Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-4479-2004-28-03-2007-48481
Timestamp: 2018-10-19 02:28:44
Document Index: 121364292

Matched Legal Cases: ['artículo 69', 'artículo 119', 'artículo 89', 'artículo 164', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 80', 'artículo 80', 'artículo 80', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 4']

Resolución de TEAC, 00/4479/2004, 28-03-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/4479/2004 de 28 de Marzo de 2007
Núm. Resolución: 00/4479/2004
Una entidad no residente realiza para una entidad residente una obra de instalación o montaje de duración superior a doce meses por lo que está obligada a repercutir el IVA español a la entidad residente, como determinó la Inspección en las actuaciones de comprobación realizadas. La entidad no residente realizó tras la firma del acta dicha repercusión, pero posteriormente las dos entidades acuerdan resolver el contrato y devolverse mutuamente las obras entregadas y el dinero satisfecho por ellas, por lo que la entidad no residente solicita la devolución del IVA repercutido como consecuencia de la operación, quedando acreditado que la entidad residente no había practicado la deducción de dicho IVA. Como la actividad se llevó a cabo efectivamente, aunque por causas sobrevenidas no lleguen a realizarse operaciones sujetas al Impuesto, las cuotas de IVA soportadas serán deducibles siempre que los bienes y servicios fueran adquiridos con la intención de realizar una actividad empresarial o profesional, requisito que concurre en el caso concreto, ya que la instalación se realizó realmente.
En la Villa de Madrid, a 28 de marzo de 2007, en la reclamación económico-administrativa que pende ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesta por D. ... en representación de X, con NIF: ... con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra Liquidación provisional número ... de la Oficina de Gestión Tributaria de la Administración de ... de la Delegación de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la que se deriva una cantidad a devolver de 2.001.227,06 euros de los 2.530.020,54 euros solicitados en la declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido presentada en el último periodo del ejercicio 2003.
PRIMERO: En fecha 19 de junio de 2000 se inician actuaciones inspectoras de comprobación e investigación acerca del obligado tributario X por la Inspección de los Tributos de la Administración de ... de la Delegación de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a los efectos de comprobar, entre otros conceptos, la solicitud de devolución de IVA a no establecidos por el ejercicio 1998, si bien posteriormente se amplían las actuaciones para conocer de los ejercicios 1997, 1998 y 1999 del Impuesto sobre el Valor Añadido.
De las actuaciones practicadas resulta que la entidad, residente en Austria, firmó en 1997 un contrato con Y, entidad española, por el que la primera se comprometía a realizar unas operaciones de fabricación, montaje y puesta a punto de ... para la entidad española. Por las actividades realizadas en territorio de aplicación del Impuesto por X, expide facturas en las que no repercute el IVA correspondiente.
Por otro lado, para la realización de la obra X adquirió bienes y servicios por los que sí soportó IVA y por las cuales presentó la solicitud de devolución de IVA por el procedimiento especial para no establecidos.
La Inspección considera que la duración del montaje y actividad de X fue superior a doce meses, de acuerdo con todos los datos obrantes en el expediente, lo que determina que se considere que la entidad ha operado en España por medio de un establecimiento permanente en virtud del artículo 69.Cinco de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, y por ello la actividad de instalación y montaje se entiende realizada en el referido territorio.
De acuerdo con lo anterior, no sólo no procede acordar la devolución solicitada por el procedimiento del artículo 119 de la Ley 37/1992, sino que la Inspección regulariza la situación de la entidad.
Por esas operaciones realizadas en España debió repercutirse IVA, por lo que se le liquida por esas cuotas, si bien se admite la deducción de las cuotas de IVA que X había soportado en España para la realización de su actividad. La regularización practicada tiene el siguiente desglose:
Base Imponible. 15.812.628,47 euros.
IVA repercutido: 2.530.020,54 euros.
IVA soportado: 528.793,48 euros.
IVA a ingresar: 2.001.227,06 euros.
Intereses de demora: 306.314,17 euros.
La entidad expresa su disconformidad con esta propuesta de regularización contenida en el acta, de fecha 24 de mayo de 2001, y presentó contra ella reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (reclamación número 5437/2001).
Pese a manifestar su disconformidad, la deuda resultante del acta es ingresada por la entidad, y se lo repercute a la entidad española Y.
El Tribunal Económico-Administrativo Central desestima la reclamación interpuesta contra el Acuerdo de liquidación ya que entiende que la duración de la instalación o montaje ha sido superior a doce meses, por lo que debe entenderse que la entidad ha operado en el territorio de aplicación del impuesto con establecimiento permanente.
Frente a esta resolución, la entidad presenta recurso Contencioso Administrativo ante la Audiencia Nacional (recurso número .../2004), quien confirma la resolución anterior así como el Acuerdo de liquidación.
SEGUNDO: En escrito de 20 de enero de 2003 se elevó a escritura pública un acuerdo de resolución del contrato firmado en 1997 por X y Y, acuerdo por el que la primera devolverá a la entidad española el precio inicialmente acordado, y la segunda devolverá a la entidad no residente el equipo previamente suministrado. Asimismo, Y tendrá derecho a percibir el importe del IVA que le había repercutido X.
Ante estos nuevos acontecimientos, X solicita ante la Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la devolución de las cantidades ingresadas como consecuencia del acta de disconformidad incoada, y esto lo hace por el procedimiento de devolución de ingresos indebidos.
No obstante, mediante acuerdo de la Oficina Técnica de la Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 29 de septiembre de 2003, considera que el ingreso fue debido en su día, no indebido, por lo que el procedimiento para solicitar la devolución no es el de devolución de ingresos indebidos sino el previsto en el artículo 89.Cinco.b) de la Ley 37/1992.
En cumplimiento de lo dispuesto en este acuerdo notificado a X, la entidad procede a darse de alta en el censo a efectos de IVA mediante la presentación del modelo 036 y la obtención de un NIF provisional, así como procede también a presentar las declaraciones de IVA del ejercicio 2003 en las que rectifica las cuotas repercutidas, consignando con signo negativo el importe correspondiente a las cuotas de IVA de la operación resuelta. Solicita de nuevo la devolución de las cuotas de IVA repercutidas por la operación que había sido resuelta, y presenta todos los documentos anteriores.
Ante esto, la Oficina Nacional de Gestión Tributaria deniega la devolución ya que existen reclamaciones en otras instancias, y en tanto no se resuelva la reclamación económico-administrativa por el Tribunal Económico-Administrativo Central la liquidación efectuada es conforme a derecho y el ingreso también.
Frente a esta denegación, X interpone recurso de reposición en el que relata todos los hechos anteriores, considerando que se produce una contradicción entre lo manifestado por la Oficina Técnica de la Delegación Especial de ... y lo resuelto por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria. No consta en el expediente la resolución de dicho recurso de reposición.
TERCERO: Con fecha 1 de junio de 2004 se emite por la Oficina de Gestión Tributaria de la Administración de ... trámite de audiencia y propuesta de liquidación (referencia ...) por el ejercicio 2003 del Impuesto sobre el Valor Añadido.
En este escrito se deniega la totalidad de la devolución solicitada, y se fundamenta en los siguientes motivos:
- Se rectifica el importe declarado en concepto de modificación de bases y/o cuotas de IVA como consecuencia de modificaciones que no cumplen los requisitos establecidos en los artículos 21, 80 y 89 de la Ley 37/1992.
- Existen diferencias entre la cuantía "Total de ingresos realizados en las declaraciones-liquidaciones por IVA del ejercicio" consignada en la declaración modelo 390 y el importe de tales ingresos que constan en esta Administración como realmente efectuados conforme a lo establecido en el artículo 164 de la Ley 37/1992.
- El resultado de la liquidación anual difiere del resultado de las declaraciones-liquidaciones periódicas. Dicho error ha sido modificado en base a lo establecido en los artículos 108 y 156 de la Ley 230/1963.
- En aplicación del art. 119 de la Ley de IVA y del art. 31 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de Diciembre, Reglamento de IVA, no procede solicitud de devolución con modelo 300 y 390. Deben presentar la solicitud por el procedimiento establecido para no residentes (modelo 361), en la Delegación de Hacienda, Departamento de No residentes.
La entidad presenta alegaciones frente a esta propuesta de liquidación.
Respecto de la cuestión de tener que presentar la solicitud a través del modelo 361, expone que se han declarado incompetentes para conocer del asunto diversos órganos, y pide a la Administración que entre a conocer el fondo de la cuestión sin contradicción entre sus diferentes órganos y proceda a acordar definitivamente la devolución de IVA solicitada, derecho que ya fue reconocido si bien condicionado al cumplimiento de ciertos trámites meramente formales por la Oficina Técnica.
Declara que al haber quedado la operación totalmente resuelta le corresponde el derecho a la devolución de las cuotas de IVA ingresadas a la Hacienda Pública según lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 37/1992.
La cuantía de la devolución solicitada también es procedente en su totalidad. La liquidación derivada del acta reconoce un IVA soportado deducible de 528.793,48 euros. Habiéndose resuelto la operación en su totalidad, y siendo el IVA correspondiente de 2.530.020,54 euros, no debe minorarse en el IVA soportado pues el derecho a la devolución del mismo no está condicionado a la realización efectiva de operaciones con devengo del Impuesto sino que el derecho surge también por el mero intento de realización de operaciones sujetas al Impuesto, según jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Finalmente, el 31 de agosto de 2004 se dicta liquidación provisional por la Oficina de Gestión Tributaria de la Administración de ..., de la que se deriva una cantidad a devolver de 2.001.227,06 euros.
La motivación del acuerdo es la siguiente:
- Se modifican las bases imponibles y/o cuotas de IVA deducible en operaciones interiores, en concepto de adquisiciones de bienes y servicios corrientes, como consecuencia de haber deducido cuotas que no reúnen los requisitos establecidos en el Título VIII, Capítulo I, de la Ley 37/1992.
- Según el Art. 111 de la ley del IVA, se pueden deducir las cuotas soportadas antes de iniciar la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios, siempre que existan elementos objetivos que permitan confirmar su destino a la realización de actividades empresariales o profesionales. En las alegaciones se pone de manifiesto que el contrato fue resuelto entre las partes el 20 de enero de 2003, quedando sin efecto las operaciones. Por tanto, se devuelven las cantidades devengadas e ingresadas en su día. No se devuelve el IVA soportado por cuanto no existe ningún elemento objetivo que confirme que en un futuro se vayan a desarrollar actividades empresariales o profesionales, ni hasta la fecha se han llevado a cabo, al haberse anulado todas las operaciones.
CUARTO: Este último acuerdo, la liquidación provisional, es la que es objeto de la presente reclamación económico-administrativa.
La entidad alega, respecto de la cuantía de la devolución, que la devolución solicitada no puede minorarse por considerar el IVA soportado por la entidad como no deducible, ya que el derecho a la devolución de ese IVA soportado no está condicionado a la realización de operaciones con devengo del impuesto, sino que el derecho surge también con el mero intento de realización de operaciones sujetas al impuesto. En el presente caso esto es más que patente por cuanto la entidad sí realizó operaciones en las que se produjo el devengo del impuesto, si bien quedaron dichas operaciones resueltas con posterioridad.
La cuestión controvertida es si debe reconocerse a la entidad el derecho a la devolución de la totalidad del IVA repercutido correspondiente a la operación resuelta, o si debe minorarse en el importe correspondiente a las cuotas de IVA soportadas por adquisiciones de bienes y servicios destinados a realizar la operación.
SEGUNDO: X inicia en 1997 una prestación de servicios en el territorio de aplicación del Impuesto consistente en una instalación o montaje. Tal y como concluyen la Inspección de los Tributos, el Tribunal Económico-Administrativo Central y la Audiencia Nacional, dicha obra de instalación o montaje tiene una duración superior a los doce meses, por lo que consideran que la entidad ha operado en España por medio de un establecimiento permanente, quedando por tanto obligada a repercutir IVA español al adquirente de la instalación.
X realiza dicha repercusión tras la firma del acta de disconformidad en la que se regulariza su situación tributaria, repercutiendo a Y 2.530.020,54 euros por la operación.
Posteriormente, en escritura pública de 20 de enero de 2003, ambas partes acuerdan resolver el contrato y devolverse mutuamente las obras entregadas y el dinero satisfecho por ellas.
Al resolverse la operación, X solicita devolución de ingresos indebidos por el IVA repercutido y satisfecho a la Hacienda Pública como consecuencia de la operación, quedando acreditado que Y no había practicado la deducción de dicho IVA.
No obstante, la Administración Tributaria le comunica que el ingreso realizado no fue indebido, sino debido en su día, y debe actuar al amparo del artículo 89 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido. De acuerdo con este precepto:
"Los sujetos pasivos deberán efectuar la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas cuando el importe de las mismas se hubiese determinado incorrectamente o se produzcan las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 80 de esta Ley, dan lugar a la modificación de la base imponible.
La rectificación deberá efectuarse en el momento en que se adviertan las causas de la incorrecta determinación de las cuotas o se produzcan la demás circunstancias a que se refiere el párrafo anterior, siempre que no hubiesen transcurrido cinco años a partir del momento en que se devengó el impuesto correspondiente a la operación o, en su caso, se produjeron las circunstancias a que se refiere el citado artículo 80".
Entre las causas enunciadas en el artículo 80 para realizar la modificación de la base imponible, se incluye en el apartado Dos la resolución de las operaciones.
Y respecto del procedimiento, el artículo 89 establece:
"Cuando la rectificación determine una minoración de las cuotas inicialmente repercutidas, el sujeto pasivo podrá optar por cualquiera de las dos alternativas siguientes:
Así, X presenta el 29 de octubre de 2003 declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2003, consignando un importe a devolver de 2.530.020,54 euros, correspondiente a la minoración del IVA repercutido a Y.
Habiendo acreditado la entidad ante la Administración Tributaria que efectivamente se ha producido la resolución de la operación, y ya que solicita la devolución por el procedimiento correcto, no cabe sino reconocer a X el derecho a la devolución de las cantidades satisfechas a la Hacienda Pública por el IVA repercutido en la operación resuelta, ya que también queda acreditado que Y no ha efectuado la deducción de las cuotas de IVA soportadas. Tal y como recoge el artículo 89 de la Ley 37/1992, en este caso, el sujeto pasivo estará obligado a reintegrar al destinatario de la operación el importe de las cuotas repercutidas en exceso.
TERCERO: No obstante, no es esto lo que se pone en duda, puesto que la liquidación provisional impugnada reconoce el derecho a esta devolución, lo que se discute es la cuantía del acto impugnado.
La Oficina de Gestión Tributaria reconoce el derecho a la devolución de 2.530.020,54 euros, pero posteriormente minora dicha cantidad porque considera que las cuotas soportadas por la entidad en el territorio de aplicación del Impuesto no son deducibles y, al haber practicado dicha deducción, debe corregirse dicho importe en la cuantía correspondiente a las cuotas de IVA soportado que no se consideran deducibles, esto es, 528.793,48 euros. Por tanto, la devolución acordada asciende a 2.001.227,06 euros.
X soporta cuotas de IVA por las adquisiciones de bienes y servicios que efectúa en el territorio de aplicación del impuesto y, al resolverse el contrato por el que dicha entidad tenía que prestar un servicio a otra entidad establecida en España, se considera que la operación no ha existido y, por tanto, la Administración Tributaria califica las cuotas soportadas por X como cuotas soportadas con anterioridad al inicio de la actividad.
Entiende la Oficina de Gestión Tributaria que, al ser cuotas soportadas con anterioridad al inicio de la actividad, deben cumplirse los requisitos del artículo 111 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido para poder deducir dichas cuotas. En la motivación del acto impugnado deniega la devolución porque el artículo 111 permite la deducción de las cuotas soportadas antes de iniciar la realización habitual de las entregas de bienes o las prestaciones de servicios, siempre que existan elementos objetivos que permitan confirmar su destino a la realización de actividades empresariales o profesionales. Considera que en el presente caso no existe ningún elemento que confirme que en un futuro se vayan a desarrollar actividades empresariales o profesionales, ni hasta la fecha se han llevado a cabo, al haberse anulado todas las operaciones.
X soportó unas cuotas de IVA con objeto de destinar los bienes y servicios adquiridos en la realización de una actividad empresarial, en este caso, la instalación o montaje de una planta. Dicha instalación se llevó a cabo, si bien posteriormente la operación fue resuelta porque el adquirente no quedó conforme con el resultado obtenido. La Administración Tributaria entiende que, al haberse resuelto la operación, ésta nunca ha existido.
La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de fecha 21 de marzo de 2000, que se pronunció sobre una cuestión prejudicial planteada por el TEAR de Cataluña en relación con el art. 17 de la Directiva 77/CEE del Consejo, en esencia afirma que el principio de neutralidad del IVA respecto de la carga fiscal de la empresa exige que los primeros gastos de inversión efectuados para las necesidades de creación de una empresa se consideren como actividades económicas, siendo contrario a dicho principio el que las referidas actividades económicas sólo empezaran en el momento en que se explotara efectivamente la empresa, es decir, cuando se produjera el ingreso sujeto al impuesto, añadiendo que quien tiene la intención, confirmada por elementos objetivos, de iniciar con carácter independiente una actividad económica en el sentido del artículo 4.º de la Sexta Directiva y realiza los primeros gastos de inversión, debe ser considerado como sujeto pasivo y tiene derecho a deducir de inmediato el IVA devengado o ingresado por esos gastos de inversión, sin necesidad de esperar al inicio de la explotación efectiva de su empresa, señalando por último que el art. 111 de la Ley 37/1992 va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos de asegurar la exacta percepción del impuesto y evitar el fraude.
Tanto en el expediente administrativo como en este proceso existen pruebas documentales suficientes para afirmar la intención de la sociedad de iniciar una actividad económica ya que esta actividad fue realizada realmente, la planta fue instalada, si bien el contrato quedó sin efectos con posterioridad, así como para proclamar que las cuotas discutidas fueron soportadas en el ámbito de aplicación del impuesto ya que los bienes y servicios adquiridos que generaron tales cuotas estaban destinados a la actividad empresarial de la entidad.
Es importante acreditar que la adquisición de los bienes y servicios se realizó con la intención de destinarlos a realizar una actividad empresarial o profesional. Si no puede acreditarse la intención de empresarialidad, las cuotas soportadas por quienes no vinieran realizando actividades empresariales o profesionales no son deducibles, y esto es así aun cuando los bienes o servicios por cuya adquisición se ha soportado el IVA se destinen con posterioridad a la realización de una actividad empresarial.
Esto supone que, tratándose de cuotas de IVA soportadas con anterioridad al inicio de las operaciones activas, para calificar dichas cuotas como deducibles o no, hay que estar a la situación existente en el momento en que se soportaron: si en ese momento podía probarse la intención de empresarialidad, los bienes y servicios se consideran adquiridos en el contexto de una actividad económica y las cuotas son deducibles; en otro caso, se considera que las cuotas no se han soportado en el marco de una actividad empresarial y no procede deducción alguna de las mismas aun cuando con posterioridad se destinen dichos bienes y servicios a una actividad empresarial.
La Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de febrero de 1996 (asunto Convenio Colectivo de Empresa de TECNICAS MEDIOAMBIENTALES TECMED, S.A./94) se pronuncia en este sentido:
"Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pide esencialmente que se dilucide si el artículo 4.º de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que, cuando la Administración Tributaria ha considerado como sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido a una sociedad que ha declarado su intención de iniciar una actividad económica que da lugar a operaciones sujetas al impuesto, el encargo de un estudio de rentabilidad para la actividad prevista puede ser considerado como una actividad económica con arreglo a dicho artículo, aun cuando dicho estudio tenga el objeto de examinar en qué medida es rentable la actividad prevista, y de que la condición de sujeto pasivo puede serle retirada a dicha sociedad con efecto retroactivo, cuando, a la vista de los resultados del mencionado estudio, se haya decidido no pasar a la fase operativa y liquidar la sociedad, de modo que la actividad económica prevista no haya dado lugar a operaciones sujetas al impuesto.
De la sentencia Rompelman, antes citada, se desprende que incluso los primeros gastos de inversión efectuados para las necesidades de una empresa pueden ser considerados como actividades económicas con arreglo al artículo 4.º de la Directiva y que, en este contexto, la Administración Fiscal debe tener en cuenta la intención declarada de la empresa.
Cuando la Administración Tributaria ha considerado como sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido a una sociedad que ha declarado su intención de iniciar una actividad económica que da lugar a operaciones sujetas al impuesto, la realización de un estudio de rentabilidad para la actividad prevista puede, por lo tanto, ser considerado como una actividad económica con arreglo al artículo 4.º de la Directiva, aun cuando dicho estudio tenga el objeto de examinar en qué medida es rentable la actividad prevista.
De ello se deduce que, si se cumplen estos mismos requisitos, el Impuesto sobre el Valor Añadido satisfecho por un estudio de rentabilidad puede en principio deducirse, conforme al artículo 17 de la Directiva.
El principio de seguridad jurídica impide que los derechos y obligaciones de los sujetos pasivos dependan de hechos, de circunstancias o de acontecimientos producidos con posterioridad a su reconocimiento por la Administración Tributaria. De ello se deduce que, a partir del momento en que esta última le ha concedido, con base en la información facilitada por la empresa, la condición de sujeto pasivo, este estatuto, en principio, ya no puede serle retirado luego con efecto retroactivo porque hayan sobrevenido o no determinados acontecimientos.
En este contexto, debe subrayarse que la condición de sujeto pasivo sólo se adquiere definitivamente si la declaración de la intención de iniciar las actividades económicas previstas ha sido hecha de buena fe por el interesado. En las situaciones fraudulentas o abusivas en las que, por ejemplo, este último ha fingido querer desplegar una actividad económica concreta, pero en realidad ha pretendido incorporar a su patrimonio privado determinados bienes que pueden ser objeto de una deducción, la Administración Tributaria puede solicitar, con efecto retroactivo, la devolución de las cantidades deducidas puesto que tales deducciones han sido concedidas con base en declaraciones falsas.
El artículo 4.º de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios-Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: Base imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de que
- Cuando la Administración Tributaria ha considerado como sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido a una sociedad que ha declarado su intención de iniciar una actividad económica que da lugar a operaciones sujetas al impuesto, el encargo de un estudio de rentabilidad para la actividad prevista puede ser considerado como una actividad económica con arreglo a dicho artículo, aun cuando dicho estudio tenga el objeto de examinar en qué medida es rentable la actividad prevista, y de que,
- Salvo en el caso de situaciones fraudulentas o abusivas, la condición de sujeto pasivo no puede serle retirada a dicha sociedad con efecto retroactivo, cuando, a la vista de los resultados del mencionado estudio, se haya decidido no pasar a la fase operativa y liquidar la sociedad, de modo que la actividad económica prevista no haya dado lugar a operaciones sujetas al impuesto.
Así, en el presente supuesto X tenía la intención de realizar una actividad económica en el territorio de aplicación del impuesto, y en el desarrollo de la misma soportó cuotas de IVA. La Inspección de los Tributos otorgó carácter deducible a las cuotas de IVA soportadas, y las dedujo de las cuotas de IVA que debieron ser repercutidas (esto se recoge en el acta de disconformidad de 24 de mayo de 2001). La actividad se llevó a cabo efectivamente, si bien posteriormente la operación quedó resuelta. No obstante, en aplicación de lo manifestado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aunque por causas sobrevenidas no lleguen a realizarse operaciones sujetas al impuesto las cuotas de IVA soportadas serán deducibles siempre que los bienes y servicios fueran adquiridos con la intención de realizar una actividad empresarial o profesional, requisito que, sin duda, concurre en este caso, lo que se pone de manifiesto porque la instalación de la planta se realizó realmente.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, vista la reclamación interpuesta por la entidad X, con NIF: ..., contra Liquidación provisional número ... de la Oficina de Gestión Tributaria de la Administración de ... de la Delegación de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por el Impuesto sobre el Valor del ejercicio 2003, ACUERDA: estimar la reclamación, anulando el acuerdo impugnado y declarando la procedencia de la devolución de la totalidad del IVA repercutido correspondiente a la operación resuelta.
Resolución Vinculante de DGT, V2998-11, 22-12-2011
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 22/12/2011 Núm. Resolución: V2998-11