Source: https://conceptodederechos.com/civil/la-representacion-legal/
Timestamp: 2020-01-29 07:31:16
Document Index: 225151250

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La Representación Legal【Acto Jurídico】【Doctrina】en Concepto de Derechos
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conceptodederecho marzo 5, 2019 Civil 1 comentario
¿Cúal es la Importancia de la Representación en el Derecho Civil Peruano?
¿Cúal es la Finalidad de la Representación en el Derecho Civil Peruano?
¿Cúal es la Relación entre Representante y Representado?
¿La Representación es un Acto Jurídico?
¿Cuáles son los Supuesto de Representación Legal?
¿Qué es la Representante Judicial?
Representación Convencional o Voluntaria
Características de la Representación Directa con Poder
Es un Acto Voluntario
Es un Acto Complejo o Compuesto
Forma de Representación Directa
La representación en el Derecho Civil peruano, como aquel supuesto de contenido jurídico, por medio de una persona llamada representante, solemniza (celebra) uno o bien múltiples actos jurídicos en nombre, en interés y teniendo presente a otro sujeto, que viene a ser llamado representado, tratando de buscar lo mejor para este último de esta manera para proteger sus intereses.
Esta definición abarca lo que en la doctrina tiene por nombre la representación directa o bien de personas, que es una figura propia del acto jurídico; más no se refiere a la representación indirecta o bien de intereses por cuanto es una figura inherente al contrato de orden, cuyo estudio debe efectuarse en la parte pertinente a las fuentes de obligaciones que recoge nuestro Código Civil.
La representación, desde el punto de vista jurídico cumple un papel preponderante y principalísimo, en la correspondencias de las personas, por cuanto se forma en un factor que da y deja la aptitud de generación y adquisición de derechos, deberes y obligaciones en relación con aquellas personas, que desde una situación de orden legal o factual, no pueden ejercitar por sí solas los derechos señalados en forma precedente.
Como se ha descrito, la representación es aquella figura jurídica que facilita, de alguna manera bajo ciertos presupuestos que garantizan la seguridad jurídica, la relación jurídica entre los sujetos por medio de la celebración de negocios jurídicos, donde el elemento o factor principal que coadyuva a todo ello vendrá a ser el representante.
Como se ha descrito, la representación es aquella figura jurídica que facilita, de alguna forma bajo determinados presupuestos que garantizan la seguridad jurídica, la relación jurídica entre los sujetos a través de la celebración de negocios jurídicos, donde el componente o bien factor primordial que asiste a todo ello va a venir a ser el representante.
La finalidad, tal y como se llama en la doctrina, es de una enorme utilidad práctica, por el hecho de que deja la generación de relaciones jurídicas mediante un ente viabilizador que viene a ser el representante, quien representa a su representado, asimismo llamado dominus o principal.
Podemos referir hechos específicos donde la representación acepta un papel esencial, de esta forma tenemos, si una persona por distintas razones debe viajar al extranjero y por su parte debe solemnizar (celebrar) determinado negocio jurídico y, este debe efectuarse en el tiempo, fuera del país, realmente bien puede efectuarlo por medio de cierto representado, el que va a poder actuar en nombre y también interés de aquel (tratándose de la representación directa); de no existir esta forma para solemnizar (celebrar) actos jurídicos a través de otros, sería imposible hacerlo y, de todas y cada una de las formas debería estar presente físicamente aquella persona señalada y, con esto se estaría privando de viajar al extranjero.
Otro caso por servirnos de un ejemplo, cuando estamos en frente de un menor de diez años que no tiene progenitores, quien recibe en calidad de donación un bien inmueble y tristemente adquiere una enfermedad, cuya sanación resulta ser costosa y se precisa dinero para esto.
En este supuesto sería iluso aguardar que dicho menor llegue a la adultez (mayoría de edad) y a consecuencia de ello la enfermedad mine su salud, cuando realmente bien mediante su representante legal y, anterior autorización judicial, pueda contar con dicho bien inmueble y costear los gastos de sanación de la enfermedad.
De ambos ejemplos, se puede observar la relevancia y fin práctico de carácter voluntario y legal que acepta la representación como mecanismo para la adquisición y generación de derechos, deberes y obligaciones.
En la representación del Derecho Civil Peruano, la relación debe tenerse en consideración que la representación se funda fundamentalmente en la solidaridad y cooperación que debe existir entre los humanos, en la eventualidad donde uno o bien alguno de estos se hallen impedido de ejercer derechos de forma autónoma (para si mismos), aunado a ello en el grado de confianza que debe existir entre dichos sujetos.
En ese sentido, para tocar el fundamento de la representación existen cambias teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica de esta corporación, donde podemos estimar que existe la teoría de la ficción, teoría de sustanciación y teoría de la colaboración, siendo esta última la más admitida y actual hoy día.
De esta forma tenemos, que la teoría de la colaboración se sostiene en la cooperación y ayuda mutua entre las personas, pudiendo ser de carácter material (cuando la relación existente entre las personas solo se agota entre ellas), como de carácter jurídico (tratando de aquella relación jurídica entre dos personas, que no se restringen a los dos, sino más bien implica una extroversión donde uno de ellos – llamado representante – vincula al otro – llamado representado – con terceras personas), estando por su parte subclasificada de dos formas:
Representante directo (asimismo llamado representación de personas o bien substitución).
Representante indirecto (llamado como representante de intereses o bien interposición).
Ya antes de confirmar, debemos dejar meridianamente establecido y acotado que no toda representación es un acto jurídico, esto es, no es apropiado ni adecuado decir que cualquier representación es un acto jurídico. Exactamente esta delimitación ideal se aprecia objetivamente graficada cuando desarrollamos las clases de representación.
Ahora bien, existe prácticamente uniformidad en la doctrina cuando efectúa una doble clasificación, distinguiendola entre el representante legal y el representante voluntario (Asimismo llamada usual), podría añadir una tercera clase, esto es, la representación judicial, no obstante este último criterio no es admitido por la doctrina en su mayor parte y, a que se esgrime para esto que esta clase de representación (judicial) se halla inmersa en la representación legal.
Estimamos que solo para fines académicos podríamos añadir esta clase de representación. Empecemos a desarrollar a cada uno de ellos.
Es aquella que tiene como basamento a la ley, esto es, la representación es determinada, fijada, establecida o bien señalada por orden imperativo de los preceptos legales, donde no existe forma diferente de producirse tal representación.
Acá propiamente la ley acepta una función tuitiva y reguladora para establecer la representación, quedando alejada y sin efecto cualquier autonomía de la voluntad que pudiera existir a esta correspondencia.
Si la misma norma establece la manera, modo y persona que efectuará la representación, cualquier voluntad que determine en contrario, o bien va a tener efecto obligatorio o bien vinculante.
Ahora bien, en dependencia de la naturaleza y supuestos que se desee regular, la representación legal aceptará un papel preponderante; de este modo por poner un ejemplo, en el Derecho de Familia, se establecerá distintos modos de representación legal (patria potestad, tutela, curatela, representación conyugal, etcétera), de esta manera para aquellos supuestos fácticos o bien de otro orden en que sea preciso su regulación (como la representación del desaparecido o ausente de aquellos establecimientos abiertos al público, etcétera).
Teniendo en consideración que la representación legal tiene su origen en el Código Civil y Código Procesal Civil respectivamente, se establecen diferentes supuestos, donde para esto solo mencionaremos el respectivo artículo y la manera de representación que regula.
La Patria Potestad (artículo 419° del Código Civil),
Patria Potestad en Caso de Decaimiento o Invalidación del Vinculo Matrimonial (artículo 420° del Código Civil),
Patria Potestad de los Hijos Extramatrimoniales (artículo 421° del Código Civil),
Deberes y Derecho de los Padres que genera la Patria Potestad: Representar a los hijos en los actos de la vida civil y, administrar los bienes de sus hijos (artículo 423° incisos 6 y 7 del Código Civil),
Representación del Menor Bajo Tutela (artículo 427° del Código Civil),
Curatela (artículo 568° del Código Civil),
Curatela de los Padres (artículo 575° del Código Civil),
Curador de Bienes (artículo 602° del Código Civil),
Representación del Ausente o Desaparecido (artículo 597° del Código Civil),
Curador de los Bienes del Hijo Póstumo (artículo 598° del Código Civil),
Representación Legal de la Sociedad Conyugal (artículo 292° del Código Civil),
Representación en Establecimiento Abierto al Público (artículo 165° del Código Civil),
Representación Procesal (artículo 61° inciso 2, 63° y 66° inciso 3 y 4 del Código Procesal Civil).
Esta clasificación se ha incluido solo para efectos educativos, por cuanto se cree que exactamente la misma es redundante, en virtud de que se halla comprendida en la representación legal, por cuanto la autoridad jurisdiccional al instante de determinar la representación, por no decir en la generalidad de casos, deberá remitirse a los preceptos legales.
En consecuencia, podríamos delimitar a la representación judicial como aquella donde es la autoridad jurisdiccional la que apunta quien ejercitará la representación y, con tal fin debiendo ajustarse al precepto como marco referencial de orden legal, prioritario y preciso.
En muchos de los ejemplos ya antes convocados, se puede observar del texto de los preceptos, que se establece asimismo la representación judicial.
Viene a ser propiamente el acto jurídico, donde una persona llamada representante delega facultades a otra llamada representante para que pueda vincularlo judicialmente con otros sujetos, debido a que esté (representado) por sí solo no puede relacionarse con dichos sujetos.
En este último caso, debemos poner como constancia que la persona que delega la representación lo hace por creerlo de esta forma es recomendable, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, debido a múltiples factores que únicamente le son inherente y, por esta razón en nada le impide que pueda ejercer directamente su voluntad y, por lo tanto, solemnizar (celebrar) exactamente el mismo el acto jurídico o bien la relación jurídica que pretende producir.
Ahora bien, debemos realizar la precisión de que para fines de la Teoría del acto jurídico, únicamente cabe desarrollar la representación directa (o bien asimismo llamada representación de personas), entendiendo como tal cuando el representante actúa en nombre y en interés de su representado, implicando esto último lo que se conoce en la doctrina como comtemplatio domini.
Puede establecerse como requisitos de la representación directa con poder los próximos escogidos, señalando que exactamente los mismos han de ser concurrentes a fin de que surtan totalmente los efectos de semejante relación:
El representante debe producir una propia voluntad, esto es, que en el ejercicio de la gestación representativa, el representante debe tener suficiente capacidad de negociación – en los límites de facultades fijados por el representado -, con el objetivo de buscar lo mejor para los intereses propios de la persona que le ha encargado dichas facultades (representante).
El representante debe actuar teniendo presente a su representado, lo que implica que dicho sujeto debe efectuar la administración representativa en nombre y en interés de su representado (asimismo llamado primordial o bien dominus), por lo que se transforma propiamente en una representación directa, llamándosele asimismo a este elemento en la doctrina como comtemplatio domini.
El representante debe contar con suficientes poderes o facultades que le dejen ejercer la representación; esto quiere decir que para desarrollar la administración representativa, el representante ha de estar irrogado con las suficientes facultades encargadas por su representado, cuyo sustento o basamento va a venir a ser llamado principio de literalidad, exactamente el mismo que prescribe que solo ejercitará las facultades concedidas de forma expresa y que resultan ser indudables.
Es lógico, la existencia de este fundamento para dar seguridad y calma al representado, por cuanto va a suponer que en estos límites, su representante ejercitará la representación, eludiendo ir lejos de los límites fijados a este último.
El sustento legal conveniente para ser este último requisito, lo hallamos en un precepto adjetivo, esto es, el Código Civil que en la parte final (in fine) del artículo 75° apunta taxativamente lo siguiente: “… El otorgamiento de facultades singulares se rige por el principio de literalidad. No se alardea la existencia de facultades singulares no conferidas explícitamente”.
Aunque es verdad que dicho precepto tiene connotación de carácter procesal, no obstante sus fundamentos en nada impiden que pueda aplicarse de forma equivalente para la representación como acto jurídico.
Es esencial que para la existencia de la representación, como acto jurídico se requiere únicamente la voluntad del representado, quien emite la declaración y se desprende de ella a fin de que otro sujeto llamado representante pueda ejercer dicha representación en nombre y en interés de aquel.
La representación desde ese instante queda configurada, no en dependencia de la voluntad del representante, quien puede ejercer o bien no tal representación ya encargada.
No obstante, cuando acepta y ejercita este último, el acto representativo, va a deber efectuarlo de la mejor forma y, de ser el caso, va a estar sujeto a obligaciones y/o responsabilidades que se puedan derivar de semejante acto jurídico.
También diríase que es recepticio debido a que el receptor de la voluntad del acto jurídico, llamado representación voluntaria, va a venir a ser representante y, a que este se ocupará de relacionar a dicha persona (representado) con terceras persona. En la doctrina existen diferentes situaciones a este respecto una de ellas apunta que el receptor de la representación va a venir a ser el tercero contratante mas no el representante.
Este criterio nos da la sensación de que no resulta ceñido a la naturaleza de la representación, debido a que dicho acto jurídico está destinado a que el representante pueda ejercer facultades en nombre y en interés de su encargado (representado) y, por consiguiente, la voluntad de conceder facultades de representación, en ese sentido, va a estar dirigida únicamente al representado.
No es viable admitir la tesis que el receptor de la representación es el tercero contratante, debido a que este únicamente se está relacionando con el representado a través de el acto jurídico o bien relación jurídica generada por el representante, representando a aquel (representado), mas no es participante o bien no tiene ningún vínculo con la relación jurídico generada entre el representado y representante a causa de la representación.
Quiere decir que la representación como acto jurídico únicamente compete a la voluntad del representado y, además de esto, adopta la manera voluntaria por la que dicho representado acepta la que crea pertinente, salvo en aquellos casos donde la ley demanda una forma determinada, entonces acá vamos a estar en frente de una forma obligatoria por imperio de la ley.
La característica en mención importa que la representación significa una extraversión, por cuanto, aunque es cierto el citado acto jurídico produce una relación entre el representado y el representante, no obstante este vínculo no se agota entre ellos, por cuanto deja que el representante a través del ejercicio de la representación pueda vincular a su representado con otras personas (terceros contratantes). Teniendo un efecto múltiple, por esta razón diríase que es complejo o compuesto.
Se admite como regla general que la representación es gratis, si bien ello en nada impide que pueda ser de carácter onerosa, tal y como sucede en el contrato de orden. Ello implica puesto que el representante puede ejercer la representación de forma gratuita y, siendo esta característica la que diferencia a la representación del contrato de orden.
El Código Civil al desarrollar lo referente a la representación como acto jurídico, en su contexto establece la adopción de una manera libre, esto es, existe la libertad de forma, cuyo presupuesto legal aplicable vendría a ser el artículo 143° del mismo, donde se admite que el representado puede elegir la manera que crea pertinente para conceder representación a su representante.
No obstante, existen salvedades a dicha libertad de forma y, ello está dado para ciertos actos jurídicos, donde por seguridad jurídica, connotación y también relevancia, la ley prescribe la adopción de una manera obligatoria, constituyéndose esta en ad–solemnitatem.
De este modo tenemos, que el acto jurídico a través de él se da la representación para gravar (conceder garantías) o disponer los recursos del representado ha de ser efectuado por escritura pública, bajo sanción de nulidad, a juzgar por lo prescripto en el artículo 156° del Código Civil.
De igual forma, tratándose del matrimonio por medio de representante, la representación ha de ser concedida por escritura pública, bajo sanción de nulidad, tal y como desarrolla el artículo 264° del Código Civil.
Alba enero 10, 2020