Source: http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2018/02/
Timestamp: 2018-02-22 19:07:36
Document Index: 362540193

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 47', 'artículo 6', 'artículo 39', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 32', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 32', 'artículo 47', 'artículo 8', 'artículo 32', 'artículo 15', 'artículo 20', 'artículo 8', 'artículo 1057', 'e contrario', 'Artículo 32', 'Artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 48', 'artículo 5', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 21']

Conflictus Legum: 1/02/18 - 1/03/18
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 22 de febrero de 2018, en los asuntos acumulados C‑398/16 y C‑399/16 (X): Procedimiento prejudicial — Artículos 49 TFUE y 54 TFUE — Libertad de establecimiento — Legislación tributaria — Impuesto sobre sociedades — Ventajas vinculadas a la constitución de una unidad fiscal única — Exclusión de los grupos transfronterizos.
"1) Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual una sociedad matriz establecida en un Estado miembro no está autorizada a deducir los intereses de un préstamo contraído con una sociedad vinculada a fin de financiar una aportación de capital a una filial establecida en otro Estado miembro, mientras que si la filial estuviera establecida en el mismo Estado miembro, la sociedad matriz podría disfrutar de dicha deducción formando con ella una unidad de tributación conjunta.
2) Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual una sociedad matriz establecida en un Estado miembro no está autorizada a deducir de sus beneficios las minusvalías derivadas de las variaciones en el tipo de cambio relativas a los importes de sus participaciones en una filial establecida en otro Estado miembro, cuando esa misma normativa no somete al impuesto, de manera simétrica, las plusvalías derivadas de dichas variaciones."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MACIEJ SZPUNAR, presentadas el 22 de febrero de 2018, en el asunto C‑20/17 (Oberle): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Kammergericht Berlin (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Berlín) (Alemania)] Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Certificado sucesorio europeo — Competencia general de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro para resolver sobre la totalidad de la sucesión — Normativa de otro Estado miembro que prevé la creación de un certificado sucesorio nacional utilizado para fines análogos.
"El artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo debe interpretarse en el sentido de que determina la competencia también respecto de los procedimientos de que conocen los tribunales del Estados miembros para la expedición de los certificados sucesorios nacionales."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. PAOLO MENGOZZI, presentadas el 15 de junio de 2017, en el asunto C‑181/16 (Gnandi): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Consejo de Estado, Bélgica)] Procedimiento prejudicial — Directiva 2008/115/CE — Retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular — Orden de abandono del territorio — Expedición de la orden en el momento de la desestimación de la solicitud de asilo y antes de que se agoten las vías de recurso jurisdiccional.
"La Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, y en particular sus artículos 2, apartado 1, y 5, así como los principios de no devolución y de tutela judicial efectiva consagrados, respectivamente, en el artículo 19, apartado 2, y en el artículo 47, párrafo primero, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se oponen a la adopción de una decisión de retorno al amparo del artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva respecto al nacional de un tercer país que ha presentado una solicitud de protección internacional, en el sentido de la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado, y al que, en virtud del Derecho de la Unión y/o del Derecho nacional, se le autoriza a permanecer en el Estado miembro en el que ha presentado su solicitud de protección internacional, durante el plazo de recurso previsto en el artículo 39, apartado 1, de la Directiva 2005/85 contra la desestimación de esta solicitud y, cuando dicho recurso ha sido presentado en plazo, durante el examen de este último. La Directiva 2008/115, así como los principios de no devolución y de tutela judicial efectiva, no se oponen, en cambio, a que se adopte tal decisión de devolución respecto a dicho nacional después de la desestimación de dicho recurso, a menos que, en virtud del Derecho nacional, este nacional esté autorizado a permanecer en el Estado miembro en cuestión a la espera del resultado definitivo del procedimiento de asilo."
Etiquetas: D.Sociedades/P.Jurídicas, D.Sucesiones, DPCI, Extranjería, Fiscalidad, Jurisprudencia, Reglamento Sucesiones, TJUE
DOUE de 22.2.2018
Lista de aduanas habilitadas para llevar a cabo los trámites de exportación de bienes culturales, publicada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 116/2009 del Consejo.
Nota: Véase el Reglamento (CE) nº 116/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la exportación de bienes culturales (Versión codificada) (véase la entrada de este blog del día 10.2.2009).
[DOUE C67, de 22.2.2018]
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena) de 21 de febrero de 2018, en el asunto C‑132/17 (Peugeot Deutschland): Procedimiento prejudicial — Libre prestación de servicios — Directiva 2010/13/UE — Definiciones — Concepto de “servicio de comunicación audiovisual” — Ámbito de aplicación — Cadena de vídeos promocionales de modelos de turismos nuevos disponible en YouTube.
Nota: Peugeot Deutschland, que comercializa en Alemania vehículos de la marca Peugeot, dispone de una cadena de vídeos en el servicio en línea YouTube en la que publicó en febrero de 2014 un vídeo de unos quince segundos de duración con el título «Peugeot RCZ R Experience: Boxer». Deutsche Umwelthilfe interpuso un recurso ante el Landgericht Köln por no incluir en el vídeo los datos oficiales sobre consumo de combustible y los datos oficiales específicos sobre emisiones de CO2 del nuevo modelo de vehículo que se presentaba en el mismo.
Para ello es preciso determinar si la puesta a disposición del público en YouTube de una cadena de vídeos promocionales de modelos de turismos nuevos constituye un «servicio de comunicación audiovisual» en el sentido del art. 1.1.a) de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual). En caso afirmativo, Peugeot Deutschland considera que, en virtud de la normativa alemana, estaría exenta de la obligación de facilitar en los citados vídeos los datos oficiales sobre consumo de combustible y los datos oficiales específicos sobre emisiones de CO2 de los modelos en cuestión.
Fallo del Tribunal: "El artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), debe interpretarse en el sentido de que la definición de «servicio de comunicación audiovisual» no abarca ni una cadena de vídeos, como la controvertida en el litigio principal, en la que los usuarios de Internet pueden consultar vídeos cortos promocionales de modelos de turismos nuevos, ni ninguno de esos vídeos considerado por separado."
Etiquetas: D.Obligaciones, Internet, Jurisprudencia, TJUE
DOUE de 21.2.2018
-Decisión (UE) 2018/254 del Consejo, de 15 de febrero de 2018, relativa a la celebración en nombre de la Unión Europea del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a los textos impresos.
Nota: Mediante el presente acto se aprueba el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a los textos impresos.
-Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.
Nota: Véase el Reglamento (UE) 2017/1563 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos; así como la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos, y por la que se modifica la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. Véase igualmente la entrada de este blog del día 20.9.2017.
[DOUE L48, de 21.2.2018]
(Sesiones del 27 y 28 de abril de 2016)
-Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la protección del interés superior del menor en toda la Unión sobre la base de las peticiones dirigidas al Parlamento Europeo (2016/2575(RSP))
[DOUE C66, de 21.2.2018]
Etiquetas: D.Comercio Internacional, D.Familia, DOUE, Europarlamento, IP
BOE de 21.2.2018
Nota: El art. 4 de la Orden PRE/189/2016, de 17 de febrero, por la que se regula el reconocimiento de cualificaciones profesionales adquiridas en otros Estados miembros de la Unión Europea para el ejercicio en España de la profesión de Traductor-Intérprete Jurado (véase la entrada de este blog del día 20.2.2016), se establece la exigencia de superar una prueba de aptitud o un período de prácticas, a elección de los interesados, en determinados casos. En el art. 13 se regula dicho período de prácticas y se establece que dichas prácticas se realizarán bajo la responsabilidad de un Traductor-Intérprete Jurado, elegido por el interesado, de los que figuren en una lista específica que elaborará el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de acuerdo con las asociaciones profesionales de Traductores-Intérpretes Jurados más representativas.
Pues bien, mediante la presente disposición se determina que tendrá la consideración de lista específica el listado oficial de Traductores-Intérpretes Jurados que elabora y actualiza periódicamente la Oficina de Interpretación de Lenguas, y que se publica en el portal web del MAEC.
[BOE n. 46, de 21.2.2018]
Las obligaciones internacionales asumidas por España tras la ratificación del Protocolo sobre Trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo
Tania GARCÍA SEDANO, Doctora en Derecho, Magistrada Suplente Audiencia Provincial de Ávila
Diario La Ley, Nº 9143, Sección Tribuna, 20 de Febrero de 2018
El 20 de septiembre de 2018 entrará en vigor el Protocolo de 2014 sobre trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo, por ello se hace urgente que se adopten medidas tendentes a dar cumplimiento a las obligaciones contraídas internacionalmente y ello desde la perspectiva de que el trabajo forzoso constituye una flagrante violación de derechos humanos y una de las finalidades del delito de trata de seres humanos. Entre las obligaciones derivadas de la ratificación están las de adoptar medidas eficaces para prevenir y eliminar el trabajo forzoso u obligatorio, para proteger a todas las víctimas, incluidas las menores de edad y las migrantes; deberá proporcionarse a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces; deberá sancionarse a los autores del trabajo forzoso u obligatorio, así como adoptar una política y un plan de acción nacionales.
Nota: Véase el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, hecho en Ginebra el 11 de junio de 2014, así como la entrada de este blog del día 21.12.2017.
Etiquetas: Bibliografía, D.Obligaciones, D.Penal, D.Persona
-Asunto C-631/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 9 de noviembre de 2017 — SF / Inspecteur van de Belastingdienst.
Cuestión planteada: "¿Cuál es el Estado miembro cuya legislación es designada como legislación aplicable por el Reglamento n. 883/2004 en una situación en la que el interesado (a) reside en Letonia, (b) tiene la nacionalidad letona, (c) trabaja para un empresario establecido los Países Bajos, (d) ejerce sus actividades como trabajador del mar, (e) trabaja a bordo de un buque que enarbola el pabellón de las Bahamas, y (f) desarrolla dichas actividades fuera del territorio de la Unión Europea?
Nota: ¿Alguien da más 'transnacionalidad'?
-Asunto C-635/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag, Sitzungsort Haarlem (Países Bajos) el 14 de noviembre de 2017 — E. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
"1) A la luz del artículo 3, apartado 2, inicio y letra c), de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, y de la sentencia Nolan (EU:C:2012:638), ¿es competente el Tribunal de Justicia para responder a cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos jurisdiccionales neerlandeses sobre la interpretación de las disposiciones de la citada Directiva 2003/86/CE en un litigio relativo al derecho de residencia de un miembro de la familia de una persona que disfruta de protección subsidiaria, si se ha declarado en el Derecho neerlandés que dicha Directiva es aplicable de forma directa e incondicional a los beneficiarios de protección subsidiaria? [véase la resolución de remisión de la sección de Derecho administrativo del Raad van State (Consejo de Estado) de 21 de junio de 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1609, registrada en el Tribunal de Justicia con el número de asunto C-380/17].
2) ¿Debe interpretarse el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/86/CE, en el sentido de que se opone a la desestimación de una solicitud de reagrupación familiar de un refugiado por el mero hecho de no haber acompañado su solicitud con documentos justificativos que acrediten los vínculos familiares, o bien debe interpretarse el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/86/CE en el sentido de que se opone únicamente a la desestimación de la solicitud de reagrupación familiar de un refugiado por la mera falta de documentos que acrediten los vínculos familiares, si éste ha dado una explicación verosímil de la falta de presentación de estos documentos y que respalda su tesis de que no puede presentarla todavía?"
-Asunto C-680/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht (Países Bajos) el 5 de diciembre de 2017 — Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam/Minister van Buitenlandse Zaken.
"1) ¿Se opone el artículo 32, apartado 3, del Código de visados a que una persona de referencia como la interesada en la solicitud de visado de los demandantes tenga la posibilidad de interponer en nombre propio una reclamación o un recurso contra la denegación de tal visado?
2) ¿Debe entenderse la representación regulada en el artículo 8, apartado 4, del Código de visados en el sentido de que la responsabilidad sigue recayendo (también) sobre el Estado representado, o bien en el sentido de que la responsabilidad se transfiere por completo al Estado de representación, de suerte que el Estado representado deja de ser competente?
3) En el caso de que el artículo 8, apartado 4, frase inicial y letra d), del Código de visados permita las dos formas de representación mencionadas en la cuestión 2, ¿qué Estado miembro deberá tener la consideración de Estado miembro que ha adoptado la decisión final en el sentido del artículo 32, apartado 3, del Código de visados?
4) ¿Es compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 47 de la Carta, una interpretación del artículo 8, apartado 4, y del artículo 32, apartado 3, del Código de visados, en virtud de la cual los solicitantes de visados pueden interponer el recurso contra la desestimación de sus solicitudes exclusivamente ante un órgano administrativo o jurisdiccional del Estado miembro de representación y no en el Estado miembro representado para el que se ha solicitado el visado? ¿Tiene alguna relevancia para la respuesta a esta cuestión el hecho de que el procedimiento ofrecido garantice que el solicitante tendrá derecho a ser oído, que tiene derecho a realizar sus actuaciones en una lengua de uno de los Estados miembros, que la cuantía de las tasas o costas judiciales correspondientes a procedimientos de reclamación y de recurso no resultan desproporcionadas para el solicitante y que se disponga de la posibilidad de contar con ayuda económica para la asistencia jurídica? A la vista del margen de apreciación de que disfruta el Estado en materia de visados, ¿tiene alguna relevancia para la respuesta a esta cuestión saber si un órgano jurisdiccional suizo puede conocer suficientemente la situación neerlandesa para poder ofrecer una tutela judicial efectiva?"
-Asunto C-694/17: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxemburgo) el 11 de diciembre de 2017 — Pillar Securitisation Sàrl / Hildur Arnadottir.
Cuestión planteada: "En el marco de un contrato de crédito que, por la cuantía total del crédito, no está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, ¿puede considerarse que una persona es «consumidor» en el sentido del artículo 15 del Convenio de Lugano de 30 de octubre de 2007, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, cuando no existe una disposición nacional que aplique las normas de dicha Directiva a áreas no incluidas en su ámbito de aplicación, porque el contrato se celebró para un fin que puede considerarse ajeno a su actividad profesional?"
[DOUE C63, de 19.2.2018]
Etiquetas: C.Lugano, D.Obligaciones, D.Público, DOUE, DPCI, Extranjería, TJUE
Jurisprudencia - Reconocimiento de la pensión de viudedad a las dos esposas de un marroquí polígamo
Tibunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia 84/2018 de 24 Ene. 2018, Rec. 98/2017: Interés casacional. Clases pasivas. Pensión de viudedad. Situación de poligamia del súbdito marroquí causante. No impide, por razones de orden público, el reconocimiento de la pensión a todas las esposas que, de acuerdo con su ley personal, estuvieran simultáneamente casadas con él. Ampliación o extensión de la condición de beneficiarias, por vía interpretativa, conforme al art. 23 del Convenio sobre Seguridad Social entre España y Marruecos. Cálculo de la pensión partiendo de su distribución por partes iguales entre las viudas. Voto Particular.
Nº de Sentencia: 84/2018
Nº de Recurso: 98/2017
Diario La Ley, Nº 9142, Sección Jurisprudencia, 19 de Febrero de 2018
ECLI: ES:TS:2018:121
Jurisprudencia - Infracción de la propiedad intelectual mediante la comunicación pública de archivos musicales sin autorización a través de la web SHAREMULA
Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, Sentencia 550/2017 de 4 Dic. 2017, Rec. 556/2015: Caso "Sharemula". Propiedad Intelectual. Infracción de los derechos de propiedad intelectual mediante la comunicación pública de obras protegidas (archivos musicales) sin autorización realizada a través de la web SHAREMULA. Cualquier acto mediante el que un usuario proporcione a sus clientes, con pleno conocimiento de causa, acceso a obras protegidas puede constituir un «acto de comunicación». Por tanto, la actividad de los gestores o titulares de sitios intermedios con enlaces que permiten que los usuarios del sistema de intercambio puedan localizar archivos con los contenidos que desean en los ordenadores de otros usuarios constituye un acto de comunicación. Si la obra se encuentra disponible sin el consentimiento del titular de los derechos, necesariamente cualquier nueva puesta a disposición se dirige a un público nuevo. La demandada no podía ignorar razonablemente y de buena fe que se facilitaba el acceso a los usuarios, para su descarga, de miles de archivos conteniendo obras protegidas sin autorización de sus titulares. Indemnización. Cantidad que como remuneración hubieran percibido las compañías discográficas si hubiera autorizado la explotación de los fonogramas.
Bibliografía - El reconocimiento incidental en Derecho español
Francisco José MARTÍN MAZUELOS, Presidente de la Sección Segunda (Civil) de la Audiencia Provincial de Huelva. Miembro de la Red Judicial Española de cooperación internacional
Se defiende en el presente artículo que la presentación de una resolución extranjera por una de las partes en un procedimiento no ha de dar lugar a la iniciación de un procedimiento incidental. El principio del reconocimiento sin necesidad de acudir a procedimiento alguno justifica que sólo la oposición de la otra parte al reconocimiento daría lugar a un incidente contradictorio. El trámite a seguir será el especialmente previsto en la LEC (cosa juzgada) o los trámites generales de la LEC cuando permitan su decisión contradictoria sin necesidad de seguir necesariamente los trámites del procedimiento incidental.
In the author’s opinion, recognition of a judgment given in another State that is invoked by one of the parties in the proceedings needs no contradictory incidental procedure. Recognition without any special procedure being required should mean that only invoking a ground for refusal of recognition would entail incidental proceedings. Which rules of procedure apply in Spain is the subject of the second part of this study.
Revista de revistas (11 a 18 de febrero)
-Aranzadi Civil-Mercantil: 2017, núm. 11.
-Jus - Juristische Schulung: 2017, núm. 12; 2018, núm. 1; 2018, núm. 2.
-Justicia. Revista de derecho procesal: 2017, núm. 2.
-Maastricht Journal of European and Comparative Law: 2017, núm. 6.
-Revista de Derecho Migratorio y Extranjería: núm. 46 (2017).
-Revista de Fiscalidad Internacional y Negocios Transnacionales: núm. 6 (2017).
-Revista Española de Seguros: núm. 171-172 (2017).
-Zeitschrift für europäisches Privatrecht - ZEuP: 2018, núm. 1.
Bibliografía (Revista de revistas) - Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social núm. 132 (2017)
La Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado su núm. 132 (2017), dedicado al Derecho Social Internacional y Comunitario. Estos son sus contenidos:
-Rodríguez-Piñero Royo, Miguel: La movilidad internacional de trabajadores: aspectos generales y distinción de supuestos de movilidad internacional, pp. 17-48
-Jimena Quesada, Luis: La protección constitucional de las relaciones laborales trasnacionales en España, pp. 49-78
-Menéndez Sebastián, Paz: Competencia judicial en el contrato laboral con elemento extranjero, pp. 79-110
-Palao Moreno, Guillermo: Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia de contrato individual de trabajo en España, pp. 111-128
-Carrillo Pozo, Luis Francisco: La ley aplicable al contrato de trabajo plurilocalizado: el Reglamento Roma I, pp. 129-162
-Gardeñes Santiago, Miguel: Derecho imperativo y contrato internacional de trabajo, pp. 163-188
-Llobera Vila, Mireia: El desplazamiento temporal de trabajadores y normas de protección del Estado de prestación temporal de servicios, pp. 189-216
-Fotinopoulou Basurko, Olga: Las relaciones colectivas de trabajo en el Derecho Internacional Privado, pp. 217-248
-Maneiro Vázquez, Yolanda: Las normas conflictuales en el sistema de coordinación de regímenes de Seguridad Social, pp. 249-282
-Maneiro Vázquez, Yolanda: Crónica legislativa: la actividad de la Unión Europea, 283-310
-Miranda Boto, José María: Reseña de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2016, pp. 311-332
-Colina Robledo, Miguel: Balance de la actividad del Consejo de la Unión Europea en materia de relaciones laborales y condiciones de trabajo, protección, inclusión social y seguridad social, política social e igualdad, 2014-2015, pp. 333-382
-Prous Lora, María: La gobernanza económica de la Unión Europea. Informe 02/2017, pp. 383-392
-Vela Díaz, Raquel: La brecha salarial de género en la Unión Europea: principales estrategias adoptadas para su eliminación desde una perspectiva comparada, pp. 393-412
-Villa de la Serna, Paula de la: Sobre el trabajo atípico en el mundo. Un informe de la OIT, pp. 413-438
Agradezco la información a Luis F. Carrillo (Universidad de Gerona).
Etiquetas: Bibliografía, D.Obligaciones, D.Público, DPCI, Ley aplicable, Reglamento Roma I
DOUE de 17.2.2018
-Acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea por el que se modifica el punto 4 del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
Nota: Véase el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, así como la entrada de este blog del día 20.10.2010.
[DOUE L45, de 17.2.2018]
-Actualización de los modelos de tarjetas que expiden los Ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados miembros a los miembros acreditados de las representaciones diplomáticas y oficinas consulares y a los miembros de sus familias, tal como se establece en el artículo 20, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (codificación).
Nota: En relación con la actualización de la mencionada lista véanse DOUE C247, de 13.10.2006, p. 85; DOUE C153, de 6.7.2007, p. 15; DOUE C64, de 19.3.2009, p. 18; DOUE C239 de 6.10.2009, p. 7; DOUE C304, de 10.11.2010, p. 6; DOUE C273, de 16.9.2011, p. 11; DOUE C357, de 7.12.2011, p. 3; DOUE C88, de 24.3.2012, p. 12; DOUE C120, de 25.4.2012, p. 4; DOUE C182, de 22.6.2012, p. 10; DOUE C214, de 20.7.2012, p. 4; DOUE C238, de 8.8.2012, p. 5; DOUE C255, de 24.8.2012, p. 2, DOUE C242, de 23.8.2013, p. 13; DOUE C38, de 8.2.2014, p. 16; DOUE C133, de 1.5.2014, p. 2; DOUE C360, de 11.10.2014, p. 5; DOUE C397, de 12.11.2014, p. 6; DOUE C77, de 27.2.2016, p. 5; DOUE C174, de 14.5.2016, p. 12; DOUE C236, de 30.6.2016, p. 11; DOUE C279, de 23.8.2017, p. 5.
[DOUE C62, de 17.2.2018]
Proyecto de Ley de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de valores (procedente del Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre) (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 17-1, de 16.2.2018).
Nota: Como se indica, este proyecto de ley tiene su origen en el Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre. Al igual que esta norma, las principales medidas del proyecto se refieren a determinadas previsiones que inciden en el régimen jurídico de los centros españoles de negociación de instrumentos financieros y que están contenidas en la Directiva 2014/65/UE, de 15 de mayo de 2014, modificada por la Directiva (UE) 2016/1034 de 23 de junio de 2016. En particular, estas previsiones se refieren a las medidas organizativas para abordar la negociación algorítmica y las relativas a la autorización y condiciones operativas de los centros de negociación (contenidas principalmente en el capítulo I del título II y en el título III de la mencionada directiva). El cumplimiento por los centros de negociación españoles de esas normas es un elemento determinante para la homologación de dichos mercados a efectos del cumplimiento de varias obligaciones establecidas en el Reglamento (UE) n.º 600/2014, de 15 de mayo de 2014, en particular la obligación que establece dicho reglamento para las empresas de servicios de inversión de ejecutar las operaciones sobre acciones en mercados regulados, sistemas multilaterales de negociación o internalizadores sistemáticos.
Véase la entrada de este blog del día 30.12.2017.
Igualmente, el Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la correspondiente autorización para proceder a la ratificación del Acuerdo entre el Reino de España y la República Dominicana sobre exención de visados para estancias de corta duración para titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Santo Domingo el 18 de octubre de 2017 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 86-1, de 16.2.2018).
Etiquetas: Cortes Generales, D.Público, D.Sociedades/P.Jurídicas, Extranjería, Títulos valores
Consulta Vinculante - No se repercute IVA por la organización profesional de cacerías en el extranjero
Consulta Vinculante V3127-17, de 04 de diciembre de 2017 de la Subdireccion General de Impuestos sobre el Consumo: Impuesto sobre el valor añadido. Repercusión del tributo. Organización de cacerías incluyendo el alojamiento y la manutención así como la entrega de los trofeos cazados. Si el servicio se localiza fuera del territorio de aplicación del impuesto pues el evento se organiza en propiedades sitas fuera del ámbito espacial del impuesto, no estará sujetos al IVA y el interesado no tendrá que repercutir cuota alguna por el IVA en las facturas que expida.
Diario La Ley, Nº 9141, 16 de Febrero de 2018
Jurisprudencia - Denegación de la petición de asilo por persecución por ser testigo de Jehova
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Sentencia de 8 enero 2018, Rec. 238/2017: Asilo. Persecución por ser Testigo de Jehova. Denegación. No es un supuesto merecedor de la protección del asilo, pues la recurrente no ha sufrido persecución alguna y de hecho sólo volvió a su país para renovar el pasaporte. La zona en la que se encuentra, Zaporozhie (Ucrania), no es zona de conflicto, está controlada por el gobierno y la situación se encuentra estabilizada, sin que parezca existir riesgo de que aquel se deslocalice. Los actos realizados contra los testigos de Jehová en las zonas controladas por el Gobierno están disminuyendo, proceden de terceros y son objeto de sanción.
[Texto en CENDOJ: Roj: SAN 12/2018 - ECLI: ES:AN:2018:12]
DOUE de 15.2.2018 - Parlamento Europeo
(Sesiones del 11 al 14 de abril de 2016)
-Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre la situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración (2015/2095(INI)).
-Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de abril de 2016, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (05419/1/2016 — C8-0140/2016 — 2012/0011(COD)).
-Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de abril de 2016, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (05418/1/2016 — C8-0139/2016 — 2012/0010(COD)).
-Utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (UE-PNR))
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de abril de 2016, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave (COM(2011)0032 — C7-0039/2011 — 2011/0023(COD)).
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de abril de 2016 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2016/… del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave.
[DOUE C58, de 15.2.2018]
Etiquetas: D.Penal, D.Persona, DOUE, Europarlamento, Extranjería
BOE de 15.2.2018
-Corrección de errores y erratas de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.
Nota: Véase la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, así como la entrada de este blog del día 6.12.2017.
-Resolución de 5 de febrero de 2018, conjunta de la Secretaría General de Universidades y de la Secretaría General de la Administración de Justicia, por la que se designan las Comisiones evaluadoras de la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2018.
Nota: Véase la Orden PRA/1174/2017, de 30 de noviembre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2018, así como la entrada de este blog del día 1.12.2017.
-Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca en el año 2018 la prueba para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Nota: Son condiciones personales, entre otras, para acceder a esta prueba ser mayor de 20 años, tener nacionalidad española y residir temporal o habitualmente en el extranjero, o residir en el extranjero sin ser de nacionalidad española y haber cursado previamente enseñanzas regladas del sistema educativo español (véase el art. 3).
[BOE n. 41, de 15.2.2018]
Etiquetas: BOE, D.Público, D.Sociedades/P.Jurídicas, Extranjería, Universidad
Jurisprudencia - Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del art. 318 bis 3 b) y aplicación del tipo agravado
Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Sentencia de 15 enero 2018, Rec. 471/2017: Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del art. 318 bis 3 b). Aplicación del tipo agravado. Concurren todos los elementos del tipo del supuesto agravado dado que no se trataba de un simple traslado clandestino de personas sino que la forma y lugar en el que se transportaba a los inmigrantes, los síntomas de asfixia que éstos presentaban, la necesidad de emplear una palanca para romper la plancha de madera a fin de permitir la entrada de oxígeno y la extracción de los inmigrantes, y, en fin, la debilidad física de éstos, que no podían mantenerse en pie, son elementos probatorios que justifican la aplicación del tipo agravado. Calificar el tipo agravado del art. 318 bis 3 b) como delito de peligro concreto es más conforme a los principios que han de informar el sistema penal.
Nº de Recurso: 471/2017
[Texto en CENDOJ: Roj: STS 13/2018 - ECLI: ES:TS:2018:13]
Jurisprudencia - Revocación de la pensión de viudedad a mujer casada por el rito gitano
Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia 58/2018 de 25 Ene. 2018, Rec. 2410/2016: Viudedad. Se anula la pensión concedida a la viuda casada por el rito gitano desde hace 40 años y con 5 hijos. No es posible equiparar este supuesto al fallado por el TEDH en el asunto Muñoz Díaz, pues aquí no se aprecia buena fe en los contrayentes. En el libro de familia aparecían como “solteros”, y en los certificados de nacimiento de los hijos como “extramatrimoniales”. Por el hecho de ser gitanos no pueden ser eximidos de los requisitos formales de inscripción registral o escritura notarial de la pareja. No hay discriminación racial alguna. Voto Particular.
Nº de Sentencia: 58/2018
Nº de Recurso: 2410/2016
Diario La Ley, Nº 9139, Sección Reseña de Sentencias, 14 de Febrero de 2018
ECLI: ES:TS:2018:294
DOUE de 14.2.2018
-Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento relativo al sistema ECRIS-TCN.
Nota: El sistema ECRIS fue establecido por la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo (véase la entrada de este blog del día 7.4.2009) y se apoya el intercambio de información sobre las condenas penales, principalmente en el contexto de la cooperación judicial. El sistema ECRIS podrá utilizarse también para otros fines distintos del proceso penal de acuerdo con la legislación nacional del Estado miembro requirente y el requerido. A pesar de que el actual sistema ECRIS puede ser utilizado para nacionales de terceros países («NTP»), no resulta en este caso tan eficiente.
Véase el documento COM(2017) 344 final, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (NTP) a fin de complementar y apoyar el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (sistema ECRIS-TCN) y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1077/2011.
[DOUE C55, de 14.2.2018]
-Decimonoveno informe anual con arreglo al artículo 8, apartado 2, de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares.
Nota: Este informe abarca las estadísticas sobre licencias y exportaciones de armas convencionales de los Estados miembros de la UE durante el año civil 2016. Abarca también las actividades realizadas por la UE y sus Estados miembros en el marco de la aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo a lo largo de 2016 y 2017, además de las actividades mencionadas en el decimoctavo informe anual. El informe contiene además información no exhaustiva sobre las transferencias dentro de la UE de productos relacionados con la defensa, que se rigen por la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad.
[DOUE C56, de 14.2.2018]
Etiquetas: D.Comercio Internacional, D.Obligaciones, D.Penal, D.Público, DOUE, DPPI, SEPD
BOE de 14.2.2018
Nota: Véase el Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, así como la entrada de este blog del día 30.12.2017.
[BOE n. 40, de 14.2.2018]
Congreso internacional "Estrategias actuales en materia de Mediación y Arbitraje comercial" (Universidad de Alcalá, 24.4.2018)
Congreso internacional "Estrategias actuales en materia de Mediación y Arbitraje comercial"
Ejes temáticos de las distintas Sesiones:
1. Desafíos y tendencias de los sistemas de resolución de conflictos. La mediación como medio de resolución de conflictos. Presente y futuro de la mediación en materia comercial. Sistemas alternativos para la resolución de conflicto y justicia: negociación
2. Regulación internacional del arbitraje: problemas institucionales y técnicas legislativas.
3. El Acuerdo de arbitraje Procedimiento de arbitraje. Organización de procedimientos y audiencias de arbitraje.
4. Laudo arbitral. Ley aplicada por los árbitros a la disputa. Arbitrabilidad y orden público. Relaciones entre jueces y árbitros. Control judicial del arbitraje. Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros en la Unión Europea.
Envío y aceptación de propuestas:
Requisitos formales: Las comunicaciones deberán remitirse en formato Word atendiendo a las siguientes consideraciones:
1. Documento conteniendo solo los datos siguientes: título de la propuesta; nombre completo del proponente; Universidad de procedencia; posición académica.
Evaluación: El Comité Científico seleccionará las comunicaciones que podrán ser defendidas en el Congreso del 24 de abril conforme a los criterios siguientes:
-Las propuestas podrán remitirse antes del 1 de abril de 2018.
-Deberán enviarse a: [a.fernandezperez(at)uah.es]
-Inicialmente, se dará confirmación formal de su recepción.
-Antes del 10 de abril de 2018, se procederá a la comunicación del rechazo o aceptación de la propuesta.
Las ponencias y comunicaciones aceptadas y presentadas en el marco del Congreso internacional “Estrategias actuales en materia de Mediación y Arbitraje comercial” serán publicadas revista “Arbitraje: Revista de arbitraje comercial y de inversiones”. El texto definitivo de las comunicaciones aceptadas deberá enviarse antes del 30 de mayo de 2018.
Prof. Dr. José Mª Espinar Vicente (Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares).
Prof. Dr. José Carlos Fernández Rozas (Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid).
Prof. Dr. Sixto A. Sánchez Lorenzo (Catedrático de la Universidad de Granada).
Prof. Dr. Bertrand Ancel (Catedrático de la Universidad París II- ASSAS).
Prof. Dr. Miguel Gómez Jene (Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED).
1 de abril de 2018: último día para presentar propuestas.
10 de abril de 2018: fecha de comunicación de aceptación.
24 de abril de 2018: Celebración del Congreso.
30 de mayo de 2018: fecha de envío del documento definitivo.
Jurisprudencia - Reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles residentes en España
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Sentencia de 18 julio 2017, Rec. 298/2016: Extranjería. Nacional cubano. Solicitud de tarjeta de familiar de residente comunitario como pareja registrada de ciudadano español residente en España. Aplicación del RD 240/2007 a la reagrupación de familiares extranjeros -cualquiera que sea su nacionalidad- de españoles, hayan o no hecho uso de su derecho a la libre circulación y residencia por el Espacio Común Europeo. Aplicación del art. 7 del RD 240/2007. Denegación de la tarjeta basada en el incumplimiento de los requisitos exigidos en el citado precepto.
Ponente: Huerta Garicano, Inés María.
Iustel - Diario Del Derecho, 13 febrero 2018, sección Jurisprudencia
[Texto en CENDOJ: Roj: STS 2966/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2966]
DOUE de 13.2.2018
-Reglamento Delegado (UE) 2018/181 de la Comisión, de 18 de octubre de 2017, por el que se modifica el anexo III ter del Reglamento (CE) n.o 1236/2005 del Consejo, sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
De acuerdo con los arts. 7 ter y 7 sexies del Reglamento (CE) n 1236/2005, se requiere una licencia para la exportación de determinados productos que puedan utilizarse para aplicar la pena de muerte, así como para la prestación de servicios de corretaje o asistencia técnica relacionados con dichos productos, que figuran en el anexo III bis de dicho Reglamento. En el anexo III ter del Reglamento se establece una licencia general de exportación de la UE y que se aplica a las exportaciones a países que hayan abolido la pena de muerte para todos los delitos y que hayan confirmado esta abolición mediante un compromiso internacional, si se cumplen las condiciones y requisitos para el uso de dicha licencia. En la lista de su parte 2 figuran los países de que se trata.
[DOUE L40, 13.2.2018]
(125º Pleno, 9-11 de octubre de 2017)
-Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La protección de los menores migrantes.
Nota: Véase el documento COM(2017) 211 final, COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO. Protección de los menores migrantes.
[DOUE C54, de 13.2.2018]
BOE de 13.2.2018
Nota: Los hechos que dieron lugar a este recurso son los circunstancias siguientes: los causantes son de vecindad civil gallega; se realizó la partición mediante expediente de nombramiento de contador-partidor dativo designado y tramitado conforme la regulación de los arts. 1057 CCiv y 66 LN, en sus redacciones dadas por la Ley 15/2015, de 2 de julio de 2015, de la Jurisdicción Voluntaria. La registradora denegó la inscripción porque entendió que las disposiciones aplicables a la partición de esta herencia eran las de la legislación gallega que contiene normas específicas sobre las particiones.
El art. 1057.2 CCiv ha sido reformado por la LJV, de modo que hay que hacer una interpretación sistemática para analizar la finalidad pretendida por la citada norma legal. En primer lugar, la modificación legal operada a través de la modificación del art. 1057.2 CCiv obedece a la voluntad de racionalizar nuestro sistema procesal, evitando la necesidad de iniciar un proceso judicial que iba a materializarse en la designación de un contador-partidor dativo por el órgano jurisdiccional para que efectuara la partición, permitiendo que esta solución se opere en la vía extrajudicial con la intervención notarial. Y en segundo lugar, que la materialización a través de la modificación del Código Civil, no evita el carácter procesal del procedimiento, por lo que no se debe impedir el acceso a esta posibilidad de aquellos cuya ley personal determina la sujeción a legislaciones forales, que en ningún caso tienen competencias sobre cuestiones procesales.
La Ley 2/2006 de derecho civil de Galicia señala en su art. 270.2.º que la partición de la herencia puede realizarse, entre otras formas, por el contador-partidor, en cualquiera de los casos admitidos por la ley. Como acertadamente alega el recurrente, el texto de la norma alude expresamente a «la ley» y no se expresa en otros términos, como por ejemplo, «la presente ley» o «la regulación que se recoge en esta Ley», de modo que se puede concluir en que la propia Ley gallega prevé la posibilidad de que futuros desarrollos legales lleguen a articular otras formas de designación de contador-partidor distintas de las previstas en la misma. Esto es precisamente lo que hace el art. 1057.2 del Código Civil.
Por otro lado, la Ley de derecho civil de Galicia señala en su art. 1.3 que en defecto de ley y costumbres gallegas, será de aplicación con carácter supletorio el Derecho civil general del Estado, cuando no se oponga a los principios del ordenamiento jurídico gallego. En tal sentido, la tramitación de la designación de un contador-partidor distinto del que pueda designar el testador, se recoge en la Ley de derecho civil de Galicia en los arts. 295 y ss., ubicados en la Sección Cuarta del título de la partición de la herencia, con el nombre «de la partición de los herederos», que entraña un requerimiento ante notario para que se escoja un contador-partidor de entre los designados por los herederos promotores, con un máximo de tres por cada promotor, para la elección de uno de estos contadores por sorteo tras la insaculación de entre los propuestos. En los arts. 301 y ss. se recoge detalladamente la actuación de este contador-partidor –que en ningún caso se denomina como dativo– en lo que se refiere a formas, plazos y actuaciones. En esta regulación gallega, no hay una reserva expresa en favor de los órganos jurisdiccionales, como por ejemplo existe en las legislaciones forales de Navarra (Ley 344 de la Ley 1/1973 de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra, tras la redacción dada por la Ley Foral 5/1987, de 1 de abril), en la que se le denomina «contador dativo», y Aragón (art. 450.4 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas), en la que se previene la intervención judicial para el caso de que el administrador no formule el inventario, para que lo haga un «tercero designado judicialmente». Pero incluso en estas legislaciones forales serían compatibles sus regulaciones con la del contador partidor dativo del artículo 1057.2 del Código Civil. En consecuencia, el nuevo procedimiento del art. 1057.2 CCiv en modo alguno contraviene principios o pautas del ordenamiento jurídico gallego, sino que es perfectamente congruente con él, y complementario como legislación supletoria.
Así pues, una y otra son particiones de distinta naturaleza, esto es, por un lado, un acto de jurisdicción voluntaria realizado por el notario o letrado de la Administración de Justicia que aprueban la partición del contador-partidor, en el caso del art. 1057.2 CCiv, y por otro, una partición contractual, aunque no unánime, en el caso de los arts. 295 y ss. de la Ley gallega. Esto tiene una clara manifestación tanto en las reglas de competencia notarial –y del letrado de la Administración de Justicia– como en el respectivo procedimiento de nombramiento de contadores-partidores. Así, mientras la competencia notarial está limitada en el caso del art. 1057.2 CCiv por el art. 66.2 LN, en el ámbito de la partición por mayoría del derecho gallego, rige el principio general de libre elección de notario, propio de las actuaciones voluntarias o contractuales. En cuanto al nombramiento de contadores-partidores, difieren también ambas regulaciones, pues mientras en el supuesto de los arts. 1057.2 CCiv y 66 LN, el nombramiento lo hace el propio notario (o el letrado de la Administración de Justicia) entre la lista de contadores-partidores posibles que elaborará el correspondiente Colegio Notarial (art. 50 LN), en cambio, en el de la partición por mayoría el nombramiento, se hace por insaculación entre contadores-partidores designados por los propios partícipes que promueven la partición.
Por tanto, es clara la distinta naturaleza y alcance de las particiones por mayoría del Derecho civil gallego y la partición por contador-partidor dativo del art. 1057.2 CCiv. En consecuencia, la exclusión de esta última norma en Galicia, privaría a los interesados de un mecanismo legalmente establecido para la defensa de sus derechos, propios de la jurisdicción voluntaria como alternativa a la directa partición judicial de la jurisdicción contenciosa, lo que es claramente contrario al espíritu de las recientes reformas. Así pues, la partición por mayoría del Derecho gallego subsiste tras la LJV con sus propios trámites y naturaleza, como particularidad foral, de carácter sustantivo y no procesal o procedimental, pero de modo concurrente con la partición por contador-partidor dativo del art. 1057.2 CCiv, que tiene la naturaleza procesal referida de la Jurisdicción Voluntaria.
Por todo lo anterior, la DGRN acuerda estimar el recurso interpuesto y revocar la calificación de la registradora.
[BOE n. 39, de 13.2.2018]
-Asunto C-598/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de diciembre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia n.° 1 de Jerez de la Frontera — Cádiz) — Banco Santander, S.A. / Cristobalina Sánchez López (Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados con los consumidores — Cláusulas abusivas — Facultades del órgano jurisdiccional nacional — Efectividad de la protección reconocida a los consumidores — Contrato de préstamo hipotecario — Procedimiento extrajudicial de ejecución de la garantía hipotecaria — Procedimiento judicial simplificado de reconocimiento de los derechos reales del adjudicatario)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 7.12.2017.
-Asunto C-403/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 13 de diciembre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Soufiane El Hassani / Minister Spraw Zagranicznych [Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (CE) n.° 810/2009 — Artículo 32, apartado 3 — Código comunitario sobre visados — Decisión de denegación de visado — Derecho del solicitante a interponer recurso contra dicha decisión — Obligación de un Estado miembro de garantizar el derecho a un recurso judicial]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 13.12.2017.
-Asunto C-636/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de diciembre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 1 de Pamplona, Navarra) — Wilber López Pastuzano / Delegación del Gobierno en Navarra (Procedimiento prejudicial — Estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración — Directiva 2003/109/CE — Artículo 12 — Adopción de una orden de expulsión contra un residente de larga duración — Elementos que deben tomarse en consideración — Normativa nacional — Falta de toma en consideración de dichos elementos — Compatibilidad)
-Asunto C-66/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 14 de diciembre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu — Polonia) — Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś / DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.° 805/2004 — Ámbito de aplicación — Título ejecutivo europeo para créditos no impugnados — Títulos ejecutivos que pueden certificarse como título ejecutivo europeo — Decisión sobre el importe de las costas procesales contenida en una sentencia que no tiene por objeto un crédito no impugnado — Exclusión]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 14.12.2017.
-Asunto C-646/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Brindisi (Italia) el 17 de noviembre de 2017 — Proceso penal contra Gianluca Moro
Cuestión planteada: "¿Se deben interpretar el artículo 2, apartado 1, el artículo 3, apartado 1, letra c), y el artículo 6, apartados 1, 2 y 3, de la Directiva 2012/13/UE, así como el artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen a disposiciones procesales penales de un Estado miembro según las cuales las garantías de defensa, tras la modificación del escrito de acusación, se garantizan en términos cualitativa y cuantitativamente diferentes según que dicha modificación se refiera a aspectos fácticos o a aspectos jurídicos de la acusación, en concreto, permitiendo al acusado solicitar el procedimiento alternativo más favorable de aplicación de la pena (la denominada pena pactada) sólo en el primer caso?"
-Asunto C-657/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria) el 24 de noviembre de 2017 — Hussein Mohamad Hussein
"1) ¿El incumplimiento del plazo previsto en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n. 1560/2003 (Reglamento de aplicación) para formular una solicitud de reexamen en el supuesto de denegación, dentro de plazo, de una petición de toma a cargo presentada de conformidad con el artículo 21, apartado 1, del Reglamento n. 604/2013 (Reglamento Dublín III) por el Estado miembro requerido conduce a una transmisión de la responsabilidad al Estado miembro solicitante cuando este Estado, en un primer momento, ha presentado dentro de plazo una petición de toma a cargo en el sentido del artículo 21, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento Dublín III y, sobre la base de una investigación (posterior), se determina que el Estado miembro requerido era el Estado miembro responsable en virtud de los criterios que establece el capítulo III del Reglamento Dublín III?
2) ¿El Estado miembro requerido — y responsable en virtud de los criterios establecidos en el capítulo III del Reglamento Dublín III — puede todavía acceder válidamente a la petición de toma a cargo presentada con arreglo al artículo 21, apartado 1, del Reglamento Dublín III cuando ya ha vencido el plazo para responder y ese mismo Estado había denegado con anterioridad, dentro de plazo, la petición de toma a cargo?"
-Asunto C-675/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 30 de noviembre de 2017 — Ministero della Salute / Hannes Preindl
"1) ¿Obligan los artículos 21, 22 y 24 de la Directiva [2005/36/CE] a un Estado miembro, en el que rige la obligación de formación a tiempo completo y la prohibición correlativa de matricularse simultáneamente en dos carreras universitarias, a reconocer automáticamente los títulos obtenidos, en cambio, en el Estado miembro de origen de forma simultánea o en períodos parcialmente superpuestos?
2) En caso de respuesta afirmativa, ¿pueden interpretarse el artículo 22, letra a), y el artículo 21 de la Directiva en el sentido de que la autoridad del Estado miembro al que se solicita el reconocimiento dispone, no obstante, de la facultad de verificar si concurre el requisito de que «la duración total, el nivel y la calidad de la formación en cuestión no sean inferiores a los de la formación a tiempo completo»?"
[DOUE C52, de 12.2.2018]
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