Source: https://www.slideshare.net/Coljuristas/principios-sobre-impunidad-y-reparaciones
Timestamp: 2017-03-28 08:36:09
Document Index: 232208093

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Comisión Colombiana de JuristasPrincipios internacionales sobreimpunidad y reparaciones Compilación de documentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2.
© 2007 Comisión Colombiana de Juristas Calle 72, n.º 12-65, piso 7 A.A. 58533 Bogotá, Colombia Teléfonos: (571) 376 8200 - (571) 343 4710 Fax: (571) 376 8230 Correo electrónico: ccj@coljuristas.org Página web: www.coljuristas.org ISBN: 978-958-9348-39-0 Bogotá, Colombia Enero de 2007 Edición: Gustavo Gallón Giraldo Michael Reed Hurtado Portada: Stephan Acuña Armada electrónica e impresión: Opciones Gráficas Editores Ltda. Carrera 73A No. 64A-42 Bogotá, Colombia Teléfonos: (571) 224 1823 - (571) 482 7071Este libro ha sido elaborado con el financiamiento de la Unión Europea, dentro del proyecto de Accionesen apoyo de una aplicación transparente y efectiva de la ley de justicia y paz en Colombia.La organización de su contenido (basado en documentos oficiales de la ONU) es reponsabilidadexclusiva de la Comisión Colombiana de Juristas. 3.
ContenidoPresentación 11Primera sección: Impunidad 1. Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad (documentos finales) 31 1.1 Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad Doc. ONU E/CN.4/2005/102/Add.1 33 1.2 Resolución sobre impunidad, número 2005/81 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (por medio de la cual toma nota del Conjunto actualizado de principios como directrices que ayuden a los Estados a desarrollar medidas eficaces para luchar contra la impunidad, reconoce la aplicación regional y nacional de los Principios y adopta otras disposiciones al respecto) Doc. ONU E/CN.4/RES/2005/81 55 1.3 Resolución sobre el derecho a la verdad, número 2005/66 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (en la cual toma nota con reconocimiento del Conjunto actualizado de principios y adopta otras disposiciones al respecto) Doc. ONU E/CN.4/RES/2005/66 63 2. Antecedentes y documentos de referencia relacionados con los principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad 67 2.1 Las directrices de Joinet revisadas Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 69 4.
6 Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones 2.2 Resolución sobre impunidad, número 2003/72 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (por la cual pide al Secretario General que encargue un estudio independiente sobre las mejores prácticas de los Estados para reforzar su capacidad nacional para combatir la impunidad) Doc. ONU E/CN.4/RES/2003/72 105 2.3 El estudio de Orentlicher 2004 Estudio independiente, con inclusión de recomendaciones sobre las mejores prácticas para ayudar a los Estados a reforzar su capacidad nacional con miras a combatir todos los aspectos de la impunidad, elaborado por la Profesora Diane Orentlicher y presentado a la Comisión de Derechos Humanos por el Secretario General en cumplimiento de la resolución 2003/72 Doc. ONU E/CN.4/2004/88 111 2.4 Resolución sobre impunidad, número 2004/72 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (en la cual subraya la obligación de los Estados, conforme al derecho internacional, de poner fin a la impunidad y solicita que el Secretario General nombre un experto independiente que actualice los Principios para recoger la evolución reciente del derecho y de la práctica internacionales) Doc. ONU E/CN.4/RES/2004/72 143 2.5 El informe de Orentlicher 2005 Informe de Diane Orentlicher, Experta independiente encargada de actualizar el Conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, presentado en cumplimiento de la Resolución número 2004/72 Doc. ONU E/CN.4/2005/102 149 2.6 Estudio sobre el derecho a la verdad Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en cumplimiento de la Resolución número 2005/66 de la Comisión de Derechos Humanos Doc. ONU E/CN.4/2006/91 187 5.
Segunda sección: reparaciones1. Principios internacionales sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones (documento final) 213• Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones ONU AG Res. 60/147 del 16 de diciembre de 2005 2152. Antecedentes relacionados con los principios internacionales sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones 2292.1 El estudio de van Boven 1993 Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, Informe definitivo presentado por el Sr. Theo van Boven, Relator Especial. Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1993/8 2312.2 Las directrices de van Boven 1996 La administración de justicia y los derechos humanos. Serie revisada de principios y directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho humanitario a obtener reparación, preparada por el Sr. Theo van Boven de conformidad con la decisión 1995/117 de la Subcomisión. Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1996/17 3072.3 Las directrices de van Boven 1997 Revisión de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario a obtener reparación. Doc. ONU E/CN.4/1997/104 313 6.
8 Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones 2.4 Las directrices de Joinet revisadas Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 (Estas directrices incorporaron los Principios sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones. El documento se puede consultar en la primera sección: impunidad.) 69 2.5 Las directrices de Bassiouni 1999 Informe del Sr. M. Cherif Bassiouni, experto independiente sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales, presentado de conformidad con la resolución 1998/43 de la Comisión de Derechos Humanos. Doc. ONU E/CN.4/1999/65 319 2.6 Las directrices de Bassiouni 2000 El derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales, Informe final del Relator Especial, Sr. M. Cherif Bassiouni, presentado en virtud de la resolución 1999/33 de la Comisión. Doc. ONU E/CN.4/2000/62 357 2.7 Resolución sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales, número 2002/44 de la Comisión de Derechos Humanos (por la cual solicita al Secretario General y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizar un proceso consultivo con miras a finalizar la redacción del Proyecto de Principios y directrices). Doc. ONU E/CN.4/RES/2002/44 371 2.8 El informe de Salinas 2003 El derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Nota del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Transmisión del Informe de la reunión consultiva en la que se examinó el proyecto de Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 7.
Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones 9 violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, presentado por el Presidente-Relator, Sr. Alejandro Salinas (Chile). Doc. ONU E/CN.4/2003/63 373 2.9 El informe de Salinas 2004 El derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Nota del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Transmisión del Informe de la segunda reunión consultiva relativa a los «Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones», (Ginebra, 20, 21 y 23 de octubre de 2003), Presidente-Relator: Sr. Alejandro Salinas (Chile). Doc. ONU E/CN.4/2004/57 425 2.10 El informe de Salinas 2005 El derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Nota de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Transmisión del Informe de la tercera reunión consultiva acerca de los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, (Ginebra, 29 de septiembre a 1 de octubre de 2004), Presidente-Relator: Sr. Alejandro Salinas (Chile). Doc. ONU E/CN.4/2005/59 463 2.11 Resolución 2005/35 de la Comisión de Derechos Humanos (por la cual se aprueban los Principios y directrices básicos y se recomienda al Consejo Económico y Social que apruebe un proyecto de resolución que, a su vez, recomiende a la Asamblea General que apruebe tales Principios y directrices básicos). Doc. ONU E/CN.4/RES/2005/35 495 2.12 Resolución 2005/30 del Consejo Económico y Social (que aprueba y recomienda a la Asamblea General la aprobación de los Principios y directrices básicos). Doc. ONU ECOSOC Res. 2005/30 497 8.
PresentaciónLa lucha contra la impunidad y el derecho de las víctimas a obtener reparaciones porlas violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario son áreasespecíficas que han sido precisadas recientemente en el marco del derecho internacionalpúblico. Se trata de dos campos específicos del derecho internacional que se desprendendel reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y de la necesidad de hacer frente ahechos que ultrajan la conciencia de la humanidad. Tanto la lucha contra la impunidadcomo el derecho a obtener reparaciones se derivan de la obligación general de todos losEstados de respetar y hacer respetar los derechos humanos, concretamente en relacióncon los deberes estatales en materia de administración de justicia.Estas dos áreas complementarias, pero específicas, del derecho internacional públicoobtuvieron su cristalización en 2005 mediante la aprobación y divulgación de dosgrupos de principios que son el objeto central de esta publicación:• el “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”1 (en adelante, Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad); y• los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”2 (en adelante, Principios internacionales sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones).El esfuerzo de la Organización de las Naciones Unidas por codificar las obligacionesinternacionales de los Estados en materia de lucha contra la impunidad y los derechosde las víctimas a obtener reparación se inició hace un poco más de quince años. Laconclusión y aprobación en 2005 de las versiones finales de los Principios1 Aprobados por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Resolución sobre impunidad, número 2005/81 (por medio de la cual toma nota del Conjunto actualizado de principios como directrices que ayuden a los Estados a desarrollar medidas eficaces para luchar contra la impunidad, reconoce la aplicación regional y nacional de los Principios y adopta otras disposiciones al respecto), Doc. ONU E/CN.4/RES/2005/81.2 Aprobados por la Asamblea General de la ONU, AG Res. 60/147 del 16 de diciembre de 2005. 9.
12 Principios internacionales sobre impunidad y reparacionesinternacionales sobre la lucha contra la impunidad y los Principios internacionalessobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones es un hito que debe celebrarsey su contenido debe darse a conocer de la manera más amplia posible.En reconocimiento a los distintos esfuerzos involucrados en esta importante tarea ycon el fin de contribuir a divulgar estos principios internacionales sobre impunidad yreparaciones, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), con el apoyo de la UniónEuropea, realiza esta publicación que recopila tanto los textos definitivos, como lasresoluciones aprobatorias y los antecedentes o trabajos preparatorios más relevantes.1. La promoción de los derechos de las víctimas y su debida aplicación como propósito central de esta compilaciónEl contenido de los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad ha sidoparticularmente susceptible a ejercicios de manipulación y relativización en los distintoscontextos nacionales en los cuales se ha logrado incluir en la agenda pública el reconocimientode las atrocidades perpetradas y de los derechos de las víctimas. En diversos países, se haintentado deslegitimar las voces de las víctimas que reclaman reconocimiento y justicia,equiparando esos reclamos a demandas exageradas y fanáticas que atentan contra lareconciliación nacional. Mediante la saturación de los lenguajes institucionales con postuladosretóricos que sustituyen conceptos por clichés se ha procurado vaciar de contenido losderechos de las víctimas, sustituyéndolos por consignas oficiales de alcance restringido.El caso colombiano no ha sido inmune a esa tendencia, especialmente ahora que, en elmarco de la ley 975 de 2005, se procura regular el ejercicio de los derechos de lasvíctimas de crímenes de lesa humanidad perpetrados por los grupos paramilitares.En este contexto, la CCJ considera importante dar a conocer este compendio de normasdel derecho internacional que, de manera breve y precisa, plasman las obligacionesjurídicas que tienen los Estados en relación con las víctimas de violaciones de derechoshumanos y derecho humanitario, y con la sociedad en su conjunto, en materia de luchacontra la impunidad y el derecho a obtener reparaciones.2. Inventario y clasificación: una mirada sistemática al desarrollo de los principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad y el derecho a obtener reparacionesEsta compilación se estructura sobre la base de los dos instrumentos internacionalesaprobados en 2005, que, siendo documentos autónomos, están interrelacionados. El primerode ellos, los Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad, se dio por 10.
Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones 13finalizado el 21 de abril de 2005 durante la 60ª sesión de la Comisión de Derechos Humanosde la ONU a través de su resolución 2005/81. El segundo, los Principios internacionalessobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones, se aprobó el 16 de diciembre de2005 en la Asamblea General (AG) de la ONU por la resolución 60/147.Ambos instrumentos cuentan con una serie de trabajos preparatorios y antecedentesque permitieron conducirlos a su versión definitiva. Los Principios internacionalessobre la lucha contra la impunidad tienen su referente de inicio en una solicitud de laSubcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de laONU (en adelante, “la Subcomisión”), formulada en agosto de 1991, para que uno desus miembros, el experto francés Louis Joinet, realizara un estudio sobre la cuestiónde la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos. Luego deuna serie de informes sobre las leyes de amnistía y sobre la cuestión de la impunidadde los autores de las violaciones de los derechos civiles y políticos, el señor Joinetpresentó a la Subcomisión –cumpliendo con su decisión 1996/119–, un trascendentalestudio acerca de la cuestión de la impunidad que incluyó como anexo un conjuntode principios sobre la lucha contra la impunidad (Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1). Este documento, incluyendo las directrices de Joinet revisadas, es elantecedente principal del texto que, luego de unos trabajos de revisión encargadospor la Comisión de Derechos Humanos y por el Secretario General de Naciones Unidasa la experta estadounidense Diane Orentlicher, fue finalmente acogido en 2005 por laComisión de Derechos Humanos de la ONU.Por su lado, el trabajo preparatorio de los Principios internacionales sobre el derecho delas víctimas a obtener reparaciones también se inició bajo una solicitud de laSubcomisión, mediante su resolución 1989/13, en la cual encomendó al experto holandésTheo van Boven la realización de un estudio relativo al derecho de restitución,indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechoshumanos y las libertades fundamentales. Después de producir una serie de trabajosintermedios, el encargado de este estudio presentó en 1993 un trascendental estudiosobre la materia (Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1993/8). Posteriormente, la Comisión deDerechos Humanos encargó al experto egipcio-estadounidense Cherif Bassiouni laelaboración de un informe sobre “El derecho de restitución, indemnización yrehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y laslibertades fundamentales”, cuya versión final fue presentada en el año 2000 (Doc. ONUE/CN.4/2000/62). Estos dos estudios sirvieron como punto de partida para la elaboracióndel texto que, como producto de la revisión realizada durante varios años por un Grupode Trabajo creado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, abiertoa la participación de todos los Estados, y presidido por el embajador chileno AlejandroSalinas, sería aprobado en la Asamblea General de la ONU, en el año 2005. 11.
14 Principios internacionales sobre impunidad y reparacionesComo se observa, el desarrollo de cada uno de estos instrumentos cuenta con unosantecedentes particulares que sirven para examinar la evolución de los instrumentosy reconstruir el proceso de definición de los textos definitivos o finales. La elaboraciónde los principios internacionales contó con un proceso amplio de consultas con losrepresentantes de los países miembros de la ONU y grupos de expertos de derechointernacional. Igualmente, los textos definitivos son el resultado de múltiplesrevisiones que responden al estudio y análisis del derecho existente, la jurisprudencianacional e internacional y la práctica de los Estados.Con el fin de facilitar la revisión de los antecedentes y la evolución de los textos, estecompendio está estructurado en dos secciones: una sobre impunidad y otra sobrereparaciones.Cada una de las secciones se inicia con los respectivos textos aprobados y lasresoluciones respectivas. Los textos definitivos cristalizan el contenido de lasobligaciones de los Estados y exponen, a manera de catálogo, los enunciados básicosdel derecho internacional en materia de lucha contra la impunidad y el derecho de lasvíctimas a obtener reparaciones. Cada una de las secciones relativa a la impunidad ya las reparaciones continúa con los respectivos antecedentes y documentos dereferencia de los textos definitivos.Los antecedentes y documentos de referencia se han estructurado a partir del primertexto de referencia, seguidos de los documentos posteriores de mayor relevancia.Este orden cronológico, que se inicia con el primer documento y continúa de maneraprogresiva destacando los avances, facilita el estudio del desarrollo gradual y sucesivode los textos hasta llegar a su expresión aprobada.De esta manera, la sección de Antecedentes y documentos de referencia relacionadoscon los Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad empieza con elprimer documento de referencia, (las directrices de Joinet revisadas de 1997), yconcluye con un estudio de 2006 sobre el derecho a la verdad, que es un productoreciente de seguimiento a la implementación de los Principios internacionales sobrela lucha contra la impunidad, realizado por la Oficina del Alto Comisionado de lasNaciones Unidas para los Derechos Humanos.De igual forma, la sección sobre Antecedentes relacionados con los principiosinternacionales sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones comienza con elprimer texto de referencia (que es el mencionado estudio de van Boven de 1993). Demanera progresiva, esta sección destaca los trabajos de mayor pertinencia hasta llegar alpaso inmediatamente anterior a la aprobación definitiva del texto por parte de la Asamblea 12.
Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones 15General de la ONU, esto es, la resolución respectiva del Consejo Económico y Social dela ONU. Así, se logra ilustrar el desarrollo sucesivo y escalonado del texto aprobado.Al margen de algunos problemas en la fluidez del idioma utilizado (a menudo productode traducciones literales de otras lenguas al castellano), hemos decidido incluir los textosoriginales como fueron presentados por la ONU. Esta decisión la tomamos con el fin demantener la fidelidad al contenido de los documentos oficiales. De igual forma, mantenemoslas herramientas de formato utilizado por los distintos autores (subrayados, bastardillas,etc.). Las notas al pie de página en algunos de los documentos no fueron traducidas alcastellano por la ONU. De igual forma, uno de los documentos, el informe de Salinas2003 (Doc. ONU E/CN.4/2003/63), contiene un anexo que sólo está disponible en inglés.Como criterio de la compilación, hemos decido evitar las traducciones no oficiales eincluir estos textos en inglés como parte de los documentos oficiales. Nuestra tarea se halimitado a inventariar y organizar los documentos oficiales.La tabla de contenido de esta publicación es en sí una herramienta útil para examinarla evolución de los textos definitivos y los distintos pasos que se dieron para llegar asu versión final. Al listarlos bajo las dos secciones en la estructura descrita, cadadocumento se identifica de tres maneras: un título corto (como convención de fácilreconocimiento y de referencia rápida); el título oficial del documento; y, finalmente,la referencia numérica oficial que le da la ONU a cada documento. Por lo tanto, latabla de contenido puede servir como referencia rápida en procesos de consulta oinvestigación en relación con la evolución de los principios internacionales.3. Los principios plasman las obligaciones internacionales del Estado en materia de lucha contra la impunidad y reparacionesLos Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad y los Principiosinternacionales sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones son el resultadode un ejercicio de sistematización y codificación que, ante el moderno desarrollo delderecho internacional de los derechos humanos, consiste en condensar en un instrumentolas obligaciones internacionales del Estado sobre una materia particular que se encuentranvigentes de acuerdo a todas las fuentes del derecho internacional público.Las fuentes del derecho internacional público, según el artículo 38 del Estatuto de laCorte Internacional de Justicia3, son: los tratados internacionales, tanto los generalescomo los particulares; la costumbre internacional, como prueba de una práctica3 Anexo a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, adoptado el 26 de junio de 1945. 13.
16 Principios internacionales sobre impunidad y reparacionesgeneralmente aceptada como derecho; los principios generales de derecho reconocidospor naciones civilizadas; y, como medio subsidiario para la determinación de las reglas,las decisiones judiciales y la doctrina producida por los autores de mayor reconocimiento.Los dos grupos de principios internacionales presentados en esta publicación son lamaterialización de años de estudio y revisión de la totalidad de las fuentes del derechointernacional en dos campos específicos: la lucha contra la impunidad y el derecho de lasvíctimas a obtener reparaciones. Estos dos campos están relacionados, al derivarse ambosde la obligación general de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos, queincluye las obligaciones de prevenir las violaciones, investigarlas, sancionar a los responsablesy proporcionar recursos efectivos de reparación a las víctimas. No obstante, como se observaen su contenido y en su desarrollo, ambos cuentan con características específicas.A continuación, examinamos, de manera independiente, el contenido general de lasobligaciones del Estado en estos dos campos y concluimos con una breve reseñasobre el valor jurídico de los principios internacionales en el ordenamiento colombiano.a. Sobre las obligaciones internacionales del Estado en materia de lucha contra la impunidadLa impunidad constituye una infracción flagrante de las obligaciones internacionalesde los Estados según el derecho internacional de los derechos humanos. La obligaciónde luchar contra la impunidad se deriva directamente de obligaciones convencionales,adquiridas por los Estados por la ratificación de tratados internacionales.Las obligaciones estatales están establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civilesy Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente bajo laobligación general de respetar los derechos humanos y el deber de adoptar medidas internaspara garantizarlos4, especialmente en relación con el derecho a las garantías judiciales5 y laprotección judicial6. Además existen tratados particulares que establecen, explícitamente, eldeber de luchar contra la impunidad; es el caso de la Convención interamericana para preveniry sancionar la tortura y la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas7.4 Convención Americana de derechos Humanos (CADH), artículo 1.1. y 2; y Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos (PIDCP), artículo 25 CADH, artículo 8 y PIDCP, artículo 14.6 CADH, artículo 25 y PIDCP, artículo 26.7 Véase, por ejemplo, la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura, artículo 6; y la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas, artículo III. Aunque no está contemplada en una convención, esta obligación se extiende a las ejecuciones extrajudiciales. 14.
Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones 17Además, la lucha contra la impunidad es una obligación basada en el derechoconsuetudinario. En relación con violaciones que constituyen crímenes internacionales,todos los Estados tienen la obligación de juzgar o extraditar (aut dedere aut judicare)a las personas responsables de estos actos.Finalmente, cabe resaltar que la lucha contra la impunidad hace parte de los principiosgenerales del derecho internacional, en particular por su relación con la construccióny sostenimiento del Estado de derecho como una forma de gobernar y ejercer el poder.De este principio se derivan otros de gran trascendencia en la lucha contra laimpunidad, tales como la prohibición del ejercicio arbitrario del poder y laindependencia de la judicatura.Estas expresiones generales han sido ratificadas de manera específica por los órganosjurisdiccionales encargados de aplicar el derecho internacional de los derechoshumanos. De esta manera, en relación con la obligación de juzgar a los responsablesde violaciones de derechos humanos y combatir la impunidad, la Corte Interamericanade Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que: “ ‘[L]a investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, (...) es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad’. Además, este Tribunal ha indicado que el Estado ‘tiene la obligación de combatir [la impunidad] por todos los medios legales disponibles ya que [esta] propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares’. El Estado que dejara impune las violaciones de derechos humanos estaría incumpliendo, adicionalmente, su deber general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción”8.8 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso Bámaca Velásquez c. Guatemala, Reparaciones, sentencia del 22 de febrero de 2002, Serie C, No. 91, párr. 74. En su decisión la Corte IDH cita numerosos precedentes que sostienen la misma regla: Corte IDH, Caso Cantoral Benavides, Reparaciones, sentencia del 3 de diciembre de 2001, Serie C No. 89, párr. 63 y 69; Corte IDH, Caso Cesti Hurtado, Reparaciones, sentencia del 31 de mayo de 2001, Serie C No. 78, párr. 62, 63; Caso Villagrán Morales y otros, Reparaciones, sentencia del 26 de mayo de 2001, Serie C No. 77, párr. 99 y 100; y Caso Paniagua Morales y otros, Reparaciones, sentencia del 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 199, 200 y 201. 15.
18 Principios internacionales sobre impunidad y reparacionesLa Corte IDH también se ha referido a la necesidad de garantizar la efectividad de lainvestigación y la sanción, al igual que ha enfatizado la prohibición de establecermedidas tendientes a excluir la responsabilidad de las personas que han cometidoviolaciones. En este sentido, la Corte IDH ha sentenciado: “El Estado debe garantizar que el proceso interno tendiente a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos surta los debidos efectos. Además, deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como a medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de la sentencia condenatoria, como lo ha hecho notar la Corte en otros casos”9.Aunque no son exhaustivos, estos dos apartes de las decisiones de la Corte IDHresumen en buena medida las obligaciones de los Estados según el derechointernacional en relación con la lucha contra la impunidad.Como reflejo de estas normas del derecho internacional, los Principios internacionalesde lucha contra la impunidad estructuran, a partir de la obligación general de prevenir,investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos, una serie de enunciadosderivados del marco jurídico vigente. Estos principios se organizan en torno a tresgrandes categorías: el derecho a saber (o el derecho a la verdad); el derecho a lajusticia; y el derecho a obtener reparaciones. Los principios no enuncian normas nuevasni generan obligaciones que no hayan sido preexistentes; sencillamente, organizan osistematizan los derechos y las obligaciones existentes en función de la lucha contrala impunidad.Este nuevo instrumento de derecho internacional de los derechos humanos reafirma, demanera específica y concentrada, las obligaciones existentes que tienen todos los Estadosen materia de lucha contra la impunidad. Su sustento vinculante radica en que todos losenunciados tienen respaldo en distintas fuentes del derecho internacional público vigente(tratados, costumbre, principios generales de derecho, jurisprudencia y doctrina).9 Corte IDH, Caso Huilca Tecse Vs. Perú, sentencia del 3 de marzo de 2005, Serie C, No. 121, parr. 108. La Corte, además, cita los siguientes casos y apartes: Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, sentencia del 19 de noviembre de 2004, Serie C, No. 116, párr. 99; Caso Tibi, sentencia del 7 de septiembre de 2004, Serie C, No. 114, párr. 259; y Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, sentencia del 8 de julio de 2004, Serie C, No. 110, párr. 232. En el mismo sentido, véase Corte IDH, Caso Barrios Altos c. Perú, sentencia del 14 de marzo de 2001, Serie C, No. 75, párr. 41-44. 16.
Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones 19b. Sobre las obligaciones internacionales del Estado en relación con el derecho de las víctimas a obtener reparacionesEl derecho a obtener reparaciones “constituye una norma consuetudinaria que es,además, uno de los principios fundamentales del actual derecho de gentes”10. Suaceptación como derecho consuetudinario y como principio general de derecho seplasmó a comienzos del siglo pasado. En un histórico fallo, la Corte Permanente deJusticia Internacional estableció que “la reparación debe borrar todas lasconsecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que, con toda probabilidad,habría existido de no haberse cometido ese acto”11.De acuerdo al derecho internacional, la violación de cualquier derecho implica eldeber de reparar a las víctimas. La reparación tiene como objeto aliviar el sufrimientode la víctima y, en la medida de lo posible, restablecer el statu quo ante. La obligacióntambién la recoge el principio in integrum restitutio.En el marco del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a obtenerreparaciones goza de respaldo explícito en múltiples tratados. Está contemplado enel derecho genérico a un recurso efectivo12 y también en disposiciones específicas ytratados específicos que exigen la reparación de manera directa13.Desarrollando el contenido de las obligaciones generales de los Estados partes delPIDCP, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, recientemente, estableció que: “El párrafo 3 del artículo 2 requiere que los Estados Partes otorguen una reparación a las personas cuyos derechos del Pacto han sido10 Corte IDH, Caso Alobotoe y otros, Reparaciones, Serie C, No. 15, sentencia del 10 de septiembre de 1993, párr. 43.11 Véase Usine de Chorzów, compétence, arrêt No. 8, 1927, CPIJ, Serie A, No. 9, pág. 21; Usine de Chorzów, fond, arrêt No. 13, 1928, CPIJ, Serie A., No. 17, p. 290; y Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongroi et la Roumanie, deuxième phase, avis consultatif, CIJ, Recueil, 1950, p. 228.12 Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 8; PIDCP, artículo 2; CADH, artículo 25. A manera de ejemplo, el PIDCP (artículo 2.3.a) establece que: “Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”.13 Véase por ejemplo, PIDCP, artículos 9.5 o 14.6 (que establecen el derecho a obtener reparaciones en casos de detenciones arbitrarias). De igual forma, véase la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, artículo 14.1 o la Convención sobre los derechos del niño, artículo 39. 17.
20 Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones violados. Si no se otorga una reparación a los individuos cuyos derechos del Pacto han sido violados, la obligación de proporcionar un recurso efectivo, que es fundamental para la eficacia del párrafo 3 del artículo 2, no se cumple. Además de la reparación explícita exigida por el párrafo 5 del artículo 9 y el párrafo 6 del artículo 14 el Comité considera que el Pacto entraña por lo general una indemnización adecuada. El Comité señala que, cuando procede, la reparación puede entrañar la restitución, la rehabilitación y medidas de satisfacción, como apologías [excusas] públicas, memoriales públicos, garantías de no repetición y cambios en las leyes y las prácticas pertinentes, así como el sometimiento a la justicia de los autores de violaciones de derechos humanos”14.De igual forma, el deber de reparar las violaciones de derechos humanos es evidenteen el sistema interamericano de protección. De manera explícita, la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos (CADH) plantea este deber al definir lasfunciones de la Corte IDH, de la siguiente manera: “Cuando [la Corte IDH] decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”15.Este enunciado confirma el derecho a obtener reparaciones que, junto con la prácticade la Corte IDH16, establece de manera clara las obligaciones del Estado en relacióncon el derecho de las víctimas a obtener reparaciones.El texto definitivo de los Principios internacionales sobre el derecho de las víctimasa obtener reparaciones recoge todos los componentes del derecho y los plasma en uninstrumento conciso. Bajo este enfoque, se establece, en su preámbulo, que: estos“no entrañan nuevas obligaciones jurídicas internacionales o nacionales, sino que14 ONU, Comité de los Derechos Humanos, Observación General No. 31, La índole de la obligación jurídica general impuesta, 80º período de sesiones, Doc. ONU HRI/GEN/1/Rev.7, p. 225 (2004), párr. 16.15 CADH, artículo 63.1.16 Véase, a manera de ejemplo, Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización compensatoria, sentencia del 21 de julio de 1989, Serie C, No. 7, párr. 25; y Corte IDH, Caso Godínez Cruz, Indemnización compensatoria, sentencia del 21 de julio de 1989, Serie C, No. 8, párr. 23. 18.
Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones 21indican mecanismos, modalidades, procedimientos y métodos para el cumplimientode las obligaciones jurídicas existentes conforme a las normas internacionales dederechos humanos y al derecho internacional humanitario”17.Los Principios internacionales partieron de un minucioso estudio que documentó elestado del arte del derecho en ese momento18, a partir del cual se logró la consolidaciónde los principios que fueron aprobados por el máximo órgano político de la ONU. Sufuerza vinculante como catálogo de las obligaciones de los Estados radica en laaplicación concomitante de las distintas fuentes de derecho internacional público enfunción del derecho de las víctimas a obtener reparaciones.En el derecho internacional, los principios internacionales sobre impunidad y sobrereparaciones son fundamento de derecho en la medida en que contienen lasobligaciones internacionales de los Estados derivadas de tratados vigentes, costumbreinternacional, principios generales de derecho internacional. Adicionalmente, lapráctica de los órganos encargados de aplicar el derecho internacional de los derechoshumanos (como la Corte IDH y el Comité de Derechos Humanos de la ONU) confirmael valor de los principios como fuente de las obligaciones estatales en relación conlos deberes generales de luchar contra la impunidad y ofrecer reparaciones a lasvíctimas de violaciones.c. Sobre el valor jurídico de los principios internacionales en el ordenamiento internoComo resultado de su valor en el derecho internacional, los principios internacionalessobre impunidad y sobre reparaciones deben ser observados con estricta obligatoriedaden Colombia, por mandato expreso de la Constitución Política (artículos 9, 93 y 94).Los principios internacionales condensan el contenido sustantivo de derechosfundamentales reconocidos por tratados generales de derechos humanos y laConstitución colombiana, plasman las obligaciones del Estado según el derechoconsuetudinario y contienen una formulación explícita de principios generales delderecho internacional que vinculan a Colombia. La incorporación con fuerzavinculante de estos principios al marco normativo nacional es un imperativoconstitucional expresado por múltiples vías, ya que hacen parte de los principios querigen las relaciones internacionales de Colombia y del bloque de constitucionalidad17 Véase AG Res. 60/147 del 16 de diciembre de 2005, preámbulo.18 Véase ONU, Estudio del Relator Especial, Theo van Boven, relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y libertades fundamentales, Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 de julio de 1993 (que proporciona un análisis de las normas y prácticas internacionales y nacionales pertinentes a la reparación). 19.
22 Principios internacionales sobre impunidad y reparacionescomo principios con fuerza supralegal al determinar el contenido de los derechosfundamentales a la verdad, la justicia y la reparación.En primer lugar, el cuerpo de los Principios internacionales sobre la lucha contra laimpunidad y los Principios internacionales sobre el derecho de las víctimas a obtenerreparaciones son de obligatorio cumplimiento porque expresan principios generalesde derecho internacional y condensan obligaciones internacionales del Estadocolombiano según el derecho consuetudinario. De acuerdo al artículo 9 de laConstitución Política de Colombia, el comportamiento del Estado debe regirse porestos principios y su compromiso con la comunidad de naciones incluye la aplicaciónde su contenido, tal como expresamente se afirma en su texto: “Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia” (negrilla fuera de texto).En efecto, la Corte Constitucional ha manifestado que la impunidad en casos deviolaciones de derechos humanos viola el artículo 9 de la Carta. En sentencia deconstitucionalidad, la Corte estableció que “la impunidad en (…) casos de [violaciones de derechos humanos] implica también una vulneración de los compromisos internacionales del Estado colombiano de colaborar con la vigencia de los derechos humanos y sancionar entonces las conductas que afectan estos valores supremos del orden internacional, que nuestro país ha reconocido como elementos esenciales de las relaciones internacionales (CP art. 9°)”19.Ambos grupos de principios internacionales fueron adoptados por la ONU paradeterminar el comportamiento esperado de los Estados miembros de la comunidad denaciones en relación con actos que atentan contra la conciencia de la humanidad. Eneste sentido, se manifestó la Asamblea General de la ONU en la resolución que aprobópor consenso, es decir, con la aceptación de todos los Estados incluido el colombiano,los Principios internacionales sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones: “al hacer valer el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, la comunidad internacional hace honor a su palabra19 Corte Constitucional, sentencia C-004 del 20 de enero de 2003, M.P.: Eduardo Montealegre Lynett. 20.
Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones 23 respecto del sufrimiento de las víctimas, los supervivientes y las generaciones futuras y reafirma el derecho internacional en la materia”20.Similar manifestación se encuentra en los Principios internacionales sobre la luchacontra la impunidad, cuya adopción fue propuesta a la Comisión de Derechos Humanosde Naciones Unidas por el Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC), del cualhace parte el Estado colombiano que, por consiguiente, no solamente dio su aceptaciónsino que hizo parte del grupo de países que promovió la aprobación de estos principiosde derecho internacional21.De lo anterior se deriva la plena exigencia al Estado colombiano de cumplir con loplasmado en los principios internacionales sobre impunidad y sobre reparaciones,como obligación derivada del artículo 9 constitucional.En segundo lugar, los principios internacionales sobre impunidad y sobre reparacionesson una elaboración autorizada del contenido de los deberes generales del Estadocolombiano según el PIDCP y la CADH, particularmente, en relación con el deber deinvestigar y sancionar las violaciones y el deber de proporcionar reparaciones a lasvíctimas de violaciones. Por esta razón, los principios deben entenderse comocomponentes del bloque de constitucionalidad conforme al artículo 93.2 de laConstitución.Ambos conjuntos de principios internacionales gozan de fuerza vinculante comointerpretación autorizada de los tratados generales de derechos humanos –hacen partedel cuerpo de derecho de la CADH y del PIDCP– y establecen el alcance de lasobligaciones internacionales del Estado colombiano en relación con derechosfundamentales contemplados por la Constitución Política.El inciso segundo del artículo 93 de la Carta exige que los derechos fundamentales ala verdad, la justicia y la reparación sean interpretados de conformidad con la doctrinaestablecida por los órganos internacionales especializados22. En este marco, losprincipios internacionales sobre impunidad y sobre reparaciones deben ser20 ONU, AG Res. 60/147 del 16 de diciembre de 2005.21 ONU, Comisión de Derechos Humanos, Resolución sobre impunidad, número 2005/81, 21 de abril de 2005, aprobada sin votación, tercer considerando.22 Véase, en general, Corte Constitucional, sentencia C-010 del 19 de enero de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero (estableciendo la relevancia de la jurisprudencia de la Corte IDH para la determinación de los derechos fundamentales). En el mismo sentido, véase, Corte Constitucional, sentencia T-1319 del 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. 21.
24 Principios internacionales sobre impunidad y reparacionesincorporados al bloque como resultado de su valor jurídico como interpretaciónautorizada y expresión de obligaciones consuetudinarias. La práctica de órganosjurisdiccionales, como la Corte IDH, ratifica la necesidad de considerar los principiosal determinar el alcance de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.La jurisprudencia de la Corte Constitucional exige la aplicación de los principiosinternacionales como parámetros de constitucionalidad de las leyes nacionales y de laactuación institucional. Ya en el contexto del desplazamiento forzado de personas, laCorte Constitucional sostuvo que los Principios rectores de los desplazamientos internos23–un conjunto de principios internacionales de similar desarrollo a los principios sobreimpunidad y sobre reparaciones– deben entenderse como “parte del cuerpo normativosupranacional que integra el bloque de constitucionalidad”24. En el mismo sentido, ydirectamente relacionado con los principios internacionales sobre impunidad y sobrereparaciones, la Corte Constitucional determinó su relevancia en establecer el alcancede los derechos a la verdad, la justicia y la reparación en el contexto del estudio deconstitucionalidad de la ley 975 de 2005. Al respecto, la Corte explícitamente resaltó lapertinencia de los Principios contra la impunidad, sobre los cuales dijo, entre otrascosas, lo siguiente: “ (…) el mencionado Conjunto comprende los lineamientos formulados por las Naciones Unidas que contienen pautas normativas y jurisprudenciales de Derecho Internacional, así como la experiencia histórica proveniente de procesos de tránsito a la democracia o de consolidación del Estado de Derecho en distintas naciones, y que conforman un marco conceptual de gran valor como fuente de Derecho Internacional. (…) “En resumen, la Corte aprecia que, dentro de las principales conclusiones que se extraen del “Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad” en su última actualización, cabe mencionar las siguientes, de especial relevancia para el estudio de constitucionalidad que adelanta: (i) durante los procesos de transición hacia la paz, como23 ONU, Comisión de Derechos Humanos, Principios rectores de los desplazamientos internos, Doc. E/CN.4/1998/53/Add. 2, 11 de febrero de 1998.24 Corte Constitucional, sentencia T- 327 del 26 de marzo de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 22.
Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones 25 el que adelanta Colombia, a las víctimas les asisten tres categorías de derechos: a) el derecho a saber, b) el derecho a la justicia y c) el derecho a la reparación; (ii) el derecho a saber es imprescriptible e implica la posibilidad de conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima; (iii) el derecho a saber también hace referencia al derecho colectivo a conocer qué pasó, derecho que tiene su razón de ser en la necesidad de prevenir que las violaciones se reproduzcan y que implica la obligación de “memoria” pública sobre los resultados de las investigaciones; (iv) el derecho a la justicia implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su agresor sea juzgado, obteniendo su reparación; (v) al derecho a la justicia corresponde el deber estatal de investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si su culpabilidad es establecida, de asegurar su sanción; (vi) dentro del proceso penal las víctimas tienen el derecho de hacerse parte para reclamar su derecho a la reparación. (vii) En todo caso, las reglas de procedimiento deben responder a criterios de debido proceso; (viii) la prescripción de la acción penal o de las penas no puede ser opuesta a los crímenes graves que según el derecho internacional sean considerados crímenes contra la humanidad ni correr durante el período donde no existió un recurso eficaz; (ix) En cuanto a la disminución de las penas, las “leyes de arrepentidos” son admisibles dentro de procesos de transición a la paz, “pero no deben exonerar totalmente a los autores”; (x) la reparación tiene una dimensión doble (individual y colectiva) y en el plano individual abarca medidas de restitución, indemnización y readaptación; (xi) en el plano colectivo, la reparación se logra a través de medidas de carácter simbólico o de otro tipo que se proyectan a la comunidad; (xii) dentro de las garantías de no repetición, se incluye la disolución de los grupos armados acompañada de medidas de reinserción” 25.De igual manera, al considerar la participación de las víctimas en los procesos penales,la Corte Constitucional respaldó la validez de los principios internacionales deprotección de los derechos de las víctimas como instrumentos que condensan las25 Corte Constitucional, sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, apartado 4.7 (en especial párrafos 4.7.2 y 4.7.3.4). 23.
26 Principios internacionales sobre impunidad y reparacionesobligaciones internacionales del Estado colombiano, en materia de verdad, justicia yreparación26.Correspondiente con los anteriores planteamientos, los Principios internacionales sobre lalucha contra la impunidad y los Principios internacionales sobre el derecho de las víctimas aobtener reparaciones hacen parte integral de los principios del derecho internacional quedebe observar Colombia por mandato explícito de la Carta (artículo 9). De igual forma, elcontenido de los principios hace parte del bloque de constitucionalidad como pautas confuerza supralegal según la Constitución (artículo 93.2).Conclusión: una compilación de principios sobre la impunidad y sobre lasreparaciones orientada a promover la protección efectiva de los derechos de lasvíctimasEn el contexto de la impunidad de las violaciones de derechos humanos que existe enColombia y el desconocimiento de los derechos de las víctimas, los Principiosinternacionales sobre la lucha contra la impunidad y los Principios internacionalessobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones, aprobados en 2005 por laAsamblea General de la ONU, adquieren particular relevancia. Mediante estapublicación, la CCJ busca promover el conocimiento de estos principios que ilustrande manera específica las obligaciones del Estado colombiano en relación con losderechos a la verdad, la justicia y la reparación.Todos los funcionarios encargados de administrar justicia deben tener presente elcontenido de los principios y velar por su concreción en todas sus actuaciones,particularmente en el marco de la aplicación de la ley 975 de 2005. La sentencia C-370 de 2006 de la Corte Constitucional estableció de manera firme la preeminenciaque deben dar los funcionarios a los derechos de las víctimas en el momento deinterpretar y aplicar la ley 97527.Con esta publicación de los principios internacionales sobre impunidad y sobrereparaciones, junto con la compilación de los principales trabajos preparatorios y26 Corte Constitucional, sentencia C-228 del 3 de abril de 2002, M.P.: Manuel José Cepeda y Eduardo Montealegre Lynett. En esta sentencia, la Corte destacó la importancia de los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptados por la Asamblea General de la ONU, Res. 40/34, el 29 de noviembre de 1985.27 Corte Constitucional, Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández. 24.
Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones 27documentos de referencia que condujeron a la aprobación de los dos instrumentos, laCCJ aspira a ofrecer una herramienta útil para garantizar el goce efectivo de losderechos de las víctimas.La presente publicación está dirigida a todos los operadores del aparato judicial, conmiras a contribuir a que su importante función se enmarque dentro de las obligacionesinternacionales del Estado colombiano. Está igualmente dirigida a las víctimas, y alas y los abogados que representan sus intereses, con el propósito de que estosprincipios sean útiles para la reclamación de sus derechos. Y está destinada también,de manera general, a todos los defensores de derechos humanos en Colombia y en elcontinente, y a los profesores y estudiantes de derecho, que contribuyen con su labora la vigencia de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Esta publicaciónofrece el marco jurídico de referencia y el marco doctrinal completo de respaldo a losPrincipios internacionales sobre la lucha contra la impunidad y los Principiosinternacionales sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones. Esperamoscon ella contribuir a la observancia adecuada de los derechos a la verdad, la justicia yla reparación, recordando que “no existe reconciliación justa y duradera si no sesatisface efectivamente la necesidad de justicia”28. Comisión Colombiana de Juristas, Bogotá, enero de 200728 Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad, Preámbulo. 25.
Impunidad Impunidad 26.
Principios internacionalessobre la lucha contra la impunidad(documentos finales) 27.
1.1. Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidadNACIONESUNIDAS E Distr. Consejo Económico GENERAL y Social E/CN.4/2005/102/Add. 1 8 de Febrero de 2005 ESPAÑOL Original: INGLÉSCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS61º período de sesionesTema 17 del programa provisional Promoción y protección de los derechos humanos Impunidad Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad* Adición Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad* El informe se presentó fuera de plazo para incluir la respuesta de todos los encuestados y para tener en cuenta los resultados del taller de expertos celebrado en noviembre de 2004. 28.
34 Impunidad Cuadro sinóptico del conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad Preámbulo Definiciones I. Lucha contra la impunidad: Obligaciones generales Principio 1. Obligaciones generales de los Estados de adoptar medidas eficaces para luchar contra la impunidad II. Derecho a saber A. Principios generales Principio 2. El derecho inalienable a la verdad Principio 3. El deber de recordar Principio 4. El derecho de las víctimas a saber Principio 5. Garantías para hacer efectivo el derecho a saber B. Comisiones de investigación Principio 6. Establecimiento y función de las comisiones de la verdad Principio 7. Garantías de independencia, imparcialidad y competencia Principio 8. Delimitación del mandato de una comisión Principio 9. Garantías relativas a las personas acusadas Principio 10. Garantías relativas a las víctimas y a los testigos que declaran a su favor Principio 11. Recursos adecuados para las comisiones Principio 12. Función de asesoramiento de las comisiones Principio 13. Publicidad de los informes de las comisiones C. Preservación y consulta de los archivos a fin de determinar las violaciones Principio 14. Medidas de preservación de los archivos Principio 15. Medidas para facilitar la consulta de los archivos Principio 16. Cooperación de los servicios de archivo con los tribunales y las comisiones extrajudiciales de investigación Principio 17. Medidas específicas relativas a los archivos de carácter nominativo Principio 18. Medidas específicas relativas a los procesos de restablecimiento de la democracia y/o de la paz o de transición hacia ellas 29.
Impunidad 35III. Derecho a la justicia A. Principios generales Principio 19. Deberes de los Estados en materia de administración de la justicia B. Delimitación de competencias entre las jurisdicciones nacionales, extranjeras, internacionales e internacionalizadas Principio 20. Competencia de los tribunales penales internacionales e internacionalizados Principio 21. Medidas para reforzar la eficacia de los principios jurídicos inter- nacionales relativos a la competencia universal e internacional C. Medidas restrictivas incorporadas a determinadas normas del derecho que se justifican por la lucha contra la impunidad Principio 22. Carácter de las medidas restrictivas Principio 23. Restricciones a la prescripción Principio 24. Restricciones y otras medidas relativas a la amnistía Principio 25. Restricciones al derecho de asilo Principio 26. Restricciones a la extradición/non bis in idem Principio 27. Restricciones a las justificaciones que puedan vincularse a la obediencia debida, la responsabilidad superior y el carácter oficial Principio 28. Restricciones a los efectos de las leyes sobre divulgación o sobre arrepentidos Principio 29. Restricciones a la competencia de los tribunales militares Principio 30. Restricciones al principio de inamovilidad de los juecesIV. Derecho a obtener reparación/garantías de que no se repitan las violaciones A. Derecho a obtener reparación Principio 31. Derechos y deberes dimanantes de la obligación de reparar Principio 32. Procedimientos de reparación Principio 33. Publicidad de los procedimientos de reparación Principio 34. Ámbito de aplicación del derecho a obtener reparación B. Garantías de no repetición de las violaciones Principio 35. Principios generales Principio 36. Reforma de las instituciones estatales Principio 37. Desmantelamiento de las fuerzas armadas para estatales / desmovilización y reintegración social de los niños Principio 38. Reforma de las leyes e instituciones que contribuyen a la impunidad 30.
36 Impunidad Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad Preámbulo Recordando el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en que se reconoce que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, Consciente de que siempre es posible que vuelvan a repetirse esos actos, Reafirmando el compromiso adoptado por los Estados Miembros en el Artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas de tomar medidas conjuntas o separadamente, concediendo toda la importancia que merece al fomento de una cooperación internacional eficaz para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55 de la Carta, relativo al respeto universal y efectivo a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, Considerando que el deber que, según el derecho internacional, tiene todo Estado de respetar y hacer respetar los derechos humanos, exige que se adopten medidas eficaces para luchar contra la impunidad, Consciente de que no existe reconciliación justa y duradera si no se satisface efectivamente la necesidad de justicia, Consciente también de que el perdón, que puede ser un factor importante de reconciliación, supone, como acto privado, que la víctima o sus derechohabientes conozcan al autor de las violaciones y que éste haya reconocido los hechos, Recordando la recomendación que figura en el párrafo 91 de la Parte II de la Declaración y Programa de Acción de Viena, en la que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (junio de 1993) manifestó su preocupación por la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos y apoyó los esfuerzos de la Comisión de Derechos Humanos por examinar todos los aspectos de esta cuestión, Convencida, en consecuencia, de la necesidad de adoptar a tal fin medidas nacionales e internacionales, para que, en interés de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, se asegure conjuntamente el respeto efectivo del derecho a saber que entraña el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación, sin los cuales no puede haber recurso eficaz contra las consecuencias nefastas de la impunidad, 31.
Impunidad 37De conformidad con la Declaración y Programa de Acción de Viena los siguientesprincipios tienen por objeto servir de directrices para ayudar a los Estados a elaborarmedidas eficaces de lucha contra la impunidad. DefinicionesA. Impunidad Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas.B. Delitos graves conforme al derecho internacional A los efectos de estos principios, la frase «delitos graves conforme al derecho internacional» comprende graves violaciones de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y de su Protocolo Adicional I de 1977 y otras violaciones del derecho internacional humanitario que constituyen delitos conforme al derecho internacional: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de los derechos humanos internacionalmente protegidos que son delitos conforme al derecho internacional y/o respecto de los cuales el derecho internacional exige a los Estados que impongan penas por delitos, tales como la tortura, las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial y la esclavitud.C. Restablecimiento de la democracia y/o de la paz o de transición hacia ellas En el sentido de los presentes principios, esta expresión se refiere a las situaciones al término de las cuales, en el marco de un proceso que da lugar a un diálogo nacional en favor de la democracia o a negociaciones de paz para poner fin a un conflicto armado, se llega a un acuerdo, sea cual fuere su forma, en virtud del cual los protagonistas o las partes interesadas convienen en tomar medidas contra la impunidad y la repetición de las violaciones de los derechos humanos.D. Comisiones de la verdad A los efectos de estos principios, la frase «comisiones de la verdad» se refiere a órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años. 32.
38 Impunidad E. Archivos En el sentido de los presentes principios, la palabra «archivos» se refiere a colecciones de documentos relativos a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario de fuentes que incluyen: a) organismos gubernamentales nacionales, en particular los que hayan desempeñado una función importante en relación con las violaciones de los derechos humanos; b) organismos locales, tales como comisarías de policía, que hayan participado en violaciones de los derechos humanos; c) organismos estatales, incluida la oficina del fiscal y el poder judicial, que participan en la protección de los derechos humanos; y d) materiales reunidos por las comisiones de la verdad y otros órganos de investigación. I. Lucha contra la impunidad: Obligaciones generales Principio 1. Obligaciones generales de los estados de adoptar medidas eficaces para luchar contra la impunidad La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones. II. Derecho a saber A. Principios generales Principio 2. El derecho inalienable a la verdad Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones. 33.
Impunidad 39Principio 3. El deber de recordarEl conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonioy, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordarque incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violacionesde los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento detales violaciones. Esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoriacolectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas.Principio 4. El derecho de las víctimas a saberIndependientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimasy sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de lascircunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento odesaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima.Principio 5. Garantías para hacer efectivo el derecho a saberIncumbe a los Estados adoptar las medidas adecuadas, incluidas las medidas necesariaspara garantizar el funcionamiento independiente y eficaz del poder judicial, para hacerefectivo el derecho a saber. Las medidas apropiadas para asegurar ese derecho puedenincluir procesos no judiciales que complementen la función del poder judicial. Lassociedades que han experimentado crímenes odiosos perpetrados en forma masiva osistemática pueden beneficiarse en particular con la creación de una comisión de laverdad u otra comisión de investigación con objeto de establecer los hechos relativosa esas violaciones de manera de cerciorarse de la verdad e impedir la desaparición depruebas. Sea que un Estado establezca o no un órgano de ese tipo, debe garantizar lapreservación de los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos y elderecho humanitario y la posibilidad de consultarlos.B. Comisiones de investigaciónPrincipio 6. Establecimiento y función de las comisiones de la verdadEn la mayor medida posible, las decisiones de establecer una comisión de la verdad,definir su mandato y determinar su composición deben basarse en amplias consultaspúblicas en las cuales deberá requerirse la opinión de las víctimas y los supervivientes. 34.
40 Impunidad Deben realizarse esfuerzos especiales por asegurar que los hombres y las mujeres participen en esas deliberaciones en un pie de igualdad. Teniendo en cuenta la dignidad de las víctimas y de sus familias, las investigaciones realizadas por las comisiones de la verdad deben tener por objeto en particular garantizar el reconocimiento de partes de la verdad que anteriormente se negaban. Principio 7. Garantías de independencia, imparcialidad y competencia Las comisiones de investigación, incluidas las comisiones de la verdad, deben establecerse mediante procedimientos que garanticen su independencia, imparcialidad y competencia. Con ese fin, el mandato de las comisiones de investigación, incluidas las comisiones de carácter internacional, debe respetar las siguientes directrices: a) Deberán estar formadas conforme a criterios que demuestren a la opinión pública la competencia en materia de derechos humanos y la imparcialidad de sus miembros, que deben incluir a expertos en derechos humanos y, en caso pertinente, en derecho humanitario. También deberán estar formadas de conformidad con condiciones que garanticen su independencia, en particular por la inamovilidad de sus miembros durante su mandato, excepto por razones de incapacidad o comportamiento que los haga indignos de cumplir sus deberes y de acuerdo con procedimientos que aseguren decisiones justas, imparciales e independientes. b) Sus miembros se beneficiarán de los privilegios e inmunidades necesarios para su protección, incluso cuando ha cesado su misión, especialmente con respecto a toda acción en difamación o cualquier otra acción civil o penal que se les pudiera intentar sobre la base de hechos o de apreciaciones mencionadas en los informes de las comisiones. c) Al elegir a los miembros, deberán realizarse esfuerzos concertados por garantizar una representación adecuada de las mujeres así como de otros grupos apropiados cuyos miembros hayan sido especialmente vulnerables a las violaciones de los derechos humanos. Principio 8. Delimitación del mandato de una comisión Para evitar los conflictos de competencia se debe definir claramente el mandato de la comisión, que debe estar de acuerdo con el principio de que la finalidad de las comisiones no consistirá en reemplazar a la justicia, tanto civil o administrativa como penal. En particular, únicamente los tribunales penales tienen competencia para determinar la responsabilidad penal individual a fin de pronunciarse, llegado el caso, sobre la culpabilidad y seguidamente sobre la pena. 35.
Impunidad 41Además de las directrices establecidas en los principios 12 y 13, el mandato de una comisiónde investigación ha de incorporar o reflejar las siguientes estipulaciones:a) El mandato de la comisión puede reafirmar su derecho; solicitar la asistencia de la fuerza pública, incluso, bajo reserva del principio 10 a) para hacer proceder a comparecencias, efectuar visitas en todos los lugares de interés para sus investigaciones y/u obtener la producción de pruebas pertinentes.b) Cuando la comisión tiene razones para creer que está amenazada la vida, la salud o la seguridad de una persona de interés para sus investigaciones o hay riesgo de que se pierda un elemento de prueba, se puede dirigir a un tribunal, con arreglo a un procedimiento de urgencia, o adoptar otras medidas apropiadas para poner fin a esa amenaza o a ese riesgo.c) Sus investigaciones se referirán a todas las personas acusadas de presuntas violaciones de los derechos humanos y/o del derecho humanitario, tanto si las ordenaron como si las cometieron, si fueron autores o cómplices, y tanto si se trata de agentes del Estado o de grupos armados paraestatales o privados relacionados de algún modo con el Estado, como de movimientos armados no estatales considerados beligerantes. Sus investigaciones podrán abordar asimismo la función de otros protagonistas para facilitar las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario.d) Las comisiones estarán facultadas para investigar todas las formas de violación de los derechos humanos y del derecho humanitario. Sus investigaciones se referirán prioritariamente a las que constituyan delitos graves según el derecho internacional, y en ellas se prestará especial atención a las violaciones de los derechos fundamentales de la mujer y de otros grupos vulnerables.e) Las comisiones de investigación tratarán de preservar las pruebas en interés de la justicia.f) El mandato de las comisiones de investigación deberá subrayar la importancia de preservar los archivos de la comisión. Desde el principio de sus trabajos, las comisiones deberán aclarar las condiciones que regirán el acceso a sus archivos, incluidas las condiciones encaminadas a impedir la divulgación de información confidencial, preservando a la vez el derecho del público a consultar sus archivos.Principio 9. Garantías relativas a las personas acusadasAntes de que una comisión identifique a los autores en su informe las personasinteresadas tendrán derecho a las siguientes garantías: 36.
42 Impunidad a) La comisión deberá tratar de corroborar la información que implique a esas personas antes de dar a conocer su nombre públicamente; b) Las personas implicadas deberán haber sido escuchadas o, al menos, convocadas con tal fin, y tener la posibilidad de exponer su versión de los hechos en una audiencia convocada por la comisión mientras realiza su investigación, o de incorporar al expediente un documento equivalente a un derecho de réplica. Principio 10. Garantías relativas a las víctimas y a los testigos que declaran a su favor Se adoptarán las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico y, cuando así se solicite, la vida privada de las víctimas y los testigos que proporcionen información a la comisión: a) Las víctimas y los testigos que declaren a su favor sólo podrán ser llamados a declarar ante la comisión con carácter estrictamente voluntario. b) Los asistentes sociales y los profesionales de la atención de salud mental estarán facultados para prestar asistencia a las víctimas, de preferencia en su propio idioma, tanto durante su declaración como después de la misma, en especial cuando se trata de agresiones o de violencias sexuales. c) El Estado deberá asumir los gastos efectuados por los autores de esos testimonios. d) Deberá protegerse la información que pueda identificar a un testigo que prestó declaraciones tras una promesa de confidencialidad. Las víctimas que presten testimonio y otros testigos deberán ser informados en todo caso de las normas que regularán la divulgación de información proporcionada por ellos a la comisión. Las solicitudes de proporcionar información a la comisión en forma anónima deberán considerarse seriamente, en especial en casos de delitos sexuales, y la comisión deberá establecer procedimientos para garantizar el anonimato en los casos apropiados, permitiendo a la vez corroborar la información proporcionada, según sea necesario. Principio 11. Recursos adecuados para las comisiones Las comisiones dispondrán: a) De medios financieros transparentes para evitar que se pueda dudar de su independencia; 37.
Impunidad 43b) De una dotación suficiente de material y personal para que no se pueda impugnar su credibilidad.Principio 12. Función de asesoramiento de las comisionesEl mandato de la comisión incluirá disposiciones en que se la invitará a formularrecomendaciones en su informe final relativas a las medidas legislativas y de otrotipo para luchar contra la impunidad. El mandato deberá garantizar que la comisiónincorpora las experiencias de la mujer en su labor, incluidas sus recomendaciones.Cuando se establezca una comisión de investigación, el Gobierno deberá procurardar la debida consideración a las recomendaciones de la comisión.Principio 13. Publicidad de los informes de las comisionesPor motivos de seguridad, o para evitar que se haga presión sobre los testigos y losmiembros de la comisión, en el mandato de esta última se podrá disponer que ciertaspartes pertinentes de su investigación se mantendrán confidenciales. En cambio, elinforme final de la comisión deberá hacerse público en su integridad y ser difundidolo más ampliamente posible.C. Preservación y consulta de los archivos a fin de determinar las violacionesPrincipio 14. Medidas de preservación de los archivosEl derecho a saber implica la necesidad de preservar los archivos. Se deberán adoptarmedidas técnicas y sanciones penales para impedir la sustracción, la destrucción, ladisimulación o la falsificación de los archivos, entre otras cosas con el fin de quequeden impunes los autores de violaciones de derechos humanos y/o del derechohumanitario.Principio 15. Medidas para facilitar la consulta de los archivosSe deberá facilitar la consulta de los archivos en interés de las víctimas y de sus familiarespara hacer valer sus derechos.En caso necesario, también se facilitará a las personas acusadas que lo soliciten para defenderse.Cuando la consulta persiga favorecer la investigación histórica, las formalidades deautorización tendrán por única finalidad salvaguardar la integridad y la seguridad de las 38.
44 Impunidad víctimas y de otras personas. No podrán aplicarse las formalidades de autorización con fines de censura. Principio 16. Cooperación de los servicios de archivo con los tribunales y las comisiones extrajudiciales de investigación Los tribunales y las comisiones extrajudiciales de investigación, así como los investigadores que trabajen bajo su responsabilidad, deberán poder consultar libremente los archivos. Este principio se aplicará en forma tal que respete los requisitos pertinentes para proteger la vida privada, incluidos en particular seguridades de confidencialidad proporcionadas a las víctimas y a otros testigos como condición previa de su testimonio. No se podrá denegar la consulta de los archivos por razones de seguridad nacional excepto que, en circunstancias excepcionales, la restricción haya sido prescrita por ley; que el Gobierno haya demostrado que la restricción es necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés de seguridad nacional legítimo y que la denegación sea objeto de examen judicial independiente. Principio 17. Medidas específicas relativas a los archivos de carácter nominativo a) Se considerarán nominativos a los efectos del presente principio los archivos que contengan información que permita, de la manera que sea, directa o indirectamente, identificar a las personas a las que se refieren. b) Toda persona tendrá derecho a saber si figura en los archivos estatales y, llegado el caso, después de ejercer su derecho de consulta, a impugnar la legitimidad de las informaciones que le conciernan ejerciendo el derecho de réplica. El documento impugnado deberá incluir una referencia cruzada al documento en que se impugna su validez y ambos deben facilitarse juntos siempre que se solicite el primero. El acceso a los archivos de las comisiones de investigación debe considerarse por oposición a las expectativas legítimas de confidencialidad de las víctimas y otros testigos que presten testimonio en su nombre de conformidad con los principios 8 f) y 10 d). Principio 18. Medidas específicas relativas a los procesos de restablecimiento de la democracia y/o de la paz o de transición hacia ellas a) Se adoptarán medidas para que cada centro de archivo esté bajo la responsabilidad de una oficina designada al efecto; b) Cuando se realice el inventario de los archivos almacenados deberá prestarse especial atención a los archivos de los lugares de detención y otros lugares en que hayan ocurrido 39.
Impunidad 45 violaciones graves de los derechos humanos y/o del derecho humanitario tales como tortura, en especial si oficialmente no se reconocía su existencia;c) Los terceros países deberán cooperar con miras a la comunicación o la restitución de archivos para establecer la verdad.III. Derecho a la justiciaA. Principios generalesPrincipio 19. Deberes de los estados en materia de administración de la justiciaLos Estados emprenderán investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e imparcialesde las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y adoptaránlas medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justiciapenal, para que sean procesados, juzgados y condenados debidamente.Aunque la iniciativa del enjuiciamiento es en primer lugar una de las misiones del Estado,deberán adoptarse normas procesales complementarias para que las propias víctimas, susfamiliares o herederos puedan tomar esa iniciativa, individual o colectivamente, enparticular como partes civiles o como personas que inician un juicio en los Estados cuyoderecho procesal penal contemple esos procedimientos. Los Estados deberán garantizarla amplia participación jurídica en el proceso judicial a todas las partes perjudicadas y atoda persona u organización no gubernamental que tenga un interés legítimo en el proceso.B. Delimitación de competencias entre las jurisdicciones nacionales, extranjeras, internacionales e internacionalizadasPrincipio 20. Competencia de los tribunales penales internacionales einternacionalizadosLa competencia territorial de los tribunales nacionales en principio sigue siendo lanorma en lo tocante a los delitos graves con arreglo al derecho internacional. Deconformidad con las disposiciones de sus estatutos, podrá admitirse la competenciaconcurrente de un tribunal penal internacional o de un tribunal penalinternacionalizado cuando los tribunales nacionales no ofrezcan garantíassatisfactorias de independencia e imparcialidad o cuando les resulte materialmenteimposible desempeñar debidamente sus investigaciones o su seguimiento de unacausa criminal o no estén dispuestos a ello. 40.
46 Impunidad Los Estados deberán asegurarse de que satisfacen plenamente sus obligaciones jurídicas con respecto a los tribunales penales internacionales e internacionalizados, incluso, cuando sea necesario, mediante la promulgación de leyes internas que permitan a los Estados cumplir obligaciones dimanantes de su adhesión al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional o con arreglo a otros instrumentos vinculantes, y mediante la puesta en práctica de las obligaciones aplicables de aprehender y entregar a las personas sospechosas y de cooperar con respecto a las pruebas. Principio 21. Medidas para reforzar la eficacia de los principios jurídicos internacionales relativos a la competencia universal e internacional Los Estados deberán emprender medidas eficaces, incluida la aprobación o la enmienda de la legislación interna, que sean necesarias para permitir que los tribunales ejerzan la competencia universal con respecto a delitos graves de conformidad con el derecho internacional, de acuerdo con los principios aplicables del derecho consuetudinario y del derecho de los tratados. Los Estados deberán garantizar que cumplen plenamente todas las obligaciones jurídicas que han asumido para iniciar procesos penales contra las personas respecto de las cuales hay pruebas fidedignas de responsabilidad individual por delitos graves con arreglo al derecho internacional si no extraditan a los sospechosos o los transfieren para ser juzgados ante un tribunal internacional o internacionalizado. C. Medidas restrictivas incorporadas a determinadas normas del derecho que se justifican por la lucha contra la impunidad Principio 22. Carácter de las medidas restrictivas Los Estados incorporarán garantías contra las desviaciones a que pueda dar lugar el uso de la prescripción, la amnistía, el derecho de asilo, la denegación de la extradición, non bis in idem, la obediencia debida, las inmunidades oficiales, las leyes sobre «arrepentidos», la competencia de los tribunales militares, así como el principio de la inamovilidad de los jueces que promueve la impunidad o contribuye a ella. Principio 23. Restricciones a la prescripción La prescripción de una infracción penal, tanto en lo que respecta a las diligencias como a las penas, no podrá correr durante el período en que no existan recursos eficaces contra esa infracción. 41.
Impunidad 47La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el derecho internacionalque sean por naturaleza imprescriptibles.Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles oadministrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación.Principio 24. Restricciones y otras medidas relativas a la amnistíaIncluso cuando tenga por finalidad crear condiciones propicias para alcanzar un acuerdode paz o favorecer la reconciliación nacional, la amnistía y demás medidas de clemenciase aplicarán dentro de los siguientes límites:a) Los autores de delitos graves conforme al derecho internacional no podrán beneficiarse de esas medidas mientras el Estado no cumpla las obligaciones enumeradas en el principio 19 o los autores hayan sido sometidos a juicio ante un tribunal competente, sea internacional o internacionalizado o nacional, fuera del Estado de que se trata.b) La amnistía y otras medidas de clemencia no afectan al derecho de las víctimas a reparación previsto en los principios 31 a 34, y no menoscabarán en el derecho a saber.c) Como la amnistía puede interpretarse como un reconocimiento de culpa, no podrá imponerse a las personas enjuiciadas o condenadas por hechos acaecidos durante el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Cuando esas personas no hayan hecho más que ejercer ese derecho legítimo, garantizado por los artículos 18 a 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 18, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, una ley deberá considerar nula y sin valor respecto de ellas toda decisión judicial o de otro tipo que les concierna; se pondrá fin a su reclusión sin condiciones ni plazos.d) Toda persona condenada por infracciones que no sean las previstas en el apartado c) del presente principio y que entren en el ámbito de aplicación de la amnistía podrá rechazar la amnistía y solicitar que se revise su proceso si no ha tenido un juicio imparcial y con las debidas garantías, previstas en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 9, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o si ha sido condenada sobre la base de una declaración que, según se haya establecido, ha sido hecha como resultado de interrogatorios inhumanos o degradantes, especialmente bajo la tortura. Recommended
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