Source: https://es.scribd.com/document/28568645/Juicios-Orales-en-el-Derecho-Fiscal-Mexicano
Timestamp: 2017-05-28 16:54:33
Document Index: 388176396

Matched Legal Cases: ['Artículo 235', 'Artículo 266', 'Artículo 289', 'Artículo 325', 'Artículo 338', 'Artículo 339', 'Artículo 340', 'Artículo 341', 'Artículo 363', 'Artículo 364', 'Artículo 372', 'artículo 318', 'artículo 387', 'artículo 72', 'artículo 20', 'artículo 553', 'artículo 73', 'artículo 115', 'artículo 123', 'Artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 92', 'artículo 93', 'artículo 194', 'artículo 24', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 6', 'artículo 6']

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P r o c e d im ie n t o O r a l D e r e c h o P r o c e s a l F is c a l M e x ic a n o
El sistema de juicios orales tiene como piedra angular la capacidad técnica del Estado para investigar delitos y obtener pruebas científicas que respalden un caso. Ésta es una de las grandes debilidades corregibles del sistema actual. De ahí la necesidad de reorganizar el funcionamiento del Ministerio Público y la Policía de Investigación, y la relevancia de que el futuro Procurador General de la República sea un convencido promotor de la reforma de juicios orales. Sólo así, la investigación científica y profesional sustituirá a l a intimidación y la corrupción.
José Luiis Garrcíía Anciirra Jo sé L u s G a c a A n c a UANL SEPAD 1339359 UANL SEPAD 1339359 httttp::www..llexprrottottus..com h p w w w e x p o o u s co m jjose..garrciia@llexprrottottus..com o se g a c a @ e x p o o u s co m
Índice 1.0 Introducción 2.0 Antecedentes 2.1 Antecedentes Derecho Comparado 2.2 Etapas del Juicio Oral. 2.3 La regulación del “Juicio Oral” en las Entidades de la Federación Mexicana. 3.0 Desarrollo del tema 3.1 El Sistema Acusatorio 3.2 Reforma Constitucional del 18 de junio de 2008 3.3 Reformas En Nuevo León en relación al sistema de Enjuiciamiento Acusatorio. 3.4 Los Delitos Fiscales. 3.5 El derecho a no autoincriminarse del contribuyente España 4.0 Conclusiones y Comentarios 4.1 4.2 4.3 5.0 Conclusión estricto apego a la reforma penal Conclusión Final Comentarios
1.0 Introducción Iniciar este tema ha sido complicado, la principal razón es que no existe una referencia documental fácil de encontrar que relacione, el procedimiento oral con el proceso fiscalizador o mas bien con el derecho tributario, hablar de juicios orales, nos lleva a los primeros tiempos donde en forma natural ocurría la solución de controversias, es fácil perder el rumbo del tema y enfocar este al Juicio Oral en México, si bien es necesario hacer una referencia clara del proceso que se lleva en el Juicio Oral y un análisis comparativo contra los Juicios Tradicionales Escritos que ahora rigen en nuestro sistema Mexicano, el enfoque de este trabajo es el de buscar o predecir por donde vendrán las Reformas Fiscales, y el uso de este proceso Oral, sabemos que lo que buscamos es dar un giro dramático en la búsqueda de agilizar el aparato de justicia de nuestro querido México, es evidente que la lentitud de nuestro aparato tradicional escrito, no solo adolece de capacidad, adolece también de principios que se contraponen con la capacidad ciega de los juzgadores, debido a que estos son manipulados por el manejo de las palabras, sin tener un contacto directo con los aspectos humanos, esta frialdad que hemos vivido en el ultimo siglo hace que nuestra justicia no sea la mejor. Si bien el mundo esta cambiando y nunca estamos contentos con lo que tenemos, como es el caso de los Ingleses que su justicia la basan en la costumbre sin tener una Constitución escrita, ellos al mismo tiempo tienen su búsqueda para lograr la formalidad escrita de su Constitución, nosotros por otra parte estamos buscando lo mejor de ellos que son los procesos orales, con la participación viva de lo que propone un Juicio Oral, claro esta que no podemos hablar de un proceso totalmente Oral, mas bien nuestro nuevo sistema estará basado en un sistema mixto, oral y escrito. El tema central es una mezcla entre el derecho penal y el derecho fiscal, en la actualidad el proceso esta basado en el juicio escrito, hacia donde nos PAG 3 DE 53
dirigimos es justamente complementar este juicio escrito con el juicio oral, según lo que puedo imaginar, la mezcla de estas dos técnicas puede llevarnos a hacer mas ágil el proceso y al mismo tiempo darle mas sentido humano a la aplicación de las leyes. Por medio de este ensayo imaginativo pretendo primeramente aprender de lo que existe en la actualidad y al mismo tiempo quizás pronosticar que estará pronto por llegar en las siguientes reformas, una vez que se rompen los paradigmas el mundo avanza mas rápido y eso es justamente lo que se requiere romper los falsos paradigmas de esta edad media jurídica que vivimos, quizás los que están en su estado de confort sean los que no ayudan a que nuestro mundo cambie y sea un sitio de armonía donde los valores y el amor al prójimo sean la piedra fundamental de la convivencia armónica.
2.0 Antecedentes Directamente hablar de la repercusión fiscal nos lleva de inmediato al escrutinio del proceso penal.
La implantación de los “Juicios Orales” es un tema que lleva cierto tiempo en el tintero legislativo, ya que se ha explorado en cuanto a la conveniencia o no de su instauración en el ámbito federal en materia penal. Se han llevado a cabo diversos estudios que analizan la posibilidad de su establecimiento, observando tanto las implicaciones positivas como las negativas que traería aparejado, ya que nuestra costumbre ha sido el sistema inquisitivo, a través del medio escrito, en donde lo que importa y tiene relevancia es lo que está en el expediente, todas las valoraciones deben de verse reflejadas en los “autos”, para que de su lectura final se pueda dictar una sentencia.
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Por otra parte, el sistema acusatorio, que se pretende establecer, a través de la oralidad en el juicio, traería consigo cambios significativos en toda la concepción del proceso como lo conocemos hoy en día. La factibilidad de estos juicios, se ve más cercana, ahora que las Cámaras discuten los cambios en materia de justicia penal a nivel Constitucional, mismos que entre otros aspectos relevantes contienen también el establecimiento formal de los juicios orales en el sistema jurídico mexicano. Existe una gran polémica sobre su instauración, ya que aún siguen existiendo muchos rezagos para poder instituir una justicia de sistema escrito, dado la infraestructura que necesita esta nueva modalidad de juicio orales. Es por ello, y entre otras muchas razones que el legislador, al momento de hacer el cambio en el Código Federal de Procedimientos Penales, debe de contextualizarse como en otros mucho casos, en una realidad disímbolas que existe en todo el territorio mexicano, además de ver por una mayor profesionalización de los impartidores de justicia en general. El Derecho Procesal Mexicano, a partir de las distintas propuestas de reforma al sistema integral de justicia penal, ha encontrado un avance doctrinario que se ha visto plasmado en el Decreto publicado el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación: la inclusión de un sistema preponderantemente acusatorio y oral. Se comparte la opinión de los principales actores del poder, en el sentido de establecer, como urgente y prioritario, un nuevo modelo de justicia penal con las bases teórico-prácticas actualizadas que puedan ser eficaces frente a las exigencias sociales. Se proponen diversas estrategias metodológicas de las tres fases importantes del sistema preponderantemente acusatorio: la fase preliminar, la fase intermedia y el juicio oral.
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Es necesario conocer el desarrollo de procedimientos especiales del sistema acusatorio, tales como: el régimen de excepción de la delincuencia organizada, el juicio oral en los procedimientos de adolescentes, el proceso abreviado, y las salidas jurisdiccionales alternas a la sentencia del tribunal oral. Es importante conocer las nuevas tendencias del Derecho Procesal a efecto de, que el funcionario judicial no se conforme con meras compilaciones o comparaciones legislativas, sino que se introduzca al campo de los conceptos, técnicas, instituciones y principios que rigen todas las ramas del enjuiciamiento, independientemente del Sistema Procesal que quiera adoptar o adherir. Se ha considerado que los juicios orales, bajo un sistema acusatorio propuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrán ventajas sobre la modalidad escrita, en virtud de que adoptan una serie de principios que propician mayor confianza, transparencia y certeza en la actuación de los órganos jurisdiccionales; de entre ellos: La oralidad que de manera esencial consiste en que los argumentos de las partes, el ofrecimiento y recepción de la prueba y la resolución del conflicto, se deben expresar verbalmente, sin que ello signifique que no quede registro por escrito o que la sentencia no conste documentalmente. En el juicio oral se privilegia el principio de concentración, pues se ha señalado como un grave defecto de nuestro sistema escrito, su dispersión, por las abundantes audiencias o diligencias que constituyen una carencia de fluidez. Además el juicio o proceso oral se debe integrar con el cumplimiento del principio de inmediatez o de inmediación, pues a la fecha diversos actos procesales se desarrollan sin la asistencia personal del juez, quien sólo conoce los elementos de juicio a través de constancias escritas. En
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el juicio oral se propicia la cercanía del juez con los elementos del proceso. El principio de contradicción, conforme al cual es necesario garantizar la recepción de la prueba bajo el control de todos los sujetos del proceso, para que tengan la posibilidad de intervenir en su recepción haciendo preguntas, aclaraciones y vigilando la forma en la que la prueba se introduce al proceso, escuchando de viva voz los argumentos de la contraria para apoyarlos o rebatirlos. El principio de continuidad, que exige que los actos procesales que deban realizarse en el juicio se desarrollen frente a todos los sujetos procesales de una sola vez, salvo excepciones, y en forma sucesiva desde su inicio y hasta su terminación, para que exista mayor proximidad entre el momento en que se recibe la prueba, las conclusiones y la sentencia. La publicidad, como la necesidad de que los juzgadores asuman un mayor protagonismo social en la solución del conflicto, esto es, que la justicia se administre de cara a la comunidad para que los ciudadanos puedan apreciar la manera de cómo los jueces ejercen su función, lo que evita o pone en evidencia excesos, abusos o impunidad, y genera certidumbre y objetividad a la percepción pública de la solución de un conflicto. Además, se debe conjugar a los anteriores principios, el de la libre valoración de la prueba, conforme al cual se fortalecerá la sana crítica en la valoración, para que el juzgador tenga libertad para valorar los elementos de prueba reproducidos en el juicio, con las cuales desestima o asigna un determinado valor a dichas pruebas y forma su convicción. La identidad física del juzgador, establece que un mismo juez debe serlo para la audiencia del desahogo de pruebas, el debate oral y quien personalmente dicte la sentencia, lo que garantiza que la decisión final
se dicte por quien presenció, de manera directa e inmediata, los elementos probatorios y los alegatos de las partes. También, dentro del proceso general de la oralidad, deben existir probanzas preparatorias del juicio, como pueden ser testimonios de cargo, peritajes o inspecciones que se prepararán antes de la celebración de la audiencia, así como otros actos procesales relacionados con la competencia, legitimación o impugnación de pruebas que se llevarán acabo con anterioridad de la audiencia pública. Los juicios orales se perfilan como una posibilidad real de fortalecer la administración de justicia, pues llevan el propósito de diversificar las posibilidades de atender, cada vez con mayor certeza y mejor, a los justiciables.
2.1 Antecedentes Derecho Comparado
Cuadro Comparativo De Diversos Instrumentos Legales Que Regula Los Procedimientos De Juicio Oral En Materia Penal En: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Venezuela Y España. Etapas Del Juicio Oral Argentina Código Procesal Penal Citación a juicio Art. 354°. - Recibido el proceso, luego de que se verifique el cumplimiento de las prescripciones de la instrucción el presidente del tribunal citará al ministerio fiscal y a las otras partes a fin de que en el término de diez (10) días, comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas, ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes. En las causas procedentes de juzgados con sede distinta a la del tribunal, el término será de quince (15) días. Ofrecimiento de prueba Art. 355°. - El ministerio fiscal y las otras partes, al ofrecer prueba, presentarán la lista de testigos, peritos e intérpretes, con indicación de
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los datos personales de cada uno, limitándola, en lo posible, a los más útiles y que mejor conocen el hecho que se investiga. Debate Oralidad y publicidad Art. 363°. - El debate será oral y público, bajo pena de nulidad; pero el tribunal podrá resolver, aún de oficio, que total o parcialmente se realice a puertas cerradas cuando la publicidad afecte la moral, el orden público o la seguridad. Sección II: Actos del debate Oralidad y publicidad Apertura Sentencia Oralidad y publicidad Art. 363°. - El debate será oral y público, bajo pena de nulidad; pero el tribunal podrá resolver, aún de oficio, que total o parcialmente se realice a puertas cerradas cuando la publicidad afecte la moral, el orden público o la seguridad. La resolución será fundada, se hará constar en el acta y será irrecurrible. Desaparecida la causa de la clausura, se deberá permitir el acceso al público. Continuidad y suspensión Art. 365°. - El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que sean necesarias hasta su terminación; pero podrá suspenderse, por un término máximo de diez (10) días, en los siguientes casos: Apertura Art. 374°. - El día fijado y en el momento oportuno se constituirá el tribunal en la sala de audiencias y comprobará la presencia de las partes, defensores y testigos, peritos e intérpretes que deban intervenir.
El presidente advertirá al imputado que esté atento a lo que va a oir y ordenará la lectura del requerimiento fiscal y, en su caso, del auto de remisión a juicio, después de lo cual declarará abierto el debate. Sentencia CAPITULO IV: Sentencia Deliberación Art. 396°. - Terminado el debate, los jueces que hayan intervenido en él pasarán inmediatamente a deliberar en sesión secreta, a la que sólo podrá asistir el secretario, bajo pena de nulidad. Reapertura del debate Art. 397°. - Si el tribunal estimare de absoluta necesidad la recepción de nuevas pruebas o la ampliación de las recibidas, podrá ordenar la reapertura del debate a ese fin, y la discusión quedará limitada al examen de aquéllas. Normas para la deliberación Art. 398°. - El tribunal resolverá todas las cuestiones que hubieran sido objeto del juicio, fijándolas, en lo posible, dentro del siguiente orden: las incidentales que hubieren sido diferidas, las relativas a la existencia del hecho delictuoso, participación del imputado, calificación legal que corresponda, sanción aplicable, restitución, reparación o indemnización más demandas y costas. Los jueces emitirán su voto motivado sobre cada una de ellas en forma conjunta o en el orden que resulte de un sorteo que se hará encada caso. El tribunal dictará sentencia por mayoría de votos, valorando las pruebas recibidas y los actos del debate conforme a las reglas de la sana crítica, haciéndose mención de las disidencias producidas. Cuando en la votación se emitan más de dos opiniones sobre las sanciones que correspondan, se aplicará el término medio.
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Requisitos de la sentencia Art. 399°. - La sentencia contendrá: la fecha y el lugar en que se dicta; la mención del tribunal que la pronuncia; el nombre y apellido del fiscal y de las otras partes; las condiciones personales del imputado o los datos que sirvan para identificarlo; la enunciación del hecho y las circunstancias que hayan sido materia de acusación; la exposición sucinta de los motivos de hecho y de derecho en que se fundamente; las disposiciones legales que se apliquen; la parte dispositiva y la firma de los jueces y del secretario. Pero si uno de los jueces no pudiere suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la deliberación, esto se hará constar y aquélla valdrá sin esa firma. Lectura de la sentencia Art. 400°. - Redactada la sentencia, cuyo original se agregará al expediente, el tribunal se constituirá nuevamente en sala de audiencias, luego de ser convocadas las partes Chile Código Procesal Penal Artículo 235.- Juicio inmediato. En la audiencia de formalización de la investigación, el fiscal podrá solicitar al juez que la causa pase directamente a juicio oral. Si el juez acogiere dicha solicitud, en la misma audiencia el fiscal deberá formular verbalmente su acusación y ofrecer prueba. También en la audiencia el querellante podrá adherirse a la acusación del fiscal o acusar particularmente y deberá indicar las pruebas de que pensare valerse en el juicio. El imputado podrá realizar las alegaciones que correspondieren y ofrecer, a su turno, prueba. Al término de la audiencia, el juez dictará auto de apertura del juicio oral. No obstante, podrá suspender la audiencia y postergar esta resolución, otorgando al imputado un plazo no menor de quince ni mayor de treinta
días, dependiendo de la naturaleza del delito plantear sus solicitudes de prueba. Las resoluciones que el juez dictare en conformidad a lo dispuesto en este artículo no serán susceptibles de recurso alguno. Artículo 266.- Oralidad e inmediación. La audiencia de preparación del juicio oral será dirigida por el juez de garantía, quien la presenciará en su integridad, se desarrollará oralmente y durante su realización no se admitirá la presentación de escritos. Artículo 289.- Publicidad de la audiencia del juicio oral. La audiencia del juicio oral será pública, pero el tribunal podrá disponer, a petición de parte y por resolución fundada, una o más de las siguientes medidas, cuando considerare que ellas resultan necesarias para proteger la intimidad, el honor o la seguridad de cualquier persona que debiere tomar parte en el juicio o para evitar la divulgación de un secreto protegido por la ley. Artículo 325.- Apertura del juicio oral. El día y hora fijados, el tribunal se constituirá con la asistencia del fiscal, del acusado, de su defensor y de los demás intervinientes. Asimismo, verificará la disponibilidad de los testigos, peritos, intérpretes y demás personas que hubieren sido citadas a la audiencia y declarará iniciado el juicio. El presidente de la sala señalará las acusaciones que deberán ser objeto del juicio contenidas en el auto de apertura del juicio oral, advertirá acusado que deberá estar atento a lo que oirá y dispondrá que los peritos y los testigos hagan abandono de la sala de la audiencia. Seguidamente concederá la palabra al fiscal, para que exponga su acusación, al querellante para que sostenga la acusación, así como la demanda civil si la hubiere interpuesto.
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Artículo 338.- Alegato final y clausura de la audiencia del juicio oral. Concluida la recepción de las pruebas, el juez presidente de la sala otorgará sucesivamente la palabra al fiscal, al acusador particular, al actor civil y al defensor, para que expongan sus conclusiones. El tribunal tomará en consideración la extensión del juicio para determinar el tiempo que concederá al efecto. Seguidamente, se otorgará al fiscal, al acusador particular, al actor civil y al defensor la posibilidad de replicar. Las respectivas réplicas sólo podrán referirse a las conclusiones planteadas por las demás partes. Por último, se otorgará al acusado la palabra, para que manifestare lo que estimare conveniente. A continuación se declarará cerrado el debate. Sentencia definitiva Artículo 339.- Deliberación. Inmediatamente después de clausurado el debate, los miembros del tribunal que hubieren asistido a él pasarán a deliberar en privado. Artículo 340.- Convicción del tribunal. Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley. El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral. No se podrá condenar a una persona con el solo mérito de su propia declaración. Artículo 341.- Sentencia y acusación. La sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella. Con todo, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella contenida en la acusación o apreciar la concurrencia de causales modificatorias agravantes de la responsabilidad penal no
incluidas en ella, siempre que hubiere advertido a los intervinientes durante la audiencia. Si durante la deliberación uno o más jueces consideraren la posibilidad de otorgar a los hechos una calificación distinta de la establecida en la acusación, que no hubiere sido objeto de discusión durante la audiencia, deberán reabrirla, a objeto de permitir a las partes debatir sobre ella. Recurso de reposición Artículo 363.- Reposición en las audiencias orales. La reposición de las resoluciones pronunciadas durante audiencias orales deberá promoverse tan pronto se dictaren y sólo serán admisibles cuando no hubieren sido precedidas de debate. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato, y de la misma manera se pronunciará el fallo. Recurso de apelación Artículo 364.- Resoluciones inapelables. Serán inapelables las resoluciones dictadas por un tribunal de juicio oral en lo penal. Recurso de Nulidad Artículo 372.- Del recurso de nulidad. El recurso de nulidad se concede para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva, o solamente ésta, por las causales expresamente señaladas en la ley. Deberá interponerse, por escrito, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia definitiva, ante el tribunal que hubiere conocido del juicio oral. Datos Relevantes: De las legislaciones comparadas se observa lo siguiente: En todos los casos un juicio oral se tendrá como base una acusación por lo tanto, se está frente a un sistema penal de tipo acusatorio.
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2.2 Etapas del Juicio Oral. Con diferentes denominaciones en todas los casos se observan las siguientes fases: - Etapa de preparación del juicio, que incluye lo que en México se denomina la integración de la averiguación previa, a través de la cual, ya sea el Ministerio Público o el Fiscal investigador, realiza la indagación de los hechos y reúnen los elementos necesarios para fincar una responsabilidad, lo que conlleva a interponer una acusación ante un tribunal o juez penal. - Apertura del juicio, en esta etapa se cita a las partes a una audiencia preliminar en la cual se llevará a cabo el ofrecimiento y desahogo de pruebas, y los alegatos, que es precisamente alegar lo que a su derecho convenga. - Deliberación y sentencia, una vez terminada la audiencia de apertura el juzgador la declarará concluida con el objeto de dictar sentencia. Principios. Con relación a los principios que rigen al juicio oral se encuentran expresamente los siguientes:
Apertura y desarrollo del debate (juicio). Las características que se observan en general en los países analizados, son las siguientes: - Con esta etapa se declara iniciado o instalado el juicio. - Se lleva a cabo el día y hora señalada por la autoridad. - Se celebra en presencia de las partes: acusado, defensor, fiscal, peritos, testigos, intérpretes y público.
- Se hace énfasis en señalarle al inculpado que debe estar atento a lo que va a oír, y por otro lado se hace manifiesto a las partes que se les concederá la palabra en el orden de fiscal, querellante, defensor y por último al acusado. - Con esta audiencia se hace el ofrecimiento y desahogo de pruebas. - Una vez desahogada las pruebas se pasa a la etapa de alegatos para que las partes presenten sus conclusiones. En el caso de Colombia en la parte de la alegación, el acusado puede declararse culpable, lo que le da derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena imponible. - Concluida la parte de discusión final, alegatos, o debate, se declarará cerrado esta periodo y se pasará a la etapa de deliberación y sentencia. Deliberación y sentencia. • En los casos de Argentina, Chile, Costa Rica y Venezuela, se señala expresamente que la deliberación se lleva a cabo en sesión secreta. • El tipo de sentencias que se manejan son la condenatoria en la que se fijan las penas y medidas de seguridad que correspondan y según sea el caso el cumplimiento de obligaciones, como es el caso de Costa Rica en el que regula la condena civil. El otro tipo de sentencia es la absolutoria, ésta última ordena la inmediata libertad del acusado. • El pronunciamiento de la sentencia se hará de manera oral y pública, dando lectura a la misma. • En Argentina, Costa Rica y Venezuela, la lectura de la sentencia se considera como notificación para los que intervinieron en el debate. • Para el caso argentino se contemplan los supuestos bajo los cuales se puede considerar una sentencia como nula, y para Costa Rica se regulan los vicios o defectos de la sentencia bajo los cuales se puede justificar la casación. • En los casos de Argentina, Costa Rica y Venezuela los ordenamientos jurídicos contemplan los requisitos que deberá reunir la sentencia.
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Recursos. • Con relación a los recursos de impugnación de resoluciones, destacan Argentina, señala que la resolución será fundada, se hará constar en el acta y será irecurrible. • En el caso de Venezuela se destaca que se puede recurrir al recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en el juicio oral, excepto la pronunciado por el tribunal de jurados. • En Chile se encuentran expresamente regulados tres tipos de recursos, sin embargo sólo dos de ellos pueden aplicar para los juicios orales: - Recurso de reposición. Para la reposición de las resoluciones pronunciadas durante audiencias orales. - Recurso de Nulidad. Se concede para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva o solamente ésta. - Recurso de apelación. Respecto de éste recurso se señala que: serán inapelables las resoluciones dictadas por un tribunal de juicio oral en lo penal.
2.3 La regulación del “Juicio Oral” en las Entidades de la Federación Mexicana.
En las entidades de la Federación Mexicana, los estados de Chihuahua, del Estado de México, Morelos, Nuevo León, Puebla y Tamaulipas en su legislación penal correspondiente han incluido la figura jurídico - procesal del “Juicio Oral”, de la lectura del articulado se desprenden los siguientes aspectos peculiares: Chihuahua. En el Estado de Chihuahua, al parecer integra en su legislación procesal penal aspectos muy relevantes, en esta entidad el “Juicio” es la etapa procesal de decisión de las cuestiones esenciales del proceso, el cual se realiza bajo el principio de oralidad (además señala los de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad), se destaca que con relación al juicio “el debate será oral, tanto en lo relativo
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a los alegatos y argumentos de todas las partes, como en todas las declaraciones, la recepción de las pruebas y, en general, a toda intervención de quienes participen en el” y concluye que las “decisiones del presidente y las resoluciones del Tribunal serán dictadas verbalmente, con expresión de sus fundamentos y motivos cuando el caso lo requiera...” Los artículos 316 a 385 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, integran el capítulo III, con 11 secciones, son los depositarios del procedimiento regulador de los Juicios orales, y su contenido corresponde al siguiente orden: Sección 1 Disposiciones Generales; Sección 2 Actuaciones Previas; Sección 3 Principios; Sección 4 Dirección y Disciplina; Sección 5 Disposiciones Generales sobre la Prueba; Sección 6 Testimonios; Sección 7 Peritajes; Sección 8 Prueba Documental; Sección 9 Otros Medios de Prueba; Sección 10 Desarrollo de la Audiencia de Debate de Juicio Oral; y Sección 11 Deliberación y Sentencia. Estado de México. En esta entidad se implementa la modalidad de “Juicio Predominantemente Oral” cuando se trata de delitos no graves, se destaca que el inculpado es juzgado en audiencia pública y oral por un juez, esta modalidad de enjuiciamiento es regulado específicamente en los artículos 275-A al 275-R del capítulo primero, del Título Séptimo Bis. Éstos procedimientos se tramitan sobre la base de la acusación y respetando los principios de oralidad, inmediatez, inmediación, publicidad, contradicción, concentración y continuidad, se destaca la amplia regulación que para registros se determinó, pues de los 19 artículos de este capítulo 6 corresponden a esa materia, por ejemplo está prohibido para los asistentes a las audiencias que no sean partes, disponer los registros de video grabación o audio grabación, de las
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actuaciones orales, e ingresar equipos de telefonía, grabación y video al recinto oficial. Morelos. En el Código de procedimientos Penales del Estado de Morelos, se regula del artículo 318 al artículo 387, correspondientes al Título III, los aspectos relativos al Juicio Oral, según se desprende de su articulado el juicio es la etapa esencial del proceso, el cual se realiza sobre la bases de la acusación y asegurará la concreción de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración, contradicción y continuidad. En cuanto a la oralidad se señala que el debate será oral, tanto en lo relativo a los alegatos, argumentaciones, declaraciones, recepción de pruebas, en todas las intervenciones de las partes, las decisiones del juez, las resoluciones del tribunal, haciendo la aclaración de que cuando la decisión implique un acto de molestia, además de ser dictada oralmente, deberá fundarse y motivarse por escrito. Nuevo León En esta entidad que coincidentemente también se ubica geográficamente en el norte del país, se señala en sus disposiciones procésales correspondientes (Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León, Capítulo Primero, artículos 553 al 600) que el “Procedimiento Oral Penal”, comprende los periodos de preparación de la acción penal; preparación del proceso; preparación del Juicio Oral; Juicio Oral; actuación del Tribunal Superior de Justicia del Estado (cuando efectúa diligencias y autos tendientes a resolver los recursos y el pronunciamiento de las sentencias); y la ejecución. Destacan los siguientes aspectos: • Específica los tipos penales de querella y de oficio a los que es aplicable el Procedimiento Oral Penal. • Señala que en todos los delitos cometidos por culpa, es aplicable el Procedimiento Oral Penal.
• Registro del Procedimiento por videograbación, audiograbación o cualquier medio apto de las audiencias. • En la audiencia pública en que es juzgado el inculpado se desarrollan en forma oral, las declaraciones del acusado, recepción de las pruebas en lo relativo a los alegatos, conclusiones, argumentaciones de las partes e intervenciones de los participantes. Puebla En esta entidad la regulación relativa al “Juicio”, esta contenida en los artículos 233 y 234 (que corresponden al Libro Segundo, Capítulo Segundo, sección segunda) en la cual destacan las disposiciones relativas a la audiencia de vista del proceso, como propias del último artículo de los referidos, con los siguientes elementos de oralidad: • Se verificará la audiencia concurran o no las partes, salvo el Ministerio Público, que no podrá dejar de asistir a ella. • Si el defensor fuere particular y no asistiere a la audiencia sin contar para ello con la autorización expresa del acusado, se impondrá a aquel una corrección disciplinaria. • Se nombrará al acusado un defensor de oficio, salvo que el acusado este presente y designe a otra persona para que continúe su defensa en la propia audiencia, se tendrá a esa persona como su defensor. • Podrán interrogar al acusado sobre los hechos materia del proceso, el Juez, el Ministerio Público y la Defensa. • Podrán repetirse las diligencias de prueba que se hubieren practicado durante la instrucción, si fuere necesario y posible, a juicio del Juez, y las partes lo hubieren solicitado a mas tardar el día siguiente al en que se les notificó el auto de citación para la audiencia. • Se leerán las constancias que las partes soliciten y que el Juez estime conducentes, incluyéndose necesariamente entre ellas, las conclusiones del Ministerio Público y del Defensor.
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• Concluida la lectura se oirá los alegatos del Ministerio Público y del Defensor; • El ofendido o su representante legal podrán hacer uso de la palabra a continuación del Ministerio Público. • El acusado hablará al último, si quiere hacerlo. • Finalmente, el Juez que presida la audiencia declarará visto el proceso, con lo que terminará la audiencia, y • La declaración precitada surtirá los efectos de citación para sentencia, la cual se pronunciara en seis días. Por otra parte en los artículos 235, 236 y 237 se regula el Procedimiento relativo a Delitos que merecen sanción menor de seis meses de Prisión, de entre las cuales destaca que son aplicables sus disposiciones cuando se trate de delitos que no excedan el termino de seis meses de prisión, multa, suspensión o inhabilitación. • El Juez cita a las partes a una audiencia a la que concurren el Ministerio Público y el Defensor. • En la audiencia la Secretaría hace una relación sucinta de las constancias procesales y leerá las que las partes solicitan. • El Ministerio Público formula en la misma audiencia sus conclusiones y el Defensor las que le correspondan. • Se concede la palabra a las partes para sostener sus puntos de vista, pudiendo hablar al último el mismo acusado, si hubiere concurrido a la audiencia. • El Juez dicta en la propia audiencia, la sentencia que corresponda contra la cual no se admite recurso alguno. Tamaulipas En los artículo 72 a 81 del capítulo VIII, del Código Estatal de Procedimientos Penales, se regulan los aspectos de las audiencias públicas de los juicios orales destacando que:
• Se celebran a puerta cerrada y entran sólo las partes y las personas que deben de intervenir en ella. • Se establece reglas específicas para los asistentes a las audiencias, como permanecer con la cabeza descubierta; con respeto; en silencio; prohibición de dar señales de aprobación o desaprobación; externar opiniones; manifestarse de cualquier modo sobre la culpabilidad o inocencia del inculpado, las pruebas o las conductas de los que intervengan. • Incluyen diversas disposiciones relativas al orden y las consecuencias para los que lo perturben. De la lectura de las disposiciones procesales relativas al Juicio Oral en las 6 entidades de la Federación Mexicana citadas anteriormente, podemos destacar que esta figura jurídico procesal, es regulada de manera diversa, sin embargo podemos afirmar que su implementación tiene como actor principal al juez, pues es quien lleva a cabo la dirección de las audiencias públicas, determina sanciones para quienes incurran en irregularidades dentro del desarrollo de las mismas, determina las decisiones finales, entre otras funciones importantes, por otra parte se puede apreciar que los tiempos se reducen significativamente, sobre todo para aquellos delitos que merecen una pena menor o de poca cuantía. 3.0 Desarrollo del tema Deseo iniciar el tema, después de haber estado revisando el movimiento jurídico del pasado y del presente de algunos de los países en nuestro planeta. El comportamiento humano es sin duda complejo, siempre estamos inconformes con lo que tenemos, en todos los aspectos buscamos siempre lo mejor, aunque pareciera que nunca pensáramos lo que hacemos con la profundidad necesaria, esto es legislamos leyes
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algunas al vapor por alguna conveniencia en particular y otras con la conciencia de crear un mundo mejor, en ambos casos al paso de la humanidad siempre terminamos mal, por mejor que se haya pensado una ley, entre mas compleja tiene mas problemas para su aplicación, pero regresando al tema central, la modificación del proceso escrito, por el proceso oral, en el ámbito del delito fiscal, considerado por nuestra legislación como delito penal, para la introducción al tema voy a usar parte de la Tesis ¨ Amparo en el Juicio Oral ¨ del Lic. José Luis Pecina Alcalá, Juez Segundo de Juicio de Adolescentes en Nuevo León en Enero 2009, si bien su tema final concluye con el amparo, una parte de su interesante compendio facilitara conocer del proceso de cambio, y al mismo tiempo con la adicción de otras investigaciones, dejaran a ustedes una base para que lleguemos al final de un pronostico, sobre la posibilidad de la implementación de los Juicios Orales en el Derecho Fiscal Mexicano, el tema se torna muy interesante, pareciese que esta nueva forma sea la panacea para resolver la intricada sociedad jurídica que vivimos, donde no veo pies y cabeza en apariencia, sin embargo pienso que no todo esta mal, quizás una buena mezcla nos de un producto de justicia mejor que al que ahora, tenemos; aun así habiendo pasado por varias auditorias, revisiones y al menos tres proceso en contra de las instituciones tributarias, puedo decir que la aplicación del proceso oral, no es tan fácil de aplicar en todo el proceso fiscalizador, por lo que hablar de su aplicación pienso que solo sería hasta que se finque el delito que pueda ser considerado Penal, es ahí el punto de partida de este desarrollo, al final analizaremos las repercusiones de su aplicación, sin entrar en el detalle operativo, ya que este sería un tema quizás mas extenso, muy relacionado con la economía del proceso, su eficiencia y su eficacia, existen un sin numero de criticas algunas positivas y algunas negativas, desde mi punto de vista como Ingeniero en Automatización de Procesos, El proceso acusatorio requiere muchos
mas recursos económicos, físicos y humanos para poder ser llevado a cabo con toda propiedad, empezando por una reforma profunda de nuestro ministerio publico, como fiscal en el proceso. Ahora bien este no es el tema, regresare a la contribución del Lic. Pecina. 3.1 El Sistema Acusatorio Con la conformación de los Estados modernos, se estructuró no sólo la concepción de delito, delincuente y penas, sino el procedimiento para sancionar las conductas ilícitas, en nombre de la colectividad y, a través de un juzgador supremo, incorruptible; sin embargo, lamentables desvíos en su función, la imposición de penas cada vez más crueles y el poder omnímodo que ejercían los jueces, inspiraron las ideas humanistas que cobraron auge en el siglo XVIII, entre ellas, las relativas a las penas y los sistemas de procedimiento que propugnaron el evitar la tortura. Su posterior desarrollo y, la aceptada idea de que las funciones del Estado no deben encontrarse encomendadas a una sola persona, permitió el surgimiento del poder judicial, a quien se encomendó cuidar el equilibro entre los restantes órganos y salvaguardar las garantías individuales; en consecuencia, fue necesario sistematizar los actos procésales inherentes al juicio penal. En este contexto general, prosperaron tendencias diversas respecto al reconocimiento o no del derecho de acudir en solicitud de justicia, el ejercicio del derecho de defensa, la práctica de pruebas, así como en la determinación del órgano encargado de la investigación de delitos, la emisión de sentencias y la imposición de penas. Así, en la práctica, el sistema acusatorio tiene las siguientes características: • Se admite la justicia popular, entendida como la recepción del pueblo en los órganos de justicia, verbi gratia: el juzgamiento por asamblea, por jurado o por escabinato.
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• Destaca también el reconocimiento a la libertad de acusación, en principio a favor del ofendido, pero no en forma exclusiva, pues inclusive todo ciudadano, bajo el sistema de acusación popular, puede ejercer tal función. El interés prevaleciente en el régimen acusatorio, es el particular, pues a él se dirige la aplicación del Derecho Penal. La investigación y persecución de delitos, además del Estado, se permite delegarla a la iniciativa privada, quien debe dar el impulso procesal. En cuanto a la consideración del individuo, no se soslaya su natural condición humana y se tiende a respetar sus derechos inherentes, reconocidos por los sistemas modernos de derecho como fundamentales. En la misma tesitura, admite la libre defensa del procesado y reconoce igualdad procesal entre las partes, por lo cual existe una plena división de funciones, quedando el juzgador impedido para investigar de oficio, participar en el ofrecimiento de pruebas, en la toma de decisiones sin haber escuchado previamente a ambas partes, es decir, el juez solamente dirige el juicio y resuelve la contienda conforme a lo desahogado ante él. Congruentes con lo anterior, admite la libre proposición de pruebas por las partes, así como su libre apreciación judicial. Se inclina porque el inculpado disfrute de su libertad personal durante el proceso, admite la impugnación de la sentencia y se rige por la oralidad. Como consecuencia de lo anterior, en un sistema acusatorio no se permite la actuación en forma escrita, pues ello impulsa a prácticas como lo es el dictado en una máquina, ya sea de escribir o de cómputo, lo cual constituye un impedimento para que se verifique la inmediación de la prueba y la claridad que es una de las características fundamentales de
la actuación oral, por lo cual, al actuar en esta última forma indicada, se hace de forma transparente y garante. En atención a que la producción de los medios de prueba queda en manos de las partes, es a ellos a quien les corresponde realizar el control recíproco de sus actuaciones, por consecuencia el juzgador es la pieza central del juzgamiento ya que en su caso la actuación de las partes será tendiente a convencerle de la verdad que busca . Como consecuencia de lo anterior el sistema acusatorio se rige por diversos principios que abordaremos a continuación: • Principios Rectores Del Sistema Acusatorio En la doctrina no existe uniformidad en establecer un número determinado de principios rectores, pero en el reformado artículo 20 constitucional se establece que el proceso penal será acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, los que se procede a explicar: A.- Principio De Oralidad En virtud de este principio, en primer lugar, todas las peticiones formuladas por las partes al funcionario judicial se fundamentarán y decidirán en forma oral. Generalmente deben resolverse con citación y audiencia de la otra parte, salvo las reservadas. En segundo término, el juzgamiento es oral, por audiencias, y en la audiencia pública de juzgamiento no se permite la introducción de diligencias de investigación escritas, mediante actas o informes, sino a través de la declaración oral del medio de prueba (testigo, perito e investigador). Lo anterior tiene tres excepciones: • La prueba anticipada, cuya introducción al juicio puede admitirse por lectura, pero para su producción deben cumplirse todos los requisitos
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formales de prueba producida en juicio, es decir, con inmediación y en forma oral y contradictoria ante el juez. • Acuerdos probatorios, cuando no existe controversia sobre una diligencia de investigación y los resultados de la misma, se admite como prueba el informe, se introduce mediante lectura y no se requiere que quien lo elaboró declare, al ser hechos probados. • En tercer lugar, el juez debe anunciar el sentido del fallo en forma oral, y en audiencia posterior, pronunciar la sentencia oralmente. En cuarta instancia, cualquier actuación no oral o no verbal en las audiencias debe verbalizarse, ya sea por quien la realizó, las partes o el juez. En quinto término, no se permiten transcripciones literales de las audiencias, sino la grabación de la actuación oral y la elaboración de un acta sucinta, en la que se consignen el objeto de la audiencia, los nombres de los participantes y las decisiones del juez. La actuación procesal será oral, y en su realización se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad y fidelidad, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. A estos efectos se dejará constancia de la actuación. Si un testigo dice en el juicio algo diferente de lo que expresó anteriormente en cualquier contexto, su confrontación puede hacerse en el interrogatorio o contra interrogatorio del testigo, con el contenido de su declaración previa. En esta forma, el juez tendrá la oportunidad de apreciar y determinar cuándo el testigo ha faltado a la verdad o se ha equivocado, en la versión previa o en la declaración en juicio.
B.- Principio De Publicidad La publicidad no está referida exclusivamente a las partes, intervinientes y Ministerio Público, sino también a la comunidad; las actuaciones de la administración de justicia serán públicas, con las excepciones que establezca la ley. En este sentido, las regulaciones sobre restricción a tal derecho deben tener en cuenta esto, por cuanto, como derecho, su restricción ha de ser expresa y mínima. Igualmente, lo anterior no debe confundirse con permitir la presencia de medios de comunicación. El principio de publicidad opera también durante la investigación para los actos jurisdiccionales, ya que toda decisión judicial (control de garantías) debe proferirse en audiencia pública con citación de partes, salvo las que tienen reserva (solicitud de captura, medidas reales y cateos). C.- Principio De Contradicción El derecho de controversia es inherente a todo el proceso acusatorio y se aplica en las fases preparación del juicio y procesal. El principio de contradicción que opera a partir de la acusación conlleva los siguientes derechos y facultades. Durante las fases preparación del juicio y procesal se producen actos de prueba, a saber: en la indagación e investigación, ubicación, recolección, aseguramiento y preparación; en la fase del juzgamiento, previo al juicio oral, descubrimiento y ofrecimiento; durante el juicio oral, práctica, contradicción y valoración. Cada uno de estos actos de prueba tiene un objetivo específico: los de la investigación, sustentar ante el juez las actuaciones que afectan derechos fundamentales; durante el juzgamiento, fundamentar y sustentar la acusación. La controversia se ejerce sobre todos los actos de prueba, y la contradicción sobre el ofrecimiento, introducción y práctica.
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Lo anterior significa que es sólo sobre la contradicción de la prueba practicada en el juicio oral que el juez debe fallar, pero para llegar a ello se ha ejercido la controversia de todos los actos de prueba, con el fin de garantizar que se practicará únicamente la admisible. D.- Principio De Concentración Las pruebas que se lleven a juicio habrán de ser desahogadas preferentemente en una sola audiencia, con lo cual se evita que los testigos logren comunicarse entre sí de lo ocurrido en la audiencia, aunado a que el juzgador, al percibir en una sola audiencia el material probatorio, tiene una mayor claridad para resolver el proceso; además, al enfocar su energía y conocimiento a un solo asunto en el desarrollo de todo el juicio, provee a los ciudadanos mayor confiabilidad y evita distracciones del juzgador para resolver con justicia. E.- Principio De Continuidad Todas las actuaciones deben de tramitarse en forma continua, por lo cual, ante la posibilidad de que no sea posible el que en una sola audiencia se verifique todo el desahogo de las pruebas, se deberá hacer con la dilación menos posible. F.- Principio De Inmediación De La Prueba Este principio indica que todas las pruebas deben ofrecerse o solicitarse, practicarse o introducirse y controvertirse en el juicio ante el juez de conocimiento. El juez sólo tendrá en cuenta como pruebas, las que sean practicadas o introducidas y controvertidas en su presencia en la audiencia del juicio oral. En este sentido, las diligencias de investigación donde se recaudan elementos materiales e información, no tienen valor de prueba para la
determinación de la responsabilidad penal, sino de medio de convicción, para que el fiscal pueda determinar si existe o no mérito para que una persona pueda ser juzgada, porque se ha logrado ubicar, identificar y preparar los medios de prueba para demostrar la responsabilidad de una persona en una conducta punible, y para sustentar ante el juez de garantías las peticiones o actuaciones que afecten derechos fundamentales. La práctica de la prueba anticipada, también obedece a este principio de concentración de prueba en juicio, ya que cuando se presentan circunstancias de fuerza mayor que hacen imposible la práctica de la prueba en la audiencia pública y esto resulta imprescindible para la parte que la propone, se practica en forma anticipada pero con todos los requisitos de prueba en juicio (presencia del juez y todas las partes y controversia), pero debe ofrecerse en la audiencia preparatoria e introducirse mediante lectura o reproducción en la audiencia pública por la parte proponente. De no hacerlo, lo realizado anticipadamente no puede ser valorado por el juzgador con el conjunto de la prueba practicada en juicio.
3.2 Reforma Constitucional del 18 de junio de 2008 El 18 de junio del año 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales en su conjunto arrojan la implementación de un sistema acusatorio en nuestro país. El motivo determinante de una reforma de tal magnitud en todo el territorio nacional, lo fue el reconocer que el actual sistema de enjuiciamiento no es ni eficiente ni eficaz, pues no logra la satisfacción de la mayoría, que es uno de los fines primordiales del
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observando cómo características, que la pena privativa de
libertad en los procesos penales es la regla, no existe inmediación entre el juzgador y el justiciable, la procuración y administración de justicia es tortuosa. En virtud de lo anterior, se reconocen con estas reformas que todos los gobernados tienen la presunción de inocencia y que para poder proceder el estado en contra de un gobernado, se han de respetar celosamente todas las garantías inherentes al debido proceso, es decir, el mismo Estado se está exigiendo a sí mismo ser más eficiente y eficaz en pro del bienestar de los mexicanos. 3.3 Reformas en Nuevo León en relación al sistema de
Enjuiciamiento Acusatorio. A pesar de lo anterior en el Estado de Nuevo León ya se había estructurado un sistema de enjuiciamiento acusatorio tanto para acusados adultos como para adolescentes. Para los primeros se creó el titulo décimo cuarto que comprende del artículo 553 al 621 del Código de Procedimientos Penales en vigor y por lo que respecta a los adolescentes se publico la ley del sistema especial de justicia para adolescentes. En ambos ordenamientos se contempla la creación de dos jueces. La razón es que uno de los principios rectores de ese sistema de enjuiciamiento es la inmediación (el cual ya se explico). En virtud de lo anterior existen un juez que conoce del asunto antes de la Audiencia de Juicio que lleva a cabo las actuaciones necesarias para la preparación, recibiendo el nombre de Juez de Garantías, de control o de preparación del juicio oral, es decir que el esquema de proceso se compone de la forma que se precisara, pero cabe aclarar que cada país establece la normatividad, conforme a la que se lleva a cabo el sistema de enjuiciamiento acusatorio, los que han de tener sus particularidades
atendiendo a sus costumbres, sin embargo se puede sostener que en su estructura se observan las siguientes etapas: a) b) c) Investigación; Preparación de juicio, y Juicio.
A).- Investigación En la mayoría de los países, el ius puniendi está a cargo del Estado y la presunción de inocencia es un derecho universal, es a aquel a quien le corresponde la investigación de los hechos que se consideren delito. Para ello, generalmente se cuenta con una institución denominada fiscalía o ministerio público, la cual opera como una unidad, de tal forma, que cualquier agente es el que represente a tal institución. Institución que se auxilia, de la policía y demás auxiliares como lo son los peritos. Es de resaltar que atendiendo a que el fiscal o Ministerio Público está “investigando”, sus actuaciones tienen un rango de valor probatorio muy limitado , por lo cual su proceder ha de ser con el máximo profesionalismo, puesto que se ha de efectuar con el respeto a las garantías fundamentales de los individuos. Uno de los principios fundamentales que rige la institución en comento lo es el de buena fe, por lo que en los casos en los que se estime que no se cuenta con elementos suficientes para continuar con la investigación, se puede dar por concluida la misma . De igual forma, se pueden hacer valer salidas alternas al juicio, con lo cual, se le ofrece a todo gobernado la posibilidad de solucionar de una mejor manera el conflicto propiciado por la comisión del delito, tales salidas alternas se pueden manifestar con la creación de diversos institutos jurídicos, como la suspensión del procedimiento a prueba, procedimientos simplificados, mediación, conciliación, etc.
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B).- Juez De Control Cuando se considera que se cuenta con datos suficientes para iniciar un juicio, es cuando se ocurre ante la autoridad judicial para que esta verifique si se puede formalizar la investigación. De igual manera, se entiende que al investigar, ineludiblemente (en ocasiones) se puede afectar los derechos de los investigados, como lo es allanar domicilios, privar de la libertad, etc.; para lo cual ha de existir un juez, ante el que se puede ocurrir para hacer valer las garantías que se consideren se han violado contra derecho, recordando que este juzgador debe estar celosamente ajeno a la investigación, pues como se dijo, la misma queda a cargo de la Representación Social. Tomando en consideración que este juzgador aprecia lo actuado por el órgano investigador, su actuación a la luz de los principios rectores del juicio oral sufren modificaciones, ya que por ejemplo, la oralidad no siempre tendrá verificativo, como lo es cuando resuelve las peticiones para ordenar la aprehensión o arraigo de personas, ya que tales resoluciones por su naturaleza requieren de sigilo, que es precisamente lo que se elude con la oralidad. Como consecuencia, el principio de contradicción en tales actuaciones tampoco se observa a cabalidad, puesto que el imputado o su defensor no se encuentran en condiciones de rebatir la pretensión del representante social, motivo por el cual, el juzgador se limita a resolver en estricto apego a derecho, es decir, vigilando que no se violenten garantías. C).- Juez De Juicio Una vez que las partes tuvieron la oportunidad de “preparar” los elementos que consideran llevar al juicio, se plantea a un juez diferente,
como lo es el conocido como “de juicio”. Esta autoridad debe ser ignorante de los hechos, para que así se respete a cabalidad el principio de imparcialidad, puesto que de haber conocido de alguna cuestión relacionada con dicho caso (por ejemplo, resolver respecto de orden de cateo, aprehensión, arraigo, etc.), se estima que su mente fue corrompida de los hechos, y por ende, no se encuentra con una absoluta independencia para juzgar. El juicio en sí, se estructura de la siguiente manera: Las partes, previamente habrán de haber estructurado una teoría del caso , la cual revelan a dicho juzgador con el alegato de apertura, procediendo a probar con el desahogo de las pruebas, hecho lo anterior, concluir con el alegato de clausura, y finalmente, el juzgador ha de pronunciar la resolución del caso. Ya habiendo conocido el como se aplica este proceso en lo tradicional, es tiempo ahora de revisar los aspectos necesarios en la aplicación fiscal. Ampliando mas la información relativa de Los Juicios Orales nacen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 19 de junio de 2008. Comentado Por Dr. Gustavo Rueda Hernández, catedrático de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales “Lic. Francisco Hernández García”, UAT. Los Juicios Orales nacen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 19 de junio de 2008, en virtud de haberse reformado diversos artículos relacionados con el sistema penal integral; sin embargo, el nuevo modelo de sistema procesal penal acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria
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correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contados a partir de la fecha antes mencionada. Sobre los juicios orales existe un desconocimiento en la mayoría de los mexicanos, no obstante de que el 19 de junio de 2009, se cumplirá un año de estar vigentes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El decreto donde aparecen las reformas fue publicado el 18 del mes y año antes citados, en el Diario Oficial de la Federación, además de la publicación vertida en los diferentes medios de comunicación. La federación, los estados y el Distrito Federal, tendrán que establecer el sistema procesal penal acusatorio y oral en sus respectivas legislaciones sin exceder del plazo señalado. Algunos estados cuentan ya con los juicios orales. Tamaulipas ya tiene diversos proyectos de ley en materia penal integral incluyendo el nuevo código de procedimientos penales. II.- Reformas constitucionales El 18 de junio de 2008, se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El proceso penal acusatorio y oral se contempla en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo de nuestra Carta Magna. III.- Artículo 16 constitucional En todas las sociedades civilizadas, los seres humanos pensamos y actuamos de manera diferente, y aún cuando esto es así, nos une un solo propósito: la felicidad, que se traduce en nuestro bien particular y nuestro bien común. Sin embargo, para lograr esos objetivos, es necesario la observancia y cumplimiento del orden jurídico establecido por la propia sociedad, y el respeto de los valores creados. Las diferencias que se dan entre las personas, cualquiera que sea su naturaleza, y que no puedan ser resueltas a través del diálogo y la concertación, crean la necesidad de recurrir ante
las autoridades competentes con el fin de resolver los conflictos planteados; tal es el caso de los delitos previstos en las leyes penales. El párrafo segundo del artículo 16 constitucional, establece los requisitos para que un juez dicte orden de aprehensión en contra de una persona; por lo tanto, toda detención que realice la autoridad sin estos requisitos, será violatorio de esta garantía, con excepción de los casos de flagrancia y casos urgentes. Es de tomarse en cuenta que al entrar en vigor la ley que contemple la presunción de inocencia, será entonces cuando la situación legal de todo indiciado cambiará a su favor, pues no será éste quien tenga que demostrar su inocencia, sino que el Ministerio Público acreditará la culpabilidad del delincuente en la audiencia de debate, pública y oral. La impunidad y la corrupción que han penetrado en los diversos órganos de gobierno, estimulan el incremento de la criminalidad en México, con graves consecuencias para quienes en cumplimiento de su deber han perdido la vida, y para la sociedad misma. Miguel Carbonell y Enrique Ochoa Reza (2008: 2-3) refiriéndose a este tema, señalan: ”Partamos de una certeza; el sistema penal mexicano está en completa bancarrota. Ninguno de sus principales actores puede estar satisfecho con su funcionamiento actual. Todas las estadísticas disponibles nos permiten concluir que el proceso penal mexicano: a) no sirve para atrapar a los delincuentes más peligrosos; b) permite la existencia de un altísimo nivel de impunidad y corrupción c) no asegura los derechos fundamentales ni de víctimas, ni de acusados; d) no establece incentivos para una investigación profesional del delito; y e) es sumamente costoso si se toma en cuenta sus pobres resultados”. Agregan dichos autores que, los datos estadísticos que avalan las anteriores conclusiones son muy conocidos. Los más destacados son: 85% de las víctimas no acuden a denunciar los delitos; 99% de los delincuentes no terminan condenados; 92% de las audiencias en los procesos penales se desarrollan sin la
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presencia del juez; 80% de los mexicanos creen que se puede sobornar a los jueces; 60% de las órdenes de aprehensión no se cumplen; 40% de los presos no han recibido una sentencia condenatoria. Debemos de admitir con preocupación los interesantes comentarios; sin embargo, la impunidad no es de ahora, siempre ha existido, pues recordemos a César Bonesano, marqués de Beccaria, quien en el siglo XVIII señalaba: ”no hay mayor aliciente para los delincuentes que saber que sus actos van a quedar impunes”. Hay muchas esperanzas de que, con la creación de los juicios orales en nuestro país disminuyan estos vicios que tanto han perjudicado a los mexicanos. Para ello es necesario no sólo las reformas al sistema penal integral, sino además y de manera importante, que cambie la mentalidad de los servidores públicos involucrados en estos temas y sobre todo, que haya voluntad política de los gobernantes para responder a estos cambios democráticos en materia penal. Otra de las novedades en el proceso penal acusatorio y oral, es la introducción del sistema de arraigo en la reforma al artículo 16 constitucional. Se pretende, por una parte, que las autoridades encargadas de la investigación no violen las garantías de las personas detenidas en flagrancia, y por otra, tener el tiempo suficiente para reunir las pruebas necesarias y consignar al indiciado ante los tribunales competentes, pues se prevé el arraigo hasta por cuarenta días a petición del Ministerio Público cuando se trate de delincuencia organizada, con las modalidades previstas en las leyes secundarias. Este plazo podrá prorrogarse por otros cuarenta días cuando el órgano investigador acredite que subsisten las causas que le dieron origen. El párrafo décimo tercero del artículo 16 constitucional vigente, habla de que los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de
investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. IV.- Artículo 19 constitucional En esta reforma, desaparece el concepto de auto de formal prisión y la probable responsabilidad del indiciado. En su lugar encontramos ahora el auto de vinculación a proceso, seguido de: datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público y la policía, se sujetarán a estos cambios procesales, debiendo contar con nuevos mecanismos legales de investigación, con el fin de recobrar la confianza de la sociedad y disminuya entre otros el 85% de las víctimas que no denuncian los delitos a que se refieren Miguel Carbonell y Enrique Ochoa Reza. V.- Artículo 20 constitucional Uno de los postulados fundamentales previstos en la fracción I del citado artículo es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Lo anteriormente dicho encuadra dentro de lo que será el proceso penal acusatorio y oral, el cual se desarrollará bajo los principios de: publicidad, es decir que las audiencias y diligencias se llevarán a cabo de manera pública, con la asistencia de las partes y del público en general ante el juez; contradicción, constituye la dialéctica procesal penal entre las partes, por encontrarse en el mismo nivel de argumentar sus pretensiones y desahogando las pruebas presentadas; concentración o continuidad, se traduce en la realización del debate en una sola audiencia, o de no resultar posible, en la menor cantidad de audiencias consecutivas; inmediación, determina la relación directa que debe existir en el debate entre el juez o tribunal, las partes del proceso y
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los medios de prueba; oralidad, prevalece la palabra hablada, es decir las partes intervienen en el proceso, tienen las mismas garantías de aportar elementos de juicio directa y oral sobre la controversia penal. VI.- ¿Qué son los juicios orales? La mayoría de las personas con las que se ha tenido comunicación incluyendo a los alumnos de quinto y décimo semestre de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, han preguntado ¿qué son los juicios orales en materia penal y qué utilidad tienen? Para responder a estas interrogantes, se expresará lo siguiente: cuando dos personas o más no se ponen de acuerdo para resolver un conflicto de interés jurídico, pudiendo ser de carácter civil, laboral, fiscal, administrativo, agrario, militar, o penal, lo más seguro es que ocurran ante el tribunal correspondiente solicitándole les resuelva su situación por la vía legal. Cuando esto ocurre, se inicia un juicio, por lo tanto, dicho término (juicio), es todo procedimiento que se lleva a cabo en un tribunal con la intervención de las partes, con el fin de que la autoridad judicial resuelva las diferencias planteadas y le otorgue el derecho a quien le corresponda mediante sentencia. En la actualidad no existen los juicios orales en la mayoría de los estados. Nuevo León, Oaxaca, Chihuahua, Estado de México y Zacatecas ya tienen el nuevo modelo del sistema procesal penal acusatorio y oral. Tamaulipas ya cuentan con su proyecto de nuevo Código de Procedimientos Penales, donde se contempla este nuevo sistema procesal penal. Juicio oral es un procedimiento que se lleva a cabo ante un tribunal en materia penal con la intervención de las partes, el cual se regirá por los principios de publicidad, contradicción, con- centración, oralidad, continuidad e inmediación, con el fin de que se resuelva un conflicto.
Los sistemas procesales que han existido en la historia de la humanidad, son: el acusatorio, el inquisitivo y el mixto; cada uno con sus características propias. El primero se distingue porque sus tres funciones acusación, distintos, defensor en al y el procedimentales, a tres órganos público, las tres
defensa y decisión corresponden ministerio juez, segundo, procesales
corresponden a una sola persona denominada juez, quien investiga, acusa, defiende y dicta sentencias; el último se distingue de los demás, por la estructuración del procedimiento en dos fases: la instrucción o sumario y el juicio o plenario. acusatorio. ¿Qué sistema procesal penal tenemos en nuestro país? Claro que hay diversas respuestas, pero la más generalizada es que tenemos un sistema procesal mixto. VII.- Repercusiones en Tamaulipas De vital importancia han sido las reformas constitucionales en materia de justicia penal, a tal grado que, están obligados la federación, entidades federativas, y el Distrito Federal, al legislar sobre esta materia para
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características inquisitivas; en la segunda, que es definitiva, prevalece lo
establecer el nuevo modelo del proceso penal acusatorio y oral, teniendo un plazo de siete años a partir del 19 de junio de 2009. Se puede decir que todo cambio trae repercusiones, y en este caso para Tamaulipas, entre otras, se pueden mencionar las siguientes: a) Legislativas, b) económicas, universitarias. • LEGISLATIVAS. El poder legislativo, tiene ya entre otros proyectos, el de procedimientos penales, donde se incluye el proceso penal acusatorio y oral, considerándose que podría entrar en vigor entre el 2010 y 2011. • ECONÓMICAS. Disponer de los recursos económicos necesarios para que los juicios orales sean una realidad. • JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS. Capacitar y actualizar a todo el personal involucrado en el sistema penal integral. • JURISDICCIONALES. Mención especial merece la impartición de justicia a cargo de los tribunales con motivo de la creación de los juicios orales, pues con el nuevo modelo del sistema procesal penal acusatorio, habrá de haber un cambio sustancial en todo el procedimiento. • UNIVERSITARIAS. Sin duda que las universidades y en especial la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tendrán que modificar sus planes y programas de estudio en materia de justicia penal, con el fin de ser congruentes con dichas reformas. 3.4 Los Delitos Fiscales. Son violaciones a las disposiciones fiscales que traen como consecuencia la evasión de los créditos fiscales, existe dolo o mala fe. En este caso se presenta la intención de evadir las prestaciones fiscales y la sanción es de carácter corporal, teniendo como peculiaridad el ser impuesta por la autoridad judicial. c) jurídico-administrativas, d) jurisdiccionales y e)
El incumplimiento de las obligaciones fiscales, sustantivas o formales, que las normas jurídicas tributarias imponen a los contribuyentes deben traer consigo, y en efecto traen como consecuencia la aplicación de una sanción, lo cual da origen al llamado Derecho Penal Fiscal que, según Mario Pugliese, establece normas y principios substanciales y procesales de carácter general, aplicables para sancionar violaciones específicas de la administración tributaria federal. El delito es una violación a las reglas que protegen la seguridad de los ciudadanos ya que ataca no sólo al ofendido sino a toda la comunidad. Refugio de Jesús Fernández señala que se entiende por delito todo acto u omisión que sancionen las leyes penales, en este caso las disposiciones del Código Fiscal de la Federación que determinen qué conductas de los contribuyentes constituyen un delito de carácter fiscal. Los delitos fiscales son aquellos ilícitos o infracciones en sentido extenso, que se distinguen de las contravenciones en virtud de que establecen penas que por su naturaleza puede imponer sólo la Autoridad Judicial, como las que involucran privación de la libertad. Es por ello que al igual que para las contravenciones, que le corresponde atender a la autoridad administrativa, tratándose de delitos fiscales que verá la autoridad judicial, debemos citar los elementos o caracteres que lo deben configurar: la conducta, el resultado, el nexo causal, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. En este caso abordaremos tan solo el elemento de la tipicidad. Fernando Castellanos Tena menciona que la Tipicidad es el encuadramiento de una conducta con la descripción hecha en la Ley, la conciencia del comportamiento con el descrito por el Legislador. En suma la adecuación de un hecho, a la hipótesis legislativa.
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Por otra parte señala que si admitimos que el tipo es la razón de ser de la antijuricidad, hemos entonces de atribuirle un verdadero carácter delimitado y de trascendental importancia en el Derecho, por no haber delito sin tipo legal. Mariano Jiménez Huerta describe a la Tipicidad como una adecuación típica, lo cual significa el encuadramiento de la conducta principal en un tipo de delito y subordinación o vinculación al mismo de las conductas accesorias. En tanto, el tipo es el presupuesto general del delito, dando lugar a la fórmula: Nullum Crime Sine Tipo (No hay delito sin tipo legal). Basándose en la prelación lógica del delito, primeramente debe existir un hecho o una conducta y posteriormente la adecuación al tipo. El delito de defraudación fiscal lo comete quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido perjudicando con ello al fisco federal. La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. Es importante aclarar que la evasión fiscal no es un término jurídico en México, en materia de delitos fiscales; es un término de origen financiero-económico. Ninguna ley fiscal mexicana señala la palabra evasión. Los tratados internacionales sí, y son de jerarquía superior a las leyes, pero los delitos fiscales se encuentran tipificados en las leyes mexicanas. De estas leyes, el Código Fiscal de la Federación no habla de evasión, sino de defraudación fiscal. Lo comete quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de
alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita (art. 108). Pero además existen varias conductas que se equiparan a la defraudación fiscal, que se castigan igual (delito por equiparación), de los cuales el art. 109 da muchos supuestos, pero incluyen hacer deducciones falsas y omitir presentar, por más de doce meses, la declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente. Otros delitos fiscales comunes son la depositaría infiel (siempre debe evitarse quedar como depositario de bienes embargados) y la falsedad o duplicidad de libros contables. Te recomiendo leer a partir del art. 108 del Código Fiscal de la Federación, no es una lectura pesada y vienen las penas para cada delito. En cuanto a los delitos fiscales, el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación señala que para proceder penalmente se requiere, en algunos casos la querella del fisco, la declaratoria del perjuicio o una declaración especial en ciertos casos de contrabando; y en otros, que basta la simple denuncia. La disposición referida destaca la regla que establece que los procesos por delitos fiscales en donde hubo querella o declaratoria del fisco se sobreseerán a petición de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y lo recargos respectivos; o bien estos créditos fiscales garanticen la satisfacción de la propia Secretaría y que la petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público Federal formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas que de la misma se refiere.
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En materia fiscal se contempla expresamente la calificativa de los delitos en los artículos 107 y 108 del Código Fiscal de la Federación. La participación del fisco en materia de delitos, en esa necesidad que tiene el Estado de disponer de recursos a través de su poder tributario, es en la cual queda sujeto a la posibilidad de que se presente la evasión fiscal o tributaria, es por ello que el artículo 93 del Código Fiscal de la Federación señala que cuando una autoridad fiscal tenga conocimiento de la probable existencia de una situación que constituya algún delito de los previstos en las leyes fiscales y sea perseguible de oficio, de inmediato lo hará del conocimiento del Ministerio Público Federal para los efectos legales que procedan, aportándole las actuaciones y pruebas que se hubiere allegado. Asimismo, se establece que la Autoridad Fiscal deberá, dependiendo del tipo de delito de que se trate, formular querella, declarar el perjuicio que sufrió o pudo haber sufrido el Fisco Federal, formular la declaratoria en los casos de contrabando o realizar la denuncia de los hechos ante el Ministerio Público Federal, por medio de la Procuraduría Fiscal de la Federación y del Servicio de Administración Tributaria. En los delitos fiscales en que sea necesaria querella o declaratoria de perjuicio y el daño o el perjuicio sea cuantificable, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la cuantificación correspondiente en la propia declaratoria o querella. La citada cuantificación sólo surtirá efectos en el procedimiento penal. Para conceder la libertad provisional, excepto tratándose de los delitos graves previstos en este Código, para efectos de lo previsto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, el monto de la caución que fije la autoridad judicial comprenderá, en su caso, la suma de la cuantificación antes mencionada y las contribuciones adeudadas, incluyendo actualización y recargos que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva la libertad provisional. La
caución que se otorgue en los términos de este párrafo, no sustituye a la garantía del interés fiscal. Esta introducción breve del delito fiscal, tiene la finalidad de remarcar que el proceso acusatorio o Juicio Oral, solo da cabida una vez que se finque el delito y este continúe en un proceso penal, pareciese así de simple pasar después de fincado el delito al proceso penal, pero no es factible de inmediato ya que, la contradicción en nuestros códigos y leyes, no están adaptados para este cambio sustancial, por otra parte de acuerdo a la experiencia en países con mayor desarrollo en el tema como son España y Colombia existe una tendencia a tomar en cuenta la carta Magna con lupa, el siguiente párrafo delimitado, tiene la finalidad de transcribir la idea de describir el derecho a la no autoincriminación en materia tributaria. Inicio Párrafo Referencia: http://vlex.com/vid/derecho-autoincriminarse-contribuyente-57856387 3.5 El derecho a no autoincriminarse del contribuyente España 4.1 Regulación La vigencia en nuestro país de los derechos a la no auto- incriminación deriva tanto de lo dispuesto en la CE como de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y de nuestra pertenencia a la Unión Europea. 4.1.1 El derecho a no autoincriminarse en la CE La Constitución española de 1978 enuncia el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable en su artículo 24.2: “Asimismo, todos tienen derecho… a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia” La redacción acogida por nuestra CE parece inspirarse en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, ratificado por España el 13 de abril de 1977, cuyo artículo 14.3
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establece que toda persona acusada de un delito tendrá derecho “g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable”. Tales derechos forman parte de lo que, siguiendo la terminología utilizada por el TC y el TEDH, podemos denominar más genéricamente como derechos o garantías a la no autoincriminación22. Junto a dichas garantías o incluido en las mismas, cuestión no pacífica, se encuentra el derecho del acusado a guardar silencio y la prohibición de que de dicho silencio se extraigan consecuencias negativas23. A dicho derecho se refiere expresamente la CE en su artículo 17.3 que establece el derecho de toda persona detenida a no ser obligada a declarar. El Tribunal Constitucional venía configurando tradicionalmente dichos derechos a la no autoincriminación señalando que:“son garantías o derechos instrumentales del genérico derecho de defensa, al que prestan cobertura en su manifestación pasiva, esto es, la que se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que recae o puede recaer una imputación, quien, en consecuencia, puede optar por defenderse en el proceso en la forma que estime más conveniente para sus intereses, sin que en ningún caso pueda ser forzado o inducido, bajo constricción o compulsión alguna, a declarar contra sí mismo o a confesarse culpable”24. Los citados derechos “entroncan también con una de las manifestaciones del derecho a la presunción de inocencia: la que sitúa en la acusación la carga de la prueba; esta carga no se puede trocar fácticamente haciendo recaer en el imputado la obligación de aportar elementos de prueba que supongan una autoincriminación”25. Como veremos más adelante, desde el año 2005, junto a dicha configuración tradicional, el Tribunal Constitucional tiende a centrar la definición de los citados derechos a la no autoincriminación refiriéndose de forma expresa a la jurisprudencia emanada del TEDH26.
4.1.2 El derecho a no autoincriminarse en el CEDH y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. A diferencia de lo que sucede con nuestra Constitución, la mención expresa del derecho a no autoincriminarse no aparece recogida en la mayor parte de los textos constitucionales de nuestro entorno. Los citados derechos tampoco figuran expresamente enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 ni en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, al que España se adhirió en 1979. Sí se recogen, como se ha señalado, en el más moderno Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. A pesar de no estar expresamente mencionados, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció, ya desde la sentencia de 25 de febrero de 1993 (asunto Funke contra Francia), la vigencia de tales derechos en el seno del CEDH:“aunque no se menciona específicamente en el art. 6 del Convenio, el derecho a guardar silencio y el privilegio contra la autoincriminación son normas internacionales generalmente reconocidas que descansan en el núcleo de la noción de proceso justo garantizada en el art. 6.1 del Convenio. El derecho a no autoincriminarse, en particular, presupone que las autoridades logren probar su caso sin recurrir a pruebas obtenidas mediante métodos coercitivos o de presión en contra de la voluntad de la ‘persona acusada’. Proporcionando al acusado protección contra la coacción indebida ejercida por las autoridades, estas inmunidades contribuyen a evitar errores judiciales y asegurar los fines del artículo 6… (en este sentido) el derecho está estrechamente vinculado a la presunción de inocencia recogida en el artículo 6, apartado 2, del Convenio” 27. La interpretación establecida por el TEDH es perfectamente extrapolable para entender que las citadas garantías a la no autoincriminación se encuentran también recogidas de forma implícita en la Declaración
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Universal de Derechos Humanos, en particular, en sus artículos 10 y 11 que sancionan el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia2...
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Fin Párrafo Referencia: http://vlex.com/vid/derecho-autoincriminarse-contribuyente-57856387 Regresando al tema, quizás el juicio oral se podría convertir en unilateral ya que en base al derecho de la no autoincriminación de la declaración de los derechos humanos, se deja a cargo de la autoridad probarlo todo, partiendo del principio universal de que se es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, desafortunadamente la actuación actual de la justicia en México es todo lo contrario, la carga de la prueba esta en contra del indiciado, a pesar de que debiese se todo lo contrario. Transformar los proceso de justicia en un proceso mixto, seria muy interesante, sobre todo interponer a toda costa el principio universal que ¨ Se es inocente hasta que no se pruebe lo contrario ¨, a mi consideración esto seria lo mas valioso de una reforma tributaria. Claro esta que al fisco no le conviene entrar en detalles, por ello pienso que lo que ahora vivimos es un terrorismo fiscal, que debido a la falta de una estructura correcta actual.
4.0 Conclusiones y comentarios 4.1 Conclusión estricto apego a la reforma penal • Las reformas constitucionales en materia de proceso penal acusatorio y oral, ofrecen certidumbre jurídica a sus participantes y a la sociedad. • La impunidad y la corrupción, estimulan el crecimiento de la delincuencia en México. • Serán dos jueces y no uno los que intervengan en los juicios orales.
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• Solamente con la voluntad política de los tres niveles de gobierno y el presupuesto necesario para organizar y estructurar los juicios orales en nuestro país, éstos tendrán éxito, de lo contrario están condenados al fracaso. 4.2 Conclusión Final El proceso acusatorio Juicio Oral orientado al Derecho Fiscal, tiene dos vertientes: En el momento de elevar el delito al ámbito penal podría ser aplicado, y la otra posibilidad es durante el proceso de amparo. Sin embargo no veo la factibilidad de aplicación sin una reforma profunda al las leyes fiscales, de aplicarse sin esta reforma seria un ente muerto. La inversión que el Estado debe hacer para su implementación adecuada, es cuantiosa, con fin de preparar las condiciones necesarias para llegar a la seguridad jurídica que proteja a las partes. Nuestra realidad respecto a la Fiscalía ( Ministerio Público ) es que esta muy lejana a la calidad en conocimientos y educación que se requiere para asegurar procesos de calidad jurídica. Y la otra realidad es que necesitamos cambios dramáticos que eleven nuestro sistema de a niveles internacionales de calidad. 4.3 Comentarios Debemos de ir a la búsqueda a toda cosa de un cambio que nos lleve a una vida digna, con el Gobierno que merecemos, así que debemos ser proactivos buscando desarrollar con inteligencia ideas como esta la del Juicio Oral, a pesar de todas las controversias que pudiese causar, para mi la mezcla es lo correcto, tomar lo mejor de los dos sistemas el escrito y el Oral. 5. Bibliografía
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AMPARO EN EL JUICIO ORAL
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DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACION EN MATERIA TRIBUTARIA
http://www.scribd.com/doc/8545341/Derecho-a-La-No-Autoincriminacion-en-Materia-Tributaria
LEGISLACIÓN • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos • Constitución Política del Estado de Tamaulipas. • Código Federal de Procedimientos Penales. • Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas. • Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Tamaulipas.
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