Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/92815
Timestamp: 2020-02-26 16:37:51
Document Index: 267250946

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 29', 'artículo 108', 'artículo 29', 'Artículo 29', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 1', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 163', 'artículo 163', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 108', 'ARTÍCULO 29', 'artículo 29', 'Artículo 29', 'artículo 108']

Gaceta: LXIV/1SPO-115/92815
El suscrito, Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislativa del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 29 Y ADICIONA DOS PÁRRAFOS DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, conforme a la siguiente:
El 18 de noviembre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Convención Interamericana contra la Corrupción, en la que los Estados parte, entre ellos México, se comprometieron, entre otros aspectos, a crear, mantener y fortalecer “Sistemas para la declaracio?n de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempen?an funciones pu?blicas en los cargos que establezca la ley y para la publicacio?n de tales declaraciones cuando corresponda”.
Asimismo, el 27 de mayo de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual México también es parte, a partir del cual se comprometieron a procurar establecer políticas y prácticas eficaces encaminadas a combatir la corrupción.
Ambos instrumentos internacionales ponen de manifiesto el compromiso del Estado mexicano en el combate a la corrupción y, particularmente, con la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, a modo de declaraciones públicas de ingresos, activos y pasivos.
En consonancia con ello, el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. Se trata de una reforma constitucional de gran
magnitud, pues implica la implementación de un Sistema Nacional Anticorrupción, fruto ineludible del hartazgo del pueblo respecto de los presuntos abusos atribuidos a servidores públicos de primer nivel.
Especial mención requiere el artículo 108 constitucional, según el cual los servidores públicos están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley; habida cuenta que establece una reserva de ley respecto del deber de los servidores públicos de presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses.
Más tarde, el 18 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Mediante este Decreto pretendió cumplirse de modo integral los mandatos constitucionales producto de la reforma antes mencionada.
En el caso de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el artículo 29 dispone lo siguiente:
“Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.”
En esta lógica, el 16 de noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emitió el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación.
En la Vigésima Segunda norma para el llenado y presentación del formato de declaraciones de situación patrimonial y de intereses, se establece la información confidencial de las declaraciones presentadas por los servidores públicos pertenecientes a los Grupos 1 (servidores públicos que ocupen cargos de elección popular, ratificados o designados por los órganos legislativos, y todos los de confianza) y 2 (ciertos servidores públicos de base). De dicha información confidencial destacan múltiples datos relacionados, precisamente, con la situación
patrimonial propiamente dicha de los servidores públicos, como lo son los sueldos y salarios por otros empleos, otros ingresos, bienes inmuebles, etcétera.
Lo anterior es injustificado, pues múltiples bienes y otros ingresos forman parte de Registros Públicos, de manera que cualquier persona puede acceder a esa información.
Recientemente hemos podido atestiguar la opacidad y dubitatividad con que se han conducido diversos Secretarios de la Administración Pública federal, pues han hecho parcialmente públicas sus declaraciones patrimoniales, y los medios de comunicación han ventilado información patrimonial que nos resulta por demás preocupante, como lo son propiedades en el extranjero e incluso, transmisiones de la propiedad próximas al ejercicio de sus cargos.
Desde nuestra perspectiva, la concreción normativa del mandato constitucional referido no termina por cumplir el objetivo de éste ni de los Tratados Internacionales en la materia, en la medida que la información considerada como confidencial es muy amplia y, con ello, el pueblo desconoce de primera instancia la situación patrimonial de los servidores públicos, con la consecuente afectación al combate a la corrupción. Cierto es que algunas personas podrían indagar más en los Registros Públicos, pero esto hace pender al combate a la corrupción de la voluntad de ciertas personas y de su capacidad económica para acceder a tales datos, cuando la relevancia del tema hace idóneo que el mayor número de personas tenga acceso a los mismos, precisamente para estar en aptitud de denunciar cualquier acto de presumible corrupción que detecten.
Entendemos que la confidencialidad de cierta información refleja el derecho constitucional a la protección de datos personales; sin embargo, respetuosamente disentimos del alcance que a éste se da, porque el mandato de rendir las declaraciones patrimoniales y de intereses también tiene sustento constitucional.
De hecho, al tratarse del posible conflicto entre principios constitucionales, esto es, por una parte, el derecho a la protección de datos personales y, por la otra, el derecho a la información y el combate a la corrupción (también de rango transnacional); la fijación de los alcances de cada uno de ellos tiene que realizarse a través de la movilización del test de proporcionalidad, según el cual debe imponerse aquel principio constitucional que dañe en menor medida el otro principio en colisión, siempre que esa afectación sea necesaria e idónea para la obtención de los fines de aquél. A continuación transcribo algunos criterios elocuentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Registro: 2013154
Tesis: 1a. CCLXX/2016 (10a.)
Para que resulten constitucionales las intervenciones que se realicen a algún derecho fundamental, éstas deben superar un test de proporcionalidad en sentido amplio. Lo anterior implica que la medida legislativa debe perseguir una finalidad constitucionalmente válida, lograr en algún grado la
consecución de su fin y no limitar de manera innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. Así, una vez que se ha constatado un fin válido constitucionalmente y la idoneidad de la ley, corresponde analizar si la misma es necesaria o si, por el contrario, existen medidas alternativas que también sean idóneas pero que afecten en menor grado el derecho fundamental. De esta manera, el examen de necesidad implica corroborar, en primer lugar, si existen otros medios igualmente idóneos para lograr los fines que se persiguen y, en segundo lugar, determinar si estas alternativas intervienen con menor intensidad el derecho fundamental afectado. Lo anterior supone hacer un catálogo de medidas alternativas y determinar el grado de idoneidad de éstas, es decir, evaluar su nivel de eficacia, rapidez, probabilidad o afectación material de su objeto. De esta manera, la búsqueda de medios alternativos podría ser interminable y requerir al juez constitucional imaginarse y analizar todas las alternativas posibles. No obstante, dicho escrutinio puede acotarse ponderando aquellas medidas que el legislador consideró adecuadas para situaciones similares, o bien las alternativas que en el derecho comparado se han diseñado para regular el mismo fenómeno. Así, de encontrarse alguna medida alternativa que sea igualmente idónea para proteger el fin constitucional y que a su vez intervenga con menor intensidad al derecho, deberá concluirse que la medida elegida por el legislador es inconstitucional. En caso contrario, deberá pasarse a la cuarta y última etapa del escrutinio: la proporcionalidad en sentido estricto.
Amparo en revisión 237/2014. Josefina Ricaño Bandala y otros. 4 de noviembre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente, en el que se aparta de las consideraciones contenidas en la presente tesis. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Arturo Bárcena Zubieta y Ana María Ibarra Olguín.
Registro: 2007342
Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I
Tesis: 1a. CCCIX/2014 (10a.)
PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. SUS DIFERENCIAS CON EL TEST DE PROPORCIONALIDAD EN DERECHOS FUNDAMENTALES.
El término "proporcionalidad" es ambiguo, ya que puede predicarse del test de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales, o de las penas, en términos del artículo 22 constitucional. Así, en el primer caso, lo que se analiza es una relación entre principios, entendidos como mandatos de optimización que ordenan que algo debe realizarse en la mayor medida posible (de acuerdo con las posibilidades fácticas y normativas existentes). Los conflictos entre principios (o entre derechos así concebidos) deben resolverse aplicando un test de proporcionalidad, que viene a ser una especie de meta-principio o, si se quiere, el principio último del ordenamiento jurídico. Ese principio consta, a su vez, de tres sub-principios: el de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Los dos primeros se refieren a la optimización en relación con las posibilidades fácticas. Significa que una medida, esto es, una ley o una sentencia, etcétera, que limita un derecho o un bien constitucional de considerable importancia para satisfacer otro, debe ser idónea para obtener esa finalidad y necesaria, o sea, no debe ocurrir que la misma finalidad pudiera alcanzarse con un costo
menor. El tercer sub-principio, por el contrario, tiene que ver con la optimización en relación con las posibilidades normativas. En cambio, en el caso de la proporcionalidad de penas, regularmente se analiza una regla (el tipo penal de que se trate) frente a un principio constitucional (el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 22 constitucional), con la finalidad de determinar si aquélla -la regla- satisface o no la exigencia del principio constitucional; concretamente, si la pena es acorde o no en relación con el bien jurídico afectado. En estos casos, es posible adoptar cualquier metodología encaminada a la justificación exigida por el artículo 22, dejando fuera, naturalmente, un análisis de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales, dado que en este tipo de casos no se está ante la colisión de dos principios.
Amparo directo en revisión 85/2014. 4 de junio de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán.
Esta tesis se publicó el viernes 05 de septiembre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Registro: 2004712
Tesis: 1a. CCCXII/2013 (10a.)
INTENSIDAD DEL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y USO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que existen dos niveles de análisis de la constitucionalidad, uno de carácter ordinario y otro de nivel intenso. El primero debe realizarlo el juez constitucional en los asuntos que no incidan directamente sobre los derechos humanos y exista un amplio margen de acción y apreciación para la autoridad
desde el punto de vista normativo, como ocurre en la materia económica o financiera. En cambio, el escrutinio estricto se actualiza cuando el caso que se tenga que resolver involucre categorías sospechosas detalladas en el artículo 1o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se afecten derechos humanos reconocidos por el propio texto constitucional y/o por los tratados internacionales, o se incida directamente sobre la configuración legislativa que la Constitución prevé de manera específica para la actuación de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. En este sentido, si bien las diferencias en la intensidad del control constitucional y el uso del principio de proporcionalidad han derivado de precedentes relacionados sólo con el principio de igualdad, ello no es impedimento para utilizar esta clasificación jurisprudencial y el respectivo test de proporcionalidad (fin legítimo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido) para casos que no estén estricta y únicamente vinculados con el aludido principio constitucional. Lo anterior, porque el juzgador realiza indirecta y cotidianamente diversos grados de análisis constitucional dependiendo si se trata, por ejemplo, de la afectación de un derecho humano o del incumplimiento de una norma competencial de contenido delimitado o de libre configuración, aun cuando la materia del caso no sea la violación estricta del derecho de igualdad. Así, el principio de proporcionalidad irradia y aplica sobre la totalidad de los derechos humanos con fundamento en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Amparo en revisión 202/2013. 26 de junio de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez Valadez.
Registro: 2003646
Tesis: 1a. CXXXV/2013 (10a.)
Página: 561
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. REQUISITO DE PROPORCIONALIDAD EN EL TEST DE INTERÉS PÚBLICO SOBRE LA INFORMACIÓN PRIVADA DE LAS PERSONAS.
Para poder decidir si este tipo de información es de interés público, se requiere corroborar si la invasión a la intimidad ocasionada por su divulgación es proporcional. Este segundo componente del test de interés público persigue descartar aquellos casos en los que, existiendo una conexión patente entre la información difundida y un tema de interés público, la intensidad de la intromisión no guarda una razonable correspondencia con la importancia de la información de interés público. Ahora bien, para determinar la intensidad de la invasión se deberá atender a factores relacionados con la persona afectada y la información divulgada. En el primer caso, deben examinarse, entre otros aspectos, si la persona afectada es un servidor público o un particular con proyección pública, así como la circunstancia de si trató de evitar o fomentó su exposición pública en relación con ese tema. En el segundo caso, resultan relevantes, entre otras cosas, el hecho de que la información íntima se hiciera del conocimiento público antes o después de la publicación por la que se pretende atribuir responsabilidad y si existía una expectativa de confidencialidad sobre la información divulgada. Cabe aclarar que el examen de proporcionalidad en casos de conflicto entre libertad de información y vida privada no se corresponde con el test en tres gradas (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido) que se utiliza frecuentemente para analizar las intervenciones en derechos fundamentales.
Amparo directo 3/2011. Lidia María Cacho Ribeiro y otro. 30 de enero de 2013. Cinco votos; José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.
Registro: 160644
Tesis: 1a. CCVIII/2011 (9a.)
SANCIONES PENALES. CONSTITUYEN UNA INTERVENCIÓN EN DERECHOS FUNDAMENTALES QUE PUEDE ENJUICIARSE DE CONFORMIDAD CON LAS TRES GRADAS DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO AMPLIO.
El principio de proporcionalidad en sentido amplio constituye una herramienta argumentativa para examinar la legitimidad constitucional de cualquier medida estatal que afecte los derechos fundamentales de las personas. Por tanto, para que una pena sea proporcional desde este punto de vista no sólo debe tener una finalidad constitucionalmente legítima, sino también superar el examen de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido.
Amparo directo en revisión 181/2011. 6 de abril de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.
Registro: 160643
Tesis: 1a. CCXXXVI/2011 (9a.)
SECUESTRO EXPRESS. EL ARTÍCULO 163 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE LO SANCIONA, NO TRASGREDE LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD EN MATERIA PENAL (TEST DE PROPORCIONALIDAD EN MATERIA PENAL).
El principio de proporcionalidad busca asegurar que el poder público actúe sin excederse en el ejercicio de sus funciones y es aplicable a toda actividad del Estado. Para comprobar si una norma penal creada por el legislador observa el referido principio, debe correrse un test que comprende el examen de tres aspectos: a) el fin y la idoneidad: consiste en determinar si la interferencia al derecho fundamental que se restringe persigue un fin constitucionalmente legítimo y si esa medida aflictiva, restrictiva o limitativa, es idónea para la finalidad buscada; b) la necesidad: parámetro que lleva a establecer si la medida cuestionada, dentro de las alternativas fácticas posibles, es la menos gravosa o restrictiva hacia el principio o derecho fundamental afectado por la intervención (intervención mínima); y, c)
proporcionalidad: debe quedar acreditado que la medida es cualitativamente de mayor beneficio o igual al perjuicio que se ocasiona al derecho fundamental. Ahora bien, el artículo 163 bis del Código Penal para el Distrito Federal, que prevé una pena de veinte a cuarenta años de prisión, es acorde con el principio de proporcionalidad y no vulnera el artículo 22 de la Constitución Federal, en atención a lo siguiente: 1) el legislador, tratándose del delito de "secuestro express", buscó proteger un derecho fundamental de igual valor al restringido, como es la libertad de las personas y adicionalmente su patrimonio; asimismo, buscó desalentar su comisión, pues ésta se ha vuelto excesiva; ciertamente, estableció una medida aflictiva de la libertad rigurosa para la finalidad buscada, pero idónea, porque de esa manera buscó proteger a la sociedad; 2) la medida restrictiva de la libertad de veinte años como mínima y cuarenta años como máxima, dentro de las alternativas fácticas posibles, es la menos gravosa, porque en aras del diverso principio de "ultima ratio" se castiga con penas más graves los ataques más intolerables a los bienes jurídicos más importantes y en este caso, sin duda, dicha penalidad es el medio más eficaz que la sociedad tiene a su alcance para plasmar su total desaprobación respecto de sujetos que realizan actos tan reprobables hacia sus congéneres, como es privarlos de la libertad para robarlos o extorsionarlos, ya que no existe un medio alternativo que, en casos como éste, revista la misma aptitud que la prisión para alcanzar la finalidad propuesta por el legislador, que es la de escarmentar severamente y disuadir; y 3) cualitativamente, la medida responde al equilibrio entre el interés general que se alcanza, como es el de salvaguardar a la sociedad de la proliferación de un delito que la impacta de manera considerable y el perjuicio individual que origina la afectación del bien jurídico, que es la libertad. En consecuencia, el dispositivo 163 bis del Código Penal para el Distrito Federal, no atenta contra la garantía de proporcionalidad que establece el artículo 22, párrafo primero, de la Carta Fundamental; más aún, porque el tipo penal necesariamente exige la acreditación de una privación de la libertad a título de secuestro.
Amparo directo en revisión 1399/2011. 24 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Horacio Nicolás Ruiz Palma.
En nuestra opinión, para cumplir los principios constitucionales relacionados con el derecho a la información y el combate a la corrupción -de carácter transnacional-, es necesario limitar el derecho a la protección de datos personales de ciertos servidores públicos del Estado mexicano, esto es, de aquellos que conforman el primer nivel de gobierno (o sea, los referidos expresamente por el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), por ser éstos a quienes se atribuyen los actos de corrupción que perjudican en mayor medida a la sociedad mexicana.
Esta medida es por demás necesaria, en razón de la información opaca que han rendido diversos Secretarios de Estado; y proporcional a los fines perseguidos, pues el derecho a la protección de datos personales sólo sería limitado respecto de sujetos muy puntuales, máxime que muchos de esos datos forman parte de Registros Públicos.
Si el pueblo y el propio Estado -en los Tratados internacionales celebrados en este ámbito- han priorizado la transparencia en el ejercicio de la función pública, específicamente a través de las declaraciones patrimoniales y de intereses; los Poderes constituidos, llámese Congreso de la Unión, Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción o Secretarios de Estado, no debemos implementar una política que termine por tornar opaca la información que debiera ser pública.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara Alta el siguiente proyecto de:
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 29 Y ADICIONA DOS PÁRRAFOS DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
ÚNICO. Se reforma el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas mediante la modificación de su primer párrafo y la adición de otros dos párrafos, para quedar como sigue:
Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos que desempeñen los cargos expresamente referidos en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos serán públicas de forma íntegra.
Las declaraciones patrimoniales y de intereses de los demás servidores públicos serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que, en caso de los servidores públicos referidos en el párrafo inmediato anterior, los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.
SEGUNDO. El Comité de Participación Ciudadana deberá realizar las adecuaciones correspondientes a los formatos aprobados, para que lo dispuesto en este Decreto pueda implementarse desde la declaración de modificación patrimonial correspondiente al año 2019.