Source: https://docv.vlex.es/vid/ley-5-2017-10-664719145
Timestamp: 2018-06-18 14:57:31
Document Index: 23817827

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 149', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 50', 'artículo\n52', 'artículo 36', 'artículo 58', 'artículo 58', 'Artículo 79', 'artículo 78', 'artículo 29', 'artículo 101', 'artículo 35']

LEY 5/2017, de 10 de febrero, de la Generaliltat, de pesca marítima y acuicultura de la Comunitat Valenciana - DOCV. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana - Legislación - VLEX 664719145
TÍTULO III. Del marisqueo - arts. 20 a 22
TÍTULO V. De la acuicultura - arts. 24 a 31
CAPÍTULO II. - arts. 34 a 42
TÍTULO VII. - arts. 43 a 49
TÍTULO VIII. Del sector pesquero - arts. 50 a 56
TÍTULO X. - arts. 68 a 70
CAPÍTULO III. - arts. 81 a 89
CAPÍTULO V. - arts. 92 a 104
ANEXO I. Especies sujetas a marcaje
Además se precisa incorporar las determinaciones de la política pesquera común, recientemente actualizadas con la publicación del Reglamento (UE) número 1.380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre política pesquera común, y del Reglamento (UE) número 1.379/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de productos de la pesca y de la acuicultura, ambos publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea L354, de 28 de diciembre de 2013. Todo ello sin dejar de tener en cuenta lo previsto en el Reglamento (CE) número 1.224/2009, del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los reglamentos (CE) número 847/96, (CE) número 2.371/2002, (CE) número 811/2004, (CE) número 768/2005, (CE) número 2.115/2005, (CE) número 2.166/2005, (CE) número 388/2006, (CE) número 509/2007, (CE) número 676/2007, (CE) número 1.098/2007, (CE) número 1.300/2008, (CE) número
1.342/2008, y se derogan los reglamentos (CEE) número 2.847/93, (CE) número 1.627/94 y (CE) número 1.966/2006.
De acuerdo a los títulos competenciales, el Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana, en la redacción dada por la Ley orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma de la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana, incorpora los siguientes títulos competenciales: como exclusivos «Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre. Cofradías de pescadores», «Comercio interior, defensa del consumidor y del usuario, sin perjuicio de la política general de precios, libre circulación de bienes, la legislación de defensa de la competencia y la legislación del Estado» (artículo 49.1.17.º y 35.º); como exclusivo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 149 de la Constitución, la «Enseñanza profesional náutica-pesquera», «Enseñanza naútico-deportiva y subacuático-deportiva» (artículo 49.3.6.º y 7.º); el título de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de «Ordenación del sector pesquero, excepto las competencias previstas en esta materia en el artículo 49 de este Estatuto» (artículo 50.7). Por último, hay que hacer referencia a las bases y la ordenación de la actividad económica general, la planificación de la actividad económica de la Comunitat Valenciana que corresponde a la Generalitat (artículo
52.1.1.º). Al amparo de estos títulos competenciales, se dicta la presente ley, a su vez atendiendo a las premisas referentes a las garantías del ejercicio de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador vigentes.
Dentro del título competencial de desarrollo normativo y ejecución en materia de ordenación del sector pesquero, tienen cabida cuestiones muy diversas que recorren todo el proceso económico de la actividad pesquera, desde la extracción hasta la completa comercialización de sus productos, pasando por la organización de los productores y agentes económicos afectados. Todos estos aspectos quedan perfectamente
diferenciados a lo largo del texto de la ley, de forma que se dedican títulos específicos a las disposiciones relativas a la comercialización de los productos de la pesca (título VII), del marisqueo (título III) y de la acuicultura (título V), así como a la regulación de las organizaciones pesqueras, haciendo especial hincapié en las cofradías de pescadores y sus federaciones y las organizaciones de productores de productos pesqueros (título IX), incluyéndose en el título II, «De la pesca marítima en aguas interiores», los demás aspectos relativos al sector pesquero como son la pesca marítima de recreo.
En cuanto al régimen general de la actividad extractiva profesional, en las distintas modalidades de pesca, se parte de que la pesca en las aguas interiores del litoral de la Comunitat Valenciana se realizará, con carácter general, de acuerdo con la regulación del régimen, condiciones y características que el Estado establezca para las aguas exteriores, salvo lo dispuesto en la presente ley y en su desarrollo reglamentario y, en todo caso, de conformidad con la reglamentación de la pesca en el Mediterráneo adoptada por la Unión Europea que sea de aplicación. En la regulación de cada modalidad de pesca marítima se disponen por la ley determinadas especialidades para su ejercicio en las aguas interiores del litoral valenciano, o se anticipa el interés sobre determinados aspectos, reclamando para ellos ordenaciones técnicas específicas a adoptar por el Consell. En la misma línea y con el mismo enfoque integrador de los regímenes en las aguas interiores y exteriores, se admite la pesca en las aguas interiores del litoral de aquellas embarcaciones con base en los puertos de la Comunitat Valenciana que estén en posesión de una licencia de pesca para las aguas exteriores del litoral marítimo de esta comunidad, en la modalidad autorizada, aunque salvando expresa y claramente la posibilidad de que el Consell, para dichas aguas interiores,
pueda establecer autorizaciones especiales para determinadas zonas o para concretas modalidades.
En el título VII se contemplan las medidas de comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura. En la presente ley se contempla desde el desembarque hasta la primera venta, haciendo especial incidencia en la comunicación de datos, el control técnico y sanitario
de los productos y la acreditación de la trazabilidad, con la intención de evitar fraudes y dar plenas garantías a los consumidores. En la presente ley se contempla la información al consumidor como un elemento fundamental a salvaguardar en la Comunitat Valenciana, considerando que la información incluida en la etiqueta es una garantía para el consumidor, así como la información que se contiene en los instrumentos informativos en los lugares de venta.
Finalmente, se incorpora como título XI de esta ley el régimen administrativo sancionador en materia de pesca marítima, marisqueo y acuicultura, incluida la comercialización de productos de la pesca que hasta el momento de entrada en vigor de la presente ley se encuentra en la Ley 2/1994, de 18 de abril, de la Generalitat, sobre defensa de los recursos pesqueros, siendo su ámbito de aplicación la pesca marítima en aguas interiores y en todas las aguas jurisdiccionales españolas del litoral de la Comunitat Valenciana respecto del marisqueo y la acuicultura. El citado nuevo título XI establece el régimen sancionador, dividiéndose en cinco capítulos el texto normativo. El capítulo I está dedicado a la inspección pesquera estableciendo las condiciones y funciones del personal inspector, así como la necesidad de una programación de sus actividades. Persiguiendo el mejor control de las actividades reguladas por la presente ley, en el capítulo II se tipifican como infracciones no solo las actividades de captura sino también las de industrialización y comercialización. Así mismo se consideran las acciones gravemente atentatorias a la conservación de los recursos pesqueros y de su medio marino. En el capítulo III se establecen los distintos tipos de sanciones
aplicables a las infracciones tipificadas, su graduación, presentando la posibilidad de reducción de las sanciones pecuniarias en determinados supuestos, así como las circunstancias que permiten su aplicación. En el siguiente capítulo IV se prevé la extinción de la responsabilidad y, finalmente, en un último capítulo, el V, se tratan los procedimientos sancionadores regulados, uno para las infracciones leves y otro para las graves y muy graves, que pretenden ser ágiles y operativos, sin merma alguna de los derechos de los presuntos responsables.
La presente ley tiene por objeto la regulación de la pesca marítima en aguas interiores, del marisqueo y de la acuicultura, así como de la comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura en el ámbito de las competencias de la Comunitat Valenciana, y el establecimiento del marco necesario para la ordenación específica de su sector pesquero.
También se incluyen disposiciones tendentes a tipificar las infracciones administrativas, establecer sus sanciones y regular el procedimiento sancionador, tanto en materia de pesca marítima profesional y recreativa en aguas interiores como en marisqueo y acuicultura, y en la comercialización de sus productos, en el ámbito de las competencias de la Generalitat.
Recursos biológicos marinos: las especies marinas acuáticas vivas, disponibles y accesibles, incluidas las eurihalinas durante su vida marina.
Recursos biológicos de agua dulce: las especies acuáticas de agua dulce vivas, disponibles y accesibles.
Recursos pesqueros: los recursos marinos vivos, así como sus esqueletos y demás productos de aquellos, susceptibles de aprovechamiento.
Población: recurso biológico marino existente en una zona de gestión determinada.
Diversificación pesquera o acuícola: el desarrollo de actividades complementarias a las realizadas por profesionales del sector pesquero, con el fin de reforzar la economía de las comunidades pesqueras.
Esfuerzo pesquero: la intensidad con que es ejercida la actividad pesquera, medida como la capacidad de un barco, según su potencia real -en base a un estudio previo- y arqueo, su tiempo de actividad y otros parámetros que puedan incidir en su intensidad de pesca. El esfuerzo de pesca desarrollado por un conjunto de barcos será la suma del ejercido por cada uno de ellos.
Productos de la pesca: organismos acuáticos resultantes de la actividad pesquera, o los productos derivados de estos.
Aguas exteriores: aguas marítimas bajo jurisdicción o soberanía española, situadas por fuera de las líneas de base, tal y como se contemplan en la Ley 20/1967, de 8 de abril, sobre extensión de la jurisdicción marítima a doce millas, a efectos de pesca, y en el Real decreto 2510/1977, de 5 de agosto, de aguas jurisdiccionales, líneas de base rectas para su delimitación.
Aguas interiores: las aguas marítimas bajo jurisdicción o soberanía española situadas por dentro de las líneas de base.
Arrastre de fondo: la modalidad de pesca ejercida por un buque que remolca, en contacto con el fondo, un arte de red con objeto de capturar especies marinas destinadas al consumo humano o a la industria de transformación.
Arte de cerco con jareta: una red de forma próxima a la rectangular, cuyos extremos terminan en puños y su parte inferior se cierra por medio de un cabo denominado jarreta que pasa por una serie de anillas a lo largo de la relinga inferior y que permiten el embolsamiento del cardumen una vez circundado. La relinga superior va provista de corchos o cualquier otro material que proporcione la flotabilidad del arte, y la inferior, de los plomos necesarios para que el arte se hunda con la rapidez adecuada y se mantenga vertical.
Artes fijos y menores, los siguientes:
Artes fijos de enmalle o enredo: son los formados por uno o más paños de red armados entre dos relingas, la superior provista de elementos de flotación y la inferior de lastres. Se calan en posición vertical, disponiendo en los extremos del arte de cabeceros, de cabos guías unidos por su parte alta a boyas de superficie y por su parte baja a un sistema de anclaje, con el fin de que permanezcan en la misma posición desde que se calan hasta que se levantan. Pueden ser de un solo paño, trasmallos o mixtos o combinados.
Palangre de fondo: aparejo fijo de pesca formado por un cabo llamado madre, del que penden a intervalos otros cabos más finos llamados brazoladas a los que se empatan o hacen firmes anzuelos de distintos tamaños. En los extremos y a lo largo del cabo madre van dispuestos los necesarios elementos de flotación y fondeo, que permiten mantener los anzuelos en profundidad.
Aparejos de anzuelo: línea, cacea o curricán, palangrillo y potera. d) Artes de parada: artes fijos de red similares a la almadraba, de la que se diferencian por ser de menores dimensiones. Se clasifican en almadrabilla, almadrabeta y moruna.
Artes de trampa: son útiles de pesca que se calan fijos al fondo y actúan a modo de trampa para la captura de diversas especies pesqueras.
Bonitolera: redes de pesca para túnidos y afines del Mediterráneo, característicos de la provincia de Alicante.
Comercialización: todo suministro, remunerado o gratuito, de un producto de la pesca o de la acuicultura para su distribución, consumo o utilización en el mercado de la Unión Europea desde su obtención hasta su consumo final y que comprende la tenencia, transporte, almacenamiento, exposición y venta incluida la realizada en los establecimientos de restauración.
Introducción en el mercado: la primera comercialización de un producto de la pesca o de la acuicultura en el mercado de la Unión Europea.
Primera venta: la que se realiza por primera vez dentro del territorio de la Unión Europea y en la cual se acredita documentalmente el precio del producto.
Algas: plantas talofitas vivas, unicelulares o pluricelulares, que viven en el medio marino.
Sargazos: algas que, desprendidas del sustrato, bien por efecto de las olas o por otras circunstancias naturales, se acumulan en las playas y otras zonas del litoral.
Pesca tradicional: pesca de artes menores de bajo impacto.
Acuicultura sostenible: es aquella que:
Las disposiciones relativas a la pesca, comprensivas de la regulación de la gestión y protección de los recursos marinos y de las carac-
terísticas y condiciones de la actividad extractiva pesquera, serán de aplicación en las aguas marítimas interiores.
A la pesca marítima de recreo practicada en las aguas interiores del litoral de la Comunitat Valenciana solo le serán de aplicación las disposiciones de esta ley, y de su desarrollo reglamentario, que tengan expresamente por objeto su directa regulación.
Las normas reguladoras del marisqueo se aplicarán en la zona marítimo-terrestre, las aguas marítimas interiores y el mar territorial.
Las disposiciones reguladoras de la acuicultura serán aplicables a todas las actividades de esta naturaleza realizadas en tierra y en aguas continentales, en la zona marítimo-terrestre, las aguas marítimas interiores y el mar territorial.
Las disposiciones de desarrollo de las bases estatales de la ordenación del sector pesquero, comprensivas de la regulación del desembarco, transporte y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura, del régimen del sector productivo y económico pesquero, extienden su aplicación a todo el territorio de la Comunitat Valenciana.
La protección de los caladeros del litoral marítimo de la Comunitat Valenciana, la conservación de los recursos biológicos marinos y la gestión de las pesquerías.
La protección de las zonas biológicamente sensibles, declarándolas zonas protegidas.
La explotación sostenible de los recursos pesqueros y de la acuicultura desde el punto de vista medioambiental, económico y social.
La racionalización de las estructuras pesqueras marítimas en función de los recursos existentes.
La mejora de las condiciones de comercialización y transformación en la Comunitat Valenciana de los productos de la pesca y la acuicultura tanto marítima como fluvial, garantizando la trazabilidad, seguridad y calidad de los productos.
La mejora de la cualificación profesional, de las rentas y de las condiciones de vida y de trabajo de los pescadores.
El fomento y ordenación de la acuicultura en la Comunitat Valenciana, prestando plena atención a la sanidad y bienestar animal y a la seguridad de los piensos y de los alimentos obtenidos.
La vertebración del sector pesquero marítimo valenciano.
Ordenar la pesca marítima de recreo, estableciéndose límites y sanciones, haciendo prevalecer siempre el principio de precaución ecosistémico en la toma de decisiones sobre la gestión.
La diversificación pesquera o acuícola.
La tipificación de las infracciones administrativas y establecimiento de sanciones, tanto en materia de pesca marítima, profesional y recreativa, como en marisqueo y acuicultura, en el ámbito de las competencias de la Generalitat.
La actividad de explotación de los recursos marinos por el sector pesquero tendrá el carácter de profesional y se realizará por los titulares y embarcaciones que dispongan de las autorizaciones administrativas legalmente exigidas para su ejercicio.
Las embarcaciones que tengan establecida su base en puertos de la Comunitat Valenciana y que estén en posesión de una licencia de pesca para las aguas exteriores del litoral marítimo de esta comunidad, podrán ejercer la pesca en sus aguas interiores, en la modalidad autorizada.
La conselleria competente en pesca marítima y acuicultura, para dichas aguas interiores, podrá establecer autorizaciones especiales para determinadas zonas o para modalidades concretas, teniendo siempre como prioridad la salvaguardia de ecosistemas en riesgo.
La pesca profesional sólo puede ejercerse con los artes, los aparejos y los instrumentos expresamente autorizados. El Consell podrá regular los artes para su empleo en las aguas interiores del litoral de la Comunitat Valenciana.
Las modalidades de pesca aptas para su ejercicio en las aguas interiores del litoral de la Comunitat Valenciana son:
El Consell podrá declarar la aptitud de otras modalidades, así como la exclusión de alguna de ellas, basándose en la situación de los caladeros, haciendo prevalecer el principio de precaución ecosistémico.
Se prohíbe el uso de las artes de playa, conocidas tradicionalmente como boliche o peseta, consistentes en redes de cerco y de arrastre largadas con ayuda de una embarcación y maniobradas desde la costa.
Se prohíbe el ejercicio de la pesca con artes de deriva.
Se prohíbe la pesca de cerco con arte de mosca.
Reglamentar los artes, aparejos, instrumentos y equipos de pesca. b) Acotar zonas de pesca, elaborando para cada zona los reglamentos específicos.
Fijar períodos de veda para las modalidades de pesca establecidas en la presente ley, así como el horario de actividad pesquera diaria, los días de actividad y el tiempo de calamento continuado de los artes, cuando proceda.
Establecer las especies autorizadas y fijar los tamaños mínimos.
CAPÍTULO II Artículos 11 a 16
A los efectos de esta ley, se entiende por pesca marítima de recreo aquella que se realiza por afición o deporte, sin retribución alguna y sin ánimo de lucro.
Las capturas conseguidas por medio de esta actividad serán destinadas exclusivamente al consumo propio del pescador o para finalidades benéficas o sociales, y en ningún caso se autorizará la venta.
La pesca marítima de recreo podrá ser ejercitada desde embarcación o desde tierra, y submarina, nadando o buceando a pulmón libre.
Para el ejercicio de la pesca recreativa submarina será preciso estar en posesión de la correspondiente licencia de actividad expedida por la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura, que se concederá a quienes hayan cumplido los dieciséis años y justifiquen que reúnen las condiciones físicas necesarias para la práctica normal de esta actividad.
Para el ejercicio de la pesca recreativa desde embarcación será necesario estar en posesión de licencia expedida por la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura para cada embarcación, que autorizará a ejercer esta modalidad desde embarcaciones aptas para esta actividad inscritas en la lista correspondiente del registro oficial de buques.
Para el ejercicio de la pesca recreativa desde tierra será necesario estar en posesión de la licencia de actividad expedida por la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura, que autorizará a su titular a ejercer esta modalidad a pie desde la costa o desde cualquier artefacto flotante no inscrito en la lista tercera correspondiente del registro oficial de buques.
Las condiciones de autorización y celebración de concursos de pesca marítima serán objeto de desarrollo reglamentario.
Los concursos de pesca organizados por asociaciones de pesca deportiva legalmente constituidas, cuya zona de celebración deba reservarse a los participantes, precisarán de la previa autorización de la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura, sin perjuicio de los informes, autorizaciones o permisos de otros órganos o administraciones públicas legalmente preceptivos.
Se creará un registro de capturas de los concursos de pesca de la Comunitat Valenciana, cuyo funcionamiento y organización será objeto de desarrollo reglamentario, y que contendrá como mínimo las capturas, la modalidad de pesca, la zona y el tipo de campeonato de cada concurso.
La pesca recreativa desde la superficie sólo podrá practicarse con el aparejo de anzuelos y con el arte de caída denominado rall o esparavel.
Quedan expresamente prohibidos los artes, aparejos y útiles propios de la pesca y marisqueo profesionales.
Asimismo, se prohíbe la utilización de explosivos y el empleo de luces y equipos eléctricos o electrónicos que sirvan de atracción para la pesca.
La pesca submarina de recreo no podrá practicarse utilizando equipo autónomo o semiautónomo de buceo. Se presumirá esta práctica ilegal cuando en las embarcaciones, en cualquier circunstancia, se tengan o lleven a bordo simultáneamente arpones de pesca y cualquiera de dichos equipos de buceo.
Reglamentariamente se especificará la temporalidad de las licencias, las condiciones para el ejercicio de la pesca recreativa en sus distintas modalidades, incluyendo una referencia expresa al modo de justificación, en su caso, de las condiciones físicas necesarias para la práctica normal de dicha actividad, y las características de los útiles autorizados. También se fijarán los períodos, las zonas hábiles y los cupos de capturas.
Las medidas de protección y conservación de los recursos pesqueros que se aplican para la pesca profesional serán de aplicación para la pesca de recreo y, en todo caso, se prohíbe la práctica de la pesca de recreo en las reservas marinas de interés pesquero.
La conselleria competente en materia de pesca, pese a lo que se nombra en el punto anterior, podrá establecer medidas complementarias para la pesca de recreo para asegurar la conservación y protección de los recursos y ecosistemas marinos o para que no interfiera con la actividad pesquera profesional o la perjudique. Las medidas podrán ser, entre otras, de:
Determinación de tiempos máximos de pesca.
Determinación de distancias mínimas a embarcaciones y artes de pesca profesionales.
La obligación de hacer una declaración de desembarco respecto de la captura de determinadas especies.
Para obstaculizar la venta ilegal de pescado, se marcarán todos los ejemplares de las especies que figuran en el anexo 1 capturados durante la actividad de la pesca de recreo. La marca consistirá en un corte en la base de las dos aletas pectorales y en el lóbulo inferior de la aleta caudal tal como se indica en el anexo 2, que se hará antes de desembarcar en el caso de pesca desde embarcación, o en cuanto se haya capturado el pescado, en el caso de pesca desde tierra o pesca submarina.
Coordinación y fomento de la diversificación económica del sector pesquero y acuícola.
Para el ejercicio de la pesca-turismo se deberá contar con las correspondientes autorizaciones administrativas expedidas por la autoridad competente de la Comunitat Valenciana, previa comunicación al ministerio competente en materia de pesca y obtención de los informes preceptivos de órganos de otras administraciones según normativa vigente.
La realización de esta actividad será compatible con la pesca extractiva para la que el buque esté autorizado, siempre y cuando dichos buques reúnan las condiciones de seguridad y habitabilidad que reglamentariamente se establezcan. En todo caso, los turistas embarcados a bordo de estas embarcaciones no podrán ejercer la actividad pesquera.
Reglamentariamente, podrán regularse las condiciones de comercialización de los productos pesqueros así obtenidos.
TÍTULO III Del marisqueo Artículos 20 a 22
Se regirán por lo dispuesto en el presente título las actividades de marisqueo dirigidas a la extracción de crustáceos, moluscos, tunicados, equinodermos y otros invertebrados del medio marino, cuando se realice empleando artes e instrumentos de pesca específicos para una o varias especies.
La cría de estas especies se someterá a lo dispuesto en el título V de la presente ley.
Regulación de la actividad y de los medios autorizadospara su realización.
Las diferentes modalidades de marisqueo tanto desde embarcación como a pie.
Las zonas autorizadas para el marisqueo.
La clasificación, apertura y cierre de zonas de producción de moluscos bivalvos, gasterópodos, tunicados y equinodermos en aguas de la Comunitat Valenciana.
La temporalidad y limitaciones de las licencias cuando proceda.
Los artes autorizados, instrumentos y equipos.
La conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura establecerá la ordenación de la actividad marisquera, en sus distintas modalidades, fijando los períodos de veda, los días y horario de ejercicio de la actividad, las especies autorizadas y sus tamaños mínimos, así como los totales admisibles de capturas autorizados.
Se prohíbe la captura del dátil de mar (Lithophaga lithophaga) y de la nacra (Pinna nobilis) y de especies silvestres incluidas en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo español de especies amenazadas.
La extracción o la recogida de algas y sargazos en zona marítima se realizará desde embarcaciones debidamente autorizadas, inscritas en la lista tercera del registro de buques.
La recogida de sargazos en la ribera del mar se podrá realizar por cualquier medio o instrumento que no perturbe el medio ambiente.
Los instrumentos o artes que se empleen, así como las zonas, periodo de actividad y demás condiciones, serán fijados por la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura y tomarán siempre como criterios prioritarios la conservación de los ecosistemas y el principio de precaución sobre su gestión.
Las disposiciones previstas en el título V, «De la acuicultura», de la presente ley son de aplicación a la actividad del cultivo de algas.
La extracción de algas requerirá el cumplimiento de un plan o proyecto de desarrollo de actividad, que deberá contener, entre otros aspectos, el método de extracción, la zona del litoral, los medios humanos y materiales a emplear, el plazo de ejecución, las cantidades de extracción de algas y el posible impacto en el ecosistema marino.
El transporte de las algas y sargazos deberá ir provisto del documento de transporte o declaración de recogida correspondiente.
Reglamentariamente se determinarán las normas de extracción o recogida de algas y sargazos, los periodos de actividad, la comercialización y los demás requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad como el documento de transporte o la declaración de recogida.
TÍTULO V De la acuicultura Artículos 24 a 31
La conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura podrá determinar las zonas aptas y las zonas de interés para los establecimientos de acuicultura marina, basándose en criterios de sostenibilidad ambiental y asegurándose de que las piscinas no deterioren el
ecosistema costero, ni contaminen el mar con una utilización excesiva de antibióticos y pesticidas, ni que se produzcan fugas
Las actividades de acuicultura marina sólo se autorizarán cuando las aguas tengan la calidad adecuada para la cría de las especies marinas.
No se autorizarán establecimientos de acuicultura marina en zonas con fondos bionómicos del tipo de praderas de fanerógamas marinas.
Una vez haya sido declarada una zona de interés para cultivos marinos, no podrá verse afectada por vertidos de aguas o residuos que produzcan contaminación o enturbiamiento de las aguas que sean perjudiciales para las especies explotadas en cuanto a su pérdida de productividad o por su potencial daño a la población humana consumidora.
La realización de actividades de acuicultura requerirá la autorización previa de la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura, sin perjuicio de los informes, evaluaciones de impacto ambiental, autorizaciones o concesiones de otros órganos o administraciones públicas legalmente preceptivos, y se dará audiencia, en todo caso, a las cofradías de pescadores y a otras organizaciones del sector pesquero, asociaciones en defensa del medio ambiente y otras organizaciones representantes de los sectores afectados.
Se incluye entre las actividades sujetas a autorización las de repoblación marina, consistentes en la liberación de especies animales o vegetales en cualquier fase de su ciclo vital en el medio natural para que incremente su población.
Se podrán autorizar provisionalmente actividades y establecimientos de carácter experimental, en el caso de proyectos innovadores o que necesiten una previa experimentación. La explotación definitiva se sujetará al régimen ordinario de autorización.
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de autorización y registro de estas actividades.
El contenido básico de las autorizaciones concedidas, relativo a las características del cultivo y su ubicación, se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Las autorizaciones de acuicultura se concederán con carácter temporal o indefinido, aunque en el caso de que afecte a terrenos de dominio público no podrá exceder del período de la concesión o autorización de su ocupación.
Reglamentariamente se determinará los motivos de extinción anticipada de las autorizaciones.
La conselleria competente en sanidad animal establecerá reglamentariamente y adoptará las medidas sanitarias necesarias, de prevención y control, en relación con la actividad de acuicultura. Dicha conselleria tomará especial cuidado para evitar los riesgos de propagación de enfermedades desde las granjas a las poblaciones salvajes que están en contacto con ellas, y de que no se produzcan huidas de ejemplares cautivos que se mezclen genéticamente con los ejemplares salvajes de esta especie, disminuyendo su diversidad genética.
Las medidas que se adopten con este objeto serán de obligado cumplimiento para los titulares de los establecimientos.
Reglamentariamente se regulará la clasificación, apertura y cierre de zonas de producción de moluscos bivalvos, gasterópodos, tunicados y equinodermos en aguas de la Comunitat Valenciana.
Los titulares de autorizaciones de explotaciones de acuicultura estarán obligados a aportar a la conselleria competente en materia de pesca
marítima y acuicultura, a efectos estadísticos, los datos relativos a la producción y al valor de las ventas.
La conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura desarrollará reglamentariamente el registro de establecimientos de acuicultura de la Comunitat Valenciana.
En el registro se inscribirán, de oficio, los establecimientos previamente autorizados, reflejándose en dicho registro los cambios de titularidad y las demás modificaciones que se produzcan respecto a los datos existentes en el mismo.
TÍTULO VI Artículos 32 a 42
CAPÍTULO II Artículos 34 a 42
La conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura podrá adoptar, entre otras, las siguientes medidas de protección, conservación y recuperación de los recursos marinos, que podrán estar enmarcadas en diferentes planes de gestión.
Se podrán establecer como medidas de protección de los recursos pesqueros:
El fomento del uso de artes y técnicas selectivas con la finalidad de disminuir los descartes.
La prohibición de captura de determinadas especies pesqueras, tallas o determinados pesos individuales.
Mediante la correspondiente resolución, dictada por la dirección general competente en la materia, se podrán establecer entre otras las siguientes medidas de conservación de especies marinas objeto de explotación:
El establecimiento de épocas de veda.
El establecimiento de zonas de veda.
Regulación del esfuerzo pesquero, estableciendo las cantidades máximas o cupos de pesca por barco, pescador, especie, zona o período, limitando el número de buques, su tiempo de actividad, o procediendo al cierre de la pesquería.
Cualquier otra medida adecuada para la consecución de las finalidades fijadas en este artículo.
Se establecerán medidas de recuperación de los recursos pesqueros, entre las que podrán figurar las acciones de repoblación o resiembra de especies de interés pesquero, la instalación de arrecifes artificiales, la declaración de zonas marítimas protegidas y de reservas marinas de interés pesquero.
Con carácter general, se prohíbe la extracción de flora y fauna marina sin finalidad pesquera autorizada. Estas actividades se podrán autorizar por la dirección general competente en pesca marítima con finalidades de educación, investigación o acuariofilia, o en caso de apreciarse razones de interés general que lo justifiquen.
Son zonas protegidas de interés pesquero del litoral marítimo de la Comunitat Valenciana las declaradas administrativamente, dentro de los límites de sus aguas interiores, por su especial interés para la preservación y regeneración de los recursos pesqueros, limitando en ellas las actividades extractivas de la fauna y flora marinas y en general las perturbadoras del medio.
En todo caso, se declaran como protegidos los fondos de praderas de fanerógamas marinas, los fondos coralígenos y los de maërl.
Mediante resolución de la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura se declararán también como protegidas, durante el tiempo de consolidación de sus efectos regeneradores, las áreas de instalación de arrecifes artificiales.
La declaración de las zonas protegidas se hará mediante la aprobación del decreto correspondiente por el Consell a propuesta de la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura, y contendrá como mínimo:
En su caso, promoción de otras medidas complementarias, respecto del área protegida y su entorno, para el favorecimiento de la regeneración de los recursos marinos.
Se garantizará en el proceso descrito en el artículo anterior la participación pública y efectiva entre las cofradías de pescadores, otras organizaciones del sector pesquero, las asociaciones en defensa del medio ambiente, los sectores locales afectados, entre otros, y se garantizará en todo momento el acceso a la información y la comunicación de estos.
Cuando las singulares condiciones del área a proteger y el elevado interés en la regeneración de los recursos pesqueros determinen una mayor protección, de carácter integral, el decreto por el que se declare la zona de protección podrá calificarla como reserva marina de interés pesquero.
Son arrecifes artificiales las zonas marinas en cuyos fondos se instalan un conjunto de módulos o elementos de diferentes formas, duraderos y de un peso suficiente que impida su desplazamiento, con el objeto de proteger, regenerar y desarrollar los recursos pesqueros.
La instalación de arrecifes artificiales en aguas interiores del litoral de la Comunitat Valenciana requerirá autorización previa de la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura, sin perjuicio de la concesión para la ocupación del dominio público otorgada por la administración competente.
La autorización de la conselleria declarará la protección del área de instalación del arrecife, con el contenido mínimo expresado en el artículo 36, publicándose en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Los requisitos mínimos que deben cumplir los arrecifes, tanto construidos con materiales que no produzcan contaminación en el medio marino como mediante el hundimiento de buques, se establecerán reglamentariamente.
En el expediente de autorización de la instalación de arrecifes, habrán de ser oídas necesariamente las cofradías de pescadores y federaciones de cofradías afectadas.
Solo se podrán efectuar repoblaciones de especies marinas autóctonas con el objeto de regenerar los recursos marinos. Dichas repoblaciones requerirán la autorización previa de la administración competente en pesca marítima y de la autoridad competente en materia de biodiversidad.
En las zonas donde se efectúen estas repoblaciones, se establecerán normas especiales para el ejercicio de la pesca, así como de todas aquellas actividades que puedan afectar a la efectividad de esta medida.
La administración competente en pesca marítima podrá ordenar, en el ámbito de sus competencias, planes de gestión de los recursos pesqueros o marisqueros, por modalidades, zonas o especies objetivo en los que se determinará el esfuerzo pesquero admisible en función de la situación de los recursos, con la finalidad del mantenimiento de la actividad pesquera a largo plazo.
Los planes de gestión podrán contener las determinaciones:
El número de embarcaciones y sus características, el número de pescadores o mariscadores que pueden explotar los recursos de una zona, así como las características de los artes empleados.
Los días hábiles para la práctica profesional de la pesca y el marisqueo así como los horarios permitidos.
El tiempo de calamento de artes fijos.
Las limitaciones en el espacio o en el tiempo al desarrollo de la actividad pesquera; asimismo, se podrá limitar el volumen de las capturas.
La autorización administrativa para la realización de cualquiera de estas actividades en que concurran circunstancias que puedan afectar los recursos pesqueros o producir interferencias con la actividad pesquera, requerirá una evaluación de impacto ambiental así como un informe preceptivo de la dirección general competente en pesca marítima y acuicultura, y evaluación de impacto ambiental positiva.
La autorización administrativa para toda clase de vertidos en aguas interiores del litoral de la Comunitat Valenciana requerirá un informe preceptivo de la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura y evaluación de impacto ambiental positiva, en el que se valorará su incidencia sobre los recursos marinos vivos.
TÍTULO VII Artículos 43 a 49
El desembarco de los productos de la pesca y la acuicultura marina se realizará en los lugares destinados al efecto para los productos en fresco y para los congelados y transformados a bordo, en los puertos pesqueros autorizados.
La conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura determinará los puertos autorizados para el desembarco de los productos de la pesca y la acuicultura marina.
En el caso de los productos pesqueros en que no se efectúe el desembarco o descarga en un puerto, la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura podrá determinar los lugares autorizados para su descarga.
Para la verificación de los controles técnicos y sanitarios de los productos pesqueros frescos desembarcados en la Comunitat Valenciana, se establece la obligatoriedad del paso de la totalidad de dichos productos por la lonja pesquera del puerto de descarga, de cuyo cumplimiento se expedirá la correspondiente acreditación por el responsable de la explotación de la lonja.
Cuando el desembarco se realice en un puerto pesquero que no disponga de lonja por el reducido volumen de descargas de productos pesqueros frescos, la sujeción de estos productos desembarcados a los controles técnicos y sanitarios se realizará en la forma que se disponga reglamentariamente.
Los productos pesqueros que hayan de ser objeto de la primera venta en un lugar distinto al del puerto de desembarque, irán acompañados desde su salida del recinto portuario hasta que se produzca la primera venta, de la documentación que se establezca reglamentariamente, entre la que constará la identificación de la mercancía, el origen, y el establecimiento de primera venta al que va destinada.
Las especies de moluscos bivalvos, equinodermos, gasterópodos y tunicados reglamentariamente determinadas, destinadas a su comercialización y consumo, deberán pasar obligatoriamente por un centro de expedición autorizado, al objeto de efectuar los controles técnicos y sanitarios.
En los productos de la acuicultura podrá realizarse la descarga en las instalaciones o establecimientos autorizados por la dirección general competente en materia de pesca marítima y acuicultura de la Generalitat.
Sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones por parte de las autoridades competentes de conformidad con la normativa vigente, la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura deberá:
Autorizar la actividad de primera venta en las lonjas o en otros establecimientos previstos en el artículo siguiente que cumplan los requisitos establecidos reglamentariamente, atendiendo las necesidades generales de ordenación del sector pesquero.
Controlar la declaración de datos y resto de documentación requerida por la normativa vigente para la primera venta y el transporte. c) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de trazabilidad y etiquetado, así como por el cumplimiento de las normas de ordenación pesquera vigentes, en particular las relativas a especies protegidas, vedadas y las referentes al tamaño mínimo establecido.
El etiquetado podrá especificar la modalidad de pesca para diferenciar claramente las modalidades de pesca artesanal.
Se prohíbe la comercialización de los productos extraídos en el ejercicio de la pesca marítima de recreo.
El transporte y comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura deberá realizarse garantizando en todo momento la trazabilidad del producto. Reglamentariamente se establecerán los requisitos exigidos al respecto.
Los productos pesqueros frescos, refrigerados o cocidos expuestos a la venta en los establecimientos de la Comunitat Valenciana, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente de etiquetado y de información al consumidor. Mediante el correspondiente desarrollo reglamentario se relatarán los requisitos exigidos al respecto.
TÍTULO VIII Del sector pesquero Artículos 50 a 56
De acuerdo con la legislación básica de ordenación del sector pesquero, la construcción de nuevos buques, para el establecimiento de su base en puertos de la Comunitat Valenciana, requerirá autorización de la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura en cuanto a su destino a la actividad pesquera.
La Comunitat Valenciana otorgará las autorizaciones teniendo en cuenta la normativa básica correspondiente y previa emisión de los informes preceptivos según la normativa vigente de otras administraciones. La Generalitat Valenciana defenderá y apoyará prioritariamente, ante las diferentes administraciones, la modernización de los buques que utilicen artes de pesca sostenibles y selectivos.
Sin perjuicio de lo anterior, el ejercicio de la actividad pesquera autorizada a un buque de nueva construcción quedará condicionado a la obtención de la correspondiente licencia de pesca para un caladero determinado.
El establecimiento de la base oficial de un buque en puertos de la Comunitat Valenciana, tanto en los casos de nueva construcción como en los de cambio entre puertos de la Comunitat Valenciana, precisará autorización de la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura, previo informe, en su caso, de la autoridad portuaria y la cofradía de pescadores del destino del buque así como la corres-
pondiente federación provincial, para el control de la adaptación de las capacidades de la flota a las modalidades de pesca y a los caladeros existentes en el litoral de la Comunitat Valenciana, y teniendo en cuenta las características y particularidades del puerto y las posibilidades de comercialización y de prestación de servicios.
La administración pesquera de la Generalitat defenderá los intereses del sector pesquero de la Comunitat Valenciana en los procedimientos en que intervenga de cambios de base entre puertos de distintas comunidades autónomas, actuando en todo momento de acuerdo a la normativa estatal aplicable.
La administración pesquera autonómica fomentará la renovación, modernización y reestructuración de la flota pesquera de la Comunitat Valenciana, mediante la concesión de ayudas públicas a las acciones del sector con dicho objeto, de acuerdo con los fondos procedentes del Estado y de la Unión Europea y los propios que habilite la Generalitat.
Las medidas para el fomento de la modernización de la flota se dirigirán al cumplimiento de los siguientes objetivos:
Racionalizar las operaciones de la pesca.
Mejorar las condiciones de conservación a bordo de los productos, para garantizar su calidad.
La mejora de las condiciones de vida y trabajo, de la seguridad y salud en el trabajo, así como, de la seguridad de la vida humana en la mar.
Promover la instalación de equipos de control de las operaciones de la pesca.
La reducción del impacto ambiental de la flota pesquera.
Aquellos otros que ayuden al cumplimiento de los objetivos de la política pesquera común.
Las acciones que se adecuen a los planes y programas plurianuales y sectoriales de la Comunitat Valenciana.
Las acciones destinadas a la protección de los recursos pesqueros, entre ellas, las de paralización temporal de la actividad de los barcos de pesca, con la cobertura de las consecuencias que de ella se deriven.
Las acciones destinadas a la disminución del uso y empleo de artes no selectivos.
Las que mejoren significativamente las condiciones higiénico-sanitarias de la actividad pesquera y acuícola y de las instalaciones necesarias para su desarrollo.
La adecuación de las estructuras comerciales del sector pesquero. f) El fomento de una acuicultura sostenible.
La Generalitat promoverá la capacitación y reciclaje profesional de los pescadores, así como la preparación de jóvenes y personas desempleadas de cualquier edad que pretendan incorporarse a las actividades pesqueras
Con dicho objeto deberán realizarse las actuaciones administrativas siguientes:
La planificación y programación de las acciones formativas prioritarias para el sector pesquero.
La realización de las actividades formativas, en coordinación y colaboración con otras instituciones públicas y privadas.
La obtención de recursos económicos y su aportación para el fomento de las enseñanzas náutico-pesqueras.
La elaboración de estudios al objeto de evaluar las necesidades formativas y de reciclaje profesional en el ámbito marítimo-pesquero.
TÍTULO IX Artículos 57 a 67
CAPÍTULO I Artículos 57 a 65
Las cofradías de pescadores de la Comunitat Valenciana son corporaciones de derecho público, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, integradas voluntaria y libremente por profesionales de la pesca, armadores y trabajadores de su respectivo ámbito territorial.
Estas cofradías se relacionan con la administración de la Generalitat a través de la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura en los términos previstos en la presente ley.
La función propia de las cofradías de pescadores es la de actuar como órganos de consulta y colaboración con la administración en la promoción y ordenación del sector pesquero, en la defensa de sus intereses y en la conservación de los recursos pesqueros.
Las cofradías pueden también realizar actividades económicas relacionadas con la comercialización de los productos de la pesca y del marisqueo, con la acuicultura y con la prestación de servicios, incluidos los asistenciales, a sus asociados.
En todo caso, cumplirán sus funciones respetando el ejercicio por las organizaciones empresariales y sindicales de las funciones de representación y negociación que les son propias.
El Consell, mediante un decreto, podrá delegar en las cofradías de pescadores el ejercicio de funciones administrativas en materias de interés general pesquero cuando, con ello, se mejore la gestión administrativa y se facilite la relación de los pescadores con la administración pesquera autonómica en los procedimientos administrativos a que se refiera la delegación. Ésta será de aceptación voluntaria por las cofradías a las que se les proponga.
Las cofradías podrán ordenar la actividad profesional pesquera de sus miembros en su ámbito territorial estableciendo normas de obligado cumplimiento para los mismos, siempre que estas no sean contrarias al ordenamiento jurídico vigente.
Las cofradías pueden elevar informes y propuestas a la administración de la Generalitat sobre materias objeto de su competencia.
Las cofradías podrán favorecer la formación cultural y profesional de sus miembros facilitándoles el conocimiento de la tecnología adecuada en cada caso.
Las cofradías de pescadores se regirán por la legislación básica estatal, por lo dispuesto en la presente ley y por las disposiciones que en su desarrollo dicten el Consell y la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura, así como por sus respectivos estatutos.
En todo caso, en los aspectos organizativos, así como cuando ejerzan potestades administrativas, las cofradías se someterán a la legislación administrativa que sea de aplicación.
En el ejercicio de las actividades económicas que eventualmente realicen les será de aplicación la legislación general que las regule.
La creación de una cofradía de pescadores deberá necesariamente promoverse por un 40 por 100 del censo de profesionales del ámbito territorial de que se trate, que aprobarán el proyecto de estatutos por los que se habrá de regir, sometiéndolos a la ratificación de la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura.
No podrá coincidir más de una cofradía sobre un mismo ámbito territorial. En el caso de que la creación de una nueva cofradía afecte al ámbito de otras existentes, la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura resolverá sobre dicha creación y sobre los ámbitos de las cofradías afectadas, previa su audiencia y atendiendo al interés general.
La fusión y la disolución de cofradías requerirá, al menos, el acuerdo mayoritario de los órganos plenarios de las cofradías afectadas, salvo lo dispuesto en el apartado anterior, y la ratificación por la referida conselleria.
La conselleria podrá disponer, de acuerdo con el interés general pesquero, la disolución forzosa de aquellas cofradías de pescadores que manifiestamente no atiendan el cumplimiento de sus fines, oídas las federaciones de cofradías de pescadores existentes en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
Los estatutos de las cofradías de pescadores deberán regular, al menos, los extremos siguientes:
La denominación, ámbito territorial y domicilio.
La estructura organizativa y funcional, con expresión del régimen de elección de los miembros o titulares de los distintos órganos rectores, diferenciando los directamente responsables de la gestión de las actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 58 del presente título. c) Los derechos y obligaciones de los miembros de la cofradía.
Las causas y procedimiento de disolución y el destino del patrimonio.
La redacción de los estatutos y las modificaciones que se puedan efectuar respecto de los mismos requerirán el acuerdo mayoritario del órgano plenario de la cofradía y deberán ser aprobados por la conselleria competente en materia de pesca marítima.
Los órganos representativos de las cofradías de pescadores son la junta general, el cabildo y el patrón mayor. Todos los cargos serán elegidos entre los miembros de las cofradías de pescadores mediante sufragio libre, igual y secreto, mediante el sistema que se establezca estatutariamente, asegurando su representatividad y manteniendo, en el caso de los órganos colegiados, la paridad en la representación de trabajadores y armadores.
La elección de miembros del órgano plenario superior de gobierno de la cofradía se realizará por los cofrades mediante sufragio universal, libre, directo y secreto, por un período de cuatro años, de acuerdo con la convocatoria genérica para todas las cofradías que realizará, mediante orden, la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura.
Los estatutos de las cofradías y las convocatorias electorales de la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura deberán respetar las normas siguientes:
El órgano plenario superior de gobierno de cada cofradía designará una comisión electoral encargada de la preparación del plan electoral, de la aprobación del censo de electores, de la designación de los componentes de la mesa electoral y de la proclamación de los candidatos, resolviendo las reclamaciones que se formulen.
La conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura aprobará el plan electoral y controlará, en vía de recurso administrativo, los acuerdos que adopte la comisión electoral.
El censo electoral estará formado por todos los afiliados mayores de edad al corriente de sus obligaciones económicas con la cofradía.
Podrán ser elegidos quienes figuren en el censo electoral, acrediten en el período inmediato anterior a la convocatoria un mínimo de dos años de pertenencia ininterrumpida a la cofradía y se presenten voluntariamente como candidatos.
En el caso de creación de una nueva cofradía, sus órganos de gobierno se integrarán provisionalmente en la forma que disponga el acuerdo de creación, ratificado por la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura.
Las cofradías de pescadores podrán contar con los siguientes recursos:
Las cuotas o derramas que acuerde su órgano plenario superior de gobierno.
Cualquier otro recurso que, con arreglo a la legislación o a sus propios estatutos, les pueda ser atribuido.
El presupuesto corriente de ingresos y gastos habrá de ser elaborado y aprobado por la junta general durante el último trimestre del ejercicio anterior al de su aplicación. La liquidación del presupuesto de cada ejercicio será presentada a la junta general para su aprobación dentro del primer semestre del ejercicio siguiente. Tanto el presupuesto como su liquidación habrán de ser remitidos a la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura en el plazo de treinta días a contar desde su respectiva aprobación.
Las cofradías seguirán un plan de cuentas único, adaptado al plan general de contabilidad, que se diseñará, con la participación de las propias cofradías, por la conselleria competente en materia de hacienda, previendo la diferenciación de los movimientos correspondientes a las actividades económicas a que se refiere el artículo 58 de la presente ley.
Las cofradías de pescadores de la Comunitat Valenciana, por acuerdo de sus órganos plenarios superiores, podrán constituir federaciones provinciales de las mismas, con la misma naturaleza de corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Los estatutos de cada federación provincial expresarán las cofradías que las integran, sus órganos de gobierno y su integración representativa de ellas, fines y facultades, régimen económico y recursos que las financian, procedimiento para su disolución o para la separación de alguna cofradía federada.
Las federaciones provinciales podrán formar la federación de la Comunitat Valenciana de federaciones de cofradías de pescadores.
Sin perjuicio de las funciones atribuidas a la federación de la Comunitat Valenciana de federaciones de cofradías de pescadores, le corresponde expresamente intervenir en los conflictos que puedan surgir entre distintas federaciones provinciales o entre éstas y las cofradías concretas.
La creación y los estatutos de las federaciones deberán ser aprobados por la conselleria competente en materia de pesca marítima.
La conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura puede proceder a la disolución de una federación cuando no mantenga actividad o carezca de órganos rectores legalmente elegidos. La resolución de disolución se adoptará previa información pública y consulta con las organizaciones del sector pesquero afectadas.
A las federaciones les será de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior.
En el registro de cofradías de pescadores de la Comunitat Valenciana, dependiente de la conselleria competente en materia de pesca marítima, se inscribirán dichas cofradías y sus federaciones, anotándose todos los actos respecto de los que la presente ley y su normativa de desarrollo determinen la intervención de dicha conselleria.
La gestión de este registro podrá ser desconcentrada en las unidades administrativas territoriales de la conselleria.
CAPÍTULO II Artículos 66 y 67
Son objetivos comunes a las organizaciones de productores de productos de la pesca y de la acuicultura:
Mejorar las condiciones de introducción en el mercado de los productos de la pesca y la acuicultura de sus miembros.
Contribuir al abastecimiento de alimentos, promover elevadas normas de calidad y seguridad alimentarias y contribuir al empleo en las zonas costeras y rurales.
Entre otras, las organizaciones de productores de productos de la pesca tendrán las siguientes obligaciones:
Fomentar el ejercicio de actividades pesqueras viables y sostenibles. b) Evitar y reducir, en la medida de lo posible, las capturas no deseadas de poblaciones comerciales y, cuando sea necesario, hacer el mejor uso de dichas capturas.
Entre otras, las organizaciones de productores de productos de la acuicultura tendrán las siguientes obligaciones:
Fomentar el ejercicio, por parte de sus miembros, de actividades de acuicultura sostenibles, propiciando oportunidades para su desarrollo. b) Asegurar que la actividad de sus miembros se ajusten a los planes estratégicos nacionales y autonómicos.
Esforzarse para que los piensos nutricionales de origen pesquero utilizados en la acuicultura provengan de pesquerías con gestión sostenible.
TÍTULO X Artículos 68 a 70
Asesorar al Consell y a su administración en las materias de pesca y acuicultura, en todos los asuntos que le sean sometidos por el conseller o consellera competente en materia de pesca marítima y acuicultura.
Informar los proyectos de disposiciones legislativas y reglamentarias en materia de pesca y acuicultura.
El consejo funcionará en pleno o en comisiones de trabajo.
Mediante desarrollo reglamentario posterior, se establecerá:
La composición, que en todo caso tendrá representación paritaria de todos los intereses que confluyan.
La designación de sus miembros.
El régimen de funcionamiento interno.
TÍTULO XI Régimen sancionador Artículos 71 a 104
La conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura, con el fin de asegurar el cumplimiento de las prescripciones
en las materias objeto de la presente ley, dispondrá de una unidad de inspección pesquera con la consideración de su personal como agentes de la autoridad en el desempeño de su actividad inspectora, sin perjuicio de las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y podrán requerir el auxilio de las autoridades de marina y de los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales, autonómicos y locales.
A este personal le corresponderán las siguientes funciones:
La vigilancia e inspección, en el ámbito de las competencias de la Generalitat, de los buques, actividades y establecimientos relacionados con la pesca marítima, el marisqueo y la acuicultura, y de los mercados y establecimientos de primera venta, transformación, comercialización y consumo de sus productos.
La inspección de vehículos dedicados al transporte de pescado, mariscos y otros productos del mar, para lo cual los inspectores podrán requerir la detención del vehículo.
Para el ejercicio de estas funciones, los titulares y personal de las actividades, dependencias o instalaciones objeto de la inspección permitirán el libre acceso a las mismas de los inspectores debidamente acreditados, facilitándoles la información y documentación necesarias para la verificación del cumplimiento de la normativa pesquera.
CAPÍTULO II Artículos 74 a 80
El procedimiento sancionador recogido en el presente capítulo tiene como objeto regular dicho procedimiento sancionador, tipificar las infracciones administrativas y establecer sus sanciones, tanto en materia de pesca marítima, profesional y recreativa, como en marisqueo y acuicultura, en el ámbito de las competencias de la Generalitat.
Las acciones u omisiones tipificadas como infracción en la presente ley solo se considerarán como tales cuando se cometan en aguas interiores o afecten al ámbito competencial de la Comunitat Valenciana.
En cuanto a la distribución, comercialización e industrialización de los productos pesqueros y de la acuicultura, se considerarán infracciones a esta ley todas las cometidas en el territorio de la Comunitat Valenciana.
Serán sujetos responsables, tanto por acción como por omisión de las infracciones tipificadas en esta ley, las personas físicas o jurídicas que las cometan por sí o mediante personas jurídicas que ejerzan el control societario según la legislación mercantil en vigor, aun cuando estén integradas en uniones temporales de empresas, agrupaciones o comunidades de bienes sin personalidad jurídica y, en particular, las siguientes:
Los armadores, los propietarios o empresarios, los patrones de los buques de pesca profesional.
Los propietarios y capitanes o patrones de las embarcaciones de pesca recreativa.
Los pescadores, mariscadores y los titulares de las actividades de acuicultura.
Los titulares de empresas comercializadoras o industrializadoras que compren, transporten, vendan, almacenen, distribuyan, tengan, consignen, expongan o transformen especies marinas en veda o de talla inferior a la reglamentariamente establecida.
Los empresarios de hostelería que ofrezcan al consumo especies marinas en veda o de talla inferior a la reglamentariamente establecida o de procedencia ilegal.
Los que de cualquier forma contribuyan a la comisión de la infracción.
Las personas responsables de los buques pesqueros, productos o instalaciones objeto de inspección prestarán su colaboración para la realización de la función inspectora. La falta de colaboración o la obstrucción, en su caso, al ejercicio de dicha función será sancionada conforme a lo establecido en esta ley.
Los propietarios de buques, armadores, fletadores, importadores y sus representantes, remolcadores, consignatarios, titulares de la concesión de lonjas pesqueras, responsables autorizados para la primera venta, mercados mayoristas, mercas, responsables de instalaciones de engorde de atún rojo u otros recursos pesqueros, capitanes y patrones o personas que dirijan las actividades pesqueras, en los supuestos de infracciones de pesca marítima.
Los transportistas o cualesquiera personas que participen en el transporte de productos pesqueros sin la correspondiente documentación prevista por la ley.
Los propietarios de empresas comercializadoras o transformadoras de productos pesqueros o de la acuicultura y personal responsable de las mismas en los casos de infracciones que afecten a estas actividades.
Los propietarios de embarcaciones y armadores, en el caso de mediar una denuncia por supuesta infracción administrativa de pesca marítima, debidamente requeridos para ello, tienen el deber de identificar al patrón o persona responsable de la embarcación y, si incumplen esta obligación, serán sancionados como autores de una infracción grave de falta de colaboración u obstrucción a las labores de inspección.
La responsabilidad por las acciones u omisiones tipificadas en la presente ley es de naturaleza administrativa y no excluye las de otro orden a que haya lugar.
Cuando el supuesto hecho infractor pueda ser constitutivo de delito o falta, se dará traslado del tanto de culpa al ministerio fiscal, suspendiéndose la tramitación del procedimiento sancionador hasta que el fiscal archive la denuncia o la autoridad judicial no haya dictado resolución firme o que ponga fin al procedimiento.
La falta de la señalización reglamentaria en el ejercicio de la pesca.
La tenencia a bordo de las embarcaciones de artes, aparejos o instrumentos no permitidos para el tipo de pesca autorizado.
El ejercicio de la pesca recreativa sin disponer de la preceptiva autorización o sin el preceptivo seguro de responsabilidad civil.
La captura de una cantidad de pesca superior al límite máximo diario permitido e inferior al doble del mismo.
Las violaciones de los preceptos reguladores de la pesca de esparavel o de moruna.
La captura de especies protegidas, vedadas o de tamaño inferior al establecido reglamentariamente por pescadores recreativos.
La anotación incorrecta en el diario de pesca, diario electrónico de a bordo, en su caso, y en la declaración de desembarque que no supongan una alteración de los datos relativos a las capturas o al esfuerzo de pesca.
El incumplimiento de las preceptivas obligaciones de información a las administraciones públicas o su comunicación incumpliendo los plazos o las condiciones de las mismas cuando no esté tipificada como grave o muy grave.
Cualquier infracción de lo establecido en esta ley o en el resto de la legislación vigente en materia de pesca marítima cuando no esté tipificada como grave o muy grave.
Artículo 79 Infracciones graves Serán infracciones graves:
En lo relativo a los artes, aparejos, útiles, instrumentos y equipos de pesca:
El incumplimiento grave de las medidas técnicas relativas a su modo de empleo.
La utilización o tenencia a bordo de artes, aparejos, útiles o equipos de pesca prohibidos, no autorizados o antirreglamentarios.
El incumplimiento de la normativa sobre el transporte y arrumaje de los artes o aparejos.
El ejercicio de la pesca de recreo haciendo uso de luces artificiales de superficie o sumergidas o de cualquier otro medio irregular para la atracción, detección o concentración artificial de especies pesqueras. e) La pesca submarina con equipos no autorizados y el ejercicio de la pesca submarina, haciendo uso de equipos de respiración autónomos o semiautónomos, de cualquier otro sistema que permita la respiración en inmersión o utilizando hidroplanos o vehículos similares.
La realización de cualquier actividad que perjudique la gestión y conservación de los recursos, así como de las actividades subacuáticas sin disponer de autorización en aquellas zonas en las que sea exigible conforme a la normativa vigente.
El incumplimiento grave en lo relativo a la tenencia, transbordo, desembarque, custodia o almacenamiento, antes de su primera venta, de especies pesqueras cuya procedencia no esté acreditada conforme a la normativa en vigor.
El incumplimiento grave en lo relativo a la captura, tenencia, transbordo, desembarque, custodia o almacenamiento, antes de su primera venta, de especies pesqueras sin contar con las autorizaciones necesarias o en condiciones distintas de las establecidas en las mismas. e) El incumplimiento grave en lo relativo a la captura, tenencia, transbordo, desembarque, custodia o almacenamiento, antes de su primera venta, de especies pesqueras no autorizadas o de las que se hubieran agotado los totales admisibles de capturas (TAC) o cuotas.
El incumplimiento grave en lo relativo a la captura, tenencia, transbordo, desembarque, custodia o almacenamiento, antes de su primera venta, de especies pesqueras de talla o peso inferiores a los permitidos o, en su caso, cuando se superen los márgenes permitidos para determinadas especies.
El incumplimiento de la normativa sobre topes máximos de captura o desembarque permitidos.
En lo relativo al control e inspección de la actividad pesquera:
Alterar los datos y circunstancias que figuren en la licencia de pesca o en las correspondientes autorizaciones de pesca
No llevar a bordo el diario de pesca o no tener instalado el diario de a bordo electrónico, conforme a lo exigido por la normativa vigente. c) No cumplimentar el diario de pesca, el diario de a bordo electrónico o la declaración de desembarque o hacerlo alterando los datos relativos a las capturas, al esfuerzo de pesca o infringiendo la normativa en vigor.
No observar la obligación de llevar a bordo del buque las autorizaciones de pesca, los planos de bodega, así como cualquier otro documento exigido por la normativa vigente.
Incumplir la obligación de entregar a las autoridades competentes las hojas del diario de pesca y la declaración de desembarque a la llegada a puerto, en los plazos y forma establecidos en la normativa vigente. f) Incumplir la obligación de transmitir a las autoridades competentes las grabaciones del diario de a bordo electrónico, según la normativa vigente. La identificación incorrecta o ausencia de identificación en las cajas o embalajes de las especies a bordo.
Incumplir la obligación de comunicar los desplazamientos, los transbordos, el preaviso de llegada a puerto, las capturas que se lleven a bordo o la ausencia de las mismas y la información sobre esfuerzo pesquero, según lo exigido en la normativa vigente.
No tener operativos o encendidos los dispositivos de control, así como las actuaciones voluntarias de manipulación, apagado, alteración, daño o interferencia en sus comunicaciones o funcionamiento.
La falta de envío de posiciones manuales de localización cuando así lo estipule la normativa vigente.
Eliminar, alterar, ocultar o encubrir pruebas que puedan obtenerse en el transcurso de las labores o procedimientos de control e inspección. l) Las acciones u omisiones que perturben, obstruyan o impidan el ejercicio de las funciones de inspección o vigilancia.
El ejercicio o realización de actividades de pesca sin disponer de licencia o de las correspondientes autorizaciones, cuando no sea falta leve de acuerdo al artículo 78.3.
El incumplimiento grave de las normas vigentes sobre modalidades de pesca.
El cambio de modalidad de pesca sin contar con la preceptiva autorización.
El ejercicio o la realización de actividades de pesca profesional o recreativa sin estar incluido en el censo específico correspondiente.
El ejercicio de actividades de pesca en fondos prohibidos, en caladeros, zonas o períodos de tiempo no autorizados o en zonas de veda. g) El ejercicio de pesca recreativa en zonas protegidas o vedadas. h) El incumplimiento de las normas relativas al esfuerzo pesquero o de tiempo de calamento de los artes o aparejos.
La utilización o tenencia a bordo de boyas o balizas que no cumplan la normativa vigente, o cualquier otro incumplimiento de la normativa en materia de señalización.
El incumplimiento de la obligación de respetar las distancias mínimas para buques y artes establecidas en la normativa vigente.
La organización de concursos de pesca de recreo sin contar con la preceptiva autorización o incumpliendo gravemente las condiciones de la misma.
La captura de una cantidad de pesca por embarcación de más del doble del límite máximo diario autorizado.
El incumplimiento de las condiciones o características de los establecimientos autorizados de cultivos marinos.
La existencia en la embarcación de motores instalados con potencia superior a la máxima autorizada para la actividad pesquera.
La descarga de los productos de la pesca desde embarcaciones profesionales fuera de los puertos o lugares autorizados.
La realización de la primera venta de los productos de la pesca fuera de las lonjas pesqueras, centros o establecimientos autorizados de primera venta, salvo en los supuestos legalmente excepcionados.
La venta de productos de la pesca por parte de pescadores recreativos.
La superación del límite de capturas por parte de pescadores recreativos.
Cualquier incumplimiento no expresamente tipificado de las disposiciones reguladoras de las zonas protegidas o vedadas a la pesca o reservas marinas de interés pesquero.
La instalación o explotación de establecimientos de acuicultura sin la debida autorización o concesión.
La realización de actividades que causen daños graves a los recursos marinos.
La tenencia, el ofrecimiento al consumo, la comercialización o transporte de los productos de la pesca que no cumplan los requisitos determinados de trazabilidad o etiquetado.
El ejercicio de una actividad pesquera de artes menores o del marisqueo sin disponer de la preceptiva autorización.
En lo relativo a ordenación el sector pesquero y de comercialización de productos de la pesca, del marisqueo y de la acuicultura:
La comercialización de especies pesqueras incumpliendo la normativa sobre categorías de frescura y calibrado o sin contar con las autorizaciones necesarias o en condiciones distintas de las establecidas en dichas autorizaciones.
La realización de operaciones de construcción o modernización de buques pesqueros al margen o incumpliendo las preceptivas autorizaciones de los órganos competentes de la comunidad autónoma.
La tenencia, la consignación, el transporte, el tránsito, el almacenamiento, la transformación, la exposición y la venta, en cualquiera de las formas previstas legalmente, de productos pesqueros prohibidos o de talla o peso inferiores a los reglamentarios.
El incumplimiento de la normativa vigente relativa a la potencia de los motores u otros parámetros establecidos para los buques respecto de cada caladero o modalidad de pesca.
El cambio de base del buque pesquero sin obtener previamente la correspondiente autorización administrativa, excepto supuesto de fuerza mayor.
La entrada o salida del puerto fuera del horario establecido para el ejercicio de la actividad pesquera, salvo que dichas maniobras tengan lugar como consecuencia de un estado de necesidad o fuerza mayor, sin perjuicio de las competencias de la autoridad portuaria.
La realización de actividades de venta de productos pesqueros en lugar o en forma no autorizados legalmente o incumpliendo los requisitos exigidos, así como la no expedición de la nota de venta, existiendo obligación de ello, o la inclusión de datos falsos en la misma.
El desembarque o descarga de especies y productos pesqueros en condiciones distintas de las establecidas.
La contratación de personal que no disponga del título o tarjeta profesional exigidos por la normativa vigente.
Permitir que la realización de una función o servicio a bordo sea llevada a cabo por alguien sin la debida titulación o la correspondiente dispensa.
La obtención, mediante fraude o documentación falsa, de un contrato para ejercer alguna de las funciones o desempeñar una determinada tarea para las cuales la normativa vigente prescribe la necesidad de hallarse en posesión de un determinado título o de la correspondiente dispensa.
La tenencia, consignación, transporte, tránsito, almacenamiento, transformación, exposición y venta, en cualquiera de las formas previstas legalmente, de productos pesqueros que no cumplen los requisitos de
trazabilidad, etiquetado, higiene o información al consumidor exigidos por la normativa vigente.
En los supuestos en los que pueda darse la concurrencia de sanciones, se estará a lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico del sector público.
El uso de artes, aparejos o instrumentos no autorizados o de medidas no reglamentarias, así como la captura de especies protegidas, vedadas o de tamaño inferior al establecido cuando se cometan en zonas protegidas o vedadas.
El uso o vertido de substancias venenosas, corrosivas, explosivas o contaminantes en el ejercicio de la actividad pesquera, o su mantenimiento a bordo con fines pesqueros.
La introducción de especies marinas vivas en establecimientos o en aguas del litoral de la Comunitat Valenciana, sin cumplir con los requisitos que reglamentariamente se determinen.
Las infracciones contempladas en el apartado 2.f del artículo anterior, cuando se refieran a especies con medidas de conservación u ordenación específicas.
El ejercicio o realización de actividades profesionales de pesca marítima sin estar incluido en el censo de la flota pesquera operativa. g) La realización de actividades con el objeto de impedir el derecho al ejercicio de la actividad pesquera.
La presentación de documentos, datos, circunstancias o información falsos para la obtención de autorizaciones, permisos o licencias de cualquier clase.
La presentación de documentos, datos, circunstancias o información falsos para la obtención de ayudas públicas a la actividad pesquera, así como destinar las mismas a fines distintos de los previstos.
La resistencia, desobediencia u obstrucción grave a las autoridades competentes en materia de pesca marítima, agentes y observadores que actúen por delegación o en virtud de cualquier otra forma jurídica prevista en derecho, impidiendo el ejercicio de su actividad.
La obtención de las autorizaciones precisas en base a documentos o informaciones falsas.
Toda conducta tipificada como grave, cuando suponga un incumplimiento de las obligaciones establecidas en virtud de convenios, acuerdos, tratados internacionales o normas de terceros países, que estén relacionadas con actividades de pesca de buques apátridas, buques con pabellón de países calificados reglamentariamente como de abanderamiento de conveniencia o buques de países terceros identificados por las organizaciones regionales de ordenación pesquera u otras organizaciones internacionales por haber incurrido en actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada o contrarias a las medidas de conservación y gestión de los recursos pesqueros.
En los supuestos en los que pudiera darse la concurrencia de sanciones, se estará a lo previsto en la legislación básica estatal en materia de régimen jurídico del sector público.
CAPÍTULO III Artículos 81 a 89
Asignación de puntos conforme a la normativa en vigor.
Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras durante un período no superior a dos años.
Incautación y destrucción de artes, aparejos o útiles de pesca prohibidos o que infrinjan la normativa vigente.
Decomiso de productos o bienes.
Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones, licencias o permisos.
Imposibilidad de obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas.
Inmovilización temporal del buque.
Suspensión del estatuto de operador económico autorizado.
Reducción o anulación de los derechos o posibilidades de pesca.
Las sanciones recogidas en el apartado anterior podrán ser acumulables, con las siguientes salvedades:
La inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras no podrá ser superior a un período de tres años en caso de infracciones graves, y de cinco años en caso de infracciones muy graves.
La incautación de artes, aparejos o útiles de pesca podrá aplicarse en caso de infracciones muy graves e infracciones graves relativas a las especies, y relativas a los artes, aparejos, útiles, instrumentos y equipos de pesca.
La suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones, licencias o permisos no podrá ser superior a un período de tres años en caso de infracciones graves.
La imposibilidad de obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas no podrá ser superior a un período de tres años en caso de infracciones graves.
La incautación del buque solo podrá aplicarse en caso de infracciones muy graves.
La reducción o anulación de los derechos o posibilidades de pesca podrá aplicarse en caso de infracciones muy graves e infracciones graves relativas al control e inspección de la actividad pesquera, y relativas a las especies.
Con independencia de las que puedan corresponder en concepto de sanción, el órgano sancionador podrá acordar la imposición de multas coercitivas con arreglo a lo dispuesto en la legislación básica estatal en materia de procedimiento administrativo común, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente. La cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20 % de la multa fijada por la infracción correspondiente.
Las infracciones leves serán sancionadas con advertencia o multa hasta 600 euros o, en caso de embarcaciones de pesca profesional, suspensión temporal de la actividad pesquera del barco entre un día y una semana.
Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 601 a
60.000 euros o, en caso de embarcaciones de pesca profesional, suspensión temporal de la actividad pesquera del barco entre una semana y un mes.
60.001 a 600.000 euros o, en caso de embarcaciones de pesca profesional, suspensión temporal de la actividad pesquera del barco entre un mes y dos años.
Por la comisión de infracciones muy graves podrán imponerse, en concurrencia con la de la multa, las siguientes sanciones, según proceda: a) Suspensión temporal de la actividad pesquera del buque o de las funciones de capitán o patrón, según que la responsabilidad de la infracción sea del armador o de estos.
Suspensión temporal de la actividad acuícola.
Las sanciones de suspensión temporal se impondrán por un tiempo no superior a dos años ni inferior a tres meses.
En el caso de infracciones graves dicha retirada no podrá exceder de un año ni ser inferior a tres meses.
En el caso de infracciones muy graves no podrá exceder de tres años ni ser inferior a seis meses.
El pago voluntario con reducción de la sanción pecuniaria será aplicable a las multas impuestas por infracciones administrativas en materia de pesca marítima en aguas interiores de carácter leve o grave cuyo importe no supere los 15.000 euros.
En el supuesto de procedimientos sancionadores seguidos por la comisión de más de una infracción, no será aplicable esta reducción a ninguna de las sanciones pecuniarias si la suma de las mismas supera los 20.000 euros.
En ningún caso será aplicable esta reducción, cuando en la resolución sancionadora se hayan asignado puntos, de conformidad con la normativa vigente.
El pago voluntario realizado bajo las condiciones y plazos fijados en la presente ley, conllevará las siguientes consecuencias:
La reducción del 30 por ciento del importe de la multa impuesta en la resolución sancionadora.
La reducción del 50 por ciento del importe de la multa impuesta en aquellos procedimientos finalizados conforme a lo dispuesto en el artículo 29.1 del Real decreto 182/2015, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento del régimen sancionador en materia de pesca marítima en aguas exteriores.
Destino del importe de las sanciones pecuniarias en materia de pesca marítima.
CAPÍTULO IV Artículos 90 y 91
Las infracciones administrativas previstas en la presente ley prescribirán: en el plazo de tres años, las muy graves; en el de dos años, las graves, y en el de un año, las leves.
Para el cómputo de los plazos de prescripción de infracciones se estará a lo que determina la legislación del procedimiento administrativo común.
La prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento, considerándose a estos efectos la fecha en la que el interesado sea notificado de la resolución de iniciación correspondiente, volviendo a transcurrir el plazo si el expediente permaneciere paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
CAPÍTULO V Artículos 92 a 104
Las sanciones por la comisión de las infracciones previstas en la presente ley se impondrán de acuerdo con el procedimiento regulado en este capítulo.
En cualquier momento del procedimiento en que los órganos competentes para resolver aprecien, en su caso previa moción razonada del instructor, que los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo pondrán en conocimiento del ministerio fiscal.
El procedimiento sancionador se suspenderá cuando por los mismos hechos, sujetos y fundamentos se sigan actuaciones judiciales penales, hasta tanto recaiga resolución judicial.
Las autoridades competentes en materia de pesca marítima y los agentes y autoridades que actúen por delegación, podrán adoptar, desde el momento en que tengan conocimiento de la comisión de una presunta infracción, las medidas provisionales precisas, incluidas la suspensión de las autorizaciones de pesca, el apresamiento y la retención de la embarcación, y el decomiso de los artes de pesca, de las capturas pesqueras o de la carga en los supuestos de infracciones graves o muy graves, para asegurar, entre otras, la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción o garantizar los intereses generales.
En todo caso, tendrán la consideración de medidas provisionales las identificadas como medidas coercitivas en la normativa internacional y comunitaria contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
La adopción de estas medidas se realizará de forma motivada. Cuando resulte preciso, por razones de urgencia o de necesidad, las autoridades competentes adoptarán tales medidas de forma verbal, dando razón de su proceder, debiendo reflejar el acuerdo y su motivación por escrito a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en un plazo no superior a cinco días, dando traslado del mismo a los interesados.
Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, dentro del plazo de quince días desde su adopción. Las medidas adoptadas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
Las medidas provisionales se adoptarán basándose en un juicio de razonabilidad y eligiéndose aquella que menos dañe la situación jurídica de las personas interesadas.
Las autoridades y agentes encargados de la vigilancia e inspección en materia de pesca marítima, tanto a bordo de buques y aeronaves como en tierra, cuando sorprendan actos u omisiones que puedan ser constitutivos de infracciones tipificadas en esta ley, levantarán acta con expresión de los hechos y circunstancias relativos a la presunta infracción. Cuando afecte a buques en el mar interior, se indicará la posición concreta del mismo.
En dicha acta también se expresarán, en su caso, los apresamientos, incautaciones o decomisos cautelarmente procedentes, adoptándose en el momento del levantamiento de aquella las oportunas medidas de depósito, conservación o aseguramiento, cuyos gastos correrán a cargo del responsable de la infracción cuando sea efectivamente sancionado.
Una copia del acta será entregada al presunto infractor en el mismo acto de su levantamiento, si es posible, o, posteriormente, al notificarse la incoación del procedimiento.
Las actas de las autoridades y sus agentes a que se refiere el artículo anterior, tendrán la presunción de veracidad, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de acompañar todos los elementos probatorios que sean posibles.
Cuando para la apreciación de la comisión de la infracción sea determinante la situación de la embarcación en el mar, y esta se haya constatado mediante el empleo de medios técnicos desde tierra, buques o aeronaves, se indicarán expresamente las características de dichos medios.
El acta levantada será cursada sin dilación a los servicios territoriales de la conselleria competente en pesca marítima, en la que la dirección de dichos servicios incoará el procedimiento sancionador, instruyéndose de acuerdo con lo que disponen los artículos siguientes, según la gravedad de la infracción.
La incoación podrá también acordarse por denuncia de otras autoridades u órganos administrativos o de particulares.
En la resolución de iniciación del procedimiento, la dirección de los servicios territoriales resolverá sobre las medidas cautelares o de otra naturaleza.
En su caso, dispondrá:
Devolver al mar las especies vivas vedadas o de tamaño antirreglamentario o, en el caso de que ello no sea viable, entregarlas para consumo a un establecimiento benéfico; en ambos casos, se levantará la correspondiente acta.
Los buques apresados o retenidos serán liberados sin dilación, previa constitución de una fianza u otra garantía financiera legalmente prevista cuya cuantía será fijada por el órgano competente, mediante el correspondiente acto administrativo, no pudiendo exceder del importe de la sanción que pudiera corresponder por la infracción o infracciones cometidas. El plazo para la prestación de la fianza será de un mes desde su fijación, pudiendo ser prorrogado por idéntico tiempo y por causas justificadas. De no prestarse fianza en el plazo establecido, el buque quedará a disposición de la conselleria competente en materia de pesca y acuicultura que podrá decidir sobre su ubicación y destino de acuerdo con la legislación vigente.
Los artes, aparejos o útiles de pesca antirreglamentarios decomisados serán destruidos. Los reglamentarios decomisados serán devueltos al interesado, previa constitución de fianza u otra garantía financiera legalmente prevista, según los mismos términos, procedimiento y consecuencias expresados en el apartado anterior.
Las capturas pesqueras o productos de la pesca decomisados, cuando sean aptos para el consumo, podrán:
En caso de capturas pesqueras decomisadas no aptas para el consumo, se procederá en todo caso a su destrucción, salvo fundados motivos de carácter medioambiental, museístico, científico, educativo o turístico.
Los gastos derivados de la adopción de medidas provisionales y cautelares, o de las sanciones, en su caso, correrán a cargo del presunto infractor o infractores.
Los capitanes y patrones, o las personas interesadas que dirijan las actividades pesqueras, serán notificados junto con el titular de la licencia de pesca con el que prestaran su servicio, así como cualesquiera que pudieran ostentar la condición de interesado, de acuerdo a lo que determina la legislación de procedimiento administrativo común.
La conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura, en relación a los actos que deban ser notificados por la administración autonómica en el marco de los procedimientos sancionadores en materia de pesca marítima, podrá establecer la utilización obligatoria de medios electrónicos para aquellos interesados que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación u otros motivos que se desarrollen reglamentariamente tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.
Cuando la dirección de los servicios territoriales estime que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve se tramitará el procedimiento conforme a lo dispuesto en este artículo.
La iniciación se producirá por acuerdo de la dirección de los servicios territoriales, en el que se identificarán los sujetos presuntamente responsables, se expondrán sucintamente los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su calificación como infracciones leves y las sanciones que pudiesen corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. En el mismo acuerdo se procederá al nombramiento del instructor, con expresa indicación del régimen de su recusación, y se indicará el órgano competente para resolver. Se expresarán también, en su caso, las medidas provisionales que se adopten, sin perjuicio de las que puedan acordarse durante la tramitación. En el caso de que existieran medidas provisionales adoptadas antes de la iniciación del procedimiento, se realizará un pronunciamiento expreso acerca del destino de las mismas, su mantenimiento, modificación o levantamiento. En el mismo acuerdo se hará indicación del derecho a formular alegaciones, práctica de diligencias y proposición de pruebas en los términos que resultan del apartado siguiente.
En el plazo de diez días a partir de la comunicación y notificación del acuerdo de iniciación, el órgano instructor y los interesados efectuarán, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos e informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de la prueba admitida.
Transcurrido dicho plazo, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución. En el supuesto de que entienda que los hechos pueden ser constitutivos de infracción grave o muy grave, propondrá acomodar el procedimiento a los trámites previstos en el artículo 101, lo que se notificará a los interesados para que, en el plazo de cinco días, puedan alegar lo que estimen conveniente.
Formulada la propuesta de resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para la correcta determinación de los hechos o para la adecuada resolución del procedimiento. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados y practicadas las mismas se concederá a estos un nuevo trámite de audiencia y vista del expediente por término de ocho días.
El procedimiento sancionador por infracciones leves deberá ser resuelto y debidamente notificada la resolución sancionadora en el plazo
máximo de seis meses desde que se inicie. Transcurrido dicho plazo, se declarará la caducidad de las actuaciones, sin perjuicio de que el órgano competente pueda acordar el inicio de un nuevo procedimiento en tanto no haya prescrito la infracción.
Cuando, al tiempo de iniciarse el procedimiento sancionador, el órgano competente dispusiese de todos los elementos que permitan formular la propuesta de resolución, esta se incorporará al acuerdo de iniciación.
Dicho acuerdo se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto y se notificará a los interesados, entendiendo como tales la persona o personas presuntamente responsables de la infracción.
En la notificación se advertirá expresamente a los interesados que, de no formular alegaciones ni aportar nuevos documentos o elementos de prueba en un plazo de quince días, podrá dictarse la resolución de acuerdo con dicha propuesta.
La tramitación abreviada prevista en este precepto podrá aplicarse únicamente a las infracciones leves.
Cuando los hechos puedan ser constitutivos de infracción grave o muy grave, el director de los servicios territoriales dictará una providencia de incoación en la que designará al instructor del procedimiento. Este notificará a los interesados dicha incoación y su nombramiento, la identidad de la autoridad competente para imponer la sanción, la norma que atribuye tal competencia, los hechos que se les imputa y las infracciones que pueden constituir, y les concederá un plazo de diez días para que formulen cuantas alegaciones y propongan los medios de prueba que estimen pertinentes.
A la vista del acta y de las alegaciones, la instrucción acordará la práctica de cuantas pruebas o diligencias estime necesarias.
El instructor formulará después la propuesta de resolución, que notificará a los interesados para que aleguen cuanto estimen conveniente a su defensa, en plazo de ocho días. Transcurrido el mismo, remitirá el expediente con su propuesta y, en su caso, con las alegaciones del interesado, al órgano competente para resolver.
El procedimiento sancionador para la imposición de sanciones como consecuencia de infracciones graves y muy graves se tramitará y resolverá en el plazo de un año.
Cuando la resolución sea sancionadora, junto con las sanciones que se impongan, se acordará la destrucción de los artes, aparejos e instrumentos decomisados que sean calificados de antirreglamentarios y se levantará la oportuna acta de su ejecución. Los reglamentarios serán devueltos o, en su caso, cancelada la fianza, una vez acreditado el pago de la multa impuesta.
Cuando, por cualquier causa, el procedimiento termine sin resolución sancionadora, se devolverán al interesado los bienes decomisados, siempre y cuando se pueda proceder a ello de acuerdo a la normativa aplicable, y a cancelar la fianza.
La competencia para la imposición de las sanciones previstas en esta ley corresponderá a:
La persona titular de la conselleria competente en materia de pesca marítima y acuicultura cuando, en el caso de infracciones muy graves.
La dirección general competente en materia de inspección marítima, respecto de las infracciones graves.
La dirección de los servicios territoriales competente en materia de pesca marítima en cuyo ámbito se cometa la infracción cuando sea leve.
La autoridad u órgano competente para imponer la sanción propuesta resolverá igualmente, en todo caso, cuando aprecie que deba ser la multa de inferior cuantía o por infracción de menor gravedad a aquellas para las que es competente de conformidad con las reglas del apartado anterior.
Destino del decomiso de los artes, aparejos y útiles de la pesca o de las capturas pesqueras, productos de pesca o de los productos o bienes obtenidos como medida provisional.
Los artes, aparejos o útiles de pesca antirreglamentarios decomisados serán destruidos, salvo que tengan un valor histórico o patrimonial, caso en que se pueden entregar a entidades sin ánimo de lucro. Los reglamentarios decomisados serán devueltos al interesado, previa constitución de una fianza u otra garantía financiera prevista normativamente cuya cuantía será fijada por el órgano competente, mediante el correspondiente acto administrativo, no pudiendo exceder del importe de la sanción que pudiera corresponder por la infracción o infracciones cometidas. El plazo para la prestación de la fianza será de un mes desde su fijación, pudiendo ser prorrogado por idéntico tiempo y por causas justificadas. De no prestarse fianza en el plazo establecido, los artes, aparejos o útiles de pesca reglamentarios quedarán a disposición de la conselleria competente, que podrá decidir sobre su destino de acuerdo con la legislación vigente.
Las capturas pesqueras o productos de pesca decomisados, en el supuesto de que tuvieran posibilidades de sobrevivir, deberán devolverse al medio marino sin dilación. En caso contrario, cuando sean aptos para el consumo, podrán:
Preferentemente, venderse en lonja o lugar autorizado, quedando el importe de dicha venta en depósito a disposición del órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador.
Con carácter subsidiario, y cuando no sea posible la venta en lonja, distribuirse entre entidades benéficas y otras instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro, así como entidades que, pese a no tener carácter humanitario, realicen de manera puntual este tipo de servicio.
Como última opción, y únicamente en los casos en que ninguna de las opciones anteriores sea posible, se categorizarán como subproductos animales no destinados al consumo humano, y se tratarán conforme a la normativa que les sea de aplicación, salvo que, en todo caso, proceda su destrucción.
Los gastos derivados de la adopción de medidas provisionales y cautelares, o de las sanciones, en su caso, correrán a cargo del presunto infractor.
Sin perjuicio de la adopción de las disposiciones o resoluciones necesarias para su mejor adecuación a lo dispuesto en el capítulo III del título II de la presente ley, se considerarán zonas protegidas de interés pesquero del litoral marítimo de la Comunitat Valenciana las zonas siguientes:
La zona de reserva marina sobre las aguas próximas circundantes a la isla de Tabarca.
La zona de reserva marina en el entorno del cabo de San Antonio
Las zonas declaradas por el Decreto 219/1997, de 12 de agosto, del Consell, por el que se declaran zonas protegidas de interés pesquero. d) Las zonas de los arrecifes artificiales autorizados en las aguas interiores de la Comunitat Valenciana en las que estén vigentes las medidas limitativas de la actividad pesquera.
La zona de aguas interiores comprendida en la reserva natural marina de Irta (Decreto 108/2002, de 16 de julio, del Consell).
Las zonas vedadas para el marisqueo en el marco de aplicación del Plan de gestión del marisqueo de moluscos bivalvos.
De conformidad con el artículo 35 de la presente ley, las zonas a, b y e del apartado anterior quedan calificadas como reservas marinas de interés pesquero.
Se reconocen como cofradías de pescadores y como federaciones de las mismas en la Comunitat Valenciana las existentes a la entrada en vigor de esta ley.
Sus estatutos deberán adaptarse a lo dispuesto en el título IX de la presente ley, para lo que las cofradías y sus federaciones aprobarán los proyectos y los remitirán a la conselleria competente en materia de pesca marítima, para su ratificación, antes de un año desde la aprobación de la presente ley.
ANEXO I Especies sujetas a marcaje
Nombre científico Nombre común en valenciano
Sciaena umbra Corb Corball de roca/Corball Corvallo/Corvina negra Scorpaena scrofa Cap-roig/Escorpa roja Gallineta/Cabracho Seriola dumerili Verderol/Cerviola Lechola/Serviola Umbrina cirrosa Reig Verrugato
DECRETO FORAL 36/1999, de 8 de febrero, por el que se declara urgente, a efectos de expropiación forzosa, la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de la obra para creación una zona de riego en el paraje 'Sasos del Salazar' de Lumbier.
DECRETO FORAL 38/2001, de 19 de febrero, por el que se modifica el Decreto Foral 381/2000, de 26 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con la prevención de la encefalopatía espongiforme bovina en el ganado bovino de Navarra.