Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20025535
Timestamp: 2019-05-24 18:04:37
Document Index: 360914962

Matched Legal Cases: ['artículo 1127', 'artículo 84', 'artículo 103', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 1127', 'artículo 84', 'artículo 103', 'artículo 13', 'artículo 29', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 11', 'Artículo 106', 'Artículo 106', 'artículo 1127', 'artículo 84', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 103', 'artículo 1', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 108', 'Artículo 108', 'Artículo 108', 'artículo 104', 'artículo 250', 'artículo 63', 'Artículo 63']

C-409 de 2009
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020025535CC-SENTENCIAC409200917/06/2009CC-SENTENCIA_C_409__2009_17/06/2009200255352009Sentencia C-409/09 DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL- Vulneración por norma que faculta a la aseguradora para acudir o no a la conciliación dentro del incidente de reparación integral/ JUSTICIA RESTAURATIVA- Citación del asegurador en incidente de reparación integral en proceso penal/ INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL- Vinculación del asegurador en la decisión que ponga fin al incidente No resulta conforme con el conjunto de preceptos constitucionales que protegen a la víctima y su derecho a la reparación integral, el precepto acusado que establece que la aseguradora puede ser citada al incidente de reparación integral, "exclusivamente" para los efectos de la conciliación, y que además, a dicha conciliación puede acudir o no, prevista en el art. 108 CPP, toda vez que no obstante las amplias competencias legislativas reconocidas en materia de configuración del derecho de reparación integral y de las garantías judiciales para hacerlo efectivo, la forma como se ha reglado la posible participación del asegurador en tal incidente, se convierte en una medida nugatoria del derecho de la víctima a la reparación integral, pues burla la esperanza que se había generado de que el contrato suscrito con él, pudiera servir al propósito del sistema penal constitucional y legalmente dispuesto de reparar a la víctima y de hacerlo prontamente a instancias del juez de la causa penal, en el incidente de reparación integral. Asimismo, y en concordancia con lo establecido para el tercero civilmente responsable, la citación con que se convoque a la aseguradora, tendrá como finalidad primaria permitirle poder conocer el objeto del incidente en concreto, para así acudir a la audiencia de conciliación y en ella, o, ante su fracaso, en la actuación subsiguiente desarrollar todas las actuaciones derivadas de su derecho de defensa. CONCILIACION EN INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO- Mecanismo de justicia restaurativa/ CONCILIACION EN INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO- Oportunidades para intentarla y trámite El legislador, dentro del incidente de reparación integral, previó a la conciliación como mecanismo de justicia restaurativa, la cual puede presentarse en dos oportunidades, dependiendo de las circunstancias específicas del caso y de los acuerdos a que lleguen los interesados. Una primera oportunidad tiene lugar en la audiencia pública con la que se da inicio al incidente de reparación, la cual es convocada por el juez de conocimiento una vez abierto el incidente por solicitud de la víctima, o del fiscal o del Ministerio público a instancia de ella; la otra oportunidad se presenta, cuando no se logre acuerdo en la primera, lo que determina que el juez fije una nueva audiencia, dentro de los 8 días siguientes, para intentar otra vez la conciliación. JUSTICIA RESTAURATIVA- Modelo alternativo de enfrentamiento de la criminalidad LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS -Delimitación del derecho a la reparación integral/ LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS -No es absoluta Tanto los contornos, características y contenidos que puede revestir el derecho de reparación integral, como las formas procedimentales que deben seguirse para hacerlo efectivo son del fuero del Legislador y su poder de libre configuración sólo está restringido, cuando resulte evidente que la ordenación legal del derecho y/o del rito procesal con que se garantiza su eficacia o protección, han sido dispuestos con desconocimiento de la Constitución. Es decir, cuando la disposición legislativa contenga una ordenación jurídica que disminuya ostensiblemente el objetivo del sistema penal acusatorio y de justicia restaurativa, al regular dentro de él la reparación integral de la víctima. PRINCIPIO DEL EFECTO UTIL DE LA NORMA/PRINCIPIO DE COHERENCIA INTERNA DEL ORDENAMIENTO- Alcance en incidente de reparación integral de las víctimas La deferencia del Legislador para con la compañía aseguradora y su limitada y voluntaria participación en el incidente, dan al traste con el efecto útil de todas las normas y disposiciones que contemplan aquellas formas de proteger a la víctima y garantizar su reparación integral en el proceso penal. De la misma manera, el efecto útil se neutraliza, respecto de los mandatos superiores que configuran el discurso constitucional de la reparación integral de la víctima del delito, que en el marco del Estado social de derecho, su fundamento en la dignidad humana y la solidaridad y la protección de derechos inalienables como el del acceso a la justicia, impone disponer de lo necesario a fin de obtener la reparación integral de los afectados por el delito y de velar por su protección de manera eficaz y oportuna. Asimismo, la disposición acusada cuando reduce la participación de la aseguradora del contrato de seguro de responsabilidad civil válidamente celebrado a la conciliación y en cuanto además, a ella puede no asistir sin consecuencia alguna sobre sus intereses, rompe el principio hermenéutico de coherencia interna del ordenamiento, tanto infraconstitucional como constitucional, esto es, tanto respecto de los citados preceptos legales que estructuran el incidente, como de los derechos y garantías constitucionales concebidas para proteger a las víctimas del delito, dentro del sistema penal acusatorio y restaurativo. Así entonces, la Sala considera que el Legislador se ha excedido en su poder de libre configuración legislativa cuando ha dispuesto que la exigibilidad de la indemnización correspondiente como forma de cubrir los daños causados a la víctima de un delito, queden en manos de la libérrima aquiescencia de la aseguradora de participar o no en el importante incidente de reparación integral. CONTRATO DE SEGURO- Concepto/ CONTRATO DE SEGURO- Elementos esenciales El seguro es un contrato cuyo objeto último se encuentra en dar respuesta a la necesidad de eliminar las consecuencias derivadas de la realización de un riesgo, cuya ocurrencia aunque futura e incierta, por las repercusiones individuales y sociales que puede alcanzar, imponen la adopción de técnicas de previsión con las que se puedan atender los eventos dañosos que en su caso puedan ocasionarse, cualquiera sea la fuente que los origina. Sus elementos esenciales son:1) el interés asegurable; 2) el riesgo asegurable; 3) la prima o precio del seguro, y 4) la obligación condicional del asegurador. En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL- Definición/ CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL- Prueba para acreditar su existencia El contrato de seguro de responsabilidad civil definido en el artículo 1127 del Código de Comercio, subrogado por el artículo 84 de la Ley 45 de 1990, como aquel que "…impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado. L a forma de demostrar la existencia de un contrato de seguro será tanto la póliza, prueba por excelencia del mismo, como cualquier otro documento escrito en el que aparezcan con claridad los elementos que tipifican el contrato. También puede emplearse como prueba del contrato la confesión, cuyos requisitos deben ser los establecidos en el Código de Procedimiento Civil y cuyo contenido debe ofrecer igualmente la certeza sobre la existencia de los elementos esenciales del seguro de responsabilidad civil. CITACION DEL ASEGURADOR EN EL PROCESO PENAL- Sujetos legitimados para solicitarla/ CITACION DEL ASEGURADOR EN EL PROCESO PENAL- Propósito/ CITACION DEL ASEGURADOR EN EL PROCESO OENAL- Condicionamiento para su procedencia Los sujetos legitimados para solicitar la citación de la compañía aseguradora son tanto la víctima como el condenado, su defensor y el tercero civilmente responsable, siendo el condicionamiento una carga probatoria mínima de la existencia del contrato válidamente celebrado para que con él se cubra la indemnización pedida como todo o como parte de la reparación integral, pudiendo en consecuencia el juez constatar que efectivamente el asegurador citado ha constituido una relación contractual que asegura la responsabilidad civil, y en los que se evidencia que el riesgo que cubre, al menos en principio, se identifica con el daño causado por el delito que se imputó en el proceso penal. Para que la citación sea procedente, es necesario que el contrato de seguro haya sido suscrito por el condenado o por el tercero civilmente responsable como tomadores o asegurados, y que su objeto consista en cubrir el daño causado por el delito probado o imputado en el proceso. INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA- Condiciones para su procedencia/ UNIDAD NORMATIVA- Integración En el presente caso, a fin de evitar una decisión carente de sentido y que genere incertidumbre colectiva acerca del contenido armónico y completo de la ordenación legal materia de análisis, consistente en el tratamiento con que se ordena la participación de la aseguradora en el incidente de reparación integral y en las consecuencias que dicha ordenación produce sobre los derechos de las víctimas, sólo puede ser absuelta de manera integral, lógica y consecuente si se integra la proposición jurídica demandada "Exclusivamente para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103", con el predicamento final del art. 108 CPP que establece: "quien tendrá la facultad de participar en dicha conciliación", por constituir una unidad normativa en que se presenta una relación inescindible entre ambos apartes. JUSTICIA RESTAURATIVA- Incidente de reparación integral Con la transformación del sistema penal contemplada en la reforma constitucional del año 2002, el incidente de reparación integral a la que el propio Legislador le adscribió la condición de ser parte de los instrumentos de justicia restaurativa, como forma procesal mediante la cual se hace posible una solución efectiva y oportuna de reparación, adquirió un valor inmenso, en particular para la víctima, dejando de ser un procedimiento sobre cuestiones accesorias o secundarias y al contrario, constituyendo la oportunidad final, única, brevísima, dentro del proceso penal, para reclamar ni más ni menos que la reparación integral de la víctima por el daño causado por el hecho típico, antijurídico y culpable de un declarado penalmente responsable. Se convierte así el incidente en la instancia procesal para hacer efectiva la indemnización por parte de quien o quienes pueden ser considerados civilmente responsables o deban sufragar los costos de tales condenas (el declarado penalmente responsable, el tercero civilmente responsable y la aseguradora) REPARACION INTEGRAL- Elementos El Legislador ha establecido como elementos que integran el concepto de reparación integral, no sólo la indemnización pecuniaria fruto de la responsabilidad civil reconocida como consecuencia del daño causado por el delito, reparación en sentido lato, sino cualesquiera otras expresiones que contengan la verdad y la justicia, así como las actuaciones que de modo razonable reclame la víctima del sujeto penalmente responsable, en cuanto forma de cubrir el perjuicio moral y material que ha sufrido. En este sentido recuerda la Corte que la noción de reparación civil es independiente al proceso en el cual se obtenga (art. 16 de la Ley 446 de 1998), razón por la cual los criterios que se apliquen deben ser homogéneos. TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO- Momentos procesales para citar al asegurador TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO- Sujeto legitimado para solicitar la citación del asegurador INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO- Instancia procesal para hacer efectiva indemnización de la víctima por parte del civilmente responsable ACTIVIDAD ASEGURADORA -Interés público Referencia: expediente D- 7478
Manuel Antonio Echavarría QuirozCONSTITUCIONALIDADJuan Carlos Henao PérezDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 108 (parcial) de la Ley 906 de 2004.D 7478Identificadores20020025536true41697Versión original20025536Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 108 (parcial) de la Ley 906 de 2004.
No resulta conforme con el conjunto de preceptos constitucionales que protegen a la víctima y su derecho a la reparación integral, el precepto acusado que establece que la aseguradora puede ser citada al incidente de reparación integral, "exclusivamente" para los efectos de la conciliación, y que además, a dicha conciliación puede acudir o no, prevista en el art. 108 CPP, toda vez que no obstante las amplias competencias legislativas reconocidas en materia de configuración del derecho de reparación integral y de las garantías judiciales para hacerlo efectivo, la forma como se ha reglado la posible participación del asegurador en tal incidente, se convierte en una medida nugatoria del derecho de la víctima a la reparación integral, pues burlala esperanza que se había generado de que el contrato suscrito con él, pudiera servir al propósito del sistema penal constitucional y legalmente dispuesto de reparar a la víctima y de hacerlo prontamente a instancias del juez de la causa penal, en el incidente de reparación integral. Asimismo, y en concordancia con lo establecido para el tercero civilmente responsable, la citación con que se convoque a la aseguradora, tendrá como finalidad primaria permitirle poder conocer el objeto del incidente en concreto, para así acudir a la audiencia de conciliación y en ella, o, ante su fracaso, en la actuación subsiguiente desarrollar todas las actuaciones derivadas de su derecho de defensa.
La deferencia del Legislador para con la compañía aseguradora y su limitada y voluntaria participación en el incidente, dan al traste con el efecto útil de todas las normas y disposiciones que contemplan aquellas formas de proteger a la víctima y garantizar su reparación integral en el proceso penal. De la misma manera, elefecto útil se neutraliza, respecto de los mandatos superiores que configuran el discurso constitucional de la reparación integral de la víctima del delito, que en el marco del Estado social de derecho, su fundamento en la dignidad humana y la solidaridad y la protección de derechos inalienables como el del acceso a la justicia, impone disponer de lo necesario a fin de obtener la reparación integral de los afectados por el delito y de velar por su protección de manera eficaz y oportuna. Asimismo, la disposición acusada cuando reduce la participación de la aseguradora del contrato de seguro de responsabilidad civil válidamente celebrado a la conciliación y en cuanto además, a ella puede no asistir sin consecuencia alguna sobre sus intereses, rompe el principio hermenéutico de coherencia interna del ordenamiento, tanto infraconstitucional como constitucional, esto es, tanto respecto de los citados preceptos legales que estructuran el incidente, como de los derechos y garantías constitucionales concebidas para proteger a las víctimas del delito, dentro del sistema penal acusatorio y restaurativo. Así entonces, la Sala considera que el Legislador se ha excedido en su poder de libre configuración legislativa cuando ha dispuesto que la exigibilidad de la indemnización correspondiente como forma de cubrir los daños causados a la víctima de un delito, queden en manos de la libérrima aquiescencia de la aseguradora de participar o no en el importante incidente de reparación integral.
El seguro es un contrato cuyo objeto último se encuentra en dar respuesta a la necesidad de eliminar las consecuencias derivadas de la realización de un riesgo, cuya ocurrencia aunque futura e incierta, por las repercusiones individuales y sociales que puede alcanzar, imponen la adopción de técnicas de previsión con las que se puedan atender los eventos dañosos que en su caso puedan ocasionarse, cualquiera sea la fuente que los origina.Sus elementos esenciales son:1) el interés asegurable; 2) el riesgo asegurable; 3) la prima o precio del seguro, y 4) la obligación condicional del asegurador. En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno
El contrato de seguro de responsabilidad civil definido en el artículo 1127 del Código de Comercio, subrogado por el artículo 84 de la Ley 45 de 1990, como aquel que"…impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado. La forma de demostrar la existencia de un contrato de seguro será tanto la póliza, prueba por excelencia del mismo, como cualquier otro documento escrito en el que aparezcan con claridad los elementos que tipifican el contrato. También puede emplearse como prueba del contrato la confesión, cuyos requisitos deben ser los establecidos en el Código de Procedimiento Civil y cuyo contenido debe ofrecer igualmente la certeza sobre la existencia de los elementos esenciales del seguro de responsabilidad civil.
CITACION DEL ASEGURADOR EN EL PROCESO PENAL-Sujetos legitimados para solicitarla/CITACION DEL ASEGURADOR EN EL PROCESO PENAL-Propósito/CITACION DEL ASEGURADOR EN EL PROCESO OENAL-Condicionamiento para su procedencia
En el presente caso, a fin de evitar una decisión carente de sentido y que genere incertidumbre colectiva acerca del contenido armónico y completo de la ordenación legal materia de análisis, consistente en el tratamiento con que se ordena la participación de la aseguradora en el incidente de reparación integral y en las consecuencias que dicha ordenación produce sobre los derechos de las víctimas, sólo puede ser absuelta de manera integral, lógica y consecuente si se integra la proposición jurídica demandada "Exclusivamente para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103", con el predicamento final del art. 108 CPP que establece: "quien tendrá la facultad de participar en dicha conciliación", por constituir una unidad normativa en que se presenta una relación inescindible entre ambos apartes.
Por auto de treinta (30) de octubre de dos mil ocho (2008), el Magistrado sustanciador inadmitió la demanda presentada por no cumplir con el requisito señalado en el numeral 3º del art. 2º del Decreto 2067 de 1991, en cuanto no se presentan las razonesclaras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes por las cuales se estiman violados los artículos de la Constitución que se invocan, capaces de configurar verdaderos cargos de inconstitucionalidad. De tal suerte y conforme al art. 6º del Decreto 2067 de 1991, se concedió al actor el término de (3) tres días para la corrección de la demanda.
A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, acorde con su publicación en el Diario OficialNo. 45.658 de 1 de agosto de 2004,y se subraya el aparte acusado:
"la ley (…) consagró una mera facultad, que no obligación expresa, para la compañía aseguradora de asistir a la audiencia de conciliación. Obsérvese que la ley emplea el giro 'tendrá la facultad de participar', es decir, que no impuso una obligación vinculante", lo cual quiere decir que "la compañía aseguradora tiene la facultad de ejercer un comportamiento diferente, esto es, de no participar en la audiencia de conciliación" y que "si la compañía aseguradora decide no acudir a la audiencia de conciliación ningún efecto desfavorable se le puede endilgar, pues las sanciones deben ser expresas, claras y ciertas, y la ley nada dijo sobre el particular, así que no es posible aplicar la analogía del art. 101 del C. de P. Civil y tener en su conducta como 'indicio grave' en su contra (…)"(folio 3).
En síntesis, entiende con este cargo que, "Si no se vincula al Proceso Penal la Aseguradora, con la cual el victimario o tercero civilmente responsable contrató una póliza de seguro en aras de precaver una eventual reparación de perjuicios; se constituye una flagrante omisión en la preservación del interés que tiene nuestra Constitución en preservar la reparación integral de las víctimas, debido a las precarias condiciones económicas del asegurado y victimario, quienes en un altísimo porcentaje carecen de las condiciones económicas necesarias para reparar al menos de forma económica los perjuicios a favor de las víctimas; hecho que no se presentaría de permitirse la vinculación de la Entidad Aseguradora quien a través de su posición financieramente sólida podría albergar en el límite de la póliza la obligación pactada con el Asegurado en pro de las víctimas". Por esto afirma el demandante: "La expresión acusada como inconstitucional viola los derechos de las víctimas, al no permitirles acceder a una reparación integral y efectiva que protege el Constituyente" (folio 3).
Dice sobre el particular: "el tercero civilmente responsable tiene el deber de reparar el daño por una disposición legal que lo obliga a indemnizar, y el Asegurador tan bien [sic] tiene una obligación de indemnizar que se deriva de un contrato, el cual (…) constituye también norma jurídica, por ende (…) no es relevante la diferencia" como para que se justifique "un trato diferente" (folio 11).
"En otros términos, sustraer al asegurador es un medio inadecuado e innecesario para concebir ese fin legítimo; por el contrario, es un medio que atenta contra el fin legítimo que persigue la Constitución y la Ley, por ende el tratamiento diferente que se le da al asegurador no tiene justificación objetiva y razonable; por ende ese tratamiento diferente es inconstitucional por que [sic] es contraria a la Constitución (artículo 13, 29, 250 #6 y 7), y por que [sic]
constituye un trato discriminatorio a favor del asegurador y en contra de la víctima y del tercero civilmente responsable". (folios 11 y 12). Dicho en otros términos, como aparece en la corrección de la demanda: "(…) es evidente la discriminación regulada, a favor de las Entidades Aseguradoras, regulación legal irracional y desproporcionada la cual no logra la realización del derecho sustancial es decir la reparación integral de las víctimas" (folio 47).
Esto es, como aparece en el escrito de corrección, que el debido proceso "resulta infringido al no permitírsele al Tercero Civilmente Responsable acceder a su Derecho de defensa de sus intereses, por no permitir (…) vincular al Ente Asegurador" (f. 47).
"Entonces, la intención del legislador al limitar exclusivamente la intervención del Asegurador fue precisamente la del mantenimiento de un sistema adversarial, que si bien no es absoluto, (puesto que se reconoce el derecho de intervención a las víctimas y al Ministerio Público) no considera al asegurador ni como parte en la relación Jurídica Procesal [sic] ni interviniente de la misma" (folio 95).
En lo que hace al artículo 29, no comparte la proposición del actor, como quiera que el tercero civilmente responsable cuenta con todas las garantías procesales para presentar pruebas y controvertir la fuente de la obligación indemnizatoria dentro del incidente de reparación integral. Por esto concluye que "no es viable sostener que (…) se vulnera el derecho de defensa del tercero civilmente responsable puesto que el tercero tiene la facultad de acudir a todos los argumentos y pruebas que estime necesarios para relevarse de la obligación de indemnizar lo que constituye la plena garantía y la materialización del derecho de defensa del tercero civilmente responsable" (folio 98).
Y tras citar jurisprudencia constitucional en la que se funda su argumento sobre la justificación de un trato desigual, concluye que "si se permite la vinculación en igualdad de condiciones de la aseguradora con el tercero civilmente responsable implicaría el rompimiento del principio de igualdad de armas entre las partes, acusadora y acusada, el cual se resquebraja al permitir la participación de sujetos distintos a los anteriores, con el fin de rebatir y contradecir los aspectos civiles derivados del delito" (folio 101).
No obstante lo anterior, observa que si la Corte encuentra mérito para una decisión de fondo, no hay lugar a que prosperen los cargos del demandante, toda vez que distintas normas del Código de Procedimiento Penal desarrollan el mandato constitucional previsto en el artículo 250, con el objeto de proteger los derechos de las víctimas, "procurando las herramientas jurídicas necesarias para el restablecimiento del daño originado en un hecho punible" (f. 109). Entre ellas las medidas para el restablecimiento del derecho, el comiso, las medidas cautelares sobre bienes, la prohibición de enajenar, etc. (artículos 22, 82, 83, 92, 97 del CPP).
Finalmente, en su criterio no cabe acoger la interpretación del demandante en cuanto a que la justicia restaurativa sólo se garantiza con la comparecencia del asegurador a efectos de hacer efectivo el pago de los perjuicios ocasionados, pues dicha noción de justicia no se restringe al reconocimiento de perjuicios económicos. Porque "la justicia restaurativa abarca un mayor espectro que va más allá del simple carácter retributivo de la pena" (folio 112).
Dice el Fiscal que la demanda carece de los requisitos de certeza y pertinencia, porque el actor parte de un equivocado entendimiento de la norma que demanda, al considerar que es facultativa la presencia de la compañía aseguradora cuando es citada por el juez de la causa. Contrario a dicho entendimiento, lo que se desprende con nitidez del art. 108 CPP es que la comparencia de aquél es obligatoria, cuando así lo dispone el funcionario judicial para la audiencia de conciliación en el incidente de reparación integral y su inasistencia acarrearía el incumplimiento del deber contemplado en el art. 140, numeral 6º CPP, con las consecuencias desfavorables del caso. Por ello, la interpretación del actor haría la disposición inane. "Es más -dice el Fiscal General-, el sentido que le otorga el demandante a la norma acusada no solo desconoce su contenido sino la finalidad principal que la misma contiene, esto es, facultar la intervención procesal del asegurador en la diligencia conciliatoria, por iniciativa de la víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable, como un mecanismo que haga viable la reparación integral del afectado con el delito, superando la discusión que en este punto se había generado bajo el procedimiento de la ley 600 de 2000" (folios 118 y 119).
Entiende el interviniente que la disposición acusada se traduce en una negación de las obligaciones asumidas por el Estado colombiano, en lo que hace a la reparación de las víctimas, por cuanto no permite una vinculación efectiva del asegurador de la responsabilidad civil derivada de la conducta punible al interior del proceso penal, y, en especial, dentro del incidente de reparación integral. En sus términos: "la disposición acusada, en la forma concebida, se traduce en una negación de las obligaciones internacionales asumidas (…) en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de los Principios y Directrices contenidos en el documento emanado de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en razón que no permite una vinculación efectiva del asegurador de la responsabilidad civil derivada de la conducta punible al interior del proceso penal delineado por la Ley 906 de 2004, en la medida en que no (…) se prevé una obligación insoslayable del asegurador de atender la petición de la víctima para que comparezca al proceso penal a responder por los daños causados con el siniestro asegurado (…)" (folio 124).
A juicio del Procurador, la intervención de la Corte constitucional se restringe "a la realización de un juicio normativo que depure el ordenamiento jurídico de reformas ilegítimas de la Constitución producto de leyes que la desconocen" (f. 132). Por esta razón, debe ser excepcional la resolución de asuntos concretos propios de las decisiones de otros jueces o el pronunciamiento sobre la interpretación adecuada de las leyes que le corresponde a la Rama judicial o la suplantación de otras jurisdicciones en la interpretación o aplicación de las disposiciones de rango legal, salvo cuando esté en juego la vulneración de un derecho fundamental o se vea comprometida la doctrina del derecho viviente. Es así como la admisión de dicha competencia está delimitada a que el asunto encierre un problema jurídico de carácter constitucional y no estrictamente legal y a que se origine directamente del contenido normativo de la disposición que se acusa (folios 132-133).
2.1.La solicitud de declaración de ineptitud de la demanda
En relación con el principio de igualdad, el actor se limita a expresar que la norma establece un trato diferente para la compañía aseguradora y los terceros civilmente responsables, y que es inadmisible que esa distinción se funde, bien en el hecho de que las obligaciones de ellos para con la víctima tengan un origen distinto, legal en el caso del tercero civilmente responsable y contractual en el caso de la aseguradora, o bien en la especialidad de los jueces. Esta exposición no reúne los requisitos especiales que se exigen para la presentación de este cargo. La Corte ha indicado en distintas ocasiones que la sustentación del cargo de violación al principio de igualdad exige que el demandante establezca de manera clara la situación de cada uno de los extremos que compara, con el fin de poder constituir eltertium comparandis. Con base en ello, el demandante debe expresar por qué, desde la perspectiva constitucional, es imperativo que los dos grupos reciban el mismo trato. Como se observa, la demanda sobre este punto no cumple con esos requisitos.
6. Sin embargo, la Corte considera que el cargo acerca de la violación de los derechos de las víctimas sí es apto. Como bien lo ha expresado esta Corporación en distintas oportunidades, en la Constitución se le brinda una especial atención a los derechos de las víctimas. La norma acusada establece que las compañías aseguradoras solamente asistirán al proceso penal para lo referido a la conciliación contemplada en el art. 103, y siempre y cuando así lo soliciten la víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable. Además, consagra que la aseguradora está facultada para decidir si asiste a la conciliación. De esta manera, de lo que se trata es de establecer si la norma constituye una barrera para que los jueces penales puedan cumplir con su función de "disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito", tal como lo prescribe el numeral 6 del artículo 250 de la Constitución, y si ella también vulnera la obligación fijada a la ley en el numeral 7 del mismo artículo 250 de fijar "los mecanismos de justicia restaurativa." Por eso, no obstante su redacción, ha de concluirse que el escrito de demanda sí es apropiado en este punto, pues con tales argumentos expone un cargo claro, preciso, específico y pertinente de inconstitucionalidad que la Corte debe resolver.
Citar exclusivamente para efectos de conciliación al asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de seguro válidamente celebrado, y que éste cuente con la facultad -que no obligación- de participar en dicha conciliación, ¿atentan contra lo establecido en los numerales 6º y 7º del art. 250 de la Constitución, al representar una negación del deber de protección de los derechos de reparación integral de las víctimas en cuanto mecanismo de la justicia restaurativa En otros términos, ¿se violan los numerales 6º y 7º del art. 250 de la Constitución política por la norma que permite que se cite a una aseguradora de responsabilidad en el incidente de reparación integral en el proceso penal, exclusivamente para efectos de la conciliación y dándole la facultad de asistir o no sin que por demás se generen consecuencias jurídicas en su contra
11. Con este objeto, se revisan primero los antecedentes legislativos, a fin de establecer cuál ha sido el propósito específico del Legislador al ordenar lo que allí aparece dispuesto (3.1.1). Este análisis será seguido del estudio tanto de la remisión que el precepto hace al art. 103 CPP como de esta disposición en el contexto del incidente de reparación integral (3.1.2.). A continuación se establecerá el significado de los sujetos legitimados para solicitar la citación del asegurador y de la precisión sobre el "contrato de seguro válidamente celebrado" (3.1.3.). Posteriormente se estudiará la "facultad" que es reconocida al asegurador de participar en la conciliación durante el incidente en comento (3.1.4.), para así extraer algunas conclusiones parciales (3.1.5.). Y con base en éstas, se estudiará la integración normativa necesaria para el análisis de fondo del asunto (3.1.6.).
Fue en el Informe de Ponencia para Segundo Debate al proyecto, publicado en la Gaceta del Congreso 104 de 26 de marzo de 2004, donde se introdujo la discusión sobre elllamamiento en garantía, señalado por los congresistas de la siguiente manera:
"Incidente de reparación integral.
"En desarrollo de la nueva concepción que introduce el nuevo sistema penal acusatorio, la parte civil como se conocía dentro del sistema inquisitivo y mixto, desaparece para darle vida a una nueva figura, el incidente de reparación integral, el cual básicamente consiste en que una vez anunciado el sentido del fallo, la víctima, el fiscal o el ministerio publico podrán solicitar al juez la iniciación del incidente con el cual se busca reparar los daños causados con la conducta delictiva, a través de una audiencia pública en la que el juez determinará la procedencia de la pretensión, si se da el caso del llamamiento en garantía debe escucharse a este con el único fin de que actúe dentro del mismo para establecer el monto de la pretensión del incidentante, y en el caso del tercero civilmente responsable se hace remisión a la normatividad civil, luego de ello y en caso afirmativo citará a los intervinientes para que comparezcan a audiencia de conciliación, si no prosperare esta, el juez dictará fallo, en el cual se determinara la tasación del daño o perjuicio".
"… un articulado en el que se consagra la figura del tercero civilmente responsable y del llamamiento en garantía. Dentro del actual sistema penal se establece la satisfacción que debe recibir la víctima por el ilícito padecido, tanto así que dentro de los derechos de esta, se le ha establecido (artículo 11 literal c) el de recibir de una manera 'pronta e integral reparación a los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código'. Por esto debe permitirse la participación de terceros en la etapa respectiva (incidente) con el único fin, y desde que manifiesten aceptar la respectiva obligación de indemnización, para que sean tenidas en cuenta sus apreciaciones para fijar el monto de la pretensión del inidentante (sic)".
"9. Artículo 106B. Tercero civilmente responsable. Es la persona que según la ley civil deba responder por el daño causado por la conducta del condenado.
10. Artículo 106C. Llamamiento en garantía. La víctima, el condenado o su defensor podrán pedir durante el trámite del incidente el llamamiento en garantía del asegurador mediante la correspondiente citación. En este caso el llamamiento se realizará sobre la base de la existencia de un acuerdo por parte del llamado para asumir el pago conforme a su garantía, y con el único fin de que participe, con los mismos derechos del condenado, en la determinación del monto de la pretensión del incidentante".
Estas dos nuevas disposiciones fueron aprobadas por la Cámara, según se aprecia en el Texto definitivo al proyecto, Gaceta del Congreso No. 167 del 4 de mayo de 2004. De ellas se desprende que, por una parte se configuraba un tratamiento diferenciado entre el tercero civilmente responsable y la aseguradora. Por otra, en lo que tiene que ver con esta última, su intervención podía operar sólo cuando extra juicio, se hubiese alcanzado un acuerdo previo con la compañía respectiva para asumir el pago basado en la póliza suscrita. De este modo, se trataba de un llamamiento en garantíasui generis, como quiera que la citación al incidente de la aseguradora tenía por único propósito, no discutir su obligación, sino fijar el monto de la pretensión por cubrir.
13. Pero el momento neurálgico del procedimiento legislativo en el que aparece el texto de la disposición objeto de revisión, es el debate de la Comisión del Senado, contenida en la Gaceta del Congreso No. 377 de 23 de julio de 2004. Es aquí cuando se propone eliminar la figura del llamamiento en garantía, bajo el entendido de que "terminaría el juez penal resolviendo un asunto civil entre el responsable y su asegurador, entonces no es bueno llamarlo en garantía, si no simplemente citarlo para que intervenga en la audiencia de conciliación y ya por aparte el arreglará su tema de su seguro con la persona que aseguró"[1].
Por ello, se incluye la "Proposición número 167", aprobada por unanimidad, con la que se modifica el artículo, ya para entonces numerado como 108 del Proyecto y cuyo texto es, punto a punto, el del actual art. 108 CPP. Esta proposición nuevamente se argumenta en elInforme de Ponencia para Segundo debate ante la plenaria del Senado, publicado en la Gaceta del Congreso No. 248 de 4 de junio de 2004, dando lugar a su aprobación, junto con la totalidad del articulado, en sesión plenaria de 9 de junio de 2004, Gaceta del Congreso No. 273 de 11 de junio de 2004.
15. La conclusión a la que se llega con base en el estudio de los antecedentes legislativos de la disposición, se refuerza con la interpretación gramatical sobre la voz con que se inicia el precepto y según la cuál, se podrá pedir la citación del asegurador "Exclusivamente para los efectos de la conciliación de que trata el art. 103".
Este adverbio masculino, "exclusivamente", significa "con exclusión", "sola, únicamente"[2]. Y si el adverbio se integra a todo el enunciado, es posible entender que con exclusión de cualquier otro acto procesal y sólo, únicamente para los efectos de conciliar, algunos sujetos legitimados pueden pedir la citación del asegurador de la responsabilidad civil al incidente de reparación integral.
Así una primera oportunidad de conciliación tiene lugar en la audiencia pública con la que se da inicio al incidente de reparación, la cual es convocada por el juez de conocimiento una vez abierto el incidente por solicitud de la víctima, o del fiscal o del Ministerio público a instancia de ella (art. 102 CPP[5]). En dicha audiencia, el incidentante formula oralmente su pretensión, expresando la forma de reparación a la cual aspira e indicando las pruebas que pretende hacer valer. Acto seguido, el juez debe examinar el contenido de la pretensión y verificar si quien la promueve se encuentra o no legitimado para ello. En el caso de ser admitida la pretensión, el juez la pone en conocimiento del declarado penalmente responsable, ofreciendo la posibilidad de llegar a una conciliación; si ella prospera dará por terminado el incidente "y lo allí acordado se incorporará a la sentencia" (art. 103 CPP).
La otra oportunidad de conciliación se presenta, según el art. 103 CPP infine, cuando no se logre acuerdo en la primera, lo cual determina que el juez fije una nueva audiencia, dentro de los 8 días siguientes, para intentar otra vez la conciliación, "y de no lograrse el declarado penalmente responsable deberá ofrecer sus propios medios de prueba".
Esta segunda ocasión para conciliar se retoma en el art. 104, inciso 1o del CPP, conforme al cual, el día y hora señalados "el juez realizará la audiencia, la cual iniciará con una invitación a los intervinientes a conciliar. De lograrse el acuerdo su contenido se incorporará a la decisión. En caso contrario, se procederá a la práctica de la prueba ofrecida por cada parte y se oirá el fundamento de sus pretensiones".
¿Cuál es entonces la oportunidad a la que remite el art. 108 CPP y para cuyos efectos exclusivos se cita al asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud de contrato de seguro válidamente celebrado
De otra parte, también resulta claro que, por lo general, la oportunidad conciliatoria de que trata el art. 108 CPP sea la segunda a la que se refiere el art. 103, porque el tercero civilmente responsable según el art. 107 CPPinfine sólo puede ser citado en la audiencia que abre el trámite del incidente, de modo que, si es él quien pretende asumir la responsabilidad civil derivada del delito mediante un contrato de seguro, la única opción que tiene para reclamar la presencia del asegurador con quien lo ha suscrito, es precisamente esa segunda audiencia a la que el mismo tercero civilmente responsable ha sido convocado.
Lo que sí hay que precisar es el condicionamiento según el cual el asegurador cuya convocatoria se pide, no es otro que el "de la responsabilidad civil amparada en virtud de contrato de seguro válidamente celebrado".
El contrato de seguro de responsabilidad civil aparece definido en el artículo 1127 del Código de Comercio, subrogado por el artículo 84 de la Ley 45 de 1990, como aquel que "…impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado".
Se debe entender que la prueba establecida para acreditar el contrato válidamente celebrado, no es otra que la misma reconocida por la ley sustancial que regula la materia, a saber el art. 3º de la Ley 389 de 1997, por medio de la cual se modificó el art. 1046 del C.Co. y según el cual, "el contrato de seguro se probará por escrito o por confesión".
Desde el apartado 3.1.2. se han podido identificar los momentos procesales en los que el asegurador puede ser citado y concurrir para conciliar dentro del incidente de reparación integral. Lo que resulta ahora necesario es determinar si existe alguna disposición que regle el mencionado incidente y que permita identificar con mayor precisión el sentido con el cual el legislador le ha reconocido a la compañía aseguradora de responsabilidad civil "la facultad de participar en dicha conciliación".
A ese propósito se observa que en el parágrafo del art. 104 CPP[8], se establecen las consecuencias de la inasistencia a las audiencias del trámite incidental. En lo que tiene que ver con la víctima cuando es la solicitante, su ausencia injustificada "implicará el desistimiento de la pretensión, el archivo de la solicitud y la condenatoria en costas". Para el declarado penalmente responsable, acarrea la recepción de la prueba ofrecida por los presentes, como base para la resolución del incidente. Y como un elemento dispositivo adicional que refuerza el alcance de tales consecuencias jurídicas, el parágrafo concluye estableciendo que, "Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente".
"… b. Si se vulnera o no el derecho de defensa (art. 29) del tercero civilmente responsable y de las compañías aseguradoras que, a pesar de no haber sido citados a lo largo de la investigación, no comparecen a la audiencia dentro del incidente de reparación integral y por lo tanto quedan vinculados y deben adoptar la decisión que allí se tome.
"Para tales efectos, la Corte … (iii) establecerá si el legislador puede o no disponer la vinculación a la decisión del incidente de reparación integral al tercero civilmente responsable que, habiendo sido citado, no compareció a la respectiva audiencia" (subraya fuera de texto).
"La expresión demandada simplemente establece, en relación con el tercero civilmente responsable, un efecto jurídico lógico a su incumplimiento injustificado de asistir a la audiencia de pruebas y alegaciones que tiene lugar en el curso del incidente de reparación integral de perjuicios, consecuencia consistente en que, una vez recibida la prueba ofrecida por los presentes, 'con base en ella, se resolverá' Adviértase entonces que no se presenta vulneración alguna del derecho de defensa del tercero civilmente responsable, como quiera que el mismo debe ser debidamente citado para que compareciera a la mencionada audiencia, y por ende, su inasistencia injustificada equivale a una renuncia válida a ejercer su derecho de defensa, se insiste, en relación con aspectos meramente económicos. De allí que, aceptar los argumentos del demandante conduciría a que, en la práctica, la no presencia consciente del tercero civilmente responsable le impediría al juez de conocimiento pronunciarse de fondo en relación con la reparación de las víctimas.
"En este orden de ideas, la Corte declarará exequible la expresión 'Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente', del parágrafo del artículo 104 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado".
"Segundo.- Declarar exequible la expresión "Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente", del parágrafo del artículo 104 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado".
22. Cabe preguntar entonces, si el alcance interpretativo que se dio a la proposición en comento, incluyó o no a la compañía aseguradora, pues la respuesta que se de a dicho interrogante resulta esencial para determinar el sentido que debe darse al art. 108 CPP infine cuando reconoce a aquella la "facultad" de participar en la conciliación.
Por tanto, la interpretación de la proposición jurídica según la cual el asegurador citado a la conciliación dentro del incidente de reparación integral tendrá "la facultad de participar" en ella representa prima facie el "poder, derecho para hacer algo"[10], esto es, un derecho de libertad tanto positiva como negativa, de hacer como de no hacer. Y en ese tanto, también prima facie, no le es aplicable la norma contenida al final del parágrafo del art. 104 CPP, pues derivado de su libertad negativa, su inasistencia a la audiencia de conciliación a la que ha sido debidamente citado, no lo puede vincular a los resultados de la decisión del incidente.
Para corroborar esta afirmación, se reitera que según lo dicho anteriormente, la no obligación de la aseguradora para comparecer al incidente explica que, si bien en la sentencia C-423 de 2006 referida se planteó en el problema jurídico, difícilmente podría ser cobijada en laratio decidendi y en la parte resolutiva de la misma, precisamente porque su comparecencia, a la luz del art. 108 CPP en análisis, no es obligatoria.
"En primer lugar, procede la integración de la unidad normativa cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada. En estos casos es necesario completar la proposición jurídica demandada para evitar proferir un fallo inhibitorio"[13].
"Por último, la integración normativa procede cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad. En consecuencia, para que proceda la integración normativa por esta última causal, se requiere la verificación de dos requisitos distintos y concurrentes: (1) que la norma demandada tenga una estrecha relación con las disposiciones no cuestionadas que formarían la unidad normativa; (2) que las disposiciones no acusadas aparezcan, a primera vista, aparentemente inconstitucionales. A este respecto, la Corporación ha señalado que "es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad"[14].
"De un lado, que lo acusado presente un contenido comprensible como regla de derecho, susceptible de ser cotejado con los postulados y mandatos constitucionales[15], pues "las expresiones aisladas carentes de sentido propio que no producen efectos jurídicos solas o en conexidad con la disposición completa de la cual hacen parte, no son constitucionales ni inconstitucionales"[16]. De otro lado, que los apartes normativos que no son demandados y, por ende, no son objeto de pronunciamiento de la Corte, mantengan la capacidad para producir efectos jurídicos y conserven un sentido útil para la interpretación y aplicación normativa. Por ello, la Corte dijo que en aquellos casos en los que 'la disposición se encuentra en relación inescindible de conexidad con los apartes demandados, de suerte que en caso de que la Corte decidiera declarar inexequibles los apartes acusados, perdería todo sentido la permanencia en el orden jurídico'[17], también procede la integración de la unidad normativa. De esta forma, se preserva la seguridad jurídica y el principio de obligatoriedad normativa según el cual toda regla de derecho es imperativa y de obligatorio cumplimiento para sus destinatarios y, mientras se encuentre en el ordenamiento jurídico, debe producir los efectos jurídicos que consagra"
28. Y en efecto, cuando la demanda centra el cargo de inconstitucionalidad aquí recogido en el tratamiento con que se ordena la participación de la aseguradora en el incidente de reparación integral y en las consecuencias que dicha ordenación produce sobre los derechos de las víctimas, no se puede entender que sólo está formulando acusación contra el segmento destacado por el actor. Es decir, que laparticipación voluntaria de la aseguradora sólo para los efectos de la conciliación prevista en el incidente de reparación integral, proviene tanto de la expresión "Exclusivamente para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103", como del predicamento final del art. 108 CPP que establece: "quien tendrá la facultad de participar en dicha conciliación".
Sobre este particular da buena cuenta la sentencia C-823 de 2005[24], cuando señaló sobre "los derechos de las víctimas en la Constitución y el fundamento de la obligación de reparar el daño causado con el delito":
"… en un Estado Social de Derecho y en una democracia participativa (artículo 1, CP), los derechos de las víctimas de un delito resultan constitucionalmente relevantes y, por ello, el Constituyente elevó a rango constitucional el concepto de víctima. Al respecto cabe recordar que el numeral 4 del artículo 250 Superior antes de su reforma por el Acto Legislativo 03 de 2002, señalaba que el Fiscal General de la Nación debía 'velar por la protección de las víctimas'. Además, el numeral 1 del mismo artículo decía que deberá 'tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito'. Actualmente en dicho artículo 250 se señala que en ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: '1.Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas'. Así mismo según el numeral seis deberá 'Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito'. El mismo artículo señala en el numeral 7 que deberá : 'Velar por la protección de las víctimas', los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal" al tiempo que señala que 'la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa' Es decir que con dicho Acto Legislativo el énfasis dado a los derechos de las víctimas resulta evidente. (subrayas en el texto original)".
Es decir, el derecho de reparación de las víctimas, aunque delimitado y definido primordialmente a partir de la configuración legislativa, es un derecho de raigambre constitucional y en ese tanto, no puede ser protegido o regulado con cualesquiera contenidos y formas, pues debe preservarse en todo caso el significadoiusfundamentalque comporta para los sujetos a quienes va dirigido.
"(…) el legislador penal puede describir los comportamientos que considera nocivos para la vida en sociedad y precisar las sanciones que se impondrán a quienes incurran en dichas conductas, pero también puede establecer otras consecuencias jurídicas derivadas de la ocurrencia del delito, como lo es el establecimiento de la responsabilidad civil derivada de un hecho punible.
"El ejercicio de tal potestad está también limitado por la Constitución[27] y, por ello, la Carta ha trazado como fin orientador de la actividad de la Fiscalía General el "restablecimiento del derecho", lo cual representa una protección plena de los derechos de las víctimas y perjudicados por el delito, lo cual comprende, entre otros, la indemnización integral de los daños materiales y morales causados por el ilícito.
"… la tendencia ha sido a reconocer el derecho de las víctimas a ser reparadas íntegramente, con el fin de restablecer las cosas a su estado inicial (restitutio in integrum), y cuando ello no es posible, a ser compensadas por los daños sufridos. Esta reparación incluye tanto daños materiales como morales. Comprende tradicionalmente el damnum emergens, el lucrum cesens y el pretium doloris, incluye la posibilidad de exigir intereses y se calcula en el momento de la expedición de la sentencia judicial.
"La reparación del daño ocasionado por el delito tiene como finalidad dejar a la víctima y a los perjudicados por el hecho punible en la situación más próxima a la que existía antes de la ocurrencia del mismo. De ahí que se haya establecido… que la indemnización ha de ser justa".
Y antes de iniciar el estudio en concreto del problema jurídico que en ese caso se atendía, recalcó la sentencia en comento, que el derecho a la reparación integral "es un derecho regulable y objeto de configuración legislativa".
"5. Como en varias oportunidades lo ha expuesto esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2º, 150 y 229 de la Constitución, el Congreso tiene amplio margen de configuración normativa para la determinación de los procedimientos judiciales y administrativos, pues en el diseño propio de los Estados Democráticos al legislador no sólo corresponde hacer la ley, porque es la expresión de la voluntad popular dirigida a regular las conductas humanas como instrumento de convivencia civilizada y pacífica, sino también tiene a su cargo la determinación de los procedimientos y actuaciones que deben surtirse ante los jueces para la defensa de las libertades y derechos ciudadanos o para la mediación estatal en situaciones de conflicto.
"De esta forma, en ejercicio de la potestad de configuración normativa, al legislador corresponde establecer las formas propias de cada juicio y fijar las reglas y condiciones para acceder a los jueces en búsqueda de la adecuada administración de justicia (artículos 29 y 229 de la Carta). En desarrollo de ello, el legislador puede fijar nuevos procedimientos, determinar la naturaleza de actuaciones judiciales, eliminar etapas procesales, requerir la intervención estatal o particular en el curso de las actuaciones judiciales, imponer cargas procesales o establecer plazos para el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia. De tal manera que, por regla general, la determinación de los sujetos procesales y de los momentos en que ellos pueden intervenir en los procesos judiciales hace parte de la libertad de configuración normativa del legislador que debe responder a las necesidades de la política legislativa, para lo cual evalúa la conveniencia y oportunidad de los mecanismos o instrumentos procesales para hacer efectivos los derechos, libertades ciudadanas y las garantías públicas respecto de ellos".
"por los derechos sustanciales y la defensa de las garantías esenciales de las personas. De hecho, como lo ha advertido esta Corporación, el proceso judicial no tiene una finalidad en sí mismo, pues su objeto es la realización y eficacia de los derechos sustanciales que subyacen al mismo. Por ello, el control de constitucionalidad de este tipo de normas debe hacer eficaz, de un lado, el amplio margen de libertad de configuración normativa que tiene el legislador y, de otro, el respeto por el núcleo esencial de los derechos y garantías de las personas, en tanto que el juez constitucional no está 'llamado a determinar cuáles deben ser los términos que se deben cumplir dentro de los procesos. La misión de la Corte en estos casos es, en realidad, la de controlar los excesos que se puedan presentar en la legislación'".
38. Esta afirmación es compartida en el derecho comparado en donde también se ha planteado el mismo problema, esto es, la libertad legislativa en la definición de la reparación integral de daños. Así, por ejemplo, en Francia se ha podido establecer que en el evento en el cual una ley que limitaba la indemnización de daños causados por la instalación de postes que soportaban medios hertzianos, a unos rubros del daño con exclusión de otros, producía una violación constitucional. En efecto, "dicha redacción [de la ley] excluye la reparación de daños diferentes a los mencionados en la norma, siendo que el principio de igualdad frente a las cargas públicas no puede permitir que se excluya del derecho a reparación un rubro cualquiera del perjuicio indemnizable que resulte de las obras públicas"[29].
"Así, la justicia restaurativa se presenta como un modelo alternativo de enfrentamiento de la criminalidad, que sustituye la idea tradicional de retribución o castigo, por una visión que rescata la importancia que tiene para la sociedad la reconstrucción de las relaciones entre víctima y victimario. El centro de gravedad del derecho penal ya no lo constituiría el acto delictivo y el infractor, sino que involucraría una especial consideración a la víctima y al daño que le fue inferido.
"Conforme a este modelo, la respuesta al fenómeno de la criminalidad, debe diversificar las finalidades del sistema. Debe estar orientada a la satisfacción de los intereses de las víctimas (reconocer su sufrimiento, repararle el daño inferido y restaurarla en su dignidad), al restablecimiento de la paz social, y a la reincorporación del infractor a la comunidad a fin de restablecer los lazos sociales quebrantados por el delito, replanteando el concepto de castigo retributivo que resulta insuficiente para el restablecimiento de la convivencia social pacífica.
"43. Desde una perspectiva sicológica se destaca que en este modelo, esa mirada al pasado orientada a escudriñar la culpa del ofensor, propia de los esquemas retributivos, es desplazada por una visión de futuro anclada en el propósito de búsqueda de mecanismos mediante los cuales se propicie que el ofensor se enfrente con sus propios actos y sus consecuencias, adquiera conciencia acerca del daño que ocasionó, reconozca y asuma su responsabilidad e intente la reparación del agravio. En consecuencia, no es un enfoque basado en los merecimientos, sino en las necesidades emocionales, relacionales y reparatorias de las personas involucradas en el conflicto.
"El modelo de justicia restaurativa parte de la premisa de que el delito perjudica a las personas y las relaciones, y que el logro de la justicia demanda el mayor grado de subsanación posible del daño. Su enfoque es cooperativo en la medida que genera un espacio para que los sujetos involucrados en el conflicto, se reúnan, compartan sus sentimientos, y elaboren un plan de reparación del daño causado que satisfaga intereses y necesidades recíprocos".
"El incidente de reparación integral, como mecanismo de justicia restaurativa
54. El artículo 250.7 de la Carta, modificado por el A.L. 03 de 2002, establece que 'la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal', y asigna al Fiscal General de la Nación diversas responsabilidades en relación con las víctimas , tales como ( i ) solicitarle al juez de control de garantías las medidas necesarias para 'la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas'; ( ii ) 'solicitarle al juez de conocimiento las medidas judiciales indispensables para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito'; y ( iii ) 'velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y los demás intervinientes en el proceso penal'[32].
"55. En desarrollo de esa cláusula constitucional, el legislador reguló (Arts. 102 a 108 Ley 906/04) este mecanismo de justicia restaurativa que se inserta dentro de los cambios que el nuevo modelo de investigación y enjuiciamiento procesal penal introduce sobre la posición de la víctima dentro del proceso, la cual abandona su condición de parte para convertirse en un interviniente dentro de la actuación.
"(…) La configuración que introduce el legislador sobre este mecanismo restaurador, permite al juez un amplio margen de maniobrabilidad orientado a propiciar, a esta altura del proceso, una conciliación entre víctima y sentenciado acerca de la pretensión de reparación integral. Así, si en una primera audiencia fracasa en el propósito conciliatorio, puede convocar a una segunda audiencia para insistir en la búsqueda del acuerdo conciliatorio que ponga fin al incidente; de concretarse, se incorporará a la decisión condenatoria.
"(…) La amplia labor mediadora que se atribuye al juez en esta instancia procesal (luego del fallo condenatorio), debe estar asistida por los mismos propósitos, que alientan la justicia restaurativa en general, tales como 'atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y (a) lograr la integración de la víctima y del infractor a la comunidad en busca de la reparación, la restitución y el servicio de la comunidad' (Art. 518 inciso 2° C.P.P.)".
i) El incidente constituye una primera oportunidad judicial como posición jurídica definitiva para hacer efectivo el derecho a la reparación integral de la víctima que,prima facie, contempla la Constitución. Derecho de acceder a la justicia a fin de alcanzar dicho propósito y hacerlo efectivo, como acción de reparación integral, que es también acción civil, al final del proceso penal, una vez declarado un sujeto penalmente responsable (arts 229 y 250, num 6º y 7º, art. 102 CPP).
iv) Con intención evidentemente garantista y producto de la aplicación del principio de laperpetuatio jurisdictionis, faculta al juez penal para propiciar un acuerdo que facilite alcanzar los propósitos del incidente, que son en buena parte los que animan el sistema acusatorio, a saber, el reparar a las víctimas de un delito probado y con un sujeto declarado penalmente responsable, con la mayor agilidad, oportunidad y en las mejores condiciones posibles para todas las partes y ante la misma jurisdicción (art 103 CPP). En su defecto, le impone reconocer y practicar las pruebas aportadas o solicitadas por quienes han participado en el incidente y en definitiva adoptar la decisión que ponga fin al incidente (arts. 104 y 105 CPP) y reconozca la reparación integral (material, moral, simbólica, entre otras) de la víctima del delito.
En la sentencia C-282 de 2002, se dijo a ese respecto que "la protecciónque la Carta de 1991 reconoce a las víctimasno se refiere exclusivamente a la reparación de los daños que les ocasione el delito -aspecto tradicionalmente considerado[33]-, sino también a la protección integral de sus derechos a la verdad[34] y a la justicia"[35].
"El derecho de las víctimas a participar en el proceso penal, se encuentra ligado al respeto de la dignidad humana. Al tenor de lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución, que dice que 'Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana', las víctimas y los perjudicados por un hecho punible pueden exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. Se vulneraría gravemente la dignidad de víctimas y perjudicados por hechos punibles, si la única protección que se les brinda es la posibilidad de obtener una reparación de tipo económico. El principio de dignidad impide que el ser humano, y los derechos y bienes jurídicos protegidos por el derecho penal para promover la convivencia pacífica de personas igualmente libres y responsables, sean reducidos a una tasación económica de su valor. El reconocimiento de una indemnización por los perjuicios derivados de un delito es una de las soluciones por las cuales ha optado el legislador ante la dificultad en materia penal de lograr el pleno restablecimiento de los derechos y bienes jurídicos violentados en razón de la comisión de un delito. Pero no es la única alternativa ni mucho menos la que protege plenamente el valor intrínseco de cada ser humano. Por el contrario, el principio de dignidad impide que la protección a las víctimas y perjudicados por un delito sea exclusivamente de naturaleza económica".
"De tal manera que la víctima y los perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria".
46. Ahora bien, a pesar de la importancia atribuida a las otras formas de reparar a la víctima y del significado de tales nuevos ingredientes en la dogmática de la responsabilidad, no hay que restar valor al elemento compensatorio o indemnizatorio del derecho en comento. Por esto,aún en caso de amnistías o indultos generales por delitos políticos, es necesario garantizar a la víctima el derecho a la indemnización por el delito (art. 150 num 17 CP), pero también se ha contemplado en el Derecho comparado y en nuestro propio orden jurídico para ciertos casos, la creación de fondos públicos para cubrir los daños causados a éstas cuando el condenado no está en capacidad de reparar[36].
48. Por ello se habla desde el Derecho privado, del "principio contemporáneo de la trascendencia contractual (patrimonial, social y moral), en paralelo con el principio tradicional de la relatividad contractual". Un principio que tiende a prevalecer, pues no cabe duda que los contratos no solo traen beneficios o perjuicios a las partes, sino que cada vez es más claro que su incidencia tiene efectos sobre terceros, sus derechos e intereses.
Esta dimensión social de los contratos, determina que tanto en su celebración como en su ejecución, la procura de los beneficios económicos deba en todo caso ser compatible con los beneficios sociales esperados, en términos de creación de empleo, de satisfacción de necesidades humanas, mejora de las condiciones de vida, protección de los recursos naturales[41]. Todo lo anterior impone de los contratantes "comportamientos honestos y leales", o una suerte de ética contractual colectiva en beneficio de todos, que permita lograr la satisfacción de los propósitos que animaron la suscripción del contrato para las partes, así como el respeto de los derechos ajenos (art. 95, 1 CP), el cumplimiento de la función social (art. 58 y 333 CP) y la realización de un orden económico justo (Preámbulo)[42].
50. En cuanto al primero, la doctrina ha señalado que el seguro es un contrato cuyo objeto último se encuentra en dar "respuesta a la necesidad de eliminar las consecuencias derivadas de la realización de un riesgo, cuya ocurrencia aunque futura e incierta, por las repercusiones individuales y sociales que puede alcanzar, imponen la adopción de técnicas de previsión con las que se puedan atender los eventos dañosos que en su caso puedan ocasionarse, cualquiera sea la fuente que los origina"[43].
"Los altos niveles de prevención y protección que la actividad aseguradora ofrece en la actualidad, frente a los peligros que por distintos factores atentan contra las actividades y el patrimonio de las personas, tanto en el ámbito de lo público como de lo privado, hacen que tenga una gran influencia en el campo social y configure a la vez, uno de los renglones más importantes dentro de una economía de mercado en desarrollo. En efecto, la capacidad de distribución que conlleva dicha actividad de los distintos riesgos dentro del conglomerado social, permite garantizar una oportuna y eficaz salvaguarda de los intereses y derechos que con la misma se protegen, así como la obtención de un resarcimiento económico adecuado por el daño causado y asegurado.
"… En consecuencia, desde la perspectiva de los beneficios sociales que su ejecución implica, puede afirmarse que aspectos tan importantes como la salud de las personas, su integridad corporal, el patrimonio, la estabilidad familiar, la capacidad laboral y económica, así como las actividades económicas generalmente efectuadas, quedan amparados ante los distintos peligros que pueden afectarlos. Además, la acción de las aseguradoras trae consigo la configuración de una conciencia en la comunidad, cada vez más generalizada frente a distintos riesgos, de la necesidad de adoptar conductas de índole previsiva dirigidas a evitar la concreción de los riesgos o a reducir las consecuencias del siniestro, resultado que en el ámbito social es al mismo tiempo trascendente y necesario.
"Igualmente, los resultados positivos que se avizoran en el ámbito económico por la industria aseguradora no son menos importantes, dado que a partir de ese estado de confianza que se produce en el manejo de los riesgos y la seguridad de que en un futuro se contará con una solvencia económica no obstante su ocurrencia, es posible promover la realización cada vez mayor de actividades productivas de orden industrial, comercial y financiero en general".
Dicho carácter, es el que determina que la intervención sobre la actividad aseguradora y sobre los contratos de seguros sea más intensa que la que de ordinario opera sobre los negocios entre particulares, pues como se precisa en la misma sentencia C-269 de 1999, representan un interés público que se encuentra "cimentado en los fines que como operación económica persigue y en la protección de la parte más débil - asegurado y beneficiario - de la relación contractual", a fin de que "`realizadas las condiciones a las que se supedita su derecho reciba efectivamente y en el menor tiempo posible la prestación prometida´[47]".
Corrobora plenamente esta aseveración el análisis contenido en la sentencia de 29 de junio de 2007, Ref: Exp. N°11001-31-03-009-1998-04690-01, de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. En ella, al analizar el contrato de seguro de responsabilidad civil se indicó que en la modificación que se dispuso mediante la Ley 45 de 1990, el Legislador procuró "estar a tono con las nuevas realidades sociales y económicas de la vida moderna, caracterizadas, en gran medida, por un estado de cosas generador de situaciones de riesgo potencial para los asociados y, por tanto, de nuevas circunstancias que comprometen la responsabilidad civil". Por tal motivo, consagró que esa clase de seguro tiene por propósito el "resarcimiento de la víctima", que se constituye por tanto en beneficiario de la indemnización. Una trascendental reforma al contrato de responsabilidad civil que de "estar antes afincado en el asegurado y en su patrimonio, así como de tener por fin cardinal la protección de uno y otro, pasó a ser un seguro medularmente centrado en la víctima y encaminado a repararle a ella el perjuicio que le hubiese sido ocasionado, tanto que se le erigió en beneficiaria de la indemnización, a lo que se agrega que el seguro migró de ser un contrato a favor del asegurado para tornarse en un negocio jurídico a favor de terceros, fundamentalmente".
56. Para la Sala, bajo el entendido de que el precepto acusado establece que la aseguradora puede ser citada al incidente de reparación integral, "exclusivamente" para los efectos de la conciliación, y que además, a dicha conciliación puede acudir o no, porque así se ha configurado por el Legislador al señalar expresamente la "facultad" que tiene de participar en aquella, no resulta conforme con el conjunto de preceptos constitucionales que protegen a la víctima y su derecho a la reparación integral que propicia el modelo de justicia restaurativa.
57. Es decir que, a pesar de que el Legislador ha previsto como paso último dentro del procedimiento ante el juez penal, la opción de reclamar y hacer allí efectiva la reparación de los daños sufridos por la víctima y causados por el delito comprobado durante el proceso; a pesar de que ha reconocido a la víctima la opción de concretar los términos de la reparación, dentro de los cuales se encuentra la indemnización pecuniaria (art. 103 inc 1º CPP); a pesar de que se establecen garantías para que las partes y el tercero civilmente responsable del art 107 CPP asistan al incidente para atender el reclamo de la víctima; a pesar de que se ha contemplado la conciliación en el incidente de reparación integral como un mecanismo idóneo de justicia restaurativa tendiente a fortalecer las opciones de reparación dentro del sistema procesal penal (art. 521 CPP); a pesar de que exista un contrato de seguro de responsabilidad civil llamado a compensar el daño de la víctima del delito, como figura jurídica constituida precisamente para cubrir la eventualidad de un siniestro y el daño patrimonial que de ahí resulta, de modo eficiente, oportuno y garantista (art. 1127 C.Co); a pesar de que se reconoce al juez penaljurisdictio para tramitar y valorar en el incidente, una petición de reparación y estimar si la misma puede ser cubierta con un contrato de seguro de responsabilidad civil que se ha exhibido o probado en el proceso y cuya parte aseguradora ha sido citada; a pesar de todo ello, la deferencia del Legislador para con la compañía aseguradora y su limitada y voluntaria participación en el incidente, dan al traste con el efecto útil de todas las normas y disposiciones que contemplan aquellas formas de proteger a la víctima y garantizar su reparación integral en el proceso penal.
Primero: Declarar INEXEQUIBLES las expresiones "Exclusivamente" y "quien tendrá la facultad de participar en dicha conciliación" contenidas en el artículo 108 de la Ley 906 de 2004.
Inexequibles las expresiones ... Artículo 108 LEY_906_2004_31/08/2004
Exequible la expresión ... Artículo 108 LEY_906_2004_31/08/2004
[3] El art. 103 CPP establece: "Trámite del incidente de reparación integral. Iniciada la audiencia el incidentante formulará oralmente su pretensión en contra del declarado penalmente responsable, con expresión concreta de la forma de reparación integral a la que aspira e indicación de las pruebas que hará valer.
Admitida la pretensión el juez la pondrá en conocimiento del declarado penalmente responsable y acto seguido ofrecerá la posibilidad de una conciliación que de prosperar dará término al incidente y lo allí acordado se incorporará a la sentencia. En caso contrario el juez fijará fecha para una nueva audiencia dentro de los ocho (8) días siguientes para intentar nuevamente la conciliación y de no lograrse el declarado penalmente responsable deberá ofrecer sus propios medios de prueba".
[6] Dice al respecto el art. 1045 C.Co: "Elementos esenciales. Son elementos esenciales del contrato de seguro:1) El interés asegurable; 2) El riesgo asegurable; 3) La prima o precio del seguro, y 4) La obligación condicional del asegurador.
En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno".
[8] Dice el artículo 104 del CPP: "Audiencia de pruebas y alegaciones. El día y hora señalados el juez realizará la audiencia, la cual iniciará con una invitación a los intervinientes a conciliar. De lograrse el acuerdo su contenido se incorporará a la decisión. En caso contrario, se procederá a la práctica de la prueba ofrecida por cada parte y se oirá el fundamento de sus pretensiones.
[9] De no existir la distinción entre el tercero civilmente responsable del art. 107 CPP y el asegurador del art. 108 CPP, cabría entender que todo llamado a los terceros civilmente responsables incluyera tanto a quien lo es por causa de la ley o a quien lo fuere por causa del contrato, pues de tal modo se encuentra ordenado en el Código de procedimiento civil, art. 57, cuando se establece la figura del llamamiento en garantía, según el cual: "Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, en el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que el mismo proceso se resuelva sobre la relación…" (negrilla fuera de texto).
[12] Dice en concreto esta disposición: "El magistrado sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere que ésta no incluye las normas que deberían ser demandadas para que el fallo en sí mismo no sea inocuo (…). La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales".
[22] Así cuando el artículo 250 constitucional establece: "… En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:
7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa (…)".
[23]Vid. Luis Camilo Osorio Isaza, Gustavo Morales Marín. Proceso penal acusatorio. Ensayos y actas. Bogotá, Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, 2002, pp. 357, 372, 453-457.
[26] Sobre las fuentes de derecho internacional de los derechos humanos en las que se hallan bases para el reconocimiento, establecimiento e interpretación de los derechos y garantías para las víctimas del delito, en particular de los delitos que atentan contra derechos fundamentales, se encuentra, según reiterada jurisprudencia (vrg. Sentencia C-916 de 2002), el derecho de acceso a los tribunales para hacer valer los derechos mediante los recursos ágiles y efectivos (art. 18 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos); el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 63.1, relacionado con el poder de la CIDH para garantizar a la víctima de violación de los derechos de la Convención, entre otras, "el pago de una justa indemnización a la parte lesionada"; Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General en su Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985, Resarcimiento; los Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves de Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mediante Resolución 2005/35 del 20 de Abril; Observación No. 31: la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, preparada por el entonces Comité de Derechos Humanos, el 26 de Mayo de 2004, Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, mediante la cual se adoptan los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
[29]Conseil Constitutionnel. Dec. No. 85-198 DC, 13 de diciembre de 1995, Rec. Cons.Const, p. 76. Es el conocido fallo "L´amendement Tour Eiffel".
[34] Explicaba la sentencia en cita:"El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos humanos (Ver, entre otros, los casos Velásquez Rodríguez {fundamento 166}, Sentencia del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos {fundamento 43}, Sentencia de 14 de Marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte resalta como contrarios a la Convención Americana aquellos instrumentos legales desarrollados por los Estados partes que le nieguen a las víctimas su derecho a la verdad y a la justicia)".
[35] "El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad". Ver, entre otras las sentencias C-740 de 2001, C-1149 de 2001, SU-1184 de 2001, T-1267 de 2001 y C-228 de 2002.
[37] Sobre la importancia de las obligaciones pecuniarias señala Souci: "La obligación de pagar una suma de dinero, por así decirlo, llena la vida, es una especie de soplo vital […]. La ejecución de una obligación de esa clase es omnipresente en las distintas ramas del derecho y puede adquirir mil rostros". SOUCI. La especificidad jurídica de la obligación de pagar una suma de dinero, citado por Fernando Hinestrosa. Tratado de obligaciones, Tomo I, 2da. ed. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 148, pie de página 243.
[40] Sobre este particular Bassols Coma anota que la libertad de empresa y la autonomía negocial se vinculen directamente con la institución de la propiedad, pero no como propiedad estática o in natura sino como "propiedad dinámica… con vistas a la obtención del beneficio a través de la autonomía negocial o contractual…". En Martin Bassols Coma. Constitución y sistema económico. Madrid, Tecnos, 1988, p. 136.
[41] Al respecto apunta Bianca: "El reconocimiento de la libertad del individuo se inserta hoy en una concepción del ordenamiento que se inspira en el valor prevaleciente de la solidaridad social, como valor de fondo de la Constitución (…). La intangibilidad de la voluntad individual cede frente a la exigencia de justicia social. Aquella está especialmente garantizada constitucionalmente en lo que hace a la iniciativa privada económica, pero dicha iniciativa no puede desarrollarse en contraposición con la utilidad social (…)". Por tanto, aunque los "límites de licitud en la ley (normas imperativas, orden público, buenas costumbres) (…) se entendieron en el pasado como limitaciones excepcionales de la autonomía, (…) ahora tiende a afirmarse la idea de la autonomía privada está fundamentalmente subordinada a la solidaridad social". En Massimo Bianca. Derecho Civil. 3. El contrato. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, pp. 54-55.
[45] Dicha función social es tan clara que por ello, precisamente, en no pocas oportunidades, en el derecho comparado (también en el colombiano, vgr. el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, art. 43, Ley 769 de 2000) se han establecido las figuras de los seguros obligatorios y de los seguros automáticos. Dice al respecto Giuseppe Ferri: "El seguro, como forma de previsión, responde siempre a una evidente función social, al punto que en determinadas situaciones la exigencia del aseguramiento es tan sentida que la ley interviene o poniendo a cargo de determinados sujetos la obligación legal de contratar el seguro o considerando determinadas personas aseguradas ex lege e imponiendo bajo la forma de tributo el pago de las primas. Surgen así, de un lado, los seguros obligatorios (…) o del otro los seguros automáticos (…)". En Giuseppe Ferri. Manuale di Diritto Comerciale. Torino, UTET, 1980, p.915 (Traducción libre y resaltado fuera de texto).
[50]Vid. supra, apartado 3.2.1., nota al pie núm 28.