Source: https://darioabilleira.com/2014/06/28/lengua-de-senas-uruguaya-el-estado-asegurara-el-derecho-a-la-informacion-a-personas-sordas-e-hipoacusticas-cuando-se-utilice-la-cadena-nacional-de-televisoras-sera-preceptiva-la-utilizacion-de-inte/
Timestamp: 2019-06-26 22:45:56
Document Index: 306976792

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 1279', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 432', 'artículo 9', 'artículo 1279', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 6', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 35', 'artículo 30']

Lengua de Señas Uruguaya. El Estado asegurará el derecho a la información a personas Sordas e Hipoacústicas. Cuando se utilice la Cadena Nacional de Televisoras, será preceptiva la utilización de Intérprete. | Contador Público Darío A. Abilleira Alvarez - MIRADAS TRIBUTARIAS desde URUGUAY
COMISION DE EDUCACION Y CULTURA integrada con CONSTITUCION Y LEGISLACION
Carpeta N° 1363/1999 Distribuido Nº 829
RECONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE SEÑAS URUGUAYA
Y ACCIONES A FAVOR DE LA NORMALIDAD DE VIDA
DE LAS PERSONAS SORDOMUDAS E HIPOACUSICAS
– Sin corregir por los oradores –
Preside: Senador Yamandú Fau
Miembros: Senadora María Julia Pou, Senadores Alejandro Atchugarry, Alberto Cid y Carlos Julio Pereyra
Integrantes: Senador José Korzeniak, Ruben Correa Freitas, Francisco Gallinal y Manuel Núñez
Secretaria: Beatriz Pérez Rovira
Es la hora 11 y 14 minutos)
La Comisión de Educación y Cultura integrada con la de Constitución y Legislación se ha reunido en la mañana de hoy a los efectos de recoger algunas observaciones formuladas en el Plenario al proyecto de ley de reconocimiento de la Lengua de Señas Uruguaya y acciones a favor de la normalidad de vida de las personas sordas e hipoacúsicas (Carp. Nº1363/99).
En realidad, el proyecto de ley que había sido aprobado en general por la Cámara de Senadores pasó nuevamente a este ámbito para que aquí se consideren algunas propuestas que se hicieron con el fin de mejorar su redacción. Por esa razón se sugirió integrar la Comisión de Educación y Cultura con la de Constitución y Legislación.
En virtud de que las observaciones provinieron de señores miembros de la Comisión de Constitución y Legislación, parecería procedente que ellos comenzaran a formular algunas reflexiones y, si no me equivoco, por la actitud de iniciativa que presenta el señor Senador Korzeniak, creo que él estaría en condiciones de adelantarnos algunas apreciaciones.
SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: en realidad, salvo algunos detalles que puedan surgir, creo que los diálogos giraron, básicamente, en torno a dos o tres artículos. Me refiero al tema de las características de la disposición que favoreciera la creación de la carrera de intérprete de lengua de señas y al de las modificaciones al Código Civil relacionadas con la declaración de incapacidad absoluta y la curatela general de estas personas. Es decir que se trata, fundamentalmente, de los artículos 3º, 8º y 9º.
En lo que tiene que ver con el artículo 3º, creo que en el seno del Plenario surgió una idea que no es demasiado difícil de hacer fructificar gramaticalmente. Entonces, en lugar de dar todos los detalles acerca de que es una carrera de nivel terciario y hablar de los certificados, etcétera, se podría elaborar una norma más bien de tipo programático que dijera que el Estado establecerá los mecanismos necesarios para que exista la carrera de intérprete de lengua de señas uruguaya, y se podrían estipular las condiciones para la habilitación de los títulos y diplomas.
Creo que esa fue la idea que se manejó y, a mi juicio, es aceptable, por lo que no creo que esta Comisión integrada tenga problemas en aceptarla.
En lo que tiene que ver con el otro punto en cuestión, debo adelantar que informalmente he realizado algunas conversaciones. Concretamente, hace unos momentos hablé con el señor Senador Correa Freitas, quien me sugirió formular alguna consulta para la modificación de los artículos del Código Civil. Por mi parte, confieso que al incursionar en un área en la que no soy experto, pensaba encontrar una solución, pero a medida que intenté llegar a una redacción, observé que me iba metiendo en problemas.
Si se hiciera una consulta, por ejemplo, como sugería el señor Senador, a dos civilistas como Gamarra y Peirano para que nos dieran una idea sobre el tema y nos ayudaran a redactarlo, el problema se podría solucionar en una sola sesión; inclusive, se podría pedir un informe escrito.
No obstante, ¿cuál es el problema que surgió? Creo que el otro día no quedó claro o, por lo menos, quien habla no se supo explicar claramente. La exposición de motivos del proyecto de ley contiene una frase inequívoca que expresa que las personas afectadas por la sordera se sienten agraviadas por el tratamiento que les da el Código Civil. En ese sentido, en la página cuatro de la exposición de motivos del proyecto de ley se dice que “la legislación vigente en nuestro país equipara a la persona sorda con el demente, declarándola incapaz si no sabe darse a entender por escrito. Este tratamiento, además de lesivo y denigrante, atenta contra la dignidad de la persona sorda”, etcétera. En realidad, a mi juicio, el Código Civil trata con más dignidad a estas personas que este proyecto de ley, donde se declara como incapaz absoluto al individuo sordo que no sabe darse a entender por escrito, tal como se desprende del artículo 8º. Creo que aquí estamos frente a un error de redacción o de concepto.
En el artículo 9º del proyecto de ley se modifica el artículo 1279 del Código Civil, el que quedará redactado con el siguiente texto: “Son absolutamente incapaces los impúberes, los dementes y las personas sordas que no puedan darse a entender por escrito o mediante Intérprete de Señas Uruguaya”, etcétera. En cambio, el Código Civil, para declarar la incapacidad, exige que se trate de un sordomudo que no pueda darse a entender por escrito.
Formulé una pregunta que no fue contestada, pero quisiera decir que conozco un gran número de sordos que tienen un aparato en la oreja y se expresan bien, aunque ellos mismos no se oyen; no obstante, sufren un proceso psíquico de comprensión y cuando hablan saben lo que están diciendo.
O sea que da la impresión de que, tal como está redactado el artículo, va en contra de la finalidad del proyecto de ley. Digo esto porque como dice la propia ley, el Código Civil trata lesivamente a los sordos; en realidad, debería hablarse de los sordomudos. Entonces, al suprimir la exigencia de que sean mudos, pienso que se los está tratando más que lesivamente.
Cuando capté eso, ente otras cosas, consulté a un abogado, no desde el punto de vista académico, sino porque estaba llevando adelante un juicio muy peculiar en torno a personas sordomudas, quien me aclaró -por supuesto que no lo hacía en representación de nadie- que la intención del proyecto de ley es, precisamente, mejorar la situación de esas personas, tal como dicen los otros artículos, que establecen que el Estado debe crear esa carrera y procurar que en los informativos se utilice el lenguaje de señas, todo lo cual creo que es la finalidad central de la iniciativa.
Yo pensé que era muy fácil solucionar esto, es decir, seguir insistiendo en la calidad de sordomudos y modificar el Código Civil en el sentido de que sólo hay incapacidad absoluta cuando no sólo no pueden dar a entenderse por escrito, sino también por el lenguaje de señas habiendo un intérprete al lado. Insisto en que me pareció muy fácil la solución, pero cuando intenté redactar me di cuenta de que eso traía una cantidad de problemas, entre ellos, el tema de la curatela. También me pareció que bastaba con decir que para decidir esa incapacidad, el juez debe necesariamente recurrir a un profesor de lengua por señas, pero advertí que era un terreno bastante profundo para adentrarse en él. Por lo tanto, consideré que estaría improvisando desde ese punto de vista.
Fue por ello que el señor Senador Correa Freitas me convenció para que pidiésemos un informe sobre este tema, porque creo que el otro, esto es el relativo a la educación, la Comisión lo puede solucionar. Podría tratarse de un informe o de que se nos aportase opinión en virtud de cuál es la intención del proyecto de ley -que todos compartimos- acerca de cómo eso podría repercutir en una norma del Código Civil.
SEÑOR PRESIDENTE.- La propuesta que se ha hecho, pues, es consultar a algunos civilistas.
SEÑOR CORREA FREITAS.- En primer lugar, quiero expresar mi total apoyo a este proyecto de ley que me parece muy bueno.
Con respecto a las observaciones formuladas en la sesión pasada del Senado por el señor Senador Korzeniak, pienso que, tratándose de un tema en el cual se propone una modificación al Código Civil y, además, en torno al que se generaron algunas dudas, lo más conveniente sería consultar a los grandes civilistas que tiene nuestro país –por suerte, Uruguay siempre los ha tenido a lo largo de su historia- como, por ejemplo, el doctor Jorge Peirano Facio, que durante casi cincuenta años ha sido catedrático de Derecho Civil en la Facultad de Derecho, el doctor Jorge Gamarra, cuya versación y especialidad todos conocemos, así como el aporte fundamental que ha hecho con su Tratado de Derecho Civil Uruguayo, y de pronto, también al doctor Juan Andrés Ramírez. Esto es con la única finalidad de que el Senado y esta Comisión tengan la más absoluta tranquilidad de que cuando modificamos estas normas hacemos lo correcto y no incurrimos en algún error que luego, quizá, nos obligue a alterar la ley. Creo que no es bueno que en una legislación importante y trascendente como esta cometamos un error, máxime cuando estos destacados juristas y especialistas pueden rápidamente solucionar el tema.
SEÑOR ATCHUGARRY.- Comparto la propuesta.
Si el Código Civil se modifica poco es porque siempre ha tenido la sabiduría, no sólo de recoger dos mil años de historia, sino de tener fórmulas lo suficientemente amplias para adaptarse al cambio de los tiempos. Es así que regulamos la responsabilidad contractual con un solo artículo que dice “no dañar”, y el que daña, repara; así de sencillo. Entonces, vinieron los autos, los aviones, la informática y siempre ha funcionado.
En consecuencia, introducir en un artículo, que tiene su par de miles de años de evolución, la referencia a una carrera cuando, en realidad, si se lo quiere tocar, lo que uno podría hacer es decir que el juez está habilitado también a no declararlo incapaz absoluto en la medida en que tenga otro medio de comunicarse aparte del escrito, no parece del todo adecuado.
Esto razonablemente sería acompañar la sabiduría del Código Civil. Digo esto porque, de pronto, la persona no sabe comunicarse a través de un intérprete de Lengua de Señas Uruguaya; pero sí con un mouse y con una computadora.
En resumen, y dicho a cuenta de mayor cantidad, me parece que es una buena cosa hacer la consulta.
SEÑOR GALLINAL.- Con respecto a las modificaciones que se proponen al artículo 3º, creo que son de recibo si bien la que aquí se otorga es una competencia propia del Ministerio de Educación y Cultura, aunque tampoco me parece mal no hacerlo tan específico y dejarlo en forma genérica.
Respecto a los artículos seguramente más cuestionados -que merecen, como se ha señalado, un estudio más profundo- en primer lugar quiero decir -y me parece que así deberíamos aceptarlo- que es evidente que hay al momento de redactarse el proyecto de ley se produjo un error de transcripción, porque en lugar de decir “sordomudos” se expresa “sordos”. En ese caso, la modificación propuesta al Código Civil es verdaderamente significativa y profunda. Si se hubiera mantenido la definición de “sordomudos”, me parece que quizá el asunto no sería tan complicado.
SEÑOR KORZENIAK.- Advierto que pensé lo mismo, pero esa definición figura en dos artículos y en la exposición de motivos. Incluso, en ésta se hace referencia a la condición del sordo que no es mudo. Por ese motivo confesé que no me animaba a cambiar el término.
SEÑOR GALLINAL.- Desde luego que toda modificación de un Código, particularmente del Código Civil, merece un estudio más detenido que el que hubiéramos podido darle en el transcurso de la sesión del Senado del otro día. Sobre todo, quienes nos hemos formado en el Derecho tenemos una aprehensión muy especial con respecto a la modificación de los Códigos, si previamente no se hace un estudio muy particularizado de la norma.
Me da la impresión que podríamos tener un avance más importante si aceptáramos que hubo un error de transcripción; también el tema podría comenzar a solucionarse sustituyendo la definición de “sordo” por la de “sordomudos”, inclusive, con la consulta que se va a hacer a los civilistas.
Hago estos comentarios porque el artículo 8º que modifica el artículo 432 del Código Civil, está integrado en lo que se conoce como la curatela, es decir, aquella forma de asistir a aquellas personas que tengan determinadas incapacidades para valerse por sí mismas en su relacionamiento jurídico. Lo propio ocurre con el artículo 9º, que modifica el artículo 1279.
Desde luego que, si hubiera una pretensión de sustituir la expresión “sordomudos” por “sordos”, no sería este proyecto de ley el ámbito adecuado para hacerlo, sino que deberíamos entrar en un estudio de revisión del Código Civil, no sólo en estos artículos sino en algunos otros que refieren al tema. Creo que no es esa la intención.
Es más; si recorremos ese camino, pienso que nunca vamos a llegar a un acuerdo en este proyecto de ley, porque seguramente los civilistas nos van a decir que el tema merece un estudio más profundo.
Por otra parte, tampoco hubo intención en los autores del proyecto de ley de modificar esa filosofía -en alguna medida lesiva para los sordomudos- que recoge el Código Civil. Creo que tan lesiva no es, porque prevé para ellos una misma consecuencia, pero eso no quiere decir que haya un parentesco tan importante entre el menor de edad, el sordomudo y el demente, sino que simplemente, a los efectos legales, se entendió oportuno incluirlos en una misma categoría. Eso no significa que estén necesariamente relacionados en sus carencias.
Por supuesto que me sumo a la consulta a los civilistas, pero me parece que sería oportuno hacerles llegar también –de manera tal de limitar o circunscribir la discusión del tema- el agregado alternativo presentado en el transcurso del análisis de este tema en el Senado, en el sentido de agregar, donde dice “sordos”, “sordomudos que no pueden darse a entender por escrito o mediante Lengua de Señas Uruguaya”. Y, entonces, no habría ningún otro cambio en los artículos del Código Civil. De pronto, si quedara absolutamente circunscripto a esto, no significaría una alteración importante del Código Civil y, por el contrario, a los sordomudos se les daría una oportunidad más de avanzar en los beneficios jurídicos que significan estas normas.
SEÑORA POU.- Más allá de que estoy de acuerdo en cuanto a que deberíamos dar otra redacción apocopada, diría yo, del artículo 3º -la señora Senadora Arismendi ya hizo una sugerencia en tal sentido cuando el tema se discutió en el Senado- me parece que se trataría de una declaración que el Estado promovería sin entrar en demasiados detalles de los reconocimientos, de las carreras, etcétera.
Sin embargo, creo que habría que estudiar otra posibilidad porque el efecto que se busca con este proyecto es el reconocimiento de lengua. Es casi como decir que se pueden comunicar a través de ese nuevo lenguaje o de la computadora. Entonces, quisiera saber qué ocurre si eliminamos esos dos artículos de este proyecto de ley. Como dice el señor Senador Gallinal, la modificación del Código Civil es algo que tenemos que considerar. No se trata de que restemos importancia al tema, por cuanto en la vida práctica la tiene, y mucho. Me pregunto qué tanto tenemos que introducirnos para lograr el mismo efecto, porque atrás de los sordomudos pueden venir otras variables de capacidades diferentes que nos hagan incursionar nuevamente en las modificaciones. A los efectos del reconocimiento del lenguaje de señas, cabe recordar que desde el momento en que está reconocido, lo está para todas las instancias que tenga que vivir una persona sordomuda.
Por lo tanto, me inclinaría a dejar algo que puede tener cierta obsolescencia -como muchas otras que puede tener el Código Civil- y establecer el lenguaje de señas con fuerza de ley, para que en la práctica sea reconocido y llevado a la vida de estas personas, sin tocar el Código Civil. Propongo que se considere qué pasaría con este proyecto de ley a los efectos de lo que buscamos, si eliminamos los artículos 8º y 9º.
SEÑOR KORZENIAK.- La señora Senadora Pou había dejado insinuada esa sugerencia en la sesión del Senado. Confieso que es una solución que me atrae, porque en el fondo es una interpretación que no está dicha. De algún modo, implica que una ley fomente la imposición de este lenguaje de señas.
¿Cuáles son las diferencias importantes que quedarían, aun con el proyecto mejorado, incluyendo la expresión “sordomudos” en lugar de “sordos”? Me parece que hay dos diferencias, que tendríamos que valorar para ver si eso contempla la aspiración del proyecto de ley que se planteó.
Una primera, es que en la redacción que proponía el señor Senador Gallinal para el artículo 8º, en lugar de “sordos”, se dijera “y las personas sordomudas que no puedan darse a entender por escrito o mediante Lengua de Señas Uruguaya”. En ese caso, si el artículo quedara redactado de esa manera, un sordomudo que pudiera darse a entender mediante lengua de señas no sería un incapaz; si se elimina, seguiría siéndolo. Entonces, esa sería una primera diferencia.
Una segunda diferencia –que, creo, fue uno de los factores que impulsaron este proyecto- es que no queda establecida la intervención preceptiva de los intérpretes de lengua de señas para decidir la curatela de los sordomudos. Esa sí figura.
Ahora bien; desde luego que, si las dos Comisiones estuvieran de acuerdo, apoyaría el consenso de eliminar los dos artículos, si esto contemplara la intención básica del proyecto de ley que es fomentar, de alguna manera inequívoca y con base legal, que exista una carrera. Creo que esa palabra habría que dejarla asentada de algún modo. Además, mandata a los medios de difusión a que usen el lenguaje de señas cuando dan las noticias, lo que al día de hoy no es obligatorio hacer. Reitero que, si hubiera consenso, apoyaría esa decisión.
Insisto en que tiene esas dos diferencias con la postura del proyecto.
SEÑOR GALLINAL.- Siguiendo el razonamiento de la señora Senadora Pou, en realidad las personas sordas que no pueden darse a entender por escrito no son incapaces. De acuerdo con el Código Civil, para declarar la incapacidad la persona tiene que ser sordomuda. El proyecto de ley está referido a los sordos y no a los sordomudos y, en ese sentido, aceptamos el artículo 1º que le da un efecto jurídico a una lengua que es válida para la integración de estas personas a la comunidad. Por lo tanto, no tendríamos que meternos en el tema de los sordomudos y, bajo ese razonamiento, no tendrían que estar los artículos 8º y 9º, porque los sordos que no se dan a entender por escrito no son incapaces, sí lo son los sordomudos que no se dan a entender por escrito. Teniendo en cuenta esto, sería válido eliminar –y podríamos hacerlo- estos dos artículos. Si quisiéramos aumentar las posibilidades de capacidad plena para los sordomudos a través de esta lengua, lo podríamos hacer aquí o mediante otro proyecto de ley.
SEÑORA POU.- Se podría instrumentar un artículo que, sin afectar el Código Civil, hable de los sordomudos, que no están comprendidos en dichas disposiciones.
SEÑOR PRESIDENTE.- En principio, estaríamos de acuerdo con que el proyecto enfatice sobre el objetivo del artículo 1º y con que los artículos 8º y 9º no afectan el objetivo fundamental , por lo que sería conveniente quitarlos.
SEÑORA POU.- Tendríamos que consultar al señor Senador Garat acerca de esta propuesta, teniendo en cuenta que es el autor del proyecto de ley. Supongo que, oídas las explicaciones, va a estar de acuerdo; pero lo correcto es comunicárselo.
SEÑOR PRESIDENTE.- Le podríamos encomendar a la señora Senadora Pou la tarea de consultar al señor Senador Garat y explicarle que estas modificaciones ayudan a la afirmación del proyecto de ley, partiendo de la base de que lo esencial radica en la definición primera.
Con respecto al artículo 3º, debo decir que no hemos logrado redactar un texto sustitutivo, pero me inclino más por la expresión “promover” que “favorecer”. Creo que sería una aspiración que el Ministerio de Educación y Cultura promueva esto porque, aunque no puede otorgar títulos, tiene ámbitos en donde expresarse.
SEÑOR KORZENIAK.- Propongo que el señor Presidente y el señor Senador Gallinal redacten el artículo 3º para la próxima sesión -que se realizará antes del plazo perentorio del Senado- en la que también tendremos la respuesta del señor Senador Garat. Es una propuesta metodológica sobre la base de tener en cuenta que hay escuelas y liceos donde esto se practica. No me molesta la mención al Ministerio de Educación y Cultura y quizás pueda implementarse una materia en facultades, liceos o escuelas.
SEÑOR CORREA FREITAS.- Por resolución del Senado, tenemos plazo para elevar el proyecto al Cuerpo el día 16 y recién tendríamos la respuesta del señor Senador Garat en la próxima sesión del martes. Por lo tanto, si él no aceptare las razones, entonces tendríamos que hacer una consulta a los civilistas y, en consecuencia, deberíamos solicitar al Senado una nueva fecha.
SEÑORA POU.- Asumo la responsabilidad de conectarme con el señor Senador Garat en el día de hoy y, si la respuesta es negativa, consultaríamos a los civilistas.
Creo que también tendríamos que consultar a la señora Senadora Arismendi.
Me animé a sugerir la eliminación de estos dos últimos artículos porque es otro el espíritu que anima el proyecto, es un reconocimiento a otras cosas que me parece que están presentes en el resto del articulado.
SEÑOR CID.- No quise participar en una discusión muy técnica que se llevó adelante y que me parece que se resolvió adecuadamente.
Desearía hacer alguna precisión sobre el alcance de este proyecto de ley, al cual pude acceder ahora, si bien no pude asistir a su discusión en el Senado por razones de salud. El objetivo del mismo sería mejorar las condiciones de vida del grupo afectado por esta deficiencia. En su artículo 1º, donde se definen los alcances, dice que la presente ley tiene por objeto la remoción de las barreras de comunicación y asegurar la equiparación. Quiere decir que hay dos conceptos; por un lado, la eliminación de las barreras de comunicación y, por otro, la equiparación. Me parece que ambos son interesantes, pero en el texto del articulado no se refleja cómo eso se puede lograr, más allá de que se crea la carrera del intérprete de Lengua de Señas Uruguaya y se exige a los medios de difusión la utilización de este instrumento de comunicación.
En el artículo 6º queda muy vagamente establecido el rol del Estado cuando dice que facilitará a todas las personas sordas o hipoacúsicas el acceso a las ayudas técnicas.
Me parece que el término “ayuda” es un poco vago, impreciso y poco concreto; hoy en día tenemos que saber que si estamos dispuestos a colaborar y a eliminar las barreras, hay otros elementos para hacerlo, tal como los implantes cocleares que actualmente se realizan en estas personas y que les pueden restituir la audición.
En este sentido, quisiera plantear que se sustituya la expresión “a las ayudas técnicas necesarias” por “a todos los medios técnicos necesarios”. De esta manera, estaríamos incluyendo lo que está en el ámbito de la medicina como mecanismo de reparación y reintegración total de estas personas a la vida normal. Esta es una propuesta que dejo a consideración de la Comisión.
SEÑOR PRESIDENTE.- Según advierto entre los integrantes de la Comisión, la propuesta del señor Senador Cid es aceptada.
Por otra parte, quedamos a la espera de la respuesta del señor Senador Garat para luego actuar en consecuencia.
(Así se hace. Es la hora 11 y 52 minutos)
Carpeta N° 1363/1999
Distribuido Nº 861
RECONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE SEÑAS
URUGUAYA Y ACCIONES A FAVOR DE LA NORMALIDAD
DE VIDA DE LAS PERSONAS SORDOMUDAS E HIPOACUSICAS
Presiden: Senadores Yamandú Fau y Carlos Julio Pereyra – ad hoc –
Miembros: Senadores Alejandro Atchugarry, Alberto Cid y María Julia Pou
Integrantes: Senadores Ruben Correa Freitas, Francisco Gallinal, José Korzeniak y Manuel Núñez
(Es la hora 10 y 40 minutos)
Corresponde pasar a considerar el proyecto aprobado en general en el Senado sobre el cual se nos encomendó trabajar en algunos artículos.
En principio, en esta instancia habría acuerdo en eliminar del proyecto los artículos 8º y 9º, pero quedarían a estudio de la Comisión integrada con la de Constitución y Legislación para, eventualmente, incorporarlos a una norma legal, luego de haber estudiado más a fondo este tema.
Después, correspondería adaptar el texto del artículo 3º a cuya redacción el señor Senador Korzeniak le había planteado alguna observación. En realidad, todavía no tenemos un texto definitivo, pero hemos conversado y hemos llegado a la conclusión de que tal vez la redacción del artículo 3º podría ser la siguiente: “El Ministerio de Educación y Cultura promoverá la creación de la carrera de Intérprete de Lengua de Señas Uruguaya de nivel terciario y los mecanismos necesarios para validar los certificados expedidos o que se expidan…”, luego el texto queda tal como está. Es decir que, en lugar de la expresión “favorecerá”, se utiliza “promoverá” y, a su vez, se elimina el término “establecerá” de manera tal que el texto queda unido con una conjunción copulativa que da a entender que se promueven las dos cosas, o sea, la creación y los mecanismos necesarios.
SEÑOR NUÑEZ.- Una de las controversias que se había planteado era el hecho de que la carrera se creara exclusivamente a nivel terciario.
SEÑOR PRESIDENTE.- Evidentemente, el nivel terciario no sólo puede darse en la Universidad de la República, sino también en cualquier instituto.
SEÑOR ATCHUGARRY.- Quisiera saber por qué se habla de Lengua de Señas Uruguaya. En mi opinión, la mayúscula supone la modificación de un concepto particular. En verdad, debo decir que no sabía que había una Lengua de Señas Uruguaya; pensé que existía un lenguaje de señas en español o algo por el estilo. Tampoco sé si tiene que ver en esto el idioma y lo digo porque incluso pensé que el lenguaje de señas era universal.
SEÑOR CORREA FREITAS.- En mi opinión, si estuviera aquí el doctor Gonzalo Aguirre, una de las observaciones que plantearía es que la expresión “Intérprete” debería ir con minúscula, pero no sé si diría lo mismo en cuanto a “Lengua de Señas Uruguaya”. Si no me equivoco, ante una pregunta formulada por el señor Senador Singer, el señor Senador Garat contestó que en realidad existe una Lengua de Señas Uruguaya. Si es así, no tengo inconveniente en que figure en el texto con mayúscula, identificando un nombre propio, aunque sí mantengo la duda con respecto a la expresión “Intérprete”.
Otra interrogante que se había planteado era con respecto a la redacción del artículo 3º. El señor Presidente de la Comisión nos habla del Ministerio de Educación y Cultura, sin embargo, en lo personal había entendido que se iba a utilizar la expresión “Estado”, de modo tal de que quedaran comprendidos todos los institutos y no dejar de lado a la Universidad de la República. Entonces, en lugar de decir “El Ministerio de Educación y Cultura promoverá”, debería expresarse: “El Estado promoverá”. Creo que de este modo no se hiere la susceptibilidad de ningún instituto y no se afecta la autonomía de la Universidad de la República en estos temas. Al hablar de Estado, se admite que en esto puede intervenir no solamente la Universidad de la República, sino también las universidades privadas.
SEÑOR PRESIDENTE.- No tengo inconvenientes pero, de todos modos, debo decir que no por casualidad, sino por alguna motivación particular se incluyó en el proyecto la expresión referente al Ministerio de Educación y Cultura. Por otro lado, cuando se utiliza mayúscula, creo que tampoco es por casualidad, pues lo que se pretende es crear por ley la carrera de Intérprete de Lengua de Señas Uruguaya, lo que equivale, por ejemplo, a la creación de la carrera de doctor en ciencias sociales. En mi opinión, esa es la intención del proyecto de ley. No obstante, si bien no estoy en contra de ello, asumo que acá lo estamos cambiando e introduciendo modificaciones importantes, lo que probablemente dará lugar a nuevas consultas. Concretamente, me refiero a las modificaciones que tienen que ver con eliminar la expresión referente al Ministerio de Educación y Cultura e incluir la del Estado, tal como propuso el señor Senador Correa Freitas.
SEÑORA POU.- Creo que incluir la expresión “El Estado” le da al texto una mayor amplitud.
Además, dentro de lo que es informalmente el lenguaje de señas existe una suerte de escuela uruguaya. Este hecho está avalado porque en Paraguay las escuelas de sordos tienen maestras uruguayas, fue por ello que adaptamos o creamos este concepto de lenguaje de señas. Por cierto, por ser precisamente un lenguaje de señas, no es exacto y no tiene una decodificación universal, pero se supone que en la región nuestros maestros, de alguna manera, han sentado doctrina. Ese era el sentido de esa disposición que implica un reconocimiento al origen de lo que se está utilizando en la Argentina y en Paraguay. De todos modos, supongo que si quitamos el adjetivo, no afectamos lo sustantivo.
SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que la mayúscula de la expresión “Intérprete”, de alguna manera, supone otorgarle el rango que puede tener, como dije antes, una carrera como la de doctor en ciencias sociales.
SEÑOR ATCHUGARRY.- En realidad, mi cuestionamiento apuntaba al concepto de Lengua de Señas Uruguaya, porque no hay un idioma uruguayo, sino el español. Por ello, me llama la atención que se utilice mayúsculas para denominar a esta lengua de señas, sobre todo, cuando se supone que en todos los países existe y, entonces, es universal. Sin embargo, si hoy o mañana viniera alguien que tuviera un lenguaje de señas que no fuera el uruguayo, se podría pensar que estaría invalidado y no sería reconocido.
SEÑORA POU.- Según el lenguaje de señas, para trasmitir la idea de “hablar”, universalmente se acerca el dedo a la boca y con un movimiento se da a entender la intención. Hay palabras que de pronto se componen de dos sonidos que se expresan en forma distinta en inglés y en español. Me refiero a palabras que se cortan, por ejemplo “globo terráqueo”. No se me ocurre ahora otro ejemplo concreto, pero se corta con distintos sentidos en uno y otro idioma. De todas maneras, lo de “uruguayo”, es una reivindicación quizás demasiado localizada.
Creo que aquí lo que importa es habilitar la carrera y promover su intervención en las instancias en que la sociedad y los sordomudos lo necesitan.
SEÑOR KORZENIAK.- Pido disculpas a la Comisión por haber llegado tarde. Vengo de dictar clase en la Facultad.
Hice algunas preguntas acerca de si el lenguaje de señas varía en los países. Existen algunas variaciones, ya que no tiene universalidad ni siquiera por regiones. Pero también reconozco que me resultaba un poco heterodoxo -así como no hablamos del idioma uruguayo- hablar de un lenguaje de señas uruguayo. Mi propuesta tiene un afán puramente constructivo y consiste en que en los artículos 3º y 4º se diga: “Carrera de Intérprete de Lengua de Señas en Uruguay”, sin calificar al lenguaje uruguayo pero sí mencionar al Uruguay, lo que supone que es obvio que tiene que ser algo que se entienda en Uruguay, si es que hubiera diferencias con otro.
Por otra parte, me inclino por hablar del Estado en el artículo 3º, aunque no necesariamente incluyéndolo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Obviamente, no lo está excluyendo pero propongo no circunscribirlo a eso. Asimismo, lo de “nivel terciario” puede chocar incluso con algunas realidades. En el Uruguay hay algunas instituciones que actualmente –lo dice la Exposición de Motivos de este proyecto- preparan a las personas. Hay escuelas y algún liceo especializado. En consecuencia, no sé hasta donde tenemos que circunscribirnos a la idea de que se trata de una carrera de nivel terciario. Por mi parte, dejaría este tema un poco más abierto. De pronto puede tener más de un nivel; puede haber carreras de nivel terciario y algunas menores, siempre que el Estado reconozca la suficiente idoneidad como para que, por ejemplo, los informativos y programas por el estilo, puedan ilustrar. O sea, en el artículo 3º yo diría “el Estado”, “Intérprete de Lengua de Señas en Uruguay” y eliminaría lo de “nivel terciario”. En el artículo 4º, en lugar de “Lengua de Señas Uruguaya”, diría “Intérprete de Lengua de Señas en Uruguay en programas televisivos”.
SEÑOR PRESIDENTE.- Hago acuerdo, pero me parece que ninguna de estas cosas fue puesta por ponerla, ya que creo que lo que se buscaba era jerarquizar la carrera de intérprete. De ahí la necesidad, según el criterio de los que promueven el proyecto, de darle un valor de nivel terciario. Considero que ese era el sentido del proyecto.
SEÑORA POU.- Creo que aclaramos mucho el panorama al incluir el término “promoverá”. Es decir que no es excluyente de que haya carreras a otro nivel. Me parece que de alguna manera hay una apelación a que el Estado favorezca la jerarquización de la carrera a nivel terciario. Más allá del reconocimiento, está haciendo una suerte de llamado a que en el nivel terciario exista esta carrera, lo que hoy no sucede.
SEÑOR KORZENIAK.- Yo no encontré la palabra “promoverá”.
SEÑORA POU.- Creo que fue usted que la vez pasada sugirió ese término.
SEÑOR KORZENIAK.- Está bien.
SEÑOR ATCHUGARRY.- Además, hay otras carreras de traductor que tienen nivel terciario. Aquí le estamos dando algunos efectos jurídicos, por más que hemos quitado los últimos dos artículos. En el artículo 1º, cuando dice: “A todos los efectos a la Lengua de Señas”, personalmente eliminaría “Uruguaya”, porque este artículo sí tiene una vocación bastante más amplia. Los artículos 3º, 4º y 5º, que hablan de los informativos y de promover la carrera, están bien. Yo estoy reconociendo a los sordomudos la posibilidad de comunicarse; lo estoy declarando. Por más que haya sacado los dos últimos artículos, el artículo 1º sí tiene claros efectos jurídicos, a diferencia de los otros que son más que nada programáticos y que de pronto son los que interesan más a los que promueven. El artículo 1º dice que se reconoce a todos los efectos a la lengua de señas como la lengua natural de las personas sordas y de sus comunidades en todo el territorio de la República. Esto es una declaración con efectos jurídicos. Aunque hayamos quitado los dos últimos artículos, en el futuro, en base a esta declaración yo puedo en un juicio civil, por ejemplo, decir que aunque el Código establezca que una persona es absolutamente incapaz, en función de esta ley, etcétera, etcétera. Con lo demás estoy totalmente de acuerdo. Lo que pediría es quitar lo de “Uruguaya” de la redacción del artículo 1º. Me avengo al criterio del señor Presidente en el sentido de que en los demás artículos diga “Uruguay”; no hay problema. Sin embargo, creo que en el artículo 1º debe establecerse “la Lengua de Señas”, y después el Juez dirá. Porque si el señor es español y se hace traducir por un señalador o intérprete español y está en el territorio, no le voy a negar que se haya comunicado válidamente por el hecho de que no se exprese con señas uruguayas y el intérprete no es uruguayo.
Quiere decir que una cosa es el mercado de los medios de comunicación, que es a lo que apunta el proyecto para generar una fuente de ocupación de las personas para que, a su vez, puedan desarrollarse y atender, en la vida cotidiana, a los sordomudos, que es el interés que hay y con respecto al cual no estoy en contra. Insisto en que, a mi juicio, el artículo 1º excede el asunto laboral y la atención a las personas sordas y apunta a algo más formal. Reitero que eliminaría la expresión “uruguaya”.
SEÑOR NUÑEZ.- Quiero ratificar lo expuesto por el señor Senador Atchugarry. Me parece que el artículo 1º beneficia a las personas sordomudas por la posibilidad de comunicarse utilizando un lenguaje de señas que no tiene por qué ser específico uruguayo.
En cuanto a los otros artículos, fundamentalmente cuando se hace referencia a la creación de una carrera de intérprete, me avengo a la solución del señor Senador Korzeniak porque se trata de algo específico, ya que se refiere a intérprete de determinado lenguaje de señas. Se puede decir “en Uruguay” o “a la uruguaya”, pero en cuanto al artículo 1º estoy de acuerdo con el señor Senador Atchugarry.
SEÑOR CID.- Estaba buscando en la exposición de motivos el fundamento de la Lengua de Señas Uruguaya, pero no hay ninguna mención expresa. Sin embargo, existe una intención que arranca en el título del proyecto de ley, porque se habla de reconocimiento. El legislador pretende establecer una especie de patente o de validación de lo que se está haciendo en el Uruguay en el campo de las señas. El título habla de reconocimiento de la Lengua de Señas Uruguaya y acciones a favor de la normalidad de vida. Por lo tanto, hay dos conceptos diferentes. No sé si no convendría consultar el tema con la gente involucrada, a los efectos de no cometer una injusticia eliminando la expresión “Lengua de Señas Uruguaya”, porque de alguna manera la exposición de motivos hace referencia a que ya se está implementando en algunos cursos de la Escuela Nº 197 un modelo educativo en lo que tiene que ver con las señas. No quisiera que por vía de esta eliminación o transformación desconociéramos algo que el país ya viene haciendo en este terreno, que puede ser original, válido y autóctono, que con el cambio de denominación estuviéramos ignorando.
Por otra parte, coincido con la propuesta del señor Senador Korzeniak con respecto al artículo 3º. Además, personalmente había hecho una propuesta para el artículo 6º que no figura aquí porque no es el texto definitivo, pero quisiera recordarla. Habíamos convenido que la redacción debería decir “el acceso a todos los modos técnicos necesarios para mejorar su calidad de vida”, a los efectos de ampliar las posibilidades de acción del Estado en el terreno de la hipoacusia o sordera.
SEÑOR PRESIDENTE.- Vuelvo a insistir en que, se comparta o no el proyecto, tiene esa finalidad. Fundamentalmente, busca tres objetivos: que se reconozca por vía legal la existencia de una Lengua de Señas Uruguaya, que se cree la carrera de intérprete y que, además, tenga nivel terciario. Por lo tanto, estaríamos modificando el proyecto presentado. No estoy argumentando a favor ni en contra, sino que simplemente señalo que cuando nos encontremos con quienes promovieron esto, nos van a decir con mucha fuerza que, a su criterio, se cambió sustancialmente el proyecto. Reitero que no estoy argumentando a favor del proyecto original, pero recalco que lo estamos modificando en forma importante.
SEÑORA POU.- En la exposición de motivos hay un párrafo que se refiere a la Lengua de Señas creada y enriquecida por las diferentes comunidades sordas del orbe, que han creado distintas Lenguas de Señas. Cumple con todos los requisitos que las ciencias del lenguaje y la comunicación establecen para conferirle status de lengua. Podríamos consultar si realmente el término “Uruguaya” apuntaba a esto. Las comunidades sordas son las que han creado las Lengua de Señas, según reza en este párrafo.
SEÑOR CID.- Uno percibe que existe una intención de patentamiento.
SEÑORA POU.- Se trata de una lengua visual gestual.
SEÑOR PRESIDENTE.- Podremos compartir o no los tres cometidos de este proyecto, pero creo que los que lo han seguido más de cerca deberían hacer consultas. Esta gente tenía previsto venir mañana a la sesión del Senado.
SEÑOR KORZENIAK.- Originalmente, me dijeron que la parte más importante del proyecto eran los dos artículos finales, que modificaban el Código Civil, que fueron suprimidos. Después de diez minutos de conversación expresaron que no había absolutamente ningún problema. Inclusive, me preguntaron si era posible que en el futuro presentaran otro proyecto luego de consultar a los civilistas. Respondí que sí y, de esa manera, se acabó el problema.
Personalmente, no sé qué es lo que puede ocurrir si aprobamos determinada ley. En definitiva, manejo mis responsabilidades como Legislador. Me parece que sería una buena solución –y por eso la propuse- no entrar al tema de si hay un lenguaje de señas uruguayas, sino hacer una descripción geográfica hablando de “Lengua de Señas en Uruguay”. Puede pasar que en una circunstancia especial un español que se haya recibido en España con una carrera de nivel terciario sobre el lenguaje de señas, como señaló el señor Senador Atchugarry, se encuentre en Uruguay y esté también en condiciones de actuar, por haberlo establecido así la Universidad o el Ministerio, a pesar de no haber hecho la carrera de Lengua de Señas Uruguaya.
Me parece que diciendo “en Uruguay” en lugar de “Uruguaya” no estamos esquivando un problema, pero tampoco estamos entrando en un tema que quizás genere dificultades.
En cuanto a lo de la supresión del Ministerio de Educación y Cultura, si se trata de promover la creación de una carrera, estoy de acuerdo con que se haga de nivel terciario, como se ha hecho en otros temas. Antes había anestesistas que no tenían una carrera de nivel terciario y se promovió que sí la tuvieran. Sin embargo, me parece que no debemos circunscribir esto al Ministerio de Educación y Cultura, sino al Estado con todas sus armas, a Ministerios como, por ejemplo, el de Salud Pública, que quizá pueda opinar sobre algunos casos, a la Universidad o a universidades privadas. Me parece que lo mejor sería al Estado y, si se trata de promover, no tengo ningún inconveniente en que se deje la mención al nivel terciario, por la importancia que tendría.
Me da la impresión, señor Presidente, que sería bueno que la Comisión aprobara hoy el texto y lo enviara al Senado en los términos acordados. Creo que se ha eliminado del proyecto lo que podría ser más problemático y se ha dejado lo más básico.
SEÑOR PRESIDENTE.- Sintetizando, en el artículo 1º quitamos la expresión “Uruguaya”.
El artículo 2º queda tal cual está.
En el artículo 3º sustituimos la mención al Ministerio de Educación y Cultura por el Estado. Asimismo, sustituimos la expresión “favorecerá” por “promoverá”, y eliminamos “establecerá”, porque allí están las dos promociones, la del nivel y la de los mecanismos.
SEÑORA POU.- A partir de ahora, cada vez que aparezca “uruguaya”, ponemos “en Uruguay”.
SEÑOR PEREYRA.- Personalmente, tengo dudas sobre esto. Me parece que lo que se busca aquí es validar los certificados expedidos, entre otras cosas; quiere decir que estamos ante un título de docente en el sistema uruguayo. Esto no es para que en el Uruguay se practique cualquier sistema, sino para reconocer el título en docentes o intérpretes de Lengua de Señas Uruguaya, es decir, creada en Uruguay. Creo que ese es el alcance de esto.
SEÑOR CID.- Se me ocurre que es peligroso cambiar ese alcance, porque esto es iniciativa de los propios afectados, y la intención es que se reconozca un sistema de lenguas que ha sido uruguayo.
SEÑOR KORZENIAK.- Pienso que a lo mejor este aspecto se puede solucionar al hablarse de certificados expedidos en Uruguay.
SEÑORA POU.- Me parece que los artículos tienen un alcance distinto. Estoy de acuerdo con el señor Senador Atchugarry en cuanto a que el artículo 1º tiene un alcance mucho más abarcante de situaciones jurídicas, por lo que poner “lenguaje de señas” sin ningún adjetivo es correcto. Pero a partir del artículo 3º, que estamos analizando, todo lo demás es una suerte de promoción de este lenguaje de señas. Quizás podríamos consultar si cambiando “Uruguaya” por “en Uruguay”, estaríamos afectando hacia el futuro –es decir, no estaríamos afectando hacia atrás- lo que podría ser el reconocimiento de una carrera que supuestamente iría a empezar. Me parece que el artículo 1º sí podría tener otras connotaciones si colocamos “Uruguaya”, porque de repente, en situaciones como las que señalaba el señor Senador Atchugarry, podría haber quien dijera que no sería válido para un sordomudo español o inglés, por ejemplo. Puede haber alguna versión universal del lenguaje de señas.
Pienso que este otro aspecto apunta más al reconocimiento de una carrera específica, como ha dicho el señor Senador Pereyra, por lo que quizá debiéramos hacer las consultas pertinentes. Personalmente, me gustaba la idea de sustituir “Uruguaya” por “en Uruguay”, como señalaba el señor Senador Korzeniak. Sin embargo, sería bueno, reitero, hacer una consulta a quienes han presentado el proyecto, de modo de ver si no estamos lesionando su voluntad en lo que refiere al reconocimiento de un tipo de lenguaje de señas.
SEÑOR PRESIDENTE.- Además, seguramente hay certificados expedidos a los que, mediante esta ley, se pretendía dar el carácter de certificados de nivel terciario. No por casualidad está todo esto puesto de esta manera en esta disposición.
SEÑOR KORZENIAK.- Considero que el tema está separado en dos partes. La primera de ellas –que ahora quedó bien, a mi criterio- es promover hacia el futuro la creación de una carrera de nivel terciario. La segunda parte es establecer un mecanismo para validar certificados que ya están expedidos, pero ello no supone que se diga “y es, por lo tanto, de nivel terciario”. Este sería el viejo tema de algunas actividades, de auxiliares médicos, sobre todo, a quienes se les reconoció su derecho a seguir ejerciendo su tarea, pero para el futuro se creó una carrera. Creo que eso está bien logrado, con la redacción que ya existe.
SEÑOR PRESIDENTE.- Cuando se habla de la promoción, se hace referencia a las dos cosas: a que se promoverá la creación de la carrera y a que se promoverá el establecimiento de mecanismos. Pero tengamos presente que se trata de promociones.
SEÑORA POU.- Al final del artículo 4º se dice que la intervención de intérprete de Lengua de Señas Uruguaya será preceptiva cuando se utilice la cadena nacional de televisoras. Como esto es preceptivo, sería importante ver si se está acotando a determinado intérprete de lengua o no. Es decir, el adjetivo “Uruguaya” podría tener alguna limitante de cierto tipo porque, reitero, esto es preceptivo. Se podría estar aquí estableciendo una limitación o no; todo dependería del alcance que tuviera la expresión “Lengua de Señas Uruguaya”.
SEÑOR PRESIDENTE.- En la parte final del artículo 4º hay una norma de mandato y, por lo tanto, previamente deberá estar creada la carrera de intérprete. Será obligatoria la participación, pero previamente tendrá que ser creada dicha carrera, porque hoy no existe.
SEÑOR CID.- Hay docentes que están ejerciendo.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se llaman “intérpretes de Lengua de Señas Uruguaya”.
SEÑOR CID.- Me parece que, tal como señaló la señora Senadora Pou, deberíamos efectuar consultas sobre el alcance que se ha querido dar al reconocimiento de la Lengua de Señas Uruguaya. En lo que refiere a los otros alcances, se me ocurre que hay bastante consenso; aclaro que me estoy refiriendo a las modificaciones propuestas a los artículos 4º y 6º. El hecho de que aparezca cierta obligatoriedad de utilizar un determinado lenguaje cuando se emplea la cadena nacional de televisoras -como se dice al final del artículo 4º- agrega una dificultad adicional. Con el reconocimiento de la Lengua de Señas Uruguaya, ¿estaremos excluyendo a algún grupo de intérpretes, que tal vez hoy estén ejerciendo la tarea docente? Por mi parte, tengo dudas sobre si podrán en determinado momento desempeñar su actividad como lo han venido haciendo hasta este momento. Por eso me parece que deberíamos consultar a quienes corresponda, aunque ello implique una postergación del tratamiento de este articulado.
SEÑOR GALLINAL.- Quisiera hacer referencia a la definición “Lengua de Señas Uruguaya”, que me parece correcta, más allá de las consultas que podrían realizarse. Considero que ese término tiene un doble efecto que es muy positivo, sobre todo para la redacción del artículo 1º.
El primer efecto es que le da nacionalidad a la lengua, lo que me parece muy importante, y, como consecuencia de esa nacionalidad, también le da la territorialidad.
El segundo efecto es que, implícitamente, está referido al idioma castellano porque, de acuerdo con lo que surge de la exposición de motivos –y esto podría ser el objeto de la consulta- no hay una lengua de señas universal, sino que aparentemente cada idioma tiene su propia lengua de señas. Entonces, el término tendría ese doble efecto de no sólo dar la nacionalidad, con lo cual otorga también la territorialidad y el ámbito de aplicación, sino también de dejar implícitamente definido el idioma al que está referida la lengua de señas, que es el castellano, idioma oficial de nuestro territorio. En realidad, la lengua no es un idioma; aquí estamos hablando de un instrumento que tiene como objetivo permitir la comunicación entre distintas personas.
Por todo eso, considero que la expresión “Lengua de Señas Uruguaya” es la más adecuada si queremos darle los efectos mencionados y si, además, cuando llegue el momento de la aprobación del proyecto de ley, lo establecemos así expresamente, de manera de darle un ámbito o dimensión que seguramente servirá mucho en el día de mañana para darle al artículo 1º su validez. Cuando tuvo lugar la primera discusión en el Senado dijimos que lo más importante que tiene el proyecto de ley que se presentó es el artículo 1º, porque le da un reconocimiento y una cantidad de efectos jurídicos a la utilización de un instrumento de estas características. Es decir que aumenta, de alguna manera, la capacidad de las personas, con lo cual también las hace responsables de una serie de consecuencias y efectos jurídicos por la aplicación de esto, que pasa a ser oficial y reconocido por la ley. Por ello, creo que es fundamental que cuando se hagan las consultas se verifique si realmente esto está referido, no solamente a la nacionalidad y, en consecuencia, a la territorialidad, sino también al idioma castellano porque, hasta donde conozco, existen lenguas de señas en otros idiomas, que utilizan señas distintas.
SEÑORA POU.- Hace un rato, cuando el señor Senador Gallinal no estaba presente, justamente explicamos que es distinta la lengua de señas, quizás, para las personas de habla inglesa, porque hay símbolos para algunas palabras, pero hay otras que se componen de símbolos que provienen de la construcción de la palabra en el lenguaje. Por eso es que a veces hay variaciones, más allá de que puede haber algún tipo de señas que universalmente sean comprendidas.
SEÑOR PRESIDENTE.- Además, hay traductores.
SEÑORA POU.- Quizás sí, señor Presidente.
Recuerdo que en la última asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo en Santiago de Chile, permanentemente hubo una única intérprete que, inclusive, mereció un reconocimiento por parte del contador Iglesias, ya que trabajó más de 12 horas. Pregunté a qué se debía esta situación y me dijeron que esta persona era la única que interpretaba a todos los panelistas que hablaban en inglés, francés y español. Esta intérprete trabajó alrededor de 14 horas por día porque, como ya dije, era la única que reunía las condiciones para la tarea.
Volviendo al tema, creo que esto se solucionaría preguntando si lo de “uruguaya” califica exclusivamente a una escuela. Pienso que la clave está en la exposición de motivos, cuando se habla de las distintas comunidades sordas que han creado distintas lenguas y allí dice que se trata de una lengua visual-gestual, a diferencia de las demás lenguas que son auditivo–orales. Entonces, si se nos aclara si realmente hay una suerte de doctrina uruguaya, quizá tengamos que rever la eliminación en el primer artículo, porque apunta a otra cosa, es decir, a una situación jurídica que pueda plantearse. Pero a partir del artículo 2º ya es un reconocimiento y una promoción de carrera. Reconozco que me sigue gustando más la versión del señor Senador Korzeniak, pero me preocupa en el artículo 4º la norma preceptiva para que se utilice e intervengan intérpretes de señas de lengua uruguaya. Diría que aquí está la clave, porque si no existe tal clasificación, podemos poner “en Uruguay” en todo el articulado, salvo en el artículo 1º que, personalmente, dejaría sin ningún adjetivo.
SEÑOR PRESIDENTE.- Indefectiblemente debo retirarme, porque tengo que asistir a una reunión a la que estoy retrasado casi una hora. Entonces, habría que nombrar un Presidente “ad hoc”, porque no tenemos Vicepresidente. Propondría al señor Senador Pereyra, si lo señores Senadores están de acuerdo.
SEÑOR KORZENIAK.- Iba a replantear mi propuesta de que en el día de hoy aprobáramos el texto.
Escuché recién al señor Senador Gallinal y creo que me convenció. En realidad, mi sugerencia de establecer “intérprete de lengua por señas en Uruguay”, apuntaba a buscar una salida para una objeción que había hecho el señor Senador Atchugarry, argumentando que lo que se estudia es el idioma español y no uruguayo. Si trasladamos eso mecánicamente, no podemos hablar de un lenguaje uruguayo en lugar de español. Por tal motivo se me ocurrió mejor hablar de “en Uruguay”, pero no voy a poner obstáculos, porque si no existiera una lengua de señas específica del Uruguay, distinta de Argentina, Brasil, Colombia o Bolivia, no hace ningún daño que la ley diga “lenguaje de señas uruguayo”. Entonces, si coincide con el de otros países, está bien y si no es así, al Uruguay le conviene que, efectivamente, sea el de aquí. Por lo tanto, en aras de que se pudiera aprobar el texto, retiraría la propuesta de poner “en Uruguay”. Digo esto porque si ese cambio no se realiza, honestamente no veo la razón para hacer consultas y ni siquiera para que la Comisión hoy no proponga un texto al Plenario. Habitualmente, el cuidado en la redacción de una ley tiene por objeto evitar que luego se generen discusiones acerca de su alcance. De todos modos, creo que si se dice “Lengua de Señas Uruguaya”, no va a haber dificultades interpretativas. Podrá ser algo que no coincide con una realidad idiomática, en un sentido amplio, porque Uruguay no tiene un lenguaje de señas distinto al de Argentina pero, reitero, esto no provoca ninguna dificultad de interpretación.
Entiendo que esta vacilación está pesando en el hecho de poder llevar de una vez el proyecto al Plenario, porque estamos tratando un tema en el que están interesadas personas con una capacidad distinta desde el punto de vista físico. Esto siempre excita la fibra emocional de quien está trabajando sobre el tema. Pero, en realidad, después de haber conversado el punto básico, que era la propuesta de la señora Senadora Pou, sobre la que ellos han manifestado su aceptación -tanto los afectados que concurrieron aquí como sus promotores y asesores- me parece que estamos en condiciones de aprobar el proyecto de ley.
Reitero que mi propuesta de poner “en Uruguay” apuntaba a encontrar una salida, pero no tengo ningún inconveniente en que se deje en el texto “Lengua de Señas Uruguaya”. La crítica podría ser decir que, en realidad, idiomáticamente no existe una Lengua de Señas Uruguaya distinta de una argentina. Pero, ¿qué le hace perder eso a la ley? Simplemente, una mención al Uruguay.
El artículo 1º se refiere al reconocimiento de esa lengua como natural en el territorio de la República. Entonces, como mucho podemos decir que estamos abundando en lo de uruguayo, pero no generamos dificultades de interpretación. Si es así, insisto en la propuesta de que aprobemos un proyecto.
SEÑORA POU.- Me parece que apunta a naturalezas distintas.
El artículo 1º es un reconocimiento y puede tener otros efectos. Pero me sigue preocupando el artículo 4º, donde se dice que la intervención de intérprete de Lengua de Señas Uruguaya será preceptiva. Quizá, lo que podemos hacer es, en esta última frase, dejar simplemente “la intervención de intérprete de lengua de señas será preceptiva”, prescindiendo, de este modo, de “uruguaya”.
SEÑOR GALLINAL.- Me parece que lo que ocurre es que la última frase del artículo 4º está mal redactada, porque aquí lo que se pretende no es que intervenga un intérprete de lenguas, sino que cada vez que haya cadena nacional de televisión –y así debería empezar la redacción- necesariamente deberá realizarse traducción a través de Lengua de Señas Uruguaya. Creo que de esa manera salvaríamos el problema. El objetivo del artículo me parece que es claro, ya que no se trata de que haya un intérprete, sino de que aquellas personas sordas tengan oportunidad de entender el mensaje que se trasmite por la cadena nacional de televisión, a través de la Lengua de Señas Uruguaya. La reglamentación o el tiempo determinará quien lo realiza, cuando tengamos la carrera terciaria.
SEÑORA POU.- Pero la carrera ya existe; no será terciaria, pero existe y se otorgan certificados.
SEÑOR PRESIDENTE.- En el último párrafo debe decir “cuando se utilice la cadena nacional de televisoras, será preceptiva la intervención”, etcétera.
SEÑORA POU.- No es lo mismo un idóneo que un intérprete. Hay un reconocimiento a la tarea comunicacional del intérprete; no se trata de cualquier sordomudo, sino de un profesional.
SEÑOR PRESIDENTE.- Hay una propuesta en el sentido de aprobar el proyecto, pero se nos presenta la dificultad de que no tenemos número para votar. Quizás, se podría consultar al Presidente, señor Senador Fau, quien si bien había señalado sus objeciones, según entendía no tenía más nada que agregar.
SEÑOR CID.- Se podría facultar a la Presidencia a que haga las consultas. ¿Podríamos repasar cómo quedó el proyecto?
SEÑORA SECRETARIA.- “Artículo 1º.- Se reconoce a todos los efectos a la lengua de señas como la lengua natural de las personas sordas y de sus comunidades en todo el territorio de la República.”
SEÑOR NUÑEZ.- No entiendo por qué el artículo 1º no comienza diciendo que la presente ley tiene por objeto la remoción de las barreras, es decir, alterar el orden de los párrafos y que el primero pase a ser el segundo.
SEÑOR CID.- Reitero que el objetivo de este proyecto de ley es reconocer la Lengua de Señas Uruguaya. Insisto, estamos buscando que se reconozca este sistema implementado en el Uruguay.
SEÑORA SECRETARIA.- “Artículo 1º.- Se reconoce a todos los efectos la lengua de señas como la lengua natural de las personas sordas y de sus comunidades en todo el territorio de la República.
La presente ley tiene por objeto la remoción de las barreras comunicacionales y así asegurar la equiparación de oportunidades para las personas sordas o hipoacústicas.
Artículo 2º.- En aplicación del artículo 6º de la Ley Nº 16.095, el Estado apoyará las actividades de investigación, enseñanza y difusión de lengua de señas.”
SEÑOR KORZENIAK.- Habría que agregar la fecha luego de la mención al artículo 6º de la Ley Nº 16.095.
SEÑOR CID.- Sigo teniendo dudas.
Tal como he fundamentado, el objetivo de la ley es el reconocimiento de la Lengua de Señas Uruguaya. Entonces, si en ese artículo eliminamos el término “uruguaya” estamos desconociendo el principal objetivo que el legislador está promoviendo. En tal sentido, propongo que no se lo elimine.
Léase nuevamente el artículo 2º.
SEÑORA SECRETARIA.- “Artículo 2º.- En aplicación del artículo 6º de la Ley Nº 16.095, el Estado apoyará las actividades de investigación, enseñanza y difusión de Lengua de Señas Uruguaya.
Artículo 3º.- El Estado promoverá la creación de la carrera de intérprete de Lengua de Señas Uruguaya de nivel terciario y los mecanismos necesarios para validar los certificados expedidos o que se expidan por parte de instituciones privadas con relación a esta carrera, tanto como en las condiciones de habilitación de los formadores de docentes de Lengua de Señas Uruguaya.
Artículo 4º.- El Estado asegurará a todas las personas sordas o hipoacústicas el efectivo ejercicio de su derecho en la formación, implementando la intervención de intérpretes de Lengua de Señas Uruguaya en programas televisivos de interés general como informativos, documentales, programas educacionales y mensajes de las autoridades nacionales o departamentales a la ciudadanía. Cuando se utilice la cadena nacional de televisión será preceptiva la utilización de los servicios de intérpretes de Lengua de Señas Uruguaya.
Artículo 5º.- El Estado asegurará a todas las personas sordas o hipoacústicas que lo necesiten, el acceso a los servicios de intérpretes de Lengua de Señas Uruguaya, en cualquier instancia en que puedan quedar dudas de contenido en la comunicación que debe establecerse.
Artículo 6º.- El Estado facilitará a todas las personas sordas o hipoacústicas el acceso a todos los medios técnicos necesarios para mejorar su calidad de vida.
Artículo 7º.- Todo establecimiento o dependencia del Estado y de los Municipios con acceso al público, deberá contar con señalización, avisos, información visual y sistema de alarma luminosa aptos para su reconocimiento por personas sordas o hipoacústicas”.
SEÑOR PRESIDENTE.- En definitiva, consultaré al señor Senador Fau y si él está de acuerdo, se dará como votado el proyecto y se informará al Senado. Naturalmente, el miembro informante será el Presidente de la Comisión.
(Así se hace. Es la hora 11 y 38 minutos)
Lengua de señas uruguaya. (Se reconoce como la lengua natural de las personas sordas y de sus comunidades en todo el territorio de la República).
¾ ¾ De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: “Lengua de señas uruguaya. (Se reconoce como la lengua natural de las personas sordas y de sus comunidades en todo el territorio de la República)”.
Rep. Nº 574
“CAMARA DE SENADORES
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 16 de mayo de 2001.
Pocos hechos trasuntan con mayor claridad el grado de madurez de una sociedad, como el esfuerzo que la misma despliegue para integrar a quienes sufren de alguna limitación orgánica que conspire contra una vida normal.
Este esfuerzo se proyecta en las más diversas áreas en función del tipo de discapacidad de que se trata.
Lamentablemente, el Estado uruguayo no puede abordar simultáneamente todo lo que debe hacer.
Pero importa transitar en la dirección correcta y en forma gradual, sin prisa y sin pausa, generar soluciones para que amplios sectores de discapacitados puedan llevar una vida normal y como en el caso de las personas sordas e hipoacústicas sufrir el aislamiento producto de la situación.
Por otra parte median en el mismo sentido diversas obligaciones legales como la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, sobre la “Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad” (modificado por la Ley Nº 16.169, de 24 de diciembre de 1999, que sustituye su sistema de Protección Integral (inciso segundo del artículo 10) citado en el artículo 2º del presente proyecto de ley.
También y más recientemente la Ley Nº 17.330, de 9 de mayo de 2001, sancionada en el año en curso que aprueba la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad” cuyo artículo 2º establece como objetivos “… la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad”. Vale decir, que median razones de moralidad, legalidad y conveniencia para aprobar este proyecto que ya fue sancionado por el Senado y que sin duda habrá de contribuir a mejorar la calidad de vida de muchos uruguayos.
El artículo 1º reconoce como lengua natural de las personas sordas y de sus comunidades a una “lengua de señas uruguaya”. Consideramos que este artículo es la piedra angular del presente proyecto de ley.
El artículo 2º establece que el Estado apoyará las actividades de investigación, enseñanza y difusión de la Lengua de Señas Uruguaya.
El artículo 3º establece que el Estado promoverá la creación de la carrera de intérprete de Lengua de Señas Uruguaya de nivel terciario.
El artículo 4º pretende asegurar a las personas sordas e hipoacústicas el derecho a la información.
Los artículos 5º y 6º aseguran el acceso tanto a los servicios de intérpretes de Lengua de Señas Uruguaya como a los medios técnicos necesarios para mejorar su calidad de vida.
El artículo 7º facilita la circulación en lugares públicos de las personas comprendidas en esta ley.
En resumidas cuentas, y por las razones expuestas, vuestra Comisión asesora propone por unanimidad aprobar el proyecto de ley adjunto.
Sala de la Comisión, 27 de junio de 2001.
NAHUM BERGSTEIN, Miembro Informante, HUGO CUADRADO, HENRY LOPEZ, JOSE CARLOS MAHIA, PABLO MIERES, GLENDA RONDAN”.
Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Bergstein.
SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: en primer término, en nombre de la Comisión de Educación y Cultura y en el mío propio, quiero agradecer al Cuerpo por haber permitido la consideración de este proyecto de ley con carácter urgente, lo que seguramente nos permitirá aprobarlo en el día de hoy, para pasarlo al Poder Ejecutivo, puesto que ya viene aprobado por el Senado.
Fundamentalmente estamos ante un hecho cultural, porque la forma como una sociedad asume su obligación de reinsertar a los discapacitados en la mayor medida posible e incorporarlos a una vida normal es un índice de madurez cultural de dicha sociedad. No es un tema que se arregle solamente con leyes, pero tampoco es un tema que se pueda arreglar sin leyes. La igualdad de oportunidades para el discapacitado es un proceso permanente con diversas facetas según los distintos tipos de discapacidades. Este proceso permanente tiene un aspecto educativo y cultural que abarca a la sociedad en su conjunto, en tanto tenemos que saber tratarlos como seres humanos iguales a nosotros. Este proceso es permanente porque ni empieza ni termina con este proyecto que la Comisión de Educación y Cultura, por unanimidad de sus integrantes, somete a la consideración del Cuerpo.
Tomando en cuenta distintos tipos de discapacidades, entre 1948 y 1999 hemos contabilizado veinte proyectos de ley que refieren a distintas formas de discapacidad y hay otros en camino, porque la deuda de la sociedad y la del Estado para con los discapacitados no se ha cancelado. La propia evolución científica y tecnológica abre nuevas posibilidades. Lamentablemente, un enfoque integral del tema, que permita solucionar simultáneamente una variedad de situaciones dramáticas, requiere de un esfuerzo que quizás hoy no estemos en condiciones de brindar. Pero sí es importante transitar en la dirección correcta e ir aportando, paso a paso, distintas soluciones, nosotros desde el Poder Legislativo, las organizaciones no gubernamentales desde su posición, y la sociedad en su conjunto. En estos momentos, por ejemplo, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración tiene a consideración un proyecto de ley que permitiría, nada menos, que los discapacitados con problemas de movilidad ejerzan el derecho político fundamental del voto. También confiamos en que ese proyecto tenga pronta sanción por parte del Cuerpo.
Hoy abordamos el tema de los sordos. Empecemos por decir que en nuestro país hay aproximadamente treinta mil personas con distintos grados de deficiencia auditiva. A veces se trata de niveles de sordera que se pueden paliar con algún tipo de prótesis, materia en la que también se está evolucionando.
Este proyecto marca un punto de inflexión sumamente importante. A esta altura queremos decir que para la elaboración de este informe nos hemos apoyado en un material que nos han hecho llegar el Centro de Investigación y Desarrollo para la Persona Sorda y la Asociación de Sordos del Uruguay, a quienes quiero agradecer su colaboración, que ha facilitado nuestro trabajo. En el siglo pasado, en un congreso educativo que tuvo lugar en la ciudad de Milán, se tomó una decisión de singular trascendencia, pero que lamentablemente no fue positiva. El congreso a que hago referencia, que tuvo lugar en 1880, decidió que el sistema oral era el modelo educativo que mejor se adaptaba a las necesidades de las personas afectadas por sordera, de tal manera que, con pocas excepciones, ese modelo se extendió mundialmente y se aplicó en nuestro país. Obsérvese que, por ejemplo, pretender educar a una persona con sordera profunda por la vía del modelo oral era una manera de determinar irreversiblemente su discapacidad y hasta su minusvalía. Como bien dice el informe al que acabamos de hacer referencia, la situación se asemejaba a la de procurar que un ciego pueda ver por el solo hecho de decirle que vea, o que una persona con deficiencia motriz camine normalmente mostrándole cómo se camina, aunque no pueda hacerlo.
Afortunadamente, en nuestro país hubo algunos institutos, como la Escuela Nº 197, el Liceo Nº 32 y recientemente el IAVA, que dejaron el sistema oral para aplicar el sistema que propugna este proyecto de ley, que es la lengua natural a que hace referencia.
Este proyecto marca un punto de inflexión; cambia el sistema oral implantado en 1880 como modelo educativo para los sordos por una lengua de señas, que es la lengua natural de las personas sordas. No me refiero a la lengua materna, salvo que sean hijos de padres sordos, sino a la pauta distintiva de la cultura de su comunidad, que está integrada por personas sordas y por otras que no tienen deficiencias o tiene otras distintas de la sordera, en tanto sean hablantes de la lengua de señas.
La lengua de señas creada y enriquecida por las diferentes comunidades sordas del orbe, cumple con todos los requisitos que las ciencias del lenguaje y la comunicación establecen para conferirle estatus de lengua. Se trata de una lengua visual-gestual, a diferencia de las demás lenguas, que son auditivo-orales. Su uso permite a las personas afectadas de sordera profunda la completa satisfacción de sus necesidades de expresión y comunicación. Pero más allá de cualquier discurso que podamos decir, la Cámara de Diputados tiene el inusual privilegio de contar en la tarde de hoy con una demostración práctica del proyecto de ley que estamos tratando, de la lengua de señas, por medio de la traducción que está haciendo en estos momentos la profesora Isabel Pastor, Directora de la Escuela de Lengua de Señas Uruguaya. Como ustedes pueden ver a nuestra diestra, está dirigiéndose desde el palco de la prensa a miembros de la Asociación de Sordos presentes en la barra, que han podido seguir las alternativas de la sesión de esta tarde de una manera absolutamente natural por medio de esta lengua visual-gestual. Creo que esta inusual demostración vale más que cien discursos.
La incorporación de esta lengua como la natural de las personas sordas y de sus comunidades en todo el territorio de la República, como dice el artículo 1°, con la finalidad de superar las barreras comunicacionales y asegurar la equiparación de oportunidades para sordos e hipoacústicos y la igualdad de oportunidades como punto de partida, es la piedra angular de nuestras políticas sociales, y esto requiere también la participación de intérpretes, de profesionales preparados para servir de nexo, a través del lenguaje visual-gestual. En tal sentido, el artículo 3° del proyecto de ley impone que “El Estado promoverá la creación de la carrera de intérprete de Lengua de Señas Uruguaya, de nivel terciario, y los mecanismos necesarios para validar los certificados expedidos o que se expidan por parte de instituciones privadas con relación a esta carrera, tanto como en las condiciones de habilitación de los formadores de docentes de Lengua de Señas Uruguaya”. De tal manera, la tarea del intérprete, que es quien permite la interacción comunicacional, se consagra como una actividad profesional indispensable para la adecuada aplicación del lenguaje de señas.
Otras disposiciones establecen diversas obligaciones por parte del Estado. Por ejemplo, se dice que deberá asegurarles el efectivo ejercicio de su derecho a la información, que quienes lo necesiten tendrán acceso al servicio de intérpretes en cualquier instancia en que no puedan caber dudas de contenido en la comunicación que deba establecerse, y que facilitará el acceso a todos los medios técnicos necesarios para mejorar su calidad de vida.
Todas estas obligaciones del Estado nos llevan a dos precisiones. En primer lugar, estamos cumpliendo con el mandato legal establecido por una norma que hemos aprobado hace muy poco, la Ley N° 17.330, que aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, que determina la adopción de medidas para facilitar las condiciones de comunicación entre las personas y proporcionar cierto tipo de suministros. En segundo término, la adecuada aplicación del proyecto de ley requiere la colaboración de la sociedad y de los sectores interesados.
Me complace particularmente subrayar que el informe que nos ha suministrado el Centro de Investigación y Desarrollo para la Persona Sorda y la Asociación de Sordos del Uruguay establece su compromiso de apoyar la implementación adecuada de este proyecto. El Centro y la Asociación de Sordos del Uruguay trabajan para conseguir la equiparación de oportunidades para los sordos en todo el país y, entre sus cometidos, está el de atender -por los mecanismos más idóneos a que pueda acceder y en la medida en que sus recursos lo posibiliten- los aspectos esenciales del bienestar social de la persona sorda.
Quienes suscriben este informe -el Presidente de la Asociación de Sordos del Uruguay, señor José Omar Pereira de Souza; el Presidente del Centro de Investigación y Desarrollo para la Persona Sorda, arquitecto José Dobrzalovsky; el asesor Cándido Bogliacino; la Secretaria de la Asociación de Sordos del Uruguay, señora Elizabeth Corbo, y la profesora Isabel Pastor, Directora de la Escuela de Lengua- nos dicen que, en cumplimiento de sus fines y propósitos, y en representación de las instituciones nombradas, vienen a ofrecer su apoyo para que el Estado pueda cumplir con los cometidos que le asignan la legislación vigente y los tratados y convenciones internacionales suscritos. De alguna manera, se disculpan por no haber incluido en su exposición otros artículos de leyes nacionales y de tratados y convenciones internacionales que también están vigentes y que establecen obligaciones para el Estado. Ello no era necesario porque tenemos la nómina de estas leyes y tratados sobre la mesa de trabajo.
Aunque bajo la apariencia de la rutina del trabajo parlamentario, creemos que éste es un momento importante de este Parlamento, ya que, por encima de barreras partidarias, legisladores de todos los Partidos estamos contribuyendo a la sanción de un proyecto de ley que, por ejemplo, impone la traducción a la lengua de señas toda vez que se use la Cadena Nacional de Televisoras. Asimismo, este proyecto pretende que el Estado asegure que en los informativos, documentales, programas educacionales y mensajes de las autoridades a la ciudadanía, se realice la traducción a la lengua de señas uruguaya. Nosotros creemos que éstos son hechos de singular trascendencia y que como tales no deberían pasar inadvertidos.
Con especial satisfacción la Comisión de Educación y Cultura propone al Cuerpo, en forma unánime, sancionar este proyecto de ley que ya viene aprobado por el Senado, para que en cuestión de días, en cuanto lo promulgue el Poder Ejecutivo, se convierta en ley.
También conviene señalar otro hecho que menciona el informe, en cuanto a que la Intendencia sólo les otorga la licencia de chofer por un año y deben renovarla anualmente. No entiendo cuál es la razón, porque si se trata de una sordera profunda, no sé qué factores pueden cambiar cada año. Además, en forma proporcional, los índices de accidentes de tránsito protagonizados por sordos están por debajo del nivel general.
Finalmente, quisiera decir que como penalista siempre sentí que teníamos una deuda con los sordos del país. Hay una disposición del Código Penal que debemos asumir la obligación de derogar en cuanto tengamos oportunidad. No lo hemos propuesto en ocasión de tratarse este proyecto de ley, ya que la incorporación de esa disposición obligaría a que el proyecto volviera a la otra rama del Parlamento, y optamos por quedarnos con lo que tenemos. Me refiero al artículo 35 del Código Penal, que trata a los sordomudos de una manera invariablemente denigrante. Si la memoria no me es infiel, allí se establecen dos categorías. Si los sordomudos tienen menos de dieciocho años, se les aplican las causas de inimputabilidad que tienen todos los menores de esa edad. Si tienen más de dieciocho años, se les aplica la causa de impunibilidad establecida en el artículo 30, que es el que refiere a la locura, cuando la persona no tiene capacidad para discernir el carácter ilícito de su acto. Pero en este caso no se trata de una cosa ni de la otra. Ese artículo del Código Penal, que seguramente quería decir que el sordomudo es tan imputable como las demás personas, está de más y no es motivo de orgullo para ninguno de nosotros, porque tiene un matriz casi denigrante.
Mientras tanto, proponemos que se apruebe este proyecto de ley que, con la colaboración de los interesados y de otros sectores de la sociedad, creemos que constituye un avance en el cumplimiento de esa deuda a la que nos referíamos al inicio de esta intervención y que es la reinserción de los discapacitados en la vida normal de la sociedad, permitiéndoles, en la medida de lo posible, la igualdad de oportunidades.
SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Tiene la palabra el señor Diputado Chápper.
SEÑOR CHAPPER.- Señor Presidente: quienes ejercemos la profesión de médico otorrinolaringólogo y estamos vinculados a este tipo de pacientes sabemos que el país no podía brindar, como lo hace hoy a través de este proyecto de ley, las condiciones mínimas para acceder a la información necesaria en un mundo tan globalizado, con tanta información. A partir de esta iniciativa, con el sentido en que va encaminada, lo podremos hacer. Especialmente para mí, esto significa un gran logro y estoy muy contento de estar aquí presente para votarla.
Si bien mucha gente piensa que la sordera no es una gran discapacidad, los que estamos en esta actividad podemos decir que es mucho peor que ser ciego. El sordo no puede participar de lo que ocurre a su alrededor; la sordera es el peor aislamiento. Tengo miedo de herir la sensibilidad de algunas de las personas aquí presentes que tienen esta discapacidad, pero, de todas maneras, quiero expresar que se sufre muchísimo por padecerla.
Realmente, creo que la iniciativa que se ha presentado en el día de hoy va a hacer historia en un grupo de ciudadanos que aumenta cada día que pasa. Por la historia demográfica del país, quizá muchos de nosotros -¡ojalá que sea dentro de muchísimos años!- tengamos que padecer esta discapacidad, y no tengan dudas de que será muy importante que, gracias a este proyecto de ley, podamos seguir integrados a la sociedad que queremos y en la que vivimos. Al ver cómo se está haciendo la traducción de lo que se habla por parte de una profesora y lo que se hace en este país a través de este tipo de asociaciones que hoy nos acompañan, cuando nos enfrentamos a un discapacitado auditivo comprendemos cuán importante es en la vida disponer del sonido que nos rodea. Siempre digo lo siguiente: valoremos las cosas cuando las tenemos. Al igual que con la libertad, el amor, la salud y la vida, sólo quien padece la falta de audición sabe cuánto ha perdido: el saber y el sentir del afecto, sentir lo que ocurre a su alrededor y su contacto con la naturaleza; siente la pérdida de algo que nos entra a todos por el sonido.
El oído es el único órgano que no descansa; está abierto las veinticuatro horas del día, los treinta días del mes y los trescientos sesenta y cinco días del año. Porque desde el comienzo de la evolución, cuando el hombre estaba descansando, el oído era el que le permitía estar alerta a lo que ocurría a su alrededor y así huir o atacar en ese momento.
Por eso, como ejerzo la profesión de médico otorrinolaringólogo, en el día de hoy me siento muy agraciado de poder participar en la aprobación de este proyecto, que es muy sustancial e importante. No tengan dudas de que va a servir a muchísima gente que, si bien hoy no está acá ni sabe que se está considerando esta iniciativa, va a beneficiarse cuando pueda obtener información a la que hasta ahora no ha podido acceder.
La Cámara tiene que aprobar este proyecto de ley, porque así estaremos cumpliendo con uno de los deberes que nos impone la Constitución: que todos los ciudadanos podamos ser iguales, aunque en algunos momentos parezca que no lo somos.
SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Por lo que estamos apreciando, este proyecto de ley se aprobará en la noche de hoy.
Tiene la palabra el señor Diputado Falero.
SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: vamos a apoyar con entusiasmo este proyecto marco que, en definitiva, ha sido aprobado por unanimidad por la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, en los mismos términos en que oportunamente lo hiciera la Cámara de Senadores.
Además, me alegro de que no haya sido modificado, más allá de que el paso que se da, si bien resulta sin duda muy importante, es corto, porque quedan sin considerar algunos aspectos que asegurarían los derechos a todas las personas de este país, independientemente de la discapacidad -en este caso, la sordera- que padezcan. El simple hecho de que una persona concurra a una oficina pública para realizar determinado trámite y no sea comprendida ya significa una cortapisa importante a su libertad y al ejercicio de sus derechos. El simple hecho de que una persona no pueda manifestarse públicamente en cualquier oportunidad que lo desee también constituye una cortapisa importante. Inclusive, la comparecencia como testigo en una sede penal de una persona que tiene la discapacidad de la sordera es trascendente en lo que hace a su seguridad y a sus propias posibilidades de defensa.
En este sentido, voy a contar una anécdota que me tocó protagonizar como receptor penal. En un incidente circunstancial y del momento, que se produjo a la salida del Hipódromo de Las Piedras, estuvieron involucradas dos personas, una sorda y otra que no tenía esa discapacidad. Tomé declaración a quien no poseía la discapacidad, y cuando fui a tomársela a la otra persona, no pude hacerlo, porque no podíamos entendernos, dado que era absolutamente sorda y muda; por lo tanto, no pude cumplir mi función como receptor. Sin duda, existía una desventaja de esa persona respecto de la otra, que hablaba y se hacía entender. Luego de mucho esfuerzo, pude conseguir que me mostrara su documento de identidad y logré encabezar la declaración. También después de mucho esfuerzo supuse que era barrendero, ya que el hombre me mostró una foto en la que estaba barriendo la calle vestido con un uniforme de la Intendencia Municipal de Montevideo; pero no pude ir más allá en mi deducción. En consecuencia, el Juez solicitó a una persona -en este caso a una señora- que al día siguiente y antes de que se cumplieran las veinticuatro horas de detención, fuera a cumplir la función de intérprete. De todas maneras, el hombre estuvo detenido más horas de las que debía, precisamente por no haber tenido la posibilidad de comunicarse.
No son hechos menores sino importantes, que inclusive hacen a la libertad de las personas -como en este caso- o al derecho de poder hacer una gestión en cualquier lugar de la Administración Pública, donde debería existir la obligación de tener intérpretes capaces de traducir lo que demanda una persona sorda.
Por lo tanto, tomamos este proyecto de ley como punto de partida de un análisis más profundo que este Cuerpo deberá hacer para encontrar rápida solución a los problemas que ya existen y que seguirán existiendo más allá de su aprobación.
SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Tiene la palabra el señor Diputado Gil Solares.
SEÑOR GIL SOLARES.- Señor Presidente: la presentación de este proyecto nos permite aprovechar la oportunidad para recordar que existen niños sordos congénitos, que son víctimas de un síndrome de incomunicación muy importante que, felizmente, los especialistas del mundo y de nuestro país han conseguido detectar y para el que tienen una solución que es muy interesante. Se les aplica lo que se llaman implantes cocleares. Se trata de una sustitución de su principal aparato auditivo.
En nuestro país, quien se ha especializado en esta cirugía espléndida es el doctor Hamlet Suárez. Lo mencionamos porque realmente es merecedor de una gran felicitación por su dedicación y por su esfuerzo. Pero lamentamos que un solo equipo funcione en forma coordinada con el Fondo Nacional de Recursos, ya que el problema de algunos niños podría quedar sin solución por falta de tiempo material, máxime teniendo en cuenta que cuando los niños sordos cumplen siete años se les considera fuera de las posibilidades de obtener ese beneficio. Esto hace que debamos contemplar la necesidad de ampliar el espectro de cirujanos especialistas para que ningún niño sordo de nuestro país quede sin una solución para su enfermedad.
Este asunto es muy importante, no sólo para el Fondo Nacional de Recursos y para la especialidad de otorrinolaringología, sino también para la política general de salud del Ministerio de Salud Pública.
SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.
——Cuarenta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.
——En discusión particular.
SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos y se voten en bloque.
SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Se va a votar.
——Cuarenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.
De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se van a votar los artículos 1° a 7°, inclusive.
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