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Timestamp: 2017-10-21 00:59:36
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Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'artículo 139', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 139']

Sentencia T.S. (Sala 3) de 13 de diciembre de 2010. Responsabilidad patrimonial: daños - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Daños sufridos en la carga transportada en un camión remolque al pasar por debajo de un viaducto, en el que figuraban una señales obligatorias de gálibo, teniendo el camión una altura inferior a la señalizada. No ha lugar al recurso de casación.
Visto por la Sala Tercera, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo, el recurso de casación número 1788/2009, que ante la misma pende de resolución interpuesto por la procuradora doña María Luz Albacar Medina, en nombre y representación de Transportes Angel Velasco, S.L., contra la sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil nueve, por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recaída en los autos 295/2007.
Primero.-La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en los autos número 295/2007 dictó sentencia el día diecinueve de enero de dos mil nueve, cuyo fallo dice: "Primero.-Desestimar el recurso contencioso administrativo promovido por la representación procesal de Transportes Ángel Velasco, S.L., contra la Resolución de la Ministra de Fomento de 20 de diciembre de 2.006, por ser conforme a Derecho. Segundo.-Desestimar las demás pretensiones deducidas por la parte recurrente. Tercero.-No procede hacer expresa declaración en costas.";
Segundo.-La representante procesal de Transportes Angel Velasco, S.L. interpuso recurso de casación por escrito de fecha veintinueve de abril de dos mil nueve.
Tercero.-Mediante providencia dictada por la Sección Primera de esta Sala el día dieciocho de junio de dos mil nueve, se admite el recurso de casación interpuesto y se remiten las actuaciones a esta Sección Cuarta, conforme a las reglas del reparto de asuntos; donde se tienen por recibidas el veintiocho de julio de dos mil nueve, confiriéndose traslado a la parte recurrida para formular oposición.
Cuarto.-La Abogacía del Estado presentó escrito de oposición el veinte de octubre de dos mil nueve.
Primero.-En el recurso de casación que enjuiciamos se impugna por la representación procesal de la entidad mercantil "Transportes Angel Velasco, S.L." la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha veintiuno de enero de dos mil nueve, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Ministerio de Fomento de veinte de diciembre de dos mil seis, que desestimó la reclamación formulada por responsabilidad patrimonial de la Administración, a consecuencia de los daños sufridos en la carga transportada en un camión remolque al pasar por debajo de un viaducto, en el que figuraban las señales obligatorias de gálibo con indicaciones de 4'65 metros, 4'70 metros y 4'75 metros, cuando el remolque que transportaba tenía una altura inferior a la que constaba señalizada.
Segundo.-La Sala de instancia, después de declarar como hechos probados los siguientes:
" 1) En hora no determinada del día 31 de agosto de 2.004, el camión Volvo, matrícula 8738 CDZ, y semiremolque E-2308- BCM circulaba por la carretera N-34, dirección Barcelona, cuando a la altura de los ppkk. 1.213 y 1.214 la carga que transportaba colisionó en su parte superior con el viaducto que atravesaba la calzada en los referidos puntos kilométricos.
2) La plataforma del viaducto contra la que colisionó la carga que transportaba el vehículo estaba señalizada con indicaciones de altura de 4,65 m., 4,70 m. y 4,75 m., en la dirección de Barcelona.
3) Meses antes, en julio de 2.004, se había extendido en la calzada microaglomerado, elevándose así el piso de ésta, sin que las señales de gálibo se hubieran actualizado.
4) A consecuencia del impacto contra la plataforma del viaducto, la carga que transportaba el camión, una maqueta de barco, resultó dañada. ";
Considera que no está acreditado que:
"El transporte tuviera una altura máxima de 4,57 m. dado que esta dimensión no aparece constatada en el informe pericial -ni en ningún otro-, pues el perito, al indicar que la altura máxima de la carga era de 4,57 m., indica que esta apreciación se hace "según manifestaciones del asegurado". La parte recurrente no ha aportado documentación que acredite este extremo, como tampoco ninguna otra que acredite el tipo de transporte, sus dimensiones y características, sin que a estos efectos la prueba testifical interesada, denegada por la Sala, pudiera ser determinante. Tampoco la recurrente recabó, el día del siniestro, la intervención de ninguna autoridad o entidad encargada del mantenimiento de la carretera, lo que sin duda hubiera aportado datos muchos más concretos y determinantes del modo en que se produjo la colisión y de las características del vehículo, la carga transportada y la documentación pertinente relativa al transporte.
Por otra parte, las mediciones efectuada por la Dirección General de Carreteras, organismo que reconoce explícitamente la falta de actualización del gálibo tras el asfaltado de la carretera meses antes, no se corresponde con la aportada en el informe pericial, pues dichas mediciones arrojan un resultado de 4,73 m. y 4,61 m. en los carriles dirección a Barcelona y de 4,57 m., 4,65 m. y 4,88 m. en el sentido contrario. A este respecto hay que señalar que el informe fotográfico aportado es confuso y de mala factura, al no poder apreciarse con claridad y precisión la ubicación de las señales de gálibo ni la dirección que llevaba el transporte. Además, el informe pericial solo constata la medición de la altura correspondiente a un carril, pero no del otro, suponiendo que solo hubiese dos carriles en dirección a Barcelona, extremo éste también confuso y que no se deduce con claridad de la documentación aportada por las partes.";
Tercero.-Contra la referida sentencia se invocan al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional dos motivos de casación que respectivamente se sustentan en la infracción del artículo 139 de la Ley 30/1992 y la doctrina jurisprudencial mantenida por nuestra Sala en las sentencias de veintidós de julio de mil novecientos noventa y ocho y cuatro de enero de mil novecientos noventa y uno.
En atención a los términos que se estructuran estos motivos deben ser analizados conjuntamente, pues, en ambos sostiene la recurrente que en uso de la facultad contenida en el artículo 88.3 de la Ley Jurisdiccional integremos los hechos probados, derivados del informe pericial aportado con la demanda como documento número 2 -motivo primero- y que concurren en autos los presupuestos o requisitos necesarios para la viabilidad de la acción por responsabilidad patrimonial de la Administración ya que en el lugar donde se produjo el accidente se añadió aglomerado asfáltico a la calzada por donde circulaban los vehículos que provocó que la altura del gálibo no se actualizara según la altura del puente.
De entrada debemos señalar que el artículo 88.3 de la Ley Jurisdiccional sirve para integrar en los hechos admitidos como probados por la Sala de instancia otros que hubieran sido omitidos por ésta, y no, en cambio para considerar aquellos y construir así, un supuesto de hecho de signo contrario al afirmado por este Tribunal, pues como hemos afirmado en nuestras sentencias de diez de febrero y tres de abril de dos mil nueve, recaídas en los recursos de casación 1552/2006 y 1064/2007, "uno de los requisitos exigidos para la aplicación del citado precepto es que los hechos que se pretendan integrar no contradigan los declarados por la Sala de instancia" y aquí, en el supuesto que contemplamos, la sociedad recurrente pretende que integremos en los hechos probados contenidos en los fundamentos de derecho de la sentencia impugnada los derivados del informe pericial elaborado por el señor Ángel Jesús, cuando precisamente la Sala de instancia contempló aquel dictamen que rechazó por fundamentarse "en las manipulaciones del asegurado".
Y, la inadmisión acordada por el Tribunal de las pruebas testifical y testifical pericial propuesta por la recurrente, además de no ser recurrida en la instancia, de existir esta infracción debió plantearse en base al artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional.
Por otra parte, hemos de recordar que la interpretación de la voluntad manifestada en los dictámenes, en los informes y en los documentos obrantes en las actuaciones judiciales y en el expediente administrativo es una labor que corresponde a la Sala de instancia y la revisión que de esa previa valoración de la prueba en su conjunto hace el Tribunal "a quo" no tiene cabida en sede jurisdiccional, salvo que su apreciación hubiera sido arbitraria, ilógica o irracional, supuesto que no se plantea en el caso que enjuiciamos en donde la sociedad recurrente pretende una nueva valoración de los informes periciales obrantes en autos.
En consecuencia procede desestimar estos motivos de casación.
Cuarto.-De conformidad con lo establecido por el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo procede imponer las costas de este recurso de casación a la parte recurrente, si bien la Sala de acuerdo con lo establecido en el apartado tercero del citado precepto limita el importe máximo a percibir por los honorarios del Abogado del Estado la cantidad de tres mil euros (3.000€).
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil "Transportes Angel Velasco, S.L." contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha veintiuno de enero de dos mil nueve, recaída en los autos 295/2007; con expresa condena a la parte recurrente de las costas de este recurso dentro de los límites señalados en el fundamento jurídico cuarto de ésta, nuestra sentencia.