Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A192-01.htm
Timestamp: 2017-11-18 01:03:26
Document Index: 226780087

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 29', 'artículo 4']

Auto 192/01
Referencia: expediente T-421833
Accionante: Mario Bernardo Olea Vega
El fallo de tutela de la referencia fue seleccionado para su revisión por la Corte Constitucional (Sala de Selección Número 2), mediante auto del 22 de febrero de 2001. A continuación se sintetiza el trámite seguido en el proceso:
- El ciudadano Mario Bernardo Olea Vega, por intermedio de apoderado, presentó acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, por considerar que éste había incurrido en vía de hecho en el trámite de una tutela presentada por el mismo demandante en contra de la DIAN. Dicha demanda fue presentada ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
- Mediante providencia del treinta (30) de octubre de 2000, se dictó auto, en el cual se daba aplicación al inciso 2 del numeral 2 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, y se consideró que el Consejo de Estado era competente para conocer de la acción. Por lo tanto, se ordenó remitir el proceso a dicha autoridad judicial.
- El 14 de noviembre de 2000, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, asumió el conocimiento del proceso, al encontrar que las razones invocadas por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá estaban fundadas en expresas normas legales.
- El 24 de noviembre de 2000 la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictó sentencia, en la que rechazó la tutela por considerarla improcedente.
1.- La Corte Constitucional ha inaplicado, en reiteradas oportunidades, el artículo 1º del mencionado decreto, acudiendo para ello a la excepción de inconstitucionalidad, por tratarse de una norma manifiestamente contraria a la Carta Política[1].
2.- Los argumentos por los cuales la norma debe ser inaplicada ya han sido claramente expuestos en anteriores pronunciamientos que en esta oportunidad serán reiterados. Así, en el auto 085 de 2000 MP. Alfredo Beltrán Sierra, la Corte señaló lo siguiente[2]:
3.- En el presente proceso se observa que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá remitió el expediente al Consejo de Estado, en aplicación del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000. Así mismo, que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, asumió el conocimiento del caso, por aplicación de la misma norma.
5.- De lo anteriormente expuesto ha de concluirse que ante la aplicación del artículo 1º del decreto 1382 de 2000, no queda otra alternativa que decretar la nulidad de todo lo actuado a partir de ese momento, toda vez que una decisión en sentido contrario implicaría desconocer abiertamente los principios de efectividad (artículo 2 de la C.P), del debido proceso (artículo 29 C.P.) y de supremacía constitucional (artículo 4 C.P.). En este orden de ideas, la Corte deberá declarar la nulidad del proceso objeto de revisión, disponiendo su remisión a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para que allí se le imprima el trámite que en derecho corresponde.
Primero.- Declarar la nulidad de todo lo actuado en la acción de tutela instaurada por Mario Bernardo Olea Vega, por intermedio de apoderado, presentó acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, a partir del auto del treinta (30) de octubre de 2000, dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. En consecuencia, por Secretaría General de la Corte remítase el expediente a la mencionada sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para que de manera inmediata se le imprima a la demanda de tutela el trámite que corresponda conforme a la Constitución y la Ley.