Source: http://www.scribd.com/doc/2418278/Carlos-Andres-Perez
Timestamp: 2015-07-29 12:09:59
Document Index: 336183088

Matched Legal Cases: ['artículo392', 'artículo 66', 'artículo 271', 'artículo 110', 'artículo 110', 'artículo 66', 'Artículo 392', 'artículo 42']

P. 1Carlos Andres PerezCarlos Andres PerezRatings: 4.75 (1)|Views: 1,396|Likes: 0Published by Luciano SuarezMore info:Published by: Luciano Suarez on Apr 02, 2008Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/2418278/Carlos-Andres-Perez06/17/2009pdftextoriginal En ponencia del Magistrado AlejandroAngulo Fontiveros:
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA AUTORIZO EXTRADICIONDEL EX PRESIDENTE CARLOS ANDRES PEREZ
La Sala de Casación Penal (Accidental) advirtió en su sentencia que Carlos Andrés Pérezy Cecilia Matos –también solicitada por la presunta comisión del delito de enriquecimientoilícito- sólo serán enjuiciados por dicho delito y que no deben ser ni serán enjuiciados enningún caso por delitos políticos ni por actos relacionados con éstos
La Sala de Casación Penal (Accidental) del Tribunal Supremo de Justicia, enponencia del Magistrado Alejandro Angulo Fontiveros y con el voto salvado de la Dra.Blanca Rosa Mármol de León, dictaminó que debe solicitarse la extradición del expresidente de la República, Carlos Andrés Pérez y de Cecilia Matos, por la presuntacomisión del delito de enriquecimiento ilícito. En consecuencia, se ordenó solicitar laextradición a los gobiernos de República Dominicana (lugar de residencia de lossolicitados), Estados Unidos de América o cualquier otro país donde pudieran hallarse.
El Juzgado Trigésimo Quinto de Primera Instancia en funciones de Control de laCircunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 8 de enero de 2002,solicitó a la Sala de Casación Penal del alto tribunal, según lo establecido en el artículo392 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), la tramitación de una extradiciónactiva contra el ex Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, y Cecilia MatosMolero, quienes presumiblemente se encuentran en la República Dominicana o en losEstados Unidos de América.Como se recordará, dicho Juzgado decretó el 20 de diciembre de 2001, a cargodel Juez Mario Alberto Pópoli, la detención domiciliaria de Carlos Andrés Pérez ydecretó la privación judicial preventiva de libertad de Cecilia Matos, por la comisión deldelito de enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 66 de la Ley Orgánica deSalvaguarda del Patrimonio Público. Así mismo acordó la medida de aseguramientosobre los bienes propiedad de los imputados, de acuerdo con el artículo 271 de laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela.Posteriormente, el pasado 11 de enero de 2002 el Magistrado Rafael PérezPerdomo se inhibió para conocer la solicitud de extradición y se declaró con lugar dicha
inhibición. Se convocó a una Sala Accidental que se constituyó por los MagistradosAlejandro Angulo Fontiveros (Ponente del caso), Blanca Rosa Mármol de León y elPrimer Suplente, el Dr. Julio Elías Mayaudón.
ANÁLISIS DEL CASO POR PARTE DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL
La Sala al estudiar el expediente, se pronunció en primer término acerca dellapso de prescripción del presente caso. Al respecto, la Sala del máximo tribunalrecordó que las acciones penales, civiles y administrativas de los delitos previstos en laLey Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, tienen un lapso de prescripciónúnico de 5 años y distinto (ese lapso) al previsto en la ley substantiva ordinaria, que secontará siguiendo las reglas del Código Penal.En este caso –expresa la Sala en su fallo- no ha operado la prescripción ordinariaporque el Tribunal Superior de Salvaguarda decretó en contra de los solicitados sendosautos de detención el 15 de mayo de 1998 y, según el artículo 110 del Código Penal, elauto de detención interrumpe la prescripción, que comenzará a correr nuevamente desdeel día de la interrupción. Además, tampoco operó la prescripción judicial, pues el primeraparte del artículo 110 del Código Penal establece que: “(...) pero si el juicio sin culpadel reo, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable, más la mitaddel mismo, se declarará prescrita la acción penal(...)”.“La prescripción aplicable a este caso es de cinco años contados a partir de lafecha de cesación en el cargo o función; pero el tipo del delito de enriquecimiento ilícitocontiene una referencia temporal: durante los dos años siguientes a la cesación delcargo, también podrá ser cometido el delito. Así que el delito de enriquecimiento ilícitotiene la especialísima advertencia de que, como se dijo, su comisión puede ser durantelos dos años siguientes a la cesación del cargo.Dicho lo anterior, la Sala recordó que el delito atribuido a los ciudadanossolicitados en extradición, como perpetrado durante el período presidencialcomprendido entre febrero de 1989 y el 21 de mayo de 1993: hasta dos años después dehaber cesado sus funciones como Presidente de la República, esto es decir, hasta el 21de mayo de 1995; y sumados los cinco años de la prescripción aplicable, más dos años yseis meses (que sería la mitad de la prescripción aplicable), la prescripción operaría el21 de noviembre de 2002. En consecuencia, al no estar prescrita la acción penal paraperseguir este delito, no existe ningún obstáculo legal para continuar con suenjuiciamiento en el territorio venezolano.La Sala Penal también en su fallo se refirió a los alegatos o defensas de losciudadanos considerados extraditables por el juzgado solicitante. Aclaró el fallo que noconsta ninguna defensa o alegación en autos, esto es, en el expediente relativo a lasolicitud de extradición, pero que en la prensa de circulación nacional sí hay alegatos enrechazo a la posibilidad de que la presente extradición sea declarada procedente.Entre esos alegatos está el que el delito de enriquecimiento ilícito no da lugar aextradición. La Sala de Casación en su fallo señaló que “no es verdad que el delito deenriquecimiento ilícito no figura en la legislación de los Estados Unidos de América: la
Convención Interamericana contra la Corrupción, como se ha visto en este fallo, incluyeese delito en su artículo IX. Los Estados Unidos de América son parte suscriptora de laConvención en referencia y la ratificaron el 29 de septiembre del año 2000. Y en loconcerniente a la República Dominicana, igualmente la suscribieron y después laratificaron el 6 de agosto de 1999”.En relación con el alegato de que se trata de un juicio político, la Sala aclaró que“no es posible la inclusión de este delito (“Enriquecimiento Ilícito”) en el concepto uoriente del delito político. En efecto, la conducta configuradora de ese delito eincriminada en el artículo 66 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del PatrimonioPúblico, no guarda relación ninguna con la ideación del delito político y, en todo caso,es imposible incrustarla en el marco definitorio del delito de enriquecimiento ilícito,cuyos elementos ontológicos difieren por completo de los del delito idealista o deconciencia o político y, más aún, son antagónicos porque sus características y móvilesson diametralmente opuestos”.En consecuencia, concluyó la Sala que “no es lógico ni suasorio ese argumento ydebe ser desestimado, puesto que el delito de enriquecimiento ilícito representa laantítesis del delito político que se hace, en principio, por el bien de la patria. Endefinitiva: una solicitud de extradición por el delito de enriquecimiento ilícito, jamásdebe ser tenida como parte de juicio político”.Posteriormente, la Sala de Casación Penal del máximo tribunal del país indicóque el Artículo 392 del COPP establece que “Extradición activa. Cuando se tuvierenoticias de que un imputado respecto del cual el Ministerio Público haya presentado laacusación y el Juez de control (SIC) haya dictado una medida cautelar de privación delibertad, se halla en país extranjero, el Juez de control se dirigirá al Tribunal Supremode Justicia con copia de las actuaciones en que se funda (...) El Tribunal Supremo deJusticia, dentro del lapso de treinta días contados a partir del recibo de la documentaciónpertinente y previa opinión del Ministerio Público, declarará si es procedente o nosolicitar la extradición, y, en caso afirmativo, remitirá copia de lo actuado al EjecutivoNacional”.La Sala del alto tribunal luego de analizar el expediente del caso, según lodispuesto en el citado artículo del COPP y en el numeral 30 del artículo 42 de la LeyOrgánica de la Corte Suprema de Justicia se pronunció acerca de la procedencia o no dela extradición. Al respecto señaló en su sentencia que con fundamento en los principiosde reciprocidad internacional y el estudio del expediente del caso, se desprendenelementos de convicción suficientes para que los hechos sean investigados y juzgados,por lo que consideró que sí procede solicitar la extradición a República Dominicana,lugar de residencia de Carlos Andrés Pérez y Cecilia Matos, por lo que debe procedersea practicar las tramitaciones correspondientes. Además, la extradición deberá solicitarsea Estados Unidos de América y de los demás países en los cuales pudieran hallarse. Atal efecto se dispone enviar al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Justicia,copia certificada de esta decisión.Advirtió la Sala que los solicitados en extradición sólo serán enjuiciados por eldelito de enriquecimiento ilícito y que no deben ser ni serán enjuiciados en ningún casopor delitos políticos ni por actos relacionados con éstos.
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