Source: http://vecinosvalladolid.org/spip.php?article5203
Timestamp: 2018-06-21 12:00:50
Document Index: 121640445

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 111', 'Artículo 66', 'artículo 66', 'Artículo 249', 'artículo 132', 'artículo 249', 'artículo 131', 'artículo 249', 'Artículo 298', 'Artículo 368', 'Artículo 442', 'artículo 441', 'artículo 441', 'artículo 434']

Sentencia nº 303 del TSJ de Castilla y León que dictamina la existenciade (...) - Federación Vecinal de Valladolid
Portada del sitio > Áreas > Urbanismo y vivienda > Sentencia nº 303 del TSJ de Castilla y León que dictamina la existenciade (...)
Sentencia nº 303 del TSJ de Castilla y León que dictamina la existenciade «graves alteraciones» en el PGOU de Valladolid
Texto completo de la sentencia de 2 de febrero de 2011
Sábado 5 de febrero de 2011 · 412 lecturas ·
Sentencia nº 303 del TSJ de Castilla y León que dictamina la existenciade "graves alteraciones" en el PGOU de Valladolid
PRESIDENTE SECCION:
D. RAMON SASTRE LEGIDO
En Valladolid, a dos de febrero de dos mil once
La desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la Orden de 1 de septiembre de 2008 del Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, por la que se corrigen errores materiales en la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid para su adaptación a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y la Orden de 4 de noviembre de 2009 de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León por la que se inadmite el recurso de reposición interpuesto por don Oscar Puente Santiago contra la Orden de 1 de septiembre de 2008.
Como recurrente: DON OSCAR PUENTE SANTIAGO Y DON JOSÉ JAVIER IZQUIERDO RONCERO, representados por el Procurador Sr. Samaniego Molpeceres y defendidos por la Letrada Sra. Montes Rincón.
Como codemandada: EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, representado y defendido por letrado de sus servicios jurídicos.
PRIMERO.- Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso, y una vez recibido el expediente administrativo, la parte recurrente dedujo demanda el 31 de julio de 2009 en la que, con base en los hechos y fundamentos de derecho expresados en la misma, solicitó de este Tribunal que dicte sentencia por la que se estime el recurso y
1.- Se declare no conforme a derecho y anule la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición formulado contra la Orden de 1 de septiembre de 2008 del Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, por la que se corrigen errores materiales en la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid para su adaptación a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, declarando contraria a Derecho y anulando igualmente la citada Orden de 1 de septiembre de 2008.
2.- Se declare que los siguientes artículos del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid no han sido legalmente aprobados, y, en consecuencia, declare que no están vigentes, ordenando lo necesario para la modificación de la Orden FOM/ 1084/2003, de 18 agosto, por la que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid para su adaptación a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 27 febrero de 2004:
Porque se han publicado sin cumplir las prescripciones de la Orden FOM/ 1084/2003: 130. b), 178, 232, 285, 286 y 278.
Porque se han publicado sin haber sido aprobados provisionalmente por el Pleno y sin que hubiera sobre ellos prescripción alguna de la Orden FOM/ 1084/2003, suponiendo una clara innovación al margen de los órganos competentes para su adopción: 19, 172.21, 194, 288. 4.d), 297.1.ñ) (desde “Dentro de este uso..."), 336.1 (desde “La directriz de las…”), 395 (desde “En el supuesto…”), 397. 1 (desde “En el caso de parcelas...”) y 397.4 (desde “Para patios...”).
Por no coincidir lo publicado con lo aprobado provisionalmente por el Pleno y sin que hubiera sobre ellos prescripción alguna de la Orden FOM/ 1084/2003 que justifique la alteración, debiendo recuperarse la redacción aprobada provisionalmente: 6, 7.1, 8. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 105, 119. 2, 120.2, 121. 2, 122, 249, 298.2, 368, 423 (conforme a la alegación 154-3-1 estimada), y 441, apartados 1 y 4.
3.- Se declare que las alteraciones de los planos a que se refiere el fundamento jurídico material cuarto, no han sido aprobados legalmente y que, en consecuencia, no están vigentes, ordenando necesario para su modificación.
4.- Que se imponga las costas a los codemandados.
SEGUNDO.- La representación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el escrito de contestación a la demanda, con base en los hechos y fundamentos de derecho expresados en los mismos, solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que: 1.- Se desestime la única pretensión válidamente ejercitada en los términos en que ha sido acotados en el fundamento de derecho tercero de la contestación, por ser la Disposición impugnada -Orden de uno de septiembre 2008-conforme a derecho. 2. Se declare la inadmisibilidad de la pretensión referida a la Orden FOM/1084/2003, que no es objeto litigioso del presente recurso.
TERCERO.- La representación del Ayuntamiento de Valladolid planteó alegaciones previas al amparo de los apartados c) y e) del art. 69 de la Ley Jurisdiccional, que fueron desestimadas por Auto de 27 de enero de 2010.
CUARTO.- Mediante resolución de 9 de febrero de 2010 se tuvo por ampliado el recurso a la Orden de 4 de noviembre de 2009 de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León por la que se inadmite el recurso de reposición interpuesto por Don Oscar Puente Santiago contra la Orden de 1 de septiembre de 2008.
QUINTO.- Mediante escrito de 18 de febrero de 2010 la parte recurrente da por reproducida su demanda y solicita además de lo antes interesado en ella que se anule la Orden de 4 de noviembre de 2009 a la que se ha ampliado el recurso.
SEXTO.- La representación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el escrito de contestación a la ampliación de la demanda, con base en los hechos y fundamentos de derecho expresados en los mismos, solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que: 1º.- Se desestime el recurso respecto de la Orden de 4 de noviembre de 2009 y 2º, subsidiariamente, se declare la inadmisibilidad del recurso contencioso interpuesto contra la Orden de 1 de septiembre de 2008 y, subsidiariamente, se desestime el mismo.
SÉPTIMO.- La representación del Ayuntamiento de Valladolid, en el escrito de contestación a la demanda, con base en los hechos y fundamentos de derecho expresados en los mismos, solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se declare inadmisible o, en otro caso, se desestime el recurso contencioso-administrativo interpuesto.
OCTAVO.- El procedimiento se recibió a prueba, desarrollándose la misma con el resultado que obra en autos.
NOVENO.- Presentados escritos de conclusiones por las partes, se declararon conclusos los autos y se señaló para su votación y fallo el pasado día veinticinco de enero.
DÉCIMO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.
PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se ha interpuesto el 15 de enero de 2009 por don Oscar Puente Santiago y don José Javier Izquierdo Roncero contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición formulado por el primero contra la Orden de 1 de septiembre de 2008 del Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León (publicada en el B.O.P. de Valladolid de 23 de septiembre de 2008), por la que se corrigen errores materiales en la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid para su adaptación a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y posteriormente se ha ampliado a la Orden de 4 de noviembre de 2009 de la misma Consejería de Fomento por la que se inadmite el mencionado recurso de reposición.
Para delimitar el objeto del proceso y resolver las cuestiones de índole procesal planteadas por las partes es preciso tener en cuenta los siguientes antecedentes:
En la Orden de 1 de septiembre de 2008, que es la resolución que pone fin al procedimiento de corrección de errores materiales de que se trata, no se indican los recursos que contra la misma proceden, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.
En la Orden FOM/1084/2003, de 18 de agosto, por la que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid para su adaptación a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, publicada en el B.O.P. de Valladolid de 27 de febrero de 2004, que es la corregida por la anterior, se indicaba que contra la misma cabía recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo.
El Sr. Puente Santiago presentó escrito el 23 de octubre de 2008 dirigido a la Consejería de Fomento que encabezaba del siguiente modo: Óscar Puente Santiago, presidente del Grupo Municipal Socialista-PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, con domicilio a efectos de notificación en Grupo Municipal Socialista-PSOE, Ayuntamiento de Valladolid, Plaza Mayor 1…, y en el que solicitaba: 1º Que se tenga por interpuesto recurso de reposición contra la Orden de 1 de septiembre de 2008, al amparo del art. 116.1 de la Ley 30/1992, todo ello pese a que la mencionada Orden contraviene lo dispuesto en el art. 89.3 de la ley 30/1992, al no indicar los recursos que procedan contra ella. 2º.Que se estime el mismo en cuanto al fondo por ser nulo el procedimiento empleado al existir discordancia entre lo publicado y lo aprobado y no tratarse de errores materiales sino de derecho en relación con los artículos del PGOU de Valladolid que relaciona en el Anexo I que acompaña a ese escrito y los planos del mismo Plan, que refiere en el Anexo II; y 3º. Que teniendo en cuenta que no se trata de errores de hecho sino de derecho, se revise de oficio la Orden FOM/1084/2003, así como todos los documentos del PGOU de Valladolid que cuentan con la diligencia de aprobación definitiva, publicados o no en el Boletín Oficial de la Provincia, como mejor forma de solucionar los hechos denunciados.
El 15 de enero de 2009 se presenta el escrito de interposición del presente recurso contencioso-administrativo que se encabeza del siguiente modo: Julio César Samaniego, Procurador, en nombre de don Oscar Puente Santiago y don José Javier Izquierdo Roncero, cuyas circunstancias y representación acredito con el apoderamiento apud acta que ante la Sala otorgan…-apoderamiento en el que el Sr. Puente Santiago no indica que actúe en nombre del Grupo Municipal Socialista- y en el que se solicita que se tenga por interpuesto el recurso contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición formulado por el primero contra la Orden de 1 de septiembre de 2008 del Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León (publicada en el B.O.P. de Valladolid de 23 de septiembre de 2008), por la que se corrigen errores materiales en la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid para su adaptación a la Ley 5/1999.
El 31 de julio de 2009 la parte recurrente formaliza su demanda en cuyo suplico se solicita lo que se ha hecho constar en el Antecedente de hecho I de esta sentencia.
El 14 de octubre de 2009 se notifica a la representación de la Administración autonómica la providencia por la que se le da traslado para que conteste a la demanda.
El 4 de noviembre de 2009 se dicta la Orden por la que se inadmite el recurso de reposición interpuesto contra la Orden de 1 de septiembre de 2008 por el Sr. Puente Santiago por dos motivos: uno, porque la Orden recurrida rectifica errores materiales o de hecho apreciados en la Orden aprobatoria de la Modificación del PGOU de Valladolid y al ser ésta una disposición administrativa de carácter general no cabe recurso alguno contra ella, razón por la cual, se dice, se omitió el ofrecimiento de recurso; dos, por falta de acreditación de la representación, previamente requerida, con apercibimiento de desistimiento.
El 14 de diciembre de 2009 el Letrado del Ayuntamiento de Valladolid formula alegaciones previas al amparo de los apartados c) y e) del art. 69 de la Ley Jurisdiccional, que fueron contestadas por la representación de la parte actora mediante escrito de fecha 28 de diciembre de 2009 y desestimadas por auto de la Sala de fecha 27 de enero de 2010.
El 28 de diciembre de 2009 se solicitó la ampliación del recurso a la Orden de 4 de noviembre de 2009, lo que se admitió mediante resolución de 9 de febrero de 2010.
SEGUNDO.- Lo primero que debe resolverse, por obvias razones procesales, es si concurre la causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo que alega el Ayuntamiento de Valladolid por falta de legitimación activa de los recurrentes, al amparo del art. 69.b) de la Ley Jurisdiccional.
Causa de inadmisibilidad que debe admitirse en relación con don José Javier Izquierdo Roncero pues, como señala el Ayuntamiento codemandado, él no interpuso el recurso de reposición contra la Orden de 1 de septiembre de 2008, por lo que no puede recurrir ni su desestimación presunta ni su inadmisión mediante resolución expresa.
En relación con el Sr. Puente Santiago el Ayuntamiento codemandado sostiene que carece de legitimación activa porque el recurso de reposición lo formuló como “Presidente del Grupo Municipal Socialista-PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid”, de forma que toda su intervención ante la Administración lo fue en representación del Grupo Municipal y en tal calidad –que no acreditó en vía administrativa, pese a que fue requerido, ni ahora en vía judicial- debió interponer el recurso contencioso-administrativo y no lo ha hecho, no bastando con decir en la demanda que funda su legitimación en las letras a) (derecho o interés legítimo) y h) (acción pública) del art. 19.1 de la Ley Jurisdiccional.
Procede rechazar la causa de inadmisibilidad invocada en relación con este recurrente porque ni en el escrito de 23 de octubre de 2008, ni en el escrito de interposición del presente recurso dice que actúe en representación del Grupo Municipal Socialista. En el escrito presentado en vía administrativa se limita a indicar la condición que ostenta a efectos de poner en evidencia el interés legítimo que tiene en el asunto de que se trata no solo como ciudadano en el ejercicio de la acción pública, que tiene reconocida en virtud de los artículos 150 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 48 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo, sino como Concejal del Ayuntamiento para defender que no se usurpen las funciones del Pleno del que forma parte, siendo público y notorio, que ejerce la Presidencia del Grupo Municipal Socialista -según expone en el escrito contestando al requerimiento que se le efectúa en relación con este punto-. En la demanda formalizada en el presente recurso señala que ejercita la acción pública, lo que es suficiente en el ámbito urbanístico (SS. del T.S. de 24 de febrero de 1997 y 12 de mayo de 2010) para estar legitimado de conformidad con lo dispuesto en el art. 19.1.h) de la Ley Jurisdiccional, en relación con los citados artículos 150 de la Ley 5/1999 y 48 del Real Decreto Legislativo 2/2008.
TERCERO.- A continuación, procede determinar si el recurso contencioso-administrativo es inadmisible por extemporáneo en relación con la Orden de 1 de septiembre de 2008, como sostienen las Administraciones demandada y codemandada, al amparo de la letra e) del art. 69, en relación con el art. 46, ambos de la Ley Jurisdiccional, teniendo en cuenta que la referida Orden se publicó el 23 de septiembre de 2008 y el recurso contencioso-administrativo no se interpuso hasta el 15 de enero de 2009 cuando había transcurrido el plazo legal para su interposición, teniendo en cuenta que contra la misma no cabía recurso administrativo alguno con arreglo al art. 107.3 de la Ley 30/1992 y a la doctrina del Tribunal Supremo sentada, entre otras, en la sentencia de 19 de diciembre de 2007, que esta Sala ha seguido en la sentencia de 1 de julio de 2009, al tratarse los instrumentos de planeamiento de disposiciones generales.
Causa de inadmisibilidad que procede rechazar por lo que a continuación se expone.
Es cierto que el recurso de reposición se interpuso frente a una corrección de errores materiales de un instrumento de planeamiento, que participa de la naturaleza de una disposición general, lo que lo excluía de dicho recurso potestativo conforme al artículo 107.3 de la Ley 30/1992, por lo que la única decisión posible era la inadmisión al tener por objeto un instrumento de planeamiento, pero no puede obviarse, como ya se dijo en el Auto resolviendo las alegaciones previas, que fue la propia Administración la que provocó el error en cuanto a la posibilidad de recurrir en reposición, ya que en la Orden FOM/1084/2003, de 18 de agosto, por la que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid para su adaptación a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, publicada en el BOP de Valladolid de 27 de febrero de 2004, que es la corregida por la Orden aquí impugnada y en la que se integra, se advertía que contra ella cabía interponer recurso potestativo de reposición y al dictar la Orden de 4 de noviembre de 2009 no se rectifica esa errónea indicación de que no cabía contra ella dicho recurso administrativo que se había ofrecido en la Orden corregida; por el contrario, la Administración guarda silencio sobre este extremo incumpliendo, primero, la obligación legal que le impone el art. 89.3 de la Ley 30/1992 de indicar en la Orden de 1 de septiembre de 2008 los recursos que proceden, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, y, después, la de resolver de forma expresa en plazo, que establece el art. 42 de la misma Ley, pues no dicta la Orden resolviendo el recurso de reposición hasta un año después de haberse interpuesto y tras haberle dado traslado para la contestación a la demanda del presente recurso. Por tanto, el interesado, en virtud del principio de confianza legitima, pudo considerar que contra la Orden de corrección de errores materiales cabían los mismos recursos que la Administración había ofrecido contra la Orden rectificada y la Administración de la Comunidad Autónoma demandada, al no haber rectificado esa indicación errónea de los recursos que procedían contra la Orden FOM/1084/2003, no puede pretender que sus propios errores los soporten los administrados, pues eso sería tanto como aceptar una interpretación contraria al principio "pro actione" y vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva.
Por ello, el haber recurrido en reposición, pese a no ser el recurso procedente, no conlleva la firmeza de la Orden recurrida ni hace extemporáneo el recurso contencioso-administrativo, ni, por ello, impide el examen de la cuestión de fondo, pues el error fue provocado por la propia Administración, por lo que es obligado examinar los motivos de impugnación de la Orden de 1 septiembre de 2008.
En este mismo sentido se ha pronunciado la Sala en la sentencia de 29 de octubre de 2010 dictada en el recurso nº 899/09, en la que se citaba una sentencia del Tribunal Supremo en la que se examina un supuesto muy similar al aquí enjuiciado y en la que se dice que es acertada la conclusión a la que llega la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Canarias al entender -en relación con el hecho de que los recurrentes en la instancia habían interpuesto un recurso de reposición contra un instrumento de planeamiento que resultaba improcedente- que ello no podía determinar la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo pues la propia Administración había indicado la procedencia de ese recurso que en realidad no cabía.
En consecuencia, el recurso contencioso-administrativo no es inadmisible en relación con la Orden de 1 de septiembre de 2008 puesto que el recurso de reposición formulado contra ella se interpuso en plazo el 23 de octubre de 2008 y el presente recurso contencioso-administrativo se ha presentado contra la desestimación presunta del mismo el 15 de enero de 2009, dentro del plazo que señala el art. 46.1 de la Ley Jurisdiccional para estos supuestos. También se ha solicitado la ampliación del recurso a la Orden de 4 de noviembre de 2009 dentro del plazo legal.
CUARTO.- Por último, debe examinarse si es inadmisible la pretensión de que se modifique la Orden FOM/1084/2003, de 18 de agosto en los términos solicitados en los puntos 2 y 3 del suplico de la demanda que invoca la representación de la Administración Autonómica.
La respuesta debe ser afirmativa porque el objeto del recurso queda delimitado por la resolución que se dice recurrir en el escrito de interposición y las pretensiones que en relación con la misma se formulen en el suplico de la demanda. En este caso, lo recurrido únicamente es, según se indica en el escrito de interposición del recurso obrante al folio 1 de los autos, la desestimación presunta del recurso de reposición formulado contra la Orden de 1 de septiembre de 2008 –ampliado después a su inadmisión por resolución expresa- y la única pretensión relacionada con dicha Orden es la formulada en el punto 1 del suplico de la demanda. Así lo viene a reconocer la propia parte recurrente en su escrito de conclusiones cuando se limita exclusivamente a solicitar en el mismo que se anulen la referida Orden y la de 4 de noviembre de 2009 como consecuencia lógica de la ampliación del recurso a la misma.
QUINTO.- Entrando en el fondo del asunto, debe señalarse en relación con la Orden de 4 de noviembre de 2009 de la Consejería de Fomento, aparte de lo ya expuesto en el Fundamento de derecho tercero de esta sentencia, que en el fundamento de derecho cuarto de la misma se dice que procede la inadmisión del recurso de reposición por falta de acreditación de la representación del recurrente como Presidente del Grupo Municipal Socialista en clara contradicción con lo que se sostiene en el fundamento de derecho segundo de la Orden en el que se reconoce que el recurrente reúne los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la Ley 30/1992. La inadmisión del recurso de reposición por ese motivo es contraria al ordenamiento jurídico en cuanto que el Sr. Puente Santiago, como indica al contestar al requerimiento que se le efectúa sobre ese extremo, interpone el recurso en ejercicio de la acción pública y por ello no precisaba acreditar dicha representación que además, según dice en su escrito, es pública y notoria.
No obsta a lo expuesto la alegación de la representación de la Administración autonómica según la cual procede la desestimación del recurso en relación con esta Orden porque la parte recurrente en el escrito de ampliación de la demanda se limita a solicitar en el suplico la declaración de nulidad de la misma, incumpliendo las exigencias formales del art. 56.1 de la Ley Jurisdiccional con ausencia de argumentos jurídicos que apoyen su pretensión, habiendo esta Sala desestimado el recurso nº 1932/2005 mediante sentencia de 15 de enero de 2010 porque el actor se limitó en la demanda a dar por reproducidos los contenidos del recurso administrativo previo, sin enervar los argumentos contenidos en el acto impugnado.
No procede esa desestimación porque aunque es cierto que en la demanda ampliada presentada el 18 de febrero de 2010 no se dan argumentos que justifiquen la pretensión de anulación, las peculiares vicisitudes de este proceso evidencian que la parte actora ya los había proporcionado teniendo en cuenta: a) que en la demanda sostiene que ejercita la acción pública; y b) que en escrito anterior a la demanda ampliada de fecha 28 de diciembre de 2009 había contestado a las alegaciones previas formuladas por el Ayuntamiento de Valladolid, en las que se planteaba que el recurso era inadmisible al amparo de los apartados c) y e) del art. 69 de la Ley Jurisdiccional porque no cabía recurso de reposición contra la Orden de 1 de septiembre de 2008, escrito en el que alega que si dicha Orden es una mera corrección de errores, tal y como sostiene la Administración, sería una actuación de mera concreción, que no innova nada y que, por tanto, no sería una disposición general y si, además de publicarla, la notifica como se efectúa con los actos administrativos, debe hacerlo indicando los recursos que proceden, lo que no hizo, resultando de aplicación la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 23 de enero de 2004 y por el Tribunal Constitucional en sus sentencias 6/86, de 12 de febrero, 204/87, de 21 de diciembre y 63/95, de 3 de abril, conforme a la cual la Administración no puede pretender obtener una ventaja frente a los que sufren la inseguridad jurídica creada por ella, en este caso, por no indicar los recursos que procedían. Se añade en dicho escrito que el recurso de reposición era procedente y, de estimarse por la Sala que no lo era, el recurso contencioso-administrativo sería admisible contra la Orden de 1 de septiembre de 2008, al haberlo interpuesto no solo contra la desestimación del recurso de reposición, sino también contra ella y no haberse indicado los recursos procedentes. Por otro lado, la cuestión había sido ya resuelta por la Sala antes de la demanda ampliada mediante Auto de fecha de 27 de enero de 2010 por el que se desestiman las alegaciones previas formuladas por el Ayuntamiento codemandado. No se puede, por tanto, sostener con fundamento que se desconocen los motivos por los que la parte recurrente impugna la Orden de 4 de noviembre de 2009.
Además, como se ha dicho en el Fundamento de derecho tercero de la sentencia, dicho recurso de reposición improcedente no puede impedir el examen de la cuestión de fondo, pues ha sido la propia Administración la que ha provocado el error y no puede beneficiarse de ello.
SEXTO.- El art. 177 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero (RUCyL) establece que “El órgano competente para la aprobación definitiva de un instrumento de planeamiento urbanístico puede corregir en cualquier momento cuantos errores materiales se observen en su documentación, de oficio o a instancia de cualquier interesado”.
Al amparo de este precepto se ha dictado la Orden aquí impugnada de 1 de septiembre de 2008 en la que se dice que en el expediente instruido por el Ayuntamiento de Valladolid ha quedado acreditado que respecto de los artículos 6 apartado 5, 66, 121, 122, 249, 298, 368 y 442 y los planos 39-22 y 54-07 de la Serie 1, se incurrió en error material en el momento de su refundición previo a su envío para su correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, error material en el sentido que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido dando a esa figura en aplicación del art. 105.2 de la Ley 30/1992, como aquel que se caracteriza por ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo por poder ser advertido por los propios datos que obran en el expediente sin necesidad alguna de la interpretación de las normas aplicables.
Los requisitos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene exigiendo para apreciar la existencia de error material los sintetiza el fundamento de Derecho octavo de la Sentencia de la Sección Cuarta de 18 de junio de 2001, recurso de casación 2947/1993, en la que se dice:
"Para que sea posible la rectificación de errores materiales al amparo del artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo aplicable al caso enjuiciado por razones temporales (ahora sería el art. 105.2 de la Ley 30/1992), es menester considerar que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y por exteriorizarse prima facie por su sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias:
2) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierte;
La parte recurrente sostiene que las alteraciones o discordancias entre el texto refundido aprobado definitivamente (el aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid con las correcciones impuestas por la Orden FOM/1084/2003, de 18 de agosto) y el publicado finalmente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid de 27 de febrero de 2004 no son solo las que el Ayuntamiento de Valladolid dice que son y se recogen en la Orden impugnada ni pueden calificarse como errores materiales las reconocidas en ella ni, en consecuencia, puede aplicarse para su corrección el procedimiento previsto en el art. 177 del RUCyL y en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, cuando se ha variado sustancialmente el sentido del acto administrativo al añadirse u omitirse párrafos enteros afectando, además, a derechos subjetivos creados al amparo de la normativa publicada sin oír a los afectados, por lo que entiende que el procedimiento que debe seguirse es el de la revisión de oficio regulada en el art. 102.2 de la Ley 30/1992.
Las Administraciones demandadas se oponen alegando que no hay más discrepancias que las constatadas y estas son fruto de meros errores materiales que pueden ser subsanados por el procedimiento seguido al amparo del art. 177 del RUCyL.
Para resolver la controversia -salvo en lo que se refiere al art. 66 por lo que después se dirá- se van a analizar cada una de las correcciones efectuadas, comparando lo publicado en el BOP de Valladolid de 27 de febrero de 2004 y lo aprobado por los órganos competentes, teniendo en cuenta la documentación aportada, las razones expuestas en el informe de la Asesoría Jurídica General del Ayuntamiento de Valladolid para justificar la corrección de errores que se efectúa -informe que es asumido por el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid en sesión de 29 de julio de 2008 y por el Consejero de Fomento para adoptar la Orden impugnada- y la doctrina jurisprudencial sobre el error material.
SÉPTIMO.- Art. 6. Ajuste de las determinaciones del Plan General
Aprobado definitivamente por el Consejero de Fomento el 18.8.03
Publicado en el B.O.P. de 27.2.04 de Valladolid
5. No se entenderán como modificaciones del Plan General aquellas meramente materiales consistentes en recoger en documentación datos objetivos que se deriven de actos administrativos validos y en vigor, como son recoger en planos la ordenación detallada aprobada por el instrumento correspondiente, y similares.
5. No se entenderán como modificaciones del Plan General aquellas meramente materiales consistentes en recoger en documentación datos objetivos que se deriven de actos administrativos validos y en vigor, como son recoger en planos la ordenación detallada aprobada por el instrumento correspondiente, incorporar a la documentación del Plan las modificaciones de Ordenación General aprobadas vía modificación del Plan Especial del Casco Histórico (PECH), y similares.
La frase subrayada en negrita fue la adicionada en el texto publicado.
La justificación que se da en el informe de la Asesoría Jurídica General del Ayuntamiento de Valladolid para proponer la rectificación de dicho precepto es la siguiente:
“Aunque, en principio, pudiera entenderse que dicha adición constituye un mero ejemplo del supuesto que el precepto contempla, consideramos que su inclusión supone un error que debiera ser corregido mediante la supresión de dicha frase, lo que viene avalado por el criterio establecido por la Sala de lo Contencioso-administrativo de Valladolid de que las modificaciones de ordenación general solamente pueden realizarse por la vía de modificación del Plan General de Ordenación Urbana”.
La parte recurrente rechaza en la demanda que constituya un error dicha modificación del texto publicado, pues lo que se pretendía con ella era que la desprotección de elementos catalogados en ningún caso fuera modificación del Plan General de Ordenación Urbana y así no sería preciso que fuese informada por la Junta de Castilla y León. Añade que la Sala ya se ha pronunciado sobre casos como éste en la sentencia nº 1606 de 18 de septiembre de 2007.
Efectivamente en dicha sentencia se declaró a instancia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León nulo el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valladolid de 14 de marzo de 2006, relativo a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan Especial del Casco Histórico (PECH) para la descatalogación del edificio núm. 17 de la C/ Bajada de la Libertad y constitución de una Unidad Voluntaria de Agregación de las parcelas núm. 15 y 17 de dicha calle. Dicha Modificación la amparaban la Administración y la parte codemandada en el mencionado art. 6.5 del PGOU y en la sentencia se decía “Sin entrar a examinar la legalidad de ese precepto en relación con las modificaciones de Ordenación General aprobadas vía modificación del Plan Especial del Casco Histórico anteriores a la Orden FOM 1084/2003, es claro que es ilegal la modificación de una determinación de ordenación general llevada a cabo con posterioridad -la descatalogación de un bien catalogado, como sucede en este caso- por la vía de la modificación del Plan Especial del Casco Histórico al vulnerar el art. 47.2 de la LUCyL, pues dicha modificación comporta una alteración de un elemento de ordenación general cuya aprobación corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma (art. 58.3 LUCyL )”.
En el mencionado recurso la Administración autonómica alegaba, al amparo de lo dispuesto en el art. 66 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, en la redacción dada al mismo por la Ley 11/1999, de 21 de abril, que el Ayuntamiento de Valladolid había invadido sus competencias al corresponderle a ella y no al Ayuntamiento la adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación de que se trata toda vez que afectaba a la ordenación general del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid.
De lo expuesto resulta que no se trate de una simple equivocación elemental de nombres, fechas, operaciones aritméticas o transcripción de documentos, sino que comporta la alteración del sentido del mencionado precepto con la introducción de una determinación urbanística de gran calado, en cuanto habilita para obviar la intervención de la Administración autonómica en la descatalogación de un bien catalogado, con las consecuencias que se han puesto de relieve.
OCTAVO.- Artículo 66. Cambio de categoría.
Rectificado en la Orden de 1 de septiembre de 2008
1. Las parcelas que, en ejecución del planeamiento, sin ser Suelo Urbano Consolidado lleguen a cumplir las condiciones exigidas para ser considerados como tales (incluida la aceptación municipal de la urbanización realizada conforme a planeamiento por unidades funcionales completas) pasarán a esta clase y categoría de suelo.
1. Las parcelas que, en ejecución del planeamiento, sin ser Suelo Urbano Consolidado lleguen a cumplir las condiciones exigidas para ser considerados como tales (incluida la aceptación municipal de la urbanización realizada conforme a planeamiento por unidades funcionales completas y con las conexiones exteriores suficientemente completadas) pasarán a esta clase y categoría de suelo.
La frase subrayada en negrita ha sido adicionada en la Orden aquí impugnada.
“En la Orden de la Consejería de Fomento sobre aprobación definitiva se aceptó la redacción dada a este precepto por vía de subsanación con dos matizaciones. Pero el texto refundido omitió en su apartado 1 la frase “…y con las conexiones exteriores suficientemente completadas…”, alteración que por sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid de 20 de diciembre de 2005 ha sido considerada relevante y motivadora de la anulación de dicho apartado”.
En efecto, en la sentencia de la Sala de 28 de noviembre de 2005 dictada en el recurso 1588/04, así como en la de 20 de diciembre de 2005 que cita el Ayuntamiento, se decía “En lo tocante al artículo 66 de la Normativa Urbanística, Cambio de categoría, hay que señalar que dicho precepto es objeto de atención singular por parte de la Orden recurrida, punto 2.2 del fundamento de derecho cuarto, y que en la misma se considera suficiente la nueva redacción propuesta en el documento presentado el 14 de agosto de 2003, si bien impone dos modificaciones. Ocurre, sin embargo, que en el Texto publicado se ha omitido una mención relevante que se contenía en el apartado 1, el que contempla el supuesto de las parcelas que sin ser Suelo Urbano Consolidado lleguen a cumplir las condiciones exigidas para ser consideradas como tales, pues en la propuesta se incluía entre esas condiciones la realización de la urbanización “con las conexiones exteriores suficientemente completadas” y esta exigencia que se acaba de entrecomillar, que fue aprobada, no aparece en el precepto publicado” y en el fallo de la misma se anula, entre otros, el art. 66.1 de la Normativa Urbanística del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid cuya Modificación, para su adaptación a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, fue aprobada definitivamente por la Orden FOM/1084/2003, de 18 de agosto, de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León”.
Por tanto, si ese precepto en virtud de esas sentencias firmes ha desaparecido del mundo jurídico no puede introducirse una corrección de errores de algo ya inexistente.
NOVENO.- ART. 121. Grado P3. Protección estructural del edificio.
Publicado en el B.O.P. de Valladolid de 27.2.04
1.Tipos de actuaciones generales autorizadas
b) Reestructuración parcial.
2. Actuaciones generales autorizables en circunstancias particulares: 2.1 El Ayuntamiento, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales y de la Comisión que se creará al efecto, podrá autorizar la realización de actuaciones de reestructuración media o mayoritaria, aplicándose el artículo “Cambio de categoría en sus apartados 2 y 3”:
a) Cuando se justificase el estado de ruina estructural del edificio.
b) Si se tratase de una reconversión total del edificio a otro uso autorizado, y la reestructuración media o mayoritaria fuese imprescindible para la organización funcional de nuevo uso.
2.2 En cualquier caso se mantendrá el esquema tipológico definido por la posición de núcleos de escalera o de patios de características significativas.
2.3) Podrá exigirse el mantenimiento o restitución del núcleo de escaleras y portal u otros elementos de interés.
a) Reestructuración media o mayoritaria
b) Adición.
c) Demolición.
d) Sustitución.
2. Actuaciones generales autorizables en circunstancias particulares: el Ayuntamiento, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, podrá autorizar la realización de actuaciones de reestructuración media o mayoritaria:
a) En las siguientes circunstancias:
i) Cuando se justificase el estado de ruina estructural del edificio.
ii) Si se tratase de una reconversión total del edificio a otro uso autorizado, y la reestructuración media o mayoritaria fuese imprescindible para la organización funcional de nuevo uso.
b)Y con las siguientes condiciones:
i) Se llevará a cabo un seguimiento de las obras por los referidos Servicios Técnicos Municipales para evaluar su alcance.
ii) En cualquier caso se mantendrá el esquema tipológico definido por la posición de núcleos de escalera o de patios de características significativas.
iii) Podrá exigirse el mantenimiento o restitución del núcleo de escaleras y portal u otros elementos de interés.
b) Demolición.
“En la Orden de la Consejería de Fomento sobre aprobación definitiva se aceptó la redacción dada al apartado 2 de ese precepto por vía de subsanación (aunque en dicha redacción no se mencionaba el número del artículo al que se remitía).
En la redacción del texto refundido se omite la frase “de la Comisión que se creará al efecto”, se elimina la referencia el cambio de categoría y se adiciona, en relación con la autorización de actuaciones de reestructuración medio o mayoritaria, la condición de que se llevará a cabo un seguimiento de las obras por los referidos Servicios Técnicos Municipales para evaluar su alcance. Consideramos que esta última adición es irrelevante y no supone innovación alguna por cuanto dicho seguimiento es obligado. Pero las otras discordancias constituyen un error que debe ser corregido mediante la adecuación del precepto a la redacción aceptada en la Orden de la Consejería de Fomento y la consignación de la referencia número del artículo que se remite”.
La parte demandante alega en relación con esta modificación que “la alteración que tratar de justificarse como error supone la supresión de una Comisión aprobada por el Pleno. A la redacción del artículo nada se había objetado por el Consejo, como puede apreciarse en el fundamento de derecho IV de la Orden FOM/ 1084/ 2003, de 18 agosto. Se afirma que la redacción publicada se aceptó por vía de subsanación. No consta ni en la primera, la de 30 julio, ni en la segunda, de 14 agosto, ni en la tercera, la de 19 de agosto, por lo que no puede considerarse un error ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente”.
Efectivamente en el Fundamento de derecho 8 “otras cuestiones” de la Orden FOM/1084/2003 únicamente se dice en el punto 4 que “En el art. 121 del Plan General modificado, en el apartado 2.1 no se comprende la referencia al artículo “Cambio de categoría” que se cita, puesto que no consta su número ordinal. La documentación municipal de 14 de agosto de 2003 subsana esta deficiencia mediante la correcta redacción del artículo”.
En la documentación de 14 de agosto de 2003 únicamente se añade a “aplicándose el artículo “cambio de categoría” lo siguiente: “en sus apartados 2 y 3”, pero no se modifica la exigencia de la creación de una Comisión, que se suprime en el texto publicado ni se contempla el seguimiento de las obras por los Servicios Técnicos Municipales, lo que evidencia que no es un error sino una alteración de lo aprobado.
DÉCIMO.- Art. 122. Grado P4. Protección ambiental de su configuración exterior.
1. Tipos de actuaciones generales autorizadas: Reestructuración interior parcial, media o mayoritaria, en caso de tipología adecuada.
2. Otros tipos de actuaciones generales autorizables en circunstancias particulares: Rehabilitación, en caso de tipología adecuada y estado estructural no extremadamente deteriorado, siempre que la rehabilitación, si fuera precisa, no exceda de la reestructuración parcial.
a) Restauración, salvo de elementos protegidos.
b) Adición, salvo en el caso de ampliaciones permitidas de plantas en grado P4a.
c) Demolición de fachada, salvo en el caso de demolición obligada de planta, en grado P4b; y
d) Sustitución de la fachada o elementos catalogados.
4. El Ayuntamiento, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, podrá autorizar actuaciones de rehabilitación si se justificasen los siguientes aspectos:
a) Si la tipología del edificio, definida por la posición de escaleras y, en su caso, patios, y por la disposición de elementos estructurales, resultase adecuada o pudieran adecuarse mediante actuaciones de rehabilitación. En el supuesto de edificios residenciales, se entenderá que la tipología resulta adecuada cuando la distribución de la vivienda permita cumplir las condiciones del Nivel de Adecuación de Habitabilidad.
b) Si, además de cumplir las condiciones anteriores, se justificasen económica y técnicamente las ventajas de la rehabilitación respecto a la restructuración mayoritaria, por no encontrarse el edificio en extremo deterioro estructural.
5. La reestructuración parcial interior en este tipo de edificios se autorizará siempre que cumpla las condiciones urbanísticas establecidas por el planeamiento según lo dispuesto en este artículo y con cumplimento de lo establecido sobre condiciones de diseño y servicios en locales de viviendas en reestructuración parcial de está normativa. Si el inmueble existente tiene un fondo edificado, una altura o una edificabilidad materializable superior a lo permitido por el Plan, no se autorizará la reestructuración interior parcial. De igual modo, tampoco se autorizará si el patio del mismo está ocupado en un porcentaje superior al permitido por planeamiento.
1.Tipos de actuaciones generales autorizadas:
a) Reestructuración interior parcial.
b) Reestructuración interior media o mayoritaria, cuando las condiciones urbanísticas, de habitabilidad y tipología existente sean acordes al planeamiento vigente o si se alcanzan las citadas condiciones con las obras propuestas, que estarán condicionadas a la inspección y seguimiento por los Servicios Técnicos Municipales para evaluar su alcance.
2. Actuaciones autorizables en circunstancias particulares: el Ayuntamiento, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales podrá autorizar la realización de actuaciones de rehabilitación cuando las condiciones urbanísticas, de habitabilidad y tipología existentes sean acordes al planeamiento vigente, o si se alcanza cifras condiciones con las obras propuestas.
c) Demolición de fachada, salvo en el caso de demolición obligada de planta, en grado P4b.
"La redacción del precepto en el texto publicado supone una reordenación y aclaración del contenido del precepto objeto de aprobación provisional, manteniendo la sistemática de los demás preceptos reguladores de las actuaciones permitidas en los inmuebles con distinto grado de protección. En este aspecto se considera que la redacción publicada no constituye innovación material. Pero para completar la claridad del precepto deberá adicionarse al mismo, corrigiéndolo, el error consistente en la omisión de los dos últimos párrafos del apartado 5 de la redacción aprobada provisionalmente en los que se dispone: "Si el inmueble existente tiene un fondo edificado, una altura o un edificabilidad materializable superior a lo permitido por el Plan, no se autorizará la reestructuración interior parcial. De igual modo, tampoco se autorizará si el patio del mismo está ocupado con un porcentaje superior al permitido por el planeamiento". Este texto podría ser incluido en el apartado 1. a) del precepto publicado publicado, referido a la reestructuración interior parcial".
La parte recurrente alega que no puede considerarse un error la merma evidente de la extensión del artículo. No se justifica la reordenación del texto que no había sido solicitada por el Consejero y en la Orden impugnada se realiza otra ordenación sin justificar por qué no se puede publicar lo aprobado por el Pleno tal cual. Los llamados errores permiten que algunos proyectos obtengan licencia cuando no podrían con lo aprobado provisionalmente y nunca enmendado en la aprobación definitiva. En particular, los edificios a los que sólo se cataloga su fachada, a los que se permitiría ocupar, a las nuevas construcciones, parte o todo el patio libre en contra de lo aprobado provisionalmente por el Pleno. Errores, dice, que generan derechos subjetivos, nuevas edificabilidades y mayor rendimiento económico.
Es evidente que este precepto, que no exigía modificación alguna y que bastaba con copiarlo –ha de tenerse en cuenta que los actuales sistemas de reproducción de documentos y planos no exigen volverlos a escribir ni a dibujar-, ha sido alterado en el texto publicado suprimiendo determinados párrafos que producen evidentes consecuencias jurídicas y económicas, lo que no puede considerarse un error material ya que no se trata de una equivocación en la transcripción de un documento, sino de una reordenación y redacción del precepto distinta de la aprobada por los órganos competentes que altera en aspectos fundamentales el sentido de la norma (la posibilidad o no de autorizar una reestructuración interior parcial si el patio del inmueble está ocupado en un porcentaje superior al permitido por el planeamiento).
UNDÉCIMO.- Artículo 249. Criterios para la delimitación de los sectores (258 en la aprobación por el Pleno).
Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa urbanística, habrá de tenerse en cuenta los siguientes criterios:
a) La superficie mínima de cada Sector, incluidos Sistemas Generales, será de 100 hectáreas excepto en las Áreas Homogéneas menores de 200 hectáreas en que será del 40% de la superficie de dicho Área Homogénea.
b) No se admitirá una delimitación que genere restos en el Área Homogénea cuyo desarrollo resulte inviable por su superficie u otros motivos.
c) La delimitación deberá reservar espacios para las posibles conexiones de comunicaciones y de servicios urbanos de los futuros posibles desarrollos del mismo Área Homogénea.
d) Se debe justificar su integración en la estructura general del municipio, manteniendo paralelismo y coherencia con las estrategias globales de desarrollo sostenible del territorio.
2. Se debe justificar su integración en la estructura general del municipio, manteniendo paralelismo y coherencia con las estrategias globales de desarrollo sostenible del territorio; para ello, o bien la delimitación se materializa en forma de desarrollo compacto de Suelo Urbano y Urbanizable Delimitado de este Plan General, o bien, si lo hace en Áreas de Urbanización Autónoma, cumple las Directrices de Ordenación de Ámbito de ámbito subregional de Valladolid y Entorno (DOTVAENT), en particular sus artículos 38 y 60, en lo que sea de aplicación.
3. Se entiende que un Sector constituye un Área de Urbanización Autónoma cuando su delimitación tiene contacto con Suelo Urbano o Urbanizable Delimitado de este Plan General en menos del 10% de su perímetro, directamente o a través de los Sistemas Generales delimitados con el propio Sector.
"En el texto publicado parecen adicionados dos apartados -2 y 3- respecto de la redacción del precepto aprobado provisionalmente. Pero el contenido del apartado 2 estaba recogido en la redacción dada por vía de subsanación al artículo 132 de la aprobación provisional, consistiendo la variación solo en el traslado desde este último precepto al mencionado artículo 249.2, lo que ha sido avalado por la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid de 20 de diciembre de 2005. En cuanto al apartado 3, se trata de una adición introducida directamente “ex novo” en el texto refundido y que, aunque se considera lógica y adecuada, constituye una innovación y, por tanto, debiera ser corregida mediante la supresión este apartado".
En la sentencia de la Sala de 28 de noviembre de 2005 se dice “hay que señalar que no se da la diferencia que se dice entre el artículo 131 publicado y el 132 propuesto en la segunda subsanación y de modo especial que el apartado 3 de ésta (los otros dos son sustancialmente iguales) ha sido recogido en el artículo 249.2 de las Normas Urbanísticas, dentro del capítulo dedicado a las Determinaciones de Ordenación General en Suelo Urbanizable No Delimitado”.
La parte recurrente alega que al menos el informe municipal reconoce que el apartado tres es una adición introducida ex novo en el texto refundido por lo que, evidentemente, no puede constituir un error material. El matiz introducido, dice, es importante a la hora de establecer requisitos al desarrollo urbanístico de determinados ámbitos, es decir, nuevos derechos subjetivos que no pueden ser consecuencia de un error material.
No puede considerarse un error material el citado apartado 3, porque no es una equivocación elemental de la trascripción de un documento la inclusión en el texto publicado de la definición de lo que se ha entender por un Sector que constituye un Área de Urbanización Autónoma, lo que comporta la adopción de una decisión consciente, que tiene evidentes consecuencias jurídicas y económicas.
DUODÉCIMO.- Artículo 298. Compatibilidad entre usos básicos (307.2 aprobado con el Pleno).
1. Sin perjuicio de lo determinado para los usos pormenorizados en este Plan General, pueden coexistir en un mismo edificio todos los usos básicos excepto la vivienda junto al taller, almacén o industria de los niveles 2 y superiores. Tampoco se admiten discotecas y salas de fiestas en edificios con viviendas. Desde los accesos comunes en edificios de viviendas sólo se podrá dar acceso a los destinados a otros usos básicos distintos de vivienda, vivienda colectiva o despachos profesionales, que en su conjunto no excedan de una superficie construida de 300 m².
2. Con la excepción de despachos profesionales ligados a la propia vivienda, no puede situarse ningún otro uso no residencial en la misma planta o superiores a las ocupadas por los usos residenciales.
2. Con la excepción de despachos profesionales no puede situarse ningún otro uso no residencial en la misma planta o superiores a las ocupadas por otros usos residenciales.
"El precepto del texto refundido suprime la expresión “ligados a la propia vivienda” respecto de los despachos profesionales que se contenía en el precepto de las Normas que fueron aprobados provisionalmente. Teniendo en cuenta que el precepto con dicha mención fue objeto de aprobación definitiva, al no haber sido corregida por vía de subsanación ni hacerse objeción alguna en la Orden de la Consejería de Fomento, hay que entender que su eliminación en el texto refundido es consecuencia de un error que debe ser subsanado mediante la incorporación de la precisión suprimida".
La parte recurrente alega que se trata de otro “error” que produce derechos subjetivos distintos a los otorgados por el Pleno en la aprobación provisional no enmendada de la Orden de aprobación definitiva del Plan General, ya que restringía los despachos profesionales en las plantas residenciales a los que estuvieron vinculados a vivienda del titular de la actividad. La medida estaba planteada para evitar que edificios residenciales con una o dos plantas de uso terciario pudieran ser destinados íntegramente a oficinas con la idea de evitar la desaparición del uso residencial en el centro de la ciudad, lo que sí que podía ocurrir con la redacción “errónea”.
Efectivamente, no es un error material la supresión de una frase que permite unos usos –los despachos profesionales no ligados a vivienda- en la misma planta o superiores a las ocupadas por otros usos residenciales que no habían sido aprobados por el órgano competente cuando no existe justificación alguna para no haberse limitado a copiar el precepto, lo que evidencia su alteración consciente.
DECIMOTERCERO.- Artículo 368. Transformación de usos pormenorizados (377 aprobado por el Pleno).
1. En los usos dotacionales siempre puede autorizarse el uso de Parque y Jardín, siempre que no conlleve la conversión de un uso público en uso privado y el de servicios urbanos no aparentes o dentro de la edificabilidad autorizada.
1. En los usos dotacionales siempre puede autorizarse el uso de Parque y Jardín, siempre que no conlleve la conversión de un uso público en uso privado y el de servicios urbanos bajo rasante o dentro de la edificabilidad autorizada.
"En el apartado 1 del precepto del texto refundido se sustituye la expresión “servicios urbanos no aparentes”, que figuraba en la redacción objeto de aprobación provisional, por la de “servicios urbanos bajo rasante”. Y en el apartado 2 se contiene una expresión "En industria urbana en edificaciones catalogadas se admiten también usos de comercio y servicios, hostelería y hospedaje hasta el 100% - que no figuraba en dicha anterior redacción. La redacción publicada, en cuanto al apartado 1, no deja de ser una mera precisión ante las dudas que pudiera dar lugar la interpretación del precepto, por lo que no puede apreciase que exista una innovación. Y, en cuanto al apartado 2, aunque su redacción puede considerarse sustantivamente correcta en cuanto favorecedora de la rehabilitación y puesta en valor de inmuebles catalogados, ha sido realizada sin cobertura en actuaciones anteriores, por lo que debiera ser suprimida del texto refundido”.
La parte recurrente alega que no se dice nada respecto al apartado 1 en la documentación municipal cuando el término “bajo rasante” es mucho más restrictivo que el de “aparente” sin que exista ninguna razón que justifique que no se recupere la redacción aprobada provisionalmente al no existir tampoco una corrección impuesta por el Consejero en este sentido al aprobar el Plan General. No se puede sostener que es “un error” cuando esa pretensión había sido desestimada en una alegación con una redacción similar. Se trata de la alegación 131, cuya respuesta del informe de alegaciones se adjunta como documento 10. El “denominado error” ha motivado una Modificación puntual del Plan General aprobada definitivamente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valladolid de 3 de marzo de 2009, cauce que no se ha seguido con ninguno de los otros “errores” de ese apartado.
En efecto al contestar la alegación 131 en la que se solicita, entre otras cosas, la compatibilidad con usos hoteleros y hosteleros de hasta el 100 % de la fábrica de harinas La Perla, se contesta que es una determinación de ordenación detallada que podría acometerse de forma independiente a esta Adaptación mediante la tramitación más específica de un expediente en el que se complete la documentación que justifique el interés general y que permita analizar de forma más pormenorizada el problema.
No puede considerarse, por tanto, un error material la introducción de una determinación de ordenación detallada que, previamente, había sido denegada, pues no es una equivocación elemental de la trascripción del documento -había datos en el expediente en contra de la alteración que se introduce- y la Orden impugnada no muestra idéntico contenido dispositivo ni sustantivo que la rectificada, comportando aquella una alteración del texto aprobado por el órgano competente con claras consecuencias jurídicas y económicas.
DÉCIMOCUARTO.- Artículo 442. Zona de “Industria General” (IG) (451 aprobado por el Pleno).
451.2. Parcela mínima segregable: 2000 m².
442.2. Parcela mínima segregable: 2000 m² en zona industrial de nueva creación (definida según el artículo 441. 2) y 1000 m² en zona industrial consolidada (definida según artículo 441. 2)
“En el apartado 2 del precepto publicado aparece la mención sobre segregación de parcelas para industria general en zona industrial consolidada que no estaba comprendida, explícita ni implícitamente, en el texto que fue objeto de aprobación provisional. Entendemos que no existe justificación para la introducción de dicha prescripción en el texto refundido y que, en consecuencia, se trata de un error que debiera ser corregido".
La parte recurrente alega que nos encontramos otra vez ante una innovación y no un error material que crea derechos subjetivos nuevos que se pretenden justificar como un error.
Se trata, en efecto, de la introducción de una determinación urbanística no aprobada por el órgano competente, que puede haber generado derechos subjetivos, sin que exista causa que justifique que no se haya procedido a la mera reproducción del precepto aprobado en el texto refundido, por lo que se trata de una alteración del mismo voluntaria que no puede considerarse un error material.
DÉCIMOQUINTO.- En cuanto a los planos de la serie 1 rectificados en la Orden impugnada:
PLANO 39-22
En la Orden impugnada se señala que “Se subsana el error existente en el plano 39-22, de la SERIE 1 de la documentación del Texto Refundido (Fecha de edición: SEPTIEMBRE 2003) sustituyendo las “CONDICIONES DE EDIFICACIÓN” de “EDIFICACIÓN CONSOLIDADA” (“EC”) que figuraban en el mismo para el edificio sito en la Plaza de la Rinconada con vuelta a calle Correos, por las de “EDIFICACIÓN HISTÓRICA” (“EH”), según figura en nuevo plano 39-22 ("CORRECCIÓN DE ERRORES. Fecha de edición: JULIO 2008) que sustituye al antes citado rectificándolo.
La justificación que se da en el informe de la Asesoría Jurídica General del Ayuntamiento de Valladolid para proponer la rectificación del plano 39-22 es la siguiente:
"Al edificio sito en la Plaza de la Rinconada con vuelta a calle Correos fueron asignadas en la documentación objeto de aprobación provisional, como condiciones de edificación, las de “Edificación Perimetral” (EP) y en la integrante del texto refundido figuran las de “Edificación Consolidada” (EC), constando en ambos la leyenda “según condiciones de licencia", sin que conste el motivo de la variación. Dicho edificio, por otra parte, se encuentra afectado por el Plan Especial del Casco Histórico y catalogado con el grado P3 (protección estructural). La mencionada leyenda y la determinación de su catalogación hacen que sea irrelevante la alteración producida. Se da la circunstancia de que ninguna de las dos menciones sobre condiciones de edificación (EP y EC) son adecuadas, ya que precisamente por la catalogación del edificio este debió haber sido incluido en las condiciones de “Edificación Histórica” (EH), que eran las que tenían asignadas en el Plan General de Ordenación Urbana de 1996 y en las que, según el artículo 434, se integran los inmuebles catalogados con los Grados de protección P1, P2 y P3, que tienen reguladas las actuaciones edificatorias por una norma de protección específica. En cuanto a la catalogación, la discrepancia denunciada no es entre las documentaciones objeto de aprobación provisional y definitiva sino entre las determinaciones del plano de la Serie 1 con las del plano de la Serie 3. Esta aparente discordancia no es tal: la Serie 1 corresponde al “Plano de ordenación” y en el mismo se hace referencia a todos los inmuebles catalogados -con independencia de su grado de protección- con una trama que sólo afecta a la fachada, mientras que la serie 3 se refiere precisamente a los edificios catalogados, constando el concreto grado de protección de cada inmueble, siendo, por tanto, el aplicable en relación con la protección. Por ello –volviendo a la anterior alteración- entendemos que debiera ser corregido el error advertido en el plano final al objeto de que conste en relación con el mencionado edificio las condiciones de “Edificación Histórica” (EH).
No pueden modificarse la determinación de EC por el de EH contenida en el plano 39-22, de la SERIE 1 a través del procedimiento de corrección de errores materiales puesto que incide en el régimen urbanístico del predio de que se trata, afectando a los derechos subjetivos del titular del mismo en la medida en que modifica dicha determinación, entre otras, el parámetro de la edificabilidad con evidentes consecuencias jurídicas y económicas, como se ha puesto de relieve en un recurso, el nº 39/07 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Valladolid, del que esta Sala ha conocido en apelación, donde se impugnaba el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid de 19 de enero de 2007, por el que se concede a la recurrente licencia de obras para la reestructuración del inmueble sito en Plaza Santa Ana nº 1 con la condición de que proceda a ingresar en la Tesorería Municipal la cantidad de 639.019,89 euros; la exigencia de este pago se funda en el proceso por el Ayuntamiento en que el inmueble litigioso está catalogado por el planeamiento con un grado de protección P3, afectado por el P.E.C.H., al que se aplica las condiciones de edificación de la edificación consolidada (EC) frente a las de edificación histórica (EH); condición que se declaró nula en la sentencia del Juzgado de 28 de abril de 2008, confirmada por la de la Sala de fecha 15 de abril de 2009.
Con la modificación introducida en la corrección de errores se establece un régimen urbanístico del inmueble sobres bases diferentes, encubriendo so pretexto de la potestad rectificatoria de oficio, una auténtica revisión.
PLANO 54-07 de la Serie 1 color
En la Orden impugnada se señala que se subsana el error existente en el PLANO 54-07 de la SERIE 1 de la Documentación del Texto Refundido (fecha de edición: SEPTIEMBRE 2003) incorporando sobre los terrenos de la Avenida de Madrid, km. 185 la leyenda “PARCELA MÍNIMA 2000 m²" que figura en el nuevo plano 54-07 (CORRECCIÓN DE ERRORES. Fecha de edición: julio 2008) que sustituye al antes citado rectificando.
"En el plano definitivo de los terrenos de la avenida de Madrid, km 185, se suprime la leyenda "parcela mínima 2000 m²" que figuraba en el plano integrante de la documentación objeto de aprobación provisional. Esta alteración carece de explicación en cuanto su inclusión en el texto refundido, debiendo considerarse debida a un error que ha de ser corregido mediante la reposición o consignación de la mención sobre parcela mínima que fue omitida".
La parte recurrente alega que en el plano 54-07 de la Serie 1 aprobado definitivamente por el Consejero de Fomento consta la determinación urbanística de “parcela mínima 2000 m²”, determinación que, a su vez, había sido aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento, que había desestimado expresamente la alegación efectuada de que se eliminase dicha prescripción, indicando al contestar a la misma que la parcela mínima es ordenación detallada y que podría tramitarse con posterioridad la modificación como Estudio de Detalle mediante una tramitación más específica en la que se acreditase el interés general, justificando la prescripción de parcela mínima mayor de lo habitual como excepción a la regla general (tratándose de un enclave residencial sin dotaciones urbanísticas adecuadas entre usos especiales) para evitar una densidad de viviendas mayor de dos por parcela.
Por ello no considera que pueda estimarse un error lo que supone un notable incremento en el número de viviendas que pueden llevarse a cabo en ese ámbito, como lo evidencia el que el 27 de julio de 2007 el Pleno del Ayuntamiento codemandado aprobó definitivamente un Estudio de Detalle en la avenida de Madrid km 185 para el desarrollo de ese suelo urbano consolidado. En dicho Estudio de Detalle se cifra la superficie total de parcelas edificables netas en 18.704,38 metros cuadrados; si se hubiera tenido en cuenta la condición de parcela mínima de 2000 m² impuesta en el plano aprobado por el Pleno estaríamos hablando de no más de nueve parcelas y, por tanto, de nueve viviendas unifamiliares. Al suprimirse dicha condición el Estudio de Detalle aprobado contempla la posibilidad de parcelar con superficie mínima de 300 metros cuadrados y con dos viviendas por parcela, Es decir, 62 parcelas y 124 viviendas. Alega, también, que el Ayuntamiento ha iniciado, a instancia del grupo municipal socialista, a la vista de la alteración de los planos, la revisión de oficio del Estudio de Detalle aprobado definitivamente el 27 de julio de 2007, dentro de cuya tramitación la parte afectada ha alegado que se le causa un perjuicio económico de al menos 8.300.000 euros.
No puede, efectivamente, considerarse un error material lo que no es una equivocación elemental de la trascripción de un plano que, como se ha dicho antes, se reproduce con los sistemas informáticos actuales sin necesidad de ser dibujado de nuevo, por lo que la eliminación de la determinación "parcela mínima 2000 m²" es consciente, y genera en los titulares de los inmuebles afectados un nuevo régimen urbanístico con claras consecuencias jurídicas y económicas, como pone de relieve la parte recurrente.
DECIMOSEXTO.- De lo expuesto resulta que, con infracción del art. 61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid de 27 de febrero de 2004 algunas normas urbanísticas que no habían sido aprobadas por los órganos competentes y en algunos planos relacionados, que integran el instrumento de planeamiento objeto de publicación, se habían alterado ciertas determinaciones urbanísticas que tampoco se habían aprobado; por otro lado, las discordancias entre lo publicado como texto refundido aprobado por los órganos competentes y lo realmente aprobado por ellos no se pueden justificar, en este caso, en equivocaciones elementales en la trascripción de documentos como se ha razonado en los Fundamentos anteriores, sino que se trata de alteraciones conscientes que por su índole e importancia cambian el sentido de las determinaciones urbanísticas afectadas, de modo que la Orden rectificadora no muestra idéntico contenido dispositivo ni sustantivo que la rectificada pudiendo incidir en derechos subjetivos nacidos a su amparo, lo que comporta, como se dice en el punto 6 de los requisitos antes señalados por la jurisprudencia para determinar la existencia de error material, que se está encubriendo una auténtica revisión so pretexto del ejercicio de la potestad rectificatoria, que ha de tener siempre un hondo carácter restrictivo.
En consecuencia, procede, de acuerdo con lo establecido en el art. 62.2 de la Ley 30/1992, declarar nulas de pleno derecho la Orden de 1 de septiembre de 2008, así como la Orden de 4 de noviembre de 2009 que inadmite el recurso de reposición interpuesto contra aquella en cuanto con ese contenido la mantiene en su totalidad, porque aquella se ampara indebidamente en la rectificación de errores que regulan el art. 177 del RUCyL y el art. 105.2 de la Ley 30/1992 dentro del Capítulo Primero (sobre Revisión de oficio) de su Título VII, cuando debió seguir el procedimiento de revisión de las disposiciones administrativas nulas regulado en el art. 102.2 de ese mismo Capítulo Primero, máxime cuando ya conocían las Administraciones demandadas que la nulidad era la consecuencia jurídica de las alteraciones producidas en el texto publicado en el B.O.P. de Valladolid de 27 de febrero de 2004 en la parte que no se ajustaba a lo aprobado, como resulta de las sentencias citadas de 28 de noviembre y 20 de diciembre de 2005. Asimismo, ha de precisarse que la revisión de oficio que debe llevarse a cabo no ha de limitarse a las discrepancias constatadas por el Ayuntamiento y aceptadas en la Orden impugnada, sino a todas aquellas que existan, pues tiene razón la parte recurrente cuando sostiene que hay más, sirviendo de ejemplo el que en el informe de la Asesoría Jurídica General del Ayuntamiento se dice que es correcta la clasificación como suelo urbano consolidado del inmueble sito en la calle José María Lacort, pese a que en los planos 39-22 y 44-02 se ha eliminado la mención como APE 17 (suelo urbano no consolidado), cuando la Sala en la sentencia de 8 de abril de 2010 ha dicho que los mencionados cambios en los planos de la aprobación definitiva no consta que obedezcan a una voluntad declarada, justificada por el órgano competente para introducir esas modificaciones y que no puede considerarse que hay una simple contradicción entre la documentación del PGOU de Valladolid que haya de resolverse según el criterio establecido en el art. 4 de las Normas del Plan General, sino que se ha producido una alteración de los planos de la aprobación definitiva en la zona de que se trata, por lo que se acuerda deducir testimonio de las actuaciones y remitirla al Ministerio Fiscal.
Conviene resaltar que no es baladí que la rectificación se produzca con uno u otro procedimiento puesto que en el procedimiento de rectificación de errores, a diferencia del de revisión de oficio, no se oye al órgano consultivo (art. 102.2 de la Ley 30/1992), ni se resuelve sobre las indemnizaciones que pudiera proceder reconocer (art. 102.4 de la misma Ley). Además, el presente supuesto tiene una gravedad particularmente relevante por la índole, importancia y trascendencia económica que tienen las determinaciones urbanísticas alteradas y porque se han quebrado las más elementales reglas de un Estado de Derecho, vulnerando, además del principio de seguridad jurídica garantizado en el art. 9.3 de la Constitución, el principio de confianza legítima en que lo publicado en los Diarios oficiales se corresponde con lo aprobado por quienes se indica en la publicación, lo que exige la correspondiente investigación de las circunstancias que han dado lugar a ello. Por esta razón, constando abierto un procedimiento penal por los hechos aquí enjuiciados, procede remitir testimonio de esta sentencia al Juzgado de Instrucción nº 1 de Valladolid que está conociendo del mismo a los efectos oportunos.
DECIMOSÉPTIMO.- No se hace especial pronunciamiento en cuanto a las costas (art. 139 de la Ley Jurisdiccional).
DECIMOCTAVO.- Una vez firme esta sentencia ha de publicarse el fallo de la misma en el Boletín Oficial de Castilla y León, así como en el de la Provincia de Valladolid en virtud de lo dispuesto en el art. 107.2 de la Ley citada Ley Jurisdiccional 29/1998, y de conformidad con lo establecido en ese precepto.
DECIMONOVENO.- Esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, que se preparará ante esta Sala en el plazo de los diez días siguientes contados desde su notificación.
1) Declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Javier Izquierdo Roncero.
2) Declarar, asimismo, la inadmisibilidad de la pretensión de Modificación de la Orden FOM/1084/2003 concretada en los puntos 2 y 3 del suplico de la demanda formulada por el recurrente don Óscar Puente Santiago.
3) Rechazar el resto de las pretensiones de inadmisibilidad formuladas.
4) Declarar nula de pleno derecho, por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, la Orden de 1 de septiembre de 2008 del Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León (publicada en el B.O.P de Valladolid de 23 de septiembre de 2008), por la que se corrigen errores materiales en la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid para su adaptación a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, así como la Orden de 4 de noviembre de 2009 de la misma Consejería de Fomento por la que se inadmite el recurso de reposición formulado contra la anterior.
5) No hacer pronunciamiento especial sobre las costas del proceso.
6) Publicar, una vez firme esta sentencia, el fallo de la misma en los términos señalados en su fundamento decimoctavo.
7) Remitir al Juzgado de Instrucción nº 1 de Valladolid testimonio de esta sentencia a los efectos oportunos.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, que se preparará ante esta Sala en el plazo de los diez días siguientes contados desde su notificación.