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Timestamp: 2017-12-15 04:21:53
Document Index: 187675573

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 17', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 50']

Ley de Cantabria 1/2014, de 17 de noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY DE CANTABRIA 1/2014, DE 17 DE NOVIEMBRE, DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA (BOC 231 DE 1 DE DICIEMBRE)
BOE 301 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2014
Hasta ahora, las actividades de transporte se han venido rigiendo por la legislación estatal, constituida principalmente por la Ley 16/1987, de 30 de julio ( RCL 1987, 1764 ) , de Ordenación de los Transportes Terrestres y sus disposiciones de desarrollo y fundamentalmente el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres ( RCL 1990, 2072 ) aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. La Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio ( RCL 1987, 1761 ) , de delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, completa la regulación normativa y el proceso de transferencia de competencias previamente realizado. Esta delegación comprende la totalidad de las competencias estatales que, por su naturaleza, deban ser ejercidas en el ámbito autonómico o local y está referida no solamente a actuaciones gestoras, sino también normativas en los casos previstos en la legislación estatal.
Por otra parte, la Sentencia del Tribunal Constitucional 118/1996, de 27 de junio ( RTC 1996, 118 ) , declaró la inconstitucionalidad del capítulo VII del Título III de la Ley 16/1987, de 30 de julio ( RCL 1987, 1764 ) , de Ordenación de los Transportes Terrestres, dedicado en su integridad a los transportes urbanos, por entender que, debido a su carácter de intracomunitarios, se trataba de una materia de exclusiva competencia autonómica y que, como tal, debía ser desarrollada por cada una de las Comunidades Autónomas.
Además, el Reglamento (CE) nº 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007 ( LCEur 2007, 2015 ) , sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1191/69 ( LCEur 1969, 55 ) y (CEE) nº 1107/70 del Consejo, establece que la adjudicación de contratos de servicio público por ferrocarril y por carretera deberán cumplir los preceptos en aquél contenidos a partir del 3 de diciembre de 2019, a la vez que prevé que, durante el período transitorio desde la entrada en vigor del mismo, que tuvo lugar el 3 de diciembre de 2009, las Administraciones tomen medidas para cumplir progresivamente con estos preceptos, con el fin de evitar problemas estructurales graves, en particular, en lo que respecta a la capacidad de transporte. Resulta inexcusable, por tanto, reorganizar el marco concesional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de adaptarlo a las necesidades actuales y a la regulación normativa de la Unión Europea, definiendo las obligaciones de servicio público, respetando, en todo caso, la transparencia del mercado, y la libre competencia.
El propósito de esta Ley no es, por tanto, introducir una nueva regulación para el conjunto de las actividades de transporte de personas por carretera en el ámbito de la Comunidad Autónoma, sino regular los aspectos que son competencia de la Comunidad Autónoma y complementar la legislación del Estado, especialmente teniendo en cuenta la reciente publicación de la Ley 9/2013, de 4 de julio ( RCL 2013, 1034 y 1513) , por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, la Ley 21/2003, de 7 de julio ( RCL 2003, 1725 ) , de Seguridad Aérea, y de la Ley Orgánica 5/2013, de 4 de julio ( RCL 2013, 1033 ) , por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio ( RCL 1987, 1761 ) , de delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable. Se respeta, además, lo previsto en la normativa de la Unión Europea adaptándolo a la realidad de Cantabria, dando respuesta, así, a sus necesidades.
Por otra parte, la publicación y entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre ( RCL 2013, 1773 y RCL 2014, 528) , de garantía de la unidad de mercado, ha obligado a efectuar un análisis del régimen de autorizaciones previsto, si bien se ha considerado plenamente adecuado atendiendo a los principios de necesidad y proporcionalidad previstos en la norma, en razón tanto de motivos de seguridad de los viajeros, como medioambientales, por la incidencia indudable que una adecuada ordenación del transporte y la intermodalidad tienen en este ámbito. Singular mención ha de hacerse a la autorización prevista en el caso de las estaciones de transporte de viajeros por carretera, recogida en el artículo 47, cuya exigencia se encuentra fundamentada en el artículo 17.1 de la referida norma, dado el impacto que pueden tener directamente sobre el entorno y el medio ambiente urbano y sobre la organización y prestación de un servicio público de titularidad de la Administración como es el transporte regular de uso general, y su influencia en aspectos clave para el sistema general de transporte como pueden ser el transbordo, el intercambio de información y la intermodalidad.
Por último, el capítulo VII establece el régimen sancionador, manteniendo los criterios de la Ley 16/1987, de 30 de julio ( RCL 1987, 1764 ) , de Ordenación de los Transportes Terrestres, pero adaptándolos, asimismo, a las necesidades específicas de Cantabria.
Por tanto, esta norma aspira a conseguir los objetivos indicados, y se dicta en ejercicio de las competencias que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 148.1.5ª de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836 ) y 24.6 y 26.17 del Estatuto de Autonomía para Cantabria corresponden a la Comunidad Autónoma, y habiéndose dado trámite de audiencia a las asociaciones y sindicatos mayoritarios que la Dirección General de Transportes y Comunicaciones consideró interesados, así como a la Federación de Municipios de Cantabria y, en particular, a aquellos municipios que cuentan en la actualidad con transporte público colectivo de viajeros por carretera y previa la emisión de los informes preceptivos, y en especial de la Dirección General del Servicio Jurídico.
Se incluyen, asimismo, todos aquellos servicios de transporte de viajeros que, según la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio ( RCL 1987, 1761 ) , de delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y cable, sean competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Artículo 3. Objetivos de la política de transportes
Artículo 4. Definiciones y clasificación de los servicios de transporte de viajeros por carretera
3. En función de su ámbito el transporte por carretera se clasifica como: a) Urbano: el que discurre íntegramente dentro de un mismo término municipal.
Artículo 5. Administraciones competentes en materia de transporte
c) Ejercer las competencias que le han sido delegadas mediante Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio ( RCL 1987, 1761 ) , de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los Transportes por Carretera y por Cable.
1. Corresponde a los municipios el ejercicio de las siguientes funciones: a) La ordenación, planificación y gestión de los transportes públicos de viajeros que transcurran íntegramente dentro de su término municipal, sin perjuicio de las facultades de coordinación y ordenación general de los transportes públicos de viajeros que correspondan a la Comunidad Autónoma en el ámbito de la misma, y de las funciones que esta última pueda delegar o encomendar a las entidades locales, en el marco de lo previsto en esta Ley y en la legislación de carácter estatal.
Artículo 8. Junta Arbitral del Transporte
2. Quedarán sometidos al arbitraje de la Junta Arbitral del Transporte de Cantabria todos los servicios de transporte de personas regulados por la presente Ley, en los términos establecidos en la Ley 16/1987, de 30 de julio ( RCL 1987, 1764 ) , de Ordenación de los Transportes Terrestres y sus normas de desarrollo.
Artículo 9. Derechos y obligaciones de los viajeros
3. En este sentido, además de los recogidos en la legislación de consumidores y usuarios, los cuales serán tutelados por el órgano competente en la materia, los viajeros del transporte por carretera tienen los siguientes derechos: a) Recibir un trato correcto por parte del personal de las empresas transportistas, que deberá atender las peticiones de ayuda e información que le sean solicitadas en asuntos relacionados con el servicio.
4. Asimismo, quienes utilicen los servicios o actividades regulados en la presente Ley estarán sujetos a las siguientes prohibiciones, cuyo incumplimiento, en su caso, será sancionado de acuerdo a lo previsto en el Capítulo VII o en la restante normativa que resulte de aplicación: a) Manipular, forzar o impedir el funcionamiento de los mecanismos de apertura o cierre de las puertas de los vehículos o de cualquiera de sus compartimentos previstos para su accionamiento exclusivo por el personal de la empresa transportista excepto cuando concurran circunstancias que lo justifiquen debidamente.
Artículo 10. Instrumentos de planificación para la coordinación e integración de los servicios
Artículo 11. Planes coordinados de servicios
Artículo 12. Tramitación de los Planes coordinados de servicios
Artículo 13. Planes de movilidad sostenible
Artículo 14. Tramitación de los Planes de movilidad sostenible
2. Para la elaboración de los Planes de movilidad sostenible se constituirá una comisión técnica en la que se invitará a participar, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a representantes de las organizaciones de viajeros y de las asociaciones empresariales de transporte de la Comunidad Autónoma, de las empresas afectadas, así como de las organizaciones sindicales que reúnan la condición de más representativas de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto ( RCL 1985, 1980 ) , de Libertad Sindical, y la Ley de Cantabria 4/2009, de 1 de diciembre, de Participación Institucional de los Agentes Sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Además, en los Planes de movilidad sostenible de ámbito supramunicipal se invitará a participar a los municipios incluidos en el ámbito del Plan.
Asimismo, el proyecto de Plan, con independencia de su ámbito territorial, se someterá a información pública durante un plazo de un mes, mediante anuncio publicado en el «Boletín
Oficial de Cantabria».
5. El plazo máximo en que se deberá dictar resolución definitiva motivada con relación a los
Planes de movilidad sostenible será de un año contado desde el día siguiente a aquél en que se dicte el acuerdo o resolución de inicio de la tramitación de los mismos.
Artículo 15. Financiación pública
Artículo 16. Obligaciones de servicio público
Artículo 19. Régimen de prestación de los servicios regulares de transporte urbano de viajeros de uso general
Artículo 20. Régimen de prestación de los servicios discrecionales de transporte urbano de viajeros
Artículo 21. Prohibición de coincidencia
Artículo 22. Coordinación previa
Artículo 23. Paradas urbanas de servicios interurbanos o zonales
Artículo 24. Compensaciones
Artículo 25. Áreas urbanas
Artículo 26. Supuestos y regulación
Artículo 28. Vehículos
Artículo 29. Condiciones de prestación de los servicios
Artículo 30. Concepto y regulación
Artículo 32. Condiciones de prestación de los servicios
Artículo 33. Concepto y régimen jurídico
Artículo 34. Concepto de autotaxi
Artículo 35. Exigencia de licencia de autotaxi
Artículo 36. Otorgamiento de licencias de autotaxi
Artículo 37. Régimen jurídico de las licencias de autotaxi
Artículo 38. Coordinación con el sistema general de transportes
Artículo 39. Características de los vehículos
Artículo 40. Conducción de vehículos autotaxi
Artículo 42. Modalidad de contratación
Artículo 43. Inicio de los transportes interurbanos
Artículo 44. Supuestos especiales de demanda
Artículo 45. Áreas territoriales de prestación conjunta
Artículo 46. Concepto y régimen jurídico de las estaciones de transporte de viajeros por carretera
Artículo 47. Establecimiento
Artículo 48. Normativa aplicable
El incumplimiento de las normas reguladoras de los transportes de viajeros por carretera será inspeccionado y sancionado de conformidad con lo previsto en la Ley 16/1987, de 30 de julio ( RCL 1987, 1764 ) , de Ordenación de los Transportes Terrestres y en sus disposiciones de desarrollo, o normas que las sustituyan.
1. Se consideran infracciones las contenidas en la Ley 16/1987, de 30 de julio ( RCL 1987, 1764 ) , y en sus disposiciones de desarrollo, o normas que las sustituyan, relacionadas con el incumplimiento de las normas reguladoras de los transportes de viajeros por carretera.
Artículo 50. Competencia y procedimiento
3. El procedimiento para la imposición de las sanciones se ajustará a lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio ( RCL 1987, 1764 ) , de Ordenación de los Transportes Terrestres y en el Reglamento dictado para su aplicación, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre ( RCL 1990, 2072 ) , o en las normas que las sustituyan.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Validez de autorizaciones de transporte privado complementario
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Vigencia de las concesiones de transporte público interurbano de viajeros por carretera
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Órgano administrativo competente en materia de transportes
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Plazo para el efectivo cumplimiento de normas relativas a los vehículos auto-taxi
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Coordinación en materia de paradas urbanas
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Adaptación normativa