Source: https://www.unis.edu.gt/ap/Revista-Auctoritas-FDER/febrero-2017/index.html
Timestamp: 2019-11-22 19:07:27
Document Index: 225461726

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 27', 'artículo 32', 'artículo 2']

Constitucionalización de reglas de interpretación de los derechos fundamentales en base a los criterios provenientes del Derecho Internacional de los derechos humanos, tales como el principio pro persona o el principio de la interpretación conforme que se explican en páginas posteriores.
La doctrina del margen de apreciación nacional de los Estados, desarrollada por la Corte Europea de Derechos Humanos y por el Consejo Constitucional Francés, de acuerdo con la cual le corresponde al juez armonizar los intereses nacionales a las obligaciones internacionales. Al hacer referencia al margen de apreciación, se habla del margen de maniobra de las autoridades nacionales de los Estados Parte de la Unión Europea para cumplir sus compromisos derivados de la Convención Europea de Derechos Humanos3.
El control de la convencionalidad. Concepto desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Almonacid Arellano y Otros vrs. Chile del 26 de septiembre de 2006 que consiste en un acto de revisión o fiscalización de la sumisión de las normas nacionales a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y a la exégesis que a este instrumento da la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El control de convencionalidad puede desarrollarse de manera concentrada en sede internacional por la Corte Interamericana o bien en sede nacional –de manera difusa- por los jueces nacionales.
Si bien cada uno de estos mecanismos tiene distinto origen, aplicación y particularidades respecto de su contenido y fundamento jurídico, todos se relacionan entre sí, constituyendo herramientas a través de las cuales los funcionarios encargados de respetar y garantizar, particularmente los jueces, hacen efectivos los derechos humanos en casos concretos.
Este trabajo se centrará en analizar brevemente uno de los mecanismos arriba indicados, el de la doctrina del control difuso de la convencionalidad para lo cual se hará referencia a los autores que se han referido a este tema y se intentará caracterizar la aplicación que del mismo ha hecho la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
3Brokmann Haro, Carlos. La doctrina del margen de apreciación como instrumento de la protección de los derechos humanos. En red: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhumex/cont/8/art/art3.pdf. Consultado el 14 de agosto de 2013.
II.	Contenido
a) El control difuso de la convencionalidad
Este concepto fue desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Almonacid Arellano y Otros vrs. Chile del 26 de septiembre de 2006 y fue conceptualizado como el «Acto de revisión o fiscalización de la sumisión de las normas nacionales a la Convención Americana de Derechos Humanos. De acuerdo con la sentencia de este caso, «la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el poder judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos a la Convención americana sobre Derechos Humanos. En esa tarea, el poder judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la corte interamericana, intérprete última de la CADH»4.
Esta obligación de hacer efectivo el control de convencionalidad es de acuerdo a lo desarrollado por la jurisprudencia y la doctrina, resultado o consecuencia directa de lo establecido en los artículos 1 (obligación de respetar los derechos); y 2 (deber de adoptar disposiciones de Derecho Interno, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y del artículo 27 del Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 que establece la no invocación de normas de derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado
A partir de la sentencia referida y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se conoce como control de convencionalidad al que realiza la propia Corte en Sede Internacional y como control difuso de la convencionalidad, el que realiza el juez nacional de acuerdo a los parámetros antes referidos.
4 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos Almonacid Arellano vrs. Chile. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 26 de septiembre 2006. Párrafo 124.
Se ilustran a continuación, otros casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace alusión al control difuso de convencionalidad:
En el caso Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú, la CoIDH indicó: “El poder judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos a la CADH. En esa tarea, el poder judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la CADH”5.
Respecto al caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, la CoIDH amplió el espectro de sujetos llamados a ejercer el control de convencionalidad, en este caso señaló que al interior del Estado, no solo los funcionarios de carácter jurisdiccional “sino los jueces, y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles”6.
En el caso Gelman vs. Uruguay la CoIDH expandió las fronteras de la operatividad del control de convencionalidad al afirmar que un “control de convencionalidad”, "que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial”7 .
Sobre los casos López Mendoza vs. Venezuela y Atala Riffo y Niñas vs. Chile, la CoIDH aseveró que se impone “la adecuación de las interpretaciones judiciales y administrativas y de las garantías judiciales a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal”8.
La lógica del funcionamiento de referido mecanismo, según Víctor Bazán, sería el siguiente: “La CIDH fija un criterio o estándar (cuyo alcance que puede ser ampliado por la jurisdicciones internas, tomando al principio pro persona como fuente principal) y control de convencionalidad, mediante los órganos competentes locales
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vrs. Perú. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 24 de noviembre de 2006. Párrafos 128 y 129.
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel Flores vrs. México. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 26 de noviembre de 2010. Párrafo 225.
7 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman vrs. Uruguay. Sentencia de fondo y reparaciones. 24 de febrero de 2011. Párrafo 239.
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Atala Riffo y Niñas vrs Chile. Sentencia de Fondo y Reparaciones. 24 de febrero de 2012. Párrafo 2834 y Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011. Párr. 228
que lo aplican (en la medida de lo aplicable) en los casos concretos que se presenten”9.
De esta manera, agrega Bazán, se aligera la carga de trabajo de la CIDH, relevándolo de un conjunto de casos que pueden y deben ser asumidos por magistrados y demás autoridades en los órdenes nacionales, siempre dentro del marco de sus respectivas atribuciones. De tal manera que el control de convencionalidad interestatal obedece a la dinámica de irradiación de la jurisprudencial de la Corte hacia los Estados que han aprobado y ratificado la CADH y reconocido la jurisdicción contenciosa de ese Tribunal10.
El control de convencionalidad como concepto general es definido por Humberto Nogueira Alcalá como “un control jurídico y jurisdiccional que se concreta en el plano internacional o supranacional en cada caso, el que posibilita determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones convencionales de un Estado Parte a partir de la coherencia entre la conducta del Estado y las obligaciones determinadas por la norma jurídica o Tratado Internacional (…). El examen de convencionalidad verifica la adecuación de la conducta de un Estado Parte a la norma o convención internacional respectiva. El ejercicio del control de convencionalidad que deben practicar los jueces domésticos implica confrontar, en las materias que son de su competencia y de acuerdo a los procedimientos previstos en el orden jurídico, que las normas internas no vulneran las reglas determinadas por el Derecho Convencional Internacional o supranacional en su caso”11.
Lo más relevante de este concepto es que no lo limita la función judicial del control de convencionalidad a la Convención Americana de Derechos Humanos e instrumentos derivados del Sistema Interamericano de Protección, sino que amplía el concepto de manera que éste abarca todos los ejercicios de confrontación normativa entre Derecho Internacional de los Derechos Humanos y derecho interno que realizan los jueces nacionales, ampliando de esta manera la protección a los derechos humanos
9 Bazán, Víctor. “Control de convencionalidad, tribunales internos y protección de los derechos fundamentales” Opus Magna constitucional 2014 Tomo ix instituto de Justicia Constitucional. Corte de Constitucionalidad. Guatemala 2014. Pag.145.
10 Ibid. Pág 145.
11 Nogueria Alcalá, Humberto, “Los Desafíos del control de convencionalidad del Corpus Juris Interamericano para los tribunales nacionales, en especial para los Tribunales Constitucionales” en El Control Difuso de Convencionalidad, Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Políticas, S.C, México 2012. Pág.343 y ss.
Agrega, Nogueira Alcalá, que en el sistema interamericano, el control de convencionalidad exigido a los jueces nacionales por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, implica que los jueces domésticos se convierten en jueces interamericanos en el plano nacional, debiendo siempre garantizar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los pactos complementarios12.
Para el autor Eduardo Ferrer Mac-Gregor, el control difuso de convencionalidad “consiste en el examen de compatibilidad que siempre debe realizarse entre los actos y normas nacionales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sus Protocolos adicionales, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), único órgano de jurisdicción del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos que interpreta de manera “última” y “definitiva” el Pacto de San José. (…) Se trata de un estándar “mínimo “ creado por dicho Tribunal Internacional para que en todo caso sea aplicado el corpus iuris interamericano y su jurisprudencia en los Estados nacionales que se han suscrito o adherido a la CADH y con mayor intensidad a los que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte IDH; estándar que (…), las propias constituciones o la jurisprudencia nacional pueden válidamente ampliar, para que también forme parte del “bloque de constitucionalidad/convencionalidad” otros tratados, declaraciones e instrumentos internacionales (…)”13.
De acuerdo a lo anterior, el control difuso de convencionalidad es una obligación del juez nacional que está habilitado para ejercerlo. Generalmente, aunque no exclusivamente, esta facultad le corresponderá al mismo juez que controla la constitucionalidad. Dado que deviene en una obligación para el juez, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido reiteradamente a que el juez nacional deberá, su aplicación será en principio de oficio, aunque no se descarta por supuesto, que éste se realice a petición de parte. Se entiende además que no existe acto o norma de cualquier jerarquía o fuente que escape al control de convencionalidad, como no lo hay al que escape del control de constitucionalidad.
13 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Interpretación conforme y Control Difuso de Convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano”, en El Control Difuso de Convencionalidad, Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Políticas, S.C, México 2012. Pág. 108 y ss.
Por otra parte, Néstor Pedro Sagués14, señala que el control difuso de convencionalidad produce, si la norma es conforme con la Convención Americana de Derechos Humanos o con el tratado que se analiza, su aplicación directa e inmediata. Por el contrario, si resulta inconvencional o anticonvencional¸ es decir si el análisis normativo presenta incongruencia, se produce un deber judicial concreto de inaplicación de la norma nacional, lo cual no implica una derogación o expulsión de la misma del ordenamiento jurídico, pues puede ser que el órgano que realiza la confrontación normativa, ni siquiera tenga la facultad para realizar esta expulsión. En este caso, de acuerdo con Ferrer Mac-Gregor, tampoco el control de constitucionalidad tiene como efecto simplemente “dejar de aplicar la norma nacional por ser contraria al parámetro de convencionalidad, sino que implica, en primer término, tratar de armonizar la norma nacional con la convencional; lo cual significa realizar una “interpretación conforme” de la norma nacional con la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Acá entra en juego un concepto adicional que fortalece los mecanismos de aplicación de los derechos humanos al ámbito nacional y que es indispensable al referirse al control difuso. Ese concepto es el contenido en la cláusula de interpretación conforme, que de acuerdo con Ferrer, esta es una técnica hermenéutica por medio de la cual los derechos y libertades constitucionales son armonizados con los valores, principios y normas contenidos en los Tratados Internacionales15. Según este autor, la interpretación conforme ya ha sido consagrada en los textos constitucionales de Bolivia, Colombia, Perú y México.
También se estima oportuno referirse al principio pro persona, que según la profesora Mónica Pinto,“es el criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual sí se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensa cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a una interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre”16.
14 Sagüés, Nestor Pedro. Obligaciones internacionales y control de constitucionalidad. Estudios Constitucionales Año 8, No. 1, Argentina, 2010. Pág. 117-136.
15 Op. Cit. Pág. 12.
16 Pinto, Mónica. 1997, El principio pro homine. Criterios de hermenéutica para la regulación de los derechos humanos, en Abregú, Martin y Courtis, Christian (Comps.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales. Ed. CELS-Editores del Puerto, Buenos Aires. En red: http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/el-principio-pro-homine-criterios-de-hermeneutica-y-pautas-para-la-regulacion-de-los-derechos-humanos.doc Consultado el 12 de diciembre de 2016.
Néstor Pedro Sagües, al referirse a este principio indica que tiene una doble vertiente o dimensiones específicas. En primer lugar, se destaca la dimensión del principio como preferencia interpretativa, según la cual, al determinar el contenido de los derechos, se deberá utilizar la interpretación más expansiva que los optimice; y cuando se trate de entender una limitación a un derecho, se deberá optar por la interpretación que más restrinja su alcance. En segundo lugar, se resalta la dimensión del principio como preferencia normativa, en virtud de la cual “ante un caso a debatir, el juez […] tendrá que aplicar la norma más favorable a la persona, con independencia de su nivel jerárquico”17.
b)	Desafíos que presenta la aplicación del control difuso de convencionalidad a los tribunales constitucionales
Aunque la mayoría de autores se refieren a las ventajas de la aplicación del control difuso de la convencionalidad, Néstor Pedro Sagüés realiza un análisis exhaustivo sobre los efectos de la aplicación de este principio a los ordenamientos jurídicos nacionales, estableciendo una serie de aspectos objetivos que deben ser analizados y que se abordan brevemente a continuación identificándolos con los retos en la aplicación del control difuso de convencionalidad
Para este autor, el nuevo paradigma del control difuso de la convencionalidad, genera una interpretación mutativa por adición al Pacto de San José, puesto que este en sí mismo, no menciona en ninguna de sus normas la obligatoriedad para los jueces de acatar la interpretación que de la misma hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, para tratadistas como Ferrer, la jurisprudencia de la Corte resulta obligatoria por constituir un estándar mínimo del corpus iuris interamericano. Esta discusión no deja de constituirse en un reto para los tribunales constitucionales de América Latina, que pueden transitar de las posturas más rígidas sobre el contenido de la Convención Americana que debe ser observado de acuerdo a lo dispuesto en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, y las posturas más flexibles que establecen que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana debe ser acatada y aplicada de oficio en la labor cotidiana del juez doméstico.
17 Sagués, Néstor Pedro. “La interpretación de los derechos humanos en las jurisdicciones nacional e internacional”, en José Palomino y José Carlos Remotti (coords.) Derechos Humanos y Constitución en Iberoamérica (Libro homenaje a Germán J. Bidart Campos). Lima, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. 2002.
De acuerdo con este autor, el Pacto de San José puede lesionar jurídicamente a una Constitución acarreando no solamente la inaplicación de una norma, sino exigiendo la modificación de la misma como ocurrió en el caso de la Última tentación de Cristo vs. Chile. En este punto, el reto para los tribunales constitucionales está por un lado, en dejar sin aplicación y/o sin vigencia normas constitucionales que no han sido expulsadas del ordenamiento jurídico de acuerdo a lo establecido en su mismo texto –es decir desconocer de alguna manera las normas constitucionales que son objeto y razón de su labor jurisdiccional, aunque privilegiando por su puesto, la que mejor proteja a los derechos humanos-; y por otro, abrir la puerta a que un órgano de carácter supraconstitucional ordene una reforma constitucional sin considerar el concepto de soberanía popular del cual deviene directamente el poder de reformar una Constitución. En ambos casos, el Tribunal Constitucional tiene la difícil tarea de priorizar la CADH o la jurisprudencia de la Corte frente a la defensa de la Constitución en sí, aunque, vale mencionar, con el objeto y fin de defender los valores constitucionales no necesariamente expresos pero si reconocidos por una sociedad.
Todas las normas deben ser no sólo constitucionales sino también convencionales. En relación a este tema, Sagüés manifiesta la dificultad que supone superar dos barreras de dificultad para hacer que una norma sea aplicable: el test de la constitucionalidad y el test de la convencionalidad. Particular interés genera el reto de establecer ¿cómo se resuelve un caso donde una norma de carácter ordinario, resulta inconstitucional pero es conforme a la CADH? Este tipo de situaciones ameritará sin duda, la aplicación de los instrumentos de la interpretación conforme y el principio pro-homine, pero puede generar en los jueces constitucionales la preocupación sobre la jerarquía y validez real de la Constitución frente al resto del ordenamiento jurídico interno.
Para Sagüés, el control difuso de convencionalidad tiene un efecto «constructivo» de interpretación armónica de las normas nacionales de conformidad con el Pacto, pero puede tener también un efecto «destructivo o saneador» expulsión automática de normas que no son consistentes con el Pacto.
Las herramientas de interpretación se restringen para el juez, puesto que siempre deberán considerar aquellas que den como resultado una interpretación conforme con la CADH, sin considerar en ningún caso, alguna incompatible.
De acuerdo con este autor, todavía es necesario explicar la coherencia entre esta doctrina y la del margen de apreciación nacional por parte de los Estados. Sin embargo, ésta última, desarrollada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está basada en la autonomía de las jurisdicciones nacionales para establecer los límites y alcances de la aplicación concreta de una norma convencional al contexto en el que debe ser aplicada, elementos que a priori puede identificarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos limitó y que el control difuso de convencionalidad no incorpora.
Otros retos para los tribunales constitucionales en la aplicación de esta figura son:
El altísimo nivel de conocimiento, especialización y actualización que se requiere por parte de los jueces nacionales sobre los contenidos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, particularmente sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que estén en plena capacidad de realizar el análisis normativo que corresponde. Esto supone una tarea permanente y sistemática para los Estados, que es aún mayor en los lugares donde el control de la constitucionalidad es difuso o mixto, puesto que el número de funcionarios/as que deben tener este conocimiento y aplicarlo es aún mayor.
A partir de la aplicación del control difuso de convencionalidad, existen normas constitucionales que deberán quedar inaplicadas o en desuso sin una declaratoria formal tal y como lo establece el mismo texto de la Constitución. Esto implica que se generarán reformas constitucionales de facto aplicables a casos concretos, lo que hace de alguna manera, temer fundadamente respecto de la certeza jurídica y los límites y alcances de la Constitución. Esto de alguna manera representa una transición hacia un sistema similar al anglosajón, en que la resolución del juez no se basará necesariamente en la norma escrita, sino en el principio constitucional y en el precedente judicial, en este caso emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El control difuso de convencionalidad, en consonancia con la función que Zagrebelsky le atribuye a los jueces constitucionales, continúa en la línea de ampliar el margen de acción de estos funcionarios con el objeto de lograr la protección de los derechos humanos. A través de esta tarea les concede importantes facultades para resolver casos incluso al amparo de precedentes judiciales generados en otros Estados y en situaciones diversas a las que son objeto de su análisis.
c)	La aceptación del principio del control de convencionalidad por parte de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala
Hasta el año 2011, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala no reconocía la existencia del bloque de constitucionalidad, por lo tanto, fue reiterado el criterio durante más de dos décadas que los tratados internacionales en materia de derechos humanos no son parámetros de constitucionalidad. En este sentido cabe hacer notar que si bien el control de constitucionalidad y el bloque de constitucionalidad son figuras distintas al control de la convencionalidad, esta postura ilustra las dificultades de la Corte de Constitucionalidad para incorporar de manera sistemática los estándares sobre derechos humanos. No existía una ausencia absoluta de estos estándares sino una falta de consistencia en su utilización y aplicación.
Así, OACNUDH documentó mediante el estudio Tendencias jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad en materia de Derechos Humanos que la Corte había conocido hasta 2010 un sinnúmero de casos cuya materia es regulada por Instrumentos Internacionales de los cuales Guatemala es parte, sin embargo, hasta esa fecha no existía unanimidad sobre el análisis jurídico que sustentaba la utilización de dichos estándares, ni sobre el peso o valor que sobre las sentencias de la Corte, tenían dichos instrumentos.
En este sentido, la OACNUDH estableció que “En algunos casos, las normas se incorporan como fundamentos jurídicos de la argumentación y en otros, simplemente se mencionan como obligación del Estado, aunque obviándose el análisis jurídico respectivo para confrontar el caso concreto. En otros casos, se omite la referencia y aplicación de los tratados internacionales, aunque a pesar de esta ausencia los fallos resultan en la efectiva protección de los derechos humanos (…). Existen incluso ejemplos de invocación de normas de tratados de derechos humanos para fundamentar una resolución contraria a la letra y espíritu de los mismos (…)” 18 . Esto demuestra que la apropiación de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos por parte de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala es un fenómeno muy reciente, salvo contadas excepciones relacionadas con el análisis de la pena de muerte, y particularmente de las reformas al Código Penal respecto de la aplicación de ésta a los casos de secuestro sin resultado de muerte de la víctima, las cuales fueron declaradas inconstitucionales por ser incompatibles con la CADH. En materia de pena de muerte, la Corte de Constitucionalidad realizó la confrontación entre la Convención Americana y las normas de carácter ordinario, favoreciendo la interpretación más garantista .
18 OACNUDH. Tendencias jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad en materia de derechos humanos. Guatemala, 2010. Páginas 107 y 108.
Americana y las normas de carácter ordinario, favoreciendo la interpretación más garantista19.
Sin embargo, algunas sentencias permiten ilustrar a manera de ejemplo, que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha avanzado en la aplicación de la doctrina del control difuso de convencionalidad, aunque sin mencionarla expresamente, pero haciéndola efectiva.
Tal es el caso de la sentencia emitida dentro del expediente 1072-2011, Amparo en única instancia interpuesto contra el Presidente de la República por violación al derecho a la consulta establecido en la literal a del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, así como a la violación a los artículos 44, 46 y 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por los siguientes actos: a) el inicio del procedimiento de aprobación del Reglamento para el proceso de consulta del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; b) La disposición que otorga un plazo de 30 días para opinar al respecto, suscrito por el Ministro de Trabajo y Previsión Social a partir del 24 de febrero de 2011 y presentado en el Patio de la Paz el 23 de febrero de 2011. Dicho amparo fue declarado con lugar después de un exhaustivo análisis confrontativo del inciso 2 del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y otras normas constitucionales, con los actos impugnados.
Sin embargo, el verdadero salto cualitativo respecto del análisis de la Corte de Constitucionalidad en materia de derechos humanos se generó a partir del contenido de la sentencia emitida dentro del expediente 1822-2011, dentro del cual se impugna de inconstitucional una norma ordinaria –la que tipifica el delito de tortura- por ser incompatible con estándares internacionales en materia de derechos humanos. Define entonces la Corte que el problema al que se enfrenta el Tribunal Constitucional es el definir ”la posibilidad de que en el sistema guatemalteco se impugne de inconstitucional una norma ordinaria por haber sido emitida de forma no acorde ser incompatible con estándares mínimos contemplados en un tratado internacional en materia de derechos humanos, es decir, si tales instrumentos son o no parámetros de constitucionalidad”.
Después de un amplio análisis, la Corte determina que los artículos 44 y 46 permiten incorporar la figura del bloque de constitucionalidad como un conjunto de normas
19 Expedientes 30-2000, 872-2000, 889-2000, 219-2001, 3247-2006, entre otros.
internacionales referidas a derechos inherentes a la persona, incluyendo todas aquéllas libertades y facultades que aunque no figuren en su texto formal. Asimismo le otorga al bloque de constitucionalidad un carácter eminentemente procesal, define que el artículo 46 denota la inclusión de los tratados en el bloque de constitucionalidad, exigiendo la adaptación de las normas de inferior categoría a los mandatos contenidos en aquellos instrumentos. El contenido del bloque de constitucionalidad está perfilado, de acuerdo con esta sentencia, por la Constitución y por los instrumentos que en cada caso, la Corte, como máximo intérprete de la norma suprema determine. El contenido de esta sentencia permite observar que a partir de la figura del bloque de constitucionalidad¸ la Corte de Constitucionalidad de Guatemala acepta la obligación de realizar el análisis de confrontación normativa respecto el contenido de los tratados internacionales en materia de derechos humanos; quedando aún pendiente para futuros desarrollos jurisprudenciales la aclaración respecto de la postura de la Corte frente al análisis confrontativo que involucre la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana en el sentido en que se estableció en la sentencia Almonacid Arellano vs. Chile.
Aunque se ha mencionado en las páginas precedentes que de alguna manera la interpretación realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga a la observancia de ciertos criterios interpretativos por ella establecidos a través de la figura del control difuso de la convencionalidad y de la interpretación conforme, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, en la sentencia del expediente 386-2011, se refirió a su potestad interpretativa frente a la función que corresponde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la siguiente manera: “Asimismo, que los tribunales nacionales, dentro de las disposiciones emitidas por el órgano jurisdiccional internacional, no quedan despojados de ninguna manera de su función interpretativa de los términos en que tales resoluciones hayan sido emitidas, acudiendo también a sus potestades de interpretación valorativa de los fines del orden constitucional que, como el guatemalteco, son coincidentes con los proclamados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, bien sea convencionales o declarativos. Esto, tanto porque se encuentran adecuadamente explicitados en el ordenamiento interno como porque, conforme el artículo 44 de la Constitución, se reconocen los derechos humanos implícitos aunque no hayan sido codificados. Además, según lo dispone el artículo 46 ibidem, el derecho internacional de los derechos humanos tiene supremacía sobre el derecho interno”. El contenido de este párrafo resulta de sumo valor en el contexto de los alcances y límites que impone el control de convencionalidad en materia de interpretación al juez constitucional. Nótese que la reserva que realiza la Corte de Constitucionalidad
sobre su función interpretativa está basada fundamentalmente en el respeto de los derechos humanos y en los fines que busca la Constitución.
La Corte de Constitucionalidad, en sentencia de 25 de marzo de 2015, al resolver los expedientes acumulados 156 y 159-2013, en la apelación de amparo promovida por el Consejo de Autoridades Ancestrales del municipio de San Juan Cotzal, departamento de Quiché y las comunidades indígenas mayas ixiles de la misma localidad, por medio del Primer Alcalde Indígena, Concepción Santay Gómez, contra el Ministro de Energía y Minas, introduce elementos valiosos referidos al fundamentar su decisión no solo en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos sino cita casos resueltos por la Corte Interamericana de Derecho Humanos, aplicables al reconocimiento normativo de la consulta a los pueblos indígenas, en el marco de la convencionalidad.
La Corte expresa: “(…) A. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes –ratificado por Guatemala en mil novecientos noventa y seis, luego de que este Tribunal respaldara su compatibilidad con la Carta Fundamental [opinión consultiva emitida en el expediente ciento noventa y nueve-noventa y cinco (199-95)]–, en el cual está dispuesto que los gobiernos deben consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, de buena fe y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr su consentimiento [artículo 6, numerales 1 y 2]; en especial cuando se trate de proyectos de explotación de recursos naturales [artículo 15]. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo ha enfatizado que el espíritu de consulta y participación constituye la piedra angular del Convenio, en la que se fundamentan todas las disposiciones de este [observaciones individuales dirigidas a Dinamarca y Paraguay dentro del Informe general rendido en el seno de la nonagésimo primera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en dos mil tres]. B. Convención Americana sobre Derechos Humanos –ratificada por Guatemala en mil novecientos setenta y ocho–, por cuanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha asentado: ” i) es obligación de los Estados consultar a las comunidades indígenas y tribales sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte sus derechos reconocidos en la normatividad interna e internacional, así como de asegurar su participación en las decisiones de los asuntos que conciernan a sus intereses; ello, en relación directa con la obligación general de garantizar, en
condiciones de igualdad, el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 1.1 de la referida Convención, una vez consideradas las características propias que diferencian a esas comunidades de la población en general y que conforman su identidad cultural [sentencia dictada en el caso Pueblo indígena Kichwa de Sarayakuvrs. Ecuador (Fondo y Costas); párrafos ciento sesenta y dos (162), ciento sesenta y tres (163) y ciento sesenta y seis (166)]; y ii) el Estado debe garantizar que ninguna restricción respecto del derecho a la propiedad –protegido en el artículo 21, numerales 1 y 2, ibídem–, debido a concesiones de explotación de recursos naturales, implique denegar la subsistencia de los pueblos indígenas o tribales como tales; para lo cual debe asegurar: primero, la participación efectiva de aquéllos, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción que se lleve a cabo dentro de territorios que han ocupado ancestralmente; segundo, que se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio; y tercero, que no se emita ninguna concesión de esa naturaleza a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo supervisión estatal, realicen estudios previos de impacto social y ambiental [sentencia dictada en el caso Pueblo Saramakavrs. Surinam” (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas); párrafos ciento veintiocho (128) y ciento veintinueve (129)]. C. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –al que Guatemala se adhirió en mil novecientos noventa y dos–, en atención a que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al interpretar lo normado en su artículo 27 [Derecho de las minorías],“afirmó que en el caso de los pueblos indígenas la cultura se manifiesta en un modo particular de vida relacionado con el uso de recursos terrestres, cuya protección se traduce en el requerimiento de los Estados adopten medidas jurídicas positivas que aseguren la participación eficaz de los miembros de comunidades minoritarias en las decisiones que les afectan” [Observación General veintitrés (23), numeral siete (7)]. D. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial –ratificada por Guatemala en mil novecientos ochenta y tres–,”a la que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) imprimió relevancia respecto al derecho de consulta, al exhortar a los Estados partes a garantizar que los miembros de las poblaciones indígenas gocen de derechos iguales con respecto a su participación efectiva en la vida pública, así como que no se adopte decisión alguna directamente relacionada con su derechos e intereses sin su consentimiento informado” [Recomendación General número veintitrés (23), numeral cuatro (4), inciso d].
E. Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas –aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, con el voto favorable de Guatemala, el trece de septiembre de dos mil siete–, “en la buena fe con las comunidades indígenas, por conducto de sus propias instituciones representativas, antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, sobre todo cuando se trate del desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales o hídricos [artículo 32, numeral 2]. Asimismo, que velarán eficazmente por la reparación justa y equitativa por esas actividades, además de adoptar las medidas necesarias para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual que puedan conllevar [ibídem, numeral 3].”
Asimismo la Corte, afirma en la referida sentencia que la consulta forma parte del bloque de constitucionalidad guatemalteco, que ha identificado como “conjunto normativo que contiene principios o disposiciones materialmente constitucionales, tanto las contenidas expresamente en el Texto Fundamental como las existentes fuera de este, pero que desarrollan o complementan el catálogo de derechos fundamentales contenidos en la Constitución formal (…) garantizando la coherencia de la legislación interna con los compromisos exteriores del Estado y, al mismo tiempo, servir de complemento para la garantía de los Derechos Humanos en el país” [sentencia dictada dentro del expediente un mil ochocientos veintidós-dos mil once (1822-2011)].
En el apartado de la sentencia en el que la Corte se refiere a la consulta como principio general del Derecho Internacional y su justiciabilidad como Derecho fundamental, expresó:
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho notar que la consulta regulada en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo se ha consolidado como principio general del Derecho Internacional, habida cuenta que muchos países miembros de la Organización de los Estados Americanos, a través de reformas en su normatividad interna y de los pronunciamientos emanados de sus más altas cortes de justicia, han respaldado su protección [sentencia dictada en el caso Pueblo indígena Kichwa de Sarayakuvrs. Ecuador (Fondo y Costas); párrafos ciento sesenta y tres (163) al ciento sesenta y cinco (165)].
Este Tribunal, confluyendo con el referido órgano regional y también con sus homólogos de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, México, Perú y Venezuela, ha puesto de relieve la indubitable justiciabilidad de la consulta a pueblos indígenas en Guatemala [sentencias dictadas en los expedientes mil ciento setenta y nueve-dos mil cinco (1179-2005), mil cuatrocientos ocho-dos mil cinco (1408-2005), dos mil trescientos setenta y seis-dos mil siete (2376-2007), tres mil ochocientos setenta y ocho-dos mil siete (3878-2007), mil treinta y uno-dos mil nueve (1031-2009), acumulados dos mil cuatrocientos treinta y dos y dos mil cuatrocientos ochenta y uno-dos mil once (2432/2481-2011), acumulados dos mil cuatrocientos treinta y tres y dos mil cuatrocientos ochenta-dos mil once (2433/2480-2011), un mil ocho-dos mil doce (1008-2012) y cuatro mil cuatrocientos diecinueve-dos mil doce (4419-2012), entre otros], además de calificarla como un derecho fundamental de carácter colectivo y de prestación, cuyo reconocimiento surgió como resultado de la conciencia internacional de la necesidad de abogar, de manera especial, por la salvaguardia de los intereses de grupos humanos que por factores ligados a su identidad cultural, se han visto históricamente relegados de los procesos de decisión del poder público y del funcionamiento de las estructuras estatales en general; erigiéndose así, en garantía de igualdad o de equiparación, en cuanto a la aptitud real de pronunciarse e influir sobre aquellas disposiciones orientadas a repercutir en sus condiciones de vida [haciendo eco de lo preceptuado en el artículo 2, numeral 2, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes]. Así concebida, la prerrogativa en referencia conlleva para el Estado, con relación a las acciones gubernamentales que podrían afectarles directamente, la obligación de implementar e institucionalizar procedimientos mediante los cuales, se genere de buena fe, en forma sistemática y acorde a sus tradiciones ancestrales, una dinámica de información, participación y diálogo con sus legítimos representantes, con el propósito de concertar acuerdos sobre las medidas que se proyecta realizar” [sentencias dictadas en los expedientes tres mil ochocientos setenta y ocho-dos mil siete (3878-2007) y un mil treinta y uno-dos mil nueve (1031-2009)].
Por último la Corte al referirse al carácter integral de las implicaciones del reconocimiento de la consulta como derecho fundamental, expresa:
El reconocimiento de la consulta prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, como parte del catálogo de derechos fundamentales protegidos en el bloque de constitucionalidad, demanda del Estado de Guatemala, en general, la realización de cualesquiera modificaciones estructurales que sean necesarias, en sus instituciones y legislación interna, para darle eficaz cabida en el contexto
nacional; así lo han expresado este mismo Tribunal [sentencias dictadas dentro de los expedientes tres mil ochocientos setenta y ocho-dos mil siete (3878-2007) y cuatro mil cuatrocientos diecinueve-dos mil once (4419-2011)] y la Corte Interamericana de Derechos Humanos [sentencias dictadas en los casos Pueblo Saramaka vrs. Surinam (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas); párrafo ocho (8) del apartado decisorio; y Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku vrs. Ecuador (Fondo y Costas); párrafo trescientos uno (301)].
La sentencia referida constituye un avance significativo en la aplicación de las figuras del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad por parte del máximo tribunal constitucional guatemalteco, por cuanto en el caso concreto, no solamente se invocan los instrumentos internacionales del sistema internacional de protección de derechos humanos, sino también las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se han referido a la protección del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, incorporándolas al análisis argumentativo que fundamenta el fallo que se dicta en protección del derecho.
A partir del contenido de los instrumentos internacionales y de la jurisprudencia de la CoIDH, la Corte de Constitucionalidad establece el espectro de obligaciones que corresponde al Estado cumplir para la protección del derecho a la consulta en el caso concreto, caracterizándolas de la siguiente manera: “Así concebida, la prerrogativa en referencia conlleva para el Estado, con relación a las acciones gubernamentales que podrían afectarles directamente, la obligación e implementar e institucionalizar procedimientos mediante los cuales, se genere de buena fe, en forma sistemática y acorde a sus tradiciones ancestrales, una dinámica de información, participación y diálogo con sus legítimos representantes, con el propósito de concertar acuerdos sobre las medidas que se proyecta realizar (…)”. Esta sentencia ilustra cómo a partir de la aplicación efectiva de los estándares internacionales sobre derechos humanos incluyendo la jurisprudencia internacional, el máximo tribunal constitucional, dimensiona el contenido de la obligación estatal y determina su fallo.
III.	Conclusiones y recomendaciones
El estudio del control difuso de la convencionalidad permite afirmar que sin lugar a dudas se está produciendo cada vez con mayor fuerza una unificación entre el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en función de la protección de la persona. La existencia de principios y valores que la comunidad internacional acepta como superiores ha producido que de manera evolutiva se reinterpreten y se creen instituciones, mecanismos, doctrinas y
herramientas que tiendan hacia una mayor protección. Resulta fundamental el observar cómo estas figuras se retroalimentan y refuerzan mutuamente como ocurre por ejemplo con el control difuso de convencionalidad, cuya aplicación conduce necesariamente al juez a hacer uso de la cláusula de la interpretación conforme y el principio pro-homine o pro-persona, los cuales no puede desconocer en ningún caso sometido a su consideración. Sin embargo, estas tendencias y estas nuevas herramientas no están exentas de ser sometidos a serios cuestionamientos relacionados con la certeza jurídica y otros elementos tradicionalmente asociados al constitucionalismo. Ejemplo de algunos aspectos que aún requieren una profunda discusión en relación con los efectos del control difuso de la convencionalidad y los retos que estos representan para los tribunales constitucionales son:
a)	La certeza jurídica necesaria para establecer los límites y alcances de dicho control, particularmente frente a la proliferación de jurisprudencia emanada del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
b)	La existencia real de la rigidez de las Constituciones cuyas normas evolucionan permanentemente debido a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin que existan actos formales que documenten esta reforma fáctica.
Sin duda estos aspectos solamente podrán analizarse y consolidarse si se documenta adecuadamente cómo este principio está operando en la práctica, no solamente en los tribunales que tienen a su cargo la defensa del orden constitucional en los sistemas concentrados, sino en los tribunales que en casos de sistemas difusos o mixtos, tienen la tarea de realizar esta confrontación normativa. Es fundamental que las Cortes a todo nivel inviertan recursos de todo tipo en fortalecer las capacidades de los funcionarios de la judicatura para responder a los nuevos desafíos que imponen tanto el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como el Derecho Constitucional
En el caso de Guatemala se observan avances importantes en la incorporación las figuras que permiten la protección de los derechos humanos, tal es el caso del bloque de constitucionalidad, aunque respecto del control de convencionalidad como tal, aún quedan aspectos pendientes para que el Tribunal Constitucional manifieste su postura.
IV.	Referencias bibliográficas, electrónicas y jurisprudencia consultada
1.	Bazán, Víctor. “Control de convencionalidad, tribunales internos y protección de los derechos fundamentales” Opus Magna constitucional 2014 Tomo ix instituto de Justicia Constitucional. Corte de Constitucionalidad. Guatemala 2014.
2.	Brokmann Haro, Carlos. La doctrina del margen de apreciación como instrumento de la protección de los derechos humanos. En red: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhumex/cont/8/art/art3.pdf
3.	Corte de Constitucionalidad. Expedientes acumulados 156-2013 y 159-2013.
4.	Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vrs. Perú. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 24 de noviembre de 2006.
5.	--------------------------. Caso Cabrera García y Montiel Flores vrs. México. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 26 de noviembre de 2010.
6.	--------------------------. Caso Atala Riffo y Niñas vrs Chile. Sentencia de Fondo y Reparaciones. 24 de febrero de 2012. Párrafo 2834 y Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011.
7.	--------------------------. Caso Gelman vrs. Uruguay. Sentencia de fondo y reparaciones. 24 de febrero de 2011. Párrafo 239.
8.	--------------------------. Casos Almonacid Arellano vrs. Chile. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 26 de septiembre 2006.
9.	Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. “Interpretación conforme y Control Difuso de Convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano”, en El Control Difuso de Convencionalidad, Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Políticas, S.C, México 2012.
10.	Nogueira Alcalá, Humberto. “Los Desafíos del control de convencionalidad del Corpus Juris Interamericano para los tribunales nacionales, en especial para los Tribunales Constitucionales” en El Control Difuso de Convencionalidad, Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Políticas, S.C, México 2012.
11.	OACNUDH. Tendencias jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad en materia de derechos humanos. Guatemala, 2010.
12.	Pinto, Mónica. El principio pro homine. Criterios de hermenéutica para la regulación de los derechos humanos, en Abregú, Martin y Courtis, Christian (Comps.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales. Ed. CELS-Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997. En
red: http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/el-principio-pro-homine-criterios-de-hermeneutica-y-pautas-para-la-regulacion-de-los-derechos-humanos.doc. Sagués, Néstor Pedro. “La interpretación de los derechos humanos en las jurisdicciones nacional e internacional”, en José Palomino y José Carlos Remotti (coords.) Derechos Humanos y Constitución en Iberoamérica (Libro homenaje a Germán J. Bidart Campos). Lima, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. 2002.
13.	Sagüés, Nestor Pedro. Obligaciones internacionales y control de constitucionalidad. Estudios Constitucionales Año 8, No. 1, Argentina, 2010