Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-15186-de-mayo-27-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_759eb8d6dcc5b0c2e0430a010151b0c2&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-18 02:32:26
Document Index: 27033688

Matched Legal Cases: ['artículo 184', 'artículo 357', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 52', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 52', 'artículo 1', 'artículo 30', 'artículo 1', 'Artículo 314', 'Artículo 239', 'artículo 178', 'artículo 30', 'artículo 1', 'artículo 164', 'artículo 57', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 57', 'artículo 357', 'artículo 184', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 228', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 184', 'artículo 57', 'artículo 357', 'artículo 16', 'artículo 178', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 16', 'artículo 16']

﻿ SENTENCIA 15186 DE MAYO 27 DE 2009
SENTENCIA 15186 DE 27 DE MAYO DE 2009
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FRENTE A MASACRES COMETIDAS POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA. RECOMENDACIONES Y LINEAMIENTOS DE LA COMISIÓN Y DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA POR LOS OPERADORES JURÍDICOS DE LOS ESTADOS PARTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUERZA PÚBLICA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Sentencia 15186 de mayo 27 de 2009
Rad. 76001-23-31-000-1996-03846-01(15186)
Ref.: Apelación de sentencia - reparación directa
Actor: María Lucia Muñoz y otros
Demandado: Nación —Ministerio de Defensa Nacional— Ejercito Nacional
Bogotá, D.C., veintisiete mayo de dos mil nueve.
El estudio del fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca de fecha dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997) se seguirá el siguiente orden:
Los expedientes acumulados 3922, 3923, 3925, 3926, 3927 y 3924, serán analizados de forma integral sin eludir ninguno de los extremos que han originado el litigio, ello en virtud del grado jurisdiccional de consulta que permite a la corporación revisar todos los elementos o puntos que de conformidad con la decisión adoptada en el fallo de primera instancia resulten desfavorables a la entidad demandada. Luego, en los que haya sido interpuesto recurso de apelación se verificará los argumentos esgrimidos en cuanto no resulten contrarios a la decisión adoptada al analizar la consulta de conformidad con el artículo 184 (1) del Código Contencioso Administrativo.
Una segunda hipótesis es la concerniente, de manera específica, al proceso 3918, donde la competencia de esta corporación como juez de segundo grado, se encuentra determinada y limitada por el objeto de la apelación propuesta, de conformidad con las previsiones legales contenidas en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, es decir, al no haberse impuesto condena en primera instancia, su estudio se ceñirá únicamente a las argumentaciones de la alzada.
• Los procesos en los que concurre la revisión del fallo de primera instancia en el grado jurisdiccional de consulta y el recurso de apelación propuesto por los demandantes son:
Nº. proceso apelado Consultable o no consultable
Proceso Nº 3922 SI (7’008.273, 79 )
Proceso Nº. 3923 SI (67’078118, 86 )
Proceso Nº. 3925 SI (24’259.225, 27 )
Proceso Nº. 3926 SI (82’531.727, 83 )
Proceso Nº. 3927 43’752.666,73
Proceso Nº. 3924 24’259.225,27
Pretenden los demandantes en sede de apelación que la Nación —Ministerio de Defensa— Ejército Nacional, sea declarada patrimonialmente responsable por los perjuicios morales causados por miembros de la institución quienes dispararon contra los señores:
1. Proceso 3926 - fallecido Saúl Espinosa
2. Proceso 3925 - fallecido Segundo Santiago Lasso Bolaños
3. Proceso 3922 - fallecido Lioncio Muñoz Mellizo
4. Proceso 3923 - fallecido Hernán Mamian Moreno
5. Proceso 3918 - fallecido Adriana López
Para acreditar los supuestos fácticos comunes a las demandas acumuladas se allegaron en debida forma los siguientes documentos:
1. Oficio 2619 BR3-BILOP-CDO 764 suscrito por el comandante del Batallón José Hilario López, donde informa que para los últimos días del mes de marzo y primeros días del mes de abril de 1991, en el sitio denominado los “Guayabos”, cerca del perímetro urbano del corregimiento de Piedrasentada municipio del Bordo (Cauca), existía una base militar móvil que se encontraba integrada por un oficial, tres suboficiales y treinta y dos soldados, al mando del teniente José Edilberto Cortes Valero, para el 7 de abril de 1991, los señores teniente José Edilberto Cortes Valero, el cabo Pedro López Gamboa y el soldado Juan Carlos Córdoba, pertenecían a la base miliar de Piedrasentada y tenían como misión general el mantenimiento y control del orden público del área del mencionado corregimiento, portando como armas de dotación oficial fusiles galil calibre 7.62 (cdno. ppal. 5, Exp. 3419, fl. 1144).
2. Fotocopia auténtica del proceso penal militar adelantado por el delito de homicidio en contra del teniente José Edilberto Cortes Valero, por los hechos ocurridos el día 7 de abril de 1991 en el sitio Monterredondo, corregimiento de “Los Uvos” (Cauca), dentro del expediente se observa (cdno. ppal. 2, Exp. 3416, fls 185 a 186):
• Denuncia del soldado Juan Carlos Córdoba ante la unidad de indagación preliminar de Cali (fl. 196 del expediente correspondiente al proceso penal militar) donde afirmó que fue testigo presencial de la muerte de 17 campesinos en el sitio “Los Uvos”, por ser uno de los soldados pertenecientes a la base militar móvil que allí operaba. Expresó que el día 7 de abril de 1991, cuando prestaba el servicio militar, encontrándose en Piedrasentada (Cauca), entre las 5 y las 6 de la tarde se recibió la orden de parar a una chiva que llevaba 17 pasajeros y 80 bultos de café. Señala que el teniente Cortés Valero dio la orden de que bajaran a la gente del bus y la hicieron acostar en el piso, identificándose el teniente como guerrillero y luego dio la orden de fusilarlos, ordenó incendiar posteriormente la chiva acto que ejecutó el cabo Pedro López Gamboa. Refiere que los muertos quedaron en el lugar al igual que el bus y partieron para Piedrasentada.
3. Fotocopia auténtica e integra de la investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación (cdno. ppal., fls. 46 a 109, Exp. 3776) donde se lee:
“En horas de la tarde del día domingo 7 de abril de 1991, cuando la línea de placas SY 2060, de propiedad del señor José Rafael Samboni Macias, que cubría la ruta Los Uvos - Piedrasentada, se encontraba a la altura de Puente Fierro, fue detenida por los civiles Juan Carlos Muñoz y Asmed Ordoñez, quienes en compañía de miembros del Batallón José Hilario López, al mando del cabo primero José Gustavo Mora Parra, luego de interceptarla la abordaron, portando uniformes militares y armamento perteneciente a la unidad Águila 2 ...posteriormente bajaron las personas que viajaban en la chiva. Igualmente de acuerdo con sus versiones, fue detenida la motocicleta de placas RWT S4, obligando a sus ocupantes a subir al vehículo hasta el sitio ya mencionado.”
“Una vez detenido el vehículo ordenaron a los pasajeros descender del mismo, tenderse en el piso, separando a los hombres de las mujeres. Posteriormente se les despojó de sus pertenencias y finalmente se les disparó por orden del cabo José Gustavo Mora Parra, y con iniciativa de los civiles, descargando su munición de acuerdo a su propia versión Mora Parra, los soldados Wilson Certuche Hernández y Jhon Jairo Castillo Vélez. Aseguran los exponentes que los civiles igualmente dispararon en contra de los fallecidos. Concuerdan en afirmar que el soldado Luis Enrique Ledesma no disparó, dedicándose por el contrario a prestar seguridad en el área”.
Así, dentro de la actuación ante la procuraduría fueron identificados y vinculados los siguientes miembros del Ejército Nacional como autores de la masacre:
Como autores materiales confesos:
Cabo primero Gustavo Mora Parra
Soldado Wilson Certuche Hernández
Soldado Jhon Jairo Castillo Vélez
Soldado Luis Enrique Ledesma
Como autores materiales en su calidad de civiles:
Asmed Ordoñez Burbano
Como determinadores de los hechos:
Mayor César Augusto Saavedra Padilla
Teniente José Edilberto Cortés
4. Fotocopia auténtica del acta del levantamiento de los cadáveres correspondientes a Saúl Espinosa, Segundo Santiago Lasso Bolaños, Lioncio Muñoz Mellizo, Hernán Mamian Moreno, Adriana López, José Belisario Dorado Muñoz y Yenny Prieto Rengifo (cdno. ppal. 5, fls. 489 a 501 del expediente disciplinario).
Para la Sala es claro que las pruebas obrantes en el proceso conducen a concluir sobre la existencia de una falla en la prestación del servicio tal y como se plantea en las demanda.
En efecto, dentro del expediente se encuentra demostrada la existencia de los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado, en este caso, representado por la Nación —Ministerio de Defensa Nacional— Ejército Nacional.
El primero de los elementos estructurales de la responsabilidad, el hecho imputable a la administración, se encuentra probado con los documentos debidamente aportados al proceso en los que se observa claramente que efectivos del Ejército Nacional, cuando cumplían labores de vigilancia y orden público apartándose de la actividad a ellos encomendada y abusando de su condición de miembros de las Fuerzas Armadas, asesinaron a 17 campesinos, es decir, 17 personas perecieron a manos de miembros de las Fuerzas Militares, autoridad que operaba en la zona de “Los Uvos” (Cauca), quienes, se hallan en la obligación constitucional y legal de velar por la preservación de la integridad de las personas, en su vida honra y bienes.
En efecto, se probó la condición de militares de las personas condenadas por el crimen cometido, quienes por la época pertenecían al Batallón José Hilario López del Ejército Nacional.
El daño, por su parte, se concreta, en estricto sentido, con la muerte misma de los las personas que viajaban en el bus y las dos mas que igualmente fueron masacradas cuando pasaban por el lugar en una motocicleta, situación que provocó una profunda aflicción, dolor y pérdida de la ayuda económica a los demandantes (padres, hijos y hermanos de cada uno de las víctimas) conforme a las pruebas recaudadas en cada uno de los procesos acumulados. El nexo de causalidad entre el hecho y el daño, se encuentra debidamente acreditado, si se tiene en cuenta que, de la lectura de las pruebas recaudadas especialmente de la documental allegada en debida forma a este proceso, se evidencia una relación inescindible entre el hecho que se imputa a la administración, determinado como se notó, por la injusta, arbitraria e inaceptable masacre perpetrada por los miembros del Ejército Nacional que hacían parte de la Base Militar Móvil que operaba entre “Piedrasentada” y “Los Uvos” (Cauca) para el día 7 de abril de 1991 y los daños por cuya indemnización se reclama.
Dentro de la actuación obra, como se ha indicado con anterioridad, concepto emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se recomienda al Estado Colombiano adoptar las medidas necesarias para reparar a las víctimas de la masacre ocurrida el 7 de abril de 1991 a manos de miembros del Ejército Nacional, en los siguientes términos:
“1. El 4 de mayo de 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) recibió una petición presentada por la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, (en adelante “los peticionarios”), contra la República de Colombia (en adelante “el Estado”, “el Estado Colombiano” o “Colombia”) en la cual se denuncia la ejecución extrajudicial de Alfonso Chilito, José Belisario Dorado Muñoz, Saúl Espinosa, Pastora García, Wilson Gil Velásquez, Hoibar Gómez Mamian, Rubén Darío Joaquín Narváez, Santiago Lasso Bolaños, Adriana López, Hernán Mamian Moreno, Leoncio Mellizo Angulo, Libardo Nieves Dorado, Yenny Prieto Rengifo, Hernando Rosero, Adán Ruano Daza, Alejandro Salazar Paz y Henry Suárez Villa (en adelante “las víctimas”) por miembros del Ejército Nacional el 7 de abril de 1991 en el corregimiento de Los Uvos, departamento del Cauca”.
“2. Los peticionarios alegan que el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida (art. 4º), el derecho a la integridad personal (art. 5º), el derecho a la libertad personal (art. 7º), en conexión con el artículo 1º(1), el respeto a las garantías judiciales (art. 8º) y a la protección judicial (art. 25) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”). Solicitan también se declare que el Estado ha violado esos mismos derechos según han sido consagrados en los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “la Convención Americana”)”.
“3. Durante el trámite del presente caso, el Estado reconoció su responsabilidad con relación a los hechos alegados por los peticionarios. El 7 de septiembre de 1995, en el marco del 90º periodo de sesiones de la comisión, las partes iniciaron un proceso de solución amistosa. A pesar de los esfuerzos realizados tanto por el Estado como por los peticionarios, el 5 de octubre de 1998 las partes decidieron dar por terminado el proceso de solución amistosa, reconociendo la ejecución parcial de los acuerdos alcanzados durante las negociaciones y de las recomendaciones allí formuladas”.
“4. Tras analizar los elementos de hecho y de derecho aportados por las partes a lo largo del proceso, así como el resultado parcial de los esfuerzos por solucionar el caso amistosamente, la Comisión declaró el caso admisible, emitió sus conclusiones sobre la violación de los artículos 4º, 5º, 7º, 8º, 25 y 1º(1) de la Convención Americana a la luz del reconocimiento de responsabilidad del Estado, y evaluó el cumplimiento con su compromiso de reparar el daño causado”.
Luego de realizar un recuento detallado de las actuaciones surtidas tanto en la jurisdicción colombiana como ante el organismo internacional, y teniendo claro que el Estado colombiano aceptó la participación de sus agentes en la configuración de los hechos demandados y con ello su responsabilidad, emitió en el mismo documento unas conclusiones y recomendaciones para que fueran adoptadas; así expresó:
“VII. Conclusiones
“77. La Comisión desea dejar de manifiesto que valora el esfuerzo realizado por los peticionarios y por el Estado colombiano (sic) en el intento de solucionar el caso mediante un proceso de solución amistosa, y lamenta que este proceso haya fracasado en su etapa final, debido, fundamentalmente, a la falta de cumplimiento con los compromisos en materia de justicia. Corresponde reconocer que el Estado ha llevado a cabo una serie de actos tendientes a cumplir con los compromisos alcanzados en materia indemnizatoria, así como de reparación social en la zona en la cual produjeron los hechos”.
“78. La Comisión concluye, a la luz de su propio reconocimiento, que el Estado colombiano (sic) es responsable por la violación del derecho a la libertad, al trato humano, y a la vida de Alfonso Chilito, José Belisario Dorado Muñoz, Saúl Espinosa, Wilson Gil Velásquez, Hoibar Gómez Mamian, Rubén Darío Joaquín Narváez, Santiago Lasso Bolaños, Adriana López, Hernán Mamian Moreno, Leoncio Mellizo Angulo, Libardo Nieves Dorado, Yenny Prieto Rengifo, Hernando Rosero, Adán Ruano Daza y Alejandro Salazar Paz y el derecho a la vida de Pastora García y Henry Suárez Villa, así como del derecho a la protección judicial reconocidos en los artículos 8º y 25 de la Convención, en concordancia con la obligación de garantizar los derechos protegidos establecida en el artículo 1º(1), por la demora en la investigación y falta de sanción efectiva a los responsables”.
“VIII. Recomendaciones
“79. Con fundamento en el análisis y las conclusiones del presente informe,
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera al Estado colombiano las siguientes recomendaciones:”
Completar una investigación imparcial y efectiva ante la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
Adoptar las medidas necesarias para que se cumpla de manera efectiva con las sanciones judiciales impuestas.
Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las víctimas que no hayan sido reparados sean debidamente indemnizados.
Adoptar las medidas necesarias para que el Estado concluya la implementación de las obras emprendidas en materia de reparación social.
Adoptar las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional colombiana y por esta Comisión en la investigación y juzgamiento de casos similares por la justicia penal ordinaria”.
Frente a los compromisos que el Estado Colombiano ha adquirido con organismos internacionales entre los que se encuentran la Comisión y la Corte Interamericana de Derecho Humanos, esta corporación ha sostenido en reiteradas ocasiones (2) :
“a. La Convención Americana de Derechos Humanos y el Estado Colombiano.
a.1. La Comisión Interamericana y la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (3) es un organismo internacional que está a cargo de la promoción y defensa de los derechos humanos, y que, junto con los Estados que hacen parte del tratado internacional para la protección de estos derechos, puede someter un caso por violación de los derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano judicial encargado para decidir. Ambos organismos internacionales son competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes.
Dentro de las funciones de la Comisión Interamericana se encuentra la de formular recomendaciones a los Estados partes, con el fin de que estos adopten las medidas necesarias para de los derechos humanos.
La Ley 16 del 30 de diciembre de 1972 (4) , por la cual se aprobó la Convención Americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica, nov. 22/69), señala el procedimiento para la protección de los derechos humanos ante los organismos internacionales señalados:
— Recibida la petición, la Comisión Interamericana determina si reconoce su admisibilidad y, en caso positivo, solicita información al Estado parte al que pertenezca la autoridad presuntamente responsable de la violación de los derechos humanos, con el fin de verificar los motivos de la solicitud.
En caso de que encuentre que existe violación a los derechos humanos, la Comisión declara la responsabilidad del Estado parte y cita a las partes para buscar una solución amistosa; si ambas partes aceptan el arreglo, la Comisión realiza un informe en el que plasma las recomendaciones pertinentes y fija un plazo en el cual el Estado debe tomar las medidas necesarias para remediar la situación examinada.
Las actuaciones a las que se obliga el Estado parte al acoger las recomendaciones, son objeto de verificación por parte de la Comisión y, en caso de incumplimiento, la Comisión puede presentar el caso ante la Corte.
Para que la Corte Interamericana sea competente para conocer de un caso por violación de los derechos humanos, es necesario que el respectivo Estado haya aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana, en relación con la interpretación o aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Particularmente Colombia, al ser Estado parte de dicho tratado, se obligó a acatar las disposiciones relacionadas con la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su respectiva Comisión (L. 16/72 y L. 288/96).
En efecto, el artículo 93 de la Constitución Política dispone que los tratados y convenios internacionales, ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos prevalecen en el ordenamiento interno. El Estado Colombiano aceptó el bloque de constitucionalidad que está compuesto por las normas constitucionales y por los tratados internacionales de derechos humanos de que trata el artículo 93 de la Constitución Política (5) , entre ellos, la Convención Americana de derechos Humanos.
Con fundamento en la anterior disposición constitucional y en atención a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su jurisprudencia, y la Comisión Interamericana, mediante sus recomendaciones, interpretan y desarrollan los contenidos de la Convención Americana de Derechos Humanos, los lineamientos que se trazan en dichos fallos y recomendaciones deben ser tenidos en cuenta por los diferentes operadores jurídicos de los Estados parte.
Así también lo dispone el artículo 1º de la Ley 288 de 1996: “El Gobierno Nacional deberá pagar, previa realización del trámite de que trata la presente ley, las indemnizaciones de perjuicios causados por violaciones de los derechos humanos que se hayan declarado, o llegaren a declarase (sic), en decisiones expresas de los órganos internacionales de derechos humanos...”.
Por consiguiente, los tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada al derecho interno a través de la Ley 16 de 1972 e incluida en el bloque de constitucionalidad, son obligatorios para el Estado colombiano al tener el mismo rango que una norma constitucional y prevalecer sobre el ordenamiento interno, el cual se debe analizar a la luz de las interpretaciones realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de los derechos fundamentales.
a. 2. Lineamientos propuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante daños causados con ocasión de masacres y atentados terroristas.
Las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se fundamentan en la Convención Americana de Derechos Humanos, a través de una interpretación que desborda los límites del ordenamiento jurídico interno, toda vez que esta se centra en el ser humano (6) .
Con base en ese postulado, ante la existencia de una situación internacionalmente ilícita, por acción o por omisión atribuible a un Estado, constitutiva de una violación de la obligación internacional adquirida por el respectivo Estado, la Corte decide el caso bajo el régimen de la responsabilidad objetiva, ya sea de forma directa (la responsabilidad se predica de uno de los agentes del Estado parte) o indirecta (se imputa la responsabilidad al Estado parte por su omisión en la protección de los derechos humanos) (7) .
En interpretación de la Convención Americana, que hace parte del bloque de constitucionalidad colombiano, la Corte ha indemnizado a los damnificados de los daños causados con ocasión de las masacres y atentados terroristas con base en los siguientes criterios:
“347. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para que, además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias producidas por las infracciones y se establezca, inter alía, el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados (8) . La obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de su derecho interno (9) .
348. Las reparaciones consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos material e inmaterial.
...370. La Corte determinará en este acápite lo correspondiente al daño material, para lo cual fijará un monto indemnizatorio que busque compensar las consecuencias patrimoniales de las violaciones que han sido declaradas en la presente sentencia, tomando en cuenta el reconocimiento de responsabilidad internacional y las circunstancias del presente caso, la prueba ofrecida, su jurisprudencia y los alegatos relevantes presentados por la Comisión, los representantes y el Estado (10) .
...9. El Estado violó, en perjuicio de los niños Wilmar de Jesús Restrepo Torres, Jorge Correa Sánchez, Omar Daniel Pérez Areiza, José Leonel Areiza Posada y Marco Aurelio Areiza Posada, el derecho a las medidas de protección que por condición de menor requerían, consagrado en el artículo 19 (Derechos del Niño) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos) de dicho tratado, por las razones expuestas en los párrafos 239 a 248 de esta sentencia.
23. El Estado debe pagar a las personas señaladas en los anexos I y III del presente fallo, en el plazo de un año, por concepto de la indemnización por daño material, las cantidades fijadas en el párrafo 379 y en los anexos I y III de la presente sentencia, en los términos de los párrafos 358, 359, 363, 364, 376, 377, 417 y 420 a 424 de la misma”.
Proceso 3926: (fallecido Sául Espinosa) —Apelado y consultable—
1. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por el notario único de “La Vega” (Cauca) correspondiente a Saúl Espinosa donde consta que su madre era la señora Lucinda Espinosa (fl. 38, cdno. 3926).
2. Fotocopia auténtica del registro civil de defunción correspondiente a Saúl Espinosa donde consta que murió el 7 de abril de 1991, como consecuencia de disparo con arma de fuego (fl. 17, cdno. 3926).
3. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por el notario único de “La Vega” (Cauca) correspondiente a Rosa María Prieto Espinosa, donde consta que es hija de Juan Prieto y Lucinda Espinosa (fl. 39, cdno. 3926).
4. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por el notario único de “La Vega” (Cauca) correspondiente a Lucilo Prieto Espinosa, donde consta que es hijo de Juan Prieto y Lucinda Espinosa (fl. 40, cdno. 3926).
5. Partida de bautismo expedida por el Pbro. Adalberto Ibarra R. —Arquidiócesis de Popayán— Parroquia de “Nuestra Señora de las Mercedes” donde consta que el veinte (20) de noviembre de mil novecientos treinta y tres (1933) fue bautizado un niño de nombre Gentil Prieto Espinosa, nacido el tres (3) de junio de mil novecientos treinta y tres (1933), hijo de Juan Prieto y Lucinda Espinosa (fl. 15, cdno. 3926).
6. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por el notario único de “La Vega” (Cauca) correspondiente a Ildefonso Prieto Espinosa, donde consta que es hijo de Juan Prieto y Lucinda Espinosa (fl. 41, cdno. 3926).
7. Partida de Bautismo expedida por el Pbro. Adalberto Ibarra R. —Arquidiócesis de Popayán— Parroquia de “Nuestra Señora de las Mercedes” donde consta que el treinta (30) de agosto de mil novecientos treinta (1930) fue bautizado un niño de nombre Virgilio Prieto Espinosa, nacido el catorce (14) de junio de mil novecientos treinta (1930), hijo de Juan Prieto y Lucinda Espinosa (fl. 16, cdno. 3926).
II. Apreciado el material probatorio allegado al proceso y haciendo un análisis objetivo y comparativo de tales medios de convicción para llegar a una conclusión, dentro de lo razonable, sobre los elementos de hecho de la demanda y de la defensa (CPC, art. 187), encuentra acreditado la Sala que:
1. El señor Saúl Espinosa era hijo de la señora Lucinda Espinosa.
2. El señor Saúl Espinosa murió el 7 de abril de 1991, como consecuencia de disparo con arma de fuego en la masacre de “Los Uvos”.
3. Los señores Rosa María Prieto Espinosa, Lucilo Prieto Espinosa, Leo Gentil Prieto Espinosa, Ildefonso Prieto Espinosa y Virgilio Prieto Espinosa son hijos de la señora Lucinda Espinosa y hermanos de la víctima directa de los hechos por los cuales se demanda, Saúl Espinosa.
4. La víctima murió en la masacre perpetrada por el Ejército Nacional de Colombia en el sector de “Los Uvos” departamento del Cauca como consecuencia de disparo con arma de fuego, según consta en la fotocopia auténtica del informe técnico 233 de once de abril de 1991 —levantamiento de cadáveres, realizado por la subdirección seccional Popayán— cuerpo técnico de policía judicial, sección criminalística (fls. 32 a 48, cdno. pruebas).
III. La sentencia de primera instancia correspondiente al proceso 3926 será modificada por las razones que se exponen a continuación:
Se encuentra plenamente acreditado el parentesco por consanguinidad que existió entre el señor Saúl Espinosa y los demandantes Rosa María Prieto Espinosa, Lucilo Prieto Espinosa, Leo Gentil Prieto Espinosa, Ildefonso Prieto Espinosa, Virgilio Prieto Espinosa y Lucinda Espinosa.
En efecto, el Tribunal Administrativo del Cauca al resolver sobre el reconocimiento de perjuicios morales a las personas que en este proceso obran como demandantes (madre y hermanos de la víctima directa), realizó un análisis equivocado de las pruebas obrantes dentro del proceso y que tienen como finalidad demostrar el vínculo familiar aludido. Dentro de los certificados de registro civil de nacimiento correspondientes a Ildefonso Prieto Espinosa, Lucilo Prieto Espinosa, Rosa María Prieto Espinosa y Saúl Espinosa, se observa que en cada uno de ellos se indica que son hijos de la señora Lucinda Espinosa, siendo suficiente para acreditar el tronco familiar común existente el fallecido con sus hermanos por vía de la línea ascendente de consanguinidad (madre), lo anterior significa que tanto las pruebas documentales aportadas para esos efectos como la información allí contenida resulta idónea y veraz.
Por su parte, respecto de la señora Lucinda Espinosa y la prueba de parentesco frente al fallecido Saúl Espinosa y a los demandantes que comparecen en calidad de hermanos de este, se advierte que el reconocimiento de un hijo por parte de la madre no se materializa con la suscripción de un documento como el registro civil de nacimiento, pues tal acto (el de reconocimiento) denota un contenido jurídico que, en el caso de la madre, trasciende de la simple suscripción de un documento, el alumbramiento como fenómeno natural no puede negarse o desconocerse con ocasión de una manifestación negativa que choca con la realidad, como lo deduce el tribunal de la ausencia de firma en el acta de registro. La firma o la carencia de la firma de la madre en el registro civil de nacimiento no constituyen un acto de reconocimiento o de rechazo de la maternidad de una persona. El artículo 52 del Código Civil subrogado por el artículo 1º de la Ley 45 de 1936 (11) , señala que el reconocimiento de la calidad de madre se tiene por el hecho del nacimiento.
En cuanto a los señores Virgilio Prieto Espinosa y Gentil Prieto Espinosa, se encuentra igualmente demostrado en forma idónea y veraz el parentesco con el señor Saúl Espinosa, no obstante haber aportado la partida eclesiástica de bautismo que, aún cuando no resulta ser en principio el documento idóneo a efectos de acreditar el estado civil de las personas, es perfectamente válido y debe otorgársele todo el valor de la prueba documental sobre tal estado, si se atiende el hecho de que sus nacimientos se registraron en los años de 1930 y 1933 respectivamente, fechas en las que esta función fue adelantada primordialmente por la Iglesia católica. La ley vigente de de esa época (12) dispuso que las partidas de origen eclesiástico constituían la prueba principal del estado civil de las personas, solo hasta el año de 1938 con la expedición de la Ley 92, artículo 18, se estableció como prueba del estado civil, las copias expedidas por los funcionarios enunciados en el artículo 1º de la misma compilación y, como pruebas supletorias, las partidas eclesiásticas.
Por concepto de daño moral:
Debido a que la negación sobre el reconocimiento de la indemnización por daño moral es objeto de inconformidad, la Sala lo modificará atendiendo los argumentos de la apelación y considerando que no existe razón para negar la indemnización a la madre y los hermanos del fallecido Saúl Espinosa. La angustia y aflicción que afectó a los miembros del grupo familiar resulta probada dentro del proceso aplicando el criterio para el reconocimiento indemnizatorio moral en quienes normalmente hay lugar a presumir el daño antijurídico inferido por muerte injusta, repentina y violenta, derivada de la actuación ilegal y arbitraria de las autoridades públicas (13) .
En ese sentido se condenará a la entidad demandada a pagar a los demandantes las siguientes sumas de dinero:
Para la señora Lucinda Espinosa en su condición de madre de la víctima, la suma equivalente a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 smmlv).
Para los señores Rosa María Prieto Espinosa, Lucilo Prieto Espinosa, Leo Gentil Prieto Espinosa, Ildefonso Prieto Espinosa y Virgilio Prieto Espinosa, en su condición de hermanos de la víctima, la suma equivalente a cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (50 smmlv) para cada uno de ellos.
Reconocimiento de perjuicios en primera instancia:
El tribunal de primera instancia reconoció perjuicios materiales a la señora Mery Cerón de Espinosa en su calidad de cónyuge supérstite, de conformidad con las pruebas obrantes dentro del proceso consistentes en el registro civil de matrimonio donde consta que esta y el señor Saúl Espinosa contrajeron matrimonio por el rito católico el día 28 de febrero de 1970 (fl. 18). Igualmente se probó que el señor Saúl Espinosa, en su condición de director de la Escuela Rural Mixta “Los Uvos” devengaba un total de ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos mensuales ($ 143.465) (fls. 21, 23 a 25).
Se verificará la liquidación efectuada en primera instancia, para establecer si los parámetros que determinaron la operación aritmética son correctos o deben ser modificados en este grado jurisdiccional, siempre atendiendo la situación que resulte menos gravosa para la entidad beneficiaria de la consulta.
Se observa que en el fallo consultado se tomaron los siguientes valores:
“VP = 676.91 = 3.611534973”
“3.611534973 x $ 143.465 = $ 518.128,86”
Las cifras reportadas por el DANE como índices de precios al consumidor para los meses de abril de 1991 (índice inicial) y diciembre de 1997 (índice final), no corresponden a los utilizados por el tribunal, pues en realidad los valores numéricos dados para esas fechas y que debieron ser correctamente utilizados en primera instancia son:
VP = final (85.68) = 3,633587786
Índice inicial (23.58)
3,633587786 x $ 143.465 = $ 521.292,67
Se observa que el tribunal, al efectuar la actualización de la suma base de liquidación tomó valores que no corresponden a los establecidos oficialmente por el DANE como índices de precios al consumidor, ello implica que la suma actualizada por el a quo resulta ser menor que la efectuada por esta corporación al desatar el grado jurisdiccional de consulta. No obstante, este parámetro adoptado por el tribunal de primera instancia no puede ser modificada por cuanto, ni el valor sobre el cual se liquida el perjuicio material, ni los valores que integran la fórmula de actualización de este, fueron objeto de recurso de apelación lo que implica que se mantendrá la suma de quinientos dieciocho mil ciento veintiocho pesos con ochenta y seis centavos ($ 518.128,86) como base de liquidación.
Se verificó igualmente que a la suma base de liquidación ($ 518.128,86) le fue restado el veinticinco por ciento (25%), cifra que, asume el tribunal, destinaba el fallecido para su propia manutención.
Este factor será modificado teniendo en cuenta que el señor Saúl Espinosa, de conformidad con la prueba obrante en el proceso, solamente velaba por el sustento propio y el de su esposa, razón por la cual habrá de entenderse que el fallecido destinaba para su manutención cincuenta por ciento (50%) del ingreso percibido, de conformidad con las pautas jurisprudenciales fijadas por esta Sala en casos similares (14) .
Aunado a lo anterior se probó que las personas que comparecieron al proceso en calidad de hijos de la víctima eran mayores de edad para la época en que tuvieron ocurrencia los hechos y esa circunstancia constituye una de las presunciones de emancipación legal contenida en la Ley Civil (15) y por ende no existía obligación alimentaría entre el occiso y sus descendientes.
$ 518.128,86 - 50 %
Base de liquidación = $ 259.064,43
Se encuentran ajustados a derecho de conformidad con las disposiciones legales y jurisprudenciales que en la época en que fue proferido el fallo consultado, imperaban. La decisión responde a la adecuada valoración de la prueba recaudada en este específico asunto.
a) Indemnización histórica: Comprende desde la fecha de los hechos, 7 de abril de 1991 hasta la fecha de la sentencia de primer grado, 16 de diciembre 1997 . Se calcula aplicando la siguiente formula:
IH = Ra (1 + i) n - 1
Ra - Ingreso o renta mensual ($ 259.064,43).
n - Numero de mensualidades que comprende el periodo a indemnizar (80)
IH = $ 259.064,43 (1+ 0,004867) 80 – 1
IH = $ 25’264.634,58
b) Indemnización futura: Comprende desde el día siguiente de la fecha de la sentencia 17 de diciembre de 1997, hasta el día en que se establece la expectativa de vida. En primera instancia fueron reconocidos 168,64 meses de vida futura a la demandante teniendo en cuenta que se trata de la persona de mayor edad frente al fallecido Saúl Espinosa, a ese número de meses ya se han descontado los 80 meses reconocidos en la indemnización debida o consolidada.
La Sala encuentra que, la cónyuge contaba para la fecha de ocurrencia de los hechos con 49 años de edad, lo que implica que tenía una vida probable de 30.10 años (360,83 meses), de los cuales ya se han liquidado 80 meses restan por liquidar 280,83 meses, sin embrago, la sentencia consultada liquidó 168,64 meses de vida probable y será ese el número de meses que, por ser menor, se tomará para tal efecto.
IF = Ra (1 + i) n - 1
i (1 + i ) n
IF = $ 259.064,43 (1 + 0,004867) 168,64 - 1
0,004867 (1 + 0,004867) 168,64
IF = $ 29’756.637,57
Indemnización debida o consolidada $ 25’264.634,58
Indemnización futura $ 29’756.637,57
Total perjuicios materiales $ 55’021.272,15
Proceso 3925: (fallecido: Segundo Santiago Lasso Bolaños) —Apelado y consultable—
1. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por registrador municipal del estado civil de Arboleda (Nariño), correspondiente a Segundo Santiago Lasso Bolaños donde consta que sus padres eran Pedro Pastor Lasso y María Bolaños (fl. 33, cdno. 3925).
2. Fotocopia auténtica del registro civil de defunción correspondiente a Segundo Santiago Lasso Bolaños donde consta que murió el 7 de abril de 1991, como consecuencia de disparo con arma de fuego (fl. 39, cdno. 3925).
3. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por registrador municipal del estado civil de Arboleda (Nariño), correspondiente a Benito Lasso Bolaños donde consta que sus padres son Pedro Pastor Lasso y María Bolaños (fl. 34, cdno. 3925).
4. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por registrador municipal del estado civil de Arboleda (Nariño), correspondiente a Bernarda del Socorro Lasso Bolaños, no existe información sobre su padres (fl. 35, cdno. 3925).
5. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por registrador municipal del estado civil de Rosas (Cauca), correspondiente a Víctor Javier Bedoya Bolaños donde consta que sus padres son Jaime Bedoya Realpe y María Bolaños (fl. 36, cdno. 3925).
6. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por registrador municipal del estado civil de Rosas (Cauca), correspondiente a María Cristina Bedoya Bolaños donde consta que sus padres son Jaime Bedoya Realpe y María Bolaños (fl. 37, cdno. 3925).
7. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por registrador municipal del estado civil de Rosas (Cauca), correspondiente a Miguel Ángel Bolaños donde consta que su madre es la señora María Bolaños (fl. 38, cdno. 3925).
1. El señor Segundo Santiago Lasso Bolaños, era hijo de la señora María Bolaños.
2. El señor Segundo Santiago Lasso Bolaños, murió el 7 de abril de 1991, como consecuencia de disparo con arma de fuego en la masacre de “Los Uvos”.
3. Los señores, Benito Lasso Bolaños, María Cristina Bedoya Bolaños, Víctor Javier Bedoya Bolaños y Miguel Ángel Bolaños, son hijos de la señora María Bolaños y hermanos de la víctima directa de los hechos por los cuales se demanda, Segundo Santiago Lasso Bolaños.
4. La víctima murió en la masacre de perpetrada por el Ejército Nacional de Colombia en el sector de “Los Uvos” departamento del Cauca como consecuencia de disparo con arma de fuego, según consta en la fotocopia auténtica del informe el informe técnico 233 de once de abril de 1991- levantamiento de cadáveres, realizado por la subdirección seccional Popayán- cuerpo técnico de policía judicial - sección criminalística (fls. 32 a 48, cdno. pruebas).
III. La sentencia de primera instancia correspondiente al proceso 3925 será modificada por las razones que se exponen a continuación:
Se encuentra plenamente acreditado el parentesco por consanguinidad que existió entre el señor Segundo Santiago Lasso Bolaños y los demandantes Benito Lasso Bolaños, María Cristina Bedoya Bolaños, Víctor Javier Bedoya Bolaños, Miguel Ángel Bolaños y la señora María Bolaños.
En efecto, el Tribunal Administrativo del Cauca al resolver sobre el reconocimiento de perjuicios morales a las personas que en este proceso obran como demandantes (madre y hermanos de la víctima directa), realizó un análisis equivocado de las pruebas obrantes dentro del proceso y que tienen como finalidad demostrar el vínculo familiar aludido. Dentro de los certificados de registro civil de nacimiento correspondientes a Benito Lasso Bolaños, María Cristina Bedoya Bolaños, Víctor Javier Bedoya Bolaños, Miguel Ángel Bolaños, se observa que en cada uno de ellos se indica que son hijos de la señora María Bolaños, siendo suficiente para acreditar el tronco familiar común existente entre el fallecido y sus hermanos por vía de la línea ascendente de consanguinidad (madre), lo anterior significa que tanto las pruebas documentales aportadas para esos efectos como la información allí contenida resulta idónea y veraz.
Por su parte, respecto de la señora María Bolaños y la prueba de parentesco frente al fallecido Segundo Santiago Lasso Bolaños y los demandantes que comparecen en calidad de hermanos de este, se advierte que el reconocimiento de un hijo por parte de la madre no se materializa con la suscripción de un documento como el registro civil de nacimiento, pues tal acto (el de reconocimiento) denota un contenido jurídico que, en el caso de la madre, trasciende de la simple suscripción de un documento, el alumbramiento como fenómeno natural no puede negarse o desconocerse con ocasión de una manifestación negativa que choca con la realidad, como lo deduce el tribunal de la ausencia de firma en el acta de registro. En análisis anteriores, plasmados al desatar el recurso de apelación dentro del proceso 3926 se efectuó tal planteamiento.
En cuanto a la señora Bernarda del Socorro Lasso Bolaños, se encuentra que de ninguna manera acreditó la calidad de hermana del señor Segundo Santiago Lasso Bolaños, debido a que en el único documento que se aportó al expediente con la finalidad de demostrar el parentesco aducido, no se hace mención de quiénes son sus padres, por esta razón resulta imposible determinar el tronco común familiar que genera el parentesco con el fallecido Lasso Bolaños. Tampoco existe dentro del proceso acumulado prueba válida alguna, testimonial o documental, de la que pueda inferirse su condición de damnificada, por lo anterior no habrá lugar a indemnización en su caso.
Debido a que la negación sobre el reconocimiento de la indemnización por daño moral es objeto de inconformidad, la Sala lo modificará atendiendo los argumentos de la apelación y considerando que no existe razón para negar la indemnización a la madre y a quienes comparecen aduciendo la condición de hermanos del señor Segundo Santiago Lasso Bolaños, con excepción de la señora Bernarda del Socorro Lassso Bolaños. La angustia y aflicción que afectó a los miembros del grupo familiar resulta probada dentro del proceso aplicando el criterio jurisprudencial para el reconocimiento indemnizatorio moral en quienes normalmente hay lugar a presumir el daño antijurídico inferido por muerte injusta, repentina y violenta, derivada de la actuación ilegal y arbitraria de las autoridades públicas, como se indicó al resolver la apelación anterior.
Para la señora María Bolaños en su condición de madre de la víctima, la suma equivalente a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 smmlv).
Para los señores Benito Lasso Bolaños, María Cristina Bedoya Bolaños, Víctor Javier Bedoya Bolaños, Miguel Ángel Bolaños, en su condición de hermanos de la víctima, la suma equivalente a cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (50 smmlv) para cada uno de ellos.
El tribunal de primera instancia reconoció perjuicios materiales a Elen Yineth, Janier y Libey Lazo Prieto En su condición de hijos de Segundo Santiago Lasso Bolaños.
De las pruebas obrantes en el proceso consistentes en el registro civil nacimiento de cada uno de los mencionados, consta que son hijos de Segundo Santiago Lasso Bolaños y Yenny Prieto Rengifo quien también murió en la masacre (fls. 30 a 32). Igualmente se probó que el señor Lasso Bolaños, era una persona económicamente productiva y que se dedicaba al comercio, no obstante, resulta indeterminado el ingreso mensual que percibía por esa actividad, razón por la cual, los perjuicios fueron liquidados con el salario mínimo mensual legal vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos, es decir, la suma de ($ 51.720).
“3.611534973 x $ 51.720 = $ 186.788,58”
3,633587786 x $ 51.720 = $187.929,16
Se observa que el tribunal, al efectuar la actualización de la suma base de liquidación tomó valores que no corresponden a los establecidos oficialmente por el DANE como índices de precios al consumidor, ello implica que la suma actualizada por el a quo resulta ser menor que la efectuada por esta corporación al desatar el grado jurisdiccional de consulta. No obstante, este parámetro adoptado por el tribunal de primera instancia no puede ser modificada por cuanto, ni el valor sobre el cual se liquida el perjuicio material, ni los valores que integran la fórmula de actualización de este, fueron objeto de recurso de apelación lo que implica que se mantendrá la suma de $ 186.788,58 como base de liquidación.
Se resta el veinticinco por ciento (25%) de la suma devengada de conformidad con los parámetros de la sentencia consultada y del resultado se tomará una tercera parte, debido a que son tres las cuotas que él cubría con su ingreso, esa será la base para liquidar en cada uno de los casos el daño material que, igualmente se encuentra incorrectamente aplicado en la formula del tribunal si se observa que allí no se tuvo en cuenta que son tres los hijos que reclaman.
$ 186.788,58 - (25 %) = $ 140.091,44
$140.091,44 / 3 = $ 46.697,14
Base de liquidación = $ 46.697,14
• Indemnización para Elen Yinet Lazo Prieto (nacida en mayo 19/85)
a) Indemnización histórica: Comprende desde la fecha de los hechos (abr. 7/91) hasta la fecha en que se dictó la sentencia de primera instancia (dic. 16/97)
Ra - Ingreso o renta mensual ($ 46.697,14)
i - Interés puro o técnico del 6% anual (0,004867 mensual)
n - Número de mensualidades que comprende el periodo a indemnizar (80)
IH = $46.697,14 (1+ 0,004867) 80 - 1
IH = $4’554.026,10
b) Indemnización futura: Comprende desde el día siguiente al que fue proferida la decisión de primera instancia (dic. 17/97) hasta el día en que cumplió la mayoría de edad (mayo 19/2003). Se calcula aplicando la siguiente formula:
i(1 + i ) n
IF = $ 46.697,14 (1 + 0,004867) 65 - 1
0,004867 (1 + 0,004867) 65
IF = $ 2’597.066,48
Indemnización debida: $ 4’554.026,10
Indemnización futura: $ 2’597.066,48
Total a indemnizar: $ 7’151.092,58
• Indemnización para Janier Lazo Prieto (nacido en marzo 3/88)
n - Número de mensualidades que comprende el período a indemnizar (80)
IH = $ 46.697,14 (1+ 0,004867) 80 - 1
IH = $ 4’554.026,10
b) Indemnización futura: Comprende desde el día siguiente al que fue proferida la decisión de primera instancia (dic. 17/97) hasta el día en que cumplió la mayoría de edad (marzo 3/2006). Se calcula aplicando la siguiente formula:
IF = $ 46.697,14 (1 + 0,004867) 98,05 - 1
0,004867 (1 + 0,004867) 98,05
IF = $ 5’553.568,72
Indemnización futura: $ 3’634.353,64
Total a indemnizar: $ 8’188.379,74
• Indemnización para Libey Lazo Prieto (nacida en jul. 6/89)
a) Indemnización histórica: Comprende desde la fecha de los hechos (abr. 7/91) hasta la fecha en que se dictó la sentencia de primera instancia (16 de dic. 16/97)
b) Indemnización futura: Comprende desde el día siguiente al que fue proferida la decisión de primera instancia (dic. 17/97) hasta el día en que cumplió la mayoría de edad (jul. 6/2007). Se calcula aplicando la siguiente formula:
IF = $ 46.697,14 (1 + 0,004867) 114,06 - 1
0,004867 (1 + 0,004867) 114,06
IF = $ 4’080.266,70
Indemnización futura: $ 4’080.266,70
Total a indemnizar: $ 8’634.292,8
Indemnización para Elen Yinet Lazo Prieto $ 7’151.092,58
Indemnización para Janier Lazo Prieto $ 8’188.379,74
Indemnización para Libey Lazo Prieto $ 8’634.292,8
Proceso 3922: (fallecido: Lioncio Muñoz Mellizo) —Apelable y consultable—
1. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de matrimonio celebrado el día 28 de mayo 1970 entre Lioncio Muñoz Mellizo y Carmelina Mellizo Vega (fl. 16, cdno. 3922).
2. Fotocopia auténtica del registro civil de defunción correspondiente a Lioncio Muñoz Mellizo, donde consta que murió el 7 de abril de 1991, como consecuencia de disparo con arma de fuego (fl. 21, cdno. 3922).
3. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento correspondiente a Virgilio Muñoz Mellizo, donde se afirma que sus padres son Lioncio Muñoz Mellizo y Carmelina Mellizo Vega, no obstante, allí no aparece reconocimiento por parte del señor Lioncio Muñoz Mellizo (fl. 294, cdno. ppal.).
4. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento correspondiente a Jorge Muñoz Mellizo, donde se afirma que sus padres son Lioncio Muñoz Mellizo y Carmelina Mellizo Vega, no obstante, allí no aparece reconocimiento por parte del señor Lioncio Muñoz Mellizo (fl. 295, cdno. ppal.).
II. Apreciado el material probatorio allegado al proceso y haciendo un análisis objetivo y comparativo de tales medios de convicción para llegar a una conclusión, dentro de lo razonable, sobre los elementos de hecho de la demanda y de la defensa (CPC, art. 187), la Sala encuentra que:
1. La víctima murió en la masacre de perpetrada por el Ejército Nacional de Colombia en el sector de “Los Uvos” departamento del Cauca como consecuencia de disparo con arma de fuego, según consta en la fotocopia auténtica del informe técnico 233 de once de abril de 1991 - levantamiento de cadáveres, realizado por la subdirección seccional Popayán - cuero técnico de policía judicial - sección criminalística (fls. 32 a 48, cdno. pruebas).
2. En ninguno de los dos casos de los apelantes, señores Jorge y Virgilio Muñoz Mellizo, es posible acceder a las súplicas de la demanda por las razones que se exponen a continuación:
Si bien es cierto los apelantes resultan ser hijos extramatrimoniales de la señora Carmelina Muñoz Vega, no es posible por ese solo hecho inferir que su padre sea el señor Lioncio Muñoz Mellizo, persona con la que posteriormente a los nacimientos (marzo 25/70 y oct. 30/61 respectivamente) contrajo matrimonio, es preciso que el reconocimiento por parte del presunto padre se efectúe, este sí, en el momento del denuncio ante las autoridades de registro competentes, o mediante declaración judicial, o por instrumento público, o en el momento de contraer matrimonio. Tampoco es posible afirmar dentro ninguna noción jurídica que con la celebración del matrimonio posterior al nacimiento (mayo 28/70) quienes afirman ser hijos concebidos fuera de él se hallen en condición de legitimación ipso iure (16) , pues para que la legitimación se presente resulta indefectiblemente necesario que, previo a ello exista un acto de reconocimiento por parte del presunto padre en alguno de los eventos señalados anteriormente. Aunado a lo anterior, no se acreditó en el expediente que la manifestación realizada por un tercero en los certificados de registro civil de nacimiento, sea veraz en el sentido que las personas que allí figuran como padres en realidad sean, razón por la que se concluye que no se acreditó el vínculo de consanguinidad alegado por los recurrentes, ni situación de damnificados alguna, por lo anterior no habrá lugar a indemnización en su caso.
El tribunal de primera instancia reconoció perjuicios materiales a Carmelina Mellizo Vega en su condición de cónyuge supérstite, y a los hijos que para fecha en que se produjo la muerte de Lioncio aún eran menores de edad, es decir, Hugo, Lucely y Carmenza Muñoz Mellizo.
De las pruebas obrantes en el proceso consistentes en el registro civil de nacimiento de cada uno de los mencionados, consta que son hijos de Lioncio Muñoz Mellizo y Carmelina Mellizo Vega (fls. 18 a 20, cdno. 3922 y fl. 32, cdno. 3776). Igualmente se probó que el señor, era una persona económicamente productiva y que en esas condiciones el ingreso mensual que podía percibir por cualquier actividad que desarrollara no sería inferior la salario mínimo de esa época, razón por la cual, los perjuicios fueron liquidados con el salario mínimo mensual legal vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos, es decir, la suma de ($ 51.720).
VP = Índice final (85.68) = 3,633587786
3,633587786 x $ 51.720 = $ 187.929,16
Se observa que el tribunal, al efectuar la actualización de la suma base de liquidación tomó valores que no corresponden a los establecidos oficialmente por el DANE como índices de precios al consumidor, ello implica que la suma actualizada por el a quo resulta ser menor que la efectuada por esta corporación al desatar el grado jurisdiccional de consulta. No obstante, este parámetro adoptado por el tribunal de primera instancia no puede ser modificado por cuanto, ni el valor sobre el cual se liquida el perjuicio material, ni los valores que integran la fórmula de actualización de éste, fueron objeto de recurso de apelación lo que implica que se mantendrá la suma de $ 186.788,58 como base de liquidación.
Se resta el veinticinco por ciento (25%) de la suma devengada de conformidad con los parámetros de la sentencia consultada y el resultado será dividido en cuatro partes iguales tal y como lo ha efectuado el tribunal que, a pesar de no ser la forma como actualmente se asignan las cuotas parte en casos similares, resulta más conveniente para lo intereses de la entidad condenada, esa será la base para liquidar en cada uno de los casos el daño material.
$ 140.091,44 / 4 = $ 35.022,29
Base de liquidación = $ 35.022,29
La liquidación de perjuicios materiales realizada en primera instancia será confirmada en su integridad respecto de las personas que obran como demandantes dentro del presente proceso acumulado, debido a que los valores que allí se consigan, se encuentran ajustados a los parámetros dados por la corporación de primera instancia y no existe error alguno al efectuar las respetivas operaciones aritméticas en cuanto al computo de meses por liquidar en cada uno de los casos y la aplicación de las fórmulas indicadas para ello.
Cabe señalar que si se aplicara la asignación de cuotas partes bajo la fórmula ingreso base (-) 25% = resultado (/) en dos partes iguales para distribuir una de esas partes a la cónyuge (50%) y otra a los hijos (50%), se acrecentaría la base para liquidar a la cónyuge supérstite y con ello el monto de la indemnización futura, pues es ella quien cuenta con un mayor número de meses por indemnizar de acuerdo a la expectativa de vida de aquella quien era mayor en edad frente a su esposo fallecido.
Así, el resultado de la operación aritmética en caso de aplicarse la fórmula anterior, resulta más onerosa como se evidencia de los siguientes valores:
$ 140.091,44 / 2 = $ 70.045,72
$ 70.045,72 / 3 = $ 23.348,57
Base de liquidación para la cónyuge = $ 70.045,72
Base de liquidación para los hijos = $ 23.348, 57
Como se anunció, se mantendrá liquidación efectuada por el tribunal de primera instancia. La decisión responde a la adecuada valoración de la prueba recaudada en este específico asunto.
• Indemnización para Carmelina Mellizo Vega
Indemnización debida o consolidada $ 3’415.522,99
Indemnización futura $10’321.938,15
Total perjuicios materiales $ 13’737.461,14
• Indemnización para Hugo Muñoz Mellizo (nacido en jul. 25/78)
a) Indemnización histórica: Comprende desde la fecha de los hechos (abr. 7/91) hasta la fecha en que cumplió 18 años de edad (jul. 25/96).
Valor a indemnizar $ 2’057.060,55
• Indemnización para Carmenza Muñoz Mellizo (nacida en jul. 2/73)
a) Indemnización histórica: Comprende desde la fecha de los hechos (abr. 7/91) hasta la fecha en que cumplió 18 años de edad (jul. 2/91).
Valor a indemnizar = $ 105.580,86
• Indemnización para Lucely Muñoz Mellizo (nacida en ene. 17/81)
a) Indemnización histórica: Comprende desde la fecha de los hechos (abr. 7/91) hasta el día en que se dictó sentencia de primera instancia (dic. 16/97)
Valor a indemnizar: $ 3’415.522,99
b) Indemnización futura: Comprende desde el día siguiente de la fecha de la sentencia de primera instancia hasta la fecha en que cumplió 18 años de edad (ene. 17/99):
Valor a indemnizar: $ 864.849,17
Proceso 3923: (fallecido: Hernan Mamian Moreno) —Apelación y consulta—
1. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por el notario primero del círculo de Popayán (Cauca) correspondiente a Hernan Mamian Moreno donde consta que sus padres eran Dioselina Moreno Piñuela Y Azael Mamian Atoy (fl. 41, cdno. 3923).
2. Fotocopia auténtica del registro civil de defunción correspondiente a Hernan Mamian Moreno donde consta que murió el 7 de abril de 1991, como consecuencia de disparo con arma de fuego (fl. 42, cdno. 3923).
3. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por el notario único de “La Vega” (Cauca) correspondiente a Rosa Enelia Gómez donde consta que su madre es la señora Rosalba Gómez, allí se consigna que no existe nota de reconocimiento del padre (fl. 36, cdno. 3923).
4. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por el notario único de “Patía” (Cauca) correspondiente a Azael Mamian Moreno donde consta que es hijo de Azael Mamian Atoy y Dioselina Moreno Piñuela (fl. 37, cdno. 3923).
5. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por el notario único de “Patía” (Cauca) correspondiente a Jorge Eliecer Mamian Moreno donde consta que sus padres son Azael Mamian Atoy y Dioselina Moreno Piñuela (fl. 38, cdno. 3923).
6. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por el notario único de “Zarzal” (Valle del Cauca) correspondiente a Clara Inés Mamian Moreno donde consta que sus padres son Azael Mamian Atoy y Dioselina Moreno Piñuela (fl. 39, cdno. 3923).
7. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por el notario único de “Caicedonia” (Valle del Cauca) correspondiente a Anascanceno Mamian Moreno donde consta que sus padres son Azael Mamian Atoy y Dioselina Moreno Piñuela (fl. 38, cdno. 3923).
1. El señor Hernan Mamian Moreno era hijo de los señores Azael Mamian Atoy y Dioselina Moreno Piñuela.
2. El señor Hernan Mamian Moreno murió el 7 de abril de 1991, como consecuencia de disparo con arma de fuego en la masacre de “Los Uvos”.
3. Los señores Anascanceno, Azael, Jorge Eliecer y Clara Inés Moreno Mamian son hijos de los señores Azael Mamian Atoy y Dioselina Moreno Piñuela y hermanos de la víctima directa de los hechos por los cuales se demanda, Hernán Mamian Moreno.
4. La víctima murió en la masacre de perpetrada por el Ejército Nacional de Colombia en el sector de “Los Uvos” departamento del Cauca como consecuencia de disparo con arma de fuego, según consta en la fotocopia auténtica del informe el informe técnico 233 de once de abril de 1991 - levantamiento de cadáveres, realizado por la subdirección seccional Popayán - cuero técnico de policía judicial - sección criminalística (fls. 32 a 48, cdno. pruebas).
III. La sentencia de primera instancia correspondiente al proceso 3923 será modificada por las razones que se exponen a continuación:
Se encuentra plenamente acreditado el parentesco por consanguinidad que existió entre el señor Hernan Mamian Atoy y los demandantes Anascanceno, Azael, Jorge Eliecer y Clara Inés Moreno Mamian en calidad de hermanos y, Azael Mamian Atoy y Dioselina Moreno Piñuela como sus padres.
En efecto, el Tribunal Administrativo del Cauca al resolver sobre el reconocimiento de perjuicios morales a las personas que en este proceso obran como demandantes (padres y hermanos de la víctima directa), realizó un análisis equivocado de las pruebas obrantes dentro del proceso y que tienen como finalidad demostrar el vínculo familiar aludido. Dentro de los certificados de registro civil de nacimiento correspondientes a Anascanceno, Azael, Jorge Eliecer y Clara Inés Mamian Moreno, se observa que en cada uno de ellos se indica que son hijos de los señores Azael Mamian Atoy y Dioselina Moreno Piñuela, siendo suficiente para acreditar el tronco familiar común existente el fallecido con sus hermanos por vía de la línea ascendente de consanguinidad (padre y madre), lo anterior significa que tanto las pruebas documentales aportadas para esos efectos como la información allí contenida resulta idónea y veraz.
Ya en apartes anteriores de esta sentencia, se ha reiterado en varias oportunidades, lo referente a la prueba de parentesco entre el fallecido y los demandantes que comparecen en calidad de hermanos de este. Se desconocen derechos de los demandantes cuando se enrostra la falta o la ausencia de firma en el acta de registro por parte de la madre, advirtiendo nuevamente que en el caso del padre, como se señaló anteriormente, el acto de reconocimiento se exterioriza de diferente manera. La firma o la carencia de la firma de la madre en el registro civil de nacimiento no constituyen un acto de reconocimiento o de rechazo de la maternidad de una persona, se repite.
Frente al caso de la demandante Rosa Enelia Gómez, teniendo cuenta que si bien es cierto, en el certificado allegado al expediente se observa que es hija de la señora Rosalba Gómez, y que esta tuvo hijos reconocidos por el señor Hernán Mamian Moreno, no quiere ello decir que de ese hecho pueda inferirse válidamente que ella también lo fuera, es decir, que Hernan Mamian Moreno haya sido su padre. No obstante, existen pruebas testimoniales que acreditan que la madre de Rosa Enelia Gomez sostenía una relación familiar de hecho con el señor Hernan Mamian Moreno, así se verifica de la lectura del acta de los testimonios vertidos por los señores Galo Rodriguez (fl. 217, cdno. pruebas) y Percides Hoyos Meneses (fl. 209, cdno. ppal.) quienes sostuvieron de forma homogénea haber conocido de vista y trato a Hernan Mamian por razones de amistad y trabajo, el último por haber sido su empleador, indicaron que las ganancias que obtenía Mamian Moreno por las diversas labores que desempeñaba, las destinaba al sostenimiento del hogar natural conformado con Rosalba Gómez y a los hijos producto de esa unión, todos menores de edad entre las que se encuentra Rosa Enelia Gómez, razones que llevan a afirmar que su deceso causó en los miembros del grupo familiar perjuicios de carácter moral. Por las razones anteriores se condenará a pagar por concepto de perjuicios morales la suma de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de Rosa Enelia Gomez en condición de damnificada.
Debido a que la negación sobre el reconocimiento de la indemnización por daño moral es objeto de inconformidad, la Sala lo modificará atendiendo los argumentos de la apelación y considerando que no existe razón para negar la indemnización a los padres y a los hermanos del fallecido Hernan Mamian Moreno. La angustia y aflicción que afectó a los miembros del grupo familiar resulta probada dentro del proceso aplicando el criterio para el reconocimiento indemnizatorio moral en quienes normalmente hay lugar a presumir el daño antijurídico inferido por muerte injusta, repentina y violenta, derivada de la actuación ilegal y arbitraria de las autoridades públicas.
Para los señores Azael Mamian Atoy y Dioselina Moreno Piñuela, en su condición de padres de la víctima, la suma equivalente a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 smmlv) para cada uno de ellos.
Para los señores Anascanceno, Azael, Jorge Eliecer y Clara Inés Mamian Moreno, en su condición de hermanos de la víctima, la suma equivalente a cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (50 smmlv) para cada uno de ellos.
Para Rosa Enelia Gomez, en su condición de damnificada, la suma equivalente a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 smmlv).
El tribunal de primera instancia reconoció perjuicios materiales a la señora Rosalba Gómez, teniendo en cuenta que la consideró correctamente como compañera permanente del señor Hernan Mamian Moreno, de conformidad con las pruebas testimoniales obrantes en el proceso acumulado.
Se probó que Hernan Mamiam Moreno era una persona económicamente productiva para la fecha en que se produjo su muerte, no obstante resultó indeterminado cuantitativamente, el ingreso que percibía de forma mensual por las actividades que desarrollaba para obtener el sustento suyo y de su familia, se tomó correctamente el salario mínimo mensual legal vigente para el año 1991, con base en el cual fueron reconocidos perjuicios de índole material a sus hijos Alirio, Claudia Patricia, María Isabel Mamian.
En el caso de Rosa Fernanda Gómez, resulta conveniente reiterar lo que en casos similares ha expuesto la corporación en relación con el hijo póstumo (17) :
“En materia de hijo póstumo la Sala ha reconocido la existencia de daño moral (18) aún cuando la demandante no había nacido para el momento en que falleció su padre (...); ha dicho que al momento de la ocurrencia del hecho dañoso aun cuando el actor era nasciturus no se puede desconocer, como lo enseña la vida social y la experiencia humana, que el suceso de muerte del progenitor priva al menor de las condiciones fundamentales de crecimiento, desarrollo personal y sentimental, en tanto carecerá, a lo largo de su vida, de la figura paterna para recibir de él afecto y la dirección necesarios para el normal desenvolvimiento de un ser humano”.
El tribunal, al efectuar la actualización de la suma base de liquidación tomó valores que no corresponden a los establecidos oficialmente por el DANE como índices de precios al consumidor, ello implica que la suma actualizada por el a quo resulta ser menor que la efectuada por esta corporación al desatar el grado jurisdiccional de consulta. No obstante, este parámetro adoptado por el tribunal de primera instancia no puede ser modificado por cuanto, ni el valor sobre el cual se liquida el perjuicio material, ni los valores que integran la fórmula de actualización de este, fueron objeto de recurso de apelación lo que implica que se mantendrá la suma de $ 186.788,58 como base de liquidación.
Se resta el veinticinco por ciento (25%) de la suma devengada de conformidad con los parámetros de la sentencia consultada y el resultado será dividido en cinco partes iguales tal y como lo ha efectuado el tribunal que, a pesar de no ser la forma como actualmente se asignan las cuotas parte en casos similares, resulta más conveniente para lo intereses de la entidad condenada, esa será la base para liquidar en cada uno de los casos el daño material.
$ 140.091,44 / 5 = $ 28.018,28
Base de liquidación = $ 28.018,28
$ 70.045,72 / 4 = $ 15.511,43
Base de liquidación para los hijos = $ 15.511,43
• Indemnización para Rosalba Gómez
a) Indemnización histórica: Comprende desde la fecha de los hechos, 7 de abril de 1991 hasta la fecha de la sentencia de primera instancia (dic. 16/97).
Valor a indemnizar = $ 2’732.415,27
b) Indemnización futura: Comprende desde el día siguiente de la fecha de la sentencia (dic. 17/97) hasta la vida probable de la demandante que resulta ser el menor tiempo entre ésta y el de la víctima.
Valor a indemnizar = $ 4’486.245,38
Indemnización debida o consolidada $ 2’732.415,27
Indemnización futura $ 4’486.245,38
Total perjuicios materiales $ 7’218.660,65
• Indemnización para Alirio Mamian Gomez (nacido en abr. 21/83)
b) Indemnización futura: Comprende desde el día siguiente de la fecha de la sentencia (dic. 17/97) hasta la fecha en que cumplió 18 años de edad (abr. 21/2001).
Valor a indemnizar = $ 1’016.148,90
• Indemnización para Claudia Patricia Mamian Gómez (nacida en ago. 14/84)
b) Indemnización futura: Comprende desde el día siguiente de la fecha de la sentencia (dic. 17/97) hasta la fecha en que cumplió 18 años de edad (ago. 14/2002).
IH = $ 1’349.127,43
• Indemnización para María Isabel Mamian Gómez (nacida en mayo 30/86)
a) Indemnización histórica: Comprende desde la fecha de los hecho, 7 de abril de 1991 hasta la fecha de la sentencia de primera instancia (dic. 16/97).
b) Indemnización futura: Comprende desde el día siguiente de la fecha de la sentencia (dic. 17/97) hasta la fecha en que cumplió 18 años de edad (mayo 30/2004).
IH = $ 1’795.656,07
• Indemnización para Rosa Fernanda Gómez (nacida en jun. 12/91)
b) Indemnización futura: Comprende desde el día siguiente de la fecha de la sentencia (dic. 17/97) al día en que cumplirá 18 años de edad (jun. 12/2009).
IH = $ 2’811.039,06
Así, se confirmará las siguientes condenas:
Rosalba Gómez $ 7’218.660,65
Alirio Mamian Gómez $ 3’748.564,17
Claudia Patricia Mamian Gómez $ 4’081.542,70
María Isabel Mamian Gómez $ 4’528.071,34
Rosa Fernanda Gómez $ 5’543.454,33
Proceso 3924 (fallecido Yenny o Yegny Prieto Rengifo) —Consultable—
1. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por el Notario Único de Patía (Cauca), correspondiente a Libey Lazo Prieto donde consta que su madre es la señora Yenny Prieto Rengifo (fl. 32, cdno. 3925).
2. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por el notario único de Patía (Cauca), correspondiente a Janier Lazo Prieto donde consta que su madre es la señora Yenny Prieto Rengifo (fl. 31, cdno. 3925).
3. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por el notario único de Patía (Cauca), correspondiente a Elen Yineth Lazo Prieto donde consta que su madre es la señora Yenny Prieto Rengifo (fl. 32, cdno. 3925).
4. Fotocopia auténtica del registro civil de defunción correspondiente a Yenny Prieto Rengifo donde consta que murió el 7 de abril de 1991, como consecuencia de disparo con arma de fuego (fl. 39, cdno. 3925).
1. La señora Yenny Prieto Rengifo era la madre de los menores Libey Lazo Prieto, Elen Yineth Lazo Prieto y Janier Lazo Prieto.
2. La víctima murió en la masacre perpetrada por el Ejército Nacional de Colombia en el sector de “Los Uvos” departamento del Cauca como consecuencia de disparo con arma de fuego, según consta en la fotocopia auténtica del informe técnico 233 de once de abril de 1991 - levantamiento de cadáveres, realizado por la subdirección seccional Popayán - cuero técnico de policía judicial - sección criminalística (fls. 32 a 48, cdno. pruebas).
III. La sentencia de primera instancia correspondiente al proceso 3924 será confirmada por las razones que se exponen a continuación:
Teniendo en cuenta que i) en primera instancia el Estado colombiano fue declarado administrativamente responsable por los hechos que se le imputan y que constituyen un daño antijurídico, ii) que ello no fue objeto de recurso de apelación por la parte demandada, y que además iv) (sic) existe un concepto emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionado y analizado en precedencia en varias oportunidades, máxime si se trata de la violación de derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos de la que Colombia es un Estado parte, la Sala, analizará únicamente lo concerniente a las condenas impuestas en concreto, como objeto del grado jurisdiccional de consulta.
El tribunal de primera instancia reconoció perjuicios materiales a Elen Yineth, Janier y Libey Lazo Prieto en su condición de hijos de Yenny Prieto Rengifo.
De las pruebas obrantes en el proceso consistentes en el registro civil nacimiento de cada uno de los mencionados, consta que son hijos de Yenny Prieto Rengifo, (fls. 30 a 32). Igualmente se probó que la occisa, era una persona económicamente productiva y que se dedicaba al comercio, no obstante, resulta indeterminado el ingreso mensual que percibía por esa actividad, razón por la cual, los perjuicios fueron liquidados con el salario mínimo mensual legal vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos, es decir, la suma de ($ 51.720).
El tribunal, al efectuar la actualización de la suma base de liquidación tomó valores que no corresponden a los establecidos oficialmente por el DANE como índices de precios al consumidor, ello implica que la suma actualizada por el a quo resulta ser menor que la efectuada por esta corporación al desatar el grado jurisdiccional de consulta. No obstante, este parámetro adoptado por el tribunal de primera instancia no puede ser modificada por cuanto, ni el valor sobre el cual se liquida el perjuicio material, ni los valores que integran la fórmula de actualización de este, fueron objeto de recurso de apelación lo que implica que se mantendrá la suma de $ 186.788,58 como base de liquidación.
$ 140.091,44 / 3 = $ 46.697,14
• Indemnización para Libey Lazo Prieto (nacida en 6 de jul. 6/89)
IF = Ra (1 + i) n – 1
Proceso 3927 (fallecido José Belisario Dorado Muñoz) —Consultable—
1. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento correspondiente a Amparo Dorado Ortega, donde consta que sus padres son José Belisario Dorado Muñoz y Bertilda Ortega Ruiz (fl. 366, cdno. ppal).
2. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento correspondiente a Ana Milena Dorado Ortega, donde consta que sus padres son José Belisario Dorado Muñoz y Bertilda Ortega Ruiz (fl. 367, cdno. ppal).
3. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento correspondiente a Gilberto Dorado Ortega, donde consta que sus padres son José Belisario Dorado Muñoz y Bertilda Ortega Ruiz (fl. 368, cdno. papal).
4. Fotocopia auténtica del registro civil de defunción correspondiente a José Belisario Dorado Muñoz donde consta que murió el 7 de abril de 1991, como consecuencia de disparo con arma de fuego (fl. 355, cdno. ppa).
1. El señor José Belisario Dorado Muñoz era el padre de los menores Amparo, Ana Milena y Gilberto Dorado Ortega.
2. La víctima murió en la masacre de perpetrada por el Ejército Nacional de Colombia en el sector de “Los Uvos” departamento del Cauca como consecuencia de disparo con arma de fuego, según consta en la fotocopia auténtica del informe el informe técnico 233 de once de abril de 1991 - levantamiento de cadáveres, realizado por la subdirección seccional Popayán - cuero técnico de policía judicial - sección criminalística (fls. 32 a 48, cdno. pruebas).
III. La sentencia de primera instancia correspondiente al proceso 3927 será confirmada por las razones que se exponen a continuación:
Teniendo en cuenta que i) en primera instancia el Estado colombiano fue declarado administrativamente responsable por los hechos que se le imputan y que constituyen un daño antijurídico, ii) que ello no fue objeto de recurso de apelación por la parte demandada, y que además iii) existe un concepto emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionado y analizado en precedencia en varias oportunidades, máxime si se trata de la violación de derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos de la que Colombia es un Estado parte, la Sala, analizará únicamente lo concerniente a las condenas impuestas en concreto, como objeto del grado jurisdiccional de consulta.
El Tribunal Administrativo del Cauca, condenó a la Nación —Ministerio de Defensa Nacional— Ejército Nacional, a pagar por concepto de perjuicios morales la suma equivalente a mil gramos de oro para cada uno de los hijos de la víctima (1.000 GMS), sin embargo, esta corporación ordenará que la tasación del perjuicio no se efectúe con base en el valor del gramo oro, se ordenará que se liquide con base en el monto del salario mínimo mensual legal vigente para la fecha en que se produjo la sentencia de primera instancia (dic. 16/97) como lo ha sostenido la Sala (19) , en procura, esta vez, de conjurar con ello una eventual fluctuación de los precios de los metales preciosos que pueda desencadenar en un perjuicio a la entidad administrativa demandada. Así al encontrase debidamente acreditado el parentesco se acredita el daño bajo las presunciones de dolor y aflicción que anteriormente se han aplicado de conformidad con los parámetros de la jurisprudencia ya citada y con ello se ordenará el pago de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 smmlv) para cada uno de los hijos de la víctima.
Fueron reconocidos perjuicios materiales a Amparo, Ana Milena y Gilberto Dorado Ortega, en su condición de hijos de José Belisario Dorado Muñoz.
De las pruebas obrantes en el proceso consistentes en el registro civil nacimiento de cada uno de los mencionados, consta que son hijos del señor Dorado Muñoz. Igualmente se probó que el fallecido, era una persona económicamente productiva, no obstante, resulta indeterminado el ingreso mensual que percibía por esa actividad, razón por la cual, los perjuicios fueron liquidados con el salario mínimo mensual legal vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos, es decir, la suma de ($ 51.720).
Se resta el veinticinco por ciento (25%) de la suma devengada de conformidad con los parámetros de la sentencia consultada y del resultado se tomará una tercera parte, debido a que son tres las cuotas que él cubría con su ingreso, esa será la base para liquidar en cada uno de los casos el daño material.
• Indemnización para Amparo Dorado Ortega (nacida en ene. 10/79)
a) Indemnización histórica: Comprende desde la fecha de los hechos (abr. 7/91) hasta la fecha en que cumplió 18 años de edad (ene. 10/97). Se calcula aplicando la siguiente formula:
IH = $ 3’181.209,84
• Indemnización para Ana Milena Dorado Ortega (nacida en marzo 12/77)
a) Indemnización histórica: Comprende desde la fecha de los hechos (abr. 7/91) hasta la fecha en que cumplió 18 años de edad (mar. 12/95).
IH = $ 2’695.774,54
• Indemnización para Gilberto Dorado Ortega (nacido en nov. 23/75)
a) Indemnización histórica: Comprende desde la fecha de los hechos (abr. 7/91) hasta la fecha en que cumplió 18 años de edad (nov. 23/93).
IH = $ 1’612.722,35
Indemnización para Amparo Dorado Ortega $ 3’181.209,84
Indemnización para Ana Milena Dorado Ortega $ 2’695.774,54
Indemnización para Gilberto Dorado Ortega $ 1’612.722,35
Proceso 3918 (fallecida Adriana López) —Apelado—
1. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por el Notario Único de “Patía” (Cauca) correspondiente a Adriana López donde consta que su madre era la señora Maximina López Díaz (fl. 31, cdno. 3918).
2. Fotocopia auténtica del registro civil de defunción correspondiente a Adriana López donde consta que murió el 7 de abril de 1991, como consecuencia de disparo con arma de fuego (fl. 38, cdno. 3918).
3. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por el notario único de “Patía” (Cauca) correspondiente a Arleya Ledesma López donde consta que su madre es la señora Maximina López Díaz (fl. 29, cdno. 3918).
4. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por el Notario Único de “Patía” (Cauca) correspondiente a María Ignacia Ledesma López donde consta que su madre es la señora Maximina López Díaz (fl. 30, cdno. 3918).
5. Fotocopia auténtica del certificado de registro civil de nacimiento expedido por el notario único de “Yumbo” (Valle del Cauca) correspondiente a Brayan Eduardo Díaz López donde consta que su madre es la señora Maximina López Díaz (fl. 32, cdno. 3918).
6. Fotocopia auténtica de la escritura pública 0407 de 4 de abril de 1992, por medio de la cual se realizó el reconocimiento de hijos extramatrimoniales por parte de Roberto Díaz y Maximina López Díaz, allí se manifestó que Rufina, Dexy, Andrea y Yessela Díaz López fueron concebidas de las relaciones extramatrimoniales sostenidas entre Roberto Díaz y la madre de las anteriores señora Maximina López Díaz (fls. 33 a 34, cdno. 3918).
1. La señora Adriana López, era hija de la señora Maximina López.
2. La señora Adriana López, murió el 7 de abril de 1991, como consecuencia de disparo con arma de fuego en la masacre de “Los Uvos”.
3. Los señores Amparo, Arleya y María Ignacia Ledesma López, Brayan Eduardo, Rufina, Dexy, Andrea y Yesella Díaz López, son hijos de la señora Maximina López y hermanos de la víctima directa de los hechos por los cuales se demanda, Adriana López.
4. La víctima murió en la masacre perpetrada por el Ejército Nacional de Colombia en el sector de “Los Uvos” departamento del Cauca como consecuencia de disparo con arma de fuego, según consta en la fotocopia auténtica del informe el informe técnico 233 de once de abril de 1991 - levantamiento de cadáveres, realizado por la subdirección seccional Popayán - cuero técnico de policía judicial - sección criminalística (fls. 32 a 48, cdno. pruebas).
III. La sentencia de primera instancia correspondiente al proceso 3918 será revocada por las razones que se exponen a continuación:
Se encuentra plenamente acreditado el parentesco por consanguinidad que existió entre la señora Adriana López y los demandantes Amparo, Arleya y María Ignacia Ledesma López, Brayan Eduardo, Rufina, Dexy, Andrea Y Yesella Díaz López Y Maximina López.
En efecto, el Tribunal Administrativo del Cauca al resolver sobre el reconocimiento de perjuicios morales a las personas que en este proceso obran como demandantes (madre y hermanos de la víctima directa), realizó un análisis equivocado de las pruebas obrantes dentro del proceso y que tienen como finalidad demostrar el vínculo familiar aludido. Dentro de los certificados de registro civil de nacimiento correspondientes a quienes comparecen aduciendo su condición de hermanos, se observa que en cada uno de ellos se indica que son hijos de la señora Maximina López, siendo suficiente para acreditar el tronco familiar común existente el fallecido con sus hermanos por vía de la línea ascendente de consanguinidad (madre), lo anterior significa que tanto las pruebas documentales aportadas para esos efectos como la información allí contenida resulta idónea y veraz.
Por su parte, respecto de la señora Maximina López y la prueba de parentesco frente a la fallecida Adriana López y a los demandantes que comparecen en calidad de hermanos de esta, se advierte que el reconocimiento de un hijo por parte de la madre no se materializa con la suscripción de un documento como el registro civil de nacimiento, pues tal acto (el de reconocimiento) denota un contenido jurídico que, en el caso de la madre, trasciende de la simple suscripción de un documento, el alumbramiento como fenómeno natural no puede negarse o desconocerse con ocasión de una manifestación negativa que choca con la realidad, como lo deduce el tribunal de la ausencia de firma en el acta de registro. La firma o la carencia de la firma de la madre en el registro civil de nacimiento no constituyen un acto de reconocimiento o de rechazo de la maternidad de una persona. El artículo 52 del Código Civil subrogado por el artículo 1º de la Ley 45 de 1936 (20) , señala que el reconocimiento de la calidad de madre se tiene por el hecho del nacimiento.
Debido a que la negación sobre el reconocimiento de la indemnización por daño moral es objeto de inconformidad, la Sala lo revocará modificará atendiendo los argumentos de la apelación y considerando que no existe razón para negar la indemnización a la madre y los hermanos de la fallecida Adriana López. La angustia y aflicción que afectó a los miembros del grupo familiar resulta probada dentro del proceso aplicando el criterio para el reconocimiento indemnizatorio moral en quienes normalmente hay lugar a presumir el daño antijurídico inferido por muerte injusta, repentina y violenta, derivada de la actuación ilegal y arbitraria de las autoridades públicas.
Para los señores Amparo Ledesma López, Arleya Ledesma López y María Ignacia Ledesma López, Brayan Eduardo Díaz López, Rufina Díaz López, Dexy Díaz López, Andrea Díaz López y Yesella Díaz López en su condición de hermanos de la víctima, la suma equivalente a cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (50 smmlv) para cada uno de ellos.
1. MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 16 de diciembre de 1997, así:
Proceso 3926 (Saúl Espinosa)
1. CONDÉNASE a la Nación —Ministerio De Defensa Nacional— Ejército Nacional a pagar las siguientes sumas de dinero:
Por concepto de perjuicios materiales:
Para la señora Mery Cerón de Espinosa, en su condición de cónyuge supérstite, la suma de cincuenta y cinco millones veinte un mil doscientos setenta y dos pesos con quince centavos correspondiente a la indemnización por perjuicios material debidos o consolidados y futuro. ($ 55’021.272,15).
Proceso 3925 (Segundo Santiago Lasso Bolaños)
Para los señores Benito Lasso Bolaños, María Cristina Bedoya Bolaños, Víctor Javier Bedoya Bolaños y Miguel Ángel Bolaños, en su calidad de hermanos de la víctima, la suma equivalente a cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (50 smmlv) para cada uno de ellos.
Para Janier Lazo Prieto, la suma de ocho millones ciento ochenta y ocho mil trescientos setenta y nueve pesos con setenta y cuatro centavos ($ 8’188.379,74), en su condición de hijo de la víctima.
Para Elen Yineth Lazo Prieto, la suma de siete millones ciento quince mil noventa y dos pesos con cincuenta y ocho centavos ($ 7’151.092,58), en su condición de hija de la víctima.
Para Libey Lazo Prieto, la suma de OCHO millones seiscientos treinta y cuatro mil doscientos noventa y dos pesos con ocho centavos ($ 8’634.292,8), en su condición de hija de la víctima.
Proceso 3922 (Lioncio Muñoz Mellizo)
Para la señora Carmelina Mellizo Vega la suma de trece millones setecientos treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y un pesos con catorce centavos, por concepto de perjuicio material debido o consolidado y futuro ($ 13’737.461,14).
Para Hugo Muñoz Mellizo la suma de dos millones cincuenta y siete mil sesenta pesos con cincuenta y cinco centavos ($ 2’057.060,55), en su condición de hijo de la víctima.
Para Carmenza Muñoz Mellizo la suma de ciento cinco mil quinientos ochenta pesos con ochenta y seis centavos ($ 105.580,86) en su condición de hija de la víctima.
Para Lucely Muñoz Mellizo la suma de cuatro millones doscientos ochenta mil trescientos setenta y dos pesos con dieciséis centavos ($ 4’280.372,16) en su condición de hija de la víctima.
Proceso 3923 (Hernán Mamian Moreno)
Para la señora Rosalba Gómez la suma de siete millones doscientos dieciocho mil seiscientos sesenta pesos con sesenta y cinco centavos ($ 7’218.660,65) como indemnización por perjuicio material debido o consolidado y futuro.
Para Alirio Mamian Gomez la suma de tres millones setecientos cuarenta y ocho mil quinientos sesenta y tres pesos con ochenta y siete centavos ($ 3’748.563,87) en su condición de hijo de la víctima.
Para Claudia Patricia Mamian Gómez la suma de Cuatro millones ochenta y un mil quinientos cuarenta y dos pesos con siete centavos ($ 4’081.542,7) en su condición de hija de la víctima.
Para María Isabel Mamian Gómez la suma de cuatro millones quinientos veintiocho mil setenta y un pesos con treinta y cuatro centavos ($ 4’528.071,34) en su condición de hija de la víctima.
Para Rosa Fernanda Gómez la suma de CINCO millones quinientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos con treinta y tres centavos ($ 5’543.454,33) en su condición de hija póstuma de la víctima.
Proceso 3924 (Yenny o Yegny Prieto Rengifo)
Proceso 3927 (José Belisario Dorado Muñoz)
Para los señores Amparo Dorado Ortega, Ana Milena Dorado Ortega y Gilberto Dorado Ortega la suma equivalente a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes(100 smmlv) para cada uno de ellos, en su condición de hijos de la víctima.
Para Amparo Dorado Ortega la suma de tres millones ciento ochenta y un mil doscientos nueve pesos con ochenta y cuatro centavos ($ 3’181.209,84) en su condición de hija de la víctima.
Para Ana Milena Dorado Ortega la suma de dos millones seiscientos noventa y cinco mil setecientos setenta y cuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos ($ 2’695.774,54) en su condición de hija de la víctima.
Para Gilberto Dorado Ortega la suma de un millón seiscientos doce mil setecientos veintidós pesos con treinta y cinco centavos ($ 1’612.722,35) en su condición de hijo de la víctima.
Proceso 3918 (Andrea López)
Para los señores Amparo Ledesma López, Arleya Ledesma López, María Ignacia Ledesma López, Brayan Eduardo Díaz López, Rufina Díaz López, Dexy Díaz López, Andrea Díaz López y Yesella Díaz López en su condición de hermanos de la víctima, la suma equivalente a cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (50 smmlv) para cada uno de ellos.
2. CONFÍRMASE en lo restante la sentencia recurrida y consultada.
3. Una vez notificada esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.
(1) “ART. 184.—Las sentencias y los autos sobre liquidación de condenas en abstracto dictados en primera instancia que impongan una obligación a cargo de cualquier entidad pública, deberán consultarse con el superior, cuando no fueren apeladas por la administración”(...).
(2) Consejo de Estado, sentencia de veintidós (22) de febrero de dos mil siete (2007), radicación 25000-23-26-000-2000-00662-01(26036), Actor: Jorge Enrique Sánchez Chávez y otros.
(3) Fue creada en 1959 mediante la Resolución VIII de la Quinta reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores.
(4) Publicada en el Diario Oficial 33780 del 5 de febrero de 1973, pág. 321.
(5) Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional: C-225 de 1995 y C-582 de 1999.
(6) “La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un cuarto de siglo”. Escrito de la juez Cecilia Medina Quiroga intítulado “Las obligaciones de los Estados bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. San José de Costa Rica, 2005. Pág. 217.
(7) Sobre el tema puede consultarse la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 29 de julio de 1988 dentro del caso “Velásquez Rodríguez”.
(8) Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 5, párrafo 176; Caso comunidad indígena Sawhoyamaxa, supra nota 9, párrafo 197; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 12, párrafo 296.
(9) Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 5, párrafo 175; Caso comunidad indígena Sawhoyamaxa, supra nota 9, párrafo 197; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 12, párrafo 296.
(10) Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 5, párr. 183; Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 12, párrafo 301; y Caso López Álvarez, supra nota 232, párrafo 192.
(11) ART. 52.—Derogado. Ley 45 de 1936, artículo 30. Subrogado. Ley 45 de 1936, artículo 1º. “El hijo nacido de padres que al tiempo de la concepción no estaban casados entre sí, es hijo natural, cuando ha sido reconocido o declarado tal con arreglo a lo dispuesto en la presente ley. También se tendrá esta calidad respecto de la madre soltera o viuda por el solo hecho del nacimiento” (negrilla fuera de texto).
(12) Ley 57 de 1887: “ART. 22.—Se tendrán y admitirán como pruebas principales del estado civil, respecto de nacimientos, o matrimonios, o defunciones de personas bautizadas, casadas, o muertas en el seno de la Iglesia católica, las certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales” “(...)”.
(13) Ver entre otras, sentencia de 7 de julio de 1992, C.P. Daniel Suárez Hernández, actor: Luis María Calderón Sánchez (Exp. 6750).
(14) Consejo de Estado, sentencia de 13 de septiembre de 1999, rad. 15504, actor: María Eduviges Quintero Vda. de Mora y otros, demandado: La Nación —Ministerio de Defensa— Ejercito Nacional.
(15) Código Civil Colombiano. Artículo 314 (modificado por D. 772/75, art. 9º).
(16) Código Civil. ART. 238.—Legitimación del hijo extramatrimonial. El matrimonio de los padres legítima también ipso jure a los que uno y otro hayan reconocido como hijos naturales de ambos, con los requisitos legales (resaltado fuera de texto) (entiéndase hijo natural al hijo extramatrimonial).
Código Civil. Artículo 239. Legitimación por declaración expresa. Fuera de los casos de los dos artículos anteriores, el matrimonio posterior no produce ipso jure, la legitimidad de los hijos. Para que ella se produzca es necesario que los padres designen en el acta de matrimonio, o en escritura pública, los hijos a quienes confieren este beneficio, ya estén vivos o muertos.
(17) Sentencia – rad. 15. 926 de fecha cinco (5) de junio de dos mil ocho (2008).
(18) Sentencias proferidas los días: 16 de noviembre de 1989. Expediente 5.606. Demandante: Elías Martínez Grijalba. Esta providencia sirvió de base a otras: dictadas el 31 de enero de 1997. Expediente 9849. Demandante: Rosalba Vargas y otro y el 13 de septiembre de 2001. Rad. 12. 377. Actor: Blanca Fredil Gaviria y otra.
(19) Consejo de Estado - sentencia de seis (6) de septiembre de dos mil uno (2001), proceso acumulado radicación (13232-15646), demandante: Belén González y otros - William Alberto González y otra “Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que este cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, que en la fecha de esta sentencia corresponde a (...), cantidad que servirá de directriz a los jueces y tribunales de la misma jurisdicción”.
(20) ART. 52.—Derogado. Ley 45 de 1936, artículo 30. Subrogado. Ley 45 de 1936, artículo 1º. “El hijo nacido de padres que al tiempo de la concepción no estaban casados entre sí, es hijo natural, cuando ha sido reconocido o declarado tal con arreglo a lo dispuesto en la presente ley. También se tendrá esta calidad respecto de la madre soltera o viuda por el solo hecho del nacimiento” (negrilla fuera de texto).
Con el respeto que profeso por las determinaciones de la Sala, procedo a exponer las razones por las cuales no compartí el trámite y menos la decisión de fondo que finalmente se adoptó mediante el fallo al cual se refiere el presente salvamento de voto, comoquiera que se procedió a revisar de manera integral, sin limitación alguna, la sentencia de primera instancia con fundamento en el grado jurisdiccional de consulta al cual se le dio cabida a pesar de que el aludido fallo de primera instancia fue objeto de apelación por parte de los demandantes.
Para exponer mis razonamientos al respecto he de limitarme a transcribir las consideraciones que sobre esa misma materia pronunció la Sala el 20 de febrero de 2008, dentro del expediente 16739, en los siguientes términos:
“2.2. La competencia de la Sala en el sub judice y la procedencia del grado jurisdiccional de consulta, tras la entrada en vigor de la Ley 446 de 1998, cuando la sentencia condenatoria de primera instancia es apelada por la parte demandante.
La modificación introducida por la Ley 446 de 1998 a la regulación normativa del grado jurisdiccional de consulta no resulta aplicable al presente proceso, toda vez que el artículo 164 del mencionado cuerpo normativo establece lo siguiente:
«En los procesos iniciados ante la jurisdicción contencioso administrativa, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo, se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación».
Si bien la norma en cita no hace alusión expresa a la consulta, en otras ocasiones la Sala ha considerado que el mencionado grado jurisdiccional debe entenderse también previsto en ella por aplicación analógica , de manera que al haberse proferido la sentencia de primera instancia el día 6 de mayo de 1.999 y surtido todo el procedimiento relacionado con su ejecutoria e impugnación, como es obvio, con posterioridad a dicha fecha, resulta aplicable al presente asunto el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, el cual entró en vigor el día 8 de julio de 1998, esto es, antes de haber sido emitido el fallo por parte del a quo y de haberse remitido el proceso al Consejo de Estado para llevar a cabo el trámite de la segunda instancia.
El artículo 184 del Código Contencioso Administrativo es la norma que establece los presupuestos que deben concurrir para que proceda surtir el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia de primera instancia:
«ART. 184.—(modificado por L. 446/98, art. 57). Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas (...)».
Del tenor de la norma recién transcrita se desprende que los requisitos cuya concurrencia se precisa a efectos de que deba tramitarse el grado jurisdiccional de consulta en relación con la sentencia de primera instancia, son los siguientes:
1. Que el proceso tenga vocación de doble instancia, en razón a la cuantía del mismo;
2. Que la condena impuesta por el a quo en la sentencia sea superior a 300 salarios mínimos legales mensuales o que la sentencia se haya proferido en contra de una persona que fue representada por curador ad litem y
La tercera de las exigencias en cuestión es aquella en la cual la Sala habrá de centrar su atención a efectos de dilucidar si habiendo sido declarado desierto el recurso de apelación impetrado por la entidad demandada y condenada en primera instancia habida cuenta de que no lo sustentó, debe surtirse el grado jurisdiccional de consulta a pesar de que contra el fallo del Tribunal Administrativo de Casanare fue interpuesto, debidamente sustentado y, en su momento, admitido el recurso de alzada por parte del extremo demandante.
Y en relación con este asunto, la Sala reiterará la postura que en ocasión anterior ha sostenido en el sentido de que cuando la providencia en cuestión ha sido apelada por alguna de las partes, no procede tramitar el grado jurisdiccional de consulta, después de la entrada en vigor de la modificación introducida al artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998. En la antedicha dirección, se ha expresado lo siguiente:
«Así las cosas, esta Sala tiene competencia para revisar el fallo del a quo no solo en relación con los aspectos objeto del recurso interpuesto, sino respecto de todos los elementos que dieron lugar a la imposición de la condena en contra de la entidad demandada, pudiendo, en consecuencia, modificar dicho fallo sin limitación alguna, aun agravando la situación de esta última o la del apelante, dado que el trámite conjunto del recurso y de la consulta inhibe, para ambas partes, la aplicación del principio de no reformatio in pejus, que, en principio, operaría para el apelante, en virtud del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, y para la entidad demandada, en virtud de lo dispuesto en el citado artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, según el cual la consulta se surte en favor de la administración.
Vale la pena anotar que esta situación no puede presentarse, en ningún caso, en los procesos regidos por la Ley 446 de 1998, dado que, según lo dispuesto en su artículo 57, que modificó el 184 del Código Contencioso Administrativo, solo deberán consultarse con el superior las sentencias que no fueren apeladas, de manera que la interposición del recurso de alzada por cualquiera de las partes excluye el trámite de la consulta. Cosa distinta sucede con los procesos que, como este, se rigen por la norma anterior, según la cual la consulta procedía siempre que la sentencia respectiva no hubiere sido apelada por la administración» (énfasis añadido).
En apoyo de la posición que en relación con este extremo asume la Sala, además de la razón derivada de la interpretación exegética del artículo 57 de la Ley 446 de 1998 militan, cuando menos, dos argumentos adicionales:
(i) La Ley 446 de 1998 es un cuerpo normativo expedido con el claro propósito de propender, entre otros objetivos, por la mayor agilidad, celeridad y eficacia de la administración de justicia. Así se desprende, de forma palmaria, de los planteamientos consignados en su exposición de motivos, en la cual puede leerse lo siguiente:
«En efecto, resulta posible pensar que muchas personas, para quienes la justicia tradicional no actúa de manera ágil y efectiva o no responde eficazmente a su necesidad de solucionar problemas de carácter jurídico, acudan a soluciones ajenas a la institucionalidad y, en muchas ocasiones, generadoras de mayores conflictos. Por lo anterior, se evidencia la necesidad, cada vez mayor, de dotar al Estado y a los particulares de medios que les permitan encarar sus conflictos en forma más positiva, ya que, desde antiguo se ha reafirmado que la ley del talión no debe encontrar eco dentro de las sociedades civilizadas.
Por tal virtud, se deben adoptar nuevos mecanismos que conjuguen los fines esenciales del Estado con las garantías consagradas en favor de todos los ciudadanos y en favor de la eficiencia que debe caracterizar a la administración de justicia.
Siguiendo este derrotero, la ley estatutaria de la administración de justicia, fijó dentro de los principios que han de regir esta función pública los siguientes:
— La celeridad
Según el cual la administración de justicia debe ser pronta y cumplida, lo que implica que los jueces deben resolver de manera imparcial, efectiva y diligente las diversas situaciones que las personas someten a su conocimiento, en los precisos términos y oportunidades que señala el ordenamiento. Es, pues, el derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos tal como lo ordena el artículo 228 de la Constitución Política.
— La eficiencia
Bajo el entendido de que, además de la observancia de los términos señalados en la ley, celeridad, los jueces deben ser diligentes en la sustanciación de los procesos y atender con calidad y efectividad los asuntos a su cargo».
En consonancia con lo anterior, cualquier duda interpretativa que la normatividad introducida por la Ley 446 de 1998 suscite, debe despejarse optando por la alternativa hermenéutica que resulte más proclive a la materialización de los objetivos recién referidos, lo cual, tratándose de la regulación que el antecitado artículo 57 del cuerpo normativo en mención efectúa del grado jurisdiccional de consulta, conduce al juzgador a interpretarla de manera que dicho trámite procesal solamente debe surtirse en los precisos términos y en las estrictas condiciones señaladas por la norma, pues, en los demás eventos, deben hacerse prevalecer la agilidad en la instrucción del expediente y la eficiencia en la decisión de fondo de los asuntos.
(ii) La modificación introducida por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998 al artículo 184 del Código Contencioso Administrativo refuerza la idea-principio de acuerdo con la cual, si bien es cierto que resulta usual que una de las partes en los litigios de los cuales conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo sea el Estado o alguna de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, no lo es menos que, de cara al proceso, el juez ocupa una posición de tercero imparcial, respecto del cual el Estado, las más de las veces, la administración, no ostenta, ni puede ostentar, posición de preeminencia o exorbitancia alguna, de manera que es la propia entidad pública demandada y no el juez de lo contencioso administrativo, aquella que tiene la responsabilidad de asumir la defensa de los intereses que gestiona, que no son otros, dicho sea de paso, que los intereses generales.
En línea con cuanto se viene sosteniendo, aún cuando en relación con el cuestionamiento efectuado ante el juez de lo contencioso administrativo en torno a la legalidad de un acto administrativo, se ha señalado, con razón, que la distinción constitucional de funciones entre ramas del poder público impide que el juez supla la falta de fundamentación o de motivación del acto censurado, llevando a cabo, en sede judicial, la ponderación entre la pluralidad de principios, derechos o intereses jurídicos que entran en colisión en el caso concreto y que debieron ser acopiados y tenidos en cuenta por la administración a lo largo de la instrucción del procedimiento administrativo previo a la adopción de su decisión, pues el control judicial “no se articula para el servicio objetivo del interés general, función que corresponde a la administración”, con lo cual, “una sentencia que tal cosa hiciera estaría, a nuestro entender, excediendo el ámbito de sus posibilidades constitucionales”.
Si se trasladan los aludidos razonamientos al extremo del cual se ocupa la Sala en el presente apartado, resulta menester concluir que una instancia judicial que asumiera, de manera oficiosa y sin respaldo expreso y explícito en un mandato contenido en el ordenamiento jurídico, lo cual, de suyo, conllevaría un evidente desconocimiento del principio de legalidad, la defensa de los intereses gestionados por la administración pública, irrumpiría, de manera indebida, en la esfera competencial de otra rama del poder público que se encuentra constitucional y legalmente compelida, por lo demás, a asumir, motu propio, dicha tarea, al punto que la inobservancia de la referida obligación debería traducirse en la deducción de la correspondiente responsabilidad disciplinaria a aquellos quienes desatienden el llamado que el ordenamiento formula a los servidores públicos en el sentido de defender, de la mejor manera posible, los intereses, patrimoniales o de cualquiera otra índole, a los cuales sirve la entidad pública de la cual se trate.
Por consiguiente, un juez de lo contencioso administrativo que de trámite al grado jurisdiccional de consulta en supuestos no previstos de manera expresa por el ordenamiento jurídico no solo desconoce el principio de legalidad de la actuación de las autoridades públicas sino que, adicional e indebidamente, incursiona dentro de la órbita competencial de otra rama del poder público, con el consecuente detrimento que ello supone para el principio de separación de poderes, tan caro a los fundamentos consustanciales al Estado social y democrático de derecho diseñado por la Constitución Política.
Síguese de lo anterior que en el asunto sub examine, toda vez que la sentencia de primera instancia fue apelada por la parte actora, no resulta aplicable el artículo 57 de la Ley 446 de 1998 y, en ese orden de ideas, no procede surtir el grado jurisdiccional de consulta. Ello se traduce en que la Sala tiene competencia para revisar el fallo del a quo solo en relación con los aspectos objeto del recurso interpuesto y no respecto de todos los elementos que dieron lugar a la imposición de la condena en contra de la entidad demandada, de suerte que no procede modificar dicho pronunciamiento sin limitación alguna, aún agravando la situación del apelante, dado que el trámite exclusivo del recurso de alzada conlleva la aplicación del principio de no reformatio in pejus en favor del impugnante único, en virtud de lo preceptuado por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil”.
Acogiéndome a los anteriores términos dejo expuestas las razones que determinaron y constituyeron mi salvamento de voto.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la corporación, procedo a señalar los motivos por los cuales, si bien, desde luego, comparto la decisión adoptada el 27 de mayo de 2009, en el proceso de la referencia, salvo parcialmente mi voto en relación con un aspecto de la parte motiva que de conformidad con la posición mayoritaria, quedó plasmada en la respectiva sentencia, en lo que tiene que ver con la reparación integral del daño y la cuantía de la indemnización del perjuicio moral en favor de los demandantes.
En la providencia señalada, la corporación modificó la decisión apelada en cuanto al reconocimiento o no de perjuicios morales y materiales para algunos de los demandantes, en los términos que tradicionalmente ha venido aplicando en asuntos de responsabilidad extracontractual; sin embargo, se desconoce que estos tipos indemnizatorios se modifican sustancialmente cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos, como es el caso al que se refiere la providencia de la cual me aparto. En el proveído se concluye:
“[E]l hecho imputable a la administración, se encuentra probado con los documentos debidamente aportados al proceso en los que se observa claramente que efectivos del Ejército Nacional, cuando cumplían funciones de vigilancia y orden público apartándose de la actividad a ellos encomendada y abusando de su condición de miembros de las Fuerzas Armadas, asesinaron a 17 campesinos, es decir, 17 personas perecieron a manos de miembros de las Fuerzas militares, autoridad que operaba en la zona de “Los Uvos” (Cauca), quienes, se hallan en la obligación constitucional y legal de velar por la preservación de la integridad de las personas, en su vida, honra y bienes.
“En efecto se probó la condición de militares de las personas condenadas por el crimen cometido, quienes por la época pertenecían al Batallón José Hilario López del Ejército Nacional” (fl. 22).
El mismo caso fue objeto de recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “donde se recomienda al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para reparar a las víctimas de la masacre ocurrida el 7 de abril de 1991 a manos de miembros del Ejército Nacional” (fl. 23).
2. Razones y fundamentos del salvamento parcial de voto, respecto de la reparación integral, de acuerdo con los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Sala, en sentencia del 20 de febrero de 2008, Expediente 16.996, con ocasión del juzgamiento de la responsabilidad extracontractual del Estado, concretamente de la Policía Nacional y del municipio de Tuluá, en un caso en el que fueron desaparecidos y luego asesinados cuatro hermanos que previamente habían sido detenidos por la fuerza pública, precisó que la indemnización patrimonial, no resultaba suficiente para resarcir el daño causado. En efecto, con fundamento en el principio de reparación integral, establecido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y 8º de la Ley 975 de 2005, determinó que cuando se trataba de violaciones a los derechos humanos era posible ordenar medidas de justicia restaurativa, en aspectos tales como la rehabilitación, satisfacción, medidas de no repetición y, adicionalmente el restablecimiento simbólico, entre otros aspectos; respecto de lo cual señaló lo siguiente:
“En ese contexto, y si es claro que prevalece la regulación internacional que reconoce y regula derechos humanos, a nivel normativo e interpretativo, frente al sistema interno, es ostensible que el juez de lo contencioso administrativo cuenta con diversas herramientas e instrumentos dirigidos a asegurar la reparación integral derivada del quebrantamiento de derechos humanos, cuando quiera que sean sometidas a su consideración, con miras al resarcimiento del perjuicio. Por lo tanto, es deber del juez, en estos eventos, no sólo limitarse a decretar indemnizaciones monetarias —a partir de la aplicación de bases y criterios actuariales–, sino que, su obligación, es integrar las medidas con que cuenta a partir del ordenamiento jurídico interno en su plenitud, como del internacional, con miras a que el restablecimiento derivado de una vulneración a los derechos humanos sea materializado.
a) La restitución o restitutio in integrum, es el restablecimiento de las cosas a su estado normal o anterior a la violación, es la forma perfecta de reparación, y que sólo en la medida en que dicha restitución no resulte accesible procede acordar otras medidas reparatorias.
b) La indemnización por los perjuicios materiales sufridos por las víctimas de un caso en particular, comprende el daño material (daño emergente, lucro cesante) y el daño inmaterial.
c) Rehabilitación, comprende la financiación de la atención médica y psicológica o siquiátrica o de los servicios sociales, jurídicos o de otra índole.
d) Satisfacción, son medidas morales de carácter simbólico y colectivo, que comprende los perjuicios no materiales, como por ejemplo, el reconocimiento público del Estado de su responsabilidad, actos conmemorativos, bautizos de vías públicas, monumentos, etc.
e) Garantías de no repetición, son aquellas medidas idóneas, de carácter administrativo legislativo o judicial, tendientes a que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a su dignidad, entre las cuales cabe mencionar aquellas encaminadas a disolver los grupos armados al margen de la ley, y la derogación de leyes, entre otras”.
En la misma decisión, la corporación ha señalado que las anteriores medidas, cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos, no desconocen los principios de jurisdicción rogada y de congruencia, toda vez que el orden jurídico interno debe ceder frente al internacional, en tanto este último impone la obligación a los Estados, incluida la rama judicial del poder público, de adoptar todas las medidas tendientes a la protección y reparación de esas garantías del individuo.
Igual consideración se realizó respecto de la no vulneración de la garantía fundamental de la no reformatio in pejus (relacionado íntimamente con el de congruencia), en tanto no suponen la modificación o el desconocimiento de los límites trazados por la causa petendi de la demanda, sino que esas medidas suponen una labor pedagógica e instructiva encaminada a sensibilizar a las entidades públicas y a toda la población, acerca de la importancia del respeto de las garantías fundamentales del individuo.
En esta línea de pensamiento, no se hace caso omiso del debido proceso a que tienen derecho las entidades o personas demandadas, quienes sabrán que cuando se trate de este tipo de violaciones es procedente adoptar las medidas conducentes a garantizar el restablecimiento de los derechos conculcados.
Precisados los anteriores aspectos, en torno al concepto de reparación integral, y comoquiera que, en el caso concreto, la Sala se encontraba frente a un evento de clara trasgresión de derechos humanos, procedía ordenar las medidas adicionales de reparación que fueran procedentes, en orden a garantizar la satisfacción de los derechos y garantías desconocidas por la entidad pública demandada, por la muerte de 17 personas en el lugar y fecha mencionados.
3. Razones y fundamentos del salvamento parcial de voto, respecto de la cuantía de la indemnización del daño moral.
En segundo lugar, me aparto de la valoración y forma de liquidación del perjuicio moral, que se apoya en la providencia del 6 de septiembre de 2001, que tuvo como criterio el arbitrio iuris, en la medida en que se apartó de la valoración en gramos oro del perjuicio moral establecida en el Código Penal de 1980, para adoptar la tasación en salarios mínimos legales mensuales fijada en el nuevo Código Penal del año 2000 (L. 599), pero sin tener en cuenta el tope máximo allí referido, puesto que, en criterio de la Sala, el citado monto comprende una indemnización del daño cuando este no es valorable pecuniariamente, es decir, tanto en lo que respecta a los perjuicios extrapatrimoniales como a los patrimoniales cuando no exista prueba de su cuantía.
En efecto, en la citada oportunidad la Sección sostuvo:
“Visto lo anterior, considera esta Sala que debe abandonarse el criterio adoptado por ella desde 1978, conforme al cual, para efectos de la indemnización del perjuicio moral, se daba aplicación extensiva a las normas que, al respecto, traía el Código Penal. Como ha quedado demostrado, razones de orden jurídico, apoyadas igualmente en fundamentos de orden práctico, justifican, en la actualidad, esta decisión. Se afirma, entonces, la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral.
“Lo anterior se expresa sin perjuicio de que, con el fin de garantizar el desarrollo uniforme de la jurisprudencia en este aspecto, esta corporación establezca pautas que sirvan de referencia a los juzgadores de inferior jerarquía, cuyos fallos, sin embargo, en cuanto tasen la indemnización del perjuicio aludido, solo podrán ser revisados por la instancia superior dentro del marco de sus competencias, dada la inexistencia de una norma prevista en ley o reglamento que pueda considerarse de obligatoria aplicación en la materia.
“Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que este cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales”.
Ahora bien, al examinarse el contenido y alcance del artículo 97 del Código Penal vigente (L. 599/2000) se encuentra que, en aquellos eventos en los cuales el daño antijurídico haya tenido origen en una conducta delictiva, independiente al hecho de quién o quiénes sean los autores materiales o copartícipes en la comisión del ilícito, siempre que ese daño resulte imputable al Estado, la valoración del perjuicio extrapatrimonial podrá decretarse con base en los baremos de la disposición mencionada.
En efecto, el artículo 97 ibídem preceptúa:
“ART. 97.—Indemnización por daños. En relación con el daño derivado de la conducta punible el juez podrá señalar como indemnización, una suma equivalente, en moneda nacional, hasta mil (1000) salarios mínimos legales mensuales.
“Esta tasación se hará teniendo en cuenta factores como la naturaleza de la conducta y la magnitud del daño causado.
“Los daños materiales deben probarse en el proceso”
Como se aprecia, se torna necesario que la sección precise la tesis según la cual el tope máximo del perjuicio moral, asciende a la suma de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por las siguientes razones:
i) El inciso tercero de la disposición excluye de manera expresa, contrario a lo señalado en la providencia de 2001, la comprensión del daño material dentro del supuesto reglado. En consecuencia, el daño patrimonial siempre deberá acreditarse en el proceso penal o en el contencioso administrativo, lo cual guarda consonancia con lo precisado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-916 de 2002, que estudió la constitucionalidad del precepto analizado.
ii) La regulación se refiere, entonces, a los perjuicios de tipo extrapatrimonial, esto es, el moral o cualquier otro que pueda ser decretado según la tipología del perjuicio avalada por la Sala.
iii) La norma es facultativa, puesto que no establece el monto señalado de forma imperativa con el condicionamiento “hasta”, sino que usa la proposición de habilitación “podrá”. En consecuencia, si el juez penal puede decretar una indemnización de cada perjuicio extrapatrimonial hasta de 1.000 salarios mínimos mensuales legales, no se encuentra justificación alguna para que el juez de lo contencioso administrativo esté limitado al tope de 100 smmlv.
iv) No se trata de equiparar el proceso contencioso al de tipo penal, puesto que la Sala reconoce, tal y como lo hizo en el año 2001 —y lo ha reiterado recientemente—, que tienen objetos, principios y propósitos diferentes; no obstante, nada obsta para que el juez pueda guiarse por el monto señalado en la norma legal, sin que ello signifique, como se precisó, que esa suma sea óbice para decretar indemnizaciones superiores, siempre que las circunstancias fácticas lo ameriten, con base en el principio del arbitrio iuris.
v) No es aceptable un argumento que pretenda desconocer la posibilidad de aplicar el referente legal de 1.000 smmlv, con base en lo significativo de esa suma para efectos de las condenas patrimoniales del Estado, puesto que es el propio Legislador quien facultó al juez para determinar que sean impuestas condenas por ese monto. Además, con base en el postulado de mayor exigibilidad, no resulta lógico que si los particulares pueden ser condenados por ese valor 1.000 smmlv, el Estado no pueda serlo a partir de la acreditación de un daño antijurídico que le es imputable, y que, en el plano fáctico, supone la trasgresión de un bien jurídico de aquellos a que hace referencia el ordenamiento penal (v.gr. la desaparición forzada, el genocidio, la tortura, etc.).
vi) El juez de lo contencioso administrativo cumple un papel dinámico, motivo por el cual no cabría justificación alguna para negar la posibilidad o facultad con que cuenta para orientarse, desde el plano legislativo, en relación con las sumas que, en criterio del Legislador, sirvan para resarcir el daño extrapatrimonial, en sus diversas modalidades, cuando el daño es producto de una conducta ilícita, siempre y cuando desde el plano de la responsabilidad extracontractual le sea imputable patrimonialmente al Estado.
vii) No significa lo anterior, que se abogue por una aplicación analógica del artículo 97 del Código Penal, a efectos de fijar los estándares indemnizatorios, para la Sala, la norma sirve de ratio o fundamento de forma directa al principio del arbitrio iuris con el que cuenta el juez de lo contencioso administrativo para establecer el monto de la condena, siempre y cuando el daño tenga origen en una conducta punible.
2.4. Todo lo anterior, encuentra justificación y racionalidad en el entendimiento de exequibilidad condicionada que la Corte Constitucional predicó del artículo 97 del Código Penal en el respectivo examen de constitucionalidad (Sent. C-916/2002). En efecto, la teleología del condicionamiento trasunta la naturaleza de punible de la conducta generadora del daño, y una interpretación gramatical, lógico y sistemática, enseña que la fuente de la obligación en el campo de la responsabilidad extracontractual del Estado puede provenir en unos eventos, simple y llanamente del quebrantamiento de una obligación administrativa o falla del servicio, o bien, como en el caso sub examine, de un hecho punible, lo cual la hace orbitar perfectamente en el entendimiento y condicionamiento que hizo la Corte Constitucional sobre el particular. Dice la sentencia en cuestión:
“(...) En efecto, la interpretación restrictiva de la norma acusada garantiza por igual, que todas las personas que sean perjudicadas por el delito sean reparadas de manera integral por los daños derivados de la conducta punible cuyo valor pecuniario sea determinado por medios objetivos. Así mismo, garantiza por igual a quienes sean afectados por una conducta punible, el reconocimiento de un valor adicional por concepto de daños morales subjetivos hasta por 1.000 salarios mínimos legales mensuales, que el juez penal tasará teniendo en cuenta la magnitud del daño y la naturaleza de la conducta.
“En segundo lugar, la Corte constata que el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 señala que “dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará criterios técnicos actuariales”. De tal manera que el Legislador ha buscado unificar los criterios para orientar la fijación del monto de los perjuicios con el fin de lograr que se materialice el derecho a la reparación integral dentro de cualquier proceso.
“(...) La Corte estima que la misma razón que justifica el establecimiento de dicho límite en el ámbito del proceso penal para este tipo de juicios tiene validez en el ámbito de los demás procesos en los cuales la fuente de la obligación de indemnizar los daños sea únicamente la conducta punible. Ello guarda consonancia con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 anteriormente citada” (se destaca).
En esa perspectiva, considero que la postura mayoritaria limita la posibilidad de aplicación de un criterio o estándar indemnizatorio contenido en la ley, sin que exista justificación alguna que avale ese trato diferencial entre la jurisdicción ordinaria penal y la jurisdicción contencioso administrativo, máxime cuando el daño antijurídico analizado proviene de la comisión de un delito, tal y como se constató en el caso concreto, donde aquel fue el producto de la materialización de una de las más censurables conductas ilícitas a que hace referencia la legislación nacional e internacional, esto es, la masacre de 17 personas.
En consecuencia, son las anteriores consideraciones las que motivan este salvamento parcial de voto.