Source: http://registromundo.blogspot.com/2010/04/informe-de-la-comision-interamericana.html
Timestamp: 2018-05-24 00:32:20
Document Index: 285352538

Matched Legal Cases: ['artículo 112', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 32', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 157', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 19', 'in fine', 'artículo 72', 'artículo 40', 'artículo 45', 'artículo 161', 'artículo 37', 'artículo 132', 'artículo 136', 'artículo 32', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 13']

INFORME DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICAION AUDIOVISULA ~ registromundo
INFORME DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICAION AUDIOVISULA
VER: BATALLA POR LA LEY DE MEDIOS - Y EN LA CALLE LA CIUDADANIA SE EXPRESA
8. La Relatoría Especial valora positivamente que el 18 de noviembre de 2009, la
Cámara de Senadores haya aprobado la Ley No. 26.551, que modifica los artículos 109, 110, 111,
113 y 117 del Código Penal, y que deroga el artículo 112 del mismo instrumento. De acuerdo con
esta reforma legislativa, las expresiones u opiniones relacionadas con asuntos de interés público no
podrán configurar más los supuestos de calumnia o injuria. Asimismo, el nuevo texto legislativo
considera que no se configurará delito contra el honor cuando se publique o reproduzca información
de terceros cuyo contenido sea atribuido “en forma sustancialmente fiel” a su fuente. La reforma
permite además que los acusados de calumnia e injuria queden exentos de pena si se retractan
públicamente, antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo3.
1 Antigua Sun. 7 de enero de 2009. ALP files court action to gain access to ABS. Disponible en:
http://www.antiguasunonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=188940:ALP-files-court-action-to-gainaccess-
to-ABS-&catid=57:local&Itemid=54; Antigua Sun. 9 de febrero de 2009. Access Granted … Court resolves dispute
over ALP’s rights to nacional media. Disponible en:
http://www.antiguasunonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=188210:ACCESS-GRANTED…Courtresolves-
dispute-over-ALP’s-rights-to-national-media&catid=57:local&Itemid=54; Caribbean Net News. 11 de febrero de
2009. Antigua-Barbuda opposition files law suit for equal media time. Disponible en:
http://www.caribbeannetnews.com/antigua/antigua.php?news_id=13420&start=160&category_id=4.
2 Declaración Conjunta sobre medios de comunicación y elecciones. 15 de mayo de 2009. Disponible en:
http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=744&lID=2.
3 Honorable Senado de la Nación. Expediente 2750/08: Proyecto de Ley modificando el Código Penal respecto de
los delitos de calumnias e injurias sobre la libertad de expresión. Disponible en:
http://www.senado.gov.ar/web/proyectos/verExpe.php?origen=S&tipo=PL&numexp=2750/08&nro_comision=&tConsulta
=1; Sociedad Interamericana de Prensa. 23 de noviembre de 2009. Beneplácito de la SIP por despenalización de los delitos
de calumnia e injuria en Argentina. Disponible en:
http://www.sipiapa.com/v4/index.php?page=cont_comunicados&seccion=detalles&id=4294&idioma=sp; Reporteros Sin
9. Esta modificación legislativa constituye un paso decisivo en la incorporación de los
estándares sobre libertad de expresión del sistema interamericano en el ordenamiento jurídico
argentino. El principio 10 de la Declaración de Principios establece que la “protección a la reputación
debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida
sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente
en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de noticias
el comunicador tuvo la intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo
noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de
las mismas”. La Relatoría Especial observa, sin embargo, que la reciente reforma penal deberá ser
complementada con una modificación del Código Civil que evite el uso desproporcionado de las
sanciones pecuniarias, las cuales también pueden ser utilizadas como un mecanismo de censura al
ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
10. Cabe señalar que, previo a este avance, la Relatoría Especial recibió información en
relación con la resolución de 21 de noviembre de 2008 del Juzgado en lo Correccional de
Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos, en la causa D’Acosta, María Inés; Marclay,
Raúl Daniel – Querella por injurias – Expediente No. 4.324/I, que condenó a Raúl Daniel Marclay
como responsable por los delitos de calumnias e injurias a una pena de doce meses de prisión. El
caso se habría originado en 2004, cuando Marclay publicó un artículo en el diario Urn relacionado
con el presunto abandono de un menor de edad por parte de su padre. De acuerdo con la
información recibida, el 22 de junio de 2009, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre
Ríos rechazó el recurso de casación presentado contra la resolución del juzgado correccional,
confirmando dicha sentencia en todos sus extremos. El periodista habría empezado a cumplir
efectivamente la condena en octubre de 20094.
11. Por otra parte, el 10 de octubre de 2009 fue promulgada la Ley No. 26.522, que
regula “los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito territorial de la República
Argentina”5. La Relatoría Especial considera que esta reforma legislativa representa un importante
avance respecto de la situación preexistente en Argentina. En efecto, bajo el marco normativo
previo, la autoridad de aplicación era completamente dependiente del Poder Ejecutivo, no se
establecían reglas claras, transparentes y equitativas para la asignación de las frecuencias, ni se
generaban condiciones suficientes para la existencia de una radiodifusión verdaderamente libre de
12. La Ley No. 26.522 establece que el principio rector de su contenido es el respeto y
garantía del derecho a la libertad de expresión, derecho conforme al cual deben ser interpretadas
todas sus disposiciones. El artículo 2 de la Ley No. 26.522 indica que la “actividad realizada por los
servicios de comunicación audiovisual […] exterioriza el derecho humano inalienable de expresar,
Fronteras. 19 de noviembre de 2009. La calumnia y la injuria salen del terreno penal: “Un gran avance legislativo”. Disponible
en: http://www.rsf.org/La-calumnia-y-la-injuria-salen-del.html; Asociación por los Derechos Civiles. 19 de noviembre de
2009. ADC celebra la despenalización de las calumnias e injurias para expresiones referidas a temas de interés público.
Disponible en: http://www.adc.org.ar/sw_contenido.php?id=647.
4 El País. 28 de octubre de 2009. Preso por calumnias. Información recibida el 5 de noviembre de 2009 en la casilla
de correo electrónico de la Relatoría Especial; Diario del Sur Digital. 22 de octubre de 2009. Condenan por injuria al editor de
un periódico. Disponible en: http://www.diariodelsurdigital.com.ar/Condenan-por-injurias-al-editor-de-un-periodico.
5 La Ley No. 26.522 deroga la Ley No. 22.285 (Fíjanse los objetivos, las políticas y las bases que deberán observar
los servicios de radiodifusión), aprobada el 15 de septiembre de 1980. Boletín Oficial de la República Argentina. Año CXVII.
Número 31.756. 10 de octubre de 2009. Ley 26.522. Regúlanse los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el
ámbito territorial de la República Argentina. Disponible en: http://www.comfer.gov.ar/web/blog/wpcontent/
uploads/2009/10/1010-ley.pdf.
recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones”, y que el “objeto primordial de la
actividad brindada por los servicios regulados […] es la promoción de la diversidad y la universalidad
en el acceso y la participación, implicando ello igualdad de oportunidades de todos los habitantes de
la Nación, para acceder a los beneficios de su prestación”. En el mismo sentido, el artículo 3 de la
Ley No. 26.522 señala que los objetivos de los servicios de comunicación audiovisual deben
procurar, entre otros: “(a) La promoción y la garantía del libre ejercicio de toda persona a investigar,
buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto al
Estado de Derecho democrático y los derechos humanos, conforme las obligaciones emergentes de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos […]; [y] (l) La administración del espectro
radioeléctrico en base a criterios democráticos y republicanos que garanticen una igualdad de
oportunidades para todos los individuos en su acceso por medio de las asignaciones respectivas”.
13. Asimismo, la Ley No. 26.522 reforma el diseño institucional hasta entonces vigente
en la materia, incluyendo la creación de nuevos organismos, tales como la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual6, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual7, el
Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia8, y la Defensoría del Público de
Servicios de Comunicación Audiovisual9. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual está conformada de manera plural y diferenciada de la autoridad de aplicación
14. La Ley 26.522 establece además en su artículo 32 que la adjudicación de las
licencias para la utilización del espectro radioeléctrico se hará “mediante el régimen de concurso
público abierto y permanente”. De acuerdo con la norma, las licencias, que se otorgan por un
período de diez años, son susceptibles de prórroga “por única vez, por un plazo de diez (10) años,
6 El artículo 10 de la Ley No. 26.522 crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, “como
organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional […], como autoridad de aplicación de la
presente ley”. El artículo 14 de la norma dispone que la “conducción y administración de la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual será ejercida por un directorio integrado por siete (7) miembros nombrados por el Poder Ejecutivo
nacional. El directorio estará conformado por (1) presidente y un (1) director designados por el Poder Ejecutivo nacional; tres
(3) directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que serán
seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios correspondiendo uno (1) a la mayoría o primer minoría, uno
(1) a la segunda minoría y uno (1) a la tercer minoría parlamentaria; dos (2) directores a propuesta del Consejo Federal de
Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de
la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales”.
Cabe señalar que el artículo 157 de la Ley No. 26.522 dispone que todos los activos del Comité Federal de
Radiodifusión (COMFER) sean transferidos en su totalidad a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El COMFER, a diferencia de la Autoridad Federal, dependía de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura del
7 El artículo 15 de la Ley No. 26.522 crea el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, “en el ámbito de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual”, para, entre otras funciones, “colaborar y asesorar en el diseño
de la política pública de radiodifusión”. El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual propone, para su nombramiento por
parte del Poder Ejecutivo, a dos de los directores de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Social. Cabe señalar
que el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual también podrá “remover a los directores de la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual por el voto de los dos tercios (2/3) del total de sus integrantes mediante un
procedimiento en el que se haya garantizado en forma amplia el derecho de defensa”.
8 El artículo 17 de la Ley No. 26.522 señala que el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia es
un órgano “multidisciplinario, pluralista y federal integrado por personas y organizaciones sociales con reconocida trayectoria
en el tema y por representantes de niños, niñas y adolescentes” para la “elaboración de propuestas dirigidas a incrementar la
calidad de la programación dirigida a niños, niñas y adolescentes”, “establecer criterios y diagnósticos de contenidos
recomendados o prioritarios, y, asimismo, señalar los contenidos inconvenientes o dañinos para los niños, niñas y
adolescentes, con el aval de argumentos teóricos y análisis empíricos”, entre otros.
9 El artículo 19 de la Ley No. 26.522 crea la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual para,
entre otros, “recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión y demás servicios
regulados [...] teniendo legitimación judicial y extrajudicial para actuar de oficio, por sí y/o en representación de terceros, ante
toda clase de autoridad administrativa o judicial”.
previa celebración de audiencia pública realizada en la localidad donde se preste el servicio”10. Una
vez vencida la prorroga, deberá presentarse nuevamente un concurso al que podrán presentarse los
antiguos licenciatarios.
15. De la misma manera, la Ley No. 26.522 dispone de un mecanismo de limitación a la
concentración de licencias, “a fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto”11.
Con el mismo objetivo, la Ley 26.522 reconoce la existencia de los tres sectores de la
comunicación, al indicar que, la “explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser
efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión
privada sin fines de lucro, los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a
todas las plataformas de transmisión disponibles”12. Asimismo, la norma establece criterios
equitativos de asignación y administración de frecuencias.
16. Si bien es necesario que exista una regulación de publicidad oficial acorde con la
jurisprudencia nacional argentina y la doctrina interamericana en la materia, cabe señalar que el
artículo 72 de la Ley 26.522 establece la obligación a cargo de los licenciatarios o autorizados, “de
poner a disposición, como información fácilmente asequible, una carpeta de acceso público a la que
deberá sumarse su exhibición sobre soporte digital en [internet]”, en la que consten, entre otras,
“(viii) La(s) pauta(s) de publicidad oficial que recibiera el licenciatario, de todas las jurisdicciones
nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando cada
17. La Relatoría Especial, al mismo tiempo de reconocer el importante avance que
representa la entrada en vigor de la Ley No. 26.522, también observa que algunas de sus
disposiciones podrían resultar incompatibles con la Convención Americana, mientras que otras
podrían generar inconvenientes que deben ser adecuadamente resueltos, desde el inicio, en su
18. En primer lugar, la ley le asigna a la Iglesia Católica una autorización privilegiada para
usar una frecuencia de manera permanente, sin necesidad de someterse a concurso en igualdad de
condiciones13. El principio 12 de la Declaración de Principios establece que, las “asignaciones de
radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de
oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”.
19. De otra parte, preocupa a la Relatoría Especial la vaguedad de ciertas conductas y
supuestos que pueden llevar a la aplicación de sanciones graves, tales como “la desnudez y el
lenguaje adulto fuera de contexto”, “los materiales previamente editados que enfaticen lo
truculento, morboso o sórdido” o “la realización de actos contra el orden constitucional de la Nación
o utilización de los Servicios de Comunicación Audiovisual para proclamar e incentivar la realización
de tales actos”. Al respecto, es importante mencionar que, al menos cuando se trate de la
10 El artículo 40 de la Ley No. 26.522 dispone además que al “vencimiento de la prórroga, los licenciatarios podrán
presentarse nuevamente a concurso o procedimiento de adjudicación”.
11 El artículo 45 de la Ley No. 26.522 establece los diversos límites para los supuestos de multiplicidad de licencias.
El artículo 161 de la norma establece que los titulares de licencias que no cumplan con los requisitos previsto bajo el nuevo
marco legal, deben ajustarse al mismo en un plazo no mayor de un año desde que la autoridad de aplicación establezca los
mecanismos de transición.
12 En el mismo sentido, ver los artículos 21 a 31 de la Ley No. 26.522.
13 El artículo 37 de la Ley 26.522 dispone que, el “otorgamiento de autorizaciones para personas de existencia ideal
de derecho público estatal, para universidades nacionales, institutos universitarios nacionales, Pueblos Originarios y para la
Iglesia Católica se realiza a demanda y de manera directa, de acuerdo con la disponibilidad de espectro, cuando fuera
caducidad de la licencia, la interposición de recursos administrativos y de las acciones judiciales
contra las decisiones administrativas que imponen la citada sanción tendrá efecto suspensivo luego
de “analizarse [judicialmente] las circunstancias del caso”. Sin embargo, en cuanto al régimen de
sanciones graves, la Relatoría Especial recuerda al Estado que en concordancia con el principio de
estricta legalidad, aplicable a aquellos casos en los cuales puede resultar gravemente afectado el
derecho a la libertad de expresión, es necesario que las conductas se encuentren descritas de
manera clara y precisa. En una materia tan sensible como la libertad de expresión, frente a la
existencia de sanciones tan graves, las normas sancionatorias vagas o imprecisas pueden terminar
amparando decisiones arbitrarias que por vía indirecta censuren o saquen del aire a medios o
contenidos específicos, por la simple expresión de discursos que, si bien pueden resultar
perturbadores para los funcionarios públicos o para una parte del conglomerado social, sin embargo,
resultan protegidos por la Convención Americana14. Conviene además recordar al Estado, que la
Corte Interamericana ha sostenido reiteradamente que el derecho a la libertad de expresión también
incluye la protección de afirmaciones que puedan resultar ofensivas, perturbadoras o ingratas para el
Estado, pues tal es la exigencia de un orden democrático que se funda en la diversidad y el
pluralismo15.
20. Asimismo, preocupa a la Relatoría Especial que la regulación de la Ley 26.522 en
materia de medios públicos no hubiere incorporado suficientes salvaguardas para asegurar que se
trate de medios que puedan operar con autonomía e independencia del gobierno. Es cierto que la
ley, a diferencia de normas similares en la región, establece un plazo fijo para las autoridades del
ente rector del sistema de medios públicos (artículo 132), así como una fuente de financiación de
origen legal (artículo 136). Sin embargo las autoridades más importantes del sistema son designadas
mayoritariamente por el Poder Ejecutivo, sin que el proceso de designación o las condiciones
orgánicas, institucionales y funcionales restantes otorguen suficientes garantías de funcionamiento
independiente. En este sentido, resulta esencial que los decretos reglamentarios y las decisiones de
los órganos competentes, diseñen mecanismos que garanticen su funcionamiento independiente,
respetando los fines que justifican la creación de medios públicos.
21. En cuanto a la asignación de licencias para servicios que utilizan el espectro
radioeléctrico, la Relatoría Especial encuentra un importante avance en el artículo 32 que señala que
las mismas “serán adjudicadas, mediante el régimen de concurso público abierto y permanente”. No
obstante, la norma establece que mientras que las licencias para servicios de comunicación
audiovisual abierta cuya área primaria de servicio supere los cincuenta (50) kilómetros y que se
encuentren localizadas en poblaciones de más de quinientos mil (500.000) habitantes, serán
adjudicadas, previo concurso, por el Poder Ejecutivo Nacional, las correspondientes a los restantes
servicios de comunicación audiovisual abierta y servicios de comunicación audiovisual por
suscripción que utilicen vínculos radioeléctricos no satelitales y que se encuentren planificadas,
“serán adjudicadas por la autoridad de aplicación”. Esta adjudicación desde el Poder Ejecutivo,
aunque podría tratarse simplemente de la función formal de certificar a quienes han ganado el
concurso diseñado por la autoridad de aplicación con reglas claras, trasparentes y equitativas, no
parece compatible con una ley que crea un órgano autárquico e independiente con el objetivo de
permitir que las asignaciones se realicen al margen del gobierno. La Relatoría Especial toma nota de
esta diferencia y exhorta al Estado a que la misma no se traduzca en formas indirectas de incidir en
la libertad de expresión. A este respecto, el artículo 13.3 de la Convención Americana establece
que, “[n]o se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el
14 CIDH. Informe Anual 2008. Volumen II. Capítulo III, párrs. 65-66. Disponible en:
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/INFORME%20ANUAL%20RELE%202008.pdf.
15 Corte I.D.H., Caso “La Ultima Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero
de 2001. Serie C No. 73, párr. 69; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C
No. 107. párr. 113.
abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o
de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
22. Finalmente, la Relatoría Especial toma nota del contenido de algunas disposiciones,
como los artículos 3, 17 y 70, entre otras, y llama al Estado y a las autoridades encargadas de
implementar la ley, a respetar la obligación de no injerencia del Estado en los contenidos de los
medios de comunicación (obligación de neutralidad). Asimismo, la Relatoría Especial toma nota del
literal (h) del artículo 3, que menciona “la actuación de los medios de comunicación en base a
principios éticos”; y entiende que la misma se refiere exclusivamente a las autorregulaciones que los
medios dispongan. A este respecto, el principio 6 de la Declaración de Principios establece que, la
“actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser
impuestas por los Estados”.
23. Los temas antes mencionados requieren que el proceso de implementación de la ley,
a cargo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y los otros órganos
competentes, proceda a minimizar los riesgos advertidos y que, por el contrario, optimice las
oportunidades que la norma incorpora para reforzar las garantías en el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión. Para ello, es esencial que la autoridad de aplicación se conforme de manera tal
que otorgue garantías de independencia e imparcialidad a todos los sectores y que en la
implementación de la ley se tenga en cuenta, fundamentalmente, que la finalidad más importante de
toda norma de esta naturaleza es garantizar un mayor despliegue de la libertad de expresión, de
conformidad con los más elevados estándares en la materia. En este punto, la Relatoría Especial
llama a las autoridades competentes a atender los estándares interamericanos a la hora de
implementar la Ley 26.52216.
24. De otro lado, en materia de publicidad oficial, la Relatoría Especial observa con
satisfacción la decisión de 10 de febrero de 2009 de la Sala IV de la Cámara de lo Contencioso
Administrativo Federal en el caso Editorial Perfil S.A. y otro contra EN – Jefatura Gabinete de
Ministros – SMC sobre amparo ley 16-986, que ordenó al Estado “dispon[er] la distribución de
publicidad oficial en las distintas publicaciones” de Editorial Perfil S.A. y Diario Perfil S.A. En el
caso, las empresas demandantes alegaron que el Poder Ejecutivo había iniciado una “política
discriminatoria con relación a la exclusión ex professo de la pauta publicitaria oficial a las revistas
[Noticias] y [Fortuna]”, dada su línea editorial contraria al gobierno. En su resolución, la Sala IV de la
Cámara de lo Contencioso Administrativo afirmó, recordando el fallo de 5 septiembre de 2007 de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Editorial Río Negro S.A. c/Neuquén, Provincia de,
que “es el Estado quien tiene la carga de probar la existencia de motivos suficientes que justifiquen
la interrupción abrupta de la contratación de publicidad oficial”, y que “[e]l gobierno debe evitar las
acciones que intencional o exclusivamente estén orientadas a limitar el ejercicio de la libertad de
prensa y también aquellas que llegan indirectamente a ese resultado. Es decir, basta con que la
acción gubernamental tenga ese objetivo para que se configure un supuesto de afectación de dicha
libertad. Es por ello, que no resulta necesario la asfixia económica o quiebre del diario […]. Por lo
demás, la afectación económica debe examinarse no sólo en relación a la pérdida por no recibir
publicidad oficial, sino también por la disminución en la venta de diarios en tanto muchos lectores se
verán obligados a informarse por otros medios acerca de la gestión pública” 17.
16 Al respecto, véase el capítulo III del Informe Anual 2009 de la Relatoría Especial, en este mismo volumen.
Asimismo, ver: CIDH. Informe Anual 2008. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Capítulo III: Marco jurídico interamericano del derecho a la libertad de expresión. Disponible en:
17 Sala IV de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal. 10 de febrero de 2009. Causa No. 18.639/2006:
Editorial Perfil S.A. y otro contra EN – Jefatura Gabinete de Ministros – SMC sobre amparo ley 16-986; Asociación por los
Derechos Civiles.11 de febrero de 2009. Caso Perfil: un fallo en contra de la censura indirecta. Disponible en:
25. Tal como hiciera en anteriores oportunidades, la Relatoría Especial recuerda al Estado
que tiene el deber de establecer criterios claros, transparentes, objetivos y no discriminatorios para
la determinación de la distribución de la publicidad oficial18. El principio 13 de la Declaración de
Principios establece que, “la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos
oficiales; […], entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los
comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas,
atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios
de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas
o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles
con la libertad de expresión”. La Relatoría Especial insta al Estado a promover la aprobación de
legislación para la regulación de la distribución de la publicidad oficial en concordancia con su propia
jurisprudencia y con los estándares del sistema interamericano.
26. Por otro lado, la Relatoría Especial toma nota de la resolución de 24 de septiembre
de 2009 de la Sala II del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires que rechazó el
recurso de nulidad presentado por Gustavo Prellezo contra la sentencia de 2 febrero de 2000, que lo
condenó a prisión perpetua como autor de los delitos de sustracción de persona agravada y
homicidio calificado en perjuicio del fotógrafo José Luis Cabezas19. Cabe recordar que, en su
Informe Anual 2008, la Relatoría Especial manifestó su preocupación por el caso de Gregorio Ríos,
puesto en libertad condicional luego de ser condenado a prisión perpetua como instigador del
asesinato del periodista, gracias a la aplicación de beneficios especiales20. La Relatoría Especial
http://www.adc.org.ar/sw_contenido.php?id=513; Comité para la Protección de los Periodistas. 19 de febrero de 2009.
Argentine court orders official ads into critical publications. Disponible en: http://cpj.org/2009/02/argentine-court-ordersofficial-
ads-into-critical.php; Sociedad Interamericana de Prensa. 12 de febrero de 2009. Satisface a la SIP fallo en Argentina
sobre publicidad oficial. Disponible en:
http://www.sipiapa.org/v4/index.php?page=cont_comunicados&seccion=detalles&id=4136&idioma=sp.
18 CIDH. Informe Anual 2008. Volumen II. Capítulo III, párr. 65-66. Disponible en:
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/INFORME%20ANUAL%20RELE%202008.pdf. En este contexto, un reciente
informe sobre la distribución de la publicidad oficial en Argentina señaló que durante 2008, el Poder Ejecutivo invirtió un 23%
adicional a lo invertido durante 2007, y que durante el primer semestre de 2008 se invirtió un 76.4% del presupuesto total
previsto para el año. Por otro lado, se indicó que la inversión publicitaria directa (es decir, aquélla que se invierte directamente
en medios de comunicación sin pasar por intermediarios) se concentró en los medios de la Ciudad de Buenos Aires y de
distribución nacional. Asociación por los Derechos Civiles. 8 de junio de 2009. Cómo fue la publicidad oficial del gobierno
durante 2009. Disponible en: http://www.censuraindirecta.org.ar/sw_contenido.php?id=511. El texto completo del informe
http://www.censuraindirecta.org.ar/images/fck/file/Informes%20y%20publicaciones/ADC_Informe_Publicidad_Oficial_PEN_20
19 José Luis Cabezas era fotógrafo de la revista Noticias. Su cadáver carbonizado fue encontrado en la localidad de
Pinamar, provincia de Buenos Aires, el 25 de enero de 1997, con dos balazos en la cabeza y las manos esposadas. El 2 de
febrero de 2000, el Estado informó a la Relatoría Especial que existían elementos probatorios que indicaban que el móvil del
homicidio guarda relación con la labor de Cabezas como fotógrafo. Relatoría Especial - CIDH. 8 de marzo de 2008. Estudio
Especial sobre la Situación de las Investigaciones sobre el Asesinato de Periodistas por motivos que pudieran estar
relacionados con la Actividad Periodística: Período 1995-2005. Pág. 73. Disponible en:
http://www.cidh.org/relatoria/section/Asesinato%20de%20Periodsitas.pdf. Primera Edición. 24 de septiembre de 2009. Caso
Cabezas: Confirman la condena contra Prellezo. Disponible en:
http://www.primeraedicionweb.com.ar/index.php?idnoticia=11010&dgprincipal=nota&tipo=digital&idEdicion; Momento
24. 24 de septiembre de 2009. Cabezas crime: Gustavo Prellezo’s life-imprisonment sentence was confirmed. Disponible en:
http://momento24.com/en/2009/09/24/cabezas-crime-gustavo-prellezos-life-imprisonment-sentence-was-confirmed/#; Foro
de Periodismo Argentino. 25 de septiembre de 2009. Satisfacción de Foepa por el fallo que confirmó la condena al asesino de
José Luis Cabezas. Disponible en:
http://www.fopea.org/Comunicados/2009/Satisfaccion_de_Fopea_por_el_fallo_que_confirmo_la_condena_al_asesino_de_Jose
_Luis_Cabezas.
20 CIDH. Informe Anual 2008. Volumen II. Capítulo II, párr. 11. Disponible en:
reitera al Estado que tiene “el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los
derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se
hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de
imponerles sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”21.
27. La Relatoría Especial lamenta que durante 2009 se continuaran recibiendo denuncias
sobre actos de violencia en contra de medios de comunicación, presuntamente relacionados con el
ejercicio de la labor periodística22. El 12 de enero de 2009, personas no identificadas habrían
cortado los cables de acero que sostenían la antena de Radio Goya en la provincia de Corrientes. De
acuerdo con la información recibida, al caer la antena, la radio quedó sin señal23. De la misma
manera, el 1 de abril de 2009, desconocidos habrían ocasionado el derrumbe de la antena de Radio
Mocoví en la provincia del Chaco, de modo que el medio no pudo continuar emitiendo su
programación24. Asimismo, la Relatoría Especial recibió información que indica que entre el 24 y 26
de marzo de 2009, las señales de los canales 13 y Todo Noticias y Radio Mitre habrían sufrido
interferencias que impidieron que sus transmisiones fueran recibidas al interior y exterior del país por
varias horas25. También, el 1 de junio de 2009, un incendio habría destruido las instalaciones de la
emisora FM Radio Activa en El Bolsón, provincia de Río Negro. De acuerdo con la información
recibida, la Fiscalía Provincial confirmó que los primeros indicios de la investigación indicarían que se
trató de un hecho intencional. El director de la radio, Reynaldo Rodríguez, sostuvo que el ataque
podría vincularse con el discurso crítico que la radio mantiene contra un proyecto que busca reubicar
un aeropuerto local26.
28. Asimismo, la Relatoría Especial fue informada de que el 14 de mayo de 2009, once
receptorías de avisos del diario Clarín en la ciudad de Buenos Aires aparecieron con pintas en
aerosol con mensajes tales como “Clarín miente”, haciendo alusión a repetidas afirmaciones de altas
autoridades públicas en el mismo sentido. De la misma manera, en agosto de 2009, el domicilio de
uno de los directivos de Clarín fue atacado por desconocidos que arrojaron huevos y pintura27.
21 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 174. El resaltado
22 CIDH. Informe Anual 2008. Volumen II. Capítulo III, párr. 13. Disponible en:
23 Reporteros Sin Fronteras. 16 de enero de 2009. Alterada gravemente la programación de una radio a causa del
sabotaje de su antena. Disponible en: http://www.rsf.org/Alterada-gravemente-la.html; Foro de Periodismo Argentino. 14 de
enero de 2009. Repudia atentado a Radio Goya. Disponible en:
http://www.fopea.org/Comunicados/2009/Repudio_al_atentado_a_radio_Goya.
24 Foro de Periodismo Argentino. 3 de abril de 2009. Fopea repudia atentado a Radio Mocoví. Disponible en:
http://www.fopea.org/Comunicados/2009/Fopea_repudia_atentado_a_Radio_Mocovi; Periodistas en Español. 4 de abril de
2009. Atentado en Argentina contra Radio Mocoví en El Chaco. Disponible en: http://www.pes.
org/index.php?option=com_content&task=view&id=2913&Itemid=60.
25 Sociedad Interamericana de Prensa. 27 de marzo de 2009. Deplora la SIP interrupción a señal de medios
audiovisuales de Grupo Clarín. Disponible en:
http://www.sipiapa.org/v4/index.php?page=cont_comunicados&seccion=detalles&id=4158&idioma=sp; Foro de
Periodismo Argentino. 26 de marzo de 2009. Preocupación por interferencias a empresa de comunicaciones. Disponible en:
http://www.fopea.org/Comunicados/2009/Preocupacion_por_interferencias_a_la_empresa_de_comunicaciones_Artear.
26 Foro de Periodismo Argentino. 5 de junio de 2009. FOPEA repudia el incendio que destruyó Radio Activa en El
Bolsón. Disponible en:
http://www.fopea.org/Comunicados/2009/Fopea_repudia_el_incendio_que_destruyo_Radio_Activa_de_El_Bolson; Agencia
Pulsar. 3 de junio de 2009. Radio de la Patagonia denuncia incendio intencional de sus instalaciones. Disponible en:
http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=15135.
27 Clarín. 15 de mayo de 2009. En una noche, atacaron 11 oficinas de avisos de Clarín en Capital y GBA; Clarín.
25 de agosto de 2009. Intimidaciones y ataques a directivos del grupo Clarín. Información entregada en octubre de 2009 por
representantes de Clarín a la Relatoría Especial.
29. De otra parte, el 10 de septiembre de 2009, decenas de agentes de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se habrían apersonado en la sede del Grupo
Clarín en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de recabar datos de índole tributaria y
previsional en el marco de una inspección. Posteriormente, Ricardo Echegaray, jefe de la AFIP,
habría manifestado no haber ordenado la medida y que ésta se habría producido por un “error de
procedimiento”. La Relatoría Especial también recibió información que señala que dos funcionarios
de la AFIP habrían sido despedidos por haber llevado a cabo dicha inspección sin la autorización
debida28. El 14 de septiembre de 2009 la Relatoría Especial envió una comunicación al Estado para
solicitar información sobre lo ocurrido. Sin embargo, a la fecha de cierre del presente informe la
Relatoría Especial no ha recibido información sobre el avance o los resultados de las investigaciones
internas sobre el mencionado operativo.
30. Por otro lado, la Relatoría Especial recibió información que indica que, entre el 4 y 6
de noviembre de 2009, miembros del sindicato de transportadores habrían bloqueado por varias
horas las instalaciones de las plantas impresoras de los diarios Clarín y La Nación en la ciudad de
Buenos Aires, impidiendo su posterior distribución en el resto del país. De acuerdo con los datos
recibidos, el sindicato de transportadores habría iniciado la medida con la intención de afiliar a su
gremio a los conductores miembros de las cooperativas encargadas de la distribución de diarios y
revistas en la ciudad de Buenos Aires. Organizaciones y medios de comunicación locales señalaron,
sin embargo, que la medida del sindicato buscaba afectar de manera particular a los medios críticos
de la gestión del gobierno29.
31. En relación con las presuntas agresiones y amenazas recibidas por periodistas en el
ejercicio de su labor, la Relatoría Especial recibió información que indica que el 22 de enero de
2009, Gustavo Heredia, de Radio Universidad de San Luis, habría recibido amenazas telefónicas
vinculadas con la cobertura que realiza de un proceso judicial relacionado con la dictadura militar30.
Asimismo, el 29 abril de 2009, Daniel Enz, director del semanario Análisis en Paraná, provincia de
Entre Ríos, habría sido amenazado telefónicamente luego de la publicación de un artículo en el que
se denunciaban presuntos hechos de corrupción31. Finalmente, el 18 de octubre de 2009, Viviana
Villar, periodista de Canal CVI 5 en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, habría sido agredida física
28 Clarín. 11 de septiembre de 2009. Insólito operativo: el Gobierno envió a Clarín 200 inspectores de la AFIP.
Disponible en: http://www.clarin.com/diario/2009/09/11/elpais/p-01996758.htm; Comité para la Protección de los
Periodistas. 11 de septiembre de 2009. El CPJ insta a una investigación exhaustiva tras el allanamiento de Clarín. Disponible
en: http://cpj.org/es/2009/09/el-cpj-insta-a-una-investigacion-exhaustiva-tras-e.php.
29 Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. 4 de noviembre de 2009. ADEPA condena nuevo bloqueo a la
distribución de diarios y revistas. Disponible en: http://www.adepa.org.ar/secciones/ldp/nota.php?id=285; Clarín. 4 de
noviembre de 2009. Fuerte repudio de la oposición al bloqueo de Camioneros contra diarios y revistas. Disponible en:
http://www.clarin.com/diario/2009/11/04/um/m-02033817.htm; Clarín. 4 de noviembre de 2009. Levantaron el bloqueo
camionero sobre las distribuidoras de diarios. Disponible en: http://www.clarin.com/diario/2009/11/04/um/m-02033600.htm;
Sociedad Interamericana de Prensa. 65ª Asamblea General, 6 al 10 de noviembre 2009, Buenos Aires, Argentina. Informes
por país: Argentina. Disponible en:
http://www.sipiapa.com/v4/index.php?page=det_informe&asamblea=24&infoid=363&idioma=sp.
30 Foro de Periodismo Argentino. 27 de enero de 2009. Preocupante amenaza a periodista que cubre juicio a
represores en San Luis. Disponible en:
http://www.fopea.org/Comunicados/2009/Preocupante_amenaza_a_periodista_que_cubre_juicio_a_represores_en_San_Luis.
Federación de Trabajadores de la Prensa. 29 de enero de 2009. Amenazan a periodistas en San Luis y Córdoba. Disponible
en: http://www.fatpren.org.ar/Secciones/PartesNacionales705.htm.
31 Foro de Periodismo Argentino. 29 de abril de 2009. Alerta por amenaza al periodista Daniel Enz, en Paraná.
Disponible en: http://www.fopea.org/Comunicados/2009/Alerta_por_amenaza_al_periodista_Daniel_Enz_en_Parana; La Nota
Digital. 30 de abril de 2009. Investigan amenazas al periodista Daniel Enz y su familia. Disponible en:
http://lanotadigital.com.ar/2009/04/30/investigan-amenazas-al-periodista-daniel-enz-y-su-familia/.
y verbalmente por el Intendente de Puerto Iguazú, Claudio Raúl Filippa, mientras ésta tomaba
fotografías como parte de la cobertura que realizaba de un espectáculo en un local de la zona32.
32. En este contexto, la Relatoría Especial exhorta a las autoridades del Estado argentino
a adoptar las medidas necesarias para garantizar que los comunicadores sociales y los medios de
comunicación puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión, así como a identificar, juzgar y
sancionar a los responsables de estos hechos. El principio 9 de la Declaración de Principios señala
que, el “asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la
destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las
personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e
investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación
33. De otro lado, la Relatoría Especial fue informada de que en febrero de 2009 se habría
sacado del aire el programa radial que conducía el periodista Nelson Castro en Radio Del Plata.
Organizaciones no gubernamentales señalaron que este hecho podría ser una represalia contra el
reportero por su labor y porque en el programa se vertían opiniones críticas contra el gobierno
nacional33. El principio 5 de la Declaración de Principios señala que, la “censura previa, interferencia
o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de
cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida
por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la
imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el
derecho a la libertad de expresión”.
34. En cuanto al derecho de acceso a la información, la Relatoría Especial valora
positivamente la sentencia de 13 de abril de 2009 del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y
Tributario No. 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el caso Martínez Diego contra GCBA y
otros sobre Amparo (Art. 14 CCABA), que ordenó que las autoridades competentes entregaran al
periodista Pedro Martínez información relativa al personal de dos agencias de seguridad
bonaerenses, que le había sido negada por la Dirección General de Seguridad Privada. La solicitud de
Martínez buscaba conocer si ambas agencias podían encontrarse bajo el control de ex militares
acusados por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura34.
32 Línea Capital. 18 de octubre de 2009. El intendente Filippa atacó a una periodista. Disponible en:
http://www.lineacapital.com.ar/?noticia=46712; Misiones OnLine. 18 de octubre de 2009. El intendente de Iguazú fue
denunciado por agredir a una periodista durante la madrugada. Disponible en:
http://www.misionesonline.net/paginas/detalle2.php?db=noticias2007&id=144212; Foro de Periodismo Argentino. 22 de
octubre de 2009. Fopea repudia agresiones e insultos del intendente de Iguazú a una periodista local. Disponible en:
http://www.fopea.org/Inicio/Fopea_repudia_agresiones_e_insultos_del_intendente_de_Iguazu_a_una_periodista_local.
33 Comité para la Protección de los Periodistas. 2 de febrero de 2009. Radio show cancellation sparks controversy
in Argentina. Disponible en: http://cpj.org/blog/2009/02/radio-show-cancellation-sparks-controversy-in-arge.php; Sociedad
Interamericana de Prensa. Informe Argentina. Reunión de Medio de Año, Asunción, Paraguay. Disponible en:
http://www.sipiapa.org/v4/index.php?page=det_informe&asamblea=22&infoid=334&idioma=sp; Sociedad Interamericana
de Prensa. 3 de febrero de 2009. Inquietud de la SIP por represalia contra periodista argentino. Disponible en:
http://www.sipiapa.org/v4/index.php?page=cont_comunicados&seccion=detalles&id=4131&idioma=sp; Foro de
Periodismo Argentino. 3 de febrero de 2009. Preocupación por levantamiento de programa radial de Nelson Castro.
http://www.fopea.org/Comunicados/2009/Preocupacion_por_levantamiento_de_programa_radial_de_Nelson_Castro.
34 Centro de Estudios Legales y Sociales. 17 de abril de 2009. Un fallo judicial avaló el acceso a la información
sobre agencias de seguridad privada en la ciudad de Buenos Aires. Disponible en:
http://www.cels.org.ar/comunicacion/index.php?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=1123; Información
recibida el 5 de noviembre de 2009 en la casilla de correo electrónico de la Relatoría Especial.
35. Asimismo, la Relatoría Especial fue informada de la decisión de 17 de marzo de
2009 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata en el caso Suárez
Alejandro César c/ Municipalidad de Florencio Varela s/ Amparo, que confirmó la decisión de 7 de
abril de 2008 del Juzgado en lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quilmes, que denegó a
Alejandro César Suárez, director del diario Mi Ciudad, la información respecto de “la nómina
completa de los empleados de la Municipalidad de Florencio Varela, las tareas que desempeñan y las
remuneraciones que perciben por tal concepto”. El 15 de septiembre de 2005 el periodista había
presentado una solicitud al gobierno comunal requiriendo dichos datos, pero no recibió respuesta. La
Relatoría Especial manifiesta su particular preocupación porque en la resolución, el tribunal de
apelaciones señaló que “el actor no ha[bía] podido demostrar un particular interés” que justifique
informarle acerca de la información requerida35.
36. La Relatoría Especial también observa que en agosto de 2009 el Ministerio de
Economía y Producción finalmente publicó la información relacionada con los factores de cálculo del
Índice de Precios al Consumidor. Tal como fuera señalado en el Informe Anual 2008, en agosto de
2008 la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal había
ordenado a la dependencia entregar dichos datos en un plazo de veinte días hábiles. La solicitud fue
originalmente presentada el 18 de julio de 2007 ante el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC) por una organización local con el propósito de conocer cómo se calculaba el índice de
pobreza en Argentina. En mayo de 2008, la respuesta del INDEC había sido considerada por el
Tercer Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal como “insuficiente e inadecuada para
satisfacer el derecho de acceso a la información y así permitir una efectiva participación
ciudadana”36.
37. La Relatoría Especial recuerda al Estado que de acuerdo con lo establecido por la
Corte Interamericana, no es necesario acreditar un interés directo ni una afectación personal para
obtener la información en poder del Estado, salvo en los casos en que se aplique una restricción
permitida por la Convención Americana. Tales limitaciones, sin embargo, deben dar cumplimiento
estricto a los requisitos derivados del artículo 13.2 de dicho instrumento, esto es, ser condiciones
de carácter excepcional, consagradas legalmente, bajo objetivos legítimos, y en las que se apliquen
los criterios de necesidad y estricta proporcionalidad37. El principio 4 de la Declaración de Principios
señala que “el acceso a la información […] es un derecho fundamental de los individuos. Los
Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho”. La Relatoría Especial exhorta al
Estado a promover la aprobación de una ley sobre acceso a la información en concordancia con los
estándares del sistema interamericano.
35 Asociación por los Derechos Civiles. 17 de marzo de 2009. La justicia provincial niega acceso a datos sobre el
gasto público en Florencio Varela. Disponible en: http://www.periodismo-aip.org/noticia-detalle.php?id=45; Foro de
Periodismo Argentino. 17 de marzo de 2009. Fopea expresa su preocupación por decisión de Tribunal de La Plata. Disponible
en: http://www.fopea.org/Comunicados/2009/Fopea_expresa_su_preocupacion_por_la_decision_de_un_Tribunal_de_La_Plata.
36 Ministerio de Economía y Producción. Secretaría de Política Económica. Instituto Nacional de Estadística y
Censos. IPC-GBA base abril 2008=100. Actualización metodológica. Disponible en:
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/10/ipc_metodologia_10_08.pdf; Asociación por los Derechos Civiles. 12 de
agosto de 2009. Pese a los anuncios de Boudou, el gobierno no cumple un fallo de la justicia sobre el INDEC. Disponible en:
http://www.adc.org.ar/sw_contenido.php?id=599; CIDH. Informe Anual 2008. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II, párr. 12. Disponible en:
37 Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia del 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151,
párrs. 77, 87-90 y 137.
38. La Relatoría Especial observa que, a la fecha de este informe, el gobierno de
Barbados seguiría sin presentar al Parlamento el proyecto de ley de acceso a la información que
durante 2008 había sido expuesto al público para la entrega de observaciones. De acuerdo con la
información recibida, la presentación de la iniciativa estaba programada para los primeros meses de
200938. La Relatoría Especial invita al Estado a retomar su propósito de legislar en esta materia y a
que en la discusión parlamentaria del proyecto se tomen en cuenta los estándares del sistema
interamericano en materia de libertad de expresión39. El principio 4 de la Declaración de Principios
Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho”.
39. Por otro lado, la Relatoría Especial recibió información que indica que el 22 de agosto
de 2009, la periodista del diario Sunday Sun, Carol Martindale habría recibido una llamada telefónica
de Hartley Henry, consejero político del gobierno de Barbados, en la que se le habría advertido
“hacer lo correcto o enfrentar la destrucción de su reputación”. De acuerdo con la denuncia
formulada, en días previos, Hartley Henry habría exigido a la periodista publicar una encuesta
favorable al gobierno en el periódico. Posteriormente, el diario habría manifestado su malestar a
través de un comentario editorial en su primera plana40. El principio 5 de la Declaración de Principios
señala que, la “censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión,
opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico,
visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas
y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al
libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
INFORMES / LEY DE MEDIOS