Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2013/as201311300.html
Timestamp: 2019-03-24 09:02:09
Document Index: 107675300

Matched Legal Cases: ['artículo 264', 'artículo 264', 'artículo 413', 'artículo 264', 'artículo 413', 'artículo 417', 'artículo 42', 'artículo 418', 'artículo 264']

as201311300
Auto Supremo Nº. 300/2013
Sucre, 21 de octubre de 2013
Expediente: Tarija 204/2013
PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Ana María Fernández Alfaro, Edmon Montellanos Fernández contra Victor Wilfredo Vásquez Pacheco
Delito: aborto seguido de muerte
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Ana María Fernández Alfaro y Edmon Montellanos Fernández (fs. 1873 a 1875), impugnando el Auto de Vista Nro. 34/2013 emitido el 9 de septiembre de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 1869 a 1871), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, Ana María Fernández Alfaro y Edmon Montellanos Fernández (acusadores particulares) contra Víctor Wilfredo Vásquez Pacheco por la presunta comisión del delito de aborto seguido de muerte, previsto y sancionado en el párrafo primero del artículo 264 del Código Penal.
CONSIDERANDO: (Antecedentes del recurso de casación).
Desarrollado el juicio oral, público y contradictorio el Tribunal de Sentencia de Bermejo, con el voto unánime de sus miembros por Sentencia de 17 de julio de 2010 (fs. 1455 a 1469) declaró a Víctor Wilfredo Vásquez Pacheco autor de la comisión del delito de aborto seguido de muerte, previsto y sancionado por el párrafo primero del artículo 264 del Código Penal, condenándolo a la pena privativa de libertad de cuatro años de reclusión a cumplir en la Cárcel de Morros Blancos de la ciudad de Tarija. Asimismo, lo condenó al pago de costas a favor del Estado y los acusadores particulares.
La referida Sentencia motivó que ambas partes promuevan recurso de apelación restringida (fs.1478 a 1480 y 1482 a 1504 respectivamente), que fueron resueltos por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista Nro. 21/2012 de 13 de agosto de 2012, que declaró sin lugar al recurso de apelación restringida interpuesto por Víctor Wilfredo Vásquez Pacheco y con lugar al recurso de apelación restringida planteado por la acusadora particular Ana María Fernández Alfaro, revocando parcialmente la Sentencia impugnada; y en observancia de la parte final del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, modificó el quantum de la pena, condenando a Víctor Wilfredo Vásquez a seis años de privación de libertad, por el delito de aborto seguido de muerte, incurso en la primera parte del artículo 264 del Código Penal, a cumplir en el Penal de Morros Blancos de la ciudad de Tarija, además se le condenó a cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina.
Contra el referido Auto de Vista el procesado Víctor Wilfredo Vásquez Pacheco formuló recurso de casación de (fs.1667 a 1691), admitido mediante Auto Supremo Nro. 253 de 18 de septiembre de 2012 (fs. 1710 a 1712), resuelto por Auto Supremo Nro. 281 de 15 de octubre de 2012 (fs. 1715 a 1721), que dejó sin efecto el Auto de Vista Nro. 21/2012 de 13 de agosto de 2012.
En cumplimiento a lo dispuesto en la mencionada resolución, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Tarija, emitió el Auto de Vista Nro. 63/2012 de 31 de diciembre de 2012 (fs. 1778 a 1782), que declaró sin lugar los recursos interpuestos por el imputado Víctor Wilfredo Vásquez Pacheco y Ana María Fernández Alfaro, confirmando en su totalidad la sentencia impugnada.
El Auto de Vista motivó la formulación del recurso de casación por parte del acusado Wilfredo Vásquez Pacheco (fs. 1785 a 1815), resuelto por Auto Supremo Nro. 86/2013 de 26 de marzo, que dejó sin efecto el Auto de Vista Nro. 63/2012 de 31 de diciembre de 2012.
Devueltos los antecedentes del proceso, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió el Auto de Vista 34/2013 de 9 de septiembre de 2013 (fs. 1869 a 1871) declarando con lugar al recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado Víctor Wilfredo Vásquez Pacheco, consiguientemente, anuló totalmente la Sentencia de 7 de julio de 2010, disponiendo la realización de nuevo juicio por el Tribunal de Sentencia de Entre Ríos, al no existir otro Tribunal de Sentencia en Bermejo, conforme al artículo 413 del Código de Procedimiento Penal. Con relación al recurso de apelación interpuesto por Ana María Fernández y Edmon Montellanos Fernández los declaró sin lugar.
Notificados con el Auto de Vista Nro. 34/2013 los acusadores en 11 de septiembre de 2013 (fs. 1872), interponen recurso de casación de (fs. 1873 a 1875) el 18 de septiembre de 2013, que es motivo de autos.
CONSIDERANDO II. (Motivos del recurso de casación)
Que en el memorial que cursa a fojas 1873 a 1875, los recurrentes exponen los siguientes motivos:
1. Revalorización de prueba por el Tribunal de Alzada. Del análisis del Auto de Vista Nro. 34/2013 de fecha 9 de septiembre, que anuló la Sentencia de 17 de julio de 2010, pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Bermejo, los recurrentes alegan que el Tribunal de Alzada revalorizó prueba en el Considerando II.1 a) en cuanto al agravio del imputado de inexistencia de la tipicidad del delito atribuido, inmiscuyéndose en el juicio hasta la etapa probatoria porque expresó que falta de subsunción de los hechos al iter criminis, indicando que les extrañó de sobremanera que el Ministerio Público no haya ampliado la denuncia en contra del Dr. Rojas Bilbao que a decir del imputado fue el Médico que atendió a la víctima en primera instancia, a decir de los recurrentes, dan un aspecto negativo a la actuación del Tribunal, restan credibilidad a la declaración de Elio Mariano Mancilla, esposo de la víctima y padre del bebé a quienes se quitase la vida, quien indicó, que el único Médico que atendió a su esposa fue Víctor Wilfredo Vásquez Pacheco.
El Tribunal de Alzada con dicha labor pretende suplir el principio de inmediación, publicidad, oralidad que es propio de los Tribunales de instancia y no de alzada, señalan como agravios translúcidos, la violación a la seguridad jurídica, debido proceso, tutela judicial efectiva, porque después de cinco años se dispuso la nulidad del juicio citan el Auto Supremo Nro. 86/2013 del que transcriben parte de la Doctrina Legal Aplicable, sobre la motivación, fundamentación de las resoluciones y obligación de pronunciamiento sobre los puntos apelados en cada recurso, del que refieren de manera confusa “…aclarando ese aspecto, con la finalidad de expresar los fundamentos y la motivación de la resolución de manera ordenada, lo contrario implica incurrir en defecto inconvalidable o insubsanable al tenor del art. 169-3 del CPP, pues todo acto que vulnere derechos y garantías constitucionales, cuyo resultado dañoso no se enmarque a la salvedad dispuesta en el art. 167 de la misma norma legal deriva en defecto absoluto…” (sic) .
2. Imposibilidad de agravar la pena en Apelación. En el punto II.2) sobre los agravios de los recurrentes en apelación restringida, el Tribunal de Apelación indicó que el Auto Supremo Nro. 281/2012 impide agravar la pena, al respecto los recurrentes citan el Auto Supremo Nro. 281/2012 que refiere en cuanto a la modificación de la pena y transcriben: “… que el tribunal de alzada cuando evidencie errores u omisiones formales que se refieren a la imposición o el computo de la pena, con la atribución conferida por los arts. 413 y 414 del CPP modificaran directamente el quantum de la pena observando los principios constitucionales y los aspectos contemplados en los arts. 37 y 38 del CP con suficiente fundamentación…” (sic), de lo que entienden que el Auto de Vista Nro. 34 de 9 de septiembre de 2013 es contrario al Auto Supremo que citan.
Finalmente concluyen señalando que “por los argumentos expuestos el incumplimiento de los A. S.” como precedentes obligatorios y la doctrina legal aplicable, piden se admita de oficio y se conceda el recurso de casación dejando sin efecto el auto de vista impugnado.
CONSIDERANDO: (Requisitos de admisibilidad que deben cumplir los recursos de casación)
Que para la admisibilidad del recurso de casación, se debe cumplir con las condiciones formales previstas en los artículos 416 y 417 de Código de Procedimiento Penal, las causales son: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia, ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, demostrando previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese presentado dicho recurso contra de la sentencia por causar agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente.
CONSIDERANDO: (Cumplimiento de requisitos de admisibilidad en el caso de autos)
Que de la revisión de antecedentes procesales, se constata, en el caso de autos, que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 11 de septiembre de 2013 (fs. 1872 vuelta) y presentaron el recurso de casación el 18 del mismo mes y año, es decir dentro el plazo de los cinco días, previsto por el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal.
Los recurrentes, no adjuntaron copia del recurso de apelación restringida en cumplimiento a la norma anteriormente señalada, como único medio admisible a tiempo de interponer el recurso de casación, aspecto que no tiene mayor trascendencia, toda vez que en actuados se encuentra el original.
I. Respecto al motivo 1 referido a revalorización de prueba al anular la sentencia de 17 de julio de 2010, porque el Tribunal de Alzada restó credibilidad al testimonio del esposo y padre de las víctimas fallecidas, los recurrentes denuncian como arbitraria la actuación del Tribunal, toda vez que la facultad de valorar la prueba es propia del Tribunal de Juicio y no de Alzada por lo que el Tribunal de Apelación al revalorizar la prueba vulneró su derecho al debido proceso, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, decisión que constituye le agravia, porque dejó en la impunidad el hecho después de 5 años de lucha incansable, labor del Tribunal que devendría en defectos absolutos, se admite excepcionalmente este punto del recurso a los fines de verificar la vulneración de derechos denunciados.
II. Respecto a la denuncia de modificación de la pena recurrido en apelación por los recurrentes, por el Tribunal de Alzada manifestó que están impedidos, los recurrentes invocan el Auto Supremo Nro. 281/2012 de 15 de octubre de 2012, el mismo que no fue invocado en apelación en virtud a que la probable contradicción hubiera surgido recién en la emisión del Auto de Vista Nro. 34/2013, advirtiéndose que los recurrentes mencionan la presunta contradicción, precisando que conforme al Auto Supremo Nro. 281/2012 el Tribunal de Alzada está facultado para modificar la pena, debiendo hacerlo con la debida fundamentación y motivación, sin vulnerar derechos y garantías constitucionales, por lo que el mencionado precedente se constituirá en base y sustento legal para la verificación de la contradicción manifestada.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de sus atribuciones, con la facultad conferida en el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Ana María Fernández Alfaro y Edmon Montellanos Fernández (fs. 1873 a 1875), impugnando el Auto de Vista Nro. 34/2013 emitido el 9 de septiembre de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 1869 a 1871), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, Ana María Fernández Alfaro y Edmon Montellanos Fernández (acusadores particulares) contra Víctor Wilfredo Vásquez Pacheco por la presunta comisión del delito de aborto seguido de muerte, previsto y sancionado en el párrafo primero del artículo 264 del Código Penal.