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Timestamp: 2019-02-19 09:05:08
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Matched Legal Cases: ['artículo 237', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 35', 'artículo 86', 'artículo 90', 'artículo 97', 'artículo 86', 'artículo 2', 'artículo 86', 'artículo 129', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 363', 'artículo 364']

﻿ SENTENCIA S-750 DE ABRIL 21 DE 1998
SENTENCIA S-750 DE 21 DE ABRIL DE 1998
CONTENIDO:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA: NO PROCEDE POR HECHOS OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:TERRITORIO NACIONAL, PROCEDENCIA DE LA PERENCIÓN DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, TÉRMINO DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:320 DE AGOSTO DE 1998, PÁG.1112
Auto S-750 de abril 21 de 1998
NO PROCEDE POR HECHOS OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL
EXTRACTOS:«Procede la Sala de Decisión de lo Contencioso Administrativo a resolver sobre el recurso de súplica interpuesto por la parte actora contra el auto del 29 de julio de 1997(*) proferido por el consejero conductor del proceso doctor Juan de Dios Montes Hernández, dada la importancia jurídica del tema.
(*) Véase el extracto publicado en J. y D., Nº 310, pág 1429 (N. del D.).
A efectos de analizar el fondo del asunto, la Sala deberá en primer lugar definir quién corresponde conocer del recurso interpuesto, y en segundo término decidir sobre la confirmación o revocatoria del auto suplicado.
1) Surtido el trámite del recurso interpuesto, la Sala de Decisión de la Sección Tercera de esta corporación con ponencia del doctor Daniel Suárez Hernández, mediante providencia del 5 de marzo del año en curso dispuso enviar el expediente de la referencia a la secretaría general a fin de que el recurso ordinario de súplica sea tramitado por la Sala Plena Contenciosa Administrativa en consideración a que:
“... el asunto en el cual se interpuso el recurso, no tiene norma especial de competencia ni en la ley, ni en el reglamento, en virtud de la cual su conocimiento se le haya asignado a la Sección Tercera del Consejo de Estado, en consecuencia, es de la esfera de las competencias de la Sala Plena Contenciosa Administrativa.
Por reglamento se asignó el conocimiento de estos asuntos a la Sección Tercera del Consejo de Estado. Pero esta norma de competencia está circunscrita a las demandas originadas en hechos u omisiones de las autoridades públicas, cuando éstos se presentan dentro del territorio nacional.
En el sub exámine, si bien la acción intentada es la de reparación directa, como quiera que se pretende la reparación de un daño que se imputa a una entidad estatal, se presenta un elemento especial que lo es el que el hecho con el cual se causó el daño por el que se demanda indemnización, se produjo por fuera de las fronteras del territorio nacional”.
En cuanto al ejercicio de la acción de reparación directa ante esta jurisdicción, la Sala considera pertinente hacer las siguientes observaciones:
El título VlIl, “De la rama judicial”, capítulo 3 de la Constitución Política de Colombia, en su artículo 237 regula lo atinente a la jurisdicción contencioso administrativa y dentro de las atribuciones del Consejo de Estado, en su numeral 6, determina: “... Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley”.
— El Acuerdo 39 de 1990, mediante el cual se modifica el 1º de 1971, “Reglamento Interno del Consejo de Estado”, en su artículo 1º dispone:
“Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones así:
Sección Tercera ... 5º. Los procesos de reparación directa por hechos, omisiones u operaciones administrativas a que se refieren el artículo 86 del CCA y el inciso 3º del artículo 35 de la Ley 30 de 1988”.
— Ahora bien, el artículo 86 del CCA, dispone:
“Acción de reparación directa. (Modificación). La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa de la petición sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos”.
— La norma en mención prevé la responsabilidad extracontractual del Estado por los daños causados con la actividad de la administración, es decir, de sus agentes, se encuentren o no en el desempeño de sus funciones, traducidos en hechos, acciones, omisiones u operaciones administrativas. Actividad que se ejercita en representación del Estado por las entidades públicas y eventualmente por los particulares, dentro del territorio nacional.
— El fundamento constitucional de dicha responsabilidad extracontractual del Estado es el artículo 90 de la Carta Magna, que configura también la llamada acción de repetición, que como su nombre lo indica, permite a la administración condenada en un proceso de responsabilidad, repetir contra un funcionario suyo cuando éste, en razón de su conducta dolosa o gravemente culposa en el ejercicio de sus funciones, haya causado daño o perjuicio a un tercero.
— En la acción de reparación directa, por regla general el administrado es la parte demandante y la administración la demandada, a menos que una entidad pública demande a otra. Es claro que las entidades objeto de la acción de reparación directa son las constituidas legalmente en el territorio nacional, por ende la acción está referida a actividades de la administración dentro del mismo territorio, que provengan de agentes de la administración.
— El Código Contencioso Administrativo en su libro tercero, “organización y funciones de la jurisdicción en lo contencioso administrativo”, en su artículo 97 consagra:
(...) 2. Conocer de todos los procesos contencioso administrativos cuyo juzgamiento atribuya la ley al Consejo de Estado y que específicamente no se haya asignado a las secciones”
— Así las cosas, ni la ley ni el reglamento interno de esta corporación asignan el conocimiento de esta clase de asuntos a ninguna de las secciones y no puede atribuírsele a la Sección Primera por competencia residual, por cuanto ésta conoce de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho que no correspondan a otras secciones y en este caso se trata de una acción de reparación directa, por hechos ocurridos fuera del territorio nacional.
Por estas sucintas razones, del recurso ordinario de súplica debe conocer por competencia residual, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
2) Como anteriormente se expresó, para que se pueda impetrar la acción de reparación directa ante esta jurisdicción deben cumplirse los requisitos exigidos en el artículo 86 del CCA. Así, se predicará responsabilidad del Estado colombiano por hechos, omisiones u operaciones administrativas, ocasionadas por agentes de la administración dentro del territorio nacional; responsabilidad que se traduce en la obligación de indemnizar los perjuicios causados a los ciudadanos o a la sociedad cuando quiera que incumplen total o parcialmente, o cumplen defectuosamente con los deberes fundamentales que han sido consagrados en la Constitución y en las leyes.
Comparte la Sala Plena los argumentos del consejero conductor del proceso, doctor Juan de Dios Montes Hernández, en el auto objeto del recurso, cuando manifesta:
“El orden público constitucional colombiano definido en el artículo 2º de la Constitución de 1991, en su inciso segundo prescribe: “Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
Por ende la función pública de administrar justicia se ejerce sobre un territorio sujeto a su potestad, de manera que el ámbito territorial define el limite para el ejercicio de la función jurisdiccional. Solamente donde el Estado ejerce su poder o tiene validez su orden jurídico puede administrar justicia.
Así las cosas, la jurisdicción contencioso administrativa no puede conocer de una demanda por hechos que ocurrieron fuera de su campo de acción, que es el territorio colombiano.
Dados estos presupuestos, la Sala mantendrá el auto objeto de la súplica.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala de Decisión,
CONFIRMASE el auto del 29 de julio de 1997, proferido por el consejero conductor del proceso, doctor Juan de Dios Montes Hernández que rechazó por falta de jurisdicción la demanda incoada por la señora Virgilia Eugenia Silva Colmenares y otros contra la Nación Colombiana-Ministerio del Interior.»
(Auto de abril 21 de 1998. Expediente S-750 Consejero Ponente: Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora).
Los señores Virgilia Eugenia Silva Colmenares, y Dalia del Carmen Garrido Silva, Vilma Carolina Romero Silva, Virgilia Milagros Romero Silva, Jimmy Joel Guarenas Silva y Yelitza Emperatriz Castro Silva, en ejercicio de la acción de reparación de que trata el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo y mediante demanda dirigida contra la Nación, solicitaron se la declarara responsable de los daños causados por nacionales colombianos que en territorio venezolano dieron muerte a ocho infantes de marina de la República de Venezuela, y se la condenara al pago de perjuicios materiales y morales.
La demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, con razón, remitió el proceso al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, que es competente para conocer privativamente y en una sola instancia de todos los asuntos de carácter administrativo para los cuales no exista regla especial de competencia, según lo dispuesto en el artículo 129, numeral 16, del Código Contencioso Administrativo.
Y, ya en el Consejo de Estado, el asunto se repartió a la Sección Tercera de Sala de lo Contencioso Administrativo, a la cual corresponde conocer de los procesos de reparación directa, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Acuerdo 39 de 1990.
Se advierte que sólo corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo conocer de los procesos administrativos cuyo juzgamiento atribuya la ley al Consejo de Estado y no hayan sido asignados a una de las secciones, según lo establecido en el artículo 37, numeral 2, de la Ley 270 de 1996, evento que, por lo demás, hoy no tiene lugar, en ningún caso, siendo que, también por disposición del artículo 1º del Acuerdo 39 de 1990, a la Sección Primera se atribuyó el conocimiento de todos los asuntos administrativos de competencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo para los que no exista regla especial de competencia. En otros términos, a la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo corresponde conocer de los procesos administrativos para los cuales no exista regla especial de competencia.
El sustanciador del proceso, por auto de 29 de julio de 1997, decidió rechazar la demanda, auto contra el cual se interpuso el recurso de súplica y del cual correspondía conocer, como manda el artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, a los restantes magistrados de la Sala de que forma parte quien profirió el auto impugnado. Y por ello el asunto pasó al magistrado de esa sección que seguía en turno, según lo dispuesto en el artículo 364 del mismo código, quien, en lugar de elaborar proyecto sobre el cual se decidiera el recurso, por auto de 2 de octubre de 1997 dispuso se pasara el asunto a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo para que ésta se resolviera el recurso.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo por auto de 16 de diciembre de 1997 declaró la nulidad del auto anterior, dispuso regresara el asunto al magistrado que lo habla proferido y ordenó a la Sección Tercera resolviera el recurso.
La Sección Tercera, excluido el magistrado que profirió el auto impugnado, en lugar de decidir según lo ordenado dispuso nuevamente se pasara el asunto a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo para que resolviera el recurso de súplica, y ésta, impropiamente, por auto de 21 del mes que cursa, lo resolvió en el sentido de confirmar el de 29 de julio de 1997.
Entonces, según lo expuesto, la Sala no tenía competencia para conocer de un recurso de súplica interpuesto contra auto dictado por uno de los magistrados de la Sección Tercera, en asunto propio de su competencia, sino que debía ser resuelto, como manda la ley, por los restantes magistrados de esa Sección, tal como antes se había dispuesto.
El suscrito magistrado, mediante el presente escrito aclara el voto, ya que comparto la decisión, pero considero hacer las siguientes observaciones:
De acuerdo al Código Contencioso Administrativo artículos 128 y 129, la competencia para conocer de los diferentes asuntos está atribuida al Consejo de Estado. En cuanto a la materia, y por razones de la división del trabajo los diferentes negocios están asignados según el reglamento a las diferentes secciones, así que los negocios referentes a responsabilidad del Estado, acciones de reparación directa, son de competencia de la sección tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, por ello considero que este negocio era en principio de competencia de dicha sección.
Ahora bien, cuando el negocio fue presentado a estudio de la Sala Plena, en marzo pasado, para conocer de un recurso ordinario de súplica, la Sala Plena de la corporación decidió avocar conocimiento, y por ello en el momento actual esta Sala si puede con competencia tomar la decisión que se someta a su consideración. Esta es la razón por la cual deseo aclarar el voto, ya que en cuanto al aspecto referente a la falta de jurisdicción para conocer asuntos acaecidos por fuera del territorio nacional, estoy en un total y completo acuerdo con la decisión tomada.