Source: https://www.siseguridad.com.es/2017/02/siseguridad-articulo-36-38-y-41-de-la.html
Timestamp: 2019-04-19 20:45:38
Document Index: 289022246

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 31', 'artículo 554', 'artículo 556', 'artículo 8', 'artículo 634', 'artículo 38', 'artículo 36']

Estas agresiones en parte obedecían principalmente a que estos trabajadores vigilantes de seguridad habilitados no tenían consideración de agentes de la autoridad, por lo que estos actos se enjuiciaban como simples lesiones.
Como breve apunte histórico, la antigua Ley de Seguridad Privada aprobada en 1992 eliminó la catalogación como agentes de la autoridad de los vigilantes de seguridad, después de casi un siglo y medio con esa consideración (para ahondar en los orígenes jurídicos de esa figura, es imprescindible la tesis doctoral que publicó en 2006 el letrado Pedro Pacheco Martín y que está disponible aquí). El motivo principal fue, en otros, que el acceso a la profesión se configuró de forma autónoma a la de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de donde provenían anteriormente la mayoría de los vigilantes jurados y cuyos trámites relativos al uso del arma de fuego y directrices de servicio no variaban con el pase al sector privado.
La aplicación práctica de de esta ley, no obstante ha demostrado que en muchas ocasiones los vigilantes de seguridad habilitados no estaban amparados debidamente en el ejercicio de su profesión en la que, recordemos, tenían el mandato legal de “auxilar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con las personas, los bienes, establecimientos o vehículos de cuya protección, vigilancia o custodia estuvieren encargados.” (Artículo 1). Parece a simple vista una discordancia que, en el ejercicio de sus funciones, se trate como simples ciudadanos sin atribuciones a estos trabajadores vigilantes de seguridad habilitados por el MInsiterio de Interior a los que, por otra parte, se exige una especial dedicación respecto a las funciones de vigilancia y seguridad privada que tienen encomendadas, a las que no viene obligado ningún otro particular.
Con la regulación actual, la nueva Ley 5/2014 de Seguridad Privada aprobada en 2014 intenta atajar esta situación al introducir:
Artículo 31 de la Ley de seguridad privada. Protección jurídica de agente de la autoridad.
La reforma del Código Penal, por su parte, recoge en el artículo 554.3 el delito de atentado hacia los vigilantes de seguridad, especificando
El artículo 556, por su parte, hace lo mismo respecto a la desobediencia.
En ambos casos, el requisito para que se consuma el delito es que la actividad del vigilante de seguridad habilitado se desarrolle en cooperación y bajo el mando de las FCS. La pregunta obvia es ¿cuándo sucede ésto? Si hablamos de los principios generales de cooperación y dirección de los cuerpos policiales que rigen al personal de seguridad privada, estos se aplican siempre, en virtud del artículo 8 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada EN VIGOR :
La aplicación práctica de estos nuevos preceptos, no obstante, resolverá si los jueces decidirán interpretar la normativa al pie de la letra, observando los delitos de atentado o desobediencia siempre y en todas las actuaciones del personal de seguridad privada, o solamente en aquellas donde haya una especial y estrecha colaboración con las FCS.
La literalidad de la ley parece que no da lugar a dudas, sin embargo en la jurisprudencia que aborda esta temática se observa la resistencia de los tribunales a dar por buena esta interpretación extensiva. Como ejemplo, es muy interesante la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 10ª) de 18 de mayo de 2015, en la que se resuelve un recurso contra una condena por una falta de respeto y consideración a los agentes de la autoridad (artículo 634 del Código Penal, y destipificado con la última regulación) respecto a un vigilante de ferrocarriles. Pese a existir normativa que especificamente otorga al personal de los servicios ferroviarios la condición de agentes de la autoridad (artículo 38.3 de la Ley Ferroviaria), la Sentencia realiza una carambola jurídica que acaba afirmando que la única acepción observable respecto a los agentes de la autoridad es lo dispuesto en la normativa estatal (la Ley Orgánica 2/1986), para acabar absolviendo al condenado en esa instancia.
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4. Los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados y jefes de seguridad desempeñarán sus funciones profesionales integrados en las empresas de seguridad que les tengan contratados.5. Los directores de seguridad de las empresas de seguridad privada y de las entidades obligadas a disponer de esta figura, conforme a lo dispuesto en el artículo 36, desempeñarán sus funciones integrados en las plantillas de dichas empresas.
b) La vigilancia en complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados.c) La vigilancia en acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común, en coordinación, en todo caso, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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