Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2017/03/la-vigilancia-de-la-salud-y-la.html
Timestamp: 2019-05-22 06:54:34
Document Index: 71246006

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 43', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 5']

EL BLOG DE EDUARDO ROJO: La vigilancia de la salud y la prevención de riesgos laborales. Texto comparado de los RD 231/2007 y 404/2010, sobre establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.
La vigilancia de la salud y la prevención de riesgos laborales. Texto comparado de los RD 231/2007 y 404/2010, sobre establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.
1. No conviene olvidar los datos de la estructura productiva española, ya que cualquier política de vigilancia de la salud del personal que preste sus servicios en las mismas, y de aquellos empleadores que no tienen trabajadores a su servicio, ha de partir del conocimiento de aquella realidad.
¿Y qué nos dicen los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE)? ¿Qué foto nos dibuja? Pues que a 1 de enero de 2016 había 3.236.582 empresas activas en España. De las que “más de 1,79 millones de empresas no emplearon a ningún asalariado. Esta cifra supuso el 55,3% del total. Además, otras 895.574 (el 27,7% del total) tenían uno o dos empleados. Si se suman estos dos grupos, resulta que el 83,0% tenían dos o menos asalariados”. Respecto a las empresas de mayor tamaño que las anteriores, de 3 a 5 trabajadores eran 292.403, de 6 a 9 117.293, de 10 a 19 75.022, y de 20 o más asalariados 64.381. Y otro dato significativo para completar esta foto: “Los mayores porcentajes de empresas pequeñas se encontraron en los sectores Resto de Servicios (el 84,3% tenía dos o menos asalariados) y Comercio (82,2%). Por el contrario, el peso de las empresas grandes se
concentró en el sector industrial, donde un 7,9% del total empleó a 20 o más asalariados”.
Pasemos ahora al estudio del marco general de la vigilancia de la salud en la normativa de prevención de riesgos laborales Forzosamente hemos de conocer la normativa aplicable y cómo regula dicha vigilancia, con especial atención a cómo se protege la de los llamados trabajadores sensibles, qué obligaciones formales y reales asume la empresa y que responsabilidades están reguladas en la normativa vigente en caso de incumplimiento empresarial.
Podemos tomar como punto de referencia la Nota técnica de prevención (NTP) 471 del InstitutoNacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo , que nos recuerda que la vigilancia de la salud no tiene sentido como instrumento aislado de la prevención ya que “ha de integrarse en el Plan de prevención global, recibiendo información y facilitándola a su vez a los otros programas que constituyen dicho Plan (seguridad, higiene, ergonomía, psicología aplicada) y que en su elaboración se deben tener en cuenta diversas fases, como son la determinación de objetivos, la determinación de actividades, su realización por personal debidamente cualificado, elaboración de conclusiones y recomendaciones, y finalmente evaluación de la actividad.
Fijémonos ahora en los arts. 14.2, 22 y 28.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales Es decir, en cumplimiento del deber de protección, el empresario “deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo”; garantizará a los trabajadores a su servicio “la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo”, medidas, la de vigilancia y control de la salud que “se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada”. Por fin, respecto a los trabajadores con contratos temporales, ya sea contratados directamente o bien a través de empresas de trabajo temporal, la LPRL dispone que “tendrán derecho a una vigilancia periódica de su estado de salud, en los términos establecidos en el artículo 22 de esta Ley y en sus normas de desarrollo”, es decir en los mismos términos que los restantes trabajadores.
También debemos hacer referencia al RD 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención, cuyo art. 2 regula el plan de prevención de riesgos laborales y lo conceptúa como “la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales”, previendo el apartado 4 del citado artículo una regulación más flexible para las empresas de menos de 50 trabajadores que no desarrollen actividades del anexo I, que podrán reflejar en un único documento el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. Este documento “será de extensión reducida y fácil comprensión, deberá estar plenamente adaptado a la actividad y tamaño de la empresa y establecerá las medidas operativas pertinentes para realizar la integración de la prevención en la actividad de la empresa, los puestos de trabajo con riesgo y las medidas concretas para evitarlos o reducirlos, jerarquizadas en función del nivel de riesgos, así como el plazo para su ejecución”.
De acuerdo con lo previsto en la LPRL, la vigilancia de la salud ha de estar garantizada por el empleador, referida a los riesgos inherentes al trabajo, configurándola como un derecho del trabajador y un deber del empresario, salvo en los casos de existencia de disposición legal que obligue a la vigilancia obligatoria mediante reconocimientos, previos y durante el trabajo, de la vigilancia de la salud. Repárese, y algo ya ha apuntado con anterioridad al explicar la Comunicación de la Comisión, que cobra sentido cada vez mayor una mejor y más precisa identificación del concepto de “lugar de trabajo”, ya que las posibilidades que ha abierto el cambio tecnológico permiten llevar a cabo la actividad en lugares muy diversos y que no siempre, ni mucho menos, se identifican con el tradicional de “centro de trabajo”.
Respecto a las responsabilidades por incumplimiento, están reguladas en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. En concreto, las infracciones graves están recogidas en el art. 12, siendo la primera “1. a) Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. b) No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales”.
Por su parte, las infracciones muy graves están recogidas en el art. 13, incluyendo entre otras el incumplimiento de la vigilancia de la salud de trabajadores especialmente sensibles y de los requerimientos de la ITSS (“1. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia. 2. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de los menores. 3. No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre prevención de riesgos laborales y que, a juicio de la Inspección, impliquen la existencia de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la paralización”).
La cuantía de las sanciones está regulada en el art. 40, en estos términos: “a) Las leves, en su grado mínimo, con multa de 40 a 405 euros; en su grado medio, de 406 a 815 euros; y en su grado máximo, de 816 a 2.045 euros. b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.046 a 8.195 euros; en su grado medio, de 8.196 a 20.490 euros; y en su grado máximo, de 20.491 a 40.985 euros. c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 40.986 a 163.955 euros; en su grado medio, de 163.956 a 409.890 euros; y en su grado máximo, de 409.891 a 819.780 euros”.
Para determinar si procede la aplicación del grado mínimo, medio o máximo, se tendrán en cuenta estos criterios enunciados en el art. 39: “a) La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro de trabajo. b) El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas actividades. c) La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias. d) El número de trabajadores afectados. e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención de los riesgos. f) El incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos a que se refiere el artículo 43 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. g) La inobservancia de las propuestas realizadas por los servicios de prevención, los delegados de prevención o el comité de seguridad y salud de la empresa para la corrección de las deficiencias legales existentes. h) La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales”.
También hemos de hacer mención, como medida tendente a incentivar la adopción de medidas que hagan disminuir la accidentabilidad laboral, al Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, vigente hasta el 24 de marzo de 2017. Para el año 2016, fue desarrollado por la Orden ESS 70/2016 de 29 de enero, art. 31, que dispuso que “De conformidad con lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, en el anexo de esta orden se fijan para el ejercicio 2015 los valores límite de los índices de siniestralidad general y de siniestralidad extrema a tener en cuenta para el cálculo del incentivo aplicable. Para el ejercicio 2015 el volumen de cotización por contingencias profesionales a superar durante el período de observación, a que se refiere el mencionado artículo 4.4 del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, será de 5.000 euros, conforme a lo previsto en el artículo 2.1.b) del citado real decreto”.
El RD 404/2010 ha sido derogado por el RD 231/2017 de 10 de marzo, con entrada en vigor el día 25 de marzo y con efectos desde el 1 de enero de este año. Entre las novedades que incorpora la nueva norma cabe destacar que “se contempla la reducción de carga administrativa, centrándose principalmente el acceso al incentivo en el cumplimiento de los límites de los índices de siniestralidad y exigiéndose además otros requisitos no relacionados con la siniestralidad, pero que aseguran la correcta concesión del mismo. Los mencionados límites se adaptarán a las circunstancias propias de cada actividad económica de modo que se promueva el acceso al incentivo a aquellas actividades con mayor riesgo para mejorar la prevención allí donde sea más necesaria”. En el anexo se recoge la comparación del nuevo texto y del derogado.
Por último, y no menos importante, si bien la sitúo aquí por tratarse de un texto no normativo, hemos de tomar en consideración la Estrategia Española de Seguridad y Salud enel Trabajo 2015-2020, aprobada por el Consejo de Ministros el 24 de abril de 2015. En su presentación se expone que “debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios que se produzcan y prever posibles riesgos o factores que, aunque ahora no se estimen prioritarios, a medio y largo plazo puedan influir en el bienestar de los trabajadores. Hablamos, entre otros, de riesgos de carácter psicosocial, de riesgos derivados de las nuevas tecnologías o de aquellos que emergen de factores sociolaborales, como el envejecimiento de la población activa, las nuevas tendencias en el empleo o la creciente incorporación de la mujer al trabajo”. Sus objetivos generales, que afectan especialmente al ámbito de las pymes, son los siguientes: “Promover una mejor aplicación de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo y su consolidación en las Comunidades Autónomas, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. b) Favorecer la mejora continua de las condiciones de trabajo respecto de todos los trabajadores por igual, con especial atención a la prevención de las enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo”.
Anexo. Texto comparado de los RD 231/2007 y 404/2010. Establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral (no se incorporan los anexos del RD 231/2007).
http://bit.ly/2ohtGcx
http://bit.ly/2ohAgj6
Para la determinación de los períodos de observación de los años 2017, 2018 y 2019 se considerará lo regulado en el artículo 5. No obstante, se podrán considerar ejercicios previos a la entrada en vigor de este real decreto, siempre y cuando dichos ejercicios no hayan formado parte de una solicitud conforme a la normativa