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Timestamp: 2020-05-27 00:28:06
Document Index: 33129456

Matched Legal Cases: ['artículo 118', 'artículo 9', 'artículo 118', 'artículo 13', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 44', 'artículo 8', 'artículo 48', 'artículo 8', 'in fine']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 670, de 01/12/2010
Año 2010 IX Legislatura Núm. 670
- Relativa al archivo de los expedientes sancionadores a armadores por el bloqueo de puertos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001410.) ... (Página 2)
- Sobre el 1 por ciento forestal destinado a la limpieza, mantenimiento, ampliación y vigilancia de los bosques. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001213.) ... (Página 5)
- Sobre gestión de residuos urbanos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001090.) ... (Página 7)
- Sobre la recuperación de las playas en la provincia de Huelva.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001892.) ... (Página 11)
- Sobre la eliminación de excedentes del sector de la viña y el vino.
(Número de expediente 161/001886.) ... (Página 14)
- Sobre las medidas a tomar para evitar los robos y la inseguridad en el campo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001979.) ... (Página 16)
- Relativa a la situación del colectivo de rederas. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001841.) ... (Página 18)
- RELATIVA AL ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES A ARMADORES POR EL BLOQUEO DE PUERTOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001410.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca para debatir y votar los puntos que aparecen en el orden del día.
Antes de iniciar el debate sobre las proposiciones no de ley, anuncio que, de acuerdo con los portavoces, se ha producido una alteración del orden del día. La proposición no de ley que figura en el punto tercero del orden del día se va a debatir en primer lugar y la que aparece en el primer punto del orden del día se debatirá en tercer lugar. De la misma forma, la que aparece en el punto quinto del orden del día se debatirá en séptimo lugar y la que aparece en el punto séptimo pasará a ser el punto quinto.
Comenzamos con el debate de la proposición no de ley relativa al archivo de los expedientes sancionadores a armadores por el bloqueo de puertos, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Señor presidenta, muchas gracias por acceder a este cambio por cuestiones que hoy nos afectan a varios diputados que tenemos la agenda un poquito más complicada que en otras ocasiones.
Señorías, esta iniciativa fue registrada hace tiempo, creo que corría el mes de diciembre de 2009, es decir, hace un año, y la verdad es que pensamos que no íbamos a tener que debatirla nunca porque teníamos la esperanza, a la vista de algunas declaraciones de los responsables de varios de los ministerios afectados en la tramitación de estos expedientes, de que el Gobierno motu proprio iba a cumplir con lo que nos habían anunciado y que finalmente fueran archivados estos expedientes sancionadores que se abrieron a armadores y pescadores por manifestarse, como todos recordarán, a raíz de la crítica situación que vivía, y que de alguna forma sigue viviendo, el sector pesquero, pero que en aquel momento era más aguda por la subida de los precios del gasóleo.
Voy a enfocar esta iniciativa desde la vertiente pesquera, que es la que me corresponde. Como les decía, pensamos que nunca iba a llegar a incluirse en un orden del día como el que hoy debatimos, entre otras cosas, por ciertas declaraciones realizadas por la que hasta hace pocas semanas tenía la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en sus comparecencias en el Senado y en el Congreso.
Voy a citar textualmente lo que dijo en el mes de septiembre de 2009 en el Senado en respuesta a una pregunta oral en una sesión de control. Dijo que se comprometía a estudiar, junto con el Ministerio de Fomento, la problemática caso por caso y a aportar la información y los elementos técnicos que permitan modular la sanción a las autoridades competentes.
Es evidente que una ministra o un ministro no pueden decir esto de otra manera; no pueden decir: vamos a quitar una multa o vamos a anular un expediente. Pero es verdad que por el espíritu de muchas de las comparecencias a las que hemos asistido los diputados aquí presentes entendíamos que probablemente iba a haber otro final para aquellos expedientes. Esto no ha sido así y aquellos compromisos -o al menos como lo entendimos desde nuestro grupo parlamentario- no han dado el resultado que todos pensábamos.
Esta iniciativa está más justificada que nunca por dos cuestiones a las que me referiré muy rápidamente. En primer lugar, porque se han promovido las sanciones sin que los sancionados dispongan del acta de inspección, algo realmente serio; es como si agente de tráfico nos
sanciona y nos llega la multa sin conocer, firmar o aceptar la sanción.
Esto provoca una inseguridad jurídica importante. Muchos de los sancionados han solicitado el acta de inspección para defenderse, para presentar los recursos correspondientes, pero se les niega -lo digo textualmente-, lo que les está impidiendo ejercer una defensa adecuada.
La valoración que algunos jueces están haciendo de estas sanciones es diversa, pero lo cierto es que en muchos de los casos se están aceptando estos recursos y se está desestimando la sanción. Por tanto, además de una inseguridad jurídica también hay cierta discriminación de unos juzgados con respecto a otros, pero no, evidentemente -no quiero que se entiendan mal mis palabras-, porque la justicia no funcione igual en unos sitios que en otros sino porque en unos casos han podido defenderse adecuadamente y en otros no. Quiero recordar que todo esto derivó en las ayudas de minimis. Es decir, todas aquellas manifestaciones sirvieron, en parte, para lograr una mayor sensibilidad por parte del Gobierno y que se aprobaran aquellas ayudas de minimis que, por cierto, en muchos casos se las están llevando las sanciones.
Como manifiesto en la exposición de motivos, tampoco son buenos los momentos que actualmente atraviesa el sector pesquero, ni en diciembre de 2009 ni hoy. La crisis económica, la financiera, la bajada generalizada de los precios en primera venta, la reducción de las cuotas, lo que ha ocurrido recientemente con el atún rojo en ICCAT, un 4,4 por ciento -y menos mal que solo ha sido eso-, han justificado la vigencia de esta proposición no de ley. Quiero decirles también, señorías, que en algunos puertos se han hecho colectas -entre comillas- para que algunos marineros que no tienen recursos puedan pagar las sanciones, porque hay que recordar que las mismas se han aplicado a la flota artesanal, a la flota de bajura; aquí no hay grandes armadores pagando las sanciones y, al final, son los marineros o los armadores de pequeño poder adquisitivo los que están haciendo frente a esto.
Como segunda parte de la justificación de la validez de esta proposición no de ley diré que hay otra sanción que se ha impuesto a la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores de España. Esto sí que llama la atención, porque estamos hablando de una entidad que está integrada por cofradías de pescadores, por sus federaciones, que está regulada en la Ley de pesca marítima como una corporación de derecho público, que no tiene ánimo de lucro y que actúa exclusivamente como un órgano de consulta y colaboración de las administraciones. Además, en los Presupuestos Generales del Estado hay una partida para ayudar al funcionamiento de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Uno se pregunta por qué no puede manifestar una discrepancia con una política del ministerio o por qué no puede manifestarse -como lo hizo- a las puertas del ministerio la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores sin ser sancionado, como ocurrió. No quiero pensar que esa sanción viniera por ese hecho sino, como se dice en el propio escrito de la denuncia, por no haber tramitado en tiempo y forma la comunicación de una manifestación. Esto también quiero recalcarlo, porque según el ministerio la comunicación llegó con veinticuatro horas de retraso respecto al plazo determinado, pero hay sentencias en estos mismos expedientes y en otros casos muy similares, en el País Vasco, reconociendo el derecho a comunicar la manifestación por la vía de urgencia y, por tanto, no se ha aplicado este plazo que en este caso sí se aplica y que al rebasarse provoca la sanción a la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.
No hace falta decir aquí que ninguno de nosotros está en contra de la defensa de la libertad de manifestación, pero que esto haya llegado al Constitucional o a Estrasburgo es algo así como ver para creer. No tiene mucho sentido, ya lleva coleando mucho tiempo y, evidentemente, lo que pedimos al Gobierno es sensibilidad para dar una solución definitiva, para dar carpetazo a estos expedientes -siempre de forma que se respete la legalidad, porque todas sus señorías saben que hay vías y fórmulas muy adecuadas para hacerlo- y, sobre todo, para acabar con la inseguridad jurídica a la que me refería, puesto que la propia Federación Nacional de Cofradías de Pescadores dice en uno de sus informes -al que pueden tener acceso todas sus señorías- que los pescadores sancionados necesitan saber si el Ministerio de Fomento les entregará las actas de infracción, que es el acta de inspección o denuncia, elaboradas por los agentes que constataron los hechos -supuestamente estos agentes les acusan de desobedecer la orden de abandonar las aguas del puerto o de afectar a la seguridad, y de los más de mil expedientes solo se impone esta sanción a un grupo reducido-, pero la Dirección General de la Marina Mercante no permite que se faciliten los expedientes.
El Grupo Parlamentario Catalán ha presentado una enmienda que nos parece totalmente asumible. Leo el texto de la propuesta y luego el texto de la enmienda. El texto de la propuesta dice: Instar al Gobierno a adoptar las medidas que en derecho procedieran para dejar sin efecto los procedimientos sancionadores incoados y las sanciones impuestas derivadas de las acciones reivindicativas de la flota pesquera realizadas durante el año 2005, así como instar las actuaciones procesales procedentes para el archivo del recurso jurisdiccional interpuesto por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. El Grupo Catalán añade en su enmienda: tal y como se ha solicitado y aprobado en reiteradas ocasiones durante el año 2008 en las Cortes Generales. Como supongo que se refiere a diferentes iniciativas que se han debatido tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, nos parece aceptable, pero nos gustaría que se suprimiera la frase "durante el año 2008". Entendemos que se han presentado iniciativas fuera de esa fecha y, por tanto, debería quedar de la siguiente manera: tal y como se ha solicitado y aprobado en reiteradas
ocasiones en las Cortes Generales, porque ha habido iniciativas fuera de esa fecha.
La señora PRESIDENTA: Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Catalán. Para su defensa tiene la palabra el señor Janè.
El señor JANÉ I GUASCH: Tal y como destaca el Grupo de Convergència i Unió en su enmienda, no es la primera vez que debatimos el contenido de esta proposición no de ley, lo hemos hecho en otras ocasiones en esta misma Comisión, también a instancias de nuestro grupo parlamentario. Hoy no podemos hacer otra cosa que felicitar la propuesta que nos trae el diputado don Joaquín García Díez, darle nuestro absoluto apoyo y decirle que lamentablemente esta proposición no de ley es oportuna porque, lamentablemente, a pesar de que hemos aprobado ya propuestas en el mismo sentido desde el año 2008, lamentablemente siguen sin estar archivados los expedientes. ¿Qué pedimos? Que en un momento de crisis económica como el que estamos padeciendo se solucione este problema, sobre todo teniendo en cuenta que son expedientes del año 2005, abiertos tras unas protestas por la subida del precio del combustible que provocaron algún cierre de puertos, y me quiero referir de forma clara al puerto de Tarragona, donde todavía hoy miembros de la cofradía de pescadores nos están reclamando que nos interesemos por sus expedientes porque siguen abiertos, sigue habiendo recursos. Estamos en un Estado de derecho, estamos ante actuaciones llevadas a cabo en un ámbito de protesta y es indignante que en estos momentos, a finales de 2010, en el mes de diciembre, tengamos resoluciones afirmativas y resoluciones negativas por los mismos hechos.
Pero es todavía más vergonzoso, señora presidenta, que por parte del Ministerio de Fomento se apliquen a estos expedientes distintas varas de medir -esto ha pasado, y este diputado que les habla los ha tenido en su mano-, porque hay algunos que la propia Administración ha archivado y otros que siguen adelante con sus sanciones y los han tenido que recurrir. Esta falta de criterio homogéneo provoca que pidamos a la Administración que los archive todos, que no sigan vigentes esas sanciones por unas actuaciones de protesta del año 2005, que seamos sensibles. Estoy de acuerdo en que la legalidad hay que aplicarla siempre, pero también es verdad que hay expedientes archivados por los mismos hechos. Si hay un Congreso de los Diputados, que representa al conjunto de la ciudadanía, que así lo pide, podemos decir al Ministerio de Fomento que archive de una vez los expedientes por esas acciones que se realizaron en los puertos.
Señor García Díez, gracias por traer esta iniciativa hoy aquí. Señores del Grupo Socialista, esperamos que si hoy se aprueba la cumplan y nunca más tengamos que tener que traer esto aquí. Cumplirla es muy fácil: que desde el Ministerio de Fomento se dé la instrucción de pasar página, de archivo de unos expedientes administrativos de los que hoy no deberíamos seguir hablando, porque nos referimos a unos hechos acaecidos hace cinco años y la crisis económica nos obliga a todos a tener una cierta amplitud de miras a la hora de intentar encauzar este tipo de diligencias. Nos indigna que esto siga así y pedimos al Gobierno la máxima diligencia para que actúe en este ámbito. Esta es la actitud de Convergència i Unió.
Apoyamos la proposición no de ley.
En cuanto a la enmienda que hemos presentado, estaríamos totalmente de acuerdo en mantenerla sin la frase "durante el año 2008", porque es verdad que lo hemos debatido en reiteradas ocasiones en el Congreso y en el Senado y no únicamente en el año 2008, que es cuando empezó esta legislatura. Lamentablemente, hemos tenido que reiterarlas en el año 2009 y hoy, en el año 2010, una vez más. Esperemos que sea la última porque finalmente el tema quede resuelto.
La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra el señor Carro.
El señor CARRO GARROTE: En la intervención anterior he escuchado de forma reiterada la palabra "lamentablemente". Para nosotros no es ningún motivo de lamento estar en un Estado de derecho, supongo que para los demás compañeros tampoco. Justamente esta es la cuestión. Desde el Grupo Socialista podemos compartir las reivindicaciones que se plantean, pero, efectivamente, hay un procedimiento jurídico y administrativo que no podemos saltarnos. Decía el anterior diputado, el señor Jané, que el Congreso y el Senado lo han pedido reiteradamente. En todo caso, para resolverlo el Congreso puede cambiar la Ley de Procedimiento Administrativo y eso nos facilitaría adoptar tal decisión. Pero en el caso de los expedientes que hoy debatimos se trata de órdenes directamente impartidas y notificadas por los correspondientes capitanes marítimos, manteniendo en aquel momento las embarcaciones dentro de los canales de los puertos e impidiendo, por tanto, la libre navegación. Este es un derecho de manifestación que se contrapone a otros intereses económicos. En aquel momento los barcos no cumplieron la orden de desbloquear los puertos, como consecuencia de una reivindicación perfectamente legítima, lo que ha supuesto pérdidas económicas importantes y también reclamaciones al Estado por parte de distintas compañías navieras y de otros intereses afectados por tales bloqueos.
En consonancia con lo anterior, en la mayoría de los casos, contra las resoluciones dictadas se interpusieron por los expedientados los oportunos recursos de alzada que se han tramitado en tiempo y forma ante el Ministerio de Fomento. En aquellos supuestos en los que la resolución de estos recursos ha resultado ser desestimatoria se han interpuesto por los expedientados recursos contencioso-administrativos. Debe concluirse, necesariamente, que no resultaría factible dejar sin efecto las sanciones impuestas en la forma que se pretende por parte de quien presenta la iniciativa parlamentaria, ya que ello no es ni administrativamente procedente ni
jurídicamente posible, pues se trata de sanciones que han sido impuestas tras la tramitación de los correspondientes procedimientos contradictorios y cuyas resoluciones han adquirido firmeza tanto en la vía administrativa como en la contencioso-administrativa. Hay que recordar, además, el artículo 118 de nuestra Constitución, que establece la obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
Finalmente, el artículo 9.3 del propio texto constitucional consagra la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, situación en la que se incurriría si se dejasen sin efecto las sanciones recaídas, cuando otros expedientados ya han abonado las sanciones impuestas, o cuando el Ministerio de Fomento procediera a dejar sin efecto sanciones dictadas por órganos jurisdiccionales y cuyo texto literalmente ordena el cumplimiento de su contenido.
Dada la existencia de la resoluciones judiciales, a las que sobradamente se ha aludido, cabría entender que en virtud del citado artículo 118 de la Constitución española sería contrario a derecho dejar sin efecto las sanciones, y por ende la resoluciones judiciales, mediante la promulgación de cualquier norma o resolución distinta de la figura del indulto, si es que la normativa que regula su ejercicio permite su aplicación en tales casos. Recuerdo, por ejemplo, el caso de los vecinos de O Eixo, en Santiago de Compostela, sancionados también después de haber ejercido su derecho de manifestación, cuyo procedimiento acabó sustanciándose por la vía del indulto, después de que incluso algunos de ellos pasaran por la cárcel. ¿Por qué? Porque, efectivamente, el cumplimiento de la legalidad y de los procedimientos administrativos y jurídicos es garantía para todos los ciudadanos y no se puede ver desde la perspectiva que se plantea, en la que el único argumento -no desdeñable, pero jurídicamente inaceptable- es el de la situación económica o el de la cuantía económica que pudiera recaer sobre los afectados.
Desde el Grupo Socialista se puede compartir la reivindicación que se plantea, pero, en todo caso, no es la forma ni el procedimiento y el Ministerio de Fomento no tiene ningún tipo de capacidad legal para asumir semejante reivindicación.
- SOBRE EL 1 POR CIENTO FORESTAL DESTINADO A LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS BOSQUES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001213.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto segundo del orden del día, proposición no de ley sobre el uno por ciento forestal destinado a la limpieza, mantenimiento, ampliación y vigilancia de los bosques, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Tiene la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Señorías, esta es una proposición no de ley que mi grupo parlamentario presentó justo en el verano del año 2009, en el mes de julio; año en el que, por desgracia, distintos territorios del Estado español padecieron incendios forestales que ocasionaron víctimas mortales. Es evidente que estos incendios forestales no solo se produjeron en el año 2009 sino que habitualmente en la región mediterránea nos encontramos con esta problemática. En el territorio español existe una gran masa boscosa y si no la cuidamos se pueden producir estos incendios que ocasionan problemas ambientales, económicos, sociales y, en algunos casos, repito, incluso provocan víctimas mortales; también hay consecuencias climáticas, puesto que se llega a un proceso de abandono y degradación del medio rural que genera una incapacidad para dar salida a los valores económicos del bosque, por ejemplo, en cuanto a la producción de madera en un mercado globalizado.
Pensamos que se tendrían que revisar los mecanismos fiscales para devolver a los bosques los favores que hace a la población, compensando fiscalmente a sus propietarios por esos bienes ambientales que producen -propietarios que en muchos casos son públicos y en otros privados; por ejemplo, en Cataluña el 80 por ciento de la propiedad forestal es privada y en otras regiones de España también es así-, ya que no hay suficientes recursos para poder hacer un mantenimiento adecuado de los mismos. El bosque juega un papel fundamental, por ejemplo, a la hora de fijar carbono, ayudándonos, por tanto, a conseguir los objetivos del Protocolo de Kioto; también es esencial para controlar la erosión, contribuyendo a mejorar la hidrología, y, a la vez, también en algunos territorios tiene efectos económicos positivos por la explotación del turismo sostenible. A todos nos interesa la conservación de estos bosques, pero en las distintas administraciones no hay suficientes recursos, vía subvención, para hacer frente a su limpieza, por lo que, a su vez, tampoco son productivos.
Lo que planteamos en esta proposición no de ley para conseguir estos recursos que las distintas administraciones pudieran invertir en la limpieza de estos bosques, sería fijar el uno por ciento forestal, de la misma manera que ya existe un mecanismo análogo para la conservación del patrimonio histórico, que es denominado uno por ciento cultural. Se propone que un porcentaje de lo que se dedica a la construcción de infraestructuras de transporte, carreteras, ferrocarril, puertos y aeropuertos, se destine justamente a financiar trabajos de limpieza, mantenimiento, mejora y ampliación de nuestra masa forestal. Creemos que sería una medida complementaria y adicional y en ningún caso podríamos sustituir los limitados fondos públicos que desde las distintas administraciones ya se destinan a estos menesteres. Sabemos
que el sector forestal tiene dificultades, que hay que buscar diferentes mecanismos de ayuda, y ya tenemos la vía de las plantas de biomasa, por tanto energías renovables, como otra salida posible a la limpieza de los bosques. Es importante y necesario dedicar más recursos y creemos que este uno por ciento forestal ayudaría a solucionar este problema.
La señora PRESIDENTA: Como no se ha presentado ninguna enmienda, pasamos al turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Voy a defender en nombre de mi grupo la postura sobre esta proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Quiero que mis primeras palabras sean un poco de asombro, en el sentido de que el texto de la proposición no de ley no se corresponde exactamente con la explicación que ha dado la diputada; luego me referiré a cuál es la diferencia que he encontrado. Nuestro grupo comparte una gran parte de los planteamientos que están contenidos en la exposición de motivos de la proposición no de ley. Por supuesto, compartimos la preocupación por los incendios forestales, una de las mayores lacras de los países mediterráneos, que año tras año van asolando nuestro país. Señorías, cada vez que se produce un incendio forestal, además de las pérdidas ambientales, sociales, materiales y humanas, se producen pérdidas económicas valoradas en torno a 5.500 euros por hectárea forestal quemada, lo que equivale a una pérdida de 1.500 millones de euros de media anuales. Compartimos también con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida la importancia de nuestras masas forestales como sumideros de dióxido de carbono, es más, queremos destacar que los montes desempeñan una función social relevante tanto como fuente de recursos naturales como por ser proveedores de múltiples servicios ambientales. El monte, señorías, genera unas externalidades positivas que a todos benefician. Compartimos también parte de las explicaciones que ha dado la diputada, porque en estas explicaciones, en el caso concreto de los incendios que asolaron Cataluña en el verano del año 2009, que fue el de los grandes incendios, incendios que afectaron a montes de propiedad pública y de propiedad privada, se ha referido a los dos tipos de montes.
Sin embargo, no compartimos el objetivo del texto de la proposición no de ley, que a la postre es lo que votamos, no lo que ha dicho la señora diputada. Consideramos que el objetivo que se establece en ese texto es poco ambicioso, y me explico. El texto -no lo ha dicho usted cuando lo ha explicado- se refiere solamente a las masas forestales públicas del país.
No compartimos que solamente haya que cuidar las masas forestales públicas. Las áreas forestales en España, como saben, son más de 26 millones de hectáreas, el 51,4 por ciento de la superficie de nuestro país, y cerca del 70 por ciento de estas masas forestales son de propiedad privada. Todos sabemos señorías que los bosques españoles, salvo alguna excepción, no son rentables y por ello no se realizan las inversiones necesarias para proyectos de mejora que permitan incrementar su capacidad de fijación de carbono entre otras muchas externalidades.
Usted, señoría, en su intervención se ha preocupado solamente por el 30 por ciento de las masas forestales españolas y por ello no podemos apoyar su iniciativa. En ella usted se limita a solicitar la mejora, el cuidado, la limpieza y el mantenimiento de los bosques, pero nosotros creemos que hay que considerar también el aspecto productivo de las masas forestales y que nuestros bosques, además de necesitar una limpieza, que la necesitan, y un mantenimiento, que lo necesitan, deben ser rentables. La rentabilidad de los montes es la máxima garantía de su conservación, es la máxima garantía de una gestión sostenible. Cuando hablamos de los incendios forestales, siempre pongo como ejemplo el ocurrido en la provincia de Guadalajara. En los años anteriores al del incendio, el monte había sido gestionado por la Unión Resinera Española y entonces el monte estaba limpio, el monte era rentable, el monte producía y allí no había incendios. Cuando dejó de ser gestionado, cuando dejó de producir, el monte se abandonó. Decimos sí a la limpieza, sí al mantenimiento, pero creemos que limitarnos solo a estos cuidados de las masas forestales españolas no es lo adecuado.
Por otro lado, compartimos este uno por ciento que usted reclama para inversión en política forestal, pero no nos ha dicho de dónde lo van a sacar. Ahora que están los presupuestos en trámite, suponemos que tendrán alguna enmienda en este sentido. Los 125 millones de euros anuales que usted dice nos parecerían bien si supiéramos de dónde van a salir, pero esta crisis económica no es momento para hacer un brindis al sol, que es lo que nos parece que es esta proposición no de ley. Por ello, nuestro grupo parlamentario se va a abstener en la votación.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Lizarraga.
La señora LIZARRAGA GISBERT: La proposición no de ley presentada pretende establecer un mecanismo de financiación para la protección de los bosques y las masas forestales análogo al conocido como el uno por ciento cultural, de forma que se incrementen notablemente los fondos destinados a esta actividad, que se estiman en unos 125 millones de euros anuales, y que los mismos se territorialicen, siendo suplementarios a los fondos actuales que se gestionan mediante la subvención. A este respecto tenemos que decir que el uno por ciento cultural, establecido por la Ley de Patrimonio Histórico Español del año 1985, consiste en un fondo cuyos créditos se van generando durante cada ejercicio presupuestario a medida que se van ejecutando las obras
públicas del Estado que están afectadas por el mismo y permite financiar mediante subvención proyectos concretos de restauración o conservación de bienes declarados de interés cultural, presentados por sus titulares, previa aprobación por la correspondiente comisión. Este fondo supone una excepción en los principios previstos en la Ley General Presupuestaria de no aceptación de recursos y de limitación cualitativa de los créditos y por ello su constitución exige rango de ley, de forma que suponga un ingreso legalmente afectado a la realización de actuaciones determinadas y pueda ser un supuesto de generación de crédito presupuestario. Por tanto, para que verdaderamente sea un sistema de financiación análogo al uno por ciento cultural, es necesario que se establezca mediante ley, ya que de lo contrario solamente puede consistir en una mera minorización del uno por ciento de los presupuestos destinados a inversión en infraestructuras de transporte, para incrementar los créditos destinados a actividades de protección de los bosques y las masas forestales sin que se internalice en los presupuestos de las obras públicas de transporte.
Por otro lado, en lo que se refiere a los proyectos de inversión del Ministerio de Fomento, he de añadir que mediante el cumplimiento estricto de las declaraciones de impacto ambiental ya se garantiza, de acuerdo con los criterios del órgano de evaluación ambiental, la regeneración paisajística del entorno, incluso con actuaciones compensatorias en ámbitos distintos a aquellos sobre los que directamente se actúa con las obras de infraestructuras. Por tanto, la protección ambiental en este sentido también está garantizada.
Por otra parte, dada la situación presupuestaria actual, tal como decía la diputada del Partido Popular, no cabe considerar nuevas opciones que supongan incremento de gasto alguno, pues en la PNL no se especifica de qué partidas se tendrían que retirar los 125 millones de euros para poder hacer efectivo este uno por ciento forestal. Por todo ello, estando naturalmente de acuerdo en el fondo de la PNL, nuestro grupo no dará apoyo a la misma por no considerarla ni oportuna en la forma, si se tiene que tramitar como una ley, ni naturalmente en el tiempo, momentos de gran austeridad económica.
La señora PRESIDENTA: Antes de pasar al debate de la proposición no de ley sobre gestión de residuos urbanos que aparece en el punto primero del orden del día, les anuncio que la hora de votación será no antes de las siete y media.
- SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001090.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la defensa de la proposición no de ley sobre gestión de residuos urbanos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. La defiende el señor Erias. Tiene la palabra.
El señor ERIAS REY: Señorías, como todos ustedes ya conocen, los residuos son uno de los mayores problemas ambientales de las sociedades modernas.
Su protección, gestión y eliminación son aspectos cada vez más preocupantes para abordar con éxito la sostenibilidad y la degradación de nuestro medio ambiente. En España, la gestión de los residuos urbanos de origen domiciliario es competencia de las entidades locales y en mayor o menor medida está orientada y apoyada por las comunidades autónomas bajo una legislación estatal básica.
Para comprender la preocupación y la presentación de esta proposición no de ley que hoy debatimos, vamos a analizar primeramente los antecedentes en los que nos hemos basado para formular la misma. El pasado 26 de febrero de 2008, la ministra de Medio Ambiente, la señora Narbona, se apresuraba a presentar a los consejeros autonómicos del ramo el Plan nacional integrado de residuos, durante la última Conferencia sectorial de medio ambiente previa a las elecciones generales. Al encontrarse finalizados los periodos de vigencia de la mayoría de los planes nacionales de residuos a finales de 2006, el plan debería haber entrado en vigor en 2007, tal y como estaba inicialmente proyectado: desde 2007 a 2015. Así constaba en los borradores del plan. Naturalmente, como el año 2007 ya ha pasado, la actual versión preliminar del Plan nacional integrado de residuos contemplaba el periodo 2008-2011. Finalmente, el plan se aprobaba en el último Consejo de Ministros del mismo año, el 26 de diciembre de 2008, cumpliendo in extremis el último compromiso de las ministras. Puede que el retraso de la aprobación del Plan nacional integrado de residuos se debiera a la espera de la anunciada Directiva 2008/98/CE del Parlamento y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre residuos, por la que se derogan otras directivas. El Plan nacional integrado de residuos establece objetivos específicos de reducción, reutilización, reciclado, valoración y eliminación y abarca el tratamiento de los residuos domésticos y similares, los residuos de legislación específica, vehículos, neumáticos fuera de uso, peligrosos, pilas y acumuladores, aparatos eléctricos y electrónicos, de construcción y demolición, lodos y depuradoras y suelos contaminados, además de algunos residuos agrarios e industriales no peligrosos. Ahora bien, veamos cómo se ha ido ejecutando este Plan nacional integrado de residuos.
En la memoria de objetivos de los Presupuestos Generales del Estado de 2009, el Gobierno destacaba entre las líneas de actuación una para el área de cambio climático y calidad ambiental, que decía textualmente: Recibirán financiación de las comunidades autónomas, dirigida a impulsar la recogida selectiva de residuos y el reciclado, las medidas relacionadas con el Plan de acción sobre el vertido ilegal, el Plan de medidas urgentes de lucha contra el cambio climático, adoptado por Consejo de Ministros en el ejercicio pasado, en lo relativo a la mitigación no energética del cambio climático, la subvención de traslado de residuos a la Península y otras actividades derivadas del próximo Plan nacional integral de residuos.
Aquí se cierran las comillas de lo que decían los presupuestos de 2009.
Finalmente, se establece una cantidad para la transferencia a comunidades autónomas para llevar a cabo la política de residuos, pero constatamos que esta se ha ido reduciendo progresivamente en los años sucesivos. Así, se disponen 23.409.870 euros, en 2009; 18.528.640 euros, en 2010, y 6.300.000 euros en el presupuesto recientemente aprobado para 2012. Es por ello que creemos necesario tener en cuenta estos antecedentes y llevar a cabo una determinada planificación, tal y como se recoge en la propia legislación, tanto en la ley estatal, la Ley 10/1998, de Residuos, como en la Directiva 2006/12/CE. Por otra parte, la actual estrategia comunitaria de gestión de residuos contempla la conveniencia de que los mismos se traten y la reciente estrategia temática de prevención y reciclaje de residuos propone la elaboración de planes específicos de prevención para determinados residuos. Actualmente, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino está llevando a cabo la trasposición de la Directiva-marco de Residuos, cuyo plazo de trasposición termina en diciembre de 2010. Las últimas noticias son que el borrador del anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados se sometió a consulta pública entre el día 14 julio y el 31 agosto de este mismo año y que la nueva ministra, doña Rosa Aguilar, se ha comprometido en breve a llevar a cabo su tramitación. El borrador del anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados supone un gran número de cambios conceptuales en relación con la Ley de 1998, que implican un nuevo enfoque en las obligaciones de gestión de los residuos, de la propia gestión de los mismos y de las fuentes de financiación de todos aquellos generados por las entidades municipales, que hacen de este anteproyecto un instrumento de cambio de la mencionada gestión y de su futuro. Las medidas que proponemos en la iniciativa que el Grupo Popular ha presentado pueden estar reconocidas en el Plan nacional integrado de residuos y reiteradas si cabe en la futura ley, anexo cuarto, ejemplos de medidas de prevención de residuos contemplados en el artículo 13, pero, a nuestro juicio, deben concretarse y evaluarse para ver cuál va a ser su futura ejecución. Por eso hemos propuesto, en primer lugar, que el Gobierno lleve a cabo las disposiciones necesarias para completar y actualizar la información estadística relativa a la gestión de residuos urbanos en todo el territorio nacional, implicando a todas las administraciones que sea necesario; en segundo lugar, que se habiliten los medios técnicos y económicos para que se garanticen las operaciones de inspección y vigilancia en el ámbito de gestión de los residuos y que se propicien los acuerdos necesarios con las comunidades autónomas para poner en marcha los planes de gestión de residuos específicos y las normas que completan las de carácter nacional, tales como el Plan nacional integrado de residuos 2008-2015, y por último, que se atiendan las conclusiones del grupo de trabajo 17 de Conama VIII, que demandan propiciar las acciones de educación ambiental para lograr la total colaboración del principal actor del proceso de gestión de los residuos, que no es otro que el ciudadano consumidor.
Esta es la proposición no de ley que hoy presentamos. Se ha presentado una enmienda. Hemos estado hablando con el Grupo Socialista y vamos a presentar una enmienda transaccional que haremos llegar a la Presidencia y que en principio hemos acordado entre los dos grupos.
La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda que se ha presentado, tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora Estrada.
La señora ESTRADA IBARS: Señorías, tratamos un tema, la gestión de residuos, que, como dijo el proponente, es primordial en las sociedades industriales modernas, puesto que constituye un gran problema medioambiental, un problema con consecuencias negativas diversas como contaminación de suelos, de agua, de la atmósfera, que tiene una difícil solución, ya que la generación de residuos no deja de aumentar; de ahí la famosa frase: El mejor residuo es el que no existe.
Señorías, coincidimos con el proponente en que la gestión de residuos es prioritaria para la Unión Europea en cuestión de políticas medioambientales, pero debemos añadir que también lo viene siendo desde hace años para el Estado español, donde las comunidades autónomas han asumido las competencias de gestión en materia de medio ambiente, tal y como establece la Constitución. Los primeros planes de residuos en España datan de 1995. A lo largo de los quince años transcurridos se han ido aprobando varios planes, habiendo actualmente más de once planes nacionales en vigor y otros tantos en las distintas comunidades autónomas. Se ha trabajado mucho en este sentido, en la gestión de residuos; bien es verdad que, a la vista de los resultados, podemos decir que en unas comunidades autónomas más que en otras o tan solo establecer que, habiendo trabajado todas ellas por igual, los objetivos conseguidos son mejores en unas que en otras. Siendo verdad, como cita el proponente, que estamos muy lejos de los resultados obtenidos por otros países de la Unión Europea, debemos ser realistas y, al hacer las valoraciones, considerar de dónde partíamos hace unos años y en dónde estamos ahora y comparar esto con el resto de los países. Veríamos que hemos trabajado considerablemente. También creo que la sociedad española está mucho más sensibilizada sobre la necesidad de proceder a un tratamiento adecuado de los residuos y, más que nunca, de que todos y todas debemos cooperar en lo que esté en nuestras manos. Todo ello ha sido posible gracias a numerosas campañas publicitarias que se han realizado con el objeto de sensibilizar a la población y también a que la ciudadanía española muestra un comportamiento más cívico, más solidario y más sensible a los aspectos medioambientales. Claro está que esto nos puede llevar a la autocomplacencia. Que queda mucho por hacer, es verdad; que es necesario seguir trabajando, también; que este trabajo requiere de una buena coordinación entre comunidades
autónomas y Administración central, también; que cada día debe haber mayor número de ciudadanos y ciudadanas sensibilizados, también. Por ello, sea bienvenida toda iniciativa que nos obligue a plantearnos distintos aspectos relacionados con el tratamiento de residuos. Sentimos que los temas planteados en esta proposición no nos traigan nada nuevo, puesto que lo propuesto ya está siendo realizado por el ministerio.
El Plan nacional integrado de residuos establece como objetivo general la obtención de estadísticas fiables en materia de infraestructuras, empresas gestoras y producción y gestión de residuos. De ahí que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino haya venido trabajando en esta dirección. Así, ha estado estableciendo protocolos de suministro de información en materia de residuos urbanos, en colaboración con las comunidades autónomas, y a su vez ha estado colaborando con el Instituto Nacional de Estadística para la aplicación del reglamento comunitario de estadísticas en materia de residuos. Además, se está desarrollando el programa ETER, referido a la gestión de residuos peligrosos, con el que se pretende conseguir la homogeneización de datos y procesos en los sistemas de información ambientales de las distintas administraciones públicas y proporcionar una base común a aquellas que no dispongan de sistemas de información para la tramitación electrónica. Se está actuando en consecuencia con lo establecido en el plan nacional, pero nunca está de más redoblar los esfuerzos para conseguir mejorar los resultados. Por otra parte, creemos oportuno que se lleve a cabo en el menor tiempo posible la trasposición de la Directiva europea 2008/98/CE, lo cual repercutirá en la mejora de determinadas deficiencias existentes en el sistema de información y obtención de estadísticas en la materia.
Son, como indiqué anteriormente, las comunidades autónomas las que tienen la competencia en la gestión de residuos, correspondiéndoles por tanto la autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos. En ocasiones puntuales, el Ministerio del Interior, a través del Seprona, ha colaborado en actividades de inspección y vigilancia con las comunidades autónomas, colaboración que creemos debe continuar. Proponemos, entre otras actuaciones, que se incrementen la recogida selectiva y reciclado, el fomento del compostaje y la erradicación de vertidos ilegales. Señorías, queremos que, respetando las competencias de las comunidades autónomas en la materia, el Gobierno trabaje, como viene haciendo, en el fomento de determinadas actuaciones orientadas a mejorar la gestión de residuos con actuaciones específicas.
Como último punto y no por ello menos importante, quiero referirme a la sensibilización de todos los agentes implicados en la producción y gestión de residuos. Campañas informativas que tan buen resultado han dado se deben seguir manteniendo. Señorías, todos y todas generamos residuos; debemos pues trabajar en conjunto para cambiar hábitos, optimizar procesos, en definitiva, conseguir producir menos y gestionar mejor los residuos, lo cual tendrá una repercusión positiva para el medio ambiente.
Por todo lo mencionado, hemos propuesto una enmienda a esta proposición no de ley y hemos acordado una transaccional con el proponente, lo cual agradecemos, porque es trabajar en conjunto en beneficio de la sociedad.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley que aparece en el punto cuarto del orden del día, sobre el etiquetado de los residuos domiciliarios, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Señorías, vaya por delante que a este diputado le supone una satisfacción debatir de nuevo una iniciativa parlamentaria en esta Comisión de la que formé parte en las dos legislaturas anteriores.
Actualmente, como no se puede estar en todas, como ustedes saben, mantengo mi interés en los temas ambientales en la Comisión Mixta para el Estudio del Cambio Climático. Por tanto, señorías, les quiero hacer partícipes de una iniciativa que se complementa con las dos comisiones, pues su aprobación va a permitir mejorar la recogida selectiva de los residuos sólidos urbanos y redundará también en la lucha contra el cambio climático.
Esta iniciativa que les presento, señorías, para su aprobación tiene como objetivo fundamental que, a través de un cambio cualitativo, como es la introducción de un etiquetaje de residuos en los productos que consumimos los ciudadanos, se ayude a la mejora de la recogida selectiva de los mismos y se facilite su potencial de valorización, que es como decir la conversión de los residuos en un recurso que contribuye al ahorro de materias primas y energía, favoreciendo de forma directa el desarrollo sostenible y la conservación del ecosistema. Quiero fundamentar esta iniciativa en el marco de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 noviembre de 2008, sobre los residuos, y en el Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015, aprobado también en el Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2008, como se ha dicho en la anterior iniciativa sobre gestión de residuos.
Como ustedes conocen, la Directiva comunitaria de Residuos pretende contribuir a ir transformando la Unión Europea en una sociedad de reciclado, que trate de evitar la generación de residuos y que utilice los residuos como un recurso. También con objeto de reducir la emisión de gases de efecto invernadero originados por la eliminación de los residuos, la directiva recalca que es importante facilitar la recogida separada. Por tanto, señorías, la nueva Directiva-marco de Residuos impone que los
Estados miembros tomen las medidas que procedan para fomentar un reciclado de alta calidad. El artículo que vincula mejor la Directiva de Residuos con la iniciativa que estamos debatiendo hoy es el artículo 8, de responsabilidad ampliada del productor, que nos dice que, para mejorar la reutilización, la prevención, el reciclado y la valorización de los residuos, los Estados miembros podrán adoptar medidas legislativas o no legislativas para garantizar que cualquier persona física o jurídica que desarrolle, fabrique, procese, trate, venda o importe productos de forma profesional vea ampliada su responsabilidad. Estas medidas podrán incluir la obligación de ofrecer información accesible al público sobre en qué medida el producto es reutilizable y reciclable. Entre las medidas que pueden afectar a la fase de consumo y uso que sugiere la Directiva de Residuos destaco la de la promoción de etiquetas ecológicas acreditables, que está en la línea de lo que quiere conseguir esta iniciativa.
La segunda base fundamental que he puesto antes como referencia de esta directiva es el Plan integrado de residuos para el periodo 2008-2015. La finalidad, como han dicho mis compañeros en el debate anterior, es promover una política adecuada de gestión de los residuos, disminuyendo su generación e impulsando un correcto tratamiento de los mismos, tanto en la prevención como en la reutilización, reciclaje, valoración y eliminación. Como se reconoce en este plan nacional, la regeneración y gestión de los residuos constituye uno de los problemas ambientales más graves a los que nos enfrentamos. La gestión inadecuada de los mismos produce grandes impactos que afectan a los medios acuáticos, al suelo y al aire, contribuyendo al cambio climático y afectando de forma directa al ecosistema y a la salud humana; en cambio, su gestión adecuada convierte a los residuos en un recurso que contribuye al ahorro de materias primas y energía. El éxito de cualquier política ambiental de mejora de la gestión de residuos pasa por el hecho de que tanto las administraciones públicas como los agentes económicos y sociales, los consumidores y usuarios asuman su cuota de responsabilidad. El Plan nacional integrado de residuos manifiesta que todavía un porcentaje elevado de los residuos de nuestro país van al vertedero, a pesar de que en los últimos años se ha conseguido una mayor sensibilización, tanto de la Administración, como de los sectores económicos y de la sociedad. El sistema integrado de gestión, Ecoembes, manifiesta que los españoles ya reciclan seis de cada diez envases y que estos resultados han superado los objetivos establecidos por la propia Ley de Envases y Residuos de 1997 y en la Directiva-marco europea sobre residuos de envases. Asimismo, Ecovidrio considera que el reciclado del vidrio en España se ha consolidado, ya que todos los años se ha incrementado, llegando en el año 2009 a la cantidad de más de 712.000 toneladas. También es destacable el estudio de mercado realizado por Quor para Ecovidrio, según el cual el 70 por ciento de los españoles afirma que recicla vidrio y el 45 por ciento de los ciudadanos tiene asimilado el reciclado como una tarea doméstica más a realizar en el hogar. Pero de las conclusiones de este estudio también se extrae que los ciudadanos cometen frecuentemente errores a la hora de reciclar los envases de vidrio. Por ejemplo, un 61 por ciento de los encuestados afirma que depositan vasos de cristal junto con el resto de envases de vidrio; un 40 por ciento, platos, cerámicas, loza y otras piezas de vajilla, y un 33,6 por ciento afirma arrojar frascos de medicamentos a los contenedores de vidrio. También conocemos por los datos disponibles elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino que en el año 2006 el 14 por ciento del total de los residuos urbanos recogidos procede de lo depositado en contenedores específicos para ello y en los puntos limpios y el resto, el 86 por ciento, es recogido de forma mezclada. De todos es sabido que en la medida en que se mejora la separación domiciliaria y la recogida, mayor es el reciclado y la valorización de los residuos. En este sentido, por los datos disponibles del ministerio, aproximadamente el 50 por ciento de los residuos que entran en las plantas de clasificación de envases son rechazados debido a la presencia considerable de impropios y la fracción de envases ligeros recogidos selectivamente. Una de las causas que puede estar perjudicando de forma negativa a la separación idónea de los residuos domiciliarios es el desconocimiento de la forma de hacerlo. Los ciudadanos solamente reciben información a través de la indicación del símbolo de reciclaje de que ese residuo pertenece a un sistema integrado de gestión de residuos de envases, el SIG. Se complementa su información al respecto con campañas publicitarias esporádicas, en las que se le indica qué residuos se tienen que depositar en cada contenedor específico. Ante esto, resulta bastante obvio que la mayoría de los ciudadanos tengan dudas sobre la separación de muchos de los materiales que componen los productos que consumen, máxime por aumento de los que entran en la catalogación de residuos domiciliarios, ya sean residuos sólidos urbanos o peligrosos. En este sentido, los ciudadanos tienen que hacer frente a la separación de productos muchas veces de composición heterogénea, que por la naturaleza de algunos de sus componentes merecen también la consideración de residuos peligrosos o que forman parte de una separación distinta al estar formados por varios materiales que tienen una recogida diferenciada. Son muchos los materiales que forman parte de los residuos sólidos urbanos -el vidrio, el papel cartón, el plástico y los metales- a los que hay que añadir los residuos producidos en los domicilios que por su toxicidad tienen la consideración de residuos peligrosos, como los aceites minerales, las baterías, los equipos y materiales electrónicos, los medicamentos, las pilas, los productos químicos utilizados en la limpieza y mantenimiento y una amalgama de productos que pueden ser considerados tóxicos, así como otros residuos no peligrosos como los aceites vegetales de uso doméstico, los textiles y la madera. El Grupo Parlamentario Socialista, señorías, considera fundamental el etiquetado de los
residuos domiciliarios, tanto los considerados como residuos sólidos urbanos asimilados como los residuos peligrosos provenientes de los hogares, para conseguir los objetivos marcados en el Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015. Este etiquetado tiene que recoger la naturaleza de los materiales, su catalogación como residuos según la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos, y en qué contenedor tiene que realizarse su depósito, ya sea en función de su color o por la naturaleza de sus materiales, o si se tienen que depositar en un punto limpio por su tamaño, por la toxicidad de los materiales o porque no hay un contenedor urbano para esa recogida. Asimismo, se deberán indicar los beneficios ambientales que se obtienen por su correcto depósito o eliminación. Por tanto, señorías, con esta información estaremos formando de manera práctica a los consumidores, exigiendo, a su vez, que asuman su responsabilidad ante uno de los problemas ambientales más graves que tienen las sociedades modernas.
Por todo ello, señorías, les pido su voto favorable a esta iniciativa.
La señora PRESIDENTA: No se han presentado enmiendas y, por tanto, pasamos al turno de fijación de posición.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Iglesias.
La señora IGLESIAS FONTAL: Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular intervengo en esta proposición no de ley sobre el etiquetado de residuos domiciliarios. Quiero anunciarles que vamos a apoyar esta iniciativa, pero no sin antes hacer alguna matización y alguna aportación al respecto.
En primer lugar, quiero decir al grupo proponente que el título de la proposición no de ley, etiquetado de residuos domiciliarios, creo que es manifiestamente mejorable, incluso podemos decir que lleva a la confusión; quizá sería más correcto utilizar la terminología del Plan integrado de residuos, que habla de residuos urbanos de origen domiciliario, creemos que incluso sería mejor denominarlo residuos de origen domiciliario, para no excluir a los domicilios de las zonas rurales. ¿Qué es lo que realmente se está pidiendo con esta proposición no de ley? Se está pidiendo una ecoetiqueta, que es un mecanismo medioambiental que ya está puesto en marcha. Lo que ocurre es que hasta el momento se dedicaban más esfuerzos a la procedencia del material que al destino final del residuo. Sin duda, no es ningún invento nuevo puesto que, por ejemplo, en los residuos de los aparatos electrónicos ya se están indicando tanto sus componentes como su destino de reciclado. Otro ejemplo más de que no se está inventando nada nuevo es que ya existe un listado amplio de símbolos y etiquetas. ¿Dónde radica el problema? En el desconocimiento de su significado por parte de los usuarios finales.
Ahora bien, hay que decir que cuando la población tiene los conceptos claros, como ha ocurrido con el reciclaje del papel o del vidrio, el reciclado sí ha funcionado, y esto se manifiesta en los grandes volúmenes de reciclado de estos materiales.
Si seguimos ahondando en las numerosas referencias que existen en esta PNL, hay que decir que en el Plan nacional integrado de residuos 2008-2015 ya se contempla lo que aquí se propone. Es más, existe un anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que en su artículo 13, sobre programas de prevención de residuos, contempla, por una parte, la elaboración de programas de prevención de residuos y, por otra, la creación de una comisión técnica de residuos encargada de elaborar recomendaciones sobre etiquetado. Ya que estamos hablando de etiquetado de residuos de origen domiciliario, debemos mencionar aquí un aspecto novedoso -creo que podríamos tener un poco de visión de futuro- y hablar de lo que se llama etiqueta inteligente, en la que ya se lleva tiempo trabajando, con la que en un futuro más o menos próximo se sustituirá el código de barras por un chip que también deberá recoger la información sobre etiquetado de residuos. En todo caso, la norma que surja debe tener en cuenta dos aspectos y ser especialmente sensible al respecto. Por una parte, nos encontramos con un mercado globalizado y, por tanto, esto también debe exigirse a los productos que vienen del exterior; por otra parte, debe reconocerse el incremento que ello va a significar en los costos de producción, procurando evitar que repercuta en el usuario final.
También nos gustaría destacar aquí que por el momento en Europa no existe un sistema homogéneo de gestión de residuos. Cada país ha identificado las soluciones de gestión que ha considerado más adecuadas a su situación y como resultado de ello en los distintos países de Europa encontramos distintos sistemas de recogida. Los contenedores que se ponen a disposición de los ciudadanos no siguen el mismo código de colores; por ejemplo, en Bélgica el contenedor azul se usa para envases ligeros.
Creemos que esto dificulta la aplicación de un etiquetado que se pueda adaptar a varios países, que es algo en lo que se debe de trabajar.
Reiteramos nuestro apoyo a la proposición no de ley, esperando, a su vez, el grupo proponente acepte, integre o simplemente tenga en cuenta nuestras propuestas, que creo que son constructivas.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001892.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la proposición no de ley que aparece en el punto séptimo del orden del día, sobre la recuperación de las playas en la provincia de Huelva.
Para su defensa tiene la palabra el señor Oria en representación del Grupo Socialista.
El señor ORIA GALLOSO: Los temporales del año 1989 fueron especialmente dañinos y virulentos en la costa atlántica de la provincia de Huelva, dejando la playa de La Antilla, en el municipio de Lepe, prácticamente sin arena, es decir, desapareció literalmente, causando desperfectos en paseos marítimos, destruyendo todos los sistemas dunares que ya estaban muy dañados, provocando destrozos en mobiliario urbano, pérdidas de bienes municipales y de particulares, de equipamientos de playas; en definitiva, dejando a su paso pérdidas millonarias y en muchos casos la imposibilidad de iniciar en tiempo y forma la temporada turística para empresarios y trabajadores, con su repercusión en pérdidas de empleo y captación de recursos económicos. En el año 1990 en esta playa se hicieron aportaciones de arena de aproximadamente un millón de metros cúbicos. Durante trece años la propia dinámica de la costa hizo aparecer y desaparecer dicha arena, manteniendo la playa en buenas condiciones de uso y, desde luego, apta para el baño. En el año 2003 se hizo una aportación de mantenimiento en dicha playa y hasta la fecha sigue funcionando con su propia dinámica, permitiendo su uso como playa de baños y continuando la pérdida de arena en invierno y su recuperación normalmente en primavera. Otro tanto ocurrió en una playa cercana, la de Mazagón, a la que en el año 1996 hubo que hacerle otros tantos aportes de arena, siguiendo también con sus pérdidas de arena en invierno y su recuperación normalmente en la primavera. Los temporales del año 2009 fueron tan intensos que pusieron de manifiesto la necesidad de seguir con estas aportaciones, fundamentalmente de mantenimiento, puesto que se ha demostrado a lo largo de los años que dentro de lo malo es la mejor solución para el mantenimiento de las playas. Las playas más perjudicadas, más afectadas por esos temporales del año 2009 han sido Matalascañas, en Almonte, Mazagón, en Moguer y Palos, y La Antilla e Islantilla, en Lepe, e Isla Cristina que no se han recuperado definitivamente de los daños ocasionados.
En general, las playas españolas están en fase erosiva como consecuencia del proceso de regulación de ríos y arroyos que se inició a lo largo del siglo XX. En concreto, en el caso de Huelva estas regulaciones con las presas del Piedras y de Alqueva -esta última embalsa en torno a los 5.000 hectómetros cúbicos, y está en el alto Guadiana, en Portugal-, ha supuesto una falta de aporte sedimentario de alrededor de los 300.000 metros cúbicos al año, que es lo que venía aportando este río a nuestras playas, unido a una fuerte dinámica litoral en las playas onubenses, con transportes anuales muy superiores a los de cualquier otra zona de costa española y la construcción en la provincia de Huelva de obras marítimas, como el espigón de la margen derecha de la desembocadura del Guadiana, también en Portugal, y el dique Juan Carlos I, en el puerto de Huelva, donde se acumulan enormes volúmenes de arenas que dan lugar a nuevos espacios dunares que se han declarado como protegidos. No es de esperar que en estos enclaves, los más resentidos -las playas de las que hablábamos anteriormente-, habiendo desaparecido de sus playas un volumen de arena de bastante consideración, su restitución se origine de manera espontánea y asociada a la recuperación natural que siempre se produce en tiempos de bonanza; es decir, la pérdida y recuperación de arena dependiendo de la estación del año.
El ministerio viene impulsando el diseño de diversas actuaciones que tienden directamente a la corrección de los problemas del déficit de arena que presentan estas playas. Según el ministerio, los avances habidos, que han sido bastantes, no han sido suficientes para ultimar dichas actuaciones. No obstante, se continúa trabajando intensamente en este proceso, confiando en que como resultado del mismo puedan obtenerse los efectos más adecuados para regenerar las playas reseñadas mediante la aportación masiva de arena a las mismas, que entra en consonancia con el estricto cumplimiento del artículo 44 de la Ley de Costas, que plantea que para la creación y regeneración de playas se deberá considerar prioritariamente la actuación sobre los terrenos colindantes, la supresión o atenuación de las barreras al transporte marino de áridos, la aportación artificial de estos, las obras sumergidas en el mar y cualquier otra actuación que suponga la menor agresión al entorno natural. En esta línea también se ha pronunciado la Comisión Europea, que para la lucha contra la erosión costera ha redactado el documento Eurosión, donde se recomienda como medida más eficaz y sostenible la alimentación artificial de las playas en erosión, fundamentalmente con arenas procedentes de bancos marinos. Fiel a este mandato de la Ley de Costas y a las recomendaciones de la Comisión Europea, el ministerio está optando preferentemente por las aportaciones de arena que compensen los déficit que se producen en las playas frente a obras más rígidas y contundentes, como diques o espigones, que producen efectos erosivos medioambientales más graves que en otras zonas marinas aledañas.
Con estas perspectivas, parece razonable que se haga una recuperación de las playas anteriormente mencionadas, dañadas en los temporales de 2009, con aportaciones de arena que permitan su recuperación para el baño, favoreciendo y estimulando el desarrollo de un sector básico de nuestra economía, de la economía de Huelva, basada en un turismo que tiene como principal eje la excelencia de nuestras playas y la bondad de nuestro clima, amén de proteger nuestra variada y extensa riqueza ecológica -expresada en una treintena de figuras de protección ambiental y alcanzando el 36 por ciento del territorio en la costa andaluza y alrededor del 40 por ciento en la provincia de Huelva-, que va desde las reservas de la biosfera, como el Parque Nacional de Doñana, la desembocadura del río Odiel, con sus marismas, o el paraje natural de Nueva Umbría en la desembocadura del río Piedras.
El esfuerzo de ayuntamientos y de la Administración, autonómica y central, han posibilitado que mayoritariamente las playas estuviesen listas para recibir a sus
visitantes y disfrutar de ellas este verano y ha permitido aminorar su repercusión en pérdidas de empleo y captación de recursos económicos. Son problemas endémicos en playas con dinámicas litorales muy intensas que requieren soluciones más perdurables en el tiempo y respetuosas con zonas extremadamente sensibles, llámese aportación de arena, y no que se lleve a cabo cualquier tipo de actuación que cambie sus elementos de protección y dañe aún más aquello que deseamos proteger.
Por estas consideraciones es por lo que el Grupo Socialista insta al Ministerio de Medio Ambiente a que en función de los estudios realizados, muchos de ellos muy avanzados, sobre la dinámica litoral en las playas de la provincia de Huelva y de los datos en la búsqueda de bancos de arenas, se realicen las actuaciones necesarias de aportación de arenas en dichas playas de la forma más rápida y urgente posible.
La señora PRESIDENTA: No se ha presentado ninguna enmienda y, por tanto, en turno de fijación de posición tiene la palabra el señor Lagares en nombre del Grupo Popular.
El señor LAGARES FLORES: Tengo que estar de acuerdo con ustedes en la importancia que para la economía de la provincia de Huelva tienen nuestras playas, cuya situación, expuestas al océano Atlántico, provoca una sobreexposición a los vientos y a las borrascas que con intensidad y cada vez con más frecuencia afrontan nuestras costas. Los temporales de los años 2009 y 2010, con fuertes precipitaciones, hicieron que las playas de la costa de Huelva perdieran gran cantidad de arena, causando efectos perfectamente visibles y cuantificables. Por eso creo que este es un problema sobre el que no se puede banalizar, puesto que no solo tiene implicaciones medioambientales sino también económicas en un sector como el turismo que, hasta ahora, y antes de la subida del IVA, tenía un colchón muy importante de salvamento en una provincia en la que, según la EPA, la tasa de desempleo alcanza ya el 29 por ciento.
Si queremos solucionar de verdad el problema lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es la situación real. En la playa de Matalascañas, por ejemplo, que fue la más afectada, la arena desapareció prácticamente en toda su longitud, dejando en muchos puntos un desnivel de más de seis metros. En la playa de Mazagón la primera línea de chalés sufrió grandes desperfectos, hubo enormes pérdidas de arena y quedó al descubierto totalmente el colector de aguas fecales. Exactamente igual ocurrió en las playas de La Antilla, El Portil, Punta Umbría e Isla Cristina. Ante esa situación, ¿qué es lo que hizo el Gobierno de la nación? A principios de marzo empezó arrojando la toalla, ya que anunció que no garantizaba que para la Semana Santa las zonas de baño estuvieron listas. Esto provocó un efecto negativo importante en las reservas turísticas. A los quince días, el Consejo de Ministros daba razón de las obras de emergencia para la reparación del paseo marítimo de la playa de Matalascañas. Es decir, desde los primeros temporales de diciembre de 2009 tuvimos que esperar hasta finales de abril para que se hicieran actuaciones, al menos de emergencia, en la mayor parte de las playas. La realidad es que en agosto de este año los propietarios seguían exigiendo la regeneración de las playas. Por otro lado, por lo que respecta a Mazagón y El Portil, hay que esperar ni más ni menos que hasta el 14 mayo, que es cuando el Consejo de Ministros anuncia actuaciones en estas playas -no sé si sabrán sus señorías que en la provincia de Huelva el mes de mayo ya se considera temporada alta-; de nuevo tarde y mal, porque en esas fechas los turistas ya han tomado su decisión de destino y los negocios vinculados a la playa ya han abierto sus puertas para afrontar la temporada.
Señorías, el principal instrumento de acción política que tiene el Gobierno son los Presupuestos Generales del Estado y si analizamos este documento podemos observar el poco margen de maniobra, por mucho que se empeñen en demostrar lo contrario, que le queda al Gobierno para solucionar este grave problema de la provincia de Huelva. Para el control de la regresión de la costa de Huelva se destinan 365.000 euros; para la protección y recuperación de sistemas litorales de Huelva, 150.000 euros; para la dotación de accesos y usos públicos, 1.100.000 euros. Al final suma 1.500.000 euros, cuando solo los daños estimados objetivamente en la playa de Isla Cristina superan los dos millones de euros. ¿Creen ustedes que esto es suficiente?
Por estas razones, desde el Partido Popular exigimos al Gobierno que actúe en toda la costa de Huelva, desde Almonte hasta Ayamonte, con especial atención a las playas de Matalascañas, Mazagón, El Portil, La Antilla, Isla Cristina e Isla Canela, para recuperar el aspecto y la dinámica natural de las playas onubenses, que son la bandera turística de la provincia y que por ello necesitan un plan choque que mejore su situación, sobre todo teniendo cuenta los temporales que hemos soportado este invierno. Las actuaciones deben afrontarse de manera urgente cada vez que suceda algo, para evitar así repercusiones negativas en este sector económico, que es motor de la provincia de Huelva, y alejarnos de ineficacias e ineficiencias como las que se han producido en la playa de Matalascañas. El día 13 de noviembre de 2008 el Gobierno prometió quince millones de euros; quince días más tarde prometió veintiocho millones y un mes más tarde volvió a prometer quince millones, pero al final, el día 23 de febrero el director general de Costas anunció que definitivamente solo había 120.000 euros. ¿Creen ustedes que esto es serio? ¿Quién les va a creer? En contraposición a sus posturas, el anterior Gobierno del Partido Popular realizó una serie de actuaciones fundamentales en algunas de las playas onubenses por un importe de más de ocho millones de euros.
El Partido Popular ya se adelantó a la iniciativa que hoy se debate reclamando al Gobierno en el mes de marzo que incrementase la dotación de las ayudas económicas a los
afectados por el temporal, registrando en esta Cámara una moción para que se realizara un estudio de las playas, planificando la regeneración y conservación de las mismas, así como que se recuperasen las actuaciones contempladas en un estudio sobre la dinámica litoral que ya realizó el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2002. Señorías, el compromiso se demuestra manteniendo una visión global del problema, con voluntad política y, sobre todo, con una generosa asignación de recursos económicos, cosa que aquí no veo por ningún sitio. Por lo cual, sin decir que no, tampoco vamos a votar a favor de esta proposición no de ley.
(Número de expediente 161/001886.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la defensa de la proposición no de ley que aparece en el punto sexto del orden del día, sobre la eliminación del sector de la viña y el vino, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La señora TARRUELLA TOMÀS: Señorías, es de todos conocido el problema que tiene el sector de la viña y el vino en el Estado español, que en estos momentos se encuentra deprimido en los precios, dada la situación de excedentes, aunque últimamente la producción se haya estabilizado, incluso se ha reducido ligeramente en las últimas campañas. Esta disminución, sin embargo, no compensa en volumen la reducción progresiva del consumo interior desde hace veinte años y la reducción de las exportaciones en la campaña 2008-2009, pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que los poco menos de siete millones de hectolitros que se venían destilando en los últimos años se verán drásticamente reducidos por la reforma de la OCM vitivinícola aprobada que se viene aplicando desde la campaña 2008-2009. Todas las ayudas transitorias de la destilación de alcohol de uso de boca se integrarán a partir del próximo año en el pago único, y de momento el Estado español, contrariamente a lo que han hecho países de nuestro entorno, como Francia e Italia, no ha aprobado ninguna destilación de crisis. Por tanto, la regulación del mercado, que hasta ahora permitía gestionar las distintas destilaciones, desaparecerá y este nuevo volumen de vino disponible presionará todavía más a la baja los precios en origen. Ello se agrava, según el propio ministerio, con la reducción de la venta de vinos de calidad reconocida producidos que disminuyó en un 7,3 por ciento en la campaña 2008-2009. A pesar de todo esto el ministerio no ha incluido en el actual Plan nacional de apoyo la medida de vendimia en verde, que permite eliminar la uva cuando todavía está inmadura a cambio de una ayuda por hectárea que determina el ministerio, y de esta manera se ahorran costes de elaboración del vino y del alcohol que se acabaría destinando a usos industriales si se usan otras medidas de gestión de excedentes que, a la vez, se compensa directamente al productor por la pérdida de renta.
Esto ha llevado al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió a instar al Gobierno a que modifique cuanto antes este Plan nacional de apoyo al sector vitivinícola, en base a lo establecido en los reglamentos de la Comunidad Europea, en el 479/2008, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, y en el 555/2008, por el que se establecen normas de desarrollo del reglamento anterior, en lo relativo a los programas de apoyo, el comercio con terceros países, el potencial productivo y los controles en el sector vitivinícola, al objeto de incluir esta medida de vendimia en verde con un presupuesto adecuado a las necesidades de prevención de excedentes de vino, a la vez que dicha medida esté operativa en la próxima campaña. Para nosotros es importantísimo que todo esto pueda llegar a corregirse, que este Plan nacional de apoyo pueda incluir esta vendimia en verde y, sobre todo, estas últimas frases que nosotros incluimos en la parte dispositiva de nuestra proposición no de ley, en cuanto a que esté operativa en la próxima campaña.
Se han presentado dos enmiendas y a Convergència i Unió le gustaría poder llegar a una transaccional. En principio, la enmienda del Grupo Socialista viene a decir lo mismo, la única diferencia es que dice: llevar antes a cabo consultas y estudios pertinentes con las comunidades autónomas y las organizaciones del sector para analizar la conveniencia... Estamos de acuerdo con esta parte y nos gustaría que se llevara a cabo el cambio, pero no nos parece mal que se sepa de una vez cómo está el censo en las diferentes comunidades autónomas. Pero lo que nos importa sobre todo, si esta proposición no de ley sigue adelante y se aprueba así, es que pueda estar operativo de cara a la próxima campaña y que se pueda cumplir. Intentaremos llegar a una transaccional antes de la votación, aunque si no fuera posible aceptaríamos la enmienda del Grupo Socialista.
La señora PRESIDENTA: Se han presentado dos enmiendas por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Socialista.
Para defender la enmienda del Grupo Popular tiene la palabra el señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Nosotros habíamos presentado una enmienda transaccional con la pretensión de que la recogiera el grupo proponente de la iniciativa porque significaba, en definitiva, aprovechar la demanda del sector que, como es sabido, dentro del sobre que, según la Organización Común de Mercado, corresponde al sector vitivinícola de 280 millones de euros, se aumente el presupuesto para la reconversión, para que la poda en vaso se transforme en espaldera, porque eso es tanto como facilitar la mecanización de la recolección,
favorecer la productividad y, en definitiva, la rentabilidad. Por eso pensamos que, atendiendo a esta demanda que ha desbordado todas las previsiones inicialmente realizadas en el sobre nacional y sin sobrepasar el presupuesto, porque dentro de las ocho ayudas contempladas en la OCM del vino hay otras que tienen mucha menos demanda, podíamos satisfacer, por un lado, la petición del grupo proponente, que era nuestra intención, y al mismo tiempo atender a una demanda. No ha sido posible, porque se ha interferido el Grupo Socialista y no entendemos muy bien por qué. Le pediremos explicaciones y tendrá que explicarlo. Sin embargo, como se trata de arrimar el hombro, aunque sea con tan poca fortuna como la que desgraciadamente comprobamos que tienen todas nuestras iniciativas, vamos a apoyar esta proposición. Por cierto, quiero recordar a la proponente que ha tenido poquísimo éxito, porque de los 784 millones de euros previstos para esta medida en la OCM del vino para la Unión Europea solo se han utilizado 131.000 euros, que es el 0,02 por ciento. ¿Sabe por qué? Porque la vendimia en verde supone arrancar los racimos, dejar solo unos pocos y eso ecológicamente es muy interesante, pero desde el punto de vista productivo es una catástrofe, qué quiere que le diga. Ojalá esa vía abierta desmienta nuestras previsiones. En fin, eso es lo que nosotros tenemos que decir. Aquí se dice, incluso en el debate de los presupuestos, que el Grupo Popular no presenta enmiendas. He traído aquí las dos que presentamos sobre medidas para impulsar los recursos hídricos, porque nos hemos quedado sin política de regadíos, y para reconvertir el sector agrario, modernizar las explotaciones y ayudar a los jóvenes agricultores. Sin embargo ustedes dicen que no presentamos enmiendas, que las transformamos en proposiciones no de ley y eso quiere decir que ni se las leen. Hemos presentado mociones -lo digo aquí para que quede escrito en el "Diario de Sesiones"-, que se han aprobado en el Congreso y que son de obligado cumplimiento, sobre ayudas financieras para que los agricultores tengan un acceso real a los créditos, para que haya una adecuación de la presión fiscal a la realidad actual, para que se reduzca el IVA de las tarifas de riego, que se ha duplicado, y para otras muchas cosas. Ahora nos incorporamos a esta enmienda transaccional, aunque creemos que va a valer para muy poco. Ojalá estemos equivocados.
Ahí tienen nuestro apoyo. Arrimamos el hombro y esperemos resultados.
Supongo que no tendrá ninguna excusa para decir que no la apoyamos. Me alegro de que hayan cambiado de portavoz en esta ocasión, porque la anterior solo se ha dedicado a decir que no presentamos ninguna alternativa. Anunciamos el voto afirmativo a esta enmienda transaccional de los dos grupos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, para defender la enmienda, tiene la palabra el señor Ferré.
El señor FERRÉ FONS: Señor Llorens, interferencia no. No tenemos ninguna culpa de que sus habilidades no lleguen a que el grupo proponente pueda aceptar sus enmiendas. Por tanto, interferencia no, en todo caso frustración del señor Llorens por que su enmienda no vaya a ser incorporada.
La enmienda presentada por el Grupo Socialista va en la dirección que nos marca la propia proposición no de ley y en la misma dirección que apunta el grupo proponente, es decir, contemplar la posibilidad de incorporar la vendimia en verde dentro del Plan nacional de apoyo al sector vitivinícola para la reducción de excedentes, introduciendo, eso sí, unas ligeras matizaciones que plantean la incorporación en la toma de esta decisión de las comunidades autónomas y de las propias organizaciones del sector, para que conjuntamente con el ministerio analicen la conveniencia de sacar adelante la iniciativa de la vendimia o cosecha en verde. Esto nos parece más adecuado y sobre todo mucho más consecuente con las necesidades tanto del sector como de los territorios en los que se va a poder aplicar. Es verdad que hasta ahora España no había incluido esta iniciativa de la vendimia en verde en el programa de apoyo que está previsto en la OCM del sector vitivinícola; optó por incluir otras medidas como el pago único, la promoción de mercados en los terceros países o la reestructuración y reconversión de los viñedos. No se incluyó principalmente por los problemas de control que presentaba, puesto que, como sus señorías conocen -o no, señor Llorens-, la vendimia o cosecha en verde constituye la destrucción o eliminación total de los racimos de uvas cuando todavía están inmaduros, pudiéndose financiar hasta el 50 por ciento de la pérdida de renta y de los gastos de producción. Por ello, el primer y principal problema que existe para aplicar esta medida es establecer, como decía la proponente, la cuantía de la prima, puesto que lo razonable y equitativo es que esta prima sea distinta para cada parcela en función de unos rendimientos históricos, y ese dato solo se puede conocer en aquellas comunidades autónomas que han hecho declaración individualizada por parcelas. Otra alternativa sería optar por el rendimiento medio de la explotación, estableciendo una cuantía por comunidad autónoma, y de esta manera facilitar el pago unificado, aunque esta opción presenta un problema mucho más grave, puesto que se podría estar incentivando la inclusión de las parcelas con rendimientos más bajos, lo cual nos llevaría a que esta medida fuera de lo más ineficiente, puesto que significaría una menor retirada del producto y por tanto una menor reducción de los excedentes que se pretenden eliminar. Por tanto, considero justificadas las dudas que la presentación de esta iniciativa ha podido plantear, tanto por la interpretación de esta medida, como sobre todo por la complejidad y dificultad de su ejecución. Por tanto, es evidente que se necesita el consenso de las comunidades autónomas, para que la vendimia en verde responda a las singularidades territoriales de cada zona, y la colaboración y participación de las organizaciones
agrarias, para que estas medidas sean operativas y cumplan los objetivos de la regulación de producción, puesto que hay que tener en cuenta que asumir una dotación presupuestaria suficiente para llevar a cabo la cosecha en verde exigiría obligatoriamente detraer recursos de las otras medidas contempladas actualmente en el programa de apoyo. Además el control de la eliminación de la cosecha se debería efectuar antes de la maduración para evitar que se pudiera destinar al mercado, y esta situación podría crear problemas añadidos al coincidir con el control de otras medidas que impulsan autónomamente las comunidades autónomas, tal y como han manifestado las propias comunidades en varias reuniones que hemos mantenido. Como muy bien sabe usted, señora Tarruella -para ir terminando-, no es lo mismo la zona de Costers del Segre, en Lleida, que las plantaciones de viñedos que existen en Castilla-La Mancha, y tampoco tienen la misma problemática los viticultores del Priorat en Tarragona que la que pueden tener en La Rioja. Por tanto, tal como plantea nuestra enmienda, se hace imprescindible abrir un debate previo con las comunidades autónomas y los representantes de las organizaciones agrarias, con el objetivo de facilitar al sector vitivinícola los mejores instrumentos para gestionar de la forma más razonable posible la actual situación de crisis y favorecer, a través del paquete de medidas contempladas en el Plan nacional de apoyo, que este sector sea cada vez más competitivo.
(Número de expediente 161/001979.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley que aparece en el punto octavo del orden del día, sobre las medidas a tomar para evitar los robos y la inseguridad en el campo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Señoras y señores diputados, la presentación de esta iniciativa viene a dar respuesta a lo que en estos momentos es un clamor en el sector agrario. La actual situación de inseguridad que se vive en estos momentos en los campos de España es insostenible. Ustedes, a quienes tanto les gusta la palabra sostenibilidad, tendrán que convenir con este portavoz que no se puede sostener la situación actual. Hace pocos días, en Córdoba, hubo un muerto, porque un agricultor, en defensa propia, tuvo que tomarse la justicia por su mano, ante la actual indefensión, frente a un delincuente que le estaba amenazando y entrando en su propiedad. En Tarragona no hace mucho se robaron hasta cuatro tractores. Todas las organizaciones profesionales agrarias emiten desde todo el arco continuas señales y permanentes denuncias. Tanto UPA, que me imagino que es una organización suficientemente conocida por parte del grupo que sustenta al Gobierno, como Asaja y como todas ellas vienen reclamando con insistencia que tomemos medidas. Nuestro grupo intentó sin suerte introducir una serie de enmiendas en el Senado para reformar el Código Penal y tipificar como hurto aquellos robos o hurtos contra la propiedad superiores a 400 euros, que vienen a representar casi 1.500 kilos de limones, al precio que están actualmente en los mercados.
Podemos ver constantemente productos procedentes del robo de las explotaciones y no creo que haya aquí ningún diputado que no haya conocido de viva voz las denuncias que actualmente se reciben desde el sector agrario. Por eso, el espíritu de nuestro grupo es contar con el máximo apoyo posible para una iniciativa que dé respuesta a estas demandas. Además esta es una proposición no de ley, en la que lo único que pedimos al Gobierno es que tome una serie de medidas. Nosotros proponemos una iniciativa, que es la proposición no de ley, para que la desarrolle, si es que le da tiempo, en forma de proposición de ley con una serie de medidas concretas.
Para concretar, ¿qué es lo que le estamos pidiendo al grupo que sustenta al Gobierno? En el punto 1, le pedimos adecuar la legislación vigente a la situación real de los daños y perjuicios que causan los delitos que se cometen en el medio rural. En el punto 2, atendiendo a una enmienda presentada por el Grupo de Convergència i Unió y por el Grupo Socialista, hemos procurado encontrar una fórmula transaccional para incorporar a nuestra propuesta y no descartar el apoyo del Grupo Socialista ni el de ningún grupo de la Cámara. Esta enmienda, que me permito leer, porque ha sido incorporada a última hora y la hemos redactado conjuntamente todos los portavoces, vendría a decir, para que no haya lugar a confusión y nadie se sienta engañado, lo siguiente. El punto número 2 de la proposición que presenta el Grupo Popular sería sustituido, atendiendo a las peticiones del Grupo Socialista y del Grupo de Convergència i Unió, por el siguiente: Extremar las labores de vigilancia y protección de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes en cada comunidad autónoma en las instalaciones, útiles, maquinaria, aparatos, combustibles, cosechas, almacenamientos... de las fincas agrarias y en general de aquellas zonas y bienes sensibles donde se hayan producido o se puedan producir un número considerable de robos y hurtos que por su naturaleza sean especialmente inseguros, así como un constante seguimiento de los productos robados. Se trata de respetar las competencias que tienen atribuidas todas las Fuerzas de Seguridad del Estado. En algunas comunidades autónomas están transferidas a las correspondientes fuerzas autonómicas, pero ello no impide que actúen también el resto de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Se trata no solo de proteger los bienes agrarios, sino también, como ha propuesto el Grupo Socialista, aquellos que puedan ser objeto de una especial inseguridad.
El punto número cuatro se mantiene tal cual. Esta es la propuesta que presenta el Grupo Parlamentario
Popular con respecto a una mejora que es absolutamente necesaria para la seguridad en el mundo rural.
La señora PRESIDENTA: Se han presentado dos enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Catalán, para defender la suya, tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Intervengo muy brevemente, porque los grupos pequeños tenemos que estar a veces ubicados en dos sitios a la vez y tengo que ausentarme un minuto.
Simplemente quiero agradecer al Grupo Popular y al señor Llorens la presentación de esta iniciativa. El tema de la seguridad en las zonas rurales es grave. En la provincia por la que yo soy diputada, especialmente en los últimos tiempos, ha sido de una extrema gravedad.
Por tanto, nos complace que se haya presentado esta proposición no de ley en lo que pudiera mejorar y dar más seguridad. Nuestra enmienda va encaminada simplemente a salvaguardar las competencias de las comunidades autónomas. Dado que se ha llegado a una transaccional, volvemos a repetir que nos gusta esta proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Amuedo.
El señor AMUEDO MORAL: Señoras y señores diputados, evidentemente es un clamor que hay un gran problema en el medio rural, que no tiene por qué coincidir al cien por cien con las explotaciones agrícolas. Las explotaciones agrícolas están en el medio rural, pero el medio rural es más amplio que las explotaciones agrícolas. Digo esto por lo que después viene en la enmienda que hemos presentado, aunque no haya sido aceptada por el Grupo Popular, y en la propia PNL que presenta dicho grupo, que habla más de las explotaciones agrarias que del medio rural.
Creemos que el Gobierno debe hacer un esfuerzo, con los medios que se tengan tanto en las comunidades autónomas como en los ayuntamientos, para paliar este grave problema que tenemos en el medio rural. Por eso queremos enriquecer la proposición no de ley con las enmiendas que hemos presentado. Lo primero que queríamos era que se eliminara el primer punto de la iniciativa del Grupo Popular, porque venía a decir: Adecuar la legislación vigente a la situación real de los daños y perjuicios que se cometen en el medio rural. Sin embargo, no especifica en qué sentido, qué artículos o qué es lo que hay que modificar, simplemente se queda, en la exposición de motivos, en la reforma del Código Penal. El señor Llorens sabe perfectamente que el Código Penal se modificó precisamente en el mes de junio, que surtirá efecto a partir de los próximos meses y que todavía no sabemos cómo van a influir modificaciones como, por ejemplo, la mayor pena y condena para los hurtos y los robos. En esa modificación del Código Penal hay una novedad sustancial que incorpora que la libertad vigilada no sea con carácter alternativo a la pena de prisión, sino que se imponga en sentencia junto a penas privativas de libertad para su ejecución posterior a la excarcelación. Se trata de evitar aquello que todos hemos escuchado en la calle, que por una puerta entran al juzgado y por otra salen. Para evitar eso, el Código Penal recoge esa modificación que le he indicado. Otra modificación del Código Penal recoge que cualquier agrupación de personas -esto es importante en estos robos, porque muchos de ellos se caracterizan por agrupaciones de personas que delinquen- en torno a una actividad delictiva pueda computarse como asociación criminal, por lo cual la pena es mayor incluso en aquellas situaciones que por robo o por hurto sean consideradas faltas. Por eso queríamos que se eliminara ese punto. No obstante, si no se elimina, no tendremos tampoco ningún problema en aceptarlo.
El segundo punto se refiere a extremar las labores de vigilancia. El pasado 15 noviembre -lo sabemos todos porque así se lo hemos escuchado directamente- el vicepresidente primero del Gobierno se reunió con las comandancias de la Guardia Civil al objeto de tratar este tema y pronto, muy pronto podremos ver los resultados, igual que los vimos con motivo de la alarma provocada por el robo del cobre, cuando se detuvo a un número importante de personas relacionadas con esos robos. Hemos propuesto una enmienda de modificación, porque consideramos que la vigilancia no se debe hacer con carácter general en las fincas agrarias, como ustedes quieren -por eso decía antes lo del medio rural-, sino más bien en aquellas zonas y bienes especialmente sensibles donde se hayan producido un número considerable de robos y hurtos o que por su naturaleza sean especialmente inseguras. Eso nos lo han aceptado y se lo agradecemos, porque creemos que puede enriquecer la proposición no de ley.
En cuanto al tercer punto, colaboración con las autonomías y entidades locales, su proposición dice que los mercadillos pueden ser focos de introducción de mercancías o de efectos robados. Efectivamente, pueden serlo y estamos de acuerdo en incrementar en todo lo que se pueda la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los de las comunidades autónomas, con las autoridades autonómicas y locales, pero creo sinceramente que en este apartado faltan cuestiones que desde mi punto de vista son muy importantes. Primero, sería importante que las juntas locales de seguridad pudieran tratar la coordinación de la vigilancia y el desarrollo de estos mercadillos cuyas competencias tienen normalmente los entes locales y autonómicos. Segundo, el control por parte del ente competente en la venta ambulante fuera del mercadillo también corresponde a las entidades locales y autonómicas y sería muy conveniente vigilar esas consideraciones.
Cuarto punto. En cuanto a los seguros agrarios, se puede pensar que en el mercado hay ofertas de seguros privados para la cobertura de este tipo de daños, pero no es menos cierto que el acceso real de los agricultores, especialmente de los pequeños y medianos, a este tipo de seguros es cada vez más difícil, yo diría que casi
imposible, debido al coste y a las condiciones contractuales de dichos seguros. Teniendo esto claro y sabiendo la importancia que tiene para muchos agricultores tener cubiertas las pérdidas por robos y hurtos, hemos propuesto una enmienda de modificación al punto cuarto -enmienda que usted no ha aceptado, pero que hemos propuesto porque creemos que es clarificadora para lo que se pretende-, en el sentido de especificar dos cuestiones. La primera, por imprescindible. Es imprescindible hacer primero y de forma rápida y ágil estudios efectivos en los que se determine la incorporación al sistema de seguros agrarios de los robos y hurtos en las explotaciones, especialmente de los pequeños y medianos agricultores, y que sea la Comisión Nacional de Seguros Agrarios, en la que están representados los agricultores, la que decida, después de haber hecho ese estudio, incorporarlo o no, porque puede que eso tenga un coste tan elevado que no se pueda realizar. La segunda, por obvia. Se trata de la modificación de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de seguros agrarios combinados. Esas dos cuestiones son imprescindibles para que se clarifique mucho más el tema de la proposición no de ley. No obstante, como he dicho, vamos a votar a favor, porque entendemos que es una cuestión muy importante. Aunque no nos gusta la forma, estamos de acuerdo en el fondo y vamos a votar a favor de esta proposición no de ley.
- RELATIVA A LA SITUACIÓN DEL COLECTIVO DE REDERAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001841.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la última proposición no de ley, que es la que aparece en el punto quinto del orden del día, relativa a la situación del colectivo de rederas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, quiero agradecer a la Mesa y a todos los grupos parlamentarios que hayan permitido que mi iniciativa fuera tratada como último punto, dado que estaba compatibilizando esta Comisión con la del Pacto de Toledo y me ha sido totalmente imposible venir antes. Posteriormente, trataré de explicar la enmienda transaccional que vamos a presentar para ver si podemos llegar a un acuerdo con los diferentes grupos que han planteado enmiendas a esta propuesta.
En defensa de la proposición no de ley que presentamos, tenemos que decir que estamos hablando de un colectivo tradicionalmente de mujeres, que trabaja para tejer redes para su uso en las artes de pesca, trabajo que no tuvo nunca la consideración de actividad económica, como hemos denunciado en muchas ocasiones, y por tanto tampoco el reconocimiento de los derechos económicos y sociales propios de una actividad laboral. Con toda seguridad, la falta de reconocimiento de esta necesaria actividad se debe al hecho de que se trata de un trabajo realizado fundamentalmente por mujeres. Han sido las mujeres rederas las que han conseguido con su lucha y esfuerzo dignificar una profesión que, además de formar parte de la singularidad cultural de los pueblos costeros, es fundamental en la actividad pesquera. Tal dignificación significa que se les han reconocido derechos como el acceso a la Seguridad Social, un derecho que necesariamente lleva aparejado el derecho a una remuneración justa. Desde hace algunos años, para poder acceder a esos derechos y trabajar como corresponde a toda profesión debidamente regulada, la mayoría de las rederas han optado por constituirse en cooperativas. Hay que señalar que en Galicia el número de rederas asciende a más de 200 y somos conscientes de que hay otras zonas del Estado, zonas costeras, en las que grupos de mujeres están realizando este trabajo.
Uno de los problemas que están afectando este colectivo de trabajadoras, en este momento reguladas, como acabo de comentar, es el alto grado de intrusismo profesional que se está produciendo y que está poniendo en peligro el sector profesionalizado, ya que no puede competir en precios por tener que afrontar los gastos que corresponden a la Seguridad Social o a otros impuestos de aplicación al sector. Estas mujeres reclaman por tanto que la Administración actúe en materia de inspección laboral y fiscal, de modo que se pueda garantizar una actividad profesional debidamente regulada, con ingresos dignos, como hemos expuesto. Desde septiembre de 2009 se estableció una cualificación profesional que reconoce el título de confección y mantenimiento de artes y aparejos. En relación con esta cualificación, se han programado cursos en los que se proyecta expedir los certificados que acrediten la profesionalidad de aquellas personas interesadas en este sector. Las personas que lleven años dadas de alta en la Seguridad Social como rederas, obtendrán a través de la correspondiente Administración autonómica unas acreditaciones que cada año se pondrán en curso para certificar su experiencia. Asimismo, es necesario recordar que en el Reglamento 1224/09/CE del Consejo, de 29 de noviembre de 2009, en su consideración número 13 se dice: Deben aplicarse normas de marcado e identificación de los buques pesqueros y sus artes. Asimismo, en el considerando 25 se dice: Deben preverse disposiciones especiales para que se utilicen solo las artes permitidas. En el artículo 8 de este mismo reglamento, referente al marcado de las artes de pesca, se establece que los capitanes de buques pesqueros respetarán las condiciones relativas al marcado y la identificación de los buques pesqueros y sus artes de pesca.
En segundo lugar, en el punto 2 de este mismo artículo, se dice: Las normas aplicables al marcado y la identificación de los buques pesqueros y sus artes de pesca en relación con lo anterior. En la misma cuestión, la identificación de las artes de pesca, incide también el artículo 48 de este mismo reglamento. Sobre la base de lo que se recoge en el reglamento del Consejo al que hemos hecho alusión y sobre la base de la conquista de las mujeres rederas de que se
reconozca su trabajo como una actividad laboral y por tanto se reconozca su derecho a la Seguridad Social y a una remuneración digna, presentamos esta proposición no de ley. Entendemos que es necesario actuar en dos direcciones: la primera, la que corresponde a las inspecciones laborales y de Hacienda en relación con el intrusismo que existe en el sector; la segunda, porque entendemos que es necesario establecer medidas que permitan garantizar la trazabilidad de este trabajo de artes y aparejos de pesca; es decir, tejer y mantener al mismo tiempo las artes y aparejos de pesca. De ahí que presentemos esta iniciativa.
Como hemos dicho al principio, queremos hacer una propuesta de transacción, dado que se nos han presentado enmiendas por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular. Todavía me falta terminar de redactarla, pero en un par de minutos estaré en disposición de presentársela a los grupos y de pasarla a la Mesa. Nosotros proponemos, por un lado, transaccionar nuestros puntos 1 y 2 con la enmienda del Grupo Socialista y, por otro lado, incorporar a lo que hoy aprobemos el punto 6 de la enmienda presentada por el Grupo Popular, porque consideramos que es importante para la consecución de los objetivos que nos hemos marcado con esta proposición no de ley. No vamos a aceptar los puntos 1 y 2 de la enmienda del Grupo Popular porque se pueden entender incorporados en la transacción que vamos a presentar. Las propuestas de los puntos 3, 4 y 5, nos parece que son políticas que se deben hacer desde la comunidad autónoma y que precisamente las llevó a cabo el Bloque Nacionalista Galego cuando tuvo responsabilidades de Gobierno. El impulso y el apoyo que se dio al asociacionismo y al cooperativismo desde la Xunta de Galicia permitió que ahora existan las cooperativas de rederas y que tengan ese reconocimiento social, administrativo y de derechos, como es el de la Seguridad Social.
Nos parecen importantes las propuestas que se nos hacen, entre otras cosas, porque lamentablemente ahora en el Parlamento de Galicia es el BNG quien tiene que hacerlas, ya que la Xunta actual no está haciendo este tipo de políticas. Por eso agradecemos la propuesta del Grupo Popular, pero invitamos a nuestros compañeros a que incidan en esas políticas en la Xunta de Galicia, que es donde es necesario hacerlo.
Espero que, independientemente de lo que acabamos de comentar, podamos llegar a acuerdos en la transacción que vamos a presentar.
La señora PRESIDENTA: Ya se ha pronunciado sobre las enmiendas que se han presentado.
El señor GARCÍA DÍEZ: Como bien ha dicho la diputada proponente de esta iniciativa, hemos presentado una enmienda a esta proposición no de ley -quiero empezar por el final de su intervención-, que coincide básicamente -por no decir casi literalmente- con lo aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia. Por tanto, no creo que haya ninguna contradicción ni con el anterior Gobierno ni con el actual sino que es algo que ha aprobado por unanimidad el Parlamento de Galicia y que aquí se ha extrapolado al conjunto del territorio nacional.
¿Por qué hemos presentado esta enmienda? Primero, porque, igual que otros grupos, tuvimos ocasión de recibir en esta casa al colectivo de redeiras de Galicia que nos expusieron su problemática con mucho detenimiento y con mucha documentación. Todas sus señorías recordarán que en la legislatura pasada, y creo que también en esta, aprobamos, con el voto favorable del Grupo Popular, algunas iniciativas -alguna de ellas en Pleno- presentadas por otros grupos, no relacionadas estrictamente con lo que aquí se expone pero sí con el fin de favorecer a este colectivo, pero no solamente al de redeiras sino también al de las denominadas empacadoras y al de las neskatillas, que es un colectivo similar del País Vasco, así como a los de otros puntos de España. Por tanto, el Grupo Popular está en la línea de colaborar para buscar la máxima dignificación de este colectivo de mujeres, sin las cuales, probablemente, la actividad pesquera estaría concebida de forma muy diferente, por no decir que quizá habría desaparecido.
La enmienda que hemos presentado trataba de aclarar fundamentalmente dos aspectos: en primer lugar, el concepto "homologar", que aparece escrito así en el texto y también en la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista a la iniciativa del BNG. Creo que es un error -por eso voy a tratar de justificarlo- utilizar esa palabra y por eso no aparece en nuestra enmienda. En la exposición de motivos se invoca -lo acabamos de escuchar también en la intervención de la señora Fernández Davila- el Reglamento comunitario 1224/2009, que es el que controla y garantiza el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, para implantar un sistema de homologación de redes de arte de pesca. Creo que de aquí parte la mala interpretación. El considerando número 13, que ella ha citado, que dice que deben aplicarse normas de marcado e identificación de los buques pesqueros y de sus artes de pesca, nada tiene que ver con la homologación, porque entendemos que lo que el legislador está diciendo es que no se puedan utilizar alegaciones ante infracciones que puedan corresponder a alguien que ha encontrado un arte en medio de la mar. El considerando número 25 de este reglamento -que también ha sido citado-, que dice que deben preverse disposiciones especiales para que se utilicen las artes permitidas, nosotros lo entendemos como la necesidad de incrementar el control y la vigilancia. Lo que yo acabo de matizar de las palabras de la proponente creo que queda perfectamente recogido en el artículo 8 de este reglamento. Esta es la primera consideración. También quiero decirles, en el breve tiempo que me queda, que no garantizaríamos como reglamentario un arte por el hecho de estar homologado -creo que eso lo podemos entender perfectamente-, ya que esta identificación
como legal quedaría sujeta a la valoración de los inspectores de pesca en cada una de las posibles situaciones.
Hay otros inconvenientes para imponer el concepto de homologación -no voy a citar más que alguno brevemente-, y es que para fijar determinadas características de algo, de cualquier cosa -en este caso estamos hablando de un arte de pesca-, hay que contar con una entidad que tenga la capacidad para su reconocimiento, estoy pensando en este momento en la Asociación Española de Normalización y Certificación, Aenor, que es una entidad privada, sin fines lucrativos y que tiene esa competencia, pero esto tiene sus inconvenientes como, por ejemplo, el coste; en este momento significaría imponer un sobrecoste adicional a lo que es la explotación de esta actividad. Otra cuestión -creo que más importante- es que cada puerto, yo diría que cada pescador, tiene su propia concepción de cómo debe montarse un arte, siempre sujeto a las normas y a las condiciones técnicas legales.
Otra reflexión que quería hacer es que lo que sería deseable, lo que debemos apoyar -y por eso no enmendamos la segunda parte de la propuesta que nos hace el grupo proponente; coincidimos plenamente con la señora Fernández Davila- es la dignificación del trabajo de este colectivo y evitar el intrusismo y la competencia desleal que se produce a día de hoy y que este colectivo de rederas nos trasladó el día que visitó esta casa.
En defensa de este colectivo de profesionales pensamos que es necesario impulsar la acción de Gobierno, proporcionarles unos ingresos dignos y unas medidas de protección como las que hace un momento he recordado. La enmienda que hemos propuesto suprime la palabra "homologación" para evitar estas cuestiones que atribuimos a una mala interpretación de la norma. Creemos que basta con impulsar un sello que identifique aquellas redes fabricadas o arregladas por el colectivo artesanal de rederas y de atadoras, que es totalmente diferente a homologar. La segunda parte de nuestra enmienda propone desarrollar las acciones que fueran necesarias para la detección y denuncia de las actividades clandestinas, etcétera, que coincide al cien por cien con la redacción del grupo proponente. La señora Fernández Davila ha anunciado que no aceptan los puntos 3, 4 y 5; discrepo en cuanto a las motivaciones que ha expuesto. Por último, dice que aceptarían el punto que habla de elaborar un plan de dotación de infraestructuras en colaboración con las comunidades autónomas en espacios portuarios para la realización, con criterios de habitabilidad, comodidad, seguridad e higiene, de los trabajos específicamente vinculados a esta actividad, con bonificaciones complementarias de las tasas por el ente público que gestione el puerto.
Después de defender nuestra enmienda, quedamos a la espera de conocer el texto definitivo de la transacción que se nos ofrece para adoptar una posición.
La señora PRESIDENTA: Para finalizar el debate de las proposiciones no de ley y defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Díaz Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor García Díez, no se habla de homologación ni en el texto final ni en la enmienda socialista.
Aclarado esto, quiero decir que estamos hablando de una profesión necesaria pero ejercida por personas invisibles, mujeres fundamentalmente, hasta hace pocos años. Las rederas, como otros trabajadores del mar, hasta hace poco fueron ignoradas a efectos legales; realizaban labores principales o complementarias, como el marisqueo, etcétera, y también se ocupaban del huerto familiar para facilitar un nivel de vida adecuado a los pescadores. Esta es una realidad que, como digo, se prolongó hasta hace poco tiempo. La lucha del sector y los avances en la igualdad de género facilitaron el progresivo reconocimiento profesional de las rederas, una profesión tan antigua como la pesca misma. Aún así, como decía, el reconocimiento de su actividad laboral es muy reciente. En este sector se da una paradoja, y es que por problemas de intrusismo el reconocimiento legal se está convirtiendo en un obstáculo para su supervivencia. Es grave que actuar de forma legal, cumplir la ley cree problemas. Por ello consideramos que es urgente y necesario actuar contra el intrusismo profesional que está haciendo inviable la actividad de esas trabajadoras que, bien individualmente o bien organizadas en cofradías, al tener que pagar impuestos y Seguridad Social son incapaces de competir con otras que trabajan en la economía sumergida y que al soportar costes más bajos hacen una competencia desleal.
Nuestras enmiendas, respondiendo también a la demanda del sector, se centran en luchar contra el intrusismo. En primer lugar, se solicitan mecanismos especiales de inspección para luchar contra la economía sumergida, que en este caso corresponderían al ISM y a Hacienda, así como mecanismos que permitan conocer la trazabilidad de las redes producidas para que aquellas que no cumplan los requisitos mínimos exigidos, como es que procedan de una empresa cooperativa o entidad legalizada, tengan penalización y se queden fuera del mercado. Este es el objetivo de nuestras enmiendas. Hay coincidencia con el texto del grupo proponente y por ello creemos que la transacción será viable.
Quisiera aprovechar que aún no tengo la luz roja y que tenemos que estar aquí hasta las siete y media (Rumores.) para recordar que en la Comunidad Autónoma de Galicia existe un estudio realizado, a petición de las rederas -no se preocupen, que hasta las siete y media no hablo-, por una profesora de la universidad, compañera de departamento del que les habla, que concluye que la competencia fundamental en este tema está en la comunidad autónoma. Por ello, aprovechando que por aquí hay diputados que tienen la capacidad de ser escuchados en el Gobierno de la comunidad autónoma, sería bueno que si nosotros tomamos nota ellos pasaran el recado de que la comunidad autónoma no puede quedarse
al margen después de ser aprobada aquí por unanimidad esta proposición no de ley, que tiene un papel y tiene que implicarse. Además, es un colectivo importante y debemos conservarlo, porque no solamente estamos hablando de un trabajo, de una profesión, sino que estamos hablando también de una cultura que viene de muy atrás, que está muy asentada y que en zonas marineras sirve para definir nuestra identidad.
Quiero decir que vamos a suscribir la enmienda transaccional, pero que con ella no eximimos de responsabilidad a la comunidad autónoma y que, de acuerdo con el estudio que me fue facilitado, que seguramente también lo tiene la Xunta de Galicia porque se lo trasladaron las redeiras, actúe dentro de sus competencias para ayudar a solventar un problema que es real. Además, creo que nos debe repugnar a todos los demócratas que por cumplir la ley se tenga una penalización, porque las redeiras que trabajan al margen de la ley tienen ventajas sobre aquellas que tienen legalizada su situación tanto con la Seguridad Social como con Hacienda.
Me parece que este es un tema importante.
Termino mi intervención dando las gracias a la Presidencia por su generosidad y también a sus señorías por escucharme.
La señora PRESIDENTA: Suspendemos ahora la sesión hasta las siete y media, momento en el que procederemos a las votaciones. Les recuerdo que después de la votación tenemos reunión de Mesa y Portavoces. (Pausa.)
Pasamos a las votaciones de las proposiciones no de ley. Ruego, por favor, que cierren las puertas.
En primer lugar, votamos la proposición no de ley sobre gestión de residuos urbanos, que se vota con una enmienda transaccionada con el Grupo Parlamentario Socialista.
Procedemos a la votación de la proposición no de ley sobre el uno por ciento forestal destinado a la limpieza, mantenimiento, ampliación y vigilancia de los bosques. Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 18; abstenciones, 19.
En tercer lugar, procedemos a la votación de la proposición no de ley relativa al archivo de los expedientes sancionadores a armadores por el bloqueo de puertos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que se somete a votación con una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán.
La cuarta proposición no de ley, sobre el etiquetado de los residuos domiciliarios, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se somete a votación en sus propios términos.
En quinto lugar, se somete a votación la proposición no de ley relativa a la situación del colectivo de rederas, presentada por el Grupo Mixto, con una enmienda transaccional alcanzada con el Grupo Socialista y con el Grupo Popular.
La sexta proposición no de ley, sobre la eliminación de excedentes del sector de la viña y el vino, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se somete a votación con una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
La séptima proposición no de ley, sobre la recuperación de las playas en la provincia de Huelva, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 19.
La octava y última proposición no de ley, sobre las medidas a tomar para evitar los robos y la inseguridad en el campo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, se somete a votación con una enmienda transaccional alcanzada con los grupos parlamentarios Catalán y Socialista.