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Timestamp: 2017-08-21 20:17:01
Document Index: 105289003

Matched Legal Cases: ['artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 50', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 42', 'artículo 3', 'artículo 42', 'artículo 46', 'artículo 50']

José Manuel Medina García
2 COMISIÓN EUROPEA Bruselas, XXX COM(2011) 684 / /0308 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas (Texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2011) 1289} {SEC(2011) 1290}
3 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. OBSERVACIONES GENERALES Las directivas contables 1 (en lo sucesivo, las «directivas») tratan de los estados financieros anuales y consolidados de las sociedades anónimas en Europa. Con la presente revisión se persiguen varios objetivos fundamentales: (1) La reducción de la carga administrativa y la simplificación, fundamentalmente dirigidas a las pequeñas empresas. (2) La mejora de la claridad y comparabilidad de los estados financieros, especialmente en el caso de las categorías de sociedades para las que estas consideraciones son importantes debido a una actividad transfronteriza más intensa y a un mayor número de partes interesadas externas. (3) La protección de las necesidades esenciales de los usuarios, encaminada a la conservación de la información contable necesaria para ellos. (4) El reforzamiento de la transparencia de los pagos efectuados a las administraciones públicas por las industrias extractivas y las empresas dedicadas a la explotación de los bosques primarios. Las consultas realizadas han puesto de relieve que, a grandes rasgos, las partes interesadas están satisfechas con el marco actual que, en general, ha funcionado bien a lo largo de los años. Entre tales partes interesadas figuran los responsables de elaborar los estados financieros y sus usuarios, así como las autoridades públicas. Sin embargo, creen que existe margen para la simplificación, sobre todo en beneficio de las empresas de menor tamaño. En los últimos 30 años, las modificaciones de las directivas han añadido numerosos requisitos, como los relativos a nuevas normas de revelación de información y de valoración, y disposiciones pormenorizadas sobre la contabilidad por el valor razonable. Se ha prestado menos atención a considerar si los requisitos vigentes podrían simplificarse o suprimirse. Aunque las modificaciones puedan haber estado justificadas por su propia naturaleza, con estas adiciones se ha tendido a pasar por alto la comparabilidad y la utilidad de los estados financieros, han aumentado los requisitos de notificación y el número de opciones en cada Estado miembro y, en última instancia, se ha propiciado un incremento de la complejidad y la carga que supone la reglamentación para todas las empresas. Tal aumento de la carga repercute fundamentalmente en las empresas más pequeñas. Las partes interesadas han destacado además la necesidad de reforzar la claridad y la comparabilidad de los estados financieros, en especial para las grandes empresas, que tienden a emprender operaciones transfronterizas de mayor dimensión. La razón de ser de las directivas consiste en establecer la obligación que atañe a las 1 Cuarta Directiva del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativo a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad (78/660/CEE). Séptima Directiva del Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas consolidadas (83/349/CEE). ES 2 ES
4 sociedades anónimas de preparar los estados financieros, y en fijar los requisitos mínimos para mejorar la comparabilidad de tales estados a escala de la UE. Su cumplimiento debe dar lugar, a su vez, a un mejor funcionamiento del mercado único y, más en concreto, a una ampliación del acceso a la financiación, a la reducción del coste del capital y al incremento de los niveles de actividad transfronteriza en el ámbito del comercio, las fusiones y las adquisiciones. Globalmente, la propuesta contribuye a mejorar la competitividad de la economía europea estableciendo un marco reglamentario favorable a un crecimiento con un alto componente de empleo. La presente propuesta complementa otra presentada en 2009 y relativa a una directiva sobre los estados financieros de las microentidades 2, que se encuentra aún en fase de negociación por los colegisladores de la UE. Dado que el Consejo y el Parlamento han llegado ya a un acuerdo respecto al principio de un régimen de microentidades, en el presente documento no figura ninguna nueva propuesta de formulación de políticas relativa a las microempresas examinada en la evaluación de impacto adjunta. La Comisión Europea está dispuesta a considerar, junto con los colegisladores de la UE, la mejor manera de integrar en la presente propuesta el acuerdo interinstitucional definitivo sobre la directiva de Esta propuesta respalda el enfoque de la Comisión en materia de empresas expuesto en diversas instancias. La Estrategia Europa tiende a hacer de la economía de la UE una economía más inteligente, más sostenible e integradora. El Acta del Mercado Único 4 tiende a simplificar el funcionamiento de las PYME, que representan más del 99% de las empresas europeas, y a mejorar su acceso a la financiación. La Iniciativa en favor de las pequeñas empresa reconoce la necesidad de considerar necesidades distintas para el grupo de las PYME y distinguir distintos segmentos dentro de dicho grupo. Dicha Iniciativa respalda el principio de «pensar primero a pequeña escala». La propuesta también forma parte del programa continuo de simplificación y de las iniciativas de reducción de las cargas administrativas de la Comisión. Como tal, responde al compromiso de la Comisión de revisar su acervo a fin de garantizar la pertinencia, la eficacia y la proporcionalidad de la legislación vigente y reducir las cargas administrativas simplificando el marco reglamentario 5. La propuesta deroga las actuales directivas contables, sustituyendo dichas directivas y sus modificaciones por una directiva única Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 78/660/CEE del Consejo, relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, en lo que respecta a las microentidades (Texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2009) 206} {SEC(2009) 207} COM/2009/0083 final - COD 2009/0035, La revisión de las directivas contables se menciona en el apartado 2.11 de la Comunicación, de abril de 2011, de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Acta del Mercado Único - Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza "Juntos por un nuevo crecimiento"», disponible en ES 3 ES
5 2. CONSULTA A LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO 2.1. Consulta a las partes interesadas Los servicios de la Comisión han mantenido un diálogo regular con las partes interesadas a lo largo de la revisión, con objeto de recabar los puntos de vista de todas ellas, incluidos los encargados de la preparación de los estados financieros, usuarios, responsables de la elaboración de normas, autoridades públicas, etc. El diálogo tuvo lugar mediante: un grupo ad hoc informal de reflexión sobre las PYME, compuesto por 10 expertos de formación y experiencia diversas; dos consultas públicas, en concreto, sobre la revisión de las directivas y acerca de la norma internacional de información financiera relativa a las pequeñas y medianas empresas, a las que siguieron reuniones de las partes interesadas para considerar y analizar más ampliamente los resultados; varias reuniones específicas con responsables nacionales de la elaboración de normas, representantes de las pequeñas y medianas empresas, bancos, inversores y contables de toda la UE; las consultas con el Grupo de trabajo sobre PYME del EFRAG (Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera), y el Grupo de trabajo ad hoc sobre PYME del Comité de Reglamentación Contable; un estudio de los efectos en la carga administrativa derivados de las modificaciones de las directivas, realizado por el Centre for Strategy and Evaluation Services (CSES, Centro de Servicios de Estrategia y Evaluación). En lo que respecta a la publicación de información desglosada por países, los servicios de la Comisión también han mantenido un diálogo regular con diversas categorías de partes interesadas (como los encargados de la elaboración de los estados financieros, los usuarios y las autoridades públicas). En 2010/2011 se llevó a cabo una consulta pública y tuvieron lugar asimismo varias consultas bilaterales con distintas partes interesadas (especialmente con usuarios y encargados de la preparación de los documentos contables). Por otra parte, el Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera contribuyó a la evaluación de los costes administrativos derivados de la posible obligación de elaborar informes financieros desglosados por países Evaluación de impacto Estados financieros La preparación de estados financieros se ha catalogado como una de las obligaciones legales más onerosas para las empresas 6. La carga administrativa que pesa sobre las pequeñas empresas es más pesada que la que soportan las empresas de mediano o gran tamaño. En la evaluación de impacto se analizaron cinco opciones generales en cuanto a la 6 ES 4 ES
6 formulación de políticas, partiendo del escenario de base. La opción general de revisar y modernizar determinados requisitos incluidos actualmente en las directivas contables fue finalmente la opción preferida. Después de examinar opciones más detalladas, se llevó a la conclusión de que un «minirégimen» específico de las pequeñas empresas constituiría la mejor opción. Esta opción permitiría reducir la carga administrativa en millones de euros, gracias a la reducción de los requisitos de consignación de información en las notas, la ulterior flexibilización de la auditoría legal y la exención de preparar estados financieros consolidados para los grupos de pequeña dimensión. Una segunda opción pormenorizada atañe a la ampliación de los umbrales para las pequeñas y medianas empresas definidos en la Directiva para reflejar la inflación en el período de 2007 a Esta propuesta permitiría reducir la carga administrativa en unos 200 millones de euros. Por tanto, el ahorro potencial de las medidas anteriores se estima globalmente en millones de euros. Las microempresas se beneficiarán en cualquier caso del régimen simplificado ofrecido a las pequeñas empresas 7. No obstante, no se ha tenido en cuenta el impacto de las opciones estratégicas mencionadas en las microentidades, ya que en la propuesta de directiva sobre microentidades que se encuentra pendiente ante el Parlamento Europeo y el Consejo se abordan específicamente tales entidades. Estas opciones estratégicas reducirán el volumen de información a la que pueden acceder los usuarios de los estados financieros de las pequeñas y medianas empresas, incluida la información que se encuentra públicamente disponible. Sin embargo, la protección de los acreedores se vería reforzada por la introducción de la obligación de proporcionar dos tipos de información, en relación con las garantías y compromisos y con las transacciones entre partes vinculadas. Se produciría un efecto ligeramente positivo sobre la información disponible en el caso de las medianas y grandes empresas, a causa de una mejora en la claridad y la comparabilidad de sus estados financieros. Es posible que las autoridades estadísticas necesitaran ajustar su manera de recabar ciertos datos de las empresas de menor tamaño, aunque la armonización máxima de umbrales les permitiría recoger datos correspondientes a las empresas que presentan objetivamente el mismo tamaño en toda la UE, mejorando de este modo la comparabilidad. Sin embargo, la armonización de los umbrales puede ejercer un efecto adverso en la recogida de datos estadísticos, sobre todo en los Estados miembros en los que la proporción de pequeñas empresas es elevada. Para estimar los indicadores económicos nacionales, puede que tales Estados miembros necesiten revisar el modo en que recaban los datos estadísticos de las empresas. La propuesta de la Comisión de interconectar los registros centrales, mercantiles y de sociedades 8, como factor atenuante, debería mejorar el acceso transfronterizo a la información empresarial. Las autoridades tributarias mantendrán la facultad para decidir cómo deben computarse los beneficios a efectos fiscales y cuáles deben ser los requisitos asociados en materia de información financiera. 7 8 La repercusión en el ahorro para las microempresas no se ha incluido en los impactos asociados a la presente propuesta, con el fin de evitar una doble contabilización con la evaluación de los impactos de la propuesta de 2009 relativa a una directiva sobre microentidades. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 89/666/CEE, 2005/56/CE y 2009/101/CE en lo que respecta a la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades, , COM(2011) 79. ES 5 ES
7 Por lo que se refiere a la repercusión social de la propuesta, los requisitos contables simplificados deberían fomentar un clima propicio para la constitución de empresas y la iniciativa empresarial. En la evaluación de impacto se consideró que, mediante la liberación de recursos a disposición de las empresas, la iniciativa contribuirá previsiblemente, al menos de manera marginal, a la creación de empleo en la UE. Parte del ahorro generado en el ámbito empresarial se derivaría de una reducción de los honorarios abonados a empresas auditoras o contables externos. Se prevé que el efecto en el número de puestos de trabajo de esta transferencia de recursos será neutral, o sólo marginalmente negativo en lo que atañe a los niveles generales de empleo. No se prevén efectos medioambientales apreciables. Tampoco se espera que la adopción de regímenes contables simplificados vaya a generar desincentivos al crecimiento de las pequeñas empresas, ya que la contabilidad resulta menos onerosa que la legislación fiscal o social en este sentido. Por otra parte, el planteamiento de «pensar primero a pequeña escala» de esta propuesta hace posible que los regímenes contables se adecúen a diferentes tamaños de empresa Información sobre los pagos efectuados a las administraciones públicas La Comisión ha expresado públicamente su apoyo a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE) y su voluntad de presentar legislación que imponga requisitos de información a las empresas de las industrias extractivas 9. Un compromiso similar se realizó en la declaración final de la Cumbre del G-8 celebrada en Deauville en mayo de , donde los gobiernos del G-8 se comprometieron a «establecer leyes y reglamentos en materia de transparencia o a promover normas de carácter voluntario que obligue o incite a las empresas petroleras, gasísticas y mineras a informar sobre los pagos que efectúan a las administraciones públicas». Por otra parte, el Parlamento Europeo ha presentado una Resolución 11 en la que reitera su apoyo a las obligaciones de publicación de información desglosada por países, particularmente en lo que respecta a las industrias extractivas. La legislación de la UE no exige actualmente que las empresas publiquen información desglosada por países de los pagos efectuados a las administraciones públicas en los países en los que operan. Por tanto, estos pagos generalmente no se hacen públicos, aunque las sumas desembolsadas por la industria extractiva (petróleo, gas y minería) o por las empresas dedicadas a la explotación 12 de bosques primarios 13 pueden representar una proporción significativa de los ingresos del Estado en cuestión, sobre todo en el caso de terceros países ricos en recursos naturales. Con el fin de que las administraciones públicas asuman sus responsabilidades respecto a la utilización de tales recursos y promuevan una buena gobernanza, se propone exigir a las empresas la divulgación individual consolidada de los pagos realizados a las administraciones. Tal propuesta es comparable a la Ley Dodd-Frank de Estados Unidos 14, aprobada en julio de 2010, que obliga a las empresas de la industria extractiva (dedicadas al petróleo, el gas y la minería) registradas ante la Comisión de Valores Resolución INI/2010/2102. Ya se trate de cortas a hecho, entresacas o clareos en tierras clasificadas como áreas de bosques primarios, u otras alteraciones de tales bosques o terrenos forestales causadas por la minería, la prospección o extracción de minerales, agua, petróleo o gas, u otras actividades nocivas. Definidos en la Directiva 2009/28/CE como «bosques y otras superficies boscosas de especies nativas, cuando no hay signos visibles claros de actividad humana y los procesos ecológicos no están perturbados significativamente». ES 6 ES
8 y Bolsa (SEC) a informar públicamente de los pagos realizados a las administraciones públicas 15 de manera desglosada por países y proyectos. La aprobación de las normas de desarrollo por la SEC está prevista para finales de En la evaluación de impacto 16 se analizaron cinco opciones estratégicas. Partiendo del escenario de base (opción estratégica 0), se examinaron a continuación posibles regímenes que darían lugar a un acuerdo global respecto a la información desglosada por países para las empresas multinacionales establecidas en la UE o fuera de ella (opción estratégica 1) y se evaluaron finalmente varias opciones estratégicas que obligarían únicamente a las empresas de la UE a revelar la información desglosada por países (opciones estratégicas 2 a 4). Mientras que la opción estratégica 2 exige la publicación de la información de los pagos a las administraciones públicas, desglosada por países, a las empresas de la industria extractiva y a las empresas dedicadas a la explotación de bosques primarios, la opción estratégica 3 requiere la revelación de tal información desglosada por países y por proyectos. Además de la información sobre los pagos a las administraciones, la opción estratégica 4 exige la elaboración de un conjunto completo de cuentas desglosadas por países por parte de las empresas activas en la industria extractiva y las dedicadas a la explotación de bosques primarios. Se prefirió la opción de exigir la publicación de información desglosada por países (PIDP) y por proyectos de los pagos a las administraciones públicas por parte de las empresas multinacionales de la UE pertenecientes a la industria extractiva o dedicadas a la explotación de los bosques primarios (opción estratégica 3). En la industria extractiva se incluyen todas las empresas cuyas actividades conllevan la prospección, el descubrimiento, el desarrollo y la extracción de minerales, petróleo y depósitos de gas natural. Se considera que se dedican a la explotación de los bosques primarios todas las empresas cuyas actividades conllevan tareas de cortas a hecho, entresacas o clareos en este tipo de tierras. La publicación de la información de los pagos a la administración pública desglosada por países y, en su caso, por proyectos satisfaría mejor las demandas de las partes interesadas que reclaman la mejora de ese tipo de divulgación, mientras que los costes de tal opción estratégica se mantendrían a un nivel aceptable a condición de que se introduzca un umbral de importancia relativa apropiado. Con este planteamiento se obtendría un cierto equilibrio al procurar una mayor transparencia sin sobrecargar a las empresas y sin colocar a las empresas de la UE en una situación de excesiva desventaja competitiva. Ello no pondría en peligro futuros esfuerzos de la UE para obtener el consenso internacional y para crear mediante negociaciones con los interlocutores internacionales unas condiciones equitativas a escala mundial en lo que respecta a la PIDP. La cuestión de un posible conflicto entre una obligación de notificación de la UE y la legislación nacional de un país destinatario que prohíba la publicación de la información de que se trate ha sido planteada por algunas empresas cubiertas por el ámbito de la propuesta Impuestos, cánones, tasas (incluidas las tasas de licencia), derechos de producción, bonos y otros beneficios materiales. El 22 de julio de 2011, el Comité de Evaluación de Impacto emitió su dictamen positivo sobre la evaluación de impacto. Las observaciones formuladas por el Consejo se incorporaron a la versión definitiva (dirección del sitio web), en concreto: en el informe debe establecerse con mayor claridad el alcance y el objetivo primordial de la iniciativa; en segundo lugar, debe plantear un escenario de base más completo; en tercer lugar, ha de mejorarse la presentación de las opciones; en cuarto lugar, en el informe deben considerarse mejor los costes y beneficios de las opciones estratégicas, y ha de reforzarse el análisis de proporcionalidad de las medidas propuestas; y por último, en el informe debe consignarse más información respecto a los puntos de vista de las partes interesadas. ES 7 ES
9 Se han realizado llamamientos a favor de la creación de una exención en tales casos respecto a la publicación de información sobre los pagos pertinentes a la Administración. Aunque ha encontrado muy pocos ejemplos de países que prohíban tal publicación, la Comisión ha previsto una exención estrictamente delimitada para las situaciones en que una empresa que cumpla con las obligaciones de publicación de información se encontrase en situación de infracción manifiesta del derecho penal del país considerado. La seguridad energética ocupa un lugar destacado en el temario de actuaciones de la UE por diversas razones, entre las que figura el hecho de que la energía generada en los Estados miembros no cubre la demanda actual. Algunos argumentan que a los operadores de la industria extractiva de la UE puede resultarles más difícil desarrollar su actividad en terceros países, lo que podría tener consecuencias en materia de seguridad de los suministros de petróleo y de gas a Europa. Aunque algunas empresas publican ya información sobre los pagos efectuados a las administraciones desglosada por países sin que ello suponga un obstáculo para sus actividades, la situación podría ser diferente para otras empresas. Por consiguiente, una revisión deberá evaluar, entre otras, la cuestión de la seguridad del abastecimiento energético de Europa. Se ha sugerido que tal revelación de información podría dar lugar a una desventaja competitiva para las empresas de la UE. La Comisión considera que, en la mayoría de los casos, la divulgación de información sobre los pagos a la Administración desglosada por países, y por proyectos cuando se han atribuido a un proyecto específico (con un umbral de importancia relativa), no da lugar a un conocimiento directo de la información confidencial de la empresa, como la relativa a los niveles de facturación, costes y beneficios. Asimismo, el reforzamiento de la ITIE compensaría las posibles pérdidas a corto plazo de la posición competitiva, ya que podría dar lugar a una aplicación más generalizada del requisito en cuestión, y a la mejora de la reputación de las empresas cumplidoras Repercusiones presupuestarias La propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la Unión. 3. INFORMACIÓN ADICIONAL 3.1. Simplificación La propuesta presenta un régimen específico para las pequeñas empresas que atenuará considerablemente la carga administrativa que soportan éstas en la actualidad al preparar sus estados financieros. Se limitará la publicación de información en las notas explicativas de las cuentas a: (i) las políticas contables; (ii) las garantías, compromisos, contingencias y acuerdos que no se contabilicen en el balance; (iii) las circunstancias acaecidas con posterioridad al balance que no se reconocen en éste; (iv) las deudas a largo plazo y garantizadas; y (v) las transacciones entre partes vinculadas. Cabe señalar que exigir la publicación de información sobre los aspectos recogidos en los puntos (iii) y (v) dará lugar a la imposición de nuevas obligaciones a las pequeñas empresas, ya que una mayoría de los Estados miembros han dispuesto exenciones al respecto para dichas empresas. Con la propuesta se pretende además armonizar los umbrales con el fin de garantizar que la atenuación de la carga administrativa alcance en la práctica a todas las pequeñas empresas de la UE. Actualmente, muchas empresas de pequeño tamaño con arreglo a las definiciones de la UE se clasifican en la categoría de las compañías medianas o grandes porque las definiciones ES 8 ES
10 previstas en las directivas contemplan umbrales menores en cuanto al tamaño al trasponerse en cada Estado miembro. En el cuadro que sigue se ofrece una visión resumida de los principales efectos de simplificación de la presente propuesta: Pequeñas empresas ~ 1,1 millones de empresas ~21 % de las empresas una armonización máxima garantizará que las empresas del mismo tamaño se beneficien de unas condiciones equiparable en toda la UE; las notas explicativas de las cuentas se limitarán únicamente a cinco áreas esenciales; no se impone la obligación legal de efectuar una auditoría; los grupos pequeños quedarán exentos de preparar unos estados financieros consolidados Otras medidas Con la propuesta se pretende mejorar la comparabilidad y la claridad de los estados financieros preparados por las empresas medianas y grandes y, en cierta medida, por las pequeñas. A tal efecto, en la propuesta se contempla la reducción del número de opciones actualmente a disposición de los Estados miembros, en la medida en que éstas resultan perjudiciales para la comparabilidad de los estados financieros. Se harán obligatorios principios generales como él de que «el fondo prima sobre la forma», con el fin de potenciar la claridad de los estados financieros. Por lo que se refiere a las modificaciones de las disposiciones vigentes, en el cuadro que figura a continuación se presentan de forma esquemática las principales modificaciones: Empresas medianas y grandes ~ 0,3 millones de empresas ~ 4 % de las empresas Introducción de los principios generales de «importancia relativa» y de «primacía del fondo sobre la forma». Reducción del número de opciones a disposición de los Estados miembros NIIF para las PYME Se consideró como una opción la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para las PYME y su uso obligatorio en la UE. Sin embargo, las partes interesadas, y en especial las autoridades públicas, se mostraron divididas respecto a tal idea y en la evaluación de impacto se concluyó asimismo que la introducción de estas nuevas normas no contribuiría a la consecución de los objetivos de simplificación y atenuación de la carga administrativa. Por otra parte, considerando la relativa novedad de la aplicación de las NIIF a las PYME, escaseaba aún la experiencia sobre su ejecución en todo el mundo. La adopción obligatoria de las NIIF en el caso de las PYME no se persigue como política en ES 9 ES
11 la presente propuesta de directiva, y las diferencias entre ésta y las NIIF para las PYME en lo que se refiere a la presentación del capital social suscrito y no desembolsado y a los períodos de amortización del fondo de comercio cuya vida útil esperada no puede estimarse con fiabilidad significan que no será posible la adopción plena y explícita de las NIIF para las PYME Información de los pagos efectuados a las administraciones públicas Con el fin de promover la asunción de responsabilidades por las administraciones públicas y la buena gobernanza, en la propuesta se introducen nuevas obligaciones de información para las empresas activas en la industria extractiva o en la explotación de los bosques primarios. Se propone que las empresas revelen los pagos que efectúan a las administraciones en cada país en el que operan y respecto a cada proyecto, cuando el pago se ha atribuido a un determinado proyecto y cuando su cuantía sea significativa para la administración perceptora. Con arreglo al objetivo general, y con el fin de limitar la carga administrativa adicional, la nueva obligación se limita a las grandes empresas y a las entidades de interés público Directiva propuesta y derogación de legislación vigente La propuesta adopta la forma de una nueva directiva por la que se derogan las directivas de 1978 y 1983 y sus posteriores modificaciones Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad La propuesta se basa en el artículo 50, apartado 1, del Tratado, que constituye la base jurídica para la adopción de disposiciones de la Unión orientadas a la realización de un mercado interior en el ámbito del Derecho de sociedades. La propuesta estipula que las sociedades anónimas deberán elaborar estados financieros ateniéndose a una serie de requisitos tendentes a mejorar su comparabilidad a nivel de la UE con el objetivo de contribuir a un mejor funcionamiento del mercado único y a un aumento del comercio transfronterizo. En virtud del principio de subsidiariedad, la UE únicamente debe intervenir si puede producir mejores resultados que una intervención de los Estados miembros, y su intervención debe limitarse a lo que es necesario y proporcionado con objeto de alcanzar los objetivos perseguidos. Los objetivos de la presente revisión son tales que no pueden ser alcanzados por la acción unilateral de los Estados miembros. Sería ventajoso para las pequeñas empresas estar sometidas a una única serie de exigencias básicas establecidas a nivel de la UE conforme al principio de «pensar primero a pequeña escala». Las pequeñas empresas serían tratadas de igual forma en toda la UE para permitirles acceder al mercado único en condiciones homogéneas. Los Estados miembros no deberán imponer exigencias adicionales necesarias. Ello podrá lograrse mejor mediante una legislación de la UE coordinada. En cuanto a las empresas medianas y grandes, las necesidades de información tendrán que ser más comparables a nivel de la UE, ya que sus actividades a menudo se desarrollan a nivel de la UE y son pertinentes para las partes interesadas del mercado interior. Sin embargo, deberá dejarse cierto margen de maniobra a los Estados miembros en cuanto a exigencias adicionales de publicación de la información para estos tipos de empresas. Con este fin, una directiva es el instrumento jurídico más apropiado dado que permite un cierto margen de discrecionalidad a los Estados miembros. Una directiva también garantiza ES 10 ES
12 que el contenido y la forma de la acción propuesta de la Unión no vaya más allá de lo que es necesario y proporcionado con objeto de alcanzar el objetivo reglamentario de simplificación y reducción de las cargas administrativas. 4. COMENTARIOS SOBRE LOS ARTÍCULOS Los artículos siguientes se mantienen iguales en esencia a los artículos correspondientes en la Cuarta Directiva del Consejo 78/660/CEE y la Séptima Directiva del Consejo 83/349/CEE, aunque su numeración, en la mayoría de los casos, difiere de la utilizada originalmente. Se trata de los artículos 1, apartado 1 (incluidos los anexos I y II); 2, apartados 2 a 8; 3, apartados 6 a 9; 4; 5, apartados 2 y 3; 6, apartados 2 y 3; 7; 8, apartados 1 a 5; 10; 11, apartados 1 a 7 y 11; 12, apartado 2; 19, apartado 2; 20; 21; 22; 28, apartado 2; 29, apartados 2 y 3; 30; 32; 33, apartados 1 y 2; 34, apartado 1, 35, a excepción del apartado 3; 44; 45; 47; y 51. En el anexo III figura una tabla de correspondencias. En aras de una mayor concesión y claridad, en este apartado figuran explicaciones únicamente en los casos en que la presente propuesta plantea modificaciones sustanciales en comparación con las directivas que se derogarán. Se han introducido varias modificaciones a lo largo del texto para adecuar la terminología de la propuesta de Directiva al lenguaje contable moderno, sin que tales modificaciones afecten al fondo de los artículos en cuestión. Se trata, entre otras cosas, de sustituir «compañía» por «empresa», de reemplazar todas las referencias a «cuentas» por «estados financieros» y de sustituir todas las referencias al «informe anual» por «informe de gestión» Capítulo 1 Ámbito de aplicación, definiciones y categorías de empresas En el artículo 2 se agrupan varias definiciones que se encontraban previamente dispersas por las directivas originales. Se definen las entidades de interés público, con arreglo a la definición utilizada en la Directiva 2006/43/CE relativa a las auditorías legales. Las definiciones correspondientes a las empresas matriz, filial y ligada se han establecido con mayor claridad que en la Séptima Directiva del Consejo 83/349/CEE. No obstante, no se ha modificado el significado subyacente. Del mismo modo, las empresas asociadas se definen con mayor claridad que en la actualidad y, al suponer que existe una influencia significativa cuando un inversor posee el 20% o más de los derechos de voto, la definición se atiene a la norma internacional de contabilidad pertinente (la NIC 28). El artículo 3 crea una base jurídica para las expresiones «pequeña» empresa, «mediana» empresa y «gran» empresa y mantiene la práctica de determinar el tamaño de una empresa mediante la referencia a su volumen de negocio neto, el importe total de su balance y el número de empleados. En función del propósito de las políticas de la UE, la Unión podrá utilizar definiciones que difieran en cierta medida de las consignadas en este artículo 17. Con la 17 Por ejemplo, la Comisión promueve definiciones de microempresas, medianas y pequeñas empresas aplicables únicamente para determinados ámbitos, como las ayudas estatales, o la aplicación de los fondos estructurales o de los programas comunitarios, especialmente el Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Tales definiciones figuran en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas [Diario Oficial L 124 de ]. En este marco, se define una mediana empresa como una empresa que ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo total del balance anual no excede de 43 millones de euros. Se define a una ES 11 ES
13 propuesta se pretende la armonización plena de los criterios de tamaño, mientras que, anteriormente, los Estados miembros podían elegir si los diferentes tamaños de empresa debían reconocerse o no en su jurisdicción y, dentro de ciertos límites, los criterios pertinentes en materia de tamaño. Los grupos de pequeña y mediana dimensión se definen en términos más claros que los utilizados en la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo. Los criterios de tamaño basados en el volumen de negocio neto y el total del balance se revisan al alza en función del nivel de inflación desde su última revisión en Las definiciones y exenciones relativas a las «sociedades de participación financiera» y a las «sociedades de inversión» se han suprimido, ya que los tratamientos contables específicos para determinados sectores actúan como una barrera a la armonización. Por otro lado, estas disposiciones no han sido objeto de un uso generalizado en el conjunto de la UE Capítulo 2 Disposiciones y principios fundamentales El artículo 4, junto con el artículo 17 (véase el apartado 4.4), crea un régimen plenamente armonizado para la preparación de los estados financieros de las pequeñas empresas, que comprende la elaboración de una cuenta de pérdidas y ganancias, un balance y unas notas explicativas limitadas. Los Estados miembros no deben exigir la presentación de más información. En el artículo 5 se introduce un principio general de importancia relativa, conforme al cual la contabilización, la valoración, la presentación y la divulgación en los estados financieros deben someterse a restricciones de importancia relativa. Tal obligación permitirá, por ejemplo, la combinación de partidas en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el balance y la omisión de las notas explicativas cuando la información de que se trate no sea significativa. Del mismo modo, los devengos, pagos anticipados y provisiones no significativos no tendrán que contabilizarse. Determinar la importancia relativa seguirá siendo una responsabilidad esencial de las empresas, con independencia de que éstas deban someterse a una auditoría o no. La obligación de presentar la realidad económica de una transacción en los estados financieros, y no sólo su forma jurídica, también se adopta como principio general en el artículo 5, con el fin de contribuir al fomento de los principios generales comunes y, por tanto, a la armonización, en el conjunto de la UE. Anteriormente, tal método de presentación se contemplaba en las directivas, pero los Estados miembros no estaban obligados a incorporar el principio a su legislación nacional. En el artículo 6, se mantiene la opción para que los Estados miembros permitan la contabilidad de revalorización del inmovilizado, como alternativa a la contabilidad de costes históricos, mientras que, con el fin de procurar una mayor armonización de las bases de valoración, se han suprimido las opciones de los Estados miembros que permitían la contabilidad de costes de reposición y los métodos de contabilidad ajustada en función de la pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual y/o cuyo postal del balance anual no supera los 10 millones de euros. Se define a una microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual y/o cuyo total del balance anual no supera los 2 millones de euros. Véase asimismo ES 12 ES
14 inflación Capítulo 3 - Balance y cuenta de pérdidas y ganancias Las disposiciones generales del artículo 8 se han modificado para expresar con mayor claridad que los Estados miembros pueden exigir o permitir que la contabilización de una empresa asociada se realice en los estados financieros anuales utilizando el método de puesta en equivalencia. En la propuesta de directiva se propone un único modelo de balance (véase el artículo 9), mientras que, anteriormente, los Estados miembros podrían elegir entre dos modelos diferentes. De este modo, se garantizará una mejor comparabilidad de los estados financieros de un Estado miembro a otro. Por otra parte, los gastos de establecimiento se suprimen como categoría de activo, ya que su contabilización dependía de su definición en la legislación de cada Estado miembro. Es necesario modificar en consecuencia los criterios de distribución de los beneficios a que se hace referencia en el artículo 11. En el artículo 11 se introduce además el requisito de que el importe contabilizado respecto a una provisión se corresponda con la mejor estimación de la empresa de la obligación o del gasto futuro de que se trate, y se excluye asimismo el método LIFO de «última entrada, primera salida» como método permitido de valoración de existencias y elementos fungibles. Estos cambios garantizarán una mejor comparabilidad de los estados financieros. En los artículos 12 a 15 se prevén únicamente dos estructuras de cuenta de pérdidas y ganancias: uno basado en la «naturaleza» y otro en la «función». Previamente, se permitían cuatro estructuras. El objetivo en este caso es procurar una mayor comparabilidad, conservando una presentación que resulte familiar a los usuarios de estados financieros. La distinción previa entre partidas ordinarias y extraordinarias en la cuenta de pérdidas y ganancias se suprime, contrarrestando así un sesgo inherente que favorecía la presentación de las partidas «grandes» o «poco habituales» de gasto como extraordinarias, y ello con el fin de no distorsionar la cifra global de beneficio después de impuestos. Por otra parte, existía un sesgo inherente a presentar las partidas «grandes» o «poco habituales» de ingresos como ordinarias, con el fin de hinchar la cifra global de beneficios. Al objeto de garantizar una presentación neutra de tales partidas de ingresos y gastos, se establece un nuevo requisito de publicación de las mismas por separado en la cuenta de pérdidas y ganancias, con una nota explicativa. Por tanto, todas estas partidas se contabilizarán inicialmente en beneficios después de impuestos. El régimen abreviado de los estados financieros se encuentra sujeto a ulteriores modificaciones en el artículo 16, como reflejo de la reducción del número de modelos Capítulo 4 - Notas explicativas de los estados financieros En las anteriores directivas existían numerosas opciones a disposición de los Estados miembros respecto a las notas explicativas. Este enfoque se ha sustituido por un planteamiento armonizado, lo que dará lugar a que las empresas de la misma categoría de tamaño de toda la UE se sometan a un régimen de publicación de información idéntico o comparable. Este capítulo crea un enfoque ascendente para el suministro de información mediante las notas explicativas de los estados financieros. En el artículo 17 se exponen las notas ES 13 ES
15 explicativas que todas las empresas deben elaborar. En general, las pequeñas empresas se someterán a un régimen de publicación de información más limitado en comparación con el de las directivas anteriores y, de conformidad con el artículo 4 (véase el apartado 4.2 ), se propone que los Estados miembros no exijan a estas categorías de empresa que divulguen más información, puesto que una amplia gama de partes consultadas han convenido en que los datos requeridos eran los fundamentales en el caso de las pequeñas empresas. Las empresas medianas divulgarán la información que se exige en los artículos 17 y 18, mientras que las grandes empresas y las entidades de interés público revelarán la información requerida en los artículos 17, 18 y 19. En el artículo 17 se establece la obligación de que todas las empresas refieran las circunstancias posteriores a la fecha de cierre del balance en las notas explicativas de los estados financieros. Anteriormente, esta información clave se publicaba únicamente en el informe de gestión y los Estados miembros contaban con la opción de eximir de tal requisito de información. Con el fin de garantizar un mayor nivel de transparencia, la publicación de las transacciones entre partes vinculadas en sus respectivos estados financieros anuales también se hace obligatoria para las empresas de todos los tamaños, incluidas las que se realicen entre filiales poseídas al 100% (anteriormente, los Estados miembros podían eximir de la publicación de tales transacciones con independencia del tamaño de la empresa) Capítulo 5 Informe de gestión No existen cambios sustanciales en las disposiciones que regulan el contenido de tal informe en comparación con las consignadas al respecto en la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo y en la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo Capítulo 6 Estados financieros consolidados En este capítulo se incorporan las disposiciones de la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo sobre cuentas consolidadas, lo que permite disponer de una directiva única en relación con la forma y el contenido de los estados financieros anuales y consolidados. Para simplificar el texto y evitar la repetición, amplios fragmentos del texto de la Directiva 83/349/CEE se han suprimido y sustituido con arreglo al principio de que, al preparar los estados financieros consolidados, debe seguirse el tratamiento contable de los estados financieros anuales, teniendo en cuenta los ajustes esenciales derivados de las características particulares de los estados financieros consolidados en comparación con los estados financieros anuales. Las modificaciones sustanciales con respecto a las disposiciones vigentes de la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo y la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo son las siguientes: Con el fin de crear un conjunto de criterios de consolidación armonizados, en el artículo 23 se exige la consolidación en las situaciones en las que una empresa ejerza una influencia o un control dominantes sobre otra, o en las que las empresas se dirijan de manera unificada. Previamente, los Estados miembros podían optar por consolidar o no en tales circunstancias. En el artículo 24 se exime a los grupos pequeños del requisito de preparar estados financieros consolidados, mientras que, anteriormente, los Estados miembros disponían de la opción de eximir a tales sociedades. De este modo, se armoniza la exención en el conjunto de la UE y se ES 14 ES
16 atenúa la carga administrativa, de conformidad con el planteamiento adoptado para los estados financieros anuales de las pequeñas empresas. Se han suprimido las opciones a disposición de los Estados miembros de permitir la aplicación de los criterios de contabilidad de las operaciones de concentración y la amortización inmediata del fondo de comercio mediante imputación a las reservas (artículos 20 y 30, respectivamente, de la Directiva 83/349/CEE), ya que las mismas se utilizaban poco y su eliminación da lugar a un conjunto de principios de consolidación más armonizado. El artículo 25 establece asimismo un tratamiento basado en los principios pertinentes respecto a la contabilización del fondo de comercio negativo en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada Capítulo 7 - Publicación No existen cambios sustanciales en las disposiciones sobre publicación en comparación con las consignadas al respecto en la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo y la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo Capítulo 8 - Auditoría Los requisitos generales consignados en el artículo 34 se han modificado con el fin de reflejar el planteamiento de «pensar primero a pequeña escala» que subyace a la propuesta. Como consecuencia, a las pequeñas empresas se les eximirá totalmente de someterse a auditorías desde la perspectiva del Derecho de sociedades de la UE. En este artículo se específica además que las entidades de interés público serán objeto de una auditoría legal, con independencia de su tamaño. Por otra parte, en el artículo 35, apartado 3, se aclara la medida en que los requisitos de auditoría se aplican a los distintos grupos de empresas Capítulo 9 Información sobre pagos efectuados a las administraciones públicas Se establecen nuevas obligaciones de notificación para las grandes empresas y las entidades de interés público que desarrollan sus actividades en la industria extractiva o en la explotación maderera de bosques primarios. En cada país en el que operen, y cuando el importe sea significativo para la administración receptora, informarán anualmente de los pagos que efectúen a las administraciones públicas durante el ejercicio financiero y, en los casos en que los pagos hayan sido atribuidos a un proyecto, de los pagos correspondientes a cada proyecto. En su caso, los informes se elaborarán a nivel consolidado. Si se prepara un informe consolidado, las filiales y la sociedad matriz que elaboren el informe en cuestión quedarán exentas individualmente de tal obligación de informar. El informe se publicará de conformidad con las disposiciones del capítulo 2 de la Directiva 2009/101/CE Capítulo 10 - Disposiciones finales El Comité de contacto previsto en la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo ha quedado obsoleto y en la presente propuesta ha dejado de contemplarse. Al objeto de tener en cuenta la evolución económica y la inflación, el artículo 42 al turista a la Comisión a revisar periódicamente los umbrales para la determinación del tamaño de una empresa que figuran en el artículo 3. Se trata de una medida necesaria para mantener el valor ES 15 ES
17 real de los umbrales a lo largo del tiempo. La Comisión debe ser facultada asimismo para actualizar los tipos de entidad contenidos en los anexos I y II, con el fin de garantizar su adaptación a los cambios que se puedan producir en los Estados miembros. Es necesario especificar y desarrollar más el concepto de importancia relativa de los pagos con objeto de garantizar un nivel pertinente y apropiado de publicación de los pagos efectuados a las administraciones públicas por las empresas dedicadas a actividades extractivas y a la explotación maderera de bosques primarios. Es adecuado servirse de actos delegados para garantizar unas normas técnicamente válidas y eficaces, que permitan a la Comisión tener en cuenta todos los conocimientos disponibles. El alcance y las modalidades exactas de tales facultades delegadas se delimitan con precisión en el artículo 42. Por último, el artículo 46 se ha introducido para especificar que, como norma general, a las entidades de interés público, en principio, no podrán acogerse a las exenciones previstas en la Directiva. ES 16 ES
18 Propuesta de 2011/0308 (COD) DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas (Texto pertinente a efectos del EEE) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 50, apartado 1, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, Considerando lo siguiente: (1) Con la Comunicación de la Comisión «Normativa inteligente en la Unión Europea» 18 se pretende formular y aplicar una normativa de la más alta calidad, con arreglo a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, garantizando que las cargas administrativas sean proporcionales a los beneficios que reportan. En la Comunicación de la Comisión «Pensar primero a pequeña escala» «Small Business Act» para Europa (SBA) 19, aprobada en junio de 2008 y revisada en febrero de , se reconoce el papel fundamental desempeñado por las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la economía de la Unión y se contempla como objetivo la mejora del planteamiento general respecto a la iniciativa empresarial y la firme integración del principio de «pensar primero a pequeña escala» en la formulación de políticas, desde la regulación, al servicio público. El Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo de acogió COM(2010)543. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Pensar primero a pequeña escala» «Small Business Act» para Europa {SEC(2008) 2101} {SEC(2008) 2102}. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Revisión de la «Small Business Act» para Europa, COM(2011) 78 final. Consejo Europeo de 24 y 25 de marzo de 2011 Conclusiones, nº: EUCO 10/1/11, Bruselas, ES 17 ES
19 favorablemente la intención de la Comisión de presentar el Acta del Mercado Único con medidas encaminadas a fomentar el crecimiento y crear empleo y a proporcionar resultados tangibles a los ciudadanos y empresas. En el «Acta del Mercado Único» 22, aprobada en abril de 2011, se propone la simplificación de las directivas contables en lo que atañe a las obligaciones de información financiera, así como la reducción de las cargas administrativas, particularmente en el caso de las PYME. Con la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador 23, se pretende reducir las cargas administrativas y mejorar el entorno empresarial, en particular en el caso de las PYME, así como promover la internacionalización de este tipo de empresas. El Consejo Europeo mencionado realizó un llamamiento en favor de la atenuación de la carga normativa general, sobre todo en el caso de las PYME, a escala tanto europea como nacional, y propuso medidas encaminadas a elevar la productividad, como la eliminación de trámites burocráticos y la optimización del marco reglamentario de las PYME. Esta propuesta tiene en cuenta el Programa «Legislar mejor» de la Comisión Europea y, en particular, la Comunicación denominada «Normativa inteligente en la Unión Europea», de octubre de (2) El 18 de diciembre de 2008, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución no legislativa sobre requisitos contables por lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas, en particular las microentidades 25, en la que se señala que las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE resultan, a menudo, excesivamente onerosas paras las pequeñas y medianas empresas y en particular para las microempresas, y se solicita a la Comisión que siga adelante con sus esfuerzos dirigidos a la revisión de tales directivas. (3) La coordinación de las disposiciones nacionales relativas a la estructura y el contenido de los estados financieros anuales y los informes de gestión, a las bases de valoración utilizadas en los mismos, así como a la publicidad de estos documentos en lo que se refiere a ciertas sociedades de responsabilidad limitada, reviste una importancia particular en cuanto a la protección de los accionistas, los socios y los terceros. Se requiere una coordinación simultánea en tales ámbitos y para dichas formas de sociedad puesto que, por un lado, algunas empresas operan en varios Estados miembros y, por otro, no ofrecen garantías a los terceros más allá de las cuantías de sus activos netos. (4) Existe un número sustancial de sociedades colectivas y de sociedades en comandita simple cuyos miembros ilimitadamente responsables están constituidos en sociedad anónima o en sociedad de responsabilidad limitada y, por tanto, deben someterse a las medidas de coordinación de la presente Directiva. (5) Es necesario asimismo que se establezcan a escala de la Unión unas condiciones Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Acta del Mercado Único - Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza «Juntos por un nuevo crecimiento», COM(2011) 206. Comunicación de la Comisión, «EUROPA Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador», COM(2010) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, «Normativa inteligente en la Unión Europea», COM(2010) 543 final. Véase también: DO 2010/C 45 E/10. ES 18 ES
20 jurídicas mínimas equivalentes en cuanto a la amplitud de las informaciones financieras que se han de poner en conocimiento del público por parte de las empresas que compiten entre sí. (6) Los estados financieros deben ofrecer una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad. Con este fin, deben preverse unos modelos obligatorios para la elaboración del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias y ha de determinarse el contenido mínimo de las notas explicativas de los estados financieros y del informe de gestión. Con arreglo al principio de «pensar primero a pequeña escala», deberán armonizarse en la legislación los requisitos correspondientes a las pequeñas empresas. Con objeto de evitar cargas desproporcionadas sobre estas entidades, los Estados miembros no deberán ser autorizados a exigir la presentación de más información. No obstante, los Estados miembros podrán imponer más requisitos a las empresas medianas y grandes. (7) Las empresas pequeñas, medianas y grandes han de definirse y distinguirse en referencia a su activo total, su volumen de negocio y su número medio de empleados, ya que estos factores suelen proporcionar datos objetivos de la dimensión de una empresa. (8) Para garantizar la publicación de información comparable y equivalente, los principios de contabilización y valoración deben incluir los de continuación de las actividades, prudencia y devengo. No debe permitirse la compensación entre partidas del activo y del pasivo, o entre partidas de ingresos y gastos, y los distintos elementos del activo y del pasivo deben valorarse por separado. La presentación de las partidas en los estados financieros debe guardar relación con la realidad económica o el carácter comercial de la transacción o el acuerdo subyacente. El principio de importancia relativa debe regir la contabilización, la valoración, la presentación y la publicación en los estados financieros. (9) Las partidas consignadas en los estados financieros anuales deben medirse con arreglo al principio del precio de adquisición o del coste de producción, con el fin de garantizar la fiabilidad de la información presentada en los mismos. En cualquier caso, debe autorizarse a los Estados miembros a permitir o exigir a las empresas que valoren de nuevo los distintos elementos del activo fijo, con el fin de que pueda facilitarse una información más relevante a los usuarios de los estados financieros. (10) La necesidad de comparabilidad de la información financiera en el conjunto de la Unión obliga a exigir a los Estados miembros que permitan la aplicación de un sistema de contabilidad por el valor razonable para determinados instrumentos financieros. Por otra parte, tales sistemas proporcionan información que puede resultar más pertinente para los usuarios de estados financieros que la que se basa en el precio de adquisición o el coste de producción. En consecuencia, los Estados miembros deben permitir la adopción de un sistema de contabilidad por el valor razonable por parte de todas las empresas, de cualquier categoría, respecto de los estados financieros, tanto anuales, como consolidados, o únicamente de los estados financieros consolidados. Además, debe permitirse a los Estados miembros que autoricen o exijan la contabilidad por el valor razonable de los elementos del activo distintos de los instrumentos financieros. (11) Es necesario disponer de una estructura única del balance para que los usuarios de los estados financieros puedan comparar la situación financiera de las distintas empresas ES 19 ES