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Timestamp: 2019-06-25 15:43:44
Document Index: 358951040

Matched Legal Cases: ['Artículo 1240', 'artículo 181', 'artículo 181', 'artículo 689', 'artículo 1240', 'artículo 1240', 'artículo 689', 'artículo 689', 'artículo 689', 'artículo 689', 'artículo 186', 'artículo 181', 'artículo 182', 'artículo 689', 'artículo 1240', 'artículo 1148', 'artículo 397', 'Artículo 689', 'Artículo 182', 'artículo 689', 'artículo 689', 'artículo 689', 'artículo 688', 'artículo 689', 'artículo 689', 'artículo 171', 'artículo 396', 'artículo 60']

No puede exigirse el cumplimiento inmediato de una obligación a la que no se ha fijado plazo si depende de las circunstancias propias de su ejecución - Actualidad Civil
No puede exigirse el cumplimiento inmediato de una obligación a la que no se ha fijado plazo si depende de las circunstancias propias de su ejecución
Cas. N.º 158-2014 Lima Norte
Emitida el 4 de mayo del 2016
(Publicada en El Peruano, 03-07-17)
Artículo 1240 del Código Civil
Una obligación exigible es aquella respecto de la cual no hay plazo o condición que suspenda su cumplimiento, o habiéndolo: i) el plazo ha vencido, ya sea por el transcurso del tiempo establecido por las partes o por la ley, porque el deudor ha renunciado anticipadamente al mismo o ha caducado su plazo por las causales señaladas en el artículo 181 del Código Civil, incluso porque las partes han conferido expresamente al acreedor la facultad de anticipar el vencimiento del crédito (en doctrina se denominan cláusulas de aceleración) o porque el juez ha fijado judicialmente la duración del plazo; o ii) la condición suspensiva que afecta al cumplimiento de la obligación acaezca o no acaezca, según se trate de una condición positiva o negativa.
CAS. N.º 158-2014
Exigibilidad de la Obligación. Una obligación exigible es aquella respecto de la cual no hay plazo o condición que suspenda su cumplimiento, o habiéndolo: i) el plazo ha vencido, ya sea por el transcurso del tiempo establecido por las partes o por la ley, porque el deudor ha renunciado anticipadamente al mismo o ha caducado su plazo por las causales señaladas en el artículo 181 del Código Civil, incluso porque las partes han conferido expresamente al acreedor la facultad de anticipar el vencimiento del crédito (en doctrina se denominan cláusulas de aceleración) o porque el juez ha fijado judicialmente la duración del plazo; o ii) la condición suspensiva que afecta al cumplimiento de la obligación acaezca o no acaezca, según se trate de una condición positiva o negativa.
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número ciento cincuenta y ocho - dos mil catorce; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente resolución; asimismo, habiéndose dejado oportunamente en Relatoría de esta Sala Suprema los votos emitidos por los Señores Jueces Supremos VALCÁRCEL SALDAÑA y CUNYA CELI obrante de folios setenta y tres a ochenta y dos del cuadernillo de casación; de conformidad con los artículos 142, 148 y 149 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se deja constancia de los mismos para los fines pertinentes de acuerdo a ley.
MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN.
Se trata del recurso de casación interpuesto por Norma Eleonora Barra Arias a fojas doscientos setenta y ocho, contra la sentencia de vista de fojas doscientos veintinueve, de fecha veintitrés de julio de dos mil trece, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, la cual revocó la resolución apelada de fojas ciento ochenta y dos, de fecha diez de enero de dos mil trece que declaró infundada la contradicción y fundada la demanda; y reformándola, declararon fundada la contradicción, en consecuencia improcedente la demanda de Obligación de Hacer.
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE DECLARÓ PROCEDENTE EL RECURSO.
Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha seis de mayo de dos mil catorce, obrante a fojas veintidós del cuaderno de casación, ha declarado procedente el aludido recurso por las siguientes causales: 1) Infracción normativa procesal del artículo 689 del Código Procesal Civil; alega que la Sala de mérito erróneamente considera que no es exigible la obligación por no haberse establecido el momento a partir del cual se pueda exigir el cumplimiento, pues ante tal situación deberá entenderse que es exigible inmediatamente después de contraída la obligación; y 2) Infracción normativa del artículo 1240 del Código Civil, toda vez que cuando la cláusula tercera del contrato de compraventa de derechos y acciones expresa que el vendedor deberá iniciar y concluir con los trámites de independización del primer, segundo, tercer y cuarto piso de la construcción existente, bajo sus costos, debe entenderse que su exigibilidad es inmediata conforme a lo dispuesto en el artículo 1240 del Código Civil.
PRIMERO. Que, previamente a la absolución de las denuncias formuladas por la recurrente, conviene hacer las siguientes precisiones respecto del íter procesal: Mediante escrito de fecha cinco de mayo de dos mil once, obrante a fojas cuarenta y ocho Norma Eleonora Barra Arias interpone demanda de Obligación de Hacer contra Fidel Ángel Ruíz Meneses, a fin de que cumpla con la obligación de hacer consistente en la independización del primer piso del inmueble ubicado en la Avenida Eduardo de Habich números 581 - 583, Urbanización Ingeniería, Distrito de San Martín de Porres, la cual le vendió como derecho y acciones, conforme al Título Ejecutivo del Testimonio de Escritura Pública, inscrito en el Asiento número C00001 de la Partida número 43638238 del Registro de Propiedad Inmueble de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP; funda su pretensión en: 1) Que, conforme consta del Testimonio de Escritura Pública de Compraventa de Acciones y Derechos, de fecha trece de diciembre de dos mil dos, otorgada por las partes, por ante el Notario Público Aurelio Alfonso Díaz Rodríguez; el demandado se obligó bajo sus costos a regularizar la independización de la venta que le hiciera del primer piso del referido inmueble; tal como es de apreciarse en la Cláusula Tercera de dicha Escritura Pública; 2) Que, a pesar del tiempo transcurrido hasta la fecha, el ejecutado constantemente se ha venido rehusando a cumplir con su obligación consistente en la independización del primer piso que le vendiera, correspondiente al veinticinco por ciento (25%) de los derechos y acciones del referido inmueble; por lo que juntamente con su cónyuge el demandante optó por iniciar los trámites de la referida independización el diecinueve de junio de dos mil nueve, corriendo con los gastos; sin embargo, ello se frustró debido a la negativa prepotente y dolosa del ejecutado, de firmar los documentos requeridos por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, llegándose a inscribir solamente la Declaratoria de Fábrica, quedando pendiente la sola independización; y 3) Que, la presente acción tiene como finalidad demandar la ejecución de Obligación de Hacer de la referida independización, debiendo solamente firmar el ejecutado la memoria descriptiva de independización y el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, la misma que es cierta, expresa y exigible, como puede apreciarse del Título Ejecutivo constituido por el Testimonio de Escritura Pública de Compraventa de Acciones y Derechos, de fecha trece de diciembre de dos mil dos.
SEGUNDO. Que, Fidel Ángel Ruiz Meneses, mediante escrito de fojas ciento once formula contradicción por la causal de inexigibilidad de la obligación; alegando que: 1) Es verdad que el recurrente mediante Escritura Pública de Compraventa de Acciones y Derechos, de fecha trece de diciembre de dos mil dos, otorgada por las partes, se obligó a iniciar y concluir con los trámites de independización del primer, segundo, tercer y cuarto piso de la construcción existente, bajo sus costos, por cuanto la venta pactada es por el total del local del primer piso con todas sus mejoras, servicios y accesorios, conforme se advierte de la tercera cláusula del Testimonio de Escritura Pública de Compraventa de Acciones y Derechos; sin embargo, dicha obligación resulta ser inexigible, puesto que la obligación contenida en la tercera cláusula del citado Testimonio de Escritura Pública no reúne los requisitos señalados en el artículo 689 del Código Procesal Civil; esto es que la obligación contenida en el título sea cierta, expresa y exigible, careciendo en este caso del requisito de exigibilidad, al ser una prestación cuyo objeto es imposible de hacer; 2) El recurrente inició en su oportunidad los trámites de Declaratoria de Fábrica e independización del primer, segundo, tercer y cuarto piso del inmueble sub materia, ante los Registros Públicos de Lima y sin embargo su solicitud fue observada en reiteradas oportunidades por el Registrador; asimismo al no ponerse de acuerdo respecto al ingreso y salida de la puerta signada con el número 581 de la Avenida Eduardo de Habich, Urbanización Ingeniería, Distrito de San Martín de Porres, Provincia y Departamento de Lima, ni respecto de la escalera que conduce al segundo piso y subsiguientes; el reglamento interno y demás documentos quedaron entrampados, suscitándose problemas e inconvenientes respecto al mismo, en consecuencia la independización no se llegó a concretar, siendo judicialmente imposible que el recurrente pueda independizar por sí solo el citado inmueble; y 3) La obligación contenida en la cláusula tercera del Testimonio de Escritura Pública resulta inexigible por no ser cierta, ni expresa, en el sentido que dicha cláusula, no ha puesto o ha señalado un tiempo límite de fecha alguna en la que el recurrente debe cumplir con dicha obligación a cargo (independización), por ende no se ha vencido el plazo para independizar el bien; también la cláusula tercera es inexigible por no ser expresa, en el sentido que en ningún momento se ha signado como obligación del recurrente, firmar el reglamento interno que la ejecutante de manera unilateral ha redactado, siendo esto un abuso de derecho, puesto que por la naturaleza del reglamento, éste debe ser un acuerdo de voluntades.
TERCERO. Que, mediante sentencia de primera instancia de fecha diez de enero de dos mil trece, obrante a fojas ciento ochenta y dos, se declaró infundada la contradicción de inexigibilidad de la obligación; en consecuencia, haciéndose efectivo el apercibimiento dispuesto en el auto admisorio, corresponde al suscrito Magistrado proceder a la firma de los documentos consistentes en la memoria descriptiva de Independización y Régimen de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común; tras concluir que: 1) La contradicción formulada por el demandado al mandato ejecutivo, basado en que la obligación contenida en que el título es inexigible, por ser una prestación cuyo objeto es imposible de hacer y que por ende su objeto es inexistente, deviene en inconsistente, por cuanto en la tercera cláusula del Testimonio de Compraventa de Derechos y Acciones que otorgara Fidel Ángel Ruiz Meneses a favor de Jaime Fidencio Aylas Cuyubamba y esposa Norma Eleonora Barra Arias, de fecha trece de diciembre de dos mil dos, expresamente dejó estipulado que: “el vendedor deberá de iniciar y concluir con los trámites de independización del primer, segundo, tercer y cuarto piso de la construcción existente, bajo sus costos, por cuanto la venta pactada es por el total del local del primer piso […]”; y 2) Resulta también inconsistente, lo alegado por el ejecutado en el sentido de que no se le ha indicado vencido el plazo para independizar el bien, o que sea imposible que solo el ejecutado inicie y concluya con los trámites de la independización de la construcción existente; al respecto debe señalarse que tal circunstancia debió prever el ejecutado al momento de asumir la obligación señalada en la cláusula tercera del indicado Testimonio de Escritura Pública de Compraventa de Derechos y Acciones; por el contrario el demandado lejos de cumplir con tal obligación, ha hecho abandono de los trámites administrativos que los inició ante el Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Lima, con el pretexto de que este Organismo le ha formulado observaciones; consecuentemente, al no haber demostrado el ejecutado el cumplimiento de su obligación contraída y solo alegar excusas con la finalidad de evadir su responsabilidad frente al incumplimiento de su obligación.
CUARTO. Que, mediante resolución de vista de fecha veintitrés de julio de dos mil trece, obrante a fojas doscientos veintinueve, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, revocó la resolución apelada de fecha diez de enero de dos mil trece; reformándola, declararon fundada la contradicción; en consecuencia, improcedente la demanda de Obligación de Hacer; tras concluir que: 1) Respecto a la causal de iliquidez o inexigibilidad de la obligación contenida en el título, es preciso indicar que dicha causal está referida cuando la obligación no resulta determinable, es decir cuando su valor no pueda ser determinado mediante una operación aritmética, sino que se requiere de actos previos para que se establezca su monto o cuando si bien se da la existencia de la obligación ésta no resulta exigible por cuanto todavía no ha vencido el plazo o porque la obligación está sujeta a condición suspensiva; refiere que en el presente caso no hay un cuestionamiento al documento en sí, sino al acto que recoge dicho documento. Se cuestiona la ejecutabilidad del título por carecer de una prestación cierta, expresa y exigible, condiciones básicas para que un título resista ejecución, tal como lo describe el artículo 689 del Código Procesal Civil; y 2) El caso de autos, de la revisión de la cláusula tercera del Contrato de Compraventa de Derechos y Acciones que en copia certificada obra de fojas dos a cuatro, se advierte que en el título no aparece descrito el momento a partir del cual se puede exigir el cumplimiento de lo ordenado. Así tampoco se señala con claridad, el lugar y el modo en que se cumplirá lo acordado, lo cual se evidencia de la controversia que existe respecto a la independización del inmueble, esto es, las áreas que deben ser consignadas como de propiedad exclusiva del ejecutante y del ejecutado; en consecuencia, el Testimonio de Escritura Pública adjuntado como título de ejecución no satisface los requisitos mínimos establecidos en el artículo 689 del Código Procesal Civil, por lo que la contradicción formulada por la parte ejecutada resulta atendible.
QUINTO. Que, respecto a la causal de infracción normativa del artículo 689 del Código Procesal Civil; es de señalarse que la referida norma regula los presupuestos que debe contemplar un título para la ejecución, estableciendo lo siguiente: “Procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible”. Una prestación es cierta cuando están perfectamente delimitados en el título los sujetos y el objeto de la prestación, aunque sea de manera genérica; es decir, que necesariamente tiene que haber un sujeto activo, llamado acreedor, que es la persona a cuyo favor se satisface la prestación, denominado también “titular”, porque es quien tiene el título para exigir del deudor el comportamiento debido; y un sujeto pasivo de la obligación denominado “deudor”, que es la persona que tiene que satisfacer la prestación debida, acomodando su conducta a la prestación exigida. Asimismo, es expresa cuando la obligación consta de modo indubitable en el título y además se puede verificar el objeto de la prestación, esto es, aquello que el deudor debe satisfacer a favor del acreedor, sin necesidad de efectuar interpretaciones o recurrir a otros instrumentos. Y es exigible cuando la prestación tiene la cualidad que permite que la obligación sea reclamable.
SEXTO. Que, en el caso de autos, lo que está en discusión es el tercer requisito consistente en la exigibilidad de la obligación, requisito que para mayor abundamiento se presenta cuando la obligación no está sujeto a plazo o condición, o que habiéndolo estado se ha vencido el plazo y cumplido la condición. Esto quiere decir, que una obligación exigible es aquella respecto de la cual no hay plazo o condición que suspenda su cumplimiento, o habiéndolo: i) el plazo ha vencido, ya sea por el transcurso del tiempo establecido por las partes o por la ley, o a falta de ambas, por el juez, de conformidad con el artículo 186 del Código Civil; porque el deudor ha renunciado anticipadamente al mismo o ha caducado su plazo por las causales señaladas en el artículo 181 del Código Civil; o porque las partes han conferido expresamente al acreedor la facultad de anticipar el vencimiento del crédito (cláusulas de aceleración); o, ii) la condición suspensiva que afecta al cumplimiento de la obligación acaezca o no acaezca, según se trate de una condición positiva o negativa.
SÉTIMO. Que, para el caso en concreto, de la revisión de la Escritura Pública de Compraventa de Derechos y Acciones de fecha trece de diciembre de dos mil dos, obrante de fojas dos a cuatro, se advierte que en su cláusula tercera, los suscriptores declaran y dejan constancia de lo siguiente: “El vendedor deberá iniciar y concluir con los trámites de independización del primer, segundo, tercer y cuarto piso de la construcción existente, bajo sus costos…”. Del contenido de la citada cláusula se advierte que entre las partes establecieron una obligación a cargo del vendedor sujeta a un plazo, plazo que como veremos más adelante es indeterminado; por lo que a fin de verificar si dicha cláusula resulta exigible, conviene hacer un breve análisis de esta fi gura.
OCTAVO. Que, en principio debe quedar en claro que el plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación, el mismo que puede ser expreso o tácito. Será expreso cuando en el título se señale, entre otros, inequívocamente un periodo de tiempo para que la obligación sea ejecutada por el deudor, por ejemplo en un contrato de compraventa, se pueden establecer obligaciones a plazo cuando se señale una fecha determinada para la entrega de la cosa vendida y una fecha para que el comprador efectúe el pago total de la cosa, o una fecha para el saneamiento del bien, de modo que solo el día del plazo establecido expresamente se debe cumplir la obligación y por ende, el comprador no puede exigir antes de dicho termino la entrega o el saneamiento ni el vendedor exigir el pago del precio, salvo, como dijimos líneas arriba, que las partes hayan convenido una cláusula expresa de vencimiento anticipado. Esta forma de establecer el plazo es lo que se denomina plazo voluntario o convencional, pues es aquel que se fija de una manera concreta en el contrato por voluntad de las partes, a diferencia del plazo legal, pues es aquel que las partes no convienen si no que se rigen a lo que indica la ley, por lo que incluso puede ser tácito. En el primero de los casos, el plazo será determinado, porque las partes definen un momento específico para el cumplimiento de la obligación, señalando una fecha exacta: día, mes y el año; e indeterminado, cuando existe incertidumbre respecto al momento de hacerse exigibles, pues se sabe que existe un día en el que la obligación debe ser cumplida, pero no se sabe cuándo llegará ese día. Por otra parte, el plazo será tácito cuando en el título las partes no establezcan el plazo de vencimiento de la obligación; en ese caso se pueden presentar tres posibilidades: i) que se deduzca de la naturaleza de la obligación; ii) que se encuentre establecido en la ley; y iii) que dependa de la voluntad del deudor, en cuyo caso el acreedor estará supedita a la voluntad del deudor. A diferencia de lo que acontece en otras legislaciones, en la nuestra, no existe una norma que establezca un límite a la disponibilidad del deudor de dar cumplimiento a su obligación carente de plazo, para hacer exigible la obligación en la vía ejecutiva, sin embargo, ello no es óbice para que el acreedor le exija a su deudor el cumplimiento de una obligación sin plazo, en otra vía, como es el caso del artículo 182 del Código Civil.
NOVENO. Que, de lo antes señalado, podemos concluir que la obligación a plazo solo es exigible una vez expirado dicho plazo, antes no. Si este plazo es expreso y determinado, la obligación será exigible una vez vencido éste, pero si el plazo es indeterminado o es tácito, y no existe una norma que lo señale o que pueda ser deducido de la naturaleza de la obligación, entonces no será exigible vía ejecución.
DÉCIMO. Que, estando a lo señalado el Ad quem realiza una interpretación correcta del artículo 689 del Código Procesal Civil, al condicionar la exigibilidad de la obligación exclusivamente al hecho de haberse establecido un plazo expreso y determinado; pues bajo el contexto dogmático antes señalado se advierte que la exigibilidad significa que únicamente es ejecutable la obligación sujeta a plazo, cuando se haya vencido aquel; es decir, que debe verificarse si el titulo ejecutivo (Escritura Pública de fecha trece de diciembre de dos mil dos) no está sujeto a plazo, o si existe un plazo, éste deberá haber expirado; y como en el caso de autos no aparece descrito en el título ejecutivo el momento a partir del cual se puede exigir el cumplimiento de la obligación a cargo del vendedor, dicho título no satisface el requisito de exigibilidad señalado en el mencionado dispositivo legal para su ejecución; más aun si en el caso de autos, la obligación cuyo cumplimiento se demanda requiere de un trámite sujeto a previa visación o autorización de la Autoridad Administrativa[1], por lo que su cumplimiento no depende exclusivamente de la conducta desplegada por el obligado; por lo que ésta primera causal debe ser desestimada.
DÉCIMO PRIMERO. Que, respecto a la causal de infracción normativa del artículo 1240 del Código Procesal Civil; es de precisar que el citado dispositivo legal establece que: “Si no hubiese plazo designado, el acreedor puede exigir el pago inmediatamente después de contraída la obligación”, de lo que se infiere que esta norma no resulta aplicable al caso de autos, pues está referida al plazo para el pago no para el cumplimiento de otras obligaciones; no obstante, aun cuando pudiera aplicarse el citado dispositivo legal en forma extensiva para otras obligaciones distintas al pago, sin embargo, existe una salvedad para exigir el cumplimiento inmediato de toda obligación, que es que este cumplimiento dependa de la naturaleza y circunstancias de la obligación (artículo 1148 del Código Civil), como ocurre en el presente caso (trámites de independización), pues revisada la tercera cláusula del título ejecutivo se deduce que la acreedora ha querido concederle un plazo al deudor para el cumplimiento de la obligación de hacer, no obstante no haberse pactado el plazo de modo preciso; por lo que mal puede concluirse que el deudor estaba en la obligación de dar cumplimiento inmediato a la obligación de independizar el primer, segundo, tercer y cuarto piso de la construcción existente en el predio sub litis, más aun si revisados los actuados se advierte que el demandante inició el trámite de independización y realizó las gestiones necesarias para su cumplimiento, sin que hasta la fecha haya culminado dicho trámite por las observaciones realizadas en los Registros Públicos; por lo que ésta segunda causal debe ser igualmente desestimada, dejando a salvo el derecho de la parte demandante para hacerlo valer en la vía correspondiente. Estando a dichas consideraciones y en aplicación de lo previsto por el artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Norma Eleonora Barra Arias a fojas doscientos setenta y ocho; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fojas doscientos veintinueve, de fecha veintitrés de julio de dos mil trece, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Norma Eleonora Barra Arias contra Fidel Ángel Ruíz Meneses y otro, sobre Obligación de Hacer; y los devolvieron.
S.S. LAMA MORE, VALCÁRCEL SALDAÑA, CUNYA CELI, YAYA ZUMAETA.
EL SEÑOR JUEZ SUPREMO YAYA ZUMAETA, SE ADHIERE AL VOTO DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS VALCÁRCEL SALDAÑA, CUNYA CELI Y LAMA MORE, agregando la siguiente consideración:
PRIMERO. El Proceso Único de Ejecución está reservado para hacer efectivo el cumplimiento por el deudor de una obligación contenida en un título ejecutivo “perfecto”, siendo un requisito común del mismo que la obligación que emerja de aquel título sea exigible, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 689° del Código Procesal Civil, lo que ocurre, entre otras cosas, cuando se ha determinado un plazo específico y éste se encuentra vencido, lo que no se desprende de las actuaciones ocurridas en el expediente, desde que la actividad requerida al ejecutado y contenida en la cláusula tercera de la Escritura Pública de Compra venta de fecha trece de diciembre de dos mil dos, copiada de fojas dos a cuatro, carece de un plazo específico para su cumplimiento, el que, por lo demás, no puede determinarse en procesos especiales como el iniciado, quedando expedito el derecho del acreedor para determinarlo (y eventualmente perseguir el cumplimiento de la obligación de su propósito) con la intervención de este Poder del Estado y en la vía sumarísima, de acuerdo a lo regulado por el Artículo 182° del Código Civil. En ese sentido, MI VOTO es porque se declare INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por Norma Eleonora Barra Arias, corriente de fojas doscientos setenta y ocho a doscientos ochenta, y en consecuencia NO SE CASE el Auto de Vista obrante de fojas doscientos veintinueve a doscientos treinta y tres, su fecha veintitrés de julio de dos mil trece, expedido por la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte; SE DISPONGA la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Norma Eleonora Barra Arias con Fidel Ángel Ruiz Meneses sobre Ejecución de Obligación de Hacer; y se devuelvan.
S. YAYA ZUMAETA
EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS CABELLO MATAMALA Y MIRANDA MOLINA ES COMO SIGUE: MATERIA DEL RECURSO.
Se trata del recurso de casación de folios doscientos setenta y ocho, interpuesto por Norma Eleonora Borra Arias, contra la sentencia de vista de folios doscientos veintinueve, de fecha veintitrés de julio de dos mil trece, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, la cual revocó la resolución apelada de fecha diez de enero de dos mil trece que declaró infundada la contradicción, y fundada la demanda; reformándola, la declararon fundada la contradicción, en consecuencia improcedente la demanda de Obligación de Hacer.
PRIMERO. Previamente a la absolución de las denuncias formuladas por la recurrente, conviene hacer las siguientes precisiones respecto del íter procesal: Mediante escrito de fecha cinco de mayo de dos mil once, obrante a folios cuarenta y ocho Norma Eleonora Borra Arias interpone demanda de obligación de hacer contra Fidel Ángel Ruíz Meneses, a fi n de que cumpla con la obligación de hacer consistente en la independización del primer piso del inmueble ubicado en la Avenida Eduardo de Habich números quinientos ochenta y uno - quinientos ochenta y tres, Urbanización Ingeniería, distrito de San Martín de Porres, la cual le vendió como derecho y acciones, conforme al Título Ejecutivo del Testimonio de Escritura Pública, inscrito en el Asiento número 000001 de la Partida número 43638238 del Registro de Propiedad Inmueble de la Superintendencia Nacional de Los Registros Públicos - SUNARP; funda su pretensión en: 1) Que, conforme consta del Testimonio de Escritura Pública de Compraventa de Acciones y Derechos, de fecha trece de Diciembre de dos mil dos, otorgada por las partes, por ante el Notario Público Aurelio Alfonso Díaz Rodríguez; el demandado se obligó bajo sus costos a regularizar la independización de la venta que le hiciera del primer piso del referido inmueble; tal como es de apreciarse en la Cláusula Tercera de dicha Escritura Pública; 2) Que, a pesar del tiempo transcurrido hasta la fecha, el ejecutado constantemente se ha venido rehusando a cumplir con su obligación consistente en la independización del primer piso que le vendiera, correspondiente al veinticinco por ciento (25%) de los derechos y acciones del referido inmueble; por lo que juntamente con su cónyuge el demandante optó por iniciar los trámites de la referida independización el diecinueve de Junio del dos mil nueve, corriendo con los gastos; sin embargo, ello se frustró debido a la negativa prepotente y dolosa del ejecutado, de firmar los documentos requeridos por la Superintendencia Nacional de Los Registros Públicos - SUNARP, llegándose a inscribir solamente la Declaratoria de Fabrica, quedando pendiente la sola independización; y 3) Que, la presente acción tiene como finalidad demandar la ejecución de Obligación de Hacer de la referida Independización, debiendo solamente fi rmar el ejecutado la memoria descriptiva de independización y el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, la misma que es cierta, expresa y exigible, como puede apreciarse del Título Ejecutivo constituido por el Testimonio de Escritura Pública de Compraventa de Acciones y Derechos, de fecha trece de diciembre de dos mil dos.
SEGUNDO. Fidel Ángel Ruiz Meneses, mediante escrito de fojas ciento once formula contradicción por la causal de inexigibilidad de la obligación; alegando que: 1) Es verdad que el recurrente mediante Escritura Pública de Compraventa de Acciones y Derechos, de fecha trece de diciembre de dos mil dos, otorgada por las partes, se obligó a iniciar y concluir con los trámites de independización del primer, segundo, tercer y cuarto piso de la construcción existente, bajo sus costos, por cuanto la venta pactada es por el total del local del primer piso con todas sus mejoras, servicios y accesorios, conforme se advierte de la tercera cláusula del Testimonio de Escritura Pública de Compraventa de Acciones y Derechos; sin embargo, dicha obligación resulta ser inexigible, puesto que la obligación contenida en la tercera cláusula del citado Testimonio de Escritura Pública no reúne los requisitos señalados en el artículo 689 del Código Procesal Civil; esto es que la obligación contenida en el título sea cierta, expresa y exigible, careciendo en este caso del requisito de exigibilidad, al ser una prestación cuyo objeto es imposible de hacer; 2) El recurrente inició en su oportunidad los trámites de Declaratoria de Fábrica e Independización del primer, segundo, tercer y cuarto piso del inmueble sub materia, ante los Registros Públicos de Lima y sin embargo su solicitud fue observada en reiteradas oportunidades por el Registrador; asimismo al no ponerse de acuerdo respecto al ingreso y salida de la puerta signada con el número quinientos ochenta y uno de la Avenida Eduardo Habich, Urbanización Ingeniería, Distrito de San Martín de Porres, Provincia y Departamento de Lima, ni respecto de la escalera que conduce al segundo piso y subsiguientes; el reglamento interno y demás documentos quedaron entrampados, suscitándose problemas e inconvenientes respecto al mismo, en consecuencia la independización no se llegó a concretar, siendo judicialmente imposible que el recurrente pueda independizar por sí solo el citado inmueble; y 3) La obligación contenida en la cláusula tercera del Testimonio de Escritura Pública resulta inexigible por no ser cierta, ni expresa, en el sentido que dicha cláusula, no ha puesto o ha señalado un tiempo límite de fecha alguna en la que el recurrente debe cumplir con dicha obligación a cargo (Independización), por ende no se ha vencido el plazo para independizar el bien; también la cláusula tercera es inexigible por no ser expresa, en el sentido que en ningún momento se ha signado como obligación del recurrente, firmar el reglamento interno que la ejecutante de manera unilateral ha redactado, siendo esto un abuso de derecho, puesto que por la naturaleza del reglamento, éste debe ser un acuerdo de voluntades.
TERCERO. Mediante sentencia de primera instancia de fecha diez de enero de dos mil trece, obrante a fojas ciento ochenta y dos, se declaró infundada la contradicción de inexigibilidad de la obligación; en consecuencia, haciéndose efectivo el apercibimiento dispuesto en el auto admisorio, corresponde al suscrito Magistrado proceder a la firma de los documentos consistentes en la memoria descriptiva de Independización y Régimen de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común; tras concluir que: 1) La contradicción formulada por el demandante al mandato ejecutivo, basado en que la obligación contenida en que el título es inexigible, por ser una prestación cuyo objeto es imposible de hacer y que por ende su objeto es inexistente, deviene en inconsistente, por cuanto en la tercera cláusula del Testimonio de Compraventa de Derechos y Acciones que otorgara Fidel Ángel Ruiz Meneses a favor de Jaime Fidencio Aylas Cuyubamba y esposa Norma Eleonora Barra Arias de Aylas, de fecha trece de diciembre de dos mil dos, expresamente dejó estipulado que el vendedor deberá de iniciar y concluir con los trámites de independización del primer, segundo, tercer y cuarto piso de la construcción existente, bajo sus costos, por cuanto la venta pactada es por el total del local del primer piso; y 2) Resulta también inconsistente, lo alegado por el ejecutado en el sentido de que no se le ha indicado vencido el plazo para independizar el bien, o que sea imposible que solo el ejecutado inicie y concluya con los trámites de la independización de la construcción existente; al respecto debe señalarse que tal circunstancia debió prever el ejecutado al momento de asumir la obligación señalada en la cláusula tercera del indicado Testimonio de Escritura Pública de Compraventa de Derechos y Acciones; por el contrario el demandado lejos de cumplir con tal obligación, ha hecho abandono de los trámites administrativos que los inició ante el Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Lima, con el pretexto de que este Organismo le ha formulado observaciones; consecuentemente, al no haber demostrado el ejecutado el cumplimiento de su obligación contraída y solo alegar excusas con la finalidad de evadir su responsabilidad frente al incumplimiento de su obligación.
CUARTO. Mediante resolución de vista de fecha veintitrés de julio de dos mil trece, obrante a fojas doscientos veintinueve, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, revocó la resolución apelada de fecha diez de enero de dos mil trece; reformándola, declararon fundada la contradicción; en consecuencia, improcedente la demanda de Obligación de Hacer; tras concluir que: 1) Respecto a la causal de iliquidez o inexigibilidad de la obligación contenida en el título, es preciso indicar que dicha causal está referida cuando la obligación no resulta determinable, es decir cuando su valor no pueda ser determinado mediante una operación aritmética, sino que se requiere de actos previos para que se establezca su monto o cuando si bien se da la existencia de la obligación ésta no resulta exigible por cuanto todavía no ha vencido el plazo o porque la obligación está sujeta a condición suspensiva. Aquí no hay un cuestionamiento al documento en sí, sino al acto que recoge dicho documento. Se cuestiona la ejecutabilidad del título por carecer de una prestación cierta, expresa y exigible, condiciones básicas para que un título resista ejecución, tal como lo describe el artículo 689 del Código Procesal Civil; y 2) El caso de autos, de la revisión de la cláusula tercera del Contrato de Compraventa de Derechos y Acciones que en copia certificada obra de fojas dos, se advierte que en el título no aparece descrito el momento a partir del cual se puede exigir el cumplimiento de lo ordenado. Así tampoco se señala con claridad, el lugar y el modo en que se cumplirá lo acordado, lo cual se evidencia de la controversia que existe respecto a la independización del inmueble, esto es, las áreas que deben ser consignadas como de propiedad exclusiva del ejecutante y del ejecutado; en consecuencia, el Testimonio de Escritura Pública adjuntado como título de ejecución no satisface los requisitos mínimos establecidos en el artículo 689 del Código Procesal Civil, por lo que la contradicción formulada por la parte ejecutada resulta atendible.
QUINTO. Ante todo, en materia de casación es factible ejercer el control de las decisiones jurisdiccionales, para determinar si en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho al debido proceso, tomándose en consideración que éste supone el cumplimiento de los principios y de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio del derecho de defensa de las partes en litigio. SEXTO. Respecto a la denuncia formulada por la recurrente es menester indicar que en el proceso único de ejecución, es un proceso especial de carácter autónomo que se rige por sus propias normas y sus propios principios, en virtud del cual una persona denominada «acreedor» (ejecutante) recurre al poder judicial (juez) solicitando su intervención a fin de que disponga u ordene a otra persona llamada «deudor» (ejecutado) que cumpla con su obligación (de dar, hacer y no hacer) la misma que consta en un título ejecutivo de naturaleza judicial o extrajudicial; de conformidad con lo establecido en el artículo 688 inciso 10 constituye título ejecutivos “El testimonio de escritura pública”.
SÉTIMO. Procediendo al análisis de la infracción contenida en el ítem 1 de los fundamentos del recurso de casación de la presente resolución, referente a la infracción normativa del artículo 689 del Código Procesal Civil; al respecto es de señalarse que la referida norma regula los presupuestos que debe contemplar un título para la ejecución, estableciendo: “Procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible”. La doctrina nacional señala: “2.1. Las prestaciones son ciertas, cuando están perfectamente descritas en el título la existencia de un sujeto activo (acreedor) y un sujeto pasivo (deudor) pero nada impide que uno y otro sujeto sea múltiple, esto es, que vinculan a varios acreedores con un deudor o varios deudores con un acreedor, o varios acreedores con varios deudores. 2.2. Son prestaciones expresas, cuando constan por escrito aquello que el deudor debe satisfacer a favor del acreedor […]. 2.3. El título debe contener además prestaciones exigibles. Por exigibilidad se entiende aquella cualidad que permite que la obligación sea reclamable”[2]; asimismo el autor Hinostroza Minguez señala con respecto al requisito de exigibilidad de la obligación, citando varios autores que: “En lo relativo al tercer requisito de la ejecución (obligación o derecho exigible), Walter Antillón refiere que el derecho exigible es aquel “cuyo cumplimiento no está sujeto a plazo o condición” (ANTlLLÓN M., 1963: 79). A decir de Paliaras “por obligación exigible se entiende aquella que no está sujeta a plazo ni a condición, o que habiéndolo estado se ha vencido el plazo y cumplido la condición” (PALLARES, 1989: 562) […]. Al respecto, Rocco apunta que “el concepto de exigibilidad importa […] que el derecho, aun siendo cierto y líquido, no esté sujeto en su ejercicio a hechos, eventos o actos que impidan el ejercicio mismo de él. Así, si existe un plazo éste deberá haber expirad, si existe una condición suspensiva, ésta deberá haberse verificado, si hay la obligación de una contraprestación ésta deberá haber sido prestada o por lo menos ofrecida, si debe realizarse un acto precedente al ejercicio del derecho, se lo deberá haber cumplido previamente” (Rocco, 1976, IV: 145)”[3].
OCTAVO. En el caso se autos, lo que está en discusión es el tercer requisito que debe cumplir la obligación contenida en el título ejecutivo consistente en la exigibilidad de la obligación. Al respecto es de señalarse que el Ad quem realiza un interpretación errónea del acotado artículo, al condicionar la exigibilidad de la obligación exclusivamente al hecho de haberse establecido un plazo o el deber de señalar el momento a partir del cual se pueda exigir la obligación; pues bajo el contexto dogmático antes señalado se advierte que la exigibilidad significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido ésta; es decir, que debe verificarse si el titulo ejecutivo (Escritura Pública de fecha trece de diciembre de dos mil dos) no está sujeto a plazo, si existe un plazo éste deberá haber expirado, si existe una condición suspensiva ésta deberá haberse verificado y si hay la obligación de una contraprestación ésta deberá haber sido prestada; siendo ello así, el Ad quem ha incurrido en una interpretación errónea del acotado artículo 689, por lo que debe ampararse la presente denuncia, lo que determina la nulidad insubsanable de la recurrida a tenor de lo dispuesto en el artículo 171 del Código Procesal Civil; careciendo de objeto emitir pronunciamiento sobre las alegaciones contenidas en el punto 1 de los fundamentos por las cuales se declaró procedente el recurso de casación. Estando a dichas consideraciones y en aplicación de lo previsto por el artículo 396, tercer párrafo, numeral 1 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364, NUESTRO VOTO es porque se declare: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Norma Eleonora Borra Arias, obrante a fojas doscientos setenta y ocho; en consecuencia NULA la sentencia de vista de fojas doscientos veintinueve, de fecha veintitrés de julio de dos mil trece, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte; SE ORDENE que la Sala Superior emita nueva resolución teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por este Supremo Tribunal; SE DISPONGA la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Norma Eleonora Borra Arias con Fidel Ángel Ruíz Meneses y otro, sobre Obligación de Hacer; y se devuelvan. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.
S.S. CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA.
[1] Así por ejemplo el Tribunal Registral en su Resolución número 1655-2013-SUNARPTR- L en el punto cuatro señala: “Para proceder a la independización de los predios, debe cumplirse con ciertos requisitos, según el tipo de predio. El artículo 60 del RIRP, señala los requisitos para la independización de predios urbanos, entre los que se encuentra la resolución de subdivisión y los planos que forman parte de la misma. Vale decir, se requiere de la aprobación por la mnicipalidad respectiva del fraccionamiento del mismo. Excepcionalmente, se ha establecido que en el caso de regularización de edificaciones procederá el fraccionamiento de un predio urbano sin requerirse de autorización municipal de subdivisión, ello en atención, a que de hecho ya se ha efectuado el fraccionamiento del predio urbano mediante la construcción de edificaciones independientes y en algunos casos, por propietarios distintos, situación que el legislador incorpora a la legalidad mediante el procedimiento de regularización de edificaciones”.
[2] LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil, Tomo II, 2da Edición 2009, página 634.
[3] HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Comentarios al Código Procesal Civil, Tomo III, 3ra Edición 2010, páginas 338 y 339.