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Timestamp: 2017-08-16 14:17:15
Document Index: 214242940

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 36', 'artículo 9', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4']

Publicado en BORM núm. 177 de 02 de Agosto de 2014
Artículo 2 Modificación de la Orden de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los precios públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y atención a la dependencia y del Sistema de Servicios Sociales con financiación pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
II En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, se regula un nuevo tipo reducido aplicable a la transmisión de inmuebles, cuando los adquirentes sean jóvenes empresarios, y los destinen a constituir el domicilio fiscal o el centro de trabajo. De nuevo, el objetivo de esta medida es evitar que la fiscalidad sea óbice para la toma de decisiones en la adquisición de inmuebles afectos a la actividad económica, por parte de los jóvenes empresarios.
IV Por último, se introduce una bonificación en la cuantía del precio público por la prestación de los servicios de Centro de Día o de Noche, para las personas menores de 65 años perceptoras de pensiones públicas de orfandad, así como para los beneficiarios del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de intensidad especializada en atención diurna.
I Uno de los factores que inciden en la competitividad es el coste de tramitación para las empresas derivado de las obligaciones impuestas por las Administraciones Públicas, es por ello, que la reactivación de la actividad económica parte en buena medida de la reducción de las cargas administrativas que gravan el inicio y desarrollo de la actividad empresarial.
II La Unión Europea está directamente implicada en este objetivo de supresión de trabas que pesan sobre la actividad económica. Dentro de este contexto, a nivel estatal se han promulgado diferentes leyes que responde a dicho objetivo, así la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, elimina todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa, motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, ligados a establecimientos comerciales y otros que se detallan en el anexo de la misma con una superficie de hasta 300 metros cuadrados, así como a las obras ligadas al acondicionamiento de locales vinculados a dichas actividades, que no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
IV Finalmente, se procede a realizar una remisión genérica a la legislación estatal en materia de evaluación ambiental, con determinadas peculiaridades tanto respecto de la evaluación ambiental estratégica como de la evaluación de impacto ambiental, regulándose asimismo dentro del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma el concepto de monte y el cambio de uso forestal a los efectos de lo dispuesto en los artículos 5 1 c), 1 e) y 2.; 36, 40.1), y 40.3 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.
2. Asimismo, en relación al artículo 7.2 c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se mantiene la vigencia de los proyectos contemplados en los Grupos 9 g y 9 j del Anexo III A y B respectivamente, de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada.
1. A efectos de lo establecido en el artículo 36 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, la biomasa procedente de los montes tendrá la consideración de recurso forestal.
1. Las disposiciones contenidas en este Capítulo II se aplicarán a las actividades industriales, comerciales y de servicios definidas en el Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios y las que se recogen en el Anexo de este Decreto-ley, realizadas a través de establecimientos permanentes, situados en el territorio de la Región de Murcia y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 1000 metros cuadrados.
2. No se exigirá licencia urbanística para la realización de obras en los establecimientos en los que se desarrollen las actividades industriales, comerciales y de servicios del artículo 9.1 de este Decreto-ley que no requieran la redacción de un proyecto, de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
«Artículo 3 Requisitos de titulación de acceso a los cuerpos
- Agrupación profesional de servicios públicos: sin requisito de titulación.»
«Artículo 4 Funciones de los cuerpos