Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Marzo/176-24310-2010-09-1327.html
Timestamp: 2016-12-07 16:20:42
Document Index: 191785841

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 416', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 49', 'artículo 49', 'in fine', 'artículo 433', 'artículo 437', 'artículo 447', 'artículo 328', 'artículo 49', 'artículo 447', 'artículo 330', 'artículo 330', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 330', 'artículo 447', 'artículo 331', 'artículo 416', 'artículo\n331', 'artículo 5', 'in fine', 'artículo 18', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 330', 'artículo 447', 'artículo 331', 'artículo 331', 'artículo 331', 'artículo 432', 'artículo 437', 'artículo 328', 'artículo 49', 'artículo 447', 'artículo 330', 'artículo 447', 'artículo 330', 'artículo 447', 'artículo 49', 'artículo 8', 'artículo 49', 'artículo 331', 'artículo 49', 'artículo\n331', 'artículo 49', 'artículo 26', 'artículo 330', 'artículo 447', 'artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 328', 'artículo 330', 'artículo 330', 'artículo 447', 'artículo 331', 'artículo\n49', 'artículo 8', 'artículo 402']

de 2009, el abogado Roberto de Jesús Delgado García, inscrito en el Instituto
de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 13.625, en su condición de
defensor privado (según se desprende de autos) del ciudadano NOREN ENRIQUE
VILLALOBOS INCIARTE, venezolano, mayor de edad, de profesión médico y
titular de la cédula de identidad núm. 7.602.215, interpuso ante esta Sala
Constitucional acción de amparo constitucional contra la decisión dictada, el
26 de octubre de 2009, por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró inadmisible “por inimpugnable” el
recurso de apelación interpuesto por el abogado Roberto Delgado García, en su
condición referida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 450, 331 in fine, 437, literal “c” y 447, ordinal 2°, todos del Código Orgánico Procesal
Penal, contra la decisión N° 1897-09 del 13 de agosto de 2009, dictada en la
audiencia preliminar, por el Juzgado Séptimo en Funciones de Control del mismo
Circuito Judicial Penal; a propósito del proceso penal que se le sigue al
prenombrado ciudadano por la presunta comisión del delito de lesiones
culposas, previsto y sancionado en el artículo 416 del Código Penal, en
de 2009, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
solicitó, mediante escrito, celeridad en la presente causa. En esa misma fecha
se dio cuenta en Sala y se agregó al expediente.
anexos, la Sala procede a decidir según las consideraciones que a continuación
los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, interpuso acción de
amparo constitucional en los términos siguientes:
Como antecedentes del caso
refirió que “[E]l día 13 de Agosto del año 2009, el Tribunal Séptimo de
preliminar, después de haber oído las exposiciones de todas las partes paso
(sic) a resolver de manera definitiva el escrito de contestación y
excepcionario propuesto por esta representación, resolviendo entre otras cosas
en EL PARTICULAR SEGUNDO de su decisión judicial, DECLARA SIN LUGAR, la
solicitud de esta representación según la cual en el CAPITULO II del escrito de
contestación fiscal se oponía a la inadmisibilidad de la prueba HEMATOLÓGICA,
Público, pues fue recabada de manera ILICITA, si (sic) darle estricto
cumplimiento a las previsiones del articulo (sic) 197 del Código Orgánico
Procesal Penal, al haber sido incorporada con franca violación de las
disposiciones de ley, donde no existió ninguna cadena de custodia que por
los menos se pudiera inferir de manera lógica y legitima (sic) la procedencia
(sic) como director de la investigación efectivamente tuvo el control
hubiesen sido extraídas ‘supuestamente’ del organismo de la paciente en la
segunda operación […]”.
“[L]a defensa hace real oposición a dicha prueba por considerar que las
misma (sic) era inadmisible tomando en consideración que el juez de control
tiene la obligación en la fase intermedia como juez constitucional de ejerce
del articulo (sic) 282 (sic) controlar el cumplimiento de los principios y garantías
constitucionales establecidas (sic) en el Código (sic), la Constitución de la Republica (sic), tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos
por la Republica (sic) todo esto pasa por una regulación de la legitimidad de
debate ‘oral y publico’ (sic) por lo que le esta (sic) vedado, le esta (sic)
nada aportarán precisamente por su ilicitud e impertinencia en los fines del
proceso y en el establecimiento definitivo de la verdad a través de la
aplicación de las vías jurídicas y la aplicación de la justicia en la
aplicación del derecho (Art. 13 Código Orgánico Procesal Penal)”.
“[C]on tal pronunciamiento le fueron vulnerados ‘LOS PRINCIPIOS DEL DEBIDO
PROCESO’ ‘EL DERECHO A LA DEFENSA’ y ‘LOS PRINCIPIOS DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DEL ESTADO, inherentes a mi representado NOREN ENRIQUE VILLABOS
(sic) INCIARTE, contenidos en las normas 26, 44 y 49.1 de la Constitucionales (sic) y el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, derivándose en
consecuencia una lesión constitucional y un gravamen irreparable con tal pronunciamiento”.
de transcribir la decisión impugnada en amparo refiere que “[…] la Sala Constitucional ha dejado establecido como una máxima y fino criterio jurídico que no se
podría hacer separación de las pruebas que se van a llevar al debate oral y
excepción y tiene su razón de ser […] en que se le deben resguardar los
derechos de la defensa a esas partes procesales, que irían a un eventual juicio
oral y publico (sic) donde se debatirían dichas pruebas, sino, que además
resguardarían también los principios de una verdadera tutela judicial efectiva
del estado (sic) […]”.
“[…] para desencadenar la correcta aplicación de la máxima constitucional ut
supra en primer lugar las pruebas tienen que tener el carácter de licitas
(sic), pues seria (sic) hasta inoficioso pensar que pudiéramos estar hablando
ilícitas y que no fueron recabadas de manera licita (sic) tal como lo refleja la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 49, donde el legislador
ilícitos, y el Código Orgánico Procesal Penal, en sus artículos 197 y 198, eso
sería un (sic) gravísimo aberratio que traspasaría los limites (sic) y alcances
del derecho penal […]”.
“[…] quien traiga a este proceso una prueba de carácter ILICITA tal
es el caso específico de la compresa que fue objeto de la prueba de ADN …
cuando dicha compresa no tiene una cadena de custodia, a la cual los órganos
evidencias físicas, como modelo necesario dentro del desarrollo de la actividad
criminalística, y ello es tan cierto, que en la reciente reforma del Código
Orgánico Procesal Penal fueron incorporados dos artículos 202ª y 202B,
referidos precisamente a la cadena de custodia de las evidencias físicas (…) y
aún cuando dicha (sic) norma (sic) no se encontraban vigente (sic) en al (sic)
el Ministerio Público […]”.
“[S]in explicar por ninguna parte en la Investigación el Ministerio Publico (sic) cual fue la manera legitima (sic) de recabar ese
importante ‘elemento de convicción y de interés criminalístico’ (compresa), cual
fue la cadena de custodia que se utilizó en la recabación de dicha prueba, como
es que llega ese elemento al Ministerio Publico (sic), como sabemos
operación realizada a la paciente con ulteriores propósitos de poder utilizarla
en perjuicio no solamente de mi representado, sino, también de la verdad
procesal y de la propia administración de justicia […]”.
Que “[…] como
saber si esa compresa se trataba de el oblito o cuerpo extraño que le fue
sustraído a la paciente en la segunda operación, si tomamos en cuenta que del
propio testimonio de TODOS LOS MEDICOS QUE REALIZARON LA SEGUNDA OPERACIÓN no saben explicar ni la naturaleza ni el destino del oblito, siendo
que según sus propios testimonios el mismo fue desechado en un recipiente
acceso de manera exclusiva a ese campo operatorio fueron únicamente las
personas profesionales médicos y paramédicos intervinientes en el acto
quirúrgico, entonces como saber si se trataba de una compresa o no, o si ese
cuerpo extraño se trataba de un absceso pélvico intrauterino o externo o de una
parte del intestino […]”.
Que “[T]al es
que hubiese sido recabada por el Ministerio Público, de manera debida
decir por medios lícitos, constitucionales y legales establecidos en nuestra
legislación, siendo que dicha compresa como lo hemos narrado no sabemos cual
segunda operación hecha a la ciudadana ELDA MONTIEL, esto para no poner en duda
procesal a (sic) los resultados de la experticia practicada por la Lic. LISBETH BORJAS FUENTES MSC en Genética Humana, Jefe del Laboratorio de Genética Molecular
de la Unidad de Genética Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ), quien realizo (sic) dicha experticia según su informe
presentado por el Ministerio Publico (sic) actuante (…) pues bien también
podríamos estar en presencia de una compresa que fue incorporada sin que la
misma hubiese sido utilizada en ambas operaciones, convirtiéndola de esta
manera en una prueba ilícita como lo hemos venido señalando”.
Que “[…] era
función del juez de control con su doble función de juez de control
en violación a garantías constitucionales, por lo que son nulas; luego de
verificar sobre su licitud pasar a verificar sobre su pertinencia o necesidad,
y allí admitiría la prueba, decisión esta la cual ciertamente de acuerdo con
las mismas previsiones de la sentencia ut supra señalada no tiene apelación, en
elemental una prueba ilícita lo cual se hace evidente y el juez de control como
para garantizar un estado social de derecho y de justicia […]”.
Que “[D]esafortunadamente,
como en nuestro caso con la aplicación también errónea de la sentencia del el
esta Sala Constitucional, para declarar la inadmisibilidad de la decisión
apreciar en el debate oral y publico (sic) una prueba ilícita, observándose
también como una suma gravedad ciudadanos Magistrados, que estas lamentables
desear de una buen (sic) administración de justicia, pues echan por el suelo y
contradicen los nobles y legítimos propósitos del verdadero sentido y fin de la Sentencia de esta sala constitucional (sic), que ha sido aplicada de manera errónea por la
recurrida, sin otro análisis que no sea otra excusa judicial, pues la sentencia
legalidad siendo violatoria de la garantía al debido proceso, el derecho a la
defensa, y consecuencialmente a ello la garantía de la tutela judicial efectiva
que le asiste a mi representado conforme a lo preceptuado en los artículos: 49,
49.1, 49.2, 44, 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “.
violación del derecho a la defensa, el defensor privado de la parte accionante
alegó que “[…] se trata de un derecho complejo que encierra dentro de sí, un
conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para el
derecho a ser oído, el derecho a la articulación de un debido proceso, derecho
competente, independiente e imparcial, derecho a obtener una resolución de
derecho a la ejecución de las sentencias, entre otros, que se vienen
configurando a través de la jurisprudencia. Todos estos derechos se desprenden
de la interpretación de los ocho ordinales que consagra el artículo 49 de la Carta Fundamental”.
solicitó la admisión de la presente acción de amparo constitucional, así como
su declaratoria con lugar, y que por vía de consecuencia de declare la nulidad
de la sentencia accionada. Asimismo, a modo de medida cautelar, solicitó se
ordene “[…] la suspensión de la causa penal que se le sigue a mi
representado en el estado en que la misma se encuentre, significándole a los
su destitución por parte de la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial
(sic), sin que hasta la presente fecha se haya designado su suplente, situación
que ha retrasado el juicio”.
probatorios promovió los siguientes documentos: “1.- ACTAS EN COPIAS
CERTIFICADAS DE LA DECISIÓN RECURRIDA EN AMPARO CONSTITUCIONAL DISTINGUIDA CON
EL ASUNTO N° VP02-R-2009-000903. 2.- Actuaciones relacionadas con la
causa signada en el tribunal de Instancia signadas con el N° 7C-20.845-07”.
26 de octubre de 2009, la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia declaró inadmisible “por inimpugnable” el
recurso de apelación interpuesto por el abogado Roberto Delgado García,
conformidad con lo dispuesto en los artículos 450, 331 in fine, 437, literal “c” y 447, ordinal 2°, todos del Código Orgánico Procesal
Circuito Judicial Penal. Tal decisión se fundamentó en las consideraciones
“[…] I. De actas se observa que el Abogado
ROBERTO DELGADO GARCÍA, se encuentra legalmente facultado para ejercer en la
presente causa el recurso ordinario de apelación, por cuanto el mismo actúa con
el carácter de defensor del ciudadano NOREN ENRIQUE VILLALOBOS INCIARTE, tal y
como se evidencia de la decisión recurrida, cumpliendo así con lo dispuesto en
el artículo 433 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el
literal ‘a’ del artículo 437 ejusdem. II. Por otra parte, en lo que respecta al
lapso procesal para la interposición del recurso de apelación, específicamente
legal, esto es al cuarto (4°) día hábil de haber sido dictada la decisión
impugnación por ante el Departamento de Alguacilazgo de este Circuito Judicial
del folio 01 de la causa, así como del cómputo de audiencias transcurridas
efectuado por la Secretaría del Juzgado a quo, lo cual se evidencia al folio
106 de la presente causa cumpliéndose con lo previsto en los artículos 448 y
172 ambos del Código Orgánico Procesal Penal. III. Ahora bien, en lo que respecta a la
decisión apelada, se evidencia que el accionante ha impugnado la misma, en base
al precepto legal establecido en el numeral 5 del artículo 447 del Código
Orgánico Procesal Penal, con motivo a la violación del debido proceso, del
declarar sin lugar la excepción opuesta por la defensa de autos, respecto a la
inadmisibilidad de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público; dado a que
derecho, quienes en virtud del principio iura novit curia, según el cual
los Jueces conocen del derecho, y una vez que se analizaran de forma íntegra
pronunciarse sobre la admisibilidad o no del presente recurso de apelación en
la defensa de autos apeló del auto que admitiera la acusación fiscal. En este
orden de ideas, quienes aquí deciden estiman pertinente traer a colación el
criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre este punto, siendo el mismo: ‘... esta Sala advierte que el único caso
aquéllas que declaren la inadmisibilidad de los medios que aquél haya ofrecido
dentro del plazo que fija el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal
-siempre y cuando sean lícitos, necesarios y pertinentes-, ya que tal
inadmisibilidad podría constituir una violación del derecho a la defensa
consagrado en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no permitirle llevar al juicio elementos que coadyuvarían, por
una parte, a los fines de desvirtuar la imputación fiscal, y por la otra -y
como consecuencia de la anterior-, a reafirmar su inocencia. A mayor abundamiento, el acusado podrá
ejercer el recurso de apelación de conformidad con el artículo 447.5 del Código
Orgánico Procesal Penal, ya que el gravamen que ocasionaría la declaratoria de
inadmisibilidad de todos o de algunos de los medios de prueba por él ofrecidos,
siempre y cuando sean lícitos, pertinentes, necesarios, no extemporáneos y
relevantes para el proceso en litigio, vendría dado por la afectación de su
derecho a la defensa. En tal sentido, si el Juez no admite ningún medio de
prueba ofrecido por la defensa, se le estaría impidiendo absolutamente al
acusado llevar a juicio los medios de prueba con los cuales rebatirá las
imputaciones formuladas por el Fiscal del Ministerio Público, y con los cuales,
por ende, se reafirmará su inocencia; mientras que en la segunda hipótesis, aun
y cuando se admitan algunos de los medios de prueba por él ofrecidos, también
podría causársele un gravamen irreparable, ya que se le estaría obstaculizando
la incorporación al proceso de medios probatorios que podrían revestir gran
admitir unos medios de prueba lícitos, necesarios y pertinentes ofrecidos por
el acusado, tendrá relevancia constitucional -por lesionar el derecho a la
defensa- cuando de tal inadmisibilidad se derive indefensión o alteración del
resultado del proceso, situación en la cual, el acusado podrá interponer el recurso
de apelación antes señalado, claro está, siempre y cuando la declaratoria de
ser acreditada la infracción constitucional ante el Juez de Alzada, el cual
verificará si la misma se ha producido o no. El fundamento de lo anterior radica en que
los recursos ordinarios establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal,
jurídicas en las cuales hayan existido violaciones, o amenaza de violación de
oportunidades esta Sala, conforme a lo previsto en la Carta Magna, todos los jueces son tutores del cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que hace a la jurisdicción
obtención de la protección que el amparo –mecanismo extraordinario- ofrece. Entonces, partiendo de que el auto de
apertura a juicio es inapelable, debe afirmarse que el acusado no podrá
artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, y por ende, tampoco los que
declaren la admisión de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público;
pudiendo apelar de las demás decisiones que el señalado artículo 330 le permite
dictar al Juez de Control al finalizar la audiencia preliminar, claro está,
catálogo que establece el artículo 447 eiusdem...’ (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, Fecha 20-06-05, Magistrado Ponente Francisco Carrasquero López, Exp.
N° 04-2599), (Negrillas de esta Sala). Igualmente, del artículo 447 ordinal 2º del
Código Orgánico Procesal Penal, se desprende: ‘Decisiones recurribles. Son
(omissis)…2. Las que resuelvan una excepción, salvo las declaradas sin lugar
ser opuesta nuevamente en la fase de juicio; (omissis)…’.
Ahora bien, una vez señalado el criterio
jurisprudencial de nuestro Máximo Tribunal, donde se estableció que en nuestra
legislación en los procesos penales, cuando éstos se encuentren en la fase
intermedia del proceso, específicamente una vez celebrada la audiencia
numeral 2 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, así como tampoco
los que declaren la admisión de las pruebas ofrecidas por el Ministerio
Público, y visto el contenido del artículo 447 ordinal 2º del Código Adjetivo
Penal, siendo que en el caso de marras, en la decisión recurrida la Jueza a quo en su primer y segundo pronunciamiento admitió totalmente la acusación e
igualmente admitió totalmente los medios de prueba ofrecidas por la Vindicta Pública en el escrito de acusación fiscal, y en el tercer pronunciamiento declaró
sin lugar las excepciones promovidas por la defensa en su escrito de oposición
a la acusación presentada por el Ministerio Público; por expresa disposición
En tal sentido, quienes aquí deciden
estiman pertinente declarar Inadmisible el presente medio de impugnación,
conforme a lo dispuesto en el último aparte del artículo 331, 437 literal ‘c’ y
447 ordinal 2º, todos del Código Orgánico Procesal Penal, así como en atención
al criterio jurisprudencial antes transcrito. Y así se decide. En virtud de lo antes expuesto, considera
Abogado ROBERTO DELGADO GARCÍA, actuando con el carácter de defensor de lo ciudadano
NOREN ENRIQUE VILLALOBOS INCIARTE, en contra de la Decisión Nº 1897-09 de fecha 13-08-09, correspondiente al acto de audiencia preliminar, en la
causa N° 7C-20845-09, dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en
referido ciudadano, por la presunta comisión del delito de LESIONES CULPOSAS,
previsto y sancionado en el artículo 416 del Código Penal, en perjuicio de la
en la causal de inadmisibilidad prevista en los artículos 437 literal ‘c’ y 447
ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo
331 último aparte ejusdem. Y así se decide”.
decisiones u omisiones de los Juzgados o Tribunales Superiores de la República, las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso-Administrativo, las Cortes de
Apelaciones en lo Penal, así como de los Juzgados Superiores en lo
establecido en la decisión N° 1 del 20 de enero de 2000, caso: Emery Mata
Millán vs. el Ministro y el Viceministro del Interior y Justicia y en el
artículo 5, numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
noviembre de 2009, contra la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del
acción, de conformidad con la doctrina contenida en el fallo citado y en el
referido artículo, aplicables según lo dispuesto por el literal b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la antedicha Ley Orgánica. Así se decide.
desprende que la presente acción de amparo constitucional fue ejercida contra la decisión dictada, el 26 de octubre de 2009, por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia que declaró
inadmisible por inimpugnable el recurso de apelación interpuesto por el abogado
Roberto Delgado García, defensor privado del ciudadano Noren Enrique Villalobos
Inciarte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 450, 331 in fine, 437, literal “c” y 447, ordinal 2°, todos del Código Orgánico Procesal
Penal; contra la decisión N° 1897-09 del 13 de agosto de 2009, dictada en la
prenombrado ciudadano por la presunta comisión del delito de lesiones culposas,
señalada Corte de Apelaciones con tal declaratoria de inadmisibilidad del
recurso de apelación convalidó la declaratoria sin lugar de la solicitud de la
defensa respecto a la inadmisibilidad de la prueba hematológica, especie y
grupo sanguíneo, así como experticia de Ácido Desoxirrubonucléico (ADN)
promovidas por el Fiscal Undécimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; al haber sido obtenidas ilícitamente.
Así, luego del examen de la acción de
requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; asimismo, a ella no se
opone ninguna de las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 6 eiusdem;
sin embargo, la Sala no efectuará el trámite correspondiente, por las razones
Ahora bien, la Sala ha señalado en múltiples decisiones, que las acciones de amparo constitucional contra
sentencias constituyen un mecanismo procesal de impugnación con peculiares
características que se diferencian de las demás pretensiones de amparo, así
como de las otras vías existentes para el ataque de los actos que emanen de los
órganos jurisdiccionales, razón por la cual se han establecido especiales
presupuestos de procedencia, cuyo incumplimiento acarrea la desestimación.
artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, señala que: “(…) procede la acción de amparo cuando un
Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución
o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional (…)”,
precepto que esta Sala ha venido desarrollando a través de su jurisprudencia
para definir así su contenido.
Así tenemos que en
sentencia N° 2339 del 21 de noviembre de 2001, recaída en el caso: Jesús
Pérez Marcano, la Sala señaló lo siguiente:
“[…] del análisis de la disposición
transcrita, en función de salvaguardar la integridad de la cosa juzgada y la
seguridad jurídica, nuestra jurisprudencia ha señalado que para que proceda la
acción de amparo contra actos jurisdiccionales deben concurrir las siguientes
circunstancias: a) que el juez que emanó el acto presuntamente lesivo haya
incurrido en una grave usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia
sustancial); aunado a ello, b) que tal proceder ocasione la violación de un
recurrible por amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un
resulten no idóneos para restituir o salvaguardar el derecho lesionado o
amenazado; es decir, que la acción de amparo puede intentarse contra decisiones
judiciales, pero sólo procede en estos casos […]”.
De lo anterior se colige que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece la procedencia
de la acción de amparo contra decisiones, actuaciones u omisiones judiciales
esta actuación u omisión lesione o amenace violar una situación jurídica
restablecer la situación jurídica infringida.
incompetencia y se ha dicho que no debe entenderse en un sentido procesal
estricto (por la materia, valor o territorio), sino más bien en el aspecto
constitucional, ya que “obrar fuera de su competencia” como requisito
fundamental para la protección constitucional del derecho que se pretende
sentido, la Sala estableció en su decisión del 6 de febrero de 2001, recaída en
el caso: Licorería El Buchón, C.A., que la procedencia de la acción de amparo contra sentencia conforme
al artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales “[…] es un mecanismo especial
de protección constitucional que surge cuando el juez, actuando fuera de su
competencia, lesiona un derecho o garantía constitucional y no como un
mecanismo para que el juez de alzada del que dictó la decisión conozca,
nuevamente, de los vicios que mediante el recurso ordinario de apelación fueron
alegados. Es decir, sólo procede el amparo, conforme el citado artículo 4,
jurisdicción, cuando se denuncien violaciones a derechos o garantías
constitucionales no juzgadas en cualquiera de las dos instancias […]”. En efecto, la
decisión objeto de la presente solicitud de amparo constitucional, lo
constituye la decisión dictada, el 26 de octubre de 2009, por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia que declaró
inadmisible “por inimpugnable” el recurso de apelación interpuesto por el abogado
Circuito Judicial Penal, a propósito del proceso penal que se le sigue al
ciudadana Elda Montiel; toda vez que a decir de la parte accionante la señalada
apelación convalidó la declaratoria sin lugar de la solicitud de la defensa
respecto a la inadmisibilidad de la prueba hematológica, especie y grupo
sanguíneo, así como la experticia de Ácido Desoxirrubonucléico (ADN) promovidas
por el Fiscal Undécimo del Ministerio Público de la circunscripción Judicial
del Estado Zulia; al haber sido obtenidas ilícitamente.
Para arribar a tal determinación, la señalada Sala N°
expresó las razones de hecho y de derecho que motivaron su pronunciamiento, el
cual estuvo apoyado en el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia N°
1.303 del 20 de junio de 2005, caso: Andrés Eloy Dielingen Lozada, emanado de esta Sala Constitucional, donde
se estableció que en nuestra legislación en los procesos penales, cuando éstos
se encuentren en la fase intermedia del proceso, específicamente una vez
establecidos en el numeral 2 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal
Penal, así como tampoco los que declaren la admisión de las pruebas ofrecidas
por el Ministerio Público, y visto el contenido del artículo 447 ordinal 2º del
Código Adjetivo Penal, siendo que en la decisión recurrida el juzgado a quo
en su primer y segundo pronunciamiento admitió totalmente la acusación e
igualmente admitió totalmente los medios de prueba ofrecidos por la Vindicta Pública en el escrito de acusación fiscal, y en el tercer pronunciamiento declaró
a la acusación presentada por el Ministerio Público; dichos pronunciamientos
son inapelables; conforme a lo dispuesto en el último aparte del artículo 331,
437 literal ‘c’ y 447 ordinal 2º, todos del Código Orgánico Procesal Penal, así
como en atención al criterio jurisprudencial antes referido.
Sala estima oportuno citar el precedente judicial contenido en la sentencia N° 1.303 del 20 de junio de 2005, recaída en el caso: Andrés Eloy
Dielingen Lozada, en el cual se modificó el criterio de impugnabilidad respecto
a la admisión de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, y al
respecto resolvió lo que sigue:
“[…] Así, de la lectura de la última frase del
artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual reza ‘Este auto será
inapelable’, puede evidenciarse que el legislador no consagró el recurso de
apelación contra la decisión por la cual el juez admite la acusación fiscal,
por lo que las demás providencias que dicte el Juez en el auto que contiene la
admisión de la acusación, forma parte de la materia propia de la apertura a
juicio y en consecuencia no pueden ser impugnadas por la vía de la apelación,
dado que se trata de una sola decisión que fue excluida expresamente del
Como corolario de lo antes señalado, esta Sala
decisión interlocutoria que simplemente delimita la materia sobre la cual se
centrará el debate, y que ordena el pase al juicio oral, por lo que mal puede
tal decisión judicial ocasionar un gravamen irreparable al acusado. El
fundamento de esta afirmación estriba en que a través de dicho acto, se da
apertura a la fase más garantista del proceso penal, a saber, la fase de
juicio, en la cual, tal como se señaló supra, aquél podrá rebatir los medios de
constituye la ratio legis del artículo 331 del Código Orgánico Procesal
Penal, al establecer expresamente la prohibición de apelar del auto de apertura
a juicio, por lo que aceptar lo contrario, atentaría tanto contra el espíritu
de esta norma, así como también contra el principio de impugnabilidad objetiva
recogido en el artículo 432 eiusdem, el cual es un principio general que
cuyo contenido se traduce en que las decisiones judiciales serán recurribles
únicamente por los medios y en los supuestos expresamente establecidos en el
dispuesto en el literal ‘c’ del artículo 437 del Código Orgánico Procesal
decisión recurrida sea inimpugnable o irrecurrible por disposición expresa de
Dicho lo anterior, esta Sala advierte que el único
prueba, son aquéllas que declaren la inadmisibilidad de los medios que aquél
haya ofrecido dentro del plazo que fija el artículo 328 del Código Orgánico
Procesal Penal -siempre y cuando sean lícitos, necesarios y pertinentes-, ya
que tal inadmisibilidad podría constituir una violación del derecho a la
defensa consagrado en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no permitirle llevar al juicio
elementos que coadyuvarían, por una parte, a los fines de desvirtuar la
imputación fiscal, y por la otra -y como consecuencia de la anterior-, a
podrá ejercer el recurso de apelación de conformidad con el artículo 447.5 del
Código Orgánico Procesal Penal, ya que el gravamen que ocasionaría la declaratoria
de inadmisibilidad de todos o de algunos de los medios de prueba por él
ofrecidos, siempre y cuando sean lícitos, pertinentes, necesarios, no
extemporáneos y relevantes para el proceso en litigio, vendría dado por la
afectación de su derecho a la defensa. En tal sentido, si el Juez no admite
ningún medio de prueba ofrecido por la defensa, se le estaría impidiendo
rebatirá las imputaciones formuladas por el Fiscal del Ministerio Público, y
con los cuales, por ende, se reafirmará su inocencia; mientras que en la
segunda hipótesis, aun y cuando se admitan algunos de los medios de prueba por
él ofrecidos, también podría causársele un gravamen irreparable, ya que se le
estaría obstaculizando la incorporación al proceso de medios probatorios que
podrían revestir gran importancia para favorecer su defensa. En pocas palabras, la negativa del
Juez de admitir unos medios de prueba lícitos, necesarios y pertinentes
ofrecidos por el acusado, tendrá relevancia constitucional -por lesionar el
derecho a la defensa- cuando de tal inadmisibilidad se derive indefensión o
alteración del resultado del proceso, situación en la cual, el acusado podrá
interponer el recurso de apelación antes señalado, claro está, siempre y cuando
a derecho, debiendo ser acreditada la infracción constitucional ante el Juez de
Alzada, el cual verificará si la misma se ha producido o no.
el Código Orgánico Procesal Penal, permiten que las Cortes de Apelaciones,
puedan restituir o reparar situaciones jurídicas en las cuales hayan existido
violaciones, o amenaza de violación de derechos fundamentales, por cuanto, como
lo ha sostenido en varias oportunidades esta Sala, conforme a lo previsto en la Carta Magna, todos los jueces son tutores del cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que hace a la jurisdicción
obtención de la protección que el amparo –mecanismo extraordinario-ofrece. Entonces,
que el acusado no podrá impugnar ninguno de los pronunciamientos que establece
el numeral 2 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, y por ende,
tampoco los que declaren la admisión de las pruebas ofrecidas por el Ministerio
Público; pudiendo apelar de las demás decisiones que el señalado artículo
claro está, siempre que constituyan decisiones susceptibles de ser encuadradas
en el catálogo que establece el artículo 447 eiusdem.
susceptibles de ser aplicados, mutatis mutandi, con relación al Ministerio
Público y a la víctima querellante, según sea el caso, quienes tampoco podrán
pruebas ofrecidas por la otra parte; pero sí pueden apelar de cualquier otro
pronunciamiento que el Juez de Control emita con base en el artículo 330 del
Código Orgánico Procesal Penal, siempre que tal pronunciamiento pueda ser
considerado como alguna de las decisiones descritas en el artículo 447 de la
ley adjetiva penal (…).
del legislador de aceptar la posibilidad de interponer recurso de apelación
contra el auto de apertura a juicio, no atenta contra el artículo 49.1 de la Constitución de la República de Venezuela, ni tampoco contra la garantía judicial contemplada
en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o ‘Pacto de San José’.
Del análisis conjunto de dichas normas, se evidencia
cual se encuentra en íntima relación con la imagen del debido proceso, y además
constituye una manifestación de la tutela judicial efectiva. En tal sentido, en
la última parte del artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ha consagrado una vertiente de tal derecho, en el sentido de
garantizarle a los ciudadanos que un tribunal superior controle la corrección del
respecto del tribunal de primera instancia que le ha aplicado la sanción penal,
se prevé que un tribunal superior, el cual se presume de mayor imparcialidad y
constituido por jueces con más experiencia, examine si dicha condena estuvo
ajustada a derecho (…).
Visto lo anterior, debe concluirse que la disposición
contenida en el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual
establece la prohibición expresa de apelar contra el auto de apertura a juicio,
está en perfecta armonía con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que dicho auto no es un acto
simplemente denota un pronóstico de condena contra dicho acusado, pudiendo ser
desvirtuado tal pronóstico en la fase de juicio, o ser convertido en una
recordarse que el auto de apertura a juicio es una actuación propia de la fase
intermedia, la cual, tal como se señaló supra, tiene por finalidad,
acusación que se ha interpuesto en su contra, y permitir el control sobre tal
acusación. De lo anterior se deriva que es en la fase de juicio
por admisión de los hechos, pero es el caso en que la sentencia que se dicta en
este procedimiento especial también es condenatoria), ya que es la etapa del
la mencionada norma constitucional, a través del ejercicio del recurso de
apelación respectivo (…).
En consecuencia, esta Sala modifica su criterio, y así
se establece con carácter vinculante, respecto a la posibilidad de interponer
recurso de apelación contra la primera parte del auto de apertura a juicio
-admisibilidad de la acusación-, y contra la admisión de los medios de prueba
que se indiquen en dicho auto, ajustándolo a la ratio legis del artículo
331 del Código Orgánico Procesal Penal, que apunta a no admitir el recurso de
apelación contra el auto de apertura a juicio, ya que se trata de una decisión
implica una vulneración de la garantía del debido proceso, ni mucho menos del
derecho a la defensa consagrada en el artículo 49.1 Constitucional, ni con el
derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 26
constitucional […]” (Negrillas de la Sala).
precedente judicial transcrito, se evidencia que el acusado no podrá impugnar
ninguno de los pronunciamientos que establece el numeral 2 del artículo 330 del
Código Orgánico Procesal Penal, y por ende, tampoco los que declaren la
admisión de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, pudiendo apelar de
las demás decisiones que dicho artículo le permite dictar al Juez de Control al
finalizar la audiencia preliminar, claro está, siempre que no constituyan
decisiones susceptibles de ser encuadradas en el catálogo que establece el
artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal.
Inciarte, derivan de que el Juzgado Séptimo en Funciones de Control del
Circuito Judicial Penal del Estado Zulia al admitir la prueba hematológica,
especie y grupo sanguíneo, así como la experticia de ácido desoxirribonucléico
(ADN) promovidas por el Fiscal Undécimo del Ministerio
Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, vulneró los derechos constitucionales de su
efectiva, por cuanto afirmó que dicha prueba hematológica fue obtenida ilegalmente;
no obstante, la decisión del juzgado a quo penal fue convalidada por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia tras
declarar inadmisible por inimpugnable el recurso de apelación ejercido por el
defensor privado del acusado, aquí accionante.
planteamientos supra expuestos, esta Sala observa que la decisión
dictada el 26 de octubre de 2009, por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, impugnada en amparo, que declaró
inadmisible “por inimpugnable” el recurso de apelación interpuesto por el
Séptimo en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, no resulta
parte actora, pues la apelación era ciertamente inadmisible, por cuanto la
admisión efectuada por el señalado juzgado de control respecto de las pruebas
presentadas por el Ministerio Público, entre las cuales se encuentran la prueba
hematológica, especie y grupo sanguíneo, así como la experticia de ácido desoxirribonucléico
(ADN), promovidas por el Fiscal Undécimo del Ministerio
Público de la circunscripción Judicial del Estado Zulia constituye una
decisión inapelable, tal como señaló esta Sala en sentencia N° 1.303 del 20 de
junio de 2005, recaída en el caso: Andrés Eloy Dielingen Lozada, criterio
que en esta oportunidad se reitera. En atención a las
presente acción de amparo constitucional, al no verificarse los supuestos
previstos en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.
razón de la declaratoria que antecede, resulta inoficioso pronunciarse sobre la
medida cautelar solicitada, dado su carácter accesorio e instrumental respecto
a la acción principal. Así se declara.
obstante lo anterior y por cuanto la parte accionante ha señalado que “[…] en la actualidad el expediente se encuentra distribuido en el
que el mismo se encuentra sin juez, debido (sic) su destitución por parte de la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial (sic), sin que hasta la presente fecha se
haya designado su suplente, situación que ha retrasado el juicio […]; la Sala constata que de las actas del expediente no aparece ningún documento o prueba alguna demostrativos
distribución al Juzgado Noveno de Juicio del
administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE IN
LIMINE la acción de amparo constitucional ejercida por el defensor
privado del ciudadano Noren Enrique Villalobos Inciarte, contra la decisión
dictada, el 26 de octubre de 2009, por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, declaró inadmisible “por
inimpugnable” el recurso de apelación interpuesto por el abogado Roberto
Delgado García, defensor privado del ciudadano Noren Enrique Villalobos
regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 24 días del mes de marzo
de dos mil diez (2010). Años: 199° de la Independencia y 151° de la Federación.
…/sidente, Francisco A. Carrasquero López
Eduardo Cabrera Romero PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Secre/…
Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz manifiesta su concurrencia sólo con el
dispositivo del fallo que antecede, razón por la cual, de conformidad con el
artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, expresa voto
concurrente en los siguientes términos:
1. El presente fallo declaró la improcedencia in
limine litis de la demanda de amparo constitucional que incoó el ciudadano
Noren Enrique Villalobos Inciarte, contra el pronunciamiento que dictó, el 26
de octubre de 2009, la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. Mediante dicha decisión, la supuesta agraviante
inadmitió -“por inimpugnable”- la apelación que ejerció la defensa
técnica del acusado, contra el pronunciamiento que hizo, el 13 de agosto de
2009, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control del mismo
Circuito Judicial Penal; ello, de acuerdo con la doctrina que esta Sala
estableció a través de su veredicto n.° 1303/2005. En relación con el juzgamiento
pretensión de amparo constitucional es improcedente, por cuanto dicho órgano
jurisdiccional actuó dentro de los límites de su competencia, mediante el
acatamiento de la doctrina que, como se afirmó anteriormente, impuso la mayoría
2. Sin perjuicio del contenido del párrafo
precedente, este concurrente está obligado a la ratificación de su criterio
referida sentencia que, el 20 de junio de 2005 y bajo el n.° 1303, caso: Andrés
Eloy Dielingen Lozada, expidió esta Sala: El ciudadano Andrés Eloy Dielingen Lozada intentó amparo constitucional
contra el fallo que pronunció la Sala n° 9 de de Apelaciones del Circuito
Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el 25 de junio de 2004,
mediante el cual declaró inadmisible el recurso de apelación que interpuso “en
Cuadragésimo Noveno de Primera Instancia en lo Penal del mismo Circuito
las fechas 29 y 30 de abril de 2004. De autos se desprende que la apelación que se incoó contra
la decisión que dictó, el 30 de abril de 2004, el Juzgado Cuadragésimo Noveno
de Primera Instancia en funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas,
se propuso contra la admisión de las pruebas que presentó la representación del
Ministerio Público -actas que se levantaron con motivo de la investigación- y
cautelar sustitutiva de la privativa de libertad. Por su parte, declaró sin
lugar la pretensión de amparo interpuesta en los siguientes términos: “…el único caso en que el acusado puede recurrir de las
encuentren referidas a los medios de prueba, son aquéllas que declaren la
inadmisibilidad de los medios que aquél haya ofrecido dentro del plazo que fija
el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal –siempre y cuando sean
lícitos, necesarios y pertinentes-, ya que tal inadmisibilidad podría
constituir una violación del derecho a la defensa consagrado en el artículo
coadyuvarían, por una parte, a los fines de desvirtuar la imputación fiscal, y
por la otra- y como consecuencia de la anterior-, a reafirmar su inocencia. (…)
inapelable, debe afirmarse que el acusado no podrá impugnar ninguno de los
pronunciamientos que establece el numeral 2 del artículo 330 del Código
Orgánico Procesal Penal, y por ende, tampoco los que declaren la admisión de
las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público; pudiendo apelar de las demás
decisiones que el señalado artículo 330 le permite le permite dictar al Juez de
Control al finalizar la audiencia preliminar, claro está siempre que
constituyan decisiones susceptibles de ser encuadradas en el catálogo que
establece el artículo 447 eiusdem. (…) En consecuencia, esta Sala modifica su criterio, y así se
establece con carácter vinculante, respecto a la posibilidad de interponer
–admisibilidad de la acusación-, y contra la admisión de los medios de prueba
que se indiquen en dicho auto, ajustándolo a la ratio legis del artículo 331
del Código Orgánico Procesal Penal, que apunta a no admitir el recurso de
constitucional.” Respecto de la precedente argumentación este magistrado
disiente porque, e fectivamente, la admisión de la acusación y los demás
ellos la admisión de las pruebas, son materia de fondo que, de ninguna manera,
pueden calificarse como de mero trámite razón por la cual deben estar
sometidos, necesariamente, al enunciado general de la garantía constitucional
de la apelabilidad de las decisiones jurisdiccionales, con base en el artículo
49.1 de , así como en instrumentos normativos de Derecho Internacional que han
Pacto de San José (artículo 8.2.h.). La conclusión de que las decisiones de
jurisdiccional inapelable, significaría la existencia de una disposición legal
serían, en todo caso, la orden de abrir el juicio oral y público y el
emplazamiento de las partes para que, en el plazo común de cinco días,
concurran ante el juez de juicio y la instrucción al secretario para que se
remita tribunal competente la documentación de las actuaciones, ya que son
previsiones de mero procedimiento que no causan ningún tipo de gravamen o
perjuicio a las partes; ello porque se trata de un auto de mero trámite o de
mera sustanciación, no susceptible de afectar ni lesionar los derechos e
intereses de los interesados. Por otro lado, la admisión de las pruebas es el
prueba determinado sea considerado como elemento de convicción en ese
proceso y ordena agregarlo o practicarlo, según el caso. Si en ese caso la
no puede ser tenida en cuenta para la decisión de la causa o incidente a que se
refiera, la consecuencia directa de ello es la lesión a los derechos e
derecho común ha aceptado la apelación contra la admisión o negativa de alguna
prueba que sea promovida en el proceso (ex artículo 402 del Código de
Procedimiento Civil), con más razón el Código Orgánico Procesal Penal, como
conjunto normativo más garantista, debería aceptarse la interposición de dicho
partes sufrirá un gravamen que justifica la apelación. Por último, el Magistrado
apelación contra los pronunciamientos de fondo que aparezcan en el auto de
seguridad jurídica, en tanto en cuanto conspira contra el cometido de
uniformación en las interpretaciones, que tiene atribuido esta sentenciadora
Queda así expuesto el
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ Concurrente …/