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Timestamp: 2018-11-21 17:10:18
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Matched Legal Cases: ['Artículo 137', 'artículo 143', 'Artículo 132', 'Artículo 37', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'Artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 5']

Análisis del Título Preliminar del Estatuto de Autonomía de Galicia – Marcos Díaz Janeiro
Análisis del Título Preliminar del Estatuto de Autonomía de Galicia
admin9788 1 mayo, 2009	 No comments
I.- PROCESO DE CREACIÓN DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA GALLEGO
II.- ANÁLISIS DEL TÍTULO PRELIMINAR
Como uno más de los múltiples instrumentos utilizados en el tránsito hacia la democracia en España, en octubre de 1977 se crea por la Asamblea de Parlamentarios gallegos un texto, que tras ser negociado con los representantes gubernamentales, se erigirá como una de las bases del futuro régimen preautonómico Gallego reflejado en el posterior Decreto – Ley del 26 de marzo de 1978.
Una vez constituida la Xunta de Galicia, según lo establecido en el citado Decreto, se procede a la redacción de un Estatuto de Autonomía para Galicia, presentando, el 7 de abril de 1979 un Anteproyecto de Estatuto de Autónomo en el que se unían la voluntad de consenso, junto con un intento de máximo aprovechamiento del techo competencia que permitía la Constitución de 1978. En este texto se define a Galicia como nacionalidad histórica, se crea un Poder gallego dividido en el Parlamento, la Xunta y su presidente, y el poder judicial; asimismo se procedía a la regulación de la cooficialidad de los idiomas gallego y castellano.
Con el Estatuto Gallego se intentó poner en práctica un modelo de racionalización de las Autonomías, mediante el cual se trasladaba el centro de gravedad de la construcción del Estado de las Autonomías a los órganos legislativos y ejecutivos del Poder central y se reemplazaba la negociación y técnicas cooperativas por el conflicto competencia sistemática.
El modelo autonómico definido en el Proyecto de Estatuto aprobado por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados se traducía en un Estatuto claramente mermado institucional y competencialmente, frente a los Estatutos Catalán o Vasco, lo que dará lugar a múltiples movilizaciones políticas en Galicia en rechazo al Estatuto. El 29 de septiembre de 1980, en el Pacto del Hostal, se reúnen las fuerzas políticas solicitar a la Comisión Constitucional, en un procedimiento ciertamente irregular, que reconsiderase volver al texto estatutario ya aprobado pare realizar algunas modificaciones. Inusualmente las modificaciones fueron aceptadas por la Comisión y el texto fue aprobado por segunda vez por parte de la Comisión.
Aprobado, a continuación, el Proyecto el 29 de octubre por la Asamblea de Parlamentarios, el texto final sera refrendado por el cuerpo electoral gallego el 21 de diciembre de 1980, ratificado por el Congreso de los Diputados en 17 de febrero de 1981 y publicado como Ley Orgánica 1/1981 de 6 de abril, en el BOE de 28 de abril de 1981.
En este primer artículo de nuestro Estatuto se recogen tres conceptos claves que vertebran el ordenamiento jurídico político de Galicia:
La entidad histórico-política gallega, definida como nacionalidad.
El régimen jurídico de la misma, articulado como Autonomía y
La norma institucional básica de su regulación, es decir, el Estatuto.
Debemos recordar que nacionalidad no se traduce, en nuestro ordenamiento jurídico español, como una posibilidad de más honda autonomía, así como tampoco en la posibilidad de un procedimiento más rápido y fácil de acceso a la autonomía para las comunidades así consideradas, sino que nacionalidad es simplemente un concepto político que ejerce su eficacia, a nivel de principio general de nuestra Constitución, a causa de la decisión Constituyente de crear un Estado complejo, políticamente descentralizado.
El alcance jurídico-político de constituirse la nacionalidad gallega como Comunidad Autónoma incluye diversos aspectos:
Autonomía legislativa, ratificada por la presencia de un propio poder legislativo gallego.
Autonomía política, es decir, la capacidad por parte de la Comunidad Autónoma de orientar y dirigir políticamente las propias instituciones gallegas..
Autonomía relacional, en lo relativo a las diversas relaciones entre los órganos centrales del Estado y los órganos regionales de la Comunidad.
Para comenzar el análisis de este articulo debemos referirnos en primer lugar al Artículo 137 de la Constitución, en el que se dispone que el Estado se organizara territorialmente en municipios, provincias y, una vez finalizado el proceso estatuyente, en Comunidades Autónomas. Asimismo, el artículo 143 CE establece a las provincias como base sobre la que se establecen las Comunidades Autónomas, siendo por tanto, el criterio provincial, el criterio delimitador del territorio autonómico.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el apartado primero del Articulo 2 de nuestro Estatuto determina que “el territorio de Galicia es el comprendido en las actuales provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra”.
Debemos destacar que, realmente es el territorio “comprendido” en las cuatro provincias, y no las cuatro provincias como tales; en consecuencia resulta lógico entender que solo la alteración de los “límites externos” de la Comunidad Gallega, requerirá una reforma del Estatuto; por el contrario, la alteración de los límites provinciales interiores o intracomunirarios no requerirá ninguna modificación del texto estatutario, sino que como se desprende del Articulo 141 1º de la Constitución, dicha modificación se llevaría a cabo mediante Ley Orgánica.
Sintetizando todo lo anterior podemos interpretar el primer apartado de este artículo como una determinación del territorio autonómico a partir de la suma del territorio actual de las cuatro provincias. Lo que implica que la delimitación territorial de Galicia es la contenida por los límites exteriores que las provincias tenían en el momento de aprobarse el Estatuto.
Otro problema podría consistir en las provincias marítimas, el mar territorial quedaría incluido dentro de los límites de dicha comunidad, puesto que de una interpretación literal y restrictiva del Artículo 132 2º podría considerarse como bien de dominio público estatal. Si bien este problema ya ha sido solucionado por el Tribunal Constitucional en su STC 77/1983 de 3 de julio al establecer que: “es cierto que el concepto de “dominio público” sirve para calificar una categoría de bienes, pero no para aislar una porción de territorio de su entorno y considerarlo como una zona exenta de las competencias de los diversos entes públicos que las ostenten”. Por todo esto hemos de concluir que no existe inconveniente técnico alguno para otorgar a la Comunidad autónoma las competencias sobre el mar territorial, o las riberas, pertenecientes a alguna provincia de la misma.
En cuanto a límite territorial de las competencias autonómicas, debemos referirnos al Artículo 37 de nuestro Estatuto en el que se determina taxativamente que: “Las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia se entienden referidas a su territorio”. Sin embargo el anterior precepto no significa que exista un límite de eficacia de validez a los actos emanados de la Comunidad Autónoma fuera de ella, puesto que nuestro Estatuto posee diversas disposiciones que despliegan un innegable efecto extraterritorial por sí mismas, como son las referencias al estatuto personal (Artículos 3 y 27 4º), o la regulación de la galleguidad del artículo 7[1]. Finalmente debemos decir que no existe un criterio claro y concreto sobre el alcance del efecto extra territorial de las decisiones autonómicas, y mas bien las soluciones se van encontrando caso por caso.
Respecto a los apartados segundo y tercero del artículo 2 del Estatuto gallego, se refieren ya específicamente a la organización territorial de Galicia, para la cual se deberá tener en cuenta la organización territorial del Estado, tal cual se desprende del Título VIII de la Constitución. Apartados que desde el punto de vista sistemático, nada tiene que ver con el primero.
El apartado segundo es susceptible de diversas interpretaciones, dependiendo si se interpreta solo, o en conjunto con el apartado tercero de dicho artículo:
Una primera interpretación sería la de afirmar que estamos ante una directriz o mandato dirigido por el Estatuto al Legislador para cuando este último incida sobre la ordenación del territorio mediante la expresión “tener en cuenta”. El cómo tendrá que tener él cuenta el legislador autonómico lo dispuesto en el Estatuto es algo que queda a su discreccionalidad: lo que no puede , sin embargo, es ignorar completamente el mandato contenido en el apartado segundo
Es posible también una interpretación conjunta de los apartados segundo y tercero del artículo 2, desde mi punto de vista más acertada, puesto que el ordenamiento jurídico tiene que ser considerado como un “todo” y no interpretar los preceptos de manera aislada. Esta interpretación predica que la noción de “organización territorial” ha de ser entendida en el sentido estricto de la estructura de la Comunidad Autónoma integrada por los distintos tipos de entes territoriales que la componen. Considerando los apartados anteriores como un todo, debe forzosamente concluirse en que ambos, conjuntamente, constituyen un mandato para el legislador autónomo a la hora de regular la organización territorial de Galicia. Para finalizar, debemos añadir que el apartado tercero del articulo 2 nos dice que la organización territorial de Galicia se llevara a cabo por Ley del Parlamento de acuerdo con el presente Estatuto
La redacción de este artículo nos plantea numerosas cuestiones que a continuación iremos respondiendo una por una detalladamente:
¿Quiénes son gallegos? Gallego es, o puede ser, genéricamente, el que nace en Galicia, el que nació de padres gallegos, viva o no en Galicia, y el que vive en Galicia, aunque haya nacido fuera de ella. Por decirlo de otra manera, hay dos formas de nacer, nacer a la vida y nacer a la actividad. Además de lo expuesto, en el sentido jurídico, es gallego, el ciudadano español que vive en Galicia, entendiendo por vivir, tener vecindad en ella.
¿Quiénes tienen la cualidad de gallegos? Son y tienen cualidad de gallegos los ciudadanos españoles que tengan la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Galicia, es decir, quienes estén censados en el padrón común municipal. Podría entenderse la vecindad administrativa como un término restrictivo mediante el cual se crearía la paradoja de en la que un menor, al solo poder estar domiciliado, no sería Gallego. Sin embargo debemos entender que el ser Gallego no es una carga, sino una cualidad, su interpretación debe ser aplicativa y no restrictiva, interpretación mediante la cual son gallegos los ciudadanos españoles, tanto vecinos, como domiciliados o empadronados en Galicia, y tanto los que son originariamente españoles como los extranjeros que posteriormente adquirieron la nacionalidad española y se han empadronado en Galicia.
¿Quiénes tiene la condición política de gallego? Para tener la condición política de gallego, hay que ser previamente gallego. El contenido de esta condición política se concreta en la participación activa y pasiva en la vida política: derecho de sufragio, derecho de petición, formular propuestas de iniciativa popular etc.
Para finalizar debemos decir que existe cierta extraterritorialidad en cuanto a la condición política de gallego contemplada en el párrafo segundo, debida principalmente, al movimiento migratorio de una buena parte del pueblo gallego de nacimiento, extraterritorial tanto interior (fuera de Galicia y dentro de España), como exterior (fuera de España).
La condición política de gallego se pierde cuando el gallego pierde su vecindad administrativa en Galicia, porque adquiere otra vecindad administrativa en el Municipio de otra Comunidad Autónoma. Por lo tanto podemos decir que no existe extraterritorial interior en cuando a la condición política de gallego. Sin embargo si encontramos extraterritorialidad de la condición política de gallego en el caso de quienes fueron gallegos territorialmente y que actualmente viven en el extranjero, y que pese a ello quieren seguir siendo políticamentete gallegos, ostentando y ejerciendo la condición política de gallego. Para alcanzar esta condición basta con acreditar ante el consulado de España que con anterioridad se fue gallego.
Finalmente debemos decir que por lo que se desprende del Articulo 11.3 de la Constitución, en relación con el Articulo 149.1 1º y 2º, que el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido algún vínculo especial con España. Por lo tanto, debemos decir, que en los casos en que existe este convenio, los gallegos tendrán su nacionalidad española y podrán tener la condición política de gallegos y la otra nacionalidad que corresponda.
Respecto a la fórmula establecida en el artículo 4,1, podemos decir que resulta similar a la establecida en los actuales Estatutos del País Vasco (Articulo 9.1) y Cataluña (8.1). Esta fórmula, aunque inserta en un texto legal, no expresa un verdadero precepto jurídico (en su pleno rigor), puesto que para hallar el verdadero significado del precepto tenemos que acudir a otro texto distinto del Estatuto, en este caso a diversos artículos de la Constitución.
Debemos recordar que toda norma jurídica, en el sentido propio, origina derechos y deberes. Y tenemos que tener en cuenta que pueden existir derechos y deberes no fundamentales que afecten esencialmente a los gallegos respecto del resto de ciudadanos españoles. Por ejemplo, el derecho al sufragio activo en las elecciones autonómicas, que se encuentra lógicamente subordinado a la titularidad de la condición política de gallego.
La fórmula contenida en el segundo apartado de este artículo cuarto es un plagio, casi literal, del Artículo 9.2 de la Constitución española cambiando simplemente España y españoles por Galicia y gallegos. Al igual que el precepto constitucional, este articulo lo que pretende es conseguir la igualdad real entre los gallegos.
Finalmente, en el tercer apartado del artículo cuarto, nos encontramos ante un principio rector de la política social y económica que ha de llevar a cabo el Poder Público gallego. Se pone de manifiesto la voluntad estatutaria de desarrollar, en la Comunidad Autónoma gallega, una política laboral y socioeconómica orientada al pleno empleo, para lograr evitar la histórica necesidad de los trabajadores gallegos de emigrar.
En primer lugar debemos decir que nuestra Constitución ha establecido una situación de pluralismo lingüístico, confirmada por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de junio de 1986, en la que declara que: “La Constitución de 1975 reconoce la realidad plurilingüe de la Nación española y, viendo en ella un valor cultural no sólo asumible, sino también digno de ser promovido, obtienen de dicha realidad una serie de consecuencias jurídicas en el orden a la posible atribución de carácter oficial a las diversas lenguas españolas, a la protección de todas ellas ya conformidad de derechos y deberes individuales en materia lingüística. Ya en el apartado 4º de su Preámbulo pero clama la voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”.
La reivindicación y defensa del idioma gallego ha sido una cuestión que siempre ha estado presente en el seno del autonomismo gallego, por considerarla un elemento de primer orden para lograr la toma de conciencia e identidad del pueblo gallego, que tan duramente se vio atacada durante tantos años.
Encontramos un antecedente próximo a este precepto en el artículo 4 del Estatuto gallego republicano de 1936 en el que se establecía la cooficialidad del castellano y en gallego en el marco de las previsiones del artículo 4 de la Constitución de 1931, según la cual se reconoce al castellano como idioma oficial de la República sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. De esta suerte, los estatutos de autonomía serían las leyes estatales que regularían el reconocimiento de las lenguas propias.
El artículo cinco, en primer lugar refleja la realidad sociocultural que representa la existencia de gallego como lengua propia del pueblo, en su primer apartado viene a confirmar lo que decía Emilio Celso Montero “eu falo galego porque si, porque me gusta, porque e a lingoa do meu pobo”.
Paradójicamente la normativización de la lengua gallega fue llevada a cabo posteriormente a la promulgación del Estatuto mediante el decreto 173/1982.
Por otra parte debemos decir que con el idioma gallego no ocurre lo mismo que con el castellano, para el cual, en el artículo 3.1 de la Constitución, se establece el derecho a usar el castellano y el deber de conocerlo; no ocurriendo lo mismo en el caso de las lenguas de las Comunidades Autónomas en el caso de que las tengan. Si acudimos a la Constitución nada nos dice sobre si el Estatuto puede o no imponer el deber de conocer el idioma gallego. Una primera interpretación, nos lleva a pensar que, al no estar expresamente prohibido en la Constitución la imposición de dicho deber, no existirían obstáculos para que los estatutos decidieran libremente sobre esta cuestión. La tesis contraria se basa en una interpretación literal y restrictiva de la Constitución, según la cual, el deber sólo se aplican del conocimiento del castellano, y por consiguiente, lo que no está permitido por la constitución está prohibido. Finalmente debemos decir que prevalece esta segunda tesis restrictiva. El deber de conocer y el derecho de usar el gallego en los términos que el castellano, fue rechazado por la mayoría integrada por C.D y UCD.
Finalmente el Tribunal Constitucional resuelve este conflicto en la STC 84/1986, entendiendo que: “tal deber no viene impuesto por la Constitución y no es inherente a la cooficialidad de la lengua gallega”. “El artículo 3.1 de la Constitución establece un deber general de conocimiento del castellano como lengua oficial del Estado; de ver qué resulta concordante con otras disposiciones constitucionales que reconocen la existencia de un idioma común a todos los españoles, y cuyo reconocimiento de presumirse en cualquier caso, independientemente de factores de residencia o vecindad. Ocurre, sin embargo, lo mismo con las otras lenguas españolas como oficiales en los ámbitos de las respectivas Comunidades Autónomas, pues el citado artículo restablece para ellas ese deber, sin que ello pueda considerarse discriminatorio, al no darse respeto de las lenguas cooficiales los supuestos antes señalados quedan su fundamento a la obligatoriedad del conocimiento del castellano”.
El deber de conocer el gallego simplemente podemos considerarlo como un imperativo ético que, jurídicamente no es exigible, y que se traduce en un deber social de los gallegos como colectividad dirigido más bien a los Poderes Públicos autonómicos.
El derecho al uso del gallego quedaría muy debilitado si no se toman las medidas necesarias para lograr su eficacia, en el apartado tres de este artículo se establece que los Poderes Públicos de Galicia serán quienes tengan que garantizar el uso normal y oficial tanto del castellano como del gallego, imponiendo deberes correlativos a ese derecho, deberes no individualizados pero sí estructurales o funcionales. La Comunidad Autónoma debe adaptarse a la situación del bilingüismo constitucionalmente prevista y estatutariamente establecida. De la mayor o menor diligencia de los Poderes Públicos va depender también la mayor o menor eficiencia del derecho al uso de la lengua gallega.
La cooficialidad entendida como garantía del uso de los dos idiomas tiene dos manifestaciones principales que son el bilingüismo y el derecho a uso indistinto del castellano y del gallego.
El bilingüismo se circunscribe a determinadas actividades de los poderes públicos, se admite también la posibilidad de inscripción de documentos en doble versión lingüística en los Recursos Públicos dependientes a la Administración Autonómica. Existe una excepción al bilingüismo relativa al uso exclusivo del gallego en los topónimos.
El uso indistinto de los dos idiomas se garantiza en las relaciones entre la Administración Pública gallega y los administrados en los siguientes términos:
Como norma general, los administrados tienen derecho al uso del gallego o del castellano, oralmente y por escrito, en sus relaciones con la Administración Pública en el territorio de la Comunidad Autónoma.
Las actuaciones administrativas en Galicia son válidas y eficaces jurídicamente cualquiera que sea la lengua oficial empleada.
Los documentos públicos otorgados en Galicia podrán ser redactados en gallego o castellano. De no llegarse al acuerdo entre las partes, deberán emplearse ambas lenguas.
Los asentamientos en los Registros Públicos dependientes de la Administración Autonómica, deberán hacerse en la lengua oficial en que esté redactado el documento o se haga la manifestación. Si documentos bilingüe, se debe inscribir en la lengua que indique quien la presenta en el Registro.
Las certificaciones literales deben expedirse en la lengua en la que se efectuase la extinción reproducida. Cuando no sea transcripción literal del asentamiento se debe emplear la lengua oficial interesada por el solicitante.
En el caso de documentos inscritos en doble versión lingüística se puede obtener certificaciones en cualquiera de las versiones a voluntad del solicitante.
Se ha introducido también, mediante la Ley territorial 3/1983, la facultad de los gallegos del uso indistinto de las dos lenguas en la relación es con la Administración de Justicia, Este derecho fue impugnado en su día por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional que sentenció que “las actuaciones judiciales en Galicia serán válidas y producirán sus efectos cualquiera que sea la lengua oficial empleada”, no encontrando el Alto Tribunal en estos preceptos invasión de competencias de la Comunidad en las del Estado. (STC 82/1986).
Las Corporaciones locales deberán también normativizar el uso del gallego. Además de ello, el Estatuto contempla específicamente que la lengua gallega deberá ser promovida en la vida informativa y cultural, considerando al gallego como lengua usual de los medios de comunicación social dependientes de la Comunidad.
En otro ámbito de consideraciones, debemos destacar la Ley 3/1983 mediante la cual se prevé para las comunidades gallegas asentadas en el exterior (principalmente en Latinoamérica), una serie de servicios culturales y lingüísticos en lengua gallega.
Por otro lado, se establece en los artículos 25 y 26 del Estatuto una mención al conocimiento del idioma gallego como mérito para la resolución de concursos y oposiciones a plazas vacantes en Galicia para la actividad de funciones públicas. La valoración del conocimiento de la lengua propia tiene su fundamento, como ha señalado el Tribunal Constitucional “en la necesaria garantía del derecho a usarla”, (STC 76/1983).
Para finalizar debemos decir que, el principio de igualdad garantizado en nuestro Texto Constitucional, sino que como ya sabemos, los Poderes Públicos puedan dar soluciones distintas a situaciones fácticas diferentes, puesto que lo que realmente atenta al dicho principio son las discriminaciones no justificadas.
La garantía del principio de igualdad exige potenciar y promover la utilización del gallego, sobre todo en los medios no rurales y dentro de los urbanos, más en determinadas ciudades, y hacer lo mismo con el castellano, sobre todo en ciertos núcleos rurales, para lograr frenar el déficit histórico entre gallego y castellano e intentar lograr que toda la población acceda al conocimiento de ambas lenguas.
Lo primero que tenemos que decir respecto a este artículo es que, bandera, himno y escudo, son símbolos que caracterizan la unidad política de una comunidad.
La bandera de Galicia se usar, conjuntamente con la de España, en todos los edificios públicos del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, y en los actos oficiales que en ella se celebren, respetando siempre la legislación específica y las precedencias que sean de rigor[2].
Finalmente debemos destacar que los símbolos de Galicia gozaran de la misma protección jurídica que las leyes estatales confieren a los símbolos del Estado en las mismas situaciones y casos que para ellos se observan. Esta protección se refiere al uso de la bandera de Galicia para albergar símbolos o siglas de partidos políticos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas; sin embargo, la doctrina afirma que no parece oportuno homologar para los símbolos gallegos las consecuencias penales derivadas de los atentados contra los símbolos estatales.
En este artículo nos encontramos ante un derecho de carácter socio-cultural para las colectividades gallegas asentadas en el extranjero, derecho que se encuentra condicionado mediante una reserva del Estado en cuanto a su regulación. Este artículo fue tomado como ejemplo por Estatutos de otras Comunidades Autónomas como es el caso de la de Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha, Extremadura, Islas Baleares o Castilla León.
Bajo este derecho se ampara el carácter autóctono de las colectividades gallegas asentadas fuera del territorio nacional, entendiéndose como un derecho de dichas colectividades a compartir la vida social y cultural de la Comunidad Autónoma gallega y colaborar con ella[3].
El reconocimiento de la galleguidad podemos considerarlo un derecho subjetivo, un derecho a colaborar, como ya hemos dicho, con la vida social y cultural del pueblo gallego a las Comunidades Gallegas asentadas fuera del territorio gallego, en este sentido, debemos entender a dichas comunidades como entidades asociativas sin ánimo de lucro, Válidamente constituidas y con personalidad jurídica en el territorio en que se encuentran asentadas, que tengan por objeto principal en sus estatutos el mantenimiento de lazos culturales o sociales con Galicia, sus gentes, su historia, su lengua y cultura, y a las que le fuese reconocida su galleguidad, que posteriormente al reconocimiento como tales por parte de la Xunta de Galicia, podrán inscribirse en el Registro de Comunidades Gallegas fuera de Galicia.
Bajo un contexto de colaboración general, se pide el “visto bueno” estatal, como no podía ser de otro modo, teniendo en cuenta que una comunidad autónoma no puede realizar tratados, .convenios o acuerdos con estados extranjeros, que para la elaboración de este tipo de acuerdos con Estados donde existan comunidades gallegas. Lo que se pretende es asegurar una coordinación de las actuaciones de la comunidad autónoma y el gobierno central a la hora de incorporar a las colectividades autóctonas representadas en el extranjero en el citado Registro.
Podría parecer más aconsejable que se hubiera fijado el estatuto la capitalidad de la Comunidad Autónoma, sin embargo, decidió seguir el ejemplo del Estatuto Vasco, que remitía a una Ley del Parlamento autonómico la sede de las instituciones autonómicas.
En relación a este artículo conviene recordar las tensiones que se produjeron, en los tiempos de la Segunda República, en las que, tanto la Coruña como Santiago, reclamaban la capitalidad de la Comunidad Autónoma. Estas tensiones se repitieron en el actual proceso autonómico. En la ley del Parlamento de Galicia, 1/1982 se establece que: “se designa a Santiago de Compostela como la sede del parlamento, de la Xunta, de su presidente y de las Consellerias”, Y en la misma ley se entrega como premio de consolación a Coruña al establecerse que: “el Tribunal Superior de Justicia tendrá su sede en la ciudad de La Coruña”.
Menos en el caso de los órganos Legislativos, en cuanto los órganos ejecutivos las funciones de la fijación de la sede son meramente simbólicas (entendiendo la capital como un símbolo de la unidad política) y técnicas (la centralización de los órganos de poder y de las máximas instancias administrativas). En los órganos Legislativos la determinación de la sede puede, y suele actuar como una garantía de la independencia de institución y de sus miembros, por lo que parece, en principio, excluida la posibilidad de que él Parlamento se reúna fuera de su sede, Aunque sin embargo parece posible la convocatoria de alguna sesión extraordinaria fuera de la sede del Parlamento, por ejemplo para la celebración de algún acto de especial importancia en alguna ciudad o localidad[4].
frecuente, alteraciones muy graves del orden incluso o incluso en caso de guerra.
[1] EL TC en su STC 37/1981, de 16 de noviembre, resume acertadamente las razones de la extraterritorialidad de los efectos de las decisiones autonómicas observando que: “esta limitación territorial de la eficacia de las normas y actos no puede significar en modo alguno, que les este vedado por ello a sus órganos, en uso de sus competencias propias, adoptar decisiones que puedan producir consecuencias de hecho en otros lugares del territorio nacional. La unidad política, jurídica, económica y social de España impide su división en compartimentos estancos y, en consecuencia la privación a las Comunidades Autónomas de la posibilidad de actuar cuando sus actos pudieran originar consecuencias más allá de sus límites territoriales equivaldría necesariamente a privarlas, pura y simplemente, de toda capacidad de actuación”
[2] Artículo 5 de la Ley autonómica 5/1984, asimismo, en dicha ley se establece que “la bandera de Galicia deberá llevar cargado el escudo oficial cuando ondee en los edificios públicos y en los actos oficiales de la Comunidad Autónoma” Respecto al orden de preferencias, debemos destacar la Ley 39/1981 que establece que “La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración Central, institucional, autonómica, provincial o insular”, y que “en las Comunidades Autónomas, cuyos Estatutos reconozcan una bandera propia, esta se utilizará junto con la bandera de España en todos los edificios públicos civiles del ámbito territorial de aquellas”.
[3] Modelo normativo brindado por la Ley gallega 4/1983, de 15 de junio de reconocimiento de la galleguidad.
[4] Resulta curiosa la Sentencia del Tribunal Supremo, de 29 noviembre 1983, que condenó por desorden público a diversos ciudadanos, por los incidentes ocurridos con ocasión de la presencia del rey en un acto solemne en la Casa de Juntas de Guernica. Siguiendo el argumento sustancial de la defensa que se trataba de un acto parlamentario y que, por lo tanto, las manifestaciones de los inculpados estaban protegidas por la inviolabilidad parlamentaria. Lo significativo, a efectos de análisis en este artículo, es que Tribunal Supremo, que desestimó tal argumentación, en ningún momento invocó como fundamentos de su apreciación la extraterritorialidad de la sesión respecto la sede habitual del Parlamento Vasco, que es la ciudad de Vitoria.
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