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Timestamp: 2014-03-08 01:12:20
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Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'Artículo 10', 'Artículo 8', 'Artículo 14', 'artículo 11', 'Artículo 89', 'Artículo 212', 'artículo 212', 'artículo 113', 'artículo 208', 'artículo 175', 'artículo 159']

ABRIL DE 2011 - AÑO IV - Nº 11
Imparcialidad y Discrecionalidad Judicial: Reflexiones en Torno al Abandono del Principio de Congruencia.
Dr. Diego Martini Guido
Sumario: I. Introducción. II. Imparcialidad judicial. III. Discrecionalidad judicial. IV. Conclusión. V. Bibliografía
El proceso judicial se presenta como el conjunto de actos procesales realizados por el órgano jurisdiccional y las partes, tendientes a dar solución del litigio y en el cual se declara el derecho a favor de aquél que tenga la razón, estructurándose sobre la base de cinco principios elaborados doctrinariamente 1) la igualdadde las partes litigantes; 2) la imparcialidaddel juzgador; 3) la transitoriedaddel proceso; 4) la eficaciade la serie procedimental y 5) la moralidad en el debate.
En este sentido, el proceso se asemeja a una contienda en la que cada parte defiende su postura enérgicamente aunque de manera parcial. El juzgador debe escucharlas y tratarlas con cortesía, pero no involucrase en sus vidas, porque de ser así, le impediría discernir entre las posiciones contrapuestas donde está la verdad. El juez es un tercero que, como tal, es impartial(no parte), imparcial(no interesado personalmente en el resultado del litigio) e independiente(no recibe órdenes) de cada uno de los contradictores, al que le corresponde la indelegable tarea de fallar, mérito que no cualquiera puede alcanzar, y por este motivo, a lo largo de este trabajo, apuntaremos algunas ideas relacionadas con su conducta, específicamente aquellas relacionadas con su imparcialidad, entendida como la postura de mantenerse firme, sin inclinarse a favor o en contra de alguna de las partes.
Imparcialidad que puede verse menguada, durante el transcurso del proceso, en las distintas etapas que este presenta por el recurso a las facultades que la ley le atribuye al juzgador tendientes a agilizar el desarrollo del litigio y crear el convencimiento necesario a la hora de resolver y que se manifiestan en la posibilidad de dictar medidas para mejor proveer, intervenir en las audiencias y ordenar pruebas de oficio, entre otras, como así también al momento de emitir el pronunciamiento destinado a resolver el conflicto. Atribuciones que la doctrina ha agrupado dentro de la denominada discrecionalidad judicial, por la que se deja a criterio de los magistrados, la regulación procesal de tales actos.
Este trabajo pretende mostrar la relación existente entre imparcialidad y discrecionalidad y sobre todo, los efectos de los pronunciamientos judiciales, extensivos a personas distintas de los litigantes y a situaciones no planteadas en el proceso vulnerando el conocido “principio de congruencia”. II) Imparcialidad judicial
Etimológicamente la palabra imparcial deriva del prefijo latín in y la terminación partial, es decir, que no entra en ninguna parcialidad o no se adhiere a ninguna posición.
Trasladada esta concepción al proceso, la imparcialidad refiere a la actitud del sentenciante frente a influencias extrañas al derecho, provenientes de los litigantes en los procesos sometidos a su imperio. Consiste en juzgar con ausencia absoluta de parcialidad a favor o en contra de los sujetos intervinientes en el litigio. Por lo tanto el juzgador evita conceder ventajas o privilegios no previstos legalmente a cualquiera de las partes; rechaza aquellos beneficios provenientes de las partes o de terceros; se abstiene de mantener trato con alguna de las partes fuera del recinto en que ejerce su función que implique tomar conocimiento del asunto y de emitir opinión alguna que implique prejuzgamiento.
En definitiva, dentro del ámbito procesal, no es otra cosa que la adhesión al conocido refrán “no puedes ser juez y parte”.
No debe existir por parte del órgano jurisdiccional ningún tipo de interés en el objeto del litigio. Por ello, el juez debe guardar neutralidad respecto de las partes, que no necesariamente supone alejamiento, pero si cierta distancia. Así, al decir de Alvarado Velloso “(…) el contacto con las partes, la vivencia del caso, la asimilación interior de cada drama personal, es un factor valioso en la conducta del juez”1.
2. Características del juez imparcial
Se supone que el juez no se mueve por intereses personales o económicos, ni por simpatía o cercanía a cualquiera de las partes. El magistrado, siempre está por encima de los contendientes y la imparcialidad, debe considerarse como una virtud de los funcionarios públicos.
Se considera imparcial al juez que antepone la razón a sus pasiones, intereses, simpatía, ideología y presión social, lo que no es tarea sencilla, ya que el ejercicio de la magistratura es comúnmente motivo de “análisis” por parte de la sociedad, los medios de comunicación, la opinión pública en general y los estudiosos de la materia. El juez al momento de dictar sus sentencias, no debe inclinarse por ninguna de las partes por cualquier razón externa al proceso más que, estrictamente, en las pruebas aportadas en la etapa procesal pertinente, analizando los argumentos de ambas partes.
No hay que olvidar que el juez es un hombre, de carne y hueso, a quien no puede exigírsele otra cosa que nos proporcione el sentido del derecho, valorándolo y adecuándolo a las conductas que la sociedad le pone al frente.
3. Garantía de la imparcialidad
La Constitución Nacional, en su artículo 18, establece “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa” (…), siendo “inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”.
Este principio del debido proceso, que proviene de la redacción originaria de la Carta Magna, encuentra refrendo en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos incorporados en la última reforma constitucional, de 1994, que lo completan brindando las características que deben reunir los jueces.
La Declaración Universal de Derechos Humanos prescribe que “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal (Artículo 10)”. En sentido coincidente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), regla: “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (Artículo 8, inciso 1)”. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresa que “…toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil (Artículo 14, inciso 1)”.
Procesalmente, la imparcialidad, se encuentra preservada por los institutos recusatorio y excusatorio.
El instituto de la excusación lo que intenta es evitar o impedir que un proceso judicial se realice bajo la dirección y decisión de un juez parcial. Por lo tanto, quien se halle comprendido en alguna causal legal de recusación, deberá excusarse (artículo 11, Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe - CPCCSF)2. El juez que no se excusa conociendo la existencia de un impedimento incurre en “mal desempeño” de la función, mientras que aquel a quien se recusa sólo se lo aparta del cargo para el conocimiento de un asunto en particular.
Las causales recusatorias pueden ser clasificadas en absolutas y relativas. Las primeras constituyen un verdadero impedimento, que inhabilita al juez para actuar jurisdiccionalmente, y que de existir, no pueden ser dispensadas por las partes (parentesco, interés, relación de crédito, actuación como letrado, apoderado, fiscal o defensor, brindar recomendación acerca del pleito y parentesco entre jueces de sucesivos grados de conocimiento). Las segundas pueden ser dispensadas por las partes (haber sido el juez denunciante, acusador, denunciado o acusado, haber dictado sentencia como juez inferior, haber recibido beneficios de importancia, tener amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato, tener enemistad, odio o resentimiento grave).
Si se examinan detenidamente las causales de procedencia de uno y otro, se observará que todas se refieren a circunstancias que pueden influenciar el ánimo del juez, por tanto, impedirle la neutralidad inherente a su función.
4. Manifestación de la conducta imparcial del juez
Abarca cuestiones políticas, económicas y sociales.
1) Cuestiones políticas: El juez no debe encontrarse afiliado a partido político o actuar de manera alguna en política (Artículo 89, Constitución de la Provincia de Santa Fe) para garantizar su independencia al momento de emitir su pronunciamiento. En este sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe3, dispone que “los integrantes del Poder Judicial no pueden actuar en actividades de partidos políticos, ni intervenir en actos o hechos de naturaleza electoral, cuando se desempeñen como Magistrados o Funcionarios” (Artículo 212, inciso 1).
2) Cuestiones económicas: refiere a la imposibilidad de obtener beneficio pecuniario o rédito económico por favorecer a alguna de las partes integrantes del proceso. La Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los jueces “practicar habitualmente juegos de azar y apuestas” (artículo 212, inciso 5) y “concurrir asiduamente a lugares destinados con exclusividad a la práctica de juegos de azar y de apuestas” (inciso 6). Esta prohibición obedece a dos razones: la primera es de naturaleza prudencial, ya que un juez endeudado puede llegar a ser fácilmente corrompible por medio de la extorsión, mientras que la segunda, afecta la apariencia de honorabilidad del enjuiciador.
3) Cuestiones sociales: El magistrado debe abstenerse de las demostraciones de amistad o alto grado de familiaridad con personas de dudosa reputación que puedan poner en duda su credibilidad.
5. Independencia e imparcialidad
La relación existente entre ambas figuras se sustenta en la división de poderes.
La imparcialidad del juez, es el resultado de la independencia frente a las partes y al objeto del proceso.
La independencia tiene que ser externa e interior para garantizar la objetividad de la decisión. Por ello, tiene que mantenerse ajeno a cualquier opinión y “hacer oídos sordos” ante sugerencia o persuasión de parte interesada que pueda influir en su ánimo. La legislación procesal santafesina, garantiza la independencia jurídica de los jueces en el sentido de que ninguno está obligado a atenerse a los fallos de otro tribunal.
III) Discrecionalidad Judicial
La discrecionalidad judicial indica un cambio de mentalidad, tanto en la tarea interpretativa de los magistrados, como en la posibilidad de utilizar ciertas facultades para lograr un mejor desarrollo y finalización del proceso, siendo el objetivo principal de este instituto, lograr la integración de los principios enunciados en la Constitución Nacional y en los Tratados sobre Derechos Humanos, con la concepción actual de “justicia”. Discrecionalidad que parece justificada por la ausencia o insuficiencia de normas precisas que regulen todas las cuestiones fácticas sometidas a decisión del juzgador, dejando a su criterio la resolución de las mismas.
2. Implicancias
Justificar una teoría de la discrecionalidad interpretativa, que defienda el carácter indeterminado de las normas que se refieren a cuestiones de carácter material, valores y derechos receptados positivamente, es el actual anhelo de aquellos que plantean la necesidad de incluir entre sus rasgos definitorios, y como uno de los criterios que determinan la validez y pertenencia de las normas a un determinando sistema jurídico, la concurrencia simultánea de condiciones formales, vinculados a criterios de competencia y procedimiento para la producción normativa, y requisitos materiales o de contenido, predeterminados en términos de valores y derechos; lo que en ámbito de la interpretación del Derecho, y en especial de la Constitución, supone, de un lado, la presencia de un cierto margen de discrecionalidad por parte del intérprete y, de otro, que la decisión que se adopte no sólo debe ser formalmente válida, sino, también, materialmente correcta, en tanto no puede contradecir unos contenidos materiales que remitirían a criterios extrajurídicos de moralidad y justicia.
Los jueces deben “decir que es el derecho”, tarea que es básicamente semántica, por lo que se impone la idea de interpretación, previa a la argumentación, como método de conocimiento necesario para determinar las condiciones de verdad de las proposiciones jurídicas empleadas.
3. Valor del precedente
La fuerza vinculante del precedente judicial es en gran medida producto de la misma jurisprudencia o de alguna sentencia específica que intente ofrecer fórmulas argumentativas razonables para sustentar la transformación de las providencias judiciales en ley misma; insinuando la posibilidad de instaurar del gobierno de los jueces y la politización de la justicia, elementos éstos que socavan el ideal mismo de justicia, poniendo en riesgo la división de poderes públicos y erigiendo al juez como creador de derecho o legislador judicial.
En América Latina, numerosos Estados recepcionaron la posibilidad de que sus Cortes o Tribunales Superiores dictaran sentencias legislativas, entre los que se encuentran México, Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador, aplicándolos mayormente a aquellos casos de inconstitucionalidad de la norma.
5. La situación en Argentina
En nuestro país, este proceso presenta dos tendencias bien definidas:
1) Frente a la inconstitucionalidad de una norma, por medio de la sentencia se busca sustituir un vacío normativo, exhortando al legislador a que reemplazara con otra, la ley que se había encontrado inconstitucional. 2) Ante la demora en la ejecución de la sentencia, podría el tribunal, actuar como legislador de emergencia, postulando con su pronunciamiento la ley que regiría la cuestión. Éstas son las sentencias que legislan.
Así, varias Cartas Provinciales, receptan en general, esta posibilidad con particularidades propias. Entre ellas podemos citar la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 113), la de la Provincia de Río Negro (artículo 208), la de Chubut (artículo 175) y la de Tierra de Fuego (artículo 159).
Asimismo, numerosas figuras procesales tienen una creación pretoriana, como el caso del “Amparo”, que encuentra su origen en los fallos “Siri y Kot” y otros más actuales, por los cuales la Cortes Suprema de Justicia de la Nación, ha actuado como legislador, supliendo un vacío legal, pero sin actuar sobre una supuesta omisión inconstitucional4 o formulando desde el caso concreto soluciones generales5.
Sin duda, el debate en torno a la alternativa de atribuir a las sentencias judiciales efectos “erga omnes”, está instaurado en el seno de los Tribunales de los distintos Estados y la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las máximos autoridades judiciales de las provincias no pueden permanecer ajenos a ello.
En este sentido, el interrogante mayor se plantea si un juez puede, desde la soledad de su despacho, inmerso en sus propias valoraciones y catálogos axiológicos, garantizar la aplicación imparcial e igualitaria de la ley y también cuestiona si dentro de la amplia libertad de la discrecionalidad judicial puede asegurar la “unidad, armonía y coherencia del ordenamiento jurídico”.
Discrecionalidad que no debe apartarse de tres valores esenciales para la comunidad jurídica: equidad, justicia y debido proceso, que sustentan los principios de legalidad y seguridad jurídica.
- ALSINA, Hugo, Tratado teórico-práctico de derecho procesal civil, 2da. ed., (Buenos Aires, 1956), Ediar.
- ALVARADO VELLOSO, Adolfo, Introducción al estudio del derecho procesal, (Santa Fe, 1989), Rubinzal – Culzoni.
- El Juez, sus deberes y facultades (los derechos procesales del abogado frente al juez), (Buenos Aires, 1982), Ed. Depalma.
- La imparcialidad judicial y el sistema inquisitivo de juzgamiento.
- ARAZI, Roland, Derecho Procesal Civil y Comercial, (Santa Fe, 2004) Rubinzal Culzoni.
- Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. (Análisis exegético. Jurisprudencia. Legislación. Doctrina), Director Jorge W. Peyrano, coordinador: Roberto A. Vázquez Ferreyra, 3ra. Ed. reelaborada. (Rosario, 2003), Ed. Juris.
- COUTURE, Eduardo J., Estudios de derecho procesal civil,(Buenos Aires, 1950), Ediar. - Fundamentos de Derecho Procesal Civil, 3ra. Ed., (Buenos Aires, 1974), Ed. Depalma.
- GOZAINI, Osvaldo A., Las sentencias que legislan, La Ley, Nº 227, 30/11/2010.
- PATIÑO REYES, Alberto, Algunas consideraciones sobre la importancia de la imparcialidad como virtud suprema del juez.
1 ALVARADO VELLOSO, Adolfo, El Juez, sus deberes y facultades, (Buenos Aires, 1982), Ed. Depalma. 2 “El juez que se halle comprendido en alguna causal legal de recusación deberá excusarse…”
3 Ley Nº 10.160
4 “Halabi, Ernesto c. PEN, Ley 25873 y Decreto 1563/04” CS, 2009/02/24, Fallos: 332:111”; “Verbitsky, Horacio, Fallos: 328:1146 (La Ley, 2005 –C,276); “Beatriz Mendoza)”, CS, 2006/06/20, Fallos: 329:2316 (La Ley, 2006-D,88).
5 “Caso B,.R.E c. Policía Federal s/ amparo”, Fallos: 319:3040; “Campodónico de Beviacqua Ana c. Min. Salud – Sec. Programa de Salud y Bco. de Drogas Neoplásticas”, Fallos: 323:3235 (La Ley, 2001-C,32); “Monteserrín, Marcelino c. Estado Nacional – M.S. y A.S.”, Fallos: 324:3571.