Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-96-de-febrero-11-de-2003?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041dc2cf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-23 21:36:45
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 323', 'ARTÍCULO 332', 'artículo 126', 'artículo 126', 'artículo 126', 'artículo 321', 'artículo 323', 'artículo 321', 'artículo 321', 'artículo 17', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 221', 'artículo 30', 'artículo 126', 'artículo 337', 'artículo 337', 'artículo 358', 'artículo 358', 'artículo 337', 'artículo 358', 'artículo 358', 'artículo 337', 'artículo 358', 'artículo 337', 'artículo 332', 'artículo 126', 'artículo 323', 'artículo 332', 'artículo 337']

﻿ SENTENCIA C-96 DE FEBRERO 11 DE 2003
SENTENCIA C-96 DE 11 DE FEBRERO DE 2003
CONTENIDO:RECEPCIÓN DE LA INDAGATORIA EN MATERIA PENAL. DERECHO DEL INVESTIGADO A CONOCER OPORTUNAMENTE SOBRE EL DELITO QUE SE LE IMPUTA, ASÍ COMO PERMITIRLE CONOCER LOS FUNDAMENTOS PROBATORIOS DE DICHA IMPUTACIÓN ESPECÍFICA. SE DECLARA EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL ARTÍCULO 323 (PARCIAL) Y EXEQUIBLE EL INCISO 1 DEL ARTÍCULO 332 DE LA LEY 600 DE 2000.
TEMAS ESPECÍFICOS:RECEPCIÓN DE INDAGATORIA, PROCEDIMIENTO PENAL, ACTO DE IMPUTACIÓ
Sentencia C-96 de febrero 11 de 2003
Sentencia C-96 de 2003
Ref.: D-4173 y 4181 (acumulados).
Demandantes: Marcela Patricia Jiménez Arango y Ferley Oliveros Melo (respectivamente).
ART. 126.—Calidad de sujeto procesal. Se denomina imputado a quien se atribuya autoría o participación en la conducta punible. Éste adquiere la calidad de sindicado y será sujeto procesal desde su vinculación mediante indagatoria o declaratoria de persona ausente.
ART. 323.—Reserva de las diligencias. Durante la investigación previa las diligencias son reservadas, pero el defensor del imputado que rindió versión preliminar, tiene derecho a conocerlas y a que se le expidan copias.
ART. 332.—Vinculación. El imputado quedará vinculado al proceso una vez sea escuchado en indagatoria o declarado persona ausente.
ART. 337.—Reglas para la recepción de la indagatoria. La indagatoria no podrá recibirse bajo juramento. El funcionario se limitará a informar al sindicado el derecho que le asiste de guardar silencio y la prohibición de derivar de tal comportamiento indicios en su contra; que es voluntaria y libre de todo apremio; no tiene la obligación de declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni contra su cónyuge, compañero o compañera permanente; le informará la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro durante el año siguiente y el derecho que tiene a nombrar un defensor que lo asista, y en caso de no hacerlo, se le designará de oficio. Pero si el imputado declarare contra otro, se le volverá a interrogar sobre aquel punto bajo juramento, como si se tratara de un testigo.
2. Cosa juzgada respecto del artículo 126 de la Ley 600 de 2000.
En esta oportunidad se demanda nuevamente el artículo 126 de la Ley 600 de 2000, en el aparte que dice “Éste (el imputado) adquiere la calidad de sindicado y será sujeto procesal desde su vinculación mediante indagatoria o declaratoria de persona ausente”. Puesto que en la presente demanda los cargos contra el aparte acusado se relacionan de nuevo con la presunta vulneración de los derechos a la defensa y a la igualdad por conceder al imputado la calidad de sujeto procesal sólo desde su vinculación al proceso, existe una plena coincidencia entre estos cargos y los ya estudiados por la Corte se estará a lo resuelto en la Sentencia C-033 de 2003, que en lo pertinente resolvió declarar:
“Exequible la expresión “y será sujeto procesal” contenida en el artículo 126 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que aun antes de la vinculación mediante indagatoria o (declaratoria) de persona ausente, el imputado tendrá los mismos derechos del sujeto procesal, en lo que se refiere al ejercicio del derecho de defensa y la protección de sus derechos constitucionales”.
El artículo 321 (1) del anterior Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91), cuyo contenido normativo coincide íntegramente con el artículo 323 de la actual codificación procesal penal, fue demandado en una ocasión anterior bajo el cargo de violar la Constitución, en especial el derecho de defensa de quien no ha rendido aún versión preliminar dentro de las diligencias penales, al impedirle tener acceso a las pruebas y defenderse de las acusaciones en su contra. En Sentencia C-475 de 1997 la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión “que rindió versión preliminar”, contenida en el artículo 321, hoy 323, del Código de Procedimiento Penal.
(1) ART. 321.—Reserva de las diligencias. Durante la investigación previa las diligencias son reservadas pero el defensor del imputado que rindió versión preliminar tiene derecho a conocerlas y a que se les expidan copias.
Los demandantes acusan en esta oportunidad nuevamente la misma expresión con base en similares argumentos: a su juicio la expresión demandada viola los artículos 1º y 29 de la Constitución, ya que “la investigación debe ser de conocimiento del implicado (y de su defensor) desde el momento mismo que en contra del mismo surjan elementos de juicio para tenerlo como imputado sin que se requiera un acto formal de la Fiscalía General de la Nación que así lo declare (...)”.
Aun cuando existe coincidencia de los contenidos normativos demandados y de los cargos contra ellos elevados, y el referente constitucional para analizar la norma no ha cambiado, no se presenta el fenómeno de la cosa juzgada material en sentido estricto y por lo tanto la Corte no está obligada a estarse exactamente a lo resuelto en dicha sentencia (C.P., art. 243).
Corresponde a la Corte establecer si a la luz de la doctrina constitucional sobre la cosa juzgada, hay lugar a estarse a lo resuello en la sentencia que declaró exequible el anterior artículo 321 del Código de Procedimiento Penal anterior, o si en esta ocasión es necesario separarse de dicha decisión mediante el cambio jurisprudencial respectivo.
La jurisprudencia constitucional distingue claramente entre la institución de la cosa juzgada material en sentido estricto y la cosa juzgada material en sentido amplio (2) . En relación con la primera ha sostenido:
(2) Ver, entre otras, las sentencias C-489 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-146 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-551 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-394 de 2002 y C-948 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1075 de 2002, C-003 de 2003, C-006 de 2003 y C-039 de 2003, M.P. Manuel Cepeda Espinosa.
De conformidad con la disposición constitucional citada, para determinar si un “ato jurídico” del legislador constituye una reproducción contraria a la Carta, es preciso examinar cuatro elementos:
2. Que se trate de un mismo sentido normativo, esto es, que el contenido material del texto examinado sea similar a aquel que fue declarado inexequible por razones de fondo, teniendo en cuenta el contexto dentro del cual se inscribe la norma examinada, ya que su significado y sus alcances jurídicos pueden variar si el contexto es diferente (3) .
(3) Ver entre otras las sentencias C-427 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte señaló que el fenómeno de la cosa juzgada material se da cuando se trata, no de una norma cuyo texto normativo es exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino cuando los contenidos normativos son iguales; C-551 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, donde la Corte declaró que había ausencia de cosa juzgada formal o material respecto de los artículos 16 numeral 1º y artículo 17 inciso 2º de la Ley 599 de 2000, pues no se trataba de contenidos normativos idénticos: C-1064 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, donde la Corte examinó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en relación con omisiones legislativas.
3. Que el texto legal, supuestamente reproducido, haya sido declarado inconstitucional por “razones de fondo”, lo cual hace necesario analizar la ratio decidendi del fallo anterior (4) .
(4) Corte Constitucional, C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, donde la Corte analizó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
4. Que subsistan las disposiciones constitucionales que sirvieron de referencia en la sentencia anterior de la Corte (5) .
(5) En la Sentencia C-447 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte sostuvo que “la cosa juzgada material no debe ser entendida como una petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el respeto al precedente. Todo tribunal y en especial la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus decisiones previas. Ello deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica —pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles— sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. (...) Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de sus precedentes decisiones. Esto no significa obviamente que, en materia de jurisprudencia constitucional, el respeto al precedente y a la cosa juzgada constitucional deban ser sacralizados y deban prevalecer ante cualquier otra consideración jurídica, puesto que ello no sólo puede petrificar el ordenamiento jurídico sino que, además, podría provocar inaceptables injusticias”.
“Y ya desde entonces los fallos que el plenario de la Corte emite en ejercicio del control jurisdiccional, producen efectos universales, “erga omnes” y hacen tránsito a la (sic) juzgada constitucional. Por ello, el gobierno ni el Congreso pueden reproducir el contenido material jurídico del acto declarado inexequible en el fondo, mientras subsistan en la Carta las mismas normas que sirvieron para confrontar la norma ordinaria en el texto superior. Si así no fuere, la Corte, por virtud de los imperativos universales que emanan de sus fallos de inexequibilidad, se convertiría en una pequeña asamblea nacional constituyente, en función permanente” (6) .
(6) Cfr. Gaceta Constitucional 36, de abril 4 de 1991, página 26.
No obstante, la prohibición de reproducción del contenido material de una norma declarada inexequible no petrifica el derecho (7) . El legislador puede insistir en solucionar los problemas o en buscar los objetivos que lo llevaron a expedir una norma declarada inexequible, pero para hacerlo debe acudir a contenidos normativos diferentes a los declarados inexequibles que sean compatibles con la normatividad superior (8) . También puede el Congreso, cuando actúe como constituyente derivado, modificar las disposiciones constitucionales que sirvieron de fundamento al fallo previo, como en efecto lo ha hecho en varias ocasiones (9) , lo cual representa, además, un control ejercido por el constituyente a las decisiones de la Corte Constitucional” (10) .
(7) Los casos de reproducción material de normas declaradas inexequibles son excepcionales. Ver, por ejemplo, las sentencias C-311 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda; C-255 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía.
(8) Ver, por ejemplo, la Sentencia C-551 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, ya citada.
(9) La más reciente es el Acto Legislativo 1 de 1999, que eliminó los incisos 5º y 6º del artículo 58 superior que establecían la posibilidad de expropiación sin indemnización por razones de equidad. Durante la vigencia de estos dos incisos, la Corte declaró la inexequibilidad de las cláusulas de los tratados bilaterales de inversión extranjera que establecían la obligatoriedad de la indemnización en todos los casos. Ver la Sentencia C-358 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, en donde la Corte analiza la constitucionalidad de un convenio de inversión extranjera que establece la obligatoriedad de indemnización en los casos de nacionalización y expropiación. La Corte declara la inexequibilidad de dicha cláusula por considerar que era contraria al inciso 5º del artículo 58 de la Carta que permitía la expropiación sin indemnización por razones de equidad. Además de este acto legislativo, se pueden mencionar otros desde los primeros años de vigencia de la Carta, como el Acto Legislativo 2 de 1995, por medio del cual se adicionó el artículo 221 de la Constitución Política en relación con la integración de cortes o tribunales militares. Con anterioridad a este acto legislativo la Corte declaró la inexequibilidad de normas relativas a la justicia penal militar ejercida por militares en servicio activo. Ver, por ejemplo, las sentencias C-141 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-399 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; y C-444 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(10) Corte Constitucional, Sentencia C-039 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
De esta forma, la Corte clarifica los alcances y las consecuencias de la llamada cosa juzgada material de un fallo de exequibilidad: El fallo anterior constituye un precedente respecto del cual la Corte tiene diversas opciones, ya que no queda absolutamente autovinculada por sus sentencias de exequibilidad (12) . La primera, es seguir el precedente, en virtud del valor de la preservación de la consistencia judicial, de la estabilidad del derecho, de la seguridad jurídica, del principio de la confianza legítima y de otros valores, principios o derechos protegidos por la Constitución (13) y ampliamente desarrollados por la jurisprudencia de esta Corte (14) . En esta primera opción la Corte decide seguir la ratio decidendi anterior, mantener la conclusión que de ella se deriva, estarse a lo resuelto y, además, declarar exequible la norma demandada. Otra alternativa es apartarse del precedente, esgrimiendo razones poderosas para ello que respondan a los criterios que también ha señalado la Corte en su jurisprudencia, para evitar la petrificación del derecho y la continuidad de eventuales errores (15) . También puede la Corte llegar a la misma conclusión de su fallo anterior pero por razones adicionales o diversas. En conclusión, los efectos de la cosa juzgada material de un fallo de exequibilidad son específicos y no se asimilan a los del derecho procesal general. Se inscriben dentro de la doctrina sobre precedentes judiciales en un sistema de tradición romano germánica, son los propios del proceso constitucional y responden a la interpretación de una Constitución viviente” (16) .
(13) Sobre la aplicación del concepto de precedentes en sistemas no anglosajones y su relación con el concepto de cosa juzgada, es especial en Alemania, España, Francia e Italia, ver Neil MacCormick y Robert Summers (Ed) Interpreting precedents. París, Ashgate Darmouth, 1997.
(14) Sentencias C-131 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-083 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-123 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; SU-047 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero; SU-168 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(16) Sentencia C-311 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
De tal manera que, sin desconocer la cosa juzgada respecto de una disposición específica, cuando se ha reproducido el contenido material declarado previamente exequible, la Corte puede estimar que no hay razones poderosas para modificar su jurisprudencia y, por lo tanto, estarse a lo resuelto en la sentencia anterior y declarar exequible la nueva disposición. Pero sí considera que existen razones poderosas para separarse de lo resuelto en la sentencia anterior, debe la Corte justificar la decisión de apartarse del precedente específico aplicable y, luego, juzgar la disposición que reprodujo el contenido material pudiendo llegar a declararlo inexequible.
En efecto, la Corte se ha pronunciado recientemente sobre la garantía de los derechos constitucionales, en particular los derechos a la defensa, al debido proceso y a la igualdad, tanto de la víctima como del imputado, en el sentido de no restringir su goce y ejercicio a la vinculación formal al proceso penal. Así, en Sentencia C-228 de 2002 (17) , la Corte declaró exequible el artículo 30 de la Ley 600 de 2000, en relación con los cargos estudiados, “en el entendido de que las víctimas o los perjudicados, una vez se hayan constituido en parte civil, pueden acceder directamente al expediente”. Por su parte, en Sentencia C-033 de 2003 (18) , la Corte condicionó la exequibilidad del artículo 126 del Código de Procedimiento Penal a que, incluso antes de la vinculación al proceso, el imputado “tendrá los mismos derechos del sujeto procesal, en lo que se refiere al ejercicio del derecho de defensa y la protección de sus derechos constitucionales”.
(17) Ms. Ps. José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett (A.V. Jaime Araújo Rentería).
a) La reserva de las diligencias adelantadas durante la investigación preliminar en materia penal está constitucionalmente justificada. Un efecto, la Corte sostuvo en ocasión anterior lo siguiente:
No sobra indicar que, naturalmente, si el implicado tuvo la oportunidad de rendir versión libre y espontánea, al momento de la indagatoria tendrá conocimiento de los cargos que se le imputan y de las pruebas que en su contra reposan en el expediente. Inclusive, si el implicado evade la acción de la justicia y se niega a rendir indagatoria, tendrá derecho a una defensa técnica con acceso al expediente, a partir del momento de su vinculación a través de la declaratoria de persona ausente. Desde entonces podrá ejercer plenamente el derecho a la defensa técnica” (19) ;
(19) Corte Constitucional, Sentencia C-475 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
b) Por otra parte, la Corte ha sostenido que constituye garantía procesal de rango constitucional el derecho a conocer oportunamente la investigación que se adelanta al imputado: “El derecho a la presunción de inocencia (...) se vulnera si no se comunica oportunamente la existencia de una investigación preliminar a la persona involucrada en los hechos, de modo que ésta pueda, desde esta etapa, ejercer su derecho de defensa conociendo y presentando las pruebas respectivas” (20) . El derecho de defensa supone que el investigado tenga conocimiento oportuno de la investigación que se le adelanta, de forma que le sea posible controvertir los elementos probatorios en su contra. De lo contrario, cuando existe una vinculación manifiestamente tardía del imputado al proceso, se puede llegar a configurar una nulidad cuando se demuestre una violación de los principios de contradicción, legalidad, igualdad de oportunidades y publicidad de la prueba.
(20) Corte Constitucional, Sentencia C-412 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
c) El investigado tiene derecho constitucional a conocer de la imputación específica en su contra y de los elementos probatorios en que se funda desde el momento mismo de la existencia de tal imputación. Este derecho se encuentra contenido en el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso y conlleva el deber correlativo del Estado de llamar al investigado a rendir indagación preliminar tan pronto obren imputaciones penales en su contra. En consecuencia, está constitucionalmente prohibido oír al investigado en versión libre sin que previamente se le haya informado sobre el delito concreto por el que se le investiga y sobre las pruebas que existen en su contra. Ello porque el derecho a la defensa (C.P., art. 29), el principio de no autoincriminación (C.P., art. 33) y el principio de la buena fe que debe regir todas las actuaciones de las autoridades (C.P., art. 83) así lo exigen (21) .
(21) La Corte advierte que los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen la obligación de informar siempre a la persona detenida, desde el momento de su detención, “de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella” (Pacto internacional de derechos civiles y políticos, art. 9º num. 12; Convención americana de derechos humanos o Pacto de San José de Costa Rica, art. 7º, num. 4º). La regulación de los derechos del investigado en la etapa de investigación preliminar varía en cada sistema. Se trata de un asunto atinente a la política criminal dentro del respeto a los derechos constitucionales del investigado. A manera puramente ejemplificativa cabe mencionar algunos países. Así, en Estados Unidos el derecho de defensa y el derecho a la no autoincriminación obliga inclusive a las autoridades de policía a informarle al arrestado cuáles con sus derechos, en especial, a advertirle que puede guardar silencio, que lo que diga puede ser usado en su contra y que tiene derecho a un abogado antes de ser interrogado. Así ha sido, por ejemplo, desde el caso célebre Miranda v. Arizona 1384 U.S.436 (1966). Cuando una persona es llevada ante el juez, éste debe informarle del cargo preliminar en su contra, del derecho que tiene a ser escuchado en una audiencia y del derecho a ser asistido por un abogado (Ronald L. Carlson. Criminal Justice Procedure. W.H. Anderson Company. Cincinnati. 1999 (6ª Ed) p. 9. En Francia, la puesta en examen de un investigado por el juez, cuando ello envuelve el ejercicio de poderes estatales de coerción, debe estar acompañada de una información de los hechos por los cuales la persona está siendo investigada así como de la manifestación de que ésta puede ser asistida por un abogado y puede solicitar que se investiguen ciertos hechos conducentes a su defensa (Mireille Delmas-Marty ed. Procédures pénales d’ Europe. PUF. París, 1995, págs. 245-246). En Alemania, durante la fase preparatoria del proceso el investigado tiene derecho a ser escuchado y a conocer y contradecir las pruebas invocadas en su contra y a ser informado de que tiene derecho a guardar silencio (ídem. p. 89). En Bélgica a raíz de un fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos (caso I amy c/Bélgica; 30 de marzo de 1989, serie A, N. 184), tanto el abogado como el imputado, durante la fase preparatoria, tienen derecho a acceder al expediente con miras a ejercer el derecho de defensa (M. Delmas Marty, op. cit. p. 476). Las diferencias entre éstos y otros países obedecen principalmente al sistema de investigación penal imperante —acusatorio, inquisitivo o mixto— así como a la importancia concedida a la materialización de poderes coercitivos y al alcance de los principios constitucionales dentro de los cuales el legislador puede configurar la política criminal. La tendencia común es a buscar un punto de equilibrio entre el goce efectivo del principio de la “igualdad de armas” dentro de un contexto de lealtad procesal, sin que ello conduzca al entorpecimiento de la actividad investigativa del Estado y sin romper las diferencias razonables en la regulación de cada una de las etapas del proceso.
En efecto, para que la versión preliminar constituya un medio de defensa del investigado éste ha de conocer los hechos por lo cuales está rindiendo dicha versión. Sería contrario a “la igualdad de armas” que el Estado conociera todo lo que obra en contra de una persona, pero que ésta, al rendir versión preliminar, no pudiera saber qué se le imputa y en qué se basa dicha imputación. También sería incompatible con dicho principio que la investigación pudiera adelantarse indefinidamente de manera reservada, incluso después de que se puede configurar una imputación específica con base en pruebas sólidas, hasta que el Estado, representado por el fiscal competente, decida que ya existe mérito suficiente para llamar a indagatoria o, inclusive, para acusar. Ello no se ajustaría al principio de la buena fe que exige un mínimo de lealtad procesal. Esto es especialmente relevante en un sistema penal donde el fiscal debe investigar tanto lo desfavorable como lo favorable (C.P., art. 250, último inc.). Además, el goce efectivo del derecho a la no autoincriminación depende de que el investigado conozca antes de rendir versión preliminar, cuál es la conducta que específicamente se le imputa así como el fundamento de dicha imputación. Sin esa información mínima, el riesgo de autoincriminación es demasiado elevado (22) .
(22) Ley 600 de 2000. ART. 234.—Versión del imputado. Cuando lo considere necesario el Fiscal General de la Nación o su delegado podrá recibir versión al imputado, la que se practicará en presencia de su defensor. Siempre se le advertirá que no está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo civil y primero de afinidad.
Lo anterior no significa que la fiscalía no tenga la potestad de construir autónomamente un expediente que refleje la realidad de lo ocurrido, adoptando las medidas necesarias para impedir que dicha labor probatoria se vea afectada por la destrucción u ocultamiento de pruebas sobre los hechos o la posible responsabilidad de los implicados. El Estado, por intermedio de los fiscales debe poder llevar a cabo una investigación penal tendiente a establecer los hechos punibles y la responsabilidad de sus actores, todo ello dentro del respeto a las reglas y principios que aseguran el goce efectivo del derecho de defensa. En consecuencia, el Estado en cabeza de la Fiscalía puede construir el expediente sin necesidad de revelar inmediatamente después de haber sido practicada, el contenido de cada prueba. Pero ello no implica que pueda sustraerse el material probatorio del conocimiento de la defensa cuando el acceso a las pruebas es necesario para que se pueda ejercer cabalmente el derecho de defensa. En cada caso, el correspondiente fiscal deberá apreciar las circunstancias que han llevado a iniciar una investigación penal de forma que decida oportunamente sobre el llamamiento del implicado a rendir versión libre. No es posible señalar cuándo ha llegado el momento oportuno para llamar al investigado a rendir versión preliminar. Ello ha de ser valorado en cada caso por el funcionario judicial competente. No obstante, es necesario precisar lo siguiente:
Segundo, que para que al investigado se le pueda imputar una conducta punible, es necesario que se reúnan los fundamentos no sólo de derecho sino también de hecho establecidos en las leyes vigentes. Las normas relevantes del Código de Procedimiento Penal establecen, por ejemplo:
“ART. 322.—Finalidades. En caso de duda sobre la procedencia de la apertura de la instrucción, la investigación previa tendrá como finalidad determinar si ha tenido ocurrencia la conducta que por cualquier medio haya llegado a conocimiento de las autoridades, si está descrita en la ley penal como punible, si se ha actuado al amparo de una causal de ausencia de responsabilidad, si cumple el requisito de procesabilidad para iniciar la acción penal y para recaudar las pruebas indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o partícipes de la conducta punible”.
“ART. 327.—Resolución inhibitoria. El Fiscal General de la Nación o su delegado, se abstendrán de iniciar instrucción cuando aparezca que la conducta no ha existido, que es atípica, que la acción penal no puede iniciarse o proseguirse o que está demostrada una causal de ausencia de responsabilidad.
4. Cosa juzgada respecto del inciso 2º del artículo 337 de la Ley 600 de 2000.
La disposición procesal penal sobre “advertencias al indagado” (D. 2700/91, art. 358) fue modificada por el artículo 337 de la Ley 600 de 2000 sobre “reglas para la recepción de la indagatoria”. Su inciso segundo, ahora parcialmente demandado, coincide parcialmente con el inciso segundo del artículo 358 del anterior Código de Procedimiento Penal, como se evidencia en la siguiente comparación normativa:
ART. 337.—Reglas para la recepción de la indagatoria.
(Se subraya lo demandado en esta ocasión) Decreto 2700 de 1991
ART. 358.—Advertencias previas al indagado.
En efecto, mediante Sentencia C-621 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 358 del Decreto 2700 de 1991, con la advertencia de que “las expresiones “...y el funcionario le advertirá que su actitud la podrá privar de medios de defensa”, contenidas en la norma, se ajustan a la Constitución siempre y cuando se entienda que aluden única y exclusivamente al medio de defensa en que consiste la misma indagatoria”. La Corte justificó su decisión de condicionar la disposición demandada con el siguiente argumento:
“La exequibilidad de los mencionados términos legales será declarada en el entendido de que la advertencia en cuestión solamente está referida al medio de defensa en que consiste la indagatoria y a ninguno otro, y los funcionarios que tomen indagatorias no podrán, sin violar el debido proceso, extender tal ilustración a otros medios judiciales de defensa, pues al hacerlo atemorizarán al procesado y precipitarán su decisión de rendir una declaración que no quiere y puede no rendir”.
Es así como el artículo 337 de la actual normatividad procesal penal recogió el condicionamiento de la Corte y modificó la redacción del inciso 2º del anterior artículo 358 en el sentido de limitar el efecto de la negativa a rendir indagatoria a la advertencia por parte del funcionario judicial al imputado renuente en el sentido de que su actitud puede privarlo del medio de defensa que es la propia indagatoria, pero no de otros medios que deben estar a su disposición para garantizar su derecho de defensa.
El concepto fiscal solicita a la Corte declarar la existencia de una cosa juzgada material respecto de la expresión demandada, ya que ella estaba contenida en el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal derogado y que fuera declarado exequible mediante Sentencia C-621 de 1998. En efecto, la Corte advierte que respecto del inciso 2º del hoy artículo 337 de la Ley 600 de 2000, ya se pronunció mediante fallo con carácter de cosa juzgada absoluta, pese a no haberse referido la Corte explícitamente a todos los aspectos regulados en el artículo 358 (hoy 337) del Código Procesal Penal. En dicha ocasión sostuvo la Corte:
“El contenido general del artículo en mención, aunque no ha sido demandado, guarda evidente unidad con la parte acusada, ya que desarrolla cabalmente los postulados que en esta sentencia constituyen objeto de análisis, en lo referente a la espontaneidad y voluntariedad que deben presidir la diligencia de indagatoria, lo que lleva a la Corte a integrar y declarar la unidad normativa, extendiendo a toda la disposición los efectos de la exequibilidad” (23) .
(23) Sentencia C-621 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Por lo tanto, respecto de este cargo la Corte se estará a lo resuello en Sentencia C-621 de 1998 en el sentido de declarar exequible la expresión “se tendrá por vinculada procesalmente” contenida en el inciso 2º del artículo 337 de la Ley 600 de 2000.
5. Exequibilidad del artículo 332 de la Ley 600 de 2000.
1. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia de la Corte Constitucional C-033 de 2003 en el sentido de declarar exequible la expresión “Éste adquiere la calidad de sindicado y será sujeto procesal desde su vinculación mediante indagatoria o declaratoria de persona ausente”, contenida en el artículo 126 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que aun antes de la vinculación mediante indagatoria o persona ausente, el imputado tendrá los mismos derechos del sujeto procesal, en lo que se refiere al ejercicio del derecho de defensa y la protección de sus derechos constitucionales”.
2. Declarar EXEQUIBLE la expresión “que rindió versión preliminar” contenida en el artículo 323 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que antes de la recepción de la versión preliminar debe informarse al investigado sobre el delito que se le imputa, así como permitirle conocer los fundamentos probatorios de dicha imputación específica.
3. Declarar EXEQUIBLE el inciso 1º del artículo 332 de la Ley 600 de 2000.
4. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia de la Corte Constitucional C-621 de 1998 y, por lo tanto, declarar exequible la expresión “se tendrá por vinculada procesalmente” contenida en el inciso 2º del artículo 337 de la Ley 600 de 2000.