Source: http://pandectasdigital.blogspot.com/2016/11/sentencia-de-la-sala-constitucional-del.html
Timestamp: 2018-05-21 01:11:45
Document Index: 180298940

Matched Legal Cases: ['artículo 214', 'Artículo 35', 'artículo 9', 'artículo 214', 'artículo 103', 'artículo 207', 'artículo 103', 'artículo 287', 'artículo 273', 'artículo 236', 'artículo 246', 'artículo 204', 'artículo 7', 'artículo 34', 'artículo 273', 'artículo 273', 'artículo 214']

Pandectas Digital: Sentencia N° 939 de fecha 4 de noviembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara nula la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal
Sentencia N° 939 de fecha 4 de noviembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara nula la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal
Sentencia N° 939 de fecha 4 de noviembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara nula la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal, sancionada por la Asamblea Nacional el 19 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.043 de fecha 1° de diciembre de 2016.
El 21 de octubre de 2016, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia oficio con fecha 14 de octubre de 2016, suscrito por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, mediante el cual remitió, con la finalidad de que esta Sala se pronuncie sobre su constitucionalidad, un ejemplar de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, sancionada por la Asamblea Nacional el 19 de julio de 2016 y remitida para su promulgación por oficio N.° ANL 010/16, fechado 21 de julio de 2016 y suscrito por el presidente de la Asamblea Nacional, ciudadano Henry Ramos Allup, el cual fue recibido en el Despacho de la Presidencia de la República el 25 de agosto del mismo año.
En esa misma fecha se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 2 de noviembre de 2016, el abogado Carlos Luis Mendoza Guyón, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo en N.° 101.960, con el carácter de representante de la Contraloría General de la República, presentó escrito de fundamentación relativo a la inconstitucionalidad de la ley sancionada.
Dada la ausencia justificada de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, se constituye esta Sala Constitucional Accidental integrada por las magistradas y los magistrados: Gladys Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; Juan José Mendoza Jover, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson y René Degraves Almarza.
Mediante oficio del 14 de octubre de 2016, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, remitió a esta Sala el texto de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, sancionada por la Asamblea Nacional el 19 de julio de 2016, en el cual remitió “(…) con la finalidad de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncie acerca de la constitucionalidad del citado documento, debido a que ese Órgano Legislativo se encuentra en Desacato frente a las Decisiones del Poder Judicial (…)”.
Como punto previo debe esta Sala pronunciarse en cuanto al escrito de consideraciones consignado por la representación de la Contraloría General de la República, debiendo aclarar que la legitimación activa de control previo de constitucionalidad es exclusiva y excluyente del Presidente de la República, quien, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Constitución, es el único que puede solicitar el pronunciamiento de esta Sala sobre la constitucionalidad de una ley sancionada por la Asamblea Nacional previo a su promulgación, para lo cual la Sala tiene un lapso perentorio de 15 días.
Artículo 35. La Contraloría General de la República, en el ejercicio de la rectoría que le corresponde sobre el Sistema Nacional de Control Fiscal, realizará las acciones necesarias para fortalecer el carácter técnico, en el ejercicio de las funciones de control de los órganos que integran el sistema, así como la planificación de actuaciones de control coordinadas, sin que ello implique la posibilidad de intromisión en las actividades relativas a la administración de sus recursos humanos, presupuestarios o financieros, o en cualquier otra que menoscabe la autonomía funcional e independencia de éstos(sic) órganos.
18. Dejar prescribir o permitir que desmejoren acciones o derechos de los órganos y entidades señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, por no hacerlos valer oportunamente o hacerla(sic) negligentemente.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los diecinueve días del mes de julio de dos mil dieciséis. Años 206 de la Independencia y 157 de la Federación.”
Respecto de la competencia de esta Sala para el conocimiento de la solicitud planteada por el Presidente de la República, se advierte que si bien el mismo no la calificó expresamente; no obstante, bajo el principio iura novit curia, corresponde emitir pronunciamiento sobre la pretensión interpuesta, relativa a la constitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y en ese sentido, visto que la Constitución establece expresamente un mecanismo de control de las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional sin que hayan sido promulgadas por el Presidente de la República, cual es el control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -o el pronunciamiento relativo al carácter orgánico de las leyes, lo cual no constituye el objeto del presente caso (cfr. sentencia Nº 537 del 12 de junio de 2000, caso: “Ley Orgánica de Telecomunicaciones”)-, esta Sala considera que la pretensión interpuesta debe calificarse como un control previo de constitucionalidad; y así se declara.
Como punto previo esta Sala no puede dejar de advertir que en el presente caso se planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal sancionada por la Asamblea Nacional, lo cual atañe al orden público constitucional, ya que sus disposiciones no solo son de carácter general y afectarían a la colectividad de ser promulgadas, sino que conciernen a la organización de un órgano del Poder Ciudadano, como lo es la Contraloría General de la República, así como al Sistema Nacional de Control Fiscal, razón por la cual, no obstante la valoración sobre la solicitud de autos, resulta imperioso emitir el presente pronunciamiento relativo a la constitucionalidad de la Ley sancionada por su relevancia en el sistema jurídico e institucional de la República y dadas las circunstancias particulares que se produjeron en el proceso de formación de la norma legal y que se refieren a continuación.
De igual forma, la Sala estableció claramente en sentencia N.°814/2016, que: “(…) Se reitera lo declarado por esta Sala en la sentencia n.° 808 del 2 de septiembre de 2016, en la que, entre otros pronunciamientos, se declaró ‘que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia’ (…)”.
“(…) 1. EL DESACATO a las sentencias de la Sala Electoral número 260 de fecha 30 de diciembre de 2015 y número 1 del 11 de enero de 2016, y en caso de mantenerse el desacato de las referidas decisiones, se reservan todas aquellas acciones o procedimientos judiciales a que haya lugar. 2. LA INVALIDEZ, INEXISTENCIA E INEFICACIA JURÍDICA por violación flagrante del orden público constitucional en el pretendido acto de juramentación de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana en el cargo de Diputados de la Asamblea Nacional realizado el 28 de julio de 2016por la Junta Directiva del órgano legislativo nacional, así como de aquellos actos o actuaciones que dictare la Asamblea Nacional con la juramentación de los prenombrados ciudadanos (…)” (negrillas del original y subrayado de esta Sala).
Visto lo anterior, se advierte que el referido desacato por parte del órgano legislativo nacional se produjo a partir del 28 de julio de 2016, siendo que el Presidente de la República recibió la ley para su promulgación con posterioridad al momento en que se produjo dicha circunstancia, lo que incidió en la consideración del Jefe de Estado en cuanto a que la misma no resultaba constitucional por tal motivo, además del hecho de que no se había cumplido con el proceso de formación de leyes de conformidad con lo dispuesto por esta Sala en la sentencia N° 269 del 21 de abril de 2016, lo cual también implica un desacato a las decisiones de este órgano judicial.
De hecho, luego de un análisis detenido de la Exposición de Motivos de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscalsancionada por la Asamblea Nacional, advierte esta Sala que se evidencia la inobservancia del procedimiento de formación de la Ley, en virtud de lo preceptuado en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Sala, en particular en lo referente a la obligatoriedad del estudio de impacto económico para determinar la viabilidad de la legislación, lo cual resulta absolutamente necesario para su sanción e ingreso en el ordenamiento jurídico nacional, según lo previsto en los artículos 208, 311, 312, 313 y 314 de nuestra Carta Magna, relacionados con la obligatoriedad por parte de la Asamblea Nacional, tal como lo reconoció esta Sala mediante la sentencia N.° 269 del 21 de abril de 2016, ratificado en sentencia N° 343 del 6 de mayo de 2016, según la cual la Asamblea Nacional debe consultar con el Ejecutivo nacional -por vía del Vicepresidente Ejecutivo- a los fines de determinar la viabilidad económica de la Ley, en aras de preservar los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal del régimen fiscal de la República, tomando en consideración las limitaciones financieras del país, el nivel prudente del tamaño de la economía y la condición de excepcionalidad económica decretada por el Ejecutivo Nacional.
“(…) en aras de garantizar el principio constitucional de equilibrio fiscal contenido en el Texto Constitucional así como el principio de legitimidad del gasto, al existir límites de los gastos durante el año fiscal en curso, por cada una de las entidades del Sector Público de acuerdo a los ingresos que los financian, esto es, con la disponibilidad de los Fondos Públicos, máxime cuando se está en presencia de una situación de excepcionalidad económica a nivel nacional, tal como lo ha declarado esta Sala en sentencia n° 4 de fecha 20 de enero de 2016, mediante la cual se decidió la constitucionalidad del Decreto n° 2.184, que declara el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.214 extraordinario del 14 de enero de 2016, así como del Decreto n.° 2.270 del 11 de marzo de 2016, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6219 Extraordinario del 11 de marzo de 2016, dictado por el Presidente de la República, mediante el cual, prorroga por sesenta (60) días el plazo establecido en el Decreto n° 2.184, antes identificado; se considera necesario, para no generar expectativas irresponsables contrarias a la ética, a la transparencia y a la democracia, mientras se decida el fondo del presente recurso, establecer que el informe sobre el impacto e incidencia presupuestaria y económica, o en todo caso, el informe de la Dirección de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional que debe acompañar a todo proyecto de ley, a que se refiere el numeral 3 del artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, son requisitos esenciales y obligatorios sin los cuales no se puede discutir un proyecto de ley, y que los mismos, en previsión de los artículos 208, 311, 312, 313 y 314 de la Constitución, deben consultarse con carácter obligatorio por la Asamblea Nacional –a través de su Directiva- al Ejecutivo Nacional- por vía del Vicepresidente Ejecutivo- a los fines de determinar su viabilidad económica, aun los sancionados para la fecha de publicación del presente fallo, en aras de preservar los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal del régimen fiscal de la República, tomando en consideración las limitaciones financieras del país, el nivel prudente del tamaño de la economía y la condición de excepcionalidad económica decretada por el Ejecutivo Nacional.” (Subrayado de la Sala).
“(…) estima necesario de manera provisional y mientras se decida el fondo del presente recurso, teniendo por norte el artículo 207 constitucional, establecer –como antes se apuntó- que el informe sobre el impacto e incidencia presupuestaria y económica, o en todo caso, el informe de la Dirección de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional que debe acompañar a todo proyecto de ley, a que se refiere el numeral 3 del artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, son requisitos esenciales y obligatorios sin los cuales no se puede discutir un proyecto de ley, y que los mismos, en previsión de los artículos 208, 311, 312, 313 y 314 de la Constitución, deben consultarse con carácter obligatorio por la Asamblea Nacional –a través de su Directiva- al Ejecutivo Nacional- por vía del Vicepresidente Ejecutivo- a los fines de determinar su viabilidad económica, aun los sancionados para la fecha de publicación del presente fallo, en aras de preservar los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal del régimen fiscal de la República, tomando en consideración las limitaciones financieras del país, el nivel prudente del tamaño de la economía y la condición de excepcionalidad económica decretada por el Ejecutivo Nacional.
Ello por cuanto, la aplicación del instrumento normativo legal genera un impacto en el gasto público del Estado, de allí que sea imperioso que exista por parte del órgano del Poder Público competente para el diseño, manejo, y ejecución del Plan y del Presupuesto del Estado, el estudio especial sobre el impacto e incidencia económica y presupuestario que la ley propuesta tendrá, pues los gastos que realiza el Estado deben estar balanceados con los ingresos fiscales. Así se decide.”
Es en este sentido que el Poder Ciudadano es independiente de los demás Poderes Públicos y los órganos que lo conforman gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa, conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual comporta un cambio de paradigma respecto del modelo constitucional anterior ya que ello implica su independencia respecto de otras ramas del Poder Público al dejar de ser un órgano auxiliar del Poder Legislativo, como lo ha expresado previamente esta Sala en los siguientes términos:
“La autonomía de la Contraloría General de la República queda consagrada en la vigente Carta Magna, sin lugar a duda, no sólo porque el artículo 287 de la Constitución establece su autonomía funcional, administrativa y organizativa -cónsono con el artículo 273, segundo aparte del mismo Texto, según el cual los órganos del Poder Ciudadano gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa­, sino, además, porque se elimina aquella concepción según la cual era un órgano auxiliar del Poder Legislativo Nacional, derivada del artículo 236 de la Constitución de 1961, basado, a su vez, en el artículo 246 de la Constitución de 1947. Ello es coherente con su concepción, no sólo como un órgano constitucional dotado de autonomía funcional, sino como integrante de un Poder Público diferente del Poder Legislativo: el Poder Ciudadano, por lo que mal puede ser órgano auxiliar del primero’. (Vid. Sentencia N.° 632 del 26 de abril de 2005)
Sobre la iniciativa legislativa de los órganos que ejercen el Poder Público ya se pronunció esta Sala en lo atinente a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, órgano para el cual la Constitución dispone una previsión similar a la supra citada, en el sentido de reservar al máximo órgano judicial la iniciativa legislativa cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales, razón por la cual se señaló en su oportunidad que el artículo 204.4 del Texto Constitucional, establece una atribución exclusiva y excluyente del Tribunal Supremo de Justicia para la iniciativa legislativa en materia de organización y procedimientos judiciales (vid. sentencia N.° 341 del 5 de mayo de 2016), criterio este aplicable al presente caso, mutatis mutandi, en relación con la atribución exclusiva y excluyente de la iniciativa legislativa por parte del Poder Ciudadano, cuando se trate de leyes relativas a los órganos que lo integran, lo cual no ocurrió en el presente caso, por lo que debe esta Sala declarar la inconstitucionalidad de la Ley sancionada, en virtud de lo cual la misma no puede ser promulgada por el Presidente de la República. Así se declara.
De igual forma, aprecia esta Sala que el artículo 7 de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, objeto de este pronunciamiento, prevé la modificación del artículo 34 de la Ley, en los siguientes términos:
En función de lo anterior, aprecia esta Sala que en este sentido la Reforma de la Ley Orgánica sancionada por la Asamblea Nacional implica una violación a la independencia del Poder Ciudadano y a la autonomía de la Contraloría General de la República, prevista en el artículo 273 Constitucional, autonomía e independencia que deben ser garantizadas por esta Sala como máximo y último intérprete del Texto Fundamental. Así se declara.
Es por ello, que la pretensión de la Asamblea Nacional de “dejar sin efecto" actos administrativos dictados por la Contraloría General de la República, tratando de eludir así lo dispuesto por esta Sala en la sentencia N.° 264 de fecha 11 de abril de 2016 que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de marzo de 2016, resulta contraria a Derecho, ya que se constituye en la legitimación de una conducta contraria a un deber jurídico, como lo es la sanción de las irregularidades administrativas a través del ejercicio legislativo, con el fin de eludir sanciones válidamente impuestas.
Al respecto, esta Sala ha sostenido en cuanto a las sanciones impuestas por la Contraloría General de la República, que:
“La prevalencia de las normas que privilegien el interés general y el bien común sobre los intereses particulares dentro de un Estado social de derecho y de justicia obligan al Estado venezolano y a sus instituciones a aplicar preferentemente las Convenciones Interamericana y de la ONU contra la corrupción y las propias normas constitucionales internas, que reconocen a la Contraloría general de la República como un órgano integrante de un Poder Público (Poder Ciudadano) competente para la aplicación de sanciones de naturaleza administrativa (…).
…lo que ha obligado a esta Sala a ponderar un conjunto de derechos situados en el mismo plano constitucional y concluir en que debe prevalecer la lucha contra la corrupción como mecanismo de respeto de la ética en el ejercicio de cargos públicos, enmarcada en los valores esenciales de un Estado democrático, social, de derecho y de justicia” (vid. Sentencia número 1.547/2011).
“Constituyamos este areópago para que vele sobre la educación de los niños, sobre la instrucción nacional; para que purifique lo que se haya corrompido en la República; que acuse la ingratitud, el egoísmo, la frialdad del amor a la Patria, el ocio, la negligencia de los ciudadanos; que juzgue de los principios de corrupción, de los ejemplos perniciosos; debiendo corregir las costumbres con penas morales, como las leyes castigan los delitos con penas aflictivas, y no solamente lo que choca contra ellas, sino lo que las burla; no solamente lo que las ataca sino lo que las debilita; no solamente lo que viola la Constitución, sino lo que viola el respeto público. La jurisdicción de este Tribunal verdaderamente santo deberá ser efectiva con respecto a la educación y a la instrucción, y de opinión solamente en las penas y castigos. Pero sus anales, o registros, donde se consignan sus actas y deliberaciones, los principios morales y las acciones de los ciudadanos, serán los libros de la virtud y del vicio.” (énfasis añadido)
Por último, sin menoscabo de lo descrito con antelación, considera esta Sala relevante destacar que en la Exposición de Motivos de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se justifica la reforma de la ley en las recomendaciones suministradas por el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en su Primera Ronda de Análisis (2002-2006), así como por el grupo intergubernamental de expertos de composición abierta para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), sobre tal particular cabe observar lo siguiente:
“(….) La República Bolivariana de Venezuela ha considerado la aplicabilidad y adoptado medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer órganos de control superior que desarrollan funciones en relación con el efectivo cumplimiento de las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en el marco de la primera ronda (Artículo III, párrafos 1, 2, 4 y 11 de la Convención), de acuerdo con lo dicho en el aparte 3 del capítulo II de este Informe.
3.1 Fortalecer la labor de fiscalización que realiza la CGR, como órgano de control superior y de vigilancia, sobre las Contralorías Estadales, considerando la posibilidad de efectuar un mayor número de evaluaciones o diagnósticos sobre sus actividades, o emplear los mecanismos o instrumentos que se considere apropiados que permitan verificar su adecuado funcionamiento (…)”. (Negrillas del Informe).
Es así, que la implementación de una opinión favorable del Consejo Legislativo Estadal, Consejo Metropolitano o Distrital o del Concejo Municipal para restringir las funciones propias de la Contraloría General de la República de fiscalizar y determinar la efectividad, eficiencia y economía de las gestiones desarrolladas por las Contralorías Estadales, Metropolitanas, Distritales y Municipales no solo lesiona el principio de autonomía que le asiste a este órgano a la luz de la disposición contenida en el artículo 273 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que tampoco obedece a las razones expresadas en la Exposición de Motivos.
A tal efecto, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela la aprobó, mediante Ley Aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 38.192, de fecha 23 de mayo de 2005. Más adelante, Venezuela depositó su instrumento de ratificación ante el Secretario General de las Naciones Unidas el 2 de febrero de 2009, siendo el total de países signatarios 144 y las Partes 167.
Desde el año 2001 la Contraloría General de la República ha hecho seguimiento del proceso de aplicación de este instrumento internacional de lucha contra la corrupción y participó en las diversas reuniones de los tres Grupos de trabajo intergubernamentales de composición abierta vinculados con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y establecidos por la Conferencia de los Estados Parte: el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre el examen de la aplicación de la Convención; el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre recuperación de activos y el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre prevención de la corrupción. Además participó en las cuatro conferencias de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción celebradas hasta la fecha en Amán, Jordania (2006), Nusa Dua, Indonesia (2008), Doha, Qatar (2009) y Marrakech, Marruecos (2011).
1.- Su COMPETENCIA para conocer de la presente solicitud de control previo de constitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, planteada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Constitución de la República.
Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Remítase copia certificada del fallo al Presidente de la República, al Presidente de la Asamblea Nacional y al Contralor General de la República. Cúmplase lo ordenado.
Materias relacionadas: Contraloría General de la República , GO 41043 , Sentencias