Source: http://www.opech.cl/analisis-critico-del-proyecto-de-ley-de-educacion-superior/
Timestamp: 2017-06-27 15:41:46
Document Index: 373662676

Matched Legal Cases: ['in fine', 'in fine', 'artículo 3', 'artículo 47', 'artículo 54', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 52', 'artículo 49', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 20']

Análisis crítico del proyecto de ley de reforma a la Educación Superior en Chile – OPECH
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Contexto – Introducción del Proyecto de Ley
El 4 de julio del presente año, la presidenta Michelle Bachelet entregó un mensaje oficial anunciando el inicio de la discusión parlamentaria de un Proyecto de Ley que supuestamente debiese trasformar el actual sistema de Educación Superior (ES) en Chile. En la actualidad, el proyecto se encuentra en discusión en la Comisión de Educación del Congreso y todo apunta a que éste debiese tener grandes modificaciones debido a los múltiples cuestionamientos desde diversos sectores. [1]
Según lo señalado en el proyecto, el objetivo es reformar completamente el régimen jurídico del sector (proyecto ley, p.1). De la misma manera, se explicitan en el mensaje los objetivos que esta ley se propone, entre ellos: consolidar un sistema de educación superior (p.19), dar garantías de calidad y resguardo de la fe pública (p.21) a través de la prohibición efectiva del lucro (p.22) y fortalecer la educación superior estatal (p.24). Sin embargo, al estudiar el escrito concluimos que el logro de estos objetivos es, al menos, cuestionable, distando bastante lo señalado en el mensaje del proyecto de ley y lo expresado en el articulado propiamente tal.
Vale la pena señalar que este sistema ha sido cuestionado por numerosos actores y también por el conjunto de la sociedad a través del amplio movimiento social por la educación, que se ha hecho presente manifestando su descontento. Dichos cuestionamientos han girado principalmente en torno al sistema de acceso y la escasa planificación respecto a la oferta de matrículas en educación superior, al respectivo modelo de financiamiento, a la calidad de las instituciones que imparten educación superior, a la propia institucionalidad del sistema y al debilitamiento de la educación pública.[2] Lo anteriormente señalado se enmarca en la crítica que nuestra educación superior, instaurada fundamentalmente durante la dictadura y consolidada por los gobiernos de la Concertación, es una de las más privatizadas y mercantilizadas del mundo (Assaél, Cornejo, González, Redondo, Sánchez y Sobarzo, 2011). En efecto, la matrícula estatal en pregrado del sistema de educación superior no supera el 15% de la totalidad (CNED, 2016), representando solamente al subsistema universitario ya que, en lo que concierne al resto de las instituciones como los CFT y los IP, el porcentaje de matrícula pública es nulo debido a la inexistencia de instituciones estatales en este subsistema (OCDE, 2009).
En términos generales, se puede afirmar que este proyecto de ley no deroga la LOCE, no culmina con el lucro en la Educación Superior, no es una propuesta que fortalezca a la educación pública y tampoco asegura la gratuidad universal. Por lo tanto, no asegura el derecho a la educación en el sector. Para dar cuenta de lo señalado, realizaremos un análisis crítico del proyecto de ley respecto a los puntos que consideramos más relevantes y que guardan relación con las demandas del movimiento social, de manera tal que sirva como un insumo para rechazarlo. Los puntos propuestos son: 1. Acceso y planificación de la matrícula en educación superior, 2. Financiamiento, 3. Calidad y pertinencia, y 4. Marco regulatorio e Institucionalidad.
Acceso y planificación de la matrícula en educación superior.
A modo de diagnóstico, el mensaje del proyecto señala que para ingresar a la educación superior los mecanismos existentes resultan ser una barrera para el logro de una mayor equidad e inclusión, los cuales son considerados ejes conceptuales en los que se desarrolla el proyecto. Esta barrera, como también lo es la capacidad de pago de cada familia, haría que se reproduzcan las desigualdades socioeconómicas que vienen desde la educación escolar en el acceso a la educación terciaria.
Por tanto, se plantea como un desafío del proyecto que, en el marco de la gran masificación de la matrícula en educación superior (por vía principalmente privada), exista mayor equidad en el acceso, comprendiendo que éste depende fuertemente del origen socioeconómico del estudiante, existiendo actualmente una alta segregación en el sistema. Además, se señala que las instituciones que no están adscritas al actual Sistema Único de Admisión (SUA), cuentan con procesos de admisión desconocidos, de los que no hay información clara.
En consecuencia, se crea un Sistema Común de Acceso (SCA) a la educación superior, de carácter obligatorio para las instituciones que reciban financiamiento público, el cual debiera considerar “la diversidad de talentos de los estudiantes, además de brindar información clara y transparente”. El SCA incluye los tres tipos de instituciones (IP’s, CFT’s y Ues), pero no aplica para estudios de posgrados o pos títulos.
Sin embargo, al hacer una revisión de los artículos (título II, párrafo 2°: “del sistema común de acceso a las instituciones de educación superior”, que abarca los artículos del 12 al 15), esta materia queda en una indeterminación, dejando más dudas que respuestas acerca de qué consistirá este nuevo sistema de acceso. Por una parte, en una suerte de declaración de principios se apela a la consideración de la diversidad y se habla de instrumentos diferenciados y programas especiales. Estos ya existen en cierta medida, por lo que queda la interrogante de cuál será el carácter de la transformación informada, en cuanto a si el cambio al sistema actual será sustancial o si sólo se remite al reemplazo de la PSU por otro tipo de instrumento estandarizado.
En el contexto actual, se provee de igualdad de oportunidades para que los estudiantes accedan, pero no se considera que el punto de partida es desigual, debido a sus contextos de vida. Por lo tanto, se genera un escenario de ganadores y perdedores, los que acceden y los que quedan fuera, no promoviendo la educación como un derecho social.
Otro aspecto es que la inequidad y segregación en el acceso a la educación superior no sólo actúa a nivel de quién entra y quién no, sino que también hay un efecto en cuanto al tipo de institución al que se accede según el nivel socioeconómico. Así, en los CFT’s e IP’s se da una mayor matrícula de estudiantes de los quintiles socioeconómicos más bajos, mientras que al subsistema universitario acceden los de mayores ingresos. Considerando que la ley solamente habla del acceso en general, puede entenderse que, incluso existiendo una mayor equidad en el acceso, esto no garantiza una menor segregación dentro del mismo sistema de educación superior.
Por otro lado, se habla de equidad en el acceso, pero nada acerca de la equidad en la permanencia en la educación superior. Éste es un tema relevante, ya que esta materia también está atravesada por factores socioeconómicos, siendo otra vez los estudiantes de menores ingresos quienes presentan menores tasas de retención (MINEDUC, 2014).
En lo que concierne a algún tipo de planificación de la oferta de matrículas, ésta se encuentra actualmente desregulada y sin una mirada estratégica de lo que requiere el país. Un dato a considerar es que, según cifras del INE (2016), del total de desocupados en Chile para el periodo marzo-mayo, más de 232 mil personas – un 39% del total – cuentan con estudios en la Educación Superior[3].
Respecto a esta temática, el proyecto indica que la Subsecretaría fijará un número de vacantes máximas en las instituciones que reciban financiamiento por gratuidad (Art. 178). Lo anterior da a entender que en las demás instituciones (las que no accedan a la gratuidad) no se regulará la matrícula, lo que deja entrever que el criterio de limitación de vacantes es meramente económico y no apunta, por ejemplo, hacia una regulación del número de profesionales en ciertas áreas, en concordancia a la oferta laboral y las necesidades locales o del país en cuanto a esos profesionales. Vale la pena señalar que en muchos de los países capitalistas del mundo la oferta de matrícula es regulada en función de un proyecto de desarrollo país, del cual Chile carece.
En cuanto al financiamiento, en el proyecto de ley se realiza el diagnóstico de que éste se encuentra determinado por las lógicas del mercado y los principios de competencia para la distribución de recursos, teniendo una noción de educación como una inversión individual. Se agregan datos acerca de la baja inversión que se realiza en la educación superior en cuanto a porcentaje del PIB, en comparación a países de la OCDE, siendo el principal aporte del financiamiento el que proviene desde las mismas familias. Según se señala, también ha aumentado el gasto fiscal para cubrir el arancel de los estudiantes, subiendo los aranceles de las carreras de manera desregulada, sin que esto signifique mayor calidad (MINEDUC, 2015).
El diagnóstico presentado, a pesar de su crítica a la situación actual, se sigue realizando desde un punto de vista económico y no desde la comprensión de la educación como un derecho. Por lo tanto, falta un verdadero análisis del actual modelo de financiamiento que cuestione el sentido de los recursos para la educación superior, incluyendo argumentos desde otros enfoques, y que tenga coherencia con un concepto de la educación como un derecho, es decir, un financiamiento basal a las instituciones del Estado. Esto les permitiría responder adecuadamente a los requerimientos del país en función de un proyecto de desarrollo a largo plazo, ya que se entiende que la formación de profesionales, la producción de conocimiento y las demás áreas relacionadas no debieran ser sustentadas con recursos de los mismos estudiantes.
Sin embargo, en el análisis del articulado que se refiere al financiamiento público de la educación, se mantiene la lógica de subsidio a la demanda, y por ende, no propone un nuevo modelo de asignación de recursos. Este modelo obliga a las universidades estatales a cobrar un arancel por estudiante.
El proyecto de ley se refiere al financiamiento para la gratuidad, estableciendo como requisitos que las instituciones estén acreditadas, que sean sin fines de lucro, que se adscriban al Sistema Común de Acceso y a aplicar políticas que permitan el acceso equitativo de los estudiantes, siendo como mínimo el 20% de la matrícula total perteneciente a los 4 primeros deciles. Además, las instituciones deben solicitar el acceso a este financiamiento.
En la actualidad, todas las universidades, por ley, son sin fines de lucro, no así los institutos profesionales ni centros de formación técnica. Sin embargo, múltiples universidades como las pertenecientes al Holding Laureate han estado involucradas en múltiples investigaciones y acusaciones respecto a este tema. Por otro lado, no queda claro por qué solamente el subsistema universitario tiene esta prohibición y no es así para los IP’s y CFT’s, los cuales si pueden realizar su negocio amparados por la ley. Este tema no se resuelve en el proyecto.
También se señala que los montos que se asignen por motivo de gratuidad se otorgarán en base al valor de los derechos básicos de matrícula y en base a un “arancel regulado”, una nueva forma de calcular el valor de las carreras. Este mecanismo será propuesto por una comisión de “expertos”, a partir de las bases establecidas por la Subsecretaría de Educación Superior, mediante una fórmula que todavía no se establece, pero en la cual sí evidencia el carácter tecnocrático para la resolución de los criterios que determinen finalmente los valores. Esto demuestra que la unidad básica de análisis del financiamiento público del sistema de educación superior continuará siendo el arancel, por cierto, hoy muy desregulado. Vale la pena señalar que existirán categorías de aranceles por grupos de carreras en función de ciertos indicadores, lo que nos hace preguntarnos por qué se permite la existencia de diversos valores ante un producto con resultados similares.
Por otro lado, la subsecretaría fijará un número de vacantes máximas en las instituciones que reciban financiamiento por gratuidad. Esto da a entender que en las instituciones que no accedan a la gratuidad, no se regulará la matrícula.
Este financiamiento de gratuidad sólo cubrirá el tiempo de duración formal de la carrera; luego de eso, la responsabilidad de pagar se traspasará al estudiante. Esto va en contra el derecho a la educación, ya que se priva al estudiante del derecho a continuar su carrera sin tener estas barreras económicas, siendo los de menos recursos los que se verán más desfavorecidos debido a muchas razones, como por ejemplo, la necesidad de tener un empleo (esporádico o permanente) para sustentar sus costos de vida o la de su familia. De esta manera, la gratuidad se condiciona en base a un criterio académico que exige terminar la carrera en los plazos que nominalmente se indican, desestimando que pueden existir múltiples factores que impliquen que un estudiante no termine su carrera en los años que formalmente se establecen. El proyecto de ley señala que luego del plazo es la institución la que puede cobrar al estudiante, estableciendo un máximo de 50% del arancel regulado y del derecho básico de matrícula al primer año de atraso. Si el exceso del plazo es superior a un año, la institución puede cobrar el total de estos valores.
Cabe señalar que para el año 2017 la gratuidad se financiará nuevamente mediante una modificación en la glosa presupuestaria, estableciendo que el financiamiento de la gratuidad establecido en el proyecto comenzará a regir desde el año 2018, buscando abarcar los 6 primeros deciles socioeconómicos. Luego, desde el año 2020, la expansión del beneficio de gratuidad estará sujeta a cifras de crecimiento del PIB del país, avanzando la cobertura por decil según el cumplimiento del criterio establecido en el proyecto. Es decir, la gratuidad en educación superior a partir del séptimo decil de ingresos hasta la cobertura total estará determinada por un criterio de crecimiento económico, dejando en incertidumbre los plazos de establecimiento de la gratuidad planteada en el proyecto.
Sobre la educación estatal
Por otro lado, se crea un fondo exclusivo para las universidades estatales, el cual se establecerá mediante la Ley de Presupuestos, la cual varía año a año y su crecimiento no está garantizado. El objetivo de este fondo sería contribuir al cumplimiento de compromisos entre las instituciones y el estado, además de a su propio desarrollo institucional. Se señala que los fondos considerarán al menos los recursos del “Convenio Marco” establecido en la Ley de Presupuestos del 2015. El programa “Convenio Marco” se crea ese año con el fin de fortalecer a las instituciones de educación superior, enfocándose exclusivamente en las instituciones estatales (Contraloría General de la República, 2015). Esto nos muestra que los recursos que el proyecto de ley pretende establecer para las universidades estatales no es una medida que venga a realizar una gran revolución en el financiamiento de las instituciones públicas, sino que constituye la instauración de algo que ya existía de manera similar y que no ha logrado ser la respuesta al debilitamiento que la educación pública ha sufrido durante estos últimos 35 años.
En cuanto al Crédito con Aval del Estado (CAE), no existe mención alguna a éste, dejando entender que de todas formas seguirá habiendo financiamiento público para instituciones privadas de cualquier tipo, mediante el financiamiento enfocado hacia los estudiantes, a través del endeudamiento. Por último, se señala la derogación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), pero igualmente se otorgarán los fondos durante el 2017 para las instituciones que correspondan.
En el mensaje que antecede a la presentación del proyecto, se mencionan como ejes conceptuales que constituyen los fundamentos para la construcción de un sistema de educación superior, tanto «la búsqueda permanente de calidad» como «la pertinencia del quehacer de la educación superior, que establece el desafío de mantener un vínculo estrecho y permanente con las necesidades presentes y futuras del país y sus regiones» (pp. 4-5). Sin embargo, la desregulación de la oferta de matrícula ha impedido la construcción de normas para lograr mejor calidad y pertinencia. En este sentido, se considera la necesidad de instaurar una institucionalidad que permita «la definición de objetivos y horizontes compartidos, capaces de orientar el desarrollo de la educación superior en un horizonte de largo plazo» (p. 10). Tal institucionalidad debería lograr articular las diferentes instancias en el ámbito de la educación superior, superando la actual fragmentación.
A su vez, se señala que para asegurar la calidad del sistema de educación superior, se considera que debe fortalecerse y completarse el actual sistema de aseguramiento de la calidad. En particular, respecto de las debilidades y vacíos actuales, se nombran: «la voluntariedad en las acreditaciones, excepto en carreras de medicina y pedagogía; la falta de relación entre acreditación institucional y la de programas, los conflictos de interés observados en la actual institucionalidad» (p. 14). También se menciona como un vacío en el actual sistema la operación del sistema de aseguramiento, el cual no contaría con estándares explícitos de calidad.
Ahora bien, en el articulado del proyecto de ley, se parte con una caracterización de pertinencia y calidad, avanzando en la definición de estándares explícitos de calidad. En particular, en el artículo 3 del proyecto de ley se especifican los principios que inspirarían el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Respecto de la calidad, ésta se asocia a la búsqueda de excelencia con el fin de lograr «una mejor transmisión del conocimiento a las y los estudiantes y la promoción de su creatividad, de una actitud crítica, orientada a la superación de los límites del conocimiento, a la constante innovación para alcanzar el bienestar, y el respeto por el medio ambiente» (pp. 33-4). Por otra parte, con respecto al principio de pertinencia, la ley norma que las instituciones de educación superior en su quehacer «contribuyan permanentemente al desarrollo del país y sus regiones».
El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior «estará integrado por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación, el Consejo para la Calidad de la Educación Superior y la Superintendencia de Educación Superior» (pp. 45-6). Entre las funciones del Sistema se encuentran: la promoción de políticas de calidad y pertinencia; el licenciamiento de instituciones nuevas de educación superior; y, la acreditación institucional de las entidades de educación superior autónomas.
En el proyecto se define la acreditación institucional como obligatoria para lograr fondos públicos, la cual, a su vez, como ya se mencionó con anterioridad, «consistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de estándares de calidad, los que referirán a recursos, procesos y resultados; así como también, el análisis de mecanismos internos para el aseguramiento de la calidad, considerando tanto su existencia como su aplicación y resultados, y su concordancia con la misión y propósito de las instituciones de educación superior» (p. 57). Estos procesos de acreditación institucional considerarán las etapas de autoevaluación, evaluación externa y, por último, resolución final (artículo 47). A partir de esta resolución final, la institución evaluada será asignada a una de estas tres categorías, de menor a mayor calidad: nivel c, nivel b y nivel a (artículo 54). Vale la pena señalar que el actual sistema de acreditación ha sido gravemente cuestionado, incluso con causas penales involucradas, mostrando poca transparencia en la ejecución de sus responsabilidades (Torres, V., Riquelme, G., y Guzmán, J. A., 29 septiembre 2011). El proyecto de ley no necesariamente resuelve este tipo de malas prácticas.
En cuanto a los niveles de acreditación, el nivel C apunta hacia un alcance local y regional, el nivel B hacia un alcance regional o nacional y el nivel A hacia un alcance nacional o internacional. Esto significa que una universidad de marcado carácter regional, de vital importancia para el desarrollo local y con notable aporte no puede aspirar a acceder al máximo nivel de acreditación, es decir, al tipo A. Al mismo tiempo, IP’s y CFT’s son medidos bajo el mismo criterio, siendo incongruente con los objetivos para los que fueron creados.
¿Calidad es igual a acreditación?
En cuanto a la declaración de valores realizada en el mensaje del proyecto, creemos que existen múltiples vacíos e inconsistencias con respecto a lo que consideramos debería ser un proyecto de educación superior que, en efecto, se haga cargo de las necesidades actuales de Chile con respecto al sistema de educación superior tales como: la noción acrítica de calidad que permea el documento, asociándola a procesos de acreditación; la continuación y profundización de los cuestionados procesos de acreditación en el sistema; y, la forma parcial de comprender la pertinencia. A continuación, detallaremos estos puntos problemáticos.
Con respecto a la calidad, en el mensaje existe una falta de problematización con respecto a la tensión que esta categoría se relaciona con los procesos educativos y, en particular, con la pertinencia. Por ejemplo, se valida la excelencia de algunas universidades chilenas de acuerdo a rankings internacionales (p. 15), sin comprender que estos se basan en parámetros cuantitativos, que resaltan determinados enfoques, líneas de investigación y formas de entender la ciencia, los que se tensionan con el principio de pertinencia que, en efecto, también se levanta como fundamental en el proyecto de ley (artículo 3).
Según el proyecto, la calidad puede y debe evaluarse; se opta a realizarlo profundizando el actual sistema de acreditación. Al respecto, a pesar de resaltarse la participación como uno de los principios del sistema de educación (artículo 3), no se asegura la incidencia de otros estamentos universitarios, como el estudiantil, en el proceso de acreditación (p. 62). Además, al seguir esta lógica, se enmarca cualquier definición de calidad en lo que puede acreditarse de acuerdo al sistema, dejando de lado otras formas de entender la excelencia, continuando la lógica esencial del cuestionado sistema vigente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). En este punto, podemos mencionar la inexistencia de la inhabilidad para pares evaluadores que puedan entrar en conflicto de interés con la institución a ser evaluada por ser parte de una institución «competidora» (artículo 52).
Cabe señalar que en el proyecto de ley se crean categorías intermedias para instituciones que no cumplen los plazos establecidos para la acreditación, lo cual debilita el mismo supuesto de la obligatoriedad de la acreditación (artículo 49). También, nos preguntamos por la especificidad de la acreditación de las carreras conducentes a títulos profesionales de profesor de educación básica, media, técnico-profesional y diferencial, lo cual no se explica en el proyecto.
Por último, como se señaló con anterioridad, la pertinencia es uno de los principios defendidos del Sistema, aunque se entiende de forma parcial en el proyecto de ley, concibiéndolo sólo de acuerdo a la visión del desarrollo del país (artículo 3). La pertinencia territorial se explicita sólo para los centro de formación técnica e institutos profesionales, pero no para las universidades. Además, la pertinencia del subsistema de las fuerzas armadas no se discute en el proyecto, lo cual es un vacío importante a tener en cuenta. Con respecto a la estrategia a seguir para establecer la pertinencia, sólo se señala en el artículo 9 como Estrategia Nacional de Formación Técnica Profesional, la cual se detalla en el artículo 20; en este artículo se nombra un Consejo Asesor con presencia fundamental de los gremios privados empresariales (SOFOFA, CPC, CNA) y algunos gremios de trabajadores (CUT), con clara hegemonía del empresariado.
Marco regulatorio e Institucionalidad Mediante este proyecto de ley se crea la Subsecretaria de Educación Superior (Título II), la Agencia de Calidad (Título III), Superintendencia de Educación Superior (Título IV), y sus respectivas unidades resolutivas como los Consejos. Para muchos, esto ha sido señalado como un avance, sin embargo en términos generales, lo que propone el proyecto de ley en materia institucional responde a la racionalidad de las reformas educativas neoliberales, ya tan características de nuestras país, es decir, crear nuevas estructuras institucionales -extendiendo las labores administrativas asociadas al tema (mayor burocratización)- y aumentar las atribuciones de fiscalización del aparato estatal -bajo el supuesto de aumentar el control desde arriba-, ambas en una línea despolitizada y con un énfasis en lo técnico-jurídico.
En la literatura especializada este fenómeno se le denomina la New Managament Public (La Nueva Gestión Pública), que representa una mirada privatizadora de lo público, con un acento en la visión econométrica y gestión empresarial (Guerrero, 2004). Es decir, se establece un nuevo orden, una nueva regulación de los desmanes que el propio mercado educativo ha generado, sin ser un proyecto que apunte a un fortalecimiento concreto de las instituciones estatales.
En lo que concierne las universidades se establecen su misión. Entre estas destacan la realización de la docencia, investigación, creación artística, innovación y vinculación con el medio. Nos preguntamos si aquellas instituciones que no tengan entre sus propósitos estas misiones (por ejemplo la investigación o qué entenderemos por innovación) ¿dejarán de ser universidades? Por lo demás nunca aclara porqué los institutos profesionales pueden entregar la misma certificación (títulos profesionales) que una universidad y otros no (medicina, por ejemplo). La única diferencia que detectamos a nivel de articulado (art 4 y 5) es que los IP no necesariamente se les exige investigación, ni creación artística
En lo que concierne las especificidades entre un CFT y un IP o el rol que estos debiesen cumplir (art 5 y 6), no detectamos sus diferencias más allá de la entrega de una certificación de ciclo corto, por parte de los primeros, que pudiese hacerlo el IP y de esa manera eliminar los CFT. Tampoco vemos que entre estos tres subsistemas tengan alguna articulación jurídica o curricular. Por ejemplo, un egresado de técnico en mecánica automotriz puede finalizar sus estudios en un CFT y no necesariamente existe reconocimiento de su formación en algún instituto profesional, para continuar sus estudios en la misma área. También puede darse el caso de un egresado de un IP en alguna ingeniería, que quiere y puede continuar sus estudios en alguna universidad, pero no necesariamente se le reconocen los años de formación y por tanto de la misma manera que cualquier otra persona comienza de cero sus estudios superiores.
Nos preguntamos si el fin último del proyecto en cuestión es regular lo que el mercado no ha podido o consolidar lo que el mercado impuso. Cualquiera de las dos posibilidades a estas alturas no nos convence, ni conviene.
En definitiva, el proyecto no fortalece ni un ápice la educación pública, no culmina con el negocio en la educación superior y carece de un proyecto educativo nacional a largo plazo. Todos estos son temas primordiales y necesarios de discutir hoy. De lo que, si estamos seguros, es que se asegura la continuidad de los distintos proyectos privados en educación superior.
Assaél, J., Cornejo, R., González, J., Redondo, J., Sánchez, R., y Sobarzo, M. (2011). La empresa educativa chilena. Educação & Sociedade, 32(115), 305-322. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/es/v32n115/v32n115a04.pdf
CNED, (2016). Matrícula total de Educación Superior, años 2005-2016. Recuperado de http://www.cned.cl/public/secciones/SeccionIndicesPostulantes/CNED_IndicesTableau_MatriculaSistema.html?IdRegistro=001
Contraloría General de la República, (2015). Financiamiento fiscal a la Educación Superior. Recuperado de http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA+Repository/Merged/2016/Archivos/0104
Guerrero, O. (2004). El mito del nuevo “Management” público. Revista Venezolana de Gerencia, 9(25), 5-9. Recuperado de http://www.omarguerrero.org/articulos/mitodelmanagemet.pdf
INE, (2016). Tabla de desocupados según nivel educativo CINE, nivel nacional y regional. Recuperado de http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/mercado_del_trabajo/nene/trimestrales/MAM2016/110_Coyunturales_MAM2016.xls
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OCDE y Banco Mundial (2009). La Educación Superior en Chile. Revisión de políticas nacionales de educación. Santiago: OCDE/Ministerio de Educación de Chile. Recuperado de http://www7.uc.cl/webpuc/piloto/pdf/informe_OECD.pdf
Torres, V., Riquelme, G., y Guzmán, J. A. (29 de septiembre de 2011). Así opera el escandaloso sistema de acreditación de las universidades. CIPER, Centro de Investigación Periodística. Recuperado de http://ciperchile.cl/2011/09/29/asi-opera-el-escandaloso-sistema-de-acreditacion-de-las-universidades/
[1] Es posible que el Gobierno realice modificaciones mediante indicaciones de carácter sustitutivo y posiblemente cambien determinados ejes, ya que han sido incluso sectores oficialistas quienes han dado cuenta de diversas falencias que presenta este proyecto, aunque no todos apunten hacia los pilares estructurales.
[2] Para conocer un diagnóstico más detallado respecto de los ejes estructurales del sistema de educación superior en el Chile neoliberal, ver “Los problemas y desafíos de la educación superior en el Chile neoliberal” (2016) [3] Para ver más sobre este punto, recomendamos entrevista a Patricio Basso en Revista Palabra Pública N°2 Universidad de Chile (pp 62-64).
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