Source: https://www.scribd.com/document/355108304/00045-2004-AI
Timestamp: 2018-10-19 09:29:10
Document Index: 354144907

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 103', 'artículo 147', 'artículo 20', 'artículo 76', 'artículo 40', 'artículo 143', 'artículo 1', 'artículo 103', 'artículo 20', 'artículo 3', 'artículo 76', 'Artículo 22', 'artículo 22', 'Artículo 22', 'artículo 1', 'Artículo 22', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 48', 'artículo 3', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 139', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 151', 'artículo 151', 'artículo 138', 'artículo 151', 'artículo 139', 'artículo 147', 'artículo 138', 'artículo 200', 'Artículo 85', 'artículo 202', 'Artículo 200', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 51', 'artículo 48', 'artículo 3', 'in fine', 'artículo 48', 'artículo 3', 'artículo 48', 'artículo 48', 'Artículo 40', 'artículo 14', 'Artículo 1']

00045-2004-AI
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DERECHOS HUMANOS Articulos de La Defensoria
DERECHO PROCESAL CONSITUCIONAL ACT N° 2
cuestionario enf
1 Modulo Sobre El Codigo Organico de La Fj-uda
16-03 Acerca de La Compatibilidad Entre Islam y Democracia
13-05 John Rawls
12-05 Repensar a Leon Duguit
16-04 La Justicia Ambiental
12-07 La Democracia Deliberativa
02-18 El Monismo Internacionalista Kelseniano
11-03 BIOPOLÍTICA
26/7/2017 00045-2004-AI
§4. ESTRUCTURA DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL ANÁLISIS DE LA
INFRACCIÓN DE LA IGUALDAD
§5. EXAMEN DE LA DISPOSICIÓN A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE
§5.3 EXAMEN DE LA IDONEIDAD DEL TRATAMIENTO DIFERENTE A
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§5.4 EXAMEN DE LA NECESIDAD DEL TRATAMIENTO DIFERENTE A
§5.5 EXAMEN DE LA IDONEIDAD DEL TRATAMIENTO DIFERENTE A
POSTULANTES CON PROFA
§5.6 EXAMEN DE LA NECESIDAD DEL TRATAMIENTO DIFERENTE A
D. CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS
INFRALEGALES
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Considera que la disposición impugnada contraviene el principio de igualdad por “establecer un trato desigual al conceder privilegios a los magistrados titulares”. contraviene lo establecido por el artículo 2°. Demanda La demanda de inconstitucionalidad solicita se declare la inconstitucionalidad de la disposición impugnada porque considera que la bonificación de hasta el 10% sobre la calificación total obtenida que se otorga a magistrados titulares (del Poder Judicial y el Ministerio Público) que postulan al ascenso.gob.Bonificación para los magistrados titulares que aspiren a cargo superior Los magistrados titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público que postulen al cargo inmediatamente superior. que hayan cursado el programa de formación académica. Petitorio: Se declare la inconstitucionalidad de la disposición impugnada.° 27466..° 27466 Ley que modifica la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y complementa el proceso de ratificación de magistrados Artículo 3. García Toma. a los 29 días del mes de octubre de 2005. así como aquéllos postulantes. inciso 2) de la Constitución. en cuanto derecho fundamental. IV. tendrán una bonificación de hasta un 10% (diez por ciento) del total del puntaje obtenido”. el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional. además.° 27466. que reconoce la igualdad ante la ley. Bardelli Lartirigoyen. ANTECEDENTES A. II. modificatoria de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Gonzales Ojeda. y modifícase la Cuarta en los términos siguientes: “Cuarta. DATOS GENERALES Demandante: Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima.tc.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI. implica una prohibición de “discriminación jurídica”. tal excepción no existiría y se configuraría un tratamiento diferenciador arbitrario.. ASUNTO Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima. Infracción del principio-derecho igualdad enunciado en el artículo 2 inciso 2 de la Constitución. NORMA DEMANDADA DE INCONSTITUCIONALIDAD Artículo 3º de la Ley N.26/7/2017 00045-2004-AI En Lima. “no razonable y excepcional a favor de magistrados titulares”. modificatoria de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. III. pronuncia la siguiente sentencia: I. atentándose así los “derechos del grupo de abogados” “e inclusive magistrados suplentes y provisionales” que aspiran al cargo de magistrado titular. Vergara Gotelli y Landa Arroyo.Deroga y modifica Disposiciones Transitorias y Finales de la Ley Nº 27368 Deróganse la Segunda y Tercera Disposiciones Transitorias y Finales de la Ley Nº 27368. con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini. Sin embargo. conforme a la cual la persona no debe ser objeto de un tratamiento “dispar” respecto a quienes se encuentran en la misma situación. salvo que exista una justificación objetiva y razonable. ocasionaría el desaliento de http://www. contra el artículo 3º de la Ley N. Afirma que el derecho a la igualdad. lo cual. Norma impugnada: Artículo 3º de la Ley N.html#_ftnref9 3/24 . Vicio de inconstitucionalidad alegado: Inconstitucionalidad por el fondo.
mas no por la diferencia de las personas. mientras que al resto de aspirantes que no son magistrados. De esta forma se genera una ventaja que redunda en la obtención de un puntaje favorable para su cómputo final. “No puede calificarse la experiencia profesional de un juez que lleva años en la judicatura. B. o la de un fiscal en el Ministerio Público.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI. Afirma que la disposición impugnada establece un trato diferenciado que se sustenta en lo establecido por el artículo 103º de la Constitución. conforme al cual. inciso 4) subyace el criterio de otorgar “mayor importancia a la permanencia en la función jurisdiccional”. precisando que la mencionada bonificación equivale al puntaje de 3 que se asigna a estudios de Maestría o de Doctorado. los colegios profesionales detentan personalidad de derecho público y que.html#_ftnref9 4/24 . por lo tanto. no infringe el principio de igualdad debido a que supera el test de razonabilidad: a) Desigualdad de los supuestos de hecho.gob. Se trataría de una asociación. exigen también un tratamiento diferente. con un abogado que nunca ha sido juez o que jamás ha litigado. La bonificación cuestionada se otorga a magistrados que tienen experiencia en la función jurisdiccional y a postulantes que han llevado a cabo el programa de formación académica. Afirma que el Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima no habría sido creado por ley. sino evitar que éstas carezcan de “justificación objetivamente razonable y se respete una proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida”. además. Los postulantes que han recibido el programa de formación académica cuentan con una formación especializada para el ejercicio de la función jurisdiccional. considera que en la Constitución (artículo 147°. de conformidad con el artículo 20º de la Constitución. La disposición impugnada realiza precisamente un trato diferenciado a favor de magistrados y personas que han cursado el programa de formación académica. Para ser magistrado de la Corte Suprema. constituyen dos supuestos de hecho que requieren tratamiento diferenciado. La experiencia ganada por su cercanía con los procesos supone –quiérase o no. no obstante. se exige el ejercicio de la abogacía o de la cátedra universitaria durante quinces años. deben ser creados por ley. contraria al derecho a la igualdad. y que. el cual obedece a causas objetivas y razonables. La desigualdad de los supuestos de hecho implica la constatación de situaciones distintas que. Aquellos que tienen experiencia o estudios http://www. Las diferencias ocasionadas por la norma ocasionan la concesión de beneficios injustificados a quienes ya son magistrados. según el artículo 76º del Código Civil. lo que hace necesario contar con jueces y fiscales con experiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional”. inconcebibles en un Sistema Democrático”. se puede expedir leyes especiales por la naturaleza de las cosas. “generadoras de diferencias de arraigo medieval. dado que la esencia de la igualdad no consiste en impedir diferenciaciones. de modo que carecería de legitimidad procesal activa.una ventaja frente a los abogados que no han sido jueces. Con respecto a los magistrados. una persona jurídica de derecho privado que carecería de la legitimidad procesal activa establecida por el Código Procesal Constitucional. el Colegio demandante no lo habría sido. Estima que la finalidad de la disposición impugnada es establecer diferencias arbitrarias injustificadas para “favorecer a magistrados titulares”. Alega que el principio de igualdad de trato no prohíbe dispensar un tratamiento diverso a situaciones distintas. Afirma que la disposición impugnada ha sido recogida por el artículo 40º del Reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. Precisa que. En consecuencia. por lo que se trataría de una simple asociación de abogados instituida para la defensa gremial de sus afiliados. Refiere que se infringe el principio de igualdad porque se contempla una “evaluación diferenciada en situaciones idénticas (postulación ante el CNM)” que deviene discriminatoria respecto al resto de postulantes. Contestación El Congreso deduce la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante.tc. en detrimento del resto de postulantes. Sostiene que la ratio de la distinción “viene dada por los años de experiencia en la magistratura frente al número de años en el ejercicio profesional o la docencia”. tal disposición constitucional establece como requisito para magistrados el haberlo sido durante diez años. el grupo al que se concede la bonificación y él excluido de ésta.26/7/2017 00045-2004-AI la incorporación de abogados en ejercicio libre de buen nivel académico pues la disposición cuestionada establece una “asimetría en el establecimiento de oportunidades en los postulantes”. ocasionando la “restricción de los derechos expectaticios” de postulantes actuales y futuros a la magistratura.
y su constante capacitación tornan razonable la asignación de una bonificación a quienes ya se han desempeñado en la magistratura. El fin buscado por el legislador se ajusta a los valores enunciados en la Constitución “como es la elección de jueces y fiscales idóneos”. Alega que los jueces y fiscales. por lo tanto. Por último. Constitución). Sin embargo. Esto es. encargada a la Academia de la Magistratura. de ese modo. resulta necesario “profesionalizar la magistratura”. que “administran justicia en nombre de la nación” (artículo 143º. ¿Es posible examinar la constitucionalidad de una disposición que ya no está vigente? . La norma impugnada ya no se halla en vigencia. resulta “reforzada” mediante la mencionada bonificación. habiendo culminado tal periodo de suspensión el 31 de mayo de 2004 y. Debido a ello.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI. V. Asimismo. afirma que la bonificación establecida reconoce sólo un rango entre 0. así como de idoneidad y especialización” los que debe cumplir toda persona que ha de ejercer funciones jurisdiccionales. siendo nuevamente exigible tal requisito. cumplir idóneamente con la garantía del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. El trato diferenciado será admisible si existe proporción entre las diferencias que se establecen y la finalidad perseguida. siendo una parte del problema de administración de justicia la “falta de idoneidad de algunos magistrados”. la disposición cuestionada constituiría un estímulo para que las personas que deseen ingresar a la magistratura. c) Razonabilidad. Hay en el trato diferenciado una “exigencia de especialización de los magistrados y aspirantes”. Los fines del trato diferenciado concernientes a la “capacitación de los magistrados en la carrera judicial” y de la tutela jurisdiccional efectiva no se podrían lograr “si es que no se cuenta con la experiencia de los jueces y fiscales y con el adiestramiento proporcionado por la Academia de la Magistratura”. La finalidad de la norma sería “garantizar la excelencia en el ejercicio de la carrera de los jueces y fiscales” y el acceso a tales cargos por profesionales debidamente preparados para.26/7/2017 00045-2004-AI para la magistratura y quienes no se encuentran en tal situación. Que. capaces.gob.html#_ftnref9 5/24 . Que las diversas variables que se consideran para la ratificación del cargo de magistrado –conducta e idoneidad. deben ser personas “idóneas. méritos. Que serían los criterios de “mérito y capacidad. la bonificación cuestionada ya no sería aplicable.tc. que el tratamiento diferenciado no produzca otra desigualdad no querida. informes. La importancia que la Constitución otorga al nombramiento de magistrados se infiere de que haya instituido el Consejo Nacional de la Magistratura como órgano competente para tal efecto así como la Academia de la Magistratura como órgano encargado de brindar estudios para postular al cargo de magistrado. ¿Detenta legitimidad para obrar el Colegio de Abogados demandante? . especialistas en la resolución de conflictos”. “[S]e busca abogados que tengan los méritos y la experiencia profesional suficiente para el ejercicio del cargo de juez”. Afirma que resulta “justificado” que se conceda la bonificación cuestionada por cuanto es un medio para “asegurar idoneidad en el cargo de los jueces y fiscales titulares y postulantes”. realicen los estudios necesarios para el efecto del desarrollo de la función jurisdiccional. e) Proporcionalidad. MATERIAS CONSTITUCIONALES RELEVANTES La controversia constitucional planteada en el presente se centra sobre los siguientes problemas: .1% hasta 10% que el Consejo Nacional de la Magistratura ha de examinar. b) Finalidad. pueden postular a la magistratura únicamente las personas que han aprobado dicho programa de formación. Afirma que la capacitación de quienes postulen a la magistratura. ¿Es contraria al principio-derecho igualdad la bonificación otorgada por la disposición legal impugnada a magistrados y a postulantes que han cursado el Programa de Formación Académica? . d) Racionalidad. El artículo 1º de la disposición impugnada dejaba en suspenso por el plazo de tres años el requisito concerniente al Programa de Formación Académica para postular a la magistratura. técnicas. producción. prevista constitucionalmente. El propósito del trato diferenciado del legislador es que al Poder Judicial accedan profesionales verdaderamente competentes. ¿Puede el Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma de jerarquía infralegal a través del proceso de inconstitucionalidad? http://www.
Afirma que el Colegio Profesional demandante carece de la condición de persona jurídica de derecho público al no haber acreditado su creación por ley.)” (artículo 103º). personas que no son parte aún del cuerpo de magistrados. así como aquéllos postulantes. deben ser creados por ley. En dicho contexto. establecido en el párrafo 4 del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.” (Fundamento N. en el extremo que modifica la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Ley N. 3. Dicha cesación puede también deberse al plazo previsto por la propia norma como también a la desaparición de las circunstancias que la motivaron e. se trataría de una simple asociación para la defensa gremial de sus afiliados. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.26/7/2017 00045-2004-AI VI. Sostiene que de conformidad con el artículo 20° de la Constitución. El Congreso ha deducido la excepción de legitimidad para obrar del demandante. La cesación de la vigencia de una norma puede deberse.º 27368. pero no son éstas las únicas existentes. La ley se deroga sólo por otra ley. LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR DEL DEMANDANTE 1. subrayado del Tribunal en la presente sentencia). LA CESACIÓN DE VIGENCIA DE LAS NORMAS Y LEYES TEMPORALES 4. incluso. sin embargo.por haber cursado el programa de formación académica.º 27466. Hay otras dos circunstancias http://www. B.. Esta disposición concede una bonificación sobre el puntaje total obtenido a magistrados y postulantes – esto es. LA DISPOSICIÓN IMPUGNADA 2. Es en este sentido que la Constitución establece que “(. no sólo a estos dos supuestos. como es notorio. dictada en el presente proceso. FUNDAMENTOS A. la derogación y la declaración de inconstitucionalidad. tendrán una bonificación de hasta un 10% (diez por ciento) del total del puntaje obtenido”. tal extremo no se configura como un imperativo de admisibilidad nacido de la voluntad expresa del Código [Procesal Constitucional]. §2. que: “(. este Colegiado considera que la duda sobre la legitimidad de ejercicio de la parte demandante no puede ser interpretada en sentido adverso a sus intereses y la tutela procesal a la que tiene derecho.gob..) si bien este Tribunal también exigió que se cumpliera con precisar la ley de creación del Colegio de Abogados demandante. El Tribunal reafirma el criterio ya establecido en la citada resolución. este Tribunal estima pertinente presumir en favor de la continuidad del proceso constitucional interpuesto y. se ha afirmado que: “[e]ntre las circunstancias a las que el ordenamiento atribuye la virtualidad de determinar el fin de la vigencia de las leyes se encuentran. A este respecto.. que hayan cursado el programa de formación académica. En consecuencia. La bonificación constituye la asignación de un porcentaje de puntuación sobre la calificación total obtenida. poniendo énfasis sobre todo en cuanto a que la exigencia de “precisar la ley de creación del Colegio de Abogados demandante”. los colegios profesionales detentan personalidad de derecho público y. La disposición impugnada es el artículo 3º de la Ley N.tc. y aun reconociendo que dicho extremo se encuentra todavía pendiente por definir. en tal sentido. en los términos siguientes: “Los magistrados titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público que postulen al cargo inmediatamente superior. este Colegiado ha afirmado en su resolución de fecha 31 de marzo de 2005. En tales circunstancias.. La cesación de vigencia de una norma en el ordenamiento jurídico puede deberse a la derogación o a su declaración de inconstitucionalidad.. a la producción de cierto hecho. Respecto a la exigencia de la acreditación de la Ley de creación del colegio demandante. VIGENCIA DE LA DISPOSICIÓN IMPUGNADA §1. publicada el 30 de mayo de 2001. dar por cumplidas las condiciones para admitir la presente demanda.). “no se configura como un impedimento de admisibilidad nacido de la voluntad expresa del Código” Procesal Constitucional.º 3.html#_ftnref9 6/24 .pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI. (. según el artículo 76º del Código Civil. y estando al principio pro actione..
http://www... entonces. La particularidad de estas normas es que dejan de pertenecer al ordenamiento al producirse alguno de tales supuestos. También en este caso el dies ad quem puede estar constituido por un dato fijo o por un verdadero y propio término que detenta decurso vario (pero de [2] cualquier modo cierto) o puede ser reconducido al suceso de una condición (. sino fijada a una caducidad.... a saber: la fijación de un plazo de vigencia y la operatividad de la máxima cessante legis ratione.) pérdida de eficacia que obtiene una ley sujeta a plazo final o a una [3] condición resolutiva por el acaecimiento de la fecha o por producirse la condición” . inciso c. Sería éste el periodo durante el cual el citado requisito habría estado suspendido. suelen implicar la cesación de la vigencia de las leyes. La consecuencia relevante reside. sino más bien a la conclusión de su ámbito de validez temporal y de las circunstancias materiales –el supuesto. En cuanto ambos supuestos. establece lo siguiente: “Artículo 22. de un requisito cuya exigibilidad fue suspendida para el lapso de tres años.html#_ftnref9 7/24 .tc. El inciso c) del artículo 22 de la aludida Ley Orgánica.. de un requisito general que habría sido suspendido excepcionalmente para los tres años mencionados. si bien diferentes. El requisito consistente en la aprobación satisfactoria de los programas de formación académica impartidos por la Academia de la Magistratura fue suspendido. Las leyes temporales son definidas también como aquéllas “(.El nombramiento de Jueces y Fiscales se sujeta a las siguientes normas: (. Se trata.° 27466.° 27368. Expirado tal periodo. Esta disposición establece un requisito para la postulación al cargo de magistrado consistente en la aprobación satisfactoria del programa de formación académica.26/7/2017 00045-2004-AI que. así. es decir..a las que está condicionada. 5. El texto de esta disposición es el siguiente: “Déjase en suspenso por el plazo de tres años el inciso c) del Artículo 22 (. Por ello.º 26397. en ordenamientos de base legalista. En ambos supuestos es el propio legislador el que ha delimitado la vigencia de la norma. Se trata de normas que ya no están vigentes.gob. Cumplido tal lapso. no cabe hablar de derogación. dicho requisito continuaría siendo exigible. Una norma de vigencia temporal limitada es justamente la enunciada en el artículo 1º de la Ley N. que ya no forma parte de ordenamiento jurídico.)”. la cesación de vigencia de estas normas no se produce como consecuencia de una derogación. por el periodo de tres años (Artículo 22.. Puede afirmarse de ese modo que este tipo de normas llevan consigo una disposición que podría denominarse de “autoderogación”. desde el 31 de mayo de 2001 hasta el 30 de mayo de 2004. en que la ley temporal ya no se halla vigente.. aquí.. pueden ser agrupados bajo la rúbrica de leyes con vigencia temporal [1] limitada o leyes ad tempus” . pero sí de que la disposición ha dejado de pertenecer al ordenamiento jurídico. El ámbito temporal de la suspensión habría sido desde la fecha de vigencia de la citada disposición. En consecuencia. modificado por Ley N.)” . representan una excepción a la regla general de la vigencia indefinida de la ley. sino debido a: a) la sola superación de su límite temporal o. entonces. Se está aquí ante un claro supuesto de ley temporal.) de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (.) “d) Para ser considerado candidato y someterse al respectivo concurso. Se trata. 6. La cesación de la vigencia de la norma en ambos supuestos (delimitación temporal definida o sujeción al acaecimiento de un hecho) no se debe en absoluto a una derogación.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI. publicada el 7 de noviembre de 2000. caracterizada por la “(. cesta lex ipsa. dicho requisito vuelve a ser exigible. el acaecimiento del suceso o hecho establecido por ella misma. los postulantes deberán acreditar haber aprobado satisfactoriamente los programas de formación académica para aspirantes al cargo de Magistrado del Poder Judicial o Fiscal del Ministerio Público organizados e impartidos por la Academia de la Magistratura”. cobra sentido que en doctrina se haya afirmado que en estos supuestos se produce la “caducidad” de la norma. Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura)..) cuya eficacia no es proyectada ilimitadamente en el futuro. Ley N.. En este sentido.. b).
una vez derogadas. La ocassio legis dentro de la cual ha de entenderse tal disposición es la situación de provisionalidad de la administración de justicia de entonces. a diferencia del artículo 1º. Expirado este supuesto.) abroga otra norma general sin efecto retroactivo. cuyo ámbito de vigencia ya concluyó. En conclusión. A esta interpretación conduce el carácter provisional de la disposición expedida. La disposición está presuponiendo la existencia de dos supuestos: personas que han cursado el programa y personas que no lo han realizado. sin embargo. situaciones y relaciones jurídicas ocurridos durante la vigencia de tales normas. Tal puede ser. La bonificación está. es necesario que esta inconstitucionalidad se establezca [4] de manera auténtica y que le sea retirado a la norma el resto de vigor que conservaba. el examen de constitucionalidad de una disposición no vigente está condicionado a que ella sea susceptible de ser aplicada a hechos. la postulación al cargo de magistrado y para.de suceso cierto y que sí está delimitado temporalmente. es decir se trata de una norma que ya no conforma el ordenamiento jurídico. La disposición impugnada ha dejado de pertenecer al ordenamiento jurídico. el ascenso de magistrados titulares. la disposición impugnada no es una ley temporal determinada por un plazo. el Código del Niño y el Adolescente. así. la Ley General de Sociedades.26/7/2017 00045-2004-AI 7.. EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA DISPOSICIÓN NO VIGENTE 9. por ejemplo. condicionada a esta circunstancia. 8. ¿Puede el Tribunal Constitucional examinar la constitucionalidad de una norma que ha dejado de pertenecer al ordenamiento jurídico (norma no vigente)? 10..º 27368. Desde esta perspectiva. situaciones y relaciones jurídicas ocurridas durante el tiempo en que estuvo vigente. está condicionada a una circunstancia –la postulación a la magistratura de personas sin el curso de formación académica. Así las cosas. ¿Por qué anular una norma que ha dejado de estar en vigor? Observando con atención esta cuestión se advierte. sometidas al examen de constitucionalidad. no establece un plazo específico que determine su ámbito de vigencia temporal.º 27466. si una norma general (. Tal circunstancia viene a ser la suspensión por término específico (31 de mayo de 2001 a 30 de mayo de 2004) del requisito de aprobación del programa de formación. las normas que carecen de vigencia o que ya no forman parte del ordenamiento jurídico pueden también serlo.. En efecto. La disposición impugnada. ahora. En este sentido. la disposición impugnada detenta también carácter temporal.). sino que está condicionada a la producción de un suceso o una circunstancia. Ella es inherente a la temporal circunstancia donde se admitiría la postulación de personas que no han aprobado el programa de formación académica. es determinar si la disposición cuestionada –el artículo 3º de la Ley N. 11. 1).º 27466 impugnado. Sin embargo. la bonificación también habría dejado de operar.html#_ftnref9 8/24 . Respecto al primer supuesto. el requisito de aprobación del programa de formación académica está suspendido.” . La justificación del examen de validez constitucional reside en que. Tal disposición establece una bonificación para personas que han cursado el correspondiente programa de formación académica sobre el total del puntaje obtenido. por el periodo mencionado. el típico caso de las disposiciones que hallamos en el Código Civil.tc. esta disposición está circunscrita al supuesto de que. §3. luego. La circunstancia que una disposición no esté vigente no es óbice para que no se examine su constitucionalidad.es también una norma de tal naturaleza.. constituye una ley temporal. que es posible aplicar el control de constitucionalidad a normas ya abrogadas. Tres son los supuestos en los que una disposición que carece de vigencia puede ser sometida al examen de su constitucionalidad. Se trata de una ley temporal. que fueran derogadas por leyes posteriores y.gob. las autoridades deberán continuar aplicando la norma abrogada para todos los hechos realizados mientras se encontraba aún en vigor. el artículo 3° de la Ley N. La bonificación recaería sobre las primeras. son regidos por dichas disposiciones. Si se quiere evitar esta aplicación en razón de la inconstitucionalidad de la norma abrogada (. El interrogante que ha de resolverse. modificatoria de la Cuarta disposición transitoria y final de la Ley N. El ratio de la misma parece insertarse en el propósito de afrontar dicho problema a través de la suspensión de un requisito general –la formación a través de la Academia de la Magistratura- para.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI. Para evitar la aplicación de dichas normas. en puridad. clásica y autorizada doctrina lo ha planteado en los siguientes términos: “Parece obvio que el tribunal constitucional sólo puede conocer las normas todavía en vigor al momento en que dicta su resolución. en el supuesto de que fueran eventualmente http://www. sin embargo. 2). Si bien el objeto del proceso de inconstitucionalidad es el examen de normas vigentes. los hechos.
impone que el Tribunal examine su constitucionalidad. De conformidad con el artículo 83° CPConst. a través de una concreta norma o acto. la Primera Disposición Final del citado Reglamento.) la derogación de la ley no es impedimento para [5] que este Tribunal pueda evaluar su constitucionalidad” Como se advierte. 15. Finalmente.” (cursiva del Tribunal Constitucional). conforme establece el artículo 83 CPConst. §4.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI. publicado el 5 de junio de 2005. Este supuesto ya ha sido incorporado por la jurisprudencia de este Tribunal al haber afirmado que el examen de constitucionalidad de una disposición derogada se da: “cuando. A contrario sensu. 12. ha menester un pronunciamiento sobre su constitucionalidad. al que se adiciona si corresponde el porcentaje de las bonificaciones dispuestas por las Leyes 27466 y 27050. Por esta razón. el tercer supuesto se da cuando una norma que carece de vigencia es aplicada ultraactivamente. así. la posibilidad de reapertura de procesos donde se haya aplicado una norma penal o tributaria ya derogada. (…). del que resulta el promedio final. está incluida en algunos de los tres supuestos antes descritos para.gob. situaciones y relaciones jurídicas posteriores a la cesación de su vigencia. El segundo supuesto surge de la posibilidad de que la declaración de inconstitucionalidad de una norma penal o tributaria habilite la reapertura de procesos en que aquella fue aplicada. ameritar un pronunciamiento sobre su validez constitucional. El cuadro de calificaciones comprende: los promedios parciales de cada una de las etapas. En consecuencia. se requiere su declaración de invalidez (inconstitucionalidad). a diferencia de la derogación. si una norma que carece de vigencia es aplicada ultraactivamente. así como aquellos postulantes que hayan aprobado el programa de formación de aspirantes ante la citada Academia. tienen una bonificación de hasta el 10% (diez por ciento) sobre el total del promedio final a que se refiere el primer párrafo del artículo 48 del presente http://www. se “‘aniquila’ todo [6] efecto que la norma [derogada] pueda cumplir” . Es en tal sentido que este Colegiado ha afirmado que “(. a través de la declaración de inconstitucionalidad. Se trata aquí de evitar el efecto o aplicación ultraactiva de una disposición inconstitucional como consecuencia imperativa del principio de supremacía constitucional. LOS EFECTOS DE LA DISPOSICIÓN IMPUGNADA 14. se remiten a la Comisión para que elabore el correspondiente cuadro de calificaciones. corresponderá el examen de su constitucionalidad.html#_ftnref9 9/24 . 13. aun cuando una disposición esté derogada. esto [7] es. El Tribunal Constitucional ha advertido que el Consejo Nacional de la Magistratura ha expedido un “Reglamento de Concurso para la selección y nombramiento de jueces y fiscales y balotario”. modificada por el artículo 3 de la Ley Nº 27466 los magistrados titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público que postulen al cargo inmediato superior y acrediten haber aprobado el curso para el ascenso seguido ante la Academia de la Magistratura. Asimismo. el examen de constitucionalidad de una disposición no vigente en este supuesto presupone que la aplicación ultraactiva de la disposición. los procesos concluidos relativos a materias distintas de las anteriores no pueden ser reabiertos. si hubiese versado sobre materia penal o tributaria” .26/7/2017 00045-2004-AI inconstitucionales. si una norma penal o tributaria fuera derogada y hubiera sido aplicada en la resolución de procesos.tc. pero cuya inconstitucionalidad sea advertida posteriormente.. haya sido detectada. al igual que en el primer supuesto.. establece: “De conformidad con lo dispuesto en la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 27368. La justificación del examen de constitucionalidad en este supuesto radica en evitar. ha menester el examen de su constitucionalidad. que una disposición inconstitucional continúe siendo aplicada. primer párrafo. Este Reglamento establece. en su artículo 48º. la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma no habilita la reapertura de procesos concluidos donde ella haya sido aplicada. Es decir. Precisamente. con excepción de los supuestos de materia penal y tributaria. la sentencia de inconstitucionalidad puede alcanzar a los efectos que la norma cumplió en el pasado. El problema que se plantea en este extremo es determinar si la disposición impugnada. cuando es aplicada a hechos. Ciertamente. la razón de ello reside en que. en cuanto norma ya no vigente. En consecuencia. ésta última modificada por la Ley Nº 28164. que: “Aprobados los promedios de las entrevistas personales por el Pleno del Consejo.
el pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la norma impugnada se debe a que. ¿Cuál es la consecuencia práctica del Reglamento? La bonificación ya no beneficiará a los postulantes que hayan aprobado el Programa de formación académica (en adelante PROFA) porque. condición económica o de cualquier otra índole. La Constitución reconoce el derecho principio igualdad en el artículo 2°. porque todos ellos tendrían por definición el PROFA. esto es. por tratarse de un requisito para la postulación. al considerar aplicable la mencionada bonificación en cuanto parámetro para la determinación del “Promedio Final y el Cuadro de Calificaciones”. Esto es. es decir. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA DISPOSICIÓN IMPUGNADA §1. Este efecto subsistente en el ordenamiento jurídico de una norma legal no vigente amerita el pronunciamiento sobre su validez constitucional. jurídicamente. 19. El Consejo Nacional de la Magistratura parece haber interpretado el impugnado artículo 3º de la Ley N. entonces. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen. la igualdad. Dicho acto de aplicación está representado por la mencionada norma reglamentaria expedida por el Consejo Nacional de la Magistratura. constituye el enunciado de un contenido material objetivo que. no presentándose la posibilidad de que estos sean discriminados. sexo. desde esa perspectiva. como un “acto de aplicación ultraactiva” de la disposición impugnada. religión. religión. idioma. condición económica) o por otras (“motivo” “de cualquier otra índole”) que. en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho: (…) A la igualdad ante la ley. el resto de postulantes carecería de tal bonificación. Superior o Supremo debido a que la disposición impugnada les concede esa bonificación. 18. ya no se admitirá postulantes sin PROFA. oponible a un destinatario. raza. ¿Puede considerarse. en las citadas disposiciones. proyectan en el tiempo los efectos de la disposición impugnada –ya no vigente-.° 27466 de modo no concordado con el artículo 1º de la misma. En cuanto derecho fundamental. Sólo podrán presentarse postulantes con PROFA.26/7/2017 00045-2004-AI Reglamento. la aplicación ultraactiva de una norma ya no vigente a un suceso posterior a la cesación de su vigencia? La respuesta es afirmativa. como una forma de desarrollo reglamentario de la disposición impugnada. Tanto el artículo 48° como la Primera Disposición Final del Reglamento. C.tc. aun cuando ella ha dejado de pertenecer al ordenamiento jurídico.gob. cierto es que su Reglamento está considerando vigente aún dicha norma y. En cuanto principio. vincula de modo general y se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. detenta la doble condición [8] de principio y derecho fundamental . constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo. EL PRINCIPIO DERECHO DE IGUALDAD 20. Se trata del reconocimiento de un derecho a no ser discriminado por razones proscritas por la propia Constitución (origen. el mandato correlativo derivado de aquél. en tanto componente axiológico del fundamento del ordenamiento constitucional. ya carente de vigencia. Se http://www. Es decir. opinión. habiendo expirado la suspensión del requisito del PROFA. sexo. será la prohibición de discriminación. El porcentaje se acuerda por el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura en cada concurso”. inciso 2. Esta circunstancia motiva que el Tribunal Constitucional proceda a examinar la constitucionalidad de la disposición impugnada. 17. este Tribunal se pronunciará respecto a la bonificación concedida tanto a magistrados como a postulantes con PROFA. En este contexto.” Como este Tribunal ha afirmado. 16. continúa aún desplegando sus efectos. raza. En cambio. Al margen de ello. opinión. empero. la titularidad de la persona sobre un bien constitucional. No obstante ello. Se trata. el efecto de la misma es prolongado (ultraactividad) como consecuencia de una norma reglamentaria. resulten relevantes. aun cuando la disposición impugnada ya ha caducado en sus efectos temporales. la adopta como parámetro a aplicarse en la determinación del “Promedio Final y el Cuadro de Calificaciones” (artículo 48).html#_ftnref9 10/24 . por ello. así. la igualdad consagrada constitucionalmente. de un supuesto donde una norma legal ya no vigente despliega efectos por mérito del citado Reglamento. En cuanto constituye un derecho fundamental. respecto a los sujetos destinatarios de este derecho (Estado y particulares). idioma.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI. sí beneficiaría a los magistrados que han de ascender con respecto a los postulantes a Vocal o Fiscal. La bonificación. el Tribunal Constitucional ha advertido que ella está siendo aun aplicada y. este Reglamento.
Este principio constituye el parámetro para examinar la constitucionalidad de las intervenciones en los derechos fundamentales. Son estos los principios que sirven de parámetro para examinar un trato diferenciado. la opción del medio menos gravoso. §2. en el supuesto que dicho trato ha superado el examen a la luz de los principios de idoneidad y de necesidad. como parámetro de los supuestos de discriminación. En reiterada jurisprudencia.gob. De lo anterior se concluye que el principio de razonabilidad y de proporcionalidad. en esta exigencia de razonabilidad-proporcionalidad. entonces. sin embargo. carente de razonabilidad sería el tratamiento diferenciado ausente de fundamento alguno. tres subprincipios: idoneidad. en efecto.html#_ftnref9 11/24 .) la distinción de trato carezca de una justificación objetiva y razonable de forma que la existencia de tal justificación debe apreciarse en relación a la finalidad y efectos de la medida considerada. En relación a la igualdad. Justamente. En efecto. Desde esta perspectiva. examen de idoneidad y de necesidad. esta exigencia de proporcionalidad conjunta a la de razonabilidad. de la configuración de una prohibición de intervención en el mandato de igualdad. de rango constitucional” .. La protección de los derechos fundamentales y. la convierte en insuficiente e imperfecta. De modo algo más genérico. en cambio. 25. En este contexto. Ahora bien. Así lo ha adoptado también la jurisprudencia de este [13] Colegiado . el tratamiento diferente aparece como un medio para la prosecución de una finalidad.tc. se halla la noción de éste según la cual se identifica la razonabilidad como prohibición o interdicción de arbitrariedad. Aquí. En el examen del trato diferenciado resulta indispensable también el principio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. en cuanto hay una implicancia entre idoneidad y necesidad.26/7/2017 00045-2004-AI trata. comprenden los siguientes aspectos: determinación de la finalidad del tratamiento diferenciado. proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. además. el de igualdad. 27. comprende. La forma de operar de este par conceptual –razonabilidad y proporcionalidad. 22. por su parte. aquélla donde ésta se encuentra ausente. [9] discriminatorio .. La comprensión del principio de razonabilidad en estos términos ha sido acogida por este Tribunal cuando ha manifestado que: “Por virtud del principio de razonabilidad se exige que la medida restrictiva se justifique en la necesidad de preservar.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI.implica advertir que “(. en este contexto. 26. RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD 21. la restricción de un derecho fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga [11] garantizar un fin legítimo y. pero también comprendido en el concepto de razonabilidad. debiendo darse [10] una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida” . 24. entendido en su acepción clásica alemana como “prohibición de exceso” (Untermaβverbot). Razonable sería. Arbitraria. este Tribunal ha empleado conjuntamente el principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad a efectos de examinar si un tratamiento diferenciador es. la relación “proporcional” entre medio y fin puede conducir también a imponer un examen de necesidad. toda intervención en los derechos fundamentales que constituya consecuencia de un fundamento. entre ellos. 23. necesidad y proporcionalidad [12] en sentido estricto . o no. La proporcionalidad. justifica una intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales. Es decir. así. impone que el examen de las intervenciones que se operan http://www. de una razón o base que justifique el tratamiento diferente. conjunto al principio de razonabilidad. Es la protección de fines constitucionalmente relevantes la que. el principio de proporcionalidad. resulta ciertamente restringida en comparación con el denominado “principio de proporcionalidad”. la exclusión de la ponderación. 28. la razonabilidad aparece como una exigencia de fundamento. alude fundamentalmente a la relación de idoneidad o adecuación entre medio y fin. en cuanto par conceptual para examinar la constitucionalidad de los supuestos de eventual discriminación.
ESTRUCTURA DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL ANÁLISIS DE LA INFRACCIÓN DE LA IGUALDAD 33. La intervención consiste en una restricción o limitación de derechos subjetivos orientada a la consecución de un fin del poder público. La intervención en la igualdad.. el principio de proporcionalidad ya lleva consigo. la razonabilidad. la exigencia de razonabilidad y. este Tribunal Constitucional considera que el examen de si una ley contraviene. Ello puede conceptualmente representarse en una escala de tres niveles : . el principio de igualdad.gob. en cuanto medio. conforme ya se sostuvo en la Sentencia recaída en el Exp. pero decantándose hacia una aplicación del principio de proporcionalidad y. Este principio ha de emplearse a través de sus tres subprincipios. 30. Intensidad grave. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 31. necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. como presupuesto.html#_ftnref9 12/24 . Como el Tribunal Constitucional alemán ha establecido. En atención a la anterior. En síntesis. §4. Conforme a esto. 35. La intervención en el principio de igualdad puede presentar diferentes [16] grados o intensidades. ahora. integra adicionalmente el principio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. 34. debe ahora efectuarse en aplicación del principio de proporcionalidad. f) Examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. 32. la intervención del legislador aparece como opción legislativa. prima facie. .º 65). e) Examen de necesidad. es proyectado para examinar el supuesto concreto de una eventual contravención del derecho-principio de igualdad. De esta forma. N. En tanto supone una relación finalista. de ser el caso. Por esta razón. c) Determinación de la finalidad del tratamiento diferente (objetivo y fin). En este contexto. un medio del que aquél se sirve para la obtención de un fin. por otra parte. es el principio de proporcionalidad . está orientada a la consecución de un fin y que. Intensidad media. este Colegiado considera que el principio que ha de emplearse para examinar si un tratamiento diferente establecido por una norma [15] comporta un trato discriminatorio.) de la simple prohibición de arbitrariedad [14] alcanza hasta una estricta vinculación a la exigencia de proporcionalidad. La intervención en la igualdad consiste en la introducción de un trato diferenciado a los destinatarios de la norma que.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI. “Intensidad” de la intervención. Uno de los presupuestos de éste es la exigencia de determinar la finalidad de la intervención en el derecho de igualdad. también el principio de proporcionalidad en sentido estricto. se integra en el principio de proporcionalidad. d) Examen de idoneidad.26/7/2017 00045-2004-AI en ellos tenga que satisfacer plenamente. lo específico del principio de razonabilidad está ya comprendido como un presupuesto del principio de proporcionalidad.. http://www. o no. 29. en estricto. la eventual contravención del principio de igualdad a través de una ley implica un examen que “(. §3.tc. aparece como contraria a la prohibición de discriminación. b) Determinación de la “intensidad” de la intervención en la igualdad. el principio de proporcionalidad que normalmente es empleado para examinar las intervenciones legislativas en los derechos constitucionales.º 0048-2004-PI/TC (Fundamento N. los pasos que se han de efectuar para ello son los siguientes: a) Determinación del tratamiento legislativo diferente: la intervención en la prohibición de discriminación.” En esta misma línea. de idoneidad.
que lo sean en menor intensidad. El análisis de los medios alternativos se efectúa con relación al objetivo del trato diferenciado. religión.1) si tales medios -idóneos. será inconstitucional. derecho a la participación política) o un derecho constitucional. puesto que si el trato diferenciado examinado no lo fuera. La idoneidad consiste en la relación de causalidad. tal intervención reviste menor intensidad. a través de la intervención legislativa. Por esto. http://www. el test de necesidad no tendrá lugar. El objetivo es el estado de cosas o situación jurídica que el legislador pretende conformar a través del tratamiento diferenciado. examinar si este último es de menor intensidad o no respecto al primero. sexo. Por otra parte. tiene como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho de rango meramente legal o el de un interés legítimo. el presupuesto de este examen es que se esté ante un medio idóneo.26/7/2017 00045-2004-AI . 38.2) si. si el primero estuviera ausente. de una comparación entre medios. el análisis consistirá en examinar si el tratamiento diferenciado adoptado por el legislador conduce a la consecución de un fin constitucional. La finalidad del tratamiento diferente. En el examen de necesidad se compara dos medios idóneos. La finalidad o fin viene a ser el derecho. El medio alternativo hipotético debe ser idóneo para la consecución del objetivo del trato diferenciado. La finalidad justifica normativamente la legitimidad del objetivo del tratamiento diferenciado.html#_ftnref9 13/24 . y el fin propuesto por el legislador. además. Se trata del análisis [17] de una relación medio-fin . tiene como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho fundamental (v. debido a que no habría superado el examen de idoneidad. Por esta razón. raza. 39. idioma. sexo.no intervienen en la prohibición de discriminación. principio o bien jurídico cuya realización u optimización se logra con la conformación del objetivo. El optado por el legislador -la intervención en la igualdad.tc. inciso 2: origen.y el o los hipotéticos alternativos. b) Una intervención es de intensidad media cuando la discriminación se sustenta en alguno de los motivos proscritos por la propia Constitución (artículo 2°. El examen según el principio de necesidad importa el análisis de dos aspectos: (1) la detección de si hay medios hipotéticos alternativos idóneos y (2) la determinación de. En caso de que el tratamiento diferenciado no sea idóneo. en el análisis del subprincipio de necesidad se ha de proceder a una comparación entre las intensidades de la intervención del medio adoptado por el legislador y del medio hipotético para. la intensidad de la intervención en la igualdad constituye una variable que ha de compararse con la intensidad o grado de realización u optimización del fin constitucional. el análisis del vínculo de causalidad tiene dos fases: (1) el de la relación entre la intervención en la igualdad –medio.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI. interviniéndolo. según ello. condición económica) y. no con respecto a su finalidad. no habría la posibilidad conceptual de efectuar tal comparación entre medios. 36.y el objetivo. tiene como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho de rango meramente legal o el de un interés legítimo.gr. y (2) el de la relación entre objetivo y finalidad de la intervención. Intensidad leve. al menos. además. La relevancia de la determinación de la intensidad de la intervención en la igualdad radica en que se trata de una variable a ser empleada en el análisis del principio de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. (2. 37. (2.gob. En el examen de idoneidad. opinión. a) Una intervención es de intensidad grave cuando la discriminación se sustenta en alguno de los motivos proscritos por la propia Constitución (artículo 2°. el optado por el legislador y el o los hipotéticos que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. entre el medio adoptado. c) Una intervención es de intensidad leve cuando la discriminación se sustenta en motivos distintos a los proscritos por la propia Constitución y. Examen de idoneidad. idioma. El fin del tratamiento diferenciado comprende dos aspectos que deben ser distinguidos: objetivo y fin. esto es. de medio a fin. Ahora bien. raza. condición económica) y. además. o. En efecto. el o los medios hipotéticos alternativos han de ser igualmente idóneos. opinión. religión. Bajo este test ha de analizarse si existen medios alternativos al optado por el legislador que no sean gravosos o. inciso 2: origen. en el examen de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. Se trata del análisis de una [18] relación medio-medio . Examen de necesidad. Tratándose del análisis de una intervención en la prohibición de discriminación. por una parte.
la ley de ponderación sería enunciada en los siguientes términos: “Cuanto mayor es el grado de afectación -intervención.no es idónea. conformado por personas que pretenden ascender y que postulan a la magistratura. Se trata de una bonificación otorgada para abogados que han cursado el programa de formación académica y magistrados titulares. si la intervención en la igualdad -el trato diferenciado. consistirá en una comparación entre el grado de realización u optimización del fin constitucional y la intensidad de la intervención en la igualdad. por el contrario.26/7/2017 00045-2004-AI En consecuencia.1 LA INTERVENCIÓN EN EL PRINCIPIO IGUALDAD 42. La disposición impugnada reconoce el otorgamiento de una bonificación de hasta un 10% del total del puntaje obtenido. Por esto. Si aun en este caso. La proporcionalidad en sentido estricto o ponderación (Abwägung). A este grupo. mientras que el principio.al principio de igualdad. Por el contrario. 43. tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”. http://www. la ponderación en los casos de igualdad supone una colisión entre el principio-derecho igualdad y el fin constitucional del tratamiento diferenciado. La [19] comparación de estas dos variables ha de efectuarse según la denominada ley de ponderación . en el supuesto de que la intensidad de la afectación en la igualdad sea mayor al grado de realización del fin constitucional. aquí. Conforme a ésta: “Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio. tal intervención es de menor intensidad que la adoptada por el legislador. si del análisis resulta que (1) existe al menos un medio hipotético igualmente idóneo que (2. el trato diferenciado superara el examen bajo este principio. La disposición impugnada establece: “Los magistrados titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público que postulen al cargo inmediatamente superior. 40. consiste en determinar si el tratamiento distinto establecido por la disposición legislativa impugnada puede considerarse como una “intervención” en el derecho a la igualdad. Los subprincipios de idoneidad. como una intervención en la prohibición de discriminación. Si esta relación se cumple. Como se aprecia. incluso. §5. se ha de examinar la idoneidad de la intervención. la intervención en la igualdad habrá superado el examen de la ponderación y no será inconstitucional. Forma de aplicación. será inconstitucional. hay dos elementos: la afectación –o no realización– de un principio y la satisfacción -o realización.html#_ftnref9 14/24 . tendrán una bonificación de hasta un 10% (diez por ciento) del total del puntaje obtenido”. Primero. necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación han de aplicarse sucesivamente. Proyectada la ley de ponderación al análisis de la intervención de la igualdad. tanto mayor ha de ser el grado de optimización o realización del fin constitucional”. El problema. interviniendo.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI. si el trato diferenciado -la intervención. proyectada al análisis del trato diferenciado. Por tanto.fuera idóneo. corresponderá someterlo a examen bajo el principio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. esto es. EXAMEN DE LA DISPOSICIÓN A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD §5. abogados (en ejercicio liberal de la profesión e. se le asigna la mencionada bonificación. La norma comprende dos grupos de destinatarios: por un lado. así como aquellos postulantes que hayan cursado el programa de formación académica.es el fin constitucional. por otro. En el caso de la igualdad es ésta el principio afectado o intervenido. entonces.2). Será designado como Grupo A.1) no interviene en la prohibición de discriminación o que (2. 41.gob. como se afirmó. Se establece aquí una relación directamente proporcional según la cual: cuanto mayor es la intensidad de la intervención o afectación de la igualdad. magistrados suplentes y provisionales) que postulan a la magistratura y han seguido el programa de formación académica. entonces. entonces. la intervención en la igualdad no estará justificada y será inconstitucional. entonces. magistrados titulares que ya son miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público que pretender ascender en la carrera. no corresponderá examinarlo bajo el subprincipio de necesidad. tanto mayor ha de ser el grado de realización u optimización del fin constitucional.tc. derecho o bien constitucional a cuya consecución se orienta el tratamiento diferenciado -la “afectación de la igualdad”. Proporcionalidad en sentido estricto. la ley habrá infringido el principio- derecho de igualdad y será inconstitucional. se procederá a su examen bajo el subprincipio de necesidad.del otro.
Tal intervención favorece al Grupo A. postulantes a estos cargos con PROFA y. de Vocal o Fiscal Supremo. c). (2). En este contexto. para el cargo de Vocal o Fiscal. Dicho trato diferenciado no concierne a los requisitos de los postulantes. con PROFA. Los primeros miembros de cada par forman parte del Grupo A y los segundos del Grupo B. por ejemplo. Sin embargo. incluso. a la carrera judicial. por otro: aspirantes al cargo de Vocal o Fiscal Supremo. las personas del Grupo A tienen mayor posibilidad de éxito de acceder al ejercicio del cargo de magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público. 10%. (2). Debido a la bonificación. Ahora bien. Este grupo está conformado por: a) magistrados titulares que pretenden ascender. De modo diferente. conduce a que aquella tenga mayor posibilidad de acceder a la magistratura. En consecuencia. postulantes con PROFA frente a postulantes sin PROFA. una mayor posibilidad de acceder al cargo de magistrado. Se trata. o de Vocal o Fiscal Superior. La relevancia de esta disección radica en que permite identificar los concretos grupos de destinatarios de la disposición diferenciadora para. La intervención representa aquí el “medio” adoptado por el legislador y que será objeto de análisis conforme al principio de proporcionalidad. es decir. ¿es discriminatoria la concesión de la bonificación a magistrados titulares y postulantes con PROFA. con respecto a postulantes sin PROFA? Adviértase que este último problema exige tratar de modo separado el trato diferente entre (1) magistrados titulares frente a postulantes sin PROFA y. b). la intervención en el principio-igualdad consiste en una bonificación que otorga una mayor calificación de las personas del Grupo A respecto a las Grupo B. este segundo grupo de “postulantes” comprende varios subgrupos: a) quienes postulan a la carrera de la magistratura desde el nivel inicial de Juez o Fiscal y b) quienes postulan al cargo de Vocal o Fiscal Superior. han alcanzado ambos 70 puntos sobre 100. magistrados suplentes y provisionales) que también postulan a la magistratura. No obstante. respecto a aquellos sin PROFA?. ocasionaría concretamente un incremento en 0. así.7 ó 0. el primer problema inquiere únicamente acerca del trato diferente entre postulantes con PROFA frente a postulantes sin PROFA. A este segundo conjunto de personas denominaremos Grupo B. está conformado por abogados (en ejercicio liberal de la profesión e. b).35 punto de la persona del Grupo A respecto a la otra.5 %. o. este supuesto es parecido al segundo antes mencionado. puede reconducirse a él. de una intervención de intensidad gravísima en el derecho de estas personas. En síntesis. Superior o Supremo.html#_ftnref9 15/24 . se tendría dos pares de grupos cuyo trato diferente habría de examinarse: (1) magistrados titulares frente a postulantes sin PROFA.tc. La persona del Grupo A obtendría 70. en cuyo caso -para volver al ejemplo citado-. Represéntese el caso extremo donde. en detrimento del Grupo B? http://www. 46.35 puntos a causa de la bonificación mientras que la persona del Grupo B permanecería con los 70 puntos. quedarán postergadas. 7 puntos de aventajamiento respecto a la persona del Grupo B. Este aventajamiento se incrementa si la bonificación concedida es mayor. postulantes a estos cargos sin PROFA. respectivamente. luego de la calificación total. el resultado de este aventajamiento es simplemente que las personas del Grupo A podrán acceder al cargo de magistrado o ascender. (2). pero que no han recibido el programa de formación académica (PROFA).7 ó 70.gob. termina siendo una condición que deja al margen a las personas del Grupo B. al que no se concede la bonificación. postulantes a la carrera de la magistratura sin PROFA. ¿es discriminatoria la concesión de la bonificación al Grupo A. Por lo tanto.7 o de 0.26/7/2017 00045-2004-AI El segundo grupo. 45. mientras que las del Grupo B. Se trata de la introducción de una condición relacionada a la calificación del postulante: la bonificación de hasta un 10% sobre la calificación total obtenida a personas del Grupo A. En este contexto. con respecto a las personas del Grupo B. postulantes con PROFA frente a postulantes sin PROFA. Por consiguiente. tendríamos. para acceder a la magistratura. por un lado: a) postulantes a la carrera de la magistratura con PROFA y. sino a su calificación. la persona del Grupo A alcanzaría un total de 77 puntos. El rasgo común entre los componentes del Grupo A y del Grupo B reside en que se trata de abogados postulantes al cargo de magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público. ¿Cuál es la consecuencia de este trato diferenciado? El efecto de ello es la ventaja de las personas del Grupo A con respecto a las del Grupo B. De esta forma se tiene dos problemas concretos: (1) ¿es discriminatoria la concesión de la bonificación a postulantes. precisar en qué consiste la diferencia en cada uno de ellos. así. Supóngase que dos personas. 44. ¿En qué consiste aquí la intervención en el principio derecho de igualdad? En el caso la intervención consiste en la introducción de un trato diferenciado en los destinatarios de la norma. la asignación de un 1% ó 0.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI. en base a la bonificación. el aventajamiento en 0. Lo que prima facie constituye sólo una bonificación. una del Grupo A y otra del Grupo B.35 punto. por ello.
ha afirmado que “La Ley N.)” (fojas 78). Como se aprecia. corresponde ahora determinar la finalidad del tratamiento diferenciado. en cuanto requisito para la postulación al cargo de magistrado. El Congreso.º 27466. 50.º 27466.º 27368 –modificatoria también de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura– (artículo 3º).” Esta mención en el Dictamen permite advertir que la finalidad de la asignación de la bonificación cuestionada no tuvo una consideración específica. Por otra parte. un medio para la optimización del derecho a la tutela jurisdiccional y de la potestad de administrar justicia.. 49.tc. en cuanto el asunto objeto de examen no concierne a la ratificación. carece de una justificación específica que se halle consignada en el Expediente Público de dicha Ley. en el Dictamen de la Comisión de Justicia. deroga una disposición de la Ley Orgánica de la Academia de la Magistratura (artículo 5º) y regula otros aspectos concernientes a formación.º 27368. Esta interpretación se corrobora si se observa el Expediente Público de la Ley N. Determinada la intervención en la igualdad que concretamente se produce en el caso. un medio a través del cual se pretende la realización del principio de independencia (artículo 139°. publicada el 30 de mayo de 2001. Para determinar la finalidad del trato diferente de la disposición impugnada ha menester inquirir acerca de la ratio de la Ley en la que está inspirada.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI. que modifica la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Ley N. se advierte que “es necesario y urgente acabar con la [20] provisionalidad de Jueces y Fiscales en el Poder Judicial y en el Ministerio Público” . en cambio. sino que se remitió a la que ya había inspirado a la disposición a la que modifica (Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Ley N.. establece diversos aspectos concernientes al proceso de ratificación (artículo 2º. dada para solucionar el exceso de provisionalidad en el Poder Judicial y el Ministerio Público.2 EL FIN DEL TRATAMIENTO DIFERENTE 47. La provisión de magistrados es. tomando en cuenta la remisión antes señalada. 48. La finalidad no es necesariamente la misma. http://www.º 27466 donde. En el citado Dictamen se afirma que la propuesta de la bonificación se da “de conformidad con la [21] Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Ley N. La Ley N. deroga y modifica Disposiciones Transitorias y Finales de la Ley N.º 27368. La incorporación de magistrados está orientada a la satisfacción del derecho a la tutela jurisdiccional (desde el punto de vista subjetivo) y la potestad de administrar justicia (desde el punto de vista objetivo). La provisionalidad de la judicatura es el problema que pretende ser enfrentado por el legislador a través de la modificación de aspectos que posibiliten un procedimiento más expeditivo para la incorporación de magistrados así como para su ratificación. en la contestación de la demanda. como la regulación del Convenio entre Academia de la Magistratura y Universidades (artículo 4º).º 27466 es una norma de naturaleza temporal. La ratificación de magistrados es. modificación relativa a la ratificación –artículo 1º–). concluyéndose seguidamente en la conveniencia de excluir la acreditación del PROFA. el conjunto de materias abordadas están orientadas a posibilitar el nombramiento y ratificación de magistrados. Es dentro de este contexto finalístico donde ella debe entenderse. La ocassio legis es el de una presencia importante de magistrados provisionales. Estos fines constitucionales no podrían ser cumplidos o realizados si no se incrementara el número de magistrados. El artículo 3º de la Ley N. Lo anterior permite advertir la finalidad de la Ley de la que forma parte la disposición impugnada.26/7/2017 00045-2004-AI §5. la ratio de la disposición a la que modifica podría dar alguna explicación al respecto.html#_ftnref9 16/24 . Sin embargo. De acuerdo a esto queda sin precisar cuál fue la finalidad o la razón por la cual se asignó la bonificación a postulantes con PROFA. inciso 2 Constitución). Se trata de la incorporación de magistrados en una situación de provisionalidad que urgía una atención inmediata. 1ª y 2ª Disposición Final y Transitoria). esta finalidad debe ser excluida del análisis. El medio adoptado por el legislador es la flexibilización de requisitos. deja en suspenso y modifica determinados artículos de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (suspensión del requisito del PROFA para postulación a magistrado.º 27368).gob. (. así. El problema consiste aquí en determinar si el tratamiento diferente que la ley ha configurado respecto a dos grupos de destinatarios tiene o promueve un objetivo y un fin constitucional.
es que los egresados de la misma cuenten con una bonificación en el puntaje de los procesos de selección de magistrados. al esclarecimiento del examen de proporcionalidad. “si los jueces no están instruidos y no son especialistas en temas de función jurisdiccional. Por esta razón tienen que ser considerados como dos fines mediatos distintos. de modo tal que los “egresados de la misma cuenten con una bonificación en el puntaje de los procesos de selección de magistrados”. cursiva del Tribunal Constitucional). “es razonable que esa previsión constitucional de aseguramiento de magistrados idóneos se vea reforzada mediante la bonificación de un 10% sobre el puntaje total obtenido (. En la contestación de la demanda se afirma.)” (fojas 73. en relación a la profesionalización de los aspirantes. cursiva del Tribunal Constitucional). El Congreso estima que en la medida que la finalidad de la disposición cuestionada es garantizar la idoneidad de magistrados y que. La finalidad. En resumen. no la ejercerían en forma idónea” (fojas 74. Sin embargo. 53. Este Proyecto legislativo no cuenta.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI. por un lado. sin embargo.. que la “finalidad de la norma” es “asegurar que los magistrados tengan una formación adecuada” (énfasis del Tribunal Constitucional). esta disposición en el texto articulado. luego. la misma que conduciría a la idoneidad judicial. numeral 6.donde se incluye la mencionada bonificación en los mismos términos al comprendido en la Cuarta disposición Final y Transitoria. Así las cosas. son dos conceptos diferentes. De ésta alguna referencia se puede obtener. Instrucción o formación.únicamente para magistrados que ascendían.2. En consecuencia. cursiva del Tribunal Constitucional). hay que entender. el Congreso ha sostenido una tesis distinta.26/7/2017 00045-2004-AI En efecto. He aquí el objetivo de dicho tratamiento.html#_ftnref9 17/24 . El Proyecto del Consejo no incluye. Sería así la búsqueda de un criterio de justicia el que justificaría la asignación de la bonificación. En concepto del Congreso. la Academia de la Magistratura tiene como función la formación y capacitación de jueces y fiscales “para efectos de su selección”. en relación a la formación. por otro. a continuación afirma que “resulta necesario profesionalizar la magistratura” (fojas 74 a 75. sería sin embargo. cursiva del Tribunal Constitucional). con una exposición de motivos que justifique tal Disposición.. así. así concebida. La conformación de una judicatura con tales características constituye. la ratio de la función de la Academia de la Magistratura sería garantizar la “idoneidad” de la magistratura.)” tanto a magistrados que ascienden y postulantes con PROFA (fojas 75). el tratamiento diferenciado tendría como finalidad la conformación de una judicatura con formación adecuada y especializada. por ello. 51. Como se aprecia. diríase: la bonificación cuestionada optimiza la idoneidad de la magistratura en cuanto fin http://www.” (Apartado 3. manifiesta que “no se puede entender un Estado de derecho si el Poder Judicial no funciona bien. se deba a la remisión que se efectúa al respectivo Reglamento.º 27368 se advierte que ella tuvo como origen un Proyecto presentado por el Consejo Nacional de la Magistratura junto con otros. es en el Proyecto presentado por Congresistas –posterior al del Consejo. sin embargo. hay que entender que la expresada en el Proyecto del Consejo de la Magistratura fue adoptada también por el legislador de entonces. el estado de cosas pretendido a través del tratamiento diferenciado. Para el Congreso. evitar que el curso del PROFA carezca de consecuencia alguna en el puntaje del proceso de selección debido a que durante ese periodo el requisito del PROFA se hallaba suspendido. así. De modo diferente. si de conformidad con el artículo 151º de la Constitución.gob. 52. con abogados aspirantes con formación (…)” (énfasis del Tribunal Constitucional). No existiendo una justificación expresa del legislador..tc. La idea es entonces la conformación de una judicatura “instruida” y “especializada”. Es justamente el Proyecto del Consejo donde se fundamenta la adjudicación de una bonificación en los siguientes términos: “Finalmente. en concepto del Congreso. el cual puede ser establecido en el Reglamento respectivo. Del estudio del Expediente Público de la Ley N. la bonificación “reforzaría” esa finalidad. cuando. La finalidad sería. en el Expediente Público de la Ley N.. y especialización. que “la especialización viene dada por la Academia de la Magistratura”. Esta misma idea ha sido expresada por el Procurador del Congreso en la Audiencia Pública. una manera operativa para que no resulta inútil la formación que brinde la Academia de la Magistratura. lo cual. la “finalidad” que justifica la “desigualdad” reside en “garantizar la excelencia en el ejercicio de la carrera de los jueces y fiscales y el acceso a dichos cargos por quienes se encuentran debidamente preparados para iniciar la carrera judicial (.º 27368 se encuentra una referencia a la disposición impugnada en su versión originaria que concede la bonificación –“no menor del 10%”. El objetivo del trato diferenciado a postulantes con PROFA. se advierte que la finalidad de la disposición de la bonificación fue “para que no result[e] inútil la formación que brinde la Academia de la Magistratura”. muy genérica y no aportaría. El fin o finalidad del tratamiento diferenciado a postulantes con PROFA.
Corresponde analizar entonces: (1) si la bonificación concedida a postulantes con PROFA es un medio conducente a la conformación de una judicatura preparada.3 EXAMEN DE LA IDONEIDAD DEL TRATAMIENTO DIFERENTE A MAGISTRADOS 55. refiriéndose a la bonificación a magistrados.y el objetivo. ha de preguntarse: ¿Hay una relación de causalidad entre el favorecimiento al Grupo A. Corresponde ahora dilucidar si.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI. a postulantes que no son magistrados se exige un periodo mayor en sus respectivas actividades (ejercicio libre de la abogacía o cátedra universitaria): quince años. Según lo anterior. En este supuesto. lo cual estaría justificado en la prosecución del principio idoneidad de la judicatura. en cuanto objetivo del trato diferenciado. si existe una relación entre la conformación de una judicatura con experiencia (objetivo) y la idoneidad de la judicatura (fin). hay idoneidad entre el objetivo y el fin. Evidentemente.26/7/2017 00045-2004-AI constitucional implícito al artículo 151º de la Constitución. la experiencia desempeña un rol trascendente en el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. al haber la Constitución instituido la Academia de la Magistratura. Es decir. sino además a una calidad óptima de ésta. Superior o Supremo. el carácter implícito de este principio en el ordenamiento constitucional. un medio conducente a la conformación de una judicatura con experiencia. La promoción de magistrados para el ascenso conduce evidentemente a la conformación de una judicatura provista de experiencia.gob. Respecto a la bonificación otorgada a magistrados para el ascenso con respecto al grupo de postulantes a Vocal o Fiscal. De modo diferente. (2). 58. Este mismo criterio ha sido reafirmado en la Audiencia Pública por parte del Procurador del Congreso.) y a la potestad de administrar justicia encomendada al Poder Judicial (artículo 138º. entre otros aspectos. inciso 3. tendríamos que el objetivo sería la conformación de un estado de cosas: la instauración de una judicatura con formación adecuada y especializada.tc. En efecto. el derecho a la tutela jurisdiccional no sólo significa el acceso a la protección jurisdiccional. Es decir. o no. si la bonificación concedida a magistrados (para el ascenso) es conducente a la conformación de una judicatura experimentada. La idoneidad de la magistratura aparece aquí como un principio implícito al artículo 151º de la Constitución. apareciendo así ésta como un principio implícito de la Constitución. La ratio de esta distinción parecería indicar que el propio Constituyente ha valorado la experiencia judicial como un elemento de mayor valor respecto a la experiencia en el ejercicio libre o en la cátedra universitaria para la magistratura. Es decir. Esta conclusión debe empero ser http://www. la idoneidad de la magistratura. Esto se infiere de la propia Constitución cuando establece. El objetivo y el fin del trato diferenciado a magistrados. Pero. §5. corresponde inquirir ahora por su idoneidad. ello supone la adopción de un medio para garantizar la idoneidad de la magistratura. como elemento fundamental. condición que. con experiencia -magistrados titulares-. presupone. sería la experiencia de los magistrados la que posibilitaría la idoneidad de la magistratura. sostuvo: “este grupo tiene experiencia en tanto que los magistrados ya han participado de la carrera en la magistratura y al igual que los fiscales tienen ya una cuota de experiencia en la resolución de conflictos”. En efecto. la finalidad estaría constituida por la idoneidad judicial en cuanto fin constitucional a cuya prosecución se justifica el estado de cosas pretendido en el objetivo del trato diferenciado. 1er párrafo).html#_ftnref9 18/24 . mientras que a los postulantes con PROFA se les reconoce la bonificación justificada en la preparación especializada que reciben (PROFA). además. se deriva de que él es inherente al derecho a la tutela jurisdiccional (artículo 139°. Indudablemente. sin PROFA. Hay desde esa perspectiva idoneidad entre el trato discriminatorio -intervención. inciso4). Const. el de haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años (artículo 147°. 1er párrafo. 57. el estado de cosas pretendido. con respecto al Grupo B para la conformación de una judicatura experimentada (objetivo)? El análisis de causalidad medio-fin debe elaborarse aquí sobre premisas empíricas. además. magistrados adiestrados en la función jurisdiccional como consecuencia de una permanencia relativamente dilatada en el tiempo en dicha actividad. Establecidos el objetivo y la finalidad del trato diferente. el Congreso ha argumentado en su contestación que ello se justifica también en que la idoneidad de la magistratura se alcanza a través del ascenso de jueces con experiencia (fojas 72 y siguientes). entre los requisitos para ser Vocal de la Corte Suprema. Procede examinar ahora si el favorecimiento a magistrados frente a postulantes no magistrados constituye. es la conformación de una judicatura con experiencia. 54. 56. En cuanto a la idoneidad del medio con el objetivo.
Por otra parte. Un tratamiento discriminatorio en función de la experiencia no es conducente a la consecución de la idoneidad de la magistratura. Los medios alternativos. la formación de magistrados es conducente a la conformación de una judicatura de tal naturaleza. el de idoneidad de la judicatura. Se trata de un especial requisito para la más alta instancia del ejercicio de la magistratura (Vocales y Fiscales Supremos) que. la adopción de este medio no ocasiona una intervención en el principio-derecho de igualdad. el tratamiento diferenciado no supera el test de necesidad. El objetivo de este tratamiento diferenciado. La experiencia judicial constituye un elemento que puede contribuir a la idoneidad judicial. Por el contrario. sin PROFA. ¿Es conducente el favorecimiento de postulantes con PROFA. al de la segunda instancia –Vocales y Fiscales Superiores–. es la conformación de una judicatura con formación adecuada y especializada. por tanto. el nexo no es del todo exacto.26/7/2017 00045-2004-AI relativizada. Superado el examen de idoneidad. b).tc. En efecto. empero. Evidentemente. La sola experiencia judicial no conduce necesariamente o. es el pregrado la fase sustancial y de mayor importancia en la formación jurídica. el nexo no es contingente. §5. Tal capacitación puede darse una vez que el postulante ya ha ingresado a la magistratura. El objetivo de la conformación de jueces con experiencia puede realizarse a través de la implementación de una preparación específicamente orientada a suministrar aspectos específicos que la experiencia judicial provee. entre otros. alcanzarse la conformación de una judicatura con experiencia. por definición.5 EXAMEN DE LA IDONEIDAD DEL TRATAMIENTO DIFERENTE A POSTULANTES CON PROFA 64. por otra parte.4 EXAMEN DE LA NECESIDAD DEL TRATAMIENTO DIFERENTE A MAGISTRADOS 60. La formación jurídica comprende la que se presta en la del nivel de pregrado como en la de postgrado. procede. En consecuencia.html#_ftnref9 19/24 . no puede ser proyectada a magistrados de instancias menores. en igualdad de condiciones. 63. 59. debe advertirse que el proceso de “formación” es mucho más amplio que el provisto por una capacitación postuniversitaria. por tanto.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI. 62. igualmente. Por esto. Tanto magistrados como postulantes que no tienen tal condición pueden. Sin embargo.gob. conforme se analizó precedentemente. La ratio se circunscribe a explicar un requisito de esta específica instancia judicial. sino totalmente exacto entre judicatura debidamente preparada e idoneidad judicial. Sin embargo. para la conformación de una judicatura preparada (objetivo)? 65. puede concluirse afirmativamente en el sentido de que existe idoneidad entre el tratamiento diferenciado y el fin consistente en la consecución de la idoneidad judicial. pero se trata de un vínculo contingente. con respecto a los que carecen de él. de hacerlo. 61. §5. sin embargo. Corresponde ahora examinar el trato diferenciado entre postulantes con PROFA y postulantes sin PROFA ¿Hay una relación de causalidad entre el favorecimiento al Grupo A. con PROFA. a la idoneidad. La idoneidad puede prescindir de experiencia judicial. la finalidad viene a ser la idoneidad judicial en cuanto fin constitucional a cuya prosecución se justifica el estado de cosas pretendido en el objetivo. aún cuando una judicatura experimentada no es el único elemento que puede conducir a la realización de la idoneidad judicial. la afectación reviste menor intensidad que la del cuestionado. si tales medios no afectan el principio de igualdad o. a la conformación de una judicatura con formación adecuada? La respuesta es afirmativa. ahora. Evidentemente. dos aspectos han de analizarse bajo este principio: a) si existen medios alternativos igualmente idóneos para la realización el objetivo y. lo cual no implica negar que los estudios ulteriores a los universitarios contribuirán al perfeccionamiento y profundización de la formación jurídica. Conforme se precisó. 66. el medio adoptado no debe ser discriminatorio. representa un medio que. ascender o postular a la magistratura y puede. el legislador es libre de optar por cualquier medio conducente a la realización u optimización de un bien o principio constitucional como. no extensiva. con respecto al Grupo B. Si por formación se entiende el http://www. examinar el tratamiento diferenciado a la luz del subprincipio de necesidad. en este caso. puede conducir al mismo.
La formación brindada por la Academia está orientada justamente al adiestramiento del abogado en el ejercicio de la función jurisdiccional. además. La conformación de una judicatura formada y especializada puede alcanzarse a través de la implementación del curso del PROFA. en cuanto objetivo. el PROFA puede extenderse a abogados que ya han ingresado a la carrera judicial –en cualquier nivel. reprodujo el contenido de la disposición legal que este Tribunal Constitucional ha estimado inconstitucional. más bien. En efecto. la presunción de constitucionalidad de la ley conduce a que se estime que el trato diferenciado guarda un vínculo de idoneidad con la conformación de una judicatura adecuadamente formada (objetivo). CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS INFRALEGALES 71. Justamente. no es necesario acudir a un tratamiento contrario a la igualdad como el cuestionado. el “Reglamento de Concurso para la selección y nombramiento de jueces y fiscales y balotario” expedido por el Consejo Nacional de la Magistratura. La conformación de una judicatura adecuadamente formada conduce a la realización del principio de idoneidad judicial. es conducente a la realización del principio de idoneidad judicial. sea indispensable la adopción del trato diferenciado cuestionado. Para cumplir este cometido. en vía de principio. entonces: a) la existencia de medios alternativos igualmente idóneos para la realización del objetivo y. una formación ulterior a la universitaria puede contribuir a la conformación de una judicatura adecuadamente formada. Si se pretende alcanzar una judicatura formada y especializada. infringe el principio derecho de igualdad.html#_ftnref9 20/24 . el tratamiento diferenciado examinado ha superado el examen bajo el subprincipio de idoneidad. Como se advirtió en el Fundamento N. Superado el examen de idoneidad corresponde. no se trata de una formación general cuando.º 15 de la presente sentencia. Los medios alternativos. en tal http://www.26/7/2017 00045-2004-AI aprestamiento en una actividad profesional determinada.es así conducente a la conformación de una judicatura especializada. 67. El legislador disponía. al menos. empero.6 EXAMEN DE LA NECESIDAD DEL TRATAMIENTO DIFERENTE A POSTULANTES CON PROFA 69. si ellos no afectan el principio de igualdad.a través del proceso de inconstitucionalidad? Adviértase que la cuestión planteada se refiere al control “abstracto” de constitucionalidad de la norma de jerarquía infralegal. por lo tanto. a la conformación de una judicatura especializada? El concepto de especialización es muy específico. el fin. de un adiestramiento en una actividad determinada. sin que para ello. 68. Ha de analizarse. El favorecimiento de postulantes con PROFA –el tratamiento diferenciado.gob. la conformación de una judicatura especializada. de un medio alternativo igualmente idóneo al empleado que no contravenía la igualdad. No obstante. Ahora bien. Por el contrario. antes de iniciar sus labores los magistrados incorporados podrían recibir la formación y especialización. §5. ¿Existe una relación de idoneidad entre el objetivo –la judicatura adecuadamente formada. La conformación de una judicatura adecuadamente formada y especializada puede alcanzarse a través de un medio que no implica la intervención en la igualdad. ahora. 70. En consecuencia. la disposición cuestionada no supera el examen bajo el subprincipio de necesidad y. examinar el tratamiento diferenciado a la luz del subprincipio de necesidad. En consecuencia. puede afirmarse que. este cometido puede realizarse a través de una vía que no suponga la adopción del medio aquí cuestionado. el control concreto de constitucionalidad de una norma infralegal por parte del Tribunal Constitucional no plantea problema alguno debido a que ella deriva del poder-deber de control de inaplicabilidad que habilita la Constitución (artículo 138°. ¿Es conducente el favorecimiento de postulantes con PROFA.y han de iniciar el ejercicio de su función jurisdiccional. con respecto a los que carecen de él. Aun cuando el vínculo no resulta del todo evidente. el medio aquí planteado es igualmente idóneo al examinado y. el tratamiento diferenciado habría superado el examen del principio de idoneidad. no ocasiona una intervención en la igualdad. b). D. 72. En consecuencia.y la finalidad –idoneidad judicial–? La respuesta es también afirmativa. En suma. 2do párrafo) a los “jueces” y. ella se adquiere esencialmente durante los estudios universitarios.tc. ¿Puede el Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma de jerarquía infralegal –como el citado Reglamento.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI.
la relación entre Ley y Reglamento de desarrollo-. Según esta disposición. De conformidad con la Constitución. La declaratoria de inconstitucionalidad de la “norma-fin” trae como consecuencia la inconstitucionalidad de la “norma-medio”. es también inconstitucional y. 73. Sin embargo. CPconst). Por su parte. Según esto. Ley sobre una materia específica) a la que pertenece la norma impugnada. sino también entre las que ostentan diferente jerarquía –v. así. sea de jerarquía legal o infralegal. (…)” (Artículo VI). pues no establece que la extensión de inconstitucionalidad hacia otras normas tenga que circunscribirse a las que se encuentran en el “mismo cuerpo normativo”. con respecto a todo norma infraconstitucional. el control abstracto de constitucionalidad de las normas con jerarquía de ley se efectúa a través del proceso de inconstitucionalidad (artículo 200°. si una norma inconstitucional por extensión se encuentra fuera del cuerpo normativo al que pertenece la norma impugnada. corresponderá también su declaratoria de inconstitucionalidad.html#_ftnref9 21/24 . Dicho proceso es de competencia del Poder Judicial (Artículo 85. Por su parte. resulta lógico que aquella. Una precisión adicional es que la disposición procesal citada no establece que la norma a la que se extiende la inconstitucionalidad tenga que ser de la misma jerarquía de la que es declarada inconstitucional. cuando de lo que se trata es del control “abstracto” de constitucionalidad de las normas infralegales. 75. Dicho proceso es de competencia del Tribunal Constitucional (artículo 202°. donde el contenido de una norma resulta instrumental en relación a otra. el Juez debe preferir la primera. la alusión al concepto “consecuencia” supone una relación de causalidad.gr. desde una perspectiva más general: que el régimen de una materia dispuesto en una norma es complementado. para emplear la dicotomía disposición-norma frecuentemente empleada por este Tribunal. Es en este sentido que el CPConst ha establecido que “Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía.tc. La advertencia de este aspecto adquiere singular relevancia si se advierte que las relaciones de conexidad y de consecuencia entre las normas no se producen únicamente entre normas de la misma jerarquía. la norma a la que se extiende la inconstitucionalidad no se restringe a las que se encuentran en el mismo cuerpo normativo (Código. en cambio. La relación de instrumentalidad que una norma tiene respecto a otra supone una relación de medio-fin. 74. el Tribunal Constitucional sí puede efectuar el control abstracto de constitucionalidad de una norma de jerarquía infralegal y. por lógica consecuencia. estas relaciones pueden entenderse del siguiente modo. así. inciso 5). En tal supuesto. 78. “La sentencia que declare la ilegalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada. debe declararse su inconstitucionalidad. Los supuestos en los que la declaratoria de inconstitucionalidad ha de extenderse a otras normas son.26/7/2017 00045-2004-AI sentido. Prima facie y sin perjuicio de ulteriores precisiones que ha de efectuarse en la jurisprudencia de este Tribunal. las normas a las que puede extenderse la inconstitucionalidad son las que pertenecen a nuestro ordenamiento jurídico en su integridad. dos: conexidad y consecuencia. por tanto. O.gob. el Tribunal Constitucional está prohibido del control abstracto de constitucionalidad de las normas de jerarquía infralegal debido a que el proceso constitucional establecido para tal efecto está reservado al Poder Judicial. cuando ella es también inconstitucional “por conexión o consecuencia” con la norma de jerarquía legal que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional. con total prescindencia de si ellas hacen parte o no del mismo cuerpo normativo de la norma impugnada. declarará igualmente la de aquella otra a la que debe extenderse por conexión o consecuencia”. si se prefiere. inciso 1). la que desempeña el rol de medio deviene también inconstitucional. se trata de dos “disposiciones” que http://www. inciso 4). 76.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI. La relación de conexidad entre normas consiste en que el supuesto o la consecuencia de una de ellas es complementada por la otra. 77. al reproducir el contenido inconstitucional de la norma impugnada. en la cual si la que desenvuelve el rol de fin es declarada inconstitucional. Distinto es. precisado o concretizado por otra. En sentido exacto. En este contexto. Existe empero un supuesto distinto consistente de relación entre normas en las que una redunda. al Tribunal Constitucional. reitera o reproduce la enunciada por otra que es la declarada inconstitucional. el control abstracto de constitucionalidad y legalidad de las normas de jerarquía infralegal se realiza a través del proceso de acción popular (Artículo 200. De conformidad con el artículo 78° del CPConst. pronunciarse sobre su validez constitucional. Esta circunstancia puede imponer que la constatación de la extensión de la inconstitucionalidad tenga que proyectarse a normas de jerarquía inferior. Por lo tanto.
Resulta contrario a este principio permitir la presencia de una disposición que reproduce o contiene otra que está siendo declarada inconstitucional. contiene dos disposiciones relacionadas con la norma que este Tribunal ha considerado inconstitucional. pronunciarse sobre su validez constitucional cuando ella reproduce el vicio de inconstitucionalidad –la infracción de la Constitución. Ahora bien. no cabe duda de que inconstitucional será también. En efecto. 83. Según este. aunque este supuesto no se halla comprendido en sentido estricto por el artículo 78° del CPConst. El citado artículo 78° constituye una excepción al principio procesal de congruencia.de la norma de jerarquía de ley que es declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. además. En este supuesto. “(. ésta última modificada por la Ley N. sea con forma de ley. Es incoherente que después de haberse constatado la inconstitucionalidad de una norma. sí es posible. 82.º 28164” (cursiva del Tribunal Constitucional). como acertadamente se ha afirmado. se permita la presencia de otra disposición que reproduce el mismo contenido de la norma declarada inconstitucional. se remiten a la Comisión para que elabore el correspondiente cuadro de calificaciones. las normas que lo conforman deben integrarse armónicamente y. 84. pero si el objeto del control abstracto puede ser extendido por el Tribunal a comprender normas distintas a la impugnada y declarada inconstitucional. sino una relación de identidad. el principio de coherencia del ordenamiento jurídico. del que resulta el promedio final. a fortiori. 80. ha de admitirse la expulsión de otras normas que tienen el mismo contenido que la declarada inconstitucional. el imperativo de no contradicción impone un mandato de coherencia entre las normas del ordenamiento. Aquí. en el supuesto analizado se trata sólo de una reproducción o redundancia de una norma que ya ha sido declarada inconstitucional. desde su literalidad. a su vez. el principio de coherencia.html#_ftnref9 22/24 . por el mismo motivo. al que se adiciona si corresponde el porcentaje de las bonificaciones dispuestas por las Leyes 27466 y 27050. se dan entre normas “diferentes”.gob. así. El cuadro de calificaciones comprende: los promedios parciales de cada una de las etapas. en cuanto la declaración de inconstitucionalidad es respecto de la norma. todas las disposiciones que la enuncien o reproduzcan deben ser también declaradas inconstitucionales. el Tribunal Constitucional sí puede efectuar el control abstracto de constitucionalidad de una norma de jerarquía infralegal y. entre la norma declarada inconstitucional y la otra que reproduce su contenido no existe relación de conexidad o de consecuencia. así.). Abona esta postura. Las relaciones de conexidad o de consecuencia presuponen por definición la existencia de normas “distintas”. http://www.. Por el contrario. He aquí. no cabe hablar de que entre la disposición que enuncia la norma inconstitucional y la que la reproduce exista una relación de conexidad o de consecuencia. El mencionado “Reglamento de Concurso para la selección y nombramiento de jueces y fiscales y balotario” expedido por el Consejo Nacional de la Magistratura. en los términos antes expuestos. sea con forma de reglamento” . 81. entender que ella subyace a la ratio de dicha norma. primer párrafo. si ella habilita la expulsión de normas distintas a la declarada inconstitucional. Esto resulta de recibo debido a que: “Si lo declarado inconstitucional es un precepto cuyo contenido se reitera en el reglamento de desarrollo. por el contrario. La fuerza pasiva de la Constitución o capacidad de resistencia frente a la fuerza innovadora de las demás fuentes del ordenamiento se vería severamente disminuida si ella no se irradia en todas sus consecuencias. su declaración por el Tribunal Constitucional la expulsa del [23] ordenamiento jurídico allí donde se encuentre. Por estas razones. este supuesto no se encuentra comprendido por la disposición procesal antes mencionada. En este sentido. del principio de unidad del ordenamiento. Y es que. refuerza adoptar la misma conclusión el principio de supremacía constitucional (artículo 51°. con mayor razón esa consecuencia ha de proyectarse sobre otras disposiciones que reproducen el contenido de aquella. Este principio deriva.26/7/2017 00045-2004-AI expresan la misma norma. evitar contradicciones entre las mismas. Por último. Desde esta perspectiva. sino también sobre cualquier otra que tenga reproducido el contenido de aquella.) si la inconstitucionalidad se predica de la norma. El artículo 48º. no sólo sobre la disposición impugnada en el proceso de inconstitucionalidad. el o los correspondientes [22] artículos reglamentarios” ..tc. 79. establece: “Aprobados los promedios de las entrevistas personales por el Pleno del Consejo. Precisamente. Const.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI.
aunque en términos algo diferentes. Publíquese y notifíquese. un caso de conexidad. en consecuencia DECLARA INCONSTITUCIONAL: a) El artículo 3º de la Ley N. en el extremo que remite a la Ley N. De estas dos normas. in fine.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI. el Tribunal Constitucional. El porcentaje se acuerda por el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura en cada concurso” (cursiva del Tribunal Constitucional). si en el Reglamento se tiene dos normas –artículo 48°. así como aquellos postulantes que hayan aprobado el programa de formación de aspirantes ante la citada Academia. La inconstitucionalidad de esta norma se configura únicamente en el extremo que se remite a la norma inconstitucional. en el extremo que modifica la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Ley N.que establece el órgano del Consejo que ha de adjudicar la bonificación. La primera –todo el texto con excepción del que está en cursiva- que reproduce el contenido de la norma inconstitucional. FALLO Por estos fundamentos.º 27466. La segunda –el texto en cursiva. En consecuencia. modificada por el artículo 3 de la Ley N. primer párrafo. SS. 85.° 27466. 86. los magistrados titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público que postulen al cargo inmediato superior y acrediten haber aprobado el curso para el ascenso seguido ante la Academia de la Magistratura. y la Primera Disposición Final del “Reglamento de Concurso para la selección y nombramiento de jueces y fiscales y balotario” expedido por el Consejo Nacional de la Magistratura por Resolución N. en cambio. ellas también resultan inconstitucionales y. como tales.gob. 87. primer párrafo. Concretiza su contenido en la elaboración del cuadro de calificaciones. la primera constituye un supuesto de redundancia o reproducción de la norma inconstitucional. la Primera Disposición Final. Se trata de una relación de conexidad debido a que concretiza la norma inconstitucional al especificar el órgano que ha de adjudicar la bonificación inconstitucional.° 27466.° 989-2005-CNM. Esta relación de complementación y concretización que detenta con respecto a la norma inconstitucional configura el supuesto de conexidad. La Primera Disposición Final del Reglamento establece: “De conformidad con lo dispuesto en la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 27368.26/7/2017 00045-2004-AI Este artículo establece la aplicación de la norma inconstitucional remitiéndose a la misma.html#_ftnref9 23/24 . Esta disposición contiene dos normas.que reproduce el contenido de aquella. entonces. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO Declarar FUNDADA la demanda y. VII. b) El artículo 48°. Dispone la notificación a las partes y su publicación en el diario oficial El Peruano. la segunda.que guardan una relación de conexidad con la norma inconstitucional y otra norma –Primera Disposición Final. deben ser expulsadas del ordenamiento jurídico.° 27368 modificatoria de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.tc. tienen una bonificación de hasta el 10% (diez por ciento) sobre el total del promedio final a que se refiere el primer párrafo del artículo 48° del presente Reglamento. ALVA ORLANDINI BARDELLI LARTIRIGOYEN GONZALES OJEDA GARCÍA TOMA VERGARA GOTELLI LANDA ARROYO http://www.
“Artículo 40” (Comentario al). 151. FJ 5. Luis María. 2005. [12] A título de ejemplo puede verse la sentencia del Tribunal Constitucional alemán –Primera Sala. 2000. p. 10. Diez-Picazo. 2º párrafo. Milano. Madrid. 613. de Ernesto Garzón V. p.º 0048-2004-PI/TC. [14] BVerfGE 107. [4] Kelsen. Civitas S. Texto en versión PDF accesible en la Biblioteca Jurídica Virtual: www. 2º párrafo. Lothar “Die drei Argumentationsstrukturen des Grundsatzes der Verhältnismäβigkeit – Zur Dogmatik des Über und Untermaβverbotes und der Gleichheitssätze”. [23] Caamaño. Christoph “Gleichheitsrechtliche Verhältnismäβigkeit”. Delle Fonti del Diritto. p. [20] Dictamen de la Comisión de Justicia. p. “Legge (vicende della)”.tc. Madrid. 274 y ss. 1977. 669 y ss.VV.A. “El principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución española”. en Enciclopedia del Diritto. op.º 100-102. entre otras: SSTC de los Exp. Die Struktur der Verhältnismäßigkeit. 316-317). 145. [18] Clérico. [21] Dictamen de la Comisión de Justicia. Michael. Juan Luis (Coordinador) AA. último párrafo. Carlos. Del Foro Italiano. Madrid.g. Boletín Oficial del Estado. Artículo 1-9. Bologna. Francisco. entre otras. Mario. Brünning. CEPC. Laura. 37. Madrid. [6] Exp. 161. subrayado del Tribunal Constitucional. entre otras: Sentencia recaída en el Exp. 70. en Revista de Administración Pública. p.. 148 y ss. Tribunal Constitucional. 2001. p. El control de constitucionalidad de disposiciones reglamentarias. [7] Exps. 2002. . FJ 6. CEC. 292 (pp. Hans. Colegio de Registradores de la Propiedad. 28 y ss. N. p. nota a pie N.26/7/2017 00045-2004-AI [1] Cfr. [19] Alexy. Laura. pp. [22] Gómez Montoro.º 3. cit. [8] V. pp. 2004. FJ 6. Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales. N. p. V. 1277-2003-HC/TC. [17] Clérico. T. p. Giuffrè. en Juristen Zeitung. en el: “Expediente Público de la Ley N.. 649-2002-AA/TC. [13] Así. [9] V. Edit. 905. en su volumen: El derecho de los derechos. Ángel. FJ 5. p. Fundamentos N.º 0019-2005-PI/TC. http://www. Roma. Vol. 231. pp.° 0004-2004-AI/TC y otros (Acumulados).bibliojuridica. Baden-Baden. Robert. p.. Nomos Verlagsgesellschaft.. Zanichelli Edit. 1990. Bogotá.º 27466”. El texto original procede de 1928 (“La garantie juridictionnelle de la Constitution (La justice constitutionnelle)” en Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et a l’Étranger. [10] Alonso García. 1994. en Juristische Schulung. [15] Sobre la aplicación del principio de proporcionalidad al análisis de un trato discriminatorio. La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional). 2235-2004-AA/TC. N. 74. 1983.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI. segundo párrafo. Alessandro. en el: “Expediente Público de la Ley N. “El juicio de igualdad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”. Teoría de los derechos fundamentales. [16] Se toma al efecto la escala de intensidades de intervención propuesta en Alexy. [11] STC del Exp. 60. [3] Patrono. 197-257. Robert.º 27466”.org. Universidad Externado de Colombia. la cita recogida se halla en las páginas 234-235). N.. 2235-2004-AA/TC. tercer párrafo. Trad. Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 45).de 16 de marzo de 1971: BVerfGE 30. 2001. [2] Pizzorusso. Madrid. 1875-2004-AA/TC.gob.html#_ftnref9 24/24 . Mercantiles y Bienes Muebles de España. Die Struktur der Verhältnismäßigkeit. La derogación de las leyes. p. FJ 2. N. Madrid. 8. Bernal Pulido. pp. 2001.º 0019-2005-PI/TC. Année 1928. pp. XLV. Enrique. 27 (p. [5] Exp.º 59 a 61. en Requejo Pagés. STC del Exp.
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