Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A051-09.htm
Timestamp: 2017-11-20 15:23:07
Document Index: 173620270

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 150', 'artículo 68', 'artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 18']

A051-09
Auto 051/09
CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE ENTRE JUZGADO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS Y JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO
Referencia: expediente ICC-1351
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías y el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento.
Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil nueve (2009).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, adopta la decisión que en derecho corresponde, frente al aparente conflicto de competencia suscitado entre las autoridades judiciales de la referencia, con ocasión de la acción de tutela promovida por el señor Héctor Zuluaga Valencia contra la Nueva E.P.S.
1. El señor Héctor Zuluaga Valencia promovió acción de tutela en contra de la Nueva E.P.S., al considerar vulnerado sus derechos fundamentales a la vida, la seguridad social y la salud, debido a que dicha entidad no le ha suministrado todos los medicamentos que le fueron formulados después de sufrir un infarto cardíaco.
2. Dicha acción le correspondió por reparto al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, que mediante auto del 25 de noviembre de 2008 consideró que la Nueva E.P.S. no es una entidad particular teniendo en cuenta “que no importa la participación del estado en la conformación del capital, para que una sociedad compuesta por recursos públicos y privados sea tenida como economía mixta”, sino una entidad del orden nacional descentralizado por servicios de acuerdo con el artículo 38, literal f de la Ley 489 de 1998. Por lo tanto, indicó que el conocimiento de la tutela corresponde a los Jueces Penales del Circuito y ordenó remitir el expediente a la oficina de apoyo judicial para su reparto. Adicionalmente propuso conflicto negativo de competencia en caso de que el superior Judicial a quien correspondiera por reparto la acción de tutela discrepara de sus argumentos.
3. El Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento, mediante auto del 28 de noviembre de 2008, aceptó la proposición de conflicto negativo de competencia, al considerar que la entidad demandada es de carácter privada y que por lo tanto la competencia radica en los Juzgados Penales Municipales y más exactamente en el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Garantías.
En pronunciamientos anteriores esta Corporación ha establecido que no está dentro de sus atribuciones resolver conflictos de competencia entre jueces de la misma jurisdicción que cuenten con un superior jerárquico común[2]. Por tanto, cuando en el trámite de una solicitud de tutela las autoridades judiciales proponen un conflicto de competencia, las controversias debe ser dirimida, por regla general, por la Corte Constitucional si las dos autoridades judiciales hacen parte de jurisdicciones distintas y, por lo mismo, carecen de superior jerárquico común[3].
2. Sin embargo, también la Corte ha insistido en que atención a los principios de celeridad, eficacia y acceso oportuno a la administración de justicia, como de informalidad y prevalencia del derecho sustancial, y principalmente de respeto a los derechos fundamentales, la Sala Plena de la Corte Constitucional puede conocer y resolver directamente dichos conflictos aunque exista entre las autoridades judiciales que lo originan un superior jerárquico común. Así, por ejemplo, en el ICC-720 de 2003[4], explicó lo siguiente:
“No puede olvidar esta Corte, y este ha sido su criterio, que la resolución de los conflictos debe atender dos principios básicos que orientan la protección de los derechos fundamentales, como objetivo primordial de la Constitución de 1991 y de la consagración de la acción de tutela. Estos principios son, en primer lugar, la eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.), para lo cuale s necesario –las más de las veces- atender al postulado de prevalencia del derecho substancial sobre el procedimental; y en segundo lugar, la sumariedad, celeridad e informalidad del procedimiento de tutela (art. 86 C.P.). entendidos como condición necesaria para la protección real y oportuna de este tipo especial de derechos constitucionales.
“La Corte no puede ser permisiva con la dilación de los términos no con la renuencia de las autoridades a asumir de manera definitiva el conocimiento de las solicitudes de tutela. En este sentido, la Sala considera que remitir a la Corte Suprema las presentes diligencias para que ella resuelva el conflicto de competencia, agravaría aun más la situación de la peticionaria, quien por demás, no tiene por qué sufrir la mora que aparejan los problemas de interpretación de las normas de competencia para conocer de la acción de tutela.”[5]
Además, ha señalado la Corte que tal distinción tiene sustento en la vocación del amparo y más precisamente en la esencia adscrita a los derechos fundamentales. En el Auto 240 de 2006 explicó lo siguiente: “El anterior criterio es, sin duda, una aplicación estricta y razonable de los postulados que inspiran la acción de amparo en nuestro sistema jurídico y dan cuenta integral del contenido material tanto de los derechos fundamentales como del procedimiento de la acción que pretende protegerlos”.
3. Así pues, en este evento ñeque se plantea un conflicto entre el Juzgado Primero Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías y el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento, despachos que tendrían como superior jerárquico común al Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal[6], la Corte considera que remitir la acción interpuesta en noviembre de 2008, a dicho Tribunal constituye la extensión de la incertidumbre derivada de la presunta vulneración del derecho fundamental invocado, en contravía de los principios mencionados que sustentan el Estado Social de Derecho. En consecuencia, la Sala procederá a estudiar y resolver el aparente conflicto de competencia s uscitado entre las autoridades indicadas.
4. En el presente caso ha sugerido discrepancia entre el Juzgado Primero Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías, el cual considera que la Nueva E.P.S es una empresa de economía mixta del orden nacional, descentralizada por servicios y que no es necesario tener en cuenta el porcentaje de aportes del Estado para que tenga esa naturaleza; y el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento, según el cual se trata de una sociedad anónima de carácter privado, porque la participación en ella de capital privado es superior al 50%.
Se observa sobre el particular que la Nueva E.P.S. es una sociedad comercial del tipo de las anónimas sometida a l régimen de las empresas de salud, constituida mediante escritura pública No. 753 del 22 de marzo de 2007[7], que surgió como entidad promotora de salud del régimen contributivo a través de la Resolución No. 371 del 3 de abril de 2008 de la Superintendencia Nacional de Salud, cuya participación accionaria está distribuida entre la Previsora Vida S.A. (50% menos una acción[8]), empresa de economía mixta del orden nacional, y las cajas de compensación familiar COLSUBSIDIO, CAFAM, COMPENSAR, COMFENALCO ANTIOQUIA, COMFENALCO VALLE Y COMFANDI (50% mas una acción), que es aporte de capital privado social.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 489 de 1998, las sociedad es economía mixta “son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley”.
Tal como se desprende de su misma denominación, en esta clase de sociedades hay aportes tanto de capital público, como de capital privado. Por lo tanto, el carácter de sociedad de economía mixta no depende del régimen jurídico aplicable sino de la participación en dicha empresa de capital público y capital privado[9].
Ahora bien, sobre la cuantía de la participación económica del estado, es necesario anotar que el inciso 2 del artículo 97 de la Ley 489 de 1998 establecía que el aporte estatal en una sociedad de economía mixta no debía ser inferior al 50% del total del capital social efectivamente suscrito y pagado. Pero, esa norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional bajo las siguientes consideraciones:
“Sentado lo anterior, encuentra la Corte que, efectivamente, como lo asevera el actor y lo afirma el señor Procurador General de la Nación, la Carta Política vigente, en el artículo 150, numeral 7º, atribuye al legislador la facultad de “crear o autorizar la constitución” de “sociedades de economía mixta”, al igual que en los artículos 300 numeral 7º y 313 numeral 6º dispone lo propio con respecto a la creación de este tipo de sociedades del orden departamental y municipal, sin que se hubieren señalado porcentajes mínimos de participación de los entes estatales en la composición del capital de tales sociedades. Ello significa, entonces, que la existencia de una sociedad de economía mixta, tan solo requiere, conforme a la Carta Magna que surja de la voluntad del legislador, si se trata de una perteneciente a la Nación, o por así disponerlo una ordenanza departamental o un acuerdo municipal, si se trata de entidades territoriales, a lo cual ha de agregarse que, lo que le da esa categoría de “mixta” es, justamente, que su capital social se conforme por aportes del estado y de los particulares, característica que determina su sujeción a un régimen jurídico que le permita conciliar el interés general que se persigue por el estado o por sus entidades territoriales, con la especulación económica que, en las actividades mercantiles, se persigue por los particulares”[10].
De tal forma que en la constitución de una sociedad de economía mixta la participación del capital estatal puede ser mínima, mientras que los particulares pueden tener la participación mayoritaria, o al contrario[11].
De otro lado, el artículo 68 de la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional (…)”. dispone:
“ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativa, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa o patrimonio propio(…)”
Así mismo, el artículo 38 de la mima Ley establece:
f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta: (…)”
5.- En cuanto a la competencia para conocer de las acciones de tutela en estos eventos, el inciso 2°, numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, señala:
“A los Jueces del Circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental” (Subrayado fuera de texto original)
En consecuencia, el conocimiento de la presente acción corresponde a los Jueces del circuito o con categoría de tales, que para el caso que nos ocupa es el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento.
Adicionalmente, tal conclusión queda reforzada si se tiene en cuenta que esta Corporación en el ICC-1358 aprobado en Sala Plena del 4 de Febrero de 2009, que las acciones de tutela presentadas contra la Nueva E.P.S S.A. deben ser repartidas a los jueces del circuito. Dijo entonces la Corte:
“Analizada la situación plateada, se observa que la acción de tutela es contra la Nueva EPS, que es una sociedad anónima, del 50% más una acción es aporte de capital privado social, que son las cajas de compensación y el 50% menos un acción es aporte de La Previsora Vida, empresa estatal y comercial del estado del orden nacional.”
Frente a lo descrito anteriormente y a la luz de los dispuesto en el inciso 2° del numeral 1°, artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, ““A los jueces del circuito o con categorías de tales, les serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental” (se resalta en negrilla)
Por lo anterior, debiendo esta Corte ejercer su función de guardián de la integridad y supremacía de la Constitución y para que la decisión no sufra más retardos, remitirá de inmediato el asunto al Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, despacho judicial que ha debida tramitarla sin dilaciones”.
En virtud de lo anterior, esta Corporación ordenará remitir el expediente al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento para que continúe con el trámite de la presente acción. Adicionalmente, debe comunicarse esta decisión a los entes judiciales involucrados en el presente conflicto de competencia.
PRIMERO: REMITIR el expediente al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento para que le dé el trámite correspondiente a la presente acción de tutela.
SEGUNDO: Comuníquese lo aquí resuelto al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta Constitucionales y cúmplase.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 051 DE 2009
Referencia: ICC-1351
Conflicto de competencia entre el Juzgado Primero Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías y el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento
[1] Desde el auto 041 de 1994, reiterado en un sinnúmero de providencias como los autos 087 de 2001, 031 de 2002, 122 de 2004, 262 de 2005, 280 de 2006, 260 de 2007 y 031 de 2008, la Sala Plena tiene competencia para conocer de los conflictos de competencia en tutela, siempre que esta competencia sea interpretada de manera residual.
[2] Ver, autos 318 de 2006, 239 de 2007 y 003 de 2008,
[4] Cft. autos 167 de 2005, 312 de 2006 y 280 de 2007.
[5] Ver, ICC-720 de 2003, en el cual esta Corporación conoció de manera directa un conflicto de competencia entre las salas Civil-Familia y Penal del Tribunal Superior de Buga, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia era la entidad que, en principio, debía resolverlo, toda vez que habían transcurrido más de tres meses desde la interposición de la tutela sin que esta pudiera haber sido resulta en virtud de la colisión. Ver también ICC-711, en el cual la Corte asumió conocimiento del conflicto entre el Juzgado 26 Penal de Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Penal- a pesar de que, en virtud de la competencia residual de esta Corporación debería conocer la Corte Suprema de Justicia. Para el momento de la resolución del conflicto de competencia ya habían transcurrido más de 6 mese desde la interposición de la tutela.
[6] Inciso 2° del Artículo 18, de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
[7] Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.
[8] Escritura pública No. 1091 del 29 de abril de 2008, página 5.
[9] Sentencia C-316 de 2003.
[10] Sentencia C-953 de 1999
[11] Sentencia C-316 de 2003