Source: http://www.cidh.oas.org/countryrep/ElSalvador94sp/ii.a.compromisos.htm
Timestamp: 2017-12-14 00:17:40
Document Index: 104113521

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 50', 'artículo 47']

Informe Nº 3/92 - Caso 10.003
Víctima: Pedro José Castro Alvarenga
Fecha: 4 de febrero de 1992
La Comisión resolvió:
Informe Nº 4/92 - Caso 10.103
Víctimas: Francisco Hernández Quintanilla
Juan Armando Martínez
José Antonio Zarpate Juárez
1. Declarar que el Gobierno de El Salvador es responsable de la violación del derecho a la vida, a la libertad personal y a la protección judicial (artículos 4, 7 y 25 de la Convención), de los señores Francisco Hernández Quintanilla, Juan Armando Martínez y José Antonio Zarpate Juárez, quienes se encuentran desaparecidos desde el día 29 de junio de 1987, cuando fueron detenidos en su lugar de trabajo, finca Bella Vista, Cantón Guadalupe, Apopa, El Salvador, por soldados de la Primera Brigada de Infantería; según la comunicación recibida en la Comisión el 9 de septiembre de 1987.
Informe Nº 5/92 - Caso 10.151
Víctimas: José Javier Santamaría Medina
Angel de Jesús Santamaría Raymundo
1. Declarar que el Gobierno de El Salvador es responsable de la violación del derecho a la vida y a la integridad personal (artículos 4 y 5 de la Convención), de José Javier Santamaría Medina, José Luis Cornejo y Angel de Jesús Santamaría Raymundo; según la comunicación recibida en la Comisión el 5 de febrero de 1988.
Informe Nº 6/92 - Caso 10.190
Víctima: José Angel Alas Gómez
Informe Nº 7/92 - Caso 10.211
Víctima: Eliseo Córdova Aguilar
1. Declarar que el Gobierno de El Salvador es responsable de la violación del derecho a la vida, a la libertad personal y a la debida protección judicial (artículos 4, 7 y 25 de la Convención), de Eliseo Córdova Aguilar; según la comunicación recibida en la Comisión el 25 de julio de 1988, quien fue detenido el 12 de julio de 1988, a las 20 horas en la localidad Ilopango, Departamento de San Salvador y se encuentra desaparecido desde esa fecha.
Informe Nº 8/92 - Casos 10.227 y 10.333
Víctimas: Julio Ernesto Fuentes Pérez (menor de edad)
William Fernández Rivera
Raquel Fernández Rivera
1. Declarar que el Gobierno de El Salvador es responsable de la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a la protección judicial (artículos 4, 5, 7 y 25 de la Convención) del niño Julio Ernesto Fuentes Pérez, y de los señores William y Raquel Fernández Rivera, según comunicaciones recibidas en la Comisión el 15 de julio de 1988 y el 1° de mayo de 1989; a través de los actos de sus agentes, que secuestraron, torturaron y privaron de su vida a las mencionadas personas.
a. Realice una exhaustiva, rápida e imparcial investigación sobre los hechos denunciados, a fin de que el niño Julio Ernesto Fuentes Pérez y los señores William y Raquel Fernández Rivera, aparezcan con vida, se identifique a los responsables de su desaparición y se les someta a la justicia, para que reciban las sanciones que tan grave conducta exige.
Informe Nº 9/92 - Caso 10.256
Víctima: Francisco Alberto Martínez Marroquín
Informe Nº 10/92 - Caso 10.257
Víctimas: Rosa Marta Cerna Alfaro
1. Declarar que el Gobierno de El Salvador es responsable de la violación del derecho a la integridad personal y a la libertad personal (artículos 5 y 7 de la Convención), de Rosa Marta Cerna Alfaro e Ismael Hernández Flores; según la comunicación recibida en la Comisión en octubre de 1988.
Informe Nº 11/92 - Caso 10.284
Víctima: Manuel de Jesús Munguía Choto
Informe Nº 12/92 - Caso 10.323
Víctima: Mesías Elías Hernández Anzora
Informe Nº 13/92 - Caso 10.399
Víctimas: Andrés Colindres Vásquez
María Luisa Panameño
Miguel Colindres Panameño
Manuel Antonio Colindres Panameño
1. Declarar que el Gobierno de El Salvador es responsable de la violación del derecho a la vida, a la libertad personal y a la protección judicial (artículos 4, 7 y 25 de la Convención), de Andrés Colindres Vásquez, María Luisa Panameño, Miguel Colindres Panameño y Manuel Antonio Colindres Panameño; según la comunicación recibida en la Comisión el 2 de junio de 1989.
a. Realice una exhaustiva, rápida e imparcial investigación sobre los hechos denunciados, a fin de que se identifique a los responsables y se les someta a la justicia, para que reciban las sanciones que tan grave conducta exige.
Informe Nº 14/92 - Caso 10.447
Víctima: Leonardo Ramírez Murcia
1. Declarar que el Gobierno de El Salvador es responsable de la violación del derecho a la integridad personal y a la libertad personal (artículos 5 y 7 de la Convención), de Leonardo Ramírez Murcia; según la comunicación recibida en la Comisión el 21 de julio de 1989.
Informe Nº 15/92 - Caso 10.571
Víctima: Erik Felipe Romero Canales
1. Presumir verdaderos los hechos denunciados en las comunicaciones de 10 de mayo y 14 de junio de 1990, relacionadas con la situación de Erik Felipe Romero Canales, capturado el día 18 de noviembre de 1989, a las dieciseis horas en la Colonia La Ermita I, Apopa, por soldados uniformados de la Primera Brigada de Infantería y posteriormente desaparecido.
Informe Nº 26/92 - Caso 10.287
Víctimas Masacre de Las Hojas
Fecha: 24 de septiembre de 1992
1. Dar por ciertos los hechos denunciados relacionados con la Masacre de Las Hojas.
2. Declarar, en consecuencia, que el Gobierno de El Salvador es responsable por los hechos denunciados en la comunicación de 27 de enero de 1989, por las ejecuciones sumarias y extrajudiciales de aproximadamente 74 víctimas civiles, de quienes sólo han sido identificadas: Marcelino Sánchez Viscarra, Benito Pérez Zetino, Pedro Pérez Zetino, Juan Bautista Mártir Pérez, Gerardo Cruz Sandoval, José Guido García, Héctor Manuel Márquez, Martín Mejía Castillo, Antonio Mejía Alvarado, Alfredo Ayala, Lorenzo Mejía Caravante, Ricardo García Elena, Romelio Mejía Alvarado, Francisco Alemán Mejía, y Leonardo López Morales.
3. Declarar que los hechos mencionados implican violaciones al derecho a la vida (artículo 4); derecho a la seguridad e integridad personal (artículo 5); derecho al debido proceso (artículo 8) y derecho a una debida protección judicial (artículo 25) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
4. Declarar que el Gobierno de El Salvador no ha cumplido con las obligaciones de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos y garantías fundamentales de todas las personas sujetas a su jurisdicción, impuestas por el articulo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
5. Formular al Gobierno de El Salvador las siguientes recomendaciones, con base en el artículo 50.3 de la Convención y el artículo 47 del Reglamento de la Comisión:
a. Realice una exhaustiva, rápida, completa e imparcial investigación sobre los hechos denunciados, a fin de identificar a todas las víctimas y a los responsables; y someterlos a la justicia para establecer la responsabilidad a fin de que reciban las sanciones que tan grave proceder exige.
b. Adopte las medidas necesarias para impedir la comisión de hechos similares en lo sucesivo.
c. Repare las consecuencias de la situación que ha configurado la vulneración de los derechos antes enunciados y pague una justa indemnización compensatoria a los familiares de las víctimas de la masacre.