Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-104-de-marzo-11-de-1993?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920414ee3f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-19 22:22:41
Document Index: 160718838

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 158', 'artículo 4', 'artículo 230', 'artículo 229', 'artículo 229', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 230', 'artículo 130', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 130']

﻿ SENTENCIA C-104 DE MARZO 11 DE 1993
SENTENCIA C-104 DE 11 DE MARZO DE 1993
CONTENIDO:RECURSO EXTRAORDINARIO DE SÚPLICA. ES CONSTITUCIONAL
TEMAS ESPECÍFICOS:RECURSO EXTRAORDINARIO, OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE SÚPLICA, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE SÚPLICA, TRÁMITE DEL RECURSO DE SÚPLICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:257 DE MAYO DE 1993, PÁG.464
Sentencia C-104 de marzo 11 de 1993
EXTRACTOS: «Se ha formulado ante la Corte Constitucional una demanda de constitucionalidad, radicada con el número D-164 y presentada por la ciudadana Rocío Mercedes Araújo Oñate, contra los incisos primero y segundo del artículo 21 del Decreto 2304 de 1989.
Las fuentes del derecho se clasifican en fuentes materiales y fuentes normales.
Son fuentes formales la ley —material—, la jurisprudencia, la costumbre, la equidad, los principios generales del derecho y la doctrina.
La Ley 153 de 1887 establece en su artículo 4º lo siguiente:
Por otra parte el ordenamiento jurídico está conformado por un conjunto de normas que constituyen un “sistema”. Es por ello que propiamente no se puede hablar de lagunas de derecho, pues entre las fuentes formales principales —la ley en sentido material— y las fuentes formales auxiliares —las demás—, se establece lo que Cossio denominaba la “plenitud hermética del derecho”, en virtud de la cual aquello que no esté prohibido está permitido pero, en todo caso, todas las situaciones jurídicas están previstas por el sistema que conforma el ordenamiento jurídico.
Colombia es un Estado social de derecho, según el artículo 1º de la Carta. Esta definición implica que Colombia no sólo es un Estado de derecho, como el Estado liberal clásico, sino que es además un Estado social. Luego ontológicamente se le atribuyen dos calidades esenciales al Estado colombiano: la sujeción formal al derecho y una sujeción material del derecho a unos contenidos sustanciales. El primer elemento es relativo a la validez; el segundo a la justicia.
Como anota la doctrina,
“...del anterior análisis del Estado social de derecho surgen tres componentes en interacción recíproca:
a) Un objetivo social.
b) La concepción democrática del poder.
c) La sumisión de ambos términos a la disciplina del derecho”.
De conformidad con el artículo 4º de la Carta, que define a la Constitución como norma de normas, tales valores y principios constitucionales tienen un contenido jerárquicamente superior al resto del ordenamiento jurídico, así como formalmente la Constitución es también superior a las demás normas. Luego el ordenamiento jurídico colombiano es un sistema material y formalmente jerárquico de normas, que tiene en la cúspide a la Constitución.
Luego una disposición del derecho positivo colombiano, a partir de la definición del Estado social de derecho, es aplicable sólo cuando reúna dos requisitos: que formalmente haya sido expedida de manera regular y que materialmente sea conforme a los valores y principios fundamentales de la Constitución. El operador jurídico debe realizar este doble examen al momento de interpretar una norma vigente.
En el derecho comparado se distinguen dos grandes sistemas en función del papel atribuido a la jurisprudencia como fuente de derecho.
De un lado, en el sistema anglosajón, práctico y empírico por naturaleza, la jurisprudencia es la fuente principal de derecho, de tal manera que los jueces al momento de dictar sentencia consultan los antecedentes que existan en el conjunto de sentencias precedentes. Se enfatiza en la noción de “precedente”. La ley escrita ocupa un lugar secundario. De otro lado, en el sistema latino, más especulativo y abstracto, la ley escrita es la principal fuente de derecho. La jurisprudencia ocupa un lugar secundario.
Se observa que entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el resto de jurisprudencia de los demás jueces y tribunales del país —en la que se encuentra la del Consejo de Estado—, existen semejanzas y diferencias.
Las semejanzas consisten en que se trata de un pronunciamiento jurisdiccional con fuerza de cosa juzgada. Las providencias tanto de la Corte Constitucional —art. 21 del Decreto 2967 de 1991—, como del Consejo de Estado que declaren o nieguen una nulidad —art. 175 del Código Contencioso Administrativo— tienen efectos erga omnes, mientras que en general las sentencias judiciales sólo tienen efectos inter partes.
Las diferencias estriban en el hecho de que mientras la jurisprudencia de los jueces y tribunales no constituyen un precedente obligatorio , salvo lo establecido en el artículo 158 del Código Contencioso Administrativo (reproducción del acto suspendido). Tales providencias sólo tienen un carácter de criterio auxiliar —C.P., art. 230—, para los futuros casos similares, la jurisprudencia constitucional tiene fuerza de cosa juzgada constitucional —C.P., art. 243—, de suerte que obliga hacia el futuro para efectos de la expedición o su aplicación ulterior.
Con respecto a la IDENTIDAD DE PARTES, requisito fundamental de la cosa juzgada en el proceso civil, en el constitucional no se da, pues en él no se presenta enfrentamiento entre litigantes con intereses contrapuestos, y ni siquiera el Estado autor de la norma general que se acusa, asume esta posición por conducto del Procurador General de la Nación ya que la intervención de este en dicho proceso, se impone en guarda y prevalencia del ordenamiento constitucional. Por ello en la revisión oficiosa de constitucionalidad de los decretos legislativos que el Presidente de la República dicta con fundamento en las facultades de los artículos 121 y 122 de la Constitución, y en la de los proyectos de ley objetados de inconstitucionalidad por el gobierno, el proceso nace y se adelanta sin que medie demanda o solicitud de parte.
Cuanto a la identidad de la causa petendi (eadem causa petendi) debe tenerse en cuenta que el juez de la constitucionalidad no está limitado a examinar la norma acusada que (sic) sólo a través de los motivos que haya aducido el demandante, ya que la Corte debe confrontar el acto acusado con la norma fundamental no sólo por las razones que presente el actor, sino a la luz de todos los textos constitucionales y por todas las posibles causas de inconstitucionalidad que exista, a fin de que la decisión final produzca efectos absolutos y erga omnes respecto de los textos acusados....
La jerarquía implica, además, unidad. Si una norma jerárquicamente inferior desconoce una norma superior, ella es susceptible de desaparecer del mundo jurídico, mediante las acciones de constitucionalidad o de nulidad —es derecho positivo válido anulable—, o bien es susceptible de ser inaplicada.
La norma jerárquicamente superior es la Constitución, según el artículo 4º de la Carta, que la define como “norma de normas”. Como anota García de Enterría, “la Constitución vincula al juez más fuertemente que las leyes, las cuales sólo pueden ser aplicadas si son conformes a la Constitución”.
Aun cuando los efectos jurídicos emanados de la parte resolutiva de un fallo de revisión solamente obligan a las partes, el valor doctrinal de los fundamentos jurídicos o consideraciones de estas sentencias trasciende el asunto revisado. La interpretación constitucional fijada por la Corte determina el contenido y alcance de los preceptos de la Carta y hace parte, a su vez, del “imperio de la ley” a que están sujetos los jueces según lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución.
1. Asegurar la efectividad de los derechos y colaborar así en la realización de la justicia material —art. 2º C.P.—.
3. Conferir confianza y credibilidad de la sociedad civil en el Estado, a partir del principio de la buena fe de los jueces —art. 83 C.P.—.
4. Unificar la interpretación razonable y disminuir la arbitrariedad.
El recurso de casación —arts. 365 CPC, 218 CPP y 86 CPT— y la súplica —art. 130 CCA—, bien que distintos, se establecieron con el mismo objetivo: unificar la jurisprudencia.
El artículo 229 de la Carta Política de 1991 prescribe que “se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia”.
El artículo 229 de la Carta debe ser concordado con el artículo 13 ídem, de tal manera que el derecho a “acceder” igualitariamente ante los jueces implica no sólo la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también el idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse por parte de jueces y tribunales ante situaciones similares.
De allí surge el concepto de la igualdad en la aplicación de la ley.
Es por ello que el recurso de súplica surge cuando existiendo plena identidad en los supuestos de hecho sometidos en cada caso a la consideración del mismo órgano judicial —el Consejo de Estado—, este se aparte del criterio precedente de modo arbitrario o sin motivación razonable.
En derecho comparado también se ha venido desarrollando el concepto de la igualdad en la aplicación de la ley.
En España, por ejemplo, se ha afirmado por parte de la jurisprudencia constitucional que la igualdad en la aplicación de la ley la deben observar tanto los órganos administrativos como los órganos judiciales, pero cada uno en un plano distinto: los primeros no están vinculados por el precedente pero sí sujetos al control de los tribunales, que han de corregir las desviaciones que en la aplicación igual de la ley se produzcan.
En primer lugar, en cuanto a las funciones, se observa que el carácter de tribunal supremo de lo contencioso administrativo le es conferida por la Carta al Consejo de Estado, mas no a una de sus salas o secciones.
Es más, el recurso de súplica es un desarrollo de la Carta toda. En efecto, el recurso de súplica canaliza los siguientes derechos de la Constitución: la efectividad de los derechos humanos (2º), el principio de igualdad en la aplicación de la ley (13), el derecho a impugnar la sentencia condenatoria (29), el carácter de tribunal supremo de lo contencioso administrativo que posee el Consejo de Estado (237) y su funcionamiento en salas (236), como bien lo anotó la vista fiscal, cuyo concepto aquí se comparte, además del derecho al acceso a la administración de justicia (228).
En lo referente a este punto el Consejo de Estado ha sostenido de manera reiterada lo siguiente:
Si la jurisprudencia para efectos del aludido recurso tuviera ese carácter de obligatoriedad que se le imputa, no sólo sería inmodificable por la misma sala plena, sino que no habría dudas sobre la inconstitucionalidad de este. Pero ese carácter en parte alguna figura.
Por ese motivo se dispuso que aunque dichas secciones funcionarían separadamente en el conocimiento de los respectivos negocios, cuando trataran de variar una jurisprudencia no podrían hacerlo motu proprio, sino en conjunto, o sea con la colaboración de todos los miembros de la Corporación, en la Sala Plena. En otros términos, esa norma no quería significar o reiterar otra cosa que los cambios jurisprudenciales eran de competencia de la Sala Plena y no de las secciones individualmente consideradas...
No estuvo en el pensamiento del legislador de 1975 ni hacer obligatorio el precedente judicial ni darle el valor o el rango de ley. Sólo quiso que los cambios se manejaran por todos los miembros de la corporación y no por los que conformaran una sala o sección determinada.
La obligatoriedad del precedente no está, se repite, ni en la Ley 11 ni en el artículo 24 del Decreto 528 de 1964. Tampoco en la doctrina.
El artículo 230 de la Constitución Nacional reitera que en Colombia impera un sistema de derecho legislado... La jurisprudencia es un producto del derecho que surge necesariamente de la interpretación y la aplicación de la ley... El recurso extraordinario de súplica está consagrado en la ley, y se fundamenta en la violación de ésta...
Cuando alguna Sección acoja sin aprobación de la Sala Plena doctrina contraria a la jurisprudencia de la Corporación, ha dejado de ser motivo del recurso extraordinario de súplica consagrado en los dos primeros incisos del artículo 130 del Código Contencioso Administrativo. Como el fundamento de dicho recurso resulta incompatible con la nueva Carta Política, con base en el artículo 4º de la misma, lo estima improcedente.
Por otra parte el recurso de súplica por modificación de jurisprudencia procede cuando se reúnan dos requisitos, de conformidad con la norma revisada: que el cambio sea decidido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y que dicho cambio se haga explícito en la sentencia. Ahora bien, no procede el recurso de súplica cuando el cambio no es de jurisprudencia sino de normatividad, como por ejemplo ante una reforma constitucional o del derecho administrativo. En tales eventos una jurisprudencia administrativa que desarrolle un concepto jurídico que antes no existía o que era diferente en la normatividad precedente no significa que se ha operado una reforma a la jurisprudencia anterior. En tales eventos, entonces, no procedería la súplica, entre otras cosas porque no habría lugar a la violación de la igualdad en la aplicación de la ley, como quiera que ésta es nueva o distinta.
Por último, la Corte Constitucional desea llamar la atención acerca de la inseguridad que generaría en el tráfico jurídico el cambio injustificado y atomizado de la jurisprudencia contencioso administrativa. Según el artículo 2º de la Carta, uno de los fines esenciales del Estado es la vigencia de un “orden justo”. Esta fórmula es reiterada en el preámbulo. En estas dos palabras se encierra un equilibrio frágil que es necesario construir a partir de providencias judiciales que simultáneamente sean materialmente justas y jurídicamente seguras. Es por ello que no contribuye a la seguridad jurídica el cambio de jurisprudencia contenciosa no explícito y que no cuente con la participación de la totalidad de la Sala Contencioso Administrativa.
Declarar EXEQUIBLE el artículo 21 incisos 1º y 2º del Decreto 2304 de 1989, que reformó el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo, por las razones expuestas en esta sentencia.
(Sentencia C-104 de marzo 11 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).