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Timestamp: 2018-10-20 17:38:28
Document Index: 277603284

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 121', 'artículo 122', 'artículo 123', 'artículo 9', 'artículo 8']

﻿ Sentencia 2004-20818 de marzo 12 de 2015
SENTENCIA 2004-20818 DE 12 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. SE RECUERDA QUE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CONSTITUYE UNA LIMITACIÓN A LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y, POR ENDE, A SUS FUNCIONARIOS, PUES SÓLO ESTÁN AUTORIZADOS PARA REALIZAR LAS FUNCIONES QUE EXPRESAMENTE TIENEN ASIGNADAS, TAL COMO LO DISPONEN LOS ARTÍCULOS 121 A 123 DE LA CONSTITUCIÓN, TANTO ASÍ QUE SON RESPONSABLES NO SOLO POR OMISIÓN, SINO TAMBIÉN POR EXTRALIMITACIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LEGALIDAD, ACTO ADMINISTRATIVO, FUNCIÓN PÚBLICA, FALTA DE COMPETENCIA, EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Sentencia 2004-20818 de marzo 12 de 2015
Radicación: 50001-23-31-000-2004-20818-01 (20151)
Referencia: Acción de lesividad
Demandante: Municipio de Acacías
Demandado: María Edith Baquero Soler y otras
Temas: Inepta demanda - acto complejo. Principio de legalidad de la función pública. Principio de jerarquía. Nulidad del acto por falta de competencia.
Bogotá, D.C., marzo doce de dos mil quince.
En los términos del recurso de apelación, le corresponde a la Sección determinar si en el caso concreto se presenta una ineptitud sustantiva de la demanda por no haberse demandado todos los actos administrativos que regularon la situación jurídica de las señoras Baquero Soler, específicamente, la Resolución 84 de 2004.
En caso negativo, se determinará si la Resolución 234 del 14 de noviembre de 2003 adolece de falta de competencia y/o falsa motivación, en los términos expuestos en la demanda y de acuerdo con lo probado en el proceso.
2.1. El 2 de julio de 2000, las señoras Baquero Soler, mediante apoderado judicial, solicitaron la práctica de una prueba anticipada ante los juzgados promiscuos municipales de Acacías, con el fin de que, con la intervención de peritos, se determinara el área, los linderos y el avalúo comercial de los predios ocupados con las vías públicas identificadas como calles 16, 17 y 18 con avenida 23 del perímetro urbano del municipio, pertenecientes a los inmuebles de su propiedad.
Así mismo, solicitaron que, con fundamento en la información que reposa en la oficina de impuestos municipales, determinaran el valor pagado al ente territorial por concepto de impuesto predial respecto de los bienes afectados con la vía pública, en los últimos quince años (fl. 32-35).
2.2. En virtud de dicha solicitud, el Juez Primero Promiscuo Municipal de Acacías, realizó diligencia de inspección judicial con intervención de peritos (fl. 37-38).
En el dictamen, los peritos concluyeron, entre otros asuntos, que el área de los bienes de propiedad de las señoras Baquero Soler, ocupada por el municipio de Acacías con las vías públicas, era de 7.035 m2, avaluada en la suma de $ 351.750.000 (fl. 36 y 40-63).
Adicionalmente, se afirmó que “el predio de mayor extensión identificado catastralmente con el número 01-00-0150-0008-000 a (sic) dividido en cuatro predios, pero juntamente (sic) a partir del año de 1992, hasta el año 1999 se ha cancelado por concepto de Impuesto Predial la suma de Catorce Millones quinientos cuarenta y un mil ochenta y siete pesos ($ 14.541.087). El presente año adeuda (sic) los inmuebles por concepto de Impuesto Predial a la Alcaldía Municipal la suma de Treinta y un Millones trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos ($ 31.352.453)” (fl. 45).
2.3. El 8 de junio de 2001, con fundamento en el avalúo comercial determinado en la prueba anticipada practicada ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal, la señora María Edith Baquero Soler, por intermedio de apoderado, le solicitó al Municipio de Acacías el pago del área del bien de su propiedad ocupada por la Administración con las vías públicas (fl. 25-31).
2.4. Mediante oficio del 9 de agosto de 2001, el Alcalde Municipal negó la solicitud de la señora María Edith, por dos razones fundamentales (fl. 10-14):
a) Porque del estudio de la escritura pública del bien inmueble de propiedad de la solicitante y de las demás escrituras de los bienes que se segregaron del predio de mayor extensión denominado “El Paraíso”, pertenecientes a las señoras Sonia Lily y Amanda Esther Baquero Soler, se pudo establecer que los inmuebles fueron adquiridos como cuerpos ciertos, independientes de las vías públicas, circunstancia que se corrobora con la lectura de los linderos de los predios.
b) Porque a la fecha de la presentación de la solicitud había operado el fenómeno de prescripción de cualquier derecho indemnizatorio, en vista de que, de acuerdo con el oficio 12.0/0201 del 19 de julio de 2001, proferido por la Directora Regional Orinoquía del IGAC, para el año 1988, las calles 17 y 18 que empalman con la avenida 23, ya estaban construidas.
2.5. Mediante la Resolución 234 del 14 de noviembre de 2003, la Coordinadora de Recaudos del municipio de Acacías, resolvió (fl. 16):
“ART. PRIMERO.—Autorizar el pago del impuesto predial de los inmuebles identificados con las cédulas catastrales 01-00-0150-0010-000, 01-00-0150-0011-000, 01-00-0150-0013-000, 01-00-0150-0012-000 y 01-00-0150-0008-000, los cuales aparecen a nombre de las Señoras AMANDA ESTHER, SOLNIA LIY (sic) Y MARÍA EDITH BAQUERO SOLER, con cargo a la suma de dinero liquidada por concepto de las vías públicas.
ART. SEGUNDO.—El monto a pagar de los inmuebles identificados con las cédulas catastrales 01-00-0150-0010-000, 01-00-0150-0011-000, 01-00-0150-0013-000, 01-00-0150-0012-000 y 01-00-0150-0008-000, es de DOCE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATRO PESOS ($ 12.056.004), suma que se descontará del valor liquidado por las vía públicas que se entregarán en cesión gratuita al Municipio, quedando un excedente a favor de las contribuyentes por el valor de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 378.386.500) Mcte., suma que deberá ser abonada para los pagos futuros que soliciten las contribuyentes en relación con impuesto predial o industria y comercio”.
Como fundamentos de la decisión adoptada, la Coordinadora de Recaudos manifestó (fl. 15-16):
“1. Que las Señoras AMANDA ESTHER, SONIA LILY Y MARÍA EDITH BAQUERO SOLER, en su calidad de propietarias de los inmuebles identificados con las cédulas catastrales 01-00-0150-0010-000, 01-00-0150-0011-000, 01-00-0150-0013-000, 01-00-0150-0012-000 y 01-00-0150-0008-000, mediante escrito radicado en esta Dependencia, solicitan se reciba en cesión las vías públicas ubicadas en la Calle 17 y Calle 18 con la Avenida 23, del Municipio de Acacías, Departamento del Meta. Lo anterior, en razón a que desde el año 1977 el Municipio construyó las vías existentes actualmente en dichos predios.
2. Que de conformidad con el oficio 12.1/1254 de fecha Agosto 12 de 2003, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, informa que el predio identificado con la cédula catastral 01-00-0151-0014-000 se incorporó al predio 01-00-0150-0012-000, en el cual quedaron incluidas las Calles 17 y Calles 18 hasta que se haga la cesión de vías.
3. Que de conformidad con el avalúo y el levantamiento topográfico presentado por las señoras BAQUERO SOLER, la Calle 17 tiene un área de 3.240 Metros y la Calle 18 de 3.795 Metros cuadrados, para un total de 7.035 metros cuadrados.
4. Que mediante oficio las contribuyentes ratifican a la administración municipal su deseo de ceder en forma gratuita el área de terreno correspondiente a las vías públicas ubicadas en la calle 17 y calle 18 con avenida 23, con una extensión de 7.035 metros cuadrados.
5. Que es de vital importancia, tanto para las solicitantes como para la administración municipal, legalizar a través de escrituración la cesión de las vías, por cuanto solamente con este mecanismo se podrá separar el área de las vías del predio de propiedad de las peticionarias.
6. Que, toda vez que las Señoras BAQUERO SOLER, han venido cancelando el valor del impuesto predial de los inmuebles de su propiedad, incluyendo las vías, es procedente liquidar el monto que por concepto de este impuesto le corresponde a el (sic) área de uso público, tomando para ello el avalúo presentado por las contribuyentes el cual fue previamente aprobado y es por un valor de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CURENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 390.442.500), VALOR EN EL CUAL SE INCLUYE EL SALDO A PAGAR DEL ACUERDO DE PAGO 170 de fecha 27 de Marzo del 2003, sobre el predio identificado con cédula catastral 01-00-0078-0008-000.
7. Que de la suma indicada anteriormente se descontará de lo que a la fecha adeuden las hermanas BAQUERO SOLER, a la Alcaldía Municipal por concepto de impuesto predial, lo cual asciende a la suma de: DOCE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATRO PESOS ($ 12.056.004) Mcte.
8. Que el saldo, es decir, la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 378.386.500) Mcte., se aplicará para el pago de los impuestos predial de los predios indicados en la presente Resolución, lo correspondiente al pago del Impuesto de Industria y Comercio y además de aquellos predios que indiquen las contribuyentes, por escrito presentado a esta dependencia, hasta agotar la suma señalada” (resaltados propios).
2.6. Como puede verse, la Resolución 234 de 2003 se expidió en virtud de una manifestación de voluntad de las señoras Baquero Soler de ceder “gratuitamente” las fajas de terreno ocupadas por el municipio de Acacías con calles 17 y 18 con avenida 23, en una extensión de 7.035 metros cuadrados.
Aunque en el expediente no obra copia del escrito presentado por las señoras Baquero Soler, de la motivación de la Resolución 234 de 2003, se concluye, que, además de informar su deseo de ceder los predios ocupados con vía pública, las señoras Baquero Soler solicitaron la indemnización de los perjuicios causados por el uso de los mismos por parte del municipio, en los términos de la primera solicitud presentada por la señora María Edith Baquero Soler que fuere negada por el Alcalde mediante oficio del 9 de agosto de 2001.
Si bien en el acto se dice que se reconoce el valor de lo pagado por impuesto predial sobre los bienes ocupados con las vías públicas, en realidad, de acuerdo con las consideraciones, lo que se está haciendo es reconocer, a título de indemnización por la ocupación con las vías públicas, el valor total de los inmuebles, de conformidad con el avalúo comercial presentado por las solicitantes —incrementado por un supuesto acuerdo de pago previo—.
Dicha indemnización no fue pagada a las peticionarias, sino que se trató como un saldo a favor y se imputó al pago de los impuestos predial e industria y comercio.
2.7. Mediante escritura pública 2923 del 31 de diciembre de 2003, otorgada por las señoras Baquero Soler, se dividió materialmente el predio identificado con matrícula inmobiliaria 232-0028120 en dos lotes y dos vías, las cuales fueron cedidas al municipio de Acacías (fl. 108 y 209-215).
2.8. El 13 de febrero de 2004, las señoras Baquero Soler le solicitaron a la Coordinadora de Recaudos, “descontar del excedente a nuestro favor por cesión de vías, según Resolución 234 de fecha noviembre 14 del año 2003, el impuesto de Industria y Comercio del señor Rubiano Ayure Maikel Hernando con C.C. 19.188.300, correspondiente al año gravable 2003, por valor de un millón ochocientos ochenta y ocho mil pesos ($ 1.888.000)” (fl. 18-21).
2.9. Mediante la Resolución 84 del 24 de febrero de 2004, la Coordinadora de Recaudos accedió a la solicitud de las señoras Baquero Soler, en los siguientes términos (fl. 22-23):
“ART. PRIMERO.—Autorizar el pago del impuesto de industria y comercio de las estaciones de servicio LA ORQUIDEA y LA ISLA, para la vigencia fiscal del año 2003, de conformidad con el formulario 0164, con cargo a la suma de dinero liquidada por concepto de las vías a las cuales hace referencia la presente Resolución.
ART. SEGUNDO.—El monto a pagar del impuesto de industria y comercio es de UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 1.888.000) Mcte. quedando un saldo a favor de las señoras BAQUERO SOLER por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 376.498.500) Mcte., suma que se abonará de conformidad con las solicitudes presentadas por los interesados”.
2.10. El 27 de febrero de 2004, la señora Amanda Baquero Soler solicitó que se descontara de la suma reconocida a su favor en la Resolución 234 de 2003, el valor de $ 7.899.815 por concepto de impuesto predial, discriminado así (fl. 194-195):
2.11. El 30 de marzo de 2004, la señora María Edith Baquero Soler insistió en la solicitud elevada por la señora Amanda Baquero Soler (fl. 191).
En el expediente no aparece prueba de que las solicitudes hayan sido contestadas. Sin embargo, en el folio 192 se encuentra un oficio en el que la nueva Coordinadora de Recaudos del municipio de Acacías, le informó a la peticionaria que se había requerido información a la oficina jurídica de esa dependencia con el fin de dar respuesta a la petición.
3. De la inepta demanda.
3.1. Para la parte demandada, el municipio de Acacías, además de atacar la legalidad de la Resolución 234 de 2003, también debió haber demandado la Resolución 84 de 2004.
Dicha omisión, en su sentir, configura una ineptitud sustantiva de la demanda.
3.2. Al respecto, debe tenerse en cuenta, como se dejó expuesto en apartes precedentes, que mediante la Resolución 234 del 14 de noviembre de 2003, la Coordinadora de Recaudos del municipio de Acacías: i) reconoció un saldo a favor de las señoras Baquero Soler por la suma de $ 378.386.500, como indemnización de los predios ocupados como vías públicas y, ii) autorizó el pago de la suma reconocida mediante una compensación futura con lo que se llegara a adeudar por concepto de impuesto predial e industria y comercio, previa solicitud de las interesadas.
Por su parte, mediante la Resolución 84 del 24 de febrero de 2004, la Coordinadora de Recaudos del ente territorial autorizó el pago del impuesto de industria y comercio de las estaciones de servicio La Orquídea y La Isla, para la vigencia fiscal del año 2003, con cargo a la suma de dinero determinada como saldo a favor de las señoras Baquero Soler en la Resolución 234 de 2003.
Así las cosas, mientras que la Resolución 234 de 2003 reconoció a favor de las señoras Baquero Soler una suma de dinero como indemnización por la ocupación con vías públicas de predios de su propiedad y autorizó la realización de compensaciones futuras con cargo a dicho saldo, la Resolución 84 de 2004 compensó una deuda por impuesto de industria y comercio con el saldo a favor reconocido.
3.3. Al analizar el contenido de los actos, la Sala observa que si bien la Resolución 84 de 2004 se fundamenta en una autorización hecha en la Resolución 234 de 2003, las dos no conforman un solo acto, un acto complejo que deba ser demandado en su integridad.
En otras palabras, entre ambas resoluciones no hay una relación de necesaria dependencia, como para concluir que era indispensable demandarlos, so pena de configurarse una ineptitud sustantiva de la demanda.
3.4. Por eso, no puede hablarse de un acto complejo. En el caso no se requiere para su formación la reunión de varias voluntades de la Administración, ya sea de un mismo órgano u organismo o de varios, con unidad de contenido y fin.
Los actos individualmente considerados tienen vida jurídica propia, pues fueron expedidos por la Administración como consecuencia de las distintas solicitudes de las señoras Baquero Soler.
3.5. Cosa distinta es que ante la declaratoria de nulidad de la resolución 234 de 2003, puedan o no afectarse los actos posteriores que autorizaron compensaciones con cargo al saldo a favor reconocido, por desaparecer del mundo jurídico el que les sirvió de fundamento, tal como lo disponen los artículos 66 #2 del Código Contencioso Administrativo y 91 #2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Pero, tal circunstancia, no afecta la demanda ni la convierte en inepta.
4. De la falta de competencia.
4.1. Para el municipio de Acacías, el acto administrativo demandado es nulo por falta de competencia por dos razones:
a) Porque desconoce la decisión adoptada por el Alcalde municipal de Acacías, superior jerárquico de la Coordinadora de Rentas.
b) Porque la Coordinadora de Rentas no es competente para compensar el pago de impuestos, ni realizar cruces de cuentas, “como se puede concluir del estudio del Decreto 257 del 22 de noviembre de 2002 por medio del cual se adopta el Manual de Funciones de la Planta de Cargos de la Administración Central del Municipio de Acacías”.
4.2. Al respecto, debe recordarse que el Alcalde Municipal, mediante oficio del 9 de agosto de 2001, negó la solicitud de indemnización presentada por la señora María Edith Baquero Soler por la ocupación de parte de sus predios con unas vías públicas, porque (i) del estudio de las escrituras de los bienes pertenecientes a las señoras Baquero Soler, se pudo establecer que los inmuebles fueron adquiridos como cuerpos ciertos, independientes de las vías públicas y, (ii) a la fecha de la presentación de la solicitud había operado el fenómeno de prescripción de cualquier derecho indemnizatorio, en vista de que, las calles 17 y 18 que empalman con la avenida 23, fueron construidas antes del año 1988.
Si bien en el acto demandado —Resolución 234 de 2003— se dice que se reconoce el valor de lo pagado por impuesto predial sobre los bienes ocupados con las vías públicas, en realidad, de acuerdo con las consideraciones, lo que está haciendo, en el fondo, es reconocer por dicha ocupación el valor total de los inmuebles, a título de indemnización, de conformidad con el avalúo comercial presentado por las solicitantes, asunto que ya había sido decidido de manera negativa por el Alcalde.
4.3. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 314 y 315 de la Constitución, 91 de la Ley 136 de 1994 y 130 a 132 del Código de Régimen Municipal —Decreto-Ley 1333 de 1986—, al Alcalde, como jefe de la administración local, le corresponde dirigir la acción administrativa del municipio.
En consecuencia, son atribuciones del Alcalde, entre otras, representar al municipio judicial y extrajudicialmente, ordenar los gastos y dictar los actos necesarios para la administración del ente territorial.
4.4. Como jefe de la administración local, el Alcalde ostenta, además, la facultad dispositiva de la Administración.
En virtud de dicha competencia, puede disponer de los bienes, recursos, obligaciones y acreencias del ente territorial, en los términos de la Constitución y la ley.
4.5. En ese orden de ideas, como la facultad de disposición de la administración local se radica por mandato de la Constitución y la ley en el Alcalde, dicha competencia no puede ser ejercida, en virtud del principio de legalidad, por otro funcionario de la Administración, salvo que expresamente haya sido delegada(1) o desconcentrada(2) por ley u acto administrativo, con indicación clara de las funciones que se transfieren.
Recuérdese que el principio de legalidad de la función pública constituye una limitación a la actividad de la administración y, por ende, a sus funcionarios, pues sólo están autorizados para realizar las funciones que expresamente tienen asignadas, tal como lo disponen los artículos 121 a 123 de la Constitución, tanto así que son responsables no sólo por omisión, sino también por extralimitación en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º ibídem.
En palabras de la Corte Constitucional(3):
“Uno de los principios fundamentales de un Estado democrático es la supremacía del ordenamiento jurídico, en primer lugar de la Constitución Política. Es por ello que el artículo 6º superior establece que los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes y que los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
En el mismo sentido, el artículo 121 ibídem prescribe que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley, el artículo 122 prevé que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y el artículo 123 consagra que los servidores públicos ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. Esta exigencia de sometimiento a las disposiciones jurídicas, y, más concretamente, a la ley, por parte de los servidores públicos configura el denominado principio de legalidad de la función pública”.
4.6. De acuerdo con las anteriores premisas y lo probado en el proceso, para la Sala es claro que el acto administrativo demandado es nulo por violación al principio de legalidad, ya que la Coordinadora de Rentas del municipio de Acacías no tenía competencia para disponer de los recursos del ente territorial y, por ende, conceder una indemnización por ocupación de predios con vías públicas.
Del Manual de Funciones y Requisitos de los cargos del Municipio de Acacías que fue aportado con la demanda, se puede establecer, tal como lo concluyó el a quo, que las funciones del cargo de Coordinador de Área, perteneciente al área de recaudos de la Secretaría Administrativa y Financiera del ente territorial, están relacionadas únicamente con el procedimiento del cobro coactivo de deudas fiscales (fls. 73 y 116 a 117).
Si bien es cierto, como se advierte en el recurso, que en el manual de funciones no se denomina expresamente el cargo de la funcionaria como “Coordinador de Recaudos”, no es menos cierto que de la lectura de las funciones de los cargos pertenecientes a la Secretaría Administrativa y Financiera, se deduce, con facilidad, que se trata del “Coordinador de Área”, pues los demás cargos están relacionados con las otras áreas de dicha Secretaría (contabilidad, tesorería, gestión humana y almacén).
4.7. En ese orden de ideas, como la Coordinadora de Recaudos no ostentaba facultad de disposición, no podía autorizar, mediante la expedición del acto demandado, el pago de una indemnización y, mucho menos, imputar el reconocimiento económico hecho al pago de tributos territoriales.
En otras palabras, no existe norma municipal que de manera expresa y clara le asigne al cargo de Coordinador de Recaudos la facultad dispositiva de que hizo uso la funcionaria en el acto que se demanda, por lo que adolece, se insiste, de nulidad por falta de competencia.
Téngase en cuenta que la falta de competencia ha sido considerada por esta Corporación como “la forma más grave de ilegalidad de una decisión de la administración”(4), por el carácter de orden público que revisten las reglas sobre competencia, al punto que se ha estudiado de forma oficiosa dicho vicio, así no haya sido invocado en la demanda, en pro de la defensa del principio de legalidad y la supremacía de la Constitución(5).
4.8. Agréguese a lo anterior, que la Resolución 234 de 2003, también vulnera el principio de jerarquía, ya que la funcionaria de la administración local no podía derogar y/o modificar tácitamente la decisión proferida por el alcalde en el acto del 9 de agosto de 2001 —que goza de presunción de legalidad—, más cuando la situación jurídica no había cambiado.
En virtud del principio de jerarquía, que está estrechamente relacionado con el principio de legalidad, los actos del inferior no pueden contradecir ni violar los actos del superior, ya que el inferior se encuentra en una relación de subordinación respecto de su superior jerárquico.
4.9. Así las cosas, como en el presente caso se configura falta de competencia en la expedición del acto demandado, se procederá a confirmar la sentencia apelada, adicionando el restablecimiento del derecho que se deriva automáticamente de la nulidad del acto, toda vez que el Tribunal guardó silencio al respecto.
En ese orden de ideas, se declarará que el municipio de Acacías no está obligado a reconocer ni pagar a favor de las señoras Baqueo Soler ninguna suma de dinero por la construcción de las vías identificadas como calles 17 y 18 con avenida 23, del perímetro urbano de dicho municipio, tal como se dispuso en el acto administrativo del 9 de agosto de 2001, expedido por el Alcalde municipal.
1. Por las razones expuestas en la presente providencia, se CONFIRMA la sentencia del 27 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se declaró la nulidad de la Resolución 234 del 14 de noviembre de 2003, expedida por la Coordinadora de Recaudos del Municipio de Acacías.
2. Se ADICIONA la sentencia recurrida en el sentido de declarar, a título de restablecimiento del derecho, que el municipio de Acacías no está obligado a reconocer ni pagar a favor de las señoras María Edith Baqueo Soler, Amanda Ester Baquero Soler y Sonia Lili Baqueo Soler, suma de dinero alguna por la construcción de las vías identificadas como calles 17 y 18 con avenida 23, del perímetro urbano de dicho municipio, tal como se dispuso en el acto administrativo del 9 de agosto de 2001, expedido por el Alcalde municipal.
1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, “las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente Ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”.
2 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 489 de 1998, “la desconcentración es la radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a los jefes superiores de la Administración, la cual no implica delegación y podrá hacerse por territorio y por funciones”.
3 Corte Constitucional Sentencia C-1195 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería.
4 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 27 de marzo de 2014, radicación 25000-23-26-000-2001-02301-01(29857), C.P. Danilo Rojas Betancourth. ___________ Sentencia del 16 de febrero del 2006, expediente 13414, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
5 Cfr. Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 2 de julio de 2014. Radicado: 170012331000201000091-01 (18823), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.