Source: https://blog.ernestocedeno.com/2015/08/
Timestamp: 2019-06-20 01:14:28
Document Index: 197842424

Matched Legal Cases: ['Artículo 220', 'artículo 6', 'artículo 2140', 'Artículo 2129', 'Artículo 2140', 'Artículo 2152', 'Artículo 164', 'Artículo 165', 'Artículo 167', 'artículo 29', 'artículo 12', 'artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 2129', 'artículo 2129', 'Artículo 2594', 'artículo 2140', 'artículo 2140', 'artículo 2129', 'Artículo 13', 'Artículo 254']

agosto 2015 – Ernesto Cedeño Alvarado
Les comunico que en el día de
mañana viernes a las 10 de la mañana, le pediré al Dr. Rigoberto González
Montenegro, Procurador de la Administración, mediante escrito formal, que
vigile la conducta oficial del Contralor General, a efecto de que desempeñe sus
labores de manera cumplida y por consiguiente, le oriente y adopte las medidas
Motivo. El día 6 de julio del año en
curso le pedí al Contralor General que iniciara un proceso de auditoria por la
administración de las conocidas partidas circuitales contra los 71 diputados
que administraron las mismas en el quinquenio 2009-2014 y que le exijiera
rendición de cuentas a los diputados señalados en el informe del MEF sobre las
partidas circuitales y al día de hoy no lo ha hecho, aunque han pasado más de
30 días. Mi pedido tiene en la Contraloría General, el SCAFID 2037-277. Esto en vista de que en Resolución del 12 de
marzo de 2015, del PLENO de la Corte Suprema de Justicia, se decidió no admitir
la denuncia que yo, a título personal interpuse contra 34 diputados que no le
han rendido cuentas al país, por el uso de las partidas circuitales,
exteriorizando la Corte que corresponde a la Contraloría General de la
República el exigir la rendición de cuentas por el manejo de los fondos o
La Corte también dijo: “Los Diputados de la Asamblea Nacional, por su
condición de servidores públicos, a quienes se le ha confiado la asignación de
partidas circuitales, están en la obligación de rendir cuentas del manejo de
dichos fondos ante la Contraloría General de la República, quien por su mandato
constitucional tiene esa función fiscalizadora.”
Fundamento de derecho: Artículo 220 constitucional y artículo 6 de la Ley
38 de 2000.
Ha corrido en las redes
sociales y en algunos medios de comunicación social, la posibilidad de que pudiera indemnizarse millonariamente
a la empresa MI BUS, por la adquisición del METROBUS.
Sería inadmisible que el gobierno pensara en indemnizar en
todo o en parte, a la empresa de marras, debido al pésimo servicio
Conforme a la ley y el contrato, hay varias fórmulas para sacar del
sistema a la empresa contratista en mención.
La posibilidad de resolverle el contrato a la empresa, es en base a lo
que dispone la ley 22 de 2006 (de contratación pública) y el contrato de
concesión No. 21-10, en sus Cláusulas Trigésima y Trigésima Primera.
El concesionario nunca puso de su parte y un sector importante de
la población, sufre inmisericordemente a diario.
La causal para iniciar el proceso podría ser; la del incumplimiento de
las cláusulas del contrato y/o, la reiteración de faltas graves.
La cláusula trigésima primera ibídem, reza que todos los bienes, buses y
demás, revertirán al Estado a fin de mantener la continuidad de la prestación
del servicio público de transporte. El Estado, por justicia, le
pagaría por los bienes revertidos, al concesionario, mediando un proceso de
liquidación de contrato público.
En ésta fórmula, se ponen de acuerdo las partes por escrito, en
base a los términos que se exponen y se adecua a la ley civil y a la ley 22 de
2006. El contrato también contempla esta figura en la Cláusula
Trigésima Tercera A. Puede incluir, lo que las partes dispongan
4. La empresa también podría ceder los efectos de este
contrato, a otra empresa, si el gobierno lo acepta. La ley 22 de 2006
lo posibilita y la Cláusula Vigésima Novena del contrato, lo incluye.
Algunos países del continente americano, se están sacudiendo por
diversos escándalos de corrupción. Los diversos estamentos de justicia y
la ciudadanía, han jugado su papel protagónico sobre el tema.
Muchos anhelamos que en Panamá, los diversos componentes de la
administración de justicia, laboren en total independencia de los otros
poderes del Estado, como en otros lugares del orbe, para que se pueda
cumplir con la labor investigativa y judicial, de manera transparente.
Sin embargo hoy, como sociedad integral, lo que sí podemos hacer de
manera inmediata, para ir mitigando cada día más el flagelo de la
corrupción, es lo siguiente:
1. Una mejor rendición de cuenta de parte de los funcionarios que
ejercen mando y jurisdicción.
2. Una ideal política de transparencia en el uso de los fondos públicos
y divulgación de esa información al ciudadano.
3. Una mejor fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos
de manejo de fondos y bienes públicos.
4. Una mejor política jurídica en cuanto a las adquisiciones de bienes y
5. Una adecuada estrategia de información, sobre la necesidad de
cultivar los valores, en la comunidad.
6. Una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como
el principal núcleo en la sociedad.
7. Permitir en mejor medida a la sociedad, a que participe en calidad
8. Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su
entidad y a las empresas particulares a crearlo.
9. Fortalecer las vías, para que los medios de comunicación social,
puedan seguir divulgando, sin presión alguna, los hallazgos que
encuentre, de manera veraz y objetiva.
10. Incentivar a las empresas a que premien, cada cierto tiempo, la
bondad y la honradez de sus empleados.
“PRIMERO: No existe en autos, ninguna prueba idónea que acredite que el señor Alejandro Garuz Recuero, en su condición de Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, autorizara, instruyera conociera o supiera, que un grupo de ciudadanos panameños, podía estar siendo víctima de violación a sus derechos a la intimidad.
“Hasta el momento, se desconoce el paradero de los equipos que fueron utilizados dentro de las instalaciones del Consejo de Seguridad Nacional, para vulnerar garantías y derechos fundamentales, sin autorización judicial, a distintas personalidades de este país, por lo que ante tales circunstancias, existe la incertidumbre social de que dichos equipos estén siendo operados desde cualquier punto del territorio nacional, de manera clandestina y de forma desproporcionada. El delito de Inviolabilidad del Secreto y del Derecho a la Intimidad, representa una amenaza a la vida y a la integridad del ser humano, puesto que se genera una intromisión a la vida privada, es decir, se vulneraron derechos humanos a un grupo considerable de personas. Es bajo este sustento, que se encuentra justificada la excepcionalidad contemplada en el tercer párrafo del artículo 2140 del Código Judicial, para ordenar la medida cautelar de detención preventiva, aún cuando la pena mínima del delito que se investiga, es menor a los cuatro años de prisión”.
“Artículo 2129. Al aplicar las medidas, el juez y el funcionario de instrucción deberán evaluar la efectividad de cada una de ellas, en cuanto a la naturaleza y el grado de las exigencias cautelares requeridas en el caso concreto.
El juez o funcionario de instrucción deberá comprobar que la persona dependiente se encuentra efectivamente sometida a un programa de recuperación”. (Énfasis nuestro)
“Artículo 2140. Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de cuatro años de prisión y esté acreditado el delito y la vinculación del imputado, a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto, y exista, además, posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o la salud de otra persona o contra sí mismo, se podrá decretar su detención preventiva.
En este último caso, a petición del imputado o de su apoderado, la medida será revisada por el Juez de la causa, quien sin más trámite decidirá si la confirma, revoca o modifica”.
“Artículo 2152. En todo caso, la detención preventiva deberá ser decretada por medio de diligencias so pena de nulidad en la cual el funcionario de instrucción expresará:
3.Los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena”.
Por último vemos que obran en el expediente, la declaración jurada rendida por la o el testigo protegido (a), identificada con el número 8430145, mediante la cual manifestó entre otras cosas: “…esta persona me cuenta que en el área del edificio conocido como 150, en la planta alta, que se encuentra en las instalaciones del Consejo de Seguridad Nacional, había un equipo que en los últimos años, era utilizado para interceptar teléfonos de manera clandestina y este equipo fue proporcionado por israelitas y Martín era el encargado de darle la capacitación de cómo trabajar el programa. Esta capacitación se las dio a Didier y a Guillermo, que son seudónimos utilizados en ese lugar, no conozco el nombre de ellos…”. sostuvo igualmente lo siguiente: “… que este sistema era capaz de capturar los mensajes de mensajería instantánea, lo que era BBPIN y Wathsapp, los correos electrónicos de las cuentas que estaban configurados a dichos dispositivos móviles, capturar audio de ambiente, tener acceso a la agenda telefónica, a la información contenida en las tarjetas de memoria, la localización donde se encontraba el teléfono y en algunos modelos de teléfonos era capaz de guardar la llamada. Bueno también tenía acceso al calendario de eventos…”.
“…conozco de primera mano trabajos sucios que se han venido realizando en la oficina del Consejo de Seguridad Nacional en la administración pasada, por lo que este video lo hago para que un amigo muy cercano que trabaja en la administración de justicia, lo haga llegar a las personas que estime conveniente a fin de denunciar y que se castigue, porque lo que vengo a denunciar es un delito que involucra la privacidad de las personas….
….hemos sido invadidos la privacidad de las personas, me refiero, específicamente, a lo que era o lo que fue la intervención de teléfonos celulares, llámese Blackberry, Android o Iphone. Este equipo que fue instalado por israelitas a través de un enlace uruguayo de nombre Martín Berenstein en las oficinas o el edificio conocido como ciento cincuenta (150) planta alta dentro de las instalaciones del Consejo de Seguridad Nacional ubicadas en Cerro Ancón…(Énfasis nuestro)
…necesitaba banda ancha para lo que fue necesario contratar de un servicio de banda ancha de quince (15) megas, lo cual se hizo a la empresa LIBERTY TECHNOLOGIE. Conozco que sus oficinas quedan ubicadas en San Francisco. Este contrato de Servicio de internet fue contratado por el señor William Pitti, conocido con el alias de Guillermo. Este equipo fue traido a Panamá para ser operado por un grupo muy cerrado y recibía instrucciones específicas, claras y precisas de los lados de la Presidencia. Entre las personas o dentro del grupo cerrado que mencioné se encontraba RONY RODRÍGUEZ, que se conocía con el alias de DIDIER y WILLIAM PITTI conocido con el alias de GUILLERMO….
…este sistema era capaz de intervenir todo lo que manejaba o todo lo que fluye a través de un teléfono sofisticado que mane (sic) en que estuviese eeee (sic) data porque el sistema para poder que el celular, para poder que reportara al sistema necesitaba utilizar la data del celular, ya sea una data de contrato o prepago o mediante eee (sic) wifi que pudiese eeee (sic) sin tener acceso del celular. Ahora bien ¿Qué características en sí tenía el sistema? El sistema era capaz de tener acceso a la agenda telefónica del celular, te sacaba la agenda completa es decir nombre, el teléfono de la persona y si el teléfono estaba asociado con alguna foto, de igual manera el teléfono te la mostraba, el sistema te la mostraba. Era capaz de mostrarle mediante el GPS la ubicación cercana de donde la persona que mantenía el teléfono, el sistema era capaz de tener acceso a todos los correos que llegaban al teléfono celular siempre y cuando dichos correos estuviesen configurado en este dispositivo…
…Se tenía acceso o se podía conseguir una foto panorámica que fuese captada por la cámara del teléfono, también se tenía acceso al registro de llamadas entrantes y salientes, así como la duración de estas de la per (sic) del teléfono en el sistema y guardaba o, claramente las llamadas telefónicas de estas personas, pero esto funcionaba en ciertos modelos más que todo en los Android y en los Iphone. Se tenía acceso al audio ambiente que recogía el celular infectado. Esta funcionalidad dejó de usarse, puesto que conozco que cuando se hacía este trabajo de recoger audio de ambiente, al final y al cabo eso reposaba o caía en una línea de teléfono fijo que disparó enormemente por lo que dieron la orden de que se dejara de hacer….
También se señala que este sistema era utilizado para: “…espionar a personas de diferentes grupos, ya sea del Partido Panameñista, del Partido PRD, del partido, perdón del Tribunal Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, periodista y personas allegadas al gobierno anterior…”.
“…El día de hoy, vengo a hacer entrega de un disco compacto que mi conocido me hizo llegar, que es un CD marca Princo Budget, 2*56X. Él me indica que este CD contiene correos electrónicos que se encuentran en la cuenta que él mencionó en el vídeo que hizo, de algunos de los trabajos que realizaba y que enviaba a Ronny Rodríguez y William Pittí, así como también correos que mantenía con Martín Berestein, el enlace con los Israelitas. Me pidió que sacados del correo electrónico que mencionó y que era utilizado solamente para este tipo de trabajos, es decir, que este correo electrónico no era de uso personal, que corresponde a , con contraseña KATHIA03…. (fs13-14).
Como otro elemento probatorio está la declaración jurada rendida por la señora Iris del Carmen González Cerrud, Directora de Informática del Consejo de Seguridad Nacional, manifestó que el edificio conocido como 150, ubicado dentro de las instalaciones del Consejo de Seguridad Nacional, durante el periodo de los años 2009, al mes de junio de 2014: “…Si ha sido utilizado durante ese periodo, para ejercer labores del Consejo de Seguridad Nacional. En la planta baja, como dije anteriormente, está la Dirección de Tecnología Avanzada, donde se llevan proyectos especiales de tecnología. En la planta alta, aproximadamente no tengo la fecha totalmente clara, creo que fue por el año 2012, se mudó a la planta alta de ese edificio, la Dirección de Análisis y la Dirección de Asuntos del Canal, mientras que remodelaban la Villa 20, que era donde iban a estar las oficinas de esta dirección. Cuando terminaron la remodelación de la Villa 20, en el año 2012 ó 2013, mudamos nuevamente la Dirección de Inteligencia o Análisis y la Dirección del Canal a la Villa 20, en el año 2013, excepto dos máquinas, la máquina de “DIDIER” o sea RONY RODRÍGUEZ y la máquina de GUILLERMO, o sea WILLIAM PITTÍ. DIDIER solicitó que se quedaran esas dos máquinas allí…”.
También señaló la señora González lo siguiente: “el internet de 4MB, que nosotros les suministramos, nunca dejó de funcionar, ni se les aumentó el ancho de banda. Más o menos como en el mes de mayo de 2014, él me informa que mantenían un internet de 4M, adicional al que nosotros les suministramos, contratado con la empresa Cable & Wireless Panamá, de la cual el Departamento de Informática del Consejo no tiene conocimiento y él o sea, WILLIAM PITTI, no me especificó para qué era dicho internet y tampoco tengo conocimiento hasta el momento, quién fue el que contrató dicho internet, sólo sé que el número de teléfono utilizado para hacer el contrato es de la institución. A parte de ese internet, en el año 2013, no sé la fecha ni el mes específico, el señor ALEJANDRO GARUZ, Secretario Ejecutivo en ese entonces del Consejo, me solicita de manera verbal, una línea de internet de 10MB, en el año 2013, no sé la fecha ni el mes específico, en el Salón de Conferencia de la Secretaría Ejecutiva, a lo que le respondí que no podía suministrarle ese ancho de banda, porque la institución no contaba con el mismo, solo teníamos 4MB. Ante mi respuesta quedó hasta allí mi conversación. Un par de días después, me contacta el señor “GUILLERMO”, o sea WILLIAM PITTI, y me indica que él tiene un internet de 10MB, en una oficina que está en la planta baja del edificio 88, edificio administrativo del Consejo de Seguridad, al final del pasillo de la derecha, donde actualmente está la Oficina de la Jefa del Departamento de Archivos. Él me dice, que por instrucciones del Secretario Ejecutivo ALEJANDRO GARUZ, tiráramos un cable de red desde esta oficina hasta el Salón de Conferencia del Secretario Ejecutivo que está arriba de esa oficina. Cuando fuimos con “GUILLERMO” a la oficina donde está el internet, encontramos que esa oficina estaba vacía y solamente estaba el MODEM del internet en el piso, luego ya procedimos a tirar el cable, ese cable lo tiró el compañero “LUCHO”, el nombre de él era LUIS BERNAL, pero ya murió, ese cable lo dejamos en el Salón de Conferencia del Secretario Ejecutivo, solamente tiramos el cable, porque la información de los IP del internet, usuario y contraseñas, la tenía “GUILLERMO”. Supuestamente eso era para una reunión que el mismo señor GARUZ, me dijo que tenía con unas personas extranjeras, pero no me especificó quiénes ni de qué país. Al día siguiente, me llamó la Secretaria del señor Garuz, para que recogiéramos el cable nuevamente, el cual habíamos tirado por el pasillo, porque solo era para esa reunión, no era permanente. Unos días después de eso me contacta “GUILLERMO” nuevamente y me dice que por instrucciones del Secretario Ejecutivo, Alejandro Garuz contratara el servicio de internet de 10MB y que lo instalara en el área de Secretaría Ejecutiva, para futuro uso, no medio detalles para qué uso…”
“Artículo 164. Quien se apodere o informe indebidamente del contenido de una carta, mensaje de comunicación electrónica, firma electrónica, documento electrónico, pliego, pliego, despacho caligráfico o de otra naturaleza, que no le haya sido, será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente a días multa o arresto de fines de semana.
Cuando la persona que ha cometido el delito obtiene algún beneficio o divulgue la información obtenida y de ello resultara perjuicio, será sancionada con dos a cuatro años de prisión domiciliaria o trabajo comunitario. Si la persona ha obtenido la información a que se refiere el párrafo anterior como servidor público o trabajador de alguna empresa de telecomunicación y la divulga, la sanción se aumentará de una sexta parte a la mitad.”
“Artículo 165. Quien sustraiga, destruya, sustituya, oculte, extravíe, intercepte o bloquee una carta, pliego, comunicación electrónica, firma electrónica, documento electrónico o de despacho calegráfico o de otra naturaleza, dirigidos a otras personas, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana la cual se aumentará en una sexta parte si lo divulgara o revelara.
Si la persona que ha cometido la acción es servidor público o empleado de alguna empresa de telecomunicaciones, la sanción será de tres a cinco años de prisión, la cual se aumentará en una sexta parte si lo revelara o divulgara.”
Artículo 167. Quien, sin contar con la autorización de la autoridad judicial, intercepte telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión.”
“… quiero manifestar que me siento muy sorprendido de las cosas que están plasmadas en dicho documento. Evidentemente de acuerdo a los aspectos legales, se han violentado los derechos de ciudadanos, pero sí quiero dejar constancia que desde el momento que yo tomé posesión como Secretario del Consejo de Seguridad, a partir del 12 de septiembre de 2012, no autoricé a ninguno de los dos miembros del Consejo de Seguridad ni a ninguna otra Dirección, a realizar ningún tipo de espionaje político… Durante el año y nueve meses que estuve regentando esa Secretaría, no autoricé ni supe del trabajo que estaban realizando esas dos personas, WILLIAM PITTI y RONNY RODRÍGUEZ, sobrepasando la Ley que estipula cuáles son sus deberes, obligaciones y responsabilidades, cuando llegamos al Consejo de Seguridad, a mí se me hizo entrega de un inventario de bienes por el Licenciado GUSTAVO PÉREZ y en ningún momento dentro de ese inventario, se registraba como bien de la institución, equipos con las características que se han mencionado, para uso del Consejo de Seguridad… PREGUNTADO: diga el indagado, si en señor RONNY RAMIRO RODRÍGUEZ MENDOZA, alias “DIDIER” y WILLIAM PITTI NAVARRO, alias “GUILLERMO”, eran sus subalternos dentro del Consejo de Seguridad Nacional. CONTESTO: Sí, como no, eran mis subalternos, porque uno como jefe y otro como funcionario teníamos que tener una relación de trabajo. Yo nunca supe que ellos, RONY y WILLIAM PITTI, estuvieran en algo ilegal dentro del Consejo … PREGUNTADO: Diga el indagado, si usted reconoce el contenido de la Nota No. S.E. AL-0511-2014, fechada 29 de abril de 2014, que se observa a fojas 298-299 del sumario, en caso cierto indique si la firma que aparece en la parte superior del nombre “ALEJANDRO GARUZ RECUERO Secretario Ejecutivo”, es la suya … CONTESTÓ: Sí reconozco la nota, consiste en la solicitud que les estamos realizando a la Presidencia, para contratar el servicio del intenet de 10 mega bits y la firma que aparece al final del documento es la mía…”.
Todo ser humano para poder llevar a cabo su proyecto de vida requiere de un conjunto de actos y actividades personalísimas constituyentes de un núcleo de la vida individual y familiar. La necesidad de intimidad es inherente a la persona humana ya que para que el hombre se desarrolle y geste su propia personalidad e identidad es menester que goce de un área que comprenda diversos aspectos de su vida individual y familiar, que esté libre de la intromisión de extraños. Así pues, debemos entender que todos los seres humanos tenemos una vida “privada” conformada por aquella parte de nuestra vida que no está consagrada a una actividad pública y que por lo mismo no está destinada a trascender e impactar a la sociedad de manera directa y, en donde en principio, los terceros no deben tener acceso alguno, toda vez que las actividades que en ella se desarrollan no son de su incumbencia, ni les afecta.
” la vida privada debe constituir una ciudadela donde estén protegidos y asegurados los cuatro (4) estados característicos de la privacidad y la libertad: a) la soledad, cuando la persona vive sola por autodeterminación; b) la intimidad, cuando el individuo está en compañía de otros o de un pequeño grupo (familia, amigos); c) el anonimato, que consiste en el interés de no ser identificado en la rutina de cada día y d) la reserva, entendida como voluntad de no revelar ciertas cosas sobre sí mismo.”
Es por ello que el derecho a la intimidad, como bien jurídico protegido se encuentra reconocido, no solamente a nivel de nuestra Constitución en el artículo 29, sino también en una serie de Tratados y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, como lo son el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que señala que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación“.
De igual forma, el artículo 17, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honor y reputación“.
También el artículo 8, ordinal 1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, establece que “Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.”
A su vez, el artículo 10 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, dice que “toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su correspondencia.”
De igual forma, el artículo 11, ordinal 2 del Pacto de San José de Costa Rica ordena que “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.” En el ordinal 3 del mismo artículo se dispone que “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o esos ataques.”
La intimidad implica entonces, tanto la inviolabilidad del domicilio, como la de la correspondencia epistolar y los papeles privados, resultan ser todos estos componentes, esenciales de la llamada “libertad de intimidad” o tutela jurídica de la “vida privada”.
Por su parte, Warren Samuel y Brandeis Louis, en su ensayo “The right to privacy”, expresaron la necesidad de definir un principio que pudiera ser invocado para proteger la vida privada del individuo frente a la acción de métodos de interceptación y grabación aptos para difundir información en forma indiscriminada. Warren y Brandeis advirtieron en aquel tiempo, que las tecnologías de finales del siglo XIX implicaban una amenaza a la preservación de la vida privada. Haciendo alusión directa a la difusión de detalles íntimos en las noticias publicadas por los periódicos a partir de la intrusión en el ámbito privado, preocupación central de estos autores que para mejor ilustración transcribimos:
“Los recientes inventos y los nuevos métodos de hacer negocios fueron los focos de atención en el siguiente paso que hubo de darse para amparar a la persona, y para garantizar al individuo lo que el juez Cooley denomina derecho a no ser molestado. Las instantáneas fotográficas y las empresas periodísticas han invadido los sagrados recintos de la vida privada y hogareña; y los numerosos ingenios mecánicos amenazan con hacer realidad la profecía que reza: “lo que se susurre en la intimidad será proclamado a los cuatro vientos”. La intensidad y complejidad de la vida, que acompañan a los avances de la civilización, han hecho necesario un cierto distanciamiento del mundo, y el hombre, bajo la refinada influencia de la cultura , se ha hecho más vulnerable a la publicidad, de modo que la soledad y la intimidad se ha convertido en algo esencial para la persona; por ello los nuevos modos e inventos, al invadir su intimidad, le producen un sufrimiento espiritual y una angustia mucho mayor que la que le pueden causar los meros daños personales”. (Warren Samuel y Brandeis Louis, en su ensayo “The right to privacy” Harvard Law Review, vol IV, No.5, pág 193/220)
En ese orden de ideas, el artículo 2129, que es una norma cardinal en la regulación de las medidas cautelares, dispone que el funcionario o juez debe evaluar la efectividad de cada medida cautelar ” en cuanto a la naturaleza y el grado de exigencias cautelares requeridas en cada caso concreto.”
El párrafo siguiente del aludido artículo 2129 del Código Judicial introduce otro elemento fundamental en el análisis de las exigencias cautelares, cuando establece que “Cada medida será proporcionada a la naturaleza del hecho y a la sanción que se estime podría ser impuesta al imputado”. Este otro requisito, que participa de la trascendencia de los dos anteriores, además de reiterar la naturaleza del hecho como factor a considerar en la decisión acerca de la adopción o no y del tipo de medida cautelar que se vaya a implementar agrega un criterio de proporcionalidad que ha de determinarse mediante la ponderación de la naturaleza de los hechos, las exigencias cautelares y la posible pena que se le podría imponer al imputado.
“Uno de los aparatos más notables puede ser instalado dentro de cualquier teléfono y permite a una persona situada muy lejos, aún en otra ciudad o en otro país, escuchar todo lo que se conversa en las proximidades del teléfono “arreglado” de la víctima; para ello le basta solamente marcar el número de este último y tocar una nota determinada en una armónica: este sonido hace que no suene la campanilla de llamada de la víctima y permite al que la escucha emplear como micrófono el mismo teléfono de su víctima, sin que ésta se percate de ello, pues no ha sonado la campanilla ni ella ha levantado el auricular.” (Novoa Monreal Eduardo, Derecho a la vida privada y libertad de información, un conflicto de intereses, México, Ediciones Siglo XXI, pág 96).
“La modernidad y los tiempos actuales nos exigen armarnos de todas las formas posibles para emprender la defensa del derecho a la intimidad porque la técnica, la cibernética, el computador, los sofisticados aparatos electrónicos, etc., se adentran sin nuestra aquiescencia en la vida privada e invaden arbitrariamente la intimidad de la persona humana… A través de estos medios los representantes de la autoridad violan el derecho a la vida privada de las personas, con el fin de que éstas cometan conductas delictivas o su descubrimiento, a costa de cualquier acto ilícito, aduciendo siempre razones de seguridad del Estado. Además la computadora, con todas sus aplicaciones y capacidad de captar información, contribuye al estado de peligro en que se encuentra hoy día el derecho a la vida son registradas en computadoras al servicio del Estado o de entidades particulares, acrecentándose así su indebida utilización. (Escobar López Edgar, Marulanda Luz Fabiola, El Derecho a la Intimidad, segunda edición, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., 2004, Colombia, pág 35 y ss.).
“Artículo 2594: Una vez hecha la entrega del detenido y hasta el momento que quede ejecutoriado el fallo expedido por el funcionario que conoce del Hábeas Corpus, podrá encomendar la custodia del detenido a la autoridad, funcionario o jefe de la cárcel que estime conveniente e indicar el lugar de su detención.”
“Que el 13 de enero de 2015, el Director General del Sistema Penitenciario Licenciado Gabriel A. Pinzón, mediante oficio No.013/DGSP-DIR, informó al Director Nacional de Investigación Judicial, sobre la autorización de ingreso al Centro Penitenciario La Gran Joya, del señor ALEJANDRO GARUZ, basado en el oficio No.438 del 12 de enero de 2015, emitido por el Licenciado Marcelino Aguilera Aizpúa, Fiscal Auxiliar de la República, quien ordena que el Señor Garuz, sea admitido y filiado a órdenes de este Despacho.
En ese sentido, le informamos que el Señor Alejandro Garuz fue trasladado por unidades de nuestra Dirección y entregado en el Centro Penitenciario la Gran Joya el viernes 16 de enero del presente año, a las 9:10 de la mañana.”
Reforzando lo dicho, se entiende al tenor de otros pronunciamientos de esta Corporación que “el desacato es un mecanismo que ha sido concebido con el fin de vencer la actitud contumaz o desafiante de quien está obligado a cumplir determinado pronunciamiento del tribunal”, al desobedecer reiteradamente el cumplimiento de un mandato.
OYDÉN ORTEGA DURÁN — JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS (Con Abstención De Voto)– VICTOR L. BENAVIDES P. — HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA — HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ (Con Salvamento De Voto)– LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -(Con Salvamento De Voto)- JERÓNIMO MEJÍA E. — HARLEY J. MITCHELL D.
Oportunamente, remití a la Procuraduría General de la Nación, con copia a la Fiscalía Auxiliar de la República, una solicitud escrita para que informara, si fui sujeto a interceptación y/o grabación de mis conversaciones, sin autorización judicial, con respecto al sumario seguido contra ALEJANDRO GARUZ RECUERO Y GUSTAVO PEREZ DE LA OSSA, por delito genérico “contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad “iniciado de oficio, y la Procuraduría General de la Nación, con Nota No. DPGN-007 -2015 de fecha 22 de enero de 2015, remite el Oficio No. 912 fechado 22 de enero de 2015 de la Fiscalía Auxiliar de la República donde informa lo siguiente
” …. Efectivamente, este Despacho instruye sumario a los señores GUSTAVO PEREZ DE LA OSSA, ALEJANDRO GARUZ RECUERO y otros, por la supuesta comisión de delito contra la libertad en la modalidad de Delitos Contra la Inviolabilidad del Secreto y Derecho a la Intimidad, iniciado con motivo de la declaración jurada rendida por una o un testigo protegida (o) identificada (o) con el número 8430145.
Dentro del delato (sic) expuesto por la o el testigo protegida (o), identificada (o) con el número 8430145, así como también en la trascripción del video que fue aportado por dicha (o) testigo, en el que se observa una imagen de una presunta persona que no puede ser identificada (o) con voz distor4sionada pero entendible, se menciona al “Magistrado Ayú Prado”, como una de las supuestas víctimas del delito Contra la Inviolabilidad del Secreto y Derecho a la intimidad, sin embargo, es preciso comunicarle que entre los elementos probatorios que fueron adquiridos de un correo electrónico y de equipos informáticos, no aparece documentación y/o comunicación privada alguna, relacionada con el Magistrado JOSE E. AYU PRADO CANALS”
Es por ello que me he visto obligado a abstenerme de votar, en la decisión final sobre este hábeas corpus, en aras de la transparencia y para no coartar mi oportunidad de considerar el convertirme en víctima, dentro del sumario seguido a ALEJANDRO GARUZ RECUERO y GUSTAVO PEREZ DE LA OSSA, por el delito genérico “contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad”.
En ese sentido, el artículo 2140 del Código Judicial establece que la detención preventiva procede, entre otros requisitos, cuando “exista prueba que acredita el delito y la vinculación del imputado a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto …”; es decir, la existencia de graves indicios de responsabilidad contra la persona cuya detención se ordena.
“El criterio de proporcionalidad cuyos orígenes se remontan al Derecho de Policía y que luego fue extendiendo su reconocimiento al ámbito administrativo, penal y procesal penal, representa un principio general de derecho que impone a los poderes públicos la exigencia de no afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos más allá de los límites que razonablemente justifiquen su limitación o restricción. Este principio de proporcionalidad que es pieza valorativa fundamental en el tema concreto de las medidas cautelares está erigido sobre un valor de justicia, pues, como bien ha anotado el autor alemán KARL LARENZ, su fundamentación descansa en su sentido de prohibición de excesividad, es un principio de derecho justo, que deriva inmediatamente de la idea de justicia. Indudablemente conecta con la idea de moderación y de medida justa en el sentido de equilibrio (“Derecho Justo. Fundamentos de Etica Jurídica”, Editorial Civitas, Madrid, 1985, Pág. 144).
“Primero, la presunción de inocencia, nadie tiene que demostrar su inocencia, lo que hay que demostrar es la culpabilidad y aquí muchas veces vamos al revés. Segundo, el debido proceso. La cosas no se pueden hacer de cualquier manera, hay una regla en los pueblos y hay que cumplirlas.”
“El derecho a la libertad de expresión no es un derecho ilimitado, como ningún derecho es ilimitado. Yo tengo derecho a la libertad de tránsito, pero hasta que hay un semáforo. Nuestro derecho a la libertad de tránsito termina hasta que otro tiene derecho a cruzar por ese mismo lado. Si no hay un semáforo nos chocamos. Las libertades humanas terminan donde empiezan las del otro.”
Bajo esa premisa, se aprecia que, hasta este momento, lo que se tiene acreditado en el sumario seguido a Gustavo Pérez, es que los delitos no contemplan pena mínima de prisión superior a los 4 años (lo cual no se compadece con lo normado en el artículo 2140 del Código Judicial, que exige pena mínima superior a los 4 años de prisión). Ello nos lleva a tomar en cuenta lo preceptuado en el artículo 2129 del cuerpo legal en mención, al establecer que “cada medida será proporcionada a la naturaleza del hecho y a la sanción que se estime podría ser impuesta al imputado”.
Solo hay una forma en que debiera ejercerse el periodismo en Panamá y es en
“Dichas acciones no solo vulneran de un modo especialmente drástico la libertad
de pensamiento y expresión de la persona afectada, sino que además afectan la
dimensión colectiva de este derecho. Los actos de violencia que se cometen
contra periodistas (término entendido bajo una definición amplia, desde una
perspectiva funcional) o personas que trabajan en medios de comunicación y que
están vinculados con su actividad profesional, violan el derecho de estas
personas a expresar e impartir ideas, opiniones e información y además, atentan
contra los derechos de los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y
recibir información e ideas de cualquier tipo”. (Corte IDH. Caso Vélez Restrepo
y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248. Párr. 142-149.)
¿Qué es un Periodista? A continuación, la respuesta.
Persona dedicada a transmitir, una noticia imparcial y veraz.
Emprendedor laborioso que procura difundir, la información
Resuelto a vencer los obstáculos, para
lograr el cumplimiento de sus metas.
Ingenioso en la defensa por los
Objetivo en el análisis y en la
Decidido a luchar por el derecho que
tiene toda persona a recibir información.
Idealista que procura trabajar en todo tiempo por una vocación.
Sabedor de que la independencia es transcendental para el buen desarrollo
¿Que no deben
hacer, los gobernantes? El restringir el derecho de expresión por vías o medios
indirectos. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).
1. El político. No se entiende, como a personas investigadas, por la comisión
de supuestos delitos estén en preventiva y otros investigados no.
2. El moral. No se entiende, como por una misma investigación de un hecho, a
unos indagados se les ha impuesto una medida cautelar más severa, mientras que
3. El social. No se entiende, como los hijos del pueblo, que cometen
infracciones, no gozan de las mismas medidas cautelares y de domicilio
preventivo transitorio, que los acaudalados investigados.
1. La politización de la justicia. A veces la justicia selectiva, responde sólo
2. La falta de capacidad de los organismos encargados de administrar la
3. La falta de unificación en los organismos rectores, para la imposición de
6. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se
conoce por los medios de comunicación social, que se ha resquebrajado el orden
El delito en cuestión tiene
su regulación en el código penal, de la siguiente forma:
Artículo 254. Quien,
personalmente o por interpuesta persona, reciba, deposite, negocie, transfiera
o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros,
previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con el
soborno internacional, los delitos contra el Derecho de Autor y Derechos
Conexos, contra los Derechos de la Propiedad Industrial o contra la Humanidad,
tráfico de drogas, asociación ilícita para cometer delitos relacionados con
drogas, estafa calificada, delitos financieros, tráfico ilegal de armas,
tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, homicidio por precio o
recompensa, contra el ambiente, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento
ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de terrorismo, pornografía y
corrupción de personas menores de edad, trata y explotación sexual comercial,
robo o tráfico internacional de vehículos, con el objeto de ocultar, encubrir o
disimular su origen ilícito, o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de
tales hechos punibles será sancionado con pena de cinco a doce años de prisión.
En mi concepto el dolo,
es elemento fundamental que debe privar, para cuadrar el tipo penal en el sujeto
Me preocupa, que el Ministerio
Público esté investigando a un periodista hoy, por la figura antes descrita, por
haber recibido los beneficios de un cheque, por hacerle las relaciones públicas
a una empresa, que al momento de prestar
sus servicios, no estaba sumida en ningún tipo de investigación penal. El rigor
procesal penal, surgió años después.
La obligación de pago por parte de un empresario,
no se sustenta siempre en un contrato escrito,
en el mundo de las relaciones públicas.
El acuerdo verbal también es procedente y válido en nuestra legislación.
Una rendición de cuentas fiscal,
que pudiera interesarle a la DGI, si fuere el caso, (por aquello del cobro de
un tercero a favor del comunicador) lo ha transformado el Ministerio Público, en
el objeto de una investigación penal, aplicando una medida cautelar de manera desproporcionada
al periodista, cuando los actores principales del proceso primario, gozan de algunos beneficios procesales, que no
tiene siquiera el comunicador, que no
participo, en la formación del entuerto legal oprobioso.