Source: https://www.scribd.com/document/67683412/Mas-de-lo-mismo-en-el-nuevoarticulado-LEY-30
Timestamp: 2017-12-15 09:03:27
Document Index: 88058222

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 28', 'Artículo 10', 'artículo 11', 'Artículo 20', 'Artículo 57', 'Artículo 96', 'Artículo 27']

Description: Insumos para el debate: Ley 30
MAS DE LO MISMO EN EL NUEVO ARTICULADO
Por: *LUIS AURELIO ORDOÑEZ
Los 163 artículos de la nueva versión del Proyecto de reforma a la Educación Superior, divulgado por CORPUV, contienen aspectos institucionales, académicos y financieros, sobre los cuales se han escrito valiosas observaciones que no han sido tenidas en cuenta. No obstante, atendiendo el llamado a pronunciarse, he escogido algunos relacionados con el derecho a la educación superior, la autonomía y la naturaleza de las instituciones.
De nuevo, en el Artículo 1°, se reconoce la Educación Superior como un derecho y en el resto del articulado figura como servicio educativo, lo cual implica que se impone la noción ligada a la mercantilización, dejando entrever que se trata de facilitar, por la vía normativa, la aplicación del modelo de subsidio a la demanda que inspira todo el proyecto.
En la reunión de FENARES (Federación de representantes estudiantiles) realizada recientemente en la Universidad Central, la Ministra de Educación afirmó que el texto de la propuesta de “Ley estatutaria de autonomía de las universidades”, preparado por una Comisión de ASCUN, compuesta por rectores de universidades públicas y privadas, acompañada de un selecto grupo de especialistas, sería incorporado al Proyecto [1] . Al margen del debate sobre la pertinencia jurídica de hacerlo, conviene destacar que el texto de ASCUN avanza eficazmente en la conceptualización de la autonomía y, de manera especial, en la identificación del derecho fundamental de la comunidad académica para el cumplimiento de la misión de la universidad, pero no ha sido agregado al nuevo proyecto. Sin ninguna referencia conceptual previa, ni siquiera a la Constitución, como está consignado en el
Artículo 28 de la ley 30; en el Artículo 10° lacónicamente se afirma: “ El Estado garantiza la autonomía a las instituciones de Educación Superior en su gobierno institucional, en el ámbito académico y en los aspectos económico y financiero, de conformidad con la Constitución Política y la ley”. En los artículos siguientes, se desagrega el listado de funciones que “le confiere” el Estado a las universidades, término que insinúa la idea de concesión generosa, a diferencia del reconocimiento a la esencia misma de la academia, principio del que emana la libertad para el uso público de la razón, el desarrollo del conocimiento y la formación de los estudiantes al más alto nivel académico, que requiere la sociedad.
En el artículo 11°, se alude a “la capacidad de organizarse y regularse”, lo cual podría entenderse como autonomía para designar sus directivas; pero, en el mismo Artículo, se advierte, “dentro de los límites que establezcan la Constitución Política y la ley”. Límites que conducen a mantener la desequilibrada composición de los consejos superiores, con la mayoría hegemónica de los sectores externos y una exigua participación de la comunidad académica, tal como quedó establecido en la ley 30° de 1992, tema que ha sido objeto de lúcidos análisis y críticas debidamente sustentadas. El cambio simplemente se reduce a trasladar, del capítulo II de la ley 30°, dedicado a la “organización y elección de directivas” , al capítulo V de “transparencia, eficiencia y buen gobierno” , lo cual revela una evidencia más sobre el interés de controlar y obligar a las universidades a aceptar pasivamente la política educativa oficial. Dicho en otras palabras, en la regulación de las relaciones Universidad y Estado, que se traducen en tensiones entre autonomía y suprema inspección y vigilancia, se toma partido por el control, a cargo del poder político, lo que implica un flagrante desconocimiento a la autonomía y un perturbador efecto negativo a la relación: Universidad, Conocimiento y Sociedad.
En medio de tantos elementos adversos a la calidad y la persistencia de la educación superior pública, figura - casi inadvertido- un elemento clave del modelo privatizador. Según el Artículo 20°: “Por razón del origen de sus recursos, las instituciones de Educación Superior serán estatales, privadas o mixtas”. La modalidad de instituciones mixtas no hace parte de la ley 30° y los aspectos fundacionales para caracterizar las universidades estatales u oficiales son claros, en el Artículo 57°, al establecer que solamente pueden ser creadas por el Congreso, las Asambleas Departamentales , los Consejos Distritales o las Entidades Territoriales. En materia de universidades privadas, el Artículo 96, precisa que las personas naturales y jurídicas de derecho privado, pueden crear IES y en el 98° se agrega: “ si n ánimo de lucro, organizadas como corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria”. [2]
Ahora bien, “el ánimo de lucro”, fue eliminado del proyecto gracias al desacuerdo manifiesto de diversos sectores, incluidos algunos rectores, entre ellos el de la Universidad ICESI Francisco Piedrahita; pero, como lo han expresado acertadamente algunos analistas, se trata de un hábil distractor. Tiene la apariencia de ceder en un punto fundamental; pero, en su lugar, se introduce una ambigüedad sospechosa al incorporar la modalidad de instituciones mixtas y vaciar de contenido el carácter de las universidades públicas, omitiendo su definición, con base en los actos fundacionales y el origen de los recursos. Simplemente, en el Artículo 27°, a las universidades públicas u oficiales, se les define como “entes autónomos con régimen especial, independientes de las ramas del poder público y se encuentran vinculadas al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo”. La ambigüedad, al parecer deliberada, tiende un velo a la política de desfinanciación de las universidades públicas, como ocurrió en Chile.
En los foros promovidos por el MEN, para ambientar el Proyecto, ha sido ostensible el interés de presentar el modelo Chileno, como el “Paradigma ideal” de la educación superior y el ejemplo a seguir para lograr los anhelados aumentos de cobertura, sin los recursos adecuados. Lo que no se menciona en las presentaciones es justamente el maligno efecto de las instituciones mixtas, para aplicar el mecanismo que llevó progresivamente a la extinción de las universidades públicas, que terminaron recibiendo el insignificante 10° de los recursos del Estado. Como es bien sabido, las formidables movilizaciones de estudiantes universitarios y de secundaria , profesores, madres y padres de familia, con apoyo de diversos sectores sociales y miembros del Congreso, han obligado al Presidente Piñera a escuchar al menos las exigencias de una educación financiada por el Estado, para recuperar las décadas perdidas por la imposición del modelo mercantilista y privatizador que condenó a las universidades públicas a su autofinanciación con los recursos de los estudiantes y sus familias, modelo fallido de corte neoliberal, cuyas nefastas repercusiones han sido denunciadas por la juventud chilena ante el mundo entero.
El Senado Universitario Chileno ha expresado su preocupación por la entrega de los que ellos denominan “aportes basales” a las universidades sin distinguir entre estatales y privadas. Específicamente argumentan que “las universidades estatales son aquellas que pertenecen a toda la comunidad nacional, garantizando el derecho a la educación superior de calidad, en principio gratuita y ampliando su misión estrictamente pública en sus actividades. Por otra parte, las universidades privadas tienen un propietario particular y pueden combinar en distintas formas y medidas objetivos particulares y objetivos de bien público” [3] . Ante todo, vale subrayar que han enfatizado sobre la inconveniencia de homogenizar la educación privada, que se rige por la lógica del mercado; con la pública, que se rige por la del bien público.
Paradójicamente, la propaganda oficial llamando a reformar aceleradamente la ley 30°, sin un diagnóstico preliminar y rigoroso sobre los evidentes problemas de la Educación Superior, solamente con el único pretexto de que han pasado 18 años de su vigencia, se reduce a cambiar unos artículos, pero conservando el modelo envuelto en una serie de medias verdades y resbaladizas ambigüedades.
Cuando en Chile se busca desmontar un modelo malogrado de resultados catastróficos; en Colombia, se persiste tozudamente en imponerlo. Tratar la educación como servicio transable en el mercado; reducir al mínimo la autonomía para eliminar posibles resistencias e introducir la perversa modalidad de universidades mixtas, son apenas algunos de los elementos que contribuyen a identificar una política educativa, de corte napoleónico, que amenaza gravemente la permanencia y el mejoramiento de una educación superior pública con calidad.
Santiago de Cali, 2 de octubre de 2011
*Profesor Universidad del Valle
Comité Ejecutivo FENALPROU
[1] ¿Por qué es necesaria una Ley Estatutaria para la Universidad Colombiana? ASCUN, septiembre de 2011
[2] Ley 30 de 1992.
[3] “Senado universitario llama a distinguir entre universidades públicas y privadas en entrega de aportes basales” Radio.uchile el Miércoles 21 de septiembre de 2011.
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