Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl3844-2015-56724-de-marzo-18-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_d56c437f300748daae3e4db43d19680d&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-04-06 20:33:25
Document Index: 272934888

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 369', 'artículo 106', 'artículo 331', 'artículo 352', 'artículo 369', 'artículo 106', 'artículo 9', 'artículo 106', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 335', 'artículo 16']

﻿ SENTENCIA SL3844-2015/56724 DE MARZO 18 DE 2015
SENTENCIA SL3844-2015 DE 18 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:TERMINO PARA IMPONER EL RECURSO DE CASACIÓN. PUEDE INTERPONERSE CONTRA LA SENTENCIA INICIAL Y NO CONTRA LA COMPLEMENTARIA, EN RAZÓN A QUE LA SENTENCIA JUDICIAL COMO ACTO PROCESAL CONSTITUYE UNA UNIDAD DE PENSAMIENTO DEL JUEZ, LA SENTENCIA COMPLEMENTARIA NO ES UN ACTO PROCESAL DISTINTO, EL TERMINO PARA RECURRIR AL RECURSO DE CASACIÓN, SE CUENTA A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO(ARTÍCULO 369 IBÍDEM Y 88 DEL CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL), SALVO QUE OPORTUNAMENTE SE HAYA PEDIDO SU CORRECCIÓN, ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN, PUES EN TAL CASO EL TÉRMINO INICIAL SE INTERRUMPE, RESTABLECIÉNDOSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESPECTIVA PROVIDENCIA, COMPRENDE LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO COMO UNA UNIDAD, NO COMO UNA FRACCIÓN DE LA MISMA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE CASACIÓN, REQUISITOS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN, CLASES DE RECURSO DE CASACIÓN, ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, APLICACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, CAUSALES DEL RECURSO DE CASACIÓN, COMPETENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN, EFECTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN, FINALIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN, OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN, REQUISITOS DEL RECURSO DE CASACIÓN, TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN, CASACIÓN SOBRE LOS HECHOS, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, TÉRMINO DEL RECURSO DE CASACIÓN, SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, ESTRUCTURA DE LA SALA DE CASACIÓN SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN EN MATERIA PENAL
Sentencia Sl3844-2015/56724 de marzo 18 de 2015
Bogotá D. C, dieciocho de marzo de dos mil quince.
En la demanda con la que lo sustentó, que fue replicada, pretende la empresa recurrente que la Corte case la sentencia del tribunal, incluida su adición, para que en sede de instancia, confirme la absolutoria del juzgado. En subsidio, que case la sentencia del tribunal “en cuanto extendió la condena a todos los demandantes y las proyectó más allá del año 2002, en instancia se reforme la decisión del A quo para que confirme la absolución que impuso respecto de los demandantes que conciliaron sus pretensiones con mi mandante y limite cualquier condena a los años 2000 a 2002”.
“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que los demandantes son ‘pensionados por la electrificadora del Atlántico’.
2. No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes son pensionados de la Electrificadora de la Guajira S.A. —ESP—.
3. Dar por demostrado, sin estarlo, que en las convenciones colectivas de trabajo obrantes ‘a folios 367 a 400 del informativo’ se encuentra pactado que a los beneficiarios de las mismas se aplican los ajustes pensionales previstos en la Ley 4ª de 1976”.
Indica como pruebas mal apreciadas las convenciones colectivas de trabajo vigentes entre 1976 y 1984 (folios 367 a 400) y la compilación convencional del año 1999; y como no apreciadas las resoluciones pensionales expedidas por la Electrificadora de la Guajira S.A., ESP., de folios 122 a 146, y las expedidas por esta y el ISS, de folios 232 a 263.
La demostración del cargo es posible reducirla a la aseveración de la recurrente de que el juzgador incurrió en los yerros enrostrados al aludir al artículo 106 de la compilación convencional, por cuanto “el parágrafo que transcribió no tiene nexo con este proceso porque se refiere a una electrificadora diferente a la que fungió como empleadora de los demandantes”, tal y como se aprecia de las múltiples resoluciones pensionales que no advirtió. Agrega que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, en las convenciones colectivas de folios 367 a 400 “no aparece el ellas ninguna alusión al ajuste de las pensiones con base en lo preceptuado en la Ley 4ª de 1976 y la única alusión que podría asociarse con tal norma no está en esas convenciones, que fueron las únicas apreciadas por el Tribunal, lo que significa que el Ad quem derivó de las convenciones que apreció, una conclusión que evidentemente no existe en ellas o a la que no se puede llegar partiendo de ellas”.
Los opositores afirman que el trámite seguido ante la Corte en este asunto está viciado de ilegalidad, habida consideración de no contar la demandada con legitimación en el recurso por cuanto en su momento no lo interpuso contra la sentencia complementaria sino apenas contra la sentencia inicial, lo que, en su parecer, contraviene lo dispuesto por los artículos 120 del Código de Procedimiento Civil y 88 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues, en últimas, la sentencia que definió la instancia, que fue la complementaria, no fue impugnada. En consecuencia, solicitan a la Corte que emita dicha declaración. En relación con el ataque sostienen que el tribunal expresamente dejó dicho que al contestarse la demanda la ahora recurrente confesó la aplicabilidad de los ajustes reclamados, así como que en la inspección judicial se agregaron las convenciones colectivas de trabajo respectivas. Adicionalmente, dicen, a folio 436 aparece la cláusula alusiva a la aplicación de la citada Ley 4ª de 1976 a los trabajadores de Electroguajira S.A., ESP.
Previamente a resolver el ataque propuesto se impone a la Corte decir que no asiste justificación alguna a los opositores al predicar la ilegalidad de la actuación hasta ahora surtida en el recurso extraordinario con el argumento de que la interposición de la impugnación contra la sentencia de 31 de agosto de 2009, pero no contra la complementaria de 12 de noviembre de 2009, viola los artículos 120 del Código de Procedimiento Civil y 88 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por cuanto el recurso procede es contra la sentencia que pone fin a la segunda instancia, para este caso la complementaria, no la inicial, por la potísima razón de que la sentencia judicial como acto procesal constituye una unidad de pensamiento del juez o tribunal sobre las diversas pretensiones, excepciones, hechos y alegaciones del proceso, susceptible de ser aclarada, corregida o incluso, adicionada o complementada por este, pero en manera alguna revocada o reformada por él mismo. De consiguiente, la sentencia y su complemento no son dos actos procesales distintos, inconexos o separables, sino, precisamente, uno solo que puede comprender uno o varios pronunciamientos para cuya estructuración interna y externa, congruencia, precisión, claridad y adecuada motivación la ley fija un particular momento, pero que por las razones anotadas, puede ser aclarada, corregida o adicionada en otro posterior, conforme a reglas procesales predeterminadas.
De esa manera es que el legislador ha previsto que la sentencia judicial, como providencia final de la instancia que es, quede ejecutoriada y sea firme en un preciso término posterior a su notificación, cuando carece de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto aquellos, o cuando quede ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos, pero también, cuando quiera que habiéndose pedido oportunamente su aclaración o complementación, quede ejecutoriada la providencia que resuelva tales pedimentos (artículo 331 del Código de Procedimiento Civil). Igualmente, que proferida la providencia complementaria o la que niegue la complementación solicitada, dentro de su ejecutoria se pueda apelar de la inicial, y que la apelación contra una providencia “comprenda la de la que resuelva sobre la complementación solicitada” (artículo 352 ibídem). De similar forma, que los términos para interponer el recurso de casación se cuenten a partir de la notificación de la sentencia de segundo grado (artículo 369 ibídem y 88 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social) —que lo es en estrados—, salvo que, oportunamente, se haya pedido su corrección, aclaración o complementación, pues en tal caso el término inicial se interrumpirá, es decir, no correrá, en otras palabras, se restablecerá, pues apenas se contará desde el día siguiente al de la notificación de la respectiva providencia de corrección, aclaración o complementación.
En suma, la interposición del recurso extraordinario, de un lado, comprende la sentencia de segundo grado como una unidad, no como una fracción de la misma, obvio, en las materias que le fueren desfavorables al recurrente; y de otro, solo precluye cuando hubieren vencido los términos previstos por el legislador para tal efecto, esto es, contados a partir de la notificación de la sentencia —que lo es en estrados o por estrados se repite—, o si se interrumpieren por fuerza de la petición de corrección, adición o complementación, contados estos desde la notificación de la providencia que resolviere tales solicitudes.
Así las cosas, como en este caso la sentencia del tribunal fue proferida el 31 de agosto de 2009, el término para interponer el recurso de casación empezó a correr el día martes 1º de septiembre de esa misma anualidad, pero, como la parte demandante pidió su adición oportunamente —el 3 de septiembre—, y esa solicitud fue definida por providencia de 12 noviembre siguiente, la interposición del recurso por la demandada —que lo pudo ser desde el mismo 31 de agosto de 2009 al proferirse el acto— el 21 de septiembre resultó en tiempo, comprendiendo no solamente la providencia del 31 de agosto contra la cual se dirigió, sino también la del 12 de noviembre con la cual se resolvió la complementación que encontró procedente el juzgador de la alzada.
1. Aun cuando es cierto que el tribunal al aludir a la norma de la compilación convencional, de donde consideró que los actores perseguían el reajuste pensional previsto por la Ley 4ª de 1976, consignó el parágrafo tercero del artículo 106 que refiere ese derecho a los pensionados “por la Electrificadora del Atlántico”, como se señala en el primero de los errores de hecho que se imputan por la recurrente a su fallo, no es cierto que haya dado por demostrado que estos en verdad hubieran sido pensionados por esa particular empresa, pues a lo largo de los antecedentes de su decisión dejó claro que estos habían aducido ser servidores de la Electrificadora de la Guajira S.A., ESP.; que la demandada había sustituido en sus obligaciones pensionales a la misma, y que de las convenciones colectivas suscritas entre aquella y sus servidores surgía el derecho al reajuste pensional reclamado, particularmente del artículo 9º de la convención colectiva de trabajo para el período 1993 a 1995 (folio 798).
Por manera que si bien, la anotación del parágrafo tercero del artículo 106 de la compilación convencional, vigente para 1999, según se ve, aparece desfasada, por ser lo cierto que en el texto de lo copiado se refiere a servidores de la “Electrificadora del Atlántico S.A.”, cuando los actores discutieron el derecho reclamado desde la condición de ex servidores de la “Electrificadora de la Guajira S.A.”, ello no pasa de ser un mero ‘lapsus’ o yerro de atención del juzgador respecto del expediente, pues en modo alguno concluyó, como lo asevera la demandante en el recurso, que estos hubieran sido servidores de la primera y no de la segunda —que es a lo que se refiere en el segundo error de hecho del presente cargo—.
2. Cierto es que el tribunal afirmó que “a folios 367 a 400 del informativo” obraba la convención colectiva de trabajo con nota de depósito, de donde fluía que se les aplicaban a los actores los citados reajustes pensionales, tal y como se recuerda por la recurrente en el tercero y último de los mentados yerros, lo cual es equivocado, pues a lo largo de esos folios del expediente si bien aparecen copias de diversas convenciones colectivas de trabajo entre la agremiación sindical ‘Sintraelecol’, Seccional Guajira, y la ‘Electrificadora de la Guajira S.A.’, no se ve allí la de la vigencia 1993 a 1995 que es la que se le tuvo como fuente del derecho reclamado.
La empresa Electroguajira S.A. reconocerá a sus pensionados y jubilados los beneficios a que tienen derecho de acuerdo con la Ley 4ª de 1976 (…).
Por manera, que así se diera razón a la recurrente en que el tribunal erró al identificar e individualizar los medios de convicción en los que afincó su conclusión sobre la procedencia de los reajustes pensionales de la Ley 4ª de 1976 a los actores, ello a nada conduciría, pues al hacerse el estudio de los restantes medios de prueba que hicieron parte del haz probatorio recaudado en la instancia se llegaría a la misma certidumbre: obra un cláusula convencional que remite los derechos de los pensionados de la ‘Electrificadora de la Guajira S.A’ a la Ley 4ª de 1976, que fue de donde partió la inferencia del Tribunal para concluir que por fuerza del convenio entre la Electrificadora de la Guajira S.A., ESP., y la demandada en las instancias Electrificadora del Caribe S.A., ESP., esta última asumió la prerrogativa reclamada.
Como a lo anotado se contrajo el cargo, lo dicho bastaría para desestimarlo, pues de la calidad de pensionados de los actores de la Electrificadora de la Guajira S.A., no queda duda alguna en el proceso, como tampoco de la existencia de la cláusula convencional de la cual hizo la deducción el tribunal sobre la posibilidad de su derecho. A pesar de tal cosa, importa a la Corte agregar que tanto la revisada convención colectiva de trabajo, como las que le siguieron hasta la del bienio 1998-1999, visibles hasta el folio 450 del expediente al cual debió referirse el juzgador en lugar del 400, recogen en su artículo 1º el concepto de ‘compilación convencional positiva’, en el entendido de que para sus períodos permanecieron las prerrogativas reconocidas anteriormente. De ese modo, ha de entenderse que allí también se incluyeron los beneficios derivados de la Ley 4ª de 1976.
Y en ese estado de cosas, bien vale la pena recordar, a manera de mera ilustración por supuesto, que la Corte en múltiples sentencias ha asentado su punto de vista sobre la consignación de cláusulas convencionales similares o muy parecidas a la anotada. Entre ellas, la CSJ SL, del 25 de septiembre de 2012, rad.39783, en los siguientes términos:
“Así las cosas, debe advertirse que la cláusula octava de la convención colectiva de trabajo 1985-1987, dispuso, de acuerdo con el texto que reprodujo el tribunal y que igualmente trajo a colación la censura y que no refuta la oposición, que la Electrificadora del Magdalena S.A. seguirá reconociendo a sus pensionados todos los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976.
El contenido de la citada cláusula convencional es claro y escueto en cuanto a seguir reconociendo a los pensionados todos los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976, sin que se observe por manera alguna que fuera claramente la intención de los contratantes de supeditar el disfrute de los beneficios en ella dispuestos, mientras la misma Ley 4ª de 1976 estuviera vigente. Bien pudiera decirse, que todos y cada uno de los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976 forman parte integral de la cláusula octava del convenio colectivo en mención.
Y así se dice, puesto que es elemental afirmar que la Ley 4ª de 1976, durante su vigencia, tenía que aplicarse a todos los pensionados con independencia de que sus beneficios no estuvieran regulados en una convención colectiva. En otras palabras, no se necesitaba de estipulación convencional alguna para aplicar directamente esos derechos a sus destinatarios.
Si ello es así, también podría afirmarse, como consecuencia, y desde la óptica fijada por el tribunal, que la cláusula octava de la convención colectiva de trabajo que se analiza, era inocua o sin sentido, en tanto no era esa disposición convencional la que le daba vigor o efectos jurídicos a la Ley 4ª de 1976, sino que era esta misma, por razón de su fuerza de ley, la que disponía su vigencia sin estar sujeta a algún ordenamiento contractual. Ello equivale decir que así las partes celebrantes de la convención hubieran omitido incluir dentro de sus disposiciones el contenido de la Ley 4ª de 1976, esta, como ya se ha dicho insistentemente, se le aplicaba a todos sus destinatarios.
Si bien en esa oportunidad se dijo que los planteamientos de la sociedad demandada eran formalmente válidos, pero que había que respetarse el criterio del tribunal, estima la Sala en este momento que el alcance de la norma convencional que aquí se examina, es el que se ajusta integralmente a su texto, por las razones que en precedencia se expusieron y que sirven para considerar finalmente que el tribunal incurrió en la violación legal de que se le acusa, por lo cual habrá de casarse la sentencia”.
Cuestiona la recurrente al tribunal ignorar el efecto de cosa juzgada originado en las conciliaciones a las que llegó con varios de los actores, “bajo el supuesto de haberse involucrado en dichas conciliaciones derechos ciertos” y ampliar las condenas “más allá de lo pedido en la demanda inicial para los años 2000, 2001 y 2002”, y asevera que este ataque lo orienta contra el fallo como subsidiario del primero, pues opera solo respecto de los actores que celebraron con ella las citadas conciliaciones.
Para la recurrente, la violación de la ley deriva de haberse concluido por el tribunal que en las dichas conciliaciones fueron afectados derechos adquiridos, cuando quiera que estas fueron celebradas en 1998 y los presuntos derechos se redujeron a los años 2000, 2001 y 2002, posteriores a la adenda de aquellas, a lo que se agregaría que por las anualidades anteriores a 1998 no hubo discusión sobre sus reajustes.
En cuanto al primero cabe recordar que el tribunal no dio paso a la excepción de cosa juzgada propuesta respecto de algunos de los actores, porque si bien se había estipulado en las respectivas conciliaciones que los reajustes pensionales se harían a partir del año 2000, y de conformidad con la ley, lo cierto era que ello “quebranta el sentido protector y de mayor beneficio que consagra la disposición convencional que se ha venido estudiando (…), lo cual implica que se traduzca en una renuncia de derechos convencionales que proscribe nuestra legislación laboral en el artículo 14 del CST”, aparte de que “una prestación o una garantía extralegal, una vez concedida o establecida, queda incorporada al respectivo contrato de trabajo y protegida por la ley”.
Así lo ha entendido la Corte en diferentes oportunidades, bastando para memorar una de ellas, lo consignado en sentencia CSJ SL, del 11 de febrero de 2003, rad.19672, a ese respecto:
Aunque pudiera decirse que la dicha regla general está referida a la irrenunciabilidad de los derechos cuya fuente es la ley, abriendo la muy discutible posibilidad de la renuncia a los derechos laborales originados en otra fuente, una tal apreciación pierde firmeza ante el artículo 15 del CST, porque un derecho causado, uno que está ya en el patrimonio del trabajador, no admite negociación alguna, y porque la dicha norma solo permite la renuncia, a través de la transacción, cuando de derechos inciertos y discutibles se trata; como también lo dice la norma sobre conciliación.
Pues bien, si no es posible renunciar a un derecho cierto e indiscutible por vía de transacción o de conciliación, menos, y a cambio de nada, es admisible y eficaz la renuncia a una pensión de jubilación ya causada, así tenga origen en convención colectiva de trabajo.
Aquí, en este caso, por medio del artículo 16 de la convención colectiva de 1978, el banco se comprometió para con sus trabajadores a reconocer una pensión de jubilación. Como ese precepto convencional no estableció limitación temporal o de cuantía, el banco no podía, eficazmente, reconocer esa prestación con limitaciones de ese orden; ni tuvo eficacia la posterior renuncia de ese derecho, una vez causado, como lo fue para el demandante, porque ingresó a su patrimonio, cuando se dieron los supuestos del citado artículo 16 de la convención”.
Y en lo tocante con el segundo de los argumentos que la recurrente hace en el cargo contra la sentencia atacada, igualmente cabe decir que el tribunal no infringió directamente ni aplicó indebidamente las preceptivas que esta cita como violadas, al disponer por vía de la aditiva que los reajustes pensionales se extenderían a los años subsiguientes al 2002 y hasta cuando se produjeran las mismas circunstancias y se mantuvieran las mismas razones que condujeron a reconocerlos hasta esa data, que fue a la que en el marco inicial de la demanda aludió la parte actora su pretensión.
Lo dicho, por cuanto la congruencia de la sentencia judicial, que impone al juzgador resolver ‘solo sobre lo pedido y sobre todo lo pedido’, persigue, de una parte, que no se desborde lo pretendido en la demanda, y de otra, que no dejen de resolverse las diversas pretensiones formuladas en aquella. En uno y en otro caso, el exceso o el defecto en el marco de la decisión quiebran el principio de imparcialidad judicial y los derechos de defensa o de tutela judicial efectiva. Pero ello no quiere decir que atendida la naturaleza de las pretensiones propuestas, al decidirse sobre todos los puntos del litigio no queden comprendidas las que son consecuenciales de aquellas. Tal es el caso de las obligaciones periódicas que se cumplen intermitentemente y de manera sucesiva, esto es, las llamadas obligaciones de tracto sucesivo, como lo son, sin duda alguna, las que competen a las pensiones de jubilación o de vejez.
En efecto, siendo la pensión de vejez una prestación de carácter vitalicio, conforme a las normas que la regulan, y cuya invocación no se hace menester a esta especialidad, y no habiéndose satisfecho conforme al petitorio de su acreedor, saltaba de bulto, sin que fuera necesario acudir para tal entendimiento a deducciones, inferencias o ejercicios académicos de alta complejidad, que la pretensión ejecutiva no se restringía a un determinado período o anualidad, sino, precisamente, por el carácter vitalicio de la pensión, desde que esta se hizo exigible y no se pagó conforme a la decisión judicial y, por supuesto, hasta que se agotara su existencia.
Y tal aserto fluye incontestable de la sentencia cuya ejecución persiguió ante el juzgado de conocimiento el ahora accionante, por ser inequívoco que ese juzgador fijó un valor a la prestación desde el 1º de julio de 2005, el cual debe ser ajustado en los términos de la ley por cada anualidad; y si en el petitorio se persiguió que “se profiera mandamiento de pago por la condena impuesta, y por las costas señaladas (…)” (folio 26 del expediente), que es lo único que le exige la ley al beneficiario con la condena para reclamar su ejecución (artículo 335 del Código de Procedimiento Civil), lo que procedía era dictar ese proveído conforme al texto mismo de la sentencia que condenó al demandado “a reconocer la pensión de vejez al señor (…), a partir del 1º de julio de 2005, en la suma de (…)” (folio 5 del expediente). La claridad, expresividad y exigibilidad de la prestación pensional ningún lugar a duda deja, como no se la podía dejar al juez de la ejecución y, aún, al de la alzada.
Para rematar, desatendió el juzgado de conocimiento, y en eso lo avaló el de la alzada, que la prestación reclamada en la ejecución es de carácter periódico, pues se causa por mensualidades, por tanto, debía tenerse por cierto que en el mandamiento de pago, fruto de la comentada sentencia, quedaban incluidas las mesadas que se causaren desde la presentación de la petición ejecutiva (…).
De modo que, por donde se mire, juzgado y tribunal, haciendo caso omiso de estas reglas mínimas del derecho procesal, incurrieron en los desafueros atribuidos por el accionante, lesionando con ello sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y, de contera, a su mínimo vital fijado en buena lid judicial por el juzgado de conocimiento.
Por lo dicho, se accederá la protección de los derechos fundamentales del accionante y se dispondrá, distinto a lo pedido por este, que los juzgadores accionados corrijan los yerros advertidos, atendiendo las directrices aquí precisadas. Por tal razón, se declararán sin valor ni efecto las providencias censuradas para que se profieran las que den lugar al mandamiento de pago solicitado por el accionante.
No sobra advertir que (…), mientras la prestación perviva como insoluta total o parcialmente, se mantiene potencialmente su ejecución” (sentencia de tutela de 3 de septiembre de 2013, Radicación 33520).
En concordancia con esos preceptos, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 señala: “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.
Si la afectación a la salud aumenta entre el instante en que se formularon las pretensiones y la fecha en que se debe adoptar una resolución de fondo, el juez deberá incluir en el fallo la respectiva modificación del derecho sustancial sobre el cual versa el proceso, sin que ello comporte fallar extra o ultra petita, pues las secuelas provenientes del daño corporal no constituyen objetos autónomos sino más bien aspectos parciales del daño. Lo anterior, claro está, siempre que se pruebe que esas consecuencias derivan del mismo acto lesivo que dio origen a la acción civil, esto es que la agravación de la salud es el resultado del curso normal de las cosas y que no se debe a una causa extraña o a la propia culpa de la víctima”. (Sentencia de 18 de diciembre de 2012, Ref. Exp. 05266-31-03-001-2004-00172-01).
Costas del recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho téngase la suma de $6.500.000.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 13 de agosto de 2009, adicionada el 12 de noviembre 2012, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso adelantado por Abraham Maestre, Amilkar Ramírez, Antonia Puche, Antonio Cuello, Armando Mendoza, Arnelio Soto, Belinda Ortiz, César Pérez, Cicerón Barros, Clara Suárez, Darpio Solano, David Ramírez, Edgardo Suárez, Elizabeth Pimienta, Elvira Quintana, Emérito Gómez, Eriberto Morón, Erik Mancilla, Esther Salomé, Fidel Zúñiga, Fidencio Santiago, Francisco Caballero, Guillermo Salinas, Adamiz Almenares, Idelfonso Iglesias, Irma López, Jaime Arias, Jaime Manjarrés, Jaime Bueno, Jairo Pérez, Jorge Echeverría, Jorge Arrieta, José Carlos Añez, José Deluquez, José Fragoso, José Mojica, José Barliza, José María Gil Carrillo, José Rodríguez Arena, José Gamez Méndez, José Campo Loaiza, Juan Alvarado Palomino, Juan Redondo, Laudith Sierra, Libia Olivella, Luis Caicedo, Luis Griego, Luis Pérez, Manuel Pérez, María Pérez, Mariela Fuentes, Mironel Solano, Nevas Mejía, Nidia Julio, Omilsia Quintero, Pablo Cuello, Pedro Jiménez, Rafael Amaya, Rafael Bracho, Rafael Daza, Rafael Iguarán, Rafael Rodríguez, Ramiro Frías, Rodolfo Ayala, Rosalba Polo, Sabina Mendoza, Teobaldo Pérez, Wilfrido Solano, William Voliria, Boris Pachano y Eduardo Sánchez, contra la sociedad Electrificadora del Caribe S.A. ESP. Electricaribe S.A. ESP., y al cual se vinculó como denunciada del pleito y llamada en garantía a la Electrificadora de la Guajira S.A., ESP.