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Timestamp: 2019-06-24 11:47:24
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Matched Legal Cases: ['artículo 135', 'artículo 93', 'artículo 167', 'artículo 93', 'artículo 8', 'artículo 155']

Constitucionalizar Europa - Hay Derecho
1 marzo, 2019 /6 Comentarios/en Blog /por Victor De Domingo Álvarez
El 26 de julio de 1977 el Congreso de los diputados aprobaba una moción redactada por todos los grupos por la cual se creaba una Comisión Constitucional con el encargo de elaborar un proyecto de Constitución que diese paso a la Democracia. Ese mismo día, el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, dirigía una carta al presidente del Consejo de las Comunidades Europeas poniendo en relevancia la identificación de España con los ideales europeos y solicitando su adhesión a la Comunidad Económica Europea.
La elaboración de la Constitución y la adhesión a las Comunidades Europeas forman parte de un mismo proyecto perseguido durante la Transición, compartiendo los mismos fines: la consolidación de España como un Estado democrático de Derecho y la creación de un sistema aperturista basado en la cooperación.
A pesar de ello, en el momento de su elaboración el constituyente decidió no incorporar la Unión Europea de forma expresa en la Constitución. La realidad española y europea es hoy muy diferente a la de 1978, debido a la cada vez mayor cesión de soberanía que implican los diferentes tratados ratificados desde su entrada, así como el fin del denominado consenso permisivo, estando la UE más necesitada de legitimidad que nunca. La reforma de 2011 del artículo 135 sobre la estabilidad presupuestaria incluyó por primera vez una referencia a la Unión Europea en la carta magna. Por ello puede entenderse oportuna la apertura de un debate sobre la posible inclusión de la UE en la Constitución de forma amplia.
La primera de las razones es teleológica: expresar la coincidencia de los valores españoles y europeos y la búsqueda de unos mismos fines con el resto de Estados miembros. Esto justificaría la cesión de soberanía a la UE, suponiendo una mejora de nuestro sistema constitucional en términos de estabilidad, legitimidad y democracia. Además, también supliría lo que considero ciertos vacíos constitucionales y del marco jurídico resolviendo problemas concretos.
Legitimidad de la UE: cláusula de integración
La pertenencia de España a la UE se basa prácticamente en su totalidad al genérico artículo 93 de la Constitución cuya finalidad ha sido a mi juicio sobrepasada, especialmente desde el tratado de Maastricht.
Por ello considero necesaria la inclusión de una cláusula de integración en la que se exprese de forma explícita los límites que puede alcanzar la integración europea y la cesión de competencias en tanto que afectan a la propia soberanía del Estado, tal y como sugería el informe del Consejo de Estado en 2006. Todo aquello sobre lo que no quedase excluida la posibilidad de ceder competencias, quedaría permitido. Esto supondría constitucionalizar la cesión de soberanía a la Unión Europea de forma expresa, con la consecuente legitimidad que aporta estar regulado en la Constitución.
Este límite podría ser general, siguiendo el ejemplo de Alemania, debiendo los tratados y el derecho europeo coincidir con los valores de la Constitución nacional y garantizar los derechos y libertades, o específico, como el caso de Irlanda, donde se excluye la posibilidad de ceder a la UE ciertas materias.
Afectaría tanto al derecho Europeo general como a la ratificación de nuevos tratados. En este último caso, podría incluirse un proceso específico de ratificación, el cual podría ser un proceso análogo al de la reforma de la Constitución, que en nuestro caso sería el del artículo 167.
El hecho de constitucionalizar el proceso de ratificación de tratados y cesión de competencias también afecta en sentido contrario, es decir, refuerza las mayorías necesarias para revertir tal proceso. En este sentido, la presencia de la Unión Europea en la Constitución aportaría a España una mayor estabilidad especialmente necesaria frente a las difíciles coyunturas por las que pueda atravesar nuestro país y a los diferentes intereses políticos del momento, necesario después del ejemplo dado por el Reino Unido y sus consecuencias.
Primacía del derecho de la UE y el TJUE
La pertenencia de España a la UE hace convivir dos ordenamientos jurídicos a priori diferentes con un mismo destinatario. Estos dos ordenamientos coexisten bajo el principio de primacía del Derecho comunitario frente al nacional.
Esta doctrina ha sido creada por sentencias europeas como la de Simmenthal/Commission de 1979. A nivel nacional, el Tribunal Constitucional en su declaración 1/2004 del 13 de diciembre afirma que “la proclamación de la primacía del Derecho de la Unión no contradice la supremacía de la Constitución” entendiendo nuevamente que el artículo 93 faculta para ello.
Esta primacía se traduce en el deber de los jueces de aplicar el derecho europeo antes que el nacional en caso de contradicción, así como la existencia de una instancia superior al Tribunal Supremo a la cual se puede recurrir en aquellas materias reguladas por el derecho comunitario. Sin embargo, la Constitución, al contrario que las de otros países europeos como la de Portugal en el artículo 8.4, no hace referencia alguna a este hecho que transforma por completo su sistema jurídico.
Siguiendo el ejemplo de países comunitarios de nuestro entorno, sería conveniente reconocer explícitamente la primacía del derecho comunitario y su entrada directa en vigor, así como la competencia del TJUE como una instancia más de nuestro ordenamiento.
El papel de los parlamentos y las autonomías.
La integración europea, en cuanto proceso de cesión de soberanía y competencias, afecta a toda la estructura del Estado, pero lo hace de forma desigual. Mientras que las competencias cedidas son principalmente legislativas y estas corresponden principalmente al Parlamento nacional y los de las diferentes autonomías, la influencia en el proceso legislativo a nivel europeo recae principalmente en los ejecutivos nacionales a través de la Comisión y el Consejo.
Esto afecta tanto a la separación de poderes como, en el caso de los estados descentralizados, a su organización territorial, por lo que entiendo necesario que la participación de los parlamentos nacionales y autonómicos esté regulada en la Constitución. Esta regulación puede partir de constitucionalizar leyes como la Ley 8/1994 que regula la Comisión mixta para la Unión Europea, siendo necesario a mi juicio profundizar más en el papel del Congreso y del Senado, pudiendo estas, por regulación constitucional, fijar de forma previa la postura que deba defender el presidente en el Consejo Europeo, pudiendo determinar el sentido de una votación que afecte a leyes nacionales.
Respecto a estas últimas, como apuntaba el informe del Consejo de Estado de 2008, dado que la responsabilidad de cumplir con la aplicación de las directivas europeas es de los Estados, pero la competencia en el caso de los Estados descentralizados corresponde a las regiones, es necesario un mecanismo constitucional para que el Estado pueda intervenir en caso de incumplimiento. El artículo 155 claramente no tiene por objeto esta situación, y tal y como dicho informe sugería, sería conveniente introducir un mecanismo por el cual el Estado pudiera legislar de manera supletoria para introducir el derecho europeo en caso de inacción.
¿Cómo incluir la UE en la Constitución?
Respecto a la forma de introducir los cambios Constitucionales, el informe del Consejo de Estado de 2006 realiza una serie de propuestas apostando por una de ellas con la cual estoy plenamente de acuerdo.
Esta consistiría en incluir en el Preámbulo de la Constitución una mención general a la participación de España en el proceso de integración europea y a los valores que esta representa.
A su vez debería incluirse un nuevo Título VIII bis bajo la rúbrica “De la Unión Europea” en la cual se desarrollarían los temas tratados, introduciendo la cuestión de la primacía del derecho comunitario, la cláusula de integración, la forma de ratificar y adoptar nuevos tratados, la participación del Parlamento en la toma de decisiones y aquellas que se considerasen oportunas, con independencia de que fuesen necesarios cambios en los correspondientes títulos para adaptarlos.
Etiquetas: Constitución, Unión Europea
https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2017/07/650_1200.jpg 434 650 Victor De Domingo älvarez https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2018/09/hay-derecho-expansion.jpg Victor De Domingo älvarez2019-03-01 00:15:332019-02-27 17:30:35Constitucionalizar Europa
1 marzo, 2019 en 11:12
“Los graves problemas actuales de nuestro régimen autonómico, creo que se deben al desconocimiento y por lo tanto, a nuestra falta de preparación ante el enorme reto que nos planteaba el proceso de unificación europea…
Incomprensiblemente, la incorporación a la CEE, en 1985 y la firma del Acta Única Europea, en 1986, no generó una respuesta interna adecuada.
No hubo una segunda transición que cambiara la educación y la cultura política , reconvirtiera los programas de los partidos políticos, ajustara el marco legal y mejorara la competitividad de nuestro sector productivo, única manera que fuera viable nuestro ingreso en la U. E.
El proceso de unificación obedecía no sólo a razones económicas sino también a políticas y sociales y entre ellas la de evitar la repetición de las grandes tragedias del siglo XX.
Las nuevas tecnologías avanzadas precisan de grandes producciones, los costes han aumentado vertiginosamente, lo que exige que los productos deban ser colocados rápidamente en un gran mercado para cubrir los gastos y reunir los fondos necesarios para las inversiones de la siguiente ronda de renovación y este proceso, en la Europa Comunitaria, quedaba dificultado por las trabas y las políticas nacionalistas de los Gobiernos.
La revolución afectaría, de manera directa y estructural, a los Estados, cuyas atribuciones soberanas quedarán enormemente reducidas pasando a manos comunitarias
Y este tema no tiene una trascendencia puramente material, sino también social, cultural y política. Tal como recogía el informe Poniatowski “de vez en cuando se hace un elogio de los valores culturales europeos y éstos son presentados como una especie de consuelo ante un eventual hundimiento tecnológico de nuestro continente. Esta fórmula es rotundamente inaceptable, la calidad de vida y la relativa armonía social que existen en Europa, dependen, sobre todo, de su capacidad de ofrecer condiciones de vida razonables a la mayoría de sus habitantes; y no será posible mantener este nivel si Europa no vuelve a hallar la competitividad .De lo contrario, la mayor parte de la Europa Occidental está condenada a la decadencia, a la pobreza y al desempleo estructural”……
Mientras los grandes países europeos pasaban a convertirse en una especie de provincias de un nuevo Estado, para asegurar el futuro de sus pueblos, nuestro país continuó un proceso contradictorio con las obligaciones que había asumido como socio de un proceso de integración política y económica generando, en paralelo a la creación de nuevos órganos y funciones supranacionales con sus costes correspondientes ,una estructura territorial inadecuada e inviable económicamente y desarrollando una fragmentación legal contraria a los fundamentos económicos y al régimen constitucional comunitario.”
“Si una empresa decide traspasar una parte importante de sus funciones a otra, procurará reducir y en la misma proporción, los gastos de la escindida con el objeto de mantener el equilibrio económico y garantizar la viabilidad del proceso.
No hace falta ser un gran experto para entender que los incrementos de costos de la Administración después de la unificación y la proliferación normativa no casaban con los acuerdos que se habían suscrito en esta materia.
El sistema autonómico (que si se reconvierte nos parece tan fundamental como el resto de administraciones), tal como evolucionó, sin orden ni control, se ha acabado convirtiendo en un sistema obsoleto, ineficiente, ruinoso para los ciudadanos y fuente de escándalos continuados al aflorar, sin descanso, todo tipo de casos de despilfarro de recursos, de corrupción y de incompetencia en buena parte de nuestra geografía .
A ello ha contribuido el comportamiento de buena parte de los medios que han estado ocultando sus defectos y la deriva contradictoria con el gran compromiso histórico que asumió España.
¿Es normal que Francia e Italia cuando se han visto abocadas a equilibrar sus cuentas públicas, han dirigido su mirada a la reducción del coste de unos sistemas autonómicos de reducida dimensión y España, que estaba al borde de la quiebra, no se planteara una profunda reconversión?
Si centramos el debate en lo que interesa a los ciudadanos y no a sus dirigentes y los beneficiarios del sistema, la pregunta que debería hacerse en una consulta nacional podría ser la siguiente:
¿Está usted de acuerdo en ajustar el modelo autonómico a las funciones que desempeñarán nuestras autonomías cuando concluya el proceso de unificación de la Unión Europea”
( 13-10-2014 – Texto publicado con el nombre Nuestro Régimen Autonómico, un camino errado , entre otros en Hay Derecho, en base a un artículo de 1-11-1988 “ La revolución de la vida política en España “ . Tendréis que reconocer que hemos tenido tiempo, disgustos y sobrecostes suficientes para reaccionar)
1 marzo, 2019 en 19:54
Desde luego es posible incluir en la C.E. una mención genérica a los tratados y acuerdos internacionales (la UE es un tratado) que fueran de interés para España. El hacer mención a uno solo de ellos, condiciona al constituyente (como ocurre con la ideología del artº 1º 1. (“social y democrático de Derecho….”). No obstante, la UE parece empezar a hacer aguas con unas instituciones que no parecen responder a los que se supone son empezando por el Parlamento (poder legislativo) del que precisamente no emana ordenamiento jurídico, siguiendo por la Comisión (poder ejecutivo) que establece e impone sus directivas y terminando con el Consejo que es el que determina en última instancia lo que se hace o no se hace en la UE. Para empezar la UE debía partir de una constitución propia (ya se intentó pero fracasó) que estableciera las reglas comunitarias para todos sus miembros. Para seguir, el Parlamento debería ser el lugar de representación política de los ciudadanos europeos y, en consecuencia, establecer las leyes que la Comisión obligaría a aplicar a los respectivos países, evitando de esta forma el cúmulo normativo que padecemos. Sobrarían o tendrían un papel muy diferente los parlamentos nacionales y, desde luego, sobrarían (ya lo están haciendo) los regionales o autonómicos. En resumen, menos cargos que repartir entre la clase política, una seguridad jurídica más sólida con un solo ordenamiento, una gestión de servicios públicos mejor administrada y un bloque político real con políticas públicas comunes. Pero no parece que vayan a ir por ahí las cosas y seguiremos jugando a ser y no ser europeos. Un saludo.
3 marzo, 2019 en 17:36
Buenas reflexiones, la verdad… El informe del Consejo de Estado de 16 de febrero de 2006 y planteó algunos medios para introducir la UE en nuestra constitución. Visto en perspectiva, después del fracaso de la “Constitución Europea” y del Brexit, quizás no es mala idea dejar a nuestra carta magna sin referencias dicha organización internacional, cuyo futuro, por mucho que me duela, parece incierto; no tanto en lo referente a su existencia, como a su evolución y propósitos.
3 marzo, 2019 en 21:08
Comparto las reflexiones y comentarios.
A mi modo de ver España se vio obligada por muchas razones internas y externas, a entrar en la UE. Como dirían nuestros vecinos portugueses “nao tivemos escolha”.
Hasta hace poco fuimos, tras Luxemburgo, el país más entusiastamente europeísta lo cual debiera darnos que pensar acerca de nuestra capacidad de discernimiento y de pensamiento crítico. Cuando digo “nuestra capacidad” me refiero a nuestras élites.
Creo que este idílico panorama, un tanto papanata, está cambiando y ya se alzan voces más reflexivas que alertan acerca de los costes que nos ha supuesto en Industria, Renta per Cápita y “no Convergencia” –respecto a los miembros originales–. Estamos –la propia UE y nosotros– situación absolutamente colonial y de dependencia, etc. Algo totalmente impropio en una nación que tiene una larga y enorme historia que otros recuerdan mucho mejor que nosotros.
Sobre el Brexit pienso que es muy presuntuoso pensar que nuestro “liderazgo” tiene más luces que el británico. Por otra parte es sabido desde 2017 que el Ejercito Alemán tiene su plan estratégico por si el partido se da la vuelta y en dicho plan hay escenarios en los cuales la UE ha dejado de existir en 2040. Esto es lo mínimo que un Think Tank europeo debiera de estar estudiando.
Tampoco podemos olvidar que en 2005 Holanda y Francia dijeron que No a la Propuesta de Constitución Europea.
El tratado de Lisboa, sin debate público se forzó a través de los habituales gobiernos sometidos.
Por si fuera poco resulta que, al igual que sucede al otro lado del charco, las clases medias se están empobreciendo con rapidez tal que ya lo dice hasta el BCE y el B. de España.
Estamos hiper regulados, hiper vigilados y sin soberanía worth the name. Nuestros gobernantes electos, cada vez más, son como Gerentes de Sucursal en vez de Líderes Estratégicos.
Desde luego, un servidor, que es muy europeo y hasta europeísta, no va a apoyar integración alguna en estas condiciones.
Así, no y mucho menos tras saber, gracias a El Mundo de hoy, que la subsidiaria en España de una compañía alemana con accionariado público y contratista de la Generalitat, fue cómplice de esta en la preparación del Golpe de Estado.
Seamos un poco más prudentes
4 marzo, 2019 en 10:22
¿Cómo incluir la UE en la Constitución? Para empezar, en el plano formal muy sencillamente: adoptar como única oficial la bandera de la UE y el himno de la UE; y como lengua oficial del Estado el que se decida en la UE (entre las lenguas de trabajo de la UE). Luego, legalmente competir en las competiciones internacionales solamente bajo el nombre de la UE.
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