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Timestamp: 2017-06-28 22:38:50
Document Index: 192881437

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 133', 'artículo 28', 'artículo 3', 'artículo 28', 'artículo 3', 'artículo 30', 'artículo 57']

BOE.es - Documento BOE-A-2017-1610
Documento BOE-A-2017-1610
Resolución de 30 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Almería nº 3, por la que no se practica cancelación de nota marginal.
Publicado en: «BOE» núm. 40, de 16 de febrero de 2017, páginas 10634 a 10638 (5 págs.)
Referencia: BOE-A-2017-1610
En el recurso interpuesto por don S. M. A., procurador de los tribunales, en nombre y representación de «Banco Mare Nostrum, S.A.», contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Almería número 3, doña Isabel María Maldonado Vilela, por la que no se practica cancelación de nota marginal.
En el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Almería se siguen autos de ejecución hipotecaria número 1651/2009 en los que recayó auto firme, de fecha 10 de marzo de 2010, por el que se acordó la finalización del procedimiento de ejecución, dando lugar al mandamiento, de fecha 7 de octubre de 2016, de la letrada de la Administración de Justicia, doña M. I. R. T., dirigido al Registro de la Propiedad de Almería número 3 para que se llevase a cabo la cancelación de nota marginal de expedición de cargas acordada en su día respecto de la finca ejecutada.
Presentada la referida documentación en el Registro de la Propiedad de Almería número 3, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Registro de la Propiedad de Almería número 3 Acuerdo recaído en este Registro de la Propiedad número tres de Almería, sobre la calificación del documento autorizado en Almería por Juzgado Primera Instancia número 3 de Almería, el día 07/10/2016, número 1651/2009, presentado en este Registro el día veintiuno de octubre del año dos mil dieciséis, con el asiento1175 del Diario 61. Procedimiento: 1651/2009. Hechos: I. El día veintiuno de octubre del año dos mil dieciséis con el asiento 1175 del Diario 61, fue presentado el mandamiento referido en el encabezamiento. II. Con esta fecha y en relación al contenido del mandamiento que resulta afectado por la calificación en los términos que se reflejan en los fundamentos de Derecho siguientes y que en este lugar se dan por reproducidas en evitación de repeticiones, recayó el siguiente acuerdo: El documento que se califica está firmado electrónicamente y no tiene ningún signo externo que permita asegurar que es auténtico y no una mera fotocopia. Es decir, se duda si la reproducción del documento electrónico es auténtica (artículo 3 Ley Hipotecaria y Resoluciones de la DGRyN de fechas 19 de abril de 1972 y 11 de julio de 2011 y 16 de julio de 2012). Conforme a lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento Hipotecario, queda archivado en el legajo de esta oficina ejemplar del mandamiento. Fundamentos de Derecho Los anteriormente expresados. Acuerdo: No se practica la anotación ordenada en virtud de los fundamentos de Derecho antes expresados. Contra la anterior calificación (…) Almería, tres de noviembre del año dos mil dieciséis.–La Registradora (firma ilegible).–Fdo.: Isabel María Maldonado».
Contra la anterior nota de calificación, don S. M. A., procurador de los tribunales, en nombre y representación de «Banco Mare Nostrum, S.A.», interpuso recurso el día 15 de noviembre de 2016 en virtud de escrito en el que alega, resumidamente, lo siguiente: Que la registradora alega como única causa de denegación la falta de signos externos que permitan deducir que el documento es original y no copia; Que parece que se refiere al famoso sello de caucho, llamado a desaparecer por la irrupción del documento electrónico que goza de una naturaleza distinta al tradicional documento en papel. En el documento digital, con firma electrónica, el original resulta ser el archivo informático que confecciona el Juzgado y que es firmado electrónicamente por el funcionario legalmente autorizado, cuya copia se remite al interesado que lo imprime en papel y lo presenta para su diligenciamiento; Que el Juzgado podría, al confeccionar el documento, incluir un sello como hace con el escudo de España, pero al imprimirlo en papel también sería indistinguible; Que, por ello el artículo 28 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, dispone que las copias en papel dotadas de código seguro de verificación tendrán la consideración de auténticas, como ha confirmado la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 16 de julio de 2012, con cita igualmente de la de 6 de marzo del mismo año, y Que, finalmente, si no existe signo externo que permita asegurar que el documento es auténtico, tampoco existe signo externo que diga que no lo es.
La registradora, tras la oportuna instrucción del expediente, emitió informe el día 24 de noviembre de 2016, ratificándose en su calificación, y elevó el expediente a este Centro Directivo. Del mismo resulta que, notificado el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Almería de la interposición del recurso, no ha realizado alegaciones.
Vistos los artículos 230 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial; 319, 320 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 3, 18 y 21 de la Ley Hipotecaria; 100 del Reglamento Hipotecario; 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica; 107 y 112 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 2, 10, 18, 19 y 30 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos; 1, 4.2, 6.2, 7, 8, 10, 11.2, 12, 19.1, 26, 27 y 28.5 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 14 de enero, 6 de marzo y 16 de julio de 2012 y 13 de enero (1.ª) y 11 (1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª) y 16 de febrero de 2016.
1. Generado electrónicamente un mandamiento de cancelación de nota marginal practicada en su día en el ámbito de un procedimiento de ejecución de hipoteca y remitido del mismo modo al procurador de la parte actora, éste procede a su traslado a soporte papel y a su presentación en el Registro de la Propiedad. El documento presentado presenta pie en cada una de sus dos hojas del que resulta su código seguro de verificación (CSV), la advertencia de que permite la verificación de la integridad de la copia del documento electrónico en determinada dirección, la afirmación de que el documento incorpora firma electrónica reconocida de conformidad con la Ley 59/2013, de 19 de diciembre, de firma electrónica, así como la identidad del firmante, fecha y hora. Finalmente, el documento incorpora en el pie código de barras correspondiente al código seguro de verificación.
La registradora no practica la cancelación ordenada porque, a su juicio, no resulta la autenticidad de la copia presentada a los efectos del artículo 3 de la Ley Hipotecaria. El recurrente entiende que incorporando el documento código seguro de verificación su traslado a papel tiene el carácter de copia auténtica a los efectos del artículo 28 de la Ley 18/2011.
2. En primer lugar, en cuanto al valor jurídico del documento firmado electrónicamente, ya ha señalado este Centro Directivo en la Resolución de 1 de octubre de 2015 que «en nuestro Ordenamiento no existe duda sobre la equivalencia de valor jurídico de la firma electrónica y la firma manuscrita. En este sentido es clara la disposición del artículo 3.4 de la Ley 59/2003, de Firma Electrónica, cuando dispone que la firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel. Se sigue así la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica. Pero es que además, desde un punto de vista técnico, la utilización de la firma electrónica reconocida tiene ventajas respecto a la manuscrita ya que permite identificar al firmante y asegura la integridad del documento que se firma, ya que detecta cualquier cambio ulterior de los datos firmados y está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y ha sido creada por medios que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su exclusivo control basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma (artículos 3.3 y 3.4 de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica)».
De acuerdo a lo entonces expresado: «El código generado electrónicamente permite contrastar la autenticidad del documento, de conformidad con el artículo 30.5 de la Ley 11/2007. Este constituye la simple referencia lógica –alfanumérica o gráfica– que identifica, dentro de la sede electrónica, cada documento electrónico, previamente autorizado, también en forma electrónica. Es una referencia o identificador que hace posible «contrastar la autenticidad del documento, mediante el acceso a los (correspondientes) archivos electrónicos», siempre que el documento haya sido objeto de autorización, mediante alguno de los sistemas de firma previsto por la Ley».
De lo anterior resulta que: «…teniendo el soporte del documento electrónico carácter de prueba documental, e imponiéndose la presunción general del carácter real y auténtico del documento electrónico, al igual que rige esa presunción para los documentos en papel, conforme a los artículos 3 de la Ley de Firma Electrónica, 319, 320 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y especialmente en esta materia, a la vista de la presunción de legalidad del artículo 57 de la Ley 30/1992».
En base a tales consideraciones, esta Dirección General consideró en la Resolución de 1 de octubre de 2015 que incluso los asientos del Registro pueden autorizarse con firma electrónica, surtiendo esta los mismos efectos jurídicos que la firma manuscrita y debiendo trasladarse el contenido firmado electrónicamente con el correspondiente código que permita su verificación a los libros del Registro llevados en la forma dispuesta por los artículos 238 a 240 de la Ley Hipotecaria, sin necesidad de que tengan que firmarse los asientos adicionalmente en forma manuscrita.
Madrid, 30 de enero de 2017.–El Director General de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.