Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-617-01.htm
Timestamp: 2018-01-24 07:11:09
Document Index: 246839105

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 33', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 48', 'Artículo 49', 'artículo 37', 'artículo 20', 'artículo 53', 'artículo 37', 'artículo 49', 'artículo 37', 'Artículo 37', 'artículo 46', 'Artículo 47', 'artículo 35', 'artículo 46', 'Artículo 49']

C-617-01
Las pensiones de invalidez y de sobrevivientes se consagran dentro de un sistema de aseguramiento, por lo que quien está cotizando, paga el costo de esa protección, con lo que se asegura además su fidelidad al sistema –otro de los objetivos de la norma- que permite la aplicación de los principios de solidaridad y universalidad señalados en la Constitución para el sistema de seguridad social, al generar un fondo común que financia estas pensiones de invalidez y sobrevivencia tanto en el caso del régimen de prima media –a través de una cuenta separada para este efecto- como en el caso del régimen de ahorro individual –a través de una compañía de seguros-.
Actor: Luis Ernesto Arciniegas Triana.
Bogotá D.C., trece (13) de junio del año dos mil uno (2001).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Luis Ernesto Arciniegas Triana demandó parcialmente el literal b) del numeral 2º del el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
PARAGRAFO.‑ Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley.”
El actor considera que la expresión “del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte” del literal b) del numeral 2º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 vulnera los artículos 13, 42, 43, 46, 48 y 53 de la Constitución Política, por lo que solicita se declare su inconstitucionalidad, con fundamento en las siguientes razones:
Para el demandante el requisito señalado en dicho literal para otorgar la pensión de sobrevivientes establece un tratamiento discriminatorio respecto de los familiares de aquellas personas “que habiendo estado afiliados al sistema de seguridad social integral fallecen sin haber efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas en el año inmediatamente (sic) a su deceso, no obstante haberlo realizado en una época distinta”.
Afirma que la exigencia señalada para que los causahabientes del afiliado que haya dejado de cotizar al sistema, tengan derecho a la pensión de sobrevivientes, consistente en haber aportado durante por lo menos 26 semanas en el año inmediatamente anterior al momento en que se produce la muerte, “se torna en injusta e irrazonable” toda vez que “se llega al absurdo de que v.gr. los familiares de un trabajador recientemente vinculado al sector laboral que cotizó 26 semanas al momento de su fallecimiento, tienen derecho a la pensión de sobrevivientes mientras que la misma le es negada a los beneficiarios de quien venía aportando desde varios años, y fallece sin haber cotizado el número de semanas en el año inmediatamente anterior a su deceso”
Por otra parte, el accionante llama la atención sobre los requisitos para adquirir el derecho a la pensión de sobrevivientes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, según los cuales se exigían 150 semanas de cotización en los seis años anteriores a la muerte o 300 en cualquier tiempo, mención o referencia que le sirve para afirmar que si la ley 100 quiso ampliar la cobertura de la pensión de sobrevivientes al grupo familiar que se ve afectado con la muerte del trabajador “es injusto e inequitativo que a los familiares de afiliados no cotizantes que en vida sufragaron ampliamente aportes al sistema, se les niegue el reconocimiento de dicha pensión”
En apoyo de sus argumentos trae en cita apartes de la Sentencia del 13 de agosto de 1997 de la Sala de Casación Laboral, expediente Nº9758, con ponencia del Magistrado José Roberto Herrera Vergara, en la que se le reconoce el derecho a pensión de sobrevivientes a los familiares de una persona que cotizó durante 20 años, pero no durante el año inmediatamente anterior a su muerte, ocurrida tres años después de entrar en vigor el nuevo régimen.
La interviniente afirma, en primer término, que no es cierto que la norma acusada deje en situación de abandono al grupo familiar del afiliado no cotizante que fallece sin haber realizado aportes durante 26 semanas en el año anterior a su fallecimiento. Al respecto indica que en este caso el grupo familiar tiene derecho a una indemnización sustitutiva –para el régimen de prima media-, o a una devolución de saldos –para el régimen de ahorro individual con solidaridad.
Por ello es enfática en señalar que: “el sistema no desconoce los derechos de estas familias como tampoco ‘se apodera’ de los ahorros acumulados por el afiliado que falleció, sino que los reintegra a la familia, bajo las condiciones anotadas”.
A lo anterior agrega que el requisito controvertido es razonable porque “cuando se cotiza se está cubriendo el valor de la prima de la operación de aseguramiento de los sobrevivientes, mientras que en el caso del que no está cotizando ello no ocurre”. Sobre el punto advierte que tratándose de la pensión de sobrevivientes “hay un elemento de seguro” que el legislador habría moderado al otorgar un periodo de cobertura adicional a la persona que hubiere dejado de aportar.
Así, pues, concluye que si bien es cierto que los elementos y requisitos de la pensión de vejez frente a los de invalidez y sobrevivencia son diferentes, es del resorte del legislador determinarlos y éste seleccionó un sistema de aseguramiento para estas últimas prestaciones con el propósito de que ellas fueran financieramente viables. Con respecto a las razones de conveniencia económica (supuestos técnicos y actuariales) que el congreso habría tenido en cuenta para esta distinción, sostiene que sólo en casos de “inconstitucionalidad manifiesta” procedería la declaratoria de inexequibilidad de la norma y cita al respecto apartes de las sentencias C-265 de 1994 y C-445 de 1995 de ésta Corporación.
Expuestos estos argumentos considera que “[S]ostener que debe reconocerse pensión de sobrevivientes para todas las personas que hubieren cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, nos llevaría al absurdo de permitir que los aportes de los cotizantes actuales, supongamos dos millones de personas, deben financiar las pensiones de sobrevivientes de diez millones de personas que han cotizado 26 semanas y que ya no cotizan, pudiendo hacerlo voluntariamente si no están vinculados por una relación laboral.” Estima que de avalarse este supuesto, se constituiría una carga financiera que el Estado no está en capacidad de soportar.
En relación con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que el demandante trae en cita en apoyo de su demanda – Sentencia de 13 de agosto de 1997 Exp. 9758 M.P. José Roberto Herrera Vergara- resalta el carácter excepcional que esta tiene en relación con el caso que allí se analiza, al tiempo que señala la existencia de otras decisiones –particularmente la Sentencia del 24 de abril de 1997 Expediente 9526 M.P. Francisco Escobar Henriquez- de la misma Corporación que recogen los nuevos criterios adoptados en este campo en la ley 100 en materia de pensión de sobrevivientes.
Por último hace énfasis en que de no reunirse los requisitos para poder reclamar la pensión de sobrevivientes “quien no hubiere cubierto el periodo de carencia indicado en el plazo estipulado para el efecto, es decir 26 semanas en el año anterior al fallecimiento para el no cotizante, o 26 semanas en cualquier tiempo para el cotizante, no se le otorga prestación en forma de pensión, sino en un pago único”; pago o prestación sustituta a la pensión que no es menos beneficiosa para el grupo familiar y que inclusive puede resultar mas benéfica en el caso del régimen de prima media con prestación definida por cuanto su cancelación “no estará sometida al los requisitos establecidos para los hijos, en cuanto a la temporalidad de la pensión”
El Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 2420, recibido en la Secretaría de la Corte Constitucional el 26 de enero del año 2001, solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de la expresión demandada del literal b) del numeral 2º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, con fundamento en las siguientes razones:
Partiendo de este análisis descarta la violación del derecho a la igualdad por considerar que el “legislador reguló las pensiones de vejez, de sobrevivientes y la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes de forma diferente, toda vez que responden a objetivos diferentes, amparan circunstancias diferentes y se financian en forma diferente y la confusión del actor se origina, esencialmente, al considerar que las cotizaciones obligatorias que se hacen al Sistema General de Pensiones se financian de la misma forma...”
Explica que en la pensión de vejez la garantía del pago corre a cargo del Estado o del Fogafin, dependiendo si se trata del régimen de prima media con prestación definida o si es el de ahorro individual respectivamente. Mientras para la pensión de sobrevivientes la cotización es la que “cubre el valor de la prima de la operación de aseguramiento a los sobrevivientes”, razón por la que cuando no se cancela tampoco queda cubierto el riesgo y se justifica, entonces, el trato diferenciado.
3. El régimen de pensión de sobrevivientes y sus características
La denominada “pensión de sobrevivientes”, es una de las prestaciones consagradas en el sistema general de pensiones (Libro I de la Ley 100 de 1993, en el que igualmente se regula la pensión de vejez y la pensión de invalidez), y que tiene la finalidad de proteger a la familia del trabajador de las contingencias generadas por su muerte.
El pago de la pensión de sobrevivientes ya sea a los familiares del trabajador pensionado (numeral 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993) o aquellos afiliados al sistema de pensiones a que alude el numeral 2º atacado parcialmente, tiene como finalidad evitar “que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección”[1]. A este respecto se ha dicho además que “La pensión de sobrevivientes busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento”[2]
“ARTICULO 46.‑ Requisitos para obtener la Pensión de Sobrevivientes.
b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte. (...)”[3]
El requisito para que los respectivos beneficiarios[4] obtengan la prestación consiste en se haya aportado por el causante un mínimo de 26 semanas en cualquier tiempo, para el caso de aquel que se encuentre cotizando al sistema, y el mismo número, pero en el año inmediatamente anterior al fallecimiento, para el caso del afiliado que haya dejado de hacerlo.
El monto de la pensión de sobrevivientes, por su parte, se determina conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 100[5], el cual en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente .
“Artículo 49 Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Sobrevivientes.
Los miembros del grupo familiar del afiliado que al momento de su muerte no hubiese reunido los requisitos exigidos para la pensión de sobrevivientes, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a la que le hubiera correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, prevista en el artículo 37 de la presente ley.”
En este sentido debe tenerse en cuenta que las pensiones de invalidez y de sobrevivientes se consagran dentro de un sistema de aseguramiento, por lo que quien está cotizando, paga el costo de esa protección, con lo que se asegura además su fidelidad al sistema –otro de los objetivos de la norma- que permite la aplicación de los principios de solidaridad y universalidad señalados en la Constitución para el sistema de seguridad social, al generar un fondo común que financia estas pensiones de invalidez y sobrevivencia tanto en el caso del régimen de prima media –a través de una cuenta separada para este efecto- como en el caso del régimen de ahorro individual –a través de una compañía de seguros- (artículo 20 de la Ley 100 de 1993).
Cabe recalcar al respecto, que en la pensión de sobrevivientes hay entonces “un elemento de seguro”[6], por lo que quien paga la prima anual está cubierto, mientras que quien no la ha cancelado, no puede gozar de cobertura. Empero el legislador en todo caso otorgó a quien haya estado afiliado pero no cotiza actualmente, un período de cobertura adicional, pues exige solamente 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior al fallecimiento.
“Un sistema de aseguramiento, como todo esquema de esta naturaleza prevé requisitos de cobertura y períodos de carencia, o períodos mínimos de cotización, que se encuentran involucrados en las fórmulas actuariales que le dan viabilidad financiera a dicho sistema.
Lo anterior, es la aplicación práctica a la necesaria fidelidad que se requiere para dar viabilidad económica a lasa pensiones que se reconocen.”[7]
4. La ausencia de violación del derecho a la igualdad
"En la realización del juicio de igualdad es necesario establecer, cuáles son las situaciones o supuestos que deben ser objeto de comparación, desde el punto de vista objetivo o material y funcional, atendiendo todos los aspectos que sean relevantes en las respectivas relaciones o circunstancias, con el fin de determinar qué es lo igual que merece un trato igual y qué es lo divergente que exige, por consiguiente, un trato diferenciado. Realizado esto, es preciso determinar si el tratamiento que se dispensa en una situación concreta obedece o no a criterios que sean objetivos, razonables, proporcionados y que estén acordes con una finalidad constitucional legítima"[8].
Así, en el juicio de igualdad propuesto[9] lo primero que ha de tenerse en cuenta es que la norma regula dos situaciones de hecho diferentes, lo cual justifica el trato diferencial refutado por el actor.
Quien está cotizando, permite con sus aportes financiar sus propias prestaciones al tiempo que contribuye a financiar las de los demás afiliados dentro del año correspondiente. En el mismo sentido y dado el carácter específico de la pensión de sobrevivientes a que ya se hizo alusión, se puede decir que quien paga la prima anual –consistente en el aporte durante 26 semanas al sistema- está cubierto, mientras que quien no la ha cancelado, no puede gozar de la cobertura respectiva. El sistema en todo caso otorga un “período de gracia” de un año a los afiliados no cotizantes, manteniendo la cobertura a los miembros del grupo familiar del trabajador que fallece y que hizo aportes durante 26 semanas en el año inmediatamente anterior a su deceso.
“La igualdad en materia pensional, implica una identidad de trato, siempre y cuando los hechos que se encuentren cobijados bajo una misma hipótesis sean iguales, lo que implica una distinta regulación respecto de las que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan; luego el principio de igualdad en materia de seguridad social, sólo se viola si el tratamiento diferencial de los casos no está provisto de una justificación objetiva y razonable, pero la existencia de tales justificaciones debe ser apreciada, según la finalidad y los efectos del tratamiento otorgado por el legislador.”[10]
Cabe recordar de otro lado que la regla atacada busca una finalidad legítima, consistente en asegurar que el sistema pueda cubrir a un mayor número de personas en el marco del principio de universalidad establecido para la seguridad social. Al respecto como lo reconoce el propio demandante debe señalarse que la Ley 100 hizo una drástica reducción de los tiempos mínimos exigidos para la obtención de la pensión de sobrevivientes. En la legislación anterior[11] eran necesarias 150 semanas de cotización sufragadas en los seis años anteriores a la muerte o 300 en cualquier tiempo, en tanto que el sistema General de Pensiones de la Ley 100 solo exige 26 semanas en las condiciones a que alude la norma acusada.
Los supuestos técnicos y actuariales del nuevo régimen necesariamente son diferentes a los aplicados en el régimen anterior, y ello en atención al objetivo de lograr una mayor cobertura que, para poder ser financiada, requiere una “mayor fidelidad o permanencia en el sistema”[12], al tiempo que exige limitar la prestación, a quienes cumplan con los requisitos exigidos en la norma y con base en los cuales se hicieron los cálculos de viabilidad financiera del sistema.
Ahora bien, sostener, como lo hace el demandante, que debe reconocerse pensión de sobrevivientes para todas las personas que hubieren cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, significaría que los aportes de los cotizantes actuales[13] deberían financiar las pensiones de sobrevivientes de quienes hubieren cotizado en cualquier tiempo 26 semanas y que ya no lo hacen. Es decir, que se establecería un seguro de vida contra la garantía del Estado a favor de todos los trabajadores que han cotizado un mínimo de 26 semanas. En tales circunstancias, ningún sistema de seguridad social podría financiar tal alternativa y mucho menos el sistema Colombiano que cuenta con recursos limitados.
Finalmente y en relación también con la transición al nuevo régimen, esta Corporación debe señalar que si se revisa detenidamente el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia citado por el actor[14] en apoyo de su demanda para sustentar la aparente irracionalidad y desproporción de la norma atacada, se encuentra que, en la decisión aludida se estudió un caso particular en el cual la Corte Suprema de Justicia, dentro de la órbita de su competencia, consideró que debía tomarse en cuenta la legislación anterior a la Ley 100 porque bajo la vigencia de aquella normatividad no solamente se habían cumplido las condiciones necesarias para que cuando falleciera el pensionado se causara la pensión de sobrevivientes, sino que además se había cotizado el capital necesario para financiar una pensión de vejez. Se hacía entonces necesaria en ese caso una interpretación sistemática de las normas, consultando los principios de equidad, proporcionalidad y favorabilidad, en el marco del artículo 53 de la Constitución.
Sobre la base de estas circunstancias, resulta claro que el sistema de seguridad social no desconoce los derechos del grupo familiar, como tampoco se “apodera” de los ahorros acumulados por la persona que falleció sin que se hubieran cumplido los requisitos señalados en la norma atacada.
Basta con examinar el contenido del artículo 37 de la ley 100, al que remite el artículo 49[15] antes mencionado, para constatar que el monto del pago único a que alude, constituye una restitución al grupo familiar de los aportes efectuados por la persona que falleció, mientras estuvo afiliada al sistema. Así el artículo 37 señala:
“Artículo 37 Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez.
Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado”.
Declarar EXEQUIBLE la frase “del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte” contenida en el literal b del numeral 2º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993.
[1] Sentencia T-190 de 1993 M.P., Eduardo Cifuentes Muñoz.
[3] Resaltado fuera de texto.
[4] “Artículo 47 Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes.
b. Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez.
d. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste”.
[5] ARTICULO 48. Monto de la Pensión de Sobrevivientes. El monto mensual de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100 % de la pensión que aquél disfrutaba. El monto mensual de la pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45 % del ingreso base de liquidación más 2 % de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que exceda el 75 % del ingreso base de liquidación. En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente Ley. No obstante lo previsto en este artículo, los afiliados podrán optar por una pensión de sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del ISS, vigente con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley equivalente al 65 % del ingreso base de liquidación, siempre que se cumplan las mismas condiciones establecidas por dicho instituto.
[6] Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Folio 24.
[7] Folios 29 y 30 del expediente.
[8] Sentencia C-654/97 M.P. Antonio Barrera Carbonnell
[9] Sentencia C-445/95M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[10] Sentencia C-601 de 2000 M.P., Fabio Morón Díaz. Subrayas fuera de texto
[11] Decreto 0758 de 1990, Por el cual se aprueba el Acuerdo Nº049 del 1º de febrero de 1990 expedido por el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios.
[12]Intervención del Ministerio de Hacienda Y Crédito Público folio 27
[13] Aproximadamente dos millones de personas, según los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
[14] “(...)sería violatorio de tal postulado (se refiere al de la condición más beneficiosa que consagra el canon 53 superior) y del principio constitucional de proporcionalidad, entender que dentro del nuevo régimen de la ley 100 -que redujo drásticamente el requisito de la intensidad de semanas-, quedaron abolidas las prerrogativas de los derechohabientes originadas por afiliados que durante su vinculación como sujetos activos de la seguridad social habían cumplido todas las cotizaciones exigidas en el reglamento aplicable y antes de entrar a regir la nueva ley se desafiliaron del sistema al considerar fundadamente que por faltarles únicamente el requisito del fallecimiento sus familiares podían reclamar la respectiva prestación al momento del deceso.
Así mismo, no escapa a la Sala que ante una contradicción tan evidente, impone el sentido común el imperio de una solución cimentada en una interpretación y aplicación sistemática de normas y en el espíritu de las mismas, consultando los principios de equidad y proporcionalidad. Y en tal orden de ideas se apartaría de estos postulados la decisión jurisdiccional que sin ningún análisis contextual aplicaría al caso el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, y so pretexto de haberse producido el deceso a los 3 meses y 23 días de entrar en vigencia el nuevo régimen de seguridad social y de no tener cotizadas el causante 26 semanas en el año anterior al fallecimiento, se negase a sus derechohabientes la pensión de sobrevivientes, que edificó el afiliado durante más de 20 años, las que le daban derecho a causar no sólo pensión de sobrevivientes sino a estructurar el requisito de aportes para la pensión de vejez.” (Cfr. Sentencia del 13 de agosto de 1997. sala de Casación Laboral. Exp. No. 9758. M.P. Dr.José Roberto Herrera Vergara).
[15] Artículo 49 Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Sobrevivientes.