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Timestamp: 2017-11-22 05:45:48
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Razones constitucionales y legales para que la Asamblea Nacional "impruebe" el Decreto de Emergencia Económica. Autor: Dr. José Peña Solís ~ Jurídicas de Interés
Razones constitucionales y legales para que la Asamblea Nacional "impruebe" el Decreto de Emergencia Económica. Autor: Dr. José Peña Solís
martes, enero 19, 2016 Francisco Santana
RAZONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES PARA QUE LA ASAMBLEA NACIONAL “IMPRUEBE” EL DECRETO DE EMERGENCIA ECONOMICA
Premisa introductoria. El denominado “estado de emergencia económica” es una modalidad de Estado de excepción introducida “ex novo” en la Constitución de 1999, siendo que la validez de su declaratoria por el Presidente de la República está sujeta al estricto cumplimiento de los presusupuestos generales previstos en el artículo 337 constitucional, y particularmente del específico enunciado en el artículo 338, primer aparte, ejusdem, así: “cuando se susciten circunstancias económicas, extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación”. Pero lo más importante de destacar es que dado el carácter excepcional del Decreto, toda la normativa que lo regula debe ser interpretada restrictivamente, en virtud de que su vigencia implica un empoderamiento extraordinario del Poder Ejecutivo Nacional para dictar medidas con fuerza de ley a los fines de encarar la crisis (mediante los cuales suspenden temporalmente leyes y actos normativos con fuerza de tales) en el ámbito de los derechos fundamentales, cuyas garantías se restringen en dicho Decreto, de tal manera que como consecuencia del mismo esas garantías se ven correlativamente disminuidas.
Esa es la razón por la cual las Constituciones suelen establecer los controles, y particularmente el parlamentario, que es el que ahora nos interesa destacar, pues si la Asamblea Nacional no examinase y valorase los presupuestos que validan al Decreto de emergencia económica, se corre el riesgo, con grave perjuicio para los ciudadanos, de que “empodere extraordinariamente” injustificadamente al Poder Ejecutivo para dictar medidas contenidas en instrumentos con fuerza de ley en una materia tan sensible y tan trascendental, como son los derechos humanos, en este caso los económicos: la libertad económica (art. 112), la propiedad (art. 115), el derecho de disponer de bienes y servicios de calidad art. 117) y la prohibición de monopolios- libre competencia ( art. 113), con el peligro de que por una derivación arbitraria ese empoderamiento se pueda a extender a otros derechos, por ejemplo, la inviolabilidad del hogar doméstico (art. 47), el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas (art. 48) el libre tránsito ( art. 50), e inclusive las libertades de reunión y manifestación ( art. 53 y 58), como ocurrió recientemente con los decretos de emergencia económica que dictó el Presidente de la República y aprobó la Asamblea Nacional, sin ningún tipo examen a la luz de la Constitución, en los meses de agosto y septiembre de 2015.
Debido a esos riesgos y peligros que pueden derivarse de un incorrecto, por decir lo menos, control del Decreto por parte de la Asamblea Nacional, nos atrevemos a enunciar los vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad que lo afectan, los cuales podrían dar lugar a su improbación por la Asamblea Nacional.
2. Los vicios que presenta el Decreto de Emergencia.
2.1. La carencia de los Presupuestos materiales. La Doctrina del Derecho Público (Peña, N. “Los Estados de Excepción en el Ordenamiento Jurídico Venezolano), sostiene que los presupuestos de cualquier estado de excepción están constituidos – y en el caso que nos ocupa- por circunstancias económicas extraordinarias sobrevinientes o inminentes, cuya existencia debe ser constatada por el Poder Ejecutivo de manera objetiva, para que proceda a declarar válidamente el estado de emergencia económica, pero una vez constada la configuración de esas circunstancias, se requiere que la perturbación que estas originan sea de máxima gravedad (“ afecten gravemente la vida económica de la Nación”), de tal manera que debe poderse establecer una relación causal entre el primero y el segundo presupuesto ( art 337 constitucional). Pero no basta que objetivamente se establezca la aludida relación causal, se requiere además como enseña la Jurisprudencia constitucional colombiana, demostrar de manera fehaciente mediante un juicio de necesidad, que con los medios o potestades ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico no resulta posible conjurar la crisis generada por la situación generada por relación entre los citados presupuestos materiales(crisis). Por cierto que también este requisito aparece destacado en el artículo 337 constitucional en los siguientes términos: “… a cuyo respecto resulten insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos…”.
Solo si el Poder Ejecutivo demuestra de manera objetiva en la motivación del Decreto, que los tres requisitos antes enumerados, de manera concurrente, están presentes, en la configuración de las circunstancias extraordinarias que dan lugar a la declaratoria del Estado de excepción, debería aprobarlo la Asamblea Nacional, pues de lo contrario podría incurrir en la violación de los artículos 337 y 338 constitucionales, en virtud de que incurriría en omisión del ejercicio del control que le impone el artículo 339 ejusdem.
2.1.1. La carencia parcial del presupuesto concerniente a las circunstancias que configuran la situación extraordinaria a que se contrae el artículo 338, primer aparte, constitucional (circunstancias económicas extraordinarias). En principio observamos que la motivación que debe aparecer recogida en los “Considerandos del Decreto” resulta inexistente, pues de la lectura de los mismos se desprende inequívocamente que en realidad alude una mera proclama, cuyos contenidos son muy variados, y su redacción se aproxima mucho a la yuxtaposición, pues existe una conexión muy tenue entre ellos, van desde la invocación del Estado democrático, social, de derecho y de justicia, pasando por la muerte del Presidente Chávez, la guerra económica, la necesidad de la unión patriótica del pueblo etc, para tocar tangencialmente en el tercer considerando lo que debería constituir parte del núcleo de su objeto, como es la necesidad de adoptar “las medidas urgentes y de carácter extraordinario que garanticen al Pueblo venezolano la sostenibilidad de la economía, hasta restablecer satisfactoriamente tal anormalidad y no impedir la extensión de sus efectos”, así como en el quinto considerando, que alude la caída “abrupta” de los precios del petróleo.
Pues bien, insistimos en que de la lectura de los considerandos, en los cuales debería estar contenida la motivación del Decreto exigida constitucionalmente, queda claro que los mismos en forma asistemática se refieren a las medidas que deberá adoptar el Ejecutivo una vez que el Decreto entre vigencia, y a la caída del precio del petróleo, pero de ninguna manera demuestran cuáles son todas las variables que incidirían en la configuración de la situación extraordinaria a que se contrae el artículo 338 constitucional. Ahora bien, en el supuesto de que se admitiera que efectivamente están presentes las circunstancias extraordinarias que originan esa situación, habría que convenir en que las mismas no son sobrevinientes, como lo exige la Constitución atendiendo al principio de necesidad, que según tanto la tanto la doctrina nacional, como extranjera, debe informar a los estados de excepción.
Y no son sobrevinientes porque en realidad en este caso estamos en presencia ciertamente de una grave crisis económica, pero que tiene carácter crónico o endémico, en términos médicos, pues viene gestándose desde el año 2014, y se agravó a partir del segundo trimestre de 2015, aparejándose de esa manera a la caída “gradual”, de ninguna manera “abrupta”, de los precios internacionales del petróleo, entre otras variables. Por tanto, si el Poder Ejecutivo permitió que la crisis económica pasara a ser una situación ordinaria de la vida de los venezolanos, no puede pretender ahora convertirla en una situación extraordinaria a los fines de decretar un estado de excepción, mediante el cual pretende obtener poderes extraordinarios que inciden directamente sobre los derechos fundamentales de las personas. Más aún, en la motivación del Decreto no aparecen por ningún lado los denominados indicadores macroeconómicos (inflación, PIB, crecimiento y sus repercusiones sociales), así como las variables relativas a las políticas fiscal, cambiaria y monetaria, lo que contribuye a reafirmar la ausencia de las circunstancias extraordinarias que configuran la crisis que se pretende conjurar mediante la restricción de las garantías de los derechos económicos, en franco detrimento de los ciudadanos, que constituye el primer presupuesto fáctico o material exigido por los artículos 337 y 338 constitucionales, es decir, falta en el Decreto este primer presupuesto constitucional del Estado de emergencia económica.
2.1.2. La carencia del presupuesto relativo a la máxima gravedad de la perturbación (crisis) originada por las circunstancias extraordinarias. Cuando se leen los Considerandos del Decreto, observamos que debido a su carácter de “proclama” omite casi totalmente este requisito constitucional, pues solo se encuentra un resquicio del mismo en el quinto considerando, en el cual se afirma que la caída “abrupta” de los precios del petróleo afecta gravemente los ingresos fiscales, generando un obstáculo a la ejecución y cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan de la Patria. Pero dicho resquicio asomado de esa manera tangencial y aislada de otras situaciones que caracterizan el contexto socio económico del país, no encuadra en la noción del segundo presupuesto fáctico del estado de emergencia económica, antes examinado ( gravedad de la perturbación, derivada de las circunstancias extraordinarias sobrevinientes), y lo que es más importante, en estricta lógica formal, no resulta posible establecer una relación causal con el primer presupuesto, pues como quedó constatado este también resulta parcialmente inexistente en el Decreto. En otras palabras, también está ausente casi totalmente este presupuesto constitucional del Estado de emergencia económica.
2.1.3. La falta de configuración del prepuesto concerniente a la insuficiencia de facultades en el ordenamiento jurídico, para conjurar la crisis. Pero en el supuesto de que ciertamente de la motivación del Decreto fuese posible inferir la conjugación causal del primero y el segundo presupuesto de validez, resulta muy dudoso predicar la inexistencia de potestades administrativas conferidas por el ordenamiento jurídico al Poder Ejecutivo para encarar la crisis, máxime si se tiene en cuenta que recientemente en ejecución de la última Ley habilitante el Presidente de la República dictó un número desproporcionado de decretos con fuerza de ley, una gran mayoría de ellos en materia económica y financiera, cuya lectura revela que en los mismos aparecen aumentadas significativamente las facultades de la Administración Pública y flexibilizado los procedimientos de actuación ( cfr Decreto con Fuerza de Ley Orgánica del Banco Central de Venezuela, de la Administración Financiera del Sector Público, Decreto con fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, del Impuesto sobre la Renta, de Mercados de Valores, Seniat, de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, entre otros, y también sobre la base de otra ley habilitante, en diciembre de 2014 fueron dictados los Decretos con fuerza de Ley de la Administración Pública, Decreto con fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, Decreto con fuerza de Ley de Bienes Públicos, del Banco de Desarrollo Económico y Social, entre otros). En todos ellos –reiteramos- fueron aumentadas significativamente las potestades del Presidente de la República en materia económica y financiera.
Pues bien, aparte de que la panoplia de medidas que aparecen enunciadas en el artículo 2 del Decreto, son excesivamente genéricas, quizás valga la pena señalar que la mayoría de ellas pueden ser adoptadas mediante el recurso de las potestades que le confieren las leyes vigentes a la Administración Pública. Así por ejemplo, la contenida en el numeral 1, relativa a la disposición de los recursos provenientes de las economías presupuestarias del ejercicio económico financiero de 2015, economías que resultan de la práctica viciosa de calcular el presupuesto de ingreso por debajo de la realidad, las cuales no deben ser muchas, porque según las noticias de prensa, la Comisión Delegada le aprobó el último día de su mandato (4-1-2016), en forma “exprées” y se podría sostener que irregularmente, porque todavía no se había comenzado a ejecutar el presupuesto ordinario de 2015, 200000 millones de bolívares en créditos adicionales al Ejecutivo Nacional, que seguramente estarán destinados a sufragar los gastos relativos a las misiones sociales a que se contrae ese numeral. Y en todo caso, la vía de los créditos adicionales es un mecanismo expedito para transferirle a la Administración el resto de esas economías de 2014, pues es dable pensar que si se cumplen los requisitos legales, la Asamblea le dará la máxima celeridad al trámite de aprobación.
En el caso del numeral 3, atinente al diseño e implementación de medidas especiales, de aplicación inmediata para la reducción de la evasión y de la elusión fiscal, tampoco se requiere potestad extraordinaria, pues basta aplicar el Código Orgánico Tributario que confiere amplias facultades en esa materia a la Administración Tributaria.
También la medida prevista en el numeral 4 del artículo 2, concerniente a la dispensa de las modalidades y requisitos de contrataciones públicas, resulta innecesaria, pues esa misma flexibilidad y celeridad se puede lograr aplicando la modalidad de contratación directa, en virtud de que el artículo 115 del Reglamento del Decreto con fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, establece que en la Contratación Directa “el tiempo para la adjudicación debe ser inferior al establecido para la modalidad de selección de contratista que corresponda. Por tanto, se puede agilizar al máximo el proceso de contratación aplicando el citado dispositivo normativo, pues el tiempo de adjudicación siempre será menor de sesenta días, que es el plazo de duración del Decreto de emergencia.
La medida prevista en el ordinal 5° atinente a la dispensa de los trámites, procedimientos y requisitos para la importación y nacionalización de mercancías puede ser dictada aplicando la legislación vigente en materia de aduana, de simplificación de trámites administrativos y el COT.
Las previstas en el numeral 6 relativas a la agilización del tránsito de mercancías por puertos y aeropuertos de todo el país, basta con aplicar la misma legislación enunciada anteriormente, razón por la cual no se requiere “desaplicar” ninguna ley para lograr esa finalidad. Cabe recordar que mediante los decretos leyes que se dictan bajo un Estado de excepción no se desaplican normas de rango legal, sino que se suspende temporalmente su ejercicio.
Las medidas previstas en el numeral 7, relativas a la dispensa de los trámites cambiarios establecidos por CENCOEX, si son establecidos por esta Administración, pueden ser dispensados por ese instituto autónomo o por su órgano de adscripción, si fuere el caso, mediante providencias o reglamentos. Cabe recordar que las providencias son los actos normativos más usados durante 17 años para realizar ese tipo de dispensas, por eso extraña la exquisitez jurídica que ahora el Ejecutivo requiera decretos leyes de carácter temporal para lograr ese objetivo.
La medida prevista en el numeral 8, igual que en todas las anteriores resulta innecesaria, en virtud de que puede ser adoptada mediante las providencias administrativas, como se ha venido haciendo hasta ahora, mediante el establecimiento de obligaciones a las empresas de producir determinado tipo de arroz o de maíz, o de reorientar la producción hacia determinado sector.
Con relación al numeral 9, que aparentemente es el que más peligro entraña porque introduce la figura de la requisición de bienes, que es un acto administrativo de carácter excepcional existente en el ordenamiento jurídico de cualquier país, ya se viene aplicándo de facto mediante la figura de la ocupación temporal del establecimientos o bienes indispensables para el desarrollo de la actividad, sin las garantías teóricas de la requisición, prevista en el Decreto con fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos. Pero la requisición propiamente dicha está prevista en el artículo 147, num 4, del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de Seguridad de Seguridad y Soberanía Alimentaria, como medida preventiva, e igualmente en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación, únicamente a los fines de la defensa de la República. Por tanto, la requisición a que alude el Decreto de Emergencia encuadra dentro de las medidas que pueden ser dictadas conforme a las previsiones de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción, y en tal sentido tendría un carácter general y naturaleza constitutiva, y sería la única medida parcialmente nueva.
Con relación al numeral 10, concerniente a la adopción de las medidas para estimular la inversión extranjera, así como las exportaciones de rubros no tradicionales, es claro que una medida que va durar sesenta días o a lo sumo ciento veinte, carece de sentido, por la naturaleza de la inversión extranjera o de la exportación de rubros no productivos, lo que torna nugatoria su eficacia.
Con relación al numeral 11, concerniente al desarrollo y protección del Sistema de Misiones y Grandes Misiones Socialistas, es evidente que ninguna medida de una duración de sesenta días o a la sumo 120, puede resultar eficaz y eficiente para lograr ese desarrollo, el cual naturalmente únicamente puede lograrse en un período que supere ese lapso, lo que impone que la Administración deba acudir al uso de las potestades ordinarias que le confieren las leyes vigentes.
En definitiva, queda demostrado que casi la totalidad de las medidas enunciadas en forma genérica en el artículo 2 del Decreto de Emergencia Económica, pueden o deben ser diseñadas y ejecutadas haciendo uso de las potestades que a la Administración Pública le confieren las leyes vigentes. Quizás lo más peligroso del Decreto son las medidas no enunciadas o residuales, a que se contrae el artículo 2, encabezamiento, que las identifica como aquellas que considere conveniente dictar el Ejecutivo Nacional, porque una vez que el Parlamento apruebe el Decreto concede una especie de “cheque en blanco” al Ejecutivo en esta clase de medidas, pues durante sesenta días ni siquiera podrá modificarlas ni derogarlas. Esto resulta más grave aún si se tiene en cuenta la situación actual del Poder Judicial, que sería el único encargado de juzgar su constitucionalidad.
En suma, a la luz de los razonamientos anteriores queda demostrado que no se configura el tercer presupuesto de validez del Decreto de estado de emergencia relativo a la inexistencia de potestades en el ordenamiento jurídico, cuyo ejercicio permita ejecutar medidas eficaces para encarar la crisis constitucional, como tampoco se configuran los presupuestos antes examinados; de allí que en nuestro criterio, se imponga la improbación del Decreto de Emergencia Económica, máxime si tiene en cuenta que se requiere la concurrencia de los tres supuestos para la validez del Decreto.
3. La falta de enunciación en el Decreto de Emergencia Económica de las garantías restringidas de los derechos consagrados en la Constitución. Este vicio es muy grave porque en aras de tutelar los derechos fundamentales, la Constitución en sus artículos 337 y 339 impone al Presidente de la República el deber de enunciar en el Decreto declaratorio del estado de excepción, las garantías constitucionales restringidas. Así, el primero establece “… En tal caso podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución…” , y en el segundo “El decreto en el que se declare el estado de excepción, en el cual se regulará el derecho cuya garantía se restringe…” Por supuesto, que el indicado deber no aparece establecido literalmente, pero es de lógica elemental admitir que si el Presidente puede restringir las garantías, y decide hacerlo, sin duda tiene que precisar en el Decreto cuáles son las garantías son restringidas. Igualmente ocurre con el artículo 339, pues si está obligado regular el derecho cuya garantía se restringe, esa garantía indefectiblemente debe quedar identificada en el Decreto.
Pues bien, este Decreto, a diferencia del dictado el 21 de agosto de 2015, declaratorio del Estado de excepción en varios municipios del Estado Táchira, así como los posteriores de ese mismo año, contenía en su artículo 2, la identificación de los cinco derechos, cuyas garantías se restringían, carece totalmente tanto en sus considerandos, como en su texto, de la enunciación de esos derechos, pues en su encabezamiento contentivo de su fundamentación alude a todas las disposiciones constitucionales generales referidas a los Estados de excepción y a las disposiciones generales sobre los mismos contenidas en la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción. Insistimos en la gravedad de este vicio del Decreto, porque al no conocer la Asamblea Nacional los derechos cuyas garantías son restringidas, está impedida materialmente de emitir un pronunciamiento, en virtud de la ausencia del núcleo del Decreto, razón por la cual se impone su improbación.
Aprobarlo en la forma en que está planteado sería otorgarle al Ejecutivo Nacional unos poderes exhorbitantes en una materia tan transcendente como es la concerniente a la de los derechos fundamentales económicos, cuyas garantías serían las únicas susceptibles de ser restringidas. Y esta advertencia no es baladí porque ya indicamos supra que con los anteriores Decretos de Estados de excepción de 2015, que supuestamente también eran de emergencia económica, aunque el Ejecutivo, pensamos que deliberadamente se abstuvo de calificarlos como tales, para de esa manera restringir las garantías de derechos económicos, civiles y políticos, como efectivamente ocurrió, sin limitarse únicamente a los primeros, como dispone el texto constitucional.
En esta oportunidad la estrategia parece ser la misma, pero agravada por la ausencia de la identificación de las garantías restringidas, y por la enunciación de un conjunto de medidas que ni siquiera por inferencia pueden ser aparejadas a esas garantías, y a la presencia, como ya dijimos, de medidas no enunciadas o residuales, que podrá dictar el Presidente de la República durante sesenta días que restringirán las garantías constitucionales que se le ocurran al Jefe del Estado, sin que contra ellas el Parlamento pueda adoptar medida alguna, salvo la revocación del Decreto de Estado de excepción, pero para ello se requiere conforme a la Constitución, que hayan cesado las causas que lo motivaron, lo que resulta sumamente difícil de probar, porque tampoco el Decreto contiene esas causas. Ya conocemos con certeza la direccionalidad de las sentencias del TSJ en los juicios en los cuales el Ejecutivo es demandado o demandante; de allí, que en nuestro criterio, desde el punto de vista jurídico el camino que le quedaría la Asamblea Nacional, visto el limbo jurídico que se origina con la falta de enunciación de las garantías restringidas en el Decreto y de la presencia de medidas no enunciadas o residuales que podrá dictar el Poder Ejecutivo en detrimento de los derechos fundamentales, sería el de su improbación, lo que no quiere decir que si el Decreto se presenta nuevamente ajustado a los términos de la Constitución y de la LOSEE, no pueda ser aprobado.
4. Una nota adicional sobre el procedimiento de consideración y aprobación del Decreto por la Asamblea Nacional. Es cierto que la Constitución establece claramente que una vez dictado el Decreto deberá ser presentado dentro de los ocho días siguientes (obviamente continuos, porque en esta materia rige el principio de necesidad), para su consideración y aprobación por la Asamblea Nacional, razón por la cual atendiendo al tenor literal de la norma podría pensarse que el Parlamento dispone de todo ese lapso para emanar el pronunciamiento de aprobación o “improbación”. Sin embargo, la cuestión no es tan simple porque debe hacerse notar que el referido lapso es para que el Ejecutivo lo presente al Parlamento, no un plazo para que este órgano adopte su decisión. En ese orden de ideas parecería desacertado que si el Ejecutivo presenta el Decreto el último de esos ocho días, la Asamblea Nacional pueda tomarse ocho días más para emanar su pronunciamiento, máxime si están en juego dos intereses esenciales: la conjuración de una crisis constitucional y la preservación de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Pensamos que por esa razón el legislador en ejercicio de su potestad configuración, seguramente atendiendo al aludido principio de necesidad que informa a los Estados de excepción, y a las tendencias presentes en el Derecho comparado en esta materia, decidió desarrollar el precepto constitucional, estableciendo en el artículo 27 de la LOSEE, que el Decreto “ …será aprobado por la mayoría absoluta de los diputados y diputadas presentes en la sesión especial que se realizará sin previa convocatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse hecho público el decreto. Si por caso fortuito o fuerza mayor la Asamblea Nacional no se pronunciare dentro de los ocho días continuos siguientes a la recepción del Decreto, este se entenderá aprobado”.
Pues bien, ciertamente existe una contradicción sobre el inicio del lapso de cuarenta y ocho horas para la celebración de la sesión especial, y el lapso para considerar aprobado tácitamente el decreto, pues el inicio del primero es después de haberse hecho público, y del segundo después de la recepción del Decreto, pero la misma no resulta relevante, pues estimamos que se trató de un error del legislador al colocar como fecha de inicio del lapso, la de su publicidad, pues es lógico que esta no pueda ser la fecha que dé lugar al inicio del procedimiento de de un órgano colegiado integrado por ciento sesenta y siete miembros, sino la que se corresponde con la recepción texto del decreto en el seno del Parlamento, porque es la que otorga certeza y seguridad a los fines de que se celebre la sesión especial a que se contrae el citado precepto, la cual por obra de la ley no requiere convocatoria.
Es así que en el presente caso el lapso para la celebración de la sesión especial se inició el día que el Presidente de la República consignó al Presidente de la Asamblea, el Decreto de Emergencia Económica (15-1-2016), y es a partir de esa fecha que se cuentan las cuarenta y ocho horas dentro de las cuales se realizará la mencionada sesión especial, y cabe recordar que de conformidad con el artículo 59 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional, las sesiones especiales se celebrarán cuando el Cuerpo las acuerde, y en ellas solo se tratará del objeto de la convocatoria. Por supuesto que en el caso que nos ocupa el acuerdo se produjo “ope legis”, e igualmente fue fijado el único punto de la agenda: considerar y aprobar o improbar el Decreto, lo que en principio, de conformidad con el citado artículo 27 de la Ley debe hacerse dentro del referido plazo de cuarenta y ocho horas, pero puede ocurrir siempre que se trate de la misma sesión especial que se exceda el mismo unas horas o en un día, pues parece dudoso que pueda convertirse en una sesión permanente a la luz del artículo del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.
Pero lo que si resulta contrario a la naturaleza de la materia tratada es que se pretenda enmendar tácitamente el Decreto, mediante la comparecencia de los representantes del Ejecutivo, pues este debe estar dotado de la nota de autosuficiencia, y por tanto bastarse por sí mismo para que el Parlamento emita su pronunciamiento. Por otro lado, no debe olvidarse, en primer lugar, que de conformidad con la LOSEE, el Decreto no admite modificaciones o enmiendas, y en segundo lugar, que entra en vigencia con todas sus consecuencias jurídicas desde el momento de su adopción por el Presidente de la República. Sin embargo, esto no obsta para que en el seno de la Asamblea sea designada una Comisión para el Examen del Decreto, y presente un informe al Pleno a los fines de su aprobación o improbación.
Primera: El examen del Decreto de Emergencia Económica evidencia que no cumple con los tres presupuestos fácticos previstos de manera general para condicionar la validez de la declaratoria de todos los Estados de excepción en el artículo 337 constitucional, y en lo particular, en el artículo 338, para el caso del Estado de excepción bajo la modalidad de Estado de Emergencia Económica.
Segunda. Se evidencia de manera incontestable que ni en sus considerandos ni en su texto el Decreto enuncia los derechos, cuyas garantías son restringidas, lo que resulta un vicio de inconstitucionalidad que se agrava porque las medidas enunciadas de manera extremadamente genéricas no permiten relacionarlas con las garantías suspendidas, y mucho menos permiten establecer esa relación las “no enunciadas o residuales”, razón por la cual de ser aprobado el Decreto abriría el campo a la arbitrariedad del Poder Ejecutivo en un ámbito tan sensible como el de los derechos fundamentales, pudiendo dictar todo tipo de medidas que afecten cualquier clase de derecho fundamental, desde luego, cuyas garantías son susceptibles de restricción, no solo en el de los derechos económicos, como debe ser. Esta situación que se agrava más aún, si se tiene en cuenta el estado de postración en que se encuentra el Poder Judicial. Por tanto, a se impone, en nuestro criterio, por razones constitucionales y legales la IMPROBACION del aludido Decreto.
Tercera. Las dudas que pudieren surgir en cuanto a la duración del lapso para que la Asamblea ejerza el control sobre el Decreto de Emergencia Económica son resueltas por el artículo 27 de la LOSEE, en el sentido de que la sesión especial debe celebrarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción del Decreto en el Parlamento, y en principio es ese lapso el fijado legalmente para que el Parlamento emita su pronunciamiento.
JOSE PEÑA SOLIS
NOTA DEL EDITOR: Contando con la autorización del autor, compartimos con ustedes el siguiente análisis jurídico realizado por el Prof. Dr, José Peña Solís, Magistrado Emérito del TSJ y autor de enjundiosa bibliografía sobre Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Atte., FSN.
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