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Timestamp: 2018-02-17 23:33:08
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Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 259', 'artículo 118', 'artículo 340', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 502', 'artículo 35', 'artículo 3', 'artículo 35', 'in fine', 'artículo 259', 'artículo 493', 'artículo 340', 'artículo 8', 'artículo 93', 'artículo 2', 'artículo 189']

﻿ Concepto 27020 de junio 13 de 2007
CONCEPTO 27020 DE 13 DE JUNIO DE 2007
CONTENIDO:EXTRADICIÓN DE NACIONALES. NO IMPORTA LA DENOMINACIÓN JURÍDICA, LO QUE SE TIENE EN CUENTA ES EL ACTO DELICTIVO DESARROLLADO POR EL CIUDADANO CUYA EXTRADICIÓN SE DEMANDA Y SEA IGUALMENTE CONSIDERADO DELITO EN EL TERRITORIO PATRIO.
Concepto 27020 de junio 13 de 2007
Proceso Nº 27020
Aprobado Acta Nº 95
Dr. Sigifredo Espinoza Pérez
Procede la Corte a emitir concepto dentro del presente trámite de extradición adelantado respecto del ciudadano colombiano Rodrigo Tovar Pupo, conocido con los alias de “Jorge 40” y “Papá Tovar”, requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de América, vencido como se tiene el traslado para alegar, en el cual se pronunció el defensor y el Ministerio Público.
1. Mediante nota verbal Nº 1611 del 8 de julio de 2004, el Gobierno de Estados Unidos de América, por conducto de su Embajada en Colombia, solicitó al Ministerio de Relaciones la detención provisional con fines de extradición del natural colombiano Rodrigo Tovar Pupo, conocido con los alias de “Jorge 40” y “Papá Tovar”, pues la Corte Distrital de los Estados Unidos para el distrito de Columbia lo requiere para comparecer en juicio, toda vez que allí se emitió en su contra la resolución de acusación sustitutiva Nº 04-114 (RBW) dictada bajo sello el 4 de junio de 2004, en la cual se le formula un cargo relacionado con la violación de las leyes de narcóticos, por hechos que fueron relacionados así en la misma.
2. Con resolución del 15 de julio de 2004, el señor Fiscal General de la Nación ordenó la captura de Tovar Pupo para los fines mencionados, decisión que fue notificada al requerido el 13 de diciembre de 2006 en el establecimiento carcelario donde se encuentra detenido.
3. Con la nota verbal Nº 0373 del 9 de febrero de 2007, la mencionada representación diplomática formalizó la petición de extradición de Rodrigo Tovar Pupo, contra quien se dictó la segunda acusación sustitutiva Nº 04-114 (RBW) dictada el 2 de marzo de 2005 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el distrito de Columbia por el mismo cargo expuesto en la anterior acusación.
4. El Ministerio de Relaciones Exteriores, anotando que “por no existir convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano”, remitió la mencionada nota verbal y los documentos anexos al del Interior y de Justicia.
5. Este último ministerio procedió a remitir el expediente a la corte, y la corporación luego de velar porque estuviera garantizada la defensa de Rodrigo Tovar Pupo, concedió el traslado para solicitar pruebas, término dentro del cual el defensor solicitó la práctica de varias que se encontraron inconducentes en auto del 9 de mayo del año en curso. En consecuencia, se dispuso el traslado pertinente para la presentación de alegatos que se hizo en el siguiente orden:
Alegato del defensor del requerido
El defensor de Rodrigo Tovar Pupo pide a la Corte que rinda un concepto negativo a la solicitud de extradición de su representado, con base en las siguientes razones:
De la acusación aportada por el estado requirente, se le imputa al señor Tovar Pupo la conducta de “conspirar para elaborar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención y a sabiendas de que dicha cocaína sería importada ilícitamente a Estados Unidos”.
Es de público conocimiento que su representado, conocido como “Jorge 40”, ha venido liderando el Bloque Norte de las Autodefensas de Colombia, grupo armado ilegal organizado como medio de resistencia contra los grupos de la guerrilla, como mecanismo de defensa y como medio de lucha por la toma del poder político, total o parcialmente, por lo tanto él mismo se ha “enmarcado en la ilegalidad” desde hace muchos años, y como tal nunca ha salido del país, y menos “viajado, navegado o arribado” a aguas o territorio de los Estados Unidos de Norteamérica.
Por lo tanto, agrega, de ser cierta la acusación en su contra, los hechos habrían ocurrido en el territorio nacional, pues, reitera, nunca ha salido del país, prueba de lo cual es que desde el año 2003 en que se iniciaron las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional se concentró en Santafé de Ralito, bajo la supervisión del Gobierno, procediendo luego en cumplimiento de su voluntad de paz a desmovilizarse, poniendo a disposición de las autoridades cerca de 5.000 hombres a su mando.
Precisamente, dice, los hechos que motivan su petición de extradición y otros que se le endilgan, han servido de base para la apertura de múltiples investigaciones penales en su contra que cursan en la Fiscalía General de la Nación, así como en los juzgados del país, y actualmente en virtud del proceso de paz ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, específicamente bajo la radicación Nº 11-001-60-00253-2006-80015, que involucra la investigación por hechos relacionados con la violación a la Ley 30 de 1986.
De allí que como Tovar Pupo es ciudadano colombiano, por razón del principio de territorialidad debe ser juzgado, como lo está siendo, en Colombia.
Sostiene que la determinación del lugar donde se considera cometido el delito, no puede quedar librado al “capricho del Embajador de Estados Unidos ni de las autoridades judiciales del país requirente” sino que es la Corte Suprema de Justicia la que debe calificar ese hecho, teniendo en cuenta el artículo 14 del Código Penal, toda vez que los hechos de “portar, sacar del país, elaborar, adquirir, vender y todo el proceso que incluye sacar del país”, son cometidos en Colombia, por lo que la acción que se imputa a Rodrigo Tovar Pupo no se cometió en el exterior, ya que si sacó del país para enviar a los Estados Unidos, lo hizo desde Colombia, donde se desarrolló total o parcialmente la conducta.
Además, la actividad político-militar desarrollada por el señor Rodrigo Tovar Pupo como dirigente del bloque norte de las autodefensas, ha demandado la obtención de recursos estratégicos y económicos para mantener sus propios hombres y suplir los gastos de logística, por lo que tuvieron que imponer tributos y “cobro de gramaje”, relacionados con el tráfico de estupefacientes, de donde, sostiene, los hechos imputados están relacionados con la lucha armada por conexidad material y sustancial, conductas que deben investigarse y juzgarse en un solo proceso por las autoridades colombianas.
Lo contrario, dice, es como si quisieran juzgar a Tovar Pupo por porte ilegal de armas en proceso separado en los Estados Unidos, si estas provienen del mercado negro de ese país.
La procuradora segunda delegada para la casación penal remitió, dentro del término legal, sus alegatos por correo electrónico, solicitando a la Corte que conceptúe favorablemente a la solicitud de extradición de Rodrigo Tovar Pupo, con base en los siguientes argumentos:
En lo que tiene que ver con el requisito de la validez de la documentación, detalla los elementos incorporados a la solicitud de extradición para concluir que el requisito de autenticidad de los documentos presentados para sustentar la solicitud de extradición de Tovar Pupo se cumple cabalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 118, numeral 1º del Decreto 2282 de 1989.
También encuentra plenamente acreditado el requisito de plena identificación del solicitado Rodrigo Tovar Pupo, pues el número de cédula de ciudadanía con el que se le identifica, señalado en la nota diplomática Nº 0373, coincide con los de la persona a quien se notificó la orden de captura, documento con el que se ha identificado Tovar Pupo durante toda la actuación, como sucedió al momento de suscribir el memorial poder mediante el cual designó a un abogado de confianza para que lo representara en este trámite y en las notificaciones que se le han realizado en el centro carcelario donde se encuentra recluido.
Por lo que respecta al principio de la doble incriminación, después de traer la trascripción de los hechos y el cargo imputado en la acusación sustitutiva 04-114 (RBW) dictada el 2 de marzo de 2005, estima la procuradora que esa conducta está considerada como delito en Colombia, específicamente en el artículo 340, reformado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, y a su vez por el artículo 19 de la Ley 1121 de 2006, bajo la denominación de concierto para delinquir.
Finalmente, en punto de la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, la delegada sostiene que la acusación estadounidense guarda correspondencia con la resolución de acusación en el sistema procesal colombiano, por lo que este presupuesto igualmente se encuentra satisfecho.
1. Aspectos generales. La Corte ha venido sosteniendo, de modo reiterado, que como dentro del trámite de extradición su competencia se concentra en la emisión de un concepto sobre la procedencia de entregar o no a la persona solicitada por un país extranjero, con observancia de los aspectos a que se refiere el artículo 502 del Código de Procedimiento Penal de 2004, es preciso tener en cuenta, además, que el artículo 35 de la Constitución Política en su inciso 2º, reformado por el Acto Legislativo Nº 1 de 1997, autoriza la extradición de colombianos por nacimiento cuando son reclamados por delitos cometidos en el exterior, siempre y cuando las conductas que los originan tengan esa misma connotación en el ordenamiento jurídico interno.
Sobre este último aspecto, debe observarse que de acuerdo con la segunda acusación sustitutiva Nº 04-114 (RBW) dictada el 2 de marzo de 2005, proferida en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el distrito de Columbia, la imputación que se le formuló a Rodrigo Tovar Pupo corresponde a delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, cuyo destino final era los Estados Unidos de América, según comportamientos llevados a cabo con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, lo cual significa que no existe motivo constitucional impediente de la extradición.
En su alegato, el defensor de Tovar Pupo sostiene que la conducta imputada a su representado debe tenerse como ejecutada en el país, porque el tráfico de cocaína a él imputado se realizó desde territorio colombiano, independientemente de que el destino fuese los Estados Unidos de Norteamérica.
En este punto, desconoce el defensor que ya la Sala tiene decantado que en las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de narcóticos, como aquella que se imputa al señor Tovar Pupo, intervienen varias personas que se han concertado con anterioridad, produciéndose la manifestación de las conductas constitutivas del acuerdo en los diferentes países afectados con el comercio ilícito, tales como el de origen, el de tránsito y el de destino, por manera que atribuyéndosele al requerido su intervención para distribuir importantes cantidades de cocaína, que tenía como destino final los Estados Unidos de Norteamérica, se observa que tal conducta, en su plano ontológico, tenía capacidad para trascender las fronteras nacionales y afectar el ámbito territorial de otra Nación.
Ahora bien, con el fin de contestar otra inquietud de la defensa, debe destacarse que en la nota verbal Nº 0373, mediante la cual se formalizó la solicitud de extradición de Rodrigo Tovar Pupo se afirma que de acuerdo con la acusación:
“Los hechos del caso indican que comenzando en algún momento en 1996 y continuando hasta por lo menos junio de 2004, Rodrigo Tovar-Pupo, Hughes Manuel Rodríguez-Fuentes, Nodier Giraldo-Giraldo, y Álvaro Padilla-Redondo, entre otros, fueron miembros de una organización que transportaba cantidades múltiples de cocaína en embarcaciones marítimas conocidas como ‘lanchas rápidas’. La cocaína era transportada desde Colombia a varias islas en el Caribe y luego a los Estados Unidos.
“Rodrigo Tovar-Pupo era uno de los líderes de la organización que realizaba su operación desde Valledupar, Colombia. A finales de los años 1990, Tovar-Pupo fabricó cantidades múltiples de toneladas de cocaína en la parte sur del departamento del Magdalena. En noviembre de 1999, oficiales del servicio de guardacostas de los Estados Unidos incautaron aproximadamente 1.300 kilogramos de cocaína que Tovar-Pupo había suministrado para un embarque de droga. Iniciando en 2001, Tovar-Pupo comenzó a compartir las ganancias provenientes de la venta de la droga con Hernán Giraldo-Serna, el líder de una organización que alguna vez fue rival. A mediados del año 2001, Tovar-Pupo ordenó el asesinato de un juez colombiano porque dicho juez estaba interfiriendo con las operaciones de la fabricación de cocaína de dicha organización.
“Aun cuando los delitos contenidos en la segunda acusación sustitutiva se alega haber comenzado en 1994, existe evidencia independiente sobre la culpabilidad del acusado por los delitos de que se le acusa con base en su conducta después del 17 de diciembre de 1997”.
Como puede observarse, la acusación extranjera no hace alusión a finalidad política alguna, y de todas maneras, sin que ello signifique reconocimiento alguno a la condición que ostenta el señor Tovar Pupo como comandante de un grupo armado al margen de la ley que se encuentra en proceso de sometimiento a la ley de justicia y paz, es preciso señalar que ninguna actividad delictiva constitutiva de narcotráfico puede estimarse como conexa a un delito político como factor impediente de una solicitud de extradición, no solo porque el legislador no lo ha estimado así, sino porque la misma comunidad internacional le niega ese carácter.
En efecto, la Convención de las Naciones Unidas sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, aprobada en Viena el 19 de diciembre de 1998, e incorporada al derecho interno mediante la Ley 67 de 1993, estatuyó en su artículo 3-10 que:
“A los fines de cooperación entre las partes prevista en la presente convención, en particular la cooperación prevista en los artículos 5º, 6º, 7º y 9º, los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo no se considerarán como delitos fiscales o como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y de los principios fundamentales del derecho interno de las partes” (1) .
En síntesis, no existe impedimento constitucional o legal que impida la extradición solicitada con base en los cargos de que se ocupa la acusación sustitutiva Nº 04-114 (RBW), con la salvedad, eso sí, de que en su momento se condicione la entrega de Rodrigo Tovar Pupo a que no sea juzgado por hechos anteriores al 17 de diciembre de 1997, como lo estatuye el artículo 35 in fine de la Constitución, toda vez que en los citados cargos se hace referencia a conductas ejecutadas con anterioridad.
2. Validez formal de la documentación presentada. El Consulado de Colombia en Washington a través de su cónsul autenticó los documentos aportados en apoyo de la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Rodrigo Tovar Pupo, de conformidad con el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, así como con los artículos 4º y 5º de la Resolución 2201 de 1997, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (fl. 40, carpeta).
En tal forma, el mencionado funcionario certifica la firma de la auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, quien a su vez avala la de la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y esta la rúbrica de Alberto R. Gonzáles, Fiscal General, quien certifica la de Thomas N. Burrows, director asociado de la oficina de asuntos internacionales, división de lo penal, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, encargado de dar cuenta de la autenticidad de las declaraciones juradas de Patrick H. Hearn, Fiscal de Tribunales, y de Robert Zachariasiewicz, agente especial de la Administración Antinarcóticos (DEA) (fls. 112 a 116 de la carpeta).
Como documentos anexos y debidamente traducidos aparecen la acusación Nº 04-114 (RBW) dictada el 2 de marzo de 2005, proferida en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el distrito de Columbia, contra Rodrigo Tovar Pupo, así como la orden de arresto librada por esa Corte el 6 de junio de 2004.
De acuerdo con lo anterior, la documentación presentada en respaldo del pedido de extradición de Tovar Pupo es formalmente válida.
3. Identidad plena del solicitado en extradición. De acuerdo con las notas diplomáticas 1611 y 0373, Rodrigo Tovar Pupo, también conocido como “Jorge 40” y “Papá Tovar”, es ciudadano colombiano, nacido el 19 de noviembre de 1960 en la ciudad de Barranquilla e identificado con la cédula de ciudadanía 79.151.093.
Al momento de serle notificada la resolución de captura con fines de extradición, el señor Tovar Pupo se identificó con ese documento. Además, en el trámite ante esta corporación no se cuestionó la identidad del requerido, por manera que el requisito de su plena identidad se encuentra satisfecho.
4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero. La Corte sobre este punto se ha pronunciado de manera reiterada y uniforme. Cabe recordar en torno a esta temática, que a pesar de la diferencia de los sistemas procesales de los países involucrados en el presente trámite de extradición, la acusación proferida por las autoridades judiciales de los Estados Unidos resulta equivalente a la resolución de acusación prevista en nuestras normas procesales, pues contiene una narración sucinta de la(s) conducta(s) investigada(s), con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar; tiene como fundamento las pruebas practicadas en la investigación; califica jurídicamente la(s) misma(s), con la invocación de las disposiciones penales aplicables, y, tal cual sucede con el proferimiento de la resolución de acusación en nuestro ordenamiento interno, marca el comienzo del juicio, en el cual el acusado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos imputados en su contra.
5. El principio de la doble incriminación. De acuerdo con el artículo 493-1 del Código de Procedimiento Penal, la doble incriminación se presenta cuando el hecho que es motivo de la extradición “esté previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años”.
Para establecer si la conducta que se le imputa al requerido en el país solicitante es considerada como delito en Colombia, según lo tiene sentado la Corte, debe hacerse una comparación entre las normas que sustentan la sindicación, con las de orden interno para establecer si estas también recogen los comportamientos contenidos en los cargos.
Del mismo modo, también tiene dicho esta corporación que tal confrontación se hace con la normatividad que está en juego al momento de rendir el concepto, puesto que lo emite dentro de un mecanismo de cooperación internacional, razón por la cual la aplicación del principio de favorabilidad que podría argüirse como producto natural de la sucesión de leyes no entraría en juego, por cuanto las domésticas no son las que operan en el extranjero. Lo que a este propósito determina el concepto es que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda sea igualmente considerado como delictuoso en el territorio patrio.
Así las cosas, en la acusación Nº 04-114 (RBW) dictada el 2 de marzo de 2005 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el distrito de Columbia, se formuló el siguiente cargo contra el requerido, resumido así en la nota verbal Nº 0373:
“Cargo uno: concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y ayuda y facilitamiento de dicho delito, en violación del título 21, secciones 959, 960 y 963 del Código de los Estados Unidos, y del título 18, sección 2 del Código de los Estados Unidos”.
De conformidad con las copias de las disposiciones pertinentes que reposan en el expediente el título 21, sección 959 del Código de los Estados Unidos, señala que:
“Posesión, fabricación, o distribución de sustancias controladas
(a) Fabricación o distribución con fines de importación ilícita.
“Será ilegal que cualquier persona fabrique o distribuya una sustancia controlada de la tabla I o II...
(1) Con la intención de que esa sustancia o ese químico sea importado ilícitamente a los Estados Unidos o a las aguas dentro de las 12 millas de la costa de los Estados Unidos; o
(2) Con conocimiento de que esa sustancia o ese químico será importado ilícitamente a los Estados Unidos o a las aguas dentro de las 12 millas de la costa de los Estados Unidos”.
La sección 960 del mismo título estipula:
“Actos prohibidos A
(1) en violación de la sección 959 de este título, fabrique, posea con intención de distribuir, o distribuya sustancia controlada, será castigado de acuerdo con lo previsto en la subsección (b) de esta sección.
(1) En caso de una violación de la sub-sección (a) de esta sección, que trata de...
(i) (...).
(ii) cocaína, sus sales, sus isómeros ópticos y geométricos, y las sales de los isómeros;
... el que cometa tal violación de la ley será castigado con la pena de prisión por un término de cuando menos 10 años y no mayor que la cadena perpetua...”.
A su vez, en su sección 963, el mismo título 21 estipula bajo el epígrafe de “Tentativa y concierto”, que:
“El que intente o concierte para cometer cualquier delito definido en este subcapítulo será castigado con las mismas penas que se prevén para el delito cuya comisión era el objetivo de la tentativa o el concierto”.
Los anteriores cargos, concretados en el concierto entre varias personas para cometer delitos (para distribuir una cantidad perceptible de cocaína con la intención y el conocimiento de que sería importada a los Estados Unidos), tienen su correspondencia en el Código Penal colombiano.
La figura del concierto según el contenido de las normas penales de Estados Unidos de América, equivale, como ha sido sostenido por la Corte en múltiples oportunidades, al concierto para delinquir que consagra el artículo 340 del Código Penal colombiano, más precisamente con su inciso 2º, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002 y por el 19 de la Ley 1121 de 2006, preceptiva que establece una pena que hoy va de 8 a 18 años de prisión y multa que va de 2.700 a 30.000 smlmv, cuando el concierto se produce para cometer, entre otros, delitos de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
El vocablo concertar, según su tercera acepción vista en el Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Primera Edición, significa pactar, ajustar, tratar, acordar un negocio, razón por la cual las dos formas de concierto, la nacional y la estadounidense, guardan similitud, pues consisten en el acuerdo de voluntades entre varias personas para perpetrar delitos.
6. Reunidos en su totalidad los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Penal, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, conceptúa favorablemente al pedido de extradición del ciudadano colombiano Rodrigo Tovar Pupo, conocido con los alias de “Jorge 40” y “Papá Tovar”, cuyas notas civiles y condiciones personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, conforme con la nota verbal Nº 0373, por el cargo uno (1) imputado en la Resolución de Acusación 04-114 (RBW) dictada el 2 de marzo de 2005 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el distrito de Columbia.
6.1 En todo caso, habida cuenta que de acuerdo con las normas punitivas de los Estados Unidos aplicables a los delitos por los que solicitó la extradición prevén como sanción hasta cadena perpetua, la cual está prohibida en Colombia (C.N., art. 34), le corresponde al Gobierno Nacional, en caso de que conceda la entrega requerida, condicionar la extradición a la conmutación de la misma, así como imponer las exigencias que considere oportunas para que se observe ese precepto constitucional, y a fin de que Tovar Pupo no vaya a ser juzgado por un hecho anterior al que motiva la extradición (CPP, art. 494), ni por conducta realizada con anterioridad al 17 de diciembre de 1997 (C.N., art. 35), ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
6.2. También es preciso advertir que como el instrumento de la extradición entre Estados Unidos de América y Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que regule los motivos de procedencia, requisitos, trámite y condiciones, por las normas contenidas en la Constitución Política (art. 35) y en el Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004, arts. 490 a 514), cuando recae sobre ciudadanos colombianos por nacimiento —si es pasiva—, es imperioso que el Gobierno Nacional haga las exigencias que estime convenientes en aras a que en el país reclamante se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes a su calidad de colombiano y de procesado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2º ibídem.
También el Gobierno Nacional habrá de exigir las garantías del caso para que a Rodrigo Tovar Pupo se le reconozca como parte cumplida de la pena que se le llegare a imponer en el país requirente, el tiempo que lleva privado de la libertad por razón de este trámite de extradición.
Tales condicionamientos tienen carácter imperioso, porque la extradición de un ciudadano colombiano por nacimiento, cualquiera sea el delito que dio lugar a su entrega a un país extranjero, no implica que pierda su nacionalidad ni los derechos que le son anejos a tal calidad. Por tanto, el deber de protección de las autoridades colombianas se extiende a tal punto, que han de vigilar que en el país reclamante se le respete los derechos y garantías tal como si fuese juzgado en Colombia. A lo que renuncia el Estado que accede a la entrega de un connacional es a ejercer su soberanía jurisdiccional, de modo que en tanto aquel siga siendo súbdito de Colombia, conserva a su favor todas las prerrogativas, garantías y derechos que emanan de la Constitución y la ley, en particular, aquellos que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con la dignidad humana.
Por esa razón, de conformidad con lo establecido por el artículo 189-2 de la Constitución Política, al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, le corresponde hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente de los condicionamientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las consecuencias de su inobservancia (cfr. Conc. feb. 23/2005, rad. 22.375).
La Secretaría de la Sala comunicará este concepto al solicitado Rodrigo Tovar Pupo y demás intervinientes en el trámite de extradición.
Magistrados: Alfredo Gómez Quintero, excusa justificada—Sigifredo Espinoza Pérez—Álvaro Orlando Pérez Pinzón, Aclaración de voto—Marina Pulido de Barón—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Julio Enrique Socha Salamanca—Mauro Solarte Portilla—Javier Zapata Ortiz.
(1) Sobre tal precepto Colombia no hizo ninguna clase de reserva o declaración; además, la Corte Constitucional no la halló contraria a la Constitución al examinar la citada Ley 67 de 1993 (Sent. C-176/94)
Aclaro el voto porque, como lo expresé en la Sala respectiva, no estoy de acuerdo con la referencia que se hace a los convenios sobre derechos humanos.
En otras ocasiones, he dicho lo siguiente, que hoy reitero:
He declarado el voto en lo relacionado con la afirmación que se hace consistente en que el país requirente debe dar aplicación al contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos y a los pactos internacionales sobre derechos civiles, económicos y políticos.
En materia de extradición, no veo cómo Colombia pueda decir a los Estados Unidos, que no ha ratificado tales convenios, que con fundamento en ellos, por ejemplo, tiene que buscar la resocialización del condenado.
Desde luego, esto no significa que el Estado requirente pueda desconocer los derechos y garantías ecuménicas, reconocidas por la generalidad de los pueblos democráticos.
Que sea necesario establacer condiciones a los países solicitantes, nadie lo puede discutir, como tradicionalmente, desde siempre, lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia.
Pero de ahí a imponer al peticionario la sujeción a disposiciones que se ha abstenido de ratificar, es imposible, salvo que, claro está, vulnere flagrantemente la esencia de aquella normatividad general y universal.