Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-560-de-octubre-14-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_c01fc66d9c6d4885870ffcd06cac35c8&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-17 03:19:13
Document Index: 338909057

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 10', 'artículo 112', 'artículo 73', 'artículo 2', 'artículo 50', 'artículo 36', 'artículo 1', 'artículo 16', 'Artículo 2', 'Artículo 2']

﻿ SENTENCIA T-560 DE OCTUBRE 14 DE 2016
SENTENCIA T-560 DE 14 DE OCTUBRE DE 2016
CONTENIDO:DERECHO Y REGULACIÓN A LAS VISITAS EN ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS Y LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES A REGLAMENTACIÓN CARCELARIA. SE ACLARA, QUE SI BIEN ES CIERTO QUE LAS ACCIONES DESPLEGADAS POR LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS CONTRIBUYEN CON LA SEGURIDAD DEL PENAL, FRENTE A LAS VISITAS, EXISTE LA POSIBILIDAD PROBADA DE IMPLEMENTAR NUEVOS MÉTODOS NO INVASIVOS QUE ELIMINEN DE PLANO LAS BARRERAS IMPUESTAS A QUIENES PRETENDAN INGRESAR CON ELEMENTOS INHERENTES A SU PERSONALIDAD A LAS CÁRCELES Y DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. POR LO QUE SE CONCLUYE, ES DEBER DE TODAS ENTIDADES SOCIALES, ESTATALES Y PARTICULARES EL GARANTIZAR A LAS PERSONAS EL LIBRE DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA VIDA EN SOCIEDAD SIN NECESIDAD DE ALTERAR LAS MOTIVACIONES PERSONALES QUE LAS IDENTIFICAN FRENTE A SU ENTORNO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, DERECHOS FUNDAMENTALES, INTERNO, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERNO, VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DERECHO DE VISITA AL INTERNO
Sentencia T-560 de octubre 14 de 2016
Acción de tutela interpuesta por B.S.L.R. contra la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí, Valle del Cauca.
Bogotá D.C., catorce de octubre de dos mil dieciséis.
Dentro del trámite de revisión del fallo dictado por el Juzgado 9° Civil del Circuito de Oralidad de Cali durante el trámite de la acción de tutela interpuesta por B.S.L.R. contra la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí, Valle del Cauca.
1. El 24 de noviembre de 2015 y el 22 de diciembre de 2015, B.S.L.R. presentó petición ante la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí, Valle del Cauca, solicitando el ingreso de las señoras Y.P.C.C., y de C.L.T.R., quienes tienen extensiones de cabello, según el accionante por ser afrodescendientes.
2. La dirección del establecimiento carcelario contestó de manera negativa la solicitud. Señaló en sus respuestas que para el ingreso de las señoras C. y T. con las extensiones de cabello, debían anexar los soportes médicos y una solicitud por escrito ante la dirección, con el fin de analizar si la petición era viable.
3. El director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí, Valle allegó la contestación a la solicitud presentada al establecimiento carcelario en escritos radicados el 15 de diciembre de 2015 y de 2 de febrero de 2016. Aclaró que el reglamento interno de ese establecimiento es un acto administrativo en el cual se encuentra contemplada la prohibición del ingreso de las extensiones de cabello de cualquier tipo (art. 47). En esa medida, sostuvo que pretender modificar o anular lo dispuesto a través de la acción de tutela resulta improcedente, en tanto no se está presentando ningún tipo de discriminación.
4. Ante la negativa, el accionante presentó acción de tutela solicitando el amparo además para una tercera persona, la señora E.L.M.D., quien también tiene extensiones de cabello. Considera que en virtud del derecho a la dignidad humana(1) y a la no discriminación(2), les asiste el ingreso a las visitantes con sus respectivas extensiones. Razón por la cual solicita que se ordene a la dirección general del establecimiento accionado permitir el ingreso de dichos elementos al penal.
El 29 de febrero de 2016 el Juzgado 9° Civil del Circuito de Oralidad de Cali admitió la acción de tutela y vinculó al Director General y al Director Regional General del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), así como a las señoras Y.P.C.C., C.L.T.R. y E.L.M.D., porque podrían tener incidencia en la vulneración de los derechos fundamentales pretendidos, igualmente se verían afectados con la decisión final que se tome en dicho asunto. Para tal efecto ordenó notificar de dicha decisión y las que se tomaran en el transcurso del trámite.
A su vez ofició al señor B.S.L.R. para que informara a las señoras C., T. y R. su vinculación a la acción.
3. Respuesta del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí, Valle.
— La entidad accionada guardo silencio.
4. Respuesta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
— En respuesta al anterior proveído el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) allegó a esta corporación los siguientes documentos:
—- Copia de su reglamento interno.
— Copia del Acuerdo 11 de 1995 “Por el cual se expide el Reglamento general al cual se sujetaran los reglamentos internos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios”.
—- Copia de la Resolución 4130 del 23 de agosto de 2016 “Por el cual se expide el Reglamento general de los establecimientos de reclusión del orden nacional – ERON a cargo del Inpec.”
5. Respuesta de las señoras Y.P.C.C., C.L.T.R. y E.L.M.D.
— Las señoras guardaron silencio.
6. Decisión objeto de revisión.
Mediante sentencia del 10 de marzo de 2016, el Juzgado 9° Civil del Circuito de Oralidad de Cali negó la acción de tutela interpuesta por B.S.L.R.
Lo anterior, al considerar que no existe ninguna violación de los derechos fundamentales invocados por el señor B.S.L.R., al no encontrarse probada una discriminación racial en contra de las señoras E.L.M.D., Y.P.C.C. y C.L.T.R. Ello porque lo único que ha hecho el establecimiento accionado es dar cumplimiento a lo previsto en su régimen interno, el cual tiene que ser cumplido tanto por las personas de piel blanca, negra, india, amarilla o de cualquier color.(3)
— Copia de la solicitud presentada por el Señor B.S.L.R. al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí, con fecha del 24 de noviembre de 2015, pidiendo autorización de ingreso para las señoras Y.P.C.C. y C.L.T.R., con sus respectivas extensiones de cabello.(4)
— Copia de la respuesta otorgada por el comandante de vigilancia del Cojam con fecha del 15 de diciembre de 2015, a la solicitud presentada por el señor B.S.L.R. el 24 de noviembre de 2015.
— Copia de la solicitud presentada por el Señor B.S.L.R. al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí, con fecha del 22 de diciembre de 2015, pidiendo autorización de ingreso para las señoras Y.P.C.C. y C.L.T.R., con sus respectivas extensiones de cabello.(5)
— Copia de la solicitud presentada por el Señor B.S.L.R. el 26 de enero de 2016 al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí, pidiendo autorización de ingreso para las señoras Y.P.C.C. y C.L.T.R. con sus respectivas extensiones de cabello.(6)
— Copia de la respuesta otorgada por el Subdirector de Estructura II del Cojam Lame Comandante de vigilancia del Cojam, con fecha del 2 de febrero de 2016, a la solicitud presentada por el señor B.S.L.R. el 26 de enero de 2016.
2. Tramite en sede de revisión.
2.1. Mediante el auto del 13 de septiembre de 2016, la Sala advirtió que si bien la acción de tutela de la referencia se dirigía contra el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí, los hechos que fundamentaban la solicitud de amparo podrían llegar a involucrar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, como establecimiento responsable de la política en materia de ejecución de penas y medidas de seguridad. Por esa razón, consideró pertinente vincularlo al proceso con el fin de que se pronunciara sobre los hechos expuestos en la acción de tutela.
De igual forma, estimó necesario obtener información sobre los domicilios de las señoras Y.P.C.C., C.L.T.R. y E.L.M.D. En virtud de lo anterior ordenó:
(a) Vincular al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, para que se pronunciara a través de un informe general sobre las afirmaciones hechas por los accionantes, especificando principalmente; (i) qué disposiciones de seguridad se tienen para el ingreso de visitantes al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí y; (ii) que a su vez allegara una copia del reglamento general del C.
(b) Al señor B.S.L.R. que suministrara las direcciones de domicilio de las señoras Y.P.C.C., C.L.T.R. y E.L.M.D., trámite que debía hacerse efectivo mediante la dirección del establecimiento carcelario.
2.2. En respuesta al anterior proveído el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) allegó a esta corporación copia de su reglamento interno.
2.4. Copia de la Resolución 004130 del 23 de agosto de 2016 “Por el cual se expide el Reglamento general de los establecimientos de reclusión del orden nacional–ERON a cargo del Inpec.”
2.5. Tanto el establecimiento penitenciario y carcelario de Jamundí, como el señor B.S.L.R., no contestaron, motivo por el cual mediante Auto del 14 de septiembre de 2016, esta Corte requirió tanto a la entidad accionada, como al accionado para que allegaran la información correspondiente y nuevamente guardaron silencio.
3. Asunto a tratar.
3.1. Conforme a lo expuesto, corresponde a esta Sala de Revisión determinar: (i) si el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí vulneró el derecho a la dignidad humana y la no discriminación de las visitantes, al negar en el ingreso de las señoras Y.P.C.C., C.L.T.R. y Elba Luci Mesa Díaz, con sus respectivas extensiones de cabello; (ii) si el establecimiento penitenciario conculcó el derecho a las visitas del señor B.S.L.R. al negar en el ingreso de las señoras Y.P.C.C., C.L.T.R. y E.L.M.D., con sus respectivas extensiones de cabello.
4. Agencia oficiosa. Legitimación por activa.
4.1. De conformidad con lo establecido el artículo 86 de la Constitución Política, es titular de la acción de tutela toda persona que por sí misma o por quien actúe a su nombre reclame la protección de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados. En complemento de lo anterior el artículo 10 del Decreto Estatutario 2591 de 1991 dispone que en la acción de tutela:
4.2. En consecuencia, esta corporación condiciona la procedencia de la acción de tutela mediante agente oficioso a la debida sustentación del por qué de la intervención de este último. En estricta atención a los argumentos expuestos por el agente, el juez constitucional podrá determinar ciertos criterios de flexibilización o de rigidez al sustentar la procedencia de la acción de tutela.
5. Relación de especial sujeción entre el Estado y las personas que se encuentran en detención intramuros, y el deber de proteger y garantizar sus derechos fundamentales.
Sobre este aspecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado que a partir de la relación que nace del interno con el Estado, se constituye “una relación jurídica de derecho público que se encuadra dentro de las categorías ius administrativista”, conocida como relación de sujeción especial que dispone al Estado como el garante de aquellos derechos que mantiene el recluso a pesar de la privación de la libertad.(7)
Desde el momento en que la persona queda bajo la estricta supervisión del Estado, emana la responsabilidad de garantizar plenamente los derechos fundamentales que no han sido limitados como resultados de las conductas cometidas. El proceso de adaptación a las nuevas condiciones de vida a la que se verá sometida la persona a la que se le es restringida su libertad, debe contar con el acompañamiento de las instituciones del Estado para evitar la vulneración de los derechos de los reclusos y hacer efectivo el goce de los mismos. A este respecto, la Sentencia T-095 de 1995 señaló:
6. Derecho y regulación a las visitas en establecimientos carcelarios y los límites constitucionales a reglamentación carcelaria.
El régimen de visitas de las personas privadas de la libertad se encuentra contenido en el (i) Código Penitenciario y Carcelario; (ii) el Acuerdo 011 de 1995 “por el cual se expide el reglamento general al cual se sujetarán los reglamentos internos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios”; (iii) la Resolución 004130 de 23 de agosto de 2016 “por el cual se expide el Reglamento general de los establecimientos de reclusión del orden nacional-ERON a cargo del Inpec” y; (iv) los diversos reglamentos internos de cada centro de reclusión.
Para tal propósito, el artículo 112 del Código Penitenciario y Carcelario(8), modificado por el artículo 73 de la Ley 1709 de 2014(9), establece lo siguiente respecto al régimen de visitas:
Importa destacar las distinciones que nacen producto de las condiciones particulares de los visitantes, así que no será lo mismo para el recluso recibir visitas de su pareja(10) que de un familiar o de un amigo, motivos por el cual dependiendo del vínculo que exista entre el recluso y el visitante, la autoridad competente dará un trato diferenciado para cada cual. En relación con lo anterior la Sentencia T-378 de 2015 precisó:
7. Derechos fundamentales a preservar para el recluso y su entorno.
Sumado a ello, las medidas orientadas a garantizar el mencionado derecho fundamental no pueden convertirse en obstáculos imposibles de superar por los afiliados. En el entendido de que el concepto de dignidad humana no se refleja exclusivamente en la estructuración de condiciones de vida digna sino que debe ir de la mano con un conjunto de variables que permita el goce efectivo del derecho. En la Sentencia C-012 de 2001 precisó:
Es importante señalar que esta Corte en repetidas ocasiones ha encontrado que no son constitucionalmente razonables, entre otras medidas, (i) no autorizar a una persona recluida el ingreso de una máquina de escribir; (ii) impedir el traslado de una persona gravemente enferma mediante el uso de esposas; (iii) usar esposas durante las entrevistas con familiares, amigos o abogados; (iv) practicar requisas degradantes a las personas que van a los establecimientos penitenciarios y carcelarios, cuando las mismas pueden realizarse con igual o mayor efectividad, por medios menos invasivos; (v) prohibir el ingreso el día de visitas a las mujeres en período de menstruación; (vi) apagar el televisor cuando alguno de los reclusos se ríe, como medida disciplinaria; (vii) prohibir a las personas recluidas hablar en los talleres o en las filas para recibir alimentos; y (viii) prohibir, sancionar o no respetar la opción sexual de toda persona, y el legítimo ejercicio de sus derechos sexuales.(11)
Así las cosas, producto de la relación del Estado con el particular, sin importar la situación de este último, la administración mediante las autoridades carcelarias deberá diseñar medidas cuyos contenidos tengan como base las disposiciones constitucionales dispuestas para que los privados de la libertad gocen plenamente de los derechos fundamentales que no le han sido restringidos en atención al cumplimiento de la pena.(12)
En ese orden de ideas, todas las personas al tener derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin importar la relación especial de sujeción en la que se encuentren, no podrán ser objeto de cargas mayores que no estén estrechamente relacionadas con los derechos de los demás, del orden público y de su estado mismo, todo esto sin desconocer que tales restricciones deberán ser adoptadas con base en una valoración de razonabilidad y proporcionalidad.(13)
De ahí que este Tribunal haya considerado que las prohibiciones sustentadas en la apariencia de las personas se traduce en una vulneración concluyente de los principios constitucionales consignados en el preámbulo de la Carta Política y de una serie artículos diseñados por el legislador para reducir a su mínima expresión los criterios de exclusión comunes en nuestra sociedad(14).
Así las cosas, la segregación se evidencia al momento en el que se entienden desconocidos los valores superiores y disposiciones internacionales tales como; el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humano(15). Adicionalmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación. En su preámbulo señaló:
En la misma dirección, este Tribunal ha centrado en garantizar derechos fundamentales relacionados directamente con el aspecto de las personas, con el fin de evitar situaciones que comprometan el equilibrio emocional de estas personas frente a la sociedad. La Sentencia T- 594 de 2016 se refirió en los siguientes términos respecto de las contingencias aplicadas para reafirmar la personalidad de las personas.
A la luz de lo expuesto, la jurisprudencia de esta Corte en repetidas ocasiones ha sido clara en señalar que si bien la limitación a ciertos derechos está relacionada con la relación especial de sujeción del interno y de las condicionales particulares en las que se ven involucradas las personas de su entorno, esta deberá contar con los criterios de proporcionalidad y razonabilidad con el fin de determinar si las limitaciones en las que se puedan ver inmiscuidas son es conducente o no. (16)
7.1. El Señor B.S.L.R. los días del 24 de noviembre de 2015, 22 de diciembre de 2015 y 26 de enero de 2016 se dirigió a la dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí, Valle del Cauca, solicitando autorización de ingreso para las señoras Y. P.C.C., C. L.T.R. y E.L.M.D., con sus respectivas extensiones de cabello. En atención a las respuestas negativas por parte del establecimiento carcelario, el señor B.S.L.R. presentó acción de tutela en favor de las personas enunciadas solicitando la protección de los derechos a la dignidad humana y a la no discriminación de las mencionadas.
Para dar solución al problema jurídico planteado por el accionante debemos atender los siguientes aspectos (i) procedencia de la acción de tutela y vulneración del derechos a la visita del señor B.S.L.R.; (ii) vulneración del derechos al libre desarrollo de la personalidad por temas de apariencia y (iii) proporcionalidad de la medida respecto de las señoras Y.P.C.C., C.L.T.R. y E.L.M.D.
9. Procedencia de la acción de tutela y vulneración del derechos a la visita del señor B.S.L.R..
La procedencia de la acción de tutela se encuentra soportada al encontrarnos frente a una confluencia de derechos que suponen una afectación bilateral, evidenciada en primer lugar, en el derecho del recluso a recibir la visita en condiciones normales, que permitan el encuentro con su entorno en las circunstancias acostumbradas, y en segundo lugar, frente a las visitantes, en el hecho de no tener que alterar sus condiciones normales de vida, reflejadas en su apariencia física para compartir al interior del penal, en el caso particular, con el señor L.R.
Adicionalmente, la condición de especial sujeción en la que se encuentra el demandante, la limitación de sus derechos y las complicaciones que esto implica al momento de establecer contacto con el exterior, supone una especial atención por parte de este Tribunal. Con relación a lo anterior, en la Sentencia T-017 de 2014 la Corte precisó:
“(…) No es obligatorio que el agente oficioso demuestre incapacidad física o mental concerniente a que el afectado no puede promover su propia defensa para que sea procedente la agencia oficiosa si de los hechos arrimados al proceso se advierte por parte del juez de tutela que el titular del derecho no se encuentra gozando de todas las condiciones físicas, síquicas, intelectuales, culturales y sociales para interponer la acción por su propia cuenta. Ante ese acaecimiento fáctico no le queda otra vía al juez que admitir la acción por debida legitimación”.
Especialmente, en lo referente a las personas privadas de la libertad, la Corte ha sido clara en señalar en repetidas ocasiones que en atención a la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos, se determina la obligación del estado a garantizar el goce efectico de los derechos fundamentales que les asisten. (17)
En suma, la facultad del juez constitucional de terminar la procedencia de la acción de tutela desde la percepción de flexibilización de los requisitos al momento de acreditar la agencia oficiosa, será determinada en atención a las circunstancias reflejadas en el estudio del caso objeto de revisión.
En lo que a visita respecta, es debido señalar que el conjunto de componentes que concluyen con la estructuración de la persona mental, física y socialmente de quienes pretenden acceder a la visita y de quien la recibe, no pueden ser desentendidos por las autoridades, en este caso, de los establecimientos carcelarios, que a pesar de contar con la potestad de controlar y vigilar lo que ocurre en el interior de los penales y sus alrededores deberán conservar el todo integral que configura el conjunto del individuo.(18)
En esta dirección ha dicho la Corte en Sentencia T-248 de 2014 lo siguiente:
10. Vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad por temas de apariencia de las señoras Y.P.C.C., C.L.T.R. y E.L.M.D.
10.1. Un primer aspecto para tratar vulneración a libre desarrollo de la personalidad de las señoras Y.P.C.C., C.L.T.R. y E.L.M.D. al no permitírseles el ingreso al penal con sus respectivas extensiones de cabello, es el de la restricción de la que fueron objeto, en el cual un criterio formal de seguridad que puede ser superado de muchas maneras, contrataste con un patrón estético que afecta directamente el libre desarrollo de la personalidad de las mencionadas y que a su vez impone una barrera muy difícil de superar al momento de cumplir con el objeto de la visitantes, que no es más que el de encontrarse con el privado de la libertad.
En cuanto a lo primero, es claro que una de las formas en que se reafirma la personalidad es en la apariencia física. “La extensión del pelo y la manera en que se dispone, al igual que el uso de determinadas prendas, adornos o maquillaje, no son asuntos de menor entidad, que deban quedar circunscritos al estrecho ámbito de la estética o de la moda.”(19) En cambio, son decisiones centrales acerca de cómo el sujeto se reafirma en su identidad y decide presentarse ante los otros.
De igual manera esta Corte ha desarrollado una serie de parámetros enfocados a determinar los alcances de la segregación en temas de apariencia física dos de estos fueron referidos en la Sentencia T-594 de 2016, de la siguiente manera:
10.2. Por otra parte, como se había analizado en los antecedentes, si bien es cierto que la negativa al ingreso de las señoras Y.P.C.C., C.L.T.R. y E.L.M.D. con sus respectivas extensiones de cabello, se encontraba sustentada en los reglamentos generales e internos del instituto nacional penitenciario y el establecimiento carcelario, importa destacar la disposición del Inpec por estructuras normativas acordes con las disposiciones constitucionales actuales, esto reflejado en la expedición de la Resolución 4130 del 23 de agosto de 2016, más puntualmente con base en los artículos 50 y 51 que establecieron:
“ART. 50.—Elementos diferenciados con enfoque diferencial.
1. Elementos de comunicación y tecnología, buscapersonas. Celulares, tabletas, computadores, tarjetas simpar, memorias USB, reproductores mph y mph, teléfonos inalámbricos, radios de comunicaciones, relojes digitales o inteligente.
2. Todo tipo de arma corto punzante, convencional, no convencional (artesanal), municiones, estopines y explosivos.
3. Bebidas alcohólicas de cualquier tipo, sustancias narcóticas y psicotrópicas, alucinógenos y cualquier otra droga que produzca alteraciones físicas y emocionales.
4. Prendas de vestir: gorras, sombreros, ruanas, guantes, bufandas, ropa de uso privativo de la fuerza pública y de los organismos de seguridad del estado, pasamontañas, gabanes y abrigos.
5. Material de proselitismo político.
6. Electrodomésticos: resistencias, hornos corrientes, hornos microondas, equipos de sonido, estufas.
7. Animales de cualquier especie.
8. Medicamentos sin formula ordenada o avalada por el médico del establecimiento.
9. Objetos de valor, dinero, joyas, relojes, suntuosos, títulos valores y demás elementos que tengan valor comercial.
10. Documentos que atenten contra la seguridad y/o el orden público interno del establecimiento.
11. Otros como cables de conducción eléctrica, envases de vidrio, cuerdas o elementos similares, objetos para juegos de azar y billeteras.
PAR. ÚNICO.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, se tendrá en consideración lo previsto en el artículo 50 de la presente resolución (negrita fuera del texto)”.
Así las cosas, con la expedición de esta nueva resolución, que modifica sustancialmente el Reglamento interno del Inpec, en lo que a ingreso de las visitas con dichos elementos respecta, la adaptación del nuevo reglamento supondría otro tipo de medidas no invasivas frente al caso particular y se entiende superada la controversia. Por tanto, la petición elevada por el señor B.S.L.R. en favor de las señoras Y.P.C.C., C.L.T.R. y E.L.M.D., será adoptada por esta corporación con fines correctivos.
11. Proporcionalidad de las medidas adoptadas por el establecimiento carcelario en el caso concreto.
ART. 47.—Procedimiento general para el ingreso de visitas. Para ingresar al Complejo Carcelario y Penitenciario todos los visitantes en general deberán:
• Presentar la cédula de ciudadanía y la documentación exigida de acuerdo con la calidad del visitante y someterse a la requisa de rigor en caso de menores de edad presentar registro civil y tarjeta de identidad.
• Pasar el control dactilar que efectuará el dactiloscopista del Complejo Carcelario y Penitenciario u otro organismo de seguridad del Estado y la confrontación de ésta con la que aparece en su documento de identidad.
• Recibir la ficha correspondiente que será devuelta a la salida, para devolución del respectivo documento.
• Permitir la requisa por el binomio canino.
• Permitir la colocación de sellos y su verificación cuando el personal de seguridad del cuerpo de custodia y vigilancia lo requiera.
• Someterse a las disposiciones de seguridad establecidas por la dirección.
• Ningún visitante podrá ingresar cartas, escritos, grabaciones, reproductores de audio y video o similares, electrodomésticos, gafas para el sol, extensiones de cabello, pelucas , lentes de contacto cosméticos o cualquier otro objeto que pueda transformar la identidad física de la persona, herramientas de o cualquier otro objeto que pueda transformar la identidad física de la persona, herramientas de trabajo, estudio o enseñanza, ni material para las mismas actividades, como prendas de vestir diferentes a las que porta, lápices o lapiceros y paquetes (negrita fuera del texto).
• Los visitantes que intenten ingresar o que logren ingresar elementos prohibidos se les expulsarán del Complejo Carcelario y Penitenciario, según los procedimientos establecidos para tal fin.
• Terminado el tiempo para la visita, los visitantes serán ubicados en un espacio común del Complejo Carcelario y Penitenciario, separados de los(as) internos(as) hasta que se haya realizado el conteo y requisa de internos, dispuestos en los procedimientos. Cumplido lo anterior se ordenará la salida de los visitantes.
• Ordenada la salida, los visitantes deberán someterse a todos los controles necesarios establecidos en los procedimientos adoptados.
• Ningún visitante podrá abandonar el Complejo Carcelario y Penitenciario, sin que previamente se haya realizado la confrontación dactilar que garantice la identidad de quien egrese.
• Los lugares de visita serán demarcados, como también serán señaladas las zonas restringidas,
10.1. la Corte en Sentencia C-695 de 2013 definió el test de proporcionalidad como: “un instrumento hermenéutico que permite establecer si determinada medida resulta adecuada y necesaria para la finalidad perseguida, sin que se sacrifiquen valores, principios o derechos de mayor entidad constitucional para el caso concreto que se analiza”(20)
11.2. En lo que a la proporcionalidad de la restricción de los derechos fundamentales de quienes están privados de la libertad y de su entorno, este Tribunal ha sido claro en señalar que este conlleva a “Ponderar intereses enfrentados que han recibido alguna protección constitucional”(21). En este sentido, se debe analizar si las medidas adoptadas por las autoridades carcelarias cumplen con los criterios de razonabilidad y racionabilidad.
(iv) Si es estrictamente proporcional en relación con el fin que busca ser realizado –esto implica un no sacrificio de valores y principios que tengan un mayor peso que el principio que se pretende satisfacer”.
Con base en ello, aplicaremos el mencionado examen para el caso particular, sin desconocer que la intensidad de este debe ser aplicada según la particularidad de cada asunto.(22)
A fin de resolver el asunto, en principio la medida adoptada resulta constitucionalmente admisible, en razón a que las autoridades administrativas del Inpec y del Cojam, actuaron conforme a la disposiciones constitucionales vigentes en su momento(23)-(24), dispuestas por el ejecutivo y reflejadas en sus reglamentos internos,(25) con el fin de garantizar la estabilidad y de preservar el orden en las cárceles del país.
Respecto de las visitas, particularmente, se estableció que se le debe permitir a los reclusos mantener y desarrollar las relaciones con su entorno de la manera más normal posible, como un elemento esencial al momento de cumplir con el fin resocializador de la privación de la libertad. (26)
Del mismo modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfocado esfuerzos en establecer la visita como una de las garantías para dar un trato digno a las personas privadas de la libertad,(27) a las cuales se les deberá garantizar una comunicación normal con las personas del exterior para que los sindicados no pierdan contacto con uno de los elementos naturales y fundamentales de la sociedad como lo son las relaciones interpersonales(28).
En efecto, supone esto que para el establecimiento carcelario es posible adoptar otro tipo de medidas tales como: requisas, paso por máquinas de rayos x, detectores de metales, vistas supervisadas o cualquier otro tipo de prácticas que permitan el ingreso de las extensiones de cabello y que a su vez mantengan la estabilidad del penal sin desconocer los derechos fundamentales de los internos ni de sus visitantes.(29)
—- Proporcionalidad de la medida.
En la misma perspectiva, en el entendido de que la ley de la ponderación; “es cuando mayor el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro”(30); a pesar de que estamos frente a dos disposiciones constitucionalmente válidas, el hecho de comprometer la seguridad del penal no se puede confrontar con la dignidad ni el libre desarrollo de la personalidad de quienes pretenden actuar con total normalidad tanto al interior como al exterior del reclusorio.
1. REVOCAR la providencia proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Oralidad de Cali, Valle del Cauca, en el sentido de negar el amparo invocado y en su lugar CONCEDER la protección al derecho fundamental a la dignidad humana al señor B.S.L.R.
2. CONCEDER los derechos fundamentales a la no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad, cuya protección invocó el accionante en representación de la señoras Y.P.C.C., C.L.T.R. y E.L.M.D.
3. Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Magistrados: Jorge Iván Palacio Palacio—Aquiles Arrieta Gómez, con aclaración de voto—Alberto Rojas Ríos, con aclaración de voto.
1 Constitución Política de Colombia, artículo 1º.
2 Constitución Política de Colombia, artículo 16.
3 Cuaderno 1, folio 17.
4 Cuaderno 1, folio 1.
6 Cuaderno 1, folio 3.
7 En lo concerniente con los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y la relación de especial sujeción con el Estado pueden consultarse las sentencias T-596 de 1992, C-318 de 1995, T-705 de 1996, T-706 de 1996, T-714 de 1996, T-153 de 1998, T-136 de 2006, T-035 de 2013, T-077 de 2013, T-266 de 2013, T-815 de 2013, T-857 de 2013, T-588 de 2014 y T-111 de 2015, entre otras.
8 Por medio de la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario
9 Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985.
10 La Sentencia T-815 de 2013: señaló: "...para que en la práctica de la visita íntima no se lesione o menoscabe la dignidad humana, es indispensable que el Estado garantice condiciones mínimas con el fin de que los derechos fundamentales del recluso y su pareja visitante no se pongan en peligro. Estos mínimos de dignidad o condiciones materiales concretas de existencia para el ejercicio de una visita íntima digna son las siguientes: i) privacidad; ii) seguridad; iii) higiene; iv) espacio; v) mobiliario; vi) acceso a agua potable; vii) uso de preservativos e viii) instalaciones sanitarias".
11 Sentencia T-274 de 2008.
12 Sentencia T-077 de 2015.
13 Sentencia C-404 de 1998.
14 Artículo 2º, 13, 19. 21, entre otros.
15 Artículo 2º: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
16 Sentencia T-839 de 2007.
17 Sentencia T-705 de 1999
18 Sentencia T-248 de 2014.
19 Sentencia T-594 de 2016.
20 Sentencia C-695 de 2013
21 Sentencia T-274 de 2008.
22 Sentencia T-323 de 2015.
23 Acuerdo 0011 de 1995. Por el cual se expide el reglamento general al cual se sujetarán los reglamentos internos de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios
24 Sentencia T-049 de 2016.
25 Acuerdo 0011 de 1995 (Octubre 31) Por el cual se expide el reglamento general al cual se sujetarán los reglamentos internos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.
26 Consejo de ministros de Europa. Recomendación Rec (2006)2 sobre Reglas de Prisiones Europeas. Adoptado por el Comité de Ministros el 11 de enero de 2006. Principios 6 y 10.
27 Sentencia T-378 de 2015.
28 Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C 248.Para. 225
29 Nueve cárceles del país estrenan equipos para control de visitantes. Comisión Intersectorial para el Seguimiento del sistema Penal Acusatorio. http://www.cispa.gov.co/.
30 Robert Alexi, Teoría de Derechos Constitucionales.