Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A067-07.htm
Timestamp: 2017-11-23 03:53:29
Document Index: 248035519

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 309', 'artículo 241', 'artículo 309']

A067-07
Auto 67/07
ACLARACION SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Presentación extemporánea/SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia aclaración de los alcances del fallo
Analizada la petición presentada por el ciudadano, se observa que ésta no versa sobre “frases o conceptos que se encuentren contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o que, incluidos en la parte motiva, influyan para el entendimiento pleno y el cumplimiento de lo decidido en el fallo en cuestión (…)”sino que busca un nuevo pronunciamiento de la Corte en relación con las consecuencias jurídicas de su fallo, lo cual es claramente improcedente. Además, la solicitud de aclaración se presentó de forma extemporánea, y por lo mismo, debe ser rechazada. Obsérvese cómo el día 27 de febrero de 2007, fecha en la que se radicó dicha solicitud en la Secretaría de la Corte, ya había precluído la oportunidad procesal para formularla, pues el término de ejecutoria venció el día 26 de septiembre de 2005, esto es, al finalizar los tres días siguientes a la fecha en que fue notificada la Sentencia, la cual se surtió el día 21 del mismo mes y año mediante el edicto No. 158.
Referencia: solicitud de aclaración de la sentencia C-852 de 2005.
Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a resolver la solicitud de aclaración de la sentencia C-852 de 2005, proferida por esta Corporación el día diecisiete (17) de agosto del citado año.
El 27 de febrero de 2007, vencido el término de ejecutoria de la Sentencia C-852 de 2005, el ciudadano José Hernando Romero Serrano presentó ante la Corte solicitud de aclaración en relación con dicho fallo, para que se precise:
“¿Está vigente a la fecha el artículo 8 de la Ley 749 de 2003, y en consecuencia está vigente el Decreto 2566 de 2003 para los programas profesionales de pregrado, ya que se fundamenta jurídicamente en dicho artículo 8?
¿Puede el Ministerio de Educación, habiendo perdido la potestad reglamentaria, y habiendo sido declarado inexequible el fundamento jurídico, exigir los requisitos del Decreto 2566 de 2003 para el ofrecimiento de programas profesionales de pregrado?”.
La solicitud se fundamenta en la consideración de que la Corte, en la Sentencia C-852 de 2005 decidió declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “y profesional de pregrado”, contenida en el artículo 8º de la Ley 749 de 2002, pero dispuso que los efectos de la anterior declaración de inexequibilidad quedarían diferidos hasta el 16 de diciembre de 2006, con el propósito de permitir que el Congreso, en ejercicio de su potestad de configuración, expida el régimen aplicable en materia de exámenes de calidad, estándares mínimos de los programas de pregrado y registro calificado de los mismos. No obstante lo anterior, señala el solicitante, y pese a que no se ha tramitado una ley sobre la materia por el Congreso, el Ministerio de Educación ha expedido una directiva conforme a la cual el Decreto 2566 de 2003 sigue vigente.
1. La regla general establecida por este Tribunal en materia de solicitudes de aclaración frente al contenido de sus sentencias, es que las mismas son improcedentes, a menos que se cumplan los requisitos contenidos en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, el cual -literalmente- dispone:
Para la Corte, la improcedencia general de la aclaración de sus sentencias busca garantizar el respeto por el principio de la cosa juzgada constitucional (C.P. art. 243), que se manifiesta en el agotamiento de la competencias reconocidas a este Tribunal en el artículo 241 Superior. Precisamente, en Auto 004 de 2000[1], esta Corporación sostuvo que:
En Auto 032 de 2006[2], al referirse a la solicitud de aclaración de una sentencia de tutela, doctrina que resulta igualmente aplicable para el caso de los fallos de constitucionalidad, la Corte manifestó:
2. En relación con la oportunidad procesal para solicitar la aclaración de sus sentencias, este Tribunal ha dicho que este tipo de solicitudes deben interponerse en el término de ejecutoria de la sentencia, en aplicación directa del citado artículo 309 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, se pueden consultar los autos A-117 de 2002[3], A-026 de 2003[4], A-072 de 2003[5], A-221 de 2003[6], A-001A de 2004[7] y A-016 de 2006[8].
Ahora bien, analizada la petición presentada por el ciudadano José Hernando Romero Serrano el 27 de febrero de 2007, se observa que ésta no versa sobre “frases o conceptos que se encuentren contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o que, incluidos en la parte motiva, influyan para el entendimiento pleno y el cumplimiento de lo decidido en el fallo en cuestión (…)”[9] sino que busca un nuevo pronunciamiento de la Corte en relación con las consecuencias jurídicas de su fallo, lo cual es claramente improcedente. Además, la solicitud de aclaración se presentó de forma extemporánea, y por lo mismo, debe ser rechazada. Obsérvese cómo el día 27 de febrero de 2007, fecha en la que se radicó dicha solicitud en la Secretaría de la Corte, ya había precluído la oportunidad procesal para formularla, pues el término de ejecutoria venció el día 26 de septiembre de 2005, esto es, al finalizar los tres días siguientes a la fecha en que fue notificada la Sentencia, la cual se surtió el día 21 del mismo mes y año mediante el edicto No. 158.
Primero.- RECHAZAR por extemporánea la solicitud de aclaración de la Sentencia C-852 de 2005 de la Corte Constitucional.
[9] Auto 075ª de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.