Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/3929
Timestamp: 2018-04-21 20:50:44
Document Index: 314776053

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 3', 'Artículo 371', 'Artículo 13', 'Artículo 269', 'Artículo 816', 'Artículo 69', 'Artículo 3', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 81', 'Artículo 7', 'Artículo 7']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 187/1999
SENTENCIA 187/1999, de 25 de octubre
ECLI:ES:TC:1999:187
En los recursos de amparo acumulados núms. 601/94 y 640/94, interpuestos, el primero por doña Cristina de la Vera Fernández, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Concepción Aporta Estévez y, posteriormente, por la Procuradora doña Gema de Luis Sánchez, asistida por el Abogado don José Emilio Rodríguez Menéndez, y el segundo por Gestevisión Telecinco, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles y González-Carvajal y asistida por el Abogado don Santiago Muñoz Machado, respectivamente, contra el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Decimosexta) de 1 de febrero de 1994. Han comparecido doña Ana García Obregón y don Alessandro Lequio di Assaba, representados por el Procurador don Luis Pastor Ferrer y asistidos por el Abogado don Miguel Bajo Fernández, ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Rafael de Mendizábal Allende, quien expresa el parecer de la Sala.
1. En escrito registrado el 24 de febrero de 1994, la Procuradora doña Concepción Aporta Estévez interpone en nombre de doña Cristina de la Vera Fernández recurso de amparo contra el Auto dictado el 15 de diciembre de 1993 por el Juez de Instrucción núm. 17 de Madrid que prohibía la emisión del programa de televisión "La máquina de la verdad" que estaba prevista para el siguiente día 16, y contra los de 27 de diciembre de 1993, 1 de febrero de 1994, respectivamente, pronunciados por el mismo Juez y por la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid, confirmatorios en reforma y apelación del primero de ellos.
2. El Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles y González Carvajal, representando a Gestevisión Telecinco, S.A., y en escrito recibido el 1 de marzo de 1994, interpone recurso de amparo contra el mismo Auto de la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid denunciando infracción de los arts. 20 y 24 de la Constitución.
3. Para dar respuesta cabal a todas estas cuestiones suscitadas en los recursos de amparo objeto de esta Sentencia, es indispensable precisar con rigor los hechos de los que traen su causa, pues sólo su ordenada exposición y las circunstancias en las que han tenido lugar permitirá a este Tribunal ceñir a sus justos términos el asunto litigioso con el propósito de constatar si las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado o no el art. 20.1 a) y d) C.E., en relación con sus apartados 2 y 5.
Pues bien, los Srs. García Obregón y Lequio di Assaba denunciaron, al amparo de lo dispuesto en la Sección Primera de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, a la Sra. de la Vera y otras personas, además de a todos los que resultasen implicados en el transcurso de las diligencias penales, por las injurias y calumnias vertidas por las denunciadas, según dice su escrito de denuncia, en el número de cierto semanario. A continuación se ordenó la apertura de diligencias indeterminadas, al tiempo que mediante Auto se denegaba la "medida cautelar de secuestro" de los ejemplares del número en cuestión de la aludida revista, cuya práctica se había solicitado en la denuncia en aplicación de lo dispuesto en el art. 3.2 Ley 62/1978 (Auto recurrido en apelación por los denunciantes). Con posterioridad se incoó el pertinente sumario, en el curso del cual, mediante un escrito de los denunciantes, se puso en conocimiento del Juzgado instructor que les constaba que la denunciada señora de la Vera se proponía intervenir en el programa "La Máquina de la Verdad" de la cadena de televisión "Telecinco", que sería emitido al día siguiente de su grabación, y donde se iban a reproducir las mismas declaraciones hechas a la mentada revista, y que fueron la causa de la denuncia por la presunta perpetración de injurias y calumnias. Interesaban en este escrito los denunciantes que el Juez instructor, conforme al art. 18.1 C.E., art. 3.2 Ley 62/1978 y arts. 13 y 816, ambos de la L.E.Crim., librase oficio a Gestevisión Telecinco, S.A., "comunicándole la prohibición de difundir o proyectar el programa La Máquina de la Verdad", con el fin de evitar el incremento del perjuicio sufrido por los denunciados en sus derechos al honor y a la intimidad personal y familiar.
El Juez dictó el Auto de 15 de diciembre de 1993, el primero de los recurridos en las demandas de amparo, por el que se acordó la prohibición de la emisión y proyección del mentado programa televisivo. El Juez fundó su decisión en que la emisión proyectada del referido programa en el que, según dicen los denunciantes, su protagonista iba a ser la Sra. de la Vera, "pudiera conculcar el derecho al honor, a la propia imagen e intimidad personal y familiar", incrementando, entonces, el daño moral denunciado con motivo de la publicación de la exclusiva concedida a una revista por la denunciada Sra. de la Vera, "pudiendo además, perjudicar la actuación judicial en curso al interferir en la investigación de los hechos que es su función propia y específica con actuaciones al margen de los cauces procesales legalmente establecidos". El Juez, en ejercicio de su función garante de los perjudicados, como dispone el art. 13 L.E.Crim., y sus derechos protegidos en el art. 18.1 C.E., decretó la polémica prohibición con arreglo a lo que establecen los arts. 816 L.E.Crim. y 3.2 Ley 62/1978. El Ministerio Fiscal, personado en la instrucción, y aduciendo que es un principio general de toda medida cautelar su revisibilidad de oficio en el curso del procedimiento conforme a lo que cabe desprender del art. 539 L.E.Crim., solicitó del Juez que requiriese a la cadena de televisión que aportase a la mayor brevedad una copia del programa para su visionado, con el fin de poder decidir sobre la procedencia o no de la "medida cautelar inicialmente acordada", dice el Ministerio Público; y así procedió el Juez mediante providencia con fecha del mismo día en el que estaba previsto emitir el programa televisivo en cuestión.
La Sra. de la Vera también recurrió en reforma el referido Auto del Juzgado, y subsidiariamente en apelación, alegando que se limitó a transmitir información veraz, protegida por el art. 20.1 d) C.E., y que la C.E. no autoriza el secuestro de información aún no publicada o grabada, aunque haya sospechas de que pueda vulnerarse un derecho fundamental, sin que haya razón objetiva alguna que justifique la prohibición de un programa de televisión de contenido aún desconocido.
El mismo día que se dictó la providencia mencionada antes, ingresó en el Juzgado escrito de ampliación de denuncia de los Srs. García y Lequio donde se relata que la cadena de Televisión entregó a unos terceros una cinta del programa "La máquina de la verdad", difundiéndose en la revista "Pronto" el hecho de que, a pesar de la prohibición judicial, el programa se grabó, haciendo expresa mención a la prohibición de emisión decretada por el Juez de Instrucción. En ese mismo escrito se interesó el secuestro de ese número de la mentada revista. El Ministerio Fiscal evacuó informe contrario al acuerdo del secuestro interesado, aunque solicitaba por su parte que se suspendiese el plazo para resolver el recurso de reforma pendiente aún y se procediese al visionado de los anuncios televisivos requeridos a Telecinco. El Juzgado dictó nuevo Auto desestimando la petición del secuestro dada su práctica inutilidad al estar ya distribuida la revista; también la del visionado de la publicidad del programa al no considerarse necesario para resolver el recurso pendiente.
Entretanto, por escrito dirigido al Juzgado, los denunciantes, Srs. García y Lequio, pusieron de manifiesto la contradicción en la que incurrió la cadena de televisión al esgrimir contra el Auto que acordó la prohibición del programa de televisión el haberla decretado sin haber visionado sus grabaciones, para luego negarse a entregar copia de las mismas alegando que no existía ese programa de televisión. Señalan los denunciantes en su escrito que, de las distintas informaciones publicadas sobre el caso, se colige sin dificultad que la cadena de televisión, haciendo caso omiso de la prohibición judicial y del requerimiento de entrega de una copia del programa, lo grabó y, no obstante, comunicó al Juzgado que no existía.
4. Mediante sendas providencias de 27 de julio de 1994, la Sección Tercera de este Tribunal acuerda la admisión de ambas demandas y requerir del también Juzgado de Instrucción y Audiencia Provincial correspondientes que remitieran testimonio literal y completo del rollo de apelación núm. 6/94-B y del sumario núm. 7/93, con los pertinentes emplazamientos, personándose en los dos procesos constitucionales doña Ana García Obregón y don Alessandro Lequio di Assaba, a través del Procurador de los Tribunales don Luis Pastor Ferrer.
5. El Ministerio Fiscal, en el trámite de alegaciones previsto en el art. 52 LOTC, presentó en ambos recursos escritos en los que solicitó el recibimiento y práctica de prueba. La Sección Cuarta, en providencias de 15 de diciembre de 1994 y 9 de enero de 1995, acordó dar traslado a las partes personadas de dicha petición, y sustanciadas las alegaciones correspondientes, la Sala Segunda dictó Auto el 25 de julio de 1995 en el que acordó denegar el recibimiento a prueba pedido por el Fiscal.
6. La Sección Tercera, en sendas providencias de 1 de junio de 1995 dictadas en cada uno de los recursos en cuestión, acordó conceder a las partes personadas y al Fiscal un plazo común de cinco días para que alegasen lo que tuvieran por conveniente sobre la acumulación de ambos recursos de amparo. Todas las partes mostraron su conformidad a la acumulación con excepción de Gestevisión Telecinco, S.A., que, en escrito recibido el 14 de julio de 1995, pese a reconocer la identidad objetiva existente entre los dos recursos, se opuso a la misma con el argumento de ser distintos los motivos aducidos por las dos partes recurrentes en apoyo de su pretensión de amparo.
7. En Auto de 25 de julio de 1995, la Sala Segunda acordó acumular el recurso de amparo núm. 640/94, promovido por Gestevisión Telecinco, S.A., al tramitado con el núm. 601/94, interpuesto por doña Cristina de la Vera Fernández.
8. En providencia de 11 de septiembre siguiente, la Sección Cuarta acordó dar vista nuevamente a las actuaciones recibidas al Ministerio Fiscal por plazo de veinte días para que presentara las alegaciones que estimara oportunas, conforme determina el art. 52.1 LOTC.
9. En providencia de 21 de octubre de 1999 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el siguiente día 25 del mismo mes y año.
1. Conviene a este nuestro propósito liminar en esta fase del razonamiento el recuerdo de que la pretensión sobre la que se sustenta el presente recurso de amparo conllevaría, si triunfara, la nulidad de varias resoluciones judiciales, cuatro Autos y tres providencias. Sin embargo, todas estas resoluciones componen una sola secuencia procesal, aun cuando su contenido se diversifique, por formar parte de un itinerario donde se produjeron dos recursos contra la primera decisión del Juez de Instrucción, Auto de 15 de diciembre de 1993, que prohibió la emisión de un programa de televisión, uno de reforma ante el mismo Juez, equivalente en la jurisdicción penal al conocido como reposición en las demás, y otro de apelación ante la Audiencia Provincial. Hay, pues, un sólo pronunciamiento manifestado en una serie de respuestas, contra las cuales se invocan como fundamento o ratio petendi dos preceptos de la Constitución, los arts. 24.1 y 20.1 a) y d), ambos --según se alega en la demanda-- vulnerados por tales decisiones judiciales. Como se ve, lo que se somete a nuestro enjuiciamiento no son las Sentencias que pusieron fin al proceso penal por la imputación de los delitos de calumnia e injuria, sino las resoluciones recaídas en la pieza separada para el procedimiento incidental donde se dilucidó el ejercicio de la potestad conferida al Juez de Instrucción por la Ley 62/1978, para la Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona (art. 3.2), que le permite "acordar según los casos, el secuestro de [una] publicación o la prohibición de difundir o proyectar el medio a través del cual se produjo la actividad delictiva", medida esta última que ratificó la Audiencia Provincial en el Auto de 1 de febrero de 1994, objeto directo de este proceso constitucional
2. Empecemos, pues, la andadura por el derecho a la tutela judicial efectiva que quienes lo invocan se duelen de su menoscabo por no haberse respetado el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas dando por resultado su indefensión. A juicio de los demandantes dicha vulneración se habría producido por haberse tramitado el recurso de reforma formulado por Doña Cristina de la Vera contra el Auto donde el Juez prohibió la emisión del programa, antes de que lo fuera el directo de apelación interpuesto por Gestevisión Telecinco, S.A., contra esa misma resolución judicial. No puede negarse que esta empresa estaba en su derecho de acudir a la Audiencia Provincial sin más espera, pero no lo es menos que la otra parte también ejercía el suyo con el intento de la previa reforma. Ambas vías son equivalentes y opcionales para los interesados, pero, una vez utilizadas simultáneamente, la perspectiva del Juez no está condicionada por la cronología, factor irrelevante, sino por la coherencia que predica la prioridad lógica del recurso horizontal, en el mismo nivel (reforma o reposición) respecto del vertical o jerárquico (apelación). Para ello el Juez adoptó una solución razonada y congruente, ya que no hubiera tenido sentido tramitar la apelación antes de saber si la resolución impugnada seguía en vigor.
3. Una vez desbrozado el sendero por donde ha de caminar el discurso principal, cuya cuestión cardinal no es otra sino la hipotética violación de la libertad de expresar y difundir los pensamientos, ideas y opiniones y el derecho a comunicar y recibir información a través de cualquier medio de difusión, configurados en el art. 20 C.E. Pues bien, para empezar conviene recordar que ninguno de ellos tiene carácter absoluto por tener como límite inmanente los demás derechos fundamentales y los derechos de los demás (STC 15/1993) y entre ellos, muy especialmente, a título enunciativo y nunca numerus clausus, los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, como advierte el párrafo cuarto del propio art. 20 C.E. que en su nivel mínimo de exigencias para la convivencia social se reflejan en el Código Penal. Aquí la colisión se predica de los derechos al honor y a la intimidad, aún cuando, como premisa mayor del razonamiento jurídico, haya de esclarecer cuál de ambas libertades, trenzadas a veces inextricablemente, ha sido la protagonista, porque las consecuencias son muy diferentes en cada caso si se recuerda que, además de los límites extrínsecos, y comunes para una y otra, la que tiene como objeto la información está sujeta a la exigencia específica intrínseca de la "veracidad".
4. Una lectura atenta y sosegada de lo sucedido, tal y como se narra en los antecedentes de esta Sentencia, pone de manifiesto la conveniencia y aun la necesidad de analizar distintamente dos aspectos de la cuestión. Por una parte, la prohibición judicial de emitir aquella edición semanal del programa "La máquina de la verdad", y, por la otra, los requerimientos que hicieron el Juez y la Audiencia a la cadena de televisión para que remitiera a la mayor brevedad las grabaciones no sólo del programa, sino de las cuñas publicitarias del mismo, que ya habían sido emitidas. Son, como bien se ve, dos decisiones adoptadas, en forma de Auto la primera y de providencia la otra, que, pese a estar estrechamente interconectadas, poseen autonomía propia y no constituyen, como se pretende, secuencias de un sólo acto jurisdiccional contrario a la prohibición de toda clase de censura previa dispuesta en el art. 20.5 C.E.
5. El ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información no tiene otros límites que los fijados explícita o implícitamente en la Constitución, que son los demás derechos y los derechos de los demás. Por ello, se veda cualquier interferencia y como principal, en este ámbito, la censura previa (art. 20.2 C.E.), que históricamente aparece apenas inventada la imprenta, en los albores del siglo XVI y se extiende por toda Europa. En España, inicia esta andadura de libertad vigilada la pragmática de los Reyes Católicos de 8 de julio de 1502, seguida por otras muchas a lo largo de tres siglos que se recogerán a principios del XIX en la Novísima Recopilación. Dentro de tal contexto histórico se explica que, poco después, la Constitución de 1812 proclamara, como reacción obligada, la libertad "de escribir, imprimir y publicar ... sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación" (art. 371), interdicción que reproducen cuantas la siguieron en ese siglo y en el actual e inspira el contenido de la nunca derogada Ley de policía de imprenta de 26 de julio de 1883. Como censura, pues, hay que entender en este campo, al margen de otras acepciones de la palabra, la intervención preventiva de los poderes públicos para prohibir o modular la publicación o emisión de mensajes escritos o audiovisuales. La presión de ciudadanos o grupos de ellos para impedir esa difusión, aunque consiga obtener el mismo resultado, puede llegar a ser una intromisión en un derecho ajeno, con relevancia penal en más de un caso y desde más de un aspecto, pero no "censura" en el sentido que le da la Constitución.
6. No obstante, la propia Constitución legitima el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información, aunque sólo podrá acordarse en virtud de una resolución judicial (art. 20.5 C.E.), prohibiendo por tanto implícitamente la existencia del llamado secuestro administrativo, como ya dijo este Tribunal con ocasión de enjuiciar a la luz de tal norma constitucional los arts. 12 y 64 de la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, que regulaban una medida semejante, cuya inconstitucionalidad declaró la STC 52/1983. Sin embargo, de esa prohibición no cabe deducir que la única medida cautelar que puedan adoptar los órganos judiciales y que afecte a medios de comunicación social, o a cualquier instrumento de divulgación de opiniones, ideas, creencias o informaciones, sea el secuestro, entendido éste como la puesta a disposición del órgano judicial que lo ha acordado del soporte material, sea éste un impreso, publicación, grabación o cualquier otro medio de difusión de mensajes, o, dicho en los términos de la STC 144/1987, el instrumento capaz de difundir, directamente o incorporándolas a un soporte susceptible a su vez de difusión, cualquier contenido comunicativo (fundamento jurídico 3º), con el fin que disponga la Ley que atribuya ese poder jurídico al Juez (SSTC 31/1994, 88/1995, 52/1995).
7. En el presente caso, las medidas acordadas por el Juez y la Audiencia Provincial al amparo del art. 3.2 de la Ley 62/78 para la Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona no forman parte de aquéllas que judicialmente se pueden adoptar para la investigación del delito denunciado, entre las que se cuenta, desde luego, el secuestro judicial de una publicación o cualquier otro soporte material de la información con el propósito de poner a disposición del juez con fines probatorios los objetos que hayan servido para la comisión del delito, a las cuales alude con detenimiento el art. 816 L.E.Crim. Las medidas restrictivas que nos importan para esta Sentencia, establecidas en aquel precepto legal, cumplen una singular función que no consiste, o al menos no con carácter principal o exclusivo, en asegurar la existencia de las diversas piezas de convicción llevadas luego a juicio como pruebas preconstituidas como tampoco su propósito es asegurar la efectividad de la futura resolución judicial (ATC 1340/1987) y de ahí su singularidad como medida cautelar respecto de otras que puede adoptar el Juez en el transcurso de un proceso y en particular si es penal. Se trata más bien de evitar con dichas medidas que el eventual daño al honor, a la intimidad, a la propia imagen o cualesquiera otros bienes protegidos jurídicamente cuya presencia actúa como límite de la libertad de expresión (art. 20.1 y 4 C.E.) resulte irreversible o irreparable o aumente el ya sufrido.
8. No hay razón para dudar de la constitucionalidad del art. 3.2 de la Ley 62/1978, en el que el Juez de Instrucción amparó su resolución prohibitiva, a pesar de la parquedad con la que establece los términos y circunstancias de semejante habilitación. Por un lado, y haciendo nuestras las exigencias de precisión y previsibilidad exigidas por el Tribunal Europeo de Dechos Humanos respecto de medidas como las aquí cuestionadas por los recurrentes (casos Handyside, de 7 de diciembre de 1976, The Sunday Times I, de 26 de abril de 1979, The Sunday Times II y Observer/Guardian, ambos de 26 de noviembre de 1991, Otto-Preminger-Institut, de 20 de septiembre de 1994, Vereniging Weekblad Bluf!, de 9 de febrero de 1995, y Prager y Oberschlick, de 26 de abril de 1995), la norma establecida en el mentado precepto, no sólo es previsible en las circunstancias de su aplicación y en las consecuencias que puede acarrear la misma, estableciendo una pauta de conducta de los órganos judiciales perfectamente controlable y previsible, sino que, además, el riesgo de discrecionalidad en la adopción de semejantes medidas restrictivas se aleja aún más al remitir el propio precepto en su apartado primero a lo dispuesto en el Título V del Libro IV de la L.E.Crim. ("Del procedimiento por delitos cometidos por medio de la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicación"), que a su vez habrá de integrarse con las disposiciones relativas a los procedimientos por delitos de injurias y calumnias del Título IV del mismo Libro de la L.E.Crim..
Tampoco le es exigible al legislador una mayor certeza y precisión en la determinación de la forma en la que tal medida deba decretarse, al tratarse de la autorización al órgano judicial para adoptar una medida de urgencia que restringe temporalmente el ejercicio de los derechos fundamentales del art. 20.1 C.E. durante la tramitación de un proceso penal urgente y preferente, como es el previsto en la Ley 62/1978. No se trata aquí de la tipificación de una conducta delictiva o antijurídica (SSTC 55/1996, 151/1997, 49/1999, entre otras), donde las exigencias propias del principio de legalidad penal (art. 25.1 C.E.), en relación con la seguridad jurídica (art. 9.3 C.E.), pesan con especial intensidad, habida cuenta de que el Estado en esos casos está haciendo uso de su poder más radical, el ius puniendi, que tan severamente puede llegar a afectar la libertad personal de los individuos (art. 17.1 C.E.). No cabe duda alguna de que la prohibición acordada por el Juez de Instrucción afectó, restringiéndolas, a las libertades de expresión de la señora de la Vera y de información de la cadena de televisión "Telecinco", pero la necesaria provisionalidad de la medida, para no hacer de ella una suspensión individualizada de derechos fundamentales que por cierto, estaría vedada por el art. 55.2 C.E., que naturalmente debe poder revisarse en cualquier momento y levantarse en cuanto desaparezcan las causas que la hayan motivado; y la sumariedad del procedimiento en el que puede acordarse, hacen que los efectos de tal medida de urgencia sobre el ejercicio de las libertades del art. 20.1 C.E. sean de menor intensidad que aquellas otras que pueden implicar una privación de derechos fundamentales de mayor severidad. Menor intensidad en la limitación temporal del ejercicio de un derecho fundamental que permite una menor taxatividad en la norma que regula la medida de urgencia que posee ese efecto limitativo.
9. Cumple ahora examinar si la resolución judicial que acordó la prohibición de la emisión de la edición del programa "La máquina de la verdad" en la que iba supuestamente a intervenir la Sra. de la Vera ha observado las exigencias que imponen el debido respeto a las libertades de expresión e información del art. 20.1 C.E. y las garantías derivadas de la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.), que asisten a los recurrentes en el presente amparo, y con arreglo a lo dicho en los fundamentos jurídicos precedentes.
Es cierto que los bienes sacrificados en esta ocasión han sido la libertad de expresión de la Sra. de la Vera, pero muy en particular el derecho a comunicar información veraz de la cadena de televisión "Telecinco". No lo es menos que medidas de urgencia como las dispuestas en el art. 3.2 de la Ley 62/1978, a pesar de su provisionalidad, su restricción temporal del ejercicio de aquellos derechos fundamentales, y sobre todo del segundo, pueden hacer perder valor e interés a la información que se deseaba transmitir, siendo la información en muchas ocasiones un bien perecedero, de manera que una medida de incluso breve duración puede tener unos efectos definitivos no deseados (Sentencias del T.E.D.H. caso Observer y Guardian, y The Sunday Times II, de 26 de abril de 1991). Por esta misma razón la motivación de la medida debe ser aún más intensa si cabe, poniéndose de manifiesto, aunque sea sucintamente, en qué grado la irreversibilidad del daño al derecho al honor y a la intimidad personal y familiar es mayor que el que sufre la libertad de información cuando se prohibe su ejercicio temporalmente, lo que nos lleva derechamente a examinar la ponderación hecha por el órgano judicial de los mentados derechos fundamentales, cuestión de la que nos ocuparemos más adelante.
10. Antes, no obstante, de abordar el examen de las ponderaciones judiciales de los derechos fundamentales en conflicto, debemos enjuiciar diversas quejas secundarias que los recurrentes dirigen al Auto del Juez que ordena la polémica prohibición. A la vista del tenor literal del Auto del Juez de Instrucción de 15 diciembre de 1993 resulta patente que la pretensión del órgano judicial era adoptar como medida de urgencia con arreglo a lo dispuesto en el art. 3.2 de la Ley 62/1978 la prohibición de la emisión de un programa de televisión en el que resultó basada en datos objetivos la sospecha razonable de que en él iba a intervenir la denunciada, Sra. de la Vera, y para volver a manifestar las mismas opiniones y a revelar los mismos datos sobre la vida privada personal y familiar de los denunciantes por las que se le había imputado la comisión de un delito de injurias y calumnias. El Auto razonó que la emisión del mentado programa no haría sino incrementar el daño moral denunciado y eventualmente ocasionado con la publicación del número del semanario que está en el origen del litigio, añadiendo que esa emisión podría perjudicar seriamente la actuación judicial en curso al interferir en la investigación de los hechos, que es función propia de los órganos judiciales.
Advertidas todas estas circunstancias, y sin prejuzgar el fondo del asunto, el Juez de Instrucción consideró deber suyo proteger a los eventuales perjudicados con la revelación de aquella información, con arreglo a lo dispuesto en el art. 13 L.E.Crim., y a las partes en el proceso judicial frente a aquéllo que pudiese perturbar la adecuada y correcta marcha del proceso judicial con indeseables "juicios paralelos" en los medios de comunicación, que bien podrían conculcar el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.) y el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E. -- STC 171/1990, fundamento jurídico 9º, ATC 195/1991, fundamento jurídico 6º; Sentencias del T.E.D.H. caso The Sunday Times I, de 26 de abril de 1979, Observer y Guardian, de 26 de abril de 1991-) de las partes en esa causa penal. Razones y motivos que serán confirmados luego por el Auto de la Audiencia Provincial que resolvió la apelación interpuesta por los ahora demandantes de amparo contra el del Juez de Instrucción.
Por ello mismo, porque lo que se trae a conocimiento del Juez, como así ha sido en el presente caso según obra en las actuaciones, es un suceso nuevo, como fue el indicio racional de que estaba ya grabado el mentado programa de televisión con la participación de la Sra. de la Vera y con un contenido, ya reseñado, que podía estimarse constitutivo de delito contra el honor, sospecha materializada en las cuñas para anuncio del programa, la prohibición se atuvo al presupuesto de la medida, tal y como lo configura el artículo 3.2 de la Ley 62/1978. La actividad delictiva, siquiera fuera indiciariamente y en grado de tentativa, se había producido entonces, pese a lo que parece afirmarse en los recursos.
11. Han sido varias las ocasiones en las que este Tribunal ha dicho que la adopción de una medida cautelar no implica un juicio de culpabilidad lesivo del art. 24 C.E. (por todas STC 24/1999). Y la sumariedad del proceso de protección penal de derechos fundamentales estatuido en la Ley 62/1978, y la urgencia y revisibilidad de la medida preventiva de su art. 3.2, permiten sin lesionar a priori las garantías del art. 24 C.E., tanto la inicial adopción de la resolución que las acuerda inaudita parte como que puedan afectar a terceros ajenos al proceso penal en el que se sustancia este incidente. No obstante, es innegable que las garantías del art. 24 C.E. han de proyectarse sobre el procedimiento para adoptar tanto el secuestro de la publicación como para prohibir la emisión del programa a cuyo través podía cometerse el ilícito penal, de forma que semejantes medidas cautelares deben poder ser revisables en cualquier momento, recurribles, como es el caso, ante una instancia superior, y, si afectan a terceros al proceso, debe serles permitida su inmediata personación y comparecencia en el incidente a los efectos de que puedan defender sus intereses, y hacer uso de cuantos recursos ponga a su disposición la legislación procesal (SSTC 235/1998 y 24/1999, ATC 36/1984).
En el presente caso, al margen de que quizá hubiese sido más correcto dirigir la prohibición a la Sra. de la Vera, ha quedado acreditado que esa medida de urgencia, adoptada sin haber oído a la cadena de televisión "Telecinco", no ha impedido, por contra, que ésta y la denunciada Sra. de la Vera, se personasen en el incidente e impugnasen la medida, recurriendo ante el propio Juez de Instrucción y luego en apelación ante la Audiencia Provincial, por lo que difícilmente puede afirmarse en este supuesto que los recurrentes hayan sufrido indefensión alguna lesiva del art. 24 C.E. Resta por comprobar si el órgano judicial ha ponderado adecuadamente la presencia en el caso y los mutuos sacrificios que hayan de sufrir los derechos del art. 18.1 C.E. y las libertades del art. 20 C.E. en el momento de adoptar medida tan severa como la del citado art. 3.2 de la Ley 62/78.
12. En tal línea discursiva, cuando entran en conflicto o colisión dos derechos fundamentales, como ahora es el caso, resulta evidente que la decisión judicial ha de tener como premisa mayor una cierta concepción de aquellos derechos y de su recíproca relación o interconexión y, por tanto, si tal concepción no fuere la constitucionalmente aceptable, en un momento dado, esa decisión "como acto del poder público, habrá de reputarse lesiva" del uno o del "otro derecho fundamental, sea por haber considerado ilícito su ejercicio, sea por no haberle otorgado la protección que, de acuerdo con la Constitución y con la Ley, debería otorgarle" (STC 171/1990). De aquí que la vía de amparo no ya permita sino imponga, en esta sede, el revisar la ponderación de los derechos colindantes hecha por los órganos judiciales para averiguar si sus resoluciones sacrifican debida o indebidamente uno de ellos en aras del otro, a la luz exclusiva de la Constitución.
13. En este sentido, cualquiera que fuere la condición de las personas involucradas como autores o víctimas en una información, existe un límite insalvable impunemente. No cabe duda de que la emisión de apelativos formalmente injuriosos en cualquier contexto, innecesarios para la labor informativa o de formación de la opinión que se realice, supone un daño injustificado a la dignidad de las personas, teniendo en cuenta que la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería por lo demás incompatible con la dignidad de la persona que se proclama en el art. 10.1 del Texto Fundamental (STC 105/1990). En tal línea discursiva se hace obligado examinar la singularidad de este caso, partiendo sin vacilación alguna de la más amplia y deseable ejercicio de la libertad de expresión. Pero, también, sin esquivar los bienes que especialmente la Constitución sitúa como límites: la protección del derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y de la juventud y de la infancia. Y aquí es donde no se puede olvidar que la realización del citado programa de televisión contaba como "protagonista" con la niñera o institutriz del hijo menor de la familia Lequio-Obregón. El canal por el que se iba a emitir dicho programa había anunciado que se revelarían facetas de la intimidad de la pareja y del comportamiento del padre de su hijo que, habida cuenta la posterior ruptura de la pareja, podrían sin duda perjudicar al menor.
14. Hasta aquí la línea maestra de la secuencia de Autos pronunciados por el Juez de Instrucción y la Audiencia Provincial, donde se prohibió, en principio, la emisión del programa, veto que luego fue ratificado una y otra vez. Viene ahora a la palestra la otra línea derivada de la principal, secuela o hijuela de ella, cuyos trazos son las providencias y algún Auto que contienen un requerimiento judicial a la empresa para que remitiera copia de los soportes magnéticos donde se recogían las grabaciones del espacio y de los anuncios o "cuñas" publicitarias cuyas imágenes anticipaban su contenido más escandaloso, si bien parcialmente, pero aun así, elocuentemente indicativo, y hacían evidente que el programa estaba grabado ya, aunque quizá no montado todavía. Es esta una cuestión que, no por instrumental, carece de importancia. La tiene y mucha desde la doble perspectiva judicial y constitucional, como se verá a continuación, hasta el punto de que los demandantes denuncian en esta sede una eventual censura previa con base en tales requerimientos. En efecto, se nos dice que con ellos el Juez pretendía conocer el contenido de lo ya grabado, aun cuando tuviera un cierto y relativo carácter provisional, por no estar montado, para someter su emisión a licencia previa.
Magistrados Don Carles Viver Pi-Sunyer, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio D. González Campos, don Vicente Conde Martín de Hijas y don Guillermo Jiménez Sánchez.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 601-1994, 640-1994
Síntesis Descriptiva Promovidos por doña Cristina de la Vera Fernández y Gestevisión Telecinco, S.A., frente a los Autos de la Audiencia Provincial y del Juzgado de Instrucción núm. 17 de Madrid que prohibieron la emisión del programa de televisión "La máquina de la verdad".
Síntesis Analítica Supuesta vulneración de las libertades de expresión y de información: prohibición adoptada en el seno de una previa causa penal por injurias y calumnias, prevista por la ley, que no es censura previa y que protege derechos fundamentales de las eventuales víctimas de manera proporcionada y sin generar indefensión.
1. Lo que se somete a nuestro enjuiciamiento no son las Sentencias que pusieron fin al proceso penal por la imputación de los delitos de calumnia e injuria, sino las resoluciones recaídas en la pieza separada para el procedimiento incidental donde se dilucidó el ejercicio de la potestad conferida al Juez de Instrucción por la Ley 62/1978, para la Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona (art. 3.2), que le permite "acordar según los casos, el secuestro de [una] publicación o la prohibición de difundir o proyectar el medio a través del cual se produjo la actividad delictiva" [FJ 1].
2. El art. 3.2 de la Ley 62/1978 establece una norma que no sólo es previsible en las circunstancias de su aplicación y en las consecuencias que puede acarrear la misma, estableciendo una pauta de conducta de los órganos judiciales perfectamente controlable y previsible, sino que, además, el riesgo de discrecionalidad en la adopción de semejantes medidas restrictivas se aleja aún más al remitir el propio precepto en su apartado primero a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, exigencias de precisión y previsibilidad exigidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos [FJ 8].
3. La interdicción enjuiciada, a diferencia del secuestro de publicaciones, sólo puede tener como único fin legítimo amparar a la eventual víctima de una actividad delictiva (art. 13 L.E.Crim.), impidiendo que ésta prosiga o se reitere, a riesgo de que el daño supuestamente infligido sea aún mayor del sufrido o se torne irreversible [FJ 7].
4. En supuestos como el de autos le es exigible al órgano judicial que exteriorice con precisión el fundamento de su resolución, que no puede ser otro en esta ocasión que la debida protección de uno de los derechos y bienes jurídicos que con arreglo al art. 20.4 C.E. actúan de límite a las libertades del art. 20.1 C.E., sin que baste una referencia genérica a esas libertades y sus límites [FJ 9].
5. El principio de prueba que permite al Juez iniciar el incidente y adoptar, en su caso, alguna de las medidas previstas en el art. 3.2 de la Ley 62/1978 debe ser distinto, y más intenso, que el exigido para la simple admisión a trámite de la denuncia o la querella por un delito de injurias y calumnias [FJ 10].
6. Se hace obligado examinar la singularidad de este caso, partiendo sin vacilación alguna del más amplio y deseable ejercicio de la libertad de expresión. Pero, también, sin esquivar los bienes que especialmente la Constitución sitúa como límites: la protección del derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y de la juventud y de la infancia. Y aquí es donde no se puede olvidar que la realización del citado programa de televisión contaba como protagonista con la niñera o institutriz del hijo menor de la familia querellante. El canal por el que se iba a emitir dicho programa había anunciado que se revelarían facetas de la intimidad de la pareja y del comportamiento del padre con su hijo que, habida cuenta la posterior ruptura de la pareja, podrían sin duda perjudicar al menor [FJ 13]
7. El Juez, con los elementos de juicio puestos a su disposición, hizo una ponderación razonable de los intereses y valores, bienes y derechos en juego [FJ 13].
8. No existe ligazón entre la prohibición de emitir el programa de televisión y el ver las grabaciones requeridas por el Juez y la Audiencia, que, a juicio de los recurrentes, hacen de ellas una sutil censura previa [FJ 14].
9. El ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información no tiene otros límites que los fijados explícita o implícitamente en la Constitución; por ello, veda cualquier interferencia y como principal, en este ámbito, la censura previa (art. 20.2 C.E.), que históricamente aparece apenas inventada la imprenta, en los albores del siglo XVI, y se extiende por toda Europa para luego ser prohibida, a partir de la Constitución de 1812 y la nunca derogada Ley de policía de imprenta de 26 de julio de 1883 [FJ 5].
10. Doctrina constitucional sobre la interdicción de la censura previa (SSTC 77/1982, 52/1983, 13/1985, 52/1995 y 176/1995) [FJ 5].
11. La prohibición de todo tipo de censura previa, en el marco de la libertad de expresión, no es sino garantía con el fin de limitar al legislador y evitar que, amparado en las reservas de ley de los arts. 53.1 y 81.1 C.E., pudiera tener la tentación de someter su ejercicio y disfrute a cualesquiera autorizaciones, sea cual fuere su tipo o su carácter, aun cuando cimentadas en la protección de aquellos derechos, bienes y valores constitucionales jurídicos que funcionan como límite de aquella libertad (art. 20.4 C.E.) [FJ 5].
12. El rigor de la prohibición de censura previa se dirige en principio con toda su intensidad a la tradicionalmente denominada censura "gubernativa" y no a la posibilidad de que un Juez o Tribunal, debidamente habilitado por la ley, adopte ciertas medidas restrictivas del ejercicio de las libertades de expresión e información. Dichas medidas, sea el secuestro judicial de los soportes del mensaje o sean otras, por razones de urgencia, sólo podrán adoptarse en el curso de un proceso judicial en el que se pretendan hacer valer o defender, precisamente, los derechos y bienes jurídicos que sean límite de tales libertades [FJ 6].
13. El contenido constitucional del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías no puede abarcar todas las irregularidades o vicisitudes que en su curso se produzcan [FJ 2].
14. La decisión adoptada, un Auto del Juez de Instrucción donde se prohíbe la emisión de un programa anunciado para el día siguiente, es natural que clame por su vigencia inmediata, lo que unido al carácter provisional ínsito en la naturaleza misma de toda medida cautelar, modificable en cualquier momento, y la posibilidad de que una vez recurrida el afectado necesariamente tenga que ser oído, son razones suficientes para que podemos concluir que no ha existido, en este caso, una situación real de indefensión [FJ 2].
Artículo 371, f. 5
Libro IV, título IV, f. 8
Libro IV, título V, f. 8
Artículo 13, ff. 7, 10
Artículo 269, f. 10
Artículo 816, f. 7
Artículo 69, f. 10
Artículo 3.2, ff. 1, 7 a 11
Artículo 9.3, ff. 8, 9
Artículo 10.1, f. 13
Artículo 20, ff. 3, 11, 12
Artículo 20.1, ff. 5, 7 a 9
Artículo 20.1 a), ff. 1, 9
Artículo 20.2, ff. 4, 5
Artículo 20.4, ff. 5 a 7, 9
Artículo 24, ff. 2, 5, 10, 11
Artículo 24.1, ff. 1, 9, 10
Artículo 81.1, ff. 5, 6
Artículo 7.3, f. 12
Artículo 7.7, f. 12
En general, fs. 8, 10
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de noviembre de 1991 (Observer & Guardian c. Reino Unido)
En general, fs. 8, 9, 10
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de noviembre de 1991 (Sunday Times núm. 2 c. Reino Unido)
En general, fs. 8, 9
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de septiembre de 1994 (Otto-Preminger-Institut c. Austria)
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de febrero de 1995 (Vereniging Weekblad Bluf c. Países Bajos)
Censura previaCensura previa, Antecedentes históricos, f. 5
Censura previaCensura previa, ff. 5, 6, 9, 14
HonorHonor, Concepto, f. 12
Juicios paralelosJuicios paralelos, f. 10
Libertad de expresiónLibertad de expresión, ff. 6, 9
Límites constitucionales a medidas judiciales que restringen las libertades de expresiónLímites constitucionales a medidas judiciales que restringen las libertades de expresión, ff. 6, 9, 14
Opinión pública libreOpinión pública libre, f. 12
Poder judicialPoder judicial, ff. 6, 9, 10
Ponderación de derechos fundamentalesPonderación de derechos fundamentales, f. 12
Principio de proporcionalidadPrincipio de proporcionalidad, ff. 6, 9
Prohibición de censura como garantía frente al legisladorProhibición de censura como garantía frente al legislador, f. 5
Prohibición de emisión de programas en televisiónProhibición de emisión de programas en televisión, ff. 7, 8, 9, 13
Prohibición de la censura gubernativaProhibición de la censura gubernativa, f. 5
Tutela judicial cautelarTutela judicial cautelar, Doctrina constitucional, f. 11
Previsibilidad de la normaPrevisibilidad de la norma, f. 8
Protección de las víctimasProtección de las víctimas, f. 7
Protección judicial de la intimidad de los menoresProtección judicial de la intimidad de los menores, f. 13
Reserva de leyReserva de ley, ff. 5, 10
Servicios públicosServicios públicos, f. 13
TelevisiónTelevisión, ff. 9, 13
Constitucionalidad de la ley de protección jurisdiccional de los derechos fundamentalesConstitucionalidad de la ley de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, f. 8
IndefensiónIndefensión, ff. 2, 11
Medidas cautelaresMedidas cautelares, ff. 2, 9, 11, 13
Principio de pruebaPrincipio de prueba, f. 10
Procedimiento de protección judicial de derechos fundamentalesProcedimiento de protección judicial de derechos fundamentales, ff. 7, 8
Proceso penalProceso penal, ff. 7, 10, 11
Secuestro judicialSecuestro judicial, ff. 6, 9, 10