Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/741370017
Timestamp: 2018-12-15 15:34:59
Document Index: 2244829

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 129', 'artículo 129', 'artículo 129', 'artículo 62', 'artículo 86', 'artículo 44', 'artículo 67', 'artículo 12', 'artículo 24', 'artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 24']

Sentencia de Tutela nº 402/18 de Corte Constitucional, 27 de Septiembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 741370017
Actor: JOSE MAURICIO PUIN FANDIÑO Y OTRO
Demandado: E.P.S. FAMISANAR Y OTRAS
Expediente: T-6688460 Y OTROS ACUMULADOS
EXONERACION DE COPAGOS PARA PERSONAS CON ENFERMEDADES CATASTROFICAS O HUERFANAS. En tres acciones de tutela formuladas de manera independiente se aduce que varias E.P.S. vulneran derechos fundamentales por hechos relacionados con: 1º. Negar la exoneración de copagos del tratamiento médico que requiere un menor de edad que padece una enfermedad huérfana y epilepsia, bajo el argumento de que el diagnóstico no corresponde a una patología de alto costo y es beneficiario del régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 2º. No practicar un procedimiento quirúrgico y negar el tratamiento integral que requiere una menor de edad, al igual que la exoneración de los copagos que se generen por el mismo, alegando que no tiene convenio con la IPS en la que labora el médico tratante, que el tratamiento integral involucra hechos inciertos, que el diagnóstico no corresponde a una enfermedad catastrófica y que la paciente es beneficiara del régimen contributivo del SGSSS. 3º. La no exoneración de copagos asociados al manejo de las patologías padecidas por el accionante. Se reitera jurisprudencia sobre: i). el derecho fundamental a la salud en lo relacionado con los principios de accesibilidad, solidaridad, continuidad e integralidad, así como su protección especial para menores de edad. ii). La especial relevancia del derecho a la salud para personas con enfermedades huérfanas y, iii). Los eventos de exoneración de copagos, cuotas moderadoras y de recuperación y las hipótesis en las que procede su exoneración. En dos casos se CONCEDE el amparo invocado y en el otro se declara la improcedencia de la acción de tutela formulada. Recibo Relatoria:
Acción de tutela instaurada por J.M.P.F., actuando como agente oficioso de su hijo S.P.A., contra la E.P.S. Famisanar (T-6.688.460); M.H., actuando como agente oficiosa de su nieta N.A.G.B., contra la Nueva E.P.S. (T-6.700.573); y, O.D.Á.F. contra Coomeva E.P.S. (T-6.717.879)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados A.L.C., L.G.G.P. y la Magistrada D.F.R., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente
En el trámite de revisión de los fallos de tutela adoptado por los correspondientes jueces de instancia, que resolvieron las acciones de tutela interpuestas por J.M.P.F., actuando como agente oficioso de su hijo S.P.A., contra la E.P.S. Famisanar (T-6.688.460); M.H., actuando como agente oficiosa de su nieta N.A.G.B., contra la Nueva E.P.S. (T-6.700.573); y, O.D.Á.F. contra Coomeva E.P.S. (T-6.717.879).
El 9 de febrero de 2018, J.M.P.F. interpuso acción de tutela contra la E.P.S. Famisanar actuando en calidad de representante legal de su hijo S.P.A.. En su criterio, la E.P.S. en cuestión vulneró el derecho fundamental a la salud del menor al negar la exoneración de copagos generados a partir del tratamiento de sus padecimientos de salud. Lo anterior, con base en los siguientes hechos:
1.1. S.P.A. es un menor de 3 años de edad diagnosticado con R. en el Desarrollo, Epilepsia Refractaria y Errores Innatos del Metabolismo- Trastorno de Glicosilación. Su padre refirió que los dos últimos diagnósticos corresponden a las categorías de enfermedades catastrófica y huérfana, respectivamente, por lo cual está legalmente eximido del pago de copagos o cuotas moderadoras de cualquier clase con ocasión de su tratamiento.
1.2. Actualmente, el menor se encuentra afiliado a la E.P.S. Famisanar como beneficiario de su madre, N.L.A. en el régimen contributivo, con un ingreso base de cotización mayor a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes
1.3. Debido a las patologías que padece, al menor le son ordenados recurrentemente diversos servicios y procedimientos médicos, tales como: (i) el suministro diario de 12 medicamentos diferentes[1]; (ii) el suministro del suplemento alimenticio K.[2]; (iii) la práctica de exámenes[3]; así como (iv) consultas con diversos especialistas. Para acceder a cada prestación médica ha tenido que sufragar copagos por valores que fluctúan entre $29.900[4] y $1.416.800[5].
1.5. El accionante solicitó la exoneración de los copagos causados por los procedimientos, exámenes, medicamentos, complementos dietarios, citas médicas y demás servicios que se causen con ocasión de las patologías de Epilepsia Refractaria y Errores Innatos del Metabolismo que afronta S.P.A.. Como medida provisional solicitó la entrega inmediata del suplemento alimenticio K., eximiendo al accionante de sufragar el copago correspondiente.
Decisión de instancia en el trámite de la acción de tutela
El 22 de febrero de 2018, el Juzgado Cincuenta y Tres Civil Municipal de Bogotá D.C. negó la protección del derecho fundamental a la salud de S.P.A.. En primer lugar, aclaró que la patología que sufre no se encuentra catalogada como de alto costo de acuerdo con lo previsto en la Resolución 6408 de 2016, por lo que no le asiste la exoneración legal de copagos que solicita el accionante. Consideró que si bien el representante legal afirma no tener la solvencia económica para cubrir los copagos ocasionados por las patologías de su hijo, no demuestra si quiera sumariamente la afectación efectiva al mínimo vital del núcleo familiar. Adujo que la cotizante del grupo familiar donde es beneficiario el menor es categoría de C, pues cuenta con un IBC mayor a 5 SMLMV, por lo cual, el hecho de asumir el valor de los copagos no constituye una carga exorbitante que ponga en riesgo su derecho a acceder al servicio de salud.
El 07 de noviembre de 2017, M.H. interpuso acción de tutela contra la Nueva E.P.S. Regional Nororiente actuando en calidad de agente oficioso de su nieta N.A.G.B.. En su criterio, la EPS en cuestión vulnera el derecho fundamental a la salud, a la vida y a la dignidad humana de la menor al no (i) realizar el procedimiento médico Epifisiodesis de Tibia Izquierda ordenado por el médico tratante, (ii) reconocer tratamiento integral y (iii) exonerar de la cancelación de copagos asociados a la patología que padece. Lo anterior, con base en los siguientes hechos:
4.1. N.A.G.B. es una menor de 11 años de edad que ha estado a cargo de sus abuelos desde su nacimiento, pues sus padres no han estado presentes durante su crianza. A los 4 años de edad, sufrió un accidente que involucró sus extremidades inferiores, desde entonces ha requerido múltiples procedimientos quirúrgicos.
6.1. Primera instancia. Por solicitud del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Bucaramanga, la secretaria del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga allegó copia de los documentos solicitados en el auto 16 de noviembre de 2017, esto es, de los expedientes de anteriores acciones de tutela interpuestas por la agente oficiosa M.H.[8]. Se aportaron dos expedientes de tutela: (i) el primero de radicado 2012-0308-00, acción de tutela interpuesta en representación de J.A.H.H. solicitando la protección del derecho fundamental a la salud. (ii) La segunda, con radicado 2017-00130-00, interpuesta por M.H. como agente oficiosa de su nieta N.A.G.B. (accionante de la presente acción de tutela), con la pretensión de resguardar el derecho a la salud de la menor por haber negado la Nueva E.P.S. la autorización del procedimiento médico de extracción quirúrgica de placa en tibia derecha, curetaje de tibia, aplicación de autoinjerto en tibia, TOA de injerto de cresta iliaca y osteosíntesis de tibia con placa L.C.P. ordenado por su médico tratante; ocasión en la que el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de B. decidió tutelar el derecho a la salud de la menor ordenando la práctica del procedimiento en sentencia proferida el 11 de mayo de 2017.
En el presente asunto, el 20 de noviembre de 2017 el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de B. tuteló el derecho fundamental a la salud de la accionante por considerar que: (i) según la prescripción del médico tratante la cirugía que requiere la menor es indispensable y urgente, por lo que la acción de tutela es procedente en razón a que la entidad accionada no puede negarse a autorizar procedimientos, medicamentos o servicios ordenados, pues dicha omisión pone en riesgo la integridad física y la salud de la accionante, al someterla a demoras injustificadas. (ii) En relación a la exoneración de copagos, consideró que si bien el esposo de la actora trabaja, las condiciones particulares propias del grupo familiar permiten inferir que no se cuenta con la capacidad económica para sufragar dichos emolumentos y garantizar que no hayan barreras en el acceso al derecho a la salud de la menor. Lo anterior en razón a que el grupo familiar vive en el municipio de Pailitas, paga arriendo, la menor vive bajo el cuidado de la abuela materna, su padre biológico se encuentra detenido en un establecimiento penitenciario, y cuando la niña requiere atención especializada, deben trasladarse a la ciudad de Bucaramanga para acceder al mismo.
6.3. Segunda instancia. El 15 de enero de 2018 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de B. decidió revocar el fallo materia de impugnación. Consideró que la tutela era improcedente, por tratarse, a su criterio, de una acción con idénticos hechos y pretensiones a los de la tutela con radicado 2017-00130-00 decidida por el Juez Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, razón por la cual pronunciarse sobre la misma quebrantaría los principios de cosa juzgada material y de seguridad jurídica. No obstante, el Tribunal reconoció la necesidad de brindar el servicio integral de atención a la menor en virtud de la patología que padece y de pronunciarse sobre la exoneración de copagos, cuestiones que no fueron consideradas por el mencionado juez dentro de la decisión.
7.1. El 16 de noviembre de 2017, O.D.Á. interpuso acción de tutela contra Coomeva E.P.S. actuando en nombre propio. En su criterio, la E.P.S. vulnera sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana al no realizar la exoneración en la cancelación de copagos asociados a sus padecimientos. Lo anterior, con base en los siguientes hechos:
7.2. O.D.Á., de 61 años, fue diagnosticado, entre otras patologías, con “Trastorno cognitivo leve y Trastorno Depresivo”, por lo cual su médico tratante le prescribió el suministro de “fluoxetina capsulas 20 mgs x 90 capsulas y Terapias de Estimulación Cognitiva por Neuronopsicología”.
10.1.2. Mediante Oficio del 26 de junio de 2018, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga informó al Despacho que conoció de la acción de tutela con radicado número 2017-00130-00, instaurada por la señora M.H., quien actuó como agente oficiosa de su nieta N.A.G.B. contra la Nueva E.P.S. Confirmó que el 11 de mayo de 2017 profirió sentencia de primera instancia en la que amparó el derecho a la salud de la menor, ordenando a la EPS accionada a autorizar y emitir orden para que el médico tratante especialista en ortopedia pediátrica realizara el procedimiento de extracción quirúrgica en tibia derecha, aplicación de autoinjerto en tibia, TOA de injerto de cresta iliaca y osteosíntesis de tibia con placa L.C.P. de 4.5mm. Adujo que el 20 de junio de 2017 fue interpuesto incidente de desacato por la parte accionante, por lo cual el Juzgado requirió en sendas ocasiones, el 21 de junio de 2017 y el 4 de julio de 2017, a la Nueva E.P.S. a fin de que informara de manera detallada las diligencias realizadas tendientes a dar cumplimiento al mencionado fallo de tutela. El 16 de agosto de 2017 ordenó la terminación y archivo del incidente de desacato, en atención a que la E.P.S. accionada informó que el procedimiento médico solicitado había sido efectivamente autorizado y programado[10].
Ahora bien, en relación al fallo de tutela de segunda instancia emitido el 15 de enero de 2018 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del distrito de Bucaramanga, con radicado 2017-00113-01, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de B. advirtió que a la fecha no ha recibido notificación alguna de dicha providencia.
10.2.1. En relación con el expediente T-6.717.879 se requirió al señor O.D.Á., ampliar la información sobre las circunstancias económicas particulares que, en su criterio, le impiden cubrir con la cancelación de los copagos derivados de su tratamiento médico.
1.2. Las acciones de tutela en defensa de los menores S.P.A. (T-6.388.460), de 3 años de edad, y N.A.G.B. (T-6.700.573), de 11 años de edad, cumplen los requisitos de procedibilidad. En efecto, J.M.P.F. puede interponer la acción de tutela por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de su hijo, pues actúa como su representante legal[12]. Del mismo modo, M.H. se halla habilitada para interponer la acción de tutela por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de su nieta, actuando en calidad de agente oficiosa[13]. Las solicitudes de protección constitucional se pueden instaurar contra Famisanar E.P.S y la Nueva E.P.S., dado que se trata de entidades que prestan el servicio público de salud y que en el presente asunto tienen a su cargo la garantía de los derechos de los demandantes, por lo cual, la acción de tutela procede en su contra, al tenor del numeral 2° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991[14].
1.3. Distinto es el caso de la tutela interpuesta por O.D.Á. (T-6.717.879), ciudadano de 61 años que actúa en nombre propio alegando la vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas. El demandante invoca la protección contra la E.P.S Coomeva que, en su criterio, está transgrediendo sus derechos al no exonerarlo de la cancelación de copagos asociados a su tratamiento médico. Sin embargo, la Sala observa que dentro del expediente no se advierte prueba si quiera sumaria de que el actor haya elevado petición ante la entidad accionada, solicitando ser eximido de los referidos copagos.
En este orden de ideas, para la Sala no se acredita una acción u omisión de la EPS accionada que afecte o amenace los derechos fundamentales del señor O.D.Á., toda vez que la ausencia de solicitud de exoneración de copagos por parte del actor impide verificar la existencia de una acción u omisión que genere la vulneración de derechos alegada. Lo anterior implica que la solicitud de amparo debe declararse improcedente.
El derecho fundamental a la salud y su protección especial para menores de edad. Reiteración jurisprudencial
De igual manera, la Corte en sentencia T-178 de 2017[43] resolvió reconocer tratamiento integral y la exoneración del pago de los copagos y las cuotas moderadoras a favor de una mujer de 90 años de edad, diagnosticada con A., Trastorno Afectivo Bipolar (TAB), Dislipidemia, HTA, Artrosis degenerativa e hipotiroidismo, a fin de conservar su vida en condiciones dignas.
El derecho a la salud para personas con enfermedades huérfanas
La naturaleza jurídica de los copagos y de las cuotas moderadoras y las hipótesis en las que procede su exoneración
No simultaneidad. En ningún caso podrán aplicarse simultáneamente para un mismo servicio copagos y cuotas moderadoras.”[62]
“Artículo 1°. Enfermedades de A.C.. Para los efectos del artículo 1° del Decreto 2699 de 2007, sin perjuicio de lo establecido en la Resolución 2565 de 2007, téngase como enfermedades de alto costo, las siguientes: a) Cáncer de cérvix, b) Cáncer de mama, c) Cáncer de estómago, d) Cáncer de colon y recto, e) Cáncer de próstata, f) Leucemia linfoide aguda, g) Leucemia mieloide aguda, h) Linfoma hodgkin, i) Linfoma no hodgkin, j) Epilepsia, k) Artritis reumatoidea, l) Infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)” (subrayado fuera del texto original).
“ARTÍCULO 129. ALTO COSTO. Sin implicar modificaciones en la cobertura del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC, entiéndase para efectos del no cobro de copago los siguientes eventos y servicios como de alto costo: A. Alto Costo Régimen Contributivo: 1. Trasplante renal, corazón, hígado, médula ósea y córnea. 2. D. peritoneal y hemodiálisis. 3. Manejo quirúrgico para enfermedades del corazón. 4. Manejo quirúrgico para enfermedades del sistema nervioso central. 5. R. articulares. 6. Manejo médico quirúrgico del paciente gran quemado. 7. Manejo del trauma mayor. 8. Diagnóstico y manejo del paciente infectado por VIH/SIDA. 9. Quimioterapia y radioterapia para el cáncer. 10. Manejo de pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos. 11. Manejo quirúrgico de enfermedades congénitas”.[72]
La referida Cuenta fue creada mediante el Decreto 2699 de 2007, como el organismo encargado de administrar financieramente los recursos que las Entidades Promotoras de Salud de los Regímenes Contributivo y S. y demás Entidades Obligadas a Compensar (EOC), destinen para el cubrimiento de la atención de las enfermedades ruinosas y catastróficas. En este orden, la Corte concluyó que de la inclusión de las enfermedades huérfanas a la mencionada Cuenta, se infiere su reconocimiento en el marco legal vigente, como enfermedades de alto costo.[78]
6.1. Expediente T-6.688.460. S.P.A. tiene derecho a ser exonerado de los copagos asociados al tratamiento médico de sus padecimientos de salud
6.1.1. Tal y como se indicó, la Sala de Revisión se propuso determinar si la E.P.S. Famisanar vulneró los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna del menor S.P.A., al negar la exoneración de copagos generados a partir del tratamiento de sus padecimientos de salud, bajo el argumento de que su diagnóstico no corresponde a una enfermedad de alto costo, según el artículo 129 de la Resolución 6408 de 2016, y es beneficiario en el régimen contributivo del SGSSS.
6.1.2. S.P.A. es un menor de 3 años de edad diagnosticado con R. en el Desarrollo, Epilepsia Refractaria y Errores Innatos del Metabolismo- Trastorno de Glicosilación. Debido a las patologías que padece, le son ordenados recurrentemente diversos servicios y procedimientos médicos, tales como: (i) el suministro diario de 12 medicamentos diferentes[80]; (ii) el suministro del suplemento alimenticio Ketovolve[81]; (iii) la práctica de exámenes[82]; así como (iv) consultas con diversos especialistas. Para acceder a cada prestación médica ha tenido que sufragar copagos por valores que fluctúan entre $29.900[83] y $1.416.800[84]. Afirma su padre que el menor se encuentra legalmente eximido de la cancelación de copagos con ocasión de su tratamiento, toda vez que las enfermedades de Epilepsia Refractaria y Errores Innatos del Metabolismo- Trastorno de Glicosilación corresponden a la categoría de enfermedad catastrófica y huérfana, respectivamente; por lo que solicita que la E.P.S. Famisanar exonere de dicha erogación económica a su hijo. El representante legal del menor manifestó que actualmente no cuenta con los recursos económicos para afrontar el pago de copagos tan elevados como los que ha tenido que asumir por cada procedimiento y medicamento que requiere su hijo.
6.1.3. Por su parte, la E.P.S. Famisanar afirmó que el menor se encuentra activo en el régimen contributivo, en calidad de beneficiario de su madre, N.L.A., con un ingreso base de cotización mayor a 5 SMMLV. Manifestó no haber negado servicios médicos para el accionante, existiendo autorización activa por concepto de F.N.K., sin que los progenitores lo hayan reclamado por haberse negado a cancelar los copagos asociados a su entrega. Finalmente, aclaró que la patología que padece el paciente no se encuentra catalogada como de alto costo de acuerdo con lo estipulado en el artículo 129 de la Resolución 6408 de 2016 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, por lo que considera que no procede la exoneración de copagos para su tratamiento.
Al estudiar la historia clínica aportada al expediente, se observa que S.P.A. fue diagnosticado con R. del Desarrollo, Epilepsia Refractaria y Error Innato del Metabolismo- Trastorno de la Glicosilación en estudio, lo que le genera “aproximadamente 2-3 episodios en el día de supraversión de la mirada al parecer con mioclonia en ocasiones en salvas por 7-8 minutos, en ocasiones refiere que presenta postura tónica con presencia de desaturación y cianosis”[85].
6.1.7. Por lo indicado en precedencia, se concluye que en este caso el amparo invocado por el señor J.M.P.F. en representación de su hijo S.P.A. contra la E.P.S Famisanar, en relación a la exoneración de la cancelación de copagos y cuotas moderadoras, debe ser concedido. Como se indicó, las patologías de Epilepsia Refractaria y Error Innato del Metabolismo-Trastorno de Glicosilación, de acuerdo a la normatividad vigente, son consideradas enfermedades catastróficas o de alto costo, por lo que deben exonerarse de todo copago o cuota moderadora que requieran para su tratamiento integral, sin que sea relevante el régimen bajo el cual esté vinculado al SGSSS el usuario. En este sentido la Sala encuentra que Famisanar E.P.S. vulneró los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna del actor, al negar la exoneración de copagos solicitada.
6.1.8. De esta manera, la Sala de Revisión procederá a revocar la sentencia proferida el 22 de febrero de 2018 por el Juzgado 53 Civil Municipal de Bogotá D.C., y en su lugar concederá el amparo de los derechos invocados por el señor J.M.P.F. en representación de su hijo S.P.A.. En consecuencia, ordenará a Famisanar E.P.S. que, a partir de la notificación de esta providencia, asuma la prestación los servicios de salud que en adelante requiera el menor S.P.A. para enfrentar las enfermedades a las que se ha hecho referencia, sin que le sean exigidos copagos por la atención médica que le sea brindada.
6.2. Expediente T-6.700.573. N.A.G.B. tiene derecho a recibir el procedimiento ordenado por su médico tratante y el tratamiento integral para su patología, así como a ser exonerada de los copagos asociados al mismo
6.2.1. N.A.G.B. es una menor de 11 años de edad que ha estado siempre a cargo de sus abuelos. Desde los 4 años ha requerido múltiples procedimientos quirúrgicos y actualmente se encuentra diagnosticada con Osteomielitis Crónica de Tibia. Le fue ordenada la práctica urgente del procedimiento quirúrgico denominado Epifisiodesis de Tibia Izquierda, el cual no fue autorizado por la accionada bajo el argumento de no tener contrato vigente con la IPS a la que se encuentra adscrito el médico tratante. En razón a lo anterior, la agenciada solicita la autorización y práctica del procedimiento quirúrgico prescrito y el reconocimiento de tratamiento integral para su patología. De otro lado, manifestó la agente oficiosa que no cuenta con los recursos económicos para cubrir los copagos asociados al tratamiento médico de la menor, por lo que solicita la exoneración de los mismos por parte de la Nueva E.P.S.
6.2.3. En primer lugar, la Sala de Revisión se ocupará de determinar si el asunto debatido dentro del presente trámite de amparo había hecho tránsito a cosa juzgada, derivada de la existencia del fallo de tutela con radicado 2017-00130-00, emitido por el Juez Séptimo Civil del Circuito de B., como lo indicó el juez constitucional en segunda instancia.
Sobre el particular, la Sala observa que la tutela con radicado 2017-00130-00 fue interpuesta por M.H. contra la Nueva E.P.S. como agente oficiosa de su nieta N.A.G.B., en razón de que la entidad negó en ese entonces la autorización del procedimiento médico de extracción quirúrgica de placa en tibia derecha, curetaje de tibia, aplicación de autoinjerto en tibia, TOA de injerto de cresta iliaca y osteosíntesis de tibia con placa L.C.P. ordenado por su médico tratante. La solicitud elevada en la referida acción de tutela fue únicamente respecto de la práctica efectiva del citado procedimiento, no en relación con el suministro de tratamiento integral de alguna patología ni sobre la exoneración de copagos. En dicha ocasión el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de B. decidió tutelar el derecho a la salud de la menor ordenando la práctica del procedimiento mencionado, en sentencia proferida el 11 de mayo de 2017.[91]
Es relevante advertir que la peticionaria, a su corta edad, con ocasión del diagnóstico de Osteomielitis Crónica de Tibia, ha sido sometida a nueve intervenciones quirúrgicas a lo largo de los años. Lo anterior permite concluir que el tratamiento de la patología de la menor requiere una serie de órdenes, medicamentos, exámenes, procedimientos y, en general, servicios en materia de salud que tornan procedente la solicitud de tratamiento integral realizada por la agente oficiosa en favor de su nieta. Esto toma mayor relevancia cuando, como se dejó evidenciado, la Nueva E.P.S ha incumplido anteriormente sus obligaciones como entidad prestadora de salud con la menor N.A.G.B..
6.2.7. En síntesis, la Sala de Revisión encuentra que la Nueva E.P.S., al negar la autorización del procedimiento quirúrgico Epifisiodesis de Tibia Izquierda, no reconocer tratamiento integral para la patología Osteomielitis Crónica de Tibia y tampoco acceder a la exoneración de copagos solicitada por la agente oficiosa en favor de la menor de edad, vulneró los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la integridad física y al mínimo vital de la paciente. Conforme con las consideraciones expuestas, N.A.G.B. tiene derecho (i) a que no se interpongan obstáculos administrativos, como la falta de convenios, para que se brinde la atención en salud que requiere, (ii) a que se le reconozca tratamiento integral para su patología, en virtud de su especial situación de vulnerabilidad y las actuaciones negligentes en las que, a la fecha, ha incurrido la E.P.S accionada, y (iii) a que se le exonere de los copagos asociados a su tratamiento, para que éstos no constituyan una barrera en el acceso al servicio de salud de la menor de edad.
6.3.1. En concordancia con los argumentos expuestos en el acápite 1.3 de las consideraciones de esta sentencia, en el presente caso, la Sala de Revisión no encuentra acreditada una acción u omisión de la E.P.S. accionada que afecte o amenace los derechos fundamentales del señor O.D.Á.. La inexistencia de pruebas sobre la solicitud de exoneración de copagos por parte del actor impide verificar la existencia de una acción u omisión que genere la vulneración de derechos alegada. Lo anterior implica que la solicitud de amparo debe ser declarada improcedente. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2017 por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Oralidad de Cúcuta y, en su lugar, declarará improcedente la acción de tutela promovida por señor O.D.Á. contra C. E.P.S.
Síntesis de las decisiones
7.2. En el expediente T-6.688.460, la Sala encontró que la E.P.S. Famisanar desconoció el derecho a la salud y a la vida digna de S.P.A., al negar la exoneración de copagos y cuotas moderadoras que se generan con ocasión al tratamiento de sus patologías de Epilepsia Refractaria y Error Innato del Metabolismo-Trastorno de Glicosilación. Lo anterior por cuanto el menor, sujeto de especial protección constitucional, padece de dos enfermedades de alto costo, de manera que, en virtud de la normatividad vigente y la jurisprudencia constitucional, los tratamientos asociados a dichas enfermedades son susceptibles de exoneración de copagos y cuotas moderadoras, sin que sea relevante el régimen de afiliación al que pertenece el afiliado.
Por lo anterior, la Sala de Revisión revocará la sentencia proferida el 22 de febrero de 2018 por el Juzgado 53 Civil Municipal de Bogotá D.C., y en su lugar accederá a conceder el amparo de los derechos invocados por el señor J.M.P.F. en representación de su hijo S.P.A.. En consecuencia, ordenará a Famisanar E.P.S. asumir la prestación los servicios de salud que en adelante requiera el peticionario menor de edad, para enfrentar las enfermedades que padece y a las que se ha hecho referencia en esta sentencia, sin que le puedan ser exigidos copagos por la atención médica que le sea brindada.
7.3. En el expediente T-6.700.573, la Sala encontró que la Nueva E.P.S. desconoció el derecho a la salud, a la vida digna, a la integridad física y al mínimo vital de la menor N.A.G.B., al negarse a: (i) autorizar la práctica del procedimiento quirúrgico requerido (Eprifisiodesis de Tibia Izquierda) en el marco del tratamiento de la patología que padece (Osteomielitis Crónica de Tibia), (ii) reconocer tratamiento integral para su diagnóstico y (iii) exonerarla de copagos y cuotas moderadoras que se causen con ocasión al mismo.
7.4. En el expediente T-6.717.879, la Sala no encontró acreditada una acción u omisión de la EPS accionada que afecte o amenace los derechos fundamentales del señor O.D.Á.. Esto, en la medida en que la ausencia de solicitud de exoneración de copagos por parte del actor impide verificar la existencia de una acción u omisión que genere la vulneración de derechos alegada, de forma que la solicitud de amparo debe declararse improcedente. En consecuencia, se revocará la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2017 por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Oralidad de Cúcuta y, en su lugar, se declarará improcedente la acción de tutela promovida por señor O.D.Á. contra Coomeva E.P.S..
Primero.- Dentro del Expediente T-6.688.460, REVOCAR la sentencia proferida el 22 de febrero de 2018 por el Juzgado 53 Civil Municipal de Bogotá D.C., y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos a la salud y a la vida digna del menor de edad S.P.A..
Segundo.- ORDENAR a Famisanar E.P.S. que, a partir de la notificación de esta providencia, asuma la prestación los servicios de salud que en adelante requiera S.P.A. para enfrentar las enfermedades Epilepsia Refractaria y Errores Innatos del Metabolismo- Trastorno de Glicosilación, sin que le puedan ser exigidos copagos por los tratamientos, medicamentos, procedimientos, exámenes, consultas y además costos que demande la atención de sus patologías.
Tercero.- Dentro del Expediente T-6.700.573, REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido el 15 de enero de 2018 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de B., que dejó sin efectos la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2017 por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Bucaramanga. En su lugar, CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2017 por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de B., que amparó los derechos invocados, en los términos expuestos en esta providencia.
Cuarto.- Dentro del Expediente T-6.717.879, REVOCAR la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2017 por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Oralidad de Cúcuta, que negó el amparo de los derechos invocados por el señor O.D.Á.. En su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por los motivos expuestos en esta providencia.
[2] Folio 39, Cuaderno de Instancia. Se observa fórmula médica del suplemento alimenticio K. por 300gr, 15 latas mensuales por seis meses.
[5] Folio 136, Cuaderno de Instancia. Suma correspondiente al copago de la entrega del suplemento dietario K. para un mes.
[6] F. 212-219, Cuaderno de Instancia.
[9] Se requirió al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de B. que informara si en cumplimiento del fallo de tutela de segunda instancia emitido el 15 de enero de 2018 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga con radicado 2017-00113-01, se realizó alguna modificación o adición a la decisión emitida en 11 de mayo de 2017 con radicado 2017-00130-00. En caso que la respuesta fuese afirmativa, se solicitó especificar en qué sentido se moduló el fallo y remitir a esta Corporación una copia de la respectiva providencia.
[12] En virtud de las facultades que se derivan del ejercicio pleno de la patria potestad (artículo 62 núm. 1, Código Civil). Así, las accionantes actúan “en nombre” de sus respectivos hijos, en los términos del artículo 86 de la Constitución. Además, ello tiene fundamento en el artículo 44 de la Constitución, que afirma que la familia tiene “la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”; y, del artículo 67, que consagra a la familia como uno de los responsables de “la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.” La Corte Constitucional ha llegado a la misma conclusión en reiterados pronunciamientos, en los que los padres de familia interponen acción de tutela en nombre de sus hijos. Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias: T-1027 de 2007. M.P.J.A.R.; T-441 de 2014. M.P.G.E.M.M.; T-055 de 2017. M.P.G.E.M.M., AV. Gloria S.O.D.; T-558 de 2017. M.P.I.H.E.M.; T-673 de 2017. M.P.G.S.O.D.; T-684 de 2017. M.P.D.F.R.; entre otras.
[13] La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que para intervenir como agente oficioso en la acción de tutela se requiere la manifestación expresa o que se infiera claramente que se actúa como agente oficioso de otra persona y que el agenciado esté en imposibilidad de promover directamente la acción constitucional. Sobre el particular, ha expresado esta Corporación que para agenciar derechos de menores de edad no se aplica el rigorismo procesal consistente en imponer al agente oficioso el deber de manifestar que el afectado en su derecho fundamental no se encuentra en condiciones de promover su propia defensa, por cuanto ello es obvio tratándose de los niños. Ver, entre otras, sentencias T-2541A de 2014. M.P.G.S.O.D.; T-462 de 1993. M.P.E.C.M.; T-439 de 2007. M.P.C.I.V.H.; T-503 de 1998. M.P.A.B.S.; T-681 de 2004. M.P.J.A.R.; T- 816 de 2007; M.P.C.I.V.H.; T-1014 de 2007. M.P.M.G.M.C.; T-312 de 2009. M.P.E.V.S.; T-694 de 2009. M.P.N.P.; T-131 de 2015. M.P.M.V.S.M. y T-926 de 2011. M.P.L.E.V.S..
[15] La Corte Constitucional, en diversas ocasiones, ha establecido como regla general que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para solicitar la protección de los derechos fundamentales a la salud de los menores de edad, véanse, por ejemplo, las sentencias T-577 de 2016. M.P.A.R.R.; T-200 de 2013. M.P.J.I.P.P.; T-753 de 2006. M.P. M.G.M.C., entre otras.
[16] Corte Constitucional, sentencia T-097 de 2018. M.P.C.B.P..
[17] Corte Constitucional, ver, entre otras, sentencias T-097 de 2018. M.P.C.B.P.; T-130 de 2014. M.P.L.G.G.P.; SU-975 de 2003. M.P.M.J.C.E.; T-883 de 2008. M.P.J.A.R. y T-013 de 2007. M.P.R.E.G..
[18] Corte Constitucional, sentencia T-130 de 2014. M.P.L.G.G.P.. En esta oportunidad se señala, lo siguiente: “Así pues, cuando el juez constitucional no encuentre ninguna conducta atribuible al accionado respecto de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violación de un derecho fundamental, debe declarar la improcedencia de la acción de tutela”.
[19] Corte Constitucional, sentencia T-013 de 2007. M.P.R.E.G..
[20] Corte Constitucional, sentencia T-130 de 2014. M.P.L.G.G.P..
[21] Corte Constitucional, sentencia T-130 de 2014. M.P.P. efectos de resolver el caso concreto, en esta ocasión la Sala concluyó: “[e]n este orden de ideas, atendiendo a las consideraciones expuestas anteriormente, la Sala encuentra que en el presente caso no existe ninguna conducta concreta, activa u omisiva, que haya podido concluir con la supuesta afectación de los derechos fundamentales alegados por la peticionaria, y a partir de la cual se puedan impartir órdenes para la protección del agenciado y su madre, o hacer un juicio de reproche a la entidad accionada”. Lo anterior, en la medida en que el peticionario no había solicitado a la entidad demandada la atención en salud que exigía en sede de tutela, como tampoco ésta, en consecuencia, había negado dicha atención.
[22] Corte Constitucional, sentencia T-089 de 2018. M.P.J.F.R.C..
[23] El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12, estableció que “todo ser humano tiene el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente” y, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General n.° 14 del 2000 advirtió que “la salud es derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos.” Lo que permite entender el derecho a la salud como “el disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud”. Estos fundamentos normativos también fueron citados en la sentencia C-313 de 2014. M.P.G.E.M.M. y T-089 de 2018. M.P.J.F.R.C..
[25] Corte Constitucional, ver entre otras, sentencias T-089 de 2018. M.P.J.F.R.C.; T-460 de 2012. M.P.J.I.P.P.; T-1087 de 2007. M.P.J.C.T.; T-583 de 2007. M.P.H.A.S.P.; T-905 de 2005. M.P.H.A.S.P.; C-313 de 2014. M.P.G.E.M.M. T-134 de 2002. M.P.Á.T.G. y T-544 de 2002. M.P.E.M.L..
[27] Corte Constitucional, ver entre otras, sentencias T-089 de 2018. M.P.J.F.R.C.; T-1087 de 2007. M.P.J.C.T.; T-583 de 2007. M.P.H.A.S.P.; T-905 de 2005. M.P.H.A.S.P. y C-313 de 2014. M.P.G.E.M.M.
[28] Corte Constitucional, ver entre otras, sentencias T-173 de 2012. M.P.M.V.C.C. y T-447 de 2014. M.P.M.V.C. Correa
[29]Corte Constitucional, sentencia C-529 de 2010. M.P.M.G.C..
[30]Corte Constitucional, sentencia T-089 de 2018. M.P.J.F.R.C..
[33] M.P.E.M.L..
[34] M.P.G.E.M.M..
[35]Corte Constitucional, sentencia C-313 de 2014. M.P.G.E.M.M., mediante la cual se ejerció control previo de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015.
[36] Corte Constitucional, sentencia T-178 de 2017. M.P.A.J.L.O.
[37] Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2009. M.P.H.A.S.P..
[38] Corte Constitucional, sentencia T-092 de 2018. M.P.L.G.G.P..
[39] Corte Constitucional, ver entre otras, sentencias T-062 de 2017. M.P.G.E.M.M.; T-408 de 2011. M.P.G.E.M.M. y T-209 de 2013. M.P.J.I.P.P..
[40] Corte Constitucional, ver entre otras, sentencias T-178 de 2017. M.P.A.J.L.O. y T-531 de 2009. M.P.H.A.S.P..
[41] M.P.L.G.G.P..
[42] M.P.A.J.L.O..
[43] M.P.A.J.L.O..
[44] V. por ejemplo, la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, adoptada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, reconoce expresamente el derecho de los menores de edad al disfrute del más alto nivel posible de salud y de servicios para el tratamiento de las enfermedades que padezcan, así como la rehabilitación de su salud. En particular señala que “[l]os Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho, y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: (…) b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud” (artículo 24). Asimismo, el artículo 3.1 de la Convención incorpora el principio de interés superior de los niños, al exigir que en “todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Igualmente, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 19, estableció que los niños cuentan con una protección específica. En la misma línea, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispuso, en su artículo 24-1, que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere y estas deben ser brindadas, tanto por su familia, como por la sociedad y el Estado.
[45] Corte Constitucional, ver entre otras, sentencias T-972 de 2001. M.P.M.J.C.E.; T-307 de 2006. M.P.H.A.S.P. y T-218 de 2013. M.P.A.J.E..
[47] Corte Constitucional, sentencia T-399 de 2017. M.P.C.P.S..
[48] Corte Constitucional, sentencia T-121 de 2015. M.P.L.G.G.P..
[49] Corte Constitucional. Ver entre otras, sentencias T-557 de 2016. M.P.A.R.R.; T-447 de 2014. M.P.M.V.C.C.; T-681 de 2012. M.P.N.P.P.; T-244-03. M.P.C.I.V.H.; T-069 de 2005. M.P.R.E.G.; T-069 de 2005.M.P.R.E.G. y T-539 de 2013. M.P.J.I.P.C..
[59] Corte Constitucional, sentencia C-542 de 1998. M.P.H.H.V..
[60] Corte Constitucional, sentencia T-399 de 2017. M.P.C.P.S..
[61] Corte Constitucional, sentencias T-584 de 2007. M.P.N.P.P. y T-148 de 2016. M.P.G.E.M.M..
[66] Corte Constitucional, ver entre otras, sentencias T-115 de 2016. M.P.L.G.G.P. y T-062 de 2017. M.P.G.E.M.M..
[67] Corte Constitucional, sentencia T-062 de 2017. M.P.G.E.M.M.. En esta ocasión se reiteró lo establecido, entre otras, en las sentencias T-330 de 2006. M.P.J.C.T.; T-310 de 2006. M.P.H.A.S.P. y T-115 de 2016. M.P.L.G.G.P..
[76]Corte Constitucional, sentencias T-612 de 2014. M.P.J.I.P.P.; T-676 de 2014. M.P.J.I.P.P. y T-399 de 2017. M.P.C.P.S..
[77] M.P.C.P.S..
[78] Corte Constitucional, sentencia T-399 de 2017. M.P.C.P.S..
[79] Corte Constitucional, sentencia T-399 de 2017. M.P.C.P.S..
[81] Folio 39, Cuaderno de Instancia. Se observa fórmula médica del suplemento alimenticio K. por 300gr, 15 latas mensuales por seis meses.
[84] Folio 136, Cuaderno de Instancia. Suma correspondiente al copago de la entrega del suplemento dietario K. para un mes.
[89] Higuera; V., P. (2011). «Diagnóstico y tratamiento de los trastornos congénitos de la glicosilación de las proteínas». Boletín de la Sociedad Pediátrica de Asturias, Cantabria Castilla y León, pp. 189. Información disponible en: https://www.sccalp.org/documents/0000/1759/BolPediatr2011_51_188-193.pdf
[90] Corte Constitucional, sentencia T-399 de 2017. M.P.C.P.S..
[92] F. 3-4, cuaderno de primera instancia.
[94] Corte Constitucional, sentencia T-763 de 2016. M.P.G.E.M.M..
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 4100122140002014-00303-01 de 5 de Diciembre de 2014
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002014-02690-00 de 27 de Noviembre de 2014