Source: https://www.scribd.com/doc/156016768/T-854-12
Timestamp: 2016-08-25 19:21:53
Document Index: 137453918

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'Artículo 86', 'artículo 129', 'Artículo 257', 'artículo 413', 'artículo 24', 'artículo 264', 'Artículo 264', 'Artículo 422', 'Artículo 47', 'artículo 422', 'artículo 47', 'Artículo 47', 'artículo 42', 'artículo 435', 'artículo 422', 'Artículo 435', 'artículo 42', 'artículo 36']

T-854-12
BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreSentencia T-854/12 Referencia: expediente T-3516725 Acción de tutela interpuesta por Élkin Darío Londoño Marulanda en contra el JuzgadoOnce de Familia de Medellín. Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012) La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, emite la siguiente: SENTENCIA Dentro del proceso de revisión del fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín, en la acción de tutela instaurada por Élkin Darío Londoño Marulanda en contra el Juzgado Once de Familia de la misma ciudad. I. ANTECEDENTES. El señor Élkin Darío Londoño Marulanda promovió acción de tutela contra el Juzgado Once de Familia por considerar vulnerado su derecho al debido proceso. 1. Hechos relevantes. 1.1. El actor expresa que demandó en proceso de exoneración de alimentos a su hijo Faber Andrés Londoño Flórez, de 27 años de edad, debido a que, en su sentir, se encontraba capacitado física y académicamente para trabajar y era capaz de procurarse su propio sustento. 1.2. Aduce que carece de los medios económicos para seguir asumiendo dicha responsabilidad, debido a que tiene a su cargo a su compañera permanente y a su hijo menor de 17 años de edad. 1.3. Indica que el mencionado proceso le correspondió a la Juez Once de Familia de Medellín, quien dictó sentencia negando dicha pretensión con base en que “(…) si bien el demandado no tiene impedimento corporal, o mental, que los inhabilite para subsistir por sí mismo; que cuenta con estudios
superiores y formación técnica, lo cierto es que no goza de vinculación laboral”1. 1.4. Sostiene que a su hijo no le interesa laborar, ya que ha iniciado una nueva carrera en el Instituto Técnico Metropolitano (ITM) aduciendo que su padre tiene el deber de alimentarlo toda la vida. 1.5. Haciendo uso de la acción de tutela, solicita que se ordene a la funcionaria en mención modificar la sentencia, exonerando al demandante de la obligación de suministrar los alimentos. Vale la pena aclarar que en el escrito de tutela el peticionario no hace alusión a ningún defecto en el que supuestamente haya incurrido el Juzgado Once de Familia de Medellín. 2. Trámite procesal. El 7 de mayo de 2012 la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín admitió la acción de tutela, ofició a la Juez Once de Familia de Medellín e integró al contradictorio por pasivo, vinculando al joven Faber Andrés Londoño Flórez para que ejerciera su derecho de defensa. Asimismo vinculó al Defensor de Familia y al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado accionado para los efectos legales a que hubiere lugar.2 3. Posición de las entidades demandadas. Pese a haber sido notificados, la Juez Once de Familia de Medellín, el joven Faber Andrés Londoño Flórez, el Defensor de Familia y el Agente del Ministerio Público, no se pronunciaron sobre el asunto. II. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL. La Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín, mediante sentencia del 15 de mayo de 2012, declaró improcedente el amparo constitucional con base en que la decisión tomada por la Juez Once de Familia de Medellín, esto es, la no exoneración de cuota de alimentos al señor Élkin Darío Londoño Marulanda, no constituía vía de hecho que implicara el desconocimiento del debido proceso. En su concepto, el fallo se basó en el material probatorio y en las disposiciones que regulan la materia, sin que para tomar su decisión se le hubiese inducido en error por las partes o terceros, ya que en ejercicio de su independencia, autonomía y respeto a la ley, negó las pretensiones incoadas por quien solicitó la exoneración de suministrar alimentos. Agregó, además, que el accionante tenía la posibilidad de instaurar una nueva demanda para eximirse de dicha responsabilidad. III. PRUEBAS.
1 Fallo del 9 de diciembre de 2011 proferido por el Juzgado Once de Familia. Cuaderno 1, folio 4. 2 Cuaderno 1, folio 28.
Copia de la declaración juramentada del señor Élkin Darío Londoño dentro de la cual señala que vive desde hace 18 años con la señora Luz Maribel Carmona Patiño. admitiendo la demanda de exoneración de cuota alimentaria y corriendo traslado de la misma al joven Londoño Flórez para que contestara y solicita pruebas. .Copia del auto núm.3
De las pruebas que obran en el expediente se destacan: .Copia de la demanda presentada por el actor ante el Juzgado Once de Familia con el fin de obtener la exoneración de cuota alimentaria establecida a favor de su hijo Faber Andrés Londoño Flórez. folio 17).Copia de los registros de nacimientos de los jóvenes Faber Andrés Londoño Flórez y Daniel Londoño Carmona. y que de tal unión nació Daniel Londoño Carmona. folio 40). .Copia del pago semanal del señor Élkin Darío Londoño Marulanda expedido por las Empresas Públicas de Medellín E. folios 8 a 9). (Cuaderno 2. (Cuadernos 2. . (Cuaderno original.Copia de la cédula de ciudadanía del señor Élkin Darío Londoño Marulanda.00. (Cuaderno 2. que es técnico en sistemas y diseño gráfico en el CESDE. folio 2). . folio 21). (Cuaderno original. . (Cuaderno 2. con diplomado de desarrollo de páginas Web.S.861. .Copia de los programas académicos cursados por Faber Andrés Londoño Flórez que acreditan que es técnico en sistemas (realizado y aprobado en el período 2004) y diseño gráfico digital (certificado en el año 2007).Copia del interrogatorio de parte realizado al joven Faber Andrés Londoño Flórez en el cual afirma que no presenta ninguna inhabilidad física o mental que le imposibilite procurarse los alimentos a través del trabajo. que no está realizando estudios superiores. folio 7). quien es ama de casa. y posee un diplomado en diseño de páginas Web (del 14 de marzo al 30 de junio de 2009) expedido por el instituto de formación técnica CESDE. donde se evidencia que: el total devengado son $385.Copia del auto que decretó el embargo y la retención del 25% del salario del peticionario por el Juzgado Cuarto Civil de Menores de Medellín hoy Juzgado Cuarto de Familia de la misma ciudad.000. folio 5).30. (Cuaderno original. .P. y que en su criterio tal formación es suficiente para empezar a trabajar. 1377 proferido por el Juzgado Once de Familia de Medellín.852. .Copia de los recibos de los pagos realizados por el accionante al colegio Carmelitano del menor Daniel Londoño de los meses noviembre y octubre por la suma de $66. y el neto a pagar son $60. manifiesta que él es el que sostiene económicamente a su núcleo familiar. Finalmente. . (Cuaderno 2. folios 5 y 6).35. folio 9). (Cuaderno original.
. (Cuaderno 2. folio 1).000 pesos. el total deducido son $324.
donde el señor Londoño Marulanda declara que solicita la exoneración de la cuota alimentaria toda vez que cuenta con otras responsabilidades con su hijo menor de edad y su compañera. la exoneración de cuota alimentaria fijada a favor de su hijo Faber Andrés Londoño Flórez. que cuentan con cierto nivel
. decidió no eximirlo de dicha obligación en razón a que el joven no goza de vinculación laboral. 2. (Cuadernos 2. .Copia del fallo proferido por el Juzgado Once de Familia el 9 de diciembre de 2011. a pesar de haber reconocido que el beneficiario de la cuota alimentaria es una persona de 26 años de edad. situación que lo habilita para trabajar. quienes manifestaron conocer las dificultades económicas que sufre el accionante. toda vez que en el proceso de exoneración de cuota alimentaria la Juez Once de Familia. folios 2 a 4. folios 43 a 46).1. Por su parte. con capacidad mental y corporal para trabajar. folio 36). y técnico. 2. . Agrega que en el tiempo en que asumió la cuota le tocó perder una casa ya que los ingresos que percibía eran escasos. folio 40). pero hice las pruebas para el ITM para empezar nuevamente”. y cuaderno 2. Problema jurídico. 2. Faber Andrés Londoño indica “yo todavía tengo 25 años y yo necesito la cuota para mis propios gastos (…) actualmente no estoy trabajando y terminé estudios en junio. Sobre la base de lo expuesto le corresponde a esta Sala de Revisión determinar si la no exoneración del deber de alimentos de los padres respecto de los hijos que superan los 25 años de edad. Además.Copia del acta de la audiencia de conciliación del 14 de julio de 2011. Esta Sala es competente para analizar el fallo materia de revisión. Además. 1.Copia de los testimonios dados por el señor Carlos Mario Arboleda Tabares y la señora Mariluz Pareja Giraldo en la audiencia de instrucción del proceso de exoneración de la cuota alimentaria. hasta el punto que su hijo Daniel Londoño no ha podido entrar a la universidad por falta de recursos. indica que su hijo Faber Andrés no está incapacitado físicamente.4
.2. (Cuaderno original. esto es. El señor Élkin Darío Londoño Marulanda considera vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. (Cuadernos 2. Competencia. es mayor de edad. afirmaron que el demandante ha intentado obtener préstamos de entidades bancarias sin éxito en razón al embargo y retención del 25% del sueldo que lo afecta por concepto de alimentos. donde niega la pretensión elevada por el accionante. técnico en sistemas y diseño gráfico digital. IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Disposición que se encuentra reiterada en el Decreto 2591 de 1991 que reglamenta la acción de tutela. Finalmente. la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.5
académico y que no presentan afecciones corporales o mentales que les impidan trabajar. y a partir de lo anterior.
. (iv) resolverá el caso concreto. tal procedencia es excepcional y tiene que cumplir con los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional7. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces.3. (…)”. por sí misma o por quien actúe a su nombre. La Corte ha establecido de manera extraordinaria la procedencia de la acción de tutela como medio para cuestionar decisiones judiciales que violan garantías constitucionales. por “todas aquellas personas que están facultadas por la normatividad para ejercer poder de mando o decisión en nombre del Estado y cuyas actuaciones obliguen y afecten a los particulares”6. los que se requieren para habilitar la presentación
3 Sentencia T-703 de 2011.
6 Sentencias SU-195 de 2002 y T-405 de 1996. es decir. Lo anterior obedece a que el artículo 86 Superior4 establece que a través del amparo podrá solicitarse la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados por “cualquier autoridad pública”5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. transgrede el derecho al debido proceso. 5 Sentencia SU-195 de 2012. 3. Sin embargo. Para ello esta Sala comenzará por reiterar su jurisprudencia constitucional en cuanto a (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial3. mediante un procedimiento preferente y sumario. cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. en especial. (ii) abordará específicamente los defectos sustantivos y fácticos. Así. es decir. así como la prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales”. 2. Esta Corporación ha señalado como criterios de procedibilidad. autonomía e independencia judicial. en todo
momento y lugar. unos de carácter general. 7 Sentencias T-136 de 2012 y T-852 de 2011. Luego. la acción de tutela procede contra las decisiones judiciales toda vez que son “adoptadas por servidores públicos en ejercicio de la función jurisdiccional”. este Tribunal ha sostenido que con el objeto de conseguir un adecuado equilibrio “entre los principios de cosa juzgada. los derechos al debido proceso. que guardan estrecha relación con el presente asunto.
4 “Artículo 86. a continuación (iii) se referirá a la obligación alimentaria para hijos que superan la mayoría de edad.
De no ser así. 12 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05. 10 Sentencia T-173/93. esto es. Que se cumpla el requisito de la inmediatez. No obstante. En consecuencia. estableció los siguientes parámetros: “a. si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales. de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión. 13 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000. de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05. se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones10. y otros de carácter específico que versan sobre la procedencia de la tutela una vez incoada9. De lo contrario. es decir. se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. 9 Sentencia SU-195 de 2012. de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo. en el fallo C-590 de 2005. salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable 11. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Respecto de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora13. d.
. que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración12.6
del amparo8. Como ya se mencionó. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios. esto es.de defensa judicial al alcance de la persona afectada. Cuando se trate de una irregularidad procesal. la Corte. 11 Sentencia T-504/00. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. tal
8 Sentencias SU-195 de 2012 y C-590 de 2005. b. c.
Defecto fáctico. de competencia para ello. la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. el precitado fallo indicó que además de las causales genéricas se hace necesario demostrar la existencia de criterios especiales para que proceda una acción de tutela contra una providencia judicial. carece. Esta exigencia es comprensible pues. Defecto procedimental absoluto. f. b. proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión. que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. Defecto orgánico. Error inducido. f. por decisión de la sala respectiva. Igualmente. 15 Sentencias T-088/99 y SU-1219/01. Defecto material o sustantivo. sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial. Que no se trate de sentencias de tutela 15. que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. e. que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. d. c. sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente. como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales16 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. absolutamente. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible14. Sintetizándolos así: “a. que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. se tornan definitivas”.7
como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad.
. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida. mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación.
14 Sentencia T-658/98. 16 Sentencia T-522/01. que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada.
20 Sentencias T-051 de 2009 y T-1101 de 2005. la Sala precisará algunos de ellos que guardan estrecha relación con el caso objeto de revisión. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado17. (d) se considera contraria a la Carta Política.o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes21 o cuando en una decisión judicial se aplica
17 Cfr. T-001 de 1999 y T-765 de 1998. i. resulta inadecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de revisión. Sentencias T-462/03. 21 Sentencias T-462 de 2003.” Las mencionadas causales constituyen el punto de partida para la procedencia excepcional del amparo contra providencias judiciales 18. entre otras. Violación directa de la Constitución. T-033 de 2010. 18 Sentencia SU-195 de 2012. La Corte ha establecido que dicha falla se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es. debido a que: (a) no es pertinente. que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (ii) Cuando. T-043 de 2005. (c) es inexistente. dentro del margen de interpretación razonable20 o el operador judicial hace una aplicación inaceptable de la norma al interpretarla de forma contraevidente -interpretación contra legem. “la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto. hipótesis que se presenta. SU-195 de 2012. y (e) a pesar de estar vigente y constitucional. Desconocimiento del precedente. así: 3. T-1625/00 y T-1031/01. por ejemplo. 19 Sentencias SU-159 de 2002. h. (b) no está vigente en razón de su derogación. T-792 de 2010. a pesar de la autonomía judicial. T-
743 de 2008. Decisión sin motivación. cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. T-295 de 2005. T-657 de 2006. Defecto sustantivo. SU-1184/01. prima facie. Teniendo en cuenta los criterios específicos.
. u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”19.1. T-686 de 2007.8
g. no se encuentra. La jurisprudencia de este Tribunal en diferentes decisiones ha recopilado diversos supuestos que pueden configurar este defecto y que recogió en sentencia SU-195 de 2012 de la siguiente manera: (i) Cuando el fallo judicial se soporta en una norma que no es aplicable.
25 Sentencia T-456 de 2010. el yerro en la valoración de la prueba tiene que ser “de tal magnitud que pueda advertirse de manera evidente y flagrante. (ix) Cuando el operador judicial prescinde de emplear una excepción de inconstitucional ante una amenaza manifiesta de la Constitución siempre. sin que quepa margen de objetividad alguno que permita explicar razonablemente la conclusión a la cual llegó el juez25. apartando el estudio de otras posiciones aplicables al caso. 26 Sentencia T-311 de 2009. 24 Sentencias SU-195 de 2012. (iii) Cuando no se tiene en cuenta fallos que han delimitado su alcance con efectos erga omnes. (v) Cuando el ordenamiento le concede cierto poder al juez y lo utiliza para un fin distintito al establecido en la disposición. Defecto fáctico. Por ello. La Corte ha hecho énfasis en que el referido criterio procede cuando se comprueba que el apoyo probatorio en el que basó el juez su decisión es absolutamente inadecuado23.”27. En igual sentido.
. este Tribunal ha señalado que solo es factible que prospere el defecto cuando aparece arbitraria la valoración de la prueba realizada por el operador judicial24. el funcionario judicial hubiera adoptado una decisión completamente opuesta26. 23 Sentencias SU-195 de 2012. que se pida su declaración por cualquiera de las partes en el proceso.
22 Sentencias T-066 de 2009 y T-079 de 1993. (vii) Cuando la autoridad judicial con “una insuficiente sustentación o justificación de la actuación afecta derechos fundamentales”.9
una norma jurídica de manera manifiestamente errada. T-143 de 2011 y T-567 de 1998. (vi) Cuando la decisión se basa en una interpretación no sistemática de la norma. es imprescindible que tal yerro tenga una trascendencia fundamental en el sentido del fallo. (viii) Cuando no se tenga en cuenta el precedente judicial sin brindar un mínimo razonable de argumentación que hubiere permitido una solución distinta de acogerse la jurisprudencia. En otras palabras. (iv) Cuando se aplica una disposición que es injustificadamente regresiva o contraria a la Carta Política. 3. de manera que si no se hubiera incurrido en él.2. sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial22”. 27 Ídem.
Defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas. Se presenta cuando el funcionario judicial.
. 11.)”33.” 4. 42. decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido. a pesar de que en el proceso existan elementos probatorios.10
Respecto del defecto fáctico la Corte la ha establecido los siguientes criterios para su configuración28. ha señalado que los alimentos adquieren relevancia constitucional debido a que constituyen “el reconocimiento y concreción de las obligaciones alimentarias y su realización material. 13.
28 Sentencia SU-195 de 2012. 29 Cfr. Sentencia T-902 de 2005. Defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio. Tal situación se advierte cuando el funcionario judicial. en la medida en que el cumplimiento de aquéllas sea necesario para asegurar en ciertos casos la vigencia de los derechos fundamentales de las personas al mínimo vital o los derechos de la misma estirpe a favor de los niños. y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración. 2. La jurisprudencia constitucional ha explicado que el derecho de alimentos es aquél que tiene una persona para solicitar lo necesario para su subsistencia a quien por ley se encuentra obligado a darlo. 44 y 46 C. o de las personas de la tercera edad. o de quienes se encuentren en condiciones de marginación o de debilidad manifiesta (arts. Esta hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de pruebas. la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente30. 3. Defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio. así: “1. 5. y con la efectividad y vigencia de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. 2. cuando la persona no cuenta con la capacidad de procurárselo por cuenta propia32. La obligación alimentaria para hijos que superan la mayoría de edad. omite considerarlos. no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva. en contra de la evidencia probatoria.P. se vincula con la necesaria protección que el Estado debe dispensar a la familia como institución básica o núcleo fundamental de la sociedad. 31 Ibídem. 30 Ibídem. Igualmente. o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva31. 32 Sentencias C-1033 de 2002 y C-919 de 2001. lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido29.
C-919 de 2001 y C-184 de 1999. tratando de ella. el suministro de alimentos no solo comprende lo estrictamente necesario para subsistir. 35 Sentencias C-1033 de 2002. Editorial Ibáñez. en general. la obligación de suministrarlo se deriva del principio de solidaridad. asistencia médica. todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños. 36 Sentencia C-919 de 2011. Código de la Infancia y la Adolescencia artículo 129. Que el alimentario carezca de bienes y por ende requiera los alimentos que pide. colaborarán conjuntamente en su crianza. según las reglas que. ya que los miembros de la familia deben proporcionar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma.
. Dice la norma: “Artículo 257. así:
Que una norma jurídica conceda el derecho a exigir los alimentos. La jurisprudencia constitucional ha establecido los criterios para reclamar alimentos35. 34 Sentencia C-919 de 2011. C-919 de 2001 y la Guía Básica de Procesos de Familia.” Por su parte. lo que para algunos autores hace que pierda vigor la clasificación de alimentos consagrados en el artículo 413 del Código Civil. recreación. Que el alimentario tenga los medios económicos para proporcionarlos.
Así que conforme con estas disposiciones y con la Constitución. del modo que crean más conveniente para éstos. Los padres. En igual sentido. sino también lo que se necesita para vivir dignamente36. 2009. que tradicionalmente los divide en congruos y necesarios (los primeros son los que se requieren para vivir modestamente de
33 Sentencias C-1033 de 2002. asimismo.11
El derecho de alimentos en un comienzo proviene del parentesco. que se encuentran impedidos para procurarse sustento a través del trabajo34. se dirán”. las niñas y los adolescentes (…)”. Los gastos de crianza. El Código Civil reglamenta los derechos y obligaciones de alimentos que se deben por ley a ciertas personas. Entre otros. habitación. dirigirán la educación de sus hijos menores y su formación moral e intelectual. educación y establecimiento de los hijos legítimos pertenecen a la sociedad conyugal. el artículo 24 del Código de la Infancia y la Adolescencia define los alimentos como “todo lo que es indispensable para el sustento. que consiste en el derecho que tienen estos últimos para exigir el suministro de lo necesario para sobrevivir. vestido. educación o instrucción y. el de los padres a los hijos. Martha
Patricia Guzmán Álvarez. de común acuerdo. el artículo 264 del mismo estatuto dispone: “Artículo 264. sustentación y establecimiento.
teniendo en cuenta que la generalidad de las normas relativas a la sustitución de la pensión de vejez y las relacionadas con la seguridad social en general 43 han establecido que dicha edad es “el límite para que los hijos puedan acceder como beneficiarios a esos derechos pensionales. 39 Sentencia T-492 de 2003. 40 “Artículo 422. con el fin de que no se entendiera la condición de estudiante como indefinida. analógicamente la jurisprudencia ha fijado como edad razonable para el aprendizaje de una profesión u oficio la de 25 años. Corte Suprema de Justicia. circunstancia que resulta variable. se halle inhabilitado para subsistir de su trabajo”.A. continuando las circunstancias que legitimaron la demanda. en su inciso segundo indica que los alimentos se deben hasta que el menor alcance la mayoría de edad.. Los alimentos que se deben por ley. podrá pedirlos después que haya cumplido 21 años –hoy 18-. al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana. 2009. ante la negativa de su padre a avalar con su firma el otorgamiento de una beca de estudios en España conferida por ECOPETROL S. Dicha condición fue ampliada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. ningún varón –entiéndase hombre o mujer. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: (…) b) Los hijos menores de 18 años. No obstante. en el entendido de que ese es el plazo máximo posible para alegar la condición de estudiante”44. los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años. Sobre el punto esta Corporación ha indicado que al momento de imponer las cuotas o cuando esas se fijan por mutuo acuerdo. por un lado. Del
37 Guía Básica de Procesos de Familia. velar por que estas sean equitativas para los deudores de las mismas39. salvo que por algún impedimento corporal o mental. Sala de Casación Civil. siempre que permanezcan las circunstancias que dieron origen a su reclamo 41. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. el Código Civil regula la manera y el monto con que los padres deben colaborar a la educación y crianza de los hijos.12
acuerdo a su posición social. Exp. 42 Sentencia T-192 de 2008 y sentencia de tutela. 44 Esta Corporación. a menos que tenga un impedimento corporal o mental o se halle inhabilitado para subsistir de su trabajo. dependiendo de la situación especial del alimentante y el alimentario38. la obligación alimentaria de los padres en principio rige para toda la vida del alimentario. se entienden concedidos para toda la vida
del alimentario. 43 Ley 100 de 1993 “Artículo 47. de satisfacer las necesidades congruas o necesarias de los acreedores. Editorial Ibáñez. en sentencia T-192 de 2008.632. y. Con todo. el Estado tiene el deber. mientras subsistan las condiciones de invalidez…”. 41 Sentencia C-875 de 2003. los hijos inválidos si dependían económicamente del causante. incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte. Conforme con el artículo 422 del Código Civil 40. y los segundos los que se proporcionan para sostener la vida)37. De otra parte. de manera que se ha considerado que “se deben alimentos al hijo que estudia. quien a través de la tutela buscaba que se le protegieran sus derechos fundamentales a la educación. estudió el caso de un joven de 22 años. desde la Constitución de 1991. y por el otro. siempre que no exista prueba de que subsiste por sus propios medios”42. 38 Ídem. aunque haya alcanzado la mayoría de edad. Sin embargo.de aquellos a quienes solo se deben alimentos necesarios. Martha Patricia Guzmán Álvarez.
atendiendo a la realidad que se le ponga de presente”46.
. 2007-00129. la necesidad del alimentario y su edad. en tanto así no se permite que se prolongue indefinidamente su condición de estudiante”. Núm. excepto cuando la persona de nuevo se encuentre en una circunstancia de inhabilitación que le imposibilite sostenerse por cuenta propia45. Núm. esa circunstancia por sí puede legitimar al alimentante para deprecar y eventualmente obtener la exoneración de alimentos a través del proceso correspondiente. buscando que se le protegiera su derecho fundamental al debido proceso. Al respecto sostuvo que “cuando una persona ha cursado estudios superiores y optado un título profesional.13
Esta Corporación ha considerado que el beneficio de la cuota alimentaria que se les concede a los hijos mayores de edad y hasta los 25 años cuando son estudiantes. hasta el momento en que el beneficiario termine las materias correspondientes al programa académico que cursa. Así lo hizo saber en sentencia T-285 de 2010. Al respecto expuso: “De igual forma. 46 Sentencia de tutela del 28 de mayo de 2007. esto es. Por otra parte. toda vez que se encuentran en condiciones aptas para mantener su propio sustento. dicha Corte ha establecido que a los funcionarios judiciales. debe ser limitada para que dicha obligación no se torne irredimible. así misma. sino también la capacidad del alimentante. es razonable entender que debe estar. apta para subsistir por su propio esfuerzo. salvo impedimento corporal o mental. da lugar a la terminación de (i) “la incapacidad que le impide laborar” a los (as) hijos (as) que estudian. 2009-00265. al momento de decidir sobre la obligación alimentaria que tienen los padres respecto de sus hijos (as). en el cual el juez respetará las garantías procesales de las partes y decidirá en cada caso concreto. la sentencia T-285 de 2010 sostuvo que los 25 años es la edad “límite establecida en la ley para que una persona se procure. en condiciones normales. En igual sentido. y (ii) del deber legal de los padres de suministrar alimentos. se considera que la decisión de deferir la exoneración de la obligación alimentaria. su propio sustento. 47 Sentencia de Tutela del 3 de febrero de 2010. presuntamente vulnerado como consecuencia de la no exoneración de alimentos a favor de su hijo estudiante que superaba la mayoría de edad. Exp. Exp. La finalización de la preparación académica habilita a la persona para el ejercicio de una profesión u oficio y.
mismo modo. por ende. la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que el deber de alimentos que tienen los padres para con sus hijos se suspende cuando estos han finalizados sus estudios. donde la Corte examinó el caso de un señor que interpuso la acción de tutela contra el Juzgado Tercero de Familia de Palmira. 45 Sentencia T-192 de 2008. no puede deducirse la intención del alimentario de permanecer indefinidamente como beneficiario de la obligación alimentaria que le asiste a su padre”. no solo les corresponde tener en cuenta el deber de solidaridad y el reconocimiento de la unidad familiar. salvo cuando exista alguna circunstancia especial que le imposibilite sostenerse por sí solo47. deviene prudente.
significa que los hijos deben emprender el esfuerzo personal independiente y relevar a los padres de la obligación alimentaria. Y sentencia de tutela Exp. quien fijó una cuota a favor de su hijo “hasta que este culmine su carrera. Al respecto expuso: “[E]s imprescindible que la interpretación de los juzgadores sobre el compromiso de los padres. 18 años. 2005-00935 (27 de febrero de 2006). excepto que por la existencia de impedimento físico o mental la persona se encuentre incapacitada para subsistir de su trabajo. sin tener en cuenta que el demandante tenía 26 años de edad. como la solidaridad y el reconocimiento de la unidad de la familia. compromiso que una vez cumplido a cabalidad. en especial de los temporales. hasta la mayoría de edad.14
Lo anterior lo estableció al decidir la acción de tutela contra el fallo que negaba la exoneración del pago de la cuota alimentaria a un señor que se la suministraba a su hija de 33 años de edad. merma la autonomía del individuo que con el paso de tiempo ha de volverse amo de su propia vida”48 (Subraya fuera del texto). Esa Corporación resolvió revocar dicha sentencia y ordenó al mencionado juez que decidiera nuevamente sobre la petición incoada por el accionante. el precitado Tribunal ha establecido que para que se dé la prórroga de la cuota de alimentos. que le permita enfrentar el futuro de manera independiente. pero en función de conceder a sus miembros los elementos necesarios para desarrollar sus talentos. sin perjuicio que voluntariamente ellos puedan continuar más allá de ese hito temporal.
48 Ídem. “el fallador debe examinar con esmerado cuidado si aquél es merecedor del mismo. Núm. 2009-00265 (3 de febrero de 2010). 49 Sentencia de tutela. Núm. quien era estudiante sin inhabilidades corporales o mentales que le impidieran subsistir de su propio trabajo. y estaba en perfectas condiciones tanto físicas como psicológicas. obedezca exclusivamente a su desidia o negligencia”49. como que no resulta equitativo que se obligue a los padres mayores a continuar con la carga mencionada. cuando el hijo estudiante supera ampliamente la mayoría de edad. cuando la falta de adquisición de una carrera o arte por parte del beneficiario. pues también consultan valores de tipo superior. presuntamente transgredido como consecuencia del fallo proferido por el accionado. Igualmente. Exp. De lo dicho se concluye que tanto la jurisprudencia como la ley han sostenido que la obligación alimentaria que deben los padres a sus hijos es: (i) Por regla general. es decir. pero sin apremio ni coerción alguna para suministrar ese sustento. La Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia estudió el caso de un señor que interpuso tutela contra el Juzgado Primero de Familia de Barranquilla con el fin de que se le protegiera su derecho constitucional al debido proceso.
. no importando ni su edad ni la constante pérdida de semestre”. amén de que siempre ha tenido un rendimiento académico muy bajo en las universidades en las que se había matriculado. Acontece que el paternalismo mal entendido. se avenga con el reconocimiento de tales limites.
siempre dependiendo de la especificidad del caso. 5. por lo general. También. incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte. Teniendo como base el examen de las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. y (iiii) Solamente los hijos que superan los 25 años cuando están estudiando. con el fin de que tal beneficio no se torne indefinido para los progenitores en razón de dejadez o desidia de sus hijos. conforme con el
50 La jurisprudencia ha aplicado analógicamente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 “Artículo 47. el 9 de diciembre de 2011. los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años. Caso concreto. Con ello se evidencia la relevancia constitucional del caso. decidió estudiar el caso de un señor que interpuso la acción de tutela contra el Juzgado Tercero de Familia de Palmira.
Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Sobre este punto. presuntamente vulnerado como consecuencia de la decisión adoptada por el juez en mención. en sentencia T-285 de 2010. motivo por el cual se encuentra justificada su exclusión como beneficiarios de la sustitución pensional. En este evento. con una profesión u oficio que les permite lograr su independencia económica y proveerse su propio sustento. esto es. la sentencia C-451 de 2005 indicó que el estado de hijo dependiente por asuntos académicos no puede prolongarse indefinidamente en el tiempo.1. Por ello. los hijos inválidos si dependían económicamente del causante. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: (…) b) Los hijos menores de 18 años. pues ya no se trata de una persona en condiciones de vulnerabilidad que por lo tanto necesite medidas de protección especial”. la Sala entrará a analizar el caso concreto. 51 La Corte. vulneró su derecho al debido proceso. Como se observa en el expediente. (ii) Agotamiento de todos los medios ordinarios de defensa judicial. los funcionarios al momento de tomar alguna decisión sobre la obligación de alimentos deben tener en cuenta las especiales circunstancias de cada situación. toda vez que se busca proteger el mencionado derecho respecto de la presunta actuación arbitraria de la autoridad judicial que ha obtenido firmeza e incluso puede comprometer los derechos fundamentales de su otro hijo y el de su compañera51. Causales genéricas de procedibilidad. la negativa a exonerarlo de la obligación alimentaria. consistente en negar la exoneración de la cuota alimentaria que le debía a su hijo estudiante de 25 años de edad. hasta que terminen su preparación educativa. la edad de 25 años “ viene a ser un criterio razonable ya que para ese momento los hijos dependientes de sus padres cuentan. 5.
. mientras subsistan las condiciones de invalidez…”. la jurisprudencia constitucional ha sostenido que . (i) Relevancia constitucional de las cuestiones discutidas.15
(ii) Asimismo. el accionante considera que la decisión tomada por el Juzgado Once de Familia de Medellín. al observar que se había configurado los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial establecidos por la jurisprudencia constitucional. y. con el fin de que se le protegiera su derecho fundamental al debido proceso. han reconocido la obligación a favor de los hijos mayores de 18 y hasta los 25 años de edad que se encuentran estudiando. siempre y cuando no exista prueba que demuestre que sobreviven por su propia cuenta50.
(iii) Requisito de la inmediatez. que adicionalmente consagra los alimentos que se deben por ley y que se entienden para toda la vida. así: (i) Señaló que conforme con el inciso 5º del artículo 42 de la Constitución Política. Sala Jurisdiccional Disciplinaria. por lo que la vía ordinaria de defensa para la protección de sus derechos fundamentales se encuentra agotada53. aumento. Así lo hizo saber en el asunto de una señora que interpuso dicha acción contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales y el Juzgado 3° Laboral del Circuito de la misma ciudad. donde manifestó que 5 meses era un plazo prudente para interponer el amparo constitucional. y restitución de pensiones alimenticias” .
. sino contra la sentencia del Juez Once de Familia de Medellín dictada el 9 de diciembre de 2011.16
artículo 435 del Código de Procedimiento Civil52.2. La juez de familia sustentó el fallo objeto del presente amparo con base en las normas y jurisprudencia referente a la materia. Beneficio este que se encuentra establecido también en los artículos 413 del Código Civil y 157 del Decreto 2737 de 1989. 53 Sentencia T-285 de 2010. Causales específicas de procedibilidad. se entiende cumplido este criterio. los hijos tienen derecho a percibir alimentos de sus padres mientras sean menores o impedidos. Por último. término que estimó razonable y proporcionado. Fijación. los procesos de exoneración de alimentos se tramitan en única instancia. En igual sentido lo expuso en sentencia T-136 de 2012. los siguientes asuntos: (…) 3. transcurriendo aproximadamente 5 meses. 5. La Corte examinó el caso de un señor que instauró tutela contra el
Consejo Superior de la Judicatura. se evidencia que las circunstancias que dieron origen a la presunta vulneración de los derechos fundamentales repercutieron en la decisión que se acusa. dentro del cual consideró que cumplía con el principio de inmediatez. Sala Jurisdiccional Disciplinaria y el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. corroborado por el artículo 422 del Código Civil. “Artículo 435. disminución y exoneración de alimentos. Asuntos que comprende. contra la decisión tomada por el Juzgado Once de Familia de Medellín el 9 de diciembre de 2011 (la negativa de exonerarlo de la obligación alimentaria). en tanto que el accionante acudió a la tutela el 10 de enero de 2010 y la decisión de segunda instancia fue dictada el 24 de agosto de 2009. Se tramitarán en única
instancia por el procedimiento que regula este capítulo. (v) La irregularidad alegada tiene incidencia directa y decisiva en el fallo que se cuestiona de ser violatoria de los derechos fundamentales. transcurriendo aproximadamente cuatro meses después de emitida la decisión judicial que cuestiona.
54 Sentencia T-703 de 2011. (iv) No se trata de sentencia de tutela. En relación con este parámetro se observa en el expediente que el accionante interpuso el amparo constitucional el 24 de abril del presente año. mientras perduren las condiciones que lo legitimaron. mediante la cual se resolvió un asunto de la jurisdicción de familia. El presente amparo no se dirige contra una sentencia de tutela. término que se considera razonable y proporcionado54. En consecuencia.
52 Proceso Verbal Sumario.
lo que permite predicar que no se encuentran en las circunstancias anotadas” . 56 Cuaderno 1. (ii) Expresó que para que prospere la pretensión de exoneración de cuota de alimentos se necesita demostrar que: “1) Ha cesado la necesidad que de los alimentos tiene el alimentario. es decir. lo mismo si obtiene malos resultados académicos o cuando el hijo para recibir los alimentos se mantiene en ciclos continuados de estudio (…)”55. no tiene impedimento corporal o mental que lo inhabilite para subsistir de su trabajo. lo cierto es
55 Cuaderno 1. excepto que por la existencia de impedimento corporal o mental la persona se encuentre incapacitada para subsistir de su trabajo. que los inhabilite para subsistir por sí mismo. cuando esa formación no fuese solo un pretexto para seguir siendo beneficiario de alimentos. la obligación permanece. esto es. o mental. respecto de “la existencia de impedimento mental o corporal que lo inhabilite para subsistir de su trabajo. que cuenta con estudios superiores y formación técnica.17
Agregó que este último precepto estableció como término de duración de dicho deber la mayoría de edad. 18 años. 3) Cuenta con capacidad para trabajar. A partir de lo anterior el juzgado consideró que “(…) si bien el demandado no tiene impedimento corporal.”56 Conforme con lo anterior y el material probatorio la juez de familia sostuvo que el caso se refería a un joven de 26 años de edad. sino que también se refería a los hijos mayores de 18 años que se encontraran estudiando. reviviría la obligación de alimentarle.
. que cuenta con solvencia económica para sostenerse por sí mismo. unida a la adquisición de bienes o de rentas o de un empleo. 2) Siendo mayor de edad el alimentario. y no se encuentre educándose o formándose con buen resultado en una profesión. folio 3. indicó que era técnico en sistemas del CESDE y diseño gráfico con diplomado de desarrollo de páginas Web. Indicó que la condición de “impedidos” (inciso 5º artículo 42 Superior) no solo hacía referencia a dicha incapacidad. Aclaró que en el evento que posteriormente se inhabilitare. Igualmente. terminada la carrera o formación se extingue la obligación. Además. folio 3. sostuvo que cuando los hijos menores alcanzan la mayoría de edad y no se encuentran impedidos física o psíquicamente para laborar “si están educándose o en formación profesional y avanzan progresivamente con éxito. donde no existía prueba alguna que desvirtuara “la presunción de capacidad que arropa al beneficiario de la cuota”. esto es.
que el accionado no se encontraba
57 Cuaderno 1. se tiene que el beneficio de la cuota alimentaria de los hijos que estudian va hasta los 25 años (dependiendo del caso). ni bienes o rentas. folio 4. y (c) exista prueba que demuestre que se encuentra en condición para procurarse su propia sustento. cuando: (a) el menor alcanza la mayoría de edad. que el demandado necesitaba de la cuota alimentaria en razón de no tener vínculo laboral. edad que la jurisprudencia ha establecido como término razonable para formarse en una profesión u oficio que les permita obtener su independencia económica y satisfacer sus propias necesidades58. por carecer de solvencia económica para subsistir y que por ello no había cesado la necesidad de los alimentos. Pero si bien eso era parcialmente cierto. la inexistencia de impedimento corporal o mental que imposibilitara al demandado para trabajar.18
que no goza de vinculación laboral”57. también lo es que dicho deber termina. ni tuvo en cuenta los preceptos legales ni jurisprudenciales que versan sobre la materia. se observa: Que para decidir la juez tuvo como fundamento principal para denegar la exoneración. se evidencia que desatendió los lineamientos ya establecidos sobre la materia. (b) el hijo entre los 18 a 25 años no acredite que realiza alguna actividad académica. Ha de decirse al respecto que la juez encontró demostrado. y por la otra. ignoró los demás parámetros sentados por la doctrina constitucional al resolver casos como el presente. por lo que estimó necesario que se le siguieran suministrando los alimentos. Así las cosas. En efecto.
. 58 Sentencia C-451 de 2005. debido a que el Juzgado Once de Familia de Medellín no valoró en debida forma los hechos y las pruebas aportadas por el accionante en el proceso de exoneración de la cuota alimentaria. es decir. tope cronológico que se encuentra encaminado a que la condición de estudiante no se torne indefinida. (i) Respecto de la interpretación que le dio la funcionaria a la Constitución y a la jurisprudencia. de manera regular. por una parte. 5. sin malos resultados o que haya adquirido cierta formación educativa o terminado una carrera tecnológica. dándole un alcance que no le correspondía y que las normas no le han atribuido. (ii) En relación con los parámetros que la juez consideró que debían tenerse en cuenta para que prosperara la exoneración de la cuota alimentaria en el presente caso. la Sala evidencia que se presentan defectos tanto sustantivos como fácticos. como ya se dijo. si bien es cierto que se ha sostenido que la obligación alimentaria de los padres a favor de los hijos es para toda la vida mientras duren las circunstancias que la legitimaron.1. Conforme con los criterios específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.2.
en su condición de menor de edad. con base en los certificados que aparecen arrimados al proceso. folio 40. ello no significaba que estuviera inhabilitado para laborar. amén de poseer un diplomado en diseño de páginas Web. 60 Ídem y Cuaderno 1. folio 8. por lo que se encuentra capacitado para procurarse su manutención. quien al absolver el interrogatorio de parte que le fue formulado afirmó no sufrir de discapacidad física o mental que le imposibilitara procurarse los alimentos a través del trabajo. sino comprometiendo también los derechos del hermano del accionado. La juez tampoco tuvo en cuenta los criterios ya establecidos acerca del derecho a los alimentos a favor de los hijos estudiantes mayores de edad que exigen conservar la calidad de estudiantes (desde los 18 años hasta los 25 años de edad) o hasta la finalización de una carrera dependiendo siempre de las particularidades de cada caso. También encontró la juez acreditado. que es técnico en sistemas y diseño gráfico digital y posee un diplomado en diseño de página Web.19
estudiando. y no estar realizando estudios superiores59. violando no solo el derecho al debido proceso. quien de una u otra forma ha resultado afectado en el derecho primordial que tiene a recibir educación. según dan fe las certificaciones arrimadas. De lo anterior se desprende que la juez de familia no tuvo en cuenta que se trataba de una persona que superaba ampliamente la mayoría de edad. Con ello desconoció los preceptos legales aplicables al caso y los lineamientos jurisprudenciales que sobre la misma materia ha adoptado tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia. que el joven no acreditó la calidad de estudiante ni estar realizando actividad académica alguna. el juez consideró que en este caso no se vislumbraban las circunstancias necesarias para exonerar al actor del deber de suministrar alimentos a su mayor hijo. en el asunto del joven Faber Andrés Londoño Flórez se tiene que perdió la condición de estudiante.
59 Cuaderno 2. y que no sufre de impedimentos físicos y mentales. circunstancias que fueron acreditadas con base en las propias aseveraciones del demandado Londoño Flórez. 5. culminó una carrera tecnológica. formación que resulta suficiente para trabajar y procurarse su sustento. ya que los certificados antedichos dan fe de su idoneidad como técnico en sistemas y diseño gráfico digital. no sufre de limitaciones físicas ni mentales y por ello tiene la posibilidad real de comenzar a ejercer su profesión y satisfacer sus propias necesidades.2. Se concluye entonces que a pesar de ser evidente el material probatorio analizado y los parámetros normativos y jurisprudenciales anteriormente expuestos.2.
. que aunque Faber Andrés Londoño Flórez no contaba con bienes o un empleo. como él mismo lo reconoció60. ya que al momento del fallo tenía 26 años. por lo que no es admisible que prolongue indefinidamente su situación de estudiante para continuar obteniendo alimentos. En síntesis.
REVOCAR el fallo de única instancia proferida el 15 de mayo de 2012 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín.
NILSON PINILLA PINILLA Magistrado Con aclaración de voto
. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política. decida nuevamente sobre la exoneración de alimentos pretendida por el señor Élkin Darío Londoño Marulanda con base en las consideraciones planteadas en esta providencia. Procederá a revocar el fallo de tutela de única instancia y ordenará al Juzgado Once de Familia de Medellín que. mediante el cual se negó el amparo invocado dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por el señor Élkin Darío Londoño Marulanda. Segundo. Tercero. DECISIÓN En mérito de lo expuesto. comuníquese. la Sala protegerá el derecho fundamental invocado por el accionante. decida nuevamente sobre la exoneración de alimentos pretendida por el señor Élkin Darío Londoño Marulanda con base en las consideraciones planteadas en esta providencia. en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia.2.3. RESUELVE Primero. la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional. publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. En su lugar. LÍBRESE por la Secretaría General de esta Corporación la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados. en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia. Por lo anterior. V. Notifíquese. ORDENAR al Juzgado Once de Familia de Medellín que.20
5. CONCEDER la protección del derecho fundamental al debido proceso.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado Ausente en comisión
Decreto 1072 de 2015Decreto 2127 de 1945LEY 6 DE 1945Sentencia del 05-08-2013Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia 40506-2012Consejo de Estado. Sentencia del 5 de noviembre de 2009Consejo de Estado Sentencia Marzo dieciséis (16) de dos mil cinco (2005)Consejo de Estado-Sec 3-Sentencia Trece (13) de noviembre de mil novecientos noventa (1990)Corte Constitucional Sentencia T-172 de 1999LEY 909 DE 2004Corte Constitucional Sentencia T-395-2010Corte Suprema de Justicia-Sala Casación Civil. Sentencia 18-12-2012Decreto 1465 de 2013Decreto 2463 de 2001LEY 995 DE 2005Corte Suprema de Justicia. Sentencia 09-Sept-2014T-854-12.pdfT-854-12.rtf15001-23-31-000-1990-10957-01(15338)S- 18-12-2012 (2529031030012007-00179-01).docDecreto 674 Del 02 de Abril de 2014d-1477-14(mintrabajo)CORTET435-2012CORTET594-2012CORTET008-2013
T-854-12 by luchoricaurte117 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as RTF, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less