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Timestamp: 2019-10-21 23:28:07
Document Index: 413058005

Matched Legal Cases: ['IN DUBIO', 'IN DUBIO', 'artículo 218', 'in dubio', 'in dubio', 'artículo 445', 'artículo 445']

﻿ SENTENCIA 10233 DE JULIO 16 DE 2001
SENTENCIA 10233 DE 16 DE JULIO DE 2001
CONTENIDO:IN DUBIO PRO REO. SI SE SUPONE CERTEZA CUANDO EN VERDAD NO SE PUEDE LLEGAR A ESTE ESTADO DE CONOCIMIENTO, SE VIOLA LA LEY SUSTANCIAL POR VÍA INDIRECTA Y LOS CARGOS EN CASACIÓN DEBEN PRESENTARSE POR ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN PROBATORIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ERROR DE HECHO, PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO, APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANCIAL
Sentencia 10233 de julio 16 de 2001
M.P. Dr. Édgar Lombana Trujillo
Bogotá D.C. dieciséis de julio de dos mil uno.
Razón asiste al delegado del Ministerio Público cuando advierte que el libelo fue estructurado de manera diversa a la que exige la técnica casacional, por lo cual los cargos no están llamados a prosperar.
Antes de abordar el estudio de cada uno es imperioso hacer referencia a un serio desacierto conceptual que exhibe la demanda, consistente en que dirige todos los ataques hacia la sentencia expedida por el Juez Setenta Penal del Circuito de Bogotá, olvidando que por mandato del artículo 218 del Código de Procedimiento Penal, el recurso extraordinario de casación procede contra las sentencias de segunda instancia proferidas por los tribunales superiores de distrito judicial y por el Tribunal Superior Militar.
Ello significa que la censura no puede enfilarse exclusivamente contra la decisión de primera instancia, pues, aunque ésta con la sentencia de segundo grado conforman una unidad jurídica cuando convergen en el mismo sentido, la ley procedimental exige que la confrontación lógico jurídica a través del recurso extraordinario recaiga sobre el fallo proferido en segunda instancia.
En este evento resultaba imprescindible hacer extensivos los reproches a la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, máxime si la corporación se apartó en varios aspectos del análisis probatorio vertido en la providencia del Juez Setenta Penal del Circuito, especialmente en torno al reconocimiento de la ira como circunstancia reductora de punibilidad, de la que se apartó sentando su protesta, pero sin poder adoptar ningún correctivo, para no vulnerar la prohibición de la reformatio in pejus.
Sobre el cargo principal
El demandante se empeñó en demostrar que el juzgador admitió que le asaltaban dudas insalvables acerca de la responsabilidad del procesado y que, a pesar de ello lo condenó, incurriendo en el error de hecho consistente en suponer pruebas que antes no existían para sustituir la incertidumbre percibida por la certeza necesaria para condenar.
La censura, presentada de ese modo, se aleja completamente de la técnica de casación, pues el in dubio pro reo requiere un desarrollo armónico a ésta vía extraordinaria y excepcional con la que se pretende quebrar la condena, investida de la doble presunción de legalidad y acierto.
Ha reiterado pacíficamente esta Sala en su jurisprudencia que si el tribunal, a pesar de reconocer en su discurso la ausencia de certeza, deja de aplicar el in dubio pro reo, se debe demandar la violación directa del artículo 445 del Código de Procedimiento Penal, por falta de aplicación. Contrario sensu, si lo que hace el tribunal es suponer certeza cuando en verdad no se puede llegar a este grado de convencimiento, a la violación a la ley sustancial se llegaría por vía indirecta y los cargos en casación deben presentarse por error de hecho en la apreciación probatoria, en cualquiera de sus modalidades.
El defensor afirma categóricamente que el juez al motivar la sentencia reconoció que existían serias dudas acerca de la responsabilidad del procesado, y que a contrapelo de esta realidad decidió condenarlo.
De ser así, se habría violado directamente el artículo 445 del Código de Procedimiento Penal, por falta de aplicación, originada en factores distintos a la errada apreciación del acervo probatorio; y entonces, el cargo tenía que estructurarse con fundamento en el cuerpo primero de la causal primera de casación, esto es, por violación directa de la ley sustancial, y no como lo hizo el libelista.
La impropiedad de la demanda que se examina repercutió notoriamente en el desarrollo del cargo, pues como en realidad se trataba de una supuesta violación directa de la ley, y el defensor equivocadamente seleccionó el sendero de la violación indirecta, ni siquiera pudo mencionar las pruebas sobre las cuales recayó el supuesto error por falso juicio de existencia, ni la trascendencia conferida a las pruebas inventadas, ni su reflejo palpable en fallo.
En efecto, el demandante redujo su protesta a expresar que el juez penal del circuito supuso pruebas y que de éstas obtuvo la certeza, mas de ningún modo avanzó hacia la demostración del pretendido error de hecho por falso juicio de existencia, al punto que no relaciona ninguna prueba de las pretende que imaginó el funcionario judicial y valoró por su propia iniciativa.
En lugar de desarrollar el cargo, se explayó en críticas generalizadas sobre el razonamiento del juez, con la intención de que la Corte resuelva los presuntos vacíos probatorios a favor del señor Juan de Jesús Cañón Pinilla, aspiración que resulta imposible de satisfacer, puesto que la pretendida duda nunca fue admitida por los jueces de instancia, sino que a ella alude exclusivamente el demandante después de interpretar el expediente de un modo que se pliega a los intereses del procesado.
En tanto se ha descartado la demostración de errores esenciales de hecho el cargo no sale avante, pues la controversia acerca del pensamiento jurídico plasmado en el fallo es asunto que deviene extraño a la casación, de donde resta concluir que lo que subsiste es una disparidad de criterios entre el demandante y el juez de primera instancia, pues aquél pretende la absolución del procesado, insinuando la incursión en graves yerros de apreciación probatoria que llevaron a radicar responsabilidad penal en el señor Juan de Jesús Cañón Pinilla, a través de un alegado apropiado para ser debatido en las instancias y no en sede de casación, como atinadamente lo hizo ver el Procurador Tercero Delegado en lo Penal.
En abundante jurisprudencia ha reiterado la Sala de Casación Penal que incurre en error de hecho por falso juicio de existencia el juez que omite apreciar una prueba legalmente aportada al proceso, o cuando inversamente, infiere consecuencias valorativas a partir de un medio de convicción que no forma parte del proceso por no haber sido legal y oportunamente incorporado.
Esta modalidad de error de hecho, por ser protuberante, suele descubrirse con un examen sencillo de las actuaciones o con la confrontación directa, física del acopio probatorio y las motivaciones del fallo. Si esto ocurre, vale decir, si se demuestra la presencia real del dislate, a continuación debe el demandante acreditar que es tan grave, trascendental e influye, que de no haberse cometido la sentencia habría sido distinta.
Corresponde al demandante indicar con precisión cuáles medios de prueba no incorporados al plenario fueron aducidos por la invención unilateral el tribunal, o cuáles de los existentes no tuvo en cuenta.
En la demanda que se estudia no se profundiza en la demostración de ninguna clase de error, pues la mayoría de los argumentos se enderezan contra el pensamiento del juez penal del circuito respecto del acopio probatorio asumido en general, sin adentrarse en especificar, con la técnica del recurso, en qué consistió el supuesto desatino frente a cada prueba.
Está en lo cierto el procurador delegado cuando resalta que si bien el cargo se introduce reclamando la omisión de algunas pruebas por parte del juez penal del circuito, la fundamentación del mismo se dedica por completo a criticar el peso, la fuerza o el poder de persuasión que el funcionario judicial otorgó a los principales medios de convicción, entre ellos la primera indagatoria del procesado y la ampliación de la misma en audiencia pública; la inspección a los cadáveres, en cuyas pertenencias no se encontró ninguna arma ni algo por el estilo; el testimonio del administrador del establecimiento público, que desmiente al procesado; y la declaración de un agente de policía que participó en la captura e informó que el procesado decía que actuó compelido por temor a ser agredido.
La fundamentación de este postulado en manera alguna incluye el descubrimiento de una cualquiera de las modalidades posibles de errores de hecho; menos aún los que alcanza a mencionar el demandante, porque, ni siquiera expresó cuáles fueron los elementos de convicción excluidos de la estimación judicial para, cambio, basar su crítica en la credibilidad otorgada a varias pruebas, sin edificar una censura correlativa al falso juicio de existencia por omisión.
De entrada el cargo se destinó al fracaso, puesto que es asaz contradictoria la postura de quien incluye ciertas pruebas en el grupo de las ignoradas y al mismo tiempo protesta por su errónea interpretación.
En definitiva, no se encuentra en la demanda un argumento que sustente válidamente el yerro judicial que pregona. Se vislumbra, en cambio, el propósito de llevar a la Corte a efectuar una tercera evaluación del acervo probatorio, cuyo resultado había de enmarcarse dentro de las conclusiones presentadas por el recurrente, vale decir, creer completamente en la versión suministrada en último momento por el procesado, para desembocar en la defensa putativa que reclama a su favor.
Tal propuesta es inadecuada, toda vez que no es factible en casación penal, ni en general dentro del método de valoración probatoria de la sana crítica, alegar que el juez incurrió en falso juicio de convicción, que sería propio de un sistema probatorio tarifado.
En efecto, si el problema radica en la credibilidad, la fuerza de convicción o el poder de persuasión que el tribunal otorgó al acopio probatorio, descontento que aflora en los planteamientos del defensor, este tema es extraño al recurso extraordinario de casación, toda vez que no existe tarifa legal o asignación ex ante del mérito a las pruebas, sino que con la adopción del método de interpretación denominado sana crítica, artículos 254 y 294 del Código de Procedimiento Penal, el juez tiene cierto grado de libertad o discrecionalidad frente al conjunto de pruebas, para arribar a un estado de conocimiento acerca de los sucesos y de la responsabilidad penal, que puede ser de certeza o de duda según las circunstancias específicas de cada evento concreto. Ese margen para la movilidad intelectual en la asignación del mérito a las pruebas encuentra límite en los postulados de las ciencias, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia o sentido común.
El principio de limitación que rige en esta sede, impide a la Sala readecuar el contenido de la demanda, o complementarlo hasta tornarlo inteligible, pues la única excepción la constituye el pronunciamiento oficioso frente a situaciones generadoras de nulidad, que deben corregirse para no sacrificar derechos fundamentales de los sujetos procesales.
En estas condiciones, de acuerdo con el criterio del Ministerio Público, de fuerza es concluir que la censura no tiene éxito y por ello no se casará la sentencia impugnada.