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Timestamp: 2020-07-14 05:08:46
Document Index: 3405627

Matched Legal Cases: ['Artículo 191', 'artículo 267', 'artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 240', 'artículo 242', 'artículo 244', 'artículo 244', 'artículo 244', 'artículo 245', 'artículo 245', 'artículo 242', 'artículo 242', 'artículo 250', 'artículo 242', 'artículo 253', 'artículo 250', 'artículo 2748', 'artículo 240', 'artículo 253', 'artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 192', 'artículo 191', 'artículo 192', 'artículo 17', 'artículo 17']

de 4 de marzo de 2015 (*)
«Procedimiento prejudicial — Artículo 191 TFUE, apartado 2 — Directiva 2004/35/CE — Responsabilidad medioambiental — Normativa nacional que no prevé que la Administración pueda obligar a los propietarios de los terrenos contaminados que no hayan contribuido a esa contaminación a ejecutar medidas preventivas y reparadoras y establece únicamente la obligación de reembolso de las actuaciones realizadas por la Administración — Compatibilidad con los principios de quien contamina paga, de cautela, de acción preventiva y de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma»
En el asunto C‑534/13,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Consiglio di Stato (Italia), mediante resolución de 8 de julio de 2013, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de octubre de 2013, en el procedimiento
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 5 de noviembre de 2014;
– en nombre de Tws Automation Srl, por los Sres. R. Lazzini y S. Prosperi Mangili, avvocati;
– en nombre de Ivan Srl, por los Sres. G.C. Di Gioia, F. Massa, L. Acquarone y G. Acquarone, avvocati;
– en nombre de Edison SpA, por la Sra. M.S. Masini y los Sres. W. Troise Mangoni y G.L. Conti, avvocati;
– en nombre de Versalis SpA, por los Sres. S. Grassi y G.M. Roberti y la Sra. I. Perego, avvocati;
– en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. L. Pignataro-Nolin y el Sr. E. White, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 20 de noviembre de 2014;
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los principios del Derecho de la Unión en materia medioambiental, en particular, los de quien contamina paga, de cautela, de acción preventiva y de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, tal como se establecen en el artículo 191 TFUE, apartado 2, y en los considerandos 13 y 24 y artículos 1 y 8, apartado 3, de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DO L 143, p. 56).
2 Dicha petición se presentó en el marco de tres litigios, los dos primeros entre el Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Ministerio de Medio Ambiente y de Protección del Territorio y del Mar), el Ministero della Salute (Ministerio de Sanidad) e Ispra — Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (en lo sucesivo, conjuntamente, «Ministero»), por una parte, y Fipa Group Srl (en lo sucesivo, «Fipa Group») y Tws Automation Srl (en lo sucesivo, «Tws Automation»), respectivamente, por otra, y, el tercer litigio, entre los dos primeros demandantes en el litigio principal e Ivan Srl (en lo sucesivo, «Ivan»), con ocasión de unas medidas específicas de protección urgente relativas a propiedades contaminadas por diversas sustancias químicas.
3 El artículo 191 TFUE, apartado 2, párrafo primero, establece lo siguiente:
«La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina paga.»
4 Los considerandos 1, 2, 13, 18, 20, 24 y 30 de la Directiva 2004/35 tienen el siguiente tenor:
5 De conformidad con el artículo 1 de la Directiva 2004/35, la misma establece un marco de responsabilidad medioambiental, basado en el principio de quien contamina paga.
6 El artículo 2, punto 6, de dicha Directiva define el concepto de «operador» en el sentido de que designa a «cualquier persona física o jurídica, privada o pública, que desempeñe o controle una actividad profesional o, cuando así lo disponga la legislación nacional, que ostente, por delegación, un poder económico determinante sobre el funcionamiento técnico de esa actividad, incluido el titular de un permiso o autorización para la misma, o la persona que registre o notifique tal actividad».
7 A tenor del artículo 2, punto 7, de la misma Directiva, el concepto de «actividad profesional» se define como «cualquier actividad efectuada con ocasión de una actividad económica, un negocio o una empresa, con independencia de su carácter privado o público y de que tenga o no fines lucrativos».
8 El artículo 2, puntos 10 y 11, de la Directiva 2004/35 define de este modo los siguientes conceptos:
«10. “medida preventiva”, toda medida adoptada en respuesta a un suceso, acto u omisión que haya supuesto una amenaza inminente de daño medioambiental, con objeto de impedir o reducir al máximo dicho daño;
11. “medida reparadora”, toda acción o conjunto de acciones, incluidas las medidas paliativas o provisionales, que tenga por objeto reparar, rehabilitar o reemplazar los recursos naturales y servicios dañados, o facilitar una alternativa equivalente a los mismos según lo previsto en el Anexo II».
9 El artículo 3 de dicha Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», dispone en su apartado 1:
10 A tenor del artículo 4, apartado 5, de la misma Directiva, ésta «sólo se aplicará a los daños medioambientales, o a la amenaza inminente de tales daños, causados por una contaminación de carácter difuso cuando sea posible establecer un vínculo causal entre los daños y las actividades de operadores concretos».
11 El artículo 5 de la Directiva 2004/35, bajo la rúbrica «Acción preventiva», tiene el siguiente tenor:
12 El artículo 6 de dicha Directiva, titulado «Acción reparadora», establece:
b) las medidas reparadoras necesarias [...]
3. La autoridad competente exigirá que el operador adopte las medidas reparadoras. Si el operador incumple las obligaciones estipuladas en el apartado 1 o en las letras b)[, c) o d)] del apartado 2, no puede ser identificado o no está obligado a sufragar los costes en virtud de la presente Directiva, la propia autoridad competente podrá adoptar dichas medidas reparadoras como último recurso.»
13 El artículo 8, apartados 1 y 3, de la misma Directiva dispone:
14 El artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2004/35 tiene el siguiente tenor:
«Corresponderá a la autoridad competente establecer qué operador ha causado el daño o la amenaza inminente del mismo, evaluar la importancia del daño y determinar qué medidas reparadoras han de adoptarse de acuerdo con el Anexo II. [...]»
15 El artículo 16 de la Directiva 2004/35, titulado «Relación con la legislación nacional», precisa, en su apartado 1, que esta Directiva «no constituirá obstáculo para que los Estados miembros mantengan o adopten disposiciones más rigurosas en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, incluida la determinación de otras actividades que hayan de someterse a los requisitos de prevención y reparación de [dicha] Directiva y la determinación de otros responsables».
16 En virtud del artículo 17 de la Directiva 2004/35, en relación con su artículo 19, esta Directiva sólo se aplicará a los daños causados por una emisión, suceso o incidente que se hayan producido con posterioridad al 30 de abril de 2007 cuando esos daños se deriven, bien de actividades realizadas con posterioridad a esa fecha, bien de actividades realizadas con anterioridad a dicha fecha pero que no hayan concluido antes de la misma.
17 El anexo III de esta Directiva enumera doce actividades que el legislador considera peligrosas en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva.
18 El artículo 240, apartado 1, letras m) y p), del Decreto Legislativo nº 152, de 3 de abril de 2006, sobre las normas medioambientales (suplemento ordinario de la GURI nº 88, de 14 de abril de 2006), en su versión vigente en la fecha de los hechos en el litigio principal (en lo sucesivo, «Código Medioambiental»), figura en el título V de la parte IV. Esta disposición define las medidas de protección urgente y de rehabilitación de los parajes.
19 El artículo 242 del Código Medioambiental, titulado «Procedimientos operativos y administrativos», regula de manera bastante detallada las obligaciones que recaen en el responsable de la contaminación, sea ésta reciente o antigua, relativas, en particular, a la adopción de las medidas de prevención, restauración y protección de urgencia necesarias, a la comunicación a las autoridades públicas competentes y a la ejecución de las actividades de rehabilitación.
20 El artículo 244 de dicho Código, titulado «Resoluciones», regula el supuesto en el que la contaminación efectivamente producida hubiese superado los valores de concentración del umbral de contaminación. En este caso, la provincia requerirá, mediante resolución motivada, al responsable de la potencial contaminación para que adopte las medidas mencionadas en los artículos 240 y siguientes del mismo Código. El artículo 244, apartado 3, del Código Medioambiental establece que, en cualquier caso, la resolución se notificará también al propietario del paraje. Por otra parte, el artículo 244, apartado 4, de este Código dispone que, si no se puede identificar al responsable o no actúa y no actúan el propietario del paraje ni ningún otro interesado, la Administración competente adoptará las actuaciones que sean necesarias.
21 El artículo 245 de dicho Código, bajo la rúbrica «Obligaciones de actuación y notificación de las personas no responsables de la potencial contaminación», establece en su apartado 1:
«Los procedimientos relativos a las actuaciones de protección, rehabilitación y restauración medioambiental regulados por el presente título podrán tramitarse, en todo caso, a instancia de los interesados no responsables.»
22 El artículo 245, apartado 2, del mismo Código dispone:
«Sin perjuicio de las obligaciones del responsable de la potencial contaminación mencionada en el artículo 242, el propietario o el gestor del terreno que constate la superación o el riesgo concreto y real de superar los valores de concentración de los umbrales de contaminación (CUC) estará obligado a informar de ello a la región, a la provincia y al municipio territorialmente competentes y a ejecutar las medidas preventivas con arreglo al procedimiento a que se refiere el artículo 242. La provincia, una vez recibida dicha información y previa consulta al municipio, identificará al responsable a fin de ejecutar las actuaciones de rehabilitación. El propietario o cualquier otra persona interesada estará, no obstante, facultado para intervenir voluntariamente, en cualquier momento, para que se realicen las actuaciones de rehabilitación necesarias en el paraje del que es propietario o poseedor.»
23 El artículo 250 del Código Medioambiental, titulado «Rehabilitación por la Administración», dispone:
«Si los responsables de la contaminación no ejecutan personalmente las medidas previstas por el presente título o no pueden ser identificados y si ni el propietario del paraje ni ningún otro interesado las ejecutan, el municipio territorialmente competente, y en su defecto, la región, tramitarán de oficio, de conformidad con el orden de prioridad fijado por el plan regional para la rehabilitación de los terrenos contaminados, los procedimientos y actuaciones mencionados en el artículo 242, recurriendo también a aquellas otras personas de Derecho público o privado que se designen a la conclusión de los procedimientos de licitación específicos [...]»
24 El artículo 253 de dicho Código, bajo la rúbrica «Cargas reales y privilegios especiales», establece en sus apartados 1 a 4:
«1. Las actuaciones a que se refiere el presente título constituirán cargas reales (“oneri reali”) que gravan los parajes contaminados cuando sean ejecutadas de oficio por la autoridad competente en el sentido del artículo 250. [...]
2. Los gastos asumidos por las actuaciones mencionadas en el apartado 1 irán acompañados de un privilegio inmobiliario especial sobre los propios terrenos, de conformidad con el artículo 2748, párrafo segundo, del Código civil, y a sus efectos. Dicho privilegio podrá ejercitarse también en perjuicio de los derechos adquiridos por terceros sobre el inmueble.
3. El privilegio y la recuperación de los gastos sólo podrán ejercitarse frente al propietario del paraje, ajeno a la contaminación o al riesgo de la misma, mediante resolución motivada de la autoridad competente que justifique, en particular, la imposibilidad de identificar al responsable o de iniciar una acción de regreso contra éste o el resultado infructuoso de dicha acción.
4. En cualquier caso, sólo podrá exigirse al propietario no responsable de la contaminación el reembolso [...] de los gastos relativos a las actuaciones iniciadas por la autoridad competente por un importe no superior al valor de mercado del terreno, determinado una vez ejecutadas dichas actuaciones. Si el propietario no responsable de la contaminación hubiese rehabilitado el paraje contaminado sin previo requerimiento, tendrá derecho a ejercitar una acción de regreso contra el responsable de la contaminación por los gastos en que haya incurrido y por el eventual daño adicional sufrido.»
25 De los elementos de los autos de los que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que, a partir de los años 60 y hasta los años 80, Farmoplant SpA y Cersam Srl, dos sociedades pertenecientes al grupo industrial Montedison SpA, en la actualidad Edison SpA, gestionaron un área industrial de producción de insecticidas y herbicidas ubicada en un municipio de la provincia de Massa Carrara, en Toscana (Italia). Al estar los terrenos de esa área muy contaminados por diversas sustancias químicas —dicloroetano y amoniaco, entre otras—, parte de ellos fueron saneados durante el año 1995. Al resultar insuficiente dicho «saneamiento», dichos terrenos fueron calificados en 1998 como «sitio de interés nacional de Massa Carrara», a efectos de su rehabilitación.
26 Durante los años 2006 y 2008, Tws Automation e Ivan, dos sociedades de Derecho privado, adquirieron diversos terrenos pertenecientes a dicho sitio. El objeto social de Tws Automation es la venta de dispositivos electrónicos. Ivan es una agencia inmobiliaria.
27 Durante el año 2011, Nasco Srl, sociedad de Derecho privado, denominada después Fipa Group, se fusionó con LCA Lavorazione Compositi Apuana Srl y se convirtió, en consecuencia, en propietaria de otro terreno del mismo sitio. Fipa Group desarrolla su actividad en el ámbito de la construcción y reparación de embarcaciones.
28 Mediante resoluciones administrativas de 18 de mayo de 2007 y de 16 de septiembre y 7 de noviembre de 2011, las direcciones competentes del Ministero ordenaron a Tws Automation, Ivan y Fipa Group, respectivamente, la ejecución de medidas específicas de «protección urgente», en el sentido del Código Medioambiental, concretamente, la realización de una barrera hidráulica de captación para proteger la capa freática y la presentación de una modificación de un proyecto de rehabilitación del terreno existente desde el año 1995. Estas resoluciones se enviaron a las tres empresas en condición de «vigilante[s] del terreno».
29 Alegando no ser las autoras de la contaminación constatada, estas sociedades acudieron al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Tribunal contencioso-administrativo regional de Toscana), el cual, mediante tres sentencias distintas, anuló dichas resoluciones por considerar que, en virtud del principio de quien contamina paga, propio del Derecho de la Unión y de la normativa nacional en materia medioambiental, la Administración, basándose en las disposiciones del título V de la parte IV del Código Medioambiental, no podía obligar a empresas que no tienen ninguna responsabilidad directa en la realización del fenómeno de contaminación constatado en el sitio a ejecutar las medidas controvertidas.
30 El Ministero recurrió dichas sentencias en apelación ante el Consiglio di Stato.
31 A juicio del Ministero, una interpretación de las disposiciones que figuran en el título V de la parte IV del Código Medioambiental a la luz del principio de quien contamina paga y del principio de cautela permite exigir al propietario de un paraje contaminado la ejecución de medidas de protección urgente.
32 La Sala del Consiglio di Stato que conocía del asunto planteó al Pleno del mismo la cuestión de si, sobre la base del principio de quien contamina paga, la Administración nacional puede obligar al propietario de un terreno contaminado, que no es el autor de la contaminación, a ejecutar las medidas de protección urgente mencionadas en el artículo 240, apartado 1, letra m), de dicho Código, o bien si, en tales supuestos, sólo pueden exigirse a dicho propietario las cargas reales expresamente previstas en el artículo 253 del mismo Código.
33 Mediante escrito de 21 de noviembre de 2013, Versalis SpA, que también posee terrenos que pertenecen al sitio controvertido, que adquirió de Edison SpA, intervino para solicitar la desestimación de la apelación del Ministero.
34 En su resolución de remisión, el Pleno del Consiglio di Stato indica que los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos italianos están divididos en cuanto a la interpretación de las disposiciones que figuran en la parte IV del Código medioambiental y, más genéricamente, de las disposiciones relativas a las obligaciones del propietario de un paraje contaminado.
35 Así, mientras parte de la jurisprudencia, basándose, entre otros, en los principios de cautela, de acción preventiva y de quien contamina paga, propios del Derecho de la Unión, considera que el propietario está obligado a adoptar determinadas medidas de protección urgente y de rehabilitación, aun cuando no sea el autor de la contaminación, otra parte de los órganos jurisdiccionales italianos excluye, por el contrario, cualquier responsabilidad del propietario no contaminador y, en consecuencia, refuta que la Administración pueda exigir tales medidas de dicho propietario. El Pleno del Consiglio di Stato comparte esta última opinión, predominante en la jurisprudencia contencioso-administrativa italiana.
36 A este respecto, el tribunal remitente, refiriéndose a las sentencias del Tribunal de Justicia ERG y otros (C‑378/08, EU:C:2010:126) y ERG y otros (C‑379/08 y C‑380/08, EU:C:2010:127), se basa en una interpretación literal del Código medioambiental y en los principios de la responsabilidad civil, los cuales exigen un nexo causal entre la acción y el daño. Considera que la existencia de ese nexo es necesaria para establecer, bien una responsabilidad subjetiva, bien una responsabilidad objetiva como consecuencia del daño considerado. Estima que dicho nexo no existe si el propietario no es el autor de la contaminación. En consecuencia, concluye que la responsabilidad del propietario se basaría únicamente en su condición de tal, ya que la contaminación no puede imputársele ni subjetiva ni objetivamente.
37 En estas circunstancias, el Consiglio di Stato decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Se oponen los principios de la Unión Europea en materia medioambiental establecidos en el artículo 191 TFUE, apartado 2, y en los artículos 1 y 8, apartado 3, y los considerandos 13 y 24 de la Directiva 2004/35 —en particular, el principio de quien contamina paga, el principio de cautela, el principio de acción preventiva y el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma— a una normativa nacional como la establecida en los artículos 244, 245 y 253 del [Código medioambiental], la cual, en caso de que se compruebe la contaminación de un paraje y de que sea imposible identificar al responsable de la contaminación o incluso conseguir de éste las medidas reparadoras, no permite a la autoridad administrativa imponer la ejecución de las medidas de protección urgente y de rehabilitación al propietario no responsable de la contaminación y únicamente establece a cargo de éste una responsabilidad patrimonial limitada al valor del paraje una vez ejecutadas las medidas de rehabilitación?»
38 Mediante su cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si los principios del Derecho de la Unión en materia medioambiental, tal como se establecen en el artículo 191 TFUE, apartado 2, y en la Directiva 2004/35, en particular, el de quien contamina paga, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que, cuando es imposible identificar al responsable de la contaminación de un terreno u obtener de éste las medidas reparadoras, no permite a la autoridad competente imponer la ejecución de las medidas preventivas y reparadoras al propietario de dicho terreno, no responsable de la contaminación, al que se exige únicamente reembolsar los gastos relativos a las actuaciones realizadas por la autoridad competente por un importe no superior al valor de mercado del paraje, determinado una vez ejecutadas dichas actuaciones.
39 Procede recordar que el artículo 191 TFUE, apartado 2, dispone que la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tiene como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado y se basa en el principio de quien contamina paga. Por lo tanto, dicha disposición se limita a definir los objetivos generales de la Unión en materia de medio ambiente en la medida en que el artículo 192 TFUE confía al Parlamento y al Consejo de la Unión Europea, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, la tarea de decidir qué acción debe emprenderse para realizar esos objetivos (véanse las sentencias ERG y otros, EU:C:2010:126, apartado 45; ERG y otros, EU:C:2010:127, apartado 38, y el auto Buzzi Unicem y otros, C‑478/08 y C‑479/08, EU:C:2010:129, apartado 35).
40 En consecuencia, habida cuenta de que el artículo 191 TFUE, apartado 2, que contiene el principio de quien contamina paga, se dirige a la acción de la Unión, la referida disposición no puede ser invocada en cuanto tal por los particulares a fin de excluir la aplicación de una norma nacional como la controvertida en el litigio principal, adoptada en un ámbito comprendido dentro de la política medioambiental cuando no sea aplicable alguna normativa de la Unión adoptada sobre la base del artículo 192 TFUE que cubra específicamente la situación de que se trate (véanse las sentencias ERG y otros, EU:C:2010:126, apartado 46; ERG y otros, EU:C:2010:127, apartado 39, y el auto Buzzi Unicem y otros, EU:C:2010:129, apartado 36).
Sobre la aplicabilidad ratione temporis de la Directiva 2004/35
43 Habida cuenta de que, según los datos fácticos de los autos de los que dispone el Tribunal de Justicia, los antiguos daños medioambientales controvertidos en el litigio principal derivan de actividades económicas realizadas por los anteriores propietarios de los terrenos que en la actualidad poseen Fipa Group, Tws Automation e Ivan, respectivamente, es dudoso que la Directiva 2004/35 sea aplicable ratione temporis en los asuntos del litigio principal.
44 En efecto, del artículo 17, primer y segundo guiones, de dicha Directiva, en relación con su considerando 30, resulta que la misma Directiva se aplica únicamente a los daños causados por una emisión, suceso o incidente que se hayan producido el 30 de abril de 2007 o después de esa fecha cuando los referidos daños se deriven de actividades realizadas en esa fecha o con posterioridad a ella o anteriormente, pero que no hubieran concluido antes de la misma (véanse, en este sentido, las sentencias ERG y otros, EU:C:2010:126, apartados 40 y 41; ERG y otros, EU:C:2010:127, apartado 34, y el auto Buzzi Unicem y otros, EU:C:2010:129, apartado 32).
45 Es necesario que el órgano jurisdiccional remitente compruebe, sobre la base de los hechos que sólo a él compete apreciar, si en los asuntos del litigio principal los daños a los que se refieren las medidas preventivas y reparadoras impuestas por las autoridades nacionales competentes están comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/35 en los términos delimitados por su artículo 17 (véase, en este sentido, la sentencia ERG y otros, EU:C:2010:126, apartado 43).
46 Si dicho órgano jurisdiccional concluyera que dicha Directiva no es aplicable a los asuntos de que conoce, tal situación estaría incluida en el ámbito de aplicación del Derecho nacional dentro del respeto de las reglas del Tratado y sin perjuicio de otros actos de Derecho derivado (véanse las sentencias ERG y otros, EU:C:2010:126, apartado 44; ERG y otros, EU:C:2010:127, apartado 37, y el auto Buzzi Unicem y otros, EU:C:2010:129, apartado 34).
47 Para el supuesto de que el tribunal remitente concluyera que la misma Directiva es aplicable ratione temporis en los asuntos del litigio principal, hay que analizar la cuestión prejudicial como sigue.
La Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que, cuando es imposible identificar al responsable de la contaminación de un terreno u obtener de éste las medidas reparadoras, no permite a la autoridad competente imponer la ejecución de las medidas preventivas y reparadoras al propietario de dicho terreno, no responsable de la contaminación, al que se exige únicamente reembolsar los gastos relativos a las actuaciones realizadas por la autoridad competente por un importe no superior al valor de mercado del paraje, determinado una vez ejecutadas esas actuaciones.