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Timestamp: 2018-06-24 07:31:16
Document Index: 403027814

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 338', 'artículo 338', 'artículo 9', 'artículo 338', 'artículo 338', 'artículo 345', 'artículo 338']

Sentencia C-545 de 1994 Corte Constitucional
SENTENCIA C-545/94
El ciudadano GUILLERMO VARGAS AYALA, presentó ante esta Corte demanda de inconstitucionalidad contra el literal q) del artículo 9o. de la Ley 10 de 1990.
Cumplidos los trámites que ordenan la Constitución Política y la ley para este tipo de acciones, y finalmente oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, la Corporación procede a dictar sentencia.
"q). Fijar y cobrar tasas o derechos por la expedición de permisos, licencias, registros y certificaciones".
*El accionante considera que la norma acusada viola el artículo 338 de la Constitución Política, por las razones siguientes:
*Que el artículo 338 de la Carta, sigue el sabio principio democrático según el cual las contribuciones en general deben tener origen en las corporaciones públicas de representación popular.
*Que el literal q) acusado no dispone una contribución parafiscal. Contiene una autorización ilimitada e incondicionada al Ministerio de Salud, para FIJAR LAS TASAS (no las tarifas de las mismas) en contravía del precepto constitucional, y sin ninguna técnica tributaria, en especial sin la precisión requerida, pues no determina ni los sujetos activos ni pasivos, ni la base gravable, ni las tarifas de la Contribución.
*Que para que sea viable la determinación de tarifas por parte de las autoridades, es preciso que "el sistema y el método para definir tales costos beneficios, y la forma de hacer su reparto, sean fijados por la ley".
*Que es "casi ilimitada" la multiplicidad y variedad de los permisos, licencias, registros y certificaciones que debe expedir el Ministerio de Salud (Ley 9a./79).
*Que la norma no establece una tasa para que el Ministerio determine una tarifa sino que se le concede en ella la facultad, para establecer en cuáles trámites que impliquen autorizaciones, registros, licencias, certificaciones, permisos, puede o no fijar tasas, su tarifa, cuando constitucionalmente no puede ni lo uno ni lo otro.
*Que la Ley 10 de 1990 pretendió reordenar de manera integral el sistema Nacional de Salud.
*Que el servicio público de la salud permite al legislador expedir una regulación sin la rigidez propia de las normas legales ordinarias.
*Que la tasa es por un servicio prestado. En el Estado moderno los ciudadanos deben retribuir los servicios que le son prestados. (art. 95 numeral 9 C.N.).
*Que las tarifas de las tasas y contribuciones pueden ser fijadas por las autoridades previo permiso de la ley.
*Que sólo las tarifas de los impuestos deben ser definidas por la ley.
El señor Procurador General de la Nación, mediante el oficio No. 477 del 2 de agosto de 1994, rindió el concepto dispuesto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución Política, sobre el asunto referenciado, en el cual solicita a esta Corporación "declarar INEXEQUIBLE el literal q) del artículo 9o. de la Ley 10 de 1990", con fundamento en lo siguiente:
*Que no hay tributo sin representación (art. 338 de la C.N.).
*Que el concepto de tasa proviene de la acepción restrictiva que la circunscribe a los ingresos originados en la prestación de servicios públicos inherentes al Estado. En la tasa y en la contribución especial, el ingreso se destina a financiar el servicio o la obra de la cual se deriva.
*Que el concepto de tasa difiere del de impuesto, renta de dominio público y de las contribuciones parafiscales.
*Que si bien es cierto que la Constitución no trae una definición de tasa, es claro que ella hace parte del género "contribución". El artículo 338 superior, consagra que la ley, puede permitir que las autoridades fijen las tarifas de las tasas, más no las tasas mismas, pues su establecimiento o creación se rige por el principio general según el cual los cuerpos de representación popular son quienes constitucionalmente están habilitados para imponer contribuciones.
*Que la norma demandada otorgar al Ministerio, las facultades de fijar o establecer unas tasas y al mismo tiempo la de cobrarlas por concepto de la expedición de permisos, licencias, registros y certificaciones a las personas naturales o jurídicas que los requieran. El legislador debió crear la tasa y autorizar a la autoridad administrativa para fijar las respectivas tarifas, teniendo presente que el sistema, el método y la forma de hacer el reparto deben estar señalados en la ley.
a). La Competencia
b). La Materia
Se utiliza la expresión contribución como genérica y comprensiva de los conceptos especiales de tributo, tasa, impuesto, gravamen u otras similares, recogiendo una tradición legislativa, que utilizaba la voz, del acto legislativo No. 3 de 1910, y contrariando el hábito de nuestros autores de derecho tributario que le otorgan ayor amplitud a las palabras tributo o impuesto que al vocablo "contribución".1
El concepto del Ministerio Público cita opinión del profesor Abel Cruz Santos "...las tasas, también llamadas derechos, provienen de servicios públicos que no obligan a los asociados; sólo los pagan las personas que los utilizan. Se consideran como un precio que cobra el Estado por el servicio prestado. Contrariamente a lo ocurrido con el impuesto, que no supone para quien lo paga contraprestación de ninguna clase".
A su vez, la tasa se diferencia del impuesto por dos aspectos: 1) En la tasa existe una contraprestación (el envío de la carta, el transporte por ferrocarril, el suministro de energía), mientras que en el impuesto, por definición, no se está pagando un servicio específico o retribuyendo una prestación determinada; y 2) La diferencia radica en el carácter voluntario del pago de la tasa y en el carácter obligatorio del pago del tributo. "Sin embargo, algunos autores, con razón han señalado que la segunda distinción no es muy exacta, puesto que cuando la tasa se está exigiendo como contraprestación de los servicios que de manera exclusiva o bajo la forma de monopolio suministra el Estado, le es muy difícil, si no imposible, al particular no utilizarlo. Por lo tanto el carácter de voluntariedad se desdibujaría en la tasa. Ante un monopolio del servicio postal la única manera de no pagar las tasas del envío de cartas sería no escribiendo cartas, lo cual resulta imposible en la vida moderna. De manera que "la verdadera distinción del impuesto y de la tasa reposa en la ausencia o en la existencia de una contrapartida proporcional y no en el carácter profesional obligatorio o no obligatorio".2
La Contribución fiscal comprende el impuesto propiamente dicho, la tasa y la contribución de carácter especial, como el impuesto de valorización, mientras que la parafiscalidad está constituída por una especie de "impuestos corporativos" que, en concepto del profesor Maurice Duverger, son los que se perciben en provecho de instituciones públicas o privadas que tienen el carácter de colectividades.
"Francia fue el primer país donde se habló de la parafiscalidad con el objeto de separar ciertos recursos financieros del encasillado tradicional de la hacienda pública. La palabra la originó Robert Shuman, quien en 1946 publicó una relación de todos los ingresos públicos del Estado francés, en documento muy divulgado, que en los círculos políticos y financieros es conocido como el inventario Shuman. El erudito ministro que en los años cincuenta lograra gran fama, por sus aportes a la creación de la Comunidad Económica Europea, bautizó como parafiscales a algunos de los ingresos por él inventariados, no obstante que provenían de la soberanía fiscal del Estado. El concepto se extendió y tomó cuerpo jurídico en los países europeos -los latinos- que se caracterizan por el sistema de derecho codificado. Por ejemplo, en España la ordenación jurídica de la parafiscalidad comenzó con el estatuto del 26 de diciembre de 1958, denominado ley de tasas y exacciones parafiscales. En Colombia, arriba se apuntó, están en pleno vigor exacciones de carácter parafiscal de las más variadas especies y más diversas formas, sin que obedezcan a normas ni regulación genérica fundamental de ninguna clase.
"A). Causa de carácter político, originadas, a su vez, por el crecimiento y extensión de las actividades y funciones del Estado moderno.
"B). Causas administrativas derivadas de la descentralización y el florecimiento de organismos autónomos dentro del Estado, con funciones y actividades cada vez mayores y más semejantes a las del sector privado.
"C). Causas que cabría denominar político-administrativas, alimentadas por la idea del Estado-empresa que configura nuevos perfiles de actividad político-administrativa.
"D). Causas de índole financiera, como el agotamiento de las fuentes tradicionales de imposición, y la insuficiencia de asignaciones presupuestales frente al crecimiento del gasto público, lo cual obliga a buscar recursos al margen de los ortodoxos ingresos de tipo tradicional. Incluso podrían citarse causas sociológicas y psicológicas como las relacionadas con la predisposición del contribuyente a pagar el costo de un servicio que se le preste de modo directo y específico.
"En un litigio relacionado con la retención cafetera, en el que los distinguidos juristas Carlos Restrepo Piedrahíta y Rodrigo Noguera Laborde plantean la cuestión de la parafiscalidad, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 10 de noviembre de 1977, dijo lo siguiente: 'Por tal peculiaridad los opositores piden que se tengan como recursos parafiscales, que según la doctrina fiscal pueden existir y subsistir por fuera del manejo del presupuesto nacional. Ello, sin embargo, no es posible legalmente en Colombia, porque cualquiera que sea la contribución de que se trate, o como sea su naturaleza o se la llame, los preceptos constitucionales (296 y 210-1) y la ley orgánica del presupuesto no lo permiten'. Ese fallo fundamenta, en nuestra opinión, la necesidad de introducir el concepto de la parafiscalidad en la Carta Política de 1991.
"Alain Barrere, catedrático de hacienda en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de París, en sus cursos de política financiera expone lo siguiente: 'la parafiscalidad ha sido definida en la doctrina del Consejo de Estado que data del 11 de mayo de 1954: 'Las tasas parafiscales son exacciones obligatorias que tienen una destinación especial instituídas por vía de autoridad con un fin de orden económico, profesional o social, y escapan en todo o en parte de las reglas de la legislación presupuestaria o fiscal en lo concerniente a la creación del recurso o de la renta, la determinación de su base imponible y de su cuantía y de los procedimiento de recaudo y control de su desembolso." (Gaceta No. 79).
"Se tiene entonces, que en los tiempos de "no paz", como los del estado de conmoción interior, de acuerdo con la Carta Política de 1991, se pueden decretar contribuciones según la previsión implícita del artículo 338 tantas veces citado. De manera concordante, y para ajustar la lógica presupuestal del nuevo orden superior, el artículo 345 dispone que en "tiempos de paz" no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogaciones, como tampoco, podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado, por una Corporación pública de las señaladas en el artículo 338 ibidem, "ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto". Operaciones presupuestales que, en consecuencia, se encuentran autorizadas en la norma de normas para los tiempos de guerra. (Corte Constitucional, sentencia No. C-083/93. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).
Cabe aludir nuevamente a lo que debe entenderse por "el sistema y el método y la forma de hacer el reparto...". Esta Corporación ha sostenido:
"El Método: Es el referido al máximo de gastos que para el funcionamiento anual de la Superintendencia autoriza la ley de presupuesto. El legislador, dada la naturaleza del servicio público que presta la Superintendencia, recurre al criterio de los activos de las entidades vigiladas, con el fin de determinar la forma de hacer el reparto de los costos del servicio. (Corte Constitucional, sentencia No. C-465/93 de veintiuno (21) de octubre de 1993, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
"En esos términos, una interpretación coherente de la normatividad constitucional y el fin del precepto superior, llevan a la conclusión según la cual los métodos -pautas técnicas encaminadas a la previa definición de los criterios que tienen relevancia en materia de tasas y contribuciones para determinar los costos y beneficios que inciden en una tarifa- y los sistemas -formas específicas de medición económica, de valoración y ponderación de los distintos factores que convergen en dicha determinación- son directrices cuyo acatamiento es obligatorio para el encargado de fijar la tarifa y constituyen a la vez garantía del contribuyente frente a la administración." (M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
1 PALACIO RUDAS, Alfonso, El Congreso en la Constitución de 1991, pag. 160, edit. Tercer Mundo.
2 RESTREPO, Juan Camilo. Hacienda Pública. Universidad Externado de Colombia, pag. 124, 1992.