Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl15381-2017-49195-de-septiembre-20-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_1d0e8887fff547da8de7466a7ceab461&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-21 03:11:12
Document Index: 46290156

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 47', 'artículo 51', 'artículo 40', 'artículo 43', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 40', 'artículo 43', 'artículo 366']

﻿ SENTENCIA SL15381-2017/49195 DE SEPTIEMBRE 20 DE 2017
SENTENCIA SL15381-2017 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:SANCIÓN MORATORIA CONFORME AL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 797 DE 1949. SE HA ESTABLECIDO POR EL ALTO TRIBUNAL QUE LA SANCIÓN MORATORIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 797 DE 1949, NO OPERA DE MANERA AUTOMÁTICA E INEXORABLE, ES DECIR, POR EL MERO HECHO DEL NO PAGO, O EL PAGO TARDÍO O INCOMPLETO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. POR LO QUE, EN CADA CASO EL JUEZ LABORAL, DESDE LAS PRUEBAS REGULARMENTE APORTADAS, DEBE EXAMINAR LA CONDUCTA DEL EMPLEADOR PÚBLICO Y ESTABLECER SI LA MISMA TIENE UNA EXPLICACIÓN ATENDIBLE. DE IGUAL FORMA, SE SEÑALÓ QUE LA BUENA O LA MALA FE EN ASUNTOS COMO EL QUE ESTA EN REVISIÓN, NO DEPENDE DE LA PRUEBA FORMAL DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, O DE SU MERA AFIRMACIÓN DE QUE ACTÚA CONVENCIDA DE NO TENER UN VÍNCULO LABORAL, PUES DE TODAS FORMAS ES NECESARIO VERIFICAR OTROS ASPECTOS QUE GIRARON ALREDEDOR DEL COMPORTAMIENTO QUE ASUMIÓ EN SU CONDICIÓN DE DEUDORA OBLIGADA, RAZÓN POR LA CUAL EL JUEZ DEL TRABAJO DEBE APRECIAR TODO EL ACERVO PROBATORIO PARA ESTABLECER LA EXISTENCIA DE OTROS FUNDAMENTOS PARA NO IMPONER LA SANCIÓN POR MORA SOBRE LA QUE SE DISCURRE.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO PÚBLICO, PRINCIPIO DE INDEMNIZACIÓN, INDEMNIZACIÓN MORATORIA, BUENA FE DEL EMPLEADOR, INDEMNIZACIÓN AL TRABAJADOR, SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO DEL SALARIO
Sentencia SL15381-2017/49195 de septiembre 20 de 2017
SL15381-2017
Radicación 49195
Bogotá, D.C., veinte de septiembre dos mil diecisiete.
Solicitó el recurrente en el alcance de la impugnación que se casara totalmente la sentencia del tribunal y se modificara la de primer grado incurriendo en un dislate pues la decisión del ad quem confirmó lo resuelto por el juez singular que concedió algunas pretensiones. No obstante, de la lectura integral del cargo, entiende la Sala que lo que se persigue es que se conceda la sanción moratoria y la indemnización por despido injusto, peticiones que fueron negadas, por lo que se entiende que el querer del demandante es que se case la sentencia del tribunal y se modifique la de primer grado accediendo a tales pretensiones, como en efecto lo solicitó.
Superado lo anterior, son dos tópicos sobre los cuales recae el recurso extraordinario de casación: la sanción moratoria y la indemnización por despido injusto, los que a continuación se estudiaran para efectos de establecer si el tribunal cometió los yerros facticos que se le atribuyen.
1. Sanción moratoria.
En lo que atañe a la absolución de la sanción moratoria, el tribunal consideró que la conducta del empleador demandado estuvo revestida de buena fe, puesto que, en su sentir, actuó bajo el convencimiento de que el demandante se encontraba vinculado a través de contratos de prestación de servicios regidos por la ley de contratación estatal que no generan el pago de prestaciones sociales, y no mediante un contrato de trabajo, lo cual se vino a esclarecer con esta acción judicial.
Como palmariamente se desprende del cargo, el recurrente pretende acreditar que el juez de segunda instancia se equivocó, por cuanto a su juicio el instituto demandado actuó de mala fe y, por ello, debe ser condenado a reconocerle y pagarle la sanción moratoria.
Pues bien, tiene establecido esta Sala que la sanción moratoria establecida en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, no opera de manera automática e inexorable, es decir, por el mero hecho del no pago, o el pago tardío o incompleto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, sino que en cada caso el juez laboral, desde las pruebas regularmente aportadas, debe examinar la conducta del empleador público y establecer si la misma tiene una explicación atendible.
En ese escenario, esta Corte en varias sentencias, entre otras la SL 9641-2014, ha explicado que la buena o la mala fe en asuntos como el presente, no depende de la prueba formal de la suscripción de contratos de prestación de servicios, o de su mera afirmación de que actúa convencida de no tener un vínculo laboral, pues de todas formas es necesario verificar otros aspectos que giraron alrededor del comportamiento que asumió en su condición de deudora obligada, razón por la cual el juez del trabajo debe apreciar todo el acervo probatorio para establecer la existencia de otros fundamentos para no imponer la sanción por mora sobre la que se discurre.
El recurrente enlista como prueba erróneamente apreciada los contratos de prestación de servicios que se encuentran a folios 80 a 168, de los que se desprende la clara intención de la demandada de acudir de manera sistemática a supuestos contratos administrativos de prestación de servicios, como los regulados por la Ley 80 de 1993.
Además de lo anterior, el ad quem dejó establecido que las funciones que cumplió el actor eran similares a las de los demás médicos de planta siendo sometido a las órdenes que le imponía tal ente, es decir que se encontraba acreditada la subordinación.
Así las cosas, no encuentra la Sala razones atendibles para que, en la ejecución de los contratos en cuestión, el Instituto de Seguros Sociales se comportara como un verdadero empleador, pero a su vez dejara de tener esa conducta cuando se trataba de reconocerle al actor los derechos laborales que por esa relación se causaron, pues una conducta de ese talante, contraria a los postulados de la buena fe, que es la que procura salvaguardar los servidores públicos con rango de trabajadores oficiales, de conformidad con el artículo 1º del Decreto 797 de 1949.
Estima la Sala que se equivocó el sentenciador cuando calificó que el actuar del ISS, estuvo desprovisto de mala fe, pues con lo dicho en líneas precedentes quedó demostrado que incurrió en los errores primero y segundo que se enlistaron por el recurrente.
2. Indemnización por despido injusto.
Como se dijo en los antecedentes, el tribunal negó la indemnización por despido injusto al considerar que la terminación por expiración del plazo pactado, se tornaba justa de conformidad con lo estipulado por el literal a) del artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, argumento que no es de recibo por el recurrente quien afirma que ante la ausencia de aviso por parte del ISS de no continuar con el contrato a término fijo, el mismo se prorrogó automáticamente por un periodo igual al pactado.
En efecto, el argumento del ente demandado para dar por terminada la relación laboral se circunscribe al vencimiento del plazo pactado, pues así lo afirmó en la contestación de la demanda, la cual se estudia como pieza procesal, y en la que expresamente señaló: “(...) y es falso que fuera desvinculado sin justa causa, simplemente no se le volvió a contratar, al vencimiento del último contrato con la entidad (...)”, de la que se infiere que la demandada aceptó que el vencimiento del plazo fue la razón por la cual se dio por terminado el vínculo laboral entre las partes.
Desde esa óptica, el ad quem al no analizar la respuesta de la demandada en su contestación aplicó indebidamente el artículo 51 del multicitado decreto, al considerar que el demandante fue despedido dentro de los lineamientos establecidos como justa causa, sin que a su juicio mereciera la indemnización por este concepto, incurriendo en el tercer error del que lo acusa el accionante.
Dado que la sentencia del tribunal confirmó íntegramente la sentencia de primer grado y declaró la existencia de un contrato de trabajo en los términos del artículo 40 del Decreto 2127 de 1945, se entiende celebrado por término de seis (6) meses, prorrogado de acuerdo con el artículo 43 ibídem, entendiéndose como justas causas para dar por terminada la relación laboral por parte del empleador únicamente las enlistadas en el artículo 48 del Decreto 2127 de 1945. Dentro de las cuales no se encuentra la esgrimida por el Instituto demandado.
En consecuencia, el cargo prospera, y por ello la sentencia se quebrantará de manera parcial en cuanto a que confirmó la absolución de la sanción moratoria y la indemnización por despido injusto. No la casa en lo demás.
Sin costas en el recurso de casación, por cuanto el cargo salió avante.
Se hace necesario anotar, además de lo dicho en sede de casación, que no fue objeto de discusión el lapso en el cual se desarrolló la relación laboral mediante un contrato de trabajo, esto es, entre el 7 de febrero de 1991 y el 30 de noviembre de 2002.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, el ISS a partir de la fecha de terminación del contrato laboral del demandante, tenía un término de noventa (90) días para pagarle salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que le adeudara, so pena de asumir la sanción de un día de salario por cada día de retardo en la solución de esas acreencias, cuando no existan pruebas que acrediten su buena fe en la omisión en la cancelación de estas, las cuales, como ya quedó decantado, no existen.
Así las cosas, y como tampoco fue objeto de discusión el salario devengado por el accionante al momento de su vinculación de $ 1.573.305 (fl. 13) pues así lo estableció la primera instancia, sin que existiera reparo de ningún tipo por las partes, se condenará al instituto demandado al pago de $ 52.443,00 diarios desde el 1º de marzo del 2003, hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha en la que se liquidó el Instituto de Seguros Sociales, reiterando lo decantado por esta sala en la Sentencia CSJ SL14655-2017.
Como se halló determinada la relación laboral, en el periodo mencionado anteriormente, y partiendo de la premisa de que el contrato es a término indefinido de plazo presuntivo de seis (6) meses, en atención a lo reglado por el artículo 40 del Decreto 2127 de 1945, prorrogado de acuerdo con el artículo 43 ibídem, por lo que la última prórroga se extendía hasta el 7 de febrero de 2003. Como fue terminado por el ISS el 30 de noviembre del 2002 con fundamento en el vencimiento de un plazo pactado en un contrato que no tenía validez por la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, resulta que la causal alegada es inexistente y torna en despido injusto dicha forma de terminación.
Por lo anterior se condenará al ISS a pagar al actor la suma de $ 3.513.711,oo por indemnización por despido, equivalente al valor de los salarios faltantes para completar el plazo presuntivo; esta deberá cancelarse debidamente indexada.
Como consecuencia de lo anterior se modificará la sentencia de primera instancia, en el sentido de proferir condena por los conceptos de indemnización moratoria y despido injusto, quedando en lo demás incólume.
Costas en esta instancia estarán a cargo del demandado a favor del demandante, que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 28 de junio de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso ordinario laboral seguido por Jairo Ramón Bárcenas Jaraba, contra el Instituto de Seguros Sociales, en cuanto confirmó la absolución por sanción moratoria y la indemnización por despido injusto. No se casa en lo demás.
1. CONFIRMAR los numerales 1º, 2º, 3º, 6º y 7º de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, el 29 de junio de 2007.
2. MODIFICAR el numeral 5º de la sentencia recurrida, en el sentido de CONDENAR al ISS a pagar la suma de $ 52.443 diarios desde el 1º de marzo del 2003, hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha en la que se liquidó el Instituto de Seguros Sociales por concepto de indemnización moratoria y $ 3.513.711 por indemnización por despido sin justa causa. Absolver a la entidad demandada de las demás pretensiones.
3. Costas como se señaló en la parte motiva de esta providencia.