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Timestamp: 2017-02-25 00:57:42
Document Index: 262672886

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 3', 'Artículo 57', 'Artículo 10', 'Artículo 32', 'Artículo 8', 'Artículo\n10', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'artículo 21']

Consentimiento final by Pachamama Pachamama - issuu
Consentimiento previo informado:
un derecho para el Buen Vivir
Registro autoral: 034382
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elantebrazo@cablemodem.com.ec
Gráficas Silva
02 223 6103
1000 Ejemplares, Quito, 2010
Concepto Serie Buen Vivir
Siegmund Thies
Archivo Fundación Pachamama
Melo, Mario, Consentimiento previo informado: un derecho para el Buen Vivir, Serie Buen Vivir,
Fundación Pachamama, Quito, 2010.
Presentación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Conceptos fundamentales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
¿Qué se entiende por consulta previa?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
¿Qué es el consentimiento?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
¿Cómo se relacionan la consulta y el consentimiento?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
¿Qué son las políticas públicas?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
¿Cuándo una política pública es ambiental?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
¿Quién define las políticas públicas?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Naturaleza, conflictos y participación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sarayaku: decisiones inconsultas, violaciones de Derechos Humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
El derecho a la participación en el derecho internacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
En el ámbito ambiental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
El convenio 169 de la OIT y la consulta a los pueblos indígenas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
La declaración de derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas (ONU). . . . . . . . . . . . . . 31
Perú: La ausencia de consulta y consentimiento llevan a un violento conflicto. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
¿El derecho al consentimiento es un derecho de veto? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso Saramaka vs. Surinam . . . . . . . . . . . . . . . 38
La Constitución ecuatoriana de 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Consulta y consentimiento en la constitución del Ecuador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
¿Cómo debe ser un proceso de consulta adecuado? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Consentimiento previo informado: un derecho para el Buen Vivir
La serie “Buen Vivir”
La crisis global desatada por el cambio climático impone
a la humanidad el reto de definir nuevos paradigmas
que orienten sus procesos de búsqueda de bienestar.
El desarrollo sostenible, paradigma asumido a escala
global entre la Cumbre de Estocolmo de 1972 y la
de Río de 1992, al finalizar la primera década del
segundo milenio, parece haber tocado fondo. Se volvió
un término que, de tan ambiguo y flexible, perdió
su aptitud para orientar efectivamente las políticas
Ecuador, como otros países de Latinoamérica y del
mundo, está atravesando por una época de cambios.
Hay avidez por propuestas nuevas e innovadoras, que
definan los contornos de un nuevo país, de cara a los
retos más contemporáneos.
El ejercicio constituyente de 2007 y 2008 produjo
algunos elementos inéditos en el constitucionalismo
ecuatoriano, que están entre los aportes más
destacados que desde el Ecuador se proyectan para
el mundo. El primero de ellos es la noción del “Buen
Vivir” como una pieza clave en la definición ideológica
que orienta el nuevo marco constitucional de la gestión
El “Buen Vivir”, “sumak kawsay”, “penker pujustim”
o “waa quiriri”, como se lo expresa en algunas de
las lenguas habladas en el Ecuador, es una categoría
simbólica que denota, en la cosmovisión de numerosos
pueblos ancestrales, un conjunto de valores que dan
sentido a la existencia en el plano individual y colectivo.
Vida en armonía que conjuga la relación con el entorno
natural, la “tierra sin mal” y con la cultura o “sabiduría
de los ancestros”. Es un concepto complejo, extraño
a las tradiciones ético-religiosas de las que se nutre la
civilización occidental, obsesionada no por “vivir bien”
sino por “vivir mejor”.
No es fácil para la mayoría mestiza de ciudadanos
ecuatorianos interpretar plenamente este concepto,
y aunque la Constitución busca delinear el Buen Vivir
vinculándolo con el goce efectivo de los derechos, la
interculturalidad, las diversidades y la armonía con la
naturaleza, se hace necesario que la Nación ecuatoriana
impulse un diálogo franco y genuinamente intercultural
para llenar de contenidos a la noción del “Buen Vivir”.
Íntimamente vinculados con este reto, está también el
llenar de contenidos a la Plurinacionalidad que define el
carácter del Estado ecuatoriano, así como la verdadera
garantía de los Derechos de la Naturaleza, reconocidos
por primera vez en la Constitución de un país. Esto con
el fin de que más allá de ser una proclama enunciativa,
se convierta en el reconocimiento efectivo de la unidad
en la diversidad. Fundación Pachamama busca con la
Serie “Buen Vivir”, hacer un aporte a ese debate.
La presente publicación pretende aportar a una mayor
difusión y debate de la Consulta Previa y el Consentimiento Libre, Previo e Informado, como derechos fundamentales garantizados por los Instrumentos Internacionales y la Constitución de la República del Ecuador.
Se nutre de la rica experiencia de las nacionalidades indígenas y de las comunidades locales del Ecuador, que
han exigido por largos años el derecho a que su criterio
sea tomado en cuenta por el Estado al momento de
tomar decisiones de política pública que afecten la integralidad de la Naturaleza y de sus territorios.
La práctica estatal ha sido, por lo contrario, concesionar
territorios a transnacionales petroleras, mineras, madereras, etc. o emprender megaproyectos de infraestructura, a espaldas de los pobladores, indígenas o no, que
habitan las zonas en donde se concentran los impactos
socioambientales de dichas actividades.
Frente a esta situación injusta, que obstaculiza el Buen
Vivir de los individuos y las colectividades afectadas en
su relación armónica con la naturaleza, se hace imperativo profundizar en el ejercicio pleno de los derechos.
Este documento, dirigido especialmente a líderes comunitarios y defensores de derechos, busca responder
algunas preguntas básicas: ¿Qué es el consentimiento
libre, previo e informado?, ¿Cuál es la diferencia entre
consulta y consentimiento?, ¿Cómo se aplican estos derechos en relación a las políticas públicas?
Confiamos en que este material constituya
una herramienta útil para la exigibilidad de
derechos por parte de ciudadanos, ciudadanas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectados por decisiones estatales que
amenazan a la Naturaleza.
por consulta previa?
La Consulta Previa constituye un mecanismo a través
del cual la ciudadanía ejerce su derecho a participar en
la formación de políticas públicas que afectan o pueden
afectar, positiva o negativamente, el pleno ejercicio de sus
derechos. En cierta forma, ser consultado es un derecho
instrumental que permite acceder, ejercer y garantizar
La consulta debe permitir una relación directa entre dos
partes: por un lado, el decisor político, quien antes de
adoptar una decisión que implique riesgos para el ejercicio de derechos, pregunta, pide criterios, hace consensos;
y por otro lado, la comunidad, que debidamente informada, se manifiesta a favor o en contra de la decisión que se
le consulta.
En su más alta expresión, el resultado de la consulta será
obligatoria para el gobernante, como manifestación directa y soberana de la voluntad popular, fuente última de la
Las políticas públicas que impliquen graves riesgos al ejercicio de derechos sólo alcanzan legitimidad en la medida
de que el gobernante, a través de la consulta, haya obte-
nido el consentimiento libre, previo e informado de los gobernados.
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, consentir es
permitir algo o condescender en que se
haga. Consentimiento es la manifestación
de voluntad, por la cual un sujeto se vincula
Cuando la ciudadanía es consultada por los
gobernantes respecto a una decisión que va
a implicar limitaciones a los derechos, se busca obtener su consentimiento, es decir, que
manifieste su voluntad de permitir que se
tome la decisión, que se le consulta.
consulta y el consentimiento?
La consulta es un proceso orientado a recabar el consentimiento de la comunidad
consultada. Consulta y consentimiento no
son términos contradictorios; por lo contrario, son dos momentos en el ejercicio de
la participación. Se consulta para obtener
el consentimiento. Al dar o no su consentimiento, las personas consultadas partici-
pan en la toma de decisiones de política
pública respecto a temas que afectan sus
La consulta válidamente realizada es un
componente fundamental del proceso de
consentimiento, que deberá expresarse
libremente, sin coerción o manipulación;
debe ser previo, lo que implica que el consentimiento debe producirse con suficiente
anterioridad a la toma de la decisión consultada; y fundamentado, es decir, basado
en información “plena y exacta” de la actividad propuesta1.
Políticas Públicas son decisiones del poder
público que orientan las actuaciones del Estado en los diferentes aspectos de la vida social.
Los estados modernos intervienen en una
enorme cantidad de facetas de la vida social.
Por mencionar algunas: la economía, la seguridad, la educación, la salud, la defensa, etc.
Las estrategias, planes, programas, proyectos
y acciones que el Estado realiza en cada uno
1	Antoanella-Iulia Motoc y la Fundación Tebtzebba, Documento de trabajo preliminar sobre el principio del Consentimiento Previo de los
Pueblos Indígenas, Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos,
19 a 23 de julio de 2004.
de estos campos, requieren estar enmarcados
en claras orientaciones o principios generales
que les den cierta coherencia. Si no lo están,
las actuaciones estatales pueden resultar dispersas, contradictorias, ineficaces.
¿Cuándo una política pública
es ambiental?
Uno de los ámbitos de la vida social en el
que se requieren políticas públicas que
orienten las actuaciones del Estado, es el
que se refiere a lo ambiental.
Cuando hablamos de lo ambiental nos referimos al acceso, uso, conservación, aprovechamiento de los elementos de la naturaleza
que son susceptibles de ser utilizados por
el ser humano para satisfacer sus necesidades. A estos elementos de la naturaleza se
les llama frecuentemente “recursos naturales”. Lo ambiental comprende, también,
los impactos que las actividades humanas
provocan en la calidad del entorno natural.
Consecuentemente, las políticas ambientales son aquellas que se refieren a estos dos
ámbitos: los recursos naturales y los impactos ambientales.
¿Quién define
Las políticas públicas, son definidas por
quienes detentan poder en el Estado.
De acuerdo a nuestra Constitución, el Plan
Nacional de Desarrollo es el instrumento
al que se sujetan las políticas, programas
y proyectos públicos (Art. 280). Dicho Plan
será aprobado por el Consejo Nacional de
Planificación, que integra a los distintos
niveles de gobierno con participación ciudadana, y es presidido por el Presidente de
la República. (Art. 279). De acuerdo al Art.
147, número 3, corresponde al Presidente
de la República definir y dirigir las políticas
públicas de la Función Ejecutiva.
Sin embargo, cuando los órganos competentes del Estado definen políticas, no lo
hacen a su entera medida. En primer lugar,
debe enmarcarse en otras políticas que ya
fueron “predefinidas” por otras instancias
del poder público: las normas constitucionales. Ninguna política establecida por el
Presidente de la República o por cualquier
otra instancia del poder público puede con-
tradecir los preceptos de la Constitución.
En segundo lugar, algunas políticas públicas, para que tengan la efectividad de
orientar las acciones del Estado, deben
estar consagradas en la Ley. Para que eso
suceda, no es suficiente la decisión del Presidente de la República. Es necesario que
intervenga otra instancia del poder público:
Incluso, hay políticas públicas que son
adoptadas por acuerdo entre varios estados, a través de declaraciones y tratados
internacionales. Los tratados internacionales, para que tengan validez en el Ecuador,
requieren la intervención de la Corte Constitucional y de la Asamblea Nacional.
Si tenemos presente que las instancias del
poder público como la Presidencia de la
República, la Asamblea Nacional, la Corte
Constitucional, entre otras, son espacios
políticos a los que acceden personas que
representan o son auspiciados por partidos o movimientos políticos, que a su vez
son controlados por grupos de poder, nos
daremos cuenta que la definición y el establecimiento de las políticas públicas que
orientan las acciones del Estado, son procesos complejos en los que intervienen la
voluntad y los intereses de sectores poderosos de la sociedad.
(los gobiernos regionales autónomos, los
consejos provinciales, los concejos cantonales, las juntas parroquiales, los gobiernos
territoriales indígenas y pluriculturales), en
ejercicio de la autonomía que les concede
la Constitución, dentro del marco general de las políticas públicas definidas por
el gobierno central y en el ámbito de sus
respectivas circunscripciones territoriales,
definen también sus propias políticas para
que orienten su gestión. Esas orientaciones
son políticas públicas, en la medida en que
los gobiernos seccionales son instancias del
poder público y su proceso de definición es
análogo al que hemos relatado en relación
Naturaleza, conflictos
El control y aprovechamiento de los elementos de la
Naturaleza que permiten el sostenimiento de la vida, la
identidad y las posibilidades de desarrollo de los pueblos, ha sido, en todo el mundo, origen de conflictos e
En Ecuador, el establecimiento de políticas públicas,
que pretenden regular el acceso, uso y conservación de
los recursos naturales, así como controlar los impactos
sobre el medio ambiente de las actividades productivas
y de desarrollo, no han logrado el objetivo de garantizar
una distribución equitativa de cargas y beneficios entre
los diversos estamentos de la sociedad y entre las generaciones presentes y futuras.
Por lo contrario, la conflictividad socioambiental se agudiza día a día. Poderosos intereses económicos nacionales y transnacionales pugnan por controlar las reservas
de recursos naturales estratégicos, a menudo ubicadas
en el territorio de poblaciones indígenas y campesinas.
Los impactos de las actividades humanas sobre el ambiente, siguen siendo desastrosos.
Parecería que la política pública ambiental ha sido un
Frente a este estado de situaciones, la ciudadanía busca alternativas. La resignada
aceptación de políticas públicas impuestas
desde arriba, va quedando atrás. Ahora, la
gente en el Ecuador y en el mundo, está
cada vez menos dispuesta a aceptar en silencio decisiones de los poderes públicos
que afecten negativamente a los recursos
naturales y al ambiente que sostienen su
vida. Se multiplican los casos de comunidades, pueblos, movimientos sociales en
resistencia frente a decisiones estatales que
consideran injustas.
Hoy, pobladores urbanos, indígenas,
campesinos, estudiantes, gente común y
corriente quieren ser partícipes de las decisiones que van a afectar su vida y que están
en manos de los políticos. Más aún, cada
vez más gente asume que participar es un
Foto: Archivo Fundación Pachamama
Foto: Archivo Fundaci贸n Pachamama
Sarayaku: decisiones inconsultas,
En 1996, el Estado Ecuatoriano concesionó el Bloque
23, que afecta el territorio del Pueblo Originario Kichwa
de Sarayaku, a favor de la compañía petrolera argentina
CGC. Esta concesión fue realizada sin que haya precedido por parte del Estado Ecuatoriano ningún proceso
de información, consulta o pedido de consentimiento
al Pueblo de Sarayaku para la realización de actividades
petroleras en el territorio de su propiedad.
Desde 1996, Sarayaku ha venido expresando su rechazo al ingreso de la actividad petrolera en su territorio,
fundamentado en los enormes impactos negativos que
dicha actividad provoca en su territorio sagrado, en la
calidad de vida de sus miembros, en su forma de vida y
opciones de desarrollo, en su espiritualidad, en el ambiente amazónico, en la paz social y en la vida e integridad de sus miembros.
Pese a ello, durante el último trimestre de 2002 y el primer trimestre del 2003, la CGC ingresó reiteradamente
al territorio de Sarayaku, por la fuerza, sin autorización y
contra la voluntad del legítimo propietario, para realizar
investigaciones sísmicas altamente destructivas. Según
información proporcionada por el Estado,
la CGC dejó en 476 puntos dentro del territorio de Sarayaku y el territorio Achuar, sin
conocimiento de los afectados, sin haberlos
consultado antes y en contra de su voluntad, cargas de entre 3 y 5 kgs. de pentolita,
un explosivo de alto poder destructivo. En
total hay 1.433 Kgs. (casi tonelada y media)
de explosivos sembrados a 12 metros de
profundidad y una cantidad no determinada
abandonada en la superficie de la selva sagrada de Sarayaku, en sus lugares de caza,
en sitios donde niños y jóvenes transitan en
busca del sustento.
la vida e integridad de los miembros de
Sarayaku. En junio de 2005 ratificó las medidas y las amplió incorporando la disposición
de que se retiren urgentemente los explosivos dejados por la CGC en territorio de
En enero de 2010, la Corte ratificó nuevamente las Medidas Provisionales, sin que
hasta el momento el proceso de retiro de
los explosivos se haya concretado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó Medidas Provisionales a favor
de Sarayaku en julio de 2004, para proteger
a la participaci贸n
Este derecho político es entendido en la doctrina jurídica como: “la facultad que tienen todas las personas de
intervenir en la vida política de la nación, participar en
la formación de la voluntad estatal y en la dirección de
la política gubernamental, así como para integrar los
diversos mecanismos del Estado.” (Comisión Andina de
Juristas, 1997)
La participación, como derecho o mejor aún, como un
conjunto de derechos, va más allá de la facultad de votar, columna vertebral de la democracia representativa,
y se interna en el campo de la “democracia directa”,
permitiendo que la ciudadanía incida en la definición
de la política pública y en el control de la efectiva incorporación en ella de sus derechos fundamentales.
Varios instrumentos internacionales de derechos humanos, vigentes en el Ecuador, como la Declaración
Universal de Derechos Humanos (Art. 21), la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre
(Art. 20), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (Art. 25), y la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 23), garantizan el derecho de las
personas a participar, directa o indirectamente, en la
dirección de los asuntos públicos.
La promoción de la participación social es un principio
que ha estado presente en los grandes foros ambientales
y en las Declaraciones que de ellos resultan:
En la Declaración de Estocolmo de 1972, se recoge el
“Toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá la oportunidad de participar, individual o
colectivamente, en el proceso de preparación de las decisiones que conciernen a su medio ambiente y, cuando
éste haya sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer
los recursos necesarios para obtener una indemnización.”
La Declaración de Río de 1992 vincula el Derecho a la
Participación en la gestión ambiental con el derecho a la
información ambiental y el acceso a la justica ambiental.
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es
con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional,
toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente, de que dispongan las
autoridades públicas, incluida la información sobre los
materiales y las actividades que encierran peligro en sus
comunidades, así como la oportunidad de participar
en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la
participación de la población, poniendo la
información a disposición de todos. Deberá
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre
éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.”2
Diez años después, la Declaración de Johannesburgo (2002) reitera la importancia
de la participación como una exigencia del
“26. Reconocemos que el desarrollo sostenible exige una perspectiva a largo plazo y
una amplia participación en la formulación
de políticas, la adopción de decisiones y la
ejecución de actividades a todos los niveles.
Como parte de nuestra colaboración en la
esfera social, seguiremos bregando por la
formación de asociaciones estables con todos los grandes grupos, respetando su independencia, ya que cada uno de ellos tiene un importante papel que desempeñar.”
aborda el vínculo entre los conocimientos
ancestrales y la utilización sostenible de la
diversidad biológica, reconociendo el derecho de las comunidades indígenas y locales
sobre dichos conocimientos y haciendo
depender su “aplicación más amplia” a la
aprobación y participación de quienes los
Art. 8 “Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:
j) Con arreglo a su legislación nacional,
respetará, preservará y mantendrá los
conocimientos, las innovaciones y las
prácticas de las comunidades indígenas
y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de
la diversidad biológica y promoverá su
aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones
y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos
conocimientos, innovaciones y prácticas
se compartan equitativamente”.
2	Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992, adoptada por los gobiernos participantes en la Cumbre de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992.
a la autodeterminaci贸n
de los pueblos ind铆genas
El derecho a la libre determinación de los pueblos ha
sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en sus principales instrumentos. Así, el
Art. 1 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles
y Políticos (PIDCP) y de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (PIDESC) consagran en sus artículos 3:
“Todos los pueblos tienen el derecho a disponer por si
mismos. En virtud de este derecho determinarán libremente su régimen político y asegurarán libremente su
Así como todos los seres humanos nacemos libres e
iguales en dignidad, los pueblos indígenas son también
libres e iguales en dignidad a los otros pueblos (Art. 3
Convenio 169 OIT). De este principio, se desprende su
capacidad para determinar libremente su forma de vida
y modelo de desarrollo.
Dicha capacidad de autodeterminación ha sido elevada
a la categoría de derecho (Art. 7 Convenio 169 OIT,
Art. 3 Declaración ONU Derechos de los Pueblos Indígenas).
3	Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992, adoptada por los
gobiernos participantes en la Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
y el Desarrollo, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992.
“1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que
atañe el proceso de desarrollo, en la medida en
que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones
y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o
utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico,
social y cultural. Además, dichos pueblos deberán
participar en la formulación, aplicación y evaluación
de los planes y programas de desarrollo nacional y
regional susceptibles de afectarles directamente.”
(Convenio 169 de la OIT).
En virtud de su autodeterminación, los pueblos indígenas tienen derecho a participar en las decisiones de política pública susceptibles de afectarles directamente.
El conjunto de Derechos Colectivos, que los instrumentos internacionales y las Constituciones reconocen a los
pueblos indígenas (en el Ecuador el Art. 57 de la Constitución), son manifestaciones de la protección jurídica
que recibe su autodeterminación.
Foto: María Belén Páez
y la consulta a los
En el Convenio 169 de la OIT, la participación es reconocida como un Derecho Colectivo de los Pueblos
Indígenas. Este instrumento presta mucha atención a
las tierras y territorios de los pueblos, exigiendo a los
gobiernos respeto por la “importancia especial”, que
para las culturas y valores espirituales de dichos pueblos
guarda su relación con ellos. (Art. 13, numeral 1). De
igual manera, garantiza los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales existentes en sus tierras,
incluyendo el derecho a participar en su utilización, administración y conservación (Art. 15, numeral 1).
Respecto a las “actividades de desarrollo”, el Convenio
impone dos obligaciones específicas a los gobiernos:
primero, que se efectúen, se entiende que previamente
a que se decidan dichas medidas, y “siempre que haya
lugar”, estudios que evalúen la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el ambiente que puedan tener las
medidas. Esos estudios deberán ser hechos “en cooperación con los pueblos interesados” (Art. 7, numeral 3).
La segunda obligación que impone el Convenio a los
gobiernos, es la consulta previa e informada.
El Convenio 169 prescribe la consulta a los pueblos indígenas en dos ámbitos. El primero, amplio, se refiere a la
obligación de los gobiernos de consultar a los pueblos
interesados antes de adoptar medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarlos directamente
(artículo. 6, numeral 1, literal a).
El Artículo 6 prescribe que la consulta debe
hacerse “cada vez que se prevean” dichas
medidas legislativas o administrativas. Es
decir que para que las consultas sean hechas con oportunidad, de acuerdo al Convenio, deben hacérselas antes de que las
medidas sean tomadas. Además, el numeral
2 de dicho artículo, dispone que las consultas deben realizarse “de buena fe y de una
manera apropiada a las circunstancias”. Más
puntualmente, establece que sean hechas
“mediante procedimientos apropiados”,
es decir, garantizando transparencia en
armonía con las particularidades culturales
de cada pueblo. Esto implica, por ejemplo,
que las consultas sean hechas en un idioma
que las haga plenamente comprensibles a
los consultados, con el tiempo necesario
y brindando todas las facilidades para garantizar que puedan expresarse con entera
libertad y conocimiento de causa.
La consulta deberá hacerse “en particular”
a través de las instituciones representativas.
Entendemos la frase “en particular” como
en forma particularizada, es decir, que resulta obligatorio consultar a estas instituciones
una por una. Los llamados para calificar
la representatividad de las instituciones a
través de las cuales se realiza la consulta,
deben ser los propios pueblos que van a ser
El Convenio señala de manera especial, la
obligación de los gobiernos de establecer
o mantener procedimientos de consulta a
los pueblos interesados, en el caso de que
el Estado tenga la propiedad de los minerales y demás recursos del subsuelo, como
sucede en el Ecuador, para determinar si
existirían y en qué medida, perjuicios a los
intereses de dichos pueblos, antes de establecer o autorizar cualquier programa de
En el Artículo 15, el Convenio 169 hace referencia a los derechos de aprovechamiento
existentes en tierras y territorios indígenas
y el derecho a ser consultados ante actividades de prospección o explotación de
recursos existentes en ellos. Establece el
numeral 1 del Artículo 15: “Los derechos
de los pueblos interesados a los recursos
protegerse especialmente. Estos derechos
conservación de dichos recursos”.
El numeral 2 del mismo Artículo reconoce el derecho de los pueblos a ser consultados en caso
de que los Estados emprendan programas de
prospección o explotación de recursos existentes en tierras o territorios indígenas, cuando los
minerales o recursos del subsuelo u otros sean
de propiedad del Estado, así como derecho a
participar en los beneficios que reporten esas
actividades y el de percibir una indemnización
equitativa por daños sufridos.
El Artículo 16 dispone que los pueblos indígenas
no deban ser trasladados de las tierras que ocupan, sino excepcionalmente y con su consentimiento libre, teniendo la posibilidad de regresar
a sus tierras cuando dejen de existir las causas
que motivaron su reubicación.
La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, fue aprobada el 13 de septiembre de
2007 por una mayoría de países miembros de la Asamblea General de la ONU, incluido el Ecuador.4
Este instrumento internacional constituye, en primer lugar, la concreción de un compromiso político internacional del más alto nivel, a favor de la ampliación y profundización de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En el ámbito nacional, los derechos consagrados en
la Declaración han pasado a incorporarse al catálogo de
derechos humanos exigibles en el Ecuador, en virtud de
que el Artículo 3, numeral 1 de la Constitución impone al
Estado el deber de garantizar: “[...] sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales”5. Adicionalmente, en el Artículo 57 de la Constitución vigente,
los derechos colectivos le son reconocidos a las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas “de
conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales
4	Entre los países que votaron en contra constan Estados Unidos, Canadá, Australia,
Nueva Zelandia, Rusia, Filipinas, y países africanos como Namibia, Nigeria y
5	Es concordante con esta disposición el Artículo 10 de la Constitución que dice “Las
personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares de los
derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales”
La Declaración reconoce con claridad el derecho al consentimiento informado previo al
establecer: “que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de
sus propias instituciones representativas a fin
de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto
que afecte a sus tierras o territorios y otros
recursos, particularmente en relación con el
desarrollo, la utilización o la explotación de
recursos minerales, hídricos o de otro tipo.”
(Artículo 32, numeral 2 de la Declaración)
Los Artículos 8 y 10 formulan claramente que
los Estados no pueden desplazar a los pueblos indígenas, trasladarlos o enajenar sus
tierras, territorios o recursos. El Artículo 8.
Numeral 2 expresa: “Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención
y el resarcimiento de…. (b), “Todo acto que
tenga por objeto o consecuencia enajenarles
sus tierras, territorios o recursos”. El Artículo
10 por su parte determina: ”Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza
de sus tierras o territorios. No se procederá
a ningún traslado sin el consentimiento libre,
previo e informado de los pueblos indígenas
interesados, ni sin un acuerdo previo sobre
una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso”.
La Declaración refuerza y enfatiza el vínculo
y la relación de carácter espiritual y cultural
que tienen los pueblos indígenas en relación
a sus tierras y territorios, ya mencionado en
el Convenio 169 de la OIT. Establece así en
el Artículo 25: “Los pueblos indígenas tienen
derecho a mantener y fortalecer su propia
relación espiritual con las tierras, territorios,
aguas, mares costeros y otros recursos que
utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben
para con las generaciones venideras”.
Establece el derecho de los pueblos indígenas a mantener tierras, territorios y recursos
de posesión u ocupación y que los Estados
respeten la relación colectiva que comprende costumbres, tradiciones y sistemas de
tenencia. Dice el numeral 1 del Artículo 26:
“Los pueblos indígenas tienen derecho a las
tierras, territorios y recursos que tradicional-
mente han poseído, ocupado o de otra forma
utilizado o adquirido”. Y el numeral 2: “ Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección
jurídicos de esas tierras, territorios y recursos.
Dicho reconocimiento respetará debidamente
las costumbres, las tradiciones y los sistemas de
tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de
que se trate”.
pertinente o que se haya acordado libremente
con los pueblos indígenas interesados, o que
éstos lo hayan solicitado: “Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas
interesados, por los procedimientos apropiados
y en particular por medio de sus instituciones
representantivas, antes de utilizar sus tierras o
territorios para actividades militares”.
El Artículo 29 establece un derecho a la conservación y protección ambiental y productiva de
sus tierras y territorios: “Los pueblos indígenas
tienen derecho a la conservación y protección
del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los
Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para
asegurar esa conservación y protección, sin discriminación alguna. […] Los Estados adoptarán
medidas para garantizar que no se almacenen
ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o
territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado”.
La Declaración estipula que los Estados deben
consultar de forma eficaz y con procedimientos
apropiados y contar con el consentimiento libre,
previo e informado para cualquier actividad de
interés gubernamental, respetando las instituciones que representen a los pueblos indígenas,
lo que fortalece los derechos territoriales de los
pueblos ancestrales, al permitir que sean ellos
quienes decidan libremente sobre toda acción
que se emprenda en sus territorios.
El Artículo 30 garantiza que no se desarrollen
actividades militares en las tierras o territorios de
los pueblos indígenas, a menos que lo justifique
una amenaza importante para el interés público
En la Asamblea de la ONU, en la que se aprobó
la Declaración (septiembre de 2007), el representante del Gobierno ecuatoriano expresó su
voto favorable y a nombre del Ecuador dijo:
“Hoy expresa su compromiso de aplicar e implementar la declaración en todas las políticas
estatales…”.
Perú: la ausencia de consulta
y consentimiento llevan
a un violento conflicto6
Los sucesos ocurridos en las provincias de Bagua y Utcubamba en junio 2009 han surgido en el contexto de tensiones crecientes que se centraban, principalmente, en
la promulgación entre marzo y junio de 2008, de varios
decretos legislativos por parte del Poder Ejecutivo que
fueron cuestionados por organizaciones y representantes
Organizaciones indígenas, en particular la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP),
protestaron en contra de estos decretos legislativos, tanto por razones de contenido como por el hecho que no
se habían realizado consultas directamente con los pueblos indígenas con anterioridad a su promulgación.
Asimismo, la constitucionalidad de algunos de los decretos y/o su compatibilidad con el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha sido
ratificado por el Perú, fue cuestionada por varios actores,
incluyendo la Defensoría del Pueblo.
6	Extractado de: Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. James
Anaya, Observaciones sobre la situación de los pueblos indígenas de la amazonía y los sucesos del 5 de junio y días posteriores en las provincias de Bagua
Y Utcubamba, Perú, 20 Julio de 2009.
En agosto de 2008, varias agrupaciones indígenas, organizadas bajo la dirección de AIDESEP,
iniciaron movilizaciones consistentes en bloqueo
de carreteras y toma de instalaciones de empresas petroleras, en protesta contra los decretos
legislativos señalados, demandando su derogación, así como el cumplimiento del Convenio
169 de la OIT y otros puntos de la demanda de
lucha de los pueblos indígenas del país.
En febrero y marzo del 2009, AIDESEP y otros
grupos indígenas dirigieron comunicaciones
al Poder Ejecutivo y al Congreso expresando
su preocupación por la no derogatoria de los
decretos legislativos y por la percibida falta de
voluntad política de algunos niveles del Gobierno para atender las demandas de los pueblos
amazónicos. El 23 de marzo de 2009, el Presidente de la República, Alan García, suscribió un
Decreto Supremo para la creación de la Mesa
de Diálogo Permanente entre el Estado y los
pueblos indígenas de la Amazonía. Sin embargo, AIDESEP rechazó la conformación de ésta
mesa de diálogo, porque consideraba que no
garantizaba la participación legítima y adecuada de los pueblos indígenas.
El 4 de junio de 2009, el Congreso decidió suspender el debate que había sido puesto en la
agenda sobre la derogatoria de los decretos
legislativos 1064 y 1090. La razón dada para la
suspensión del debate fue el deseo de esperar
los resultados del proceso de dialogo dentro de
la Comisión Multisectorial, aunque en ese momento dicha Comisión había dejado de funcionar debido a la no participación de AIDESEP.
El 5 de junio de 2009, la policía se movilizó
para desalojar a los manifestantes indígenas
que ocupaban y bloqueaban la carretera en un
sector de la provincia de Utcubamba cerca de
la ciudad y provincia de Bagua. Por la mañana
del 5 de junio, efectivos de policía iniciaron el
desalojo de los centenares de personas que
estaban concentrados en el sector de la carretera denominado “Curva del Diablo”, entre los
caseríos Siempre Viva y El Reposo. Durante el
proceso de desalojo estalló la violencia, resultando varias personas muertas y heridas, tanto
policías como manifestantes. Enfrentamientos
entre la policía y personas indígenas y otros
civiles continuaron en la ciudad de Bagua y
lugares aledaños durante el mismo día. Horas
después del inicio del enfrentamiento en la
“Curva del Diablo”, se dio a conocer que varios
policías habían muerto, bajo circunstancias todavía no del todo esclarecidas, en la Estación 6
del Oleoducto Norperuano de Petroperú, otro
lugar que había sido ocupado por manifestantes indígenas.
¿El derecho al
de veto?
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos
y Libertades de los Pueblos Indígenas, James Anaya, en
su visita a la Asamblea Constituyente del Ecuador (mayo,
2008), hablando sobre el derecho al consentimiento libre,
previo e informado, sostuvo que enmarcar el debate en
que si los pueblos indígenas deberán o no gozar de un
derecho constitucional de veto para frenar planes de desarrollo o extracción de hidrocarburos o minerales, que
por ley pertenecen al Estado, no encaja en el espíritu de
estos principios tal como están sentados en la normativa
Por lo contrario, señaló que: “ [...] los principios de consulta y consentimiento buscan promover el entendimiento
mutuo y en consenso en la toma de decisiones”. Recuerda
que estos principios responden: “ [...] a una historia en
que se ha negado repetidamente a los pueblos indígenas
la participación en la toma de decisiones que les han afectado profundamente, muchas veces en detrimento de sus
derechos humanos fundamentales y en ocasiones hasta de
su propia supervivencia como pueblos”.
Por eso, en situaciones en las que la medida que se pretende adoptar tendría impactos substanciales que podrían
poner en peligro el bienestar físico o cultural básico de
comunidad indígena interesada,“ [...] el Estado sí tiene el
deber de no adoptar la medida sin el consentimiento de la
comunidad”, señaló Anaya citando el pronunciamiento de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
Saramaka vs. Surinam, resuelto en noviembre de 2007.
y el caso Saramaka
vs. Surinam
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el
máximo tribunal regional de las Américas en materia
de protección de Derechos Humanos. Sus resoluciones
y sentencias constituyen precedentes obligatorios para
todos los países del Sistema de la OEA, entre ellos el
Ecuador. Los derechos indígenas han sido materia de
interés del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, casi desde su nacimiento. Entre 2001 y 2007, la
Corte Interamericana se ha pronunciado en varios casos que, involucrando esos derechos, desarrollan líneas
jurisprudenciales que implican avances significativos en
Así, en la sentencia del caso Saramaka vs. Surinam, dictada el 28 de noviembre de 2007, la Corte estableció
un estándar de Derechos Humanos de gran trascendencia para los Pueblos Indígenas. Fundada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la
OIT, interpretó el artículo 21 de la Convención Americana en el sentido de que el derecho a la propiedad
de las tierras y territorios indígenas incluye el derecho
a que no se realicen en ellos actividades de gran escala
que puedan afectar gravemente a los pueblos y comunidades, sin que se haya obtenido su consentimiento:
“135. Asimismo, la Corte considera
que, cuando se trate de planes de
desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el
Estado tiene la obligación, no sólo
de consultar a los Saramakas, sino
también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo
de éstos, según sus costumbres y
tradiciones...”.
La Constituci贸n
ecuatoriana de 2008
que actualmente rige la vida jurídica del
Ecuador, es fruto de un proceso profundo
de cambios en la estructura institucional del
Estado, que tuvo un punto culminante con
la entrada en vigencia del nuevo texto constitucional el 20 de octubre de 2008. Dicho
texto constitucional aprobado en referéndum, incorpora algunos elementos de gran
relevancia en relación a la diversidad étnica
y cultural del Ecuador, la relación armónica
entre ciudadanía, comunidad y Naturaleza,
así como los derechos vinculados a ellos.
El primero de estos avances es la noción
del “Buen Vivir”, como una pieza clave en
la definición ideológica que orienta el marco constitucional de la gestión pública. El
“Buen Vivir”, “sumak kawsay”, como se lo
expresa en el Preámbulo de la Constitución,
acudiendo al runa shimi o lengua kichwa,
que es la lengua ancestral más hablada en
el Ecuador, y constituye una categoría simbólica que denota, en la cosmovisión de
numerosos pueblos originarios, un conjunto
de valores que dan sentido a la existencia
en el plano individual y colectivo. Significa
vida en armonía y conjuga la relación con el
entorno natural, la “tierra sin mal” y con la
cultura o “sabiduría de los ancestros” (Viteri, 2006).
El texto constitucional delinea el Buen Vivir
vinculándolo con el goce efectivo de los derechos, la interculturalidad, las diversidades
y la armonía con la naturaleza (Art. 275).
Otro avance relevante de la nueva Constitución consiste en incorporar la plurinacionalidad entre los elementos que definen el
carácter del Estado ecuatoriano. Esta incorporación reta a la Nación Ecuatoriana a debatir y definir los alcances de la plurinacionalidad con el fin de que más allá de ser
una proclama enunciativa, se convierta en el
reconocimiento efectivo de la unidad en la
diversidad. Este enunciado de “unidad en la
diversidad” plantea al Ecuador el imperativo político de la unidad respetando la diversidad de los pueblos y las culturas y habiendo partido desde el movimiento indígena,
muestra a la sociedad ecuatoriana “que los
pueblos indígenas a pesar de haber vivido
sometidos, excluidos, repudiados, por el
hecho de ser diferentes por siglos, buscan
la unidad de los ecuatorianos, demandan
reconocernos como hermanos a pesar de las diferencias,
para construir un futuro mejor.” (Maldonado, 2008)
Sin embargo, el avance más interesante que trae el
proyecto de nueva Constitución es el reconocimiento
de la naturaleza como sujeto de derechos. Este reconocimiento, conceptual y filosóficamente vinculado con la
visión de un país plural que impulsa el Buen Vivir y la
Plurinacionalidad, implica una ruptura con paradigmas
jurídicos, éticos y hasta religiosos. Pensar a la Naturaleza
no como un algo, objeto de apropiación, sino como un
alguien, sujeto de derechos, es retomar un valor latente
en todas las culturas y tiempos, que ha sido postergado
y olvidado por la modernidad.
Los derechos colectivos indígenas son especialmente
importantes en el contexto de la plurinacionalidad. El
reconocimiento de los derechos colectivos de carácter
étnico, fue un avance importante de la Constitución de
1998. Su aplicación en la década de vigencia de esa
carta fundamental fue deficitaria. En la nueva Constitución, se mantienen los derechos alcanzados en el 98 y se
incorporan otros derechos importantes, como el reconocimiento del derecho al territorio y a la autodeterminación de los pueblos en aislamiento voluntario.
En la nueva Constitución se reconocen dos formas de consulta previa. En primer lugar, la consulta “ambiental ciudadana”:
Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá
ser consultada a la comunidad, a la cual se
informará amplia y oportunamente. El sujeto
consultante será el Estado. La ley regulará la
consulta previa, la participación ciudadana,
los plazos, el sujeto consultado y los criterios
de valoración y de objeción sobre la actividad
El Estado valorará la opinión de la comunidad
según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos
Si del referido proceso de consulta resulta
una oposición mayoritaria de la comunidad
respectiva, la decisión de ejecutar o no el
proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.
Este derecho corresponde, en general, a las comunidades afectadas por decisiones de riesgo
ambiental. Se incluye en este concepto, de manera amplia a las comunidades rurales, urbanas,
incluso a la comunidad nacional, dependiendo del
ámbito y alcance de la decisión consultada.
En este tipo de consulta, la oposición mayoritaria
de los consultados se resuelve con la decisión de
la autoridad administrativa superior (Art. 398).
Esto quiere decir, que si la comunidad consultada
no da su consentimiento al proyecto cuya ejecución se le consulta, la autoridad que de acuerdo
con la Ley sea superior a la que realizó la consulta
tomará la decisión definitiva. Se trata, en consecuencia, de una consulta no vinculante.
Sin embargo, en el Art. 57 de la Constitución se
reconoce a las comunidades, comunas, pueblos y
nacionalidades indígenas el derecho a la consulta
previa “de conformidad con la Constitución, los
pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos”.
Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de
derechos humanos, los siguientes derechos
se encuentren en sus tierras y que puedan
afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que
les causen. La consulta que deban realizar las
autoridades competentes será obligatoria y
oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá
Este es un tipo diferente de derecho a la consulta,
cuya titularidad corresponde a los indígenas por
su condición étnica y que debe ser aplicado de
conformidad con los estándares establecidos en
los instrumentos internacionales de derechos humanos, tanto en el caso de los planes vinculados
con los recursos no renovables (numeral 7), como
en el caso de las medidas legislativas que puedan
afectar derechos colectivos.
En ambos casos, como hemos señalado, de conformidad con la Declaración de la ONU sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas, es necesario
el consentimiento de los consultados para que se
realice la actividad consultada.
Los pueblos indígenas tienen derecho, además, a
ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de
17. Ser consultados antes de la adopción de
una medida legislativa que pueda afectar
cualquiera de sus derechos colectivos.
驴C贸mo debe ser
En un reciente Informe7, el Relator Especial de Naciones
Unidas sobre los Derechos y Libertades de los Pueblos
Indígenas, James Anaya, esbozó algunos puntos relevantes respecto a un proceso de consulta adecuado:
•	Se debe implementar efectivamente un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas, que
sea compatible con las normas internacionales pertinentes, incluidos el Convenio 169 de la OIT y la
Pueblos Indígenas. Este procedimiento debería ser
puesto en práctica con la participación de los pueblos indígenas del país, y debería guiar al Estado en
el desarrollo de futuros proyectos que afectan a los
•	En el proceso de diálogo deberían estar representados todos los actores relevantes, en particular los
pueblos indígenas, a través de representantes libremente elegidos por ellos mismos. Debería propiciarse un consenso sobre objetivos, procedimientos y
cronograma, así como un mecanismo para hacer ejecutables los acuerdos a que se llegue y para resolver
las cuestiones que se susciten durante el proceso.
7	Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas, S. James Anaya, Observaciones sobre la
situación de los pueblos indígenas de la amazonía y los sucesos del 5 de junio y días
posteriores en las provincias de Bagua Y Utcubamba, Perú, 20 Julio de 2009.
•	Entre los aspectos sustantivos del diálogo,
deberían incluirse aspectos legislativos que
han preocupado a los pueblos indígenas y
son susceptibles de afectarles, así como los
otros temas de fondo que dichos pueblos
han planteado hasta el momento en las diferentes instancias de diálogo, incluyendo
lo relacionado con sus derechos a tierras y
territorios y proyectos de extracción de recursos naturales.
•	Tanto el proceso como los acuerdos a que
se lleguen, deben ser compatibles con los
estándares internacionales de Derechos de
los Pueblos Indígenas, incluidos aquellos reconocidos en la Declaración de las Naciones
Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos
Indígenas y Tribales. El Relator Especial recomienda, en este sentido, que se recurra a la
asesoría técnica de la OIT y de otros organismos internacionales.
Como se ha expuesto en este documento, los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales reconocen a
la consulta y al consentimiento previo, libre e informado
como derechos fundamentales.
Las nacionalidades y pueblos indígenas, así como todas
las comunidades afectadas por políticas públicas que
puedan limitar sus derechos y perjudicar a la Naturaleza,
deben ejercer su derecho a participar en la definición de
esas decisiones a través de procesos de consulta adecuados que lleven al otorgamiento de su consentimiento
Siendo derechos fundamentales, la consulta y el consentimiento previo pueden ser exigidos a través de acciones
judiciales nacionales e internacionales. Existe ya un precedente de la justicia internacional, que ha declarado la
responsabilidad internacional de un estado por no cumplir con esos derechos.
La lucha por la plena vigencia y ejercicio de los derechos de participación, consulta y consentimiento, es un
proceso en el que se encuentran inmersas comunidades
del mundo entero. En el Ecuador, es necesario redoblar
esfuerzos por conseguir que la vigencia del Estado de
Derechos y de Justicia, Plurinacional, respetuoso de los
Derechos de la Naturaleza y orientado hacia el Buen Vivir
de la población, que consagra la Constitución vigente,
•	Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas, S. James Anaya, Observaciones sobre la situación de los pueblos
indígenas de la Amazonía y los sucesos del 5 de junio y días posteriores en las provincias de Bagua
fundamentales de los indígenas, Principios internacionales aplicables a la consulta en relación con
la reforma constitucional en materia de derechos de los Pueblos Indígenas en Chile, 24 de abril de
•	Yrigoyen Fajardo, Raquel, De la tutela a los derechos de libre determinación del desarrollo, participación, consulta y consentimiento. Fundamentos, balance y retos para su implementación, Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), Lima, enero 2009.
•	Melo, Mario, Consulta Previa, petróleo y derechos en la Amazonía Ecuatoriana, CDES, Quito, 2005.
•	Antoanella-Iulia Motoc y la Fundación Tebtzebba, Documento de trabajo preliminar sobre el principio del Consentimiento Previo de los Pueblos Indígenas, Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, 19 a 23 de julio
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