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Timestamp: 2017-09-21 06:57:13
Document Index: 387446578

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 329', 'artículo 25', 'artículo 278', 'artículo 170', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 71', 'artículo 9', 'artículo 14', 'Artículo 14', 'artículo 21', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 19', 'Artículo 37', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 7', 'artículo 23', 'Artículo 23', 'Artículo 7', 'Artículo 72', 'Artículo 33', 'Artículo 223', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 39', 'Artículo 32', 'Artículo 42', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'in fine', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 38']

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El Congreso de la Unión aprobó el 13 de diciembre reformas a los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución a fin de reconfigurar el juicio de amparo. En esa fecha remitió el texto resultante a las legislaturas de los estados para su conocimiento y manifestación. La de Chiapas, Coahuila, Colima, Tamaulipas y Veracruz lo han hecho favorablemente. Es necesario que otras 11 se pronuncien en el mismo sentido para satisfacer las condiciones mínimas de la reforma. Por los consensos logrados, es previsible que en las próximas semanas se alcance la votación requerida; asimismo, que el Congreso de la Unión emita, en el periodo de sesiones que corre, la Ley de Amparo que desarrolle esa reforma. Los cambios que habrán de darse son tan importantes que cabe hablar de un nuevo amparo.
Al día de hoy, el juicio de amparo es el medio para cuestionar la constitucionalidad de la actuación de casi cualquier autoridad pública. Para que proceda deben satisfacerse dos condiciones básicas: que lo promueva quien resulte afectado por un acto o norma de autoridad, respecto de alguno de los derechos fundamentales previstos en el texto constitucional. Adicionalmente, el efecto de una sentencia favorable es que el acto o norma combatida no pueda aplicarse a quien lo promovió, pero sí a quien no lo hubiere hecho. Con independencia de los cambios a la mecánica del amparo, lo relevante de la reforma es la radical modificación a sus tres grandes supuestos estructurales.
El primer cambio recae en lo que en el argot jurídico se denomina “interés”. Con esta expresión se alude al tipo de afectación requerida para participar en el proceso y obtener el amparo. El modo más claro de entender el interés es considerándolo en una métrica en la que en un extremo está el llamado “jurídico”, en el otro el “simple” y en el medio el “legítimo”. La adopción de uno u otro no es un mero juego de palabras, sino una decisión de la mayor importancia para definir quién entra y quién no a un proceso en el que está en juego la protección a los derechos fundamentales. Si se adopta el “jurídico”, como hoy sucede, el promovente debe demostrar que aquello que pretende le sea protegido está reconocido en una norma jurídica; si el pronunciamiento es por el “simple”, no se tiene que demostrar tal reconocimiento, sino una potencial afectación a algo que debiera estar reconocido por el derecho. Lo importante de este cambio constitucional es la decisión de ampliar las posibilidades de entrada al juicio, a fin de proteger situaciones que, si bien no están totalmente reconocidas por el derecho, pueden afectar derechos fundamentales.
El segundo cambio es igualmente trascendente. En la concepción decimonónica en que se modeló el amparo, su objeto de protección quedó acotado a las “garantías individuales” expresamente previstas en el texto constitucional. Este término comprendía los derechos encaminados a impedir indebidas intromisiones de las autoridades públicas a una pensada “esfera” individual. Así, el Estado no podía interferir en el modo como cada cual quisiera manifestarse, expresarse, asociarse, escribir o transitar, por ejemplo. La relación entre el juicio de amparo y las garantías individuales ha sido tal que el primero no ha podido dar cabida a nuevas expresiones de los derechos, especialmente los sociales (educación, salud, etcétera.) o culturales (indígenas). La reforma pretende ir más allá de esta relación para proteger, adicionalmente, los derechos del hombre establecidos en los tratados internacionales en que sea parte el Estado mexicano. Si consideramos la evolución internacional de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, es claro que con esta reforma se protegerán más derechos de más personas. Las diversas formas de expresión social, política, religiosa o cultural que conforman nuestra vida actual podrán encontrar respaldo jurídico y, desde ahí, la posibilidad de convertirse en argumentos judiciales que den contenido a la compleja diversidad que jurídicamente intentamos construir.
El tercer cambio es a los efectos del amparo. La reforma propone extenderlos a las personas que no hubieren participado en el litigio en que una norma general se hubiere declarado inconstitucional, exceptuando las tributarias. La consecuencia de este cambio es evidente: la protección constitucional se dará por la invalidez de la norma misma y no por la capacidad de acceder a un litigio técnico y costoso.
Nunca estará de más insistir en lo complejo de nuestro tiempo, donde la corrupción, el corporativismo, la violencia y la pobreza de las soluciones son su constante. El previsible empoderamiento ciudadano no debe ser una excusa para dejar de constituir un juicio más protector de los derechos. El amparo nació a nivel federal en 1847, cuando perdíamos buena parte del territorio nacional; su primera ley reglamentaria se dio en 1861, año difícil como pocos. La decisión de entonces fue por la protección de los derechos de las personas, pero también, y muy destacadamente, por la racionalización del ejercicio del poder. Hoy, como en ese tiempo, ambas cosas nos hacen falta. Crear un nuevo juicio de amparo es una medida destacada para ordenar jurídicamente, civilizadamente, nuestra desordenada vida nacional.
Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3111-II, miércoles 06 de octubre de 2010
Que reforma el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juventino Víctor Castro y Castro, del Grupo Parlamentario del PRD
Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Banco de México, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD
Que adiciona el artículo 329 Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del PVEM
Que reforma el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Enrique Salomón Rosas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD
Que reforma el artículo 278 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma el artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados Mary Telma Guajardo Villarreal y Juventino Víctor Castro y Castro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos otorga el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo y adiciona un tercer párrafo al artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Aunque resulta evidente que al día de hoy es necesaria una regulación en materia de manifestaciones públicas desde el punto de vista de la existencia de un permiso o autorización por parte de la autoridad para tal ejercicio, nuestra tradición constitucional ha sido la de un ejercicio no regulado.
Derivado de la complejidad en el diseño de las ciudades y los diversos tipos de actividades de sus habitantes, ello nos obliga a regular el derecho de reunión pues cualquier alteración en el día a día provoca incuantificables pérdidas económicas y afectaciones al libre desplazamiento de sus habitantes, y al medio ambiente.
Dicha problemática no es privativa de México. Ya se han realizado diversas regulaciones en la materia en América latina, como podemos constatar si hacemos un ejercicio de derecho comparado:
En Argentina, no se habla expresamente del derecho de reunión entre los derechos civiles consagrados por el artículo 14 de su constitución, pero sí del derecho de asociación que es comprensivo del de reunión aunque más específico, pues se trata de un lazo que une a sus miembros en un objetivo común, y las reuniones legislativas pueden tener varios caracteres, incluso comprender a personas con distintas ideologías y diferentes objetivos a alcanzar mediante el aprovechamiento de un estado garantista. El artículo cita textualmente:
“Artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.”
En Bolivia, su nueva constitución en el artículo 21, numeral 4 cita textualmente:
4. A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos”.
Por su parte en Brasil, su constitución en su artículo 5o., fracción XVI, prevé lo siguiente:
“Artículo 5. Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la prioridad, en los siguientes términos:
XVI Todos pueden reunirse pacíficamente, sin armas, en locales abiertos al público, sin necesidad de autorización, siempre que no frustren otra reunión anteriormente convocada en el mismo local, exigiéndose sólo aviso previo a la autoridad competente.”
En Chile, su constitución, en el artículo 19, numerales 13 y 15, prevé el derecho de reunión sin permiso previo y sin armas, cita textualmente:
Prohíbanse las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del estado.
Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana; la nómina de sus militantes se registrará en el servicio electoral de cada estado, el que guardará reserva de la misma, la cual será accesible a los militantes del respectivo partido; su contabilidad deberá ser pública; las fuentes de su financiamiento no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero; sus estatutos deberán contemplar las normas que aseguren una efectiva democracia interna. Una ley orgánica constitucional regulará las demás materias que les conciernan y las sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos, dentro de las cuales podrá considerar su disolución. Las asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos de personas que persigan o realicen actividades propias de los partidos políticos sin ajustarse a las normas anteriores son ilícitos y serán sancionados de acuerdo a la referida ley orgánica constitucional.”
En Colombia, su constitución establece en sus artículos 37, 38 y 39, lo siguiente:
“Artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.
En Costa Rica, su constitución en los artículos 25 y 26, establece lo siguiente:
“Artículo 25. Los habitantes de la república tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna.
Artículo 26. Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios privados, o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios.
Reuniones en recintos privados no necesitan autorización previa. Las que se celebren en sitios públicos serán reglamentadas por la ley.”
En Cuba, su constitución en los artículos 7o. y 54, establece lo siguiente:
“Artículo 7o. El estado socialista cubano reconoce y estimula a las organizaciones de masas y sociales, surgidas en el proceso histórico de las luchas de nuestro pueblo, que agrupan en su seno a distintos sectores de la población, representan sus intereses específicos y los incorporan a las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista.
Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en las que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica”.
En Ecuador, su constitución, en su artículo 23, numeral 19, establece lo siguiente:
“Artículo 23 .- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes:
19. La libertad de asociación y de reunión, con fines pacíficos”.
En el Salvador, su constitución establece en sus artículos 7o., y 72 numeral 2, lo siguiente:
“Artículo 7. Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 72. Los derechos políticos del ciudadano son:
2o. Asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo con la ley e ingresar a los ya constituidos”;
En Guatemala, los artículos 33, 34 y 223, de su constitución prevén lo siguiente:
“Artículo 33. Derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.
Artículo 223. (Reformado) Libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. El estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y sólo tendrán las limitaciones que esta constitución y la ley determinen.
Una vez hecha la convocatoria a elecciones, queda prohibido al Presidente de la República, a los funcionarios de organismo ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas.”
Por su parte en Honduras, en sus artículos 78 y 79 de su constitución, citan textualmente:
“Artículo 78. Se garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres.
Artículo 79. Toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial.
Las reuniones al aire libre y las de carácter político podrán ser sujetas a un régimen de permiso especial con el único fin de garantizar el orden público.”
En Nicaragua, establece en sus artículos 54 y 55 de su constitución lo siguiente:
“Artículo 54. Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley.
Artículo 55. Los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho de organizar o afiliarse a partidos políticos, con el fin de participar, ejercer y optar al poder”.
Por su parte en Panamá, su constitución prevé en los artículos 39 y 40 lo siguiente:
“Artículo 39. Es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral o al orden legal, las cuales pueden obtener su reconocimiento como personas jurídicas.
La capacidad, el reconocimiento y el régimen de las sociedades y demás personas jurídicas se determinarán por la ley.
No se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las artes”.
En Paraguay, en sus artículos 32 y 42, se prevé lo siguiente:
“Artículo 32 . De la libertad de reunión y de manifestación
Artículo 42. De la libertad de asociación
Toda persona es libre de asociarse o agremiarse con fines lícitos, así como nadie está obligado a pertenecer a determinada asociación. La forma de colegiación profesional será reglamentada por ley. Están prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar”.
En Perú, en su artículo 2o., numerales 12 y13 se prevé lo siguiente:
“Artículo 2o. Toda persona tiene derecho:
13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa.”
En República Dominicana, en los artículos 47 y 48 de su constitución se prevé lo siguiente:
“Artículo 47. Libertad de asociación. Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley.
Artículo 48. Libertad de reunión. Toda persona tiene el derecho de reunirse, sin permiso previo, con fines lícitos y pacíficos, de conformidad con la ley.”
En los Estados Unidos de América, en su enmienda 1, establece textualmente:
“El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del estado o se prohíba practicar alguna libremente, o que coarte la libertad de palabra o de prensa, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios”.
En Uruguay, en sus artículos 38 y 39 de su constitución establecen:
“Artículo 38. Queda garantizado el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la república sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos.