Source: https://es.scribd.com/doc/65255185/Responsabilidad-Del-Funcionario-Publico
Timestamp: 2017-08-23 12:22:25
Document Index: 174428189

Matched Legal Cases: ['Artículo 139', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 47', 'Artículo 140', 'artículo 259', 'artículo 206', 'artículo 140', 'artículo 2', 'artículo 25', 'artículo 49', 'artículo 281', 'artículo 285', 'artículo 2']

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PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS
.……………………………………………………. INTRODUCCIÓN .……………………… 14 REFERENCIAS ………………………………………………………….ÍNDICE GENERAL pp.9 III CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES….4 II ANÁLISIS Y OPINION DE LA ALUMNA……………………………….....…………………………… …….………………………….4 Extractos de Material Consultado………..…… 3 CAPÍTULO I DESCRIPCION DEL PRINCIPIO .15 2 .………….
3 . es quien a través de sus investigaciones que determina las responsabilidades penales de todos los hechos punibles. tema este que apasiona a esta suscritora. pues funcionarios públicos como y somos responsables. a a desarrollar uno de los Principios procederé Fundamentales del Derecho Público.Introducción En cumplimiento con el compromiso asumido al inscribirme en la especialidad en Derecho Administrativo que imparte la Universidad Valle del Momboy en convenio con la Universidad de Los Andes. no dejando por fuera aquellos ellos en que incurren funcionarios del Estado en ejercicio de sus funciones. Fundamentalmente me he enfocado en el Principio de la Responsabilidad del Estado y de los Funcionarios Públicos. se ha internalizado en mi la pasión por la labor propia del Fiscal del Ministerio Público. donde he laborado por más de diez (10) años. civil penalmente de cualquier hecho irregular en el que pudiéramos incurrir en el ejercicio de nuestras funciones. en el área administrativa. pues. y como parte de la evaluación de continuación la Unidad “Introducción al Derecho Público”. ya que por ser funcionaria adscrita al Ministerio Público. Se desarrolla este trabajo con la ubicación de material sobre el tema y posteriormente emito mi opinión personal sobre el mismo. administrativa.
pueden originarse por abuso de poder. 2005. cuando en el ejercicio del poder público causen daño. Como toda actividad en el mundo del derecho puede producir daños a las personas en particular a los administrados. En consecuencia la responsabilidad de los funcionarios. Responsabilidad Individual de los Funcionarios Artículo 139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. por desviación de poder. Editorial Jurídica Venezolana. “El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley”.1 1. como las personas jurídicas estatales deben responder por los mismos. Si estos daños se producen. pp 139 y ss. Brewer-Carías “Principios Fundamentales del Derecho Público”. es decir por el llamado vicio en la causa de los actos estatales. los órganos que lo integran realizan actividades en ejercicio de las competencias que constitucionalmente le han sido atribuidas. En consecuencia. 4 . 1 Vease en Allan R.CAPÍTULO I Descripción del Principio LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Para el desarrollo de la función propia del Estado. Caracas. tanto los titulares de los órganos del Estado (los funcionarios públicos). la responsabilidad de los funcionarios cuando en ejercicio del Poder Público causen daños. tanto como resultado del ejercicio lícito de los poderes Públicos como por hecho ilícito.
los particulares cuyos derechos humanos hayan sido violados o menoscabados por un acto u orden de un funcionario público pueden. por ejemplo). penal y administrativa. por contrariedad al derecho. La Constitución. laboral. responsabilidad que puede ser civil. de la posibilidad de exigencia de responsabilidad. por desviación de poder. al utilizarse el poder conferido para perseguir fines distintos a los establecidos en la norma atributiva de competencia. por otra parte. y también siguiendo una larga tradición de nuestro constitucionalismo. es decir. de conformidad con la ley. acudir ante el Ministerio Público para que éste ejerza las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva “la responsabilidad civil. Este mismo principio lo repite el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. al disponer su artículo 11 que las autoridades y funcionarios de la Administración Pública deben “rendir cuentas de los 5 . Igualmente. reitera el principio de la responsabilidad de los funcionarios públicos pero. A los efectos. la Ley Orgánica establece el principio de rendición de cuentas. respecto de los actos que dicten. en relación con los funcionarios “de la Administración Pública”. (art. además. por violación de la Constitución o de la Ley. 26) y la ley. penal. conforme al artículos 10 de la Ley Orgánica. ordenen o ejecuten. por el llamado vicio en la causa de los actos estatales (falso supuesto.puede originarse por abuso de poder. para que la Defensoría del Pueblo solicite ante el Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiere lugar con respecto a tales funcionarios. y en general. en general. militar. pueden acudir ante la Defensoría del Pueblo para que ésta inste al Ministerio Público a ejercer dichas acciones y. sin que pueda servirles de excusa órdenes superiores que reciba el funcionario. En estos casos. en particular. incluso. 25). que violen o menoscaben los derechos garantizados constitucionalmente. que es el vicio en la finalidad del acto estatal. y sin perjuicio del derecho de acceso a la justicia establecido en la Constitución (art. directamente o a través de su representante. es decir. administrativa o disciplinaria” en que hubiere incurrido dicho funcionario.
por ejemplo. “El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos. 49. ha sido reiterativa en el establecimiento de la responsabilidad individual de los jueces por los daños causados a los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones. Debe indicarse. una de las innovaciones importantes 2 de la Véase en Allan R. En la Constitución de 1961. al atribuirle a los tribunales de dicha jurisdicción. Caracas .cargos que desempeñen en los términos y condiciones que determine la ley”. por retardo o error judicial (Arts. . Estados y de Municipios). es la previsión expresa del principio de la responsabilidad patrimonial del Estado. Pero además de haber establecido la responsabilidad individual de los funcionarios. por último. por los daños y perjuicios que causen los funcionarios en ejercicio de sus funciones. además. que la Constitución. que establecía que las personas no podían pretender que los entes estatales los indemnizaren 46 sino por daños causados por “autoridades legítimas en ejercicio de su función pública”. 6 . Brewer-Carías “La Administración Pública ” Editorial Jurídica VenezolanaUniversidad Monteávila. básicamente las que resultan de la distribución vertical del Poder Público (Repúblicas. pp 44 y ss. el principio de la responsabilidad del Estado se deducía de la previsión del artículo 47. Responsabilidad patrimonial del Estado Artículo 140 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. una de las innovaciones importantes de la Constitución de 1999 en materia de régimen general del ejercicio del Poder Público. es decir. que regulaba la jurisdicción contencioso administrativa (equivalente al artículo 259 de la Constitución de 1999). 2006.8 y 255). de las personas jurídicas estatales. Pero además de haber establecido la responsabilidad individual de los funcionarios. competencia para dictar sentencias de condena “al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados n responsabilidad de la Administración”. siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública”.2 2. y del artículo 206.
3 Véase en Allan R. De la expresión “funcionamiento de la Administración Pública” se admite que la responsabilidad del Estado se puede originar cuando la lesión se derive tanto del “funcionamiento normal” como del “funcionamiento anormal” de la administración pública.. al referirse al sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. legislativas. normal o anormal de los servicios públicos y por cualesquiera actividades públicas. al referirse a la responsabilidad derivada del “funcionamiento” de la Administración. 7 . siendo lo determinante. Editorial Jurídica Venezolana.3 También la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.Constitución de 1999. en materia de régimen general del ejercicio del poder público. lo hace en forma integral. pp 141 y ss. señala expresamente que en ella se consagra “. -como se ha expuesto-. sin distinción. eximiéndose solamente esta responsabilidad de existir y ser probado algún supuesto de caso fortuito.la obligación directa del Estado de responder patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos. judiciales.4 Al referirse a la responsabilidad derivada del “funcionamiento” de la Administración. Brewer-Carías “Principios Fundamentales del Derecho Público”. lo hace respecto al funcionamiento normal como anormal. 4 Véase Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 03-11-2004 (Caso: Hilda Josefina Farfan). fue la previsión expresa del principio de la responsabilidad patrimonial del Estado. básicamente las que resultan de la distribución vertical del poder Público (Repúblicas. siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento. independientemente de la causa del daño. ciudadanas o electorales de los entes públicos o incluso de personas privadas en ejercicio de tales funciones”. Esto es. administrativas. que los particulares no están obligados a soportar sin indemnización el daño sufrido.. 2005. es decir de las personas jurídicas estatales. Caracas. hecho de un tercero o culpa de la víctima. Estados y de Municipios). lo hace respecto del funcionamiento normal como anormal. por daños y perjuicios que causen los funcionarios en ejercicio de sus funciones. que el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado consagrado en el artículo 140 de la Constitución. fuerza mayor.
que abarca todos los daños ocasionados por cualquier actividad derivada del ejercicio de cualquiera de las funciones ejercidas por los órganos del Poder Público. ante todo el Estado es un ente pluripersonal que está concebido y encaminado a la satisfacción de los intereses particulares.es decir. como se ha expuesto. acorde con el modelo de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia proclamado en su artículo 2. sin que ello implique un desconocimiento del sacrificio de los particulares. sino por el contrario la asunción de los mismos. lo determinante. Así el Estado Venezolano debe ser considerado en su integralidad como un Estado responsable. Por otra parte.5 Así pues. no obstante sin que ello se prolifere a que cualquier demanda judicial conlleve indefectiblemente a la condenatoria 5 Véase Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 15-06-2000 (Caso: Eleroriente). indistintamente si el daño ha sido causado por el funcionamiento normal o anormal como se ha indicado. En tal sentido. y en correlación con el carácter de gobierno responsable que los artículos 6 y 141 ejusdem atribuyen al Estado administrador. 8 . debe ser previa comprobación de una relación de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la falta cometida por éste. consagra un sistema integral de responsabilidad patrimonial del Estado”. exceptuándose en ciertos casos de dicho análisis por el principio de igualdad ante las cargas públicas o teoría de la raya. se aprecia que “(…) la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado debe ser concebido con prudencia y justicia y no debe inspirarse en un profundo deseo positivista e individualista del ser humano. y las actuaciones que pueden conllevar al menoscabo patrimonial de otros ciudadanos en beneficio de un colectivo o por una actuación anormal de éste. cabe destacar que del espíritu del Constituyente se deriva la voluntad de consagrar un sistema integral de responsabilidad patrimonial del Estado. que conlleve su actividad al desarrollo de los entes individuales y colectivos que lo conforman con fundamento en una solidaridad racional de sus obligaciones. es que los particulares no están obligados a soportar sin indemnización el daño sufrido.
el artículo 25 de la misma.8. del un poco más. sin obtener un tipo de resarcimiento por parte de quien lo causó. 9 . pues los particulares no podemos quedarnos con el daño que genere el ejercicio de la Función del Estado. que los artículos 139 y 140 de la Carta Magna consagran la Responsabilidad del los Funcionarios Públicos y del Estado. dentro de otros articulados que conforman la Constitución. bien será por el ejerció normal o anormal de las atribuciones que le otorga la propia Constitución y demás Leyes. cuando menciona la posibilidad de toda persona de solicitar al Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica 6 Véase Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 24-022006. pero que ante el mal desempeño de estos organismos a través de sus funcionarios. se presenta como verdugo castigador de los funcionarios que incurran paseándonos en menoscabo de derechos garantizados. Si bien es cierto.patrimonial sin previamente analizar la relación de casualidad necesaria cuando ello sea indispensable. los cuales indudablemente debe desarrollar a través de todos los entes que lo componen. el Estado debe responder reclamación por cualquier por razones de daños que le pudiere generar a los particulares. que afecte bienes o derechos tutelados o que se vea menoscabado nuestro patrimonio por tales causas. este Principio de Responsabilidad Estado y de los Funcionarios Públicos se desarrollan aún más. pues debemos tomar en cuenta que la finalidad primordial del Estado es garantizar el bien individual y colectivo a través del desarrollo de la Función Pública y debe ser así. como por ejemplo el 6 que le otorga al Estado la cualidad de Responsable al igual que el artículo 49.6 CAPÍTULO II Análisis y Opinión de la Alumna Al tomar en cuenta que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le atribuye al Estado una carga de responsabilidades a través de los mandatos que se encuentran incursos en su articulado.
que se presenta como una forma de controlar los exceso en que pudiera incurrir los funcionarios propiedad y públicos en el ejercicio de sus funciones. y social de Derecho y de Justicia que propugna como valores superiores en su ordenamiento jurídico y de su actuación. porque lo fundamental del la función pública es el beneficio de los ciudadanos. En resumen existe en nuestra Constitución un articulado que concatenado conforma el sistema integral de Responsabilidad Patrimonial del Estado. de manera tal que la Constitución es bastante rígida con el propio Estado. no existe un firmeza que contribuya para que no se incurra en estos 10 verdadero y eficiente seguimiento o quizás una política de estado con . la justicia. la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos. la vida. no perdona los excesos en que incurran sus funcionarios en el uso o abuso de sus funciones y debe ser así. la democracia. considero la responsabilidad del Estado como un medio coactivo para que garantice y vigile efectivamente el respeto a los valores que se mencionan en este dispositivo legal.lesionada por error judicial o por ejemplo en las facultades que le otorga a la Defensoría del Pueblo en su artículo 281 y sobre todo en artículo 285. la solidaridad. en este caso el fin de la norma constitucional no alcanzaría una verdadera eficacia. pues. lo cual va de la mano y se engrana perfectamente con los valores supremos que se especifican en el artículo 2 de la norma suprema nacional. penal.5 el cual le da la facultad constitucional al Ministerio Público para intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil. la libertad. administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público en ejercicio de sus funciones. militar. la ética y el pluralismo político. la igualdad. por lo menos se garantiza la posibilidad de exigir esta responsabilidad. laboral. es decir que le dan la cualidad de un Estado democrático. Es importante mencionar que aún cuando la máxima norma en nuestro país contempla este principio tan importante. por lo cual es ilógico que la actuación estatal afecte a quienes tiene la obligación de proteger.
pudiera pensar que con esta circunstancia de no crear el aparataje jurisdiccional completo.actos. si se me obstaculiza de alguna manera realizar este tipo de reclamaciones. entonces la función pública. si la eficacia de aplicación sea mínima o que se presenten excesos que no fuese posible de sancionar o controlar. me pregunto de que sirve que constitucionalmente me garanticen la posibilidad de ejercer acciones por daños y perjuicios que me origine la función pública. más bien. debería ser equilibrado. Ahora bien. mal podría existir un conjunto de normas bien exigentes y rígidas. no estaría al servicio de cada venezolano. la responsabilidad del Estado se compromete aún más pues existen 11 . sino del Estado. como omnipotente e imponente. no es menos cierto que la situación de no existencia de Jueces naturales donde dirimir una demanda contra el Estado. Si bien es cierto. situación esta que efectivamente nos pone en desventaja y nos marca un poco más la desigualdad que tenemos frente a la estructura estatal. puesto que este es el fin primordial de la norma constitucional. me fractura el acceso a la justicia a reclamar el resarcimiento de intereses legítimos que me han sido socavados. accesible y sin trabas de ninguna especie. por que en lo que se refiera a Tribunales que manejen esta materia aún no se cuentan en todos los Estados que conforman el país. Ante las circunstancia narrada en el párrafo anterior. que la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. en la jurisdicción en la que me ubico. procurando la máxima satisfacción de cada ciudadano. me pudiera estar afectando e incrementando el daño que ya se me ha causado y que pretendo reclamar. sobre todo por que en el ámbito de la función pública muchos ciudadanos son objeto de este tipo de circunstancia sin que exista una facilidad para acudir a ejercer las acciones que de ello se derive. puesto que evidentemente existe un procedimiento que puede desarrollarse con todas las garantías procesales que contempla la normativa legal vigente. se dificulta sobre todo. en cuanto a la violación de derechos humanos.
es decir que las sanciones no sean excesivas y menos aún que no reciba ningún tipo de reprimenda por excesos en que incurra en el cumplimiento de sus funciones. creándose con ello una fractura notoria de la aplicación efectiva de la norma legal. las cuales indudablemente al ser aplicadas ante hechos que afecten intereses o derechos individuales o colectivos. para el Estado la justicia es rígida incluso él mismo a través de tratados se somete a organismos internacionales para responder a este tipo de perjuicios. dependiendo del tipo de falta cometida. se estaría cumpliendo eficientemente con el principio de responsabilidad que estableció el constituyente. lo que le daría a los administrados mayor seguridad en cuanto a la efectividad del poder castigador del Estado.tratados internacionales a través de los cuales se obliga que ante la ineficacia de los organismos internos. que de alguna manera alerte a todos los funcionarios que la integran y por ende sean muy cuidadosos a la hora de desplegar conducta que puedan afectar a los administrados. pues. para enfrentar este tipo de situaciones. es inadmisible que este tipo de conductas se queden sin recibir ningún tipo de sanción. se le impartan sanciones ajustadas al daño causado tanto al administrado como a la administración. No obstante de todo lo expuesto. de manera tal que ante la violación de derechos fundamentales. cuando la función pública debe estar siempre 12 . no podemos aprovecharnos de esta responsabilidad a la que se somete el Estado. solo sancionando cada hecho irregular por parte de funcionarios públicos se puede llegar a ingerir el suficiente imperio dentro de todo el aparataje de la administración. para tratar de obtener ventajas o hacer reclamaciones exageradas. verdaderamente debe establecerse un tipo de equilibrio para que no se desborden las exigencias en estos casos y en cuanto a la responsabilidad directa de cada funcionario que incurra en excesos. Efectivamente existe un conjunto por demás amplio de leyes con disposiciones que quizás para el funcionario público se presenten como muy rígidas. se puede acudir a tribunales internacionales. puesto con esta actitud no se hace efectivo el poder coercitivo que ostenta el Estado. los ciudadanos en aras de una igualdad.
pero también a la administración. que siempre van a minimizar o a dejar en desventaja la actuación del recurrente. es bien cuesta arriba para los administrados exigir una resarcimiento patrimonial por parte del Estado. no para causarles gravámenes. Aunado a todo lo expuesto. existen reclamaciones con años y años de proceso que no se terminan de decidir. sumando a ello todas las prerrogativas que tiene el Estado. por eso es muy importante y primordial para el administrado que se establezca las responsabilidades y se sancione al infractor o infractores. no hay una efectividad en cuanto a pronunciamientos breves y oportunos. esto indudablemente afecta al administrado particular. aún cuando las leyes establecen lapsos. los funcionarios públicos estamos para servir a los administrados. pues es evidente que cualquier fractura en estos procedimientos el afectado directo es el administrado. pues si no se establece una responsabilidad en el funcionario infractor en casos muy excepcionales se logra que el Estado indemnice el daño que ha generado. por los costos que le genera cada proceso en 13 . se encuentra lo tedioso y la demora excesiva de los procedimientos. situación esta que va en contra siempre del ciudadano afectado por la administración.encaminada a la satisfacción de intereses individuales y/o colectivos. Ahora bien. cuando no se ha determinado o establecido responsabilidad en el funcionario que incurrió en ella.
que no existiera tanta prerrogativa Estado. sino que más bien se pusieran las partes en una situación de igualdad. Aquí existen normas que conllevan a sancionar tanto a los funcionarios infractores como al mismo Estado cuando se demuestra que efectivamente existe responsabilidad por parte de este. no fueran tan engorrosos. el que a su vez se desarrolla en una gran variedad de leyes que regulan el ejercicio de la función pública en cada una de las instituciones que integran nuestro Estado venezolano. 14 . creando un sistema integral de Responsabilidad del Estado. favorable al largos y tediosos. la existencia en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del Principio de la Responsabilidad del Estado y de los Funcionarios Públicos. para que la justicia en estos caso sea más efectiva y se cumpla el fin último de toda norma. principio que se entrelaza entre diferentes articulados contenidos en la norma suprema. Sería muy satisfactorio para los administrados que los procedimientos en la materia en referencia. pues se presenta como un medio de defensa y de exigencia ante los excesos de la Administración Pública.Conclusiones y Recomendaciones Conclusiones Es favorable para los ciudadanos venezolanos.
Editorial jurídica venezolana Caracas. Brewer-Carías “Principios Fundamentales del Derecho Público”. Allan R. Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 03-11-2004 (Caso: Hilda Josefina Farfan). 2005.36. 1999 15 . pp 139 y ss. pp 141 y ss.Tomo II.860. pp 44 y ss Allan R. Caracas . Brewer-Carías “La Administración Pública ” Editorial Jurídica Venezolana-Universidad Monteávila. Editorial Jurídica Venezolana. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas. Brewer-Carías “Principios Fundamentales del Derecho Público”. Allan R. Allan R. 2006.Referencias CONSTITUCIÖN BOLIVARIANA DE LA REPÜBLICA DE VENEZUELA (1999). 2005. Brewer-Carias “Debate constituyente” (aportes a la asamblea nacional constituyente). Editorial Jurídica Venezolana. Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 15-06-2000 (Caso: Eleroriente).17 octubre 1999) Fundación de Derecho Público. Caracas. (9 septiembre . Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 24-02-2006.
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