Source: https://wasesores.com/ley-de-medidas-de-impulso-de-la-sociedad-de-la-informacion-texto-consolidado/
Timestamp: 2018-07-21 13:07:51
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 20', 'artículo 12', 'artículo 20', 'artículo 24', 'artículo 27', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 53', 'artículo 54', 'Artículo 8', 'artículo 131', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 12']

Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. Texto consolidado.
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La Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, dispone ya de texto consolidado. Una ley que regula el uso de las TIC, y establece una serie de pautas y lineas que el Estado Español quiere implantar en vistas a dotar de mayor modernidad el mercado de las telecomunicaciones, y con ello, impulsar también un mayor crecimiento de la sociedad de la información.
CAPÍTULO I Medidas de impulso de la sociedad de la información.-
1. La facturación electrónica en el marco de la contratación con el sector público estatal será obligatoria en los términos que se establezcan en la Ley de contratos del sector público y en su normativa de desarrollo.
A estos efectos, se entenderá que la factura electrónica es un documento electrónico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las facturas y que, además, garantizan la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que impide el repudio de la factura por su emisor.
2. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio impulsará el empleo de la factura electrónica entre los diversos agentes del mercado, en particular, entre las pequeñas y medianas empresas y en las denominadas microempresas, con el fin de fomentar el desarrollo del comercio electrónico.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Ministerio de Economía y Hacienda establecerán, en un plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta Ley y previa consulta a las asociaciones relevantes representativas de las entidades proveedoras de soluciones técnicas de facturación electrónica y a las asociaciones relevantes de usuarios de las mismas, un plan para la generalización del uso de la factura electrónica en España.
El citado Plan contendrá, entre otros, esquemas específicos de ayudas económicas para la implantación de la factura electrónica y promoverá la interoperabilidad de las distintas soluciones de facturación electrónica.
3. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Ministerio de Economía y Hacienda establecerán y determinarán, mediante Orden del Ministerio de la Presidencia, en un plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta Ley, los formatos estructurados estándar de facturas electrónicas que garanticen la interoperabilidad tanto en el sector público como en el sector privado y permitan facilitar y potenciar el tratamiento automatizado de las mismas.
4. Además, se promoverá la incorporación de la factura electrónica en las diferentes actuaciones de las Administraciones públicas distintas de la contratación pública, en particular, en materia de justificación de ayudas y subvenciones.
5. Adicionalmente al impulso en la extensión de la facturación electrónica, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio promoverá la extensión y uso generalizados de medios electrónicos en otras fases de los procesos de contratación.
1. Las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica deberán facilitar a sus usuarios un medio de interlocución telemática que, mediante el uso de certificados de firma electrónica y, en particular, del documento nacional de identidad electrónico, les permita la realización de, al menos, los siguientes trámites:
Contratación electrónica de servicios, suministros y bienes, la modificación y resolución de los contratos, así como cualquier acto o negocio jurídico entre las partes.
Consulta de sus datos de cliente, que incluirán información sobre su historial de facturación y el contrato suscrito, incluidas las condiciones generales si las hubiere.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán la consideración de empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica, las que agrupen a más de cien trabajadores o su volumen de operaciones, calculado conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, exceda de 6.010.121,04 euros y que, en ambos casos, operen en los siguientes sectores económicos:
a) Servicios de comunicaciones electrónicas a usuarios finales, en los términos definidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
Planes de pensiones: los definidos en el artículo 1 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real DecretoLegislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
h) Actividades de grandes establecimientos de comercio al por menor, en los términos fijados en el apartado 3 del artículo 2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista y en su normativa de desarrollo, a las que será de aplicación únicamente el apartado c) del apartado primero del presente artículo.
3. Excepcionalmente, el Gobierno podrá ampliar el ámbito de aplicación del apartado primero del presente artículo a otras empresas diferentes de las previstas en la Ley, en aquellos casos en los que, por la naturaleza del servicio que presten, se considere que en el desarrollo de su actividad normal deban tener una interlocución telemática con sus clientes o usuarios.
Artículo 3. Oferta pública de contratación entre empresas.
1. Se entiende por oferta pública de contratación electrónica entre empresas, aquel proceso enteramente electrónico abierto y limitado en el tiempo, por el que una empresa ofrece la posibilidad de comprar o vender un determinado tipo de productos a otras empresas de manera que la contratación final se adjudique a la propuesta más ventajosa.
2. La oferta pública de contratación electrónica podrá basarse en:
los precios, cuando el contrato se adjudique al precio más bajo;
o bien en los precios y valores de los elementos de las ofertas indicadas en las condiciones de la empresa adjudicadora, cuando el contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa.
3. La empresa adjudicadora que decida recurrir a una oferta pública de contratación electrónica hará mención de ello en el anuncio de licitación que se publicará en la página corporativa de la empresa de forma accesible y visible para el conjunto de las empresas o para algunas previamente seleccionadas.
En el anuncio de licitación se invitará a presentar ofertas en un plazo razonable a partir de la fecha de publicación del anuncio. Las condiciones de la empresa adjudicadora incluirán, entre otras, la siguiente información:
a) los elementos a cuyos valores se refiere la oferta de pública de contratación electrónica, siempre que sean cuantificables y puedan ser expresados en cifras o porcentajes;
b) en su caso, los límites de los valores que podrán presentarse, tal como resultan de las especificaciones del objeto del contrato,
c) la información que se pondrá a disposición de los licitadores durante la oferta pública de contratación electrónica y el momento en que, en su caso, dispondrán de dicha información;
d) la información pertinente sobre el desarrollo de la oferta pública de contratación electrónica;
e) las condiciones en las que los licitadores podrán pujar, y en particular las diferencias mínimas que se exigirán, en su caso para pujar;
4. A lo largo del proceso de la oferta pública de contratación electrónica, la empresa adjudicadora comunicará a todos los licitadores de forma continúa e instantánea como mínimo la información que les permita conocer en todo momento su respectiva clasificación. Podrán comunicar también otros datos relativos a otros precios o valores presentados, siempre que ello esté contemplado en las condiciones. Deberán asimismo anunciar en todo momento el número y la identidad de los participantes a lo largo de la celebración de la oferta pública de contratación.
5. La empresa adjudicadora cerrará la oferta pública de contratación electrónica de conformidad con la fecha y hora fijadas previamente en el anuncio de licitación de la oferta pública de contratación.
6. Una vez concluido el proceso, la empresa deberá informar a los participantes de la decisión adoptada, indicando quién resulta ser el adjudicatario y el importe o condiciones de la adjudicación.
CAPÍTULO II. Modificaciones legislativas para el impulso de la sociedad de la información
Artículo 8. Procedimiento de cooperación intracomunitaria en la adopción de restricciones a la prestación de servicios provenientes de prestadores establecidos en un Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo distinto a España.
1. La adopción de restricciones a la prestación de servicios de la sociedad de la información provenientes de prestadores establecidos en un Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo distinto a España deberá seguir el procedimiento de cooperación intracomunitario descrito en el siguiente apartado de este artículo, sin perjuicio de lo establecido en materia de procesos judiciales.
2. Cuando un órgano competente acuerde, en ejercicio de las competencias que tenga legalmente atribuidas, y de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE, establecer restricciones que afecten a un servicio de la sociedad de la información que proceda de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo distinto de España, dicho órgano deberá seguir el siguiente procedimiento:
3. Los órganos competentes podrán requerir la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación establecidos en España en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 11 de esta ley si lo estiman necesario para garantizar la eficacia de las medidas de restricción que adopten al amparo del apartado anterior.
Cuatro. Se da nueva redacción al párrafo b) del apartado 1 del artículo 10, con el texto siguiente:
En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo. En particular, la autorización del secuestro de páginas de Internet o de su restricción cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución solo podrá ser decidida por los órganos jurisdiccionales competentes.
4. Las medidas a que hace referencia este artículo serán objetivas, proporcionadas y no discriminatorias, y se adoptarán de forma cautelar o en ejecución de las resoluciones que se dicten, conforme a los procedimientos administrativos legalmente establecidos o a los previstos en la legislación procesal que corresponda.”
Seis. Se incluye un nuevo artículo 12bis, con la siguiente redacción:
1. Los proveedores de servicios de intermediación que realicen actividades consistentes en la prestación de servicios de acceso a Internet, estarán obligados a informar a sus clientes de forma permanente, fácil, directa y gratuita, sobre medios de carácter técnico que aumenten los niveles de la seguridad de la información y permitan, entre otros, la protección frente a virus informáticos y programas espía, y la restricción de los correos electrónicos no solicitados.
Igualmente, los citados proveedores informarán sobre las herramientas existentes para el filtrado y restricción del acceso a determinados contenidos y servicios en Internet no deseados o que puedan resultar nocivos para la juventud y la infancia.
Los citados proveedores facilitarán información a sus clientes acerca de las posibles responsabilidades en que puedan incurrir por el uso de Internet con fines ilícitos, en particular, para la comisión de ilícitos penales y por la vulneración de la legislación en materia de propiedad intelectual e industrial.
2. La obligación de facilitar la información referida en el apartado anterior se dará por cumplida si el proveedor la incluye en su página o sitio de Internet en la forma establecida en el mencionado apartado.
Ocho. Se da nueva redacción al artículo 20, con el texto siguiente:
En el caso en el que tengan lugar a través de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente incluirán al comienzo del mensaje la palabra “publicidad” o la abreviatura “publi”.
Nueve. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 24, con el texto siguiente:
Diez. Se da nueva redacción a la rúbrica y a los apartados 1 y 2 del artículo 27, con el texto siguiente:
1. Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información que se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información que realice actividades de contratación electrónica tendrá la obligación de poner a disposición del destinatario, mediante técnicas adecuadas al medio de comunicación utilizado, de forma permanente, fácil y gratuita, información clara, comprensible e inequívoca sobre los siguientes extremos:
a) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato, con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación.
b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible, antes de completar la contratación.
c) Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos, antes de completar la contratación, y
d) La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato, con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación.
Once. Se suprime la letra a) del apartado 2 del artículo 38 que queda sin contenido.
Doce. Se da nueva redacción a la letra a) del apartado 4 del artículo 38, con el texto siguiente:
a) El incumplimiento de lo previsto en el artículo 12 bis y en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo.
Trece. Se da nueva redacción al párrafo segundo del apartado uno de la disposición adicional quinta, con el texto siguiente:
A partir del 31 de diciembre de 2008, las páginas de Internet de las Administraciones Públicas satisfarán, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, siempre que ello sea técnicamente viable y económicamente razonable y proporcionado.
Catorce. Se añaden dos nuevos párrafos, que pasarán a ser respectivamente el tercero y el cuarto, al apartado uno de la disposición adicional quinta, con el texto siguiente:
Las páginas de Internet de las Administraciones Públicas deberán ofrecer al usuario información sobre su nivel de accesibilidad y facilitar un sistema de contacto para que puedan transmitir las dificultades de acceso al contenido de las páginas de Internet o formular cualquier consulta o sugerencia de mejora.
Quince. Se añaden tres nuevos apartados, que pasarán a ser los apartados tres, cuatro y cinco, a la disposición adicional quinta, con el texto siguiente:
“5. Se considera documento electrónico la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para que un documento electrónico tenga la naturaleza de documento público o de documento administrativo deberá cumplirse, respectivamente, con lo dispuesto en las letras a) o b) del apartado siguiente y, en su caso, en la normativa específica aplicable.”
Efectuadas las citadas comprobaciones por quien ha presentado el documento electrónico firmado con firma electrónica reconocida con resultado positivo, se presumirá la autenticidad de dicho documento electrónico.
i) El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley …/…, de… de… de 2007, de Impulso de la Sociedad de la Información.
Uno. Se introduce una nueva redacción en el apartado l) del artículo 53 que queda redactado de la siguiente forma:
l) El incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de servicio público y la grave o reiterada vulneración de los derechos de los consumidores y usuarios finales según lo establecido en el Título III de la Ley y su normativa de desarrollo.
Dos. El apartado o) del artículo 54 queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 8. Modificación de la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
Se añaden siete nuevos apartados, que pasarán a ser los apartados 14 a 21, a la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de telecomunicaciones, con el texto siguiente:
14. Requerimientos de información.
El Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información podrá requerir de los fabricantes de productos y proveedores de servicios referentes a las Tecnologías de la Información, a la Sociedad de la Información, a los contenidos digitales y al entretenimiento digital la información necesaria para el ejercicio de sus funciones.
Para ello, la Entidad Pública Empresarial Red.es, entidad de la que depende el Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, dictará circulares que deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado, en las cuales se expondrá de forma detallada y concreta el contenido de la información que se vaya a solicitar, especificando de manera justificada la función para cuyo desarrollo es precisa tal información y el uso que pretende hacerse de la misma. El Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información podrá realizar las inspecciones que considere necesarias con el fin de confirmar la veracidad de la información que en cumplimiento de las citadas circulares le sea aportada.
Los datos e informaciones obtenidos por Red.es en el desempeño de sus funciones, que tengan carácter confidencial por tratarse de materias protegidas por el secreto comercial, industrial o estadístico, sólo podrán ser cedidos a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias. El personal de Red.es que tenga conocimiento de estos datos estará obligado a guardar sigilo respecto de los mismos.
Las entidades que deben suministrar esos datos e informaciones podrán indicar, de forma justificada, qué parte de los mismos consideran de trascendencia comercial o industrial, cuya difusión podría perjudicarles, a los efectos de que sea declarada su confidencialidad respecto de cualesquiera personas o entidades que no sean el propio Observatorio de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, la Administración General del Estado o las Comunidades Autónomas, previa la oportuna justificación. El Observatorio de las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información decidirá, de forma motivada, sobre la información que, según la legislación vigente, esté exceptuada del secreto comercial o industrial y sobre la amparada por la confidencialidad.
15. Infracciones.
Uno. Son infracciones de la obligación de cumplir los requerimientos de información establecida en el apartado anterior las conductas que se tipifican en los apartados siguientes.
Dos. Las infracciones establecidas en la presente disposición adicional se entenderán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que puedan incurrir los titulares de las entidades que desarrollan las actividades a que se refieren.
Tres. Las infracciones administrativas tipificadas en los apartados siguientes se clasifican en muy graves, graves y leves.
16. Infracciones muy graves.
a) La negativa reiterada a facilitar al Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la información que se reclame de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.
b) Facilitar intencionadamente al Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información datos falsos.
17. Infracciones graves.
La negativa expresa a facilitar al Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, la información que se reclame de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.
18. Infracciones leves
No facilitar al Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información los datos requeridos, facilitar datos erróneos o retrasar injustificadamente su aportación cuando resulte exigible.
Uno. Por la comisión de las infracciones señaladas en los apartados anteriores, se impondrán las siguientes sanciones:
a. Por la comisión de infracciones muy graves tipificadas en el apartado 16, multa desde
100.001 euros hasta 200.000 euros.
b. Por la comisión de infracciones graves tipificadas en el apartado 17, multa desde 30.001 euros hasta 100.000 euros.
c. Por la comisión de infracciones leves tipificadas en el apartado 18, multa de hasta 30.000 euros.
Dos. En todo caso, la cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites indicados, se
graduará teniendo en cuenta, además de lo previsto en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo siguiente:
Tres. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves podrán ser publicadas en el “Boletín Oficial del Estado” una vez que la resolución sancionadora tenga carácter firme.
20. Competencias para imponer sanciones.
El ejercicio de la potestad sancionadora y el correspondiente procedimiento de aplicación se regularán reglamentariamente.
21. Las estadísticas públicas que elabore el Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información relativas a personas físicas ofrecerán sus datos desagregados por sexo, considerando, si ello resultase conveniente, otras variables relacionadas con el sexo para facilitar la evaluación del impacto de género y la mejora en la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
[Bloque 32: #dtunica]
1. Los artículos 1, 2 y 6 y la Disposición adicional primera de esta Ley tienen el carácter de legislación básica y se dictan al amparo de lo dispuesto en los apartados 1º, 13º y 18º del artículo 149.1 de la Constitución.
2. Los artículos 3, 4 y 5 de esta Ley se dictan al amparo de lo dispuesto en los apartados 6º, 8º y 21º del artículo 149.1 de la Constitución.
3. Los artículos 7 y 8 y las Disposiciones adicionales segunda y tercera de esta Ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.21º de la Constitución.
No obstante, las obligaciones contenidas en el nuevo artículo 12 bis de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico entrarán en vigor a los tres meses de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado, y los artículos 2 y 6 de esta ley entrarán en vigor a los seis meses de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado.
Por el 3 marzo, 2012 / Contabilidad, Economía, Facturacion, Leyes, Online / Escribir un comentario
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