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Timestamp: 2018-04-27 02:45:11
Document Index: 130704203

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 88', 'artículo 12', 'artículo 19', 'artículo 12', 'artículo 19', 'artículo 9', 'artículo 68', 'artículo 267', 'artículo 139']

PRIMERO.- Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia se ha seguido el Recurso Contencioso-Administrativo nº 4345/2014 interpuesto por la sociedad CAMPING BAYONA PLAYA representada por la procuradora Dª. Elena Miranda Osset, contra la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de 4 de junio de 2014, de aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Municipal de Baiona.
Ha comparecido en calidad de parte demandada la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras representada y defendida por letrado de dicha Administración. Y en calidad de codemandada compareció el Concello de Bayona (Pontevedra), representado y defendido por el procurador D. Xulio Xavier López Valcarcel, asistido del letrado D. Elias Barros Estévez.
SEGUNDO.- Dicho Tribunal dictó sentencia nº 832, con fecha 28 de diciembre de 2015, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
" Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora doña Elena Miranda Osset, en nombre y representación de "CAMPING BAYONA PLAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA", en relación con la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de 4 de junio de 2014 de aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Municipal de Baiona; con imposición de las costas al demandante hasta un máximo de 1.500 euros para cada uno de los letrados de la parte demandada".
TERCERO.- Contra dicha Sentencia por la representación procesal de "Camping Bayona Playa S.A.", preparó primero ante la Sala " a quo ", e interpuso después ante esta Sala, recurso de casación.
CUARTO.- El recurso de casación fué admitido por providencia, de fecha 13 de abril de 2016, al tiempo, que se acordó en dicha resolución, la remisión de actuaciones a la Sección Quinta.
QUINTO.- Por diligencia de ordenación de 26 de abril de 2016, fueron convalidadas actuaciones practicadas, acordándose en dicha diligencia hacer entrega de copia del escrito de interposición del recurso a la procuradora Dª Mercedes Blanco Fernández y al procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de los recurridos CONCELLO DE BAYONA y de la JUNTA DE GALICIA, respectivamente, a fin de que, en el plazo de treinta días, formalizasen sus escritos de oposición.
Dicho trámite fué evacuado por las representaciones procesales de los referidos recurridos, mediante escritos de oposición al recurso formulado por la parte recurrente, quedando las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, todo ello en virtud de diligencia de ordenación de 14 de junio de 2016.
SÉPTIMO.- Dictada providencia el 31 de marzo de 2017, se fijó a tal fin el día 31 de mayo de 2017, en cuya fecha ha tenido lugar.
PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso de casación número 574/2016 la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia el 28 de diciembre de 2015, en su recurso contencioso-administrativo número 4345/2014, por medio de la cual se desestima el formulado por "CAMPING BAYONA PLAYA, S.A." contra la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Junta de Galicia de 4 de junio de 2014, por la que se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación Municipal de Bayona.
El referido Plan clasificó la finca de la entidad recurrente, de unos 40.000 m2, sita en Playa Ladeira, como suelo rústico de protección de costas, siendo así que había interesado que se clasificase como suelo urbano o, subsidiariamente, como suelo rústico en la categoría de especial protección de espacios naturales, y, en todo caso, cualquiera que sea la clasificación que se la otorgue a la finca, que el Plan contemple expresamente como usos permitidos, los contenidos en el artículo 68.3.b). 3º. viii) del Plan Director de la Red 200 para la Zona 3 donde se ubica la finca, entre los que se encuentra, el de campamento turístico.
SEGUNDO.- Contra esa sentencia ha interpuesto la entidad recurrente en la instancia recurso de casación en el que esgrime cuatro motivos de casación, los tres primeros, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de esta Jurisdicción y el cuarto, al amparo del apartado c) del mismo precepto:
1º.- Por infringir los artículos 9.3 y 24 de la Constitución, 216, 218.2 319 y 326 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil y 60.4 de la Ley de esta Jurisdicción, por errónea y parcial ausencia de apreciación y valoración de la prueba.
2º.- Por indebida interpretación y aplicación del artículo 12.3 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo.
3º.- Por infracción del artículo 19 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y
4º.- Por infracción de los artículos 24.1 y 120.3 de la Constitución y 67 de la Ley Jurisdiccional, al incurrir la sentencia de un defecto de motivación, por apartarse de anteriores precedentes sin motivación alguna.
TERCERO.- Razones procesales aconsejan examinar en primer lugar el cuarto motivo de casación, en el que se denuncia que la sentencia recurrida incurre en defecto de motivación, en cuanto confirma la clasificación urbanística establecida en el Plan General impugnado para la finca en cuestión, cuando la misma Sala de instancia resolvió lo contrario en un supuesto prácticamente idéntico al que ahora nos ocupa.
Se refiere a la sentencia de la Sala de instancia 960/2012, de 31 de octubre, en la que, al parecer, también se impugnaba la clasificación en unos terrenos como suelo rústico de protección de costas, y que finalmente fueron considerados como suelo urbano consolidado.
Se viene a mantener en definitiva la vulneración del principio de igualdad. Sin embargo, ni consta en los autos la copia o certificación de la sentencia aludida, ni su firmeza, tan solo figura en la demanda una referencia a dicha sentencia como "un supuesto muy similar al que ahora nos ocupa", que en casación la recurrida ha transformado "en supuestos idénticos".
En todo caso, no está de más señalar, incluso prescindiendo de otras consideraciones, que según se deduce del párrafo transcrito de la referida sentencia, en dicho supuesto " los terrenos litigiosos se encuentran en uno de los extremos del núcleo de población de la villa de Laxe ",mientras que en el caso de autos " se trata de un terreno... que está completamente desligado del entramado urbanístico ".
No se trata, pues, de un cambio de criterios de la Sala de instancia, sino de dos supuestos distintos, por lo que no se requiere una singular motivación.
CUARTO.- En el primer motivo de casación se denuncia errónea y parcial ausencia de apreciación y valoración de la prueba.
Se aduce en el motivo que la conclusión alcanzada por la sentencia recurrida de que la finca está completamente desligada del entramado urbanístico, y que no se ha probado que cuenta con los servicios urbanísticos adecuados para servir a las edificaciones, es manifiestamente errónea a la vista de la prueba obrante en autos.
Interesa ante todo recordar que esta Sala tiene reiteradamente declarado que la errónea valoración de la prueba no ha sido incluida como motivo de casación en el orden contencioso-administrativo, lo que se cohonesta con la naturaleza de la casación como recurso especial, cuya finalidad es la de corregir errores en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, y no someter a revisión la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de instancia; así como que, partiendo de la base de que la apreciación del Tribunal de instancia queda excluido del análisis casacional, la revisión de esa valoración en casación únicamente procederá cuando la irracionalidad o arbitrariedad de la valoración efectuada por la Sala de instancia se revele patente o manifiesta, siendo carga de la parte recurrente aportar los datos y razones que permitan a éste Tribunal llegar a la convicción de que así efectivamente ha sido; y en este caso, las alegaciones expuestas por la recurrente no permiten concluir tal cosa.
En efecto, por lo que se refiere al requisito de la integración de la malla urbana , esta Sala tiene declarado, así sentencias de 23 de noviembre de 2004 y 27 de octubre de 2011, que es necesario que exista una urbanización básica constituida por unas vías perimetrales y unas redes de suministro de agua y energía eléctrica y de saneamiento de que puedan servirse los terrenos, y que éstos por su situación no estén completamente desligados del entramado urbanístico ya existente, lo que, como señala la sentencia recurrida, a la vista de las fotografías obrantes en las actuaciones, no acontece en el presente caso.
Ha de destacarse también, como se señala en nuestras sentencias de 19 de diciembre de 2002 y 30 de septiembre de 2011, que la pretensión de que unos terrenos tengan la consideración de urbanos exige que quien reclame esa aptitud de los predios acredite de modo acabado la concurrencia de los presupuestos fácticos a que el ordenamiento condiciona dicha declaración, pues es la parte recurrente quien acude al proceso a impugnar una alteración del planeamiento general, y quien alega que concurren los servicios a los que se sujeta el suelo urbano, de modo que sólo a ella le corresponde acreditar aquellos hechos sobre los que basa la pretensión de nulidad ejercitada en el proceso contencioso- administrativo. Si esto es la regla general, más lo será en un supuesto, como el de autos, en que el nuevo plan no hace sino confirmar la naturaleza de suelo no urbanizable, en este caso, de protección ecológica, que ya tenía en el planeamiento anterior. Ante esta situación la recurrente ni siquiera propuso prueba pericial tendente a acreditar los hechos en que basa su pretensión, razón por la cual la Sala de instancia ha tenido que acudir a las fotografías obrantes en las actuaciones, para explicar que el terreno en cuestión está completamente desligado del entramado urbanístico ya existente.
QUINTO.- En el segundo motivo de casación se denuncia la indebida interpretación y aplicación del artículo 12.3 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, así como la jurisprudencia dictada en desarrollo de dicho precepto, relativo al concepto jurídico indeterminado de malla urbana y al carácter reglado de suelo urbano.
Este motivo, como señala la Administración municipal recurrida, está íntimamente ligada al anterior, pues sí en el primero se denunciaba la errónea y parcial apreciación de la prueba, respecto de sí en la parcela litigiosa concurrían los requisitos para ser considerada suelo urbano, en este segundo se parte de la base de que el terreno ha sido urbanizado en ejecución de un instrumento de ordenación, que cuenta con dotaciones urbanísticas para servir a la edificación que sobre él existe y que se encuentra inserto en la malla urbana.
Sostiene la entidad recurrente que la Sala de instancia aplica un concepto equivocado de malla urbana, más restrictiva que el utilizado por el Tribunal Supremo, lo que la ha llevado a alcanzar una conclusión errónea, como es la que el terreno no se encuentra inserto en la malla urbana.
Sin embargo tal apreciación no se corresponde con la realidad. En efecto, la recurrente cita en apoyo de su tesis nuestra sentencia de 19 de octubre de 2006 -recurso de casación 3040/2003 -, que recoge la jurisprudencia relativa al requisito de la integración en la malla urbana. Si bien dicha resolución señala que un buen número de sentencias entienden que unos terrenos están insertos en la malla urbana cuando existe una urbanización básica constituida por unas vías perimetrales y unas redes de suministro de agua y energía eléctrica y de saneamiento de que puedan servirse los terrenos, y que éstos, por su situación, no estén completamente desligados del entramado urbanístico preexistente, la misma sentencia asimismo indica que otro buen número de sentencias también señalan que "no es ni siquiera bastante para que un terreno sea clasificado como urbano que tenga los servicios requeridos legalmente, pues en todo caso es necesario que el terreno se encuentre en la malla urbana, o, lo que es lo mismo, que un terreno que se encuentra aislado de toda urbanización no merece clasificación de urbano por más que ocasionalmente tenga los servicios urbanísticos a pie de parcela, es decir, los tenga porque pasen por allí casualmente, y no porque la acción urbanizadora haya llegado a su entorno".
En este sentido, interesa reiterar que el terreno en cuestión tenía asimismo la consideración de suelo no urbanizable en el planeamiento anterior, siendo indiferente, a los efectos que ahora interesa, que dispusiera de los servicios exigidos en su día para la instalación de un Campamento turístico, ya que no se corresponden con los exigidos legalmente para la consideración de suelo urbano, según se desprende de la autorización municipal de 12 de marzo de 1979, acompañado como documento nº 2 al escrito de demanda.
SEXTO.- - En el tercer motivo de casación se denuncia infracción del artículo 19 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Nacional y de la Biodiversidad, y del principio de jerarquía normativa consagrado en el artículo 9 de la Constitución.
Se aduce en el motivo que la sentencia impugnada ha incurrido en vulneración del ordenamiento jurídico al establecer que las determinaciones previstas en el PORN de Galicia no son relevantes - no interesa, según la expresión recogida en la sentencia recurrida - a los efectos de examinar la regulación contenida en el PGOU de Bayona, que contradice el contenido de dicho instrumento de ordenación de los recursos naturales de rango jerárquico superior.
La recurrente sostiene, en definitiva, que el artículo 68.3.b) 3º viii) del Plan Director de la Red Natural 2000, aprobado por Decreto 37/2014, de 27 de marzo, permite el desarrollo de la actividad de campamento turístico en la finca litigiosa, y que sin embargo el artículo 267 del Plan General de Ordenación Urbana de Bayona impide el desarrollo de dicha actividad, con clara infracción del principio de jerarquía normativa.
Así las cosas, obligado resulta recordar que esta Sala tiene reiteradamente declarado que no se puede fundar el recurso de casación en la infracción de Derecho autonómico, ni cabe eludir ese obstáculo procesal encubriendo, como se hace en el presente motivo, la denuncia de la indebida interpretación de normas autonómicas, bajo una cita meramente ficticia e instrumental de Derecho estatal.
La invocación en el presente caso del principio de jerarquía normativa tiene como único objetivo eludir la improcedencia de examinar en casación la interpretación y aplicación de las normas realmente concernidas, que son, como hemos visto, de Derecho autonómico.
SÉPTIMO. - Al declarar no haber lugar al recurso de casación procede imponer a la recurrente las costas procesales del presente recurso de casación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de esta Jurisdicción, si bien como permite el apartado 3 del mismo precepto, dada la índole del asunto y la actividad desplegada por las dos partes recurridas, procede limitar la cuantía, por todos los conceptos, a la cantidad de 2.000 euros, más IVA, para cada una de ellas.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido : 1º.- No ha lugar al recurso de casación nº 574/2016 interpuesto por la entidad "CAMPING BAYONA PLAYA, S.A", contra la sentencia de 28 de diciembre de 2015, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en su recurso nº 4345/2014. 2º.- Imponer las costas a la recurrente, en los términos expresados en el último fundamento de derecho de ésta resolución.
Jose Manuel Sieira Miguez Rafael Fernandez Valverde Juan Carlos Trillo Alonso Wenceslao Francisco Olea Godoy Ines Huerta Garicano Cesar Tolosa Tribiño Mariano de Oro-Pulido y Lopez PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Mariano de Oro-Pulido y Lopez, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079130052017100238