Source: http://quantumconsultores.com/boletin-1ra-quincena-de-noviembre-2017/
Timestamp: 2017-12-14 04:15:23
Document Index: 335356500

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 85', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 62', 'artículo 6', 'artículo 1329', 'artículo 30']

1.- Regulan la forma y condiciones en que se debe proporcionar a la UIF-Perú, la información protegida por el secreto bancario y reserva tributaria
Como se recordará, con fecha 26.11.2016, se publicó el Decreto Legislativo No. 1249, Decreto Legislativo que dictó medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo, el cual incorporó la norma sobre “Acceso al secreto bancario y la reserva tributaria con autorización judicial.
Así, se señaló que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) establecería la forma y condiciones en que las empresas del sistema financiero y la Administración Tributaria deben proporcionar, a la UIF-Perú, la información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria, así como las multas que correspondan a las empresas bajo su supervisión que incumplan con entregar la información requerida, de acuerdo con lo establecido en la normativa; por lo que, con fecha 11.11.2017, se publicó la Resolución SBS No. 4353-2017, la cual regula la forma y condiciones señaladas.
A continuación, la mencionada Resolución dispone lo siguiente:
La norma se aplicará a todas las empresas reguladas y/o supervisadas por la SBS que captan recursos del público y que están indicadas en el literal A del artículo 16° de la Ley N° 26702, Ley de Bancos, al Banco de la Nación y a las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público (empresas), así como a la Administración Tributaria.
Las empresas deberán proporcionar a la UIF-Perú la siguiente información del cliente, correspondiente al periodo que determine la referida orden judicial: a) Número de cuenta a informar, b) Nombre de la institución informante, c) Fecha y hora de la operación, d) Agencia (código SBS), cuando corresponda, e) Número de operación, f) Moneda, g) Tipo de operación, h) Monto de la operación, i) Glosa – detalle de la operación, j) Clasificación general de la operación (SBS), k) Datos del segundo vinculado en la operación (persona o empresa que participa en la transacción, como beneficiario, ordenante o ejecutante, según sea el caso; de la persona o empresa que ha sido materia del levantamiento del secreto bancario): número de cuenta, número de Identificación y el nombre de la persona o empresa e información adicional de carácter complementario.
La Administración Tributaria, conforme a la orden judicial del levantamiento de la reserva tributaria, y según lo previsto en el artículo 85 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, debe proporcionar a la UIF-Perú la información señalada en dicha orden, que puede estar contenida en declaraciones e informaciones obtenidas de los contribuyentes, responsables o terceros y en las denuncias.
Las empresas y la Administración Tributaria, deberán remitir la información directamente con carácter confidencial a la UIF-Perú de acuerdo al plazo de ley o lo que señale el juez.
Las empresas enviarán a la UIF-Perú la información (utilizando el Anexo correspondiente y un cuadro resumen) a través de medio electrónico; asimismo, la Administración Tributaria, entregará a través de medio electrónico la información en archivos de texto u otro formato que se disponga, excepcionalmente, se enviará en físico aquella información que no se pueda proporcionar por medio electrónico.
Las personas y autoridades que tomen conocimiento de la información de las operaciones pasivas producto del levantamiento del secreto bancario y de la información referida a la cuantía, entre otras, quedan obligadas a guardar la más estricta y completa reserva respecto de dicha información y no pueden cederla o comunicarla a terceros o usarla para fines distintos.
Se incorpora como infracción grave “No entregar o entregar parcial o tardíamente, la información requerida en las solicitudes de levantamiento del secreto bancario formuladas por la UIF-Perú”.
La norma entra en vigor el 12.11.2017.
2.- Emisión Electrónica de Comprobantes de Pago
A través de la Resolución de Superintendencia No. 287-2017/SUNAT (10.11.2017) se modifican diversas Resoluciones de Superintendencia con la finalidad de brindar facilidades a los operadores del SEE y promover la emisión electrónica de comprobantes de pago y documentos relacionados.
Al respecto, la mencionada Resolución dispone lo siguiente:
Otorgar mayores facilidades a los contribuyentes y promover la emisión electrónica de los comprobantes de pago; por lo que, se considera conveniente ampliar el plazo para el uso opcional de las versiones 2.0 y 2.1 del Formato XML bajo el estándar UBL y flexibilizar ciertos requisitos relacionados con la inscripción en el Registro de Operadores de Servicios Electrónicos. Asimismo, se considera conveniente simplificar el procedimiento para obtener la calidad de emisor electrónico por elección o iniciar la emisión electrónica en el SEE a través del SEE – Del contribuyente.
Proporcionar mayores facilidades para que los contribuyentes puedan inscribirse en el Registro de Operadores de Servicios Electrónicos y se simplifica la forma de adquirir la calidad de emisor electrónico por elección en el SEE – Del Contribuyente, eliminándose la presentación de la solicitud de autorización así como el procedimiento de homologación.
Declarar la nulidad de la autorización para incorporarse al SEE – Del contribuyente de solicitudes presentadas con anterioridad a la vigencia de la presente resolución, no afectará la validez de los documentos emitidos a través del Sistema hasta antes de la fecha en que surta efecto la notificación del acto que declara la nulidad.
El sujeto que hasta antes de la entrada en vigencia de esta disposición hubiera presentado una solicitud de autorización, respecto de la cual no se hubiera emitido la resolución que resuelva lo solicitado, puede ser autorizado como emisor electrónico por elección del SEE – Del Contribuyente al amparo de la regulación vigente al momento de su presentación, sin que deba cumplir el proceso de homologación.
El sujeto designado como emisor electrónico por determinación de la SUNAT que hasta antes de la fecha de entrada en vigencia de esta disposición hubiera cumplido con las obligaciones previas para emisores electrónicos según Resolución, vigente con anterioridad, está habilitado para iniciar la emisión electrónica sin que deba cumplir con pasar el proceso de homologación, salvo en lo referido a registrar una dirección de correo electrónico.
La norma entra en vigor el 11.11.2017, salvo excepción.
3.- Nueva Versión del PDT ITF
Con la publicación de la Resolución de Superintendencia No. 281-2017/SUNAT (4.11.2017), se ha aprobado la versión 1.9 del PDT Otras Retenciones – Formulario Virtual No. 0695.
La nueva versión del PDT ITF se encontrará a disposición de los interesados a partir del 5 de noviembre de 2017 en SUNAT Virtual, el cual podrá ser utilizado desde dicha fecha, siendo obligatorio su uso a partir del 1 de diciembre de 2017, independientemente del periodo al que corresponda la declaración, incluso si se trata de declaraciones rectificatorias. Asimismo, la SUNAT, a través de sus dependencias, facilitará la obtención de la citada versión.
Cabe mencionar que el PDT ITF – Formulario Virtual No. 0695 – versión 1.8 solo podrá ser utilizado hasta el 30 de noviembre de 2017.
La norma entra en vigor el 5.11.2017.
1.- Se formulan diversas consultas en relación con el régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas:
Cuando los ingresos netos percibidos al 31.12.2015 (tratándose de rentas no declaradas a que se refiere el párrafo 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo No. 1264) equivalen a consumos efectuad os en moneda extranjera, ¿qué tipo de cambio se aplica para su conversión a moneda nacional?, y ¿qué fecha rige para dicha conversión?
Tratándose de documentos emitidos en el exterior, ¿qué se entiende por documento de fecha cierta, según el inciso c) del párrafo 12.3 del artículo 12 del Reglamento del Decreto Legislativo No. 1264?
En relación a las consultas planteadas, SUNAT concluye lo siguiente en el INFORME 032-2017-SUNAT/7T0000:
1.- Aplicación de la excepción del plazo de fiscalización definitiva de un año
Al respecto, la recurrente interpone Queja contra la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales de SUNAT, en la cual señala que en el procedimiento de fiscalización definitiva del Impuesto a la Renta del ejercicio 2010, se le notificó un requerimiento indebido, ya que había transcurrido el plazo de fiscalización de un año. Asimismo, indicó que no es aplicable la excepción del plazo de un año, referido a las fiscalizaciones efectuadas por aplicación de las normas de precios de transferencia, dado que a través del requerimiento se le solicitó documentación que no tiene relación con éstas.
De esa manera, el Tribunal Fiscal ha señalado que si la Administración considera que una fiscalización en particular es compleja, debido al elevado volumen de operaciones del deudor tributario, dispersión geográfica de sus actividades, complejidad del productivo, entre otros, el Código Tributario ha previsto que procede ampliar el plazo de fiscalización por un año adicional, lo que será aplicable a los demás aspectos distintos a los precios de transferencia.
En ese sentido, con fecha 4 de noviembre de 2017, se publicó la Resolución de Observancia Obligatoria del Tribunal Fiscal No. 03500-Q-2017, la cual ha establecido el siguiente precedente:
“Vencido el plazo de un año de la fiscalización definitiva, la excepción al plazo de fiscalización establecida por el numeral 3) del artículo 62º – A del Código Tributario sólo es aplicable a los requerimientos mediante los que se solicite información y/o documentación relacionada con la aplicación de las normas de precios de transferencia. En tal sentido, la Administración no podrá requerir al administrado información y/o documentación adicional a la solicitada durante el plazo del referido procedimiento por aspectos que no involucren la aplicación de las normas de precios de transferencia”.
1.- ¿Debe cobrar SUNAT intereses moratorios mientras se sigue un procedimiento contencioso tributario? ¿La capitalización de intereses, vigente durante los años 1999 a 2005, resultó constitucional?
Recordemos que conforme a lo señalado en nuestro Boletín de la segunda quincena de octubre de 2016, la Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) No. 4082-2012-PA/TC de fecha 10.05.2016, señaló 2 puntos controversiales:
Capitalización de intereses moratorios, vigente durante los años 1999 a 2005.
Suspensión de los intereses moratorios computados luego del vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal Fiscal para resolver la apelación.
En ese sentido, el TC concluyó lo siguiente:
La “capitalización de intereses” resulta inconstitucional al transgredir el principio de razonabilidad de las sanciones administrativas reconocidas por la jurisprudencia constitucional.
El cómputo de intereses moratorios durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario lesiona el derecho a recurrir en sede administrativa, así como el principio de razonabilidad de las sanciones. En ese sentido, corresponde la inaplicación del artículo 6 del Decreto Legislativo No. 981 en el extremo en que disponía el cómputo de intereses moratorios durante el procedimiento contencioso tributario, ordenándose que la SUNAT suspenda el cómputo de éstos durante el tiempo en exceso en el que incurrió el Tribunal Fiscal para resolver la causa.
Luego de ello, con fecha 22.06.2017, el TC se pronunció sobre la solicitud de integración de fecha 11.10.2016 presentada por SUNAT y la solicitud de nulidad de fecha 26.10.2016 presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Al respecto, el TC concluyó lo siguiente:
A diferencia de lo señalado por SUNAT, la recurrente no cuestiona la demora de la SUNAT o del Tribunal Fiscal en resolver los recursos de reclamación y apelación interpuestos en sede contencioso tributaria; la demanda se dirige contra el cómputo de intereses, realizado por SUNAT, con relación a las deudas señaladas en las Resoluciones de la Administración Tributaria. Por tanto, no es correcto contar el plazo de prescripción desde el día hábil siguiente a la notificación de la Resolución de Intendencia y la Resolución del Tribunal Fiscal.
Tampoco existe mérito para concluir que el derecho de defensa de SUNAT ha sido vulnerado durante el trámite del expediente. Pese a que la demanda fue objeto de rechazo liminar en ambas instancias del Poder Judicial, SUNAT se apersonó al proceso y expresó su posición jurídica sobre la controversia mediante escritos que fueron evaluados por el TC al momento de expedir la sentencia. Asimismo, SUNAT tuvo oportunidad de expresar sus argumentos de defensa en la vista de la causa que se llevó a cabo.
La expedición de la sentencia tampoco vulnera los derechos procesales del Tribunal Fiscal pues los actos lesivos invocados por la actora son imputables exclusivamente a SUNAT. En efecto, la demanda de autos tuvo por finalidad cuestionar el cálculo de intereses moratorios de las deudas originadas en las Resoluciones emitidas por SUNAT, lo que corresponde exclusivamente a SUNAT y no es competencia del Tribunal Fiscal.
La sentencia emitida por el TC es de obligatorio cumplimiento y debe ser ejecutada conforme a ley y las disposiciones normativas en materia de priorización para la atención de pago de sentencias judiciales que resulten aplicables.
No puede considerarse que la sentencia emitida en autos agravia los derechos procesales del Tribunal Fiscal, pues los actos lesivos cuestionados por la actora son imputables exclusivamente a SUNAT. En consecuencia, el TC no tenía la obligación de incorporar al MEF o al Tribunal Fiscal al proceso máxime si no lo solicitaron en ningún momento hasta la expedición de la sentencia.
Tampoco puede considerarse que la sentencia lesione el principio de cosa juzgada, pues, en el presente proceso de amparo, se resolvió una cuestión distinta a la recaída en el proceso contencioso administrativo seguido en el expediente 6795-2011-0-1801-JR-CA-15, proceso en el que nunca se discutió la razonabilidad del cómputo de intereses realizado por SUNAT con relación a la deuda de la actora originada en la Resoluciones emitidas por SUNAT.
Por la misma razón, no puede considerarse que la sentencia emitida en este expediente contravenga la garantía de la cosa decidida o deje sin efecto la Resolución 12595-8-2011 emitida por el Tribunal Fiscal. Ello debido a que, en el procedimiento contencioso tributario seguido por la actora ante SUNAT y el Tribunal Fiscal, tampoco se cuestionó la razonabilidad del cálculo de intereses moratorios realizada por SUNAT, como sí se lo hizo en el proceso de amparo de autos.
1.- SUNAFIL aprueba criterios normativos en materia de inspección del trabajo
SUNAFIL publicó en su página web (www.sunafil.gob.pe) la Resolución 218-2017-SUNAFIL, la cual establece los siguientes criterios normativos aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo:
Aplicación del beneficio de reducción de la Ley 30222 y la nueva tabla de multas del Decreto Supremo 015-2017-TR: El beneficio de reducción contenido en el tercer párrafo de la Única Disposición Complementaria Transitoriade la Ley 30222 se aplica a las órdenes de inspección que hayan sido generadas entre el 12 de julio de 2014 y el 12 de julio de 2017, salvo que las disposiciones sancionadoras posteriores le sean más favorables.
La Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 30222 establece que durante el periodo de tres años (12 de julio de 2014 al 12 de julio de 2017) las multas impuestas no debían ser mayores al 35% de las que resultara aplicar luego de la evaluación del caso concreto sobre la base de los principios de razonabilidad, proporcionalidad así como los atenuantes y/o agravantes que corresponderán según el caso.
En todo caso, por el principio de unidad, el beneficio de reducción de la Ley 30222 no es acumulable con la nueva tabla de multa aprobada por el Decreto Supremo 015-2017-TR, vigente a partir del 7 de agosto de 2017, la misma que dispuso la reducción de las multas en más del 50%.
Aplicación de la tabla de multas del Régimen de Trabajadores del Hogar: La tabla de multas de las infracciones por incumplimiento de las normas del régimen especial de los trabajadores del hogar serán aplicables no sólo a las órdenes generadas a partir de la fecha en vigencia del Decreto Supremo 007-2017-TR (31 de mayo de 2017), sino también a los expedientes sancionadores iniciados a mérito de las órdenes de inspección generadas antes del 31 de mayo de 2017 y que no hayan recaído en resolución firme, siempre y cuando sean más favorables al administrado.
Eximentes y atenuantes de responsabilidad administrativa: Existe la posibilidad de aplicar retroactivamente los eximentes y atenuantes de responsabilidad a las órdenes generadas antes de la fecha en vigencia descrita en la Cuarta Disposición Complementaría Final del Decreto Supremo 016- 2017-TR (16 de marzo de 2017).
Prescripción administrativa: El plazo de prescripción de cuatro (4) años para determinar la existencia de infracciones en materia socíolaboral, es aplicable para todos los hechos constitutivos de infracción, incluso si ocurrieron antes del 16 de marzo de 2017.
1.- Obligación de acreditar la reducción inmotivada de la remuneración o la categoría
Mediante Sentencia de Casación No. 495-2017-Lima, publicada el 30 de octubre de 2017 se dio cuenta de un caso en el que se dilucidó si el hecho de que el trabajador sea reincorporado y asignado a un cargo distinto del que ocupaba antes de ser cesado irregularmente, constituye un acto de hostilidad laboral
La Sentencia de la Corte Suprema señaló que si el trabajador no acredita la reducción inmotivada de la remuneración o de su categoría, no se configura el acto de hostilidad.
En el caso concreto, el demandante alegó que había sido víctima de un acto de hostilidad, pues al ser reincorporado producto de un cese irregular, fue asignado a un cargo diferente. La Corte Suprema señaló que no se había configurado el acto de hostilidad, pues si bien el trabajador fue asignado a otro cargo (de gerente a supervisor), se verificó que mantuvo su categoría (apoderado) y había sido objeto de un incremento remunerativo.
2.- Caso de bonificaciones otorgadas por el mismo concepto bajo distintas denominaciones
Mediante Sentencia de Casación No. 18615-2015-Lima, publicada el 30 de octubre de 2017, se dio cuenta de un caso de un trabajador que durante los periodos 1993-1995 y 2000-2005 percibió las siguientes bonificaciones por concepto de productividad gerencial y sindical: “Resolución Suprema 09-97-EF”, “Decreto Supremo 224-98-EF”, “abono por regularizar-A”, “abono por regularizar-B”, “préstamo A”, “préstamo B”, “concepto variable 1” e “ingreso no remunerativo”. Extinguida la relación laboral, el trabajador solicitó el reintegro de gratificaciones anuales. Así, se sustentó en el hecho de que dichas bonificaciones debían computarse para efectos del cálculo de las gratificaciones por tratarse de conceptos remunerativos.
La Corte Suprema determinó que dichos conceptos sí debían formar parte de la base de cálculo, en tanto dicho trabajador percibió dichos bonos de forma regular, ordinaria, fija y permanente. El carácter remunerativo o no de un derecho no se determina únicamente a partir de su sola denominación, sino en función a su naturaleza jurídica.
3.- Improcedencia de la ampliación del periodo de prueba en el caso del trabajador que reingresa al mismo cargo
Mediante Sentencia de Casación No. 13165-2015-Moquegua, publicada el 30 de octubre de 2017, se dio cuenta de un caso en el cual se dilucidó la validez de la aplicación de un período de prueba ampliado (de seis meses) a un trabajador que habiendo contado con un contrato a tiempo determinado reingresó luego de un breve periodo (diez meses) bajo un contrato a plazo indeterminado.
La Corte Suprema estableció que no procede la ampliación del periodo de prueba (de tres a seis meses en el caso) si al trabajador le son asignadas las mismas labores por las que fue contratado inicialmente y el empleador no acredita que la contratación requiere de un periodo de adaptación y capacitación en el cargo, aun cuando el nuevo contrato de trabajo sea a plazo indeterminado.
4.- Establecen pautas para el pago de indemnización por daños y perjuicios en caso de enfermedad profesional
Mediante Sentencia de Casación No. 10398-2017-Lima, la Corte Suprema estableció que el trabajador, víctima de una enfermedad profesional puede invocar contra su empleador como factor de atribución, el dolo o la culpa inexcusable. En el caso que el trabajador no llegase a probar el dolo o la culpa inexcusable y el empleador no logre acreditar que actuó con la diligencia debida, funcionará la presunción del artículo 1329° del referido Código Adjetivo, considerándose que la inejecución de la obligación obedece a culpa leve y por ello deberá resarcir el daño pagando una indemnización.
5.- No se consideran faltas injustificadas los días no laborados por huelga declarada ilegal luego de iniciada la misma
Mediante Sentencia de Casación Laboral No. 15537-2015-Lima, la Corte Suprema precisó que cuando la huelga sea declarada ilegal con fecha posterior a los días en que se produjo la suspensión colectiva de labores, dichos días no serán considerados como inasistencia injustificada, sino que debe entenderse su justificación en el derecho de huelga, por lo que ningún trabajador puede ser sancionado por dicho periodo.
6.- Trabajador repuesto tiene derecho a aumento de remuneración producido durante cese
Mediante Sentencia de Casación Laboral No. 7751-2016-Lima, la Corte Suprema precisó que si a la fecha en que es repuesto un trabajador demandante, el empleador demandado aprueba una nueva escala remunerativa que no hace ninguna exclusión sobre sus alcances, le sería aplicable al trabajador repuesto; del mismo modo, de haber una reducción remunerativa, sin sustento alguno, se encontraría demostrado la hostilidad a la que hace referencia el inciso b) del artículo 30º del Decreto Supremo No. 003-97-TR.
7.- Trabajadores de confianza no sujetos a fiscalización inmediata no tienen derecho a horas extras
Mediante Sentencia de Casación Laboral No. 14847-2015-Lima, la Corte Suprema ratificó su criterio jurisprudencal y precisó que el personal de confianza que no se encuentre sujeto a fiscalización de su horario de trabajo, no tiene derecho al pago de horas extras.
Asimismo, en la referida sentencia casatoria, la Corte Suprema precisó que son rasgos de la existencia de autonomía o no fiscalización:
no obligación de marcar cualquier ingreso/salida
no hay solicitud de permisos para temas personales sino, a lo sumo, coordinaciones
no existen descuentos por tardanzas
no presentan sanciones por tardanzas
no hay la necesidad de compensar horas dejadas de laborar
no se entregan comunicaciones y recordatorios sobre cumplimiento de horarios y jornadas
no hay antecedentes de control de horas y horarios (récord) para aumentos, promociones, etc.
En estos supuestos descritos-no fiscalización de tiempo-, salvo que exista un control de tiempo de trabajo, los trabajadores no tienen derecho a horas extras, reiteró la Corte Suprema.