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Timestamp: 2019-02-20 11:51:10
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Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 37', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 37']

jsolerabogado | Reflexiones de un abogado sobre legislación tecnológica
7 diciembre, 2018 Administración ElectrónicaJesús Soler
Ayer desayunamos con la publicación de la nueva LOPD en el BOE, aspecto que me sorprendió dado que en los mentideros del sector se apostaba por su divulgación durante las fechas navideñas. Es bueno que nos hayan quitado pasar por ese mal trago en unas fechas tan señaladas, pero por contra nos han estropeado el puente pre-navideño. En un repaso rápido, y dejando a otros post un análisis más pormenorizado de la legislación, pueden destacarse dos aspectos que se preveían desde el proyecto:
Primero, debe subrayarse el anclaje de la materia de protección de datos al artículo 18.4 de la Constitución tratando de zanjar un debate que los especialistas en derecho Constitucional deliberaban con tesón, buscando unos una Constitución abierta que permitiese generar desde el exterior nuevos derechos fundamentales o por el contrario, otros trataban de blindar el texto fundamental al impedir que desde fuera pudieran generarse nuevos derechos fundamentales. Queda claro que la nueva LOPD trata de cerrar el debate eligiendo la segunda opción, pero dejando en el aire un problema: el artículo 18.4 de la Constitución trata sobre la “limitación del uso de la informática” pero el RGPD y la nueva LOPD no sólo incorpora aspectos relativos a la tecnología, dado que su ámbito alcanza también a los tratamientos no automatizados, quedando una duda en el aire: ¿cómo es posible que el artículo 18.4 de la Constitución sea el fundamento de toda la legislación, de todo tratamiento y alcance a los tratamientos no automatizados? En mi opinión sigue siendo un cierre en falso a un problema subyacente que se mantiene.
Segundo, aunque se veía venir por su inclusión en todos los textos previos, se regula en exceso tratamientos concretos hasta el punto que situaciones anteriores que se regulaban mediante infra-normas o incluso mediante simples informes jurídicos de los Órganos de Control (dígase video vigilancia, uso de gps o sistemas de información en denuncias internas) se incluyen ahora en un texto con rango de ley. Las leyes se dictan para aplicarse desde su generalidad e imponerse ante situaciones que restringen derechos o generan obligaciones. Si antes se obtenía el mismo resultado mediante una infra-norma y ahora se eleva hasta el mayor rango normativo, ¿cuál de los dos instrumentos jurídicos es excesivo o por contra, insuficiente? ¿Se han formalizado en ley supuestos que no deberían materializarse?
Por último y añadiendo un tercer comentario no previsto en el título, queda como tarea global conseguir el mayor consenso general que determine cómo denominamos el acrónimo de la nueva Ley. La LORTAD, la LOPD o el actual RGPD consiguieron una aceptación generalizada, no requirieron de mayor explicación y su utilización ha sido común en los últimos años. Ciertamente, la evolución hasta el término LOPD se consiguió mediante una reducción desde unos primeros intentos (la LOPDCP, la LOPDP,….) cuya cantidad de consonantes hacía imposible una adecuada sonoridad. Como curiosidad, recuerdo que en el año 2.000 se la trataba de denominar fonéticamente como la “López” dada la imposibilidad de pronunciación. Dado que hay que hacer propuestas arriesgadas propongo que la nueva norma se denomine la LOP3D, recogiendo las tres D que la hacen novedosa.
8 febrero, 2017 Protección de DatosJesús Soler
Comentaba acertadamente mi compañero de Blog, Gontzal Gallo, cómo la redacción del nuevo Reglamento Europeo (R(EU)) en materia de protección de datos inducía a pensar que sólo los profesionales del Derecho podrían acceder al nuevo cargo denominado como DPO o DPD en su acrónimo castellano.
El fundamento del debate se centra en el texto del artículo 37.5. de dicho R (EU), en el que manifiesta que “el delegado de protección de datos será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones indicadas en el artículo 39.”. Es decir que, aunque ya está indicado en el propio texto expuesto,desgajando por requisitos, el DPD debería cumplir:
1.-Cualidades profesionales
2.- Conocimientos especializados del Derecho
3.-Práctica en materia de protección de datos
4.-Capacidad para desempeñar funciones del artículo 39.
Es evidente cómo el segundo de los requisitos es el referido a los “conocimientos especializados del Derecho“, destacando la redacción en mayúscula del término Derecho, además de requerir que dicho conocimiento sea especializado, no genérico, no superficial. Estos dos aspectos, en mi opinión, son trascendentes dado que Derecho con mayúsculas equivale al conocimiento de nuestra Ciencia Jurídica, escribiéndose, por el contrario, con minúscula (derecho del trabajo, derecho procesal, derecho de protección de datos,…) cuando se menciona uno de los ámbitos concretos del mismo. La conjunción del término Derecho y especializado sólo pudiera llevar a interpretar que las personas con un conocimiento especializado en Derecho, léase, licenciado o grado en Derecho pudiera disponer de las herramientas y del conocimiento jurídico suficiente y reconocido para poder interpretar especializadamente el Derecho, dado que genéricamente el Derecho puede ser conocido e interpretado por muchas profesiones e individuos: todos opinamos sobre la liga de fútbol, pero sólo unos pocos juegan en la liga de fútbol…
Como en ocasiones anteriores, anticipo muy a mi pesar, que los juristas tenemos la batalla perdida, sobre todo desde que el Grupo del Art. 29 ha publicado sus Directrices, realizando una traducción del artículo 37.5 comentado bastante diferente al publicado en BOE, y más cercana a la versión inglesa del R(EU) “expert knowledge of data protection law“. Estas Directrices indican que el DPO requiere “conocimiento experto de la legislación“, complementándose con el comentario incluido en dicha Directriz en el que manifiesta que”los DPD deben tener conocimiento de las leyes y prácticas de protección de datos tanto nacionales como europeas y una comprensión profunda de la NGPD”. Evidentemente, su especialización se circunscribe únicamente a protección de datos, no al Derecho.
Es un debate abierto, incipiente, con matices, que requiere consenso pero en cualquier caso y se adopte cualquiera de las interpretaciones sobre el “conocimiento jurídico”, ¿quién se arrogará la posición de acreditar ese conocimiento del Derecho o del derecho en protección de datos? ¿Una entidad de Certificación? ¿Los Órganos de Control?¿Una asociación? ¿No es suficiente el título de licenciado o grado en Derecho? Quien puede lo más debería poder lo menos…
Curiosamente, parece que como siempre el sector jurídico -dígase Colegios y Universidades- más preocupados en otras pendencias de mayor calado, dejará pasar la oportunidad de hacer valer nuestros derechos reconocidos por el Derecho, no sea que hiramos otras sensibilidades al poder pensarse que sabemos interpretar el Derecho.