Source: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0978-D-2016
Timestamp: 2019-02-21 15:45:26
Document Index: 201422660

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 6', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'artículo 29', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 1', 'Artículo 3']

Expediente 0978-D-2016
Artículo 1º.- El Estado Nacional debe garantizar el acceso gratuito de todas las personas nacidas en el territorio Nacional a toda la información relacionada con la búsqueda de la identidad de origen y biológica, que consten en los diversos registros de organismos públicos y privados, además de brindar los medios y los recursos necesarios a quienes presumiblemente se le haya suprimido o alterado su verdadera identidad de origen y biológica, y que a los fines de constatar su identidad de origen y biológica necesiten la realización de exámenes de ácido desoxirribonucleico (ADN) o cualquier otro tipo de investigación.
Artículo 2º.- Ningún funcionario podrá denegar, demorar o retrasar injustificadamente la información que hubiera en los registros y que fuera solicitada por un habitante de la Nación, respecto de su identidad de origen y biológica, la de sus presuntos hijos/as, hermanos/as, nietos/as, padres, madres y/o abuelos/as, la que debe poner a su disposición en un plazo de sesenta (60) días. Del mismo modo, las autoridades de las instituciones públicas y privadas que cuenten con algún tipo de información al respecto deben facilitarla al solicitante, no pudiendo ser la misma gravada con ninguna tasa, derecho o cargo.
Artículo 3º.- En todos los casos, las instituciones públicas y privadas deben exigir de manera fehaciente la identificación de la persona que solicite la información, quien debe realizar una declaración jurada por escrito en la que haga constar los motivos de su pedido cuando los mismos se presenten en forma particular; la que será archivada en la institución con carácter de confidencial. Asimismo, se le debe notificar por escrito a toda persona a quien se le permita acceder a los registros de las instituciones de su obligación de resguardar la información que se le brinde, haciéndole saber que la misma no podrá ser difundida ni utilizada para ningún otro fin, y debiendo asumir el solicitante las eventuales responsabilidades legales que el uso indebido que dicha información pudiera ocasionar.
Artículo 4º.- Los hospitales nacionales y provinciales públicos o privados que adhieran a esta ley deben preservar los registros de los partos, nacimientos, neonatología, historias clínicas de parturientas, defunciones y libros de entrada y salida de los hospitales y clínicas que se hubieran producido en dicho establecimiento poniéndolos siempre a disposición del nacido o de sus presuntos hijos/as, hermanos/as, nietos/as, padres, madres y/o abuelos/as, que lo requirieran, con los recaudos previstos por el artículo 3° de la presente Ley. Dichos registros deben ser preservados de acuerdo a las técnicas de conservación y seguridad vigentes y/o digitalizados al menos por el término de veintiún (21) años en el nosocomio y luego deberán ser remitidos para su archivo definitivo al Ministerio de Salud de la Nación para su adecuada conservación, manteniendo una copia digitalizada en el nosocomio de origen.
Artículo 5º.- En el supuesto que a partir de esta Ley la documentación buscada no se encuentre en los registros en uso o archivos regulares de las instituciones mencionadas en el Artículo 4, el funcionario a cargo del establecimiento requerido debe consignar por escrito lo siguiente:
Artículo 6º.- La Autoridad de Aplicación deberá realizar un relevamiento y sistematización de los datos, archivos, bases de datos y registros existentes hasta el momento de la reglamentación de esta Ley. La finalidad de este relevamiento es generar una base de datos única y garantizar su estricta custodia. Este relevamiento deberá ser realizado por un equipo especializado y en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos a partir de la reglamentación de esta Ley.
Artículo 7°.- Toda persona que contravenga la presente Ley haciendo lo que ella prohíbe, omitiendo lo que ordena o impidiendo a otro el cumplimiento de sus preceptos será reprimida con una multa del diez (10) a veinticinco (25) por ciento del sueldo que perciba básico de la categoría inicial del Agrupamiento Administrativo, con régimen de treinta (30) horas semanales de labor, según decreto 1428/73 sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que les pudiera corresponder.
Artículo 8°.- Cuando el que incurra en un error por acción u omisión, fuera un funcionario público se le aplicará el régimen disciplinario que rige para los empleados públicos, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y/o penal que les pudiera corresponder.
Artículo 9º.- En los casos en que existiera presunción de supresión y/o alteración de identidad de una persona, los profesionales médicos, el personal de enfermería, las obstétricas y asistentes sociales serán dispensados de guardar secreto profesional, a los fines de poder declarar ante la autoridad judicial competente.
Artículo 10º.- Créase el Instituto Nacional para la Búsqueda de la Identidad de Origen Y Biológica de las Personas, en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, como un órgano desconcentrado con autonomía funcional y autarquía financiera, con el objeto de promocionar las acciones tendientes a la averiguación de la propia identidad de origen y biológica de las personas, sus familiares ascendentes, descendentes o colaterales a quienes presumiblemente se les haya suprimido o alterado su verdadera identidad de origen y biológica o desconozca el origen de la propia identidad biológica.
Artículo 11º.- Créase en el ámbito de este Instituto el Banco Nacional de Datos Genéticos para la Identidad de Origen y Biológica de las Personas, con el objetivo de registrar y almacenar información asociada a una huella genética digitalizada a efectos de la aplicación de la presente Ley. Hasta tanto o si se entiende que el actual Banco de Datos Genéticos es suficiente para el aprovechamiento de recursos técnicos o humanos podrá consolidarse en una sola institución.
Artículo 12º.- Constitúyase en el ámbito de este Instituto el Observatorio para la Identidad de Origen y Biológica de las Personas, que se integrará por las asociaciones civiles, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y particulares afectados por la temática. La conformación del Observatorio realizarse por porcentajes entre las organizaciones y los particulares y su organización debe ser de carácter horizontal. El tiempo de duración de mandato de sus integrantes es de 4 años debiendo renovarse por mitades conforme se reglamentará.
Artículo 13º.- Son funciones del observatorio:
Artículo 14º.- El Instituto estará integrado por un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, designados por Decreto del PEN, y un Consejo Asesor de cinco (5) miembros, también designados por Decreto del PEN conformado por personas con experiencia específica y comprobable en la temática de la presente Ley, en materia de Derechos Humanos y de búsqueda de personas, provenientes de las áreas y/o instituciones que se enumeran a continuación:
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación,
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
Artículo 15º.- Cada uno de los mencionados organismos propone su candidato a efectos de la elección de los integrantes del Consejo Asesor mencionado en el artículo anterior de la presente Ley.
Artículo 16º.- El Instituto tendrá su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 17º.- El Instituto tiene las siguientes funciones:
Artículo 18º.- El Poder Ejecutivo debe designar a los integrantes del Consejo Asesor, teniendo en cuenta la trayectoria e idoneidad de los postulantes.
Asimismo debe con una antelación de sesenta (60) días enviar al Observatorio los antecedentes de las personas propuestas.
Artículo 19º.- El Consejo Asesor sesionará con la presencia de al menos cuatro (4) de sus integrantes, decidirá por mayoría simple de sus miembros presentes, designará a sus propias autoridades dentro de su seno y dictará su propio reglamento interno con la presencia de al menos tres (3) integrantes del observatorio.
Artículo 20º.- El Presidente y Vicepresidente serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional, en forma simultánea. En caso de vacancia de alguno de los dos cargos, se iniciará proceso de selección a los fines de completar el mandato respectivo.
a) Se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos dos (2) diarios de circulación nacional, durante tres (3) días, el nombre y apellido y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de los cargos. Simultáneamente se difundirá en la página oficial de la red informática de los respectivos Ministerios.
b) Las personas incluidas en la publicación a que se refiere el inciso anterior deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal y los de sus hijos menores, en los términos y condiciones que establece el Artículo 6º de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública Nº 25.188 y su reglamentación. Deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho (8) años, la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos ocho (8) años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes, los estudios de abogados o contables a los que pertenecieron o pertenecen, según corresponda, y en general, cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses.
Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración.
d) Se requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal, informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las eventuales propuestas.
Artículo 21º.- El Presidente, Vicepresidente e integrantes del Consejo Asesor, tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, encontrándose alcanzados por las incompatibilidades y obligaciones fijadas por ley para los funcionarios públicos.
Artículo 22º.- El Presidente, Vicepresidente e integrantes del Consejo Asesor durarán cuatro (4) años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos una (1) vez, percibiendo los dos primeros una remuneración equivalente a la de Secretario. Los integrantes del Consejo Asesor percibirán una remuneración equivalente a la de Subsecretario. El Presidente, en caso de impedimento o ausencia transitorios, será reemplazado por el Vicepresidente.
Artículo 23º.- Toda persona que presuma que su identidad de origen y biológica o la de un familiar ascendente, descendente o colateral ha sido hecha incierta, alterada o suprimida, puede formular en cualquier tiempo, la pertinente presentación ante el Instituto Nacional para la Búsqueda de la Identidad de Origen y Biológica de las Personas, a fin de garantizar el goce de su derecho a la identidad de origen y biológica.
Artículo 24º.- Las actuaciones del Instituto están exentas de toda tasa, derecho o sellado.
Artículo 25º.- Las actuaciones del Instituto se realizarán sin la necesidad de patrocinio letrado.
Artículo 26º.- En las actuaciones del Instituto no será procedente la caducidad de la instancia.
Artículo 27º.- Las actuaciones serán reservadas. Sólo tendrán acceso a ellas el peticionante, los autorizados y los peritos.
Artículo 28º.- Toda persona física o jurídica, pública o privada, está obligada a cumplir con los requerimientos del Instituto Nacional para la Identidad de Origen y Biológica de las Personas, sin que en ningún caso sea oponible normativa de ninguna especie que establezca el secreto de lo requerido. En caso de desobediencia, el Instituto debe requerir al Juez competente las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la documentación.
Artículo 29º.- La presentación se formulará por escrito, debiendo contener:
Artículo 30º.- Presentada la petición, el Instituto examinará si ésta reúne los requisitos del artículo 29º, solicitando al requirente que subsane las omisiones de que adolezca y posteriormente se ordenará la producción de la prueba ofrecida que resulte pertinente.
Artículo 31º.- El procedimiento será impulsado de oficio, pudiendo producirse toda medida de prueba pertinente y útil, aun cuando ésta no hubiera sido ofrecida por el requirente.
Artículo 32º.- Producida la totalidad de la prueba ofrecida y de la ordenada se comunicará al peticionante su resultado. El resultado no será oponible a terceros, debiendo a tal fin promoverse las acciones pertinentes.
Artículo 33º.- Es de aplicación supletoria la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias, el Código Civil y Comercial de la Nación, y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Artículo 34º.- Se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la presente Ley.
Artículo 35º.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente Ley dentro de los sesenta (60) días de sancionada.
Artículo 36º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-
El presente proyecto es una representación del Expediente 3466-D-2014, de mi autoría.
Asimismo, hemos tomado como antecedentes los proyectos de ley de autoría de los Diputados Adrián Pérez (Expte. Nº 7115- D-2006), Juan Carlos Tinnirello (Expte. Nº 1222-D-2007), la Diputada Elisa Carrió (Expte. Nº 1449-D-2011), la Diputada Maricel Etchecoin Moro (Expte. Nº 2671-D-2010/11) y los Senadores Eugenio Artaza y Ernesto Sanz (Expte. Nº 3339-D-2012) con modificaciones que a la fecha se han hecho necesarias incorporar, las que han sido propuestas y consensuadas a partir del trabajo realizado por las diferentes organizaciones, entre ellas ¿Quiénes somos?, Raíz Natal, Búsquedas Verdades Infinitas, Fundación Nueva Identidad y personas autoconvocadas afectadas en esta temática.
La iniciativa tiene como propósito facilitar la tarea de aquellas personas que emprenden la búsqueda de su identidad de origen o biológica o la de algún pariente cercano, como consecuencia de desconocerla o de haberle sido sustraída.
En Argentina, la plena conciencia sobre el derecho a la identidad biológica se produce como consecuencia de la desaparición forzada de personas y, en particular, por la apropiación ilegítima de niños llevada a cabo durante la década del ´70. De esta forma, una práctica que estaba naturalizada en la sociedad se cristalizó por parte del Estado y luego se convirtió en el eje de la lucha de un conjunto de actores sociales que lo impulsaron como uno de los principales Derechos Humanos vulnerados por la dictadura.
La trata de personas ocupa el tercer lugar como actividad lucrativa ilegal en el mundo, después del tráfico de drogas y el de armas, involucrando anualmente 32.000 millones de dólares (datos obtenidos por UNICEF y la OIT).
El objeto del Banco Nacional de Datos Genéticos, creado mediante la ley 23.511, en su Artículo 1º hace referencia a la incumbencia del mismo, entre las que se encuentra la de determinar o esclarecer la filiación no solo de los casos de lesa humanidad. Esto ha cambiado a partir de la sanción de la ley 26.548, por lo que el Banco de Datos Genéticos ha sido afectado solamente a garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado Nacional hasta el 10 de diciembre de 1983 y que permita la identificación de los hijos de desaparecidos durante la dictadura militar, y auxiliar a la justicia a los fines de identificación de los restos de personas víctimas de desaparición forzada. Por lo antedicho, queda un vacío legal para el resto de los casos, como puede corroborarse en el texto publicado en la página del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva donde se expresa: "(...) A partir de la promulgación de la ley 26548, y para cumplir con sus disposiciones, el BNDG dejó de hacer análisis genéticos a personas que no eran sospechadas de ser víctimas de crímenes de lesa humanidad, como pruebas de paternidad y otras de índole civil o criminal. La realización de pruebas de identificación genética de índole criminal están en la órbita de la justicia, que las asigna a laboratorios de genética forense con los cuales tiene convenios. (...)"
El Artículo 3º establece la obligación de los hospitales, sanatorios y clínicas de jurisdicción nacional y del propio Ministerio de Salud de preservar los registros de los nacimientos y de los partos, fijándose un plazo mínimo por el que deberán ser conservados en el nosocomio o en el que destine el Ministerio a tal fin. Esto, para que el derecho de acceso a dicha información no se torne ilusorio por el mero transcurso del tiempo.
Por todo lo expuesto es que pedimos el apoyo de nuestros pares en la aprobación de este proyecto de Ley.-