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Timestamp: 2017-10-23 16:51:33
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Matched Legal Cases: ['artículo 79', 'artículo 3', 'artículo 79', 'artículo 75', 'artículo 79', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 79', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 41', 'Artículo 41', 'artículo 65', 'Artículo 65', 'artículo 75', 'artículo 65', 'Artículo 75', 'artículo 76', 'Artículo 76', 'artículo 42', 'artículo 65', 'artículo 77', 'Artículo 77', 'artículo 65', 'artículo 78', 'Artículo 78', 'artículo 65', 'artículo 79']

Ley de Factura Electrónica y contratación administrativa | Contrato de obras
Ley de Factura Electrónica y contratación administrativa
. 30/12/13 .
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Publicado en el BOE de 28 diciembre de 2013 la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, (en lo sucesivo Ley de Factura Electrónica) que modifica los artículos 65.1; 75; 76; 77; 78; la D.A. 16ª. f); y la D.T. 4ª, suprime los artículos. 3.2.f) y 41.d), y añade un nuevo artículo 79 bis y una disposición adicional primera bis al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en lo sucesivo TRLCSP)
Pero, en lo que a contratación pública se refiere, el contenido de la Ley de Factura Electrónica, interesa no sólo por las importantes modificaciones que directamente introduce en el texto del TRLCSP, sino también porque su finalidad principal es la de reducir la morosidad de las Administraciones Públicas, controlando y sistematizando informáticamente el seguimiento de las facturas desde su entrada en registro.
De hecho ambos aspectos, – Ley de Factura Electrónica y modificaciones del TRLCSP -, si bien con un mismo último propósito, cual es la mejora del sistema de contratación pública, tienen pocos puntos en común, dado que las modificaciones introducidas en el TRLCSP, tienen por finalidad principal la de redefinir los criterios de solvencia exigibles en una licitación pública, favoreciendo además la participación de pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente a través de la eliminación, como regla general, del requisito de clasificación en los contratos de servicios.
Lo anterior aconseja realizar el estudio en dos apartados de forma diferenciada: Por una parte, el que se refiere propiamente al contenido de la Ley de Factura Electrónica y, por otra, el referido al contenido en la disposición final tercera por el que se introducen diversas modificaciones en el TRLCSP.
Siguiendo el preámbulo de la Ley de Factura Electrónica, la misma tiene por finalidad mejorar la competitividad de las empresas a través de la reducción de la morosidad de las Administraciones Públicas, estableciendo un control informatizado y sistematizado de las facturas que favorecerá un seguimiento riguroso de la morosidad a través de un indicador, el periodo medio de pagos, que visualizará el volumen de deuda comercial de las Administraciones y permitirá llegado el caso, aplicar los mecanismos previstos de control de la deuda comercial.
Para alcanzar estos fines, la Ley incluye medidas dirigidas a mejorar la protección de los proveedores, tales como el establecimiento de la obligación de presentación en un registro administrativo de las facturas expedidas por los servicios que presten o bienes que entreguen a una Administración Pública en el marco de cualquier relación jurídica; el impulso del uso de la factura electrónica en el sector público, con carácter obligatorio para determinados sujetos a partir del quince de enero de 2015; y la creación obligatoria para cada una de las Administraciones Públicas, estatal, autonómica y local, de puntos generales de entrada de facturas electrónicas.
Se apuesta además por el impulso de la facturación electrónica también en el sector privado, a través de la modificación (disposición final segunda) de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información, exigible a partir del quince de enero de 2015.
Las anteriores medidas se acompañaran de otras dirigidas a las Administraciones Públicas, como son la creación de un registro contable de facturas gestionado por el órgano o unidad que tenga atribuida la función contable; la regulación de un nuevo procedimiento de tramitación de facturas, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2014, que mejorará el seguimiento de las mismas, y el fortalecimiento de los órganos de control interno al otorgarles la facultad de poder acceder a la documentación contable en cualquier momento.
El Capítulo I concreta el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación subjetivo. La Ley se aplica a las facturas emitidas por la entrega de bienes o la prestación de servicios a las Administraciones Públicas, entendiendo por tales los entes, organismos y entidades a que se refiere el artículo 3.2 del TRLCSP.
El Capítulo II establece la obligación de presentación de las facturas en un registro administrativo, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de servicios.
El Capitulo III establece la facultad de todo sujeto que entregue bienes o preste servicios para la Administración de presentar factura electrónica. En todo caso, tal modo de presentación será obligatorio para las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, uniones temporales de empresas, agrupaciones de interés económico y entidades no nacionales con o sin personalidad jurídica a partir del quince de enero de 2015 (D. Final octava)
Reglamentariamente se podrá excluir la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las Administraciones Públicas.
Se establece (Art. 5), el formato de la factura electrónica que requerirá bien de formato estructurado y firma electrónica avanzada, bien de sello electrónico avanzado. En tanto no se apruebe el formato estructurado, la D.A. segunda establece el uso de un formato provisional. De igual modo para el sello electrónico avanzado establece la D.T. segunda el uso de un certificado provisional.
Se establece (Art. 6) un punto general de entrada de facturas electrónicas (pendiente de definir las condiciones técnicas normalizadas) por cada nivel administrativo –estatal, autonómico y local-, en total tres, salvo que las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, en aplicación del principio de eficiencia, se adhieran al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado en el modo señalado en la D. adicional quinta. La presentación supondrá la emisión de un acuse de recibo electrónico que acreditará la fecha y hora de presentación, y permitirá a partir de ese momento consultar el estado de tramitación de la factura. Las facturas electrónicas tendrán los mismos efectos tributarios que las facturas en papel (D. adicional tercera).
El Capítulo IV regula la creación del registro contable de facturas, un nuevo procedimiento para la tramitación de facturas y las actuaciones correspondientes al órgano competente en materia de contabilidad, todo ello obligatorio a partir del uno de enero de 2014.
Con las excepciones que se han venido apuntando, la Ley de Factura Electrónica entrará en vigor a partir del 17 de enero de 2014. Sin embargo, y en lo que a las modificaciones del TRLCSP se refiere, habrá de tenerse en cuenta el nuevo párrafo introducido en la D. adicional cuarta del TRLCSP: “La nueva redacción que la Ley de Impulso de la Factura Electrónica y creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público da a los artículos 75, 76, 77 y 78 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 79.bis de dicho Texto Refundido entrarán en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los requisitos, criterios y medios de acreditación que con carácter supletorio se establezcan para los distintos tipos de contratos.”
(Comentario: Dado que el actual RGLCAP no establece nada al respecto, habrá que esperar a una nueva disposición reglamentaria al respecto. Ahora bien, cabe la duda de si tales preceptos no tendrán vigencia en ningún aspecto hasta que se produzca tal desarrollo reglamentario –creo que es la interpretación adecuada- o, si por el contrario, si tendrán vigencia actual, a excepción de aquéllos aspectos que se refieran a otros requisitos, criterios y medios de acreditación que con carácter supletorio puedan establecerse reglamentariamente).
II.- MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
Las modificaciones introducidas en el TRLCSP cabe agruparlas en, por una parte, aquéllas que se refieren a la solvencia y a la clasificación y, por otra, las relacionadas con otros contenidos.
A.- SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN
Solvencia y clasificación en general:
• Se concreta el modo en el que a través de la clasificación, en aquellos contratos de obras o servicios en los que la misma no es exigible, se puede acreditar la solvencia: Mediante la acreditación de la clasificación del licitador o candidato en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato.
• Para los contratos de servicios, sea cual fuere su importe, no será exigible la clasificación. Si bien la clasificación será uno de los modos de acreditar la solvencia –punto anterior-.
• Se suprime la posibilidad de que, tratándose de trabajos especializados para los que se exige determinada habilitación o autorización, la clasificación, caso de ser exigida, pueda suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esa parte con empresarios que cuenten con tal habilitación o autorización.
• En todos los supuestos de acreditación de solvencia económica y financiera o técnica o profesional, los pliegos, detallaran las magnitudes, parámetros o ratios y los umbrales o rangos de valores que determinarán la admisión o exclusión de los licitadores o candidatos.
• La disposición transitoria cuarta señala que la entrada en vigor de los cambio que estamos analizando tendrá lugar una vez se establezcan las normas reglamentarias de desarrollo del TRLCSP por las que se definan los requisitos, criterios y medios de acreditación que con carácter supletorio se establezcan para los distintos tipos de contratos. (Ver comentario anterior).
• Se suprime como modo de acreditación de solvencia la declaración de entidades financieras.
• Se especifica el modo en el que se acreditará la solvencia a través del volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato: El importe de tal volumen habrá de ser igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento.
• Las cuentas anuales como modo de acreditar esta solvencia se sustituyen por el patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el contrato objeto de contratación.
• Se concreta el modo en el que el seguro de indemnización por riesgos profesionales acreditará la solvencia: Su importe habrá de igual o superior al del contrato.
• Los trabajos ejecutados anteriormente como modo de acreditar la solvencia técnica en los contratos de obras y suministros, y técnica o profesional en los de servicios se amplia de cinco a diez años en los contratos de obras, y de tres a cinco años en los de suministro y servicios.
• Para los contratos de obras se señala el modo en que, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras serán tomadas en consideración a los efectos de acreditar la solvencia técnica de la empresa matriz tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista.
(Comentario: No se alcanza a entender que fin se pretende añadiendo un apartado 3ª a los artículo 75 y 77, y 2º a los artículos 76 y 78, de contenido similar en todos ellos, cuando el contenido al que se refieren se expresa de modo más claro para todos los supuestos en el nuevo artículo 79 bis.
La redacción de los citados apartados 3os (art 75 y 77) y 2os (art. 76 y 78), es además contradictoria con la del artículo 65, pues en tanto éste señala de modo indubitado que en aquéllos contratos en los que la clasificación no es exigible, la misma sustituye a la solvencia si el licitador o candidato se encuentra clasificado en los grupos o subgrupo de clasificación que se corresponden con el objeto del contrato, los anteriormente citados apartados de los artículos 75 a 78, dan a entender que tal sustitución sólo tendrá lugar en los supuestos en los que anuncio y pliegos no señalen los requisitos de solvencia exigidos (“En su defecto, la acreditación de la solvencia … se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley”). Como queda anotado, la redacción del artículo 79 bis, si deja claro el alcance del modo de acreditar la solvencia y la posibilidad de sustitución de la misma por la clasificación.)
B.- OTROS ASPECTOS MODIFICADOS
Dejan de tener la consideración de Administraciones Públicas los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en lo que respecta a su actividad de contratación, si bien ajustarán su actuación en materia de contratación a las normas establecidas en el TRLCSP para las Administraciones Públicas.
C.- DETALLE DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
(Nota: En color negro anterior redacción. En color azul nueva redacción).
Se suprime la letra f) del apartado 2 del artículo 3.
“Artículo 3. Ámbito subjetivo:
f) Los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en lo que respecta a su actividad de contratación.”
Se suprime el apartado 2 del artículo 41
“Artículo 41. Órgano competente para la resolución del recurso.
2. Los órganos competentes de las Cortes Generales establecerán, en su caso, el órgano que deba conocer, en su ámbito de contratación, del recurso especial regulado en este Capítulo, respetando las condiciones de cualificación, independencia inamovilidad previstas en este artículo.”
Se añade una disposición adicional primera bis
“Disposición adicional primera bis. Régimen de contratación de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos.
Asimismo, los órganos competentes de las Cortes Generales establecerán, en su caso, el órgano que deba conocer, en su ámbito de contratación, del recurso especial regulado en el Capítulo VI del Título I del Libro I de esta Ley, respetando las condiciones de cualificación, independencia e inamovilidad previstas en dicho Capítulo.”
Se modifica el apartado 1, del artículo 65
“Artículo 65.- Exigencia de clasificación
“1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior 200.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II.
En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en el grupo subgrupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 % del precio del contrato.”
Se modifica el artículo 75
3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia económica y financiera de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa del importe mínimo, expresado en euros, de cada uno de ellos. En su defecto, la acreditación de la solvencia económica y financiera se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.”
“Artículo 75. Solvencia económica y financiera.
2. Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el órgano de contratación”.
Se modifica el artículo 76
“Artículo 76. Solvencia técnica en los contratos de obras.
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquél en el capital social de ésta.”
Letras b) a f) del apartado 1), ídem redacción a la actual.
“2. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.”
Se modifica el artículo 77.
“Artículo 77.- Solvencia Técnica en los contratos de suministro
a) Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco (tres) últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.”
Apartado 2), ídem redacción a la actual.
“3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos, y en su caso de las normas o especificaciones técnicas respecto de las que se acreditará la conformidad de los productos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.”
Se modifica el artículo 78
“Artículo 78.- Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco (tres) años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.”
Letras b) a i) del apartado 1), ídem redacción a la actual.
“2. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos, y en los casos en que resulte de aplicación, con especificación de las titulaciones académicas o profesionales, de los medios de estudio e investigación, de los controles de calidad, de los certificados de capacidad técnica, de la maquinaria, equipos e instalaciones, y de los certificados de gestión medioambiental exigidos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.”
Se introduce un nuevo artículo 79 bis
Se modifica el apartado f) de la Disposición Adicional Decimosexta
“Disposición adicional decimosexta. Uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley.
No obstante lo anterior, las facturas electrónicas que se emitan en los procedimientos de contratación se regirán en este punto por lo dispuesto en la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (normativa especial que resulte de aplicación.)”
Se modifica la Disposición Transitoria Cuarta