Source: http://asihablociceron.blogspot.ie/2017/
Timestamp: 2017-07-21 06:46:37
Document Index: 293093308

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 440', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 51', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 4']

Así habló Cicerón: 2017
La semana pasada conocimos un nuevo
episodio de bajeza moral. El youtuber Dalas, conocido por la buena relación que
mantiene con todas las mujeres que han pasado por su vida y por sus templadas y
razonables opiniones políticas, ha ganado un juicio. Se trataba de la propiedad
de Argos, un perro que compartía con su expareja, Miare. El asunto ha desatado
bastante indignación porque Miare ha publicado capturas de pantalla, al parecer
verificadas ante notario (1), en las cuales su ex dice que no le interesa el
perro, que lo odia y que solo lo quiere recuperar por hacerle daño a ella.
Pretendo hacer algunos comentarios a raíz
de este caso. Por desgracia, no he leído la sentencia: me baso en el vídeo que hizo Miare, en el comunicado de la protectora involucrada y en el hilo del abogado David Bravo. Por lo que parece, los
hechos son más o menos los siguientes: hace dos años, Dalas firmó
con una protectora de animales un contrato de adopción relativo al perro Argos.
Sin embargo, la iniciativa para conseguir al animal había partido de Miare, que
era la encargada de cuidarlo. La única razón por la que Dalas firmó el contrato
es porque Miare era menor de edad, pero a todos los efectos el perro era de
ella: lo cuidaba, lo presentaba como suyo, mantenía el contacto con la protectora, etc.
Nuestro derecho civil (liberal y de raíz
romana) distingue entre sujetos y objetos. Un sujeto tiene autonomía, personalidad jurídica y derechos; un objeto no tiene nada de eso sino que puede ser poseído
y convertido en propiedad. Los animales son considerados objetos.
Concretamente, están dentro de los bienes muebles, donde forman una categoría
propia: la de los semovientes, es decir, aquellos objetos que se mueven por sí
mismos. Soy consciente de que la terminología que estoy usando es desagradable
cuando se aplica a un animal doméstico, pero jurídicamente las cosas son así:
en nuestro derecho, los animales son cosas y lo más probable es que tengan un
Así, una cría es propiedad del dueño de
la madre desde el estadio fetal (artículos 354, 355 y 357 CC). A partir de ese momento puede ser transmitida
como cualquier otra propiedad: mediante compraventa, donación, testamento, etc.
El contrato de adopción no es más que una modalidad de donación, por la cual el
adoptante adquiere la propiedad plena del animal pero con alguna carga extra.
Es común, por ejemplo, que el contrato prohíba que el animal se dedique a la
caza o a las peleas, que se establezcan normas para su cuidado y que no pueda
cederse a terceros.
En este caso, tenemos un contrato que
dice que la propiedad del perro es de Dalas. Sin embargo, su posesión (es
decir, su custodia efectiva) la tenía Miare. Se da la circunstancia de que
ambos tienen ya nula relación entre ellos, y que de hecho Dalas vive en otro
país. Sin embargo, como el contrato está a su nombre, el youtuber interpuso lo
que se llama una acción reivindicatoria: solicitar que el poseedor no
propietario devuelva la cosa al propietario que ha perdido la posesión. Ante
eso, Miare opuso el argumento de que el contrato era una ficción, puesto que
Dalas se limitó a firmar por ella. Las pruebas de ello serían varios testimonios
que afirman que, para todo el mundo de su entorno, el perro era de ella. El
juez, sin embargo, no los ha tenido en cuenta.
Como digo, no he leído la sentencia, pero
entiendo el razonamiento jurídico que hay detrás. Para transmitir una propiedad
según el derecho español hay que cumplir dos requisitos: que haya un acuerdo
que permita la transmisión (una donación, una compraventa) y que se entregue
efectivamente la cosa. Estos dos requisitos están perfectamente probados en la
relación entre la protectora y Dalas. Sin embargo, no lo están en la relación
entre Dalas y Miare, la cual solo ha podido aportar conversaciones de WhatsApp
y testimonios. Nada que demuestre que Dalas le donó o vendió el perro, ni mucho
menos un documento con ese contenido. En este punto, la resolución del juez es
obvia: si Dalas no ha transmitido la propiedad de Argos a Miare, él es el
verdadero propietario del animal y ella una mera poseedora que solo lo será
mientras él lo tolere. Como él ha dejado de tolerarlo, la acción
reivindicatoria debe triunfar.
La solución parece correcta, jurídicamente
hablando. Pero también es insatisfactoria. No dejo de pensar que el juez podría
habérselo currado un poco más. Todo el caso gira en torno a esta pregunta:
¿transmitió Dalas a Miare la propiedad de Argos una vez que él lo adquirió de
la protectora? Es cierto que no hay un documento escrito que lo pruebe, pero sí
existen indicios. El hecho de que haya testimonios que digan que ella trataba
al perro como suyo en público y él lo aceptaba, por ejemplo. O los mensajes de
WhatsApp y Twitter donde él reconoce que pega al perro y que realmente solo
quiere recuperarlo en venganza y no porque le interese tener a un animal de
compañía. O que fuera ella la persona que mantenía informada a la protectora de la evolución de Argos. Y, sobre todo, está el tema de los cuidados: era Miare quien atendía al
perro, a su propia costa, y ése es un signo bastante demostrativo de propiedad. Este caso hay que mirarlo con una
perspectiva un poco amplia. El Código Civil puede decir misa, pero la
conciencia social va por otro lado, y no acaba de aceptar que los animales
domésticos sean simples “cosas”, sometidas a las mismas normas que una mesita
de noche o que una bicicleta. Como sociedad, nos hemos sensibilizado bastante
con ese tema. Aunque legalmente sean bienes muebles, sabemos que los animales
sienten y padecen, y no nos es indiferente que su dueño les maltrate o no. En
este sentido, utilizar un enfoque exclusivamente civil para resolver los casos
dudosos parece un error. Si una persona está cuidando públicamente al animal
con la tolerancia de quien figura como su propietario no vemos justo que le
atribuyan la propiedad a éste, y menos aún si hay pruebas de maltrato.
Sinceramente, no sé cómo resolver este
asunto a nivel general. No sé si habría que hacer como Portugal, que este año
ha reformado su Código Civil para establecer que los animales domésticos
tienen sensibilidad y merecen protección jurídica, con todo lo que ello
implica. Mientras se abre este debate, la solución puede pasar por la
jurisprudencia: que los jueces apliquen criterios más razonables para atribuir
la propiedad de los animales de compañía en los casos dudosos. Criterios que
tengan en cuenta con quién va a estar mejor el animal y quién se ha ocupado de
él en los años previos, por ejemplo. Sé que alguna vez se ha hecho así (ha
habido juicios por “la custodia” del perro), e imagino que se irá
generalizando.
En fin, estas elucubraciones le valen de
poco a Miare, que se va a ver obligada a entregar el perro. Dado que se trataba
de un juicio verbal fijado en razón de la cuantía (2) y ésta era inferior a
3.000 €, no es posible recurrir la sentencia. El juez ha sentenciado que
el perro es de Dalas, y de Dalas es. Creo que Miare tiene todavía posibilidades
de recuperarlo, pero no quiero dar ideas por si me lee quien no debe: su
abogado podrá aconsejarla mejor que yo. De momento, sirva este texto para dejar constancia
de una grave disparidad entre un derecho civil que considera a los animales de compañía simples bienes muebles y una conciencia social que va por un lado muy distinto.
(1) Los niños rata fans de Dalas no parecen
saber lo que es un notario. Un notario da fe pública de algo que aprecia con
sus sentidos. En este caso, puede certificar el contenido de una conversación
de WhatsApp de Miare, la fecha de los mensajes y el número de teléfono que
contesta. Con esos datos, identificar al interlocutor no es muy complicado.
(2) Los pleitos declarativos civiles son
de dos tipos: el juicio ordinario y el juicio verbal. Para decidir cuál
procede, primero nos fijamos en la materia: las demandas relativas al derecho
al honor o a la competencia desleal van siempre por el ordinario, mientras que
las relativas a impagos de arrendamientos o al deber de alimentos van siempre
por el verbal, por ejemplo. Y si ese criterio no nos resuelve el problema, se
atiende al criterio residual: las demandas por menos de 6.000 € van al verbal,
las otras van al ordinario.
Reacciones: lunes, 17 de julio de 2017
En los últimos tiempos parece que la
empresa Deliveroo ha crecido mucho. No es extraño, porque permite a los
restaurantes externalizar el servicio de reparto de comida a domicilio, lo
cual, sumado a la aparición de plataformas como Just Eat (que se encarga de
llegar a los clientes y tramitar los encargos) abarata muchísimo este servicio.
Teniendo en cuenta lo anterior, no es raro que los repartidores de Deliveroo se
hayan puesto en huelga: sus condiciones de trabajo son miserables (como cabría
esperarse), y reclaman mejoras.
Deliveroo es una de las empresas que más
han internalizado el rollo de la “economía colaborativa”. Igual que Uber o que
Airbnb, su modelo de negocio se basa en reclutar a miles de trabajadores bajo
la fórmula del contrato de arrendamiento de servicios con un trabajador
autónomo. Es decir, que se crea la ficción de que los trabajadores de la
empresa son en realidad empresarios que ofrecen sus servicios a un único
cliente. Esta fórmula del falso autónomo está muy de moda (1), y la “economía
colaborativa” la aprovecha como nadie.
¿Por qué? Pues porque tiene varias
ventajas para la empresa. La primera, que son los trabajadores los que ponen
los medios para realizar su trabajo, en este caso la bicicleta / moto, el móvil y la ropa
de trabajo. Y la segunda, que permite huir del derecho laboral y de sus
molestos convenios colectivos, salarios mínimos, normas de seguridad y jornadas
de descanso: si estamos ante dos empresarios, uno de los cuales presta servicios
al otro, no es necesario que el derecho intervenga para garantizar nada, ¿no?
¡No hay que limitar la sacrosanta libertad contractual!
Y Deliveroo lo ha aprendido muy bien, qué
duda cabe. Tanto que, en esta huelga, se ha hecho público un documento
donde se prohíbe a sus formadores el uso de ciertos términos. Entre las
palabras “erróneas e ilegales” están “turno” (debe usarse “misión”), “salario”
(mejor “pago”), “horarios” (hay que hablar de “disponibilidad”) y, por
supuesto, “trabajo” (conviene decir “actividad” o “reparto”). Toda una
neolengua que, aparte de sus efectos psicológicos sobre los trabajadores, tiene
como objetivo declarado la evitación de problemas legales en caso de "control
externo". No queremos que ningún algún molesto juez o inspector de trabajo a
declarar que la relación entre Deliveroo y sus repartidores es laboral y debe
aplicársele la normativa de trabajo.
En otras palabras: con esta terminología
se trata de enmascarar la laboralidad de la relación.
Un principio básico de derecho privado es
que las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Si tú y yo firmamos un contrato de compraventa donde yo te vendo mi
casa por un precio de 0 €, cualquier juez apreciará que eso es materialmente
una donación y aplicará las normas (civiles y tributarias) que rigen la
donación. De la misma manera, si Deliveroo está contratando trabajadores bajo
la ficción del contrato de prestación de servicios con un autónomo, un juez
tendrá que ver lo que hay debajo y aplicar a rajatabla el Estatuto de los
Trabajadores y el convenio correspondiente.
La tentación de huir del derecho laboral
no es nueva y, precisamente por ello, los tribunales llevan años sentando una
depurada doctrina sobre los indicios que diferencian una relación laboral de
otra clase de vínculos. Se habla de indicios porque las relaciones laborales
están definidas por conceptos relativamente abstractos. Así, el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores menciona cinco notas que definen una
relación laboral: personalísima, voluntaria, remunerada, por cuenta ajena y
dependiente. Quizá el último concepto (dependencia) sea el más abstracto, pero
es también el que se discute en este caso. Efectivamente, nadie duda de que la
relación que une a Deliveroo con sus repartidores cumple con los otros cuatro
requisitos (2), pero ¿se realiza en un contexto de dependencia?
Una relación tendrá la nota de
dependencia si el trabajador se integra en la esfera organizativa del empresario.
¿Cómo se prueba eso? Pues algunos indicios clásicos son la asistencia a un
centro de trabajo, el sometimiento a un horario, la programación de la actividad
por parte del empresario, el uso de materiales de trabajo aportados por la
empresa, que ésta dé instrucciones sobre cómo se tiene que realizar el trabajo,
que tenga facultades disciplinarias, etc. En definitiva, toda una serie de
criterios que permiten probar que el trabajador forma parte del ámbito de
organización y dirección de la empresa.
Y aquí es donde entra la neolengua. Cuando
Deliveroo, en su página web, menciona como una ventaja de trabajar con
ellos que puedes repartir “con tu chaqueta o camiseta favorita”, lo que quiere
decir es que no vas a llevar un uniforme que te identifique como un trabajador
suyo. Cuando dice que “eres libre de elegir cuándo repartes” y prohíbe a sus
formadores usar términos relativos al horario, lo que quiere decir es que no te
marca los tiempos de trabajo. Cuando te exige tener tu propia moto/bici y
smartphone, lo que quiere decir es que ellos no van a proporcionarte
herramientas de trabajo. En otras palabras: están luchando contra todos esos
indicios clásicos de laboralidad que acabamos de ver, para mantener la ficción de que sus trabajadores son empresarios que les venden un servicio.
El problema es que no cuela. La laboralidad
de un vínculo deberá analizarse atendiendo a todos los elementos relevantes. Y
aquí los hay para aburrir:
Es la empresa la que
decide qué repartidor se encarga de cada pedido, es decir, que es ella quien
organiza la actividad.
Del propio tuit que denuncia la neolengua
deducimos varias cosas interesantes. Por ejemplo, que Deliveroo tiene formadores
que transmiten las directrices aprobadas por la empresa. Estas directrices
llegan hasta el aspecto que debe tener el repartidor o la forma de tratar con
los restaurantes y los consumidores.
La empresa implementa una aplicación con la cual
deben trabajar todos los repartidores, e inscribir en ella sus incidencias.
La empresa selecciona a los repartidores, en un
proceso que se inicia cuando rellenas un formulario en la sección Colabora con
Nosotros de su web.
Sí hay horarios: en el propio formulario tú
decides cuándo deseas trabajar, y en esa franja debes estar disponible
por si llega un encargo.
Sí hay uniforme, solo que va en la moto o bici:
todos hemos visto vehículos con la caja de Deliveroo enganchada.
Que sea el trabajador quien aporta las
herramientas no es tan relevante, puesto que existe asentada jurisprudencia (desde
los años ’80) que acepta que los repartidores de mercancías con vehículo propio pueden
perfectamente tener una relación laboral dependiendo de las circunstancias. Aquí tenéis una sentencia de
2011, por ejemplo.
Como reverso de su integración en la esfera
organizativa del empresario, el repartidor no tiene su propia organización
empresarial: no emite facturas, no contrata empleados, etc.
Por último, quiero mencionar otros
indicios de laboralidad, relativamente novedosos y adaptados a la llamada “economía
colaborativa”, que un juez británico ha apreciado en el caso de Uber. Son
aplicables a este caso porque esta empresa es prácticamente idéntica a
Deliveroo en su forma de funcionar y porque el concepto británico de relación
laboral es muy similar al español. Son los siguientes:
Que los conductores trabajan bajo una marca
ajena, que hace publicidad de sí misma y no de unos u otros conductores.
Que resulta ridículo pensar que en Londres hay
30.000 pequeños empresarios unidos por una única aplicación web. Algo así sería
inmanejable para cualquier empresa.
Que los conductores no tienen posibilidad de hacer crecer su negocio si invierten en medios o en personal: la única forma de aumentar sus
ingresos es trabajar más horas.
Que es la plataforma quien controla la
información necesaria para desarrollar el negocio.
Que la empresa puede modificar unilateralmente
los términos del contrato.
Estos cinco elementos se aprecian también
en el caso de Deliveroo (incluyendo el último: es una de las razones de la huelga), y se suman a los anteriores. No hay por donde cogerlo: los
repartidores de Deliveroo son pura fuerza de trabajo integrada en el ámbito
organizativo de la empresa. Su relación es, por tanto, laboral. Toda la
neolengua que intenta negarlo no es más que una forma más o menos creativa de
encubrir un fraude masivo a la hora de contratar. Espero que así lo aprecie la Inspección de Trabajo en el expediente que les acaban de abrir.
La conclusión solo puede ser una: los
trabajadores de Deliveroo (verdaderos trabajadores, nada de colaboradores)
tienen todo el derecho del mundo a hacer huelga. Esperemos que consigan sus
(1) Es curioso cómo la explotación del
trabajador va por modas, ¿no? Primero fueron los trabajadores temporales
contratados en fraude, luego las ETTs, luego los becarios y ahora los falsos
autónomos. Cada moda, por supuesto, desprotege más a los trabajadores que la
(2) “Personalísima” quiere decir que es
el trabajador y no otra persona quien tiene que hacer el trabajo, es decir, que
el repartidor no puede reclutar por su cuenta a un ayudante para que le
sustituya. “Por cuenta ajena” significa que es la empresa quien se queda todos
los frutos del trabajo del repartidor y a cambio le paga un salario
independientemente de si logra obtener beneficios. Las notas de voluntariedad y
retribución son obvias y no las voy a explicar.
Reacciones: viernes, 14 de julio de 2017
Profesiones jurídicas V - Los secretarios judiciales (que ya no se llaman así)
Hoy toca hablar del último colectivo de
profesionales jurídicos que trabaja en Juzgados y Tribunales: los letrados de
la Administración de Justicia, que hasta 2015 se llamaban secretarios
judiciales. Por entradas anteriores sabemos que los jueces juzgan y hacen ejecutar lo juzgado, los fiscales impulsan el proceso buscando que se cumpla la
legalidad, los abogados defienden a las partes del litigio y los procuradores tienen
como tarea principal quejarse en los comentarios de este blog.
Los letrados de la Administración de
Justicia son, básicamente, los que permiten que los cuatro profesionales
anteriores puedan trabajar.
Tradicionalmente, el juez era el rey en
el Juzgado. No solo cumplía su función jurisdiccional, sino que era también
quien se encargaba de la administración del órgano, es decir, del papeleo. El
secretario judicial se configuraba como un mero asistente del juez en esta
tarea: era el jefe directo del personal del Juzgado (bajo la dirección del
juez), llevaba los archivos y confeccionaba la estadística judicial. Aparte de
eso, como todo secretario, era quien daba fe: en su caso eso significa
certificar que los actos procesales se realizaban efectivamente. Como podéis comprobar
en la redacción original de la LOPJ, éstas eran básicamente todas sus
funciones, al margen de tareas concretas que les encomendara la ley en cada jurisdicción.
Sin embargo, ya entrado el siglo XXI se vio
que aquella división no tenía sentido. Es un poco absurdo que el juez tenga que
encargarse de la jurisdicción (leer escritos, presidir vistas, valorar pruebas,
redactar autos y sentencias) y, además, de toda la administración del Juzgado. Así
que en sucesivas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (2003, 2009 y
2015, principalmente) se ha ido avanzando en la dirección de separar ambas
competencias. El juez que juzgue y el secretario judicial que administre el Juzgado. En la última modificación, y con el fin de adecuar el nombre de
la figura a sus nuevas tareas, se elimina la denominación de “secretarios
judiciales” y se impulsa la de “letrados de la Administración de Justicia”.
¿Y qué hacen los LAJ? Pues para empezar, el
artículo 440 LOPJ les confiere la condición de autoridad pública y les
otorga la dirección de la oficina judicial, es decir, de los funcionarios que
trabajan en los órganos judiciales. Ya no ejercen sobre todo este personal una
autoridad delegada como asistentes del juez, sino que la propia ley les
confiere la jefatura del órgano. Por sí solo este cambio es enorme, porque ya
el juez no se tiene que preocupar de nada en esta materia: gestión de personal,
organización del trabajo de los funcionarios, medios materiales… de todo eso se
encarga el LAJ.
Además, sigue teniendo atribuidas una
pluralidad de materias. Algunas de ellas son las clásicas del secretario
judicial, como las ya mencionadas fe pública, custodia de archivos y
estadística judicial. Otras fueron añadidas o concretadas en las reformas de
2003, 2009 o 2015: por ejemplo, los LAJ garantizan el reparto de asuntos,
facilitan información a las partes que lo soliciten, llevan el registro, dan
cuenta al juez de la presentación de escritos y del transcurso de plazos y
promueven el empleo de medios audiovisuales e informáticos. Por último, los LAJ tienen competencia en
materia procesal, puesto que les atribuyen la función de “impulsar el proceso”.
Son ellos quienes expiden diligencias, que son escritos por los cuales se ordena el procedimiento
(1), se da constancia de algún extremo, se comunica algo o se manda ejecutar
una resolución previa. También dictan decretos, que son como las diligencias
pero argumentadas: los decretos se dictan sobre todo en los procedimientos que
son de competencia de los LAJ.
“¿Pero cómo?”, podréis decir. “¿Qué hacen
los LAJ llevando procedimientos? ¿No habíamos quedado en que se encargan del
papeleo mientras el juez es quien resuelve los asuntos?” Sí, pero no. En las
últimas vueltas de tuerca de la reforma, se han atribuido a los letrados de
la Administración de Justicia ciertas competencias sobre materias que no son
propiamente jurisdiccionales o que no plantean desacuerdos importantes. Se trata de la misma lógica: liberar al juez de toda carga que no sea el ejercicio de la jurisdicción entendida en sentido estricto.
Así, pese a que la función jurisdiccional
se define como “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, muchas labores de ejecución
descansan hoy en el LAJ. También se encargan de diversos actos de jurisdicción voluntaria,
es decir, de aquellos asuntos que necesitan la intervención de un órgano judicial pero que no tienen propiamente un conflicto que resolver: declarar el fallecimiento de un desaparecido, tramitar una consignación (2), convocar la Junta General de
una sociedad mercantil contra la voluntad de los administradores, etc. El LAJ
es también quien tramita el procedimiento monitorio (3). Por último, la ley
le concede funciones de conciliación y mediación.
Estamos, por tanto, ante una de las
figuras más importantes del sistema: no solo es quien se encarga de que el
Juzgado funcione, sino que también es quien ordena e impulsa el proceso
judicial mediante diligencias e incluso resuelve asuntos donde tiene
competencia exclusiva. Como he dicho al principio, es el que permite que los
demás puedan hacer su trabajo.
(1) Chiste de secretarios judiciales:
¿Cuáles son los escritos procesales más pijos? Las diligencias de ordenación,
porque se abrevian DIOR.
(2) La consignación es la puesta de dinero
a disposición de un acreedor que no quiere recibirlo. Por ejemplo: imaginemos
que me peleo con mi casero y éste se niega a aceptar el pago de una mensualidad
con el fin de generar una situación de impago y echarme así a la calle. Yo
puedo evitar esta trampa consignando el dinero a su nombre en el Juzgado.
(3) El procedimiento monitorio es un
mecanismo para reclamar deudas de forma rápida. Básicamente, el reclamante
presenta un escrito diciendo que el reclamado le debe X y documentando por qué
es así. El secretario judicial dicta una diligencia por la cual le ordena al
reclamado que pague o que se oponga. Si paga, asunto resuelto; si se opone, ya
se va a un juicio propiamente dicho; si no hace nada, se declara que la deuda
existe y se puede ejecutar.
divulgación jurídica,
Reacciones: lunes, 10 de julio de 2017
Últimamente a mi alrededor se multiplican
las bodas. La gente se casa, aunque por suerte nunca es alguien lo bastante
cercano como para que yo reciba invitaciones. En todo caso, si las recibiera,
sabría que es bastante seguro que me pueda ahorrar la asistencia a una misa:
los datos dejan claro que la gente cada vez se casa menos por la Iglesia.
En década y media, el porcentaje de gente que pasa por la vicaría se ha hundido de un 75% en 2000 a un 27% en 2016. Un dato reconfortante, porque
la principal ganancia ha sido para los matrimonios civiles: un simple cálculo
sobre datos del INE nos muestra que el 71% de los enlaces de 2016 se han
hecho ante un juez, concejal o notario (1). Así que creo que es buen momento para
hablar de un dato que suele ser bastante desconocido: el matrimonio religioso
no existe en España.
Me explico. Seguro que sabes que en
España te puedes casar “por lo civil” (ante un juez o un concejal, por ejemplo)
y “por la Iglesia” (ante un cura católico). Quizás hayas investigado un poco y
alguien te haya dicho que, además, puedes contraer matrimonio por los ritos
judío, musulmán y evangélico. Y, por último, es poco probable que conozcas una
reforma de 2015 por la cual pueden casarte también los sacerdotes que
pertenezcan a confesiones de notorio arraigo, que son (además de las tres
últimas) las siguientes: mormones, testigos de Jehová, budistas y ortodoxos (2).
Lo que muy probablemente no sepas es que
todos estos matrimonios son civiles, los celebre quien los celebre.
El matrimonio es un negocio jurídico (3)
pensado para durar. De hecho, tradicionalmente no podía disolverse. Y claro,
como todo negocio pensado para durar, es necesario establecer las normas que lo
regulan. ¿Qué requisitos hacen falta para contraerlo? ¿Es necesaria alguna formalidad?
Una vez contraído, ¿son ambas partes iguales o hay una que manda? ¿Cómo se
resuelven los desacuerdos? ¿Puede disolverse? De ser así, ¿en qué casos y
plazos? Toda una serie de preguntas que la ley debe responder.
Como es obvio, distintos ordenamientos
contestan de forma diferente a esas cuestiones. Así, la ley española permite
casarse a dos personas del mismo sexo, reconoce que los cónyuges son iguales (principio derivado directamente de la Constitución), prohíbe contraer nuevo
matrimonio mientras subsista el antiguo y regula el divorcio. Las normas
católicas, por su parte, no mencionan la igualdad entre cónyuges y no permiten
el divorcio, salvo el caso del matrimonio no consumado. En cuanto a las
musulmanas, reconocen al hombre la autoridad doméstica y permiten la poligamia
y el divorcio. Ninguna de las dos religiones, por supuesto, considera legítimo
el matrimonio de dos hombres o dos mujeres. En definitiva, hay mucha diferencia
entre las normas matrimoniales civiles y las que puedan tener las confesiones
Pues bien, en España la regulación es
tajante: te cases como te cases, las normas que regulan tu matrimonio son las
civiles. El único matrimonio lícito e inscribible, que genera derechos entre
las partes y que se tiene en cuenta, es el civil. Otra cosa es que se permita,
por razones sociales, prestar el consentimiento matrimonial delante de un cura,
un rabino o un pastor evangélico. Pero el matrimonio en sí es el civil, con
toda su igualdad entre los cónyuges, impedimentos legales y divorcio sin alegar
Este sistema no es el único posible. Por
ejemplo, en Francia el único consentimiento matrimonial válido es el prestado
ante la autoridad civil, que los contrayentes tienen que otorgar antes de irse
a hacer el paripé al templo de su elección. En Israel tienen un modelo opuesto:
son legales los matrimonios celebrados según ciertas religiones (la judía, la
musulmana y varias sectas de la cristiana, entre ellas la católica), pero no
hay matrimonio civil. Dos musulmanes que se casan en Israel acceden al
matrimonio musulmán regulado en el Corán, dos católicos acceden al matrimonio canónico regulado en el Código de Derecho Canónico, y así sucesivamente
(4). Como vemos, entre ambos modelos hay todo un espectro de posibilidades, en
el cual España (con su matrimonio civil único pero con varias formas de
celebración) ocupa un lugar intermedio, aunque más cercano a Francia.
Entonces, por concretar y volviendo a
España: ¿qué sucede exactamente con ese 27% de personas que se casaron por la
Iglesia en 2016? ¿O con ese 0,57% que lo hicieron ante otras confesiones? Pues
que estaban contrayendo, en puridad, dos matrimonios: por un lado, el
matrimonio civil, regulado por la ley española, que es el que se inscribe en el
Registro Civil y el único que surte efectos legales. Y, por otro, el matrimonio
religioso, regulado por las normas de la confesión que sea y que solo tiene
validez para ésta.
Esta duplicidad o superposición de
vínculos tiene efecto, sobre todo, al final del matrimonio. Supongamos que te
casaste por la Iglesia. Como tú estás casado ante el Estado con un matrimonio
civil, puedes divorciarte si quieres según las normas recogidas en la ley
española, y en ese momento volverás a estar legalmente soltero con todas las
consecuencias que ello tiene. Pero, como el derecho canónico no permite el
divorcio, para la Iglesia seguirás casado y tus subsiguientes matrimonios no
podrán ser católicos.
En sentido contrario también funciona: tú
puedes obtener de la Iglesia la nulidad matrimonial, que es una declaración de
que el matrimonio estuvo viciado desde el principio y, por tanto, nunca
existió. Pero eso no significa que la puedas hacer valer ante los tribunales
españoles (5), y si estás en esa situación seguirías legalmente casado: tus
nuevos matrimonios canónicos no tendrían efecto civil alguno. De hecho, los
tribunales españoles raramente aceptan las causas de nulidad canónicas, porque
las consideran contrarias al orden público, es decir, a los principios jurídicos
básicos que informan el ordenamiento español, como por ejemplo la igualdad
entre cónyuges. En resumen: en España hay un solo tipo de
matrimonio, el civil, pero puede celebrarse según distintos ritos. Aunque
bueno, vista la evolución del matrimonio canónico, y dado el hecho de que ahora
los notarios también pueden casar, no sé hasta qué punto el sistema aguantará
(1) El 2% restante se divide entre
matrimonios cuya forma de celebración no consta y matrimonios celebrados en
forma religiosa no católica (0,57%).
(2) Por un error, en esta entrada
dije que esta última reforma entraba en vigor el 30 de junio de 2017, cuando en
realidad los sacerdotes de estas cuatro religiones pueden casar desde 2015 que
se aprobó la ley.
(3) Se suele decir, con cierto cinismo,
que el matrimonio es un contrato. Yo comparto el cinismo pero no la falta de
rigor: un contrato es un acuerdo entre dos partes con un objetivo
principalmente económico. Dado que la finalidad que la ley le asigna al
matrimonio es muy distinta de la meramente económica, no podemos afirmar que
sea un contrato: el término “negocio jurídico”, que es más amplio, le cuadra
(4) Si no quieres o no puedes casarte
según uno de estos ritos, tienes que salir de Israel, casarte fuera y luego
buscar que el Estado israelí reconozca tu vínculo. Hay hasta agencias de
turismo matrimonial que incluyen viaje a Chipre y boda.
(5) La posibilidad de dotar de eficacia
jurídica a una declaración sobre cuestiones matrimoniales emitida por un
tribunal religioso se reconoce solo para la Iglesia católica (artículo 6.2 del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos), no para otras confesiones. Así, una
decisión de un tribunal rabínico sobre el divorcio de dos personas casadas por
el rito judío no puede ser reconocida en España.
Reacciones: jueves, 6 de julio de 2017
Aún colea el asunto del Gaming Ladies.
Por si no has estado conectado al Twitter español durante esta última semana y
media, te lo resumo: se convocó una conferencia sobre videojuegos solo para
mujeres. Rápidamente se montó el pollo de rigor, que llegó hasta Forocoches.
Como en ese foro son todos muy maduros y saben gestionar los conflictos de
manera adulta, tuvieron la idea de ir al evento disfrazados de
mujeres trans para exigir que les dejaran entrar y poder sabotearlo. La empresa
que iba a acoger la actividad se asustó y la desconvocó.
Por supuesto, los promotores de la
campaña de acoso se congratularon. ¡Menuda victoria! Y no una victoria
cualquiera, no, sino una victoria de la justicia y los derechos humanos, puesto
que el Gaming Ladies era ilegal en tanto que discriminatorio. Ya he demostrado que nunca sostuvieron ese argumento en serio, sino que era una
mera excusa para enarbolar su manido discurso de odio. En este post me propongo
desmontar el argumento en sí mismo. Porque no, la conferencia de Gaming Ladies
nunca fue un acto discriminatorio. Al contrario, se trataba de un evento
plenamente legal.
La base principal que fundamenta la
supuesta discriminación es el artículo 14 de la Constitución, que
establece la igualdad ante la ley de hombres y mujeres (entre otros) y prohíbe
la discriminación basada en el sexo. Hay quien ha descendido hasta el nivel de
la regulación autonómica, para mirar el artículo 10 de la Ley 11/2009, de espectáculos públicos (LEP) de Cataluña. Esta ley sería aplicable al caso,
puesto que el Gaming Ladies iba a ser en Barcelona. Dicho artículo regula el
derecho de admisión y le pone como límite, precisamente, el principio de no
discriminación. ¡Jaque mate, feminazis! ¡Discrimináis a los hombres, así que
vulneráis la ley!
Tomemos el argumento más concreto, el del
derecho de admisión. El primer problema que nos encontramos es que la LEP no es
aplicable al Gaming Ladies. El artículo 1 declara que el objeto de la
ley es “establecer el régimen jurídico de los espectáculos públicos [y] las
actividades recreativas, así como los establecimientos y los espacios abiertos
al público donde se llevan a cabo dichas actividades”. Y nada de esto tiene que
ver con el evento que ahora se cuestiona.
Para empezar, el derecho de admisión se reconoce para los establecimientos abiertos al público, como bien mencionan
tanto el propio artículo 10 como el artículo 5.1.c LEP que regula el
derecho a ser admitido en el evento. Y el Gaming Ladies no iba a celebrarse en
un establecimiento abierto al público, sino en la sede de la empresa King, que
puntualmente la cedía para este solo acto. Y aquí, ni derecho de admisión ni
nada: si yo realizo una actividad en mi casa invito a quien quiera y con los
criterios que me dé la gana, punto.
Para seguir, es muy dudoso que una
actividad del tipo de Gaming Ladies se pueda considerar espectáculo público. El
artículo 3.1.a LEP define los espectáculos públicos como “actividades
orientadas al tiempo libre o al entretenimiento, consistentes en
representaciones, actuaciones, exhibiciones, proyecciones o similares, que son
(…) realizadas por actores, artistas u otros ejecutantes”. Muy alejado de una
conferencia, ¿no? Está claro que el legislador piensa en obras de teatro, conciertos
y proyecciones de cine, no en charlas. Más aún cuando el Anexo I del
reglamento que desarrolla la LEP establece distintas categorías de espectáculos
(cinematográficos, teatrales, de audición, circenses, etc.), y en ellas no
están las conferencias. Vamos, que la ley regula otra cosa.
Por último, incluso suponiendo que el
Gaming Ladies fuera un espectáculo público ofertado en un local abierto sería
discutible que prohibir la entrada a hombres fuera discriminatorio. Así, el
artículo 51.1 del Reglamento que desarrolla la LEP dice que “las condiciones de
acceso sobre las que se puede basar el ejercicio del derecho de admisión deben
ser concretas y objetivas y en ningún caso pueden ser arbitrarias ni
improcedentes, ni basarse en criterios discriminatorios que puedan producir
indefensión”. La necesidad de un ambiente de solo mujeres, teniendo en cuenta
el machismo de la industria, me parece que cumple las condiciones. Aunque no
las cumpla, la cosa es como mínimo discutible: no se puede afirmar tan
fácilmente que el acto es discriminatorio.
Y es que el análisis de la discriminación
es mucho más complejo que “oh, el artículo 14 de la Constitución lo prohíbe”.
Porque ninguna norma jurídica puede leerse de forma aislada, y este precepto no
es una excepción. Así, si el artículo 14 declara la igualdad, el 9.2 atribuye a
los poderes públicos la competencia de “promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo (…) sean reales y efectivas” y la de
“remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”. Es el precepto
constitucional que ampara la llamada discriminación positiva.
La discriminación positiva, ojo, no es
solo cosa de los poderes públicos. Para empezar, no hay razón para que un
particular no la practique aunque supusiéramos que está prohibida para el
Estado: un particular no tiene por qué tratar a hombres y a mujeres por igual. Pero
es que además, la Ley Orgánica de Igualdad, en su artículo 11.2,
habilita expresamente a las personas privadas para adoptar medidas de acción
afirmativa. Esta misma ley, por cierto, obliga a que el principio de igualdad
se tenga en cuenta a la hora de interpretar y aplicar las normas jurídicas (artículo 4).
En este contexto, decir que una charla de
videojuegos enfocada solo a mujeres es ilegal resulta, como mínimo, aventurado.
Ya hemos visto que el Gaming Ladies en concreto no lo era, y hay buenas razones
para sostener que no lo es ningún evento con un perfil similar. Pero vamos, yo respeto el argumento
contrario. Eso sí, siempre que no se exprese mediante campañas de odio: si te
parece que estos actos son ilegales, denúncialos ante la autoridad
competente y esto se discute a nivel jurídico ante quien corresponda.
Reacciones: sábado, 1 de julio de 2017
Esta semana ha sido noticia que una
actividad gamer exclusiva para
mujeres ha sido cancelada después de las presiones y amenazas de los mismos
trolls de siempre. Entre los delirantes pseudoargumentos de esta gentuza se
encuentra la idea de que montar una actividad enfocada solo a mujeres es
discriminatorio e ilegal, y que ellos con su acoso no están haciendo más que
conseguir que se respete la justicia. Por supuesto, muchos vestían esta pátina
de un supuesto igualitarismo y decían que les parecía mal cualquier evento que
discriminara por género, fuera a hombres o a mujeres.
Para probar lo débil de su postura,
pregunté en Twitter por clubes de tíos. No me refiero a lugares donde haya
pocas mujeres o a los que éstas tengan difícil llegar (la RAE, los consejos de
administración de grandes empresas, la cúpula del Ejército), sino a sitios
donde haya una norma que les prohíba la entrada, o donde la haya habido hasta
hace nada. No tiene que tratarse de normas escritas: también valen las normas
sociales. En definitiva, pedí ayuda para elaborar un catálogo de ámbitos exclusivamente
masculinos. Aquí están todas las respuestas que me
La jerarquía de la Iglesia católica.
El clero de otras religiones, especialmente los
rabinos judíos y los imanes musulmanes.
Templos de varias religiones, como el monte Athos en Grecia (ortodoxos), el monte Omine en Japón (budistas) o la isla de Okinoshima, también en Japón (sintoistas). En
el caso de la mezquita Haji Ali Dargah, en India, la prohibición se revocó el año pasado y por orden de un juez.
Tema Semana Santa: en Sevilla las
mujeres no podían pertenecer a muchas cofradías hasta 2011, y en Cádiz las hermandades siguen siendo masculinas hasta el punto de que las mujeres que querían salir han
tenido que montar su propia agrupación.
La masonería de raíz inglesa, que es la más
extendida en el mundo.
El traslado de la Virgen del Rocío por la aldea homónima. Parece que estamos ante una norma social, reforzada por toda la
violencia que rodea el salto de la verja.
Ocio / socialización:
Esta proyección de la película Logan.
Parece que es algo que ese cine hace con frecuencia, ya que ahora mismo hay
programada una “noche de chicos” para Alien: Covenant.
Las sociedades gastronómicas vascas: en muchas
se ha permitido la entrada de mujeres como invitadas o comensales pero no como
Las partidas de mus y dominó en muchos bares de
España. Estamos ante una norma no escrita, pero no por ello menos real.
Clubes de caballeros.
Ciertos bares gays, que tienen incluso carteles
prohibiendo la entrada a mujeres.
Este hotel enfocado solo a hombres gays. De hecho, parece haber toda una rama de la industria del ocio enfocada solo a hombres gays, como por ejemplo este crucero.
La tuna. Igual que en el caso de las hermandades
de Semana Santa, ha habido que hacer tunas femeninas porque las tradicionales
no se volvían mixtas ni a tiros.
Despedidas de soltero: aunque el soltero tenga
amigas, éstas están vetadas de la despedida. De nuevo, estamos ante una norma
social, no jurídica.
Esta barbería de Palma de Mallorca.
En 2012, un parque acuático alemán convirtió en exclusivamente masculino uno de sus toboganes.
Muchos clubes de moteros.
Las cuadrillas vascas, al menos tradicionalmente.
La mayoría de equipos de e-sports.
El club rotario de Avonhead, en la ciudad neozelandesa de Christchurch.
Una buena cantidad de colegios religiosos en España, con o sin concierto.
Diversas universidades estadounidenses, como Morehouse (Atlanta, Georgia), Hampden-Sydney (Hampden-Sydney, Virginia), Saint John (Collegeville, Minnesota) o Wabash (Crawfordsville, Indiana).
Casi todos los deportes son no mixtos a nivel
profesional. Y los equipos más conocidos son, por tanto, clubes exclusivamente
El deporte infantil. A una edad tan temprana
como los 12 años, muchos equipos de fútbol se hacen no mixtos, lo cual en la
práctica quiere decir “masculinos”. Este año hemos tenido este ejemplo mediático.
Clubes de golf: los más elitistas prohíben el
acceso a mujeres. El más famoso, el Saint Andrews, levantó esta norma en 2014.
Monterías y clubes de caza.
Hasta 2016, este club de snooker.
Existe el broga, es decir, el yoga masculino.
Negocios / trabajo:
La práctica de cerrar contratos en burdeles, o
de celebrar en estos locales la conclusión con éxito de un negocio convierte a
estas reuniones en exclusivamente masculinas.
La construcción: la práctica totalidad e obras
no aceptan mujeres bajo la acusación de ser más débiles, aunque en realidad
nunca hay una prueba que demuestre si esa concreta mujer que solicita el puesto
está o no cualificada para el trabajo. En este caso, la norma consuetudinaria
se impone a la legal, que prohíbe la discriminación al contratar.
El puerto de Algeciras, donde, de momento, siguen sin contratar estibadoras. Ojo, que no se use este argumento para atacar la
lucha de los estibadores, puesto que es algo raro: es el único puerto de España
en el que permanece esta discriminación.
Festividades populares:
Comisiones de “mozos del pueblo” para organizar
Los alardes de Irún y Hondarribia: es cierto que
hay un alarde mixto impulsado por organizaciones feministas. También es cierto
que ese alarde recibe un boicot importante, por lo que la sensación
final es de que hay una norma transgredida. Ah: la
foto de diversas autoridades públicas dándole la espalda al alarde mixto es de ayer, literalmente.
Los moros y cristianos de Alcoy: estamos ante
otro caso donde las mujeres han tenido que abrirse paso a codazos, aguantar
años participando solo en actos menores o con los derechos recortados y
judicializar el asunto. La victoria ha sido de este año.
Queda bastante claro que nuestra sociedad
tiene bastantes espacios solo para hombres, donde las mujeres o no están, o
están transgrediendo una norma o están después de décadas de pelea. Y ahora
puede que alguien venga a enmendarme la plana con uno u otro de los ejemplos
que he recogido: “eh, las mujeres no están en esto porque tienen su propio
espacio equivalente o paralelo” o “existen buenas razones para que este ámbito sea
exclusivamente masculino”. Que es a donde quería yo llegar.
Cualquiera puede entender que es
justificable que una organización o una actividad sean solo para hombres. Al
fin y al cabo, estamos rodeados de ellas. Nuestra sociedad las asimila y las
valida, y de muchas lo más que se puede decir es que son rancias de cojones
pero plenamente lícitas. Sin embargo, cuando las mujeres intentan hacer algo
parecido, incluso aunque sea con los fines más loables (en el caso que motiva
esta entrada, la autoprotección), reciben críticas, sabotajes y la disparatada
acusación de discriminar.
Acusación, claro está, que nadie sostiene
en serio. Si así fuera, tendríamos furibundas campañas contra las dos docenas
de organizaciones, celebraciones y actividades que he mencionado más arriba.
Los forococheros, meneamistas y demás escoria estarían a tope contra las
hermandades de Semana Santa, los clubes de caballeros o las comisiones de
festejos. Eso no pasa, por lo que debemos entender que la supuesta
discriminación les daba lo mismo y en realidad solo la utilizan como arma
arrojadiza contra un evento que no les gusta.
Reacciones: sábado, 24 de junio de 2017
Hoy toca hablar de una de las profesiones
menos conocidas del mundo jurídico: los procuradores. Si le preguntas a la
gente por la calle, es muy probable que te sepan explicar de forma intuitiva a
qué se dedican un abogado o un juez. Un fiscal o un notario ya cuestan más de
entender, pero alguna idea tiene la gente. Sin embargo, ¿un procurador? ¡Nadie
sabe para qué vale esta figura!
Y eso es porque su utilidad práctica en
el siglo XXI es más bien escasa.
En la entrada sobre abogados dije
que, en un juicio, la labor del letrado abarca una multiplicidad de tareas:
buscar leyes y jurisprudencia favorable a la postura que tiene que defender,
decidir una estrategia procesal, hablar en público, etc. A todo esto lo
llamábamos “defensa”. Lo que no dije, porque habría sido mentira, es que el
abogado representa a su cliente. Porque ésta es precisamente la labor del
procurador: la de representar a la parte ante el órgano judicial.
En otras palabras, la defensa y la
representación de los litigantes son tareas distintas, que recaen en
profesionales distintos. El abogado es el que hace la labor técnica de redactar
los escritos, pero es el procurador quien los presenta ante el tribunal y recibe
las respuestas. De hecho, formalmente es quien los firma, en su condición de
representante de la parte. Un escrito procesal suele tener el siguiente
encabezado: “[Nombre del procurador], en nombre y representación de [nombre de
la parte] y bajo la dirección de [nombre del abogado], ante el Juzgado
comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO”. Y ya está. Ésta es la única función que
tienen los procuradores, más allá de alguna cosilla extra que les añadan las
leyes. No lo digo yo, lo dice su propio estatuto de funcionamiento. Una
tarea un poco escasa para dedicarle una profesión entera, y más aún una con
tanto requisito de acceso: para ser procurador, igual que para ser abogado, hay
que tener la carrera de Derecho, hacer un máster específico, superar un examen
nacional y colegiarse. De hecho, los procuradores, como los
notarios y los registradores de la propiedad, están en una especie de punto
medio extraño entre profesionales y funcionarios: establecen su despacho donde
quieran pero tienen una demarcación territorial fuera de la cual no pueden
ejercer. Cobran de los clientes a los que atienden, pero no pueden fijar
libremente sus precios sino que tienen que atenerse a unos aranceles
establecidos por Real Decreto. Y así todo. Mucha norma para una profesión que,
en lo esencial, consiste en llevar y traer papeles, ¿no?
Además, hay un problema añadido, y es que
no puedes prescindir de los procuradores. Para la práctica totalidad de pleitos
tienes que contratar uno: solo en cuestiones muy menores tiene el particular el
derecho de comparecer por sí mismo o de encomendarle esta tarea a su abogado.
Todos los intentos que ha habido de abolir esta obligatoriedad se han
encontrado con la oposición de los procuradores y, curiosamente, también de
otros colectivos jurídicos. Perro no muerde perro, supongo.
Hoy en día no tiene sentido mantener una
profesión dedicada únicamente a representar al litigante. Antes de LexNet
todavía tenía un cierto pase: si un abogado tiene que presentar un escrito en
Plaza de Castilla, otro en Gran Vía, otro en los Juzgados de Arganda y otro más
en Pozuelo, tiene alguna lógica que haya un profesional encargado de darse esos
viajes para que el letrado no tenga que perder mañanas enteras de trabajo. Que
di que también se le puede encomendar esa tarea a un becario, pasante o figura
similar, pero bueno. Sin embargo, ahora hay un sistema
telemático por el cual el abogado puede terminar de redactar el escrito,
firmarlo y presentarlo electrónicamente sin levantar el culo del sofá. La figura
del procurador ha perdido todo el sentido que pudiera tener: ahora es
simplemente una persona que recibe el email del abogado, abre LexNet, presenta
el papel donde haya que presentarlo y cierra LexNet. De hecho, yo llevo años
esperando algo que me imagino que en un momento u otro ocurrirá: que llegue
Europa con las leyes de competencia en la mano y se cargue esta profesión
decimonónica.
No seré yo quien se entristezca.
[ADDENDA 29/06/2017, 00:12 - Como esto se ha llenado de llevapapeles enfurecidos, cierro comentarios.]