Source: http://absta.info/economa-positiva-y-normativa.html?page=8
Timestamp: 2018-04-23 19:18:08
Document Index: 201536080

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 10', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'artículo 41', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'artículo 43', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'artículo 47', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'artículo 58', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'artículo 13', 'Artículo 65']

Destinación suspensiva de tránsito de importación - Economía positiva y normativa
Aquella por la cual la mercadería (que carece de libre circulación en el territorio aduanero) puede ser transportada desde una aduana hasta otra, a los efectos de ser destinada a una nueva destinación aduanera.
De tránsito directo: el realizado desde una aduana de entrada hasta una aduana de salida, a fin de ser exportada.
De tránsito hacia el interior: realizado desde una aduana de entrada hasta otra aduana (llamada interior) para ser destinada a una importación temporal o definitiva.
La solicitud debe ser escrita y describir la mercadería, posición arancelaria, estado, peso, precio, cantidad, origen, etc.
Debe otorgarse a favor de la ANA una garantía por el monto de los eventuales gravámenes, en el caso de tránsito terrestre.
En caso de accidente o deterioro del medio transportador, la ANA autorizará su trasbordo a otro medio transportador.
En caso de faltante de mercadería a la descarga del medio transportador, se entenderá (a los efectos tributarios) que la misma ha sido importada para consumo.
Plazo máximo para efectuar el transporte: un mes prorrogable por 15 días más.
Sistema informático MARÍA - incorporación de la unidad técnica de valoración y verificación (UTVV).
La resolución 1166/92 de la ANA considera conveniente fijar un sistema transitorio de verificación física y control documental selectivo de carácter general, basado en claves de azar y/o inteligentes. Dicho control será realizado por un único agente aduanero, que asumirá la total responsabilidad de la aprobación o no del despacho de importación, para lo que contará con la supervisión y apoyo de sus superiores.
La aduana pretende con este sistema agilizar el trámite de despacho a plaza de las mercaderías, así como su control fuera de la zona primaria. Cuando la mercadería sale de la zona primaria despachada conforme (es decir, sin impedimentos) no puede ni debe ser contra - verificada.
Se pretende, de acuerdo a la recomendación del Consejo de Cooperación Aduanera, en su manual sobre los controles de la valoración en aduana, realizar un posterior control sobre los bienes declarados por el importador en la declaración comprometida, lo que, si son aprobados antes de la salida de la mercadería de la zona primaria, luego no pueden ser observados, a menos que se trate de mercaderías sobre las cuales ya pesa un proceso de investigación.
Este control se lleva a cabo por la UTVV, que realiza un control somero del valor declarado en el despacho, para verificar si es compatible con el valor de mercaderías similares.
De esta manera, el control UTVV, tiene como fines:
Verificar la especie, calidad y cantidad de las mercaderías, con el objeto de determinar su clasificación arancelaria y su valor, ajustándose a la documentación presentada a fin de evitar declaraciones inexactas.
Ejecutar esa fiscalización para un mínimo de operaciones seleccionadas (en base a una clave diaria), a fin de comprobar las correctas declaraciones.
El lugar de la verificación debe permitir la correcta fiscalización de las mercaderías, a los efectos de asegurar a la ANA la fidelidad de las declaraciones efectuadas, así como que de tal verificación no surgiere un perjuicio fiscal.
Comprobados fehacientemente los datos del despacho declarado, con la calidad, cantidad y valor de las mercaderías, la UTVV dispondrá el libramiento a plaza de las mismas.
Verificación selectiva.
Este sistema permite determinar diariamente la verificación y contralor por canales de selección:
Verde: sin verificación de mercaderías; entrega directa al importador dejando en el despacho de importación constancia del lugar en que se encontrará depositada la misma, a efectos de que la aduana pudiere ordenar una contra - verificación.
Naranja: únicamente control documental y entrega al importador.
Rojo: control documental y verificación físico - ocular, dejando constancia en el despacho de importación de cualquier divergencia que se suscitare de acuerdo a la declaración comprometida, que fuere observada por la UTVV interviniente. Si esto sucediere, la UTVV abrirá las actuaciones sumariales.
Control de valoración.
La UTVV debe dejar sentado en el cuerpo del despacho de importación, si el valor personalmente controlado y verificado, a su juicio y única responsabilidad, se considera observado o conforme. Para el primero de los casos, esto será motivo de un procedimiento sumarial.
Para los defensores de la teoría de la dependencia, el origen del subdesarrollo se encuentra en el tipo de relaciones comerciales que se establecen entre los países desarrollados y los subdesarrollados.
Desde esta perspectiva, la explicación del subdesarrollo se fundamenta en el intercambio comercial entre los países desarrollados (centro) y los países en vías de desarrollo (periferia). Los primeros son exportadores de bienes industriales y los segundos de materias primas y productos agrícolas. El mecanismo que acrecienta la pobreza de la `periferia actúa basándose principalmente en dos elementos:
El grado de competencia en el sector exportador de unos países y otros. En el sector exportador de los países desarrollados prevalecen poderes monopolísticos que trasladan los incrementos de productividad a los precios (mayores salarios conseguidos por los sindicatos); en cambio, en el sector exportador de los países subdesarrollados tales incrementos de la productividad repercuten en una disminución de los precios, pues existe una mayor competencia. Al realizarse el intercambio, estos últimos países han de pagar precios más altos en sus compras, recibiendo precios más bajos por sus ventas. Esto tiene como consecuencia una pérdida por parte de la periferia de la capacidad de importación de los países del centro.
Los aumentos de la cantidad demandada, conforme se incrementa el ingreso, son mayores para los productos industriales que para los bienes primarios. Por consiguiente, ante los incrementos de los ingresos, la periferia aumentará sus compras a los países industrializados en una medida relativamente mayor que el aumento de sus ventas a los mismos. Esto significa que un proceso de crecimiento del ingreso mundial (en el centro y en la periferia) desencadena dos fuerzas que actúan en la misma dirección y cuyo resultado es un empeoramiento de la balanza de pagos de los países subdesarrollados.
La teoría de la dependencia establece que el subdesarrollo de ciertos países se debe al tipo de relaciones comerciales (dependientes y desequilibradas) que se establecen entre unos países y otros.
Si a los dos elementos anteriores se le une la sustitución cada vez más generalizada en los patrones de consumo de los bienes primarios por productos más elaborados, y la reducción de la importación de estos últimos en los procesos productivos avanzados de los países ya desarrollados, se refuerza la hegemonía de estos países en las relaciones comerciales con el mundo menos desarrollado.
Ordenamiento y notas a cargo del
INSTITUTO ARGENTINO DE DERECHO DEL CONSUMIDOR
( 24.240 )
TEXTO ORDENADO*
CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEYES 24.568, 24.787 Y 24.999
Ley 24.240; sancionada el 22.9.93; promulgada parcialmente el 13.10.93; publicada en el B.O. el 15.10.93
Ley 24.568; sancionada el 27.9.95; promulgada de hecho el 26.10.95; publicada en el B.O. el 31.10.95
Ley 24.787; sancionada el 5.3.97; promulgada parcialmente el 26.3.97; publicada en el B.O. el 2.4.97
Ley 24.999; sancionada el 1.7.98; promulgada de hecho el 24.7.98; publicada en el B.O. el 30.7.98
Artículo 1: OBJETO: La presente ley tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios. Se consideran consumidores o usuarios, las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social:
(a) la adquisición o locación de cosas muebles;
(b) la prestación de servicios;
(c) la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda. Incluso los lotes de terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la oferta sea pública y dirigida a persona indeterminada.-
Artículo 2: PROVEEDORES DE COSAS O SERVICIOS: Quedan obligados al cumplimiento de esta ley todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional, aún ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios. Se excluyen del ámbito de esta ley los contratos realizados entre consumidores cuyo objeto sean cosas usadas.
Artículo 3: INTERPRETACIÓN: Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas, en particular las de defensa de la competencia y de lealtad comercial. En caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor.
Artículo 4: INFORMACIÓN: Quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos.
Artículo 5: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR: Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios.
Artículo 6: COSAS Y SERVICIOS RIESGOSOS: Las cosas y servicios, incluidos los servicios públicos domiciliarios, cuya utilización pueda suponer un riesgo para la salud o la integridad física de los consumidores o usuarios, deben comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos.
En tales casos debe entregarse un manual en idioma nacional sobre el uso, la instalación y mantenimiento de la cosa o servicio de que se trate y brindarle adecuado asesoramiento. Igual obligación regirá en todos los casos en que se trate de artículos importados, siendo los sujetos enunciados en el artículo 4º responsables del contenido de la traducción.
Condiciones de la oferta y venta.
Artículo 7: OFERTA: La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones.
Artículo 9: COSAS DEFICIENTES USADAS O RECONSTITUIDAS: Cuando se ofrezca en forma pública a consumidores potenciales indeterminados cosas que presenten alguna deficiencia, que sean usadas o reconstituidas debe indicarse la circunstancia en forma precisa y notoria.
Artículo 10: CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE VENTA: En el documento que se extienda por la venta de cosas muebles, sin perjuicio de la información exigida por otras leyes o normas, deberá constar:
(a) la descripción y especificación de la cosa;
(d) la mención de las características de la garantía conforme a lo establecido en esta ley;
La redacción debe ser hecha en idioma nacional, ser completa, clara y fácilmente legible, sin reenvíos a textos o documentos que no se entreguen previa o simultáneamente. Un ejemplar debe ser entregado al consumidor. Cuando se incluyan cláusulas adicionales a las aquí indicadas o exigibles en virtud de lo previsto en esta ley, aquéllas deberán ser escritas en letra destacada y suscriptas por ambas partes.
De la prestación de los servicios.
Artículo 19: MODALIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.
Artículo 20: MATERIALES A UTILIZAR EN LA REPARACIÓN: En los contratos de prestación de servicios cuyo objeto sea la reparación, mantenimiento, acondicionamiento, limpieza o cualquier otro similar, se entiende implícita la obligación a cargo del prestador del servicio de emplear materiales o productos nuevos o adecuados a la cosa de que se trate, salvo pacto escrito en contrario.
Artículo 21: PRESUPUESTO: En los supuestos contemplados en el artículo anterior, el prestador del servicio debe extender un presupuesto que contenga como mínimo los siguientes datos:
(a) nombre, domicilio y otros datos de identificación del prestador del servicio;
(b) la descripción del trabajo a realizar;
(c) una descripción detallada de los materiales a emplear;
(d) los precios de éstos y la mano de obra;
(e) el tiempo en que se realizará el trabajo;
(f) si otorga o no garantía y en su caso, el alcance y duración de ésta;
(g) el plazo para la aceptación del presupuesto;
(h) los números de inscripción en la Dirección General Impositiva y en el sistema previsional.
Artículo 22: SUPUESTOS NO INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO: Todo servicio, tarea o empleo material o costo adicional, que se evidencie como necesario durante la prestación del servicio y que por su naturaleza o características no pudo ser incluido en el presupuesto original, deberá ser comunicado al consumidor antes de su realización o utilización. Queda exceptuado de esta obligación el prestador del servicio que, por la naturaleza del mismo, no pueda interrumpirlo sin afectar su calidad o sin daño para las cosas del consumidor.
Artículo 23: DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Salvo previsión expresa y por escrito en contrario, si dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que concluyó el servicio se evidenciaren deficiencias o defectos en el trabajo realizado, el prestador del servicio estará obligado a corregir todas las deficiencias o defectos o a reformar o a reemplazar los materiales y productos utilizados sin costo adicional de ningún tipo para el consumidor.
Artículo 24: GARANTÍA: La garantía sobre un contrato de prestación de servicios deberá documentarse por escrito haciendo constar:
(a) la correcta individualización del trabajo realizado;
(b) el tiempo de vigencia de la garantía, la fecha de iniciación de dicho período y las condiciones de validez de la misma;
(c) la correcta individualización de la persona, empresa o entidad que la hará efectiva.
Artículo 25: CONSTANCIA ESCRITA. INFORMACIÓN AL USUARIO: Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio deben entregar al usuario constancia escrita de las condiciones de la prestación de los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes. Sin perjuicios de ello, deben mantener tal información a disposición de los usuarios en todas las oficinas de atención al público.
Las empresas prestatarias de servicios públicos domiciliarios deberán colocar en toda facturación que se extienda al usuario y en las oficinas de atención al público carteles con la leyenda "Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas. Ley 24.240". [Párrafo agregado por la ley 24.787]
Artículo 26: RECIPROCIDAD EN EL TRATO: La empresas indicadas en el artículo anterior deben otorgar a los usuarios reciprocidad de trato, aplicando para los reintegros o devoluciones los mismo criterios que establezcan para los cargos por mora.
Artículo 27: REGISTRO DE RECLAMOS: Las empresas prestadoras deben habilitar un registro de reclamos, en donde quedarán asentadas las presentaciones de los usuarios. Dichos reclamos deben ser satisfechos en plazos perentorios conforme la reglamentación de la presente ley.
Artículo 28: SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES. INFORMACIÓN: Los usuarios de servicios públicos que se prestan a domicilio y requieren instalaciones específicas, deben ser convenientemente informados sobre las condiciones de seguridad de las instalaciones y de los artefactos.
Artículo 29: INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE MEDICIÓN: La autoridad competente queda facultada para intervenir en la verificación del buen funcionamiento de los instrumentos de medición de energía, combustibles, comunicaciones, agua potable o cualquier otro similar, cuando existan dudas sobre las lecturas efectuadas por las empresas prestadoras de los respectivos servicios.
Artículo 30: INTERRUPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones, se presume que es por causa imputable a la empresa prestadora. Efectuado el reclamo por el usuario, la empresa dispone de un plazo máximo de treinta (30) días para demostrar que la interrupción o alteración no le es imputable. En caso contrario, la empresa deberá reintegrar el importe total del servicio no prestado dentro del plazo establecido precedentemente. Esta disposición no es aplicable cuando el valor del servicio no prestado sea deducido de la factura correspondiente. El usuario puede interponer el reclamo desde la interrupción o alteración del servicio y hasta los quince (15) días posteriores al vencimiento de la factura.
Artículo 30 BIS: [Artículo incorporado por la Ley 24.787] Las constancias que las empresas prestatarias de servicios públicos, entreguen a sus usuarios para el cobro de los servicios prestados, deberán expresar si existen períodos u otras deudas pendientes, en su caso fechas, concepto e intereses si correspondiera, todo ello escrito en forma clara y con caracteres destacados. En caso que no existan deudas pendientes se expresará: "no existen deudas pendientes".
... [Párrafos cuarto y quinto vetados por el Decreto 270/97]
Artículo 31: [Texto según Ley 24.568] Cuando una empresa de servicio publico domiciliario, con variaciones regulares estaciónales, facture en un período consumos que exceden en un setenta y cinco por ciento (75%) el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los dos años anteriores se presume que existe error en la facturación. Para el caso de servicios de consumos no estacionales se tomará en cuenta el consumo promedio de los últimos doce (12) meses anteriores a la facturación. En ambos casos, el usuario abonará únicamente el valor de dicho consumo promedio.
La tasa de interés y punitorios por mora en facturas de servicios públicos pagadas fuera de término, no podrá exceder en más de un cincuenta por ciento (50%) la tasa activa para descuento de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina del último día del mes anterior a la efectivización del pago.
Artículo 32: VENTA DOMICILIARIA: Es aquella propuesta de venta de una cosa o prestación de un servicio efectuada al consumidor en el lugar donde reside, en forma permanente o transitoria o en su lugar de trabajo. En ella el contrato debe ser celebrado por escrito y con las precisiones del artículo 10.
Artículo 33: VENTA POR CORRESPONDENCIA Y OTRAS: Es aquella en que la propuesta se efectúa por medio postal, telecomunicaciones, electrónico o similar y la respuesta a la misma se realiza por iguales medios.
Artículo 34: REVOCACIÓN DE ACEPTACIÓN: En los casos de los arts. 32 y 33, el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de cinco (5) días corridos, contados a partir de la fecha en que se entregue la cosa o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esa facultad no puede ser dispensada ni renunciada.
Artículo 35: PROHIBICIÓN: Queda prohibida la realización de propuestas al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice.
Artículo 36: REQUISITOS: En las operaciones de crédito para la adquisición de cosas o servicios deberá consignarse, bajo pena de nulidad: el precio de contado, el saldo de deuda, el total de los intereses a pagar, la tasa de interés efectiva anual, la forma de amortización de los intereses, otros gastos si los hubiere, cantidad de pagos a realizar y su periodicidad, gastos extras o adicionales si los hubiera y monto total financiado a pagar.
Artículo 38: CONTRATO DE ADHESIÓN. CONTRATOS EN FORMULARIOS: La autoridad de aplicación vigilará que los contratos de adhesión o similares, no contengan cláusulas de las previstas en el artículo anterior. La misma atribución se ejercerá respecto de las cláusulas uniformes, generales o estandarizadas de los contratos hechos en formularios, reproducidos en serie y en general, cuando dichas cláusulas hayan sido redactadas unilateralmente por el proveedor de la cosa o servicio, sin que la contraparte tuviere posibilidades de discutir su contenido.
Artículo 39: MODIFICACIÓN CONTRATOS TIPO: Cuando los contratos a los que se refiere el artículo anterior requieran la aprobación de otra autoridad nacional o provincial, ésta tomará las medidas necesarias para la modificación del contrato tipo a pedido de la autoridad de aplicación.
AUTORIDAD DE APLICACIÓN. PROCEDIMIENTO Y SANCIONES.
Artículo 41: APLICACIÓN NACIONAL Y LOCAL: La Secretaría de Industria y Comercio será la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. Los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su jurisdicción. Las provincias, en ejercicio de sus atribuciones, podrán delegar sus funciones en organismos de su dependencia o en los gobiernos municipales.
Artículo 42: FUNCIONES CONCURRENTES: La autoridad nacional de aplicación, sin perjuicio de las funciones que se encomiendan a las autoridades locales de aplicación en el artículo 41 de la presente ley, podrá actuar concurrentemente en la vigilancia, contralor y juzgamiento de la misma, aunque las presuntas infracciones ocurran exclusivamente en el ámbito de las provincias o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 43: FACULTADES Y ATRIBUCIONES: La Secretaría de Industria y Comercio, sin perjuicio de las funciones específicas, en su carácter de autoridad de aplicación de la presente ley tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
(a) proponer el dictado de la reglamentación de esta ley y elaborar políticas tendientes a la defensa del consumidor e intervenir en su instrumentación mediante el dictado de las resoluciones pertinentes;
(b) mantener un registro nacional de asociaciones de consumidores;
(c) recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los consumidores;
(d) disponer la realización de inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de esta ley;
(e) solicitar informes y opiniones a entidades públicas y privadas en relación con la materia de esta ley;
(f) disponer de oficio o a requerimiento de parte la celebración de audiencias con la participación de denunciantes damnificados, presuntos infractores, testigos y peritos.
La Secretaría de Industria y Comercio podrá delegar, de acuerdo con la reglamentación que se dicte, en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o gobiernos provinciales las facultades mencionadas en los incs. c, d y f de este artículo.
Artículo 44: AUXILIO DE LA FUERZA PUBLICA: Para el ejercicio de las atribuciones a que se refieren los incs. d y f del artículo 43 de la presente ley, la autoridad de aplicación podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 45: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS: La autoridad nacional de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la presente ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, de oficio o por denuncia de quien invocare un interés particular o actuare en defensa del interés general de los consumidores.
Las pruebas se admitirán solamente en casos de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes. Contra la resolución que deniegue medidas de prueba sólo se concederá el recurso de reconsideración. La prueba deberá producirse entre el término de diez (10) días hábiles, prorrogables cuando haya causas justificadas, teniéndose por desistidas aquéllas no producidas dentro de dicho plazo por causa imputable al infractor.
En el acta prevista en el presente artículo, así como en cualquier momento durante la tramitación del sumario, la autoridad de aplicación podrá ordenar como medida preventiva el cese de la conducta que se reputa en violación de esta ley y su reglamentación.
Artículo 46: INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS CONCILIATORIOS: El incumplimiento de los acuerdos conciliatorios se considerará violación a esta ley. En tal caso, el infractor será pasible de las sanciones establecidas en la presente, sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes hubieran acordado.
Artículo 47: SANCIONES: Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso:
(a) apercibimiento;
(b) multa de quinientos pesos ($500) a quinientos mil pesos ($500.000), hasta alcanzar el triple de la ganancia o beneficio ilegal obtenido por la infracción;
(c) decomiso de las mercadería y productos objeto de la infracción;
(d) clausura de establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta treinta (30) días;
(e) suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado;
(f) la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.
Artículo 48: DENUNCIAS MALICIOSAS: Quienes presentaren denuncias maliciosas o sin justa causa ante la autoridad de aplicación, serán sancionados según lo previsto en los incs. a y b del artículo anterior, sin perjuicio de las que pudieren corresponder por aplicación de las normas civiles y penales.
Artículo 49: APLICACIÓN Y GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES: En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de lo perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Artículo 50: PRESCRIPCIÓN: Las acciones y sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de tres (3) años. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales.
Artículo 51: COMISIÓN DE UN DELITO: Si del sumario surgiese la eventual comisión de un delito, se remitirán las actuaciones al juez competente.
Artículo 52: ACCIONES JUDICIALES: Sin perjuicio de lo expuesto, el consumidor y usuario podrán inicias acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados.
La acción corresponderá al consumidor o usuario, a las asociaciones de consumidores constituidas como personas jurídicas, a la autoridad de aplicación nacional o local y al ministerio público. El ministerio público cuando no intervenga en el proceso como parte, actuará obligatoriamente como fiscal de ley. ... [Ultima parte del párrafo vetada por el Decreto 2089/93]
Artículo 53: NORMAS DEL PROCESO: Se aplicarán las normas de proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente.
... [Último párrafo vetado por el Decreto 2089/93]
Artículo 54: [Artículo vetado por el Decreto 2089/93]
Artículo 55: LEGITIMACIÓN: Las asociaciones de consumidores constituidas como personas jurídicas están legitimadas para accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores, sin perjuicio de la intervención del usuario o consumidor prevista en el segundo párrafo del artículo 58.
Artículo 56: AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR: Las organizaciones que tengan por finalidad la defensa, información y educación del consumidor, deberán requerir autorización a la autoridad de aplicación para funcionar como tales. Se entenderá que cumplen con dicho objetivo, cuando sus fines sean los siguientes:
(a) velar por el fiel cumplimiento de las leyes, decretos y resoluciones de carácter nacional, provincial o municipal, que hayan sido dictadas para proteger al consumidor;
(b) proponer a los organismos competentes el dictado de normas jurídicas o medidas de carácter administrativo o legal, destinadas a proteger o a educar a los consumidores;
(c) colaborar con los organismos oficiales o privados, técnicos o consultivos para el perfeccionamiento de la legislación del consumidor o materia inherente a ellos;
(d) recibir reclamaciones de consumidores y promover soluciones amigables entre ellos y los responsables del reclamo;
(e) defender y representar los intereses de los consumidores ante la justicia, autoridad de aplicación y/u otros organismos oficiales o privados;
(f) asesorar a los consumidores sobre el consumo de bienes y/o uso de servicios, precios, condiciones de compra, calidad y otras materias de interés;
(g) organizar, realizar y divulgar estudios de mercado, de control de calidad, estadísticas de precios y suministrar toda otra información de interés para los consumidores...; [Última parte del inciso vetada por el Decreto 2089/93]
(h) promover la educación del consumidor;
(y) realizar cualquier otra actividad tendiente a la defensa o protección de los intereses del consumidor.
Artículo 57: REQUISITOS PARA OBTENER EL RECONOCIMIENTO: Para ser reconocidas como organizaciones de consumidores, las asociaciones civiles deberán acreditar, además de los requisitos generales, las siguientes condiciones especiales:
(a) no podrán participar en actividades políticas partidarias;
(b) deberán ser independientes de toda forma de actividad profesional, comercial y productiva;
(c) no podrán recibir donaciones, aportes o contribuciones de empresas comerciales, industriales o proveedoras de servicios, privadas o estatales, nacionales o extranjeras;
(d) sus publicaciones no podrán contener avisos publicitarios.
Artículo 58: PROMOCIÓN DE RECLAMOS: Las asociaciones de consumidores podrán sustanciar los reclamos de los consumidores de bienes y servicios ante los fabricantes, productores, comerciantes, intermediarios o prestadores de servicios que correspondan, que se deriven del incumplimiento de la presente ley.
Artículo 59: TRIBUNALES ARBITRALES: La autoridad de aplicación propiciará la organización de tribunales arbitrales, que actuarán como amigables componedores o árbitros de derecho según el caso, para resolver las controversias que se susciten con motivo de lo previsto en esta ley. Podrá invitar para que integren estos tribunales arbitrales, en las condiciones que establezca la reglamentación, a las personas que teniendo en cuenta las competencias, propongan las asociaciones de consumidores y cámaras empresarias.
Artículo 60: PLANES EDUCATIVOS: Incumbe al Estado nacional, las provincias y municipalidades, la formulación de planes generales de educación para el consumo y su difusión pública, fomentando la creación y el funcionamiento de las asociaciones de consumidores y la participación de la comunidad en ellas, debiendo propender a que dentro de los planes oficiales de educación primaria y media se enseñen los preceptos y alcances de esta ley.
Artículo 61: FORMACIÓN DEL CONSUMIDOR: La formación del consumidor debe tender a:
(a) hacerle conocer, comprender y adquirir habilidades para ayudarlo a evaluar las alternativas y emplear sus recursos en forma eficiente;
(b) facilitar la comprensión y utilización de información sobre temas inherentes al consumidor;
(c) orientarlo a prevenir los riesgos que puedan derivarse del consumo de productos o de la utilización de servicios;
(d) impulsarlo para que desempeñe un papel activo que regule, oriente y transforme el mercado a través de sus decisiones.
Artículo 62: CONTRIBUCIONES ESTATALES: El Estado nacional podrá disponer el otorgamiento de contribuciones financieras con cargo al presupuesto nacional a las asociaciones de consumidores para cumplimentar con los objetivos mencionados en los artículos anteriores.
Artículo 63: Para el supuesto de contrato de transporte aéreo, se aplicarán las normas del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, la presente ley.
Artículo 64: [Modifica el artículo 13 de la ley 22.802]
Artículo 65: La presente ley es de orden público, rige en todo el territorio nacional y entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días a partir de su publicación.
Ingreso. Costo y Beneficio:
Los ingresos de la unidad de producción están constituidos por el total de sus ventas, y los egresos por el costo total.
El total de las ventas surge de multiplicar la cantidad de unidades vendidas por sus valores unitarios. En tanto que el costo total surge de la sumatoria de costos fijos y variables.
Los costos fijos son aquellos elementos del costo total que permanecen constantes respecto de las variaciones en la cantidad producida, hasta llegar a un determinado tope (capitales invertidos, sueldos del personal directivo, gastos de publicidad, alquileres, impuestos que no están relacionados con el volumen producido, las amortizaciones, los intereses por créditos). Su límite está determinado por la capacidad instalada de la planta productiva.
Por CAPACIDAD INSTALADA se entiende el volumen máximo que puede producir una empresa en cierto lapso, empleando una determinada técnica y utilizando plenamente sus recursos productivos. Esto significa que, para sobrepasar este topo, resulta necesario ampliar la escala de la planta, incrementando los costos fijos por unidad de producción.
Los costos variables son aquellos elementos del costo total cuyos montos van cambiando en relación directa las variaciones de la cantidad producida (materia prima, combustible, jornales).
El resultado positivo o negativo que obtiene la empresa suele ser medido en anualidades, que registran la marcha histórica de la unidad de producción.
Ahora bien, el objetivo central de la empresa consistente en maximizar el beneficio dentro de sus posibilidades, está condicionado al resultado de las estrategias combinadas que lleve a cabo en materia de minimización de costos y/o maximización del valor de ventas. Estas políticas se realizan en plazos determinados, constituyendo el PLAN ECONÓMICO de la firma.
Demanda, oferta y precio de los factores:
Las empresas son demandantes de factores de la producción. La oferta de éstos procede de otras empresas y de los individuos en general.
El precio del factor trabajo es el SALARIO (jornales, sueldos, honorarios, etc.). el capital monetario otorgado como crédito devenga INTERESES, los accionistas cobran DIVIDENDOS, los terratenientes cobran RENTAS, el estado cobra IMPUESTOS, etc.
Los factores de la producción que son patrimonio de la empresa perciben una retribución que es el equivalente al costo de oportunidad del empresario por haber empleado sus recursos económicos en la compra de esos activos, y no de invertirlos en otra actividad. Esta partida, que forma parte de los costos económicos, se denomina INTERÉS POR CAPITAL INVERTIDO.
Para las unidades de producción, el valor de la retribución de los factores, constituye el costo de producción (costos totales), que se mide en un determinado período. Es decir, la suma de los salarios, intereses, insumos, amortizaciones de la maquinaria, rentas, en un cierto lapso, representa el costo total de los bienes y servicios producidos.
Para las unidades de consumo, en cambio, los montos que perciben por los factores cuya titularidad poseen, constituyen ingresos.
Comportamiento de las ventas de la unidad de producción:
La meta de la empresa es la maximización de los ingresos a través de sus ventas. Encuentra en el mercado dos tipos de limitaciones:
Un cierto tamaño de demanda efectiva del bien o servicio, con volúmenes requeridos a determinados precios.
La presencia de otras empresas productoras del mismo bien (competidores). Es importante considerar el tamaño de la capacidad instalada total y el porcentaje que ocupa la empresa en el total de la misma, cómo se distribuye esa capacidad entre las distintas firmas oferentes (grado de atomización o concentración), nivel tecnológico, volumen de ventas de los competidores, grado de afianzamiento en el mercado, precios, calidad del bien ofrecido, etc.
Además, la empresa tiene la restricción de su propia estructura de costos (a partir de un cierto nivel de aumento de la producción, la empresa deberá incrementar su capacidad instalada).
Una vez determinadas las limitaciones propias y del mercado, la empresa determinará su política de ingresos, que puede presentas las siguientes alternativas:
Fijar la cantidad a vender.
Diferenciar el bien ofrecido.