Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43476712
Timestamp: 2020-07-10 13:10:20
Document Index: 77800130

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 279', 'Artículo 63', 'Artículo 67', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'artículo 279', 'Artículo 1', 'Artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 54', 'artículo 577', 'artículo 9', 'artículo 178']

Sentencia de Tutela nº 209/08 de Corte Constitucional, 28 de Febrero de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 43476712
Derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana de menor victima de acceso carnal violento a quien la entidad, pese a la existencia de la denuncia del hecho punible ante autoridad competente y la solicitud que se hiciere respecto de la interrupcion voluntaria del embarazo, como circunstancia amparada en la sentencia c-355 de 2006 que hace transito a cosa juzgada, se nego a practicar tal procedimiento, aduciendo para ello, la objecion de conciencia de su staff de ginecologos y remitiendo a la menor a diferentes instituciones clinicas, quienes de manera colectiva, acudieron igualmente a la figura de la objecion de conciencia para negarse a practicar el aborto. La sentencia c-355 de 2006 y los presupuestos para que una solicitud de interrupcion de embarazo deba ser atendida en forma oportuna. Regulacion nacional e internacional al respecto. La objecion de conciencia no es un derecho absoluto. Los profesionales de la salud deben atender las solicitudes de interrupcion del embarazo en forma oportuna de conformidad con la sentencia c-355 de 2006 y es su obligacion remitir inmediatamente a la mujer embarazada a un profesional de la salud que pueda practicar dicho procedimiento. En el caso concreto, tanto las entidades accionadas como los medicos que conocieron del asunto, vulneraron los derechos fundamentales de la menor de 13 años de edad, ya que, habiendo esta solicitado la interrupcion del embarazo, allegando copia de la denuncia en la que afirmo haber sido objeto de violacion, unos y otros se limitaron a manifestar que les resultaba imposible llevar a cabo dicho procedimiento en razon de la generalizada manifestacion del ejercicio de la objecion de conciencia de los profesionales de la salud que atendieron el caso. De esta forma, la menor fue remitida a mas de cinco instituciones de salud, sin que le hubiere sido practicado el aborto por ninguna de ellas, sin que, ademas, la remitieran inmediatamente a un medico que estuviere habilitado para llevar a cabo el procedimiento de interrupcion del embarazo. Cabe agregar que se desconocio la sentencia c-355 de 2006, la ley y los reglamentos expedidos por el gobierno nacional, como quiera que la objecion de conciencia fue asumida de manera colectiva y como una decision de caracter institucional y no, de manera individual, libre y autonoma. Cabe anotar que, teniendo en cuenta que ya no es posible reestablecer el pleno goce de los derechos fundamentales a la menor, toda vez que ya debio haber ocurrido el parto, resulta procedente que la corte emita un fallo de fondo al respecto de los perjuicios que se le ocasionaron a esta, frente a la omision puesta de presente en la solicitud de tutela. Conforme con lo anterior, y bajo la prevision normativa del articulo 25 del decreto 2591 de 1991, resulta conveniente imponer una condena en abstracto para reparar y asegurar el goce efectivo de sus derechos fundamentales. Lo anterior, se adelantara mediante el tramite incidental que se decidira en el termino de seis meses siguientes al recibo de la comunicación respectiva. Concedida. Se dispone, entre otras determinaciones, que la procuraduria general de la nacion vigile el tramite del incidente de regulacion de perjuicios. Se comunica a la superintendencia de salud y a la direccion nacional del sistema de salud del ministerio de la proteccion social para que investiguen y, si es del caso, sancionen las posibles faltas en que pudo incurrir tanto la eps como su red ips, asi como el hospital erasmo meoz. Asi mismo, para que tomen las determinaciones necesarias a fin de que se cumpla en todo el territorio nacional lo dispuesto en la sentencia c-355 de 2006. Se comunica igualmente a la procuraduria general de la nacion para que vigile el cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, respecto de la superintendencia de salud y la direccion nacional del sistema de salud del ministerio del ramo citado, los cuales deberan presentar un informe en el termino de dos meses siguientes a la comunicación de esta providencia, sobre las actuaciones desplegadas para el cumplimiento de esta sentencia. Finalmente, se ordena expedir copias con destino al consejo seccional de la judicatura de norte de santander a fin de que investigue las posibles faltas disciplinarias en que pudieron incurrir los jueces de instancia que actuaron en la presente tutela. Lo mismo se hara frente a la fiscalia general de la nacion para que investigue la conducta de los funcionarios que fallaron en primera y segunda instancia. La procuraduria general de la nacion sera la encargada de vigilar el tramite de estas actuaciones.
Sentencia citada en: 42 sentencias, 18 artículos doctrinales, una disposición normativa, una noticia
T-1673450
Una vez la interrupción de un embarazo se solicita por la madre gestante, acreditando encontrarse en una de las circunstancias no constitutivas de delito de aborto, los profesionales de la salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud deben proceder a realizar el procedimiento IVE, (i) de manera oportuna, es decir dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud, de conformidad con la Resolución 004905 de 2006, proferida por el Ministerio de la protección Social; (ii) su atención será integral y con calidad; y, (iii) se hará con sujeción a las normas técnico- administrativas que expida el Ministerio de la Protección Social, las cuales serán de obligatorio cumplimiento, y mientras éstas se expiden, los prestadores están obligados al cumplimento de las normas del Decreto 4444 de 2006 que tienen como referente la guía ''Aborto sin riesgo: Guía técnica y de políticas para sistemas de salud'' de la Organización Mundial de la Salud (2003).
Acción de tutela interpuesta G.B.A.B. contra la EPS C. y el Hospital Universitario E.M. de Cúcuta.
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil ocho (2008)
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Clara I.V.H., J.A.R. y M.J.C.E., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
Manifiesta la accionante que el 16 de febrero de 2007, su hija E.J.P.A., de 13 años de edad, fue víctima de acceso carnal violento por parte de L.E.P.C. y que, como consecuencia de tal agresión, quedó en estado de embarazo; fue igualmente víctima de una infección de transmisión sexual y presentó daños sicológicos que la llevaron incluso a pretender suicidarse cortándose las venas; le resulta muy difícil conciliar el sueño y, con posterioridad a la agresión, continuó recibiendo amenazas por teléfono para que no delatara lo ocurrido.
La aludida menor de edad se encuentra afiliada a C. desde el 25 de julio de 2005 como beneficiaria de su padre, G.P.S., y aún cuando ha recibido terapias y ayuda sicológica tanto de la Fiscalía como de C., dicha EPS se negó a la interrupción del embarazo ordenada por el Centro de atención integral a víctimas de agresión sexual (CAIVAS) de la Fiscalía, invocando la objeción de conciencia de su staff de ginecólogos y remitiendo para tal efecto a la menor al hospital universitario E.M. de Cúcuta.
En el aludido hospital - después de diferentes trámites burocráticos y de manifestar que no tiene vínculo contractual alguno de prestación de servicios con C. EPS, y que no se trata de una urgencia que ponga en peligro la vida de la paciente - el 10 de abril de 2007 se produjo un oficio en el Departamento de Ginecobstetricia firmado por todos los ginecólogos de la entidad, presentando objeción de conciencia en relación con la práctica del aborto.
Contestación del Hospital Universitario E.M. de Cúcuta
El sub gerente de servicios de salud del hospital universitario E.M. de Cúcuta manifiesta que, con el fin de contribuir a la solución del caso y aún cuando el hospital no tiene vínculo contractual alguno con C. EPS, ni se trataba de una urgencia que pusiera en peligro la vida de la menor, se dio traslado de la solicitud de suspensión del embarazo a la coordinación del Departamento de Ginecobstetricia , enfatizando que se practicara a la usuaria la valoración completa en lo físico, mental y emocional.
Manifiesta que ese centro asistencial siempre ha estado presto a la atención requerida por la menor, quien pertenece al régimen contributivo y se encuentra afiliada a C. EPS, S.A., que es la entidad responsable de la atención en salud para la menor y, en consecuencia, responsable igualmente de realizar el procedimiento de suspensión del embarazo a través de alguna de las IPS que conforman su red nacional de prestadores de servicios.
Contestación de C. EPS
EPS manifiesta i) que la menor E.J.P.A. se encuentra afiliada como beneficiaria desde el 27 de febrero de 2007, que ostenta rango 1, con 9 semanas cotizadas y su afiliación sigue vigente, ii) que en razón de la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el 29 de marzo de 2007 se autorizó la consulta de control o seguimiento por medicina especializada ginecología y obstetricia, iii) que ordenó a su red de servicios de salud el procedimientote interrupción del embarazo, obteniendo una respuesta negativa en razón de la objeción de conciencia, iv) que aún no ha recibido respuesta de los demás prestadores de salud a los cuales se envió solicitud de realización del procedimiento y, v) que se ha dado cumplimiento a la orden de la Fiscalía mediante solicitud formal a toda la red de prestadores de C. EPS de la realización del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo.
Posteriormente informó que la solicitud elevada por C. EPS a las IPS con las que tienen contrato de servicios de salud, tuvo respuesta negativa de la parte médica de ginecobstetricia, con fundamento en la objeción de conciencia por razones de tipo religioso, en relación con la práctica del procedimiento de suspensión del embarazo a la menor.
La Defensora del Pueblo, Regional Cúcuta, manifestó al juez constitucional de la primera instancia que coadyuvaba la acción de tutela presentada por G.B.A., con fundamento en lo ordenado a C. EPS por el Centro de atención integral a víctimas de agresión sexual de la Fiscalía, en el sentido de proceder a la suspensión del embarazo, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 4905 del 14 de diciembre de 2006 y en el Decreto 4444 del 13 de diciembre de 2006, con el fin de garantizar los derechos fundamentales protegidos por la Sentencia C-355 de 2006.
Copia de la tarjeta de identidad correspondiente a la menor E.J.P.A..
Copia de la denuncia penal formulada por la accionante contra L.E.P.C., ante la Unidad de Delitos contra la libertad, integridad y formación sexual.
Copia del informe técnico, médico legal sexológico, correspondiente al examen practicado a la menor E.J.P.A., el 21 de marzo de 2007, en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Dirección Regional Nororiente, Seccional Norte de Santander, Unidad Básica de Cúcuta.
Copia del resultado de la prueba de embarazo practicada a la menor E.J.P.A., el 16 de marzo de 2007, en la Clínica Médico Quirúrgica de Cúcuta.
Copia de la relación de evolución ambulatoria de la menor E.J.P.A., realizada en la IPS VIHONCO.
Copia del oficio dirigido por C. EPS, el 30 de marzo de 2007, al Hospital Universitario E.M., solicitando la práctica del procedimiento para la interrupción del embarazo, en razón de la objeción de conciencia formulada por los médicos de la EPS C..
Copia del resultado de la prueba de VIH practicada a la menor E.J.P.A., el 26 de marzo de 2007, en Centrolab de Cúcuta.
Copia de la diligencia de audiencia pública llevada a cabo el 12 de abril de 2007 por el Juez Laboral del Circuito de Cúcuta, en las instalaciones del Hospital Universitario E.M..
Copia del escrito contentivo de la solicitud de interrupción del embarazo, formulada el 22 de marzo de 2007 por la accionante a C. EPS.(Folio 28).
Copia del informe ecográfico rendido el 24 de marzo de 2007 por S., en el cual se confirma el embarazo de 16 semanas que presenta la menor E.J.P..
Copia del acta de la reunión llevada a cabo el 29 de marzo de 2007 por los médicos de la Clínica Médico Quirúrgica de Cúcuta, , en la cual se alude a la existencia de incongruencias entre la fecha de la última menstruación de la menor y la fecha del acceso carnal violento referido por la paciente, con los hallazgos clínicos y de imagenología aportados en la historia clínica, así como a la objeción de conciencia a la cual se acogen los profesionales allí reunidos.
Copia del Oficio DPR NS- 5015 RGG 071041 del 09 de abril de 2007, mediante el cual la Defensoría del Pueblo de Cúcuta solicita a C. EPS se autorice a quien corresponda se interrumpa la gestación por parte de la menor E.Y.P..
Copia del Oficio No. 0002488 del 12 de abril de 2007, mediante el cual el hospital E.M. solicita a C. EPS se sirva relevarlo de la realización de la interrupción del embarazo de la menor, en razón de la objeción de conciencia alegada por sus médicos.
Copia del Oficio FGN CAIVAS No. 248 del 21 de marzo de 2007 mediante el cual el Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual comunicó al director de C. EPS la manifestación de voluntad de interrumpir el embarazo hecha por la menor E.J.P..
Copia de la comunicación del 10 de abril de 2007, dirigida por C. EPS a la Fiscal Coordinadora del Centro de atención integral a víctimas de agresión sexual, informando acerca de algunas inconsistencias que se encontraron en los datos de la denuncia presentada por la madre de la menor E.J.P..
Copia de la Resolución No. 4905 del 14 de diciembre de 2006, emanada del Ministerio de la Protección Social, mediante el cual se adopta la norma técnica para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo -IVE -, se adiciona la Resolución 1896 de 2001 y se dictan otras disposiciones, con Anexo No. 1 por grados de complejidad y Anexo técnico.
Copia del acta de la diligencia de audiencia pública llevada a cabo por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta el 13 de abril de 2007 en las instalaciones de C. EPS, en la cual se alude por parte de la EPS a las gestiones realizadas en relación con la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo de la menor E.J.P..
Copia del Oficio DPR NS- 5015 RGG 071112 del 12 de abril de 2007, mediante el cual la Defensoría del Pueblo de Cúcuta coadyuva ante el Juez Segundo Laboral del Circuito la acción de tutela presentada por la madre de la menor E.J.P..
Copia de la valoración psicológica practicada a la menor E.J.P., remitida el 22 de marzo de 2007 al Centro de atención integral a víctimas de agresión sexual de la Fiscalía.
Copia del oficio No. S.S.S.-30000-0759-07 del 11 de abril de 2007, mediante el cual el subgerente de servicios de salud del hospital E.M. solicita al asesor jurídico su concepto en relación el paso a seguir ante la objeción de conciencia presentada por los médicos del hospital.
Copia del oficio calendado el 09 de abril de 2007, mediante el cual los médicos especialistas de ginecología y obstetricia del hospital E.M. presentan ante el subgerente de servicios de salud del hospital objeción de conciencia para la realización del aborto de la paciente E.J.P.A..
Copia del oficio No. 0315 del 02 de abril de 2007, mediante el cual la Fiscal Coordinadora del CAIVAS solicita al gerente del hospital E.M. que cuando sea practicado el procedimiento a la menor E.J.P., el producto extraído sea trasladado a medicina legal para efectos de la práctica de cotejo de prueba de A.D.N.
Copia de la descripción de la evolución de la paciente E.J.P., realizada por el hospital E.M. el 03 de abril de 2007.
Copia del informe de ecografía y obstetricia realizado en el hospital E.M. el 03 de abril de 2007, en relación con el embarazo de la menor E.J.P..
Certificación expedida por C. en relación con la vinculación de la menor E.J.P., en su condición de beneficiaria, y en relación con las semanas cotizadas.
Copia del oficio del 29 de marzo de 2007, mediante el cual la Clínica Médico Quirúrgica de Cúcuta comunica a C. EPS la objeción de conciencia presentada por sus especialistas en ginecobstetricia en relación con la interrupción del embarazo de la menor E.J.P..
Copia del oficio dirigido el 14 de abril de 2007 por la Fundación M.G.Y. a C. EPS, comunicando su negativa a practicar la suspensión del embarazo de la menor E.J.P., en razón de la objeción de conciencia presentada por sus especialistas en ginecología y obstetricia.
Copia del oficio dirigido el 17 de abril de 2007 por la Clínica San José de Cúcuta a C. EPS, comunicando su negativa a practicar la suspensión del embarazo de la menor E.J.P., en razón de la objeción de conciencia presentada por sus especialistas en ginecología.
Copia del oficio dirigido el 16 de abril de 2007 por la Clínica Norte S.A. a C. EPS, comunicando su negativa a practicar la suspensión del embarazo de la menor E.J.P., en razón de la objeción de conciencia presentada por sus especialistas en ginecobstetricia.
Copia de la ampliación del informe técnico, médico legal del 18 de abril de 2007, correspondiente al frotis vaginal practicado a la menor E.J.P.A., el 27 de marzo de 2007, en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Dirección Regional Nororiente, Seccional Norte de Santander, Unidad Básica de Cúcuta.
Oficio calendado el 17 de enero de 2008, mediante el cual C. EPS hace alusión a las diferentes actuaciones llevadas a cabo en dicha EPS en relación con la solicitud de interrupción del embarazo de la menor E.J.P..
Oficio No. S.S.S.30000-0065-08 del 17 de enero de 2008, mediante el cual el hospital universitario E.M. hace una relación de las diferentes actuaciones llevadas a cabo en dicha entidad relación con la solicitud de interrupción del embarazo de la menor E.J.P..
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante sentencia del 20 de abril de 2007, negó el amparo impetrado por considerar que si bien es cierto que la menor E.J.P.A. se encuentra en estado de embarazo y que se denunció una presunta conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento o abusivo, que dio lugar a la correspondiente investigación penal por parte de la Fiscalía, es igualmente cierto que no aparece evidenciado que el estado de embarazo sea fruto del referido acceso carnal violento, por cuanto existen discrepancias entre la fecha en la que tuvo lugar la presunta violación y la fecha en que se dio la fecundación.
Hace igualmente mención a la comunicación calendada el 10 de abril de 2007, dirigida por el director encargado de la oficina de C. a la Fiscal Coordinadora del CAIVAS, en la cual advierte que, de conformidad con lo indicado en la ecografía, la menor se encuentra embarazada desde el mes de diciembre de 2006, circunstancias todas estas que conllevan a que, a pesar de la existencia de la denuncia penal, no se pueda tener como claramente establecido que el embarazo sea fruto del acceso carnal abusivo, para que se presente una de las situaciones señaladas por la Corte Constitucional como generadoras de la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo.
La madre de la menor E.J.P.A. impugna la aludida decisión por considerar que se está denegando el amparo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 2006 para la protección de los derechos de la mujer que es víctima de acceso carnal, como es el caso de su menor hija, cuyas características, afirma, permiten ubicarlo dentro de las tres situaciones previstas en la aludida providencia de la Corte como susceptibles del amparo consistente en la facultad de interrumpir voluntariamente el embarazo.
El Procurador 91 Judicial II Penal de la ciudad de Cúcuta interviene para coadyuvar la impugnación de la providencia de primera instancia, manifestando que no comparte lo dicho por el ''a quo'' al exigir que exista evidencia o que se tenga claramente establecido que el embarazo es fruto del acceso carnal abusivo, lo cual encuentra desproporcionado, máxime si se tiene en cuenta que los galenos de C., además de proponer la objeción de conciencia, aluden a la existencia de una incongruencia entre la fecha de la última menstruación y la fecha del acceso carnal, lo cual constituye una intromisión ilegal y abusiva, que haría inviable el alcance, el sentido y la aplicación de la sentencia C-355 de 2006.
El Procurador hace alusión a algunos apartes de la aludida Sentencia de esta Corporación para concluir que si no es del resorte del legislador el imponer requisitos o barreras de cualquier rango, mucho menos le es dado hacerlo a la autoridad judicial o administrativa, representada en este caso concreto por el Juzgado Segundo Laboral, la EPS C. y el hospital E.M., y agrega que en el caso de C. EPS sería recomendable establecer si realmente todos los especialistas de las diferentes IPS contratantes presentaron objeción de conciencia en relación con la práctica del aborto a la menor.
La Defensora del Pueblo pide a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta que solicite al CAIVAS de la Fiscalía la ampliación de la declaración de la menor E.J.P., con el fin de establecer con mayor certeza la veracidad de los hechos denunciados, por cuanto no se ha tenido en cuenta lo dicho por la menor en relación con las amenazas que recibió del agresor en el sentido de dar muerte a la madre y a la misma menor en caso de que contara lo sucedido, circunstancia que señala como determinadora de que la menor no hubiese denunciado a su victimario el mismo día de los hechos, dando lugar así a la señalada imprecisión entre la fecha de la denuncia y la presunta comisión del hecho punible.
Agrega que las alegaciones de la EPS C. están dirigidas a la objeción de conciencia presentada por los ginecólogos de algunas entidades, razón por la cual una vez esclarecidas las dudas, cotejadas las incongruencias a las cuales se hizo alusión y tenidos en cuenta los demás elementos probatorios, así como la solicitada versión de la menor y los resultados de la valoración sicológica que pueden solicitase a C., el CAIVAS y a la Secretaría de Salud, se podrá contar con los elementos fácticos suficientes que demuestren el origen del daño causado a la menor, con el fin de tener certeza de su ocurrencia y que se pueda exigir a la entidad correspondiente la adopción de medidas urgentes e impostergables, dado el avance de la gestación.
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta - mediante Sentencia del 07 de mayo de 2007 - confirmó la decisión impugnada, señalando, en primer lugar, que ni la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 2006, ni el decreto reglamentario de la interrupción voluntaria del embarazo señalan qué procedimiento judicial habrá de seguirse por parte de la gestante o de sus representantes en el evento de que su EPS se niegue a llevar a cabo el procedimiento médico correspondiente.
Manifiesta su acuerdo con el análisis probatorio realizado por el ''a quo'', por cuanto si el argumento para solicitar la interrupción del embarazo radica en que el mismo es producto de un acceso carnal violento que tuvo lugar el 16 de febrero de 2007 y la ecografía practicada permite concluir que cuando se produjo la violación la gestante ya se encontraba embarazada, lo menos que puede hacer el juez constitucional es denegar el amparo.
Agrega que no cree la Sala que el haber tenido en cuenta tanto las entidades accionadas como el juez de primera instancia las semanas de embarazo que presentaba la gestante en la fecha que se denuncia como la de ocurrencia del acto sexual no consentido, para negar la interrupción de la gestación, pueda considerarse como una de aquellas conductas prohibidas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 2006, por considerarlas como ''cargas desproporcionadas'' y manifiesta que, a juicio de la Sala, la Corte Constitucional no pretendió eliminar como delito la interrupción del embarazo cuando sea ostensible que el mismo no ha ocurrido por causa de un acceso carnal violento.
La sentencia C-355 de 2006 y los presupuestos para que una solicitud de interrupción de embarazo deba ser atendida en forma oportuna. Regulación nacional e internacional al respecto.
Claro está que cuando la violación se presume por tratarse de una mujer menor de catorce (14) años, la exhibición de la denuncia se torna en una mera formalidad y la falta de la misma no puede ser un pretexto para dilatar la interrupción del embarazo, si la mujer solicita que se le practique el aborto Aclaración de voto del Magistrado M.J.C.E. a la sentencia C-355 de 2006.
Cabe recordar, que el requisitos exigido para acreditar la procedencia de la interrupción del embarazo en cada uno de los tres casos no constitutivos de delito, según la sentencia C-355 de 2006, es el único que puede exigirse como máximo, por lo que, si no se puede establecer por el legislador requisitos que establezcan cargas desproporcionadas sobre los derechos de la mujer ni barreras que impidan la práctica del aborto Sentencia C-355 de 2006, tampoco le es dado a los profesionales de la salud exigir otro u otros adicionales en cuanto imponen barreras administrativas al acceso al servicio legal de IVE y resultan contrarios a la Constitución y a otra normatividad tanto nacional como internacional sobre la materia.
3.8. En efecto, una vez la interrupción de un embarazo se solicita por la madre gestante, acreditando encontrarse en una de las circunstancias no constitutivas de delito de aborto, los profesionales de la salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud deben proceder a realizar el procedimiento IVE, (i) de manera oportuna, es decir dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud, de conformidad con la Resolución 004905 de 2006, proferida por el Ministerio de la protección Social; (ii) su atención será integral y con calidad; y, (iii) se hará con sujeción a las normas técnico- administrativas que expida el Ministerio de la Protección Social, las cuales serán de obligatorio cumplimiento, y mientras éstas se expiden, los prestadores están obligados al cumplimento de las normas del Decreto 4444 de 2006 que tienen como referente la guía ''Aborto sin riesgo: Guía técnica y de políticas para sistemas de salud'' de la Organización Mundial de la Salud (2003).
En efecto, varias conferencias internacionales, así como la Guía Técnica de Políticas para sistemas de Salud: Aborto sin riesgos, de la Organización Mundial de la Salud - 2003 -, han corroborado que el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna, convirtiéndose en un problema de salud pública Así se reconoció en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) desarrollada en El Cairo en 1994. En atención a ello, los Estados que conforman la Organización de Naciones Unidas, reconocieron que en aquellos casos en que no sea contrario a la ley, el aborto debe practicarse en condiciones tales que no se ponga en riesgo la vida y la salud de la madre Naciones Unidas 1995, párrafo 8.25. En el mismo sentido se consideró en la Asamblea General de las Naciones Unidas 1999, párrafo 63.iii..
También cabe recordar, que la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (ICPD) desarrollada en El Cairo en 1994, los gobiernos acordaron abordar el impacto para la salud de los abortos practicados en condiciones de riesgo como un grave problema de salud pública, pues al igual que en la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer (FWCW) que tuvo lugar en Beijing en 1955, afirmaron los derechos humanos de la mujer en el área de la salud sexual y reproductiva, los cuales se basan en el reconocimiento de los derechos básicos de cada pareja e individuo de decidir libre y responsablemente el número de hijos que desean tener, el intervalo entre ellos y el momento de tenerlos y de acceder a la información y los medios para hacerlo, así como en el derecho de obtener el máximo estándar de salud sexual y reproductiva. Naciones Unidas 1995, párrafo 7.3
En Beijing los gobiernos acordaron que ''Los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a tener control y decidir libre y responsablemente sobre temas relacionados con su sexualidad, incluyendo salud sexual y reproductiva, sin coerción, discriminación ni violencia. La igualdad entre mujeres y hombres con respecto a las relaciones sexuales y la reproducción, incluyendo el total respeto por la integridad de la persona, requiere respeto mutuo, consentimiento y responsabilidad compartida sobre la conducta sexual y sus consecuencias''. Naciones Unidas 1996, párrafo 96
En la Conferencia de El cairo, los gobiernos del mundo reconocieron que el aborto inseguro es una de las mayores preocupaciones de la salud pública y garantizaron su compromiso para disminuir la necesidad de un aborto a través de la expansión y mejoramiento de los servicios de planificación familiar, mientras que al mismo tiempo reconocieron que, en los casos en que no estén contra le ley, el aborto debe ser sin riesgos Naciones Unidas 1995, párrafo 8.25. En 1996, la Conferencia de Beijing convalidó estos acuerdos e instó a los gobiernos a que consideren la revisión de las leyes que contienen medidas punitivas contra mujeres que se han sometido a abortos ilegales Naciones Unidad 1996, párrafo 106.
La Asamblea General de Naciones Unidas en 1999, revisó y evaluó la implementación de los asuntos tratados en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994, y los gobiernos acordaron iniciar acciones para garantizar que, en aquellos lugares donde el aborto no esté en contra de la ley, se tomen todas las medidas para que éste sea accesible y sin riesgo, y los sistemas de salud deben capacitar y equipar a los proveedores de servicios de salud, así como tomar medidas adicionales para salvaguardar la vida de las mujeres Naciones Unidas 1999, párrafo 63,iii.
Además, como ya se advirtió, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elaborado la guía técnica para la prevención del aborto inseguro y el manejo de sus complicaciones En el año 2003 la OMS publicó Aborto sin riesgos: Guía técnica y de políticas para Sistemas de Salud, con el fin de ayudar a los gobiernos a cumplir sus compromisos de poner término al aborto practicado en condiciones de riesgo, y sobre la cual se hará alusión en el siguiente capítulo de esta providencia.
La objeción de conciencia no es un derecho absoluto. Los profesionales de la salud deben atender las solicitudes de interrupción de embarazo en forma oportuna de conformidad con la sentencia C-355 de 2006 y es su obligación remitir inmediatamente a la mujer embarazada a un profesional de la salud que pueda practicar dicho procedimiento.
4.2. Esta corporación se ha pronunciado en varias oportunidades sobre la objeción de conciencia, en materias como el servicio militar Sentencias T-409 de 1992, C-511 de 1994, C-561 de 1995, T-363 de 1995, C-740 de 2001, T-355 de 2002, T-332 de 2004., la educación Sentencias T-539ª de 1993, T-075 de 1995, T-588 de 1998, T-877 de 1999, T-026 de 2005., respecto de la obligación de prestar juramento Sentencias T-547 de 1993, C-616 de 1997., en materia de obligaciones laborales Sentencias T-982 de 2001, T-332 de 2004. y en materia de salud Sentencias T-411 de 1994, T-744 de 1996, T-659 de 2002, T-471 de 2005., entre otras.
4.5. De tal manera, en relación con la objeción de conciencia, está determinado que, (i) que no pueden existir clínicas, hospitales, centros de salud o cualquiera que sea el nombre con que se les denomine, que presenten objeción de conciencia a la práctica de un aborto cuando se reúnan las condiciones señaladas en esta sentencia; (ii) en atención a la situación subjetiva de aquellos profesionales de la salud que en razón de su conciencia no estén dispuestos a practicar el aborto se les garantiza la posibilidad de acudir al instituto denominado objeción de conciencia; (iii) pueden acudir a la objeción de conciencia siempre y cuando se trate realmente de una ''convicción de carácter religioso debidamente fundamentada'', pues de lo que se trata no es de poner en juego la opinión del médico entorno a si está o no de acuerdo con el aborto; y, (iv) la objeción de conciencia no es un derecho absoluto y su ejercicio tiene como límite la propia Constitución en cuanto consagra los derechos fundamentales, cuya titularidad también ostentan las mujeres, y por tanto no pueden ser desconocidos.
4.10. En efecto, instrumentos internacionales como la ''Declaración de Oslo de la Asociación Médica Mundial sobre el aborto terapéutico'', adoptada por la 24ª Asamblea Médica Mundial, Oslo, Noruega, agosto 1970 y enmendada por la 35ª Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, octubre 1983, establecen expresamente que, si un médico estima que sus convicciones no le permiten aconsejar o practicar un aborto, él puede retirarse, siempre que garantice que un colega calificado continuará prestando la atención médica. Dicha declaración expresamente consagra:
''1. El primer principio moral que se impone al médico es el respeto a la vida humana desde su comienzo.
''2. Las circunstancias que ponen los intereses vitales de la madre en conflicto con los intereses vitales de su criatura por nacer, crean un dilema y plantean el interrogante respecto a si el embarazo debe o no ser deliberadamente interrumpido.
''3. La diversidad de respuestas a esta situación es producida por la diversidad de actitudes hacia la vida de la criatura por nacer. Esta es una cuestión de convicción y conciencia individuales que debe ser respetada.
''4. No es función de la profesión médica determinar las actitudes y reglas de una nación o de una comunidad en particular con respecto a este asunto, pero sí es su deber asegurar la protección de sus pacientes y defender los derechos del médico dentro de la sociedad. (negrillas fuera del texto original)
''5. Por lo tanto, donde la ley permita el aborto terapéutico, la operación debe ser realizada por un médico competente en la materia y en un lugar aprobado por las autoridades del caso.
''6. Si un médico estima que sus convicciones no le permiten aconsejar o practicar un aborto, él puede retirarse, siempre que garantice que un colega calificado continuará prestando la atención médica. (negrillas fuera del texto)
''7. Esta declaración, si bien es respaldada por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, no debe ser considerada como obligatoria para ninguna asociación miembro en particular, a menos que ella sea adoptada por la asociación miembro.
4.11. Además, la Guía Técnica de Políticas para Sistemas de Salud, aborto sin riesgos, publicada por la OMS en el año 2003, Capítulo Segundo, punto 2.4.1., dispone que ''Los profesionales de la salud tienen el derecho a negarse a realizar un aborto por razones de conciencia, pero tienen la obligación de seguir los Códigos de ética profesional, los cuales generalmente requieren que los profesionales de la salud deriven a las mujeres a colegas capacitados, que no estén en principio en contra de la intención interrupción del embarazo permitida por la ley. Si no hay ningún proveedor alternativo, el profesional de salud deberá realizar el aborto para salvar la vida de la mujer o para prevenir daños permanentes a su salud, en cumplimiento de la ley nacional.''
El mismo documento Guía, en el capítulo Segundo citado, inciso final, aparte 2.4.1., dispone que ''Cuando un hospital, clínica, o centro de salud ha sido designado como una institución pública que ofrece servicios permitidos por la ley, no se puede poner en peligro la vida o salud de la mujer negándole esos servicios. Se deben proveer los servicios de aborto en toda la extensión permitida por la ley.''.
ARTÍCULO 1º. CAMPO DE APLICACIÓN. Las disposiciones del presente decreto aplican, en lo pertinente, a las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina Prepagada, a las Entidades Departamentales, D. y Municipales de Salud, las entidades responsables de los regímenes de excepción de que tratan el artículo 279 de la ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, y a los Prestadores de Servicios de Salud.
Los servicios de salud requeridos por las afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud a cargo de las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado y las Entidades Adaptadas se prestarán en las instituciones prestadoras de servicios de salud con las que cada administradora tenga convenio o contrato, o sin convenio cuando se trate de la atención de urgencias. Los servicios de salud requeridos por la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, se efectuarán a través de los Prestadores de Servicios de Salud públicos o aquellos privados con los cuales las Entidades Departamentales, D. y Municipales de Salud tengan contrato.
Las Entidades Departamentales, D. y Municipales de Salud, en el ámbito de sus competencias, deberán garantizar que en la red pública de prestadores de servicios de salud de su jurisdicción, exista disponibilidad suficiente para garantizar el acceso real y la atención oportuna de las gestantes que requieran servicios de IVE en todos los grados de complejidad.
Admisión o permanencia en centros educativos, deportivos, sociales o de rehabilitación.
Acceso a cualquier actividad laboral o permanencia en la misma, excepto cuando se requiera vincular personal para la prestación directa de los servicios regulados por el presente Decreto.
Afiliación a una Entidad Promotora de Salud o a una Administradora del Régimen Subsidiado y acceso a los servicios de salud.
Ingreso, permanencia o realización de cualquier tipo de actividad cultural, social, política o económica.
Contratación de los servicios de salud no relacionados con la prestación de los servicios de que trata el presente Decreto.
4.14. Con fundamento en el mencionado Decreto 4444 de 2006, el Ministerio de la Protección Social expidió la Resolución Número 004905 de 2006 (14 de diciembre), por medio de la cual se adopta la Norma Técnica para la atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE-, se adiciona la Resolución 1896 de 2001 y se dictan otras disposiciones, la que expresamente anexa la Guía Técnica y de Políticas para sistemas de salud, Aborto sin Riesgo, publicada por la OMS en 2003. Al respecto dispone:
5.1. En el presente caso, se presenta tutela contra COOMEVA EPS y el Hospital Universitario E.M. de Cúcuta, por cuanto se negó la interrupción del embarazo a la menor E.J.P., víctima de acceso carnal denunciado debidamente como violación ante la Fiscalía General de la Nación.
5.3. Observa la Corte que a la luz de la Constitución y de la sentencia C-355 de 2006, en el presente caso tanto las entidades accionadas como los médicos que conocieron del caso, vulneraron los derechos fundamentales a la menor E.J.P.A., de 13 años de edad, ya que, habiendo ésta solicitado la interrupción de su embarazo, allegando copia de la denunciada en la que se afirmó haber sido objeto de violación, unas y otros se limitaron a manifestar que les resultaba imposible llevar a cabo dicho procedimiento en razón de la generalizada manifestación del ejercicio de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud que atendieron el caso.
5.5. En efecto, obra como prueba en el expediente, (i) denuncia penal formulada por la señora G.B.A., madre de la menor E.J.P.A., por la violación de su hija Fols. 2 y 3 C. 1.; (ii) prueba de laboratorio que dio positiva para embarazo Fol.6 C.. 1; (iii) certificación de la Coordinadora de Fiscalía sobre el adelantamiento de la investigación por acceso carnal violento agravado, siendo víctima la menor citada Fol. 7 C.. 1; (iv) oficio enviado por la Fiscalía a C. EPS, solicitando la intervención médica de interrupción del embarazo, tal y como es voluntad de la menor Fol. 35 cdno. 1, en razón a que la menor se encontraba afiliada a dicha EPS.
5.6. Además, obra como prueba que, C. EPS, remitió a la menor a la Clínica Médico Quirúrgica, para efectos de la práctica del procedimiento, quienes no lo practicaron Fol. 110 y 111 C.. 1, por cuanto el médico director, el médico auditor, cuatro médicos gineco-obstetras, la jefe de enfermería y la auditora de calidad, todos de la misma Clínica, realizaron una reunión el 29 de marzo de 2007, a las 8:00 PM, con el objeto de analizar, discutir y definir la conducta a seguir en el caso de la paciente E.J.P.A. afiliada a C. EPS, y el tema específico lo fue la definición de conducta para interrupción del embarazo por acceso carnal violento de la citada paciente. Las conclusiones de la reunión fueron (i) el caso cumple con los requisitos del decreto 4444 de 2006; (ii) hay incongruencia entre la fecha de la última menstruación y la fecha de acceso carnal violento referido por la paciente con los hallazgos clínicos y de imagenología aportados en la historia clínica; (iii) la objeción de conciencia permite al gineco-obstetra rechazar la realización del procedimiento, a la cual se acogen los especialistas arriba firmantes; y, (iv) la clínica médico quirúrgica y su staff de especialistas no asumen la responsabilidad ni la realización de la interrupción del embarazo. Conclusiones que fueron comunicadas a C. EPS. S.A.
5.7. Ante la respuesta de la Clínica Médico Quirúrgica, C. envía a la paciente al Hospital Universitario E.M. de Cúcuta, Empresa Social del Estado, para que allí se efectúe el procedimiento Folio 112 C.. 1, la que respondió no tener contrato con C., pero además afirmó no realizar el procedimiento por cuanto los médicos se acogieron a la objeción de conciencia Folio 113 cdno. 1.
5.8. Nuevamente, C. remite a la paciente a la Fundación M.G.Y., la que respondió a través de su Gerente de Atención Médica, que los profesionales especialistas en ginecología-obstetricia, vinculados a la institución, consultados en forma individual, de manera unánime han hecho uso de la objeción de conciencia, para no realizar el procedimiento anotado Folio 114 C.. 1.
5.9. C. también remite a la menor a la Clínica San José de Cúcuta, la que respondió a través de su Gerente Administrativo, que no atendía la solicitud, por cuanto el staff de médicos del servicio de ginecobstetricia se acogió cada uno d ellos a la objeción de conciencia fundamentada en razones de tipo religioso Folio 115 C.. 1.
5.10. En igual sentido se pronuncio la Clínica Norte S.A., a través de su Director Científico Folios 119 y 120 C.. 1. Y, la Clínica Santa Ana S.A., quién expreso a través de su Gerente estar en disposición de atender la solicitud en relación con los servicios de quirófano, anestesia, medicamentos y hospitalización, pero informa que el equipo de médicos especialistas en ginecología y obstetricia hace uso de la objeción de conciencia para dicho procedimiento Folio 121 C.. 1.
5.12. En efecto, las prueba que obran en el expediente no acreditan que cada uno de los médicos que conoció del caso hubiere presentado la objeción de conciencia de manera individual, libre y autónoma, pues si bien así se anunció en las respuestas que enviaron los respectivos G. o Directores a C., por el contrario, de las mismas respuestas se puede inferir que la objeción de conciencia fue asumida de manera colectiva y como una decisión de carácter institucional. En relación con la Clínica Médico Quirúrgica de Cúcuta Fol. 110 y 111 C.. 1, aparece claro que la decisión sobre la objeción de conciencia se tomo de manera colectiva y con la intervención de personal administrativo, caso en el que además aparece, que dicha determinación se adoptó, no por razones de orden religioso, sino previo el análisis de los hechos denunciados.
5.14. En conclusión, en este caso, tanto las entidades de salud públicas y privadas como los médicos que atendieron el caso y presentaron de manera conjunta y unánime objeción de conciencia, desconocieron la Constitución, la sentencia C-355 de 2006 y los decretos reglamentaros expedidos por el Gobierno Nacional sobre la materia, y vulneraron los derechos fundamentales de la menor E.J.P.A..
5.16. De las pruebas que obran en el expediente se puede concluir, que en este caso, tanto la EPS C., a la cual se encontraba afiliada la menor accionante en tutela, como las instituciones prestadoras de salud de su red, así como la entidad pública, Hospital Universitario E.M. de Cúcuta, también vulneraron flagrantemente los derechos fundamentales de la menor E.J.P., al no tener la disponibilidad de profesionales de la salud habilitados para llevar a cabo el procedimiento de IVE. Siendo ello así, correspondía a los jueces de tutela otorgarle a la menor accionante la protección inmediata.
5.17. Manifiesta la vulneración de los derechos fundamentales de la menor E.J.P., correspondía a los jueces de tutela otorgarle de manera inmediata la protección solicitada. Sin embargo, no obraron de conformidad y procedieron a negar la tutela con fundamento en la valoración que hicieron de los hechos denunciados penalmente, de los cuales concluyeron que no se puede determinar claramente que el embarazo es fruto de acceso carnal violento pese a encontrase denunciado F. 7., por cuanto existen discrepancias entre la fecha en la que tuvo lugar la presunta violación y la fecha en que se dio la fecundación.
5.2. Así las cosas, siendo evidentes las pruebas sobre la vulneración de los derechos fundamentales por parte de la entidades e instituciones de salud, y los profesionales de la salud, la Sala estima que la acción de tutela invocada por la señora G.B.A.B., en representación de su hija E.J.P.A. ha debido prosperar, habiendo actuado de manera contraria los jueces de tutela que negaron el amparo solicitado.
5.21. Por tanto, le corresponde a la Corte revocar los fallos objeto de revisión. También, se ordenará que los jueces que actuaron, tanto en primera como en segunda instancia en la tutela, sean investigados para que se establezca las posibles faltas disciplinarias en que pudieron haber incurrido, de conformidad con las consideraciones expuestas anteriormente. Con dicho fin, la Secretaría General de esta corporación enviará copias de todo lo actuado con destino al Consejo Seccional -Sala disciplinaria- de Norte de Santander, trámite disciplinario que debe ser vigilado por la Procuraduría General de la Nación. Igualmente, la Fiscalía General de la Nacional deberá investigar, si los mismos jueces, pudieron haber incurrido en el delito de prevaricato, para lo cual, la Secretaría General de esta corporación remitirá copia de todo lo actuado en esta tutela.
5.23. En efecto, en el caso ''sub examine'', se tiene que de conformidad con la ecografía practicada a la menor E.J.P. el día 24 de marzo de 2007 Informe ecográfico suscrito por el radiólogo de S., Dr. C.A.C.F.F. 30., para tal fecha presentaba un embarazo de dieciséis (16) semanas y cinco (5) días, lo cual permite señalar como fecha probable del embarazo el 27 de noviembre de 2006. En consecuencia, ya sea que se tome como punto de referencia tal diagnóstico, que se considera el más atendible por cuanto se certifica que fue practicado con equipo de alta definición, o ya sea que se parta de las fechas probables de embarazo resultantes de las demás pruebas practicadas, se tiene que se ha superado el tiempo normal de gestación y debe haber ocurrido el parto.
''ART. 25.- INDEMNIZACIONES Y COSTAS. Cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo de tutela el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente por el trámite incidental, dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación.
Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad.''
5.28. Los perjuicios que sufrió la menor E.J.P. deben ser reparados en su integridad por C. EPS, y solidariamente por las IPS de su red y los profesionales de la salud que atendieron el caso, todos éstos contra los cuales podrá repetir posteriormente C. una vez los hubiere cancelado en su totalidad.
5.29. Liquidación de perjuicios que se hará por el juez del circuito administrativo -reparto- de Cúcuta, por el trámite incidental, y será decidido dentro del término de los seis (6) meses siguientes al recibo de la comunicación respectiva, para lo cual, la Secretaría General de esta corporación remitirá inmediatamente copias de toda la actuación surtida en esta tutela.
En el citado trámite incidental la menor E.J.P. deberá ser acompañada por la Defensoría del Pueblo, para lo cual, la Secretaría General de esta corporación remitirá copias de todo lo actuado en esta tutela.
Otras determinaciones que debe adoptar la Corte.
6.1. En el presente caso, el procedimiento de IVE no se practicó a la menor E.J.P., debido a que todos los médicos de las IPS de la red de la EPS C., así como la IPS pública, Hospital Universitario E.M. de Cúcuta, presentaron objeción de conciencia, y no procedieron a remitir inmediatamente a la citada menor a otro profesional de la salud habilitado para llevar a cabo el procedimiento como era su obligación. Le corresponde a la Corte, tomar algunas determinaciones en relación con la falta a dicha obligación, así como respecto del incumplimiento de lo previsto en el Decreto 4444 de 2006.
6.2. En efecto, en la sentencia C-355 de 2006, se previó expresamente la posibilidad de que, con posterioridad a la manifestación personal de la objeción de conciencia, se proceda a determinar ''si la objeción de conciencia era procedente y pertinente, a través de los mecanismos establecidos por la profesión médica''. Con fundamento en tal previsión y en razón de lo acaecido en el caso bajo examen, la Sala dispuso que se oficiara al Tribunal Nacional de Ética Médica, así como al Tribunal de Ética Médica del Norte de Santander solicitándoles que procedieran a informar qué mecanismos han sido previstos por la profesión médica para determinar en cada caso si la objeción de conciencia resulta procedente y pertinente y solicitándoles que se sirvieran informar, además, si tales instituciones han tenido ocasión de utilizar dichos mecanismos en relación con la objeción de conciencia frente a la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo con lo señalado en la Sentencia C-355 de 2006 y con qué resultados.
El Tribunal Nacional de Ética Médica, mediante oficio No. 867-2007 del 11 de diciembre de 2007, manifestó que ''en la Ley 23 de 1981 no se contempla el asunto de la objeción de conciencia ni se disponen mecanismos para determinar la procedencia y pertinencia de dicha objeción'' y, en relación con el eventual uso de tales mecanismos y los resultados obtenidos con los mismos, el aludido Tribunal manifestó que ''Estos tribunales de Ética Médica no tienen función de Consulta por lo cual no podemos dar opiniones sobre el asunto por usted citado''.
6.3. En consecuencia, precisa la Corte en primer lugar, que si bien en la Ley 23 de 1981, ''por la cual se dictan normas en materia de ética medica'' no se hace alusión expresa a la objeción de conciencia, el señalamiento hecho en la sentencia C-355 de 2006 y lo dispuesto en las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Médica Mundial, en cuanto a que, presentada la objeción de conciencia el profesional de la salud que la exprese está en la obligación de remitir inmediatamente a la solicitante a otro médico que esté habilitado para llevar a cabo el procedimiento de IVE, sin perjuicio de que ''...posteriormente se determine si la objeción de conciencia era procedente o pertinente...'', a través de los mecanismos establecidos por la profesión médica, constituye ''per se'' fundamento suficiente para que se proceda en consecuencia, para lo cual, bien puede utilizarse las normas generales respectivas.
A lo anterior hay que agregar que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 23 de 1981, al Tribunal Nacional de Ética Médica Artículo 63. y a los Tribunales Seccionales Ético-profesionales Artículo 67. compete el conocimiento ''de los procesos disciplinarios ético-profesionales que se presenten por razón del ejercicio de la medicina en Colombia'' y que tales entidades ''cumplen una función pública'' Artículo 73. y disponen de un procedimiento establecido en la misma Ley Artículo 74 y siguientes. para la determinación de la eventual responsabilidad disciplinaria de los profesionales de la medicina.
6.4. Finalmente, en relación con el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 4444 de 2006, cabe recordar que el mismo consagra que las Entidades Departamentales, D. y Municipales de Salud, en el ámbito de sus competencias, deberán garantizar que en la red pública de prestadores de servicios de salud de su jurisdicción, exista disponibilidad suficiente para garantizar el acceso real y la atención oportuna de las gestantes que requieran servicios de IVE en todos los grados de complejidad. Además, las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, y las entidades responsables de los regímenes de excepción de que tratan el artículo 279 de la ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, deberán garantizar un número adecuado de proveedores habilitados para prestar los servicios de que trata el presente Decreto y de acuerdo con sus disposiciones, de conformidad con lo previsto en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y las normas técnicas que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social.
De otra parte, mediante Decreto 1011 de 2006, se estableció el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, aplicable tanto a los prestadores de servicios de salud, como a las entidades promotoras de salud, entre otros operadores del sector salud Artículo 1º., y se señaló como entidades responsables del funcionamiento del Sistema al Ministerio de la Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud, así como a las entidades departamentales, distritales y municipales de salud Artículo 5º..
En el numeral 3º. el artículo 5º. del referido decreto se asigna a las entidades departamentales y distritales de salud la obligación de ''cumplir y hacer cumplir en sus respectivas jurisdicciones, las disposiciones establecidas en el presente decreto y en la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social, divulgar las disposiciones contenidas en esta norma y brindar asistencia a los Prestadores de Servicios de Salud y los definidos como tales para el cabal cumplimiento de las normas relativas a la habilitación de las mismas''.
En el artículo 54 del mismo Decreto 1011 de 2006 se asigna a las entidades territoriales de salud la competencia para adelantar los procedimientos y aplicar las sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 577 de la Ley 9ª. de 1979, ''por la cual se dictan medidas sanitarias'', y en las normas que las modifiquen o las sustituyan.
En el literal f) del artículo 9º. de la Ley 10 de 1990 se asigna al Ministerio de la Protección Social la función de ''Vigilar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos y las normas técnicas, administrativas y de calidad del servicio, adoptados para el sector salud, e imponer, si es el caso, las sanciones a que hubiere lugar''.
En el artículo 178 de la Ley 100 de 1993 se señalan las funciones de las entidades promotoras de salud, entre las cuales figuran la de ''Organizar la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus familias puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional'' Numeral 3º. y la de ''Establecer procedimientos para controlar la atención integral, eficiente, oportuna y de calidad en los servicios prestados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud'' Numeral 6º..
6.6. De conformidad con lo establecido en las aludidas disposiciones, la Sala informará a la Superintendencia de Salud y al Ministerio de la Protección Social, sobre los hechos acaecidos en esta tutela, para lo cual se les enviará copia de la actuación, para que investiguen y, si es del caso, sancionen las posibles faltas en que pudo incurrir en este caso C. EPS, y las entidades de salud con las cuales tenía contrato para la prestación de servicios de salud a sus afiliados que se negaron a practicar el procedimiento de IVE, así como al Hospital Universitario E.M. de Cúcuta, entidad de la red pública de salud de Norte de Santander, por el posible incumplimiento de las disposiciones previstas en el Decreto 4444 de 2007.
- El aborto no constituye delito cuando se solicita voluntariamente por una mujer presentando la denuncia penal debidamente formulada en caso de violación o de inseminación artificial no consentida, transferencia de ovulo fecundado no consentida o incesto, certificado médico de estar en peligro la vida de la madre, o certificado médico de inviabilidad del feto.
Los profesionales de la salud en todos los niveles tiene la obligación ética, constitucional y legal de respetar los derechos de las mujeres.
- Los médicos o el personal administrativo no puede exigir documentos o requisitos adicionales a los mencionados en el numeral primero, con el fin de abstenerse de practicar o autorizar un procedimiento de IVE.
- La objeción de conciencia no es un derecho del que son titulares las personas jurídicas.
- La objeción de conciencia es un derecho que solo es posible reconocer a las personas naturales.
- La objeción de conciencia debe presentarse de manera individual en un escrito en el que se expongan debidamente los fundamentos.
- La objeción de conciencia no puede presentarse de manera colectiva.
- La objeción de conciencia debe fundamentarse en una convicción de carácter religioso.
- La objeción de conciencia no puede fundamentarse en la opinión del médico en torno a si está o no de acuerdo con el aborto.
- La objeción de conciencia no puede vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres.
- El médico que se abstenga de practicar un aborto con fundamento en la objeción de conciencia tiene la obligación de remitir inmediatamente a la mujer a otro médico que si pueda llevar a cabo el aborto. Y, en el caso de las IPS, éstas deben haber definido previamente cual es el médico que está habilitado para practicar el procedimiento de IVE.
- Cuando se presenta objeción de conciencia el aborto debe practicarse por otro médico que esté en disposición de llevar a cabo el procedimiento de IVE, sin perjuicio de que posteriormente se determine si la objeción de conciencia era procedente y pertinente, a través de los mecanismos establecidos por la profesión médica, o en su defecto por el Ministerio de la Protección Social, conforme a las normas pertinentes.
El Sistema de Seguridad Social en Salud debe garantizar un número adecuado de proveedores habilitados para prestar los servicios de interrupción del embarazo.
- Las mujeres tienen derecho al acceso real, oportuno y de calidad al Sistema de Seguridad Social en Salud cuando soliciten la interrupción de su embarazo, en todos los grados de complejidad del mismo.
- El Sistema de Seguridad Social en salud no puede imponer barreras administrativas que posterguen innecesariamente la prestación del servio de IVE.
- El incumplimiento de las anteriores previsiones da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida el veinte de abril de 2007 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, por medio de la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por la señora G.B.A.B. en representación de la menor E.J.P.A., así como la sentencia proferida el siete de mayo de 2007 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, por medio de la cual se confirmó la decisión de primera instancia.
Segundo.- Condenar en abstracto a C. EPS, y solidariamente a las IPS de su red, y a los profesionales de la salud que atendieron el caso y no obraron de conformidad con sus obligaciones, a pagar los perjuicios causados a la menor E.J.P.A., por la violación de sus derechos fundamentales.
La liquidación de la misma se hará por el juez del circuito administrativo de Cúcuta -reparto-, por el trámite incidental, el que deberá iniciarse dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación respectiva, y deberá ser decidido en el término de los seis (6) meses siguientes, para lo cual, la Secretaría General de esta corporación remitirá inmediatamente copias de toda la actuación surtida en esta tutela a la Oficina Judicial respectiva. El juez del circuito administrativo a quien corresponda fallar el presente incidente, remitirá copia de la decisión de fondo a este Despacho.
Quinto.- Comunicar a la Superintendencia de Salud lo aquí resuelto, para que en ejercicio de sus competencias, investiguen y si es del caso sancionen, las posibles faltas en que se pudo incurrir en este caso por C. EPS y las IPS de su red, así como el Hospital Universitario E.M. de Cúcuta, entidad pública, por el incumplimiento de las disposiciones previstas en el Decreto 4444 de 2007. Igualmente, para que tomen las determinaciones administrativas necesarias a fin de que se cumpla en todo el territorio nacional lo dispuesto en la sentencia C-355 de 2006 y en el citado decreto. La Secretaría de esta corporación compulsará las copias respectivas.
Sexto.- Comunicar a la Dirección Nacional del Sistema de Salud del Ministerio de la Protección Social lo aquí decidido, para que en ejercicio de sus competencias, investigue y si es del caso sancione, las posibles faltas en que se pudo incurrir en este caso por C. EPS y las IPS de su red, así como el Hospital Universitario E.M. de Cúcuta, entidad pública, por el incumplimiento de las disposiciones previstas en el Decreto 4444 de 2007. Igualmente, para que tomen las determinaciones administrativas necesarias a fin de que se cumpla en todo el territorio nacional lo dispuesto en la sentencia C-355 de 2006 y en el citado decreto. La Secretaría de esta corporación compulsará las copias respectivas.
Noveno.- Ordenar a la Secretaría General de esta corporación, expida copias de esta providencia y de todo el expediente de tutela, con destino al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander -Sala Disciplinaria-, a fin de que investigue las posibles faltas disciplinarias en que pudieron incurrir los jueces de instancia que actuaron en esta tutela. Iguales copias remitirá a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen la conducta de los funcionarios que fallaron en primera y segunda instancia esta tutela. También se remitirá copia de todo lo actuado con destino a la Procuraduría General de la Nación para que vigile el trámite de éstas actuaciones.