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Timestamp: 2018-12-19 12:39:20
Document Index: 148047008

Matched Legal Cases: ['artículo 212', 'artículo 207', 'artículo 396', 'artículo 207', 'artículo 83', 'artículo 217', 'artículo 212', 'artículo 212', 'artículo 310', 'artículo 212']

Proceso No 22239 corte suprema de justicia sala de casación penal
Casación N° 22.239
Se inadmite demanda
Proceso No 22239
Aprobado Acta n.° 49
Bogotá, D.C., nueve de junio de dos mil cuatro
La Corte evalúa la demanda de casación presentada en nombre del procesado CECILIO BONILLA, contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 16 de octubre de 2003, que confirmó la pena de 36 meses de prisión que como autor responsable del delito de falsedad material en documento público agravada por el uso, le impuso el Juzgado 26 Penal del Circuito de esta ciudad mediante fallo del 16 de julio del citado año, con el fin de establecer si reúne los requisitos señalados en el artículo 212 del Código de Procedimiento Penal.
Con base en el artículo 207-3 del Código de Procedimiento Penal, el censor acusa la sentencia de segunda instancia de haberse proferido dentro de un proceso viciado de nulidad.
Para el efecto, cita parcialmente el contenido del artículo 396 del Código de Procedimiento Penal de 2000, para sostener que la resolución de acusación se le notificó de modo personal sólo al procesado que estaba en detención domiciliaria y al agente del Ministerio Público, pero que a él, que por esa época también fungía como defensor, apenas se le envió un telegrama que no recibió.
De conformidad con la disposición en cita, sostiene el libelista, pasados ocho días después del envío de la comunicación sin que hubiera comparecido, se debió designarle al procesado un defensor de oficio para notificarle la providencia, pero lo que ocurrió fue que se declaró la ejecutoria de la resolución sin que se designara el abogado. Por este motivo la nulidad debe prosperar.
Está propuesto con fundamento en la causal primera, cuerpo segundo, del artículo 207 del Código de Procedimiento Penal, por quebranto indirecto de la ley sustancial.
El tribunal incurrió en un error de derecho al ratificar el contenido del dictamen grafotécnico y de esa manera darle un alcance que no tiene, pues de acuerdo con la sana crítica resulta contradictorio “que en determinados rasgos las muestras manuescriturales (sic) que se le tomaron a Cecilio Bonilla en unas partes no coincidieran con la documentación apócrifa; pero en otras sí; precisamente con la firma de Valverde Solis.”
De ahí surge que la presunción de inocencia prevalece a favor del reo y aparece un ‘falso juicio de identificación’ por dársele un alcance suasorio que no tiene al elemento de prueba.
También incurre el tribunal en error de hecho cuando sostiene que por ser el procesado un abogado no es posible descartar su actuación maliciosa, pues admitir lo contrario llevaría a concluir que a los profesionales que se desempeñen en su respectivo campo no se les puede atribuir la ejecución de conductas indebidas.
Esas apreciaciones las hizo el tribunal por ignorar prueba documental, que constituye contra indicios demostrativos de la inocencia del procesado, ya que son confirmatorios de las explicaciones que dio en su indagatoria. Por eso, la valoración probatoria no se podía limitar a la prueba técnica.
Esa presunción no puede servir de soporte a la sentencia, porque de conformidad con el artículo 83 de la Constitución se debe partir de la buena fe; cuando se asegura que todo el mundo puede delinquir, se contraviene ese principio, con desconocimiento de la presunción de inocencia y de las garantías consagradas en la Carta Política.
Con la falencia se vulneraron, por indebida aplicación, los artículos 220 y 22 del Código Penal, 83 de la Constitución, 6º, 232, 238, 306-3, del Código de Procedimiento Penal y el Decreto 196 de 1971.
Culmina solicitando que, si el recurso reúne los requisitos legales, se profiera sentencia de conformidad con el artículo 217 de la Ley 600 de 2000.
La demanda de casación no satisface la plenitud de las exigencias señaladas en el artículo 212 del Código de Procedimiento Penal.
1. En cuanto al reparo por la presunta irregularidad denunciada por el censor, cabe recordar que sobre la causal de nulidad la jurisprudencia de esta Corte tiene sentado que la relativa flexibilidad en su proposición y argumentación no quiere significar una autorización para desconocer las pautas de viabilidad enumeradas en el citado artículo 212, comunes a todas los motivos de impugnación extraordinaria, ni para eludir los principios que orientan la declaratoria de nulidades y su convalidación, señalados en el artículo 310 del ordenamiento procesal.
La censura, antes que informal, no contiene ninguna fundamentación. El casacionista se limita a enunciar una presunta irregularidad, la inadecuada notificación de la resolución acusatoria, pero no concreta de qué forma semejante falla afectó la estructura del proceso o quebrantó las garantías del procesado, ni cómo se restringieron las oportunidades de defensa.
De la demanda es imposible conocer esos tópicos. Entonces, como tales aspectos constituyen exigencia mínima de argumentación –claridad y precisión en los fundamentos- para que la Corte pueda entrar a cotejar el planteamiento del cargo con la actuación a fin de verificar si se desarrolló con apego al ordenamiento jurídico, porque así lo impiden la naturaleza rogada del recurso y el principio de limitación que lo guía, el libelo será inadmitido.
2. Similar suerte correrá la censura que trata el alegado error de derecho.
En efecto, sin especificar la especie de falencia que pudo concretarse en la motivación de la sentencia impugnada, el censor se duele de que al dictamen grafotécnico se le dio un alcance que no tiene, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Los términos son contradictorios, porque si en verdad el yerro fuese de derecho, era de su cargo aclarar si se debió a que el medio probatorio fue incorporado con desconocimiento de los parámetros legales previstos para su práctica o aducción –falso juicio de legalidad-, o si fue producto de darle un mérito probatorio que la ley no le concede o por negarle el que le otorga –falso juicio de convicción-, alternativa en todo caso inviable en consideración a que el derecho procesal patrio consagra el sistema de sana crítica para la valoración de los elementos de juicio.
Si pensaba que al fijar el valor suasorio de la prueba el juzgador se alejó de las pautas de la sana crítica, porque desconoció las leyes de la ciencia, los derroteros de la lógica o las máximas de la experiencia, ha debido seguir la senda del falso raciocinio, modalidad del error de hecho que busca corregir las deducciones llevadas al absurdo que tenga esa causa. Pero ningún desarrollo hizo sobre el particular. Ni siquiera citó el contenido exacto de la prueba, ni la estimación literal que sobre ella hizo el juez corporativo, por lo que no es posible encontrar en la demanda indicación siquiera somera de la inconsistencia.
Similar pobreza argumental se observa cuando el censor se refiere al error de hecho, cuando apenas atina a decir que el tribunal llegó a unas deducciones relacionadas, al parecer, con las calidades profesionales del enjuiciado condicionantes de la ejecución de su conducta, debido a que ignoró algunos elementos probatorios que respaldan la versión exculpativa de éste, porque ni siquiera indicó cuál o cuáles fueron los omitidos, mucho menos señaló de modo puntual la expresión fáctica de los mismos, como tampoco se ocupó en poner de relieve de qué forma podían desvirtuar las premisas de la sentencia.
Por total ausencia de razón suficiente, al no tener la demanda la indicación clara y precisa de los fundamentos de los cargos como lo exige el artículo 212-3 del Código de Procedimiento Penal, será, en suma, inadmitida.
Inadmitir la demanda de casación presentada en nombre del procesado CECILIO BONILLA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.