Source: http://formu.info/inspector-de-fotodetecciones.html?page=2
Timestamp: 2018-09-21 04:26:33
Document Index: 82734792

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 22', 'artículo 8', 'artículo 22', 'artículo 135']

Resolución 3027 de 2010 - Inspector de fotodetecciones
Artículo 4°. Nuevas tecnologías.
Formato y elaboración del formulario de comparendo
La notificación tiene como fin asegurar su derecho a la defensa en el proceso
Lo anterior proscribe cualquier forma de responsabilidad objetiva
Resolución 3027 de 2010 del Ministerio de Transporte nos dice:
En este artículo 4 de la resolución 3027 del año 2010 es importante hacer la precisión de que si bien la ley permite que los organismos de tránsito a través de nuevas tecnologías capturen y almacenen la información contenida en el formulario Orden de Comparendo Único Nacional, se deja claro que deberá contener los mismos datos y/o campos que este.
Sin embargo, en el presente caso si bien existe una fotodetección en donde debajo de la foto del vehículo cometiendo la infracción (prueba) están algunos datos contenidos en el formulario Orden de Comparendo Único Nacional, no aparecen otros campos como son: Observaciones (campo número 17), Testigo (campo número 18), entre otros. Esto es importante porque en el inciso 4to del artículo 22 de la ley 1383 dice: “La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea posible. Si el conductor se negara a firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo, el cual deberá identificarse plenamente con el número de su cédula de ciudadanía o pasaporte, dirección de domicilio y teléfono, si lo tuviere.” (Subrayas fuera del texto original).
El artículo 8 de la ley 1843 de 2017, que modificó el artículo 22 de la ley 1383 de 2010 que a su vez modificaba el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito, establece que la notificación debe enviarse a los 3 días hábiles siguientes a través de una empresa de mensajería. Y según el auto aclaratorio 123 de 2016 de la sentencia T-051 de 2016 se establece es que el organismo de tránsito tiene 3 días es para enviar la notificación a la empresa de mensajería. Ya luego la empresa de mensajería a través de un contrato privado de prestación de servicios establece en cuanto tiempo entregará la notificación al destinatario final que en la mayoría de las ciudades es de 5 días hábiles. O sea que en total la notificación no puede enviarse al destinatario final más allá de los 8 días hábiles en promedio (aunque dependiendo de la ciudad el tiempo puede variar un poco). Sin embargo ese tiempo se tiene que cumplir o si no se genera nulidad de lo actuado.
Al respecto la sentencia T – 247 de 1997 dice lo siguiente:
Al respecto la jurisprudencia de esta Corporación ha destacado que si no se ha procurado el acceso del demandante o de los interesados a la actuación procesal, para los fines de su defensa, se produce una evidente vulneración del debido proceso que genera la nulidad de lo que se haya adelantado sobre la base de ese erróneo proceder; empero, con apoyo en las normas del procedimiento civil, aplicables en lo no regulado al procedimiento de tutela, la Corte ha distinguido entre la falta de notificación de la iniciación del trámite y la falta de notificación de la sentencia, así:
Es preciso tener en cuenta que la debida notificación en los términos y tiempo establecidos en la ley pretende garantizar el derecho a la defensa, evitar que se impongan sanciones a persona distinta a quien cometió la infracción y responsabilidades objetivas las cuales están proscritas en Colombia. Al respecto, la sentencia C-530 de 2003 dice lo siguiente:
Además, la sentencia C-980 de 2010 establece que el debido proceso no solo lo deben aplicar las autoridades judiciales sino también administrativas, que su fin es garantizar el derecho a la defensa e incluye la notificación en los términos legales (3 días hábiles) y bajo las formas propias establecidas por la ley (adjuntando el formulario único nacional de comparendo y enviando obviamente a la dirección registrada en el RUNT y no a otra):
Como ya se anotó, la Constitución extiende la garantía del debido proceso no solo a los juicios y procedimientos judiciales, sino también a todas las actuaciones administrativas.
En el propósito de asegurar la defensa de los administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, entre otros, los derechos a: (i)ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso.
De acuerdo con su contenido esencial, este Tribunal ha expresado que el debido proceso administrativo se entiende vulnerado, cuando las autoridades públicas no siguen los actos y procedimientos establecidos en la ley y los reglamentos, y, por esa vía, desconocen las garantías reconocidas a los administrados.
En consecuencia, por tratarse de un derecho fundamental, el derecho al debido proceso administrativo “exige a la administración pública sumisión plena a la Constitución y a la ley en el ejercicio de sus funciones, tal como lo disponen los artículos 6°, 29 y 209 de la Carta Política”
Igualmente, la notificación en los términos de ley (3 días hábiles y enviando el formulario único nacional de comparendo a la dirección registrada en el RUNT y no a otra) pretende que se cumplan los fines esenciales del estado así como que se materialice el principio de publicidad de los actos administrativos y no se vulnere el principio de seguridad jurídica. Al respecto, la sentencia C- 957 de 1.999 dice lo siguiente:
"El Estado de derecho se funda, entre otros principios, en el de la publicidad, el cual supone el conocimiento de los actos de los órganos y autoridades estatales, en consecuencia, implica para ellos desplegar una actividad efectiva para alcanzar dicho propósito; dado que, la certeza y seguridad jurídica exigen que las personas puedan conocer, no sólo la existencia y vigilancia de los mandatos dictados por dichos órganos y autoridades estatales, sino, en especial, del contenido de las decisiones por ellos adoptadas, para lo cual, la publicación se instituye en presupuesto básico de su vigencia y oponibilidad, mediante los instrumentos creados con tal fin...”..
En la misma línea, la sentencia del Consejo de Estado 25234200020130432901 del 26 de Septiembre de 2013 establece que los comparendos realizados por medios electrónicos se notificarán en los 3 días hábiles siguientes enviando los soportes (formulario único nacional de comparendo y prueba de la comisión del infracción a la dirección registrada en el RUNT y no a otra) lo cual no tiene excepciones:
En efecto, la Ley 1383 de 2010 que reforma el Código Nacional de Tránsito estipula que los comparendos realizados por medios técnicos y tecnológicos