Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/laudo-en-derecho-caracol-television-vs-comision?documento=laudosccb&contexto=laudosccb_759ff23c048d70fee0430a01015170fe&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-16 11:05:35
Document Index: 2311330

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 868', 'artículo 868', 'artículo 3', 'artículo 32', 'artículo 46', 'artículo 28', 'artículo 1498', 'artículo 174', 'artículo 241', 'artículo 238']

ÁRBITROS:José Alejandro Bonivento Fernández, Ramón Eduardo Madriñán De La Torre, Antonio José de Irrisari
DEMANDANTE:Caracol Televisión
TEMAS GENÉRICOS:Derecho Administrativo y Derecho Comercial
NORMAS ANALIZADAS:Código de Comercio, art. 868Código Civil, arts. 1497,1602, 1603, 1608 y 1613Código Contencioso Administrativo, art. 177. Ley 4ª de 1964.Ley 36 de 1966Ley 80 de 1993. arts. 4º, 5º, 27, 32 y 40Ley 182 de 1995. arts. 46 y 48Decreto 150 de 1976Decreto 222 de 1983
Cumplido el trámite procede el tribunal, mediante el presente laudo, a resolver en derecho las controversias surgidas entre Caracol Televisión S.A. y la Comisión Nacional de Televisión con ocasión de la ejecución del contrato de concesión número ciento treinta y seis (136) que suscribieron el 22 de diciembre de 1997.
Las controversias que se deciden en el presente laudo, surgieron con ocasión de la ejecución del contrato de concesión número ciento treinta y seis (136) que suscribieron las partes el 22 de diciembre de 1997, en el cual se pactó una cláusula compromisoria en los siguientes términos:
El 20 de diciembre de 2002 el apoderado de Caracol Televisión S.A. formuló demanda arbitral para buscar una solución de las diferencias relacionadas en el escrito correspondiente (fls. 3 a 58 del cdno. 1 ppal.).
El 15 de julio de 2003, los apoderados de las partes concurrieron al Centro Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y, de común acuerdo, designaron como árbitros a los doctores José Alejandro Bonivento Fernández, Ramón Eduardo Madriñán de la Torre y Antonio José de Irrisarri Restrepo (fl. 121, cdno. 1 ppal.).
En la audiencia de instalación, que se surtió el 13 de agosto de 2003, el tribunal procedió a designar como su presidente al doctor Antonio José de Irisarri Restrepo, y como secretario al doctor Felipe Piquero Villegas. Adicionalmente, admitió la demanda formulada y, teniendo en cuenta que se hallaba presente el apoderado judicial de la parte convocada, procedió a notificarle personalmente dicha decisión y darle el correspondiente traslado (fls. 154 y 155 del cdno. 1 ppal.).
La parte convocada dio respuesta oportuna a la demanda formulada, sin formular excepciones (fls. 161 a 163 del cdno. 1 ppal.).
En audiencia del 8 de septiembre de 2003, el tribunal fijó los valores correspondientes a honorarios y gastos (fls. 164 a 165 del cdno. 1 ppal.), los cuales fueron pagados en forma completa y oportuna por las partes (fl. 292 del cdno. 1 ppal.).
El 30 de septiembre de 2003, el apoderado de Caracol Televisión S.A. corrigió y modificó la demanda arbitral, integrándola en un solo texto (fls. 169 a 240, cdno. 1 ppal.).
El tribunal admitió la reforma de la demanda y, teniendo en cuenta que se hallaba presente el apoderado judicial de la parte convocada, procedió a notificarle personalmente dicha decisión y darle el correspondiente traslado (fls. 283 y 284 del cdno. 1 ppal.).
La parte convocada dio respuesta oportuna a la reforma de la demanda, sin formular excepciones (fl. 285 a 288, cdno. 1 ppal.).
En audiencia del 24 de octubre de 2003 el tribunal se declaró competente para conocer de las controversias sometidas por las partes a su consideración (fls. 291 a 294 del cdno. 1 ppal.).
“Primera (1ª). Declarar que durante los años dos mil uno (2001) y dos mil dos (2002), ambos inclusive, se ha presentado un desequilibrio o ruptura de la ecuación económico-financiera del contrato, dentro de la ejecución del contrato de concesión número ciento treinta y seis (136) de fecha veintidós (22) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997) suscrito entre Caracol Televisión S.A. y Comisión Nacional de Televisión, por haberse presentado hechos y circunstancias imprevistos e imprevisibles para Caracol Televisión S.A., y ajenos a ella, que han determinado que el citado contrato se haya desarrollado en circunstancias diferentes, más difíciles y onerosas para la demandante, desequilibrio este que debe ser restablecido.
Segunda (2ª). Como consecuencia de la declaración anterior o de una semejante, a términos de los artículos 4º y 27 de la Ley 80 de 1993, artículo 2º parágrafo tercero de la Ley 680 de 2001 y artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y para restablecer el equilibrio económico del contrato, se disponga el pago a favor de la demandante y a cargo de la demandada, de las cantidades de dinero que por dicho concepto se hayan acreditado en el proceso; o en subsidio, se ordene el reajuste en la forma en que determine el tribunal en el laudo.
Tercera (3ª). Que, como consecuencia del desequilibrio o ruptura de la ecuación financiera del contrato, dentro de la ejecución del contrato de concesión número ciento cuarenta (140) de veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997) suscrito entre RCN Televisión S.A. (sic) y Comisión Nacional de Televisión, según lo declarado en el laudo proferido el veintiséis (26) de noviembre de dos mil uno (2001) aclarado el veintiuno (21) de enero de dos mil dos (2002), se condene a la Comisión Nacional de Televisión a restituir y pagar a RCN Televisión S.A. (sic) parte de los intereses que esta le pagó, en cumplimiento de los términos de la cláusula octava (8ª) de dicho contrato, y cuyo monto se establecerá en el proceso.
m) El primer año de operación de los canales privados (1999) fue uno de los peores, en términos económicos, para el país. El comportamiento de la economía colombiana para esa época no estaba en los pronósticos ni de los más pesimistas. En el caso de las proyecciones macroeconómicas planteadas por IIF, hay una gran diferencia entre los que se pensaba iba a ocurrir y la realidad. Así, las proyecciones de IIF preveían que para 1998 el PIB tendría un crecimiento del 5%. El real, según el DANE, fue de 0.57%. Para el año de 1999, la situación fue aún peor y los años 2000, 2001 y 2002 no fueron muy diferentes. Sin embargo —recuerda— fue con base en las proyecciones del estudio de IIF como se determinó el valor de la licencia.
t) Así las cosas, la comisión, según consta en el acta 259 del 16 de junio de 1997, decidió fijar el valor de la licencia de concesión en la cantidad de 95 millones de dólares. En esa fecha, la tasa representativa del mercado de la divisa estadounidense era de $ 1.080,59, por lo cual el valor en pesos de la licencia era de 102,656 millones de pesos, cifra cercana al escenario previsto de una penetración del 30%, una cobertura de 30.000 habitantes con el valor de elasticidad de la INPT calculado por IIF.
z) Esa situación fue reconocida por el legislador, que expidió la Ley 680 de 2001, conocida como “ley de alivios” cuyas disposiciones facultan a la comisión para ayudar tanto a los canales públicos como a los canales privados. De conformidad con dicha ley, tanto la convocante como RCN Televisión, presentaron en noviembre y diciembre de 1991 solicitudes ante la comisión, tendientes a obtener alivios, solicitudes que les fueron negadas por dicha entidad en el mes de diciembre del mismo año.
aa) Hace referencia al laudo de fecha 19 de agosto de 2003 mediante el cual se dirimieron las diferencias existentes entre Casa Editorial El Tiempo y la comisión a propósito de un contrato de concesión para la operación y explotación de un canal local privado de televisión, donde se dijo que la comisión cobró a la concesionaria una remuneración excesiva por el uso de su activo intangible, dadas las circunstancias del mercado durante el período de ejecución que llevaba el contrato, por lo cual la equivalencia prestacional o ecuación financiera que se estructuró a la celebración del mismo, basada sobre unas proyecciones del comportamiento de la INPT, que en su momento pudieron ser correctas, vinieron a desquiciarse posteriormente como consecuencia de una crisis económica sin precedentes en la historia reciente del país, y manifestó que “[…]la caída del INPT tiene las características para ser considerada como causa eficiente del demérito patrimonial cuyo resarcimiento busca la convocante...”.
bb) Se refiere, igualmente, al proceso arbitral tramitado con anterioridad entre las mismas partes que comparecen al presente, con motivo de diferencias surgidas en relación con el mismo contrato, y limitadas temporalmente a los años de 1999 y 2000 ambos inclusive, que concluyó con el laudo arbitral del 26 de noviembre de 2001, donde también se reconoció que el deterioro de la situación económica del país de los años 1998 a 2000 afectó particular y severamente la economía del contrato, pues los concesionarios se vieron afectados en la medida en que los valores reales de la INPT para el período 1998-2000 fueron inferiores a los proyectados por IIF y describe cómo se valoró, en aquella ocasión, el desequilibrio contractual durante los años 1999 y 2000 y expresa que para los años 2001 y 2002 el desequilibrio se mantiene, toda vez que el decrecimiento de la INPT para el año 2001 fue del orden de un 35% y para el año 2002 fue del 42%. En dicho laudo se valoró el desequilibrio económico del contrato 136, para el lapso de dos años (1999-2000), en la suma de 6.572,21 millones de pesos colombianos, correspondiente a la suma de 3.286,11 millones por año, suma que fue actualizada a la fecha del laudo con utilización de las tasas de inflación publicadas por el DANE más un interés del 6% anual, con lo cual se obtuvo la suma de 12.174,420 millones de pesos como valor comprobado del desequilibrio para los dos años en cuestión.
En audiencia del 12 de noviembre de 2003 el tribunal decretó las pruebas solicitadas por la parte convocante y por la Procuradora Quinta Judicial Administrativa (fls. 296 a 299 del cuaderno 1 ppal.).
Aplazó la decisión sobre la inspección judicial con exhibición parcial de documentos e intervención de perito en las oficinas de RCN Televisión, y señaló que la solicitud de oficiar al tribunal de arbitramento convocado por RCN Televisión S.A. contra la Comisión Nacional de Televisión habría de resolverse en función de la decisión que se adoptara con respecto de lo que se decidiera en ese proceso respecto de la referida inspección judicial (ibídem).
Todas las pruebas decretadas fueron practicadas, con excepción de la inspección judicial cuyo decreto había quedado aplazado, la cual fue desistida por la parte demandante, sin oposición de la parte demandada y con la aceptación del tribunal, al haber sido incorporados al expediente, por otros medios, los documentos a que ella se refería (fls. 410 y 411 del cdno. 1 ppal.).
5. Oportunidad de conciliación
En audiencia del 24 de octubre de 2003, el tribunal citó a las partes a una audiencia de conciliación (fls. 293 a 294 del cdno. 1 ppal.).
En audiencia del 29 de septiembre de 2004, los apoderados de las partes formularon sus alegaciones, y presentaron los correspondientes resúmenes escritos. En esa misma oportunidad la señora procuradora quinta judicial administrativa rindió su concepto en relación con los principales puntos materia de debate, y presentó igualmente el correspondiente resumen escrito (fls. 53 y ss. del cdno. 2 ppal.).
ero al mismo tiempo la Ley 80, entre los derechos y deberes de los contratistas, acoge el principio del equilibrio contractual cuando en el numeral 1º del artículo 5º preceptúa: “Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato.
a ecuación económica, a que alude el artículo 5º de la Ley 80, se fundamenta en dos aspectos centrales: (i) en la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas, apenas como una aproximación sustancial a la teoría de la imprevisión, desconocida por el Código Civil más aceptada por la doctrina de Corte Suprema desde 1936 e incorporada en el Código de Comercio en el artículo 868 con esta presentación normativa: “Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato de ejecución periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que resulte excesivamente onerosa...”; (ii) por el incumplimiento de la entidad estatal contratante.
También la doctrina arbitral se ha ocupado del riesgo contractual: “... De acuerdo con las normas transcritas de la Ley 80 de 1993 —que regulan lo concerniente al principio del mantenimiento del equilibrio económico en los contratos celebrados por entidades estatales— así como a la luz de la jurisprudencia y doctrina reseñadas, bien puede afirmarse que el mencionado principio está consagrado para resarcir al contratista cuando quiera que circunstancias ajenas a él y por fuera de su control tales como el incumplimiento de la entidad contratante, o decisiones legítimas adoptadas por esta o por otros órganos de la administración, propias del ejercicio del ‘jus variandi’ o manifestaciones del ‘Hecho del Príncipe’, según el caso, o, en fin, por acaecimientos imprevistos e imprevisibles— le generan perjuicios que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y la equidad, no le corresponde asumir al contratista, toda vez que los deméritos económicos que se producen en tales circunstancias no le son imputables a este, en ninguna medida, pues su comportamiento acucioso y providente no da lugar a ningún reproche, ni permite una valoración negativa de su conducta...” (laudo de 29 de abril de 2002-Tribunal de arbitraje de ICA contra IDU).
“La jurisprudencia ha reiterado que, como en todo contrato, en los de las entidades públicas se presenta también una distribución de los riesgos, de manera que el contratista puede asumir las consecuencias de ciertas contingencias, siempre que se trate de los riesgos normales propios de su actividad y no de riesgos que vayan más allá, es decir, que puedan calificarse como anormales.
A propósito del estudio de las denominadas cláusulas de “hardship”, que son aquellas mediante las cuales las partes prevén la revisión de un contrato cuando un cambio sustancial de las circunstancias modifica profundamente el equilibrio inicial de las obligaciones de las partes, Ghestin anota que “las consecuencias vinculadas a la sobrevinencia de un acontecimiento previsible pueden ser imprevisibles” . El mismo autor, líneas más adelante, cuando se ocupa en analizar las condiciones que la doctrina exige para la configuración del fenómeno de la imprevisión y, en particular, la imprevisibilidad del acontecimiento, observa, de una parte, que “si el acontecimiento aparece como previsible, sus consecuencias pueden haber sobrepasado todas las previsiones ” y, de otra, que si bien el carácter de imprevisible del suceso no es tomado directamente en cuenta por el derecho positivo francés —salvo contadas y precisas excepciones— “no es el origen del cambio de circunstancias lo que se tiene en cuenta, sino el efecto que resulte del mismo ”. Todo ello le permite concluir que “ es el desequilibrio objetivo de las prestaciones, sobrevenido con posterioridad, lo que plantea la cuestión del mantenimiento integral o de la revisión del contrato, y no la superveniencia de una circunstancia nueva e imprevisible”(2)GHESTIN, Jacques: “TRATADO DE DERECHO CIVIL” , Los efectos del Contrato , 2ª edición, Paris, 1994, LGDJ, páginas 334, 344 y 345)..
También en la práctica comercial internacional, la existencia de las cláusulas de “hardship” y su filosofía, así como las observaciones de Ghestin que se dejan destacadas, permiten sostener que un acontecimiento como una devaluación de magnitud, válidamente previsible en economías inflacionarias como la colombiana, bien puede desencadenar efectos o consecuencias totalmente imprevisibles sobre la economía de un determinado contrato oneroso conmutativo de larga duración, en el cual las prestaciones de las partes están llamadas a satisfacerse en forma escalonada, sucesiva o diferida en el tiempo, pues lo que verdaderamente cuenta, para efectos de la aplicación de la teoría de la imprevisión a un determinado contrato de esas características, no es tanto que el acontecimiento sea o no previsible o haya sido o debido ser previsto por las partes al momento de la celebración del convenio, cuanto que las consecuencias de ese acontecimiento sobre la relación negocial no hayan podido ser previstas por las partes en ese instante. La imprevisión, pues, se reconocerá por sus efectos(3)VOIRIN, Paul:“DE L’IMPRÉVISION DANS LES RAPPORTS DE DROIT PRIVÉ” , citado por Ghestin en nota de pie de página, Op. Cit., página 344.. De allí que la ley colombiana (C.Co., art. 868), como se expuso, reserve la aplicabilidad de la imprevisión a los contratos de ejecución periódica o sucesiva, y limite la mayor onerosidad sobreviniente de las prestaciones a cargo de una de las partes, a aquellas que deban satisfacerse en el futuro, pues son ellas las que sufrirán los efectos o consecuencias del advenimiento de una circunstancia nueva, extraordinaria, imprevista o imprevisible. Es, entonces, respecto de tales prestaciones de futuro cumplimiento donde debe encontrarse la afectación del equilibrio contractual.
a) La primera de tales razones se emparenta con la consagración de la teoría de la imprevisión en el derecho administrativo francés, dado que ella fue admitida por primera vez por el Conseil d´Etat en el famoso fallo del 30 de marzo de 1916, “Compagnie Générale d´Eclairage de Bordeaux”, proferido sobre las “conclusiones” del comisario de gobierno Mr. Chardenet(4)Texto del famoso fallo y comentarios de los compiladores pueden verse en“GRANDES FALLOS DE LA JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA FRANCESA” , M. Long, P. Weil, y G. Braibant, traducción al castellano de la 8ª edición francesa por B. Torres y H. Mora-Osejo, 1ª edición en español, Ed. Librería del Profesional, Bogotá, 2000, páginas 116 y s.), a propósito, justamente, de un contrato de concesión para la prestación de un servicio público: la iluminación mediante gas de las calles de la ciudad de Burdeos. De allí que los comentaristas, autores de la obra en cita, sostengan que “la concesión es el campo de aplicación por excelencia de la teoría de la imprevisión” a pesar de que ella tiene un alcance general que ha permitido su aplicación a contratos tales como el de transporte, el de obras públicas y el de suministro, si bien en estos últimos los requisitos de la teoría se reúnen raramente, dada la cortedad de los plazos de ejecución de ellos contratos(5)Op. Cit., página 119.
c) En cuanto concierne a las consideraciones propias del derecho positivo colombiano, baste al tribunal poner de presente como, a partir de 1988, la jurisprudencia del Consejo de Estado por conducto de su Sección Tercera expuso —a propósito del pacto de intereses moratorios en los contratos administrativos, disciplinados entonces por el Decreto 222 de 1983— que la materia contractual administrativa no estaba íntegramente regulada en el mencionado estatuto contractual, y que un importante campo, constituido entre otros aspectos por los principios generales de los contratos de derecho privado, y en particular lo concerniente a los efectos de las obligaciones [principio conforme al cual el contrato es ley para las partes (C.C., art. 1602); la ejecución de buena fe de los contratos (art. 1603); las penalidades por mora de una de las partes (art. 1608) y la indemnización integral del perjuicio en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales (art. 1613) eran, según la alta corporación, enteramente aplicables al entonces llamado “contrato administrativo”(6)C.E., Secc 3ª, sentencias de 13 de mayo de 1988, actor: “Urbanizadora Villa Alicia”; 19 de Septiembre de 1988, actor: “Nieto Ortiz Ramírez Ltda.”; 13 de agosto de 1990, actor “Ingeniería y Técnica de Maquinaria Ltda.”; 4 de marzo de 1991, actor: “Aguirre Monroy y Asociados Ltda”; 23 de julio de 1992, actor: Octavio Tafur Villegas; 23 de Septiembre de 1993, actor: “Sumelec Ltda.”, entre muchas otras..
e) Dentro de esa óptica tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado(9)C.E Secc 3ª Sentencia de 15 de febrero de 1999, actor: Jorge Paulino León Escobar, copiadores de secretaría tomo 390, folios 93-134.Cfr. ESCOBAR GIL, Rodrigo: “Teoría general de los contratos de la administración pública” , Legis, Bogotá, 1999, página 554. como la doctrina nacional(10) Cfr. ESCOBAR GIL, Rodrigo: “ Cfr. ESCOBAR GIL, Rodrigo: “ Teoría general de los contratos de la administración pública” , Legis, Bogotá, 1999, página 554. consideran aplicable también al contrato estatal la regulación que el Código de Comercio trae en su artículo 868 sobre la imprevisión. En opinión del tribunal, es esa una postura que guarda armonía con el principio de integración legislativa conforme al cual cuando no haya norma exactamente al caso controvertido, el juez debe aplicar las que regulen materias análogas, contenidas en otras leyes (L. 153/887, art. 8º).
En efecto, el principio de la “continuidad” impone que el servicio público a cargo del concesionario se mantenga prestado en forma regular, eficiente y permanente(12)Ley 80 de 1993, artículo 3°: “De los fines de la contratación estatal . Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.”, dado que en ello se encuentra involucrado el interés general de la colectividad, destinataria por definición de los servicios públicos. A su turno, el principio de la “adaptación” determina que los servicios públicos, bien sean prestados directamente por la administración, ora a través de sus colaboradores o contratistas concesionarios, se amolden constantemente no solo a las necesidades de la colectividad, sino al entorno social y económico dentro del cual están llamados a funcionar.
Consecuencia de la aplicabilidad de tales principios al contrato de concesión de un servicio público es, como ya tuvo oportunidad de puntualizarlo el tribunal, la de que la administración, responsable constitucional y legalmente de la prestación del servicio, está en la obligación de acudir en ayuda de su cocontratante, colaborador en la prestación del servicio público, cuando quiera que este se vea constreñido o amenazado con suspender la prestación del servicio concedido, por razón del advenimiento de nuevas circunstancias o factores que amenacen con perturbar la normal, continua y eficiente prestación del servicio que la propia administración le ha permitido prestar, a través de mecanismos de técnica jurídica tales como el del contrato de concesión. Y es esa concepción, propia del derecho publico en general y del administrativo, en particular, razón suficiente para justificar y aceptar la aplicabilidad de teorías forjadas dentro del ámbito propio del contrato administrativo, tales como la del denominado “factum principis” o hecho del príncipe, o la de las sujeciones materiales imprevistas o, por último, la de la imprevisión, como soluciones que buscan remediar los déficits operacionales que puede abocar o a que puede verse enfrentado el contratista concesionario de servicios u obras públicas, por la sobrevinencia —durante la ejecución del contrato— de hechos o circunstancias nuevos, imprevistos o imprevisibles y totalmente ajenos a su voluntad, que si bien no imposibilitan el cumplimiento de las obligaciones que para él emanan del contrato, sí implican o traen como consecuencia una mayor carga prestacional, una “onerosidad sobreviniente” que, en equidad, no está obligado a soportar él solo, con serio riesgo de ver sacrificada y aún anulada la justa retribución a que tiene derecho como colaborador que es de la administración y, lo que es peor aún, con el “desideratum” inconveniente y a todas luces indeseable de la paralización del servicio o de las obras.
No sobra poner de presente, como lo subraya Ives Gaudemet en la última edición del “Tratado de Derecho Administrativo” de Andrè de Laubadère(14)“TRAIITÉ DE DROIT ADMINISTRATIF”, Andrè de Laubadère (+), por IVES GAUDEMET,16ª Ed. L.G.D.J.,París, 2001.Página 706., que “en todo contrato administrativo existe, expreso o implícito, un derecho del contratante a cierto equilibrio financiero del contrato”, llamado también ecuación financiera, consistente en considerar “el contrato administrativo como si formase un todo en el cual los intereses de las partes se condicionan (….); cuando el equilibrio inicialmente contemplado se rompe en detrimento del particular contratante, este tiene derecho a que tal equilibrio le sea restablecido por la administración contratante bajo la forma de una compensación pecuniaria”; que esa figura del equilibrio financiero del contrato, de estirpe jurisprudencial, tuvo origen en el Consejo de Estado francés, y que ya ha sido frecuentemente expuesta ante dicha corporación por sus “comisarios del gobierno”, particularmente a propósito de contratos de concesión de servicios públicos. Así, León Blum, en sus conclusiones en el proceso de la Compañía General Francesa de Tranvías, fallado por le Consejo de Estado francés el 11 de marzo de 1910, expuso que “[E]s de la esencia misma de todo contrato de concesión, buscar y lograr, en la medida de lo posible, una igualdad entre las ventajas otorgadas al concesionario y las cargas que le son impuestas… Las ventajas y las cargas deben balancearse de forma tal que formen la contrapartida de los beneficios probables y las pérdidas previstas. En todo contrato de concesión va implícita, como una especie de cálculo, la equivalencia honesta entre lo que se otorga al concesionario y lo que se exige de él… Es lo que se llama la equivalencia financiera y comercial, la ecuación financiera del contrato de concesión ” (subraya el tribunal).
En conclusión: el equilibrio económico y financiero del contrato objeto de la presente litis que, a juicio del tribunal, ha de ser tomado en cuenta, está constituido por todos aquellos elementos que se tuvieron en cuenta por las partes como determinantes del acuerdo de voluntades que plasmaron en el contrato que suscribieron. De ahí por qué, como se verá más adelante, el tribunal reconocerá que la sociedad convocante tiene, como concesionaria de un servicio público cual es el de televisión, pleno derecho a que se le restablezca el equilibrio económico del contrato, quebrantado por razón de los efectos o repercusiones que afectaron la economía particular del contrato de concesión 136 de 1997, directamente derivadas de la grave crisis económica generalizada que sumió al país desde 1998.
Como quedó reseñado, el contrato celebrado entre la Comisión Nacional de Televisión y la Sociedad Caracol Televisión S.A., distinguido con el número 136 de 1997, es de concesión estatal, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y se reitera en el artículo 46 de la Ley 182 de 1995. Así lo identificaron las partes y se desprende del clausulado negocial.
• El valor de la concesión fue fijado por la Comisión Nacional de Televisión con base en el estudio económico y financiero elaborado por Inversiones e Ingeniería Financiera, así como en los conceptos del el Instituto SER de Investigaciones, de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional en relación con la elasticidad de la INPT. Así aparece en las actas números 212, 238, 243, 244, 245, 246, 259, 262, 278 y 301 de la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión (fls. 16 y ss. del cdno. 6 de pbas., t. 1/4).
• El 24 de septiembre de 1997, la Comisión Nacional de Televisión abrió la licitación pública 003, para el otorgamiento de las concesiones para la operación y explotación de los canales nacionales de operación privada N1 y N2.
• El 22 de diciembre de 1997, la Comisión Nacional de Televisión y Caracol Televisión S.A. suscribieron el contrato de concesión número 136, para la operación y explotación del canal nacional de operación privada N2.
Ahora bien, en la cláusula primera el objeto “... es la entrega que hace la comisión a título de concesión al concesionario de la operación y explotación del canal nacional de televisión de operación privada de cubrimiento nacional N2, de conformidad con el pliego de condiciones de la licitación pública 003 de 1997 y la propuesta presentada por el concesionario, los cuales forman parte integral del presente contrato.
“PAR.—El servicio de televisión objeto de esta concesión se prestará en las frecuencias asignadas para el canal nacional de operación privada N2 en el plan de utilización de frecuencias de televisión y que forma parte integral de este contrato.
El plazo de ejecución del contrato convenido fue de diez años contados a partir de la operación del Canal Caracol, o sea el 11 de enero de 1999, pudiéndose prorrogar por igual plazo y por una sola vez.
El valor de la concesión pactada, para todos los efectos legales, es la suma de $ 117.973.850.000, que se pagaría asÍ:
Sin lugar a dudas, los parámetros que determinaron la fijación del valor de la concesión, así como los extremos contractuales señalados, objeto y remuneración, constituyen elementos indiscutibles del carácter oneroso-conmutativo que reviste el contrato de concesión 136, en cuanto las partes se gravan y persiguen beneficios o utilidades recíprocos y determinan, con rango de certeza, las prestaciones a cargo de cada una de ellas, en procura de la estimación de aquellos elementos.
Desde el momento en que la Comisión Nacional de Televisión permite que un ente privado opere y explote un canal de televisión, se afecta en el sentido de que los beneficios inherentes a la explotación directa del canal no los recibe, pero al mismo tiempo la utilidad se refleja en la remuneración que percibe. Por su lado, Caracol se grava patrimonialmente con la suma de dinero pagada o a que se obligó a pagar, pero se beneficia con la explotación comercial del canal.
Precisamente, sobre esos extremos se debe calificar la conmutatividad del contrato de concesión 136. Los beneficios o las pérdidas de la explotación comercial misma del canal no modifican esa caracterización negocial. Es posible que esa situación influya en la onerosidad del contrato, o sea en el resultado más o menos gravoso del mismo, pero no en la perspectiva de la equivalencia procurada por las partes y no necesariamente alcanzada.
El tribunal de arbitramento anterior tuvo ocasión de referirse al carácter conmutativo del contrato de concesión 136, en los siguientes términos:
“Explícitamente el artículo 28 de la Ley 80 de 1993 establece que el contrato estatal es conmutativo, es decir que respecto de él se establecen ‘los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos’. Esto concuerda con la preceptiva del artículo 1498 del Código Civil, según el cual, ‘… Cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez …’ En el sublite la administración otorga concesión para la operación y explotación del canal de operación privada N2” (espectro electromagnético), y el contratista obtiene el derecho a la explotación económica mediante el pago de un valor equivalente, uso del canal de televisión del que deriva una remuneración, la cual según la doctrina no solamente está erigida legalmente en beneficio del concesionario, sino también en beneficio de la continuada y regular prestación del servicio público de televisión, contratando además la utilización del espectro electromagnético utilizado para la prestación de dicho servicio público, con el fin de garantizar la eficiencia en la prestación del servicio, evitando las prácticas monopolísticas en su explotación económica y cumpliendo otros importantes requerimientos estatales, tales como el pluralismo informativo y la competencia en la prestación del servicio, todo conforma a las leyes que rigen la prestación del servicio público de televisión en Colombia”.
El contrato de concesión 136 niega la posibilidad de la reversión de los bienes del concesionario, pero deja abierta la posibilidad de acordar este con la comisión los términos de adquisición de los bienes y elementos afectos a la prestación del servicio de televisión.
Así mismo, el contrato de concesión 136 se caracteriza como “de ejecución sucesiva o periódica”, en cuanto existen obligaciones que no se agotan en un solo momento de cumplimiento sino que extiende en el tiempo la realización o cumplimiento de ciertas prestaciones básicas. Es cierto que se pactó un precio determinado para pagarse o diferirse en dos años, pero del mismo modo se convino que uno y otro contratista asumía obligaciones escalonadas durante todo el plazo del contrato: Caracol de operar y explotar, en los términos convenidos, el canal asignado con sujeción a los derechos y deberes indicados para la prestación del servicio público de televisión y la comisión de permitir la utilización de las frecuencias concedidas para la prestación del servicio de televisión, que hacen precisamente por la naturaleza de las prestaciones que el contrato se convierta de tracto sucesivo, en cuanto la relación obligatoria se ubica en un ámbito de permanencia y oportunidad de ejecución prestacional dentro del plazo establecido.
Todo el marco doctrinal anterior lo hace el tribunal considerando que si bien es cierto en el cuerpo del contrato de concesión 136 no se estipuló ninguna prestación en divisa extranjera, también lo es que para la fijación del precio de la concesión los miembros de la Comisión Nacional de Televisión tuvieron en cuenta una suma en dólares, concretamente US$95 millones, como se definió en la reunión de 16 de junio de 1997.
D. Pronunciamiento sbre las pretensiones
Varias veces se ha hecho referencia precedentemente a las pretensiones segunda y tercera de la demanda, estrechamente vinculadas, por ser la segunda consecuencia de la primera, que persiguen se declare que durante los años 2001 y 2002, se presentó un desequilibrio o ruptura en la ecuación económica del contrato de concesión, distinguido con el número 136 de 22 de diciembre de 1997, celebrado entre la Comisión Nacional de Televisión, como concedente, y Caracol, como concesionaria, por haberse presentado hechos o circunstancias imprevistos o imprevisibles para esta última y ajenas a ella, que han determinado que el contrato se haya desarrollado en ese período en condiciones más difíciles para la convocante (primera pretensión). Y como consecuencia de lo anterior, para que se restablezca el equilibrio económico del contrato se debe disponer el pago, a cargo de la comisión y a favor de Caracol, de las cantidades de dinero que por dicho concepto se acrediten dentro del proceso o se ordene, en subsidio se ordene el reajuste que se determine en el laudo (segunda pretensión).
Ya el tribunal tuvo ocasión de precisar varios aspectos que tienen que ver con estas pretensiones. Se hizo una extensa presentación de las perspectivas del desequilibrio económico en los contratos estatales, reconociendo su procedencia a la luz de la Ley 80 de 1993, en especial los artículos 4º, 5º, 9º y 27, con énfasis en la imprevisión y en la alteración de la ecuación económica del contrato como factores determinantes del restablecimiento, en consideración a que la pretensión primera gira en torno a circunstancias sobrevinientes al contrato que no pudo prever la concesionaria Caracol y que, en su sentir, modificaron la relación económica del mismo.
También se ocupó el tribunal de identificar el contrato de concesión 136 dentro del elenco de contratos de ejecución sucesiva y oneroso conmutativo. Precisamente, esta última caracterización ha sido cuestionada tanto por la entidad convocada como por la agente del Ministerio Público en cuanto han considerado que la concesión es aleatoria. Y como es obvio, de aceptarse esta categorización de un tajo eliminaría la posibilidad de la imprevisión por ser un elemento necesario la índole conmutativa del contrato y, de contera, la posibilidad de restablecer el equilibrio económico. Por eso, el tribunal vuelve sobre las consideraciones jurídicas anteriores para reiterar que el contrato de concesión, bajo examen, es oneroso conmutativo.
“En efecto, tanto el estudio de IIF, como la CNTV y como la demandante, todos, tuvieron en cuenta el comportamiento del país al momento de hacer sus cálculos.
La crisis económica colombiana, además de ser un hecho notorio, se encuentra probado dentro del proceso, al igual que las proyecciones del PIB y de la INPT utilizadas por IIF, así como el PIB y la INPT que en la realidad se dieron.
“La primera evidencia del desequilibrio económico es el resultado que muestra el modelo de valoración de IIF, al incluirle la INPT real de los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 (y dejando para los años futuros los mismos que había proyectado IIF). Esta actualización indica que el valor que se ha debido pagar de la licencia, solo teniendo en cuenta lo sucedido en estos años, es de $ 39.352 millones (ver dictamen pregunta 21.1, página 16).
“Por otro lado, si se comparan las ventas realmente obtenidas con las que el modelo de valoración de IIF suponía para que se diera el valor de $ 102.656 dentro de un equilibrio económico, se evidencia una diferencia de $ 212.252 millones acumulada a corte de diciembre 31 del año 2002. Esto lo expresa el perito en la respuesta a la pregunta 20 (página 16) del dictamen pericial.
Analizando las expectativas que tenía el canal, las cuales están consignadas en el estudio de factibilidad, se evidencia una vez mas que el equilibrio que este aspiraba obtener no se está dando. Es así como el perito, en el punto 3, página 11, de las aclaraciones al dictamen demuestra que en el período 1997 – 2002 el canal había invertido $ 179.970 millones más de los que había estimado en su estudio de factibilidad.
“Concusión: sí se ha presentado el desequilibrio por causas ajenas a la demandante”(19)Páginas 18, 22, 23, 28, 29 y 30..
En el primer proceso arbitral entre las mismas partes Caracol y la comisión Nacional de Televisión, que terminó con reconocimiento del desequilibrio económico del contrato de concesión 136 en los años de 1999 y 2000, el tribunal tuvo ocasión de hacer estas precisiones:
“El PIB, en términos normales, tiene dos componentes: el PIB real y el deflactor del mismo que, como lo dicen los investigadores del CEDE de la Universidad de los Andes, ‘…son difíciles de proyectar, pues evolucionan de manera estocástica, en respuesta a circunstancias exógenas y estructurales’. Estas dificultades, unidas al comportamiento de la economía en 1998, año en el cual se presentó un crecimiento de 0.48% y en 1999, cuando la cifra resultó negativa (-4.48%) (fl. 56 de ampliaciones y complementaciones), obligan a analizar el comportamiento de la INPT en forma independiente de las variaciones del crecimiento del PIB.
“Este fenómeno ocasionó un desequilibrio financiero, que está limitado en sus efectos económicos, a los años 1999 y 2000, el cual tuvo que ser neutralizado directamente por el concesionario haciendo un mayor esfuerzo financiero, representado en importantes aumentos de las capitalizaciones y del endeudamiento previsto en la oferta, logrando así incrementar los niveles de ingresos hasta alcanzar los contemplados en su propuestas, con un margen razonable de desviación, corrigiendo en esta forma el único desequilibrio contractual posible por las causas anotadas. (Véanse, entre otros, los anexos 3C y 3D, de las ampliaciones del dictamen pericial).
Así las cosas, para el lapso de dos años (1999 – 2000), al que se contrae el desequilibrio económico del contrato, según arriba se explica, es de $ 6572,21 millones de pesos colombianos, que corresponde a la suma de 3286,11 millones por año y así se reconocerá en este laudo”(20)Páginas 101 a 103..
Dentro de este proceso, a petición de la parte convocante, se hicieron varios ejercicios en distintos escenarios para volver a determinar el valor de la concesión, arrojando según el dictamen pericial, la suma de 39.352 millones de pesos (página 16). Todos aquellos escenarios, consistentes con el esquema del laudo del 26 de noviembre de 2001, están construidos sobre la valoración de la concesión en la cantidad de 39.352 millones de pesos.
Encuentra el tribunal, sin embargo, que el planteamiento anterior no refleja, en forma adecuada, la realidad de la ejecución contractual. En efecto, la referida cantidad de de 39.352 millones de pesos no tiene en consideración todos los elementos o variables que esta estimación demanda. Por ende, el tribunal, a efectos de determinar el monto del desequilibrio, tomará en consideración los datos relevantes de la ejecución contractual y los incluirá en el modelo de IIF.
Así, al aplicar el modelo de valoración de IIF en procura de determinar el valor de la concesión para los años 1997 a 2002, incluyendo los valores reales de la INPT en ese mismo período, se debe tener en cuenta, también, la variable de penetración que no se tuvo en cuenta en el dictamen cuando el perito dio respuesta a la pregunta 21.1 —como que no se le solicitó—, pero que, de conformidad con la respuesta a una de las solicitudes de aclaración, puede producir un resultado distinto, favorable o desfavorable. Señaló el experto: “Queda así por analizar, el lado de los ingresos que solo tienen, como ya se dijo, dos variables: la penetración y la INPT. El modificar únicamente una de las dos, en este caso la INPT, sin afectar la penetración, produce un resultado por debajo del verdadero, en la medida que la penetración real sea superior a la establecida”(21)Página 21..
Así lo reclamó también, acertadamente, el señor apoderado de la comisión (página 14 del resumen de sus alegaciones).
Penetración mercado Valor presente neto residual ($ 000,000)
Valor licencia (16 de junio de 1997): $102.656.050.000
Valor Presente Neto Residual: $ 79.547.352.000
Diferencia: $ 23.108.698.000
IPC octubre 31/2004: 152,82
IPC junio 15/97: 80,56(22) A partir de una interpolación lineal del IPC de mayo y el de junio de 1997.
Al reformar la demanda, Caracol introdujo una nueva pretensión que gira alrededor de intereses que pagó a la comisión del precio de la comisión de la concesión y que no se reconocieron en el laudo anterior de 26 de noviembre de 2001, aclarado el 21 de enero de 2002, cuando se restableció el equilibrio económico del contrato por los años 1999 y 2000.
Aduce la convocante en el hecho 6.2 de la demanda: “En el laudo de fecha veintiséis (26) de noviembre de dos mil uno (2001), proferido por el tribunal de arbitramento iniciado por Caracol Televisión S. A. contra Comisión Nacional de Televisión, se determinó el valor de la concesión en la suma de $69.795´000.000.
“Por consiguiente, dichos intereses deben liquidarse sobre la suma de $69.795´000.000 reconocida como valor de la concesión en el laudo de fecha veintiséis (26) de noviembre de dos mil uno (2001), y por lo tanto el monto de los intereses debe ser reliquidado y restituirse a la demandante la suma pagada de más, junto con su actualización e intereses”.
Y en el escrito de alegación final, el apoderado de la convocante se refiere a esta pretensión en los siguientes términos: “... En la pretensión 3ª de la demanda se solicita restituir a la demandante parte de los intereses que esta le pagó a la CNTV en cumplimiento de los términos de la cláusula 8ª del contrato 136 de 26 de diciembre de 1997 entre Caracol y CNTV.
“Esta suma está determinada por la diferencia entre el valor pagado por la concesión y el determinado en el laudo de 26 de noviembre de 2001 junto con su actualización, intereses y demás accesorios.
Pues bien, lo que persigue la convocante con la pretensión tercera es la reliquidación de los intereses de un capital, teniendo en cuenta que estos se liquidaron a partir del valor de la concesión, esto es, $ 117.973´850.000, y se pagaron íntegramente entre 1997 y 1999. Toda vez que en el laudo de 26 de noviembre de 2001 se dispuso que el valor de la concesión ha debido ser $ 69.795´000.000, pues es sobre esta última cantidad que se ha debido realizar la liquidación de los intereses. Reclama entonces Caracol la devolución de $ 18.395.000.000, cantidad que, luego de ser actualizada, llega a $ 26.079.428.241.
El tribunal considera que esta pretensión no se abre paso, por cuanto la restitución de intereses que se persigue, por vía de la reliquidación, comprende o abarca el período en que se solicitó el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de concesión 136, y que en el laudo de 26 de noviembre de 2001 se ordenó de acuerdo con los hechos y pruebas allí aportados. Y no es del caso volver e replantearse ahora.
En el proceso arbitral anterior en la pretensión tercera que finalmente prosperó, Caracol invocó: “(I) Declarar que por cuanto durante la ejecución del contrato de concesión número ciento treinta y seis (136) de fecha veintiséis (26) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997) se han presentado hechos y circunstancias imprevistos e imprevisibles para la demandante y del todo ajenos a ella, que han determinado que el contrato se haya desarrollado en circunstancias diferentes, más difíciles y onerosas para el demandante, se ha presentado un desequilibrio o ruptura de la ecuación económica financiera del contrato, la cual debe ser restablecida.
Es cierto que en el dictamen pericial se hace la comparación entre los intereses sobre el capital inicial de $ 117.973´850.000 y la suma de dinero que, según el laudo de 26 de noviembre de 2001, se ajustó como precio de la concesión en $ 69.795´000.000, y con base en ello fija la diferencia entre el 26 de diciembre de 1997 y 26 de diciembre de 1999, por un total de $18.395´210.150 que actualizado llega a un total de $ 26.079.428.241. Pero también lo es que la operación se hace con fundamento en el valor de la concesión determinada para restablecer el equilibrio económico del contrato de concesión 136, que se acoge en el laudo de 26 de noviembre de 2001, dentro del proceso que se debatió como pretensión lo que la parte convocante propuso para el reconocimiento de dicho restablecimiento.
Precisamente, la señora Procuradora Quinta Judicial Administrativa, en su concepto final, se refiere a la pretensión tercera de la demanda de Caracol en los siguientes términos:
“4. El tribunal de arbitramento en mención, profirió laudo arbitral el 26 de noviembre de 2001, adicionado el 21 de enero de 2002, declarando el rompimiento de la ecuación económica del contrato por hechos y circunstancias imprevistas e imprevisibles ocurridos en los años, 1999 y 2000, en el cual, para valorar el perjuicio, se realizó un análisis integral de lo pagado por la convocada por la concesión, frente a los ingresos esperados y a los ingresos reales durante el mismo período, concluyendo que el valor de la concesión debió ser de $ 69.795 millones. Así procedió a restablecer el equilibrio económico del contrato ordenando la devolución del excedente de la parte proporcional correspondiente a los años 1999-2000.
5. Como el pago de intereses sobre saldo del precio de la concesión corresponde a períodos ya examinados por un tribunal de arbitramento que estudió de manera integral el comportamiento de la ecuación económica en dichos períodos, y decidió de manera definitiva sobre el monto del desequilibrio para los años 1999-2000, resulta imperioso concluir que la cláusula compromisoria pactada entre las partes, en lo que guarda relación con el rompimiento del equilibrio económico del contrato durante los años 1999 y 2000 quedó agotada…”(23)Página 5 de su concepto..
E. La objeción por error grave
Como quedó reseñado en los antecedentes de este laudo, el dictamen pericial financiero fue objetado por error grave por la señora Procuradora Quinta Judicial Administrativa.
Para el mejor sentido de la socialización de la prueba pericial, la contradicción se convierte en un elemento destacado en cuanto permite la participación de terceros que, como perito o experto, exteriorizan sus conocimientos sobre hechos que se les someten a su apreciación y que las partes pueden, con sujeción a determinadas reglas, convenir o controvertir. Por eso, el juez, que no es experto, requiere del apoyo de personas conocedoras de especiales materias para poder precisar la realidad de los hechos, sus alcances y proyecciones. El perito, entonces, le suministra elementos idóneos al juez, quien los ha de apreciar o ha de servirse en la medida en que los encuentre ajustados a la realidad de los hechos dentro del proceso.
Cuando se acude a la prueba pericial, se parte de la noción de que el perito es persona idónea y capaz de rendir concepto sobre la materia de la experticia, de suerte que se pueda entender que el dictamen está acorde con esos elementos de apreciación.
Por cierto, el Código de Procedimiento Civil abre espacio a la objeción por error grave de un dictamen pericial para procurar, como es obvio, la verificación de los hechos apreciados por los peritos y que, según afirme el objetante, no corresponden a la realidad; pero este el reparo no puede servir para enjuiciar las apreciaciones o consideraciones que se hagan en la experticia que esté construida o elaborada sobre la base del examen realizado de los hechos por los peritos.
Son los sustentos equivocados de los peritos, con características de gravedad, los que sirven para evidenciar la existencia de un error grave pues ha de entenderse que se alteran las calidades del objeto, de sus atributos o de los hechos mismos, o de los valores apreciados y que permiten concluir que es tal el desacierto que los conceptos y apreciaciones resultan igualmente erróneos. Por eso, las conclusiones y consideraciones a que llega un perito sobre el objeto de la pericia no pueden atacarse por error grave sí el examen hecho está apoyado en una correcta apreciación de los hechos o de los elementos que se les someten a su examen. No es por tanto la simple disconformidad o enfrentamiento de pareceres lo que constituye motivo de objeción, pues necesariamente esto cae en el campo de lo intelectivo, que no puede ser materia de reparo para hacerle perder certeza al dictamen.
Por supuesto, una cosa es que no haya error grave en un dictamen, y otra que este adquiera la fuerza necesaria para llegar al convencimiento del juez de los hechos que estructuran la relación material vertida en el proceso. Como establece el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil: “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”, y que para el medio probatorio pericial reafirma el artículo 241 ibídem: “Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”.
Respecto del alcance la expresión “error grave” contenido en la norma, la Corte Suprema de Justicia ha precisado:
“En qué consiste la objeción por error grave. “(...), si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos ...” (G.J. t. LII, pág. 306) pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, “‘... es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene: o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven...’, de donde resulta a todas luces evidente que las tachas por error grave a las que se refiere el numeral 1º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil no pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los expertos saquen, una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada. Cuando la tacha por error grave se proyecta sobre el proceso intelectivo del perito, para refutar simplemente sus razonamientos y sus conclusiones, no se está interpretando ni aplicando correctamente la norma legal y por lo mismo es inadmisible para el juzgador, que al considerarla entraría en un balance o contraposición de un criterio a otro criterio, de un razonamiento a otro razonamiento, de una tesis a otra, proceso que inevitablemente lo llevaría a prejuzgar sobre las cuestiones de fondo que ha de examinar únicamente en la decisión definitiva ...”(24)G.J. tomo LXXXV, página 604..
El Consejo de Estado, en sentencia proferida el 30 de mayo de 1991, señaló sobre la misma materia:
“Este acervo probatorio solo viene a servir para que el juez, al apreciar la prueba, examine, dentro del marco de libertad jurídica que tiene, si las conclusiones del dictamen son claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentos. Por ello ha sostenido esta corporación que la figura jurídica que se estudia solo se deja manejar, y tiene vocación de éxito, cuando se encuadra dentro de la filosofía que sobre el particular exponen los tratadistas de pruebas judiciales. Así el Dr. Antonio Rocha, sobre el particular señala:
“’¿Qué se entiende por error grave de un dictamen pericial? La noción del error, así sea grave o intrascendente ante su verificación en la realidad, nos lleva automáticamente a la noción de verdad. Y la verdad, según la concepción común, es el acuerdo del pensamiento con la realidad. En lo que consiste ese acuerdo del pensamiento con la realidad. En lo que consista ese acuerdo discrepan las escuelas filosóficas; para los relativistas, por ejemplo, que hacen de la verdad el acuerdo del juicio con las impresiones subjetivas, es verdad que el tablero es negro cuando tengo la sensación de un tablero negro, en tanto que para la filosofía clásica (realismo crítico) no se trata de una correspondencia entre el juicio y las cosas, pues tanto la verdad como el error están en el juicio y no habría error en representarnos un tablero negro sino que este realmente lo sea, como no habría error en representarnos mentalmente un túnel bajo Bogotá sino en afirmar que el túnel existe. Similares consideraciones sobre la verdad y el error pueden hacerse respecto de la concepción moderna de los pragmatistas y de los sociólogos. Para aquellos es verdad lo que ha sido verificado, lo que resiste el control de la experiencia, de donde deducen que la verdad no es conocida sino por la verificación ya experimental, ya racional, mediante el juicio analítico, pero que la verdad no se confunde con la verificación, porque las cosas ya eran verdad antes de verificarlas, como el Salto de Tequendama, que existe aunque no haya ojos que lo vean (véase "Precis de Philosophie", por Paul Foulqui‚, profesor de la Escuela de Caousou, Toulouse, Tomo II, lógica, Moral, Metafísica, edición de 1936, editor, de quien hemos hecho esta síntesis)... pero precisamente esa verificación de los peritos es la que se tacha de error, y de error grave, con lo cual vuelve a quedar sin solución el interrogante. En efecto, ¿Cuál sería ese error, en qué consiste, cómo se comprueba?... Grave es lo que pesa, grande, de mucha entidad o importancia; y grave es en procedimiento judicial lo que afecta seriamente el interés legítimo de las partes en la demostración de un hecho. La noción, es sin embargo, un poco relativa y estar, en últimas sujeta su apreciación a la prudencia del juez, como lo está la misma valoración del dictamen pericial... Error grave es no verificar con diligencia la calidad o aptitud de un terrero para la agricultura, o para la ganadería, o para la irrigación, o para soportar el peso de un edificio; error grave es no verificar la resistencia de materiales por parte del arquitecto; o la herida que pudo ser mortal, o la incapacidad resultante; y lo será también equivocarse no tan solo sobre la materia de que está hecha una cosa (antigua noción de sustancia para determinar el error que invalida las obligaciones) sino sobre las propiedades cuyo conjunto determina su naturaleza específica y las distingue, o sobre calidades adjetivas, pero que determinan el consentimiento; no es lo mismo el original que la copia de un cuadro de Goya, o de Borrero.
Desde luego, el error debe demostrarse y la calidad de grave apreciarse (subrayas de la Sala) (U. Nacional de Colombia 3ª Edición 1951, págs. 230 y ss.)”.
Pues bien, con el marco doctrinal y conceptual que antecede, es fácil concluir que la objeción por error grave está llamada al fracaso, como pasa a precisarse.
La objetante pone de presente su inconformidad con la orientación de la prueba pericial solicitada por la convocante “... la cual parte de la aplicación de cifras estimadas, no reales, para establecer la realidad del estado de la ecuación económica del contrato de concesión”. Y agrega:
“Las preguntas formuladas por la parte actora están orientadas en la misma dirección en que se concibió la demanda, la cual se fundamenta en un presupuesto falso, que carece de respaldo científico contenido en la siguiente frase...”.
Prosigue: “La objeción por error grave al dictamen pericial financiero contenido en las respuestas a las preguntas 1 a 30 presentadas por la parte actora obedece en primer lugar a que tal como se evacuó, contestando sistemáticamente las preguntas propuestas bajo la metodología impuesta por la demandante, el perito excluyó cualquier aporte de su conocimiento, pues se limitó a resolver las operaciones matemáticas indicadas, de manera mecánica, tanto, que lo llevaron a aplicar conceptos como el de la “elasticidad y la INPT REAL”, como se dijo anteriormente, en opinión del propio perito carecen de respaldo científico, la primera, o comportan un alto margen de error, la segunda (ver respuestas a las preguntas 4 y 5 del cuestionario adicional, y a la pregunta 3 del cuestionario de aclaración y complementación, formulados por el Ministerio Público.
“En consecuencia, esta sección del dictamen parte de un presupuesto falso que no es conducente ni pertinente para el esclarecimiento de la realidad que se pretende demostrar. Al responder el perito preguntas que no reflejan el objeto real de la litis, partiendo de supuestos estimados o imaginarios, es lógico que los resultados o conclusiones también tengan la misma naturaleza y por tanto no reflejan la realidad de la ejecución del contrato de concesión celebrado entre CNTV y Caracol”.
“La objeción por error grave, entonces, debe prosperar, dado que se perdió la identidad del objeto de la prueba, toda vez que el dictamen parte de unos supuestos que carecen de respaldo científico y de confiabilidad, que están concebidos exclusivamente en el querer y apreciación de una de las partes y en la interpretación acomodada de una supuesta “realidad económica” que es talmente discutible, por basarse, por una parte, en cifras estimadas como las de la elasticidad, calculadas con una metodología que no es confiable pues carece por completo de respaldo científico, y por otra parte, en cifras “reales de inversión neta de televisión”, que no corresponden exactamente a aquellas que se invirtieron concretamente en los medios de comunicación en los años correspondiente, sino en cifras estimadas, con un alto margen de error, tal y como lo reconoce el propio perito...”.
En verdad, los reparos que la señora Procuradora Quinta Judicial Administrativa le hace al dictamen financiero se apoya en consideraciones que distan mucho de evidenciar error y menos para calificarse de grave. Más bien, es una alegación sobre el alcance probatorio de dicha prueba que no es, en realidad, motivo de yerro y que solo podría estimarse, si fuere el caso como tema de análisis, al momento de apreciarse la prueba en el laudo.
El hecho de que el perito responda el cuestionario de la parte convocante, en determinada dirección demostrativa, no quiere significar que exista error en el dictamen, pues resulta pertinente que un perito recoja en su dictamen los puntos que concretamente le someten las partes a su composición como experto Las respuestas que se suministren, en ese aspecto, no pueden calificarse de equivocadas.
Tampoco la disconformidad desde el punto de vista de apreciaciones constituye motivo para endilgarle error a la prueba pericial. Ni las consideraciones que hace la objetante sobre aspectos discutibles sirven para evidenciar error alguno, sino deferencias de apreciaciones que guardan relación con el ejercicio intelectivo realizado. Cuestionar, del mismo modo, la metodología empleada por el perito, como un argumento contra el dictamen en procura de endilgarle error grave, no se compadece con el principio que inspira esta figura procesal: los hechos deben observados por el experto tal como se presentan en la realidad, independientemente del mecanismo que se haya servido para fijar sus apreciaciones y conclusiones. Por eso, la afirmación de que la prueba perdió la identidad del objeto no deja de ser un reparo vago y sin respaldo en el proceso.
En conclusión: ni está demostrado el error en el dictamen ni se aprecia gravedad alguna. El documento aportado en pos de demostrar error grave, o sea el concepto de otro funcionario de la Procuraduría está también lejos de acreditar el yerro que la agente del Ministerio Público le señala al dictamen financiero ya que recoge un análisis en la misma línea del escrito de objeción.
En mérito de las consideraciones que preceden, el tribunal de arbitramento constituido para dirimir, en derecho, las diferencias surgidas entre la sociedad Caracol Televisión S.A. y la Comisión Nacional de Televisión, con ocasión del Contrato de Concesión número ciento treinta y seis (136) que suscribieron el 22 de diciembre de 1997, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. Declarar que durante los años 2001 y 2002 la ejecución del contrato de concesión número ciento treinta y seis (136) que Caracol Televisión S.A. y la Comisión Nacional de Televisión suscribieron el 22 de diciembre de 1997 se vio afectada por circunstancias imprevistas, en un todo ajenas a las partes, las cuales generaron un rompimiento del equilibrio económico de dicho contrato, de conformidad con lo expuesto sobre el particular en la parte motiva del presente laudo.
2. Ordenar que, para restablecer el equilibrio económico del referido contrato, la Comisión Nacional de Televisión debe pagar a Caracol Televisión S.A., dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la ejecutoria del presente laudo, la suma de ocho mil setecientos sesenta y siete millones trescientos seis mil novecientos veintidós pesos con cuarenta y cuatro centavos ($8.767.306.922,44), la cual ha sido ya debidamente actualizada hasta esta fecha, de conformidad con lo expuesto al respecto en la parte motiva del presente laudo.
4. Disponer que la Comisión Nacional de Televisión le de cumplimiento a la condena impuesta en este laudo en la forma y en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
5. Declarar infundada la objeción por error grave formulada por la señora Procuradora Quinta Judicial Administrativa respecto del dictamen pericial rendido en este proceso por el doctor Jorge Torres Lozano, de conformidad con lo expuesto al respecto en la parte motiva del presente laudo.
6. Sin costas para ninguna de las partes, de conformidad con lo expuesto al respecto en la parte motiva del presente laudo.
7. Disponer que por secretaría se expidan sendas copias auténticas del presente laudo, con destino a cada una de las partes, así como copias simples con destino a la Procuraduría General de la Nación por conducto de su representante en el proceso, y al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.
8. Disponer que el presidente del tribunal proceda a protocolizar en una de las notarías del Círculo de Bogotá, D.C. el proceso arbitral, una vez cobre ejecutoria el presente laudo.
Antonio José De Irisarri Restrepo, Presidente—José Alejandro Bonivento Fernández—Ramón Eduardo Madriñan De La Torre, árbitros.