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Timestamp: 2019-10-21 03:08:54
Document Index: 234235740

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 194', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 194', 'artículo 172', 'artículo 97', 'artículo 184', 'artículo 194', 'artículo 194', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 180', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 184', 'artículo 97', 'artículo 184', 'artículo 92', 'artículo 12', 'artículo 184', 'artículo 92', 'artículo 184', 'artículo 12', 'artículo 92', 'artículo 97', 'artículo 12', 'artículo 97', 'artículo 184', 'artículo 194', 'artículo 97', 'artículo 184', 'artículo 184']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 183, de 28/06/2017
cve: BOCG-12-D-183
DIPUTADOS QUE ACCEDEN A SECRETOS OFICIALES
052/000004 Elección por el Pleno de la Cámara de doña Margarita Robles Fernández, a los efectos de lo previsto en el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 11 de mayo de 2004, sobre secretos oficiales ... (Página3)
130/000015 Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores. Convalidación y tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia ... (Página3)
130/000016 Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Convalidación y tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia ... (Página3)
162/000206 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el sistema de becas y ayudas al estudio.
Enmiendas ... (Página4)
Aprobación con modificaciones ... (Página9)
162/000421 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la actual Estrategia de Ciberseguridad Nacional.
Enmiendas ... (Página10)
Aprobación con modificaciones ... (Página14)
172/000048 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista al Ministro de Hacienda y Función Pública sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula su amnistía fiscal ... (Página15)
172/000049 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, para garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto ... (Página16)
172/000052 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la negativa del Gobierno a equiparar de manera igualitaria e intransferible los permisos de paternidad y maternidad ... (Página17)
173/000032 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Ministerio del Interior ante la alarma social que han generado las actuaciones de altos responsables del Departamento en relación con personas investigadas por delitos relacionados con la corrupción. Texto de la moción y aprobación por el Pleno de la Cámara ... (Página17)
173/000033 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministro de Justicia para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de guarda y custodia compartida.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página18)
Aprobación... (Página21)
173/000034 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la valoración de la llamada "Operación Diálogo" con las instituciones y la sociedad civil catalana en aras a lograr un mejor entendimiento. Texto de la moción, enmienda formulada y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página21)
173/000035 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para promover el saneamiento y realización de una actuación integral sobre las rías gallegas.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas... (Página22)
Aprobación con modificaciones... (Página26)
052/000004
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, ha elegido, a los efectos de lo previsto en el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004, a doña Margarita Robles Fernández, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista.
130/000015
Convalidado en la sesión plenaria del día de hoy el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores, se acordó su tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia (núm. expte. 121/000007), por lo que el texto se publica en la serie A del Boletín Oficial de las Cortes Generales, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
130/000016
Convalidado en la sesión plenaria del día de hoy el Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se acordó su tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia (núm. expte. 121/000008), por lo que el texto se publica en la serie A del Boletín Oficial de las Cortes Generales, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
162/000206
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el sistema de becas y ayudas al estudio, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 36, de 21 de octubre de 2016.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el sistema de becas y ayudas al estudio, para su debate en Pleno.
"En lo que respecta a las becas Erasmus, eliminará las trabas establecidas con los nuevos requisitos recuperando los anteriores, y ampliará los créditos presupuestarios destinados para este programa. La dotación de la cuantía de las beca dependerá no solo del país de destino, sino también de la renta del destinatario, estableciéndose una ayuda adicional superior a los 100 euros que contempla el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para aquellos estudiantes con menores ingresos, Esta ayuda adicional ha de contemplar también el país de acogida y ser suficiente para la manutención del estudiante en el mismo."
A día de hoy, solo las familias con más recursos económicos pueden hacer el esfuerzo económico de mandar a sus hijos a cursar parte de los estudios universitarios fuera de España. Esto es así porque la cuantía económica que contempla la beca Erasmus (entre 200 y 300 euros dependiendo del país de destino y 100 euros más en el caso de ser beneficiario de una beca de carácter general o ser refugiado) no es suficiente para que los alumnos puedan costearse el alojamiento, la comida y los demás productos de primera necesidad. Por tanto, para que este tipo de ayudas sean realmente una oportunidad para todos los estudiantes por igual, debería contemplarse el criterio de la renta familiar a la hora de calcular el importe de la ayuda económica.
"Impulsar una modalidad de convocatoria que incluya el pago de la matrícula a los licenciados y graduados en situación de desempleo o con un salario inferior al salario mínimo que realicen estudios de postgrado en universidades públicas con el fin de mejorar su cualificación."
Muchos estudiantes de postgrado compatibilizan los estudios con trabajos a media jornada (o con una jornada inferior a las 20 horas a las semana) por los que reciben un salario inferior al mínimo interprofesional. Para estos estudiantes, el importe de la matrícula queda muy por encima de lo que pueden pagar con su trabajo, por lo que entendemos que deberían optar a una convocatoria de ayudas que contemplase el pago de la matrícula de los estudios de postgrado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2017.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE), sobre el sistema de becas y ayudas al estudio.
De adición de un nuevo punto:
"7. Respetar el ámbito competencial que en materia de Educación tiene la Comunidad Autónoma del País Vasco, cumpliendo el Real Decreto 1014/1985, de traspaso de funciones y servicios del Estado al País Vasco en materia de universidades y retirando todos los recursos interpuestos contra el sistema vasco de becas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2017.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre el sistema de becas y ayudas al estudio, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se modifica la sección propositiva de la Proposición no de Ley, quedando redactada como sigue:
1. Modificar la normativa reguladora de las becas para garantizar un sistema de becas que asegure que ningún estudiante abandone los estudios postobligatorios por motivos económicos. Para ello, el Gobierno pondrá en marcha las siguientes medidas:
- Establecerá criterios claros, objetivos y ponderables para su obtención, de tal manera que el solicitante pueda conocer de antemano los criterios por los cuales se le otorgan y la cuantía que percibirá si le es concedida.
- Recuperará progresivamente las convocatorias, los créditos y las cuantías de las becas generales, restituirá las Séneca e incrementará el número de la FPU, además de restablecer los requisitos dispuestos en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
- En lo que respecta a las becas Erasmus, eliminará progresivamente las trabas establecidas con los nuevos requisitos recuperando los anteriores, y ampliará los créditos presupuestarios destinados para este programa.
- Fijará un periodo máximo de tres meses para la resolución de los expedientes de solicitud de beca.
2. En el marco de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades, el Gobierno promoverá un nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula que tenga en cuenta los niveles de renta de la unidad familiar a la que pertenezca cada estudiante y permita mantener un marco coherente en el conjunto del Estado asegurando así la igualdad de oportunidades, con mecanismos internos que ajusten la demanda y oferta de los estudios.
3. Convocar con carácter de urgencia el Observatorio de Becas creado a través del Real Decreto 1220/2010, de 1 de octubre.
4. Impulsar una modalidad de convocatoria de créditos públicos a devolver para el pago de la matrícula a los licenciados y graduados en situación de desempleo que realicen estudios de postgrado en universidades públicas con el fin de mejorar su cualificación.
5. Impulsar un programa de becas para el pago formación en el marco de la educación secundaria obligatoria y terciaria (bachillerato, formación profesional y universidad) que posibliten un reciclaje profesional a desempleados de larga duración.
6. Habilitar, en las convocatorias de concesión de becas y ayudas al estudio, mecanismos para incluir los supuestos excepcionales de aquellos alumnos que, por haberse modificado sustancialmente sus circunstancias económicas, queden excluidos en los umbrales económicos exigidos para la concesión de la beca o ayuda al estudio en el ejercicio de la convocatoria.
7. Adelantar los plazos de convocatoria y agilizar los procesos de asignación de becas para que el pago al beneficiario se haga antes de que este deba afrontar el pago de las matrículas y tasas correspondientes."
1. Modificar la normativa reguladora de las becas para recuperar el verdadero sentido de las becas como derecho subjetivo, sin dificultar el acceso y mantenimiento a las mismas por los estudiantes, al mismo tiempo que garantizará un sistema de becas que asegure que ningún estudiante abandone los estudios postobligatorios por motivos económicos. Para ello, el Gobierno pondrá en marcha las siguientes medidas:
- Recuperará las convocatorias, los créditos y las cuantías de las becas generales, restituirá las Séneca e incrementará el número de la FPU, además de restablecer los requisitos dispuestos en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
- En lo que respecta a las becas Erasmus, eliminará las trabas establecidas con los nuevos requisitos recuperando los anteriores, y ampliará los créditos presupuestarios destinados para este programa.
2. En el marco de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades, el Gobierno promoverá un nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula que tenga en cuenta los niveles de renta de la unidad familiar a la que pertenezca cada estudiante y permita mantener un marco coherente en el conjunto del Estado asegurando así la igualdad de oportunidades. Para ello, reducirá el importe de las matrículas y facilitará el acceso a las becas de los estudiantes universitarios, homogeneizando
los precios tanto de los grados como de los másteres, y restablecerá los precios públicos en los niveles anteriores a la aplicación de lo dispuesto por el Real Decreto-ley 14/2012, facilitando su pago.
4. Impulsar una modalidad de convocatoria que incluya el pago de la matrícula a los licenciados y graduados en situación de desempleo que realicen estudios de postgrado en universidades públicas con el fin de mejorar su cualificación.
5. Eliminar la obligatoriedad de devolución a posteriori de la beca a aquellos alumnos que no hayan superado los créditos exigidos aun cuando su derecho se generará el curso anterior.
6. Incluir en las convocatorias de concesión de becas y ayudas al estudio la realidad de aquellos alumnos que, por haberse modificado sustancialmente sus circunstancias económicas, queden excluidos en los umbrales económicos exigidos para la concesión de la beca o ayuda al estudio en el ejercicio de la convocatoria, arbitrando los procedimientos adecuados para que puedan acceder a estas mediante la acreditación documental que sea precisa para poder demostrar la reciente modificación de su situación económica."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2017.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Olòriz Serra, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Pleno del Grupo Parlamentario Socialista sobre el sistema de becas y ayudas al estudio.
Se propone la adición de los siguientes puntos:
"7. Transferir a la Generalitat de Catalunya la competencia en materia de becas y ayudas al estudio. Dicho traspaso debe permitir la asunción por la Generalitat de Catalunya de la regulación, convocatoria, ejecución, tramitación, resolución, notificación, acreditación, pago, control, verificación e inspección de los sistemas de becas y ayudas al estudio territorializadas respecto de los solicitantes cuyo domicilio familiar radique en el territorio de Catalunya y que cursen, asimismo en Catalunya, estudios conducentes a la obtención de un título con validez en todo el territorio del Estado y debe prever la participación de la Generalitat de Catalunya en la gestión y tramitación de las becas y ayudas al estudio no territorializadas, así como en otras medidas de fomento económico del estudio impulsadas por la Administración General del Estado.
8. Transferir, en los mismos términos, las becas y ayudas al estudio a la Generalitat Valenciana y el Govern de les Illes Balears."
Mejora técnica y cumplimiento de la STC 188/2001, la STC 25/2015 y la STC 95/2016.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2017.-Joan Olòriz Serra, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el sistema de becas y ayudas al estudio.
"El Congreso de los Diputados, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y de acuerdo con la atribución de competencias establecida, insta al Gobierno a:
1. Traspasar a la Generalitat de Catalunya, con carácter urgente, el pleno ejercicio de las competencias en materia de becas y ayudas al estudio de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en concreto de su Sentencia 188/2001, de 20 de septiembre, y con lo dispuesto en el artículo 172.1 g) del Estatuto de Autonomía de Catalunya.
2. Modificar la normativa reguladora de las becas para recuperar el verdadero sentido [...]. Para ello, el Gobierno pondrá en marcha las siguientes medidas:
- Establecerá criterios claros [...]
- Recuperará y actualizará las convocatorias, los créditos y las cuantías de las becas generales, restituirá las Séneca e incrementará el número de la FPU, además de restablecer los requisitos dispuestos en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
- Agilizará los procedimientos de gestión para posibilitar una reducción de los plazos de resolución de los expedientes de solicitud de beca.
3. En el marco de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades, el Gobierno promoverá un nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula que tenga en cuenta los niveles de renta de la unidad familiar a la que pertenezca cada estudiante y permita mantener un marco coherente en el conjunto del Estado asegurando así la igualdad de oportunidades.
Para ello, reducirá el importe de las matrículas y facilitará el acceso a las becas de los estudiantes universitarios, con el objetivo de avanzar hacia un sistema universitario más equitativo, en que la política de precios públicos esté vinculada a la política de becas.
4. Convocar con carácter de urgencia el Observatorio de Becas creado a través del Real Decreto 1220/2010, de 1 de octubre.
5. Impulsar una modalidad de convocatoria que incluya el pago de la matrícula a los licenciados y graduados en situación de desempleo que realicen estudios de postgrado en universidades públicas con el fin de mejorar su cualificación, especialmente cuando se trate de estudios habilitantes orientados al ejercicio de profesiones reguladas.
6. Eliminar la obligatoriedad de devolución a posteriori de la beca a aquellos alumnos que no hayan superado los créditos exigidos [...]
7. Incluir en las convocatorias de concesión de becas y ayudas al estudio la realidad de aquellos alumnos que, por haberse modificado sustancialmente sus circunstancias económicas [...]"
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2017.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el sistema de becas y ayudas al estudio, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 36, de 21 de octubre de 2016, en los siguientes términos:
- En lo que respecta a las becas Erasmus, eliminará las trabas establecidas con los nuevos requisitos recuperando los anteriores, y ampliará los créditos presupuestarios destinados para este programa. La dotación de la cuantía de la beca dependerá no solo del país de destino, sino también de la renta del destinatario, estableciéndose una ayuda adicional superior a los 100 euros que contempla el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para aquellos estudiantes con menores ingresos. Esta ayuda adicional ha de contemplar también el país de acogida y ser suficiente para la manutención del estudiante en el mismo.
- Fijará un período máximo de 3 meses para la resolución de los expedientes de solicitud de beca.
2. En el marco de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades, el Gobierno promoverá un nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula que tenga en cuenta los niveles de renta de la unidad familiar a la que pertenezca cada estudiante y permita mantener un marco coherente en el conjunto del Estado asegurando así la igualdad de oportunidades. Para ello, reducirá el importe de las matrículas y facilitará el acceso a las becas de los estudiantes universitarios, homogeneizando los precios tanto de los grados como de los másteres, y restablecerá los precios públicos en los niveles anteriores a la aplicación de lo dispuesto por el Real Decreto-ley 14/2012, con el objetivo de avanzar hacia un sistema universitario más equitativo en el que la política de precios públicos esté vinculado a la política de becas.
4. Impulsar una modalidad de convocatoria que incluya el pago de la matrícula a los licenciados y graduados en situación de desempleo o con un salario inferior al salario mínimo que realicen estudios de postgrado en universidades públicas con el fin de mejorar su cualificación.
5. Impulsar un programa de becas para el pago de la formación en el marco de la educación secundaria postobligatoria y terciaria (bachillerato, formación profesional y universidad) que posibiliten una recualificación profesional a desempleados de larga duración.
6. Eliminar la obligatoriedad de devolución a posteriori de la beca a aquellos alumnos que no hayan superado los créditos exigidos aun cuando su derecho se generara el curso anterior.
7. Habilitar, en las convocatorias de concesión de becas y ayudas al estudio, mecanismos para incluir los supuestos excepcionales de aquellos alumnos que, por haberse modificado sustancialmente sus circunstancias económicas, queden excluidos en los umbrales económicos exigidos para la concesión de la beca o ayuda al estudio en el ejercicio de la convocatoria, arbitrando los procedimientos adecuados para que puedan acceder a estas mediante la acreditación documental que sea precisa para poder demostrar la reciente modificación de su situación económica.
8. Adelantar los plazos de convocatoria y agilizar los procesos de asignación de becas para que el pago al beneficiario se haga antes de que este deba afrontar el pago de las matrículas y tasas correspondientes."
162/000421
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la actual Estrategia de Ciberseguridad Nacional, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 165, de 2 de junio de 2017.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa al impulso de la actual estrategia de Ciberseguridad Nacional, para su debate en el Pleno.
"10. Promover un Pacto de Estado por la Ciberseguridad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular sobre el impulso de la actual Estrategia de Ciberseguridad Nacional.
Al encabezado.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, tras la experiencia acumulada durante los primeros años de vigencia de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, potencie este aspecto de la
Seguridad Nacional, considerando, además, la soberanía tecnológica como factor clave para la Ciberseguridad, para aumentar la confianza digital de los españoles, asegurar el ejercicio efectivo de la protección de datos recogido en la Directiva UE 2017/679 y Reglamento UE 2016/680, y proteger y aumentar el patrimonio científico y tecnológico de España, adopte las medidas siguientes:"
De un nuevo punto 10.
"10. Presentar las reformas legales necesarias para establecer la obligación de almacenar en territorio español, los datos y aplicaciones informáticas que los procesan en Defensa, Sanidad, Infraestructuras críticas y aquellos servicios y procesos de la AA.PP. que, a propuesta del gobierno, se califiquen como esenciales."
De un nuevo punto 11.
"11. Presentar una modificación de la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación legal de todos los operadores de servicios de transmisión de datos, gratuitos o de pago, de almacenar en territorio español de forma temporal, por un periodo no inferior a seis meses, todos los datos del tráfico que hayan cursado."
De un nuevo punto 12.
"12. Promover, como un sector clave de la economía, la investigación científica y técnica en áreas como la criptografía y en general las relacionadas con la Ciberseguridad."
De un nuevo punto 13.
"13. Establecer políticas de contratación de las AA.PP, Sanidad, SS.SS. Defensa e Infraestructuras críticas, necesarias para la creación de un mercado nacional en TIC y Ciberseguridad, con el tamaño suficiente para lograr economías de escala que lo hagan no solo viable, sino competitivo."
De un nuevo punto 14.
"14. Elaborar un listado de sectores económicos clave, a los que sean de aplicación directrices, y en su caso incentivos, de contratación de productos y servicios para mantener y desarrollar, a nivel nacional, capacidades clave en TIC y en particular en tecnologías relacionadas con la Ciberseguridad."
De un nuevo punto 15.
"10. Elaborar un informe estadístico, que recoja los casos documentados de ciberacoso, en el que se documenten las iniciativas puestas en marcha para prevenir este tipo de agresiones, así como la actualización de las guías existentes y el desarrollo de potenciales planes de actuación contra el cibercacoso."
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.- Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado Isidro Martínez Oblanca, de Foro, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa al impulso de la actual Estrategia de Ciberseguridad Nacional.
Se propone la adición de un nuevo punto con el siguiente texto:
"Ampliar los diferentes planes derivados de ciberseguridad nacional con un "Plan específico relativo a los procesos electorales" para garantizar los valores democráticos en el desarrollo de
elecciones, prevenir intervenciones exteriores y detectar ataques informáticos que pudieran alterar el resultado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2017.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la actual Estrategia de Ciberseguridad Nacional.
"1. Desarrollar programas de formación para los administradores, usuarios, jefes y directores de seguridad responsables de las TIC... (resto igual)"
Al punto 2. d).
"2.d) Los sistemas de telecomunicaciones, los servicios y sistemas de información que gestionan... (resto igual)"
Al punto 6.
"6. Desarrollar programas de formación para docentes de los centros educativos público y privados que permitan la detección temprana de talento. Complementando dichos programas con una ampliación y extensión de los programas de ayudas de captación sistemas de reclutamiento temprano de los activos con talento, investigación avanzada y capacitación en ciberseguridad."
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de adición a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa al impulso de la actual Estrategia de Ciberseguridad Nacional.
Seguridad Nacional para aumentar la confianza digital de los españoles a través de las medidas marcadas en sus líneas de acción tales como:
10. Promover y potenciar los instrumentos y mecanismos de ciberseguridad impulsados por las CCAA, como el CESICAT, en Catalunya, futura Agència de Ciberseguretat de Catalunya, por su importancia transversal en la protección, prevención y resiliencia ante ciberamenazas y ciberincidentes que puedan afectar los datos en actividades y sectores sobre los que mantiene competencias, como, por ejemplo, Salud, Seguridad Pública, Educación, Comercio, Turismo, entre otras."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la actual Estrategia de Ciberseguridad Nacional, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 165, de 2 de junio de 2017, en los siguientes términos:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, tras la experiencia acumulada durante los primeros años de vigencia de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, potencie este aspecto de la Seguridad Nacional para aumentar la confianza digital de los españoles a través de las medidas marcadas en sus líneas de acción, tales como:
1. Desarrollar programas de formación para los administradores, usuarios, jefes y directores de seguridad responsables de las TIC de empresas, y administraciones públicas en la gestión segura de la TIC, y potenciar la creación, difusión y aplicación de las mejores prácticas en materia de ciberseguridad, con especial atención a la protección de la información, en consonancia con las obligaciones que establezca la transposición de la Directiva NIS.
2. Desarrollar los mecanismos y programas necesarios para reforzar la seguridad de:
a) Empresas y ciudadanos.
b) Las infraestructuras físicas que permiten el almacenamiento e intercambio de datos (redes de banda ancha, servidores, dispositivos móviles, etc.).
c) Los sistemas de información y telecomunicaciones que soportan las administraciones públicas y las infraestructuras críticas y los servicios que estos proporcionan.
d) Los sistemas de telecomunicaciones, los servicios y sistemas de información que gestionan los programas y aplicaciones informáticas que gestionan dichos datos y sistemas frente a desastres naturales y a los ataques de delincuentes y/o terroristas ampliando y mejorando las capacidades de los organismos con competencias en ciberseguridad y ciberdefensa en las administraciones públicas, en ciberseguridad de ciudadanos y empresas, Fuerzas Armadas, FCSE e infraestructuras críticas así como implementando los planes de contingencia necesarios para que, en caso de producirse dichos desastres o ataques, se minimicen las consecuencias de los mismos en cuanto a la indisponibilidad de los servicios esenciales para la sociedad, la pérdida de datos o el mal uso de los mismos.
3. Mejorar los procedimientos y protocolos de intercambio de la información relevante entre los diferentes organismos y centros responsables (tanto a nivel nacional como con los países de la UE y de otras organizaciones internacionales a las que España pertenece) para prevenir y, en su caso, hacer frente a los ciberincidentes de cualquier tipo (ciberdelincuencia, ciberterrorismo, etc.) con garantías de éxito.
4. Desarrollar programas de concienciación en ciberseguridad y campañas dirigidas a ciudadanos, empresas y administraciones que aumenten la concienciación de la sociedad española en este ámbito.
5. Mejorar las capacidades de investigación y persecución del ciberterrorismo y la ciberdelincuencia, en particular aquellas referidas a la prevención, detección, respuesta, investigación y coordinación, a
partir de una adecuada coordinación y cooperación entre los diferentes ámbitos del sector público, el sector privado y los órganos encargados de la investigación y persecución penal.
6. Desarrollar programas de formación para docentes de los centros educativos público y privados que permitan la detección temprana de talento. Complementando dichos programas con una ampliación y extensión de los programas de ayudas de captación de sistemas de reclutamiento temprano de los activos con talento, investigación avanzada y capacitación en ciberseguridad.
7. Potenciar la industria nacional de seguridad y defensa de las TIC.
8. Desarrollar el marco legal español sobre ciberseguridad adaptándolo a la regulación vigente y a las directrices que provienen de Europa y otras normas en vigor, en paralelo a la rápida evolución de las TIC y a sus problemas de seguridad y defensa.
9. Promover la cooperación internacional en materia de ciberseguridad, en aras del desarrollo de un ciberespacio internacional seguro y confiable, en defensa y apoyo a los intereses nacionales.
10. Promover un Pacto de Estado por la Ciberseguridad."
172/000048
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Hacienda y Función Pública sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula su amnistía fiscal, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente interpelación urgente al Ministro de Hacienda y Función Pública sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula su amnistía fiscal, para su debate en la próxima sesión del Pleno de la Cámara.
En 2012, mientras el Gobierno de Rajoy subía los impuestos a los trabajadores con subidas extraordinarias del IRPF y del IVA, a los grandes defraudadores se les perdonaba el pago de sus obligaciones tributarias mediante una amnistía fiscal injusta e inmoral, diseñada y aplicada por su Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Esa amnistía otorgaba un tratamiento fiscal mucho más favorable para quien había incumplido sus obligaciones tributarias que para el contribuyente cumplidor que paga puntualmente lo que le corresponde. Y garantizaba la impunidad a delincuentes y defraudadores fiscales, permitiéndoles blanquear dinero negro, incluso en metálico o el proveniente de la comisión de delitos, al ni siquiera preguntar sobre el origen de los fondos regularizados. En otras palabras, los defraudadores se podían acoger a ella sin tener que justificar el origen del patrimonio aflorado.
La amnistía fiscal, no solo dificultaba la lucha contra el fraude fiscal, con el mayor ataque a la conciencia fiscal de los ciudadanos de nuestra historia democrática, sino que también obstaculizaba la lucha contra la corrupción. Su instrumentación favorecía el blanqueo de capitales y, en consecuencia, la corrupción, ya que los presuntos corruptos podían disfrutar del dinero que habían obtenido ilícitamente.
Como era previsible, la realidad ha demostrado que en la mayoría de las tramas de corrupción que se han venido conociendo ha habido implicados que se beneficiaron de la amnistía fiscal. Pronto se hizo público que entre los que se habían acogido a esta injusta medida se encontraba el anterior tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, familiares del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, o el propio exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo de Rato.
El Grupo Parlamentario Socialista acudió el 25 de junio de 2012 al Tribunal Constitucional, pidiendo que se declarara la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal por la ruptura de varios principios constitucionales.
El Tribunal Constitucional, cinco años después, ha dado la razón al PSOE y ha declarado por unanimidad la inconstitucionalidad de aquella medida, con una dura sentencia en la que acusa al Gobierno de abdicar de su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos y legitimar la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir.
El Tribunal ha declarado también que, por aplicación del principio de seguridad jurídica, no pueden ser revisadas las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas al amparo de esta norma. Es decir, los defraudadores no deberán resarcir al Estado por el fraude fiscal. Pero si la sentencia no va a tener consecuencias económicas en los defraudadores, al menos es imprescindible que tenga consecuencias políticas en el Ministro que, saltándose principios fundamentales de nuestra Constitución, les facilitó la impunidad.
Por todo ello, se presenta esta interpelación urgente al Ministro de Hacienda y Función Pública sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula su amnistía fiscal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2017.-José Luis Ábalos Meco, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
172/000049
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, para garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente para garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto, para su debate en Pleno.
Es necesario avanzar hacia una sociedad más laica, en la que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos en condiciones de libertad e igualdad. Asimismo, todas las instituciones del Estado deben mantener una actitud de neutralidad religiosa. La laicidad debe ser vista básicamente como un hecho positivo, como una oportunidad no solo para regular la libertad de pensamiento y de conciencia, sino también para actualizar una ley claramente obsoleta de libertad religiosa sobre la base y con sometimiento, sobre todo, al principio de igualdad y al principio de libertad.
La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, es una ley obsoleta que omite en su regulación y aplicación otras opciones de conciencia diferentes de las religiosas y deja al margen de toda regulación el tratamiento de la libertad ideológica. Debe garantizarse una igualdad de trato de todas las opciones de conciencia para garantizar la libertad de pensamiento sean o no de carácter religioso.
Por todo ello, se presenta la siguiente, interpelación urgente para garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2017.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
172/000052
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la negativa del Gobierno a equiparar de manera igualitaria e intransferible los permisos de paternidad y maternidad, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en los artículos 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente interpelación urgente al Gobierno al respecto de su negativa a equiparar de manera igualitaria e intransferible los permisos de paternidad y maternidad, vulnerando el derecho de trabajadoras y trabajadores a no sufrir discriminación laboral por razón de su sexo y su potencial maternidad y, por otro lado, el de los varones a ejercer el cuidado y la crianza en igualdad, fomentando, así, la corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral y familiar, así como favoreciendo el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres por el que el Estado debe velar conforme a la Ley 3/2007 y a la Constitución Española.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2017.-Sofía Fernández Castañón, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
173/000032
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Ministerio del Interior ante la alarma social que han generado las actuaciones de altos responsables del Departamento en relación con personas investigadas por delitos relacionados con la
corrupción, sin modificaciones con respecto al texto inicial que se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la alarma social que han generado las actuaciones de altos responsables del Ministerio del Interior en relación con personas investigadas por delitos relacionados con la corrupción.
Ante los graves indicios y sospechas que pesan sobre la actuación del Secretario de Estado de Seguridad por recibir en su despacho a un investigado por graves delitos de corrupción, actualmente en prisión, vinculado con una grave trama de corrupción ligada al Partido Popular; la ausencia de explicaciones mínimamente creíbles sobre su proceder, siendo, como es, el responsable del ejercicio del mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la coordinación y la supervisión de los servicios y misiones que les corresponden; y estando acreditado que parte de los encausados recibieron información de que estaban siendo investigados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que pudo haberles permitido obstaculizar las investigaciones e incluso sustraerse a la acción de la justicia.
"El Congreso de los Diputados acuerda reprobar la actuación del Secretario de Estado de Seguridad y exigir al Gobierno su cese por su responsabilidad en los hechos señalados y por resultar, en consecuencia, inadmisible que continúe ostentando el ejercicio del mando sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2017.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
173/000033
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministro de Justicia para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de guarda y custodia compartida y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de la interpelación urgente al Ministro de Justicia sobre sus políticas para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de guarda y custodia compartida.
La guarda y custodia compartida se introdujo de forma expresa en nuestro Derecho desde que en el 2005 la Ley 15/2005 modificara el Código Civil ("CC") y la Ley de Enjuiciamiento Civil ("LEC") en materia de separación y divorcio.
Desde entonces, el Tribunal Supremo ha dictado determinadas sentencias que han hecho posible que esta fórmula se establezca en un número creciente de casos, si bien continúa sin ser la fórmula preferente.
En concreto el Tribunal Supremo, en su sentencia de abril de 2013, señaló que la redacción del artículo 92 CC "no permite concluir que (la guarda y custodia compartida) se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea".
Asimismo, en octubre de 2014 el Alto Tribunal estimó que "la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la de adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad".
Por otra parte, la Carta Europea de Derechos del Niño establece que los menores tienen derecho a gozar de sus progenitores en igualdad de condiciones y, también, que los progenitores tienen la obligación de compartir los deberes y la responsabilidad sobre la educación de los menores.
En línea con lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y con lo recogido en la Carta Europea de Derechos del Niño, el Gobierno del Partido Popular se comprometió en el acuerdo de investidura a impulsar las medidas necesarias para incorporar en nuestro Código Civil la guarda y custodia compartida como la modalidad más deseable, haciendo prevalecer siempre el interés superior del menor y de acuerdo a las directrices de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Sin embargo, a pesar de lo firmado en el acuerdo de investidura, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las directrices recogidas en los acuerdos internacionales citados con anterioridad, el Ministerio de Justicia no ha llevado a cabo reforma legal alguna que haga posible un incremento en el establecimiento de la guarda y custodia compartida como la fórmula más deseable.
Y, mientras el Partido Popular continúa sin impulsar las reformas legales necesarias en este ámbito, comunidades autónomas como el País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña o la Comunidad Valenciana han tomado la iniciativa aprobando leyes en este sentido.
Esta situación no hace sino ahondar en la desigualdad territorial que afecta a nuestro país y, lo que es peor, provoca que un menor de alguno de esos territorios no vaya a tener el mismo derecho a disfrutar de sus progenitores en caso de que estos decidan llevar vidas separadas.
En efecto, la falta de una ley nacional, unida a la proliferación de leyes que fomentan la custodia compartida en dichas CC.AA. provoca que los datos sean muy diferentes entre los distintos territorios. Así, mientras que en Cataluña la custodia compartida se aplica en el 40% de los casos, en otras comunidades, como Extremadura, se reduce al 8%.
Teniendo presente lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Presentar en esta Cámara, en el plazo de tres meses, una ley de reforma del Código Civil y leyes concordantes que configure la custodia compartida como modalidad preferente tal y como recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo para casos de separación o divorcio, siguiendo las directrices de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. La reforma deberá incluir las medidas legales que hagan plenamente efectivo el derecho del menor de edad a ser escuchado durante el procedimiento de separación o divorcio, en línea con lo recogido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Observación General n.º 12 del Comité de Derechos del Niño y en los informes elaborados por el Defensor del Pueblo. Estas medidas incluirán el establecimiento de una presunción a favor del juicio propio en el menor de edad, la exigencia de un deber reforzado de motivación tanto en caso de no escucharlo directamente como en el de apartarse de su opinión, la modificación de las normas civiles y procesales que configuran la escucha no como un derecho del menor sino como facultad del Juez, y normas procesales más claras sobre las vías de recurso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministro de Justicia para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de guarda y custodia compartida.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas legislativas que permitan que la custodia compartida en ningún caso se imponga en violencia de género o en cualquiera de los otros supuestos previstos en el artículo 92.7 del Código civil. La legislación en custodia compartida deberá adecuarse al interés superior del menor y tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo que considera esta custodia como "deseable y normal" y no como preferente."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Justicia para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de guarda y custodia compartida.
Presentar en esta Cámara, las reformas legales pertinentes con el fin de configurar la custodia compartida como modalidad normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea, tal y como recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo para casos de separación o divorcio, siguiendo las directrices de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. La reforma deberá incluir las medidas legales que hagan plenamente efectivo el derecho del menor de edad a ser escuchado durante el procedimiento de separación o divorcio, en línea con lo recogido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Observación General n.º 12 del Comité de Derechos del Niño y en los informes elaborados por el Defensor del Pueblo. Estas medidas incluirán el establecimiento de una presunción a favor del juicio propio en el menor de edad, la exigencia de un deber reforzado de motivación tanto en caso de no escucharlo directamente como en el de apartarse de su opinión, la modificación de las normas civiles y procesales que configuran la escucha no como un derecho del menor sino como facultad del Juez, y normas procesales más claras sobre las vías de recurso.
La implantación de este régimen como normal y las modificaciones legales que se lleven a cabo tendrán siempre en cuenta el artículo 92.7 del Código Civil que recoge que: No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministro de Justicia para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de guarda y custodia compartida, sin modificaciones con respecto al texto inicial que se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en esta Cámara, en el plazo de tres meses, una ley de reforma del Código Civil y leyes concordantes que configure la custodia compartida como modalidad preferente tal y como recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo para casos de separación o divorcio, siguiendo las directrices de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. La reforma deberá incluir las medidas legales que hagan plenamente efectivo el derecho del menor de edad a ser escuchado durante el procedimiento de separación o divorcio, en línea con lo recogido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Observación General n.º 12 del Comité de Derechos del Niño y en los informes elaborados por el Defensor del Pueblo. Estas medidas incluirán el establecimiento de una presunción a favor del juicio propio en el menor de edad, la exigencia de un deber reforzado de motivación tanto en caso de no escucharlo directamente como en el de apartarse de su opinión, la modificación de las normas civiles y procesales que configuran la escucha no como un derecho del menor sino como facultad del Juez, y normas procesales más claras sobre las vías de recurso."
173/000034
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la valoración de la llamada "Operación Diálogo" con las instituciones y la sociedad civil catalana en aras a lograr un mejor entendimiento, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo, se inserta la enmienda formulada a la misma.
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata (PDeCAT), adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una Moción consecuencia de la interpelación urgente al Gobierno sobre la valoración de la llamada "Operación Diálogo" con las instituciones y la sociedad civil catalana en aras a lograr un mejor entendimiento.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a acordar con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya la celebración de un referéndum de autodeterminación para que los catalanes se pronuncien sobre el futuro político colectivo de Catalunya que dé respuesta a la demanda ampliamente mayoritaria de
la sociedad catalana y del Parlament de Catalunya. La referida negociación deberá contemplar un acuerdo sobre la fecha, la pregunta y las condiciones de aplicación del resultado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2017.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presentan una enmienda de sustitución de la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la valoración de la llamada "Operación Diálogo" con las instituciones y la sociedad civil catalana en aras a lograr un mejor entendimiento.
"El Congreso de los Diputados lamenta el tiempo transcurrido desde los primeros intentos de la Generalitat y del Parlament de Catalunya de acordar con el Estado la celebración de un Referéndum de autodeterminación para que los catalanes se pronuncien sobre el futuro político colectivo de Catalunya, con el fin de dar respuesta a la demanda ampliamente mayoritaria de la sociedad catalana y del Parlament de Catalunya. En este sentido:
1. Insta al Gobierno del Estado a respetar la decisión adoptada por el President de la Generalitat relativa a la celebración de un referéndum el próximo 1 de octubre para que los catalanes y las catalanas decidan sobre el futuro político, en cumplimiento del mandato democrático surgido de las urnas y después de reiteradas llamadas al acuerdo.
2. Celebra y da la bienvenida a la disposición del President de la Generalitat de explicar en el Congreso de los Diputados la iniciativa política para abordar, desde el diálogo, la posibilidad de articular respuestas compartidas, acordes con el momento social y político que vive Catalunya.
3. Con posterioridad a la celebración del referéndum, se compromete a encontrar el espacio institucional parlamentario en el Congreso para dialogar con las autoridades catalanas ante la pérdida de voluntad de diálogo del Gobierno del Estado.
4. Deplora los intentos de suspensión de las relaciones institucionales del Gobierno del Estado con la Generalitat, por ejemplo, con la grave falta de voluntad política del Estado de convocar la Junta de Seguridad de Catalunya y de obstaculizar una nueva promoción de los Mossos d'Esquadra (Policía de Catalunya) en un momento de grandes retos para proteger la seguridad de los ciudadanos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2017.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.-El Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
173/000035
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para promover el saneamiento y realización de una actuación integral sobre las rías gallegas y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 184.2 del Reglamento del Congreso, formula la presente Moción consecuencia de interpelación urgente para promover el saneamiento y la actuación integral sobre las rías gallegas, para su debate en Pleno.
Galicia, nuestro país, es el territorio con más kilómetros de costa de la península y esta costa es fuente de vida. Las rías gallegas son un medio natural único que acogen en su seno el Parque Nacional das Illas Atlánticas. Esta enorme riqueza se está viendo amenazada por unos elevados índices de contaminación que asolan la sostenibilidad y restringen su potencial.
Son muchas las dimensiones que se ven afectadas por la degradada situación de nuestras rías. Por un lado se ve dañado su inmenso valor ambiental, por otro supone un medio de vida de gran importancia, donde la pesca de bajura y el marisqueo ocupa una parte importante de la población, siendo motor económico de comarcas enteras. Nuestra costa es un destino turístico de primer orden que se ve degradado y amenazado por la contaminación, a lo que se suma el destrozo de partes importantes de la misma como la ría de Pontevedra por la papelera de ENCE o la ría de Ferrol por la regasificadora Reganosa; además de ser uno de nuestros espacios públicos naturales para una ciudadanía que se concentra en la costa.
Proteger las rías es básico para el futuro de nuestro entorno y de nuestra gente, y una muestra de cómo la salvaguarda del medio natural es una fuente de riqueza económica y social. Regenerarlas para que desplieguen todo su potencial es la mayor inversión de futuro que podemos llevar a cabo.
En este sentido, exigimos compromisos firmes del Estado con nuestras rías, tanto para asumir el cumplimiento de la normativa europea, la erradicación de los focos de contaminación -residuos urbanos e industriales-, asumir los compromisos de inversiones públicas que hagan efectivos los objetivos de este compromiso de Estado con las rías gallegas, y también que se introduzca una nueva forma de concebir y actuar sobre las rías de carácter más integrado.
En las últimas décadas se ha hecho un uso intensivo de las zonas costeras tanto marinas como terrestres con múltiples funciones: extracción de recursos pesqueros y marisqueros; cultivos marinos tanto en mar como en zonas costeras terrestres; industrias de todo tipo que utilizan agua y/o realizan vertidos en las rías; infraestructuras portuarias; usos agrícolas intensivos que generan aportes de materiales, nutrientes y productos químicos diversos a las zonas costeras marinas; usos turísticos y de ocio.
Todas estas actividades han sido gestionadas y reguladas de manera sectorial sin tener en cuenta que se realizan sobre un mismo territorio y que por tanto sus efectos parciales son acumulativos y en ocasiones se multiplican entre sí y que muchas de estas actividades son directamente incompatibles.
Existe un elevado consenso científico y recomendaciones para que la gestión de este tipo de ecosistemas costeros, y en particular las rías, se realice de manera integral y no sectorial, hasta el momento no se ha producido un cambio en el marco de gestión y regulación de estos ecosistemas. No existe una política ambiental y territorial que defina las prioridades y estrategias para la gestión de estos ecosistemas.
Esta ausencia afecta a la sostenibilidad de estos sistemas y reduce el rendimiento de sus usos. En los últimos años diferentes organismos nacionales e internacionales, y en particular la propia Unión Europea, han apostado por políticas encaminadas al "crecimiento azul" identificando las actividades económicas asociadas a los mares y océanos como una enorme oportunidad de desarrollo socio-económico. Las estrategias de crecimiento azul siempre parten de modelos de gestión integral e integrada de los ecosistemas marinos y terrestres que configuran la zona costera como base para la maximización de su resiliencia y su desempeño.
Por todo ello, el Congreso insta al Gobierno:
"A desarrollar una Estrategia efectiva para la gestión integral de las Rías de Galicia atendiendo al objetivo de asegurar el buen estado ecológico de las aguas acorde a la directiva marco comunitaria (2000/60/CE) y basada en las siguientes acciones:
Garantizar que el Estado actúa como garante de la legalidad:
1. Cumplir con la normativa europea en especial la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas y Directiva Marco sobre el agua, ambas de 2011.
2. Garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y el respeto a la legalidad vigente en los casos de empresa celulosa Ence y la empresa gasística Reganosa, de cara a su cierre y retirada de las instalaciones en sus actuales ubicaciones en las rías de Pontevedra y Ferrol.
Asumir un auténtico compromiso de Estado con las rías gallegas:
3. Incluir en los presupuestos generales del Estado las acciones precisas para el cumplimiento de los puntos anteriores, con las inversiones necesarias en materia de tratamiento de residuos y saneamiento.
4. Asumir un compromiso de Estado con las rías gallegas como factor clave del desarrollo de Galicia haciendo efectivo en los presupuestos generales un Plan integral de actuación sobre las rías gallegas, de carácter plurianual para la implementación la estrategia integrada.
Gestión integral de la Rías Gallegas:
5. Comunicar las iniciativas, estudios y análisis, así como las iniciativas y actuaciones públicas desarrolladas hasta el momento para abordar la gestión ambiental y socio-económica de las Rías gallegas.
6. Poner en marcha un proceso de diálogo y negociación entre las diferentes administraciones implicadas en la gestión de las rías de forma directa o indirecta (desde el nivel internacional al local) para la implementación de políticas públicas integradas.
7. Identificar los principales riesgos ambientales existentes basados en criterios científicos (cargas contaminantes en sedimentos, riesgos de vertidos de hidrocarburos, cultivos marinos próximos a la capacidad de carga del sistema); definir planes de evaluación de la situación ambiental y estado de riesgo y planes de intervención para la eliminación y/o reducción de riesgos.
8. Diseñar e implementar planes estratégicos de gestión integrada de las Rías de Galicia que incorporen el diseño y rediseño institucional y objetivos de resiliencia ambiental y ecológica, sostenibilidad y desarrollo socio-económico. Incorporar en este proceso a los diferentes agentes políticos, científicos, económicos y ciudadanos con intereses en estos ecosistemas.
9. Crear un sistema de información ambiental que integre todos los instrumentos de observación y monitorización ambiental existente y cumpla con los criterios de las políticas de datos abiertos y permita la evaluación de las acciones en marcha. Asegurar que este sistema es completo y su diseño posibilita un uso intensivo por los diferentes agentes vinculados (gobiernos e instituciones públicas; científicos y centros de investigación; organizaciones de productores y sociales interesadas)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2017.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para promover el saneamiento y realización de una actuación integral sobre las rías gallegas.
"2. Impulsar la derogación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y anular la prórroga de la concesión de ocupación otorgada a la empresa Ence. Energía y Celulosa, S.A., en base a la citada ley, de los terrenos en los que se ubica su centro de operaciones en Pontevedra. Crear un grupo de trabajo, en el que estén presentes las administraciones implicadas, así como la citada empresa, con el objeto de implementar el traslado de la misma a otra ubicación. Y garantizar el cumplimiento estricto de la normativa medioambiental,
de seguridad y de ordenación del territorio en la nueva autorización para la instalación de la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado de la empresa Reganosa."
Y añadir un nuevo apartado al final con la siguiente redacción:
"Elaborar, en coordinación con la Xunta de Galicia, en el plazo máximo de 3 meses, y remitir al Congreso de los Diputados un informe en el que se analice la situación de las rías gallegas, los niveles de contaminación y las actuaciones realizadas o previstas para garantizar un buen estado de la calidad de sus aguas, así como un Plan de Actuación, señalando fases, calendario y memoria económica, que garantice el saneamiento y depuración integral, así como el grado de ejecución de las mismas antes de que finalice la actual legislatura."
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para promover el saneamiento y realización de una actuación integral sobre las rías gallegas.
Se modifica el punto segundo de la sección propositiva de la Moción, que queda redactado en los siguientes términos:
"2. Garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y el respeto a la legalidad vigente en los casos de la empresa celulosa Ence y la empresa gasística Regnosa, promoviendo un diálogo entre las fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales con el objetivo de alcanzar una solución responsable, transparente y con plenas garantías para la salud y la seguridad medio ambiental respecto al futuro de ambas factorías que sea sensible a la situación de sus trabajadores y, en consecuencia, contemple alternativas viables que permitan el mantenimiento del empleo vinculado a la actividad de dichas empresas."
"2. Garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y el respeto a la legalidad vigente en los casos de la empresa celulosa Ence y la empresa gasística Reganosa, de cara a su cierre y retirada de las instalaciones en sus actuales ubicaciones en las rías de Pontevedra y Ferrol."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para promover el saneamiento y realización de una actuación integral sobre las rías gallegas, ha acordado lo siguiente:
"El Congreso insta al Gobierno:
A desarrollar una estrategia efectiva para la gestión integral de las rías de Galicia atendiendo al objetivo de asegurar el buen estado ecológico de las aguas acorde a la directiva marco comunitaria (2000/60/CE) y basada en las siguientes acciones:
2. Incluir en los Presupuestos Generales del Estado las acciones precisas para el cumplimiento de los puntos anteriores, con las inversiones necesarias en materia de tratamiento de residuos y saneamiento.
3. Asumir un compromiso de Estado con las rías gallegas como factor clave del desarrollo de Galicia haciendo efectivo en los Presupuestos Generales un Plan integral de actuación sobre las rías gallegas, de carácter plurianual para la implementación de la estrategia integrada.
Gestión integral de las rías gallegas:
4. Comunicar las iniciativas, estudios y análisis, así como las iniciativas y actuaciones públicas desarrolladas hasta el momento para abordar la gestión ambiental y socio-económica de las rías gallegas.
5. Poner en marcha un proceso de diálogo y negociación entre las diferentes administraciones implicadas en la gestión de las rías de forma directa o indirecta (desde el nivel internacional al local) para la implementación de políticas públicas integradas.
6. Identificar los principales riesgos ambientales existentes basados en criterios científicos (cargas contaminantes en sedimentos, riesgos de vertidos de hidrocarburos, cultivos marinos próximos a la capacidad de carga del sistema); definir planes de evaluación de la situación ambiental y estado de riesgo y planes de intervención para la eliminación y/o reducción de riesgos.
7. Diseñar e implementar planes estratégicos de gestión integrada de las rías de Galicia que incorporen el diseño y rediseño institucional y objetivos de resiliencia ambiental y ecológica, sostenibilidad y desarrollo socio-económico. Incorporar en este proceso a los diferentes agentes políticos, científicos, económicos y ciudadanos con intereses en estos ecosistemas.
8. Crear un sistema de información ambiental que integre todos los instrumentos de observación y monitorización ambiental existente y cumpla con los criterios de las políticas de datos abiertos y permita la evaluación de las acciones en marcha. Asegurar que este sistema es completo y su diseño posibilita un uso intensivo por los diferentes agentes vinculados (gobiernos e instituciones públicas; científicos y centros de investigación; organizaciones de productores y sociales interesadas)."