Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sc10223-2014-de-marzo-31-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_020323a1bdd001bae0530a01015101ba&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-24 03:21:54
Document Index: 66046099

Matched Legal Cases: ['artículo 332', 'artículo 29', 'artículo 368', 'artículo 142', 'artículo 303', 'artículo 305', 'artículo 81', 'artículo 318', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 29', 'artículo 357', 'artículo 357', 'artículo 357', 'in fine', 'artículo 348', 'artículo 352', 'artículo 363', 'artículo 374', 'artículo 378', 'artículo 382']

SENTENCIA SC10223-2014 DE 31 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:RECURSO DE CASACIÓN-NULIDAD DE SENTENCIA JUDICIAL. PARA QUE LA SOLICITUD DE NULIDAD DE UNA SENTENCIA PROSPERE POR FALTA DE MOTIVACIÓN, DEBE ESTAR CONDICIONADA A QUE LA AUSENCIA SE EVIDENCIE DE FORMA RADICAL, ABSOLUTA Y TOTAL, CONSIDERANDO QUE UNA OMISIÓN DE TALES CARACTERÍSTICAS VA EN CONTRA DE LOS POSTULADOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES TENDIENTES A GARANTIZARLES A LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO EL CONOCER LAS RAZONES, LOS ARGUMENTOS Y LOS PLANTEAMIENTOS EN QUE SE FUNDÓ EL FALLO. POR EL CONTRARIO, CUANDO LA SENTENCIA ESTÁ MOTIVADA, ASÍ SEA EN MÍNIMA MEDIDA, INSUFICIENTE O CONFUSA, NO ES CAUSAL DE NULIDAD, PORQUE LO SANCIONABLE ES EL HECHO DE QUE EL SENTENCIADOR NO HAYA EXPUESTO LAS RAZONES QUE EXPLIQUEN O QUE PERMITAN CONOCER, A CIENCIA CIERTA, EL PORQUÉ DE LA DECISIÓN. DE ESTA MANERA, PUEDE SER PERFECTAMENTE POSIBLE QUE EN UN CASO DADO A LOS RAZONAMIENTOS DEL JUZGADOR LES QUEPA EL CALIFICATIVO DE ESCASOS O INCOMPLETOS SIN QUE POR TAL RAZÓN SEA DABLE CONCLUIR QUE LA SENTENCIA ADOLECE DE CARENCIA DE FUNDAMENTACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, SENTENCIA, RECURSO DE CASACIÓN, TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN, SENTENCIA JUDICIAL, NULIDAD DEL FALLO
Sentencia 10223-2014 de agosto 1º de 2014
Radicación: 11001-31-10-013-2005-01034-01
Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil catorce.
4. Mediante auto de 30 de octubre de 2006 el a quo aceptó el desistimiento que hizo el extremo activo de la demanda y sus súplicas contra los herederos indeterminados de José Roberto Silva Rojas(1).
5. Por sentencia de 25 de septiembre de 2009 el Juzgado Trece de Familia de Bogotá desestimó la excepción; declaró que Sonia Yadira Silva Murcia era hija de José Roberto Silva Rojas, con “(…) derecho a heredar a su padre (…), en su calidad de hija extramatrimonial”; y con “(…) el mismo derecho sobre los mayores valores percibidos por los bienes relictos dejados por el causante”; negó las súplicas de la otra promotora.
2.2. En esa dirección, apoyado en precedentes de esta Sala, hizo ver cómo en los pleitos de investigación de paternidad la decisión de fondo tenía efectos absolutos erga omnes cuando se producía frente a legítimos contradictores —padre e hijo— y, relativos si, luego del deceso del pretendido progenitor, se adelantaba de cara a los herederos de éste, por cuanto, conforme a las normas sustanciales, según lo previsto por el artículo 332 ibídem, para los asuntos atañederos al estado civil lo resuelto solo afectaba a quien había sido formalmente vinculado a la contienda.
1. Después de advertir que la obligación de motivar el fallo subsiste a la luz de los artículos 304 ibídem y 228 de la Carta Política, cuya inobservancia vulnera el artículo 29 por quebrantar el debido proceso, que invalida la actuación, y luego de editar cuanto en su sentir jurisprudencia y doctrina dicen sobre el particular, los acusadores hacen ver cómo su omisión infringe el aludido derecho y genera nulidad alegable según la causal 5ª del artículo 368 ejusdem.
2. Yendo al caso, dicen que el tribunal, basado en la justificación según la cual la inconformidad de los apelantes se redujo a la integración del contradictorio con los herederos indeterminados de José Roberto, destinó su laborío a definir el punto, y seguidamente, sin motivación alguna estimó que no eran necesarias consideraciones “(…) sobre el reconocimiento de la paternidad extramatrimonial declarada a favor de la codemandante Sonia Yadira Silva Murcia (…)”(2).
En este atacan la sentencia por quebrantar, de manera indirecta, los artículos 1321, 1322, 1323, 1324 del Código Civil, por aplicación indebida; 152 ejusdem, modificado por los artículos 1º de la Ley 1ª de 1976 y 5º de la Ley 25 de 1992, 1820 de la misma codificación, reformado según el 25 de la Ley 1ª de 1976, y 1828 ibídem, por falta de aplicación, como consecuencia de los errores de hecho cometidos por el juzgador en el manejo de las pruebas.
2. El tribunal no vio que en la sucesión de José Roberto, la cónyuge optó por gananciales en su condición de socia conyugal, y “(...) no es persona que esté ocupando los bienes que le correspondieron en la liquidación de la sociedad (…) —como consecuencia de la disolución del matrimonio por causa de muerte— como heredera de dicha sucesión”(3).
De no haber incurrido en tales dislates, el fallador habría deducido que la cónyuge no recibió del haber hereditario ningún bien y que al no ser heredera no estaba legitimada para contradecir la petición de herencia ni era sujeto pasible de ninguna de las declaraciones inherentes a ésta, y que, por ende, la adjudicación y la restitución de las cosas hereditarias “(…) no podía hacerse extensiva a los bienes recibidos por ella a título de gananciales y, por lo tanto, no podía afectarla, en tanto los bienes que le fueron adjudicados no los recibió a título de heredera, sino como socia de la sociedad conyugal (…)”(4).
3. Como consecuencia de las descritas equivocaciones, el juez de segundo grado dispuso que Sonia Yadira tenía derecho a heredar a su padre “(…) con los inherentes derechos patrimoniales que esto conlleva y en la proporción que la ley determina. Es menester precisar que los derechos patrimoniales de (…) Sonia Yadira no se limitan a los bienes hereditarios dejados (…) por el causante, sino igualmente a los mayores valores (…) percibidos por la herencia como universalidad jurídica”(5), violando así las normas identificadas en el cargo.
“(…) a excepción de los autos que se limiten a disponer un trámite, las providencias serán motivadas de manera breve y precisa (…)” y que “en la sentencia (…) [l]a motivación deberá limitarse al examen crítico de las pruebas y a los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, y citando los textos legales que se apliquen”.
“(…) el principio de la motivación de la sentencia no aparece en forma expresa en la Constitución Política de 1991 (…)”; empero “(…) surge del principio de publicidad de la actuación judicial, explícitamente reconocido por los artículos 29 y 228, porque con ella se da a la luz, a la publicidad, las razones de convencimiento que tuvo el juez para adoptar la decisión, permitiendo desterrar de la sentencia la discrecionalidad y la arbitrariedad, haciendo de ella una obra razonable y racional (no emocional), que por contera garantiza el control del fundamento de la decisión por las partes, el juez de la impugnación y la opinión pública en general, según explicación de Liebman. De manera que la motivación de la sentencia es una exigencia que se entronca con el propio Estado social de derecho, en tanto se constituye como un factor legitimante de la actividad judicial, siempre y cuando guarde coherencia y tenga fuerza persuasiva, pues a partir de ella se hace la jurisprudencia, que no es otra cosa que el imperio de la ley aplicado al caso particular. Por consiguiente, esa motivación debe ser concreta y en relación con el caso, porque la jurisprudencia debe ser concebida desde el problema y “sus conceptos y sus proposiciones tienen que estar ligados de modo especial con el problema”“(6).
La jurisprudencia de esta Corte, en coherencia con lo sostenido y con el inciso sexto del artículo 142 del Estatuto Procesal Civil, según el cual “la nulidad originaria en la sentencia que ponga fin al proceso, contra la cual no proceda recurso, podrá alegarse también en la oportunidad y forma consagradas en el inciso 3º”, admite la posibilidad de que la ineficacia procesal pueda originarse en la sentencia, entre otras razones, por falta de motivación; pero condicionada a la carencia radical, absoluta y total, por cuanto una omisión de tales características “(...) va de frente contra lo que constitucional y legalmente se consagra como una de las más preciosas garantías individuales, cual es la de que a las partes se les permita conocer las razones, los argumentos y los planteamientos en que se edifican los fallos jurisdiccionales”(7).
A contrario sensu, cuando la sentencia está motivada, así sea en medida mínima, lacónica, parca o confusa, el vicio in procedendo no se configura, porque lo sancionable no es nada de ello, sino, itérase, el hecho de que el sentenciador se haya sustraído rotundamente de dar las razones que expliquen o que permitan conocer, a ciencia cierta, el porqué de la decisión, “(…) desde luego que el razonamiento confuso, deficiente, escaso, exiguo, incompleto, insuficiente o parco no traduce ni conduce a significar que el fallo carezca de fundamentación”(8).
“(…) “…para que sea posible hablar de falta de motivación de la sentencia como vicio invalidativo del proceso, se requiere que aquella sea total o radical”. O sea que (…) puede ser perfectamente posible “que en un caso dado a los razonamientos del juzgador les quepa el calificativo de escasos o incompletos —o impertinentes, se agrega ahora— sin que por tal razón sea dable concluir que la sentencia adolece de carencia de fundamentación.
“Esto, por supuesto, se explica no sólo porque lógicamente se está en frente de conceptos distintos (una cosa es la motivación insuficiente y otra la ausencia de motivación), sino también porque en la práctica no habría luego cómo precisar cuándo la cortedad de las razones es asimilable al defecto de las mismas, y cuándo no lo puede ser” (cas. civ. abr. 29/88, sin publ.). (…) [A]un cuando se pensara que todo el discurso del juzgador apunta exclusivamente hacia la declaratoria de dominio y que, por ende, quedó huérfana de motivación la resolución atinente a la cancelación del gravamen, no por tal circunstancia se podría decir que se configura el defecto denunciado (…) en vista de que el mismo sólo emerge cuando es la sentencia —considerada como un todo— la que se tiene como falta de argumentación, lo cual se infiere de lo prescrito por el inciso final del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil cuando dice que “a excepción de los autos que se limiten a disponer un trámite, las providencias serán motivadas de manera breve y precisa…”. Amén de que, por exclusión de lo que preceptúa el artículo 305 ib., la ley no exige que haya congruencia entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia, lo que se traduce en que las reflexiones ofrecidas por el juzgador pueden ser pertinentes o no, pues en el punto todo depende tanto de su sapiencia como del cuidado que el caso le merezca”(9).
Ciertamente, en el primero expresaron interponer recurso de apelación a fin de que se revoque en su integridad “(…) y en su lugar se profiera sentencia inhibitoria (…)”, y que “(…) desde ahora (…)” sustentaban
“(…) brevemente el recurso en las siguientes razones jurídicas: De conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, en los procesos de conocimiento, es necesario dirigir la demanda contra los herederos determinados si se conocen sus nombres y contra todos los indeterminados, a quienes en el auto admisorio de la demanda se ordenará emplazarlos en la forma y para los fines dispuestos en el artículo 318 ibídem.
“No obstante dicha exigencia procesal, la parte actora desistió expresamente de la demanda contra los herederos indeterminados, petición que fue aceptada por el juzgado en auto que se encuentra ejecutoriado. Esto significa que al excluirse de la demanda aquellos herederos por razón del desistimiento, se desintegró el libelo quedando solamente dirigido contra los herederos conocidos, lo que pone de presente que faltó el complemento del presupuesto procesal indispensable para que el juzgado pudiera pronunciarse de fondo, sin que contrariara como contrario, el imperativo expresado en el mentado artículo 81”(10).
Y en el segundo de los individualizados escritos afirmaron la improcedencia para dictar sentencia de fondo, en razón de aquel desistimiento, por lo cual, se quebrantaba el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, del que se deduce que “sean conocidos o no los herederos, es imperativo demandar a los herederos indeterminados aunque distinto puedan pensar otras altas instancias judiciales”, pues dicho precepto “es integrador de los presupuestos procesales que por su naturaleza es también de linaje procesal (…)” y que
“(…) el desacato del precepto (…) tantas veces mencionado, quebrantó además, el artículo 29 del orden superior, que consagrada el debido proceso como principio rector para toda clase de actuaciones (…). En tal virtud la ritualidad de la demanda en forma, en el sub-júdice, exige que estuvieran comprendidos todos los demandados que la ley procesal señala y que son los herederos conocidos y los indeterminados. (…) [C]omo por causa del desistimiento de la demanda respecto a los herederos indeterminados, se dejó incompleto este presupuesto procesal, que por mandato legal, es indispensable para proferir sentencia de mérito, el fallo de segunda instancia tendrá que ser inhibitorio por fuerza de todas las consideraciones jurídicas expuestas”(11).
La circunstancia de que en aquellos escritos no hayan expresado que el allí involucrado fuese el único tema que los afectara, no significa que la competencia funcional del tribunal fuera general o panorámica para auscultar todos los contornos de la litis, pues si bien es verdad conforme al artículo 357 la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al impugnador, como así lo enfatizan los censores en el cargo primero, no lo es menos que este mismo precepto seguidamente recalca que “(…) el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso (…)” (resaltado fuera de texto).
Ello concuerda con la parte final del inciso primero del señalado precepto, según el cual para la fundamentación “(…) será suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia”. Por supuesto, si quien hace uso del medio de impugnación no pone al juez de segunda instancia al corriente de lo que en verdad embiste de lo motivado o resuelto por el inferior, ese funcionario carecerá de soporte para establecer cuál es, en realidad, el verdadero motivo, y cuál la extensión, de la arremetida con lo decidido.
Si bien es cierto el artículo 357 ibídem prescribe: “[l]a apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”, aserto legal que en principio podría hacer suponer que la atribución del ad quem es panorámica de cara al grueso ámbito de la correspondiente disputa judicial, no lo es menos que este mismo precepto seguidamente se afana en puntualizar que “(…) el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”.
Esa aserción lleva a sostener, inexorablemente, que la competencia del juez de la alzada, por el mero hecho de la opugnación, no es totalizadora ni ilimitada, de tal modo que se pueda entrometer en cualquiera de los escenarios por los cuales ha circulado el debate, sino circunscrita a los aspectos motivo expreso de la apelación, “(…) salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla (…)” (art. 357, ejusdem).
4.4.1. Recurrir y sustentar por vía de apelación no significa hacer formulaciones genéricas o panorámicas(12), más bien supone:
2. Demostrar los desaciertos de la decisión para examinarla, y por tanto, el apelante debe formular los cargos concretos, y cuestionar las razones de la decisión o de los segmentos específicos que deben enmendarse, porque aquello que no sea objeto del recurso, no puede ser materia de decisión, salvo las autorizaciones legales necesarias y forzosas (CPC, art. 357 y CGP, art. 328).
“(…) la exigencia legal de sustentar el recurso de apelación, reserva al recurrente la tarea de denunciar explícitamente los aspectos de la decisión de primera instancia que le resultan desfavorables e implica que el impugnante tiene la opción de descartar algunas aristas de la decisión, siempre y cuando tales restricciones se deriven nítidamente del contenido de la sustentación, caso en el cual, la competencia del juzgador de segunda instancia se encuentra anudada a los intereses expresados por quien intenta aniquilar el fallo. En el fondo de lo que se trata es de poner dique al poder del juez de segundo grado para que este no pueda irrumpir con su particular criterio para edificar una impugnación que el recurrente no hizo. En suma, hay un desvío de poder si el juez, ante el silencio y abandono del apelante sobre ciertas zonas del litigio, decide involucrar su propia visión para completar o adicionar la impugnación omitida por el recurrente, y hacerlo cuando las partes ya nada pueden hacer para oponerse. En este escenario, el no apelante se preguntaría válidamente si debió defenderse de los argumentos de su antagonista, o si debe replicar a las razones que de su propio cuño abonó el juez, para completar los silencios del impugnador.
“Frente a los medios de impugnación, el (…) principio dispositivo reserva a la parte afectada con una decisión judicial, la facultad de interponer el recurso, lo cual exige a la luz de la legislación vigente, como ya quedó reseñado, exponer los argumentos que soportan su inconformidad(13); así, son ellas las encargadas de fijar el alcance de tales recursos, de manera que el acto de impugnación constituye una conducta procesal que traza al juzgador ad quem los contornos del malestar y su propia competencia, y a la contraparte los márgenes definidos sobre los cuales discurrirá el debate en segunda instancia.
“Así, dispone el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil que la “apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones” (resalta la Sala).
“En un primer momento la norma establece que la apelación se entiende interpuesta “en lo desfavorable al apelante”, regla de alto valor constitucional pues consagra la interdicción de la reformatio in pejus. En suma, esta primera regla impide desmejorar la posición del apelante único; no obstante, esa parte del precepto no puede leerse como una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y ad nutum y determinar libremente “qué es lo desfavorable al recurrente”, pues a reglón seguido la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual “no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso” (resalta deliberadamente la Sala)”(14).
“(…) es conocido, en virtud del principio de la personalidad del recurso, inclusive de cara a una competencia plena, evento que sólo tiene lugar cuando ambas partes se han alzado (…), que el ad quem, en los casos en que la propia parte agraviada lo solicita, no puede “enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”. Esto significa que el juez de segunda instancia igualmente se encuentra maniatado por la voluntad expresamente manifestada por los recurrentes, como cuando, respecto de determinadas decisiones que les son adversas, las aceptan o solicitan que sean confirmadas.
“Por lo tanto, si las disposiciones favorables de una parte son excluidas del ámbito de la apelación por el propio agraviado, es claro que a pesar de la doble apelación, no pueden ser “objeto del recurso”, al tornarse en incólumes e inmodificables. El sentenciador de segundo grado (…) “no tiene más poderes que los que le ha asignado el recurso formulado, pues no está autorizado para modificar las decisiones tomadas en la sentencia que no han sido impugnadas por la alzada, puesto que al efecto no tiene competencia, como quiera que se trata de puntos que escapan a lo que es materia del ataque”(15).
“En suma, el juez de la apelación no puede violar el principio prohibitivo de la reforma en perjuicio del único apelante, tampoco enmendar la providencia en lo que expresamente la propia parte perjudicada no involucró como “objeto del recurso”, así la sentencia haya sido apelada también por la otra parte, al punto que, en casación, para conjurar lo primero se instituyó una causal autónoma (CPC, art. 368, num. 4º), y esto último, la nulidad originada en la sentencia (num. 5º), como así tiene precisado la Sala, al expresar que cuando el ad quem desborda el “objeto del recurso”, “incurre en nulidad por falta de competencia funcional”(16), nulidad que entre otras cosas es de carácter insaneable (arts. 140, num. 2º y 144, in fine, ibíd.)”(17).
“La Sala, en doctrina reiterada y uniforme, ha hecho ver cómo la crítica casacional tiene que estar dirigida a combatir los fundamentos del fallo de segunda instancia, y no otros, pues al fin de cuentas son ellos, y no nada distinto, los que sustentan la decisión adoptada; por tanto, si ella se despliega con base en la causal primera, al opugnador no le es dable quitar la mirada de esos motivos. Es en torno de ellos como debe describir y poner de presente las equivocaciones que ha de develar, de tal modo que si plantea la crítica en un ámbito diverso, deja incólume el respectivo soporte”(18).
La circunstancia de que el ordinal cuarto de la resolución de primera instancia declare que Sonia Yadira “(…) tiene derecho a heredar a su padre (…) en su calidad de hija extramatrimonial (..)” y que “(…) le asiste el mismo derecho sobre los mayores valores percibidos por los bienes relictos dejados por el causante, en armonía con el contenido considerativo de la presente determinación”(19), no da lugar para afirmar que ahí se halle un mandato restitutorio de algo que Ligia Mejía de Silva haya recibido producto de liquidar la sociedad conyugal, por el solo hecho de ser la cónyuge o por haber sido demandada en esta causa. Nada de ello expresa tal resolución.
“(…) en el manejo de las pruebas (…) por cuanto la mera prosperidad de la investigación de la paternidad extramatrimonial no conlleva (…) el despacho favorable de la acción de petición de herencia, ni menos aún en frente de la cónyuge sobreviviente, por cuanto para tal efecto es necesario que el demandante demuestre que el demandado, ostentando la condición de heredero del causante, ocupa la totalidad de la herencia o porción de ella, para que se ordene la restitución a éste (…)”(20).
Condénase a la parte recurrente a pagar las costas causadas en el recurso extraordinario; se fijan como agencias en derecho la suma de seis millones de pesos ($ 6’000.000).
Magistrados: Jesús Vall De Rutén Ruiz, aclaración de voto—Margarita Cabello Blanco, aclaración de voto—Ruth Marina Díaz Rueda—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez, aclaración de voto—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.
(1) Folios 208 a 210.
(3) Folio 27.
(6) CSJ SC 072 de 24 de agosto de 1998, radicación 4821.
(7) CSJ SC374 de 8 de noviembre de 1989; en similar sentido las de 29 de abril de 1988, 23 de septiembre de 1991, y 24 de agosto de 1998, radicación 4821.
(8) CSJ SC 361 de 19 de diciembre de 2005, radicación 8484.
(9) CSJ SC 105 de 1º de septiembre de 1995, radicación 4219.
(10) Folio 51, cuaderno 1.
(11) Folios 84 y 86, cuaderno del tribunal.
(12) Colombia, C. Const., sentencias C-365 de 18 de agosto de 1994; C-165 de 17 de marzo de 1999, expediente D-2188.
(13) Inciso 2º del artículo 348 (reposición), parágrafo 1º del artículo 352 (apelación), inciso 2º del artículo 363 (súplica), numeral 3º del artículo 374 (casación), inciso 6º del artículo 378 (queja), numeral 4º del artículo 382 (revisión) —todas las normas citadas corresponden al Código de Procedimiento Civil—.
(14) CSJ SC de 8 de septiembre de 2009, radicación 11001-3103-035 2001-00585-01.
(15) Sentencia de 4 de julio de 1979, CLIX-236/241, reiterada en sentencias 77 de 29 de junio de 2007, expediente 1993-01518, entre otras.
(16) Sentencia 158 de 12 de octubre de 2004, expediente 7922.
(17) CSJ SC de 4 de diciembre de 2009, radicación 25899-31-03-002-2005-00103-01.
(18) CSJ SC de 8 de septiembre de 2009, radicación 11001-3103-035-2001-00585-01.
(19) Folio 512.
Tal posición, que parte de distinguir la ausencia de motivación de la insuficiencia o impertinencia de la misma, a efectos de conferirle efectos aniquiladores solo a la primera, había sido reiterada con utilización del mismo pasaje jurisprudencial que este fallo asimismo repite (Cfr. S.C. del 29 de abril de 1988, repetida en numerosas sentencias, como en la S.C. del 12 de nov. de 1998, rad. 5077, SC. de 1º de sep. de 1995, rad. 4219, SC del 29 de ago. de 2008, rad. 11001-0203-000-2004-00729-01, SC del 29 de jun. de 2012, rad. 11001-3103-016-2001-00044-01, entre otras).
De modo que si esta Sala especializada ha venido precisando el concepto de lo que debe entenderse por deficiencias graves de motivación de un fallo, tanto en sede constitucional —en donde el defecto debe tener ribetes protuberantes—, como en desarrollo de sus funciones como máximo juez de la jurisdicción ordinaria civil y de familia, tornar a su vieja jurisprudencia, sin recoger al menos explícitamente la posición que en su reemplazo había adoptado, y que los suscritos acogen, puede confundir a ciudadanos y jueces al no tener certeza sobre qué precedente aplicar, toda vez que en ocasiones recientes, en las cuales el debate se suscitó de manera directa y con efectos relevantes, la posición mayoritaria de la Sala se inclinó por mantener el sentido marcado por el fallo de agosto 29 de 2008, antes referido (ver al respecto las sentencias STC2967 de mar. 11 de 2014, rad. 2014-00257-00 y STC3271 de mar. 17 de 2014, rad. 2014-00388-00).