Source: http://elcorreligionario.com/2018/06/27/aborto-libre-seguro-legal/
Timestamp: 2018-10-16 16:33:51
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Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 19']

Aborto libre, seguro y ¿legal? – El Correligionario
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Aborto libre, seguro y ¿legal?
Frente a la posibilidad de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y las amenazas por parte de un grupo de juristas de impedir mediante amparos las aplicación de la misma, consideramos oportuno exponer los argumentos que respaldan ambas posturas con respecto a la constitucionalidad de la misma.
Con la media sanción del proyecto de Ley de IVE y con las especulaciones de la eventual aprobación del Senado, parecería que la ley se podría aplicar en un breve lapso. Sin embargo, además de la aprobación, para su ejecución hay otro requisito: no debe estar impedida de aplicarse judicialmente. Y teniendo en cuenta que son varios los grupos de abogados y juristas que anticiparon que presentarán el recurso de amparo contra la misma, intentaremos adelantar el posible debate jurídico.
Para comenzar, debemos aclarar que en la actualidad el aborto es un delito que se encuentra tipificado en el Código Penal y que la nueva Ley eliminaría dicha figura al mismo tiempo que crearía un nuevo derecho para los habitantes del suelo argentino.
La defensa constitucional del proyecto de ley se basó en gran parte en un fallo denominado “FAL s/medida autosatisfactiva”, en el cual la Corte analizó una de las causales de no punibilidad del delito de aborto, lo que significa que la conducta a la que se tiene la posibilidad de aplicar una pena no se le aplicaría. Este fallo les otorgó ese beneficio a las víctimas de abusos sexuales para que puedan interrumpir su embarazo, si era su intención, sin recibir una sanción legal de ningún tipo. Pero dicha sentencia no solamente fue una histórica pieza jurídica por las consecuencias inmediatas que tuvo, sino porque analizó si esta modificación a la excepción de la figura penal iba en contra del denominado bloque constitucional (Constitución Nacional, La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y un conjunto de normas superiores a las demás leyes).
Como ya hemos anticipado, la Corte Suprema de Justicia Nacional sentenció que la no penalización del aborto en esas circunstancias no era inconstitucional. Pero ¿la legalización es lo mismo que la despenalización? Aquí comienza la primera disputa en el mundo jurídico. Lo cierto es que la CSJN dijo que la Constitución y los tratados de derechos humanos no sólo no prohíben la realización de esta clase de abortos, sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación en atención a los principios de igualdad, dignidad de las personas y de legalidad. Quienes están a favor de la ley IVE, expresan que por los mismos principios y ante la falta de prohibición, el aborto puede legalizarse sin impedimentos legales. Pero quienes están en contra, cuestionan esta postura anunciando inicialmente que esta nueva legislación no es un caso que contenga elementos similares con el del fallo “FAL” como para que la Corte, sin profundo debate, pretenda imponer esta jurisprudencia. En segundo lugar, le recuerdan al órgano máximo de justicia que no están obligados a fallar según su precedente. Y, por último, cuestionan este argumento para defender la IVE diciendo que la Corte solo se pronunció sobre la despenalización y no sobre la legalización del aborto.
Otro caso fundamental para la defensa legal fue “Artavia Murillo c. Costa Rica” que, si bien versó sobre fecundación asistida, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en unos de sus postulados que el feto no posee el estatus de persona y que la protección del derecho a la vida es incremental y gradual, que se adapta a la evolución de la vida.
Además de los fallos, debemos analizar las legislaciones que podrían entrar o no, en contradicción. Primero analizaremos la Constitución pura sin ingresar en los tratados internacionales y así podremos observar que ninguna norma lo prohíbe. En 1994 se intentó consagrar que la vida comenzaba desde la concepción, pero gracias al bloque radical y en especial a Raúl Alfonsín, el peronismo vio truncada esa posibilidad y finalmente esa disposición no fue inscripta en nuestra norma suprema.
En cuanto a los tratados internacionales del art. 75 inc. 22 de nuestra C.N. (los que integran el bloque constitucional), debemos comenzar por la Convención Americana de Derechos Humanos que dispone en su artículo 4.1: “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”. Como podemos detectar fácilmente la discusión en este caso podría girar en torno al alcance de la frase “en general”. Los técnicos de pañuelos verdes explican que la frase en general anteponiéndose a “a partir del momento de la concepción” nos indica que la protección desde la concepción no es absoluta, lo que eliminaría a esta norma como una traba a la aplicación del proyecto de Ley denominado también de Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Pero quienes se encuentran en la vereda de los pañuelos celestes, argumentan que, si bien entienden que la palabra “en general” quita el carácter de absoluta a la protección, es solo de manera excepcional (como puede ser el caso de una víctima de abuso sexual a la que se le permite abortar), por lo que indican que de aplicarse la ley dejaría de ser una excepción y se transformaría en una normalidad que iría en contra de lo estipulado por este artículo.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es otra norma de carácter constitucional y el mismo, por medio de su Comité CEDAW, realizó recomendaciones generales imponiendo expresamente a los Estados la necesidad de derogar las disposiciones legales internas que penalicen el aborto. Además, argumentó que: “esa misma práctica entiende que considerar al aborto como un delito es una violación del derecho a la salud y de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer; que se trata de una forma de violencia por razón de género que, según las circunstancias, puede constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante”. El grupo de abogados “Pro Vida” enfatiza que dichas recomendaciones no tienen carácter obligatorio para el país.
En la Convención sobre los Derechos del Niño quizás se encuentre la carta más fuerte para intentar declarar inconstitucional la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya que, como dice el Dr. Manuel José García Mansilla, “el Congreso aprobó esta convención y le ordenó al Poder Ejecutivo que hiciera la siguiente declaración unilateral al momento de ratificarla en sede internacional. En relación con el artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años (artículo 2, ley 23849). A su vez, el artículo 6 de esa misma convención dispone que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. El sentido común indica que la legalización del aborto tiene aquí un obstáculo constitucional insalvable”.
Otro punto para analizar es nuestro nuevo Código Civil y Comercial que, impulsado por el kirchnerismo, se votó a libro cerrado sin la posibilidad de debate por parte del Congreso. El artículo 19 del mismo, establece que: “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”. A diferencia de la normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos no existe la palabra general con lo cual en principio se elimina la excepción. Pero, observando detalladamente nuestro derecho, detectamos que está plagado de alteraciones a este principio ya que no le dan los mismos derechos a aquellos que nacen con vida en comparación a los nacidos sin vida (derechos hereditarios distintos), no recibe la misma pena al quitar la vida de una persona por nacer que una persona ya nacida (no es igual la pena de homicidio, que de aborto). Si está en juego la vida de la madre y el “niño por nacer”, siempre tiene derecho la madre a decidir sobre cual vida continua, entre otras disposiciones. A pesar de todo lo explicado, las normas del Código Civil y Comercial nunca deben ir en contra de lo establecido por la Constitucional Nacional y los tratados internacionales porque de ser así, las primeras no se aplicarían por ser inconstitucionales. De esta manera la ley intenta ampararse en el derecho internacional de carácter supra legal para evitar este posible impedimento, pero algunos juristas señalan que la existencia del artículo 19 no debe ser interpretado como contrario a ninguna normativa superior sino como un complemento ampliando la protección de la persona por nacer.
Con respeto al momento de la vida, el Dr. Manuel José García Mansilla cuestiona: “¿el Congreso puede decidir en qué momento nos volvemos humanos?” y se responde diciendo que “¡no! Trazar una línea, que va a ser siempre arbitraria, implica negar el concepto mismo de los derechos humanos. Esos derechos no dependen de una convención, es decir, de una decisión de una mayoría circunstancial que determine si los considera o no dignos de protección. ¡Todo lo contrario! Esos derechos son un límite insalvable a cualquier decisión que la mayoría quiera tomar. Si abandonamos esta idea, los derechos humanos dejan de existir y solo nos quedan los “derechos” que la mayoría decida respetar”. Sin embargo, debemos aclarar en este punto que la aceptación de los tratados de derechos humanos fue una decisión de mayorías del Congreso y mayorías en la Convención Constituyente, así como la aprobación y sanción del Código Civil y Comercial (que determina la vida desde la concepción) al igual que el Código Penal (que determina el aborto como delito), todos ellos regulando sobre la vida y su comienzo.
Finalmente debemos aclarar que, a diferencia de la despenalización, la legalización implica la creación de un derecho además de que la conducta deje de ser delictiva. Y este punto también es de análisis jurídico aunque en el hipotético caso de que se superen los argumentos anteriores en favor a la aplicación de la ley de IVE, este punto no debería revestir mucha importancia ya que el Congreso tiene la facultad de crear estos derechos y en especial como dice el art. 75, inc. 23: “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.”.
Debemos entender que cuando la justicia analiza una ley aprobada por mayoría no está realizando un acto opuesto a la democracia, sino que es propio del sistema republicano. Pero también es cierto que, si los jueces demoran años en tomar resoluciones, se rompe el equilibrio del sistema y se convierte en un abuso de poder por parte del Poder Judicial.
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