Source: http://mundofutbolbase.es/not/3912/la-licencia-de-entrenador-de-porteros/
Timestamp: 2018-06-19 02:59:35
Document Index: 331137572

Matched Legal Cases: ['artículo 153', 'Artículo 153', 'artículo 55', 'artículo 153', 'artículo 153', 'artículo 62']

La licencia de entrenador de porteros — Mundo Fútbol Base
Martes, 30 de enero de 2018 | Leída 1074 veces
La licencia de entrenador de porteros
El artículo 153 del Reglamento de la RFEF establece lo siguiente:
“Artículo 153. Tipos de licencias de entrenadores.
a) «E»: Entrenador. Necesario modelo oficial y titulación acorde a la categoría correspondiente. Fútbol y Fútbol Femenino.
b) «E2»: Segundo Entrenador. Necesario modelo oficial y titulación acorde a la categoría correspondiente. Fútbol y Fútbol Femenino.
c) «EP»: Entrenador de Porteros. Necesario modelo oficial y Diploma del Curso de Especialista en Entrenamiento de Porteros de Fútbol expedido e impartido por la RFEF.”
Se puede ver como el reglamento, para la licencias de “entrenador” y “segundo entrenador”, exige la titulación oficial correspondiente a cada categoría. Hasta ahí todo correcto. Sin embargo, en relación a la licencia de “entrenador de porteros”, además de la titulación oficial, se exige sin justificación alguna, la obtención del Diploma del Curso de Especialista en Entrenamiento de Porteros de Fútbol expedido e impartido por la propia RFEF.
De esta forma, el reglamento introduce un requisito académico adicional para la licencia de los entrenadores de porteros que no está previsto por la normativa vigente ni autorizado por las organismos públicos competentes.
Examinemos brevemente la normativa vigente que regula la obtención de los títulos académicos de técnicos deportivos en la modalidad deportiva del fútbol.
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (en adelante, Ley del Deporte), establece en su artículo 55:
- Que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia, regulará las enseñanzas de los técnicos deportivos.
- Que la formación de los Técnicos Deportivos podrá llevarse a cabo en centros reconocidos por el Estado o, en su caso, por las Comunidades Autónomas con competencias en materia de educación.
- Las condiciones para la expedición de títulos de técnicos deportivos serán establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia.
- Las enseñanzas a que se refiere el presente artículo tendrán valor y eficacia en todo el territorio nacional.
En desarrollo de la Ley del Deporte, se dictó el Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior en las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala, se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas (en adelante, Real Decreto 320/2000).
Mediante dicho decreto se regulan la enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior en las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala, las que tendrán la consideración de enseñanzas de régimen especial, con validez académica y profesional en todo el territorio nacional.
En esta norma no se prevé ningún requisito académico adicional a los entrenadores de porteros distinto que para los restantes técnicos deportivos de fútbol. Dicho en otras palabras, de acuerdo con dicha norma, los entrenadores de porteros pueden ejercer su labor profesional con los títulos genéricos de técnico deportivo superior en la especialidad de fútbol. Razón por la que la el reglamento federativo no puede a la hora de regular la expedición de las licencias para los entrenadores de porteros, exigir una titulación específica que no se prevé en la normativa oficial aplicable.
Con ello no quiero decir que no se puedan exigir cursos de especialización, pero claro está, siempre siguiendo el procedimiento legalmente establecido, y que no es otro que el previsto por el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial (en adelante, Real Decreto 1363/2007).
La disposición adicional decimocuarta del referido decreto dispone expresamente lo siguiente:
“Disposición adicional decimocuarta Cursos de especialización
3. La certificación académica que se expida a los titulados que superen una especialización mencionará el título al que se refiere y acreditará las competencias adquiridas.”
Se puede comprobar como en relación a los cursos de especialización en materia de enseñanzas deportivas, es necesario que el Gobierno previamente los regule mediante las normas que regulen los títulos de enseñanzas, cosa que no ocurre como he expuesto anteriormente en relación a los entrenadores de porteros.
Y además, una vez regulado por el Gobierno, es necesario que el Ministerio de Educación, a propuesta del Consejo Superior de Deportes, establezca los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de dicha especialización, cosa que tampoco ocurre obviamente en relación a los entrenadores de porteros.
De tal suerte, que la RFEF ha introducido un requisito académico adicional para los entrenadores de porteros que no está previsto en la normativa oficial aplicable.
No puede exigirse por vía federativa algo que no se requiere por la citada normativa, pues sólo compete al Estado regular las condiciones y requisitos que son necesarios para ejercer como entrenadores de fútbol y sus respectivas especialidades.
Pero es que además esta tendencia puede llevar a la RFEF a solicitar un curso de especialización para cada demarcación de un equipo de fútbol, pues todas las demarcaciones tienen sus especificidades que distinguen a unas de otras. La RFEF podría llegar a exigir un entrenador especializado en laterales, otro en centrales, otro en mediocentros, otro en interiores, otro en extremos, otro en delanteros, etc., lo cual podría resultar ridículo y vaciaría de contenido la labor del entrenador tradicional como lo hemos venido entendiendo hasta ahora. Y a mayor abundamiento, dejaría sin sentido la obtención de los títulos de técnico de fútbol regulados por el Estado a través del Real Decreto 320/2000.
Y a mayor abundamiento, el reglamento federativo establece que sólo sirve a estos efectos el diploma expedido por la propia RFEF, y en consecuencia, no tendrían eficacia los expedidos por los centros privados reconocidos oficialmente por la administración pública. De esta forma, y ya sin competencia de los centros deportivos oficiales, la RFEF exige la nada despreciable cantidad de unos 2.500 euros, en un contexto actual de crisis como el que estamos atravesando. Dicha exigencia responde a un claro “afán recaudatorio” por parte de la RFEF.
El informe emitido por la Secretaría General de Enseñanzas Deportivas de fecha 6 de agosto de 2013 (página 35 del expediente administrativo) establece que dicho “requisito de titulación exigido en el Reglamento General de la RFEF, debe entenderse referido a quienes no se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en la especialidad de fútbol”. Continua diciendo el referido informe que “por tanto la exigencia de acreditar el diploma del Curso especialista en entrenamiento de porteros expedido por la RFEF, no es de aplicación para quienes se encuentren en posesión de titulaciones oficiales”.
Dicho informe pone de manifiesto la vulneración en la que incurre el Reglamento de la RFEF. Pues el artículo 153 es claro en cuanto a su literalidad, en cuanto obliga para solicitar la licencia como entrenador de porteros la obtención del diploma expedido a tal efecto por la propia RFEF. No se puede en este aspecto especular con interpretaciones y ambigüedades. El reglamento de la RFEF debe ser claro. Si para obtener la licencia como entrenador de porteros es suficiente con tener la titulación oficial de técnico deportivo y técnico deportivo superior en la especialidad de fútbol, así lo debe establecer el RFEF. La literalidad del reglamento no dice nada de eso. Por lo que debe declararse su nulidad.
Por todo ello, el apartado c) del artículo 153.1 del reglamento, es nulo de pleno derecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, el cual dispone que “serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior”.