Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/-399795066
Timestamp: 2019-10-17 02:26:27
Document Index: 286347542

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 254', 'artículo 54', 'artículo 33', 'artículo 177', 'artículo 24', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 24', 'artículo 10', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 21', 'artículo 254', 'artículo 254', 'artículo 24', 'artículo 177', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 254', 'artículo 10', 'artículo 58']

Resolución de 10 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Albacete n.º 4 por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa. - Doctrina Administrativa - VLEX 399795066
Resolución de 10 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Albacete n.º 4 por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa.
Fecha de Resolución: 10 de Julio de 2012
Publicado en: BOE, 28 de Septiembre de 2012
En el recurso interpuesto por doña Josefina Quintanilla Montero, notaria de La Roda, contra la nota de calificación extendida por el registrador de la Propiedad de Albacete número 4, don José Simeón Rodríguez Sánchez, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa.
Por la notaria de La Roda, doña Josefina Quintanilla Montero, se autorizó el día 21 de febrero de 2012, escritura de compraventa de finca rústica en la que, entre otras cláusulas que no son de interés para este expediente, consta la siguiente: «…El precio de esta compraventa se fija en la cantidad de sesenta y nueve mil quinientos euros (69.500 Euros). Acreditación de los medios de pago: Declara la parte compradora que dicho importe se abonará mediante transferencia bancaria en el día de hoy, después del presente otorgamiento, con la conformidad también expresada en este acto, de la parte vendedora; sin devengo alguno de intereses ni estipulación de garantía respecto al precio aplazado».
Presentada la referida documentación en Registro de la Propiedad de Albacete número 4, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Registro de la Propiedad de Albacete n.º 4 Entrada N.º: 449 del año: 2.012 Asiento N.º: 422 Diario: 144 Presentado el 21/02/2012 a las 14:32. Presentante: G. B., L. Interesados: Don L. G. B., don L. G. B., don J. M. V. N., doña F. T. F Naturaleza: Escritura pública Objeto: compraventa Protocolo n.º: 90/2012 de 21/02/2012 Notario: Josefina Quintanilla Montero, La Roda Albacete a 12 de Marzo de 2.010 (sic). Examinada copia auténtica de escritura autorizada el día 21/02/2012 por el Notario Josefina Quintanilla Montero, número 90/2012 de su protocolo y que ha causado el asiento de presentación 422 del diario 144, se suspende la inscripción por cuanto: Resulta: Hechos. 1. No consta presentación a efectos de liquidación del Impuesto. Siendo de aplicación, a mi juicio, los siguientes fundamentos jurídicos. 1- El artículo 18 de la Ley Hipotecaria que establece la obligación del Registrador de calificar los títulos presentados a inscripción. 2. En relación con el caso concreto, en cuanto al punto 1, lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley Hipotecaria que dice «Ninguna inscripción se hará en el Registro de la Propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos o que se establecieren por las leyes, si los devengare el acto o contrato que se pretenda inscribir». Y así lo reiteran, respecto del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el artículo 54 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre y 122 de su Reglamento aprobado por Real Decreto de 29 de mayo de 1995 que ordena el «cierre registral» si no consta nota en el documento del pago de la liquidación, exención o no sujeción; y con relación al Impuesto de Sucesiones y Donaciones el artículo 33 de la Ley 29/1987 de 18 de diciembre. Además, se suspende la inscripción, porque, Resulta, Hechos. 1. No constan los códigos de cuenta de cargo y abono, ni en su defecto el ordenante, beneficiario, fecha, importe, entidad emisora y ordenante y receptora o beneficiarla de la trasferencia utilizada como medio de pago. Siendo de aplicación, a mi juicio, los siguientes fundamentos jurídicos: 2. El articulo 177 del Reglamento Notarial que dice: «En caso de pago por transferencia o domiciliación, los comparecientes deberán manifestar los datos correspondientes a los códigos de las cuentas de cargo y abono quedando constancia en la escritura de dichas manifestaciones». «A los efectos previstos en el párrafo anterior, si se tratara de transferencia se entenderá suficientemente identificada aunque no se aporten los códigos de las cuentas de cargo y abono, siempre que conste el ordenante beneficiario, fecha importe, entidad emisora y ordenante y receptora o beneficiaria». Contra la precedente resolución (...). El Registrador de la Propiedad. Fdo.: José Simeón Rodríguez Sánchez. Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por José Simeón Rodríguez Sánchez registrador/a de Registro Propiedad de Albacete 4 a día doce de Marzo del año dos mil doce».
Instada calificación sustitutoria, se emitió por doña Josefa Adoración Madrid García, registradora de la Propiedad interina de Alcaraz, en fecha 21 de marzo de 2012, confirmando la calificación del registrador de la Propiedad de Albacete número 4.
Contra la anterior nota de calificación, doña Josefina Quintanilla Montero, como notaria autorizante, interpone recurso exclusivamente contra el segundo defecto en virtud de escrito, de fecha 11 de abril de 2012, en el que alega, resumidamente, lo siguiente: Que la nota de calificación hace una aplicación parcial del artículo 177 del Reglamento Notarial, olvidando su remisión al artículo 24 de la Ley Hipotecaria; Que, igualmente, omite la nota el hecho de que el precio está aplazado sin expresar por qué no se considera así; Que no existe negativa a identificar los medios de pago, pues resulta de la escritura que se hará por transferencia bancaria, por lo que la Administración Tributaria tendrá esta información si lo considera adecuado; y, Que, de conformidad con la doctrina de la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 9 de julio de 2009, las exigencias de los artículos 21 y 254 de la Ley Hipotecaria y 24 de la Ley del Notariado y 177 de su Reglamento, se refieren a pagos realizados antes o en el momento de la autorización.
El registrador emitió informe el día 30 de abril de 2012, elevando el expediente a este Centro Directivo ratificándose en su calificación, poniendo de manifiesto que por rectificación del título éste ya ha sido inscrito.
Vistos los artículos 103 de la Constitución Española; 1156 y 1170 del Código Civil; 1, 10, 18, 21, 22, 254, 326 y 327 de la Ley Hipotecaria; 1, 17, 17 bis, 23, 24 y 47 de la Ley del Notariado; sexto y séptimo de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal; 143, 145, y 177 del Reglamento Notarial; 51.7 del Reglamento Hipotecario; y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de noviembre de 1986, 2 de noviembre de 1992, 12 de junio de 1993, 5 de octubre de 1994, 27 de septiembre de 1999, 12 de septiembre y 2 de diciembre de 2000, 27 de mayo de 2003, 23 y 26 de septiembre de 2005, 14, 20 y 28 de febrero y 18 de mayo de 2007, 26 de mayo de 2008, 2 de junio, 6, 7, 8 y 9 de julio, 5 de septiembre y 12 de noviembre de 2009, 5 de marzo, 5 de abril y 2 de junio de 2010 y 5 de mayo y 2 y 6 de julio de 2011.
La única cuestión objeto de recurso en este expediente versa sobre si, en el supuesto de que el precio pactado en una compraventa se aplace en su totalidad y respecto del que se afirma será satisfecho mediante transferencia bancaria, es preciso reseñar en el título los datos exigidos por la legislación notarial.
La cuestión relativa a la constancia de los medios de pago en escritura pública no es algo esencialmente novedoso en nuestro ordenamiento (baste recordar la normativa que tradicionalmente lo ha exigido en materia de inversiones extranjeras y control de cambios), si bien la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, por la que se procede a modificar los artículos 17, 23 y 24 de la Ley del Notariado y 21 y 254 de la Ley Hipotecaria, incorpora elementos muy distintos e impone nuevas obligaciones que permiten conocer cuál ha sido la voluntad del legislador.
El artículo 10 de la Ley Hipotecaria, que no ha sido modificado, establece que «en la inscripción de contratos en los que haya mediado precio o entrega en metálico, se hará constar el que resulte del título, así como la forma en que se hubiere hecho o convenido el pago».
De la normativa anterior se deducía claramente que no existía obligación legal alguna de hacer constar los medios de pago –entendiendo por tales los concretos cauces o vías empleados o previstos para satisfacer el precio o contraprestación–, sino tan sólo el montante del precio y forma del pago. La simple comparación entre el artículo 10 de la Ley Hipotecaria y el vigente artículo 24 de la Ley del Notariado demuestra –si no se quiere concluir en una interpretación absurda en el sentido de que el legislador no ha aportado nada novedoso– que de aquel precepto de la Ley Hipotecaria no se derivaba obligación de concreción de medios de pago y fechas del mismo respecto de aquellas escrituras que tenían por objeto transmisiones inmobiliarias o constituciones de derechos reales sobre bienes inmuebles, ya que no debe confundirse forma de pago (artículo 10 de la Ley Hipotecaria) con identificación de medios de pago (artículos 24 de la Ley del Notariado y 21 y 254 de la Ley Hipotecaria).
Dicho marco normativo ha sido objeto de una importante revisión a raíz de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, que introduce reformas en la legislación hipotecaria y notarial con el objetivo fundamental de que la respectiva actuación de los notarios y registradores contribuya activamente en la prevención del fraude fiscal. Como pone de manifiesto la Exposición de Motivos de dicha Ley, que constituye un elemento relevante para conocer cuál ha sido la voluntad del legislador, el fraude fiscal es un fenómeno del que derivan graves consecuencias para la sociedad en su conjunto, por lo que frente a los comportamientos defraudatorios, la actuación de los poderes públicos debe encaminarse no sólo a la detección y regularización de los incumplimientos tributarios, sino también a evitar que esos comportamientos se produzcan. En este sentido la citada Exposición de Motivos destaca que el «fortalecimiento del control y la prevención del fraude fiscal es un compromiso del Gobierno» y que, atendiendo a las líneas estratégicas de la lucha contra el fraude se incluyen «un conjunto de medidas tendentes a potenciar las facultades de actuación de los órganos de control, con remoción de los obstáculos procedimentales que pudieran perjudicar la eficacia de la respuesta al fenómeno del fraude». En este contexto general, una de las finalidades de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, según su Exposición de Motivos, es la prevención del fraude fiscal en el sector inmobiliario, en el que las novedades que introduce aquélla «se dirigen a la obtención de información que permita un mejor seguimiento de las transmisiones y el empleo efectivo que se haga de los bienes inmuebles. Para ello se establece la obligatoriedad de la consignación del Número de Identificación Fiscal (NIF) y de los medios de pago empleados en las escrituras notariales relativas a actos y contratos sobre bienes inmuebles. La efectividad de estas prescripciones queda garantizada al fijarse como requisito necesario para la inscripción en el Registro de la Propiedad de tales escrituras. Esta figura del cierre registral ante incumplimientos de obligaciones de origen fiscal no constituye en ningún caso una novedad en nuestro ordenamiento. Debemos recordar, en efecto, que la normativa vigente ya prevé la figura del cierre registral en relación, por ejemplo, con las declaraciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones».
Para conseguir tales objetivos la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, modificó, entre otros y en relación con la materia específica que es objeto del presente recurso, el artículo 24 de la Ley del Notariado así como los artículos 21 y 254 de la Ley Hipotecaria.
La obligación de comprobar si las escrituras públicas a que se refiere el artículo 24 de la Ley del Notariado expresan no sólo «las circunstancias que necesariamente debe contener la inscripción y sean relativas a las personas de los otorgantes, a las fincas y a los derechos inscritos» (disposición que se mantiene en su redacción anterior), sino, además, «la identificación de los medios de pago empleados por las partes, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862» (artículo 21 de la Ley Hipotecaria).
El cierre del Registro respecto de esas escrituras públicas en las que consistiendo el precio en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente, «el fedatario público hubiere hecho constar en la escritura la negativa de los comparecientes a identificar, en todo o en parte, los datos o documentos relativos a los medios de pago empleados» –apartado tercero del mismo artículo 254–. En tales casos, esto es, negativa total o parcial a identificar el medio de pago, se entenderá que tales escrituras están aquejadas de un defecto subsanable, pudiéndose subsanar éste a través de otra escritura «en la que consten todos los números de identificación fiscal y en la que se identifiquen todos los medios de pago empleados» (artículo 254.4 de la Ley Hipotecaria).
En desarrollo del artículo 24 de la Ley del Notariado, el artículo 177 del Reglamento Notarial, con el precedente de la Instrucción de este Centro Directivo de 28 de noviembre de 2006, ha sido objeto de diversas modificaciones por los Reales Decretos 45/2007 de 19 de enero, 1804/2008 de 3 de noviembre y, finalmente, 1/2010, de 8 de enero, este último vigente en el momento de la autorización de la escritura pública cuya calificación es objeto del presente recurso.
En el párrafo segundo de dicho precepto reglamentario se impone al notario una obligación de identificación de los medios de pago cuando concurran tres requisitos: a) Que impliquen declaración, constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles; b) Que sean a título oneroso; y c) Que la contraprestación consista en todo o en parte en dinero o signo que lo represente. Concurriendo estos tres requisitos, el régimen de la obligación de identificación de los medios de pago se puede sistematizar en los siguientes términos:
Se han de expresar por los comparecientes los importes satisfechos en metálico, quedando constancia en la escritura de dichas manifestaciones.
Pagos realizados por medio de cheques u otros instrumentos cambiarios: Además de la obligación del notario de incorporar testimonio de los cheques y demás instrumentos de giro que se entreguen en el momento del otorgamiento, se establece que, en caso de pago anterior a dicho momento, los comparecientes deberán manifestar los datos a que se refiere el artículo 24 de la Ley del Notariado, correspondientes a los cheques y demás instrumentos de giro que hubieran sido entregados antes de ese momento. Pero a los datos del artículo 24 de la Ley del Notariado se añaden otros nuevos: la numeración y el código de la cuenta de cargo de los instrumentos de giro empleados.
En caso de pago por transferencia o domiciliación, el régimen es indistinto para el caso de que los pagos sean anteriores o simultáneos al otorgamiento de las escrituras: los comparecientes deberán manifestar los datos correspondientes a los códigos de las cuentas de cargo y abono, quedando constancia en la escritura de dichas manifestaciones.
Si los comparecientes se negasen a aportar alguno de los datos o documentos citados anteriormente, el notario hará constar en la escritura esta circunstancia, y advertirá verbalmente a aquéllos del cierre registral dispuesto en el apartado 3 del artículo 254 de la Ley Hipotecaria, dejando constancia, asimismo, de dicha advertencia.
Visto el régimen legal que rige en la materia y de acuerdo con la reiterada doctrina de este Centro Directivo (vid. los «Vistos»), es evidente que el defecto opuesto por el registrador respecto de la necesidad de hacer constar los medios previstos para los pagos correspondientes cuando la totalidad del precio queda aplazado no puede mantenerse. Las manifestaciones y constancia documental de los medios de pago empleados exigidas tanto por los artículos 21 y 254 de la Ley Hipotecaria, como por los artículos 24 de la Ley del Notariado y 177 de su Reglamento aparecen referidas, en todo caso, a los pagos realizados en el momento del otorgamiento de la correspondiente escritura pública o con anterioridad al mismo, pero no se refieren en ningún caso a los pagos que para satisfacer la parte de la prestación dineraria pactada que haya sido aplazada se hayan de realizar en un momento ya posterior a aquél otorgamiento, con independencia de que en la inscripción se haga constar, conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria, la forma en que las partes contratantes hayan convenido los pagos futuros correspondientes a la parte del precio aplazado. Por lo demás, y habida cuenta de que en el expediente que ha provocado la presente el defecto observado fue subsanado por la notaria recurrente no cabría plantear ni siquiera como hipótesis (como ocurrió en el supuesto de la Resolución de 12 de noviembre de 2009) cuál habría de ser la respuesta en caso de que los interesados reclamen la constancia registral, a través de la correspondiente nota marginal, del pago de cualquier cantidad que haga el adquirente después de practicada la inscripción de su adquisición por cuenta o saldo del precio de la venta, conforme al artículo 58.1, del Reglamento Hipotecario, y si tal constancia queda sujeta o no a las exigencias de constancia del medio de pago empleados impuestas por la reiterada Ley 36/2006.
Madrid, 10 de julio de 2012.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodríguez Hernández.
Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valladolid, don...
STSJ Andalucía , 12 de Enero de 2007
STSJ Castilla-La Mancha 90/2010, 17 de Febrero de 2010
SAP Barcelona 597/2013, 11 de Octubre de 2013