Source: https://www.elderecho.com/tribuna/civil/reestructuracion-hipotecaria-Real-Decreto-Ley-hipotecarios_11_397180005.html
Timestamp: 2018-07-19 00:19:19
Document Index: 166820862

Matched Legal Cases: ['artículo 140', 'artículo 105', 'Artículo 140', 'artículo 3', 'artículo 129', 'Artículo 13']

2.- Vías de solución que ofrece la norma ante las dificultades de pagar las cuotas del préstamo hipotecario.
a) Personas afectadas por la aplicación de las medidas.
b) Medidas aplicables para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual
c) Moderación de los intereses moratorios
d) Aprobación de un Código de Buenas Prácticas para su llevanza en las entidades bancarias para estos supuestos.
e) Evitación del fraude para la consecución de los beneficios contemplados en el Real Decreto Ley 6/2012.
f) Procedimiento de ejecución extrajudicial
g) Acceso al alquiler de las personas afectadas por desahucios y sujetas a medidas de flexibilización de las ejecuciones hipotecarias
De nuevo y de forma consecutiva el Gobierno aprovecha y utiliza la vía de urgencia del Real Decreto ley 6/2012 de 9 de Marzo para afrontar la solución y resolución de un problema que está afectando a multitud de familias en este país. Así, tras la aprobación del Real Decreto Ley 5/2012, de 5 de Marzo (B.O.E. de 6 de Marzo) de mediación en asuntos civiles y mercantiles para introducir un canal procedimental extrajudicial, e incluso intrajudicial, para la resolución de conflictos entre particulares al remitirlos a la mediación, aunque siempre voluntaria, se publica cuatro días después (B.O.E. de 10 de Marzo) un nuevo Real Decreto ley que se circunscribe a una materia con alto contenido social y sobre el que ya se habían alzado voces desde que el pasado 2011 muchos afectados por las ejecuciones hipotecarias y muchas organizaciones de consumidores y otras creadas para evitar y paralizar los procedimientos de ejecución hipotecaria de los bancos se habían pronunciado ante la creciente situación de muchas familias que se habían quedado sin recursos económicos suficientes para afrontar el pago de las mensualidades de las cuotas del préstamo hipotecario que concertaron hace cinco o seis años. Y ello, porque por entonces tenían unas condiciones de trabajo y personales que posiblemente les permitían suscribir pólizas de préstamo hipotecarias ante la casi absoluta seguridad de que estarían en condiciones de afrontar su pago.
Este Real Decreto Ley lo que pretende es dar facilidades a familias con problemas en el pago de la hipoteca a través de la aplicación a los préstamos o créditos de una carencia en la amortización de capital y una reducción del tipo de interés durante cuatros años y la ampliación del plazo total de amortización para concluir, si las medidas que propone la norma aprobada no fructifican, incluso en una dación en pago de la deuda con el inmueble, y pudiendo las familias permanecer en su vivienda durante de un plazo de dos años satisfaciendo una renta adecuada, lo que les permitiría un cierto respiro hasta que puedan encontrar trabajo, pero sin la pérdida de la vivienda que en la actualidad se está produciendo.
Así las cosas, el transcurso de los años y el advenimiento de la crisis económica ha conllevado que entre los cinco millones de parados existan muchas personas, una gran mayoría, que se encontraban en la personal situación de haber suscrito préstamos hipotecarios con entidades bancarias y que en la actualidad se encuentran, no limitados, sino imposibilitados, de hacer frente al pago de las cuotas del préstamo al haber perdido el puesto de trabajo, en muchos casos los dos miembros de la pareja, y no poder atender estas cuotas.
Sin embargo, la situación actual determina que mientras que las entidades bancarias acuden al procedimiento de ejecución hipotecaria para poder recuperar el inmueble ante la falta de pago, se están llevando a cabo paralizaciones de estas ejecuciones ante la existencia de movimientos de presión que consiguen detener estas ejecuciones judiciales. No obstante, no es este el camino a seguir, sino el de la adecuación normativa a la realidad social y económica que se vive en estos momentos en España, ya que como apunta la propia Exposición de Motivos del Real Decreto Ley 6/2012 “Resulta dramática la realidad en la que se encuentran inmersas muchas familias que, como consecuencia de su situación de desempleo o de ausencia de actividad económica, prolongada en el tiempo, han dejado de poder atender el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los préstamos o créditos hipotecarios concertados para la adquisición de su vivienda”.
En este estado de cosas, en una de las materia donde más se está reflejando los efectos de la crisis es precisamente en la pérdida de la propiedad y la posesión de los inmuebles por los ciudadanos, bien porque como consecuencia de los efectos de la crisis y la pérdida de sus puestos de trabajo se han quedado unos sin la posesión de los inmuebles al ser desahuciados por dejar de pagar las rentas, o bien, otros, por haber perdido la propiedad y posesión de los mismos por no haber hecho lo propio con las cuotas correspondientes al préstamo hipotecario. Y las cifras de las ejecuciones de los préstamos hipotecarios ante los impagos nos dan una clara medida y son espejo de lo que está ocurriendo en este país desde el año 2007 en el que empezó la crisis galopante que nos azota, ya que se ha pasado de las 25.000 ejecuciones hipotecarias en el año 2007, comienzo de la crisis, hasta las brutales cifras de 93.000 en el año 2009 y otras tantas en 2010, para descender en 2011 a 75.000, quizás, como apuntan algunos, porque…ya queda menos que recuperar ante la avalancha inicial de estas ejecuciones. Y a ello le añadimos los casi 63.000 desahucios por falta de pago de las rentas al año.
Por ello, este Real Decreto ley da un cierto respiro a muchas familias, porque si al final de las facilidades de amortización del préstamo hipotecario que ahora les va a dar el banco se siguen teniendo problemas de pago se abre una última vía de la dación en pago del inmueble para, entregándolo, cancelar la deuda. Pero, eso sí, sin un desahucio inmediato, sino que en este último caso, las familias podrán permanecer en su vivienda durante de un plazo de dos años satisfaciendo una renta que puedan pagar, lo que evitará un desahucio inmediato y les dejará un margen importante de tiempo para encontrar una solución sin tener que irse a la calle.
En este estado de cosas, en una de las materias donde más se están reflejando los efectos de la crisis es precisamente en la pérdida de la propiedad y la posesión de los inmuebles por los ciudadanos. En este sentido, si comprobamos las cifras que nos ofrece el CGPJ desde el año 2007 en ejecuciones hipotecarias observaremos una realidad aplastante como contemplamos en el siguiente cuadro.
Con esta tabla notamos, que 2009 y 2010 supuso el tope en cuanto a esta ejecución hipotecaria, con cierto descenso en el año 2011, pero quizás, como señalan algunos, porque prácticamente se había ejecutado ya toda la situación de impago y la bolsa más importante radicaba en los primeros años de la crisis, al actuar el banco de forma urgente en cuanto se dejaban de pagar las cuotas y por el expeditivo procedimiento de la ejecución hipotecaria. En cualquier caso, nótese que del año 2007 al 2009 supone una elevación de 75.000 ejecuciones hipotecarias, algo nunca visto en las cifras estadísticas del Poder Judicial. Y si a esto, como antes hemos señalado, le añadimos las cifras de unos 63.000 procedimientos de desahucio al año por falta de pago de las rentas nos encontraremos con dos procedimientos en los que muchos ciudadanos están perdiendo tanto la propiedad en el primer caso, como la posesión en el segundo de entre los que se encuentran en esta bolsa de los cinco millones de parados. Ello comporta que no se haya tratado de una dejación voluntaria en el pago, sino en una imposibilidad de llevarlo a cabo.
Esta reforma implica una colaboración de las entidades bancarias en la asunción de los problemas de estas familias que se encuentran en una situación involuntaria de asumir sus obligaciones de pago, pero sin que ello suponga, como recoge la Exposición de Motivos, “deteriorar los elementos fundamentales de la garantía hipotecaria, sobre cuya seguridad y solvencia se viene asentando históricamente nuestro sistema hipotecario.” Así las cosas, las posibilidades de aplicación del Real Decreto no les afectan a todos los ciudadanos, sino que la mayoría de las medidas serán de aplicación a quienes se encuentren situados en el denominado umbral de exclusión. Por ello, se ha determinado que los beneficiarios sean personas que reúnan dos circunstancias conjuntas, a saber:
1.-Que estén en situación profesional y patrimonial que les impida hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones hipotecarias y
2.- Que estén en elementales necesidades de subsistencia.
Es decir, que no se trata de un trato preferente a todos los ciudadanos, sino que se viene a fijar en primer lugar a quien afecta, y luego sobre este paquete de personas cómo se lleva a cabo. Pero, además, se exige que las entidades bancarias suscriban la aceptación del Código de Buenas Prácticas que figura como Anexo en el Real Decreto ley y que se acredite el cumplimiento de los requisitos mediante la aportación de la documental necesaria para tener derecho a los privilegios que se conceden en la norma. Veamos.
En el art. 3 del R.D. 6/2012 se fija que “se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando concurran en ellos todas las circunstancias siguientes:
a) Que ﻿todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas derivadas del trabajo o de actividades económicas﻿. A estos efectos se entenderá por “unidad familiar” la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos con independencia de su edad que residan en la vivienda.
Quiere esto decir que se trata de un requisito circunscrito a la existencia de un umbral de pobreza tal que haga realmente imposible satisfacer la deuda hipotecaria, y que como consecuencia de ellos se vean abocados en esa familia a comprobar cómo más tarde o temprano se acabará ejecutando la hipoteca perdiendo el inmueble y manteniendo todavía una deuda con el banco además de perder la vivienda.
Lo cual será lógico si se cumple el apartado a).
Se trata de una medida un tanto restrictiva, ya que no siempre la tenencia de bienes o derechos patrimoniales suficientes puede dar lugar a que se puedan ejecutar o transformar en dinero para hacer frente al pago de la deuda, con lo que en muchas ocasiones existirán estos pero continuando siendo imposible afrontar el pago de las cuotas de la hipoteca.
Evidentemente, si se dispone de otra vivienda ya no existiría la necesidad de mantenerse en la que es objeto de la hipoteca y perdería la opción para entrar a disfrutar de las ventajas del Real Decreto Ley.
El cumplimiento de la acreditación de las circunstancias que les dan derecho a los ciudadanos a solicitar los beneficios previstos en el citado Real Decreto Ley se verifica siempre que se cumplan los que constan en el art. 3.2 (1) y que deberán aportar los ciudadanos ante la entidad bancaria.
Este umbral es sensible igualmente a la situación económica de los demás miembros de la unidad familiar, así como de los titulares de las garantías personales o reales que, en su caso, existiesen. Con ello, se establecen una serie de requisitos para acogerse a los beneficios contemplados en la norma y se adoptan también cautelas para impedir que pueda producirse un acogimiento fraudulento o abusivo a las medidas propuestas como veremos a continuación.
Las medidas aplicables se contemplan en un Código de Buenas Prácticas al que pueden adherirse voluntariamente las entidades bancarias, con lo que se trata de supuestos en los que las entidades tienen libertad para la aceptación del clausulado, aunque, como se trata de supuestos tan restrictivos en cuanto a las personas que pueden sujetarse a estas prerrogativas, la extensión de las mismas será limitada. Además, nótese que, y esto se importantísimo, ﻿en los tres últimos años se han ejecutado por falta de pago nada menos que 258.000 préstamos hipotecarios﻿ en nuestro país, lo que da una visión muy rápida de la losa de la crisis económica sobre los ciudadanos que han perdido su puesto de trabajo y que se han visto impotentes para hacer frente al pago de sus deudas. Con ello, el remanente que queda en esta situación es cada vez menor si se comprueba que ya en el año pasado se obtuvo un notable descenso en las ejecuciones hipotecarias de nada menos que 21.000, lo que evidencia que salvo que el número de parados se siga incrementando las cifras de quienes acudirán a estos procedimientos contemplados en el Real Decreto Ley serán menores si se tiene en cuenta que se ha acotado la legitimación en el art. 3 a los ciudadanos para solicitar que se les apliquen estos beneficios.
Pues bien, el propio Anexo del Real Decreto ley fija cuáles son las medidas previas a la ejecución hipotecaria para conseguir la reestructuración de deudas hipotecarias, a saber:
¿A quienes podrán aceptar las entidades bancarias que soliciten la reestructuración de la deuda hipotecaria?
En el Anexo se cita que:
Sin embargo, mantiene el Anexo un límite temporal, ya que “No podrán formular tal solicitud aquellos deudores que se encuentren en un procedimiento de ejecución, una vez se haya producido el anuncio de la subasta.”
¿Qué tienen que hacer los deudores para instar el procedimiento de reestructuración de la deuda hipotecaria?
Pues en los casos del art. 3 del Real Decreto ley deberán presentar una solicitud con la aportación de la documentación que prevé el art. 3.2, a saber:
Es decir, que se entiende que si este plan que prevé la letra b) es también inviable se pueden instar unas medidas complementarias que pasan, no por aplicar medidas de prórroga o facilitar el pago de la deuda con una refinanciación pero manteniendo la deuda exacta aunque aplazada y con mejores condiciones, sino una reducción de la misma. Así, se fijan las siguientes medidas complementarias:
Pero, aunque es la entidad bancaria la que tiene la facultad para aceptar o rechazar este plan de viabilidad al ser potestativo de esta, lo que sí es cierto que este concepto jurídico indeterminado que podría ser el de ﻿﻿inviabilidad del plan de reestructuración﻿﻿ se perfila y define para concretar que:
Sin embargo, el legislador viene a dar una medida de gracia en la admisión de esta posibilidad de quita cuando ya se ha producido el anuncio de la subasta, lo que equivale a decir que cuando se haya dado cumplimiento a lo previsto en el art. 667 LEC para anunciar la subasta la entidad ejecutante podría instar la suspensión si acepta esta quita, e incluso pueden acceder a ella quienes por presentar la vivienda cargas posteriores a la hipoteca no han podido instar la dación en pago del inmueble, lo que lleva consigo una reducción de la deuda con tal de poder afrontarla y no perder el inmueble. Así, vemos que en la letra c) se contempla que:
En cuanto a la introducción de la figura de la dación en pago (2) en el apartado 3º del Anexo se recoge que:
Se trata esta de una opción novedosa, ya que la actual regulación de la dación en pago se lleva a cabo en el artículo 140 LH que apunta que: No obstante lo dispuesto en el artículo 105, podrá válidamente pactarse en la escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados. En este caso, la responsabilidad del deudor y la acción del acreedor, por virtud del préstamo hipotecario, quedarán limitadas al importe de los bienes hipotecados, y no alcanzarán a los demás bienes del patrimonio del deudor.
Ahora bien, nótese que esta opción de la dación en pago no pactada con carácter previo en la constitución de hipoteca no es válida en todos los casos, sino, insistimos, solo en los casos de deudores comprendidos en los arts. 2 y 3 del Real Decreto ley y en este caso cuando hayan solicitado las medidas de reestructuración y ni estas ni las medidas complementarias, en su caso, resulten viables para poder afrontar el préstamo hipotecario, en cuyo caso, al menos, se saldaría la deuda con la entrega del inmueble. Por ello, se añade en la letra b) que:
Ahora bien, esta dación en pago tampoco conlleva una inmediata ejecución de la posesión por la entidad bancaria, sino que se le otorga un plazo de gracia al deudor para abandonarlo, erigiéndose como una especie de mecanismo temporal que le permita al deudor poder “coger oxígeno” para satisfacer su necesidad de vivienda, aunque pagándole una especie de renta arrendaticia en este caso al banco, ya que prevé la letra c) que:
Nótese que para que sea viable esta opción de la dación en pago con abono de una renta debe solicitarse la posibilidad de permanencia en el inmueble por periodo de dos años al momento de solicitar la dación en pago por no ser posible la asunción de las primeras medidas concedidas.
Por otro lado, si una vez la entidad bancaria pueda enajenar el inmueble existe una plusvalía se puede pactar una especie de comisión por la colaboración en la venta, ya que señala la letra d) que:
Sin embargo, hay que añadir que mientras que el plan de reestructuración podría ser solicitado por aquellos deudores que se encuentren en un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que ya se haya producido el anuncio de la subasta en materia de dación en pago no se permite, ya que la letra e) señala que:
Otra de las ventajas que se conceden a los deudores es la contemplada en el art. 4 (3) ya que se moderan los tipos de interés moratorios aplicables a los contratos de crédito o préstamo hipotecario. Esta reducción pretende disminuir la carga financiera generada en casos de incumplimiento por impago de los deudores protegidos.
El Código de Buenas Prácticas viene a disciplinar el mecanismo de voluntariedad al que pueden sujetarse las entidades bancarias y que se contempla en el Anexo del Real Decreto Ley (4)
El citado Código, como se apunta en la Exposición de Motivos, incluye tres fases de actuación. La primera, dirigida a procurar la reestructuración viable de la deuda hipotecaria, a través de la aplicación a los préstamos o créditos de una carencia en la amortización de capital y una reducción del tipo de interés durante cuatros años y la ampliación del plazo total de amortización. En segundo lugar, de no resultar suficiente la reestructuración anterior, las entidades podrán, en su caso, y con carácter potestativo, ofrecer a los deudores una quita sobre el conjunto de su deuda. Y, finalmente, si ninguna de las dos medidas anteriores logra reducir el esfuerzo hipotecario de los deudores a límites asumibles para su viabilidad financiera, estos podrán solicitar, y las entidades deberán aceptar, la dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda. En este último supuesto, las familias podrán permanecer en su vivienda durante de un plazo de dos años satisfaciendo una renta asumible.
Se establecen unas consecuencias de la aplicación indebida por el deudor de las medidas para la reestructuración de la deuda hipotecaria inmobiliaria, ya que recordemos que uno de los requisitos que se exigen en el art. 3.2.g) del Real Decreto Ley es el relativo a presentar una declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse situados en el umbral de exclusión según el modelo aprobado por la comisión constituida para el seguimiento del cumplimiento del Código de Buenas Prácticas.
Por ello, en el art. 7 se establecen las consecuencias de la posterior detección por la entidad bancaria del no cumplimiento de los requisitos del art. 3 para ser recipiendario de los derechos del Real Decreto mediante una manifestación dolosa de reunirlos falseando la realidad, lo que llevará unas consecuencias civiles y penales por la posible aportación de documentos falsos para conseguir un determinado beneficio (5). Resulta también llamativo que la entidad bancaria podrá acreditar esta situación de abuso si más tarde detecta que la posición del deudor de posicionarse en el umbral de “pobreza” ha sido provocada, para señalar en el apartado 3º que: incurrirá en responsabilidad el deudor que, voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en el umbral de exclusión con la finalidad de obtener la aplicación de estas medidas, correspondiendo la acreditación de esta circunstancia a la entidad con la que tuviere concertado el préstamo o crédito.
En materia procesal, en el art. 12 (6) se procede a simplificar y aclarar el procedimiento de ejecución extrajudicial previendo una subasta única y un importe mínimo de adjudicación y remitiendo a un posterior desarrollo reglamentario la regulación de la venta extrajudicial, posibilitando, entre otras medidas, la subasta on line.
A tenor de lo establecido en el art. 13 (7) se incorporan al colectivo de beneficiarios de las ayudas a inquilinos previstas en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2011, las personas que hubieran sido objeto de una resolución judicial de lanzamiento como consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria, así como las que suscriban contratos de arrendamiento como consecuencia de la aplicación de las medidas contenidas en el citado Código de Buenas Prácticas.
Por otro lado, y aquí sí sujeto tan solo a los que hayan seguido la aplicación del Código de Buenas Prácticas se establece un régimen especial (8) de los contratos que concierten las personas que hayan sufrido un lanzamiento como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria, pero en aplicación de los incluidos solo en el art. 3, no de cualquier deudor hipotecario. Por ello, es importante significar que estos beneficios y este régimen regulador en aplicación de normativa arrendaticia se aplica tan solo a los contemplados en el art. 3 del RD 6/2012 que no hayan podido cumplir finalmente con las medidas de reestructuración previstas, pero no a cualquier deudor hipotecario frente al que se haya dictado un lanzamiento, con lo que el espectro de aplicación de esta regulación es mucho más reducido.
En cualquier caso, si al final estos deudores son objeto de lanzamiento del inmueble por no haber fructificado las medidas aplicadas tendrán un régimen especial de arrendamiento previsto en la Disposición Adicional Única, pero siempre que se hagan constar en el contrato de arrendamiento que las especialidades de esta DA Única se aplican, ya que en cualquier caso el arrendador debe conocer que el arrendatario está incurso en estos derechos, pero entendemos que siempre y cuando se lo notifique previamente al arrendador y se haga constar en el contrato.
1.- 2. La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el apartado anterior se acreditará por el deudor ante la entidad acreedora mediante la presentación de los siguientes documentos:
2.- Ciertamente, la Ley Hipotecaria prevé en su Artículo 140 la posibilidad de pactar en la escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados. Llegado a este punto, la responsabilidad del deudor y la acción del acreedor como consecuencia del préstamo hipotecario quedarán limitadas al importe de los bienes hipotecados, y no alcanzarán a los demás bienes del patrimonio del deudor. Pero esta opción no se ha consolidado facticamente en modo alguno hasta la inclusión de esta vía en el RD 6/2012, ya que se prevé la dación de pago, siempre y cuando se pacte con la entidad crediticia o acreedor antes de formalizar el préstamo hipotecario, mientras que con la regulación ahora aprobada cabe ejecutarlo en momento posterior cuando el deudor se encuentre en el umbral económico que fija el art. 3 del Real Decreto Ley.
Recordemos que en la jurisprudencia española tenemos el antecedente único del AUTO Num 111/2010 (Enero de 2011) de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra en el que se ratifica la decisión de un juez que se niega a que un banco, que previamente había ejecutado la hipoteca y se había adjudicado el inmueble por el 50% del valor de tasación, continúe reclamando la deuda restante a la familia. El juez argumentó que el valor de la finca era suficiente para cubrir el principal del préstamo hipotecario e incluso superior a éste y que era el banco el que se la había quedado, por lo que resultaba "circunstancial" que en la subasta el valor fuera inferior y por lo tanto la ejecución solicitada "únicamente" podría continuar para costas e intereses. Además añadió que no se podía desconocer el origen, puesto que la causa de la crisis económica vendría dada por “la mala gestión del sistema financiero” y “las hipotecas basura”. Sin embargo, esta resolución ha sido aislada y no seguida por la jurisprudencia. Aun así, con esta reforma sigue sin estar permitida la dación en pago para el resto de casos, ya que solo se aplica a los específicamente contemplados en el RD ley 6/2012 para supuestos de personas en umbral de pobreza que cumplan los requisitos del art. 3. una vez tramitadas las medidas de reestructuración y las complementarias.
3.- Art. 4.1. En todos los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca inmobiliaria en los que el deudor se encuentre situado en el umbral de exclusión, el interés moratorio aplicable desde el momento en que el deudor acredite ante la entidad que se encuentra en dicha circunstancia, será, como máximo, el resultante de sumar a los intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 2,5 por cien sobre el capital pendiente del préstamo.
4.- Art. 5. El modelo de protección diseñado gira en torno a la elaboración de un código de buenas prácticas al que, voluntariamente, podrán adherirse las entidades de crédito y demás entidades que, de manera profesional, realizan la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
5.- Art. 7. 1. El deudor de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que se hubiese beneficiado tanto de las medidas de reestructuración establecidas en este capítulo como de las previsiones del Código de Buenas Prácticas sin reunir los requisitos previstos en el artículo 3, será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas de flexibilización, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta del deudor pudiera dar lugar.
6.- La ejecución extrajudicial de bienes hipotecados, regulada en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria y sujeta al procedimiento previsto en los artículos 234 a 236 o del Reglamento Hipotecario, se someterá a lo previsto en los apartados siguientes en aquellos casos en que el procedimiento se siga contra la vivienda habitual del deudor:
7.- Artículo 13. Preferencia para el acceso a las ayudas a los inquilinos.
8.- Disposición adicional única. Régimen especial de aplicación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, excepto a lo previsto en sus artículos 9 y 18, con las especialidades que se regulan a continuación.
Este artículo ha sido publicado en el "Boletín Contratación Inmobiliaria", el 1 de abril de 2012.