Source: http://html.rincondelvago.com/derecho-ambiental-mexicano_5.html
Timestamp: 2017-08-17 02:02:29
Document Index: 71793524

Matched Legal Cases: ['Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 171', 'artículo 173', 'artículo 175', 'artículo 174', 'artículo 22', 'artículo 21', 'artículo 73', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 122', 'artículo 72', 'artículo 74', 'artículo 78', 'artículo 79', 'artículo 170', 'artículo 119']

Sanciones administrativas. Multa excesiva. Clausura. Arresto administrativo. Decomiso. Utilización bienes decomisados
Artículo 21.- (…) Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso. (…)
Artículo 22.- Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. (…)
XXI. Para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse. (…)
MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. De la acepción gramatical del vocablo "excesivo", así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.
Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: II, julio de 1995. Tesis: P./J. 9/95, p. 5.
SANCIONES ADMINISTRATIVAS, LGEEPA (artículo 171)
Multa por el equivalente de veinte a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de imponer la sanción.
Clausura temporal o definitiva, total o parcial.
Decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, especies de flora y fauna silvestre o recursos genéticos.
Suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones.
En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá duplicarse, sin exceder del doble del máximo permitido. La autoridad también podrá valerse de la clausura definitiva.
SANCIONES ADMINISTRATIVAS, LGEEPA
Para la imposición de las sanciones se tomará en cuenta (artículo 173):
Las condiciones económicas del infractor.
La reincidencia, si la hubiere.
El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción.
El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la sanción.
Los ingresos que se obtengan de las multas, así como los que se obtengan del remate en subasta pública o la venta directa de los bienes decomisados, se destinarán a la integración de fondos para desarrollar programas vinculados con la inspección y la vigilancia (artículo 175 bis).
POSIBLE UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DECOMISADOS, LGEEPA (artículo 174 bis)
Venta directa cuando el valor de lo decomisado no exceda de 5,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción.
Remate en subasta pública cuando el valor de lo decomisado exceda la cantidad anterior.
Donación a organismos públicos e instituciones científicas o de enseñanza superior o de beneficencia pública, siempre que sus actividades no sean lucrativas. Tratándose de especies y subespecies de flora y fauna silvestre, éstas podrán ser donadas a zoológicos públicos.
Destrucción cuando se trate de productos o subproductos, de flora y fauna silvestre, de productos forestales plagados o que tengan alguna enfermedad que impida su aprovechamiento, así como artes de pesca y caza prohibidos.
CONFISCACIÓN Y DECOMISO. DIFERENCIAS BÁSICAS. Confiscación y decomiso son dos figuras jurídicas afines, pero con características propias que las distinguen. Por la primera, debe entenderse la apropiación violenta por parte de la autoridad, de la totalidad de los bienes de una persona o de una parte significativa de los mismos, sin título legítimo y sin contraprestación, pena que se encuentra prohibida por el artículo 22 constitucional; en tanto que la última es aquella que se impone a título de sanción, por la realización de actos contra el tenor de leyes prohibitivas o por incumplimiento de obligaciones de hacer a cargo de los gobernados con la nota particular de que se reduce a los bienes que guardan relación con la conducta que se castiga, o sea, los que han sido utilizados como instrumento para la comisión de un delito o infracción administrativa, los que han resultado como fruto de tales ilícitos o bien los que por sus características, representan un peligro para la sociedad.
Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, mayo de 1996. Tesis: P. LXXIV/96, p. 55.
SANCIONES ADMINISTRATIVAS, CLAUSURA
El artículo 21 constitucional determina expresamente que el castigo para las infracciones administrativas sólo puede consistir en multa o arresto hasta por treinta y seis horas. La clausura no se incluye dentro de ellas, pero sí dentro de las penas adicionales que el Congreso puede determinar dentro de una ley, conforme al artículo 73 fracción XXI.
En cualquier caso, la clausura está acotada por lo dispuesto en el artículo 5 constitucional, en el sentido de que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.
El acto administrativo de carácter individual se extingue de pleno derecho, por las siguientes causas (artículo 11):
Cumplimiento de su finalidad.
Cuando la formación del acto administrativo esté sujeto a una condición o término suspensivo y éste no se realiza dentro del plazo señalado en el propio acto.
Acaecimiento de una condición resolutoria.
Renuncia del interesado, cuando el acto hubiere sido dictado en exclusivo beneficio de éste y no sea en perjuicio del interés público.
Por revocación, cuando así lo exija el interés público.
Las concesiones sobre inmuebles de dominio público, podrán ser revocadas por cualquiera de las causas siguientes (artículo 122):
Dejar de cumplir con el fin para el que fue otorgada la concesión, dar al bien objeto de la misma un uso distinto al autorizado o no usar el bien de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, los reglamentos y el propio título de concesión.
Dejar de cumplir con las condiciones a que se sujete el otorgamiento de la concesión o infringir lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos.
Dejar de pagar en forma oportuna los productos que se hayan fijado en la concesión.
Realizar obras no autorizadas.
Dañar ecosistemas como consecuencia del uso, aprovechamiento o explotación.
Las demás previstas en esta ley, en sus reglamentos o en las propias concesiones.
Para imponer una sanción, la autoridad administrativa deberá notificar previamente al infractor del inicio del procedimiento, para que este dentro de los quince días siguientes exponga a lo que a su derecho convenga y, en su caso aporte las pruebas con que cuente (artículo 72).
Una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, se procederá, dentro de los diez días siguientes, a dictar por escrito la resolución que proceda, la cual será notificada en forma personal o por correo certificado (artículo 74).
Las sanciones por infracciones administrativas se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los infractores (artículo 78).
La facultad de la autoridad para imponer sanciones administrativas prescribe en cinco años. Los términos de la prescripción serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió la falta o infracción administrativa si fuere consumada o desde que cesó si fuere continua (artículo 79).
MEDIDAS DE SEGURIDAD, LGEEPA
Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, podrán realizarse las siguientes acciones (artículo 170):
Clausura temporal, parcial o total.
Aseguramiento precautorio de, entre otros, materiales y residuos peligrosos; especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre o su material genético; y recursos forestales.
Neutralización, o cualquier actividad similar, de materiales o residuos peligrosos.
La Comisión Nacional del Agua sancionará, entre otras, las siguientes faltas administrativas (artículo 119):
Descargar en forma permanente, intermitente o fortuita aguas residuales en cuerpos receptores que sean bienes nacionales, incluyendo aguas marinas, así como cuando se infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o en otros terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o el acuífero (fracción I).
Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales residuales sin cumplir con las normas oficiales mexicanas en materia de calidad y condiciones particulares establecidas para tal efecto (fracción II).
Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales sin el título respectivo, así como modificar o desviar los cauces, vasos o corrientes, cuando sean propiedad nacional, sin permiso de la CNA o cuando se dañe o destruya una obra hidráulica de propiedad nacional (fracción VIII).
Arrojar o depositar basura, sustancias tóxicas peligrosas y lodos provenientes de los procesos de tratamiento de aguas residuales, en ríos, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, o infiltrar materiales y sustancias que contaminen las aguas del subsuelo (fracción XIV).