Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-676-2005-29-03-2007-48371
Timestamp: 2019-01-23 01:28:58
Document Index: 130616171

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 33', 'artículo 35', 'artículo 78', 'artículo 48']

Resolución de TEAC, 00/676/2005, 29-03-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/676/2005 de 29 de Marzo de 2007
Núm. Resolución: 00/676/2005
En la villa de Madrid, a 29 de marzo de 2007 este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, ha visto la reclamación económico-administrativa, en segunda instancia, promovida por DON ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 30 de noviembre de 2004 recaída en reclamación número ... y acumulada ..., referente a liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1997 y cuantía de 4.504.351,15 euros.
PRIMERO: Con fecha 3 de abril de 2003, la Inspección de la Delegación en ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria formalizó al interesado Acta de disconformidad número ... por los citados concepto y ejercicio. En ella se indica que el sujeto pasivo fue socio y administrador de X, S.A. y de Y, S.A. y que en escritura pública de 10 de octubre de 1997 vendió las 25.200 acciones de la primera de ambas entidades, de las que era titular, siendo adquirente Z, NV; el nominal de dichas acciones era de 5.000 pesetas (30,05 €) y habían sido desembolsadas por el vendedor en su 25 por 100, siendo el precio de venta el importe desembolsado, es decir, 31.500.000 pesetas (189.318,81 €). Como consecuencia de esta enajenación, el actuario determina un incremento de patrimonio de 1.037.136.079 pesetas (6.233.313,37 €) en cuyo cálculo toma como valor de enajenación el que a su juicio resulta del artículo 48 Uno b) de la Ley 18/1991; al tratarse de títulos no admitidos a negociación y no haberse probado por el sujeto pasivo que el importe efectivamente satisfecho, 31.500.000 pesetas (189.318,81 €), se corresponda con el que sería pactado entre partes independientes en condiciones normales de mercado, entiende la Inspección que ha de tomarse, de acuerdo con dicho precepto, el mayor valor de entre los que éste señala, es decir, el teórico del último balance aprobado (que en este caso no procede, al ser negativo el importe de los fondos propios) y el que resulte de capitalizar al 12,5 por 100 el promedio de los beneficios de los tres últimos ejercicios sociales. Según se hace constar en el Acta, dichos ejercicios son, en este caso, 1994, 1995 y 1996 de cuyas declaraciones por el Impuesto sobre Sociedades presentadas por la entidad se deducen unas pérdidas, en los dos primeros, de 181.506.229 pesetas (1.090.874,41 €) y 375.369.356 pesetas (2.256.015,27 €) respectivamente, mientras que en 1996 resultó beneficio por 346.171.452 pesetas (2.080.532,33 €); a partir de estos datos, el actuario considera que las pérdidas no se computan, sino que el promedio ha de girar sólo sobre los beneficios, sin deducir, por tanto, las pérdidas habidas; del valor de transmisión resultante resta el de adquisición y obtiene el incremento patrimonial anteriormente citado, que considera obtenido en menos de un año, dada la fecha de incorporación a su patrimonio de los títulos enajenados.
Por otra parte, considera el actuario que las deducciones de la cuota declaradas por el contribuyente han de disminuirse en 141.890 pesetas (852,78 €), correspondientes al 75 por 100 de la cuota del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana (por venta de un terreno en escritura otorgada el 16 de agosto de 1995 y liquidación fechada el 30 de julio de 1996).
El actuario propone la correspondiente regularización, comprensiva de cuota más intereses de demora, cuyo total es el importe citado en el encabezamiento.
SEGUNDO: Una vez efectuadas alegaciones por el interesado, el Inspector Jefe dictó, con fecha 29 de septiembre de 2003, acto administrativo de liquidación tributaria en que confirmaba la propuesta contenida en el acta. Esta liquidación fue notificada el 2 de octubre de 2003.
TERCERO: Iniciado expediente sancionador por si los hechos reflejados en el acta eran constitutivos de infracción tributaria, el Inspector Jefe, con fecha 30 de septiembre de 2003, acordó imponer una sanción al contribuyente, por infracción tributaria grave, de 2.616.877,40 euros. Dicho importe equivale al 75 por 100 de la parte de cuota dejada de ingresar (50 puntos porcentuales con carácter mínimo, más otros 25 por ocultación) más un 50 por 100 sobre el importe de aquélla cuya devolución obtuvo indebidamente. Este acuerdo fue notificado el 6 de octubre de 2003.
CUARTO: Por no estar conforme con dichos actos administrativos, los impugnó el contribuyente ante el TEAR de ..., dando así lugar a las reclamaciones números ... y ... respectivamente, que fueron acumuladas. En el correspondiente trámite, alegó que las acciones vendidas eran propiedad de Z, NV aunque figurasen bajo la titularidad del reclamante, que el beneficio obtenido por X, S.A. en 1996 debe minorarse en la cuantía originada por la venta de unas acciones que realmente se produjo en 1997, que era improcedente determinar el valor de transmisión de los elementos patrimoniales enajenados de acuerdo con el criterio de la Inspección, porque sólo tiene en cuenta los beneficios obtenidos en el año 1996, sin compensar éstos con las pérdidas sufridas en los otros dos ejercicios; en cuanto a la deducción de la cuota, señala que el Impuesto Municipal fue satisfecho en 1997. Por último, defiende la improcedencia de la sanción.
QUINTO: En Tribunal Regional, en sesión de 30 de noviembre de 2004, acordó estimar parcialmente las reclamaciones y anular los dos actos impugnados. El Tribunal entiende que, para determinar el valor de enajenación de las acciones no cotizadas mediante capitalización de los beneficios, el promedio de éstos ha de determinarse computando como beneficios nulos a las pérdidas, de forma que, en este caso, al haberlas registrado en dos ejercicios y obtener beneficio sólo en uno, el promedio a capitalizar es la tercera parte de éste y no, como hace la inspección, la totalidad de dicho beneficio.
No es posible deducir del expediente la fecha de notificación, al ser ilegible la que consta en el aviso de recibo del servicio de correos que consta en aquél.
SEXTO: El 18 de febrero de 2005 tiene entrada en este Tribunal el recurso de alzada que el interesado formula contra dicha Resolución económico-Administrativa. Cabe resumir los motivos del recurso de la siguiente forma. 1) Las acciones de X, S.A. cuya venta originó el incremento patrimonial liquidado, si bien figuraban bajo la titularidad del exponente, en realidad eran ya propiedad de Z, NV 2) La Dependencia de Inspección manifestó que el importe efectivamente satisfecho por la adquirente de dichos títulos no ha sido probado por el sujeto pasivo, cuando en ningún caso ello fue solicitado por la actuaria.- 3) Los beneficios que han de computarse a efectos del método de capitalización no incluyen la parte destinada a compensar resultados negativos de ejercicios anteriores.- 4) El 14 de marzo de 1996 X, S.A. mediante escritura notarial, otorgó precontrato de compraventa de acciones de Y, S.A. con la mercantil W, S.A.; el 10 de marzo de 1997 X, S.A. transmite, mediante escritura pública, el primer 50 por 100 de sus acciones en Y, S.A. Argumenta el recurrente que, en virtud del principio contable del devengo, la imputación de los ingresos ocasionados por la venta de acciones debió hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia de cuándo se produce el ingreso; de ello infiere que la sociedad vendedora registró un beneficio cuando realmente no se había realizado la entrega de las acciones, que tuvo lugar en 1997, ejercicio al que, en todo caso, debería imputarse el beneficio.- 5) A continuación el recurrente invoca la Sentencia se la Audiencia Provincial de ... número .../03, de ... de 2003 y cuya fotocopia adjunta, en la que se determina qué acciones de Y, S.A. fueron transmitidas a la mercantil W, S.A.- 6) Niega que en 1997 mediaran circunstancias significativas que pudieran determinar, como supone la Inspección, variación alguna en el valor de las acciones transmitidas, refiriéndose el recurrente a la cancelación, con importantes quitas, de deudas que mantenía la sociedad con diversas entidades financieras.- 7) En relación con la deducción de la cuota en concepto de liquidación del Impuesto Municipal sobre el Incremento del valor de los Terrenos de naturaleza Urbana, destaca que la enajenación del solar del que trae causa, tuvo lugar en 1995, que la liquidación se giró el 30-7-1996, si bien no fue notificada hasta 1997, dado que por error se remitía a un domicilio que no era el del exponente.- 8) Improcedencia de la sanción impuesta.
PRIMERO: Concurren en el presente expediente los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto para la admisión a trámite de la presente Reclamación Económico-Administrativa, en la que se plantean las siguientes cuestiones: Primera, si se ha producido un incremento de patrimonio como consecuencia del negocio jurídico contenido en la escritura pública de 10 de octubre de 1997.- Segunda, en caso afirmativo, cuál es su importe y en concreto, cómo ha de determinarse el valor de transmisión de los títulos.- Tercera, si es deducible el porcentaje legal sobre lo pagado en 1997 en concepto del Impuesto Municipal sobre el Incremento del valor de los Terrenos de naturaleza Urbana.- Cuarta, si la sanción aplicada es conforme a Derecho.
SEGUNDO: Resolver la primera de las anteriores cuestiones exige determinar si en la escritura otorgada por el recurrente el 10 de octubre de 1997, procedió éste a la transmisión de 25.200 acciones de X, S.A. a favor de Z, NV o si, por el contrario y como alega el contribuyente, dichas acciones pertenecían ya a dicha entidad, siendo él era titular de las acciones en calidad de fiduciario. Al margen de otras posibles consideraciones, baste decir -como acertadamente observa el Tribunal Regional en la Resolución recurrida- que no se ha desvirtuado lo que consta en la escritura pública de venta, según la cual el recurrente era propietario de las acciones, que procedía a su venta en dicho acto y que Z, NV las adquiría en virtud del expresado documento notarial. Todo ello es incompatible con la pretensión del interesado que, como decimos, no ha aportado prueba alguna en contra, por lo que hemos de atenernos a lo que resulta del expediente.
TERCERO: A partir de lo anterior, hay que examinar la segunda cuestión, referente a cómo ha de determinarse el valor de transmisión de los títulos vendidos. El artículo 48 de la Ley 18/1991, vigente en el ejercicio comprobado, es el aplicado por la Inspección y disponía lo siguiente, sobre el cómputo del incremento o disminución de patrimonio:
"Uno. Cuando la alteración en el valor del patrimonio proceda:
-El teórico resultante del último balance aprobado.
-El que resulte de capitalizar al tipo del 12,5 por 100 el promedio de los beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha de devengo del Impuesto. A este último efecto, se computarán como beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones a reservas, excluidas las de regularización o de actualización de balances.
Cuando se trate de acciones total o parcialmente liberadas su valor de adquisición será el importe realmente satisfecho por el sujeto pasivo".
Comienza por alegar el reclamante que no es aplicable la norma especial relativa a la valoración de lo transmitido por el mayor resultado de los dos que enumera el precepto, porque la Inspección no le solicitó la prueba de que lo efectivamente satisfecho coincide con el valor de mercado, faltando así el presupuesto necesario. A esta alegación ha de replicarse que el procedimiento inspector presenta un carácter esencialmente dialéctico, según ha reconocido este Tribunal en numerosas ocasiones (por ejemplo, la Resolución de 3 de junio de 2005, expediente R.G. 3970-02); este carácter abre la posibilidad para el obligado tributario, en cualquier instante de las comprobaciones, de manifestar o aportar lo que a su derecho convenga, bien como respuesta a lo que la Inspección le haya requerido, bien de forma espontánea; además, es obligatorio el trámite de audiencia al interesado "para que pueda alegar lo que convenga a su derecho en relación con la propuesta que se vaya a formular", con posibilidad de presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, según el artículo 33 ter del Reglamento General de la Inspección de los Tributos (redacción según el Real Decreto 136/2000); y una vez extendida el acta, el obligado tributario puede formular alegaciones a la misma. Pese a estas ocasiones para hacerlo, el contribuyente no aportó en este caso prueba alguna de que el precio efectivamente satisfecho coincida con el de normal de mercado. Por tanto, ha de rechazarse esta alegación.
CUARTO: En virtud del transcrito artículo y ante la falta de prueba a que acabamos de referirnos, entra en juego la regla especial de valoración de las acciones transmitidas, que consiste -dada la improcedencia del criterio del valor teórico, por su signo negativo- en capitalizar al 12,5 por 100 el promedio de los beneficios de los tres ejercicios sociales que se determinan, debiendo computarse en dichos beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones a reservas, excluidas las de regularización o de actualización de balances. Lo que plantea el interesado en este punto es cómo han de determinarse dichos beneficios y concretamente si sólo juegan en el cálculo los destinados a las dos finalidades expuestas o entran igualmente los asignados a otros fines o, simplemente, pendientes de aplicación. Aunque "a priori" pudiera parecer correcta la primera alternativa, consistente en computar sólo los que la Ley específicamente enumera, una interpretación lógica del precepto nos conduce a la segunda solución. Empecemos por plantear -aunque en principio no sería necesario hacerlo, al haberlo resuelto ya el TEAR y en virtud del principio de "non reformatio in peius"- si los beneficios de unos ejercicios son compensables con las pérdidas de otros, para determinar el promedio que ha de capitalizarse. El hecho de que la Ley 18/1991 se refiera a beneficios impide la compensación, porque este término hace referencia a un concepto esencialmente positivo, que representa ganancia. Otra es la solución en la Ley 40/1998, cuyo artículo 35 -paralelo al que ahora examinamos- se refiere a resultados, término que ya no hace referencia a concepto esencialmente positivo, sino que acoge a la dualidad de signos. Concluimos, por tanto, que sólo han de tenerse en cuenta los beneficios (resultados positivos) que la sociedad cuyas participaciones sociales se transmiten, haya obtenido en el trienio considerado. Pues bien, si esto es así -y es cuestión ya resuelta por el Tribunal Regional, pero que era necesario examinar ahora a los efectos de la cuestión que examinamos, que es distinta- sería incongruente admitir que la parte de los beneficios de un período, que se destine a enjugar las pérdidas de otro, al no consistir en dividendos distribuidos ni en dotación a reservas, no entran en el promedio que ha de capitalizarse; y lo sería porque daría lugar, de hecho, a que tal porción de los beneficios no entraría en el promedio, cosa contraria a la voluntad del legislador, exteriorizada con el empleo del término "beneficios" y no "resultados".
Hay un segundo argumento que conduce a la misma conclusión. Consiste en considerar el caso en que la sociedad dejara pendientes de aplicación los beneficios de un ejercicio. El Plan General de Contabilidad (aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre) no permite defender la tesis de que el saldo (acreedor) de la cuenta número 120, de "Remanente", pueda equipararse a las Reservas, porque éstas constituyen el Subgrupo 11 y aquélla está en el 12. Tampoco en el Modelo de balance dicho remanente se integra en las Reservas, como si de una dotación a éstas se tratara, porque dicho Remanente figura en el Pasivo bajo el epígrafe "V. Resultados de ejercicios anteriores", que sigue al "IV. Reservas". Por tanto, dejar a los resultados de un ejercicio en situación de pendientes de aplicación, no puede catalogarse como una asignación a reservas (ni, menos todavía, como una distribución de dividendos) lo que lleva a que, de aceptarse la tesis del contribuyente, quedaría merced de la sociedad la valoración de sus propios títulos por capitalización, sin más que hacerlos figurar como Remanente, pendientes de aplicación.
Por tanto, hemos de concluir que los beneficios obtenidos en 1996 por X, S.A. han de entrar en el cálculo del promedio, sin ser enjugados, como el recurrente pretende, con las pérdidas de los anteriores ejercicios.
QUINTO: Siguiendo con la misma cuestión planteada, referente a cómo ha de determinarse el valor de enajenación de los títulos vendidos, corresponde ahora examinar la siguiente alegación, tendente a demostrar la tesis de que, en todo caso, sería en el ejercicio 1997 (ejercicio que no entra en el cálculo del promedio a capitalizar para determinar el valor de transmisión) y no en 1996, cuando se produce una parte de los resultados positivos de X, S.A. que la Inspección atribuye a 1996. En concreto, la argumentación del interesado consiste en afirmar que el beneficio obtenido por esta entidad, como consecuencia de vender sus acciones de Y, S.A. se produjo en 1997, porque fue el 10 de marzo de dicho año, y no antes, cuando otorgó escritura pública de venta del primer 50 por 100 de su paquete de acciones, venta que ocasionó parte de los beneficios que la Inspección toma en cuenta a efectos de capitalización. Tampoco puede aceptarse esta tesis. El interesado adjunta a su recurso de alzada una fotocopia de la Sentencia de la Audiencia Provincial de ... de ... de 2003, recaída en recurso de apelación interpuesto por dicho interesado, entre otras personas, contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número ... de ..., de ... de 2002. En su Resolución, la Audiencia examina detenidamente el contrato otorgado en escritura pública de 14 de marzo de 1996 (número de protocolo ...), denominado por las partes "precontrato de compraventa", para concluir que
"En definitiva, el contrato de que se trata, Escritura pública de 14 de marzo de 1996, número de protocolo... y complementaria con número de protocolo..., no es un mero precontrato o contrato preparatorio de compraventa o, con más precisión, una simple promesa de compraventa, sino que nos hallamos ante una real y efectiva compraventa y ello en la medida en que, al haberse producido acuerdo entre las partes sobre la cosa a vender, las 9.000 acciones nominativas de la mercantil Y, S.A., y el precio asignable a tal venta, 450.000.000 de pesetas (2.704.554,47 €) para el primer 50% de acciones (...) pone de manifiesto que se está en presencia de una relación jurídica, por la que la demandada apelada pretendió efectivamente comprar, y los actores recurrentes pretendieron realmente vender, generando en consecuencia una situación de compraventa actual al tiempo del otorgamiento del contrato afectado por la controversia de que se trata. Mal se compagina, en este sentido, la pretensión de existencia de un mero contrato preparatorio de compraventa o de una simple promesa de compraventa, con la situación, como la actual, en la que se ha producido acuerdo contractual en relación a cosa a vender y precio a pagar por ella (...)".
Se deduce claramente de lo transcrito el valor jurídico que la autoridad judicial atribuye al contrato otorgado en 1996, que no determinó el cambio de propiedad de la cosa vendida (al faltar el modo), aunque sí fue título para ello. Por tanto, dicho contrato generó obligaciones para las partes, de entregar lo vendido, para una y satisfacer el precio convenido, para la otra. El nacimiento de obligaciones y derechos de contenido económico en la sociedad transmitente (entregar los títulos vendidos y cobrar el precio, respectivamente) da lugar a una alteración de su activo y de su pasivo, de su patrimonio en definitiva, y ello abre la necesidad de cuantificarlo, siendo evidente que, al obedecer al contrato celebrado el 14 de marzo de 1996, el beneficio con esta alteración patrimonial, operada por un contrato de 1996, corresponde a dicho año.
SEXTO: Se deduce de lo anterior que dicho beneficio -es decir, el originado en X, S.A. por venta, el 14 de marzo de 1996, de sus acciones de Y, S.A. corresponde a la totalidad de la venta, porque a ella se refería el contrato de que dicho beneficio trae causa. No son aceptables, por consiguiente, los razonamientos del reclamante que, basados en la expresada Sentencia, pretenden limitar los efectos de dicha venta sobre el patrimonio social al 50 por 100 de las acciones vendidas, ya que, repetimos, lo que determina en este caso la obtención del beneficio (incremento de patrimonio) no es la transmisión de la propiedad de las acciones, sino la aparición de nuevos activos y pasivos.
En consecuencia, hemos de concluir que no procede aceptar ninguna de las alegaciones del reclamante sobre la determinación del incremento de patrimonio discutido.
SÉPTIMO: Por último, hemos de entrar en la cuestión de la deducibilidad de lo pagado por el Impuesto Municipal sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana correspondiente a la venta de determinado inmueble en 1995. El artículo 78 Siete b) de la Ley 18/1991, enumeraba como una de las deducciones de la cuota impositiva, a efectos de determinar la cuota líquida:
"El 75 por 100 de la cuota del Impuesto Municipal sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana satisfecho por los sujetos pasivos en el ejercicio, cuando corresponda a alteraciones patrimoniales de las que hayan derivado incrementos de patrimonio sujetos efectivamente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas".
El interesado adjunta a su escrito de recurso copia, cuya coincidencia con el original está adverada notarialmente, de la liquidación girada por el Ayuntamiento de ... el 30 de julio de 1996, cuya deuda a pagar es de 189.187 pesetas (1.137,04 €) siendo sujeto pasivo el interesado. La segunda hoja del documento aportado lleva fecha de 3 de abril de 1997. Si, efectivamente, dicha cuota fue satisfecha por el sujeto pasivo en 1997, como parece deducirse de la documentación aportada, y corresponde la misma a una alteración patrimonial que dio lugar a un efectivo gravamen en el Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, procederá la deducción pretendida, pero la comprobación de que concurren dichas circunstancias no puede hacerse en esta vía, por lo que procede ordenar que la Inspección efectúe las comprobaciones oportunas en tal sentido.
OCTAVO: La última cuestión controvertida es la procedencia de la sanción. Ésta responde a la calificación de la conducta del interesado como infracción tributaria grave, concretada en no haber liquidado el incremento patrimonial examinado anteriormente y, en segundo lugar, haber deducido de la cuota la parte correspondiente a la aludida liquidación del Impuesto Municipal; este segundo componente de la sanción habrá de quedar a expensas del resultado de las comprobaciones inspectoras ordenadas en el Fundamento anterior, por lo que ahora hemos de limitarnos al primero de ambos. Pues bien, entiende este Tribunal que en este caso no concurre -o, al menos, no resulta del expediente- el necesario elemento de culpabilidad, necesario para que la conducta del interesado sea acreedora de sanción, porque aquélla puede ampararse en una dificultad interpretativa de las normas jurídicas aplicables, que en este caso se concretan en el ya citado -y parcialmente transcrito- artículo 48 de la Ley 18/1991. No sólo plantea este artículo la dificultad de interpretar cómo han de computarse los resultados registrados en los tres ejercicios al que el precepto se refiere, dificultad resuelta por el Tribunal regional en sentido distinto al que la Inspección entendía correcto -discrepancia demostrativa de la dificultad a que aludimos- sino también el problema de cómo entender la precisión legal de que
"A este último efecto, se computarán como beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones a reservas, excluidas las de regularización o de actualización de balances".
Este inciso plantea, en efecto, la duda de si han de integrarse en la cifra de beneficios a capitalizar, solamente los dos componentes expresamente citados (dividendos y asignaciones a reservas) o también otros capítulos o elementos de ellos, cuestión que este Tribunal resolvió en Fundamentos anteriores, pero cuya dificultad no puede negarse. De ahí que hayamos de concluir que los elementos de culpa o negligencia, necesarios para que la conducta del obligado tributario merezca la sanción aplicada, no han quedado suficientemente probados en el expediente, sino que cabe la posibilidad de que la falta de ingreso de la cuota obedeciera a una interpretación, errónea aunque razonable, de las normas jurídicas de aplicación.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, en la reclamación económico-administrativa, en única instancia, interpuesta por DON ..., contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 30 de noviembre de 2004 recaída en reclamación número ... y acumulada ..., referente a liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1997, ACUERDA: 1º) Estimar en parte el recurso.- 2º) Anular la Resolución recurrida, aunque confirmando la parte de ésta que anula los actos administrativos impugnados.- 3º) Ordenar la práctica de comprobaciones inspectoras para determinar si procede admitir la deducción en la cuota por concurrir los requisitos legales para ello, en relación con la liquidación del Impuesto Municipal sobre el Incremento del valor de los Terrenos de fecha 30 de julio de 1996 e importe de 1.137,04 € (189.187 pesetas).- 4º) Ordenar se gire una nueva liquidación de cuota e intereses de demora en que, además de recoger en lo procedente el resultado de las anteriores comprobaciones, se determine el incremento de patrimonio ocasionado por la venta de acciones de X, S.A. mediante la capitalización, en la forma legalmente establecida, de la tercera parte de 2.080.532,33 euros (346.171.452 pesetas), sin que por este concepto proceda imponer sanción alguna al interesado.
Resolución No Vinculante de DGT, 1023-99, 16-06-1999
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 16/06/1999 Núm. Resolución: 1023-99