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Timestamp: 2020-03-28 12:22:49
Document Index: 136586590

Matched Legal Cases: ['artículo 165', 'artículo 24', 'artículo 30', 'artículo 93', 'in fine', 'ARTÍCULO 165']

Carta de 10 magistrados a la presidenta de la Asamblea Legislativa - Delfino.cr
Carta de 10 magistrados a la presidenta de la Asamblea Legislativa
San José, 14 de julio de 2018.
Diputada Carolina Hidalgo Herrera,
Presidenta de la Asamblea Legislativa,
Las suscritas magistradas y los suscritos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el debido respeto, les remitimos la siguiente propuesta de reforma al artículo 165 de la Constitución Política, con el objeto de que en los procedimientos disciplinarios contra magistradas y magistrados, la votación sea pública y por mayoría simple.
En vista de que nosotros carecemos legalmente de iniciativa en el procedimiento de formación de la ley, con el debido respeto le solicitamos transmita nuestra inquietud a las señoras Diputadas y los señores Diputados.
Julia Varela Araya
Marcela Ayón Zúñiga
Reforma a los procedimientos disciplinarios en la Corte
Incumplir este mandato podría acarrear acusaciones penales, dado que el numeral 346 del Código Penal contempla el delito de divulgación de secretos:
Las normas transcritas son totalmente claras. Si alguna magistrada o algún magistrado hace público su voto sin que se dé el cambio de esas normas, se expone a una denuncia penal.
Sin embargo, está claro que, en el contexto actual, la norma constitucional mencionada se encuentra desfasada y requiere de una modificación para ajustarse a los requerimientos modernos de transparencia y rendición de cuentas, principios propios de un sistema democrático.
En las últimas décadas, la transparencia se ha tornado en un principio con vigencia transversal en la Administración Pública, que ha cobrado preponderancia en materia electoral, de acceso a la información, y en el ejercicio de las potestades o facultades públicas, donde funciona como herramienta indispensable para la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.
En su jurisprudencia, la Sala Constitucional ha potenciado su aplicación, al manifestar reiteradamente:
Tal criterio de la Sala Constitucional significa un escaño más en la evolución del derecho moderno, donde se entrelazan los valores democráticos con los principios de transparencia y rendición de cuentas.
La normativa transcrita evidencia que la transparencia y la rendición de cuentas deben imponerse como la regla básica de la Administración Pública, tendente a garantizar que todos los servidores y todas las servidores hagan un uso correcto de sus facultades y potestades legales. El secretismo más bien es una excepción que, como tal, es absolutamente extraordinaria y debe estar claramente justificada. Nótese que la propia Constitución establece tan solo unas pocas excepciones, como por ejemplo, la protección a la intimidad (artículo 24), los secretos de Estado (artículo 30), el sufragio (artículo 93) y algunas sesiones de la Asamblea Legislativa, según establece el ordinal 117 in fine:
“Las sesiones serán públicas salvo que por razones muy calificadas y de conveniencia general se acuerde que sean secretas por votación no menor de las dos terceras partes de los Diputados presentes.” (El subrayado es agregado).
La transcripción de esta norma es importante, porque refleja cómo deben imperar motivos muy extraordinarios –muy calificados y de conveniencia general- para que el secreto se imponga sobre la transparencia. Por ello, a la luz de los principios de transparencia y rendición de cuentas introducidos por reforma constitucional en el año 2000, el criterio del constituyente de 1949 ya debe ser variado.
En efecto, las Magistradas y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como integrantes de los Supremos Poderes, somos funcionarias públicas y funcionarios públicos. Merced a tal condición, el principio de transparencia y la rendición de cuentas conlleva la publicidad en el resultado de los procedimientos administrativos seguidos en nuestra contra, tal como lo ha expresado la Sala Constitucional, lo que incluye, en nuestro criterio, la publicidad en la emisión del voto. De acuerdo con esa línea de pensamiento, en la sentencia número 2018-003449 de las 10:10 horas del 2 de marzo de 2018, esta Sala explicó, en lo que interesa y como regla general (esto es, salvo norma legal en contrario), que en la última etapa de un procedimiento disciplinario, que no termina sino con la notificación de la resolución final de la investigación a las partes, cesa la confidencialidad de la información contenida en el expediente administrativo correspondiente, que por versar sobre cuestiones relacionadas con el desempeño de las y los servidores estatales, resulta de evidente interés público.
Visto que los procedimientos disciplinarios seguidos en contra de las Magistradas y los Magistrados de la República son valoraciones jurídicas, que atañen a la rendición de cuentas de un servidor público en el ejercicio del cargo, lo más conveniente, en aras de la credibilidad y la confianza, es que la votación sea pública.
Finalmente, aparte del secretismo, igualmente consideramos inconveniente que la votación requiera ser calificada. Precisamente, a la luz del principio de igualdad, consideramos que las sanciones a las magistradas y los magistrados deben aplicarse por simple mayoría, aunque claro está, cuando se refieran a recomendaciones de revocatoria del nombramiento, como se trata de designaciones por parte del Parlamento, siempre se requeriría la aprobación del Primer Poder de la República.
Así las cosas, hemos llegado a concluir que varios de los elementos del vigente régimen disciplinario de las magistradas y los magistrados, impuesto por un mandato constitucional de 1949, contradicen los postulados expuestos e incluso las últimas reformas constitucionales, toda vez que resta transparencia al proceso, afecta la rendición de cuentas, y disminuye la confianza en el sistema.
Con base en lo expuesto y dado que la modificación que planteamos obliga a que primero varíe el contenido del numeral 165 de la Constitución Política, proponemos la siguiente reforma constitucional, destacada en cursiva y subrayada:
ARTÍCULO 165.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no podrán ser suspendidos sino por declaratoria de haber lugar a formación de causa, o por los otros motivos que expresa la ley en el capítulo correspondiente al régimen disciplinario. En este último caso, el acuerdo habrá de tomarse por la Corte Suprema de Justicia, en sesión pública y por simple mayoría del total de sus miembros.
Esta propuesta la plantearemos este lunes 16 de julio de 2018 al seno de la Corte Suprema de Justicia e igualmente la enviaremos a las fracciones de los partidos políticos. Enfatizamos que el Poder Judicial es parte esencial del modelo democrático, por lo que se deben hacer todos los esfuerzos posibles para mejorar la forma en que funciona, a los efectos de preservar la paz y el Estado Social de Derecho, que han hecho de Costa Rica un país modelo para el mundo.