Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/24672
Timestamp: 2019-09-16 04:29:47
Document Index: 73823496

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 37', 'artículo 47', 'Artículo 47', 'artículo 38', 'Artículo 47', 'Artículo 39', 'Artículo 57', 'Artículo 149', 'Artículo 47', 'Artículo 31']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 235/2015
SENTENCIA 235/2015, de 5 de noviembre
ECLI:ES:TC:2015:235
a) Por Sentencia de 29 de octubre de 2012 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears desestimó el recurso 709/2009 interpuesto contra la resolución de 18 de agosto de 2008, de la Consejería de Comercio, Industria y Energía, por la que se desestima el recurso de alzada que había sido formulado por una entidad mercantil contra la resolución adoptada por el Director General de Industria el 1 de agosto de 2008, en la que se deniega la solicitud de concesión directa, por reclasificación de la sección A) a la sección C), de la unidad de explotación minera denominada “Can Alou”. Considera la Sentencia que para la concesión directa de explotación, los recursos mineros deberían cumplir los requisitos exigidos para la sección C), y, entre ellos, el contemplado en el art. 37.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas; esto es, que los terrenos “reúnan las condiciones de francos y registrables”, lo que no concurre en el supuesto examinado.
Comienza efectuando una exposición de los hechos que han dado lugar a la presente cuestión de inconstitucionalidad, señalando al respecto que en la instancia se impugnó la denegación de concesión directa de explotación de recursos mineros de la sección C) de la Ley de minas, por reclasificación desde la sección A), de la unidad de explotación “Can Alou”, siendo la cuestión litigiosa la relativa a la aplicabilidad del art. 47 de la Ley Balear 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, que declara no registrable todo el territorio de la Comunidad Autónoma, y que se dictó al amparo del art. 39.3 de la Ley de minas.
b) La registrabilidad es exigible en los supuestos de reclasificación, conforme al Real Decreto 107/1995. Esa reclasificación de recursos de sección A) a sección C) afecta a los de más relevancia económica, y su explotación se fomenta mediante un régimen de beneficios fiscales en el mencionado Real Decreto, que se limita a aclarar cuáles son los recursos que se mantienen en la sección A) y, por exclusión, los que se reclasificarían en la sección C). A juicio del Auto, fuera de ese componente de fomento, la normativa de minas no resulta afectada por este Real Decreto, dado que el mismo no puede ir en contra de la Ley de minas, que exige para los recursos de la sección C) que los terrenos sean francos y registrables; exigencia que se configura como sustancial, tanto por razón del título de explotación —concesión frente a autorización al dueño del terreno—, como por su relevancia económica, y por la razón de ser de la registrabilidad a efectos de la viabilidad económica, envergadura de la explotación y mayor intervención administrativa.
Entrando en el examen de fondo de las razones por los que el órgano judicial cuestiona la constitucionalidad del art. 47 de la Ley balear, el Auto señala que, tras el trámite de audiencia a las partes, se abandona la duda sobre la vulneración del art. 9.3 CE, en la vertiente de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, dado que cabe entender que implícitamente serían razones medioambientales las que inspiran el art. 47 de la Ley balear, y se centra la cuestión de inconstitucionalidad en la infracción de los arts. 149.1.23 y 149.1.25, en relación con el 128.1, todos ellos de la CE, que se sustenta en la doctrina constitucional contenida en la STC 64/1982 y, más recientemente, en las SSTC 106, 134 y 2018/2014, que se basan en la anterior. En menor medida —afirma el Auto— cabe citar la STC 170/1989.
El art. 47 de la Ley balear 13/2005, al declarar todo el territorio de las Islas Baleares como no registrable, impide el desarrollo de actividades extractivas de los recursos de la sección C), e incurre en extralimitación de la norma básica —art. 39.3 de la Ley de minas—, que contempla la declaración de no registrabilidad para zonas determinadas y por razones de interés público, estableciendo una medida, por su generalidad, carente de proporcionalidad y con una justificación medioambiental meramente intuida. Por lo tanto, las previsiones del art. 47 vendrían a producir un efecto equivalente a inaplicar un aspecto relevante de la Ley de minas a una parte del territorio nacional, en el que de forma indefinida y sólo por razones que se presumen, se excluye la investigación y explotación de unos recursos, que son los de mayor relevancia económica. La vigente normativa minera balear —la Ley 10/2014— no incurre en una previsión impeditiva genérica, sino que establece la regla general de no registrabilidad, aunque excepcionalmente podrá permitirse.
A efectos del art. 149.1.23 CE, afirma el Auto que el art. 47 de la Ley 13/2005 contempla, en cambio, una medida genérica, identificando como “zona determinada” todo el territorio de las Islas Baleares, pudiendo deducirse que el interés general se refiere a razones medioambientales. De la normativa básica medioambiental antes citada, cabe deducir, por el contrario, que la imposición, tanto de prohibiciones como de concretas limitaciones, dependerá de lo que en cada caso se decida de forma individualizada, en planes de ordenación de recursos naturales o en la normativa reguladora de espacios naturales; y desde el punto de vista del sistema de evaluación ambiental, también hay que referirla a la evaluación de concretos proyectos, sin excluir la posibilidad de explotación general y por tiempo indefinido de toda una clase de actividad extractiva.
4. Por providencia del Pleno de 26 de mayo de 2015 se acordó admitir a trámite la cuestión que plantea la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el art. 47 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas de las Illes Balears, por posible vulneración de los arts. 149.1.23 y 149.1.25, en relación con el 128.1, todos ellos de la Constitución; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 c) LOTC, reservar para sí el conocimiento de la presente cuestión; dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el artículo 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, así como al Gobierno y al Parlamento de las Islas Baleares, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes; comunicar la presente resolución a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.3 LOTC, permanezca suspendido el proceso hasta que este Tribunal resuelva definitivamente la presente cuestión y publicar la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado” y en el de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
6. Por escrito registrado el día 9 de junio de 2015, la representación procesal de D. PVV y de Dª. MMC, en su condición de parte recurrida en el proceso a quo, solicitó que se le tuviera por personado y parte. En esa misma condición la representación procesal del D. BMO solicitó se le tuviera por personado en el proceso por escrito registrado el día 12 de junio de 2015. Finalmente, el 17 de junio de 2015, se personó la representación procesal de la mercantil demandante en el proceso a quo.
Ahora bien, entiende la Abogada de las Illes Balears que dicha limitación de las concesiones directas de explotación derivada del art. 47 de la Ley 13/2005 en modo alguno se puede calificar como una prohibición general de las actividades mineras en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, rechazando así que el precepto vulnere el art. 128.1 CE.
La Abogada de la Comunidad Autónoma alega que la norma estatal no impide la actuación autonómica, afirma que la intensidad de protección medioambiental frente a la actividad minera puede ser máxima, conforme a la doctrina de la STC 64/1982, señalando que “lo que el Tribunal Constitucional dice es que con carácter general, y para todo el territorio del Estado o de una Comunidad Autónoma, no se puede prohibir toda la actividad minera, o dificultarla de tal manera que haga imposible la utilización de los recursos naturales, lo que no es el caso, insistimos, del artículo 47 de la ley autonómica”.
Finalmente indica que las referencias al “Gobierno” del art. 39 de la Ley de minas han de entenderse referidas al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, por lo que se trata del ejercicio de una competencia que corresponde a la Comunidad Autónoma. En el presente caso, por tanto, la Comunidad Autónoma ejerció su competencia legislativa con respeto a las bases o normas básicas estatales, haciendo uso de la posibilidad de declaración de no registrabilidad por razones de interés público que la norma estatal le brinda, no existiendo por ello vulneración alguna del reparto competencial que resulta del art. 149.1.25 CE.
Expone, en primer lugar, los antecedentes de la presente cuestión indicando la correcta formulación de los juicios de aplicabilidad y relevancia. En cuanto al fondo señala que “resulta necesario poner de manifiesto que lo establecido por la norma cuestionada es la no registrabilidad de todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Baleares, a los efectos de explotación de los recursos comprendidos en la sección C) de la Ley 22/1973, de Minas”, cuando el art 37.2 de la Ley 22/1973 de minas exige para la concesión de permisos de investigación y concesiones directas de explotación de recursos de la sección C), que los terrenos sean francos y registrables. Se trata, entonces, de una cuestión en la que las dudas de constitucionalidad que se plantean se refieren a la distribución constitucional de competencias, en materia de medio ambiente y en materia de régimen minero y energético.
Trasladando la anterior doctrina al supuesto cuestionado, la Fiscal General del Estado indica, respecto a la vulneración de las competencias estatales en materia de minería, que el art. 39.3 de la Ley 22/1973 establece la facultad del Gobierno para declarar como no registrables zonas determinadas por razón de interés público. El cuestionado art. 47 de la Ley 13/2005, determina el ejercicio por la Comunidad de las Islas Baleares de esa facultad. Sin embargo, la declaración genérica de no registrabilidad supone una prohibición de carácter absoluto en esta Comunidad de las actividades de investigación y explotación de los recursos mineros incluidos en la sección C), puesto que el art. 37.2 de la Ley 22/1973 exige como requisitos para el otorgamiento de los permisos de investigación y de concesiones de explotación de los recursos incluidos en la citada sección C), que los terrenos sean francos y registrables. Esta prohibición está en contradicción con la norma estatal que atribuye al Gobierno una facultad de declarar como no registrables “zonas determinadas” y “por razones de interés público”. Además considera que la exclusión de la actividad de explotación de recursos mineros de la sección C), que resulta de la declaración general de no registrabilidad, se opone al aprovechamiento de este tipo de recursos que se regula en los arts. 37 y ss. de la Ley de minas. En el precepto cuestionado la declaración de no registrabilidad no solo es hecha, además, para todo el territorio de la Comunidad y no para una determinada zona del mismo, sino que tampoco se identifica el concreto interés público que motiva esa declaración. Todo ello lleva a la Fiscal General del Estado a concluir que el precepto legal autonómico contradice la base estatal sin que quepa una interpretación que permita excluir la extralimitación competencial.
El escrito del Ministerio público examina también la contradicción del art. 47 con la legislación básica en materia de medio ambiente, la Ley 42/2007, de 13 diciembre, de patrimonio natural y de la biodiversidad, y la Ley 21/2013, de 9 diciembre, de evaluación ambiental. Se trata en ambos casos de leyes básicas, tanto desde el punto de vista formal de su declaración expresa como normas básicas por la propia ley, como desde el punto de vista material, en cuanto al contenido de su regulación. Las normas básicas contemplan como requisito para los proyectos de extracción de los recursos incluidos en la sección C) de la Ley de minas, la previa evaluación de impacto ambiental, previsión que se ve contradicha por la norma autonómica, puesto que la declaración genérica e incondicionada del carácter de no registrable de todo el territorio de la comunidad supone la exclusión total de las actividades extractivas de estos recursos, excediendo así de la competencia autonómica para fijar normas adicionales de protección en materia medioambiental. Por eso la Fiscal General del Estado entiende de aplicación la doctrina de las ya mencionadas SSTC 106, 134 y 208/2014 sobre la prohibición de la técnica denominada fracking, de las que concluye que la declaración de la norma autonómica “está en oposición con la legislación básica dictada por el Estado ex art 149. 1 23 y 25, puesta en relación con el art. 128.1 de la Constitución, que contempla la subordinación de la riqueza del país cualquiera que sea su titularidad al interés general, al sustraer de la riqueza nacional la explotación de los recursos mineros de la sección C) de especial importancia económica, lo que podría aun tener un mayor impacto si dicha previsión legal se aplicara en el territorio de otras Comunidades”.
13. D. PVV y Dª. MMC formularon sus alegaciones mediante escrito registrado el día 15 de julio de 2015 solicitando la desestimación de la cuestión.
En cuanto al art. 149.1.25 CE señala que la norma básica es la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, en particular su art. 39.3. El art. 47 de la Ley 13/2005 en puridad no contempla una prohibición a toda la actividad extractiva, pero sí una previsión normativa que, al declarar a todo el territorio de las Islas Baleares como no registrable, elimina un presupuesto necesario para un tipo de explotación minera que se clasifica en la sección C); previsión que puede adoptar el legislador autonómico, en cuanto lo que pretende es que no existan explotaciones de una determinada dimensión o envergadura en atención a su impacto sobre el territorio, el medio natural y el turismo. Supone así una decisión limitadora de las explotaciones para compatibilizar esta actividad con los intereses económicos generales de la Comunidad Autónoma. Por ello, “cuando la Comunidad Autónoma aprueba el art. 47 de la Ley 13/2005, lo que está haciendo es proteger el territorio insular de un tipo de actividad no prioritaria ni necesaria en este momento cuya envergadura no es compatible ni con las características del territorio ni con las características económicas del mismo, por lo que el interés general deriva en una mayor protección del territorio” en conjunción con “la apuesta decidida del gobierno balear por el impulso de otros sectores económicos, estos si claves para el desarrollo de las islas, en conjunción con la defensa y protección medioambiental”. Por ello se sostiene que, manteniendo las explotaciones de la sección A), no se limita ni se restringe la explotación minera de las islas, tradicionalmente basada en las canteras, sin que por las características de la Comunidad Autónoma, formada por el territorio insular, la restricción de la explotación en la sección C), no afecta en absoluto a la necesaria solidaridad que debe preceder la legislación y tratamiento de las explotaciones y recursos mineros, excluyendo así la vulneración del art. 128.1 CE.
“Artículo 47. Declaración de zona no registrable.
Por razones de interés público, se declara todo el territorio de las Illes Balears como zona no registrable a los efectos de lo establecido en el art. 39.3 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y en el art. 57.3 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el reglamento general para el régimen de la minería.”
En esta materia el Estado ostenta competencia exclusiva para dictar las “bases de régimen minero” (art. 149.1.25 CE). A su vez, todas las Comunidades Autónomas tienen atribuidas por sus respectivos Estatutos de Autonomía competencias de desarrollo legislativo y ejecución en esta materia. Así sucede en el caso de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, cuyo Estatuto le atribuye “el desarrollo legislativo y la ejecución” en materia de “régimen minero y energético”, “en el marco de la legislación básica del Estado” (art. 31.15 del Estatuto de Autonomía para Illes Balears).
A los efectos que aquí interesan, cabe destacar que el art. 37.2 exige, para el otorgamiento de los permisos de investigación y de las concesiones directas de explotación de recursos de la sección C), “que los terrenos sobre los que recaigan reúnan las condiciones de francos y registrables”. De conformidad con el artículo 38.1, “se considerará que un terreno es franco si no estuviera comprendido dentro del perímetro de una zona de reserva del Estado, propuesta o declarada para toda clase de recursos de la sección C, o de los perímetros solicitados o ya otorgados de un permiso de exploración, un permiso de investigación o una concesión de explotación”. El art. 39, por su parte, declara que “se considerará que un terreno es registrable si, además de ser franco, tiene la extensión mínima exigible”, extensión concretada en el mínimo de una cuadrícula minera, definida en los términos del art. 98 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general para el régimen de la minería. El apartado 3 del art. 39 precisa que, “sin perjuicio de todo lo anterior, el Gobierno podrá declarar no registrables zonas determinadas por razones de interés público, a propuesta conjunta del Departamento o Departamentos ministeriales interesados y del de Industria, previo informe de la Organización Sindical”.
El carácter preconstitucional de los preceptos legales que se han expuesto no excluye a radice su relevancia en este proceso constitucional, ya que “es doctrina consolidada que la dimensión material de las normas básicas permite que pueda extraerse de las normas preconstitucionales (que, obviamente, no pueden atender a la exigencia de explicitación formal como normas básicas) los principios o criterios que pudieran tener tal carácter … sirviendo, así, de parámetro de contraste con la norma objeto de la presente cuestión” (STC 251/2006, de 25 de julio, FJ 9). No obstante y en esta misma Sentencia hemos advertido que “la operación de deducir bases normativas de la legislación preconstitucional ha de realizarse con suma cautela y teniendo siempre presentes las categorías contenidas en la Constitución respecto del reparto constitucional y el alcance de las mismas” [FJ 10 b)]. En consecuencia, no cabe excluir de antemano que los preceptos citados integren el bloque normativo que ha de servir como parámetro de la constitucionalidad mediata del art. 47 de la Ley 13/2005, sin perjuicio de lo que resulte de su análisis material.
5. Señalado el carácter básico de las normas estatales es patente que el art. 47 de la Ley 13/2005 incurre en una contradicción insalvable por vía interpretativa, pues el criterio de la Ley 22/1973 es, precisamente, que cualquier terreno pueda ser, en principio, considerado como registrable, admitiéndose como excepción a esta regla general, que dicha condición se altere cuando concurran razones de interés general debidamente apreciadas. Puesto que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene reconocida la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de régimen minero y energético, es claro que puede ejercer la facultad de declaración de determinados terrenos como no registrables consagrada en el art. 39.3 de la norma estatal, pero esa competencia ha de ejercerse “en el marco de la legislación básica del Estado”, y que, por tanto, queda condicionada por lo que en ella se establezca. Y sucede que lo que la norma básica estatal establece es justo lo contrario de la prohibición absoluta incluida en la norma autonómica, pues no otra cosa se desprende del art. 39.3, que configura una excepción a una regla general implícita de “registrabilidad” de todos los terrenos.
6. Esta conclusión no puede verse enervada por la consideración de que la norma balear responda a la necesidad de garantizar el medio ambiente. No hay duda alguna acerca de la necesidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar que el ejercicio de los derechos mineros se realice sin menoscabo del medio ambiente y en condiciones tales que no produzca un grave detrimento de los terrenos afectados. De hecho, como resalta la STC 45/2015, una de las pocas Sentencias constitucionales que se pronuncia sobre la legislación minera —la STC 64/1982, de 4 noviembre— ya examinó alguno de los aspectos de dicha legislación (en particular, el margen autonómico para la fijación de requisitos y cargas para el otorgamiento de las autorizaciones, permisos y concesiones) desde la perspectiva del art. 149.1.23 CE.
No obstante, además de que tal finalidad medio ambiental no aparece explicitada como tal en la norma, la declaración genérica de todo el territorio de una Comunidad Autónoma como no registrable no es una medida proporcionada, y que permita “armonizar la protección del medio ambiente con la explotación de los recursos económicos”, como ha exigido nuestra doctrina, precisamente, en la citada STC 64/1982. Por tanto, si bien este Tribunal (STC 64/1982, FFJJ 5 y 6; SSTC 106/2014, de 24 de junio; 134/2014, de 22 de julio; y 208/2014, de 15 de diciembre) ha venido admitiendo que las Comunidades Autónomas puedan imponer deberes y cargas para el otorgamiento de autorizaciones permisos y concesiones mineras, con la finalidad de proteger el medio ambiente, siempre que las mismas sea razonables y proporcionadas al fin propuesto, ha considerado contrario al orden constitucional de distribución de competencias que deriva de lo dispuesto en el art. 149.1.23 CE, el establecimiento de prohibiciones genéricas, absolutas e incondicionadas, como son las que se contemplan el precepto controvertido En ese sentido, la STC 106/2014, FJ 8 a), recuerda que “De la doctrina constitucional se infiere sin dificultad que, con la finalidad de protección del medio ambiente, la Comunidad Autónoma puede imponer requisitos y cargas para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones no previstos por la legislación estatal, pero sin alterar el ordenamiento básico en materia de régimen minero y energético”, que es lo que ha sucedido en el presente caso.
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 2194-2015
Se plantea una cuestión de inconstitucionalidad en relación con un precepto de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, relativo a minas. En él se declaraba que, por razones de interés público, todo el territorio de esta Comunidad Autónoma debería considerarse zona no registrable. En consecuencia, ningún terreno podía recibir permiso de investigación o concesión para la explotación de aquellos recursos minerales comprendidos en la sección c) de la Ley de minas.
Se estima la cuestión y se declara inconstitucional y nulo ese precepto. La Sentencia considera que el legislador autonómico se había extralimitado en las competencias que estatutariamente tenía asumidas, pues la prohibición genérica, absoluta e incondicionada de explotar los recursos mineros en todo su territorio entraba en contradicción insalvable con la normativa estatal básica en esta materia. Esto es, mientras que el marco general consagra como principio la registrabilidad de todos los terrenos, el precepto impugnado establecía justo lo contrario. Se eliminaba así un presupuesto necesario para proceder a la explotación de determinados recursos mineros y, a efectos prácticos, se imposibilitaba por completo la realización de esta actividad. Las Comunidades Autónomas pueden tener la facultad de declarar determinadas zonas como no registrables, aunque esa limitación siempre debe tener un carácter singular y expreso. En caso contrario, se contravendrían las reglas básicas que han de ser comunes para todo el territorio nacional y, en última instancia, se acabaría infringiendo el orden competencial constitucionalmente establecido.
El precepto controvertido, al configurar como irregistrable la totalidad del territorio autonómico, infringe la regla básica ex art. 149.1.25 CE sobre el orden constitucional de distribución de competencias [FJ 5].
Se evidencia la insalvable contradicción existente entre la base estatal y la norma balear, pues excluir con carácter general que el territorio de la Comunidad Autónoma pueda ser considerado registrable supone limitar el otorgamiento de permisos de investigación y concesiones de explotación en contra de lo dispuesto en la Ley estatal, que admite este tipo de limitaciones sólo para determinadas zonas en las que concurra una razón de interés general que lo justifique [FJ 5].
Doctrina sobre noción material la legislación básica (SSTC 80/1988, 48/1988, 147/1991, 1/1982 y 49/1988) [FJ 4].
Los preceptos de la Ley 22/1973 han de considerarse materialmente básicosexart. 149.1.25 CE, pues constituyen un marco o denominador común de necesaria vigencia en el territorio nacional, que determina la fijación por el Estado de unos criterios uniformes a la hora de proceder a la ordenación de la explotación de determinados recursos mineros [FJ 4].
La declaración genérica de todo el territorio de una Comunidad Autónoma como no registrable no es una medida proporcionada que permita armonizar la protección del medio ambiente con la explotación de los recursos económicos (STC 64/1982) [FJ 4].
Si bien se admite que las Comunidades Autónomas puedan imponer deberes y cargas para el otorgamiento de autorizaciones permisos y concesiones mineras con la finalidad de proteger el medio ambiente, siempre que las mismas sean razonables y proporcionadas al fin propuesto, se considera contrario al orden constitucional de distribución de competencias que deriva de lo dispuesto en el art. 149.1.23 CE el establecimiento de prohibiciones genéricas, absolutas e incondicionadas, como son las que se contemplan el precepto controvertido (SSTC 64/1982, 106/2014, 134/2014 y 208/2014) [FJ 6].
Ley del Parlamento de las Illes Balears 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas
Artículo 47 (anula)
Artículo 39.3, ff. 1, 4, 5
Artículo 57.3, f. 1
Artículo 149.1.25, ff. 1, 3 a 5
Artículo 47, ff. 1, 2, 4, 5
Artículo 31.15, f. 3
Ley del Parlamento de las Illes Balears 10/2014, de 1 de octubre. Ordenación minera de las Illes Balears
Competencias en materia de régimen mineroCompetencias en materia de régimen minero, ff. 3, 4, 6
Competencias exclusivas del EstadoCompetencias exclusivas del Estado, ff. 3, 4
Explotaciones minerasExplotaciones mineras, ff. 3, 4, 6
Islas BalearesIslas Baleares, f. 1