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Timestamp: 2018-02-23 04:27:15
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Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 27', 'artículo 16', 'artículo 45', 'artículo 29', 'artículo 18', 'artículo 27', 'artículo 16', 'artículo 26', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 16']

ZATURNO: abril 2013
MODELO ESCRITO DE RENUNCIA A UN TURNO DE OFICIO, POR REVOCACION DESIGNACION PROVISIONAL
Don…………………………, mayor de edad, Abogado, Colegiado Ejerciente nº……………. del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, con despacho profesional en , c/ nº conforme consta en los Autos de …… /2013 , ante el Juzgado comparece y, como mejor proceda en Derecho, D I C E :
PRIMERO.- Que (este Letrado ha tenido conocimiento) (le ha sido notificada a
D. ……………………, de quien el Letrado suscribiente ostenta la defensa por designación del Turno de Oficio) la Resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de fecha……….de……..de 2013 , por la que se acuerda DENEGAR el derecho de asistencia jurídica gratuita a D………………. , para el presente procedimiento, quedando REVOCADA la designación provisional de Abogado (y en su caso Procurador) efectuada por el Ilustre Colegio de Abogados de , en virtud de la cual había venido actuando hasta la fecha este Letrado (y en su caso Procurador).
Dicha resolución es firme por no haber sido impugnada por el cliente designado provisionalmente.
SEGUNDO.- Que el artículo 18 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, establece en su párrafo segundo que
“...Si, por el contrario, la Comisión desestimara la pretensión, las designaciones que eventualmente se hubieran realizado quedarán sin efecto y el peticionario deberá, en su caso, abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los profesionales designados con carácter provisional, en los mismos términos previstos en el artículo 27 de esta Ley.”
TERCERO.- Que en el artículo 16.3 del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita establece que:
“...3. La resolución desestimatoria, una vez firme, implicará que las eventuales designaciones de oficio realizadas previamente queden sin efecto y, por tanto, el solicitante habrá de designar abogado y procurador de libre elección. En tales casos, el peticionario deberá abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por los servicios efectivamente prestados por los profesionales designados de oficio con carácter provisional, pero el abogado no podrá reclamar al procurador el pago de sus honorarios.
CUARTO.- El Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, establece en el artículo 45.1 que :
“1. Corresponde a los abogados el asesoramiento jurídico y defensa de oficio de las personas que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita, conforme a la legislación vigente...”
QUINTO.- La jurisprudencia también establece lo siguiente:
“...PRIMERO.- La resolución recurrida basa su denegación o rechazo a la renuncia planteada por la Letrada por entender que la defensa profesional de oficio solamente puede ser excusada por la concurrencia de una causa justificada apreciada por la Junta de Gobierno, alegándose únicamente por la Letrada la denegación del beneficio de justicia gratuita que es preceptiva en el orden jurisdiccional penal con independencia de que el imputado goce o no de recursos suficientes para litigar, por lo que el efecto de la denegación del reconocimiento es el abono de los honorarios pero no causa de renuncia o extinción de la designa de oficio. Dicha argumentación es rebatida por la Letrada recurrente y por el Ministerio Fiscal sobre la base de lo dispuesto en la Ley de asistencia jurídica gratuita
(RCL 1996, 89), el Estatuto General de la Abogacía ( RCL 2001, 1679) y el artículo 29 del Codi D'Advocacia Catalana, por lo que sostienen que el Letrado puede abandonar la defensa si adopta las necesarias medidas para proteger los intereses de su cliente.
SEGUNDO.- Ciertamente, ante la solicitud del reconocimiento del beneficio de justicia gratuita, se procede al nombramiento de profesionales con carácter inicialmente provisional, de modo que, en caso de revocarse o no ratificarse la concesión dicha designación queda sin efecto, como con toda claridad determina el artículo 18 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ( RCL 1996, 89) cuando determina que «El reconocimiento del derecho implicará la confirmación de las designaciones de abogado y de procurador efectuadas provisionalmente por los Colegios profesionales. Si, por el contrario, la Comisión desestimara la pretensión, las designaciones que eventualmente se hubieran realizado quedarán sin efecto y el peticionario deberá, en su caso, abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los profesionales designados con carácter provisional, en los mismos términos previstos en el artículo 27 de esta Ley». Si bien pudieren plantearse anteriormente problemas interpretativos derivados de las consecuencias de la denegación del beneficio en orden a la continuidad del nombramiento como Letrado de oficio sin gozar el cliente de tal beneficio, el actual Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita aprobado por Real Decreto de 25 de julio de 2003 ( RCL 2003, 2047, 2316) es claro, diferenciando la justicia gratuita y la designación del Letrado de oficio. Indica el artículo 16 que «La resolución desestimatoria implicará que las eventuales designaciones de oficio realizadas previamente queden sin efecto y, por tanto, el solicitante habrá de designar abogado y procurador de libre elección. En tales casos, el peticionario deberá abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por los servicios efectivamente prestados por los profesionales designados de oficio con carácter provisional, pero el abogado no podrá reclamar al procurador el pago de sus honorarios ». De hecho el preámbulo del citado Reglamento expresa textualmente que «Se modifica, pues, la estructura del vigente Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, dividiendo el capítulo II, «Procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita », en dos secciones: una sección 1ª, de «Procedimiento general», y una sección 2ª, de «Procedimiento especial para los procesos de enjuiciamiento rápido de determinados delitos». Asimismo, con el fin de clarificar los conceptos « asistencia letrada de oficio» y « asistencia y representación gratuitas », el capítulo III pasa a denominarse «Organización de los servicios de asistencia letrada, defensa y representación», que se divide asimismo en dos secciones, sección 1ª, «Asistencia letrada de oficio», y sección 2ª, « Asistencia jurídica gratuita ». Y así, el artículo 26 dispone que «1. Los Consejos Generales de la Abogacía Española y del Colegio de Procuradores de los Tribunales de España aprobarán las directrices generales sobre organización y funcionamiento de los servicios de asistencia letrada de oficio», fijando a continuación sus obligaciones profesionales y organización del servicio de guardia, abriendo la sección segunda del capítulo III el artículo 30 con el siguiente tenor: «El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita llevará consigo la confirmación de las designaciones provisionales de abogado y, en su caso, de procurador de oficio, y si éstas no se hubiesen producido, el nombramiento inmediato de los profesionales que defiendan y, en su caso, representen al titular del derecho, así como del resto de las prestaciones que integren el derecho. En cada ámbito territorial, los Colegios de Abogados y los Colegios de Procuradores actuarán de manera coordinada para efectuar las designaciones que procedan en cada caso, y no podrá actuar, al mismo tiempo, un abogado de oficio y un procurador libremente elegido o viceversa, salvo que el profesional de libre elección renuncie por escrito a percibir sus honorarios o derechos ante el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y ante el colegio ante el que se halle inscrito. 2. En el orden penal, se asegurará en todo caso la defensa desde el momento mismo de la detención, sin perjuicio del abono de los honorarios por el cliente si no le fuese reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, marcando además la diferencia entre uno y otro servicio el artículo 31 al disponer, contemplando la renuncia a la designación «1. Quienes crean tener derecho a la asistencia jurídica gratuita podrán renunciar expresamente a la designación de abogado y procurador de oficio, nombrando libremente a profesionales de su confianza, y deberá hacer constar este extremo en la solicitud. La renuncia afectará a ambos. 2. La renuncia posterior a la designación, que asimismo deberá afectar a ambos profesionales, tendrá que ser comunicada expresamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y a los colegios profesionales, y no implicará la pérdida de las demás prestaciones del derecho a asistencia jurídica gratuita que se hubiesen reconocido. 3. Para asegurar la efectiva y mutua comunicación de las renuncias de los profesionales a la percepción de honorarios y derechos, así como las de los interesados a las designaciones de oficio los Colegios de Abogados y Procuradores adoptarán cuantas medidas sean necesarias.
Así pues, siendo revocado o DENEGADO EL BENEFICIO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA, no solamente se prevé que EL NOMBRAMIENTO QUEDE SIN EFECTO y deban de abonarse los honorarios correspondientes, sino que expresa con toda claridad que el solicitante deberá de nombrar profesionales de libre designación, por lo que LA RENUNCIA DE LA LETRADA DEBE ADMITIRSE DESDE EL MOMENTO QUE HA QUEDADO SIN EFECTO SU NOMBRAMIENTO, renuncia que dado el tenor de la normativa, siquiera es preceptiva, sin perjuicio de que sea conveniente. En este momento, es cuando pueden entrar en juego los preceptos citados por la recurrente y por el Ministerio Fiscal en cuanto a las disposiciones del Estatuto General de la Abogacía (RCL 2001, 1679), es decir, que no se deje al cliente en situación de indefensión. En consecuencia, el recurso se estima...” (Auto de la Ilma.A.P. de Tarragona, de 20 de julio de 2004, Rec. Ap. 804/2004, Ponente
Ilma. Sra. Dª. María Paz Plaza López)
Es por ello que, en base a lo anteriormente expuesto, por medio del presente escrito comunico al Juzgado que:
1º) CESO en la defensa de mi cliente D…… , por haberle sido denegado el derecho a la asistencia jurídica gratuita y revocada mi designación provisional para actuar por el Turno de Oficio, solicitando se le requiera para que designe Abogado (y en su caso Procurador) de su interés, conforme al artículo 16.3 del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita
2º) ME APARTO, solicitando:
a)- la SUSPENSIÓN del procedimiento hasta que D. designe Abogado (y en su caso Procurador) de su interés;
b).- se sigan con los nuevos profesionales designados las sucesivas
SUPLICO AL JUZGADO: Tenga por realizadas las anteriores manifestaciones, sirviéndose acordar de conformidad a las mismas, por ser de justicia que pido.
En la Ciudad de Zaragoza, a de de dos mil trece.
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