Source: http://quantumconsultores.com/boletin-1ra-quincena-de-diciembre-2016/
Timestamp: 2018-01-20 20:29:12
Document Index: 306203632

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 137', 'artículo 1219', 'artículo 47', 'artículo 1219', 'artículo 23', 'artículo 1219', 'artículo 47', 'artículo 25', 'artículo 27', 'artículo 30']

Boletín – 1ra Quincena de Diciembre
En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas durante la primera quincena de diciembre 2016.
1.- Obras por impuestos.
Mediante Decreto Legislativo 1250 (30.11.2016) se han dictado las medidas pertinentes con la finalidad de impulsar la inversión pública regional y local con la participación del sector privado a través del mecanismo de Obras por Impuestos.
A continuación destacamos los aspectos más gravitantes de la norma en cuestión:
Convenio de Inversión Pública Regional y Local: Se elimina la restricción de que los proyectos de inversión (incluidas sus modificaciones) no excedan de 15 000 UIT.
Selección de empresa privada: Se aplicarán a esos efectos los principios de libre concurrencia, igualdad de trato, transparencia, competencia, eficacia y eficiencia, enfoque de gestión por resultados y responsabilidad presupuestal.
Además, se prevé que en caso no existan dos o más postores en el proceso de selección, se procederá a la adjudicación directa (antes, sólo se preveía la existencia de dos o más interesados en el financiamiento de los proyectos).
– Contratación de la entidad supervisora: Se realiza antes del inicio al desarrollo del proyecto de inversión pública regional (antes, la contratación se llevaba a cabo de manera simultánea al proceso de selección de la empresa privada que suscribía el convenio).
– Aseguramiento de la continuidad de la ejecución del proyecto de inversión pública en caso se resuelva el contrato de supervisión: La entidad pública, con cargo al presupuesto institucional, podrá realizar acciones de supervisión a través de su personal interno hasta un plazo máximo de 60 días calendario contados desde el día siguiente de la resolución del contrato de supervisión y dará conformidad de calidad de la obra correspondiente a dicho periodo. En tal plazo se podrá contratar a otra entidad privada supervisora. Transcurrido el plazo, aun cuando no se hubiere efectuado la selección, el personal interno no podrá continuar con las acciones de supervisión.
– Conformidades a fin de emitir los CIPRL: Como se sabe, a fin de emitir los CIPRL se debe cumplir con lo siguiente: a) Que el gobierno regional o local haya otorgado la conformidad de recepción de las obras ejecutadas por la empresa privada, de acuerdo a los términos del convenio; y, b) que la entidad privada supervisora haya dado la conformidad de la calidad de la obra. A ese fin, el dispositivo comentado prevé que ambas conformidades podrán ser presentadas en un solo documento.
– Responsabilidad del titular de la entidad pública por incumplimiento de las obligaciones: La Entidad Pública, en un plazo de 30 días calendario contados desde la toma de conocimiento de los incumplimientos, debe iniciar los procedimientos administrativos para determinar las responsabilidades funcionales.
– Informe previo de la Contraloría General de la República: Se prevé que la emisión del informe previo se dará en caso se trate de proyectos de inversión pública que involucren operaciones oficiales de crédito.
– Formato de convenio de inversión a ser ejecutado en el marco del art. 17 de la Ley 30264: La facultad de suscripción del convenio de inversión y modificaciones, puede ser objeto de delegación por el titular de la entidad pública mediante resolución.
– Modificaciones en los convenios de inversión por variaciones originadas en la fase de inversión: La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF podrá emitir uno o más CIPRL por el exceso de las modificaciones en un plazo máximo de 2 años (conforme a la programación).
– Solución de controversias: Las controversias se resuelven mediante conciliación, arbitraje o trato directo (conforme a las reglas de la buena fe y común intención entre las partes). Los acuerdos tienen efectos vinculantes para las partes.
– CIPRL y CIPGN electrónico: Se implementará una plataforma electrónica para la emisión de dichos certificados. La implementación se realizará en un plazo no mayor a 180 días calendarios, contados a partir del 1-12-16.
– Modificaciones al Reglamento de la Ley 29230: Se dictarán en un plazo no mayor a 45 días hábiles contados a partir del 1-12-16.
La norma entra en vigor el 01.12.2016.
2.- Ampliación de plazos para una adecuada implementación del Sistema de Emisión Electrónica (SEE).
Mediante Resolución de Superintendencia N° 311-2016/SUNAT (30.11.2016) se modifica el plazo de las siguientes Resoluciones de Superintendencia:
Resolución de Superintendencia 203-2015/SUNAT, la cual incorpora a ciertos contribuyentes al SEE quienes deben emitir en forma electrónica las facturas, boletas de venta, notas de débito y notas de crédito a partir del .12.2016
Resolución de Superintendencia 185-2015/SUNAT, la cual establece una nueva estructura del “Resumen Diario de Boletas de Venta Electrónicas y Notas Electrónicas” la misma que entra en vigor el 01.01.2017
Resolución de Superintendencia 255-2015/SUNAT, la cual establece que las disposiciones sobre factura electrónica transportista (FE –transportista) y factura electrónica remitente (FE –remitente) rigen a partir de 01.01.2017.
En virtud de la norma en comento (Resolución de Superintendencia N° 311-2016/SUNAT) se tiene que:
En relación a la Resolución de Superintendencia 203-2015/SUNAT: Los sujetos designados como emisores electrónicos podrán continuar emitiendo sus comprobantes en formato impreso desde el 1-12-16 hasta el 30-6-17. Si lo desean, también podrán emitir los comprobantes de forma electrónica, debiendo enviar a partir del 1-1-17 el resumen diario.
Respecto de la Resolución de Superintendencia 185-2015/SUNAT: La nueva estructura del Anexo 5 "Resumen Diario de Boletas de Venta Electrónica" entrará en vigor a partir 1-7-17.
En torno a la Resolución de Superintendencia 255-2015/SUNAT: Las disposiciones sobre la FE transportista y FE remitente en el traslado de bienes entrarán en vigor el 1-7-17.
La norma en comentario entra en vigor el 01.12.2016.
3.- Fraccionamiento Especial de Deudas Tributarias (FRAES) y otros ingresos administrados por SUNAT.
Mediante Decreto Legislativo 1257 (8.12.2016) ha establecido un fraccionamiento especial denominado FRAES a fin de que las personas naturales y MIPYME sinceren sus deudas tributarias y otros ingresos administrados por la SUNAT que se encuentren en litigio en la vía administrativa, judicial o en cobranza coactiva. De acogerse a este beneficio se aplicará un descuento sobre los intereses y multas de acuerdo al nivel adeudado y otro por la modalidad de pago utilizada (contado o fraccionada).
Las deudas que podrán ser acogidas al citado fraccionamiento son las deudas tributarias por IGV, IR, ISC, impuesto especial a la minería y arancel de aduanas, entre otras, impugnadas o en cobranza al 30-9-16. El fraccionamiento podrá ser hasta en 72 cuotas mensuales y, en ningún caso, la cuota mensual podrá ser menor a S/. 200, salvo la última. Los sujetos podrán acogerse al FRAES hasta el 31-7-17.
Adicionalmente, se prevé la extinción de las deudas tributarias de los sujetos antes mencionados pendientes de pago al 9-12-16 menores a 1 UIT (S/. 3950).
Destacamos los aspectos más relevantes de la norma en cuestión:
– Deuda materia del FRAES: Se pueden acoger al FRAES la deuda pendiente de pago por IR, IGV, ISC, impuesto especial a la minería, arancel de aduanas, entre otros y por otros ingresos administrados por la SUNAT, tales como regalía minera, FONAVI por cuenta de terceros, gravamen especial a la minería, entre otros, impugnadas o en cobranza coactiva al 30-9-16 que se encuentren contenidas en resoluciones de determinación, liquidaciones de cobranza o liquidaciones referidas a las declaraciones aduaneras, resoluciones de multa, órdenes de pago u otras resoluciones emitidas por la SUNAT que contengan deuda; más sus correspondientes intereses, actualización e intereses capitalizados que correspondan aplicar; actualizadas hasta la fecha de aprobación de la solicitud de acogimiento al FRAES.
Se entiende por deuda impugnada a aquella cuyo recurso de reclamación, apelación o demanda contencioso administrativa se hubiera presentado hasta el 30-9-16. No se considera deuda impugnada aquella que se canceló para su impugnación.
-Deudas que no podrán acogerse al FRAES:
No podrán acogerse a fraccionamiento:
La deuda incluida en algún procedimiento concursal o similar, la deuda por pagos a cuenta del IR 2016 y la deuda por aportes a la ONP y ESSALUD.
–Sujetos que pueden acoger sus deudas a fraccionamiento: Pueden acoger sus deudas al fraccionamiento los siguientes sujetos:
-Aquellos que teniendo rentas que califiquen como de tercera categoría sus ingresos anuales no superen las 2 300 UIT, desde el periodo comprendido entre enero de 2012 a agosto de 2016, aun cuando se trate de rentas exoneradas e inafectas.
-Aquellos que en todos los periodos comprendidos entre enero de 2012 a agosto de 2016 o en algún o algunos de dichos periodos hubieran estado acogidos al Nuevo RUS o hubieran sido incluidos en él y sus ingresos anuales no superen las 2300 UIT.
-Las personas naturales que en los periodos comprendidos entre enero de 2012 y agosto de 2016, no hubieran tenido ingresos que califiquen como renta de tercera categoría ni hubieran sido sujetos del Nuevo RUS. Se incluyen a los deudores que al 30-9-16 no posean RUC y tengan deuda tributaria aduanera a dicha fecha.
-Los deudores que no hubieran declarado sus ingresos anuales, siempre que tengan ingresos no declarados que no superen las 2300 UIT anuales ni una parte vinculada cuyos ingresos superen las 2 300 UIT, sin perjuicio de la facultad de fiscalización de la SUNAT.
–Sujetos no comprendidos en el FRAES: No podrán acogerse los siguientes sujetos:
-Los que al 30.09.2016 tengan contratos de estabilidad tributaria.
-Las personas naturales con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada vigente a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento al FRAES, por delito tributario o aduanero, ni tampoco los sujetos cuyos representantes, por haber actuado en calidad de tales, tengan sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada vigente a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento al FRAES, por delito tributario o aduanero.
-El Sector Público Nacional, con excepción de las empresas conformantes de la actividad empresarial del Estado.
–Bono de descuento por deuda acogida al FRAES:
Los sujetos podrán acceder a un bono de descuento aplicable sobre intereses, actualización e intereses capitalizados, así como sobre las multas y sus intereses, actualización e intereses capitalizados contenidos en la deuda materia del FRAES, dependiendo de la modalidad de pago elegida (al contado o fraccionado).
El bono de descuento se determina en función del rango de la totalidad de las deudas tributarias y por otros ingresos administrados por la SUNAT actualizados al 30-9-16, aun cuando no todas las deudas sean materia de dicha solicitud. A esos efectos se consideran los siguientes porcentajes:
Bono de descuento en UIT
De 0 a 100 90%
Más de 100 hasta 2000 70%
Más de 2000 50%
-Bono de descuento adicional: Dependiendo la modalidad de pago, se otorgará un bono de descuento adicional:
-Si el pago es al contado: Se podrá acoger hasta el 31.07.2017. El bono de descuento adicional será de 20% sobre el saldo que resulte de la aplicación del bono de descuento señalado en el punto anterior.
Tanto el bono de descuento como el porcentaje adicional se aplican a la fecha de la presentación de la solicitud de acogimiento, debiendo realizarse el pago a dicha fecha.
-Si el pago es fraccionado: La totalidad de la deuda se podrá fraccionar hasta en 72 cuotas mensuales, las cuales deben ser iguales, salvo la primera y la última. En ningún caso la cuota mensual podrá ser menor a S/. 200, salvo la última.
-Presentación de la solicitud de acogimiento: La SUNAT señalará las condiciones para la presentación de la solicitud. El acogimiento podrá realizarse desde la entrada en vigor de la resolución de superintendencia que establezca las condiciones de presentación hasta el 31.07.2017.
-Indicación de la deuda materia de la solicitud:
El deudor indica la deuda materia de su solicitud. El acogimiento es por el total de la deuda contenida en la resolución de determinación o liquidación de cobranza o liquidación referida a la declaración aduanera, resolución de multa, orden de pago u otra resolución emitida por la SUNAT, teniendo en cuenta lo ordenado por la resolución de intendencia, resolución del Tribunal Fiscal o sentencia del Poder Judicial, de corresponder.
-Desistimiento: Se entiende efectuada la solicitud de desistimiento de la deuda impugnada con la presentación de la solicitud de acogimiento al FRAES, y se considera procedente el desistimiento con la aprobación de la referida solicitud de acogimiento.
-Aprobación del FRAES y comunicación de la SUNAT: El órgano responsable da por concluido el reclamo, apelación o demanda contencioso-administrativa respecto de la deuda cuyo acogimiento al FRAES hubiera sido aprobado. La SUNAT informará al Tribunal Fiscal o al Poder Judicial sobre las deudas acogidas al FRAES.
-Incumplimiento del pago de las cuotas-Pérdida del bono de descuento -Imposibilidad de calificar como buen contribuyente: Las cuotas vencidas o pendientes de pago están sujetas a la TIM. La SUNAT está facultada a cobrar la totalidad de cuotas pendientes de pago cuando se acumulen 3 o más cuotas vencidas y pendientes de pago.
Además, no se accederá al bono de descuento cuando se acumulen tres o más cuotas vencidas y pendientes de pago, total o parcialmente, o no se efectúe el pago del importe incluido en la cuota que extingue el fraccionamiento, hasta el último día hábil del mes siguiente al vencimiento de ésta.
Si el deudor acumula tres o más cuotas vencidas y pendientes de pago, total o parcialmente, se encontrará impedido de ser calificado como buen contribuyente, en tanto no cumpla con el pago de la totalidad de dichas cuotas
-Extinción de deudas: Se dispone la extinción de las deudas pendientes de pago al 9-12-16, inclusive las multas y las deudas contenidas en liquidaciones de cobranza y liquidaciones referidas a las declaraciones aduaneras, por los tributos cuya administración tiene a su cargo la SUNAT, cualquiera fuera su estado, de los deudores tributarios que pueden acogerse al FRAES, siempre que por cada tributo o multa, ambos por período, o liquidación de cobranza o liquidación referida a la declaración aduanera, la deuda tributaria actualizada al 30¬9-16, fuera menor a S/ 3 950,00 (1 UIT).
Lo antes señalado se aplica también a las deudas tributarias acogidas a fraccionamiento, cuando el saldo pendiente de pago al 30-9-16 es menor a S/ 3 950,00.
La SUNAT no ejercerá o, de ser el caso, concluirá cualquier acción de cobranza coactiva respecto de la deuda extinguida.
–Suspensión de la Cobranza Coactiva: Para los deudores que presenten la solicitud de acogimiento al FRAES, por las deudas, periodos y montos solicitados, se suspende la cobranza coactiva desde el mismo día de la presentación hasta que se resuelva su solicitud.
La norma en comentario entra en vigor el 09.12.2016.
4.- Modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta (LIR)
Mediante Decreto Legislativo 1258 (8.12.2016) se ha establecido:
Incentivos para que las personas naturales domiciliadas exijan comprobantes de pago, permitiendo la deducción de gastos por salud, arrendamiento, crédito hipotecario, entre otros hasta 3 UIT de las rentas del trabajo
Modificación de la tasa del IR aplicable a las ganancias de capital obtenidas por personas naturales y sucesiones indivisas no domiciliadas por la enajenación de inmuebles situados en el país
Destacamos los aspectos más relevantes de la norma en comento:
– Deducción adicional de hasta 3 UIT de las rentas del trabajo (4ta y 5ta): Además de la deducción del monto fijo equivalente de 7 UIT a las rentas del trabajo, se podrán deducir como gasto los importes pagados por determinados gastos siempre que:
Estén sustentados en comprobantes de pago que otorguen derecho a deducir el gasto,
Sean emitidos de forma electrónica o en recibos por arrendamiento,
Se utilicen los medios de pago señalados en la Ley 28194 y
No excedan en conjunto de 3 UIT por cada ejercicio.
Con esta modificación, los trabajadores que cumplan con los citados requisitos podrán deducir hasta 10 UIT al año. De este modo, los contribuyente de quinta categoría que ganen hasta S/. 2821 al mes no pagarían IR, pudiendo reducir el pago del IR anual aquéllos que ganen más de la citada cifra.
Los gastos que podrán deducirse son:
–Honorarios profesionales de médicos y odontólogos por servicios prestados en el país que califiquen como rentas de 4ta categoría: Respecto de estos gastos, sólo serán deducibles los gastos para la atención de la salud del contribuyente, hijos menores de 18 años, hijos mayores de 18 años con discapacidad, cónyuge o concubina, en la parte no reembolsable por los seguros.
Sólo se podrá deducir como gasto el 30% de los honorarios.
–Arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles situados en el país que no estén destinados exclusivamente al desarrollo de actividades que generen rentas de 3ra. Categoría: Se podrá deducir el 30% de la renta convenida (contraprestación pagada por arrendamiento + importes pagados por servicios suministrados por locador + el monto de tributos que tiene a su cargo el arrendatario o subarrendatario que corresponda al locador + IGV).
–Intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda: Sólo se permitirá la deducción de los intereses de un solo crédito hipotecario para primera vivienda por cada contribuyente.
–Servicios prestados en el país cuya contraprestación califique como renta de cuarta categoría, excepto los prestados por el director de empresas, síndico, mandatario, gestor de negocios, entre otros señalados en el art. 33, inc. b) de la LIR: Sólo se podrá deducir como gasto el 30% de la contraprestación y será el MEF quien señale mediante decreto supremo las profesiones, artes, ciencias, oficios que darán derecho a esta deducción.
–Las aportaciones al ESSALUD que se realicen por los trabajadores del hogar.
Las personas naturales y jurídicas o entidades públicas o privadas que paguen rentas comprendidas en la quinta categoría, deberán retener mensualmente sobre las remuneraciones que abonen a sus servidores un dozavo del impuesto que, conforme a la LIR, les corresponda tributar sobre el total de las remuneraciones gravadas a percibir en el año, dicho total se disminuirá en el importe de la deducción correspondiente al monto fijo de 7 UIT.
El MEF podrá establecer los supuestos de excepción para la utilización de medios de pago, la SUNAT establecerá los supuestos en los cuales los gastos podrán ser sustentados con comprobantes de pago no emitidos de forma electrónica.
-Obligación de llevar Libro de Ingresos:
Deben llevar el Libro de Ingresos los contribuyentes que en el ejercicio gravable anterior o en el curso del ejercicio hubieren percibido rentas brutas de 2da. categoría que excedan de 20 UIT. Se elimina esta obligación para los contribuyentes perceptores de 4ta. categoría.8
-Reducción del IR por ganancias de capital provenientes de la enajenación de inmuebles de personas naturales y sucesiones indivisas no domiciliadas:
Se ha dispuesto la reducción de la tasa por dichas ganancias de capital a 5% (antes era de 30%).
La norma en comentario entra en vigor el 01.01.2017
5.- Modificaciones a Regímenes Especiales de Devolución del IGV
Mediante Decreto Legislativo 1259 (8.12.2016) se ha dispuesto el mejoramiento de la regulación de diversos regímenes especiales de devolución del IGV, a fin de promover y agilizar la inversión, así como la productividad de las micro y pequeñas empresas (MIPYMES).
Las mejoras versan sobre lo siguiente:
a) Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV (Decreto Legislativo 973)
-Adquisiciones comunes: Se consideran a los efectos de la devolución del RERA a las adquisiciones comunes destinadas a las exportaciones (antes sólo se consideraban las operaciones gravadas).
-Proyecto de inversión sustentados en convenios suscritos o autorizaciones otorgados por el Estado: Como es sabido, uno de los requisitos para el acogimiento es contar con un proyecto que requiera de una etapa pre-productiva igual o mayor a 2 años, contado a partir de la fecha del inicio del cronograma de inversiones contenido en el Contrato de Inversión.
La norma comentada establece que en el caso de proyectos que se sustentan en contratos o convenios o autorizaciones suscritos u otorgadas por el Estado al amparo de normas sectoriales, la etapa preproductiva se inicia desde la fecha de suscripción del respectivo contrato, convenio u otorgamiento de la respectiva autorización.
-Compromiso de inversión: El contrato de inversión deberá consignar el plazo en el que se compromete a realizar el total de la inversión para la realización del compromiso de inversión.
-Vigencia del contrato de inversión: El contrato de inversión se encontrará vigente durante el plazo establecido en dicho Contrato para el cumplimiento del compromiso de inversión y ejecución del proyecto.
-Control de la ejecución del contrato de inversión: El control será efectuado periódicamente por el sector correspondiente e incluirá la revisión de los bienes, servicios y contratos de construcción que fueron destinados en la ejecución del proyecto previsto en el Contrato de Inversión.
Los beneficiarios deben poner a disposición del sector correspondiente la documentación o información que éste requiera vinculada al Contrato de Inversión.
-Etapa preproductiva: Se ha variado la definición de etapa preproductiva y se entiende como tal al período comprendido desde la fecha de suscripción del contrato o convenio con el Estado u otorgamiento de autorización conforme a las normas sectoriales, o en caso de proyectos particulares que no se encuentran comprendidos dentro de lo antes señalado, desde la fecha del inicio del cronograma de inversiones; hasta la fecha anterior al inicio de operaciones productivas.
-Improcedencia del Régimen: No procederá el Régimen, entre otros, cuando la persona natural o jurídica que requiere acogerse al Régimen ya tenga la calidad de beneficiario por el proyecto por el cual se solicita el Régimen.
-Control y fiscalización de los bienes, servicios y contratos de construcción por parte de SUNAT: El sector que corresponda debe proporcionar a la SUNAT en el plazo establecido, bajo responsabilidad, la información que ésta requiera para efectuar el control y fiscalización a su cargo
b) Régimen de Reintegro Tributario del IGV de la Ley 27854 "Ley que elimina sobrecostos en la provisión de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos mediante inversión pública o privada"
Se prevé que la aprobación de las empresas concesionarias que califiquen para gozar del reintegro tributario será mediante Resolución Ministerial del sector correspondiente (antes, la aprobación se daba a través de resolución suprema).
c) Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV para promover la adquisición de bienes de capital (Ley 30296)
Actualmente, este beneficio se otorga a las microempresas y permite la devolución del IGV pagado en la compra de un bien de capital, que no hubiere sido agotado, como mínimo, en un lapso de tres periodos mensuales consecutivos siguientes a la fecha de anotación de los comprobantes en el registro de compras.
El dispositivo comentado ha ampliado el ámbito de aplicación del Régimen, incorporando a las pequeñas empresas cuyas ventas anuales no excedan de 300 UIT y que realicen actividades productivas de bienes y servicios gravadas con el IGV o exportaciones, que se encuentren inscritos como tales en el REMYPE. Además, se ha ampliado la vigencia del citado régimen hasta el 31.12.2020, siendo de aplicación a las importaciones o adquisiciones efectuadas durante su vigencia.
La norma entra en vigor el 01.01.2017
6.- Aprobación de nueva versión del PDT ISC, Formulario Virtual No. 615
Mediante Resolución de Superintendencia 317-2016/SUNAT (9.12.2016) se ha aprobado la nueva versión (3.0) del PDT ISC, Formulario Virtual 615, el cual estará a disposición de los usuarios a partir del 10.12.2016 en SUNAT Virtual.
Dicha versión del PDT ISC se empleará a los fines que los usuarios declaren y paguen el ISC de bienes contenidos en el Nuevo Apéndice III de la Ley del IGV cuyas disposiciones hubieran sido modificadas o no por el Decreto Supremo 306-2016-EF
El uso del citado PDT será obligatorio a partir del 01.01.2017.
La norma entra en vigor el 10.12.2016.
7.- Modifican la Ley del Impuesto a la Renta.
A través del Decreto Legislativo No. 1261 publicado el 10.12.2016 se ha realizado la modificación de diferentes dispositivos de la LIR, entre los cuales mencionamos los siguientes:
Se reduce la tasa de los dividendos de 6.8% a 5%.
Se aumenta la tasa del IR empresarial de 28% a 29.5%.
A los resultados acumulados u otros conceptos susceptibles de generar dividendos gravados, a que se refiere el artículo 24°- A de la Ley, obtenidos entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 que formen parte de la distribución de dividendos o de cualquier otra forma de distribución de utilidades se les aplicará la tasa de 6,8%, salvo el supuesto establecido en el inciso g) del artículo 24°-A de la Ley al cual se le aplicará la tasa de 4,1%.
La norma entra en vigor el 1.01.2017.
8.- Se otorga tratamiento preferencial a los rendimientos de instrumentos financieros.
Mediante el Decreto Legislativo No. 1262 publicado el 10.12.2016 se ha modificado la Ley No. 30341, Ley que fomenta la liquidez e integración del mercado de valores. Así, se ha dispuesto lo siguiente:
Se exonera del IR hasta el 31.12.2019 las rentas provenientes de la enajenación de los siguientes valores:
Tratándose de los valores señalados en los incisos a) y b) y los bonos convertibles en acciones deben cumplirse los siguientes requisitos:
La enajenación debe ser realizada a través de un mecanismo centralizado de negociación supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores.
En un periodo de doce (12) meses, el contribuyente y sus partes vinculadas no transfieran, mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, la propiedad del diez por ciento (10%) o más del total de los valores emitidos por la empresa. Tratándose de ADR y GDR, este requisito se determinará considerando las acciones subyacentes.
Para efectos de determinar el citado porcentaje se considerarán las transferencias que señale el reglamento. De incumplirse el requisito previsto en este inciso, la base imponible se determinará considerando todas las transferencias que hubieran estado exoneradas durante los doce (12) meses anteriores a la enajenación.
Los valores deben tener presencia bursátil. Para determinar si los valores tienen presencia bursátil
9.- Modifican el Código Tributario
Con fecha 10.12.2016 se publicó el Decreto Legislativo No. 1263, el cual modifica diversas disposiciones del Código Tributario. Entre las principales modificaciones, tenemos las siguientes:
Se incorpora el uso del domicilio procesal electrónico para los procedimientos tributarios. Para el caso del procedimiento de cobranza coactiva, se deberá señalar dicho domicilio dentro de los 3 días hábiles siguientes de notificada la Resolución de Ejecución Coactiva (REC).
Se suspende el cómputo de intereses moratorios hasta la emisión de la resolución de cumplimiento.
Se eliminan los intereses y multas por duda razonable o interpretación equivocada inducida de una norma.
En el caso de pagos a cuenta del IR, el plazo prescriptorio se computará desde 1 de enero siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible.
La notificación de resoluciones que ordenan levantar medidas cautelares, surtirán efecto al momento de su recepción.
Las actuaciones que realicen los administrados y terceros ante SUNAT o el Tribunal Fiscal podrán efectuarse mediante sistemas electrónicos teniendo la misma validez y eficacia jurídica que las realizadas por medios físicos.
10.- Otorgan amnistía tributaria para repatriación de capitales
Mediante Decreto Legislativo No. 1264 publicado el 11.12.2016, el Poder Ejecutivo publicó la tan esperada amnistía fiscal que tiene por objeto establecer un régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta que permita a los contribuyentes domiciliados en el país declarar sus rentas no declaradas. Así, se ha señalado lo siguiente:
Podrán acogerse a este régimen aquellos contribuyentes que a la fecha de acogimiento cuenten con rentas no declaradas generadas hasta el ejercicio gravable 2015.
El Régimen se aplicará a las rentas gravadas con IR y que no hubieran sido declaradas o cuyo impuesto correspondiente no hubiera sido objeto de retención o pago.
En el caso que se declare las rentas no declaradas, se aplicará la tasa del 10% sobre la base imponible determinada.
En el caso de que se repatrie e invierta el dinero, además de realizar la declaración de los fondos, se aplicará la tasa del 7% sobre la base imponible determinada.
El dinero repatriado será acreditado mediante cualquier medio de pago que señale el Reglamento, con el que se canalice desde el exterior a una cuenta de cualquier empresa del sistema financiero supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
Para acogerse al Régimen, se deberá presentar una declaración jurada donde se señale los ingresos netos que constituyen la base imponible y pagar íntegramente el impuesto declarado. El cumplimiento de dichos requisitos conlleva la aprobación automática.
La declaración jurada podrá presentarse hasta el 29 de diciembre de 2017, pudiendo ser sustituida hasta dicha fecha. Vencido el plazo no se podrán presentar declaraciones rectificatorias.
No podrán acogerse al régimen (i) el dinero, bienes y/o derechos que representen renta no declarada que al 31 de diciembre de 2015 se hayan encontrado en países o jurisdicciones catalogadas por el Grupo de Acción Financiera como de Alto Riesgo o No Cooperantes, (ii) las personas naturales que al momento del acogimiento cuenten con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada vigente por alguno delitos como lavado de activos, minería ilegal, crimen organizado, entre otros.
Con el acogimiento al Régimen se entenderán cumplidas todas las obligaciones tributarias del impuesto a la renta, correspondientes a las rentas no declaradas acogidas al presente Régimen. La SUNAT no podrá determinar obligación tributaria vinculada a dichas rentas, ni determinar infracciones ni aplicar sanciones ni cobrar intereses moratorios devengados.
Respecto de los delitos tributarios y/o aduaneros no procederá el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, ni la comunicación de indicios por parte de la SUNAT, con relación a las rentas no declaradas acogidas al Régimen.
La SUNAT no podrá divulgar en forma alguna la identidad de los contribuyentes que se acojan al Régimen ni la información proporcionada por éstos, salvo excepciones.
11.- Modifican Reglamento de Comprobantes de Pago.
Con fecha 12.12.2016 se ha publicado la Resolución de Superintendencia No. 318-2016/SUNAT, la cual modifica el Reglamento de Comprobantes de Pago y de la norma sobre boleta de viaje. En ese sentido, se ha dispuesto lo siguiente.
En el caso de suministro de bienes con entregas periódicas en el que se transfiere la propiedad de los bienes suministrados, siempre que por esa operación corresponda emitir comprobantes de pago que permitan sustentar gasto o costo para efecto tributario y/o ejercer el derecho al crédito fiscal y no se hayan realizado pagos anticipados a la entrega de los bienes, se emitirá y otorgará el comprobante de pago:
b) Si la emisión del comprobante de pago se realiza en la oportunidad indicada en i) o ii) y antes del último día del mes, se debe emitir y otorgar, en la oportunidad que corresponda, el (los) comprobante(s) por los bienes suministrados posteriormente hasta el último día de ese mes, de corresponder. Se entiende por día en que se realiza la liquidación de la operación, a la fecha en la que se cuantifican los bienes suministrados.
La norma entra en vigor el 13.12.2017.
12.- Prorrogan el pago del IGV para las MYPES
Mediante Ley No. 30524 “Ley del IGV Justo” (13.12.2016), fue publicada la Ley que beneficiará a muchas pequeñas y medianas empresas que sufren tasas de financiamiento muy altas o simplemente no son sujetos de crédito.
A continuación, los temas a tomar en cuenta:
Establece una prórroga del pago del IGV a Micro y Pequeñas (MYPE) empresas con ventas anuales hasta 1,700 UIT (aproximadamente S/ 6,7 Millones), hasta por tres meses posteriores a su obligación de declarar.
Los PDT 621 “IGV-Renta” se siguen declarando mensualmente (solo se difiere el plazo de pago).
No se generan intereses ni multas.
Es aplicable a partir de los impuestos del mes de enero de 2017 que vencen en febrero de 2017.
NO ES APLICABLE, en los siguientes casos:
MYPE que mantengan deudas exigible coactivamente mayores a 1 UIT.
MYPE cuyos titulares hubieran sido condenados por delitos tributarios.
MYPE que se encuentren en proceso concursal.
MYPE que hubieran incumplido con presentar sus declaraciones y/o efectuar el pago de sus obligaciones del impuesto general a las ventas e impuesto a la renta al que se encuentren afectas, correspondientes a los doce (12) períodos anteriores, salvo que regularicen pagando o fraccionando dichas obligaciones en un plazo de hasta noventa (90) días previos al acogimiento. La SUNAT deberá otorgar las facilidades con un fraccionamiento especial.
Finalmente, es muy importante recomendar a los contribuyentes actuar con mucho orden en sus finanzas y coordinar con especialistas que pueden apoyarlos en el manejo correcto de sus temas tributarios y financieros.
13.- Se otorgan beneficios tributarios para los peruanos que vuelvan al país
La presente Ley tiene como objeto facilitar el retorno de los peruanos que residen en el extranjero, independientemente de su situación migratoria, mediante incentivo y acciones que propicien su adecuada reinserción económica y social y que contribuyan con la generación de empleo productivo o propicien la transferencia de conocimiento y tecnología.
A fin de acogerse a los beneficios tributarios, los peruanos tendrán un plazo de 90 días hábiles antes o después de su ingreso al país, para ello presentarán un escrito en el exterior o en el interior del país, entre otras medidas.
Se encontrarán liberados por única vez del pago de todo tributo que grave el internamiento en el país de los siguientes bienes:
Menaje de casa, que se emitan para facilitar el retorno de los peruanos migrantes, hasta por USD 50 000,00.
Un vehículo automotor, hasta por un máximo de USD 50 000,00, según la tabla de valores referenciales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), siempre que se cumpla con los requisitos previstos en la normatividad vigente.
Instrumentos, maquinarias, equipos, bienes de capital y demás bienes que usen en el desempeño de su trabajo, profesión, oficio o actividad empresarial, hasta por un máximo de USD 350 000,00 siempre que presenten un perfil de proyecto destinado a un área productiva vinculada directamente al desarrollo de su trabajo, profesión, oficio o empresa que pretendan desarrollar en el país, o se trate de científicos o investigadores debidamente acreditados”.
Los mencionados beneficios tienen una vigencia de 3 años a partir de la publicación de la Ley.
La norma entra en vigor el 16.12.2017
I.- ¿La legalización del Registro de Compras efectuada con posterioridad al Requerimiento de fiscalización determina que los comprobantes de pago (por ejemplo, facturas) no se encontraban anotados?
SUNAT lleva a cabo una fiscalización parcial a una empresa por concepto de IGV correspondiente a los períodos tributarios 07-2012 a 10-2012. El inicio de la fiscalización fue el 11.02.2014 según notificación, en dicha fecha, del Requerimiento 0221140001556 en virtud del cual se solicitó la exhibición del Registro de Compras.
La empresa no cumplió con exhibir el Registro de Compras; ante ello, SUNAT reitera su pedido mediante otro Requerimiento en cuyo Resultado (de este último Requerimiento) deja constancia que la empresa sí exhibió el Registro de Compras, pero el mismo fue legalizado con fecha 19.02.2014.
Estando a lo anterior, SUNAT, al amparo del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley 29215, concluyó que la empresa al haber legalizado el Registro de Compras con posterioridad a la notificación del Requerimiento 0221140001556 (notificado el 11.02.2014) no le correspondía hacer uso del crédito fiscal por los períodos agosto a octubre de 2012.
El Tribunal Fiscal, según RTF 02175-10-2016, falló a favor de SUNAT, bajo el siguiente razonamiento
-Para tener derecho al crédito fiscal debe acreditarse, entre otros, que los comprobantes de pago se encuentren anotados antes que SUNAT requiera al contribuyente la exhibición y/o presentación del respectivo Registro de Compras, el que para efectos de su legalización ante Notario debe encontrarse en “blanco”.
-De lo señalado precedentemente se desprende que, la legalización del Registro de Compras posterior al Requerimiento (de fiscalización, en este caso) evidencia que los comprobantes de pago no se encontraban anotados.
-Considerando que el Registro de Compras fue legalizado el 19.02.2014, se advierte que dicha legalización aconteció con posterioridad a la notificación del Requerimiento 0221140001556 ocurrida el 11.02.2014, por lo que corresponde desconocer el crédito fiscal de los períodos 08-2012 a 10-2012 (SUNAT no efectuó reparo alguno respecto del período 07-2012)
II.- ¿La emisión de una factura por parte de un proveedor con la condición de “No Habido” implica la pérdida del crédito fiscal para el adquirente (cliente)?
De conformidad con lo establecido en el artículo 19, b, de la Ley del IGV (LIGV), modificada por Ley 29214 (pub 23.04.2008 y vigente a partir de 24.04.2008), para ejercer el crédito fiscal se ha de cumplir, entre otros requisitos formales, el “que el emisor de los comprobantes de pago o documentos haya estado habilitado para emitirlos en la fecha de su emisión”.
El Tribunal Fiscal, según RTF 01120-8-2016, en torno al texto transcrito del artículo 19, b, de la LIGV, interpreta como sigue:
-Cuando el artículo 19, b, de la LIGV señala que: “(…) el emisor de los comprobantes de pago o documentos haya estado habilitado para emitirlos en la fecha de su emisión, no está aludiendo a la “condición” del contribuyente a la fecha de emisión del comprobante de pago, vale decir, no está refiriéndose a la “condición de No Habido” del contribuyente.
-En efecto, el texto extraído del artículo en mención (19, b, de la LIGV) se refiere a un “emisor habilitado” para emitir comprobante de pago; entendiéndose por “emisor habilitado” a la fecha de emisión de los comprobantes de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6, 2, 2.5, del Reglamento de la LIGV, a aquel sujeto que reúna los siguientes requisitos de manera copulativa:
Estuviera inscrito en el RUC y la SUNAT no le hubiera notificado su baja de inscripción en dicho registro
No estuviera incluido en algún régimen especial que lo inhabilite a otorgar comprobantes de pago que den derecho a crédito fiscal; y,
Contase con la autorización de impresión, importación o de emisión de comprobante de pago o documento que emitiera, según corresponda
-Por lo anterior, el tenor del artículo 19 de la LIGV no contempla la imposibilidad de ejercer el crédito fiscal de aquellos contribuyentes que cuenten con la condición de “no habido” a la fecha de emisión del comprobante de pago, vale decir, un proveedor que cuente con la condición de “no habido” al momento de emitir el comprobante de pago (v.gr. factura) no impide el ejercicio del crédito fiscal..
I.- En la etapa de apelación, para efectos de la renovación de la carta fianza presentada para la admisión de medios probatorios extemporáneos en la etapa de reclamación, ¿corresponde que la deuda tributaria a que se refiere dicha carta fianza sea actualizada hasta por el período por el cual se realizaría su renovación?.
Respecto a la interrogante formulada, SUNAT señala en su Informe No. 188-2016-SUNAT/5D0000 el siguiente criterio:
Si habiéndose presentado una carta fianza en la etapa de reclamación a efectos de que se admita en esta medios probatorios extemporáneos, la reclamación presentada es declarada infundada o fundada en parte y el deudor tributario apela dicha resolución, este deberá mantener la citada carta fianza durante la etapa de apelación, por el monto de la deuda actualizada, y por los plazos y períodos señalados en el primer párrafo del numeral 3) del artículo 137° del TUO del Código Tributario.
En ese sentido, siendo que el citado numeral hace referencia a que la carta fianza bancaria o financiera debe ser presentada por el monto de la deuda actualizada por nueve (9) o doce (12) meses posteriores a la fecha de la interposición de la reclamación, según corresponda, con una vigencia de nueve (9) o doce (12) meses, se colige de ello que trasponiendo lo dispuesto en dicha norma al supuesto materia de análisis, la vigencia de la carta fianza que hubiere sido presentada en la etapa de reclamación a fin de que se admitan medios probatorios extemporáneos, debe ser mantenida durante la etapa de apelación y de ser renovada en dicha etapa, tal renovación debe ser por nueve (9) o doce (12) meses y la deuda contenida en esta deberá actualizarse por el mismo periodo.
En ese sentido, para efectos de la renovación, en la etapa de apelación, de la carta fianza presentada para la admisión de medios probatorios extemporáneos en la etapa de reclamación, corresponde que la deuda tributaria a que se refiere dicha carta fianza sea actualizada hasta por el período por el cual se realizaría su renovación.
I.- ¿Puede el acreedor de un deudor tributario solicitar la prescripción de la deuda tributaria de éste último?
El señor Carlos Alberto Herbozo Pérez-Costa, solicitó, ante SUNAT, la prescripción de la deuda tributaria de quien fuera su deudor, la empresa Laboratorios Atral del Perú S.A.
El caso se judicializó; pues, el Sr Carlos Alberto Herbozo Pérez-Costa obtuvo resultados desfavorables tanto en la vía administrativa como en las instancias judiciales respectivas. Así, la obtener un fallo desfavorable en la 2da instancia judicial, interpuso recurso de Casación ante la Corte Suprema.
El recurrente (Sr. Carlos Alberto Herbozo Pérez-Costa) alegó lo siguiente:
De acuerdo al artículo 1219, 4, del Código Civil, el acreedor puede solicitar la prescripción de la deuda tributaria de su deudor para evitar que el patrimonio de éste se vea disminuido por el cobro que pueda hacer SUNAT de deuda tributaria prescrita. Así, el recurrente, pretendía ejercer la denominada “acción oblícua”.
En virtud de la “acción oblícua” el acreedor ejerce una acción que le corresponde a su deudor. En tal virtud, si el acreedor del deudor tributario ejerciese por su deudor la acción de solicitar la declaración de prescripción de una deuda tributaria estaría ejerciendo la acción prevista en el artículo 47 del Código Tributario[1], esto es, como si el propio deudor tributario estuviera solicitando la prescripción.
El artículo 1219, 4, del Código Civil faculta al acreedor del deudor tributario a intervenir en procesos judiciales o administrativos en donde se ponga en riesgo el patrimonio que garantiza su acreencia. Asimismo, la acción oblícua concede la representación contenida en el artículo 23 del Código Tributario a los acreedores.
De la lectura de la Sentencia en Casación 366-2015 Lima (30.11.2016) se advierte que la Corte Suprema resolvió improcedente el recurso de casación, toda vez que, el recurrente (Sr Carlos Alberto Herbozo Pérez-Costa) carecía de legitimidad para obrar al no tener la calidad de deudor tributario conforme con lo previsto en el Código Tributario (norma específica), puesto que quien se encontraba facultado para solicitar la prescripción de la deuda tributaria era el deudor tributario (Laboratorios Atral del Perú SA). Asimismo, la Corte señaló que, el proceso contencioso administrativo, dada su naturaleza, no es la vía pertinente para solicitar la aplicación de la acción oblícua contenida en el artículo 1219, 4, del Código Civil.
El artículo 47° del Código Tributario señala que, la prescripción sólo puede ser declarada a pedido del deudor tributario.
I.- El adecuado tratamiento tributario en la entrega de “canastas navideñas” (aguinaldo) y “agasajo a trabajadores por Navidad”
1.- Plazo para pagar Gratificación por Navidad vence el 15 de diciembre de 2016
El 15 de diciembre vence el plazo para que los empleadores paguen la gratificación por navidad.
La gratificación es percibida por aquellos trabajadores que están en planilla y que se encuentran laborando efectivamente con cualquier modalidad de contrato en una institución privada o pública.
Su otrogamiento depende del régimen laboral al que pertenezca la empresa en la que se labora para saber cuánto es lo que le corresponde a cada trabajador percibir. Es decir, si es una empresa del régimencomún privado le corresponderá el 100% de la remuneración; si se trata de una pequeña empresa, percibirá el 50% de la remuneración; si es una empresa del régimen de construcción, le corresponderá 40 jornales diarios; y, si eres una trabajadora del hogar, le corresponderá el 50% de la remuneración.
El monto a percibir depende del tiempo laborado, si se laboró menos de 6 meses (comprendidos entre el 01.07.16 al 31.12.16), la gratificación se reducirá de forma proporcional al tiempo laborado.
El plazo de descanso vacacional, la licencia con goce de remuneraciones o subsidios de la seguridad social o accidente de trabajo o la suspensión de labores considerados por Ley expresa como laborados para todo efecto legal, también se computan para efectos del cálculo de la gratificación.
Las microempresas y las empresas del sector agrario no están obligadas a otorgar gratificación.
Asimismo, es importante mencionar que las gratificaciones legales se encuentran exoneradas de los aportes al sistema de pensiones y contribución a ESSALUD (9% de la remuneración). Los montos que corresponden a dichos conceptos se entregarán al trabajador como una “bonificación extraordinaria” de carácter temporal, no remunerativo y no pensionable.
Si el trabajador está afiliado a una Empresa Prestadora de Salud (EPS) la bonificación extraordinaria no será el 9% sino de 6.75%. No obstante, el monto percibido por concepto de gratificaciones está afecto al impuesto a la renta de quinta categoría.
No se puede efectuar alguna reducción o descuento de la gratificación, salvo se trate del impuesto a la renta o de un mandato judicial que así lo disponga o si existe un acuerdo mutuo con el trabajador (que deberá constar por escrito).
El no pago de las gratificaciones constituye una infracción grave en materia laboral. Las multas por no pagar este beneficio social van desde los 3,950 hasta 197,500 soles, dependiendo del tipo de empresa (pequeñay mediana o gran empresa) y la cantidad de trabajadores que hubieren sido afectados por el incumplimiento de pago de dicho beneficio social.
Si se paga la gratificación fuera del plazo, la empresa tendrá que pagar intereses laborales desde el día 16 de diciembre hasta la fecha del pago.
En el supuesto que el trabajador ingresó a laborar el 01.07.16 y renuncia en diciembre, se le deberá pagar una gratificación completa, pues se habrá cumplido con el requisito de haber laborado el segundo semestre del año (julio a diciembre 2016).
En el supuesto caso que se le haya incrementado la remuneración al trabajador en noviembre sí se debe considerar el aumento para el cálculo de la gratificación. Se tomará en cuenta la remuneración al 30 de noviembre del 2016.
El monto que corresponde a las canastas navideñas, pavo, panetón y otros vales de alimentos no se consideran para el cálculo de la gratificación ya que se tratan de conceptos no remunerativos.
2.- Funcionarios, servidores y trabajadores obligados a presentar la Declaración Jurada de ingresos, bienes y rentas
La Ley No. 30521, publicada el 9 de diciembre de 2016 modificó la Ley No. 30161 (Ley que regula la presentación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores del Estado).
La modificación introducida establece que están obligados a presentar la referida declaración los funcionarios públicos, trabajadores de confianza y los servidores públicos que perciban ingresos mensuales provenientes del Estado, independientemente de su régimen laboral o contractual.
3.- Licencias y permisos para trabajador que realiza actividad de bombero
Mediante Decreto Legislativo 1260, publicado el 08 de diciembre del 2016 en el Diario Oficial El Peruano, se ha dispuesto el fortalecimiento del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, disponiendo que el trabajador que realiza actividad de bombero tiene derecho al otorgamiento de permisos y licencias de su empleador para el ejercicio de dicha actividad (extinción de incendios, accidentes y rescates).
Además se ha establecido la prohibición de condiciones contractuales diferenciadas y prácticas discriminatorias en contra de estos trabajadores.
4.- Entrada en vigencia del Convenio sobre Seguridad Social entre Perú y Canadá
En la edición del 8 de diciembre del 2016 del Diario Oficial “El Peruano” se ha publicado el texto del Convenio sobre Seguridad Social entre la República del Perú y Canadá, el cual entrará en vigor a partir del 1 de marzo del 2017.
El convenio establece, entre otros aspectos, que los peruanos aportantes al SPP del Perú o de Canadá podrán recibir sin deducciones sus pensiones en el país de residencia.
5.- Aguinaldos y bonificación por Escolaridad del año 2017 para funcionarios Y servidores del Estado
La Ley 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017 (02.12.16), ha dispuesto que la bonificación por escolaridad y los aguinaldos (Fiestas Patrias y Navidad) correspondientes al año 2017 ascenderán a S/.400 y S/.300, respectivamente.
Dichos conceptos serán otorgados a los funcionarios y servidores nombrados bajo el régimen del Decreto Legislativo 276 y de la Ley 29944, docentes universitarios a que se refiere la Ley 30220, personal de salud (Decreto Legislativo 1153), obreros permanentes y eventuales del Sector Público, personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, trabajadores contratados bajo el régimen CAS (Decreto Legislativo 1057) y a los pensionistas a cargo del Estado bajo los regímenes de las Leyes 15117, 28411 y 28091, Decretos Legislativos 19846 y 20530 y el Decreto Supremo 051-88-PCM.
MODIFICACIÓN DE DIRECTIVA PARA VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE ASEGURADOS Y DE ENTIDADES EMPLEADORAS DE TRABAJADORES DEL HOGAR
Mediante Resolución 63-GCSPE-ESSALUD-2016, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 1 de diciembre del 2016, se ha modificado la Directiva “Procedimiento de Verificación de la Condición de Asegurados del Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, de otros Regímenes Administrados por EsSalud y de la Condición de Entidades Empleadoras de Trabajadores del Hogar”.
La modificación tiene por objeto adecuar el procedimiento a lo establecido en la Resolución 310-PEESSALUD-2016 que modificó el Texto Actualizado y Concordado del Reglamento de Organización y Funciones de EsSalud en lo relativo a las funciones de las Oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas.
1.- Taxatividad de las causales de despido protege al trabajador de arbitrariedad de empleador
Se trata de un caso de impuntualidad reiterada de una trabajador que fue sancionada por el empleador con el despido; sin embargo, tanto en la carta de imputación de falta grave como en la carta de despido, el empleador solo endilgó dichos hechos a la trabajador sin precisar cual de los supuestos de falta grave, señalados en el artículo 25º del T.U.O. del D. Leg. 728, aprobado por D.S. Nº 003-97-TR sustentó la imputación de falta grave.
Al respecto, judicializado el caso, el actor (ex –trabajador) postuló, entre otras pretensiones la indemnización por despido arbitrario, por considerar que la falta atribuida no cumplía con el principio de tipicidad, manifestación del principio de legalidad.
Ambas instancias estimaron la demanda, considerando que el empleador no precisó adecuadamente el supuesto de falta grave en que incurrió el trabajador.
Recurrida la sentencia de segunda instancia vía Recurso de Casación, la Corte Suprema mediante Sentencia de Cas. Lab. Nº 8927-2015- Lima (publicada el 30 de noviembre de 2016) se rechazó dicho recurso considerando que “(…) la demandada no delimitó el tipo antijurídico que sustentó la imputación de falta grave de la actora, situación que constituye una afectación al sub principio de tipicidad, que conforme lo expuesto en la sentencia recaída en el Expediente Nº 2192-2004-AA/TC, “constituye una de las manifestaciones o concreciones del prinipio de legalidad respecto de los límites que se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean estas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permit a cualquier ciudadano comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo, baco amenaza de sanción en una determinada disposición legal.”. Así en sede laboral, la taxatividad de las causales de despido protege al trabajador de la arbitrariedad del empleador. Es por ello que nuestro sistema, a través del Secreto Supremo Nº 003-97-TR adoptó una lista cerrada de causales de despido, señalando como principio de legalidad en la tipificación de las causas de despido (…). Razón por la cual, al imputar una falta grave el empleador se encuentra en la obligación de tipificar adecuadamente la falta, ya que de no hacerlo afectará irremediablemente el principio de taxatividad (…)”.
2.-Falta grave imputada al trabajador debe ser determinada con precisión en el despido
Mediante Sentencia de Casación 1099-2015-Lima Norte (publicada el 30 de noviembre de 2016) se trató el caso de un trabajador que fue despedido por cometer la falta grave prevista en la LPCL, art. 25, inc. a) (incumplimiento de las obligaciones de trabajo). En la carta de preaviso de despido se había consignado como falta el “reiterado incumplimiento en acatar las órdenes impartidas por sus superiores y el descuido de los implementos de trabajo en perjuicio de la empresa”. Según el empleador, el despido se sustentó en el hecho que en dos oportunidades el trabajador había incumplido las órdenes de su jefe superior inmediato. El trabajador solicitó que se declarara su despido como fraudulento, su reposición y el pago de sus beneficios sociales dejados de percibir como consecuencia del despido. En primera instancia se declaró fundada la demanda, lo cual fue confirmado por la Sala Superior. En su recurso de casación el empleador denunció la infracción normativa del art. 25, inc. a) de la LPLC.
El fallo del recurso de casación presentado por el empleador fue declarado infundado por cuanto las faltas imputadas al trabajador no fueron formuladas de manera clara y precisa. El informe presentado por el empleador que sustenta la comisión de la falta y da cuenta de los hechos, no genera convicción, pues resuIta genérico en el relato de los hechos. Si bien forma parte de la falta grave atribuida el descuido en que habría incurrido el trabajador respecto de los implementos de trabajo en perjuicio de la empresa, el empleador no ha precisado en qué circunstancias ocurrió el descuido alegado. Tampoco menciona cómo ocurrieron los hechos ni cuál fue el perjuicio irrogado a la demandada y las pruebas que acreditaron esa falta grave.
3.-Eficacia de renuncia de trabajador no depende de la decisión del empleador
Se trata de un caso en que una trabajadora imputa a su ex –empleadora haberla coaccionado a suscribir su carta de renuncia, frente a un inminente despido en caso de no efectuarlo.
Judicializado el caso, en primera instancia se declaró fundada la demanda de continuidad y vigencia de su contrato de trabajo, considerando que la empresa empleadora tuvo la intención de cesarla otorgándole un incentivo económico para que aparezca en otra empresa (del mismo grupo económico), sin embargo la trabajadora seguía recibiendo órdenes de su empleadora (empresa primigenia)
En segunda instancia, la Sala superior Laboral competente confirmó la sentencia de primera instancia cosndierando además que la renuncia resulta inválida, toda vez que operó el 30 de setiembre de 2001, sin embargo seguía percibiendo remuneraciones de la empresa empleadora (primigenia), conservando el mismo número de carnet y la cuenta bancaria de despósito de remuneraciones, generando esta última razonable temor en la trabajadora que la obligó a firmar la carta de renuncia.
En sede casatoria, mediante Sentencia de Cas. Lab. Nº 7164-2015-La Libertad (publicado el 30 de noviembre de 2016) decalró FUNDADO el recurso de casación planteada por la empresa empleadora afirmando que los actos intimidatorios y coercitivos que alega la trabajadora no han sido acreditados durante el proceso, considerando que la carga de la prueba recae en quien afirma hechos, en concordancia con el artículo 27º de la Ley 26636, Ley Procesal del Trabajo. Así agraga la Corte Suprema que la renuncia como forma de extinción del vínculo laboral se materializa “por propia voluntad unilateral del trabajador, cuya eficacia no depende de la decisión del empleador de aceptar la renuncia, caso contrario se desnaturalizaría dicha figura, ya que es un acto jurídico, una acción propia, pura y simple del trabajador que se materializa con la extinción del vínculo laboral; más aún si no solicita la nulidad o anulabilidad del mismo”.
4.-Falta de justificación para la rotación de trabajador constituye hostilización laboral por afectación a la dignidad humana
Ae trata del caso de una trabajadora (Médico) sobre la cual se dispuso una rotación del área de Neonatología al área de Pediatría dentro de su propio centro de labores, sin comunicar la justificación de la misma.
A tal efecto, la trabajadora judicializa el caso solitando el cese de los actos de hostilización por afectación de su dignidad y como tal se disponga su reasignación al área donde venía laborando desde el inicio de sus labores y de la cual fue desplazada sin justificación alguna, alegando además que venía trabajando por más de tres años en el área de neonatología y se encontraba realizando una segunda especialización en Neonatología; por lo que la rotación que acusa de indebida, vulnera su derecho a la dignidad humana, frustra su proyecto de vida y su crecimiento profesional.
En primera instancia, la autoridad judicial declara fundada la demanda, precisando entre otros fundamentos que alterar su lugar de trabajo luego de tres años de sin acreditar la objetividad de la rotación, a pesar que el área de Neonatología se encontraría en crisis como alega la parte empleadora, constituye un acto de hostilidad que rebaja la dignidad de la trabajadora demandante, quien pese a su especialización y experiencia laboral ve truncada sus aspiraciones de desarrollar aún más su crecimiento profesional.
En segunda instancia se confirmó la sentencia, señalando que la empleadora demandada no acreditó que la rotación se haya producida en base a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, determinando la existencia de actos de hostilización.
En sede casatoria, la Corte Suprema, mediante Sentenciia de Cas. Lab Nº 8517-2014-Lambayeque (publicado el 30 de noviembre de 2016) se declaró INFUNDADA el recurso de casación presentado por la empleadora demandada, precisando que: “el ius variandi consiste esencialmente en la facultad que tiene el empleador de alterar las condiciones de trabajo en cuanto al modo y lugar, cantidad o tiempo de trabajo, y ello en virtud de poder subordinante que ejerce sobre sus trabajadores; su uso está determinado por las conveniencias razonables y justas que surgen de las necesidades de la empresa y que de todas maneras, según lo tiene establecido la doctrina, habrá de preservarse el honor, la dignidad, los intereses, los derechos mínimos y seguridad del trabajador, dentro de las limitaciones que le impone la ley”. Agrega la Corte Suprema que: “Obiamente, esta facultad que tiene el empleador no es absoluta y debe sujetarse a los principios constitucionales y por supuesto, su ejercicio concreto depende de factores tales como las circunstancias que afectan al trabajador, la situación de su familia, su propia salud y la de sus allegados, el lugar y el tiempo de trabajo, consiguientemente, la decisión del empleador sobre las condiciones laborales de un trabajador debe ser considerada sobre la base insustituible del factor humano y de las circunstancias en medio de las cuales actúan los poderes discrecionales, sin soslayar naturalmente los preceptos y derechos reconocidos en la Cosntitución y en la Ley”. En cuanto al lugar de trabajo precisó la Corte Suprema que: “(…) este es un elemento del contrato de trabajo, que no puede ser modificado unilateralmente por el empleador, si es que ocasiona perjuicio al trabajador. En todo caso, la modificación introducida respecto al lugar del trabajo tendrá validez en tanto resulta de necesidad funcional de la empresa (razonabilidad de la medida), de la magnitud del cambio y de que el trabajador no sufra perjuicios económicos ni morales. En este orden de ideas expuesto corresponderá al empleador acreditar la razonabilidad y funcionalida al cambio de lugar de prestación de servicios, y de no cumplir con probarlo, resulta irrelevante que el trabajador no haya probado el perjuicio que le ocasionó el cambio.
Así, en el caso concreto la Corte Suprema concluyó lo siguiente: “(…); en el caso de autos ha quedado demostrado que se ha interrumpido el crecimiento profesional de la actora, así como el proyecto de vida; más aún si está probado en autos que la actora tenía las condiciones y aptitudes necesarias para seguir desempeñándose como médico en el servicio de neonatología al obtner notas sobresalientes en las pasantías y cursos (…). De todo lo expuesto precedentemente, se ha acreditado que la rotación que efectuó la demandada a la actora del servicio de neonatología al servicio de pediatría, han afectado su dignidad humana como trabajadora, encuadrándose la hipótesis en lo descrito en el inciso g) del artículo 30º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR.
6.-Principio de Inmediatez laboral tiene como fin la protección del trabajador
Mediante Sentencia Casatoria Nº 19211-2015-Lima (publicado el 30 de noviembre de 2016), sobre proceso de nulida de despido, en cuanto al principio de inmediatez laboral, la Corte Suprema precisó expresamente que: (…) tiene por objeto la protección del trabajador, estableciendo una limitación al despido a través de la exigencia de una relación causal y de contemporaneidad entre este y el hecho que lo causa; si bien es cierto legislativamente no se ha establecido un plazo específico es debido a que su función tiene mucha relación con el principio de razonabilidad y proporcionalidad dejando al juzgador al momento de examinar el caso concreto, por su verificación u observancia. En cuanto a los momentos en que debe aplicarse el principio tantas veces citado, la Casación Nº 1917-2003-LIMA ha precisado que son dos momentos bien definidos: i) desde la fecha en que demandada tomó conocimiento de las faltas hasta la fecha en que se remitió la carta de imputación de cargos, y ii) después de producido el descargo hasta la notificación de la carta de despido.
Así, la Corte Suprema preciso que el juzgador al momento de valorar los medios de prueba debe establecer si existió o no vulneración al principio de inmediatez, considerando que de haber el empleador conocido con mucha antelación las faltas graves acusadas supondría un perdón de las mismas por parte de la empleadora y por tanto no sería legítima una nueva invocación de la misma para despedir a un trabajador.
7.-Indemnización por falta de descanso vacacional
La Res. 258-2016-SUNAFIL/ILM de fecha 03.10.16 se refirió al caso de un empleador que fue sancionado por no haber otorgado el descanso vacacional de manera oportuna ni pagado la indemnización correspondiente. En su defensa, alegó que la legislación laboral no establece la oportunidad del pago de la indemnización vacacional, lo que determina que pueda realizarse en cualquier momento durante la relación laboral, incluso con ocasión del cese. Agregó que se había vulnerado el principio de razonabilidad al requerírsele el pago de la indemnización, puesto que se trataba de ciento sesenta y seis (166) trabajadores.
El fallo concluyó que la obligatoriedad y exigencia de la indemnización vacacional como medio de reparación del daño nacen como consecuencia de la ocasión de éste. Nada puede hacer concluir que la exigencia de reparar el daño deba dilatarse hasta finalizado el vínculo laboral, en el que solo se produce la oportunidad de pago de beneficios sociales que son de distinta naturaleza al derecho antes mencionado. Por tanto, al no cumplirse con el mandato contenido en la Medida de Requerimiento (pago de la indemnización por falta de otorgamiento del descanso vacacional), corresponde confirmar la sanción impuesta por el inferior jerárquico.