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Timestamp: 2017-02-22 10:35:21
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Matched Legal Cases: ['artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 459', 'artículo\n34', 'artículo 5', 'artículo\n459', 'artículo 76', 'artículo 71', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 460', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 76', 'de lege ferenda', 'artículo\n76', 'artículo 26', 'in fine', 'artículo 76', 'artículo 120', 'artículo 25', 'artículo 69', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 27', 'e contrario', 'artículo 29', 'artículo 71', 'artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 75', 'artículo\n82', 'artículo 393', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo\n6', 'artículo 76']

Régimen del Proceso Penal: Fallo Kosuta - CNCP -1999
Régimen del Proceso Penal
Dr. Augusto Diez Ojeda
Fallo Kosuta - CNCP -1999
Voces: SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA - INHABILITACIÓN ABSOLUTA -
CONFORMIDAD FISCAL - QUERELLANTE - FALLOS PLENARIOS
Partes: Kosuta, Teresa R | recurso de casación
Fecha B.O.: 17-ago-1999
1.- La pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el artículo 76 bis y siguientes del Código Penal es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de tres años.
2.- No procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa.
3.- La oposición del Ministerio Público Fiscal, sujeta al control de logicidad y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional, es vinculante para el otorgamiento del beneficio. 4.- El querellante tiene legitimación autónoma para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos.
En ciudad Buenos Aires, 17 días mes agosto mil novecientos noventa nueve, reunidos señores jueces Cámara Nacional Casación Penal, en virtud autoconvocatoria admitida en causa N° 1403 registro Sala III, caratulada "Kosuta, Teresa Ramona s/ recurso casación", Los señores jueces doctores Jorge Osvaldo Casanovas Guillermo José Tragant dijeron:
El marco expositivo esta convocatoria aparece constreñido conceptualmente siguientes interrogantes:
"I) Pena que debe examinarse procedencia instituto previsto en artículo 76 bis siguientes Código Penal;
II) Procedencia no instituto cuando delito tiene prevista pena inhabilitación; III) Carácter vinculante no dictamen fiscal en suspensión juicio prueba; IV) Legitimidad no querellante recurrir suspensión juicio
prueba, excluido supuesto correspondiente al monto reparación".
No escapa que otras problemáticas singular relevancia fines asegurar homogeneidad interpretativa (vgr. obligatoriedad realización audiencia prevista en art. 293 C.P.P.N.; aplicación suspensión juicio prueba imputados delitos previstos en leyes n° 23.771 n° 23.737; control judicial razonabilidad ofrecimiento reparación daño; oportunidad solicitar suspensión juicio prueba) aparecen ajenos esta encuesta, aunque todavía no encontraron respuesta definitiva (vid. "Scublinsky, D. G. s/inaplicabilidad", C.N.C.P. - S.J., causa n° 38). cierto es que lecturas divergentes que ofrecen distintos pronunciamientos órgano reclaman que se proporcione vez inteligencia correcta.
Conviene recordar que deficitaria técnica legislativa que campea en redacción ley 24.316 es, duda, generadora cantidad interpretaciones doctrinarias jurisprudenciales contradictorias entre sí, seguramente -en su generalidad- contribuyentes falta certeza jurisdiccional extremos abiertos, situación que habrá ser pacificada fruto labor que ahora convoca.
A partir reformas introducidas en código penal (art. 76 bis conforme ley nº 24.316, B.O. nº 27.895 19 mayo 1994), cobró vigencia en legislación argentina sistema suspensión juicio prueba, técnicamente -aunque en forma equivocada- denominado "probation". anterioridad, ya ordenamiento procedimental nacional había anticipado su incorporación (art. 293 C.P.P.N. ley nº 23.984, B.O.nº 27.215 9 septiembre 1991).
Esta medida guarda filiación formas simplificación procesal conjunto alternativas al encierro carcelario tradicional que proliferaron en contexto político-criminal internacional partir años sesenta, que afectaron fundamentalmente aquella franja delitos menores y/o realizados jóvenes drogadependientes (vgr. art. 18 ley n° 23.737). Todo ello fue abordado distintos planteamientos: unos corte predominantemente asistencial paternalista, inspiración correctora educacional, acompañados otros resignadamente reformistas que proponen sustitución limitada prisión como línea avance en exigencias mínima intervención penal. Frente ellos, otros desarrollos esencialmente críticos denuncian legitimación paralela sistema carcelario que conllevan medidas alternativas, par alertar acerca paradójico aumento control punitivo, toda vez que -lejos reemplazar- supuestas alternativas terminan complementando cárcel (vid., todos, Cohen "Visiones control social", P.P.U., Barcelona, 1988).
Y esta configuración previa brindada experiencia comparada, tarea emprendida no puede desatender trascendencia político criminal tema, tanto más cuando solución que se arribe será adoptada como doctrina vinculante.
Con todo, menester es destacar que estas alternativas surgen como consecuencia valoración negativa fines asignados pena privativa libertad como "reina penas", perspectiva economización racionalización intervención penal. Ese, no otro, es marco que guía incorporación estas medidas.
Sentados estos brevísimos antecedentes, sindicar respecto primer punto compulsa fijada, opiniones que marcan rumbo extremo, esto es: (a) aquella que sostiene postura restringida base en pena conminada en abstracto, (b) defensora tesis amplia soporte en pena aplicable en concreto.
En apoyo primera, partir interpretación literal en especial auténtica legislador, se sostiene que:
(a) En proceso legislativo se suprimió expresamente posibilidad conceder suspensión en caso penas mayores tres años. En tal sentido, ponderando supresión que se había efectuado proyecto Poder Ejecutivo -que admitía en lineamientos generales extensión instituto-, se repara en expresiones vertidas diputado Antonio Hernández senador Augusto Alasino ("Antecedentes Parlamentarios", año 1994, N° 2, Ley 24.316 - Probation, "La Ley" parágrafos 34, 41, 90, 91, 94, 95, 125 160) (vid.García "Suspensión juicio Prueba", en "Cuadernos Doctrina Jurisprudencia Penal" N° 1-2, Ad Hoc, Bs. As., 1996, pág. 324; Tamini-Freeland López Lecube "La probation suspensión juicio penal prueba (comentarios ley 24.316)", "La Ley", Bs. As., t. 1994-D, pág. 854; Reynaga "La ley 24.316: análisis aplicación institutos", "La Ley", Bs. As., t. 1995-D, pág. 1486; Kent-García Torres "Probation. fallo que recepta exégesis adecuada institución", "La Ley", Bs. As., t. 1994-E, pág. 495).
(b) instituto abarca tan sólo delitos considerados leves, competencia correccional (cfr. Edwards "La probation en Código Penal Argentino", Lerner, Córdoba, 1994, págs. 48 58; Ochoa "La suspensión juicio prueba", "La Ley", Bs. As., t. 1995-C, pág. 1274; Saez Zamora-Fantini "Reflexiones implementación ley 24.316 en nuestro sistema penal", "La Ley", Bs. As., t. 1995-D, pág. 1136).
(c) declaración carácter grave leve delito debe necesariamente hacerse en juicio ya que tribunal no puede hacer pronóstico pena recaer (vid. causa n° 634 -Sala IV-, "Roitman, Adrián Raúl P. s/recurso
casación", reg. n° 983, rta. 30/10/97).
Con base en estas líneas argumentales, ésta ha sido posición mayoritaria esta cámara (causa n° 923
-Sala I- "Celestino, Leonardo s/recurso casación", reg. n° 1259, rta. 29/11/96; causa n° 1208, esa misma
Sala "Agüero, Patricia s/recurso casación", reg. n° 1500, rta. 17/4/97; causa n° 1580, -Sala II-,
"Wasyluk, Carlos José s/recurso casación", reg. n° 2038, rta. 16/6/98; causa n° 471 -Sala IV- "Muñoz
Saavedra, Juan S. s/recurso casación", reg. n° 773, rta. 7/3/97, causa n° 634 esa misma Sala, "Roitman,
Adrián Raúl P. s/recurso casación"; vid. también voto doctor Riggi en causa n° 1510 -Sala III-,
"Córdoba Grande, Jorge Antonio s/recurso casación", reg. n° 189, rta.15/5/98). anterioridad, aplicación
postulado que veda reforma en perjuicio impidió al conjunto esta sala tratamiento este extremo, al
sostenerse que "el principio que prohíbe "reformatio in pejus" recurso acusatorio establece como
máximo pena que puede imponerse aquél pronunciamiento declarado nulo impugnación defensa. este
modo, garantía defensa en juicio establece límite superior que en especie no puede superar monto tres
años prisión" (Causa n° 1022, "Losada, Aldo otros s/recurso casación", reg. n° 184/99, rta. 30/4/99).
Mas, otra banda, tesis contraria carácter amplio se funda en interpretación gramatical teleológica, partir
que ley se refiere cada grupo delitos en párrafos diferentes. Ello se sostiene al considerar que:
(a) En primer párrafo se prevé pena en abstracto (pena cuyo máximo no exceda tres años), en tanto que
en cuarto párrafo se considera pena en concreto, clara alusión al artículo 26 digesto sustantivo (pena
aplicable) (vid. Vitale "Suspensión proceso penal prueba", Editores Puerto, Bs. As., 1996, págs. 65/6;
Orgeira-Vaiani "La suspensión juicio prueba delitos pena mayor tres años", "La Ley", Bs. As., t.
1996-E, pág. 813; Bovino "La suspensión procedimiento en Código Penal argentino "diversión" (Un
análisis comparativo)", "La Ley", Bs. As., t. 1997-A, pág. 1090; Devoto "Probation e institutos
análogos", Din, Bs. As., 1995, pág. 83; Cafferata Nores "Cuestiones actuales proceso penal", Editores
Puerto, Bs. As., 1997, pág. 176 ss.; Molero, "Probation juicio abreviado", "La Ley", Bs. As., pág. 1347;
Coleff-Garrigós "Primeras experiencias en aplicación probation", "La Ley", Bs. As., 22/12/94).
(b) Tanto primero como segundo párrafo prevén distintas especies penas privativas libertad (pena
reclusión prisión pena prisión -como consecuencia reenvío al artículo 26 antes citado-,
respectivamente) (cfr. Almeyra "Probation ¿Sólo delitos bagatela?", "La Ley", Bs. As., t. 1995-B,
pág.603).
(c) En razón uso que ley hace términos "juez" en tercer párrafo artículo 76 bis "tribunal" utilizada en
cuarto, puede admitirse existencia dos supuestos procedencia al resultar compatibles órgano
jurisdiccional que en etapa debate puede acordar suspensión proceso prueba (órgano unipersonal
delitos leves representado juez correccional) órgano colegiado delitos mayor gravedad (o sea, tribunal
juicio) (cfr. Saenz "La suspensión prueba proceso penal (Probation)", "La Ley", Bs. As., t. 1994-C, pág.
(d) exigencia dictamen fiscal favorable en cuarto párrafo patentiza existencia dos supuestos diferentes
(Vitale, ob. cit. pág. 69). Incluso vía "unidad norma" se dice que en todos casos ley exige dictamen
fiscal favorable posibilidad condena condicional (vid. Olazábal, "Suspensión proceso prueba -Análisis
ley 24.316, probation"-, Astrea, Bs. As., 1994, pág. 43 ss.), circunstancia que no obstaculiza concesión.
(e) Corresponde tomar en cuenta finalidad perseguida incorporación este instituto (vid. Vitale, ob. cit.,
págs. 75 79; Ríos "La interpretación ley juez penal. propósito procedencia suspensión juicio prueba",
"La Ley", Bs. As., t. 1998-C, pág. 413; Solimine "La suspensión proceso prueba delitos criminales en
ley 24.316 (Probation)", "Doctrina Judicial", Bs. As., t. 1994-2, pág. 177).
De esta forma, se pone en consideración necesidad incorporar herramienta eficaz descongestionamiento
puntos críticos toda organización judicial, al calibrar coordenadas que enmarcan ámbito aplicación
selectivo objeto incrementar idoneidad en persecución penalización delitos elevada gravedad, evitando
que tribunales vean perturbado su funcionamiento tratamiento causas más leves.
De otro lado se sostiene que incorporación instituto responde -como reajuste política criminalnecesidad
echar mano mecanismos que modernamente se utilizan limitar efectos estigmatizantes
reacción penal, que permiten ciertas condiciones liberar al imputado acusado juicio desaprobación que
posiblemente habría formulársele hecho cometido, efectos condena que quedarán como sello en sus
Se suman su adhesión tesis amplia, entonces Ministro Justicia Nación que motorizara reforma, doctor
León Carlos Arslanian ("Plenario. Publicación Asociación Abogados Buenos Aires", julio 1994,
pág.20) Procurador General Nación, doctor Nicolás Eduardo Becerra, mediante instrucción fiscales
(resolución PGN 39/97).
Como se sindicara, esta tesis amplia recibe -a no dudarlo- respaldo jurisprudencia ampliamente
prevaleciente, como resulta trabajo efectuado Oficina Estadísticas Poder Judicial Nación cual se extrae
que en Capital Federal (a) 30 tribunales orales en criminal, adoptan criterio restrictivo 8 tribunales
amplio 22; ( b) 6 tribunales orales federales, 2 adoptan criterio restrictivo 4 amplio; (c) que en año 1997
ingresaron juzgados ejecución penal provenientes juzgados correccionales 742 expedientes 2025
provenientes juzgados tribunales instrucción (168 tribunales orales en federal, 1843 tribunales orales en
criminal, 14 juzgados instrucción). ("El Derecho", Bs. As., 31/12/98, pág. 4).
Por fin, modo refutación respecto argumento que sostiene que declaración delito grave leve debe
hacerse judicialmente ya que órgano no puede hacer pronóstico pena recaer, más alla reparos que pueda
generar simplificada categorización, no es correcta afirmación luz normativa procesal vigente, poco ver
que artículos 312 316 rito autorizan al juez formular pronóstico pena imponer efectos dictar auto
prisión preventiva denegar excarcelación. tanto, si juez puede preveer pena que habrá recaer en caso
que se dicte sentencia condenatoria, efectos dictar prisión preventiva, preguntarse qué tendrá vedado
formular ese mismo pronóstico evaluar procedencia instituto.
Solo resta consignar proyecto ley aprobado Comisión Asuntos Penales Regímenes Carcelarios
Honorable Cámara Senadores Nación (sesiones ordinarias 1998, orden día n° 1200), generado como
consecuencia cuadro situación expuesto.Comisión consideró que incorporación este instituto en Código
Penal, numerosas interpretaciones judiciales contradictorias entre sí han impedido plena e igualitaria
aplicación mismo, en detrimento justiciables seguridad jurídica¼" que, siendo "el instituto ajeno
nuestra tradición jurídica continental, tanto, debe primero entenderse en sus fines luego aplicarse
criterio más lógico que esos mismos fines se cumplan través ley". base expuesto se establece sustituir
artículo 76 bis Código Penal, disponiéndose en nueva redacción que "el imputado delito acción pública
podrá solicitar suspensión juicio prueba cuando pudiese corresponderle condena ejecución
condicional." (Dirección Publicaciones, Congreso Nacional, Cámara Senadores, sesiones ordinarias
1998, orden día n° 1200, págs. 4505/4520). En misma orientación se dirige actual trámite parlamentario
en cámara alta (Dirección Publicaciones, Congreso Nacional, Cámara Senadores, sesiones ordinarias
1999, orden día n° 405, págs. 1513 ss).
En orden al segundo extremos propuestos -procedencia no instituto cuando delito tiene prevista pena
inhabilitación-, también paso inicial respecto opinión que se insinúa como minoritaria. Analizar
nuevamente cuestión, lleva reafirmar vez más opinión oportunamente sustentada.
En efecto, partir causa n° 1509 registro sala III, caratulada "Vázquez, Emilio s/recurso casación" (reg.
n° 191/98, rta. 15/5/98), medio voto juez Casanovas, hubo ocasión señalar que "desde parámetros
brindados Corte Suprema Justicia Nación, se conoce que primera regla interpretación leyes es darle
pleno efecto intención legislador (Fallos: 302:973), primaria fuente determinar esa voluntad es letra ley
(Fallos: 299:167), así como que jueces no deben sustituir al legislador sino aplicar norma tal como éste
concibió (Fallos: 300:700); también leyes deben interpretarse conforme sentido propio palabras que
emplean molestar su significado específico (Fallos: 295:376), máxime cuando aquél concuerda
acepción corriente en entendimiento común técnica legal empleada en ordenamiento jurídico vigente
(Fallos:295:376), todo cual se deben computar totalidad sus preceptos manera que armonicen
ordenamiento jurídico restante principios garantías Constitución Nacional (Fallos 312:11), evitando
darles aquel sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo unas otras adoptando, como
verdadero, que concilie deje todas valor efecto (Fallos: 1:300), todo que no debe prescindirse
consecuencias que derivan cada criterio, pues ellas constituyen uno índices más seguros verificar su
razonabilidad su coherencia sistema en que está engarzada norma (Fallos: 307:1018)".
"A partir estas coordenadas, claro queda pues que no puede dejarse atender en "subexámine" clásicos
estándares interpretativos que parten criterios literal, auténtico, sistemático teleológico hora desentrañar
sentido alcance unidad textual contenida en último párrafo artículo 76 Código Penal".
"Aunque respecto extremo gramatical concurre en nuestro ámbito postulado interpretación restrictiva
establecido en precepto que consagra artículo 2 ritual que obstaculiza cualquier inteligencia extensiva
normas penales. otro lado, menester es destacar cuanto se sostuvo derecho internacional derechos
humanos, positivado ahora en nuestra norma fundamental (art. 75 inc. 22 C.N.), en cuanto enseña que
configuración legislativa aplicación judicial cualquier clase medidas restrictivas libertad han ajustarse
al cumplimiento sus exigencias superiores que reclaman derecho penal que sea "mínimamente intenso,
es decir, menos aflictivo estigmatizante que infrinjan mandatos prohibiciones penales" (vid. voto
conjunto tres integrantes sala en plenario n° 3 "Molina, Roberto Carlos", 16/8/95, sus citas)".
"Huelga significar, en referencia al canon sistemático, que cualquier intervención estatal en materia
penal debe obedecer postulados constitucionales resocialización (art. 75 inc. 22 Constitución Nacional,
art. 5 inc. 6° Convención Americana Derechos Humanos -Pacto San José Costa Rica, Ley nac. n°
23.054-; art. 10.3 Pacto Internacional Derechos Civiles Políticos -Ley nac. n° 23.313-; Reglas Mínimas
Tratamiento Reclusos O.N.U. 1957 -regla 63 ss.-; art.1 Ley 24.660 Ejecución Pena Privativa
Libertad)".
"En segundo término -y en orden al sentido auténtico interpretación-, no puedo dejar evocar
clarificadoras palabras mensaje miembro informante senador Augusto Alasino en debate parlamentario
Senado Nación cuando dijo:".lo que pretende este instituto es atender cada delincuente primario,
ocasional que comete delito sola vez en vida. eso, existe política social Código Penal, que apunta
contemplar situación aquellos delincuentes que en determinados delitos culposos terminan siendo
condenados porque circunstancias caso conducen condena siendo que tal vez nunca más esa persona
vuelva cometer delito. homicidio culposo, ejemplo, sería caso quien atropella persona vehículo. Aclaro
esto porque tal vez soslayé cuando brindé respectivo informe. Debe tenerse en cuenta que esa es
política criminal que apunta este instituto, en esa dirección va encaminado" (vid. "Antecedentes
parlamentarios", 1994, n° 2, Ley 24.316- Probation, "La Ley", pág. 58, subrayado que me pertenece).
Al respecto no resulta ocioso señalar que en anteriores pasajes discursivos propio legislador parece
significar contrario (op. cit., pág. 40), mas sentido aclaratorio posterior sus expresiones despejan
cualquier sospecha propósito que animó su labor".
"De otra banda también merece computarse lista delitos que se aplica probation acompañada inserción
diputado Víctor Hugo Sodero Nievas -autor proyecto activo protagonista legislativo- en reunión octava
16 junio 1993, en donde se establece también homicidio culposo ("Diario Sesiones Cámara Diputados
Nación", pág. 1448)".
"En último lugar corresponde destacar en orden antecedentes parlamentarios que, tanto anteriores
proyectos cuanto que aparecen consensuados en ley 24.316, no contemplaban como obstáculo
probation pena inhabilitación (vid. proyectos Maier Zaffaroni, "Doctrina Penal", Bs. As., 1986, pág.
671 ss. "Doctrina Penal", Bs. As. 1988, pág. 146 ss.) contemplaban en modalidad absoluta (vid.
proyecto diputado miembro informante Antonio María Hernández, "Antecedentes .", cit., pág. 29),
exclusión presentado únicamente diputado José J. Manny (op. cit., pág.31)".
"Por fin, en cuanto hace al patrón teleológico, no pueden caber dudas postulados político-criminales
que orientaron modificación Título XII Libro Primero digesto fondo través incorporación artículos 76
bis, 76 ter 76 quater, que cristalinamente se expresan en mensaje elevación poder ejecutivo al congreso
nacional: reformar sustancialmente funcionamiento real sistema judicial penal nuestro país
programación eficaz su actuación, en donde instituto suspensión proceso prueba se encuentra
respaldado fundamentales razones orden práctico ("Antecedentes .", cit., pág. 18)".
"Claro queda mi ver que cualquier télesis no se le puede escapar inconsistencia que resulta criterio
favorecer instituto imputados delitos reprimidos pena privativa libertad impedirla aquellos perseguidos
delitos que incluyen en su conminación menor reacciones punitivas establecidas en artículo 5
ordenamiento, así como también beneficiar imputados delitos dolosos (vgr. donde agente quiso que
hizo) perjudicar delitos culposos (vgr. donde media discordancia entre querer resultado). Más aún:
dentro delitos imprud entes, tratándose actividades no reguladas, nos enfrentaríamos imposibilidad
imponer esta categoría pena, tanto ¿Tampoco cabría en esos casos concesión "probation"?
razonabilidad postulado igualdad impiden acompañar esa lectura".
"En este orden ideas, argumento que señala que únicos delitos previstos en parte especial código pena
inhabilitación exclusiva vinculan funcionarios públicos (arts. 260, 264, 273 274 C.P.) que aparecen
impedidos regla anterior expresa, precisamente impide considerar legislador contradictorio, poco
observar que universo conductas en que puede verse comprometido como sujeto activo excede estrecho
marco estas figuras delictivas, suerte que no puede advertirse redundancia y/o absurdo en texto legal.
mayor abundamiento, precisar existencia leyes penales especiales que reprimen conductas sujetos que
no responden esa calidad, pena inhabilitación en forma alternativa (vgr. ley abastecimiento n° 20.680,
art. 5 inc. d)".
"Por demás, destáquese que fin preventivo que pretende defender opinión contraria debe
necesariamente atender que puede hallarse satisfecho imposición reglas conducta que adoptar junto
acordamiento (esto es, capacitación técnica misma prohibición conducción vehículos automotores
(arts.76 ter, párrafo 1°, 27 bis, anteúltimo párrafo, C.P. 310 C.P.P.N.)".
"En suma, en base consideraciones transcripciones que anteceden, soporte doctrina que reputo
mayoritaria (vid., entre otros, Alagia "Probation pena inhabilitación", "Cuadernos doctrina
jurisprudencia penal", año III, n° 7, Bs. As., 1997, pág. 855; Vitale "Suspensión proceso prueba",
Editores Puerto, Bs. As., 1996, pág. 134 ss.; Pessoa "Suspensión juicio prueba: esquema análisis",
Jurisprudencia Argentina, 1995, pág. 837; Devoto "Probation e institutos análogos", Din, Bs. As., 1995,
pág. 95; Cafferata Nores, "Cuestiones actuales proceso penal", Puerto, Bs. As., 1997, pág. 176 ss.;
Tarditti "Probation -ley 24316-: bueno malo", Semanario Jurídico, Córdoba, año XVII, 21/6/94;
Tamini-Freeland "La 'probation' suspensión juicio prueba (comentarios ley 24.316)", "La Ley", n° 165,
30/8/94; Edwards "La probation en Código Penal argentino, ley 24.316", Lerner, Córdoba, 1994, pág.
62), debe propiciarse establecimiento criterio favorable al acordamiento suspensión proceso penal
prueba mediando comisión delito reprimido pena inhabilitación especial prevista en forma conjunta".
Por su parte, en referido precedente "Vázquez", juez Tragant sostuvo que "tal interpretación se
concilia plenamente jurisprudencia fijada esta Cámara en orden al requisito procedencia recurso
casación mediando imposición pena inhabilitación, en sentido que "los límites tenerse en cuenta
habilitar instancia son previstos en artículo 459 Código Procesal Penal que en su inciso 2°) establece
que cuando se trata pena prisión, misma debe superar tres años, previéndose además determinados
mínimos multa inhabilitación . Este precepto debe interpretarse en consonancia prescripciones artículo
34 mismo ordenamiento que se refiere determinar competencia en hipótesis delito reprimido varias
clases pena, cualitativamente más grave, manera tal que adecuada hermenéutica conduce conclusión
que es orden artículo 5° Código Penal que resuelve esta situación".
"De precedentemente expuesto se desprende entonces que cuando sanciones inflictas son varias, debe
atenderse analizar procedencia recurso casación primero calidad mismas luego, vez definida esta
cuestión, al monto más severa verificar si ella encuadra en supuestos contemplados en mentado artículo
459 código rito (del voto conjunto Dr. Raúl R. Madueño suscripto, al que adhirió colega Dr. Eduardo
Rafael Riggi, sus fundamentos, en causa n° 78 "Frías, Ramiro E. s/rec. queja", rta. 21/12/93, reg. n° 73
Sala III; causa n° 74 "Ciancio, Nora Elba s/recurso queja" rta. 13/12/93 reg. n° 68 Sala II, entre muchas
otras)".
"Que otra línea argumental parece claro que uno propósitos que conlleva pena es fin preventivo, ello,
en atención manifestaciones vertidas tanto miembro informante en Cámara Diputados, diputado
Antonio María Hernández (DSCDN, 6° Reunión, junio 2 1993, pág. 1321) cuanto primigeniamente
expresado senador Augusto Alasino en cámara revisora ("Antecedentes parlamentarios -Ley 24.316-
Probation", "La Ley", Año 1994 n° 2, parágrafo 88, pág. 49) francamente no se alcanza comprender
qué sería más comprometedor comunidad médico imperito conductor omisivo deber cuidado que
disparador arma fuego, encubridor maltratador familiar (cfr. Devoto, "Probation e institutos análogos",
pág.94/95)".
"Nótese que bastaría que autor lesiones culposas, aún mintiendo, modificara causal resultado en
intencional, poder acceder probation".
"En procesos que se relacionan delitos que se refieren supuestos impericia, inobservancia reglamentos
deberes cargo, resulta mi juicio innecesario que éstos sean tramitados veredicto definitivo, cuando
propósito instituto es evitar prosecución juicios que revistan escasa entidad penal, evitando así desgaste
jurisdiccional, mediante sometimiento imputado reglas conducta enderezadas modificar su
comportamiento disvalioso, en procura su resocialización, como está previsto en art. 27 bis código
sustantivo".
Ese cuadro argumental puede completarse además aquel motivo que parte observación efectuada en
precedente "Asenjo, Claudio Martín s/recurso casación" (causa n° 518 - Sala I- , reg. n° 774, rta.
17/10/95), en punto que "según norma examinada, es requisito procedibilidad examen probabilidad
que, en caso recaer condena, ésta pudiese ser dejada en suspenso, cuando expresa disposición legal no
es procedente condena condicional respecto penas multa e inhabilitación".
Si bien ello es cierto, no es menos circunstancia que nadie ha considerado que esta modalidad condena
no procede cuando multa inhabilitación acompañan pena prisión. Es decir, si bien exclusión multa e
inhabilitación régimen condena condicional ha dado lugar serias discusiones (sosteniendo algunos que
pueden ser suspendidos cuando son accesorias pena prisión), se ha reconocido unánimemente en
nuestro país, que condenación condicional procede aún cuando multa inhabilitación acompañan en ley
pena prisión. embargo, en delitos sancionados prisión e inhabilitación en forma conjunta, condena
condicional no ha impedido que, en general, junto suspensión pena prisión, se disponga cumplimiento
efectivo inhabilitación. Si ello es así, mismo criterio deberá aceptarse procedencia suspensión proceso
prueba en cual se investiga delito reprimido prisión e inhabilitación, en forma conjunta, menos en
aquellos casos en que se haga cumplir efectivamente inhabilitación durante período prueba. (cfr. Vitale,
ob. cit. pág. 140).
Con panorama descripto posturas sostenidas en distintos pronunciamientos salas, parecen agotarse
formulaciones argumentos respectivas tesis.Sentada pues, plataforma teórica, tal como se expusiera en
mentado precedente "Vázquez", debate debe ser planteado en terreno más amplio, tiene que ver
principios que gobiernan hermenéutica.
Si algo enseña complejidad judicial es escapar esquemas reduccionistas simplificatorios. labor
interpretativa es mucho más ardua parámetros delimitadores que gobiernan aparecen demarcados (a)
imposibilidad hacer justicia total independencia ley, (b) imposibilidad aplicar ley total independencia
justicia. Estos dos extremos señalan contornos entre que se mueve tarea, par advertir error en
polarización algunos ellos.
Aunque no faltan intentos establecer jerarquización métodos (vgr. Alexy "Teoría argumentación
jurídica. teoría discurso racional como teoría fundamentación jurídica", Centro Estudios
Constitucionales, Madrid, 1989), se señala que más importante criterios interpretación, en muchos
casos decisivo, es teleológico, sea fin subjetivo legislador u objetivo ley (Gimbernat Ordeig "Concepto
método ciencia derecho penal", Tecnos, Madrid, 1999, pág. 77).
Menester es destacar entonces, histórica constante réplica concepción juez como mero ejecutor derecho
que signó evolución método interpretativo: "la boca muda que pronuncia palabras ley". Este modelo
silogístico deductivo que aún hoy guarda plena vigencia algunas doctrinas aplicativistas (vgr.
Alchourrón Buligyn "Análisis lógico derecho", Centro Estudios Constitucionales, Madrid, 1991), puede
resultar deseable, pero difícilmente real.
Este punto vista positivista sometimiento ley cual juez es su esclavo dejó ser defendido ya en segunda
mitad siglo XIX, toda vez que Savigny se conoce que criterios deben actuar en forma conjunta
recíproca (Larenz "Metodología ciencia derecho", Ariel, Barcelona, 1966, págs. 234 270; Engisch
"Introducción al pensamiento jurídico", Guadarrama, Madrid,1967, pág. 110; Klug "Problemas
filosofía derecho", Sur, Bs. As., 1966, pág. 68).
Por demás, no puede ser indiferente como directriz labor interpretativa previsión consecuencias efectos
que pueda tener en sociedad aplicación normas, que se da en llamar interpretación previsora (Sagüés
"La interpretación judicial Constitución", Depalma, Bs. As.1998).
Se impone pues necesariamente pluralismo metodológico, en donde dialéctica concreta entre norma
decisión debe correcta coherentemente atender tres perspectivas jurídico: validez, eficacia legitimidad,
dado que que se trata -como sostiene Díaz cita Vlachos- es "escapar doble amenaza conformismo
amoral arbitrariedad subjetiva" (Díaz "Sociología Filosofía Derecho", Taurus, Madrid, 1989, pág.124).
Cualquiera estas tres concepciones en términos absolutos están viciadas reduccionismos mutilan
elementos constitutivos jurídico, pretendiéndose reducir validez justicia, justicia validez, validez
eficacia, ello conduce caminos erróneos (Bobbio, "Teoría General Derecho", Debate, Madrid, 1992,
Como se dijo, si bien opinión que preconizan posturas restrictivas que enfatizan literalidad supuesta
voluntad legislador no son tan categóricas luz variad os patrones interpretativos -lo que conduce
reserva acierto estas tesis-, corresponde puntualizar que cualquier solución descansa exclusivamente en
opción en favor alguna dos posiciones que -imperioso es resaltar- parten lecturas tan lícitas como
defendibles cuestión.
Y al respecto, no considerar sino que en caso colisión dos interpretaciones posibles texto legal, ninguna
dos puede tener fundamento completo, que decisión favor u otra no puede apoyarse en mejor
fundamento lógico hermenéutico alguna interpretaciones posibles: estamos conflicto más menos
libertad (Bacigalupo "Principios constitucionales derecho penal", Hammurabi, Bs. As., 1999, pág. 95
ss., subrayado que nos pertenece).
De modo que entre posturas definidas corresponde decidirse en favor aquella menos lesiva sujeto que
reduzca campo intervención justicia penal. No parece equitativo que costo inconsistencias defectos en
técnica legislativa deba ponerse cargo justiciable, ni que interpretación inadecuada aparezca siendo más
restrictiva libertad determinando al sistema judicial dispendio inoperancia.
Y no se trata arrogarse ilegítimamente facultades legislativas. siempre se sostuvo que "no es posible
revisar judicialmente postulados política criminal propios otras esferas poderes estado. en otros
términos: es legislador quien analiza distinta utilidad prevención penal como remedio determinada
clase criminalidad en base criterios oportunidad, mérito conveniencia que escapan revisión judicial"
(causa n° 418 "Silvera Silva, José G. s/ recurso casación", reg. n° 66, rta.21/7/95, sus citas). que se trata
través lectura postulada es interpretar modo coherente política criminal delineada órganos habilitados.
Por demás, través fallo plenario, que conlleva su obligatoriedad vinculante parte órganos
jurisdiccionales correspondientes, se arriba finalidad política casación que se encuentra en función
uniformar jurisprudencia objeto asegurar unidad derecho objetivo en procura seguridad jurídica que
brinda certeza contenido normas jurídicas.
Por ello "no debe olvidarse poder interpretativo unificador que legislador dotó al tribunal,
estableciéndolo como tribunal grado superior que atrae sí resoluciones discordantes unifica. Es esta
concentración poder interpretativo verdadera esencia naturaleza que sus orígenes como órgano único
específico estado ostenta Casación, al punto reconocérsele sus fallos sentido ejemplificador . asegurar
inalterabilidad leyes, uniformidad legalidad decisiones judiciales" (vid. voto juez Casanovas en
plenario "Villarino, Martín Patricio", sus citas).
Con base en estas consideraciones, debe adoptarse como doctrina aplicable que: I) artículo 76 bis
comprende dos grupos ilícitos, primero que encierra delitos que tienen prevista pena reclusión prisión
cuyo máximo no supera tres años (párrafos 1° 2°), segundo que comprende delitos -no incluidos en
primer grupo- que previendo ley penal máximo pena superior tres años privación libertad, permiten
dictado condena cuyo cumplimiento puede dejarse en suspenso -art. 26 Código Penal- (párrafo 4°); II)
Procede instituto cuando delito tiene prevista pena inhabilitación especial en forma conjunta.
En atingente tercera cuestión planteada, dos opciones aquí son posibles: (a) primera consistente en
sostener que diferencia esencial entre dos supuestos deriva en vinculabilidad juez sólo supuesto cuarto
inciso; (b) segunda que reside en defender que conformidad es exigible tanto en esta hipótesis como en
Un señalamiento previo fuerza indicar que última reforma Constitución Nacional Ministerio Público
Fiscal, hoy órgano independiente, tiene función "promover actuación justicia en defensa legalidad,
intereses legales sociedad." (art. 120). ello puede inferirse que -a tenor normado en artículo 71 Código
Penal- debe articular acción penal todo delito que tome conocimiento (art.25 ley n° 24.946). embargo,
pese tener Ministerio Público su cargo ejercicio acción penal, solo su negativa fundada -dado que no
puede quedar librada arbitrariedad-, resulta vinculante órgano decisor (vid. voto juez Casanovas en
causa n° 737, "Olivares Cusín, Oscar Genaro s/recurso casación", reg. n° 283, rta. 23/9/96).
Por otro lado, vinculación tribunal pretensión fiscal no es carácter estricto. Sólo tiene relevancia en
cuanto manifestación negativa tendiente al acordamiento, puesto que ello refleja voluntad continuar
ejercicio acción penal, ley acuña precepto "consentimiento". Nada impide al tribunal, atento
vinculación relativa, denegar petición pesar opinión favorable representante Ministerio Público Fiscal.
Va decir también, que consentimiento fiscal no puede reemplazar petición imputado, habida cuenta que
ésta es presupuesto general aplicación instituto debe concurrir en cualquier hipótesis, si no se quiere
caer en burdo paternalismo desatender garantía debido proceso derecho defensa en juicio contenidos en
Y si vía hipótesis ha sostenerse que suspensión juicio prueba constituye excepción al principio
legalidad, través criterio oportunidad expreso reglado (Caferatta, op. cit. pág. 25; en mismo sentido
Maier, "Derecho Procesal Penal", Tomo I, Fundamentos, Editores Puerto, Bs. As., 1996, pág. 838), no
debe obviarse que crítica que invoca tal excepción apunta al establecimiento propio instituto no su
interpretación, cualquiera que esta sea, cual -claro está- no quedará su partidario otra posibilidad que
declarar su inconstitucionalidad reclamar modificación ley misma.
En cuanto hace al núcleo este interrogante, en atención caracterización primera cuestiones, sólo apuntar
que envergadura en función gravedad montos punitivos delitos que puedan dar lugar hipótesis cuarto
inciso, conlleva necesaria conformidad Ministerio Público Fiscal.
Véase que postura restringida siempre es requerido dictamen fiscal favorable (vid. García, ob. cit., pág.
365; Tamini-Freeland, ob. cit., pág. 858; Ochoa, ob. cit., pág 1278; Saez Zamora-Fantini ob. cit. pág.
1143; Kent-García Torres, ob. cit., pág. 503; Reynaga, ob. cit., pág.1488), en tanto que, admitirse tesis
amplia, se requerirá tan sólo supuesto previsto en cuarto párrafo artículo 76 Código Penal (vid. Vitale,
ob. cit., pág. 180; Bovino, ob. cit. pág. 1090; Molero, ob. cit., pág. 1352; Orgeira-Vaiani, ob. cit. pág.
815; Almeyra, ob. cit., pág. 605; Ríos, ob. cit., pág. 417; Saenz, ob. cit., pág. 949; Solimine, ob. cit.
pág. 181 ).
En resumen, muy pesar sentido que recoge jurisprudencia restantes salas esta cámara (vid. Sala I, causa
n° 518 "Asenjo, Claudio Martín s/recurso casación", rta. 17/10/95; Sala II, causa n° 1492 "Campitelli,
Rodrigo s/recurso casación", rta. 8/7/98; Sala IV, "Roitman, Adrián s/recurso casación", rta. 30/10/98,
vid. también voto doctor Riggi en causa "Córdoba Grande, Jorge Antonio s/recurso casación", citada),
solo sostener pretensión fiscal vinculante como dictamen desfavorable al otorgamiento en hipótesis
cuarto párrafo artículo 76 bis.
Finalmente, en punto encuesta que se formula en relación legitimación recursiva querellante más allá
monto reparación, no puede desatenderse -en primer lugar, modo sintético- actual impronta doctrinaria
en favor mayor protagonismo víctima en materia penal y, particularmente, en que respecta su
intervención en proceso (vid. Schneider "La posición jurídica víctima delito en derecho en proceso
penal. Nuevos desarrollos en política criminal Estados Unidos, República Federal Alemana, Consejo
Europa Naciones Unidas", en "Criminología Derecho Penal al servicio persona. Libro-Homenaje al
profesor Antonio Beristain", San Sebastián, 1989; Hirsch "Acerca posición víctima en Derecho penal
en Derecho procesal penal", Eser "Acerca renacimiento víctima en procedimiento penal", Maier "La
víctima sistema penal" (en) "De delitos víctimas", Ad-Hoc, Bs. As., 1992), que también se releva
positivamente respecto instituto en cuestión (Cafferata Nores "Cuestiones actuales proceso penal",
Editores Puerto, Bs. As., 1997, pág. 136; Bovino "Problemas derecho procesal penal contemporáneo",
Editores Puerto, Bs. As., 1998, pág.99 ss.).
Efectivamente, hace cuanto menos década que organismos internacionales dirigen recomendaciones en
sentido dotar mayor participación víctima dentro sistema penal. 29 noviembre 1985, Asamblea General
O.N.U. aprobó consenso resolución 40/34 "Declaración principios fundamentales justicia víctimas
delitos abuso poder" en que se recomienda que se adopten medidas diversos niveles mejorar acceso
justicia trato justo víctimas delitos, que se les otorgue reparación, mediante resarcimiento
indemnización, así como asistencia material, médica, sicológica social que sea necesaria. Asamblea
General, al aprobar Declaración, recomendó que, en planos internacional regional, se adoptaran
medidas establecer medios proporcionar recurso víctimas cuando procedimientos nacionales resultaran
insuficientes. Principios Fundamentales se aplican, discriminación, todos países, en cualquier etapa
desarrollo en todos sistemas, así como todas víctimas (Octavo Congreso Naciones Unidas prevención
delito tratamiento delincuente, Habana (Cuba), 27 agosto 7 septiembre 1990).
En este sentido debe relevarse preocupación esta cámara, que acordada n° 2/94 solicitó integración
puesta en marcha oficina asesoramiento asistencia víctima testigos que estableció nuevo ordenamiento
procedimental, que aún fecha no ha sido creada, circunstancia que debe obligar renovar inquietud
cuerpo en ese propósito.
De esta manera, dentro procedimiento penal, se procura garantizar persona damnificado su
reconocimiento como efectivo sujeto derecho, en concepción igualitariamente digna la persona
encausado, en balance que indica valorización equivalente que les asegure carácter protagonistas
proceso penal, tanto más si instituto apunta al beneficio víctima (por vía reparación económica daño,
perjuicio acción civil) cuanto imputado.
Y esta preocupación víctima debe ser correlativa adopción criterios eficaces que resguarden modo útil
exigencia tutela judicial sus derechos.
Así, Corte Suprema Justicia Nación le reconoció facultades activas, especialmente en cuanto hace al
ejercicio acción penal, al sostener que "todo aquél quien ley reconoce personería actuar en juicio en
defensa sus derechos está amparado garantía debido proceso legal consagrada artículo 18 Constitución
Nacional, que asegura todos litigantes igual derecho obtener sentencia fundada previo juicio llevado en
legal forma (Fallos:268:266, considerando 2°). Ello en marco derecho jurisdicción consagrado
implícitamente en artículo 18 Carta Magna cuyo alcance, como posibilidad ocurrir algún órgano
jurisdiccional en procura justicia obtener él sentencia útil relativa derechos litigantes (Fallos: 199:617;
305:2150, entre otros), es coincidente que reconocen artículos 8°, párrafo primero, Convención
Americana Derechos Humanos 14.1. Pacto Internacional Derechos Civiles Políticos" (causa n° S.
1009.XXXII., "Santillán, Francisco Agustín s/recurso casación", rta. 13/8/98).
Estos preceptos, aparecen reiterados corte nacional en causa n° S.401.XXXIV "Santini, Ángelo otra
s/su solicitud denegación justicia en causa n° 27.480" "González, Alejandra Valentina s/homicidio
culposo", 3/12/98, en donde se sostuvo que todo aquel quién ley reconoce personería actuar en juicio en
defensa sus derechos está amparado garantía debido proceso legal consagrado en artículo 18
Constitución Nacional, sea que actúe como acusador acusado, como demandado demandante, ya que en
todo caso media interés institucional en reparar agravio si éste existe tiene fundamento en Constitución.
No se observa, cual puede ser base otorgar distinto tratamiento quien acude tribunal peticionando
reconocimiento declaración sus derechos -así fuere obtener imposición pena- quien se opone tal
pretensión, puesto que carta fundamental garantiza todos litigantes igual derecho obtener sentencia
fundada previo juicio llevado en legal forma, cualquiera que sea naturaleza procedimiento -civil
criminal- que se trate (Fallos 268:266).
Por demás, no debe soslayarse que derecho al recurso es medio imprescindible que que son parte
puedan, colaborar coadyuvar en referido proceso, controlando través recurso, tanto este conjunto
actividades que posibilitarán, en tiempo en espacio sentencia, como adaptación derecho este acto
jurisdiccional (Suau Morey "Tutela constitucional recursos en proceso penal", Bosch, Barcelona, 1995,
pág.29).
Al respecto, no debe dejarse aclarar que ejercer vía impugnativa recurrente debe encontrarse
debidamente habilitado interponer recurso pues tal como ha sostenido esta sala "cuando artículo 460
menciona parte querellante hace dando sentado que esa calidad no se encuentra en discusión, manera
que sujeto que no logró pronunciamiento judicial que reconozca como tal no puede acceder esta
instancia extraordinaria." (causa n° 5 "Acervo, Néstor Horacio s/recurso casación", reg n° 8/93, rta.
31/5/93).
Consecuentemente, referente ésta última cuestión, corresponde pronunciarse en favor legitimación
autónoma querellante recurrir auto suspensión juicio prueba fin obtener pronunciamiento útil relativo
En conclusión, en mérito consideraciones expuestas, debe adoptarse como doctrina aplicable que:
I) artículo 76 bis C.P. comprende dos grupos delitos, primero que encierra aquellos que tienen prevista
pena reclusión prisión cuyo máximo no supera tres años (párrafos 1° 2°), segundo que comprende
delitos -no incluidos en primer grupo- que, previendo ley penal máximo pena superior tres años
privación libertad, permiten dictado condena cuyo cumplimiento puede dejarse en suspenso -art. 26
Código Penal- (párrafo 4°);
II) Procede suspensión juicio prueba cuando delito imputado tiene prevista pena inhabilitación especial
en forma conjunta;
III) dictamen fiscal desfavorable es vinculante órgano decisor fin resolver suspensión juicio prueba
prevista en cuarto párrafo artículo 76 bis C.P.;
IV) querellante posee legitimación autónoma recurrir auto suspensión juicio prueba fin obtener
pronunciamiento útil relativo sus derechos.
Los señores jueces doctores Eduardo Rafael Riggi, Ana María Capolupo Durañona Vedia, Liliana E.
Catucci, W. Gustavo Mitchell, Amelia L. Berraz Vidal, Raúl R. Madueño, Alfredo H. Bisordi, Juan C.
Rodríguez Basavilbaso, Gustavo M. Hornos Juan E. Fégoli, dijeron:
La Resolución (S.J.n° 40) esta Cámara Nacional Casación Penal fecha 12 febrero 1999, nos convoca
expedirnos respecto instituto "De suspensión juicio prueba" regulado artículos 76 bis, ter quater título
XII, agregado ley 24.316 al Libro Primero Código Penal, constriñendo debate al siguiente temario:
I) Pena que debe examinarse procedencia instituto previsto en artículo 76 bis siguientes Código Penal;
II) Procedencia no instituto cuando delito tiene prevista pena inhabilitación;
III) Carácter vinculante no dictamen fiscal en suspensión juicio prueba;
IV) Legitimidad no querellante recurrir suspensión juicio prueba, excluido supuesto correspondiente al
monto reparación.
Observamos en nuestro análisis desarrollo argumental, orden establecido en descripto temario
aprobado; perjuicio efectuar breve relevamiento consideraciones relativas al instituto que nos ocupa.
Con ley 24.316, sancionada 4 mayo 1994 promulgada día 13 mismo mes año (B.O. 19/5/94), se
introdujo en nuestro ordenamiento penal vigente instituto "suspensión juicio prueba" objeto evitar
imposición innecesaria penas personas que, habiendo cometido delitos escasa gravedad, se sometan
requisitos previstos en dicha norma.
En efecto, se consagra excluir juzgamiento penal -mediante paralización proceso- gran variedad delitos
conminados penas que no superan tres (3) años prisión, comúnmente denominados "insignificantes"
"de lesión mínima al ordenamiento jurídico" "faltas baja potencialidad ofensiva" "delitos bagatela"; en
beneficio delincuente primario u ocasional, evitando mal -la estigmatización que dificulta su
resocialización- que implica imposición pena (sustituyéndola serie reglas conducta) procurando su
rápida reintegración sociedad.
Mediante este sistema, se intenta además contribuir mayor control esta franja conductas delictivas, que
anteriormente hubiesen sido castigadas condenas ejecución condicional cuales no se ejercía contralor
alguno. Asimismo, aplicación esta moderna técnica posibilita descongestión puntos críticos
organización judicial argentina, permitiendo "obtener rendimiento mejor que observado hoy sociedad"
(conf. Mensaje Poder Ejecutivo al Honorable Congreso Nación en Antecedentes Parlamentarios, Ley,
año 1994 N° 2, p. 18).
Ahora bien, ambigua redacción ley 24.316 ha traído numerosos inconvenientes en su aplicación
práctica.Así advertimos que -genéricamente ciertos matices- se han generado dos criterios
interpretativos mayoritarios. primero ellos, artículo 76 bis Código Penal contempla único supuesto que
concentra todos requisitos exigidos concesión beneficio; acuerdo al restante, contrario, esta norma
plantea dos hipótesis: relativa delitos pena prisión que no exceda tres años, otras exigencias (al
interesado le bastará ofrecer hacerse cargo reparación daño en medida posible), otra supuestos en que
razonablemente se pueda pensar que pena será en suspenso (sin límite en amenaza penal abstracta), en
cuyo caso será necesario consentimiento fiscal suspender juicio.
Para resolver esta disyuntiva, recordamos que interpretar ley requiere investigación carácter dogmático
cuyo objetivo es descubrir su sentido, así aplicarla al caso concreto. Es operación que busca "poner
acuerdo ley penal, abstracta genérica naturaleza, concreto variable caso particular" (Vincenzo Manzini
en "Tratado Derecho Penal", citado Carlos Creus "Derecho Penal. Parte General", Ed. Astrea, Buenos
Aires, 1992, p. 78). Asimismo, debemos tener presente que interpretación norma, ésta debe ser tomada
en su totalidad, íntegra, fraccionarla ni dividirla, ya que significado sus vocablos puede variar al
separarlos resto texto (conf. Creus, ob. cit. p. 81).
La Corte Suprema Justicia Nación ha dicho reiteradamente que "La primera fuente interpretación ley es
su letra, pero además misión judicial no se agota en ello, ya que jueces, en cuanto servidores derecho
realización justicia, no pueden prescindir intención legislador espíritu norma; todo esto, su vez, manera
que conclusiones armonicen ordenamiento jurídico restante principios garantías Constitución Nacional"
(conf. E. 171. XXII. "Estado Nacional c/ Rudaz, Martín Alejo otra s/ nulidad resolución", rta. 5/12/92);
que, cuando en ley se emplean varios términos sucesivos, "es regla más segura interpretación que esos
términos no son superfluos sino que han sido empleados algún propósito, que debe buscarse no en
significaciones oscuras abstractas sino en sentido más obvio al entendimiento común" (conf. K. 50.
XX. "Kasdorf SA. c/ Jujuy, Provincia s/ daños perjuicios", rta.23/12/92). También ha expresado Alto
Tribunal que no es admisible interpretación ley "que equivalga prescindir texto legal si no media debate
declaración inconstitucionalidad, pues exégesis norma, aun fin adecuación principios garantías
constitucionales, debe practicarse violación su letra su espíritu" (V. 254. XXVII. "Vera González,
Alcídes Juan c/ Radio Televisión Riojana S.E. otra", rta. 95-05-04).
Teniendo todo ello presente, en función demás razones fundamentos que se expondrán, apreciamos que
conclusión adecuada sentido jurídico que debe acordársele norma en estudio es que conceptúa que
artículo 76 bis Código Penal plantea único e indivisible supuesto en virtud cual se podrá conceder
beneficio suspensión juicio prueba al imputado delito acción pública reprimido pena reclusión prisión
cuyo máximo no exceda tres años, siempre que él solicitare, ofreciere hacerse cargo reparar daño en
medida posible, circunstancias caso permitieran dejar en suspenso cumplimiento pena aplicable,
mediase consentimiento Fiscal. otra hipótesis (la amplia), aun cuando -de lege ferenda- pudiera resultar
más útil aliviar funcionamiento sistema judicial, menor efecto estigmatizante, que consagraría mayor
discrecionalidad judicial y, en definitiva, otorgaría mayores posibilidades aplicación "suspensión juicio
prueba", entendemos que excede marco legal ordenamiento jurídico restante en su conjunto, ya que
fuerza -a nuestro juicio- interpretación al extremo que -de ser consecuentes observando ejemplo- se
tendría que afirmar que segundo supuesto -delitos pena máxima más tres años, susceptibles
condenación condicional- sólo se requiere consentimiento fiscal que se exija necesaria solicitud
interesado al respecto. esto último se traduce en afectación garantía constitucional defensa en juicio, al
principio inocencia al derecho obtener decisión judicial definitiva que resuelva su situación ley
sociedad, extremo que resulta inaceptable en nuestro sistema republicano.Ello así, pues acuerdo
separada lectura cuarto párrafo artículo, tribunal sola conformidad fiscal, podría imponer severas reglas
conducta persona cuyo estado inocencia no ha sido desvirtuado sentencia condenatoria, expresa
petición concreta interesado someterse al régimen instituto en estudio.
Asimismo repárese en que "en proceso legislativo se suprimió expresamente posibilidad, que preveía
proyecto enviado P.E., conceder suspensión también en caso penas mayores tres años. voluntad votar
ley más restrictiva que que había propuesto P.E. es expresa en debate parlamentario" (conf. Luis M.
García "Suspensión Juicio Prueba", en Cuadernos Doctrina Jurisprudencia Penal, Ed. Ad Hoc, 1996,
pág. 324).
En efecto, durante discusión proyecto en Congreso, Miembro Informante Comisión Legislación Penal,
Diputado Antonio M. Hernández, manifestó que ". institución juicio prueba va significar no sólo
viabilización nuevo código procedimientos en materia penal sino posibilidad que través nuevo
procedimiento oral penal delincuentes que más ofenden sociedad argentina, que atacan bienes jurídicos
que más deben ser protegidos, sean condenados como corresponde. Si bienes personales materiales que
cuenta administración justicia son destinados juzgar delitos más graves, se modificará credibilidad en
justicia penal ."; aclaró que ". Hemos establecido como límite aplicabilidad suspensión juicio reclusión
prisión tres años, sea delitos menor entidad. Estos, en Capital Federal, son competencia jueces
correccionales, nosotros sabemos situación colapso en que se encuentra justicia correccional Capital
Federal. Aclaramos que que [se] suspende es juicio, no primera parte proceso, sea instrucción. Decimos
rápidamente que que se pueda suspender juicio deben darse cuatro condiciones: a) que delito tenga
pena menor tres años; b) que fuese aplicable al caso condena ejecución condicional; c) que imputado
ofrezca hacerse cargo reparación daños delito, d) que imputado abandone en favor Estado bienes que
resultarían decomisados en caso condena" (Conf.Antecedentes Parlamentarios, Ley, año 1994 N° 2,
parágrafos 34 41).
En misma inteligencia se pronunció Miembro Informante Comisión Senado Asuntos Penales
Regímenes Carcelarios, Senador Augusto Alasino, quien propuesta Senador Alberto Rodríguez Saa
aplicar instituto suspensión proceso delitos cuya pena no exceda seis años, manifestó que ". Cada uno
puede tener enfoque distinto relación delitos que pretende incorporar esta figura, pero es prudente
pensar que tres años prefijados están encaminados simplemente delitos menores, diría muy menores,
que en mayoría casos -sobre todo en muchas provincias- culminan en procesos correccionales. Se trata
aquellos casos en donde juez se muestra muy diligente condenas veces inútiles injustas, pero ninguna
manera es aquellos delitos mayores que tengan que ver bienes jurídicos que Código tiene más alta
consideración .". También coincidió esta posición, pesar no compartir oportunidad ni técnica utilizada,
entonces Senador Fernando Rúa (Conf. Antecedentes Parlamentarios, Ley, año 1994 N° 2, parágrafos
90, 91, 94, 95, 125 160).
Este también fue sentido que Sala II esta Cámara otorgó ley 24.316, cuando señaló que ". Al limitar su
aplicación delitos cuya pena no exceda tres años, obviando celebración juicio en casos menor cuantía,
permite mayor celeridad en administración justicia su avocamiento delitos mayor envergadura que son
que más costos (económicos sociales) producen ." (conf. causa N° 230 "Monti, Bernardo Javier s/ rec.
queja", Reg. N° 238, 30/8/94; causa "Agüero, Patricia s/rec. casación", Reg. N° 1500 17/10/97; causa
N° 1580 "Wasyluk, Carlos José s/ rec. casación", Reg. N° 2038 16/6/98). Ver asimismo causas N° 923
"Celestino, Leonardo M. s/rec. casación" Reg. N° 1259 29/11/96; N° 1420 "Multisanti, Anibal A. s/
rec. casación" Reg. N° 1802 3/10/97; N° 1552 "D'amico, Carina Verónica s/ rec. casación" Reg. N°
1936 4/12/97 N° 1621 "Aquilino, Fernando s/ rec. casación" Reg.N° 2091 13/3/98 Sala I; votos en
minoría doctor Eduardo Rafael Riggi en causas N° 1510 "Córdoba Grande, Jorge Antonio s/ rec.
casación", Reg. N° 189/98 15/5/98 N° 1513 "Patiño, Claudio M. s/ rec. casación", Reg. N° 190/98
15/5/98 Sala III; causas N° 471 "Muñoz Saavedra, Juan s/recurso casación" rta. 7/3/97; N° 548 "Fortes,
Juan Augusto s/recurso casación"; N° 618 "Pirro, Jorge Nelson Pirro, Ricardo Alberto s/recurso
casación"; N° 656 "Bafaro, Fernando A. s/recurso casación"; N° 667 "Gorosito, Cristian s/recurso
casación"; N° 741 "Tassile, Diego A. s/recurso casación"; N° 785 "Sarril, Gabriel F. s/recurso
casación"; N° 794 "Villalba, Viviana Adriana s/recurso casación" Reg. N° 1132 rta. 20/2/98 Sala IV,
Siguiendo estudio propuesto, ahora en cuanto al alcance que otorgar ley 24.316 cuando establece que:
"Tampoco procederá suspensión juicio prueba respecto delitos reprimidos pena inhabilitación" (artículo
76 bis Código Penal, último párrafo), principio advertimos que referido dispositivo legal no efectúa
distinción alguna en cuanto al carácter dicha pena como principal, conjunta alternativa; ni diferencia
orden escala gravedad referente penas inhabilitación prisión. Dicha generalidad que presenta texto legal
no logra satisfacer autónomamente verdadero alcance sentido que debe asignársele; extremo que nos
impone efectuar su interpretación, atendiendo -como ya hemos dicho- su literalidad además voluntad
legislador, principios e intereses que animan, obviamente desentendernos integridad norma que genera
este instituto, así como totalidad ordenamiento jurídico vigente.
En esa tarea, comenzamos advirtiendo que contenido concreto redacción legal es claro en cuanto
excluye aplicabilidad suspensión proceso prueba delitos que se encuentra establecida sanción
inhabilitación. ello se suma voluntad legislador que aparece evidente inicio labor parlamentaria, cuando
Comisión Legislación Penal Honorable Cámara Diputados Nación incluyó dicha prohibición
apartándose proyecto originario Poder Ejecutivo.Ello así deriva análisis antecedentes parlamentarios,
donde se infiere que se ha considerado necesario que juicios seguidos comisión presunta ilícitos que
aparejan impericia inobservancia deberes reglamentos cargo agente, alcancen su culminación sentencia
definitiva proveer corrección conducta que al Estado le interesa (conforme exposiciones señor
Diputado Antonio M. Hernández, Antecedentes Parlamentarios ley 24.316, Ley 1994, n° 2, pág. 40).
En sentido coincidente se pronunció señor Miembro Informante Comisión Senado Asuntos Penales
Regímenes Carcelarios, Senador Augusto Alasino, señalando que no procede suspensión juicio ". en
caso que delito tenga pena excluyente secundaria inhabilitación. Esto también es entendible, porque,
indudablemente, todas estas penas están vinculadas actitud profesional cualidad agente, que
eventualmente debía tener cometerlo" (Antecedentes Parlamentarios, op. cit., parágrafo 88).
Si bien es cierto que en intervención posterior -al tiempo contestar observaciones formuladas otros
señores Senadores- (ver Antecedentes Parlamentarios citados, parágrafo 158), propio legislador recurre
dar ejemplo que podría inducir confusión, no es menos que definido precisado dogmáticamente
-detallado "ut supra"- no merece interpretación que controvierta tan claras categóricas afirmaciones,
base exclusiva argumento brindado "como ejemplo" -no intención ampliar instituto- luego desarrollar
ciertas precisiones su finalidad. En esa inteligencia, conceptuamos que aislado ejemplo utilizado fuera
contexto tema concreto en tratamiento, no debe asimilarse contradicción que logre desvirtuar
categóricamente definido.
Lo propio ocurre inserción señor Diputado Víctor Hugo Sodero Nievas, quien incluyó homicidio
culposo en lista acompañada delitos susceptibles beneficio que consagra este instituto, después afirmar
que ". También limitamos este instituto en nuestro proyecto, aquellos casos delitos que pudieran ser
reprimidos pena prisión únicamente, prohibiéndose en supuestos delitos reprimidos prisión e
inhabilitación, considerar que esta última sanción penal tiene efecto consecuencias diferentes que,
ningún modo deberían dejarse aplicar. Supongamos al respecto, caso mala praxis médica que
ocasionara pérdida vista víctima.Si se aplicara este instituto, al médico que cometió este delito
provocando ceguera total, al día siguiente cometerlo, podría continuar su tarea como si nada hubiera
pasado. Entendemos que inhabilitación, tal como sucede artículo 26 in fine Código Penal, debe ser
cumplimiento efectivo" (Diario sesiones Cámara Diputados Nación, 8a. reunión -continuación 1a.
sesión ordinaria-, junio 16 1993, págs. 1446/1447).
Por otro lado, este es también criterio sostenido tres Salas esta Cámara Nacional Casación Penal, doctor
Eduardo Rafael Riggi -en minoría- en Sala III Tr ibunal (confr. causas N° 518 "Asenjo, Claudio M.
s/rec. casación", Reg. N°: 774, rta. 17/10/95; N° 859 "Arasco, Juan Carlos s/rec. casación", Reg. N°:
1093, rta. 14/8/96; N° 1055 "Faingenbaum, Gustavo s/ rec. casación" Reg. N° 1390 24/2/97; N° 1621
"Aquilino, Fernando s/ rec. casación" Reg. N° 2091 13/3/98 Sala I; causa N° 1509 "Lorín, Pablo Luis s/
rec. casación", Reg. N° 1940 rta. 22/4/98; causa N° 1499 "Drab, Ricardo Ariel s/rec. casación", Reg.
N° 1975 rta. 14/5/98; causa N° 1620 "Acceta, Juan Pablo s/ rec. casación", Reg. N° 1978, rta. 14/5/98;
causa N° 1767 "Gatto, Gabriel José s/ rec. casación", Reg. N° 2171 rta. 7/9/98; causa N° 1430
"Herrera, Ariel Ricardo s/ rec. decasación", Reg. N° 2209, rta. 1/10/98; causa N° 1392 "Gianni, Adrián
Andrés s/ rec. casación", Reg. N° 2335 rta. 15/12/98, Sala II; causa N° 1509 "Vázquez, Emilio M. s/
rec. casación", Reg. N° 191/98, rta. 15/5/98 Sala III; causas N° 468 "Muraca, Susana Catalina s/rec.
casación", Reg. N° 772, rta. 6/3/97; N° 517 "Rogante, Dante Justo s/ rec. casación", Reg. N° 807 rta.
14/4/97; N° 987 "Ortiz, Antonio s/ rec. casación", Reg. N° 1390 rta.4/8/98 Sala IV, entre otras).
Por demás, advertimos que norma así interpretada guarda absoluta coherencia resto ordenamiento
jurídico; particular concordancia art. 26 Código Penal, que expresamente establece exclusión condena
condicional respecto penas multa inhabilitación. En consecuencia, entendemos que exégesis adoptada,
es que se concilia mejor criterio rector Corte Suprema Justicia Nación interpretación leyes -expuesto
"ut supra" (ver considerando primero)- permanente cita observancia este tribunal (conf. Fallo Plenario
N° 4 esta Cámara "Jalile, Oscar Alberto s/rec. casación", rto. 13/12/96, Acuerdo N° 5/96; entre otros
distintas Salas).
En cuanto al consentimiento representante Ministerio Público Fiscal, tal como adelantáramos,
consideramos que es condición necesaria e ineludible suspender juicio en términos artículo 76 bis
Código Penal, siendo su oposición vinculante Juez Tribunal. Esa no otra es intención que ha tenido
legislador. Nótese que Diputado Antonio M. Hernández (conf. Antecedentes Parla-mentarios, Ley, año
1994 N° 2, parágrafo 25) explicaba que "cuando se trata delitos acción pública que no tienen pena
mayor tres años, acuerdo imputado fiscal, juez puede resolver, luego realizada primera parte proceso
penal antes juicio, que éste no se lleve cabo siempre cuando se establezcan determinadas reglas
conducta, además reparación daño causado delito". También Senador Augusto Alasino se pronunció
cuestión, expresando en forma clara concisa que ". juez deberá también recurrir al consentimiento
fiscal, dado que negativa este último enerva posibilidad aplicar este instituto" (conf. Antecedentes
Parlamentarios, Ley, año 1994 N° 2, parágrafo 87).
Dicho criterio ha sido seguido también Sala I esta Excma. Cámara Nacional Casación Penal en causas
N° 518 "Asenjo, Claudio Martín s/ rec. casación" Reg. N° 774 17/10/95; N° 859 "Arasco, Juan C. s/
rec. casación" Reg. N° 1093 14/8/96; N° 1055 "Faingenbaum, Gustavo s/ rec. casación" Reg. N° 1390
24/2/97; N° 1074 "Sartini, Alberto s/ rec. casación" Reg. N° 1422 12/3/97; N° 1418 "Ruffini, Rodolfo
A. s/ rec. casación", Reg.N° 1731 26/8/97. En esta última resolución claramente se advirtió que ".
resultaba necesaria expresa conformidad fiscal causa, cuya opinión adversa constituía impedimento
otorgar beneficio, habida cuenta rol que ministerio público tiene en juicio oral en función requirente (en
similar sentido confr. Adolfo Luis Tamini Alejandro Freeland López Lecube, 'La probation suspensión
juicio penal prueba', L.L., 30/8/ 1994; Daniel Sáez Zamora, 'Reflexión implementación ley 24.316',
L.L., 25/8/1995). En igual sentido, Sala II en causa N° 1499 "Drab, Ricardo Ariel s/ rec. casación" ,
Reg. N° 1975, rta. 14/5/98; causa N° 860 "Sordetti, Jorge Hugo s/ rec. casación", Reg. N° 1974 rta.
14/5/98; causa N° 1626 "Muchewicz, Ramón s/ rec. casación", Reg. N° 1993 rta. 22/5/98; causa N°
1492 "Campitelli, Rodrigo s/ rec. casación", Reg. N° 2075 rta. 8/7/98; causa N° 1767 "Gatto, Gabriel
José s/ rec. casación", Reg. N° 2171 rta. 7/9/98; causa N° 1392 "Gianni, Adrián Andrés s/ rec.
casación", Reg. N° 2335 rta. 15/12/98; Sala IV (voto doctor Hornos "Faroldi, Ricardo s/ rec. casación",
Reg. 863 20-6-97 causa N° 741, "Tassile, Diego Alejandro s/ rec. casación", Reg. 1098 2-2-98).
Es que carácter vinculante oposición fiscal deriva que esa parte le incumbe promoción ejercicio acción
pública mandato artículo 120 Constitución Nacional; en particular, que esa facultad privativa se
encuentra expresamente prevista no sólo en ley que estamos estudiando -como ya se ha visto- en
Código Procesal Penal Nación (artículos 65 cc.), sino también -en consonancia referida norma
constitucional- en reciente Ley Orgánica Ministerio Público (N° 24.946, sancionada 11/3/98
promulgada parcialmente 18/3/98, B.O.23/3/98), cuando señala entre funciones que corresponden al
Ministerio Público (Título II, Sección I, artículo 25): "a) Promover actuación justicia en defensa
legalidad intereses generales sociedad; . b) Representar defender interés público en todas causas
asuntos que conforme ley se requiera; . c) Promover ejercer acción pública en causas criminales
correccionales .". ello, cuando fiscal expresa su oposición suspensión proceso, ". no ejerce jurisdicción
sino que manifiesta su voluntad continuar ejerciendo acción. puesto que suspensión proceso prueba no
es otra cosa que suspensión ejercicio acción penal, tribunal, que carece poderes autónomos su
promoción ejercicio, tampoco tiene poder decisión suspensión ese ejercicio. ello, depende conformidad
fiscal" (Luis M. García "Suspensión Juicio Prueba", en Cuadernos Doctrina Jurisprudencia Penal, Ed.
Ad Hoc, 1996, pág. 365). Ver también en mismo sentido causa "Dyke, Héctor s/rec. casación" Sala I
esta Cámara (Causa N° 802 bis, Reg. N° 1023, rta. 31/5/96).
Ahora bien, tal como se expresara, conformidad fiscal resulta imprescindible suspender juicio, su
oposición "es vinculante tribunal, pues ley no se contenta mera 'citación' 'traslado' al fiscal, sino que
exige consentimiento" (conf. García, ob. cit., p. 365); pero vez que se cuenta beneplácito representante
ministerio público, cumplidos demás requisitos exigidos norma, jueces tienen amplias facultades
decidir -fundadamente- concesión rechazo medida solicitada imputado (Sala IV en causa N° 634,
"Roitman, Adrián R. s/ rec. casación", rta.30/10/97). otro lado, no está más mencionar que -a nuestro
juicio- rige también aquí carga fiscales motivar conclusiones sus dictámenes particular (artículo 69
Código Procesal Penal Nación); que, duda alguna forma en que se expiden está sujeta al control su
legalidad fundamentación.
Por todo ello, reiteramos -conforme expuesto precedentemente- que suspensión juicio prueba (ley
24.316) sólo procede en casos delitos acción pública reprimidos penas cuyos máximos no excedan tres
años, siempre que circunstancias caso permitieran dejar en suspenso cumplimiento pena aplicable
hubiese consentimiento Fiscal.
En esa misma linea, advertimos otro argumento que también confronta posibilidad sostener
interpretación amplia que consolida acierto conclusión que sostenemos al respecto, cual queda
demostrado absurdo suponer -en caso interpretar existencia dos supuestos- que imputado condenado
otros hechos anterioridad (en suspenso cumplimiento efectivo) obtenga mediante suspensión proceso
que no podría lograr vía artículo 26 Código Penal, cual se frustraría régimen legal condena ejecución
condicional (que expresamente se mantuvo en esta reforma), toda vez que se llegaría incongruencia que
imputado delitos pena menor tres años, aun cuando haya sido condenado (en suspenso cumplimiento
efectivo) otros hechos más graves anterioridad -incluso declarado reincidente-, pudiera conseguir su
libertad mediante suspensión juicio prueba, que no podría obtener vía artículo 26 Código Penal, ello
tener que cumplir término previsto en artículo 27 mismo cuerpo legal. Observamos así que dicha
conceptualización nos llevaría prescindir texto expreso ley mediar declaración inconstitucionalidad su
respecto, violentando su letra su espíritu, adoptar interpretación contraria al sentido más obvio al
entendimiento común; que en particular, resulta manifiestamente contrario fundamentos este instituto,
duda alguna pensado delincuentes primarios, ocasionales, poca peligrosidad.
Por último, encontramos interés definir sentido que corresponde acordar ley 24.316, otra razón -puesta
manifiesto doctor Eduardo R. Riggi en su voto en pronunciamientos ya citados "Córdoba Grande"
"Patiño" Sala III- que se advierte partir expresiones Diputado Antonio M. Hernández
(Conf.Antecedentes Parlamen-tarios, Ley, año 1994 N° 2, parágrafo 31) quien al subrayar importancia
instituto en examen, señaló que ". es flexibilización principio legalidad que existe en materia", cuando
". hace tiempo se requiere establecimiento otro principio, como es oportunidad". En concordancia ello,
mencionada Ley Orgánica Ministerio Público (24.946) en su artículo 29, título "Principio Legalidad",
en inequívoca referencia leyes especiales como que nos convoca, establece que: "Cuando se tratare
acción pública, Ministerio Público actuará oficio. persecución penal delitos acción pública deberá ser
promovida inmediatamente después noticia comisión hecho punible no se podrá suspender, interrumpir
hacer cesar, salvo en casos formas expresamente previstas en ley".
El instituto incorporado nuestro sistema legal ley 24.316, en rigor no importa excepción al principio
legalidad constitucional, sino al principio oficialidad en ejercicio acciones (artículo 71 Código Penal),
también llamado "principio legalidad procesal", en virtud cual cuando representante Ministerio Fiscal
toma conocimiento hecho que puede constituir delito acción pública, ". tiene que promover acción .
cuidando que ella s e despliegue impulsando su continuación en respectivo proceso, perjuicio que ley
disponga otra cosa plantee excepciones (sobre base principio oportunidad) ." (conf. Carlos Creus ;
"Derecho Procesal Penal", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1996, p. 36). En efecto, suspensión juicio prueba
se encuentra estrictamente regulada norma en todo que hace sus condiciones procedibilidad, no
quedando éstas sujetas discrecionalidad ningún funcionario que facilite desigualdades arbitrarias
(artículo 16 Carta Magna), que no se altera en forma alguna mandato contenido en artículo 18
Constitución Nacional (Conf. Mensaje Poder Ejecutivo al Honorable Congreso Nación en Antecedentes
Parlamentarios, Ley, año 1994 N° 2, p. 17).
Aclarado ello, resulta evidente que suspensión juicio prueba tiene inequívoco carácter excepcional
("Que constituye excepción regla común. Que se aparta ordinario, que ocurre rara vez".
Excepción:"Cosa que se aparta regla condición general demás su especie"; Diccionario Lengua
Española, Vigésima primera edición, Madrid, 1992), toda vez que concede beneficio interrumpir
continuación proceso evitando imposición pena -secuela necesaria comisión ilícito penal-, hace
prevalecer -dentro marco particularísimas circunstancias exigencias que establece- razones criterios
política criminal naturalmente ajenos al control judicial; es debido que se trata excepción al principio
oficialidad legalidad procesal, que forzosamente debe estarse taxativamente previsto en dispositivo
jurídico e interpretarse en forma restrictiva no modo amplio extensivo.
Teniendo ello presente, demás, conceptuamos que interpretación que adoptamos, además estar ajustada
letra expresa ley, respeta medios arbitrados y, en especial, explicitados legislador (ver citas debate
parlamentario "ut supra"), así como fines perseguidos dispositivo legal; que apreciamos que nos
arrogaríamos ilegítimamente facultades legislativas, si extendiéramos más allá norma manifiesta
intención legislador aplicabilidad instituto suspensión juicio prueba. improcedencia ello deriva
asimismo imposibilidad revisar judicialmente postulados política criminal propios otras esferas poderes
Estado; máxime cuando ha sido propio legislador quien ha hecho mérito precisado distinta utilidad
prevención penal como remedio determinada clase criminalidad fundamento en criterios oportunidad,
mérito conveniencia que escapan este control jurisdiccional judicial.
Finalmente, fin determinar si tiene legitimación querellante recurrir suspensión juicio prueba, excluido
supuesto correspondiente al monto reparación (punto IV temario aprobado en presente
autoconvocatoria Acuerdo Plenario), coincidimos conclusión expuesta en considerando noveno voto
colegas preopinantes, doctores Jorge Osvaldo Casanovas Guillermo José Tragant, en cuanto que
corresponde pronunciarse en favor legitimación autónoma querellante recurrir auto suspensión juicio
prueba fin obtener pronunciamiento útil relativo sus derechos; ello así, toda vez que ". todo aquél quien
ley reconoce personería actuar en juicio en defensa sus derechos está amparado garantía debido proceso
legal consagrada en artículo 18 Constitución Nacional, sea que actúe como acusador acusado, como
demandante demandado; ya que en todo caso media interés institucional en reparar agravio si existe
tiene fundamento en Constitución ." (C.S.J.N. Fallos:268:266). propio concluir fundamento en
dispuesto artículos 18° Declaración Americana Derechos Deberes Hombre (Bogotá 2 mayo 1948), 8°
Declaración Universal Derechos Humanos (Resolución N° 217 [III] Naciones Unidas 10 diciembre
1948), 8° apartado 1 25° Convención Americana Derechos Humanos (Pacto San José Costa Rica 22
noviembre 1969), 2° apartado 3 14° apartado 1 Pacto Internacional Derechos Civiles Políticos
(Resolución N° 2200 [XXI] Asamblea General Naciones Unidas 16 diciembre 1966), todos ellos
jerarquía constitucional en virtud establecido artículo 75 inciso 22 Constitución Nacional (texto
reforma 1994).
En coincidencia este criterio, artículos 458 462 Código Procesal Penal Nación clara expresamente
establecen qué sujetos procesales -que revisten calidad partes legalmente constituidas- están facultados
intentar remedio recursivo casatorio, ellos son: ministerio fiscal, imputado su defensor, parte
querellante, en determinadas circunstancias civilmente demandado actor civil; siendo que mismo
cuerpo legal reconoce al querellante personería actuar en juicio criminal delito acción pública (artículo
82), si su derecho jurisdicción, en acatamiento garantía debido proceso es examinado en forma
señalada precedentemente Alto Tribunal, resulta evidente que debe conferírsele aptitud subjetiva
recurrir decisiones que hacen imposible continuación actuaciones (conf. causa N° 634 Sala IV esta
Cámara, "Roitman, Adrián P. s/ rec. casación", rta. 30/10/97; causa N° 786 "Close, Alberto Jorge s/ rec.
queja", Reg. 1026, rta. 26/11/97; causa N° 2120 Sala I, "Waschman, Fernando Rubén s/ rec. queja", rta.
12/11/98; causa N° 1703 Sala II, "Torcoletti, Claudio D. s/ rec. casación", Reg. N° 2136 rta. 13/8/98).
ello así, tanto más, que Corte se ha pronunciado recientemente afirmando que acusación querellante en
oportunidad artículo 393 ordenamiento ritual, habilita, aún en ausencia requerimiento fiscal, dictado
sentencia condenatoria (causa S.1009.XXXII "Santillán, Francisco A. s/ rec. casación", sentencia 13
agosto 1998).
Por todo expuesto, conformidad criterio que consideramos como exégesis más adecuada debida
respuesta al temario propuesto relación norma en tratamiento, propiciamos al Acuerdo extendemos
nuestro voto fijar siguiente doctrina plenaria:I°) pena que debe examinarse procedencia instituto
previsto en artículo 76 bis siguientes Código Penal es reclusión prisión cuyo máximo en abstracto no
exceda tres años.
II°) No procede suspensión juicio prueba cuando delito tiene prevista pena inhabilitación como
principal, conjunta alternativa.
III°) oposición Ministerio Público Fiscal, sujeta al control logicidad fundamentación parte órgano
jurisdiccional, es vinculante otorgamiento beneficio.
IV°) querellante tiene legitimación autónoma recurrir auto suspensión juicio prueba fin obtener
CONSIDERACIONES GENERALES POLÍTICA CRIMINAL
"En primer término, debemos hacer constar que en Derecho práctica Anglosajona, cuna institución,
medida es fundamentalmente naturaleza social, esto es reintegrar al delincuente en comunidad través
apoyaturas efectivas inserción laboral, educativa, apoyos familiares personalitarios incluso
Más tarde especialmente, luego su adopción en Europa continental, se utiliza Probation como medida
también implicancia procesal, esto es, lograr que asuntos menor gravedad penal-criminológica, sean
soluciona-dos necesidad recurrir condenas judiciales privativas libertad en posible, ser resueltos forma
expeditiva pronta jueces fiscales cargo proceso."
"Recordemos aquí que hace 50 años Naciones Unidas, en Congreso Ginebra, dio luz sus normas más
conocidas: Reglas Mínimas Tratamiento Recluso.
En 1990, en 8° Congreso se aprueban Reglas Mínimas Tokyo, Directrices sanciones no privativas
En esos casi 50 años al presente, se produjo inversión énfasis, prisión medidas alternativas sanciones no
privativas libertad. Se trata no solamente desencanto prisión, sino también cuestión humanización
justicia aplicación más racional recursos."
"El propósito institución suspensión juicio prueba más comúnmente denominada su origen "Probation"
en sistemas Derecho anglosajón tanto en Inglaterra como en Estados Unidos Australia, ha sido así en
primer término, evitar efectos negativos sanciones privativas libertad sea problemas asociados
encarcelamiento. estructura opción Probation envolvió siempre dos componentes fundamentales; lado,
evitar nuevos delitos, propósito prevención general; en segundo lugar, asistencia al sujeto institución su
readaptación en comunidad.Estos dos elementos fundamentales que implican: lado, control otro, ayuda,
asistencia, han estado siempre intrínsecamente unidos modo muy estrecho. Aún hoy, en estudio
comparado institución, tanto en países sistema Derecho Continental, que receptaron institución
Probation, como en países donde se estableció originariamente, en Inglaterra Estados Unidos, esas dos
características se hacen presentes.
Con fin evitar sanciones privativas libertad, sistema Probation requiere, no solamente actitud no
imponerle sanciones sino sujetar esa no imposición serie condiciones que durante tiempo determinado,
sujeto debe observar. Pero al mismo tiempo creando organismo especializado que permita, estudio
personalidad sujeto, ayudarle reintegrarse dentro comunidad, especialmente orientarlo respecto sus
problemas familiares, trabajo, en grupo sector social al que pertenezca este, mediante seguimiento
cuidadoso buscando encontrar solución sus problemas."
"En nuestro país uno problemas fundamentales en Probation ha sido que adoptamos legislación pero no
establecemos recursos crear cuerpo oficiales Probation, estableciendo sus condiciones capacitación,
creando cuerpo activo voluntarios recursos hacer realidad esta opción. misma queda librada más allá
recursos institucionales capacidad innovadora creativa nuestros jueces. reformas no deben ser
solamente normativas, ya que tenemos que aprender institucionalizarlas forma rigurosa modo que
puedan ser evaluados. Haciendo estudio condiciones Probation, hecho tenemos solamente dimensión
normativa. Otorgamos Probation pero seguimiento control nuestros jueces ejecución es casi imposible
ausencia cuerpo probation especializado. reglamentación ley Probation nunca se ha dictado ello
institución navega como técnica alcances procesales, desprovista su contenido profundo orientación
apoyo social, en ausencia cuerpo debidamente reglamentado Probation recursos adecuados.
La Cámara Nacional Casación Penal ha firmado convenio Patronato Liberados, que casos Probation
puedan ser atendidos también, ese Programa.
Pero luego es solamente opción coyuntural, crearse cuerpo específico recursos necesarios dar
cumplimiento real ley" (David Pedro Rubens. Globalización, Prevención Delito Justicia Penal. Edit.
Zavalía. Bs. As. 1999 -en prensa-).
La cuestión resolver es interpretación dar al art. 76 bis Código Penal.Ya en ocasión debate
parlamentario ley 24.316, Senador Villarroel advertía "ciertas ambigüedades" que su entender
obedecían "a que, en definitiva, redacción (de ley) es suerte síntesis, desgraciadamente muy parecida al
sincretismo, diversos proyectos ley misma materia. Vale decir, son esas consideraciones llamadas
políticas que cuando se trata asuntos técnica legislativa estricta nada menos que relativas al Código
Penal muestran su defecto"(Confr. Senador Villarroel en Tratamiento ley en Senado Nación. Publicado
en "Antecedentes Parlamentarios" Pág. 182, Parágrafo 129). vez que hubo cobrado vida norma, luego
su publicación, dichas "ambigüedades" tomaron cuerpo ocasionando, su puesta en práctica, debate
doctrinario jurisprudencial significativo.
A grandes rasgos doctrina se ha dividido en dos grupos criterios interpretativos disímiles, perjuicio
distintos matices que toma ese análisis en diversidad autores que conforman uno u otro criterio.
Para primero art. 76 bis encierra solo supuesto, delitos reprimidos pena privativa libertad cuyo máximo
no excede 3 años que circunstancias caso "permitieran dejar en suspenso cumplimiento condena
aplicable". (Así, Juan C. Reynaga, "La ley 24.316: análisis aplicación institutos" L.L. T. 1995-D
pág.1486; Carlos Arturo Ochoa "La suspensión juicio prueba" L.L. T. 1995-C pág. 1274; Daniel A.
Saez Zamora Verónica Fantini "Reflexiones implementación ley 24.316 en nuestro sistema penal" L.L.
T. 1995-D pág. 1136; Carlos Edwards "La probation en Código Penal Argentino". Marcos Lerner
Editora.; Alejandro M. Becerra "Probation: ¿Aplicación amplia restringida?" J.A. agosto 13 1997. Pág.
Para segundo art. 76 bis encierra dos supuestos escindibles:
A) supuesto primer párrafo: "delito acción pública reprimido pena reclusión prisión cuyo máximo no
exceda tres años"; y
B) supuesto cuarto párrafo: delitos que "circunstancias caso" permitirían "dejar en suspenso
cumplimiento condena aplicable". (En este sentido: Gustavo L. Vitale, "Suspensión proceso penal
prueba, Editores Puerto 1996; Miguel Angel Almeyra, "Probation. ¿Sólo delitos bagatela?" L.L.
Suplemento Jurisprudencia Penal. Pág.7; Eleonora Devoto, "La Probation (A propósito su
incroporación al Código Penal Argentino)" L.L. 23 agosto 1994; Carlos M. Bossi Daniel C. Ranuschio,
"Suspensión Juicio Prueba (Motivos que justifican su aplicación)" J. A. Octubre 29 1997, pág. 19
"Suspensión Juicio Prueba (Ideas posible reforma legislativa actuales arts. 76 bis 76 ter Código Penal)"
L.L. Actualidad 24 marzo 1998; Marco Antonio Molero, "Probation Juicio abreviado cuando cambios
vienen marchando", L.L. 24 agosto 1998; Alberto Bovino, "La suspensión procedimiento en Código
Penal Argentino ‘diversion' estadounidense (Un análisis comparativo)", L.L. 28 febrero 1997; Raul
Guillermo López Camelo, "Probation. Algo más acerca su alcance normativo" D.J. 1997-2 pág. 635;
José María Orgeira Eduardo M. Vaiani L.L. 1996-E Pág. 813 otros).
Diversas son razones que me inclinan adoptar postura distintiva dos supuestos en art. 76 bis, aunque
matices que explicaré en mi exposición.
Es cierto que ley establece en art. 76 bis primer párrafo como derecho imputado que se le otorgue
probation en caso delitos que no excedan 3 años reclusión prisión.
No obstante no habría inconveniente, atento naturaleza probation, que juez consentimiento fiscal pueda
otorgarla en casos que excedan ese límite, mediante juicio predictivo acerca posibilidades
resocialización conveniencia suspensión en caso concreto (art. 76 bis párr. 4 Código Penal).
Si bien legislación establece límites respecto naturaleza gravedad delito, así como circunstancia no ser
reincidente reparación daño víctima como condiciones aplicación probation, mismos son requisitos
mínimos orientados satisfacer dos criterios fundamentales que rigen medida: a) posibilidad concreta
persona responder éxito medida b) consideraciones prevención general.
Por ello es que investigación personal, ambiental económica psico-sociológica reviste, previa medida,
importancia central al momento decidir elegibilidad persona beneficiarse instituto.
Además, esa investigación ha determinar tipo más adecuado medidas que constituyen contenido
probation en cada caso concreto (confr. Naciones Unidas. Probation and related measures pág.
231-235-1951.Department of Social Affairs).
Por ello decisión juez no ha limitarse solamente al juego esos requisitos normativos mínimos. Debe
apreciar, en cada caso, exhaustivamente, cómo operan esos objetivos valorativos fácticos en caso
concreto que juzga. En efecto, cuando art. 76 bis, cuarto párrafo, menciona circunstancias caso, incluye
en esta referencia más amplia enumeración circunstancias personales, sociales características hecho que
se refieren explícitamente arts. 41 26 Código Penal, circunstancias todas que debe ponderar juez más
allá escuetas consideraciones tipo normativo legal.
Está ampliamente demostrado, en experiencias concretas numerosos servicios probation, así como en
literatura criminológica, que muchas personas que resultan excluidas interpretación restrictiva norma
pueden beneficiarse probation si se cuenta servicio altamente capacitado amplios recursos técnicos
económicos que provean efectivamente supervisión intensiva oportunidades ayuda efectivamente
personas en tratamiento. ello mejor solución problema elegibilidad personas en probation es acordar,
violentar normas legales, más amplia discrecionalidad jueces que deben también valorar efectividad
real servicios en medio (Conf. ONU, ob. Cit. Pág. 229).
La exclusión norma delitos graves, se basa en consideraciones prevención general, esto es que delitos
más graves deben recibir pena, otra parte que delincuentes que cometen no son susceptibles ser pasibles
probation resultado exitoso.
Los criterios luego no son absolutos tienen sus excepciones. ello respecto polarización tesis restrictiva
otra ampliada en que se debate predominantemente jurisprudencia, soy partidario tercera vía que abre al
juez en todos casos amplio criterio decidirla, más allá formulación normativa, teniendo en cuenta
objetivos valorativos en cada caso circunstancias reales desarrollo instituto en nuestro medio tanto
respecto dimensiones control como ayuda que toda probation supone.
Decía ut supra que esta discrecionalidad que se le acuerda al juez no debe vulnerar normas legales.
Pues bien, existen razones interpretativo-sistemáticas indicativas que admisión probation delitos
bagatela en primer párrafo en casos excepcionales mediana gravedad en cuarto párrafo, es lectura
correcta hacerse norma 76 bis Código Penal. Así:
1.- párrafo primero art.76 bis acuerda posibilidad solicitar suspensión juicio prueba al imputado delito
reprimido pena "reclusión" prisión cuyo máximo no exceda tres años.
A su turno párrafo cuarto mismo artículo indica que otorgar beneficio, circunstancias caso deben
permitir dejar en suspenso condena aplicable. efectos clarificar antinomia que suscita lectura restrictiva
artículo, traigo colación que art. 26 permite obtener ejecución condicional condena al sentenciado
primera vez pena "prisión" que no exceda tres años. No está permitido al intérprete hacer caso omiso
letra ley, así como "no presumir contradicción absurdo en términos ley, cuales deben ser entendidos
como coherentes". Al decir Almeyra: "si pena reclusión ha sido implícitamente excluida beneficio
condicionalidad ley 23.057 (Adla, XLIV-B, 1265), parece extremadamente claro que no existe otra
posibilidad que interpretar dos párrafos transcriptos, como rigiendo situaciones diferentes". más
adelante "no hay otra forma, en efecto conciliar texto legal que se analiza, pues si es inadmisible que
condena reclusión tres años menos se imponga en suspenso, sólo puede interpretarse primer párrafo
dispositivo analizado partir idea que cuando se trata delito menor, eventualidad condena suspensiva no
es presupuesto que defina suspensión proceso prueba que recaudo si es necesario cuando escala penal
prevista ley supere ese margen" (Conf. Miguel Ángel Almeyra."Probation" ¿Sólo delitos bagatela?.
Suplemento Jurisprudencia Penal. Pág. 7 ).
2.- posibilidad juicio predictivo en caso 4° párrafo, sistemáticamente se convalida existencia en nuestra
ley procesal casos similares -vgr. Art. 317, inc. 3° C.P.P.N.- (en este sentido León Carlos Arslanián,
"Suspensión proceso prueba (probation)", Revista Plenario, publicación Asociación Abogados Buenos
Aires, pág. 22, julio 1994).
3.- punto vista teleológico, consideraciones política criminal, esgrimidas al inicio este pronunciamiento,
así aconsejan.
El texto ley establece que "tampoco procederá suspensión juicio prueba respecto delitos reprimidos
pena inhabilitación". escueto norma ha llamado debate también en este punto. Así, se han sostenido
principalmente dos posturas.Para primera, "la exclusión suspensión proceso prueba delitos reprimidos
pena inhabilitación debe ser interpretada -de manera que guarda alguna analogía exclusión funcionarios
públicos- como referida delitos reprimidos exclusivamente esa clase pena"(Gustavo L. Vitale, op. cit.,
Pág. 135). Esta interpretación permite aplicación probation delitos reprimidos pena inhabilitación en
forma conjunta pena privativa libertad.
Para segunda, improcedencia suspensión juicio prueba en delitos reprimidos pena inhabilitación debe
entenderse que involucra todos casos en que está presente esta especie pena, distinguir su carácter
principal accesoria, conjunta alternativa (en este sentido Salas I, II IV esta Cámara).
Soy opinión que sujetándonos letra ley no es posible hacer ninguna distinción entre pena inhabilitación
como pena única, conjunta alternativa. Ello así pues no debemos distinguir donde ley no hace.
Se ha dicho que pretender excluir régimen probation delitos reprimidos exclusivamente pena
inhabilitación, implica entender que en texto legal existe redundancia. Ello así puesto que catálogo
ilícitos resulta que delitos reprimidos únicamente pena inhabilitación son cometidos funcionarios
públicos en ejercicio sus funciones este supuesto ya está comprendido en 7° párrafo art. 76 bis (confr.
Daniel A. Saez Zamora Verónica Fantini, op. cit.).
A mayor abundamiento, no resulta absurdo pensar que razones política criminal hayan guiado
legisladores en convencimiento que estos delitos deben ser perseguidos sus últimas consecuencias. Así
surge dichos Diputado Hernández A.M. "No se admite suspensión juicio prueba dos siguientes casos:
a) cuando delito hubiese participado funcionario público b) cuando delito tuviese pena inhabilitación,
porque en este caso existe especial interés Estado en esclarecer responsabilidad imputado adoptar
prevenciones al respecto" (Parágrafo 42, Pág. 168, Antecedentes Parlamentarios).
SOBRE EFECTO VINCULANTE DICTAMEN FISCAL
Tengo mí, que artículo 76 bis Código Penal, consagra en nuestra legislación sustantiva principio
oportunidad reglada que "constituye excepción más al principio legalidad en su aspecto
procesal.Importa aplicación principio oportunidad en proceso penal -aunque reglado ley condicionado,
en nuestra legislación, decisión judicial-, en virtud cual Estado puede renunciar investigar juzgar ciertos
delitos, razones conveniencia." (Cfr. Gustavo L. Vitale "Suspensión proceso penal prueba". Editores
Puerto s.r.l. 1996). Más aun, como sostiene distinguido jurista español Enrique Ruiz Badillo,
recientemente desaparecido cuando oportunidad viene establecida ley está sometida determinadas
reglas pautas comportamiento, "la oportunidad reglada se hace legalidad su aplicación es correcta
ortodoxa" (Conf. Ruiz Badillo E. "La actuación Ministerio Fiscal en Proceso Penal" citado Cándido
Conde - Pumpido Ferreiro, "Alternativas pena privativa libertad Principio oportunidad reglada en
proceso penal" pág. 1012 en "Criminología Derecho Penal al servicio Persona. Libro-Homenaje al
Profesor Antonio Beristain." edit. Instituto Vasco Criminología. San Sebastián 1989; causa n° 2211
-Sala I- "Etchecolatz, Miguel O. s/recurso casación", reg. 2767, rta. 13 mayo 1999).
Sin embargo, fiscal no puede disponer arbitrariamente potestad acusatoria. Esta se ve determinada
juicios valorativos positivos respecto cumplimiento condiciones, que hace prevalecer castigo
delincuente hecho concreto pena privativa libertad, cuando diagnóstico es favorable. principio
oportunidad se vincula al legalidad través establecimiento esas condiciones. claridad en dictado
normativo requisitos es fundamental ya que "cuando oportunidad, en lugar someterse criterios reglados,
se conjuga admisión discrecionalidad dejando que sea libre criterio Fiscal, no legislador, quien
determine casos en que es no conveniente ejercitar acción penal, se convierte voluntad aquél en dueña
proceso penal posibilidad castigo delitos, dominio que precisa algún mecanismo correctivo, pues es
susceptible, otro modo, producir elemento corruptor proceso no sólo contagiar al mismo errores
valoración Fiscal, sino poder ser utilizado en función espúreas motivaciones oportunidad no jurídica
sino política." (Cfr. Cándido Conde - Pumpido Ferreiro op. cit. Pág. 1010/1011).
Atento manifestado aquí, adelanto, ya, que carácter vinculante no consentimiento fiscal, en análisis
sistemático art. 76 bis Código Penal, está íntimamente relacionado existencia dos supuestos
distintos.primero, claramente dirigido llamados "delitos bagatela" (primer párrafo) segundo abarcativo
delitos que no reúnen condiciones éstos, pero que circunstancias caso, se pudiera dejar en suspenso
ejecución condena (segundo párrafo). Ilustrativa es opinión Alberto Bovino: "El sentido necesidad
consentimiento fiscal en este segundo supuesto se vincula gran variedad casos comprendidos en él. Esta
variedad reclama juicio oportunidad político-criminal acerca conveniencia continuar interrumpir
persecución penal. Mientras que supuesto anterior comprende casos escasa gravedad que no presentan
grandes diferencias entre sí, segundo supuesto, en cambio, puede abarcar casos muy diversos." (Conf.
"La suspensión procedimiento en Código Penal argentino ‘diversion' estadounidense. (Un análisis
comparativo)", L.L. 28/2/1997 Pág. 4).
Por primer párrafo, se consagra derecho imputado como norma general obtener suspensión juicio
prueba, en tanto en cuanto se reúnan dos requisitos taxativamente enumerados, saber: a) que se trate
"delito acción pública"; b) que ilícito se encuentre "reprimido pena reclusión prisión cuyo máximo no
exceda tres años". Pero juez, además esos requisitos mínimos, debe valorar conveniencia no otorgarla
fundamentando siempre su decisión, atenta naturaleza beneficio que requiere en todos casos, como
veremos luego, posibilidad concreta persona responder éxito medida consideraciones prevención
general. ley no hace mención alguna al consentimiento fiscal otorgamiento suspensión juicio en este
supuesto. embargo, Fiscal debe siempre ser oído, pero juez puede otorgar beneficio incluso oposición
El cuarto párrafo, no obstante, consagra caso excepción en sistemática instituto probation, regulando
situación diferente. Se trata abarcar delitos que, aunque no contemplados en art. 76 bis primer párrafo,
sean merecedores probation reuniendo siguientes requisitos: a) que "las circunstancias caso" permitan
"dejar en suspenso cumplimiento condena aplicable"; b) que exista "consentimiento fiscal".
Es oportuno aclarar que, no obstante carácter vinculante que esta interpretación le adjudico al dictamen
fiscal en este excepcional restrictivo supuesto, dicho dictamen, que disposición art. 69 C.P.P.N. debe
formularse motivadamente, queda igualmente sujeto al control su legalidad fundamentación parte
juez."Los jueces están siempre habilitados efectuar examen razonabilidad criterios emanados
Ministerio Público en sus dictámenes." (Conf. José María Orgeira Eduardo M. Vaiani "La suspensión
juicio prueba delitos pena mayor tres años" L.L. 1995-E pág. 813).
Además como sostuve en autos "Ávila, Blanca Noemí s/ Recurso Casación e Inconstitucionalidad"
(Reg. N° 18. Sala II, 2 julio 1993) en sistema acusatorio mixto como consagrado en sistemática nuestro
Código Procesal Penal "el Tribunal es quien ejerce función jurisdiccional. actor penal es sujeto que
ejerce acción penal, haciendo valer pretensión jurídico penal que se basa en delito; generalmente, actúa
como tal órgano específico Estado (Ministerio Público)".
LEGITIMIDAD QUERELLANTE RECURRIR
Es sumamente importante al analizar legitimidad querellante recurrir auto suspensión juicio prueba,
visualizar rol que se le ha asignado víctima en últimos tiempos través diversos instrumentos
Así en "Declaración principios fundamentales justicia víctimas delitos abuso poder" (La Habana, Cuba,
29 noviembre 1985) se afirma necesidad adoptar medidas nacionales e internacionales fin garantizar
reconocimiento respeto universales efectivos derechos víctimas delitos. Es claro en este sentido artículo
6, inc. b: "Se facilitará adecuación procedimientos judiciales administrativos necesidades víctimas:
b)Permitiendo que opiniones preocupaciones víctimas sean presentadas examinadas en etapas
apropiadas actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, perjuicio acusado acuerdo sistema
justicia penal correspondiente."
La Corte Suprema Justicia haciendo eco este clamor, dijo: "Que si bien incumbe discreción legislador
regular marco condiciones ejercicio acción penal participación asignada al querellante particular en su
promoción desarrollo, que se trata atinente más acertada organización juicio criminal (Fallos: 253:31),
todo aquel quien ley reconoce personería actuar en juicio en defensa sus derechos está amparado
garantía debido proceso legal consagrada art. 18 Constitución Nacional (Fallos: 268:266, consid. 2°).
más adelante consideró que ello era así "en marco derecho jurisdicción consagrado implícitamente en
art.18 Carta Magna cuyo alcance, como posibilidad ocurrir algún órgano jurisdiccional en procura
justicia obtener él sentencia útil relativa derechos litigantes (Fallos: 199:617; 305:2150 -La Ley,
1984-B, 206-, entre otros), es coincidente que reconocen arts. 8°, párr. Primero, Convención Americana
Derechos Humanos 14.1 Pacto Internacional Derechos Civiles Políticos" (C.S.J.N. "Santillán,
Francisco A., rta. 13 agosto 1998).
Por todo dicho propugno:
A) Que art. 76 bis C.P. abarca dos grupos delitos: 1°) aquellos delitos acción pública que tienen
prevista pena prisión reclusión cuyo máximo no exceda 3 años (primer párrafo).
2°) aquellos que previstos pena mayor 3 años, circunstancias caso, mediante juicio predictivo,
permitirían dejar en suspenso cumplimiento condena aplicable (4° párrafo).
B) Que no procede suspensión juicio prueba, en ningún caso, delitos reprimidos pena inhabilitación.
C) Que es vinculante dictamen fiscal en delitos comprendidos en 4° párrafo art. 76 bis, quedando sujeto
siempre al control legalidad fundamentación parte juez.
D) Que querellante posee legitimación autónoma recurrir auto suspensión juicio prueba.
Por mérito que ofrece votación que antecede, Tribunal establece siguiente doctrina plenaria, mayoría,
puntos 1°, 2° 3°, unanimidad punto 4°, que siguen continuación:
1°) pena que debe examinarse procedencia instituto previsto en artículo 76 bis siguientes Código Penal
es reclusión prisión cuy o máximo en abstracto no exceda tres años.
2°) No procede suspensión juicio prueba cuando delito tiene prevista pena inhabilitación como
3°) oposición Ministerio Público Fiscal, sujeta al control logicidad fundamentación parte órgano
4°) querellante tiene legitimación autónoma recurrir auto suspensión juicio prueba fin obtener
Regístrese, hágase saber archívese.
Firmado: doctores Liliana E. Catucci, Eduardo R. Riggi, Guillermo J. Tragant, Ana María Capolupo
Durañona Vedia, W. Gustavo Mitchell, Amelia L. Berraz Vidal, Jorge O. Casanovas, Juan C.
Rodríguez Basavilbaso, Raúl R. Madueño, Alfredo H. Bisordi, Juan E. Fégoli, Gustavo M. Hornos
Pedro R. David, Jueces Cámara. mí: doctora Claudia B. Moscato Santamaria, Secretaria
Jurisprudencia.---------------------------------