Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S201504529680783.HTML
Timestamp: 2019-04-18 11:03:41
Document Index: 377184539

Matched Legal Cases: ['artículo 413', 'artículo 19', 'artículo 46', 'artículo 19', 'artículo 46', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 82', 'artículo 105', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 140', 'artículo 151', 'artículo 221', 'artículo 102', 'artículo 363', 'artículo 363', 'artículo 413', 'artículo 413', 'artículo 413', 'artículo 413', 'artículo 448', 'artículo 448', 'artículo 455', 'artículo 455', 'artículo 538', 'artículo 538', 'artículo 538', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 105', 'artículo 15', 'artículo 625', 'artículo 625', 'artículo 627', 'artículo 627', 'artículo 644', 'artículo 644', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 644', 'artículo 645', 'artículo 656', 'artículo 656', 'artículo 659', 'artículo 659', 'artículo 448', 'artículo 659', 'artículo 448', 'artículo 659', 'artículo 298', 'artículo 448', 'artículo 628', 'artículo 448', 'artículo 660', 'artículo 661', 'artículo 660', 'artículo 660', 'artículo 661', 'artículo 661', 'artículo 662', 'artículo 214', 'artículo 662', 'artículo 689', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 689', 'artículo 708', 'artículo 708', 'artículo 710', 'artículo 710', 'artículo 722', 'artículo 722', 'artículo 731', 'artículo 742', 'artículo 742', 'Artículo 742', 'artículo 742', 'artículo 569']

CAMARA DE SENADORES - Distribuido N° 452/2015
(Son las 09:50).
–Vamos a dar comienzo a la última sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, en la que vamos a considerar los artículos desglosados, entre los que hay sustitutivos y aditivos.
SEÑOR MICHELINI.- Hay tres artículos, 19, 46 y 413 –si mal no recuerdo, del repaso que hicimos al término de la sesión de ayer–, sobre los que vamos a pedir su reconsideración. Después, la presidenta los pondrá a votación cuando corresponda.
SEÑORA PRESIDENTA.- Le recuerdo que el artículo 413 tiene un aditivo, ¿igual pide su reconsideración?
SEÑOR MICHELINI.- Si, señora presidenta, pedimos la reconsideración para que se pueda considerar, salvo que estén desglosados; nosotros queremos desglosarlos.
SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la reconsideración de los artículos 19, 46 y 413.
–13 en 14. Afirmativa.
El señor senador Michelini solicitó que estos tres artículos sean desglosados.
SEÑOR MICHELINI.- Con la flexibilidad y la voluntad de la Mesa, lo votaríamos pero con una corrección en su inciso tercero que empieza: «A partir de la fecha» y termina: «sobre la retribución por todo concepto correspondiente al sueldo nominal de Senador de la República». Para no estar tipiando todo el artículo, propongo que eliminemos la expresión «por todo concepto» y que quede: «sobre la retribución correspondiente al sueldo nominal de Senador de la República». La expresión «por todo concepto» puede llevar a confusión sobre una serie de aspectos.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 19 con la modificación formulada por el señor senador.
–11 en 14. Afirmativa.
En consideración el artículo 46.
SEÑOR MICHELINI.- La corrección va en el mismo sentido que la que planteamos para el artículo 19. En el final del inciso primero dice: «por todo concepto, correspondiente al sueldo nominal de Senador de la República». Pedimos que se elimine la expresión «por todo concepto».
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 46 con las correcciones verbales que se han realizado.
En consideración el artículo 50, que tiene un sustitutivo en la hoja 87, presentado por el Partido Nacional.
SEÑOR MICHELINI.- Adelanto que vamos a votar el artículo tal como viene de la Cámara de Representantes.
SEÑOR DELGADO.- El sustitutivo del artículo 50 que presentamos, en realidad no es ni más ni menos que volver a la redacción original enviada por el Poder Ejecutivo, que nos pareció innovadora, valiente y que trata de generar en esto el concepto de mejora continua, de ir a buscar la excelencia de la gestión.
Se podrá decir: «se instrumentarán» o «se podrán instrumentar», pero por lo menos incluimos una obligación de que tengan la necesidad de fijar compromisos de gestión suscritos entre el organismo y el ministerio con el que se relaciona. Para nosotros es trascendente dar una señal de buena gestión, de poder medir con indicadores, así como establecer metas. Por eso nosotros queremos volver al «deberán», que es el término incluido en la redacción original del Poder Ejecutivo. Si se piensa cambiar por «podrán», en realidad sería mejor eliminar el artículo. Hoy pueden hacerlo. Es más, creo que el señor senador Berterreche decía que hoy ya hay varios organismos que tienen la obligación de establecer metas.
Entonces, creo que nuestra propuesta no cambia en nada y que es un paso más en la dirección que debe ir un Estado moderno. Si se va cambiar por «podrán», es mejor no incluir nada porque hoy puede hacerlo el que quiera, pues no están obligados; algunos lo realizan de hecho.
Obviamente, cuando proponemos mantener el «deberán», por un tema de resguardo constitucional, de autonomías, de independencia de poderes, tenemos que exceptuar al Tribunal de Cuentas, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y al Poder Judicial, pero en el resto vamos a insistir con la palabra, pero sobre todo con el concepto. Nos parece que es de buena administración y sobre todo de un Estado que quiere mejorarse a sí mismo.
SEÑOR MICHELINI.- Muchas veces se dice –no siempre es correcto– que lo perfecto es enemigo de lo bueno.
En nuestra opinión, retirar el artículo una vez que vino de la Cámara de Representantes, sería una señal negativa. Creemos que los diferentes entes autónomos van a velocidades diferentes. Es correcto lo que dice el señor senador Berterreche de que ya hay organismos que lo hacen sin complicaciones y en forma permanente. Y es cierto que el Poder Ejecutivo y la sociedad uruguaya en definitiva tienen que exigir y en algún momento se deberán incluir.
En este momento estamos a velocidades diferentes y no queremos que ocurra una situación en la que los entes o alguno de ellos quede fuera o violentando la ley. Por lo tanto, estamos dando una señal política y haciendo todos los esfuerzos posibles para que esto ocurra, para no identificar estos cuatro o cinco «sí» y que otros cinco queden con «podrán» –que no sería bueno–, y ya vendrá una rendición de cuentas en que todos los señores senadores podremos votar el «deberán».
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 50 tal como vino de la Cámara de Representantes.
–9 en 15. Afirmativa.
En consideración el artículo 78.
SEÑOR MICHELINI.- Este artículo está referido a los derechos ciudadanos y no va a ser acompañado por la bancada del Frente Amplio, tal como sugirió el señor senador Heber.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 78.
–0 en 15. Negativa.
En consideración el artículo 84, que tiene un sustitutivo en la hoja 91, presentado por el Partido Nacional.
SEÑOR MICHELINI.- Quiero aclarar que le hemos dado muchas vueltas a la redacción de este artículo a partir de un planteamiento del señor senador Camy que nos hizo reflexionar. Puede ser que de aquí a que termine la consideración del proyecto de ley de presupuesto encontremos una mejor redacción; mientras no la haya, preferimos votar el texto original que envió el Poder Ejecutivo.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 84 con el texto original del artículo 82 enviado por el Poder Ejecutivo.
SEÑOR DELGADO.- Queremos dejar constancia de que acompañamos esta propuesta. Si bien habíamos presentado un artículo sustitutivo –que argumentó el señor senador Camy–, apoyamos la versión original presentada por el Poder Ejecutivo, en el sentido de que la comisión de servicios no incluye ocupar parte de lo que está establecido en la norma en cuanto a la cantidad de pases en comisión que disponen los señores intendentes, sino que es otra figura de relacionamiento funcional.
SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 105.
SEÑOR MICHELINI.- Vamos a dejar el artículo como está. La idea es que la secretaría nacional regule y controle que todo lo que se haga tenga una normativa y una seguridad. Sabemos que eso es imposible, pero no hay otro texto que nos convenza.
Pasamos a considerar un aditivo al Inciso 02, Presidencia de la República, que figura en la hoja 79.
SEÑOR MICHELINI.- Al unísono la oposición dijo que nos quedamos en silencio en cuanto a este tema. Como no teníamos claro este asunto hicimos las consultas correspondientes. Los integrantes de la Presidencia insistieron mucho con este artículo porque por la ley de resguardo de información hay empresas que no quieren poner la plantilla de trabajadores a la vista y, por tanto, estos no saben exactamente si están o no en ella. Alguien dirá que lo pueden consultar en el Banco de Previsión Social, pero todos sabemos que muchas veces la gente que está trabajando no se toma la molestia, no es consciente o no sabe que eso lo puede hacer. Muchas veces el trabajador, aunque esté en la plantilla, no se preocupa, pero solo ponerla implica que la empresa se encargue de que todos sus trabajadores figuren en forma regular.
Algunas empresas se han presentado ante la Justicia pero esta le ha dado la razón al Gobierno en cuanto a que las planillas tienen que estar a la vista, pero lo cierto es que mañana puede ocurrir que no. Por ello es que queremos tener un resguardo legal que obligue a que el tema de las planillas no esté vinculado a la reserva de la información.
SEÑOR HEBER.- Es correcto este artículo. Es un derecho de los trabajadores tener una constancia de que realmente están en planilla. La única duda que tengo radica en por qué se hace por vía interpretativa. ¿Esto genera un problema hacia atrás? Si ahora no está claro, pongamos una norma que lo clarifique. De esa forma se va a saber que de ahora en más va a ser de determinada manera. Ahora, el hecho de que sea por vía interpretativa, ¿no generará algún problema para atrás entre los trabajadores y empresarios? La razonabilidad del objetivo es compartible un cien por ciento, pero que sea para atrás nos deja la duda de qué puede suceder. Nos plantea la incertidumbre de si no estamos generando un problema y no una solución. Si los registros van a ser de determinada manera, lo vamos a acompañar, porque de ahora en más se va a saber cómo se hará. No sé si me explico.
SEÑOR AMORÍN.- Esta redacción ya nos preocupaba ayer y hoy nos sigue preocupando. En realidad, si hay que interpretar una ley es porque no es clara. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es modificar la ley original para que sea clara. Me parece perfecto que se muestren todos los documentos que se quiera. El senador Michelini señaló que hasta ahora la Justicia ha fallado de tal manera, lo que quiere decir que hay más recursos pendientes. Entonces, con esta norma interpretativa lo que estamos diciendo a la Justicia es que hay que fallar de esta manera, volviendo al principio. Aquí se plantea que desde que se hizo la ley hay que interpretarla de tal forma. A mí me parece mal y creo que lo que hay que hacer es, como dije, modificar el artículo original a fin de que quede claro. El problema es que el artículo seguramente no es lo suficientemente claro, ya que hay que interpretarlo. A mi juicio, debemos decir que desde ahora en adelante es así y para atrás que sea la Justicia la que dictamine quién tiene razón, que es lo que sucede en este momento.
En definitiva, tal como está planteada la redacción de este artículo, no lo voy a votar, aunque –tal como expresó el senador Heber– comparto el objetivo. El artículo es claro de acá en adelante, pero para atrás lo debe resolver la Justicia.
SEÑOR MICHELINI.- Yo me quedo más tranquilo votándolo así y dejando claro que en ninguna circunstancia esto entraba en los archivos reservados. No creo que haya tanto problema porque se declare por vía interpretativa.
SEÑORA AYALA.- Desde mi punto de vista, siempre fue público y lo que se estaba haciendo ahora era explicitar la publicidad que eso siempre tuvo. Sucede que a nivel privado en algunas instancias se interpretaba que era reservado pero, en realidad, siempre fue público. Con esto lo que se hace es explicitar la publicidad.
SEÑOR AMORÍN.- Aquí no se trata de que esté bien o mal que se deba mostrar, si debe ser público o no. Se trata de la garantía de la ley; es decir que es algo mucho más grave, más importante, es el Estado de derecho. Cuando los temas están en la Justicia, la que debe resolver es la Justicia. Obviamente el tema no es claro porque, de lo contrario, no estaríamos interpretando la ley. Y no es clara porque algunas personas entienden que hay derecho de reserva. Entonces, como dije, los temas que están en la Justicia no los resuelve el Poder Legislativo, sino la Justicia. El Poder Legislativo puede resolver de acá en adelante y podemos decir que de aquí en más el tema es así, pero no podemos decir cómo es hacia atrás. Cuando interpretamos, lo que hacemos es hablar de acá para atrás. Este es un tema de certezas jurídicas y de Estado de derecho. Es decir que aunque el tema parezca menor y estemos de acuerdo con que debe ser público, es mucho más grave e importante. Seguramente todos votaríamos una modificación al artículo, pero no una ley interpretativa, porque nos estaríamos metiendo en cosas que tienen que ver con la Justicia. En realidad, no sé qué juicios hay, ni por qué son, ni por qué montos son.
SEÑOR AGAZZI.- No hay nada.
SEÑOR AMORÍN.- La información que tiene el senador Michelini es que hay juicios y que hasta ahora la Justicia da razón a que deben ser públicos. Está bien. Es decir que hay juicios. Y si no hubiera juicios, mejor, porque se haría siempre de acá para adelante. Pero la ley interpretativa es un tema riesgoso, que ataca algunos derechos básicos que implica ir a la Justicia para que decida.
Repito, entonces, que esta redacción así no la voy a votar, aunque estemos de acuerdo con la finalidad. Podemos una modificación del artículo anterior –que obviamente no es claro porque si lo fuera no habría necesidad de una ley interpretativa–, que sea de acá para adelante.
SEÑOR DELGADO.- Hoy todas las normas que regulan la planilla de trabajo, tanto la norma original que la crea como las modificativas, e incluso aquellos decretos que establecen que se pueden presentar por soporte electrónico, establecen la obligatoriedad de tenerla publicada a la vista, para que los trabajadores puedan consultarla. Es más; el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sanciona a las empresas que no exhiben en un lugar público las planillas de trabajo. La norma vigente establece que la planilla de trabajo tiene que ser pública y estar a la vista porque, de lo contrario, el propio ministerio las sanciona. El hecho de no exhibir la planilla forma parte del código de sanciones e infracciones y su incumplimiento genera una multa que se calcula en función de la cantidad de trabajadores y de jornales. Es decir que no hay nada que interpretar. La planilla de trabajo es pública, sigue siendo pública y es la garantía para que los trabajadores puedan consultar su situación laboral. Insisto: las condiciones que exige la norma vigente es que la planilla sea pública y esté a la vista.
Por ende, nos parece que, en este caso, el tema de vía interpretativa confunde y genera un giro que puede interpretarse de otra forma.
SEÑOR MICHELINI.- A lo largo de la discusión que se ha planteado estoy aún más convencido de que esto hay que determinarlo así. Entiendo que en relación a algunos derechos que tienen los trabajadores, no podemos aflojar en nada. Si algunas empresas en forma aviesa pretenden no publicar la planilla –lo que me parece elemental–, imaginemos lo que pueden ser las normas de seguridad. Insisto: no podemos aflojar en nada.
–Esta es mi opinión, la pueden descalificar, pero entiendo que está bien y hay que votarlo así.
SEÑOR PARDIÑAS.- Es cierto que así opera el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –tal como expresaba recientemente el señor senador Delgado–, pero también lo es que esa acción, sobre todo cuando busca proteger el derecho de los trabajadores, se ha visto dificultada porque la aprobación de una ley de protección de datos –aparte de que algunas de las normas que aplica el Ministerio son decretos y no leyes–, la número 18.321, llevó a que algunos sostengan que esa evidencia que tiene que ser manifiesta, estar a la vista y de conocimiento de los trabajadores, es parte de la información protegida. Lo que estamos diciendo es que, justamente, lo que hace a los derechos y a las normas laborales, no es información protegida que requiera el consentimiento de la persona para que sea pública. Acá no se requiere el consentimiento.
Si esto genera algún problema en los juicios que hay ¡mala suerte! En primer lugar hubo una chicana para entender que las planillas no deberían ser públicas cuando en realidad, las normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, aun sean por decreto, dicen que tienen que ser públicas y conocidas. Entonces, si esto genera algún ruido, me juego a ese ruido en favor de defender el derecho de los trabajadores.
SEÑORA AYALA.- Voy a opinar un poco de atrevida –porque es la primera vez que estoy acá–, pero escuchando la discusión me pregunto: ¿quién hace las leyes? El Poder Legislativo. ¿A quién le compete interpretar las leyes? Al Poder Legislativo. Al Poder Judicial le compete otra cosa, pero no interpretar las leyes. Por lo tanto, entiendo que en este momento sí nos compete incluir esto. Voy a solicitar a los señores senadores que de aquí en adelante seamos más claros en la elaboración de las leyes.
SEÑOR AMORÍN.- Comparto lo expresado por los señores senadores Pardiñas y Michelini, pero no se puede decir que ahora más que nunca queremos defender al trabajador. Todos queremos defender al trabajador y me parece que está bien que esté la planilla, pero lo que sucede es que hay una ley que aparentemente no es del todo clara. Entonces cuando una ley no es del todo clara y hay juicios en camino, creo que el Poder Legislativo no se puede meter. Lo que sí podemos hacer –y contará con nuestro voto afirmativo porque, insisto, todos queremos que los trabajadores tengan derechos y tengan las planillas a la vista– es establecer que se aplica de acá para adelante. Lo que digo es que no está bien que esto se haga por vía interpretativa, pero tampoco es para tener una discusión al respecto. No tengo problema en que se vote; lo voy a hacer en contra y quiero explicitar por qué. No es que no quiera que los trabajadores tengan su derecho –obviamente, no se trata de eso–; simplemente pretendo que el Parlamento trabaje como debe hacerlo. Me parece que interpretar una ley cuando hay juicios en el medio, está mal.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 79.
SEÑOR MICHELINI.- Quisiera consultar –y confirmar– si el artículo 122 estaba desglosado.
SEÑORA PRESIDENTA.- El artículo 122 se votó el primer día.
SEÑOR MICHELINI.- Perfecto; quería que quedara constancia en la versión taquigráfica.
SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el aditivo referido al Inciso 03, Ministerio de Defensa Nacional, que figura en la hoja 49.
SEÑOR DELGADO.- Obviamente, este es un aditivo que innova respecto a un tema muy discutido en la Cámara de Representantes. Es más: fue uno de los motivos por los cuales algún diputado de la mayoría no votó el Presupuesto nacional. Estamos hablando de una disposición que se votó tal como venía originalmente y este aditivo le agrega algunos otros párrafos sobre los que queríamos consultar.
Aquí hay supresión de vacantes de las Fuerzas Armadas y también hay un incremento al personal subalterno del escalafón K «Militar» de $ 800, $ 1.000, $ 1.500 y $ 2.000; obviamente, el incremento está atado a la reducción de las vacantes. Quizás este sea el único organismo en que se da un incremento pero atado a una reducción de ese tipo; no existe otro caso en el Presupuesto o, por lo menos, no lo hemos visto.
Como dije, aquí hay una supresión establecida, en gradiente, hasta el 31 de diciembre de 2019 y me imagino que la cifra será ajustable.
Entonces, queremos saber, en términos reales, a cuánto nos estamos refiriendo, si hay una cuenta al respecto y a cuántas vacantes del Ejército nacional –porque estamos hablando del Ministerio de Defensa Nacional pero, sobre todo, del Ejército– se está refiriendo este crédito presupuestal que se genera a partir de la reducción de las vacantes. No tenemos las cifras correspondientes y, por eso, ayer pedimos que se desglosara este artículo para estudiarlo más y, de hecho, estuvimos tratando de ver a cuántas vacantes nos estamos refiriendo. Me imagino que el Ministerio de Defensa Nacional habrá hecho una proyección a ese respecto y, sobre todo, acerca de cuáles son los servicios, en este caso de la unidad militar del Ejército, que se resienten. La verdad es que no pudimos conseguir esa información y por eso nos parece importante preguntar todo esto ahora, antes de votar.
SEÑORA MOREIRA.- ¿La pregunta está referida al número estimado de reducción de vacantes?
SEÑOR DELGADO.- Sí.
SEÑORA MOREIRA.- De modo que no está referida al resto de las modificaciones que incluye el artículo. Lo digo porque hay dos modificaciones en relación a lo que venía de la Cámara de Representantes: una es que las vacantes se pueden suprimir de todos los grados –esa es la innovación de este aditivo nuevo– y, la otra, está en el último inciso, que establece que el Ministerio de Defensa Nacional remitirá información, en cada rendición de cuentas, sobre la reducción de las vacantes, incorporándose además a la Oficina Nacional del Servicio Civil, lo que no estaba previsto en el artículo de la Cámara de Representantes.
En el período anterior se había aplicado el mismo criterio de supresión de vacantes y la previsión era de 6.500 para todo el lapso, pero creo que la reducción efectiva de vacantes no superó las 2.500; aclaro que estos son números aproximados.
En este caso, nos va a llegar la información sobre la reducción de las vacantes en cada Rendición de Cuentas. No sé si la cifra será anual o para todo el período –lo cual es una diferencia enorme–, pero estamos hablando de aproximadamente mil trescientas. Aclaro que puedo buscar la cifra exacta para contestarle al señor senador Delgado. De cualquier manera, reitero que todos los años sabremos las vacantes que se reducirán.
SEÑOR DELGADO.- Hemos visto a través de la prensa algunas manifestaciones de legisladores del Gobierno referidas a la inclusión de este artículo de supresión de vacantes en el Ejército Nacional. En realidad, se dijo que se incluiría en el artículo, a texto expreso, que esto no implicaría el cierre de ninguna unidad militar. Es un tema que se manejó en la prensa, aclaro que no lo escuché aquí. Ahora bien; como no lo veo en el aditivo y no está escrito a texto expreso, quisiéramos saber si esto es así.
SEÑOR PARDIÑAS.- Voy a empezar por el último punto.
No voy a decir cuál fue el medio de comunicación que hizo referencia a lo que expresara el señor senador Delgado, pero un tío de mi mujer decía: «Ese desconfía hasta de las necrológicas»; salía a verificar si era cierto.
–En primer lugar, me voy a referir a los dichos de la señora senadora Moreira sobre la reducción de las vacantes.
El texto original enviado por el Poder Ejecutivo señalaba que se reduciría el 50 % de las vacantes. Ese era el horizonte. Creemos que ese horizonte va a ser menor porque lo que habilita esta modificación es que sea en diferentes grados, ya que antes se trataba solo de soldados de primera. La liberación de grados mayores va a generar mayor crédito. Asimismo, se habilita a que haya reducción de gastos de ejecución en otros rubros, lo que queda en manos de las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional; con la reducción en las economías de otros rubros, se podrá volcar la suma para financiar incrementos salariales. Y todos estamos de acuerdo con ello.
Quiero hacer una precisión en virtud de lo que se ha estado exponiendo. La bancada del Frente Amplio de la Cámara de Representantes votó afirmativamente el presupuesto, pero hubo alguna diferencia en cuanto al artículo 140 del Poder Ejecutivo. En concreto, la diferencia estaba sustentada en los argumentos para levantar la restricción. El primer elemento que se manejó fue que no se suprimieran vacantes únicamente en el grado de soldado de primera, lo que fue acordado con las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional. El segundo elemento tiene que ver con que la reestructura tuviera una mirada global y que no hubiera una acción dirigida solamente a que se perdieran vacantes de soldados de primera. Destaco que todo esto ya ha sido solucionado.
En cuanto al otro planteo que realizó el señor senador Delgado a modo de consulta, digo lo siguiente. La creación o la supresión de unidades se llevan a cabo por resoluciones administrativas; en su gran mayoría, por decreto del Poder Ejecutivo y no por ley. La bancada sí asume el compromiso que tiene el Poder Ejecutivo de que no habrá supresión de unidades en esta etapa. Eso se hará a partir de una reorganización de servicios. Actualmente, hay servicios que son prioritarios. Por ejemplo, no habrá disminución de vacantes en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Creemos que hay algunos servicios que hoy se cumplen desde las diferentes armas, que también deben ser atendidos para no reducir personal.
Por último, la supresión de unidades va a depender de una estrategia de presencia del Ejército Nacional o de otras unidades en el interior del país. Entre otras cosas, a futuro se tendrá que prever el aumento de dicha presencia. Si se llega a concretar el proyecto del puerto de aguas profundas, la Armada Nacional tendrá que tener mucha más presencia en la costa atlántica. Estas son cuestiones estratégicas que, lógicamente, irán siendo elaboradas y que no van a depender exclusivamente de que haya o no posibilidad de suprimir vacantes para dar un aumento de salarios. Del mismo modo, en otro aditivo presentado, se podrá observar que no es solamente en el Ministerio de Defensa Nacional que se viabiliza la supresión de vacantes para disponer de recursos, sino que se establece igual procedimiento en otras instituciones públicas.
SEÑORA MOREIRA.- Quiero referir el número exacto. Como ahora todas las vacantes se pueden producir en todos los grados, si con esos 256:000.000 se hubieran reducido en el grado 15, serían 1.331.
SEÑOR DELGADO.- Solicito que se vote por inciso.
SEÑORA PRESIDENTA.- ¿El señor senador solicita que se desglose algún inciso para votarlo por separado o que se vote inciso por inciso?
SEÑOR DELGADO.- Sí, solicito que se vote por separado, pues nosotros no vamos a acompañar los tres inciso finales.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 49 hasta que empieza el texto impreso en negrita, que dice: «el Ministerio de Defensa Nacional».
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los tres incisos finales, desde: «Ministerio de Defensa Nacional», hasta: «retribuciones personales».
En consideración el artículo 151, que se había votado y después fue desglosado.
SEÑOR MICHELINI.- No vamos a votar este artículo, señora presidenta. Fue incluido en la Cámara de Representantes y su propósito es totalmente compartible, pues refiere a la lucha contra el fuego y el esfuerzo común que se hace para combatir ese tipo de desastres. Pero, lo cierto es que el organismo que comanda en estas circunstancias es la Dirección Nacional de Bomberos y, en todo caso, la intervención de las Fuerzas Armadas depende de lo que desde esta dirección se indique, o sea, ya ni siquiera de lo que considere el Ministerio del Interior.
Además, los ministros opinan que esto les podría crear todo tipo de problemas.
Por tanto, si en algún momento es necesario legislar, será en el futuro. Así pues, vamos a votarlo en contra.
SEÑOR DELGADO.- Vamos a acompañar este artículo tal como fue aprobado por la Cámara de Representantes, donde hubo una sensibilidad especial de todos los partidos políticos para apoyar esta disposición, vinculada con la que podría considerarse la cenicienta del Ministerio del Interior que es la Dirección Nacional de Bomberos. Nos parece que es un tema de justicia y, además, no se establece nada taxativo, sino que se faculta. Después se utilizará o no, pero se deja la puerta abierta desde el punto de vista legislativo para que pueda generarse esta iniciativa en el caso de que así lo requiera el Ministerio del Interior. Se trata entonces de facultar, no de exigir.
–6 en 15. Negativa.
En consideración la hoja 51, que es un aditivo al Inciso 05, Ministerio de Economía y Finanzas.
SEÑOR MICHELINI.- No quiero reavivar la polémica con el señor senador Amorín. Nosotros sustituimos el artículo 221 para eliminar el inciso C); lo que fue votado no es lo que figura en el Mensaje de la Cámara de Diputados, sino una hoja en la que se suprime el inciso C) del artículo 102 de la Ley Nº 19121. Eso está suprimido.
Ahora, a renglón seguido, estamos agregando un artículo por el cual se interpreta que la Ley Nº 19.121, de 20 de agosto de 2013, no es de aplicación a funcionarios pertenecientes a la Sala de Juegos de la Dirección General de Casinos. El personal administrativo se rige por la Ley Nº 19.121, pero aquí se trata de personal no administrativo, es decir, el personal de Salas de Juego, que se rige por la normativa interna de la Dirección General de Casinos, aprobada –naturalmente– por el Poder Ejecutivo–. Este personal tiene un régimen muy especial: horarios rotativos, de nocturnidad; si no hay juego ese día, puede no cumplir el horario e irse para su casa; y los sábados, domingos y feriados no se toman. En ningún caso puede interpretarse que esa ley los comprendía, pues expresamente sacaba los títulos correspondientes para que no los comprendiera ya que, de lo contrario, no podrían funcionar. Lo cierto es que en algún caso se hizo algún juicio y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le dio la razón al Poder Ejecutivo y a la Dirección General de Casinos. En la actualidad no hay juicios, pero tiene que quedar bien claro que en ningún momento esa ley los comprendía.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 51.
SEÑOR AMORÍN.- No voté este aditivo por los mismos argumentos que hemos expresado. Si no hay juicio es mucho mejor, pero en vez, de «interprétase», se podría establecer: «De aquí en adelante».
SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el Inciso 06, Ministerio de Relaciones Exteriores. En la hoja 107 hay un aditivo presentado por el Partido Nacional.
SEÑOR MICHELINI.- En el día de ayer pedimos que esta hoja se desglosase e hicimos nuestra reflexión.
Este es un tema realmente muy complejo y estaríamos haciendo mal si lo votamos tal cual está. Una cosa es cuando se trata de un artículo que el funcionario trae y, otra, cuando eso se termina convirtiendo en un negocio, dando la peor señal para quienes son nuestros representantes en el exterior y respecto a la imagen que ellos deben tener frente a nuestra ciudadanía. Notoriamente, tal como vino el artículo del Poder Ejecutivo no daba la señal de que fuera un bien de uso y la propuesta del Partido Nacional lo mejora enormemente. De todas formas, creemos que a esto hay que darle una mirada con más tiempo, para poder construir una normativa que esté a salvo y que en el imaginario colectivo disculpen la expresión– no termine pareciéndose a un curro.
En definitiva, preferimos no votar este artículo en el día de hoy, aunque podremos trabajar sobre él en el futuro. Cuando uno tiene que explicar esto a los ciudadanos termina devaluando la propia política.; me sucedió ayer con mi familia: cuando llegué –a altas horas de la noche– e intenté explicarles algunos detalles del Presupuesto, me miraron como diciendo: «¿Y eso, qué es?».
No quiere decir que en el futuro no se pueda construir una normativa que evite ese aspecto. Reitero que la redacción del Partido Nacional va en esa dirección y mejora muchísimo el texto del Poder Ejecutivo, pero en principio no vamos a acompañar este artículo.
SEÑOR HEBER.- Lamento las reflexiones del señor senador Michelini y también lamento no haber estado en la cena con su familia como para poder convencerlos de la conveniencia del artículo.
Me parece que se trata de un tema en el que no dejamos bien parado a nuestro Servicio Exterior en lo que respecta a su equiparación con otros beneficios que tienen todos los funcionarios del Servicios Exterior de todo el mundo. El vicecanciller dijo acá que, al no contar con la opción que figura en esta norma, los funcionarios diplomáticos –no el embajador– que revistan funciones en una embajada no compran autos; si no los pueden traer, prefieren no comprar automóviles. Esto significa que nuestras embajadas no tienen automóviles para cumplir con su propia misión, porque cuando los funcionarios compran autos, los ponen a disposición de la embajada.
Me parece que los dos años de permanencia en las funciones que, como mínimo, se establecen en el artículo son una garantía de que la persona está cumpliendo una misión. A su vez, se dice que se debe tener la propiedad del auto por un mínimo de un año. Si se quiere agregar, por ejemplo, que no lo puedan vender por dos años una vez que lo traen al país, me parece que esa modificación aseguraría que esto no es un negocio sino un beneficio del que gozan los funcionarios de todas las cancillerías del mundo. Lamentablemente, siempre los degradamos en comparación a los funcionarios de otras partes del mundo.
Nosotros vamos a insistir con este artículo aditivo en el Plenario.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 107.
(Se vota:).
–5 en 13. Negativa.
En consideración el artículo 363, en la hoja 159, que sustituye a la hoja 131 que se había presentado anteriormente.
SEÑORA AYALA.- En este artículo se vuelve, en cierta forma, a lo que había propuesto el Poder Ejecutivo. En la Cámara de Representantes se había agregado el siguiente texto: «exceptuando zonas urbanas y suburbanas», pero la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial utiliza otra denominación.
Por lo tanto, se expresa: «cualquiera sea la categoría de suelos que se trate». Es decir que, independientemente de la categorización que se le dé al suelo, se debe mantener esa faja con las medidas establecidas por el ministerio.
Luego, se agrega que los retiros fijados en el presente artículo no podrán reducirse aun cuando se recategorice el suelo. En esos casos se debe mantener en los instrumentos de ordenamiento territorial locales y nacionales, lo establecido por el ministerio en cuanto al metraje.
Por otro lado, en aquellas zonas de 400 metros de ancho, con 200 metros a cada lado del eje de la faja de dominio público en rutas nacionales, no se podrán establecer centros educativos, deportivos o asistenciales sin la autorización de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Con respecto a las rutas, cuando se establece la denominación se vuelve a utilizar la numeración y no los nombres, y entonces, se hace referencia a las rutas 1, 9 y 200.
Esas serían las modificaciones al artículo.
SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la hoja 159 que sustituye al artículo 363.
–8 en 13. Afirmativa.
En la planilla que llevamos hay un pequeño error porque aparecen dos artículos como pertenecientes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero corresponden al Ministerio de Salud Pública.
Vamos a considerar la hoja 166 que fue repartida en la mañana de hoy, que tiene que ver con el artículo 413 correspondiente al inciso 11, Ministerio de Educación y Cultura, que fue desglosado al comienzo de esta sesión, por lo que no figura en la planilla.
La hoja 166 es un aditivo porque sería un segundo inciso del artículo 413.
SEÑOR PARDIÑAS.- Se pidió el desglose para incorporar este aditivo. El artículo 413 ya fue votado –vamos a ratificar el artículo que vino de la Cámara de Diputados–, pero pretendemos que se vote un aditivo que se incluiría como inciso segundo.
La asignación de estos recursos se origina por una demanda que se ha venido planteando desde hace mucho tiempo –podemos decir que es una problemática que afecta mucho más allá de Cinemateca Uruguaya– para mantener todo el acervo fílmico que tiene en su depósito.
Creemos que habiendo sido incorporado el artículo para atender, principalmente, ese requerimiento, era necesario darle un marco a la asignación de los recursos establecidos –hablamos de $ 4:000.000– y eso es lo que se plantea en la hoja 166 como aditivo. En dicho aditivo se establece que para la ejecución de la partida se debe suscribir un convenio de cooperación entre Cinemateca Uruguaya y el Ministerio de Educación y Cultura –también se podrá incluir a otras entidades públicas, pensando en que se puede llevar adelante mediante la modalidad de obra por convenio–, cuya finalidad será la adopción de medidas que contribuyan a preservar el archivo fílmico, así como elaborar e implementar planes para la mejora de la gestión, el sostenimiento, desarrollo y la promoción de las actividades de Cinemateca Uruguaya. La idea es darle un marco de referencia a la partida que se asigna.
SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el artículo 413, más la hoja 166 que se incluiría como inciso segundo del referido artículo.
En consideración el artículo 448 que tiene un sustitutivo en la hoja 124.
SEÑOR MICHELINI.- A raíz de algunas conversaciones –y sobre todo a partir de la insistencia del señor senador Pardiñas– se demostró que el artículo 448 no estaba bien armado. Él trabajó para elaborar este artículo y establecer la tasa, como corresponde, pero luego de presentar el aditivo en la hoja 124 y de dar una mirada adicional, decidimos agregar en todos los numerales, salvo en el VII, la palabra «hasta» antes de la cifra. En el numeral I) dirá «hasta 1.300 UI»; en el II) «hasta 2.727 UI»; en el III) «hasta 4.365 UI»; en el IV) «hasta 65 UI»; en el V) «hasta 312 UI»; y en el VI) «hasta 626 UI». De esta forma, cuando el Poder Ejecutivo haga la evaluación del costo de esta tasa –ya más afinada– la cifra de cobro estará por debajo de estos números, y si no le ponemos la palabra «hasta» estaría obligado a cobrar eso. Por lo tanto, vamos a pedir que la hoja 124 se vote con esta corrección.
SEÑORA PRESIDENTA.- Hemos tomado nota de las correcciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va votar.
–9 en 14. Afirmativa.
SEÑOR MICHELINI.- Dejo constancia que quien insistió con este tema luego de armado el proyecto fue la señora senadora Moreira.
SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 455 que tiene un sustitutivo en la hoja 132.
SEÑORA TOPOLANSKY.- Este artículo del Ministerio de Salud Pública es muy importante en el presupuesto y fue largamente conversado. Mantuvimos reuniones con la gente del Fondo Nacional de Recursos y del Ministerio para tener de primera mano toda la información.
Tenemos que dejar constancia en la versión taquigráfica que los medicamentos que curan, que no son los paliativos –son dos categorías de medicamentos–, están todos incluidos. La discusión está centrada en los paliativos, en medicamentos que alargan un poco la vida; algunos son absolutamente nuevos y están casi a prueba. También queremos decir que la gente del Fondo Nacional de Recursos nos informó de negociaciones que se hacen con los laboratorios, a partir de lo que se llama riesgo compartido: el primer mes de aplicación toma el riesgo el paciente y si va bien sigue haciéndose cargo el fondo hasta un plazo determinado. Se convenia –diría– para ver quién va a pagar cada tramo. A su vez, a través del Mercosur y por medio de acuerdos con otros países, el fondo está negociando la adquisición de determinados medicamentos porque no es lo mismo comprar para una población de 3:300.000 que para una de casi 200:000.000 como la de Brasil o la de Argentina. Esas líneas de trabajo se van a mantener y a profundizar.
Por nuestra parte, con este aditivo, explicitamos el criterio de los representantes del cuerpo médico nacional –esto lo tomamos de la reglamentación–, de las cátedras, que desde nuestro punto de vista son las opiniones más certeras para determinar la evidencia científica y permitir avanzar en la precisión de estas excepciones que van surgiendo. De todos modos, los representantes del Fondo Nacional de Recursos nos explicaron que hay jueces que para dictaminar un fallo se inclinan más por tomar en cuenta el artículo de la constitución vinculado al derecho a la salud y otros son más legistas y se avienen a lo que el fondo determina. Por lo tanto, hay dos miradas jurídicas en las que es muy difícil intervenir porque nosotros no podemos mandatar al Poder Judicial.
De cualquier manera, el ministerio ha planteado convocar a un ámbito de intercambio y de trabajo en el que estén presentes todos los partidos políticos y los actores sociales para rever la ley. Vale recordar que esta ley fue creada en la época de la dictadura, con un presupuesto y un horizonte de medicamentos y tecnología que corresponde a otro momento. Lo que sucede es que todos los años se producen avances y aparecen medicamentos nuevos. Queremos dejar claro que nosotros aplaudimos los avances de la ciencia, pero el problema está en el negocio de los medicamentos, que hace que estas cosas presenten complicaciones. Por un lado, vamos a dar la certeza médica, con este agregado que ya está en el decreto pero que nos parece que al hacerlo ley le damos más fuerza y, por otro, el ministerio va a convocar a un ámbito de trabajo que permita analizar cómo funcionó la ley, cómo debería hacerlo y, aún más, qué recursos la tienen que abastecer, en el sentido de si los recursos que tiene son suficientes o debemos pensar en algún otro tipo de financiación que la refuercen. No tengo aquí los datos exactos, pero los volúmenes de dinero que requieren estos medicamentos hacen que para comprarlos el fondo tenga que gastar todo su dinero. El fondo tiene USD 35:000.000 y atiende unos 5.000 pacientes por año.
Ahora bien, en la aplicación por ejemplo de tres medicamentos oncológicos para un tratamiento anual –tengo aquí los nombres pero no pasa por ahí el asunto–, cada uno a un paciente, tenemos un costo de USD 30:000.000. Por lo tanto, no podemos ser indiferentes a estas cosas que nos suceden. Esos USD 35:000.000 que tiene el fondo permite atender a 5.530 pacientes. No es que le demos a esto una mirada economicista –ojo al gol–, porque un día de vida que le prolonguemos a cualquier persona, lo aplaudimos. El problema es cómo abordamos el tema.
Entonces, la idea es agregar esta certeza médica –de última, son los catedráticos los que tienen la mayor y más justa deliberación– y, por supuesto, los jueces seguirán tratando los casos que lleguen. Respetamos la independencia de los poderes.
Por nuestra parte, nos comprometemos a revisar la ley. Acá hay un problema y capaz que debemos tomar otras medidas para que esta ley pueda tener más recursos que, en definitiva, es de lo que se trata.
Por lo expuesto, presentamos este aditivo.
SEÑOR DELGADO.- Este es un tema muy sensible –como lo decía la señora senadora Topolansky– y valoramos el esfuerzo por tratar de mejorar algunas cosas.
La señora senadora mencionó algunos puntos que comparto: no hay que ver esto con visión economicista. Obviamente estamos en un Estado, pero hablar de un día de vida, de mayor expectativa de vida, siempre genera una sensibilidad especial.
Cuando vino el Ministro de Salud Pública, antes de pronunciarnos sobre estos artículos le dijimos algo que nos parecía lógico y sensato. La idea era tratar de sacar estos tres artículos vinculados a las restricciones de alto costo, no considerarlos en la premura del presupuesto –instancia en la que hay que consultar cuáles son, cuál es el monto y cuántos medicamentos estarían incluidos por esta nueva redacción– y darnos 180 días como máximo para considerarlos. Hablo de este plazo máximo, con la garantía de que el Frente Amplio tiene mayoría y lo puede poner a votar en cualquier momento en comisión, en la Asamblea General o en el Senado, escuchando a todas las partes y regulando.
Además, creo que en estos temas tan sensibles, tan humanos –más que en ninguno– deberíamos intentar por todos los medios no imponer, sino buscar una política de Estado que contemple a todas las partes.
Esto fue lo que intentamos hacer. Le pedimos al Ministro que sacara estos artículos del presupuesto –antes de discutir el tema– para intentar generar soluciones y formar una comisión, comprometiéndonos todos a encontrar una regulación genérica, con la que estemos de acuerdo, que dé garantías al ministerio, al Estado y, sobre todo, a los pacientes que están reclamando los medicamentos.
Este artículo modifica el 455 en cuanto a los medicamentos que se estarían avalando por parte del Ministerio de Salud Pública con una serie de condicionantes, pero obviamente no se cambia el 454 que es la restricción jurisdiccional, la imposibilidad de que la personas puedan utilizar la vida jurisdiccional cuando entienden que está vulnerada su posibilidad de acceso al medicamento. Es más, ante decisiones de la justicia muchas veces el Ministerio de Salud Pública toma discrecionalmente otras decisiones.
Creo que en esto no podemos ser discrecionales y andar para arriba y para abajo. Sé que hay un esfuerzo y la voluntad existente en ese sentido, tal como acá se manifiesta, pero preferimos apoyar la propuesta original que implica separar estos artículos del presupuesto y no generar una cortapisa a la gente por la vía de la justicia.
Me parece que no debemos innovar porque, en este caso, sería restringir el derecho que tiene la persona de acceder a la justicia. Deberíamos trabajar, mientras tanto, en la búsqueda de una regulación que dé garantías a todos: por un lado al Estado en la evaluación y aprobación de la medicación y, por otro, a los pacientes que son los que están esperando una solución que se la debería dar el Ministerio de Salud Pública o el Fondo Nacional de Recursos, más habiendo antecedentes que en algunos casos aprueban la medicación, pero el Ministerio la niega o, a la inversa.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 132 que sustituye al artículo 455.
En consideración la hoja 164 que sustituye a la hoja 139 en el Inciso 18, Corte Electoral.
SEÑOR MICHELINI.- Vamos a retirar estos aditivos. Estamos haciendo consultas y tratando de mejorar la redacción. Vamos a tener una reunión de bancada para analizar este tema y tratar de lograr una solución que nos conforme a todos. Por lo tanto, en principio, vamos a retirar este artículo de la discusión y en todo caso lo incorporaremos en Sala.
SEÑORA TOPOLANSKY.- ¿Qué se hace con este artículo?
SEÑORA PRESIDENTE.- Se retira, no se vota.
En consideración el artículo 538 que tiene la hoja 162 como sustitutivo.
SEÑOR PARDIÑAS.- Proponemos hacer una corrección en el cuadro de distribución que inclusive fue conversado con las autoridades de ANEP. El cuadro se separa en dos tablas, una correspondiente a la educación media básica y educación media superior –en virtud de los desafíos que todavía tienen para enfrentar estos dos segmentos de la formación media– y otra referida a la formación en educación terciaria, que se está desarrollando en la Administración Nacional de Educación Pública con un nivel de mayor fortaleza. Las partidas que estaban asignadas en la tabla original del artículo 538 son divididas en dos, estableciéndose claramente la remuneración y el funcionamiento.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 538 en la hoja sustitutiva 162.
–10 en 14. Afirmativa.
En consideración la hoja 165 que es un nuevo aditivo al Inciso 25, Administración Nacional de Educación Pública. Aclaro que su redacción es casi igual al artículo 16 del organismo, con alguna modificación.
SEÑOR PARDIÑAS.- Esta propuesta que realiza nuestra bancada recoge la iniciativa de la ANEP en su artículo 16 y habilita al organismo a dar una compensación específica a los docentes por la actividad de aula y por la titulación. O sea, en un sentido de avance y de profesionalización de la actividad docente que se quiere privilegiar en la política que desarrolla la ANEP es que recogemos esta iniciativa del inciso y la plasmamos en esta redacción que se sugiere en la hoja 165 como un aditivo.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 165.
–14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.
Ahora pasamos a votar algunos artículos del mensaje del organismo que habían sido desglosados en el día de ayer.
En este momento estamos tomando algunas cuestiones vinculadas al texto que viene del organismo; en el caso anterior era casi que el dieciséis. Tengo desglosados otros artículos. Vamos a terminar con los artículos del mensaje del organismo y después pondremos a votación el aditivo que queda.
En consideración, pues, el artículo 8º del Mensaje del organismo.
–5 en 14. Negativa.
En consideración el artículo 9º del Mensaje del organismo.
En consideración el artículo 13 del Mensaje del organismo.
–3 en 14. Negativa.
SEÑOR PARDIÑAS.- Quiero dejar una constancia en nombre de nuestra bancada.
Esta herramienta que se creó en el presupuesto pasado –es decir, la utilización de los fondos de infraestructura pública en convenio con la CND–, al no votarla no estamos suprimiéndola. Esa es la constancia que queremos dejar.
Es decir, no necesariamente tiene que haber una norma que habilite de por sí. Al haberse creado el fondo de infraestructura, hasta que no se vote una norma que lo restrinja y lo corte, va a tener vigencia.
Creo que debe quedar un precedente de esto porque la Universidad de la República también plantea un artículo similar, con la misma orientación, en su iniciativa de mensaje presupuestal, que nosotros no acompañamos. Ese fondo está creado y creemos que ha venido dando buenos resultados. Hay que seguir trabajando para mejorar la eficiencia de la inversión y por eso estamos satisfechos de que continúe esta forma de realización de la inversión.
SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 14.
SEÑOR PARDIÑAS.- En el caso de este artículo presentamos un aditivo que, en cierta manera, recoge un problema que es real, que ha sido planteado por las autoridades y por quienes tienen presencia en el sistema, pero formulamos una redacción alternativa al mensaje que remitió la ANEP. Es el texto que está en la hoja 167.
Por lo tanto, no vamos a acompañar el artículo 14 o, en su defecto, solicitamos que la Mesa ponga en consideración la hoja 167 que expresa la solución a este tema que plantea la ANEP.
SEÑORA MOREIRA.- ¿Está repartida la hoja 167?
SEÑORA PRESIDENTA.- Fue distribuida esta mañana.
SEÑOR HEBER.- ¿Cuál es la diferencia?
SEÑOR PARDIÑAS.- La diferencia fundamental es que no se incluye la referencia que alude a la retribución del presidente al 1º de enero de 2015; simplemente se establece que se toma como tope el sueldo del jerarca del Inciso 25, que es el presidente de la ANEP.
La otra diferencia que hay es que no se pone a texto expreso el límite del 90 % porque dicho límite está establecido en el artículo 105 de la ley especial.
Esas son las diferencias fundamentales que plantea el texto que estamos sugiriendo.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo que figura en la hoja 167.
En consideración el artículo 15 del organismo, cuyo desglose también se había solicitado.
SEÑORA TOPOLANSKY.- No vamos a acompañar este artículo, no porque estemos en desacuerdo, sino porque esto se puede hacer mediante un decreto, o sea que no se precisa aprobar una ley.
Continuamos con el Inciso 29, Administración de los Servicios de Salud del Estado.
En consideración el artículo aditivo que figura en la hoja 119, presentado por el Partido Nacional.
En consideración el artículo aditivo que figura en la hoja 120, también presentado por el Partido Nacional.
SEÑOR BERTERRECHE.- Queríamos dejar constancia de que no acompañar estos dos artículos aditivos no significa estar en contra de tener un centro de diálisis en Fray Bentos ni un centro de terapia intensiva en Artigas; creemos que si esto se instrumenta, tendría que ser dentro de la planificación que tiene ASSE para llevar adelante sus políticas. Posiblemente esto ocurra, pero no será desde aquí, con una ley, que le vamos a ordenar a un organismo qué es lo que tiene que hacer en su planificación.
Quería dejar constancia de que no es que nos oponemos al centro de diálisis ni al intensivo en Artigas.
SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al Inciso 33, Fiscalía General de la Nación.
Para el artículo 625 figura un sustitutivo en la hoja 40. Es una tabla, la famosa tabla. Les recuerdo que el texto venido de la Cámara de Representantes contenía un error.
En consideración el sustitutivo –que figura en la hoja 40– para el artículo 625.
En consideración el artículo 627.
SEÑOR MICHELINI.- En el día de ayer los artículos 627, 628, 629, 630 y 631 fueron desglosados. La bancada oficialista no terminó de dar su discusión con respecto a ellos; tenemos puntos de vista diferentes y diversas dudas. Por lo tanto, luego de que finalice el trabajo de la comisión y hasta la consideración de estos artículos en el plenario, vamos a tomar decisión al respecto.
Dejamos entonces la constancia de que los vamos a votar ahora para que sean incluidos en el trabajo a realizar en el plenario. Pero vamos a analizar si los mandamos a estudio de una comisión o los aprobamos tal cual están.
Pediría, entonces, que estos artículos se votaran en bloque. No estamos en condiciones de dar una discusión sobre ellos, porque incluso nosotros mismos tenemos diversas dudas.
SEÑORA MOREIRA.- Nosotros habíamos desglosado el artículo 627 y luego, a pedido del senador Amorín, también se desglosaron los artículos 628, 629, 630 y 631. Para algunos de nosotros –supongo que ese es el razonamiento que debe hacer también la oposición–, estos artículos que cambian las funciones de las fiscalías civiles deberían ser motivo de una discusión pública en la Comisión de Constitución y Legislación porque no son disposiciones de naturaleza presupuestal. Ese es el motivo para pedir el desglose.
De cualquier manera y como dijo el senador Michelini, dentro de la bancada tenemos una discusión sobre este tema. Por tal motivo, votaríamos estos artículos sujetos a una discusión de la bancada, más amplia de la que podemos tener en esta comisión, que termine de zanjar esta cuestión. En lo que a mi refiere, esta es una votación condicional.
SEÑORA PRESIDENTA.- Se van a votar en bloque los artículos 627, 628, 629, 630 y 631.
Ahora pasamos a considerar la hoja 168, que es un sustitutivo a la hoja 126 y a otra que había sido presentada, la número 72. De alguna manera, la hoja 168 sintetiza las dos anteriores y está vinculada al artículo 644, Subsidios y Subvenciones.
La que se está considerando, independientemente de las otras, es la número 168.
SEÑOR MICHELINI.- Con respecto a la hoja 168 –y ya argumento también para la hoja 169–, quiero decir que mi deseo sería que esta fuera la última versión; al menos será la última para la comisión. Esto es lo que se llama Subsidios y Subvenciones, y figuran las organizaciones que ya están incluidas en el Presupuesto y que ahora tendrían un incremento y también las organizaciones que se agregan. En la conversación con muchos senadores –no solo del oficialismo– fuimos haciendo alguna modificación, pero siempre luego se agrega algún factor que reordena esto. Incluso, la idea era esperar hasta el día de hoy para que todas las organizaciones entregaran los papeles correspondientes y, de hecho, algunas todavía no han presentado los documentos que avalan que son una organización constituida con personería jurídica. Es decir que lunes o martes tendremos esa información.
A la vez quiero agregar que yo estoy en una situación un poco incómoda, pues dentro de las organizaciones se encuentra la Fundación Zelmar Michelini y no sé cómo actuar. Sé que es solo un reglón, pero sinceramente tengo que decir esto.
SEÑOR DELGADO.- Nosotros en el día de ayer pedimos desglosar los artículos 644 y 645, por dos razones. En primer lugar, porque debíamos tener una instancia de discusión entre las bancadas y, en segundo término, porque no nos parecía una buena señal estar discutiendo con versión taquigráfica sobre instituciones que hay que priorizar más que otras, porque siempre los recursos son limitados. Estamos hablando de instituciones que todas tienen un fin loable y que merecen apoyo del Estado.
Existe una primera restricción –a la que hacía referencia el senador Michelini y que compartimos– y que es la de si se presenta o no la documentación necesaria, para lo cual hoy o mañana está venciendo el plazo. Ese es el primer filtro objetivo, porque si algunas instituciones –por más loables que sean y por más convencidos que estemos de apoyarlas– no presentan la documentación, es imposible ayudarlas. Pasado ese filtro, empezamos con lo subjetivo, que es decir cuáles son las instituciones para las que tenemos voluntad política manifiesta de dar apoyo, a cuáles más y a cuáles menos.
Quiero agregar un elemento que estuvo presente en la discusión de ayer y que creo fue una interpretación errónea de la Cámara de Representantes. Se interpretó que en algunos casos lo que se daba era incremental con respecto a lo que se venía dando; es decir que se tomó como que a algunas instituciones a las que ya se le estaba dando un apoyo se les daba un incremento. Pero, en realidad, a las instituciones a las que se les viene dando apoyo se les asigna la partida presupuestal por el quinquenio y no se incrementa lo que se les daba anteriormente. En algunos casos –por ejemplo, en el artículo 644– se incrementa una partida de base, pero en el 645 sucede esto que estaba mencionando y se asigna por primera vez, y en algunos casos no se les estaba dando nada.
En el día de ayer tuvimos una reunión con la bancada del partido de Gobierno y presentamos nuestras prioridades. Quiero decir que hay un gran nivel de acuerdo general sobre las instituciones; tengo que ser muy franco en esto. En el caso de algunas instituciones queremos empujar para que se les dé un poco más, lo cual implica hacer un esfuerzo mayor en unas con respecto a otras. En lo que es partidario, algunas instituciones que nos gustaría acompañar quedaron pendientes de apoyo, y en lo que tiene relación con otras, teníamos un nivel de expectativa mayor que lo que se plantea en este sustitutivo. En definitiva, vamos a acompañar los artículos 644 y 645, dejando una constancia. Desde hoy hasta el día lunes –en que empieza la votación en el Plenario–, queremos dejar abiertas dos instancias: por un lado, la de que las instituciones presenten la documentación correspondiente –y obviamente, si no lo hacen, ese dinero se podrá redistribuir– y, por otro, la de generar mecanismos de negociación, porque esta no se cerró ayer en la reunión donde estuvieron presentes los señores senadores Michelini y Berterreche. Entonces, entre hoy y el lunes, martes o miércoles –cuando se voten estos artículos en el Senado–, quizá este aditivo tenga alguna modificación en función de negociaciones interpartidarias que se puedan hacer. Me parece que es sano que cuando se vota este tipo de cosas sea con la unanimidad del Senado de la República.
Además, quiero dejar constancia respecto a otro artículo. Insistimos mucho en la apertura del artículo 79 –del Título 4, Subsidios y Subvenciones, del Texto Ordenado correspondiente– que refiere a la posibilidad de deducir el impuesto a la renta. Se apoya a determinadas instituciones y en ese sentido hay un listado. Creemos que este mecanismo es importante y sano y las empresas, además de deducir sus impuestos, ponen contrapartidas. Presentamos un artículo aditivo que se votó negativamente y por eso vamos a insistir en el Plenario del Senado. En ese listado incluimos a la Fundación Sophia –que brinda un apoyo y mejora de la educación y que tiene que ver con la Iglesia Católica–; a la Fundación Clarita Berenbau; al Hemocentro Regional de Maldonado; a la Fundación Nuestro Camino; a Médicos Sin Fronteras, y respecto al apoyo de la niñez y adolescencia, a la Asociación Civil América, Proyecto Cimientos –parte de eso está contemplado en uno de los artículos a que hacíamos referencia anteriormente–; a la Fundación Celeste –una delegación concurrió a este ámbito y nos pareció que su fin es muy importante y por lo tanto queremos acompañarlos–; y por último, respecto a la rehabilitación social, el Centro de Promoción por la Dignidad Humana. Dejamos constancia de la importancia de abrir la discusión acerca de aquellas instituciones que puedan deducir impuesto a la renta según lo previsto en el artículo al que hacíamos referencia.
Insisto: vamos a hablar nuevamente en el Senado de la República y esperamos –como en el artículo anterior– que antes de que se vote se puedan generar mecanismos de reflexión y negociación para poder llegar a un acuerdo.
SEÑOR MICHELINI.- Sin entrar en la discusión del artículo 79, vamos a solicitar, si se presenta en Sala, su pase a la Comisión de Hacienda, porque queremos estudiar el tema. El problema es que no pudimos hacerlo en medio del aluvión de organizaciones que se presentaron para tratar de lograr parte de la renta fiscal que tienen las empresas. Si el Partido Nacional solicita votarlo en el Plenario, así lo haremos, pero vamos a insistir en esto. Creo que hay que dar una nueva mirada a este tema. Entiendo que todos estamos contestes de hacerlo, pero no estamos en condiciones ahora de trabajar en ello. Hay muchas organizaciones que lo han hecho muy bien e incluso hay empresas que aportan dinero adicional.
Quisiera volver a estudiar el tema y si se presenta en el Plenario, vamos a solicitar que pase a estudio de la Comisión de Hacienda.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 168, que tiene el sustitutivo del artículo 644.
SEÑOR AGAZZI.- He votado este artículo haciendo confianza en los compañeros que llevaron adelante esta negociación y, también, en la gente que generosamente lleva adelante tantas organizaciones por el bien de los demás. Sin embargo, aspiro a que un día racionalicemos esto porque puede conducir al clientelismo político más deplorable por parte de nosotros –que siempre estamos expuestos a ello– y también de la gente. Repito: algún día tendremos que racionalizar esto porque creo que no es tarea del Poder Legislativo estar asignando partidas, de a una, a gente que viene a pedirla, a veces en una actitud mendicante, que tampoco es muy digna.
No me aguantaba para decir esto y quería dejar la constancia.
SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la hoja 169, que sustituye el artículo 645; ambos fueron explicitados de manera conjunta.
Pasamos a considerar el Inciso 24, Diversos créditos.
En consideración la hoja 98, que tiene un texto presentado por el Partido Nacional, sustitutivo del inciso segundo del artículo 656.
SEÑOR HEBER.- En el inciso sustitutivo lo único que se establece es que sea la Comisión Sectorial de Descentralización la que establezca los lineamientos de aplicación del 50 % de los recursos en cuestión, en lugar de hacer la referencia general.
Se trata, simplemente, de precisar la referencia a la Comisión Sectorial de Descentralización; ese es el motivo del sustitutivo que presentamos, pero aclaro que vamos a acompañar esta disposición.
SEÑOR MICHELINI.- Vamos a proponer votar el texto de la Cámara de Representantes. Respecto a varios de estos artículos se hicieron los acuerdos correspondientes con los intendentes y no es que solo esto tenga validez –porque cada uno de nosotros puede votar lo que crea conveniente– pero, a veces, es bueno también que esos acuerdos perduren y persistan en el tiempo, a pesar de que algunas cosas no nos convenzan.
SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces ponemos a votación el artículo 656 tal como vino de la Cámara de Representantes.
En consideración el artículo 659, que tiene un sustitutivo presentado por el Frente Amplio en la hoja 74.
SEÑOR BERTERRECHE.- Este artículo pretende dar una mayor justicia al objetivo de la exoneración. Que los que reciban la exoneración del aumento de la contribución inmobiliaria rural sean aquellos que más lo necesitan y que más cobertura deben tener de las políticas diferenciales, esto es: la producción familiar nacional.
Con esta modificación se asegura que no se exonere a empresas o personas que viven en el ámbito rural y no producen y, al mismo tiempo, que no queden fuera de la exoneración aquellos productores familiares que con mucho esfuerzo han formalizado a uno o dos trabajadores, muchas veces integrantes de su propia familia.
Por eso se ha incluido esta modificación.
SEÑOR CAMY.- El artículo 659, sobre el cual se propone un sustitutivo, establece dos cosas.
Por un lado, deroga el 18 % de rebaja de la contribución inmobiliaria rural que estaba establecida desde el año 2001. Por tanto, lo que hace es aumentar a un 22 % la contribución inmobiliaria rural de todos los productores que tributan este impuesto.
Por otro lado, establece que para tener derecho al beneficio previsto en el artículo 448 de la Ley Nº 17.296 –que está vigente desde el año 2001–, los propietarios de padrones rurales tendrán que estar inscriptos debidamente en el registro que lleva el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde se define lo que es un productor familiar.
Lo que hay que dejar claramente establecido es que, en primer lugar, con la aprobación del artículo 659 estamos aumentando al 22 % la contribución inmobiliaria rural. En segundo lugar, que los productores rurales que explotan padrones que en su conjunto no exceden las doscientas hectáreas índice Coneat 100 y que estaban exonerados del pago de la contribución inmobiliaria rural por hasta las primeras cincuenta hectáreas índice Coneat 100, ahora van a pagar con el aumento al 22 %.
Lo que señala el señor senador Berterreche –y es así– implica un criterio de justicia, de comprensión o de mejora de la situación de algunos pequeños productores que están comprendidos hasta hoy en la exoneración de las cincuenta primeras hectáreas y que ahora no lo van a estar. La mejora es con referencia a la propuesta del artículo que viene del Poder Ejecutivo y que se aprobó en la Cámara de Representantes, pero si lo miramos en función de lo que está hoy vigente –que no es lo que propone el Poder Ejecutivo ni lo que aprobó la Cámara de Representantes, naturalmente, porque no lo hemos votado–, a partir de que se sancione este sustitutivo habrá más personas que van a pagar y que hoy no pagan. Es decir que todos van a pagar un 22 % más y todos los que no pagaban las primeras cincuenta hectáreas –que estaban exoneradas– van a empezar a pagar. Incluso, si bien esta propuesta a que refiere el señor senador Berterreche achica el universo, hay productores pequeños –repito: productores pequeños– que quedan fuera de esta situación. ¿Cómo es la situación de hoy? El productor, para lograr que se le aplique la exoneración de sus primeras 50 hectáreas, concurre al gobierno departamental respectivo munido de la declaración jurada de padrones rurales –donde se detalla la superficie real–, tal como lo establecen los artículos 13 y 14 de la Ley Nº 15.852, esto es, el formulario R 500 como se le conoce en el BPS. Con eso ya basta.
Ahora, de acuerdo a las consideraciones hechas por el señor senador Berterreche, se agregan los requisitos que definen al productor familiar en función de la resolución dictada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el año 2008. Estos requisitos son: realizar una explotación con la colaboración, como máximo, de dos asalariados permanentes o su equivalente en jornales zafrales –500 al año–; explotar en total hasta 500 hectáreas índice Coneat 100 bajo cualquier forma de tenencia; obtener su ingreso principal de trabajo con la explotación; y residir en la explotación o a una distancia menor a 50 kilómetros. Pero estos requisitos se deben cumplir en forma simultánea.
Si comparamos esta disposición con la que está vigente a nivel del BPS, es verdad que se amplía la posibilidad para definir quiénes tributan en el ámbito de este organismo, en cuyo caso comprende a las contrataciones de 100 jornales zafrales por año y no 500, etcétera. Pero, si tomamos como ejemplo a los productores lecheros, ¿cuántos estarían comprendidos en este beneficio? Aquí hay senadores que conocen el tema y no están involucrados en esta mejora que se propone hoy con relación al planteo del Poder Ejecutivo; los hay. Debe quedar claro, entonces, que con esta norma se produce un aumento generalizado de la contribución. Además, muchos tamberos chicos tienen más de dos empleados asalariados; todos lo sabemos. Del mismo modo, nos preguntamos: ¿qué pasa si un productor vive a 52 kilómetros –esto no se da tanto en el sur, sino arriba, en el norte– y no a 50? Queda afuera.
Me parece que con este criterio lo que se va a lograr es que paguen más productores, pero entre ellos habrá gente que hasta hoy no pagaba por las primeras 50 hectáreas. Si el propósito es que esta norma alcance al pequeño productor –no lo dudo, me consta que es lo que se pretende con esta iniciativa, sobre todo, cuando se involucra un criterio de justicia–, precisamente, son los productores chicos los que van a quedar afuera.
Esto es lo que advertimos. Seguramente se va a recaudar más de lo que se preveía por contribución rural, pues esto va mucho más allá de la recaudación que se planteó porque parte del aumento se involucra en la posibilidad de ensanchar la base de contribución. Eso es bien claro.
Quería dejar esta constancia.
SEÑOR DELGADO.- Con total honestidad intelectual, queremos decir que nosotros teníamos una definición política anterior respecto a este tema y es la de no acompañar la eliminación del porcentaje de exoneración de la Contribución Inmobiliaria Rural, que como bien expresaba el señor senador Camy era del 18 % y, en los hechos, termina en un incremento al 22 % para el sector agropecuario en general.
Creemos que el tema de la caminería rural es una prioridad nacional, por eso estamos hablando de estos temas y por algo está en este Inciso, no solo es una responsabilidad de las Intendencias departamentales. Para que un camión con madera llegue a la planta de celulosa, un camión de ganado llegue a un frigorífico o un camión de granos llegue a Nueva Palmira, antes de pasar por una ruta nacional tiene que pasar, siempre, por un camino departamental. En el período pasado se desafectaron una cantidad de rutas nacionales para que tuvieran competencia en su mantenimiento los Gobiernos departamentales lo que, obviamente, generó a las Intendencias un cuello de botella que no les permite cumplir con los requisitos y las exigencias lógicas. En este caso, el productor no tiene por qué saber si el camino es departamental o nacional, lo que le interesa es que el camino esté bien, porque él paga sus tributos.
Otra discusión que debemos tener es si, en realidad, pagan todos, si hay sectores que no pagan y que rompen las rutas, en fin, pero este es otro tema.
Hoy utilizamos el camino más rápido: el de aumentar la contribución inmobiliaria de los productores. Comprendemos el reclamo de las Intendencias y, obviamente, aquel es un recurso fácil de recaudar y necesario. Ahora bien, si asumimos que la responsabilidad de las intendencias está excedida por la demanda de caminería rural –discusión que llevaremos a Sala– y si, además, entendemos que esto debe ser una prioridad nacional, quizás debamos buscar otra fuente de recursos y priorizarlo de otra forma. Insistimos –después lo vamos a decir– en que haya otro origen de los fondos, ya que estamos hablando de USD 14:000.000 o USD 15:000.000 para atender esta situación en un Presupuesto de USD 14.000:000.000. Creo que podría haber voluntad de trabajar en este tema y no dar esta señal. A esto se lo podrá llamar como se quiera, es decir, se podrá decir que en realidad no es un incremento y que se elimina una exoneración, pero lo cierto es que, lisa y llanamente, se aumenta la carga tributaria al sector agropecuario.
Queremos ser honestos intelectualmente y decir lo siguiente. Sabemos por dónde va esta modificación –pues ya lo hablamos con el señor senador Berterreche– y sabemos también que el objetivo es que se superen algunas situaciones de injusticia tributaria; sin embargo, creemos que no se terminan superando. Además, no íbamos a votar el proyecto de ley tal como venía del Poder Ejecutivo ni de la Cámara de Diputados, que no se cambió, por lo que tampoco vamos a votar este aditivo. Debemos hacer esta aclaración, porque no vamos a discutir sobre lo otro. Directamente, tenemos la posición de no votarlo. Creemos que esto es prioridad nacional y hay que buscar otros recursos.
Calculo –porque lo hablamos– que en el aditivo se buscó un objetivo para tratar de salvaguardar a algunos productores y, obviamente, se ensancha la base de contribución porque son más los tenedores de predios rurales que van a pagar con este aditivo respecto del original del Poder Ejecutivo. Ahora bien, aquí hay fundamentalmente dos sectores que no tienen más de 200 hectáreas y la exoneración por las primeras 50 les afecta; y ahora se agrega la restricción de que tienen que ser productores familiares. Estamos hablando, fundamentalmente, de la granja y de la lechería.
Lo primero que tenemos que preguntar es cuántos predios rurales más pagan –esta es la primera pregunta que debemos hacernos, para la que no he podido conseguir respuesta– y cuánto más se recauda por este nuevo aditivo con respecto a la redacción original. Me parece que es un elemento importante a tener en cuenta, ya que esto se va a dar, fundamentalmente, en algunos departamentos en los que, además, el valor catastral de los inmuebles es mayor que en otros lados. Me refiero a Montevideo y a Canelones.
Reitero, para nosotros es importante saber cuántos predios rurales más pagan y si hay una proyección en el sentido de cuánto más se va a recaudar.
Asimismo hay temas instrumentales. Obviamente, se habla de productores familiares y se hace una serie de consideraciones. Es más, existen dos definiciones de productores familiares: una es del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca –el otro día el señor senador Berterreche preguntaba por el registro de la certificación al propio ministro– y la otra –diferente– es del Banco de Previsión Social; acá se toma la del ministerio.
En este caso hay una serie de consideraciones, por ejemplo, veo un decreto de 28 de febrero de 2014, del Ministro Aguerre, donde se considera una serie de variables para dar una nueva definición al concepto de productor familiar. Después hay un agregado con algunas excepciones que tienen que ver con la granja y se aumenta la cantidad de jornales. Ahora bien, ¿esto es suficiente? ¿Se contempla la situación de la granja? Me refiero a los 1.250 jornales zafrales anuales en los predios intensivos, teniendo en cuenta que existe una serie de contingencias.
Me parece que si el objetivo es proteger determinadas cosas, sería bueno saber a cuántos abarcaría y a cuántos no. ¿De cuántos predios se trata y cuánto más se recauda?
Por otro lado y con la premisa de lo que dije anteriormente en cuanto a que tampoco íbamos a votar el artículo en su redacción original –me parece que en esto hay que ser honesto–, creo que hay una complicación o, por lo menos, un tema sobre el quisiera alertar. Es obvio que todo esto se vincula con el tema del Impuesto a Primaria, pues allí se hace referencia al artículo 448 de la Ley Nº 17.296; en este sentido, quedan exonerados del impuesto a Primaria los que tienen hasta 200 hectáreas, por las primeras
50. En este caso hay una restricción y una vinculación a los dos, porque la ley donde se incrementa el Impuesto a Primaria que se impone a los predios rurales está vinculada a este artículo que ahora se cambia. Entonces, en este caso, ¿cómo se va a aplicar? ¿Habrá que modificar la ley vigente de Impuesto a Primaria para el agro, sobre todo en lo que tiene que ver con estos sectores?
Estas son algunas de las preguntas que me parecía importante hacer.
SEÑOR BERTERRECHE.- En realidad, hice una presentación muy sintética, sobre todo porque seguramente esto se discutirá en el Plenario. Sin embargo, ya que me dan el privilegio de dar alguna discusión más y teniendo en cuenta también que no sé si estaré en sala cuando esto se discuta, me tomaré unos minutos para referirme al tema.
Se ha dicho varias veces «hay que ser honestos», así que seamos honestos y vayamos a la génesis de este artículo, porque parece que se le hubiera ocurrido al senador Berterreche, y no es así.
SEÑOR DELGADO.- No dije eso.
SEÑOR BERTERRECHE.- Esto se le ocurrió al intendente de Cerro Largo, que luego lo propuso al Congreso de Intendentes y después se llegó a un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Precisamente, el acuerdo del Congreso de Intendentes con el Poder Ejecutivo es lo que estamos respetando. Lo que cambiamos es el tema de la exoneración a fin de incluir más a aquellos que más lo necesitan. Esto tiene que ver con quiénes quedan fuera de la exoneración y quiénes quedan comprendidos en ella.
Puedo mencionar algún comentario de pasillo. Me decían que muchas empresas –no productores familiares– hoy están exonerando; van con el R 500 y exoneran, en detrimento de la recaudación departamental, y tengan lo que tengan, porque les dan el certificado para que puedan hacerlo. Aquí decimos que va a exonerar solamente el que precisa ser exonerado.
Estoy de acuerdo y me gustaría que esto fuera hasta quinientas hectáreas e incluyera a todos los productores familiares, no solamente hasta doscientas hectáreas, pero también es cierto que queda fuera de la exoneración un montón de gente que debe pagar. Un 20 % de las tierras de la zona rural del departamento de Canelones son habitadas por gente que no la produce, entonces, ¿por qué la vamos a exonerar? ¿Qué sentido tiene la exoneración en ese caso?
No tengo el dato concreto que me pedía el señor senador Delgado, pero, en definitiva, esto depende de que la gente se haya registrado en el Registro de Productores Familiares, lo que hasta ahora no es obligatorio, y también de que se vaya a la intendencia con el certificado. De todos modos, por lo que me han dicho, en general, hay una suerte de equilibrio entre quienes cuentan con uno o dos trabajadores y se los exonera y quienes quedan fuera de la exoneración porque son empresarios o gente que vive en la zona rural pero nada tiene que ver con la producción rural. Me han dicho que no tiene costo para las arcas de las intendencias y que tampoco hay un incremento. Puede haber diferencias según el departamento; donde hay más productores familiares que son abarcados por la exoneración, también hay más gente que nada tiene que ver con la producción familiar y, por tanto, quedará fuera de la exoneración.
Al pasar se habló de los caminos forestales y quiero decir que están siendo financiados desde Presidencia con rubros específicos con destino a las intendencias, fundamentalmente las que tienen producción forestal. Hay un fondo para caminería forestal, producto de una discusión que dimos y que, en su momento, perdimos, sobre la creación de una guía forestal para el transporte forestal. Ahora bien, hoy las intendencias reciben dineros por los caminos forestales.
Reitero: la génesis de esto surgió con la idea de un intendente del interior, luego la iniciativa fue al Congreso de Intendentes y se llegó a un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Además, cuando planteamos esta exoneración no lo hicimos encerrados en una oficina del Palacio Legislativo, sino que hablamos con la gremial que más representa a los productores familiares, que es la Comisión Nacional de Fomento Rural. Le preguntamos qué le parecía el cambio de tipo de exoneración y nos dio su apoyo, nos dijo que estaba bien. Quedan exceptuados –que se tome como chanza– por pertenecer al Instituto, todos los arrendatarios de más de 300 hectáreas; por tanto, no van a pagar.
Nos tocó informar la ley de primaria y en aquella oportunidad dijimos –en lo personal, siempre me quejo de que no nos escuchamos; si lo hiciéramos, nos iría mucho mejor– que para la ley de primaria hubiéramos preferido esta misma solución que hoy estamos defendiendo. El problema es que existía alguna posibilidad de que ese impuesto que se reconstituía, fuera apelado como inconstitucional por la exoneración, entonces, teníamos que blindarlo. También dijimos que teníamos que seguir trabajando para lograr que la exoneración fuera a quien realmente se la merece. Por tanto el próximo año, una vez cobrado el Impuesto a Primaria y luego de ver los resultados, tendremos que ponernos a trabajar para lograr una mejor exoneración, a fin de que paguen los que deben pagar y no paguen quienes no deben hacerlo.
Insisto, el artículo 659 se concretó respetando un acuerdo entre el Congreso de Intendentes y el Poder Ejecutivo y se tuvo la sensibilidad para incluir la mayor cantidad de productores familiares, dado el esfuerzo que se hizo estos últimos once años en procura de la formalización de los trabajadores rurales. Tal como venía el artículo –en definitiva lo que estamos discutiendo es el sustitutivo– teníamos miedo de que pudiera afectar el proceso de formalización de la familia rural, porque muchas veces los empleados son la mujer o el hijo del productor y queremos mantenerlos formalizados con todo el sistema de seguridad social.
Esperamos haber respondido, aunque sea en parte, las preguntas de la oposición.
¡Ojo! ¡Insisto! Si vamos a la génesis esto no nace en el Senado de la República, sino como una idea de un intendente y un acuerdo del Congreso con el Poder Ejecutivo, que nosotros vamos a respetar.
SEÑOR CAMY.- Con el ánimo de tratar el tema en concreto y con la común visión de que es un tema importante y a todos nos ocupa, espero que podamos tener la lógica de que el fondo de la cuestión no se agote en esta norma y votación específica.
Voy a hacer dos o tres consideraciones respecto a lo que señalaba el señor senador Berterreche.
Ante todo, no es una idea del intendente Botana. Es un acuerdo del Poder Ejecutivo a través de la OPP y el Congreso de Intendentes. El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, es el presidente del Congreso de Intendentes y, en el marco de ese acuerdo y de las alternativas que manejaron, concluyeron en lo que se sugiere. Ahora bien, digamos también con claridad, y con todo respeto, que no es excusa que la iniciativa del Poder Ejecutivo se fundamente en decir: «Nos lo pidieron los intendentes», porque es como si en el Partido Nacional nos escudáramos diciendo: «Miren que algunos de los aditivos que recién planteamos –por ejemplo, el que tiene que ver con la participación de la comisión sectorial en el análisis de los recursos que se establecen a través del artículo 298 de la constitución– son ideas que nos dieron los intendentes». No; el Poder Ejecutivo tiene que elevar al Poder Legislativo lo que en el marco de nuestras competencias tenemos. Cada cual sabrá de qué manera es responsable, de qué modo tiene que actuar en determinados temas y a quién escuchar. Entonces, no sentimos que esto sea una propuesta de Botana. Es una propuesta del Poder Ejecutivo.
Además, quiero decir que hablé personalmente con el director de la OPP y con el profesor Apezteguía después de que estuvieron acá. De modo que, reitero, esto no es una idea, sino un acuerdo entre dos partes que establecieron esto. No es concebible que el Poder Ejecutivo envíe una ley y nos diga: «La envío obligado porque me lo pidió el intendente»…
SEÑORA TOPOLANSKY.- Nadie dijo eso.
SEÑOR CAMY.- Lo aclaro no porque lo haya dicho alguien, sino porque quiero que quede bien claro. Fue un acuerdo entre dos partes. Perfecto. Entonces todos estamos hablando de lo mismo. Queda bien claro que es así.
El señor senador Berterreche habló sobre el mal uso o dejó entrever que podría haberse utilizado el R 500. Es un tema sobre el que habíamos hablado informalmente estos días; en lo personal, me preocupa y lo estuve estudiando. En realidad, el inciso tercero del artículo 448 de la Ley Nº 17.296 –que es la vigente– establece: «Para tener derecho al beneficio previsto en el inciso anterior», se refiere a la exoneración de las 50 hectáreas, «los productores agropecuarios deberán presentar en la(s) Intendencia(s) respectiva(s) dentro de los 120 (ciento veinte) días del ejercicio que se desee exonerar, declaración jurada con detalle del total de los padrones que al 1º de enero anterior explotaban a cualquier título, con indicación del correspondiente valor real de cada uno, así como la correspondiente documentación del Banco de Previsión Social y de DICOSE». Entonces, lo único que la ley establece como obligatorio a efectos de que la intendencia proceda en consecuencia, es el R 500, que en declaración jurada ya establece que debe decirse si hay hectáreas explotadas o no. Esta es la única condición que se establece y, por lo tanto, hasta hoy el administrador no puede requerir otra cosa más que esta.
Por otro lado, estoy de acuerdo con el criterio que señalaba el señor senador Berterreche sobre las situaciones en las que no hay explotación agropecuaria en un predio menor a cincuenta hectáreas y que hasta hoy se encuentran comprendidas también en la exoneración. Creo que esto sí se supera con la propuesta que envió el Poder Ejecutivo en la que habla de los propietarios de padrones rurales que exploten este tipo de predios, derogando la redacción vigente que habla de los padrones rurales que exploten a cualquier título; en este último caso, por ejemplo, podía ocurrir que un propietario de un predio de menos de cincuenta hectáreas arrendaba su predio para un emprendimiento de otra naturaleza y se beneficiaba con la exoneración de la contribución. Entonces, en ese sentido me parece que está bien lo que se ha hecho y hay que destacarlo.
El señor senador Berterreche comentó que en el departamento de Canelones, por ejemplo, el 20% de los predios no tenían producción. Desde ya adelanto que cuando se levante el receso que ha hecho la Cámara para el estudio de este presupuesto, con los señores senadores Berterreche, Agazzi y Pardiñas –a quienes sé igualmente apasionados por la Ley Nº 11.029– tenemos previsto analizar y definir el concepto de residencia, sobre todo teniendo en cuenta lo que establecen algunas normas, por ejemplo, la que está vigente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que admite que un productor pueda vivir a una distancia de hasta cincuenta kilómetros fuera del predio. Debemos admitir, por lo menos, que esta es una lógica distinta a la del año 1948. Por lo tanto, digo al pasar que estamos interesados en estudiar estos temas y que en el caso de los predios que no producen, la nueva redacción del Poder Ejecutivo los resarce cuando cambia la expresión «explotar a cualquier título» por «explotar» directamente.
SEÑOR DELGADO.- El señor senador Berterreche dijo que no tenía los datos específicos de cuánto se aumentaba la base de recaudación y que, en todo caso, sí podía tener algún estimativo. Por nuestra parte, los datos que tenemos relativos a cuánto ascendería la recaudación con la redacción original proveniente del Poder Ejecutivo y aprobada por la Cámara de Representantes, nos fueron suministrados por el Congreso de Intendentes. Se hablaba de alrededor de $ 479:000.000.
Reitero: el señor senador Berterreche dijo que no tenía los datos concretos sobre cuánto implicaría este nuevo aditivo y nosotros tenemos el estimativo hecho en base a la redacción original del proyecto de ley. Aunque adelantamos que no lo vamos a acompañar, entendemos por dónde va este aditivo y cuál era el objetivo, porque lo hablamos en su momento con el señor senador Berterreche. En síntesis, entendimos que el texto original aumentaba la recaudación, por eliminar la exoneración, en aproximadamente unos $ 479:000.000, según datos proporcionados por el Congreso de Intendentes.
En primer lugar, querríamos que se confirmara si esa cifra es correcta, si es la misma que tiene el Gobierno.
En segundo término, se hizo referencia a que no estaba claro este nuevo inciso en el sentido de cuántos predios podría abarcar y cuánta recaudación adicional podría implicar, sobre todo en algunos departamentos, fundamentalmente Montevideo, Canelones, creo que muy poco San José y algo en Salto. Por consiguiente, solicitamos que en la medida de lo posible, de aquí al momento de discutir este artículo en el plenario del Senado –la semana que viene– podamos contar con algún dato mínimo, por ejemplo, la cantidad de productores familiares inscriptos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Sé que hubo un aumento en relación al plan de raciones anterior, porque para poder acceder había que estar inscripto. Además, ¿cuántos productores inscriptos al día de hoy calificarían dentro de lo que está previsto en este artículo? A partir de estos datos se puede hacer un cálculo estimativo del incremento en la recaudación. Nos parece un dato importante para poder manejarnos en términos concretos.
Se me podrá decir, con toda lógica, que en realidad cuando se genere el beneficio quizás se inscriban otros productores que hoy no estaban. Antes se inscribían de forma voluntaria, pero ahora pueden obtener un beneficio. Es verdad pero, de todos modos, a la fecha de aprobación de este proyecto de ley quisiéramos tener, por lo menos, algunos datos concretos acerca de cuánto estamos hablando en cantidad de predios, de productores y de monto de incremento de recaudación.
SEÑOR PARDIÑAS.- Quisiera hacer una pequeña precisión. Esto es como la culpa, nadie la quiere.
El artículo 628 del proyecto de ley original, enviado por el Poder Ejecutivo, dice en los fundamentos que el acuerdo entre el Gobierno nacional y el Gobierno departamental incluyó la modificación del artículo 448 de la Ley Nº 17.296 como forma de incrementar la recaudación de los Gobiernos departamentales.
Ese es el acuerdo; está claro. Ahora bien, ¿de dónde surge la iniciativa? No estamos peleando por saber de dónde surge porque ya se sabe dónde surge. El tema es si esto sirve o no. Lógicamente, acá no hay una mayor presión tributaria, sino la limitación de una exoneración que tampoco se sale de los carriles establecidos para esa exoneración: una situación difícil de la producción agropecuaria. Ante la situación actual, que tampoco es de tirar manteca al techo –nadie dice eso–, se busca una forma de –como se dice en el fundamento del mensaje– aumentar la recaudación de los Gobiernos departamentales. ¿Por qué? Porque la ley de contribución inmobiliaria es una ley nacional y por eso se requiere esto. ¡Y vaya si ha habido iniciativas y se han discutido en las distintas juntas departamentales, de modo de ver si se puede o no buscar algún artilugio –dentro de las normas vigentes– para mejorar la recaudación del Gobierno departamental! Dentro de poco comenzarán a discutirse, en los presupuestos departamentales, varias iniciativas para incrementar la recaudación, porque lo necesitan.
Entonces, lo que se busca mediante la ley nacional –que tiene ese cometido– es mejorar la recaudación.
La propuesta –tal como lo ha fundamentado el señor senador Berterreche– mejora, lógicamente, porque hay alrededor de 19.000 explotaciones menores a 50 hectáreas. En la medida en que esas 19.000 explotaciones menores a 50 hectáreas, correspondan a productores registrados en el ministerio, tendrán la exoneración directa de las 50 hectáreas. Entonces, acá no se puede decir: «¡Esto va a joder a los pequeños productores!». No enredemos las piolas, y disculpen estas expresiones.
Entonces, si se va hasta los productores que tienen hasta 200 hectáreas, que es el tope que fijó la ley de 2001 –que era hasta 200 hectáreas, no es cualquier cosa, este registro de productores tiene un pequeño desfasaje entre la hectárea física que registra los datos del censo y la hectárea Coneat 100 que es la que exige la norma tributaria–, estamos hablando de que habrá que agregar unos 11.000 productores más. Estaríamos en el universo de unos 30.000 productores que hoy se verían beneficiados de exonerar las 50, porque están dentro de las 200 hectáreas. Reitero que estamos en el orden de los 30.000 productores que es lo que marca el Registro de Productores Familiares que tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Estamos generando un tumulto sobre algo que no hay acuerdo –porque no lo hubo en todo el Partido Nacional, sobre todo de aquellos que no tienen la responsabilidad de gobernar los departamentos– en el sentido de que necesitan más recursos y por eso es que hubo tanta confrontación sobre este tema. Esa es la realidad. No hay duda que daremos el debate. Acá hay una culpa, reitero, que nadie la quiere tener. No vamos a asumir culpas ajenas, pero vamos a defender esta norma que mandó el Poder Ejecutivo, porque respetamos el acuerdo que hubo entre el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales y así debe funcionar la institucionalidad del país.
SEÑOR BERTERRECHE.- Voy a ser breve porque, además, el señor senador algo adelantó. El Registro de Productores Familiares hoy tiene aproximadamente 24.000 productores. Según el último censo agropecuario –con el cual podemos tener alguna discrepancia– habría alrededor de 28.000 productores con estas características. Es decir que el registro abarcaría la mayor parte de estos productores familiares.
SEÑOR DELGADO.- Cuando dice que abarcaría la mayoría de los productores que están comprendidos en este artículo: ¿habla de los 21 que están comprendidos en lo establecido en el aditivo o como productor familiar genérico?
SEÑOR BERTERRECHE.- De los 48.000 productores familiares –creo que es lo que establece el último censo– hay 24.000 registrados como tales, que cumplen las cuatro principales características de producción familiar, pero no necesariamente son los que tienen 200 hectáreas. Los productores familiares que tienen 200 hectáreas son una cuotaparte de ese universo. El senador Pardiñas hacía referencia a que había 19.000 productores que tenían menos de 50 hectáreas; por lo tanto, la mayor parte de los productores familiares van a estar incluidos en esta norma, porque en su gran mayoría tienen menos de 200 hectáreas. Los que no están comprendidos son los que no son productores familiares como, por ejemplo, las chacras turísticas, las destinadas a fiestas, o las que tienen un intenso uso del capital, como las que producen arándanos u olivos. Estos no van a estar en la exoneración. Lo mismo respecto a profesionales, comerciantes o políticos que viven en una chacra y que tienen todo el derecho de hacerlo, pero no tenemos por qué darle el beneficio de la exoneración; eso es otra cosa.
Cuando estudiamos esto para el impuesto de primaria, fue en base a 300 hectáreas, porque la base era esa y no 200 hectáreas. La respuesta que nos dio DIEA y la Dirección General de Desarrollo Rural –si bien es muy difícil lograr cifras perfectas porque, además, cambian si tienen o no dos trabajadores–, fue que más o menos se iba a llegar a un equilibrio. Quiero aclarar que entre los departamentos que mencionó el señor senador Delgado se olvidó de nombrar a Maldonado, departamento al que posiblemente, con esta modificación, no le vamos a retacear, sino que le estaremos dando un incremento importante.
Lo acoto, simplemente, porque mencionó «Canelones»; le faltó Rocha y Salto. ¡Maldonado también! ¡Se olvidó de Maldonado! El problema es que lo habíamos pensado antes de mayo.
–En general, a nivel país, posiblemente en Tacuarembó la exoneración abarque a más beneficiados y en los departamentos del sur comprenda a más nuevos incluidos con la redacción que se plantea.
En definitiva, se persigue que, una vez hecho el acuerdo entre los intendentes y el Poder Ejecutivo, se produzca el mínimo efecto sobre el objetivo de las políticas diferenciadas, que son los productores familiares.
Por último –sé que estamos de acuerdo con el señor senador Delgado–, desearíamos destinar esos dineros con un fin definido. Y lo averigüé, porque si no también lo hubiera incluido. Me refiero a que se destinara para caminería rural, pero me dijeron que no se podía porque, como es contribución inmobiliaria, es de libre disponibilidad. Preferiría toda la vida que fuera para eso y no para directores políticos de alcantarillado, como los hay en algún departamento del interior. Pero bueno, ese es otro cantar que saldaremos por otra vía.
Es una lástima que la primera parte del ICIR haya sido definida inconstitucional.
SEÑOR HEBER.- A modo de constancia, quiero decir que el debate que hemos tenido en esta comisión en gran parte trata de convencernos o de llevar alguna línea de razonamiento que genere un entendimiento para mejorar este recurso, lo que es válido en este ámbito, sobre todo datos y constancias que en nuestro nombre hizo muy claramente el señor senador Camy.
Se ha llevado a cabo una discusión de carácter político, básicamente por el señor senador Pardiñas, pero me parece que este no es este el ámbito en que debe darse. Es en el plenario donde debemos discutir toda la historia de esto y no solamente este acuerdo. Creo que eso forma parte de este Parlamento y entonces ahí lo discutiremos. Acá procuramos acordar, entendernos, aunque parecería que eso no se logra en Comisión y por lo tanto vamos a discutirlo en el plenario.
Sobre los acuerdos, quiero dejar constancia de que sin perjuicio, muchas veces, de la dureza con que confrontamos las ideas cada uno de manera apasionada, el sistema político uruguayo tiene instancias de acuerdos y de entendimientos que nos diferencian de otros sistemas y tenemos que preservarlo. O sea, cuando se apela a entendimientos y a acuerdos, ahí nos van a encontrar o me van a encontrar porque, por encima de que podamos discutir ideas, hay una instancia en donde los acuerdos se firman y se respetan. Por lo tanto, vamos a buscar tener una discusión sobre una manera de ver toda la secuencia de los acuerdos que terminan en esto. A nuestro juicio, no es un buen acuerdo y lo vamos a discutir en el plenario, no en esta comisión.
Quiero ratificar que para nosotros es muy importante preservar, suscribir y mantener los acuerdos que se han logrado en otros ámbitos y en este sobre todo.
SEÑOR AGAZZI.- Voy a decir dos cosas porque tuve muchas ganas de participar en la discusión, que fue interesante. Quizá es el tipo de discusión que se da en las comisiones, como dijo el señor senador Heber.
La primera cosa que quiero decir es que el Uruguay tiene 16:500.000 hectáreas. En realidad, los propietarios que trabajan la tierra produciendo ocupan el 43 % de esas 16 millones y medio de hectáreas. Digo esto porque hay una confusión entre los propietarios de las tierras y los productores, y muchas veces se esgrimen argumentos de productores cuando en realidad quienes van a pagar son los dueños de la tierra. Según los datos que surgen del último censo, más de la mitad de la tierra del Uruguay no está trabajada por sus dueños; por tanto, está bien que vuelvan a pagar la contribución inmobiliaria todos los propietarios de tierras. Este es un dato que me parecía importante destacar.
Si se miran las estadísticas, se verá que gente que es propietaria de superficies de tierra y no las trabaja, en realidad va a pagar el impuesto, mientras que quienes la están trabajando están sometidos a las reglas de la producción, tienen sus insumos, sus gastos, su producción.
Esto lo quería decir porque normalmente es algo que no se tiene en cuenta.
Acá se habló del origen de esto, pero el origen no estuvo donde se lo estableció, sino que es algo que surgió en el año 2001 cuando se exoneró de pagar la contribución inmobiliaria a los propietarios de inmuebles rurales. Pero eso se dio así por una situación particular. Ahora bien, pasaron catorce años. ¿Por qué los propietarios de inmuebles en otros lugares del país seguimos pagando la contribución inmobiliaria y no la pagaron más los propietarios de inmuebles rurales? Haciendo una cuentita rápida, concluyo que se dejaron de pagar USD 200:000.000 durante determinados años en los que hubo crisis, crisis que ya llegó a su fin.
En realidad, más allá del acuerdo que se mencionó entre los intendentes y el Gobierno, y aunque no lo hubiera habido, creo que todos los propietarios de inmuebles rurales tendrían que pagar la contribución inmobiliaria rural –así como la pagan los dueños de inmuebles urbanos y suburbanos– porque una parte de ellos son productores y están sujetos a las reglas de la economía y de la producción, pero otra parte no lo es, son propietarios y tienen que pagar una contribución por el patrimonio que tienen.
Quería dejar claro estos dos conceptos y no entrar más en detalle, ya que el tema fue suficientemente discutido.
SEÑOR CAMY.- Queremos dejar constancia de que en el plenario vamos a dar el debate en los términos en que muy compendiadamente hemos analizado aquí, además de hacer otras referencias a las que aludió el señor senador Heber, quien habló en nombre de toda nuestra bancada.
Me interesa destacar algo que hemos advertido en más de un diálogo que hemos mantenido en estos últimos días, y lo voy a decir subjetivamente. He sentido y he advertido, en alguna referencia o en algún gesto, algo así como «¡Otra vez el senador Camy con el tema!». Sí, y voy a insistir para que quede bien claro: la lechería está en situación de crisis. Con la misma honestidad intelectual que hay que tener cuando se habla globalmente de todo el sector agropecuario, debo hacer notar el peso que significa un aumento de la contribución inmobiliaria, así como la devaluación del precio del dólar; no es lo mismo pagar el 18 % menos con un dólar a $ 22 o $ 23 que a $ 30. El que cobra en dólares licúa esos costos, licúa hasta el costo de los servicios públicos, pero la lechería cobra en pesos, al igual que la granja, y la lechería está en crisis. Lo digo y lo reitero porque capaz que alguien piensa que no; a veces detrás de un escritorio o desde las lógicas técnicas –dicho esto con todo respeto– las cosas se ven distorsionadas. Nunca en mi vida había visto que la UTE cortara la luz en la Cámara de Representantes, tal como fue denunciado –y no por un diputado de mi partido– hace una semana cuando hubo cortes de luz por no pagar la factura; nunca lo había visto.
En definitiva, quiero que quede constancia de que el sector lechero nacional está en crisis y esta decisión lo va a afectar, y no sé de quién es la culpa: del acuerdo o de a quién se la quieran atribuir.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo sustitutivo del 659, que figura en la hoja 74.
En consideración el artículo 660.
SEÑOR HEBER.- Sé que en las conversaciones fuera de la Comisión no se ha llegado a un entendimiento. Quiero decir lo mismo que expresé en el artículo anterior: los acuerdos se tienen que respetar porque, de lo contrario, se lesiona la credibilidad que tenemos entre nosotros. Nos costó un año este entendimiento. Vuelvo a decir: hubo técnicos del Frente Amplio y fue la senadora Xavier la que habló con nosotros. Nos pusimos de acuerdo en poner técnicos. La señora Marina Arismendi fue designada por parte del Poder Ejecutivo de entonces para llevar adelante el entendimiento en esta ley. Por tanto, reclamo el cumplimiento de lo conversado. Esto es un retroceso; no creo que pueda haber otro tipo de acuerdo que deshaga lo que llevó un año de trabajo. Entonces, pido que haya una reflexión sobre este tema. Si alguien en nombre del Partido Nacional deshizo ese acuerdo, me hago cargo como presidente de la colectividad y no como senador. Este tema lo manejamos en las estructuras partidarias con el Partido Colorado, el Frente Amplio y el Partido Independiente. Me hago cargo en lo que respecta a mi partido, porque llegamos a un acuerdo después de una larga discusión interna, en donde no se logró todo lo que hubiéramos querido. Formalmente quiero reclamar que los entendimientos, que ni siquiera han cumplido un año, se mantengan. De no ser así, debemos tener la misma reunión con los actores que trabajaron en el tema y plantear cuáles son los inconvenientes por los cuales no se puede mantener una ley después de ocho meses de vigencia, que fue acordada y votada por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Representantes. Este es el tono con que nos tenemos que manejar acá. Si este tema va al plenario, con una decisión distinta, vamos a tener una discusión que no conviene para nuestro sistema, producto que genera una desconfianza e incertidumbre que no es conveniente para el nivel de entendimiento que tenemos que tener por encima de la dureza de las discusiones.
SEÑOR MICHELINI.- Sin desconocer lo que ha transmitido el senador Heber, lo que nos han dicho es que los actores, en este caso los intendentes, conversando con la OPP y el Poder Ejecutivo –en el marco de diversos acuerdos–, han planteado incorporar estos artículos en pos de la realidad que la normativa actual ha determinado. Entonces, tenemos acuerdos que tienen ocho o nueve meses de vigencia y otros, que incluyeron la incorporación de estos artículos, que ya pasaron por la Cámara de Representantes y que se conocen desde hace varios meses. Y es por ello que se pudo recurrir a los mecanismos partidarios que crearon los legítimos acuerdos que el senador Heber ha indicado. A nosotros nos han insistido mucho sobre estos acuerdos y la realidad determina estos artículos que no son simpáticos; por el contrario, algunos son antipáticos.
Vamos a votar ahora en la comisión los artículos 660 y 661 tal como están, nuevamente haremos las consultas al Gobierno y a las autoridades partidarias y en sala llegaremos a las definiciones correspondientes. En realidad, no es nuestra costumbre violar acuerdos; lo que estamos haciendo es respetar los últimos acuerdos que se alcanzaron, incluso con las nuevas intendencias como me acota la senadora Topolansky.
SEÑOR PARDIÑAS.- Creo que acá se hizo un planteo que el senador Heber saca del marco de su responsabilidad como senador y lo asume como responsabilidad institucional partidaria en este aspecto. En el camino que hemos transitado, haciendo las averiguaciones correspondientes y contrastando esta cuestión con lo que se había trabajado en las modificaciones de la ley de descentralización y participación ciudadana, los responsables de remitir este articulado nos dicen que esto es parte del acuerdo al que arribamos, tal como decía el senador Michelini. En definitiva, pienso que el camino que podemos asumir es votarlo ahora, estando dispuestos a sacarlo en el plenario de la Cámara de Senadores, sin que ello nos genere un lío entre el Gobierno Nacional y el Congreso de Intendentes. Si se nos asegura que ese lío no se va a generar, podemos hablar con nuestros referentes del ámbito presidencial, que son los que se vinculan fuertemente con el Congreso de Intendentes, y quizás podemos llegar a un acuerdo para sacarlo. Pero creo que la gestión la tienen que hacer ustedes, no la podemos hacer nosotros, porque los compañeros del ejecutivo lo que nos dicen es que esto se puso porque es parte del acuerdo y están los fundamentos escritos que lo avalan. Entonces, votemos esto ahora y si hay un entendimiento en cuanto a que no se van a romper los acuerdos retirando estos artículos, podemos lograr eliminarlos en el plenario de la Cámara de Senadores.
SEÑOR HEBER.- Reitero que este no es un acuerdo entre la OPP y los señores intendentes de la época. Este fue un acuerdo que se hizo entre cuatro partidos, con técnicos y con el Congreso de Intendentes. Representando al Partido Nacional participaron dos técnicos, había otros dos técnicos del Frente Amplio y otros dos técnicos del Partido Colorado. Y no recuerdo quién era el representante del Partido Independiente. La convocatoria la hacía Marina Arismendi y nos costó un año entendernos. Yo estoy asumiendo la cuota parte de responsabilidad en cuanto a que si alguien acordó otra cosa sin tener presente el esfuerzo del partido para llevar estos temas adelante y mejorar la ley sobre municipios, acepto el desafío de buscar atar nuevamente esta situación. Este acuerdo nos costó mucho y, a mi juicio, con él se avanza en la institucionalidad de la descentralización dentro de los departamentos –ya no de la capital hacia el interior– y esto entonces sería un gran retroceso que no queremos ninguno de los partidos acá representados. Esto lo hicimos antes de la elección departamental sin saber el resultado de quiénes habían sido elegidos como intendentes y alcaldes.
Por otra parte, queremos decir que el artículo que genera más problema es el 660, porque si en el 661 se establecen los límites respecto a que «el presupuesto municipal fijará» lo vamos a votar. Es lógico que tengan un límite que establezca el propio intendente al fijar el presupuesto municipal y no que el texto diga: «que aquel fijará», porque estamos dándole incertidumbre a todos los municipios a lo largo de toda la gestión de los cinco años. Entonces, lo único que modificamos en el artículo 661 es lo relativo a fijar los límites.
El artículo 660 es más grave porque es lo único que hemos logrado para que mañana los alcaldes y los municipios puedan funcionar como unidad ejecutora. No se trata de autonomía sino de funcionar como unidad ejecutora; son ordenadores primarios del gasto. Esa era la posibilidad que se les daba, nada más. Sacarles eso es retroceder muchos pasos.
Quiero decirlo para que tengan presente. Nosotros nos hacemos cargo –como nos plantea el señor senador Pardiñas– de hablar nuevamente con la cuotaparte de la representación partidaria que deshizo un acuerdo que nos costó un año alcanzar. En esa instancia actuaron intendentes que fueron reelegidos y otros que no.
Espero que esto no se vote y lleguemos al Plenario con un entendimiento en beneficio de todos nosotros y del nivel de entendimiento que debemos tener por encima de las discusiones, por más duras que sean en la confrontación de ideas.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 660.
Se pasa a considerar el artículo 661, cuyo sustitutivo figura en la hoja Nº 9, que fue presentado por Partido Nacional, del que ya se habló.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 661 aprobado por la Cámara de Representantes.
Se pasa a considerar el artículo 662, cuyo sustitutivo figura en la hoja 149, que fue presentado por el Partido Nacional.
SEÑOR CAMY.- Cuando el Partido Nacional presentó este sustitutivo, la señora senadora Topolansky solicitó el desglose de este artículo. La propuesta es concreta: incorporar el área metropolitana del departamento de San José, conjuntamente con una parte del departamento de Canelones y Montevideo, que queda fuera de esta partida de $ 285:000.000 que se establece para la inversión de infraestructura y de logística en el área metropolitana. Concretamente, lo que queda totalmente afuera con un criterio de desigualdad es Ciudad del Plata, que es un municipio de casi 30.000 personas, lindero con Montevideo y ubicado dentro de la jurisdicción del departamento de San José.
SEÑOR MICHELINI.- Cuando el señor senador Camy hizo este planteo, nos miramos con la señora senadora Topolansky y nos pareció naturalmente lógico. Sin embargo, cuando hicimos las consultas correspondientes en el Congreso de Intendentes, nos dijeron que cuando tuvieron que repartir la plata –porque, en definitiva, los recursos se reparten –, se definió que iría para el área metropolitana de Canelones y Montevideo y no para el área metropolitana en general. A tal punto es así que, en un momento, pensé que para que no hubiera confusión y nadie se sintiera discriminado, podríamos eliminar la frase «área metropolitana» pero no nos estamos refiriendo al norte de Canelones o a la Ciudad Vieja de Montevideo, sino al área metropolitana de Canelones y de Montevideo.
Lo que nos han dicho es que si agregáramos al departamento de San José bajo una perspectiva de no discriminar, entonces, en el Senado –o, en general, en el Parlamento–, estaríamos trastocando los acuerdos acerca de cómo se determinaron los recursos. Nosotros no queremos tocar nada en este sentido porque es muy complejo atar esto y, una vez hecho, es mejor mantenerlo atado.
Repito: esto no es para el área metropolitana en general sino para el área metropolitana de los departamentos de Canelones y Montevideo. Mañana podría haber, por ejemplo, un recurso para incluir el área metropolitana de Montevideo y San José, pero vamos a respetar la redacción que tiene el artículo; en su momento lo desglosamos porque había que dar una respuesta al señor senador Camy.
SEÑORA AYALA.- Quiero decir algo en la misma línea que el señor senador Michelini.
Hablando de respetar acuerdos, la intención es, precisamente, respetar el acuerdo que se hizo en el Congreso de Intendentes, donde la Intendencia de San José también estaba representada.
SEÑOR CAMY.- Voy a hacer algunas consideraciones para que quede constancia en la versión taquigráfica, ya que vamos a dar la argumentación de fondo en el plenario.
En primer lugar, me extraña que se establezca expresamente lo del intendente de San José porque si uno lee cualquier diario por Internet o cualquier otro medio de comunicación de los últimos 20 días, podrá enterarse que el intendente José Luis Falero ha hablado de discriminación al departamento de San José, específicamente, en este artículo.
En segundo término, vuelvo con algo que me pasó hace algunos días y lo voy a decir con todo respeto y franqueza, también, dirigiéndome al señor senador Michelini.
Está bien que se diga que este es un acuerdo entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y los intendentes, pero también era un acuerdo entre el Gobierno y los intendentes el mensaje original de la contribución inmobiliaria rural y se presentó un cambio. Entonces, me parece lógico que si estamos de acuerdo con ciertos argumentos que pueden ser hasta de sentido común que, por lo menos, se planteen.
Lo tercero que quiero señalar con total claridad es que es posible que lo que haya que cambiar sea que estas definiciones sigan pasando por el Parlamento. Saquemos el requisito de que esto requiera de una ley y demos la potestad directa al gobierno que le toque ganar para que pueda hablar con los intendentes. Planteo esto porque se requiere ley y el argumento que se da cuando se va a discutir es que hay un acuerdo con los intendentes.
SEÑOR MICHELINI.- Si se lee bien el artículo se verá que ese dinero está destinado a «obras de infraestructura viales, de transporte y de desarrollo logístico». Notoriamente, el área metropolitana de Montevideo y Canelones, en su parte logística de obras de viabilidad y de transporte, está muy deteriorada. Las áreas metropolitanas con San José –que son menores– están en mejores condiciones. Este artículo tiene una racionalidad.
SEÑOR CAMY.- Eso no es así, pero repito que vamos a dar la discusión en el pleno.
Soy del departamento y lo conozco mucho. Ciudad del Plata registra estadísticas e índices –para quienes juzgan la realidad mirando esos datos, lo que no nos parece mal– que están muy por debajo a los del resto del país. Estamos hablando de la zona de mayor crecimiento intercensal del Uruguay.
Para que se tenga una idea, hay 30.000 personas y no pueden nacer niños en Ciudad del Plata; en los últimos tiempos, ha habido cortes de ruta.
Voy a decir claramente esto antes que nada: no hablo de este Gobierno ni del otro. Esta es la gran discusión que voy a dar en el Pleno, como debutante en este periodo. Voy a cortar con las amarras y también voy a decir todo esto. Me hago cargo de todo lo que digo y de lo que voy a votar en mi condición de senador electo, votado por el Partido Nacional, que es una comunidad de hombres libres. También lo digo porque no estoy de acuerdo con tener que pedir permiso cada vez que voy a votar porque hay que tener en cuenta quién acordó, si era intendente, si fue en el plenario de alcaldes. ¡A mí no me va a alcanzar! ¡Que luego cada uno se haga responsable de lo que diga la versión taquigráfica! Ya vamos tratando tres o cuatro artículos en los que la respuesta ha sido que se ha acordado con los intendentes. Solo cambiaron un artículo. El artículo que modifica el pago de la contribución inmobiliaria rural también estaba acordado con el Congreso de Intendentes. Esto me hace acordar a los pases en comisión que no se pueden tocar. Eso sí, para la creación de una nueva secretaría de Presidencia de la República –de esas tantas que votamos–, no hay ningún problema, eso sí es muy importante y le habilitamos la excepción.
Adelanto que en el Plenario vamos a dar un debate político de fondo sobre estos temas.
SEÑORA AYALA.- No quiero entrar en debate, pero en cuanto a la contribución inmobiliaria rural, no se violó un acuerdo del Congreso de Intendentes, al contrario, se mantuvo y por eso se hizo la modificación cambiando algunos parámetros.
Paso a dar lectura de parte del acta que se aprobó en el Congreso de Intendentes. El último párrafo dice: «El Congreso de Intendentes respalda la petición de las Intendencias de Montevideo y Canelones de que las partidas adicionales a las generadas por el artículo 214 se orienten a obras de infraestructura en el área metropolitana». Quizá el concepto de área metropolitana no fue feliz, pero así fue como salió del Congreso de Intendentes. Además, aquí también figura el acuerdo con Sucive, el acuerdo de alumbrado y demás. Si los señores senadores lo desean, podemos solicitar al Congreso de Intendentes que nos informe sobre cuál fue el acuerdo al que se llegó.
SEÑOR MICHELINI.- Acá todos actuamos con libertad. Cada uno vota con convicción. Las razones que exponemos pueden no ser atendibles o no convencer, pero son las nuestras. Supongo que en Uruguay las comunidades son de hombres y mujeres libres que asumen su representación partidaria y sus compromisos políticos. Lo digo porque parecería que unos somos una cosa y otros, otra, y no es así.
SEÑOR CAMY.- Quiero dejar constancia de que el concepto de área metropolitana está definido y comprende una nueva categoría urbana que se fijó hace algunos años. Creo que fue institucionalizado en el año 2005, en el que se creó una organización que se llama Agenda Metropolitana, que funciona en el ámbito de la Presidencia de la República y que fuera firmada por los entonces intendentes Ehrlich, Carámbula y Chiruchi. Por tanto, si se quiere poner otra cosa, que se ponga otra cosa, que se ponga a los departamentos a los que se quiere favorecer, pero que no se maneje el concepto de área metropolitana discrecionalmente.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 662.
En consideración el artículo 689 de la Sección VII «Recursos». Este artículo tiene una hoja sustitutiva –hoja 163– que reemplaza la 160 y otras más que oportunamente fueron presentadas.
SEÑOR PARDIÑAS.- Hemos estado intercambiando interpretaciones sobre esta propuesta que venía del Poder Ejecutivo. El texto original utilizaba el verbo «sustituir», pero luego la Cámara de Representantes lo modificó por la palabra «agrégase». En definitiva, se propone esta modificación al artículo 23 del Título IV del Tocaf. Esto ha sido fundamentado por el Poder Ejecutivo y lo que se busca es dejar claramente establecida la normativa que tiene que ver con el fomento fiscal para la generación del empleo. Como se genera cierta duda en cuanto a la interpretación de lo que se pretendía modificar –se hablaba del último inciso y del siguiente literal–, en la bancada se resolvió proponer la sustitución de todo el texto del artículo 23 e incorporar al final el literal J), que es lo que se quería plantear como un reordenamiento. La propuesta originaria no buscaba modificar el contenido, sino dar claridad al artículo.
Luego de planteadas las consultas, incluso a asesores del ámbito tributario, entendimos que la forma de que quedara más claro era redactar todo el artículo 23 del Título 4 del Texto Ordenado, sustituirlo y tener así una única expresión de esta norma.
SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa sugiere que en lugar de: «Sustitúyese la redacción del artículo 23», se exprese: «Sustitúyese el artículo 23».
–Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 163, que sustituye al artículo 689, con la modificación referida.
–9 en 13. Afirmativa.
En consideración el artículo 708, que tiene un sustitutivo en la hoja 101, presentado por el Partido Nacional.
SEÑOR MICHELINI.- Después de dar muchas vueltas a este artículo, finalmente decidimos votarlo tal como vino de la Cámara de Representantes.
SEÑOR HEBER.- En su oportunidad, planteé en la Comisión los argumentos en extenso, pero si la decisión es que se quiere gravar a todas las entidades que comercialicen por Internet, votarán este artículo tal como está. Obviamente, nosotros queríamos ser más precisos.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 708 tal como vino de la Cámara de Representantes.
En consideración el artículo 710, Sección VIII.
SEÑOR MICHELINI.- Luego de analizar debidamente este artículo, no hemos encontrado la forma de modificarlo de manera adecuada. En todo caso, vamos a tratar de modificarlo en el tiempo que resta hasta que se considere en el Senado. Por tanto, hoy lo votaremos tal como está.
SEÑOR DELGADO.- Hemos anunciado oportunamente los argumentos de por qué votaremos en contra de este artículo que tiene que ver con juicios contra el Estado, con sentencia firme del tribunal correspondiente, que el Poder Ejecutivo no cumple con la sentencia del Poder Judicial sino que realizará las previsiones del caso en la próxima instancia presupuestal, de modo tal que lo decidirá el Poder Legislativo.
En este caso, también –profundizando en el estudio del artículo– se pueden deducir dos temas adicionales que no están establecidos a texto expreso. Uno es que puede llegar a interpretarse que no sean temas solamente laborales y, lo segundo, que no solo abarca a los funcionarios del Estado, sino también a los empleados de todas aquellas empresas tercerizadas por el Estado, ya que por la ley de tercerizaciones este tiene responsabilidad solidaria ante un incumplimiento. La base es mucho más grande para la eventualidad de juicios que se puedan condicionar a su cobro con la correspondiente sentencia del Poder Judicial.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 710.
En consideración el artículo 722, que tiene un sustitutivo en la hoja 45, presentado por el Frente Amplio.
SEÑOR PARDIÑAS.- Esta norma faculta al Poder Ejecutivo a autorizar la participación, a partir de convenios con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, de distintos organismos. Se hace énfasis en que tiene un fundamento planteado desde el área de la investigación y la innovación y por ello la referida autorización deberá contar con el informe previo y favorable de la ANII. Si el Poder Ejecutivo no cuenta con esta facultad tendría limitaciones en la integración de algunas de sus reparticiones en los centros tecnológicos. Es por eso que se lo está facultando para que en cada instancia se evalúe y se pueda desarrollar.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 722 en la hoja 45.
En consideración los artículos 723 y 724, disposiciones que en el día de ayer se pidió su desglose por alguna dificultad que hubo en la votación de las hojas sustitutivas.
SEÑOR MICHELINI.- En ambos casos votaremos los artículos tal como vienen de la Cámara de Representantes.
SEÑOR DELGADO.- Quiero dejar constancia de que compartimos la argumentación del señor senador Michelini y vamos a acompañar, como lo dijimos cuando se trató el artículo, la redacción que viene de la Cámara de Representantes.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si todos estamos de acuerdo, vamos a votar de manera conjunta ambos artículos.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 723 y 724 conjuntamente.
Con respecto al artículo 731, quería recordar, que está desglosado y fue pasado a comisión, pero no sé si teníamos que instrumentar algo más.
SEÑOR MICHELINI.- La Secretaría tiene que redactar una nota para que se vote el pasaje en Sala.
SEÑORA PRESIDENTA.- Por eso quería mencionar el artículo.
En consideración el artículo 742, que fue definido como « el deseo».
SEÑOR MICHELINI.- Queremos dar una señal clara con este artículo 742, aunque los integrantes de la bancada entendimos que su redacción no era feliz.
Por lo tanto, después de donde expresa: «la educación pública,» vamos a quitar la expresión «se compromete» y vamos a decir: «se encomienda al Poder Ejecutivo realizar los máximos esfuerzos en la asignación de créditos presupuestales para alcanzar el mencionado porcentaje».
Voy a leer todo el texto del artículo para que quede más claro: «Artículo 742.- A los efectos de lograr al final del Período Presupuestal la asignación de un volumen de recursos equivalentes al 6 % (seis por ciento) del producto bruto interno con destino a la educación pública, se encomienda al Poder Ejecutivo realizar los máximos esfuerzos en la asignación de créditos presupuestales para alcanzar el mencionado porcentaje».
Creo que quedó claro para la Secretaría, se mejora la redacción y estamos en condiciones de votar.
SEÑOR HEBER.- Simplemente quiero decir que este es un artículo cuya discusión en el plenario vamos a disfrutar mucho.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 742, con las modificaciones realizadas.
Señoras y señores senadores: hemos finalizado la votación del proyecto de ley de presupuesto, pero hay algunos detalles que debemos ajustar ahora, así que les voy a pedir un poco de paciencia.
En primer lugar, quisiera plantear una moción –verbal– para que la Secretaría pueda hacer la corrección de las citas legales, en acuerdo con la gente del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, etcétera, que ha estado presente, porque ya habíamos convenido que había una cantidad de citas que estaban sujetas a revisión, así como ajustes de texto de aquellos «y/o» que deban ser mejorados. A su vez, hay que tener en cuenta alguna eventual modificación de la cita de los artículos en el propio texto, en función de algún nuevo ordenamiento, como consecuencia no solo de algunos aditivos sino también de alguna sugerencia que la OPP nos hizo llegar.
En definitiva, me gustaría contar con la posibilidad de que la Comisión apruebe con su voto este planteo que se hace desde la Mesa.
SEÑORA MOREIRA.- Desde ya que la Comisión tendrá un buen trabajo con todo esto.
Simplemente quiero dejar sentado que en el artículo 569 hay una corrección para hacer, ya que se dice: «Incorpórase al Inciso» y debería expresarse «Incorpórase el Inciso».
SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias por su colaboración.
SEÑOR HEBER.- Por supuesto que estamos de acuerdo con el temperamento de la Mesa para habilitar a la Secretaría a los efectos de hacer las correcciones del caso.
Hay dos temas que nos importan. En primer lugar, quisiera saber si vamos a contar con un comparativo de la numeración, por lo menos que contenga la del Senado y la nueva, porque será muy importante. Tal vez ese material recién esté pronto el lunes, pero es relevante, por ejemplo, para hacer referencia y fundar el voto en cada uno de los artículos.
En segundo término, quiero aprovechar esta oportunidad –siempre lo hemos hecho en esta comisión– para agradecer a los funcionarios y a la secretaría porque han trabajado muy bien, lo que hizo posible terminar en tiempo para poder estudiar mejor el presupuesto para su tratamiento en el plenario.
Por otra parte, creo que se deben designar los miembros informantes.
SEÑOR AMORÍN.- Por supuesto, vamos a votar afirmativamente la propuesta de la presidenta.
Además, adhiero a lo dicho por el señor senador Heber en cuanto a felicitar a la secretaría y a todo el personal que ha trabajado en estas largas jornadas en las que, salvo algunas excepciones y en ciertos momentos, hubo muy buen ambiente. El cariño que promocionó la presidenta al final primó y me parece muy bien.
Finalmente, quiero felicitar a la presidenta por su agilidad, seriedad y ecuanimidad para llevar adelante la comisión.
SEÑOR AGAZZI.- Nuestra bancada se suma a las consideraciones hechas por los señores senadores Heber y Amorín. Le agradecemos a la presidenta y reconocemos su labor. Si bien nos dejó cansados de andar corriendo, quizás eso contribuyó a la eficiencia del trabajo.
SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción presentada por la presidencia.
Vamos a solicitar a las bancadas que designen miembro informante.
SEÑOR AGAZZI.- El miembro informante por el Frente Amplio será el senador Michelini.
SEÑOR DELGADO.- Por el Partido Nacional el miembro informante será el senador Heber.
También quería consultar si ya se tiene una idea respecto del régimen previsto de sesiones para la semana que viene.
SEÑOR AMORÍN.- Voy a ser el miembro informante en representación del Partido Colorado.
SEÑORA PRESIDENTA.- El régimen de sesión lo vamos a ir viendo siguiendo la lógica del cronograma que aprobamos oportunamente. El lunes 30 se sesionaría a partir de la hora 9 y también habría sesiones los días martes y miércoles. La idea es terminar con la votación en esos tres días. En la Comisión pensamos en terminar la votación en tres días y lo hicimos en dos días y medio. Por tanto, el ritmo dependerá de los integrantes de las bancadas. Lo que queda claro –en las sesiones del Senado no seré presidenta, sino un miembro más– es que por el trabajo que estuvimos planificando, intentaremos terminar en esos tres días y ajustaremos las horas de finalización de las jornadas en función de los avances que vayamos obteniendo.
–En mi calidad de presidenta –y por primera vez integrante de esta Cámara– para el tratamiento del presupuesto, quiero agradecer, en primer lugar, a mi bancada por haberme otorgado la responsabilidad de presidir esta comisión en este año.
En segundo término, quiero agradecer a todas las bancadas la comprensión en el trabajo, el cariño y el hecho de haber cumplido con un cronograma que lo establecimos entre todos, pero que además supimos manejar para poder cumplirlo.
Por último, agradezco a este equipo humano que me acompañó en la Mesa y que no conocía tanto. Lo cierto es que atrás de las profesiones hay personas, seres humanos, la mayoría mujeres, y eso quiero rescatarlo, por eso voy a mencionarlas: Lydia, Dinorah, Alicia, María José, María Victoria, Gabi y Rosina, y una cantidad de funcionarias más que no mencioné pero lo hago en ellas, porque aprendí a trabajar con ellas sin conocerlas y creo que ellas también aprendieron a trabajar conmigo.
Repito: mi agradecimiento a todos y a todas, y un aplauso porque el Presupuesto está saliendo en tiempo y forma y por eso todos estamos contentos.
(Son las 13:23).