Source: https://www.scribd.com/document/206987095/Proyecto-AF-Ley-Def-Del-Consumidor
Timestamp: 2018-11-14 03:13:03
Document Index: 211698733

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'Artículo 8', 'Artículo 75', 'artículo 42']

Sentencia 13 febrero 2011
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Proyecto de Ley Senador Aníbal Fernández (Expediente S-4277/13
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 45 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor por el siguiente: “ARTICULO 45.- Actuaciones Administrativas. La autoridad nacional de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de esta ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, de oficio o por denuncia de quien invocare un interés particular o actuare en defensa del interés general de los consumidores.
Contra los actos administrativos que dispongan sanciones se podrá recurrir por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, o ante las cámaras federales de apelaciones con
asiento en las provincias, según corresponda de acuerdo al lugar de comisión del hecho.
El recurso deberá interponerse ante la misma autoridad que dictó la resolución, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada y será concedido en relación y con efecto devolutivo, excepto cuando se hubiera denegado medidas de prueba, en que será concedido libremente.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán las normas referidas a su actuación como autoridades locales de aplicación, estableciendo en sus respectivos ámbitos un procedimiento compatible con sus ordenamientos locales".
Señor Presidente: La presente iniciativa de reforma a la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor se orienta a evitar que, por la vía de la interposición del recurso previsto en su artículo 45, se impida la implementación rápida y efectiva de las sanciones que, a juicio de la autoridad de aplicación, fueren necesarias para lograr el resguardo del sistema. La concesión del citado recurso con efecto suspensivo, tal como establece la redacción vigente del artículo 45, desnaturaliza el
procedimiento establecido por la propia ley, permitiendo enormes dilaciones en el cumplimiento efectivo de las sanciones que el organismo a cargo del contralor del sistema impone –no está de más recalcarlo- en defensa del consumidor. El efecto devolutivo que se propone para la apelación de las resoluciones que imponen sanciones implica precisamente que dicho acto administrativo es ejecutable, sin perjuicio de su cuestionamiento en sede judicial. Por ello, en el caso de una multa, de no abonarse su importe en el momento de ser reclamado en sede administrativa, quedará expedita la vía judicial para proceder al cobro, más allá de que se haya interpuesto el recurso de apelación previsto en el artículo 45. La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha admitido desde antiguo la validez constitucional de la exigencia del pago previo de las multas aplicadas con motivo de infracciones a reglamentos de policía como requisito de la intervención judicial. No obstante, debe tenerse presente que nuestro más Alto Tribunal ha expresado que configuran excepciones a dicho principio aquellos casos en los que tal requisito legal, por su desproporcionada magnitud en relación a la concreta capacidad económica del apelante, torna ilusorio el derecho que le acuerda el legislador, ello en razón del importante desapoderamiento de bienes que
podría significar el cumplimiento de aquél (Fallos 247:181; 261:101; 312:2490). Finalmente, con respecto a la interpretación del principio de “solve et repete” en contexto con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la Corte Suprema ha sostenido que el alcance que cabe otorgar a lo dispuesto en el Artículo 8° inciso 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -a la que el inciso 22 del Artículo 75 de la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional- es equivalente, en relación con dicho principio, a las excepciones que contemplan situaciones patrimoniales concretas de los particulares a fin de evitar que ese previo pago se traduzca, a causa de la falta comprobada e inculpable de los medios pertinentes para enfrentar la erogación, en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio. (C.S.J.N. in re: “Agropecuaria Ayui S.A. s/ amparo” del 30 de junio de 1999, considerando 7°). En su mensaje de fecha 12 de febrero del corriente año, la Señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió a la cantidad de denuncias que se vienen recibiendo de todos los rincones del país a partir del lanzamiento del Programa “Precios Cuidados” y que dan cuenta de las maniobras especulativas de quienes, sin ningún tipo de justificación, elevan los precios de sus productos, impactando fuertemente en el bolsillo de todos los argentinos. Tal como se explicara anteriormente, la Ley de Defensa del Consumidor otorga a la autoridad de aplicación las herramientas para sancionar a quienes incurren en tales conductas disvaliosas. Sin embargo, es necesario adaptar la redacción de la norma para que el remedio sea eficaz y rápido. Todo ello sin perjuicio de apelar a los buenos oficios del Poder Judicial, que muchas veces presenta un desvelo importante por defender los intereses de los empresarios cuando debería tener más presente la defensa de los derechos de los consumidores amparados por el artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Como bien expusiera la Señora Presidenta, “todos los argentinos somos consumidores”. En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la presente iniciativa.
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