Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1195087
Timestamp: 2020-04-06 12:12:29
Document Index: 104552137

Matched Legal Cases: ['artículo 55', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 110', 'artículo 124', 'artículo 127', 'artículo 7', 'artículo 124', 'Artículo 124', 'artículo 129', 'Artículo 124', 'Artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 35', 'artículo 2', 'artículo 15']

Recientemente, el Informe de Fiscalización de la Cuenta General relativo al ejercicio 2017, aprobado por el Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía en su sesión celebrada el día 19 de febrero de 2019, dentro de sus recomendaciones, indica en su párrafo 7.4 “Los libramientos pendientes de justificar de la JA, AA y ARES a 31 de diciembre de 2017 ascienden a 1.934,37 M€. Respecto a los libramientos de ejercicios anteriores, parte de ellos presentan una antigüedad elevada.
Si bien en 2017 han disminuido los libramientos pendientes de justificar respecto a 2016 tanto en la Junta de Andalucía como en las agencias, se recomienda continuar adoptando medidas que permitan la disminución de dichos saldos, tales como propiciar el cumplimiento de la obligación de justificación de los beneficiarios y agilizar las comprobaciones por los órganos gestores de la documentación justificativa, procediendo, en su caso, al reintegro de las cantidades y no justificadas debidamente, con la finalidad de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados.”
“16. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno, ante el elevado volumen y antigüedad de los saldos de los libramientos pendientes de justificar fuera de plazo anteriores a 2017 -como constata el informe de referencia-, que ascienden a 1.934 millones en consejerías y agencias, al cumplimiento estricto de la normativa que los regula, a agilizar las comprobaciones realizadas por los órganos gestores, exigiendo su inmediata justificación o su reintegro, en el caso de cantidades pagadas y no justificadas debidamente, mandato que ha sido aprobado por este Parlamento en numerosas resoluciones que se refieren a la fiscalización de las correspondientes Cuentas Generales de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y en otras actuaciones de la Cámara de Cuentas desde hace más de dos décadas, pero que ha sido sistemática y reiteradamente ignorado por el Consejo de Gobierno, ocasionando la prescripción de los posibles reintegros y caducidad de los expedientes iniciados.
17. El Parlamento de Andalucía reitera la consideración de muy negativa para la mejora del empleo en nuestra comunidad el mantenimiento de la parálisis a lo largo de 2017 el procedimiento de comprobación de las justificaciones de los libramientos de pago en política de empleo, dado que, tal como ha quedado constatado en el informe de referencia, se mantiene el elevado nivel de los libramientos pendientes de justificar en el Servicio Andaluz de Empleo, en la Consejería de Economía y Conocimiento, y en la de Empleo, Empresa y Comercio (en su mayoría durante el periodo 2007-2016) y que aún no han sido justificados (a pesar de que haya finalizado el plazo legal para ello, en algunos casos décadas); esta circunstancia bloquea el normal desarrollo de las políticas de empleo, dificulta la detección de posibles irregularidades y fraudes en la gestión y uso de fondos públicos, además de hacer peligrar los reintegros oportunos ante la posibilidad de caducidad del procedimiento, por lo que se insta al Consejo de Gobierno al cumplimiento estricto de la normativa que regula las ayudas, incentivos y transferencias libradas y pendientes de justificar, exigiendo su inmediata justificación o su reintegro, y estableciendo las sanciones oportunas.”
A pesar de las actuaciones realizadas a lo largo del 2019, el mantenimiento durante décadas del elevado montante acumulado de libramientos pendientes de justificar y la antigüedad de los saldos, así como los riesgos de prescripción de los posibles reintegros, ha generado una situación extraordinaria que perjudica el normal desarrollo de las políticas públicas y dificulta la detección de posibles irregularidades en la gestión y uso de fondos públicos. Dichas actuaciones han puesto de manifiesto, además, que no basta con centrarse en los libramientos pendientes de justificación correspondientes a ejercicios pasados sino que, como ha puesto de manifiesto la Cámara de Cuentas, es preciso “mejorar los procedimientos para el control y la gestión de los mismos, para propiciar el cumplimiento de la obligación de justificación de los beneficiarios, agilizar las comprobaciones por los órganos gestores de la documentación justificativa, procediendo, en su caso, al reintegro de las cantidades no justificadas debidamente”. Es decir, es necesario crear una cultura corporativa de la justificación y el adecuado uso de los recursos públicos destinados a la actividad subvencional, con la participación de los órganos gestores, las entidades colaboradoras, los órganos responsables de los ingresos y los órganos de control, incluso de los propias personas o entidades beneficiarias.
El Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo , establece en su artículo 55.2 que a las órdenes de pago libradas con cargo al Presupuesto se acompañarán los documentos que acrediten la realización de la prestación o el derecho de la persona o entidad acreedora, de conformidad con los acuerdos que, en su día, autorizaron y comprometieron el gasto.
No obstante, el artículo 56 de dicho Texto Refundido contempla una excepción a dicha norma general y define los pagos a justificar como órdenes de pago que en el momento de su expedición no pueden acompañarse de dichos documentos acreditativos, y que, por ello, tendrán el carácter de “a justificar”, sin perjuicio de su aplicación a los correspondientes créditos presupuestarios, estableciendo, en sus apartados siguientes, la obligación de los perceptores de dichas órdenes de pago de justificar la aplicación de las cantidades recibidas y de aprobar o reparar la cuenta.
Asimismo, el Decreto 40/2017, de 7 de marzo , por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria, establece en su artículo 56 el régimen de las propuestas y documentos contables de obligaciones sujetas a justificación posterior, diferenciando entre los supuestos de pagos a justificar y de los pagos en firme de justificación diferida, entre los que se encuentran las subvenciones.
Desde un punto de vista contable, la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía regula en su Capítulo IV el seguimiento de obligaciones con justificación posterior mediante un módulo del Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos (“Sistema GIRO”) que permite el control contable de los documentos con fase de pago que hayan de ser objeto de alguno de los tipos de justificación posterior, así como la verificación del cumplimiento de los plazos de justificación.
Dicha regulación se ha mostrado insuficiente para dar una respuesta eficaz, en primer lugar, al cumplimiento de la legalidad, y, en consecuencia, a las continuas observaciones y recomendaciones de la Cámara de Cuentas y a las resoluciones del Parlamento de Andalucía, se refieran estas “al bloqueo del normal desarrollo de las políticas”, ya que “cualquier parálisis de un expediente en una de sus etapas” de control y comprobación, “determina su permanencia sine die en el saldo de libramientos pendientes”, aunque el perceptor de los fondos “haya aportado los justificantes adecuados”, o, en caso contrario, hace “peligrar los reintegros oportunos”. En segundo lugar, para dotar de seguridad jurídica al proceso de justificación y comprobación. A este respecto, por ejemplo, el artículo 124.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía dispone que la falta de justificación por causas imputables a las personas o entidades beneficiarias impide proponer pagos, sin que hayan sido establecidas cuáles puedan ser dichas causas. Tampoco se encuentran claramente delimitados cuáles sean los efectos de las alteraciones de las condiciones de la subvención en la comprobación de la subvención. En relación con la comprobación, ha de reconocerse que la regulación legal ha resultado escasa. Solo a partir de la Ley 3/2019, de 22 de julio , del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para Andalucía, con la modificación del artículo 124 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se ha establecido un plazo para que el órgano concedente deba efectuar la comprobación formal de la documentación justificativa. Tampoco se ha previsto expresamente, a diferencia de lo ocurrido en otras Administraciones, la posibilidad de que la persona beneficiaria pueda devolver voluntariamente todo o parte de los fondos recibidos con el pago de la subvención, cuando no sean utilizados o lo sean indebidamente. Esta devolución espontánea, que debiera acompañar a la aportación de la documentación justificativa para ser considerada completa, ha de promoverse, desde la propia concesión, pero, sobre todo, facilitando su reconocimiento y materialización.
Por todo ello, es primordial, en primer lugar, que la información que suministra la contabilidad en relación con los libramientos que, según esta, se encuentran pendientes de justificación -y los posibles reintegros que, a priori, puedan resultar de aquella-, sea reflejo fiel de los hechos que hayan, en cada caso, acontecido desde la materialización de los libramientos. En caso contrario, habría que proceder a la corrección o depuración de la información contable.
En la presente norma concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía como presupuestos habilitantes para la aprobación de un decreto-ley. El volumen de los libramientos pendientes de justificar y la necesidad de mejorar los procedimientos para el control y la gestión de los mismos, para propiciar el cumplimiento de la obligación de justificación de las personas beneficiarias, agilizar las comprobaciones por los órganos gestores de la documentación justificativa, procediendo, en su caso, al reintegro de las cantidades no justificadas debidamente -puesta de manifiesto en los reiterados informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas y en las Resoluciones del Parlamento de Andalucía-, requieren una respuesta inmediata, dados los perniciosos efectos que se pueden producir en la correcta gestión de los fondos públicos. La efectividad de las medidas previstas en esta norma no puede posponerse el tiempo necesario para permitir la tramitación legislativa parlamentaria, pues ello supondría quebrar la efectividad de la acción que se pretende.
El artículo primero establece la necesidad de adaptación del subsistema de seguimiento de obligaciones con justificación posterior del Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos (“Sistema GIRO”), de forma que, la información que ofrezca este, represente la verdadera situación de los libramientos con justificación posterior, mostrando las diferentes fases por las que puede atravesar la justificación de una subvención. Asimismo, por seguridad jurídica, se explicitan las causas por las que la falta de justificación es imputable a las personas o entidades beneficiarias. Ello resulta especialmente importante, ya que, conforme al vigente artículo 124.2 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se limita la posibilidad de proponer pagos cuando existan subvenciones concedidas en convocatorias anteriores pendientes de justificar.
La disposición final primera modifica el párrafo b) del Anexo IV del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre , de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía y la disposición final segunda establece la entrada en vigor del decreto-ley el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, salvo la modificación del artículo 127 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía operada por el artículo 7 y lo dispuesto en la disposición final primera, que entrarán en vigor el día 1 de septiembre de 2020.
1. Con el fin de que la contabilidad pública de la Junta de Andalucía represente la verdadera situación de los libramientos con justificación posterior, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente decreto-ley se realizarán adaptaciones en el Subsistema de seguimiento de obligaciones con justificación posterior del Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos (“Sistema GIRO”), de forma que en el mismo se puedan diferenciar los siguientes supuestos:
b) Las dilaciones a que se refiere el apartado 4 del artículo 124 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo .
Asimismo, el órgano gestor certificará la relación de los libramientos a centros o entidades públicas integrantes de la Hacienda de la Junta de Andalucía sometidas a control financiero cuya justificación consistiera en certificación expedida por órgano de gobierno de los mismos respecto de los que, con posterioridad a la fecha del libramiento, se hubiera modificado su régimen y hubiera pasado a tener la consideración de “en firme”. La emisión de este certificado conllevará la baja contable de los libramientos en el Subsistema de seguimiento de obligaciones con justificación posterior.
“Artículo 124 bis. Comprobación de la adecuada justificación y de la realización de la actividad y del cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión y disfrute de la subvención.
La aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el acto de comprobación no exime a la persona beneficiaria de las sanciones que puedan corresponder con arreglo al artículo 129.”
“Artículo 124 ter. Aplazamientos y fraccionamientos de reintegros de subvenciones.
2. Los reintegros por causas diferentes a las previstas en el apartado anterior que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse, conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación, aprobado mediante Real Decreto 939/2005, de 29 de julio , a solicitud del obligado al reintegro, cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:
En la resolución, además de las dos condiciones anteriores, se tendrán en cuenta tanto la gravedad del incumplimiento del que resulta el reintegro como los posibles quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.”
“Artículo 124 quáter. Devolución a iniciativa del perceptor.
3. En las convocatorias de las subvenciones se deberá dar publicidad de los medios disponibles para el que la persona beneficiaria pueda efectuar la devolución o solicitar la compensación o el aplazamiento y fraccionamiento a que se refieren los apartados anteriores.”
“1. No podrá proponerse el pago de las subvenciones mientras no se compruebe formalmente la justificación. La falta de comprobación de la documentación justificativa en los términos establecidos en las bases reguladoras, una vez transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el artículo 124 bis, podrá dar lugar a la solicitud de intereses de demora desde dicho momento y hasta el pago de la subvención si el mismo, finalmente, procede.
No obstante, iniciados los procedimientos de reintegro, o las actuaciones con sucesores o responsables, el órgano concedente, como medida cautelar, podrá solicitar a la Consejería competente en materia de Hacienda la suspensión de los libramientos de pago de las cantidades pendientes de abonar a la persona beneficiaria, sin superar, en ningún caso, el importe que fije la propuesta o resolución de inicio de los referidos procedimientos. El régimen jurídico de esta medida cautelar es el previsto para la retención de pagos en los apartados 2 a 4 del artículo 35 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.”
“1. Será competente para resolver el reintegro de las cantidades percibidas por la persona beneficiaria, el órgano o entidad concedente de la subvención.
Los recursos contra las resoluciones de reintegro se dirigirán a la Agencia Tributaria de Andalucía, que los remitirá en el plazo de diez días al órgano que, en cada caso, hubiera acordado el reintegro.”
“4. La Consejería competente en materia de Hacienda podrá establecer directrices generales para la aplicación del régimen sancionador.”
Para la ejecución de las actividades a que se refiere el artículo 2 se nombrará personal funcionario interino, en proporción a las necesidades acreditadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, y su financiación tendrá lugar con cargo a los créditos para el Plan Confianza de la Administración de la Junta de Andalucía previstos en la sección “Gastos de diversas Consejerías”.
Disposición final primera. Modificación del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre , de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.
Se modifica el párrafo b) del Anexo IV del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre , de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía que queda redactado en los siguientes términos:
“b) El sistema para la práctica de la notificación por medios electrónicos en los procedimientos en materia tributaria y de reintegro de subvenciones, será el establecido por la Consejería competente en materia tributaria.”