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Timestamp: 2016-10-23 18:38:41
Document Index: 141712667

Matched Legal Cases: ['artículo 98', 'artículo 52', 'artículo 327', 'artículo 328', 'artículo 98', 'e contrario', 'artículo 274', 'artículo 103', 'artículo 7', 'artículo 106', 'artículo 327', 'artículo 327']

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Fuenlabrada don José Ignacio Navas Oloriz, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Lillo a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria
RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Fuenlabrada don José Ignacio Navas Oloriz, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Lillo a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Fuenlabrada don José Ignacio Navas Oloriz, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Lillo a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Fuenlabrada don José Ignacio Navas Oloriz, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Lillo a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.
En el recurso interpuesto por el Notario de Fuenlabrada don José Ignacio Navas Oloriz contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Lillo, doña Beatriz Corredor Sierra, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.
El día 8 de abril de 2005 don José Ignacio Navas Oloriz, Notario de Fuenlabrada, autorizó una escritura de préstamo con garantía hipotecaria otorgada por determinada entidad de crédito. En representación de dicha entidad de crédito actuó don S.L.CH.
En dicha escritura de préstamo hipotecario se expresa, respecto de la citada representación, que don S.L.CH. interviene, como apoderado, en nombre y representación de la entidad C. de A. y M. de P. de M. y que sus facultades representativas derivan dos escrituras de apoderamiento cuyos datos se reseñan, con indicación del Notario autorizante, fechas de otorgamiento, números de protocolo e inscripción en el Registro Mercantil. Se añade por el Notario lo siguiente: «De copias autorizadas inscritas en el Registro Mercantil que tengo a la vista resulta tener el apoderado facultades para la concesión del préstamo con garantía hipotecaria que en este acto se realiza, las cuales, a mi juicio, son suficientes para esta escritura de préstamo hipotecario. Asegurándome el compareciente la vigencia de dicho poder».
El título se presentó físicamente en el Registro de la Propiedad de Lillo el 21 de abril de 2005 retirado posteriormente, y devuelto a dicho Registro el 12 de mayo y fue objeto de calificación negativa, con fecha 23 de mayo de 2005, porque, según se expresa por la Registradora, «no se determina quién es el otorgante de tal poder, ni si la representación de la Caja se le ha conferido con carácter solidario o mancomunado, ni si su legitimación tiene o no límite cuantitativo y, en caso afirmativo, cuál es este límite, ni las facultades relativas al esto de pactos que contiene la escritura de préstamo hipotecario. Conforme al artículo 98.2 de la Ley 24/2001, de 27 de Diciembre, no se hace relación somera y suficiente de las facultades de dicho representante y no hay congruencia en el juicio de suficiencia emitido por el señor Notario, limitándose el Notario a reseñar la fecha, Notario autorizante y número de protocolo de las escrituras de
poder y de ampliación de poder y sus datos de inscripción en el Registro Mercantil, siendo la redacción de la cláusula correspondiente del siguiente tenor literal». La Registradora basa dicha calificación en los siguientes fundamentos de derecho:
1. La prevalencia, siempre a juicio de la funcionaria calificadora, de la doctrina de la Resolución de 12 de abril de 2002 de esta Dirección General que considera dispar de la expuesta en las Resoluciones de 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003 y 11 de junio, y 17, 20, 21 y 22 de septiembre de 2004, que a su entender son contradictorias con aquélla. Dicha prevalencia se funda en el carácter de disposición general de aquella resolución sobre las resoluciones singulares y en la consiguiente proscripción de la inderogabilidad de la disposición general por las resoluciones singulares (artículo 52 de la Ley 30/1992), conforme al principio de legalidad a que está sujeta la Administración.
4. Las resoluciones en materia de recurso gubernativo a que se refiere el artículo 327, párrafo décimo, de la Ley Hipotecaria son vinculantes para el Registro pero no para el Registrador, pues carecen aquellas de la eficacia de una disposición general. De ahí que el artículo 328 de dicha Ley permita al Registrador impugnar las resoluciones expresas y presuntas, lo que pone de manifiesto la libertad del Registrador al calificar.
Según consta en el informe de la Registradora y en el propio recurso, la calificación se notificó al Notario autorizante el día 23 de mayo de 2005.
Por medio de escrito enviado por vía postal el 16 de junio de 2005, que tuvo entrada en el Registro de la Propiedad de Lillo el 18 de junio, el Notario autorizante de la escritura calificada interpuso recurso gubernativo contra la calificación, con base en los siguientes argumentos: 1.º La existencia de numerosas resoluciones de este Centro Directivo que han interpretado el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en un sentido claramente contrario al mantenido por la Registradora, aduciendo el carácter vinculante de esas resoluciones mientras no se anulen por los Tribunales; 2.º En sentido análogo al de dichas Resoluciones se han pronunciado la Sentencias de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 18 de marzo de 2004, de l Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de Baleares de 12 de noviembre de 2004; y aunque varias Audiencias Provinciales han dictado resoluciones contradictorias sobre el presente asunto, son ampliamente mayoritarias las dictadas en el mismo sentido que se propone en este recurso; 3.º El mencionado precepto tan sólo exige al Notario que reseñe los datos del documento auténtico del que surgen las facultades representativas, que incluya un juicio de suficiencia acerca de esas facultades y que ese juicio sea congruente con el negocio jurídico documentado en la escritura en la que se actúan tales facultades representativas. Ambos requisitos se cumplen en el presente caso.
La Registradora de la Propiedad emitió su preceptivo informe y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escritos que tuvieron entrada en este Centro el día 23 de junio de 2005.
30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero, 3, 4, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo, 1 y 28 de abril, y 4 (1.ª y 2.ª), 5 (1.ª), 18 (2.ª), 19, 20 (3.ª y 4.ª),
21 (1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª), 23 (1.ª, 2.ª y 3.ª) y 28 de mayo y 17 de junio de 2005, entre otras.
El carácter vinculante de las resoluciones de este Centro Directivo encuentra su fundamento en tres razones esenciales: primera, el carácter de funcionario público a todos los efectos del Registrador; segunda, su posición de subordinación jerárquica a esta Dirección General cuando ejerce su función pública; y, tercera y última, en la necesidad de dotar al sistema de seguridad jurídica preventiva de la necesaria predictibilidad,
de modo que cualquier Registrador ante supuestos idénticos resuelva del mismo modo, para así evitar cualquier tipo de perjuicio a quien pretenda inscribir un acto o negocio jurídico en un Registro. Esta última razón se conecta, de modo natural, con las debidas garantías de las que disfruta el interesado frente a la Administración, pues no puede olvidarse que los Registros de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles son Administración a estos efectos, y sus resoluciones son actos de Administración fundados en derecho privado que se dictan por un funcionario público.
Pues bien, comenzando por el análisis de la primera razón, resulta palmario que el Registrador es un funcionario público (artículo 274 de la Ley Hipotecaria) al que le está vedado criticar, desconocer o comentar, en su calificación o, en su caso, en el informe, las resoluciones de su superior jerárquico, es decir, de este Centro Directivo; y ello, como le ocurre a cualquier otro funcionario público, pues uno de los principios básicos de organización administrativa es el de jerarquía (artículo 103.3 de la Constitución). Por otra parte, sería paradójica y, en cualquier caso, objeto de corrección disciplinaria artículo 7.1.a) del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado la conducta consistente en que un funcionario, de modo consciente y premeditado, resolviera en sentido contrario al que haya decidido su superior jerárquico, máxime cuando existe un pronunciamiento legal, claro y terminante que atribuye carácter vinculante a las resoluciones de ese superior jerárquico
A tal efecto, argumentos jurídicos tales como que no existía hasta el año 2002 un control jurisdiccional de las resoluciones de esta Dirección General, supone desconocer la realidad de nuestro Estado de Derecho en donde todas las decisiones de la Administración están sujetas a revisión jurisdiccional (artículo 106.1 de la Constitución).
Cuestión distinta es que hasta la actual regulación del recurso frente a la calificación existieran pronunciamientos jurisprudenciales dispares acerca de cuál era el orden jurisdiccional competente para conocer de esa revisión jurisdiccional. Se puede afirmar, sin temor a errar, que no existe campo exento a esa revisión jurisdiccional y, todo ello, precisamente porque esta Dirección General no es sino un órgano más de una Administración cuyas decisiones son revisables jurisdiccionalmente; y si lo son las de esta Dirección General, más aún las de un funcionario que depende de la misma. Esa suerte de división entre resoluciones administrativas, jurisdiccionales y de la «administración registral» para negar la revisión jurisdiccional de estas últimas, carece de sustento jurídico, entre otras razones porque dicha «administración registral» no existe con independencia de la Administración Pública en la que se inserta la función pública registral.
Desde este punto de vista, bastaría que se demostrara la identidad de supuesto entre el problema jurídico planteado por el funcionario calificador y las previas resoluciones de esta Dirección General para que por aplicación de lo dispuesto en el párrafo décimo del artículo 327 de la Ley Hipotecaria este Centro Directivo revocara la nota de calificación si contradice la doctrina contenida en Resoluciones de este Centro cuando ha resuelto recursos frente a calificaciones negativas. Así, en el presente supuesto es evidente el paralelismo existente entre la calificación negativa de la Registradora y la doctrina contenida en las Resoluciones enumeradas en el apartado «Vistos» de la presente, de modo que por aplicación del artículo 327 de la Ley Hipotecaria debería, sin más, estimarse este recurso al ser vinculante para la Registradora dichas Resoluciones, mientras no se anulen por los Tribunales.
Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente el respectivo documento del que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que se trata de poderes conferido mediante escritura pública autorizada por el Notario que se identifica, añadiendo la fecha del poder, el número de protocolo y los datos de inscripción, respectivamente; así mismo se expresa que el apoderado asevera la subsistencia de la representación que ejercita (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este Centro Directivo cfr., por todas, la Resolución de 28 de mayo de 1999, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento). Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de la reseña.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título lo siguiente: «De copias autorizadas inscritas en el Registro Mercantil que tengo a la vista resulta tener el apoderado facultades para la concesión del préstamo con garantía hipotecaria que en este acto se realiza, las cuales, a mi juicio, son suficientes para esta escritura de préstamo hipotecario. Asegurándome el compareciente la vigencia de dicho poder».
Sra. Registradora de la Propiedad de Lillo (Toledo).