Source: http://ceeudeco3.blogspot.com.es/2010/03/
Timestamp: 2017-12-14 17:02:40
Document Index: 392262873

Matched Legal Cases: ['artículo 123', 'artículo 113', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 125', 'artículo 211', 'artículo 211']

El artículo 123 del Estatuto de Cataluña atribuye a la Generalidad de dicha Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de consumo [2]. Además, el artículo 113 del prevé expresamente que la Administración de la Generalidad es competente para el desarrollo y aplicación de las normativas de la UE cuando afecten el ámbito de sus competencias.
En este contexto, el Gobierno de la Generalidad adoptó el 9 de diciembre de 2009 un anteproyecto de Llei del codi de consum de Catalunya[3] que, por su interés y alcance, nos parece oportuno comentar en la presente nota. Por supuesto, nos limitaremos a presentar un breve primer análisis crítico de un anteproyecto innovador y extenso[4], prestando una atención especial a las disposiciones relativas a los productos alimenticios, así como a las de carácter general que podrían afectar directa o indirectamente a la producción y comercialización de alimentos en Cataluña.
De la lectura del Preámbulo del anteproyecto se deduce que sus redactores han preferido un enfoque teórico (¿político?) a uno más pragmático que facilitara la eficaz aplicación del futuro Código. Así, por ejemplo, se afirma con cierta grandilocuencia que el consumo es una forma de relacionarse entre las personas, un medio para el desarrollo de las sociedades avanzadas que se ha convertido en un aspecto clave de la economía actual y, por consiguiente, siempre será considerado como una clara manifestación de la autonomía de la voluntad[5]. También se proclama que, en una sociedad cada vez más globalizada, el consumo responde a creencias sociales, a motivaciones profundas, a la exteriorización de determinados estilos de vida que marcan y afectan los sentimientos de las personas, su autoestima, así como cierta idea de autorrealización y, en definitiva, de una determinada forma de vida[6].
La más singular[9] es la de “Personas consumidoras”:
«Las personas físicas o jurídicas cuando actúan en el marco de relaciones de consumo con finalidades ajenas a su actividad empresarial o profesional»[10].
El concepto de consumidor medio, cuyo origen se encuentra en la jurisprudencia del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea[15] (TJUE), se ha incluido en la siguiente definición de persona consumidora media[16]: «la que, de acuerdo con un criterio de diligencia ordinaria, tendría[17] que estar normalmente informada y razonablemente atenta en las relaciones de consumo, en función de factores sociales, culturales y lingüísticos»[18].
En el citado artículo se encuentran, entre otras, las definiciones de: colectivo especialmente protegido (los niños y los adolescentes, las personas mayores, las personas enfermas, las personas con discapacidades y cualquier otro colectivo en situación de especial inferioridad o indefensión); empresario o empresaria[19]; riesgo y riesgo no aceptable; relación de consumo; y distintivo de calidad.
Se precisa también qué se entenderá por bienes y servicios, incluyendo la siguiente noción de bien y servicio identificado: «el bien y servicio en el que figure o se utilice cualquier tipo de marca, símbolo, logotipo o signos externos que hagan creer a las personas consumidoras que el bien o servicio ha sido elaborado, distribuido o comercializado por una empresa determinada»[20].
En el artículo 122.1 se prevén las siguientes obligaciones de aplicación general:
- los bienes y servicios destinados a las personas consumidoras no pueden comportar riesgos para su salud ni para su seguridad, salvo los que sean usuales o legalmente admisibles en condiciones normales o previsibles de utilización;
- los riesgos usual o reglamentariamente admitidos en condiciones normales y previsibles de utilización han de ser previamente puestos en conocimiento de las personas consumidoras de forma clara y por los medios adecuados; y
- los bienes y servicios deberán cumplir lo que determine la normativa sectorial aplicable, en especial, las relativas a la seguridad industrial, sanidad y salud pública, así como cualquier otra que tenga como finalidad garantizar la salud y seguridad de las personas consumidoras.
Más concretamente, el artículo 122.2 se refiere a la obligación de los empresarios o empresarias: los que produzcan, importen, distribuyan, manipulen o comercialicen bienes y servicios, en su calidad de profesionales tienen la obligación de suministrar bienes o prestar servicios seguros y, en consecuencia, han de actuar con diligencia por evitar la introducción en el mercado de bienes y servicios inseguros.
- la exactitud en el peso y la medida de los bienes y el suministro correcto de servicios.
Cabe añadir que uno de los aspectos más positivos del anteproyecto que nos interesa es que en él se incluyen también disposiciones relativas a las obligaciones de la Administración (véase, por ejemplo, el artículo 125.1 sobre la “Protección jurídica, administrativa y técnica”).
- la publicidad debe llevarse a cabo de acuerdo con los principios de suficiencia, objetividad, veracidad y autenticidad, y no puede ser un medio para inducir a error o crear falsas expectativas a sus destinatarios o destinatarias (!); y
- la información que figure en los envases, embalajes y etiquetas de los productos ha de ser veraz y suficiente.
«La información que figure en los envases, embalajes y etiquetas de los productos deberá incluir los siguientes aspectos: su naturaleza y composición, cantidad, calidad, medida y peso, el riesgo que comporta su uso, y en su caso, de qué modo se puede prever y neutralizar, así como mitigar los efectos no deseables de los incidentes que, pese a las instrucciones, puedan producirse, el origen, la información obligatoria sobre los distintivos de calidad y otras características relevantes de la oferta»[25].
En esta misma línea, el artículo 211.3 prevé, inter alia, que la publicidad, información y ofertas que se hagan por cualquier medio y la información que se transmita en el marco de una actividad empresarial o profesional, referidas a bienes o servicios, tendrá que ajustarse a los principios de veracidad y objetividad y no deberá contener información que pueda inducir a confusión.
«1. Las personas consumidoras tienen derecho en sus relaciones de consumo, de acuerdo con lo que dispone el Estatuto de autonomía y la legislación de aplicación en materia lingüística, a ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que escojan.
2. Asimismo, y sin perjuicio del pleno respeto de las exigencias de disponibilidad lingüística, tienen derecho a recibir en catalán:
Cabe subrayar que, en líneas generales, las disposiciones del anteproyecto son bastante detalladas y, en muchos casos, atinadas. Como una excepción destacaremos que, por lo que se refiere a la disciplina de mercado, se incluye un artículo relativo al principio de precaución[32], en el que, tras prever que, en función del riesgo aceptable para la salud, la seguridad o los intereses de las personas consumidoras, las administraciones públicas podrán adoptar medidas proporcionales y coherentes con el riesgo del que se trate, se añade de forma equívoca que «únicamente en caso de indicios racionales de infracción administrativa o de peligro para la salud o seguridad de las personas consumidoras podrán adoptarse medidas cautelares o de precaución, con las garantías establecidas a tal fin»[33]. A mayor abundamiento, se incluye un último párrafo sobre la inversión de la carga de la prueba cuya aplicación podría tener efectos muy negativos… ¿No será que los redactores del anteproyecto no tienen una idea precisa de las diferencias existentes entre el principio de prevención y el de precaución?
Esperemos que el Parlamento de Cataluña corrija los defectos detectados en un texto innovador, pero mejorable…
[30] VIDRERAS PÉREZ estima que el artículo 211.13 (que hace referencia a la necesidad de una autorización previa) podría ser incompatible con lo dispuesto en la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales (DO n° L 149 de 11 de junio de 2005, pág. 22), tal como ha sido interpretada por el TJUE en la sentencia “VTB-VAB NV” de 23 de abril de 2009, asuntos acumulados C-261/07 y C-299/07 (véase la obra de dicha autora citada en la nota 4, pág 28).
[31] En la pág 10 de la obra citada en la nota 5, MAYORAL JERRAVIDAS señala que, en su opinión, no se hace una referencia suficientemente explícita al procedimiento previsto en el Reglamento (CE) nº 762/2008 por el que se establecen procedimientos relativos a la aplicación de determinadas normas técnicas nacionales a los productos comercializados legalmente en otro Estado miembro (DO n° L 218 de 13 de agosto de 2008, pág. 21), lo que podría dificultar la aplicación del principio del reconocimiento mutuo a los productos procedentes de otros Estados miembros (véase, sobre el citado Reglamento: GONZÁLEZ VAQUÉ, "El Reglamento n.° 762/2008: un instrumento para agilizar la aplicación del principio del reconocimiento mutuo por lo que se refiere a la libre circulación de mercancías", Derecho de los Negocios, n° 222, 2009, 5-17).
Posted by gentilesse de CEEUDECO at 3:14 AM
Labels: Cataluña, Derecho del consumo