Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-554-de-agosto-27-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_00658ad1b4c0418fb4a5a5960f4af3d5&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-17 04:58:30
Document Index: 238583855

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 9', 'artículo 33', 'artículo 64', 'artículo 9', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 9', 'artículo 33', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 86', 'artículo 38', 'artículo 9', 'artículo 33', 'artículo 9', 'artículo 33', 'artículo 9', 'Artículo 86', 'artículo 42', 'artículo 33']

﻿ Sentencia T-554 de agosto 27 de 2015
SENTENCIA T-554 DE 27 DE AGOSTO DE 2015
CONTENIDO:DERECHO A LA PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ SE RECONOCE INDEPENDIENTEMENTE DEL RÉGIMEN AL QUE SE PERTENEZCAN. LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO SEGUNDO DEL PARÁGRAFO 4 DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 797 DE 2003, PARA SER BENEFICIARIO DE ESTA PRESTACIÓN SON: (I) SER MADRE O PADRE TRABAJADOR DE HIJO EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL(II) QUE LA INVALIDEZ QUE SUFRA EL HIJO ESTÉ DEBIDAMENTE CALIFICADA(III) QUE LA PERSONA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEPENDA ECONÓMICAMENTE DE LA MADRE O EL PADRE Y, (IV) QUE LA MADRE O EL PADRE HAYAN COTIZADO AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES, INDEPENDIENTEMENTE DEL RÉGIMEN, CUANTO MENOS, EL MÍNIMO DE SEMANAS EXIGIDO EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA PARA ACCEDER A LA PENSIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:MENOR DE EDAD, ACCIÓN DE TUTELA, RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL, INVALIDEZ, PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ
Sentencia T-554 de agosto 27 de 2015
Ref.: Expediente T-4.931.864
La señora Maritza Ramírez Ribero, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor de edad, interpuso acción de tutela contra el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., por la presunta “vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, y los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de mi hija”, toda vez que la entidad accionada negó la pensión especial de vejez, bajo el argumento de que este beneficio es solo aplicable a las personas que se encuentran afiliadas al régimen de prima media y no al de ahorro individual como es el caso de la accionante.
1. La señora Maritza Ramírez Ribero, sostiene en su escrito de tutela que estuvo afiliada al Instituto de Seguros Sociales desde el 1º de abril de 1983 hasta el 31 de octubre de 1998, fecha en la que se trasladó al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.
2. Indica que desde el 1º de abril de 1983 a la fecha ha venido realizando sus aportes pensionales de manera ininterrumpida, y que ha cotizado hasta el 4 de noviembre de 2014 “más de 1.644 semanas cotizadas”.
3. Manifiesta que tiene una hija de 16 años de edad, con diagnóstico de “parálisis cerebral tipo cuadriparesia espástica secundaria A trastorno del desarrollo de la cabeza cerebral con ausencia de lóbulo parietal izquierdo” y, una pérdida de capacidad del 92.8%(1).
4. Por lo anterior, la accionante solicitó al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. el día 4 de noviembre de 2014, el reconocimiento de “la pensión de vejez especial contenida en el artículo 33 y siguientes de la Ley 100 de 1993, haciendo clara referencia a lo dispuesto en la parte resolutiva de la Sentencia C-758 de 2014 (...), en la que se extendió la pensión especial de vejez tanto a padres cotizantes de prima media, como de ahorro individual”.
5. Informa la accionante, que el 10 de noviembre de 2014, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. negó su solicitud, argumentando que la pensión especial de vejez es un beneficio que solo cobija a aquellas personas que realizan sus aportes en el régimen de prima media.
Se ordene (...) a porvenir (sic) el decreto y pago de la pensión especial de vejez a la cual tengo derecho, sobre la base de liquidación del 80%, tal como lo estatuyó la Ley 100 de 1993, por cumplir todos los requisitos.
Se ordene (...) a porvenir el pago de la pensión especial de vejez retroactivamente, causada desde el 4 de noviembre de 2014, fecha de petición de pensión especial de vejez, sumadas debidamente indexadas y ajustadas a la tasa de interés máxima que estime su despacho”.
i. Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Maritza Ramírez Ribero —fl. 5—.
ii. Copia del registro civil de nacimiento de María Juliana Ramírez, en la que consta que nació el 27 de noviembre de 1998, hija de Maritza Ramírez Ribero y Luis Fernando Téllez —fl. 6—.
iii. Copia de la tarjeta de identidad de María Juliana Ramírez —fl. 7—.
iv. Copia de la historia clínica de María Juliana Ramírez —fls. 8 al 10—.
v. Copia de certificado de incapacidad permanente de María Juliana Barreto Ramírez, expedido por Famisanar EPS el 14 de noviembre de 2014, en el que consta que el grado de discapacidad es el 92.8% —fl. 13—.
vi. Copia del derecho de petición presentado por la señora Maritza Ramírez Ribero ante Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., el 4 de noviembre de 2014, en el que solicita la pensión especial de vejez —fls. 14 y 15—.
vii. Copia de la respuesta al derecho de petición, presentado el 4 de noviembre de 2014 por la señora Maritza Ramírez Ribero, en la que informan que “la figura de la pensión especial de vejez por hijo menor discapacitado solo procede en el régimen de prima media administrado por Colpensiones, motivo por el cual las administradoras de pensiones como Porvenir S.A., no reconocen este tipo de prestaciones” —fl. 16—.
viii. Copia de la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, que resolvió el recurso de apelación presentado por la señora Maritza Ramírez Ribero contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado Treinta Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que negó el amparo constitucional deprecado por la accionante —fls. 52 y 64—.
“Es necesario indicar que aunque la accionante alega tener 1.644 semanas cotizadas, ello no lo acreditó, pues no se allegó su historia laboral y el fondo de pensiones hace referencia a que la señora Ramírez Ribero no cumple con los requisitos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, por lo que no sería viable acceder a la pretensión de la accionante, ya que no se encuentra demostrado el mínimo de semanas cotizadas para acceder a la pensión especial de vejez sin importar la edad”(2).
En cuanto al segundo requisito para acceder a la pensión especial de vejez por hijo en condición especial de invalidez, relacionada con que “la discapacidad mental o física del hijo haya sido debidamente calificada”, indicó que en el presente caso se encuentra debidamente probada la situación especial de la menor, en tanto, tiene un 92.8 % de pérdida de capacidad, no pudiéndose valer por sí misma.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que: “comoquiera que dichos presupuestos son coexistentes mas no excluyentes lo que significa que deben cumplirse todos y en este caso ello no sucede, no puede accederse a la solicitud de amparo por esta vía tutelar (...)”.
Mediante apoderado, la señora Maritza Ramírez Ribero, en calidad de accionante, impugnó el fallo proferido el ad quo(sic), reiterando los hechos y fundamentos expuestos en el escrito de tutela.
“1. OFICIAR al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., para que dentro del término de dos (2) días, contados a partir de la recepción del presente auto, envíe al despacho: copia legible de la historia laboral de la señora Maritza Ramírez Ribero, en la que obre la relación de las semanas cotizadas hasta la fecha que se profiera esta providencia.
2. OFICIAR a la señora Maritza Ramírez Ribero, para que dentro del término de dos (2) días, contados a partir de la recepción del presente auto, envíe al despacho un escrito en el que exponga de manera clara y detallada: (i) si contra la decisión que negó la pensión especial de vejez interpuso los recurso de reposición o de apelación; (ii) cómo está conformado su núcleo familiar; y (iii) cuál es su situación laboral en la actualidad”.
El 4 de agosto del año en curso, la secretaría general de esta corporación informó al despacho del Magistrado sustanciador que el auto de la referencia fue comunicado mediante oficios OPTB-601 de 2015 y OPTB-602 de 2015, sin embargo, vencido el término para dar respuesta no se recibió comunicación alguna.
Así mismo, informó que su núcleo familiar está conformado por: (i) su esposo, Luis Fernando Barreto Téllez, con el que está casada desde el 15 de diciembre de 1990. Actualmente está pensionado; (ii) su hijo, Camilo Andrés Barreto Ramírez, de 23 años de edad, quien no percibe ingreso económico alguno y, (iii) su hija, María Juliana, de 16 años de edad, quien tampoco percibe ingreso alguno.
• Copia simple de certificado de la EPS Famisanar(3).
• Copia simple de desprendibles de pago, donde se evidencia el ingreso mensual de su salario(4).
• Copia simple de explicativos de descuentos de su salario(5).
• Copia simple de certificado de Axa Colpatria, Medicina Prepagada(6).
• Copia simple de comprobante de pago para pensionados del fondo de pensiones obligatorias de Porvenir a favor del señor Luis Fernando Barreto Téllez(7).
El Juzgado Catorce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá D.C. negó el amparo de los derechos fundamentales invocados, en razón a que la señora Ramírez Ribero no acreditó el número de semanas exigidas por la ley para acceder a este beneficio, esto es, 1.275 semanas. Decisión que fue impugnada y resuelta por el Juzgado Veinte Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, que resolvió confirmar la decisión del ad quo(sic).
i) Si el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad de la señora Maritza Ramírez Ribero y, correlativamente, los derechos a la salud y a la vida digna de su hija, al negarle el reconocimiento y pago de “la pensión especial de vejez” —prevista en el art. 33 de la L. 100/93(8)— bajo el argumento de que dicha prestación económica es un beneficio que solo procede en el régimen de prima media, administrado por Colpensiones.
ii) En caso de encontrar que el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. vulneró los derechos fundamentales antes referidos, procederá esta Sala a establecer si la accionante cumple con los requisitos previstos en el inciso segundo del parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003 para acceder a “la pensión especial de vejez”.
Para dar respuesta al problema jurídico planteado, esta Sala se referirá a (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones económicas; (ii) los requisitos para acceder a la pensión especial de vejez y, finalmente, (v)(sic) resolverá el caso concreto.
El artículo 86 de la Constitución Política, prevé la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario al que puede acudir toda persona en nombre propio o de otro, cuando por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de ciertos particulares se afecte el goce efectivo de los derechos fundamentales. De igual manera, lo establece el Decreto 2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”:
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela”(9).
Sobre la procedencia de la acción de tutela contra particulares, se estipuló que es viable cuando estas personas sean las encargadas “de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”(10).
‘... el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza, tiene la acción de tutela. De no ser así, se estaría haciendo simplemente una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del constituyente” (Sent. T-414/92, M.P. Ciro Angarita Barón)’”.
Sobre la procedencia de la acción de tutela cuando se está frente a un sujeto de especial protección, la Corte ha dicho que el estudio de la procedibilidad de la tutela para estos casos se hace bajo una óptica ‘si bien no menos rigurosa, si menos estricta, para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y protección que el constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad’(12), no queriendo decir que la mera apreciación de un sujeto en estado de debilidad manifiesta, contrae la acreditación de un perjuicio irremediable”(13).
Dado que la sola condición de vulnerabilidad o calidad del interesado no es suficiente para acreditar la procedencia de la acción de tutela y la ocurrencia de un perjuicio irremediable, la jurisprudencia constitucional ha fijado unas reglas que permiten determinar la procedencia de la tutela para el reconocimiento de derechos pensionales. A saber:
“a. Que la falta de pago de la prestación o su disminución, genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital.
d. Que exista “una mediana certeza sobre el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento del derecho reclamado(15)”(16).
En síntesis, la presencia de otros medios de defensa judicial, hace improcedente en principio la acción de tutela, sin embargo, la sola existencia formal de uno de estos mecanismos no implica per se que ella deba ser denegada(17), pues se debe verificar si las condiciones del peticionario hace procedente de manera idónea y eficaz los mecanismos ordinarios o si, por el contrario, se requiere la intervención del juez constitucional para evitar un perjuicio irremediable.
“La madre trabajadora cuyo hijo menor de 18 años padezca invalidez física o mental, debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al sistema general de pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del menor inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en las condiciones establecidas en este artículo”(18).
Debido a que el texto original establecía como beneficiaria de la pensión especial de vejez a “La madre trabajadora cuyo hijo menor de 18 años padezca invalidez física o mental (...)”, se demandó la constitucionalidad de la expresión menor de 18 años, bajo el argumento de que la citada disposición desamparaba al hijo que habiendo cumplido la mayoría de edad, aún dependiera de su madre como consecuencia de su situación de discapacidad física o metal, o porque, dependiendo de ella por ser estudiante se configurara la invalidez siendo mayor de edad.
1. “La discapacidad física o mental que afecta al niño debe ser de tal entidad que le impida valerse por sí mismo, es decir que no le permita subsistir dignamente en forma autónoma, dado que lo hace, como lo dice la norma, inválido”.
2. “La dependencia del niño inválido con respecto a la madre debe ser de tipo económico. Es decir, el requisito de la dependencia con respecto a la madre no se satisface con la simple necesidad afectiva o psicológica del niño de contar con la presencia, el cariño y el acompañamiento de su madre(19).
3. “El beneficio de la pensión especial de vejez no podrá ser reclamado por las madres trabajadoras, cuando sus niños afectados por una invalidez física o mental tengan bienes o rentas propios para mantenerse. En este caso, estos niños no dependerían económicamente de la madre, requisito que debe cumplirse para poder acceder a la pensión especial de vejez. Tampoco sería aplicable la norma cuando estos niños reciban un beneficio del sistema de seguridad social que los provea de los medios para subsistir”(20).
“Como se ha manifestado, la intención de la norma es facilitar que la madre trabajadora pueda dedicarse al cuidado de su hijo, cuando este dependa económicamente de ella y sufra una invalidez que no le permita valerse por sí mismo. Desde esta perspectiva es claro que la limitación que establece la expresión “menor de 18 años” no es efectivamente conducente para obtener el fin perseguido por la disposición. La situación de los hijos inválidos que se encuentran en situaciones extremas de minusvalía no cambia necesariamente por el hecho de alcanzar una edad determinada, incluso cuando se trata de aquella que, convencional y constitucionalmente, es considerada como el comienzo de la madurez. En los casos extremos mencionados, la dependencia económica de la madre y la incapacidad para valerse por sí mismo no se modifican por el simple paso de los años.
“Las razones anteriores conducen a la conclusión de que la expresión “menor de 18 años” constituye una diferenciación que no permite que la norma estudiada sea efectivamente conducente para el fin para el que fue creada, pues obliga a la interrupción de los procesos de rehabilitación y no cubre a un sector de hijos afectados por invalidez y dependientes económicamente de su madre. Por ello, y debido a los vacíos que se presentan en el sistema de seguridad social, se declarará que la expresión “menor de 18 años” vulnera el principio de igualdad y, por lo tanto, es inconstitucional”(21).
En Sentencia C-989 de 2009, esta corporación realizó un nuevo análisis del inciso segundo del parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, con ocasión a otra demanda de constitucionalidad en la que alegaban que dicha norma “vulneraba la igualdad de trato ante la ley en razón del sexo del padre de familia, en detrimento de los derechos del hijo afectado por estado de invalidez”, en tanto, la expresión “madre” excluye del beneficio de la pensión especial de vejez al padre que se encuentren en la misma situación de hecho de la madre y a los hijos discapacitados que dependan de él.
En esa providencia, la Corte recordó que si la finalidad exclusiva de la norma acusada era propender por el cumplimiento y desarrollo de los mandatos constitucionales previstos en los artículos 1º, 2º, 13, 42, 43, 44 y 47 superiores, que no era otra cosa, que garantizar los derechos de los hijos menores o personas en situación de discapacidad que dependan económicamente de sus progenitores “no existe, una razón válida que justifique la diferenciación entre los hijos discapacitados cuya atención esté sujeta a la madre cabeza de familia y aquellos que se encuentran al cuidado del padre que fácticamente se encuentra en las mismas circunstancias”(22).
En consecuencia, la Sala Plena consideró que el beneficio pensional previsto en la disposición legal acusada excluía a los hombres —padres cabeza de familia— que se hallaran en las mismas condiciones de hecho que las madres, dejando de lado el hecho de que el padre también puede hacerse cargo del hijo afectado por una invalidez, brindándole los cuidados y atención necesarios. Por ello, concluyó que:
“[E]n el caso concreto del inciso 2º del parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, la protección que allí se establece está encaminada en forma directa a beneficiar al niño o adulto discapacitado que por sus condiciones físicas o mentales no puede valerse por sí mismo, razón por la cual se torna en un sujeto de protección especialísima al cual el Estado le debe brindar todas las garantías necesarias para el goce efectivo de sus derechos, de allí la necesidad de que indistintamente de que se trate de la madre o el padre, siempre que i) como lo dispone la norma la discapacidad del menor esté debidamente calificada y que ii) se hayan cotizado al sistema general de seguridad social en pensiones el mínimo de semanas requeridas en el régimen de prima media para obtener la pensión de vejez, se deba conceder el beneficio pensional allí previsto, de forma tal que, se pueda dar efectivo cumplimiento al propósito de la disposición legal ibídem, que no es otro que otorgarle de manera anticipada recursos económicos al progenitor a cuyo cargo se encuentre el niño o el adulto incapaz, con el fin de permitirle dedicar su tiempo a la adecuada rehabilitación de este”.
De acuerdo con los demandantes, la norma acusada “al exigir estar afiliado al régimen de prima media, vulnera el derecho a la igualdad, porque quienes estén en el régimen de ahorro individual, se verían sin la protección y beneficio de la pensión especial que se reconoce en este parágrafo”.
Conforme a lo visto, son requisitos para acceder a la pensión especial de vejez prevista en el inciso segundo del parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003(23):
En el caso sub examine, la accionante alega que el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, así como los derechos a la salud y a la vida digna de su hija, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez, porque, a juicio de la entidad accionada, la prestación solicitada es un beneficio que solo aplica a las personas afiliadas al régimen de prima media y no a las afiliadas al de ahorro individual.
La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Treinta Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, el cual decidió negar el amparo invocado, bajo el argumento de que la señora Ramírez Ribero no acreditó el número de semanas exigidas por la ley para acceder a este beneficio, esto es, 1.275 semanas. Esta decisión fue impugnada y resuelta por el Juzgado Veinte Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, que resolvió confirmar la decisión del a quo.
Sobre la causal invocada por la entidad accionada, para declarar la improcedencia de la acción de tutela objeto de estudio, esto es, temeridad, recuerda esta Sala que la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que el amparo constitucional previsto en el artículo 86 de la Constitución Política(24), es improcedente cuando, previa a su interposición, se haya presentado otra bajo los mismos hechos y pretensiones, en razón a lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 que reza: “[c]uando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
En este sentido, la Sentencia T-327 de 2013 reiteró que en armonía con lo dispuesto en el citado artículo, se configura la temeridad cuando se presentan dos o más acciones de tutela con “(i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista”.
De igual modo aclaró que, si en la tutela se presenta o exponen circunstancias o hechos nuevos no referidos en la anterior, ya que surgieron con posterioridad al fallo del mismo, podrá el juez de tutela estudiar y decidir de fondo la acción, con fundamento en ello(25).
Conforme a lo dicho, verifica esta corporación que la presente acción de tutela no fue presentada con temeridad, pues el amparo constitucional, resuelto mediante sentencia del 10 de abril de 2014, por el Juzgado Treinta Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, no comparte los mismos hechos y pretensiones de la presente tutela; ya que en aquella oportunidad, la señora Maritza Ramírez Ribero pretendía el traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, con el fin, de acceder en su momento a la pensión especial de vejez(26).
Además, entre la anterior acción de tutela y la que hoy es objeto de estudio, se generó un pronunciamiento por parte de la Sala Plena de la Corte Constitucional(27), en el que establece que son beneficiarios de la pensión especial de vejez, las madres o padres con hijo en situación de discapacidad que hayan cotizado al sistema general de pensiones, independientemente del régimen al que hayan hecho sus aportes. Es decir, que el beneficio no aplica exclusivamente a los padres cotizantes al régimen de prima media, sino también al de ahorro individual.
Frente al requisito de subsidiariedad, observa la Sala que la señora Maritza Ramírez Ribero presentó la acción de tutela en nombre propio y en representación de su hija, menor de edad, quien padece de “parálisis cerebral espástica”, con una pérdida de capacidad del 92.8% según certificado expedido por Famisanar EPS(28).
Una interpretación que lleve a que la pensión especial de vejez del inciso segundo del parágrafo 4º, se aplique a unos y no a otros, resulta a todas luces contraria al principio de igualdad, a la obligación de adoptar medidas a favor de las personas en situación de discapacidad y, si el caso concreto corresponde, a los derechos prevalentes del niño contenidos en la Constitución”.
De igual manera, concluye la corporación que el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., al negar la pensión especial de vejez a favor de la accionante y de su hija, no solo vulnera los derechos fundamentales antes referidos, sino también aquellos que hacen alusión a la salud y a la vida digna de la menor, pues la finalidad de esta prestación económica es coadyuvar al desarrollo y rehabilitación del hijo en situación de discapacidad.
Sobre el tema, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-227 de 2004 advirtió que: “(...) el fin perseguido por la norma es legítimo, puesto que persigue proteger de manera especial, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, a las personas que sufren una invalidez. Además, sin duda alguna, la norma persigue un fin importante para el ordenamiento jurídico, cual es el de garantizarle a los hijos en condición de discapacidad la atención que requieren tanto para poder llevar una vida digna como para su rehabilitación. De igual manera, el medio escogido es adecuado, puesto que a través de la pensión especial de vejez las madres podrán dispensar a sus hijos afectados por una invalidez los cuidados que requieren, lo cual seguramente redundará en su bienestar y desarrollo” (subrayado y resaltado fuera de texto).
En el caso sub examine, encuentra la Sala que se cumple con el primer requisito, esto es, “ser madre o padre trabajador, de hijo en situación de discapacidad física o mental”, pues la señora Maritza Ramírez Ribero trabaja hace más de 27 años con el Banco de Bogotá,(29) es la progenitora de una adolecente de 16 años, según consta en el registro civil de nacimiento(30), quien padece de “parálisis cerebral espástica”, como se observa en la historia clínica de la menor(31).
Así mismo, encuentra satisfecho el segundo requisito, relacionado “con la debida calificación del estado de invalidez que sufra el hijo(a)”, pues según certificado de incapacidad permanente expedido por Famisanar EPS(32), la hija de la accionante tiene una pérdida del 92.8%, como consecuencia de una parálisis cerebral espástica.
Sobre el tercer requisito, que hace referencia a “que la persona en situación de discapacidad dependa económicamente de la madre o padre”, considera la Sala que fue debidamente acreditado, toda vez que con el salario que percibe la accionante, esta contribuye con los gastos para la manutención y rehabilitación que requiere la menor, pues dada su condición, requiere de un alto gasto económico, que no es posible cubrir con la pensión que percibe su padre. Así lo manifestó la peticionaria en el escrito allegado a esta corporación el día 10 de agosto de 2015.
“Por los bajos ingresos de mi esposo y los altos gastos de salud y educación que demandan mis hijos soy considerada como madre cabeza de familia, según consta en certificado emitido por la EPS Famisanar”(33).
En el caso bajo estudio, si bien no se cuenta con la historia laboral de la señora Maritza Ramírez Ribero, que acredite el número de semanas requeridas para acceder a la pensión especial de vejez, debido a que la entidad accionada pese haberle ordenado mediante auto del 27 de julio de 2015 “[c]opia legible de la historia laboral de la señora Maritza Ramírez Ribero, en la que obre la relación de las semanas cotizadas hasta la fecha que se profiera esta providencia”, no dio respuesta alguna. La accionante manifiesta contar 1.644 semanas, entre el 1º de abril de 1983 y el 1º de noviembre de 2014(34), tiempo que no fue desvirtuado por la entidad accionada en el trámite de primera y segunda instancia de la acción de tutela objeto de estudio, ni en sede de revisión ante la Corte Constitucional, por ende, se tendrán como cierto, en pro de preservar los derechos fundamentales de la peticionaria y su hija menor de edad en situación de discapacidad.
Al respecto, la Corte Constitucional ha referido que “[c]uando el juez de tutela solicita a la entidad demandada rendir informe sobre los hechos de la controversia y esta no lo hace, debe soportar la responsabilidad que eso implica. En efecto, cuando esto sucede, se tienen por ciertos los hechos de la demanda y el juez puede resolver de plano el asunto, salvo que considere necesario decretar y practicar pruebas para llegar a una convicción seria sobre los hechos presentados por el peticionario”(35).
En consecuencia, se ordenará al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez a la señora Maritza Ramírez Ribero, identificada con cédula de ciudadanía 63.292.64 de Bucaramanga, Santander, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia.
Así mismo, prevendrá al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. para que, en adelante, se abstenga de negar la pensión especial de vejez, prevista en el inciso segundo del parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, argumentado que dicha prestación económica es un beneficio para aquellas personas que se encuentran afiliadas al régimen de prima media, administrado por Colpensiones, pues “el beneficio pensional previsto en dicho artículo, debe ser garantizada tanto a los padres y las madres afiliados al régimen solidario de prima media con prestación definida, como a los padres y las madres afiliadas al régimen de ahorro individual con solidaridad”(36).
1. REVOCAR el fallo proferido el 21 de enero de 2015 por el Juzgado Veinte Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C., que a su vez, confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Catorce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social de la señora Maritza Ramírez Ribero, así como a la salud y a la vida digna de su hija, por las razones expuestas en esta providencia.
2. ORDENAR al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez a la señora Maritza Ramírez Ribero, identificada con cédula de ciudadanía 63.292.64 de Bucaramanga, Santander, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia.
3. PREVENIR al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. para que, en adelante, se abstenga de negar la pensión especial de vejez, dispuesta en el inciso segundo del parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, para quienes se encuentran afiliados al régimen de ahorro individual.
Magistrados: Alberto Rojas Ríos—Myriam Ávila Roldán (e)—María Victoria Calle Correa.
(1) Ver a folio 13, certificado de incapacidad permanente.
(2) Ver folio 118.
(3) Folio 20 del cuaderno constitucional.
(4) Folios 21y 22 del cuaderno constitucional.
(5) Folio 23 del cuaderno constitucional.
(6) Folio 24 del cuaderno constitucional.
(7) Folio 25 del cuaderno constitucional.
(8) Modificado por el artículo 9º, parágrafo 4º de la Ley 797 de 2003.
(10) Artículo 86 de la Constitución Política. En este mismo sentido, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, señala aquellos casos en los cuales procede la acción de tutela contra particulares.
(11) Ver Sentencia T-417 del 25 de mayo de 2010.
(12) “Sentencias T-789 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, reiterada en la Sentencia T-326 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil”.
(13) Sentencia T-354 de 2012.
(14) “Sentencias T-722, T-1014 y T-1069 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva”.
(15) “Sentencia T-721 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva”.
(16) Sentencia T-326 de 2013.
(17) Sentencia T-083 de 2004.
(18) Texto subrayado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-227 de 2004 y el restante texto del artículo se declaró exequible en la misma sentencia.
(19) Sobre este punto, la Sala Plena reconoció que el apoyo de la madre es fundamental para los niños afectados por una discapacidad, pero para efectos de obtener el derecho a acceder a la pensión especial de vejez esta dependencia no es suficiente. Pues, la garantía de la pensión especial de vejez que confiere la norma le permite a la madre asegurar unos ingresos económicos que le posibilitan dejar su trabajo para poder dedicarse a su hijo, con el objeto de acompañarlo en su proceso de rehabilitación o de suplir sus insuficiencias.
(22) Sentencia C-989 de 2009.
(23) Que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
(24) Desarrollo por Decreto 2591 de 1991.
(25) En Sentencia T-053 de 2012, la Corte Constitucional indicó que: “Cabe indicar, que para la configuración de la cosa juzgada se requiere: a) Que se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia; b) Que en el nuevo proceso exista identidad jurídica de partes; c) Que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones; d) Que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que originó el anterior, es decir, por los mismos hechos”.
4.2.5.1. Conjuntamente, la jurisprudencia del tribunal constitucional ha establecido varios eventos en los que queda desvirtuada la cosa juzgada entre acciones de tutela, como son: i) una nueva solicitud de amparo que se fundamenta en hechos nuevos, que no habían sido tenidos en cuenta con anterioridad por el juez; ii) alegar nuevos elementos fácticos o jurídicos que fundan la solicitud, los cuales fueron desconocidos por el actor y no tenía manera de haberlos conocido en la interposición de la primera acción de tutela”.
(26) Ver folios 91 al 104, del cuaderno 1, del expediente de tutela objeto de estudio.
(27) Sentencia C-758 de 2014.
(28) Ver folio 13 del cuaderno 1 del expediente de tutela de la referencia.
(29) A folio 18 del cuaderno constitucional, la accionante manifiesta que actualmente se encuentra laborando con el Banco de Bogotá, en el cargo de jefe de soporte de redes y equipos para Colombia. Labor que viene desempeñando desde hace más de 27 años.
(30) Ver folio 6 del cuaderno 1.
(31) Ver folios 8, 9, 10 y 13 del cuaderno 1.
(32) Ver folio 13 del cuaderno 1 del expediente de tutela de la referencia.
(33) Ver folio 18 del cuaderno constitucional.
(34) Sobre esta afirmación, encuentra esta Sala que: (i) la accionante aporta un desprendible de pago de nómina del mes de junio de 2015, donde se evidencia el pago aportes pensionales (fls. 45 y 46, cdno. constitucional); (ii) la peticionaria es empleada del Banco de Bogotá hace más de 27 años, tiempo durante el cual se infiere, que ha realizado los aportes correspondientes a pensiones; y (iii) consultada la página del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. se encuentra corroborada la afiliación de la accionante con esta entidad.
(35) Sentencia T-210 de 2011. Ver también sentencias T-580 de 2010; T-174 de 2013; T-138 de 2014 entre otras.
(36) Sentencia C-758 de 2014.