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Timestamp: 2016-12-11 13:44:21
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Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 332', 'artículo 86', 'in dubio', 'artículo 230', 'artículo 48', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 90', 'artículo 1', 'artículo 145', 'artículo 36']

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[Sentencia T-0832-13] – Indexación de la pensión sanción
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Sentencia T-832/13
Referencia: expediente T-3.969.201
Acción de tutela instaurada por José Ismael Bautista Arias contra el Juzgado Treinta y siete (37°) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá D.C.. Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. Bogotá, DC., catorce (14) de noviembre de dos mil trece (2013).
Dentro del trámite de revisión del fallo dictado en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el dieciocho (18) de marzo de dos mil trece (2013), y en segunda instancia por la Sección Segunda, Subsección “B”, del Consejo de Estado el quince (15) de mayo de dos mil trece (2013), en el asunto de la referencia. I. ANTECEDENTES
1.1 El accionante estuvo vinculado como trabajador oficial de la extinta Empresa Distrital de Servicios Públicos –Edis– desde el 18 de junio de 1979 hasta el 31 de agosto de 1994, ocupando el cargo de vigilante. Fue despedido de forma unilateral por parte del empleador. 1.2 Posteriormente, instauró demanda ordinaria laboral contra la referida entidad, en la que solicitó el reconocimiento de la pensión sanción con base en lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 171 de 1961. En el mencionado proceso solicitó la indexación de los factores de la prestación. 1.3 En sentencia del 22 de junio de 1999 el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá ordenó el reconocimiento de la pensión sanción a favor de José Ismael Bautista Arias. Sin embargo, negó la indexación de la su pensión, argumentando que no había suma sobre la cual actualizar valores. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –Sala Laboral–, en providencia del 25 de agosto de 1999. En esta decisión judicial se determinó que la pensión del actor se reconocería a partir del momento en que cumpliera 50 años de edad.
1.4 En el año 2006, la Corte Constitucional expidió la sentencia C-891A, mediante la que declaró la exequibilidad del artículo 8° de la Ley 171 de 1961 bajo el entendido de que el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional de que aquel precepto trataba, debía ser actualizado con base en la variación del Índice de Precios al consumidor (IPC) certificado por el Dane.
1.5 En cumplimiento de las decisiones del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá y del Tribunal Superior de Bogotá –Sala Laboral–, la Dirección General del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –Foncep–, emitió la Resolución 0923 del 10 de junio de 2008, mediante la que ordenó el pago de la pensión sanción al señor Bautista Arias. Lo anterior, debido a que la pensión se reconoció a partir del 30 de julio de 2007, fecha en la que el actor cumplió los 50 años de edad. Sin embargo, en el acto administrativo citado, se negó la solicitud de indexación de la pensión del demandante argumentando que no fue ordenada en las decisiones judiciales antes señaladas. 1.6 La liquidación del monto de la pensión que realizó la entidad demandada ascendió a la suma de $186.895.25 en el año 2007. Sin embargo, por ser inferior al salario mínimo, la entidad reconoció la mesada equivalente al salario mínimo, según lo dispuesto por la ley 100 de 1993.
1.7 El actor señaló que una vez cumplidos sus 60 años, inició proceso ordinario laboral para que se indexara su pensión sanción. El proceso fue conocido por el Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá, que en sentencia del 22 de julio de 2009 concedió la indexación. Esta autoridad judicial determinó que en el proceso ordinario adelantado en el año 1999, solamente se discutió el reconocimiento de la pensión sanción, y que el juez a pesar de pronunciarse sobre la indexación pensional, no agotó debidamente el debate sobre la procedencia de esta, razones por las cuales no existía cosa juzgada en la materia. Sin embargo, en segunda instancia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, –Sala laboral–, en sentencia del 17 de febrero de 2010, revocó la anterior decisión por considerar que existía cosa juzgada pues la cuestión en litigio ya se había resuelto en el proceso ante el Juzgado Quinto Laboral, decisión confirmada por el mismo Tribunal Superior –Sala Laboral–. 1.8 Afirmó el actor, que por sugerencia de su apoderada judicial, adelantó acción de reparación directa con la finalidad de que se le indemnizaran los perjuicios causados por la negativa de conceder la indexación de su pensión sanción. Para ello, y con miras a cumplir con el respectivo requisito de procedibilidad de la demanda, solicitó el 13 de junio de 2012 audiencia de conciliación pre judicial ante la Procuraduría Cuarta Judicial II Administrativa, con las entidades demandadas, esto es, la Secretaría de Hacienda de Bogotá y el Foncep.
1.9 El día 30 de agosto de 2012 el demandante y el Foncep llegaron a un acuerdo conciliatorio en virtud del cual se le reconoció la indexación de la pensión sanción al señor Bautista Arias. En dicho acto, el Foncep anexó una liquidación por concepto de reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional, la que fue aceptada por la parte accionante. De manera que una vez acordada esa forma de indemnización por las partes, el Procurador que conoció del asunto avaló el acuerdo y lo remitió al juez administrativo competente.
1.10 El 25 de septiembre de 2012, esto es, con posterioridad a la celebración del acuerdo conciliatorio entre el actor y la entidad demandada, el Jefe de la Oficina Asesora jurídica del Foncep, envió una comunicación a la Procuraduría Cuarta Judicial II Administrativa de Bogotá, para que no se avalara la conciliación referida. En dicho escrito señaló que el actor había ocultado que en su caso existía cosa juzgada respecto a la solicitud de indexación pensional, razón por la que no resultaba procedente convenir sobre la materia. Adicionalmente, solicitó que si el acuerdo ya había sido remitido al juez administrativo competente, en consecuencia, se le enviara el escrito para que conociera su contenido.
1.11 Finalmente, en providencia del 15 de noviembre de 2012, el Juzgado 37 Administrativo de Oralidad de Bogotá, resolvió improbar el acuerdo conciliatorio señalado. En dicha providencia, el Juez señaló que el caso del señor Bautista Arias ya había sido resuelto por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, en sentencia del 22 de junio de 1999 y confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá –Sala Laboral– en providencia de segunda instancia del 25 de agosto de 1999. Por lo anterior, sostuvo que no era viable realizar acuerdos sobre asuntos cobijados por el principio de cosa juzgada. Dicha decisión fue confirmada por auto del 21 de febrero de 2013, proferida por la misma autoridad judicial.
2.1 El señor José Ismael Bautista Arias, mediante apoderado judicial, solicitó que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, el mínimo vital y el derecho a la vida, afectados por la “vía de hecho” en la que incurrió el Juzgado 37 Administrativo de Oralidad de Bogotá, con la providencia del 15 de noviembre de 2012. En consecuencia, solicitó que se dejara sin efectos jurídicos la citada decisión, por la cual se improbó la conciliación celebrada entre el actor y el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones Foncep. Pretendió además, que en su lugar, se emitiera un nuevo pronunciamiento en relación con la solicitud de la indexación de la pensión sanción.
2.2 Como argumento principal, sostuvo que la decisión judicial censurada mediante la acción de tutela: (i) desconoció la orden impartida por la Corte Constitucional en la sentencia C-891A de 2006; (ii) es contraria a la ley porque constituye una “vía de hecho”; (iii) y significa que el juez usurpó una competencia propia del juez laboral del circuito o del conciliador porque lo que se acordó es del resorte de estos comoquiera que no corresponde con las pretensiones indemnizatorias consagradas en la solicitud de conciliación. Al respecto, sostuvo que la decisión judicial atacada en tutela “usurpó la competencia de improbar una conciliación no ya en relación con una reparación directa, sino con una conciliación sobre una prestación de tipo laboral.”
Para sustentar lo afirmado, adujo que la conciliación realizada entre él y el Foncep debía aprobarse debido a que si bien era cierto que lo que se pretendía era la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados al no indexarse su pensión sanción, lo cierto era que según lo ordenado en la sentencia C-891A de 2006, el reconocimiento de la indexación por parte de la entidad demandada a través de la conciliación, era un instrumento válido para resarcir los daños y perjuicios ocasionados. Asimismo, consideró que el acuerdo conciliatorio al que se había llegado, era de naturaleza laboral, “diferente a las pretensiones de la reparación directa, por lo que el asunto debía pasar a la aprobación del Juez Laboral del Circuito; o podía ser aprobado por el Procurador sin más dilaciones ni trámites.” 2.3 Sostuvo que no existía argumento lógico para que se le negara el reconocimiento de la indexación de la pensión sanción, porque el fenómeno de la cosa juzgada no era aplica a su caso, puesto que en el momento en que el demandante solicitó el reconocimiento de la pensión sanción, no se había proferido la sentencia C-891A de 2006 que ordenó la indexación de esta prestación. Sobre ello manifestó que “[l]a indexación de la pensión sanción no puede negarse bajo ningún pretexto, así el demandante haya solicitado con anterioridad a la sentencia C-891A de 2006 la indexación de la pensión sanción, porque la sentencia en cuestión, ni discrimina, ni excluye los casos en que la pretensión de la indexación se haya formulado.”
3. Intervención del Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
3.1 El despacho judicial referido se opuso a las pretensiones de la tutela señalando que la providencia judicial que se atacaba, se sustentó en 3 providencias judiciales: la primera, del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, del 22 de junio de 1999 que en el punto 6 de la providencia negó la pretensión de indexación; la segunda, que confirmó la anterior, emitida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 25 de agosto de 1999; y la tercera, la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –Sala Laboral– del 17 de febrero de 2010 que revocó la del Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá mediante la que se había ordenado indexar la pensión del actor. Señaló que en el último caso se volvieron a presentar pretensiones idénticas de indexación de la primera mesada de la pensión sanción, pero que se probó el fenómeno de la cosa juzgada por la triple identidad de sujetos, objeto y causa, siendo las providencias judiciales que la constituyen imperativas, coercibles e inmutables en orden a garantizar el principio de la seguridad jurídica. 3.2 Sostuvo que el actor incurría en abuso de poder toda vez que la pensión que le fue reconocida ascendía a la suma de $186.895, siendo reajustada por ser inferior al salario mínimo, por lo que en última instancia se le reconoció como el monto de la pensión, el salario mínimo, esto es $433.300 para el año 2007. De manera que, debe observarse que el salario mínimo se indexa automáticamente cada año, razón por la que no habría lugar a ningún tipo de actualización adicional.
3.3 Indicó que el apoderado del actor presentó el 28 de febrero de 2013 solicitud de nulidad procesal por falta de competencia lo que a su criterio es indicativo de la existencia de otro medio procesal que torna improcedente la tutela. Sobre este aspecto agregó que el amparo resultaba inviable, pues con base en la jurisprudencia de esta Corte, la tutela contra providencias judiciales dictadas dentro de un proceso en curso o que pongan fin a una actuación, no procede debido a que las partes tienen la oportunidad de utilizar los mecanismos previstos en la Ley para impugnar las decisiones que no comparten. Finalmente argumentó que la tutela pretendida trasgrede los principios de la cosa juzgada y la autonomía e independencia de las autoridades judiciales en la emisión de sus providencias. 4. Acuerdo de conciliación celebrado entre el señor José Ismael Bautista Arias y el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –Foncep–.
4.1 En audiencia celebrada el 30 de agosto de 2012 ante el Procurador Cuarto Judicial II Administrativo de Bogotá, se llegó a un acuerdo conciliatorio entre el convocante, José Ismael Bautista Arias y la parte convocada, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones del Distrito de Bogotá –Foncep– y la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá. 4.2 En el asunto, la parte convocante, solicitó la indemnización por perjuicios materiales y por el daño moral, que le fueron causados “al hacerlo objeto de discriminación con respecto a todos los trabajadores de la extinta Empresa Distrital de Servicios Públicos –EDIS–, impidiéndole la indexación de la primera mesada pensional, a pesar de haberse establecido una política de conciliación de la indexación de la primera mesada pensional, dada la orden perentoria consagrada en la sentencia C-891A de 2006, proferida por la Honorable Corte Constitucional.”
4.3 En dicha diligencia, la Secretaría de Hacienda del Distrito de Bogotá, manifestó que los temas relacionados con el fondo de pensiones públicas de Bogotá estaba a cargo del Foncep, por lo que no tenía la competencia para actuar en la conciliación. Por su parte, el Foncep, sostuvo que anexaba una liquidación “por concepto a reconocer indexación de primera mesada pensional, por valor de Dieciocho Millones Cuatrocientos Diez mil Ciento tres pesos ($18.410.103.00) M/CTE, descontando la suma de Un Millón Ochocientos Noventa y ocho mil Setecientos pesos ($ 1.898.700.00), por aportes de salud para un neto a pagar de Dieciséis Millones Quinientos Once mil Cuatrocientos tres pesos ($16.511.403.00), Quedando actualizada la mesada para el año 2012 en cuantía mensual de Novecientos Cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y Ocho pesos (956.478.00) M/CTE.”
4.4 Así las cosas, el apoderado de la parte convocante consideró que la liquidación propuesta estaba ajustada a derecho, por lo que solicitó que se aprobara por parte del Procurador que presidía la audiencia. Con base en lo anterior, y una vez oídas las posiciones de las partes, la Procuradora Cuarta II Judicial Administrativa de Bogotá, avaló el acuerdo conciliatorio, al considerar que no se lesionaba el patrimonio público, no se vulneraba el orden jurídico, ni se menoscababan derechos fundamentales. En consecuencia, remitió la actuación al Juez Administrativo del Circuito de Bogotá que correspondiera, a fin de que se aprobara judicialmente el acuerdo realizado por las partes.
5. Escrito del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –Foncep–.
El día 26 de septiembre de 2012 el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Foncep envió oficio a la Procuradora Cuarta Judicial II Administrativa de Bogotá denunciando un presunto “ocultamiento torticero” por parte del señor Bautista Arias. Adujo que de las indagaciones sobre el caso del accionante se encontró que ya había sido decidido por la justicia laboral a través de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 17 de febrero de 2010 en el que se evidenció la existencia de cosa juzgada respecto de la sentencia del 22 de junio de 1999 del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá que estudió la pretensión de indexación del actor. En consecuencia, solicitó que se dejara sin efecto el “acto conciliatorio” y, si fuere del caso, se compulsaran copias a las autoridades competentes para investigar eventualmente las conductas disciplinarias o tipificadas penalmente en que hubiere podido incurrir. En el oficio referido, se sostuvo que el Foncep, en particular su comité de conciliación, acudió a la conciliación propuesta por el señor José Ismael Bautista Arias desconociendo que sobre el asunto que él demandaba ya existía cosa juzgada. En este sentido, señaló que basándose en la buena fe del accionante, la entidad autorizó acceder a la indexación que este solicitaba, con la única condición de que se efectuaran los respectivos descuentos de ley. Por lo indicado, estimó que el demandante asaltó la “inocente buena fe de la parte convocada” y de la Procuradora que conoció del asunto, con el propósito de burlar pronunciamientos jurisdiccionales, utilizando una trama contraria a la verdad, al afirmar haber sido víctima de un trato discriminatorio y cruel, que escondía la finalidad de defraudar al erario.
Con base en lo expuesto, solicitó la Procuradora referida que si el expediente continuaba en su despacho, declarara la nulidad de lo actuado, y que, si se encontraba en manos del juez administrativo competente para su aprobación, se remitiera la solicitud para se abstuviera de avalar tal acto, enterándolo del antecedente de la cosa juzgada. En el asunto, dado que las diligencias habían sido remitidas al Juez 37 Administrativo del Circuito de Bogotá, la Procuradora decidió remitir el escrito presentado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Foncep. 6. Decisión objeto de la acción de tutela. Providencia que improbó el acuerdo de conciliación.
La acción de tutela se instauró en contra de la providencia del 15 de noviembre de 2012 del Juzgado 37 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, mediante la que se improbó la conciliación extrajudicial celebrada entre el señor José Ismael Bautista Arias y el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –Foncep–. En este acuerdo, se concilió el concepto de indexación de la pensión sanción del señor Bautista por un valor retroactivo de $16.511.403.00, quedando actualizada la mesada para el año 2012 en cuantía mensual de $956.478.00. Sin embargo el juez mencionado, decidió no aprobar la conciliación, debido a que en su criterio sobre el tema existía cosa juzgada. Al respecto, sostuvo el funcionario judicial que:
“[e]n el caso objeto de estudio el despacho observa que dentro del expediente obra escrito remitido por la procuraduría cuarta judicial II administrativa de fecha 26 de septiembre de 2012 mediante el cual pone en conocimiento el oficio realizado por el Jefe de Oficina Asesora Jurídica del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP, donde solicita que se dé la improbación del acuerdo conciliatorio celebrado entre el convocante JOSE ISMAEL BAUTISTA ARIAS y el convocado FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES –FONCEP, por encontrarse los presupuestos de cosa juzgada, para lo cual dentro del oficio en mención anexa sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (…) del 17 de febrero de 2010 (…), en virtud de la cual se resolvió negativamente la pretensión de indexar la pensión y declaró probada la excepción de cosa juzgada, por haberse resuelto la pretensión solicitada por el demandante en el Juzgado Quinto Laboral de Bogotá.
Luego de citar la normatividad alusiva a la cosa juzgada (artículo 332 del C.P.C.) y la jurisprudencia el Consejo de Estado sobre esta institución, concluyó que:
(…) En el caso en estudio, resulta claro que las pretensiones no podían estar orientadas a obtener la indexación de (sic) primera mesada pensional, por cuanto esta materia ya había sido definida por el Juzgado Quinto Laboral de Bogotá y confirmada por el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial al declarar la existencia de cosa juzgada en sentencia (…) del 17 de febrero de 2010 (…), en consecuencia el Despacho improbará la conciliación por encontrar que la conciliación versa sobre un tema ya debatido, evidenciando la existencia de cosa juzgada.”
Con base en los anteriores argumentos resolvió improbar la conciliación prejudicial celebrada el 30 de agosto de 2012 ante la Procuraduría Cuarta Judicial II Administrativa de Bogotá, entre el actor y el Foncep. Adicionalmente, ordenó compulsar copias al Consejo Seccional de la Judicatura –Sala Disciplinaria– para que investigara disciplinariamente a la apoderada del señor Bautista Arias, teniendo en cuenta que el asunto objeto de conciliación ya había sido definido por el Juzgado Quinto Laboral de Bogotá y confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –Sala Laboral–, al declarar la existencia de cosa juzgada sobre la materia.
7. Fallo de tutela en primera instancia.
En fallo del 18 de marzo de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B” decidió negar el amparo invocado por el actor, al encontrar que la situación del accionante no se adecuaba a ninguna de las causales para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. En este sentido, sostuvo que el accionante no cumplió con los presupuestos necesarios para que por vía de tutela se considerara la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad por parte de la autoridad judicial que improbó la conciliación, debido a que se demostró que la decisión atacada estaba fundamentada en tres decisiones judiciales, en las que se estableció la triple identidad de sujeto, objeto y causa. Para sustentar su decisión, sostuvo que “para la configuración de una vía de hecho dentro del proceso judicial, debe presentarse un actuación arbitraria y caprichosa, únicamente resultante de la subjetividad del juez, sin sustento jurídico alguno y una grave lesión o amenaza de un derecho fundamental, aspectos que no se observan en el presente caso, pues como quedó establecido el señor juez actuó conforme a derecho, respetando el debido proceso. (…) En consecuencia, las aspiraciones del accionante desbordan la órbita de la competencia del juez constitucional; pues la acción de tutela no es una tercera instancia, para aspirar por este mecanismo ‘despachar favorablemente’ lo pretendido por el accionante.”
8. De la impugnación y fallo de tutela en segunda instancia.
8.1 El día 21 de marzo de 2013 la accionante impugnó el fallo de tutela de primera instancia. Argumentó que el Juez 37 Administrativo de Oralidad de Bogotá no era competente para improbar la conciliación celebrada entre el accionante y el Foncep, en razón a que no se podía negar al cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia C-891A de 2006 que ordenaba la indexación de las pensiones sanción como la de él. Sostuvo que el Juez que profirió la decisión censurada usurpó las funciones de los jueces ordinarios laborales, quienes en su criterio, son los únicos que pueden decidir sobre la procedencia de la indexación de la pensión sanción, teniendo en cuanta además que el tema en litigio se refiere a los derechos de los trabajadores oficiales.
Adicionalmente, señaló que el acuerdo conciliatorio que sostuvo con la entidad demandada estuvo ajustado a la política de conciliación que ha fomentado la Alcaldía de Bogotá D.C., y es acorde a la aplicación de la sentencia C-891A de 2006, a la que no podía oponerse la autoridad judicial accionada.
8.2 Mediante fallo de segunda instancia del 15 de mayo de 2013 el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, confirmó la decisión del a quo. Consideró que la providencia censurada por la demandante no incurrió en ningún defecto de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, pues se evidenció que la solicitud de indexación de la mesada de la pensión sanción del accionante ya había sido conocida y decidida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá en el año 1999, y en última instancia por el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 17 de febrero de 2010, que resolvió declarar la existencia de cosa juzgada sobre el tema. De manera que, a criterio del juez tutelar de segunda instancia, no resultaba dable al Foncep conciliar una materia que ya había sido resuelta por las autoridades judiciales competentes, so pena de que el acuerdo conciliatorio celebrado causara un detrimento al patrimonio público.
Por lo anterior, encontró que no era cierto que el Juzgado 37 Administrativo de Oralidad de Bogotá hubiera declarado la existencia de cosa juzgada frente a la pretensión de indexación de la pensión sanción, pues tal declaración tuvo origen en la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 17 de febrero de 2010. En estos términos, para el ad quem resultaba claro que el Juzgado Administrativo no podía modificar la decisión que había declarado la existencia de la cosa juzgada en el caso del señor Bautista Arias, pues su competencia se limitaba a la revisión del acuerdo conciliatorio celebrado entre este y el Foncep, cuyo objeto recaía en una pretensión estudiada y decidida previamente por la jurisdicción ordinaria.
Finalmente, señaló que el accionante aún podía acudir a la jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio del medio de control de la reparación directa, para la que en el caso había solicitado la conciliación que en última instancia resultó fallida.
Mediante auto del 23 de octubre de 2013 el magistrado sustanciador decidió vincular al proceso a las autoridades judiciales que se habían pronunciado sobre la solicitud de indexación de la mesada pensional del actor. Adicionalmente, les solicitó que remitieran copia de las sentencias que sobre el asunto hubieran emitido. A continuación se reseñan brevemente las respuestas de los jueces vinculados.
9.1 El Juzgado Quinto Laboral del Circuito Judicial de Bogotá informó que había radicado ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, la respectiva solicitud para la ubicación, desarchive y remisión del proceso ordinario que había adelantado el ciudadano José Ismael Bautista Arias contra el Foncep. Sostuvo que una vez obtenidas dichas diligencias se precedería a enviar copia del fallo a esta Corporación. Sobre el asunto específico de la indexación de la pensión sanción del actor guardó silencio.
9.2 El Juzgado 24 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela de la referencia. Argumentó que el caso del señor Bautista fue discutido en dos oportunidades y que por ende, no es viable que una tutela ordene una reapertura de los procesos judiciales que fueron terminados y archivados. Particularmente señaló que en su caso no se había incurrido en ninguna vulneración de los derechos del demandante, pues sus actuaciones se ciñeron a la ley y la jurisprudencia vigentes, habiéndose tramitado la causa bajo el estricto cumplimiento del debido proceso. Finalmente, sostuvo que del análisis de la solicitud de amparo del actor no se encuentra cabida a ninguna de las causales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, y que además, el accionante cuenta con los demás recursos y acciones que le provee la ley para discutir sus derechos, recordando que la tutela tiene un carácter subsidiario.
9.3 Por su parte, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –Sala Laboral– señaló que no era posible enviar copia de la sentencia del 25 de agosto de 1999 porque en la Secretaría de dicha Corporación no existía archivo de providencias antiguas. Sobre las decisiones respecto a la apelación de la decisión del Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá indicó que debían solicitarse a este mismo, comoquiera que por ser el juez de primera instancia, es en su despacho en donde reposaban las actuaciones. Sobre el fondo del asunto de la indexación de la pensión sanción del actor, también guardó silencio.
2. Problema jurídico y estructura de la decisión. 2.1. En la acción de tutela que se revisa, el señor José Ismael Bautista Arias consideró que la decisión del Juzgado 37 Administrativo de Oralidad de Bogotá mediante la que improbó el acuerdo de conciliación celebrado entre el actor y el Foncep, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, la vida digna y la igualdad, al proferir una decisión que contraría una decisión de constitucionalidad y que vulnera su derecho a la indexación de su pensión sanción.
En tal sentido, sostuvo que la decisión del Juez que conoció del acuerdo conciliatorio contrariaba a la ley y constituye “vía de hecho”, pues usurpó competencias del juez laboral del circuito o del conciliador, porque lo que se concilió en última instancia es del resorte de la justicia laboral en tanto lo acordado dista mucho de las pretensiones elevadas ante la jurisdicción contencioso administrativa.
2.2 Por su parte, el Juzgado 37 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, adujo que en el asunto de la referencia, se había probado la existencia del fenómeno jurídico de la cosa juzgada frente a la solicitud de indexación de la mesada de la pensión sanción del accionante, por ello no era dable avalar la conciliación surtida entre este y el Foncep. Afirmó que el actor incurría en abuso de poder toda vez que la pensión que le fue reconocida era inferior al salario mínimo, siendo posteriormente elevada a este según mandato legal, y que además, está se indexaba automáticamente cada año, razón por la que no habría lugar a ningún tipo de actualización adicional. Finalmente, indicó que el apoderado del actor presentó solicitud de nulidad procesal por falta de competencia, lo que a su criterio es indicativo de la existencia de otro medio procesal que torna improcedente la tutela. 2.3 Así las cosas, teniendo en cuenta el planteamiento de las partes, la Sala evidencia que existen dos problemas jurídicos a resolver. En primer lugar, se encuentra que en desarrollo de las facultades oficiosas que le son propias, como garante de los derechos fundamentales y en virtud del principio de prevalencia del derecho sustancial que rige esta acción constitucional, la interpretación de la demanda permite inferir a la Sala que el actor pretende en última instancia la vindicación de su derecho a la indexación de la mesada de su pensión sanción. De manera que la tensión constitucional que en el fondo suscita el sub examine exige que la Sala determine (i) si las autoridades judiciales, en particular el Tribunal Superior de Bogotá –Sala Laboral–, que han resuelto la solicitud de indexación de la pensión sanción del señor Bautista Arias han incurrido en un defecto material o sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional al declarar probada la excepción de cosa juzgada constitucional desconociendo lo dispuesto en los artículos 48 y 53 superiores, y la sentencia C-891A de 2006. En particular, en el asunto que se revisa se encuentra que se han proferido cuatro sentencias judiciales en dos procesos ordinarios laborales, en los que se ha estudiado la solicitud de indexación elevada por el accionante, por lo que la Corte revisará el contenido de las decisiones de la justicia ordinaria para determinar de forma preliminar si ha operado el fenómeno de la cosa juzgada respecto de las decisiones surtidas desde el año 1999; si se evidenciare que no existe cosa juzgada en la materia, se deberá establecer (i.i) si en la presente acción de tutela es procedente ordenar la indexación de la mesada pensional del accionante. En segundo lugar, la Corte encuentra que existe un proceso de reparación directa que sigue en curso, respecto del cual se surtió la decisión judicial que el actor enjuició a través de la acción de amparo constitucional. De manera que la Corte deberá establecer (ii) si la tutela resulta procedente contra esta decisión judicial que improbó la conciliación celebrada entre el actor y la entidad demandada, en el marco de un proceso ante la jurisdicción contenciosos administrativa que aún sigue en curso.
Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala (i) reiterará la jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) realizará un sucinto énfasis en las causales especiales de procedibilidad por defecto sustantivo o material y por desconocimiento del precedente constitucional; (iii) recordará las principales subreglas sobre el mandato constitucional de actualización o indexación de las mesadas pensionales; y (iii) efectuará el análisis del caso concreto. 3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente contra providencias emitidas por los jueces de la república en virtud del artículo 86 Superior que, al consagrar la acción de tutela, previó expresamente que ella puede ser elevada para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Así mismo ha considerado que para proteger la autonomía judicial y la seguridad jurídica, principios que también ostentan relevancia constitucional y que pueden verse afectados por la revisión en sede de tutela de los fallos judiciales, en estos casos el amparo procede solo cuando se reúnen estrictos requisitos contemplados en la jurisprudencia. En efecto, en numerosos fallos y, en especial, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte estableció las causales de orden general y especial que debe examinar el juez constitucional para determinar si la acción de tutela procede como mecanismo de protección frente a la decisión adoptada por otro juez. 3.1. En primer lugar, ha dicho la Corte que la tutela procede únicamente cuando se verifica la totalidad de los requisitos generales de procedencia que se mencionan a continuación: (i)	“Que la cuestión que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (…)
Así las cosas, la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales depende de la verificación de la configuración de todos los requisitos generales y, al menos, de una causal específica de procedibilidad, que conlleve a la violación de un derecho fundamental. De este modo se protegen los elevados intereses constitucionales que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, al tiempo que se garantiza el carácter supremo de la Constitución y la vigencia de los derechos de los ciudadanos. Por resultar pertinente para el análisis del caso sometido a revisión de la Sala, se hará una breve referencia a los defectos sustantivo o materia y por violación del precedente constitucional. 4. Breve caracterización del defecto sustantivo o material. La interpretación irrazonable como causa del defecto sustantivo. 4.1 La jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que el defecto material o sustantivo se presenta cuando “la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto.” De igual forma ha señalado que la construcción dogmática del defecto sustantivo como causal de procedibilidad de la acción de tutela, parte del reconocimiento de que la competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta. En este sentido has señalado que “[p]or tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.”
6.4.5 En reciente pronunciamiento, la Sala Plena de esta Corporación, unificó su jurisprudencia respecto al derecho a la indexación de la primera mesada pensional (sentencia SU-1073 de 2012), en relación con situaciones anteriores a la expedición de la Constitución de 1991. Al respecto, la Corte determinó que la indexación pensional había sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia antes de la vigencia de la actual Carta Fundamental, pues de un estudio riguroso de la jurisprudencia de este Tribunal de Casación se encontraba que había garantizado el derecho a la indexación pensional desde el año 1982, y sólo desde el año 1999 se produjo un cambio de jurisprudencia adverso a la salvaguarda de este derecho, que en todo caso fue considerado contrario a los postulados constitucionales por esta Corte a través de la sentencia SU-120 de 2003, citada anteriormente en este fallo. En este sentido, se encontró que pese a que solamente hasta la expedición de la Carta del 1991, se constitucionalizó el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones –artículos 48 y 53–, el máximo Tribunal de Casación ya había admitido la garantía de la indexación pensional, por lo que no sería válido afirmar que este derecho había nacido con la expedición de la actual Carta Constitucional. De manera que, a la luz de la jurisprudencia preconstitucional de la Sala de Casación Laboral de la Corte suprema, se evidenciaba que era viable: (i) proteger el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad, (ii) garantizar que los pensionados reciban una pensión acorde con el esfuerzo realizado en su etapa productiva y (iii) otorgar un tratamiento igual, por cuanto todos los pensionados se ven afectados por la pérdida del poder adquisitivo del dinero, y por tanto, todos merecen la misma protección.
Igualmente la Sala Plena estableció que en todo caso, los preceptos constitucionales de la Carta de 1991 (en particular los artículos 48 y 53) irradiaban sus efectos a las situaciones jurídicas consolidadas bajo el amparo de la Constitución anterior, especialmente cuando de prestaciones sociales se trataba. Sobre este tema, en múltiples pronunciamientos, la Corte ha decidido aplicar los principios y garantías constitucionales a situaciones pensionales consolidadas. De manera que, la Corte ha señalado que son inconstitucionales todas aquellas situaciones que a pesar de consolidarse bajo la vigencia de la Constitución anterior, proyectan sus efectos bajo la vigencia de la actual y que resultan contrarias a los derechos y garantías fundamentales que establece esta. La Sala Plena advirtió además que la negativa a reconocer el derecho a la indexación pensional produce graves efecto sobre el mínimo vital de los pensionados que mes por mes reciben una suma significativamente inferior a la que realmente tienen derecho, lo que vulnera el principio de equidad, pues no se compadece con el esfuerzo laboral que realizaron los trabajadores ahora pensionados durante su vida productiva. Así mismo, en la sentencia de unificación en comento, se recordó que el derecho a la actualización de la mesada pensional tiene un carácter universal. Esto, pues no es predicable de un determinado grupo de pensionados en particular, sino de todos ellos, dado que se encuentran en la misma situación de afectación del mínimo vital por la depreciación de la moneda, recordando además que dicha protección es independiente del origen de la prestación, esto es, legal, convencional u otorgada por virtud de orden judicial. Finalmente, esta sentencia señaló que en el caso de las actualizaciones pensionales relacionadas con situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, debido a que, producto de las divergencias interpretativas entre las distintas jurisdicciones no existía certeza sobre la exigibilidad de aquel derecho, sólo a partir de dicho fallo, se generaba un derecho cierto y exigible. Lo anterior, en criterio de la Sala Plena, implicaba que la contabilización de la prescripción del derecho a la actualización pensional en lo referente al pago de retroactivos, solo podía invocarse a partir del fallo de unificación.
Pautas interpretativas en materia de indexación pensional: el principio in dubio pro operario, favorabilidad en la aplicación de la ley, y los criterios constitucionales de equidad y justicia.
La Corte ha señalado adicionalmente que en el caso particular de las actualizaciones pensionales, pese a la inexistencia de una norma que expresamente prscriba indexar la base pensional de quien se retira sin cumplir la edad de pensión, lo cierto es que existe un principio constitucional que ordena al Estado garantizar el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales –artículos 48 y 53 C.P. –, y un conjunto de normas que sistemática dan cuenta de la preocupación del legislador por solucionar la problemática de la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones. Por ello, la Corte ha determinado que el juez debe confrontar los casos concretos de los potenciales pensionados, y resolver la problemática suscitada por la omisión legislativa señalada, de conformidad con los mandatos constitucionales que regulan dichas situaciones, bajo el entendido de que la equidad, la jurisprudencia constitucional y los principios generales del derecho laboral prescriben que los vacíos legislativos sean colmados utilizando los criterios auxiliares de la actividad judicial –artículo 230 C.P. –. Así las cosas, al decidir sobre la indexación pensional, tanto de la pensión como de la base de liquidación de la misma, el juez debe observar el mandato de equilibrio de las relaciones laborales (artículo 48 C.P.) y del mantenimiento del valor adquisitivo de las pensiones (artículos 48 y 53), que en todo caso ha sido una preocupación constante del legislador colombiano. De manera que, en el evento en el que el juez ordinario niegue la indexación por las razones expuestas, se activa la posibilidad de intervención del juez constitucional para establecer los derechos fundamentales mínimos de los trabajadores. III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.
Como se reseñó en los antecedentes de este fallo, en el asunto que se examina el señor José Ismael Bautista Arias considera que la providencia judicial del Juzgado 37 Administrativo de Oralidad de Bogotá, mediante la que se improbó el acuerdo conciliatorio que este celebró con la entidad demandada (el Foncep), vulneró sus derechos al debido proceso, al mínimo vital, la vida digna y la igualdad, pues contraría lo establecido en la sentencia C-891A de 2006 y desconoce su derecho a la indexación de su pensión sanción.
A su vez, el Juzgado 37 Administrativo de Oralidad de Bogotá afirmó que en el caso del accionante se había presentado el fenómeno de la cosa juzgada respecto de la solicitud de indexación de su pensión sanción, razón por la que no era viable conciliar sobre este derecho. Señaló que el actor abusó de su derecho, al pretender una mesada pensional que ya le había sido reajustada hasta el monto del salario mínimo, pese a que en realidad era inferior a este. Además, sostuvo que frente a la decisión judicial atacada por tutela se había presentado una solicitud de nulidad procesal, por lo que la acción constitucional era improcedente al no haberse agotado tal mecanismo judicial. Frente a la situación que se reseña, la Sala encuentra dos situaciones problemáticas que, si bien concurren en la situación del accionante, se analizarán por separado con la finalidad de hacer un estudio más riguroso pero a su vez más sencillo de los problemas jurídicos que se suscitan en el caso que se revisa. En efecto, esta Sala encuentra que la situación del actor envuelve de una parte, la discusión respecto a (i) la vulneración a su derecho a la indexación de su pensión sanción, presuntamente desconocida tanto por la entidad demandada y las autoridades judiciales que han conocido de las demandas que el señor Bautista Arias ha instaurado para lograr el reconocimiento de dicha actualización. En este sentido, la Corte estima necesario resolver tal problemática, toda vez que la jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela procede para la protección del derecho a la indexación pensional cuandoquiera que se discuta la aplicación de un precedente constitucional consolidado, y eventualmente desconocido por las autoridades judiciales demandadas, pues de no hacerlo incurriría en violación del principio de igualdad.
De otra parte, se evidencia que (ii) el amparo está dirigido contra una providencia judicial que hace parte de un proceso de reparación directa ante la jurisdicción contencioso administrativa, en el marco del cual, el actor pretende se le indemnice por la ausencia de reconocimiento de su derecho a la actualización de su pensión sanción. Sobre este aspecto, la Corte debe determinar si existe mérito para pronunciarse a través del amparo constitucional o si, por el contrario esa posibilidad resulta improcedente, teniendo en cuenta que existe un proceso en curso, en el cual el actor cuenta con las diferentes etapas y mecanismos procesales para discutir sus inconformidades jurídicas. Adicionalmente, asumir el estudio de esta situación, plantearía el reto de determinar prospectivamente lo que sucedería en la hipótesis en que se concediera el amparo para el reconocimiento de la indexación pensional y, que adicionalmente, el actor lograra que sus pretensiones ante la jurisdicción contencioso administrativa prosperaran. En tal circunstancia, la Sala advierte que en el proceso contencioso administrativo deberá tenerse en cuenta que en todo caso la indexación pensional ha sido reconocida mediante tutela, por lo que el juicio de reparación deberá tener en cuenta tal situación. Esto se explicará en el apartado pertinente.
Descrito el diseño metodológico del análisis del presente asunto, procede la Sala a resolver los problemas jurídicos planteados, para lo cual empezará por analizar el segundo de ellos, esto es, la situación de la tutela contra la providencia judicial que se impugnó dentro del proceso que cursa ante la jurisdicción contencioso administrativa. Una vez establecido si existe alguna vulneración de derechos por parte de la providencia que se ataca mediante tutela, la Corte procederá a analizar el primer problema antes descrito, es decir, la problemática concreta de la posible vulneración y desconocimiento del derecho a la indexación de la pensión sanción del accionante.
Procederá entonces a efectuarse el análisis respecto a la concurrencia de los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales. De encontrarlo superado, la Sala establecerá si se configuró alguna causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial.
7.1 La Relevancia constitucional del asunto bajo examen.
Encuentra la Corte, que la tutela se dirige contra una decisión judicial que el actor consideró vulneratoria de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, la vida digna y la igualdad, al emitir una providencia que desconoce lo resuelto en una sentencia de constitucionalidad (C-891A de 2006) que prescribe la obligación de indexar las pensiones sanción como la del accionante. La resolución judicial adoptada afecta directamente la situación del demandante como beneficiario de una prestación social que es esencial para su subsistencia. En tal sentido, el amparo solicitado se relaciona directamente con principios fundamentales de la Constitución (artículos 48, 53 y 86) y con la garantía de los artículos 29, 48 y 53 de la misma. Así las cosas el asunto es de relevancia constitucional.
7.2 El agotamiento de los mecanismos ordinarios al alcance del actor.
Observa la Sala que la providencia judicial que se ataca mediante tutela, se profiere en el marco de un proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa, a través del medio de control de la reparación directa. En particular, la decisión se profiere para el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación judicial que permita iniciar el proceso de control de la actuación de la administración respecto a la posible ocurrencia de un daño antijurídico que alega el accionante. En este sentido, la Sala encuentra que no se han agotado los mecanismos ordinarios al alcance del actor, pues de una parte, solicitó la nulidad de la providencia en la que se improbó la conciliación que celebró con la entidad demandada; y porque, pese a la improbación de la conciliación celebrada por el actor y la demandada, el proceso de reparación directa sigue en curso. Debe tenerse en cuenta pues, que la conciliación en última instancia resultó fallida porque la entidad demandada, el Foncep, manifestó su ausencia de voluntad para conciliar. Ante tal hecho, el actor cuenta con la vía libre para continuar con el proceso de reparación directa para discutir su situación jurídica y lograr la reparación del daño antijurídico que considera se le causó. Por las anteriores razones la Sala estima que este requisito no se encuentra superado.
Así las cosas, la Sala estima que pese a la concurrencia de algunos de los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra la providencia judicial impugnada, no se encuentra satisfecho el requisito de subsidiaridad toda vez que contra la decisión que se censura, el accionante puede continuar con el proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa para lograr que se vean satisfechas sus pretensiones reparatorias del daño antijurídico que alega le fue causado, razón por la que, bajo el entendido de que los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son concurrentes, no es viable continuar con el examen de los restantes. Por estas razones, el amparo no es procedente contra la providencia que se censura en relación con el proceso que aún sigue en curso.
Sin embargo, la Sala ha señalado que en el sub examine se debe resolver un segundo problema jurídico, atinente a la posible vulneración de los derechos fundamentales del accionante por la negativa de reconocimiento del derecho a la indexación de la pensión sanción del señor Bautista Arias que alegó le fue desconocido por los jueces ordinarios en los proceso que inició con tal fin. En consecuencia, se procederá al análisis de este problema, para determinar si la Corte debe en última instancia salvaguardar los derechos del actor por un presunto desconocimiento del precedente en la materia. 8. Procedencia del reconocimiento del derecho a la indexación de la pensión sanción del señor José Ismael Bautista Arias por desconocimiento del precedente constitucional establecido en la sentencia C-891A de 2006.
8.1 En el asunto que se revisa, el actor acudió en dos oportunidades ante la justicia ordinaria laboral. En la primera, solicitó el reconocimiento de su pensión sanción y la indexación de esta ante el Juzgado Quinto Laboral de Bogotá (fallo del 22 de junio de 1999), evento en el que este órgano judicial reconoció el derecho a la pensión sanción, pero no accedió a indexar su mesada pensional. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá (sentencia del 25 de agosto de 1999). En la segunda oportunidad en la que acudió ante la justicia laboral solicitó la reliquidación de su pensión sanción, en aplicación de lo establecido en la sentencia C-891A de 2006, logrando que en primera instancia le fuera concedida la indexación pensional por el Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá (en sentencia del 22 de julio del 2009). Sin embargo, esta decisión fue revocada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá –Sala Laboral– (sentencia del 17 de febrero de 2010), argumentando que en el caso de la accionante existía cosa juzgada en razón a que su situación se había definido la primera vez que acudió ante la justicia laboral, específicamente ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito Judicial de Bogotá en el año 1999.
8.2 En el primer proceso laboral que instauró el actor, la indexación de la pensión sanción fue negada bajo el argumento de que no había suma sobre la cual realizar la actualización solicitada. Sin embargo, la Sala encuentra que en dicha oportunidad en la que el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá analizó la solicitud de actualización de la mesada pensional del actor, el estudio de tal pretensión no fue adecuado, en tanto no se agotó el debate respecto a la procedencia del derecho reclamado. En efecto, del examen de la providencia del 22 de junio de 1999, se encuentra que el funcionario que conoció del asunto simplemente expresó “no procede la indexación, toda vez que no hay suma alguna sobre la cual se pueda aplicar, por lo que se absuelve al respecto.” Este pronunciamiento, que es el único que reposa en dicha providencia respecto a la solicitud de indexación, evidentemente se queda corto al analizar la solicitud del actor, toda vez que no se tuvo en cuenta lo dispuesto por los artículos 48 y 53 constitucionales y el artículo 133 de la ley 100 de 1993 de los que se desprende la obligación de indexar las pensiones. Adicionalmente, debido a que el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en su integridad en segunda instancia el fallo referido, tampoco hubo examen del tema ante este juez colegiado en el recurso de apelación. 8.3 En la segunda oportunidad en la que el actor acudió a los jueces laborales, fundamentó su solicitud de indexación de su mesada pensional en la sentencia C-891A de 2006, en la que se definió que la indexación de la pensión sanción como la del actor, era un derecho que se desprendía del deber constitucional de actualización pensional (artículos 48 y 53 superiores). En este caso, el derecho a la indexación de la pensión del actor fue reconocido en primera instancia ante el Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá, quien determinó que resultaba procedente la reliquidación de la pensión del señor Bautista, porque a la luz de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia C-891A de 2006, existía una clara obligación de actualizar esta prestación con base en el IPC. Adicionalmente, señaló que no existía cosa juzgada respecto del proceso del año 1999, puesto que no eran casos idénticos debido a que en aquella época apenas se reconoció la prestación al actor, y porque en el tema de la indexación no se hizo un análisis adecuado sobre su procedencia. Pese a ello, en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá –Sala Laboral– consideró que sí existía cosa juzgada sobre la solicitud de indexación del accionante, por lo que revocó la decisión del juzgado de primera instancia. 8.4 En estos términos, la Sala estima importante recordar que en criterio de la doctrina constitucional sentada por esta Corte, la declaratoria de cosa juzgada en este tipo de casos desconoce el precedente e incurre en un defecto sustantivo, pues las sentencias SU-120 de 2003, C-862 de 2006 y C-891A de 2006 deben interpretarse como hechos procesales nuevos, relevantes para determinar la existencia o no de cosa juzgada. Igualmente, se ha señalado que la indexación es una prestación de carácter periódico y el derecho a la pensión es imprescriptible. Por lo tanto, independientemente de que las decisiones judiciales previas hayan afectado la percepción de un número determinado de mesadas, la indexación debe efectuarse por la incidencia que tiene en las no prescritas.
Como en efecto ha señalado esta Corporación al analizar casos de indexación pensional, los jueces, para hallar la “causa petendi”, deben analizar el conjunto de hechos y argumentos jurídicos que sustentan las pretensiones elevadas por el demandante, para determinar si se estructura la “triple identidad” de la cosa juzgada respecto de otro proceso ya adelantado. En el caso que se analiza, el señor Bautista Arias adelantó un segundo proceso laboral, que difería del primero, en tanto en el del año 2009 pretendió la reliquidación de su pensión con base en la aplicación directa de los mandatos constitucionales que ordenan la actualización de las pensiones, y con base en un hecho jurídico nuevo plasmado en la sentencia C-891A de 2006, que reiteraba la garantía del derecho a la indexación de la pensión sanción como la del actor.
Así las cosas, en dicha sentencia de constitucionalidad, la Corte, reiterando las reglas esgrimidas en las sentencias SU-120 de 2003 y C-862 de 2006, reconoció que el derecho a la indexación pensional no nace como derecho innominado con estos fallos, sino que tal garantía existía incluso antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, con fundamento en los principios de equidad y favorabilidad laboral. El único cambio real, radica en que la nueva Carta Política señala de forma expresa en sus mandatos constitucionales (artículos 48 y 53) el derecho a la actualización de las pensiones con la finalidad de mantener el poder adquisitivo de estas. En el caso de las pensiones sanción, la sentencia C-891A de 2006 dejó claramente establecida la procedencia de la indexación, destacando el carácter de universalidad del derecho a la actualización pensional, constituyendo además un hecho nuevo que habilita a quienes tuvieron un pronunciamiento previo a dicho fallo a efectuar una nueva solicitud vindicatoria de su derecho. Lo anterior, no implica de manera alguna que este derecho no hubiere existido con anterioridad a la expedición de la decisión de constitucionalidad en comento, sino que dicho derecho no había sido reconocido por un lapso de tiempo debido a una posición jurisdiccional de la justicia ordinaria que resultaba incompatible con los mandatos constitucionales en la materia. En consecuencia, la ausencia de reconocimiento del derecho, no afecta su naturaleza imprescriptible, su carácter periódico, y la posibilidad de que sea revisada la liquidación que se hubiere podido realizar de la pensión bajo el manto de la interpretación disconforme a la Constitución, y por ende, habilita al ciudadano a acudir a la justicia para solicitar el examen de su situación y la viabilidad de ajustar el pronunciamiento constitucional a los mandatos de la Carta. 8.5 Retomando el análisis del sub examine, precisamente en el caso del señor Bautista Arias, la sentencia C-891A de 2006 constituye un hecho nuevo que debía ser tenido en cuenta al momento de valorar su solicitud de indexación de su mesada pensional, tal y como en su momento lo hizo el Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá. Si bien para la Sala resulta ciertamente reprochable que en el primer proceso adelantado ante la justicia laboral en el año 1999 no se tuviera en cuenta el valor normativo vinculante de los principios constitucionales que ordenan la actualización de la mesada pensional (artículos 48 y 53 superiores), lo cierto es que en ese momento la pensión no se había causado, toda vez que el accionante completó la edad requerida para ello en el año 2007 cuando cumplió 50 años de edad. Situación distinta constituye la solicitud de indexación pensional elevada con posterioridad al reconocimiento por parte de la entidad demandada, momento en el cual ya había sido expedida la sentencia C-891A de 2006, precedente constitucional vinculante para el estudio de la pretensión del actor y para la adjudicación de su derecho a la indexación de la mesada de su pensión sanción por parte de los jueces competentes. En estos términos, para la Sala es de resaltar la decisión del Juzgado 24 del Circuito Laboral de Bogotá, que mediante el fallo del 22 de julio de 2009 atendió de forma acertada el precedente constitucional que le vinculaba (sentencia C-891A de 2006) y la normatividad tanto constitucional (artículos 48 y 53) como legal que regulaba el caso del señor Bautista Arias. En este sentido, como concluyó esta autoridad judicial, resultaba procedente el reconocimiento de la indexación de la mesada pensional del accionante.
Como consecuencia lógica de lo expuesto, no resulta admisible para la Sala el fallo del Tribunal Superior de Bogotá –Sala Labora– que en decisión del 17 de febrero de 2010, revocó la anterior decisión y por ende dejó sin efectos el reconocimiento del derecho a la indexación pensional a favor del señor Bautista Arias. Justamente, la decisión del ad quem desconoció abiertamente lo dispuesto por los mandatos constitucionales (artículos 48 y 53) que ordenan la actualización de las mesadas pensionales de los trabajadores, sino específicamente la sentencia la C-891A de 2006, SU-120 de 2003 y C-862 de 2006, que constituyen el criterio autorizado respecto a la interpretación de aquellas disposiciones y su aplicación concreta en materia de pensión sanción. De esta manera, no cabe duda que esta autoridad judicial incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente constitucional vinculante al momento decidir sobre la solicitud elevada por el demandante.
8.6 La Corte quisiera recabar además en que lo expuesto, en manera alguna significa que un cambio jurisprudencia permita reabrir controversias judiciales. El caso de la indexación pensional, constituye un evento especial en el que la Corte ha evidenciado la sistemática vulneración de derechos fundamentales (igualdad y actualización pensional) de los trabajadores, derivada de una omisión legislativa en la materia, que ha llevado a que el amparo constitucional, con base en hechos jurídicos nuevos sentados por las decisiones constitucionales en la materia, permitan modificar situaciones jurídicas que en última instancia no habían sido aclaradas. Lo anterior es relevante, comoquiera que el debate de la indexación pensional a pesar de ser del resorte de los jueces ordinarios laborales, se torna en un verdadero debate de raigambre constitucional, en el que ante el desconocimiento de los mandatos constitucionales que prescriben la actualización del poder adquisitivo de las pensiones, resulta necesario salvaguardar la aplicación directa de las normas fundamentales que regulan este tipo de asuntos y que han sido clarificadas por la intérprete autorizada de la Constitución, esto es esta Corte.
En estos términos, en el caso del señor José Ismael Bautista Arias, la autoridad judicial que negó la indexación de la pensión sanción que le había sido reconocida, esto es el Tribunal Superior de Bogotá –Sala Laboral– (en sentencia del 17 de febrero de 2010), incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente constitucional, con lo que vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, la seguridad social, el mínimo vital y el debido proceso del demandante. Por todo lo expuesto, esta Sala dejará sin efectos la decisión de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá –Sala Laboral– proferida el 17 de febrero de 2010 dentro del proceso ordinario adelantado por el señor José Ismael Bautista Arias contra el Foncep. Lo anterior, en tanto esta decisión judicial constituye una flagrante violación de un derecho que fue legítimamente reconocido a través de una providencia ajustada a derecho, en concreto la sentencia de primera instancia del Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá. Alcance del amparo.
Y finalmente, cuando la Corporación evidencia que la indexación fue reconocida inicialmente en el proceso laboral en alguna de las instancias, pero la decisión fue revocada por el superior jerárquico, ha optado por dejar en firme las sentencias que concedieron la indexación de la primera mesada pensional. Al respecto, la Corte ha señalado que la elección entre las opciones señaladas depende de las circunstancias del caso concreto y debe perseguir dos objetivos. De una parte, pretende preservar al máximo la competencia de los jueces naturales; y de otra, asegurar el goce efectivo de los derechos de los peticionarios. En relación con la prescripción de la mesadas pensionales, en la sentencia T-098 de 2005 la Corte declaró la excepción de prescripción, debido a que esta fue propuesta por la parte demandante en el proceso laboral. Sin embargo, se especificó que con la presentación de la demanda laboral también operó la interrupción judicial de la prescripción contemplada en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º numeral 41 del Decreto 2282 de 1989, aplicable al procedimiento laboral por remisión expresa del artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral. Sobre el pago de retroactivos de las diferencias pensionales, en la sentencia T-901 de 2010, se determinó que:
(iv)	La presentación de la demanda (ordinaria) suspende el término de prescripción. Finalmente, siguiendo lo expresado en la sentencia T-901 de 2010, (v) la presentación de la demanda de tutela no incide de forma alguna en la prescripción. Dado que en el caso del señor José Ismael Bautista Arias la sentencia del Juzgado 24 Laboral del Circuito del 22 de julio del 2009, reconoció el derecho a la indexación de la pensión sanción del accionante, esta Sala de Revisión, con base en los principios de eficacia y celeridad, dejará sin efectos el fallo del Tribunal Superior de Bogotá –Sala Laboral– del 17 de febrero de 2010 que revocó el fallo de primera instancia, en el que se concedió la indexación de la pensión sanción del Señor José Ismael Bautista Arias, y declarará la firmeza de la decisión judicial que concedió el derecho. Adicionalmente, debido a que el reconocimiento del reajuste de la mesada pensional del señor Bautista Arias se reconoció a partir del año 2009, la Sala ordenará a la entidad demandada que realice los ajustes correspondientes a los años 2010, 2011, 2012 y 2013, tiempo en el que se dejó de reconocer la actualización (indexación) pensional. Finalmente, la Sala aclara que en este evento no es aplicable la prescripción de oficio establecida en la sentencia de unificación SU-1073 de 2012, toda vez que el reconocimiento de la pensión sanción del peticionario se realizó con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. En este sentido, debe recordarse que la regla de la sentencia que se cita -correspondiente a la declaratoria de la prescripción oficiosa de mesadas pensionales-, cobija única y exclusivamente los supuestos de pensiones causadas con anterioridad a la Constitución de 1991, esto significa, las correspondientes a aquellas en las que los requisitos se cumplieron con anterioridad a la entrada en vigencia de esta. De manera que, pese a que el accionante esté cobijado por un régimen pensional preconsitucional, lo cierto es que si la consolidación de los requisitos para acceder a la pensión correspondiente se cumplen bajo el manto de la vigencia de la actual Carta Fundamental, en consecuencia la interpretación de la normatividad que ordena el reconocimiento de la prestación, debe regirse conforme los mandatos que esta establece (artículos 48 y 53 fundamentales). En efecto, como establece la misma sentencia SU-1073 del año anterior, la jurisprudencia constitucional ha predicado el carácter universal de la indexación de la primera mesada pensional, razón por la que ha sido protegida de forma consistente, coherente y continua a través de múltiples pronunciamientos por los jueces constitucionales, con fundamento en el derecho de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de la pensión y que se sustenta en los artículos 48 y 53 de la Carta. De manera que, con base en la doctrina constitucional, no existe discusión respecto a la procedencia de la indexación pensional de todas aquellas pensiones consolidadas durante la vigencia de la actual Carta Constitucional.
Así, en el caso concreto que se estudia, pese a que el régimen de reconocimiento de la pensión del accionante es preconstitucional, la consolidación de la pensión sanción se realizó con posterioridad a la entrada en vigencia de la Carta del 1991, razón por la que no es viable aplicar la regla de la sentencia de unificación citada. Cuestión adicional. Debido a que el actor inició un proceso de reparación directa contra la entidad demandada ante la jurisdicción contencioso administrativo, la decisión adoptada en este fallo deberá tenerse en cuenta por parte de la autoridad judicial competente, respecto a los posibles pagos que se realicen al actor. De manera que, si los jueces administrativos así lo encontraren procedente, en el eventual caso en el que se conceda la reparación de daños al actor, deberán observar que al señor José Ismael Bautista Arias ya se le reconoció, junto con el pago de las prestaciones adeudadas por la violación del derecho.
Primero. Revocar, el fallo del quince (15) de mayo de dos mil trece (2013) proferido por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado en segunda instancia, y que confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B” del dieciocho (18) de marzo de dos mil trece (2013), y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, y la indexación de la pensión sanción del señor José Ismael Bautista Arias. Segundo. Dejar sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –Sala Laboral–, el diecisiete (17) de febrero de 2010 y, en su lugar, dejar en firme la decisión adoptada por el Juzgado Veinticuatro (24) Laboral del Circuito de Bogotá proferida el veintidós (22) de julio de dos mil nueve (2009), por medio de la cual se le reconoció al peticionario el derecho a la indexación de la pensión sanción, dentro del proceso ordinario laboral iniciado por José Ismael Bautista Arias contra el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –Foncep–.
Tercero. Ordenar al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –Foncep– que en el término de las 48 hora siguientes a la notificación de la presente decisión, actualice y pague el monto de la mesada pensional indexada y reconocida en la sentencia del Juzgado Veinticuatro (24) Laboral del Circuito de Bogotá proferida el veintidós (22) de julio de dos mil nueve (2009).
Cuarto. Informar de lo decidido por esta Corte al Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá para que, según lo dispuesto en la parte considerativa, lo tenga en cuenta en el proceso administrativo que adelanta el señor José Ismael Bautista Arias contra el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –Foncep–.
Quinto. Dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.