Source: https://es.scribd.com/document/42679632/Luciane-OSIPTEL-Peru
Timestamp: 2020-01-28 14:41:00
Document Index: 55303503

Matched Legal Cases: ['artículo 108', 'artículo 109', 'artículo 103', 'artículo 139', 'artículo 13', 'artículo 62', 'artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 118', 'artículo 27']

Luciane OSIPTEL Peru | Regulación | Legislación
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Reglamento Osiptel -Motivos
Resolución-N°-2129-2018-OEFA-DFAI.pdf
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM.docx
Agenda Nº 08 (20.03.2017)
4.7 Reglamento Verificacion Administrativa 14jun11
FUNCIÓN NORMATIVA DE LOS ORGANISMOS REGULADORES Y LA CRISIS DE LA SEGURIDAD JURÍDICA
LA SEGURIDAD JURÍDICA OBJETIVA
Como lo señala Cándido Paz-Ares 1 la seguridad jurídica posee dos
manifestaciones distintas aunque se presentan asociadas: una vertiente
objetiva y otra subjetiva. La “seguridad jurídica objetiva”, referida al Derecho
Objetivo, es el producto de la claridad, plenitud y estabilidad de las reglas que
componen un determinado sistema jurídico (y, también de su eficaz
administración judicial y cautelar). Características éstas que históricamente han
encontrado su expresión más perfecta en la noción liberal de ley general. En
definitiva, pues, la seguridad jurídica objetiva postula la existencia de un ius
certum, que permita al individuo prever y calcular cómo serán resueltos los
conflictos y las contingencias que eventualmente puedan perturbar su
programa de aprovechamiento económico de los recursos. Desde esta
perspectiva, al permitir a los individuos construir el futuro con certeza, es
evidente que el sistema jurídico contribuye considerablemente a la reducción
de los costos de planificación (costos de información) de la actividad
económica y de la actividad humana en general. Este tipo de seguridad es una
seguridad de orientación.
Una encuesta de Apoyo S.A., realizada entre empresarios peruanos asistentes
a CADE 95, con relación a los aspectos que obstaculizan el crecimiento de
empresas privadas peruanas, arrojó el siguiente resultado:
Escasez de capitales nacionales para la inversión
Deficiencias en el marco legal o jurídico
Deficiencias en Instituciones encargadas de hacer cumplir las
Escasez/costo de financiamiento
Escasez de capital humano calificado
Limitada competitividad de las empresas privadas
Escasa articulación entre los sectores productivos
Falta de una promoción estatal
El 38% de los empresarios consideraron que las deficiencias en el marco legal
o jurídico y las deficiencias en Instituciones encargadas de hacer cumplir las
1 PAZ-ARES, Cándido. “Seguridad Jurídica y Seguridad del Tráfico”. En: Revista de Derecho Mercantil. No. 175-176. Enero-Junio. Madrid, 1985, p. 12.
leyes eran aspectos que obstaculizaban el crecimiento de empresas privadas
peruanas. Dichos resultados, sin lugar a dudas, confirman la importancia, para
los empresarios privados, del marco legal en la actividad económica.
Como lo explica Paz-Ares, cuando se decide una inversión se efectúa un
cálculo de rentabilidad en el que, como es natural, se contraponen costos y
beneficios. La inversión se realizará así en aquel territorio en el que los costos
sean más bajos y los beneficios esperados más elevados. Puede ser que un
país ofrezca posibilidades de unos costos de trabajo o de unos costos
diferenciales de transporte más contenidos que otros, pero si lo que allí se
gana se ve igualado o sobrepasado por el costo de la inseguridad jurídica, es
obvio que la inversión se despla zará a territorios más “seguros” desde ese
punto de vista. El costo de la inseguridad jurídica – es decir, de la incertidumbre
acerca de cómo se resolverán los conflictos y contingencias que suscite la
actividad económica – es el de los recursos que hay que invertir para lograr
privadamente aquella seguridad (costos en seguros, en litigios, incluso en
sobornos). El sistema económico necesita un ordenamiento jurídico que
funcione como una máquina.
Como señala José Ayala Espino “En cualquier sistema económico, el sistema
legal juega un papel importante. Éste se define como el complejo de normas
que regulan la acción del Estado sobre las estructuras del sistema económico y
las relaciones de los agentes en la economía y particularmente en el
intercambio. El sistema legal en el capitalismo moderno es una intrincada red
de leyes en donde se involucran los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, que
permite mantener el orden económico…” 2 . Luego añade: “La función primordial
del sistema jurídico es intitucionalizar las leyes”.
PRINCIPALES CONDICIONES QUE SE CONCITAN EN EL CONCEPTO DE SEGURIDAD JURÍDICA
Las principales condiciones que se concitan en el concepto de seguridad
jurídica podrían englobarse, según Pérez Luño 3 , en dos exigencias básicas:
Económico. México: Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 315.
Barcelona: Ariel Derecho, 1994, p. 31 y siguientes.
LUÑO,
Antonio-Enrique. La Seguridad Jurídica. 2ª edición revisada y puesta al día.
1ª. Corrección estructural, en cuanto garantía de disposición y formulación
regular de las normas e instituciones integradoras de un sistema jurídico. Esta garantía halló nítida expresión en el célebre principio “nullum crimen nulla poena sine lege”. Aunque es frecuente identificar esta máxima con el principio de legalidad penal, su alcance se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico al propiciar una interpretación del término lege que se desglosa en los requisitos de:
a) Lege promulgata, lo que define la ley no es sólo el ser un precepto general, justo y estable, sino el haber sido objeto de adecuada promulgación. La promulgación es esencial a la ley, pues sin ella no podría llegar a conocimiento de la comunidad y, en consecuencia, no podría obligar. Se demanda la publicidad de la norma, a la posibilidad de ser conocida por aquellos a quienes obliga su cumplimiento. De acuerdo con Corral Talciani 4 debemos distinguir dos cuestiones: la cognoscibilidad de la ley y su conocimiento efectivo, esto es, posibilidad de venir en conocimiento de la norma y real aprehensión de ella por el intelecto del particular. “La cognoscibilidad debe ser considerada una propiedad o característica esencial de la norma jurídica, sin cuyo cumplimiento ésta no puede tener validez. El conocimiento efectivo, en cambio, no puede ser un requisito de validez y obligatoriedad de la norma, aunque sí un factor vital de su eficacia práctica”. Si se hiciera depender la validez de la norma jurídica del conocimiento real y efectivo de los individuos, la dejaría mos sujeta a la mera voluntad de éstos, así las reglas de derecho tendrían validez respecto de algunos individuos (los que se han informado de ellas), y serían inválidas para otros (los que no han llegado a conocerla por cualquier razón). La posibilidad de venir en conocimiento de la ley, en que consiste la cognoscibilidad, en principio, puede darse a través de los más diversos y variados medios. Sin embargo, la seguridad jurídica exige que el Estado elija aquellos que parecen más apropiados para satisfacer dicho requisito. Es necesario, en consecuencia, que se fijen ciertos medios oficialmente a fin de evitar toda suerte de dudas y discusiones sobre la
4 CORRAL TALCIANI, Hernán Felipe. De la Ignorancia de la Ley. El Principio de su Inexcusabilidad. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1987, p. 266.
validez y entrada en vigor de las normas jurídicas. “El medio de cognoscibilidad debe, pues, ser un mecanismo oficial, predeterminado por el mismo derecho, cuyo cumplimiento haga incontrovertible el hecho de que se ha dado una posibilidad razonable a los ciudadanos para conocer las normas jurídicas”. Estos medios son la promulgación y la publicación. Conforme al artículo 108 de la Constitución Política del Perú “La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al Presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de quince días. En caso de no haber promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso, o el de la Comisión Permanente, según corresponda…”. El artículo 109, a su vez señala, “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”. b) Lege manifesta, la ley debe ser clara para que a nadie induzca a error por su oscuridad. Se trata de la necesidad de que las normas puedan ser comprensibles y eludan las expresiones ambiguas, equívocas u oscuras, para formularse como leyes claras y precisas. La claridad normativa requiere una tipificación unívoca de los supuestos de hecho que evite, en lo posible, el abuso de conceptos vagos e indeterminados, así como una delimitación precisa de las consecuencias jurídicas. Con lo que se evita la excesiva discrecionalidad de los órganos encargados de la aplicación del Derecho. El Reglamento del Congreso, desde 1993, incorpora la obligación de presentar un análisis costo beneficio 5 de las diferentes iniciativas de ley se que se presenten, “Ello es, sin lugar a dudas, un avance importante, pues ha existido en el Congreso desde mucho tiempo atrás la tradición de presentar proyectos de ley sin suficiente sustento respecto de cómo
5 Se sugiere la lectura de NORTH, Douglass y LeRoy Miller, Roger. El Análisis Económico de la Usura, el Crimen, la Pobreza, Etcétera. México: Fondo de Cultura Económica, 1985. En el prefacio de la obra se señala: “Los economistas no pueden decirle a la gente lo que debe hacer. Solamente pueden exponer los costos y beneficios de múltiples opciones para que los ciudadanos, en una sociedad democrática, tomen mejores decisiones”.
el proyecto busca lograr sus objetivos que persigue ni de presentar un análisis mínimo de los costos que implicaría para lograr sus propósitos” 6 . El análisis costo beneficio de las normas busca que se tome en cuenta, antes de aprobar una norma en el Congreso, los beneficios y los costos de dicha norma. En la práctica, sin embargo, el análisis costo beneficio que se presentan no cumplen los requerimientos metodológicos mínimos por lo que normalmente sólo afirman: “El presente proyecto de ley no irrogará gastos al erario nacional”.
c) Lege plena, ninguna situación o comportamiento susceptible de revestir trascendencia jurídica, carecerá de respuesta normativa. La plenitud o integridad del ordenamiento es, según Bobbio, “la propiedad por la cual un ordenamiento tiene una norma para regular cada caso” 7 . El ordenamiento es completo cuando el juez puede encontrar en él una norma para regular cada caso que se le presente, de forma que no haya caso que no pueda ser regulado por una norma del sistema 8 . Un ordenamiento con vacíos normativos (lagunas) e incapaz de colmarlos incumpliría el objetivo que determina su propia razón de ser: ofrecer una solución, con arreglo a Derecho, a los casos que plantea la convivencia humana. De ahí que el dogma de la plenitud se considere nota constitutiva de los ordenamientos jurídicos y cláusula básica de su seguridad. Para garantizar su plenitud 9 los ordenamientos jurídicos establecen un sistema de fuentes del Derecho y prevén la utilización por los jueces de unos medios de integración de las eventuales lagunas legales (interpretación extensiva, analogía, equidad y principios generales del Derecho). Al respecto el artículo VIII del Título Preliminar del Código Civil peruano consagra el principio de inexcusabilidad 10 : “Los jueces no pueden dejar
6 ORTÍZ DE ZEVALLOS, Gabriel y GUERRA-GARCÍA, Gustavo. Análisis Costo Beneficio de las Normas. Lima. Instituto Apoyo SA y USAID, 1998, p. 8. 7 BOBBIO, Norberto. Teoría General del Derecho. Madrid: Debate, 1991, p. 221.
8 Ver SALGUERO, Manuel. Argumentación Jurídica por Analogía. Madrid: Marcial Pons, 2002, p.
9 Como señala Salguero “el presupuesto de la plenitud de los sistemas normativos no deja de ser un ideal racional que, por tanto, nunca ha tenido efectividad real. Creer que los sistemas jurídicos son completos porque debe serlo es mera ilusión…” (SALGUERO, Manuel. Ob. Cit., p. 35). 10 El ideal racional de plenitud se expresa en la legislación positiva bajo tres principios: el de inexcusabilidad, el de justificación y el de legalidad. Estos dos últimos recogidos en el inciso 5 del
de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los principios generales del derecho y, preferentemente, los que inspiran el derecho peruano”.
d) Lege stricta, esta cláusula de garantía tiene su complemento en el principio de jerarquía normativa por el que se establece un orden de prelación de las fuentes del Derecho, que impide la derogación, modificación o infracción de las normas de rango superior por aquellas que les están subordinadas.
e) Lege previa, el Derecho a través de sus normas introduce la seguridad en la vida social al posibilitar la previa calculabilidad de los efectos jurídicos de los comportamientos. Esta garantía se traduce en la exigencia de la irretroactividad de las normas, en cuya virtud no se puede extender la aplicación de las leyes a conductas previas a su promulgación, que, por tanto, fueron realizadas antes de que pudiera conocerse su contenido. En este sentido, el segundo párrafo del artículo 103 de la Constitución Política del Perú establece: “Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal, cuando favorece al reo”. Asimismo, en el año 1984 el Instituto Libertad y Democracia en el Perú entregó al presidente Fernando Belaúnde Terry un anteproyecto de ley para mantener a los legisladores informados sobre las preocupaciones del público y para hacer que ellos tuvieran que responder ante las personas que comentaran los proyectos de ley, así como sus efectos. El Presidente promulgó un Decreto Legislativo No. 283 y el Decreto Supremo No. 071-84-PCM, donde se estipulaba que todas las leyes y normas expedidas por el Ejecutivo salvo las referidas a la seguridad pública y a las relaciones internacionales 11 debían ser publicadas primero en forma de anteproyecto para el escrutinio público junto con una fundamentación de sus objetivos, más un estimado de los costos y beneficios para la sociedad peruana.
artículo 139 de la Constitución Política del Perú de acuerdo al cual es un principio de la función jurisdiccional la motivación escrita de las resoluciones judiciale con mención expresa de la ley aplicable. 11 Ver excepciones en el artículo 13 del Decreto Supremo No. 071 -84-PCM
En el curso de los treinta (30) días calendarios siguientes a la
publicación del Proyecto, cualquier entidad del sector público o privado podría presentar opiniones o sugerencias a la entidad pública correspondiente. Dichas sugerencias y opiniones serian procesadas con
el fin de evaluar la conveniencia de su incorporación al texto definitivo.
A lo largo del tiempo la publicación de los anteproyectos de ley se ha
incrementado, aunque no de la manera que se espera 12 .
f) Lege perpetua, ya que la estabilidad del Derecho es un presupuesto básico para generar un clima de confianza en su contenido. La tendencia de las normas jurídicas hacia la permanencia se conecta con el aludido principio de su irretroactividad y cristaliza en dos manifestaciones de la seguridad jurídica frecuentemente invocadas; la cosa juzgada , que atribuye firmeza a las decisiones judiciales no susceptibles de ulterior recurso, por desistimiento o renuncia o por haberse agotado las instancias o plazos para interponerlo; y los derechos adquiridos que ampara las situaciones jurídicas surgidas de acuerdo con la legalidad vigente en el momento de su conformación, frente a eventuales cambios legislativos que pudieran incidir ex post facto, es decir, retroactivamente en ellas. Contrariamente a lo aquí señalado, una característica de nuestros sistemas jurídicos es precisamente la inestabilidad, los constantes cambios a las reglas de juego. Esto hace recordar a Ortega y Gasset cuando cuenta en su Rebelión de las Masas “El gitano se fue a confesar; pero el cura, precavido, comenzó a preguntarle si sabía los mandamientos de la Ley de Dios. A lo que el gitano respodió: «Misté Padre: yo loh iba a aprendé; pero he oído un runrún de que loh iban a quitá» 13 . La certeza del Derecho, como señala Pérez Luño 14 , en cuanto posibilidad real de sus destinatarios de conocer y cumplir sus prescripciones se ha resentido del aluvión normativo y de su continua modificación. El flujo incesante de leyes cuyo exacto y puntual
12 Ver al respecto www.ild.org.pe
13 ORTEGA Y GASSET, José. La Rebelión de las Masas. Lima: Editorial Universo, 1975, p. 159. “Mire usted padre, yo los iba a aprender, pero he oído por ahí un runrún de que los van a quitar”.
14 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Ob. Cit., p. 64.
conocimiento es imprescindible para el funcionamiento correcto del
sistema jurídico, hace materialmente imposible su discernimiento,
interpretación y aplicación por los operadores jurídicos. La transparencia del sistema normativo, que es presupuesto básico de la certeza del
Derecho, se ve suplantada por su creciente opacidad e inescrutabilidad:
el Derecho positivo deviene, por tanto, inaccesible para los propios
especialistas. El valor de la seguridad jurídica se resquebraja por el
menoscabo de la vigencia del ordenamiento jurídico, muchas de cuyas normas permanecen inoperantes por falta de información.
Debido a la inestabilidad política y jurídica que caracteriza a nuestros países el artículo 62 de la Constitución Política del Perú ha introducido la
figura de los “contratos-ley”, mediante los cuales el Estado garantiza, por
la vía contractual, un marco jurídico estable que brinde seguridad a los inversionistas. Estos contratos de estabilidad jurídica no pueden ser
modificados legislativamente. 2ª. Corrección funcional, que comporta la garantía de cumplimiento del
Derecho por todos sus destinatarios y regularidad de actuación de los órganos
encargados de su aplicación. Se trata de asegurar la realización del Derecho mediante la sujeción al bloque de la legalidad por parte de los poderes públicos
(principio de legalidad) y también de los ciudadanos. FUNCIÓN NORMATIVA DEL OSIPTEL
De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley No. 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios
Públicos, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia (OSIPTEL, en el servicio público de telecomunicaciones 15 ) los Organismos Reguladores ejercen
las siguientes funciones 16 :
a) Función Supervisora: comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las
entidades o actividades supervisadas, así como la facultad de verificar el cumplimiento de cualquier mandato o resolución emitida por el
15 Tercera Disposición Final y Transitoria de la Ley No. 26285. 16 Estas mismas funciones se señalan en el artículo 22 del Decreto Supremo No. 008-2001-PCM, Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL (en adelante Reglamento de OSIPTEL).
Organismo Regulador o de cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de la entidad o actividad supervisadas;
b) Función reguladora: comprende la facultad de fijar las tarifas de los servicios bajo su ámbito;
c) Función normativa : comprende la facultad exclusiva de dictar, en el ámbito y en materia de sus respectivas competencias, los reglamentos, normas de carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios;
d) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de imponer sanciones dentro de su ámbito de competencia por el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, así como las obligaciones contraídas por los concesionarios en los respectivos contratos de concesión;
e) Función de solución de controversias: comprende la facultad de conciliar intereses contrapuestos entre entidades o empresas bajo su ámbito de competencia, entre éstas y sus usuarios o de resolver los conflictos suscitados entre los mismos, reconociendo o desestimando los derechos invocados; y
f) Función de solución de reclamos de los usuarios de los servicios que
regulan. De conformidad con el artículo 23 del Reglamento de OSIPTEL la función normativa le permite dictar de manera exclusiva y dentro del ámbito de su competencia, reglamentos y normas de carácter general, aplicables a todos los administrados que se encuentren en las mismas condiciones 17 . Estos reglamentos podrán definir los derechos y obligaciones entre las empresas operadoras y de éstas con los usuarios. Asimismo, comprende la facultad de dictar mandatos y normas de carácter particular 18 referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades bajo su competencia, o de sus usuarios.
17 Las normas de carácter general son aquellas que están destinadas a todo aquel que se encuentre en una determinada situación de hecho. 18 La norma es de carácter particular cuando es dictado para una situación de hecho única e individualizada.
En ejercicio de la función normativa pueden dictarse reglamentos o
disposiciones de carácter general referidos a los siguientes asuntos:
1) Sistemas tarifarios o regulatorios o mecanismos para su aplicación.
2) Reglas a las que están sujetos los procesos que se sigan ante
cualquiera de los órganos funcionales de OSIPTEL, incluyendo los
reglamentos de infracciones y sanciones, de reclamos de usuarios, de
solución de controversias y en general, los demás que sean necesarios
según las normas pertinentes.
3) Participación de los interesados en el proceso de aprobación de los
reglamentos de carácter general y regulaciones, incluyendo las reglas de
publicación previa y de realización de audiencias públicas para tales
4) Cláusulas generales de contratación aplicables a los contratos de
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.
Dictar mandatos de interconexión 19 .
6) Otros asuntos señalados en el artículo 25 del Reglamento de OSIPTEL y
cualquier otro que, de acuerdo con las funciones encargadas al
OSIPTEL, sea necesario para cumplir con sus fines.
La función normativa de OSIPTEL se ejerce de manera exclusiva por el
Consejo Directivo, a través de la expedición de Resoluciones debidamente
LÍMITES A LA AUTONOMÍA DE LOS ORGANISMOS REGULADORES EN LA FUNCIÓN NORMATIVA
Siempre se ha dicho que “La independencia funcional de los entes reguladores
es, asimismo, decisiva, porque la experiencia ha demostrado que el poder
político es no pocas veces incapaz de sustraerse a las tendencias de sacrificar
los objetivos a largo plazo, en aras de las metas diarias de la política” 20 , no
obstante, dicha independencia no es absoluta.
Si bien es cierto conforme al artículo 2 de la Ley No. 27332, Ley Marco de los
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos
éstos gozan de autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y
19 De acuerdo con la Ley de Telecomunicaciones (mediante Decreto Supremo No. 013-93-TCC se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones) la interconexión de las redes y los servicios públicos de telecomunicaciones es de interés público y social.
20 GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Lima: Palestra, 2003, p. XV-4.
financiera, no deja de ser cierto que sobre la base de la jerarquía normativa por la que se establece un orden de prelación de las fuentes del Derecho, el OSIPTEL se encuentra sometido a la facultad legisladora del Poder Legislativo y, del mismo Poder Ejecutivo, a través de su potestad de reglamentar leyes (artículo 118 de la Constitución Política) o a través de la facultad de legislar delegada por el Poder Legislativo, mediante decretos legislativos. Esta situación ha sido mediatizada de alguna manera a través de la figura de los contratos-ley. En efecto, la Ley No. 26285, dispuso que “los contratos de concesión que celebre el Estado para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones tienen el carácter de contrato-ley” 21 . Este es el caso del contrato de concesión para la prestación de servicio portador y servicio telefónico local en las ciudades de Lima y Callao y del contrato de concesión para la prestación se servicio portador, servicio telefónico local y servicio de larga distancia nacional e internacional en la República del Perú que el Estado Peruano ha suscrito con la empresa Telefónica del Perú SAA. En tal sentido, los términos contractuales de estos contratos de concesión no pueden ser modificados legislativamente, lo cual elimina el impulso político del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pero también supone una limitación para el Organismo Regulador 22 . PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS De acuerdo con el artículo 27 del Reglamento de OSIPTEL constituye requisito para la aprobación de los Reglamentos, normas y disposiciones regulatorias de carácter general que dicte OSIPTEL, el que sus respectivos proyectos hayan sido publicados en el diario oficial El Peruano, con el fin de recibir las sugerencias o comentarios de los interesados. Se exceptúan de éste requisito los reglamentos considerados de urgencia, los que deberán, en cada caso, expresar las razones e n que se funda la excepción. OSIPTEL tiene facultad discrecional para decidir respecto de la incorporación de las sugerencias recibidas. La presentación de sugerencias no tiene carácter vinculante, ni da inicio a un procedimiento administrativo. La mencionada publicación deberá contener lo siguiente:
21 No están incluidos los servicios de difusión, telefonía móvil en sus distintas modalidades, de busca personas, teléfonos públicos y servicios de valor añadido y servicios portadores locales.
22 Esto afecta fundamentalmente la función reguladora en la medida que OSIPTEL no puede modificar, fundamentalmente, los términos contractuales referidos al régimen tarifario general.
1) El texto completo del Reglamento, Norma y/o Regulación, que se propone expedir.
3) El plazo dentro del cual se recibirán las sugerencias o comentarios escritos al mismo y, de considerarlo necesario, la fecha en la que se realizará la audiencia pública en la que se recibirán los comentarios verbales de los participantes. El plazo para la recepción de comentarios y la respectiva audiencia, cuando corresponda, no podrá ser menor de quince (15) días calendarios contados desde la fecha de publicación o de la convocatoria.
Una Exposición de Motivos.
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