Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2009-00129-de-abril-16-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_cd074b7f85fd4aae86f0525db0397f89&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-19 05:12:53
Document Index: 121095005

Matched Legal Cases: ['artículo 55', 'artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 297', 'artículo 54', 'artículo 55', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 898', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 54', 'artículo 55', 'artículo 2', 'artículo 63', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 42', 'artículo 54', 'artículo 42', 'artículo 63', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 29', 'artículo 3', 'artículo 16', 'artículo 5', 'artículo 63', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 5', 'artículo 63', 'artículo 14', 'artículo 209', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 50', 'artículo 19', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 24']

﻿ Sentencia 2009-00129 de abril 16 de 2015
SENTENCIA 2009-00129 DE 16 DE ABRIL DE 2015
CONTENIDO:REPARACIÓN INDIVIDUAL POR VÍA ADMINISTRATIVA. SE DEFINE COMO UN CONJUNTO DE MEDIDAS DE REPARACIÓN QUE EL ESTADO RECONOCE A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, POR HECHOS ATRIBUIBLES A OTROS, EN ÉSTE CASO, A LOS GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY, TODO ELLOS SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS VICTIMARIOS, PUES SON ELLOS LOS LLAMADOS EN PRIMER LUGAR A REPARAR A LAS VÍCTIMAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS HUMANOS, PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, INDEMNIZACIÓN A LA VÍCTIMA, REPARACIÓN A LA VÍCTIMA POR VÍA ADMINISTRATIVA, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Sentencia 2009-00129 de abril 16 de 2015
Ref.: Expediente 2009 00129 00
Actores: Rigoberto de Jesús Jiménez y otros
Las disposiciones demandadas del Decreto 1290 de 2008 son del siguiente tenor:
“DECRETO 1290 DE 2008
Por el cual se crea el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la ley.
Que el artículo 55 de la Ley 975 de 2005 establece que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, a través del fondo de que trata la citada ley, tendrá entre sus funciones la de (...): “56.3 Adelantar otras acciones de reparación cuando a ello haya lugar”;
Que en la Sentencia C-370 de 2006, la honorable Corte Constitucional señaló: “Así, los primeros obligados a reparar son los perpetradores de los delitos, en subsidio y en virtud del principio de solidaridad, el grupo específico al que pertenezcan los perpetradores. Antes de acudir a recursos del Estado para la reparación de las víctimas, debe exigirse a los perpetradores de los delitos, o al bloque o frente al que pertenecieron, que respondan con su propio patrimonio por los daños ocasionados a las víctimas de los delitos”. Además, que “El Estado ingresa en esta secuencia solo en un papel residual para dar una cobertura a los derechos de las víctimas, en especial a aquellas que no cuentan con una decisión judicial que fije el monto de la indemnización al que tienen derecho (inciso 2º del artículo 42 de la Ley 975 de 2005) y ante la eventualidad de que los recursos de los perpetradores sean insuficientes” (6.2.4.4.11 de la sentencia);
ART. 1º—Creación del programa. Créase un Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, el cual estará a cargo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social. Este programa tiene por objeto conceder un conjunto de medidas de reparaciones individuales a favor de las personas que con anterioridad a la expedición del presente decreto hubieren sufrido violación en sus derechos fundamentales por acción de los grupos armados organizados al margen de la ley a los que se refiere el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 975 de 2005.
Fondo para la Reparación de las Víctimas. El Fondo para la Reparación de las Víctimas al que se refiere este decreto, es la cuenta especial sin personería jurídica, adscrito a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, y cuyo ordenador del gasto es el Director General de Acción Social.
PAR. 3º—Del valor de la indemnización solidaria se descontarán las sumas de dinero que la víctima haya recibido de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, o de otra entidad del Estado que constituya reparación.
ART. 14.—Gradualidad de las indemnizaciones. Las indemnizaciones a que se refiere el presente decreto se ejecutarán por periodos anuales a más tardar dentro de los diez (10) años siguientes a la fecha de la respectiva aprobación por parte del Comité de Reparaciones Administrativas.
PAR. 2º—El Defensor del Pueblo y el Procurador General de la Nación, o sus delegados, cuando lo consideren pertinente, podrán asistir con voz pero sin voto a las deliberaciones del Comité de Reparaciones Administrativas
ART. 23.—Acreditación de la calidad de víctima. A partir del recibo de la solicitud, la identificación de la verificación de la información suministrada por las víctimas o los beneficiarios y su acreditación, estará a cargo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social.
La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional —Acción Social—, someterá a la aprobación del Comité de Reparaciones Administrativas la decisión y las medidas de reparación que se recomienden en cada caso, junto con el informe sobre las fuentes que fueron tenidas en cuenta para la verificación de la solicitud.
ART. 24.—Criterios para reconocer la calidad de víctima. Corresponde a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social- a copiar la información y documentación necesaria para el reconocimiento del solicitante como víctima de los grupos armados organizados al margen de la ley.
IV.2.1. Observa la Sala que la norma demandada fue derogada expresamente por el artículo 297 del Decreto 4800 de 2011 no obstante lo cual procederá a evaluar la legalidad de aquella por los efectos que hubiere podido producir durante su vigencia.
IV.2.2. En cuanto a excepciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Sala considera que las mismas no son de esa naturaleza, pues envuelven la defensa del acto acusado y, por lo tanto, es procedente un análisis de fondo, en tanto no contienen motivos extintivos, modificativos o impeditivos de la acción.
IV.2.3. La parte demandante acusa los artículos 1º, 2º, 5º, (parágrafos 3º y 5º), 10, 14, 16 (parágrafo 2º), 19, 23 y 24 del Decreto 1290 de 2008, por considerar, básicamente, que quebrantan en diferentes formas los derechos de las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley.
IV.2.4. El Decreto 1290 de 2008 se funda en los artículos 1º, 3º, 15, y 16 de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006; el inciso final del parágrafo del artículo 54 y el numeral 56.3 del artículo 55 de la Ley 975 de 2005, los cuales, como estaban vigentes al momento de su expedición, previeron:
ART. 1º—Prorrogado por el término de cuatro (4) años, la vigencia de este artículo por la Ley 1738 de 2014, artículo 1º, por la Ley 1421 de 2010, artículo 1º y por la Ley 1106 de 2006, artículo 1º. Las normas consagradas en la presente ley tienen por objeto dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y/o los Tratados Internacionales aprobados por Colombia.
ART. 3º—Prorrogado por el término de cuatro (4) años, la vigencia de este artículo por la Ley 1738 de 2014, artículo 1º, por la Ley 1421 de 2010, artículo 1º y por la Ley 1106 de 2006, artículo 1º. El Estado propenderá por el establecimiento de un orden social justo que asegure la convivencia pacífica, la protección de los derechos y libertades de los individuos y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social.
ART. 15—Modificado por la Ley 782 de 2002, artículo 6º. Para los efectos de esta ley, se entiende por víctimas de la violencia política, aquellas personas de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno. Son víctimas los desplazados en los términos del artículo 1º de la Ley 387 de 1997.
ART. 16.—Modificado por la Ley 782 de 2002, artículo 7º. En desarrollo del principio de solidaridad social, y dado el daño especial sufrido por las víctimas, estas recibirán asistencia humanitaria, entendida por tal la ayuda indispensable para sufragar los requerimientos esenciales, a fin de satisfacer los derechos que hayan sido menoscabados por los actos enunciados en el artículo 15. Esta ayuda humanitaria será prestada por las entidades públicas así: Por la Red de Solidaridad Social, en desarrollo de su objeto legal y de acuerdo con las directrices que para el efecto señale su Consejo Directivo, y por las demás entidades públicas señaladas en la presente ley, dentro del marco de sus competencias, siempre que la solicitud se eleve dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho.
PAR. 1º—Adicionado por la Ley 1151 de 2007, artículo 13. Sin perjuicio de las causales de inexistencia del acto o contrato a que se refiere el artículo 898 del Código de Comercio, la administradora de bienes incautados, o con extinción de dominio o comiso, o entregados para la reparación de las víctimas, podrá ordenar su enajenación o disposición cuando su naturaleza, uso o destino amenace deterioro o se imposibilite su administración.
PAR. 2º—Adicionado por la Ley 1151 de 2007, artículo 13. La Dirección Nacional de Estupefacientes, con cargo a los recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado, Frisco, y la Agencia presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social, con cargo a los recursos del Fondo para la Reparación de las Víctimas, podrán efectuar los gastos que sean necesarios para la protección, administración, conservación y mantenimiento de los bienes a su cargo.
PAR. 3º—Adicionado por la Ley 1151 de 2007, artículo 13. El pago de las obligaciones tributarias relacionadas con los bienes que administre la Dirección Nacional de Estupefacientes y Acción Social-Fondo para la Reparación de las Víctimas, que sean improductivos por no generar ingresos en razón a su situación o estado, se suspenderá hasta cuando ocurra alguno de los siguientes eventos:
En los eventos previstos en los dos anteriores literales, una vez cese la suspensión, el contribuyente deberá sufragar el importe de los tributos no pagados durante la suspensión.
En todo caso, tal pago será condición necesaria para la devolución del bien al propietario en el caso previsto en el literal b).
PAR. 4º—Adicionado por la Ley 1151 de 2007, artículo 13. La enajenación de los bienes sujetos a registro, se efectuará mediante acto administrativo el cual una vez inscrito en la oficina correspondiente constituirá título traslaticio de dominio suficiente.
56.1 Liquidar y pagar las indemnizaciones judiciales de que trata la presente ley.
56.4 Las demás que señale el reglamento”.
Los dos primeros artículos transcritos indican la finalidad de la Ley 418 de 1997, orientada a asegurar la vigencia del Estado democrático, la convivencia pacífica y la protección de los derechos y libertades de los individuos.
En el artículo 15 ibídem, el legislador definió lo que debía entenderse por víctimas de la violencia política y en el 16 el Estado reconoce el daño especial que sufren las víctimas de la violencia, por lo cual en desarrollo del principio de solidaridad, determina que las mismas recibirán asistencia humanitaria, por tal la ayuda indispensable para sufragar los requerimientos esenciales, a fin de satisfacer los derechos que hubiesen sido menoscabados.
Se dispuso igualmente que la asistencia humanitaria fuera prestada por entidades públicas asignando en especial esta función a la Red de Solidaridad Social (hoy acción social) y se previó que el Gobierno apropiaría los recursos necesarios para el cumplimiento de la misma.
Por su parte, mediante el artículo 54 de la Ley 975 de 2005, se creó el Fondo para la Reparación de las Víctimas, como una cuenta especial sin personería, integrado por todos los bienes o recursos que a cualquier título entregaran las personas o grupos armados organizados ilegales a que se refería dicha ley, por recursos provenientes del presupuesto nacional y donaciones en dinero o en especie, nacionales o extranjeras.
Asimismo, previó que el ordenador del gasto sería el Director de la Red de Solidaridad Social (hoy acción social) y que el Gobierno reglamentaría el funcionamiento del citado Fondo.
La misma Ley 975 de 2005 en el artículo 55 determinó las siguientes funciones de la Red de Solidaridad Social (hoy Acción Social) a través del Fondo para la Reparación de las Víctimas: (i) liquidar y pagar las indemnizaciones judiciales a que se refería dicha ley; (ii) administrar el Fondo; (iii) adelantar otras acciones de reparación cuando a ello haya lugar. Y (iv) las demás que señale el reglamento.
Fueron esos entonces los fundamentos que sirvieron de base al Gobierno para expedir la normativa demandada, mediante la cual, para hacer efectivo el cumplimiento de lo establecido en las leyes antes reseñadas, se creó un programa de reparación individual por vía administrativa, se fijaron los principios rectores y las definiciones, se determinaron las clases de medidas de reparación, se organizó un comité de reparaciones, se definió el procedimiento para el reconocimiento y aplicación de la reparación individual por vía administrativa y se dictaron algunas disposiciones generales.
Tomando en cuenta las disposiciones legales que sustentaron el ejercicio de la potestad reglamentaria, se analizarán los cargos presentados por la parte actora.
IV.2.5. En cuanto al argumento del actor que indica que no se podía asignar a Acción Social la función de reparar a quienes por la vía administrativa demuestren que han sido víctimas del conflicto, encuentra la Sala que, como se desprende de lo dispuesto en las Leyes 418 de 1997 y 975 de 2005, la Red de Solidaridad Social, hoy Acción Social, estaba plenamente facultada para realizar las funciones de reparación que le fueron encomendadas en la normativa demandada, ya que dichas normas legales se las asignaron expresamente, por lo cual no prospera el cargo.
Adicionalmente, por tratarse de una actividad de índole administrativa, realizada con base en la ley y el principio de solidaridad, no era necesario que el programa estuviera en cabeza y/o coordinado por las instituciones de la rama judicial, pues se trataba de proveer en forma pronta la reparación por los delitos más graves, sin que ello impida a las víctimas acudir a la vía judicial para obtener la reparación de los daños que se les hubiesen causado.
Cabe agregar que, el hecho que no se haya podido superar el estado de cosas inconstitucional planteado por la Corte Constitucional no constituye una razón para declarar la nulidad del acto acusado, como pretende la parte actora.
IV.2.6. En cuanto al artículo 2º del acto demandado manifestó la parte demandante, que la responsabilidad del Estado no puede ser de solidaridad, y menos establecer responsabilidad subsidiaria o residual automáticamente transformada a través de este Decreto, desconociendo que la reparación de las víctimas no depende de la voluntad estatal.
Precisó que al establecer el principio de solidaridad se vulnera lo establecido en el artículo 63 numeral primero de la Convención de Derechos Humanos y el artículo 2º de la Carta, ya que fue el Estado el que incumplió sus deberes de protección, respeto y garantía de los derechos humanos, por lo cual, considera que si no se reconoce la responsabilidad del Estado en estos casos en toda su magnitud, se está frente a una nueva victimización y por tanto frente a una nueva violación de los derechos humanos.
Encuentra la Sala que la norma demandada no está señalando que la responsabilidad del Estado sea de solidaridad.
El principio de solidaridad, se encuentra inscrito en el artículo 2º de la Constitución Política, como uno de los valores y principios fundamentales, que dan consistencia y cohesión a la Carta, entre cuyas facetas están el respeto, protección y garantía de la dignidad humana y de los derechos humanos, íntimamente ligados a la prevalencia del interés general.
Es a partir de ese principio que el artículo 2º del Decreto 1290 de 2008, aquí cuestionado, por el cual se creó el Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa, definió esta como un conjunto de medidas de reparación que el Estado reconoce a las víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales, por hechos atribuibles a otros, en este caso, a los grupos armados organizados al margen de la Ley, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad de los victimarios, pues son ellos los llamados en primer lugar a reparar a las víctimas.
Así lo previó el artículo 42 de la Ley 975 de 2005 al establecer:
“Deber general de reparar. Los miembros de los grupos armados que resulten beneficiados con las disposiciones previstas en esta ley tienen el deber de reparar a las víctimas de aquellas conductas punibles por las que fueren condenados mediante sentencia judicial.
La norma transcrita, expresa claramente el deber de reparar a las víctimas que tienen tanto los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley al igual que estos, y en caso de que no se logre individualizar al sujeto activo pero se compruebe el daño y el nexo causal con las actividades del Grupo Armado Ilegal Beneficiario por las disposiciones de la citada ley, el Tribunal directamente o por remisión de la Unidad de Fiscalía, ordenará la reparación a cargo del Fondo de Reparación.
En ese sentido, la Corte Constitucional en Sentencia C-370 de 2006, manifestó en relación con los recursos del Fondo para la Reparación de las Víctimas, creado mediante el artículo 54 de la Ley 975 de 2005, lo siguiente:
“La satisfacción del principio de reparación exige la observancia de un orden en la afectación de los recursos que integran el fondo. Así, los primeros obligados a reparar son los perpetradores de los delitos, en subsidio y en virtud del principio de solidaridad, el grupo específico al que pertenezcan los perpetradores. Antes de acudir a recursos del Estado para la reparación de las víctimas, debe exigirse a los perpetradores de los delitos, o al bloque o frente al que pertenecieron, que respondan con su propio patrimonio por los daños ocasionados a las víctimas de los delitos. El Estado ingresa en esta secuencia solo en un papel residual para dar una cobertura a los derechos de las víctimas, en especial a aquellas que no cuentan con una decisión judicial que fije el monto de la indemnización al que tienen derecho (inciso segundo del artículo 42 de la Ley 975 de 2005) y ante la eventualidad de que los recursos de los perpetradores sean insuficientes”(1).
Lo anterior indica que el deber de reparar sigue correspondiendo a quien causa el daño, en este caso a los perpetradores de los delitos y en su defecto a los bloques o frentes a que pertenecieron. En consecuencia, el Estado solo entra a cubrir los daños en forma residual para hacer efectivos los derechos de las víctimas, en especial los de aquellas que no cuentan con una decisión judicial que fije el monto de la indemnización al que tienen derecho y ante la eventualidad de que los recursos de los perpetradores sean insuficientes.
En el presente caso, contrario a lo que afirma el demandante, la norma atacada no impone la voluntad estatal para la reparación de las víctimas, pues simplemente se limita a establecer un programa a través del cual se procuran medidas de reparación a víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley.
Bajo este prisma, la normativa demandada no pretende desconocer la responsabilidad del Estado, como afirma la parte demandante, pues no es ella la que es materia del Decreto 1290 de 2008, el cual, como se dijo busca proveer una forma de indemnización administrativa a las víctimas, que quedan en todo caso en libertad de acudir a la justicia, máxime considerando que para que se establezca una responsabilidad estatal ella debe ser demostrada, por lo cual tampoco encuentra la Sala que con las disposiciones acusadas se presente una nueva victimización y por tanto una nueva violación de los derechos humanos.
La parte demandante también considera quebrantado el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos cuyo tenor es:
“1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”.
El artículo transcrito hace referencia a las medidas que deberá tomar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por la Convención, de manera que se garantice al lesionado el goce de sus derechos o libertades conculcados y la posibilidad de que se disponga, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
En el presente caso, las disposiciones demandadas en nada se oponen al artículo transcrito, pues con ellas no se impide que la persona que se sienta afectada acuda a las instancias nacionales o internacionales de administración de justicia, ni que los jueces definan la reparación correspondiente ni que la víctima tenga acceso a ella.
IV.2.7. En relación con los derechos no cubiertos por el programa, estimó la parte actora, restringen los derechos de las víctimas a la reparación integral pues no consideran su derecho a la protección de sus bienes patrimoniales, al trabajo, la vivienda y la alimentación quedando como subsidiarios con lo cual se vulneran los artículos 58 y 2 de la Constitución política.
Al respecto encuentra la Sala que la normativa demandada no desconoce la existencia de diversos derechos violados a las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley, ni, como se dijo, el derecho de las mismas a buscar su reparación por las vías legales.
Lo que el Decreto 1290 de 2008 se propone, como lo afirma en su motivación, es contribuir a la adopción de medidas que contribuyan con el proceso de justicia, verdad, reparación, garantías de no repetición y de reconciliación, sin que la precisión sobre los delitos cubiertos por el programa, contenida en el artículo 2º atacado, implique que sea la única posibilidad que tienen las víctimas para alcanzar la reparación de los daños que les hubiesen causado los grupos armados organizados al margen de la ley.
En el Decreto demandado, la parte motiva hace referencia a que el programa que allí se organiza, “constituye uno de los componentes del Plan Nacional de Reparaciones que lidera la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, con el cual no se agotan las posibilidades de reparación por otros conceptos en beneficio de las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley”.
Así las cosas, los derechos cubiertos por el programa creado mediante el Decreto 1290 de 2008, buscan resarcir a las víctimas de violaciones de los derechos a la vida, la integridad física, la salud física y mental, la libertad individual, sin que ello obste para que ellas obtengan por otros medios legales el resarcimiento por otras violaciones a sus derechos.
IV.2.8. Advierte la parte actora que en la normativa demandada se desconoce de facto a quienes son víctimas por desplazamiento forzado, quienes merecen el resarcimiento de cada uno de sus derechos vulnerados, pues considera impensable que se fraccione una posible reparación frente a unos derechos y que se proponga que frente a los demás derechos vulnerados se puede tramitar por las vías legales existentes.
En este cargo considera la Sala que resulta equivocada la apreciación de la parte actora en tanto las víctimas del desplazamiento forzado tienen derecho, no solo las ayudas de la Ley 387 de 1997, “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”, sino que pueden acudir a la reparación administrativa contemplada en el Decreto 1290 de 2008, cuando además hayan sido víctimas de las violaciones a sus derechos en el establecidas, por lo cual el cargo no prospera.
IV.2.9. No encuentra la Sala que, el hecho que algunas violaciones a los derechos humanos no estén incluidas en la normativa demandada, como los delitos contra la propiedad, el patrimonio y las violaciones colectivas o atribuibles a agentes del Estado, implique que las víctimas deban renunciar a las reparaciones que en esos casos les correspondan, pues, se reitera, pueden acudir a otros mecanismos para obtener un resarcimiento integral.
IV.2.10. En cuanto al argumento conforme al cual con la normativa demandada lo que se pretende es legalizar o mostrar las reparaciones con las ayudas que ha establecido la Ley 387 de 1997, considera la Sala que no se desconoce que los derechos de estas personas están protegidos por la Constitución y por la citada ley, pues el parágrafo 3º del artículo 5º del Decreto 1290 de 2008 es claro al precisar que las sumas que se descontarán del valor de la indemnización solidaria serán aquellas que se hayan entregado a título de reparación, lo que excluye los servicios sociales del Estado y la ayuda humanitaria(2).
La normativa demandada tampoco está fragmentando los derechos por lo cual no se quebranta el artículo 29.2 de los principios rectores de los desplazados internos conforme al cual:
Como se deriva de la norma transcrita, las disposiciones atacadas en ningún momento impiden que se preste asistencia a los desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte, para la recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron o en su defecto para que se les pague una indemnización justa.
IV.2.11. Tampoco se vislumbra quebrantamiento alguno de las normas citadas como violadas por el hecho que en el Comité citado en el artículo 3º del Decreto 1290 de 2008, y creado por el artículo 16 ibídem, se tuvo en cuenta la intervención de un miembro de la fiscalía, la procuraduría, y la defensoría, cuya participación se permitió con voz pero sin voto.
En efecto, tal como lo señaló la parte demandada, es necesario diferenciar la actuación administrativa que se regula en la normativa demandada, de la actuación judicial, por lo cual no es de recibo la afirmación, basada además en conjeturas, que ello se hizo para coartar el derecho a participar, a opinar, a investigar a interpretar y a orientar dichas decisiones, contrariando el derecho al acceso a la justicia y al debido proceso, por lo cual no se vulneran los artículos 2º, 20 y 29 de la Constitución.
Considerando que, como se dijo, la actuación administrativa difiere de la judicial, no encuentra la Sala que se concentren poderes en unos pocos funcionarios ni que se les otorguen funciones de valoración, interpretación y juzgamiento, por lo cual no se han desconocido los artículos 113, 116, 150-1 y 189-1 de la Carta, que se refieren respectivamente a las ramas del poder público, la función jurisdiccional y los organismos que la ejercen, la función del Congreso de interpretar, reformar y derogar leyes , y la facultad del Gobierno de nombrar y separar libremente a los ministros de despacho y a los directores de departamentos administrativos.
La normativa atacada, se reitera, se limita a crear un programa con un procedimiento administrativo para proporcionar una indemnización a las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley, lo que no implica que ella pueda considerarse una reparación que excluya la que por vía judicial puedan perseguir las víctimas, para lograr lo que considere una reparación integral.
Adicionalmente, tampoco se encuentra que el principio de autonomía plasmado en el artículo tercero demandado deje en manos de la discrecionalidad de los funcionarios determinar si los solicitantes son víctimas o no y por consiguiente, merecedores de la reparación, pues el Decreto atacado, en el Capítulo IV, consagró un procedimiento para el reconocimiento y aplicación de la reparación individual por vía administrativa, que incluye la solicitud de reparación, la forma de acreditar la calidad de víctima, los criterios que debía tener en cuenta la administración para reconocer la calidad de víctima, la entrevista a los solicitantes de la reparación quienes en ese trámite podían aportar las pruebas de su condición de víctimas, las otras fuentes a que podía acudir Acción Social para respaldar su informe y recomendación de medidas de reparación.
En consecuencia, no resulta abandonada a la discrecionalidad de los funcionarios la posibilidad de reparación administrativa contemplada en el Decreto 1290 de 2008, como lo pretende la parte actora.
IV.2.12. Al atacar el artículo 5º del Decreto 1290 de 2008, el actor insiste en que se transgreden los derechos de las víctimas al desconocer la integralidad de sus derechos vulnerados en el marco del conflicto armado, pues lo que a su juicio se pretende, es no reconocer la reparación por todos los daños y desconocer, al aplicar pagos definidos para cada delito, la individualidad y magnitud del daño para cada persona.
Al respecto, como se ha reiterado a lo largo de esta providencia, la reparación administrativa contemplada en el Decreto 1290 de 2008, no niega a las víctimas la posibilidad de acudir a la vía judicial para obtener la reparación, por lo cual tampoco se quebranta el artículo 63.1 de la Convención Americana que desarrolla el principio internacional de reparación integral a las víctimas, como también se advirtió anteriormente.
No encuentra la Sala de recibo el argumento conforme al cual la normativa demandada vulnera la Ley 448 de 1998, por cuanto mediante esta se adoptan medidas en relación con el manejo presupuestal de las obligaciones contingentes de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento público, pues, de conformidad con el artículo 137 del CCA, toda demanda ante esta Jurisdicción debe contener, entre otras, los fundamentos de derecho de las pretensiones y cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
La parte actora se limita a señalar que se quebranta la Ley 448 de 1998, sin precisar las razones de la violación alegada ni el alcance y sentido de la misma.
En consecuencia, la Sala se declarará inhibida de pronunciarse sobre la violación a la Ley 448 de 1998 planteada, pues en el Código Contencioso Administrativo no existe un control general de legalidad, debiendo el actor cumplir la obligación que le impone el citado artículo 137.
IV.2.13. Tampoco resulta de recibo el argumento que señala que el parágrafo 3 del artículo 5 lo que pretende es tomar las ayudas que se han proporcionado a algunas víctimas de la violencia como parte de la reparación, pues lo cierto es que las ayudas recibidas solo se descuentan si se han entregado a título de reparación lo que resulta proporcional, por lo cual no se vulneran los artículos 1º y 2º de la Constitución y la Ley 387 de 1997.
IV.2.14. En cuanto a los topes fijados para la reparación en la normativa atacada, no encuentra la Sala que ellos vulneren el artículo 63.1 de la Convención Americana, por cuanto los mismos no son incompatibles con la posibilidad de que la víctima pueda buscar la reparación por la vía judicial.
IV.2.15.Respecto del artículo 14 señaló la parte actora que la gradualidad de las indemnizaciones vulnera los principios de celeridad y eficacia contenidos en el artículo 209 de la Carta.
Por las mismas razones que la Sala expresó en el cargo relacionado con la violación de la Ley 448 de 1998, no se puede hacer el examen de legalidad. En efecto, la parte actora se limita a transcribir la norma constitucional supuestamente quebrantada sin indicar el porqué de la violación planteada. En consecuencia, se declarará inhibida de pronunciarse sobre este cargo.
IV.2.16. En cuanto al artículo 16 manifestó que vulnera el derecho de las víctimas a participar en los procesos que les atañen, se les da un trato peyorativo, desconociendo la Sentencia T-025 de 2004 sobre la participación efectiva de la población desplazada.
Al respecto observa la Sala que el artículo 16 atacado, en lo pertinente señala:
“ART. 16.—Composición del Comité de Reparaciones Administrativas. El Comité de Reparaciones Administrativas estará integrado por los siguientes miembros de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación:
d) Un miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en representación de las víctimas, elegido por este organismo, cuya representación será indelegable”.
El literal d) transcrito establece la participación de las víctimas en el Comité de Reparaciones administrativas, a través de un miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, elegido por este organismo, del cual, a su vez, forman parte dos Representantes de Organizaciones de Víctimas, al tenor de lo previsto en el artículo 50 de la Ley 975 de 2005, como estaba vigente al momento en que se expidió la normativa acusada.
En consecuencia, no encuentra la Sala que se vulnere el derecho de las víctimas a participar en los procesos que les atañen.
IV.2.17. En el artículo 19 observó la parte demandante que por medio de la Secretaría Técnica se le está dando el manejo e implementación del programa a Acción Social, con lo cual se desconoce de facto a las autoridades judiciales y administrativas que son las competentes para establecer si una persona es o ha sido víctima de los grupos armados al margen de la ley y no se respeta la separación de poderes.
Al respecto la Sala reitera que lo que el Decreto 1290 de 2005 regula es un programa de reparación administrativa, que en ningún momento desplaza a las autoridades judiciales.
Al respecto, encuentra la Sala que el carácter de Secretario Técnico del Comité de Reparaciones Administrativas asignado al director de Acción Social en ningún momento desplaza a las autoridades judiciales, ante quienes las víctimas pueden buscar el resarcimiento por los daños que les hayan causado los grupos armados organizados al margen de la ley.
Adicionalmente, no es el Decreto atacado sino la Ley 975 de 2005 la que establece en cabeza del Director de la Red de Solidaridad Social, hoy Acción Social la función de ordenar el gasto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
IV.2.18. La parte actora reprochó el artículo 23 relativo a la acreditación de la calidad de víctima, reiterando que Acción Social no es la entidad competente para encargarse de recibir y tramitar las solicitudes de reparación y menos para acreditar la calidad de víctimas, por no tener facultades para ello.
Al respecto encuentra la Sala que en tanto la Ley 975 de 2005, encomendó Acción Social la administración del Fondo para la Reparación de las Víctimas, el Gobierno, en ejercicio de la potestad reglamentaria, podía fijar la forma en que dicho fondo sería manejado para proveer la reparación administrativa de las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley, por lo cual no se observa que se haya excedido la potestad reglamentaria, ni desconocido el trabajo conjunto que deben desarrollar las tres ramas del poder.
IV.2.19. Recalcó la parte demandante que el artículo 24 contraría los artículos 113, 150-1 y 189-1 de la Constitución, pues excluye a las víctimas que no cumplan los criterios allí planteados, sin darles siquiera la posibilidad de entrar a probar que si son víctimas de la violencia.
En relación con este cargo encuentra la Sala que carece de vocación de prosperidad, pues el hecho de que una persona no pueda acreditar su calidad de víctima para tener derecho a la reparación administrativa prevista en el Decreto acusado, no significa que no pueda acudir a las instancias judiciales para obtener el resarcimiento que considera le corresponde por las violaciones a sus derechos cometidas por los grupos armados organizados al margen de la Ley.
El criterio que concretamente ataca el demandante es el relacionado con “La presentación de denuncia, o puesta en conocimiento de los hechos ante cualquier autoridad judicial, administrativa o de policía, dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho”, por considerar que desconoce la sentencia de tutela T-821 de 2007, pues en el caso de las víctimas del conflicto armado no se pueden establecer términos perentorios.
Al respecto observa la Sala que el artículo 24 del Decreto 1290 de 2008, establece en cabeza de Acción Social el deber de hacer el acopio de la información que sea necesaria para el reconocimiento del solicitante como víctima de los grupos armados organizados al margen de la ley, para lo cual deben tenerse en cuenta “alguno o algunos” de los criterios allí establecidos, entre los cuales está el de la presentación de denuncia, o puesta en conocimiento de los hechos ante cualquier autoridad judicial, administrativa o de policía, dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho.
La norma es clara al señalar que el criterio de la denuncia no es el único que se debe considerar y que aún en ausencia del mismo, si otro u otros permiten concluir que la persona tiene la condición de víctima, esta habrá de reconocerse para acceder a los beneficios del Decreto 1290 de 2008, razón por la cual el cargo no prospera.
1 Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006.
2 Ver al respecto sentencia de la Corte Constitucional C-1199 de 2008.