Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16039
Timestamp: 2018-01-22 16:20:59
Document Index: 229418863

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 189', 'artículo 14', 'artículo 243', 'artículo 306', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 53', 'artículo 25', 'artículo 172', 'artículo 173', 'Artículo 11', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 46', 'artículo 186', 'artículo 8', 'artículo 189', 'Artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 27', 'artículo 46', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 14', 'artículo 121', 'Artículo 46', 'Artículo 46']

Sentencia C-035 de 2005 Corte Constitucional
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Carlos Manuel Angarita Salgado demandó parcialmente el artículo 27 de la Ley 789 de 2002, "por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo".
II.NORMA DEMANDADA.
"por la cual se dictan normas para apoyar el empleo yampliar la protección social y se modifican algunosartículos del Código Sustantivo de Trabajo."
Artículo 27. Compensación en dinero de vacaciones.
Artículo 189 del C.S.T. subrogado por el Decreto-ley 2351/65, artículo 14: numeral 2. Cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de éstas en dinero procederá por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de año, (siempre que este exceda de tres meses)"1.
III.LA DEMANDA.
Señala, finalmente, que la expresión controvertida vulnera el artículo 243 de la Constitución, al contrariar la posición de la Corte Constitucional acerca de la inconstitucionalidad de excluir o restringir el reconocimiento de una prestación laboral, según la modalidad contractual mediante la cual se encuentre vinculado el trabajador. Para el efecto, cita apartes de la sentencia C-042 de 20032, en la que se declaró inexequible la expresión "por lo menos la mitad del semestre respectivo" contenida en los literales a) y b) del numeral 1º del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, argumentando que dicha limitación: "(...) desconoce el derecho a la igualdad de quienes en una situación fáctica específica hayan sido vinculados por ejemplo, mediante un contrato de trabajo a término indefinido en diferentes fechas y a pesar de haber prestado su servicio en la empresa, uno de ellos se vea excluido de disfrutar de la prima de servicios."
IV.INTERVENCIONES.
4.1.Intervención del Ministerio de la Protección Social.
4.2.Intervención de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI-.
Para esta agremiación, al artículo cuestionado se le puede dar una lectura ajustada a los principios constitucionales y a los pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional expresados en las sentencias C-897 de 2003 y C-019 de 2004. En efecto, según el interviniente esta Corporación ha definido una posición jurisprudencial precisa, según la cual: "i) las vacaciones se causan en la medida en que transcurra el tiempo de servicio y, ii) que no es ni razonable ni proporcional desconocer el tiempo efectivamente laborado para compensar las vacaciones en dinero en los casos expresamente señalados en la ley."
4.3.Intervención del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
Luego de hacer un recuento de las reformas legislativas y de los pronunciamientos jurisprudenciales respecto del pago compensado de las vacaciones, destacó que en las sentencias C-897 de 2003 y C-019 de 2004, la Corte Constitucional fijó la posición vigente y que actualmente se cumple en la práctica, según la cual: "en los contratos a término indefinido, como sucede en los contratos a término fijo inferiores a un año, el derecho al pago compensado de las vacaciones se causa, en proporción, cualquiera sea la duración material del contrato de trabajo."
V.CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
Artículo 4°. "Toda persona cuyo período de servicios en cualquier año sea inferior al requerido para tener derecho al total de vacaciones prescrito en el artículo anterior tendrá derecho respecto de ese año a vacaciones pagadas proporcionales a la duración de sus servicios en dicho año. (...)".
Artículo 5°. "1. Se podrá exigir un período mínimo de servicios para tener derecho a vacaciones anuales pagadas. 2. La duración de dicho período será determinada en cada país por la autoridad competente o por los métodos apropiados, pero no excederá de seis meses.(...)".
VI.CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
4. Siguiendo lo expuesto en los artículos 53 y 150-1 de la Constitución Política, esta Corporación ha reconocido la competencia que le asiste al Congreso de la República para expedir leyes en materia laboral. En ejercicio de dicha atribución, y a través del análisis de razones políticas, económicas o simplemente de conveniencia, le corresponde al legislador establecer no sólo los requisitos que limitan el acceso al mundo laboral3, sino también las condiciones para asegurar el mínimo de derechos y garantías reconocidas a los trabajadores, tanto en la Carta Fundamental como en los Tratados Internacionales de protección al trabajador. Obsérvese cómo en sentencia C-107 de 20024, la Corte fue categórica en establecer que:
La validez y eficacia del poder autónomo de configuración política reconocido al legislador por la Constitución Política, no puede entenderse como una atribución absoluta carente de límites o restricciones. El ejercicio de dicha potestad, en los términos expuestos varias veces por esta Corporación, se subordina, por una parte, a los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad que se derivan del Texto Superior5, y por otra, al objeto o propósito que delimita su alcance, esto es, a la obligación de promover por la prevalencia de la dignidad de la persona humana y el derecho a ejercer el trabajo en condiciones dignas y justas (Preámbulo, artículos 1°, 25 y 53 de la Constitución Política).
Sobre la materia, en sentencia C-038 de 20046, esta Corporación manifestó:
Una de las expresiones de protección al trabajador y que se convierte a su vez en un límite para el legislador al momento de regular los derechos sociales previstos en la Carta, radica en el deber que le asiste a éste de regular las prestaciones sociales o acreencias laborales conforme a la finalidad para cual han sido creadas. Ya esta Corporación, en diversas ocasiones, ha sostenido que la carga de razonabilidad a la que se encuentra sometida la función legislativa, conduce a reconocer que la imposición de trabas u obstáculos que desborden la naturaleza de la institución jurídica que se está regulando o los hechos o causas que le sirven de fundamento, exceden los límites competenciales estatuidos por la Constitución al legislador7. Ello ocurre principalmente en materia laboral, en virtud de la fuerza vinculante del principio de la primacía de la realidad, el cual se manifiesta en la obligación de suministrarle el nombre y los derechos que emanan de una institución jurídica, de acuerdo a la veracidad de las situaciones o supuestos normativos en que se fundamenta, como sucede por ejemplo con la descripción legislativa de los pagos que constituyen o no salario.
En estos términos, en la citada C-038 de 20048, la Corte determinó que a pesar de haberse transformado la naturaleza jurídica del contrato de aprendizaje, eliminando expresamente su connotación laboral; no por ello dicha modificación del legislador se convertía necesariamente en inconstitucional, pues se ajustaba a la finalidad de dicho contrato con sujeción al principio de primacía de la realidad. Al respecto, esta Corporación manifestó:
De igual manera, en sentencia C-201 de 20029, la Corte al realizar un estudio acerca de la finalidad del derecho a la huelga, concluyó que todo límite que desconozca su razón de ser, consistente en equilibrar las cargas entre trabajadores y empleadores, es inconstitucional. En razón a dicha posición, y velando además por la vigencia de la prevalencia de la dignidad humana, declaró inexequible la posibilidad de someter la declaratoria de huelga de los trabajadores tan sólo al incumplimiento de las
obligaciones salariales. Se dijo en dicha ocasión:
"(...) la huelga constituye un mecanismo cuya garantía implica el equilibrar las cargas de trabajadores y empleadores en el marco del conflicto colectivo de trabajo. Las restricciones al derecho de huelga deberán tener en cuenta este propósito, de modo que si bien tal derecho puede ser limitado con el fin de proteger otros de mayor jerarquía (v.gr. los derechos fundamentales) o el interés general (bajo la forma del orden público, por ejemplo), el poder que la Constitución pretende reconocer a los trabajadores no puede quedar desfigurado (...)"10.
"Ahora bien, y conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corte, para determinar cuáles son esos principios constitucionales mínimos del trabajo que deben ser respetados por cualquier reforma laboral, es necesario tomar en cuenta también los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad. En particular, en esta materia tienen mucha importancia los límites y deberes al Estado impuestos por los convenios de la OIT ratificados por Colombia, por el PIDESC, y por el Protocolo de San Salvador, todos los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad con lo ordenado por el artículo 93 de la Carta, que establece que los "derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia." Y es que esta Corporación ha precisado que todo tratado de derechos humanos ratificado por Colombia, que se refiera a derechos constitucionales, tiene rango constitucional y hace parte del bloque de constitucionalidad para efectos de determinar el alcance y contenido de los derechos constitucionales, pues no otro puede ser el sentido de la cláusula de remisión del inciso segundo del artículo 93 superior. Ha dicho al respecto esta Corporación que el inciso segundo del artículo 93-2 "constitucionaliza todos los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia y referidos a derechos que ya aparecen en la Carta y, en virtud de la regla hermenéutica sobre favorabilidad, el intérprete debe escoger y aplicar la regulación que sea más favorable a la vigencia de los derechos humanos"11. Y específicamente sobre la integración de los convenios de la OIT al bloque de constitucionalidad, la sentencia T-1303, Fundamento 3°, MP Marco Gerardo Monroy Cabra, señaló al respecto:
"(...) Las vacaciones tienen como fin principal el descanso del trabajador para reponerle del desgaste sufrido en cada año de labor y por eso existe la obligación de concederlas en tiempo, y sólo de manera supletoria pueden ser compensadas en dinero en determinadas circunstancias que la ley tiene establecidas (...)"12.
"Observa la Corte que, evidentemente, las vacaciones consideradas como descanso remunerado o su compensación en dinero, cuando es el caso de hacerlo, no están comprendidas dentro de las prestaciones comunes y de las especiales señaladas en los capítulos VIII y IX del CST, ellas están establecidas por la ley con la finalidad de que el trabajador periódicamente tome un descanso de la faena anual para recuperar su energías (...)"13.
En idéntico sentido, esta Corporación en sentencia C-059 de 199614, expresó:
"Las vacaciones constituyen un derecho del trabajador a recibir un descanso remunerado. Ellas no tienen carácter prestacional, puesto que no son un auxilio del patrono, como tampoco carácter salarial, al no retribuir un servicio prestado. La ley establece las condiciones para el reconocimiento del derecho del trabajador a las vacaciones, y la obligación correlativa del patrono de permitir el descanso remunerado, las cuales tienen que ver esencialmente con el tiempo laborado dependiendo del oficio de que se trate".
Es prudente advertir que si bien las vacaciones permiten salvaguardar el derecho fundamental al descanso, reconocido en el artículo 53 en armonía con lo previsto en el artículo 25 de la Constitución Política; no es menos cierto que los trabajadores son titulares de algunas otras garantías laborales que cumplen, en principio, el mismo fin para el cual fue institucionalizado el derecho a las vacaciones. Esta Corporación, por ejemplo, en sentencia C-710 de 199615, manifestó:
(...) En el análisis que se realizó en el numeral noveno de este fallo, en relación con el descanso, se dejó expuesta la importancia de éste, como derecho fundamental del trabajador. Las vacaciones, al igual que la limitación de la jornada laboral y los descansos dominicales, se convierten en otra garantía con que cuenta el trabajador para su desarrollo integral, y como uno de los mecanismo que le permite obtener las condiciones físicas y mentales necesarias para mantener su productividad y eficiencia. (...) ".
Precisamente, en distintos apartes del último fallo reseñado16, esta Corporación alude a las disímiles exigencias temporales que dan derecho a reclamar cada una de las garantías sociales previamente comparadas. En primer lugar, en relación con el derecho al descanso remunerado del domingo, se demuestra que se trata de un derecho laboral que se adquiere por trabajar cada uno de los seis días laborables de la semana. Al respecto, textualmente afirmó:
"(...) la legislación laboral consagra como regla general, la obligación de todo empleador de dar descanso dominical remunerado a todos sus trabajadores. Descanso que debe tener una duración mínima de veinticuatro horas (artículo 172). Este derecho lo adquieren los trabajadores que, habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborales de la semana, no falten al trabajo, o faltando, lo hayan hecho por justa causa o por culpa o disposición del empleador (artículo 173). Cuando el trabajador labora menos de treinta y seis (36) horas semanales, la remuneración de su descanso, es proporcional al tiempo laborado"17.
Es cierto que el trabajador tiene derecho a gozar de un período de tiempo durante cada año laboral, para descansar y emplear ese tiempo en lo que él considere apropiado. Pero también es lógico que el empleador pueda decidir que, por razón de la labor que desempeña el trabajador o por intereses de la empresa, como el aumento de la productividad durante determinada época del año, el trabajador disfrute sus vacaciones en un período del año en que empleador y sus intereses no se vean afectados. Por ello no se desconoce el derecho que tiene todo trabajador a gozar de vacaciones anuales"18.
En este contexto, si bien la finalidad de las vacaciones consiste en la necesidad de reponer las fuerzas perdidas del trabajador por "el simple transcurso del tiempo laborado"19, como igualmente se pretende con las institucionales laborales del descanso remunerado del domingo y festivos y la jornada máxima legal; el propósito principal de las vacaciones es permitir el descanso de los trabajadores, cuando éstos han laborado por un lapso considerable de tiempo, con el objetivo de recuperar sus fuerzas perdidas por el desgaste biológico que sufre el organismo por las continuas labores y, además, asegurar con dicho descanso, una prestación eficiente de los servicios, en aras de procurar el mejoramiento de las condiciones de productividad de la empresa. Así lo reconocen, entre otros, los artículos 5° y 11 del Convenio No. 132 de la O.I.T, que al respecto disponen:
"Artículo 11. Toda persona empleado que hubiere completado un período mínimo de servicios que corresponda al que se requiera de acuerdo con el párrafo 1° del artículo 5° del presente Convenio tendrá derecho, al terminarse la relación de trabajo, a vacaciones pagadas proporcionales a la duración del servicio por el que no haya recibido aún vacaciones, a una indemnización compensatoria o a un crédito de vacaciones equivalente".
"Artículo 5°. (1) Se podrá exigir un período mínimo de servicios para tener derecho a vacaciones anuales pagadas. (2) La duración de dicho período será determinada en cada país por la autoridad competente o por los métodos apropiados, pero no excederá de seis meses"20.
"Artículo 7° del PIDESC. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: (...) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos"21.
7. Según lo establece la legislación y lo ha reconocido la jurisprudencia, en atención a su fin, el derecho a las vacaciones no puede ser objeto ni de compensación en dinero, ni de acumulación en su uso y disfrute, salvo en los casos estrictamente excepcionales y de interpretación restrictiva, previstos en los artículos 189 y 190 del Código Sustantivo del Trabajo22.
En concreto, la disposición acusada señala que a la terminación del contrato de trabajo, si el empleado, a pesar de haber cumplido los requisitos fijados en la ley para acceder al reconocimiento de sus vacaciones, no las había disfrutado, tiene derecho a su compensación en dinero, con base en el último salario devengado, es decir, "al pago de quince (15) días de salario por un (1) año de servicio". Establece igualmente la disposición demandada, que en caso de no haberse cumplido el lapso de tiempo fijado en la ley para acceder totalmente a dicho derecho; pero, de todas maneras, el tiempo laborado superaba la proporcionalidad establecida por el legislador, la cual, en su versión original, era de tres (3) meses, debía cancelarse dicha acreencia laboral en proporción a la fracción de tiempo que excediese al previsto como razonable por dicha autoridad.
8. Se dice en su versión original, pues esta Corporación a través de la sentencia C-019 de 200423, declaró inexequible la proporción de tiempo correspondiente a los tres (3) meses reseñados, por encontrar que dicha limitación temporal resultaba manifiestamente lesiva, en primer lugar, del derecho fundamental al trabajo y, en segundo término, del "orden justo" como fundamento de la organización estatal, en las condiciones previstas tanto en el Preámbulo de la Constitución, como en la jurisprudencia de esta Corporación.
Para llegar a dicha conclusión, la Corte consideró que la norma acusada al establecer la conjunción "Y", impuso la lectura de dicha disposición, a partir de una interpretación literal sujeta a un conector lógico conjuntivo y no disyuntivo, es decir, "que junta y une una cosa con otra"24, de manera que, aplicando esa regla a la disposición demandada, era acertado concluir que para tener derecho a la proporción correspondiente a la compensación de las vacaciones, previamente debía cumplirse la condición de haber laborado un año, o como lo dice la norma, "(...) cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de éstas en dinero procederá por año cumplido de servicio Y proporcionalmente por fracción de año"25.
Conforme a esta hermenéutica de la norma acusada, surge entonces el siguiente interrogante: ¿Cuál fue la razón que motivó la declaratoria de inexequibilidad de la expresión: "siempre que este exceda de tres meses" contenida en el artículo 27 de la Ley 789 de 2002?
Basta con la lectura de los apartes esenciales de la sentencia C-019 de 200426, para encontrar que en dicho raciocinio se apoya la ratio juris de dicha decisión. Al respecto, esta Corporación textualmente declaró:
"La Corte se pregunta entonces, ¿es constitucional el término previsto en la ley para tener derecho, en forma proporcional, a la compensación de las vacaciones en dinero? Para contestar a este interrogante la Sala debe hacer previamente las siguientes precisiones:
Así las cosas, una limitación temporal como la establecida en la norma acusada resulta lesiva del derecho al trabajo en términos del Preámbulo, al igual que de los artículos 1, 2, 25 y 53 de la Constitución Política.(...)". (Subrayados y sombreados por fuera del texto original)27
En efecto, la hermenéutica literal de la norma acusada a partir de la interpretación de la expresión "Y" como conector lógico conjuntivo, llevaba a entender que el reconocimiento de las vacaciones compensadas, como derecho de los trabajadores, se sometía a una limitación temporal excesivamente superior a los seis meses, prevista como razonable y proporcional, en los Convenios Internacionales de Protección del trabajo, y por lo misma, lesiva de dicho derecho fundamental en términos del Preámbulo, al igual que de los artículos 1°, 2°, 25 y 53 de la Constitución Política. Desde esta perspectiva, si bien antes del pronunciamiento de esta Corporación (C-019 de 2004), para poder acceder a la compensación proporcional del derecho a las vacaciones se exigía un año y tres meses de trabajo, a partir del citado fallo, la compensación en dinero se paso a obtener por fracción de año, con posterioridad al año laborado28
9. En esta oportunidad se somete a examen de constitucionalidad la expresión "por año cumplido de servicio y", también prevista en el artículo 27 de la Ley 789 de 2002. A juicio del demandante, la norma acusada al exigir como mínimo un año de trabajo para tener derecho a la compensación proporcional de las vacaciones, vulnera, principalmente, el derecho a la igualdad, pues dicha interpretación de la norma pone a los trabajadores cuyo contrato laboral es a término indefinido en desventaja frente a quienes su contrato de trabajo es a término fijo inferior a un año, pues a pesar de que ambos prestan sus servicios sufriendo el mismo desgaste físico y mental que justifica el reconocimiento de la compensación en dinero de las vacaciones, a los primeros se les exige - como ya se dijo - haber prestado sus servicios como mínimo por espacio de un año, mientras que a los segundos se les reconoce dicha proporcionalidad en todo momento independientemente del tiempo trabajado, según lo dispone el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo29
"Uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el derecho al descanso. El derecho de todo trabajador de cesar en su actividad por un período de tiempo, tiene como fines, entre otros, permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña, proteger su salud física y mental, el desarrollo de la labor con mayor eficiencia, y la posibilidad de atender otras tareas que permitan su desarrollo integral como persona. El descanso está consagrado como uno de los principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo y, por ende, debe entenderse como uno de los derechos fundamentales del trabajador. La legislación laboral consagra como regla general, la obligación de todo empleador de dar descanso dominical remunerado a todos sus trabajadores. Este derecho lo adquieren los trabajadores que, habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborales de la semana, no falten al trabajo, o faltando, lo hayan hecho por justa causa o por culpa o disposición del empleador. Cuando el trabajador labora menos de treinta y seis horas semanales, la remuneración de su descanso, es proporcional al tiempo laborado. Cuando no se cumplen los requisitos exigidos por la norma en mención, el trabajador pierde el derecho a la remuneración, pero no al descanso que es un derecho fundamental del trabajador, que nace del vínculo laboral".30
Como lo ha reconocido esta Corporación, la legislación laboral consagra el derecho a las vacaciones de todos los trabajadores, independientemente del sector al cual presten sus servicios. Así, el Código Sustantivo del Trabajo, dispone en el artículo 186 que los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un año, tendrán derecho a quince días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Por su parte, el Decreto 3135 de 1968, en el artículo 8°, determina que los empleados públicos o trabajadores oficiales, tendrán derecho a quince días hábiles de vacaciones por cada año de servicio. "Se tiene entonces que salvo las excepciones que consagre la ley, respecto de trabajadores que laboren en actividades insalubres o peligrosas, la regla general es un período de quince días hábiles de vacaciones, sin que ellas puedan ser compensadas en dinero, pues su finalidad, como se señaló, es que el trabajador recupere sus energías y proteja su salud física y mental, lo que facilitará el desarrollo de su labor con más eficiencia, así como la realización de otras actividades que le permitan su desarrollo integral como ser humano"31.
Las vacaciones, como se ha resaltado por esta Corporación, no pueden ser compensadas en dinero, pues su finalidad no es proporcionarle una remuneración económica al trabajador sino permitirle mediante el descanso recuperar su fuerza y energía de trabajo. Sin embargo, el artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo, al reconocer la prohibición reseñada contempló dos excepciones a esa regla general, a saber: (i) Salvo que el Ministerio de Trabajo (ahora de Protección Social), autorice su pago en dinero hasta la mitad de ellas "en casos especiales de perjuicio para la economía nacional o la industria"; y cuando (ii) el contrato de trabajo se termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de sus vacaciones, las cuales le podrán ser compensadas en dinero "por año laborado y, proporcionalmente, por fracción de año"32.
En esta medida, se concluyó que las vacaciones pretenden garantizar el derecho fundamental al descanso que les asiste a los trabajadores derivado del desgaste continuo al que se encuentran sometidos por la prestación ininterrumpida de sus servicios por espacios prolongados de tiempo. Y que, su obtención deviene por "el simple transcurso del tiempo laborado", como expresión del derecho al trabajo dentro del Estado Social de Derecho (C.P. art. 1°).
"Artículo 5°. (1) Se podrá exigir un período mínimo de servicios para tener derecho a vacaciones anuales pagadas. (2) La duración de dicho período será determinada en cada país por la autoridad competente o por los métodos apropiados, pero no excederá de seis meses"33.
En cuanto a su sentido normativo, es claro que el Convenio No. 132 de la O.I.T. al hacer referencia en el artículo 5° al "derecho a vacaciones anuales pagadas", se limita a reconocer exclusivamente el derecho extraordinario que les asiste a los trabajadores para compensar en dinero sus vacaciones, al terminarse la relación laboral (Convenio No. 132 de la O.I.T. arts. 4 y 11); pues como previamente se expuso, el derecho fundamental al descanso exige la cesación en la prestación del servicio y no la simple retribución del mismo a través del pago de una compensación monetaria.
13. Conforme lo establece el artículo 27 de la Ley 789 de 2002, y según lo ha reconocido la jurisprudencia esta Corporación34, el derecho a las vacaciones compensadas a la terminación del vínculo laboral se causan por año laborado y, proporcionalmente, por fracción de año.
A juicio del accionante, dicha disposición establece un trato discriminatorio contrario a los artículos 1°, 13, 25, 53 y 243 de la Constitución Política, ya que pone en desventaja a los trabajadores cuyo contrato laboral es a término indefinido frente a quienes su contrato de trabajo es a término fijo inferior a un año, sin existir una causa objetiva que lo amerite; pues a pesar de que ambos trabajadores prestan sus servicios sometidos al mismo desgaste físico y mental que justifica el reconocimiento de la compensación en dinero de las vacaciones, a los primeros se les exige haber laborado mínimo un año como requisito para reconocerles la compensación; mientras que a los segundos se les reconoce proporcionalmente por el tiempo trabajado, cualquiera que este sea, según lo dispone el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo35.
Para desentrañar el límite máximo que tiene el legislador para proceder a su establecimiento, los Convenios Internacionales de protección al trabajador se convierten en la herramienta apropiada para precisar el contenido abierto e indeterminado que en dicha materia reviste la Constitución Política (C.P. art. 93, inciso 2°)36. Luego, y en virtud de lo previsto en los artículos 5° y 11° del Convenio 132 de la O.I.T., es indiscutible que cualquier plazo que fije el Congreso de la República, en ningún caso, puede superar el lapso de seis (6) de prestación de servicios para tener derecho a vacaciones pagadas de forma proporcional.
Por lo anterior, la Corte declarará inexequible la expresión "por año cumplido de servicio y" prevista en el artículo 27 de la Ley 789 de 2002, aclarando, en todo caso, que a partir de este fallo, el derecho a las vacaciones compensadas en dinero se obtendrá proporcionalmente por fracción de año, siempre y cuando el legislador no señale un término para su reconocimiento, el cual, en ningún caso, puede superar el lapso de seis (6) meses, conforme a lo expuesto en esta providencia.
1. Las expresiones entre paréntesis del artículo 27 de la Ley 789 de 2002 fueron declaradas inexequibles mediante sentencia C-019 de 2004, M.P. Jaime Araujo Rentería.
2. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
3. Sentencia C-170 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
5 Por ejemplo, en sentencia C-1024 de 2004, la Corte Constitucional al pronunciarse sobre la proporcionalidad de las cargas de solidaridad que se pueden imponer a los trabajadores en materia de seguridad social, manifestó que: "es pertinente recordar que aun cuando la libertad de configu-ración del legislador es amplia en materia de seguridad social, su ejercicio se encuentra sujeto a los principios, valores, fines y derechos previstos en la Constitución, principalmente, aquellos relacionados con la proporcionalidad de las cargas que deben asumir los ciudadanos (C.P. art 95) y la igualdad de trato que ellos merecen, cuando las circunstancias fácticas y jurídicas así lo ameriten (C.P. art. 13). Por ello, el legislador no podría ni establecer condiciones disímiles de afiliación a sujetos puestos en un plano de igualdad o someter a los afiliados a cargas de solidaridad que desborden el equilibrio natural entre los ciudadanos". (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
6. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
7. Un ejemplo se encuentra en la sentencia C-252 de 2001 (M.P. Carlos Gaviria Díaz). En aquella oportunidad la Corte declaró inexequible la posibilidad de condicionar el recurso de casación a la ejecutoria de la sentencia de instancia, pues estimó que ello implicaba la modificación de las características esenciales que identificaban a dicha institución jurídica de otros recursos judiciales. En sus propias palabras, manifestó: "Si bien es cierto que el legislador cuenta con atribuciones para establecer los recursos ordinarios y extraordinarios que proceden contra las decisiones judiciales, ello no implica que pueda modificar las características esenciales de cada uno de ellos que los identifican y diferencian de los demás, o que con ellos pueda vulnerar o restringir garantías y derechos fundamentales de las personas. La casación penal, entendida como medio de impugnación extraordinario, tiene elementos estructurales y de contenido propios que no permiten confundirla con otras instituciones; por tanto, no puede la ley modificarla de forma tal que la desnaturalice o la convierta en otra figura jurídica, menos eficaz conforme a los fines que se le atribuyen". (Subrayado por fuera del texto original).
8. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
9. M.P. Jaime Araugo Rentería
10. Subrayado por fuera del texto original.
11. Sentencia T-1319 de 2001, MP Rodrigo Uprimny Yepes, Fundamento 12., tesis reiterada en las sentencias T-235A de 2002 y C-041de 2003.
12. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. 5 de junio de 1953.
13. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. 29 de octubre de 1973.
14. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
15. M.P. Jorge Arango Mejía.
16. Sentencia C-710 de 1996. M.P. Jorge Arango Mejía.
17. Subrayado por fuera del texto original.
18. Subrayado por fuera del texto original.
19. Véase, sentencias C-897 de 2003 y C-019 de 2004.
20. Subrayados y sombreados por fuera del texto original.
21. Subrayado por fuera del texto original.
22. Disponen las normas en cita:
23. M.P. Jaime Araujo Rentería. Frente a la posición expuesta en la sentencia C-019 de 2004, el suscrito Magistrado Sustanciador presentó un salvamento de voto considerando que la norma acusada no establecía un conector lógico conjuntivo sino disyuntivo, apelando para el efecto a un interpretación histórica y con sujeción a la doctrina viviente y a los Tratados Internacionales del Derecho del Trabajo. Por tal razón, se concluyó, por una parte, que el legislador tiene competencia para fijar un período mínimo de servicios, que se oriente a reconocer el derecho al pago proporcional de las vacaciones compensadas en dinero; y que, por la otra, en cuanto a su proporción, resultaba lesivo de los derechos de los trabajadores imponer su reconocimiento por "fracción superior al año de trabajo laborado", en lugar de otorgarlas por "fracción de tiempo, cualquiera fuese el tiempo servido".
24. Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. Tomo I. Madrid. 1992. Pág. 542.
25. Subrayado y sombreado por fuera del texto original.
26. M.P. Jaime Araujo Rentería.
27. Idéntica posición se expuso en la sentencia C-897 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. En dicha oportunidad, la Corte -igualmente- señaló: "4.5. El artículo 14, numeral 2, del Decreto 2351 de 1965, aplicable a los trabajadores privados, establece que a la terminación del contrato de trabajo sin que el trabajador hubiere disfrutado de las vacaciones, procederá la compensación de las mismas en dinero por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de año, "siempre que ésta exceda de seis meses". Significa lo anterior que adquirido el derecho del trabajador al descanso remunerado por haber cumplido el año de servicio, puede suceder que acumule las vacaciones y que su relación laboral finalice antes de que se cumpla la fracción de tiempo de seis meses para que las vacaciones por el segundo período le puedan ser compensadas en dinero. A manera de ejemplo, si un trabajador labora dieciocho meses, tendría derecho a quince días de salario por el primer año y, lo correspondiente por los seis meses laborados; pero si se termina su contrato de trabajo a los diecisiete meses o diecisiete meses y veinte días, no alcanzaría la fracción de seis meses que exige la norma para la compensación en dinero por esa porción de año, que es justamente lo que se le reprocha a la norma acusada, pues quedaría un período de tiempo laborado sin que el trabajador reciba por el mismo ninguna contraprestación.
Para esta Corporación, la medida usada por el legislador extraordinario en ejercicio de las facultades que le confería el artículo 121 de la Constitución de 1886, desconoce el orden justo que se proclama desde el Preámbulo de la Constitución de 1991, la especial protección al trabajo, así como la igualdad de oportunidades para los trabajadores y el derecho a que su remuneración sea proporcional a la cantidad y calidad de trabajo (C.P. art. 53), pues se trata de un derecho que se causa con el simple transcurso del tiempo laborado y, por ello no resulta razonable ni proporcional que se desconozca un período de tiempo efectivamente trabajado. Lo justo, en el presente caso, desde el punto de vista constitucional, es que al trabajador que se le termina su contrato de trabajo sin que hubiere disfrutado las vacaciones, éstas le sean compensadas en dinero por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de año laborado. (...)". (Subrayado y sombreado por fuera del texto original).
28. El pronunciamiento de esta Corporación se limitó al análisis de la expresión "siempre que este exceda de tres meses", toda vez que conforme a jurisprudencia reiterada de la Corte y al tenor de lo previsto en los artículos 2° y 6° del Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional de Colombia carece de competencia para adelantar el control oficioso de exequibilidad las normas legales. Al respecto, se ha dicho que: "(...) no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal (...)". Sentencia C-447 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
29. Dispone la norma en cita: "Artículo 46. (...) En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado cualquiera que éste sea".
30.Sentencia C-710 de 1996. M.P. Jorge Arango Mejía.
31.Sentencia C-897 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
32.Sentencia C-019 de 2004. M.P. Jaime Araujo Rentería.
33.Subrayados y sombreados por fuera del texto original.
34.Sentencias C-897 de 2003 y C-019 de 2004.
35.Dispone la norma en cita: "Artículo 46. (...) En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado cualquiera que éste sea".
36.Determina la citada norma: "Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia"