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Timestamp: 2017-03-27 04:50:43
Document Index: 188222200

Matched Legal Cases: ['Artículo 89', 'Artículo 134', 'Artículo 143', 'artículo 77', 'artículo 114', 'artículo 73', 'artículo 104', 'ARTÍCULO 75', 'artículo 6', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 76', 'artículo 75', 'ARTÍCULO 75', 'artículo 75', 'artículo 76', 'artículo 16', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 16', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 75', 'artículo 4', 'artículo 993', 'artículo 73', 'artículo 4']

http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/nombre_de_la_vista/241FF4134E7DBC76862580BF00709520/$File/Queja-325-2016-1.txt
San Luis Potosí, San Luis Potosí a 29 veintinueve de noviembre de 2016 dos mil dieciséis.
Visto para resolver los autos que conforman el expediente 325/2016-1 del índice de esta comisión, relativos al recurso de queja, interpuesto mediante el sistema Infomex contra actos de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, por conducto del RECTOR a través del TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, y
PRIMERO. Solicitud de información. El 20 veinte de abril de 2016 dos mil dieciséis, el hoy recurrente presentó su escrito de solicitud de información ante la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, misma que quedó registrada en el sistema infomex bajo el 00127016 y en la que pidió lo siguiente:
“DIRECCIÓN WEB EXACTA (…) O LINK AL DOCUMENTO EN CUALQUIER FORMATO (.PDF, .DOC, .EXE, ETC) QUE POR LEY DEBE ESTAR PUBLICADO EN SU PÁGINA WEB DONDE SE PUEDA LOCALIZAR EL MONTO AL QUE ASCENDIÓ EL TOTAL DE LA NÓMINA ANUAL DE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Y EL TOTAL EJERCIDO POR NÓMINA EN LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO” (sic). SEGUNDO. Respuesta del ente obligado. Según consta en el sistema Infomex, así como en las constancias que integran el presente expediente se advierte que el ente obligado a la fecha no ha dado respuesta a la solicitud de información del peticionario.
TERCERO. Interposición del recurso de queja. El 12 doce de mayo de 2016 dos mil dieciséis, esta Comisión recibió el recurso de queja interpuesto por el ahora quejoso, el cual se admitió y se tuvo como ente obligado a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, mediante el cual señaló:
“DEBIDO A LA FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA UASLP Y DE CONFORMIDAD CON: LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA
Artículo 89. Cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos garantes la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de esta Ley y demás disposiciones aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia. Artículo 134. PÁRRAFO 3
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado. Artículo 143.
I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normativa aplicable;
Articulo 75. Si transcurridos diez días hábiles de presentada la solicitud de información, la unidad de información pública no respondiere al interesado, se aplicará el principio de afirmativa ficta, y la autoridad estará obligada a entregar la información de manera gratuita, en un plazo máximo de diez días hábiles; salvo cuando se trate de información reservada o confidencial.”
CUARTO. Admisión del recurso. El 12 doce de mayo de 2016 dos mil dieciséis, este Órgano Colegiado dictó un proveído en el que admitió a trámite el presente recurso de queja; tuvo como Ente Obligado a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, por conducto del RECTOR a través del TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA; el Presidente de esta Comisión anotó y registró en el Libro de Gobierno el presente recurso con el numero 325/2016-1 INFOMEX; se requirió al Ente Obligado para que ofreciera las pruebas y argumentos que estimara convenientes relacionados con el presente recurso; así como que debería informar a esta Comisión de Transparencia si tenían la obligación legal de generar, administrar, archivar o resguardar la información solicitada; que de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia se le hizo saber al ente obligado que para en caso de que argumentara la inexistencia de la información al momento de rendir su informe, debería de remitir copia certificada de las constancias que acrediten las gestiones que ha realizado en relación con dicho numeral, lo anterior con independencia de las facultades con que cuenta este Órgano Colegiado en relación con dicho numeral; asimismo se le requirió para que manifestara si existía impedimento legal para el acceso o la entrega de la información solicitada y debía fundarlo en las hipótesis establecidas en los artículos 41 y 53 de la ley de la materia, es decir, cuando se tratase información reservada o confidencial; asimismo se le apercibió que en caso de no rendir el informe en la forma y términos requeridos se le impondrían en su contra las medidas de apremio establecidas en el artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; se les corrió traslado con la copia simple del escrito de queja y de sus anexos; se les previno para que señalaran persona y domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.
QUINTO. Informe. El 25 veinticinco de mayo de 2016 dos mil dieciséis, esta Comisión dictó un proveído mediante el cual esta Comisión tuvo por recibido el oficio sin número, signado por el Licenciado Luis Enrique Vera Noyola, Director de la Unidad de Información Pública de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por lo que se tuvo por rendido el informe requerido, se le tuvo por señalado persona y domicilio para oír y recibir notificaciones; de igual forma se estimó que se contaban con los elementos necesarios para resolver el presente recurso y por ende, se declaró cerrado el periodo de instrucción. Con fecha 21 veintiuno de junio de 2016 dos mil dieciséis, esta Comisión ordenó que agregara en su momento las constancias que acreditaran que se resolvió en definitiva el amparo indirecto 498/2016-V promovido contra actos del Pleno.
El 26 veintiséis de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, la Secretaria Ejecutiva de esta Comisión anexó al presente asunto diversas constancias que acreditan la resolución dictada dentro del amparo indirecto 498/2016-V seguido en el Juzgado Sexto de Distrito del Poder Judicial de la Federación, en la cual se sobreseyó el aludido medio control constitucional.
Asimismo, en el contexto del mismo proveído se tomo el cuenta que mediante decreto 0244 de fecha 30 treinta de junio de 2016 dos mil dieciséis se designó como Comisionado Presidente de esta Comisión, al Maestro Alejandro Lafuente Torres, quien asumió los asuntos relativos a la ponencia 1, por lo que se turnó de nueva cuenta el expediente a la ponencia del suscrito Comisionado Presidente Alejandro Lafuente Torres, titular de la ponencia uno para la elaboración de la presente resolución y, C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. El Pleno de esta Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública es competente para conocer y resolver el presente recurso de queja de conformidad con los artículos 6, párrafo cuarto, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 81, 82, 84, fracciones I y II, 99 y 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Estado así como los artículos 1, 2, 4 fracción IV, 6 fracciones I y II; 7, 9 y 10 fracción XXVIII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.
SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación bajo este análisis reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 100, 101, 102 y 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además se promovió dentro del término concedido por la norma, toda vez que esta Comisión advierte que la procedencia del presente recurso es acorde a lo dispuesto por el articulo 99 tercer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que el ente obligado no dio respuesta al solicitante dentro del término a que alude el artículo 73 de la citada ley, es decir, que a la fecha no ha otorgado una respuesta, lo que implica un silencio absoluto por parte de la autoridad.
TERCERO. Análisis del sobreseimiento. El Ente obligado no hizo valer causal alguna de sobreseimiento, además esta Comisión de manera oficiosa advierte que no se actualiza ninguna causal de sobreseimiento establecida en el artículo 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, por lo cual se procede al estudio de fondo del presente asunto. CUARTO. Estudio de fondo. Previo a abordar el fondo del presente asunto es importante asentar las siguientes consideraciones:
El ente obligado en su informe realizó diversas manifestaciones, las cuales esencialmente versan respecto de la adhesión al sistema Infomex a la que fue sujeto y que no mostró en algún momento su conformidad a dicha incorporación, y que además presentó contra dicho acto un juicio de amparo indirecto radicado bajo el número de expediente 498/2016 (seguido en el Juzgado Sexto de Distrito del Poder Judicial de la Federación) y que para el caso de que éste fuera resuelto de manera favorable implicaría para la Comisión desechar de plano el recurso, ya que supondría que la autoridad federal determinara la ilegalidad de la adhesión a que fue objeto la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y consecuencia de ello resultaría la imposibilidad de tener por adherido al ente obligado, es decir, que no sería posible vincular la solicitud de información con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Resulta que a fojas 27 y 28 del presente sumario, consta copia certificada por la Secretaria Ejecutiva de esta Comisión de la resolución emitida por la Juez Sexto de Distrito del Noveno Circuito que determinó sobreseer el juicio de amparo indirecto intentado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, lo que trae como consecuencia que el acto reclamado en el amparo no se desvirtuó, sino que por el contrario mantuvo sus efectos al no existir una determinación de fondo de la autoridad federal, por lo que es un hecho notorio que el ente obligado a través de una confesión pura y simple, reconoció el día en que se le hizo de conocimiento la incorporación que en su momento combatió y que es, sin lugar a dudas, de manera previa a que se formulara la solicitud de información materia del presente medio ordinario de defensa.
Por lo anterior, resulta posible para esta Comisión abordar el estudio del presente recurso, ello así ya que la autoridad federal sobreseyó el juicio de amparo indirecto promovido por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; en consecuencia, se procede al estudio de las constancias que integran el recurso de queja aquí intentado y que versa respecto de la falta de respuesta del ente obligado.
Del análisis de las constancias que integran el presente sumario, se desprende que en efecto el ente obligado no otorgó respuesta al solicitante por el Sistema Infomex, y así tampoco obra constancia que de certeza o genere convicción a esta Comisión de que le fue otorgada una respuesta al hoy quejoso. Resulta entonces pertinente invocar lo establecido en el acuerdo 401/2009 emitido por esta Comisión el cual establece:
“ACUERDO CEGAIP 401/2009: INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO. En atención al contenido de las fracciones III y IV, del segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y primer párrafo del 17 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, así como los artículos 2, fracción I, 10, 11, 73 y 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, que mencionan entre otras cosas, que al establecerse los mecanismos de acceso a la información se debe de atender a uno de los principios de esta garantía que es el de oportunidad, pues las Unidades de Información Pública de los Entes Obligados son quienes deben de realizar las gestiones internas dentro de la entidad pública para facilitar el acceso a la información y entregar la información requerida, que es dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud y esta regla tiene la excepción de que el plazo podrá ampliarse por otros diez días hábiles siempre que existan razones suficientes para ello y esta circunstancia sea notificada al solicitante, es decir que la intención del legislador local fue que la garantía de acceso a la información por medio de una solicitud fuera de la manera más pronta, pues en la exposición de motivos de la Ley de Transparencia de este Estado citó el principio cuarto de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger la libertad de expresión en las Américas, en respaldo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en el que se menciona que “Los pedidos de información deben procesarse con rapidez…” es decir, que dicha legislatura local en atención a lo anterior, plasmó el plazo con el que cuentan los Entes Obligados para dar contestación a las solicitudes de acceso a la información, que es de diez días hábiles e inclusive en su misma exposición de motivos además de dar los razonamientos de la creación de esta Comisión, plasmó las sanciones por infracciones a la Ley de Transparencia local, pues manifestó que “[…] no sólo existe la instancia independiente que supervise la corrección y oportunidad en que se proporcione la información, sino que haya sanción frente a la negativa de entregar ésta;…” esto es que, además de que el Ente Obligado debe de entregar la información que le fue pedida con toda oportunidad (diez días), empero para el caso de que omita hacerlo, tiene una sanción, que es la aplicación del principio de la “afirmativa ficta” que es precisamente la figura en la que recae en el ente obligado por no dar contestación oportuna a la solicitud de información dentro de un plazo establecido por la disposición jurídica (artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) de ahí que queda obligado por el simple transcurso del tiempo a otorgar la información solicitada de manera gratuita, dentro de un plazo máximo de diez días hábiles, que iniciará a partir de la notificación respectiva. Por ello, esta Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, además de los artículos ya invocados, en uso de las facultades que le confieren los preceptos 81, 82, 84, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de San Luis Potosí, interpreta el artículo 75 de esta última Ley, pues dado que de diversos asuntos que se han tramitado ante este Órgano Colegiado los Entes Obligados al momento de dar contestación a las solicitudes de acceso a la información, las respuestas son evasivas, incompletas, imprecisas, ambiguas o incongruentes o al negar la tenencia de la información, omiten justificar su pérdida, destrucción o inexistencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 76 de la Ley de la materia, o simplemente su negativa de entregar la información no la fundamentan, ni la motivan debidamente, lo que es una exigencia por mandato de l
a Constitución Federal; de ahí que al encontrarse en esos supuestos, se debe de aplicar el principio de “afirmativa 2 INTERPRETACIÓN DEL ART 75 DE LA LEY “CRITERIOS CEGAIP 2009” ficta”, pues el acceso a la información pública debe de ser de manera expedita de acuerdo a lo preceptuado, interpretando y tomando en consideración la intención del legislador local, de ahí que, la expresión “no respondiere al interesado” que se encuentra en el texto del referido artículo 75 de la Ley de la materia, no debe de entenderse sólo como la omisión, sino de la manera siguiente: ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, LA EXPRESIÓN “NO RESPONDIERE AL INTERESADO” NO DEBE DE ENTENDERSE DE MANERA ABSOLUTA, SINO TAMBIÉN CUANDO EN LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SEA OMISA, EVASIVA, IMPRECISA, INCOMPLETA, NO JUSTIFIQUE SU PÉRDIDA, DESTRUCCIÓN, INEXISTENCIA, O NO FUNDE Y MOTIVE SU NEGATIVA. De la interpretación del artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí la expresión “no respondiere al interesado” no debe de entenderse de manera absoluta, sino también cuando que de una solicitud de acceso a la información en la que contenga varios puntos, el Ente Obligado no se pronuncie sobre alguno de ellos, o bien cuando, el Ente Obligado por no incurrir en el supuesto de la afirmativa ficta conteste sólo por no caer en la omisión, esto es, que su contestación sea tan evasiva, imprecisa, incongruente o ambigua con lo que le fue solicitado o, que no justifique de una manera correcta y fehaciente la inexistencia o pérdida, destrucción, inexistencia de la información de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la referida Ley de Transparencia, además de que la negativa debe de estar debidamente fundada y motivada de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Federal, pues de lo contrario se debe de aplicar el principio de “afirmativa ficta” previsto el citado precepto 75”.
Derivado de la interpretación del principio de afirmativa ficta, que es la figura en la que recae el ente obligado por no dar contestación oportuna a la solicitud de información dentro del plazo establecido por la disposición jurídica (10 días hábiles), de ahí que queda obligado por el simple transcurso del tiempo a otorgar la información solicitada de manera gratuita, dentro de un plazo máximo de diez días hábiles.
No obstante dentro de esa misma interpretación, esta Comisión en uso de las facultades que le confiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y derivado de que diversos asuntos que se han tramitado ante este Órgano Colegiado los entes obligados al momento de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información lo han realizado de manera evasiva, incompleta, imprecisa, ambigua, o incongruente o al negar la tenencia de la información, omiten justificar su perdida, destrucción o inexistencia, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de la Materia, o simplemente su negativa de entregar la información no la fundamentan, ni la motivan debidamente, lo que es una exigencia por mandato de la Constitución Federal; de ahí que al encontrarse en estos supuestos, se debe aplicar el principio de afirmativa ficta, pues el acceso a la información pública debe ser de manera expedita de acuerdo a lo preceptuado, interpretado y tomando en consideración la intención del legislador local.
Además, cuando el ente obligado por no incurrir en el supuesto de afirmativa ficta conteste solo por no caer en la omisión, esto es, que su contestación sea evasiva, imprecisa, incongruente o ambigua con lo que le fue solicitado o, que no justifique de una manera correcta y fehaciente la inexistencia o perdida, destrucción de la información de conformidad con el artículo 76 de la referida Ley de Transparencia, además de que la negativa debe estar debidamente fundada y motivada de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Federal, pues de lo contrario debe aplicarse el principio de afirmativa ficta, previsto en el precepto 75 de la Ley de la Materia.
Caso concreto. Atento a lo anterior, como ya se estableció en párrafos anteriores en el caso que nos ocupa se actualiza el principio de afirmativa ficta contra el ente obligado.
Ahora bien, resulta necesario precisar que el recurrente solicitó a la Entidad Obligada la información siguiente:
“DIRECCIÓN WEB EXACTA (…) O LINK AL DOCUMENTO EN CUALQUIER FORMATO (.PDF, .DOC, .EXE, ETC) QUE POR LEY DEBE ESTAR PUBLICADO EN SU PÁGINA WEB DONDE SE PUEDA LOCALIZAR EL MONTO AL QUE ASCENDIÓ EL TOTAL DE LA NÓMINA ANUAL DE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Y EL TOTAL EJERCIDO POR NÓMINA EN LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO”
Por su parte, en su escrito de informe, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí señalo lo siguiente:
“Se aclara que la información solicitada, corresponde a información en posesión de la Auditoria Superior del Estado, por lo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no cuenta con la misma en conformidad a sus facultades y atribuciones...” (sic). Al respecto, cabe señalar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, en su artículo 71 establece lo siguiente:
“ARTICULO 71. De no corresponder la solicitud a la unidad de información pública, ésta deberá orientar a los peticionarios para canalizar la solicitud de manera debida a la oficina que corresponda”
De lo anterior, se desprende que la Ley de Transparencia faculta a los sujetos obligados para que, en caso de que un gobernado presente su solicitud de acceso a la información pública ante una Unidad de Información Pública que no corresponda, está deberá de orientar al solicitante para que sea el propio solicitante quien –con la autoridad correspondiente- presente dicha solicitud de manera debida a la oficina o sujeto obligado que fue orientado.
Por lo tanto, el hecho de que la Unidad de Información del sujeto obligado manifieste implícitamente en su escrito de informa la incompetencia y sugiera la competencia de algún otro sujeto obligado, no es una respuesta que actualice el supuesto del artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del estado vigente al trámite del presente asunto, pues es necesario que satisfaga los siguientes supuestos:
-Que la Unidad de Información manifieste que la información en cuestión no la posee el sujeto obligado.
-Que se oriente al particular sobre el sujeto obligado que pudiese poseerla;
-Que dicha orientación se realice a través del medio señalado en la solicitud, y
-Que la respuesta contenga la motivación y fundamentación que todo acto de autoridad debe revestir.
Por lo tanto, de conformidad con lo expuesto no es posible determinar que se ha actualizado el supuesto previsto en el artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, circunstancia respecto de la cual en el caso concreto la propia Universidad Autónoma de San Luis Potosí fue omiso en realizar, lo que se evidenció al manifestar en su escrito de informe ad cautelam que esta Comisión analizara dicha situación al momento de dictar resolución y en caso de aplicar afirmativa ficta, se especifiquen los efectos de la misma. Por todo lo anterior, esta Comisión con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, aplica el principio de afirmativa ficta y se conmina al sujeto obligado a efecto de que:
1.-Oriente al particular sobre el sujeto obligado que pudiese poseerla;
2.-Que dicha orientación se realice a través del medio señalado en la solicitud, y
3.-Que la respuesta contenga la motivación y fundamentación que todo acto de autoridad debe revestir
Para efectos del cumplimiento de la presente resolución resulta pertinente tomar en cuenta las siguientes precisiones: Con fundamento en los artículos 2°, 5°, 8°, 14, 15, 16 fracción I, 73, 75, 81, 82 y 84 fracciones I y II, 105 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, mismos que conceden facultades a este Órgano Garante de interpretar y aplicar las disposiciones de la Ley en cita; por consiguiente, el Pleno de esta Comisión, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Transparencia, aplica de forma supletoria lo que establece el artículo 993 del Código Procedimientos Civiles vigente en el Estado, que dispone que las sentencias que condenan a hacer alguna cosa, el juez señalará al que fue condenado, un plazo prudente para el cumplimiento, atendidas las circunstancias del hecho y de las personas, así pues, y toda vez que la Ley de la materia no establece un plazo específico para el cumplimiento de las resoluciones que dicta esta Comisión, se aplica el artículo antes citado, mismo que otorga una facultad discrecional al Juzgador para determinar un plazo en el cumplimiento de las sentencias, por ende, este órgano garante se acoge al precepto legal antes invocado para valorar y determinar el plazo del cumplimiento de las resoluciones que emite esta Comisión, en el caso concreto, de ponderar las circunstancias de hecho y de actuar en consecuencia con la finalidad principal de regular aspectos específicos de la ley de la materia, complementando así las atribuciones o funciones que se otorga a este Órgano.
En mérito de lo anterior, se le concede al ente obligado el plazo de 10 diez días, contados a partir del día siguiente de su notificación, para efectos de que cumpla esta resolución en sus términos; se estima dicho periodo, ya que el ente obligado debe realizar la búsqueda de la información y a su vez declarar la inexistencia de diversa información, por lo que en analogía al artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información se estima dicho periodo.
ÚNICO.- Se aplica contra el ente obligado el principio de afirmativa ficta por las razones y argumentos señalados en el considerando cuarto de la presente resolución.
Notifíquese personalmente la presente resolución, a cada una de las partes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 106, 108, 119 y 122 del Código de Procedimientos Civiles de este Estado, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí de acuerdo con su artículo 4°.
Creado el 02/06/2017 02:29:42 PM
Accesado el 02/06/2017 02:29:42 PM
Modificado el 02/06/2017 02:29:42 PM
ID: 241FF4134E7DBC76862580BF00709520