones) se imputa como renta a efectos del IRPF la siguiente cantidad:
El 1,1% del valor catastral, si se ha producido una revisión catastral del municipio en el que radique el inmueble a partir del 1 de enero de 1994.
El 2% del valor catastral, si la última revisión catastral realizada en el municipio es anterior a 1994.
En el caso de que a la fecha de devengo del IRPF el inmueble carezca de valor catastral o éste no haya sido notificado a su titular, se imputará como renta el 1,1% del valor que le corresponda a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio.
(Excepciones: inmuebles donde se desarrollen actividades económicas, se encuentren arrendados o produzcan rendimientos del capital inmobiliario, suelo no edificado, inmuebles en construcción y los que no sean susceptibles de uso por razones urbanísticas)
La vivienda habitual del contribu-yente está exenta del Impuesto sobre el Patrimonio hasta un importe máximo de 150253,03 euros.
Existen reglas especiales para los inmuebles en construcción y los derechos de propiedad a tiempo parcial y similares
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Y SOBRE TRANS-MISIONES PATRIMONIALES
En general, los inmuebles y demás bienes se computan por su valor real, por lo que no resulta aplicable el valor catastral. No obstante, las Comunidades Autónomas pueden utilizar el valor catastral como medio de comprobación o como valor indicativo, multiplicado por determinados coeficientes
SIC= es un sistema descentralizado, abierto, dinámico y de información territorial o geográfica.
esp/quienesomos1.asp?
lu=m1&im=m1i#menu1
FUNDAMENTOS DE DERECHO (1)
PRIMERO.- Don Carlos María demandó por los trámites del juicio declarativo de menor cuantía a doña Blanca , don Rogelio , don Eugenio y las personas desconocidas e inciertas que tuvieren interés en la herencia de Juan Francisco , e interesó las peticiones que se detallan en el antecedente de hecho primero de esta sentencia, a lo que los deman-os que allí se indican.
La cuestión litigiosa se centraba principalmente en la determinación de si cabe o no la división jurídica de una planta de un edificio en dos pisos independientes sin acuerdo de la Junta de Propietarios, cuando, según el título constitutivo, estaba destinada a una sola vivienda.
El Juzgado acogió en parte la demanda e íntegramente la recon-vención, y su sentencia fue revocada en grado de apelación por la de la Audiencia en el sentido de la desestimación del pedimento relativo a que los pisos NUM001 y NUM003 de la casa número NUM000 de la CALLE000 sean destinadas a una sola vivienda, así como de la retirada de las canalizaciones colocadas como consecuencia de esta división, con el mantenimiento del resto de las pronunciamientos de la resolución apelada. Don Carlos María ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia por los motivos que se examinan a continuación.
SEGUNDO.- El motivo primero del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los artículos 8, 11 y 16.1 de la Ley de Propiedad Horizontal de 21 de julio de 1960 , en relación con el artículo 1281, párrafo primero, del Código Civil , por cuanto que, según acusa, la sentencia impugnada ha declarado que los términos del título constitutivo no deben considerarse inamovibles y que, en el caso presente, no se corresponden con la voluntad unánime del promotor y titulares de los locales que lo integran, según se deduce del proyecto técnico presentado para la obtención de la licencia municipal de obras y de la memoria suscrita por el Arquitecto Técnico que las dirigió; sin embargo esta manifestación se encuentra en contradicción con los preceptos citados como vulnerados, amén de que la doctrina jurisprudencial tiene establecido que la Ley de Propiedad Horizontal es eminentemente imperativa y su artículo 8, párrafo segundo, en cuanto se refiere a los supuestos de su párrafo primero , dispone que, en tales casos, se requerirá, además del consentimiento de los titulares afectados, la aprobación de la Junta de Propiedad, con la añadidura de que el principio de autonomía de la voluntad no entra en juego cuando es contrario a una norma imperativa, de conformidad con el artículo 1255 del Código Civil (STS de 7 de febrero de 1976 ), e igualmente, ha sentado que, no obstante la permisividad de los pactos estatutarios no contrarios a la Ley de Propiedad Horizontal, ha de entenderse que este ordenamiento tiene un carácter imperativo, impeditivo de la validez de otros que la contravengan, y, especialmente, de las normas que, como las contenidas en el párrafo segundo del artículo 8 y el artículo 11 , en beneficio de la Comunidad de condueños, imponen el consentimiento unánime de los propietarios para la división de pisos y locales, o para la alteración de la estructura del edificio (STS de 3 de enero de 1987 ), posiciones que se reiteran en las SSTS de 3 de mayo de 1989 y 16 de julio de 1993 - se estima por las razones que se dicen seguidamente.
En la instancia, fue considerado probado que el inmueble objeto del litigio está compuesto de planta baja y otras tres, perfectamente delimitadas y con salidas propias cada una de ellas a un elemento común, en régimen de propiedad horizontal, cuyo título constitutivo aparece contenido en escritura pública otorgada, en fecha de 22 de febrero de 1975, ante el Notario de Ordenes don José Antonio Añino Garrido, donde se hizo constar expresamente que cada una de las tres plantas se destinaban a "vivienda", las cuales, si bien al tiempo de otorgar la escritura se hallaban sin distribuir, se pensaba hacer en diversos huecos, cuya enumeración y descripción se contiene en el documento y con un idéntico sistema para las tres alturas.
La sentencia recurrida ha declarado que, conforme al título constitutivo, estaba prevista una vivienda en cada planta, y resulta un hecho indiscutido que los titulares de las con los números dos y tres han procedido a dividir en dos pisos independientes cada una de ellas.
Después de esta manifestación, la sentencia de instancia ha expresado que los términos del título constitutivo no deben ser tomados como algo inamovible, y debe entenderse que, pese a los mismos, la voluntad tanto del promotor inicial, como de todos los titulares interesados en el inmueble litigioso, era la de autorizar que cada planta alta fuera destinada a dos viviendas, y ello lo deduce, primeramente, del proyecto técnico presentado para la concesión de la licencia municipal de obras y de la memoria del año 1973 facilitada por el Arquitecto Director de la edificación, donde se precisaba el destino de las plantas altas "a viviendas, en número de dos por planta"; en segundo lugar, de que, en los planos relativos a dicho expediente, se observa como las dos plantas altas, que inicialmente iban a constituir la altura total del inmueble, aparecen divididas en dos viviendas; y por último, del testimonio de don Jesús Ángel , respecto a que fue encargado por el actor a efectuar la centralización de los contenedores de luz, con una instalación para seis viviendas, un bajo comercial y las escaleras; y en consecuencia de estas circunstancias, la resolución ha entendido que los términos genéricos del título constitutivo del régimen de propiedad horizontal no se corresponden con la voluntad unánime del promotor y de los titulares de los locales, que era la de consentir la división de las plantas altas en dos viviendas.
ÓRGANO : SG de Impuestos sobre el Consumo
FECHA SALIDA : 24/04/2007
NORMATIVA: Ley 37/1992 arts. 91-Uno-3-1º, 91-Uno-2-15º
DESCRIPCIÓN-HECHOS: Ejecución de diversas obras a realizar en edificios de diversas Comunidades de propietarios. Concepto de obras de rehabilitación. Obras de albañilería.
CUESTIÓN-PLANTEADA: Tipo impositivo aplicable a las citadas obras.
CONTESTACIÓN COMPLETA: 1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 90, apartado Uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE del 29 de diciembre) el citado tributo se exigirá al tipo impositivo del 16 por ciento, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.
2.- El artículo 91, apartado uno. 3, número 1º de la citada Ley, determina que se aplicará el tipo impositivo del 7 por ciento a: "Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuen-cia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de edificaciones o partes de las mismas destinadas principalmente a vivien-das, incluidos los locales, anejos, garajes, instalaciones y servicios complementarios en ellos situados.
Se considerarán destinadas principal-mente a viviendas las edificaciones en las que al menos el 50 por ciento de la superficie construida se destine a dicha utilización.”
En cuanto al concepto de obras de rehabilitación, el artículo 20, apartado uno, número 22º, de la misma Ley dispone que a los efectos de esta Ley, las obras de rehabilitación de edificaciones son las que tienen por objeto la reconstrucción de las mismas mediante la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitación exceda del 25 por ciento del precio de adquisición si se hubiese efectuado durante los dos años inmediatamente anteriores o, en otro caso, del verdadero valor que tuviera la edificación o parte de la misma antes de su rehabilitación.
Por tanto, para que las obras realizadas en una edificación se consideren de rehabilitación, deben cumplir un doble requisito:
1º) Cuantitativo: el importe de las obras debe exceder del 25 por 100 del precio de adquisición o del valor previo de la edificación (incluido terreno) antes de su rehabilitación.
Según doctrina reiterada de esta Dirección General de Tributos, contenida entre otras, en las Resoluciones vinculantes de 9 de octubre de 1986 (Boletín Oficial del Estado del 30) y de 4 de noviembre de 1986 (Boletín Oficial del Estado del 27), a efectos de la delimitación del concepto de rehabilitación se considerará:
- Coste global de las operaciones de rehabilitación de viviendas, el coste, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, de los bienes y servicios utilizados por el sujeto pasivo para llevar a cabo las operaciones materiales en que consista la reconstrucción de las edificaciones, incluidos los servicios prestados por el personal técnico que dirija las obras.
- Precio de adquisición de las edificaciones, el realmente concer-tado en las operaciones en cuya virtud se haya efectuado la referida adquisición.
- Verdadero valor de una edificación o parte de la misma, el precio que se hubiese acordado para su transmisión onerosa en condiciones normales de mercado entre partes que fuesen independientes, incluido el valor correspondiente al terreno en que se halla enclavado el edificio.
El verdadero valor de las edificaciones o partes de las mismas podrá acreditarse por los medios de prueba admisibles en derecho.
- Partes de un edificio destinadas a viviendas, las partes de una edificación destinadas a constituir una o varias viviendas, de acuerdo con la legislación vigente, con posterioridad a su rehabilitación.
Asimismo, es criterio de esta Dirección General de Tributos que, por "partes" de una edificación ha de entenderse las partes de una edificación que, cualquiera que sea su destino (vivienda, comercial, etc.) sean susceptibles por sí mismas de actuaciones parciales de rehabilita-ción, por permitir un uso autónomo respecto del resto de la edificación al tener entidad propia de carácter objetivo, y no considerar como "parte" de una edificación los diferentes elementos constructivos (fachadas, techumbres, estructuras, etc.) objeto de actuaciones de rehabilitación.
2º) Cualitativo: deben consistir en la consolidación o tratamiento de elementos estructurales de la edificación (estructuras, fachadas, cubiertas, o elementos estructurales análogos). Este Centro Directivo, en resolución de 5 de marzo de 1997 (Boletín Oficial del Estado de 12 de marzo) ha aclarado en este punto lo siguiente: "Con independencia del coste de las reparaciones o reconstrucciones y su relación con el valor del edificio, para que dichas operaciones tengan la consideración de "rehabilitación" a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, es necesario que cumplan el requisito señalado por el precepto, a saber, que consistan en la consolidación o tratamiento de elementos estruc-turales de la edificación (estructuras, fachadas, cubiertas o elementos estructurales análogos), de manera que las operaciones de reacondicio-namiento, mejora o reforma de la vivienda, por elevado que sea el importe de su coste, no tendrán el carácter de "rehabilitación" a efectos del referido impuesto: Tal ocurrirá con las obras consistentes en la redistribución del espacio interior, cambio o modernización de instala-ciones de fontanería, calefacción, electricidad, gas, solado, alicatado, carpintería, bajada de techos, etc.
En cuanto a las ejecuciones de obra complejas, en las que junto a las referidas operaciones se realizan, asimismo, tareas de tratamiento y consolidación de elementos estruc-turales, debe tenerse en cuenta el objetivo perseguido con el beneficio fiscal, por lo que una interpretación recta de la norma debe llevar a entender que las referidas ejecuciones de obra tributarán al tipo reducido del impuesto sólo cuando consistan principalmente en el tratamiento de los elementos estruc-turales de la edificación, de manera que si este tratamiento supone sólo una pequeña parte del presupuesto total de la ejecución, no cabe calificar la obra en su conjunto como "de rehabilitación" en los términos indicados por la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
En consecuencia con todo lo indicado, esta Dirección General considera que las ejecuciones de obra consistentes en la reforma, readaptación, redistribución, mejora o reconstrucción de edificaciones cuya construcción ya esté terminada, que no tenga única o principalmente por objeto el tratamiento o consolidación de elementos estructurales de la edificación (estructuras, cubiertas, fachadas o análogas), no se considerarán de rehabilitación a efectos de lo previsto en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, con independencia de que el coste de dichas obras exceda del 25 por 100 del precio de adquisición o verdadero valor de la edificación".
Se entenderá que las obras consisten única o principalmente en la consolidación o tratamiento de elementos estructurales de la edificación cuando más del 50 por ciento del coste de las obras totales corresponde a estas operaciones.
Por tanto para determinar si las obras realizadas son de rehabilitación y tributan al tipo reducido habrá que efectuar un análisis en dos fases:
1º) Determinar si se trata efectivamente de obras de rehabilitación desde el punto de vista cualitativo, es decir, que más del 50 por ciento del coste de las obras totales corresponda a estas obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales de la edificación.
2º) Si se cumple el requisito establecido en la primera fase, entonces habrá que atender al elemento cuantitativo, esto es, que el importe de las obras totales exceda del 25 por 100 del precio de adquisición o del valor previo de la edificación (incluido terreno) antes de su rehabilitación.
Por lo tanto, en el caso en que, con arreglo a los criterios anteriormente expresados, las obras realizadas por la consultante cumplan las condiciones para ser consideradas obras de rehabilitación, el tipo impositivo aplicable a las referidas obras será del 7 por ciento. En caso contrario, tales obras tributarán por el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo impositivo del 16 por ciento, salvo aquellas que puedan considerarse trabajos de albañilería, según lo dispuesto en el siguiente apartado de esta contestación.
3.- En este sentido, el artículo 91, apartado uno.2, número 15º, de la Ley 37/92, establece que, se aplicará el tipo impositivo del 7 por ciento a las ejecuciones de obras de albañilería realizadas en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
c) Que la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecución o, en el caso de que los aporte, su coste no exceda del 20 por ciento de la base imponible de la operación.
El artículo 12 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ( Boletín Oficial del Estado de 18 de diciembre), establece lo siguiente:
Según dispone el artículo 3º del Código Civil, "las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamental-mente al espíritu y finalidad de aquéllas".
No existiendo una definición de “albañilería” en el ordenamiento tributario, procede considerar, a los efectos de la aplicación del tipo reducido en el Impuesto sobre el Valor Añadido, la definición dada por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, según el cual, albañilería “es el arte de construir edificios u obras en que se empleen, según los casos, ladrillo, piedra, cal, arena, yeso u otros materiales semejantes”.
Esta Dirección General estima que, a efectos de lo dispuesto en el artículo 91.uno.2.15º de la Ley 37/1992, deben considerarse “materiales aportados” por el empresario o profesional que ejecuta las obras de albañilería realizadas en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas todos aquellos bienes corporales que, en ejecución de dichas obras, queden incorporados materialmente al edificio, directamen-te o previa su transformación, tales como los ladrillos, piedras, cal, arena, yeso y otros materiales semejantes a que se refiere la citada definición de albañilería contenida en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Además el coste de dichos materiales no debe exceder del 20 por ciento de la base imponible de la operación. Si supera dicho importe no se aplicará el tipo del 7 por 100.
Por tanto, sólo se aplicará el tipo impositivo del 7 por ciento previsto en el artículo 91.uno.2.15º de la Ley 37/1992 a aquellas ejecuciones de obra de albañilería, en los términos definidos anteriormente, que se realicen en las condiciones indicadas por el citado precepto, tengan por destinatario a quien utiliza la vivienda para su uso particular o a una comunidad de propietarios de viviendas o mayoritariamente de viviendas.
Las operaciones en las que no concurra lo expuesto anteriormente como es el caso de las ejecuciones de obra de electricidad, gas, fontanería, calefacción, pintura, soldadura y carpintería, e informes técnicos, realizadas en la vivienda ya terminada, tributarán al tipo impositivo del 16 por ciento.
Por otra parte, en relación con la aplicación del tipo impositivo reducido a las obras de albañilería resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31) en la nueva redacción dada a dicho precepto, por el artículo primero, 3 del Real Decreto 3422/2000, de 15 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 16) que dispone que las circunstancias de que el destinatario no actúa como empresario o profesional, utiliza la vivienda para uso particular y que la construcción o rehabilitación de la vivienda haya concluido al menos dos años antes del inicio de las obras, podrán acreditarse mediante una declaración escrita firmada por el destinatario de las obras dirigida al sujeto pasivo, en la que aquél haga constar, bajo su responsabilidad, las circunstancias indicadas anteriormen-te.
4.- En relación con todo lo anterior, el artículo 79, apartado dos de la Ley 37/1992 dispone que “cuando en una misma operación y por precio único se entreguen bienes o se presten servicios de diversa naturaleza, incluso en los supuestos de transmisión de la totalidad o parte de un patrimonio empresarial, la base imponible correspondiente a cada uno de ellos se determinará en proporción al valor de mercado de los bienes entregados o de los servicios prestados.”
Es decir, que cuando por un precio único se realicen distintos servicios que tributan a distintos tipos impositivos, como puede ser el caso, la base imponible correspondiente a cada servicio se determinará repartiendo el precio único cobrado, entre los distintos servicios, en proporción al valor de mercado de cada de uno de ellos, y aplicando el tipo impositivo correspondiente.
Id Cendoj: 28079110012007100584
Nº de Recurso: 587/2000
Nº de Resolución: 555/2007
Resumen: Propiedad Horizontal. División jurídica de una planta de un edificio, que, según el título constitutivo, estaba destinada a una sola vivienda. Necesidad del acuerdo unánime de la Junta de Propietarios.
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Mayo de dos mil siete.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo integrada por los Magistrados arriba indicados, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en grado de apelación, en fecha 2 de mayo de 1997, en el rollo número 2072/95, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de La Coruña, dimanante de autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos con el número 112/93 ante el Juzgado de Primera Instancia de Arzúa; recurso que fue interpuesto por don Carlos María , representado por la Procuradora doña Pilar Segura Sanagustín, siendo recurrida, doña Blanca , representada por el Procurador don Juan Carlos Estévez Fernández Novoa.
Esta Sala no acepta la argumentación de la sentencia de instancia, referida en el párrafo precedente.
Cuando la pretensión del titular consiste en verificar una división jurídica, de tal manera que un piso pase a ser dos, con la desaparición de la cuota de propiedad inicial y la asignación de otras diferentes, aunque sea con idéntica suma de espacio, se necesita el acuerdo unánime de la Junta de Propietarios, en virtud de que se considera que existe modificación del Título constitutivo en dicho supuesto, según lo dispuesto en el artículo 16.1 de la citada Ley de Propiedad Horizontal .
Además, para apreciar la voluntad del promotor y de los propietarios, la sentencia de apelación hace mención a determinadas actividades realizadas en el año 1973, cuya valoración es inadecuada en virtud de que el título constitutivo fue objeto de escritura pública el 22 de febrero de 1975, y, por lo tanto, con posterioridad a los datos que sirvieron a la conformación del parecer de la Audiencia.
TERCERO.- El motivo segundo del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por trasgresión del artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal , en relación con su artículo 11 , puesto que, según denuncia, con indicación al cerramiento del contorno del patio de la terraza, la sentencia de instancia ha considerado que no entraña una modificación perjudicial para la Comunidad o los vecinos, no obstante lo expresado en el precepto citado como vulnerado delimita que la modificación no debe alterar la configuración o estado del edificio, y lo evidente es que, en el supuesto debatido, ambos fueron cambiadosse desestima porque no consta en las actuaciones que dicho cerramiento haya modificado elementos arquitec-tónicos que menoscaben o alteren la seguridad del edificio, ni su configuración hacia el exterior y tampoco que se hubiera perjudicado a otro propietario, por lo que se trata de una obra intrascendente, lo que posibilita su continuidad.
CUARTO.- El motivo tercero del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por vulneración del artículo 9, párrafos primero y segundo, de la Ley de Propiedad Horizontal , puesto que, según reprocha, la sentencia de la Audiencia ha decidido la retirada por el recurrente de dos tuberías colocadas en el patio de luces, una, relativa a la ventilación de unos aseos situados en la planta baja, y otra, concerniente a la extracción de humos, pero dichas tuberías se deben incluir dentro del concepto de obras realizadas para mantener en buen estado de conservación el propio piso y las instalaciones privativas- se desestima porque el patio de luces es un elemento común, tal como establece el artículo 396 del Código Civil , y, al no constar en los autos el acuerdo unánime de la Comunidad sobre la instalación de tales tuberías, es adecuado el pronunciamiento adoptado en la instancia sobre su retirada.
QUINTO.- La estimación del motivo primero del recurso determina la casación de la sentencia recurrida; y asumidas por esta Sala las funciones de la instancia, procede estimar en parte la demanda formulada por don Carlos María , así como la reconvención deducida por los demandados, en los términos determinados por la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Arzúa en fecha de 24 de julio de 1995 , que ratificamos íntegramente.
Sin hacer expresa condena en las costas causadas en la apelación y en este recurso de casación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 710 y 1715.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por don Carlos María contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de La Coruña en fecha de dos de mayo de mil novecientos noventa y siete, cuya resolución anulamos.
Ratificamos íntegramente la senten-cia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Arzúa en fecha de veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y cinco .
No hacemos especial condena en las costas ocasionadas en la segunda instancia y, con mención a las de este recurso de casación, cada parte satisfará las suyas.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Román García Varela, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.