Source: http://econstitucional.com/menuanalisis.aspx?ID=21
Timestamp: 2014-04-18 10:36:12
Document Index: 244498619

Matched Legal Cases: ['Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 411', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 30', 'Artículo 1', 'Artículo 21', 'Artículo 98', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 30', 'Artículo 78', 'Artículo 21', 'Artículo 12', 'Artículo 17', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 25', 'Artículo 130', 'Artículo 130', 'Artículo 12', 'Artículo 17', 'Artículo 11', 'artículo 11', 'Artículo 23', 'Artículo 73', 'Artículo 46', 'Artículo 54', 'Artículo 46', 'Artículo 96', 'Artículo 70', 'Artículo 312', 'Artículo 70', 'Artículo 67', 'Artículo 130', 'Artículo 130', 'Artículo 204', 'Artículo 49', 'Artículo 130', 'artículo 49', 'Artículo 22', 'Artículo 130', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 14', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 25', 'Artículo 46', 'Artículo 54', 'Artículo 67', 'Artículo 70', 'Artículo 73', 'Artículo 96', 'Artículo 130', 'Artículo 312', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 4', 'Artículo 30', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 8', 'Artículo 14', 'Artículo 30', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 56', 'Artículo 53', 'Artículo 49', 'Artículo 51', 'Artículo 50', 'Artículo 53', 'artículo 16', 'Artículo 51', 'Artículo 51', 'Artículo 56', 'Artículo 119', 'Artículo 14', 'Artículo 38', 'Artículo 49', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 49', 'Artículo 51', 'Artículo 53', 'Artículo 21', 'Artículo 106', 'Artículo 106', 'Artículo 21', 'Artículo 4', 'Artículo 21', 'Artículo 86', 'Artículo 17', 'Artículo 4', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 4', 'Artículo 19', 'Artículo 13', 'artículo 13', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'artículo 49', 'Artículo 4', 'Artículo 17', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 86', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'artículo 13', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 106', 'Artículo 130', 'Artículo 75', 'Artículo 21', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 237', 'Artículo 21', 'Artículo 24', 'Artículo 75', 'Artículo 106', 'Artículo 130', 'Artículo 232', 'Artículo 237', 'Artículo 142', 'Artículo 142', 'Artículo 29', 'Artículo 142', 'artículo 11', 'Artículo 29', 'Artículo 142', 'Artículo 21', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 88', 'Artículo 149', 'Artículo 152', 'Artículo 153', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 32', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'artículo 49']

Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos:1. A la autoidentificación cultural.2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad.3. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos.4. A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos.5. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva.6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.7. A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país.
Presentación El Artículo 21 se encuentra en el apartado sobre derechos civiles. Hace referencia a los derechos civiles reconocidos a los bolivianos.
Descripción El Artículo 21 se encuentra en la Sección I (Derechos Civiles) perteneciente al Capítulo Tercero (Derechos Civiles y Políticos) que corresponde al Título II (Derechos Fundamentales y Garantías) de la Primera Parte de la Constitución (Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías).
El artículo está compuesto por siete numerales que contienen los siguientes derechos: a la autoidentificación cultural; a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad; a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto; a la libertad de reunión y asociación; a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones; a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente; y a la libertad de residencia, permanencia y circulación en territorio boliviano.
De acuerdo a lo establecido por el Artículo 411 se puede afirmar que el Artículo 21 es rígido, sólo puede ser reformado a través de una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular. La vigencia de la reforma necesitará la aprobación por dos tercios de la Asamblea Constituyente y el posterior referendo constitucional aprobatorio.
A partir de la revisión de los archivos de la Asamblea Constituyente, se puede observar que el Artículo 21 se consolida en el Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande, en Detalle, en Revisión en Oruro. Difiere del Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande en Chuquisaca en que éste determina en la redacción del numeral 6 el derecho: a comunicar, informar, opinar, interpretar y acceder a la información, de manera individual o colectiva. Disposición que se modifica y mantiene a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva. Cabe destacar que los informes por Mayoría y Minoría de la Comisión 3 (Derechos, Deberes y Garantías) así como la Propuesta del Pacto de Unidad presentan antecedentes al respecto.
Desde 1826 se reconoce la libertad de expresión y libre circulación en territorio boliviano, a partir de 1861 se reconoce como derecho de los bolivianos la libertad de reunión. Son una novedad en el constitucionalismo los derechos: a la autoidentificación cultural, a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad; a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos; a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.
Derecho a la autoidentificación cultural -Categoría-El numeral 1 del Artículo 21 determina que las bolivianas y bolivianos tienen el derecho a la autoidentificación cultural.
Se deben enfatizar, en primer lugar, los dos criterios: la identificación y la identidad. De acuerdo con la Real Academia Española, la primera versa sobre la la acción y efecto de identificar o identificarse y la segunda es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente de los demás. Consiguientemente el derecho a la autoidentificación es el derecho que tiene cada persona a identificarse de acuerdo a la cultura que cada quien considere que es suya o se considere perteneciente a la misma.
La identificación cultural fue una caracterización de gobiernos dominantes que homogenizaban a las colectividades en culturas sin considerar la diversidad que esta encerraba.
La autoidentificación cultural: Ha sido parte de una política colonizadora el de asumir la autoridad de denominar, identificar, nombrar desde una posición dominante al mundo que se desconoce. En definitiva podemos decir que los colonizadores de ayer y de hoy se siguen atribuyendo el papel de nombrar al diferente a ellos. Por eso este quiebre histórico es fundamental e histórico, el de que cada persona, cada pueblo tenga el derecho de auto identificarse y definirse, es el punto de partida para asumir la existencia de la plurinacionalidad (Cárdenas et al, 2009: 159).
Un primer acercamiento a la autoidentificación cultural versa en el censo del 2001, en el que se permitía la identificación del sujeto a un pueblo o nación indígena, ya sea de manera individual o colectiva. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca que:
Teniendo en cuenta el Convenio No. 169, la CIDH también ha resaltado que el ‘criterio de autoidentificación es el principal para determinar la condición de indígena, tanto individual como colectivamente en tanto pueblos’. En ese sentido, en cuanto a la auto-identificación individual, la CIDH ha destacado como un avance positivo el que en el censo poblacional de Bolivia de 2001 se hubiera incluido el criterio de autoidentificación para establecer los porcentajes de población indígena de más de 15 años de edad en el país (CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social, 2007: párrafo. 216, 217).
La autoidentificación se puede realizar como una colectividad.
Como propuestas novedosas destacan el derecho a la autodeterminación individual, entendida como la libertad de decidir que uno/a mismo/a, como una posibilidad de realización personal en el marco de las reivindicaciones de los pueblos indígenas originarios campesinos y Afrobolivianos (Informe por Mayoría, Informes de la Comisión 3, Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano, Tomo III, Volumen 1, pág. 363).
La identificación colectiva es aquella que se hace desde la misma colectividad como un uno interrelacionado, tal es el caso del Artículo 30 que establece que es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, es decir su identidad cultural es uno de los pilares fundamentales para la existencia misma de la colectividad.
En cuanto a la autoidentificación colectiva, la Corte Interamericana ha destacado que:
Cada comunidad indígena es un hecho histórico social que hace parte de su autonomía por lo cual corresponde a la comunidad identificar su propio nombre, composición y pertenencia étnica, sin que el Estado u otros organismos externos lo hagan o lo controviertan: la Corte y el Estado deben limitarse a respetar las determinaciones que en este sentido presente la Comunidad, es decir, la forma como ésta se auto-identifique (Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, 2010, párrafo. 37).
De acuerdo con el Artículo 1 de la Constitución, Bolivia es un Estado intercultural que se funda en la pluralidad y los pluralismos, para el análisis del Artículo 21 se destaca este pluralismo cultural.
Lo intercultural como característica del Estado es parte de la nueva condición de estatalidad en tanto es un elemento que permite un nuevo entendimiento y relacionamiento entre las diversas culturas. Se entiende como una condición de igualdad en la diferencia, donde se practica la libertad cultural, y una real convivencia diferenciándose del concepto de tolerancia promovido por el multiculturalismo liberal, la interculturalidad va más allá de la tolerancia que permite la existencia de otras culturas pero sin renunciar a la centralidad y superioridad de las propias ideas e instituciones sociales, este tipo de relacionamiento tolerante avalaría una cultura dominante que tolera al resto como minorías. En contraposición, la interculturalidad y el pluralismo son la aceptación de la diferenciación ideológica o de proyectos de vida o modos de experiencia intelectual y moral del mundo, además implica el estar dispuestos a renunciar a la dominación del otro y reemplazarlo por una convivencia participativa, donde el pluralismo y la interculturalidad no sea solamente tolerancia (Tapia, 2002).
La nueva condición de estatalidad posesiona a la interculturalidad como una característica imprescindible ya que en el Artículo 98 se señala que la interculturalidad es el elemento de cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre los pueblos y las naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.
Asimismo el Artículo 1 señala que Bolivia se funda en la pluralidad reconoce así la existencia desde siempre de la pluralidad en todos los ámbitos, tanto en su diversidad etnográfica como sociológica, y reconoce que el núcleo poblacional y cultural es plural.
Estos criterios sustentan la relación con el pluralismo cultural puesto que se refleja el reconocimiento de la diversidad de culturas como parte imprescindible de la identidad estatal, a la existencia de la diversidad cultural, de las diversas naciones y pueblos al interior de la nación boliviana -las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades urbanas e interculturales, y las comunidades afrobolivanas (Artículo 3)- al respeto, protección y promoción de las diferentes culturas, costumbres, formas de conocimiento. El pluralismo cultural se ve también plasmado en la libertad de religión, creencias espirituales, libertad de conciencia, de fe y en el reconocimiento de diversas cosmovisiones, además del reconocimiento de principios ético-morales plurales y su difusión y promoción a través de las instituciones educativas.
ConcordanciasArtículo 1. Conformación del Estado. / Artículo 3. Conformación de la nación boliviana. / Artículo 30. Identificación cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. / Artículo 78, parágrafo I. Educación también comunitaria.
Derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad -Categoría-De acuerdo con el numeral 2 del Artículo 21, toda boliviana tiene el derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, derechos que doctrinalmente han hecho referencia a los derechos naturales y personalísimos del sujeto en cuanto responden a características íntimas de cada ser humano.
Es el ámbito de la vida privada que se tiene el derecho de proteger de cualquier intromisión, sea desde los particulares como del mismo Estado.
De acuerdo con Carbonell, es la facultad que tienen los individuos para no ser interferidos o molestados por persona o entidad alguna, en el núcleo central de sus actividades que legítimamente deciden mantener fuera del conocimiento público (Carbonell, 2009: 363).
El derecho a la privacidad radica en la necesidad de otorgar y asegurar a las personas la tranquilidad y seguridad del desarrollo de su vida y de su personalidad en lo que se considera el núcleo de sus actividades, el mismo que puede ser concebido como su domicilio, hogar, ámbito laboral o espacios donde se encuentren expedientes personales, legales, laborales, médicos, o información que se halle en cartas, correspondencia por cualquier medio, o actividades en reuniones o conversaciones privadas, hasta la convivencia familiar o la intimidad sexual, entre otros.
La doctrina coincide que el derecho a la privacidad tiene como antecedente primordial la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la misma que establece: el derecho de los ciudadanos de ser protegidos en su persona, sus casas, sus documentos, y sus cosas y de ser protegidos de toda pesquisa y retención irracional no podrá ser violado. De esta manera se determina que la vida privada se encuentra bajo la protección del poder estatal así como de los particulares. Por su parte el artículo The right to privacy (el derecho a la privacidad), escrito en 1890 por los abogados Samuel D. Warren y Loius D. Brandein en la Harvard Law Review, destaca como uno de los fundamentos teóricos más relevantes sobre la temática (Carbonell, 2009), la búsqueda de asegurar que el sujeto tenga el derecho de ser dejado en paz. La normativa internacional protectora de los derechos humanos reconoce el derecho a la privacidad en el Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos[1], el Artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos[2], así como el Artículo 11, numeral 2 de la Convención Americana[3] establece que: nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
El Artículo 11 de la Convención prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de sus familias, sus domicilios o sus correspondencias. En ese sentido, la Corte ha sostenido que “el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. (Corte Interamericana De Derechos Humanos, Caso Escher y Otros vs. Brasil, 2006: Párrafo 113).
El derecho a la privacidad se encuentra protegido tanto en la normativa nacional como en la internacional, sin embargo éste se puede ver limitado en las disposiciones que establece el Artículo 25, que si bien determinan la inviolabilidad de domicilio así como la inviolabilidad de comunicaciones privadas, también dispone que éstas podrán ser revisadas o incautadas en los casos que determine la ley para la investigación penal, en virtud de la autoridad judicial competente.
Si bien el derecho a la privacidad se encuentra casi siempre ligado con el derecho a la intimidad, se puede inferir de acuerdo a la narrativa del Artículo 130 que la Acción de Protección a la Privacidad protege a las acciones que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, consiguientemente se puede interpretar que el ámbito de protección de la intimidad es un ámbito personal, mientras que el de la privacidad es un ámbito personal como familiar.
La intimidad es el derecho que permite sustraer a la persona de la publicidad o de otras ofuscaciones a la vida privada. De esta manera nadie puede entrometerse en la existencia ajena ni publicar retratos, divulgar secretos, difundir correspondencia, mortificar a otro en sus costumbres ni perturbar de cualquier otro modo su intimidad.
De acuerdo con Velásquez (2004) el derecho a la intimidad parte de un postulado de orden filosófico en tanto existe un fuero privado, personal que no puede ser invadido y debe ser garantizado por el Estado.
La intimidad es el fuero interno, fuero en extremo individual pues condiciona la subjetividad del sujeto, el sujeto existe individualmente, en tanto no depende de otro. La dimensión que alcanza es profundamente personal, que es casi en su totalidad imposible de compartir, a diferencia de la privacidad que hay el encuentro con el otro, la posibilidad de construcción con el otro (con los otros).
“El amor no consiste sólo en el encuentro y las relaciones cerradas entre dos individuos; es también una construcción, una vida que se hace, no desde el punto de vista del Uno, sino desde el punto de vista del Dos". (Badiou, 2009:43). Si bien Badiou, muestra esta construcción de la relación en el caso del amor, ésta puede configurarse en otros ámbitos, en los que se permite ingresar a la privacidad de uno, pero no así a la intimidad, como característica profunda del sujeto. Mediante este fuero privado se manifiesta concretamente la separación entre lo público y lo privado. De acuerdo con Carbonell (2009) uno de los signos de las democracias contemporáneas es la separación de las actividades públicas y de las actividades privadas de los individuos, esta separación viabiliza por un lado que no se vulneren derechos fundamentales que pertenecen al ámbito privado, íntimo del sujeto como la inviolabilidad de domicilio, de correspondencia, libertad ideológica, entre otros. Y por otro permite que no se diluyan varios sistemas de control que existen para verificar las actuaciones de las autoridades en el ámbito público.
El derecho a la intimidad tiene como efecto inmediato que toda aquella información que el sujeto quiera mantener en la esfera privada deba mantenerse restringida para el público, o tenga el sujeto en cuestión la posibilidad de exteriorizar la información de su esfera privada por voluntad propia y no bajo algún tipo de coerción. Por tanto es facultad del propio sujeto establecer quién y bajo qué términos pueden utilizar la información privada.
Asimismo tiene como efecto que el sujeto tenga la posibilidad de conocer, acceder y pueda pedir la rectificación de las informaciones que le conciernen, tanto a ella como a sus familiares, es decir que proteja su privacidad. Al respecto la Constitución prevé la Acción de Protección de Privacidad, concebida como una garantía constitucional destinada a brindar protección judicial a toda persona (Artículo 130) sea ésta individual o colectiva, ante la vulneración de sus derechos a la intimidad y privacidad personal o familiar, así como los derechos a la propia imagen, la honra y reputación. Estos derechos, entendidos en su dimensión positiva, se refieren a conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados en cualquier soporte, sea éste físico, electrónico, magnético, informático u otro similar, en archivos y bases de datos, sean éstas públicas o privadas[4].
De acuerdo con Pérez Luño, se puede hablar de violaciones a la intimidad en los siguientes casos:
a. Cuando se genere una intrusión en la esfera o en los asuntos privados ajenos;
b. Cuando se divulguen hechos embarazosos de carácter privado;
c. Cuando se divulguen hechos que suscitan una falsa imagen para el interesado a los ojos de la opinión pública;
d. Cuando se genere una apropiación indebida para provecho propio del nombre o de la imagen ajena; y
e. Cuando se revelen comunicaciones confidenciales como las que se pueden llevar a cabo entre esposos, entre un defendido y su abogado, entre un médico y su paciente o entre un creyente y un sacerdote. (Pérez Luño citado en Carbonell, 2009: 355).
Considerados como el derecho al respeto de la dignidad propia. Entendido este derecho como la estima que toda persona tiene y busca que los demás tengan de ella. Se debe entender el término honra en el sentido de las virtudes y méritos propios del sujeto a efectos que no injurie en contra suya sin una justa causa o razón comprobada.
La normativa internacional protectora de los derechos humanos reconoce el derecho a la honra y el honor en el Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos[5], el Artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos[6], así como el Artículo 11, numeral 2 de la Convención Americana[7] que determina que: Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
La Corte Interamericana al respecto determina que:
[E]l artículo 11 de la Convención reconoce que toda persona tiene derecho al respeto a su honor, prohíbe todo ataque ilegal contra la honra y reputación e impone a los Estados el deber de brindar la protección de la ley contra tales ataques. En términos generales, el derecho a la honra se relaciona con la estima y valía propia, mientras que la reputación se refiere a la opinión que otros tienen de una persona (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Escher y Otros vs. Brasil. 2009, párrafo. 117).
La honra hace referencia a la estima y valía propia, mientras que el término reputación, es también utilizado al hacer referencia al honor, Quintano Ripolles establece que: “El honor como concepto jurídico es el valor individual de estimación que la sociedad acuerda a todo hombre, tutelándolo contra los ataques en la medida que la propia sociedad estima como relevante” (Ripolles en Miguel, 1998: 211).
De acuerdo con Harb (1998) para el análisis del honor se pueden distinguir dos planos: el subjetivo y el objetivo. Desde el punto de vista subjetivo el honor es el sentimiento de la propia dignidad moral nacida de la conciencia de nuestras virtudes, de nuestros méritos, de nuestro valor moral. Este es el honor en sentido estricto. Desde el plano objetivo el honor es la apreciación y estimación que hacen los demás de nuestras cualidades morales y de nuestro valor social. En el fondo es la buena reputación que tenemos en nuestra sociedad.
La dignidad es la cualidad que tiene la persona individual o colectiva, para ser sujeto de derechos. De acuerdo con el Informe por Minoría de la Comisión 3 (Derechos, Deberes y Garantías) la dignidad se entiende como:
La cualidad que tiene todo ser humano en su condición de persona para vivir en condiciones dignas, es decir en la capacidad de acceder a satisfacer sus necesidades básicas para la realización y concreción de sus aspiraciones (Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano, Tomo III, Volumen 1, 2012: 381).
La palabra dignidad viene del latín dignitas, y ésta de dignus, haciendo referencia al sujeto que tenía los requisitos necesarios para gozar de derechos y privilegios, ocupando de esta manera de cargo jerárquico como reyes, obispos, presidentes, cabezas de familia, entre otros.
El término de digno o de dignidad se resignifica de acuerdo al tiempo y al lugar, es una construcción socio-histórica en cuanto la definición y calificación de que se entiende por digno. Es así que desde un parámetro religioso, el ser humano es un ser digno y superior en tanto ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. De dicha connotación, el ser humano era digno por el simple hecho de existir, por su naturaleza humana, sin importar cualquier otro tipo de diferencia que pueda surgir entre ellos. La simple naturaleza del ser humano era lo que lo hacía digno.
Kant (1989) retoma esta connotación religiosa para sustentan la postura de la dignidad humana en tanto todos fueron creados a imagen y semejanza de un ser superior y de amar al otro como a uno mismo, por tanto la dignidad responde a la condición inherente del ser humano. Consecuentemente la dignidad responde a un máximo trato moral, según el cual, cada ser humano debe ser tratado y tratar a todos los demás que tienen este mismo estatus. De manera que el ser humano es consolidado como un sujeto de derecho y no un objeto, es un fin en sí mismo y nunca el medio para alcanzar el fin.
Actualmente la dignidad de la persona es igualmente inherente a su condición de ser humano, ya no desde una visión meramente religiosa, sino más bien de un valor reconocido, tanto en el marco nacional como internacional, de que todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos y obligaciones. Sin embargo, tanto en la antigüedad, en la edad media, en el renacimiento hasta la edad moderna el valor del individuo derivaba de diversas connotaciones, políticas, sociales y culturales. Es decir, el sujeto nacía con una dignidad distinta a otro sujeto en tanto su dignidad respondía a criterios de filiación, posición social, origen u otros.
La definición moderna de la dignidad surge con Kant:
[L]a humanidad misma es dignidad: porque el hombre no puede ser utilizado únicamente como medio por ningún hombre [ni por otros, ni siquiera por sí mismo], sino siempre a la vez como fin, y en esto consiste precisamente su dignidad [la personalidad] en virtud de la cual se eleva sobre todas las cosas […] (Kant en Pelè, S/A: 12).
En principio, la dignidad humana ha sido concebida como un imperativo general según el cual cada ser humano es un fin en sí mismo que, por ende, no puede ser instrumentalizado. (Bohórquez y Aguirre, 2009).
Misma concepción utiliza el Tribunal Constitucional en la SC 0165/2010 en la que se determina que la orden de secuestro contra los niños, en dicho caso, es una atentatoria a la dignidad de los mismos por tratarlos como objetos y no como personas. Sostuvo que admitirse el secuestro de personas:
[…] implicaría degradar al ser humano a la condición de un objeto necesario para la comprobación e investigación de un delito, vulnerando su dignidad de ser humano, en la medida que sería tratado como medio para la consecución de un fin, y no como un fin en sí mismo; […].
Asimismo Kant pretendió desarrollar una alternativa a las éticas utilitaristas, basada en la idea según la cual todo ser humano se encuentra dotado de una habilidad auto-legisladora en virtud de su libertad innata, así como de su racionalidad y cierto sentido de deber hacia toda la humanidad. Es en este sentido que todo ser humano que posee razón y libertad para seguir los imperativos morales, se encuentra dotado, por ese mismo hecho, de una dignidad humana universal (Kant en Bohórquez y Aguirre, 2009).
La Constitución hace un enfasis especial de la protección de la dignidad en tanto personas privadas de libertad, trabajadores, discapacitados y adultos mayores. Pareciera tal como lo establecía el Informe por Minoría de la Comisión 3 (Derechos, Deberes y Garantías) que:
El valor de la dignidad humana busca sobre todo orientar la legislación del Estado a preocuparse por los grupos más vulnerables de la sociedad y que siempre han estado excluidos o ignorados por el Estado (Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano, Tomo III, Volumen 1, 2012: pág.381).
Es en este sentido que se tiene en el Artículo 23, parágrafo II en relación a los adolescentes privados de libertad, que el Estado deberá asegurar en todo momento el respeto a su dignidad. Por su parte el Artículo 73, parágrafo I amplía el criterio de respeto a la dignidad no sólo a los adolescentes sino a toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad, la misma que deber ser tratada con el debido respeto a la dignidad humana. Así también reconoce la dignidad en relación a los trabajadores con un trabajo digno (Artículo 46, parágrafo I), una ocupación laboral digna (Artículo 54, parágrafo I) con un salario justo (Artículo 46, Artículo 96, parágrafo III) que les asegure para sí y su familia una existencia digna (Artículo 70, numeral 4), se establece que las formas de organización económica tienen la obligación de generar trabajo digno (Artículo 312, parágrafo II). Respecto a las personas con discapacidad se garantiza el derecho a trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna (Artículo 70, numeral 4) y las personas adultas mayores tienen el derecho de una vejez digna (Artículo 67, parágrafo I).
La idea de dignidad que se expresa en la Constitución abarca a todo lo que es y define al ser humano, por tanto, no se agota con el goce y disfrute del derechos de aquellos grupos considerados como vulnerables, si bien tienen un tratamiento especial, la dignidad de todo ser humano traspasa todo tipo de situación y condición por tanto no pueden ser violadas transgredidas ni por el Estado ni por ningún particular[8].
Acciones que protegen el derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad El Artículo 130, parágrafo I establece que Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad.
La Acción de Protección de Privacidad es una garantía constitucional destinada a brindar protección judicial a toda persona, sea ésta individual o colectiva, ante la vulneración de sus derechos a la intimidad y privacidad personal o familiar, así como los derechos a la propia imagen, la honra y la reputación. Estos derechos, entendidos en su dimensión positiva, se refieren a conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados en cualquier soporte, sea éste físico, electrónico, magnético, informático u otro similar, en archivos y bases de datos, públicas o privadas[9].
Los derechos que tutela la Acción de Privacidad en el Artículo 130 se encuentran íntimamente relacionados al derecho de autodeterminación informativa, manifestada ésta, de acuerdo Rivera Santiváñez, en los siguientes ámbitos:
1. Derecho de acceso a la información y registro de los datos personales obtenidos y almacenados en un banco de datos de la entidad pública o privada, para conocer qué datos o informaciones sobre la vida privada o íntima de la persona o sus familiares se registran; para que pueda verificar si la información y los datos obtenidos, almacenados y distribuidos son correctos y verídicos; si no afectan las áreas calificadas como sensibles para su honor, la honra o la buena imagen personal o la de su familia; asimismo conocer los fines y objetivos de la obtención y almacenamiento de los datos, es decir, qué uso le darán a esa información, a quiénes distribuirán la información y con qué fines.
2. Derecho de objetar la información o datos personales obtenidos y almacenados en los bancos de datos públicos y privados, en aquellos casos en los que el almacenamiento o distribución de la información y datos personales podrían vulnerar el derecho a la intimidad y privacidad de la persona o sus familiares, y causar daños a su imagen, honra y reputación.
3. Derecho a la rectificación o corrección de la información o los datos personales inexactos registrados en el banco de datos público o privado; tiene la finalidad de eliminar datos falsos que contiene la información, o corregir los datos que no se ajustan de manera alguna a la verdad, y cuyo uso podría ocasionar graves daños y perjuicios a la imagen, honra o reputación de la persona o sus familiares; así, por ejemplo, se registre una condena penal en los datos personales cuando esa persona jamás fue sometida a proceso penal alguno, por lo mismo jamás fue condenado a sufrir pena alguna.
4. Derecho a obtener la eliminación o exclusión de la llamada ‘información sensible’ relacionada al ámbito de la intimidad o privacidad de la persona o de su familia; es decir, aquellos datos mediante los cuales se pueden determinar aspectos considerados básicos dentro del desarrollo de la personalidad, tales como las ideas religiosas, políticas o gremiales, comportamiento sexual; información que potencialmente podría generar discriminación o que podría romper la intimidad o privacidad del registrado y cuyo uso o distribución podría causar graves daños y perjuicios. (Rivera, 2011: 436). Estos ámbitos en los que se manifiesta el derecho a la autodeterminación informativa deben ser tomados en cuenta a momento de determinar los procedimientos que rijan ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en observancia de lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución.
[1]Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París.
[2]Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el Artículo 49.
[3]Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita, tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978.
[4]Para un mayor análisis sobre la Acción de Protección de Privacidad consulte el desarrollo del Artículo 130.
[5]Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París.
[6]Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49.
[7]Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita, tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978.
[8]Para un mayor desarrollo del derecho a la dignidad consulte el análisis del Artículo 22.
[9]Para un mayor desarrollo sobre la Acción de Protección de Privacidad consulte el análisis del Artículo 130.
ConcordanciasPreámbulo. La dignidad como principio. / Artículo 8, parágrafo II. La dignidad como valor del Estado. / Artículo 9, numeral 2. La dignidad como fin y función del Estado. Artículo 14. Ser humano como sujeto de derechos. / Artículo 22. Inviolabilidad de la dignidad. / Artículo 23, parágrafo II. Adolescentes privados de libertad con resguardo a su dignidad. / Artículo 25. Inviolabilidad de correspondencia y de domicilio. / Artículo 46. Trabajo digno. / Artículo 54, parágrafo I. Ocupación laboral digna. / Artículo 67, parágrafo I. Vejez digna. / Artículo 70, numeral 4. Derecho de las personas discapacitadas a una vida digna. / Artículo 73. Respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad. / Artículo 96, parágrafo III. Salario digno a los docentes. / Artículo 130. Acción de Protección a la privacidad. / Artículo 312, parágrafo II. Las formas de organización económica tienen la obligación de generar trabajo digno.
Derecho a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto -Categoría-De acuerdo al numeral 3 del Artículo 21, toda boliviana y todo boliviano tiene el derecho a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos.
La libertad de expresión es una exteriorización de la libertad de pensamiento. El derecho a la libertad de expresión comprende el derecho a difundir informaciones e ideas. De acuerdo con Bidart Campos (2005) en el mundo jurídico, la libertad de pensamiento es incoercible ya que el derecho aparecerá solamente cuando el pensamiento se exteriorice. Y en ese caso la figura jurídica reconocida es el derecho a la libertad de expresión
La Corte ha establecido que, de acuerdo a la protección que otorga la Convención Americana, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende:
[N]o sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. (Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2006. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, Párrafo. 76).
Por libertad religiosa se debe comprender el ejercicio de dos potestades: por una parte la libertad de creencia, en tanto se profese un credo religioso o ninguno. (Cabanellas, 2003; Nohlen, 2006). La segunda, consiste en la libertad de realizar los actos que la creencia imponga o abstenerse de todos ellos.
[L]a libertad de manifestar la religión o las creencias que uno tenga mediante su culto, la celebración de los ritos y las prácticas. Incluye también el mantenimiento de lugares del culto, la enseñanza religiosa y el proselitismo. (Nohlen, 2006: 831).
La libertad de religión es concebida como un derecho individual así como colectivo de creer y adoptar una religión o creencia y de profesarlas libremente, tanto en el ámbito público, comunitario y privado.
La libertad de creencias espirituales es una de las dos potestades que supone la libertad religiosa, la potestad interna, es decir de fuero interno de creencia espiritual (la otra es la potestad externa de praxis de la religión o la creencia espiritual), reconocida en el numeral 3 del Artículo 21 de la Constitución.
Por creencia debe entenderse a:
La actitud del que reconoce por verdadera una proposición y, por lo tanto, la disposición a conceder validez a una noción cualquiera. La creencia no implica por sí misma la validez objetiva de la noción que acepta, ni, por lo demás, excluye esta validez. De análoga manera, no tiene necesariamente un alcance religioso, ni es necesariamente creencia en la verdad revelada, o sea fe, pero por otra parte no excluye esta determinación y en tal sentido se puede decir que una creencia pertenece al dominio de la fe; la creencia, por sí, implica solamente la disposición positiva, a cualquier título dado y para todos los efectos posibles, en las confrontaciones de una noción cualquiera. Por lo tanto, puede llamarse creencia las convicciones científicas y la fe religiosa, el reconocimiento de un principio evidente o de una demostración, como también la aceptación de un prejuicio o de una superstición. Pero no puede llamarse creencia a la duda, que suspende el juicio respecto a la validez de una noción, o a la opinión, en el caso de que excluya las condiciones necesarias para un compromiso de tal naturaleza (Alessandro Pagnini en Abbagnano, 2004: 245).
Por lo señalado la creencia espiritual es la actitud que reconoce por válida una noción del espíritu, entendido espíritu como aquello que da vida, que explica la vida. El espíritu sólo se puede comprender en la conciencia de un ser finito ante lo infinito, es decir en la conciencia del hombre como un ser para la muerte y la existencia de lo que trasciende, de lo que no muere, y por tanto la relación de este infinito metafísico y este finito mortal.
La libertad de creencias espirituales permite el desplazamiento del Estado laico al reconocimiento de la religiosidad indígena, que se termina por comprender en el mandato del Artículo 4 que garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. Asimismo el Artículo 30, numeral 2 establece como un derecho de los pueblos indígenas a la creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres y a su propia cosmovisión.
El Voto Razonado del Juez A.A. Cançado Trindade de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que:
Los derechos humanos universales encuentran respaldo[s] en la espiritualidad de todas las culturas y religiones, están arraigados en el propio espíritu humano; como tales, no son la expresión de una determinada cultura (occidental o cualquier otra) sino de la propia conciencia jurídica universal. Todos los avances mencionados, debido a esta conciencia jurídica universal, se han dado en medio de la diversidad cultural. Al contrario de lo que pregonan los voceros del llamado -y distorsionado– ‘relativismo cultural’, las manifestaciones culturales (al menos las que se ajustan a los estándares universalmente aceptados de tratamiento del ser humano y de respeto a sus muertos) no constituyen obstáculos a la prevalencia de los derechos humanos, sino al revés: el substratum cultural de las normas de protección del ser humano en mucho contribuye para asegurar su eficacia. Dichas manifestaciones culturales- como la del respeto a los muertos en las personas de los vivos, titulares de derechos y de deberes- son como piedras sobrepuestas con las cuales se erige la gran pirámide de la universalidad de los derechos humanos (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voto Razonado del Juez A.A. Cançado Trindade. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname. 2005: Párrafo 55).
ConcordanciasArtículo 1. Pluralidad y el pluralismo cultural. / Artículo 4. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. / Artículo 8. Principios ético-morales de la sociedad plural. /Artículo 14, parágrafo II. Prohibición y sanción de la discriminación. / Artículo 30, numeral 2. Derecho de los pueblos indígenas a la creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres y a su propia cosmovisión
Derecho a la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada -Categoría-De acuerdo con el numeral 4 del Artículo 21, toda boliviana y todo boliviano tiene el derecho a la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos.
La libertad de reunión hace referencia a la libertad que tiene toda persona a encontrarse con demás personas con un propósito específico que sea de carácter pacífico y con fines lícitos.
De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 21 se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
De esta manera si bien es un derecho de reunión es un derecho fundamental y una libertad de todas las bolivianos y los bolivianos, ésta puede ser limitada por razones de seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Estas limitaciones tienen que estar establecidas en la norma para que no se efectúen vulneraciones contra los derechos fundamentales.
El derecho a reunión se puede efectuar tanto de manera pública como privada. La reunión en el ámbito privado hace referencia, a las reuniones en espacios privados del sujeto en cuestión, es decir sujetos a un espacio privado, a lo que se haría referencia en cuestión a la propiedad privada, derecho consagrado en el Artículo 56, toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva[1].
La reunión en el ámbito público son reuniones que se efectúan en la propiedad de todos, no de un sujeto o colectividad, si estas reuniones son casuales y esporádicas en el tiempo y no afectan a la población no tienen que requerir ninguna autorización por parte de autoridades, mientras que aquellas que son multitudinarias y pueden afectar otros derechos requieren autorizaciones, tal como lo es el derecho a la huelga (Artículo 53), marchas, paros y bloqueos.
De acuerdo con el Artículo 49, parágrafo I, los trabajadores tienen la facultad de negociar colectivamente. La negociación colectiva es aquella que se efectúa entre los empleadores y los trabajadores de una empresa, éstos pueden estar organizados en sindicatos (Artículo 51) así como la libre asociación de trabajadores a través de sus representantes.
Dichas negociaciones buscan mejoras en los beneficios legales o, en otros casos, alcanzar beneficios no contemplados en la ley. Las negociaciones colectivas contemplan entre los pasos que las conducen la presentación del pliego de reclamos y la negociación con los empleadores. Si se efectuase el rechazo de las peticiones se considera también la posibilidad de recurrir a un arbitraje, en este sentido la Constitución prevé que el Estado a través de entidades especializadas, ya sean éstas organismos o tribunales, se encargarán de resolver los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores (Artículo 50). En caso que los acuerdos pactados no llegasen a efectivizarse, como medida de presión para la negociación y para hacer cumplir los acuerdos los trabajadores pueden acudir a la huelga, que es un derecho que involucra suspender labores para la defensa de sus derechos (Artículo 53).
Para que la huelga sea calificada como legal debe haber concluido los pasos de la negociación colectiva, así como condiciones para la licitud de la huelga, si bien estas pueden variar de acuerdo a cada legislación el Comité de Libertad Sindical ha precisado que tales condiciones:
Deben ser razonables y, en todo caso, no de tal naturaleza que constituyan una limitación importante a las posibilidades de acción de las organizaciones sindicales (OIT, 1996: párrafo 498).
El Comité ha considerado que las condiciones generales para considerar lícita una huelga son:
a. La obligación de dar un preaviso.
b. La obligación de recurrir a los procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje
c. La obligación de respetar un determinado quórum y de obtener el acuerdo de una mayoría.
d. La celebración de un acuerdo para decidir la huelga.
e. La adopción de medidas para respetar los reglamentos de seguridad y para la prevención de accidentes.
f. El mantenimiento de un servicio mínimo.
g. La garantía de la libertad de trabajo de los no huelguistas[2].
Consiguientemente quien o quienes promueven las huelgas ilegales infringen la ley por lo que deben ser reguladas en la normativa complementaria, específicamente la penal, pero también administrativa y sancionatoria. El derecho de asociación de acuerdo a Carbonell:
Consiste en la libertad de todos los habitantes para conformar, por sí mismos o por otras personas, entidades que tengan una personalidad jurídica distinta de sus integrantes; es decir se trata de poder constituir lo que Hans Kelsen llamaría un ‘centro de imputación de derecho y obligaciones’, con el objeto y finalidad que sus integrantes libremente determinen, siempre que sea licito (Carbonell, 2009: 390).
La corte interamericana al respecto determina que el derecho a la asociación versa:
A su vez, la libertad de asociación, prevista en el artículo 16 del mismo tratado presupone el derecho de reunión y se caracteriza por habilitar a las personas para crear o participar en entidades u organizaciones con el objeto de actuar colectivamente para la consecución de los más diversos fines, siempre y cuando éstos sean legítimos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Escher y Otros vs. Brasil, 2009: Párrafo 169)
La Constitución prevé en el Artículo 51, parágrafo I que toda trabajadora o trabajador tiene el derecho a formar sindicatos de acuerdo a ley. De acuerdo con Cabanellas (1996) el sindicato se debe entender como toda unión libre de personas, quienes ejercen la misma profesión u oficio, o profesión u oficios conexos, que se constituya con carácter permanente con el objeto de defender los intereses profesionales de sus integrantes, o para mejorar sus condiciones económicas y sociales.
Para ser reconocidos deben cumplir con diversos requisitos que estipula la ley, de acuerdo a Moreno:
El sindicato no persigue fines de lucro, está integrado por un conjunto de voluntades coincidentes a obtener un mejoramiento de clases y de las condiciones laborales, los sindicatos deben tener un número mínimo de 20 personas para asociarse; debe contar con personería jurídica; estatutos; reglamentos; sin estas condiciones no son reconocidos (Moreno, 2012: 192).
De esta manera se entiende a los sindicatos como a la asociación de trabajadores, ya sea de carácter gremial o profesional, constituido como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de los trabajadores del campo y de la sociedad (Artículo 51, parágrafo III).
Así también el parágrafo VII determina que las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia tienen el derecho a organizarse para la defensa de sus intereses. Determinan las diversas maneras de asociación en la Constitución.
A diferencia de la libertad de asociación, el derecho de reunión no implica necesariamente la creación o participación en una entidad u organización, sino que puede manifestarse en una unión esporádica o congregación para perseguir los más diversos fines mientras éstos sean pacíficos y conformes con la Convención. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Escher y Otros vs. Brasil, 2009: Párrafo 169).
La diferencia principal entre ellos consiste sobre todo en la duración de los efectos que lleva el ejercicio de dichas acciones. La reunión es esporádica y pasajera, mientras la asociación se proyecta en efectos temporales, crea personalidad jurídica distinta a las personas que las ejercen.
[1]Para mayor información sobre el tratamiento del derecho a la propiedad consulte el análisis del Artículo 56.
[2]En virtud del Artículo 119 de la Ley general del Trabajo del 8 de diciembre de 1942 se establece que: Los asociados u obreros que no se conformaran con los acuerdos de huelga, podrán separarse libremente de las decisiones colectivas de sus sindicatos, sin incurrir en responsabilidades de ninguna clase, y bajo la garantía de las autoridades policiales podrán continuar en sus ocupaciones. La represalia tomada por sus compañeros será penada con dos o seis meses de cárcel.
ConcordanciasArtículo 14. Prohibición de discriminación. / Artículo 38. Los servicios de salud serán prestados de manera ininterrumpida. / Artículo 49, parágrafo I. Los trabajadores tienen la facultad de negociar colectivamente. / Artículo 49, parágrafo III. Prohibición de despido injustificado. / Artículo 50. El Estado a través de entidades especializadas, ya sean éstas organismos o tribunales, se encargaran de resolver los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores. / Artículo 49, parágrafo I. Derecho a la negociación colectiva. / Artículo 51. Formas de asociación de las trabajadoras y los trabajadores. / Artículo 53. Derecho a la huelga.
Derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones -Categoría-De acuerdo con el numeral 6 del Artículo 21, toda boliviana y boliviano tiene el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. Derechos que hacer referencia a la libertad de expresión.
El derecho a la libertad de expresión comprende el derecho a difundir informaciones e ideas. Despliega también diversas libertades derivadas de la exteriorización de estas manifestaciones, tales como la libertad de pensamiento, de opinión, de religión o culto, de enseñanza, de investigación, entre otros. Se relaciona íntimamente con el derecho a recibir información y opiniones.
De acuerdo con el parágrafo II del Artículo 106 el Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información […] y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión […]. De esta disposición se pueden inferir las siguientes nociones:
- Todas las bolivianas y bolivianos tienen el derecho a la libertad de expresión, del cual se derivan, de acuerdo a lo establecido previamente, los derechos y libertades de opinión, información, y de emitir libremente sus ideas.
- Se debe observar que en la narrativa del Artículo 106, el parágrafo I hace mención al derecho a la información (recibir información) y el parágrafo II, el derecho de información (dar información).
- Del derecho de información se desglosa el derecho a la rectificación y a la réplica.
- La emisión de ideas por cualquier medio de difusión es libre y no acepta la censura previa.
Según Carbonell se entiende por derecho de libertad de expresión a:
La facultad o potestad de los individuos para manifestar o expresar sus ideas, pensamientos, opiniones, etc. Es conveniente observar que esta facultad puede ser ejercida por cualquier medio y en este sentido suele distinguirse –considerándolas como subespecies de la libertad de expresión- la llamada libertad de pensamiento u opinión (Carbonell, 2009: 903).
La libertad de expresión se encuentra reflejada en el Artículo 21, numeral 3 que determina que los bolivianos y bolivianas tienen los derechos civiles y políticos a: la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos.
Asimismo cuando las manifestaciones o expresiones respectivas tienen un carácter religioso se las encuadra en la libertad de religión, la cual se subdivide en libertad de conciencia y libertad de culto (Carbonell, 2009: 903).
En virtud al Artículo 4 el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, así como que todos los bolivianos y bolivianas tienen el derecho a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto (Artículo 21, numeral 3). En los centros educativos se reconoce y garantiza la libertad de conciencia, de fe y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (Artículo 86) de manera que no se tenga ninguna imposición dogmática.
La libertad de expresión también abarca a la libertad de enseñanza relacionada íntimamente con el derecho de recibir educación (Artículo 17). Asimismo se encuentra la libertad de prensa o de imprenta desarrollada entre los artículos 106 y 107.
La libertad de expresión deberá ser entendida en el sentido amplio de la misma y no así de marera restrictiva, contempla también a la difusión masiva de las opiniones y expresiones que se puedan emitir.
La Corte Interamericana en su Opinión Consultiva OC-5/85[1] ha determinado que:
En su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.
Desde la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y Ciudadano[2] se concibe a la emisión de pensamientos y opiniones como uno de los más precioso derechos que pueda tener el hombre.
La libre manifestación de las ideas, pensamientos, opiniones, etc., adquieren un carácter jurídico público, incorporándose como derecho público subjetivo y previéndose medios procesales de protección en la mayoría de las Constituciones de los Estados democráticos, en virtud de su relevancia para el progreso cultural y social de la humanidad, así como para el cabal desenvolvimiento de la personalidad humana (Carbonell, 2009: 904).
Esta tendencia se canalizó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos[3] (Artículos 18 y 19) y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[4] (Artículo 4) que establecen respectivamente:
Artículo 18 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia;
Un primer criterio hace a la ampliación y consolidación de la libertad de consciencia, pensamiento y religión. En virtud del Artículo 19 se hace mención al alcance del mismo derecho de libertad de expresión, en tanto éste comprende el derecho 1) a investigar, 2) a recibir, y 3) a difundir, misma noción que retoma el Artículo 4.
Asimismo diversos instrumentos internacionales retoman dichas directrices, entre los que destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[5] (Artículo 19) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos[6] (Artículo 13).
En virtud a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión[7]: La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática (Principio 1). Asimismo, toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (Principio 2).
Tal como lo establece el Principio 1, la libertad de expresión es indispensable para la consolidación de una sociedad democrática, en tanto, todos los seres humanos puedan expresar libremente sus pensamientos y opiniones y por todos los medios existentes.
De acuerdo con la narrativa constitucional la libertad de expresión comprende el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva (Artículo 21, numeral 5) y el derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva (Artículo 21, numeral 6).
De esta manera se tienen el derecho de exteriorizar y comunicar libremente por cualquier medio ya sea de forma oral, escrita o visual sea de manera individual o colectiva cualquier pensamiento u opinión.
De acuerdo con Desantes (1974), el objeto del derecho de la información no es otra cosa que la propia información, consistente en todo aquel conjunto de datos, percepciones, intelectuales y culturales de los sujetos que no son categorizados ni analizados subjetivamente, es decir que la información es el fiel reflejo de la realidad objetiva sin intromisión personal. Al momento que un hecho o percepción es analizada por el plano subjetivo personal del individuo se convierte en opinión definición deferente que carece de objetividad y sufre la manipulación personal del agente (Desantes en Águila, 2010).
De esta manera el derecho de informar hace relación a la exteriorización de opiniones por una parte y de información por la otra. En tanto la primera hace referencia a los criterios personales y el segundo a la información sin ser analizada ni categorizada.
[1]Corte Interamericana, Opinión Consultiva OC-5/85, “La colegiación obligatoria de periodistas”, párrafo 31.
[2]Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional constituyente francesa el 26 de agosto de 1789.
[3]Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948.
[4]Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, OAS Res. XXX, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana (1948).
[5]Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49.
[6]Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita, tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978.
[7]Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su 108° período ordinario de sesiones en octubre del año 2000.
ConcordanciasArtículo 4. Libertad de religión. / Artículo 17. Derecho de recibir educación. / Artículo 21, numeral 3. La libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto. / Artículo 21, numeral 5. Derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación. / Artículo 86. Se garantiza y reconoce la libertad de conciencia, de fe y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad en los centros educativos. / Artículo 106. Libertad de expresión. / Artículo 107. Deberes para los medios de comunicación, principios de veracidad y responsabilidad, autorregulación de los medios, prohibición de monopolios y oligopolios, creación de medios de comunicación comunitarios.
Derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva -Categoría-El derecho a la información hace referencia a la potestad que tiene el sujeto de poder propagar y recibir información. De acuerdo con Carbonell, el derecho a la información es “la facultad del individuo para difundir y recibir información por cualquier medio así como el derecho a la rectificación, también llamado derecho de réplica, de respuesta o de declaración” (Carbonell, 2009: 903).
El derecho de la información está compuesto por dos dimensiones, una individual y una colectiva. La dimensión individual hace referencia al derecho que tiene todo individuo de buscar y obtener la información que le interesa; y una dimensión colectiva, en tanto es la colectividad o grupo de personas las que tienen el derecho de recibir la información de cualquiera sea la fuente.
Es necesario señalar estos dos parámetros otorgar y recibir, derecho a la información y el derecho de información, están relacionados íntimamente, especialmente el derecho de informar con la libertad de expresión.
La Opinión Consultiva OC-5/85 denota la importancia de la dimensión individual y colectiva del derecho a recibir informaciones e ideas:
La libertad de pensamiento y expresión ‘comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (...)’ Esos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a ‘recibir’ informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno (Opinión Consultiva OC-5/85, 1985: párrafo. 30).
En virtud al Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos[1]: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
De acuerdo con el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la garantía fundamental que toda persona posee a: atraerse información, a informar y a ser informada.
Carbonell (2009) establece que el derecho de información en virtud del Artículo 19 contiene:
a. El derecho a atraerse informado incluye las facultades de 1) acceso a los archivos, registros y documentos públicos, y 2) la decisión de qué medio se lee, se escucha o se contempla.
b. El derecho a informar incluye las 1) libertades de expresión y de imprenta, y 2) el de constitución de sociedades y empresas informativas.
c. El derecho a ser informado incluye las facultades de 1) recibir información objetiva y oportuna, 2) la cual debe ser completa, es decir, el derecho a enterarse de todas las noticias, y 3) con carácter universal, o sea, que la información es para todas las personas sin exclusión alguna (Carbonell, 2009: 345).
De manera que se desprende, del derecho a la información, no sólo el sujeto activo (quien informa) sino también el receptor de la información (sujeto pasivo), quien tiene a la vez el derecho de recibir la información de manera objetiva, fidedigna e imparcial.
El derecho a la información tiene como requisito fundamental que la información sea fidedigna, por lo que se brinda la garantía de la rectificación y la réplica (Artículo 106, parágrafo II) así como la acción de protección de privacidad para aquellas personas quienes se hallen impedidas de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación (Artículo 130).
Asimismo los consumidores y consumidoras, usuarias y usuarios tienen el derecho a la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que consuman y servicios que utilicen (Artículo 75, parágrafo II).
De acuerdo con la narrativa constitucional el derecho a la información está compuesto por: acceder a la información (Artículo 21, numeral 6) y solicitar la información (Artículo 24), sin dejar de lado difundir la información.
En virtud al Artículo 24 toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. De esta manera se tienen dos acepciones, la primera de solicitar la información y la segunda de recibir dicha información.
En caso que se alegue que se ha violentado el derecho a formular peticiones, corresponderá que el recurrente, demuestre que se haya efectuado la petición, además que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente y que se haya exigido la respuesta pronta, y agotado, de esta manera, las vías o instancias idóneas.
La información pública que es proporcionada por el Estado es un componente constitutivo de la libertad de información misma, en tanto, el acceso a esta información es uno de los fundamentos esenciales de la democracia. El Relator para la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que:
El derecho de acceso a la información en poder del Estado es uno de los fundamentos de la democracia representativa. En un sistema representativo los funcionarios son responsables frente a la ciudadanía que confió en ellos su representación política y la facultad de decidir sobre los asuntos públicos. El titular de la información es el individuo que delegó en los representantes el manejo de los asuntos públicos. Asimismo, la información que el Estado utiliza y produce se logra con fondos que provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos.
Si bien el acceso a la información es un derecho de la población, en el marco de la seguridad interna se viabiliza el secreto en informaciones reservadas. De acuerdo con el Artículo 237, parágrafo I, numeral 2, las servidoras y los servidores tienen la obligación de guardar secreto respecto a las informaciones reservadas, que no podrán ser comunicadas incluso después de haber cesado en las funciones. La calificación de dicha información reservada será establecida por ley.
En virtud a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, el Principio 4 determina que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.
De acuerdo con la interpretación elaborada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión al Principio 4, se determina que:
Este principio a su vez establece el parámetro al que el Estado debe ajustarse para la negación de información en su poder. Debido a la necesidad de promover una mayor transparencia de los actos de gobierno como base para el fortalecimiento de las instituciones democráticas de los países del hemisferio, las limitaciones a los archivos en poder del Estado deben ser excepcionales. Estas deben estar claramente establecidas en la ley y aplicable sólo en el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas. Se considera por lo tanto que cada acto restrictivo de acceso a la información debe ser resuelto sobre la base de cada caso peticionado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que las restricciones a la libertad de expresión e información deben ‘juzgarse haciendo referencia a las necesidades legítimas de las sociedades y las instituciones democráticas’ dado que la libertad de expresión e información es esencial para toda forma de gobierno democrático. Por lo tanto, dentro de este contexto, el Estado debe asegurar que cuando existe un caso de emergencia nacional, la negación a la información en poder del Estado será impuesta sólo por el período estrictamente necesario por las exigencias de las circunstancias y modificado una vez concluida la situación de emergencia. El Relator Especial recomienda que se asegure la revisión de la información considerada de carácter clasificada, a cargo de una instancia judicial independiente capaz de balancear el interés de proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos con la seguridad nacional (http://www.oas.org).
De esta manera la limitación de información deberá ser fundamentada de acuerdo al caso concreto, y en caso de emergencia nacional, ésta podrá ser limitada sólo estrictamente lo necesario a las circunstancias y modificada esta situación una vez concluida la situación de emergencia.
[1]Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948.
ConcordanciasArtículo 21, numeral 6. Derecho acceder a la información. / Artículo 24. Derecho a solicitar a la información. / Artículo 75, parágrafo II. Los consumidores y consumidoras, usuarias y usuarios tienen el derecho a la información fidedigna. / Artículo 106. Derecho a la información. /Artículo 130. La acción de protección de privacidad. / Artículo 232. Principios de los servidores públicos. / Artículo 237, parágrafo I, numeral 2. Las servidoras y los servidores tienen la obligación de guardar secreto respecto a las informaciones reservadas.
Derecho a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país -Categoría-El derecho de circulación, residencia y permanencia consiste en el derecho, de quienes se encuentren legalmente dentro de un Estado distinto al de origen, a circular libremente, escoger su lugar de residencia y permanecer en él.
El derecho de residencia y de permanencia para todas las bolivianas y los bolivianos es escoger de acuerdo con sus posibilidades el lugar de residencia y permanencia libremente. Sin embargo, está encuadrado como uno de los pocos derechos fundamentales de la persona que depende de la nacionalidad o ciudadanía del sujeto. Los extranjeros tienen el derecho a circular dentro del país, a obtener su residencia de acuerdo a los procedimientos que la ley determine, así como adquirir su nacionalidad según los requisitos estipulados en el Artículo 142[1]. También tienen el derecho a no ser expulsados de éste sino de conformidad con el principio de legalidad y con el respeto al debido proceso del país.
El Comité de Derechos en la Observación General 15[2] reconoce que:
En principio, corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. Sin embargo, en determinadas circunstancias un extranjero puede acogerse a la protección del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] incluso respecto de cuestiones de ingreso o residencia, por ejemplo, cuando se plantean consideraciones de no discriminación, de prohibición de trato inhumano y de respeto de la vida de la familia. (Comité de Derechos en la Observación General 15, 1986: párrafo 5).
En este sentido el extranjero también se puede convertir en el sujeto de este derecho con respecto a un Estado ya que podrán adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización las extranjeras y los extranjeros (Artículo 142), reunificación familiar (Artículo 29, parágrafo II), así como otras que el Estado estime pertinentes para la residencia y permanencia del sujeto.
[1]Para mayor desarrollo sobre la adquisición de la nacionalidad boliviana por naturalización consulte el Artículo 142.
[2]Observación General Nº15, aprobada por el Comité de Derechos Humanos en el 27º período de sesiones, el año1986. Se debe tener en cuenta que las observaciones generales ofrecen una interpretación autorizada, proveniente de un órgano especializado y autorizado. Se hace la interpretación del derecho a una vivienda adecuada en relación al párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
ConcordanciasArtículo 29. Reunificación familiar. / Artículo 142. Adquisición de la nacionalidad boliviana por naturalización las extranjeras y los extranjeros.
Tratamiento en el Constitucionalismo Boliviano Texto Constitucional 2009 Artículo 21
Texto Constitucional 2004 Artículo 7 Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio:
Texto Constitucional 1994 Artículo 7
2. A emitir libremente sus ideas y opiniones por cualquier medio de difusión;
7. A ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional.
Texto Constitucional 1967 Artículo 7
Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio:
a) De ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional.
c) De emitir libremente sus ideas y opiniones, por cualquier medio de difusión.
d) De reunirse y asociarse para los distintos fines de la actividad, que no sean contrarios a la seguridad del Estado.
Texto Constitucional 1945 Artículo 6
Texto Constitucional 1938 Artículo 6
Texto Constitucional 1880 Artículo 4
Todo hombre tiene el derecho de entrar en el territorio de la República, permanecer, transitar y salir de él, sin otras restricciones que las establecidas por el derecho internacional; […] de publicar sus pensamientos por la prensa sin previa censura; […] de asociarse, de reunirse pacíficamente [...].
Texto Constitucional 1878 Artículo 4
Todo hombre tiene el derecho de entrar en el territorio de la República, permanecer, transitar y salir de él, sin otras restricciones que las establecidas por el derecho internacional; […] de publicar sus pensamientos por la prensa sin previa censura; […] de asociarse, de reunirse pacíficamente […].
Texto Constitucional 1871 Artículo 4
Todo hombre tiene el derecho de entrar en el territorio de la República, permanecer, transitar y salir de él, sin otras restricciones que las establecidas por el derecho internacional; […] de publicar sus pensamientos por la prensa sin previa censura; […] de asociarse, de reunirse pacíficamente […]
Texto Constitucional 1868 Artículo 11
Todo hombre tiene derecho de entrar en el territorio de la República, de permanecer en él y de salir sin otras restricciones que las establecidas por el derecho internacional.
Artículo 12 Todo hombre tiene derecho […] de publicar sus pensamientos por la prensa sin previa censura, ni más condición que la de firmar sus escritos.
Texto Constitucional 1861 Artículo 4
Todo hombre tiene el derecho de entrar en el territorio de la República, permanecer, transitar y salir de él, sin otras restricciones, que las establecidas por el derecho internacional; […]; de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, y con la sola calidad de firmar sus escritos; […]; de asociarse; de hacer peticiones, y de reunirse pacíficamente.
Texto Constitucional 1851 Artículo 6
Todo hombre goza en Bolivia del derecho de petición y de la manifestación libre de sus pensamientos por la prensa o de otra manera, sin más límites que los que las leyes establecen. Ellas no podrán jamás someter la prensa a previa censura.
Todo hombre puede entrar en el territorio de Bolivia, permanecer en él y salir libremente llevando sus bienes, salvo el de derecho de tercero y el cumplimiento de las leyes de policía y aduana.
Texto Constitucional 1843 Artículo 88
Todos pueden permanecer en la República o salir de ella, según les convenga, llevando sus bienes; pero guardando los reglamentos de policía, y salvo siempre el derecho de tercero.
Todos tienen derecho de publicar por la prensa sus opiniones, sin previa censura, y bajo la responsabilidad de la ley.
Texto Constitucional 1839 Artículo 149
Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos por medio de la imprenta, sin censura previa, bajo la responsabilidad que las leyes determinen.
Todo boliviano puede permanecer o salir del territorio de la República, según le convenga, llevando consigo sus bienes; pero guardando los reglamentos de policía, y salvo siempre el derecho de tercero.
Texto Constitucional 1834 Artículo 152 Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos por medio de la imprenta, sin censura previa, bajo la responsabilidad que las leyes determinen.
Artículo 153 Todo boliviano puede permanecer o salir del territorio de la República, según le convenga, llevando consigo sus bienes; pero guardando los reglamentos de policías, y salvo siempre el derecho de tercero.
Texto Constitucional 1831 Artículo 150
Texto Constitucional 1826
Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos por medio de la imprenta, sin previa censura, pero bajo la responsabilidad que la ley determine.
Artículo 151 Todo boliviano puede permanecer, o salir del territorio de la República, según le convenga, llevando consigo sus bienes; pero guardando los reglamentos de policía, y salvo siempre el derecho de tercero.
Análisis Desde 1826 se reconoce la libertad de expresión y libre circulación en territorio boliviano, a partir de 1861 se reconoce como derecho de los bolivianos la libertad de reunión. Es una novedad en el constitucionalismo los derechos de: a la autoidentificación cultural, a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos, a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.
Desde 1826 se reconocen en el constitucionalismo boliviano el derecho de comunicar por escrito o de palabra sus pensamientos y publicarlos por medio de imprenta sin censura previa. Mandato que se mantiene en los textos constitucionales de 1831, 1834, 1839, 1843 y 1851.
A partir de 1861 todo hombre tiene como derecho publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, y con la sola calidad de firmar sus escritos. Mandato constitucional que se mantiene en el texto constitucional de 1868.
Desde 1868 la libertad de expresión se concreta al mandato del derecho de todo hombre de publicar sus pensamientos por la prensa sin censura previa. Disposición que se mantiene en los textos constitucionales de 1871, 1878 y 1880.
Desde el texto constitucional de 1938 la redacción se concreta al derecho fundamental de emitir libremente sus ideas y opiniones, por cualquier medio de difusión conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Mandato constitucional que se mantiene en los textos constitucionales de 1945, 1947, 1961, 1967, 1994 y 2004.
Derecho de libertad de tránsito Desde 1826 se reconoce el derecho de libre tránsito de todo boliviano según le convenga llevando consigo sus bienes; pero guardando los reglamentos de policía, y salvo siempre el derecho de tercero.
A partir del texto constitucional de 1861 todo hombre tiene el derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio boliviano, sin otras restricciones, que las establecidas por el derecho internacional. Disposición que se mantiene en los textos constitucionales de 1868, 1871, 1878 y 1880.
Con el texto constitucional de 1938 el mandato se concreta al derecho fundamental de ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Mandato constitucional que se mantiene en los textos constitucionales de 1945, 1947, 1961, 1967, 1994 y 2004.
Desde el texto constitucional de 1861 se establece el derecho de todo boliviano a asociarse y reunirse pacíficamente. Mandato que se mantiene en los textos constitucionales de 1868, 1871 y 1880.
A partir del texto constitucional de 1938 se dispone como derecho fundamental de reunirse y asociarse para fines lícitos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Mandato constitucional que se mantiene en los textos constitucionales de 1945, 1947, 1961, 1967, 1994 y 2004.
Tratamiento en los archivos, actas y resoluciones del constituyente Proyecto de Texto Constitucional ajustado en el H. Congreso Nacional, octubre 2008 Artículo 21
Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande, en Detalle y en Revisión en Oruro, diciembre de 2007 Artículo 21
Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande en Chuquisaca, noviembre de 2007 Artículo 21
b) A la libertad y seguridad personal, por tanto:
d) Libertad de conciencia, espiritualidad, religión y culto, expresada en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, siempre que sea con fine lícitos y no contra los derechos y garantías de otras personas.
e) A la objeción de conciencia
f) A la honra, el honor, la imagen, la dignidad, la buena reputación y la privacidad personal y familiar. Es inviolable el domicilio y son secretos la comunicación privada y la correspondencia, salvo que sean requeridos por orden judicial. j) Libertad de expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones por cualquier medio de comunicación, sea oral, escrito o de imagen, en forma individual o colectiva.
k) Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a comunicar e informar, opinar como acceder a información según el principio de la libertad de expresión.
l) Libertad de residencia, permanencia, circulación, salida e ingreso del territorio nacional, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial.
m) Libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, conforme a ley y con fines lícitos. Fuente: Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano, Tomo III, Volumen 1, pág.343, 344.
II. A la libertad y seguridad personal. Nadie puede ser privado o privada de su libertad sino por mandamiento escrito, dando cumplimiento a los requisitos y por el tiempo que señale la ley. Consecuentemente:
III. A la libertad de conciencia, culto y de religión, en forma individual o colectiva. El ejercicio público o privado de las creencias y confesiones es libre, siempre que no altere el orden público ni ofenda a la moral. En consecuencia:
IV.A la honra, a la buena reputación, a la privacidad personal y familiar. La ley protege el nombre, la imagen y la voz de la persona.
V. A expresar y difundir libremente ideas, pensamientos y opiniones mediante cualquier medio de comunicación, sea oral, escrito o de imagen. Este derecho abarca:
VII.A elegir el lugar de residencia: a entrar, transitar y salir del país libremente por el territorio nacional, salvo limitaciones o razones de sanidad o por mandato judicial. VIII.A reunirse pacíficamente y sin armas. El ejercicio de este derecho no reconoce otro límite que los derechos de las otras personas. Consecuentemente:
IX. A asociarse y a constituir diversos tipos de organizaciones, sin autorización previa y conforme a ley. Fuente: Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano, Tomo III, Volumen 1, pág. 394, 395
Propuesta de Texto Constitucional de las Organizaciones que conforman el Pacto de Unidad, mayo de 2007 Artículo 32
5. A la libertad de espiritualidad religiosa y culto.
9. A mantener y conservar su identidad cultural sin discriminación.
10. A manifestar libremente sus ideas y opiniones en cualquier lugar y por cualquier medio de comunicación sin afectar los derechos y la dignidad de las personas.
11. A la comunicación responsable.
12. A reunirse y asociarse para fines lícitos.
13. A la intimidad y a la privacidad.
18. A permanecer, transitar, salir e ingresar al territorio boliviano.
29. A la objeción de conciencia como forma de respeto a la libertad de cultos y creencias.
A partir de la revisión de los archivos de la Asamblea Constituyente, se puede observar que el Artículo 21 se consolida en el Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande, en Detalle, en Revisión en Oruro. Difiere del Proyecto de texto constitucional Aprobado en Grande en Chuquisaca en que éste determinaba en la redacción del numeral 6 el derecho: a comunicar, informar, opinar, interpretar y acceder a la información, de manera individual o colectiva. Disposición que se modifica y mantiene a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.
Cabe destacar que los informes por Mayoría y Minoría de la Comisión 3 (Derechos, Deberes y Garantías) así como la Propuesta del Pacto de Unidad presentan antecedentes a la redacción del Artículo.
En virtud al derecho de a la autoidentificación cultural, la Comisión 3 (Derechos, Deberes y Garantías) no presenta antecedentes al respecto. La propuesta del Pacto de Unidad establece como derecho fundamental el mantener y conservar su identidad cultural sin discriminación. Respecto al derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, el Informe de Mayoría así como el Informe de Minoría hacen referencia a la buena reputación también. Cabe destacar que el Informe de Minoría adicionalmente contempla como derecho la personal como a la familiar, así como una ley que protege el nombre, la imagen y la voz de la persona.
De acuerdo con el numeral 3 del Artículo 21, todas las bolivianas y bolivianos tienen el derecho a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos. Al respecto tanto el Informe por Mayoría como el por Minoría hacen referencia como derecho a la libertad de conciencia. Al respecto el Informe por Mayoría como la propuesta del Pacto de Unidad también contemplan como derecho a la objeción de conciencia. Por su parte el Informe de Minoría que el ejercicio público o privado de las creencias y confesiones es libre, siempre que no altere el orden público ni ofenda a la moral.
El numeral 4 del Artículo 21 determina como derecho la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos. Si bien el Informe por Mayoría así como la propuesta del Pacto de Unidad presentan una redacción similar a la actual, es el Informe de Minoría el que determina como condición para el derecho de reunión y asociación, la acción de hacerlo pacíficamente y sin armas.
En virtud al derecho de expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. Tanto en el Informe por Mayoría así como el Informe por Minoría se complementa dicha disposición con el poder expresarse con imágenes de forma individual como colectiva.
De acuerdo al numeral 6 sólo el Informe por Mayoría determina como derecho el expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. Redacción que se mantiene en el Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande en Chuquisaca, sin embargo ésta es cambiada en Oruro.
Respecto al derecho de permanencia, residencia y circulación en territorio boliviano, el Informe por Mayoría así como el por Minoría establecen la limitación por razones de sanidad o por mandato judicial.
Alcance de la reserva legal El Artículo 21 no presenta reserva legal, sin embargo presenta disposiciones que deben regir en las leyes que regulen los derechos civiles y contemplen la autoidentificación cultural, la inviolabilidad de la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, de la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos, de la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos.
Permitir expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva, acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.
Consentir la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país.
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Fecha de su ultima actualización: 28/04/2013 10:12:22 p.m.