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Timestamp: 2019-09-23 09:31:33
Document Index: 345035331

Matched Legal Cases: ['artículo 223', 'artículo 68', 'artículo 57', 'artículo 77', 'artículo 16', 'artículo 28', 'artículo 100', 'artículo 223', 'artículo 68', 'artículo 57', 'artículo 77', 'artículo 100', 'artículo 16']

Acuerdo y Sentencia 593/2013 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 593/13
EXPEDIENTE: DEBORA RUS FARIÑA C/ MUNICIPALIDAD DE VILLARICA S/ NULIDAD DE RESOLUCION Nº 264/11 DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2.011.
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los doce días del mes de Junio del año dos mil trece, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo para acuerdo el expediente caratulado: “DEBORA RUS FARIÑA C/ MUNICIPALIDAD DE VILLARICA S/ NULIDAD DE RESOLUCION Nº 264/11 DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2.011, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad, interpuestos por el Abog. WALTER CANDIA ESCOBAR, en representación de la MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, contra el Acuerdo y Sentencia Nº 2 de fecha 03 de febrero de 2.012, dictado por el Tribunal Electoral y de lo Contencioso administrativo de la Circunscripción Judicial de Caaguazú y San Pedro.
¿Es nula la sentencia apelada?.-
En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho?.
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: BLANCO, BENITEZ RIERA y PUCHETA DE CORREA.-
A la primera cuestión planteada, el Señor Ministro Dr. SINDULFO BLANCO dijo: El recurrente ha fundamentado en forma expresa este recurso. Pero sus agravios pueden ser objetos de estudio en el recurso de apelación también deducido. Por lo demás, no advirtiéndose en el fallo recurrido vicios o defectos que justifiquen la declaración de oficio de su nulidad, en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, corresponde tenerlo por desistido de este recurso. ES MI VOTO.
A sus turnos, los señores Ministros BENITEZ RIERA y PUCHETA DE CORREA dijeron que se adhieren al voto que antecede, por sus mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada, el Señor Ministro BLANCO prosiguió diciendo: Por medio del Acuerdo y Sentencia Nº 2 de fecha 03 de febrero de 2.012, el Tribunal Electoral, resolvió: “1- DECLARAR nulo el acto administrativo impugnado, Resolución Nº 264/11 de fecha 8 de abril de 2.011 dictado por el Intendente Municipal de la Ciudad de Villarrica, Lic. Darío Andrés Ortellado, refrendado por el Abog. Marco A. Duarte Vázquez, Secretario General. 2) HACER LUGAR a la demanda contenciosa administrativa promovida por DEBORA RUS FARIÑA en contra de la MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, con motivo de la resolución mencionada en el numeral 1, que dio por terminadas sus funciones al servicio de la Intendencia Municipal. 3) ORDENAR la reposición de Débora Rus Fariña en el mismo cargo que ocupaba en la Municipalidad de Villarrica, con anterioridad al acto administrativo anulado, o en otro de igual jerarquía y remuneración, con el pago íntegro de los salarios caídos y demás beneficios sociales dejados de percibir desde el instante de su cesantía hasta el momento de su efectiva reincorporación, con sus accesorios legales, en los términos señalados en el exordio de esta resolución. 4- IMPONER las costas a la perdidosa, 5- ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia”.-
Contra dicha sentencia se agravia la parte demandada, que a través del Abog. WALTER CANDIA ESCOBAR. en nombre y representación del MUNICIPIO DE VILLARRICA, contesta memorial obrante a fs. 187/195 de autos.
1) A los efectos de una mejor estructura analítica y previo al estudio del fondo de la cuestión corresponde pasar revista de los ANTECEDENTES del caso.-
El tema puesto en crisis tuvo su origen en el SUMARIO ADMINISTRATIVO llevado a cabo a la actora en su carácter de funcionaria municipal. Así, en fecha 18 de enero del 2.011 fue dictada la Resolución Nº 70/2.011 por la cual se dispone la instrucción de un sumario administrativo a la funcionaria municipal Débora Rus Fariña, por las supuestas faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Acto seguido el INTENDENTE MUNICIPAL designo al Abog. Nicanor López Figueredo, como juez instructor en el presente sumario administrativo, de conformidad al artículo 223 de la ley orgánica Municipal.
Posteriormente a través de la Resolución N° 1, de fecha 04 de abril de 2.011, el Juzgado de Instrucción Sumarial ha dictado sentencia que en su parte resolutiva dispuso: 1) DAR POR CONCLUIDAS las diligencias del presente sumario administrativo….2) CALIFICAR la conducta de la funcionaria como falta grave tipificada en el artículo 68, inciso a, b, c, e, k, de la ley 1.626/00 de la función pública, por falta de cumplimiento del artículo 57 inciso a, b, c, d, g, m, del mismo cuerpo legal en concordancia con los artículos 81 inciso p de la ley 213/93 Código Laboral. 3) RECOMENDAR la aplicación de la sanción de destitución o despido con la inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos a cinco años a la funcionaria Débora Rus Fariña….4) ELEVAR estos autos al Intendente Municipal de la Ciudad de Villarrica, a los efectos previstos en el artículo 77 de la ley 1.626 de la Función Pública. 5) REMITIR copia de la presente resolución a quienes corresponda.
LA INTENDENCIA MUNICIPAL en virtud de la Resolución Nº 264/2.011 del 8 de abril del 2.011 resolvió: 1º) “DESTITUIR a la funcionaria Débora Rus Fariña y en consecuencia disponer su desvinculación de la institución municipal, conforme al exordio de la presente resolución. 2) INHABILITAR por dos años a la señora Débora Rus Fariña para ejercer cargos públicos. 3) REMITIR una copia de la presente resolución a la Secretaria de la Función Pública. 4) ANOTAR, notificar, registrar y cumplido archivar.
En fecha 13 de abril del 2.011 fue notificada de la Resolución 264/11 y en fecha 3 de mayo de 2.011 promueve la demanda contenciosa administrativa correspondiente.
ARGUMENTOS DE LAS PARTES INTERVINIENTES.-
APELANTE- MUNICIPIO: Al fundar el recurso de apelación, el representante municipal interviniente hace un breve relatorio de los antecedentes del caso, manifestando entre otras consideraciones lo que sigue: “…la resolución impugnada fue dictada por autoridad incompetente, contra lo expresamente previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional, lo cual constituye una cuestión de orden público que no puede ser consentida por acuerdo de las partes. Los miembros originarios fueron recusados con expresión de causa por la actora de esta demanda, posteriormente el expediente fue remitido al Tribunal de Caaguazú y San Pedro en lugar de remitir los mismos a la Corte Suprema de Justicia, como lo determina el artículo 28 del Código de Organización Judicial por lo que corresponde la declaración de nulidad del Acuerdo y Sentencia Nº 2 de fecha 3 de febrero del 2.012. Con respecto a los agravios expresados en la apelación dice: El Tribunal Electoral erro en su argumentación ya que para anular la resolución dictada por el Intendente Municipal afirmo que la relación laboral y dependencia entre las partes se inició en el año 2.004, y por lo tanto no corresponde la aplicación de la nueva ley orgánica municipal ley 3.966/10 que entro en vigencia el 8 de febrero de 2.010. Por lo tanto en el caso de autos es de estricta aplicación el artículo 100 de la ley 1.626/00 de la Función Pública, por lo cual el nombramiento del juez sumariante debía ser realizado de la lista de abogados integrantes de la función pública. La resolución de destitución es nula por cuanto el sumario administrativo es instruido por un Juez dependiente del órgano quien lo ordeno, no cumpliéndose la disposición contenida en los articulo 74 y 100 de la ley 1.626 que constituye norma obligatoria que los jueces instructores deben ser independientes del superior jerárquico para garantizar las reglas del debido proceso….. no existió tramitación ilegal del sumario como así lo sustenta la hoy actora y tampoco existió destitución ilegal sino que esta se produjo como consecuencia de un sumario administrativo tramitado de conformidad a las disposiciones legales que rigen para la misma. En el trascurso del mismo, se ha dado la suficiente participación a la sumariada para realizar su descargo, para ofrecer sus pruebas, para diligenciarlas y para impugnarlas si necesario fuere. No existen vicios que puedan afectar a la resolución impugnada, en efecto, no existen vicios de legalidad ni de competencia del órgano emisor- la municipalidad- ni de forma, finalidad o razonabilidad, razón por la cual, la acción promovida debe ser rechazada con expresa condenación en costas procesales.
APELADA: En oportunidad de contestar el traslado corrídole a la actora, el mismo fue contestado por el Abog. ALCIDES MERCADO, en los siguientes términos: “…en el presente juicio no existió ninguna violación a los derechos de la Municipalidad de Villarrica, quien a través de su representante convencional ha controlado todas las etapas del proceso y nunca ha impugnado en el momento procesal oportuno al Tribunal que dictó sentencia, por lo que sus afirmaciones acerca de la incompetencia del Tribunal que dictó sentencia no se adecua a la realidad, corresponde la desestimación del recurso de nulidad por improcedente. Y con respecto a la apelación dice: La municipalidad de Villarrica no ha establecido de manera puntual los perjuicios o agravios que le genera la sentencia recurrida más bien ha realizado un relato pormenorizado de la resolución y los hechos acontecidos durante el desarrollo del proceso que lo ha realizado incluso al contestar la demanda. Situación que amerita que el recurso sea declarado desierto.
ANÁLISIS JURÍDICO DEL CASO.-
Como se rememora en los párrafos anteriores tenemos en primer lugar que fue realizado un SUMARIO ADMINISTRATIVO a la actora en su carácter de funcionaria municipal. Así, en fecha 18 de enero del 2.011 fue dictada la Resolución Nº 70/2.011 por la cual se dispone la instrucción de un sumario administrativo a la funcionaria municipal Débora Rus Fariña, por las supuestas faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Acto seguido el INTENDENTE MUNICIPAL designo al Abog. Nicanor López Figueredo, como juez instructor en el presente sumario administrativo, de conformidad al artículo 223 de la ley orgánica Municipal. Posteriormente a través de la Resolución N° 1, de fecha 04 de abril de 2.011, el Juzgado de Instrucción Sumarial ha dictado sentencia que en su parte resolutiva dispuso: 1) DAR POR CONCLUIDAS las diligencias del presente sumario administrativo….2) CALIFICAR la conducta de la funcionaria como falta grave tipificada en el artículo 68, inciso a, b, c, e, k, de la ley 1.626/00 de la función pública, por falta de cumplimiento del artículo 57 inciso a, b, c, d, g, m, del mismo cuerpo legal en concordancia con los artículos 81 inciso p de la ley 213/93 Código Laboral. 3) RECOMENDAR la aplicación de la sanción de destitución o despido con la inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos a cinco años a la funcionaria Débora Rus Fariña….4) ELEVAR estos autos al Intendente Municipal de la Ciudad de Villarrica, a los efectos previstos en el artículo 77 de la ley 1.626 de la Función Pública. 5) REMITIR copia de la presente resolución a quienes corresponda. Acto seguido, LA INTENDENCIA MUNICIPAL en virtud de la Resolución Nº 264/2.011 del 8 de abril del 2.011 resolvió: 1º) “DESTITUIR a la funcionaria Débora Rus Fariña y en consecuencia disponer su desvinculación de la institución municipal, conforme al exordio de la presente resolución. 2) INHABILITAR por dos años a la señora Débora Rus Fariña para ejercer cargos públicos. 3) REMITIR una copia de la presente resolución a la Secretaria de la Función Pública. 4) ANOTAR, notificar, registrar y cumplido archivar. Finalmente, En fecha 13 de abril del 2.011 fue notificada de la Resolución 264/11 y en fecha 3 de mayo de 2.011 promueve la demanda contenciosa administrativa correspondiente. Como consecuencia de la demanda ha sido dictado el Acuerdo y Sentencia Nº 2 de fecha 03 de febrero de 2.012, por el Tribunal Electoral y resolvió: 1- DECLARAR nulo el acto administrativo impugnado, Resolución Nº 264/11 de fecha 8 de abril de 2.011 dictado por el Intendente Municipal de la Ciudad de Villarrica, Lic. Darío Andrés Ortellado, refrendado por el Abog. Marco A. Duarte Vázquez, Secretario General. 2) HACER LUGAR a la demanda contenciosa administrativa promovida por DEBORA RUS FARIÑA en contra de la MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, con motivo de la resolución mencionada en el numeral 1, que dio por terminadas sus funciones al servicio de la Intendencia Municipal. 3) ORDENAR la reposición de Débora Rus Fariña en el mismo cargo que ocupaba en la Municipalidad de Villarrica, con anterioridad al acto administrativo anulado, o en otro de igual jerarquía y remuneración, con el pago íntegro de los salarios caídos y demás beneficios sociales dejados de percibir desde el instante de su cesantía hasta el momento de su efectiva reincorporación, con sus accesorios legales, en los términos señalados en el exordio de esta resolución. 4- IMPONER las costas a la perdidosa, 5- ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia. Como se ve, la actora DEBORA RUS FARIÑA., luego de un sumario administrativo instruidole fue condenada a la sanción de destitución o despido, como consecuencia de la calificación de su conducta dentro de lo establecido como “falta grave”, según se puede apreciar en la Resolución Nº 1, dictada por el Juzgado de Instrucción sumarial y luego confirmado por la Intendencia Municipal, las que fueron motivo de la presente demanda contencioso-administrativa
En este estado, corresponde analizar la resolución puesta en crisis a los efectos de determinar si la misma ha sido dictada de conformidad a las disposiciones legales que rigen la materia. Adelanto ya mi posición negativa, por las consideraciones que seguidamente voy a presentar.
De acuerdo al iter procedimental trascripto, y siguiendo la fundamentación vertida por el Tribunal Electoral interviniente, podemos afirmar sin temor a equívocos que no corresponde la nulidad o revocatoria del acto administrativo impugnado ni ordenar la reposición de la funcionaria al cargo por violación del artículo 100 de la ley 1.626 /00. Ello no es así, en efecto, pues tal y como se expusiera desafortunadamente en el sobre dicho fallo, el inicio de la relación laboral entre las partes data del año 2.004 y por lo tanto no corresponde la aplicación de la ley 3966/2.010 Orgánica Municipal, nada mas alegado de la realidad.
A ojos vista, obra en autos conformidad entre las partes acerca de la calidad de funcionaria pública municipal de la actora, tampoco fue negada la realización del sumario administrativo y que el mismo fue llevado a cabo por el Juez designado por la máxima instancia municipal, por lo tanto estos temas quedan consentidos. En ese orden de cosas, tenemos que en fecha 18 de enero del 2.011 fue dictada la Resolución Nº 70/2.011 por la cual se dispone la instrucción de un sumario administrativo a la funcionaria municipal Débora Rus Fariña, por las supuestas faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Acto seguido el INTENDENTE MUNICIPAL designo al Abog. Nicanor López Figueredo, como juez instructor en el presente sumario administrativo. Posteriormente a través de la Resolución N° 1, de fecha 04 de abril de 2.011, el Juzgado de Instrucción Sumarial ha dictado sentencia, la cual posteriormente fue ratificada por la Intendencia a través de la Resolución 264/11, hoy cuestionada. Que, como se ve el sumario administrativo fue llevado adelante aplicando la ley vigente en ese momento (ley 3966/10 nueva ley orgánica municipal) por la cual automáticamente renace la potestad del Intendente Municipal de nombrar Juez Sumariante, y así fue realizado.-
Que en lo que se refiere a la supuesta violación del artículo 16 de la Constitución de la República al producirse el nombramiento del Juez Instructor por parte del Intendente Municipal, resulta pertinente puntualizar que si no se procediera de esa manera los sumarios administrativos no podrán realizarse con apego a la legalidad que debe reinar en todos los procesos. No existe otra posibilidad jurídicamente hablando hasta que se tache de inconstitucionalidad por cualquiera de las partes contendientes, la referida legislación que dispone el nombramiento de los jueces instructores de la forma en que lo ha venido haciendo dicha institución. Igualmente no debe perderse de vista que si el administrado considera que el sumario realizado no se ha ajustado a derecho, tiene la potestad de recurrir al Tribunal de Cuentas, o su equivalente y en última instancia ante la Sala Penal de la Corte, órganos estos que en su oportunidad llevaran a cabo el control jurisdiccional correspondiente, por lo que sus derechos en cualquier caso siempre estarán salvaguardados.
Finalmente, de las constancias del sumario administrativo llevado a cabo en contra de la administrada que desemboco en la resolución dictada por el Intendente Municipal, que resolvió destituirlo e inhabilitarlo para ocupar cargos públicos por dos años, debo denotar que las ausencias injustificadas de la accionante en su lugar de trabajo se hallan plenamente demostradas. Eso es asi, conforme surge del informe elevado por la Dirección de Recursos Humanos. Estas pruebas documentales no fueron desvirtuadas por la actora a lo largo del sumario, limitándose a señalar que solicito permiso y que sus ausencias se debieron a la atención del usufructo de las vacaciones que le corresponden. Tampoco en la instancia contencioso administrativa se han probado estos extremos, por lo que reitero que las ausencias injustificadas de la actora en su lugar de trabajo se hallan plenamente acreditadas. En cuanto a la calificación de la falta en que ha incurrido la Sra. Débora Fariña, observo que la Resolución impugnada la ha incursado dentro de lo prescripto en la legislación pertinente. En lo tocante a esta cuestión, estimo que la calificación realizada en la instancia administrativa por medio de la Resolución atacada se halla ajustada a derecho, lo cual significa que existe una adecuada correspondencia entre el hecho real y el tipo disciplinario aplicado. Acerca de la sanción de destitución y inhabilitación que le fuera impuesta al administrado, soy del parecer que el castigo aplicado resulta adecuado a la gravedad de la trasgresión.
Teniendo en cuenta las consideraciones que expusiera precedentemente, el Acuerdo y Sentencia Nº 2 de fecha 3 de febrero de 2.012, dictado por el Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de Caaguazú y San Pedro debe ser REVOCADO en todos sus términos, debiendo como lógico corolario ratificarse la Resolución Nº 264/11 dictada por el Intendente Municipal de la Ciudad de Villarrica y en consecuencia RECHAZAR la demanda, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la perdidosa, en virtud a lo dispuesto en el Art. 192 del C.P.C. ES MI VOTO.-
A sus turnos, los señores Ministros Dres. PUCHETA DE CORREA y BENITEZ RIERA, manifestaron que se adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto firmado S.S.E.E., todo por ante mí que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 12 de Junio de 2.013.
1) DESESTIMAR el recurso de Nulidad interpuesto en autos.
2) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abog. WALTER CANDIA ESCOBAR, en representación del MUNICIPIO DE VILLARRICA, y en consecuencia,-
3) REVOCAR el Acuerdo y Sentencia Nº 2 de fecha 3 de febrero de 2.012, dictado por el Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de Caaguazú y San Pedro, en todos sus términos, debiendo como lógico corolario RATIFICARSE la Resolución Nº 264/11 dictada por el Intendente Municipal de la Ciudad de Villarrica y en consecuencia RECHAZAR la demanda, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.
4) IMPONER las costas a la perdidosa.-
5) ANOTAR, registrar y notificar.-
MINISTROS: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA
Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial