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Timestamp: 2020-01-29 21:38:06
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Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 50', 'artículo 70', 'in fine', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 96']

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OMPI/JPI-JDA/GDL/04/2 CR
Situación actual del Derecho de Autor en Costa rica
Documento preparado por el Registro Nacional de Derecho de Autor
y Derechos Conexos de Costa Rica, San José
I. LEGISLACIÓN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
Principales iniciativas legislativas (nuevas leyes, reglamentos y proyectos de modificación de la legislación vigente, etc.) en materia de derecho de autor y derechos conexos que se desarrollan en la actualidad en el país, y/o las iniciativas legislativas en las cuales su país está participando a nivel regional
En primer término es importante señalar el actual marco jurídico autoral costarricense, tanto nacional como internacional:
Constitución Política de Costa Rica, artículo 47
Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, N°6683 de 1982 (LDADC)
Reglamento al artículo 50 de la Ley de Derechos de Autor, de 1994, Decreto
Ejecutivo 23485-MP
Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, N°24611-J de 1995
Reformas a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos: Ley N° 7397 de 3 de Mayo de 1994; Ley N° 7686 de 6 de agosto de 1997, y Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000
Decreto N° 30151-J Reglamento de protección al software en el Gobierno Central
Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N°8039 de 2000
Vale destacar que la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, Ley No.8029 del año 2000, se promulgó siguiendo la tendencia plasmada en el Acuerdo sobre los ADPIC en el marco de la OMC, cuya parte relativa a la “Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual” compromete a los Estados Miembros a adoptar medidas eficaces contra las acciones infractoras con la inclusión de recursos ágiles para prevenir las violaciones y de recursos disuasivos de nuevas infracciones (art.41, 1), además de las disposiciones obligatorias en cuanto a los procedimientos, las pruebas, las providencias judiciales, tanto cautelares como definitivas y las medidas en frontera. En igual sentido el WCT (art. 14) y WPPT (art. 23) imponen a las partes contratantes el instaurar las medidas necesarias para la aplicación de dichos tratados, a través de procedimientos de observancia, así como la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto ilícito, con recursos ágiles para prevenir las violaciones y que constituyan un mecanismo eficaz de disuasión de nuevas infracciones. En ese afán de conseguir una efectiva protección a los Derechos Intelectuales, y de los Derechos de Autor y Conexos, nuestro país, desde fines del 2001, ha tomado una serie de medidas para desarrollar una estrategia gubernamental, concertada sobre todo en mejorar la observancia de estos derechos. La existencia de fiscales especializados, la capacitación de funcionarios encargados de la observancia de estas normas, la regulación de los programas de cómputo utilizados en las instituciones públicas.
Convenio de Roma para la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes de los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión de 1961, Ley N° 4727 de 5 de Mayo de 1971.
Convención Universal sobre los Derechos de Autor y sus dos protocolos, Ley N° 5862 de 5 de mayo de 1975.
Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas,1886, Ley N° 6083 de 29 de agosto de 1977.
Convención para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas de 1971, Ley N° 6486 de 15 de setiembre de 1980.
Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Costa Rica se adhirió en 1995.
Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite de 1974, Ley N°7829 de 22 de septiembre de 1998.
Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución de fonogramas (WWPT; 1996); Ley N° 7967 de 22 de diciembre de 1999.
Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT,1996), Ley N° 7968 de 22 de diciembre de 1999.
Proyectos en elaboración por parte de la Comisión Interinstitucional de Propiedad Intelectual
Actualmente, la Comisión de Enlace Interinstitucional para la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante Comisión), conformada por representantes de las instituciones públicas nacionales involucradas en el tema1, y cuya coordinación se encuentra a cargo del Ministerio de Justicia, ha unificado esfuerzos para estudiar la legislación existente en el campo de la propiedad intelectual, con el fin de identificar sus fortalezas y debilidades.
Es así como esta Comisión, en aras de garantizar una mayor y mejor protección a la propiedad intelectual, ha iniciado la revisión final del Reglamento de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, entre otros, el cual se encuentra en la etapa final de revisión por parte de la Comisión. Con este reglamento se pretende solventar algunas imprecisiones técnicas en cuanto al procedimiento que debe seguirse para la aplicación de medidas cautelares.
El reglamento que se ha preparado para la Ley de Procedimientos de Observancia, vendrá a regular tales deficiencias. Asimismo, en la Ley de Procedimientos de Observancia también se han detectado varias deficiencias normativas, por lo que se han planteado algunas reformas por parte de la Comisión de Propiedad Intelectual, dentro de las cuales podrían citarse como las más importantes las siguientes:
- Primero, la conveniencia de introducir sanciones pecuniarias (como pena alternativa)
y penas de hasta cinco años de prisión para los actos ilícitos que se cometan en contra de los derechos de propiedad intelectual. Lo anterior tiene una importancia vital, por cuanto en el proceso penal es permitida la aplicación de medidas alternativas (conciliación, reparación integral del daño y suspensión del proceso a prueba) en aquellos delitos sancionados hasta con tres años de prisión como máximo, siempre y cuando concurran ciertas condiciones. De ahí que, dado que la pena actual es de uno a tres años de cárcel, tal situación induce a muchos infractores a no detener sus acciones cuando violentan un derecho de propiedad intelectual,
ya que la pena de prisión sería fácilmente evitada. Por esta razón, el Proyecto de Reformas
a la Ley de Procedimientos de Observancia plantea un aumento del extremo mayor de la
pena consistente en cinco años de prisión, para aquellos delitos que atentan contra la propiedad intelectual.
- Segundo, se pretende eliminar del ámbito de la ley el “principio de lesividad e insignificancia” contenido en su artículo 70, para así garantizar aún más la efectiva protección y respeto de los derechos de propiedad intelectual, independientemente de la lesión económica (con o sin fines de lucro) que pueda causar, o de la afectación mínima del derecho.
Tal y como se ha indicado líneas atrás, este Proyecto de Reformas a la Ley de Procedimientos de Observancia preparado por la Comisión de Propiedad Intelectual fue remitido al Poder Ejecutivo para su valoración y posterior presentación ante la Asamblea Legislativa.
Breve reseña de la situación y alcances de los acuerdos (firmados o en negociación) bilaterales en materia de derecho de autor y derechos conexos
Acuerdo sobre el desarrollo y la protección de los derechos de propiedad intelectual entre la República de Costa Rica y la República de China
En el constante deseo de tutelar los derechos de propiedad intelectual, Costa Rica suscribió un acuerdo bilateral con la República de China en Taiwán el día 11 de octubre de 2002. Este instrumento fue el resultado de una negociación entre ambos países, en el que tomaron parte las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Asuntos Económicos, del Ministerio de Justicia y Gracia y del Ministerio de Comercio Exterior, con el fin de garantizar un instrumento jurídico conforme a la política exterior de Costa Rica y lineamientos legales internos, siendo de mucha utilidad para la protección internacional de los derechos de propiedad intelectual. El objetivo primordial de este Acuerdo es establecer con precisión los compromisos de ambos países en un espacio comercial más amplio, además de responder a lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional y en los instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica respecto a la tutela de la propiedad intelectual.
Actualmente se encuentra en estudio e informe de la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa.
Convenio de Cooperación cultural y educativa entre la República de Costa Rica y el Reino de España (Exp. 14.265)
En el marco de ejecución del Convenio, se establece que ambas partes facilitarán y promoverán las actividades culturales de un país con el otro, mediante el intercambio de expertos y artistas en los diferentes campos de la cultura, por medio de conferencias y exposiciones (art.2), así como la adopción de las medidas necesarias para asegurar la protección efectiva de los derechos de autor y conexos de los nacionales del otro país, de conformidad con lo establecido en las legislaciones internas (art.3).
Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Educación de México y el Ministerio de Justicia de Costa Rica
Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos (CAFTA)
Actualmente las negociaciones llegaron a su fin y se está a la espera de que sea conocido y ratificado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
A continuación se hace un breve extracto de los alcances relacionados con el derecho de autor y derechos conexos:
Se regula lo relativo al derecho de autorizar o prohibir la reproducción de que gozan los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas; en cualquier forma, permanente o temporal, incluyendo el almacenamiento en forma electrónica (artículo 15.5.), de conformidad con el Convenio de Berna; entendiéndose que el derecho de reproducción y las excepciones son totalmente aplicables al entorno digital.
Se regula lo relativo al derecho de autorizar la puesta a disposición del público de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, del original o copias de sus obras, interpretaciones o ejecuciones y de sus fonogramas, mediante la venta u otro medio de transferencia de propiedad.
Se regula respecto a no establecerse ninguna jerarquía entre los derechos de autor y los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas.
Se regula lo relativo al plazo de protección y la forma de contabilizarlo.
Se dispone que parte aplicará las disposiciones contenidas en el artículo 18 del Convenio de Berna y el artículo 14.6 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Se regula lo relativo a la transmisión del derecho patrimonial, mediante contrato y el goce de esa titularidad.
Se regula responsabilidad del que haga uso no autorizado de obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, además del establecimiento de procedimientos y sanciones penales a aplicar.
Se regula la protección de la información sobre la gestión de derechos y la responsabilidad por el uso inadecuado que se haga de ella.
Se dispone que los organismos centrales del gobierno utilizarán únicamente programas de cómputo autorizadas, para lo cual se emitirán las leyes, reglamento o cualquier tipo de ordenanza para regular la adquisición y administración de dichos programas.
Se dispone que cada Parte determinará las limitaciones o excepciones a los derechos exclusivos a ciertos casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra, ejecución o fonograma, ni causen perjuicio a los intereses del titular del derecho.
Regula la retransmisión de señales de televisión (terrestre, cable o satélite)
Se regula el derecho del autor de autorizar o prohibir la comunicación pública de su obra.
Se regula el derecho de autorizar que tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes de radiodifundir y comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas.
Se dispone que ninguna Parte sujetará el goce y ejercicio de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas a ninguna formalidad.
Respecto a la Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual se establecen diversos puntos entres los cuales cabe destacar:
La obligación de cada Parte de garantizar los procedimientos y recursos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, conforme al debido proceso que cada Parte reconozca, no imponiendo la obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente.
Se dispone que cada Parte garantizará que las resoluciones judiciales o administrativas de aplicación general respecto a la observancia se formularán por escrito y contendrán elementos de hecho relevantes y fundamentos legales en que se basan, además deberán publicarse o puestas a disposición del público incluso por Internet.
Se establece que en los procedimientos civiles, administrativos y penales, la persona natural o entidad jurídica cuyo nombre se indica como autor, productor, intérprete o ejecutante o editor de la obra, se presumirá así en ausencia de prueba en contrario.
En los procedimientos civiles la Autoridad estará facultada para ordenar al infractor el pago de una indemnización.
Se establece que cada Parte en el caso de medidas cautelares deberá actuar inaudita altera parte y ejecutarlas en forma expedita, de acuerdo con las reglas de su procedimiento judicial.
Se establece la facultad de las autoridades judiciales para exigir al demandante de una medida precautoria que presente las pruebas que razonablemente disponga para establecer con grado suficiente de certidumbre que es el titular del derecho el cual va a ser objeto de inminente infracción, así como ordenar al demandante el aporte de una garantía razonable o caución equivalente para evitar abusos.
En el caso de que solicite la suspensión del despacho de mercancías se exigirá
que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades que de acuerdo con la legislación del país de importación, existe una presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual, y que ofrezca información detallada de la mercancía para que sea reconocida.
Cada Parte dispondrá que sus autoridades inicien medida en frontera de oficio, sin requerir solicitud formal de parte de un privado o del titular del derecho.
Cada Parte deberá establecer los procedimientos y sanciones penales para ser aplicados al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas o piratería lesiva de derecho de autor o derechos conexos a escala comercial.
Cada Parte debe garantizar sanciones que incluyan penas privativas de libertad
y sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias y además que las autoridades judiciales estén facultadas para ordenar la incautación de las mercaderías presuntamente falsificadas
o pirateadas.
Relación de los recientes tratados internacionales a los cuales el país ha pasado a formar parte durante los dos últimos años, así como las iniciativas existentes para la adhesión a tratados internacionales relativos al derecho de autor y los derechos conexos
Los últimos Tratados Internacionales a los cuales el país pasó a formar parte fueron el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), en el año 2000. Respecto al CAFTA vale lo dicho anteriormente.
Iniciativas en materia de protección de bases de datos no originales, organismos de radiodifusión, interpretaciones y ejecuciones audiovisuales y expresiones del folclore
Actualmente no existen iniciativas de protección de bases de datos no originales, organismos de radiodifusión, interpretaciones y ejecuciones audiovisuales y expresiones del folclore. No obstante es importante destacar varios aspectos relacionados con dichos temas.
En primer término se debe decir que en la actualidad en nuestro país no existe una protección legal especial para las bases de datos “no originales”, ni se ha establecido la posibilidad de proteger estas bases por medio del derecho de autor, sobre todo si se toma en cuenta que la normativa nacional establece la protección por derecho de autor de las bases de datos como compilaciones (art.8 LDADC) que por la disposición o selección de las materias constituyan creaciones personales (art.5 R) con elementos de originalidad (art.3 inciso 3. R). Tampoco se ha planteado el tema de una posible protección sui generis ya que hasta el momento no se ha visto en la necesidad de ahondar en el tema, máxime si se toma en cuenta que las bases de datos no protegidas por el derecho de autor gozan de una protección legal aunque no especial, cual es la existencia de normas que regulan la competencia desleal, enriqueciendo sin causa, apropiación indebida y otras similares. No obstante en los últimos tiempos en Costa Rica se ha puesto sobre la mesa de discusión el tratamiento que debe de darse a la información pública extraída de bases de datos y el uso de que de ella se hace, por lo que se augura una sana y necesaria discusión del tema de protección de las bases de datos “no originales”.
La misma situación se ha presentado respecto a las expresiones del folclore en nuestro país, ya que no existe una normativa propia tendiente a su protección. No obstante el sistema de propiedad intelectual costarricense vigente contiene una serie de parámetros generales de los cuales se puede hacer uso con el fin de lograr dicha protección. Tanto la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos como su Reglamento incluyen dentro de las obras literarias y
artísticas protegidas, las obras de artes aplicadas (artículo 3.17 Reglamento), siendo la artesanía una de las expresiones artísticas del folclore incorporada en un elemento material, que sigue una serie de normas técnicas y artísticas que se han desarrollado a través de las generaciones.
Por otro lado el tema de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas se ha discutido en nuestro país y es importante indicar que actualmente se encuentra en estudio de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, un proyecto de ley, que se tramita bajo el expediente N°14.352 denominado “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”. Dicha iniciativa tiene como objetivo promulgar una adecuada legislación tendiente a propiciar el desarrollo autónomo de los pueblos indígenas costarricenses. Procura definir las relaciones entre las comunidades indígenas y el Estado, y establecer un marco propicio para el desarrollo de las ocho comunidades indígenas del país, de acuerdo con la Constitución Política, los Convenios Internacionales y la legislación nacional, cuyo fin es reconocer la autonomía y el derecho a lograr la reivindicación de las culturas indígenas, además de evitar el uso indiscriminado de los recursos y esfuerzo indígena, y las prácticas dominantes de que son objeto.
En nuestro país, y concretamente en el seno del Registro de Derecho de Autor se ha planteado el tema de la protección de los conocimientos tradicionales y del folclore, y se han analizado varias opciones de protección, surgiendo iniciativas interesantes, iniciativas que fueron planteadas por una representante de la Institución en el Taller de la OMPI sobre acceso a los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y el folclore, realizado en Lima, Perú en mayo de 2003.
Se ha valorado por ejemplo, un sistema sui generis de protección que responda a las normas de Derecho Consuetudinario, que incluya elementos específicos de los conocimientos tradicionales, sea a través de las bases de datos (compilaciones de datos) y registros, sin descartar la posibilidad de protección vía propiedad intelectual con las adaptaciones propias del tema.
Las municipalidades o gobiernos locales, como autoridad competente designada por
el Estado, constituye una opción viable para llevar a cabo dicha labor ya que éstas cuentan con personería jurídica estatal y su jurisdicción abarca el territorio de su propio cantón. Paralelamente a ello, se debería, en el ámbito gubernamental o municipal, establecer un Departamento de protección de los conocimientos tradicionales (incluyendo los indígenas)
y de las expresiones del folclore, que trabaje de forma íntima con los titulares de estos conocimientos.
Propiamente respecto a las comunidades indígenas, se puede pensar en la figura de las Asociaciones para el desarrollo de las comunidades, o bien, en los Consejos Directivos, propuestos en el proyecto de ley antes mencionado, cuya función se relaciona con la protección de los derechos de los pueblos indígenas, que actuaría como representante de la comunidad para ejercer las acciones tendientes a proteger esos derechos comunitarios. En el ámbito registral, al igual que sucedería con las municipalidades, actuarían como representantes de la comunidad para efectos de inscripción, con la aclaración de que los derechos de autor serían derechos comunitarios sui generis, como sucede con los conocimientos tradicionales indígenas asociados a los elementos de la biodiversidad, que establece la Ley de Biodiversidad de Costa Rica.
En las condiciones actuales, y ante la ausencia de un Tratado Internacional que regule específicamente la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore, pareciera posible que la salvaguarda de estos conocimientos y expresiones se realicen por medio de un procedimiento registral de inscripción propio, por ejemplo a través de una instancia privada o pública dedicada a recolectar tales expresiones, a documentarlas en la medida de lo posible, y que a la vez actúe como órgano representante legal de las comunidades titulares.
II. ADMINISTRACIÓN DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
El Registro Nacional es una dependencia del Ministerio de Justicia y Gracia de la República de Costa Rica, cuyos fines institucionales fueron estipulados en su Ley de Creación N°5695 del 28 de mayo de 1975.
Contempla dos grandes áreas organizativas. Una de ellas abarca todas aquellas dependencias que ejecutan las actividades sustantivas. Una de estas dependencias es el Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos.
A. Situación de la Oficina Nacional competente; estructura, funciones y competencia
Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ley N° 6683 del 25 de noviembre de 1982 y sus Reformas y la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual Nº 8039, 27 de octubre de 2000.
Llevar el actual Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos en los términos previstos por la Ley y su reglamento.
Fomentar la difusión y el conocimiento sobre los derechos de autor y de los derechos conexos y servir de órgano de información y cooperación con los organismos nacionales
Modernizar el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
Orientar y vigilar la utilización lícita de las obras protegidas.
Supervisar a las personas naturales o jurídicas que utilicen las obras, interpretaciones, ejecuciones y producciones protegidas.
Aplicar las sanciones previstas por la legislación.
Recepción y trámite de solicitudes de inscripción de obras y contratos relacionados con el derecho de autor y los derechos conexos.
Atender la Oficina de Consulta de Derecho de Autor y Conexos.
Decretar medidas cautelares bajo los términos y las condiciones establecidas en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, ley número 8039.
Este Registro esta estructurado de la siguiente manera:
Funciones del Director de Registro
Dirigir, coordinar y supervisar las actividades que se desarrollan en las diferentes áreas de trabajo, para que los procesos bajo su responsabilidad se cumplan de acuerdo con las políticas y lineamientos institucionales.
Implementar los procesos, métodos y controles para la realización de las actividades, proponer cambios para mejorar la calidad del trabajo, solucionar problemas y brindar un mejor servicio al usuario.
Redactar, revisar y avalar informes, proyectos, reglamentos y otros documentos similares que surgen como consecuencia de la actividad a su cargo.
Rendir informes periódicos sobre los avances y limitaciones en el cumplimiento de los procesos bajo la responsabilidad, así como otros de carácter especial que soliciten
Velar por la correcta aplicación de las normas disposiciones y reclamos que regulan las actividades en materia registral del Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, así como llevar el control administrativo y disciplinario de sus colaboradores.
Organizar, dirigir y coordinar el desarrollo de los planes y programas establecidos y evaluar los resultados obtenidos, con el fin de proponer los cambios o ajustes que se requieran.
Proponer ante la Junta Administrativa del Registro Nacional planes y proyectos tendientes al mejoramiento de la función registral y el servicio público, enmarcándolos dentro del orden de prioridades establecido por el Gobierno de la República, haciendo las indicaciones sobre los rubros presupuestarios que deben fortalecerse para el logro de los objetivos y las metas propuestas.
Emitir las directrices que considere pertinentes para la debida ejecución de los procesos tanto el aspecto administrativo como en el registral.
Aprobar, dirigir y supervisar el desarrollo de programas y proyectos tendientes al desarrollo de la actividad registral, para lo cual designa a los responsables de ejecutar los proyectos y establece los mecanismos de control y evaluación.
Asistir a reuniones con superiores o colaboradores para definir situaciones, actualizar conocimientos y tratar otros asuntos propios de su ejercicio profesional. Asimismo, asistir a reuniones, juntas, seminarios y otras actividades similares en representación de la Institución ante organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros.
Velar por la correcta aplicación de las normas, disposiciones y reglamentos
que regulan las actividades registrales, así como el control administrativo y disciplinario de sus colaboradores.
Revisar, aprobar y dar trámite a los anteproyectos de presupuesto ordinario, extraordinario y sus modificaciones del Registro a su cargo.
Atender y resolver consultas verbales y escritas que le presenten sus superiores, colaboradores y usuarios internos y externos.
Realizar otras actividades compatibles con su formación, capacitación y experiencia, según el campo en que se desenvuelve.
Funciones del Sub-Director
Suplir –en sus ausencias temporales– a la Directora del Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, con las respectivas facultades y atribuciones, en los términos del artículo 96 de la Ley de Derechos de Autor y Conexos.
Apoyar a la Dirección en lo relativo a la planificación y puesta en marcha de las actividades, planes, proyectos, estrategias y objetivos específicos del Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos.
Apoyar a la Dirección en lo relativo a la organización, instrucción y supervisión del trabajo en las diferentes áreas de actividad de este Registro, que garanticen la buena marcha de la dependencia.
Participar conjuntamente con la Dirección de este Registro, en la ejecución de los acuerdos, lineamientos y políticas institucionales.
Atender los asuntos y disposiciones que de manera específica le sean delegados por la Dirección de este Registro.
Redactar informes, acuerdos, circulares y documentos similares sobre los asuntos de su competencia, cuando así le sean requeridos por la Dirección de este Registro.
Revisión de los Informes emanados de la Oficina de Consulta de este Registro2, verificando que los mismos sean exactos en relación con la materia y que guarden una unidad de criterio.
Realizar el examen administrativo y jurídico de las solicitudes de medidas cautelares en los términos previstos por la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, número 8039.
Atender el ejercicio de las acciones administrativas incoadas ante este Registro, alegando la violación de cualquier derecho sobre propiedad intelectual establecido en la legislación nacional o en Convenios Internacionales vigentes.
Apoyar a la Dirección en la coordinación permanente con el Sector Público y Privado, en el área específica del Derecho de Autor y Derechos Conexos, lo que significa atención y asistencia a diferentes reuniones con el o los Sectores de cita.
Velar conjuntamente con el Director porque se cumplan las leyes, reglamentos y demás normativa que regule organizacional y funcionalmente al Registro.
Participar conjuntamente con el Director en la formulación de políticas tendientes a asegurar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigente en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos.
Dentro del marco de ley que nos obliga a fomentar la difusión y el conocimiento del derecho de autor y los derechos conexos, impartir charlas y/o conferencias sobre temas atinentes a la materia, tanto en instituciones públicas, como en el sector privado interesado; a solicitud de la Dirección.
– Cualquier otra actividad afín al cargo, según lo asigne el Director.
Comprobar que los documentos que ingresan para su calificación e inscripción cumplan con todos los requisitos formales y legales que la normativa indica, con el fin de que los mismos puedan ser registrados.
Realizar un examen previo de las obras o documentos que se presentan a registración, con el objetivo de que únicamente se registren aquellos que sean válidos
Corroborar que el pago de derechos y timbres estén acordes con el acto o contrato que se refiere y a lo establecido en la tabla de la ley de Aranceles y leyes Conexas.
Realizar el estudio de novedad mediante la aplicación de la normativa reguladora establecida por la ley para tales efectos.
Inscribir los documentos públicos y privados.
Elaborar documentos relacionados con la prevención a los usuarios.
Determinar la inscripción o devolución de los documentos defectuosos.
Verificar la autorización del documento para que se proceda a la digitación de los movimientos.
Asesorar a la Dirección, registradores y demás órganos que conforman la dependencia emitiendo criterios sobre aspectos jurídicos y técnicos relativos al área de su competencia, con base en las leyes y demás normativas vigentes que regulan el área de su actividad, así como mediante la aplicación de jurisprudencia y doctrina.
Estudiar las leyes, reglamentos y decretos publicados en el Diario Oficial “La Gaceta” o cualquier medio, a efecto de poner conocimiento de la Dirección y demás funcionarios sobre el alcance y aplicación de los mismos, para actualizar procedimientos de calificación e inscripción y consecuentemente velar por la correcta aplicación de la normativa por parte de los registradores y evitar errores de publicidad Registral.
Elaborar proyectos de distinta naturaleza que le asignen sus superiores analizando la nueva normativa y jurisprudencia (leyes, códigos, decretos, reglamentos, circulares, jurisprudencia patria, doctrina, etc.).
Participar en la elaboración de los proyectos de calificación formal de documentos, interviniendo en la etapa de inscripción de documentos, realizando el estudio respectivo y constatando la legalidad de defecto consignado por el registrador y su respectivo jefe, además de realizar un análisis de los argumentos del Notario o solicitante de la calificación, elaborando posteriormente un proyecto formal, para agilizar a inscripción de documentos y garantizar que la calificación Registral sea fiel al principio de legalidad.
Mantener actualizado el proceso de calificación e inscripción, sometiéndolo a una valoración jurídica que permita dictar pautas uniformes en los procedimientos registrales de calificación e inscripción, dictando directrices y procedimientos que uniformen la aplicación de esta normativa en el quehacer Registral y redactando los criterios de calificación o
elaborando las circulares registrales que el caso amerite, para depurar y unificar el proceso de calificación e inscripción de los documentos inscribibles, como depositarios del control de legalidad de los actos registrales.
Emitir criterios jurídicos relacionados con diversos aspectos relacionados con la materia, mediante el análisis e interpretación de leyes, decretos, resoluciones y demás normas que rigen las fuentes del derecho, con el fin de dar respuesta a consultas realizadas por funcionarios del Registro Nacional y de otras instituciones, así como por las planteadas por
Estudiar, responder, coordinar y ejecutar las medidas cautelares que soliciten los usuarios, de acuerdo a lo que establece la normativa que rige la materia, y en atención al respeto de los derechos de las partes involucradas.
Velar porque los plazos establecidos dentro de los procesos que se dan en el Registro se cumplan, no se den nulidades o caducidad de los mismos, tomando para ello las decisiones procedentes.
Realizar otras actividades afines al puesto compatibles con su formación, capacitación y experiencia.