Source: http://orbenismo.es/rdl-232020-modificaciones-de-la-lea/
Timestamp: 2020-08-07 03:55:01
Document Index: 184300866

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 43', 'artículo 47', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 47']

RDL 23/2020, ¿Modificaciones de la LEA? – Orbenismo
RDL 23/2020, ¿Modificaciones de la LEA?
Por Álvaro Cerezo y Natxo Tejerina 07/07/2020 Medioambiente, Normativa No hay comentarios
¿Puede un Real Decreto-ley revivir literalmente preceptos declarados inconstitucionales?
Uno de los corolarios de la Teoría de la Relatividad de Einstein y que fue comprobado experimentalmente, es que cuando se viaja en velocidades cercanas a la velocidad de la luz ello ocasiona una dilatación del tiempo, por lo cual el tiempo de un individuo que viaja a esa velocidad corre más lentamente. Desde la perspectiva del viajero, el tiempo «externo» parece fluir más rápidamente, causando la impresión de que el individuo hizo un viaje a través del tiempo. Sin embargo, este fenómeno en sí mismo es viajar en el tiempo.
Continua la explicación de la Wikipedia que el concepto de viaje en el tiempo ha sido frecuentemente utilizado para examinar las consecuencias de teorías físicas como la relatividad especial, la relatividad general y la teoría cuántica de campos. Aunque no existe evidencia experimental del viaje en el tiempo, sí existen razones teóricas importantes para considerar posible la existencia de cierto tipo de viaje a través del tiempo. En cualquier caso, las teorías actuales de la física no permiten ninguna posibilidad de viajar en el tiempo, en un espacio-tiempo del tipo del que se cree es nuestro espacio-tiempo, que no parece tener líneas temporales cerradas.
Pues bien, estamos en condiciones de anunciar la primera demostración de que al menos unos seres vivos y racionales han viajado a la velocidad de la luz o cuando menos a una velocidad muy cercana a ella.
El pasado día 24 de junio de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, en cuyo articulo 8 se procede a la modificación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (los apartados 2, 4 y 5 del artículo 34, los apartados 2, 3, 4 y 5 en el artículo 43 y los apartados 2, 8 y 9 del artículo 47). El objeto de la modificación es dotar al procedimiento de evaluación ambiental de una mayor agilidad y seguridad jurídica, facilitando la tramitación de proyectos que permitan impulsar la reactivación económica al tiempo que se garantiza la protección del medioambiente. Para ello, se regula la prórroga de vigencia de las declaraciones de impacto, evitando así el vacío jurídico existente, y se agiliza el procedimiento para la determinación de alcance del EIA y el relativo a la EIA simplificada, equiparándola a la ordinaria. Hasta aquí todo normal.
Sirvan también como antecedentes de alteraciones de la LEA la siguiente Sentencia y Ley:
STC 53/2017, de 11 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. Interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la atribución de carácter básico a diversos preceptos legales que regulan el régimen de resolución de discrepancias y las evaluaciones ambientales estratégicas y de proyectos; interpretación conforme de diferentes preceptos legales sobre las mismas materias y en relación con las consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluación ambiental (STC 13/1998)
Tras realizar una primera lectura del RDL 23/2020 hemos tenido la impresión de haber visto esta misma dicción en alguna ocasión pasada. ¿Hemos sufrido un dèjá vu? ¿Hemos viajado en el tiempo sin saberlo? Lo primero fue cotejar textos. El resultado del análisis cruzado de los textos ha sido más que sorprendente.
La dicción original del artículo 34.4 de la LEA decía:
Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas deberán pronunciarse en el plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la documentación.
La STC 53/2017 declaró la inconstitucionalidad de los incisos del apartado cuarto del artículo 34 con el siguiente contenido:
«En este caso no se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban posteriormente»
y «para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora».
El RDL 23/2020 nos muestra la primera evidencia de la posibilidad de viajar en el tiempo reviviendo lo declarado inconstitucional por la STC 53/2017 con su nueva redacción:
¿No os parece suficiente?, vamos con la segunda prueba para gente incrédula…
La dicción original de los apartados 2,3, 4 y 5 del artículo 43 de la LEA decía:
La Ley 9/2018 (entrada en vigor el 07/12/2018), cuyo objeto fue la trasposición de las Directivas Comunitarias en la materia, también atendió la necesidad de adecuar la LEA a la STC 53/2017, de 11 de mayo, que declaró inconstitucionales algunos aspectos invocados en la redacción originaria de la LEA (EM III), modificó el articulo 43 eliminando los apartados 2, 3, 4 y 5 del citado artículo.
Pues bien, el RDL 23/2020 restaura literalmente lo dispuesto por la LEA en su redacción original y deshaciendo los efectos de la Ley 9/2018, como si el periodo entre el 07/12/2018 y el 25/06/2020 no hubiera existido:
5. Transcurrido el plazo sin que el órgano ambiental haya resuelto sobre la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental se entenderá estimada la solicitud de prórroga».
Pues no hay dos sin tres y adicionalmente a la restauración en bloque de la dicción original de los apartados 2, 3, 4 y 5 del art. 43, el legislador vuelve a saltar por tercera vez en el tiempo y restaura un apartado y un inciso declarado inconstitucional por la STC 53/2017 tal y como recoge su fallo:
– El apartado segundo y el inciso del apartado tres del artículo 43 con el siguiente tenor «Transcurrido este plazo sin que se haya comenzado la ejecución del proyecto o actividad el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto».
Qué flashback más impresionante.
Las restantes modificaciones que introduce el RDL 23/2020 son en los apartados 2, 8 y 9 del artículo 47: una nueva letra c) en el apartado 2 sobre la imposibilidad de dictar una resolución caso de que el órgano ambiental no disponga de elementos de juicio suficientes, la determinación de la suspensión del plazo de resolución en caso de prorroga justificada en la solicitud de informes a otras Administraciones Públicas afectadas (8) y el sentido desestimatorio de la solicitud de prórroga si transcurrido el plazo sin que el órgano ambiental resuelva sobre la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental (9).
La primera sensación fue de tranquilidad al comprobar que no teníamos visiones. Pero la tranquilidad duró poco:
¿Cómo comportarnos con un texto legal publicado y aparentemente vigente que ya ha sido declarado contrario a la Constitución? ¿Debemos tenerlo en cuenta o, por el contrario, atribuirlo a los efectos de la pandemia y no aplicarlo?
En alguna ocasión hemos comentado que parece que el BOE tuviera una sección de pasatiempos camuflada, ¿será esto un pasatiempo de agudeza visual como el de los Siete errores? Parece imposible que el servicio de control de calidad no haya advertido el salto mortal, ¿será un mensaje criptográfico de algún servicio secreto?, ¿o fruto de algún hacker ruso o chino, que deben ser muy hábiles? ¿Será intencionado? Parece que no porque la exposición de motivos no justifica la insistencia ni el título competencial invocado difiere del anterior, ¿será intencionado e intencionadamente opaco? La verdad, estaríamos más tranquilos si hubiera sido un dèjá vu.
¿Qué se podría hacer para evitar la inseguridad jurídica? ¿Un incidente en ejecución de la STC 53/2017? ¿Aprovechar el trámite de convalidación para corregir el decreto perpetrador? ¿Alguna idea?
Etiquetado en: Control de calidad, dicción original, Einstein, inconstitucionalidad, LEA, Ley 9/2018, RDL 23/2020, STC 53/2017, viaje en el tiempo
← [Valoraciones]: Cambio importante en el tipo de capitalización (suelo Rural)
[Planeamiento v21] 13: Medir en tiempos revueltos. →