Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2007-00507-de-octubre-10-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_eb2afef241a800f8e0430a01015100f8&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-23 14:22:18
Document Index: 394587429

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 273', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 83', 'artículo 58']

﻿ Sentencia 2007-00507 de octubre 10 de 2013
SENTENCIA 2007-00507 DE 10 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:PENSIONES DE CONGRESISTAS. LOS EXCONGRESISTAS QUE SE PENSIONARON ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 4ª DE 1992 TIENEN DERECHO A UN REAJUSTE PENSIONAL, POR UNA SOLA VEZ, DEL 50 % DE LO QUE DEVENGABA UN PARLAMENTARIO PARA 1994, Y NO UNA MESADA EQUIVALENTE AL 75 % DE DICHO SALARIO.
Sentencia 2007-00507 de octubre 10 de 2013
Ref.: Expediente 25000232500020070050703 (15452012)
Actor: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, Fonprecon, C/ Graciela Uribe de Lozano
El problema jurídico se contrae a establecer si a la demandada en calidad de cónyuge supérstite de quien laboró como Parlamentario desde 1964 hasta 1971 y entre 1973 y 1983, con pensión mensual vitalicia de jubilación reconocida por Cajanal, le asistía el derecho a que Fonprecon la afiliara y le reconociera el reajuste especial en el 75% del ingreso mensual promedio de lo que devengaba un Congresista, al igual que los intereses moratorios sobre dicho reajuste, de conformidad con el régimen pensional de los parlamentarios.
“ART. 17.—El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los representantes y senadores. Aquellas y estas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, (durante el último año), (y por todo concepto), perciba el Congresista (y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal)(3).
Ahora bien, con fundamento en el artículo 48 de la Carta Política, se expidió la Ley 100 de 1993(13), que en su artículo 273, en relación con el régimen aplicable a los servidores públicos, preceptuó que el Gobierno Nacional, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 36 y 11 de dicha ley, podía incorporar al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud, respetando los derechos adquiridos a los servidores públicos, aun a los congresistas.
Del reajuste especial de los parlamentarios
Posteriormente, el Decreto 1293 de 1994(15), en su artículo 7º, modificó la anterior disposición, en el sentido de suprimir la exigencia para la obtención del reajuste, consistente en que el excongresista pensionado, no podía variar tal condición como consecuencia de su reincorporación. Además agregó, que el valor de la pensión a que tendrían derecho los actuales congresistas será del 75% del ingreso base para la liquidación pensional de los congresistas a que se refiere el artículo 5º del Decreto 1359 de 1993(16).
Del estudio sistemático de las normas reseñadas infiere la Sala, como ya lo hizo en anterior oportunidad(17), que en lo que al régimen especial de los congresistas se refiere, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1359 de 1993, su ámbito de aplicación se contrae a quienes a partir del 18 de mayo de 1992, fecha de vigencia de la Ley 4ª de 1992, ostenten la calidad de Senador o Representante a la Cámara, es decir, que se encuentren para dicha fecha en el ejercicio del cargo o, lo que es lo mismo, en condición de actividad parlamentaria, debidamente posesionados y afiliados a la entidad pensional del Congreso, efectuando cumplidamente las cotizaciones y los aportes, tal como lo señala su artículo 4º.
Lo contrario sería pretender que la labor de un servidor por unos cuantos meses en la entidad amparada con un régimen especial, lo revista de sus beneficios; con lo que a todas luces, se estaría habilitando la incursión en la práctica ilegal comúnmente denominada carrusel pensional(18).
Y en lo que concierne al reajuste especial, como la jurisprudencia reiterada de la Sala lo ha considerado, se constituye en un beneficio exclusivo para los excongresistas que fueron pensionados con anterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992, es decir, antes del 18 de mayo de 1992; al que solo tienen derecho por una sola vez y que no conlleva a una reliquidación anual del ingreso base de liquidación pensional sino una actualización de la pensión, como medida tendiente a soslayar la desigualdad surgida con la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento constitucional, entre quienes siendo congresistas se pensionaron con anterioridad a la Ley 4ª de 1992 y los que en igual condición se pensionaron o pensionarían con posterioridad a la misma.
En atención a las anteriores precisiones en cuanto al régimen especial de los parlamentarios y al reajuste especial, procede la Sala a definir la situación particular de la demandada.
Está demostrado en el expediente que el causante prestó sus servicios al Estado durante 21 años, 7 meses y 13 días, entre el 11 de enero de 1955 y el 9 de noviembre de 1983. Y, en ese lapso laboró como Parlamentario entre 1964 y 1971 y desde 1973 hasta 1983; por lo que el 21 de enero de 1987 mediante Resolución 120, Cajanal le reconoció su pensión de jubilación post mortem y la sustituyó en la cónyuge supérstite (fls. 77 a 80, cdno. ppal.).
Nació el 31 de agosto de 1934 y falleció el 12 de noviembre de 1983 (fls. 43 y 34, cdno. ppal.).
Fonprecon por medio de Resolución 1148 de 25 de octubre de 1995, ordenó la afiliación de la accionada y en consecuencia asumió la pensión de jubilación que Cajanal venía reconociendo, en atención a que por mandato del artículo 2º del Decreto 1359 de 1993, era necesario que el fondo arrogara en su totalidad a los pensionados congresistas que estuvieran a cargo de las diferentes entidades de previsión del orden nacional (fls. 2 y 3, cdno. ppal.).
Según la Resolución 1149 de la misma fecha, dispuso el reconocimiento y pago del reajuste especial para la demandada en el equivalente al 75% del ingreso mensual promedio que devenga un Parlamentario, porque con fundamento en sentencia de tutela de la Corte Constitucional, era claro el derecho de los excongresistas jubilados de recibir el reajuste especial en ese porcentaje. La mesada pensional se fijó en la suma de $ 3.231.726 (fls. 4 a 9, cdno. ppal.).
En Resolución 265 de 6 de marzo de 1996 el fondo ordenó el reconocimiento y pago del reajuste especial por los años 1992 y 1993, igualmente con fundamento en sentencia de tutela de la Corte Constitucional según la cual, dicho reajuste debía reconocerse y pagarse desde el 1º de enero de 1992. El valor reconocido ascendió a $ 47.667.451,33 (fls. 10 a 13, cdno. ppal.).
Y por Resolución 247 de 18 de abril de 1997, reconoció intereses moratorios sobre el reajuste especial en cuantía de $ 103.764.042,98 (fls. 14 a 18, cdno. ppal.).
De las anteriores probanzas la Sala infiere, que el fallecido prestó sus servicios en varias entidades públicas entre los años 1955 y 1983; habiendo laborado en ese interregno como Congresista desde 1964 hasta 1971 y entre 1973 y 1983 —año en el que falleció—; con lo que Cajanal, en enero de 1987 le reconoció su pensión jubilatoria, que sustituyó en su cónyuge sobreviviente, y posteriormente en el año 1995 el fondo conmutó sin fundamento legal.
Con lo anterior se encuentra, que el causante no era destinatario del régimen especial de los congresistas, porque tal como quedó dilucidado en análisis normativo precedente, su vinculación al Congreso no tuvo ocurrencia a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992 —mayo 18/92—, pues como se estableció, ejerció la actividad congresional mucho tiempo antes desde el año 1964.
Y, aunque fungió como Parlamentario por más de 1 año, no lo fue en calidad de reincorporado. De hecho el lapso en el que el fallecido ejerció la actividad congresional, fue debidamente contabilizado por Cajanal, como tiempo, que de paso lo facultó para obtener la pensión de jubilación.
En cuanto al reajuste especial, que se constituye, tal como quedó visto, en un beneficio exclusivo para aquellos excongresistas que fueron pensionados con anterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992, es decir, antes del 18 de mayo de 1992; encuentra la Sala, que en consideración a que la pensión de jubilación en este asunto fue adquirida por el causante desde 1987, a la demandada le asiste derecho al mismo, en razón de lo preceptuado por el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993.
No sin antes precisar, que al ser declarado por el tribunal el aludido reajuste, se torna entonces en un reconocimiento en favor de la parte demandada, que en esta instancia no puede ser revocado, en consideración a que no es posible desmejorar su situación, al ser la única apelante, ello en aplicación del principio de la no reformatio in pejus. Por suerte que, a este reajuste especial, tal como quedó visto, la accionada tiene derecho pero, por una sola vez, de tal manera que alcance un valor equivalente al 50% de lo que devengaba un Congresista para el año 1994. Y no en el porcentaje del 75% ni desde anualidades anteriores a 1994 y menos con derecho a la causación de intereses moratorios, tal como lo ordenó el fondo.
Por tal motivo encuentra la Sala, que la decisión recurrida debe ser modificada en su numeral noveno, porque la accionada tiene derecho al reajuste especial, pero por una sola vez, y en el equivalente al 50% de la pensión que devengaba un Congresista para el año 1994.
Advirtiendo, que en sentir de la Sala, ese 50% no debe ser reconocido por el fondo, porque se subsume en el pago, que de manera excedida realizó; por lo que en este sentido, no le asiste ninguna obligación hacia el futuro.
Finalmente se aprecia, que aunque es cierto que el fondo ha venido cancelando a la accionada sumas que no le corresponden, la Sala avala la disposición del a quo que negó el reintegro de esos pagos efectuados por concepto de mesadas pensionales, porque según lo dispuesto por el artículo 83 de la Carta Política, se presume la buena fe en la actuación de los particulares, y comoquiera que al interior del proceso no obra prueba en contrario que desvirtúe dicha presunción, que opera a favor de la demandada, ligada al principio de confianza legítima. Además, de que tal como lo señaló la Corte Constitucional en la referida Sentencia C-258 de 2013, las mesadas pensionales pasadas se constituyen en “derechos que ya han ingresado de manera irreversible al patrimonio de la persona”, de conformidad con lo estipulado por el artículo 58 superior y por el Acto Legislativo 1 de 2005.
En consideración a lo anterior, se confirmará parcialmente la decisión del tribunal, que declaró la nulidad de la actuación acusada, lo que significa, que el reconocimiento de la pensión jubilatoria debe ser reasumido por la entidad que venía reconociendo la obligación pensional antes de que se produjera la conmutación.
1. CONFÍRMASE parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 1º de septiembre de 2011, que accedió las súplicas de la demanda instaurada por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, Fonprecon, contra la señora Graciela Uribe de Lozano.
2. MODIFÍCASE el numeral noveno de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 1º de septiembre de 2011, en el entendido que el reajuste especial, equivale al 50% de la pensión que devengaba un Congresista para el año 1994, pero por una sola vez, previniendo al fondo en el sentido de que ese reajuste especial, no debe ser reconocido, porque se subsume en el pago excedido que ya efectuó por ese concepto; con lo que por el mismo no le asiste ninguna obligación en el futuro.
(3) Las expresiones “durante el último año”, “y por todo concepto”, “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(4) La locución “por todo concepto” fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(15) Decreto 1293 de 1994 “Por el cual se establece el régimen de transición de los senadores, representantes, empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso y se dictan normas sobre prestaciones sociales y económicas de tales servidores públicos”.
(16) Que debe entenderse, como en líneas atrás se señaló, con las modificaciones que le introdujo la Sentencia C-258 de 2013.
(17) Sentencia de 3 de mayo de 2002. Expediente 1276-2001. Actor: Óscar Emilio Vinasco Vinasco, C.P. Alberto Arango Mantilla.
(18) En igual sentido la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1999 consideró, que se rompe el equilibrio mínimo y de paso se afecta el derecho a la igualdad, cuando se puede acceder a la pensión jubilatoria con un tiempo de ejercicio en la actividad congresional que solo comprende pocos meses. Al efecto señaló “... sería contrario a los objetivos de la pensión y rompería un equilibrio mínimo, afectando el postulado de la igualdad, el hecho de que pudiese acceder a la pensión, tomando el promedio que en general devengan los congresistas durante el mencionado periodo, si el promedio personal y específico es distinto, por ejemplo cuando el tiempo de ejercicio del Congresista cubre apenas unos pocos meses”.