Source: http://redobligaciones3.blogspot.com/p/1-importancia-derecho-obligaciones.html
Timestamp: 2015-09-01 03:52:16
Document Index: 386469623

Matched Legal Cases: ['artículo 1518', 'artículo 1494', 'artículo 34', 'artículo 2302', 'artículo 854', 'artículo 2151', 'artículo 864', 'artículo 8', 'artículo 89', 'artículo 1611', 'artículo 1502', 'artículo 110', 'artículo 1502', 'artículo 1535', 'artículo 23', 'artículo 864', 'artículo 1321', 'artículo 1609', 'artículo 1546', 'artículo 1607', 'artículo 1458', 'artículo 1986', 'artículo 22', 'artículo 1501', 'artículo 1502', 'artículo 1502', 'artículo 143', 'artículo 534', 'artículo 2199', 'artículo 2199', 'artículo 1508', 'artículo 1509']

OBLIGACIONES: Importancia derecho; Evolucion y Concepto obligaciones
CUCUTA, LA LIBRE Y YO UN SOLO CORAZON
Importancia derecho; Evolucion y Concepto obligaciones
OBLIGACIONES – CURSO ELEMENTAL
“….Sed lo que he sido entre vosotros, alma”. A Don Francisco Giner de los Ríos: Antonio Machado”.
“….El derecho ha de ser sencillo porque el ciudadano tiene, si no la obligación, la carga, la necesidad, de –
conocerlo; y se le deben ofrecer preceptos sencillos y no conceptos abstrusos”. Prólogo a la Séptima edición de El Alma de la Toga de Don Angel Osorio, por Santiago Sentís Melendo.
Importancia del derecho de las obligaciones
El hombre actúa por finalidades. Movido por ellas busca satisfacer necesidades de diverso orden: religioso, moral, jurídico, cultural, económico, social, científico, de recreación, etc. y asume comportamientos que vienen a constituirse para él, en obligaciones, como una manera de cumplir y obtener para sí un fin propuesto ya sea de carácter público o particular. El ser humano no es autosuficiente. Requiere entonces entrar en relación con los demás, adquiriendo compromisos para alcanzar lo que persigue. Para tal efecto se ha creado el fenómeno jurídico denominado “obligación civil” ya sea porque la dinámica de las voluntades de las personas lo establezcan o porque la voluntad del legislador así lo prevenga para regular los intereses de índole particular con trascendencia en el orden y bienestar social de una manera racional.
El estudio del derecho de las obligaciones se ha considerado como la columna vertebral del derecho privado a cuyo alrededor se dinamizan las relaciones jurídico-patrimoniales de las personas. Es un derecho en continuo movimiento, por cuanto el ejercicio de las voluntades hace que las previsiones estáticas consagradas en las disposiciones normativas tengan su desarrollo a cada momento.
Su importancia es indiscutible. Discurre por todos los campos del derecho, y no hay área del mismo que no disponga sobre obligaciones. En cualquier lugar del mundo jurídico que nos ubiquemos las encontramos. Cómo surgieron las obligaciones? Se dice que el antecedente remoto de la relación obligacional tuvo como causa al delito, teniéndosele como su fuente más primigenia. La ocurrencia de un delito daba lugar a que se reparara la ofensa, en principio, bajo la modalidad de la venganza ilimitada, pasando luego por el talión y después al acuerdo composicional mediante el pago con bienes, con lo cual se consideraba restablecida la vulneración del derecho. Este acuerdo implicaba el establecimiento de obligaciones a cargo del ofensor. Pero también se dice que en las comunidades primitivas se creó la modalidad contractual conocida como trueque o cambio, considerado en su forma rudimentaria, como el primer contrato que existió, constituyéndose en una manera del hombre satisfacer sus necesidades de subsistencia básica.
En la actualidad el derecho de las obligaciones se perfila como indispensable en el manejo de las relaciones económicas nacionales e internacionales siendo fundamental para organismos de orden transnacional como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Comunidad Europea, Comunidad Andina, etc, para la operatividad de sus relaciones financieras. De este modo y con la finalidad de imprimirle seguridad a las negociaciones comerciales, internacionalmente se ha pretendido unificar el derecho de las obligaciones, como sucedió con la Convención de la Haya de 1º. de julio de 1964 sobre venta internacional de objetos muebles corporales y la Convención de Viena de 11 de abril de 1980 sobre contratos de venta internacional de mercancías celebradas con posterioridad al fracasado proyecto de código franco-italiano de las obligaciones . La Convención de Viena entró en vigor en Colombia el 01 de agosto de 2002, la conforman 101 artículos y rige para 64 estados, fue aprobada mediante ley 518 de 1999 previa revisión de constitucionalidad (sentencia C-529 de 2000 Corte Constitucional). El contenido de las lecciones a que se contrae su curso, comprende orientaciones básicas, las cuales habrán de ampliarse y correlacionarse por el estudiante, enriqueciéndolas con jurisprudencia y doctrina, nacional y extranjera, de tal modo que sirvan como fundamento a sus argumentaciones, que le permitan luego presentar proposiciones relativamente acertadas. Para tal efecto al lector también le corresponde aportarle al derecho su criterio, dándolo a conocer en la búsqueda del deber ser.
Ubicación de las obligaciones en el campo del derecho
Habrá de recordarse la distinción entre derecho objetivo (normativa vigente) y derecho subjetivo (facultad conferida por la norma). Los derechos subjetivos son de dos categorías: patrimoniales (de contenido económico y con posibilidad de comerciar con ellos) y extra-patrimoniales (sin contenido económico y no susceptibles de negociar con ellos). Estos derechos subjetivos de naturaleza comerciable integran “el patrimonio como atributo de la personalidad”, distinguiéndose dentro de ellos: (a) los denominados derechos reales (art. 665 C.C.), (b) los derechos personales, de obligación o de crédito (art. 666 C.C.), y (c) los derechos inmateriales o producto de la inteligencia e ingenio de las personas (ley 23 de 1982, ley 44 de l993). Así las cosas, se tiene entonces que los derechos de obligación pertenecen al campo de los derechos subjetivos patrimoniales de la persona, registrándose en el activo del acreedor (obligaciones por cobrar) y en el pasivo del deudor (obligaciones por pagar).
Limitación del sentido de obligación
Su sentido es muy amplio y por tanto habrá de reducirse a su estricto significado, cuál es el patrimonial, por cuanto con el término obligación se hace referencia también a relaciones de orden jurídico que no lo tienen, tal por ejemplo, la de prestar el servicio militar, la fidelidad y el socorro entre cónyuges, el respeto debido entre los miembros de una familia, el documento que contiene el contrato de mutuo con garantía, y las denominadas obligaciones morales. Estos son eventos a los cuales se hace referencia en forma general como obligaciones pero que no tienen ese ingrediente patrimonial que tiene toda obligación que permite desde el punto de vista práctico, al ser coercible, su ejecutabilidad.
Abundan en la doctrina como jurisconsultos del derecho han existido. Tradicionalmente se acude al aportado por Justiniano en sus Institutas al concebir la obligación como: “Obligatio est iuris vinculum quo necessitatis adstringimur alicujus solvendae rei secumdum nostrae civitatis iura” (obligación es un vínculo de derecho que nos constriñe a cumplir una prestación a favor de otro conforme al derecho de nuestra ciudad)”.
El profesor Alberto Tamayo Lombana, transcribe en su obra los siguientes conceptos:
Boris Starck: “La obligación es un derecho personal en virtud del cual el deudor debe una prestación al acreedor”
Álvaro Pérez Vives: “vínculo jurídico que coloca a una persona determinada, en relación con otra también determinada, en la necesidad de dar, hacer o no hacer una cosa”.
El profesor Raimundo Emiliani Román cita las siguientes:
Colin y Capitant: “Una necesidad jurídica por efecto de la cual una persona está sujeta respecto de otra, a una prestación, ya positiva, ya negativa, es decir, a un hecho o una abstención”.
Los hermanos Mazeaud: “la obligación o derecho de crédito, es un vínculo de derecho entre dos personas, una de las cuales, el acreedor, puede exigir de la otra, el deudor, que dé, haga o no haga una cosa”.
José Ignacio Narváez, en materia mercantil la define así: “en sentido lato, la obligación es el vínculo legal, voluntario o de facto, que impone a la persona el cumplimiento de alguna prestación” .
Ahora bien, para el tratadista Fernando Hinestrosa: “Obligación significa ligamen, atadura, vínculo, que implican una relación jurídica, o sea una relación sancionada por el derecho, establecida entre dos personas determinadas, en razón de la cual un sujeto activo, que se denomina acreedor, espera fundadamente un determinado comportamiento, colaboración, que es la prestación, útil para el y susceptible de valoración pecuniaria, de parte y a cargo de otro, sujeto pasivo, llamado deudor, quien se encuentra por lo mismo, en la necesidad de ajustar su conducta al contenido del nexo, so pena de quedar expuesto a padecer ejecución forzada, o sea a verse constreñido alternativamente, a instancia de su contraparte, a realizar la prestación original o a satisfacer su equivalente en dinero y, en ambos casos, además a resarcir los daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento” . Como se puede apreciar además de comprender los elementos que configuran la obligación, se complementa con la consecuencia que acarrea el no cumplimiento voluntario de la misma”.
Como se puede apreciar, todas las anteriores consideraciones jurídicas guardan en esencia el mismo mensaje, consistente en la coercibilidad que caracteriza a toda obligación y la posibilidad de hacerla cumplir aun forzadamente.
Al analizar los conceptos doctrinales citados, podemos precisar sus componentes y, respecto de los mismos destacaremos sus características. Se distinguen como elementos de la obligación:
- Elemento jurídico: vínculo, ligamen, nexo o relación esencialmente de derecho.
- Elemento personal: sujeto activo y pasivo o acreedor y deudor
- Elemento objetivo: la prestación que se debe.
- Elemento teleológico: fin que se persigue.
Elemento jurídico: vínculo, ligamen, nexo o relación esencialmente de derecho
Efectivamente entre los protagonistas de la obligación se establece una vinculación de derecho y por ende coercible, que permite el cumplimiento forzado en el evento que se evada la satisfacción voluntaria de aquello que se debe (deuda). Este vínculo jurídico en el derecho romano primitivo otorgaba facultades extremas al sujeto activo (acreedor) sobre la persona misma del sujeto pasivo (deudor) que llegara a incumplir, por cuanto lo podía esclavizar y aún darle muerte. Este rigorismo declinó con la expedición de la ley Poetelia Papiria, la cual prohibió el castigo físico sobre la persona del deudor incumplido. En la actualidad la prisión como castigo físico por deudas u obligaciones civiles no es posible y sólo excepcionalmente el legislador lo permite, a saber:
(a) las causadas por alimentos a menores;
(b) las multas convertibles en arresto: art. 39, 40, 41 del C.P (ley 599/200;
(c) revocación de la condena condicional, cuando el procesado no satisface el valor de los perjuicios ocasionados a la víctima en el término que el Juez le concede para tal efecto: art. 63, num. 3 art. 65 del C. P.
Lo constituye el sujeto activo o acreedor (creditori, reus credendi, res stipulandi, stipulans) y, el sujeto pasivo, deudor u obligado (debitori, reus promittendi, promittens, reus).
El sujeto activo o acreedor en esa relación jurídica, es titular de un derecho que se denomina “crédito” y en el balance de su patrimonio lo contabiliza en el Activo (deudas por cobrar).
El sujeto pasivo, deudor u obligado soporta en su patrimonio una carga (deuda), la cual contabiliza en el Pasivo. Estos sujetos generalmente son determinados, es decir se conoce concretamente la persona con calidad de acreedora y asimismo quien tiene la condición de deudora. Excepcionalmente se presenta la indeterminación de sujetos como en el caso del título valor (letra, cheque) emitido al portador, pues en un momento dado no se tiene noticia quien sea su tenedor (acreedor); igual sucede cuando el causante al morir deja varios herederos y deudas por cubrir, ya que tan solo se conoce con exactitud cuál o cuales de los herederos han de pagarlas, una vez realizado el trabajo de partición y aprobado mediante sentencia. Se dice que en toda obligación los sujetos son relativos. Esto diferencia al derecho personal (de obligación o de crédito) del derecho real, por cuanto en este último hay indeterminación de sujeto pasivo, es decir, hay una relación que se establece entre un sujeto activo conocido, titular del derecho (propiedad o dominio, usufructo, uso y habitación, servidumbre, herencia, hipoteca, prenda) y muchos sujetos pasivos sin determinar, cuyo deber jurídico es respetar cada uno de estos derechos. Elemento objetivo
Lo constituye el contenido mismo de la obligación que se traduce en una “prestación” que puede recaer en un dar, un hacer o un no hacer.
Prestación (obligación) de dar significa transferir, trasladar, desplazar o mutar el dominio o propiedad de una cosa. Así por ejemplo, si Pedro vende a Juan un bien (mueble o inmueble) adquiere la obligación de traditar el derecho de dominio del mismo, lo cual se cumple no siempre mediante la entrega. Por tanto se debe aclarar que “dar” y “entregar” no son equivalentes jurídicamente, porque al hacer entrega no siempre se transfiere dominio, como sucede en ciertos actos jurídicos que conceden la mera tenencia de un bien como el contrato de arrendamiento en el cual el arrendador adquiere la obligación de entregar más no la de transferir dominio (obligación de dar), e igual ocurre con el comodato, prenda común, depósito y anticresis
El hacer como prestación conlleva la ejecución de un hecho positivo. Ejemplo: realizar la entrega en un contrato de comodato, redactar un contrato, prestación de un servicio por parte del trabajador, etc.
No hacer consiste en abstenerse de ejecutar un hecho, porque así se conviene o acuerda. Ejemplo: se vende un establecimiento de comercio y quien lo enajena adquiere la obligación de no colocar otro a una distancia menor de 30 cuadras, una cláusula de exclusividad en contrato de suministro, entre vecinos no construir pared a una altura mayor de la convenida, etc.
Requisitos de eficacia de la prestación como objeto de la obligación
b.- Determinación y/o determinabilidad
c.- Licitud.
Esta exigencia guarda relación con los siguientes eventos: (a) que la cosa a que se contrae la prestación exista al momento en que se constituye la obligación y en el caso de no existir se espere que llegue a existir; (b) que se pueda cumplir o ejecutar por no ser contraria a las leyes de la naturaleza física. Las prestaciones que contradigan las anteriores exigencias darían lugar a una imposibilidad de orden absoluto que excluye calquier cumplimiento por ser humano alguno. Ejemplo: Transferir un dinosaurio no es posible, por cuanto no existe; cruzar el mar en automóvil, no es posible al menos por ahora. Si se llegaren a establecer tales prestaciones por la voluntad de las partes, éstas serían ineficaces, es decir no tendrían exigibilidad, por cuanto a lo imposible nadie está obligado (ad imposibilia nemo tenetur). Pero en ocasiones se debe aclarar que nuestro Código Civil prevé en el artículo 1518 que las cosas pueden en determinado momento no existir, validando no obstante que pueden ser objeto de obligación si se espera su existencia. Ejemplo: la compra de determinado producto cuya fabricación aún no se ha iniciado (calzado, prendas de vestir, cosecha aún no recolectada).
Los romanos al respecto distinguieron dos situaciones: el evento de la emptio rei speratae (cosa que se espera) y la emptio rei spei (compra de la esperanza, suerte, álea). Ejemplos: compra de semoviente que está por nacer y bajo la condición de existir (cosa futura que se espera su nacimiento), y la compra de un billete de lotería (gánese o no)
Sin embargo la imposibilidad en la ejecución puede ser relativa, y en este caso, la prestación sí surte eficacia, pues esta modalidad se tiene como una mera dificultad, existiendo la posibilidad de ser ejecutada por otro. Tal sería el caso del transportador que siendo dueño de vehículo automotor con capacidad para 20 pasajeros se compromete sin embargo a trasladar a un grupo de 30 personas en un solo viaje. Si bien no puede cumplir, habrá otro con vehículo de capacidad mayor que pueda hacerlo.
Determinación o determinabilidad
La prestación para que tenga la calidad de obligación y se pueda exigir con certeza, debe determinarse, o sea describirse en que va a consistir, para que la coercibilidad jurídica se pueda ejercer sin que haya lugar a incertidumbre. De esta manera el acreedor sabrá cuál es el derecho que debe exigir y a su vez el deudor previamente tiene pleno conocimiento de qué debe cumplir. Sin embargo la determinación no debe tomarse en sentido absoluto, por cuanto en ciertos eventos bien pueden los protagonistas de la relación obligacional, sentar las pautas u orientaciones para hacerlo posteriormente y he ahí el por qué se hable de la determinabilidad, como sucede en las previsiones contempladas en los artículos 1864, 2143 del C.C.C., 920 y 921 del C. de Comercio.
Las cosas a las cuales se concreta la prestación, se pueden determinar de dos modos: (a) como especie o cuerpo cierto, o (b) como género.
Será de especie o cuerpo cierto, cuando la cosa u objeto se identifica o individualiza por características muy particulares o específicas, de tal manera que no hay lugar a confundirla con otras de su misma especie o clase, así esas otras sean iguales y aún de mejor calidad. Quiere decir que esta determinación hace que la cosa sea única y que solo con ella es que se pueda cumplir. Ej. el automóvil Ford, modelo 2010, color rojo, capacidad para cinco pasajeros, tres puertas, serial motor 123456, serial carrocería 654321, matrícula colombiana Placas ABC-123.
La determinación es de género cuando se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado, o sea, que la cosa se describe enunciando el género más próximo al cual pertenece la cosa y su cantidad, peso o medida. Ej. un caballo de los que tiene B en su finca, 100 litros de gasolina, 200 metros de lino egipcio, 150 kilogramos de arroz Roa. Como se puede apreciar no se dan más detalles (art. 1565 C. C.). En estos casos la prestación es eficaz y por ende ejecutable.
¿Cuál es la importancia práctica para el derecho, el determinar las cosas como especies o cuerpos ciertos, o cuando se determinan como géneros?
Se ha de responder: la exclusión de la responsabilidad. Al respecto ha de formularse la siguiente pregunta: Si se determina la cosa como especie o cuerpo cierto y ésta perece o deteriora antes de su entrega, sin culpa de quien la debe, ¿quién ha de sufrir la pérdida o el deterioro; el acreedor o el deudor? El Código Civil y el de Comercio prevén soluciones que se contradicen. El primero dispone que la pérdida o el deterioro la asume el acreedor, mientras que el segundo la contempla para el deudor, de conformidad a las previsiones de los artículos 1607 y 1876 del C.C., y 929 del C. de Comercio. Habrá entonces que dar una solución racional según el caso.
¿Cuándo el deudor queda exento de responder? En tres eventos: (a) fuerza mayor o caso fortuito, (b) culpa exclusiva del acreedor y (c) hecho de los terceros.
Pero cuando la cosa objeto de la prestación está determinada como género al perecer esta o deteriorarse, con culpa o sin culpa, el deudor seguirá respondiendo. Se sigue la regla del derecho romano: “genera non pereunt”(el género no perece).
La obligación surge al mundo jurídico por razón de una finalidad. Satisfacer una necesidad y un interés que involucra tanto al sujeto activo como al pasivo. La necesidad para el deudor de cumplir, y para el acreedor el que se satisfaga la prestación a su favor. FUENTES DE LAS OBLIGACIONES
Por fuentes de las obligaciones se entiende todo aquel evento que les da nacimiento. Es el punto de partida u origen de las mismas. Sobre el particular no hay criterios unificados y la enunciación que se hace en relación con las fuentes es diverso. A manera de explicación, dentro de los muchos planteamientos que se han expuesto, se cita a vía de ejemplo los siguientes:
- Enunciación clásica
- Enunciado de Marcel Planiol
- Enunciado de Álvaro Pérez Vives
- Enunciado de Alberto Tamayo Lombana
Enunciado clásico Tiene como punto de partida los textos romanos. Se ha dicho que según el jurisconsulto Gayo en su obra las Institutas, éste refiere que las obligaciones tenían como causa el “contrato y el delito” (omnis obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto: toda obligación nace o del contrato o del delito). Sin embargo Justiniano al hacer la compilación del derecho romano, en el Digesto cita dos fragmentos de la autoría de Gayo; en el primero se manifiesta que hay obligaciones que nacen “ex variis causarum figuriis” o de causas diversas; y en el segundo fragmento se dice también que los deudores pueden serlo “quasi ex contractu teneri videntur et quasi ex maleficio tenetur.” Estos fragmentos dieron pie a Justiniano para que sostuviese que se podía resultar obligado por un cuasicontrato o como por un cuasidelito . Por tanto, según Justiniano las fuentes de las obligaciones fueron: el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito.
El jurista francés Pothier (s. XVIII) introdujo una fuente más: la ley.
Nuestro Código Civil sigue la orientación clásica en el artículo 1494, el cual dispone: “…………”. Esta norma se complementa con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 57 de 1887 subrogatorio del artículo 2302, cuyo texto reza: “……….”. Resumiendo lo expuesto en estas dos normas, podemos concluir que las fuentes de las obligaciones son el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. La enunciación clásica ha sido materia de severas críticas. Se le tilda de inexacta e incompleta. La inexactitud la hacen consistir los contradictores, en parte, sosteniendo que el cuasicontrato, algo que es casi como un contrato, carece de consistencia jurídica por cuanto en todo contrato existe un acuerdo de voluntades, lo cual no se da para el cuasicontrato que es tan solo un hecho personal realizado por una persona que puede originar obligaciones. Además, los cuasicontratos que por ejemplo regula nuestro Código Civil (pago de lo no debido, agencia oficiosa y la comunidad) son instituciones que en nada se parecen entre sí ni mucho menos al contrato. También se dice que el hacer la distinción entre delito y cuasidelito o culpa, carece de sentido práctico, porque ya se esté en presencia de lo uno o de lo otro, civilmente se debe responder, es decir habrá que indemnizarse patrimonialmente a quien resultare lesionado en un derecho. Lo mismo da desde el punto de vista patrimonial, por ejemplo, que se ocasione una muerte a título de dolo (con intención) o que se cause a título de culpa (sin intención).
Fuentes para Marcel Planiol
Las concreta a dos: el contrato y la ley. Pregona: aquéllas obligaciones que no nacen por el acuerdo de las voluntades de las personas, se originan porque la ley así lo dispone. El planteamiento de este jurista francés también es objeto de cuestionamiento, pues se dice que contiene un sofisma, pues al profundizarse en el razonamiento se ha de llegar a la conclusión que la única fuente de obligaciones sería la ley, porque si el contrato las produce es porque la ley así lo dispone, en otras palabras el contrato debe su existencia a la ley.
Planteamiento de Álvaro Pérez Vives
Admite como generadores de obligación al acto jurídico, el enriquecimiento sin causa, la responsabilidad civil y la ley. Conceptualiza: (a) acto jurídico como la manifestación o manifestaciones de voluntad que emerge de la persona o personas con el fin de producir efectos jurídicos. (b) enriquecimiento sin causa: tiene su fundamento en la regla general de derecho que ningún patrimonio puede enriquecerse a expensas de otro sin una causa que lo justifique. (c) responsabilidad civil: se puede llegar a responder patrimonialmente en diversos momentos: precontractualmente (etapa previa a la celebración del contrato), contractualmente, cuando se produce incumplimiento del contrato, postcontractualmente, aún después de terminado el contrato, y extracontractualmente, al violarse un intéres jurídicamente protegido y la vulneración se produce a título de dolo o de culpa (responsabilidad civil delictual o cuasidelictual).
Enunciado teórico de las fuentes de Alberto Tamayo Lombana
Las determina así: (a) el acto jurídico (unilateral: ej. el testamento),
bilateral: ej. el contrato); (b) Actos voluntarios lícitos capaces de producir
obligaciones (pago de lo no debido, agencia oficiosa, la comunidad el enriquecimiento sin causa) predicables a la teoría del cuasicontrato); (c) hechos voluntarios ilícitos (responsabilidad civil extracontractual: delictual y cuasidelictual); (d) obligaciones legales.
Remata este autor afirmando en relación con las fuentes de las obligaciones: cualquier planteamiento que se acoja es válido siempre y cuando se complemente con el acto jurídico de formación unilateral y el enriquecimiento sin causa.
EL ACTO JURÍDICO COMO FUENTE DE OBLIGACIONES
Concepto: Se entiende como tal la manifestación o manifestaciones de voluntad, hechas reflexivamente con el fin de producir efectos jurídicos. Estos efectos jurídicos son duales, por cuanto por un lado se originan derechos y por otro se crean obligaciones. Al acto jurídico también se le menciona como una fuente productora del derecho.
El acto jurídico, dependiendo del número de voluntades que se emiten para su configuración se clasifica en:
- Acto jurídico de formación unilateral
- Acto jurídico de formación bilateral.
El acto jurídico de formación bilateral comprende las siguientes categorías, a saber:
- El contrato (unilateral y bilateral)
- El acto jurídico plurilateral (unilateral colectivo y la convención colectiva)
ACTO JURIDICO DE FORMACIÓN UNILATERAL COMO FUENTE DE OBLIGACIONES
Se ha de entender como la manifestación reflexiva de voluntad de tan solo una persona con aptitud de producir efectos jurídicos. Ejemplo: el testamento (art. 1055 C.C). El testador al emitir su última declaración de voluntad, con observancia de la ley, puede constituír a favor de los herederos o sus legatarios, derechos, pero también crear en contra de los mismos obligaciones que deban cumplir. Motu propio, sin que tenga que pedir el consentimiento de los demás; interviene tan solo su voluntad.
Al acto jurídico no se le consideraba con suficiencia de crear obligaciones, porque se decía que a nadie se le podía obligar sin que interviniese su consentimiento, entre otras razones porque se estaría atentando contra su libertad de escogencia. Pero expuesta la teoría del jurista Siegel (Austria) a partir de 1874 se le aceptó como una fuente de obligación. Se pueden citar como ejemplo de actos jurídicos de formación unilateral:
el testamento -la oferta -la promesa pública de recompensa -el concurso con premio -la promesa abstracta de deuda -el reconocimiento de deuda a favor de persona determinada -aceptación de una herencia o legado------estipulación para otro -estipulación por otro -reconocimiento de hijo extramatrimonial -renuncia a un crédito -renuncia a una garantía -confirmación de un acto nulo -repudiación de una herencia -ratificación de actos del agente oficioso -decisión administrativa unilateral -acción cambiaria -renuncia a una servidumbre.
La oferta es un acto jurídico típico unilateral. Consiste en el proyecto de negocio jurídico que una persona (oferente, ofertante o proponente) dirige a otra (destinatario), mediante una emanación unilateral de voluntad, que al reunir los requisitos para que se configure, genera responsabilidad patrimonial para quien la hace. Nuestro Código de Comercio la regula en sus artículos 845 a 863.
Generalmente antes de llegarse a la celebración del contrato se realizan algunos tratos preliminares, tales como charlas, reuniones, encuentros promocionales, exhibiciones, conferencias. Es la fase que se denomina precontractual. Cuando en virtud de esas diligencias preliminares, todo parece indicar que se llegará a la celebración de un contrato y no se llega a su conclusión por hechos caprichosos de quien lo está promoviendo, se pueden causar perjuicios que da lugar a una indemnización. La etapa precontractual se define en forma concreta cuando uno de los posibles contratantes toma la iniciativa y presenta una oferta o propuesta a aquella o aquellas personas con la cuales pretende contratar. La oferta debidamente librada se debe mantener, pues al retirarse intempestivamente se puede estar incurso en una responsabilidad precontractual cuya consecuencia se traduce en una posible indemnización de perjuicios. Conviene por tanto referirnos a la oferta como acto jurídico de formación unilateral creador de obligaciones.
3.2.1.Requisitos de la oferta
Son exigencias para que la oferta o propuesta produzca obligaciones para el oferente o proponente, las siguientes: • “La firmeza, o sea la voluntad seria e inequívoca de celebrar un contrato, si el destinatario la acepta;
• “Precisa y completa, se requiere enunciar o determinar el negocio que se propone, y para que se considere completa ha de contener los elementos esenciales (indispensables) del contrato propuesto. Así por ejemplo sería incompleta si tan solo se ofrece artículos o cosas identificables por su especie, género o cantidad y precio (el caballo Romano, diez cargas de maíz por dos millones de pesos) porque el destinatario se vería precisado a requerir nuevos datos (calidades, marcas, ubicación etc.). Si faltan, dependiendo del contrato propuesto, elementos indispensables, tan solo sería una invitación a dialogar sobre el particular;
• “Emanar de la voluntad libre del oferente o de su representante, pues al provenir de otras personas carece de efectos jurídicos;
• “Estar dirigida a un destinatario (determinado o indeterminado). Si se libra a persona indeterminada recibe el nombre de “policitación”. Cuando la propuesta se dirige hacia un destinatario teniendo en cuenta sus cualidades (atributos o dotes) muy especiales, necesariamente ha de estar dirigida a persona determinada. Sin embargo debe aclararse que la determinación no solo debe entenderse que se haga a persona específica sino que también comprende cuando se hace a un grupo o clase de personas o una persona determinable, como cuando se libra a la comunidad estudiantil anunciándole precios rebajados en un 25% a quien acredite la condición de estudiante.
• “Se debe comunicar al destinatario por un medio eficaz, para que tome conocimiento de la propuesta;
• “Ser definitiva para que el destinatario tenga base segura de aceptarla o no; • “Ser seria, o sea sin reservas y que el oferente tenga la intención de obligarse”
Puede hacerse: Verbalmente o por escrito. Verbal: entre personas presentes o por teléfono, vía Internet-Skype. Escrita: mediante circulares, notas, prospectos, plegables, catálogos, avisos, con indicaciones de las mercancías ofrecidas; mediante exhibición en vitrinas, mostradores y demás dependencias del establecimiento de comercio con indicación del precio de las mercancías expuestas.
Puede ser privada si se dirige a persona determinada mediante nota que no tenga la característica de circular.
Puede ser pública, por carteles, avisos, publicaciones en la prensa, radio, televisión, exhibición en vitrina y mostradores con indicación del precio.
Irrevocabilidad de la oferta La oferta, ofrecimiento, propuesta o invitación a contratar en forma concreta, una vez librada no es dable retirarla por quien la hace. Debe mantenerse en el tiempo que le fija el proponente al destinatario para aceptar, o en el tiempo que la ley tiene establecido para su aceptación. Ha de esperarse entonces que transcurra el término de aceptación sin que se haya recibido respuesta alguna, para poderla recoger, sin riesgo que se genere responsabilidad económica para su autor. No se sabe si en el tiempo concedido acepte el destinatario, en cuyo caso se podría se podría estar perfeccionando el contrato (si tan solo basta el consentimiento para perfeccionarlo, o generándose una obligación de hacer, es decir, la de perfeccionar el contrato en el evento que el negocio jurídico propuesto sea de aquellos solemnes, o reales.
Tampoco la oferta caduca, por caer en incapacidad el proponente, ni tampoco por muerte del mismo. Excepcionalmente no habría lugar a cumplirla cuando quien ofrece lo hace teniendo en cuenta cualidades muy especiales de sí mismo que solo el reúne, por ejemplo cuando A siendo pintor afamado por una especial técnica ofrece su servicio a B de elaborarle un retrato al óleo. Se ha de entender que solo A es quien puede cumplir con la confección de la obra, más no su representante o sus herederos.
El tratadista de derecho comercial Narváez García en su obra Obligaciones y Contratos Mercantiles, trae en cita el sustento de la irrevocabilidad de la oferta transcribiendo la parte pertinente de la Exposición de Motivos del Proyecto de Código de Comercio de 1958: “Se quiere mediante esta norma conseguir dos fines: moralizar el comercio, imponiéndole respeto y seriedad a sus propias ofertas hechas al público, y además, facilitar el conocimiento por parte de dicho público, y de las autoridades, de los precios que rijan para cada artículo en el comercio local, cosa indispensable en relación con el costo de la vida”……….”. La revocación de la oferta es un caso típico de responsabilidad precontractual, llamada culpa in contrahendo que trae como consecuencia la necesidad de resarcir los perjuicios causados (art. 863 C. de Comercio). Si el destinatario de la propuesta llegare a probar que con fundamento en la misma y con la finalidad de aceptarla, realizó diligencias, contrajo compromisos onerosos e incurrió en gastos de la retractación, el oferente es responsable de la culpa precontractual.
De la aceptación de la oferta
Consiste en la manifestación de voluntad del destinatario que admite o aprueba la invitación concreta a contratar, la propuesta o el ofrecimiento. Al aceptarse se crea el nexo obligatorio entre oferente y destinatario, lo cual conlleva una obligación de hacer que no es otra que la de cumplir con el contrato que se haya perfeccionado con la sola aceptación (contrato consensual), o a perfeccionarlo posteriormente (contratos solemne, o real). Pero para que se surta la creación del nexo o vínculo obligatorio entre las partes, se requiere que la aceptación sea pura y simple, es decir, sin condiciones, por cuanto si se acepta con condicionamientos por parte del destinatario, su aceptación se convierte en una nueva oferta o contraoferta, y entonces habrá de esperarse la respuesta del oferente.
Modalidades de aceptación:
Puede ser escrita o verbal, expresa o tácita. La respuesta de aprobación de la propuesta habrá de emitirse en el término que el oferente le señale al destinatario, y en el evento que se guarde silencio en relación con el término para responder, el legislador mercantil suple la omisión fijando un tiempo para que el destinatario ejerza la facultad de aceptar, tal como se previene en el artículo …..
Puede darse el evento de aceptación tácita, o sea, exteriorizándola mediante actos de ejecución, es decir mediante comportamientos del destinatario no declarativos pero concluyentes en el sentido que demuestren el cumplimiento de la prestación a su cargo. Ejemplo: A oferta con todos los requisitos, su automóvil a B y este último sin expresar si acepta o no, consigna su valor en la cuenta de ahorros de A. Esta conducta de B ha de tenerse como aceptación al negocio propuesto (artículo 854 C. de Comercio).
En relación con la aceptación tácita conviene hacer aclaración que el simple silencio logra configurarla, porque con el silencio ni se afirma ni se niega y por tanto no puede considerarse como una simple manifestación del querer. De tal modo que los famosos silencios elocuentes: “el que calla otorga, o que el silencio es más elocuente que la palabra” no tiene predicación alguna de aprobación, pues no surte efecto jurídico alguno que en otros campos si lo pueda surtir.
Sin embargo el artículo 2151 del C.C. contempla una aplicación particular del silencio, al igual como lo prevén los artículos1275 y 1288 del C. de Comercio.
Para que tenga eficacia la aceptación se requiere:
- Que surja de la voluntad libre del destinatario o de su representante;
- Que se haga conocer del proponente dentro del tiempo establecido en la oferta, es decir que no se haya producido el fenómeno de caducidad de la propuesta por retardo o extemporaneidad de la respuesta;
- Que se ajuste al exacto contenido de la oferta, es decir, que la aceptación sea pura y simple.
De la oferta con reservas El oferente al hacer la propuesta puede hacer reservas. Tal sucede cuando tratándose de oferta dirigidas a personas indeterminadas, es decir, dirigidas al público en general (policitación) que obliga al proponente en relación con cualquier aceptante, bien puede el mismo establecer reservas, como se hace en ciertos establecimientos de comercio que al exponer mercaderías con precio rebajado, se reservan el derecho de vender tan solo una unidad del artículo por persona, con el fin de acreditar el producto. Momento y lugar de la celebración del contrato cuando la oferta ha sido aceptada y comunicada la aceptación al oferente.
En cuál lugar y en qué momento se entiende celebrado el contrato al ser aceptada la oferta? En el lugar del destinatario y en el momento en que éste acepta, o en el lugar del oferente y en el momento en que conoce de la aceptación? La solución la tiene prevista el artículo 864 del C. de Comercio: “…..se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que este reciba la aceptación de la propuesta”. La oferta en materia civil
Nuestro Código Civil no la regula. Por tanto en los eventos que se llegare a presentar entre personas que no tengan la calidad de comerciantes, se puede dar aplicación al recurso de la analogía establecido en el artículo 8 de la ley 153 de 1887: “cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho”.
EL ACTO JURÍDICO DE FORMACIÓN BILATERAL
LA PROMESA BILATERAL DE CONTRATO
Imaginémonos que entre A y B después de discurrir sobre ciertos tratos preliminares, con el correr de los días, A considera oportuno que el contrato sobre el cual han hecho algunos comentarios le reporta algún interés (económico, familiar, suntuario, etc.) y por tanto decide hacer una oferta mediante la cual se proyecta el negocio jurídico. B Al recibir la oferta también considera que el contrato le brinda una utilidad y decide aceptarla, pero manifestándole a A que no puede celebrar de inmediato el contrato por cuanto por el momento le hace falta recaudar algunos recursos económicos para poder pagar el precio que implica el valor total del contrato. Tanto A como B ante tal situación deciden asegurarse jurídicamente para que el contrato ofertado y aceptado se cumpla de todos modos. ¿Cómo lo pueden lograr? Mediante la celebración de una promesa bilateral.
¿Cómo se ha de entender entonces la promesa bilateral?
Acuerdo de voluntades entre dos o más personas mediante el cual sientan las bases y condiciones para asegurar o afianzar la celebración de un contrato concreto en forma posterior y definitiva, cuando una de ellas o ambas no pueden o no quieren hacerlo. La promesa bilateral es un verdadero contrato. También se le conoce con las siguientes denominaciones: promesa de contrato, contrato de promesa, contrato previo, contrato preliminar, contrato preparatorio, compromiso, pactum de contrahendo, anteacto. Incorrectamente hay quienes la distinguen como “precontrato” (avant contrat en Francia), lo cual no es acertado dado que en concreto es un contrato que garantiza o asegurapor así decirlo, la celebración de otro.
REQUISITOS DE LA PROMESA BILATERAL
Para que este negocio jurídico, sea fuente de obligaciones, es decir, para que las produzca, se necesita que se reúnan los requisitos establecidos por el artículo 89 de la Ley 153 de 1887 derogatorio del artículo 1611 del Código Civil. Estos requisitos son:
• Que la promesa conste por escrito.
• Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1502 del C. Civil.
• Que se establezca un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato prometido en forma definitiva.
• Que se determine de tal suerte el contrato que se promete, que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales.
Que la promesa conste por escrito:
Es un requisito de solemnidad, de tal modo que si se llegase a omitir, la promesa se tiene como inexistente, es decir que no logra nacer a la vida jurídica. Esta exigencia tan solo se predica respecto de las promesas bilaterales en materia civil, por cuanto en materia comercial si es de recibo la consensualidad (verbalmente) en las promesas bilaterales, salvo la de promesa de sociedad que sí requiere que se documente mediante escrito (art. 119 C. de Comercio) y además contener la cláusulas que deban expresarse en el contrato según lo previsto en el artículo 110 del mismo.
Nuestra Corte Suprema se ha pronunciado sosteniendo la consensualidad de la promesa mercantil. Sin embargo esta consideración de nuestro máximo tribunal ha sido duramente criticada por tratadistas como Bonivento Fernández, por considerarla muy peligrosa para la seguridad del comercio jurídico, porque se agrega: si a lo escrito se le buscan evasivas, cómo será a los acuerdos de pura palabra? Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1502 del C. C. El contrato prometido ha de cumplir con las exigencias que dicha norma consagra, a saber: (a) la capacidad; (b) el consentimiento libre de vicios; (c) objeto lícito, y (d) causa lícita. Quiere esto decir por ejemplo, que si el contrato a celebrar posteriormente tiene como objeto cosas que están fuera del comercio por disposición legal o por su naturaleza, tales como: cosas comunes a la humanidad, bienes de dominio público (uso público y fiscales), órganos del cuerpo humano, este contrato sería ineficaz y por ende la promesa también. Que se establezca un plazo o condición que fije la época en que ha de clebrarse el contrato prometido en forma definitiva.
El contrato prometido puede que las partes para celebrarlo lo sometan a un plazo o condición. En este caso deben determinarse. En cuanto al plazo no se presenta mayor dificultad, porque por lo general siempre se refiere a una fecha determinada. No sucede lo mismo con la condición, entendida como hecho que puede suceder o no, en cuyo evento se ha de señalar el cumplimiento o no de la misma dentro de un determinado de tiempo. Ejemplo: Si A promete vender a B su automóvil siempre y cuando viaje a Europa, la promesa sería ineficaz por cuanto la condición del viaje es indeterminada y no se sabe cuando se realizaría. Pero sería válida la promesa si la condición se estableciere así: si viaja a Europa antes de dos años, a partir de la celebración de la promesa.
La promesa no se puede prestar para ambigüedades, siendo una de las razones para que se exija la determinación del plazo o de la condición.
El profesor Tamayo Lombana (Manual de Obligaciones. T.I. 6ª. Edic., Edit. Temis., pág. 63) refiere: “En sentencia de casación civil de 19 de mayo de l969, ratifica esta posición, al decir que si el plazo o la condición que fija la época de celebración del contrato fuere indeterminado en cuanto al tiempo, no está fijando en realidad la época de la celebración; razón por la cual la promesa carece de validez jurídica. Y por lo mismo -continúa la Corte-, la promesa es ineficaz cuando la fecha de su cumplimiento se deja al arbitrio del prometiente vendedor. Resulta claro que ello anularía la promesa de acuerdo con el artículo 1535 del Código Civil” . Asimismo refiere a continuación que la Corte encuentra válida la siguiente cláusula: “La escritura pública se otorgará a más tardar dentro de los 60 días contados a partir de la promesa o antes…” En tal caso sostiene la Corte, se dispone no solo de un día sino de varios. Si no hay acuerdo para otorgarla antes de ese plazo estipulado, adviene el plazo fatal, que será el último día”
Que se determine de tal suerte el contrato que se promete, que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales.
Este requisito de la promesa se refiere a su perfección y precisión. Significa que la promesa ha de contener todos y cada uno de los elementos esenciales (essentialia negotii) del contrato prometido. Así por ejemplo, si el contrato prometido versa sobre compraventa de bien inmueble, se habrá de describir por sus características, determinar por su ubicación y linderos. Tratándose de bien sometido a régimen de propiedad horizontal han de incluírse los linderos generales como los especiales. Se debe precisar la Notaría donde se ha de extender la escritura pública, si en el lugar existiesen varias, señalándose la fecha en que haya de suscribirse. Se debe determinar el precio y las demás modalidades que sean necesarias para precisar el contrato prometido.
En otras palabras la promesa a debe ser tan completa, que solo falte cumplir con la tradición (ejemplo: promesa de mutuo), o con la entrega (ejemplo: comodato, arrendamiento), o la observancia de las formalidades (ejemplo: contrato de compraventa de bien raíz, o contrato de sociedad, mutuo garantizado con hipoteca o con prenda).
Tratándose de promesa de compraventa de bienes raíces no se requiere estipular hora para la suscripción de la escritura pública.
Qué contratos son susceptibles de asegurar mediante promesa bilateral?
Todos a excepción del contrato matrimonial. Desde luego que los contrayentes pueden celebrarla, sin embargo la misma no presta ninguna coercibilidad. Queda al arbitrio de los prometientes matrimoniales cumplirla o no.
La promesa de celebrar un contrato o negocio jurídico, genera una obligación de hacer, y la celebración del contrato prometido quedará sujeto a las reglas y formalidades que lo regulen. Debe aclararse sin embargo que el cumplimiento de la obligación de hacer que se genera como regla general, tiene su excepción en el contrato de mutuo, porque quien prometa dar en préstamo de consumo (dinero por ejemplo), puede abstenerse de cumplir la promesa, si las condiciones patrimoniales del otro contratante se han alterado de tal forma que hagan notoriamente difícil la restitución, a menos que el prometiente mutuario ofrezca garantía suficiente (art. 1169 del C. de Comercio).
De la promesa bilateral y el pacto de arras
Generalmente la celebración de la promesa bilateral va acompañada del pacto de arras. El autor Carlos Darío Barrera Tapias, en su obra “Las Obligaciones en el Derecho Moderno”, hace el siguiente comentario: “Sin duda alguna, las arras tuvieron origen en la necesidad de confirmar y darle certeza a una declaración de voluntad. Así las cosas, con toda probabilidad las llamadas arras confirmatorias primero hicieron su aparición en el derecho romano, como pacto unido al contrato de venta. Es más , en esa época este tipo de arras no solían ser dinero, sino más bien objetos considerados preciosos y muy personales (como el anillo de los caballeros), de manera que su tenencia en manos ajenas le garantizaba al dueño la certeza del negocio. Este era quizás también el sentido de las arras esponsalicias, que garantizaban la celebración del matrimonio.” “Con posterioridad hicieron aparición las arras de retractación y las arras penales, siendo hoy, los tipos más frecuentes.
Pueden ser: (a) confirmatorias; (b) de retractación, y (c) penales.
(a) Confirmatorias: consisten en un bien o conjunto de bienes que una de las partes le entrega a la otra como prueba o señal de acuerdo en la celebración de un contrato. Este tipo de arras, es poco frecuente; se emplea en los contratos consensuales, en los que por lo general no se acostumbra dejar prueba de su celebración. Se solía dejar cuerpos ciertos, pero hoy se deja dinero. Este pacto de arras es de efecto unilateral y accesorio que general obligación a cargo de quien las ha recibido: devolverlas a la celebración del contrato prometido o a su ejecución total. En ocasiones suele acordarse que estas arras se le imputen al precio, una vez se celebre o ejecute el convenio, si consisten en suma de dinero.
(b) De retractación: consisten en una suma de dinero que una de las partes le entrega a la otra. Se conviene que cualquiera de ellas puede retractarse: el que la entregó perdiéndola, y el que la recibió restituyéndola doblada. Este tipo de arras tiene la ventaja o la desventaja, según el caso, de arrepentirse unilateralmente para celebrar el contrato, sin justificación alguna.
(c) Penales o moratorias: consisten en una suma de dinero que una de las partes entrega a la otra, para asegurar el cumplimiento de un contrato, de manera que ninguna podrá retractarse; pero en el evento de incurrir en mora en el cumplimiento de la obligación, la penalidad se contrae a perderlas quien las entregó, o devolverlas dobladas quien las recibió. Este tipo de arras no permite la retractación y se constituye en una sanción por la mora en el cumplimiento de las obligaciones; así las cosas el contrato habrá de celebrarse.
DE LA OPCIÓN O PROMESA UNILATERAL Previamente conviene distinguir entre el derecho de opción y el contrato de opción. Por el primero ha de entenderse el derecho atribuido a una persona por la ley, ya por una convención, para que elija entre dos situaciones jurídicas.
El contrato de opción consiste en un acuerdo de voluntades mediante el cual un contratante (opcionante) como titular de un derecho promete celebrar un contrato futuro a favor de otro contratante(opcionado), en cuyo caso queda al arbitrio de este último celebrarlo o no. Quien queda con la facultad de aceptar no se compromete al contrato definitivo, sino que deja a salvo su libertad de obrar.
Ejemplos: contrato de arrendamiento con opción de compra o de prórroga al fina del, si el arrendatario quiere hacerlo. El contrato de comodato de un bien, concediéndosele al comodatario la prerrogativa de tomarlo en arrendamiento si así lo dispone. La opción o promesa unilateral se encuentra contemplada en el artículo 23 de la Ley 51 de 1918.
Los mismos establecidos para la promesa bilateral, salvo la solemnidad del escrito. Características de la opción
(a) es consensual; (b) es de carácter unilateral cuando el contrato opcionado es solemne o real, y (c) es modal
En la legislación mercantil se encuentra prevista una institución que no se debe identificar con la opción. Se trata del PACTO DE PREFERENCIA O DE PRELACIÓN, mediante el cual “una persona contrae el compromiso, para el caso de tomar la decisión de celebrar un contrato determinado, de preferir al beneficiario de la promesa en las mismas condiciones que las ofrecidas por un tercero, o en aquellas precisadas en el momento del acuerdo. Este pacto puede estipularse hasta por el término de un año respecto de cualquier contrato posterior (art. 862 C. de Comercio)” .
En el pacto de preferencia el promitente no se obliga de modo inexorable a contratar, sino a preferir a determinada persona, en el evento que esta se decida a celebrar el contrato. Si la persona preferida se abstiene de celebrar el contrato, el promitente podrá entonces contratar con otra. Si el término que se estipula para ejercer la preferencia fuere mayor a un año, se reducirá por ministerio de la ley a uno. El pacto de preferencia no admite prorroga, pero sí renovación cuantas veces quieran las partes.
DE LA CONVENCION Y EL CONTRATO COMO MODALIDADES DE ACTO JURÍDICO GENERADORES DE OBLIGACIONES
La mayor fuente productora de obligaciones la constituyen la convención y el contrato que son una dinámica de las voluntades de las personas. Los seres humanos interactúan mediante acuerdos que les permiten satisfacer necesidades de diverso orden.
La convención consiste en el acuerdo de voluntades entre dos o más partes mediante el cual se generan, regulan, modifican o se extinguen relaciones jurídicas patrimoniales (obligaciones), como también extrapatrimoniales.
Al contrato nuestro Código Civil (art. 1495) lo define así: “contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o muchas personas”.
Según el Código de Comercio (art. 864) “contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial”
Para algunos juristas no se debe identificar contrato y convención, pues son términos afines pero no equivalentes. El contrato es la especie y la convención es el género. Dicen que el contrato es una especie o modalidad de convención tan solo generadora de obligaciones, mientras que la convención en general las puede crear, modificar o extinguir y aún crear relaciones jurídicas distintas a obligaciones como podría acontecer cuando los cónyuges por común acuerdo (convenio) establecen el domicilio común de los mismos, o las reglas como han de educar a sus hijos.
Pero un vasto sector de la doctrina sostiene que la distinción entre los términos no reporta mayor utilidad y le atribuyen al contrato los mismos efectos que a la convención. Tal ocurre con el legislador mercantil que en el artículo 864 del Código de Comercio dispone: “contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial”. Esta norma es tomada literalmente como lo contempla el artículo 1321 del Código Italiano.
Cabe sin embargo hacer las siguientes precisiones:
Acto jurídico: manifestación conciente de voluntad con la finalidad de producir efectos jurídicos.
Convención: acuerdo de dos o más sujetos de derecho sobre un objeto de interés jurídico.
Contrato: convención cuyo énfasis predominante es el de crear obligaciones.
Del examen de estos tres conceptos se tiene que el acto jurídico es más amplio y dentro de este se comprende tanto la manifestación unilateral de voluntad (testamento, oferta) como las manifestaciones bilaterales y plurilaterales de voluntad (ej. contratos, novación, convención colectiva de trabajo).
Trataremos los aspectos puntuales cuyo conocimiento se hace indispensable por utilidad y sentido práctico.
Diversos criterios se tienen en cuenta por la doctrina para clasificarlos. Tales son por ejemplo :
Contratos según las condiciones formales:
Contratos por sus condiciones de fondo:
De libre consentimiento, de adhesión, individuales y colectivos.
Contratos según los derechos que originan:
Teniendo en cuenta la reciprocidad de las obligaciones: Unilaterales y bilaterales
Teniendo en cuenta el fin perseguido: Gratuitos y onerosos. Los onerosos en: Conmutativos y aleatorios.
Contratos por la duración en su ejecución:
Instantáneos y de ejecución sucesiva.
Contratos por su interpretación:
Contratos por su independencia:
Principales y accesorios o de garantía
Contratos por la materia que regulen:
Civiles, comerciales, estatales, laborales.
Se hace la siguiente clasificación, teniendo en cuenta la función que cumplen en las relaciones económico-jurídicas . El estudio de cada uno de ellos habrá de realizarse en el curso de contratos. Contratos que sirven de título para la transmisión de bienes:
Compraventa y permuta, juego y apuesta, renta vitalicia.
Contratos que conceden el uso de bienes:
Arrendamiento, comodato, mutuo, anticresis.
Contratos que permiten la prestación de servicios personales:
Mandato, depósito, contrato de obra.
Contratos de garantía o de aseguramiento de obligaciones:
Fianza, prenda, hipoteca.
Contratos para solucionar controversias:
Transacción, compromiso y cláusula compromisoria.
DE LOS CONTRATOS CONSENSUALES, REALES y SOLEMNES
Consensuales Aquellos en los cuales basta para su perfeccionamiento o validez jurídica el consentimiento de los contratantes. Ejemplo: contrato de arrendamiento, compraventa y permuta de bienes muebles, de trabajo, mandato, confección de obra.
Reales: Los que requieren para su perfeccionamiento, además del acuerdo de las voluntades, la entrega de la cosa para que surja la obligación a quien la reciba hacer la restitución. Ejs: comodato, mutuo, depósito, renta vitalicia, prenda con tenencia del acreedor. Arts. 2200, 2222, 2237, 2292 y 2411 del C.C.). Se agrega por la doctrina actual el contrato de transporte de cosas (art. 981 C. de Co).
Esta categoría de contratos es muy controvertida por la doctrina contemporánea, pues se considera que la entrega es tan solo una consecuencia del acuerdo de las voluntades (consentimiento) de los contratantes. Por tal razón elimina esta distinción y los analiza como consensuales y bilaterales o sinalagmáticos.
Solemnes El acuerdo de voluntades para que surta los efectos vinculantes (obligaciones) exige que esté acompañado de solemnidades. Ejs: la escritura pública para: la compraventa de bienes inmuebles, permuta de bienes inmuebles, constitución de hipoteca, cesión de derechos hereditarios, hipoteca de naves y aeronaves; en el matrimonio las solemnidades.
Cuando el legislador exige para el contrato (acuerdo de voluntades) que esté acompañado de solemnidades y éstas se omiten, se dice que dicho acto jurídico no surge a la vida jurídica, produciéndose en consecuencia su inexistencia, pudiéndose alegar en el campo civil la nulidad absoluta (arts. 1741, 1760 C.C.C.). DE LOS CONTRATOS POR SUS CONDICIONES DE FONDO CONTRATOS DE LIBRE CONSENTIMIENTO, DE ADHESIÓN, INDIVIDUALES Y COLECTIVOS
Contratos de libre consentimiento
Reciben el nombre de contratos negociados e igualmente de gré a gré. Se entienden aquellos en los cuales los contratantes (partes) se encuentran en pie de igualdad, sin que exista superioridad o supremacía de alguna de ellas. Las cláusulas y condiciones del contrato son discutidas, dialogadas y deliberadas por los protagonistas del acuerdo de voluntades. Ejs: compraventa, permuta, arrendamiento, mandato, prestación de servicios profesionales, mutuo, comodato, etc. Casi todos los autores se refieren a un acuerdo de voluntades ideal, en que las dos partes, exactamente iguales y libres, discuten autónomamente su objeto y luego detallan del mismo modo sus cláusulas. Desde luego que esta consideración no pasa de ser un romanticismo jurídico, porque lo cierto es que esa igualdad nunca es real, siempre habrá un contratante que está por encima del otro al menos en proporciones mínimas.
También se les denomina como de “oferta rígida”. En estos uno de los contratantes (parte) no tiene la oportunidad discutir las cláusulas y su voluntad se plega a las condiciones que el otro le propone. Se dice que el contrato es obra de una de las partes, lo proyecta o confecciona, lo presenta a la otra para que esta se adhiera a su voluntad. Esto se traduce en el dicho: “o lo toma o lo deja”. Ejs: venta en almacenes a precio fijo, seguros, transportes, espectáculos. Una de las partes planifica la celebración y ejecución del contrato. Para algunos autores, entre ellos Jellinek (Alemania), estos actos jurídicos no alcanzarían a ser contratos por no existir en sí acuerdo de voluntades; el poder económico de una de las partes, o la necesidad de sus servicios o cosas, no permite la discusión del contrato, sino que la parte poderosa lo impone y la otra se sujeta. En esta hipótesis no hay “convención-contrato”, sino convención-reglamento” que cae bajo el dominio de derecho público. Importancia de la distinción entre contrato de libre consentimiento y de adhesión
Tanto el legislador, como la jurisprudencia y la doctrina, han intermediado para que las desigualdades no sean aprovechadas por la parte poderosa, evitando que se ocasionen explotaciones indebidas y enriquecimientos torticeros mediante la celebración de contratos de adhesión. Por tal razón el Estado para prevenir el abuso de posiciones dominantes y mantener la justicia y la equidad, supervisa estos contratos mediante reglamentaciones censurando cláusulas ventajosamente concebidas y redactadas con sagacidad y astucia. Se trata de una intromisión del legislador al principio de la autonomía de la voluntad que se pregona como intocable. Es una forma de intervencionismo de Estado, y es así como se crea una nueva modalidad de contrato que se denomina contrato dirigido.
Los que solo generan derechos y obligaciones tan solo para quienes lo suscriben, celebran o perfeccionan. En estos contratos se hace aplicable en estricto sentido la regla de la relatividad de los contratos: Los efectos del contrato se radican únicamente para las partes contratantes, a contrario sensu, ni aprovechan ni perjudican a terceros, quienes son ajenos por no haber dado su consentimiento ni personalmente ni por la intervención de su representante.
Es una modalidad contractual compleja, celebrada entre dos o muchas personas y las cláusulas en ella pactadas surten efectos para un conjunto de personas que, aun cuando tienen un interés común, no han dado su consentimiento ni participado en forma alguna en la conclusión del contrato. Ejs: convención colectiva de trabajo: es un grupo el que la negocia, pero sus disposiciones vinculan a los demás integrantes del grupo. Ocurre igual con los acuerdos concordatorios (acuerdos recuperatorios de los negocios del deudor) dentro de los procesos concursales cuando el 50% o el 75% (según el caso) de los acreedores representantes de los créditos reconocidos pueden tomar decisiones al respecto (Ley 222 de 1995 arts. 89, 129-4, 200 y 205) .
DE LOS CONTRATOS SEGÚN LOS DERECHOS QUE ORIGINAN
CONTRATO UNILATERAL y BILATERAL, GRATUITO y ONEROSO (CONMUTATIVO y ALEATORIO)
s aquel acuerdo de voluntades que una vez perfeccionado genera obligaciones tan solo para una de las partes. Una parte es deudora y la otra acreedora. Ejs: mutuo o préstamo de consumo, comodato o préstamo de uso, prenda con tenencia del acreedor, depósito gratuito, anticresis, renta vitalicia.
Observación necesaria: Conviene recomendar que no se debe confundir contrato unilateral, con acto jurídico de formación unilateral. En el contrato unilateral necesariamente existe en su formación un acuerdo de dos o más voluntades (dos o mas personas), mientras que en el acto jurídico unilateral tan solo se configura por la expresión o manifestación de una sola voluntad, es decir, interviene nadie mas que una persona.
Se le denomina también como sinalagmático perfecto. Es el contrato que crea obligaciones a cargo de las partes contratantes. Genera recíprocas prestaciones para quienes lo celebran. Ejs: compraventa, permuta, arrendamiento, mandato remunerado, contrato de trabajo. En los contratos bilaterales las partes son acreedoras y deudoras a la vez. Así, por decir algo, en el contrato de compraventa se generan obligaciones tanto para el vendedor (entregar la cosa vendida) como para el comprador (pagar el precio), en el arrendamiento para el arrendador (entregar el bien arrendado) como para el arrendatario (pagar el alquiler, renta o cánon), en el de trabajo para el patrono (pagar el salario) y para el trabajador (prestar el servicio).
La doctrina menciona una modalidad de contrato bilateral al cual rotula con las expresiones “bilateral imperfecto o sinalagmático imperfecto” entendiéndola como aquella especie de contrato que nació como unilateral (obligaciones tan solo para una de las partes), pero ante la ocurrencia de ciertos eventos se generan obligaciones para la parte que no adquirió obligación alguna. Se da el caso por ejemplo, en el contrato de comodato, cuando el comodante ha de reconocer el pago de expensas o de perjuicios en los eventos previstos en los artículos 2216, 2217, 2218 del C. C. C.
Se comenta sin embargo sobre esta clase de contratos (bilaterales imperfectos) que su distinción no es acertada, por cuanto las circunstancias que se suceden son extrañas al mismo contrato que nació como unilateral.
¿Qué importancia práctica tiene para el derecho en hacer distinción entre contrato unilateral con el bilateral? La aplicación de tres instituciones jurídicas que solamente se pueden predicar para los contratos bilaterales. ¿Cuáles?
(a) la excepción a contrato no cumplido, (b) la resolución judicial, y, (c) la teoría de los riesgos.
Excepción a contrato no cumplido (exceptio non adimpleti contractus)
Este evento jurídico se encuentra previsto en el artículo 1609 del C.C.C. Traído a explicación, significa que ninguna de las partes está en mora de cumplir con la prestación que le corresponde satisfacer mientras la otra no le cumpla, o satisfaga o esté dispuesta a cumplir con la prestación que le corresponde. De tal modo por ejemplo que si en un contrato de compraventa se ha estipulado que previamente a la entrega del bien vendido, el comprador debe pagar el precio, éste no puede exigirla y en el evento que lo pretendiera, el vendedor está facultado para retener la cosa hasta tanto no se le pague; si fuere demandado el vendedor para la entrega, podrá en virtud de la previsión normativa proponer al contestar la demanda la excepción de fondo: excepción a contrato no cumplido y a su vez pedir la indemnización de los posibles perjuicios que el incumplimiento le haya ocasionado.. Resolución judicial
Esta es una solución que el legislador civil contempla en el artículo 1546 del C.C.C. Se concreta a establecer que la parte contratante cumplida está facultada para promover demanda o a proponer la excepción de fondo según el caso, cuando en un contrato bilateral, su contraparte no le ha satisfecho o cumplido con la prestación a la cual quedó obligada. Con la resolución judicial se busca que el contrato se deshaga o disuelva jurídicamente y como consecuencia hacer que las cosas vuelvan a su estado anterior (antes de su celebración o perfección), es decir se retrotraigan en el tiempo. Así las cosas, si se tratase de un contrato de compraventa incumplido, al prosperar la resolución ya sea por acción o por excepción, el vendedor volvería a ser el titular del dominio y el comprador recibiría de nuevo el precio. Al culpable del incumplimiento podrá condenársele a la indemnización de los posibles perjuicios causados al contratante cumplido con la indexación a que hubiere lugar.
Teoría de los riesgos Encaja normativamente el planteamiento de los riesgos siguiendo lo preceptuado, entre otros por los artículos 1607, 1648, 1729, 1876, 2179 del C.C.C., y 929 del Código de Comercio. Explicación: En un contrato bilateral sobre cosa determinada como especie o cuerpo cierto, cuya entrega se deba, quién habrá de soportar la pérdida o deterioro de la misma, cuando perece o se menoscaba sin culpa de quien la debe: ¿el acreedor o el deudor?
Las disposiciones civiles rezan que la pérdida o el deterioro la sufre el acreedor. A contrario sensu, la norma mercantil opta porque la pérdida o el desmejoramiento la sufra el deudor. Lo afirmado por la prevención civil, por ejemplo el artículo 1607, nos conduce a sostener que el deudor de especie o cuerpo cierto queda liberado de responder, cuando la cosa que debe entregar perece sin su culpa. Conviene recordar además que el deudor queda liberado de responder, cuando la cosa por entregar se determina como especie o cuerpo cierto y esta perece sin su culpa en los siguientes casos:
- fuerza mayor o caso fortuito
- culpa exclusiva del acreedor
- hechos de terceros.
Son gratuitos o de beneficencia aquellos que solo tienen por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra una carga o gravamen (art. 1497 C.C.). Ejs: comodato o préstamo de uso, préstamo de dinero (mutuo) sin intereses, donación.
Son onerosos aquellos contratos que tienen por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno de ellos en beneficio del otro (art. 1497 C.C.). Ejs: compraventa, permuta, arrendamiento, de trabajo, confección de obra, de transporte y en general todos los contratos mercantiles. Importancia de esta clasificación:
a) los contratos a título gratuito están más expuestos a la nulidad por error en cuanto a la persona, por cuanto en ellos prima el elemento intuitu personae, o sea que se celebran teniendo en cuenta condiciones muy personales de uno de los contratantes que en determinado momento pueden ser apreciadas equivocadamente por el contratante que concede la ventaja. En lo onerosos por regla general es indiferente dicho elemento. Ej: el donante al realizar la donación tiene en cuenta consideraciones muy especiales respecto del donatario (amistad, parentesco, servicios que le hayan prestado, etc.; no sucede lo mismo en la compraventa al contado, pues al vendedor tan solo le interesa obtener un buen precio sin importar quien adquiera la cosa vendida.
b) menor responsabilidad para el contratante deudor que concede la ventaja o utilidad, por cuanto no está obligado a sanear la cosa transferida gratuitamente, respondiendo tan solo de culpa lata o grave o negligencia grave (arts. 63 inc. 1., 1479, 1480, 1604, 2155 C.C.).
c) algunos de los gratuitos son más exigentes en cuanto a sus condiciones de validez, requiriendo de más formalidades. Para el caso de donación se requiere de “insinuación” (autorización judicial o en la actualidad notarial) cuando el valor de la cosa donada supera los cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigente (art.1 Decreto 1712 de 1989, modificatorio del artículo 1458 del C..C., salvo la donación de un derecho hereditario cuyo valor se desconoce al momento de hacerla.
d) los gratuitos tienen mayor gravamen fiscal (pagan más impuesto).
e) en los gratuitos existe mayor probabilidad de prosperar el fraude pauliano, o la simulación promovidos por terceros lesionados por actos desleales del deudor.
f) la donación es dable revocarla por ingratitud (art. 1485 del C.C.).
g) para los gratuitos no es aplicable la lesión enorme.
Dentro de este grupo de contratos se distinguen los conmutativos y los aleatorios.
Aquellos en los cuales cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra debe dar o hacer a la vez (art. 1498 C.C.). Ejs. compraventa, permuta, arrendamiento, de obra, transporte, mandato remunerado, depósito remunerado y en general todos los mercantiles. En estos contratos las partes previamente determinan las prestaciones a las cuales quedan obligadas y por tanto al conocerlas con precisión saben 1ue deben exigir.
Cuando el equivalente de lo que se debe dar o hacer consiste en una contingencia incierta de ganancia o de pérdida (art. 1498 C.C.). Ejs: juego y apuesta, renta vitalicia, los seguros (arts. 2282, 2287, art. 1036 C. de Com.). En estos pactos contractuales las partes se someten a la incertidumbre de ganar o perder, o sea no saben si van a obtener contraprestación alguna.
Importancia de la clasificación contratos conmutativos y aleatorios
La lesión enorme como fenómeno que le quita la eficacia al contrato es predicable tan solo de los contratos conmutativos, por cuanto en los aleatorios se ha de entender que las partes al celebrarlos corren precisamente con el riesgo de perder.
Contratos de ejecución instantánea y de ejecución sucesiva
De ejecución instantánea son aquellos en los cuales las prestaciones son susceptibles de cumplirse en forma inmediata, simultáneamente. Ejs: contrato de compraventa de contado, permuta. También se les distingue como contratos de ejecución “inmediata”. De ejecución sucesiva o ejecución periódica, aquellos en los cuales las prestaciones objeto de la obligación se van cumpliendo repetida y sucesivamente por períodos de tiempo. Ejs: contrato de arrendamiento, de trabajo, suministro periódico de mercancías. También se les conoce como contratos de tracto sucesivo.
Para cierto sector de la doctrina existe una categoría intermedia entre lo instantáneo y lo sucesivo, haciéndose referencia al denominado contrato de cumplimiento escalonado o de ejecución diferida o de pago por instalamentos, tal el caso de la compraventa cuando el pago del precio se pacta a cuotas o instalaciones.
Importancia de la clasificación entre instantáneos y de ejecución sucesiva
a) la inejecución fortuita de las prestaciones en los de tracto sucesivo en ciertos eventos puede dar lugar a la suspensión del contrato. Ejs: la previsión consagrada en el inciso segundo del artículo 1986 del C.C., la suspensión del contrato de trabajo cuando el trabajador es llamado a filas (art. 51 del Código Sustantivo del Trabajo) (art. 4 ley 50 de 1990).
b) la inejecución culposa de las prestaciones en un contrato de ejecución sucesiva da lugar a su “terminación, cesación o resiliación” cuyo equivalente para los de ejecución inmediata es la “resolución”. Ejs: si el arrendatario no paga el cánon cumplidamente dentro del término establecido en el contrato, conlleva a que se declare su “terminación o cesación” o su resiliación (terminación por mutuo acuerdo o mutuo disenso). Pero si es un contrato de compraventa y no se paga el precio o no se verifica la entrega, por ser de ejecución inmediata procede la “resolución”.
c) la “nulidad y la resolución” en los contratos de ejecución inmediata trae consecuencias distintas, pues los efectos de estas hacen que las cosas vuelvan a su estado anterior (ex nunc) o statu quo ante (retroactivamente); en el caso de la compraventa, el vendedor volverá a ser propietario pues se le devuelve la cosa vendida y al comprador se le devolverá el precio.
d) la “ nulidad, la terminación y la resiliación” en los contratos de tracto sucesivo conlleva efectos hacia el futuro (ex tunc), o sea que las prestaciones que ya se hayan cumplido se mantienen y no habrá lugar a retrotraerlas en el tiempo; es decir, las obligaciones cumplidas quedan consolidadas; es el caso del arrendamiento cuando el contrato se “termina, resilia o se declara nulo” según el caso, los alquileres que el arrendatario haya pagado en los períodos ya ejecutados no serán objeto de devolución, como tampoco habrá lugar a que se devuelva el uso o goce disfrutado por el inquilino; cosa parecida sucede en el contrato de trabajo.
e) los contratos de tracto sucesivo admiten en ciertos eventos la ruptura unilateral; no sucede lo mismo con los de ejecución instantánea los cuales no permiten que cualquiera de las partes lo rompan unilateralmente. Son casos de ruptura unilateral en el contrato de trabajo las previsiones consagradas en los artículos 62 y 63 del C. S del T., arts. 5-h y 6 Ley 50 de 1990; en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana se puede pedir la terminación unilateral del mismo según lo consagrado por los artículo 22 y 24 de la Ley 820 de 2003.
f) en los contratos de ejecución sucesiva es predicable la teoría de la imprevisión cuando ante la ocurrencia de fenómenos imprevisibles se presenta un desequilibrio desproporcionado en las prestaciones recíprocas de las partes que conduzcan a la ruina económica de una de ellas.
Son nominados los que tienen un nombre y se encuentran regulados por el legislador de conformidad a la materia con la cual guardan pertinencia. Ejs: compraventa, permuta, arrendamiento, comodato, mutuo, depósito, etc.; los contratos reglamentados por el C. de Comercio, el contrato de trabajo, los contratos estatales. Estos contratos también reciben el nombre de típicos.
Innominados son aquellos contratos que no están descritos y tampoco tienen regulación en los códigos. Son producto del ingenio de los contratantes quienes los crean y redactan a su arbitrio y tienen como fundamento el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, adaptando su regulación a las necesidades del caso; por tal razón el tratadista Josserand los denomina contratos “sobre medida” . Van surgiendo por la misma evolución y actualización de las operaciones mercantiles. Se citan como ejemplos: el factoring, el reporto, el swap, el de maquila, forward, underwriting, franshising, merchandising, joint ventures.
Importancia de la clasificación entre contratos nominados e innominados
La interpretación de los nominados presenta menos dificultad por cuanto lo vacíos e inconsistencias se resolverán haciendo el estudio de la normativa que el legislador ha proferido para regularlos. La voluntad del legislador es supletoria de la voluntad de las partes. En los innominados la interpretación es más compleja. Como en los contratos innominados se toman por lo general normas de varios contratos nominados, la interpretación se hará acudiendo a la norma del contrato nominado más próximo. Ej: el contrato de hospitalización comprende alojamiento, cirugía, provisión de medicamentos, alimentación; si se presentare conflicto por el mismo debemos acercarnos a la norma del contrato nominado respecto del cual se presente la discusión.
Contratos por su independencia
Principales, los que subsisten por sí mismos. Accesorios, los que dependen de la existencia de uno principal. Los accesorios se denominan también de garantía o de aseguramiento. Esa garantía puede ser de orden personal o de naturaleza real. De índole personal es el contrato de fianza. De naturaleza real lo son la prenda y la hipoteca. Estos contratos accesorios permiten seguridad y confianza para el acreedor ante posibles incumplimientos e insolvencias del deudor. La nulidad, la resolución y terminación del principal conlleva la del accesorio mas no lo contrario.
Contratos según la materia que regulan
Civiles, comerciales o mercantiles, laborales, estatales. Esta distinción no ofrece dificultad alguna y se concreta a las relaciones que respectivamente el legislador reglamenta en cada uno de esos campos del derecho atendiendo a las necesidades sociales y económicas del caso.
Los contratos tienen sus componentes o elementos. Tomando como fundamento la normativa civil, la doctrina distingue dos grandes grupos de elementos. Un primer grupo establecido por el artículo 1501 del Código Civil al cual se le denomina elementos constitutivos propios, específicos o particulares para cada tipo de contrato que en especial celebren las partes. Un segundo grupo enunciado en el artículo 1502 del Código Civil que son aquellos que se exigen en todos los contratos que se lleguen a celebrar, siendo esenciales para su validez o eficacia, a estos se les distingue como elementos generales, comunes, ordinarios, de validez o de eficacia.
Al primer grupo corresponden los denominados como: (a) elementos esenciales propios del específico tipo de contrato que se celebre; (b) elementos propios de la naturaleza del contrato, y, (c) los elementos accidentales propios del específico tipo de contrato celebrado.
¿Qué se debe entender como elementos esenciales propios? Son aquellos que como mínimo deben estar presentes dentro del contrato para que se pueda afirmar que el contrato existe como tal, de tal modo que si llegare a omitirse alguno de ellos, se concluirá entonces que el contrato no existe o que cuando más degenera en otro contrato. Ejs: en todo contrato de compraventa, para que se diga que tiene vida jurídica, se requiere como mínimo la determinación de la cosa vendida y el precio respectivo; si se omite lo uno o lo otro se podrá afirmar que no hubo contrato de compraventa, o que ese supuesto acuerdo denominado compraventa deriva en otro contrato que bien podría ser el de donación. Igual ocurriría con el arrendamiento, en el cual se debe determinar la cosa arrendada y el valor del alquiler. En el contrato de comodato o préstamo de uso, son elementos esenciales propios la determinación de la cosa y uso gratuito con el cual se beneficia el comodatario. Si en el arrendamiento se omite precio como contraprestación al uso y goce, se podría estar ante un comodato. Si en el comodato se establece precio por el uso se estaría entonces ante un posible arrendamiento (art. 1501 C.C.)
Elementos naturales propios son aquellos que son consecuencia lógica del específico tipo de contrato celebrado. Se dice que vienen siendo las mismas obligaciones que el contrato produce para cada una de las partes. Se cita como ejemplo en el contrato de compraventa las obligaciones que tiene el vendedor de: (a) entregar la cosa, y (b) sanear la cosa vendida por los posibles vicios de evicción o por los posibles vicios redhibitorios u ocultos que afectan la cosa vendida. Sobre estos elementos naturales las partes pueden guardar silencio o no expresarlos, ocurrencia que en nada incide en cuanto a la ejecución del contrato, pues en este caso ese vacío o silencio lo suple el legislador, en otros términos se dice que la ley es supletoria de la voluntad de las partes. El profesor Tamayo Lombana citando a Ricardo Uribe Holguín, manifiesta: “el contrato comprende no solo lo que los contratantes pactaron sino también lo que no pactaron” . La característica supletoria de las normas sobre estos elementos permite que las partes las puedan renunciar (arts. 1895, 1909, 1914 y 1916 del C.C.) sin que se pierda la eficacia del contrato celebrado. ¿Y los elementos accidentales? Aquellos que sin ser de la esencia ni de la naturaleza, son propios de específico contrato celebrado porque las partes los incorporan mediante manifestaciones o cláusulas expresas. Se dan como ejemplo de estos elementos, los plazos y las condiciones que las partes estipulen expresamente: en un contrato de compraventa los contratantes pueden pactar formas distintas de entrega, lugar y formas de pago a las establecidas en el C. C. o en el Código de Comercio. El elemento accidental una vez establecido expresamente le pertenece al contrato celebrado y por tanto da lugar a que se cumpla bajo tal sentido.
Segundo grupo de elementos
Los esenciales de validez o generales esenciales para todos los contratos
Se encuentran consagrados por el artículo 1502 del C. C. En todo contrato deben predicarse o aplicarse, so riesgo que el acuerdo de las voluntades creador de obligaciones pierda eficacia, en otras palabras, que su efectividad jurídica decaiga o que al contrato se le enrostre carencia de ejecución.
¿Pero cuáles son estos elementos, condiciones o requisitos de validez? (a) la capacidad; (b) el consentimiento exento de vicios; (c) el objeto lícito; (d) la causa lícita y, (e) el cumplimiento de solemnidades o formalidades para ciertos contratos.
Conforme a las acepciones del Diccionario de la Real Academia capacidad es aptitud, idoneidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, o aptitud o idoneidad para ejercer personalmente un derecho o el cumplimiento de una obligación. De los significados enunciados se deducen dos clases de capacidad a saber: (a) la capacidad jurídica, de derecho, de adquisición, natural o de goce; (b) capacidad de ejercicio, legal, de obrar, negocial o de actuar por sí mismo. La capacidad de derecho la tienen todas las personas, porque estas pueden ser sujetos de derechos y de obligaciones dentro de las restricciones que el legislador establezca.
La capacidad de ejercicio o de obrar se presume legalmente que la tienen todas las personas hasta tanto no se pruebe lo contrario. Esto significa que podemos ser sujetos de derechos, pero en determinado momento al pretender ponerlos en ejecución, ante ciertos eventos surge incapacidad que impide hacerlos efectivos personalmente. La capacidad de ejercicio se entiende por tanto como aptitud, suficiencia o competencia para comprometer los derechos de los cuales somos titulares. Se habla por consiguiente de que una persona es plenamente capaz cuando no tiene obstáculo que le impida ejercitar directamente sus derechos sin el ministerio o representación de otra.
Hay por consiguiente personas incapaces y su incapacidad puede ser: (a) absoluta; (b) relativa, y, (c) particular o especial, que propiamente no es una incapacidad sino más bien un impedimento para ejercitar ciertos actos. Las incapacidades de ejercicio están instituídas como medidas de protección y asimismo de transparencia y de moralidad en el manejo de los derechos.
Comporta mayor gravedad, por cuanto los actos ejecutados por las personas consideradas como incapaces absolutos, no producen obligación alguna. Estos incapaces quedan inhabilitados totalmente para ejercitar sus derechos.
Su incapacidad se sustenta en la imposibilidad física y/o intelectual de ciertas personas de expresar su voluntad con suficiente conocimiento y libertad. Son incapaces absolutos: (a) los impúberes o sea los menores de catorce (14) años; (b) los dementes o discapacitados mentales, y, (c) los sordomudos que no pueden darse a entender. Para el legislador los impúberes o menores de catorce años, por su edad, carecen de madurez y experiencia para ejercitar sus derechos. El profesor Tamayo Lombana aclara que excepcionalmente el único evento al cual el legislador le reconoce eficacia en cuanto al impúber (siete a catorce años) es el de la posesión de bien mueble (art.784 del C. C.) con la salvedad que si quiere ejercer derechos que comprometan esa posesión requiere autorización de su representante. También en materia matrimonial por excepción se consagran los eventos consagrados por el artículo 143 del C. C.
Los dementes o discapacitados mentales son aquellos que sufren privación de la razón, encontrándose por tanto inhabilitados para expresar su voluntad y otorgar su consentimiento. El término demencia ha de tomarse en sentido amplio y comprende tanto al loco furioso, al idiota, al imbécil, cretino o aquel que sufre perturbación mental momentánea.
No se requiere que al que sufre de la alteración mental se le declare interdicto. La interdicción judicial se promueve con el fin de obtener una sentencia que declare la demencia con el fin de facilitar la prueba de la incapacidad y por ende la prosperidad de la demanda que se promueva buscando la invalidez del contrato que se hubiese celebrado, pues todos los actos que el discapacitado mental ejecute con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia de interdicción quedan viciados de nulidad absoluta; basta aportar la copia de la respectiva la sentencia de interdicción y la prueba del contrato celebrado por el demente para sacar adelante la invalidez. Se dificulta la prosperidad de la invalidez absoluta cuando el demente no ha sido declarado interdicto, en cuyo caso, el contrato se presume válido y tal circunstancia nos obliga a probar que la persona que sufre de la alteración lo estaba en el momento de contratar, o antes y después, lo cual puede ser difícil cuando no existe una historia clínica en la cual se evidencie científicamente el trastorno mental.
En cuanto a los sordomudos su incapacidad estriba en la falta de una clara comunicación que permita entender con certeza la expresión de la voluntad del afectado por la insuficiencia en sus sentidos. El sordomudo no requiere interdicción, basta demostrar su carencia de comunicación. La incapacidad del sordomudo termina cuando mediante un proceso de educación se puede dar a entender. Los sordomudos si pueden expresar claramente su consentimiento por signos manifiestos, pueden contraer válidamente matrimonio (num. 3 art. 140 del C.C.). El sordomudo es incapaz de otorgar testamento (inc. 4 art. 1061 C.C.). El sordo y el mudo no puede ser testigo del otorgamiento de testamento (incs. 6-7 art. 1068 del C.C.).
Es menos estricta que la absoluta. Respecto de quienes se predica se les distingue como incapaces relativos. No todos los actos que estas personas ejecutan quedan afectados de invalidez. Son incapaces relativos: (a) los púberes o menores adultos que son los que tienen edad comprendida entre los 14 a los 18 años, y, (b) los interdictos por disipación o prodigalidad. Algunos contratos que llegasen a celebrar estos incapaces quedan adoleciendo de nulidad relativa. ¿Por qué algunos? Porque a ciertos actos ejecutados por el púber, se les reconoce eficacia; ejemplos: el reconocimiento de hijo extramatrimonial, otorgar testamento (art. 1061 C.C.), ser mandatario (art. 2154 C.C.), disponer libremente de su peculio profesional o industrial (art. 294 C.C.), ejercer el comercio (num. 4 art. 12 C. de Comercio), una vez cumplido catorce años celebrar contrato de aprendizaje en materia laboral (art. 82 C. S. del T.). Los casos citados son dicientes de que la incapacidad del menor adulto no cobija todos los actos que llegare a ejecutar.
Interdictos por disipación o por prodigalidad
El diccionario de la Real Academia Española define al disipador, pródigo o dilapidador como aquel que destruye o malgasta su hacienda o caudal. Dilapidar equivale a malgastar los bienes propios o los que alguien tiene a su cargo. Se gasta sin control y sin medida, es decir, de una manera imprudente de tal modo que se pone en peligro todo un patrimonio por el manejo extravagante de los recursos económicos; se desperdicia y consume en gastos inútiles sin medida ni razón, o se es muy dadivoso. El profesor Simón Carrejo en su obra Introducción al Derecho Civil –Personas, concibe la disipación como una “tendencia a realizar gastos muy cuantiosos y aventurados y sin finalidad provechosa alguna, lo cual trae como consecuencia que se arruine el propio patrimonio, poniéndose en peligro la estabilidad del individuo y la de su familia. La disipación ha sido comparada con una enfermedad mental, con un estado de obnubilación que le impide a la persona natural usar o emplear sus haberes con alguna mesura, moderación y lucidez.” El disipador por lo general actúa bajo el influjo de una pasión que le resulta muy difícil eludir.
Pero el individuo que derrocha sus bienes sin que nada le importe, para que se le tenga como un incapaz relativo, requiere que se le declare judicialmente como interdicto por disipación o prodigalidad mediante la respectiva sentencia previo el curso del respectivo proceso.
Nuestro Código Civil en su artículo 534, establece que la disipación deberá probarse por hechos repetidos de dilapidación que manifiesten una falta total de prudencia. Previene asimismo que son actos de disipación, los siguientes: (a) el juego habitual en el que se arriesguen porciones considerables del patrimonio; (b) las donaciones cuantiosas sin causa adecuada, y, (c) los gastos ruinosos.
Al disipador declarado interdicto adquiere la condición de incapaz relativo, quedando por tanto separado de la administración de sus bienes o del manejo de sus negocios. En consecuencia se le inhabilita para disponer de sus bienes en forma relativa. Para el ejercicio de sus derechos se le designa un curador de bienes, quien para disponer de algunos de ellos requiere de autorización judicial.
De las incapacidades particulares o especiales
Se trata de impedimentos (prohibiciones) que el legislador establece para que ciertas personas celebren determinados contratos; en estricto sentido no son incapacidades, por cuanto las personas cobijadas con la prohibición son plenamente capaces. Ejs: a los padres no les está permitido celebrar contratos de compraventa con sus hijos de familia (art. 1852 C.C.), los administradores de establecimientos públicos no podrán vender lo bienes que administran (art. 1853 C.C.), los empleados públicos no pueden comprar los bienes que se venden por su ministerio (art. 1854 C.C.), los tutores, curadores, mandatarios y albaceas tampoco podrán comprar los bienes que tienen en administración. Estas personas son lo suficientemente capaces, por decir algo, un juez, pero a éste no se le permite hacer postura en la diligencia de remate y adquirir por este medio el bien subastado.
Los incapaces como ejercitan sus derechos sobre los bienes de los cuales son titulares?
Mediante la institución de la representación. Se entiende por tal la facultad que tiene una persona denominada representante para actuar por cuenta y a nombre de otra denominada representado quien no puede obrar por sí mismo por estar inhabilitado, o bien porque no quiere realizar el acto jurídico en forma directa y personal. Las fuentes inmediatas de la representación son: (a) la ley; (b) la providencia proferida por el juez o funcionario, y, (c) la voluntad de las partes. Se dice entonces que las clases de representación son: la legal, que emana directamente de la ley, como la que tienen los padres en relación con sus hijos menores de edad; la judicial o sea la provista por el juez, como en las tutelas y curadurías; la convencional, o sea la originada por acuerdo de las voluntades entre representante y representado. Para que la representación se configure se precisan los siguientes requisitos o elementos: (a) el poder; (b) la intención de representar; (c) la manifestación de voluntad del representante.
El poder consiste en la facultad que ostenta el representante o de la cual está investido para actuar en nombre del representado, y que puede provenir según el caso, directamente de la ley, o de la designación que haga el juez o funcionario, o de la convención celebrada entre representante y representado. El poder convencional puede otorgarse por escrito, verbalmente y aún en forma tácita (art. 2149 del C.C.).
La intención de representar se contrae a la manifestación que debe hacer el representante al otro contratante en el sentido que está actuando en nombre y representación del representado. Si el representante guarda silencio al respecto, no habrá representación y los efectos del acto se radicarán en su cabeza y patrimonio. Los efectos del acto jurídico se radicarán en cabeza y patrimonio del representado, cuando el representante revela al otro contratante que actúa en nombre y representación de aquel (representado).
Puede darse el caso de la denominada representación imperfecta como en el evento del mandato sin representación, mediante el cual el mandante faculta al mandatario para actuar por su cuenta pero sin que revele su identidad. Dicha actuación se presenta en la “comisión”(art. 1287 C. de Comercio).
No es correcto jurídicamente identificar mandato y representación. Puede existir mandato con representación, mandato sin representación y representación sin mandato. El mandato será representativo cuanto el mandante confiere al mandatario la facultad (poder) para actuar en su nombre y representación. Lo será sin representación cuando el mandante confiere la facultad de que se actúe por su cuenta pero sin que se de a conocer su nombre. Habrá representación sin mandato en los caso de representación legal o judicial, por cuanto en estas no hay acuerdo de voluntad entre representante y representado.
La manifestación de voluntad del representante se contrae a que este debe expresar su voluntad para que se forme el consentimiento en forma libre como elemento esencial de validez del acto jurídico que se perfeccione.
Extralimitación de facultades del representante y del mandato aparente
El campo de acción del representante se concreta a las precisas facultades que se le otorgan; no se puede exceder realizando actos para los cuales no se le dio autorización, pues estos le serán inoponibles. Si los terceros que contratan con el representante observan o tienen conocimiento que este está sobrepasando las facultades que le otorgaron, o por negligencia se abstienen de estudiar detenidamente el acto jurídico de la procuración o mandato, nada podrán reclamar al representado. Sin embargo la doctrina y la jurisprudencia han aceptado la teoría del mandato aparente con respaldo en el artículo 2199 del C.C., dando lugar a que el mandato se mantenga haciendo que prevalezca la apariencia sobre la realidad; como consecuencia los actos realizados por el representante le serán oponibles al representado tal como si aquel hubiera actuado dentro de las facultades que se le confirieron.
Para la prosperidad del mandato aparente se han esgrimido como fundamento las siguientes circunstancias: (a) la culpa en que pudo incurrir el representado o mandante, bien porque disimuló (encubrió con astucia su intención) frente a terceros los poderes de su mandatario, o bien porque redactó el mandato en forma equívoca (se presta para varias interpretaciones), en cuyo caso compromete su responsabilidad civil y por ende los actos realizados en exceso de las facultades conferidas, le son oponibles al mandante; (b) la buena fe del tercero con base en la apariencia que le brinda la convicción legítima (exenta de culpa) de que el mandatario actúa bajo los poderes que se le confiaron por el mandante, y, (c) el error común del tercero producido por la apariencia del mandato y que no solo él pudo haber incurrido, sino también una generalidad de personas dada la aparente verdad que se muestra. El error común supone la buena fe y el empleo de la diligencia debida. Como se sabe bajo la apariencia se muestra una realidad que no es, pero maquillada de tal modo que nos conduce a tenerla por cierta. El Tribunal Superior de Bogotá interpretando el artículo 2199 de C.C., en providencia de 25 de agosto de 1975 proferida dentro del proceso ejecutivo de Alfonso Atuesta Amaya contra Urbanización San Patricio Ltda., con ponencia del profesor Alberto Tamayo Lombana, le dio aplicación a la teoría del mandato aparente acogiendo los fundamentos expuestos en los literales (a), (b) y (c) inmediatamente anteriores. El mismo profesor citando a Josef Hupka aclara que el problema del alcance del poder del representante se presenta especialmente cuando se trata de poderes generales de gestión o administración de negocios. Un caso de mandato aparente se presentaría cuando el mandante otorga mandato general en una Notaría de Cúcuta por ejemplo y posteriormente revoca el mandato en Notaría de Bogotá, sin que allegue copia de la revocación a la Notaría de Cúcuta para que se tome nota en la escritura matriz obrante en el protocolo de la misma; además no comunica al mandatario su declaración de voluntad. Si en esas circunstancias el mandatario llegare a comprometer el patrimonio del mandante, este no podrá invocar que el acto realizado por el mandatario le sea inoponible por existir revocación de facultades para este. El tercero que haya contratado con el representante podrá alegar que el contrato es oponible al mandante, presentando como defensa los fundamentos ya citados.
Consentimiento libre de vicios (segundo elemento esencial para la validez del contrato).
El consentimiento en su acepción común consiste en la manifestación de voluntad expresa o tácita, en el sentido de aceptación o conformidad con algo.
En estricto significado jurídico en relación con el contrato, se contrae a la conformidad que sobre su contenido expresan las partes. Es la común intención de los contratantes, su acuerdo de voluntades, el encuentro entre la oferta o propuesta y la aceptación. Etimológicamente se deriva de los vocablos latinos “cum sentire” entenderse o ponerse de acuerdo con otro.
Siendo la voluntad de orden interno, contractualmente en relación con la misma se distinguen dos momentos: uno interno y otro de exteriorización. Lo interno comprende un ejercicio mental, la reflexión, la conciencia del negocio jurídico y la intención de realizarlo por medio del contrato. Se requiere por tanto aptitud física y gozar de plenas facultades mentales para comprender la operación jurídica que se va a realizar. Por tanto un infante o un demente, está imposibilitado para producir un acto conciente de voluntad de trascendencia jurídica. La etapa de la exteriorización significa que el contratante ha de manifestar su intención mediante signos o señales que implican la realización de ciertos actos, de tal modo que el otro contratante tenga la posibilidad de conocerla, para que a su vez dirija su voluntad en forma conciente y la de a conocer también.
Para que una declaración de voluntad tenga eficacia, es decir aptitud para producir obligaciones, requiere que tenga seriedad y certeza; serán ineficaces también los actos realizados en broma (jocandi causa) y todos aquellos compromisos “mundanos o de conveniencia”. Respecto de estos últimos se tiene por ejemplo que si una persona cursa invitaciones para una fiesta y determinado personaje no asiste, no podría reclamarle perjuicios alegando que la reunión la organizó teniendo en cuenta la presencia de del personaje al festejo.
La voluntad debe manifestarse para que el otro contratante la conozca, es decir que se desprenda de la persona. Para tal efecto se distinguen los negocio recepticios y los no recepticios. Será lo primero cuando la declaración es recibida por la persona a quien se le dirige y además tiene conocimiento de la misma. No, recepticio cuando la declaración de voluntad no se dirige a persona alguna, como en el caso del testamento, el cual se considera formado desde el mismo momento en que su declaración de voluntad se emite y se solemniza sin que llegue a conocimiento de nadie.
Todo acto jurídico requiere para su formación requiere de una manifestación de voluntad, pues esta es la base del consentimiento. La declaración de voluntad puede ser expresa o tácita.
Pero el silencio, el quedarse callado, podrá entenderse como adhesión a un contrato? Equivale a manifestación de voluntad? Como norma general el simple silencio no puede tenerse como señal de estar de acuerdo; por tal razón expresiones como “el que nada dice, consiente,” “el que calla otorga,” “el silencio es más elocuente que la palabra” no deben entenderse como señales de haber consentido. El que nada dice, no consiente. Es más, quien calla ni afirma ni niega, lo cual conlleva ambigüedad.
Excepcionalmente la doctrina habla de silencios elocuentes, en los cuales el legislador reviste al silencio con valor jurídico. El tratadista Alvaro Pérez Vives cita para tal efecto el fenómeno de la prescripción extintiva y liberatoria, en la cual el no ejercicio del derecho se entiende como una conformidad con la pérdida de los derechos reales o personales (arts. 1923/26/38/43 y 2535 del C.C.). Igualmente son aplicación del silencio con valor jurídico el evento de la tácita reconducción en el contrato de arrendamiento (art. 2014 C.C. y 6 Ley 820 de 2003); la renovación del contrato de trabajo (art. 3 Ley 50 de 1990); renovación del contrato de arrendamiento (art. 520 C. de Co.) y en el contrato de seguro (art. 1049 C. de Co.) La doctrina acoge la teoría de las intenciones tácitas con aplicación al contrato de transporte, consistente en que para el transportador se presume tácitamente adq uirir una obligación de resultado que se contrae en trasladar al pasajero o las cosas sanas y salvas al lugar de su destino (art. 2072 y 2073 C.C.). Asimismo doctrinaria y jurisprudencialmente se habla del silencio condicionado, cualificado o circunstanciado, o sea aquel rodeado de circunstancias tales que permiten deducir manifestación tácita de voluntad. Estas circunstancias pueden ser anteriores de negocios en las que se ha observado determinado comportamiento, como sería la del proveedor que tiene por costumbre remitir las mercaderías con la simple nota de pedido; la recepción de la nota de pedido y el silencio subsiguiente permiten deducir que el destinatario acepta como en ocasiones anteriores la oferta de contratar que se le dirige. DE LOS VICIOS DEL CONSENTIMIENTO
El consentimiento es un elemento esencial para la validez y eficacia de los actos jurídicos. Por tal razón debe estar despojado de cualquier elemento perturbador; se habla entonces que debe estar libre de vicios que lo afecten un obstruyan.
Estos vicios son de conformidad con el artículo 1508: el error, la fuerza y el dolo.
Es una equivocación, una falsa apreciación, una discrepancia entre el concepto (lo que se piensa) y la realidad.
La doctrina aclara que error e ignorancia se deben diferenciar. Ignorancia de desconocimiento; en el error se tiene conocimiento pero equivocado. Clases de error: de derecho y de hecho.
De conformidad con el artículo 1509 del C.C., el error de derecho no vicia el consentimiento. ¿Por qué razón? Porque se le equipara con la ignorancia y ésta en cuanto a la ley no sirve de excusa (art. 8 Ley 153 de 1887). La ley una vez promulgada se presume que todo mundo la conoce y por tanto no es dable alegar su desconocimiento para no cumplirla. Sólo en casos excepcionales se prevé dicho error como fenómeno que invalida el contrato (arts. 1698, 2313, 2315, 2475, 2479, 2482, 2483 de C.C.C.).
Doctrinariamente se clasifica en error obstáculo u obstativo, error nulidad y error indiferente.
El error obstáculo u obstativo comprende tres modalidades: error sobre el objeto (in corpore), error sobre la causa (in causa) y error sobre la naturaleza del negocio (in negotio).
El error nulidad se clasifica en: error sobre la sustancia (in substantia) y error sobre la persona (in persona).
Error indiferente puede recaer sobre: los simples motivos, una cualidad no esencial, el valor.
Errores obstáculo
Esta modalidad de error impide que el consentimiento se forme. En sí no hay acuerdo alguno; hay ausencia de consentimiento.
El error sobre el objeto o in corpore, se presenta cuand