Source: https://www.scribd.com/document/268667945/Justicia-Dialogica-Interinstitucional-Sebastian-Linares
Timestamp: 2019-03-19 10:44:37
Document Index: 261309939

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Justicia Dialógica Interinstitucional
Justicia Dialógica Interinstitucional (Sebastián L...
Poder Legislativo Fol
Ficha - Minimalismo
Cap4 Douglas
Reposos Extemporáneos,Funcionarios Públicos y Procedimientos Disciplinarios _ En lo Laboral.pdf
Principio de Anualidad. Ley de Ingresos
Decret 38_2016 de 8 Abril
Revista Argentina de Teoría Jurídica, Volumen 14 (Diciembre de 2013)
Justicia dialógica interinstitucional: de lege ferenda y de lege lata
En este artículo quiero analizar cómo promover el diálogo entre las Cortes y las instituciones
representativas. Ese cometido está sustentado en la idea de que, en principio, siempre hay algo valioso
que se pierde cuando las Cortes imponen –a la sociedad en su conjunto- con carácter final su parecer en
cuestiones públicas de gran relevancia, incluso cuando aciertan en sus decisiones. Por eso, voy a asumir
que las Cortes –aún cuando el sistema les atribuya la “última palabra”- deberían estar siempre
preocupadas por fortalecer el diálogo y la deliberación democrática entre las instituciones estatales. Me
interesa abordar el tema desde dos perspectivas: cómo fomentar la justicia dialógica de lege ferenda (para
una futura reforma de la ley o la constitución), y de lege lata (asumiendo la constitución existente, que
recepta un modelo robusto de justicia constitucional, según el cual las Cortes Supremas o
Constitucionales tienen la última palabra).
En otro lugar he examinado con detalle las posibilidades del diálogo democrático interinstitucional en
diversos esquemas de control de constitucionalidad de la ley (véase LINARES, 2008B). En esa oportunidad,
examiné el esquema canadiense de la cláusula “notwithstanding”, las declaraciones de incompatibilidad
del sistema del Reino Unido después de la Human Rights Act (2000), y el diseño institucional de Israel,
que combina una constitución flexible con la facultad judicial de declarar inválida una ley. Por razones de
espacio aquí no voy a volver a tratar estos diseños institucionales, y sólo diré que todos ellos son
congruentes con la idea de asegurar la autoridad final de las Legislaturas. Sin embargo, no todos ellos
propician un genuino diálogo interinstitucional, y todos tienen defectos que vale la pena considerar a la
hora de optar por uno u otro. El sistema canadiense, según dije, permite que la Legislatura –cuando echa
mano de la clausula “notwithstanding”- pueda prescindir de los argumentos de derechos a la hora de
imponer sus preferencias, una opción que no se condice con un genuino diálogo1. El sistema inglés, por
su parte, no obliga al Legislador a responder con argumentos a las declaraciones de incompatibilidad que
emiten los jueces frente a casos judiciales concretos. El sistema de Israel, finalmente, obliga al Congreso
a “constitucionalizar” cualquier hipotética respuesta a una decisión judicial, lo que tiene el peligro de ir
transformando, poco a poco, una constitución de principios en una constitución “de detalle”. Si creemos
que es bueno que las constituciones formulen los principios básicos que en materia de derechos
No obstante, en la práctica la cláusula “notwithstanding” nunca ha sido utilizada por el Congreso federal canadiense. En los hechos
lo que suele verse es una suerte de diálogo entre tribunales y Congreso que discurre por otros canales. En efecto, lo normal es que
después de una declaración judicial de inconstitucionalidad el Congreso vuelva a insistir aprobando una ley que, aunque no sea
idéntica a la declarada inválida, sí reintroduzca algunos puntos. En una segunda lectura judicial, los jueces constitucionales
canadienses suelen deferir a la voluntad del Legislador en el intento de conjurar la amenaza de que, en una última movida
legislativa, se eche mano de la cláusula “no obstante” (véase WEBBER, 2005).
y que las constituciones sirvan como plataforma o guía para la deliberación. En ese sentido. deberíamos entonces desconfiar del sistema Israelí. asegura la autoridad final de las Legislaturas y ofrece posibilidades interesantes para el diálogo entre ramas de gobierno. en este terreno. Además. pero ofrece incentivos para que la deliberación sea más probable. En otro lugar he propuesto un modelo de diseño institucional que. en el supuesto de que la Corte opte por invalidar la norma con carácter general. Creo que. el Congreso pueda echar mano de una suerte de cláusula «override» para hacer valer su postura. Finalmente. que estaría obligada a ratificar la decisión del Congreso anterior. la invocación de esa cláusula debería cumplir con ciertos recaudos. la Corte debería tener recursos a su disposición para mitigar las confrontaciones con el Congreso. la decisión política tiene probabilidades de ser vetada. aún cuando no garantice una genuina deliberación democrática. Propuesta de justicia constitucional . Un sistema como éste. que le advertiría al Congreso que si el caso llega al alto tribunal. es decir. las declaraciones de inconstitucionalidad «con plazo de espera» o efecto retardado (esto es. todavía hay espacio para la ingeniería institucional de cara a una futura reforma constitucional. cabría pensar que la decisión del Congreso que revalida una norma (previamente declarada inconstitucional por la Corte) tenga vigencia hasta la formación de una nueva legislatura electa. a todos los argumentos vertidos por la Corte Suprema. Después de esta audiencia. cabría estipular que el uso de esta suerte de cláusula override tenga efectos temporales. cabría estipular la obligación del Congreso de responder públicamente. sentencias que producen efectos invalidatorios después de transcurrido un cierto plazo) parecen sumamente apropiadas. ciertamente. con carácter general. En segundo lugar. o comenzar a articular una defensa razonada de la política cuestionada. en una audiencia pública. Así. Con este esquema.fundamentales deben gobernar una sociedad. según creo. incluso a los argumentos basados en derechos. Junto a ello. bajo este sistema el Congreso tiene incentivos para contestar. a la par que deposita la última palabra institucional en el Congreso. y para salvar la autoridad final de las Legislaturas. una vez oídas todas las posturas. Según creo. de no obrar responsablemente el alto tribunal puede terminar vetando la decisión política. el Congreso tiene tiempo para ensayar otras políticas alternativas. el esquema autoriza a las Cortes Supremas a declarar la invalidez de una ley o acto normativo. Mi propuesta delinea un esquema en el cual los jueces inferiores a la Corte Suprema (o Tribunal constitucional) pueden pronunciar únicamente declaraciones de incompatibilidad (respecto de las leyes contemporáneas). porque sabe que. no garantiza en absoluto el surgimiento de un genuino diálogo. el Parlamento podría volver a debatir la cuestión y someterla a votación. Un sistema como éste permite que las declaraciones de incompatibilidad de los jueces inferiores funcionen como un mecanismo de alerta. Finalmente. cabe pensar que.
La perspectiva más permisiva sostiene que las respuestas legislativas deben verse no . tienen capacidad para obligar a las autoridades representativas a que aborden y den solución a ciertos problemas. La primera es de naturaleza “no dialéctica” (véase Linares. 2006: 227). en el peor de los casos. puede convertirse en una declaración de guerra entre los legisladores y los jueces constitucionales (Salazar. ha suscitado fuertes críticas. 2008B De lege lata Existen dos vías para fomentar el diálogo interinstitucional “de lege lata”. Bajo el litigio de reforma estructural las Cortes pueden entablar un diálogo continuado con las autoridades representativas. durante. sin embargo. Según una corriente de la teoría constitucional. 2012). Para algunos autores.Congreso Justicia 1º Texto legal 2º Declaración de incompatibilidad 3º Respuesta pública de Comisión Legislativa 4º Sentencia de inconstitucionalidad (Corte o Tribunal Supremo) 5º Uso de la cláusula override: votación tras una audiencia pública Elecciones legislativas (debate ciudadano) 6º Ratificación de la decisión del Congreso Fuente: LINARES. 1979). La otra vía “de lege lata” para fomentar el diálogo interinstitucional es de naturaleza dialéctica. ejercido adecuadamente. y consiste en las llamadas “respuestas legislativas” (Ferreres. ya que la Corte es la única que tiene la autoridad final en la interpretación de la Carta Magna. es jurídicamente válido y constitucionalmente deseable dejar que el legislador actúe de nuevo (responda) aprobando una ley de contenido similar (o incluso idéntico) al que fue declarado inconstitucional (Niembro Ortega. esto es. Una versión menos rígida considera que la vía es válida pero indeseable porque nos regresa al punto de partida y. He argumentado que este canal. 2008b). Esta solución. asumiendo una constitución que recepta un modelo robusto de justicia constitucional. la posibilidad de respuestas legislativas a las sentencias de la Corte es inconstitucional. es decir. puede cumplir con las exigencias de un genuino diálogo democrático (Linares. y después de la decisión que tomen éstas últimas. 2008b: 487-488). y puede emerger bajo el denominado “litigio de reforma estructural” (Fiss. 2000). pero en principio no imponen una decisión singular a las autoridades representativas. En el litigio de reforma estructural los jueces tienen poder de agenda política. antes.
Es decir. que conceda a las Cortes Supremas la autoridad para declarar la invalidez de las leyes con carácter general. a los jueces inferiores la potestad de emitir declaraciones de incompatibilidad. por ejemplo. bajo un modelo robusto de justicia constitucional. si se acepta que algunas cláusulas constitucionales tienen varias interpretaciones posibles y que el juez no tiene el monopolio de la racionalidad. Esta vía. que involucra también a la sociedad. He argumentado que dicha vía debe reunir ciertos recaudos tendientes a evitar la manipulación estratégica de las ramas de gobierno. Como sostiene Niembro Ortega. de lege ferenda y de lege lata. tenemos por un lado el litigio de reforma estructural. . a que el pueblo y sus representantes puedan volver a debatir el tema. Uno de esos recaudos sería.como una acción estratégica manipuladora. da la oportunidad a los jueces para repensar sus interpretaciones y corregir sus errores exponiéndolos a diferentes voces y. el de elaborar un informe breve sobre los argumentos esgrimidos. y finalmente atribuya al Congreso la facultad de responder a las declaratorias generales de inconstitucionalidad con una nueva ley similar o idéntica a la declarada inconstitucional. deberían ser ensayados si queremos mantenernos fieles a nuestros compromisos con la deliberación democrática. Conclusiones Las puertas para el diálogo entre la justicia y las autoridades representativas están abiertas. ejercida adecuadamente. la legitimidad democrática de la respuesta legislativa es mayor. que es un canal propicio para el diálogo continuado entre las Cortes y las autoridades representativas. sino como una invitación a la reflexión de los jueces constitucionales y el comienzo de un diálogo sobre la mejor interpretación posible (Niembro Ortega. La otra vía abierta. viene del lado de las “respuestas legislativas”. De lege ferenda. a través de las cuales el Congreso puede volver a aprobar un texto legal declarado inconstitucional. lo que corresponde es dejar libre al legislador para que pueda seguir debatiendo con los jueces aun cuando éstos hayan dictado sentencia. El legislador también podría echar mano de las “asambleas de sorteados” (Fishkin. he argumentado a favor de un nuevo sistema de justicia constitucional. sin los cuales sí cabría la amenaza de una confrontación dialéctica de ida y vuelta entre ramas de gobierno. la respuesta que el legislador hace debe cumplir ciertos recaudos. y se abren las puertas para un debate más profundo. Estos canales. De lege lata. 2009) como un resorte para ganar legitimidad en la respuesta legislativa. 2012). He sugerido que un recaudo apropiado puede consistir en consultar a asambleas de ciudadanos sorteados su opinión razonada antes de volver a aprobar la ley que se quiere revalidar. Si el panel de ciudadanos sorteados coincide con la opinión de la Asamblea legislativa. por el otro. a mi modo de ver.
Oxford University Press. Marcial Pons: Madrid. . La (i)legitimidad democrática del control judicial de las leyes. (2010).(2000). El control de constitucionalidad de la ley: el problema de su legitimidad democrática. A. 3. Linares. 356-381. 2008. El caso ‘vacantes’”. Niembro Ortega. 487. 95. En Carbonell. Fishkin. M. 15. México. El canon neoconstitucional. UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. el 3 de mayo de 2005.(2008b) El diálogo democrático entre las Cortes y las instituciones representativas. mayo-agosto 2012. S. When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation. Webber. Pedro. Nº. ---. núm. G. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Año 70. Fondo de Cultura Económica. (2008a). Doxa: Cuadernos de filosofía del Derecho. Revista mexicana de sociología. enero-junio 2011. 2000. 2008. 2006. “La exigibilidad de los derechos sociales desde un modelo deliberativo de justicia constitucional. La democracia constitucional. México. México. (2005): «Dialectic Dialogue under the Canadian Charter». Salazar. (2012) Las respuestas legislativas a las declaraciones de inconstitucionalidad como forma de diálogo constitucional.Bibliografía Alterio. núm. Editorial Trotta. Págs. R. Ferreres. J. (2010). y García Jaramillo. Revista Española de Derecho constitucional. n. (2009). L. Una radiografía teórica.539. M y Niembro Ortega. --. Montreal. R. pp. V. Una defensa de la rigidez constitucional. artículo presentado en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Québec. (2011).º 23.
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