Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-317-10.htm
Timestamp: 2018-12-13 09:32:05
Document Index: 73956105

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 2488', 'artículo 51', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 723', 'artículo 730', 'artículo 723', 'artículo 5', 'artículo 488', 'artículo 501', 'artículo 489', 'artículo 591', 'artículo 167', 'artículo 3', 'artículo 18', 'artículo 42', 'artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 38', 'artículo 83', 'artículo 60', 'artículo 83', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 3', 'artículo 24', 'artículo 4', 'artículo 28', 'artículo 4', 'artículo 150', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 3', 'Artículo 46', 'artículo 492', 'artículo 495', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 684', 'artículo 22', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 28', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 2', 'Artículo 1']

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos ALBERTO MONTEZUMA CHAVEZ Y LILIA ZABALA OSPINA solicitan a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad del artículo 1° (parcial) de la Ley 495 de 1999, “por medio de la cual se modifica el artículo 3º, 4º (literal A y B) 8º y 9º de la Ley 70 de 1931 y se dictan otras disposiciones afines sobre constitución voluntaria de patrimonio de familia”, bajo la consideración de que vulnera los artículos 5, 13, 42, 44, 51 y 93 de la Constitución y distintos tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad.
‘ARTICULO 3º. El patrimonio de familia no puede constituirse sino sobre el dominio pleno de un inmueble que no posea con otra persona proindiviso, ni esté gravado con hipoteca, censo o anticresis y cuyo valor en el momento de la constitución no sea mayor de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes’.” (Se subraya el aparte demandado)
Exponen que el art. 42 de la Constitución contempla distintas disposiciones normativas en las que se destaca el valor de la familia para los Constituyentes. Transcriben distintas normas del artículo, tales como: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad”, “El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia”, “La Ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable”, y “La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.”
Expresan que, en consecuencia, el Estado y la sociedad “deben proteger la familia de forma integral y absoluta” y que “el Estado debe crear Leyes que fomenten y protejan los derechos y deberes de la familia.” Además, aseguran que todas las familias “gozan de los mismos derechos y deberes”.
Consideran que la norma demandada desconoce las obligaciones del Estado y que “clasifica el concepto de familia en dos clases: 1) las familias que cuentan con un bien inmueble, con valor económico menor a 250 SMLMV y con derecho a constituir sobre él patrimonio de familia; y 2) las familias que el valor comercial de su vivienda familiar es igual o supera los 250 SMLMV y no pueden constituir sobre él patrimonio de familia, por el precio del bien.” Aseguran que esa diferencia desconoce: “el concepto único de familia, sus derechos y deberes constitucionales, y la prohibición del Estado de otorgar privilegios a tipos específicos de familia”. Agregan:
“La figura del patrimonio de familia se creó cumpliendo los mandatos constitucionales que obligan al Estado a proteger la familia en condiciones dignas, y consagran el derecho a contar con un espacio físico donde puedan desarrollar un proyecto de vida, libres de injerencias económicas de terceros, en beneficio específico de los hijos menores, protegiendo el único techo que tienen. La norma demandada concede este beneficio solamente a aquellos menores cuyos padres tengan un inmueble con valor inferior a 250 SMLMV, de tal manera que los menores cuyos padres tengan la opción de tener un inmueble de valor superior no tienen la opción de amparar su techo.
“(…) la norma demandada va en contravía de esos mandatos constitucionales, condiciona a un valor económico [la protección] de la vivienda de la familia, y desprotege a las familias que cuentan con una vivienda familiar pero no pueden salvaguardarla de pretensiones económicas de terceros, porque la norma condiciona a un precio el inmueble (250 SMLMV), sin ninguna justificación constitucional.”
Aseveran a continuación que el art. 51 de la Constitución consagra el derecho de los colombianos a tener una vivienda digna y que, en consecuencia, “es obligación del Estado garantizar la protección constitucional de la vivienda y de las personas que habitan en la misma…”. En este sentido, expresan que el Estado “no puede limitar el concepto constitucional de vivienda digna al valor económico del inmueble (…)”. Por lo tanto, concluyen que la norma demandada desconoce el propósito de la Asamblea Nacional Constituyente al establecer el derecho a la vivienda digna, puesto que lo limita por razones de contenido económico y “permite que familias que cuentan con una vivienda familiar cuyo valor es menor a los 250 SMLMV puedan constituir patrimonio familiar, y no a las familias que su vivienda familiar es igual o superior al anterior valor”.
“El legislador al adoptar la figura del patrimonio de familia quiso crear una figura, donde le permitiera a la familia brindar un ambiente sano, agradable y sin perturbaciones al menor, alejándolo de los peligros, injerencias, perturbaciones de terceros o del ente estatal, figura que se materializó a través de la Ley 70 de 1931 y la Ley 495 de 1999, pero discriminó de esta protección a los menores cuyo núcleo familiar cuenta con una vivienda de valor superior a los 250 SMLMV.”
De la misma forma, expresan que la norma demandada desconoce el principio constitucional de la igualdad. Argumentan que “el Estado no puede crear prerrogativas, derechos y oportunidades a favor de cierto grupo o tipo de familia.” Al mismo tiempo aseguran que “la norma demandada discrimina y clasifica a las familias por factores económicos, las asocia en dos grandes grupos: las familias que cuentan con un inmueble superior a 250 SMLMV y las que cuentan con un bien inmueble inferior a ese valor, amparando a este último grupo”. Reiteran que la diferenciación establecida no tiene ninguna razón objetiva que la justifique.
También aseveran que el precepto impugnado vulnera distintos tratados internacionales de derechos humanos. Así, consideran que transgrede la Convención sobre los Derechos del Niño, por cuanto “discrimina abiertamente a los niños, no permite que la familia cumpla con la obligación de brindarles una vivienda en condiciones dignas, libre de perturbaciones o intromisiones; a cambio somete esta protección a un valor económico, precio o costo”.
De la misma manera, la norma acusada viola la Convención Americana de Derechos Humanos, pues “desconoce la protección de la persona como ser humano y la prohibición de discriminación de cualquier índole, de la institución familiar como célula de la sociedad, y el deber de la sociedad y el Estado de protegerla de cualquier injerencia, la protección de todos los niños por parte de la familia, la sociedad y el Estado, y la prohibición a los Estados de suspender las garantías de la familia”.
“La norma demandada establece un injustificado requisito para la constitución del patrimonio de familia, cual es el de sujetar este derecho al valor económico del inmueble. En efecto, esta disposición va en contraposición del derecho de la familia y de todos los niños de contar con una vivienda digna inalienable e inembargable, (…) y restringe a ciertas familias que cuentan con una propiedad superior o igual a 250 SMLMV a no poder proteger su hogar (sic), genera que la norma discrimine a un grupo de personas y de niños, puesto que la finalidad de la norma es la protección de la unión e intimidad de la familia (…)
(…) La Ley de patrimonio familiar no obedece a un sentido de protección a clases menos favorecidas, o a un sector determinado desprotegido, obedece a un principio constitucional que contempla la protección que el Estado debe darle a la familia en lo que a vivienda se refiere, figura creada en beneficio de los hijos menores. De esta forma, la propiedad de vivienda familiar que exceda el valor contemplado en la norma no tiene forma alguna de proteger el techo de los menores, ni el techo de su familia, puesto que otras figuras creadas por el legislador, como la afectación a vivienda familiar, no conceden el beneficio a favor de los menores.”
“Del conjunto normativo previsto en las Leyes 258 de 1996 y 854 de 2003, se puede extraer una noción de afectación a vivienda familiar, conforme a la cual ésta consiste en el gravamen o limitación que se constituye sobre el derecho de dominio de un bien inmueble, adquirido en su totalidad por uno o ambos cónyuges o compañeros permanentes, antes o después de la celebración del matrimonio o de la unión que haya perdurado al menos dos (2) años, y que se encuentra destinado para beneficio exclusivo de la habitación familiar, el cual a partir de su constitución adquiere el carácter de inalienable e inembargable, salvo que por el consentimiento del otro cónyuge o, en general, previo levantamiento judicial, se proceda a su cancelación.
lo cierto es que se trata de una institución jurídica que cumple un objetivo constitucional preciso, cual es permitir que la familia disponga siempre de un lugar de habitación, para asegurar, por un lado, el desarrollo armónico e integral de los hijos (C.P., art. 44) y, por el otro, la preservación de los deberes de cuidado y auxilio mutuo que surgen de la decisión libre y responsable de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o cohabitar juntos (C.P., art. 42).”
Asegura, entonces, que “mientras que, por ejemplo, el patrimonio de familia evita que un tercero haga valer sus pretensiones económicas por encima del derecho a la vivienda digna de los miembros de la familia, la afectación a vivienda familiar impide que uno de sus miembros, en concreto, uno de los cónyuges o compañeros permanentes ponga al otro y a sus hijos en situación de abandono”.
Manifiesta que la Constitución establece un grado de amparo especial para la familia y que para ello ha creado las figuras del patrimonio de familia y de la afectación a vivienda familiar, “pues sólo la disponibilidad de los bienes económicos necesarios para la subsistencia puede asegurar el desarrollo integral de sus miembros”.
“De lo anterior se infiere una clara diferenciación entre esas dos instituciones que permite contestar el cargo formulado por el actor. Así, mientras el patrimonio de familia, en atención a su finalidad, puede constituirse indistintamente si el inmueble es de propiedad de uno o de los dos cónyuges o compañeros; la afectación a la vivienda familiar, en cambio y también en atención a su finalidad, sólo puede constituirse cuando del inmueble es propietario uno de los cónyuges o compañeros. Esto es así, porque en caso de que los dos cónyuges o compañeros sean propietarios, los dos necesariamente deberán concurrir a la suscripción de los actos de disposición del inmueble y por lo mismo ninguno de ellos podrá verse sorprendido por los actos de disposición del otro (…).
En la condiciones expuestas, es claro que la norma demandada, al disponer como uno de los requisitos para constituir patrimonio de familia voluntario, que el bien inmueble sobre el cual se constituye no exceda de 250 SMLMV, está siendo consecuente con la naturaleza de esa institución y no está desprotegiendo a los cónyuges no propietarios o a los niños, pues éstos cuentan con otros mecanismos legales que, atendiendo su condición de no copropietarios, les permite proteger su patrimonio familiar, como resulta ser a través de la afectación a vivienda familiar.”
Por lo demás, debe tenerse en cuenta que todos los bienes del deudor constituyen la prenda general de los acreedores, tal como lo establece el artículo 2488 del Código Civil. En esta perspectiva, la constitución de un patrimonio de familia inembargable es una excepción a este principio general. Por lo mismo, la protección constitucional que se le otorga a la familia y a los niños en la Constitución no puede tener el carácter de un principio absoluto que no pueda sujetarse a ninguna limitación. La fijación de un valor máximo para la constitución del patrimonio de familia obedece a la consideración de que la excepción al ya mencionado principio de la prenda general de los acreedores sólo se justifica dentro de los límites necesarios para no dejar en desprotección a la familia.”
Por lo tanto, asegura que no hay motivos para afirmar que la norma acusada vulnera las disposiciones constitucionales e internacionales invocadas por los demandantes en la acción pública de inconstitucionalidad, “pues no resulta contraria ni al amparo que merece la familia como institución básica de la sociedad, ni al derecho de igualdad en cuanto no establece un tratamiento diferenciado injustificado, ni desconoce la obligación del Estado de proteger a la familia, ni contraría los derechos fundamentales de los niños, ni atenta contra el derecho de los colombianos a tener una vivienda digna”.
Manifiesta que el patrimonio de familia “se creó como instrumento de protección constitucional de la familia y se orientó a proteger la casa de habitación para ponerla a salvo de las pretensiones económicas de terceros.”
Agrega que, de acuerdo con el artículo 51 de la Constitución Política, la vivienda destinada a la familia goza de una especial protección constitucional, pues instituye “un mínimo espacio físico, adecuado a su preservación y desarrollo, y absolutamente indispensable para que el conjunto de la sociedad se desenvuelva en armonía”. Por eso, anota, “la protección especial a la vivienda destinada a la familia compone uno de los presupuestos ineludibles para dar garantía eficaz al desarrollo armónico e integral de los niños, niñas y adolescentes, toda vez que el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los menores no puede materializarse si carecen de habitación digna o si corren el riesgo de perderla”.
“(…) resaltando la importancia que tiene el derecho de los menores de edad a tener una familia y una vivienda digna en donde habitar para su pleno y armonioso desarrollo en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, así como el derecho a la igualdad contemplado en la Constitución, consideramos que la norma acusada discrimina a los menores de edad cuyo núcleo familiar cuenta con un inmueble destinado para su vivienda digna que tienen un valor superior a los 250 SMLMV, trato desigual que no tiene justificación alguna, máxime cuando la misma Constitución, los Tratados y Convenios Internacionales aplicados en nuestro país y el Código de la Infancia y la Adolescencia prevén la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.”
“Integrar la unidad normativa y estudiar la constitucionalidad de las expresiones ‘(…) cuando el bien no alcance a valer el equivalente de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)’ y ‘(…) aun cuando el valor total del bien llegue a exceder de la suma equivalente a los doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales vigentes’, contenidas en los artículos 8º y 9º de la Ley 70 de 1931, modificados por los artículos 3º y 4º de la Ley 495 de 1999, respectivamente.
“Declarar la inexequibilidad de la expresión ‘(…) cuyo valor en el momento de la constitución no sea mayor de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales vigentes’, contenida en el artículo 3º de la Ley 70 de 1931, modificada por el artículo 1º de la Ley 495 de 1999 y de las expresiones ‘(…) cuando el bien no alcance a valer el equivalente de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales vigentes (…)’ y ‘aun cuando el valor total del bien llegue a exceder de la suma equivalente a los doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales vigentes’, contenidas en los artículos 8º y 9º de la Ley 70 de 1931, modificados por los artículos 3º y 4º de la Ley 495 de 1999, respectivamente.”
Manifiesta que el patrimonio de familia es “una figura jurídica anterior a la Constitución Política de 1991, que se mantiene en el ordenamiento jurídico con tres variaciones principales: una, su referencia en el texto constitucional; dos, la relativa a la aplicación extensiva de la figura a los compañeros permanentes –que hoy, adicionalmente, vale para las parejas homosexuales en virtud de la sentencia C-029 de 2009-; y una tercera, sobre la actualización en el monto máximo del valor del inmueble que puede ser objeto de su protección y cuya inconstitucionalidad se demanda”.
Asegura que el propósito de la figura es establecer “una protección en favor de cualquier familia que pueda caer en desgracia económica, por vía de un mínimo patrimonial que la salvaguarde de la miseria”.
También ella hace referencia a la figura de afectación a vivienda familiar, la cual afirma que es complementaria y compatible con la del patrimonio de familia. Asegura que en la Sentencia C-560 de 2002 la Corte Constitucional estableció la diferencia entre las dos instituciones al sostener que “mientras que el patrimonio de familia persigue sólo la protección de la morada familiar – sea ésta de propiedad de uno o de ambos cónyuges o compañeros permanentes – ante pretensiones económicas de terceros, la afectación a vivienda familiar busca, fuera de lo anterior, la protección del cónyuge o compañero permanente no propietario y de los hijos de los actos de disposición del propietario, puesto que opera cuando solo un cónyuge o compañero es el propietario el bien”.
Así, asevera que la norma persigue un fin legítimo a la luz del art. 13 de la Constitución, que consagra la protección para las “personas que por su condición económica (...) se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.” También manifiesta que la medida es idónea, pues es apropiada para satisfacer el propósito perseguido al aprobar el art. 1 de la Ley 495 de 1999. Al respecto expresa que la intención perseguida “al actualizar el monto de la cuantía de los inmuebles objeto de protección por medio del patrimonio de familia inembargable, fue la de proteger el de las familias de escasos recursos económicos”.
Sin embargo, considera que la disposición acusada no se ajusta al segundo requisito del examen de proporcionalidad, la necesidad de la medida. Al respecto manifiesta: “Siendo justamente el objetivo de la figura del patrimonio de familia inembargable el de sustraer de la persecución de los acreedores una porción del patrimonio familiar que asegure una vivienda – garantía que se aviene con la protección integral de la familia que ordena la Constitución-, estima la Defensoría que no era necesario, para amparar las familias de escasos recursos económicos, excluir de dicho ámbito de protección a las familias cuyos inmuebles habitacionales superen el monto de los 250 smlmv”.
“Que el límite de la cuantía no se aplicara como un valor máximo total de un solo inmueble o de la suma del valor de inmuebles contiguos (según el artículo 8º de la Ley), sino que se tratara del monto máximo inembargable de cualquier inmueble, independientemente de su valor. De tal manera que si, por ejemplo, un inmueble vale hoy $200.000.000, los primeros $124.225.000 podrían reputarse como patrimonio de familia inembargable. Así, resultarían amparadas todas las familias o cualquiera que así lo desee, con independencia del valor del inmueble sobre el cual deseen constituir la garantía.
“Establecer un límite diferente a la cuantía como lo sería una restricción sobre la extensión máxima del (os) inmueble(s), objeto del patrimonio de familia, similar a la que ha establecido Costa Rica en su legislación.[1]”
“(…) el beneficio derivado de la restricción legal demandada se reduce a la protección de los inmuebles de vivienda de las familias de escasos recursos económicos y, en consecuencia, a una realización parcial del deber de protección de la familia que establece la Constitución.
“No es impensable, más aún en el contexto nacional, el hecho de que toda familia, independientemente de su nivel económico, puede estar sometida a momentos de crisis económica, como la que tuvo ocurrencia a finales de los años 90 cuando miles de familias perdieron el único techo que tenían para vivir, o como la que en la actualidad ha generado la pérdida de miles de empleos. En ese orden de ideas, si cualquier familia puede verse sometida a los avatares de la economía, la protección de un mínimo patrimonial que se rescate de este tipo de fenómenos, se justifica para todas, para evitar que engrosen las cifras de miseria (…)
“No existe entonces una justificación que, en atención al principio de igualdad, permita la protección exclusiva de unas familias en perjuicio de las familias que quedan por fuera de la protección”.
Concluye de la siguiente forma el escrito: “(…) la Defensoría del Pueblo observa que el límite en la cuantía para la constitución del patrimonio familiar inembargable afecta con mayor intensidad y de manera desproporcionada la realización efectiva del fin inmediato de la protección a la vivienda familiar, en igualdad de condiciones y, de paso, la finalidad mediata de contribuir a la protección integral de la familia, postulados constitucionales que guardan una estrecha relación en el presente caso”.
Manifiesta que con la figura del patrimonio de familia “se trata de proteger a familias que no ostentan las condiciones económicas de otras que son pudientes…”. Asegura que por eso distintas leyes han incluido esta medida de afectación, tales como la ley de reforma de vivienda urbana (Ley 9ª de 1989). También señala que la figura se aplicó en las operaciones en que intervenía la Caja de Vivienda Militar, la Caja de Vivienda Popular y el antiguo Instituto de Crédito Territorial, donde los adquirentes de esos inmuebles son personas de condiciones económicas precarias.
Afirma, entonces, que el límite fijado en la norma demandada es suficiente “para que una gran mayoría de familias puedan gravar su inmueble con patrimonio de familia, puesto que alcanza a cubrir los estratos sociales uno, dos y tres, y en algunos casos incluso el cuatro…”
En sentir del interviniente, la situación que se estudia en el presente proceso es prácticamente igual a la de la sentencia C-840 de 2000, con el agravante de que en este caso se trata de los derechos de los niños y de la familia en general. Asegura que “privar de las bondades del patrimonio de familia a los inmuebles cuyo valor fuera mayor de 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es una limitación caprichosa e irracional del legislador, que no resiste el más flexible juicio de ponderación con los derechos que supuestamente protege la norma”.
En su concepto Nº 4872, el Jefe del Ministerio Público le solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de la norma demandada, pero bajo el entendido de que “cuando se dice que el valor del inmueble no debe ser mayor de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales vigentes ha de entenderse que este es el tope máximo que se ampara de la vivienda familiar cualquiera que sea su valor”.
Menciona que la Constitución protege de manera especial a la familia y que para ello estableció a favor de ella, y particularmente de los niños, “un patrimonio mínimo que pueda subsistir aun frente a cobros coactivos, y del cual no se pueda disponer, inclusive, por quienes lo han constituido, para fines distintos. La Carta Política autoriza al legislador para determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable”.
Luego de lo anterior pregunta: “¿Si es la familia el bien jurídico tutelado a través de la institución del patrimonio familiar, existe una razón constitucionalmente válida que justifique que las familias que tienen una vivienda que excede el monto de los 250 SMLMV, puedan sustraerse de la protección que el Estado y la sociedad debe brindarles a ellas y a sus integrantes, en desarrollo de mandatos constitucionales?”.
Asegura que para resolver este interrogante debe recurrirse al juicio de proporcionalidad. Al respecto asevera que la norma acusada persigue un objetivo constitucional legítimo y es adecuada para lograr los fines para los cuales fue creada. Dice para ello que “[l]a intención expresa del legislador de 1999, como fue la de actualizar el monto de la cuantía de los inmuebles objeto de protección por medio del patrimonio de familia inembargable, también fue la de proteger el de las familias de escasos recursos económicos, pretensión que se corresponde con un fin constitucional legítimo señalado en el artículo 13 Superior. En tal sentido la medida tiene capacidad para alcanzar los propósitos por los cuales fue definida”.
Empero, considera que la medida no supera el paso de la necesariedad. Al respecto afirma que “no resultaba necesario para amparar a las familias de escasos recursos sustraer de la misma protección a las familias cuyos inmuebles superaran los 250 SMLMV.” Agrega que toda familia, con independencia de su capacidad económica, puede verse sometida a circunstancias financieras difíciles, razón por la cual “la protección de un mínimo patrimonial se justifica para todas, y no existe entonces una justificación que en atención al principio de igualdad, permita la protección exclusiva de unas familias”.
“Para el Ministerio Público es preciso de conformidad con los mandatos constitucionales a los que se ha hecho referencia, que dicha protección se otorgue a todas las familias con independencia del valor del inmueble habitacional, por lo cual, el tope señalado en la norma parcialmente acusada deberá ser aplicado a cualquier inmueble que sirva de vivienda familiar, pudiendo constituirse sobre ella el patrimonio familiar inembargable hasta un valor de 250 salarios mínimos mensuales vigentes.
“Así las cosas, el Ministerio Público solicitará a la Corte Constitucional declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 1o. (parcial) de la Ley 495 de 1999, en lo acusado, pero bajo el entendido que: cuando se dice que el valor del inmueble no debe ser mayor de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales vigentes ha de entenderse que este es el tope máximo que se ampara de la vivienda familiar cualquiera que sea su valor.” (Negrillas originales).
2. La definición y el origen de la figura del patrimonio de familia, la regulación en el derecho comparado y en Colombia, las semejanzas y diferencias entre el patrimonio de familia y la afectación de vivienda familiar
2.1 Definición del patrimonio de familia, origen de la figura y regulación en el derecho comparado
La finalidad del patrimonio de familia, por tanto, es la de dar estabilidad y seguridad al grupo familiar en su sostenimiento y desarrollo, salvaguardando su morada y techo y los bienes necesarios para su supervivencia en condiciones de dignidad. El patrimonio de familia ha sido denominado de diversas formas[3]; por ejemplo en Estados Unidos recibe la denominación de Homestead exemption, en Francia, Argentina, Brasil y Uruguay recibe el nombre de “Bien de Familia”, en México y Perú se conoce como “Patrimonio Familiar”, en Venezuela como “Hogar de familia”, en Suiza como “Asilo de familia”, en Portugal como “Casal familiar”, en Italia como “Fondo patrimoniale” y en Colombia como “Patrimonio de Familia”.
Esta legislación se recepcionó en la gran mayoría de los Estados de la Unión Americana durante el siglo XIX y principios del XX con distintas regulaciones. Así, por ejemplo, en el Estado de Mississippi se estableció en 1841 el Homestead Exemption de la siguiente manera: 160 acres en predio rural y $500 dólares en los predios urbanos. En el mismo año, en el Estado de Georgia con la llamada “Poor man´s law” reguló el Homestead Exemption estableciendo que no se podían embargar los bienes rurales no mayores a 25 acres pero se concedían 5 acres adicionales por cada hijo[10]. En cuanto a los bienes urbanos el tope máximo de inembargabilidad varió de estado en estado, pero fue en Arizona (1864), Nevada (1865) y Oklahoma (1907) en donde se estableció la cuantía tope más alta de $5.000 dólares respecto a los bienes urbanos[11].
2.1.4 La protección de la vivienda familiar también se ha venido dando en Europa y Latinoamérica con distintas acepciones. Así, por ejemplo, en Francia se denomina como Bien de Famille que ha sido regulado desde la Ley de 12 de julio de 1909, en donde además de la casa, se protege los materiales y utensilios si se trata de una familia de artesanos (art. 2). En la actualidad el valor del bien de familia en Francia se puede constituir en un monto máximo que no puede pasar de 7622,45 euros (art. 2). En el caso de México, Uruguay y el Salvador se denomina la salvaguardia como “Patrimonio Familiar” o como “Bien de Familia” y se establece un tope máximo del valor del bien inmueble para poder constituirlo.
En México se establece el patrimonio familiar primero en la Constitución de Querétaro de 1917 y luego en el Código Civil de 1928. En la exposición de motivos de la Ley en donde se establece el “patrimonio familiar” se dice que dicha garantía está destinada a proporcionar seguridad jurídica a la familia obrera y campesina mediante la afectación temporal de la casa-habitación urbana y la parcela rural cultivable[13]. Esta figura se ha mantenido hasta la fecha y en el año 2000 se definió el patrimonio familiar en el artículo 723 del código civil como: “…una institución de interés público, que tiene como objeto afectar uno o más bienes para proteger económicamente a la familia y sostener el hogar. El patrimonio familiar puede incluir la casa-habitación y el mobiliario de uso doméstico y cotidiano; una parcela cultivable o los giros industriales y comerciales cuya explotación se haga entre los miembros de la familia; así como los utensilios propios de su actividad, siempre y cuando no exceda su valor de la cantidad máxima fijada por este ordenamiento”[14].
Respecto a la cuantía de los bienes que pueden constituir patrimonio familiar, la referida reforma del año 2000 en el artículo 730 del código civil actualizó de la siguiente manera el valor máximo de los bienes que quedaban afectados de inembargabilidad: “El valor máximo de los bienes afectados al patrimonio familiar, señalados en el artículo 723, será por la cantidad resultante de multiplicar el factor 10,950 por el importe de tres salarios mínimos generales diarios, vigentes en el Distrito Federal, en la época en que se constituya el patrimonio, autorizando como incremento anual, el porcentaje de inflación que en forma oficial, determine el Banco de México. Este incremento no será acumulable.”[15]
Por su parte, en la República Oriental del Uruguay se regula la figura del “Bien de Familia” en el artículo 5 de la Ley 15.597 de 1984, en donde se establece que: “El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento del Banco Hipotecario de Uruguay, fijará anualmente el valor que debe alcanzar como máximo el bien de familia, según se trate de casa-habitación o finca rústica (…). Estos valores podrán fijarse por zonas de la República y mientras no se actualicen seguirán rigiendo los anteriores”[16].
En Argentina, a través de la Ley 14.394 de 14 diciembre de 1954, se establece que el bien inmueble que se protege con esta medida de salvaguarda, sólo es apto para aquellos bienes inmuebles: “cuyo valor no exceda las necesidades del sustento y vivienda de la familia del propietario, según norma que se establece reglamentariamente”. Teniendo en cuenta esta remisión, las legislaciones provinciales han regulado el asunto del valor del bien de manera diversa. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires se establece que no hay tope de valor para constituir un bien de familia destinado a vivienda, pero cuando se trata de explotaciones agropecuarias, comerciales o industriales, sí hay topes[17].
En el Perú, al igual que en la Provincia de Buenos Aires, no se establece ningún monto específico para la constitución del patrimonio familiar, que se regula del artículo 488 al artículo 501 del capítulo segundo del libro III del Código Civil. En dicha regulación se dispone que pueden ser objeto de patrimonio familiar: la casa habitación de familia, un predio destinado a agricultura, la artesanía, la industria o el comercio, al mismo tiempo se indica que dicho patrimonio será inembargable, inalienable y transmisible por herencia (artículos 488 a 489). Sin embargo, a pesar de que no se establece monto alguno para su constitución, en el inciso final del artículo 489 se dispone que: “el patrimonio familiar no puede exceder de lo necesario para la morada o el sustento de los beneficiarios”[18].
En el caso de Brasil, se encuentra una doble regulación del bien de familia (“Bem de Familia”). Por una parte el régimen convencional de carácter voluntario, regulado en el Código Civil (artículos 1711 a 1722 reformados en el año 2000), y por otra parte, el régimen obligatorio, de carácter legal, regulado por la Ley 8.009 de 1990.
En la reforma del año 2000 y siguiendo la tendencia italiana, se quiso modernizar el régimen del patrimonio de familia en el Brasil, especialmente por su inutilidad práctica[21]. Dicha reforma estableció que el patrimonio de familia se podía constituir no solamente para proteger el bien inmueble destinado a vivienda, sino también respecto a “los valores mobiliarios”, es decir, con títulos valores de deuda pública que no podían ser embargados y estaban destinados a proteger o salvaguardar a la familia en su patrimonio. Con relación al régimen obligatorio, por ministerio legal, regulado en la Ley 8.009 de 1990, se establece en el Brasil, que todo bien inmueble destinado a la vivienda y al abrigo familiar será inembargable[22] salvo las excepciones legales[23]. Esta regulación, que en principio fue criticada por la posibilidad que podría dar lugar a la defraudación de los acreedores y especialmente a la violación del principio de responsabilidad patrimonial consagrado en el artículo 591 del código procesal brasilero, estableció de manera obligatoria la inembargabilidad de la vivienda familiar en todos los casos y sin monto alguno[24], haciendo prevalecer valores constitucionales como el de la dignidad de la familia y el principio de solidaridad social[25].
En Italia, el artículo 167 del código civil establece que los cónyuges o un tercero - por testamento - tienen la posibilidad de constituir un patrimonio inembargable e inajenable que recibe el nombre de “fondo patrimoniale” y que tiene como finalidad “hacer frente a las necesidades de la familia”. El “fondo patrimoniale” se puede constituir con bienes muebles o inmuebles inscribiendo dicho patrimonio en el Registro Público. En la regulación del “fondo patrimoniale” italiano no se establece ningún monto o límite para poder constituirlo. Se dispone, a su vez, que el fondo patrimonial cesa por la disolución del matrimonio o cuando los hijos menores cumplan con la mayoría de edad (art. 171 Código Civil).
En dicha exposición se explicaba que “Todas las legislaciones reconocen en principio que ciertos bienes del deudor no pueden ser perseguidos por sus acreedores, pero entre nosotros son tan pocos casos los que gozan de ese privilegio, que no bastan en ningún caso para que el deudor quebrado y su familia no queden a merced de la miseria. La reforma tiende, pues, a aumentar la cantidad de los bienes inembargables en una cuota hasta de $1.000, concediendo el derecho de hacerlo a quien quiera poner su familia bajo la égida protectora de los malos cálculos o de la mala suerte”[26].
“Dicho proyecto fue inspirado en la institución que existe en forma semejante en las Leyes de los Estados Unidos de Norte América de donde pasó a la legislación francesa, poco más o menos en la forma que ha sido presentado. Todas sus disposiciones se adaptan a nuestra legislación civil y no implican modificación de ninguna de ellas. Sus preceptos están redactados con claridad y precisión y vienen a llenar un vacío en nuestra ley, que producirá benéficos resultados. En efecto: en muchos casos ocurre que el patrimonio de familias acaudaladas viene a menos, por negocios desgraciados o circunstancias excepcionales, y que los miembros de ellas después de haber disfrutado de alguna holgura, se ven sometidos a apremiantes necesidades, lo que viene a crear un problema social de difícil y lenta solución. Lo propio puede ocurrir en las familias de clase media y obrera respecto de las cuales el proyecto de que nos ocupamos puede constituir un estímulo para el ahorro y el trabajo fecundo.”[27]
En la Comisión de Legislación Civil del Senado se expresó que la reforma que se hizo en la Cámara que modificó la cuantía máxima del bien inmueble de $1.000 pesos a $10.000, es exagerada, porque aunque el objetivo que se persigue con el proyecto es el de evitar la mayor miseria del quebrado: “(…) si se eleva a diez mil pesos el patrimonio de familia no se protege la miseria sino se causaría grave perjuicio a terceros, porque el propietario de una finca de diez mil pesos está en condiciones de considerarlo como hombre acomodado que debe cumplir sus compromisos, y no burlar a sus acreedores para quienes el patrimonio del deudor, como lo enseña el Código Civil, son la garantía de las acreencias, contraídas por el mismo deudor”[28].
Sin embargo, el uso de esta figura había quedado sin efectividad desde hace varias décadas, en especial por la falta de actualización del monto que se establecía en 1931 y que disponía que: “El patrimonio de familia no puede constituirse sino sobre el dominio pleno de un inmueble que no se posea con otra persona proindiviso, ni esté gravado con hipoteca, censo o anticresis, y cuyo valor en el momento de la constitución no sea mayor de diez mil pesos ($10.000)” (artículo 3º).
2.2.4 Hay que destacar, que con la reforma constitucional de 1936 se estableció directamente en la Constitución la posibilidad de constituir patrimonio de familia inembargable haciendo una remisión directa en su regulación al legislador. Dicha posibilidad se consagró en el artículo 18 del Acto Legislativo N° 1° de 1936 que dijo que “Las leyes determinarán lo relativo al estado civil de las personas, y los consiguientes derechos y deberes. Asimismo, podrán establecer el patrimonio familiar inalienable e inembargable”[33]. Con la promulgación de la Constitución de 1991 nuevamente se consagró a nivel constitucional la figura del patrimonio de familia, al establecerse en el inciso tercero del artículo 42 que “la ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable”[34].
En el artículo primero de dicha reforma, objeto de la presente demanda, se estableció el aumento del monto máximo para constituir patrimonio de familia, de la siguiente manera: “El patrimonio de familia no puede constituirse sino sobre el dominio pleno de un inmueble que no posea con otra persona proindiviso, ni esté gravado con hipoteca, censo o anticresis y cuyo valor en el momento de la constitución no sea mayor de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales vigentes”[36].
2.2.7 En la exposición de motivos que dio lugar a la aprobación de esta reforma, el Senador Luis Gutiérrez Gómez, manifestó que la misma tenía como finalidad “(…) permitirles a los núcleos familiares de escasos recursos económicos, la constitución de dichos patrimonios de familia, que garantizan la estabilidad económica al interior de la familia evitando que la vivienda familiar se vea afectada por ataques originados en el diario andar del capitalismo salvaje dejando muchas veces a inocentes jefes de familia en la inopia y con ello a familias enteras” [37]. Del mismo modo se establece que dicho proyecto tiene como finalidad “(…) hacer extensivo tales derechos a los compañeros y compañeras permanentes, quienes la Ley 70 de 1931 los excluía”[38](negrillas fuera del texto).
El proyecto fue aprobado el 11 de febrero de 1999, mediante la Ley 495, objeto de la presente demanda en su artículo primero, en donde se establece la redacción actual del patrimonio de familia, que dispone que este patrimonio no puede constituirse, como se ha anotado, sino “(…) sobre el dominio pleno de un inmueble que no posea con otra persona proindiviso, ni esté gravado con hipoteca, censo o anticresis y cuyo valor en el momento de la constitución no sea mayor de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales vigentes” (negrilla fuera del texto).
2.2.8 Hay que anotar que con la expedición del Decreto 2817 de 2006 el trámite para la constitución del patrimonio de familia se facilita, ya que se da la posibilidad de que éste se pueda constituir por el padre, la madre, los dos o un tercero mediante escritura pública ante notario (art. 1). El Decreto establece como requisito para la constitución “que su valor catastral no sea superior a 250 salarios mínimos mensuales vigentes”[39].
2.2.9 Para la cabal comprensión de la forma como está regulado el patrimonio de familia en Colombia, se debe anotar que el artículo 22 de la Ley 546 de 1999, que regula lo relacionado con la financiación y ahorro para la construcción y negociación de vivienda, establece que de manera voluntaria y ante Notario “Los deudores de créditos de vivienda individual (…) podrán constituir, sobre los inmuebles adquiridos, patrimonio de familia inembargable por el valor total del respectivo inmueble (…). Lo previsto en el inciso anterior sólo tendrá efecto cuando el crédito de vivienda haya sido otorgado por un valor equivalente como mínimo al cincuenta por ciento (50%) del valor del inmueble. El patrimonio de familia así constituido perderá su vigencia cuando el saldo de la deuda represente menos del veinte por ciento (20%) de dicho valor” (negrillas fuera del texto).
Igualmente se dispone en dicho artículo que: “… Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, una vez constituido el patrimonio de familia inembargable y mientras que la deuda se encuentre vigente, éste no podrá ser levantado sin la autorización del acreedor hipotecario. Dicha autorización deberá protocolizarse en la escritura pública mediante la cual se solemnice el acto”.
2.2.10 Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la Ley 861 de 2003 dio la posibilidad a las madres cabeza de familia y al padre cabeza de familia – esta última posibilidad con la sentencia C-722 de 2004[40] – de constituir patrimonio de familia de manera voluntaria o facultativa sobre el único bien inmueble urbano o rural del cual sean propietarios[41]. Dicho bien se constituye en patrimonio de familia inembargable a favor de sus hijos menores existentes y de los que estén por nacer (art. 1°).
Según el artículo 2º de la Ley 861 de 2003, la constitución del patrimonio de familia en el caso de la madre o el padre cabeza de familia se hará ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la jurisdicción donde se encuentre ubicado el inmueble. Para el efecto “(…) será necesaria la presentación de los registros civiles de nacimiento de la mujer u hombre, y de sus hijos, para demostrar su parentesco; declaración notarial de su condición de mujer u hombre cabeza de familia según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 82 de 1993; el título de propiedad del inmueble; y declaración bajo la gravedad del juramento de dos (2) personas honorables de la localidad donde se encuentre ubicado el inmueble, hecha ante notario o en su defecto ante el alcalde municipal del lugar o ante el Inspector de Policía donde testifiquen que la mujer u hombre cabeza de familia solo posee ese bien inmueble”.
Como se puede apreciar, en la normatividad que le da la posibilidad a la madre o al padre cabeza de familia para constituir patrimonio de familia, no consagra ningún monto o tope respecto al valor del inmueble que limite la garantía a favor de los hijos menores de edad contra los acreedores. La única posibilidad de levantar dicha garantía se encuentra en la providencia que dicte el juez de familia: 1. “Cuando exista otra vivienda efectivamente habilitada por la familia o se a pruebe que la habrá, circunstancias estas que serán calificadas por el juez” y 2. “Por cualquier justo motivo apreciado por el juez para levantar la constitución a solicitud del Ministerio Público o de un tercero perjudicado por la Constitución” (artículo 5º de la Ley 861 de 2003).
2.2.11 También hay que subrayar que el patrimonio de familia se puede constituir de manera voluntaria o facultativa sobre las viviendas de interés social construidas como mejoras en predio ajeno. El parágrafo del artículo 5º de la Ley 258 de 1996, sobre afectación de vivienda, establece que: “Las viviendas de interés social construidas como mejoras en predio ajeno podrán registrarse como tales en el Folio de Matrícula Inmobiliaria del inmueble respectivo y sobre ellas constituirse afectación a vivienda familiar o patrimonio de familia inembargable sin desconocimiento de los derechos del dueño” (negrilla fuera del texto).
Con relación a este tipo de patrimonio de familia, el artículo 1º de la Ley 91 de 1936, dispone que en el caso de vivienda de interés social “(…) los compradores deberán constituir, sin sujeción a las formalidades de procedimiento que se prescriben en el Capítulo 10, de la Ley 70 de 1931, sobre lo que compran, patrimonios de familia no embargables, en el acto de compra, por medio de la escritura que los perfeccione (…)”. Del mismo modo, el artículo 2º de dicha Ley establece que el patrimonio de familia se constituye “no sólo a favor del beneficiario designado, sino de su cónyuge y de los hijos que llegue a tener”.
En cuanto al monto máximo del bien que podía ser objeto de esta salvaguardia, el artículo 3º de la Ley disponía que el valor del inmueble o inmuebles sobre los que se podía constituir dicho patrimonio no podría ser mayor de cinco mil pesos ($ 5.000). Esta limitación fue derogada por el artículo 60 de la Ley 9 de 1989 que señaló: “En las ventas de viviendas de interés social que hagan entidades públicas de cualquier nivel administrativo y entidades de carácter privado, los compradores deberán constituir, sin sujeción a las formalidades de procedimiento y cuantías que se prescriben en el capítulo I de la Ley 70 de 1931, sobre lo que compran, patrimonios de familia no embargables, en el acto de compra, por medio de la escritura que la perfeccione en la forma y condiciones establecidas en los artículos 2, 4 y 5 de la Ley 91 de 1936.” (Negrilla fuera del texto).
Así mismo, en el artículo 60 de la Ley 9 de de 1989 modificado por el artículo 38 de la Ley 3ª de 1991 se estableció específicamente que el patrimonio de familia obligatorio para la vivienda de interés social es embargable únicamente por “las entidades que financien la construcción, adquisición, mejora o subdivisión de la vivienda”.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que según el artículo 83 de la Ley 1151 de 2007 que establece el Plan Nacional de Desarrollo “el valor máximo de una vivienda de interés social será de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 smlm)” (negrilla fuera del texto), dando lugar a que éste será el tope límite del patrimonio de familia obligatorio para dicho tipo de bienes.
Por otra parte, cuando se trata de la constitución del patrimonio de familia obligatorio, en el caso de la vivienda de interés social, aunque el tope límite se eliminó con la reforma del artículo 60 de la Ley 9 de 1989, hay que tener en cuenta que en el artículo 83 de la Ley 1151 de 2007, del Plan Nacional de Desarrollo dispone que, “el valor máximo de una vivienda de interés social será de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 smlm)”, constituyéndose dicho valor en el tope máximo del patrimonio de familia en este tipo de viviendas.
“Con el patrimonio de familia se protege un inmueble como patrimonio familiar, dándole el carácter de inembargable e indistintamente de que él aparezca registrado a nombre de uno de los cónyuges o compañeros o de ambos. Ello es así porque lo que se pretende es poner a salvo el patrimonio familiar de las pretensiones económicas de terceros. En cambio, con la afectación a vivienda familiar, a más de la inembargabilidad del inmueble, se pretende poner a salvo al cónyuge o compañero no propietario y a sus hijos de los actos de disposición del cónyuge propietario en el entendido que éstos pueden afectar el derecho a una vivienda digna de que aquellos son titulares. Precisamente por ello, los actos de disposición deben ser suscritos por los dos cónyuges o compañeros así el bien aparezca registrado a nombre de uno de ellos”.
2.3.4 También hay que destacar, que tanto en el artículo 7º de la Ley 258 de 1996 sobre afectación de vivienda como en el artículo 1º de la Ley 70 de 1931, sobre patrimonio de familia, se establece que los bienes inmuebles bajo afectación a vivienda familiar son inembargables. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el artículo 7º de la Ley 258 de 1996 establece que los bienes inmuebles bajo afectación de vivienda familiar son inembargables salvo “Cuando sobre el bien inmueble se hubiere constituido hipoteca con anterioridad al registro de la afectación de vivienda” o “Cuando, la hipoteca se hubiera constituido para garantizar préstamos para la adquisición, construcción o mejora de la vivienda”.
2.3.5 Por otra parte, deben tenerse en cuenta las diferencias entre una y otra figura con relación al levantamiento o la extinción de garantía. En el artículo 1º de la Ley 70 de 1931 sobre patrimonio de familia voluntario de propiedad plena se dispone que una vez constituido el patrimonio, éste tendrá la calidad de no embargable. Dicha disposición se complementa con el artículo 21 de la misma Ley que establece que “El patrimonio de familia no es embargable, ni aun en caso de quiebra del beneficiario. El consentimiento que éste diere para el embargo no tendrá efecto alguno” (negrilla fuera del texto). En cambio, en la Ley 258 de 1996 sobre afectación de vivienda se establece la posibilidad de levantar dicha medida mediante el consentimiento de ambos cónyuges o compañeros, quienes en cualquier momento por escritura pública pueden eliminar dicha afectación (art. 4º).
2.3.6 Otro aspecto en que se diferencia la afectación de vivienda con el patrimonio de familia, se refiere a la disponibilidad del bien inmueble. Mientras que en el artículo 3º de la Ley 258 de 1996, sobre afectación de vivienda se dice que “Los inmuebles afectados a vivienda familiar solo podrán enajenarse, o constituirse gravamen u otro derecho real sobre ellos con el consentimiento libre de ambos cónyuges, el cual se entenderá expresado con la firma” (negrilla fuera del texto), en el artículo 24 de la Ley 70 de 1931, sobre patrimonio de familia se establece que “El propietario puede enajenar el patrimonio de familia o cancelar la inscripción por otra que haga entrar el bien a su patrimonio particular sometido al derecho común; pero si es casado o tiene hijos menores, la enajenación o la cancelación se subordinan en el primer caso, al consentimiento de su cónyuge, y, en el otro, al consentimiento de los segundos, dado por medio o con intervención de un curador, si lo tienen, o de un curador nombrado ad hoc”. De tal manera que ambas medidas de salvaguardia permiten la enajenación siempre y cuando exista consentimiento del cónyuge o compañero permanente, pero en el caso del patrimonio de familia voluntario de propiedad plena de la Ley 70 de 1931, también se tiene que dar consentimiento de los hijos menores, cuando existan, por intermedio de curador.
2.3.7 Por otra parte, en cuanto a los beneficiarios del patrimonio de familia, se establece en el artículo 4º de la Ley 70 de 1931, que el patrimonio de familia puede constituirse a favor de “a) una familia compuesta por un hombre y una mujer mediante matrimonio, o por compañero o compañera permanente y los hijos de éstos y aquellos menores de edad; b) de familia compuesta únicamente por un hombre o una mujer mediante matrimonio, o por compañero o compañera permanente[47], y c) de un menor de edad, o de dos o más que estén entre sí dentro del segundo grado de consanguinidad legítima o natural” (negrilla fuera del texto). Esta última posibilidad no se da en el caso de la afectación de vivienda de la Ley 258 de 1996.
Del mismo modo, el artículo 28 de la Ley 70, establece que: “Muertos ambos cónyuges, subsiste el patrimonio de familia si quedaren alguno o más hijos legítimos o naturales menores, reconocidos por el padre. En tal caso subsiste la indivisión mientras que dichos hijos no hayan salido de la minoría de edad”. En cambio, en la ley de afectación de vivienda familiar la protección a favor de los hijos menores es menos fuerte, ya que solo se habla de la protección de éstos, de manera indirecta en el parágrafo 2º del artículo 4º de la Ley 258 de 1996, que establece que la afectación a vivienda familiar “se extinguirá de pleno derecho, sin necesidad de pronunciamiento judicial, por muerte real o presunta de uno o ambos cónyuges, salvo que por una justa causa los herederos menores que estén habitando el inmueble soliciten al juez que la afectación se mantenga por el tiempo que esta fuera necesaria (...)”[48]. Dicha medida “(…) no podrá extenderse más allá de la fecha en que los menores cumplan la mayoría de edad o se emancipen, caso en el cual, el levantamiento de la afectación opera de pleno derecho (…)”[49].
2.3.9 Por último, el bien inmueble con afectación de vivienda se diferencia de aquel del patrimonio de familia por el monto o valor del bien inmueble objeto de la garantía. Mientras que la afectación de vivienda no se establece ningún valor tope del bien inmueble afectado a vivienda familiar, en el patrimonio de familia objeto de la presente demanda se establece, como se ha dicho, el tope máximo de 250 SMLV. El monto será también determinante en lo que tiene que ver con la posibilidad de constituir dicha garantía con más de un bien inmueble. Si el bien inmueble no supera dicha monto la garantía del patrimonio de familia voluntario de propiedad plena se podrá constituir en más de un bien inmueble; en el caso de la afectación de vivienda, dicha garantía opera sólo sobre un único bien destinado a la habitación de la familia.
Del mismo modo, se comprueba que la afectación de vivienda familiar se extingue por la muerte de uno de los cónyuges, “salvo que por justa causa los herederos menores que estén habitando el inmueble soliciten al juez que la afectación se mantenga por el tiempo que esta fuera necesaria (…)”, mientras que el patrimonio de familia voluntario de la Ley 70 permanece a favor del cónyuge supérstite y de los hijos menores de edad que conforman el núcleo familiar sin necesidad de autorización judicial, por ministerio de la ley.
Por ello, la expedición de las normas de orden legal, atinentes al patrimonio de familia y su inembargabilidad e inalienabilidad, pueden ser establecidas por el Congreso de la República en ejercicio de la función que para “hacer las leyes” le asigna de manera expresa el artículo 150 de la carta, aún antes de la reforma constitucional de 1936, a fin de que se expidan normas “en todos los ramos de la legislación”.
De esta suerte, cuando el Congreso de la República, en ejercicio de sus atribuciones, expidió la Ley 495 de 1999 y consideró necesario por la obsolescencia de la norma anterior modificar el artículo 3° de la Ley 70 de 1931, para establecer en su lugar que el valor del bien objeto de patrimonio de familia “en el momento de la constitución no sea mayor de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales vigentes”, lo único que hizo fue una actualización del monto, asunto que queda comprendido dentro de su atribución para regularlo, conforme se desprende de la Constitución Política y sin manifestar inconstitucionalidad, sólo por ello.
Con el acostumbrado respeto, los suscritos magistrados disienten de la decisión mayoritaria en virtud de la cual se declaró EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión “cuyo valor en el momento de la constitución no sea mayor de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, contenida en el artículo 1º de la Ley 495 de 1999, que reformó el artículo 3º de la Ley 70 de 1931.
Las razones para el disentimiento es que consideramos que para hacer efectiva la protección del derecho a la vivienda de los hijos menores de edad y de la familia en condiciones de igualdad, se debió proferir la exequibilidad de la norma pero condicionándola, esto es, “en el entendido de que se podrá realizar la constitución del patrimonio de familia independientemente de la cuantía total del bien, y teniendo en cuenta que el monto de los doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales vigentes se establece como límite respecto a las acreencias de terceros”.
[1] Artículo 46 C.F.: “Los beneficios y privilegios de los cuatro anteriores artículos se otorgarían al inmueble urbano con una cabida no mayor de mil metros cuadrados o al rural cuya extensión no exceda de diez mil metros cuadrados.”
[2] Dice Zabala Pérez por ejemplo que: “La expresión ´patrimonio familiar´ nos da la idea de un mínimo de bienes correspondientes a una familia, protegidos por el derecho, otorgándoles las características de inalienabilidad, inembargabilidad y sin posibilidad de ser gravados.” (ZABALA PÉREZ, Diego H., Derecho de Familia, México, Ed. Porrúa, 2008, p. 429).
[4]AGUILAR LLANOS, Benjamín, “Patrimonio Familiar”, en: ÁmbitoJurídico.com.br. Ver: http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=667
[5] El profesor Miguel Lama, citando la opinión de Bureau, considera que el Homestead exemption se remonta al pueblo hebreo porque en el capítulo XXIV, versículo 6 del Deuteronomio se lee: “No se tomará en prenda el molino, ni la muela de piedra del molino, porque ello sería tomar en prenda la vida misma” (La Biblia: letra grande, Madrid, Verbo Divino, 2004, p. 257). Es decir que se prohíbe dar en prenda el bien de trabajo-el molino o la muela del molino - ya que esto puede condenar al deudor a la miseria y al desamparo.
[6] Dice Aguilar Llanos que: “Algunos autores sostienen que en la primitiva Roma se entregaban a los pater familia, una porción de tierra para que establezcan su morada, en donde vivía con su esposa, hijos y esclavos sobre los que ejercía pleno dominio, igualmente establecía su rebaño y el resto de la tierra dedicada al cultivo, esta figura es conocida como heredum”. Sin embargo, otros autores como Carlos Germán Pantoja afirman que “A diferencia de la mayoría de los institutos jurídicos de derecho privado, el “bien de familia” no se origina en el Derecho Romano”. Dicho autor considera que el antecedente de la figura se da con la Ley del 26 de enero de 1839 de Homestead Exemption en Texas. (Ver VELOSO, Zeno, “Bem de Familia”, in: Revista de informaçao Legislativa no 107, Brasilia, Senado Federal, 1990, p. 203. Tomado de PANTOJA MURILLO, Carlos Germán, La afectación del patrimonio familiar o bien de familia, en: Revista Judicial No 20, p. 6. Ver: http://www.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/DOCS/revista%20judicial/RevJud89/05%20La%20afectaci%F3n%20del%20patrimonio%20familiar.htm)
[10] GOODMAN, Paul, “The Emergence of Homestead Exemption in the United States: Accommodation and Resistance to the Market Revolution, 1840-1880”, en: The Journal of American History, Vol. 80, No. 2 (Sep., 1993), p. 472
[11] Ibíd. Es interesante subrayar que investigaciones empíricas han indicado que cuando se constituye el Homestead Exemption, esto no implica directamente que los bancos y acreedores dejen de prestar y se sientan amenazados. Este hecho es valorado, en cambio, como de responsabilidad por parte del deudor que pretende hacer algún préstamo en algún banco con relación a su familia y sus hijos (MORANTZ, Alison D, “There´s no place like home: homestead exemption and judicial construction of family in nineteenth – century America”, en: Stanford Public Law and Legal Theory, working papers, Research Paper No 113, July 2005, en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=767165).
[13] Rosa María Álvarez de Lara dice que en el Informe de la Comisión Redactora del proyecto del Código Civil para el Distrito Federal y los Territorios Federales en 1928 se estableció que dicha figura sería “una de las instituciones más innovadoras de protección social” y sería una “panacea” que daría bases más sólidas para “la tranquilidad doméstica, la prosperidad agrícola y la paz orgánica” (ÁLVAREZ DE LARA, Rosa María, “El patrimonio de familia, instrumento de protección al menor”, ver: www.bibliojuridica.org/libros/1/434/12.pdf).
http://www.parlamento.gub.uy/Leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15597&Anchor=
[18] También se establece en el artículo 492 del código que: “Los frutos del patrimonio familiar son embargables hasta las dos terceras partes, únicamente para asegurar las deudas resultantes de condenas penales, de los tributos referentes al bien y de las pensiones alimenticias”. En cuanto a los beneficiarios en el artículo 495 se dispone que pueden ser beneficiarios “no solo los cónyuges sino también los hijos y otros descendientes menores incapaces, los padres y otros ascendientes que se encuentren en estado de necesidad y los hermanos menores o incapaces del constituyente”.
[20] “Art. 1.711. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial establecida em lei especial” (Negrillas fuera del texto, Ver el código civil de Brasil en el siguiente enlace: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm).
[21] DORIA MARTINS, Sergio Ávila, “O bem de familia mobiliário no novo Código Civil”, en: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=11078
[22] El artículo 1º de la Ley establece lo siguiente: “El inmueble residencial propio del matrimonio, o de entidad familiar, es inembargable y no responderá para cualquier deuda civil, comercial, fiscal, providenciaría o de otra naturaleza, contraída por los cónyuges o por los padres e hijos que sean sus propietarios y residan en ella, salvo en las hipótesis previstas en esta Ley”.
[24] Cuando existen varios bienes inmuebles de residencia el “Bien de Familia” será el de menor valor (parágrafo único del artículo 5º).
[30] En la normatividad original se establecía que eran inembargables: “las dos terceras partes del sueldo, renta o pensión”.
[31] Los numerales 3º y 4º que establecían que: “3o.) Los libros relativos a la profesión del deudor, hasta el valor de doscientos pesos y a la elección del mismo deudor y 4o.) Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte, hasta dicho valor y sujetos a la misma elección”, fueron objeto de análisis por la Sentencia C – 318 de 2007 que consideró que el numeral 11 del articulo 684 del código de procedimiento civil derogó parcialmente y de manera tácita los numerales 3º y 4º del artículo. La Corte estimó que: “(…) la regulación nueva (art 684 C.P.C) ha modificado para la misma situación, el criterio del que se desprende la cualidad de inembargabilidad de ciertos bienes, contenido en la Ley antigua (art 1677 C.C). Esto es, ha operado una derogatoria tácita”. La Corte estableció que la nueva regulación dio lugar a que ya no se tenga en cuenta el valor máximo de los doscientos pesos que se encontraba regulado inicialmente ya que el numeral 11 del art. 684 del C.P.C. establece que son inembargables: “Los utensilios, enseres e instrumentos necesarios para el trabajo individual de la persona contra quien se decretó el secuestro, a juicio del juez (…)”. También se incluye en el numeral 9 del artículo 684 que son inembargable: “Los bienes destinados al culto religioso”.
[32] Igualmente se hizo referencia a las Leyes 46 de 1923 y 124 de 1928 que establecían la prohibición de embargar los ahorros colocados por los obreros en cajas de ahorros. Actualmente de conformidad con el Decreto 564 de 1996 son inembargables los depósitos de ahorro constituidos en las secciones de ahorro de los bancos, hasta veintidós millones sesenta y cuatro mil doscientos once pesos.
[34] Ver la Gaceta Constitucional de 29 de mayo de 1991 en la página 9 en donde se establece en el proyecto que ¨2. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia y la ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable (…)”. La Comisión de Constituyentes estaba conformada por Jaime Benítez Tobón, Angelino Garzón, Guillermo Perry, Iván Marulanda Gómez, Tulio Cuevas Romero y Guillermo Guerrero Figueroa.
[37] Exposición de Motivos. Proyecto de Ley 54 de 1996. Senado, Gaceta del Congreso No 309 de 1996, 1º de agosto de 1996 (negrillas fuera del texto)
[39] El parágrafo del artículo primero establece que: “Quedan excluidos de esta reglamentación los patrimonios de familia de carácter obligatorio consagrados en las normas sobre vivienda de interés social, a los que se refieren la Ley 91 de 1936 y los artículos 60 de la Ley 9ª de 1989 y 38 de la Ley 3ª de 1991, y facultativos de que tratan el artículo 22 de la Ley 546 de 1999 y la Ley 861 de 2003, patrimonios que continuarán constituyéndose ante Notario en los términos previstos en las Leyes citadas”.
[40] La expresión “la mujer” fue declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-722-04 de 3 de agosto de 2004, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, “ (...) en el entendido, que el beneficio establecido en dicha Ley a favor de los hijos menores de la mujer cabeza de familia se hará extensivo a los hijos menores dependientes del hombre que, de hecho, se encuentre en la misma situación que una mujer cabeza de familia, en los términos del artículo 2 de la Ley 82 de 1993”.
[41] “ARTÍCULO 1°. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> El único bien inmueble urbano o rural perteneciente a la mujer <hombre> cabeza de familia definida en el artículo 2º y parágrafo de la Ley 82 de 1993 se constituye en patrimonio familiar inembargable a favor de sus hijos menores existentes y de los que estén por nacer”.
[44] El artículo 5º de la Ley 70 de 1931 dispone lo siguiente: “En beneficio de su propia familia o de personas pertenecientes a ella, puede constituirse un patrimonio de esta clase: a) Por el marido sobre sus bienes propios o sobre los de la sociedad conyugal; b) Por el marido y la mujer de consuno, sobre los bienes propios de ésta, cuya administración corresponda al primero, y c) Por la mujer casada, sin necesidad de autorización marital, sobre los bienes cuyo dominio y cuya administración se hubiere reservado en las capitulaciones matrimoniales, o se le hubieren donado o dejado en testamento en tales condiciones”.
[45] El artículo 6º de la Ley 70 de 1931 establece que: “Puede también constituirse un patrimonio de familia por un tercero, dentro de los límites fijados por el Código Civil para la disposición de bienes por medio de donaciones entre vivos o asignaciones testamentarias a título singular”.
[46] El artículo 28 establece que: “Muertos ambos ccónyuges, subsiste el patrimonio de familia si quedaren alguno o más hijos legítimos o naturales menores, reconocidos por el padre. En tal caso subsiste la indivisión mientras que dichos hijos no hayan salido de la minoría de edad”.
[47]Hay que subrayar que con la Sentencia C-029 de 2009 la Corte Constitucional extendió la salvaguardia del patrimonio de familia y de la afectación de vivienda familiar a las parejas del mismo sexo, inhibiéndose en lo que tiene que ver con la definición de “familia” o “familiar”. Dijo la Corte en dicha oportunidad que “4.1.1.3.3. En consecuencia, la Corte se inhibirá en relación con las expresiones “familia” y “familiar”, contenidas en el artículo 4º de la Ley 70 de 1931, modificada por la Ley 495 de 1999 y en el artículo 1º de la Ley 258 de 1996, y declarará la exequibilidad, por los cargos analizados, de las expresiones “compañero o “compañera permanente” y “compañeros permanentes cuya unión haya perdurado por lo menos dos años” contenidas en artículo 4 de la Ley 70 de 1931, modificada por la ley 495 de 1999 y en el artículo 12 de la Ley 258 de 1996, en el entendido de que esta protección patrimonial se extiende, en igualdad de condiciones, a las parejas del mismo sexo que se hayan acogido al régimen de la Ley 54 de 1990 y demás normas que lo modifiquen” (negrillas fuera el texto).
[48]Según el parágrafo segundo del artículo 4º de la Ley 258 de 1996 “De la solicitud conocerá el Juez de Familia o el Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, en defecto de aquel, mediante proceso verbal sumario”.
[49]Según el inciso segundo del parágrafo segundo del artículo 4º de la Ley 258 de 1996 también se puede mantener la afectación de vivienda familiar cuando “(…) por invalidez o enfermedad grave, valorada por el Juez, al menor le sea imposible valerse por sí mismo”.
[50] “Artículo 2º. Constitución de la Afectación: La afectación a que se refiere el artículo anterior opera por ministerio de la ley respecto a las viviendas que se adquieran con posterioridad a la vigencia de la presente ley. Los inmuebles adquiridos antes de la vigencia de la presente ley podrán afectarse a vivienda familiar mediante escritura pública otorgada por ambos cónyuges, o conforme al procedimiento notarial o judicial establecido en la presente ley”.
[51] Como se cita en la providencia, investigaciones empíricas en Estados Unidos han indicado que en Texas y California cuando se constituye el Homestead Exemption, esto no implica directamente que los bancos y acreedores dejen de prestar y se sientan amenazados. Este hecho es valorado, en cambio, como de responsabilidad por parte del deudor que pretende hacer algún préstamo en algún banco con relación a su familia y sus hijos (MORANTZ, Alison D, “There´s no place like home: homestead exemption and judicial construction of family in nineteenth – century America”, en: Stanford Public Law and Legal Theory, working papers, Research Paper No 113, July 2005, en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=767165).
[52] Artículo 1º de la Ley 8.009 en donde se establece que “El inmueble residencial propio del matrimonio, o de entidad familiar, es inembargable y no responderá para cualquier deuda civil, comercial, fiscal, providenciaría o de otra naturaleza, contraída por los cónyuges o por los padres e hijos que sean sus propietarios y residan en ella, salvo en las hipótesis previstas en esta Ley”.
[53] En el caso concreto, se debe tener en cuenta que la norma demandada sobre patrimonio de familia voluntario de propiedad plena, tiene como finalidad salvaguardar la vivienda de la familia y de los hijos menores de edad ante los eventuales avatares económicos que puedan sufrir. La Corte en reiteradas ocasiones ha dispuesto que los niños y la familia son sujetos de especial protección constitucional, y por ende en este caso se debe aplicar un juicio estricto de constitucionalidad para verificar que este grupo de personas no sean discriminadas con la medida.
[54] La sentencia condicionada se explica en este caso porque como afirma la Procuraduría en su intervención no resulta necesario “amparar a las familias de escasos recursos y sustraer de la misma protección a las familias cuyos inmuebles superan los doscientos cincuenta salarios mínimos mensuales”.