Source: http://riodelaplatacuencainternacional.blogspot.com.ar/2012/11/
Timestamp: 2017-12-16 08:57:39
Document Index: 248707436

Matched Legal Cases: ['artículo 1101', 'artículo 31', 'artículo 26', 'artículo 75', 'artículo 249', 'artículo 54', 'artículo 7', 'artículo 75', 'artículo 2', 'artículo 1101']

AsambleaRíodeLaPlataCuencaInternacional: noviembre 2012
LA QUERELLA, INTEGRANTE DE LA ASAMBLEA RIO DE LA PLATA CUENCA INTERNACIONAL, INTERPUSO RECURSO DE APELACION CONFORME LO NORMADO EN LOS ARTS. 449 y 450 CPPN, en forma parcial contra lo resuelto por la Sra. Juez Dra. Sandra Arroyo Salgado en los autos de procesamiento y de falta de mérito de fecha 15 de noviembre del corriente, impugnando lo resuelto en los acápites I.- II.- III.- VI.-VII.-VIII X.- y XI; conforme siguiente escrito presentado el 21 de noviembre del 2012 a las hs. 08.40.
Que interponemos recurso de apelación art. 449 y 450 CPPN, en forma parcial contra lo resuelto por V.S. en los autos de procesamiento y de falta de mérito de fecha 15 de noviembre del corriente, impugnando lo resuelto en los acápites I.- II.- III.- VI.-VII.-VIII X.- y XI; conforme lo fundamentamos seguidamente.
Indicando someramente los motivos en que se basa y los agravios irrogados; porque el auto impugnado, descalifica prueba cargosa acreditada y objetivamente eficiente, reduciendo la plataforma fáctica al omitir la presunta comisión de delitos tan aberrantes como el crimen de lesa humanidad, demolición de viviendas de la población isleña ancestral, la usurpación de bienes inmuebles del dominio público natural que se encuentran fuera del comercio, la presunta comisión de los incumplimientos, abusos y falta a los deberes de determinados funcionarios públicos identificados en el legajo, la falsedad ideológica de la escritura pública N°300 y la irregular e ilegal inscripción en el Registro de la Propiedad inmueble como titular registral a la empresa Colony Park SA; entre tantos otros hechos delictivos, acreditados en autos por la querella como la asociación ilícita, tráfico de influencias, alteración de la libre navegación y su seguridad sobre ríos internacionales como el Paraná y el Plata.
II.- MOTIVACIÓN. AGRAVIOS.
La interpretación efectuada en el resolutorio, incurre en afirmaciones netamente dogmáticas, no constituye una derivación razonada del derecho vigente, con arreglo a las circunstancias del caso; es por ello, que la apelación se deduce por arbitrariedad e ilegalidad manifiesta causando perjuicio irreparable a los querellantes.
Asimismo, y si bien la apreciación de la prueba constituye, por vía de principio, facultad propia de los jueces de la causa, dicha regla no es óbice, para que en casos como el presente, cuyas particularidades como la de prescindir de la agresión continua, sistemática y generalizada contra la población civil, la demolición de las viviendas isleñas, la usurpación y el daño ambiental colectivo sobre bienes inmuebles del dominio público natural y el perjuicio a la salud pública hacen excepciones a aquella regla, con base en la doctrina de la arbitrariedad.
Se encuentra acreditado, que se habría efectuado mediante ardid, una estafa procesal sobre bienes inmuebles del dominio público natural que se encuentran fuera del comercio y no fueron desafectados por ley formal del Congreso de la Nación para su traspaso a manos privadas, negligencia ésta, exceptuada de merituar por la Sra. Juez de Instrucción Federal, sin otra base que una impresión personalísima carente de sustento fáctico y descartando prueba fehaciente, con un argumento por demás voluntarista, desprovisto de razonabilidad que fundamentan la apelación del auto de procesamiento y de falta de meritos.
Se agravia la querella porque se omitió analizar globalmente los actos investigativos practicados, ni se examinó, ni se controló en forma directa las constancias acreditadas en el expediente, menoscabando así el plexo fáctico cargoso; en consecuencia, se violaron las leyes de la sana crítica y la experiencia restringiendo la derivación lógica que obliga al Juez recorrer determinado camino.
En breve síntesis se desconoció erróneamente la prejudicialidad decidida en varios procesos civiles paralelos al que el fuero penal federal está instruyendo en la presente causa, como:
1°- Juzgado Civil y Comercial N° 6 San Isidro en la causa N° 54.106/09, caratulada "COLONY PARK S.A. C/DERGANZ JUAN A Y OTRO S/ REIVINDICACION" cuando el 7 de Noviembre de 2012, se resuelve: "Sin perjuicio de que las copias acompañadas por la parte demandada son fotocopias simples sin certificar, resérvense las mismas en Secretaria. Asimismo, atento es el estado la causa penal requerida ad effectum videndi y lo normado por el artículo 1101 del Código Civil, suspéndase la tramitación de los presentes actuados hasta tanto se encuentre terminada la misma".- JORGE LUIS ZUNINO. JUEZ
2°.- Juzgado Civil y Comercial N° 11 San Isidro en la causa N°68.660, caratulada "ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA C/COLONY PARK S.A. S/ ORDINARIO", cuando el 10 de marzo del 2011, resuelve: "(…) Por todo ello RESUELVO: 1) Tener por incumplidas las obligaciones asumidas en el convenio: 2) Declarar la existencia de prejudicialidad en lo que se refiere a las tareas realizadas por la demandada en el predio y su entidad (arts. 1101/1103 Cód. Civ.); 3) Disponer la transformación de la medida cautelar vigente (ver referencia en interlocutorio de fs. 966/967) convirtiéndola en este acto en una prohibición de innovar consistente en la abstención por parte de la demandada Colony Park S.A. de realizar toda tarea en el predio en cuestión (arts. 204 y 230 CPCC), bajo apercibimiento de imponer la multa que se establezca (art. 35 inc. 3 CPCC); 4) Rechazar la pretensión relativa a la redirección de esta causa hacia una acción de recomposición; 5) Establecer expresamente la obligación de la actora de poner en conocimiento de esta causa el resultado de la apelación deducida en la causa penal nº 2843/08, como así también cualquier otra decisión que allí se adopte y tenga conexidad con el presente; 5) Imponer las costas a la demandada sustancialmente vencida. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 CPCC). Remítase copia al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro a sus efectos. MARTA M. CAPALBO. JUEZ
3°.- Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de San Isidro, en la causa Nº 31054/11, en autos caratulados: “Fundación Pro Tigre y Cuenca del Plata C/Provincia de Buenos Aires y otro S/Pretensión restablecimiento y reconocimiento de derechos", cuando el 16 de abril del 2012 en Resolución Registrable, a firma: "… Los informes de la Actuaria de fs. 1194 y 1191 producidos según lo ordenado a fs. 1186 y con respecto a las causas: "Ferreccio Altube, Enrique Carlos s/ Usurpación del agua c/ Parque de la isla y Colony Park" en trámite por ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro y la caratulada "Asociación Civil en Defensa de la Calidad de Vida c/ Colony Park S.A. s/ Ordinario" en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 11 del Departamento Judicial de San Isidro, dan cuenta de denuncias por usurpación y cautelares recurridas. Ambas causas tienen conexidad y se vinculan con los antecedentes ambientales que se analizan dentro del marco de esta causa y su cautelar y que le dan, asimismo, el sentido de verosimilitud en la pretensión anticipada en tanto, la justicia federal ordenó la clausura de los emprendimientos.
Y el 18 de septiembre del 2012 en el mismo juzgado se labra AUDIENCIA ACTA: "A los cuatro días del mes de septiembre de 2012, siendo las 9,20 hs, me constituyo en la Primer Sección del Delta de Tigre a fin de proceder a toma de fotografías solicitadas por SS y por cualquiera de los presentes en el acta principal, previo pedido a SS. Asimismo, se deja constancia que el día y la hora será la que figure digitalmente en la fotografía. Las mismas quedarán reservadas en Secretaria, en soporte digital, a disposición de las partes. Comparecen por la parte actora Guillermo Miguel Rojas Yenni, Tº XLIV Fº 125 CASI, vecino, Hernán Mariano Laita, DNI 21.938.208, domiciliado en Rio Sarmiento S/N - Muelle Bosque - Primer Sección Islas - Partido de Tigre; Martín Luciatta, DNI 4.618.920, domiciliado en Rio Carapachay 81 - Delta de Tigre. Por Fiscalía el Dr. Darío Germán Spada, Tº XXXV Fº 248 CASI y la Dra. Maria Juliana González Varela, DNI 18.002.028. Por OPDS, Ariel Elena, DNI 25.401.497; Mariano Andrés Pérez Safontas, DNI 26.539.450 y Susana Haydee Socorro Mulvany, DNI 13.423.108 y por Autoridad del Agua, Alejandro Julio Micheli, DNI 11.812.368; María Cecilia Novia, DNI 16.532.794; Guillermo Javier Font, DNI 24.499.212. Por la Municipalidad de Tigre, la Dra. María Victoria Taylor, Tº XXXVI Fº 248 CASI; Dr. Eduardo Mario Cergnul, Tº VIII Fº 450 CASM; Dra. María Renata Scafati, Tº XLIV Fº 364 CASI; la Sra. Leticia Beatriz Villalba, DNI 13.619.889; el Sr. Subsecretario de Planeamiento Urbano, Sr. Rodolfo Ramón Díaz Molina, DNI 11.878.534. Por UTN el Sr. Rorberto iglesias, DNI 11.798.013; Sr. Ricardo Luis Vecari, DNI 7.787.196; Sr. Álvaro Daniel Arrese, Dni 5.059.570 y Silvia Marta Fajre, DNI 6.194.603. Oficial Jorge Arnaldo Santa Cruz, Legajo 105.149. Por Prefectura Naval Argentina el Sr. Alejandro Gastón Marazi; DNI 29.281.111; Héctor Hugo Niveyro, DNI 12.173.094; Miguel Ángel Bolia, DNI 22.549.891; José Jaime González, DNI 21.572.331; Juan Benítez, DNI 23.444.584. Las siguientes fotografías corresponden a las presentes referencias: Foto 1 y 2: Partida de Estación Fluvial. F. 3: Interior de la embarcación. F. 4 y 5: Interior de la embarcación. F. 6/7: Entrada a Colony Park. F. 8: Entrada a Colony Park por Arroyo Anguila. F. 9: idem. F. 10/11: Terraplén y defensa por Arroyo Anguila. A pedido de la perito: La defensa provoca que golpee el agua y vuelva con mucha más fuerza - expresa la perito de la Corte "es antinatural". F. 12/13: Idem. F. 14: Arroyo Anguila. F. 15/17: Defensa y terraplén Arroyo Anguila. F. 18: Bajada natural. Humedal sin terraplén artificial. F. 19/21: Idem. F. 22/23: A pedido de la perito de la SCBA. Máquina (grúa) en Colony Park. F. 24/25: Bajada natural Arroyo Anguila. F. 26: Embarcación Colony Park. F. 27/28: A pedido de perito SCBA: Terraplén artificial (Vinculación) F. 29/33: Caño, sistema holandés para desagotar el agua que entra a los terrenos (comentario de la Sra. Villalba por la Municipalidad de Tigre y vecino Laita) F. 34: Costa natural (Circunvalación hacia el Rio San Antonio - Lado Oeste) F. 35: Costa artificial Colony Park - Lado Este. F.36: Costa natural - Lado Oeste Circunvalación. F. 37/39: Vegetación natural (Circunvalación Lado Oeste) F. 40: Vegetación natural (Circunvalación Lado Oeste). F. 41/42: No se avanzó con el talado y refulado. El paisaje se conserva natural (Circunvalación Lado Este similar al del Lado Oeste - Fotografía solicitada por la Sra. Leticia Villalba - Municipalidad de Tigre). F. 43/45: Casa típica isleña construida de manera palafítica con costa estacada - construida sin haber elevado el terreno sobre San Antonio y Unión. F. 46/48: Costa natural - juncos y arboles - San Antonio. F. 49/50: Embarcación que acompaña, según dichos del capitán de embarcación Sr. Raúl López. Son isleños, según afirma el vecino Laita. F. 51/52: Primer propietario de las islas (Villalba). F. 53: Loteo pajonal cabañas. F. 54/57: Loteo de pajonal (sobre San Antonio, cabaña ubicada en el centro de la isla). F. 58: Fauna natural. F. 59: Ingreso al Canal del Este. F. 60: Canal del Este - construcción isleña típica. F. 61: Muelle. F. 62: Costa natural sobre Canal del Este. F. 63/66: Carteles inmobiliarios ofreciendo a la venta terrenos. F. 67: Muelle Isla del Este. F. 68: Isla del Este, F. 69/70: Casas Isla del Este, los juncos tienen un color claro y el césped otro color diferente por tierras ganadas al rio y rellenado (comentario de la Lic. Villalba). F. 71/74: Casas Isla del Este. F. 75/77: Casas. F. 78/79: Regado artificial. Si no fuera artificial y se hubieran respetado los humedales, no sería necesario el riego (Lic. Villalba). F. 80/84: Dragado (cuando sacan tierras de la costa del rio y la tiran para adentro, para el territorio). Vecino Laita. F. 85/87: Elevación artificial del terreno (todavía sin construir) (Isla del Este). F. 88/90: Elevación del terreno. Casas en obra. Todavía sin vegetación. F. 91: Costa natural frente a Isla del Este. F. 92: Construcción de casas - Modificación total de la geografía - Elevación del terreno y talado de arboles.F. 93: Costa frente a casa de foto 92. Conserva costa natural. F. 94/95: Grúa (Isla del Este). F. 96/98: Continuo dragado de canal privado (sin nombre - de Isla del Este). F. 99: Embarcación filmando. F. 100/104: Charla en muelle Isla del Este con guardia de seguridad (Néstor Enrique Russo). F. 105: Cartel de inmobiliaria. F. 106: Propiedad privada. F. 107/108: Propiedad privada. F. 109: Desaguadero - Canal del Este, entrada Isla del Sol F. 110/114: Loteo Samek. Con lo que no siendo para más, se dió por finalizada la diligencia, firmando por ante SS y funcionarios que dan fe. JOSE ABELARDO SERVIN. JUEZ.
Erróneamente la instrucción federal omite recolectar estos elementos que prueban la falsedad ideológica de la escritura pública N° 300 y además por ser bienes inmuebles del dominio público natural, y por lo tanto están fuera del comercio, son inenajenables e inembargables; en consecuencia, sería ilegal la titularidad registral de Colony Park SA en el Registro de la Propiedad Inmueble, lo que amerita una investigación por la conducta de los funcionarios publico que erróneamente dieron titularidad registral a Colony Park SA sobre bienes inmuebles que se encuentran fuera del comercio, y por lo tanto son inembargables, tornando en ilusoria lo decidido por la Sra. Juez, cuando resuelve: "MANDANDO TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de pesos doscientos millones ($ 200.000.000)" (refiriéndose solamente a los directivos de la Empres Colony Park SA).
Erróneamente no se investiga el delito de falsedad ideológica de la escritura pública N° 300, que intenta hacer titular registral a Colony Park SA, donde el titulo expedido por el Registro de la Propiedad Inmuebles, es declarativo, y no constitutivo de la propiedad; en consecuencia Colony Park SA no es propietario legal conforme el marco jurídico como lo afirma la Jurisdicción; con el agravante que se omite cosechar todos los indicios y pruebas tazadas que develan al crimen de lesa humanidad, la demolición de las viviendas de la población isleña ancestral, la alteración y modificación de vías navegables (perjudicando la seguridad en la navegación por el dragado no autorizado), la usurpación de aguas como bien inmueble y de bienes inmuebles del dominio público como el cauce de los ríos y el taponamiento y desvíos de los mismos, la asociación ilícita, el abuso e incumplimientos a los deberes de funcionarios públicos, el lavado de dinero y demás delitos acreditados por la querella en autos.
De esta manera, entendemos que se ha descartado prueba tasada y acreditada, que si bien la recolectada por la Sra. Juez resulta fundamento suficiente, al menos, para el dictado del procesamiento con respecto a los imputados; pues, en definitiva, la instrucción es sólo una etapa preparatoria del debate, éste último constituye la etapa definitiva ordinaria del proceso penal, y por el grave perjuicio que causa a la población civil y al ecosistema en su conjunto, consideramos que no se la puede omitir.
En efecto, la instrucción es “...un período netamente preparatorio, que consiste en un conjunto de actos -fundamentalmente de investigación- orientados a determinar si existen razones para someter a una persona a un juicio...El juicio es, pues, el momento de la prueba, en un sentido sustancial. Lo anterior no es sino la recolección de elementos que servirán para probar la imputación en el juicio; ése es, precisamente, el sentido de las palabras ‘preparatorio de la acusación’, con las que calificamos al procedimiento previo al juicio” (Alberto M. BINDER, “introducción al derecho procesal penal”, 2° edición, Ad- Hoc, Bs As, 2000, ps. 235 y 238).
Impugnamos el primer punto del resolutorio: I-. DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA DE ADRIAN GABRIEL SCHWARTZ, SERGIO ANDRES SCHWARTZ, EDUARDO HECTOR CARRASCO, ADOLFO VOLODI BERESTAVOY, SERGIO MANUEL RAPOSEIRAS Y FRANCISCO JOSE BILLOCH, de las demas condiciones personales obrantes en el exordio, por encontrarlos prima facie autores mediatos penalmente responsables del delito de daño agravado por haber ejecutado en perjuicio de bienes de uso público (arts. 45, 54, 184 inc.5 del CP, y art 310 del CPPN) MANDANDO TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de pesos doscientos millones ($ 200.000.000) art. 518 y cctes. del CPPN)"; pues estaríamos en presencia de una asociación ilícita al encontrarse involucrados funcionarios públicos del Estado Municipal, Provincial y Nacional, por lo que corresponde decretar el procesamiento con prisión preventiva, trabando embargo conforme lo acredita la querella a fs 2681 y en base a los fundamentos y pruebas acreditados en el escrito presentado ante la Sra. Juez de Instrucción Federal el 28 mayo del 2012 dentro del marco de la cauda N° 9066/12 caratulada Ledesma Antonio s / SU DENUNCIA; donde remitimos a la jurisdicción en razón de la brevedad.
Y conforme la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, nuestro país se ha obligado a través de dicho documento multilateral a “optimizar sus herramientas para la prevención y combate de la corrupción”. La convención citada define embargo preventivo como una “prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente” convirtiéndose en el único modo posible para no solo prevenir sino dilucidar hechos de corrupción que por sus características son de difícil investigación.
En esa inteligencia, referimos a VS que por intermedio del artículo 31 del citado tratado nuestro país se comprometió con las siguientes medidas: Inciso 1º: “Cada Estado Parte adoptará, en el mayor grado en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso: ... Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto” (apartado a.). Inciso 2º:”. “Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que se haga referencia en el párrafo 1 del presente artículo con miras a su eventual decomiso”.
Más adelante, en función de la naturaleza del dinero producto del delito en este caso, ya que estamos frente a una hipótesis venta de bienes inmuebles del dominio público natural, el citado artículo agrega que: “Cuando ese producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en otros bienes, éstos serán objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo” (inciso 4º). Y que: “Cuando ese producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes serán objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación” (inciso 5º).
Por otra parte, respecto de las personas contra quienes deben dirigirse estas medidas, la Convención de las Naciones Unidas prevé un sistema de responsabilidad de las personas jurídicas. Y sobre esa responsabilidad debemos recordar las obligaciones asumidas por nuestro país en función del artículo 26, que establece las siguientes Responsabilidad de las personas jurídicas:
1.- Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.
2.- Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.
3.- Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos.
4.- Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones peales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo a este artículo.
Dicha medida resulta procedente, ya sea que sus beneficiarios fueran personas físicas o de existencia ideal. Ello, ya que sin perjuicio de la responsabilidad penal que le corresponda a las personas naturales que hayan actuado en su nombre, por aplicación del Art. 26 de la CNUCC, aquellas son susceptibles de recibir sanciones proporcionadas de contenido económico.
Entendemos, que el monto del valor de la medida cautelar, que en el presente se solicita, debe guardar una íntima relación con el producto o beneficio que las conductas ilícitas que sus responsables generaron, como también incorporar el resarcimiento por los daños y perjuicios causados al ambiente, a la población civil que colindan con la cuenca y el menoscabo contra las generaciones futuras por el perjuicio causado contra el ecosistema del Delta del Paraná.
Incluso, para poder guardar proporción con la cautelar solicitada, se le deberán sumar los daños y perjuicios irrogados contra la población civil querellantes en autos, a los que se les demolieron las viviendas, talaron sus arboledas, le alteraron al ambiente perjudicando su subsistencia desde junio del 2008 a la fecha.
Además, en la presente causa, una de las hipótesis delictivas que deberá ser objeto de investigación, es también la de lavado de dinero y de un modus operandi lesivo por conductas ilegales de los querellados en otros emprendimientos; en consecuencia, en razón del carácter provisorio de la etapa en que se encuentra la presente investigación, entendemos que por el momento estas apreciaciones resultan suficientes para la procedencia de la medida cautelar, así como para la determinación de su monto, quedando disminuido o desproporcionado el monto decidido por VS para alcanzar los daños producidos a las personas, al ambiente y a las generaciones futuras y a la biodiversidad y funciones ecológicas del humedal del Delta del Paraná.
Por tales motivos, para que la medida cautelar solicitada sea equitativa, equilibrada y proporcional, como así tambien disuasiva para futuros emprendimientos ilegales en la zona, es que solicitamos que se respete por la jurisdicción el embargo de bienes correspondientes a las personas físicas y personas jurídicas involucradas por la suma de $2.000.000.000 (pesos dos mil millones); monto que, luego de la incorporación a la causa de nuevos elementos de prueba o del resultado de los informes técnicos y periciales que aún se encuentran pendientes, podrá ser modificado conforme el sano criterio de la Administración de Justicia que estime pertinente.
Impugnamos el segundo punto del auto, cuando la Sra. Juez dispuso: "RESUELVO: II.-DECRETAR LA FALTA DE MERITO PARA PROCESAR O SOBRESEER DE ADRIAN GABRIEL SCHWARTZ, SERGIO ANDRES SCHWARTZ, EDUARDO HECTOR CARRASCO, ADOLFO VOLODI BERESTAVOY Y SERGIO MANUEL RAPOSEIRAS con relación a la hipótesis delictiva vinculada con la destrucción de los refugios de los pobladores originarios de las islas del Delta (art. 309 CPPN).
Se encuentra acreditado por la Instrucción que los integrantes de Colony Park SA han dañado bienes de uso público como son los ríos sus cauces demas aguas por cauces naturales y toda otra agua con aptitud de satisfacer usos de interés general, al haber realizado trabajos de dragado y relleno en el Canal Vinculación y Rio San Antonio mas allá de lo autorizado por la disposición 33/00 de la Dirección Nacional de Vías Navegables. Y sin apego a las condiciones que regían a las declaratorias de dragado (fs 13359/60); obras ilegales que se iniciaron en el año 2007 y finalizaron el 30 de noviembre del 2010 modificando la geomorfología del Canal Vinculación, Rio Lujan, Arroyo Anguilas, La Paloma, Pacú y Rio San Antonio mediante movimientos de suelo, dragado refulado terraplenado perfilado y tablestacado de costa; además de desmonte a tabla rasa apertura de canales internos taponamiento del arroyo anguila y rectificado de costa. De todos esto hechos se deduce que se habría usurpado bienes del dominio público natural, avanzado unos 40 metros sobre el cauce del Canal Vinculación y usurpado aguas como bien inmueble produciendo un peligroso endicamiento causando perjuicio a la libre navegación a su seguridad y al comercio en la zona.
Y asimismo afirma la resolución de la Sra. Juez Federal que dentro de ese contexto para realizar las obras de infraestructura las viviendas de los pobladores isleños y sus refugios para la protección de sus cosechas de juncos fueron destruidos. Entre dichos pobladores originarios se encontraban las familias de: Juan Antonio Derganz, Ernesto Jorge Castro, Orlando Héctor Arroyo, Juan Domingo Presentado, Sebastián Ramón Presentado, Antonio Ledesma, Osvaldo Pedro Andino, Juan Carlos Castro, Alberto Ramón Castro, Roberto Galloro, Daniel Rubén Castro, Jorge Antonio Porqueres, María Adela Pelayo, Ángel Espiándola, Gerónimo Gadea, Mario Martin Gadea y Julio Gadea.
En consecuencia, no puede soslayarse la conclusión expresada por los considerandos anteriores -que se basa en las constancias que actualmente se encuentran incorporadas al legajo-, que nos encontramos en presencia del crimen majestatis o crimen de lesa humanidad. No se puede desconocer al delito de lesa humanidad por la agresión contra la población civil isleña ancestral del Delta del Paraná, al encontrarse reunidos todos los requisitos que la tipifican. Cabe referir que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en cuya codificación se enuncia claramente el tipo de delitos que quedan bajo su competencia y la exacta definición de los mismos, entró en vigor el 01.07.2002, el Estatuto es aprobado por el Estado Argentino a partir el 23.01.2007, conforme la Ley Nº 25390; donde quedan incluidos los actos serios de violencia que atentan contra aspectos esenciales del ser humano como la vida, la libertad, el bienestar físico, la salud, la dignidad, el ambiente sano y equilibrado, etc. y que, por su gravedad y extensión, resultan intolerables para la comunidad internacional, exigiéndose su persecución judicial.
Erróneamente no se estaría investigando un MODUS OPERANDI LESIVO, y ello, porque el emprendimiento "Isla del Este" de los SCHWARTZ, (Adrian Gabriel, Sergio Andrés y Hugo Damián quien declara ser apoderado de Colony Park SA por 10 años) ocupa 30 hectáreas y 200 lotes, en los que ya se han construido, al menos, 25 propiedades, con una laguna central de agua salada. Los promotores y vendedores de todos estos proyectos son las mismas inmobiliarias que impulsan Colony Park SA (Meyer Propiedades, O’Connor) y Parque la Isla que tiene 98 hectáreas y se ubica sobre el Canal de Vinculación y el río Lujan, que es obra de Fideicomiso La Isla y el estudio Billoch & Asociados. Hacer un barrio cerrado en una isla del Delta del Paraná, tiene su antecedente inmediato en el proyecto “Isla del Plata”, que data de mediados de los noventa, impulsado por un consorcio privado conformado por Puente del Plata SA y el Buenos Aires Yacht Club. Iba a ser una isla artificial frente al puerto de San Isidro, con una superficie de 352 hectáreas, destinadas a viviendas para 20.000 habitantes. Otros barrios y desarrollos costeros, como los countries Santa María del Tigre (de Eidico), Marina del Sol, Bahía del Sol y Puerto Chico. Nordelta con 14 barrios: Bahía Grande, El Golf, La Isla, Los Castores, Portezuelo, Las Caletas, Las Glorietas, La Alameda, Barrancas del Lago, Los Sauces, Cabos del Lago, Los Alisos, Los Lagos y El Yacht en 1.600 hectáreas en los humedales de la planicie poligénica o intermareal del Río de la Plata.Eidico con 8 proyectos terminados en Tigre: Altamira, Dormies Santa Barbara, El Encuentro, Santa Bárbara, Santa Catalina, Santa Clara, San Isidro Labrador y Santa María de Tigre. En Benavides, se construyen 7 barrios en marcha en San Benito, San Francisco, San Gabriel, San Juan, San Marco, San Rafael y Santa Teresa. Talar del Lago I y II próximo a Nordelta, en General Pacheco y 75 hectáreas Laguna del Sol. Albanueva en Rincón de Milgber sobre 160 hectáreas, sobre la costa del río Luján (Tigre). En Escobar, en noviembre del 2009 se aprobó en el Concejo Deliberante la ordenanza Nº 4.729/09, ésta todavía no cuenta con la aprobación por parte de la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda de la provincia de Buenos Aires; en consecuencia, en forma ilegal se intentaría construir la empresa Consultatio el mega emprendimiento “Ciudad del Lago”. Mediante esta ilegalidad manifiesta, es agredida la población civil, que junto al desplazamiento forzado de los pobladores locales y el consiguiente avasallamiento de sus derechos, ya ha provocado y continuará provocando modificaciones en los humedales con sus consecuentes impactos a la biodiversidad y la calidad del agua al adulterarse por ruptura del salobre acuífero Querandinense. ADVERTIRA LA JURISDICCION QUE NOS ENCONTRAMOS CON UN MODUS OPERANDI LESIVO.
Asimismo, erróneamente no se recolecto en la plataforma fáctica fraude procesal, de funcionarios del estado Municipal, Provincial y Nacional y de la PNA. No queremos confundir el fraude procesal con la estafa procesal. El fraude procesal es un delito contra la administración de justicia, mientras que la estafa procesal es un delito contra el patrimonio de una persona. Lo que se protege con el fraude procesal es la eficacia de la administración pública, para que ésta pueda garantizar una protección legal a los intereses jurídicos que deben ser resueltos, como la agresión continua, sistemática y generalizada a la que está expuesta la población civil, lo que tipifica el crimen de lesa humanidad. Conforme las reglas de la sana crítica y la experiencia, entenderá la Jurisdicción que todos los autores identificado y a identificar en autos, habrían transgredido, alterado y restringido al marco jurídico referente a los bienes del dominio y uso público; y ello porque, no han sido desafectados para uso particular por ley del Congreso de la Nación, al tratarse de bienes del dominio público natural, sobre ríos internacionales, regulados a nivel provincial por la Ley 6253 de Desagües Naturales y su Dec. Reg. Nº 11368, la Ley 6254, art. 59 de la Ley 10128/83, ordenado junto a la Ley 8912/77 por Decreto 3.398/87, convalidado por el art. 4° de la Disposición 984/00 del MOSPBA y refrendado por el Decreto 37/03 del Gobernador (Bol. Ofic. 24.900). La ley 25688 de Presupuestos Mínimos sobre el Régimen Ambiental de Aguas, la Ley 12257 Código Aguas Provincia Buenos Aires, la Ley 11723 Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; Res 289/08 BO del 15/7/08 Anexos 6 y 7, y Código Civil art 2340 inc 3º, 2634, 2638, 2642, 2644 y 2648. Y también se desconoció de la CN al artículo 75.- Corresponde al Congreso:… 5. Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional. Advertirá V.S. que nos encontramos ante bienes inmuebles de uso y dominio público, que se encuentran fuera del comercio, por ser bienes inembargables, imprescriptibles e inenajenables.
Es bueno recordar que respecto del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público “se configura el dolo directo requerido por el tipo subjetivo de aplicación si los imputados actuaron con negligencia, a sabiendas de que los actos que omitían eran propios de sus respectivas funciones, es decir que se trataba de una omisión y legal y tenían la posibilidad de conducirse conforme a la ley (CNCrimCorrec., Sala VI, 31/10/02, c. 18.152, “Orbiscay, Stella Maris y otros”, entre otros). O, como afirma Donna respecto de la figura contenida en el artículo 249 “es un delito doloso, por ende, requiere que el autor conozca que el acto que omite es propio de su función, que tal omisión es ilegal, y que tenga, además, la posibilidad de actuar… toda discusión sobre la malicia está de más, ya que el problema es de los autores causalistas con problemas en la comprensión del dolo”.
En otros términos, en este legajo no resultan constancias que justifiquen abandonar la instrucción federal, como por todas las excepciones planteadas intenta justificarse la defensa; sino en todo caso profundizarla. Y esta tarea debe ser cumplida por el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, para no pasar a un ámbito de la comisión de delitos impunes.
De asistirle razón a la querella, además del crimen de lesa humanidad nos encontramos en presencia del delito de asociación ilícita y para "el dictado del auto de procesamiento se requieren elementos de prueba por los cuales, al menos, se permita comprobar la existencia de un estado de probabilidad con respecto a la comisión del delito investigado, y a la participación culpable del indagado en aquel hecho (confr. Regs. Nos. 553/99, 1125/04, de esta Sala “B”).
Que, si bien es cierto, que la libertad durante el proceso tiene raigambre constitucional, “...no es menos cierto que también reviste ese origen su necesario presupuesto, o sea, el instituto de la prisión preventiva, desde que el art. 18 de la Carta Fundamental autoriza el arresto en virtud de orden escrita de autoridad competente...El respeto debido a la libertad individual no puede excluir el legítimo derecho de la sociedad de adoptar todas las medidas de precaución que sean necesarias no sólo para asegurar el éxito de la investigación sino también para garantizar, en casos graves, que no se siga delinquiendo y que no se frustre la ejecución de la eventual condena por incomparecencia del reo” (Fallos 280:297); “...es doctrina que el derecho de gozar de libertad hasta el momento en que se dicte la sentencia de condena no constituye una salvaguardia contra el arresto, detención o prisión preventiva, medidas cautelares éstas que cuentan con respaldo constitucional” (Fallos 308:1631).
De este modo, por aquella expresión legal se revela una ponderación del legislador pues, en definitiva: “Los derechos y garantías individuales consagrados en la Constitución no son absolutos y su ejercicio está sometido a las leyes que los reglamenten” (Fallos 300:642); “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática” (art. 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Que, por otra parte, para el examen de la magnitud del injusto no pueden dejarse de lado otras consecuencias mediatas de los hechos diferentes del resultado típico. “...La jurisprudencia alemana sostuvo...: ‘quien culpablemente ha creado una situación cargada de riesgo, en cierta medida ha abierto el portón por el cual pueden ingresar desgracias múltiples e indeterminadas, y si la desgracia ingresa, puede ser hecho responsable por ella en el ámbito de la determinación de la pena sin violación del principio de culpabilidad’...” (confr., en lo pertinente y con independencia de la postura crítica de la autora, Patricia S. ZIFFER, “Lineamientos de la determinación de la pena”, 2da. edición inalterada, Ad Hoc S.R.L., Buenos Aires, 1999, pág. 123). “...Es sabido que el conflicto no se agota en el momento de la realización de la acción típica ni en el de la producción del resultado, sino que continúa su dinámica envuelto en la interacción humana. La magnitud del conflicto continúa evolucionando y, por ende, es absurdo que el juez no tome en cuenta esta realidad en el momento de cuantificar la pena...” (confr. Eugenio Raúl ZAFFARONI, “Derecho Penal Parte General”, Ediar, Buenos Aires, setiembre de 2003, págs. 1049/1050).
Esta querella advierte que los montos de embargo establecidos por la Sra. Juez Federal no alcanzan, de modo notorio, a procurar garantizar el cumplimiento de los resarcimientos por los delitos o los crímenes hidrogeológicos cometidos y las agresiones continuas, sistemáticas y generalizadas que viene sufriendo la población civil ancestral isleña, reiterando lo solicitado oportunamente.
Impugnamos el tercer punto. III.-DECRETAR LA FALTA DE MERITO PARA PROCESAR O SOBRESEER DE JOSE MANUEL MOLINA, ANA MARÍA CORBI, DIEGO MARTÍN DOUSDEBES, ANTONIO GRANDONI, CARLOS ALFREDO VITTOR, EDUARDO MARIO CERGNUL y JOSÉ CARLOS BENI, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, con relación los hechos por los cuales se les recibió declaración indagatoria (art. 309 CPPN).
Se torna arbitrario lo decidido en este punto III.- pues conforme la participación de los funcionarios del OPDS, se encuentra acreditado que los elementos de juicio satisfacen los requisitos para demostrar su responsabilidad en los hechos lesivos, por haber incumplido con sus deberes, integrando con ello la agresión contra la población civil y causado perjuicio irreparable al ecosistema, como lo afirman en sus dictámenes la Licenciada PATRICIA PASTORE del OPDS el 2 de diciembre del 2008 expte. 2165/08 y luego el Director Provincial de Impacto Ambiental del OPDS denegando la Declaratoria de Impacto Ambiental, ordenando recomponer el ambiente fs. 2251/2.
Impugnamos el sexto punto. VI.- NO HACER LUGAR a los pedidos de la Dra. Rita Molina y del Dr. Enrique Carlos Ferreccio Altube, letrado de la parte querellante, de acuerdo a las consideraciones desarrolladas en el acápite VI de este pronunciamiento.
Impugnamos dicha resolución pues lamentablemente nos vemos en la obligación de reiterar los fundamentos aportados en la solicitud de ampliación de indagatoria que arbitrariamente rechaza la jurisdicción, en ese orden reiteramos que conforme lo viene denunciando esta parte, el desarrollo de las megas obras inmobiliarias como Colony Park SA, Parque la Isla, Isla del Este, Santa Mónica, Nordelta I y II y otros, son absolutamente ilícitos, al no tener una declaratoria de impacto ambiental positiva de las Autoridades de Aplicación vulnerando el proceso administrativo previo y justo, causando serios perjuicios a todos los que se encuentran bajo su zona de influencia, adulterando las aguas dulces de superficie, obligándolos a recibir las aguas de las crecientes, alterando el flujo de los cursos, causando perjuicio a la libre navegación, libre comercio y al turismo; en más, obligando a los ribereños a soportar los perjuicios que dichas obranzas les irroga, sin poder estos pobladores originarios continuar generando y produciendo su economía de subsistencia por alteración de las aguas y sus recursos naturales que, además de ser una verdadera obra hidráulica clandestina e ilegal, es realizada sobre bienes inmuebles del dominio y uso público natural, por tratarse de zonas inundables sobre vías navegables internacionales.
Estos hechos, dan cuenta, conforme un análisis pormenorizado de las pruebas documentales colectadas en el expediente N° 8951/11, que existiría una connivencia entre los integrantes del Directorio de las empresas constructoras inmobiliarias denunciadas, con determinados funcionarios públicos integrantes del estado Municipal, Provincia y Nacional (incluso la PNA), con responsabilidad administrativa sobre vías navegables por el daño agravado ambiental, que fueran debidamente identificados por la querella, pero no fueron convocados a prestar declaración indagatoria, o no fueron incluidas en la plataforma fáctica delineada por el MPF. Por todo ello reiteramos la AMPLIACION DE CONVOCATORIA PARA PRESTAR DECLARACION INDAGATORIA, conforme lo solicitamos el 23 de marzo del 2012 obrante a fs. 2514/33 donde remitimos a la jurisdicción en razón de la brevedad.
b.-) A fs. 501 consta la declaración testimonial del Arquitecto DANIEL MARTINEZ donde manifiesta que es el encargado del seguimiento del trabajo de tablestacado conforme planos y refiere que los responsables de los mismos son el Estudio de Arquitectos ROBIROSA BECAR VARELA.
Octavo: conforme las omisiones y los incumplimientos a los deberes de funcionarios públicos, acreditados a lo largo de la Causa 8951/11, se solicita a V.S. se convoque a prestar declaración indagatoria a los funcionarios de las siguientes reparticiones públicas: ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: Dr. CARLOS LASTA Director Provincial de Recursos Naturales OPDS y Licenciado NICOLAS SCIOLI, Coordinador Ejecutivo para el Desarrollo Sostenible Planificación Económica Ambiental y Desarrollo de Energías Alternativas. AUTORIDAD DEL AGUA Provincia de Buenos Aires: Presidente Autoridad del Agua: Ing. DARIO GONZALEZ CEUNINCK, Vicepresidente: Lic. ADRIAN OSCAR BIGLIERI. DIRECCION PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS: Director Ing. NORBERTO DANIEL COROLI, Director Depto. Proyectos de terceros Ing. MARCELO RASTELLI. DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES: Director Dr. JOSE BENI, Director Nacional de Vías Navegables. Director Ing. JUAN J. MORELLI, Dirección de Estudio y Programación DNVN. INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA: Presidente Dr. RAUL A. LOPARDO. Centro de Tecnología del Uso del Agua: Ing. LUIS HIGA. Laboratorio de Hidráulica- Hidráulica Fluvial: Ing. DANIEL BREA / Ing. PABLO SPALLETTI. Dirección de Servicios Hidrológicos: Ing. RAFAEL SEOANE, Hidrogeología Lic. OSCAR CORIALE, Dr. ADRIAN SILVA BUZZO. SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. Secretario: ROMINA PICOLOTTI, hasta diciembre del 2008, HOMERO BIBILONI hasta diciembre del 2010 y el actual Secretario, Dr. JUAN JOSE MUSSI, Dirección de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos: Director: JORGE ALBERTO RAMIREZ. Oficina del Agua: Ing. MIGUEL ANGEL GOMEZ
Entendemos, que luego de transcurridos 4 años, de iniciadas las actuaciones, es preciso en este momento señalar, que después del diseño acusatorio organizado por el MPF obrante a fs. 1362/69 y 1500/02, y especialmente el más restringido obrante a fs 1884, es que se estarían confirmado procesalmente, las omisiones graves en las que habría incurrido los integrantes del MPF induciendo a error a la administración de justicia, incumpliendo con los deberes a su cargo, restringiendo el objeto de la causa y limitando la convocatoria a indagatoria, con el agravante que quedarían impunes la comisión de los delitos que fueran indicados en su oportunidad por esta querella, como se lo efectúa en el presente escrito.
En consecuencia, solicitamos a la Jurisdicción que se siga un criterio que permita aunar en un mismo proceso a todos los hechos acontecidos, por existir, un mismo modus operandi lesivo contra el ambiente y la población civil isleña.
Y esto es así, por obedecer a la mecánica propia del circuito criminal o iter criminis instaurado por los funcionarios públicos de las distintas reparticiones que les ha tocado intervenir, tanto pertenecientes al estado municipal, provincial y nacional; además por supuesto, en intima interacción con los directivos y responsables de las empresas constructora inmobiliarias como Colony Park SA, Isla del Este, Parque de la Isla, Santa Mónica, Nordelta I, II y tantos otros, que fueran detallados en autos por esta querella, pero omitidos en el auto impugnado.
Los principios de economía procesal y verdad jurídica material imponen, de la misma forma, adoptar estos criterios de investigación interrelacionados, para que se permita una investigación acabada y eficiente de los espantosos sucesos ocurridos, en la 1ra Sección del Islas del Delta del Paraná, porque de otra forma, se impedirá esclarecer todos los hechos delictivos acreditados en autos.
Se habría configurando así, un aparato delictivo unificado con elementos de encubrimiento, manejo de la información y tráfico de influencias del que no serían ajenos, además de los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.
Se omite investiguar un MODUS OPERANDI LESIVO, y ello, porque el emprendimiento "Isla del Este" de los SCHWARTZ, ocupa 30 hectáreas y 200 lotes, en los que ya se han construido, al menos, 25 propiedades, con una laguna central de agua salada. Los promotores y vendedores de todos estos proyectos son las mismas inmobiliarias que impulsan Colony Park SA (Meyer Propiedades, O’Connor) y Parque la Isla que tiene 98 hectáreas y se ubica sobre el Canal de Vinculación y el río Lujan, que es obra de Fideicomiso La Isla y el estudio Billoch & Asociados. Hacer un barrio cerrado en una isla del Delta del Paraná, tiene su antecedente inmediato en el proyecto “Isla del Plata”, que data de mediados de los noventa, impulsado por un consorcio privado conformado por Puente del Plata SA y el Buenos Aires Yacht Club. Iba a ser una isla artificial frente al puerto de San Isidro, con una superficie de 352 hectáreas, destinadas a viviendas para 20.000 habitantes. Otros barrios y desarrollos costeros, como los countries Santa María del Tigre (de Eidico), Marina del Sol, Bahía del Sol y Puerto Chico. Nordelta con 14 barrios: Bahía Grande, El Golf, La Isla, Los Castores, Portezuelo, Las Caletas, Las Glorietas, La Alameda, Barrancas del Lago, Los Sauces, Cabos del Lago, Los Alisos, Los Lagos y El Yacht en 1.600 hectáreas en los humedales de la planicie poligénica o intermareal del Río de la Plata. Eidico con 8 proyectos terminados en Tigre: Altamira, Dormies, Santa Barbará, El Encuentro, Santa Bárbara, Santa Catalina, Santa Clara, San Isidro Labrador y Santa María de Tigre. En Benavides, se construyen 7 barrios en marcha en San Benito, San Francisco, San Gabriel, San Juan, San Marco, San Rafael y Santa Teresa. Talar del Lago I y II próximo a Nordelta, en General Pacheco y 75 hectáreas Laguna del Sol. Albanueva en Rincón de Milgber sobre 160 hectáreas, sobre la costa del río Luján (Tigre).
Ahora bien, lo cierto es que, de la plataforma fáctica de los citados dictámenes fiscales, así como de la denuncia penal originariamente promovida por esta querella, surge que los hechos en cuestión admiten una múltiple subsunción legal, que se irán corporizando a medida que continúe la instrucción, en mas, cuando la Excma. Cámara Federal de Apelación de San Martin meritúe los motivos y fundamentos de la presente apelación.
En función de ello, considero que la imputación más ajustada al caso debe comprender los delitos de Incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento e Incumplimiento de la obligación de promover la represión (artículos 248, 277 y 274 del C.P.), todos en concurso ideal (artículo 54 del C.P.) y sin perjuicio de la subsunción de los hechos en otras figuras penales, como el crimen majestatis, a contrario sensu de los dictaminado por la Sra. Juez Federal de Instrucción cuando en el acápite de la responsabilidad penal afirma: "…deberán responder penalmente por los hechos materia de imputación y en función del delito de daño agravado por haber sido ejecutado sobre bienes de uso público (art. 184 inc. 5° del CP) en calidad de autores mediatos o indirectos."
Las nuevas intervenciones de los Tribunales “ad hoc” que entendieron en los mencionados casos de delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto de las guerras civiles de los Balcanes y de Ruanda (Resolución 827 del 25.05.1993 y Resolución 955 del 08.11.1994, respectivamente) otorgaron mayores precisiones a este concepto clave del derecho penal internacional. En sus estatutos quedaron definidos como actos serios de violencia que atentan contra aspectos esenciales del ser humano (la vida, la libertad, el bienestar físico, la salud, la dignidad, etc.) y que, por su gravedad y extensión, resultan intolerables para la comunidad internacional, exigiéndose su persecución judicial.
En cuanto a la definición de los crímenes de lesa humanidad, el artículo 7 del Estatuto de Roma entiende por ellos a “cualquiera de los actos siguientes, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) asesinato..., b) encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, f) tortura, g) violación..., i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
Por ello, mutatis mutandi, habiéndose determinado en los presentes autos el contexto en el que habrían tenido lugar las supuestas conductas endilgadas a los responsables de las empresas inmobiliarias, en conexidad con otras como la presunta comisión de Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público, Encubrimiento e Incumplimiento de la obligación de promover la represión por parte de los sujetos investigados; no caben dudas de que las mismas configuran delitos de lesa humanidad y, por ende, es arbitrario lo resuelto en el auto de procesamiento impugnado, en relación al resolutorio VI.
Impugnamos el punto séptimo. VII.- DAR INTERVENCIÓN EN LA ESFERA DE SU COMPETENCIA A LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN, a fin de que adopte las medidas que estime pertinentes de acuerdo a las consideraciones desarrolladas en el acápite VII de este pronunciamiento.
Lo impugna la querella por arbitrario pues es responsable la Secretaria, conforme la presunta comisión del delito de comisión por omisión, al incumplir con sus deberes de control sobre ríos navegables que van a ser dragados donde lo importante es los análisis fisicoquímicos de los barros removibles y el lugar para su depósito final, mas en ríos internacionales como el Paraná y el Plata, con el agravante de que las tomas de agua potable de la ciudad de Buenos Aires y el Conglomerado Bonaerense se encuentra sobre el Rio de La Plata, ante esta omisión de la Secretaria de Ambiente (SAyRSN) a puesto en peligro la salud pública de la población; en consecuencia es lesivo que no se la integra a la plataforma fáctica dentro del crimen majestatis.
Impugnamos el octavo punto. VIII.- IMPONER A LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN -en forma concurrente- de las obligaciones que al día de la fecha sólo le caben al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible respecto de la medida cautelar oportunamente ordenada en este proceso.
Ídem que el anterior. Con el agravante que la Secretaria Nacional es autoridad de aplicación ambiental nacional, y habría incumplido con sus funciones. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, porque el Decreto 776/92 asigna a la SAyDSN el poder de policía en materia de control de la contaminación hídrica y la calidad de las aguas naturales, superficiales y subterráneas en la jurisdicción de la Capital Federal y 14 partidos del Gran Buenos Aires que habían celebrado convenios con la antigua Obras Sanitarias de la Nación, por ser la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.051.
El Decreto Reglamentario 776/92, faculta a la SAyDSN para intervenir, en el caso que se detecten desechos peligrosos en los barros y arenas a dragarse. Es decir que está facultada para impedir la contaminación directa o indirecta de las fuentes de provisión de agua de consumo que se encuentran dentro del Río de la Plata; entonces, si la disposición del material dragado se efectuara en zonas próximas a las tomas de agua, como se denuncia en autos, debería haber intervenido la SAyDSN, en salvaguarda de la salud pública de la población.
Esta Secretaría (SAyDSN) debería haber dictaminando si la caracterización de los sedimentos del dragado de dichas Vías Navegables se encuadra dentro de los límites aceptables de la Ley N°24.051 y los estándares internacionales. Dicha intervención procede mediante solicitud de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, quien requiere de dicha Secretaría el Informe Técnico, cada vez que se deba determinar los parámetros que caracterizan las arenas y barros en estas vías navegables.
Todos estos procedimientos técnicos se tendría que haber realizado bajo la aplicado del principio precautorio; al presumirse contaminación, al menos en un gran tramo del Paraná de las Palmas; pero lo omiten realizar tanto las empresas denunciadas como las Autoridades de Aplicación y ahora esas omisiones lesivas, fundamentan los agravios de la presente apelación, quedando acreditado que se vulneró el debido proceso administrativo previo de evaluación de impacto ambiental, incumplimiento o desobediencia de la ley que fue omitido valorar por el Sr. Juez en su resolución impugnada.
Impugnamos el punto décimo. X.- LIBRAR OFICIOS A LAS COMISIONES DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION DEL AMBIENTE HUMANO de las Cámaras de Senadores y Diputados, respectivamente, de la Nación, de acuerdo a las consideraciones desarrolladas en el acápite VII de este pronunciamiento.
Discrepa la querella que el ambiente en la República Argentina carezca de una protección legal adecuada, lo grave es que los funcionarios incumplen con sus funciones y la ley vigente. Como fundamento la querella acredito además de la “FALSEDAD IDEOLÓGICA EN INSTRUMENTOS PÚBLICO” previsto en los arts. 292/ 293 del Código Penal, en la que habría incurrido el Ing. JULIO C. LUCCA y Dr. JOSÉ BENI, Directores de la DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES, por sus actos y omisiones lesivas en la Disposición N° 33/2000 (obrante a fs. 225/228) y la N° 130/2008 (obrante a fs. 209/212) por el trabajo de dragado en el Río San Antonio, Canal Vinculación y Río Luján en la localidad de San Fernando, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires.
En las Disposiciones se había indicado que el acto que se pretende ejecutar por las Urbanizaciones Cerradas: Colony Park SA y Parque de la Isla mediante el dragado y obras no obstruye la libre circulación en las riberas, ni afecta al comercio, la navegación, ni el régimen hidráulico del curso de agua, acreditadas a fs. 209/212 y a fs. 225/228 de la presente causa, las que generarían fraude procesal, y además los funcionarios intervinientes habrían incurrido en la presunta comisión de los delitos de falta a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y encubrimiento, pero dichos delitos se encuentran excluidos de la plataforma fáctica por la instrucción.
Impugnamos el onceavo punto. XI.- LIBRAR OFICIOS A LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES Y DE LEGISLACIÓN PENAL de las Cámaras de Senadores y Diputados, respectivamente de la Nación, así como a la COMISIÓN DE EXPERTOS ENCABEZADA POR EL MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION DR. RAÚL ZAFFARONI, PARA REFORMAR EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO, de acuerdo a las consideraciones desarrolladas en el acápite VII de este pronunciamiento.
Impugnamos el fondo de la cuestión planteada por la Sra. Juez Federal de Instrucción, pues estaría blanqueando los delitos aberrantes detallados por la querella en el presente expediente. Por todo ello, estarían siendo beneficiadas las personas imputadas en autos, conforme injusta y arbitrariamente la Sra. Juez Federal afirma en el acápite VII.- "Un Cambio de Rumbo Obligado: …2 El medio ambiente no es otra cosa que un bien jurídico de envergadura. Cualquier daño que lo degrade, no sólo compromete la calidad de vida de la población actual, sino tambien de las generaciones futuras. Sin embargo, el mero repaso de este proceso revela que al menos en la República Argentina carece de una protección legal adecuada".
Entre los que estarían beneficiados se encuentra el propio Intendente de Tigre, quien el 12/11/2012 Sergio Massa estuvo presente en la apertura oficial del SIT 2012 que se realizó en el Hotel Intercontinental de Tigre, ciudad ícono de grandes emprendimientos urbanos; la jornada contó con la participación de más de 120 inversores y desarrolladores de parques, barrios y edificios, junto a promotores, inmobiliarias y empresas de servicios, con un programa de conferencias que analizó lo más relevante de la coyuntura y las tendencias del mercado local e internacional; “Tenemos el desafío de crecer incluyendo, generando empleo e inversión como los motores de ese crecimiento”, expresó Massa.
Salón Inmobiliario de Tigre 2012 se convertirá, a partir de esta primera edición, en el punto de referencia del sector inmobiliario, una herramienta insustituible para generar contactos de alta especificidad.
SIT 2012, se llevará a cabo en el Hotel Intercontinental de Nordelta, donde desarrolladores, promotores, inmobiliarias y empresas de servicios afines le aportarán una dinámica diferencial.
Usted no puede quedarse fuera del epicentro del mercado inmobiliario. SIT 2012 cuenta con un programa de conferencias que analiza lo más relevante de la coyuntura y las tendencias del mercado argentino, americano e internacional en general. Contenidos profesionales que promueven y facilitan el contacto entre empresas, inversores, administraciones públicas, entidades financieras y otros agentes del sector.
La elección de la Ciudad de Tigre no es casual, se ha realizado en base a que este distrito es un destino que integra oportunidades para los jóvenes empresarios, para los inversionistas, para los enamorados del aire puro, de la vegetación, para los que desean un espacio de seguridad y crecimiento armónico para su familia en definitiva para los que buscan un Destino Tigre.
SIT 2012 cuenta con el decidido respaldo del Municipio de Tigre, de la Unión Empresaria de Tigre, del Colegio de Martilleros de la Región Norte, y con el apoyo de instituciones y empresas.
SIT 2012 concentrará en un solo lugar toda la oferta inmobiliaria de una de las regiones con mayor potencial de Argentina. SIT 2012 recibirá un gran número de compradores e inversores específicos. El intendente de Tigre, Sergio Massa, formó parte de la apertura oficial y sostuvo: “Es una satisfacción ver en el SIT a una enorme cantidad de desarrolladores, no sólo de Tigre sino también del exterior, acercándose, viendo cuáles son las alternativas de negocios y lo que significa el desarrollo inmobiliario para nuestra economía y lo que significa en términos de valor agregado para la ciudad. Nosotros aportamos nuestra opinión acerca de lo que significa el desarrollo inmobiliario en términos de ahorro interno, el instrumento más importante de Argentina producto de los vaivenes de la economía en los últimos 50 años, donde la gente culturalmente ha elegido o adoptado al ladrillo-terreno como ahorro. Apostamos a que eso continúe y que la inversión estatal y del sector privado sigan agregando valor a nuestra ciudad, urbanidad y crecimiento sostenido, equilibrio entre el que vive y el que viene y el que tiene y no tiene, como una manera de lograr armonía y convivencia en nuestra sociedad”.
El proceso inmobiliario ha tomado nuevas dimensiones. Mercados del Delta, el Portal del Puerto, Punto Tigre y el Hotel Intercontinental son algunos de los tantos proyectos que se establecieron en Tigre en los últimos cinco años. Plazas y espacios verdes prolijamente parquizados, nuevos accesos y calles pavimentadas, cámaras de seguridad en la vía pública (800 funcionando por todo el distrito), iluminación, paseos, embellecimiento natural y decenas de nuevos emprendimientos inmobiliarios remarcan esta tendencia. SIT 2012 tuvo varias mesas redondas, entre las que sobresalieron temas como “proyectos residenciales accesibles para la clase media”, “El acceso a la vivienda en Argentina” y “Cómo ser desarrollador y no morir en el intento”. Como exponentes participaron Jorge O´Reilly, Presidente de EIDICO, José Chouhy, Director de Nordelta, Gustavo Llambías, Director de RED, Daniel Mintzer, Director de GyD, Marcelo Macagno, Socio Innvest SA.. Además, disertaron Damián Tabakman, Gonzalo Monarca (presidente del Grupo Monarca), Federico Weil, presidente TGLT, Fernando Romero (presidente de SYRAH Global), Sebastián Rivero (Edisur), Daniel Rudolph (Euromayor), Juan Carlos Franceschini (CDI) y José Rozados (Reporte Inmobiliario). || Fuente: (www.zonanortediario.com.ar).
En todos estos emprendimientos se omitió las leyes y tratados internacionales, se vulnero el art. 41 de la Constitución Nacional, prueba de ello que cursada la respuesta de la Comisión Administradora Mixta del Río de la Plata, quedó acreditado la violación del marco jurídico internacional, porque se encuentra comprometidos las funciones ecológicas y la navegabilidad de rías internacionales y se pone en peligro la seguridad de la navegación, además de su población civil de los Estados ribereños de la Cuenca del Plata, que han conformado un cuerpo jurídico aplicable al uso y la gestión sustentable del agua. Este corpus iuris, sería aplicable no solo a toda la Cuenca como unidad hidrográfica de gestión, sino también a cada uno de sus tributarios, incluido las vías del Paraná de las Palmas que integran el Delta del Paraná y por supuesto el Río de la Plata. De un análisis comparativo de las cláusulas ambientales contenidas en las Constituciones de cada uno de los cinco países ribereños de la Cuenca del Plata, así como de las normas ambientales internas de mayor rango que se hayan emitido hasta el presente, más todos los tratados, declaraciones y actas internacionales suscritos por los cinco Estados que tengan puntos de conexión con los ríos, el agua y el ambiente, es que se ha conformado en base a esta historia en común, no dudamos en afirmar que el mismo compone un sólido “Corpus Iuris Aquarum Ambientalis” de naturaleza consuetudinaria y vinculante, cuyo núcleo central está integrado por principios, obligaciones, derechos y objetivos, a saber: 1) deber de informar y notificar al país vecino. 2) Preservación, protección y conservación del agua y de los recursos naturales; 3) Derecho a la participación social en los procesos de gestión ambiental; 4) Derecho a la información ambiental; 5) Derecho a la educación ambiental; 6) Utilización racional y equitativa del agua y de los recursos naturales; 7) Derecho al desarrollo sustentable; 8) Principio de responsabilidad inter-generacional; 9) Deber de minimizar, controlar y prevenir la contaminación del agua y del ambiente; 10) Deber de recomponer los daños causados al ambiente y a los recursos hídricos; 11) Planificación y ordenamiento ambiental del territorio; 12) Responsabilidad por los daños causados al ambiente; 13) Deber de emplear el criterio de unidad de gestión de las cuencas hídricas; 14) Cooperación y relación de buena vecindad entre los ribereños; 15) Intercambio de datos e información entre los ribereños; 16) Deber de notificar y de realizar consultas previas a cualquier plan, obra, o acción concerniente a la utilización de un curso de agua internacional; 17) Deber de mantener las condiciones de navegabilidad de los ríos; 18) Principio de libertad de navegación de los ríos internacionales; 19) Responsabilidad de los Estados por todo daño o amenaza de daño al ambiente a causa de sus propias actividades o de las actividades de las personas físicas y jurídicas domiciliadas en su territorio; 20) Deber de evitar todo daño transfronterizo significativo; 21) Enfoque ecosistémico; 22) Solución pacífica de controversias; 23) Deber de observar y fortalecer todos los tratados ambientales de los cuales los Estados ribereños son parte.
Este Corpus, por su homogeneidad y por la naturaleza de las fuentes normativas de donde emerge, es aplicable al manejo de los recursos naturales e hídricos de toda la región que integra la cuenca exorreica del Río de la Plata; por ende, mutatis mutandi, se aplica a las vías navegables comprometidas como la del Paraná de las Palmas y el Plata
Conforme lo prescripto en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, Ley 20.645, Buenos Aires, 31/01/1974, B.O. 18/02/1974, también podrá advertir VVEE que el Sra. Juez Federal desconoció las fuentes formales nacionales desde la Constitución Nacional, que trata a las aguas de manera original y propia, el Código Civil, las Leyes Nacionales, los Decretos, las Resoluciones Ministeriales, las Constituciones Provinciales, las Leyes Provinciales, los Tratados Interprovinciales, la jurisprudencia.
El ordenamiento territorial ambiental (reglado en los artículos 9° y 10° de la Ley General del Ambiente, Ley 25.675 y art. 41 CN) no son normas programáticas, son obligaciones legales y máxime cuando se trata de actividades (inmobiliarias) que perjudican notablemente el uso de las aguas y la navegabilidad de los ríos internacionales.
Comentario aparte merece el tema de la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales. La Reforma del 94, modificó el artículo 75 inciso 22, donde se dice que “los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.” Como se detalló anteriormente.
En el derecho internacional existen dos enfoques respecto de las aguas y del ambiente, que se adoptaron a nivel nacional y que las autoridades omiten aplicar. La primer concepción, que actualmente prevalece, es la que prioriza la cuenca hídrica como una unidad. La otra es la del enfoque de ecosistema, un planteo conservacionista, que parte del Convenio de Diversidad Biológica.
La Unidad de Cuenca en la gestión: Cuenca es la región geográfica delimitada por las divisorias de aguas que discurren hacia el mar a través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único y las endorreicas, según lo define la Ley Nº 25.688 en su artículo 2.
La consideración de la cuenca como territorio base para la gestión integrada del agua ha sido enfatizada y recomendada en todas las grandes conferencias internacionales sobre los recursos hídricos.
Cabe agregar que la Unión Europea, en su Directiva Marco –Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de octubre de 2000, “Por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas”, reconoce la cuenca como uno de los elementos fundamentales de su política de aguas.
El Enfoque por Ecosistemas: El enfoque por ecosistemas, es una consecuencia del Convenio de Diversidad Biológica y fue presentado en ese marco oficialmente en el año 2000, propiciado por la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza. (UICN).
Es una estrategia para la gestión integrada de tierras, extensiones de aguas y recursos vivos por la que se promueve la conservación y utilización sostenible de modo equitativo.
Entendidos estos conceptos ambientales y referenciados al "tema decidendum", tenemos que tener en cuenta que cuando se draga un río y se extrae material, existe responsabilidad minera, porque la arena se la considera mineral, como lo denunciamos en autos contra las empresas inmobiliarias y el Puerto terminal Escobar LNG, por la existencia de un daño causado, el cual puede ser entendido como la ofensa o lesión de un derecho o un interés y de allí que todo acto ilícito pueda producirlo (art. 1068 CC).
A su vez, aunque la ilicitud no conlleve menoscabo a los bienes económicos, ni a los valores personales tutelados de quien se considere perjudicado, también media responsabilidad si se lesionan otros derechos, hoy con expresa garantía constitucional: art. 41, 43 CN, 1071 bis, 2618 CC.
Es ya clásica la definición perteneciente a CLARIÁ ALMEDO del recurso de apelación como un “medio impugnativo por el cual la parte que se considera agraviada por una resolución judicial que estima injusta o ilegal, la ataca para provocar su eliminación o un nuevo examen de la cuestión resuelta y obtener otro pronunciamiento que le sea favorable” (CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, Tº V, p. 442, Ed. Ediar).-
El presente recurso de apelación constituye un recurso ordinario cuyo objeto consiste en lograr que un tribunal superior en grado, al que dictó la resolución impugnada, tras un nuevo examen de las cuestiones de hecho y derecho, en la medida de los agravios articulados disponga la revocación o la nulidad de la misma y, según su caso, la de los actos que la precedieron.
A través del recurso de apelación cabe, por consiguiente, no sólo la reparación de cualquier error de juicio o de juzgamiento (error in iudicando), con prescindencia de que se haya producido en la aplicación de las normas jurídicas (error in iure) o en la apreciación de los hechos o valoración de la prueba colectada (error in facto), sino también la de cualquier tipo de errores in procedendo, comprendiendo en consecuencia tanto a los que afectan directamente a la resolución impugnada cuanto a aquellos que afectan a los actos anteriores al pronunciamiento de la decisión (“Proceso Penal”, Lino E. Palacio, p. 55 y sgtes.).
En prieta síntesis, nos encontramos ante un medio impugnativo ordinario, de carácter amplio, mediante el cual se abre la competencia de la alzada (Cámara Federal de Apelación) en relación a los actos llevados adelante a lo largo de la etapa de instrucción y en especial el auto de procesamiento y falta de merito impugnado.
Mencionamos en el presente escrito someramente, todos y cada uno de los agravios que nos causa la resolución apelada. Esto se hace brevemente, sin necesidad de mayores desarrollos y profundizaciones cuyo ámbito es ante la Cámara. En efecto, es en la audiencia que fija el art. 454 CPPN ante la Cámara de Apelaciones el momento procesal oportuno para ampliar acabadamente cada uno de esos agravios ya anticipados con las consabidas citas doctrinales y/o jurisprudenciales.
Impugna fundamentos vertidos por la Sra. Juez de Instrucción en: "De la responsabilidad penal".
Es arbitraria la aplicación que hace la Sra. Juez Federal en relación al principio de la jerarquía, cuando en realidad las personas y más los capitanes de buques draga de corte y succión son responsables de sus actos y tenían conocimiento del daño que estaban causando a la población civil y al ecosistema, por el dragado indiscriminado e ilegal en zonas donde no estaba autorizado por las distintas autoridades de aplicación.
De esta forma arbitraria e ilegal la Sra. Juez intenta desvincular a los responsables de los buques draga y de las máquinas retro excavadora componentes del "corpus delictis instrumentorum", afirmando que: "Es este el marco, dentro del iter criminis propio de la hipótesis delictiva en ciernes, que me obliga a restarle relevancia típica a la participación -en sentido amplio- que le cupo a quienes ejecutaron personalmente los trabajos de dragado sobre los ríos y, en definitiva, la totalidad de la conducta prevista por el tipo objetivo (art.184 inc.5° CP).
Arbitrariamente la Sra. Juez confunde partícipe necesario, con un trabajo legal propio del oficio, cuando afirma: "Quienes operaron las dragas no hicieron otra cosa que cumplir con un acto propio de su oficio, producto de una contratación previa."
Omite los arts. 45/49 del Código Penal, donde se define autoría y participación, la problemática referida a aquellos supuestos en que se verifica multiplicidad de sujetos que concurren activamente en un hecho delictivo o en el proceso de comisión del mismo. La normativa del Código, nos permite diferenciar las categorías autor, coautor y cómplices (primarios - secundarios) e instigadores, y establecer sus diversas responsabilidades. Autor (directo): Es el que ejecuta la acción descripta en el tipo penal. Al decir de Nuñez, autor es quien domina el curso causal, quien puede disponer sobre la realización o no del hecho. Coautor: Quien toma parte en la ejecución del hecho. A diferencia del partícipe, quien no toma parte en la ejecución. Autor mediato: Es aquel que ejecuta el hecho típico, utilizando para ello como instrumento a un ininmputable o inculpable (quien actúa por error o coacción). Para que exista autoría mediata es necesario que la persona que ejecuta el hecho típico obre físicamente, pero con su voluntad viciada. No quedan comprendidos dentro de los casos de autoría mediata aquellos en lo cuales media una vis absoluta -fuerza física irresistible-, por cuanto allí el que obra es el autor mismo y no la persona físicamente violentada, es este caso, para esta última se trataría de un supuesto de falta de acción.
Continua la Sra. Juez afirmando arbitrariamente que: "No tenían por qué interiorizarse en punto a si las firmas habían culminado el trámite de habilitación." Justamente por ser capitanes de buques dragas de corte y succión están obligados a conocer las leyes de navegación y seguridad en la navegación y que esta prohibido dragar los canales internacionales de la forma que lo hicieron, y en sus libros de buque tenían que ser controlados por la PNA y además no tenía autorización ni habilitación para dichas obras de dragado, por lo tanto son participes criminales de los delitos detallados por la querella.
En sentido amplio se designa así a la concurrencia de varias personas como sujetos activos (participantes) en la comisión o en el proceso de comisión de un delito. En sentido estricto este vocablo comprende solo a quienes contribuyen con su aporte a un delito ajeno (partícipes), es decir, excluye a los autores y coautores.
Son partícipes en sentido estricto los cómplices (primarios y secundarios) y los instigadores. La participación es el aporte doloso “por vía de un injusto doloso ajeno, hecho en la forma de instigación o complicidad”; la colaboración en un hecho ajeno o la motivación de éste. Negativamente, puede decirse que es condición esencial que el partícipe no realice la acción típica; se caracteriza por la ausencia de dominio final del hecho, que es propia de las formas de autoría dolosa.
La contribución no ejecutiva requerida por la complicidad -en cualquiera de sus categorías- debe ser anterior o simultánea al hecho. Reparemos sobre este aspecto que la ayuda posterior al hecho propia de la participación secundaria, debe ser en cumplimiento de una promesa previa al mismo. Distinguimos la participación en este sentido de la participación necesaria o codelincuencia, referida a aquellos casos en que el tipo penal exige la intervención de dos o más sujetos activos: vgr. duelo, asociación ilícita, etc.
La Participación: comprende a los cómplices e instigadores, como los que dragaron o con las retroexcavadoras destruyeron las viviendas de los isleños y sus plantaciones.
IV.- RESERVA DEL CASO FEDERAL.
Encontrándose afectadas las garantías del debido proceso legal y de la defensa en juicio, contra esta parte, con motivo de la sentencia impugnada de arbitraria e injusta y que está generando un objetivo perjuicio al desenvolvimiento normal del proceso, la reserva del caso federal, la circunscribimos en grado preferente para poder ejercer la defensa de los derechos involucrados art 18 CN, en el supuesto de no interpretar la jurisdicción los fundamentos del presente recurso de apelación; en consecuencia, a criterio de esta parte, incurriría V.V.E.E. en omisión constitucional lesiva, de manera que colisionaría su accionar con el art. 18, 28, 31, 33 y 41 de la Constitución Nacional y los Tratado Internacionales; entonces, resultan vulneradas también las garantías de defensa en juicio y debido proceso de los querellantes, juntamente con el deber de preservación ambiental y la salud pública.
Por aplicación del principio de eventualidad, y porque es nuestro deber agotar las posibilidades que se respeten nuestros derechos a la vida, a la salud y al ambiente sano, como así también, las garantías del debido proceso y la defensa en juicio de las victimas por delitos de acción pública, como el estrago ambiental denunciado, ante la posibilidad de un desenlace desfavorable, introduce el suscripto el caso constitucional, dejando planteada la cuestión federal a la que refieren los artículos 14 y 15 de la ley 48, con el fin de obtener la recomposición de los derechos constitucionales afectados y de las reglas procesales quebrantadas.
1.) Se conceda el recurso interpuesto presentado en legal tiempo y forma conforme notificación de fecha 15 de noviembre del corriente, conteste son el art. 449 y 450 CPPN, contra el auto de procesamiento fecha 15 de noviembre de 2012, de la Sra. Juez Dra. Sandra Arroyo Salgado.
2.) Se fije audiencia en los términos del Art. 454 del C.P.P.N. al haberse indicado, someramente los motivos, y agravios que genera el auto impugnado, donde oportunamente se ampliará acabadamente "in boche", cada uno de esos agravios ya anticipados, con las consabidas citas doctrinales y/o jurisprudenciales.
3.) Se libre OFICIO al Juzgado Civil y Comercial N° 6 San Isidro en la causa N° 54.106/09, caratulada "COLONY PARK S.A. C/DERGANZ JUAN A Y OTRO S/ REIVINDICACION" a fin remita copia certificada de lo resuelto el 7 de Noviembre de 2012, cuando decide: "Sin perjuicio de que las copias acompañadas por la parte demandada son fotocopias simples sin certificar, resérvense las mismas en Secretaria. Asimismo, atento es el estado la causa penal requerida ad effectum videndi y lo normado por el artículo 1101 del Código Civil, suspéndase la tramitación de los presentes actuados hasta tanto se encuentre terminada la misma".- JORGE LUIS ZUNINO. JUEZ.
4.) Se libre OFICIO al Juzgado Civil y Comercial N° 11 San Isidro en la causa N°68.660, caratulada "ASOCIACION CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA C/COLONY PARK S.A. S/ ORDINARIO", a fin que remita copia certificada cuando el 10 de marzo del 2011, resuelve en el punto 2: "2) Declarar la existencia de prejudicialidad en lo que se refiere a las tareas realizadas por la demandada en el predio y su entidad (arts. 1101/1103 Cód. Civ.)…".
5.) Se libre OFICIO al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de San Isidro, en la causa Nº 31054/11, en autos caratulados: “Fundación Pro Tigre y Cuenca del Plata C/Provincia de Buenos Aires y otro S/Pretensión restablecimiento y reconocimiento de derechos", a fin que remita copia certificada de lo decidido el 16 de abril del 2012 en Resolución Registrable, al firmar: "… Los informes de la Actuaria de fs. 1194 y 1191 producidos según lo ordenado a fs. 1186 y con respecto a las causas: "Ferreccio Altube, Enrique Carlos s/ Usurpación del agua c/ Parque de la isla y Colony Park" en trámite por ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro y la caratulada "Asociación Civil en Defensa de la Calidad de Vida c/ Colony Park S.A. s/ Ordinario" en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 11 del Departamento Judicial de San Isidro, dan cuenta de denuncias por usurpación y cautelares recurridas. Ambas causas tienen conexidad y se vinculan con los antecedentes ambientales que se analizan dentro del marco de esta causa y su cautelar y que le dan, asimismo, el sentido de verosimilitud en la pretensión anticipada en tanto, la justicia federal ordenó la clausura de los emprendimientos.
Y se remita copia certificada del AUDIENCIA Y ACTA del 18 de septiembre del 2012 y cualquier resolución de interés para la presente causa.
6.) Solicitamos, se amplíe la indagatoria y la plataforma fáctica conforme lo solicita y acredita la querella, no omitiendo los crímenes aberrantes como el de lesa humanidad, la usurpación de bienes inmueble del dominio público natural que se encuentran fuera del comercio, la falsedad ideológica de las escritura pública N° 300, el fraude procesal y se restituya in pristinum al ecosistema dañado, ordenando trabar embargo preventivo conforme el monto solicitado de $2.000.000.000, (dos mil millones de pesos) sobre todos los autores y partícipes necesario ya sean funcionarios públicos o privados identificados por la querella, o a identificar ordenando quitar el velo a la Sociedad Anónima Colony Park SA y Parque la Isla, a fin de identificar a todos sus integrantes responsables solidarios de los crímenes denunciados.
7.) Se ordene trabar embargo sobre los buque dragas y retroexcavadoras por ser corpus delictis instrumentorum y sus responsables del manejo, autores entre otros del crimen de lesa humanidad, contra la población isleña ancestral conforme lo acreditado a fs. 2681 la querella.
8) Se tengan presente las reservas del caso federal formulada.
JUAN ANTONIO DERGANZ, GERONIMO GADEA, JUAN DOMINGO PRESENTADO, ERNESTO JORGE CASTRO, SEBASTIAN RAMON PRESENTADO, ROBERTO GALLORO, MARIO MARTIN GADEA, MARIA ADELA PELAYO, JULIO GADEA, ORLANDO HECTOR ARROYO, OSVALDO PEDRO ANDINO, JORGE ANTONIO PORQUERES, ANGEL ESPINDOLA, JUAN CARLOS CASTRO, ALBERTO RAMON CASTRO, ANTONIO LEDESMA.
Publicado por asambleaRdPCI en 19:50 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
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