Source: https://corte-suprema-justicia.vlex.cl/vid/reilly-john-joseph-ministerio-678473333
Timestamp: 2020-08-07 23:56:45
Document Index: 201529848

Matched Legal Cases: ['artículo 65', 'artículo 15', 'artículo 19', 'artículo 65', 'artículo 15', 'artículo 66', 'artículo 20']

Causa nº 68862/2016 (Apelación). Resolución nº 201733 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 3 de Mayo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 678473333
Rol de Ingreso: 68862/2016
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación: 69439-2016 - C.A. de Santiago
Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fundamentos sexto a duodécimo, que se eliminan.
Que J.J.R., sacerdote extranjero, deduce la presente acción constitucional en contra del Ministerio de Interior y Seguridad Pública y el Departamento de Extranjería, impugnando la Resolución Exenta N° 67.358, de 12 de abril de 2016, que rechazó la solicitud de reconsideración deducida en contra de la Resolución Exenta N° 127.297 que revocó el permiso de permanencia definitiva que le fuera otorgado, disponiendo que debía hacer abandono del país en el plazo de 72 horas, acto que se estima ilegal y arbitrario.
Explica el recurrente que adquirió la nacionalidad chilena por gracia de acuerdo con la Ley N° 20.311, publicada con fecha 5 de enero de 2009, la que se revocó por medio de la Ley N° 20.826, de 14 de abril de 2015, teniendo como fundamento la sentencia de 11 de noviembre de 2014 dictada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago que lo condenó como autor de un delito reiterado de abuso sexual, a la pena de cuatro años y un día de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales, sustituyéndose la ejecución de la pena privativa de libertad por el beneficio de libertad vigilada. Tal condena, puntualiza, fue por hechos acaecidos en los años 2010 y 2012.
Aclarado el contexto anterior señala que el 5 de agosto de 2015, mediante la Resolución Exenta N° 127.297, el Ministerio del Interior revocó su permiso de residencia definitiva argumentando que -como extranjero- había incurrido en la comisión de ilícitos, razón por la que procedía aplicarle el artículo 65 del Decreto Ley N° 1094, otorgando un plazo de 72 horas para abandonar el país, si no existieran causas o penas pendientes, debiendo procederse a dictar el decreto de expulsión si no cumple la medida. Sostiene que tal acto es ilegal y arbitrario puesto que vulnera la igualdad ante la ley pues aplica erróneamente la normativa de extranjería a un ciudadano chileno, en particular sus artículos 15 número 2 en relación con el 65 número 3 del texto normativo antes citado, desde que todas las disposiciones en que se funda la revocación suponen que se trate de un extranjero con situación migratoria regular que durante la vigencia de su autorización incurra en algunas de las conductas descritas en la norma, en circunstancias que el recurrente era chileno a la época de comisión de los hechos por los que fue condenado, cuestión que determina que no se configure la causal de revocación esgrimida por la autoridad.
Estima que la hipótesis del N° 2 del artículo 15 del Decreto Ley N° 1094 de 1975, no se aplica a chilenos sino que sólo a extranjeros y que la aplicación retroactiva de la pérdida de nacionalidad constituye una interpretación absolutamente arbitraria e ilegal que vulnera las garantías previstas en los numerandos 2 y 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental.
Que al informar la Jefa del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, señaló que el acto denunciado no es arbitrario ni ilegal, pues fue dictado por autoridad competente y con fundamento plausible, refiriendo que el acto impugnado se funda en una causa legal expresa consagrada en el artículo 65 N° 3 del Decreto Ley N° 1094 que dispone que deben revocarse los permisos de los extranjeros que con posterioridad a su ingreso a Chile como turista o al otorgamiento del permiso del que son titulares, realicen actos que queden comprendidos en los números 1 o 2 del artículo 15 del mismo cuerpo legal, aplicándose en la especie el hecho que ejecuten actos contrarios a la moral o las buenas costumbres, todo lo cual es refrendado en su artículo 66 en términos facultativos para quienes hayan sido condenados por crimen o simple delito.Aclara que el Decreto Ley N° 1094 no dispone que la concesión de la nacionalidad por gracia haga perder la residencia definitiva, refiriendo que para aplicar la medida de revocación sólo se exige que la conducta, esto es el delito, sea posterior al otorgamiento del permiso respectivo. En razón de aquello, señala que no es efectivo que se realice una aplicación retroactiva de la norma respecto al recurrente, agregando que únicamente ha hecho un análisis y ponderación de los antecedentes al momento de dictar el acto recurrido.
Que para que pueda brindarse protección a través de esta acción constitucional es necesario que se incurra en un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace alguna de las garantías constitucionales que se señalan en el artículo 20 de la Carta Política.
Que, para resolver la controversia se debe tener presente que el recurrente, en su calidad de extranjero, obtuvo la autorización de permanencia definitiva el 10 de diciembre de 1985. Luego, por L.N.° 20.311, publicada en el Diario Oficial de 05 de enero de 2009, al recurrente se le concedió por gracia la nacionalidad chilena, la que fue revocada por Ley N° 20.826, publicada en el Diario Oficial de 14 de abril de 2015.
Que además se debe considerar que por Resolución Exenta N° 127.297, de 05 de agosto de 2015, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública revocó el...