Source: http://www.notivida.com.ar/legprovincial/RIO%20NEGRO,%20Ley%203097,%20proteccion_integral.html
Timestamp: 2018-06-19 04:40:13
Document Index: 357023172

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 12', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 1', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'artículo 4', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 18', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 108', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 3', 'Artículo 35', 'artículo 5', 'Artículo 36', 'artículo 33', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 7', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 2']

RIO NEGRO, Ley 3097, proteccion_integral
RÍO NEGRO<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
Artículo 1º.- La Provincia de Río Negro protege y promueve los derechos humanos de los niños y adolescentes, en el marco de la Constitución, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la ley nacional nº 23.849 y ley provincial nº 2458 y las Convenciones Internacionales ratificadas por nuestro país.
Artículo 2º.- El Estado Provincial considera al ámbito familiar como base principal para el desarrollo de los niños y adolescentes.
La política de protección a la niñez y adolescencia en sus aspectos afectivos, económicos y sociales, contemplará las necesidades de desarrollo de cada familia, a efectos de posibilitarle un mejor desempeño de sus funciones de formación, socialización y estructuración de cada persona como tal.
Artículo 3º.- Es responsabilidad primaria de los padres o quienes cumplan tal función, proporcionar las condiciones de vida necesarias para el adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños y adolescentes, teniendo en cuenta sus singularidades físicas, intelectuales y afectivas acordes a sus propios procesos de maduración y desarrollo en cada caso.
Artículo 4º.- La falta de la familia o la ausencia de garantías de los derechos ratificados por la presente ley, hará oportuna y justificada la asistencia de los organismos competentes del Estado, para recuperar la plena vigencia de estos derechos.
Artículo 5º.- La separación de niños y adolescentes de sus familiares directos, es una medida excepcional y será considerada como último recurso para el tratamiento de la problemática concreta, cuando se hayan agotado todas las formas de asistencia del niño y del adolescente en el contexto familiar.
Cuando en el medio familiar los niños o adolescentes estén siendo víctimas de delitos, de incitaciones o presiones para cometerlos o sean objeto de abuso sexual, maltrato físico y/o psíquico, abandono o trato negligente o explotación, se considerará de perentoria necesidad evaluar a través de los órganos proteccionales si corresponde la separación del niño o adolescente de su vínculo familiar. En caso de ser imprescindible esta separación, deberá estar fundada por dictamen profesional competente basado en experiencia realizada en tiempo y forma y tendrá el objeto de lograr la más pronta recuperación del niño o adolescente en el marco familiar.
Artículo 6º.- El Estado rionegrino reconoce y promueve el derecho de niños y adolescentes a pertenecer en/o próximo a la comunidad de pertenencia. Todas las modalidades de apoyo, protección o contención que implementen instituciones privadas, deberán desarrollarse en el ámbito espacial y social de esa comunidad de pertenencia. En caso que deba alejarse de la misma, se requerirá dictamen profesional adecuadamente fundado.
Artículo 7º.- Es derecho de los niños y los adolescentes, el conocimiento y la preservación de su identidad, constituida por su nombre, su nacionalidad y su relación con sus padres y con la comunidad de pertenencia, así como de profesar su propia religión o sistema de creencia.
Cuando un niño o adolescente sea privado de alguno de los componentes y/o garantías de su identidad o de todos ellos, el Estado provincial rionegrino brindará la necesaria asistencia para el inmediato restablecimiento de los mismos, con las únicas limitaciones que prevé el artículo 12 de la presente ley.
Artículo 8º.- El Estado Provincial reconoce y promueve el derecho de los niños y adolescentes a opinar y ser escuchados en relación a todos los procedimientos judiciales y administrativos que los involucren o afecten. Sólo cuando ello sea totalmente imposible se hará efectiva esa comunicación a través de un representante u órgano apropiado.
Artículo 9º.- El niño tendrá derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y de religión; estos derechos incluirán la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. El ejercicio de estos derechos podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que esta ley prevea y sean necesarias para:
Artículo 10.- El Estado Provincial reconoce que todo niño tiene derecho a gozar del más alto nivel de calidad de vida, de salud, educación y condiciones favorables de habitabilidad. A los efectos de hacer efectivo el ejercicio de tales derechos, el Estado Provincial impulsará políticas integrales de atención prenatal y postnatal, por considerar que las condiciones de vulnerabilidad social se generan a partir de los primeros días de vida de gestación del niño.
Artículo 11.- El Estado Provincial reconoce y promueve en niños y adolescentes el derecho de reunirse y asociarse con fines acordes a su desarrollo psico-social.
Ningún niño o adolescente puede ser obligado a pertenecer o participar de agrupaciones que influyan perjudicialmente en su armónico desarrollo socio-afectivo y cultural. Cuando como resultado de la participación o pertenencia a una agrupación o asociación con determinados fines, niños y adolescentes se vieran seriamente afectados en su integridad psico-física, el Estado dispondrá las medidas jurídico-administrativas necesarias, conducentes a su protección, procurando prioritariamente el afianzamiento de los vínculos en el seno familiar.
Artículo 12.- Los derechos y garantías enumerados en la presente ley implican la aceptación y el reconocimiento pleno de aquellas normativas internacionales que propendan a la protección integral de niños y adolescentes, las que serán de aplicación e interpretación en los casos que corresponda.
La política social de prevención y protección integral de niños y adolescentes
Artículo 13.- El Estado rionegrino impulsa en el marco del artículo 1º de la presente ley, las acciones destinadas a la atención de niños y adolescentes, que conforman en su conjunto la política social de prevención y protección integral de los mismos.
Artículo 14.- Los principios con que se instrumenta dicha política reconocerá como ejes sustanciales:
Artículo 15.- La protección integral de niños y adolescentes, debe diferenciar tres aspectos:
a) Las medidas preventivas y promocionales en relación a las problemáticas del niño y su medio socio-familiar, tendientes a brindar la protección necesaria para poder desarrollarse armoniosamente dentro de su comunidad.
c) Medidas asistenciales de naturaleza socio-educativa, que procuren la pronta integración al medio social, de los niños y adolescentes que deben cumplir medidas transitorias de control comunitario o de internación dispuestas por el Juez de Menores, las que deberán ser efectivizadas conforme a las normativas nacionales e internacionales (reglas de BEIJING, reglas de RIAD y directrices de RIAD).
Artículo 16.- Las medidas enunciadas precedentemente se dirigen a todo niño y adolescente cuyas condiciones sociales, afectivas, económicas y culturales lo hacen especialmente vulnerable, concurriendo a tales efectos los órganos proteccionales de competencia conforme a lo establecido en el Título III de la presente ley. Se procurará en tales situaciones, el tratamiento en aquellas instituciones y grupos de la comunidad que puedan operar como "tejido social de sostén" para favorecer el desarrollo psico-social armónico de niños y adolescentes.
De la implementación de la política social de prevención y protección integral de niños y adolescentes
Artículo 17.- A los efectos de la implementación de la política social de prevención y protección integral de niños y adolescentes, se adopta como mecanismo de articulación entre las áreas de competencia de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Consejo Provincial de Promoción Familiar, sin que ello signifique en modo alguno, delegar la responsabilidad directa y primordial que tiene cada uno de esos poderes en el tema.
Artículo 18.- A partir de la aplicación de la presente ley, el Gobierno Provincial promoverá la constitución de espacios de articulación intersectorial e interdisciplinarios, en el ámbito del territorio provincial, que tendrán por objetivo básico, el desarrollo de acciones preventivo-promocionales y asistenciales que atiendan problemáticas complejas de las que son víctimas niños y adolescentes.
Artículo 19.- El Gobierno Provincial convocará a adherir a esta iniciativa a los municipios de la provincia y entidades no gubernamentales. Se dará especial atención a las problemáticas de: abuso y dependencia a sustancias tóxicas o adictivas, maltrato psico-físico y abuso sexual infanto-juvenil, prostitución, mendicidad, explotación laboral, discapacidades psico-motrices sin cobertura asistencial y embarazos precoces.
Artículo 20.- La implementación de la política social de prevención y protección integral de niños y adolescentes, implicará compartir la inversión social realizada desde el gobierno en el área, maximizando la utilización de recursos humanos, materiales e institucionales.
De los órganos de aplicación y sus funciones
Artículo 21.- En la Provincia de Río Negro, el organismo técnico proteccional y el Juez de Menores, serán los encargados de ejercer, coordinar y ejecutar en la forma prescripta en la presente ley, las funciones y acciones inherentes a la protección de niños y adolescentes, conforme a la Constitución Nacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la ley nacional 23.849, ley 2748 de la Provincia de Río Negro y contenidos del artículo 4º de la presente ley.
Artículo 22.- Las funciones que competen al Poder Ejecutivo Provincial en materia de niñez y adolescencia, serán ejecutadas a través de la Secretaría de Acción Social o del órgano que la reemplace, por medio del organismo técnico proteccional administrativo competente, esto es, la Dirección de Promoción Familiar.
Artículo 23.- Serán funciones del organismo técnico-proteccional administrativo, que entiende en materia de promoción familiar:
c) Promover el desarrollo de Programas Preventivos Promocionales y Coyunturales-Asistenciales, para atender las causas de índole socio-económicas que generan situaciones de vulnerabilidad en el con texto familiar y que afectan, particularmente, a niños y adolescentes, dando activa participación en el planeamiento de dichas acciones, a los municipios y organizaciones no gubernamentales.
f) Elaborar e instrumentar el tratamiento integral de niños y adolescentes menores de dieciocho (18) años de edad que incurran en delito y sean deriva dos por el Poder Judicial.
j) Impulsar convenios interjurisdiccionales con las demás provincias para: asegurar la aplicación de los principios y disposiciones de esta ley y su reglamentación, en cuanto respecta a los criterios para abordar los casos de desprotección o abandono; la situación de niños y adolescentes con causa judicial; los problemas de relaciones laborales que involucren a menores y los casos de privación de la identidad o de alguno de sus elementos, componentes y/o garantías, cuando a raíz de estas cuestiones deban intervenir organismos provinciales, en relación con los de otras provincias de la región patagónica y de otras regiones.
l) Desarrollar actividades de capacitación y de su pervisión, a fin de garantizar que los programas de atención y las instituciones públicas o privadas que atiendan a las problemáticas de niños y adolescentes, cuenten con personal debidamente capacitado, cualquiera sea la jurisdicción a que pertenezcan.
Artículo 24.- El Consejo Provincial de Salud Pública coordinará su accionar con la autoridad de aplicación de la presente ley, en todo cuanto sirva para atender los casos en que, conforme a la legislación, corresponda la intervención estatal y que se detecten en su jurisdicción.
Artículo 25.- El Consejo Provincial de Salud Pública instrumentará las siguientes acciones, ya en desarrollo o por desarrollar, en el marco de la política de prevención y protección integral de niños y adolescentes:
Artículo 26.- En las situaciones descriptas en el artículo precedente, las autoridades de salud propiciarán la coordinación de acciones con otros organismos del Estado con competencia en el tema, a los efectos de proveer las medidas que sean necesarias en tiempo y forma.
Artículo 27.- Los profesionales de la salud que brinden atención a niñas y adolescentes embarazadas y/o niños y adolescentes con problemas de abuso sexual y maltrato psico-físico o de abuso de dependencia a sustancias tóxicas o adictivas y que, a través de informes técnicos sea comprobado su estado de abandono o desprotección por parte de sus padres o representantes legales, tienen la obligación de informar de estos hechos a las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, a los efectos de proporcionar el resguardo necesario que dichos niños y adolescentes necesiten.
Artículo 28.- El Consejo Provincial de Educación dispondrá las actividades necesarias para:
Artículo 29.- Los docentes de los establecimientos educativos de la Provincia de Río Negro, que recibieran capacitación debidamente acreditada con especialistas en el abordaje de las problemáticas de niños y adolescentes, estarán habilitados para participar institucionalmente de las acciones previstas en el artículo 18 de la presente ley.
Artículo 30.- El Gobierno de Río Negro impulsará en el ámbito educativo, la difusión de los contenidos de la presente ley.
Artículo 31.- Todas las personas que conozcan casos de privación ilegítima de la identidad de niños y adolescentes o de alguno de sus elementos o que estén siendo víctimas de delitos o contravenciones o siendo incitados o presionados para cometer delitos o contravenciones o víctimas de explotación laboral, de maltrato psico-físico, prostitución infanto-juvenil y tráfico de estupefacientes, tienen la obligación de denunciar la situación a la autoridad más cercana. La omisión de la presente prescripción, será sancionada conforme lo dispone el artículo 108 del Código Penal.
Las autoridades que tomen intervención deberán adoptar las medidas de amparo o salvaguarda que la urgencia del caso indique.
Artículo 32.- La intervención judicial se entiende como un recurso de garantía de sus derechos a niños y adolescentes víctimas de hechos violentos o delitos. Se dará prioridad a la contención socio-afectiva en el medio familiar de referencia, de acuerdo a las características de la situación.
Artículo 33.- Se entenderá que un niño o adolescente se encuentra en situación de vulnerabilidad social, cuando las condiciones imperantes en su medio socio-familiar estén afectándolo perjudicialmente en su desarrollo evolutivo o se esté restringiendo el ejercicio de algunos de sus derechos reconocidos en la Constitución Nacional, en la ley 23.849 y en lo normado en la presente ley.
Artículo 34.- Se considerará que un niño o adolescente está en riesgo social cuando su núcleo familiar no pueda asegurarle alguna de las condiciones de vida establecidas en el artículo 3º de la presente ley.
Artículo 35.- Se entenderá que un niño o adolescente está desprotegido cuando es susceptible de incorporarse en un proceso de criminalización claramente definido o cuando se cumplan las situaciones contempladas en el artículo 5º de la presente ley o alguna de las causales de pérdida de la patria potestad o suspensión de su ejercicio, reguladas en el Código Civil.
Artículo 36.- El órgano técnico proteccional administrativo desarrollará los Programas de Prevención mencionados en la presente ley, a los efectos de evitar las posibles situaciones de vulnerabilidad social mencionadas en el artículo 33 de este cuerpo legal. Asimismo asistirá a la reducción de las causas que originan las situaciones actuales de vulnerabilidad. Dichos programas se deben implementar preferentemente en su lugar de residencia habitual, a través del desarrollo de acciones conjuntas con las instituciones del medio y promoviendo tareas que coadyuven al restablecimiento de los vínculos en el seno familiar o grupo social de pertenencia o de crianza del niño.
Artículo 37.- En los casos en los que el niño o adolescente se encontrase desprotegido, el juez que por cualquier causa tomare conocimiento de ello, deberá ordenar al órgano técnico proteccional administrativo la inmediata asistencia para neutralizar las causas que les dieron origen.
Artículo 38.- A través de la autoridad de aplicación y sin perjuicio de la iniciativa de los Jueces de Paz, de las atribuciones de los Jueces competentes para resolver en cada caso la situación legal de niños y adolescentes y de los Asesores de Menores para controlar el efectivo cumplimiento de las normas destinadas a protegerlos, el Gobierno Provincial instrumentará las medidas de asistencia y prevención que resulten necesarias para cumplir con los propósitos de la presente ley.
Artículo 39.- Para la determinación de la competencia territorial de los Juzgados de Menores, en los procesos de naturaleza penal, será de aplicación lo dispuesto por la Sección 2º, Capítulo II, Título III, Libro Primero del Código Procesal Penal y la ley nº 2748 y sus modificaciones.
Artículo 40.- Todo niño o adolescente inculpado de la comisión de un delito, tiene derecho a que se le reconozcan las siguientes garantías judiciales, además de las consagradas constitucionalmente para el debido proceso legal:
a) Se prohíbe la difusión de su identidad, evitando la posible estigmatización del niño o adolescente.
d) La defensa tendrá derecho a interrogar a testigos presentes en el Tribunal y de obtener la comparencia de otras personas que puedan contribuir a esclarecer el hecho en el que se halla inculpado un niño o adolescente.
Artículo 41.- Todo niño o adolescente que a través de un procedimiento judicial haya sido encontrado responsable de la comisión de un delito, tiene derecho a recibir medidas asistenciales de naturaleza psico-social y educativas. Se procurará el respeto de su dignidad, como persona en formación, evitándose la aplicación de medidas que afecten negativamente el proceso evolutivo-formativo de su personalidad.
Artículo 42.- Se priorizará la asistencia de niños y jóvenes con causa judicial por violación a las leyes a través de sistemas de atención ambulatoria que procuren la permanente comunicación con su grupo familiar de referencia y que permitan la pronta integración de los mismos, a las actividades de la comunidad a la cual pertenecen.
Artículo 43.- La internación de niños y adolescentes con causa judicial, se aplicará como último recurso de recuperación social. Se deberá evaluar a tal fin, de maneraintegral y concurrente las características de la personalidad del menor, sus relaciones vinculares y la magnitud del delito cometido.
Artículo 44.- La internación se efectuará en forma transitoria y por períodos determinados, en unidades pequeñas. En éstas, se trabajará con referentes naturales o sustitutos y en relación al medio social y comunitario, al cual el menor deberá integrarse.
Artículo 45.- Los niños y adolescentes que deban cumplir con un tratamiento de internación, dispuesto por el Juez que entiende en la causa, deberán recibir de parte de la autoridad de aplicación de la presente ley, un tratamiento de carácter integral que promueva el aprendizaje de nuevos vínculos de relación con su medio familiar y social.
Artículo 46.- A los efectos de asegurar la efectividad de las medidas impuestas en el tratamiento integral del niño o adolescente que incurrió en un delito, se procurará que la internación sea dentro del ámbito espacial y social de pertenencia de éstos.
Artículo 47.- La autoridad de aplicación de la presente ley, deberá evaluar y aplicar las alternativas de los tratamientos que se dispongan para cada niño o adolescente en conflicto con la ley penal.
Artículo 48.- Queda terminantemente prohibido alojar a niños o adolescentes en cárceles o establecimientos penitenciarios.
Artículo 49.- Los espacios institucionales destinados a la atención de niños o adolescentes que fueren parte de causas judiciales de naturaleza penal, deberán contar con un equipo interdisciplinario de profesionales capacitados especialmente, para el abordaje de esta problemática.
Cuando no se dispusiere de los espacios institucionales adecuados, la autoridad de aplicación de la presente ley coordinará con el Juez que entienda en la causa, el mecanismo más adecuado para evitar a los jóvenes todo padecimiento innecesario.
Artículo 50.- Los establecimientos que atiendan a los niños o adolescentes privados de su libertad deberán responder, en el aspecto edilicio, a sus finalidades de protección integral, de apoyo a la integración social y al desarrollo personal. Para tales fines, los espacios destinados a estos establecimientos, deberán contar con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las tareas de capacitación laboral, educativa, de recreación y de contención psico-social.
Artículo 51.- Las autoridades competentes procurarán en todo momento, que la comunidad comprenda cada vez mejor que el cuidado de los niños o adolescentes privados de libertad y su preparación para su integración en la sociedad, constituye una tarea social de gran importancia. Se deberán adoptar medidas eficaces para fomentar los contactos abiertos entre esos niños o adolescentes y la comunidad local.
Artículo 52.- La privación de la libertad deberá efectuarse en condiciones y circunstancias que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos de niños o adolescentes en conflicto con la ley.
Artículo 53.- En los lugares en que se encuentren los niños o adolescentes privados de su libertad, deberá llevarse un registro completo relativo a cada uno de los menores alojados.
Artículo 54.- En el momento de ingreso a dichos establecimientos, los niños o adolescentes deberán recibir copia del reglamento que rija los mismos y una descripción escrita de sus derechos y obligaciones, junto con la dirección de las autoridades competentes ante las cuales puedan formular reclamaciones, así como de los organismos o entidades públicas o privadas que presten asistencia. Las autoridades deberán facilitar la comprensión de dichos reglamentos y la metodología del tratamiento dispensado.
Artículo 55.- No podrá ingresar ningún niño o adolescente en los establecimientos referidos en el presente Capítulo, sin una orden emanada del Juez que entienda en la causa.
Artículo 56.- Todos los niños o adolescentes privados de libertad, deberán ser examinados por un médico al producirse su ingreso al establecimiento de internación.
Este examen tiene por finalidad hacer constar cualquier prueba de malos tratos anteriores y verificar el estado psico-físico de los mismos. En la realización de este examen, deberá estar presente el representante legal o alguno de los padres o quien sea responsable del niño o adolescente.
El profesional médico interviniente tomará especiales recaudos de trato con la persona a la que examina, para resguardar su pudor.
Artículo 57.- Todo niño o adolescente privado de su libertad deberá recibir atención médica adecuada, tanto preventiva como curativa, así como los productos farmacéuticos y dietas especiales que le hayan sido recetados por el médico.
Artículo 58.- Toda modificación en el estado de salud de los niños o adolescentes privados de libertad, deberá ser notificada a sus familiares directos y al Juez que entienda en la causa.
Artículo 59.- Los gastos que demande la aplicación de la presente ley, serán atendidos con los fondos provenientes de Rentas Generales que el Poder Ejecutivo destine anualmente en el Presupuesto General de Gastos y Recursos.
Asimismo se destinarán al financiamiento de la presente ley, fondos provenientes de donaciones, subsidios y convenios con organismos nacionales e internacionales, sean de programas específicos o de carácter general.
Artículo 60.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de promulgada, coordinando con el Superior Tribunal de Justicia los aspectos relativos a su recepción por los diversos organismos judiciales competentes.
Artículo 61.- Queda derogada toda ley y disposición que se opongan a la presente.
Artículo 62.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Sancionada: 20/05/97
Promulgada: 02/06/97 - Decreto Nº 506
Boletín Oficial: Nº 3479, del 23/06/1997
Entrada en vigencia el 01/07/1997
La Ley 3097 se encuentra afectada por:
Por Ley Nº 3277 -Observación - Desde el 10/03/1999
Descripción: Promoción de la participación de la juventud.
Por Ley Nº 3599 -Observación - Desde el 05/02/2002
Descripción: Crea comisión legislativa de análisis y reforma.
Por Decreto Nº 475/2003 - Firmado el 16/05/2003 -Observación - Desde el 16/05/2003
Descripción: Coop.asistencia s/atención violencia familiar.
Por Ley Nº 3741 -Ampliación Articulo - Desde el 12/06/2003
Descripción: Prorroga por 180 días plazo Com.Reforma Ley 3097.
LEY NUMERO 3277
LEY DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LA JUVENTUD
Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto brindar un instrumento legal en el marco de la ley provincial nº 3097, que asegure la igualdad de oportunidades a todos los jóvenes que habitan en la Provincia de Río Negro, referidas a: la participación en actividades de promoción y prevención de problemáticas que los afectan y en acciones de desarrollo social comunitario.
Artículo 2º.- Inclúyense dentro de las mencionadas actividades a todas aquéllas que se encuentren desarrollando los jóvenes, orientadas a la promoción de sus potencialidades, a través de espacios de contención y crecimiento personal y grupal y la gestión de proyectos vinculados al bienestar de la comunidad. Asimismo, estarán comprendidas aquellas iniciativas o emprendimientos de grupos juveniles o líderes barriales que a partir de la sanción de la presente, reúnan las características mencionadas precedentemente.
Artículo 3º.- La aplicación de las acciones que demande la presente, se enmarcarán metodológicamente dentro de los contenidos previstos en la ley nº 3097, concurriendo de esta manera a brindar un complemento legal a la citada normativa.
Artículo 4º.- Considérase a la etapa de la juventud comprendida en el segmento etáreo de 15 a 30 años.
De la participación de la juventud en la definición de las políticas sociales de prevención y promoción de problemáticas que los afectan y de desarrollo social comunitario
Artículo 5º.- El Estado Provincial reconoce el derecho de los jóvenes a la participación activa en asuntos de su comunidad y en todos aquellos temas que los afecten o involucren, de tal forma que sus opiniones puedan canalizarse orgánicamente y sirvan de antecedentes o fundamentos para la implementación de acciones desde el Gobierno Provincial.
Artículo 6º.- Créase el Consejo Provincial de la Juventud, como espacio de representación de los jóvenes de las distintas regiones de la provincia y como órgano natural donde se conjugue la articulación entre gobierno y juventud, en el diseño de las políticas sociales de promoción y prevención de problemáticas que afectan a la juventud y de desarrollo social comunitario.
El Consejo Provincial de la Juventud será el canal válido de representación de los jóvenes ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en el ámbito provincial y ante organizaciones nacionales que se ocupen de la temática de la juventud.
Artículo 7º.- A los efectos de definir los lineamientos de la política social de la juventud, se constituirá desde el organismo responsable de la implementación de la política social, un Comité Técnico de Asesoramiento y Capacitación, encargado de trabajar operativamente con los integrantes del Consejo Provincial de la Juventud y su estructura de apoyo.
Artículo 8º.- A partir de la sanción de la presente, invítase a los municipios de la provincia a convocar a jóvenes pertenecientes a grupos organizados de base, de entidades intermedias, centros de estudiantes, grupos religiosos, gremiales, políticos, de organizaciones de derechos humanos, jóvenes representantes de concejos municipales constituidos, de grupos de scouts, de organizaciones de discapacitados, de comunidades indígenas, de colectividades, de organizaciones agrarias, de organizaciones vinculadas a la temática de la mujer, líderes o promotores juveniles, en la constitución de los Consejos Locales de la juventud.
De la constitución y estructura de apoyo al funcionamiento del Consejo Provincial de la Juventud
Artículo 9º.- El Consejo Provincial de la Juventud dependerá funcionalmente de la Secretaría de Estado de Acción Social. Será conducido por un coordinador y estará integrado por dos referentes juveniles de cada región de la provincia. La representatividad surgirá de asambleas locales y del procedimiento de selección regional que se determine vía reglamentación.
Artículo 10.- El Consejo Provincial de la Juventud desempeñará las funciones de:
a) Impulsar actividades de interés juvenil y todas aquéllas destinadas a dar respuesta a los problemas que aquejan a la juventud y la comunidad, promoviendo a tal fin una práctica democrática y solidaria.
b) Colaborar con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en tareas conducentes a esclarecer determinada problemática relacionada con la juventud, asesorando para ello a través de investigaciones y estudios de carácter técnico.
c) Defender los derechos e intereses de los jóvenes, trabajando para la supresión de toda forma de discriminación.
d) Fomentar el asociacionismo juvenil, estimulando su desarrollo y brindando el apoyo y la asistencia que le pueda ser requerida.
e) Fomentar la relación y el intercambio con organizaciones juveniles de otras provincias y del ámbito nacional e internacional, dando prioridad a organizaciones juveniles latinoamericanas.
Artículo 11.- La estructura de apoyo al Consejo Provincial de la Juventud estará integrada por personas voluntarias, motivadas en la promoción y sostén de espacios de participación de la juventud. Dicha estructura estará conformada por:
a) Consejos Locales de la Juventud: Integrados por los jóvenes convocados según lo previsto en el artículo 8º.
b) Consejos Regionales de la Juventud: Cada Consejo Regional estará a cargo de un grupo de entre 15 a 20 jóvenes representantes de grupos de base y de instituciones públicas no gubernamentales, dedicadas a las temáticas juveniles.
c) Red provincial de promoción de la participación de la Juventud: Articulará las acciones, recursos y metodologías de trabajo que se lleven a cabo en función del desarrollo del programa provincial de la juventud.
d) Comité técnico de nivel central: Según lo previsto en el artículo 7º de la presente, cumplirá funciones de capacitación y asesoramiento técnico para la implementación de proyectos que respondan a las demandas de la juventud.
Artículo 12.- Los Consejos Regionales de la Juventud tendrán asiento en las localidades donde funcionan las delegaciones dependientes de la Secretaría de Estado de Acción Social que determine la reglamentación.
El Consejo Regional podrá contar con un Comité Técnico de Capacitación y Asesoramiento para el desarrollo de proyectos juveniles, que resultará de convenios interinstitucionales establecidos con organismos públicos y entidades no gubernamentales que trabajan en la temática juvenil.
Artículo 13.- Los Consejos Regionales de la Juventud tendrán las siguientes funciones:
a) Diseñar y promover programas y proyectos específicos para jóvenes en todos los campos de la administración del Estado y de la sociedad.
c) En coordinación con la red provincial de participación de la juventud, organizar servicios de información regional, los que oficiarán como lugares de investigación, documentación e información sobre la juventud y sus problemas.
d) Fomentar la constitución de organizaciones juveniles y facilitar su inscripción en un registro zonal que, a tal fin, deberá organizar.
e) Propiciar la firma de convenios de capacitación con asociaciones de profesionales y expertos, en diversos temas que sean de interés de la juventud.
f) Estudiar y contribuir al asesoramiento en lo referido a la normativa existente y en particular relacionada al denominado "derecho de menores".
Artículo 14.- A los efectos de lograr la interrelación entre todos los jóvenes que participan de las actividades emprendidas a través de los Consejos Regionales de la Juventud, se constituirá una red provincial de promoción de la participación de la juventud.
Artículo 15.- Serán atribuciones de la red provincial de participación de la juventud:
a) Promover la interrelación de grupos organizados de jóvenes que estén cumpliendo tareas de promoción y prevención social en sus más diversas expresiones y ligadas a la resolución de problemáticas juveniles, así como actividades de desarrollo social comunitario vinculadas a la ocupación creativa del tiempo libre, la gestión de proyectos de inserción laboral o el planeamiento de acciones desde el ámbito institucional, orientadas al bienestar de la juventud.
b) Organizar centros de información regional sobre recursos existentes a los que pueden acceder los jóvenes para canalizar una solución a las problemáticas o necesidades que se les presentan.
c) Promover la organización de grupos de voluntarios debidamente capacitados, que puedan operar a nivel comunitario en el abordaje de problemáticas del campo de la salud, la educación, la justicia y la acción social.
Artículo 16.- Serán funciones específicas del Consejo Provincial de la Juventud:
a) Promover la constitución de los Consejos Regionales.
b) Apoyar la constitución de los Comités Técnicos Regionales.
c) Propiciar la organización de una red provincial de promoción de la participación de la juventud.
d) Elaborar un programa provincial de la juventud, el cual considerará entre otros temas: la promoción de las distintas manifestaciones del arte y del deporte, el estímulo a la integración del joven rural en su tierra favoreciendo la participación en las instituciones de su medio, la promoción y organización de cooperativas de trabajo y de otras formas de empleo contando con asistencia técnica y financiera para tal fin, la formulación de proyectos de prevención del consumo de sustancias tóxicas, el fomento de vínculos socio culturales entre todos los jóvenes de la provincia.
e) Gestionar la obtención de recursos financieros para el desarrollo de proyectos que se encuadren dentro de las metas del programa provincial de la juventud.
f) Brindar capacitación a los integrantes de la red en diversos temas de su interés.
g) Promover la multiplicación de la capacitación a sectores juveniles que por diversas circunstancias no puedan integrarse a la red provincial o de lugares alejados de la provincia.
h) Articular las decisiones y necesidades de los referentes juveniles en la ejecución y coordinación de acciones orientadas a la solución de las problemáticas juveniles y la promoción de tareas de desarrollo comunitario.
Artículo 17.- Los gastos que demande la aplicación de la presente ley, serán atendidos con los fondos provenientes de Rentas Generales que el Poder Ejecutivo destine anualmente en el Presupuesto General de Gastos y Recursos. Asimismo, se destinarán al financiamiento de la presente, los fondos provenientes de donaciones, subsidios y convenios con organismos nacionales e internacionales, sean de programas específicos o de carácter general.
Artículo 18.- El Poder Ejecutivo provincial reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de promulgada.
Artículo 19.- Queda derogada toda ley o disposición que se oponga a la presente.
Artículo 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Sancionada: 25/02/99
Promulgada: 10/03/99 - Decreto Nº 213
Boletín Oficial: Nº 3665
LEY Nº 3599
Artículo 1º.- Créase en el ámbito del Poder Legislativo la Comisión de Análisis y Reforma de la ley 3097 con el objeto de otorgar mayor operatividad a los principios y declaraciones en ella contenidos.
Artículo 2º.- La Comisión estará integrada por dos (2) representantes del Poder Judicial, dos (2) representantes del Poder Ejecutivo del área respectiva y tres (3) legisladores por la mayoría y uno (1) por la minoría. Cada Poder deberá designar sus representantes dentro de los treinta (30) días de sancionada la presente. El Poder Legislativo realizará la primera convocatoria.
Artículo 3º.- La Comisión deberá expedirse en un plazo que no podrá exceder los ciento ochenta (180) días desde que se conforme la misma.
Artículo 4º.- Los gastos que demande el funcionamiento de dicha Comisión serán atendidos con el presupuesto de cada jurisdicción.
Sancionada: 26/01/02
Promulgada: 05/02/02 - Decreto Nº 111
B.O.: Nº 3970
Decreto Nº 475/2003
Firmado el 16/05/2003 Convenio cooperación y asistencia entre Poder Judicial y el Mtrio. de Salud y Desarrollo Social sobre atención integral a la violencia familiar.
Carácter de la Norma: Interés General Objeto: Ratifica Convenio Estado: Normal (Vigente)
Firmado el 16/05/2003
Publicado en el Boletín Oficial del 26/05/2003 Pag.: 7
Entrada en vigencia el 03/06/2003
LEY Nº 3741
Artículo 1º.- Prorrógase por ciento ochenta (180) días el plazo estipulado para la Comisión de Análisis y Reforma de la ley nº 3097.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese
Sancionada: 29/05/2003
Promulgada: 12/06/2003 - Decreto: 639/2003
Boletín Oficial: 30/06/2003 - Número: 4110