Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S11-04.html
Timestamp: 2020-02-24 03:17:59
Document Index: 170578221

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46']

Teodoro Cabrera Garcia y Rodolfo Montiel Flores v. Mexico, Caso 735/01, Informe No. 11/04, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.122 Doc. 5 rev. 1 en 462 (2004).
3. Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención Americana”): derecho a la integridad personal (artículo 5); libertad personal (artículo 7); garantías judiciales (artículo 8); protección judicial (artículo 25) y el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción (artículo 1(1)). Alegan igualmente que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad previstos en la Convención Americana.
4. Por su parte, el Estado mexicano sostiene en su primera respuesta que la decisión de liberar a los señores Montiel Flores y Cabrera García dejó a salvo su derecho de seguir planteando ante los órganos jurisdiccionales las acciones procesales que estimaran necesarias; que seguían en trámite el amparo para impugnar la sentencia que había confirmado la condena de dichas personas y la investigación de los hechos de tortura por parte de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM). En su segunda comunicación con observaciones sobre el asunto, el Estado reitera que siguen pendientes de resolución las peticiones tanto en el ámbito administrativo como judicial, por lo que no se agotaron los recursos internos. En consecuencia, el Estado solicita a la Comisión Interamericana que declare inadmisible la petición.
11. Los peticionarios presentaron una “ampliación de petición” el 11 de noviembre de 2002, y la Comisión Interamericana la trasladó al Estado mexicano el 2 de diciembre de 2002 con una solicitud de información dentro del plazo de un mes desde esta última fecha.
12. Por otra parte, el 5 de diciembre de 2002 la CIDH transmitió para conocimiento de ambas partes el escrito de amici curiae que había recibido el 15 de agosto de 2002 de las organizaciones “Center for Human Rights and Environment” y “Center for International Environmental Law”, y lo incorporó al expediente P735/01.
16. Los hechos denunciados se habrían iniciado el 2 de mayo de 1999, cuando irrumpieron a la comunidad de Pizotla, en el estado de Guerrero, unos 40 militares que dispararon contra un grupo de personas que se hallaba en el exterior de la casa del señor Teodoro Cabrera García. Como consecuencia de los disparos falleció el señor Salomé Sánchez, mientras que los señores Cabrera García y Montiel Flores fueron posteriormente capturados por los militares. Los peticionarios alegan que los militares no portaban orden de aprehensión y que no medió flagrancia. Asimismo, sostienen que Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores fueron torturados por los militares en reiteradas oportunidades desde su captura y durante su detención en incomunicación en las instalaciones del 40º Batallón de Infantería localizado en Ciudad Altamirano, Guerrero, donde fueron retenidos hasta el 6 de mayo de 1999 por la noche.
17. Los peticionarios sostienen que “como resultado del dolor y las amenazas a que fueron sometidos, los señores Montiel y Cabrera se vieron obligados a firmar declaraciones autoinculpatorias que los militares habían preparado” según las cuales ambos se imputaban mutuamente y reconocían haber cometido los delitos de “siembra de marihuana” y “portación de arma de fuego”.[4] Dichas declaraciones fueron utilizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) para ejercer acción penal contra ambos por los delitos mencionados.[5]
18. La defensa de los señores Cabrera García y Montiel Flores solicitó el 26 de agosto de 1999 al juez de la causa que denunciara al Ministerio Público los hechos de tortura que habrían cometido los militares en perjuicio de ambos campesinos. Sin embargo, en noviembre de 1999, la PGR se declaró incompetente para seguir investigando la tortura y trasladó el asunto a la PGJM bajo el argumento de que los supuestos responsables eran militares que actuaron en servicio. De acuerdo a los peticionarios, dicha indagatoria “fue resuelta con auto de reserva o archivo el 13 de junio del año 2000, bajo el criterio del investigador militar en el sentido de no existir elementos que acreditasen la tortura”.[6]
19. Por otra parte, la defensa de los señores Cabrera García y Montiel Flores planteó una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), que emitió la recomendación 8/2000 el 14 de julio de 2000. En dicho documento de la CNDH se establece, entre otras cosas, que los militares “sin contar con el mandamiento escrito por la autoridad judicial competente que los facultara para ello, realizaron actos de molestia y diligencias de cateo“en el domicilio de Teodoro Cabrera García en violación “del derecho a la legalidad y seguridad jurídica”[7]; y que “se tienen por ciertos los actos de tortura”[8] que habían sido denunciados por la defensa de los campesinos ecologistas. Las cuatro recomendaciones contenidas en el documento se dirigen al Secretario de la Defensa Nacional, pero destacan los peticionarios que la CNDH “omitió posición sobre el tema de la inconstitucionalidad de la competencia de la Procuraduría Militar en la investigación de la tortura”.[9]
35. En contraposición, los peticionarios afirmaron desde su primera comunicación a la Comisión Interamericana que los recursos que aún no se habían decidido en ese entonces carecían de la idoneidad para solucionar la situación sometida a la CIDH. En el caso de la averiguación previa militar, los peticionarios afirman que ello se debe a que la PGJM carece de la imparcialidad necesaria para conducir una investigación sobre presuntas violaciones de derechos humanos que involucra a sus propios integrantes. En cuanto a la justicia federal, alegaron al principio la falta de efectividad por la demora excesiva; con posterioridad, este recurso fue decidido en contra de los señores Cabrera García y Montiel Flores, quienes resultaron condenados a pesar de que ya se hallaban en libertad por la iniciativa del Ejecutivo Federal señalada supra.
36. La Comisión Interamericana considera que el recurso de amparo interpuesto ante el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, en virtud del cual los peticionarios impugnaron la sentencia de apelación que confirmó su condena, gozaba de la idoneidad para solucionar el asunto sometido a su conocimiento. Dicho recurso fue resuelto el 14 de agosto de 2002, es decir diez meses después de haberse presentado la petición 735/01. La Comisión Interamericana considera que no es necesario analizar los argumentos de los peticionarios sobre la aplicabilidad de las excepciones al agotamiento de los recursos internos --aunque cabe observar que el Estado no respondió a tales argumentos-- ya que tal requisito se cumplió claramente durante el trámite de este asunto.
37. Igualmente, cabe destacar que la “ampliación de petición” presentada por los peticionarios, tuvo por objeto introducir como hecho nuevo la sentencia de agosto de 2002 arriba mencionada. Tal comunicación no fue respondida por el Estado mexicano, a pesar de la reiteración de la solicitud de la CIDH en tal sentido. La Comisión Interamericana entiende este silencio procesal del Estado como una renuncia a la excepción de agotamiento de los recursos internos que interpuso de manera indirecta en su primer escrito y en forma expresa en el segundo escrito, que a la vez constituye la última comunicación sobre esta petición. En consecuencia, considera que con la referida sentencia de 14 de agosto de 2002 se ha cumplido el requisito previsto en el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana.
38. Por otra parte, la CIDH observa que desde su primera comunicación, los peticionarios alegaron la excepción al agotamiento de los recursos internos en cuanto a la investigación por los hechos de tortura que habrían sufrido los campesinos ecologistas.[26] Como se ha expuesta supra, tal posición se basa en que la PGJM carece de competencia para investigar los hechos denunciados --tanto por la propia legislación mexicana como por la jurisprudencia del sistema interamericano-- debido a que se trata de violaciones de derechos humanos imputadas a integrantes de las fuerzas armadas.
39. Aunque el Estado no fundamentó de manera directa la idoneidad de la investigación militar para determinar los hechos denunciados, expuso a la Comisión Interamericana las gestiones realizadas para intentar la sanción administrativa a quienes resultaran eventualmente responsables y se refirió al acceso que tuvieron los representantes de las presuntas víctimas en la averiguación abierta por la PGJM. Sin embargo, se ha visto también que a pesar de la reiteración de la CIDH, el Estado mexicano no respondió a la solicitud de información sobre la comunicación de los peticionarios de 11 de noviembre de 2002; tampoco presentó información con posterioridad a la nota de 23 de junio de 2003 con la que se le transmitieron los argumentos finales de los peticionarios sobre la admisibilidad de este asunto.
41. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la invocación de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46(2) se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos consagrados en la Convención Americana, tales como el debido proceso y la protección judicial establecidos en los artículos 8 y 25.[28]
42. Sin embargo, el artículo 46(2), por su naturaleza y objeto, es de contenido autónomo respecto a las normas sustantivas de la Convención Americana. Por lo tanto, la determinación sobre la aplicabilidad de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos al asunto analizado en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un parámetro de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la violación de los artículos 8 y 25 del instrumento internacional citado. Las causas y efectos que han impedido el agotamiento de la investigación de los hechos objeto del presente caso serán analizados en el informe que adopte la CIDH sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si efectivamente configuran violaciones a la Convención Americana.
El Presidente de México instruyó al Secretario de Gobernación a fin de que se revisara el expediente penal de los señores Montiel y Cabrera y, en su caso, se tomaran las medidas necesarias y posibles en el marco de la ley para remediar la situación.
Como resultado de lo anterior, la Secretaría de Gobernación apoyó y asesoró a la defensa de los señores Montiel y Cabrera para recurrir a los tribunales federales, a través del juicio de amparo e impugnar, entre otros, el hecho de que no fue valorado como prueba el examen practicado por los especialistas Christian Tramsen y Morris Tidball-Binz.