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Timestamp: 2020-01-21 15:14:43
Document Index: 127638037

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 26', 'artículo 92', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 11']

Artículo 3 Tipo de entidades colaboradoras, funciones y campos de actuación
CAPÍTULO 2. Habilitación de las entidades colaboradoras
Artículo 5 Reglas generales de habilitación
Artículo 6 Requisitos generales de habilitación
Artículo 7 Requisitos específicos de habilitación
Artículo 8 Solicitud de habilitación
Artículo 9 Procedimiento de habilitación
Artículo 10 Resolución sobre la habilitación
Artículo 11 Registro de entidades colaboradoras de medio ambiente
Artículo 12 Seguimiento de la habilitación
Artículo 13 Vigencia y renovación de la habilitación
Artículo 14 Modificación de la habilitación
CAPÍTULO 3. Supervisión y obligaciones de las entidades colaboradoras
Artículo 17 Informes, actos y certificaciones
Artículo 19 Supervisión
CAPÍTULO 4. Suspensión, pérdida y retirada de la habilitación
Artículo 20 Previsiones generales
Artículo 21 Suspensión a instancia de la entidad y pérdida de la habilitación
Artículo 22 Suspensión de oficio de la habilitación
Artículo 23 Retirada de la habilitación
Artículo 26 Criterios para la graduación de las sanciones
Primera Fichero del Registro de entidades colaboradoras de medio ambiente
ANEXO 1 . Tipo de entidad, campos de actuación, requisitos de calidad y organización y requisitos de independencia
ANEXO 2 . Requisitos adicionales de independencia e imparcialidad
1. Para las entidades tipos A
2. Para las entidades tipos C
ANEXO 3 . Cuantías del seguro o garantía financiera
También hay que mencionar que se consideró que el objetivo de protección de la salud humana y el medio ambiente no se podría alcanzar sin nuevas reducciones de las emisiones derivadas de las actividades industriales, motivo por el que la Unión Europea elaboró una nueva directiva sobre la materia, la Directiva 2010/75/UE del Parlamento y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales (DEI). Esta Directiva deroga la Directiva 2008/1/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero, relativa a la prevención y control de la contaminación, Directiva que su vez derogaba la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de noviembre, relativa a la prevención y control de la contaminación (IPPC). Las citadas directivas introducían la obligatoriedad de una autorización ambiental en la que, mediante la integración y la coordinación administrativa, se incluye el control de las emisiones al aire, los vertidos y los residuos producidos por el funcionamiento de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación.
En ejercicio de esta competencia se promulgó la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de intervención integral de la Administración ambiental, como medida de aplicación en el territorio de Cataluña de la Directiva IPPC.
Esta Ley ha sido posteriormente derogada por la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, que suponía una adaptación a la Directiva 2008/1/CE, de 15 de enero, y a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, de transposición al Estado español de la citada Directiva, actualmente modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio.
La Ley 20/2009, de 4 de diciembre, va un paso adelante en cuanto a las atribuciones que otorga a las entidades colaboradoras que realizan los controles ambientales en su marco. Así, un acta de control inicial emitida por una entidad colaboradora como favorable habilita el establecimiento para el ejercicio de la actividad sin ninguna intervención adicional de la Administración, exceptuando, actualmente, las actividades incluidas en la Directiva sobre emisiones industriales.
Adicionalmente al Decreto 170/1999, de 29 de junio, la Generalidad, en virtud de sus competencias legislativas y ejecutivas en materia de medio ambiente, ha aprobado numerosa normativa reguladora de entidades colaboradoras, tanto en el ámbito de la inspección reglamentaria de los vertidos, de la gestión de los residuos, de la prevención de la contaminación acústica y el comercio de los derechos de emisión, como en el ámbito voluntario del etiquetado ecológico de productos y servicios y sistemas de gestión ambiental, sin contar la legislación al respecto en otras materias. Estas circunstancias llevaron a la Generalidad de Cataluña a dictar un marco legal unificador de criterios en el ámbito de la habilitación de entidades colaboradoras mediante la aprobación de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña. Esta Ley insta a establecer el sistema de habilitación de las entidades mediante un desarrollo reglamentario.
Por todo ello, este Decreto regulador de las entidades colaboradoras de medio ambiente tiene como finalidad desarrollar la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, en virtud de las competencias que el Estatuto de Cataluña y la Constitución Española atribuyen a la Generalidad con el fin de dotar a la Administración ambiental de Cataluña de un sistema de habilitación de entidades colaboradoras a las que pueda atribuir o delegar funciones de inspección y control que le son propias, con la garantía de que se llevarán a cabo de acuerdo con los requisitos de capacidad técnica, independencia, imparcialidad y responsabilidad.
Esta garantía es imprescindible y de imperiosa necesidad puesto que tanto la Ley 26/2010, de 3 de agosto, como la normativa sectorial que delega las funciones, otorga valor probatorio a las actas, informes y certificaciones emitidos por estas entidades en ejercicio de sus funciones como entidad colaboradora y, por consiguiente, de estas actas se pueden derivar tanto sanciones como acciones penales por el establecimiento controlado o inspeccionado en caso de incumplimiento, como daños irreparables para el medio y las personas en caso de actuación no correcta de la entidad o su personal técnico habilitado.
La elaboración de este Decreto se ha hecho a partir de los preceptos que regula la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de servicios) y su transposición al ordenamiento jurídico del Estado español mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y también a la reciente Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. De acuerdo con estas normas, solo se pueden sujetar a autorización aquellas actividades para las que este régimen esté establecido por la normativa europea, o bien cuando concurran razones imperiosas de interés general. Concretamente, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, prevé que puede establecerse la exigencia de una autorización, de acuerdo con los principios de necesidad y de proporcionalidad, cuando se justifique en razones imperiosas de interés general, entre las cuales reconoce la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente.
El Decreto diferencia las entidades que desarrollan funciones en el marco de una normativa comunitaria que regula regímenes de acreditación o de autorización específicos, las cuales quedan excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva de servicios y de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y las entidades que desarrollan funciones en el marco de la normativa catalana, las cuales están sujetas a la Directiva y a la Ley indicadas, y les es de aplicación el régimen de habilitación previsto en el artículo 92 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto. A tal efecto, procede remarcar que el requerimiento de una habilitación previa de las entidades colaboradoras y de sus técnicos responde a la necesidad de garantizar que las funciones delegadas de la Administración, que ejercen estas entidades, se llevan a cabo con criterios de estricta competencia técnica, independencia, imparcialidad y responsabilidad como razón imperiosa de preservar el interés general que es el medio ambiente y la salud y calidad de vida de las personas.
Los requisitos de habilitación de las entidades que no se habilitan al amparo de una reglamentación europea específica, o que no disponen de una acreditación o autorización previas, se han fijado, siguiendo los criterios establecidos en el artículo 10.2 de la Directiva de servicios y en los artículos 9 y 10 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. No obstante, el Decreto prevé que las entidades han de demostrar que disponen de suficiente personal con la formación y experiencia adecuados y los medios y equipos necesarios para realizar las funciones delegadas, requisito que viene justificado por la obligación aplicable a las entidades colaboradoras de acuerdo con la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de no subcontratar actuaciones vinculadas al ejercicio de las funciones de inspección y control para las cuales se les ha otorgado la habilitación, ya que la subcontratación hace peligrar la correcta ejecución técnica, independencia e imparcialidad de las tareas delegadas por la Administración.
En el capítulo cuarto se regula la suspensión, la pérdida y la retirada de la habilitación, y en el capítulo quinto el régimen sancionador, regulación que desarrolla y complementa el capítulo II del título VII de la Ley 26/2010, de 3 de agosto.
Las entidades colaboradoras de medio ambiente se rigen por lo que establece el capítulo II del título VII de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, o norma que lo sustituya, por lo que establecen las normas sectoriales en el ámbito de medio ambiente que les sean de aplicación, y por las disposiciones que contiene este Decreto.
Téngase en cuenta la disposición final tercera que establece que: “Este Decreto entra en vigor a los seis meses desde su publicación en el DOGC, excepto para las entidades reguladas en los puntos 7, 8 y 9 del apartado 1 del artículo 3, para las cuales entrará en vigor a los doce meses desde su publicación".
22.3 En el caso de las entidades previstas en los artículos 5.2.a) y 5.3, de acuerdo con lo que establece el capítulo VI ( artículos 21, 24 y 25) de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, si el órgano competente en materia de entidades colaboradoras de medio ambiente, en sus tareas de supervisión, constata:
24.1 Las entidades colaboradoras de medio ambiente quedan sometidas al régimen sancionador previsto en la Ley 26/2010, de 3 de agosto, o norma que la sustituya, y en otras leyes sectoriales.
1. Las entidades acreditadas como entidad ambiental de control, al amparo del Decreto 170/1999, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento provisional regulador de las entidades ambientales de control; como entidad de prevención de la contaminación acústica, al amparo del Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección de la contaminación acústica, y se adaptan sus anexos; o como entidad de verificación de las condiciones para la concesión del etiquetado ecológico de productos y servicios, al amparo del Decreto 230/1993, de 13 de julio, sobre ejercicio de las funciones de inspección y control en el ámbito de la protección del medio ambiente, o como establecimiento técnico auxiliar de la Agencia Catalana del Agua reconocidos de conformidad con lo establecido en la Orden de 19 de mayo de 1995, por la que se determinan las normas, prescripciones y metodologías en relación con los establecimientos técnicos auxiliares de la Junta de Saneamiento en materia de inspección, vigilancia, control y análisis de calidad de las aguas, o como laboratorio para la determinación de las características de los residuos de conformidad con la Orden de 1 de junio de 1995, sobre acreditación de laboratorios para la determinación de las características de los residuos:
Hasta la entrada en vigor de la Orden que cree el fichero del Registro de las entidades colaboradoras de medio ambiente, los datos de carácter personal que se traten para la gestión de este Registro se incluyen en los ficheros «Expedientes de solicitud de distintivo de garantía de calidad ambiental y de la etiqueta ecológica de la Unión Europea»; «Expedientes de las entidades ambientales de control (EAC) acreditadas o en proceso de acreditación» y «Entidades en el ámbito de los residuos, reciclaje y envases», regulados en la Orden MAH/272/2006, de 18 de mayo, por la que se regulan los ficheros automatizados que contienen datos de carácter personal gestionados por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda y las entidades adscritas, y en el fichero «Inspección», regulado en la Orden MAH/334/2010, de 1 de junio, por la que se regulan los ficheros que contienen los datos de carácter personal gestionados por la Agencia Catalana del Agua.
f) Los artículos 7 y 8 y el anexo 2 del Decreto 50/2005, de 29 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 4/2004, de 1 de julio, reguladora del proceso de adecuación de las actividades existentes a la Ley 3/1998, de 27 de febrero, y de modificación del Decreto 220/2001, de gestión de las deyecciones ganaderas (DOGC núm. 4353, de 31.3.2005).
g) Los artículos 1.b), 2, excepto la letra j), 3.2, 4.2 del capítulo I, el capítulo III, excepto el artículo 11.1, y los anexos 7, 8, 9 y 10 del Decreto 397/2006, de 17 de octubre, de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y de regulación del sistema de acreditación de verificadores de informes de emisión de gases de efecto invernadero (DOGC núm. 4748, de 26.10.2006).
Tipo de entidad, campos de actuación, requisitos de calidad y organización y requisitos de independencia
Requisitos adicionales de independencia e imparcialidad
1.1 La entidad colaboradora y su personal, y la organización superior a que pertenece la entidad, si procede, no pueden estar vinculados con ninguna actividad que pueda entrar en conflicto con la independencia de juicio y la integridad respecto de las actuaciones de control y de verificación objeto de la habilitación.
a) Se consideran incompatibles con el control, la inspección y la verificación como entidad colaboradora de medio ambiente, los servicios de ingeniería, de consultoría y la implantación de sistemas de gestión ambiental en actividades susceptibles de estar controladas, inspeccionadas o verificadas.
No se consideran incompatibles las actividades de control y de verificación reguladas en este Decreto con las actividades realizadas por la entidad colaboradora como entidad de tercera parte, o la realización de actuaciones de autocontrol por una actividad, siempre y cuando no se produzca un conflicto de intereses.
b) La entidad colaboradora no puede realizar ninguna actuación en el marco de este Decreto en una actividad que tenga relaciones contractuales con una empresa que realiza actividades incompatibles según este Decreto (ingeniería, consultoría o implantación de sistemas de gestión ambiental), si esta empresa tiene titulares o personal directivo con relación de parentesco de hasta segundo grado con los titulares, socios o personal directivo de la entidad colaboradora.
c) El personal técnico habilitado que tenga una vinculación personal de parentesco de hasta segundo grado con personas que sean titulares, socios o personal directivo de empresas que realicen actividades incompatibles según este Decreto (ingeniería, consultoría, o implantación de sistemas de gestión ambiental) tiene que inhibirse de realizar cualquier actuación para estas empresas.
1.2 La entidad tiene que valorar y documentar las acciones que se han de tomar en la contratación de personal que se hubiera dedicado previamente a actividades incompatibles de acuerdo con este Decreto. En ningún caso el personal técnico puede llevar a cabo una actuación de control o de verificación en una actividad en la cual en los dos años previos participó en servicios de ingeniería o consultoría.
1.3 Si la entidad ofrece otros servicios de consultoría o asistencia técnica no incompatibles con lo que establece el punto 1, tiene que valorar previamente si la dependencia financiera o de otro tipo puede comprometer la independencia e imparcialidad de la actuación como entidad colaboradora antes de llevarla a cabo.
1.4 La entidad no puede compartir oficinas, estructura organizativa, personal, medios, equipos ni publicidad con ninguna empresa o entidad que realice actividades incompatibles de acuerdo con este Decreto.
1.5 La entidad ha de disponer de una política pública asumida por la alta dirección, así como de procedimientos, permanentemente actualizados, que garanticen el cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad regulados en este Decreto.
1.6 La entidad tiene que disponer, y mantenerla permanentemente actualizada, de una declaración del cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad regulados en este Decreto, firmada por el director o directora general (o equivalente). Esta declaración ha de incluir una descripción detallada de todas las actividades que realiza la entidad colaboradora y también la organización superior a la cual pertenece, si procede.
1.7 La entidad debe disponer de un documento permanentemente actualizado donde consten todas las empresas que se relacionan, o con vinculación personal. Este documento ha de incluir una descripción detallada de todas las actividades realizadas por estas empresas, indicando si estas actividades son incompatibles y, si procede, el sistema y procedimientos para evitar cualquier tipo de conflicto de interés.
La entidad no puede llevar a cabo ninguna actuación como entidad colaboradora en una actividad donde la entidad a la cual pertenece o una empresa relacionada haya sido involucrada en la ingeniería, consultoría o la asistencia técnica.
Cuantías del seguro o garantía financiera
El seguro o garantía financiera ha de tener la cobertura mínima siguiente:
ÁMBITO SECTORIAL CÓDIGO IDENTIFICACIÓN CAMPOS DE ACTUACIÓN CUANTÍA MÍNIMA
Prevención y control ambiental de actividades [PCAA]
IND (nivel 1) 1.200.000 €
GRE (nivel 1) 1.200.000 €
Resto de campos (indistintamente del número) 900.000 €
Prevención de la contaminación atmosférica [A] EC-A — 1.200.000 €
Para las entidades del resto de ámbitos sectoriales Indistintamente del número de campos 600.000 €