Source: https://elblogdelabogadoblog.com/2017/05/16/el-acceso-a-la-funcion-publica-de-las-personas-con-discapacidad-2/
Timestamp: 2019-04-24 16:43:08
Document Index: 404363431

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 27', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 23', 'artículo 27', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 8']

2.- Concepto de discapacidad. La noción de persona con discapacidad a los efectos del acceso al empleo público.
5.- Procedimientos de acceso a la función pública.
6.- La directiva 2000/78/CE y la decisiva Ley 53/2003, sobre empleo público para discapacitados.
7.- El Estatuto Básico del Empleado Público.
8.- Oferta de Empleo público para 2016 y 2017.
9.- Estudios jurisprudenciales al efecto.
2.- Concepto de discapacidad. La noción de discapacidad a los efectos del acceso al empleo público.
La legislación actual para los alumnos universitarios con discapacidad son la Ley General de Discapacidad de 2013 y Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario de 2010, que ampara su derecho a solicitar cualquier recurso técnico o apoyo humano que necesite para su integración en la vida universitaria.
“Dentro de las universidades españolas se han creado una serie de servicios para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito universitario”. En la Universidad de Burgos se cuenta con una Unidad de Apoyo a las personas con discapacidad, que ha impulsado una buena integración de las personas con discapacidad en la propia Universidad de Burgos. Ya han sido nombrados los servicios que ofrece al estudiar el derecho a la educación unas líneas más arriba. Ahora se va a proceder a comparar todos estos servicios que ofrece la Universidad de Burgos con los ofrecidos por otras universidades.
En la Universidad de Navarra, la Unidad de Atención a las Personas con Discapacidad (UAPD), dependiente del Vicerrectorado de Alumnos, tiene como objetivo garantizar el acceso e inclusión en igualdad de condiciones de todos los estudiantes.
Además, quiere colaborar en la construcción de una universidad más solidaria y mejor para todos, de acuerdo con las directrices marcadas por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, y el Estatuto del Estudiante Universitario aprobado por el Real Decreto 1791/2010 de 30 de diciembre.
La Unidad da respuesta a las necesidades de los alumnos en las siguientes áreas:
La UAPD dará apoyo a los centros académicos, y serán ellos los que den respuesta a las necesidades específicas derivadas de la discapacidad, tanto a los alumnos de Grado como de posgrado de la Universidad, una vez que hayan cumplimentado la correspondiente solicitud de inscripción.
También en la Universidad de Valladolid encontramos este servicio, y, según se establece en la propia página de la universidad, don este programa se pretende facilitar la inclusión y mayor autonomía posible de los alumnos con discapacidad en la Universidad. Desde la demanda del alumno con discapacidad se configura el apoyo requerido con el objeto de lograr un proceso de integración con autonomía en los estudios universitarios.
Por otro lado, en la Universidad Complutense de Madrid, también encontramos un servicio de atención a personas con discapacidad. Los servicios que ofrece este servicio son los siguientes:
“Atención socioeducativa y adaptación curricular individual personalizada, de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación a las necesidades de cada persona.
Asesoramiento y apoyo a través de tutorías personales para la mejora de la trayectoria académica (técnicas de estudio, habilidades sociales…) y la satisfacción personal.
Préstamo de ayudas técnicas en colaboración con Fundación Universia.
Formación en diversidad y acciones de sensibilización dirigidas a la Comunidad Universitaria para la inclusión.
Información sobre los recursos que la UCM y otras Organizaciones te ofrecen…becas, recursos sociales, educativos…
Mediación con profesorado y/o compañeros/as.
Resolución de posibles conflictos y/o dificultades en tu vida universitaria.
Apoyo en la movilidad nacional e internacional.
Apoyo de Intérprete de Lengua de Signos Española (ILSE), previa solicitud.
Programa de Reconocimiento de Créditos por Labores de Apoyo y Atención a la Comunidad Universitaria con Diversidad.
Programa de Apoyo Socio sanitario en colaboración con Facultad de Enfermería.
Establecimiento de contacto entre estudiantes y diversos servicios de la UCM (Clínica psicológica, grupo de ocio, voluntariado…)”.
También se reconoce a estas personas con discapacidad el derecho de agrupación y de asociación. En el ámbito universitario existen varias asociaciones de estudiantes con discapacidad. En la universidad de Burgos encontramos las siguientes asociaciones, agrupadas por el tipo de discapacidad de los estudiantes:
“Discapacidad auditiva:
Asociación de Sordos Fray Pedro Ponce de León.
Asociación para la Reeducación Auditiva de Sordos de Burgos (ARANSBUR).
Asociación prosalud mental (PROSAME).
Federación de personas con discapacidad física de Burgos (FEDISFIBUR).
Asociación de padres de niños afectados de parálisis cerebral (APACE).
Asociación de familiares y afectados de esclerosis múltiple (AFAEM).
Asociación de Daño Cerebral (ADACEBUR).
Asociación de padres y/o tutores pro-disminuidos psíquicos (APRODISI).
Asociación de padres y tutores del Centro “El Cid”.
Asociación de padres de alumnos del colegio de educación especial “Las Calzadas”.
Asociación Dominique.
Asociación de Diabéticos de Burgos.
Asociación de Hemofilia de Burgos (HEMOBUR). Centro Socio Sanitario Graciliano Urbaneja.
Asociación de Lucha Contra las Enfermedades Renales (ALCER).
Asociación Corea de Huntington. Centro Socio Sanitario Graciliano Urbaneja.
Asociación Burgalesa de personas afectadas por déficit de atención e hiperactividad (ABUDAH). Centro Socio Sanitario Graciliano Urbaneja”.
Aquí se va a establecer una definición de lo que se entiende por Función Pública en nuestro ordenamiento jurídico. La función pública puede ser definida como “el conjunto de relaciones laborales entre el Estado y sus servidores en donde las funciones desempeñadas son señaladas por la Constitución, una Ley o un reglamento”.
Dada su relevancia, la primera regulación del empleo público la encontramos en el propio texto constitucional. La primera referencia en nuestra norma constitucional la encontramos en el artículo 10, el cual establece lo siguiente:
Por otro lado, hay que acudir a la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la Función pública. Aquí hay que tener en cuenta que cada Comunidad Autónoma tiene también su propia Ley de Función Pública. En concreto, en nuestra Comunidad Autónoma, Castilla y León, tenemos nuestra propia Ley de Función pública de Castilla y León, aprobada por Ley 7/2005, de 24 de mayo.
Aquí cabe preguntarse quién puede ser empleado público. La respuesta es que puede serlo toda persona que reúna todos los requisitos establecidos en la convocatoria de empleo público de cada administración, pero siempre que se cumplan las siguientes condiciones en el proceso selectivo para trabajar en la Administración, pero con los requisitos establecidos a continuación. Aquí también habría que tener en cuenta los requisitos establecidos por el Estatuto Básico del Empleado Público para las diferentes clases de empleados públicos, que vienen determinadas en los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del Estatuto.
En cuanto al requisito de la edad, hay que tener como mínimo 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación, según lo previsto, en términos generales, por el artículo 59 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
Por lo que respecta al acceso de las personas con discapacidad, los Poderes Públicos han previsto diversas medidas para facilitar el acceso a las personas con discapacidad. En este sentido, el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, prevé, entre otras, la reserva de un cupo no inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, la adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas de tal forma que se asegure que se participa en condiciones de igualdad.
Hay que tener en cuenta que el cupo del 5 % de puestos reservados para las personas con discapacidad en el acceso al empleo público ha sido elevado a un 7%, y así se desprende de lo previsto en el artículo 59 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Púbico.
Por lo que se refiere a la adaptación de tiempo para la realización de las pruebas selectivas, se ha aprobado la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, del Ministerio de la presidencia, que establece los criterios que determinan el porcentaje de tiempo adicional en los procesos selectivos para el acceso al empleo público.
La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, establecía que en las empresas y administraciones con más de 50 empleados se debe de reservar una cuota del 2 por ciento de dicha plantilla a favor de trabajadores con discapacidad.
En la Universidad de Burgos, se tiene actualmente un 1,69 % de empleados de la plantilla con una discapacidad reconocida con un grado igual o superior al 33%. En una plantilla total de 1.125 empleados públicos un total de 19 son discapacitados. Por tanto, estamos próximos a cumplir la obligación establecida en la norma antedicha.
6.- La directiva 2000/78/CE y la decisiva Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público sobre discapacitados.
La Directiva se propone garantizar que las personas con religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual determinadas no sufran discriminación, sino que disfruten de igualdad de trato en el entorno de trabajo.
A continuación, hay que hablar de la ley 53/2003, de 10 de diciembre, que está dedicada al empleo de personas con discapacidad. El propósito de esta ley es mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. Esta ley establece en su exposición de motivos que “el acceso de las personas con discapacidad al empleo público en las distintas administraciones sigue ofreciendo un panorama desalentador”.
Ya aprobada la Convención de la ONU sobre los Derechos de las personas con discapacidad[5], cuyo artículo 27 establece que “los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas con discapacidad durante el empleo, aportando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, se ha de hacer referencia a la legislación establecida en los países que lo suscribieron”.
La Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, modificó el artículo 59 de la Ley 7/2007 para elevar el porcentaje de reserva al 7%, en línea con lo que ya habían establecido las últimas ofertas de empleo púbico.
Aquí también hay que tener en cuenta el Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
La oferta de empleo público en el ámbito estatal para 2016 preveía 13.427 plazas de nuevo ingreso. Habrá otras 5.694 plazas de promoción interna.
Las 13.427 plazas de nuevo acceso convocadas para el año 2016 se dividen en 6.057 plazas para la Administración General del Estado (AGE), un 71% más que en el año anterior; 250 para funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, 1.820 para Justicia (+27,3%), 2.740 para el Cuerpo Nacional de Policía (+99,4%); 1.799 plazas para la Guardia Civil (+103%) y 761 para las Fuerzas Armadas, informa Europa Press.
Por otro lado, se va a hablar de la oferta de empleo público de Castilla y León para los años 2016 y 2017. Para el primero de ellos, en la propia página web de la Junta de Castilla y León, “la Oferta de Empleo Público para el año 2016, aprobada por Acuerdo 7/2016, de 4 de febrero, de la Junta de Castilla y León, se cuantifica en 2279 plazas”.
En la página web de portalento, se establece que “El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha mostrado su satisfacción por la reserva de casi 850 plazas de empleado público, entre turno libre y promoción interna, para personas con discapacidad realizada por la Oferta de Empleo Público de 2016, aprobada por el Gobierno en funciones. “Se trata del mayor número de plazas reservado para personas con discapacidad efectuado en la serie histórica de ofertas de empleo público anuales, lo que evidencia la potencialidad que tiene esta modalidad de empleo para la inclusión laboral de este sector de población”, destaca el Cermi en un comunicado.
Pero, a pesar de esto, y teniendo en cuenta el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el Defensor del Pueblo termina el auto estableciendo como recomendación que se debe de ”cumplir con la obligación del cupo del siete por ciento a personas con discapacidad en las convocatorias públicas de ofertas de empleo, así como en los procesos de promoción interna y de consolidación de empleo, en los términos exigidos en el artículo 59 y en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público”.
Pero aquí también se ha de hacer referencia a la imposibilidad de reservar un cupo de plazas para personas con discapacidad en ciertas oposiciones o promociones para acceder a la función pública por las funciones que se han de realizar y que no pueden ser llevadas a cabo por personas con discapacidad.
Por ejemplo, en el caso de las oposiciones para el cuerpo de policía nacional se exigen requisitos como los siguientes:
Se ha de destacar que este artículo constitucional otorga a los españoles es un derecho reaccional para impugnar ante la jurisdicción ordinaria, o, en su caso, ante el Tribunal Constitucional toda norma que quiebra la igualdad. “La exigencia que así considerada en sus propios términos deriva del artículo 23.2 de la Constitución Española es la de que las reglas de procedimiento para el acceso a los cargos y funciones públicas y, entre tales reglas, las convocatorias de concursos y oposiciones, se establezcan en términos generales y abstractos y no mediante referencias individualizadas y concretas, pues tales referencias son incompatibles con la igualdad”.
El pasado 1 de abril de 2017 salió la convocatoria de empleo público para personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas para 2017, aprobada por Real Decreto.
Un poco más abajo destaca que “el derecho a la educación se consagra como derecho fundamental en el artículo 27 de la Constitución, siendo necesario para ello la escolarización de la población en general y de la que se encuentra en etapas de educación no universitaria, y, en particular, obligatoria, lo que constituye uno de los pilares esenciales para hacer efectivo su ejercicio”.
Aquí hay que destacar que se publicó, el día 7 de abril de 2017, una modificación al Real Decreto que se venía comentando. Esta modificación tiene como objetivo modificar la errata establecida en el número de plazas para algunas de las oposiciones que se prevén en la oferta de empleo público de este año 2017 en el ámbito de la enseñanza, fuerzas armadas y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
En esta sentencia, lo que se puede deducir es el hecho de que todos los aspirantes, ya se presenten por el turno general o por el turno reservado para personas con discapacidad, habrán de superar todos los ejercicios que compongan la convocatoria de empleo público. Es decir, no se da ningún beneficio a los aspirantes que accedan por la categoría reservada a personas con discapacidad, salvo los estrictamente necesarios que les permitan concurrir en igualdad de condiciones al resto de aspirantes del turno general.
Por tanto, esto supone que las personas con discapacidad habrán de tener los mismos conocimientos que los demás opositores, y habrán de conocer la globalidad del temario de la oposición que quieran superar.
Una vez que se va a comentar la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Supremo, de 19 de marzo de 2014. La presente sentencia versa sobre la necesidad de que las personas con discapacidad que han de someterse al proceso selectivo, han de superarlo con el mínimo establecido en la convocatoria. Este recurso proviene de la Audiencia Nacional, Sección Secta, la cual dictó sentencia, en fecha de 19 de septiembre de 2012, desestimatoria del recurso deducido contra la resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de fecha 24 de abril de 2009.
En la calificación de las pruebas, hay que tener en cuenta, como establece la propia sentencia, el Real Decreto 2271/2004, cuyo artículo 3.3 establece que “las pruebas selectivas tendrán idéntico contenido para todos los aspirantes, independientemente del turno por el que se opte, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el artículo 8. Durante el procedimiento selectivo se dará un tratamiento diferenciado a los dos turnos, en lo que se refiere a las relaciones de admitidos, los llamamientos a los ejercicios y la relación de aprobados. No obstante, al finalizar el proceso, se elaborará una relación única en la que se incluirán todos los candidatos que hayan superado todas las pruebas selectivas, ordenados por la puntuación total obtenida, con independencia del turno por el que hayan participado. Dicha relación será la determinante para la petición y la adjudicación de destinos, excepto lo previsto en el artículo 9”.
En este punto también hay que tener en cuenta, como hace la sentencia que se comenta, el artículo 8 del mismo Real Decreto, que establece lo siguiente:
“1. En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o períodos de prácticas, se establecerán para las personas con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento que lo soliciten las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización, para asegurar que las personas con discapacidad participan en condiciones de igualdad.
A efectos de valorar la procedencia de la concesión de las adaptaciones solicitadas, se solicitará al candidato el correspondiente certificado o información adicional. La adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar.”
El recurrente considera vulnerados una serie de artículos constitucionales, así como de la Ley para la reforma de la Función Pública, y del Real Decreto 2271/2004, así como una serie de resoluciones jurisprudenciales.
En cuanto al fallo, hay que establecer que el Tribunal Supremo, tras considerar lo solicitado por el recurrente, falla diciendo que no hay lugar al recurso de casación que se pretende, y se impone a la parte recurrente las costas correspondientes al recurso de casación que se pretende en esta sentencia.
Por tanto, aunque se establezca una subida de puntos en un proceso de acceso a la función pública, se han de alcanzar la nota de corte para poder pasar al siguiente ejercicio en las pruebas de acceso.
Como medidas para conseguir todos estos objetivos, una de las medidas a tomar sería introducir en el ámbito educativo alguna materia que abarque todos estos aspectos desde los niveles más inferiores del sistema educativo, y educar a todas las personas en el derecho a la igualdad y estableciendo mecanismos que permitan a las personas con discapacidad una mejor inserción en sociedad.
Por otro lado, también se tendrían que facilitar estudios, no ya sólo sociológicos, sino también científicos, técnicos y arquitectónicos, no ya sólo para permitir un mejor acceso a los edificios, tanto públicos como privados, de las personas con discapacidad, sino que permitan corregir de una manera más rápida y mejor las deficiencias que estas personas sufren por razón de su discapacidad, ya sea mediante la utilización de mejores materiales para la elaboración de los dispositivos que tengan que utilizar todas las personas con discapacidad en su vida diaria, y que sean más asequibles.
Con lo ya expuesto, se ha de decir que se deberían hacer más estudios sociológicos sobre la inserción laboral de las personas con discapacidad y los resultados que producen esas inserciones, y ver si hay más resultados positivos o negativos, y tratar de corregir todos los errores que salgan en esos estudios.
1.- Parada Vázquez, Ramón. Derecho Administrativo I. Edición 2016.
2.- Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Administrativo. Tirant Lo Blanch.
5.- Guilarte Martín-Calero, Cristina, y García Medina, Javier. a
6.- Convención internacional de las personas con discapacidad.
7.- Comité español de Representantes de las Personas con Discapacidad.
8.- Libro Blanco sobre el acceso a la función pública de las personas con discapacidad. Edición 2009.
9.- Página web del Defensor del Pueblo, en un artículo sobre el acceso a la función pública sobre el tema del trabajo (http://www.defensordelpueblo.es/actuacion-de-oficio/criterios-de-evaluacion-en-el-acceso-a-la-funcion-publica-de-personas-con-discapacidad).
10.- Página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad (https://www.msssi.gob.es/).
11.- Informe de la Unidad de Apoyo a los alumnos con discapacidad en la universidad de Burgos.
12.- Informe de la Gerencia de la Universidad de Burgos sobre reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad en la Universidad de Burgos.
13.- Cuenca Gómez, Patricia, y otros. “Estudios sobre el impacto de la convención internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico español”. Editorial Dykinson S.L. Edición 2010.
14.- Cuenca Gómez, Patricia. “Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Un estudio a la luz de la Convención de Naciones Unidas”. Monografías Derecho. Edición de 5 de julio de 2012.
[4] En la Convención se establecen también dos mecanismos de aplicación: el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, encargado de supervisar la aplicación de la Convención y la Conferencia de los Estados Partes, encargada de examinar cuestiones relacionadas con la aplicación de la Convención. Y así muchos otros órgano
TRABAJO FIN DE GRADOTRABAJO FIN DE GRADO
Un comentario en “El acceso a la función pública de las personas con discapacidad”
Juan David Aponte dijo:
Hola, me podrías dar las referencias de los fallos que analizaste del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Es que no los veo reflejados en el último acápite.