Source: https://es.scribd.com/doc/534585/DECRETO-NUMERO-02-2003-LEY-DE-ORGANIZACIONES-NO-GUBERNAMENTALES-PARA-EL-DESARROLLO
Timestamp: 2015-11-28 04:23:59
Document Index: 327135153

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P. 1DECRETO NUMERO 02-2003 LEY DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA EL DESARROLLODECRETO NUMERO 02-2003 LEY DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA EL DESARROLLO5.0|Views: 15.461|Likes: 106Publicado porEstudiantes por Derechowww.estuderecho.comwww.estuderecho.comMore info:Published by: Estudiantes por Derecho on Nov 30, 2007Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/534585/DECRETO-NUMERO-02-2003-LEY-DE-ORGANIZACIONES-NO-GUBERNAMENTALES-PARA-EL-DESARROLLO05/08/2014pdftextoriginalDECRETO NUMERO 02-2003 EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA CONSIDERANDO: Que la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce el derecho de libreasociación, así como el propósito de financiar programas de desarrollo económico y social que realizan las organizaciones no lucrativas del sector privado reconocidas legalmente en el país. CONSIDERANDO: Que los Acuerdos de Paz reconocen la necesidad de involucrar a todos los actores sociales e institucionales, las Organizaciones No Gubernamentales, que en el espacio local cuentan con especialidades y capacidad para contribuir en la atención del desarrollo económico y social del país, sin fines de lucro. CONSIDERANDO: Que se hace necesario contar con un instrumento jurídico que permita normar específicamente a las Organizaciones No Gubernamentales, para facilitar el cumplimiento de sus fines y objetivos. POR TANTO: En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) y lo establecido en el artículo 242 de la Constitución Política de la República de Guatemala. DECRETA: La siguiente: LEY DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA EL DESARROLLO CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto normar la constitución y funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales u ONG's. El Estado facilitará su inscripción y registros correspondientes y ejercerá su .fiscalización de conformidad con la Constitución Política y leyes de la República. ARTICULO 2. Naturaleza. Son Organizaciones No Gubernamentales u ONG's, las constituidas con intereses culturales, educativos, deportivos, con servicio social, de asistencia, beneficencia, promoción y desarrollo económico y social,
sin fines de lucro. Tendrán patrimonio propio proveniente de recursos nacionales o internacionales, y personalidad jurídica propia, distinta de la de sus asociados, al momento de ser inscritas como tales en el Registro Civil Municipal correspondiente. Su organización y funcionamiento se rige por sus estatutos, las disposiciones de la presente Ley, y demás disposiciones jurídicas de carácter ordinario. ARTICULO 3. Finalidades. Las finalidades de la asociación deberán establecerse en su constitución como ONG, pero en ella deberán incluirse entre otras: a) Ser asociación sin fines de lucro y de beneficio social. b) Promover políticas de desarrollo de carácter social, económico, cultural y de ambiente. ARTICULO 4. Tipos de Organizaciones No Gubernamentales. Las Organizaciones No Gubernamentales podrán estar constituidas como asociaciones civiles, fundaciones u ONG propiamente dicha, constituida bajo el amparo de la presente Ley. CAPITULO II CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN ARTICULO 5. Constitución. Las Organizaciones No Gubernamentales deberán constituirse por medio de escritura pública y por el acto de su inscripción en el Registro Civil de la cabecera municipal del lugar en que constituyan su domicilio, adquieren personalidad jurídica propia y distinta de sus asociados. El acto de inscripción no convalida las disposiciones de sus estatutos que adolezcan de nulidad o sean anulables. La acción correspondiente podrá ejercitarse por quien tenga interés en el asunto o los órganos jurisdiccionales correspondientes. ARTICULO 6. Denominación. Las Organizaciones No Gubernamentales deberán incluir en su denominación las siglas ONG y por las obligaciones que contraigan responderá únicamente su patrimonio. ARTICULO 7. Requisitos. Para constituir una Organización Gubernamental se requiere que cumpla con los siguientes requisitos: No
a) Comparecencia de por lo menos siete personas individuales o jurídicas civilmente capaces. b) Reunir los requisitos que establezcan los estatutos y las disposiciones aprobadas por la asamblea general. c) Las Organizaciones No Gubernamentales podrán contar entre sus asociados hasta un veinticinco por ciento (25%) de extranjeros, siempre que estos sean residentes en el país, de conformidad con la ley de la materia.
d) Elección de la Junta Directiva. ARTICULO 8. Estatutos. Las Organizaciones No Gubernamentales deberán incorporar en su escritura de constitución los estatutos, que serán las reglas de funcionamiento, operación y extinción de las mismas, las cuales deben contemplar por lo menos: a) Denominación, objeto, naturaleza, domicilio, plazo y fines de la ONG. b) De los miembros, requisitos de ingreso, derechos y obligaciones. c) De la Asamblea General: integración, sesiones, convocatoria, resoluciones, quórum y atribuciones. d) De la Junta Directiva: integración, elección de los miembros, toma de posesión y duración en los cargos, resoluciones y atribuciones o funciones. e) Del patrimonio y régimen económico: integración, destino y fiscalización. f) Del régimen disciplinario: faltas, sanciones, procedimiento y recursos. g) Modificación de los estatutos: quórum de aprobación y resolución. h) De la disolución y liquidación: causas y procedimientos. i) Disposiciones finales: interpretación de los estatutos. ARTICULO 9. Federaciones y confederaciones. Las Organizaciones No Gubernamentales podrán a su vez constituirse en federaciones y éstas en confederaciones, de conformidad con la presente Ley, en lo que le fuere aplicable, debiendo inscribirse en el libro especial de ONG's del Registro Civil Municipal correspondiente. CAPITULO III INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS CIVILES ARTICULO 10. Inscripción. Las Organizaciones No Gubernamentales para obtener su personalidad jurídica deberán inscribirse en el Registro Civil de la cabecera municipal del lugar en que constituyan su domicilio. Los registradores civiles municipales deberán autorizar un libro especial para la inscripción de las asociaciones constituidas como Organizaciones No Gubernamentales, en el cual asentarán su constitución y modificaciones, disolución y liquidación, en su caso; además, la inscripción de sus representantes legalmente nombrados y el registro de los libros de actas que autoricen para uso de las Asambleas Generales o de las Juntas Directivas de las ONG's legalmente constituidas. ARTICULO 11. Aviso de registro. Los registradores civiles municipales dentro del plazo de treinta días posteriores a su inscripción deberán enviar al
Ministerio de Economía un aviso que contenga: fecha de escritura de constitución, número de instrumento público, nombre del Notario autorizante, denominación, plazo, domicilio, objetivos, recursos financieros, y nombre del representante legal de la ONG, el número, folio y libro de su inscripción, lugar y fecha. El Ministerio de Economía llevará un registro de las Organizaciones No Gubernamentales inscritas en todo el país; las cuales están obligadas a informar y actualizar semestralmente la información, e inmediatamente cuando procedan cambios de la información reportada. ARTICULO 12. Entidades extranjeras. Las entidades no lucrativas constituidas en el extranjero cuyos fines y objetivos sean acordes con lo establecido en esta Ley, podrán solicitar su inscripción en el Registro Civil de la ciudad de Guatemala, quedando obligadas a llevar contabilidad y .someterse a las leyes y tribunales de la República de Guatemala. Quedando sujetas a lo establecido en la presente Ley. CAPITULO IV CONTROL CONTABLE ARTICULO 13. Contabilidad. Las Organizaciones No Gubernamentales tienen obligación de inscribirse en la Superintendencia de Administración Tributaria, para su registro y control, y de llevar contabilidad completaren forma organizada, así como, los registros que sean necesarios, de acuerdo al sistema de partida doble, aplicando principios de contabilidad generalmente aceptados, y apegada a lo que disponen las leyes del país a ese respecto. ARTICULO 14. Libros. La contabilidad de las Organizaciones No Gubernamentales constará de los libros de inventario, diario, mayor, estados financieros, pudiendo llevarlos de conformidad con los sistemas electrónicos legalmente aceptados, los cuales serán habilitados por la Superintendencia de Administración Tributaria o en sus dependencias departamentales. CAPITULO V TRATAMIENTO FISCAL ARTICULO 15. Donaciones. En los casos en que reciban donaciones, cualquiera que sea su destino, las Organizaciones No Gubernamentales deberán extender a nombre de las personas donantes recibos que acrediten la recepción de las donaciones, en formularios autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria. ARTICULO 16.* DEROGADO
* Texto Original * Derogado por el Expediente 538-2003 de la Corte de Constitucionalidad.
ARTICULO 17. Manejo de sus fondos. Las Organizaciones No
Gubernamentales podrán depositar sus fondos en el Banco de Guatemala o en los bancos del sistema nacional debidamente autorizados para operar en el país. ARTICULO 18. Prohibición de distribuir dividendos. Las Organizaciones No Gubernamentales son personas jurídicas no lucrativas que tienen prohibición expresa de distribuir dividendos, utilidades, excedentes, ventajas o privilegios a favor de sus miembros. Podrán realizar todas las operaciones de lícito comercio que permitan las leyes y en tal forma podrán obtener recursos que deberán utilizar únicamente para el cumplimiento de sus fines. CAPITULO VI DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN ARTICULO 19. Disolución. Las Organizaciones No Gubernamentales podrán disolverse por las siguientes causas: a) Cuando no pudiere continuar con los fines señalados en sus estatutos. b) Por acuerdo de la asamblea general extraordinaria, con el voto de cuando menos el sesenta por ciento (60%) de sus asociados. c) Por disposición legal o resolución de tribunal competente. ARTICULO 20. Liquidación. Después de la resolución de disolución se deberá liquidar la Organización No Gubernamental por medio del nombramiento de hasta un máximo de dos liquidadores, quienes cumplirán con las funciones que le asigne la asamblea extraordinaria y obligatoriamente las siguientes: a) Tener la representación legal de la Organización No Gubernamental; b) Exigir la cuenta de su administración a toda persona que haya manejado intereses de la ONG; c) Cumplir las obligaciones pendientes; d) Otorgar finiquitos; e) Presentar y someter el informe final a la asamblea ordinaria para su aprobación; y, f) Presentar al Registro Civil de la cabecera municipal correspondiente la documentación de la Organización No Gubernamental para cancelar su inscripción. ARTICULO 21. Destino del patrimonio. El patrimonio de la Organización No Gubernamental disuelta, una vez cancelado totalmente su pasivo, será transferido al Estado o a la entidad de asistencia social designada por la asamblea general extraordinaria que acordó su disolución.
CAPITULO VII TRANSITORIOS ARTICULO 22. Inscripción como ONG. Las asociaciones civiles y las fundaciones constituidas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, pero que cumplan en su escritura constitutiva o su ampliación con los requisitos para ser inscrita como ONG podrán hacer su trámite para inscribirse como tal en el Registro Civil correspondiente. ARTICULO 23. Reglamento. El Organismo Ejecutivo deberá dictar el reglamento de esta Ley dentro del plazo de sesenta (60) días a partir de la vigencia del presente Decreto. ARTICULO 24. Derogatoria de otras disposiciones. Se deroga cualquier disposición que se oponga a lo establecido en la presente Ley. ARTICULO 25. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial. REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PROMULGACION Y PUBLICACION. PARA SU SANCION,
EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES. JOSE EFRAIN RIOS MONTT PRESIDENTE HAROLDO ERIC QUEJ CHEN SECRETARIO ENRIQUE PINTO MARTINEZ SECRETARIO SANCION AL DECRETO DEL CONGRESO NUMERO 2-2003 PALACIO NACIONAL: Guatemala, dieciocho de febrero del años dos mil tres. PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
DR. JOSE ADOLFO REYES CALDERON MINISTRO DE GOBERNACION HUGO RACIEL MENDEZ RODRIGUEZ Subsecretario General de la Presidencia de la República ENCARGADO DEL DESPACHO
EXPEDIENTE 538-2003 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS MARIO GUILLERMO RUIZ WONG, QUIEN LA PRESIDE, CIPRIANO FRANCISCO SOTO TOBAR, JUAN FRANCISCO FLORES JUÁREZ, RODOLFO ROHRMOSER VALDEAVELLANO, SAÚL DIGHERO HERRERA, MANUEL DE JESÚS FLORES HERNÁNDEZ Y FRANCISCO JOSÉ PALOMO TEJEDA. Guatemala, quince de enero de dos mil cuatro. Se tiene a la vista para dictar sentencia, la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida contra los artículos 7 inciso a) y 16 de la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, Decreto 02-2003 del Congreso de la República, por: a) María Silvia Pineda Molina, en su calidad de Presidenta y representante legal de la Asociación Civil Consejo de Fundaciones Privadas; b) Reynold Osbert Walter Padilla, en calidad de Presidente de la Junta Directiva y representante legal de la Asociación Red de Instituciones Microfinanzas de Guatemala; c) José Carmelo Torrebiarte Lantzendoerffer, quien actúa como Presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala; d) Carla Lorena Sandoval Carrillo, en su calidad de Presidenta de la Junta Directiva y representante legal de la Asociación de Coordinación de ONG y Cooperativas; e) Antonio Edwin Roberto Pérez García, quien actúa como Presidente y representante legal de la Asociación de Entidades de Desarrollo y de Servicio No Gubernamentales de Guatemala; f) Guido Eduardo Calderón Ríos, en calidad de Presidente de la Junta Coordinadora y representante legal de la Asociación Consejo de Instituciones de Desarrollo; g) Alvaro Toriello Nájera, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva y representante legal de la Asociación Unión Solidarista Guatemalteca; y, h) Marco Antonio De Paz Zelada, quien actúa como Presidente del Consejo Directivo y representante legal de la Fundación Centro de Documentación e Investigación Maya. Todas las entidades accionantes, salvo la referida en el inciso f), se encuentran inscritas en el Registro Civil de la Municipalidad de Guatemala, del mismo departamento; la Asociación Consejo de Instituciones de Desarrollo se encuentra inscrita en el Registro Civil de la Municipalidad de Mixco, Guatemala. Los postulantes, en las calidades con que actúan, unificaron personería en María Silvia Pineda Molina, en la calidad con que actúa, y se representaron auxiliados por los abogados Alfonso René Ortiz Sobalvarro, Roberto Eduardo Rivera Alvarez y Oscar Rolando Montenegro Molina. ANTECEDENTES I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA IMPUGNACIÓN Lo expuesto por los accionantes se resume así: A) El dieciocho de febrero de dos mil tres, el Congreso de la República aprobó el Decreto 02-2003, que contiene las normas impugnadas y que, de conformidad con su artículo 1, tiene por objeto normar lo relativo a la constitución y funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (en adelante también podrán denominarse ?ONG?s?, en su forma plural, u ?ONG?, para su alusión en singular); el mismo fue publicado en el Diario Oficial, el veinticuatro del mismo mes y año y entró en vigencia el cuatro de marzo de ese año. B) Los artículos 7 inciso a) y 16 de la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (normas impugnadas), que estipulan, respectivamente, que para la constitución de una ?ONG? se requiere la comparecencia de por lo menos siete personas individuales o jurídicas, y que las ?ONG?s? serán fiscalizadas
por la Contraloría General de Cuentas (en adelante también ?La Contraloría?, violan los artículos 34, 39, 44, 175 y 232 de la Constitución, por las razones que en los siguientes incisos se indican. C) Conforme el artículo 232 constitucional (que se encuentra comprendido en el Capítulo III del Título V, que se refiere al Régimen de Control y Fiscalización del Estado), ?La Contraloría?, por su naturaleza, es el ente de fiscalización y control de la hacienda pública; es decir del patrimonio del Estado, sus entidades y los municipios. Este ente fiscaliza también a otras personas individuales o jurídicas, cuando manejen, inviertan o administren fondos públicos o hagan colectas públicas. D) El artículo 2 del decreto que contiene las normas impugnadas prescribe, en congruencia con lo establecido en el artículo 242 de la Constitución, que las ?ONG?s? son aquellas organizaciones sin fines de lucro, constituidas para promover fines culturales, educativos, deportivos, de servicio social, de asistencia, beneficencia y desarrollo económico y social; se les reconoce patrimonio propio y personalidad jurídica. E) Como su nombre lo indica, las ?ONG?s? son de naturaleza privada y por lo tanto, al carecer de carácter gubernamental y no pertenecer al Estado, ?La Contraloría? no puede fiscalizar sus ingresos, egresos y patrimonio. Por tal razón el artículo 16 impugnado, al ordenar que las ?ONG?s? deben ser fiscalizadas por ?La Contraloría? adolece de inconstitucionalidad, ya que le asigna una función no prevista en la Constitución. F) ?En consecuencia, las entidades privadas que no reciban fondos del Estado o que no realicen colectas públicas, no tienen la obligación de rendir cuentas a la Contraloría General de Cuentas? Desde luego, es atendible que el momento de constituirse una asociación, fundación, comités y patronatos, se debe contemplar la forma de rendición de cuentas y la fiscalización de las mismas, correspondiendo dicha fiscalización a la Superintendencia de Administración Tributaria, y, en su caso, a la Superintendencia de Bancos que tiene fines específicos, pero ajenos a la intervención en cuanto a definir ?la correcta inversión? en términos de orientar las políticas de las entidades mencionadas.? (Escrito de planteamiento de la acción). G) El artículo 7 inciso a) de la ley objetada, al requerir comparecencia de por lo menos siete personas, para la constitución de una ? ONG?, transgrede el artículo 34 de la Constitución, toda vez que constituye una limitación infundada a la libre asociación. Solicitaron que se declare con lugar la inconstitucionalidad planteada. II. TRÁMITE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD No se decretó la suspensión provisional de las normas impugnadas. Se dio audiencia por quince días al Congreso de la República, a la Contraloría General de Cuentas, a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio Público. Oportunamente, se señaló día y hora para la vista, que fue pública. III. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES En la audiencia por quince días, los entes a los que se confirió la misma alegaron: A) El Congreso de la República, a través de su Tercer Vicepresidente, Jorge Arévalo Valdez, manifestó: a) en las últimas décadas, han surgido en el país una serie de asociaciones, fundaciones y comités, que se han autodenominado ?ONG?s? y que se desenvuelven en los ámbitos social, educativo, medio ambiente, cultural y derechos humanos. Estas entidades, por interés nacional y utilidad pública que representan, requieren de un instrumento jurídico moderno que permita normarlas, desde su constitución y hasta su liquidación. b) La ley que contiene las disposiciones impugnadas fue
adoptada debido a los diversos problemas que han suscitado con relación a las obligaciones contables de las ?ONG?s?. c) La denuncia de inconstitucionalidad del artículo 7 inciso a) de la ley cuestionada no puede proceder, toda vez que los accionantes omiten expresar los motivos en los cuales descansa su impugnación. d) Por su parte, el artículo 16 del Decreto 02-2003 tampoco adolece de inconstitucionalidad, ya que el hecho de que ?La Contraloría? fiscalice los fondos de las ?ONG?s? obedece a que los mismos son utilizados para fines públicos; esto, bajo ningún punto de vista puede implicar una modificación a la función de ?La Contraloría?, puesto que su misión es la fiscalización de fondos públicos, categoría que comprende los recursos de las ? ONG?s?, en atención a la función social y pública que desarrollan. Solicitó que se declare sin lugar la inconstitucionalidad planteada. B) La Contraloría General de Cuentas, a través del Jefe de la misma, Oscar Eugenio Dubón Palma, alegó: a) contrariamente a lo aseverado por los accionantes, el hecho que el artículo 7 inciso a) de la ley impugnada establezca un mínimo de siete personas individuales o jurídicas para la constitución de una ?ONG? no contiene ninguna prohibición o limitación al derecho de asociación; dicha disposición pretende fortalecer, reafirmar y reconocer ese derecho fundamental. b) Se denuncia que las normas impugnadas atentan contra el derecho a la propiedad privada, sin embargo, en el planteamiento se omitió expresar en forma razonada y clara los motivos en que descansa la impugnación. En todo caso, debe tenerse presente que la doctrina y la Constitución son contestes al limitar el ejercicio de cualquier derecho al bien común, puesto que la realización de un derecho no puede implicar la trasgresión de los de otras personas. c) En relación con la impugnación del artículo 16 de la Ley de Organizaciones No gubernamentales para el Desarrollo, el que el Estado instituya a ?La Contraloría? como ente fiscalizador de las ?ONG?s? no viola ningún principio constitucional, ya que el espíritu de la ley impugnada es facilitar la inscripción y registro de dichas organizaciones, ejerciendo, al mismo tiempo, un control adecuado de las mismas, por parte del máximo órgano fiscalizador del Estado, que es el único con la capacidad técnica, logística y jurídica para realizar tal función. d) Suponer que ?La Contraloría? se encuentra impedida de realizar la fiscalización de las ?ONG?s? conllevaría la necesidad de crear otro órgano administrativo de control y fiscalización, exclusivo para estas organizaciones, lo que representaría un doble gasto para el erario público. Solicitó que se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad promovida. C) La Procuraduría General de la Nación, por medio del Jefe de la Sección de Procuraduría, Rudio Lecsan Mérida Herrera, expuso: a) el fundamento jurídico filosófico de la ley cuestionada radica en el reconocimiento que hace el Estado del derecho de libre asociación y de la necesidad de financiar los programas de desarrollo económico y social que implementan las organizaciones no lucrativas del sector privado reconocidas en el país. b) La disposición atacada que establece el requisito de que para que pueda constituirse una ?ONG? es necesaria la comparecencia de siete personas, individuales o jurídicas, responde al hecho de que regularmente una junta directiva está compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y tres vocales, por lo que lejos de limitar la libre asociación la hace factible. c) En aras de velar por el buen cuidado de las donaciones que países amigos hacen para el desarrollo económico y social del país y para que dichos fondos lleguen a las comunidades a que están
destinados, el artículo 16 impugnado estableció que ?La Contraloría? fiscalice a las ?ONG?s?, lo cual no es inconstitucional. Solicitó que se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad. D) El Ministerio Público no evacuó la audiencia conferida. IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA PÚBLICA A) María Silvia Pineda Molina, en su calidad de Presidenta de la Asociación Civil Consejo de Fundaciones Privadas, en quien se unificó personería, postulante de la inconstitucionalidad, reiteró los argumentos contenidos en el escrito de planteamiento de la acción y además, en relación con lo expresado por las entidades a que se confirió audiencia por quince días, agregó: a) el requisito que contiene el inciso a) del artículo 7 impugnado, de que para la constitución de una ?ONG? debe comparecer por lo menos siete personas individuales o jurídicas, civilmente capaces, viola la libertad de asociación, puesto que se impide la creación de una ?ONG? con menos de siete personas; en la legislación guatemalteca, tal requisito no es exigido para ningún tipo de asociaciones civiles, fundaciones, comités o sociedades mercantiles. b) Respecto a la otra norma impugnada (artículo 16), debe tenerse presente que las atribuciones de ?La Contraloría? no comprenden la fiscalización de fondos que donan Estados amigos o fondos del sector privado de otros Estados, para las ?ONG?s? de Guatemala. c) Las instituciones y el Organismo que prestaron sus argumentos en este proceso parecen no tener claro el concepto ?fondos públicos? y su diferencia con los que son de carácter privado; de esa cuenta los que caen en la categoría de ?privados? no pueden ser tratados como ?fondos públicos?, como lo pretende la ley impugnada. Solicito que se declare la inconstitucionalidad de las normas impugnadas. B) El Ministerio Público, a través de su agente fiscal de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, Gilda Toledo Barrios de Argueta, alegó: a) las entidades postulantes omitieron cumplir con el requisito que establece el artículo 135 de la ley de la materia, ya que no expresaron en forma razonada y clara los motivos jurídicos en que descansa la impugnación que hacen del artículo 7 inciso a) del Decreto 02-2003 del Congreso de la República, circunstancia que impide a la Corte de Constitucionalidad pronunciarse sobre la denunciada inconstitucionalidad de esa norma. b) Por otra parte, el artículo 16 impugnado desarrolla lo establecido en el artículo 242 de la Constitución, que debe interpretarse en forma acorde con lo establecido en el artículo 232 constitucional, por lo que es incorrecta la apreciación contenida en el planteamiento respecto a que ?La Contraloría? no tiene facultades para fiscalizar a las Organizaciones No Gubernamentales. c) Para resolver la inconstitucionalidad, debe tomarse en consideración que de conformidad con el artículo 171 inciso a) de la Constitución, el Congreso de la República tiene atribuciones para decretar, reformar y derogar las leyes, tal y como procedió en la emisión del decreto impugnado. Solicito que se declare sin lugar la acción intentada. CONSIDERANDO -ILa Corte de Constitucionalidad tiene como función esencial la defensa del orden constitucional y, congruente con ello, conoce en única instancia de las impugnaciones hechas contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general objetados, total o parcialmente, de inconstitucionalidad, a fin de
mantener el principio de supremacía de la Constitución, que sujeta a su conformidad todo el resto de la normativa legal. Entre otros muchos principios que inspiran el actuar y desenvolvimiento del Estado de Guatemala, la Constitución Política de la República consagra el de seguridad jurídica y el de legalidad en el ejercicio de la función pública. Ambos principios han sido invocados jurisprudencialmente por esta Corte, la que ha considerado, respecto del primero, que: "El principio de seguridad jurídica que consagra el artículo 2o. de la Constitución, consiste en la confianza que tiene el ciudadano, dentro de un Estado de Derecho, hacia el ordenamiento jurídico; es decir, hacia el conjunto de leyes que garantizan su seguridad, y demanda que dicha legislación sea coherente e inteligible; en tal virtud, las autoridades en el ejercicio de sus facultades legales, deben actuar observando dicho principio...?. (-el resaltado no aparece en el texto original- Sentencia de diez de julio de dos mil uno, dictada en el expediente mil doscientos cincuenta y ocho dos mil). Por su parte, respecto del principio de legalidad en el ejercicio de la función pública, se ha estimado que el mismo, "...contenido en el artículo 152 de la Constitución, establece que el ejercicio del poder está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución y la ley, lo que significa que la función pública debe estar debidamente establecida..." (Sentencia de doce de diciembre de mil novecientos noventa y seis, dictada en el expediente novecientos catorce noventa y seis). En igual sentido, en otra oportunidad se expresó que "El principio de legalidad, contenido en los artículos 5o., 152, 154 y 155 de la Constitución implica que la actividad de cada uno de los órganos del Estado debe mantenerse dentro del conjunto de atribuciones expresas que le son asignadas por la Constitución y las leyes..." (Sentencia de veintidós de febrero de mil novecientos noventa y seis, dictada en el expediente ochocientos sesenta y siete - noventa y cinco). -IIEn el presente caso, se plantea la inconstitucionalidad de los artículos 7 inciso a) y 16 de la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, Decreto 02-2003 del Congreso de la República. Previamente a realizar el análisis de las inconstitucionalidades denunciadas, y por considerarlo relevante para tal efecto, se estima pertinente expresar que la regulación relativa a la constitución, organización, funcionamiento y disolución de entidades privadas, es materia de leyes ordinarias. De esa cuenta, el Congreso de la República, al emitir el decreto que contiene las normas impugnadas, actuó en ejercicio de las facultades que la Constitución le confiere, sin que sea válido cuestionar tal competencia del Organismo Legislativo. En tal virtud, es procedente efectuar el estudio comparativo entre las normas impugnadas y las constitucionales que se denuncian como violadas, a efecto de establecer la adecuación de las primeras a las segundas, tal y como lo dispone el principio de supremacía constitucional, puesto que si bien, es competencia del Congreso de la República la emisión de leyes como la impugnada, las disposiciones que sean consecuencia del ejercicio de la misma deben adecuarse a lo establecido en la normativa suprema del país. -III-
La primera de las normas impugnadas, artículo 7 inciso a), establece como requisito para la constitución de una "ONG", la comparecencia de por lo menos siete personas, individuales o jurídicas, civilmente capaces. En opinión de esta Corte, no es inconstitucional establecer como requisito para la constitución de una entidad privada la concurrencia de alguna cantidad determinada de personas, dentro de ciertos parámetros razonables que atiendan a la naturaleza, características y fines de esa entidad. Un ejemplo de ello está determinado por el Código de Trabajo, artículo 216, en el que se establece, como requisito para la formación de un sindicato, la concurrencia de veinte o más trabajadores. En el caso de estudio, se considera que la exigencia del requisito de la comparecencia de siete personas para la constitución de una "ONG" responde a la concepción que el legislador ha hecho de las asociaciones que así denomina ("ONG?s") y reviste carácter razonable, atendiendo a la trascendencia que ese Organismo ha reconocido a la naturaleza y actividades que realizan esas organizaciones. Ello, contrariamente a lo afirmado en el planteamiento, no constituye una trasgresión a la libertad de asociación, constitucionalmente establecida, ya que únicamente se trata de un requisito o formalidad condicionante para la creación de una "ONG" no así de otra forma, tipo o clase de entidad privada, por lo que si al ser ejercido el derecho de asociación para la constitución de una entidad de naturaleza civil, no se reúnen o no se quieren reunir siete personas, individuales o jurídicas, civilmente capaces, no podrá adoptarse la forma de una "ONG", pero si cualquier otra de las reconocidas por el ordenamiento jurídico guatemalteco. -IVLo expresado en el anterior considerando motiva a esta Corte a hacer algunas consideraciones sobre la normativa que contiene las disposiciones impugnadas, a fin de coadyuvar, vía interpretación, al cumplimiento del principio de seguridad jurídica referido en el numeral -I- de este apartado, en el que se enfatizó que las leyes deben ser coherentes e inteligibles, no sólo en forma individual, sino como parte integrante del ordenamiento jurídico del Estado. La Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, como su nombre y su artículo 1 lo indican, tiene por objeto normar la constitución y funcionamiento de las "ONG?s". En el artículo 2 de dicho cuerpo legal se establece que son "ONG?s" las constituidas "...con intereses culturales, educativos, deportivos, con servicio social, de asistencia, beneficencia, promoción y desarrollo económico y social, sin fines de lucro...". Y, en el artículo 4 ibid se expresa que estas organizaciones podrán estar constituidas como asociaciones civiles, fundaciones u "ONG" propiamente dichas. La amplitud de las finalidades y objeto que la Ley de "ONG?s" te atribuye a las mismas podría dar lugar a interpretar erróneamente que la normativa en cuestión derogó tácitamente algunas disposiciones del Código Civil, específicamente podría pensarse en los numerales 2º y 3º del artículo 15 y, que por tal razón, la única forma en que podría establecerse una entidad privada cuyas actividades se desarrollen motivadas en intereses culturales, educativos, deportivos, de servicio social, asistencia, beneficencia, promoción y desarrollo económico y social, es mediante la constitución de una "ONG". Una interpretación así, sería no sólo atentatoria al principio de seguridad jurídica sino a la misma libertad de asociación constitucionalmente reconocida, ya que
adolecería de la racionabilidad que requieren las normas jurídicas y estaría condicionando ese derecho a una única forma de ejercerlo, que se aproximaría más a una naturaleza imperativa que de libertad, que es la que la Constitución preceptúa y reconoce. Por tal razón, en opinión de esta Corte, debe concluirse que son las personas que ejercen su libertad de asociación, a quienes compete la calificación y determinación si la entidad privada que constituyen es una "ONG", y así deberán manifestarlo y sujetarse, por lo tanto, a la normativa en análisis, o bien si acuerdan crear otra clase o tipo de asociación civil que, aunque tenga intereses de los enumerados anteriormente, no encuadra en la calificación de "ONG". -VLa segunda norma impugnada, artículo 16 del Decreto 02-2003 del Congreso de la República, preceptúa que sin perjuicio de la propia fiscalización interna de las "ONG?s", la Contraloría General de Cuentas realizará tal actividad, para lo cual deberán proporcionarle la información y documentación que les requiera. El artículo 232 de la Constitución establece que la Contraloría General de Cuentas, como institución técnica descentralizada, está encargada de fiscalizar los ingresos, egresos e intereses hacendarios de los Organismos del Estado, municipios y entidades descentralizadas y autónomas, así como de aquellas personas que reciban, inviertan o administren fondos públicos o bien, quienes hagan colectas públicas. Al confrontar la norma impugnada con el relacionado artículo constitucional, interpretado éste en forma armónica con lo que respecto al principio de legalidad en el ejercicio de la función pública se expresó en el primer considerando, se advierte la existencia de falta de compatibilidad entre ambas disposiciones, toda vez que la Constitución ha establecido a la Contraloría General de Cuentas como órgano fiscalizador de los fondos públicos, naturaleza que innegablemente no tienen los fondos que manejan las "ONG?s", salvo que los mismos sí provengan del Estado, alguna entidad estatal o sean producto de una colecta pública. De esa cuenta, al atribuir a la Contraloría una función que no le ha sido constitucionalmente asignada, la fiscalización de ciertos fondos privados, se está modificando la naturaleza de la misma, alejando su función del ámbito público y haciéndola incursionar en el ámbito particular. Como recién se indicó, la Contraloría General de Cuentas sí está facultada para fiscalizar el manejo de los fondos de las "ONG?s", pero sólo en el caso en que los mismos provengan del Estado o algún municipio o entidad descentralizada y autónoma, o bien que sean producto de una colecta pública. Esta fiscalización debe darse en virtud de lo dispuesto en la Constitución y desarrollado en las leyes pertinentes, especialmente la Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas. Lo anteriormente expresado determina acoger la pretensión de las entidades postulantes, en el sentido de declarar inconstitucional el artículo 16 impugnado, por violentar el principio de supremacía constitucional, que sujeta a todas las normas integrantes del ordenamiento jurídico guatemalteco a su conformidad con la norma normarum. -VIUn aspecto más que no puede pasar desapercibido a esta Corte es que tal y como lo alegaron las entidades a que se confirió audiencia por quince días en
el expediente, en el país existe la necesidad de regular y fiscalizar el actuar de las "ONG?s" que si bien, no tienen un carácter de entidad pública, sí desarrollan actividades de interés público. La fiscalización del manejo de fondos por parte de las "ONG?s", que es el punto objeto de cuestionamiento en el anterior considerando, no es contrario a la Constitución ni a las leyes (debe traerse a colación lo expresado en el segundo párrafo del segundo considerando de este fallo); por ello, es factible, lógico y técnico que si el legislador lo estima necesario, se disponga esta fiscalización de las "ONG?s", a través de un órgano o ente existente o que acuerde crear para el efecto, pero teniendo presente lo considerado anteriormente respecto de los órganos creados por la Constitución y a los que la misma expresamente ha delimitado su radio de acción. Sobre este punto, se estima pertinente complementar lo afirmado sobre la posibilidad de fiscalización de entidades privadas con lo considerado en la sentencia de diecisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, dictada en el expediente doce -ochenta y seis (12-86), por tratarse de un asunto íntimamente ligado a la fiscalización, como lo es el alcance de la inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros que contempla el artículo 24 constitucional. En esa sentencia, se manifestó: (sic) --------------------"...debe ponerse atención en la primera parte del artículo 24 de la Constitución, que se refiere a la correspondencia de toda persona, sus documentos y libros. El hecho de referirse directamente a persona, indica que se trata de correspondencia, documentos y libros de carácter privado; las contabilidades y documentos mercantiles no tienen ese carácter..." LEYES APLICABLES: Artículos citados y, 4º, 5º, 242, 268 y 272 inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 114, 133, 137, 139, 140, 149, 163 inciso a) y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; y, 31 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad. POR TANTO: La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, declara: I. Inconstitucional el artículo 16 del Decreto 02-2003 del Congreso de la República, Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, la que perderá su vigencia el día siguiente al de la publicación de este fallo en el Diario Oficial. II. Sin lugar la inconstitucionalidad promovida contra el inciso a) del articulo 7 ibid. III. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial. IV. Notifíquese. MARIO GUILLERMO RUIZ WONG PRESIDENTE CIPRIANO FRANCISCO SOTO TOBAR MAGISTRADO JUAN FRANCISCO FLORES JUAREZ MAGISTRADO RODOLFO ROHRMOSER VALDEAVELLANO MAGISTRADO
SAÚL DIGHERO HERRERA MAGISTRADO MANUEL DE JESÚS FLORES HERNANDEZ MAGISTRADO FRANCISCO JOSE PALOMO TEJEDA MAGISTRADO OVIDIO OTTONIEL ORELLANA MARROQUIN SECRETARIO GENERAL
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