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Timestamp: 2017-03-23 06:14:42
Document Index: 118979347

Matched Legal Cases: ['artículo 76', 'artículo 77', 'artículo 29', 'artículo 334', 'artículo 58', 'artículo 62']

2012 15 Comunicado de Prensa de 18 de abril de 2012
CC SC 296 de 2012
Cómputo de la experiencia profesional a partir de la expedición de la matrícula de ingeniero, profesiones afines o auxiliares no vulnera los derechos a la igualdad y trabajo. Ley 842 de 2003, "por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones. A continuación encontrará el texto completo de la Ley"; Art. 12 : Exequible
CC SC 295 de 2012
Exequible la Ley 1459 de 2011, aprobatoria del "Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio" y su "Protocolo", hechos en Lima, el 21 de noviembre de 2008
CC SC 294 de 2012
La ausencia de la firma del Presidente de la República en el proyecto de acto legislativo presentado ante el Congreso de la República, no constituye un vicio de forma que afecte la validez constitucional del Acto Legislativo 2 de 2011, mediante el cual se eliminó la Comisión Nacional de Televisión. Acto Legislativo 2 de 2011, "por el cual se deroga el artículo 76 y se modifica el artículo 77 de la Constitución Política de Colombia" : Exequible
CC SC 293 de 2012
Exequible la Ley 1461 de 2011, por medio de la cual se aprobó el "Acuerdo sobre el establecimiento de la Red Internacional del Bambú y del Ratán", (Beijing, 1997), la Corte constató que se cumplieron en debida forma con las etapas, requisitos y formalidades establecidos por la Constitución y el Reglamento del Congreso de la República. Por lo tanto, la Corte declaró exequible la Ley 1461 de 2011, en cuanto se refiere a su aspecto formal
CC SC 292 de 2012
El traslado de las funciones que competían al Ministerio del Trabajo en relación con las asociaciones de pensionados no tiene relación causal, temática, sistemática ni teleológica con el texto de la ley 1429 de 2010 y por tanto, desconoce el principio de unidad de materia que debe cumplir toda ley . Ley 1429 de 2010, "por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo"; Art. 23 (Mod. parcialmente los Arts. 3 y 4 de la Ley 43 de 1984) : INEXEQUIBLE
CC SC 291 de 2012
Demanda sobre el vocablo esposa contenido en los siguientes decretos: Decreto 609 de 1977 (art. 76, parcial), Decreto 612 de 1977 (art. 153, parcial); Decreto 2063 de 1984 (art. 130, parcial), Decreto 089 de 1984 (art. 177, parcial), Decreto 095 de 1989 (art. 180, parcial), Decreto 097 de 1989 (art. 130, parcial), Decreto 1211 de 1990 (art. 185) y Decreto 1213 de 1990 (art. 132, parcial), normas que establecen los beneficiarios de las prestaciones sociales por causa de muerte de los agentes de la Policía Nacional y de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.. La Corte encontró que la demanda no plantea un auténtico cargo de inconstitucionalidad, sino que se refiere a un problema de aplicación de las normas legales que no tiene su origen en las disposiciones derogadas que se demandan, en la medida en que han dejado de producir efectos jurídicos, sino en la Constitución y las leyes posteriores que otorgaron a los compañeros y compañeros permanentes derechos que antes no les habían sido reconocidos. En realidad, es del resorte de la autoridad respectiva, decidir si son aplicables en cada caso concreto, los preceptos constitucionales que se invocan por el actor o las nuevas regulaciones legales sobre el derecho de las compañeras o compañeros permanentes a situaciones definidas según las disposiciones derogadas, así como determinar si, en caso de ser factible la aplicación de las normas constitucionales, deban serlo de manera retroactiva o retrospectivamente
CC SC 290 de 2012
Término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical legalmente reconocida, homicidio de defensor de Derechos Humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado. No es suficiente afirmar que una es violatoria del Estatuto de Roma para que se configure la inconstitucionalidad de la misma. Ley 1426 de 2010, "por la cual se modifica la Ley 599 de 2000, relativa a las conductas punibles que atentan contra los bienes jurídicamente protegidos de los defensores de derechos humanos y periodistas"; Art. 1 (Mod. el Inc. 2o. del Art. 83 de la Ley 599 de 2000) : Fallo inhibitorio por inepta demanda
CC SC 289 de 2012
¿Se vulnera la presunción de inocencia del soldado profesional al retirarlo definitivamente del servicio, por causa de haber estado detenido privativamente por más de 60 días? Lla Corte consideró que el retiro definitivo del servicio -en el sentido indicado- del soldado profesional contra quien se ha dictado una detención preventiva por más de 60 días, es contrario a la Constitución al restringir desproporcionadamente la presunción de inocencia de la que goza esta persona en el ámbito laboral, según el artículo 29 de la Carta, interpretado de conformidad con la jurisprudencia constitucional. Si bien la medida busca un fin constitucionalmente legítimo de carácter preventivo, no sancionatorio y es idónea para prevenir las posibles afectaciones a la comunidad, y a la propia institución, no es necesaria para lograrlo, pues el mismo objetivo y al mismo nivel de efectividad se podría llegar con una medida que restringe, en menor medida, la garantía constitucional de presunción de inocencia, cual es una suspensión que se levante en el caso de que el soldado profesional no sea condenado, sea por sentencia absolutoria o cualquier otra decisión que no implique condena. Decreto 1793 de 2000, "por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares"; Art. 8, Num 3 : INEXEQUIBLE. Art. 11 : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 288 de 2012
¿El Acto Legislativo demandado que consagra el principio de sostenibilidad fiscal, es en realidad una sustitución de la Constitución, en cuanto subvierte la cláusula de Estado Social de Derecho, la separación de poderes y la primacía de los derechos fundamentales, aspectos estructurales del modelo constitucional vigente? Este Acto afecta contenidos que hacen parte únicamente del título XII "Del régimen económico y de la hacienda pública", en particular, las reglas constitucionales sobre intervención del Estado en la economía, al igual que las definiciones del plan nacional de desarrollo y el plan de inversiones contenido en el presupuesto general de la Nación. A su juicio, ese núcleo dogmático de la Constitución, descrito principalmente en los artículos 1º y 2º superiores mantiene su vigencia y eficacia como criterio ordenador e identificador del Estado. Las normas que integran lo que se ha denominado por la jurisprudencia como la Constitución Económica, tienen, de manera general, un carácter instrumental y no son fines en sí mismos. A juicio de la Corte, el parágrafo adicionado al artículo 334 de la Constitución, según el cual, la aplicación de la sostenibilidad fiscal debe ser compatible con la vigencia y goce efectivo de los derechos fundamentales, debe leerse de manera armónica con los criterios fijados por la jurisprudencia constitucional para determinar la iusfundamentalidad de una posición jurídica particular. Por ende, debe rechazarse, por ser contraria a la Constitución, una interpretación de la prohibición del menoscabo de tales derechos basada en la distinción, ya superada, entre derechos fundamentales de la primera generación y derechos sociales, económicos y culturales, de la segunda generación, de manera que la sostenibilidad fiscal tenga por objeto aplazar o restringir el alcance de los derechos sociales, en oposición a los derechos fundamentales. Acto Legislativo 3 de 2011, "por el cual se establece el principio de la sostenibilidad fiscal" : Exequible. Inepta demanda en relación con la Ley 1473 de 2011
CC SC 287 de 2012
¿La transformación de los clubes organizados como corporaciones o asociaciones deportivas sin ánimo de lucro a sociedades anónimas y como resultado de ello, autorizar la devolución de aportes y la conversión en acciones de los aportes realizados, vulneran el derecho a la propiedad privada (art. 58 C.P.) y la prohibición de modificar el destino de las donaciones intervivos para fines de interés social (art. 62 C.P.)? El hecho de que no persigan una finalidad lucrativa, no significa que no desarrollen actividades que generen utilidades, lo que pasa es que a diferencia de las sociedades, el lucro o ganancia obtenida no se reparte entre sus miembros, sino que se integra al patrimonio de la asociación para la obtención del fin deseado. A un miembro de una corporación civil sin ánimo de lucro, la afiliación le otorga el derecho a disfrutar de los beneficios y servicios ofrecidos por la corporación, pero no le da derecho de propiedad sobre los bienes, activos o patrimonio de la misma. En este sentido, su afiliación no puede entenderse como la adquisición de una acción o título valor que le otorgue derecho de propiedad de acuerdo con su participación en el capital de una sociedad y una injerencia en la administración de la misma directamente proporcional a la cantidad de aportes que posea. En consecuencia, no puede afirmarse que los artículos 4º y 5º demandados de la Ley 1445 de 2011 al autorizar la transformación de los clubes deportivos en sociedades anónimas y el consecuente reintegro de los aportes cuando así los soliciten los miembros que no quieren permanecer afiliados, desconozcan el derecho a la propiedad de los clubes con deportistas profesionales, garantizado por el artículo 58 de la Constitución, como tampoco, modifican el destino de las donaciones intervivos, protegido por el artículo 62 superior. Ley 1445 de 2011, "por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el deporte profesional"; Arts. 4 y 5 : Exequibles