Source: https://www.scribd.com/doc/154829658/Medida-Cautelar-Amparo-contra-eleccion-en-bloque
Timestamp: 2016-10-23 18:09:14
Document Index: 59243294

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 139', 'artículo 3', 'artículo 139', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 15', 'Artículo 15', 'artículo 3', 'artículo 139', 'artículo 38', 'artículo 5', 'artículo 139', 'artículo 3', 'artículo 139', 'artículo 3', 'artículo 188', 'artículo 190']

BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicExp.: Sec.: Escrito 1 Cuaderno cautelar Sumilla: Pedido cautelar - Demanda de Amparo
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONSTITUCIONAL DE LIMA GLATZER TUESTA ALTAMIRANO, Director General del Instituto de Defensa Legal, con DNI No 10070689 y ROCÍO SILVA SANTISTEBAN, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, con DNI No 07822730, señalando domicilio real en la Avenida Pardo y Aliaga No 272, San Isidro, Lima, y domicilio procesal en la casilla 197 del Colegio de Abogados de Lima, ante usted respetuosamente nos presentamos a nombre personal y decimos: Que, recurrimos a su despacho a fin de interponer MEDIDA CAUTETAL DURANTE EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO, contra el Presidente del Congreso de la República, Sr. Víctor Isla Rojas, por la “votación en bloque” para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional el día 17 de julio del año 2013, incumpliendo con el derecho a la motivación e interdicción de la arbitrariedad e incumpliendo lo establecido en el artículo 6 del Reglamento Especial para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional (Resolución del Congreso Constituyente Democrático No 031-95-CCD), que exige “votación individual y por cédula”, lo cual viola el “derecho constitucional a asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos a la violación” reconocido en el fundamento 9 de la sentencia vinculante del Tribunal Constitucional recaída en el expediente No 00168-2005-AC/TC. Además, el Congreso ha vulnerado el artículo 139 inciso 19 de la Constitución, que prohíbe ejercer función judicial a quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. I. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
Interponemos MEDIDA CAUTETAL DURANTE EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO, contra el Presidente del Congreso de la República Víctor Isla Rojas, debiendo notificarse al Procurador de este órgano legislativo Dr. Jorge Campana, en la Plaza Bolívar s/n, Lima. 2. Legitimación activa Los que suscriben esta demanda somos titulares del derecho constitucional al cumplimiento de las normas legales, en este caso del Reglamento Especial para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, Resolución del Congreso Constituyente Democrático No 031-95-CCD y el principio de interdicción de la arbitrariedad y el derecho a la motivación. Y el derecho a que ejerzan función jurisdiccional solo aquellos que han sido nombrados de acuerdo a ley. 3. Petitorio Se suspenda los efectos de la votación en bloque del Pleno del Congreso de la República, de los magistrados del Tribunal Constitucional del día 17 de julio de 2013. 4. Derechos violados y/o amenazados El derecho constitucional innominado a asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos a la violación, reconocido en el fundamento 9 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente No 00168-2005-AC/TC, de conformidad con el artículo 3 de la Constitución Política. Además se ha vulnerado el derecho a la motivación y el principio de interdicción de la arbitrariedad y el derecho de todos los ciudadanos a que no ejerzan función jurisdiccional quienes no han sido nombrados por la forma prevista por la Constitución y la ley (artículo 139 inciso 9 de la Constitución)
1. Los hechos y el petitorio de la demanda están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado Se ha afectado el contenido constitucional protegido de derechos y principios de rango constitucional. 2. No existen vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección de los derechos constitucionales violados
Si bien la regla contenida en el artículo 5 inciso 2 del Código Procesal Constitucional exige como un requisito de procedencia que “No proceden los procesos constitucionales cuando […] Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de hábeas corpus”, esta regla no se aplica pues no existen estas vías especificas de protección, y las que existen no resultan idóneas. 3. La violación de los derechos es reversible y reparable De conformidad con el principio restitutorio contenido en el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, los procesos constitucionales solo proceden cuando es reversible la violación de derechos, tal como ocurre en este caso. 4. Procedencia En consonancia con el artículo 15 de la Ley Nº 28237, Código Procesal Constitucional, que establece la procedencia de las medidas cautelares durante los procesos constitucionales, explica que: “Artículo 15.- Medidas Cautelares Se pueden conceder medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en los procesos de amparo, hábeas data y de cumplimiento, sin transgredir lo establecido en el primer párrafo del artículo 3 de este Código. Para su expedición se exigirá apariencia del derecho, peligro en la demora y que el pedido cautelar sea adecuado o razonable para garantizar la eficacia de la pretensión. Se dictan sin conocimiento de la contraparte y la apelación sólo es concedida sin efecto suspensivo; salvo que se trate de resoluciones de medidas cautelares que declaren la inaplicación de normas legales autoaplicativas, en cuyo caso la apelación es con efecto suspensivo. Su procedencia, trámite y ejecución dependerán del contenido de la pretensión constitucional intentada y del adecuado aseguramiento de la decisión final, a cuyos extremos deberá limitarse. Por ello mismo, el Juez al conceder en todo o en parte la medida solicitada deberá atender a la irreversibilidad de la misma y al perjuicio que por la misma se pueda ocasionar en armonía con el orden público, la finalidad de los procesos constitucionales y los postulados constitucionales. Cuando la solicitud de medida cautelar tenga por objeto dejar sin efecto actos administrativos dictados en el ámbito de aplicación de la legislación municipal o regional, se correrá traslado por el término de tres días, acompañando copia certificada de la demanda y sus recaudos, así como la resolución que la da por
admitida, tramitando el incidente por cuerda separada, con intervención del Ministerio Público. Con la contestación expresa o ficta, el Juez resolverá dentro del plazo de tres días, bajo responsabilidad. En todo lo no previsto expresamente en el presente Código, será de aplicación supletoria lo dispuesto en el Título IV de la Sección Quinta del Código Procesal Civil, con excepción de los artículos 618, 621, 630, 636 y 642 al 672.” Asimismo, para recurrir a una medida cautelar se debe estar ante la apariencia del derecho, peligro en la demora, así como el uso de medida adecuada a los fines perseguidos, tal como ocurre en el caso materia de esta demanda de amparo, la cual versa sus en los siguientes argumentos:
Con fecha 17 de julio, el Pleno del Congreso de la República eligió a seis magistrados del Tribunal Constitucional. Con 97 congresistas asistentes se dio inicio a la votación. Se eligió a los señores Cayo César Galindo Sandoval, Víctor Ricardo Mayorga Miranda, Víctor Rolando Sousa Huanambal, Francisco José Eguiguren Praeli, José Luis Sardón de Taboada y Ernesto Jorge Blume Fortini. La votación se realizó en bloque, es decir por todos los candidatos a la vez, obteniendo 95 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. La elección se ha concretado con la emisión de la Resolución Legislativa del Congreso No. 004-2012-2013-CR, publicada el jueves 18 de julio de 2013 en el diario oficial El Peruano. IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO
El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva está garantizado por el artículo 139º, inciso 3, de la Constitución. Este derecho garantiza a toda persona la protección jurisdiccional de sus derechos e intereses a través de procesos previstos por nuestro ordenamiento jurídico. Orientadas a este cumplimiento pleno se hallan justamente las medidas cautelares, pues siguiendo lo expuesto por Piero Calamandrei que: “Hay, pues, en las providencias cautelares, más que la finalidad de actuar el derecho, la finalidad inmediata de asegurar la eficacia práctica de la providencia definitiva que servirá a su vez para actuar el derecho. La tutela cautelar es, en relación al derecho sustancial, una tutela mediata: más que a hacer justicia contribuye a garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia”1
CALAMANDREI, Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1945. Pag. 45
A través de las medidas cautelares se garantiza el aseguramiento del cumplimiento de una sentencia estimatoria, posibilitando que el tiempo que toma el proceso y las incidencias de éste no signifiquen luego una inejecutabilidad de la sentencia o que su ejecución sea incompleta o insuficiente, lo que es también una forma de vulneración del derecho a la efectividad de las resoluciones. Para la protección de los derechos fundamentales de la persona, la efectividad a medias de las resoluciones pueden resultar tener el mismo efecto que una inejecución. Además de existir un agregado agravante al daño, pues para el beneficiario le va posiblemente significar la existencia de una obligación a actuar y que no haya obediencia de esta cuando debiera ser, lo cual le sigue causando perjuicio, que se le agrega frustración y un mayor peso a la vulneración. Dado que las medidas cautelares cumplen tan importante función con respecto a la efectividad de la tutela jurisdiccional, ellas advienen en una institución que conforma este derecho, una institución a través de la cual se garantiza la efectividad de la tutela jurisdiccional.2 Como se explico en los debates previos a la expedición del Código Procesal Constitucional, respecto de la medida cautelar, se sostuvo que “El importante desarrollo que ha tenido el tema cautelar en sede nacional, algunas veces positivo y muchas otras pernicioso, ha exigido a la Comisión un cuidado especial en su regulación. (...) las medidas cautelares se mueven en nuestro sistema judicial entre Escilas y Caribdis, es decir, entre peñascos y tormentas y, además, entre su trascendente necesidad y su cotidiano abuso. Sin embargo, es necesario regularlas más allá del temor y de la temeridad, por eso la Comisión opta por su ejecución inmediata –como enseña unánimemente la doctrina–, aplazando el contradictorio y la posibilidad de impugnarla” 3 Las medidas cautelares tienen por objeto resguardar el cumplimiento definitivo del fallo, asegurando la eficacia del proceso, cuando el derecho en conflicto dentro del proceso se encuentra en peligro de volverse irreparable, ya que el Juez Constitucional debe de asegurar que se logren los fines de los procesos constitucionales, según el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que dice: “Artículo II.- Fines de los Procesos Constitucionales Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales.” Por ello, entendiendo el carácter instrumental de la medida cautelar que posibilita que ante la inminencia de un perjuicio irreparable, el Juez del proceso constitucional suspenda el acto violatorio del derecho, siempre y cuando cumpla con las características que
STC. Nº 06356-2006-PA/TC. F. J. 10 Exposición de motivos de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso contenida en el Proyecto de Ley Nº 09371.
configuran el peligro de irreparabilidad, como es mi caso, donde jueces que han sido elegido violando los procedimientos legales establecidos están a punto de impartir justicia en una materia de protección de derechos fundamentales, lo cual el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Según el Tribunal Constitucional las características que configuran el peligro de irreparabilidad del derecho invocado en la demanda son: “Tal como se aprecia, los aludidos párrafos establecen, entre otras previsiones, las características esenciales de toda medida cautelar, como son el fumus boni iuris (apariencia del derecho), el periculum in mora (peligro en la demora), así como la adecuación (uso de medida adecuada a los fines perseguidos). Asimismo, se exige que a) una vez presentada la solicitud de medida cautelar, ésta será resuelta sin conocimiento de la parte demandada; b) de apelarse la decisión adoptada en primera instancia, ésta sólo será concedida sin que se suspendan sus efectos, y c) en el momento de concederse la medida cautelar, el juzgador deberá tener en consideración que ésta es irreversible.”4 Apariencia del Derecho Los derechos invocados en la demanda de amparo tienen sustento constitucional directo, condición fundamental para acceder a la tutela de urgencia, en consonancia con lo señalado por el artículo 38º del Código Procesal Constitucional 5. Por lo que pedimos que se acepte la Medida Cautelar presentada, con el fin evitar un daño mayor a nuestro representado. Como señala el TC, “ Reconocer que el proceso de amparo sólo procede en caso de afectación directa de los derechos fundamentales (expresos o implícitos), implica, ante todo, determinar si la supuesta afectación en la que incurre el acto u omisión reputada de inconstitucional, en efecto, incide sobre el ámbito que resulta directamente protegido por dicho derecho”6. Es por ello, que el artículo 5º inciso 1 del Código Procesal Constitucional señala que los procesos constitucionales no proceden cuando “Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”. La conclusión es que en tanto proceso constitucional, el amparo sólo puede encontrarse habilitado para proteger derechos de origen constitucional y no así para defender derechos de origen legal 7.
STC. Nº 0023-2005-PI/TC. F. J. 24 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N.° 1417-2005-AA/TC, fundamento 9. Según dicha jurisprudencia, “Existen determinados derechos de origen internacional, legal, consuetudinario, administrativo, contractual, etc., que carecen de fundamento constitucional directo, y que, consecuentemente, no son susceptibles de ser protegidos a través del proceso de amparo. 6 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N.° 1417-2005-AA/TC, fundamento 8. 7 Ibídem.
Para César Landa, ex presidente del TC y actual Magistrado del mismo órgano, el derecho a la tutela judicial es un derecho fundamental que junto con el debido proceso se incorpora al contenido esencial de los derechos fundamentales, como elemento del núcleo duro de los mismos, permitiendo de esa manera que a un derecho corresponda siempre un proceso y que un proceso suponga siempre un derecho; pero, en cualquiera de ambos supuestos su validez y eficacia lo define su respeto a los derechos fundamentales.8 Para el TC, en pacífica jurisprudencia9, la tutela judicial efectiva es un “derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda o no, acompañarle a su petitorio”10. En mi caso, se está vulnerando el derecho de todos los ciudadanos a que no ejerzan función jurisdiccional quienes no han sido nombrados por la forma prevista por la Constitución y la ley (artículo 139 inciso 9 de la Constitución), el cual es parte del contenido de la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, se viola también el derecho constitucional innominado a asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos, reconocido en el fundamento 9 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente No 00168-2005-AC/TC, de conformidad con el artículo 3 de la Constitución Política, y finalmente, el derecho a la motivación y el principio de interdicción de la arbitrariedad, reconocido en la jurisprudencia del TC en la jurisprudencia vinculante recaída en la sentencia Exp. No 00090-2004-AA/TC, f.j. 12. Como lo explica el propio TC, “Uno de los elementos que componen la tutela jurisdiccional y que la definen es la efectividad. La tutela jurisdiccional que la Constitución reconoce debe revestir, entre otras exigencias, efectividad. La tutela no se agota en la sola provisión de protección jurisdiccional, sino que ésta debe estar estructurada y dotada de mecanismos
César Landa. Derecho Fundamental al Debido Proceso y a la Tutela jurisdiccional. En: Pensamiento Constitucional Nº 8, año VIII. PUCP-MDC, Lima, 2001, Pág. 446. 9 Ver Sentencia 08123-2005-HC/TC. F. J. 6, “Mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. El debido proceso tiene a su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer”. 10 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el exp. N.° 763-2005-PA/TC, F. J. 6.
que posibiliten un cumplimiento pleno y rápido de su finalidad, de modo que la protección jurisdiccional sea real, íntegra, oportuna y rápida.”11 Peligro en la Demora El derecho de todos los ciudadanos a que no ejerzan función jurisdiccional quienes no han sido nombrados por la forma prevista por la Constitución y la ley (artículo 139 inciso 9 de la Constitución), el cual es parte del contenido de la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, se viola también el derecho constitucional innominado a asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos, reconocido en el fundamento 9 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente No 00168-2005-AC/TC, de conformidad con el artículo 3 de la Constitución Política, y finalmente, el derecho a la motivación y el principio de interdicción de la arbitrariedad, reconocido en la jurisprudencia del TC en la jurisprudencia vinculante recaída en la sentencia Exp. No 00090-2004-AA/TC, f.j. 12, ya que me generan un daño que se puede volver irreparable, pues estos magistrados impartirán justicia una vez que juren sus cargos. Adecuación Esta medida cautelar es la medida adecuada para lograr preservar mis derechos, porque el transcurso del tiempo puede generar un daño irreparable al mismo. Por lo que, esta medida se adecua a la necesidad de preservar y proteger mis derechos, pues se está violando una garantía fundamental del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Conclusión Por todos estos fundamentos de hecho y de derecho, consideramos que se encuentra expedito esta medida cautelar, y se nos brinde tutela urgente a los derechos antes invocados, para evitar así, un daño irreparable. V. MEDIOS PROBATORIOS
De acuerdo al artículo 188 del Código Procesal Civil, “los medios probatorios tiene por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones”. Que, no obstante, que la ley procesal constitucional señala de la ausencia del estadio probatorio en este tipo de procesos constitucionales, por otro lado, también prescribe que
STC. Nº 06356-2006-PA/TC. F. J. 8 - 9
los medios probatorios de actuación inmediata y directa si pueden ofrecerse y actuarse. Así entonces, ofrecemos los documentos siguientes: Copia de la Resolución Legislativa 004-2012-2013-CR. Asimismo, la votación del Congreso realizada “en bloque” para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional el 17 de julio de 2013, es un hecho de pública evidencia, cubierto por los medios de prensa escrito, radiales y televisivos de nivel nacional, como El Comercio, La República, Perú.21 en sus ediciones del jueves 18 de julio de 2013. Por ello, invocamos al artículo 190 inciso 1 del Código Procesal Civil en cuanto a la procedencia de medios de prueba para probar estos hechos. PRIMER OTROSI: Designamos como abogados defensores al Dr. CARLOS RIVERA PAZ, con Registro CAL N° 19707, al Dr. JUAN CARLOS RUIZ MOLLEDA, con Registro CAL N° 28423 y al Dr. CÉSAR BAZÁN SEMINARIO, con Registro CAC N° 6143 a quienes igualmente se les designa como representantes judiciales y se le confiere las facultades previstas en el Art. 80 del CPC, para cuyo efecto declaramos que he instruido de los alcances de tal designación. ANEXOS: Copia del DNI de los recurrentes. (Anexo 1-A) Copia de la Resolución Legislativa 004-2012-2013-CR (Anexo 1-D) POR TANTO: Sírvase Señor Juez admitir a trámite el presente pedido cautelar. Lima, 19 de julio de 2013
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