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Timestamp: 2018-09-22 03:59:47
Document Index: 180830994

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 7', 'artículo 340', 'artículo 2', 'artículo 220', 'artículo 38', 'artículo 68']

﻿ SENTENCIA 36828 DE FEBRERO 1 DE 2015
SENTENCIA 36828 DE 01 DE FEBRERO DE 2015
CONTENIDO:NON BIS IN ÍDEM- APLICACIÓN. SI SE COMPRUEBA QUE NO SE TRATA DE LA ININTERRUMPIDA Y CONSTANTE REALIZACIÓN DEL TIPO PENAL SINO DE LA REINCIDENCIA EN EL DELITO, DEBIDO A QUE ESTE SE DESPLEGÓ LUEGO DE QUE ALCANZARA SU CONSUMACIÓN, BIEN PORQUE EXISTE EVIDENCIA DE UN ÚLTIMO EPISODIO REALIZADO POR EL AGENTE O PORQUE QUEDÓ EN FIRME LA CLÁUSULA DE SUMARIO, NO PODRÍA OPERAR EL PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM, HABIDA CUENTA LA NECESIDAD DE INVESTIGAR LA NUEVA MANIFESTACIÓN DEL REATO.
TEMAS ESPECÍFICOS:AUTORIDAD JUDICIAL, DEFENSOR, PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, CONCIERTO PARA DELINQUIR, DESPLAZAMIENTO FORZOSO
Sentencia 36828 de febrero 1 de 2015
Aprobado Acta Nº 105
El asunto que ocupa la atención de la Sala se contrae a establecer si hay lugar o no dar alcance al principio non bis in idem, respecto del delito de concierto para delinquir, agravado, por el que, en este proceso, fue condenado Ramiro Rengifo Rodríguez, teniendo como base que, el 23 de septiembre de 2002 fue favorecido con resolución de preclusión de la investigación por el reato de pertenencia, a cualquier título, a grupos de justicia privada.
1.2. La cosa juzgada y el principio non bis in idem y sus límites.
La Corte Constitucional ha concebido a la res iudicata como un efecto jurídico de la sentencia, en virtud del cual esta adquiere carácter inmutable, definitivo, vinculante y coercitivo, que genera como consecuencia la imposibilidad de plantear nuevo litigio o pronunciamiento sobre aquellos asuntos ya tratados y decididos (CC C-622 de 2007).
1.2.3. Es aquí donde aparece, como efecto protector consustancial de dicho fenómeno, el principio non bis in idem, según el cual, no puede juzgarse dos veces igual causa, esto es, no es viable investigar, enjuiciar o castigar a una persona más de una ocasión por el mismo motivo, pues, ello, en últimas, atenta severamente contra el principio de proporcionalidad, habida cuenta que la imposición de una doble sanción por una sola acción reprobada normativamente, conduciría a reprochar un hecho, excediendo el ámbito de retribución legal y forjando en el ciudadano la idea de injusticia e inseguridad.
Ahora, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema, el principio non bis in idem está sometido a la verificación de tres presupuestos de identidad(41) o equivalencia: i) sujeto —eadem personae—, ii) objeto —eadem res— y iii) causa —eadem causa—.
Al respecto, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional precisó (CC C-417 de 2009):
El principio del non bis in idem y la cosa juzgada son figuras distintas pero complementarias y ambas vinculadas al principio de seguridad jurídica. La primera, se reconoce como una manifestación negativa del derecho de defensa y del debido proceso, esto es, como posición jurídica subjetiva de defensa para el individuo contra una doble incriminación por los mismos hechos. La segunda, es una institución que no sólo dota de fuerza vinculante a las decisiones judiciales, sino que también pone fin a las controversias, arropa de certeza el resultado de los litigios o procesos, define concretamente las situaciones de derecho, permite hacer efectivas las decisiones jurisdiccionales y finalmente evita que las controversias se reabran indefinidamente con perjuicio de la seguridad jurídica de las personas y el orden social del Estado. En ambas, confluyen en el mismo propósito de crear en el titular de derechos sobre quien se ha iniciado un proceso para determinar su responsabilidad penal y en general sobre el colectivo social, la confianza en el derecho a que una vez resuelta su situación jurídica, con la decisión de fondo que establezca, no deba soportar nuevamente otra actuación judicial de la misma naturaleza y por los mismos hechos.
Contrario sensu, si no se ha proferido ninguna de esas providencias judiciales —con o sin hecho o medio probatorio novo—, en la que se constate el manifiesto incumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano de investigar completa, imparcial y eficazmente las lesiones a dichas infracciones, la jurisdicción penal no puede, muto proprio, desconocer el alcance de la res iudicata y del postulado non bis in idem, sin violentar frontal y superlativamente los axiomas de seguridad jurídica y legalidad.
En este sentido, la Corte ha sido enfática en señalar que la relatividad que se predica del carácter inmutable de la cosa juzgada está sometido al acatamiento de las reglas procedimentales que permitirían su rescisión (CSJ AP, 7 nov. 2012, rad. 39.665):
De esa manera, el devenir histórico revela que siempre ha habido tensión entre la estabilidad, la certeza, la seguridad jurídica, que son los bienes que protege la res iudicata y el valor de la justicia. Tensión que ha llevado a concluir la prevalencia de bienes o valores superiores a los cuales debe ceder la inmutabilidad que se predica de la cosa juzgada. Como se ve, ello no es novedoso. La consagración en los códigos y legislaciones de todos los tiempos de las acciones de revisión o de nulidad así lo demuestran, en el mismo sentido el recurso extraordinario de casación y aún más la acción de tutela: La inmutabilidad de la cosa juzgada es de carácter relativo, lo cual pone de manifiesto el carácter político de la cosa juzgada en cuanto su constitución corresponde a necesidades sociales que propenden por mantener el orden. Esa relatividad comporta que la cosa juzgada debe ceder ante valores superiores como certeramente lo declaraba Fenech: “… la protección que el Estado le concede a su propia verdad procesal debe ceder ante el más alto interés de la justicia material, en este caso extraño al proceso mismo, porque aquel se desvió de su fin específico y último.” O, en palabras del penalista alemán Claus Roxín: “Una prohibición estricta de modificar las sentencias que rigiera sin excepciones le serviría tan poco al aseguramiento de la paz jurídica como la realización sin barreras del Derecho Penal. Por ello el orden jurídico debe admitir el quebrantamiento de la cosa juzgada” Lo que ha ratificado la Corte Constitucional en diversos fallos de constitucionalidad y de tutela.
Las mismas cautelas que en su momento tuvo la Corte para autorizar la posibilidad de que por la vía de la revisión penal extraordinaria, se reabrieran procesos por violaciones de derechos humanos, que había culminado con una decisión favorable al sentenciado, con ruptura del principio del non bis in idem, operan en el caso de la reapertura de procesos culminados con sentencia condenatoria. Esas cautelas, orientadas a la preservación del non bis in idem, para los delitos en general, se encuentran explícitas en la regla que contiene la expresión demandada, en cuanto que la reapertura se produce a través de un mecanismo procesal extraordinario, opera para la criminalidad con mayor potencialidad ofensiva y desestabilizadora como son los crímenes contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y está condicionada al pronunciamiento de una instancia internacional acerca del incumplimiento del Estado de sus obligaciones de investigación y sanción de estos crímenes. El sentido de la causal, una vez excluida la expresión demandada, deja así a salvo el principio del non bis in idem para los delitos en general, tal como lo ha establecido la Corte en el pronunciamiento referido.
En la Sentencia C-04 de 2003, al emprender un juicio de constitucionalidad de la causal tercera de revisión de la Ley 600 de 2000 (la procedencia de la revisión penal por el surgimiento de hechos y pruebas nuevas) la Corte efectuó un detenido ejercicio de ponderación orientado a permitir la armónica convivencia de los principios del non bis in idem , con los imperativos de investigación en los delitos que configuran violaciones de derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario, los derechos de las víctimas de estos ilícitos, y el deber de las autoridades de asegurar la vigencia de un orden justo, culminando su análisis con la conclusión de autorizar, en forma excepcional, la inaplicación del non bis in idem, respecto de los sentenciados por los delitos que entrañen violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, condicionando tal posibilidad al pronunciamiento de una instancia judicial nacional , o de una internacional de supervisión y control de derechos humanos que determine un protuberante incumplimiento del Estado colombiano de su deber de investigar seria e imparcialmente estos hechos (subrayas fuera del texto original).
1.2.4.2. El segundo de los supuestos que admite la atenuación del principio non bis in idem es el relativo al efecto de las decisiones proferidas por autoridades judiciales en el exterior, de tal manera que, es posible volver a perseguir hechos juzgados en otras latitudes que puedan ser alcanzados por nuestra jurisdicción, para la protección de la seguridad y existencia del Estado colombiano, el régimen constitucional y el orden económico social, de acuerdo con el principio de extraterritorialidad por extensión, verbi gratia, cuando el punible se ejecute a bordo de una nave o aeronave nacional de guerra que se encuentre fuera del territorio nacional, o de cualquier nave o aeronave nacional en alta mar o sea cometido en el extranjero por persona que esté al servicio del Estado colombiano y goce de inmunidad reconocida por el derecho internacional (CC C-264 de 1995, CC C-551 de 2001, CSJ SP, 12 dic. 2012, rad. 32.138).
1.2.4.3. Un tercer criterio de limitación de la cosa juzgada y el non bis in idem, admitido por la ley y la jurisprudencia, es la persecución de una misma conducta por autoridades estatales del ámbito penal y de naturaleza sancionatoria diversa, como por ejemplo, de carácter disciplinario, administrativo o fiscal(43).
Al respecto, la jurisprudencia ha sido constante en señalar que “es posible juzgar y sancionar varias veces un mismo comportamiento, sin que ello implique una violación del non bis in idem, (i) cuando la conducta imputada ofenda distintos bienes jurídicos que son objeto de protección en diferentes áreas del derecho; (ii) cuando las investigaciones y las sanciones tengan distintos fundamentos normativos; (iii) cuando los procesos y las sanciones atiendan a distintas finalidades; y (iv) cuando el proceso y la sanción no presenten identidad de objeto y causa.” (CC C-632 de 2011).
1.2.4.4. Finalmente, de similar forma, el concurso real o material —no aparente— de tipos, también descarta la violación del principio non bis in idem, partiendo de la base que un solo comportamiento humano puede dar lugar a la infracción de varios bienes jurídicos tutelados, como ocurre, verbi gratia, con la falsedad en documento público o privado y el fraude procesal o el enriquecimiento ilícito de particulares y la estafa (CSJ SP-9235-2014).
Todo lo anterior, nos lleva a concluir que si bien, existe consenso en el carácter no absoluto de la res iudicata y el non bis in idem, esa naturaleza flexible o dúctil no implica, categóricamente, que el efecto de cosa juzgada puede ser removido a voluntad del operador judicial cuando tenga la convicción, en determinado asunto, de que su ejercicio crítico racional de la cuestión fáctica probatoria es mejor, más justo, infalible o cercano al estándar de certeza, que el emitido previamente por otro juzgador.
1.3. Sobre el delito de concierto para delinquir con fines de paramilitarismo de cara al principio non bis in idem. Reiteración de jurisprudencia.
1.3.1. Lo primero a puntualizar en este acápite es que la conducta punible de concierto para delinquir, con asiento inicial en nuestra legislación a través de la figura de la asociación para delinquir (Código Penal de 1936), adoptó aquel nomen iuris en el Decreto 100 de 1980 (canon 186), para reprochar penalmente la decisión común de varios sujetos orientada a cometer delitos y —como agravantes del injusto— la ejecución del acuerdo en despoblado o con armas y la organización jerárquica delictual, esto es, respecto de quienes lo promuevan, encabecen o dirijan.
Esta regulación se unificó y adoptó como legislación permanente mediante el artículo 6º del Decreto 2266 de 1991, bajo el nomen iuris de concierto para delinquir, misma que, por razones de política criminal y atendiendo criterios de cualificación de los punibles objeto de la asociación ilícita, sirvió de base para sancionar con mayor severidad a aquellos acuerdos destinados a conformar escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada o bandas de sicarios y a cometer delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo y extorsión (precepto 8º de la Ley 365 de 1997).
Finalmente, la Ley 1121 de 2006, artículo 19, incorporó el financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas entre los objetivos del convenio y suprimió del inciso 2º la modalidad de organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, descrito, de similar forma y simultáneamente en el inciso 3º, debido a que vulneraba el principio de non bis in idem, al agravar dos veces la conducta para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir.
Esta es la razón por la que la jurisprudencia de esta corporación (CSJ AP, 10 abr. 2008, rad. 29.472, reiterado en CSJ AP 31, ago. 2011, rad. 36.125, CSJ AP, 7 nov. 2012, rad. 39.665), con criterio invariable, ha sostenido que la modalidad paramilitar del concierto para delinquir, debe ser catalogada como una infracción de lesa humanidad, siempre que se cumplan unos específicos supuestos, como pasa a verse:
Corresponde precisar que la taxatividad o la expresa mención del delito de concierto o asociación para delinquir en el catálogo de delitos de lesa humanidad, no puede ser el único criterio determinante para reputarlo o excluirlo como tal, sino que en tal ejercicio deben concurrir el estudio de las finalidades y propósitos de dicho concierto o de dicha asociación ilícita, nótese que el artículo 7 del Estatuto de Roma, condiciona siempre la susodicha cualificación a los objetivos o finalidades de las conductas ilícitas, esto es, que sean “parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil” . De manera que sobre tal punto debe girar el calificativo que se le de (sic) al delito de concierto para delinquir como de lesa humanidad, lo que impone el estudio de las circunstancias de cada caso en concreto. En términos generales puede concluirse que el delito referido será de lesa humanidad, cuando los hechos punibles que se cometan por motivo o con ocasión de la ilícita asociación, comprendan ataques generalizados o sistemáticos a la población civil.
1.3.2.3. Todas estas precisiones se ofrecen necesarias, inicialmente, para reiterar, como consistentemente lo ha venido haciendo la jurisprudencia (CSJ AP, 24 ene. 2006, rad. 24.812), que el delito de pertenencia, a cualquier título, a grupos de justicia privada, tiene su análogo en el de concierto para delinquir, agravado, consagrado en el artículo 340 del Código Penal (incisos 2º y 3º), pues la asociación criminal paramilitar regularmente ha tenido por fin la comisión de los injustos relacionados en el inciso 2º y, según se trate de directivos o de los encargados de financiarla, las conductas descritas en el inciso 3º.
Tal postura corresponde a la línea jurisprudencial invariable de la Corte, según la cual, “(…) de la manera como se concibe el concierto para delinquir, su vocación de permanencia y su lesividad, se explica en la necesidad de conjugar como unidad los distintos momentos que como expresión de la voluntad del acuerdo ilegal se revelan en el expediente, y no cada episodio como un estanco de la acción por fuera del contexto en el cual la conducta se inscribe.” (CSJ AP, 8 nov. 2007, rad. 26.942).
Por ello, “el examen de la relevancia típica de la conducta no puede hacerse a partir del examen de episodios a los cuales se les confiere una autonomía que no permite captar su finalidad y su sentido. (…)” (CSJ SP, 25 nov, 2008, rad. 26.942).
Y agregó frente a la finalidad y continuidad del propósito como notas características de un único delito de concierto para delinquir, que este punible “(…) es de aquellos denominados de “conducta permanente”, no es de ejecución instantánea, es decir, tal como lo ha expresado la jurisprudencia de la Corte, su realización no es ocasional o momentánea, por el contrario, debe evidenciar continuidad y permanencia en el propósito delictivo, mientras perdure esa asociación para delinquir y por ello el tipo no requiere un término específico, sino la proyección en el tiempo del propósito en el cual se persiste para la comisión (…).” (CSJ SP, 15 sep. 2010, rad. 28.835).
Ahora, para descartar la posibilidad de un doble enjuiciamiento por actos que resultaren conglobados por un mismo acuerdo criminal común, la Corte ha sido consistente en señalar que todas aquellas actividades propias del convenio ilegal, no conocidas para el momento de elevar pliego de cargos por el delito de concierto para delinquir, pero que respondan a un designio específico delincuencial, concebido por los miembros de la organización durante igual espacio temporal al que rigió los hechos investigados o juzgados, y que se perciban como la manifestación de la persistencia de sus integrantes en la asociación ilícita, deben ser tratados bajo la concepción de unidad de conducta y, por consiguiente, no podrán ser objeto de nueva instrucción o juzgamiento (CSJ SP, 25 mayo 2011, rad. 32.792).
En esa orilla, la corporación ha insistido en que, como las manifestaciones del acuerdo ilícito se orientan a una finalidad específica y no se agotan en un mismo acto, dado el carácter permanente de su ejecución, no merecen un reproche penal independiente sino una valoración al momento de ponderar la intensidad de la lesión al bien jurídico; esto, para evitar que desde el punto de vista ontológico se disgregue la acción, el sentido y la teleología de la conducta, por fuera del contexto histórico en el cual el comportamiento se expresa (CSJ SP, 11 abr. 2012, rad. 28.439).
Refrendando esta idea, la Sala también sostuvo que “resulta posible que en determinados casos surjan actos que no fueron considerados al momento de resolverse la situación jurídica de un ciudadano, sin que ello derive en la necesidad de un nuevo procesamiento penal, dado que la teleología de la conducta y su expresión en el tiempo indicarían que se trata de manifestaciones no conocidas del mismo injusto” (CSJ AP, 22 ago. 2012, rad. 34.592).
1.3.2.5. Lo anterior permite clarificar que, en tratándose de la aplicación del postulado non bis in idem, de cara al delito de concierto para delinquir, es forzoso establecer si el sujeto de la acción penal es la misma persona en los dos procesos —aspecto subjetivo—, si comparten, en ambas actuaciones el interés jurídico tutelado de la seguridad pública —paridad de causa— y si el acto reprochado es igual en ambos diligenciamientos, atendiendo la finalidad del comportamiento, el espacio temporal e histórico en que se desarrolló y las particularidades dogmáticas del injusto —identidad de objeto—.
En realidad, si se comprueba que no se trata de la ininterrumpida y constante realización del tipo penal sino de la reincidencia en el delito, debido a que éste se desplegó luego de que alcanzara su consumación, bien porque existe evidencia de un último episodio realizado por el agente o porque quedó en firme la clausura del sumario, no podría operar el principio non bis in idem, habida cuenta la necesidad de investigar la nueva manifestación del reato.
2.1. Con miras a establecer si en el asunto de la especie es viable predicar la vulneración del postulado non bis in idem, por cuenta de la condena que por el delito de concierto para delinquir, agravado, impartió el juez décimo penal del circuito especializado de Bogotá y confirmó el tribunal Superior, contra el procesado, es indispensable determinar, de una parte, si, como lo admitió el ad quem y lo negó el delegado del Ministerio Público, se encuentran satisfechos los presupuestos de identidad subjetiva, de causa y de objeto entre la resolución de preclusión del 23 de septiembre de 2002 de la fiscalía tercera especializada de Buga y la sentencia que nos ocupa y, de otra parte, de ser afirmativa la respuesta a este interrogante, si, a pesar de ello, es posible limitar el efecto de cosa juzgada y el alcance de la prohibición de doble incriminación alegando, como lo hiciera el juez plural, la calidad de lesa humanidad del punible en estudio.
Ciertamente, la resolución de preclusión que favoreció a Rengifo Rodríguez da cuenta de las incriminaciones que varios habitantes del municipio de Bugalagrande —Valle del Cauca— hicieron en su contra por el auxilio que éste le habría prestado a los grupos de autodefensa, asentados en la región desde mediados del año 1999, mientras laboró para dicha entidad territorial.
Al señor RAMIRO RENGIFO RODRÍGUEZ se lo cita, por cuanto éste, de igual modo, según el testigo FREDDY OCORO OTERO, MIGUEL CAÑARTE MONTEALEGRE, JORGE ALBERTO VARELA TASCON y WILLIAM LEYES LOZANO, es persona que le colabora a los Paramilitares, puesto que es el único que deambula tranquilamente, además, porque también dijo haber hablado con ellos [es decir, con el grupo armado] respecto de la desaparición del señor ROBERTH CAÑARTE. Esa postura, es igual que la de todos los que han declarado, toleraron la presencia del grupo armado y no es de extrañar que el sindicado como cualquiera en el pueblo, como lo dijo el defensor, haya tenido que verse forzado a admitir su presencia y hasta colaborar con ellos. Pero eso no lo convierte en un colaborador de voluntad, más bien de (sic) un trabajador que se ve forzado a realizar tareas contrarias a su (sic) buenas costumbres, como cualquiera en esa población.
Y es más, si se aprecia el testimonio del señor LUIS FERNANDO AMAYA, se puede apreciar que quienes concurrieron, subsidiaron y mantuvieron al grupo armado, fueron los propios ganaderos o hacendados de la zona. Dónde se dice por el testigo estrella que RAMIRO RENGIFO RODRÍGUEZ, concurrió a esas reuniones o que el grupo armado lo identificada (sic) como propio o su intermediario? (…).
En ese orden de ideas y como se insinuó desde el comienzo, la única conducta que se le endilgó al sindicado, fue la de PERTENECER al grupo armado lo ubicó dentro del artículo 2º del Decreto Legislativo 1194 de 1989, porque aparentemente pertenecía a cualquier título, por los contactos que se dijo mantuvo con ese grupo armado, sin que se haya demostrado a lo largo de este proceso, que éste promovió, financió, organizó, dirigió, fomentó o ejecutó actos propios de guerra o de terrorismo del grupo paramilitar. De modo pues que su conducta no puede ser otra diferente a la que se le endilgó o presumió por su probable contacto con el grupo armado; (…)
Así las cosas, encuentra el despacho que en este evento no se reúnen las exigencias necesarias para proferir en contra del señor RAMIRO RENGIFO RODRÍGUEZ, resolución de acusación por el hecho de PERTENECER a cualquier título, a un grupo armado, toda vez que no se encuentra acreditado que el (sic) hubiese concertado, por lo menos hasta donde está demostrado, con los miembros del grupo armado ni los financió, ni hay evidencia de que les pasara información o utilizara ese grupo para eliminar personas.
El despacho no puede en esas condiciones admitir que el sindicado fue un líder o participe de los crímenes cometidos por ese grupo, cuando éste no participó en su financiación, sino que se convirtió, como todos los pobladores, en una víctima más de ese grupo armado, porque muchos, de una u otra forma, los ayudaron y eso explica que incursionaran y mantuvieran tanto tiempo en esa población(49) (subrayas de la Sala).
En el caso sub examine consta que un grupo armado al margen de la ley conocido como Autodefensas Unidas de Colombia —Bloque Calima, llegaron al municipio de Bugalagrande a mediados del año 1999, y desde ese momento comenzaron a ejecutar homicidios, desplazamientos forzado (sic) de la población civil, amenazas de muerte, torturas, etc., y en el caso del señor ORLANDO CRESPO y ROBERT CAÑARTE, ambos pertenecientes a la directiva del sindicato del municipio-Sintramunicipio, este grupo les dio muerte, debiendo sufrir el señor FREDDY OCORO la misma suerte, otro de los miembros de la directiva del sindicato, pero logró escapar a esta sentencia de muerte, gracias a que tuvo conocimiento por terceras persona (sic) que estaba en la lista de las AUC, lo que significaba que lo iban a ejecutar, por tanto, para proteger su vida, no tuvo otra salida que desplazarse forzadamente hacia el exterior, en calidad de asilado, así que desde el año 2000. Hasta la fecha esta (sic) en esa calidad en Francia.(50)
Hechos en los que resulta implicado RAMIRO RENGIFO RIDRIGUEZ (sic), de quien se asegura que inicialmente simpatizaba y era informante de la guerrilla, pero cuando se instala en la región las AUC, se integra a ellas suministrando todo tipo de información, originándose las muertes selectivas de los personajes ya reseñados, y el desplazamiento forzado del ciudadano OCORO, quien debido a las amenazas de muerte se tuvo que asilar en el país europeo.(51)
A la actuación fue vinculado RAMIRO RENGIFO RODRÍGUEZ, para la época de los sucesos operario de maquinaria pesada de propiedad del municipio de Buga, pues se le atribuyó no sólo la vinculación con el grupo organizado al margen de la ley, sino también que brindaba al grupo de autodefensa informaciones sobre los trabajadores sindicalizados(52) (resaltado propio).
Por su parte el señor LUIS FERNANDO AMAYA, agricultor del corregimiento de Galicia, (…) relata que “En Bugalagrande hay un señor que se llama RAMIRO no sé el apellido, trabaja con el municipio, les esta (sic) informando sobre el movimiento de la tropa y se dice que cuando los soldados dejan el sector, ellos vuelve (sic) a ajustar cuentas con los que les informaron a la fiscalía, como el caso mío. Luego no cabe duda frente a la integración de RAMIRO RENGIFO con las Autodefensas Unidas de Colombia.
No resulta admisible la posición de la defensa en el sentido de afirmar que el nombre de RAMIRO RENGIFO RODRÍGUEZ no aparece en las órdenes de batalla del grupo alzado en armas conocido como “Autodefensas Unidas de Colombia” para concluir que se es miembro de la organización y por ende concertado para cometer delitos, pues bien se sabe que la labor que cumplía al interior del grupo armado ilegal era la de informante, es decir de comunicar a los comandantes de los paramilitares los movimientos que ejecutaban los miembros del sindicato del municipio, los sitios de desplazamiento, las labores a realizar, esto con el fin de neutralizarlos, pues eran considerados auxiliadores de la guerrilla.
Determina la labor de RAMIRO RENGIFO simpatía con los paramilitares pues, nótese que tenia (sic) los números de los teléfonos de los comandantes, lo que de suyo aclara la estrecha amistad que los unía; además a través de las declaraciones de GLORIA PATRICIA JIMÉNEZ(54), WILLIAM LEYES LOZANO, el médico del hospital doctor JULIO CÉSAR ROJAS(55), se obtiene información acerca del ingreso de pacientes al hospital por parte del aquí procesado, llegando incluso a cubrir los costos de la atención médica, y de realizar el traslado a otros hospitales, lo que permite aun (sic) más clarificar la condición de informante y/o colaborados (sic) de las Autodefensas Unidas de Colombia y sin que su nombre aparezca en las órdenes de batalla, cumplía labores propias de un integrante de la organización delictiva, tanto en la zona urbana como en la rural, pues contaba con un vehículo de la alcaldía para su desplazamiento.(56)
El proceder de RAMIRO RENGIFO RODRÍGUEZ estuvo encaminado a llevar toda la información acerca de la población, y en especial, los integrantes de la junta directiva del sindicato de trabajadores del municipio de Bugalagrande, quienes al no acudir al llamado de la organización armada al margen de la ley, fueron declarados objetivo militar, adelantando acciones para atentar contra la vida de FREDY OCORO (…).
Si bien es cierto RAMIRO RENGIFO RODRÍGUEZ, no ha sido identificado dentro de las órdenes de batalla como integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque Calima, emerge con claridad meridiana de las declaraciones de FREDY OCORO, LUIS FERNANDO AMAYA, FABIOLA GONZÁLEZ, JORGE ALBERTO SALCEDO, EDILSON DE JESUS CADAVID, MIGUEL CAÑARTE, JULIO CÉSAR ROJAS TRUJILLO, GLORIA PATRICIA JIMÉNEZ, entre otros, si prestó colaboración eficaz para lograr menguar la fuerza del sindicato y de quienes se decía pertenecían o auxiliaban a la guerrilla, y por eso su persecución frontal, tanto es así que fueron asesinados dos miembros de la junta directiva del sindicato, antes de producirse el cambio de domicilio forzado de FREDY OCORO. (…).
Vale destacar que si bien es cierto se aduce por el procesado RAMIRO RENGIFO su comportamiento laboral, su conducta y la carencia de antecedentes, situación que no desconoce el despacho, ello no implica de contera que en determinado momento de su vida incurra en actos contrarios a la normatividad penal, pues nótese que en la región fue reconocido como simpatizante de las Autodefensas Unidas de Colombia, al punto de contar con los números telefónicos de sus comandantes, conocer la clase de vehículos con los que contaba el grupo, además de abogar por los enfermos de la organización al margen de la ley(57) (subrayas no originales).
Por otra parte, en esta actuación está igualmente demostrado, con no menor contundencia además, que a ese grupo organizado al margen de la ley se vinculó el acusado RENGIFO RODRÍGUEZ, que en cuanto interesa resaltar, intervino además en forma activa en los actos coercitivos desplegados en detrimento de los dirigentes del sindicado (sic) mencionado, uno de estos últimos, Fredy Ocoro Otero, quien por causa de tales intimidaciones finalmente se asiló en Francia como quedó reseñado en anterior acápite. (…)
Alude la corporación, en primer término, al reconocimiento de que la intimidación en su contra de aquél estuvo cimentada en las noticias recibidas en el sentido de que los dirigentes de Sintramunicipio, uno de ellos el nombrado, tenían nexos con la guerrilla, en consecuencia, citado para que rindiera explicaciones, fue en últimas declarado objetivo militar” por desatender dicha convocatoria (fl. 200, c. 1). En segundo lugar, que de manera expresa reconoció que el personal de la Armada Nacional y de la administración municipal le colaboraba a las autodefensas; y, finalmente, en contradicción de lo alegado por la defensa, que las informaciones sobre los nexos de algunas personas con el grupo rebelde se obtenían, no sólo de desertores de la guerrilla como lo atesta la defensa con alusión a tres que supuestamente les habría entregado la Fuerza Pública, sino también de la población del sector (fl. 108, c. 1), que destaca el tribunal, era una condición susceptible de aseverarse del procesado.
En contraste, el punto de partida en la demostración de la concurrencia del acusado RENGIFO RODRÍGUEZ al concierto para delinquir agravado por su específica modalidad, como también a la perpetración del desplazamiento forzado del ofendido Ocoro Botero, radica en la ampliación de la indagatoria de Edilson de Jesús Cadavid Marín, trasladada como prueba, quien si bien negó la vinculación que se le atribuía con el grupo de autodefensa, señaló no sólo que observaba al primero citado “hablar con las de las AUC”, sino también y, primordialmente, que escuchó que se refería en esas conversaciones a Crespo, no otro conforme fue establecido en autos, que Jesús Orlando Crespo (fl. 292, c. 1), dirigente sindical que como quedó asentado en precedente acápite y se insiste ahora, fue abatido por miembros del Bloque Calima como lo confesó Veloza García.
El testigo de cargo fue aún más específico, diluyendo la credibilidad que el apelante reclama para la retractación posterior respecto de la cual no brindó una justificación plausible para el cambio del relato. En efecto, en total y absoluta coherencia con esa acusación, narró también, producto de una percepción propia, “que el señor que manejaba...la motoniveladora del municipio”, cargo y función que el mismo procesado admite tenía para la época de los sucesos, conviene destacar, del que brinda en todo caso una descripción física coincidente con la fisonomía de aquél, “era el que cuadraba todo con la gente de las AUC’ inclusive, haber escuchado luego de las muertes violentas de Cañarte Montealegre y Crespo Cárdenas, que había sido ese servidor público quien los “había ensuciado” (fl. 292, c. 1).
El testigo también reseñó que Basilides Quiroga lo previno del enjuiciado, de quien le refirió que arribaba al corregimiento de Galicia, se transportaba en los vehículos de los “paras” y después “llegaba a tomar con ellos” (fl. 16, c. 1). (…)
En todo caso, esas revelaciones de Ocoro Botero permisivas de asentar la conexión del enjuiciado con el grupo, fueron confirmadas en cuanto al episodio de la mediación en la localización del desparecido Cañarte Montealegre mediante las declaraciones de Miguel y Álvaro Cañarte, familiares de la víctima nombrada, así como también a través de las obtenidas de Jorge Alberto Varela y Daniel Alberto Moreno Arias (fl. 183, c. 2; 107, c. 3; 95, c. 5; fl. 192, c. 2; 77, c. 5; 52, 89, c. 5).
Por otra parte, los señalamientos comentados se afianzan además a través del testimonio de Fabiola González de Vivas, quien sin ánimo de sospecha y mediante relato coherente e hilvanado, producto además de sus percepciones personales, aseveró que el procesado “mantenía con los paracos”, más aún, que les arregló la carretera para Chicoral” (fl. 46, c. 1). Así mismo, con el obtenido de Luis Fernando Amaya, pues además de que confirmó el nexo de “Ramiro” del que afirmó trabajaba “con el municipio de Bugalagrande” esto es, de quien brindó datos permisivos de colegir que se trataba del acusado, sostuvo que informaba a los paramilitares “sobre el movimiento de la tropa” (fl. 120, c. 1).
La misma orientación argumentativa se atribuye a la deponente Gloria Patricia Jiménez López, quien para la data de los sucesos laboraba en el área de atención al cliente del hospital San Bernabé de la población de Bugalagrande, que en una oportunidad RENGIFO RODRÍGUEZ, que un paciente de quien supo por intermedio de Teresa Salas que se trataba de un “paramilitar herido”, fue transportado por aquél en un vehículo del municipio al Hospital Tomás Uribe con sede en Tuluá (fl. 112, c. 3)(59).
(…) ninguna razón le asiste la (sic) defensa al sostener que la investigación y el juicio por razón del desplazamiento forzado agravado del cual fue víctima Fredy Ocoro Otero comportaron la violación de la prohibición comentada [non bis in idem] (…).
En cambio, del todo diferente es la situación tratándose del punible de concierto para delinquir, porque en la investigación a cargo de la fiscalía 3ª especializada de Buga, como se verifica a través del escrutinio de la decisión proferida por aquélla (fls. 133 a 145, c. 2), al igual que acontece en estas diligencias, la imputación en el ámbito fáctico consistió y consiste, respectivamente, en la vinculación atribuida a RENGIFO RODRÍGUEZ al grupo de autodefensa, mal llamado paramilitar, que operaba para la época de los sucesos en jurisdicción del municipio de Bugalagrande, Valle del Cauca, esto es, por hacer parte de él; imputación soportada incluso en buena medida en ambas actuaciones con unos mismos testimonios, concretamente, en los obtenidos de Fredy Ocoro Otero, Miguel Cañarte y Jorge Alberto Varela Tascón, desde luego, complementados en el presente asunto con otros cuya apreciación abordará la Sala en su oportunidad.
Por ahora baste atestar entonces, ante la incontrastable verificación y en el entendimiento además de que la regla que gobierna el principio del non bis in idem es “impedir que la imputación concreta, como atribución de un comportamiento determinado históricamente, se repita, cualquiera que sea el significado jurídico que se le haya otorgado, en una y otra ocasión, al nomen iuris empleado para calificar la imputación o designar el hecho”(61), que ninguna duda ofrece la existencia de la identidad de objeto en las dos actuaciones cotejadas; conclusión que se afianzada (sic), incluso, a pesar de la disímil calificación jurídica predicada para esa misma conducta en el ámbito fáctico(62).
Ahora, pese a la acreditación de todos los presupuestos normativos que habilitan la aplicación del principio non bis in idem, el fallador optó por negar la consecuencia jurídica de rigor, acudiendo para el efecto a la categorización del delito de concierto para delinquir agravado —con fines de paramilitarismo— como punible de lesa humanidad, desconociendo con esto que, si bien el estado del arte actual reconoce que dicha conducta alcanza esa connotación, ello, per se, no habilita de forma automática la posibilidad de remover el efecto de cosa juzgada de una decisión de fondo que ha cursado ejecutoria, sin acudir, antes, a la acción extraordinaria de revisión, tal y como se explicó al inicio de estas reflexiones.
En verdad, como en extenso se señaló atrás, aunque, con el juzgador plural, la Corte es del criterio que, a fin de maximizar altísimos valores como la justicia y la paz, el principio non bis in idem no tiene carácter absoluto, sino relativo, igualmente, es imposible inadvertir que, en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, la afectación o limitación de dicha garantía fundamental no puede estar sometida a criterios de arbitrariedad, represión a ultranza o subjetivismo —por más que la decisión que habría de ser derruida parezca desafortunada, subsista la sensación de injusticia material, involucre severas lesiones a los derechos humanos o incluso la providencia tenga la apariencia de ser producto de un delito, verbi gratia de prevaricato—, sino que debe ajustarse a los ritos prescritos por el debido proceso, que, para el caso, son los reglados en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000.
En este orden de ideas, se impone concluir que el tribunal incurrió en violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación de los artículos 29 superior, 8º de la Ley 599 de 2000 y 19 de la Ley 600 del mismo año, defecto que ha de ser corregido por esta corporación casando parcialmente el fallo impugnado para, por virtud del reconocimiento del efecto vinculante del principio non bis in idem, declarar su nulidad parcial, exclusivamente, en relación con el delito de concierto para delinquir, agravado, cuestión que, como es obvio, deberá verse reflejada en la declaración de cesación de procedimiento por el citado punible y en el monto de pena impuesto al procesado.
Dichos montos, corresponden, en definitiva, a las penas que Rengifo Rodríguez debe descontar, en cambio de los ciento treinta y dos (132) meses de prisión e “interdicción de derechos y funciones públicas”(64) y mil trescientos (1300) smlmv de multa, habida cuenta que, con ocasión de la aplicación del principio non bis in idem, el valor adicional —de 36 meses de prisión y 500 smlmv de multa— que por motivo del concurso con el punible de concierto para delinquir, agravado, había sido agregado, hoy debe ser eliminado.
Sin embargo, no hay lugar a reconocerla, habida cuenta que, de un lado, el presupuesto objetivo no se satisface conforme a la norma en cita del Código Penal actual porque la pena mínima prevista en la ley para el delito de desplazamiento forzado agravado no es inferior a cinco años de prisión, sino que está fijada en 6 años y, de otro, si bien el artículo 38B del estatuto sustantivo penal —adicionado mediante el canon 23 de la Ley 1709 de 2014— flexibilizó el monto para acceder a este beneficio, ubicándolo en 8 años, con lo cual, en principio, podría tenerse por satisfecho dicho requisito, lo cierto es que el artículo 68A ejusdem —agregado por el precepto 32 de la Ley 1709- excluyó, expresamente, de tal posibilidad al punible de desplazamiento forzado.
1. CASAR PARCIALMENTE la Sentencia del 23 de febrero de 2011 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con ocasión del cargo admitido, para, por virtud del reconocimiento del efecto vinculante del principio non bis in idem, DECLARAR la nulidad parcial de dicho fallo, exclusivamente, en relación con el delito de concierto para delinquir, agravado.
(41) El tribunal constitucional español señala que la identidad debe constatarse en punto del sujeto, el hecho y el fundamento. Cobo del Rosal, M.; Vives Antón, T. Derecho Penal. Parte General. 3ª edición. Valencia. Tirant lo Blanch. 1991. p. 75.
(43) No todas las legislaciones foráneas admiten este criterio en sentido radical. Por ejemplo, en España, el doble castigo penal y administrativo por un mismo hecho, es considerado inconstitucional, de tal suerte que la jurisdicción penal es preferente en la investigación y juzgamiento de una conducta con raíces en ambos ámbitos. Quiroga, Luis Ortiz; Arévalo Cunich Javier. Las consecuencias jurídicas del delito. Editorial jurídica de Chile. Santiago. 2013. pp. 90-91.
(53) Folios 38 a 45, Cuaderno original Nº 1. El alcalde de esa época el señor HÉCTOR FABIO CORREA, tenia (sic) nexos con las autodefensas que para la época operaban en Bugalagrande, ...el señor alcalde trae a RAMIRO RENGIFO y lo incorpora al gobierno y esa persona es precisamente quien ejerce oposición frente a los demás compañeros realizando una labor prácticamente de informante pues todos los movimientos que hacia el sindicato,.., andaba con los paramilitares.., las amenazas se gestaron arriba en el comando de los paramilitares...”.
(54) Folio 187 cuasderno (sic) original Nº 2. Declaración de GLORIA PATRICIA JIMÉNEZ.
(55) Folios 219 y siguientes cuaderno original Nº 3. Declaración de JULIO CÉSAR ROJAS, medico (sic).
(61) MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. I. Fundamentos. Op. Cit., pp. 606 y 607.