Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/736032221
Timestamp: 2020-08-06 16:50:14
Document Index: 336125071

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 35', 'artículo 250', 'artículo 136', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 228', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 36']

Sentencia de Tutela nº 311/18 de Corte Constitucional, 30 de Julio de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 736032221
PROTECCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Se atribuye a las entidades accionadas la vulneración de derechos fundamentales de una mujer que en varias oportunidades acudió a sus despachos para denunciar actos de violencia intrafamiliar por parte de su cónyuge y para solicitar medidas eficaces que la protegieran de dichas situaciones. Se abordan la siguiente temática: 1º. La violencia contra las mujeres. 2º. La violencia intrafamiliar y su relación con la protección de la familia y la mujer. 3º. El delito de la violencia intrafamiliar, sus características y evolución en la ley penal. 4º. Las medidas judiciales, de policía y administrativas para superar la violencia contra la mujer en el contexto familiar y, 5º. El principio de justicia material y las facultades extra y ultra petita del juez de tutela. Luego de considerar que las autoridades demandadas no ofrecieron una atención oportuna y adecuada a la peticionaria para salvaguardar su integridad física y psicológica, la Sala decide CONCEDER el amparo invocado y dictar una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados. Recibo Relatoria:
Acción de tutela instaurada por G.A.C[1] en contra de las F.ías 35, 38 y 57 Locales –C.- de la ciudad de Cali.
La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados C.B.P., A.R.R. y J.F.R.C., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente
Dentro del trámite de revisión del fallo dictado por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, al interior de la acción de tutela interpuesta por G.A.C, contra la F.ía General de Nación.
La señora G.A.C interpuso acción de tutela contra la F.ía General de Nación, la Policía Nacional de Colombia y la Comisaría de Familia Los Mangos del Distrito de Aguablanca por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad, al acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana y a vivir libre de violencia.
Narró la accionante que es una persona mayor de 60 años y que hace 21 años vive con su cónyuge en la misma residencia.
Señaló que en alguna oportunidad su cónyuge la empujó contra un baño dejándola inconsciente, que una incorporó siguió golpeándola, lo cual le ha producido cicatrices en la cara y en el cuerpo. Agregó que en el año 2008 interpuso denuncia por haber recibido golpes en las manos, patadas, puños, rayones en la cara y en el pecho, además de palabras soeces. Tal denuncia le correspondió el impulso de la misma a la F.ía 38 local de Cali, sin que se hubiere tomado medida alguna de tipo judicial o de protección.
Comunicó que en el año 2014 presentó una nueva denuncia con ocasión de nuevos actos de violencia, consistentes en el intento de ahorcamiento mientras dormía, al punto de partir la cama en la cual pernoctaba, episodio durante el cual su cónyuge le manifestaba su deseo de matarla. Esta denuncia fue asignada a la F.ía 57 local C., sin que tenga conocimiento de lo acaecido con dicho trámite, o hubiera recibido respuesta que proteja sus derechos.
Aseguró que en el año 2017 presentó de nuevo dos denuncias por hechos ocurridos los días 10 y 24 de marzo. Explicó que en la primera fecha su esposo nuevamente intentó ahorcarla y en la segunda la agresión consistió en “retorc[erle]” la piel de la cara. El impulso de estas diligencias le correspondió a las F.ías Locales 57 y 38[3]. También refirió que a pesar de la existencia de valoraciones de medicina legal que dan cuenta de la existencia de un riesgo grave y la “cronicidad, la frecuencia y la intensidad de las agresiones…”[4] a la fecha de interposición de la acción no se había tomado alguna medida de protección, y menos aún se había realizado alguna acción para investigar y sancionar la violencia de la cual es víctima.
Informó que también acudió a la Comisaría de Familia de Los Mangos, despacho que el 13 de marzo de 2017 se realizó una audiencia que la actora consideró indebidamente manejada por la comisaria, pues se propusieron temas de carácter sexual y se le sugirió que el conflicto de su relación dependía de ese aspecto. Así mismo, aseguró que se le propuso como única solución aceptar la propuesta económica de su cónyuge respecto de la vivienda. Durante el trámite de revisión se aportó copia de una diligencia adelantada en dicha Comisaría el 18 de mayo de 2017 a la cual solo asistió el señor R.G.M, quien negó haber realizado las agresiones informadas por la accionante, pues se ha limitado a “cogerla de los brazos, zarandearla por que (sic) me da mucha rabia con ella”.[5]
Puso de presente que su compañero le ha manifestado la intención de deshacerse de ella para disfrutar de la casa que ocupan, la ha amenazado de muerte y destacó que no denunció todos los episodios de violencia que ha sufrido, pues en las oportunidades que lo ha hecho “no han cumplido ni (sic) siquiera función de prevención frente a nuevas agresiones”[6].
Afirmó que ha solicitado protección a la Policía Nacional, pero los policiales no siempre se han presentado en los lugares en los cuales ha sido agredida; y cuando lo han hecho le han manifestado que debe irse de su casa para evitar los actos de violencia, sin que ello sea posible, pues no cuenta con los recursos económicos suficientes para irse a vivir a otro lugar y debido a su edad le es muy difícil conseguir trabajo.
De acuerdo con esos hechos, la accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, “a la seguridad”, al acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana y “el derecho como mujer a vivir libre de violencia” y, en consecuencia, se ordene a la F.ía General de la Nación solicitar ante un juez con función de control de garantías la captura de su agresor, la posterior formulación de imputación en su contra; y la adopción de las medidas de protección previstas en los artículos 16 y 17 de la Ley 1257 de 2008.
El trámite fue conocido inicialmente por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali que el 19 de abril de 2017 avocó el conocimiento de la acción de tutela y dispuso correr traslado de la misma a los demandados. Asimismo, vinculó a las F.ías 35 y 57 Locales de Cali, a las Estaciones de Policía del barrio D. y Sol de Oriente Unidad de Reacción Inmediata de Los Mangos para que se pronunciaran sobre los hechos de la demanda. Negó la medida provisional solicitada por la accionante. Sin embargo, requirió a la Comisaría de Familia verificar que las medidas dispuestas garanticen suficientemente la seguridad de la accionante y de ser necesario adoptara las que correspondan, inclusive el desalojo del accionado.
Posteriormente, mediante autos del 20 y 28 de abril de 2017[7] se dispuso la vinculación al trámite de la F.ía 38 Local de Cali y del Señor R.G.M., cónyuge de la accionante.
Impugnada la decisión, le correspondió el conocimiento del asunto a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que con fallo del 20 de junio de 2017 resolvió confirmar la sentencia objeto de impugnación, y sin perjuicio de ello, anuló lo tramitado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali contra las F.ías 35, 38 y 57 Locales de la dicha ciudad y, en consecuencia, ordenó remitir copia del expediente a los juzgados penales del circuito, para que efectuaran el reparto correspondiente a fin de que se avoque el conocimiento de la acción de tutela presentada en contra de dichas autoridades.
Repartida nuevamente la acción, correspondió por reparto al Juzgado 21 Penal del Circuito de Cali, que en cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, avocó el conocimiento del trámite con auto del 5 de julio de 2017.
F.ía 38 Local C. –sede Aguablanca- de la ciudad de Cali. El 12 de julio de 2017, informó que conoció la indagación radicada bajo el número 760016000679200801821, asignada a su despacho el 15 de julio de 2008 en la cual aparece como denunciante la señora G.A.C y como denunciado el señor R.G.M por el delito de violencia intrafamiliar con ocasión de los hechos ocurridos el 15 de junio de 2008.
Señaló que el 14 de julio de 2008, el Asistente de F.I. le entregó a la denunciante un oficio para el C. de la Estación de Policía D. solicitando protección policiva para ella; también remitió comunicación al Instituto de Medicina Legal para que se le realizara un reconocimiento médico legal; y finalmente se citó al presunto agresor para llevar a cabo diligencia de conciliación.
F. 35 Local -adscrita a la Unidad C.-. Con escrito del 12 de julio de 2017 informó que no vulneró los derechos fundamentales de la señora G.A.C por cuanto la noticia criminal a la que esta hace mención y que corresponde al radicado 760016000679201700444, no fue asignada a su dependencia y siempre ha estado bajo la dirección de la F.ía 57 Local –C.-, según los datos registrados en el sistema de información SPOA. Precisó que en su cargo de Asistente de F. adscrita a la unidad C., con ocasión de dicha denuncia, expidió oficio solicitando medidas de protección a la estación de Policía D., actuación que adelantó antes de ser la titular de la F.ía 35 Local -C..[9]
F. 57 Local -C.-. El 12 de julio del año 2017 informó que el radicado 760016000679201403251 corresponde a una denuncia presentada el 07 de octubre del 2014 por la señora G.A.C. Indicó que el mismo día se le dieron a conocer sus derechos como víctima y se remitió orden de protección dirigida a la Estación de Policía D..
Manifestó que el 13 de marzo de 2017, nuevamente se hizo presente la accionante en la F.ía General de la Nación para formular denuncia en contra de su cónyuge refiriendo que fue agredida verbal y físicamente. La causa quedó radicada bajo el número 760016000193201709795 por el delito de violencia intrafamiliar y se asignó a su despacho.
Señaló que la víctima fue remitida a valoración por medicina legal, cuyo dictamen arrojó una incapacidad definitiva de seis días sin secuelas médico legales[10], igualmente se envió a examen de riesgo; sin embargo, la constancia del mismo no reposa en el expediente debido a que la señora G.A. no entregó el documento al despacho de la F.ía. Finalmente se citó a entrevista para ampliar los hechos el 27 de abril del 2017 a las 8:30 a.m, sin que aquella hubiera asistido.
Hizo énfasis en que la accionante indicó en las tres denuncias formuladas como dirección de notificaciones la carrera (…), siendo este el lugar al que se le han enviado todas las citaciones sin que ella atendiera el llamado de la F.ía, “mostrando su renuencia a comparecer ante el despacho”.
Con fallo del 18 de julio de 2017, el Juzgado 21 Penal del Circuito de Cali declaró improcedente el amparo solicitado por la señora G.A.C. Argumentó que este trámite solo puede prosperar ante la prueba de la vulneración o amenaza de un derecho fundamental, lo cual no se demostró. Resaltó que las actuaciones desplegadas por las F.ías accionadas se han adelantado de conformidad con la normatividad legal, sobre todo cuando el Juzgado 20 Penal Municipal con Función de Control de Garantías aceptó y ordenó medidas de protección a favor de la accionante.
Consideró que las F.ías vinculadas han realizado las diligencias que corresponden frente a las denuncias de la accionante anotando que la renuencia de la demandante a comparecer ante el ente acusador dificulta el proceso.
A continuación se relacionan las pruebas aportadas en el trámite de la acción de tutela:
Copia de valoración clínica realizada en el Centro Médico Santa Clara el día 24 de marzo de 2017 a la señora G.A.C[12].
Copia del formato único de noticia criminal del 7 de octubre de 2014 radicada con el Spoa 760016000679201403251.[16]
Copia de la solicitud de valoración médico legal a la señora A.C, suscrita por la Unidad de Reacción Inmediata de Cali sin fecha cierta.[21]
xiv) Copia del oficio n.º 0253 del 10 de marzo del 2017, dirigido por la Comisaría de Familia del Distrito de Aguablanca al C. de la Estación de Policía Los Mangos de la ciudad de Cali, por medio del cual solicitó protección para la señora G.A.C.[25]
Aportadas por la F.ía 38 Local –C.- de Cali
xx) Copia del oficio FGN-CAVIF 76001600067992008-0121 del 14 de julio de 2008, por medio del cual la F. 38 –C.- solicitó protección policiva urgente para la accionante.[32]
xxi) Copia de la boleta de citación del 14 de julio de 2008 para llevar a cabo audiencia de conciliación el día 29 de julio de la misma anualidad, dirigida al señor R.G por parte de la F. 38 Local –C.-.[33]
xxii) Copia del oficio FGN-CAVIF 76001600067992008-1821 del 14 de julio de 2008 dirigido al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses –Sección de Reconocimientos- de la ciudad de Cali, por medio del cual la F. 38 Local –C.- solicitó una valoración de la señora G.A.C.[34]
xxiii) Copia del acta de conciliación llevada a cabo el 29 de julio de 2008 en la F.ía General de la Nación –Dirección Seccional de F.ías de Cali, F.ía 38 C. de Aguablanca- al interior de la investigación radicada 76001600067922008-01821.[35]
Aportadas por la F.ía 35 Local –C.- de Cali
xxiv) Copia del registro de información del sistema Spoa, según el cual ninguna de las denuncias radicadas por la señora A.C ante la F.ía General de la Nación han sido asignadas a la F.ía 35 Local –C.- de la ciudad de Cali.[36]
xxv) Copia de oficio del 7 de octubre de 2017 suscrito por Asistente de F.I. en turno de disponibilidad –Sala de denuncias de la F.ía General- dirigido al C. de la Estación de Policía D. de Cali, a través del cual se solicitó protección para la señora G.A.C.[37]
Aportadas por la F.ía 57 Local –C.- de Cali
xxvi) Copia del proceso penal con Spoa 760016000679201403251 que consta de: denuncia interpuesta por la señora G.A.C en contra del señor R.G.Mpor el delito de violencia intrafamiliar el 07 de octubre de 2014; solicitud de medidas de protección dirigida al C. de la Estación de Policía D.; acta de derechos y deberes de las víctimas; formato de programa metodológico (contenido ilegible); citación a entrevista del 15 de enero de 2015 dirigida a la señora G.A.C; constancia de inasistencia del 3 de febrero de 2015; constancia del 13 de marzo de 2015 sobre comunicación telefónica fallida; orden de archivo del 22 de julio de 2015 y oficio del 7 de septiembre de 2014 dirigido a la señora G.A.C a través del cual se le informa el archivo de la investigación.[38]
xxvii) Copia del proceso penal con Spoa 760016000193201709795 compuesto de: denuncia interpuesta por la señora G.A.C en contra del señor R.G.M por el delito de violencia intrafamiliar el 13 de marzo de 2017; solicitud de valoración médico legal del 13 de marzo de 2017; solicitud de medidas de protección dirigida a C. Estación de Policía del Barrio Tercer Milenio Pizamos de fecha 13 de marzo de 2017; formato de valoración de riesgo en casos de violencia intrafamiliar, sin fecha; copia de informe pericial de medicina legal del 14 de marzo de 2017; formato de programa metodológico del 23 de marzo de 2017; citación librada a la señora G.A.C para recibir entrevista de fecha 23 de marzo de 2017.[39]
xxiii) Copia del proceso penal con Spoa 760016000679201700444 compuesto de: denuncia interpuesta por la señora G.A.C en contra del señor R.G.Mpor el delito de violencia intrafamiliar el 24 de marzo de 2017; copia de atención médica del 24 de marzo de 2017; solicitud de valoración médico legal del 24 de marzo de 2017; formato de valoración de riesgo en casos de violencia intrafamiliar, sin fecha; solicitud de medida de protección dirigida a la Estación de Policía D. del 24 de marzo de 2017; formato de programa metodológico del 6 de abril de 2017; constancia del 20 de abril de 2017 sobre existencia de otra investigación por los mismos hechos, disponiéndose su anexión a la misma -760016000193201709795.[40]
xxix) Copia de la solicitud de medida de protección del 24 de marzo de 2017 dirigida por la F.ía General de la Nación a la Policía Nacional dentro del proceso radicado con el Spoa 760016000679201700444.[41]
xxxi) Oficio S-2017-/DISPO4-ESTP05-22.25 del 20 de abril de 2017 suscrito por el C. de la Estación de Policía D. a través del cual se informan acciones adelantadas para cumplir medidas de protección a favor de la señora G.A.C. [43]
La Sala de Selección número once[45], mediante auto del 24 de noviembre de 2017, dispuso seleccionar para revisión este asunto.
El 28 de febrero de 2018 el Despacho sustanciador decretó la práctica de las siguientes pruebas:
(i) A la F.ía 57 Local C. se le solicitó copia de las actuaciones llevadas a cabo con ocasión de las denuncias interpuestas por la accionante en contra del señor R.G.M por el delito de violencia intrafamiliar, así como un informe sobre las medidas de protección tomadas a favor de la accionante y el estado actual de las denuncias presentadas.
El 21 de marzo de 2018 se dispuso vincular al trámite al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Unidad Básica de Aguablanca y a la EPS COOMEVA de Cali; suspender los términos y requerir nuevamente a las fiscalías accionadas para que enviaran la información que se les había solicitado en el auto anterior; de manera específica se le solicitó a la F.ía 38 Local de Cali que se informara el resultado de la remisión a medicina legal de la accionante en desarrollo de la investigación que le fue asignada y copia de los que se hubieran obtenido.
A la F.ía 57 Local de Cali se le solicitó, además de lo requerido en el auto del 28 de febrero de 2018, copia de las citaciones libradas a la accionante con los correspondientes recibidos y un informe de la razón por la cual, al parecer, aún no se habían adelantado diligencias en las investigaciones que tiene a su cargo, así como para exigir la “valoración de riesgo de la víctima” y considerar insuficiente el dictamen de medicina legal respectivo.
A la accionante se le solicitó informar si cuando interpuso las denuncias en los años 2008, 2014 y 2017 fue remitida a medicina legal, si acudió a las respectivas valoraciones, si las radicó en la F.ía correspondiente y en caso de no haberlo hecho, señalar la razón. También se le requirió para que en caso de contar con las valoraciones aportara copia de las mismas e informara si la F.ía o la Comisaría habían adelantado actuaciones adicionales a las informadas en la tutela y si después de su interposición su esposo había ejecutado algún acto en su contra. Asimismo se le solicitó información sobre el estado actual de la convivencia y si había acudido a la EPS C. a fin de recibir la atención psicológica dispuesta por la Comisaría de Familia Los Mangos del Distrito Aguablanca.
En esa providencia se requirió a C. de Cali información sobre la atención médica o especial derivada de situaciones de violencia intrafamiliar que le hubiera ofrecido a la accionante.
El 3 de mayo de 2018 el despacho sustanciador dispuso correr traslado de la acción de tutela a C. EPS y al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Unidad Básica Aguablanca. En esa providencia también se decretaron las siguientes pruebas:
Se solicitó a la F.ía 57 Local CAVIF de Cali (Valle del Cauca) que una vez se realizara la audiencia de formulación de imputación al interior del expediente 760001932001709795 la cual tiene anexa la investigación 760016000679201700444 envíara copia del acta y del correspondiente registro audiovisual.
(iii) A la EPS C. de Cali se le reiteró el requerimiento realizado en el sentido de informar si ha ofrecido atención médica y/o una atención especial derivada de situaciones de violencia intrafamiliar a la accionante y en caso afirmativo debía señalar qué servicios le ha prestado y remitir copia de los documentos que los acrediten.
Comisaría de Familia Los Mangos del Distrito Aguablanca de Cali. El 5 de marzo de 2018 la titular del despacho allegó un informe con el cual aportó el expediente adelantado en esa dependencia; sin embargo, el documento no tiene firma. Posteriormente -21 de marzo de 2018-, ese despacho envió oficio a través del cual informó que las actuaciones allí adelantadas ya las había enviado el 2 de marzo de 2018. [46]
El 27 de marzo dicha funcionaria reiteró dicha información y agregó que presentó denuncia en contra de la accionante por los delitos de injuria y calumnia y que el expediente enviado es la prueba que quiere hacer valer en este trámite, dado que su actuación se adelantó en los términos estipulados en la Ley 575 de 2000, sin violación de los derechos de la actora. También explicó que el desacuerdo de la accionante surge de no haberse ordenado el desalojo del señor R.M., quien también manifestó que era objeto de maltrato por parte de la actora. Finalmente señaló que las preguntas que realizó sobre la convivencia como pareja las efectuó con el propósito de establecer si debían “iniciar el proceso de la Unión Marital y no le prescribiera la acción”.
Policía Metropolitana de Santiago de Cali. El 20 de marzo se recibió respuesta a través de la cual se allegaron los siguientes documentos:[47]
(ii) Oficio del 17 de febrero de 2018 suscrito por el C. de la Estación de Policía D. a través del cual ordenó la implementación de acciones preventivas para la accionante.
Estación de Policía D.. El 9 de abril de 2018 se recibió respuesta a través del cual se aportaron los siguientes documentos: [48]
(ii) Copia de comunicado oficial sin número de radicado del 20 de abril de 2017 por el cual se dan a conocer al C. de la Policía Metropolitana de Cali acciones adelantadas respecto de la actora.
(vii) Copia del comunicado oficial del 15 de marzo de 2018 por medio del cual se dan a conocer actuaciones y demás órdenes respecto de la solicitud de medida de protección del 11 de enero de 2018 enviada por la asistente de la F.ía 57 CAVIF de Cali, solicitud de la cual también se aportó copia.
F.ía 57 CAVIF de Cali. El 11 de abril de 2018 informó que en el año 2014, la accionante presentó denuncia por el delito de violencia intrafamiliar y que durante el desarrollo de la investigación no fue posible establecer contacto con la denunciante, razón por la cual el 22 de julio de 2015 se archivaron las diligencias. [49]
Señaló la titular de ese despacho que el 13 de marzo de 2017, la actora presentó nueva denuncia frente a lo cual fue remitida a valoración por medicina legal y se solicitó al C. de Policía del Barrio Tercer Milenio Pizamos medida de protección. Agregó que una vez asignada la investigación a esa oficina se dispuso ampliar la denuncia y recoger los elementos materiales probatorios, para lo cual se fijó el 27 de abril de 2017; sin embargo, la denunciante no asistió a la diligencia.
Precisó que el 27 de marzo de 2017 la accionante había presentado otra denuncia que fue tramitada de la misma manera, pero esta vez la solicitud de medidas de protección se libró para la Policía del barrio D.; asimismo, una vez repartida, se dispuso su anexión a la que estaba en curso y el agotamiento de labores investigativas para ubicar a la víctima.
También informó que el 14 de marzo de 2018 medicina legal le entregó a la víctima el informe de riesgo con resultado grave, el cual no ha puesto a disposición de la F.ía, razón por la cual solicitó al médico forense su envío vía correo electrónico. Asimismo, con actuaciones del 20 y 23 de marzo de 2018, el investigador del caso entregó las diligencias correspondientes a la plena identificación del indiciado. Finalmente indicó que en cuanto a las citaciones se pidieron al archivo y una vez se obtuvieran solicitaría a la empresa de mensajería la certificación de entrega. Esta información fue reiterada con oficio del 25 de abril de 2018.
La accionante. El 12 de abril aportó respuesta a través de la Defensoría del Pueblo de Cali[50] e informó que asistió a 3 valoraciones por medicina legal, con ocasión de las tres investigaciones mencionadas en estas diligencias, pero no recuerda haber entregado el documento respectivo porque no sabía que debía hacerlo en algún lugar. Expone que preguntó qué debía hacer y que le respondieron que ellos enviaban el documento a la F.ía, pues en la remisión no se indicaba que ella debiera encargarse de su entrega. Aportó tres informes periciales.
Señaló que el 11 de enero de 2018 se acercó a la F.ía para informar nuevas agresiones y solicitar la renovación de las medidas de protección. En esa oportunidad se le indicó que habían citado al denunciado y le entregaron la respectiva solicitud de protección dirigida a la Estación de Policía D..
Indicó que entregó las remisiones que le suministraron en la Comisaría a la EPS C., pero nunca la llamaron; sin embargo, cuando fue atendida en la Defensoría del Pueblo en marzo de 2017, nuevamente radicó una carta solicitando atención psicológica, la que tampoco fue contestada, razón por la cual la Defensoría insistió logrando una cita para el 4 de abril de 2018, fijándose las próximas para el 10 y 19 de julio de 2018. Anexó los documentos respectivos.
Señor R.G.M. Con oficios del 4, 23 y 26 de abril de 2018 informó que no tiene vida conyugal con la accionante desde hace aproximadamente 11 años; que conviven en la misma vivienda, dado que ambos son propietarios; que lo declarado por la actora es falso, especialmente que la ha agredido y que es consumidor de drogas; que la accionante no labora en salones de belleza, sino en la casa y que nunca ha tenido que abandonar la vivienda. Agregó que él no tiene pendientes con la justicia; que no tiene recursos para desalojar la casa y que el 10 de mayo debía atender audiencia después de la cual era posible quedar privado de la libertad. Expuso que la accionante tiene un bien inmueble en otro barrio y que es pensionada. [51]
De conformidad con la constancia del 3 de mayo de 2018 suscrita por la oficial mayor adscrita a la Secretaría General de la Corte, el oficio a través del cual se notificó a la Estación de Policía Sol de Oriente –Unidad de Reacción Inmediata Los Mangos el auto del 28 de febrero de 2018 fue devuelto con anotación “rehusado”. [53]
El 8 de mayo de 2018 se recibió comunicación a través de la cual la F.ía 38 Local C. de Cali aportó dictamen de medicina legal del 15 de julio de 2008. [54]
El 5 de junio de 2018, la oficial mayor adscrita a la Secretaría General de la Corte dejó constancia de devolución con nota de “rehusado” del oficio a través del cual se notificó el auto del 21 de marzo de 2018 a la citada estación de policía y del oficio con el cual se notificó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses –Unidad Básica Aguablanca del auto del 4 de mayo de 2018.[55]
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86, inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Debe establecer la Sala qué medidas de protección deben adoptar la F.ía General de la Nación, las Comisarías de Familia y la Policía Nacional para atender a una mujer que acude a sus despachos para denunciar un acto de violencia intrafamiliar; y si en el caso concreto de la accionante se procedió de conformidad con las disposiciones previstas en la ley para garantizarle los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad, al acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana y a vivir libre de violencia.
En primer lugar, como asunto de inexorable estudio a la hora de resolver las demandas de mujeres que afirman haber sido víctimas de algún tipo de violencia, la Sala debe abordar las exigencias constitucionales e internacionales -bloque de constitucionalidad-, previstas para superar una problemática centenaria persistente.
Ahora bien, respecto de la violencia contra la mujer, las Naciones Unidas la ha definido como “se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida.”[66]
Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyen discriminación contra la mujer;
Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer”.
Establecer procedimientos legales y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención”.
Por su parte, la normativa interna, recogiendo la definición de violencia contra la mujer establecida en la “Convención de Belem do Pará”, agregó que dicho concepto también incluye el daño “económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad”. [73]
Para el caso de Colombia, el Estado se ha preocupado por diseñar diferentes estrategias para cumplir tanto los deberes que le imponen los tratados internacionales como los fines establecidos en la Constitución. T. en cuenta que los valores y principios constitucionales son aplicables para todos los ciudadanos y, en esa medida, los contenidos en el Preámbulo, así como en los artículos 1 y 2 son imperativos en los cuales es evidente una preclara pretensión de igualdad. Así las cosas, la efectividad de valores y principios como la convivencia pacífica, la vida y la dignidad humana deben aplicarse sin consideraciones de raza, condición socioeconómica y/o género.
Como se indicó en precedencia, la tipificación de la violencia como delito no solo en contra de la mujer sino de la familia deviene del imperativo establecido en el artículo 42 superior[78], según el cual esta institución debe asumirse como el núcleo fundamental y básico de la sociedad[79], en esa medida, por tratarse de uno de los bienes sociales más sensibles e importantes para asegurar una vida en comunidad realmente pacífica, su respeto no solo está en cabeza del Estado, sino que hace parte de los deberes ciudadanos.
En cumplimiento de esos estándares, la ley penal se ha ocupado de incluir dentro del abanico de conductas punibles aquellas que afectan a la familia y a sus miembros. Así se tiene, por ejemplo, que desde el Decreto Ley 100 de 1980 se incluyeron como delitos la inasistencia alimentaria, el incesto, la supresión, alteración o suposición del estado civil, los cuales se reprodujeron en la Ley 599 de 2000, actual Código Penal.
La Ley 600 de 2000, cuya expedición fue coetánea a la del actual Código Penal, estableció en el artículo 35 que el delito de violencia intrafamiliar era querellable, esto es, la activación del aparato investigativo y judicial depende de la víctima de la conducta punible[87].
Ahora bien, la violencia intrafamiliar también ha sido considerada como una respuesta a la violencia de género y, específicamente, del femenino. La Corte al pronunciarse sobre la Ley 248 de 1996, con la cual se aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem do Para” hizo algunas reflexiones que explican la importancia que se le ha reconocido a la violencia en el hogar, las cuales deben recordarse:
Es preciso destacar en este punto que ha sido en los últimos años que en el mundo se han fortalecido los espacios de discusión respecto de la violencia de género y concretamente de la que se ejerce contra la mujer, de tal suerte que solo hasta hace muy poco el uso del lenguaje ha debido revalorarse a fin de ofrecer una mejor comprensión del concepto el cual estaba reducido a la violencia doméstica, familiar y de pareja[93].
En el ámbito judicial, como consecuencia de la investigación de oficio de los delitos que suponen violencia contra la mujer y concretamente de la violencia intrafamiliar, se deriva que la F.ía General de la Nación, en ejercicio de la potestad conferida por el artículo 250 Superior, no solo tiene atribuciones investigativas y la iniciativa para promover el juzgamiento de los autores de dichas conductas, sino que además adquiere unas obligaciones especiales respecto de la víctima.
En el numeral 6 de esa norma se establece que la F.ía debe “solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito” y en el 7 “velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa”.
(i) Velar por la protección de las víctimas, testigos y peritos que la F.ía pretenda presentar. [98]
El tipo de apoyo o de servicios que puede recibir.
El lugar y el modo de presentar una denuncia o una querella.
Las actuaciones subsiguientes a la denuncia y su papel respecto de aquellas.
El modo y las condiciones en que puede pedir protección.
Las condiciones en que de modo gratuito puede acceder a asesoría o asistencia jurídicas, asistencia o asesoría sicológicas u otro tipo de asesoría.
Los requisitos para acceder a una indemnización.
Los mecanismos de defensa que puede utilizar.
El trámite dado a su denuncia o querella.
Los elementos pertinentes que le permitan, en caso de acusación o preclusión, seguir el desarrollo de la actuación.
La posibilidad de dar aplicación al principio de oportunidad y a ser escuchada tanto por la F.ía como por el juez de control de garantías, cuando haya lugar a ello.
La fecha y el lugar del juicio oral.
El derecho que le asiste a promover el incidente de reparación integral.
La fecha en que tendrá lugar la audiencia de dosificación de la pena y sentencia.
La sentencia del juez.
Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada;
Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición la autoridad competente ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de polícia, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo si lo tuviere;
D. provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;
D. provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;
D. provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;
Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.”
A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código, información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas;
A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos”.
Este Tribunal, en sentencia T-772 de 2015[105], con fundamento en los instrumentos internacionales estableció como premisas del tratamiento judicial de las conductas de violencia contra la mujer: (i) el derecho a un recurso judicial efectivo; y (ii) la garantía de las víctimas a la no repetición y el deber del Estado de evitar su revictimización;
De otro lado, la víctima también tendrá las siguientes potestades durante el desarrollo del proceso:
(iii) A ejercer actuaciones de índole probatoria, bien por sí mismas ora a través del F. delegado para el asunto[117].
(v) A oponerse a las solicitudes de suspensión del procedimiento a prueba[119], de preclusión[120], a la aplicación del principio de oportunidad[121] y a solicitar al F. el desarchivo de la investigación[122] o al Juez con Función de Control de Garantías en caso de controversia con aquel.[123]
Por su parte, la Policía en el trámite judicial comparte las mismas obligaciones previstas para la F.ía en el artículo 136 del Código de Procedimiento Penal y además:
Estos derechos, deberes y potestades procesales tienen aplicación al interior del proceso judicial de carácter penal; sin embargo, este trámite no es el único que puede adelantarse en relación con la violencia intrafamiliar, comoquiera que la Ley 294 de 1996, con sus correspondientes modificaciones,[126] establece una ruta adicional de atención a las víctimas de estos actos.
Primacía de los derechos fundamentales y reconocimiento de la familia como institución básica de la sociedad;
Toda forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y por lo tanto, será prevenida, corregida y sancionada por las autoridades públicas;
La oportuna y eficaz protección especial a aquellas personas que en el contexto de una familia sean o puedan llegar a ser víctimas, en cualquier forma, de daño físico o síquico, amenaza, maltrato, agravio, ofensa, tortura o ultraje, por causa del comportamiento de otro integrante de la unidad familiar;
La igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer;
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de sus opiniones;
Los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás;
La preservación de la unidad y la armonía entre los miembros de la familia, recurriendo para ello a los medios conciliatorios legales cuando fuere procedente;
La eficacia, celeridad, sumariedad y oralidad en la aplicación de los procedimientos contemplados en la presente Ley;
El respeto a la intimidad y al buen nombre en la tramitación y resolución de los conflictos intrafamiliares”.
Las medidas de protección para atender estos casos están previstas en el artículo 5 de la Ley 294 de 1996, que se enunciaron al señalar las obligaciones de la F.ía General en desarrollo del proceso penal y su solicitud se caracteriza por la informalidad, en tanto podrá ser presentada personalmente por el agredido, por cualquier otra persona que actúe en su nombre, o por el defensor de familia cuando la víctima se hallare en imposibilidad de hacerlo por sí misma, en forma oral o por cualquier medio idóneo para poner en conocimiento del funcionario competente los hechos de violencia intrafamiliar.
Vale la pena resaltar que estas medidas, de conformidad con los parágrafos 1 y 2 del artículo 5, también pueden decretarse, como se indicó, por solicitud de la F.ía General de la Nación ante el juez penal respectivo y además por el juez que conozca el proceso de divorcio o de separación de cuerpos por la causal de maltrato. De igual manera, para su cumplimiento, se podrá solicitar a los hogares de paso, albergues, ancianatos, o instituciones similares que existan en el municipio, recibir en ellos a la víctima, según las condiciones que el respectivo establecimiento estipule[128].
Por la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los cinco (5) días siguientes a su imposición. La Conversión en arresto se adoptará de plano mediante auto que sólo tendrá recursos de reposición, a razón de tres (3) días por cada salario mínimo;
Si el incumplimiento de las medidas de protección se repitiere en el plazo de dos (2) años, la sanción será de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) días.”
Esta normativa, al igual que la procesal penal, también le asigna labores a la Policía Nacional, en tanto esta institución deberá brindar “toda la ayuda necesaria para impedir la repetición de esos hechos, remediar las secuelas físicas y sicológicas que se hubieren ocasionado y evitar retaliaciones por tales actos y además:
Conducir inmediatamente a la víctima hasta el centro asistencial más cercano, aunque las lesiones no fueren visibles; b) Acompañar a la víctima hasta un lugar seguro o hasta su hogar para el retiro de las pertenencias personales, en caso de considerarse necesario para la seguridad de aquella; c) Asesorar a la víctima en la preservación de las pruebas de los actos de violencia y; d) Suministrarle la información pertinente sobre los derechos de la víctima y sobre los servicios gubernamentales y privados disponibles para las víctimas del maltrato intrafamiliar.[139]
Ahora bien, las medidas tanto judiciales como administrativas para atender a las víctimas de violencia intrafamiliar encuentran complemento en la Ley 1257 de 2008, la cual, también, se erige en una de las principales expresiones de las políticas para la protección a las mujeres, en tanto afirma que tienen derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención[142], a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal.[143]
Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.”
Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Se podrá ordenar que el agresor asuma los costos de esta atención y asistencia. Corresponde al Estado garantizar este derecho realizando las acciones correspondientes frente al agresor y en todo caso garantizará la prestación de este servicio a través de la defensoría pública;
Dar su consentimiento (sic) informado para los exámenes médico-legales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades promotoras y prestadoras de servicios de salud promoverán la existencia de facultativos de ambos sexos para la atención de víctimas de violencia;
Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral en los términos y condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas;
La estabilización de su situación conforme a los términos previstos en esta ley.”
Prevenir cualquier acto que amenace o vulnere los derechos de las mujeres señalados en esta ley.
Respetar y promover el ejercicio de la autonomía de las mujeres.
Respetar y promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Respetar las manifestaciones culturales, religiosas, políticas y sexuales de las mujeres.
Proporcionarle a las mujeres discapacitadas un trato digno e igualitario con todos los miembros de la familia y generar condiciones de equidad, de oportunidades y autonomía para que puedan ejercer sus derechos. Habilitar espacios adecuados y garantizarles su participación en los asuntos relacionados con su entorno familiar y social.
Realizar todas las acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres y eliminar la violencia y discriminación en su contra en el entorno de la familia.”[149]
Garantizar la habitación y alimentación de la víctima a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Las Empresas Promotoras de Salud y las Administradoras de Régimen Subsidiado, prestarán servicios de habitación y alimentación en las instituciones prestadoras de servicios de salud, o contratarán servicios de hotelería para tales fines; en todos los casos se incluirá el servicio de transporte de las víctimas de sus hijos e hijas. Adicionalmente, contarán con sistemas de referencia y contrarreferencia para la atención de las víctimas, siempre garantizando la guarda de su vida, dignidad e integridad.
Solicitar el acceso preferencial de la víctima a cursos de educación técnica o superior, incluyendo los programas de subsidios de alimentación, matrícula, hospedaje, transporte, entre otros.
Ordenar a los padres de la víctima el reingreso al sistema educativo, si esta es menor de edad.
Ordenar el acceso de la víctima a actividades extracurriculares, o de uso del tiempo libre, si esta es menor de edad.
Ordenar el acceso de la víctima a seminternados, externados, o intervenciones de apoyo, si esta es menor de edad.”[155]
Finalmente, esta disposición introdujo las modificaciones al Código Penal mencionadas en precedencia, debiéndose agregar que dentro de la gama de sanciones se incluyó la prohibición para el condenado de acercarse a la víctima y/o integrantes de su grupo familiar, en el caso de eventos de violencia intrafamiliar, por el término que dure la pena y hasta doce meses más. [156]
La jurisprudencia de la Corte[157] ha admitido, con fundamento en el artículo 228 Superior, que la prevalencia del derecho sustancial sobre la aplicación formal y mecánica de la ley es una garantía que permite la realización de la justicia material como máxima que gobierna la resolución de un caso concreto, sobre todo de uno sometido al escrutinio del juez constitucional. Para la Sala, dicha preeminencia también garantiza la efectividad de los derechos, imperativo estatal previsto en el artículo 2 de la Constitución.
Por su parte, las facultades extra y ultra petita del juez de tutela permiten que la labor del juez no se circunscriba “únicamente a las pretensiones que cualquier persona exponga en la respectiva demanda”, sino también a “garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos fundamentales”.[160] Estas facultades amplían el espectro del juez respecto de pretensiones no propuestas por el accionante, así como a hechos no expuestos y derechos no invocados. [161]
La señora G.A.C promovió acción de tutela en contra de la F.ía General de la Nación, la Policía Nacional de la ciudad de Cali y la Comisaría de Familia -Casa de Justicia del Distrito de Aguablanca- de la misma ciudad, por considerar que estas entidades vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad, al acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana y el derecho como mujer a vivir libre de violencia, al no desplegar medidas eficaces para protegerla de la situación de violencia de la cual era víctima.
Ahora bien, antes de definir si en este caso se advierte la vulneración de un derecho fundamental es preciso establecer (i) la legitimación en la causa por activa y por pasiva, así como (ii) los principios de inmediatez y (iii) subsidiariedad que rigen el ejercicio de la acción de tutela.
En el caso que nos ocupa, frente a (i) la legitimación en la causa por activa se advierte que la accionante se encuentra legitimada para promover el presente trámite constitucional, toda vez que actúa en nombre propio y en defensa de sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la seguridad, al acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana y el derecho como mujer a vivir libre de violencia, susceptibles de protección vía acción de tutela.
En cuanto a (ii) la legitimación en la causa por pasiva, también se encuentra satisfecha, comoquiera que la acción se dirigió contra las autoridades públicas que tienen la tarea de definir las medidas de atención y protección de las víctimas de violencia intrafamiliar, así como las que deben investigar y promover el juzgamiento del presunto responsable de dichas conductas. De la misma manera, al trámite se vincularon las autoridades encargadas de facilitar la investigación, así como la protección de las víctimas en estos casos.
De otro lado, debe precisarse que respecto de la F.ía 35 Local –C.- de la ciudad de Cali, según las pruebas aportadas al proceso, se logró establecer que no tuvo ni tiene a su cargo el conocimiento las denuncias formuladas por la accionante, razón por la cual ese despacho no está legitimado en la causa por pasiva.
Con relación al requisito de (iii) inmediatez esta Corte ha establecido que la acción procede dentro de un término “razonable y proporcionado” a partir del hecho que originó la vulneración[162], toda vez que cuando el titular de los derechos deja pasar un tiempo excesivo o irrazonable desde la actuación irregular que trasgrede sus derechos, se pierde la razón de ser del amparo[163] y consecuentemente su procedibilidad[164].
En el presente caso, se advierte que la actora acudió en el año 2008 al aparato investigativo del Estado, correspondiéndole la atención del asunto a la F.ía 38 Local –C.- de Cali, despacho que celebró audiencia de conciliación que culminó con acuerdo, razón por la cual archivó las diligencias. Según el acta, dicha conciliación fue celebrada en virtud del artículo 2 de la Ley 1142 de 2007, que en uno de sus apartes disponía que “la investigación de oficio no impide aplicar, cuando la decisión se considere necesaria, los efectos propios de la querella para beneficio y reparación integral de la víctima del injusto.”
Pues bien, en marzo de 2017 la accionante presentó las últimas denuncias ante la Comisaría y en la F.ía y la acción de tutela la interpuso el 19 de abril de esa misma anualidad. Por supuesto, la acción de tutela da cuenta de la interposición de otra denuncia en 2014; sin embargo, se advierte que es ante la violencia consuetudinaria de su cónyuge y la ausencia de asesoría jurídica que su reacción ha sido la interposición sucesiva de denuncias y no el ejercicio de derechos al interior de las investigaciones. Esas especiales condiciones de la accionante permiten asegurar que en este caso se satisface el requisito de inmediatez.
En cuanto al requisito de (iv) subsidiaridad debe verificarse que la parte interesada no disponga de otro medio de defensa judicial, o que existiendo sea ineficaz para proteger los derechos fundamentales invocados y evitar un perjuicio irremediable[166].
Las actuaciones de la Comisaría de Familia Los Mangos del Distrito Aguablanca. Consideró que la solicitud de desalojo presentada por la accionante no era procedente debido a que las agresiones eran mutuas entre la accionante y su esposo[168]. Informó que indagó a la víctima por el estado de su relación, lo cual fue asumido, a su juicio, de manera equivocada por la accionante, y explicó que la pregunta la hizo porque su misión es la unidad familiar[169].
En este punto, la Sala recuerda que en la sentencia T-012 de 2016 se estudió el caso de una mujer a la que se le negó el derecho a recibir alimentos por parte de su excónyuge en un proceso, al considerarse que la violencia intrafamiliar era mutua. La Corte consideró que “si el Tribunal Superior de Bogotá hubiese hecho un estudio riguroso de las pruebas, el sentido del fallo habría sido diferente. En dicho documento se evidencia con claridad que la situación de violencia que ejercía el señor C.M., comenzó de tiempo atrás y que el episodio relatado por su empleada doméstica, fue producto de los continuos agravios y episodios violentos en su contra.” En ese orden, argumentos como la presunta mutua violencia no desencadenan automáticamente la desestimación del abanico de medidas con las cuales los funcionarios competentes pueden atender una situación como la denunciada en el caso concreto.
Las actuaciones de la F.ía General. La F.ía ha tenido contacto con la situación expuesta por la accionante en varias oportunidades, pues esta presentó la primera denuncia en el año 2008 (investigación radicada 760016000679200801821), de nuevo en el año 2014 (investigación radicada 760016000679201403251) y posteriormente presentó dos denuncias en el año 2017 (investigaciones radicadas 760016000679201700444 y 760016000193201709795), las cuales se adelantan en la actualidad bajo una misma cuerda procesal. La F.ía, al igual que la Comisaría de Familia, como medida de atención inmediata, dispuso oficiar a las estaciones de Policía cercanas al domicilio de la accionante; sin embargo, al expediente no se allegó ningún requerimiento material sobre los resultados de dicha medida.
Así las cosas, la F.ía se excusa en argumentos insostenibles jurídicamente para eludir la obligación constitucional de investigar las conductas punibles que se pusieron en su conocimiento, con lo cual empezó a fracturar la estructura del debido proceso y de paso hizo nugatorio el derecho al acceso a la administración de justicia.
De otro lado, también se indicó por parte de las fiscalías convocadas a este trámite que no era posible la comunicación con la víctima, a quien le enviaron citaciones y llamaron por teléfono. La Sala solicitó que se allegara prueba de los correspondientes recibidos, pero esa información tampoco fue entregada, razón por la cual debe descartarse que dichas comunicaciones hayan sido entregadas personalmente a la accionante.
Asimismo, la F.ía pasó por alto que la situación denunciada daba cuenta de una relación conyugal violenta e intolerante que se desarrollaba en una vivienda común, luego, no podía dejar librada al azar la entrega de las citaciones. Se echan de menos programas metodológicos que incluyeran la ubicación efectiva de la víctima, su entrevista, la verificación de su integridad personal, investigaciones en el vecindario o en el entorno familiar en aras no solo de contactar a la denunciante, sino de acopiar otros elementos con vocación probatoria, ello teniendo en cuenta su obligación de ejercer oficiosamente la investigación y de aplicar la perspectiva especial que se impone en casos en los cuales la víctima es una mujer víctima de violencia de género.
Ahora bien, las gestiones de la F.ía en casos de violencia intrafamiliar o de violencia contra la mujer no se limita a la investigación y procesamiento de las conductas punibles, sino que dicha entidad tiene también a su cargo asegurar la atención y protección de la víctima, disponiendo la concurrencia del resto de actores del sistema de salud y de policía para lograr el restablecimiento provisional de las condiciones de vida de aquella.
En este punto la Sala debe resaltar que el Juzgado 21 Penal del Circuito de Cali decidió el asunto asumiendo como cierta la información ofrecida inicialmente por la F.ía, sin la revisión, al menos formal, de los documentos que se pusieron a su disposición y, en tal virtud, afirmó que en este caso un juez con función de control de garantías había ordenado medidas de protección a favor de la víctima.
Lo anterior no solo deja en evidencia el desdén con el cual fue asumido el presente caso, sino además la falta de proactividad de la F.ía, pues la audiencia no fue solicitada por su iniciativa, sino por la de una presunta defensora de la señora A.C.
Así las cosas, se advierte que ni la Comisaría de Familia, ni la F.ía General demostraron diligencia a la hora de proteger a la accionante limitando su actuación al simple agotamiento, deficitario por demás, de los procedimientos legales, los cuales, como se vio, no fueron idóneos, suficientes y eficaces para solucionar una problemática que no solo exigía el adelantamiento de simples formalismos, sino además la atención integral a una víctima que se mostraba reticente y conflictiva.
La desidia con la cual las autoridades atienden estos casos, además constituye una revictimización y entorpece los avances normativos diseñados para superar la problemática que deviene de la histórica violencia y desigualdad que se ha ejercido sobre las mujeres.
La actuación de la Policía Nacional. De acuerdo con las pruebas recaudadas, la Policía Nacional ha recibido solicitudes de protección a favor de la accionante expedidas por la Comisaría de Familia Los Mangos del Distrito Aguablanca y la F.ía General. Esas solicitudes han sido atendidas a partir de visitas periódicas al domicilio de aquella y con la entrega de un formato denominado “recomendaciones sobre medidas de autoprotección”.
En sentencia T-772 de 2015 esta Corte concluyó que se habían vulnerado los derechos fundamentales de una mujer víctima de violencia intrafamiliar como consecuencia de que las autoridades competentes no ejecutaron las medidas de protección urgentes solicitadas por la Defensoría del Pueblo. En ese fallo este Tribunal señaló que el Estado no cumplió con su deber de protección, ya que la accionante fue agredida después de haber denunciado ante las autoridades competentes los ataques de su cónyuge, además de haberse sometido a plazos irrazonables en el desarrollo del proceso judicial. En esta sentencia se concluyó que:
“las medidas de protección contra la violencia contempladas en la Ley 1257 de 2008 son urgentes, por lo cual deben ser solicitadas de manera inmediata y no puede esperarse a que se formule imputación para poder pedirlas, pues ello puede tardar meses. En este sentido, para formular imputación y solicitar la imposición de una medida de aseguramiento, la F.ía General de la Nación debe recaudar y analizar los elementos materiales probatorios de manera seria y responsable, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, por lo cual mientras ello ocurre deben adoptarse medidas especiales de protección contra la violencia, independientemente de la determinación de la responsabilidad del autor.
En este caso, como en el acabado de mencionar, la Sala echa de menos que las autoridades accionadas lo hayan asumido sin una perspectiva de género, así como la aplicación de las medidas de protección inmediatas reguladas en normas que están dispuestas para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer; aplicación que se suma al conjunto de funciones y obligaciones de sus respectivos cargos. Sobre dicha perspectiva, la Corte[173] ha definido que se materializa a partir de los siguientes criterios:
Así las cosas, la Sala concluye que las autoridades accionadas no ofrecieron una atención oportuna y adecuada para salvaguardar la integridad física y psicológica de la accionante y, en tal virtud, concederá la salvaguarda solicitada disponiendo que:
(ii) La Comisaría a la cual finalmente se le asigne el conocimiento del trámite adelantará, en el término de 3 días, contado a partir de la notificación del presente fallo, las gestiones necesarias para verificar si el señor M. ha reincidido en conductas violentas contra la señora A.C a fin de continuar, si es del caso, con el trámite administrativo de incumplimiento de las medidas de protección decretadas previamente.
(iv) La Comisaría de Familia respectiva y la F.ía 57 Local –C.- de Cali deberán adelantar los trámites pertinentes para que se materialicen las medidas de protección contempladas en las Leyes 294 de 1996 y 1257 de 2008 que de mejor manera se adapte a la situación de la señora A.C, para lo cual deberán contar con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, Regional Valle del Cauca, Delegada de las mujeres y asuntos de género. La Comisaría deberá cumplir esta orden en el término de 48 horas contado a partir de la notificación de este fallo. Por su parte, la F.ía deberá solicitar dichas medidas al Juez con Función de Control de Garantías en el término de 48 horas, contado a partir de la notificación del presente fallo.
(vi) Se exhortará a la señora G.A.C para que asista a todas las consultas de psicología que programe su EPS y asumir una actitud colaboradora con la gestión de la F.ía y la Comisaría que tramitan sus denuncias.
(vii) Se exhortará a la Policía Nacional, Policía Metropolitana de Cali y a C. EPS que atiendan de manera inmediata los requerimientos que en cumplimiento de las órdenes emitidas en este fallo les hagan tanto la Comisaría de Familia como la F.ía 57 –C.- de Cali.
(viii) Mientras la Comisaría de Familia y/o un Juez con Función de Control de Garantías impone una medida de protección a favor de la señora G.A.C, se dispondrá que el uso y disfrute de la vivienda familiar, le corresponda de manera exclusiva a la mencionada. Para hacer efectiva esta medida la Comisaría de Familia, la F.ía General, con el apoyo de la Policía Nacional, dispondrán las gestiones que sean de su competencia.
La declaratoria de nulidad del fallo expedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de justicia, al resolver la impugnación presentada por la accionante decidió confirmar el fallo en cuanto negó el amparo solicitado respecto de la Policía Nacional y la Comisaría de Familia del distrito de Aguablanca y anuló lo actuado frente a las F.ías vinculadas al trámite, al estimar que el procedimiento debió asumirse por parte de los Jueces Penales del Circuito de Cali, “por ser éstos el superior jerárquico de los despachos ante los cuales el ente acusador es delgado”.
También debe destacarse que las facultades que tienen dichas autoridades son de carácter ejecutivo e, incluso, pueden ejercerse sin la intermediación de otros funcionarios. T. presente que la F.ía General de la Nación debe acudir al Juez con Función de Control de Garantías para que se ordenen las medidas de protección previstas para los casos de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar, mientras que las Comisarías de Familia pueden adoptar decisiones de manera directa. Así las cosas, para efectos del cumplimiento de este fallo y de la salvaguarda efectiva de los derechos fundamentales dichas entidades deberán mantenerse vinculadas a las determinaciones aquí adoptadas.
La devolución de comunicaciones con nota de rehusado. De conformidad con las constancias secretariales allegada al expediente, la Estación de Policía Sol de Oriente –Unidad de Reacción Inmediata Los Mangos- rehusó recibir los documentos a través de los cuales se le notificaba el auto del 28 de febrero de 2018.
En ese orden de ideas, se dispondrá comunicar la presente decisión al C. de Policía Metropolitana de Santiago de Cali, para que adelante las investigaciones a las cuales haya lugar en contra de los funcionarios de policía que se hallaban en la Estación de Policía Sol de Oriente de la ciudad de Cali los días 6 y 25 de abril de 2018, que se rehusaron a recibir los oficios OPTB-680/18 del 20 de marzo de 2018 y OPTB-1094/18 del 19 de abril de 2018.
También se dispondrá comunicar este fallo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Dirección Regional Suroccidente, S.V. para que adelante las investigaciones a las cuales haya lugar en contra de los funcionarios que se hallaban en la Unidad Básica de Aguablanca el 9 de mayo de 2018, que se rehusaron a recibir el oficio OPTB-1244/18 del 4 de mayo de 2018.
Primero: REVOCAR el fallo dictado por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali que denegó el amparo de los derechos fundamentales invocados por la accionante. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la seguridad, al acceso a la administración de justicia, la dignidad humana y el derecho como mujer a vivir libre de violencia de la señora G.A.C.
Segundo: ORDENAR a la Comisaria de Familia Los Mangos del Distrito de Aguablanca que en el término de 24 horas, contado a partir de la notificación de este fallo, se declare impedida para continuar con el trámite iniciado por la señora G.A.C y disponga la remisión del mismo a su superior a fin de que decida sobre el impedimento y lo asigne a otra comisaría. Este trámite, incluyendo la remisión a la nueva Comisaría, deberá agotarse en el término de 24 horas, contado a partir de la recepción de las diligencias.
Tercero: ORDENAR a la Comisaría a la cual finalmente se le asigne el conocimiento del trámite que en el término de 3 días, contado a partir de la notificación del presente fallo, adelante las gestiones necesarias para verificar si el señor R.G.M ha reincidido en conductas violentas contra la señora G.A.C a fin de continuar, si es del caso, con el trámite administrativo de incumplimiento de las medidas de protección decretadas previamente.
Cuarto: ORDENAR a la Comisaría de Familia correspondiente que en el término de 48 horas siguientes a la recepción de las diligencias, convoque a otros profesionales que le permitan determinar las condiciones físicas, emocionales y psicológicas de la señora G.A.C y además realicen el acompañamiento durante el trámite que deba surtirse.
Quinto: ORDENAR a la Comisaría de Familia respectiva y a la F.ía 57 Local –C.- de Cali, si aún no lo hubieren hecho, que adelanten los trámites pertinentes para que se materialicen las medidas de protección contempladas en las Leyes 294 de 1996 y 1257 de 2008 que de mejor manera se adapte a la situación de la señora G.A.C para lo cual deberán contar con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, Regional Valle del Cauca, Delegada de las Mujeres y Asuntos de Género. La Comisaría deberá cumplir esta orden en el término de 48 horas contado a partir de la notificación de este fallo. Por su parte, la F.ía, deberá solicitar dichas medidas al Juez con Función de Control de Garantías en el término de 48 horas, contado a partir de la notificación del presente fallo.
Sexto: ADVERTIR a la Defensoría del Pueblo, Regional Valle del Cauca, Delegada de las Mujeres y Asuntos de Género que ofrezca asesoría jurídica idónea que le permita a la señora G.A.C solucionar de manera definitiva los conflictos económicos que existen con el señor R.G.M.
Séptimo: EXHORTAR a la señora G.A.C para que asista a todas las consultas de psicología que programe su EPS y asumir una actitud colaboradora con la gestión de la F.ía y la Comisaría que tramitan sus denuncias.
Octavo: EXHORTAR a la Policía Nacional, Policía Metropolitana de Cali y a C. EPS que atiendan de manera inmediata los requerimientos que en cumplimiento de las órdenes emitidas en este fallo les hagan tanto la Comisaría de Familia como la F.ía 57 –C.- de Cali.
Noveno: ORDENAR que el uso y disfrute de la vivienda familiar le corresponda exclusivamente a la señora G.A.C mientras la Comisaría de Familia y/o un Juez con Función de Control de Garantías impone una medida de protección a su favor. Para hacer efectiva esta medida la Comisaría de Familia, la F.ía General, con el apoyo de la Policía Nacional, en el término de 48 horas contado a partir de la notificación de este fallo, dispondrán las gestiones que sean de su competencia.
Décimo: COMPULSAR COPIAS de este fallo al C. de Policía Metropolitana de Santiago de Cali, para que adelante las investigaciones a las cuales haya lugar en contra de los funcionarios de policía que se hallaban en la Estación de Policía Sol de Oriente de la ciudad de Cali los días 6 y 25 de abril de 2018, que se rehusaron a recibir los oficios OPTB-680/18 del 20 de marzo de 2018 y OPTB-1094/18 del 19 de abril de 2018.
Decimoprimero: COMPULSAR COPIAS de este fallo al Instituto Nacional de Medicina Legal, Dirección Regional Suroccidente, S.V. para que adelante las investigaciones a las cuales haya lugar en contra de los funcionarios que se hallaban en la Unidad Básica de Aguablanca el 9 de mayo de 2018, que se rehusaron a recibir el oficio OPTB-1244/18 del 4 de mayo de 2018.
Decimosegundo: LÍBRENSE por Secretaría General de la Corte las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
[3] Respecto de una de las denuncias presentadas en el año 2017 la accionante aseguró que le correspondió su conocimiento a la F.ía 35 Local, pero al verificar el expediente pudo advertirse que la misma se repartió a la F.ía 57 Local C. de Cali. Fl. 84 cuaderno de primera instancia.
[10] Cuaderno 1, folio 92. La F. 57 Local –C.- de la ciudad de Cali, en su respuesta a la acción de tutela señaló que “A la víctima (sic) se le remitió a medicina legal el 13 de marzo del presente año, donde es valorada y se le da una incapacidad médico legal Definitiva (sic) de seis (06) días sin secuelas médico legales; así mismo se remite para valoración del riesgo de la víctima, pero a la fecha la F.ía no cuenta con dicho documento, ya que la señora A.C, no lo ha entregado al despacho.
[45] Magistrados A.R.R. y A.L.C..
[57] En el artículo “Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Violencia infligida por la pareja”. Washington,DC : OPS, 2013 publicado por la OMS en http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/98816/1/WHO_RHR_12.36_spa.pdf?ua=1 se dijo que: “Hay información emergente en el sentido de que las intervenciones que combinan microfinanciación con capacitación sobre la igualdad de género pueden resultar eficaces para reducir la violencia de pareja, como muestra el estudio IMAGE en Sudáfrica”. En el artículo Violencia contra mujeres en un entorno de desigualdad social: homicidios dolosos en Tijuana, Baja California de D.F.F.R., M.B.T. y S.F.R. y publicado en el portal de la ORG Scielo se indicó sobre la violencia sexual que: “4. Reflejan las desigualdades en las relaciones de sexo-género. En la violación sexual 'un hombre se apropia de la sexualidad de una mujer, como es mediada por su cuerpo' y por medio de esta acción proclama que la sexualidad de ella "le pertenece, está subordinada a él" (M., 1982, en Fernández de J., 2004: 87-88) (…). Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 16 de noviembre de 2009 al interior del caso G. y otras (“Campo Algodonero”) vs. México haciendo alusión a lo expuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mencionó que: ”La Comisión señaló que `[e]s esencial entender el vínculo entre la violencia contra las mujeres y la discriminación que la perpetúa, para apreciar el alcance del deber de debida diligencia en el presente caso” y al referirse a lo manifestado por el Estado mexicano señaló que: “La Corte considera que estas declaraciones remitidas como prueba por el Estado, son coincidentes con su reconocimiento de responsabilidad en el sentido de que en Ciudad Juárez existe una `cultura de discriminación´ que influenció en los homicidios de las mujeres en Ciudad Juárez. Asimismo, la Corte observa que como ya fue establecido supra, diferentes informes internacionales hicieron la conexión entre la violencia contra la mujer y la discriminación contra la mujer en Ciudad Juárez”. También sentencia T-878 de 2014.
[68] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Caso G. y otras (“Campo Algodonero”) vs. México
[91] R. en la sentencia T-878 de 2014.
[93] DELGADO ÁLVAREZ, C.. “Raíces de la violencia de género” en Manual de lucha contra la violencia de Género. Dirección de M.E., N.A.A., S.A. Pamplona 2010. P.. 44 y 45.
[105] R. a su vez la sentencia T-772 de 2015.
[106] Sentencia de la Corte Constitucional C-579 de 2013, M.J.I.P.C..
[107] Sentencia de la Corte Constitucional, T-339 de 2010, M.J.C.H.P..
[108] Sentencia de la Corte Constitucional, T-339 de 2010, M.J.C.H.P..
[109] Sentencia de la Corte Constitucional, T-339 de 2010, M.J.C.H.P..
[110] Sentencia de la Corte Constitucional, T-339 de 2010, M.J.C.H.P..
[111] Sentencia de la Corte Constitucional, T-339 de 2010, M.J.C.H.P..