Source: http://www.derechos.org/terrorism/doc/unesp3.html
Timestamp: 2017-12-16 22:24:27
Document Index: 412158390

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Equipo Nizkor - UNSC S/2016/436 - Evaluación de la labor realizada por el Consejo de Seguridad durante la Presidencia de España (octubre de 2015).
Evaluación de la labor realizada por el Consejo de Seguridad durante la Presidencia de España (octubre de 2015)
Carta de fecha 6 de mayo de 2016 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas
Tengo el honor de transmitir adjunta la evaluación de la labor del Consejo de Seguridad durante la Presidencia de España en octubre de 2015 (véase el anexo). Esta evaluación ha sido preparada bajo mi responsabilidad, tras consultas con los demás miembros del Consejo.
Mucho agradecería tenga a bien distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.
(Firmado) Román Oyarzun
Anexo de la carta de fecha 6 de mayo de 2016 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas
Bajo la presidencia de España, en octubre de 2015, el Consejo de Seguridad celebró 20 sesiones públicas y 10 consultas del pleno. Durante las consultas privadas, se examinaron cuatro temas sustantivos adicionales en relación con el tema titulado "Otros asuntos".
El Consejo aprobó cinco resoluciones y tres declaraciones de la Presidencia y emitió cinco comunicados de prensa.
Entre las sesiones públicas celebradas, hubo tres debates abiertos. El 13 de octubre de 2015, el Consejo de Seguridad celebró un debate público a nivel ministerial, titulado "Examen de alto nivel de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad: de la retórica a los resultados efectivos", presidido por el Primer Ministro de España, Mariano Rajoy. El 20 de octubre, el Consejo celebró un debate abierto sobre los métodos de trabajo, y el 22 de octubre, el Consejo celebró su debate abierto trimestral sobre la situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión de Palestina, presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación de España, Sr. José Manuel García-Margallo.
El 6 de octubre, el Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), Sr. Mongi Hamdi, informó al Consejo de Seguridad sobre la situación en Malí, sobre la base del último informe del Secretario General (S/2015/732). El Sr. Hamdi expuso una visión de conjunto de la evolución de la situación política, de seguridad y humanitaria, e hizo un resumen de las acciones y los esfuerzos realizados para poner en práctica el Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí. Si bien lamentó las demoras en la aplicación de algunas disposiciones del Acuerdo, destacó que, mediante la acción concertada de la MINUSMA y la mediación internacional, se consiguió alentar a las partes malienses a poner en práctica el acuerdo de paz. A ese respecto, señaló que se había reanudado el proceso de paz y añadió que, de todos modos, había que mantenerse vigilante, ya que la paz seguía siendo frágil. Además, señaló que estaba convencido de que la promoción de la aplicación del acuerdo de paz era la mejor oportunidad que tenía Malí para hacer frente a sus múltiples retos, y subrayó la importancia de las declaraciones procedentes del Consejo sobre su apoyo a la MINUSMA y su papel en la aplicación del proceso de paz. Explicó que, para ello, el despliegue de observadores militares, que, según lo previsto, comenzarían sus operaciones a mediados de octubre, ayudaría en las tareas de observación y presentación de informes sobre las violaciones del alto el fuego. Acogió con beneplácito la disposición del Consejo a considerar la posibilidad de imponer sanciones selectivas contra quienes obstruyeran o amenazaran la aplicación del Acuerdo y añadió que era muy necesario garantizar la entrega de los dividendos de la paz, especialmente a la población en las zonas afectadas por el conflicto.
Posteriormente, de conformidad con el artículo 37 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad, el Representante Permanente de Malí afirmó que el optimismo generado por la firma y la primera fase de la aplicación del Acuerdo lamentablemente se había visto empañado durante varios meses a raíz de las amenazas y retos persistentes que seguía siendo necesario enfrentar, como el terrorismo, el tráfico de drogas y todas las demás formas de delincuencia organizada en la región sahelosahariana. Subrayó que los retrasos en la aplicación del Acuerdo se debían esencialmente a los incidentes que estaban ocurriendo sobre el terreno y a las múltiples violaciones del alto el fuego por algunos agentes que, paradójicamente, eran signatarios del Acuerdo y recordó que el Gobierno había condenado sistemáticamente todas las violaciones del Acuerdo y pedido que se llevaran a cabo investigaciones independientes para delimitar las responsabilidades y castigar a los autores. Recalcó también que esos incidentes no debían servir de pretexto para que los movimientos armados signatarios del Acuerdo obstaculizaran el proceso de paz y reiteró la necesidad de proceder con carácter urgente a poner en práctica las medidas previstas en el Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí. Concluyó diciendo que se debían activar los mecanismos de vigilancia de las violaciones del alto el fuego y destacó la necesidad de poner en práctica las disposiciones sobre el acantonamiento, la reforma del sector de la seguridad, y el desarme, la desmovilización y la reintegración. Además, advirtió lo perjudiciales que podían ser los grupos terroristas y los traficantes de drogas e instó a los miembros del Consejo a apoyar la decisión de los Jefes de los Estados miembros del Proceso de Nuakchot de crear una fuerza de intervención de respuesta rápida para luchar contra esos grupos.
En las consultas privadas subsiguientes, los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron su pleno apoyo al Representante Especial del Secretario General y a la MINUSMA; acogieron con satisfacción la positiva dinámica política que había surgido a la luz de la reciente cesación de las hostilidades; y subrayaron la necesidad urgente de que las partes de Malí aplicasen de inmediato el Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí, al tiempo que destacaron que se debía respetar plenamente el alto el fuego e investigar y juzgar a aquellos que lo violasen, y dejaron abierta la posibilidad de aplicar sanciones selectivas contra quienes obstruyeran la aplicación del Acuerdo.
El 6 de octubre, los miembros del Consejo de Seguridad celebraron consultas privadas en relación con el tema "Otros asuntos", sobre la situación en Burkina Faso. El Representante Especial del Secretario General para África Occidental y Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental (UNOWA), Sr. Mohamed Ibn Chambas (por videoconferencia desde Dakar) informó sobre su última visita al país, del 15 al 26 de septiembre de 2015. También informó al Consejo sobre las próximas elecciones presidenciales en Guinea.
El Representante Especial del Secretario General describió en detalle la evolución de la situación en Burkina Faso desde el 15 de septiembre y subrayó la importancia de las próximas elecciones presidenciales y la necesidad de la reforma del sector de la seguridad. Al respecto explicó que se había modificado el calendario electoral y que las elecciones se habían aplazado solo dos semanas. El Representante Especial informó a los miembros del Consejo de Seguridad de que el Presidente Interino de Burkina Faso, Sr. Michel Kafando, le había asegurado de que no se escatimarían esfuerzos para garantizar que se investigaría de manera imparcial y conforme a los procedimientos legales a los involucrados en el golpe de estado. Además, el Representante Especial expresó su disposición a enviar observadores a los juicios y afirmó que la carga de la prueba recaía en el Gobierno a fin de velar por que los procesos fueran transparentes. Expresó su intención de enviar a un experto en reforma del sector de la seguridad a Burkina Faso para asesorar a las autoridades, en particular en relación con la disolución de la Guardia Presidencial. Para concluir, informó de que el Grupo Internacional de Seguimiento y Apoyo de la Transición en Burkina Faso se reuniría en las semanas posteriores a las consultas del Consejo para evaluar el grado de preparación de las instituciones encargadas de las elecciones y subrayó que esas reuniones eran muy importantes como señal de solidaridad y compromiso con el pueblo de Burkina Faso.
Los miembros del Consejo de Seguridad apoyaron unánimemente la labor de diplomacia preventiva realizada por el Representante Especial del Secretario General para África Occidental y manifestaron satisfacción por que el golpe de estado no había desestabilizado en mayor medida el proceso político, acogieron con satisfacción los esfuerzos de la comunidad internacional y también hicieron un llamamiento para la celebración de elecciones presidenciales transparentes y dignas de crédito.
El 7 de octubre, el Representante Especial del Secretario General para la República Democrática del Congo y Jefe de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), Sr. Martin Kobler, y el Enviado Especial del Secretario General para la Región de los Grandes Lagos, Sr. Said Djinnit, presentaron información al Consejo de Seguridad tomando como base el último informe del Secretario General sobre la MONUSCO (S/2015/741) y sobre el informe del Secretario General sobre la aplicación del Marco para la Paz, la Seguridad y la Cooperación en la República Democrática del Congo y la Región (S/2015/735).
El Sr. Kobler, en su última exposición informativa al Consejo de Seguridad como Representante Especial del Secretario General y Jefe de la MONUSCO, afirmó que la situación política en la República Democrática del Congo estaba cada vez más marcada por el proceso electoral y que el clima político estaba muy tenso. Destacó que la celebración de elecciones pacíficas, oportunas y dignas de crédito en noviembre de 2016 sería un mensaje inequívoco de la voluntad de la nación de permitir una transición pacífica del poder y de compromiso con la consolidación de la paz. Expresó preocupación al respecto por el número cada vez mayor de violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones de la libertad de reunión y de asociación pacíficas, e hizo un llamamiento a las autoridades del país para que se ocupasen de manera decidida de las cuestiones relativas a la programación del calendario electoral, el presupuesto electoral y la actualización del registro de votantes. Con respecto a la situación en la zona oriental del país, informó al Consejo de que los refugiados estaban regresando de a poco a sus hogares en algunas zonas pero que la población seguía desconfiando de una paz que todavía no estaba consolidada. Recordó que la existencia de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR) seguía siendo uno de los mayores obstáculos para la paz en el este de la República Democrática del Congo. Acogió con satisfacción las condenas penales y las largas penas de prisión dictadas recientemente contra dos líderes de las FDLR por un tribunal de Alemania aun cuando todavía había 1.100 elementos de las FDLR que seguían perpetrando asesinatos, violaciones y mutilaciones. En ese sentido, señaló que la única manera de encarar con eficiencia la situación de la seguridad era que la MONUSCO y las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo realizaran operaciones conjuntas, a las que el Presidente de la República Democrática del Congo, Sr. Joseph Kabila, aún no había dado la luz verde, y exhortó al Presidente a que diera las órdenes a las fuerzas armadas congoleñas para que volvieran a cooperar.
Con respecto a la retirada gradual y la salida de la MONUSCO de la República Democrática del Congo, el Representante Especial del Secretario General advirtió que esa salida no debería hacerse de manera apresurada. En ese sentido, recordó la evaluación del diálogo estratégico entre las Naciones Unidas y el Gobierno y señaló que la situación de seguridad no solo no había mejorado sino que incluso había empeorado en 21 de los 28 territorios afectados por conflictos armados. Apoyó un proceso basado en la resolución 2211 (2015) del Consejo de Seguridad que pondría en marcha la estrategia de salida de la MONUSCO. En relación con otro tema, dijo que los casos de explotación y abusos sexuales no solo habían empañado la reputación de la Misión sino que habían también generado más sufrimiento y agregado un peso a los sectores más vulnerables de la población. En ese sentido, y junto con el Comandante de la Fuerza y el Comisionado de Policía, había sensibilizado a miles de civiles y personal militar de mantenimiento de la paz, y señaló que la prevención y la rendición de cuentas deberían pasar a ser un elemento constitutivo del modus operandi de la Misión. Por último, afirmó que se retiraba con satisfacción y orgullo, aunque también con la sensación de que aún no se había cumplido el mandato de la Misión, ya que no podía decir con certeza si los avances realizados eran sostenibles.
Al presentar el informe más reciente sobre la aplicación del Marco para la Paz, la Seguridad y la Cooperación en la República Democrática del Congo y la Región (S/2015/735), el Enviado Especial del Secretario General para la Región de los Grandes Lagos puso de relieve que algunos de los mayores desafíos para la región eran la presencia de grupos armados en la parte oriental de la República Democrática del Congo y la violencia contra los civiles, en particular las mujeres, y afirmó que había que neutralizar esos elementos negativos, un imperativo regional para lograr la paz y eliminar la desconfianza. Dijo que las medidas del Gobierno contra los grupos armados, en particular las FDLR, deberían recibir el apoyo de la brigada de intervención de la MONUSCO, en consonancia con las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad, y que deberían reanudarse en el este las operaciones conjuntas con las fuerzas armadas congoleñas. En relación con los excombatientes del M23, informó al Consejo de que muchos de ellos se encontraban en Uganda y Rwanda, y que su Oficina y la MONUSCO estaban colaborando con la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos y el Gobierno de la República Democrática del Congo para facilitar su repatriación y aplicar la Declaración de Nairobi y acogió con beneplácito la decisión adoptada en septiembre por los Ministros de Defensa para acelerar la repatriación de las excombatientes del M23 que permanecían en campamentos de Rwanda y de los antiguos combatientes de las FDLR que estaban en campamentos en la República Democrática del Congo. Con respecto a los procesos electorales, dijo que existía el riesgo de una crisis política y citó como ejemplo reciente el de Burundi. Exhortó a todas las partes a participar en un diálogo inclusivo dirigido por la Comunidad de África Oriental. Por último, apoyó la aplicación de un enfoque regional integrado para mejorar la gestión de los refugiados y los desplazados internos y recordó el papel fundamental que cumplen las mujeres en la transformación de la región y la promoción de los objetivos del Marco.
Posteriormente, de conformidad con el artículo 37 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad, el Representante Permanente de la República Democrática del Congo afirmó que desde 2001 se prohibía el reclutamiento de niños como soldados y para evitarlo se realizaba un censo biométrico del ejército y se procedía a una aplicación estricta de la ley. Informó además de que luego de haberse reconocido a 46.000 niños soldados, que fueron devueltos a la vida civil, no quedaban más niños en las fuerzas armadas congoleñas. Con respecto a la violencia sexual, dijo que el Presidente había prescrito una norma de tolerancia cero y establecido tribunales que viajaban por todo el país para impartir justicia. Además, informó de que las fuerzas armadas congoleñas habían obligado a las FDLR a desarmarse y pidió el apoyo del Consejo para facilitar la repatriación a Rwanda o el traslado a un tercer país de la región. Por último, mencionó que las negociaciones sobre el diálogo estratégico con las Naciones Unidas se encontraban estancadas y manifestó la esperanza de que en algún momento dieran como resultado un plan de acción y una estrategia de retirada de la MONUSCO, sobre los cuales su Gobierno se comprometía a mantener negociaciones en un espíritu de confianza mutua.
En consultas oficiosas, los miembros del Consejo siguieron manteniendo un diálogo con el Jefe de la MONUSCO y el Representante Especial del Secretario General para la Región de los Grandes Lagos sobre el futuro de la Misión y su cooperación con la República Democrática del Congo. Reiteraron su compromiso de luchar contra los grupos armados, llevar a cabo una retirada gradual de la MONUSCO y velar por que las elecciones se celebrasen de manera pacífica, transparente y creíble, de conformidad con la Constitución.
El 28 de octubre, la Representante Permanente de Jordania, en su calidad de Presidenta del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1533 (2004) relativa a la República Democrática del Congo, presentó información al Consejo de Seguridad, en consultas privadas, para estudiar el contenido y las recomendaciones del informe de mitad de período del Grupo de Expertos (véase S/2015/797), así como otras cuestiones pendientes que el Comité tenía ante sí. La Representante Permanente hizo una revisión de los aspectos más destacados del informe, en particular de la lucha contra los grupos armados, la explotación ilícita de los recursos naturales y las violaciones del derecho internacional humanitario. La Presidenta del Comité expresó su intención de organizar varias reuniones para lo que quedaba del año, incluida una reunión el 20 de noviembre con la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, Leila Zerrougui, y reiteró que estaba dispuesta a ponerse en contacto sin tardanza con los países de la región que no habían respondido a las cartas que se les habían enviado en mayo. Los miembros del Consejo examinaron la necesidad de volver a establecer la cooperación entre la MONUSCO y las fuerzas armadas congoleñas lo antes posible a fin de luchar contra los grupos armados, en particular las FDLR y recordaron que las sanciones eran un buen instrumento para luchar contra esos grupos.
El 7 de octubre, el Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Sr. Hervé Ladsous, informó a los miembros del Consejo de Seguridad de los últimos acontecimientos ocurridos en la República Centroafricana, en consultas privadas, en relación con el tema "Otros asuntos". El Secretario General Adjunto condenó enérgicamente el estallido de violencia en el país, especialmente en Bangui, que, según sus palabras, constituía un intento deliberado por parte de Francois Bozizé y Michel Djotodia de desestabilizar el país. Pidió el apoyo del Consejo para los aspectos de un plan de seis puntos que figuran a continuación: un calendario electoral revisado, que permita celebrar elecciones lo antes posible; la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de la violencia, incluida la aplicación de sanciones del Consejo; el apoyo de la mediación internacional para la celebración de las elecciones y para defenderse de los saboteadores; el aplazamiento de todo despliegue de las fuerzas armadas hasta tanto no se hubiese instaurado la reforma del sector de la seguridad; una solicitud a los países que aportan contingentes para que aceleren la mejora de sus capacidades con el fin de cumplir las normas de las Naciones Unidas relativas al equipo y el transporte de propiedad de los contingentes; y la adaptación de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) para responder a esas situaciones en caso de que se repitieran.
Los miembros del Consejo de Seguridad condenaron unánimemente el estallido de la violencia, que constituía un intento deliberado de desestabilizar la República Centroafricana y obstaculizar el proceso de transición. Condenaron también los ataques contra la población civil, los agentes humanitarios, los convoyes y la MINUSCA y exhortaron a las Autoridades de Transición a investigar sin demora la violencia y llevar a los autores ante la justicia. Asimismo, manifestaron que el Consejo estaba dispuesto a considerar la posibilidad de imponer sanciones contra los que socavaban la paz, la seguridad y la estabilidad en la República Centroafricana. Muchos miembros del Consejo apoyaron la propuesta de seis puntos del Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
A petición del Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, los miembros del Consejo pidieron a la Presidencia que hiciera gestiones ante Uganda, Benin y el Gabón (en su calidad de Presidente de la Comunidad Económica de los Estados de África Central, en vista de la cumbre que se había previsto celebrar en Malabo el 14 de octubre) para señalar el importante papel que los países de la región deberían desempeñar en apoyo a la estabilidad de la República Centroafricana. Las tres gestiones se realizaron en los días subsiguientes.
Después de la sesión, el Consejo de Seguridad emitió un comunicado de prensa en el que condenaba en los términos más enérgicos el ataque contra un convoy de la MINUSCA, en que un efectivo de mantenimiento de la paz de Burundi resultó muerto y otro resultó herido.
El 20 de octubre, el Consejo de Seguridad aprobó una declaración de la Presidencia (S/PRST/2015/17), en la que condenó firmemente el recrudecimiento de la violencia y la inestabilidad en la República Centroafricana y reiteró su decisión de aplicar las medidas de congelación de activos y prohibición de viajar contenidas en la resolución 2196 (2015) a las personas y entidades que participasen en actos que socavasen la paz, la estabilidad o la seguridad del país o les prestasen apoyo. El Consejo reiteró también que los responsables de los actos de violencia, tanto los autores como los que participaban en ellos, deberían rendir cuentas de sus actos. Exigió que todos los que tratasen de debilitar al Gobierno de Transición dentro y fuera de la República Centroafricana cesasen inmediatamente todas las formas de violencia y actividades desestabilizadoras, depusiesen las armas y aplicasen plenamente el acuerdo de cesación de las hostilidades en la República Centroafricana firmado el 23 de julio de 2014 en Brazzaville, así como el acuerdo sobre los principios de desarme, desmovilización y reintegración y reforma del sector de la seguridad aprobado en el Foro de Bangui de mayo de 2015. El Consejo exhortó a las Autoridades de Transición a que, con la asistencia técnica de la MINUSCA, iniciasen investigaciones para identificar a los responsables de los actos de violencia y llevarlos ante la justicia. También reiteró la importancia fundamental y la urgencia de celebrar las elecciones antes de finales de 2015, con libertad, justicia y transparencia, incluyendo a todos los componentes de la sociedad y de conformidad con la Carta Constitucional de Transición.
El 9 de octubre, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2241 (2015) por 13 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones (Federación de Rusia y Venezuela (República Bolivariana de)), por la que prorrogó dos meses el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), hasta el 15 de diciembre de 2015. En la resolución, el Consejo reconoció que el Acuerdo para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur, destinado a resolver el conflicto de casi dos años de duración, firmado en agosto de 2015, era el primer paso para remediar los efectos de la difícil situación política y económica y de la catástrofe humanitaria y de seguridad. En la resolución, el Consejo puso de relieve que las personas o entidades que fueran responsables o cómplices directa o indirectamente de actos o políticas que supusieran una amenaza para la paz, la seguridad o la estabilidad de Sudán del Sur, o hubiesen participado en ellos podían ser designadas para la aplicación de sanciones selectivas en virtud de la resolución 2206 (2015), e instó a todas las partes a que se implicasen en un diálogo nacional abierto y plenamente inclusivo con el propósito de establecer la paz duradera, la reconciliación y la buena gobernanza. En este sentido, el Consejo volvió a autorizar el uso de todos los medios necesarios para proteger a los civiles, vigilar e investigar los abusos y violaciones de los derechos humanos, facilitar la prestación de ayuda humanitaria y prestar asistencia para supervisar el cumplimiento de la cesación del fuego y el acuerdo más amplio. El Consejo hizo una serie de peticiones al Secretario General: dar prioridad al despliegue del personal de la UNMISS hasta completar el número de efectivos militares y de policía autorizados; llevar a cabo un examen del mandato dentro de los 45 días siguientes a la aprobación de la resolución; y presentar una evaluación en relación con las capacidades civiles y de estructura de la fuerza. El Consejo exigió que el Gobierno de Sudán del Sur cumpliera íntegramente el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Sudán del Sur relativo la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur y exigió también que todas las partes permitieran, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho internacional y los principios rectores de la asistencia humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas, el acceso rápido, seguro y sin trabas del personal de socorro y la entrega de la asistencia humanitaria y exigió además que todas las partes pusieran fin inmediatamente a todas las formas de violencia.
Algunos miembros expresaron preocupación por las disposiciones sobre la posible utilización de sistemas aéreos no tripulados, las sanciones y el papel de las Naciones Unidas en el establecimiento de un tribunal mixto para enjuiciar a los autores de delitos graves en Sudán del Sur.
Hablando de conformidad con el artículo 37 del reglamento provisional, el Representante Permanente de Sudán del Sur destacó que su Gobierno no había sido consultado para la redacción del texto y que algunas de las cuestiones en relación con las cuales Sudán del Sur había manifestado claramente su posición no se habían tenido en cuenta en la resolución.
El 9 de octubre, el Consejo de Seguridad emitió un comunicado de prensa en el que acogió con satisfacción el anuncio del Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), Sr. Bernardino León, sobre los nombres propuestos para integrar el Consejo de la Presidencia del Gobierno de Pacto Nacional de Libia; encomió a los participantes en el diálogo sobre la finalización del acuerdo político para el Gobierno de Pacto Nacional, tras la celebración de consultas amplias y exhaustivas; exhortó a todos los libios, los representantes del pueblo, los partidos políticos, los municipios y la sociedad civil a que se unieran sin reservas y en un espíritu de reconciliación en apoyo de la solución; agradeció los esfuerzos realizados por el Representante Especial del Secretario General y su equipo; y manifestó la gratitud de los miembros del Consejo a los Estados Miembros que facilitaron el diálogo, en particular a Marruecos, por su actuación en la promoción del acuerdo, entre otras cosas por haber acogido el diálogo libio.
El 17 de octubre, el Consejo de Seguridad emitió otro comunicado de prensa, en el que recordó la declaración formulada el 9 de octubre e instó a todas las partes libias a hacer suyo y firmar el acuerdo político presentado el 8 de octubre y a trabajar con ahínco en la formación de un Gobierno de Pacto Nacional. Los miembros del Consejo hicieron hincapié en que el Acuerdo ofrecía una posibilidad real de solucionar las crisis política, institucional y de seguridad de Libia y señaló que el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1970 (2011) relativa a Libia estaba dispuesto a designar a quienes amenazaran la paz, la estabilidad y la seguridad de Libia o menoscabaran la conclusión efectiva de su transición política.
El 14 de octubre, el Secretario General Adjunto de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, Sr. Atul Khare, presentó información al Consejo de Seguridad sobre el examen estratégico de la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Misión de la Unión Africana en Somalia (UNSOA) realizado entre julio y septiembre de 2015. El Secretario General Adjunto destacó que era imperativo fortalecer con muchos recursos la UNSOA y volver a fijar prioridades en relación con los esfuerzos teniendo en cuenta los objetivos estratégicos que habían establecido los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Ello implicaba una redefinición de los clientes de la Oficina de Apoyo, que serían la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOM) y el Ejército Nacional Somalí. Informó al Consejo de que se ampliaría la infraestructura de apoyo médico para proporcionar asistencia de evacuación médica a la policía nacional de Somalia en las zonas en que operaba la AMISOM. Además, destacó que el Consejo, la Asamblea General, los Estados Miembros y la Unión Africana iban a tener que prestar un apoyo crítico, dado que la UNSOA estaba operando en un entorno muy poco propicio, en el que reinaba una crisis humanitaria y se sentía la constante presencia de Al-Shabaab y en el que en 2014 las bajas en la AMISOM en 2014 habían sido superiores a las muertes provocadas por actos intencionales en todas las operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz juntas ese mismo año. A continuación destacó que el entorno logístico tampoco era demasiado propicio, ya que se veía afectado por la inseguridad en las principales rutas de suministro, en las que tenían lugar las tres cuartas partes de la totalidad de atentados con artefactos explosivos improvisados contra la AMISOM. Además, afirmó que el Consejo de Seguridad debería fortalecer el marco de rendición de cuentas de la Oficina de Apoyo con un claro mandato centrado en la prestación de apoyo a sus clientes. Para ello sería necesario establecer una relación jerárquica más sólida con el Consejo y una función de liderazgo encabezada por un Subsecretario General, y también cambiar el nombre de la Oficina. Al respecto, señaló que se había convenido la prestación de apoyo logístico con la AMISOM.
En consultas privadas, durante las cuales el Representante Especial Adjunto del Secretario General para la UNSOM, Rai Zenenga, participó por videoconferencia desde Mogadiscio para responder a las preguntas del caso que plantearon los miembros del Consejo de Seguridad, el Secretario General Adjunto de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno puso de relieve varias cuestiones, en particular: la contribución positiva de la UNSOA para apoyar los logros realizados por la AMISOM y la UNSOM como prueba del éxito de la alianza entre las Naciones Unidas, la Unión Africana y los Estados Miembros para mantener las operaciones de la Unión Africana de apoyo a la paz; la necesidad de seguir apoyando esa alianza e invirtiendo en ella; y la intención del Secretario General de fortalecer la UNSOA y la alianza con la Unión Africana, para lo cual estaba solicitando el apoyo del Consejo de Seguridad. Los miembros del Consejo expresaron su pleno apoyo a todos los esfuerzos del Gobierno Federal de Somalia, el pueblo somalí y la comunidad internacional dirigidos al logro de la paz y la estabilidad en Somalia y en la región. También reiteraron que la asociación entre las Naciones Unidas y la Unión Africana era un elemento indispensable en este sentido, que debía preservarse y mejorarse aún más, y destacaron su pleno apoyo a la UNSOA, la UNSOM y la AMISOM y encomiaron a su personal civil y militar por sus inestimables sacrificios y esfuerzos en la lucha contra Al-Shabaab.
El 23 de octubre, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2244 (2015) por 14 votos a favor y 1 abstención (República Bolivariana de Venezuela), por la que prorrogó el embargo de armas relativo a Somalia hasta el 15 de noviembre de 2016, reafirmando al mismo tiempo la soberanía del país sobre sus recursos naturales. También reafirmó el embargo de armas impuesto a Eritrea. El Consejo también prorrogó el mandato del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea hasta el 15 de diciembre de 2016, y reiteró su esperanza de que el Gobierno de Eritrea facilitara la entrada del Grupo en el país. Reafirmando la soberanía de Somalia sobre sus recursos naturales, el Consejo subrayó la importancia fundamental de que el Gobierno Federal de Somalia estableciera un arreglo para compartir recursos para garantizar que el sector del petróleo en Somalia no se convirtiera en un foco de tensión creciente. El Consejo condenó la exportación en curso de carbón de Somalia, en violación de la prohibición total de exportar carbón. El Consejo expresó su profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en Somalia y condenó en los términos más enérgicos el aumento de los ataques contra los agentes humanitarios. También expresó preocupación por las continuas denuncias de corrupción, desviación de recursos públicos e irregularidades financieras cometidas por miembros del Gobierno Federal, las administraciones regionales y el Parlamento Federal, y subrayó que las personas involucradas en actos que amenazaran el proceso de paz y reconciliación en Somalia eran susceptibles de figurar en la lista con miras a la aplicación de medidas selectivas. También en esa resolución, el Consejo instó al Gobierno de Eritrea a que permitiera el acceso o suministrara información, en particular, al Grupo de Supervisión, sobre los prisioneros de guerra de Djibouti desaparecidos en combate desde los enfrentamientos que tuvieron lugar entre los dos países del 10 al 12 de junio de 2008.
Después de la votación, el representante de la República Bolivariana de Venezuela explicó que su delegación se había abstenido porque en el proceso de negociación no se habían tenido en cuenta algunos puntos de vista. Hablando de conformidad con el artículo 37 del reglamento provisional, el Representante Permanente de Somalia subrayó que el año anterior el Gobierno Federal había trabajado incansablemente para reducir las amenazas a la paz y la seguridad y demostrado su compromiso de garantizar el cumplimiento de las resoluciones del Consejo; sus instituciones estaban funcionando y el Parlamento tenía ante sí para su examen cuatro instrumentos legislativos relacionados con la reforma de la gestión de las finanzas públicas. Además, destacó que, si bien Somalia no estaba de acuerdo con todas las conclusiones del Grupo de Supervisión, iba a procurar fortalecer en mayor medida su relación, y el Gobierno se complacería con recibir al Grupo con más frecuencia. También de conformidad con el artículo 37, el Representante Permanente de Eritrea señaló que las dos justificaciones utilizadas para imponer sanciones contra su país eran el supuesto apoyo a Al-Shabaab y la controversia entre Asmara y Djibouti. Dijo que, no obstante, el Grupo de Supervisión no había encontrado pruebas del apoyo a Al-Shabaab y agregó que Eritrea y Djibouti habían pedido a Qatar que oficiara de mediador en la controversia. Lamentó que el Consejo hubiera decidido prorrogar las sanciones otro año más y observó que las sanciones afectaban a los pobres y limitaban la capacidad de Eritrea de defender su soberanía.
El Sudán y Sudán del Sur (Darfur)
El 14 de octubre, los miembros del Consejo celebraron consultas privadas en relación con "Otros asuntos" sobre la situación en Darfur para abordar los obstáculos que el Gobierno del Sudán estaba imponiendo a la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID). El Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz subrayó que 190 contenedores con suministros para la UNAMID, principalmente alimentos, seguían bloqueados en Port Sudan, algunos desde hacía 84 días, y estimó que, a ese ritmo, el 1 de noviembre la misión habría agotado sus reservas. También explicó el plan para imprevistos, que incluía la adquisición de alimentos en el mercado local, pero subrayó que solo podía aplicarse a corto plazo debido al escaso suministro de productos básicos en el Sudán. Además, informó de las limitaciones impuestas por el Gobierno del Sudán a la expedición de visados, que se consideraba que estaban dirigidas a ámbitos específicos de la misión, ya que seguía habiendo un 50% de puestos vacantes en relación con los derechos humanos, un 40% en relación con la protección de los civiles y un 30% en el sector de la seguridad. Además, la validez de los visados de residencia había dejado de ser anual, ya que se había reducido a seis meses. También explicó que un tercer problema recurrente era la continua violación del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, especialmente en cuanto al acceso a determinadas zonas. El Secretario General Adjunto advirtió que las restricciones estaban limitando gravemente la capacidad de la UNAMID y repercutiendo en el desempeño de su mandato y ubicó esas acciones en el contexto de la divergencia de opiniones sobre la presencia de la UNAMID en el país, a lo que añadió que esas cuestiones se habían señalado varias veces a la atención de las autoridades sudanesas. El Secretario General Adjunto dijo que el apoyo del Consejo de Seguridad era fundamental y sugirió que el Presidente del Consejo de Seguridad llevara a cabo una gestión ante el Representante Permanente del Sudán. Asimismo, reconoció que debía haber una estrategia de salida para la UNAMID, pero con sujeción a determinados parámetros, que incluirían el restablecimiento de la paz y la seguridad interna, un ámbito en que no se preveían avances a corto plazo.
Los miembros del Consejo expresaron distintos puntos de vista en relación con los obstáculos que el Gobierno del Sudán imponía a la UNAMID y encomendaron a la Presidencia del Consejo de Seguridad que hiciera gestiones ante el Representante Permanente del Sudán.
Tras la decisión adoptada por el Consejo, el Presidente del Consejo de Seguridad se reunió con el Representante Permanente del Sudán y le transmitió la preocupación del Consejo de Seguridad por los impedimentos a los que se enfrentaba la UNAMID para cumplir su mandato. Gracias a esas gestiones, en los días posteriores en Port Sudan se tramitó el despacho de aduanas de un gran número de contenedores.
El 28 de octubre, el Consejo de Seguridad celebró una reunión informativa y consultas sobre la UNAMID. En su reunión informativa, el Subsecretario General de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Sr. Edmond Mulet, informó de que la situación general de la seguridad en Darfur seguía siendo precaria e impredecible, y subrayó que para lograr una solución completa del conflicto en Darfur, que permitiera el regreso de más de 2,6 millones de desplazados, se necesitaba ante todo un arreglo político entre el Gobierno y los movimientos armados, y era fundamental que las reuniones sobre la cesación de las hostilidades y el diálogo nacional se realizaran según los plazos previstos y crearan un impulso para futuras conversaciones directas amplias sobre Darfur. El Subsecretario General informó al Consejo de que entre diciembre de 2014 y junio de 2015, las fuerzas del Gobierno del Sudán habían aplicado la segunda fase de la Operación Verano Decisivo, destinada a luchar contra las insurgencias, y habían logrado considerables avances contra los grupos armados no signatarios. Esto había provocado más de 104.000 nuevos desplazamientos confirmados y 69.000 desplazamientos no confirmados. El Subsecretario General señaló que había habido una pausa desde junio, debido a la estación de lluvias, pero los enfrentamientos intercomunitarios no se habían interrumpido, sino que se habían agravado con la participación de los grupos armados locales. El Subsecretario General explicó que el 28 de septiembre, el Presidente del Sudán, Omar al-Bashir, había promulgado decretos que establecían una cesación de las hostilidades durante dos meses en los estados de Darfur, Kordofán del Sur y Nilo Azul, y concedido un indulto incondicional a los miembros de los grupos políticos y los grupos de oposición armada que decidieran participar en el proceso del Diálogo Nacional. El 18 de octubre, el Frente Revolucionario Sudanés había declarado su propia cesación de las hostilidades de seis meses de duración de acuerdo con su hoja de ruta firmada el 14 de septiembre. El Subsecretario General subrayó que, pese a esos indicios positivos, el nivel de desconfianza entre los dos bandos no había disminuido, e informó al Consejo de que, a pesar de los obstáculos a los que se estaba enfrentando la UNAMID, la misión se mantenía firme en la aplicación de sus prioridades estratégicas, incluido el apoyo a la mediación en los conflictos intercomunitarios, centrándose en desarrollar la capacidad de alerta temprana, promoviendo el diálogo entre las comunidades agrícolas y de pastoreo y apoyando las instituciones locales. También instó al Gobierno del Sudán a que mantuviera su actual cooperación para garantizar que se tramitara rápidamente el despacho de aduanas del resto de las raciones alimentarias de la UNAMID y levantara todas las restricciones en vigor para la libre circulación de su personal y sus activos y en relación con la expedición de visados.
Haciendo uso de la palabra de conformidad con el artículo 37 del reglamento provisional, el Representante Permanente del Sudán expresó su profunda preocupación por las referencias incluidas en el informe a la falta de progreso hacia el logro de una solución pacífica y una resolución política del conflicto en Darfur, así como el llamamiento que se realizaba al Gobierno y los movimientos armados para que reanudaran las conversaciones sin condiciones previas, y dijo que esperaba que nadie intentara quedar exento de adherirse al Documento de Doha para la Paz en Darfur. Asimismo, dijo que el Diálogo Nacional incluyente en curso tenía por objeto explorar una configuración para el panorama político futuro del Sudán fomentando el consenso sobre la redacción de una constitución permanente, y que en abril se habían celebrado elecciones presidenciales y parlamentarias, incluso en los cinco estados de Darfur, lo que era indicativo de la prevalencia en esa región de las medidas posteriores a los conflictos. El Representante Permanente aclaró que la violencia en Darfur no indicaba un conflicto interno equiparable al que se definía en el Protocolo II de los Convenios de Ginebra y, en su opinión, ocurría lo mismo con la narrativa política que describía las condiciones de seguridad, a lo que añadió que las referencias a la denegación de visados por el Sudán al personal de la UNAMID y al número de desplazados eran inexactas. Por último, recalcó que las cifras arbitrarias del informe tenían por único objetivo acusar al Gobierno de no cooperar y, por tanto, establecer una operación de mantenimiento de la paz.
En consultas privadas, la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad acogieron con agrado que se fueran entregando los contenedores con alimentos a la UNAMID y subrayaron la eficacia de las gestiones realizadas por la Presidencia del Consejo de Seguridad y el diálogo directo en estas situaciones. En cuanto a los problemas con la expedición de visados, el Consejo de Seguridad estaba dividido. Por una parte, algunos Estados Miembros criticaron duramente la denegación sistemática y selectiva de visados por el Gobierno del Sudán, que afectaba gravemente al funcionamiento de la misión, y se mostraron preocupados por el hecho de que las plazas relacionadas con los derechos humanos y la protección de los civiles fueran las más afectadas. Por otra parte, otros miembros veían con escepticismo las cifras presentadas por el Subsecretario General, que en su opinión contradecían claramente las presentadas por el Representante Permanente del Sudán. La mayoría de los Estados Miembros se complacieron, aunque con cautela, del anuncio de un alto el fuego por el Gobierno del Sudán y el Frente Revolucionario Sudanés, que consideraban alentador. Algunas delegaciones pidieron que se ejerciera más presión para obligar al Frente Revolucionario Sudanés a abandonar lo que consideraban actividades destructivas. Algunos miembros argumentaron que, a fin de empezar a elaborar una estrategia de salida para la UNAMID, el Gobierno del Sudán debía cumplir los parámetros establecidos y, en su opinión, el Gobierno todavía no había cumplido ninguno de ellos. Otros miembros del Consejo acogieron con satisfacción la próxima reunión del Mecanismo Tripartito, que estaba previsto celebrar en Jartum a principios de noviembre, como propuso el Gobierno del Sudán, y pidieron una mayor interacción entre las Naciones Unidas y el Gobierno del Sudán para encontrar un terreno común. Algunos miembros recalcaron que todas las operaciones de mantenimiento de la paz, incluida la UNAMID, debían tener una estrategia de salida.
El 21 de octubre, el Consejo de Seguridad celebró consultas privadas sobre la situación en Burundi y escuchó una exposición informativa a cargo del Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, Sr. Jeffrey Feltman. El Secretario General Adjunto proporcionó una sinopsis de los acontecimientos ocurridos en el país, en la que enumeró los múltiples ataques contra civiles y miembros de la oposición y destacó su dimensión étnica y el riesgo de desestabilización para la Región de los Grandes Lagos. Denunció la impunidad de los ataques, la retórica violenta cargada de discriminación étnica, el aumento del número de refugiados y el cruce de acusaciones entre Burundi y Rwanda. Se refirió de forma crítica a la Comisión Nacional para el Diálogo Interburundés, diciendo que tal vez la oposición no estuviera representada en la Comisión, e insistió en el preocupante aislamiento del Presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, que rechazaba cualquier acompañamiento internacional o regional. Como indicio positivo, mencionó el firme mensaje contenido en el comunicado de la Unión Africana y solicitó el apoyo del Consejo de Seguridad para esa postura.
La mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad expresaron preocupación por que el conflicto estaba adquiriendo un tono cada vez más étnico, que podía afectar a toda la región, aunque una delegación criticó que no se estuviera teniendo en cuenta el progreso alcanzado. S i bien todos los miembros del Consejo declararon su apoyo al comunicado de la Unión Africana y una delegación propuso que el Presidente formulara una declaración en este sentido, algunos consideraban que el comunicado de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos era una opción más equilibrada. Algunos miembros del Consejo reiteraron la importancia de velar por que el diálogo interburundés tuviera lugar fuera del país a fin de que la oposición pudiera participar en él.
El 28 de octubre, el Consejo de Seguridad emitió una declaración de la Presidencia (S/PRST/2015/18) en la que expresaba su profunda preocupación por la creciente inseguridad, el constante aumento de la violencia y el persistente estancamiento de la situación política en Burundi, puesto de manifiesto en la falta de diálogo entre los interesados de Burundi. El Consejo también se mostró profundamente preocupado por el aumento de las violaciones de los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, los arrestos arbitrarios y las detenciones ilegales. En la declaración se mencionaron otros motivos de preocupación, como la impunidad generalizada, los asesinatos cotidianos, las restricciones de la libertad de expresión y el deterioro de la situación humanitaria, como ilustraban los más de 200.000 ciudadanos burundeses en busca de refugio. Además, el Consejo condenó enérgicamente todas las violaciones de los derechos humanos y los actos de violencia ilícitos cometidos por las fuerzas de seguridad, las milicias y otros grupos armados ilegales, expresó su determinación de llevar a los autores de estos actos ante la justicia y acogió con agrado la decisión de la Unión Africana de iniciar investigaciones sobre estos casos. El Consejo recordó la importancia de respetar la Constitución del país y el Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación en Burundi de 28 de agosto de 2000, e instó a todas las partes interesadas a rechazar la rebelión armada y participar en el diálogo. Asimismo, puso de relieve la importancia de las labores de mediación dirigidas por el Presidente de Uganda, Yoweri Museveni, en nombre de la Comunidad de África Oriental, y respaldadas por la Unión Africana, así como la importancia de reanudar urgentemente ese proceso. El Consejo acogió con agrado, además, la decisión del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana de aumentar el número de sus observadores de los derechos humanos y expertos militares en Burundi y señaló la decisión de la Unión Africana de imponer sanciones a las partes interesadas que perpetuaban la violencia e impedían buscar una solución.
República Árabe Siria (armas químicas)
El 7 de octubre, el Consejo de Seguridad celebró consultas privadas sobre la aplicación de la resolución 2118 (2013). El Secretario General Adjunto y Alto Representante Interino para Asuntos de Desarme, Sr. Kim Won-soo, informó a los miembros del Consejo de que se había logrado un progreso satisfactorio en la destrucción de las armas químicas sirias, incluidas las instalaciones vinculadas a estas y las actividades para verificar el arsenal declarado por la República Árabe Siria, y dijo que se preveía haber eliminado el 100% de ese material para finales de 2015.
Según el Alto Representante Interino, el Grupo de Evaluación de las Declaraciones de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), en su undécima misión sobre el terreno, señaló que en la declaración inicial de Siria había algunas discrepancias que debían resolverse, por lo que era probable que el Consejo Ejecutivo de la OPAQ prorrogara el mandato del Equipo hasta principios de 2016. Se preveía que tanto el Grupo de Evaluación de las Declaraciones como la Misión de Determinación de los Hechos de la OPAQ en la República Árabe Siria continuaran su labor para poder mostrar sus resultados a la OPAQ y al Consejo de Seguridad a finales de octubre. El Alto Representante Interino explicó que el Mecanismo Conjunto de Investigación de la OPAQ y las Naciones Unidas debía estar en funcionamiento a principios de noviembre y presentar su primer informe al cabo de 90 días, según se solicitaba en la resolución 2235 (2015) del Consejo de Seguridad, e instó a los Estados Miembros a que realizaran contribuciones, ya que, por el momento, no habían recibido ninguna financiación para el presupuesto, que se estimaba en 3 millones de dólares.
Los miembros del Consejo de Seguridad acogieron con agrado el nombramiento de Virginia Gamba como Jefa del Mecanismo Conjunto de Investigación e indicaron que era deseable que el Mecanismo comenzara a funcionar cuanto antes. Muchos recalcaron la necesidad de garantizar la independencia, imparcialidad y objetividad plenas de la labor del Mecanismo, de conformidad con su mandato. Los miembros del Consejo también acogieron positivamente la destrucción de la mayor parte del arsenal y, en este sentido, la mayoría de ellos subrayaron que el desarme químico de Siria no podía considerarse completo hasta que se aclararan las discrepancias en su arsenal, mientras que otros observaron el progreso positivo alcanzado en la evaluación realizada por la OPAQ, a raíz de la cooperación continua con las autoridades sirias. Un Estado Miembro propuso que se aprobara una resolución para prorrogar el mandato del Mecanismo Conjunto de Investigación en el Iraq, de acuerdo con la denuncia presentada por el Iraq a la OPAQ el 15 de septiembre de 2015 sobre el posible uso de sustancias químicas en su territorio.
La situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión palestina
El 16 de octubre, el Consejo de Seguridad celebró una reunión informativa urgente sobre la situación en el Oriente Medio, en la que el Subsecretario General de Asuntos Políticos, Sr. Tayé -Brook Zerihoun, informó a los miembros del Consejo de la situación sobre el terreno debido a la violencia en Jerusalén, la Ribera Occidental y Gaza. Recalcó que no podía ponerse fin a la crisis desencadenada por los nuevos actos de violencia en esos tres lugares únicamente con medidas de seguridad e instó a los palestinos y los israelíes a que respetaran los arreglos sobre el statu quo establecidos varias décadas atrás alrededor de los lugares sagrados, y pidió a los dirigentes políticos de todos los bandos que moderaran su lenguaje en un esfuerzo conjunto por reducir la tensión. El Subsecretario General de Asuntos Políticos dijo que el incendio causado por un grupo de palestinos en el lugar sagrado de la Tumba de José, en la ciudad de Nablus, en la Ribera Occidental, era especialmente preocupante por su dimensión religiosa. Acogió con beneplácito la condena del ataque por el Presidente Mahmoud Abbas y su anuncio de que se había formado un comité para investigar el delito. Todos los bandos debían respetar todos los lugares sagrados y rechazar a los elementos extremistas que promovían un programa político orientado a convertir el enfrentamiento nacional que estaba teniendo lugar en un enfrentamiento religioso. El Subsecretario General recalcó que el incidente se había producido tras una semana mortífera en la Ribera Occidental, en la que, según información, habían tenido lugar 11 ataques contra israelíes y fuerzas de seguridad israelíes, que habían causado la muerte de 4 israelíes y 9 palestinos, y heridas a 16 israelíes y 4 palestinos. En Gaza, desde el 1 de octubre habían resultado muertos 7 israelíes y 32 palestinos, y heridos 124 israelíes y más de 1.110 palestinos. En este sentido, señaló que desde entonces las Fuerzas de Defensa de Israel habían redoblado significativamente su presencia en las ciudades israelíes y se habían rodeado muchos barrios árabes de Jerusalén Oriental, en los que se habían bloqueado las carreteras de acceso y se habían instalado puestos de control. Se habían restablecido restricciones a la circulación en la Ribera Occidental y erigido puestos de control especiales en más de 100 lugares de la zona. Recordó que las Naciones Unidas habían mantenido una postura constante en estas cuestiones: los castigos colectivos, incluidas las demoliciones de viviendas, eran contrarios al derecho internacional, e instó a Israel a poner fin a esa práctica.
De acuerdo con el reglamento provisional del Consejo de Seguridad y la práctica anterior en este sentido, el Observador Permanente del Estado de Palestina participó en la reunión informativa y dijo que había pedido al Consejo que interviniera urgentemente para poner fin a las agresiones de los colonos y los extremistas contra el pueblo y los santuarios palestinos. El Templo Sagrado y la mezquita Al-Aqsa habían sufrido continuos actos de agresión por parte de los extremistas, que querían imponer un cambio de la situación actual, lo que amenazaba con hacer que el conflicto pasara a ser religioso. El Observador Permanente pidió al Consejo que obligara a Israel a retirar sus formaciones armadas de inmediato, en particular en la Jerusalén Oriental ocupada y la mezquita Al-Aqsa, y que brindara protección al pueblo palestino hasta que finalizara la ocupación.
De conformidad con el artículo 37 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad, el Representante Permanente Adjunto de Israel dijo que su país se enfrentaba a una arremetida de terrorismo en que hombres, mujeres y niños eran apuñalados a diario sin que el Consejo pidiera a los dirigentes palestinos que pusieran fin a la instigación, que Israel estaba adoptando todas las medidas necesarias para defender a su pueblo y que la violencia había comenzado con mentiras sobre el Monte del Templo. Asimismo, anunció que el Primer Ministro israelí estaba dispuesto a reunirse con los dirigentes palestinos para traer la calma a la región, y recordó que el Consejo debía insistir en que el Sr. Abbas participara en las conversaciones, ya que solo podía lograrse la paz mediante negociaciones directas.
Los miembros del Consejo de Seguridad condenaron en los términos más enérgicos toda la violencia en Jerusalén, la Ribera Occidental, Gaza y otros lugares, recalcaron la importancia de impedir la retórica o las acciones inflamatorias que alimentaban la violencia y pidieron a ambas partes que pusieran fin a la violencia y velaran por que se adoptaran medidas para reducir la tensión y defender el statu quo histórico en los lugares sagrados de Jerusalén.
El 21 de octubre, los miembros del Consejo de Seguridad celebraron consultas privadas urgentes, como pidió el Secretario General, para ofrecer información actualizada sobre la situación en el Oriente Medio. El Secretario General realizó una exposición informativa por videoconferencia ante el Consejo desde Ammán, en el marco de su visita a la región, durante la que se reunió, entre otros, con el Presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, y el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En la sala había un representante de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios para informar sobre la escalada de los acontecimientos y las cuestiones de protección. El Secretario General se mostró muy preocupado por el aumento de la violencia e instó al Consejo de Seguridad a que siguiera adoptando medidas para restablecer la calma y la seguridad. También reiteró la necesidad de mantener la solución biestatal y respetar el statu quo dentro de la zona de la Explanada de las Mezquitas y el Monte del Templo, y pidió que se pusiera fin a la violencia y que las partes rechazaran la instigación de esta. Asimismo, alentó a Israel y Jordania a colaborar para restablecer la calma en la Explanada de las Mezquitas y el Monte del Templo y se declaró complacido por la visita del Cuarteto a la región.
Durante las consultas se informó a los miembros del Consejo de Seguridad de que la Secretaría ya había distribuido entre los miembros del Consejo una carta del Secretario General con un resumen de los precedentes históricos compilados por la Oficina de Asuntos Jurídicos para contribuir a cualquier labor futura que pudiera realizarse en el marco de la Secretaría sobre la cuestión de la protección de los civiles e incorporarse en ella (S/2015/809). En este sentido, el Secretario General dijo que el Estado de Palestina hizo un firme pedido de que se adoptaran medidas para proteger a su población y se estableciera una presencia de las Naciones Unidas.
Los miembros del Consejo de Seguridad expresaron su preocupación por el aumento de la violencia en la Explanada de las Mezquitas y el Monte del Templo y manifestaron su apoyo a la función del Secretario General y su viaje a la región. Algunos miembros del Consejo mencionaron la necesidad de que el Cuarteto tuviera un papel activo, y algunos mencionaron también la necesidad de que el Consejo participara aún más y de que los demás asociados y los agentes regionales tuvieran un papel más importante.
El 22 de octubre, el Consejo de Seguridad convocó su debate abierto trimestral sobre la situación en el Oriente Medio, a nivel ministerial. La reunión fue presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación de España, Sr. José Manuel García-Margallo. En su exposición informativa, el Vice Secretario General, Jan Eliasson, dijo al Consejo que el conflicto entre Israel y Palestina había entrado en una etapa peligrosa debido a una nueva oleada de violencia en Jerusalén, la Ribera Occidental y Gaza; apremió a los dirigentes de ambas partes a que se posicionaran públicamente contra el extremismo y la instigación, ya que de lo contrario dejaban la puerta abierta a la promoción de programas extremistas destructivos. Asimismo, dijo que 47 palestinos y 7 israelíes habían resultado muertos, y más de 5.000 palestinos y 70 israelíes habían resultado heridos desde comienzos de octubre, y recordó que la reciente visita del Secretario General a Israel, Palestina y Jordania tenía por único objetivo apoyar las iniciativas colectivas para poner fin a la violencia y comenzar a dibujar un horizonte político que llevara a la paz duradera. Dijo que no había justificación alguna para el asesinato, y que la crisis no se habría producido si los palestinos hubieran tenido la esperanza de lograr un Estado propio viable, una economía que ofreciera puestos de trabajo y la capacidad de salir de una ocupación asfixiante y humillante. Además, dijo que la situación había agravado la sensación de miedo entre los israelíes, que consideraban que su seguridad personal había sido amenazada y veían en todo el mundo muestras de un antisemitismo cada vez mayor y lo que ellos consideraban como intentos de deslegitimar a su país. En conjunto, las iniciativas de paz fallidas y la reticencia de los dirigentes a avanzar habían creado una realidad muy combustible en una región asolada por el extremismo religioso violento. El Vice Secretario General añadió que el carácter cáustico del discurso público era alarmante e instó a todas las partes interesadas, incluidos los dirigentes palestinos, a condenar la violencia.
De acuerdo con el reglamento provisional del Consejo de Seguridad y la práctica anterior en este sentido, el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Palestina, Riad Malki, dijo que los palestinos estaban siendo sometidos a un encierro y a ataques por parte de Israel, y que el Consejo no podía justificar mantenerse al margen mientras la violencia corría el peligro de degenerar en un conflicto religioso fomentado por el extremismo del Gobierno de Israel. Además, dijo que debía establecerse un plazo para poner fin a la ocupación y debían examinarse opciones para proteger a los palestinos. Era igualmente urgente enfrentar la peligrosa situación en la Jerusalén Oriental ocupada y garantizar que Israel cumpliera su obligación de mantener el statu quo.
Haciendo uso de la palabra de conformidad con el artículo 37 del reglamento provisional del Consejo, el Representante Permanente de Israel dijo que las calles de su país habían sido asoladas por una salvaje oleada de terror, en la que los ataques contra los israelíes se debían al solo hecho de que eran judíos que vivían en su territorio histórico, y añadió que Israel, como cualquier país, tenía la obligación de defender a sus ciudadanos. Recordó que el Presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, había acusado reiteradamente a Israel de intentar cambiar el statu quo, lo cual en su opinión era absolutamente falso, y recalcó que los palestinos estaban intentando lograr victorias fáciles sin tener que negociar o reconocer el Estado judío. Agregó que el mejor modo de reducir las tensiones era instar al Presidente Abbas a aceptar la petición del Primer Ministro israelí de reunirse con él.
El Sr. García-Margallo expresó su preocupación por el riesgo de que la solución biestatal, acuñada por primera vez en la Conferencia de Paz de Madrid de 1991 e incorporada posteriormente en los Acuerdos de Oslo, se volviera inviable a causa del agotamiento de la vía diplomática y el aumento de la violencia. Para evitar que esto ocurriera y, de este modo, reavivar el diálogo y poner fin a la violencia y el terrorismo, anunció que España se había ofrecido a acoger el diálogo en una nueva conferencia de paz, bajo el nombre de Madrid II. A modo de explicación adicional, subrayó que Madrid II sería un relanzamiento del proceso de paz y que combinaría el diálogo directo entre las partes y la vía multilateral, con una estructura internacional aceptable para todas las partes y en la que participaran los países de la región. En este contexto, el Consejo de Seguridad debía ir más allá de la política declaratoria y ejercer una función clave para elaborar la hoja de ruta y el calendario de negociaciones que culminarían en la nueva conferencia de paz internacional.
A lo largo del día, los oradores condenaron la violencia e instaron a los dirigentes israelíes y palestinos a poner fin a la instigación, reducir las tensiones y restablecer la calma. Algunos expresaron la esperanza de que la visita del Secretario General y la próxima reunión del Cuarteto en Viena atenuaran la situación. Si bien las posibilidades de una solución biestatal parecían estar disminuyendo, muchos la defendieron como el único camino hacia la paz.
Durante el debate, los Estados Miembros también hablaron sobre la importancia de la solución política para Siria y la grave situación humanitaria en el país, la situación en el Yemen y la situación en el Líbano.
El 23 de octubre, el Consejo de Seguridad celebró una reunión informativa y consultas sobre la situación en el Yemen, en las que el Enviado Especial del Secretario General, Ismail Ould Cheikh Ahmed, presentó información a los miembros del Consejo. El Enviado Especial dijo que las consultas entre el Gobierno del Yemen y sus oponentes se habían retrasado por la necesidad de este último de una aceptación más clara de la resolución 2216 (2015) del Consejo de Seguridad, pero añadió que se había mantenido en contacto con los dirigentes huzíes y el Congreso Popular General, que ahora estaban comprometidos a aplicar la resolución, incluida una retirada negociada de las ciudades clave y la entrega de las armas al Estado. Agregó que durante su reciente gira había informado al Gobierno del Yemen, en Riad, y a los dirigentes de la Arabia Saudita sobre los últimos acontecimientos y los debates con los huzíes. Se habían celebrado debates similares paralelamente a la Asamblea General con el Secretario General del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo y los Ministros de Relaciones Exteriores de la Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán, así como con interlocutores de la Federación de Rusia, y todos ellos apoyaban los esfuerzos para alcanzar una solución política pacífica. El Enviado Especial también recordó que, sobre la base de estos acontecimientos, el Presidente del Yemen, Abd Rabbuh Mansur Hadi, había informado al Secretario General, en una carta de fecha
19 de octubre, de su intención de enviar una delegación a las conversaciones, y añadió que empezaría a trabajar inmediatamente con el Gobierno del Yemen, los huzíes y otros grupos para acordar el programa, la fecha y el formato. Las negociaciones propuestas tendrían por objeto impulsar la retirada de las milicias de las ciudades clave, garantizar la puesta en libertad de los presos, devolver las armas pesadas incautadas al ejército, mejorar la situación humanitaria y reanudar un diálogo político incluyente. Subrayó que debían fomentarse las negociaciones, como un primer signo de esperanza. De hecho, esto era sumamente necesario; las consultas anteriores se habían cancelado debido a nuevas condiciones previas, oportunidades que no se aprovecharon y que dejaron a los yemeníes en una situación de sufrimiento cada vez mayor, en la que las ciudades se estaban desmoronando y se estaban denegando a los ciudadanos sus derechos más básicos. Dijo también que el regreso de un Gobierno legítimo a Adén mejoraba las perspectivas de restablecer la seguridad, pero los extremistas habían aprovechado rápidamente la situación y los bombardeos de mezquitas en el Yemen, un país conocido por su tolerancia, se habían convertido en un hecho común. Asimismo, advirtió a los miembros del Consejo de que cuanto más durara la guerra, más ampliarían su presencia los grupos extremistas.
Como signo positivo, el Enviado Especial dijo que había asistido a una reunión de mujeres yemeníes organizada por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) en Larnaca (Chipre), cuyas participantes habían pedido que se adoptaran medidas urgentes para mejorar la situación humanitaria, restablecer la circulación de la ayuda y los bienes comerciales y garantizar la protección de los civiles, y añadió que tenía previsto trabajar con el pacto de mujeres para la paz y la seguridad, que todavía no se había formado, y otros grupos de la sociedad civil, para que sus voces restablecieran el diálogo pacífico en el Yemen.
La Representante Permanente de Lituania, en su calidad de Presidenta del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2140 (2014), describió la labor de este órgano subsidiario en el contexto de las resoluciones 2140 (2014), 2204 (2015) y 2216 (2015) y señaló que, de conformidad con la resolución 2204 (2015), se habían recibido de los Estados Miembros 20 informes sobre la ejecución, que estaban en el sitio web del Comité. El Comité solo había recibido un informe inicial pero no había recibido ningún informe posterior sobre las inspecciones realizadas en virtud del embargo de armas selectivo que figuraba en la resolución 2216 (2015). La Representante instó a todos los Estados Miembros que no lo hubieran hecho a que presentaran los informes requeridos y recordó que el 29 de julio de 2015 el Comité había modificado sus directrices para reflejar las disposiciones contenidas en las resoluciones 2204 (2015) y 2216 (2015). El 2 de abril de 2015, el Secretario General había nombrado nuevos miembros del Grupo de Expertos (véase S/2015/237), y el 18 de junio se había designado a un nuevo experto en armas (véase S/2015/455). El 2 de febrero de 2015, los miembros del Comité habían deliberado sobre el informe final del Grupo de Expertos (véase S/2015/125) y habían acordado el procedimiento para aplicar sus recomendaciones. El 25 de agosto, el Coordinador Regional de Asuntos Humanitarios para la crisis del Yemen había informado al Comité sobre el mecanismo de verificación e inspección de las Naciones Unidas. El 18 de septiembre, la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados presentó información al Comité. El 9 de octubre, el Grupo de Expertos había compartido información sobre el derecho internacional humanitario y los aspectos financieros de su mandato y había subrayado su necesidad de investigar todas las violaciones, en particular mediante viajes a todas las regiones del Yemen. A fin de favorecer la transparencia, el Comité había celebrado una reunión informativa abierta el 1 de septiembre para todos los Estados Miembros, que había incluido una sinopsis de su mandato, el régimen de sanciones y las observaciones del Coordinador del Grupo de Expertos.
En consultas privadas, los miembros del Consejo de Seguridad lamentaron la situación humanitaria y reiteraron la importancia de lograr un alto el fuego y garantizar el acceso sin trabas de los bienes comerciales y la ayuda humanitaria. En relación con el anuncio del Enviado Especial de que existía la posibilidad de que se reanudara el diálogo político, los miembros del Consejo acogieron con agrado la posibilidad de un nuevo diálogo político incluyente y pidieron a las partes que actuaran de buena fe y sin condiciones previas, y expresaron su firme apoyo al liderazgo de las Naciones Unidas en las conversaciones.
Al final de la reunión, los miembros del Consejo de Seguridad acordaron un comunicado de prensa, que se emitió posteriormente, en el que acogieron con agrado el anuncio por las Naciones Unidas y el Enviado Especial del Secretario General para el Yemen sobre las próximas conversaciones; encomiaron la decisión del Gobierno del Yemen de participar en las conversaciones de paz, junto con otras partes; expresaron su reconocimiento y pleno apoyo a las actividades de las Naciones Unidas y el Enviado Especial del Secretario General para el Yemen; y reafirmaron su petición de que las partes yemeníes asistieran a las conversaciones anunciadas y a todas las conversaciones futuras de ese tipo y colaboraran sin condiciones previas y de buena fe, en particular resolviendo sus diferencias mediante el diálogo y las consultas, rechazando los actos de violencia para lograr objetivos políticos y absteniéndose de la provocación y de cualquier acción unilateral para menoscabar la transición política.
La República Árabe Siria (situación humanitaria)
El 27 de octubre el Consejo de Seguridad celebró una reunión informativa y consultas sobre la situación humanitaria en la República Árabe Siria. En su exposición informativa ante el Consejo, el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Sr. Stephen O'Brien, destacó que la crisis requería una solución política urgente que hiciera frente a las causas fundamentales del conflicto y satisficiera las aspiraciones del pueblo sirio, que ya había sufrido durante demasiado tiempo. Asimismo, puso de relieve que unos 13,5 millones de personas en Siria necesitaban algún tipo de protección y asistencia humanitaria, de las cuales más de 6 millones eran niños; que había más de 6,5 millones de desplazados dentro de Siria y que 4,2 millones de personas habían huido del país, lo que se había traducido en una enorme carga para los países vecinos. También informó de que, aunque los trabajadores humanitarios estaban arriesgando su vida, su determinación no mermaba, y alentó encarecidamente a los donantes a que mantuvieran, y cuando fuera posible incrementaran, su generoso apoyo a las operaciones humanitarias que salvaban vidas. A continuación, afirmó que el aumento de los enfrentamientos y la violencia en las últimas semanas había tenido un enorme impacto humanitario, y había provocado muertos, heridos y desplazados a gran escala entre la población civil, en particular en el norte de Siria. Los ataques a las instalaciones de atención médica y a los profesionales sanitarios seguían siendo constantes. Desde el comienzo del conflicto, la organización Physicians for Human Rights había registrado al menos 313 ataques contra centros de atención sanitaria, así como la muerte de 679 miembros del personal médico. Las organizaciones de socorro todavía no habían logrado acceder de forma sostenida y sin impedimentos a millones de personas afectadas. Las últimas estimaciones indicaban que en torno a 4,5 millones de personas vivían en zonas de difícil acceso y que en 2015 tan solo se había llegado a una pequeña parte de ellas debido a los conflictos activos, el desplazamiento de los frentes de combate, las trabas burocráticas y las condiciones impuestas por las partes. El Secretario General Adjunto destacó que las partes en conflicto seguían utilizando el asedio como arma de guerra. Para finalizar, dijo confiar en que el Consejo y los Estados Miembros pertinentes seguirían usando su influencia sobre las partes en conflicto para recordarles que debían respetar las obligaciones asumidas en virtud del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos de diferenciar a los civiles de los combatientes y adoptar todas las precauciones posibles para evitar que más civiles resultaran muertos y heridos.
En las consultas privadas, los miembros del Consejo de Seguridad condenaron el deterioro de la situación en Siria, la expansión del terrorismo, entre otros, del EIIL/Daesh, y el recrudecimiento de la violencia, en particular los ataques indiscriminados contra civiles perpetrados por todas las partes. Algunos miembros prestaron especial atención a las denuncias sobre el uso de bombas de barril y ataques contra la infraestructura civil, el personal médico y los trabajadores humanitarios, así como a las limitaciones de los servicios básicos y la asistencia humanitaria, y mostraron su inquietud por que más de 2 millones de niños no tuvieran acceso a la educación y por la situación de las personas atrapadas en las zonas asediadas y el incremento de los refugiados y desplazados internos. Algunos miembros del Consejo encomiaron a los países vecinos, que albergaban a 4 millones de refugiados.
Los miembros del Consejo de Seguridad también condenaron la destrucción del patrimonio cultural.
El 27 de octubre el Consejo de Seguridad celebró consultas sobre la situación en el Líbano y escuchó una exposición informativa a cargo del Enviado Especial del Secretario General para la aplicación de la resolución 1559 (2004) del Consejo de Seguridad, Sr. Terje Roed-Larsen, dedicada al vigésimo segundo informe semestral del Secretario General sobre la aplicación de la resolución 1559 (2004) (S/2015/764). El Sr. Larsen hizo referencia a tres cuestiones principales: la elección de un Presidente, la situación de la seguridad y los refugiados. Con respecto a la elección de un Presidente, subrayó que se había avanzado poco desde su última exposición informativa ante el Consejo, en abril de 2015, y añadió que no parecía que la crisis fuera a resolverse en el corto plazo. En lo referente a la situación de la seguridad, el Enviado Especial puso de relieve que el Líbano seguía haciendo frente a amenazas a su estabilidad y seguridad, tanto en el interior del país como a lo largo de sus fronteras con la República Árabe Siria, incluidas las amenazas derivadas del terrorismo, los grupos extremistas y el contrabando de armas. En cuanto a los refugiados, hizo hincapié en que la escolarización básica había sido una tarea particularmente difícil y añadió que las necesidades financieras que no se habían satisfecho ascendían a 25 millones de dólares. Asimismo, reconoció que seguiría siendo difícil obtener el apoyo de los donantes mientras el Gobierno funcionara sin un Presidente. En ese contexto, el Enviado Especial pidió que se prestara ayuda al Líbano para asumir la carga que representaban los refugiados.
Los miembros del Consejo de Seguridad expresaron su apoyo a la seguridad y la estabilidad del Líbano en el contexto regional difícil que afrontaba el país, en particular el conflicto en Siria. Hicieron un llamamiento para que se eligiera lo antes posible a un Presidente y elogiaron los esfuerzos realizados por el Primer Ministro Tammam Salam y su Gobierno. La mayoría de los miembros destacaron la importancia de la política de desvinculación. Además, los miembros pidieron que se aumentara el apoyo internacional a las Fuerzas Armadas Libanesas y al Gobierno del Líbano para atender al problema de acoger a un número creciente de refugiados sirios.
El 8 de octubre el Consejo de Seguridad celebró un debate semestral sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). La Representante Especial del Secretario General y Jefa de la MINUSTAH, Sra. Sandra Honoré, dijo que el país había dado un paso crucial para renovar sus instituciones democráticas con la celebración de elecciones ejecutivas, legislativas y locales el 9 de agosto de 2015, lo que, a su vez, era fundamental para consolidar la democracia y la estabilidad. Al presentar el informe más reciente del Secretario General a ese respecto (S/2015/667), la Representante Especial subrayó que, por primera vez, el Consejo Electoral Provisional había adoptado medidas punitivas contra los instigadores de la violencia y había enviado así una clara señal de que esos acto s ya no se iban a tolerar. Con respecto a las condiciones de seguridad, informó de que, por lo general, estas se habían mantenido estables en comparación con los anteriores ciclos electorales y recordó que todas las protestas violentas relacionadas con las elecciones debían supervisarse cuidadosamente. También añadió que, para tal fin, la Policía Nacional de Haití estaba adaptando las estrategias de logística y seguridad de cara a las próximas rondas de elecciones, con el apoyo de las Naciones Unidas. A fin de permitir un traspaso ordenado de las actividades de la MINUSTAH, la Representante Especial dijo que el Secretario General había recomendado prorrogar un año el mandato de la Misión, posiblemente el último, manteniendo la dotación actual de contingentes y fuerzas de policía. Asimismo, añadió que se desplegaría una misión de evaluación estratégica cuando el ciclo electoral hubiera terminado y el nuevo Gobierno hubiera tomado posesión de su cargo, con objeto de formular recomendaciones sobre la presencia de las Naciones Unidas en el futuro. La Representante Especial destacó la importancia de que el nuevo Gobierno participara desde el comienzo en el proceso de planificación y adopción de decisiones en relación con la presencia de las Naciones Unidas en Haití. Mientras tanto, declaró que la MINUSTAH se centraría en los buenos oficios, el desarrollo de la policía y el estado de derecho y los derechos humanos, entre otras esferas.
Posteriormente, de conformidad con el artículo 37 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad, el Representante Permanente de Haití señaló que el Consejo Electoral Provisional había demostrado su capacidad de gestionar el proceso electoral de forma satisfactoria. También puso de relieve la importancia de las elecciones que se celebrarían el 25 de octubre de 2015 para que en 2016 se produjera una transición política sin contratiempos, y añadió que se estaba trabajando en una reforma penitenciaria y en la implantación de un nuevo código penal. Con respecto a la MINUSTAH, destacó que la Misión todavía seguía adaptándose al nuevo contexto y que el Presidente se inclinaba por una reconfiguración que motivara una retirada gradual y ordenada, en el marco de la cual la transferencia de responsabilidades a las instituciones de Haití se realizara conforme a un calendario acordado, puesto que una separación prematura generaría un vacío de seguridad. En ese sentido, el Representante Permanente era partidario de mantener la máxima flexibilidad en las modalidades de retirada. Además, señaló que la Misión seguía centrándose en esferas clave, como el estado de derecho, los derechos humanos, el desarrollo de la policía y las instituciones del Estado, así como en la labor de los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas y la asistencia humanitaria y el desarrollo. Los siguientes Estados Miembros también expresaron sus opiniones de conformidad con el artículo 37 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad: Guatemala, Brasil, Colombia, Uruguay, Perú, Canadá, México, Argentina y Jamaica. Con arreglo al artículo 39 del reglamento provisional, la Unión Europea también participó en el debate.
La gran mayoría de los Estados Miembros acogió con beneplácito la capacidad de Haití para asumir una mayor responsabilidad en sus procesos democráticos, y muchos se mostraron de acuerdo en que si se mantenían las tendencias imperantes, la presencia de las Naciones Unidas evolucionaría de forma considerable. Algunos miembros pusieron de relieve que era fundamental reforzar el cuerpo nacional de policía, especialmente con vistas a lograr el objetivo de instruir a 15.000 agentes para finales de 2016. Los países de la región se mostraron a favor de prorrogar el mandato de la MINUSTAH por un año más e indicaron la necesidad de que el Consejo de Seguridad actuara con cautela a fin de que el nuevo Gobierno pudiera consolidar su autoridad estatal.
La mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad expresó su apoyo al despliegue de la misión de evaluación estratégica una vez que hubiera concluido el ciclo electoral y las nuevas autoridades hubieran asumido sus cargos, así como a la necesidad de que la misión de evaluación estratégica trabajara en estrecha colaboración con el nuevo Gobierno. Algunos miembros mencionaron que la misión de evaluación debía comenzar sus actividades mucho antes de que finalizara el mandato de la MINUSTAH. Múltiples Estados insistieron en que cualquier decisión sobre la reconfiguración de la MINUSTAH debía tener en cuenta la estabilidad general y la situación de seguridad en el país.
Algunos miembros del Consejo de Seguridad recordaron la grave situación humanitaria imperante en Haití, citando tres factores conexos: el brote de cólera, la situación penosa de los desplazados internos y la inseguridad alimentaria, y lamentaron que se hubiera reducido la financiación destinada a atender esas necesidades.
El 14 de octubre el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución 2243 (2015), en la que decidió prorrogar el mandato de la MINUSTAH por un año, hasta el 15 de octubre de 2016, con una dotación total máxima de hasta 2.370 efectivos y 2.061 agentes de policía, siguiendo la recomendación del Secretario General. El Consejo afirmó su intención de examinar a más tardar el 15 de octubre de 2016 la capacidad general de Haití de garantizar la seguridad y la estabilidad y las condiciones de seguridad sobre el terreno, con objeto de considerar la posible retirada de la MINUSTAH y la transición hacia una presencia futura de las Naciones Unidas que comenzaría no antes del 15 de octubre de 2016, con el fin de seguir ayudando al Gobierno de Haití a consolidar la paz, incluida la prestación de asistencia a la Policía Nacional de Haití. El Consejo de Seguridad solicitó al Secretario General que enviara una misión de evaluación estratégica a Haití y, sobre esta base, le presentara recomendaciones sobre la futura presencia y las funciones de las Naciones Unidas en Haití, preferentemente 90 días después de la toma de posesión del nuevo Presidente, e idealmente después de la formación de un nuevo gobierno. Acogiendo con beneplácito la celebración de la primera ronda de las elecciones legislativas que habían tenido lugar el 9 de agosto, el Consejo instó encarecidamente a las instancias políticas de Haití a que cooperaran entre sí y sin más demora para asegurar la celebración de elecciones legislativas, parciales al Senado, municipales y locales libres, limpias, inclusivas y transparentes. También alentó al Gobierno a que promoviera una mayor participación política de la mujer en el país. Observando que el desarrollo de la capacidad de la Policía Nacional de Haití seguía siendo una tarea de importancia decisiva, el Consejo solicitó a la MINUSTAH que redoblara los esfuerzos por capacitar y orientar al personal policial y penitenciario. Condenando enérgicamente las graves infracciones contra los niños afectados especialmente por la violencia de las bandas de delincuentes, así como los numerosos casos de violación y otros abusos sexuales cometidos contra mujeres y niñas, el Consejo exhortó al Gobierno a que, con el apoyo de la Misión y el equipo de las Naciones Unidas en el país, promoviera y protegiera los derechos de las mujeres y los niños, y que mejorara la respuesta a las denuncias de violación y el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones y otros delitos sexuales. Solicitó al Secretario General que siguiera adoptando las medidas necesarias para asegurar que todo el personal de la MINUSTAH cumpliera plenamente la política de las Naciones Unidas de tolerancia cero frente a la explotación y los abusos sexuales. El Consejo solicitó además a la MINUSTAH que siguiera apoyando a las autoridades haitianas en sus esfuerzos por controlar la circulación de armas pequeñas, crear un registro de armas, reformar el sistema de licencias de armas, y elaborar y aplicar una doctrina nacional sobre la policía de proximidad.
El 21 de octubre los miembros del Consejo de Seguridad examinaron el lanzamiento de un misil balístico de mediano alcance por parte de la República Islámica del Irán el 10 de octubre. Algunos miembros del Consejo consideraron que constituía una violación de la resolución 1929 (2010). Recordando que el régimen de sanciones del Consejo de Seguridad debía tomarse en serio, los miembros del Consejo convinieron en que, hasta que el Organismo Internacional de Energía Atómica no hubiera verificado que la República Islámica del Irán cumplía con una serie de compromisos nucleares contraídos en virtud del Plan de Acción Integral Conjunto, se mantendrían en vigor las resoluciones del régimen de sanciones contra la República Islámica del Irán, y en que el Día de Aplicación todavía podía demorarse varios meses.
A ese respecto, el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1737 (2006) informó a los miembros del Consejo de Seguridad de que el Grupo de Expertos del Comité investigaría la cuestión.
Cuestiones temáticas y de otro tipo
El 9 de octubre el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2240 (2015), con 14 votos a favor y una abstención (República Bolivariana de Venezuela), en la que autorizó a los Estados Miembros, por un período de un año, a que inspeccionaran los buques en alta mar frente a las costas de Libia cuando tuvieran motivos razonables para creer que estaban siendo utilizados para el tráfico de migrantes o la trata de personas desde Libia. Mediante esa resolución, se autorizó a los Estados Miembros que actuaran individualmente o por conducto de organizaciones regionales a emplear todas las medidas, en plena conformidad con el derecho internacional, para hacer frente a los traficantes y tratantes, y se los exhortó a que, en el contexto de la lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas, inspeccionaran los buques en alta mar frente a las costas de Libia que no enarbolaran pabellones cuando tuvieran motivos razonables para creer que habían sido, estaban siendo o serían utilizados inminentemente por grupos delictivos organizados para el tráfico de migrantes o la trata de personas desde Libia, con inclusión de barcos, botes y balsas inflables.
Después de la votación, 13 miembros del Consejo de Seguridad formularon declaraciones para explicar su voto. El Representante Permanente de Libia, al dirigirse al Consejo en virtud del artículo 37 de su reglamento provisional, subrayó que la resolución respondía a los deseos de la Unión Europea y tenía en cuenta las preocupaciones de Libia y de otros países africanos, habida cuenta de que su Gobierno no podía imponer su autoridad en todo el país ni controlar sus extensas fronteras. Asimismo, recordó que la crisis debía resolverse desde el respeto del derecho internacional, así como de la soberanía de los Estados y el principio de no injerencia en los asuntos nacionales. El Representante Permanente esperaba que el nuevo Gobierno pudiera restablecer las instituciones de Libia en la capital, un componente necesario para reducir la afluencia de migrantes ilegales.
Las mujeres y la paz y la seguridad: examen de alto nivel de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad: de la retórica a los resultados efectivos
Los días 13 y 14 de octubre, el Consejo de Seguridad celebró un debate abierto sobre las mujeres y la paz y la seguridad, bajo el título "Examen de alto nivel de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad: de la retórica a los resultados efectivos". La sesión estuvo dirigida por el Presidente del Gobierno de España, Sr. Mariano Rajoy. El Secretario General; la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU -Mujeres, Sra. Phumzile Mlambo -Ngcuka; la Directora del Fondo para las Mujeres Congoleñas (hablando en nombre del Grupo de Trabajo de Organizaciones No Gubernamentales sobre la Mujer y la Paz y la Seguridad), Sra. Julienne Lusenge; la cofundadora y Presidenta de la Organization of Women's Freedom in Iraq (hablando también en nombre del Grupo de Trabajo de Organizaciones No Gubernamentales sobre la Mujer y la Paz y la Seguridad), Sra. Yanar Mohammed; y la fundadora de la organización no gubernamental The Voice of Libyan Women, Sra. Alaa Murabit, participaron en calidad de oradores en el debate.
El Secretario General destacó que, en un momento en que los grupos extremistas armados tenían como prioridad la subordinación de la mujer, la comunidad internacional debía dar prioridad al liderazgo de las mujeres y a la protección de sus derechos. Asimismo, observó que la aprobación de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad había subrayado el vínculo esencial que existía entre la igualdad de género y la paz y la seguridad internacionales. A continuación, sostuvo que los tres principales exámenes sobre las operaciones de paz, la estructura de consolidación de la paz y la implementación de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad ponían de relieve que todas las reformas debían incluir la igualdad de género y el liderazgo de las mujeres como elementos esenciales y que debían basarse firmemente en los derechos humanos, y añadió que velaría por que se alcanzara la meta de destinar el 15% de los fondos para la consolidación de la paz a proyectos para el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. En el décimo aniversario de la aprobación de la resolución 1325 (2000), el Secretario General había sugerido que el Consejo llevara a cabo un examen a nivel ministerial cada cinco años para evaluar los progresos realizados, renovar los compromisos y hacer frente a los obstáculos.
La Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres, al presentar las conclusiones del estudio mundial sobre la aplicación de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad, dijo que el liderazgo y la participación de las mujeres mejoraban la asistencia humanitaria, potenciaban los esfuerzos del personal de mantenimiento de la paz, propiciaban la conclusión de las conversaciones de paz y ayudaban a combatir el extremismo violento. También señaló que la Organización no había cumplido sus metas en materia de igualdad de género y anunció el establecimiento del Instrumento de Aceleración Mundial sobre la intervención de las mujeres en la esfera de la paz y la seguridad y en los asuntos humanitarios, que serviría para canalizar más recursos hacia las organizaciones de mujeres.
La Directora del Fondo para las Mujeres Congoleñas, hablando en nombre del Grupo de Trabajo de Organizaciones No Gubernamentales sobre la Mujer y la Paz y la Seguridad, dijo que siete años antes había hecho uso de la palabra ante el Consejo de Seguridad para describir las violaciones y masacres perpetradas en la República Democrática del Congo, y había pedido que se adoptaran medidas concretas para aplicar la resolución 1325 (2000). Sin embargo, la exclusión de las mujeres de la vida social y política era la causante de que nada hubiera cambiado. La Directora del Fondo sostuvo que debía incluirse a las mujeres en todas las etapas de los procesos de paz, y a todos los niveles, y destacó que las Naciones Unidas y la comunidad internacional debían exigir la participación de las mujeres en todas las conversaciones de paz, para lo cual era necesario que las mujeres contaran con una financiación adecuada.
Hablando también en nombre del Grupo de Trabajo de Organizaciones No Gubernamentales sobre la Mujer y la Paz y la Seguridad, la cofundadora y Presidenta de la Organization of Women's Freedom in Iraq rogó al Consejo de Seguridad y a toda la comunidad internacional que cumplieran sus compromisos relativos a las mujeres y la paz y la seguridad. También dijo que, para comprender la crisis sufrida por las mujeres iraquíes, no se podía pasar por alto lo ocurrido en 2003, cuando el Gobierno constituido había sido fruto de una política de división y se había basado en discriminaciones sectarias, étnicas y de género. Asimismo, sostuvo que, a falta de servicios patrocinados por el Gobierno, los grupos locales de mujeres satisfacían las necesidades de los más vulnerables.
La fundadora de The Voice of Libyan Women destacó que la inclusión de las mujeres era de vital importancia para la estabilidad en todo el mundo, y que la participación de las mujeres en la prevención de los conflictos también era fundamental para lograr la paz y la seguridad mundiales. Además, afirmó que el pleno potencial de la resolución 1325 (2000) solo podría materializarse cuando el Consejo de Seguridad se diera cuenta de que era impensable hacer frente a una crisis sin abordar antes los derechos de la mujer; cuando el personal humanitario contara con una financiación íntegra para prestar servicios que tuvieran en cuenta las cuestiones de género; cuando la labor de las mujeres dirigentes a nivel de base estuviera totalmente financiada y contara con apoyo político, y cuando fuera inimaginable que las conversaciones de paz pudieran celebrarse sin la plena participación de las mujeres.
Posteriormente, los miembros del Consejo de Seguridad sometieron a votación el proyecto de resolución que tenían ante sí y aprobaron por unanimidad la resolución 2242 (2015), en la que el Consejo reconoció que seguía siendo necesario integrar más la resolución 1325 (2000) en su propia labor y expresó su intención de convocar reuniones en el marco de un grupo oficioso de expertos sobre las mujeres, la paz y la seguridad. En términos más generales, el Consejo instó al Secretario General y a los órganos de las Naciones Unidas a que integraran mejor las perspectivas de género en su labor. En la esfera del mantenimiento de la paz, el Consejo instó al Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el Departamento de Asuntos Políticos a que velaran por que se dispusiera de los análisis y la especialización técnica necesarios en materia de género durante todas las etapas de la planificación de las misiones, la elaboración, ejecución y examen de los mandatos y la reducción gradual de las misiones. Asimismo, exhortó al Secretario General a que pusiera en marcha, en colaboración con los Estados Miembros, una estrategia revisada para duplicar, con los recursos existentes, el número de mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz a lo largo de los próximos cinco años. El Consejo expresó profunda preocupación por las persistentes denuncias de actos de explotación y abusos sexuales cometidos por personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y por fuerzas ajenas a la Organización e instó a los países que aportaban contingentes y fuerzas de policía a que impartieran antes del despliegue una capacitación sólida, investigaran con prontitud y exhaustividad a los miembros de su personal uniformado y, si procedía, los enjuiciaran. Además, pidió que los Estados Miembros y las Naciones Unidas aumentaran la integración de sus agendas sobre las mujeres y la paz y la seguridad y sobre la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento que podía desembocar en terrorismo. En cuanto a los Gobiernos, el Consejo instó a los Estados a que evaluaran sus estrategias y su asignación de recursos para la implementación de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad.
En el debate abierto, de dos días de duración, se registró una participaron sin precedentes de 110 oradores. Los Estados Miembros señalaron que, a pesar de los progresos realizados desde la aprobación de la resolución 1325 (2000), aún no se había logrado aplicar todas sus disposiciones. Las mujeres y los niños seguían sufriendo de manera desproporcionada en los países en conflicto y que salían de un conflicto, especialmente en un momento en que grupos como Boko Haram y el Estado Islámico en el Iraq y el Levante/al-Sham (EIIL) dirigían sus ataques específicamente contra las mujeres. Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de incluir a las mujeres en todas las etapas de los procesos de paz y en el mantenimiento y la consolidación de la paz. Algunos oradores anunciaron que asignarían nuevos fondos y asumirían más compromisos para mejorar el liderazgo de las mujeres. Muchos denunciaron que, en tiempos de conflicto, a menudo ser mujer era aún más peligroso que ser soldado y que persistían las violaciones, la esclavitud sexual y los matrimonios forzados vinculados con los grupos terroristas.
Examen del proyecto de informe del Consejo de Seguridad a la Asamblea General
El 20 de octubre el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad su informe anual a la Asamblea General correspondiente al período comprendido entre el 1 de agosto de 2014 y el 31 de julio de 2015 (véase S/2015/771). El Presidente del Consejo expresó su reconocimiento a la delegación de Nueva Zelandia, que había preparado la introducción del proyecto de informe, en su calidad de Presidente del Consejo en julio, con la participación de los demás miembros del Consejo, y dio las gracias a la Secretaría por su contribución. El Representante Permanente de Nueva Zelandia destacó que, a solicitud del Consejo, su Gobierno había adoptado un enfoque revisado al elaborar el informe y había presentado una introducción cuya longitud se había reducido a la mitad en comparación con las de los últimos años, con objeto de ofrecer un resumen. También explicó que el proceso había sido intensivo y se había prolongado durante más de tres meses. Observando la labor que estaba realizando el Grupo de Trabajo Oficioso sobre la Documentación y Otras Cuestiones de Procedimiento para determinar el mejor enfoque para el futuro, el Representante Permanente expresó su reconocimiento por los esfuerzos de Lituania y la Federación de Rusia a ese respecto.
Aplicación de la nota de la Presidencia del Consejo de Seguridad (S/2010/507)
El 20 de octubre el Consejo celebró un debate abierto sobre sus métodos de trabajo en relación con el tema del programa "Aplicación de la nota de la Presidencia del Consejo de Seguridad (S/2010/507)". El Vice Secretario General; el Presidente de la Asamblea General, Sr. Mogens Lykketoft; y el Vicepresidente del Consejo Económico y Social, Sr. Sven Jürgenson, participaron en el debate en calidad de oradores.
El Vice Secretario General dijo que la Secretaría siempre había sido, y seguiría siendo, un asociado fundamental de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, a quienes brindaba información práctica y detallada sobre una amplia gama de cuestiones. El Departamento de Asuntos Políticos informaba mensualmente a los miembros del Consejo de Seguridad sobre situaciones que podían constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Las señales de alerta temprana podían desempeñar un papel aún más importante para impedir que las situaciones se deterioraran o se tornaran incontrolables. El Vice Secretario General recordó que la labor del Consejo de Seguridad afectaba a todos los Estados Miembros en un mundo en que la paz, el desarrollo y los derechos humanos estaban cada vez más interrelacionados. El Presidente de la Asamblea General puso de relieve que la relación entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad era complementaria y se reforzaba mutuamente y recordó que 178 Estados Miembros no eran miembros del Consejo de Seguridad. Asimismo, se refirió al proceso de selección del próximo Secretario General, para el cual se venía pidiendo desde hacía años una mayor transparencia y rigor. Además, añadió que, en la resolución 69/321 de la Asamblea General, los Estados Miembros habían solicitado a los presidentes de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad que iniciaran el proceso de solicitud de candidaturas. A ese respecto, anunció que ya había iniciado conversaciones con su homólogo en el Consejo de Seguridad con miras a hacer distribuir una carta en la que se invitaba a los Estados Miembros a proponer candidatos. También añadió que, habida cuenta de que nunca había habido una Secretaria General, debería prestarse especial atención a incluir y considerar a las mujeres candidatas. El Vicepresidente del Consejo Económico y Social dijo que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad podía beneficiarse de la información y la asistencia brindadas por ese órgano, integrado por 54 miembros, previa solicitud; sin embargo, se venía haciendo un uso limitado de esa disposición. Asimismo, hizo hincapié en que había llegado el momento de revitalizar la relación entre los órganos creados en virtud de la Carta. También destacó que la naturaleza cambiante de los conflictos, desde las guerras internacionales hasta los complejos conflictos civiles, ponía de relieve el vínculo fundamental que existía entre el desarrollo sostenible y el establecimiento de una paz duradera, y que el Consejo Económico y Social podía interactuar con el Consejo de Seguridad de manera periódica sobre cuestiones como la promoción de la construcción institucional y la mejora de la gobernanza, la necesidad de la inclusión social, el papel de las mujeres y los jóvenes y los efectos de la degradación ambiental en las sociedades debilitadas.
En el debate abierto, la inmensa mayoría de los oradores subrayó la utilidad de ese tipo de debates anuales y el gran interés de los Estados Miembros en los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad y su proceso de adopción de decisiones. Ese interés también quedó patente en el número de personas que participaron en la reunión (54 oradores intervinieron en nombre de 162 Estados Miembros, en vista de que la Presidencia del Consejo había alentado a que se formularan declaraciones conjuntas como forma de mejorar la eficiencia). Entre los temas abordados por los oradores se incluyeron el uso del veto, el respeto de los derechos humanos, la cooperación con la Asamblea General y el Consejo Económico y Social, así como con las organizaciones regionales y los países que aportan contingentes y policía, y los procedimientos para nombrar al nuevo Secretario General.
La Presidencia preparó un resumen del debate, que se distribuyó en enero de 2016 (véase A/70/679-S/2016/35).
Teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los Estados Miembros durante el debate, España redactó una declaración de la Presidencia, que fue aprobada el 30 de octubre (S/PRST/2015/19). Es la primera declaración de la Presidencia sobre los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad, y en ella se recalca la importancia de aumentar la coordinación, la cooperación y la interacción entre los órganos principales de las Naciones Unidas, en particular el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la Secretaría, así como con otros órganos relevantes, como la Comisión de Consolidación de la Paz, y las organizaciones regionales, incluida la Unión Africana. El Consejo reafirmó que la relación entre los órganos principales de la Organización era complementaria y se reforzaba mutuamente, de conformidad y con pleno respeto a sus respectivas funciones, autoridad, facultades y competencias, como se consagraba en la Carta. A este respecto, el Consejo tomó nota de la aprobación por la Asamblea General, el 11 de septiembre de 2015, de la resolución 69/321 y de la cooperación continuada entre los Presidentes de ambos órganos. El Consejo afirmó su compromiso de seguir examinando sus métodos de trabajo en su labor habitual, con miras a asegurar su aplicación eficaz y coherente, y recordó su compromiso de hacer un uso más eficaz de las sesiones públicas, acogiendo con beneplácito que los miembros del Consejo de Seguridad y otros Estados Miembros realizaran declaraciones conjuntas. Tras apreciar la labor realizada por el Grupo de Trabajo Oficioso sobre la Documentación y Otras Cuestiones de Procedimiento, el Consejo pidió a dicho Grupo que siguiera revisando y actualizando las notas pertinentes de la Presidencia del Consejo de Seguridad, en particular la nota S/2010/507, de 26 de julio de 2010, centrándose en particular en la aplicación.
El 27 de octubre el Representante Permanente de Nueva Zelandia, en su calidad de Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Daesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, informó al Consejo de Seguridad sobre los últimos informes presentados por el Equipo de Vigilancia del Comité en relación con las resoluciones 2214 (2015) y 2199 (2015) (véase S/2015/739 y S/2015/891).
El Presidente del Comité destacó que, si bien se habían logrado algunos avances contra ambos grupos, una serie de problemas importantes habían dificultado los esfuerzos por cortar sus fuentes de ingresos. Refiriéndose en primer lugar al informe sobre la situación en Libia (S/2015/891), presentado el 12 de octubre, el Presidente dijo que se había detectado una amenaza de Al-Qaida y sus grupos asociados, incluido el EIIL/Daesh, que podía ir en aumento. Además, añadió que Libia tenía un gran valor estratégico, dada su cercanía a Europa y al desierto africano, sus importantes recursos petrolíferos, la disponibilidad de armas generalizada y la frágil situación de su seguridad interna. En el informe se llegó a la conclusión de que la rama del EIIL en Libia era el único afiliado conocido que se había beneficiado del apoyo del grupo principal en Siria y el Iraq, y se añadió que el mando central del EIIL consideraba que Libia constituía una oportunidad de ampliar su "califato". El EIIL había perpetrado ataques en todo el país norafricano y todavía no se había determinado la identidad de varias de las personas implicadas. A ese respecto, el Presidente del Comité mencionó que, para ampliar el alcance de las sanciones, los Estados Miembros debían proporcionar al Comité nuevas propuestas de inclusión de nombres en la lista. También advirtió a los miembros del Consejo de que la población local veía al EIIL/Daesh como una organización terrorista extranjera que no formaba parte de sus comunidades. Por lo tanto, destacó que los Estados Miembros debían mantenerse alerta en lo referente a los vuelos de pasajeros a Libia y añadió que entablaría contactos con otros interesados sobre la posibilidad de celebrar una reunión conjunta para analizar las deficiencias en materia de capacidad, incluidas las cuestiones relativas al control de las fronteras.
En relación con el segundo informe, presentado al Comité en agosto, el Presidente recordó que el 25 de septiembre se había distribuido al Consejo de Seguridad un resumen de la evaluación de las medidas introducidas en la resolución 2199 (2015) (S/2015/739). El Comité había acordado adoptar un conjunto de medidas basadas en las recomendaciones del Equipo de Vigilancia, destinadas principalmente a aumentar la sensibilización sobre las amenazas planteadas por el EIIL/Daesh y el Frente Al-Nusra y sugerir formas en que los Estados y el sector privado podían acabar con las principales fuentes de financiación procedentes del contrabando de petróleo, el saqueo y el tráfico de antigüedades, los secuestros a cambio de rescates y las donaciones ilícitas. El Presidente del Comité dijo que el Equipo había detectado una serie de problemas importantes que habían complicado la aplicación de esas medidas, como la dificultad para determinar el origen de las antigüedades y el petróleo crudo confiscados. Asimismo, señaló que sería prematuro hacer una evaluación completa de los efectos de la resolución 2199 (2015) solo cinco meses después de su aprobación.
Al describir las demás iniciativas llevadas a cabo por el Comité, el Presidente dijo que en septiembre se había ampliado la lista de sanciones con la inclusión de 20 nombres, lo que reflejaba la creciente amenaza planteada por el EIIL/Daesh y los esfuerzos de los Estados por proponer nombres para su inclusión. En el momento de la exposición informativa ante el Consejo, en la lista figuraban los nombres de 247 personas y 74 entidades. Del mismo modo, informó al Consejo de que la nueva Ombudsman para el régimen de sanciones del Comité había asumido su cargo a comienzos de julio de 2015, y de que también se habían producido cambios en la composición del Equipo. Por último, el Presidente del Comité mencionó que en noviembre tenía la intención de celebrar otra reunión informativa abierta a la participación de los Estados Miembros interesados, que tendría un formato más interactivo, y recordó la importancia de que la comunidad internacional prestara apoyo a Libia y a sus países vecinos para hacer frente a Al-Qaida, el EIIL/Daesh y sus asociados.
En las consultas, los miembros del Consejo de Seguridad respaldaron las recomendaciones incluidas en ambos informes y expresaron su preocupación por las dificultades planteadas por Al-Qaida y los grupos conexos, en particular la presencia del EIIL/Daesh en Libia, habida cuenta de la importancia estratégica del país. Los Estados Miembros pusieron de relieve que la formación de un Gobierno de Pacto Nacional era esencial para prevenir la expansión del EIIL/Daesh en Libia.