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Timestamp: 2019-10-14 23:24:15
Document Index: 89067925

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 322', 'artículo 18', 'artículo 323', 'artículo 502', 'artículo 795', 'artículo 100', 'artículo 18', 'artículo 24', 'artículo 9']

BOE.es - Documento BOE-A-2013-5016
Documento BOE-A-2013-5016
«BOE» núm. 115, de 14 de mayo de 2013, páginas 36178 a 36183 (6 págs.)
BOE-A-2013-5016
Presentada la referida documentación en el Registro de la Propiedad, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Registro de la Propiedad de Castelldefels Ref: 235449 (1.315/104) Procedimiento: ejecución procedente del mismo juzgado 511/2012 sección 4.ª - dimanante del Rollo 432/2011-B Parte demandante.–«Comunidad de Propietarios del Centro Comercial ‘El Castillo’ Parte demandada.–herencia yacente y herederos de D. G. R. Antecedentes de hecho: Primero.–Consta presentado en este Registro, con el asiento número 1.315 del Libro Diario 104, mandamiento de anotación preventiva de embargo de fecha 26 de septiembre de 2012, en el que se inserta testimonio del Auto despachando Ejecución y Decreto de embargo de igual fecha, mandamiento adicional de fecha 11 de octubre de 2012 en el que se transcribe Decreto de aclaración de igual fecha, expedidos ambos por duplicado por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de los de Gavà, así como certificación literal de defunción de don D. G. R., expedida el día 30 de octubre de 2012 por el Registro Civil de Viladecans, que motivó el número de entrada 235449 con fecha 15 de octubre de 2012 y devuelto por última vez el día 29 de noviembre de 2012. Segundo.–Previo examen y calificación del documento presentado, dentro del plazo establecido en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, se observan los siguientes defectos subsanables que impiden su despacho, procediéndose a notificar los mismos de conformidad con el artículo 322 de la Ley Hipotecaria:.–Son defectos que impiden la anotación preventiva de embargo ordenada en el mandamiento, los siguientes: 1.º).–La falta de constancia de si las deudas por las que se sigue el procedimiento son del causante (titular registral) o bien de sus herederos; 2.º).–Para el caso de que sean por deudas de los herederos, la falta de acreditación de las circunstancias personales y del título sucesorio, así como del certificado del Registro de Actos de Ultima Voluntad del causante; y 3.º).–la falta de cumplimiento de las exigencias del principio de tracto sucesivo habiéndose incoado un procedimiento contra la herencia yacente, por lo que debería dirigirse contra herederos ciertos y determinados o bien contra el administrador judicial de la herencia yacente. En procedimientos judiciales seguidos contra herederos indeterminados –herencia yacente– del titular registral- es necesaria la designación de un administrador judicial. (Deberá acreditarse el nombramiento del correspondiente administrador judicial). Fundamentos de Derecho: Primero.–Con arreglo al artículo 18 de la Ley Hipotecaria, los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro. La calificación registral de documentos administrativos se extenderá, en todo caso, a la competencia del órgano, a la congruencia de la resolución con la clase de expediente o procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del documento presentado, a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, a la relación de éste con el titular registral y a los obstáculos que surjan del Registro. (art. 99 del Reglamento Hipotecario). En cuanto a documentos judiciales, la calificación se limitará a la competencia del Juzgado o Tribunal, a la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro. (art. 100 del Reglamento Hipotecario). Segundo.–En el presente caso, no se practica la operación registral ordenada del referido documento, por los motivos expresados en el anterior antecedente segundo y de conformidad con los arts. 3, 9, 18, 19 y 20 de la Ley Hipotecaria, 98, 100 y 165 y ss del Reglamento Hipotecario y resoluciones de la DGRN de 10 de enero de 2011 y 9 de julio de 2011. Parte dispositiva: Vistos los artículos citados y demás disposiciones de pertinente aplicación, acuerdo:–Calificar el documento presentado, en los términos expuestos.–Suspender, en consecuencia, el despacho del título hasta la subsanación en su caso, de los defectos advertidos, desestimando la solicitud de su inscripción.–El defecto o defectos antes citados se consideran subsanables.–No se ha tomado anotación preventiva de suspensión por defecto subsanable por no haberse solicitado.–De conformidad con el artículo 323 de la Ley Hipotecaria (...) Castelldefels, a 5 de diciembre de 2012. El registrador (firma ilegible), Fdo.: Fernando Pedro Méndez González».
Contra la anterior nota de calificación, don J. M. G., en nombre y representación y como presidente de la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial «El Castillo», interpuso recurso ante la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, en virtud de escrito, de fecha 3 de enero de 2013, en el que alega, resumidamente, lo siguiente: Que la demanda fue dirigida inicialmente contra el deudor, don D. G. R., pero puesto de manifiesto el hecho de su defunción y que no había otorgado testamento, se exige por el juzgador que se replantee la demanda, como efectivamente se hizo contra su herencia yacente y herederos ignorados; por tanto no existe indeterminación sobre el hecho de que la deuda era del causante; Que, en cuanto a la falta de intervención de los herederos, han transcurrido los plazos previstos en el artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; Que la competencia para apreciar la legitimación corresponde al juzgador y, ni éste, ni la Audiencia Provincial de Barcelona, han detectado problema alguno; Que la exigencia de intervención del titular registral no puede convertirse en una exigencia formal excesivamente gravosa, por lo que debe limitarse a los supuestos en que el llamamiento es puramente genérico y obviarse cuando el juez ha considerado suficiente la legitimación de la herencia yacente; y, Que, en este supuesto, no cabe el nombramiento de administrador porque la demanda se ha dirigido contra los herederos del titular registral, como resulta del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se acompaña determinada documentación al escrito de recurso.
El registrador emitió informe el día 1 de febrero de 2013, elevando el expediente a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya junto con las alegaciones que lleva a cabo doña P. S. P., como secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gavà, y la justificación de la representación del presidente de la comunidad recurrente.
En fecha 14 de marzo de 2013, el director general de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, remite el expediente a esta Dirección General por considerar que es la competente para resolverlo, teniendo entrada el día 2 de abril de 2013.
1. Según resulta del informe del registrador los dos primeros defectos señalados en su nota quedarían subsanados por la documentación que ha sido aportada por el recurrente por lo que, si bien el objeto del recurso es la nota de calificación del registrador y este expediente no constituye el procedimiento adecuado para la subsanación de defectos, la propia afirmación que hace el registrador en el sentido de que sólo subsiste el tercer defecto aconseja que este expediente quede circunscrito al mismo.
2. En relación a la alegación del recurrente relativa a la falta de competencia del registrador para pronunciarse sobre posibles defectos de tramitación del procedimiento, esta Dirección General ha tenido ocasión de afirmar (véase Resoluciones citadas en los «Vistos») que el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal, limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento. En este sentido, el principio registral de tracto sucesivo, que no es sino un trasunto de la proscripción de la indefensión, impide dar cabida en el Registro a resoluciones judiciales que pudieran entrañar una indefensión procesal patente del titular registral. Esta es la razón por la cual, el artículo 100 del Reglamento Hipotecario (en consonancia con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria) extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción.
3. En cuanto a la aplicación de esta doctrina en el ámbito de la herencia yacente, es cierto que este Centro Directivo había exigido, para poder considerar cumplimentado el tracto sucesivo (cfr. artículos 20 de la Ley Hipotecaria y 166.1 del Reglamento Hipotecario, por analogía), el nombramiento judicial de un administrador de la herencia yacente en procedimientos judiciales seguidos contra herederos indeterminados del titular registral. Y se había justificado esta exigencia precisamente en que el registrador debe señalar como defecto que impide la inscripción la falta de intervención en el procedimiento del titular registral, ya que lo contrario le originaría indefensión, con vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (cfr. artículo 24 de la Constitución).
4. Partiendo de lo anterior, debe observarse que el único defecto que subsiste de la nota de calificación es que no es posible la práctica de un embargo frente a la herencia yacente o herederos desconocidos de una persona, pues al estar dicho demandado fallecido, el embargo debe dirigirse contra sus herederos ciertos y determinados o bien contra el administrador judicial.
5. Sin embargo es conveniente precisar más pues (como puso de relieve la Resolución de 23 de octubre de 2012), existen algunas especialidades en el proceso monitorio de reclamación de gastos de comunidad que han de ser puestos de relieve a efectos de la resolución del presente recurso. Así, en las relaciones obligacionales entre la junta de propietarios y un propietario por razón del pago de los gastos de la propiedad horizontal, es obligación de los propietarios según el párrafo h) del artículo 9 de la Ley sobre Propiedad Horizontal «comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad. En defecto de esta comunicación se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el piso o local perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al ocupante del mismo», añadiendo el apartado i) del mismo artículo la obligación de «comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el cambio de titularidad de la vivienda o local» y que «quien incumpliere esta obligación seguirá respondiendo de las deudas con la comunidad devengadas con posterioridad a la transmisión de forma solidaria con el nuevo titular, sin perjuicio del derecho de aquél, a repetir sobre éste».