Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79034
Timestamp: 2018-04-25 12:07:29
Document Index: 225683746

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 7', 'artículo 19', 'artículo 15', 'artículo 17', 'Artículo 17']

Gaceta: LXIII/3SPO-87/79034
Propone reformar los artículos 7, 15, 17 y 19 y de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a fin de resaltar la importancia de la elaboración de los diagnósticos, con el objetivo de que las metas y acciones implementadas en las comunidades, sean enfocadas a los verdaderos factores de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia.
Establece los factores que debe atender la prevención social de la violencia y la delincuencia, y señala que dentro de ellos debe considerarse el diagnóstico del problema o factor de riesgo que necesita ser atendido, así como la definición de sus objetivos, general y particular.
Asimismo, determina que una de las atribuciones del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Unidad Administrativa del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sea capacitar a las entidades federativas y municipios cuando lo soliciten, en materia de identificación de problemas o factores de riesgo delictivo que necesiten ser atendidos en sus demarcaciones.
Dispone que los programas nacionales, sectoriales, especiales e institucionales que incidan en la prevención social de la violencia y la delincuencia, deberán diseñarse, además de los supuestos que actualmente se contemplan, con base en un diagnóstico claro y preciso del problema o factor de riesgo delictivo que necesita ser atendido.
Finalmente, propone que en el cumplimiento de la Ley, las autoridades de los gobiernos Federal, de los Estados, de la Ciudad de México y los Municipios, en el ámbito de sus atribuciones, mantengan actualizado su diagnóstico de los problemas o factores de riesgo delictivo que necesitan ser atendidos conforme a sus atribuciones.
It proposes to reform the articles 7, 15, 17 and 19 and of the General Law for the Social Prevention of Violence and Crime in order to highlight the importance of preparing diagnoses, with the objective that the goals and actions implemented in the communities are focused on the true risk factors that favor the generation of violence and delinquency.
It establishes the factors that the social prevention of violence and delinquency must address, and states that within them the diagnosis of the problem or risk factor that needs to be addressed must be considered, as well as the definition of its objectives, general and particular.
Likewise, it determines that one of the attributions of the National Center of Crime Prevention and Citizen Participation, Administrative Unit of the Executive Secretariat of the National Public Security System, is to train the states and municipalities when they request it, in terms of identifying problems or criminal risk factors that need to be addressed in their demarcations.
It provides that national, sectoral, special and institutional programs that affect the social prevention of violence and crime should be designed, in addition to the assumptions currently contemplated, based on a clear and precise diagnosis of the problem or risk factor criminal who needs to be treated.
Finally, it proposes that in the fulfillment of the Law, the authorities of the Federal, State, Mexico City and Municipalities, in the scope of their attributions, keep up to date their diagnosis of the problems or factors of criminal risk. They need to be taken care of according to their attributions.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que modifican diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, Iniciativa con proyecto de decreto por el que modifican diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, al tenor de la siguiente:
Una de las principales obligaciones de un Estado democrático de derecho es garantizar, el ejercicio pleno de los derechos humanos, tal como lo señala el tercer párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas “las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”
Históricamente las condiciones sociales, políticas y económicas en México, han impedido la consolidación de Instituciones sólidas que permitan el ejercicio pleno de derechos humanos y sus garantías; el debilitamiento de un Estado de derecho ha cedido el paso a la impunidad, y relegado la idea de justicia. De acuerdo con los resultados del Índice Global de Impunidad 2017, elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla, México ocupa el cuarto lugar de los países con mayores índices de impunidad, ubicándolo en el lugar 66 de 69 naciones, tan sólo por debajo de Filipinas, India y Camerún; se sitúa en el primer lugar entre los países latinoamericanos, por encima de naciones como Venezuela, Perú, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Honduras y el Salvador. [*]
En México dicho problema es tan grave que solamente el 1% de los delitos se castigan, lo que implica que existe un 99% de impunidad en el país, de acuerdo con los resultados, esta problemática es endémica y acosa a todo el Estado mexicano de manera funcional y estructural; [*] es decir, no tiene su origen con el actual gobierno; sin embargo, existen elementos y datos estadísticos que permiten señalar que en la actual administración tanto el Índice de Impunidad, como la violencia y la delincuencia, han tenido un aumento crítico, lo cual representa una doble preocupación, ya que se han generado las condiciones que podrían agravar esta problemática en un futuro.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, la actual Administración Federal estableció como una de sus metas nacionales un México en paz, la cual tiene como objetivo “fortalecer las instituciones mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con actores políticos y sociales, la formación de ciudadanía y corresponsabilidad social, el respeto y la protección de los derechos humanos, la erradicación de la violencia de género, el combate a la corrupción y el fomento de una mayor rendición de cuentas, todo ello orientado a la consolidación de una democracia plena”. [*]
De acuerdo con el mismo documento, el establecimiento de esta meta tiene como prioridad, en términos de seguridad pública “abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía mediante la prevención del delito y la transformación institucional de las fuerzas de seguridad”. [*] De esta manera, según la exposición hecha dentro del PND, pretende disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad, fortalecer el tejido social y las condiciones de vida para inhibir las causas del delito y la violencia, así como construir policías profesionales, un Nuevo Sistema de Justicia Penal y un sistema efectivo de reinserción social de los delincuentes.
Del mismo modo dentro del Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, se establecieron como objetivos: [*]
Consolidar una coordinación efectiva para el diseño, implementación y evaluación de la política de seguridad pública;
Reducir la incidencia de los delitos con mayor impacto en la población;
Reducir la incidencia de los delitos vinculados a la "Economía Ilegal";
Fortalecer las capacidades de las instituciones policiales;
Fortalecer el sistema penitenciario nacional y el especializado en menores de edad que infringen la ley penal.
De acuerdo con estos planteamientos, su finalidad primordial de dicho Programa “es lograr un México en Paz, que tenga al ciudadano y a su familia como centro de las políticas de seguridad. Las ciudades, los pueblos y las carreteras deberán volver a ser espacios de tranquilidad, donde los mexicanos puedan transitar con seguridad, sin temor de perder la libertad o la vida”. La implementación de estas estrategias pretenden reducir la violencia, por medio de la atención de los delitos que más afectan a las personas, tales como: homicidio, secuestro y extorsión.
Estos ambiciosos objetivos fueron planteados al inicio de la presente Administración Federal bajo un escenario adverso en materia de seguridad pública, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2012, en el año 2011 hubo alrededor 18, 675,004 víctimas de algún delito, lo que equivale a 24.5% de la población de 18 años y más; asimismo, estimó que se generaron 22, 389,492 delitos asociados a ese número de víctimas. [*]
Asimismo, como una estrategia para responder y combatir ese escenario, y con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Federal se estableció como una línea de acción la creación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) 2014-2018, el cual tiene por objeto atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia, a cargo de la coordinación de la Secretaría de Gobernación, [*] y tiene su base en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
A partir del diagnóstico elaborado por el Gobierno Federal, se determinó que dicho programa tendría entre otras estrategias:
Implementar mecanismos de participación inclusiva y libre de discriminación de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil (OSC) en proyectos locales de prevención social.
Desarrollar competencias en la ciudadanía y en OSC de cultura de paz, cultura de legalidad y convivencia ciudadana.
Promover la participación de actores sociales estratégicos para la prevención social y la corresponsabilidad en materia de seguridad.
Implementar medidas que disminuyan los factores de riesgo de que niñas y niños vivan situaciones de violencia y delincuencia.
Instrumentar acciones que disminuyan los factores de riesgo de que adolescentes y jóvenes vivan situaciones de violencia y delincuencia.
Promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en población migrante.
Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a población interna en el sistema penitenciario.
Realizar acciones de prevención situacional que contribuyan a la reducción de oportunidades para la violencia y la delincuencia.
Fomentar acciones de apropiación del espacio público para fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana.
Favorecer el proceso de proximidad entre las instituciones policiales y la ciudadanía.
Desde el año 2013 y con la finalidad de distinguir el combate al crimen organizado de la administración anterior, el Gobierno Federal anunció, “su programa insignia de seguridad, el cual pretendía atacar la violencia desde otro ángulo: prevención en lugar de punición. Con criterios poco claros, se seleccionaron 57 demarcaciones prioritarias compuestas por 931 municipios y les destinaron casi dos mil 500 millones de pesos. El proceso se repitió en 2014, ahora incluyendo a 16 demarcaciones adicionales”. [*]
Sin embargo, esto no cambió la metodología para el otorgamiento de recursos económicos, en el año 2015 agregando nueve municipios; pero para el 2016, la disminución en el presupuesto significó que nueve municipios, como Comitán en Chiapas y Zamora, Michoacán, salieran del programa, aunque se incorporaran otros siete; la cantidad de municipios que quedaron dentro del programa, sumaban 95.
Una de las prioridades en la implementación del programa, en razón de sus objetivos, consistió en lograr invertir los recursos necesarios para incidir en la prevención y reducción de delitos, tanto del fuero común como del Federal. De esta manera, desde el año 2013 y a lo largo de 4 años dicho programa recibió alrededor de 10 mil millones de pesos, [*] sin que ello se refleje en la disminución de los índices delictivos, por el contrario algunos delitos y en general la violencia, han tenido incrementos preocupantes.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, [*] indican que en la comparación de la comisión de delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes se observa un alza en el índice delictivo. Por ejemplo, mientras que en el año 2015 se presentaron 13.34 homicidios dolosos, en 2016 esa cifra pasó a 16.50, mientras que para el 2017 fue de 20.16; del mismo modo el delito de robo de vehículos pasó de 133.01, a 137.79 y posteriormente a 159.50, respectivamente; el mismo efecto se registró en el delito de robo a transeúnte pues en 2015 se cometieron 51.66 por cada cien mil habitantes, 50.33 para 2016 y para el año 2017, 61.64.
A pesar de que el gobierno actual, supuestamente ha dado un enfoque diferente al combate del crimen organizado, el 2017 fue el año más violento de la historia reciente del país. Como puede observarse en la gráfica 1, mientras que en mayo del año 2011 se habían registrado 2,131 muertes violentas, para mayo de 2017 aquella cifra histórica fue superada y alcanzó 2,186 personas asesinadas.
Es decir, a pesar de la implementación del Programa y la inversión de recursos, no ha existido disminución alguna en la comisión de delitos, tanto del fuero común, como federal. Esto significa que los objetivos del programa de prevención del delito no se han logrado, por el contrario, todo indica que existe una mala planeación en el combate al delito. Además, esto comprueba la tesis de que en México, por ejemplo, no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, “sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones, sobre todo en materia de prevención, inteligencia e integración de la información de las carpetas de investigación. La implementación de esta política contribuiría a mejorar los procesos judiciales dentro de la estructura.” [*]
Expertos en la materia han señalado que dos de las posibles causas de la falta de resultados en la prevención del delito, ha sido la falla en el diseño de la política pública, así como la ambigüedad en la Ley. Es decir, por un lado el diseño del programa de prevención del delito contiene “objetivos no evaluables estipulados en sus lineamientos, como generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana o incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social del delito mediante su participación y desarrollo de competencias”, [*] esto significa que la planeación de las acciones pueden desarrollarse en el ámbito de la subjetividad, ya que el mismo programa no exige objetivos cuantitativos que puedan ser medibles. En consecuencia, no hay manera de conocer cuál es el resultado de las acciones y del dinero invertido en cada una de las estrategias.
También se han identificado que los malos resultados se asocian a la deficiente planeación de las acciones, en la identificación de los factores de riesgo, y por lo tanto, en una mala inversión de los recursos públicos destinados. Es decir, “las políticas de prevención deben responder a diagnósticos basados en esta información y en evidencia que permitan ubicar y reconocer dónde están los riesgos y las áreas vulnerables. Requiere de pericia y buena planeación para alinear las intervenciones con los objetivos propuestos. Demanda mecanismos de monitoreo y evaluación para conocer si hay resultados. En suma, es una política pública que, como todas, requiere de capacidades refinadas de parte de los encargados de su diseño y ejecución.” [*]
De acuerdo con el Estudio Prevención del delito en México ¿Dónde quedó la evidencia?, [*] elaborado por la organización México Evalúa, uno de los mayores problemas que se han identificado en el programa de prevención del delito ha sido falta de claridad en la asignación de recursos, pero también grandes deficiencias en la identificación de los factores de riesgo sobre los cuales se planean las acciones.
De acuerdo con el PNPSVD la prevención de la violencia se entiende como “el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan. Por su parte, la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia establece que dicha prevención deberá llevar a cabo en cuatro ámbitos:
Social: La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito social se llevará a cabo, entre otros aspectos mediante la promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión, así como el fomento de la solución pacífica de conflictos.
Comunitario: La prevención en el ámbito comunitario pretende atender los factores que generan violencia y delincuencia mediante la participación ciudadana y comunitaria.
Situacional: La prevención en el ámbito situacional consiste en modificar el entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia delictiva.
Psicosocial: La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad.
Para ello, el PNPSVD contempla la asignación de recursos a los municipios con mayor incidencia delictiva, los cuales deberán ser invertidos para atender estos cuatro ámbitos de prevención del delito. Lo anterior debe llevarse a cabo con base en un diagnóstico que pueda identificar los factores de riesgo que requieren ser atendidos, a fin de incidir en la disminución de delitos.
La importancia de la elaboración adecuada del diagnóstico, radica en que éste “el proceso de recolección, análisis e interpretación de información sobre una realidad social en el marco de un problema que se define como foco de interés. Para ello se utilizan técnicas cualitativas, cuantitativas o la combinación de ambas. Su objetivo es entregar los antecedentes necesarios para diseñar una estrategia de intervención pertinente capaz de solucionar o mitigar el problema o necesidad que motiva la acción.” [*]
Es decir, el diagnóstico debe contener la información que refleje la magnitud del problema a atender, sus causas, efectos y características, así como la cuantificación y especificaciones de la población afectada; por lo tanto, un diseño erróneo en la elaboración del diagnóstico llevará a que la planeación de los objetivos, las metas y las acciones, no incidan en la verdadera problemática, y solamente se encaminen a atender de manera paliativa algunos aspectos de la misma. En el marco del programa en cuestión, esto debería permitir que los datos recabados permitieran identificar y verificar la validez de las respuestas propuestas en el programa para contener la violencia y el delito.
Sin embargo, pese a la importancia que tiene la elaboración de un diagnóstico adecuado, el estudio de México Evalúa indica que entre los hallazgos destaca que solamente el 21 por ciento de los diagnósticos presentados para recibir recursos del PNPSVD se basaron en indicadores objetivos, ya sea cuantitativos o cualitativos, además: [*]
Se identificaron varios casos en los que: a) no se presentó un diagnóstico y en su lugar se presentó una mera justificación del proyecto, o bien; b) el diagnóstico constaba de una serie de conjeturas en torno al problema y su(s) causa(s) sin evidencia objetiva que las sustentara;
La mayoría de los anexos (54 por ciento) muestran diagnósticos cuya información es insuficiente o carece de objetividad;
En el 14.5 por ciento de los casos analizados, el diagnóstico no tiene información alguna sobre el estado de la demarcación en materia de seguridad sino que simplemente formula una justificación general del proyecto. Más aún, se encontró que en 7 por ciento no hubo un diagnóstico;
Mientras que en 3.5 por ciento de los proyectos analizados el diagnóstico no era relevante.
Como puede observarse, resulta preocupante las deficiencias en la elaboración de los diagnósticos, probablemente es por ello que no se logran identificar los verdaderos factores de riesgo en las comunidades, luego entonces no hay una incidencia eficaz en la prevención social y la delincuencia, en consecuencia los objetivos y fines de la Ley General no se cumplen, “los problemas detectados en el análisis de los diagnósticos presentados en las demarcaciones de la muestra parecen apuntar a que los objetivos de los proyectos no se definieron como resultado de los hallazgos provenientes de los diagnósticos, sino al revés: se proporcionó información, y en muchos casos más bien descripciones subjetivas, para justificar objetivos preestablecidos por los lineamientos del programa”. [*]
En este sentido, el objeto de la presente iniciativa consiste en fortalecer y resaltar desde la Ley la importancia de la elaboración de los diagnósticos, ello con la finalidad de que las metas, objetivos y acciones implementadas en las comunidades, sean enfocadas a los verdaderos factores de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia.
Para ello se propone a esta Soberanía la adición de una fracción VI al artículo 7 de la Ley General para le Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la cual establezca los factores que debe atender la prevención social de la violencia y la delincuencia, y señalar que dentro de ellos debe considerarse el diagnóstico del problema o factor de riesgo que necesita ser atendido, así como la definición de sus objetivos, general y particular. Con esta propuesta se pretende poner énfasis al hecho de que el diagnóstico es parte fundamental del programa y las acciones correspondientes.
Asimismo, se propone adicionar una fracción XXVI al artículo 15 a fin de establecer que una de las atribuciones del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Unidad Administrativa del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, será capacitar a las entidades federativas y municipios cuando lo soliciten, en materia de identificación de problemas o factores de riesgo delictivo que necesiten ser atendidos en sus demarcaciones. Dicha adición tiene como objetivo establecer un acompañamiento en el desarrollo del diagnóstico, a fin de garantizar su correcta elaboración, y así asegurar que la inversión de los recursos sea adecuada.
De igual manera, se propone modificar el artículo 17 de la misma Ley, ello con el objetivo de establecer que los programas nacional, sectoriales, especiales e institucionales que incidan en la prevención social de la violencia y la delincuencia, deberán diseñarse, además de los supuestos que actualmente se contemplan, con base en un diagnóstico claro y preciso del problema o factor de riesgo delictivo que necesita ser atendido.
Finalmente, se propone una modificación al artículo 19 con la finalidad de que, en el cumplimiento de esa Ley, las autoridades de los gobiernos Federal, de los Estados, de la Ciudad de México y los Municipios, en el ámbito de sus atribuciones, mantengan actualizado su diagnóstico de los problemas o factores de riesgo delictivo que necesitan ser atendidos conforme a sus atribuciones.
Si estas propuestas son integradas a la Ley, se estaría atendiendo uno de los mayores impedimentos que se ha encontrado en la implementación de la misma, pero sobre todo se estaría abordando uno de los problemas más grandes y quizá una de las explicaciones del por qué no existen resultados en materia de prevención de la violencia y la delincuencia. Es preocupante que, pese a la gran cantidad de recursos destinados a dicha acción, sea deficiente la elaboración del diagnóstico y la identificación de los verdaderos factores de riesgo.
La crisis de violencia en México se encuentra en cifras inimaginables e históricas, es urgente emprender acciones enfocadas a la prevención de la violencia y la delincuencia para detener y aminorar los altos índices de inseguridad. Es menester que el Estado mexicano garantice el ejercicio pleno de los derechos humanos.
ÚNICO. - Se ADICIONAN, una fracción VI al artículo 7; una fracción IX al artículo 19; se MODIFICA la fracción XXVI, pasando la actual fracción a ser la XXVII del artículo 15; y se REFORMA el primer párrafo del artículo 17, todos de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para quedar como sigue:
VI. La identificación y diagnóstico de los problemas o factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como la definición de los objetivos, generales y particulares para su atención oportuna.
XXVI. Capacitar a las entidades federativas y municipios cuando lo soliciten, en materia de identificación y atención de problemas o factores de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia en sus respectivas demarcaciones, y
XXVII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.
Artículo 17.- Los programas nacional, sectoriales, especiales e institucionales que incidan en la prevención social de la violencia y la delincuencia, deberán diseñarse con base en un diagnóstico claro y preciso de los problemas o factores de riesgo que requieren ser atendidos, considerando la participación interinstitucional con enfoque multidisciplinario, enfatizando la colaboración con universidades, organizaciones de la sociedad civil y entidades orientadas a la investigación, asimismo se orientarán a contrarrestar, neutralizar o disminuir los factores de riesgo y las consecuencias, daño e impacto social y comunitario de la violencia y la delincuencia.
IX. Mantener actualizado el diagnóstico de los problemas o factores de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia en sus respectivas demarcaciones y que requieren atención conforme a sus atribuciones.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los27 días defebrero de 2017.
[*] Fundación Universidad de las Américas. “ÍNDICE GLOBAL DE IMPUNIDAD IGI-2017”, [en línea], consultado 20/02/2018, disponible en: http://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017_esp.pdf
[*] “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, Diario Oficial de la Federación, [en línea], consultado 20/02/2018, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465
[*] Secretaría de Gobernación. “PROGRAMA Nacional de Seguridad Pública 2014-2018”, en línea, consultado 23/02/2018, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343081&fecha=30/04/2014
[*] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. BOLETÍN DE PRENSA NÚM. 339/12, “PRESENTA INEGI RESULTADOS DE LA ENVIPE 2012”, [en línea], consultado 20/02/2018, disponible en: http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/2013/09/enviperes2012.pdf
[*] Diario Oficial de la Federación. “PROGRAMA Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018”, [en línea], consultado 20/02/2018, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014
[*] Merino José. “Dinero gastado en PRONAPRED: 10 mil millones de pesos.
Relación con cambio en violencia: nula”, Nexos, [en línea], consultado 20/02/2018, disponible en: https://parentesis.nexos.com.mx/?p=76
[*] Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. “Número de delitos por cada 100 mil
Habitantes 2015-2017”, (en línea), consultado 20/02/2018, disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP%20-%20Delitos-100%20mil%20hab%202015-2017.pdf
[*] Fundación Universidad de las Américas, Op. Cit.
[*] Merino, Op. Cit.
[*] México Evalúa. “Prevención del delito en México ¿Dónde quedó la evidencia?”, (en línea), consultado 21/02/2018, disponible en: http://mexicoevalua.org/prevencion/wp-content/uploads/2015/06/donde_quedo_la_evidencia.pdf
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79034