Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/073/001.html
Timestamp: 2015-05-03 08:49:14
Document Index: 169899731

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 11']

BOC - 2003/073. Martes 15 de Abril de 2003 - 624
2003/073. Martes 15 de Abril de 2003
BOC Nº 073. Martes 15 de Abril de 2003 - 624
624 - LEY 8/2003, de 3 de abril, de becas y ayudas a los estudios universitarios.
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 8/2003, de 3 de abril, de becas y ayudas a los estudios universitarios
En este contexto, la Comunidad Autónoma de Canarias viene desarrollando desde hace tiempo una política de becas dirigida a complementar el sistema establecido por el Estado, partiendo del convencimiento de que las peculiares condiciones geográficas y socioeconómicas de nuestra Comunidad reclaman una atención y esfuerzos adicionales a los que desde la Administración general del Estado se realizan en esta materia. Esta política de becas ha tenido un reflejo normativo del máximo rango con la aprobación de la Ley 3/1995, de 6 de febrero, de Medidas de apoyo a los estudios universitarios, que sustituyó a la Ley 10/1989, de 13 de julio, de idéntico título.
La Ley 3/1995 se concibió para superar los problemas que su predecesora presentaba en orden a conseguir un adecuado nivel de efectividad en las convocatorias de becas realizadas desde el Gobierno de Canarias y con el propósito de implantar un marco general de ayudas que facilitara el acceso y la realización de estudios superiores.
El principal problema que presenta el marco normativo vigente radica en su falta de sintonía con las circunstancias reales del actual sistema universitario, con lo que se dificulta seriamente que las convocatorias de becas y ayudas realizadas desde el Gobierno de Canarias puedan adecuarse satisfactoriamente a las necesidades de los estudiantes de nuestra Comunidad. Esa falta de ajuste obedece en parte a la propia evolución que se ha producido en el sistema universitario desde 1995. La implantación de los nuevos planes de estudio, la creciente movilidad del alumnado o la progresiva instauración del distrito abierto son realidades no previstas ni contempladas por las normas hoy vigentes, pese a su indudable impacto sobre las condiciones en las que se desenvuelven los estudios universitarios.
Otro de los factores que han contribuido a mermar la eficacia de las convocatorias de becas del Gobierno de Canarias deriva del carácter excesivamente reglamentista de la Ley 3/1995, que regula con detalle cuestiones como los requisitos económicos y académicos que deben cumplir los alumnos para acceder a las becas, restando margen de maniobra a las sucesivas convocatorias para adaptarse a las circunstancias imperantes en cada momento.
También deben destacarse las repercusiones negativas generadas por la aplicación de la normativa sobre ayudas y subvenciones de nuestra Comunidad, alguna de cuyas previsiones, plenamente justificadas en otros ámbitos, resultan posiblemente inadecuadas tratándose de becas al estudio, ya que únicamente contribuyen a dilatar en exceso el procedimiento de concesión y abono de las mismas, en claro detrimento de las necesidades de los alumnos beneficiarios.
Para conseguir esa flexibilidad, se difiere al Gobierno la fijación en las sucesivas convocatorias de las modalidades y cuantías de las becas, así como los requisitos a cumplir por los beneficiarios. Además, se contempla un régimen administrativo para el procedimiento de concesión, que garantice los principios de objetividad, publicidad, concurrencia e igualdad, sin entorpecer o demorar innecesariamente el cobro de las ayudas por los alumnos. Finalmente, se consagra como uno de los objetivos a perseguir por el Gobierno de Canarias el logro del mayor grado de coordinación posible con las convocatorias de becas realizadas desde otras administraciones públicas, no sólo en cuanto a la complementariedad de las ayudas, sino también en lo que respecta a la propia tramitación administrativa de las solicitudes.
Artículo 1.- Ámbito y fines de la Ley.
Artículo 2.- Concepto de becas y ayudas al estudio.
Artículo 3.- Modalidades y cuantía de las becas y ayudas.
Artículo 5.- Requisitos exigibles.
Artículo 6.- Compatibilidad.
Artículo 8.- Gestión, procedimiento de concesión y pago.
1. En el marco de lo establecido en esta Ley y ajustándose a los principios de objetividad, publicidad, concurrencia e igualdad, por decreto del Gobierno se establecerá un procedimiento específico para la concesión, abono, verificación y control de las becas y ayudas, sin sujeción al régimen general de ayudas y subvenciones.
Artículo 9.- Verificación y control.
1. Los beneficiarios de las becas y ayudas previstas en la presente Ley deberán destinar las mismas a la finalidad para las que fueron concedidas y acreditar en los términos que en cada caso se señalen el cumplimiento de los requisitos y condiciones que hubieran determinado su concesión. Además, deberán someterse a cuantas actuaciones de comprobación resultaran precisas y aparezcan recogidas en las convocatorias.
2. Reglamentariamente se señalarán las actuaciones y mecanismos de coordinación entre los distintos órganos administrativos que contribuyan a garantizar un riguroso control en la adjudicación y aplicación de los fondos destinados a las becas y ayudas y que eviten los fraudes en las declaraciones encaminadas a su obtención. Igualmente, se establecerán los supuestos en los que proceda el reintegro de las cantidades percibidas y el procedimiento para el mismo.
Artículo 11.- Información sobre las becas y ayudas.
Única.- El Gobierno establecerá líneas de colaboración en materia de becas y ayudas al estudio universitario con países iberoamericanos que hayan tenido o tengan una especial vinculación con Canarias y con aquellos países de África Occidental cuya proximidad geográfica determine la existencia de especiales lazos de unión y entendimiento.
Única.- Queda derogada la Ley 3/1995, de 6 de febrero, de Medidas de apoyo a los estudios universitarios y el Decreto 156/2001, de 23 de julio, sobre becas y ayudas a los estudiantes universitarios, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Primera.- Se autoriza al Gobierno a dictar las normas necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 2003.