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Timestamp: 2019-01-24 11:16:41
Document Index: 30051630

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 128', 'artículo 178', 'artículo 128', 'artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 97', 'artículo 306', 'artículo 305', 'artículo 128', 'artículo 194', 'artículo 57', 'artículo 128', 'artículo 128']

﻿ Sentencia 2004-00617 de julio 1 de 2008 Unificación
SENTENCIA 2004-00617 DE 01 DE JULIO DE 2008
CONTENIDO:INGRESOS DEL SERVIDOR PÚBLICO REINTEGRADO. LOS INGRESOS DEL REINTEGRADO TIENEN CAUSAS DISTINTAS, PUES UNA ES POR INDEMNIZACIÓN DEBIDA A LA FALLA DEL SERVICIO Y LA OTRA POR LOS INGRESOS DEJADOS DE RECIBIR EN EL CARGO. EL PAGO IMPUESTO EN LA CONDENA NO TIENE POR CAUSA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SINO EL DAÑO CAUSADO POR EL RETIRO ILEGAL NO TIENE LA CONNOTACIÓN DE ASIGNACIÓN LABORAL DIRIGIDA A REMUNERAR EL SERVICIO PRESTADO Y, POR ENDE, NO DEBE CONSIDERARSE INCURSO EN LA PROHIBICIÓN ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 128 DE LA CARTA POLÍTICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:INDEMNIZACIÓN POR RETIRO DE EMPLEOS PÚBLICOS, REPARACIÓN DEL DAÑO, RECURSO DE SÚPLICA, REINTEGRO DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA, REINTEGRO DEL SERVIDOR PÚBLICO, ACTO ADMINISTRATIVO DE RETIRO, INDEMNIZACIÓN AL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Sentencia 2004-00617 de julio 1 de 2008 Unificación
Rad.: 11001-03-15-000-2004-00617-00(S)
Actor: Clara Esperanza Salazar Arango
Bogotá, D. C., primero de julio del dos mil ocho.
La Sala procede a decidir el recurso extraordinario de súplica interpuesto por la actora contra la sentencia del 22 de mayo de 2003, proferida por la Sección Segunda - Subsección A del Consejo de Estado, en cuanto adicionó la de primer grado - que había accedido a las pretensiones de la demanda - para ordenar que sobre el valor de la condena que resulte se descuenten las sumas percibidas por la actora, por concepto del desempeño de otros cargos oficiales durante el tiempo en que estuvo retirada del servicio.
1. La demanda y el fallo de primer grado.
1.1. La señora Clara Esperanza Salazar Arango, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca anular el Decreto 795 de 1998 expedido por el Alcalde de Bogotá, por medio del cual declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de subdirectora de Hacienda – Grado 24.
A título de restablecimiento del derecho, condenar a la entidad demandada a reintegrarla al cargo que desempeñaba o a otro de igual o superior jerarquía y remuneración; al pago de los salarios y demás prestaciones dejados de percibir por el acto acusado, ajustados en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo; y que se declare que para todos los efectos prestacionales no ha existido solución de continuidad desde la fecha de su retiro hasta la de su reintegro.
Como razones de esas pretensiones expuso que desempeñaba un cargo de carrera y por ello debía gozar de la estabilidad que confiere el sistema de carrera; que durante el tiempo de permanencia en la entidad cumplió sus labores con idoneidad y experiencia; que jamás fue sancionada disciplinariamente; y que no podía ser declarada insubsistente de manera discrecional, sino mediante el procedimiento señalado para los funcionarios de carrera; que, por tal virtud, el acto está falsamente motivado.
1.2. El tribunal accedió a esas súplicas de la demanda, mediante sentencia que fue apelada por la parte demandada.
La Sección Segunda, Subsección A, de la corporación mediante la sentencia objeto del recurso extraordinario de súplica, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, confirmó la sentencia del tribunal y la adicionó en los siguientes términos:
“Se adicionará igualmente el fallo con el fin de ordenar que sobre el valor de la condena que resulte, se descuente las sumas percibidas por la actora, por concepto del desempeño de otros cargos oficiales durante el tiempo en que estuvo retirada del servicio. Lo anterior, con el fin de acatar el mandato constitucional del artículo 128 de la Carta Política y del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 y de acuerdo a reciente jurisprudencia de la sección. (Sentencia del 16 de mayo de 2002. Exp. 1659-01. Sección Segunda).
Rezan las precitadas disposiciones:
‘Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas’.
Artículo 19 de la Ley 4ª de 1992:
‘Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado (…)’”.
II. Fundamentos del recurso impetrado
El memorialista, en representación de la actora, como fundamentos del recurso extraordinario de revisión, invoca como normas violadas por la adición contenida en el fallo impugnado las que se indican en los siguientes cinco (5) cargos:
1. Por interpretación errónea los artículos 128 de la Constitución Política y 19 de la Ley 4ª de 1992, dado que la interpretación correcta de los mismos es la efectuada en las sentencias de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de 7 de febrero de 1995, expediente S-247 y de 28 de agosto de 1996, expediente S-638, según la cual los ingresos del reintegrado tienen causas distintas, pues una es por indemnización debida a la falla del servicio y la otra por los ingresos dejados de recibir en el cargo.
2. Artículo 97, numeral 6, de la Ley 446 de 1998 (CCA, art. 97), por falta de aplicación ya que sobre el tema del descuento ordenado en la adición cuestionada preexiste la jurisprudencia en la de las sentencias en referencia, de modo que la Sala falladora tenía criterio distinto a la de la Sala Plena y, por ende, si pretendiera cambiar la jurisprudencia, ha debido remitir el proceso a dicha Sala.
3. Por falta de aplicación viola directamente el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil y 29 de la Constitución Política, por cuanto ordenó el descuento sin estar probados los hechos constitutivos del mismo, por lo que lo hizo en abstracto, siendo que es una compensación o descuento que debe proponerse como excepción no declarable de oficio.
4. El artículo 305 ibídem por falta de aplicación, por cuanto la sentencia no guarda congruencia en ese punto con la demanda ni con las excepciones.
5. También por falta de aplicación viola los artículos 311 del Código de Procedimiento Civil y 29 de la Constitución Política, porque se creó una adición sin que hubiera omisión alguna en la sentencia de primer grado, la cual estaba acorde con el principio de congruencia.
III. Contestación del recurso
En esta etapa procesal se pronunció la parte que había sido la demandada en el proceso, cuyo apoderado manifiesta que no comparte los argumentos del recurrente por cuanto carecen de asidero jurídico, toda vez que aunque no exista norma que ordene a la jurisdicción contenciosa que se efectúen esos descuentos por haber trabajado en otras entidades del Estado, resultaría ilógico que no se puedan efectuar, ya que se estaría ante un enriquecimiento injustificado del demandante, pues los emolumentos se reciben del mismo tesoro, y el artículo 128 de la Constitución Política prohíbe recibir más de una asignación que provenga del tesoro público. Por ende solicita que se niegue el recurso impetrado.
1. Características y alcance del recurso extraordinario de revisión.
Bajo la vigencia del artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, el recurso extraordinario de súplica procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por cualquiera de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, por la violación directa de normas sustanciales, ya sea por 1) aplicación indebida, 2) falta de aplicación, o 3) interpretación errónea de las mismas.
De esa norma se deduce que además de que se trate de una sentencia ejecutoriada dictada por cualquiera de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, los motivos del recurso deben consistir en violación directa, la cual a su vez debe estar referida a norma o normas sustanciales. De modo que su primera razón y de la que dependen las demás es la de que la violación que se invoque sea directa. No procede, en consecuencia, por la violación indirecta.
Por consiguiente, lo primero a precisar en este caso es el alcance de ese concepto, esto es, en que consiste o cuando se estima dada esa forma de violación. Al respecto, la jurisprudencia, atendiendo la doctrina, ha dejado sentado de manera reiterada que la violación directa “se produce sin consideración al aspecto probatorio y por tanto sin tener en cuenta la apreciación de las pruebas por el juez”(1), de suerte que el recurrente no puede separarse de las conclusiones a que este haya llegado sobre los hechos probados o no probados(2), es decir, no cabe revivir la discusión sobre la causa petendi de la litis, ni continuar o replantear en el recurso el debate sobre el fondo del fallo impugnado por fuera de la estricta confrontación directa del mismo con las normas sustanciales que se aducen violadas por aquella.
En el presente recurso se invoca la violación directa de los artículos que se enuncian en los cargos que se pasan a despachar así:
2. 1. Los artículos 128 de la Constitución Política y 19 de la Ley 4ª de 1992, por interpretación errónea pues a juicio del recurrente la interpretación correcta de los mismos es la efectuada en las sentencias de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de 7 de febrero de 1995, expediente S-247 y de 28 de agosto de 1996, expediente S-638, según la cual los ingresos del reintegrado tienen causas distintas, pues una es por indemnización debida a la falla del servicio y la otra por los ingresos dejados de recibir en el cargo.
Al respecto, se tiene que esta Sala dijo en reciente fallo que:
La determinación de no ordenar los descuentos por el período comprendido entre la remoción por el acto cuya nulidad se decreta y el reintegro exige una adecuada y rigurosa valoración probatoria por parte del juez, de acuerdo con las especificidades de cada caso particular con base en los criterios de razonabilidad y equidad”(3).
La Sala hace suyos los anteriores lineamientos para fines de este recurso, habida consideración de que se trata de una situación similar, por consiguiente encuentra configurada la violación directa por errónea interpretación del artículo 128 de la Constitución Política, y que el recurso examinado prospera por resultar demostrado el respectivo cargo, toda vez que en este caso igualmente el pago impuesto en la condena no tiene por causa la prestación del servicio sino el daño causado por el retiro ilegal no tiene la connotación de asignación laboral dirigida a remunerar el servicio prestado y, por ende, no debe considerarse incurso en la prohibición establecida por el artículo 128 de la Carta Política.
De allí que la sentencia impugnada se deba invalidar en el punto censurado, contenido en el inciso tercero de la parte resolutiva de la misma, sin que se requiera proferir sentencia de reemplazo por cuanto solo se trata de prescindir de o dejar sin efecto la declaración consignada en dicho inciso.
INFÍRMASE el inciso tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 22 de mayo de 2003, proferida por la Sección Segunda - Subsección A del Consejo de Estado, en cuanto adicionó la de primer grado así: “ADICIÓNASE para ordenar que sobre el valor de la condena que resulte, se descuenten las sumas percibidas por la actora, por concepto del desempeño de otros cargos oficiales durante el tiempo en que estuvo retirada del servicio”.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala Transitoria en sesión de la fecha.
Magistrados: Ligia Lopez Diaz—Mauricio Torres Cuervo—Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta—Ramiro Saavedra Becerra.
(1) Devis Echandía Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo III, Editorial ABC, Bogotá, 1977, pág. 265.
(2) Devis Echandía Hernando Op. Cit. Pág. 266
(3) Sentencia por importancia jurídica de 29 de enero de 2008, Expediente 200002046, número interno 1153-2004, C.P. Jesús María Lemos Bustamante.