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Timestamp: 2018-07-20 00:52:07
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 88', 'artículo 90', 'artículo 122', 'artículo 108', 'artículo 20', 'artículo 25', 'artículo 159', 'artículo 147', 'artículo 37']

TRIBUNAL DE LA COMPETENCIA: INFORME SOBRE LA GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (2) | Gatopardo
TRIBUNAL DE LA COMPETENCIA: INFORME SOBRE LA GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (2)
II. LA GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
II.1 Los derechos de propiedad intelectual
11. La normativa nacional básica en la que se recogen los derechos de propiedad intelectual es el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (en adelante, LPI)2.
12. La propiedad intelectual protege obras y prestaciones. Las primeras hacen referencia a las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas en cualquier medio. Las segundas a las interpretaciones artísticas, los fonogramas, las grabaciones audiovisuales y las emisiones de radiodifusión.
13. Según el Ministerio de Cultura, “los derechos de propiedad intelectual otorgan, además del reconocimiento a los creadores, la retribución económica que les corresponde por la realización de sus obras y prestaciones. Es también un incentivo a la creación y a la inversión en obras y prestaciones de la que se beneficia la sociedad en su conjunto”3.
14. Los titulares a quienes la normativa reconoce derechos de propiedad intelectual pueden ser de diferentes tipos. Normalmente se diferencia entre titulares de derechos de autor y otros titulares (en ocasiones denominados titulares de derechos afines), como son los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas, los productores de grabaciones audiovisuales, las entidades de radiodifusión, los divulgadores de determinadas producciones editoriales y los creadores de meras fotografías.
15. La clasificación de los derechos de propiedad intelectual se puede reflejar en el siguiente diagrama:
16. Los derechos morales se reconocen en la normativa nacional a los autores y a los artistas intérpretes o ejecutantes. En esencia, reconocen a éstos la condición de autor o artista intérprete o ejecutante como tales, así como el derecho a controlar la integridad de su obra.
17. Por su parte, los derechos patrimoniales son aquellos por los cuales el titular recibe una remuneración. Existen dos clases de derechos patrimoniales: los derechos de explotación y otros derechos.
18. Los conocidos como Otros derechos son los dos siguientes:
• Derecho de participación. Según el artículo 1 de la Ley 3/2008 “los autores de obras de arte gráficas o plásticas, tales como los cuadros, collages, pinturas, dibujos, grabados, estampas, litografías, esculturas, tapices, cerámicas, objetos de cristal, fotografías y piezas de vídeo arte, tendrán derecho a percibir del vendedor una participación en el precio de toda reventa que de las mismas se realice tras la primera cesión realizada por el autor. Los ejemplares de obras de arte objeto de este derecho que hayan sido realizados por el propio autor o bajo su autoridad se considerarán obras de arte originales. Dichos ejemplares estarán numerados, firmados o debidamente autorizados por el autor”.
• Derecho de compensación equitativa por copia privada. Según el artículo 25 de la LPI “la reproducción realizada exclusivamente para uso privado, mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, originará una compensación equitativa y única por cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas… dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón de la expresada reproducción”.
19. Sin embargo, el presente Informe se va a centrar principalmente en los derechos de explotación. La razón principal estriba en que el importe a pagar por los derechos de explotación lo establecen las entidades de gestión, mientras que en el caso de los otros derechos, su importe se establece mediante procedimientos distintos, que implican, de uno u otro modo, la intervención administrativa en su fijación4.
20. Los derechos de explotación pueden ser de dos tipos:
• Derechos exclusivos: son aquellos que permiten a su titular autorizar o prohibir los actos de explotación por el usuario de su obra o prestación protegida, y a exigir de éste una retribución a cambio de la autorización que le conceda.
• Derechos de remuneración: a diferencia de los derechos exclusivos, no facultan a su titular a autorizar o prohibir los actos de explotación por el usuario de su obra o prestación protegida, aunque sí obligan a éste al pago de una cantidad dineraria por los actos de explotación que realice.
21. Los actos de explotación que pueden originar tales derechos de explotación son los siguientes:
• Reproducción: “La fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias” (artículo 18 de la LPI). En este caso, solamente existen derechos exclusivos, pero no de remuneración.
• Distribución: “La puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma” (artículo 19.1 de la LPI).
• Comunicación pública: “Todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo” (artículo 20.1 de la LPI).
• Transformación: “La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente” (artículo 21.1 de la LPI). En este caso, solamente existen derechos exclusivos, pero no de remuneración.
22. Dentro de los derechos de explotación, los más relevantes 5 son los derechos que se derivan de actos de comunicación pública. La comunicación pública hace referencia a actos tales como una representación escénica de una obra, la proyección pública de una obra cinematográfica, su emisión por televisión o radio o su puesta a disposición en Internet. En el artículo 20.2 de la LPI se incluye una lista no exhaustiva de actos de comunicación pública, que se recogen según su redacción literal en la LPI:
Tipos de actos de comunicación pública contemplados en la LPI
“a. Las representaciones escénicas, recitaciones, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales mediante cualquier medio o procedimiento.
b. La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás audiovisuales.
c. La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. El concepto de emisión comprende la producción de señales portadoras de programas hacia un satélite, cuando la recepción de las mismas por el público no es posible sino a través de entidad distinta de la de origen.
d. La radiodifusión o comunicación al público vía satélite de cualesquiera obras, es decir, el acto de introducir, bajo el control y la responsabilidad de la entidad radiodifusora, las señales portadoras de programas, destinadas a la recepción por el público en una cadena ininterrumpida de comunicación que vaya al satélite y desde éste a La Tierra. Los procesos técnicos normales relativos a las señales portadoras de programas no se consideran interrupciones de la cadena de comunicación. […]
e. La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono.
f. La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los apartados anteriores y por entidad distinta de la de origen, de la obra radiodifundida. Se entiende por retransmisión por cable la retransmisión simultánea, inalterada e íntegra, por medio de cable o microondas de emisiones o transmisiones iniciales, incluidas las realizadas por satélite, de programas radiodifundidos o televisados destinados a ser recibidos por el público.
g. La emisión o transmisión, en lugar accesible al público, mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra radiodifundida.
i. La puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija.
j. El acceso público en cualquier forma a las obras incorporadas a una base de datos, aunque dicha base de datos no esté protegida por las disposiciones del Libro I de la presente Ley.
k. La realización de cualquiera de los actos anteriores, respecto a una base de datos protegida por el Libro I de la presente Ley.”
23. Los derechos de remuneración que reconoce la LPI por actos de comunicación pública son los que se incluyen en el siguiente cuadro:
Derechos de remuneración por actos de comunicación pública reconocidos en la LPI
Derecho de remuneración de los autores por la comunicación pública de obras audiovisuales (artículos 90.3 y 90.4 de la LPI), de carácter irrenunciable e intransmisible por actos inter vivos.
Derecho de remuneración equitativa de los artistas intérpretes o ejecutantes por la comunicación pública (modalidad art. 20.2.i de la LPI) de fonogramas o grabaciones audiovisuales (artículo 108.3 de la LPI), de carácter irrenunciable.
Derecho de remuneración equitativa y única de productores de fonogramas y artistas intérpretes o ejecutantes por la comunicación pública de fonogramas (artículos 108.4 y 116.2 de la LPI), salvo en la modalidad art. 20.2.i de la LPI.
Derecho de remuneración equitativa y única de los productores de grabaciones audiovisuales y artistas intérpretes o ejecutantes por la comunicación pública (modalidades 20.2.f de la LPI y 20.2.g de la LPI) de grabaciones audiovisuales (artículos 108.5 y 122.2 de la LPI).
Derecho de remuneración equitativa de los artistas intérpretes o ejecutantes por la comunicación pública de grabaciones audiovisuales (artículo 108.5 de la LPI), salvo modalidades 20.2.f de la LPI y 20.2.g de la LPI.
Derechos de remuneración por actos de comunicación pública
24. Los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden ceder sus derechos exclusivos a otras personas o sociedades, quienes se convierten de este modo en titulares de los derechos, aunque sea a título derivativo y no originario. Este es el caso, por ejemplo, de los editores de libros o de los editores musicales que, mediante los contratos de edición suscritos con los autores de las obras literarias o musicales, adquieren los derechos originarios del autor, quien los cede a cambio de una contraprestación económica.
25. Si bien los titulares no pueden ceder sus derechos de remuneración, este tema no está exento de cierta controversia, debido a que la LPI sólo establece la irrenunciabilidad de los derechos de remuneración de modo explícito para algunos de ellos.
26. En definitiva, como se puede observar, el sistema de derechos de propiedad intelectual incluye distintos tipos de titulares, de obras y prestaciones, y de actos de explotación, lo que da lugar a una compleja casuística en la determinación de cada uno de los derechos y en las características de cada uno de ellos. Así, el titular y el tipo de derecho que éste tenga en cada caso dependerán del tipo de acto de explotación de que se trate y del tipo de obra o prestación sobre la que tenga derechos. Asimismo, sobre una misma obra o prestación puede existir una variedad de titulares que ostenten diferentes derechos.
27. Por poner un ejemplo: los derechos exclusivos sobre la obra audiovisual corresponden al autor, pero como se establece en el artículo 88.1 de la LPI, por el contrato de producción de la obra audiovisual se presumen cedidos al productor los derechos exclusivos de reproducción, distribución y comunicación pública, así como los de doblaje o subtitulado de la obra. Pero además de estos derechos exclusivos, la LPI también reconoce una serie de derechos de remuneración por actos de comunicación pública al propio productor, a los autores y a los artistas intérpretes o ejecutantes. En consecuencia, si una obra audiovisual se retransmitiese, por ejemplo, en la habitación de un hotel, en principio, el derecho exclusivo correspondería al productor audiovisual, y además el autor (artículo 90.4 de la LPI), el propio productor audiovisual (artículo 122.2 de la LPI) y los artistas intérpretes o ejecutantes (artículo 108.5 de la LPI) tendrían un derecho de remuneración por este acto de comunicación pública.
28. Esta pluralidad de tipologías de titulares, de obras y prestaciones, y de derechos y actos de explotación que se recogen en la LPI, difícil de interpretar en algunos casos, da lugar a un sistema complejo, que en muchas ocasiones genera incertidumbre a los usuarios que explotan obras y prestaciones en torno a los pagos que han de realizar y las autorizaciones que han de obtener, dificultando su interacción con los titulares de derechos de propiedad intelectual.
II.2 Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual
29. En virtud de la existencia de los derechos de propiedad intelectual analizados en el apartado anterior, cuando una persona, empresa o institución (un usuario) explota una obra o prestación protegida, tiene que estar autorizado para ello y realizar los pagos correspondientes que se deriven de dicha explotación.
30. La gestión de los derechos de propiedad intelectual es el ejercicio de estos derechos por parte de los titulares que los poseen.
31. En la normativa española que regula los derechos de propiedad intelectual no se incluye ninguna definición precisa del término gestión de derechos de propiedad intelectual. Según la Comunicación de 2004 de la Comisión Europea, sobre la gestión de los derechos de autor y derechos afines en el mercado interior, “el término gestión de derechos se refiere al modo de administrar los derechos de autor y derechos afines, es decir, al modo de concederlos, cederlos o remunerarlos según su tipo de utilización. La gestión individual de los derechos es la comercialización de los derechos entre titulares particulares y usuarios comerciales. La gestión colectiva de los derechos es un sistema mediante el cual una sociedad de gestión colectiva administra conjuntamente los derechos y supervisa, recauda y
distribuye el pago de los derechos en nombre de varios titulares”6.
32. Como se desprende de la Comunicación de la Comisión Europea, en principio, la gestión de derechos puede ser individual o colectiva. Si la gestión es individual, cada uno de los titulares ejerce sus derechos de modo individual. Si la gestión es colectiva, una entidad de gestión colectiva de derechos representa a un conjunto de titulares y ejerce los derechos en su lugar.
33. La gestión individual no necesariamente implica a un titular con un reducido número de obras o prestaciones. Existen titulares, como es el caso de las grandes editoras musicales, que ostentan derechos sobre un amplísimo número de obras. En este sentido, es importante destacar que las diferencias entre los titulares con respecto al volumen de obras o prestaciones sobre las que ostentan derechos inciden en el poder de negociación que tienen frente a la entidad que gestiona los derechos en su nombre.
34. La LPI impone la gestión colectiva obligatoria a través de las Entidades de gestión para determinados derechos de propiedad intelectual, de tal forma que en esos casos el titular no tiene la opción de gestionarlos de modo individual y, además, la entidad de gestión colectiva lo representa por mandato legal, es decir, puede recaudar en su nombre independientemente de que éste haya delegado en la entidad la gestión de estos derechos.
35. Los derechos en los que la gestión colectiva es obligatoria son básicamente los derechos de remuneración, pero también el derecho exclusivo de autorizar la retransmisión por cable (artículo 20.4.b LPI) y el derecho de compensación equitativa por copia privada (artículo 25 LPI).
36. Volviendo a la clasificación de los derechos de propiedad intelectual realizada en el apartado anterior, pueden distinguirse los derechos de gestión colectiva obligatoria:
*En color verde los derechos de gestión colectiva obligatoria.
37. Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual gestionan los derechos de gestión colectiva obligatoria y, en la mayoría de los casos, también gestionan derechos de gestión colectiva voluntaria7.
38. Hasta 1987 en España existía únicamente una entidad de gestión, la SGAE, que gestionaba todo tipo de derechos en régimen de monopolio. Tras la aprobación de la LPI en 1987, y acompañando a la introducción de nuevos derechos en la ley, surgieron nuevas entidades de gestión que básicamente se encargaron de la gestión de los nuevos derechos reconocidos.
39. De esta forma, en estos momentos existen en España 8 entidades de gestión que, sin embargo, no compiten en la gestión de los mismos derechos, sino que, a pesar de que la LPI no lo imponía, cada una de ellas se ha especializado en la gestión de derechos que ninguna otra gestiona (normalmente de un determinado colectivo de titulares), ostentando de esa
forma un monopolio de hecho en su sector 8. Esto es así con la única excepción de los derechos de los autores (directores y guionistas) del medio audiovisual, donde a partir de 1999 operan dos entidades: SGAE y DAMA.
40. Las entidades son las siguientes:
Tabla 1. Entidades de gestión autorizadas por el Ministerio de Cultura. 2009
41. Según la LPI las entidades de gestión deben carecer de ánimo de lucro y deben contar con la autorización del Ministerio de Cultura para actuar como tales. El ámbito de gestión de la entidad, es decir, los derechos administrados y las clases de titulares de derechos comprendidos en la gestión, se establece en sus estatutos, que deben cumplir unos requisitos determinados (art. 151 de la LPI) y ser presentados al Ministerio de Cultura en el proceso de autorización. El Ministerio de Cultura tiene la facultad de aprobar o no los estatutos presentados por la entidad, así como sus posteriores modificaciones (artículo 159.2 de la LPI). Las facultades que la LPI atribuye al Ministerio de Cultura confieren un amplísimo poder a este organismo en la configuración de este sector. Como se explicará más adelante, el margen de discrecionalidad de este organismo puede ser una de las razones por la cual existen monopolios gestores de derechos de propiedad intelectual y se observa una compartimentación y segmentación por categorías de derechos.
42. El principal objetivo de las entidades de gestión es “la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual” (artículo 147 de la LPI).
43. En la LPI se especifican de modo impreciso algunas de sus funciones, y en ningún caso se establece de modo articulado y sistemático cuáles son todas ellas. No obstante, dicha sistematización es realizada por el Ministerio de Cultura, que señala que las funciones de una entidad de gestión son las que se recogen literalmente a continuación 9:
• Administrar los derechos de propiedad intelectual conferidos, con sujeción a la legislación vigente y a sus estatutos y ejercitar los derechos de propiedad intelectual, bien de forma delegada por sus legítimos titulares, o bien por mandato legal (derechos de gestión colectiva obligatoria). Para gestionar los derechos que sus estatutos les tienen encomendados, las entidades de gestión conceden a los usuarios autorizaciones no exclusivas10 para utilizar los derechos de los colectivos de titulares que representan a cambio de una contraprestación económica.
• Fijar una remuneración adecuada al tipo de explotación que se realice y percibir esa remuneración con arreglo a lo estipulado. La determinación de las contraprestaciones económicas que los usuarios deben abonar a las entidades de gestión por las autorizaciones que reciben, las fijan aquéllas mediante el establecimiento de las tarifas generales11 que no están sujetas a la previa o posterior aprobación por el Ministerio de Cultura, sin perjuicio de la obligación de negociar las tarifas con asociaciones de usuarios que quieran utilizar los derechos que tienen
encomendados para su gestión.
• Perseguir las violaciones de estos derechos mediante un control de las utilizaciones.
• En el ámbito de las utilizaciones masivas, celebrar contratos generales con asociaciones de usuarios de su repertorio12 y fijar tarifas generales por la utilización del mismo.
• Permitir hacer efectivos los derechos de naturaleza compensatoria (por ejemplo, la remuneración por copia privada).
• Realizar el reparto de la recaudación neta correspondiente a los titulares de derechos. Las cantidades recaudadas son abonadas a sus legítimos titulares previo el descuento de unos porcentajes variables destinados a atender los gastos en que incurren para prestar estos servicios.
• Además de atender a su finalidad de gestionar derechos, las entidades por imposición legal deben prestar a los colectivos de titulares que representan servicios asistenciales, formativos y promocionales.
• Proteger y defender los derechos de propiedad intelectual contra las infracciones que se cometan, acudiendo en su caso a la vía judicial.
44. De forma más sintética se podría decir que el núcleo fundamental de funciones que realiza una entidad de gestión colectiva es conceder licencias13 para la utilización de las obras o prestaciones gestionadas; fijar tarifas generales; recaudar los pagos que se deriven de la explotación de obras y prestaciones; vigilar el uso que se hace de las obras y prestaciones; detectar posibles infracciones y actuar contra ellas; y, distribuir los pagos recaudados entre los titulares que representa, una vez descontados los gastos de gestión. A todo ello, se añade una función de promoción y de ayuda a los titulares que debe ser obligatoriamente realizada por las entidades, tal y como establece la LPI.
45. Los usuarios de las obras y prestaciones protegidas son muy diversos e incluyen, entre otros, a cadenas de televisión, radios, salas de bodas, hoteles, teatros, gimnasios, bares u organizadores de fiestas populares. También están cobrando cada vez más peso en virtud del progreso tecnológico y de las nuevas formas de distribución y consumo de obras los usuarios que explotan obras y prestaciones únicamente en el entorno online. Es muy importante tener en cuenta que las necesidades y características específicas de cada usuario varían en un grado muy alto.
46. A la hora de clasificar a los usuarios, es importante tener en cuenta tres características fundamentales:
• La capacidad que los usuarios tienen para anticipar y controlar el uso que hacen de las obras y prestaciones protegidas. Aunque esto es posible para muchos, como las televisiones, las radios o quienes exploten obras o prestaciones en el entorno online, existen tipos de utilizaciones en las cuales el uso es más difícil de controlar, como por
ejemplo, una radio en un bar o una televisión en la habitación de un hotel. Evidentemente, el progreso tecnológico es un factor que incide en las posibilidades de anticipar y controlar el uso y en el coste al que pueden llevarse a cabo.
• La posibilidad de que la entidad o los titulares puedan vigilar, a un coste razonable, el uso que los usuarios hacen de los repertorios. En algunos casos, como las televisiones, las radios o los usuarios que exploten obras y prestaciones en el entorno online, es factible que esta condición se satisfaga. No obstante, en el caso de otro tipo de usuarios (como los
bares, las discotecas o los gimnasios) la monitorización y vigilancia del uso es más costosa. Como en el caso anterior, el progreso tecnológico constituye un factor que incide en las posibilidades de monitorizar y vigilar el uso, así como en el coste al que puede realizarse.
• La necesidad que los usuarios tienen de acceder a un repertorio amplio para el desarrollo de su estrategia comercial. Existen usuarios que necesitan acceder a un repertorio extenso, mientras que otros sólo precisan utilizar un número reducido de obras o prestaciones.
47. Desde el punto de vista de la organización de los mercados de gestión de los derechos de propiedad intelectual, es importante señalar que las entidades de gestión actúan en varios mercados de producto: prestan servicios de gestión a los titulares, servicios de concesión de licencias a los usuarios y servicios de gestión a otras entidades de gestión, normalmente extranjeras14 pero también nacionales15. Conviene recordar de nuevo que los titulares, pero sobre todo los usuarios, pertenecen a distintas tipologías que se diferencian sustancialmente.
48. Por la propia estructura del sistema de propiedad intelectual y la existencia de múltiples derechos de múltiples tipos de titulares, en ocasiones los usuarios tienen que realizar pagos a casi todas las entidades, ya que al explotar determinadas obras y prestaciones, se utilizan los derechos de titulares pertenecientes a distintos colectivos.
49. Por ejemplo, en el caso de la retransmisión de una obra audiovisual desde la habitación del hotel, en principio, el hotel tendría que obtener la autorización para utilizar el derecho exclusivo del productor audiovisual de EGEDA y pagar a esta entidad el derecho de remuneración de los productores, así como pagar los derechos de remuneración a las entidades que representen al resto de titulares con derechos sobre la obra audiovisual: autores (SGAE y/o DAMA), artistas o intérpretes ejecutantes actorales (AISGE) y artistas o intérpretes ejecutantes musicales (AIE).
50. Para todos estos operadores a quienes las entidades prestan servicios, resulta esencial que el funcionamiento de las entidades de gestión sea eficaz y eficiente.
51. Adquiere especial relevancia en el caso de los usuarios, puesto que las entidades gestionan un input que resulta fundamental para ellos. Ello es así tanto para los usuarios que operan en mercados tradicionales como para aquellos que realizan su actividad en mercados emergentes, como el de explotación de obras y prestaciones en el entorno online.
52. Sin embargo, la falta de presión competitiva puede generar problemas. Por un lado, el establecimiento de tarifas inequitativas y/o discriminatorias. Por otro, las dificultades para que los usuarios gestionen de modo eficiente sus costes y para que se desarrollen mercados no tradicionales de explotación de obras y prestaciones.
53. Estas dificultades se ven agravadas por la multiplicidad de derechos y entidades y la falta de claridad y de adaptación de la LPI a las nuevas realidades, que, es preciso recordar, no define con claridad términos cruciales como “repertorio”, “usuario” o “explotación” y no está completamente adaptada a los recientes cambios tecnológicos. La indefinición es tal que algunos usuarios no saben que lo son hasta que alguien viene a reclamarles el pago. Estos factores elevan los costes de
transacción, introducen incertidumbre en las negociaciones y generan inseguridad jurídica.
2 Además de la LPI, está la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original. Hasta la entrada en vigor de esta Ley, este derecho se regulaba en el derogado art. 24 de la LPI.
3 http://www.mcu.es/ (consulta realizada el 23/03/09).
4 Dentro de los derechos de explotación, el único caso en el que su importe se fija por intervención administrativa es el derecho de remuneración por préstamo (artículo 37.2 de la LPI).
5 La importancia se ha medido en términos de recaudación. En 2007, estos derechos supusieron un 62% de la recaudación total nacional de las entidades de gestión de derechos (Fuente: AEVAL (2008).
6 Comisión Europea (2004).
7 AIE y AISGE son las únicas entidades de gestión que, de facto, aunque estén habilitadas para ello, no gestionan derechos de gestión colectiva voluntaria. En el resto de casos, todas las entidades gestionan derechos de gestión colectiva voluntaria, siendo la predominancia de estos derechos mayor en el caso de las entidades de autor, en especial de SGAE.
8 De hecho, AIE y AISGE se han especializado dentro de un mismo colectivo, puesto que la primera gestiona los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes musicales y la segunda los de los artistas intérpretes o ejecutantes actorales.
9 http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/GestionColectiva/Entidades.html (consulta realizada el 23/03/09).
10 Esto significa que la utilización de un derecho administrado por la entidad por parte de un usuario A es compatible
con la utilización del mismo derecho por parte de otro usuario B.
11 A lo largo de todo el Informe se utiliza la expresión “tarifa”, puesto que es la que normalmente se utiliza en este contexto. No obstante, es preciso subrayar que no se trata de tarifas reguladas o aprobadas por ninguna autoridad administrativa u órgano similar, que es a lo que normalmente se alude con el término “tarifa”. En el caso presente, las “tarifas” son precios que las entidades de gestión establecen por la utilización de su repertorio.
12 En la LPI no se define la palabra “repertorio”, y éste es uno de los elementos sobre los que habitualmente entidades de gestión y usuarios discrepan. A los solos efectos de este informe, el término repertorio de una entidad de gestión colectiva alude al conjunto de los derechos de propiedad intelectual que gestiona por mandato legal o contractualmente. Es importante señalar que el repertorio puede hacer referencia a derechos de titulares de otros países, en virtud de los acuerdos que las entidades de gestión nacionales tienen con entidades del resto del mundo o de lo que se establezca en la LPI.
13 A efectos de este Informe, por conceder licencias se entiende tanto licencias por derechos exclusivos como contratos conforme a los cuales se hagan efectivos los derechos de remuneración.
14 En virtud de los acuerdos con entidades extranjeras.
15 Algunas entidades de gestión prestan servicios de recaudación a otras entidades de gestión nacionales. Por ejemplo, CEDRO presta servicios de recaudación a VEGAP para algunos derechos, algo que también hace EGEDA para AGEDI y AIE o SGAE para VEGAP (véase AEVAL (2008)).
23/01/2010 16:13. Editado por Gatopardo enlace permanente. TRIBUNAL DE LA COMPETENCIA