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Timestamp: 2019-10-16 14:47:53
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 33', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 53', 'artículo 2']

﻿ SENTENCIA 2777-2004 DE MARZO 27 DE 2007
SENTENCIA 2777-2004 DE 27 DE MARZO DE 2007
CONTENIDO:CESANTÍAS Y SANCIÓN MORATORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. VÍA PROCESAL ADECUADA PARA DISCUTIR SU RECONOCIMIENTO Y OBTENER SU PAGO.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUNCIÓN PÚBLICA, INDEMNIZACIÓN MORATORIA, PROCEDIMIENTO LABORAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:427 DE JULIO DE 2007, PG.1214
Sentencia 2777-2004 de marzo 27 de 2007
CESANTÍAS Y SANCIÓN MORATORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS
Vía procesal adecuada para discutir su reconocimiento y obtener su pago.
EXTRACTOS: «Decide la Sala la apelación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia de 20 de febrero de 2004, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda formulada por José Bolívar Caicedo Ruiz contra el municipio de Santiago de Cali. [...].
El problema jurídico a resolver se contrae a decidir si se ajustan a la legalidad los actos administrativos acusados, por los cuales el municipio de Santiago de Cali le reconoció al demandante, José Bolívar Caicedo Ruiz, una suma a título de indemnización moratoria por no haberle pagado oportunamente las cesantías definitivas.
Para resolver el problema jurídico planteado, se abordarán los siguientes aspectos: 5.1. Intereses a la cesantía, fines, normatividad regulatoria y aplicabilidad; 5.2. Síntesis de acciones tramitadas ante esta jurisdicción y su decisión; 5.3. Formulación de las distintas hipótesis para el reconocimiento de la indemnización moratoria por la falta de pago oportuno de las cesantías definitivas; y 5.4. Solución al caso concreto.
5.1. La cesantía, fines, normatividad regulatoria y aplicabilidad.
La Ley 65 de 1946, en el artículo 1º, ordenó que:
En el artículo 33 de la referida norma se establecieron intereses a favor de los trabajadores en el 9% anual sobre las cantidades que al 31 de diciembre de cada año figuraran a favor de cada empleado público, porcentaje que ascendió a la suma del 12% en virtud del artículo 3º de la Ley 41 de 1975.
En el orden territorial el auxilio de la cesantía continuó bajo los parámetros de la Ley 6ª de 1945, del Decreto 2767 de 1945, de la Ley 65 de 1946 y del Decreto 1160 de 1947, que consagran su pago en forma retroactiva.
PAR.—Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional del Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6º de la Ley 432 de 1998”.
La finalidad del legislador al establecer una sanción por el retardo en el pago de las cesantías definitivas quedó configurada en la exposición de motivos, en la cual el ponente del proyecto manifestó:
Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga al trabajador su cesantía, tan solo se le entrega lo que certificó la entidad patronal meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante que la entidad pagadora, los fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin ningún reconocimiento para el trabajador” (1) .
En este sentido cabe afirmar que la Ley 244 de 1995, artículo 1º, al establecer un término perentorio para la liquidación de las cesantías definitivas buscó que la administración expidiera la resolución en forma oportuna y expedita para evitar corrupción, favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajadores.
5.2. Síntesis de acciones tramitadas ante esta jurisdicción y su decisión.
Respecto de la acción judicial procedente para reclamar el pago de la sanción moratoria por no haberse pagado oportunamente las cesantías ha habido diversas posiciones en las secciones Segunda y Tercera de esta corporación. Con miras a unificar los diversos criterios jurisprudenciales, en la presente decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo se resumen así:
Precedentes jurisprudenciales de la Sección Tercera
En sentencia de 2 de junio de 2005, radicación AG 2382, consejera ponente María Elena Giraldo Gómez, se declaró responsable a la administración, en el marco de una acción de grupo, por la tardanza en el pago de unas mesadas pensionales, por cuanto la demostración de la tardanza en el pago puso en evidencia el daño material ocasionado a los pensionados, lo que, de paso, quebranta la Constitución, artículo 53, inciso 3º, conforme al cual “El Estado garantiza el derecho al pago oportuno” de las pensiones legales.
En sentencia de 3 de abril de 2003, radicación 0881-02, consejera ponente Ana Margarita Olaya Forero, también se abordó el fondo del asunto debatido y se denegó la solicitud de la indemnización moratoria porque para su causación se requiere que hayan transcurrido 45 días desde la fecha en que haya quedado en firme el acto de liquidación de las cesantías definitivas y como en el expediente no obra copia de dicho acto no se dan los presupuestos de hecho señalados por la norma para que proceda el reconocimiento de la sanción.
En sentencia de 19 de febrero de 2004, radicación 1846-2003, consejero ponente Jesús María Lemos Bustamante, se sostuvo que el pago de las cesantías definitivas debe adelantarse ante el juez laboral del circuito y se negó el pago de la sanción moratoria por la falta de pago oportuno de la cesantía definitiva al considerar que debe existir una petición previa a la administración en ese sentido.
La reseña de las distintas posiciones sentadas por esta corporación le permite concluir a la Sala que el cambio de criterios ha obedecido al afán de proteger al empleado cesante perjudicado por el incumplimiento o el retardo en el pago de sus cesantías definitivas. Sin embargo la disparidad existente impone precisar cuáles acciones y en qué eventos deben utilizarse para que el administrado tenga la certeza de que está invocando la acción adecuada a los fines perseguidos.
5.3. Formulación de las distintas hipótesis para el reconocimiento de la indemnización moratoria por la falta de pago oportuno de las cesantías definitivas.
La Ley 244 de 1995 (2) , textualmente establece:
Por medio de la cual se fijan los términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.
En este caso pueden ocurrir variar posibilidades:
En las hipótesis en que no haya controversia sobre el derecho, por existir la resolución de reconocimiento y la constancia o prueba del pago tardío, que, en principio, podrían constituir un título ejecutivo complejo de carácter laboral, el interesado puede acudir directamente ante la justicia ordinaria para obtener el pago mediante la acción ejecutiva v.gr. hipótesis 5.3.3.1 y 5.3.3.2.
En suma, la vía procesal adecuada para discutir las cesantías y el reconocimiento de la sanción moratoria es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, salvo que exista certeza del derecho y de la sanción, porque, se repite, en estos eventos procede la ejecución del título complejo.
La acción de grupo tampoco es vía idónea para reclamar la indemnización moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas toda vez que su finalidad es indemnizatoria, bajo los supuestos de la existencia de un daño antijurídico y de responsabilidad extracontractual porque, conforme al inciso 2º de la Ley 472 de 1998, la acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios, esto es, tiene un alcance preciso y limitado, mientras que la reclamación de la indemnización moratoria, está dentro de la órbita del derecho laboral administrativo cuyas reglas están dadas por la legislación positiva.
Conviene precisar que en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho siempre existirá un acto atacable. Los expresos de reconocimiento de las cesantías definitivas y de reconocimiento de la sanción moratoria, o los fictos frente a la petición de reconocimiento de las cesantías definitivas o frente a la petición de reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, por lo que la acción que debe impetrarse es la de nulidad y restablecimiento del derecho.
Sin embargo, por razones de seguridad jurídica y por respeto al derecho de acceso a la administración de justicia, los procesos emprendidos a través de la acción de reparación directa, que no requiere agotamiento de la vía gubernativa, deben continuar con el trámite iniciado hasta su culminación, conforme a las tesis jurisprudenciales correspondientes. Por lo tanto la presente sentencia ha de ser criterio jurisprudencial a partir de su ejecutoria.
5.4. Solución al caso concreto.
La inconformidad del apelante consiste en que no está de acuerdo con el número de días que le fueron reconocidos al contar el monto de la indemnización moratoria ante la falta de pago oportuno de sus cesantías definitivas ni con el valor que sirvió de base a la entidad para el reconocimiento de la sanción moratoria.
Sobre el primer aspecto señala que el número de días en mora que le reconoce la Resolución 2054 del 28 de octubre de 1999 es incorrecto pues en dicho acto se afirma que la solicitud para el pago de la mora fue radicada el 30 de agosto de 1999, en tanto, afirma el actor, su “solicitud de pago del saldo de las prestaciones se presentó en junio 9 de 1998 (...) por lo tanto tomar otra fecha distinta es incurrir en un grave error”.
Sea lo primero precisar que el reclamo del apelante versa sobre la indemnización moratoria en el pago del “saldo de las prestaciones”, que realmente es solo el saldo de las cesantías definitivas, para lo cual deben hacerse las siguientes consideraciones.
El 4 de febrero de 1998, mediante Resolución 088, el Concejo Municipal de Santiago de Cali declaró insubsistente el nombramiento del demandante como relator general de dicha corporación, cargo para el cual había sido designado por Resolución 775 del 25 de febrero de 1997 (fls. 3 y 4, cdno. ppal.).
El 15 de mayo de 1998, mediante Resolución 336, se ordenó el reconocimiento y pago de cesantías definitivas y otras prestaciones sociales en favor del demandante, por la suma de $ 18’356.720 (fl. 9, cdno. 2).
El 9 de junio de 1998 esta suma estuvo disponible en ventanilla para ser cobrada por el demandante y fue reclamada por este el 18 de junio de 1998 (fl. 25, cdno. ppal.).
El actor interpuso recurso contra la Resolución 336 del 15 de mayo de 1998, que fue resuelto por la Resolución UTH-1440 del 23 de octubre de 1998, que ordenó incrementar el valor en $ 1’831.630, en el rubro correspondiente a cesantías definitivas (fl. 6, cdno. 2).
El 22 de junio de 1999, mediante cheque, esta suma fue pagada al demandante según certificación expedida por la pagadora general del municipio de Santiago de Cali (fl. 2, cdno. 2).
El 28 de octubre de 1999, por Resolución UTH 2054, la entidad accionada ordenó el pago de $ 2’850.578, a título de indemnización moratoria por la falta de pago oportuno de las cesantías definitivas, al considerar que respecto del último pago, de $ 1’831.630, incurrió en mora porque debió pagarlo el 21 de enero de 1999 y no el 22 de junio de 1999, como ocurrió.
El recurrente argumenta que la entidad tomó como fecha para iniciar el cómputo de la mora el 30 de agosto de 1999 porque en esa fecha se presentó la solicitud de reliquidación, y no el 9 de junio de 1998 que, en su opinión, debió ser el punto de partida para contabilizar la indemnización moratoria, toda vez que en tal fecha presentó la solicitud de reliquidación.
Como la Resolución UTH-1440, que ordenó incrementar el valor de las cesantías definitivas en $ 1’831.630, fue expedida el 23 de octubre de 1998 y notificada el 5 de noviembre de 1998, oportunidad en que se le hizo saber al actor que tenía cinco (5) días para interponer contra la misma los recursos de reposición y apelación, que no interpuso, la Sala concluye que la administración computó adecuadamente la indemnización moratoria por la falta de pago oportuno de las cesantías cuando señaló, en la motivación de la Resolución UTH 2054 del 28 de octubre de 1999, que la fecha límite que tuvo la entidad para realizar el pago, sin incurrir en mora, fue el 21 de enero de 1999, a partir de la cual debe computarse la indemnización moratoria. Fue lo que hizo la entidad demandada, que tuvo en cuenta para calcular la indemnización moratoria el período comprendido entre el 21 de enero de 1999 y el 22 de junio de 1999, fecha de pago del saldo de las cesantías definitivas.
Como segundo motivo de inconformidad expresa el apelante que no está de acuerdo con el valor que sirvió de base para reconocerle la sanción moratoria. Explica que tanto la administración municipal como el tribunal se equivocaron porque consideraron que solo se incurrió en mora “con respecto al segundo pago por el mismo concepto, es decir que la mora no se causó sobre el total de la obligación laboral ($ 20’188.359.99) sino sobre la diferencia entre el salario promedio tenido en cuenta el 15 de mayo de 1998 y liquidado el 23 de octubre del mismo año”.
La Sala desestimará este argumento pues una interpretación razonable de la Ley 244 de 1995, artículo 2º, parágrafo, indica que la indemnización moratoria no puede liquidarse en este caso sobre la totalidad de la obligación laboral porque, según consta en autos, el primer pago de las cesantías definitivas $ 13’950.872 (3) fue realizado oportunamente; por lo tanto, la base para la liquidación de la indemnización moratoria que tuvo en cuenta la entidad accionada, la diferencia entre el salario promedio de la primera liquidación, $ 4’667.578, y el de la segunda, $ 5’233.933, concilia adecuadamente el derecho del demandante a que se le pague una sanción por la mora en el pago del saldo de las cesantías definitivas con la circunstancia de que la mora no ocurrió sobre la totalidad de las cesantías definitivas sino sobre un monto que apenas excede el 10% de lo debido por este rubro.
Por las razones expresadas, la Sala considera ajustado a derecho el valor fijado por la entidad como base para liquidar la sanción moratoria por la falta de pago oportuno de las cesantías definitivas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por ministerio de la ley
CONFÍRMASE la sentencia del 20 de febrero de 2004 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda promovida por José Bolívar Caicedo Ruiz, identificado con cédula de ciudadanía Nº 14’449.453 de Cali, contra el municipio de Santiago de Cali».
(Sentencia de 27 de marzo de 2007. Expediente 2777-2004. Consejero Ponente: Dr. Jesús María Lemos Bustamante).
(1) Gaceta del Congreso año IV - Nº 225 del 5 de agosto de 1995.
(2) Norma subrogada por la Ley 1071 de 2006.
(3) El total de las prestaciones pagadas en esta ocasión fue de $ 18’356.720.