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Timestamp: 2020-08-12 08:53:35
Document Index: 163619810

Matched Legal Cases: ['artículo 238', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 1591', 'artículo 32', 'artículo 86', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 32', 'artículo 238']

Sentencia nº Rol 2433 de Tribunal Constitucional, 1 de Julio de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 518187178
Santiago, primero de julio de dos mil catorce.
Con fecha 27 de marzo de 2013, don R.S.V., Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Ligua, representado por el abogado Gastón López Flores, ha requerido la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil y del inciso segundo del artículo 32 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, para que surta efectos en el proceso sobre cumplimiento de sentencia laboral, caratulado ”A.G., M.I. con Ilustre Municipalidad de La Ligua”, RIT C-8-2012, sustanciado ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de La Ligua.
El texto de los preceptos legales objetados en autos, dispone:
A efectos de presentar el conflicto de constitucionalidad que somete a esta M., el peticionario se refiere a los hechos relacionados con la gestión judicial pendiente, para luego, adentrarse en las infracciones constitucionales denunciadas.
En cuanto a los hechos, explica que el Juzgado Laboral de La Ligua, el año 2011, sentenció que el municipio había despedido injustificadamente a doña M.A., ex docente del Departamento de Administración de Educación Municipal. Por este motivo, condenó al municipio a pagar las indemnizaciones y demás prestaciones laborales correspondientes por un monto que, liquidado a la fecha del requerimiento, ascendía a $33.277.413.
Para el cumplimiento de la aludida sentencia, se ordenó remitirla al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de La Ligua, por lo que actualmente se sustancia ante aquel órgano jurisdiccional un proceso de ejecución, bajo el Rol N° C-8-2012, siendo éste el proceso judicial pendiente en el que incidirá el pronunciamiento de inaplicabilidad.
En relación con dicha gestión pendiente, expone que durante la tramitación de la misma, el Alcalde de La Ligua, según lo ordenado por el Juez de Cobranza, acreditó documentadamente la dictación de diversos decretos alcaldicios, expedidos a efectos de dar cumplimiento a la mencionada sentencia laboral condenatoria, tal como lo ordena el artículo 32, inciso segundo, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. No obstante, el órgano jurisdiccional de cobranza resolvió que ninguno de aquellos decretos daba cumplimiento a la sentencia condenatoria, pues no ordenaban el pago efectivo requerido en beneficio de la ex docente M.A.. Por este motivo, con fecha 21 de enero de 2013, despachó orden de arresto en contra del Alcalde de la Ligua, por ”un dos” días (fojas 5).
La indicada resolución de arresto se repuso y apeló en subsidio y, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por sentencia de 25 de marzo del año 2013, la confirmó. Consideró para tal pronunciamiento que, si bien el Alcalde de La Ligua dictó un último decreto alcaldicio orientado a dar efectivamente cumplimiento a lo ordenado, éste no se dictó como corresponde y, por consiguiente, no da cumplimiento a la sentencia condenatoria laboral. Lo anterior, desde el momento que el decreto dispuso el pago parcial y a plazo de la deuda laboral, en circunstancias que, según el artículo 1591, inciso primero, del Código Civil, el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba un pago por parcialidades.
Alega que, en la especie, de conformidad a lo dispuesto en el reprochado artículo 32, inciso segundo, el apremio de arresto del Alcalde sólo procede cuando éste no dicta el decreto alcaldicio para dar cumplimiento a una resolución judicial. Sin embargo, en la gestión de cumplimiento laboral se hizo caso omiso de este requisito al decretar el arresto, pues el municipio comprobó, documentadamente, la dictación de los pertinentes decretos edilicios para acatar el pronunciamiento condenatorio laboral.
Por resolución de fojas 48, la Segunda Sala de esta M. admitió a tramitación el requerimiento. Luego de ser declarado admisible por la aludida Sala –habiéndose decretado la suspensión del procedimiento judicial en la respectiva resolución de admisibilidad-, y pasados los autos al Pleno, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, el requerimiento fue comunicado a la Cámara de Diputados, al Senado y al Presidente de la República y notificado a la requerida doña M.A.G., a efectos de que pudieran hacer valer sus observaciones y acompañar los antecedentes que estimaren convenientes.
Por consiguiente, si se le exige al Alcalde el pago dinerario efectivo, aunque no haya disponibilidad presupuestaria y habiendo el edil ya dictado el decreto respectivo, que es lo máximo que como autoridad municipal puede hacer sobre el particular, se vulnerarían los artículos 6°, 7°, 19 N° 1° y 19 N° 7° de la Constitución Política de la República, y el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, además del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
Que, en consecuencia, corresponde a esta M. pronunciarse acerca de la ortodoxia constitucional de: i) la inembargabilidad (parcial) de los bienes municipales, configurada en el primer inciso del artículo 32; ii) la particularidad de ejecución de las sentencias que condenen a una municipalidad al pago de una prestación pecuniaria, en cuanto se efectúa mediante la dictación de un decreto alcaldicio, y iii) Validez de la medida de arresto por vía de apremio prevista en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, en contra del alcalde, tratándose de resoluciones recaídas en...
Causa nº 808/2014 (Reforma procesal penal). Resolución nº 66257 de Corte de Apelaciones de Valparaiso, de 30 de Mayo de 2014
Causa nº 153/2010 (Laboral). Resolución nº 27157 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 19 de Febrero de 2010