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Timestamp: 2017-07-27 22:37:09
Document Index: 156706744

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'Artículo 3', 'artículo 65', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'artículo 39', 'Artículo 56', 'Artículo 65', 'Artículo 489', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 5', 'Artículo 4', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'Artículo 5', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'Artículo 9', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'Artículo 489']

Cpm/banya08: ( Texto completo ) del Proyecto de ley "Pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina "
( Texto completo ) del Proyecto de ley "Pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina "
La Presidenta anunció por cadena nacional el envío de un proyecto de ley para garantizar el pago a los bonistas reestructurados en 2005 y 2010. El proyecto de ley ,precisa los mecanismos para el pago soberano local de la deuda externa, la instrumentación de salvaguardas necesarias para los bonistas reestructurados, la concreción de un depósito en favor de los tenedores que aún no ingresaron a la reestructuración y la ejecución final de la norma.
Ante esto, la mayoría de( los presidenciables) ,haciendo uso de un
mínimo de lógica manifestaron después del anuncio, que esperaban tener más precisiones sobre la nueva medida, antes de emitir opinión,otras en cambio, rápidas a la hora de correr a las redes sociales ,pero lentas para recordar , (corridas, palos, gases y balas de su gobierno y su propio pasado), en tono de chiste y no tanto. decían:
"Difícil!
Que acepten el cambio de jurisdicción, o sea, que juzgue Oyarbide, pague Boudou con billetes de Vandenbroele y controle Gils Carbo
(Margot Stolbizer)
"La Presidente sigue sin reconocer las consecuencias de los errores económicos de su gestión y busca la culpa en el otro"
(Patricia multipartidaria Bullrich)
Yo humildemente, sin twitter pero con toda la memoria me digo y les digo.....
Que bueno es el orgullo de decir gracias a diario,y lo de siempre...Lo natural nos asombra…Lo lógico nos emociona, yla defensa de un todo, nos sorprende…
Porque pocas veces (en realidad 2, apenas) , tuvimos la suerte de
decir finalmente, yo lo vi y no para el recuerdo que apena o da vergüenza… Tuvimos, tenemos la justicia de tener los mandatarios que queríamos y tener además de plataforma y promesas de campaña, medidas ejecutadas y planes de acción de gobierno que pasan por presidencias que no tengo dudas "HARAN HISTORIA, POR QUEDARSE EN LA MEJOR HISTORIA" , mientras ya en campaña adelantada y carrera presidencial otros buitres que simulan ser gorriones ,siguen mirando a ver que ligan en la repartija de una torta que nunca fue para fiesta de todos, intentando sumar chances desde el
acomodo, los intereses ,la mentira, el doble discurso, la mala información y el miedo que nos quieren instalar…. No hay miedo, si hay decisión, si hay principios, si hay firmeza, si hay convencimiento, no hay miedo, que quite lugar al sueño ante esta “la mejor realidad que nos toca vivir” ….
Las gracias reiteradas no dejan de ser legítimas y nuevas ante cada medida en defensa de nuestra soberanía toda y de una patria que no merecía el destrato que le dieron hasta hace unos años y el estado de indefensión al que la llevaron, una Patria que merece este presente , como nosotros a ella ....Que hermosa y digna está Argentina !!!,presidenta salud y gracias ♥ ;) Pago soberano local de la deuda exterior .La República Argentina reafirma
su voluntad, facultad y capacidad de dar fiel cumplimiento a sus obligaciones
con el 100% de los acreedores.
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el
objeto de someter a su consideración un proyecto de Ley para declarar de
interés público la
Reestructuración de la Deuda 2005-2010 y el pago soberano local, que
comprenda al cien por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos de la República Argentina,
en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables.
En ejercicio de su poder como Estado Soberano, la República Argentina
reafirma la voluntad, facultad y capacidad de pago, y el compromiso de honrar
La sanción de la norma legal que se propone por la presente
resulta necesaria, ya que la República Argentina ha visto bloqueado el
procedimiento para el cobro de los Tenedores de Títulos de la Deuda Pública
Reestructurada en los años 2005 y 2010, por las ilegítimas e ilegales medidas
adoptadas por la justicia de los Estados Unidos de América en la causa NML
Capital Ltd. et al v. Republic of Argentina (las órdenes pari passu),[1] en trámite por ante el Juzgado de Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York,
Estados Unidos de América; sin precedentes en ningún lugar del mundo.
A través de esta iniciativa se propicia la implementación de
distintos instrumentos legales que permitan el cobro de los servicios
correspondientes al cien por ciento de los Títulos emitidos en el marco de la Reestructuración
de Deuda Soberana 2005-2010, y de los que en el futuro se emitan en reemplazo
de aquellos que aún no ingresaron a dicha Reestructuración.
Como es de conocimiento del Honorable Congreso de la Nación, la Suprema Corte de los
Estados Unidos de América, con fecha 16 de junio de 2014,[2] rechazó el writ of certiorari presentado por la República Argentina
y, de este modo, dejó firme las órdenes dictadas en la citada causa judicial,
que obstruyen ilegal e ilegítimamente el cobro de los fondos pagados por la República Argentina
el pasado 26 de junio de 2014, con el objeto de la cancelación de los servicios
de la deuda reestructurada en el marco de los Decretos Nros. 1.735 de fecha 9
de diciembre de 2004 y 563 de fecha 26 de abril de 2010.
En lo esencial, las órdenes pari passu dictadas por el
Juez Griesa en el marco de la causa NML Capital Ltd. et al v. Republic of
Argentina pretenden ilegítimamente forzar a la República Argentina
a otorgar -paradójicamente- un trato desigual entre sus acreedores,
condenándola a pagar a los fondos buitre que son parte en dicho litigio, el
100% de capital más los intereses devengados cada vez que Argentina pague el
importe total adeudado (sólo intereses) a los Bonistas que adhirieron a sus
Canjes en los años 2005 y 2010.
Las medidas adoptadas por la Justicia de los Estados
Unidos de América en el caso citado han sido dictadas en manifiesto exceso de
jurisdicción y competencia pretenden forzar a la República Argentina
a violar sus políticas soberanas de reestructuración de deuda pública aprobadas
por ese Honorable Congreso de la
Nación que forman parte del Orden Público de la Nación Argentina,
reconocido por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Claren Corporation c/ E.N
arts. 517/518 CPCC exequátur s/varios”, fallo del 6 de marzo de 2014.[3]
La irrazonabilidad de las órdenes pari passu dictadas
por el Juez Griesa es tal, que las medidas imponen forzadamente a la República Argentina
incumplir con sus obligaciones y, en consecuencia, violar su legislación de
Orden Público y los contratos suscriptos con los acreedores titulares del 92,4%
de su deuda soberana, que oportunamente quedó en situación de diferimiento.
Cabe recordar que el Congreso Nacional, mediante la Ley N° 25.561 (B.O.
7/01/2002), declaró la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria. En forma inmediata a dicha ley,
mediante la Ley Nº
25.565 (B.O. 21/03/2002), el Congreso Nacional dispuso en forma expresa el
diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública a efectos de
atender las funciones básicas del Estado Nacional (v. Art. 6).
Esta cesación del pago de la deuda pública externa sobre fines
de 2001 tuvo profundas y dolorosas consecuencias para la República Argentina.
Durante la crisis, el empleo industrial había caído 28% respecto a los niveles
alcanzados diez años antes, reducción que fue del 17% para la construcción. A
mayo del 2002 sólo el 40,1% de los ocupados eran asalariados registrados, esto
es, que contaban con cobertura de la seguridad social o cierto grado de
El diferimiento de pago de la deuda pública externa aparece
así, no como un hecho aislado, particular, sino en el marco de las decisiones
tomadas por el Estado Nacional en el ejercicio pleno de sus atribuciones
soberanas y constitucionales para hacer frente a una crisis estructural que
puso en jaque a su propia institucionalidad.
En este sentido, cabe tener presente que el artículo 75 de la Constitución Nacional
establece en los incisos 7 y 8 que corresponde al Congreso: “Arreglar el pago
de la deuda interior y exterior de la
Nación”, como así también “Fijar anualmente, conforme a las
pautas establecidas en el tercer párrafo del inc. 2 de este artículo, el
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración
nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones
públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión”.
En uso de dichas facultades, y siempre en el marco de la
situación de emergencia, se sancionó la Ley N° 25.827 de Presupuesto para el Ejercicio 2004, a través de la cual
se ordenó “…el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública
del gobierno nacional, contraída originalmente con anterioridad al 31 de
diciembre de 2001, o en virtud de normas dictadas antes de esa fecha, hasta que
el Poder Ejecutivo Nacional declare la finalización del proceso de
reestructuración de la misma” (v. Art. 59).
En dicho contexto, y luego de un extenso y trabajoso proceso
de diálogo y negociación con sus acreedores, la República Argentina
abrió el “Canje 2005”.
Así, a través del Decreto N° 1.735/04, se dispuso la reestructuración de la
deuda del Estado Nacional mediante una operación de canje nacional e
internacional, que tuvo una adhesión superior al 76%.
Posteriormente, la
Ley N° 26.017 dispuso que el Poder Ejecutivo Nacional no
podría, respecto de los bonos a que se refiere esa norma, reabrir el proceso de
canje establecido en el Decreto N° 1.735/04 mencionado, como así también le prohibió
al Estado Nacional efectuar cualquier tipo de transacción judicial,
extrajudicial o privada respecto de dichos bonos (v. Arts. 2° y 3°).
La Ley N° 26.547 suspendió la vigencia de los artículos 2°, 3° y 4° de la
citada Ley N° 26.017 hasta el 31 de diciembre de 2010 o hasta tanto el Poder
Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, declarase terminado el proceso de reestructuración de los títulos
públicos alcanzados por la referida norma, lo que ocurriese primero. Y, además,
autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a realizar todos
aquellos actos necesarios para la conclusión del proceso de reestructuración de
los títulos públicos (v. Art. 2), disponiendo en el Artículo 3° que los
términos y condiciones financieros que se ofrecieran no podrían ser iguales ni
mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda
dispuesta por el Decreto N° 1.735/04. Asimismo, estableció que los tenedores de
títulos públicos elegibles para el canje interesados en participar de la
operación de reestructuración, debían renunciar a todos los derechos y reclamos
que les pudiesen corresponder en virtud de dichos títulos. Y le prohibió al
Poder Ejecutivo Nacional la posibilidad de ofrecer a los tenedores de deuda
pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales
o de cualquier otro tipo, un trato más favorable que a aquellos que no lo
hubieran hecho.
En uso de dicha autorización, el Poder Ejecutivo Nacional
abrió el “Canje 2010”,
mediante el dictado del Decreto N° 563/10, que dispuso la reestructuración de
la deuda del Estado Nacional instrumentada en los títulos públicos que fueran
elegibles para el canje dispuesto en el Decreto N° 1.735/04, el cual permitió
que la adhesión al proceso de reestructuración de la deuda argentina llegara a
un 92,4%.
Posteriormente, en el marco del mencionado proceso de
reestructuración de deuda soberana, en el año 2013 se sancionó la Ley N° 26.886, por la cual
se autorizó al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, a realizar todos aquellos actos necesarios para la
conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos que hubieran
sido elegibles para el canje dispuesto en el Decreto N° 1.735/04 y sus normas
complementarias que no hubiesen sido presentados al mismo ni al canje dispuesto
por el Decreto N° 563/10, en los términos del artículo 65 de la Ley N° 24.156 de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional y sus modificatorias, con el fin de adecuar los servicios de dicha
deuda a las posibilidades de pago del Estado Nacional en el mediano y largo
plazo (v. Art. 1°).
Asimismo, a través de su Artículo 2° se limitaron las
facultades otorgadas al Poder Ejecutivo Nacional, al establecer que los
términos y condiciones financieros que se ofrecieran no podrían ser mejores que
los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta por el
Decreto N° 563/10, y se mantuvieron las condiciones y limitaciones previstas en
el Artículo 5° de la Ley N°
26.547. Finalmente, a través del Artículo 7º, fue suspendida la vigencia de los
artículos 2°, 3° y 4° de la Ley
N° 26.017 hasta tanto el Congreso de la Nación declare terminado el
proceso de reestructuración de los Títulos Públicos alcanzados por la referida
Cabe tener presente que, a través de la Ley N° 26.895 de Presupuesto
General para el Ejercicio 2014, se mantuvo el diferimiento de los pagos de los
servicios de la deuda pública del gobierno nacional dispuesto en el artículo 39
26.784, hasta la finalización del proceso de reestructuración de la totalidad
de la deuda pública contraída originalmente con anterioridad al 31 de diciembre
de 2001, o en virtud de normas dictadas antes de esa fecha. También se autorizó
al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, a proseguir con la normalización de los servicios de la deuda pública
referida en el Artículo 56 de dicha ley, en los términos del Artículo 65 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156,
y sus modificaciones, y con los límites impuestos por la Ley N° 26.017, quedando
facultado el PODER EJECUTIVO NACIONAL para realizar todos aquellos actos necesarios
para la conclusión del citado proceso, a fin de adecuar tales servicios a las
posibilidades de pago del ESTADO NACIONAL en el mediano y largo plazo (v. Arts.
56 y 57).
Es oportuno recordar también, que el 7 de noviembre de 2003
NML Capital Ltd. y otros demandaron a la República Argentina
del Distrito Sur de Nueva York por la falta de pago de ciertos Bonos Externos
Globales de su tenencia -emitidos según el Fiscal Agency Agreement (FAA) con
fecha 19 de octubre de 1994-.
Los demandantes son “fondos buitre” con sede en guaridas
fiscales (Islas Caimán, Delaware, entre otras) que compraron bonos argentinos –
luego del default y aún con posterioridad a los canjes de 2005 y 2010-, a
centavos de dólar, y a los únicos fines de litigar judicialmente para lograr el
cobro del 100% de la deuda y obtener así ganancias usurarias. Estas entidades y
sus aliados, se dedican a la especulación financiera, y su modelo de negocios
consiste en comprar a precio vil la deuda de países en crisis, para luego obtener
ganancias exorbitantes a costa de los esfuerzos del resto de los acreedores y
de la población de estos países. NML no invirtió nunca en la República Argentina.
Los fondos buitre no hacen inversiones genuinas, son especuladores
internacionales que se dedican a explotar las fallas del sistema financiero
global y -literalmente- apuestan a obtener ganancias descomunales, a costa del
bienestar de millones de personas.
El 12 de diciembre de 2003, en razón de haber tomado
conocimiento que NML y otros demandantes intentarían alegar en el futuro que
los pagos que pudiera realizar la República Argentina
respecto de una eventual reestructuración de deuda, o a instituciones
financieras internacionales, resultarían violatorios de la cláusula pari
passu contenida en los títulos de su tenencia,[4] Argentina presentó una moción ante el juez Griesa
solicitándole que declare que esos pagos no violarían dicha cláusula.[5]
En una audiencia oral mantenida el 15 de enero de 2004 con el
Juez Griesa y varias partes demandantes en casos relacionados, los
República Argentina le plantearon a dicho magistrado qué
sucedería si no se trataba en ese momento la cuestión de la cláusula pari
passu, anticipando esta jugada de NML desde el inicio. Así, la República Argentina
solicitó que se dejara sentado que la cláusula pari passu (i) no
requiere pago a prorrata, (ii) no establece la prohibición de pagar a un
acreedor y (iii) no ordena el cese de pagos por no pagar a uno o más
acreedores. NML argumentó que la cláusula sí exige el pago a prorrata, pero
instó al juez a que no decidiera en razón de que la cuestión no se encontraba
“madura”. El Juez Griesa rechazó la moción basado en un tecnicismo, alegando
que no había “caso o controversia” por tratar, y por lo tanto no resultaba
relevante para ese momento ni para el futuro. De ese modo, se negó a brindarle
seguridad jurídica a la
República Argentina en forma previa a encarar el mayor
proceso de reestructuración de deuda soberana de su historia. Lo que es aún más
grave, es que el propio Juez Griesa remarcó en una de las audiencias que le
parecía “una interpretación muy extraña de la cláusula pari passu”
aquella que la
República Argentina advirtió que NML podría abusivamente
invocar en el futuro. Sin embargo, la opinión del Juez Griesa no fue
posteriormente la misma, sino contraria, y las consecuencias de su decisión
están hoy a la vista.[6]
En el año 2004, luego de haber obtenido una sentencia a su
favor de la Corte
de Apelaciones del Segundo Circuito contra Perú,[7] y tras una fuerte campaña de lobby,[8] los fondos buitre lograron que el Poder Legislativo del Estado
de Nueva York modificara el Artículo 489 de la Ley del Poder Judicial de Nueva York (“NY Code –
Section 489: Purchase of claims by corporations or collection agencies”,
también conocida como “Champerty Defense”), basado en una regla del tradicional
sistema del Common Law, por la cual se prohibía la compra de deuda con
el objeto de llevar a cabo una acción legal para lograr su cobro, lo cual tenía
por fin evitar abusos del proceso legal.[9] Esto obstaculizaba directamente el negocio de los fondos
buitre, en tanto la compra de deuda impaga a precio vil es su principal modo de
subsistencia. La modificación de dicho artículo limitó la defensa “Champerty”
únicamente a aquellas compras de deuda inferiores a los quinientos mil dólares
estadounidenses (U$S 500.000), asegurando de esta manera un “puerto seguro”
para las compras de importantes cantidades de deuda (conforme el mensaje de
elevación del proyecto de Ley: Memorandum in Support, New York State Assembly,
Bill Number: A7244C), en indiscutible beneficio de esos fondos.
Luego de allanado el camino con la limitación de la defensa
“Champerty”, NML extendió las fronteras de su agresiva estrategia de
especulación y extorsión, y comenzó a solicitar embargos contra bienes del
Estado Argentino alrededor de todo el mundo; posteriormente, estos pedidos se
extendieron a todo tipo de bienes sin importar sus características
(diplomáticos, militares, culturales, científicos, etc.), abarcando, incluso
organismos autárquicos y empresas con mayoría accionaria estatal, entre otros.
Sin embargo, en el ámbito del Derecho Internacional, los
Estados poseen igualdad jurídica soberana, por lo cual, entre otras cosas, sus
bienes no pueden ser sometidos a medidas ejecutorias, a menos que se presenten
ciertas excepciones. Esta norma consuetudinaria del derecho internacional fue
receptada por diversos Estados en sus ordenamientos jurídicos internos, entre
ellos Estados Unidos de América, que adoptó en el año 1976 la Foreign Sovereign
Immunities Act (“FSIA”). Así, en los Estados Unidos de América, las medidas de
ejecución de bienes contra Estados extranjeros deben cumplir los estándares de la FSIA, la que otorga a esos
sujetos inmunidad de ejecución en su propiedad y activos, con limitadas
República Argentina confió, al momento
de emitir los bonos regidos por legislación y jurisdicción de los Estados
Unidos de América, en la total y correcta aplicación de la FSIA, la que brinda ciertas
inmunidades en materia de ejecución. Si la ejecución de determinados bienes de
Argentina no ha sido posible para los demandantes, es simplemente por el
derecho que le asiste a la
República a ampararse en esas inmunidades, como lo haría
cualquier Estado soberano, en especial, cuando es amenazado con pretensiones
ilegítimas, exorbitantes y desproporcionadas.
Como ya se ha dicho, estas ilegales e ilegítimas medidas de
ejecución avaladas por el sistema judicial de los Estados Unidos, en violación
a sus propias normas (FSIA) y al principio de inmunidad soberana de la República Argentina,
no fueron sino una estrategia de NML a los fines de presionar a la República Argentina
para que se someta al pago del cien por ciento de lo exigido -que no sólo es
mucho más que lo aceptado por el 92,4% de los restantes acreedores, sino que es
un reclamo que pretende un margen de ganancia superior al 1600%-, en forma
Los demandantes tenían pleno conocimiento de las disposiciones
de la FSIA por
lo cual, al adquirir bonos de deuda soberana caídos en default, habían aceptado
los riesgos o dificultades que implicaría el cobro de esa deuda.
No obstante, en octubre de 2010 NML aplicó finalmente su
estrategia definitiva, y solicitó permiso para modificar su demanda contra la República Argentina,
alegando que el país había estado en continua violación de la cláusula pari
passu desde la realización del Canje en el año 2005 en tanto, conforme la
interpretación que hace el fondo buitre de esa cláusula, esta implicaba que si
algún acreedor del Estado no recibía el pago correspondiente, dicho Estado
tenía prohibido efectuar pago alguno de su deuda, pues todos debían recibir un
“trato igualitario”.
Asimismo, solicitó el dictado de una orden (“injunction”) que
proveyera los pagos a prorrata a los acreedores (“ratable payments”) lo que se
traducía en impedir el pago a los bonistas que entraron en los Canjes de 2005 y
menos que, en simultáneo o por anticipado, se pagara a NML y los demás
co-demandantes, el total de sus tenencias no reestructuradas.
El 7 de diciembre de 2011, el Juez Griesa resolvió que tanto
el dictado de las Leyes Nros. 26.017 y 26.547, como los pagos periódicos de los
servicios de los bonos emitidos para los Canjes implicaron la disminución del
rango de los bonos de NML, violando así la cláusula pari passu.[10]
El 23 de febrero de 2012 el Juez Griesa emitió una orden
requiriéndole a la Argentina
que pague a los demandantes en su totalidad cuando se pague a los tenedores de
bonos emitidos para los canjes.[11] En marzo de ese año, la Argentina apeló estas decisiones ante la Corte de Apelaciones del
Segundo Circuito, suspendiéndose los efectos de la sentencia del Juez Griesa
durante el trámite de la apelación. Mientras tanto, el Juez le ordenó también a
que no modificara el procedimiento por medio del cual se realizan los pagos de
los títulos, de manera tal que no se logre evadir una eventual sentencia
(medida “anti evasión” del 5 de marzo de 2012).
El 26 de octubre de 2012, la Corte de Apelaciones emitió su decisión: (a) por
un lado, confirmó la sentencia del Juez Griesa sobre la existencia de una
violación de la cláusula pari passu, y (b) por el otro, reenvió la causa
al Juez Griesa para que aclarase la fórmula de pago a prorrata y cómo afectaría
a terceros (incluidos los bancos intermediarios).[12]
El 21 de noviembre de 2012 el Juez Griesa aclaró la fórmula de
pago a prorrata, estableciendo que corresponde el pago del 100% debido a los
demandantes junto con el pago de los servicios a los tenedores de la deuda
reestructurada. Además, detalló la lista de terceras partes involucradas
(participantes en el procedimiento de pago) y levantó el “stay” (suspensión)
del 23 de febrero -que fue luego restaurado por la Corte de Apelaciones a
pedido de Argentina el 28 de noviembre-.[13] La
República Argentina alegó que no constituye de ninguna manera
un “trato igualitario” garantizar judicialmente que los fondos buitre
recibirían el pago completo -y todo junto- de la deuda reclamada, mientras una
inmensa mayoría de los bonistas aceptaron voluntariamente quitas y condiciones
financieras sustentables para la
República al adherir a los Canjes 2005 y 2010.
Sin dudas, estas decisiones del Poder Judicial de los Estados
Unidos de América protegen la especulación y la usura, y ponen en riesgo
cualquier intento posible de los Estados de encarar procesos de
reestructuración de deuda voluntaria. A los fines de justificar su trato
desigual -aunque con la excusa, paradójicamente, de aplicar una cláusula de
trato igualitario- el Juez Griesa determinó que al aceptar las ofertas de canje
los bonistas reestructurados apostaron por la certeza, evitando el riesgo de
litigar sus derechos en virtud de los bonos del Fiscal Agency Agreement (FAA).
Pero que ellos sabían muy bien que otros propietarios de bonos del FAA
intentarían obtener el pago íntegro de los montos adeudados en virtud de dichos
bonos por medio de la persistencia en el litigio. Remarcó que por mucho años
los demandantes han intentado infructuosamente ejecutar sus sentencias contra la Argentina (debido a la
inmunidad soberana de la que goza) pero que, ahora las decisiones de la Corte de Distrito y la Corte de Apelaciones sobre
la base de la cláusula pari passu, permiten proporcionar a los
demandantes la plena recuperación de los importes adeudados en virtud de los
bonos del FAA.
El Juez Griesa desconoció el derecho de los Estados Soberanos
a la inmunidad de ejecución, y manifestó explícitamente su satisfacción por
haber encontrado -a propuesta de los litigantes- una forma de evadir la propia
FSIA. Según el Juez, “no es una injusticia tener fallos que, por fin, implican
que Argentina deberá pagar las deudas que debe. Después de diez años de litigio
esto es un resultado justo”. De hecho, en las propias Audiencias de este litigio,
el Juez reconoció expresamente que sus sentencias fueron un medio para soslayar
la inmunidad soberana del Estado argentino, y “compelerlo” a cumplir las
sentencias en su contra.
El 28 de diciembre de 2012, la Argentina apeló la
decisión del 21 de noviembre,[14] la que fue confirmada el 23 de agosto de 2013 por la Corte de Apelaciones del
Segundo Circuito.[15] Así, el 18 de febrero de 2014, Argentina le solicitó a la Corte Suprema de los
Estados Unidos de América que tomara el caso (presentando un “writ of
certiorari”) alegando, según lo había hecho desde su primera presentación
en la causa,[16] entre otras cuestiones, la violación de la inmunidad de
ejecución de la que goza el Estado Argentino en virtud de la FSIA y que esta decisión
tendría, en su caso, graves consecuencias sistémicas no sólo para la República Argentina
sino para el futuro de todas las reestructuraciones de deuda soberana, tal como
lo han reconocido el propio gobierno de los Estados Unidos de América, Brasil,
México, Francia, el Fondo Monetario Internacional, la UNCTAD y otras numerosas
organizaciones internacionales.[17] Sin embargo, esa solicitud fue denegada el 16 de junio de
2014, quedando firmes las órdenes del Juez Griesa.
La orden judicial del 21 de noviembre de 2012 recaída en la
causa NML Capital Ltd., et al, v. Republic of Argentina dictada por el
Juez Griesa, confirmada por el Segundo Circuito el 23 de agosto de 2013, y que
quedó firme el 16 de junio pasado con el rechazo del writ of certiorari
por parte de la Suprema
Corte de los Estados Unidos de América, le ordena a la República Argentina
a. Cada vez que la República pague cualquier monto debido bajo los
términos de los bonos u otras obligaciones emitidas en las Ofertas de Canje de la República de 2005 o 2010,
o cualquier canje o sustitución de las Ofertas de Canje que puedan ocurrir en
el futuro (colectivamente, los “Bonos del Canje”), la República deberá
simultáneamente -o con antelación- realizar un “Pago a Prorrata” a NML.
b. Tal “Pago a Prorrata” deberá ser de un monto igual al
“Porcentaje de Pago” (según se define más abajo), multiplicado por el monto
total debido en la actualidad a NML en relación con los bonos de los que tratan
estos casos, incluidos los intereses previos al juicio.
c. Tal “Porcentaje de Pago” deberá ser la fracción que
resulta de la división del monto total realmente pagado o que la República tiene la
intención de pagar bajo los términos de los Bonos del Canje por el monto total
debido entonces en virtud de los Bonos del Canje.
d. Se le prohíbe a la República incumplir con el Párrafo 1 (c) del FAA,
incluyendo la realización de cualquier pago en virtud de los términos de los
Bonos del Canje sin cumplir con su obligación bajo el Párrafo 1 (c) del FAA de
realizar simultáneamente -o con antelación- un Pago a Prorrata a NML.
e. Dentro de los tres (3) días siguientes a la emisión de
dicha orden, la República
deberá proporcionar copias de la orden a todos los participantes en el proceso
de pago de los Bonos del Canje (“Participantes”). Dichos Participantes quedarán
obligados por los términos de la orden según lo dispuesto por la Regla 65(d)(2) y prohibidos
de ayudar e incitar cualquier violación a la orden, incluyendo cualquier otro
República de sus obligaciones bajo el Párrafo 1 (c) del FAA,
como ser cualquier esfuerzo para realizar pagos bajo los términos de los Bonos
del Canje sin también realizar simultáneamente -o con antelación- un Pago a
Prorrata a NML.
f. El término “Participantes” se refiere a las personas y
entidades que actúen en concierto o participación activa con la República, para ayudar a
en el cumplimiento de sus obligaciones de pago en virtud de los Bonos de Canje,
incluyendo: (1) los fideicomisarios y/o registradores bajo los Bonos de Canje (incluido,
pero no limitado a, The Bank of New York Mellon, anteriormente conocido como
The Bank of New York); (2) los propietarios registrados de los Bonos de Canje y
candidatos de los depositarios de los Bonos de Canje (incluidos, pero no
limitado a, Cede & Co. y The Bank of New York Depositary (Nominees)
Limited) y cualquier institución que actúe como candidato; (3) las entidades de
compensación y sistemas, depositarios, operadores de sistemas de compensación y
agentes de liquidación para los Bonos de Canje (incluidos, pero no limitados a,
el Depository Trust Company, ClearstreamBanking S.A., Euroclear Bank S.A./N.V.
y el EuroclearSystem); (4) agentes fiduciarios de pago y agentes de
transferencia de los Bonos de Canje (incluidos, pero no limitado a, The Bank of
New York (Luxembourg) S.A. y The Bank of New York Mellon (incluido, pero no
limitado a, The Bank of New York Mellon (London)); (5) abogados y otros agentes
contratados por cualquiera de los anteriores o por la República en relación
con sus obligaciones en virtud de los Bonos de Canje.
g. Nada en la orden se interpretará como extendiéndose a la
conducta o acciones de un tercero que actúa únicamente en su rol de “banco
intermediario”, en virtud del Artículo 4A del UCC y N.Y.C.L.S. U.C.C. §
4-A-104, implementando una transferencia de fondos en relación con los Bonos de
h. Cualquier tercero que haya recibido la debida
notificación de la Orden,
de conformidad con la Regla
65(d)(2), y que requiera una aclaración respecto de sus deberes bajo la Orden, si los hubiera, podrá
presentar una solicitud ante la
Corte, notificando a la República y a NML. i. Simultáneamente o con antelación a la realización de un
pago de los Bonos del Canje, la
República certificará a la Corte, y dará aviso de esta certificación a sus
Participantes y a los abogados de NML, que la República ha cumplido
con sus obligaciones en virtud de la
Orden de realizar un Pago a Prorrata a NML.
Como podrá apreciar Vuestra Honorabilidad, en lo que respecta
al ámbito de la
República Argentina, estas medidas judiciales extranjeras no
sólo reconocen el pago de la deuda pública no reestructurada en sus condiciones
originales, prescindiendo del plexo normativo de Orden Público Nacional, sino
que, al mismo tiempo, instituyen una mecánica que bloquea el procedimiento de
cobro de la deuda pública reestructurada, todo ello en términos tales que
resultan contrarios al Orden Público Argentino, de acuerdo a lo establecido por
en los recientes autos “Claren Corporation c/ E.N arts. 517/518 CPCC exequátur
s/varios”, fallo del 6 de marzo de 2014.
Las decisiones adoptadas a lo largo de los procesos de
reestructuración de la deuda imponen a la República Argentina
una serie de obligaciones frente a los Tenedores que adhirieron a los Canjes de
2005 y 2010. Dichas obligaciones recaen, en lo principal, en el pago de los
respectivos servicios por capital e intereses frente a las nuevas series de
bonos emitidos en consecuencia, reglamentados por normas internas y por los Prospectos
de Emisión y el Convenio de Fideicomiso (“Trust Indenture”).
En lo que aquí importa, cabe señalar que los pagos relevantes
que debe realizar la
Argentina se efectúan al Agente Fiduciario (“Trustee”),
que es el Bank of New York Mellon (BNYM), en las cuentas que tiene abiertas esa
entidad extranjera en el Banco Central de la República Argentina,
a más tardar a la 1:00 P.M. hora local en ese lugar de pago, el día hábil
anterior a cada fecha de pago de intereses o de pago de capital (v. Sección 3.5
Pagos, Trust Indenture).
Todas las sumas pagadas al Agente Fiduciario en virtud de los
Títulos de Deuda y del Convenio de Fideicomiso deben ser mantenidas por él en
fiducia para los Tenedores de los Títulos de Deuda y aplicadas por el
Fiduciario a los pagos adeudados en virtud de los Títulos de Deuda y del
Convenio de Fideicomiso, en las oportunidades y de la manera dispuesta en los
Títulos de Deuda y en el Convenio de Fideicomiso (Sección 3.1.). El Fiduciario,
por tanto, debe aplicar dicho monto al pago vencido en esa Fecha de Pago y,
hasta dicha aplicación, esos montos serán mantenidos en fiducia por el
Fiduciario en beneficio de los Tenedores con derecho a ellos, y la República no tendrá
interés alguno en dichos montos (Sección 3.5.).
A partir del momento en el cual se efectúa el pago al Agente
Fiduciario, los montos depositados ya no son propiedad de la República. En
consecuencia, corresponde al Fiduciario transferir los montos así depositados a
los Tenedores de los títulos quienes tienen un derecho absoluto e incondicional
sobre ellos (v. Sección 4.9, Trust Indenture).
Las obligaciones impuestas por las leyes argentinas en el
marco del proceso de reestructuración y los compromisos asumidos por la Argentina para con sus
acreedores reestructurados, imponen a la República la obligación de efectuar el depósito
de los importes correspondientes a los respectivos vencimientos en la cuenta
del Agente Fiduciario en la República Argentina, con arreglo al Convenio de
Fideicomiso celebrado el 2 de junio de 2005 y modificado el 30 de abril de
2010. Por su parte, dicho agente debe recibir los fondos y distribuirlos.
En virtud de ello, la República Argentina
efectuó el 26 de junio de 2014 el pago correspondiente al vencimiento de
intereses operado el 30 de junio de este año, sin que al día de la fecha el
BNYM procediera a la distribución de las sumas depositadas a los Tenedores de
los Bonos de los Canjes de 2005 y 2010, emitidos bajo las Leyes de Nueva York e
Inglaterra (Eurobonos).
República Argentina ha buscado desde un
principio una solución definitiva, justa, equitativa, legal y sustentable de su
deuda con todos los bonistas que no ingresaron aún en los Canjes de la República. Sin
embargo, una solución global no puede, por definición, priorizar los reclamos
por aproximadamente 1.650 millones de dólares estadounidenses de los
demandantes que cuentan con las órdenes del 23 de Febrero de 2012, que
representa menos del 1% de la deuda de la República elegible para los Canjes, o para esos
efectos, reclamos adicionales por más de 2.400 millones de dólares
estadounidenses que sólo estos demandantes tienen en otras acciones judiciales.
Las tenencias de los holdouts representan menos del
7,6% del total de la deuda soberana que la República Argentina
comenzó a reestructurar en el año 2005, en un proceso a través del cual se
logró el acuerdo voluntario con más del 92,4% de sus acreedores. Una minoría no
puede poner en riesgo la reestructuración alcanzada con los Canjes de 2005 y
El Juez Griesa afirmó que la única forma de resolver este
conflicto es que la
República y los demandantes lleguen a un acuerdo. Sin
embargo, cualquier acuerdo al que pudiera eventualmente arribarse en la causa
NML enfrenta actualmente un obstáculo de difícil superación: la cláusula Rights
Upon Future Offers (“RUFO”) contenida en los prospectos de los Canjes de
2005 y 2010. Dicha cláusula establece que si Argentina voluntariamente hiciera
una oferta de compra o canje o solicitara consentimientos para modificar
cualquier Título Elegible no ofrecido ni aceptado en los Canjes anteriores,
deberá adoptar las medidas necesarias para que los participantes de las
operaciones de Canje de 2005 y 2010 tengan el derecho a canjear los títulos
oportunamente recibidos en las condiciones que establecen los prospectos
respectivos, lo que equivaldría en este caso concreto, siguiendo las
expectativas difundidas por los holdouts, al pago total de intereses más
capital de los bonos originales.
Dicha cláusula tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014
y su activación destruiría por completo los procesos de reestructuración de
deuda llevados a cabo en 2005 y 2010, aniquilando los esfuerzos realizados por
el Estado y su población para cumplir con sus compromisos internacionales.
La cláusula RUFO tuvo por fin proteger el principio de equidad
entre acreedores. La finalidad de la cláusula fue asegurar a aquellos bonistas
que aceptaran participar en los canjes de deuda ofrecidos, apostando por el
país, que Argentina no ofrecería una mejor oferta a quienes se negaran a
participar. La incorporación de la cláusula en los nuevos bonos emitidos
también tuvo como efecto reforzar la adhesión de los bonistas. La lógica de
esta cláusula radica en que ningún bonista estaría dispuesto a someterse a una
reestructuración si supiera que, en un futuro próximo, aquellos que no lo
hicieran podrían recibir la totalidad del capital más intereses de sus deudas
en default; de lo contrario, los bonistas que aceptaran el canje terminarían
“financiando” a los holdouts.
Por otra parte, de acuerdo con los términos de la Ley N° 26.886, el Poder
Ejecutivo Nacional sólo cuenta con facultades limitadas de renegociación, que
no lo autorizan, en la actualidad, a ofrecer mejores condiciones financieras
que las oportunamente acordadas a los tenedores de bonos que hubieran ingresado
en anteriores canjes, ni tampoco a aquellos que hubieran iniciado acciones
judiciales, un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho.
Con fecha 23 de junio de 2014, el Juez Griesa designó un “Special
Master” para asistir a las partes, a fin de llegar a una solución
definitiva que contemple las limitaciones de naturaleza fáctica y legal antes
apuntadas. En todo momento, la República Argentina asistió a las audiencias
convocadas por el Special Master. Cabe destacar que ha sido el propio
Ministro de Economía y Finanzas Públicas quien mantuvo, en distintas ocasiones,
conversaciones con el Special Master, y en dos oportunidades con este
último y los representantes de los demandantes.
Tal proceder de la República Argentina
demuestra su voluntad de diálogo a los fines de alcanzar una solución, debiendo
destacarse, sin embargo, que un país no puede resolver una cuestión de
semejante complejidad en un período de pocas semanas y con el riesgo que
presenta la activación de la cláusula RUFO.
República Argentina ha honrado sus
deudas con la totalidad de los Tenedores que entraron a los Canjes de 2005 y
2010, en el proceso de restructuración de deuda soberana más grande, complejo y
exitoso que algún país haya enfrentado. La adhesión total del 92,4% de los
Tenedores con Títulos elegibles es la prueba cabal de ello, como también el
apoyo mundial a las gestiones realizadas por nuestro país en diversos ámbitos y
organismos internacionales (CEPAL, OEA, UNCTAD, G-77, FMI, entre otros).[18]
El co-director del Centre for Economic and Policy Research
y presidente del Just Foreign Policy en Washington, D.C, Mark Weisbrot,
alertó sobre los peligros que tiene para el mundo financiero y, sobre todo,
para el futuro de los norteamericanos la decisión de la Corte Suprema de
Estados Unidos de América de rechazar la revisión del fallo del Juez Griesa que
obliga a la Argentina
a pagar a los fondos buitre. En un artículo titulado: “Quién le disparó a
Argentina?”, publicado en U.S. News and World Report, aseguró que el rechazo
del tribunal de su país a tomar el caso argentino lo que hace es “destruir” el
acuerdo que Argentina, o cualquier otro en el futuro, alcance con los bonistas
cuyos títulos se encuentran en diferimiento de pagos.[19]
Asimismo, el G77+China envió una carta al Juez Griesa, a la Corte Suprema de los
Estados Unidos de América, y al Secretario de Estado, John Kerry, en la que
expresó su “plena solidaridad y apoyo” a la Argentina respecto a la
sentencia dictada por la justicia norteamericana en el caso contra los fondos
buitre. En la nota, firmada y enviada a los tres destinatarios por el
presidente del G77+China, Sacha Llorentty Soliz, el grupo integrado por 133
países “resalta su preocupación sobre las serias consecuencias de la sentencia,
que van más allá de Argentina y que podrían afectar a cualquier país
enfrentando situaciones similares”.[20]
En igual sentido, la Secretaria Ejecutiva
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia
Bárcena, se pronunció a favor de la postura argentina en el reclamo contra los
fondos buitre, y planteó la necesidad de establecer un “mecanismo
internacional” que permita resolver los “conflictos de intereses suscitados por
defaults soberanos”. Esto así, por cuanto la crisis financiera global y sus
efectos, y la crisis de la eurozona, “han vuelto a poner de relieve varias de
las profundas inconsistencias e inequidades, tanto en relación con la
organización del sistema monetario internacional como con el poder desmesurado
que adquiere el mundo de la finanzas por sobre el del trabajo y la producción”.[21]
Desde mayo de 2003, la República se embarcó en una férrea política de
desendeudamiento. Esta estrategia estuvo basada en dos reestructuraciones de la
deuda soberana, que se cristalizaron en los procesos de canje voluntario de
deuda en los años 2005 y 2010, mencionados anteriormente. Sin embargo, el
proceso de desendeudamiento no se limitó a la reestructuración de la deuda en
default, sino que fue más abarcativo, con el objetivo de normalizar las
relaciones financieras de Argentina con el mercado financiero internacional e
Soberanía Nacional. Actualmente, la deuda de los argentinos,
que en el año 2002 representaba aproximadamente el 166% del PBI, ha pasado a
representar en moneda extranjera, una suma menor al 10% del PBI.
En este sentido, la República Argentina
ha dado sobrada evidencia de su voluntad de negociación y capacidad de pago:
- A partir del proceso de renegociación iniciado en el 2003, ha pagado en
concepto de capital e intereses, entre el año 2005 y el año 2013, más de
190.000 millones de dólares estadounidenses, distribuidos entre el propio
sector público nacional, el sector privado (extranjero y nacional) y a los
organismos multilaterales de crédito, sin por eso amenazar el proceso de
crecimiento con inclusión social iniciado en 2003.
- Asimismo, se destaca en 2006 la cancelación del total de la
deuda con el Fondo Monetario Internacional por 9.530 millones de dólares
- Recientemente, el país negoció un novedoso mecanismo de pago
con los acreedores reunidos en el Club de París por una deuda de 9.690 millones
de dólares estadounidenses, que permitirá potenciar la inversión de los países
miembros en Argentina, con un esquema que contempla la sustentabilidad económica
y financiera del acuerdo. En este marco, el 28 de julio de 2014 el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas realizó un pago equivalente a 642 millones de
dólares estadounidenses correspondiente al pago inicial en concepto de capital
adeudado a los países acreedores que conforman el Club de París.
- Argentina también negoció y llegó a acuerdos transaccionales
para cancelar obligaciones derivadas de procesos arbitrales tramitados ante el
por 677 millones de dólares estadounidenses.
- Además, llegó a un Acuerdo de Avenimiento y Solución
Amistosa con la empresa Repsol S.A. por la expropiación del 51% de las acciones
de YPF S.A., consiguiendo una quita superior al 50% respecto al reclamo
presentado en el CIADI y el pago a más de 10 años; este acuerdo fue ratificado
por el Honorable Congreso de la
Nación a través de la Ley N° 26.932.
- También se destaca la cancelación total de los Bonos
Optativos Del Estado Nacional 2012 (BODEN 2012), el Bono de la Nación Argentina
2013 (BONAR 7) y otras operaciones financieras que permitieron mejorar
sustancialmente el perfil de deuda de la República Argentina.
Se evidencia, entonces, que la República Argentina
posee vocación de diálogo y negociación con todos y cada uno de sus acreedores.
Sin embargo, los fondos buitre se niegan a mantener una negociación en
condiciones justas, equitativas, legales y sustentables para ambas partes.
República Argentina no puede negociar un
acuerdo con los demandantes en la causa NML sin afectar sus reservas de manera
significativa. El fallo del Juez Griesa obliga a pagar a los fondos buitre en
el mismo momento en que se pague a los tenedores del canje los vencimientos de
intereses. Los propios buitres admiten, asimismo, que el fallo del Juez Griesa
implica obligaciones adicionales para el país por un mínimo de 7.500 millones
de dólares estadounidenses, es decir, más de un 25% del saldo de reservas
internacionales del país. Es evidente que un golpe de esa magnitud implica un
desproporcionado perjuicio para Argentina.
Por otra parte, bastaría con que solo el 80% de los holdouts
consiga el mismo trato que los fondos buitre para que esa suma se transforme en
15.000 millones de dólares estadounidenses. Además, si el 92,4% de los bonistas
que entraron al canje reclamaran lo mismo, en el marco de la cláusula RUFO, la República Argentina
podría afrontar juicios por valores que algunos especialistas estiman en más de
500.000 millones de dólares estadounidenses, y que como mínimo se ubicarían en
los 120.000 millones de dólares estadounidenses.
En audiencias mantenidas ante el Juez Griesa, la parte actora
ha afirmado que: “Si [Argentina quiere] hablar sobre un acuerdo, saben dónde
encontrarnos. No solo tienen hasta el 30 de junio, su señoría. Tienen un
período de 30 días de gracia luego del 30 de junio. No tienen que pagar los
bonos del canje hasta el 30 de julio”. Es decir, que un fallo que puede
implicar juicios por más de 15.000 millones de dólares estadounidenses debe “negociarse”
en 40 días, bajo la amenaza de mantener bloqueado el cobro a los bonistas
reestructurados. De hecho, en palabras del abogado de NML ante el Juez Griesa,
tampoco parece existir tal negociación: “Estamos preparados para sentarnos con
[Argentina] si quieren hablar sobre esto. Pero sin dar ninguna concesión sobre
su obligación de pagarnos los 1.400 millones de dólares estadounidenses que
están frente a la corte ahora”. Como fuera dicho, la estrategia judicial
seguida por los fondos buitre les permitirá obtener una ganancia de alrededor
del 1600%, obstaculizando, de ese modo, el pago del 92,4% de los acreedores de
Argentina que aceptaron la reestructuración.
El efectivo cobro del equivalente a 539 millones de dólares
estadounidenses abonados por la República Argentina de conformidad con su
legislación nacional y sus compromisos contractuales con fecha 26 de junio del
corriente año, se encuentra hoy bloqueado por orden judicial, impidiendo a los
terceros ajenos a la causa percibir las acreencias de las que son legítimos
propietarios, y cuyo pago fue cumplido en tiempo y forma por la República Argentina.
La sentencia pretende forzar a un deudor solvente y líquido como la República Argentina,
que cumple sistemáticamente con sus compromisos financieros, a que ingrese en
Corresponde que el Estado Nacional continúe defendiendo su
exitoso proceso de reestructuración de deuda soberana que le permitió al país
experimentar el mayor período de crecimiento con inclusión social de su
historia. La República
Argentina pide condiciones justas, equitativas, legales y
sustentables para cumplir con sus obligaciones con el 100% de sus acreedores.
Anteriores experiencias han demostrado que cuando los recursos
financieros no son suficientes los países deben recurrir a hipotecar sus
activos estratégicos y sus recursos naturales. En tal sentido, sorprende un
artículo recientemente publicado en el sitio web de la American Task
Force Argentina (“AFTA”) en el que se relaciona el pago a los fondos buitre
con la propiedad de Vaca Muerta, el segundo reservorio de gas no convencional
del planeta que está en la
Patagonia argentina. Se menciona también a dos países
extranjeros, China y Rusia, miembros del G20. Se amenaza con que la empresa
norteamericana Chevron podría abandonar el país si no se paga a los fondos
buitre. ¿Cuáles serán los verdaderos propósitos de los fondos buitre? ¿Por qué
incursionan en temas de hidrocarburos, de terceros países, de empresas
En la audiencia del 22 de julio de 2014, el Juez Griesa
resaltó enfáticamente la palabra “obligaciones”, aseverando que Argentina ha
hecho todo lo posible para incumplir con aquellas obligaciones que le competen.[22] Sin embargo, las órdenes del Juez Griesa no hacen otra cosa
que intentar forzar a la
República Argentina a violar las obligaciones asumidas con
los bonistas reestructurados, con el único objetivo de beneficiar a un ínfimo
porcentaje de acreedores de mala fe que jamás tuvo otra intención que la de
lograr ganancias exorbitantes a costa de los esfuerzos del Estado Argentino, su
población y los bonistas que aceptaron participar en la reestructuración, en el
entendimiento que la
República Argentina tiene la voluntad de pagar sus deudas, de
una manera justa para su pueblo, equitativa entre los acreedores, legal
conforme al ordenamiento jurídico aplicable y sustentable para su economía.
La citada audiencia del 22 de julio de 2014 evidencia también
que el Juez Griesa no termina de comprender la complejidad del caso de la
reestructuración de la deuda argentina. Además, la falta de conocimiento acerca
de los mecanismos de pago de distintos tipos de bonos, del rol que desempeñan los
actores involucrados en dichos mecanismos y de la existencia de las diversas
jurisdicciones que los rigen, lo ha llevado a dictar medidas arbitrarias que
hacen que algunos bonistas de la reestructuración se vean en mejor posición que
otros. En dicha audiencia, la
Corte de Distrito expresó confusión sobre el alcance
sobre-expansivo y la operatividad de las órdenes pari passu.
El Juez Griesa no atendió para nada los argumentos
jurisdiccionales concernientes a entidades involucradas en el sistema de
transferencias internacionales de fondos localizadas por fuera de los Estados
Unidos, a pesar del alcance extraterritorial sin precedentes de las pari
passu. Con respecto al asunto principal que trató la Corte en dicha audiencia– si
las pari passu aplican a los Bonos con Ley Argentina – la corte expresó
desconocimiento de hechos claves, incluyendo que algunos de los bonos son Bonos
del Canje pero no son pari passu con el Endeudamiento Externo puesto que
constituyen “Endeudamiento Doméstico Denominado en Moneda Extranjera”, mientras
que otros bonos no son siquiera Bonos del Canje.
Esta situación es un elemento más que revela la arbitrariedad
de las medidas dictadas por un Juez que, además, parece estar determinado a
evadir las disposiciones de la
FSIA con el objetivo de lograr que los demandantes puedan
cobrarse a toda costa y, a su vez, impedir que los bonistas reestructurados lo
Conforme a lo descripto precedentemente, la República Argentina
ha desarrollado distintos cursos de acción a los fines de salvaguardar los
intereses soberanos de la
Nación y, a la vez, los derechos de los terceros involucrados
–como son los Tenedores de Títulos de la Deuda reestructurada en los años 2005 y 2010-.
En ese sentido, la República Argentina
en fechas 27 de junio, 7 de julio y 11 de agosto de 2014, publicó en el Boletín
República Argentina AVISOS LEGALES A LOS TENEDORES DE DEUDA
ARGENTINA CANJES 2005-2010; como así también en diferentes medios periodísticos
locales e internacionales, y en la página web del Ministerio de Economía y
Estos avisos legales han tenido como objeto hacer saber a los
referidos Tenedores que la República Argentina, con fecha 26 de junio de
2014 cumplió con sus obligaciones de pago asumidas en el “Trust Indenture”
de fecha 2 de junio de 2005, modificado el 30 de abril de 2010, frente a los
Tenedores y el Agente Fiduciario (Bank of New York Mellon – BNYM); habiendo
procedido al depósito de las sumas correspondientes a los vencimientos de
intereses de fecha 30 de junio de 2014, en el marco de la legislación argentina
y extranjera aplicable.
Los efectos de dicho pago a la luz de las distintas
legislaciones aplicables a los títulos de deuda pública reestructurada, fueron
también notificados fehacientemente. En tal sentido, se le recordó al Agente
Fiduciario y a los agentes de pago las obligaciones a su cargo en el marco del
“Trust Indenture” y de la legislación aplicable, como así también los
derechos de los Tenedores de títulos reestructurados.
El último aviso legal informó a los bonistas todas las
acciones realizadas por la República Argentina conforme las obligaciones
establecidas en el “Trust Indenture”, incluídas las intimaciones al
Fiduciario y a los agentes de pago, reconociendo el derecho absoluto e
incondicional de los bonistas al cobro de los montos depositados en la cuenta
fiduciaria del Agente Fiduciario (BNYM), siendo ese patrimonio de propiedad
exclusiva de los bonistas.
República puso de relieve que a la luz de lo consignado, no
se configuró ninguna de las situaciones de default previstas en el “Trust
Indenture”, y que como resultado de los procedimientos judiciales en curso
del Distrito Sur de Nueva York, en la causa NML Capital Ltd., et al, v.
Republic of Argentina, que involucra a un pequeño número de acreedores que
no participaron en los Canjes de 2005 y 2010, algunos de los pagos
oportunamente realizados por la República Argentina aún no han llegado a las
cuentas de los bonistas que participaron de los referidos Canjes. Ese factor de
riesgo ya había sido informado por Argentina en los Prospectos de las Ofertas
de Canje de su Deuda Soberana de los años 2005 y 2010, explicando expresamente
que: “[l]os pagos de la
Argentina en relación con la Oferta (incluyendo los
pagos adeudados por Argentina sobre lo acordado en la Oferta) o para los
tenedores de Títulos Nuevos podrán ser afectados, ordenados o de otro modo
cuestionados por los tenedores que se negaron a participar en la Oferta o por otros
acreedores de Argentina”.
Finalmente, la República Argentina reafirmó que tiene los
recursos y la voluntad de hacer frente a los compromisos asumidos en los Canjes
de Deuda de los años 2005 y 2010; que continuará intimando al Agente Fiduciario
para que cumpla las obligaciones a su cargo, y seguirá instando ante la
justicia de los Estados Unidos de América la remoción de los impedimentos que
actualmente interfieren con la correcta distribución de los pagos que la República Argentina
ha realizado. Asimismo instó a los bonistas a ejercer sus derechos y sus consecuentes
remedios judiciales en virtud del “Trust Indenture”, para el caso
que el Agente Fiduciario incumpla con sus obligaciones, en particular la de
transferir los importes por los pagos que la República ha realizado a
En el plano internacional, con fecha 7 de agosto de 2014 la República Argentina
presentó ante la
Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, una demanda contra los
Estados Unidos de América, destinada a responsabilizar a la demandada por los
perjuicios que le están siendo ocasionados a la Argentina en virtud de
las decisiones adoptadas por los Tribunales judiciales estadounidenses, en el
marco de la ya aludida causa NML Capital Ltd. , et al, v. Republica of
Argentina.[23]
República Argentina señaló en su demanda
que los Estados Unidos de América, a través de su Poder Judicial, ha violado su
obligación internacional de respetar la soberanía argentina, generando graves
inconvenientes e impidiéndole a los bonistas el cobro del pago realizado por la República Argentina
en tiempo y forma, respecto de la deuda reestructurada, vulnerando así la
decisión soberana de la
Nación Argentina de reestructurar su deuda externa.
Asimismo, en dicha presentación, la República Argentina
consideró que “dado que un Estado es responsable por la conducta de todos sus
órganos, las violaciones mencionadas, han generado una controversia entre la Argentina y los Estados
Unidos”, que la
República Argentina “somete a la Corte Internacional
de Justicia para su resolución”.
En esa presentación, la República Argentina
acusa a los Estados Unidos de América de no respetar las “inmunidades
soberanas” argentinas, y la obligación internacional de no aplicar o
estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad
soberana de otro Estado.
Por otra parte, la República Argentina
destacó en dicha presentación que se le brinda “a los Estados Unidos la
oportunidad para resolver esta controversia de conformidad al derecho y a la
Sin perjuicio de las acciones precedentemente desarrolladas y
de las que eventualmente resulten pertinentes en un futuro, el objeto del
presente Proyecto de Ley es reivindicar el derecho de la República Argentina
como Estado Soberano de pagar su deuda exterior, e implementar mecanismos que
permitan el cobro del cien por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos, en
condiciones justas, equitativas, legales y sustentables, a cuyo efecto se
declara de interés público la Reestructuración de la Deuda Soberana
realizada en los años 2005 y 2010, así como su pago en las condiciones
En virtud de la pública y notoria incapacidad de actuar
del Bank of New York Mellon como Agente Fiduciario del Convenio de Fideicomiso
2005-2010, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a adoptar
las medidas necesarias para remover al citado Banco y designar, en su
reemplazo, a Nación Fideicomisos S.A.; sin perjuicio del derecho que asiste a
los Tenedores de designar a un nuevo Agente Fiduciario.
Asimismo, se establecen mecanismos tendientes a asegurar el
cobro de los tenedores que adhirieron a la Reestructuración
de Deuda Soberana 2005-2010, disponiéndose la creación de una cuenta especial
cuyo objeto será aplicar los fondos allí depositados en fiducia al pago de los
servicios de deuda correspondientes, autorizándose al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a efectuar dichos pagos. Se prevé también que dichos
Tenedores, podrán optar, en forma individual o colectiva, por solicitar un
cambio en la legislación y jurisdicción aplicable a sus títulos, autorizándose
al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a instrumentar un canje por
nuevos Títulos Públicos, regidos por legislación y jurisdicción local, en
términos y condiciones financieras idénticas, y por igual valor nominal, a los
de los Títulos Reestructurados que se presenten al citado Canje.
Sin perjuicio de ello y toda vez que la ley está referida al
cien por ciento de los Tenedores de Deuda, con relación a los Tenedores que aún
no ingresaron a la
Reestructuración de Deuda Soberana 2005-2010, se contempla la
creación de otra cuenta especial en la que se depositarán los fondos
equivalentes a los que correspondería pagar por los servicios de los nuevos
Títulos Públicos que en el futuro se emitan, de acuerdo a lo previsto en el
Artículo 1º de la Ley Nº
26.886, autorizándose al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a efectuar
los depósitos pertinentes.
Finalmente, y en atención a la trascendencia de la presente
ley se declaran de orden público sus disposiciones, estableciéndose su entrada
en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
De este modo, la República Argentina
reafirma su voluntad, facultad y capacidad de dar fiel cumplimiento a sus
obligaciones con el 100% de los acreedores Tenedores de títulos de la deuda
pública alcanzados por el diferimiento de pagos dispuesto en el marco de la Leyes Nros. 25.565 y
25.827, respetando el principio de equidad entre los acreedores, y honrando la
confianza de la gran mayoría de Bonistas, que ingresaron a la Reestructuración
de la Deuda Soberana
2005-2010 de la
Por todo lo expuesto, se eleva a Vuestra consideración el
presente proyecto de Ley, solicitando su pronta sanción.
DE LA NACIÓN ARGENTINA,
REUNIDOS EN CONGRESO,…
Del Pago Soberano
Local de la deuda exterior de la República Argentina
ARTICULO 1°.- En ejercicio del
poder soberano de la
República Argentina, declárase de interés público la Reestructuración
realizada en los años 2005 y 2010, así como el pago en condiciones justas, equitativas,
legales y sustentables al cien por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos
Argentina; y, por consiguiente, la aplicación de los
contratos celebrados en el marco de las reestructuraciones dispuestas por los
Decretos Nros. 1735/04 y 563/10, a los fines de preservar el cobro por parte de
los bonistas interesados.
ARTICULO 2°.- La presente Ley
tiene por objeto implementar instrumentos legales que permitan el cobro de los
servicios correspondientes al cien por ciento de los Títulos emitidos en el
Reestructuración de Deuda Soberana 2005-2010 (en adelante,
“Títulos Reestructurados”), en salvaguarda del orden público nacional y de los
contratos celebrados en el marco de dicha Reestructuración, ante la ilegítima e
ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los fondos pagados por la República Argentina
con fecha 26 de junio de 2014, dispuesta por órdenes judiciales dictadas por la Corte de Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York en el
marco de la causa NML Capital Ltd. et al v. Republic of Argentina que,
tal como han sido dictadas, resultan de imposible cumplimiento, y violatorias
tanto de la soberanía e inmunidades de la República Argentina
como de los derechos de terceros.
Del mecanismo para
salvaguardar el cobro de los Tenedores que adhirieron a la Reestructuración
de Deuda Soberana 2005-2010
ARTÍCULO 3°.- En virtud de
la pública y notoria incapacidad de actuar del Bank of New York Mellon como
Agente Fiduciario del Convenio de Fideicomiso 2005-2010 (“Trust Indenture” de
fecha 2 de junio de 2005, modificado el 30 de abril de 2010), y teniendo en
cuenta las facultades de remoción previstas en dicho Convenio (que prevé en su
Cláusula 5.9, entre otras facultades, que cuando “el Agente Fiduciario esté incapacitado
para actuar…la República
podrá remover[lo] y contratar a un Agente Fiduciario sucesor con respecto a los
Títulos de deuda”), así como el derecho de la República Argentina
de velar por el efectivo cobro de sus Tenedores, autorízase al Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas a adoptar las medidas necesarias para remover al
Bank of New York Mellon como Agente Fiduciario y a designar, en su reemplazo, a
Nación Fideicomisos S.A.; todo ello, sin perjuicio del derecho que asiste a los
Tenedores de designar a un nuevo Agente Fiduciario que garantice el canal de
cobro de los servicios correspondientes a los Títulos Reestructurados, de
acuerdo a lo previsto en los Artículos 5.9 y 7 del Convenio de Fideicomiso
2005-2010, entre otros, tal como fuera oportunamente informado por la República Argentina
en los “Avisos Legales a los Tenedores de Deuda Argentina Canje 2005-2010”, publicados en el
Boletín Oficial con fecha 27 de junio, 7 de julio y 11 de agosto de 2014.
ARTICULO 4°.- Créase la cuenta
denominada “Fondo Ley Nº XX.XXX – Pago Soberano de Deuda Reestructurada”, la
que será una cuenta especial de Nación Fideicomisos S.A. en el Banco Central de
Argentina, y cuyo objeto será mantener en fiducia los fondos
allí depositados y aplicarlos al pago de los servicios de deuda
correspondientes a los Títulos regidos bajo el Convenio de Fideicomiso
2005-2010, de acuerdo a lo previsto en la Cláusula 2 (e) y concordantes de los Términos y
Condiciones de dichos Títulos y de dicho Convenio.
ARTÍCULO 5°.- Autorízase al
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a pagar, en las fechas de
vencimiento correspondientes, los servicios de los Títulos regidos bajo el
Convenio de Fideicomiso 2005-2010 en la cuenta Fondo Ley Nº XX.XXX – Pago
Soberano de Deuda Reestructurada creada por el Artículo 4º de la presente Ley,
donde serán mantenidos en exclusivo beneficio de los Tenedores hasta su
efectivo cobro.
ARTÍCULO 6°.- Los fondos
correspondientes a los pagos dispuestos en el Artículo anterior serán
distribuidos a través de las nuevas entidades que a tales fines designe el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o los Tenedores de Títulos regidos
bajo el Convenio de Fideicomiso 2005-2010, de conformidad con dicho convenio,
siendo las divisas allí depositadas de libre disponibilidad para los Tenedores.
ARTÍCULO 7°.- En caso que con
motivo de la ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los
servicios de los Títulos Reestructurados, sus Tenedores optaren –en forma
individual o colectiva– por solicitar un cambio en la legislación y
jurisdicción aplicable a sus títulos, autorízase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a instrumentar un canje por nuevos Títulos Públicos, regidos
por legislación y jurisdicción local, en términos y condiciones financieras
idénticas, y por igual valor nominal, a los de los Títulos Reestructurados que
se presenten a dicha Operación de Canje. En tal supuesto, los fondos
depositados en su beneficio en los términos del Artículo 5º de la presente,
serán entregados junto con los nuevos Títulos Públicos que se emitan, al
Del depósito en
favor de los Tenedores que aún no ingresaron a la Reestructuración
ARTÍCULO 8°.- Autorízase al
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a instrumentar el Canje de los
Títulos Públicos que fueran elegibles y que aún no ingresaron a la Reestructuración
de Deuda Soberana 2005-2010, conforme lo establecido por la Ley N° 26.886.
ARTÍCULO 9°.- Créase la cuenta
denominada “Fondo Ley Nº XX.XXX – Pago Soberano de Deuda Pendiente de Canje”,
la que será una cuenta especial de Nación Fideicomisos S.A. en el Banco Central
Argentina abierta en virtud de la buena fe de la Nación Argentina,
y de su voluntad y capacidad de pago en condiciones equitativas para todos sus
acreedores, según la interpretación convencional y generalmente aceptada del
término pari passu.
ARTÍCULO 10.- Autorízase al
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a depositar en la cuenta Fondo Ley
Nº XX.XXX – Pago Soberano de Deuda Pendiente de Canje creada por el Artículo 9º
de la presente Ley, en las fechas de vencimiento correspondientes, una cantidad
de fondos equivalentes a los que correspondería pagar por los servicios de los
nuevos Títulos Públicos que en el futuro se emitan, de acuerdo a lo previsto en
el Artículo 1º de la Ley Nº
26.886, en reemplazo de aquellos que aún no ingresaron a la Reestructuración
de Deuda Soberana 2005-2010.
ARTÍCULO 11.- Los fondos que
correspondan a los pagos dispuestos en el Artículo anterior serán entregados a
los Tenedores que participen de la
Operación de Canje que se disponga en los términos de la Ley Nº 26.886, junto con los
nuevos Títulos Públicos correspondientes, al momento de su colocación.
Del Orden Público de
ARTÍCULO 12.- La presente ley es
de orden público y entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el
ARTÍCULO 13.- Los pagos previstos
en los Artículos 5º y 10 serán atendidos con cargo a la Jurisdicción 90 –
ARTÍCULO 14.- Facúltase al
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a dictar las normas aclaratorias y
complementarias que fueren necesarias para instrumentar el cumplimiento de la
ARTÍCULO 15.- Comuníquese al Poder
[1] Orden del Juez Griesa de fecha 23 de febrero de 2012, modificada
por la Orden
del 21 de noviembre de 2012; y Orden del Juez Griesa (fórmula de pago) también
de fecha 21 de noviembre de 2012 (ANEXO I).
[2] Decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América,
con fecha 16 de junio de 2014 (ANEXO II).
[3] Fallo de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Claren
Corporation c/ E.N arts. 517/518 CPCC exequátur s/ varios”, 6 de marzo de 2014
[4] Cabe destacar que ciertos fondos buitre, controlados por
Elliott Associates, con prácticas que han sido calificadas como “terrorismo
financiero”, ya habían utilizado esta misma estrategia en casos de deudas soberanas
emitidas por Perú, la
República Democrática del Congo y Nicaragua ante los
tribunales belgas, intentando frenar los pagos de deuda reestructurada
realizados por intermedio de Euroclear. Los tribunales consintieron la
estrategia de los fondos buitre, y tanto Perú como Congo cedieron rápidamente
ante la presión y pagaron sumas exorbitantes a quienes no habían invertido un
solo centavo en ese país. Nicaragua, sin embargo, apeló la sentencia de primera
instancia y consiguió que la
Corte de Apelaciones belga revirtiera la sentencia en su
contra. Para ese entonces, los legisladores belgas habían advertido que la
estrategia judicial de Elliott y la imprevisibilidad en las decisiones de los
tribunales belgas sobre el tema podrían socavar el puesto de Bélgica en los
mercados financieros globales. Es así que el parlamento belga sancionó una ley
protegiendo a Euroclear y, en consecuencia, a las reestructuraciones de deuda
soberana, del accionar de los fondos buitre. Ver: ElliottAssocs., L.P., Sumario
General No. 2000/QR192. 12 (Ct. Ap. Bruselas, 8va Cámara, 26 Sept. 2000; Red
Mountain Finance c. República Democrática del Congo, Caso No. CV 00-0164 R,
2000 WL 34479543 (C.D. Cal. Nov. 29, 2000); LNC Investments c. República
de Nicaragua, Corte Comercial de Bruselas, 11 Sept. 2003; República
de Nicaragua c.. LNC Invs. & Euroclear Bank, S.A., No. 2003/KR/334
(Corte de Apelaciones de Bruselas, 9na Cámara, 19 Mar. 2004).
[5] “Memorandum of Law of the Republic
of Argentina in Support of Its Motion Pursuant to CPLR 5240 to Preclude
Plaintiff Judgment Creditors From Interfering with Payments to Other
Creditors”, de fecha 12 de diciembre de 2003 (ANEXO IV). Este
escrito establece la correcta interpretación de la cláusula pari passu y
expresa la imperativa necesidad de dictar una orden que declare que Argentina
podría llevar adelante la reestructuración de su deuda y realizar pagos a otros
acreedores sin que esto implicare violar esa cláusula, en razón de otorgar al
país la certeza de que las futuras renegociaciones de la deuda no serían
atacadas por los demandantes como ocurrió en el caso de Perú.
[6] Audiencia del 15 de enero de 2004 (ANEXO IV). Según el juez Griesa, “[i]t seems
to me a very odd interpretation of the pari passu clause”. El representante de Argentina fue insistente ante el juez sobre la
posibilidad real que los pagos de Argentina fueran cuestionados, en el futuro,
por las demandantes de la causa. Incluso le explicó a Griesa con exactitud que
la estrategia de las demandantes sería esperar a la reestructuración de la
deuda Argentina, para luego alegar la violación de la cláusula pari passu –con
su interpretación errónea- y forzar un default de la República por el pago de
la deuda reestructurada (p. 10). El juez Griesa no solo manifestó que el envío
de una carta no implicaba una controversia pasible de ser judiciable, sino que
expresó que “nada que haya oído o leído me asegura, de ninguna manera, que
ninguno de los demandantes tenga intenciones de iniciar tal acción” referente a
la interpretación de la cláusula (p. 8), desoyendo así las repetidas menciones
del letrado de Argentina sobre lo sucedido en los tribunales belgas. Ver también: Allan Applestein, TTEE
FBO, DCA Grantor Trust v. The Republic of Argentina and Province of Buenos
Aires (02 CV-1773).
[7] Elliott Associates, L.P. v.
Republic of Peru, 194 F.3d
363 (2d Cir. 1998).
[8] J. Blackman, R. Mukhi, The
Evolution of Modern Sovereign Debt Litigation: Voltures, Alter Egos, and Other
Legal Fauna, 73 LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS 47, 2010, p. 54.
[9] Artículo 489 de la
Ley del Poder Judicial de Nueva York (conocida como
“Champerty Defense”) (ANEXO V).
[10] Orden del Juez Griesa de fecha 7 de diciembre de 2011 (ANEXO
[11] Orden del Juez Griesa de fecha 23 de febrero de 2012 (ANEXO
[12] Decisión de la
Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, de fecha 26 de
octubre de 2012 (ANEXO VII).
[13] Orden del Juez Griesa de fecha 21 de noviembre de 2012 (ANEXO
[14] Apelación de la República Argentina
de fecha 28 de diciembre de 2012 (ANEXO VIII).
[15] Decisión de la
Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, con fecha 23 de
agosto de 2013 (ANEXO IX).
[16] “Writ of Certiorari” presentado por la República Argentina
de los Estados Unidos de América, con fecha 18 de febrero de 2014 (ANEXO X).
[17] Amicus Curiae presentados por Estados Unidos de
América, Brasil, México y Francia (ANEXO XI).
[18] Apoyos brindados a la República Argentina
en diversos ámbitos y organismos internacionales (OEA, UNCTAD, G-77 y FMI)
(ANEXO XII).
[19] “Quién le disparó a Argentina?”,
publicado en U.S. News and World Report, por Mark Weisbrot, co-director
del Centre for Economic and Policy Research y presidente del Just
Foreing Policy en Washington D.C. (ANEXO XIII).
[20] Carta enviada por el G-77+China al Juez Griesa, a la Corte Suprema de los
Estados Unidos de América, y al Secretario de Estado John Kerry (ANEXO XIV).
[21] Declaración de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica
para Amé el Cari exo ria Ejecutiva de la Comisisticia de los
Estados Unidos de Amdel Centre for Economic and Policy Research y presidenrica
Latina y el Caribe (ANEXO XV).
[22] Audiencia de fecha 22 de julio de 2014 (ANEXO XVI). Para
ilustración, se incluyen también en el citado ANEXO XVI las Audiencias de
fechas 27 de junio, 1º de agosto y 8 de agosto de 2014.
[23] Demanda presentada por la República Argentina
Internacional de Justicia contra los Estados Unidos de
América, con fecha 7 de agosto de 2014 (ANEXO XVII).
Fuente : http://www.cfkargentina.com
hebe8/20/2014GRACIAS CLAUDIA ME LO LLEVO Y VAMOS QUE VAMOS HLVS!!!!!! BESO INMENSO!!!ResponderEliminarAgregar un comentarioCargar más...