Source: http://www.sadopsantafe.org.ar/decreto_1387.html
Timestamp: 2018-03-24 09:45:41
Document Index: 89001766

Matched Legal Cases: ['artículo 823', 'artículo 65', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 57', 'artículo 73', 'artículo 113', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 43', 'artículo 2', 'artículo 99', 'artículo 99', 'Artículo 1', 'artículo 823', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 523', 'artículo 4', 'artículo 15', 'artículo 24', 'artículo 57', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 76', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 35', 'artículo 11', 'artículo 61', 'Artículo 1', 'artículo 823', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 24', 'artículo 43', 'artículo 13']

<<< Decreto Nº 1387/01 - Reducción de Deuda Pública >>>
REDUCCION DEL COSTO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL Y PROVINCIAL. SANEAMIENTO Y CAPITALIZACION DEL SECTOR PRIVADO. DEVOLUCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A LOS EXPORTADORES. DEVOLUCION PARCIAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A QUIENES EFECTUEN SUS OPERACIONES CON TARJETAS DE DEBITO. INTERVENCION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION EN LAS MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS ENTRE ENTIDADES ESTATALES. REDUCCION GENERAL DEL IMPUESTO AL TRABAJO. DISPOSICIONES COMUNES.
Que según el artículo 823 del Código Civil las compensaciones entre créditos y deudas de los particulares y el
Estado tienen severas limitaciones orientadas a dejar a salvo el funcionamiento de los Poderes Públicos.
Que, por lo tanto, ante el deterioro que se observa en el crédito público, es urgente y conveniente establecer
como principio general, la compensación de los créditos y deudas entre los particulares y el Estado, cuando los créditos provienen de los vencimientos de los servicios originalmente previstos para atender la renta y amortización de títulos públicos colocados en el mercado.
Que similar importancia para la economía tiene la fluidez del crédito del sector privado, que debe facilitarse
por todos los medios que la legislación pone a disposición, y en tal sentido los avances logrados con la media sanción por parte de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION al Proyecto de Ley de Factura de Crédito y su posibilidad de negociación por el sistema bancario dando nacimiento a un gran mercado de cobranzas privadas, facilitará en gran medida la recuperación de los postergados niveles de actividad económica.
Que ello lleva a la urgente necesidad de apurar los tiempos y modificar en lo pertinente el Código de Comercio y el
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en las partes pertinentes para dar fuerza ejecutiva a las facturas de crédito.
Que en cuanto al crédito público, el artículo 65 de la Ley Nº 24.156 autoriza al PODER EJECUTIVO NACIONAL
a "realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses previstos en las operaciones originales".
Que el artículo 3º de la Ley Nº 25.413 afectó el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria
a la creación de un "Fondo de Emergencia Pública que administrará el PODER EJECUTIVO NACIONAL con destino a la preservación del crédito público y a la recuperación de la competitividad de la economía otorgándole preferencia a la actividad de las pequeñas y medianas empresas".
Que el artículo 10 de la Ley Nº 25.453 modificó el artículo 34 de la Ley Nº 24.156, estableciendo el principio del
Déficit Cero y el modo de alcanzarlo.
Que a los efectos de facilitar la reactivación del consumo interno, contribuyendo a lograr el equilibrio de las cuentas
públicas por el consecuente aumento de los ingresos fiscales, resulta conveniente reducir los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia a un CINCO POR CIENTO (5%) durante UN (1) año, prorrogable total o parcialmente por otro año más, ya que desde su organización los fondos de jubilaciones y pensiones han acumulado rentabilidades actuarialmente excedentes para atender los beneficios de las jubilaciones futuras.
Que también cabe mejorar las posibilidades de los consumidores y hacerlos activos protagonistas en la lucha contra
la evasión, dándoles ventajas apreciables cuando utilicen medios electrónicos de pago, ya que la evasión conspira gravemente contra la recuperación de las finanzas públicas, a la par que constituye una grave competencia desleal contra los que cumplen acabadamente con sus obligaciones fiscales.
Que en tal sentido debe destacarse que la disposición del artículo 1º de la Ley Nº 25.345 que enerva los efectos
cancelatorios de los pagos en efectivo por sumas superiores a los PESOS MIL ($ 1.000), carece hasta la fecha de medios masivos alternativos de pago por vía bancaria, que se valgan de los sistemas electrónicos que la tecnología disponible facilita.
Que para facilitar su utilización masiva es imprescindible la reducción de los costos de administración de dichos
sistemas, permitiendo la remisión electrónica de los resúmenes de cuenta, modificando para ello la Ley de Tarjetas de Crédito Nº 25.065 y posibilitando el cómputo como crédito fiscal de parte de los costos en que deba incurrirse para adquirir los equipos de lectura correspondientes.
Que además de aumentar los ingresos fiscales mediante una efectiva lucha contra la evasión, lograr una reducción
voluntaria del costo de la deuda pública resulta fundamental para disminuir el esfuerzo fiscal necesario para atenderla, a la vez que facilitará la reactivación de la economía por la baja del costo financiero, dado que los altos intereses bancarios afectan a toda la economía en general, y muy especialmente a las pequeñas y medianas empresas, deteriorando su competitividad.
Que en la situación actual resulta de toda conveniencia proponer a los tenedores de bonos emitidos por la Nación,
en las condiciones y características que determine el MINISTERIO DE ECONOMIA, su conversión en préstamos o bonos cuyos servicios de amortización e intereses estén asegurados por la disposición de fondos afectados específicamente a ese fin, procurando así obtener una baja sustancial en los intereses de los títulos que se conviertan, así como el alargamiento de los plazos de amortización cuando ello resulte necesario.
Que en tal sentido los préstamos devengarán una tasa de interés no mayor al SIETE POR CIENTO (7%) anual o el
equivalente en tasa flotante y los plazos serán establecidos por el MINISTERIO DE ECONOMIA para los diferentes tipos de bonos que resulten elegibles, de modo de mejorar simultáneamente los plazos a los que actualmente se encuentran pactados los bonos con vencimiento hasta el año 2003, mejorando así el perfil de la deuda pública, además de reducir su costo.
Que ello permitirá lograr un importante ahorro para el Fisco, a la vez que una mayor seguridad para los acreedores al
contar con recursos fiscales afectados específicamente a la atención de los vencimientos que son recaudados por las propias entidades financieras.
Que resulta conveniente a los efectos de la operación de conversión de deuda pública que el BANCO CENTRAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA actúe como agente financiero del Gobierno Nacional, en las condiciones previstas por el artículo 4º, inciso c) de su Carta Orgánica aprobada por la Ley Nº 24.144 y modificatorias, ya que los principales interesados en tales operaciones de conversión serán entidades financieras, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, fondos de inversión, compañías de seguros y personas físicas o jurídicas que lo soliciten, a través de las entidades financieras.
Que resulta de toda conveniencia afectar parte de los ingresos que le corresponden al Estado Nacional en concepto de
recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos o los recursos provenientes del I Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria, a la atención de los servicios de capital e intereses de los préstamos que se obtengan para convertir deuda emitida en la forma de títulos circulatorios previstos en los incisos a) y b) del artículo 57 de la Ley Nº 24.156, por préstamos previstos en el inciso c) del mismo artículo u otros bonos nacionales garantizados.
Que la afectación específica de recursos de origen tributario permitirá una significativa reducción de los servicios de la
deuda pública, facilitando la reactivación de la economía y el equilibrio del presupuesto nacional.
Que a tales fines, los recursos correspondientes se depositarán íntegramente en el BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, que atenderá con ellos los servicios correspondientes a los préstamos o bonos garantizados.
Que se trata en todos los casos de operaciones voluntarias para los tenedores de los bonos que podrán convertirlos
en préstamos o nuevos bonos cuya atención está prevista por una asignación específica de recursos nacionales, que el Estado Nacional no podrá revocar de acuerdo con las condiciones que se prevean en los correspondientes contratos de préstamo.
Que la oferta de convertir los títulos en circulación, en préstamos o bonos con un recurso fiscal específico para su
atención, contribuirá a revalorizar el crédito público.
Que para facilitar la concreción de la operatoria descripta resulta necesario introducir modificaciones en las Leyes
Nros. 20.091, 24.156 y 24.241, de modo de permitir que el Estado Nacional tome préstamos de las compañías de seguros y administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y no sólo de las entidades financieras, y que dichas empresas estén autorizadas a darlos, ya que de otro modo estarían impedidas de realizar una conversión que a todas luces les resulta conveniente para ellas por la completa eliminación del riesgo de incumplimiento, que hoy se refleja en los altos rendimientos y gran volatilidad de los títulos de la deuda pública, por el temor de los inversores a la continuidad del cumplimiento regular de los servicios de renta y amortización de la deuda pública emitida y en circulación, pese a las claras muestras que el Estado Nacional y los Estados Provinciales han dado para asegurarlo.
Que iguales consideraciones cabe realizar para los compromisos asumidos por los Estados Provinciales, deudas
que afectan asimismo el crédito público.
Que por otra parte, la reducción del costo financiero será mucho más notable en el caso de los Estados Provinciales,
que hoy pagan tasas de interés elevadas, y que podrían alcanzar rápidamente el Déficit Cero, a poco que dicha carga se morigere.
Que corresponde asimismo dictar medidas de excepción que faciliten la reactivación del sector privado, que estuvo
seriamente afectado por las dificultades de financiamiento que se produjeron como consecuencia de crisis internas y externas de difícil previsión.
Que las medidas dispuestas contribuirán a la superación de la emergencia y facilitarán la reactivación de la economía
al permitir la regularización de gran cantidad de deudores del Fisco y del sistema financiero mediante procedimientos de capitalización de deudas y repatriación de Deuda Pública a los bajos precios actuales.
Que resulta conveniente, hacer uso de las facultades delegadas por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION
en el PODER EJECUTIVO NACIONAL, para promover mediante exenciones impositivas una amplia recapitalización de las empresas que operan en nuestro país, atrayendo a los capitales que se han retirado del circuito productivo sumiendo a la economía en la recesión actual.
Que, a los efectos de evitar las dificultades interpretativas que ha generado la aplicación del artículo 73 de la
Ley Nº 25.401, y atento que el concepto de espontaneidad al que dicha norma remite se encuentra regulado de manera general en el artículo 113 de la Ley Nº 11.683, corresponde reglamentar el alcance que debe atribuirse a dicho término en el marco de los regímenes de regularización que dicte el PODER EJECUTIVO NACIONAL, al solo efecto de la aplicación del beneficio establecido por el legislador en el artículo 73 de la Ley Nº 25.401.
Que ello posibilitará evitar las iniquidades que se advierten en la aplicación del beneficio previsto en el mentado artículo 73
de la Ley Nº 25.401, atento la gran disparidad de criterios que se observan en la interpretación de los alcances del beneficio, y sus condiciones de operatividad, en los distintos tribunales del país.
Que también permitirá dotar al beneficio establecido por el legislador de una real utilidad, evitando los cuestionamientos
de índole constitucional que se han esgrimido ante la invitación efectuada por el Estado Nacional a los contribuyentes a regularizar sus obligaciones tributarias mediante regímenes especiales dictados a tal efecto, y su posterior persecución penal tributaria vinculada con la deuda exteriorizada por el propio contribuyente como consecuencia del acogimiento a los mentados regímenes.
Que esto no implica modificación de norma penal o procesal penal alguna sino la reglamentación de lo previsto en el
artículo 73 de la Ley Nº 25.401, facultades que le corresponden en forma exclusiva al PODER EJECUTIVO NACIONAL. Que contribuye a la superación de la crisis, el aliento decidido a las exportaciones, la eliminación de los sobre costos que la incertidumbre financiera pueda provocarles a quienes se dedican predominantemente a dicha actividad.
Que, en tal sentido, debe considerarse el modo de eliminarles como factor de costo financiero, el riesgo de cambio por
la devolución que les corresponda en concepto de Impuesto al Valor Agregado por sus compras en el mercado interno, hasta que concretan la exportación respectiva, ya que ello les reporta un riesgo de cambio que puede ser no deseado, porque es recién a partir del momento de la exportación que pueden gestionar la devolución del Impuesto al Valor Agregado pagado que no hubieren podido absorver en sus operaciones gravadas ni compensar contra otros gravámenes, de conformidad al artículo 43, segundo párrafo, de la ley respectiva, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 25.063.
Que aunque "los exportadores podrán efectuar la solicitud de devolución del Impuesto al Valor Agregado facturado,
en Dólares Estadounidenses", conforme al segundo párrafo del artículo 2º de la Resolución General de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Nº 616 de fecha 17 de junio de 1999, ello no cubre la totalidad del período durante el cual los exportadores han afrontado un gravamen del que están exentos, afrontando un riesgo de crédito y de moneda que incide negativamente en sus finanzas, al aumentar los costos financieros derivados de la cobertura de tales riesgos.
Que ello puede afectar la calificación de sus balances por una mayor exposición al riesgo de cambio, que resulta de alta
sensibilidad por los altos volúmenes que implican dichas operaciones y los reducidos márgenes con los que se opera normalmente en dicho mercado.
Que atender esta cuestión, no genera ningún costo para el Estado Nacional, ya que por imperio de la Ley de
Convertibilidad, la paridad de la moneda local, está asegurada en un CIEN POR CIENTO (100%) con reservas extranjeras.
Que en consecuencia, se corresponde con la realidad económica y es conveniente para el país, extender el período
cubierto por la posibilidad de percibir la devolución de los créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, considerando para ello el tipo de cambio del día de la facturación del bien que contiene el impuesto cuya devolución se solicita.
Que, en otro orden, es conveniente para luchar contra la evasión, la progresiva bancarización de las transacciones de
consumo masivo, pudiendo retribuirse la utilización de tarjetas de débito o el uso de tarjetas de información, mediante la acreditación a sus titulares de un porcentaje de lo tributado en concepto de Impuesto al Valor Agregado para lo que se faculta al MINISTERIO DE ECONOMIA a establecer las condiciones y alcance de esta modalidad.
Que a los efectos de lograr una armonía entre los impuestos al trabajo y el Impuesto al Valor Agregado, y evitar la doble
gravabilidad de la mano de obra, se ha contemplado en el marco de los regímenes de competitividad, la posibilidad de computar las contribuciones patronales como crédito fiscal del mencionado impuesto.
,Que en atención a dichas circunstancias, se considera procedente en esta instancia extender dicho tratamiento a la
totalidad de la economía a partir del 1º de abril de 2003, fecha en que finaliza la vigencia de los diversos convenios de competitividad oportunamente celebrados.
Que asimismo, previendo la situación de las actividades que así lo ameriten, el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá
anticipar la aplicación de dicha medida en forma general o para los sectores de la economía que entienda conveniente.
Que la crítica situación de emergencia económica y financiera por la que atraviesa el país configura una circunstancia
xcepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, resultando de toda urgencia y necesidad el dictado del presente en todos aquellos aspectos que requiriendo de una ley formal, no constituyen materias delegadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por la Ley Nº 25.414 o facultades propias por imperio de los incisos 1 y 2 del artículo 99 de la Constitución Nacional.
Que la reglamentación de los derechos de base constitucional contenida en el presente, se justifica por la misma
circunstancia señalada en el considerando anterior conforme a la reiterada declaración que a tales fines hizo el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Que ha tomado la intervención que le corresponde la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 25.414, y los incisos 1, 2 y 3 del
artículo 99 de la Constitución Nacional.
Artículo 1° - Sustitúyese el artículo 823 del Código Civil, que quedará redactado del siguiente modo:
"ARTICULO 823 - Los créditos de los particulares provenientes de los servicios de capital o intereses originalmente comprometidos correspondientes a títulos de la deuda pública que se encuentren vencidos, son compensables en todos los casos con cualquier tipo de deudas que tuvieren con el Estado, en las condiciones del presente Título. Las demás deudas y créditos entre particulares y el Estado no son compensables en los siguientes casos: 1) Si las deudas de los particulares proviniesen de remates de cosas del Estado, o de rentas fiscales, o si proviniesen de contribuciones directas o indirectas, o de alcance de otros pagos que deban hacerse en las aduanas, como derechos de almacenaje, depósito, etcétera; 2) Si las deudas y créditos no fuesen del mismo departamento o Ministerio; 3) En el caso que los créditos de los particulares se hallen comprendidos en la consolidación de los créditos contra el Estado, que hubiese ordenado la ley." .
Art. 2° - Sustitúyese el artículo 1º del Capitulo XV del Título X del Libro II del Código de Comercio, modificado por la Ley Nº 24.760 en su primer párrafo, cuyo texto quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO 1º - En todo contrato de compra-venta o locación, en los que el comprador o locatario sea una persona física o jurídica será obligatorio emitir un título valor denominado factura de crédito que reúna todas las características que a continuación se indican:
b) Que ambas partes contratantes se domicilien en el territorio nacional, o en caso de convenios o tratados internacionales dispongan la adopción del presente régimen, y que ninguna de ellas sea ente estatal -nacional, provincial o municipal-, salvo que hubiere adoptado una forma societaria.
d) Que el comprador o locatario adquiera, almacene, utilice o consuma las cosas, los servicios o la obra para integrarlos, directa o indirectamente, en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros, sea de manera genérica o específica. Si el negocio jurídico lo realizaran las partes a distancia, la factura de crédito se deberá emitir conjuntamente con el remito, salvo que las partes convengan agrupar varios remitos en una factura de crédito. Para la parte que explote servicios públicos será optativo emitir facturas de crédito, sin perjuicio de su obligación de aceptar las que se le giraran. En los casos que resulte obligatoria la emisión de factura de crédito no se admitirán entre las partes, en sede administrativa, fiscal o judicial, otras pruebas de negocio jurídico, que no sean los documentos previstos en esta ley, salvo fraude".
Art. 3° - Incorpórase el siguiente texto al artículo 2º del Capítulo XV del Título X del Libro II del Código de Comercio, modificado por la Ley Nº 24.760:
"Cobranza Bancaria de Factura de Crédito". La Factura de Crédito podrá ser sustituida por el título valor denominado "Cobranza Bancaria de Factura de Crédito", emitido por una entidad financiera autorizada por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
Art. 4º - Incorpórase el siguiente texto al artículo 14 del Capítulo XV del Título X del Libro II del Código de Comercio, modificado por la Ley Nº 24.760:
b) El remito o constancia de entrega de los bienes, obra o servicios que dieron origen a la emisión de la Factura de Crédito. La Cobranza Bancaria de Factura de Crédito no tendrá fuerza ejecutiva si la entidad financiera a cargo de su cobranza recibe, hasta CINCO (5) días corridos antes de la fecha de vencimiento de la obligación, o QUINCE (15) días corridos posteriores a su entrega, lo que ocurra primero, notificación fehaciente del comprador o locatario alegando cualquiera de las circunstancias previstas por el artículo 4º incisos a), b), c) o d) del presente Capítulo, circunstancia que será adjuntada por la entidad financiera a la Cobranza Bancaria de Factura de Crédito y remitida al vendedor o locador.
Art. 5º - Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 12 del Capítulo II del Anexo I a la Ley Nº 24.452, por el siguiente: "El cheque extendido a favor de una persona determinada con la cláusula "no a la orden" o una expresión equivalente no es trasmisible sino bajo la forma y con los efectos de una cesión de créditos, salvo que sea transferido a favor de una entidad financiera comprendida en la Ley Nº 21.526 y sus modificatorias, en cuyo caso podrá ser trasmitido por simple endoso".
Art. 6º - Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 12 del Capítulo II del Anexo A del Decreto- Ley Nº 5965/63, ratificado por la Ley Nº 16.478, por el siguiente:
Art. 7º - Sustítuyese el inciso 5º del artículo 523 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, modificado por el artículo 4º de la Ley Nº 24.760, por el siguiente texto:
Art. 8º - Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 15 de la Ley Nº 25.065 que quedará redactado como sigue:
Art. 9º - Art. 9º - Sustitúyese el artículo 24 de la Ley Nº 25.065 que quedará redactado como sigue:
"ARTICULO 24 - Domicilio de envío de resumen. El emisor deberá enviar el resumen al domicilio o a la dirección de correo electrónico que indique el titular en el contrato o el que con posterioridad fije fehacientemente".
Art. 10º - Sustitúyese el artículo 57 de la Ley Nº 24.156, el que quedará redactado del siguiente modo:
"ARTICULO 57 - El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denominará deuda pública y puede originarse en:
f) La consolidación, conversión y renegociación de otras deudas. A estos fines podrá afectar recursos específicos, crear fideicomisos, otorgar garantías sobre activos o recursos públicos actuales o futuros, incluyendo todo tipo de tributos, tasas o contribuciones, cederlos o darlos en pago, gestionar garantías de terceras partes, contratar avales, fianzas, garantías reales o de cualquier otro modo mejorar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones contraídas o a contraerse.
Art. 11º - Sustitúyese el inciso a) del artículo 74 de la Ley Nº 24.241, que quedará redactado como sigue:
Art. 12º - Incorpórense los incisos o) y p) al artículo 74 de la Ley Nº 24.241, con la siguiente redacción:
"o) Certificados de participación y títulos representativos de deuda de contratos de fideicomisos financieros estructurados constituidos parcial o totalmente por derivados financieros, hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del total del activo del fondo. p) Títulos valores emitidos por fideicomisos financieros no incluidos en los incisos n) ñ) y o), hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) del total del activo del fondo".
Art. 13º - Incorpórese el inciso i) al artículo 76 de la Ley Nº 24.241 con la siguiente redacción:
Todas las inversiones que por su naturaleza respondan a las características de los activos definidos en los incisos o) o
p) del artículo 74 y que estén respaldadas por títulos públicos adquiridos en compra primaria al Gobierno Nacional deberán hallarse dentro de los límites del inciso a) del artículo 74".
Art. 14º - Sustitúyese el inciso a) del artículo 35 de la Ley Nº 20.091, que quedará redactado como sigue:
Art. 15º - Redúcese al CINCO POR CIENTO (5%) el aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia establecido en el artículo 11 de la Ley Nº 24.241 por el término de UN (1) año, contado desde la fecha de publicación del presente Decreto.
Art. 16º - Sustitúyese el artículo 61 del Decreto Nº 1397/79 y sus modificaciones, reglamentario de la Ley Nº 11.683, texto ordenado 1998 y sus modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"ARTICULO 61 - La facultad de hacer arreglos sólo comprende los actos jurídicos que consolidan, actualizan o perfeccionan el crédito fiscal sin afectar su integralidad e indisponibilidad, excepto cuando se trate de arreglos que involucren la cancelación de deudas tributarias con Títulos de la Deuda Pública Nacional o acciones emitidas al efecto en el marco de la capitalización de acreencias del Fisco o se trate de regímenes de regularización dispuestos por el PODER EJECUTIVO NACIONAL con carácter general".
Artículo 1º -Sustitúyese el artículo 823 del Código Civil, que quedará redactado del siguiente modo: "ARTICULO 823 - Los créditos de los particulares provenientes de los servicios de capital o intereses originalmente comprometidos correspondientes a títulos de la deuda pública que se encuentren vencidos, son compensables en todos los casos con cualquier tipo de deudas que tuvieren con el Estado, en las condiciones del presente Título. Las demás deudas y créditos entre particulares y el Estado no son compensables en los siguientes casos: 1) Si las deudas de los particulares proviniesen de remates de cosas del Estado, o de rentas fiscales, o si proviniesen de contribuciones directas o indirectas, o de alcance de otros pagos que deban hacerse en las aduanas, como derechos de almacenaje, depósito, etcétera; 2) Si las deudas y créditos no fuesen del mismo departamento o Ministerio; 3) En el caso que los créditos de los particulares se hallen comprendidos en la consolidación de los créditos contra el Estado, que hubiese ordenado la ley."
Art. 2º - Sustitúyese el artículo 1º del Capitulo XV del Título X del Libro II del Código de Comercio, modificado por la Ley Nº 24.760 en su primer párrafo, cuyo texto quedará redactado de la siguiente manera:
Si el negocio jurídico lo realizaran las partes a distancia, la factura de crédito se deberá emitir conjuntamente con el remito, salvo que las partes convengan agrupar varios remitos en una factura de crédito. Para la parte que explote servicios públicos será optativo emitir facturas de crédito, sin perjuicio de su obligación de aceptar las que se le giraran. En los casos que resulte obligatoria la emisión de factura de crédito no se admitirán entre las partes, en sede administrativa, fiscal o judicial, otras pruebas de negocio jurídico, que no sean los documentos previstos en esta ley, salvo fraude".
Art. 3º -Incorpórase el siguiente texto al artículo 2º del Capítulo XV del Título X del Libro II del Código de Comercio, modificado por la Ley Nº 24.760:
h) Nombre de la entidad financiera en la cual se encuentra abierta la cuenta corriente bancaria donde será acreditado el pago y el número de dicha cuenta. Deberá entregarse el duplicado de la Cobranza Bancaria de Factura de Crédito al comprador o locatario como mínimo con QUINCE (15) días corridos de anticipación al vencimiento de la obligación, y podrá ser emitida y transmitida por medios electrónicos, magnéticos o afines de acuerdo con los que establezca la reglamentación.
b) El remito o constancia de entrega de los bienes, obra o servicios que dieron origen a la emisión de la Factura de Crédito. La Cobranza Bancaria de Factura de Crédito no tendrá fuerza ejecutiva si la entidad financiera a cargo de su cobranza recibe, hasta CINCO (5) días corridos antes de la fecha de vencimiento de la obligación, o QUINCE (15) días corridos posteriores a su entrega, lo que ocurra primero, notificación fehaciente del comprador o locatario alegando cualquiera de las circunstancias previstas por el artículo 4º incisos a), b), c) o d) del presente Capítulo, circunstancia que será adjuntada por la entidad financiera a la Cobranza Bancaria de Factura de Crédito y remitida al vendedor o locador. La ejecución de la Cobranza Bancaria de Factura de Crédito podrá ser iniciada tanto por el vendedor o locador como por la entidad financiera interviniente, adjuntando los documentos previstos. La Cobranza Bancaria de Factura de Crédito podrá también ser transferida por vía de endoso por el vendedor o locador a favor de la entidad financiera interviniente".
Art. 5º - Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 12 del Capítulo II del Anexo I a la Ley Nº 24.452, por el siguiente:
Art. 9º - Sustitúyese el artículo 24 de la Ley Nº 25.065 que quedará redactado como sigue:
Art. 17º - Instrúyese al MINISTERIO DE ECONOMIA para que ofrezca en condiciones voluntarias, la posibilidad de convertir la deuda pública nacional por Préstamos Garantizados o Bonos Nacionales Garantizados, o deuda provincial por Préstamos Garantizados o Bonos Nacionales Garantizados, siempre que la garantía ofrecida o el cambio de deudor permitan obtener para el Sector Público Nacional o Provincial menores tasas de interés. Para las obligaciones con servicios de capital hasta el 31 de diciembre de 2003, se requerirá adicionalmente la extensión de los plazos de cumplimiento.
Art. 18º - La Conversión de deuda se ofrecerá directamente a las entidades financieras, fondos de inversión, compañías de seguros y administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, y comprenderá todo tipo de operaciones de Deuda Pública del Sector Público Nacional, que el MINISTERIO DE ECONOMIA considere elegibles a estos fines, ya sea que estuvieren instrumentadas en Títulos Públicos, Bonos, Letras del Tesoro o préstamos sin garantías. Las operaciones elegibles se convertirán en Préstamos Garantizados o Bonos Nacionales Garantizados a cargo del Estado Nacional o del FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO PROVINCIAL, según corresponda. Las demás personas físicas o jurídicas, que sean tenedores de los Títulos Públicos, Bonos o Letras del Tesoro, que resulten elegibles, también podrán adherir al presente régimen, a través de las entidades financieras.
Art. 19º - Los Préstamos Garantizados en que se conviertan las operaciones de Deuda Pública que resulten elegibles, serán a tasa fija o flotante, según determine el MINISTERIO DE ECONOMIA y devengarán una tasa de interés de hasta el SIETE POR CIENTO (7%) o de hasta el TRES POR CIENTO (3%) sobre tasa LIBO, según corresponda, conforme con la reglamentación que dicte el MINISTERIO DE ECONOMIA.
Art. 20ª - La conversión se realizará a valor nominal a una relacióQ¼