Source: http://www.tribunalconstitucional.cl/expedientes?rol=3312-17
Timestamp: 2017-04-28 10:20:22
Document Index: 336787827

Matched Legal Cases: ['artículo 93', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 38', 'artículo 98', 'artículo 71', 'artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 5', 'artículo 35', 'artículo 58', 'artículo 83', 'artículo 83']

Rol Rol 3312-17 Fecha Ingreso 10-01-2017 Sala Pleno Relator José Francisco Leyton Jiménez
Caratulado Control de constitucionalidad del proyecto de ley que crea la Comisión para el Mercado Financiero, correspondiente al boletín N° 9.015-05.
Síntesis a) Atribución en ejercicio de la cual se dicta. Control preventivo de constitucionalidad de leyes (artículo 93 N°1 de la Constitución Política).
b) Normas sometidas a control preventivo de constitucionalidad. La Cámara de Diputados solicita que el Tribunal Constitucional ejerza el control de constitucionalidad respecto de los artículos 1; 2; 4; 5 números 1), 5), 27), 28) y 31) párrafo segundo; 7; 8; 9; 12; 14 incisos tercero, cuarto y quinto; 18; 20; 21; 22; 26; 29; 30; 31; 35; 62; 67; 70; 71 y 78, todos contenidos en el artículo primero; el artículo cuarto y el artículo primero transitorio del proyecto de ley.
c) Decisión. 1) Que los artículos que se mencionarán, contenidos en el artículo primero del proyecto de ley, son conformes con la Constitución Política: a) 2°, en el entendido que se consigna en el considerando cuadragésimo séptimo de la sentencia; b) 5°, numeral 5°, párrafos primero y, tercero, en la frase “Salvo los casos especialmente regulados en otras disposiciones legales, los requerimientos de información sobre operaciones bancarias sometidas a secreto o reserva que formule el fiscal en virtud de lo establecido en este numeral, deberán, además, ser autorizados previamente por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.”; c) 5°, numeral 5°, párrafo sexto, en la frase “Los afectados podrán reclamar ante el ministro de corte a que se refiere el párrafo tercero,”; d) 5°, numeral 27, párrafo primero, en el entendido que se desarrolla en el considerando cuadragésimo octavo; e) 8°, inciso primero; f) 9°, inciso primero, numerales 1° y 2°; g) 11, numeral 3°, párrafo segundo; h) 12, numerales 1° y 2°, párrafo primero; i) 13, inciso primero, en la frase “Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de presentar las declaraciones de patrimonio e intereses a que se refiere la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.”; j) 14, inciso tercero; k) 16, numeral 2°; l) 20, en el entendido explicitado en el considerando cuadragésimo noveno; m) 22; n) 26; o) 29; p) 30; q) 31; r) 35, inciso tercero; s) 58, inciso sexto; t) 70, incisos primero y segundo; u) 71, incisos primero y séptimo, en el entendido de que trata el considerando quincuagésimo; 2) Que, la disposición que se contenía en el artículo 5°, numeral 1°, párrafo segundo, del artículo primero del proyecto de ley, es inconstitucional y, en consecuencia, se ha eliminado del texto del proyecto de ley.
1) La Comisión para el Mercado Financiero es parte integrante de la Administración del Estado. El estatuto jurídico de un servicio público es el conjunto de normas constitucionales, legales y reglamentarias que lo regulan y que pueden ser definidas por el legislador, remitiendo a normas comunes a los organismos de la Administración o estableciendo normativas especiales, totales o parciales. En este sentido, el artículo 2° del proyecto en examen busca establecer un estatuto jurídico especial respecto a los demás organismos de la Administración del Estado, pues lista las leyes que se le aplican y, además, señala que se le aplican supletoriamente. Este Tribunal declarará su correspondencia con el artículo 6°, inciso primero, constitucional, en el entendido de que a esa Comisión le son plenamente aplicables aquellas leyes orgánicas constitucionales que, con carácter común y preeminente, se aplican a los servicios u organismos que la componen, por sobre sus respectivas leyes especiales, como son la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, a que se refiere el artículo 38, inciso primero, constitucional, y la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, a que hace mención en el artículo 98 de la Carta Fundamental.
2) Prohibición de reformatio in peius. El artículo 71, incisos primero y séptimo, contenidos en el artículo primero del proyecto de ley, al establecer el procedimiento de reclamación de ilegalidad frente a las decisiones del Consejo para el Mercado Financiero, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, susceptible de apelación a la decisión de dicho tribunal, para ante la Corte Suprema, es constitucional, en el entendido que la facultad de esta última no puede afectar el debido proceso, por lo que le está vedado agravar la sanción apelada en alzada. El derecho administrativo sancionador se encuentra sometido al principio de legalidad, ya que, aun cuando las sanciones administrativas y las penas difieran en algunos aspectos, ambas forman parte de una misma actividad sancionadora del Estado y han de estar, en consecuencia, con matices, sujetas al mismo estatuto constitucional que las limita en defensa de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.
3) Norma del proyecto declarada inconstitucional. El artículo 5°, numeral 1°, párrafo segundo, comprendido en el artículo primero del proyecto de ley, al establecer que será la Corte Suprema la encargada de dirimir las contiendas de competencia que se susciten entre la Comisión para el Mercado Financiero con otras autoridades administrativas, producto de la dictación e interpretación de la normativa correspondiente a la regulación del mercado financiero, contraviene el artículo 24 de la Carta Fundamental. El Jefe de Estado, como jefe de la Administración, decide en última instancia respecto a la ejecución de las políticas nacionales, contando con la colaboración de los organismos creados por la Carta Fundamental y las leyes. Como atribución inherente a su cargo, en caso de suscitarse contiendas de competencia entre diversas autoridades administrativas, éstas deben ser resueltas por el superior jerárquico del cual dependan o con el cual se relacionen. Por lo anterior, el precepto en examen se aleja de la regla general que ha sido establecida en la Ley General de Bases de la Administración del Estado, contrariando las facultades que la Constitución Política ha otorgado al Presidente de la República como Jefe de Estado.
Disidencia. Los Ministros Aróstica, Brahm, Letelier y Vásquez, estuvieron por declarar el carácter de LOC, así como la inconstitucionalidad de las disposiciones contenidas en el artículo 5°, en sus numerales 5°, 27° y, 31°; el Párrafo 3° del Título I, denominado “Unidad de Investigación”, que comprende los artículos 22, 23, 24 y 25 y, los artículo 35 y 48, por remisión a estos últimos; el Párrafo 3° del Título IV, denominado “Procedimiento Simplificado”, integrado por los artículos 54, 55, 56 y 57; y, el artículo 58, todos los anteriores establecidos en el artículo primero del proyecto de ley.
Conforme lo dispone el artículo 83 de la Constitución Política, un organismo autónomo, denominado Ministerio Público, dirige en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, ejerciendo, en su caso, acción penal pública en la forma prevista en la ley. Teniendo presente ello, se desprende el sentido inequívoco de nuestra Constitución en torno a que se ha depositado en el Ministerio Público la exclusividad en la investigación de los hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Por lo anterior, el proyecto de ley, al establecer que el funcionario de la nueva Comisión para el Mercado Financiero, denominado fiscal, dirigirá la investigación de eventuales infracciones a las normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas por la comisión y que, a su vez, se encuentren tipificadas como delitos en la legislación sometida a su fiscalización, desarrollando la preceptiva en análisis las facultades con que puede solicitar medidas intrusivas a las personas, junto con incidir directamente en materias que el Constituyente ha mandatado deban ser reguladas a través de legislación orgánica constitucional, atentan directamente contra el ya enunciado artículo 83, transgrediendo la potestad exclusiva que mantiene en nuestra sistemática el Ministerio Público, para la investigación de los hechos que son constitutivos de delito.
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