Source: https://observatorio.defensoria.gov.co/?_s=ojc&_a=18&_q=3&_es=0
Timestamp: 2019-12-16 12:50:14
Document Index: 155099687

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 19']

Mostrando únicamente secciÃ³n 3
3.2. Deber de eliminar ley que establece la pena de muerte sin respetar las restricciones establecidas por la convenciÃ³n
3.3. Deber de eliminar del derecho interno las leyes que establezcan amnistÃ­a
En el Caso La Cantuta, el 18 de julio de 1992, miembros del ejército peruano y agentes del Grupo Colina, ingresaron al campus de la Universidad ?La Cantuta? de Lima, irrumpiendo violentamente en las residencias de profesores y estudiantes y, con lista en mano, se llevaron a 10 personas, un profesor y 9 estudiantes, 2 de los cuales fueron ejecutados y los demás continúan desaparecidos. En vigencia de la Ley No. 26.479, por la cual se concedía amnistía al personal militar, el Consejo Supremo de Justicia Militar, mediante Ejecutoria Suprema de fecha 16 de junio de 1995, aplicó el beneficio de amnistía sobre personal militar, que en algunos casos había sido condenado. La Corte observó que la Ejecutoria Suprema de 16 de junio de 1995 del Consejo Supremo de Justicia Militar constituyó un acto de aplicación de las leyes de amnistía y surtió efectos hasta que ese mismo órgano declaró la nulidad de ese acto mediante Ejecutoria Suprema de 16 de octubre de 2001, en acatamiento de disposiciones internas y de lo dispuesto por la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos. Ese acto de aplicación de las leyes de amnistía fue dictado con el propósito de dejar en la impunidad a quienes había inicialmente investigado y condenado en uno de los procesos penales militares y significó una obstaculización durante un período para la investigación, enjuiciamiento y sanción de presuntos responsables de los hechos, así como un incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones de garantía, en perjuicio de los familiares de las víctimas. En razón de lo anterior, la Corte concluye que, durante el período en que las leyes de amnistía fueron aplicadas en el presente caso, el Estado incumplió su obligación de adecuar su derecho interno a la Convención contenida en el artículo 2 de la misma, en relación con los artículos 4, 5, 7, 8.1, 25 y 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de los familiares. nota 1
3.4. Deber de eliminar normas que permitan la imposiciÃ³n de tasas de justicia desmedidas y honorarios excesivos, que impidan el acceso a la justicia
3.5. ViolaciÃ³n por parte del estado de su obligaciÃ³n general de adoptar disposiciones de derecho interno compatibles con la convenciÃ³n americana y la convenciÃ³n interamericana sobre desapariciÃ³n forzada.
3.6. ViolaciÃ³n por parte del estado de su obligaciÃ³n general de adoptar disposiciones de derecho interno compatibles con la convenciÃ³n y de derogar o anular aquellas incompatibles como una ley de penas corporales
3.7. ViolaciÃ³n de los deberes generales de respeto y garantÃ­a de los derechos y de adoptar medidas de derecho interno por aplicaciÃ³n de legislaciÃ³n de emergencia que suprime garantÃ­as previstas en la convenciÃ³n
3.8. Incumplimiento de la obligaciÃ³n de respetar los derechos y de adoptar medidas de derecho interno
En el Caso Durand y Ugarte la Corte encontró que, el Estado de Perú violó los derechos a la vida, libertad, protección judicial y garantías judiciales (artículos 4.1, 7.1, 7.5, 7.6, 8.1 y 25.1) en perjuicio de los señores Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, por lo que el mismo no ha cumplido con su deber general de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención y de garantizar su libre y pleno ejercicio, como lo establece el artículo 1.1 de la Convención. Además, en el presente caso se incumplió el deber de adecuar la normatividad interna (artículo 2), por cuanto el Estado no ha tomado las medidas adecuadas de derecho interno que permitan hacer efectivos los derechos consagrados en la misma. En consecuencia, la Corte concluye que el Estado ha incumplido las obligaciones generales de los artículos 1.1 y 2 de la Convención. nota 1
3.9. Incumplimiento de la obligaciÃ³n de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho interno por limitar el habeas corpus
3.10. Incumplimiento de la obligaciÃ³n de respetar los derechos y del deber de adoptar disposiciones de derecho interno por aplicar retroactivamente la ley
La Corte estima que en el Caso Baena Ricardo y otros, el Estado de Panamá violó el principio de legalidad, las garantías y protección judiciales y la libertad de asociación (artículos 9, 8.1, 8.2, 25 y 16) en perjuicio de los 270 trabajadores, lo cual significa que no ha cumplido con el deber general, establecido en el artículo 1.1 de la Convención, de respetar los derechos y libertades y de garantizar su libre y pleno ejercicio. Además, la emisión y aplicación de la Ley 25, con efecto retroactivo, son violatorias de preceptos convencionales y revelan que el Estado no ha tomado las medidas adecuadas de derecho interno para hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención. Por las anteriores consideraciones, la Corte declara que Panamá incumplió las obligaciones generales de los artículos 1.1 y 2 de la Convención. nota 1
3.11. ObligaciÃ³n de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho interno por normas que establecen la censura cinematogrÃ¡fica
En el Caso La Última Tentación de Cristo, La Corte se refirió al deber general del Estado, de adoptar medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías. Dado que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y expresión a los denunciantes (artículo 13), se tiene como consecuencia que ha incumplido el deber general de respetar los derechos y libertades reconocidos en aquélla y de garantizar su libre y pleno ejercicio, como lo establece el artículo 1.1 de la Convención.
Además, la obligación según la cual el Estado debe adoptar todas las medidas para que lo establecido en la Convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno (artículo 2 de la Convención), implica que las medidas a tomar se consideren efectivas solo cuando el Estado adapta su actuación a la normativa de protección de la Convención. En el presente caso, al mantener la censura cinematográfica en el ordenamiento jurídico chileno, el Estado está incumpliendo con el deber de adecuar su derecho interno a la Convención para hacer efectivos los derechos consagrados en la misma, como lo establecen los artículos 2 y 1.1 de la Convención. La Corte tiene presente que el Gobierno de Chile presentó un proyecto de reforma constitucional para eliminar la censura cinematográfica, porque ello puede conducir a adecuar el ordenamiento interno a la requerida protección de la libertad de pensamiento y expresión. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido a partir de la presentación del proyecto de reforma al Congreso no se han adoptado aún, las medidas necesarias para eliminar la censura cinematográfica y permitir, así, la exhibición de la película "La Última Tentación de Cristo." En consecuencia, la Corte declara que el Estado ha incumplido los deberes generales de respetar y garantizar los derechos protegidos por la Convención y de adecuar el ordenamiento jurídico interno a las disposiciones de ésta, consagrados artículos 1.1 y 2. nota 1
3.12. ObligaciÃ³n de respetar los derechos y deber de adoptar las medidas internas necesarias para dar pleno cumplimiento a las sentencias de los Ã³rganos judiciales
3.13. ViolaciÃ³n del deber de adopciÃ³n de medidas de derecho interno para evitar la violaciÃ³n de los derechos de los niÃ±os (artÃ­culo 19)
En el Caso Instituto de Reeducación del Menor, Después de tres incendios a la institución de detención de menores propiciados por el amotinamiento de algunos de los menores y tras haber muerto varios de los que se encontraban el Instituto, el Estado decidió cerrar el establecimiento, en el año 2001.Las condiciones del Instituto eran deplorables y en vez de ser rehabilitados en el Instituto para una reinserción satisfactoria en la sociedad, los internos fueron sometidos a sufrimiento diario y, por tanto, a un proceso de aprendizaje negativo y vicioso, el cual, en parte, explicaba el alto índice de reincidencia de los mismos. El Estado cubrió diversos gastos ocasionados respecto de los internos fallecidos y heridos, tales como algunos montos correspondientes a atención médica y psicológica y gastos funerarios, pero estas medidas no beneficiaron a todos los afectados, ya que los familiares de algunas de las presuntas víctimas también debieron proporcionarles medicamentos y pagar gastos funerarios. En la jurisdicción interna se interpuso un recurso de hábeas corpus, y se abrieron dos procesos civiles y dos procesos penales. Los dos procesos civiles se encuentran en la etapa inicial, mientras los penales fueron archivados por falta de prueba. nota 1
La Corte concluye que el Estado, al no establecer un órgano jurisdiccional especializado para niños, ni un procedimiento diferente al de los adultos que tuviera en consideración de manera adecuada su situación especial, violó el artículo 2 en relación con el artículo 19. nota 2