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Timestamp: 2019-02-18 03:42:48
Document Index: 173120805

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 58', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 5', 'ARTÍCULO 56', 'artículo 56']

José luis barceló camacho magistrado ponente ap2464-2017 Radicación n.º 50073
AP2464-2017
Radicación n.º 50073
(Acta n.° 110)
La Sala resuelve el impedimento manifestado por los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, drs. José Joaquín Urbano Martínez, Álvaro Valdivieso Reyes y Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, el cual fue rechazado por los integrantes de otra de las salas de decisión de la misma Corporación, dentro del proceso que cursa contra Laura Milena Moreno Ramírez y Jessy Mercedes Quintero Moreno por los delitos de homicidio agravado, encubrimiento y falso testimonio.
1. Por los hechos que rodearon la muerte del joven Luis Andrés Colmenares Escobar, ocurrida en horas de la madrugada del 31 de octubre de 2010, en el sector del caño del Parque El Virrey de esta ciudad, el Juzgado 11 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, en decisión del 20 de febrero de 2017, absolvió a Laura Milena Moreno Ramírez por el delito de homicidio agravado y a Jessy Mercedes Quintero Moreno por los de encubrimiento y falso testimonio.
El juzgado concluyó, en síntesis, que la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar no fue el producto de un homicidio y, naturalmente, que las acusadas fueron ajenas a los delitos que se les atribuyeron. Así lo expresó la juez a quo:
“… el daño sufrido por Luis Andrés Colmenares Escobar es consistente con una caída sobre la cara y no a golpes propinados por terceros” (pág. 237); “…la teoría de que a Luis Andrés Colmenares Escobar le propinaron varios golpes en la cara ha sido desvirtuada en el juicio” (pág. 244); “hubo varios funcionarios que dijeron desde el principio que aquí no hubo un homicidio, si se les hubiera hecho caso no se hubiera gastado tanto tiempo en un juicio, donde ha quedado claro que el ente acusador en verdad nunca tuvo prueba alguna de dicho ilícito… al haber quedado demostrado que la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar no tuvo su origen en un homicidio no hay otra alternativa que absolver a las acusadas…” (pág. 257).
2. Por otra parte, por razón de los mismos hechos, pero en proceso separado, fue absuelto Carlos Andrés Cárdenas Gómez, quien fuera acusado por los delitos de homicidio y soborno. Así lo dispuso el Tribunal Superior de Bogotá -en Sala de Decisión integrada por los magistrados drs. Urbano Martínez, Valdivieso Reyes y Vallejo Jaramillo- en sentencia del 7 de octubre de 2014 que confirmó la de primera instancia, dictada por el Juzgado 27 Penal del Circuito con función de conocimiento.
En la citada decisión, el Tribunal concluyó que no había duda en cuanto que la muerte de Colmenares Escobar fue el producto de un homicidio; y que si bien era cierto que en el proceso había indicios que comprometían como copartícipe del ilícito al joven Cárdenas Gómez, estos no generaban la certeza necesaria para condenarlo, motivo por el cual procedía la decisión absolutoria. Así lo dijo la Corporación de instancia:
“Sí existe conocimiento más allá de toda duda razonable acerca del delito de homicidio cometido en contra de Luis Andrés Colmenares Escobar. Esto es así porque hay fundamento para inferir que las lesiones por él reportadas fueron causadas por terceros, en varios momentos, con elementos y fuerzas diferentes y que fue luego abandonado en el lugar en el que falleció por asfixia en medio líquido; como también lo hay para descartar la supuesta caída o el supuesto lanzamiento de aquel en el canal del Parque El Virrey”.
“No existe conocimiento más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad de Carlos Andrés Cárdenas Gómez en el delito de homicidio cometido en contra de Luis Andrés Colmenares Escobar. Si bien existen hechos indicadores que lo señalan como un posible copartícipe de esos hechos, ellos no generan el nivel de conocimiento requerido para declararlo penalmente responsable de ese delito, pues dejan vigentes dudas insalvables que deben resolverse a su favor”.
III. MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO Y SU RECHAZO
1. De manera conjunta, los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, Drs. José Joaquín Urbano Martínez, Álvaro Valdivieso Reyes y Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, invocaron la causal de impedimento prevista en el numeral 4º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004. Fundan la causal de impedimento en que al dictar la sentencia absolutoria de segundo grado a favor de Carlos Andrés Cárdenas Gómez, por los hechos que rodearon la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar, comprometieron su criterio, en cuanto concluyeron que el fallecimiento del joven Colmenares fue el producto de un homicidio.
Argumentan que en la mencionada providencia concluyeron que la tesis defensiva de la caída de Luis Andrés Colmenares al canal es poco creíble, pues la multiplicidad y características de lesiones evidenciadas no son compatibles con ella, sino que apuntan a una acción violenta desplegada por terceros; lo anterior, porque se produjeron en diferentes momentos y fueron ocasionadas por fuerzas que iban en direcciones distintas.
Además, adujeron, el comportamiento que se le atribuyó a la víctima no era compatible con el estado de embriaguez que padecía, las explicaciones de la única testigo presencial fueron diversas y excluyentes, y no existe prueba directa de una caída accidental.
2. Otra Sala de Decisión del Tribunal rechazó el impedimento formulado.
Argumentó, en síntesis, que la causal alegada no se configura, toda vez que las apreciaciones vertidas en la sentencia proferida en el proceso seguido contra Cárdenas Gómez, en particular las que se refieren a Laura Moreno, solamente contribuyeron a establecer “que sus explicaciones son inconsistentes en relación con lo que le había sucedido a Luis Andrés, sin hacer juicio de valor alguno respecto a su eventual compromiso penal”.
La conclusión, en el sentido de que estaba demostrado el homicidio de Luis Andrés Colmenares Escobar, pero no la responsabilidad por ese hecho, fue emitida por los magistrados en el proceso seguido contra Cárdenas, en el ejercicio del rol de juzgadores de segunda instancia. Así, entonces, no se cumple el anticipo de criterio de que trata el artículo 56-4 del C. de P. P., pues aquello que se decide en este caso -la responsabilidad de Moreno Ramírez y Quintero Moreno en los hechos que rodearon la muerte de Colmenares Escobar- “es la expresión lógica del análisis realizado en ejercicio de la referida función, sin que la mención de aquellas comporte prejuzgamiento”.
Agregó que en el otro proceso el sentenciador ad quem analizó lo que terceros declararon sobre aquello que las aquí procesadas les manifestaron. Lo que el Tribunal analizó allá tuvo relevancia sobre la responsabilidad de Carlos Andrés Cárdenas Gómez; y en ese proceso Laura Moreno y Jessy Quintero no acudieron como testigos, “y lo que de ellas se pudo analizar fue por el dicho de otros”.
Este proceso contra las citadas jóvenes es diferente, y no hay lugar a pruebas o valoraciones trasladadas, como para admitir que el examen de un caso sea idéntico a otro; adicionalmente, ningún magistrado ha hecho alusión a una manifestación por fuera del proceso. Por último, reitera la tesis de la Corte según la cual no toda opinión o concepto configura la causal de impedimento, sino aquella que sea emitida por fuera del proceso y de tal naturaleza que vincule al funcionario sobre el aspecto que ha de ser objeto de la decisión, ni la opinión expresada en el ejercicio de las funciones judiciales, a excepción del evento en que haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, en el entendido de que la función de administrar justicia no puede derivar en una inhabilidad para intervenir en otros asuntos.
1. De conformidad con el artículo 58A, adicionado a la Ley 906 de 2004 por el art. 83 de la Ley 1395 de 2010, le corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dirimir el asunto, por cuanto es el superior de la Corporación dentro de la cual se suscitaron y rechazaron los impedimentos manifestados.
2. Es necesario recordar, como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte, que el instituto de los impedimentos consiste en una manifestación unilateral, voluntaria, oficiosa y obligatoria que hace el funcionario judicial con el fin de apartarse del conocimiento de un determinado asunto, cuando advierte que su imparcialidad se encuentra en entredicho, en tanto que en él se estructura una de las causales impeditivas consagrada en la ley.
Dicho de otra forma, la manifestación de impedimento que realiza el funcionario judicial no puede estar sujeta a su capricho, habida cuenta que se encuentra ligada de manera inevitable a la taxatividad de las causales, sin que se pueda acudir a la analogía o a la extensión de los motivos expresamente señalados por la ley en aras de sustentar su procedencia.
Por manera que el instituto de los impedimentos tiene como propósito garantizar la eficacia del derecho que tienen todos los ciudadanos a ser juzgados por un juez imparcial, según lo previsto por el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1968 y el artículo 5º de la Ley 906 de 2004.
3. Ahora bien, la causal de impedimento invocada por los magistrados es la prevista en el ordinal 4º del art. 56 de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal es el siguiente:
“&$ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: (…) 4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso” (subraya la Sala).
En lo que tiene que ver con la manifestación extraprocesal de una opinión, la Sala tiene que decir que dicha causal de impedimento se configura cuando la opinión previa ha sido emitida por fuera del proceso y, además, resulta trascendente y vinculante. Así lo ha dicho su jurisprudencia:
“… la opinión erigida en motivo de impedimento tiene que ser sustancial, vinculante y haberse emitido por fuera del proceso.”
“Lo sustancial, es lo esencial y más importante de una cosa; en asuntos jurídicos, se identifica con el fondo de la pretensión de la pretensión o de la relación jurídico material que se debate. Se entiende que la opinión es vinculante cuando el funcionario judicial que la emitió queda unido, atado o sujeto a ella, de modo que en adelante no puede ignorarla o modificarla sin incurrir en contradicción. Y por fuera del proceso, significa que la opinión sea expresada en circunstancias y oportunidades diferentes a aquella que prevé la legislación procesal para el asunto del cual se debe conocer funcionalmente” (CSJ, SP, del 13 de julio de 2005, rad. 23840, entre otras).
Adicionalmente, sobre la naturaleza de la opinión previa, ha precisado lo siguiente:
“…no toda opinión o concepto sobre el objeto del proceso origina causal impediente, pues la que adquiere relevancia jurídica en esta materia es la emitida por fuera del proceso y de tal entidad o naturaleza que vincule al funcionario sobre el aspecto que ha de ser objeto de decisión. No es aquella opinión expresada por el juez en ejercicio de sus funciones, exceptuado el evento de ‘haber dictado la providencia cuya revisión se trata’, porque ello entrañaría el absurdo de que la facultad que la ley otorga al juez para cumplir su actividad judicial a la vez lo inhabilita para intervenir en otros asuntos de su competencia, procedimiento que ni la ley autoriza ni la lógica justifica” (CSJ, SP, auto del 13 de agosto de 2013, rad. 42054, entre otros).
Con fundamento en las anteriores premisas, la Corporación encuentra que en verdad el pronunciamiento emitido dentro del fallo proferido en el proceso seguido contra Carlos Andrés Cárdenas Gómez resulta trascendente y vinculante para el efecto de dilucidar la responsabilidad de las aquí procesadas Laura Milena Moreno Ramírez y Jessy Mercedes Quintero Moreno.
Es cierto, como lo menciona la Sala de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá que negó el impedimento, que en la actuación seguida contra Cárdenas Gómez por los hechos que rodearon la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar, no se analizó la responsabilidad de las citadas jóvenes en esos hechos; pero no lo es menos que allí se anticipó un criterio que ahora difícilmente podría mutar, cual es el relativo a que ese deceso no fue el producto de un accidente sino de maniobras realizadas por terceras personas, esto es, que se trató de un homicidio.
Recuérdese que para llegar a un juicio definitivo de responsabilidad penal el juzgador debe abordar dos discusiones relevantes: la materialidad del delito y la responsabilidad por su comisión.
En el presente asunto, se tiene que en el caso seguido contra Cárdenas Gómez no existió reflexión alguna sobre las responsabilidad en los hechos de las aquí procesadas, no podría ser de otra forma pues tal no era el objeto de aquella actuación; pero sí existe el anticipo de una opinión sobre la materialidad del delito, que es, ni más ni menos, uno de los puntos neurales en que se funda la absolución que al Tribunal le corresponde analizar en segunda instancia.
De manera, pues, que aun cuando se considere que algunas de las pruebas obrantes en la otra actuación no son las mismas que componen esta, o que no hay pruebas ni apreciaciones probatorias trasladadas del otro caso a este, de todos modos no se puede perder de vista que los magistrados, drs. José Joaquín Urbano Martínez, Álvaro Valdivieso Reyes y Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, quienes integraron la Sala de Decisión que dictó el fallo de segunda instancia en el proceso seguido contra Cárdenas, y ahora les correspondería emitir la sentencia de segundo grado en esta actuación que cursa contra Laura Milena Moreno Ramírez y Jessy Mercedes Quintero Moreno, no podrán naturalmente -así sea su intención mantener la más estricta imparcialidad- hacer caso omiso de su visión de la naturaleza de los hechos relativos a la muerte de Colmenares Escobar, según las apreciaciones vertidas en el caso anterior, ni seria probable que muten su opinión sobre la materialidad de la conducta, sin incurrir en una ostensible contradicción con el trascendental criterio anticipado en el fallo del 7 de octubre de 2014.
Surge nítido, entonces, que lo argumentado en la providencia últimamente mencionada, en lo que tiene que ver con la forma de muerte del joven Colmenares Escobar, es decisivo en la discusión que habrá de abordarse en este caso, pues guarda relación con el fundamento de la decisión que ahora llega al Tribunal Superior de Bogotá en apelación y, naturalmente, con los argumentos de los recurrentes. Es cierto, por otra parte, que la Sala ha dicho que, en principio, la función de administrar justicia no puede convertirse en un motivo de impedimento, pero no lo es menos que excepcionalmente este se configura cuando la opinión previa resulta ser vinculante y trascendente para el fondo de lo que será objeto de decisión.
Se cumplen, pues, las circunstancias que permiten declarar fundado el impedimento de que trata la causal 4ª, del artículo 56 de la Ley 906 de 2004: la expresión de una opinión extraprocesal y vinculante, sobre un asunto trascendente para el fondo de lo que ahora habrá de decidirse.
4. En conclusión, sin necesidad de consideraciones adicionales, la Corte habrá de declarar fundado el impedimento manifestado por los magistrados drs. Urbano Martínez, Valdivieso Reyes y Vallejo Jaramillo, y, en consecuencia, los separará del conocimiento del presente asunto. Adicionalmente, dispondrá que la actuación habrá de radicarse en la Sala de Decisión integrada por los magistrados drs. Jairo José Agudelo Parra, Juan Carlos Arias López y Fabio David Bernal Suárez.
VI. R E S U E L V E
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, Drs. José Joaquín Urbano Martínez, Álvaro Valdivieso Reyes y Jorge Enrique Vallejo Jaramillo. En consecuencia, se les separa del conocimiento del presente asunto.
SEGUNDO: REMÍTASE la actuación con destino a la Corporación de origen, en donde habrá de continuar el trámite procesal que corresponda, en la Sala de Decisión integrada por los magistrados, drs. Jairo José Agudelo Parra, Juan Carlos Arias López y Fabio David Bernal Suárez.