Source: https://www.scribd.com/doc/118153212/centencia
Timestamp: 2019-01-16 02:55:34
Document Index: 353129701

Matched Legal Cases: ['Artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 230', 'artículo 38', 'artículo 116', 'artículo 230']

Hoja de Calculo CP - Ejemplo 04
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ARTICULO 38 SENTENCIA C1547/00 NORMA DEMANDADA: El tenor literal de las disposiciones cuya inconstitucionalidad se demanda es el que se subraya, según
aparece publicado el Código de Procedimiento Civil, en los Diarios Oficiales N° 33.150 y 33.215: "DECRETOS 1400 Y 2019 DE 1970 (agosto 6 y octubre 26) Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil. El Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la ley 4 de 1969 y consultada la comisión asesora que ella estableció DECRETA: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL "(…) "Artículo 38°. Poderes de ordenación e instrucción. El juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción: "1°. Resolver los procesos en equidad, si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza. (…)"
ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE: Para el actor, la norma demandada contrapone la equidad y el derecho, como si al aplicar éste último el juez estuviera prescindiendo de la primera. Argumenta que el fallo judicial dictado en derecho, como aplicación de la justicia en concreto, es equitativo. Contrario a lo que dice la norma, la equidad, desde Aristóteles hasta hoy, ha sido entendida como la aplicación de la justicia en el caso concreto, como un correctivo a la generalidad de la ley. Esta aplicación de una norma general a un caso concreto requiere que el juez incorpore racionalmente a sus decisiones los principios constitucionales, la equidad, "el derecho natural", la experiencia, etc. Sin embargo, para ello no requiere apartarse o dejar de aplicar la ley. En su sentir, y en contraposición con el anterior argumento, el artículo 38 numeral 1° parte de la noción errada según la cual sólo son equitativos los fallos dictados "en equidad," es decir, cuando no son proferidos conforme a derecho. Así, el precepto demandado contradice el mandato contenido en el artículo 230 de la Constitución, pues ni las partes ni la ley pueden relevar al juez del imperio de la ley. Afirma que a través del artículo 38-1 la equidad termina siendo un eufemismo y que entregarle al juez la potestad de dictar fallos sin estar sujeto a la ley equivale a dejar a su libre albedrío la decisión, lo cual se presta para que sea arbitraria. En su sentir, este artículo es un postulado de la escuela del derecho libre y en esa medida lo asocia con el estado totalitario alemán de los años 30. Por último, aduce que la norma vulnera el artículo 116 de la Constitución en su tercer inciso, disposición que indica que los particulares podrán ser investidos transitoriamente con la función jurisdiccional al ser habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que la ley determine. En este caso, la Carta Política cede a los particulares la facultad transitoria de decidir en equidad, pero no incluye a los jueces, quienes, por mandato constitucional -artículo 230 de la Constitución- se encuentran sujetos exclusiva e indefectiblemente al imperio de la ley.
ARGUMENTOS DE LA CORTE: la Corte ha acogido el criterio según el cual aun cuando la equidad como tal no constituye una fuente de derecho positivo, las pautas que se derivan de su aplicación y las que surgen de la aplicación del derecho legislado, no tienen contenidos necesariamente diferentes. En tal medida, como resultado de la actividad judicial, no son opciones materialmente excluyentes y, por lo tanto, una decisión en equidad, sin dejar de serlo, puede ser también una decisión jurídicamente aceptable. la Corte Constitucional, recogió los argumentos que la Corte Suprema de Justicia utilizó para sustentar la constitucionalidad de los tribunales de arbitramento frente a la Constitución anterior, a pesar de que dicha figura no se encontraba expresamente consagrada en su texto. Afirmó que la existencia de dichos tribunales, y específicamente la posibilidad de las partes para acudir a ellos tiene su fundamento constitucional en la autonomía de la voluntad. Al respecto, la misma Sentencia dice: "Pero, había, además, una razón elemental para considerar constitucional el arbitramento: si ninguna norma de la Constitución prohibía renunciar a un derecho cuando la renuncia sólo afectara los intereses del titular del mismo derecho, y éste tuviera capacidad dispositiva, nada podría prohibir el que su titular confiara la suerte de ese derecho a la decisión de un tercero, es decir, del tribunal de arbitramento." "Recuérdese, además, que el arbitramento siempre ha versado sobre asuntos susceptibles de transacción, que ocurran entre personas capaces legalmente." Del mismo modo en que la decisión de las partes de someter su litigio a un arbitro o a un juez tiene su fundamento en la autonomía de la voluntad, resulta imperativo concluir que la posibilidad que tienen de autorizar al arbitro para fallar en derecho o en equidad, hace parte de dicha autonomía, a pesar de que este alcance no esté expresamente consagrado en la Carta. Ahora bien, la norma demandada establece que el juez, dentro de sus poderes de ordenación e instrucción tiene el de "resolver los procesos en equidad, si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza" Por lo tanto, es necesario preguntarse si el sometimiento de los jueces a la ley restringe constitucionalmente la posibilidad de que personas capaces sometan sus litigios civiles sobre derechos disponibles a los jueces, para que decidan en equidad, a pesar de que esta elección surge como consecuencia de la autonomía de la voluntad de las partes.
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