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Timestamp: 2018-08-16 14:16:35
Document Index: 223523670

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 64', 'artículo 86', 'artículo 36', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 17', 'Artículo 11']

﻿ SENTENCIA T-882 DE OCTUBRE 26 DE 2006
SENTENCIA T-882 DE 26 DE OCTUBRE DE 2006
CONTENIDO:ACOSO LABORAL. CUÁNDO PROCEDE LA TUTELA A PESAR DE EXISTIR LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LA LEY 1010 DE 2006.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACOSO LABORAL, DERECHOS DEL TRABAJADOR, DERECHO AL TRABAJO, SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES, REINTEGRO LABORAL, ESTRÉS LABORAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:422 DE FEBRERO DE 2007, PG.356
REVISTA TUTELA N°:86 DE FEBRERO DE 2007, PG.263
Sentencia T-882 de octubre 26 de 2006
Sentencia T-882 de 2006
Ref.: expediente T-1377066
1. Manifiesta la accionante que fue nombrada para desempeñar el cargo de profesional universitario 3020-08 de la división jurídica de la oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad de Ibagué, dependencia adscrita a la Superintendencia de Notariado y Registro, luego “de haber concursado en concurso (sic) abierto, 76-05-07-1994; mediante Resolución 323 del 24 de octubre de 1994 y se posesionó en el mismo el 1º de noviembre del mismo año”.
2. Asegura que como encargada de la oficina jurídica de la entidad tramitó la solicitud presentada por el Consejo Superior de la Judicatura, oficio 340 de febrero 12 de 1996, en la que se requería, a fin de que obrara en el proceso disciplinario 476 “preliminar abogado”, certificación de las gestiones realizadas por los abogados Jesús María Navarro Varón y Omar Van Leenden Salcedo (este último esposo de la actual registradora principal de la oficina de Instrumentos Públicos de Ibagué, Dra. Lola Del Río de Van Leenden), respecto al estudio de títulos del inmueble ubicado en al carrera 4ª estadio 28, 63-67.
3. Sostiene que, en atención del aludido oficio, el 21 de febrero de 1996 dio respuesta indicando que “los abogados citados no han realizado gestión alguna ante la división, como se constató en la secretaría, en lo correspondiente a recursos o peticiones”.
4. Afirma que fue citada a declarar en el proceso disciplinario que se adelantaba contra el abogado Omar Van Leenden Salcedo, indicando que “por tal razón la señora Lola Del Río de Van Leenden ... de manera verbal le propone… que en dicha versión declarara en los mismos términos en que ella se había pronunciado en la diligencia efectuada el 11 de julio de 1996, y con esto beneficiara las resultas del proceso seguido contra su señor esposo”, a lo cual se negó, motivo por el cual su jefa inició “una serie de actos y acciones de contenido discriminatorio, peyorativo y de ultraje tanto físico como verbal; al punto que se vio en la necesidad de recurrir ante la defensoría del pueblo, solicitando amparo y protección”.
5. Comenta que a raíz de su denuncia, la defensoría del pueblo realizó visita especial a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos, “en la cual constató la veracidad de lo denunciado”.
6. Con posterioridad, el Presidente de la República decidió retirar del cargo a la registradora principal Dra. Lola Del Río de Van Leenden. No obstante, el Consejo de Estado, mediante sentencia de noviembre de 2002, dejó sin efectos el acto administrativo de desvinculación al cargo de aquélla.
7. Manifiesta que desde el mismo momento del reintegro al cargo, su jefa inició una “persecución laboral y personal injusta y desequilibrante… a través de memorandos en los que además de las funciones propias de su cargo, se le asignaban otras por completo ajenas a la naturaleza del mismo, tales como las de aseo de la oficina y entrega de correspondencia. Así mismo procedió a reducir a la mínima expresión el grupo de trabajo que colaboraba con la división jurídica, restricción de las facultades para la coordinación del personal a su cargo; ordenó el traslado del computador que estaba al servicio de mi poderdante y retiro de los libros de consulta”.
8. Asegura que su jefa procedió a distribuir todas las competencias asignadas a la accionante entre los demás funcionarios de la entidad, “al punto que a la fecha sólo realiza la antedicha profesional del derecho, casi exclusivamente las correcciones de los actos de inscripción, la entrega de correspondencia y la revisión de procesos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Hecho que reitera el maltrato y la discriminación de la que ha sido objeto mi poderdante; circunstancia que necesariamente ha derivado en la perturbación síquica de mi cliente”.
9. Sostiene que la registradora de instrumentos públicos de Ibagué, a los escritos por ella proyectados, les tacha y hace anotaciones marginales vituperantes en las que se dice “no hay división jurídica en esta oficina”, “hay que leer bien”. De igual manera, alega que la señora Del Río, de manera verbal le dice a sus compañeros de trabajo, al referirse a la accionante, que la jurídica no sabe de registro, “que ella está loca”, comentarios que “los mismos usuarios del servicio de registro han transmitido a mi cliente”.
10. Otra muestra del maltrato laboral sufrido consiste en que la registradora principal nunca convoca a la accionante a las reuniones de índole laboral, “tanto así que mi poderdante ha tenido que mantener comunicación directa con las distintas oficinas de la superintendencia para la recepción de las consabidas instrucciones administrativas impartidas por el nivel central”.
11. La situación de maltrato laboral y discriminación ha sido tal, que ha perturbado la salud mental de la peticionaria, según consta en la historia clínica que reposa en los archivos de la EPS Coomeva. Así, el “5 de abril de 2004, mi poderdante fue remitida para valoración conjunta, para remisión con ARP, por presentar estrés laboral”.
12. Relata que el 18 de mayo de 2004 el médico Julio Alfredo Lozano Guillen le recetó fluoxetina y clonazepan. El 2 de julio se agregó la fórmula con trasadona y diclofenaco habiéndole dictaminado “estrés grave”, esto es, se aumentó la dosis de antidepresivos y ansiolíticos, habiéndosele otorgado una incapacidad hasta el 30 de junio de 2004.
13. A su vez, el 16 de junio de 2004, su siquiatra había dictaminado que la paciente “se encuentra en tratamiento por presentar una reacción al estrés grave (fl. 438), secundaria a conflicto laboral que no sólo no se resuelve, sino que tiende a empeorar, sin que se tomen las medidas administrativas o de salud ocupacional que se requieren. En el momento consideró que no está en condiciones de seguir laborando por lo que se expide incapacidad laboral”.
14. El 30 de junio de 2004, en un nuevo control, el galeno en mención encontró que la accionante presentaba una evidente mejoría con la separación temporal del cargo durante la incapacidad médica.
15. De igual manera, afirma que el 8 de junio de 2004 el médico laboral Oscar Quintero Piñeros emitió un concepto sobre la situación de la señora Amézquita Barrios, donde se afirma “de acuerdo con la historia clínica, el examen físico, los estudios y valoraciones dadas por el médico siquiatra, se requiere para complementar el estudio, una valoración del puesto de trabajo realizada por psicólogo especializado en salud ocupacional, y temporalmente reubicarla laboralmente en otra sede de la registraduría, hasta cuando se obtenga dicha valoración y así poder dar el concepto definitivo”.
16. Colseguros ARP, a partir de la solicitud presentada por la accionante, el 13 de julio, realizó análisis del puesto de trabajo, recomendando “tomar medidas administrativas y de salud ocupacional orientado a mejorar las condiciones del ámbito laboral actual, considerándose de ser necesario el traslado de la funcionaria a otra oficina que no dependa jerárquicamente de la oficina de Ibagué, teniendo en cuenta el perfil profesional de la funcionaria”.
17. El 17 de julio de 2004 se puso en conocimiento del Superintendente de Notariado y Registro, la incapacidad laboral de la señora Amézquita, solicitando su reubicación laboral.
18. A partir del 1º de octubre de 2005, la señora Amézquita quedó cubierta en materia de riesgos profesionales por la ARP Colpatria.
19. El 29 de diciembre de 2005, el doctor Germán Vanegas Cabezas, en su calidad de especialista en salud ocupacional, remitió al doctor Botero Cañón, como auditor médico de la EPS Coomeva, diagnóstico sobre la salud de la accionante, señalando “se aprecia que físicamente la examinada se encuentra sana, pero presenta cuadro severo de estrés laboral con impacto en su autoestima en forma importante y en su imagen profesional, para lo cual requiere de que (sic) se le brinde atención y soporte psiquiátrico en forma estable y permanente. Diagnóstico: 1) estrés laboral, 2) problemas relacionados con desavenencias con el jefe y los compañeros de trabajo, 3) otros problemas de atención física o mental relacionados con el trabajo. Se requiere que esta paciente reciba atención especializada por parte del equipo interdisciplinario de psiquiatría y psicología, y la búsqueda de reubicación laboral por fuera de la sede de Ibagué, gestión que debe hacerse con la intervención de la ARP. El origen de la patología psiquiátrica está estrechamente ligado con el trabajo y por ello tiene un origen ocupacional responsabilidad de la ARP Colpatria o quien haga sus veces para la época”.
20. Señala que su estrés laboral ha venido aumentando sin que la ARP Colpatria o la Superintendencia de Notariado y Registro hayan tomado cartas en el asunto.
Con base en los anteriores hechos, la accionante solicita se le amparen sus derechos a la salud, el trabajo digno, el libre desarrollo de su personalidad y la seguridad social, vulnerados por las conductas negligentes de la Superintendencia de Notariado y Registro y la ARP Colpatria. En tal sentido, pide que se le ordene a la primera su reubicación en otro cargo similar, y a la segunda, la realización de una valoración médica.
2.1. Superintendente de Notariado y Registro.
En cuanto a la situación laboral de la demandante, sostiene que actualmente hace parte de la planta global de personal de la Superintendencia de Notariado y Registro, percibiendo mensualmente un salario de $ 2.002.376 pesos. Agrega que, según el marco legal de los traslados, la estructura de la Superintendencia se rompería con el traslado de la accionante, en las condiciones actuales, “a otra oficina principal cercana, que en este caso serían las de Neiva, Huila o Armenia-Quindío, en las cuales no existen vacantes del citado cargo, que posibilite un traslado horizontal, quedando como alternativa su traslado, pero en el cargo del cual es titular, esto es, como profesional universitario 3020, grado 13, con la consecuencia de un significativo desmejoramiento de sus ingresos laborales”.
Segundo. (sic) ORDENAR a la ARP Colpatria en el término de dos (2) meses contados a partir de la fecha de recepción de la documentación aportada por la accionante (la cual no puede superar también un (1) mes) y después de dar traslado de la gestión a la ARP Colseguros, califique al (sic) enfermedad padecida por la señora Ana María Amézquita Barrios, sea de origen profesional o de origen común. Es de resaltar que para la accionante el término del mes corre a partir de la notificación del presente fallo.
Tercero. Hacer saber a los destinatarios de las órdenes anteriores que el incumplimiento a ellas acarrea las sanciones previstas en el Decreto 2591/91”.
El Tribunal Superior de Distrito Judicial, mediante providencia del 2 de marzo de 2006, decidió declarar la nulidad de todo lo actuado, por no haberse integrado debidamente el contradictorio. En efecto, el juez de segunda instancia consideró que era necesario vincular igualmente a la registradora principal de Instrumentos Públicos de Ibagué, Dra. Lola Del Río de Van Leenden; la EPS Coomeva y Colseguros ARP.
Entre tanto, la EPS Coomeva adujo que ha prestado en forma debida los servicios de atención médica contenidos en el POS. Sostiene que, desde el año 2004, ha advertido el origen de la patología sufrida por la accionante y sus posibles soluciones mediante la ARP a la cual se encuentra afiliada. Así mismo, la ARP Colseguros indicó que inicialmente la accionante le remitió mucha información, pero que no allegó la calificación en primera instancia por parte de la EPS de la trabajadora ni la documentación que establece el literal b) del artículo 25 del Decreto 2463 de 2001 para calificar el origen de la enfermedad.
El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 29 de marzo de 2006 decidió amparar los derechos fundamentales de la accionante, ordenándole a la ARP Colpatria que en el término de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de la recepción de la documentación aportada por la señora Ana María Amézquita, la cual no podía superar un mes, calificara la enfermedad padecida por esta bien fuera como de origen común o profesional. Adicionalmente, el juzgado ordenó a la Superintendencia de Notariado y Registro el traslado por tres meses de la accionante “en una de las divisiones jurídicas de las oficinas de instrumentos públicos sea principal o seccional próxima a la de Ibagué”, e igualmente, verificara las condiciones en que se presta el servicio por parte de la oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad de Ibagué, “y se avoque conocimiento respecto de la conducta desplegada por la registradora principal Lola Del Río de Van Leenden, de acuerdo con las pruebas allegadas al plenario”.
La Superintendencia de Notariado y Registro impugnó el fallo argumentado que una vez conocida la situación de estrés laboral, la registradora principal de instrumentos públicos de Ibagué tomó las medidas necesarias para evitar el agudizamiento de la enfermedad de la accionante. Entre ellas se decidió ubicar a la demandante en una oficina aislada del público; así mismo, su superiora decidió asumir la parte más sensible de las funciones que por su desempeño le correspondía a la señora Amézquita. En últimas, si bien no se ha dado un traslado, sí ha operado la reubicación de la accionante.
“Primero. ORDENAR que por secretaría general se solicite a la ARP Colpatria que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto informe a este despacho si efectivamente efectuó el examen médico ordenado por el Juzgado 7º Civil del Circuito a favor de la señora Ana María Amézquita, al igual que el resultado del mismo”.
En escrito radicado en la Corte el 9 de octubre del presente año, el Superintendente de Notariado y Registro informó que “mediante Resolución 3783 de 22 de junio de 2006, proferida por esta superintendencia, se reubicó un cargo de profesional especializado 3010 grado 15 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué-Tolima, en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia-Quindío, e igualmente, se trasladó para que desempeñara este, a la doctora Ana María Amézquita Barrios, en razón a la petición que la misma efectuara por escrito de 20 de junio de 2006. Como se observa en dicha resolución, el traslado se efectuó en el cargo de profesional especializado código 3010 grado 15, el mismo que la accionante desempeñaba en la oficina principal de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué-Tolima, en calidad de encargada y en consecuencia percibiendo igual remuneración, esto es, $ 1.782.080”.
Así, desde sus primeros fallos, esta corporación ha señalado que la protección constitucional al trabajo no se limita al acceso al mismo, sino que este debe ser desempeñado en condiciones dignas y justas, lo cual significa, entre otras cosas, que el trabajador tenga una “clara apreciación del cargo que va a desempeñar y las funciones que debe realizar en el mismo” (1) , es decir, que las condiciones en las cuales se desempeña un trabajo, bien sea en los sectores público o no privado, no son “constitucionalmente irrelevantes” (2) .
De igual manera, la jurisprudencia de la Corte ha sido constante en afirmar que el impago de salarios o su cancelación tardía vulneran el derecho fundamental a un trabajo en condiciones dignas y justas (3) . De igual manera, se configura una violación del artículo 25 constitucional, cualquier acto de discriminación contra el trabajador (4) . De tal suerte que, como lo sostuvo esta corporación en sentencia T-362 de 2000, las persecuciones laborales constituyen una clara violación a gozar de un trabajo en condiciones dignas y justas. Más recientemente, en sentencia C-065 de 2005, el juez constitucional consideró el mencionado derecho fundamental implicaba “la posibilidad de no forzar al trabajador a laborar cuando las condiciones físicas no le permite seguir desempeñándose”(sic).
En tal sentido, se tiene que los primeros estudios psicológicos sobre el acoso laboral o “mobbing” o “bullying” datan de la década de los ochenta. Sobre el particular, Leymann, uno de los precursores en la materia, entiende por dicho vocablo “una situación en la que una persona (o en raras ocasiones un grupo de personas) ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente (como media una vez por semana) y durante un tiempo prolongado (como media unos seis meses) sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, acabar su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente que esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo”(sic) (5) .
Sobre el particular cabe señalar que, en los últimos años, diversos países han adoptado normatividades encaminadas a combatir el acoso laboral. Así, en Suecia, el Consejo Nacional Sueco de Seguridad y Salud Laboral adoptó desde 1993 una ordenanza que contiene medidas a favor de las víctimas de violencia en el trabajo; en Francia una Ley de 2002, sobre modernización social, dispone de un capítulo IV consagrado a la “lucha contra el acoso moral en el trabajo”; Bélgica, por su parte, cuenta con una Ley de 2000, relativa a la lucha contra la degradación deliberada de las condiciones laborales. En otros países, de igual manera, se han discutido diversas iniciativas sobre la materia. Al respecto, por ejemplo, en Italia se han presentado cinco proyectos para reformar la legislación laboral; en Suiza, en el 2000, se presentó un proyecto de ley específico sobre acoso laboral; en Luxemburgo en 2002 se planteó una moción de la cámara de diputados en la cual se instaba al gobierno a presentar un proyecto de ley contra el acoso moral, que complementara la legislación vigente sobre acoso sexual; así mismo, en Brasil, a partir de 2000, se han expedido varias normatividades estatales sobre acoso laboral (6) .
Cabe así mismo destacar que el parlamento europeo adoptó en 2001 una resolución sobre el acoso moral en el lugar de trabajo, en tanto que el consejo de la unión Europea expidió la directiva 2000/78/CE, encaminada a diseñar un marco general para alcanzar la igualdad de trato en el empleo, texto en el cual se propone una definición de acoso laboral.
Correlativamente, en el derecho comparado, se tiene que en España los jueces laborales, siguiendo la jurisprudencia sentada por el tribunal constitucional en materia de respeto por la dignidad del trabajador, han examinado en sus sentencias las características y efectos que produce esta variedad de acoso en el trabajador. Así pues, partiendo de la jurisprudencia constitucional sobre integridad moral, entendida esta como una manifestación directa de la dignidad humana, comprensiva tanto de las facetas de la personalidad como aquellas “de la identidad individual, el equilibrio psicológico, la autoestima o el respeto ajeno que debe acompañar a todo ser humano” (7) , los jueces ordinarios han creado unas líneas jurisprudenciales que pueden ser consideradas como criterio auxiliar de interpretación en el presente asunto. En tal sentido, los jueces han entendido que el acoso laboral (i) constituye un atentado contra la integridad moral de las personas a quienes se someten a tratos degradantes, y por ende, configura una violación a la Constitución (8) ; (ii) se presenta cuando una persona se ve sometida por otra u otras en su lugar de trabajo a un conjunto de comportamientos hostiles (9) ; (iii) comprende diversas formas de maltrato físico o verbal que recibe el trabajador, de forma deliberada, por sus superiores o compañeros, lo cual conduce a su aniquilamiento psicológico, y en últimas, conlleva a su salida de la empresa u organización (10) ; (iv) los comportamientos hostiles deben ser examinados en conjunto, pues tomados aisladamente pueden parecer anodinos; (v) normalmente, la parte hostigadora cuenta con todos los recursos, por encontrarse en una posición de superioridad jerárquica; y (vi) no se trata de un simple conflicto laboral, inevitable en cualquier organización, sino de una práctica que causa perjuicios psíquicos y físicos al agredido, usualmente bajo la forma de estrés laboral (11) .
5. Procedencia de la acción de tutela frente a los mecanismos establecidos en la Ley 1010 de 2006.
Un examen sobre la procedencia de la acción de tutela en casos de acoso laboral debe iniciar por analizar los contenidos de la Ley 1010 de 2006 “por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones laborales”.
En tal sentido, la mencionada ley persigue como objetivos definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo que se ejercen contra los trabajadores en los contextos de las relaciones laborales privadas o públicas (12) .
En cuanto a los bienes jurídicos protegidos expresamente el legislador mencionó los siguientes: el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra, la salud mental de los trabajadores, así como la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral (13) .
Así pues, en lo que concierne a las medidas preventivas y correctivas, el legislador dispuso las siguientes: (i) los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán prever mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo; (ii) la víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del inspector de trabajo con competencia en el lugar de los hechos, de los inspectores municipales de policía, de los personeros municipales o de la defensoría del pueblo, a prevención, la ocurrencia de una situación continuada y ostensible de acoso laboral; la denuncia deberá dirigirse por escrito en que se detallen los hechos denunciados y al que se anexa prueba sumaria de los mismos; la autoridad que reciba la denuncia en tales términos conminará preventivamente al empleador para que ponga en marcha los procedimientos confidenciales y programe actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de una empresa; (iii) quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo alguna de las modalidades descritas en el artículo 2º de la presente ley podrá solicitar la intervención de una institución de conciliación autorizada legalmente a fin de que amigablemente se supere la situación de acoso laboral. De igual manera, la ley precisa que la denuncia podrá acompañarse de la solicitud de traslado a otra dependencia de la misma empresa, si existiera una opción clara en ese sentido, y será sugerida por la autoridad competente como medida correctiva cuando ello fuere posible.
En lo que concierne al régimen sancionatorio, se tiene que la Ley 1010 de 2006 dispone ciertas medidas contra quienes incurran en prácticas de acoso laboral distinguiendo para ello entre los sectores público y privado. Así, para el primero, se tiene que el funcionario incurrirá en una falta disciplinaria gravísima, pudiendo ser suspendido del cargo, e igualmente, durante el trámite del proceso el sujeto pasivo de la conducta podrá intervenir (14) ; por el contrario, en el ámbito de lo privado, el acoso laboral puede ser sancionado de la siguiente forma (i) como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador regido por el Código Sustantivo del Trabajo; en tal caso procede la indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo; (ii) con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere; (iii) con la obligación de pagar a las empresas prestadoras de salud y las aseguradoras de riesgos profesionales el cincuenta por ciento (50%) del costo del tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el acoso laboral; (iv) con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador, particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo; y (v) como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, según la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno.
En lo que concierne al procedimiento sancionatorio se tiene que la ley prevé que el Ministerio Público impondrá la sanción disciplinaria correspondiente, de conformidad con el procedimiento previsto en el código disciplinario único; por el contrario, cuando el sujeto activo sea un particular, la normatividad dispone la citación a una audiencia ante el juez laboral, la cual tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la presentación de la solicitud. De la iniciación del procedimiento se notificará personalmente al acusado de acoso laboral y al empleador que lo haya tolerado, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la solicitud o queja. Las pruebas se practicarán antes de la audiencia o dentro de ella. La decisión se proferirá al finalizar la audiencia, a la cual solo podrán asistir las partes y los testigos o peritos. Contra la sentencia que ponga fin a esta actuación procederá el recurso de apelación, que se decidirá en los treinta (30) días siguientes a su interposición. En todo lo no pevisto en este artículo se aplicará el Código Procesal del Trabajo.
En este orden de ideas, la Sala encuentra que cuando el acoso laboral tiene lugar en el sector público, la víctima del mismo cuenta tan sólo con la vía disciplinaria para la protección de sus derechos, mecanismo que no sólo es de carácter administrativo y no judicial en los términos del artículo 86 Superior, sino que no resulta ser eficaz para el amparo del derecho fundamental a gozar de un trabajo en condiciones dignas y justas. Aunado a lo anterior, como se ha señalado, para el caso del sector público el legislador no previó la puesta en marcha de medidas preventivas, como sí sucede en el ámbito privado. En efecto, no sólo la vía disciplinaria no es tan rápida como la tutela, sino que además, por medio de ella, no se puede lograr el traslado del trabajador, o al menos, la impartición de una orden al superior para que cese de inmediato en su conducta. Aunado a lo anterior, el mencionado mecanismo no tiene efectos frente a particulares, como por ejemplo, las aseguradoras de riesgos profesionales cuando quiera que estas se nieguen a practicar exámenes médicos para calificar el origen de una enfermedad profesional (estrés laboral).
Por el contrario, cuando el acoso laboral tenga lugar en el sector privado, la Sala estima que la acción de tutela resulta, en principio, improcedente dado que el trabajador cuenta con una vía judicial efectiva para amparar sus derechos, cual es acudir ante el juez laboral a fin de que este convoque a una audiencia de práctica de pruebas dentro de los treinta días siguientes, providencia que puede ser apelada. Con todo, se podría alegar que la tutela es vía judicial más efectiva ya que es resuelta en tan sólo 10 días. A pesar de que ello es así, la Sala entiende que el trámite judicial previsto en la Ley 1010 de 2006 es efectivo por cuanto, desde la formulación de la queja “la terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la víctima del acoso laboral que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios consagrados en la presente ley, carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de los seis (6) meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autridad administrativa, judicial o de control competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento” (15) .
En el caso concreto, la señora Ana María Amézquita Barrios alega que fue nombrada para desempeñar el cargo de profesional universitario 3020-08 de la división jurídica de la oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad de Ibagué, dependencia adscrita a la Superintendencia de Notariado y Registro. Asegura que como encargada de la oficina jurídica de la entidad, tramitó la solicitud presentada por el Consejo Superior de la Judicatura, oficio 340 de febrero 12 de 1996, en la que se requería, a fin de que obrara en el proceso disciplinario 476 “preliminar abogado”, certificación de las gestiones realizadas por los abogados Jesús María Navarro Varón y Omar Van Leenden Salcedo (este último esposo de la actual registradora principal de la oficina de Instrumentos Públicos de Ibagué, Dra. Lola Del Río de Van Leenden), respecto al estudio de títulos del inmueble ubicado en al carrera 4ª estadio 28, 63-67.
Afirma que fue citada a declarar en el proceso disciplinario que se adelantaba contra el abogado Omar Van Leenden Salcedo, indicando que “por tal razón la señora Lola Del Río de Van Leenden… de manera verbal le propone… que en dicha versión declarara en los mismos términos en que ella se había pronunciado en la diligencia efectuada el 11 de julio de 1996, y con esto beneficiara las resultas del proceso seguido contra su señor esposo”, a lo cual se negó, motivo por el cual su Jefa inició “una serie de actos y acciones de contenido discriminatorio, peyorativo y de ultraje tanto físico como verbal; al punto que se vio en la necesidad de recurrir ante la Defensoría del Pueblo, solicitando amparo y protección”.
Manifiesta que desde el mismo momento del reintegro al cargo, su jefa inició una “persecución laboral y personal injusta y desequilibrante… a través de memorandos en los que además de las funciones propias de su cargo, se le asignaban otras por completo ajenas a la naturaleza del mismo, tales como las de aseo de la oficina y entrega de correspondencia. Así mismo procedió a reducir a la mínima expresión el grupo de trabajo que colaboraba con la división jurídica, restricción de las facultades para la coordinación del personal a su cargo; ordenó el traslado del computador que estaba al servicio de mi poderdante y retiro de los libros de consulta”.
La situación de maltrato laboral y discriminación que padece ha sido tal que ha perturbado gravemente su salud mental. Sobre el particular, el 16 de junio de 2004, su siquiatra había dictaminado que la paciente “se encuentra en tratamiento por presentar una reacción al estrés grave (fl. 438), secundaria a conflicto laboral que no sólo no se resuelve, sino que tiende a empeorar, sin que se tomen las medidas administrativas o de salud ocupacional que se requieren. En el momento consideró que no está en condiciones de seguir laborando por lo que se expide incapacidad laboral”. De igual manera, afirma que el 8 de junio de 2004 el médico laboral Oscar Quintero Piñeros emitió un concepto sobre la situación de la señora Amézquita Barrios, donde se afirma “De acuerdo con la historia clínica, el examen físico, los estudios y valoraciones dadas por el médico siquiatra, se requiere para complementar el estudio, una valoración del puesto de trabajo realizada por psicólogo especializado en salud ocupacional, y temporalmente reubircarla laboralmente en otra sede de la registraduría, hasta cuando se obtenga dicha valoración y así poder dar el concepto definitivo”.
Por el contrario, la registradora de instrumentos públicos de Ibagué sostuvo que se trataba de afirmaciones subjetivas, falsas e inexactas de la accionante, explicando que lo sucedido fue una reestructuración administrativa habiendo desaparecido la división jurídica, solo existiendo áreas. Agrega que su función consiste en corregir los actos sujetos a registro y que en ningún momento se le ha discriminado a la señora Amézquita.
“Actualmente está en tratamiento con clonazepan 2 mg 3 v/día, trazadota 1 tab/noche y fluoxetina 1 tab c/12 horas. Primera incapacidad el 5 de abril de 2004, por diagnóstico estrés. Ha estado incapacitada en varias oportunidades, con lo que refiere que mejora el estado de ánimo y la ansiedad”.
De acuerdo al análisis de puesto de trabajo con enfoque psicosocial, se concluye que los factores laborales: ambiente físico de trabajo, organización del trabajo, contenido del trabajo, relaciones interpersonales y diferencias en cargas de trabajo, predominan sobre los factores extralaborales e individuales los cuales incluyen las experiencias vividas, se concluye que el estrés laboral que presenta la trabajadora es de origen profesional”.
1. REVOCAR la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, mediante la cual fueron amparados los derechos fundamentales al trabajo en condiciones justas y dignas, al igual que a aquel a la salud en conexidad del derecho a la vida, de la señora Ana María Amézquita, decisión que fue parcialmente confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá mediante sentencia del 8 de junio de 2006.
2. DECLARAR la carencia actual de objeto en el presente proceso, por las razones expuestas en la parte motiva del fallo.
3. LIBRÉNSE, por la secretaría general de esta corporación, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Magistrados: Humberto Antonio Sierra Porto—Clara Inés Vargas Hernández—Álvaro Tafur Galvis—Martha Victoria Sáchica Méndez.
(1) Sentencia T-084 de 1994.
(2) Sentencia T-167 de 1994.
(3) Entre muchas otras, sentencias T-613 de 1995, T-312 de 2001, C-291 de 2002, T-140 de 2002, T-575 de 2003, T-633 de 2004 y T- 433 de 2005.
(4) Sentencia T-232 de 1999.
(5) Ver al respecto, Leymann, H.; Mobbing: la persécution au travail. Seuil. París 1996; “The content and development of mobbing at work”. Rev. European journal of work and organizational psichology, num. 2. 1996 y Leymann, H. Gustafson, A.; “Mobbing at work and the development of post-traumatic stress disorders”. Rev. European journal of work and organizational psichology, num. 2. 1996.
(6) Cristóbal Molina Navarrete, Violencia moral en el trabajo: conducta prohibida y formas de tutela en los derechos europeos, Madrid, 2003.
(7) Sentencia del Tribunal Constitucional, num. 120, del 2 de julio de 1990.
(8) Tribunal Social de Navarra, S. 18-05-2001, num. 161 de 2001.
(9) Tribunal Social de Pamplona, Sentencia 319 de 2001.
(10) Juzgado num. 30 de lo Social de Madrid, auto 24 de 2002.
(11) Juzgado num. 1º de lo Social de Pamplona, Sentencia 200 de 2001.
(12) Artículo 1º de la Ley 1010 de 2006.
(13) Artículo 2º de la Ley 1010 de 2006.
(14) Artículo 17 de la Ley 1010 de 2006.
(15) Artículo 11 de la Ley 1010 de 2006.