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Timestamp: 2019-07-22 01:09:21
Document Index: 294158477

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 3', 'ARTÍCULO 79', 'ARTÍCULO 79', 'ARTÍCULO 69', 'ARTÍCULO 69', 'artículo 74', 'artículo 69', 'artículo 74', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 66', 'artículo 7', 'artículo 68', 'artículo 67', 'ARTÍCULO 54', 'ARTÍCULO 54', 'ARTÍCULO 41', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 3', 'ARTÍCULO 40', 'ARTÍCULO 40', 'artículo 38', 'artículo 38']

(2018/09) Anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León. (Cerrado): New (56 ideas) – Espacio de participación de la Junta de Castilla y León
INCLUSIÓN DEL DOCOMOMO COMO PATRIMONIO DEL SIGLO XX
El patrimonio histórico y artístico del siglo XX debe ser incluido de forma específica y abordado como tema importante en la ley. De forma concreta, se solicita que la Ley de Patrimonio incluya entre los bienes inmuebles protegidos todos los incluidos en el listado de la Fundación DoCoMoMo (DOcumentación y COnservación de la arquitectura y el urbanismo del MOvimiento MOderno) dentro de Castilla y León (total 137 registros), y se incorpore a esta Fundación como entidad colaboradora.
El objetivo de esta entidad, de reconocimiento contrastado e internacional, es “estudiar y documentar la arquitectura del movimiento moderno con el fin de lograr su reconocimiento como parte de nuestra cultura del siglo XX, su protección patrimonial y conservación.”. Es pues una entidad específica e idónea y la más adecuada para ayudar a mantener el patrimonio artístico y arquitectónico del siglo XX, que debe ser incluido de forma inmediata, de forma que el siglo pasado pueda dejar constancia de sus valores a las generaciones venideras.
Como reconoce la UNESCO, que ya comenzó a catalogar en 1980, el patrimonio del siglo XX conforma el grueso del patrimonio de nuestras ciudades, donde un número considerable de estas arquitecturas son alteradas con absoluta desconsideración a su significado cultural. Es un patrimonio en riesgo. Una parte del mismo es ya irrecuperable, y otra, aún mayor, corre el mismo riesgo. Se trata de un patrimonio vivo que es esencial entender, definir, interpretar y gestionar adecuadamente para las generaciones futuras.
Este tema debe ser abordado de forma específica, y urgente, en el formato que se estime conveniente.
El objetivo de esta entidad, de reconocimiento contrastado e internacional, es “estudiar y documentar la…
El presente anteproyecto viene a regular en el l título I qué bienes forman parte del Patrimonio Cultural de Castilla y León, definiéndolos en función de los valores que ostentan y no por formar parte de un registro determinado.
Desde la Red de Conjuntos Históricos y Etnológicos de Palencia se adjunta documento con sugerencias-alegaciones.
Y qué pasa con la actividad inspectora? el Reglamento actualmente vigente lo contempla, pero no se ha llevado a cabo. Creo que es algo funda
Y qué pasa con la actividad inspectora? Se debería contemplar mas en serio.
El anteproyecto de Ley establece suficientemente el seguimiento y control de las actividades en bienes del patrimonio cultural y del estado de los propios bienes. A tal fin, las Administración cuenta en sus plantillas con profesionales y especialistas en la materia capacitados para acometer estas tareas.
Accesibilidad al patrimonio cultural - artículos 3 y 7
La redacción del punto 2 del artículo 3. no parece suficiente como para garantizar un derecho humano como es el acceso a la cultura (bienes del patrimonio cultural) a todas las personas. Para ello, debiera ser redactado nuevamente y señalar la responsabilidad de las administraciones públicas por asegurar la accesibilidad universal, cuando así sea posible, y si no es así a través de la implementación de ajustes razonables que permitan la máxima accesibilidad, a los bienes del patrimonio cultural. Para lo cual, se actuará sobre las barreras que lo impiden y se ofrecerán los productos de apoyo necesarios a las personas independientemente de su deficiencia (física, intelectual, sensorial o mental). Asimismo, tal como se expone, parece de interés que se refuercen las campañas de formación a profesionales y de divulgación entre la población en general para hacer el patrimonio cultural plenamente accesible.
En línea con lo expuesto, y con la finalidad de conseguir la máxima accesibilidad en el patrimonio cultural, parece conveniente que se incluya en el artículo 7, dentro de las entidades con las que se cooperará con los ciudadanos, a aquellas organizaciones que apoyan y/o representan a las personas con discapacidad y sus familias
La redacción del punto 2 del artículo 3. no parece suficiente como para garantizar un derecho humano como es el acceso a la cultura (bienes del patrimonio cultural) a todas las personas. Para ello, debiera ser redactado nuevamente y señalar la responsabilidad de las administraciones públicas por asegurar la accesibilidad universal, cuando así sea posible, y si no es así a través de la implementación de ajustes razonables que permitan la máxima accesibilidad, a los bienes del patrimonio cultural. Para lo cual, se actuará sobre las barreras que lo impiden y se ofrecerán los productos de apoyo necesarios a las…
Con la redacción del citado precepto consideramos que queda suficientemente garantizada la accesibilidad universal al patrimonio cultural, no se aprecia impacto de discapacidad en el Anteproyecto. (Ver Informe de la Consejería de Familia)
ARTÍCULOS AFECTADOS: ARTÍCULO 79.b SANCIONES POR NO COMUNICAR HALLAZGOS. TEMAS RELACIONADOS: no se puede sancionar algo que sólo el sanciona
ARTÍCULOS AFECTADOS: ARTÍCULO 79.b SANCIONES POR NO COMUNICAR HALLAZGOS.
TEMAS RELACIONADOS: no se puede sancionar algo que sólo el sancionador puede valorar.
Aunque este tipo de preceptos existen desde hace años, lo cierto es que no abundan las sanciones en base a no haber comunicado un hallazgo arqueológico.
Hay que replantearse el problema: se pide a todo el mundo, que “identifique” como bien arqueológico, un hallazgo que tan sólo un grupo de técnicos pueden describir con seguridad como “bien arqueológico”. Resulta que es el mismo servicio público que recibe el objeto, el que dictamina si es bien arqueológico, cuál es su valor científico y económico, y además sanciona si se le ha comunicado a tiempo o no.
El problema parte de la base de que la ley es tan general, que un “objeto arqueológico” es casi cualquier cosa con apariencia de antigüedad, lo cual en un país como España, sólo excluye a los seres vivos y a la mitad de nuestro parque inmobiliario que aún no alcanza los cien años. Una mejor definición de lo que es “arqueológico” reduciéndolo, tal vez podría ayudar.
Hay que replantearse el problema: se pide a todo el mundo, que “identifique” como bien arqueológico, un hallazgo que tan sólo un grupo de técnicos pueden describir con seguridad como “bien arqueológico”. Resulta que es el mismo servicio público que recibe el objeto, el que dictamina si es bien arqueológico, cuál es…
Cualquier hallazgo deberá ser comunicado inmediatamente por el hallador a la Consejería competente en materia de patrimonio cultural, con indicación del lugar donde se haya producido.
ARTÍCULOS AFECTADOS: ARTÍCULO 69.2, 74 COORDINACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA y “DIAGNÓSTICO” DE CIERTAS ACTUACIONES. TEMAS RELACIONADOS:
ARTÍCULOS AFECTADOS: ARTÍCULO 69.2, 74 COORDINACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA y “DIAGNÓSTICO” DE CIERTAS ACTUACIONES.
TEMAS RELACIONADOS: descoordinación actual entre las diversas oficinas de la Junta.
En este artículo debería mencionarse expresamente a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ya que son sus carreteras, embalses, obras en montes, autorizaciones de parques eólicos y solares, etc. las que han provocado la mayoría de las quejas sobre destrucción o simple indefensión del patrimonio arqueológico de la Comunidad. Lo mismo se puede decir de la Consejería de Agricultura con respecto a las obras anejas a las concentraciones parcelarias.
Resulta sorprendente, porque representantes de estas Consejerías están presentes en las Comisiones provinciales de Patrimonio que ahora son comunes con Medio Ambiente, olvidándose con cierta frecuencia de llevar a las mismas o al menos de consultar a sus técnicos, los instrumentos de planeamiento de montes o las licencias de parques solares (posiblemente porque ninguna norma se lo exige).
El artículo 74 trata del “diagnóstico” de los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental. Debe añadir que la propia Junta debe realizar ese diagnóstico en aquellas obras que ella misma promueva como por ejemplo los planes de montes públicos, en los que no se ha tenido en cuenta hasta ahora la presencia de áreas arqueológicas (así se comprobó hace años tras producirse el incendio del pinar de Castrocontrigo: el plan de la Junta no señalizaba ni siquiera los BIC).
Resulta sorprendente,…
El artículo 69.2 establece la necesidad de que la Administración competente en Patrimonio Cultural participe en la fase inicial de cualquier proyecto o actuación que incida en el territorio, ya sea promovido por la Consejería de Fomento, Agricultura o cualquier otra, con la única finalidad de prevenir impactos irreparables en los bienes culturales.
Respecto de lo manifestado en relación con el artículo 74, debemos informar que el diagnóstico de la afección sobre el Patrimonio Cultural debe ser realizado por el promotor del citado proyecto, obra o actividad, ya sea una administración o un particular.
ARTÍCULOS AFECTADOS: ARTÍCULOS 66 y 67 CAMINOS DE SANTIAGO. TEMAS RELACIONADOS: ¿ equiparar el Camino Francés con el de la Plata y el de San
ARTÍCULOS AFECTADOS: ARTÍCULOS 66 y 67 CAMINOS DE SANTIAGO.
TEMAS RELACIONADOS: ¿ equiparar el Camino Francés con el de la Plata y el de San Salvador ?
Se produce una contradicción al tipificar el Camino Francés como BIC y otorgar otras categorías a los demás caminos.
Po ejemplo, la Vía de la Plata está declarada BIC entre Béjar y Astorga, como camino jacobeo. Se podría aducir que se declara por sus valores como vía romana primordialmente, para diferenciarla del Camino Francés al que se dedica el artículo 67.1; pero entonces habría que replantearse su situación legal:
-	Si la Vía de la Plata no va a ser considerada como un “Camino de Santiago” (artículo 67.1) equivalente a los conjuntos histórico-artísticos, entonces los municipios como La Bañeza (León) que están tramitando un duro y restrictivo Plan Especial del paso de la Vía de la Plata ¿ deben dejar de tramitarlo ? ya que este tipo de planes son innecesarios en los BIC inmateriales (artículos 67.2 y 67.3) que sería la nueva consideración de esta ruta según la presente ley.
-	Si la consideración del Camino Francés es superior a la de los otros (artículo 67.1) ¿ deben dejar de tramitarse el resto de los caminos como candidatos a (artículo 66, 1, a) Patrimonio Mundial ?
-	En realidad los artículos 67 y 68 DEBERÍAN ELIMINARSE ya que están sometidos a la obligada colaboración con las otras CCAA por las que atraviesan; olvida mencionar la existencia de comisiones nacionales de los Caminos de Santiago (sólo cita su Patronato original en el artículo 7.1) a cuyas decisiones consensuadas se debe la Junta.
-	Estos artículos deberían restringirse a mencionar la obligada cooperación de la Junta con las demás CCAAs en el tema de los Caminos de Santiago.
En cuanto al artículo 68.3 menciona que la Junta elaborará el instrumento de protección del Camino Francés: el BOCYL da fe de que ya al menos en dos ocasiones tal instrumento ha sido contratado y pagado; por su falta de aprobación final, varias Diputaciones como la de León, aprobaron su respectivo plan provincial que de nuevo la Junta no aprobó. Resulta una especie de “bucle” sin salida.
Teniendo en cuenta el enorme costo de realizar estos instrumentos de planeamiento, debería considerarse la posibilidad de que este artículo extendiese a la Vía de la Plata, la obligatoriedad de que sea la Junta quine pague el Plan (actualmente La Bañeza lo está elaborando y pagando).
-	Si la Vía…
El artículo 67 del anteproyecto de Ley asigna niveles de protección en virtud del reconocimiento de los valores de cada camino o ruta.
En cuanto a la Vía de la Plata, no se estima contradicción. Es un Bien de Interés Cultural que tiene una doble vertiente: está protegido singularmente como Conjunto Histórico fundamentalmente por su carácter de vía romana articuladora del territorio hispano, y por otro, manifiesta un gran valor inmaterial por su carácter de Camino Histórico de peregrinación.
Por otro lado, es verdad que existen órganos de cooperación con otras Comunidades Autónomas para la gestión de los Caminos a Santiago, pero su protección desde el punto de vista legal corresponde a cada una de ellas, por su competencia exclusiva en materia de patrimonio cultural.
ARTÍCULOS AFECTADOS: ARTÍCULO 54.6 PROTECCIÓN DE BIENES AFECTADOS POR ZONAS ARQUEOLÓGICAS. TEMAS RELACIONADOS: debe ser más preciso. Es m
ARTÍCULOS AFECTADOS: ARTÍCULO 54.6 PROTECCIÓN DE BIENES AFECTADOS POR ZONAS ARQUEOLÓGICAS.
TEMAS RELACIONADOS: debe ser más preciso.
Es muy impreciso sobre cómo se deben proteger las zonas arqueológicas. Éste es un buen lugar para concentrar todos los temas relacionados con el asunto que se realizan en virtud de normas de rango inferior, o que simplemente no se cumplen siempre:
-	Obligación de inventariar las zonas arqueológicas en la Carta Arqueológica Provincial, de donde pasarán los datos al respectivo Ayuntamiento para su inclusión en las figuras de planeamiento (Plan de ordenación urbana, etc.), aparte de que el asunto siga su curso hasta poder ser declarado BIC.
-	Obligación de su grafiado en los mapas del catastro y los que sirven las diversas bases de datos como SIUCYl de la Junta.
-	Comunicación escrita expresa a los propietarios (públicos o privados), indicando el tipo de labores agrícolas, plantaciones de árboles, o construcciones que NO pueden realizar sin el oportuno permiso. ES MUY IMPORTANTE QUE SE DISPONGA DE ALGO PARECIDO A UNA GUÍA DE USOS NO AUTORIZADOS EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS.
-	Como el caso anterior, se debe comunicar a los servicios de la Junta de Medio Ambiente, en el caso de que el yacimiento radique en un Monte de Utilidad Pública en los que la Junta es parte de su administración (aunque suele ignorar la existencia de estos yacimientos en sus planes de repoblación, etc.).
-	Obligación de inventariar las zonas arqueológicas en la Carta Arqueológica Provincial, de donde pasarán los datos al respectivo Ayuntamiento para su inclusión en las figuras de planeamiento (Plan de ordenación urbana, etc.), aparte de que el asunto siga su curso…
El Anteproyecto de Ley, en su capítulo II, crea el Censo del Patrimonio Cultural de Castilla y León como instrumento de protección, consulta y difusión de los bienes que integran el patrimonio cultural de Castilla y León, con lo que se alcanza los objetivos que se solicitan en esta sugerencia.
ARTÍCULOS AFECTADOS: ARTÍCULO 41 AUTORIZACIONES DE LAS ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS. ARTÍCULO 3 DOCUMENTACIÓN EN PODER DE LA JUNTA.
TEMAS RELACIONADOS: obligatoriedad de la Administración de proporcionar los antecedentes de las excavaciones previas.
Como ya hemos dicho al comentar el artículo 3, la Junta debe proporcionar todos los antecedentes en su poder a las personas a las que autorice una excavación arqueológica: deben conocer si se han realizado antes excavaciones en la zona, los testigos que dejaron, la localización exacta de los vertederos de estériles de las excavaciones previas, el destino actual de los materiales rescatados en actuaciones previas, etc.
La Administración es quien guarda estos antecedentes, y quien por tanto puede aportarlos. El conocimiento de estos antecedentes, permite al nuevo excavador evitar destrucciones accidentales, ahorrar tiempo y gastos, ampliar sus conocimientos sobre el yacimiento y los restos recuperados en el mismo, etc.
ARTÍCULOS AFECTADOS: ARTÍCULO 40.3 AUTORIZACIONES DE ACTUACIÓN SOBRE BIENES MUEBLES INVENTARIADOS. TEMAS RELACIONADOS: obligatoriedad de la
ARTÍCULOS AFECTADOS: ARTÍCULO 40.3 AUTORIZACIONES DE ACTUACIÓN SOBRE BIENES MUEBLES INVENTARIADOS.
TEMAS RELACIONADOS: obligatoriedad de la Administración, de contestar.
El artículo 38.3 señala la obligatoriedad de obtener las licencias antes de iniciarse la obra. Esto es lógico, pero también lo es que haya una contestación por parte de la Administración: el silencio administrativo entendido como desestimación de la solicitud, encubre un “fraude de ley” es decir que en realidad la Administración bien por inoperancia, por animadversión contra el solicitante, o por falta de personal adecuado NO HA RESUELTO EL EXPEDIENTE y ello lo encubre con un simple silencio administrativo. De este modo el silencio administrativo ante una solicitud debe entenderse como autorización expresa, para obligar a las Administraciones a contestar siempre en plazo, incluyendo la obligatoriedad de motivar la contestación negativa lo que permitirá al solicitante repetir la solicitud o iniciar acciones judiciales contra la Administración.
El artículo 38.3 señala la obligatoriedad de obtener las licencias antes de iniciarse la obra. Esto es lógico, pero también lo es que haya una contestación por parte de la Administración: el silencio administrativo entendido como desestimación de la solicitud, encubre un “fraude de ley” es decir que en realidad la Administración bien por inoperancia, por animadversión contra el solicitante, o por falta de personal adecuado NO HA RESUELTO EL EXPEDIENTE y ello lo encubre con un simple silencio administrativo. De…
El silencio administrativo negativo en el ámbito de la administración de patrimonio cultural tienen un carácter preventivo, esto es, evitar daños irreparables. No puede llevarse a cabo una presunta actuación que ponga en peligro los valores de los bienes culturales.