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Timestamp: 2020-02-21 15:19:15
Document Index: 170930168

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CARM.es - Orden de 6 de junio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras ...
Orden de 6 de junio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social (MODIFICADA)
BORM nº 132 de 11 de junio de 2018
Vigencia: desde el 12 de junio de 2018
Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 6 de junio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social, (BORM nº 103 de 7 de mayo de 2019):
Se modifican los artículos 2, 5, 22, 25, 26 y 27.
Disposición adicional única.- Terminología
Las referencias que en la norma se efectúen a “formación ocupacional” se entenderán realizadas a “formación ocupacional/formación profesional para el empleo”.
Orden de 19 de agosto de 2015, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social, (BORM nº 204 de 4 de septiembre de 2015):
Queda derogada expresamente la siguiente disposición:
Orden de 19 de agosto de 2015, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social."
Artículo 4.- Requisitos y condiciones para acceder a la subvención.
Artículo 5.- Gastos subvencionables de los programas.
Artículo 6.- Requisitos y condiciones del personal adscrito al programa.
Artículo 7.- Distribución territorial de los programas
Artículo 9.- Contenidos de los itinerarios individualizados de inserción.
Artículo 10.- Contenidos de la medida de formación para la mejora de las competencias personales, laborales y el conocimiento de las nuevas tecnologías.
Artículo 11.- Participantes en los Programas. Forma de acceso, requisitos y condiciones.
Artículo 12.- Presupuesto y limitaciones
Artículo 13. Disposiciones generales del procedimiento.
Artículo 14.- Forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
Artículo 15.- Instrucción del procedimiento de concesión
Artículo 16.- Composición y funcionamiento de la Comisión de Evaluación.
Artículo 17.- Criterios para el otorgamiento de las subvenciones y criterios de valoración de los programas.
Artículo 18.- Reformulación de solicitudes. Programa adaptado.
Artículo 19.- Cuantía de la subvención
Artículo 20.- Resolución, notificación y pago de la subvención.
Artículo 21.- Régimen de compatibilidad de las subvenciones.
Artículo 22.- Modificación de la Resolución de concesión.
Artículo 23.- Plazo de ejecución de la actividad y su modificación.
Artículo 24.- Información, Difusión y Publicidad de las subvenciones.
Artículo 26.- Seguimiento de los programas.
Artículo 27.- Justificación de las subvenciones.
Artículo 28.– Incumplimiento, reintegro y pérdida del derecho al cobro.
Artículo 29.- Suspensión del pago en convocatorias plurianuales
Artículo 30.- Infracciones y sanciones
El Consejo Europeo, reconociendo la situación particularmente difícil de los jóvenes en determinadas regiones europeas, propuso una Iniciativa de Empleo Juvenil para el periodo 2014-2020, dirigida a aquellas regiones europeas con tasas de desempleo juvenil superiores al 25% y el establecimiento de la Garantía Juvenil, formalmente adoptada por Consejo de Gobierno de 22/04/2013.
Con el objeto de instrumentar la Iniciativa de Empleo Juvenil y poner en marcha los sistemas de Garantía Juvenil, España elaboró un Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil, así como un Programa Operativo de Empleo Juvenil, en adelante POEJ, en el marco de la arquitectura y diseño del Fondo Social Europeo, en adelante FSE, para el período de programación 2014-2020, que tiene ámbito plurirregional y que fue aprobado por la Comisión Europea el 12/12/2014.
En España la Garantía Juvenil se enmarca en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, que contempla actuaciones para mejorar la empleabilidad, facilitar la inserción en el ámbito laboral, promover el emprendimiento y mejorar su situación dentro del mercado de trabajo.
El Plan Nacional de Garantía Juvenil, en plena coherencia con la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, se constituye como el instrumento fundamental de impulso del empleo joven y del emprendimiento, recoge un catálogo común de actuaciones que serán desarrolladas por los Organismos Intermedios del POEJ y tendrán como objetivo la reducción del desempleo juvenil.
Con el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, se adoptan las medidas legislativas de carácter urgente necesarias para la ejecución del citado Plan. Posteriormente, la Ley 18/2014, de 15 de octubre, modificada parcialmente, por la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, regula entre otros extremos, la creación del fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y el proceso de atención a las personas jóvenes inscritas.
La Comisión Europea ha hecho del empleo y de la lucha contra la pobreza elementos clave de su agenda económica, laboral y social. Así, la programación del periodo financiero 2014-2020 de la política de cohesión social de la Unión Europea, se vincula estrechamente con los objetivos de la Estrategia Europa 2020, una “Estrategia para un Crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, firmada en Bruselas en marzo de 2010, cuyos fines sociales se apoyan en el objetivo de empleo y de educación.
El Programa Operativo de Empleo Juvenil, está cofinanciado por el FSE y tiene como objetivo apoyar la reducción de la tasa de desempleo juvenil en España a través de la mejora de las cualificaciones y el fomento de la contratación y del autoempleo, todo ello orientado al cumplimiento de los objetivos y prioridades de la Estrategia Europa 2020.
España presenta una de las tasas más elevadas de la Unión Europea de jóvenes que se encuentran en desempleo y no reciben educación ni formación, lo que puede tener como consecuencia una fuerte desconexión del mercado de trabajo y de exclusión social a largo plazo, siendo por tanto necesario articular una serie de programas y medidas que conduzcan a la inserción de los jóvenes en el mundo laboral.
Según diferentes análisis, como el realizado para la elaboración del Programa Operativo o el Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020, los jóvenes más desfavorecidos presentan una especial vulnerabilidad para acceder al empleo, y por ello están considerados como prioritarios en los marcos estratégicos europeos, nacionales y regionales.
A la hora de diseñar e implementar las medidas de la Garantía Juvenil, es crucial tener en cuenta la situación y peculiaridades de estos jóvenes, que en comparación con el conjunto de los jóvenes le colocan en situación de desventaja, siendo necesario realizar una atención desde un enfoque integral, combinando medidas de apoyo social que faciliten la superación de las situaciones de exclusión con otras que permitan y/o mejoren sus posibilidades de integración laboral.
Entre éstas se encuentran las actuaciones previstas en esta orden, que serán cofinanciadas por el FSE, en el marco del POEJ, en los ejes 5 y 1, prioridad de inversión 8.2: “La integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de aquellos sin trabajo y no integrados en los sistemas de educación o formación, así como los jóvenes que corren el riesgo de sufrir exclusión social y los procedentes de comunidades marginadas, también a través de la aplicación de la Garantía Juvenil”, objetivos específicos 8.2.1 y 8.2.2 dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social.
Se subvencionarán programas destinados a la mejora de la empleabilidad de jóvenes en situación o riesgo de exclusión social, desarrollados por entidades sin fin de lucro, que podrán incluir dos medidas: itinerarios sociolaborales integrales como medida transversal y formación para la mejora de las competencias personales, laborales y el conocimiento de las nuevas tecnologías.
Teniendo en cuenta el enfoque a resultados del periodo de programación 2014-2020 resulta necesario dar garantía de continuidad a los itinerarios, mediante programas plurianuales.
Por tratarse de subvenciones cofinanciadas por el FSE se regirán por las normas europeas que por razón de la materia le resulten aplicables y sus normas de desarrollo, las normas nacionales de subvencionalidad del gasto y aquellas que regulan la Garantía Juvenil, así como cualquier otra normativa que le pueda ser de aplicación.
Asímismo, la presente orden es coherente con la normativa comunitaria en el campo de la concesión y justificación de ayudas por medio de costes simplificados que tiene por objetivo la simplificación de la gestión administrativa y de las obligaciones de justificación impuestas a los beneficiarios.
En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, existen los créditos necesarios para la concesión de las subvenciones destinadas a la realización de los citados programas.
En su virtud, a propuesta de la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social, oído el Consejo Regional de Servicios Sociales, y de conformidad con lo establecido en el artículo 52.1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en uso de las facultades que me confiere la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en adelante LSCARM, en el artículo 13, apartado 2, en sus artículos 10.1 y 17.2 en relación con el artículo 9.1 b) del Decreto 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Murciano de Acción Social.
1. Es objeto de la presente orden establecer las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la a la mejora de la empleabilidad e inserción sociolaboral de jóvenes en situación o riesgo de exclusión social inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a través de dos medidas:
a) Itinerarios sociolaborales integrales
b) Formación para la mejora de las competencias personales, laborales y el conocimiento de las nuevas tecnologías.
2. La finalidad de las subvenciones es lograr la integración social y laboral y la mejora de la empleabilidad de jóvenes que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social y que sean beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a través del desarrollo de itinerarios individualizados de inserción y de acciones formativas.
Las subvenciones reguladas en esta Orden se regirán por lo establecido en la presente Orden de Bases, siendo además aplicable la siguiente normativa y sus normas de desarrollo:
· Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes y disposiciones generales para los fondos estructurales, en adelante Reglamento Común.
· Reglamento Delegado (UE) 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014, que complementa el Reglamento (UE) n° 1303/2013.
· Reglamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo, en adelante Reglamento del FSE.
· Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el periodo de programación 2014-2020.
A su vez, con carácter supletorio, será de aplicación la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Murcia, en adelante LSCARM y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en todo lo que resulte de aplicación, así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como cualquier otra norma del ordenamiento jurídico que resulte de aplicación.
Se añade a la normativa aplicable el Reglamento (UE) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican entre otros los Reglamentos (UE) 1303/2013 y (UE) 1304/2013, aplicables a esta subvención.
Normativa aplicable añadida por la Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 6 de junio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones contempladas será el de concurrencia competitiva, establecido en el artículo 17 de la LSCARM, y estará informado por los principios de objetividad, transparencia, igualdad, no discriminación, concurrencia y publicidad.
3. Se podrán adquirir compromisos de carácter plurianual en las condiciones previstas en el artículo 37 del vigente texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
e. Tener implantación en la Región de Murcia, contando con estructura y capacidad económica y financiera suficiente para garantizar la ejecución de las actuaciones previstas en el programa presentado, entendiéndose como tal contar con un presupuesto ejecutado en el ejercicio precedente igual o superior a la mitad del importe total de los programas solicitados.
Las correspondientes convocatorias expresarán la forma de acreditar los requisitos, así como los documentos e información que ha de acompañarse a la solicitud.
Los requisitos señalados con anterioridad deberán cumplirse en la fecha en que expire el plazo de solicitud, excepto los incluidos en el apartado b) y c) que deberán cumplirse en la fecha que se reúna la Comisión de Evaluación.
En aplicación de lo establecido en el artículo 17.4 de la LSCARM y en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando así lo prevea la correspondiente convocatoria, el interesado podrá presentar una declaración responsable, en la que manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos arriba mencionados, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a ponerla a disposición de la Administración cuando le sea requerida, pudiendo ésta requerirla en cualquier momento. Dichos requisitos deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en dicha declaración. En todo caso, deberán acreditarse con anterioridad a la resolución provisional.
c) Que el programa presentado por la entidad alcance la puntuación mínima que se establezca en la correspondiente convocatoria por aplicación de los criterios de valoración dispuestos en el artículo 17 de la presente Orden.
1. La subvencionabilidad del gasto se determinará conforme a lo establecido en el capítulo III (artículo 65 y siguientes) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, así como en la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el periodo de programación 2014-2020.
Apartado 1 modificado por la Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 6 de junio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social.
2. Los gastos subvencionables para el desarrollo de los programas se clasifican en las siguientes categorías de gastos:
a) Gastos directos de personal:
Se subvencionará hasta el 100% de los costes establecidos en el artículo 5.1 de la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, del personal técnico directamente relacionado con la realización de la ejecución del programa, concretamente:
- El/la trabajador/a social.
- El/la orientador/a laboral.
- El personal docente encargado de impartir la formación específica, pudiendo esta impartirse también mediante la colaboración técnica de un profesional externo (contrato mercantil) o la subcontratación de la totalidad de la acción formativa.
- El personal técnico que resulte necesario para el adecuado desarrollo del programa.
En la Resolución de convocatoria se determinará el coste por hora máximo subvencionable para las colaboraciones técnicas.
A los efectos de consideración de gasto elegible como coste directo de personal de las colaboraciones técnicas, la contratación mercantil de este servicio y su pago deberá realizarse con la persona física que realice la formación.
A los efectos de consideración de gasto elegible como coste directo de personal del personal que realice la acción formativa mediante una subcontratación, será imprescindible que se haga constar en el contrato y posteriormente en la factura de justificación, el desglose del importe correspondiente a las horas del profesional formador de forma diferenciada del resto de gastos que conlleven dicha subcontratación, los cuales tendrán la consideración de gastos directos del programa.
No se subvencionarán los gastos laborales y de Seguridad Social de la persona trabajadora en las situaciones que no preste servicio efectivo, tales como ausencias, incapacidad temporal, permisos de maternidad, maternidad o matrimonio, así como las recogidas en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.
b) Becas de asistencia y transporte de los participantes, tanto para aquellas acciones formativas realizadas directamente por la entidad, como para aquellas desarrolladas por cualquier otra, salvo que éstas ya estén becadas.
El importe diario subvencionable en concepto de beca de asistencia y de transporte será determinado en la correspondiente convocatoria.
Apartado b) modificado por la Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 6 de junio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social.
Apartado c) suprimido al integrarse en el aprtado b) por la Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 6 de junio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social.
d) Otros gastos directos del programa, considerándose todos aquellos que no se corresponden con la retribución del personal directo asignado al programa ni con las becas abonadas a los participantes, pero que son necesarios para el desarrollo del mismo, pudiendo ser conectados directamente con las actuaciones subvencionadas.
En esta categoría de gastos se incluyen los siguientes conceptos:
Primero: Acciones de Información, sensibilización y activación de los jóvenes. Se subvencionarán gastos de actividades grupales y comunitarias destinadas a conseguir la plena integración y vinculación de los participantes a los programas.
Segundo: Material didáctico, fungible, de protección y seguridad, vestuariolaboral, etc., que se entregue a los participantes, tasas para obtención de carnets profesionales y cualquier otro necesario para el desarrollo de las actividades de formación.
Tercero: Todos aquellos materiales necesarios para la realización de la acción formativa si esta es subcontratada, siempre que estos aparezcan desglosados en el contrato y posteriormente en la factura para diferenciarlos del coste del personal formador.
Cuarto: Dietas de desplazamiento de los profesionales, siempre que quede justificada la vinculación de estos con el programa, y se realicen en la Región de Murcia o municipios colindantes.
La cuantía máxima subvencionable para el transporte en vehículo propio será establecida en la convocatoria y en caso de trasporte público será el importe del billete.
Quinto: Materiales y gastos derivados de actuaciones para la Información, sensibilización, difusión y publicidad del programa.
Sexto: Seguros de accidente y responsabilidad civil de los participantes y del personal técnico directo, así como del personal voluntario vinculado al programa, en su caso.
Séptimo: Alquiler de salas o espacios relacionados directamente con la formación.
Octavo: Arrendamiento de equipos informáticos necesarios para la realización de las acciones de formación o para el uso exclusivo del personal directo.
Noveno: Servicios y medidas de conciliación u de otra índole que permitan la asistencia a las acciones del programa por parte de sus participantes.
e) Gastos indirectos del programa: considerándose estos los gastos que, aunque no puedan vincularse directamente con la actividad subvencionada, son necesarios para su ejecución.
En esta categoría de gastos se incluyen los conceptos:
1.º Gastos indirectos de personal:
Se subvencionarán los salarios y la seguridad social del personal de apoyo a la realización de las actuaciones del programa, hasta el porcentaje de jornada máximo o en las condiciones que, en su caso, se establezca en la convocatoria.
A tal efecto, se considerará personal indirecto el siguiente:
- Personal coordinador
- Personal que realiza las tareas de soporte administrativo.
- Personal técnico de mantenimiento.
- Personal de servicios y personal de limpieza.
2.º) Gastos de funcionamiento:
Se subvencionarán aquellos gastos necesarios para la realización de las actividades previstas en el programa, siempre que quede suficientemente justificada su vinculación con el mismo.
Se consideraran como tales la luz, el agua, la calefacción, mensajería, material de oficina, correo, teléfono, limpieza, alquiler de instalaciones, etc.
3.º) Subcontratación de acción formativa, en caso de que no se desglose el coste de personal en el contrato y la factura.
Apartado d) modificado por la Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 6 de junio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social.
3. De acuerdo con lo indicado en el Artículo 67.1 del Reglamento Común, el método para determinar los costes subvencionables de la operación es el previsto en el artículo 68 ter del mismo Reglamento, que establece la utilización de un tipo fijo, de hasta el 40% sobre los costes directos de personal para financiar el resto de los costes subvencionables de la operación, conforme al método de fijación que se determine en la correspondiente convocatoria en función de las diferentes tipologías de programas que en la misma se establezcan. Las becas a los participantes tendrán consideración de coste subvencionable adicional no incluido en el tipo fijo.
Apartado 3 modificado por la Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 6 de junio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social.
4. Las acciones subvencionables deberán ser realizadas a lo largo del periodo de ejecución establecido para cada programa en la resolución de concesión de la subvención. Los programas ya finalizados no podrán ser objeto de esta subvención.
5. El coste de personal imputable a la subvención estará limitado por las cuantías que se determinen en convocatoria, siendo a cargo de la entidad beneficiaria la parte que exceda de dichos límites.
Apartado 6 suprimido por la Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 6 de junio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social.
7. Los gastos derivados de actuaciones desarrolladas por personal que no reúna los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 6, no serán subvencionables ni serán admisibles como cofinanciación del programa.
A los efectos de garantizar la calidad del servicio, el equipo técnico encargado de la ejecución del programa deberá estar constituido al menos por un trabajador social, un orientador laboral y el personal docente.
El personal técnico y/o de coordinación de los programas deberá disponer de la titulación adecuada, detallada en la siguiente tabla, habilitante para el desempeño de estas tareas.
PERSONAL TITULACIÓN NECESARIA
COORDINADORES/AS TITULADOS/AS SUPERIORES O MEDIOS
(Licenciatura, Grados, Diplomatura)
ORIENTADORES/AS LABORALES TITULADOS UNIVERSITARIOS
PERSONAL DE ESPECIAL CUALIFICACIÓN
FORMADORES/AS TITULADOS/AS SUPERIORES O MEDIOS
( Licenciatura, Grados, Diplomatura)
FP. DE GRADO
MEDIO/SUPERIOR o análoga formación
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN TITULADOS/AS SUPERIORES O MEDIOS
Los formadores encargados del desarrollo de la formación ocupacional deberán acreditar que disponen de los conocimientos necesarios para el desempeño del oficio del que se trate, preferentemente de acuerdo a lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Para las categorías profesionales no recogidas en la tabla anterior, será exigible la titulación necesaria para el adecuado desempeño de las funciones encomendadas.
Para posibilitar una distribución equitativa de los programas de mejora de la empleabilidad en los distintos territorios o zonas de la Región de Murcia, en convocatoria se podrá establecer el número de programas a financiar en cada territorio o zona.
En el caso de que valoradas las solicitudes no sea posible mantener dicha distribución, por la falta de solicitudes para un determinado territorio o zona, de forma motivada la Comisión de Evaluación determinará la forma de redistribución del excedente sobrante, atendiendo a criterios de necesidad.
1. Se entenderá que existe subcontratación cuando el beneficiario de una operación subvencionada concierte con terceros su ejecución parcial o total. Queda fuera de este concepto las contrataciones que lleve a cabo el beneficiario para realizar por sí mismo la acción subvencionada.
2. La subcontratación de las actividades del programa se regirá por lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley y en la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el periodo de programación 2014-2020.
3. Los beneficiarios sólo podrán subcontratar la realización total o parcial de alguna de las actividades contempladas en el artículo 10 punto 2 y punto 3 apartado e) y siempre que no supere el 20% del importe total del programa.
4. En ningún caso, será admisible aquella subcontratación que suponga un segundo nivel de subcontratación, entendiendo por éste la cesión total o parcial de la ejecución de la acción del subcontratista a un tercero. De acuerdo con lo señalado por el artículo 11, apartados 2 y 3 de la LGS no se considerará subcontratación la realización de la actividad por los miembros o asociados.
5. En caso de que en el programa se prevea la subcontratación, la entidad deberá presentar la documentación que se exija en la correspondiente convocatoria.
6. Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.
1. Se entiende por itinerario de inserción el conjunto secuencial de acciones consensuadas con el participante, adaptadas a las características, capacidades, necesidades y expectativas de cada persona, cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad y conseguir la incorporación social y laboral de los jóvenes. Se establecerán cauces y mecanismos de coordinación con los servicios sociales de atención primaria y/o especializada, así como con otras entidades públicas y/o privadas y se utilizará una metodología de acompañamiento individualizado.
Los itinerarios sociolaborales constituyen el elemento clave y vertebrador de las de actuaciones en el proceso de acompañamiento del joven mediante estrategias de carácter integral, y por ello debe mantenerse paralelamente durante la aplicación de la medida de formación
2. Las fases que debe contemplar el itinerario serán las siguientes:
a. Acogida y diagnóstico sociolaboral, que deberá incluir la valoración del nivel de empleabilidad.
b. Diseño, consensuado con cada participante, de su itinerario individualizado de inserción sociolaboral, estableciendo los objetivos previstos y acciones necesarias para su consecución.
c. Desarrollo del Itinerario Individualizado de inserción.
d. Evaluación del nivel de consecución de los objetivos previstos en el diseño del itinerario y el nivel de empleabilidad alcanzado por el participante, mediante un sistema de indicadores válidos, medibles y pertinentes.
3. Los itinerarios de inserción sociolaboral deben incluir las siguientes acciones:
a) Activación, motivación y cohesión grupal
b) Atención social integral
· Actuaciones para la promoción y desarrollo de competencias personales y sociales.
· Actuaciones para la adquisición y desarrollo de competencias básicas, pre-laborales y transversales.
· Formación complementaria, en especial sobre la igualdad de oportunidades y de género
d) Orientación laboral.
e) Intermediación laboral
f) Apoyo y seguimiento en el empleo.
g) Coordinación con los Servicios Sociales de Atención Primaria y especializados.
h) Cualquier otra actuación que se precise para la adquisición y/o mantenimiento de competencias personales, sociales y laborales.
1. Se entiende por acción formativa la dirigida a la adquisición de competencias personales, laborales y al conocimiento de las nuevas tecnologías que ayuden a aumentar la empleabilidad y fomenten la integración en la vida laboral y social de los jóvenes participantes en estos programas, proporcionándoles las mismas igualdades de oportunidades que al resto de los jóvenes.
2. Para ello la medida de formación debe incluir acciones formativas adaptadas a las características de los jóvenes participantes ajustándose a las siguientes áreas preceptivas:
a) Formación en capacitación, cualificación y/o adquisición de competencias profesionales.
b) Formación en nuevas tecnologías
3. Además se podrán realizar la siguientes acciones:
a) Acciones formativas que permitan la adquisición de competencias personales.
b) Acciones formativas que permitan la adquisición de competencias básicas, pre-laborales y transversales.
c) Formación teórico práctica en entornos laborales reales. Formación práctica en empresas.
d) Formación en igualdad de género y oportunidades.
e) Formación en idiomas.
f) Cualquier otra actuación formativa que se precise para la mejora de la empleabilidad de los participantes
g) Tutorías, apoyo pedagógico y orientación: tutorías individuales o en grupo, a desarrollar durante todo el proceso formativo y ayuda orientada a la impartición de las actividades formativas adecuadas a las necesidades y perfil de los participantes y a la búsqueda de empleo.
4. Para el diseño de las acciones formativas se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
· La duración de las acciones formativas o paquetes formativos se establecerá en convocatoria de acuerdo de las instrucciones establecidas en el Plan Nacional de implantación de la Garantía Juvenil.
· El número mínimo de participantes en cada tipo de acción formativa podrá ser establecido en convocatoria.
· Los contenidos de las acciones formativas ocupacionales y de capacitación profesional se dirigirán a aquellos sectores con mayores oportunidades de empleo.
· Para la realización de las prácticas no laborales se firmaran los correspondientes convenios de colaboración.
1. Será requisito para participar en estos programas:
a) Estar inscrito en el Registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
b) Encontrarse en situación o riesgo de exclusión social, situación que deberá ser acreditada por un trabajador social de los servicios sociales públicos.
c) Cualquier otro requisito que establezca o modifique el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
2. Cuando no puedan ser atendidas todas las personas susceptibles de participar en un programa, la entidad que lo desarrolle deberá tener en cuenta los criterios de selección que a continuación se desarrollan y con el el siguiente orden de prelación:
a) La continuidad de un itinerario que se esté desarrollando.
b) La derivación por un servicio público para iniciar un itinerario sociolaboral
c) Jóvenes que se encuentren en mayor situación de exclusión social.
d) Ser beneficiario de la Renta Básica de Inserción o de Ayuda Periódica de Inserción y Protección Social.
e) No haber recibido previamente atención por parte del Sistema de Garantía Juvenil.
f) Estar más próximo a cumplir la edad máxima prevista para ser atendido.
g) Ser mujer, en aquellos programas con menor representación femenina.
3. Aquellos jóvenes que por sus necesidades o circunstancias precisen de una atención más especializada, y se creen por ello, unos servicios públicos o programas más específicos para su atención, deberán en primera instancia, ser derivados a dichos servicios, con el objetivo de lograr una mayor eficacia y evitar duplicidades.
4. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 punto 1 apartado c) del Decreto n.º 163/2017, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la entidad deberá comprometerse a mantener la necesaria coordinación con los Servicios Sociales de Atención Primaria para posibilitar, que al menos, un 20% de los participantes en el programa sean beneficiarios de la prestación Renta Básica de Inserción o de la Ayuda periódica de Inserción o Protección Social, porcentaje que podrá verse modificado en función de las características y ámbito de actuación del programa.
5. Será condición para incorporarse como participante a un programa que la persona autorice a la entidad que lo realiza y al IMAS para la recogida y tratamiento de sus datos personales mediante la suscripción de un documento, según modelo que se publicará como anexo en la convocatoria.
En la Resolución de Convocatoria se determinará el número de participantes necesario para la configuración y desarrollo de un programa.
1. Las subvenciones reguladas en la presente orden están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, 2014-2020.
2. Las subvenciones que se otorguen serán concedidas hasta el límite de las consignaciones presupuestarias definidas existentes, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales establecidos en esta Orden, en la Resolución de convocatoria y de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.
3. En las subvenciones cuyo gasto tenga carácter plurianual, el abono de las cantidades que en resolución se determinen para los años siguientes quedarán condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos correspondientes para financiar el gasto.
1. Las entidades susceptibles de ser beneficiarias de estas subvenciones están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas en aplicación del artículo 14 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos, todos los trámites que deban realizarse durante la tramitación de este procedimiento deberán ser realizados accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (https://sede.carm.es), utilizando los formularios que se determinen en la Resolución de convocatoria, que estarán disponibles en la guía de procedimientos y servicios de la CARM. Para ello deberá disponer de firma electrónica de la forma prevista en el artículo 10 de dicha Ley.
2. Si alguna entidad presentase solicitud y/o documentación presencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica, considerándose como fecha de presentación de la misma aquella en la que haya sido realizada la subsanación., de acuerdo con lo previsto en el artículo 68.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. De acuerdo al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se exige la presentación de documentos originales, responsabilizándose los interesados de la veracidad de los documentos que presenten. Los documentos anexados corresponderán fielmente al documento original y deberán ser digitalizados en formato PDF, en su color original. Asímismo, las declaraciones responsables y demás anexos publicados a cumplimentar por la entidad, deberán ser firmados electrónicamente por el representante de la entidad.
4. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, se podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que se requerirá la exhibición del documento original, de acuerdo al artículo 28 punto 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos a través del servicio de “Notificaciones por Dirección Electrónica Habilitada, salvo la Resolución final que será objeto de publicación en el medio que determinen las correspondientes convocatorias, en virtud del artículo 45.1.b). de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, surtiendo ésta los efectos de notificación.
Una vez transcurridos 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación en la Dirección Electrónica Habilitada (DEH), sin que la haya descargado, se entenderá que la notificación ha sido realizada, según establece el artículo 43.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Las solicitudes se presentarán en el modelo que se determine en la Resolución de Convocatoria, deberán ir firmadas por el representante de la entidad solicitante y se presentarán en el Registro electrónico de la Comunidad Autónoma de Murcia, accediendo a la aplicación informática existente en la Sede Electrónica de la CARM, https://sede.carm.es, siendo válida, además, la utilización de cualquiera de los registros determinados en el artículo 16 pto 4 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. Las entidades solicitantes deberán presentar, en formato electrónico, junto a la solicitud, la documentación que se determine en la Resolución de Convocatoria.
La unidad administrativa instructora podrá requerir cualquier otra documentación adicional a la prevista, si fuere necesaria para la resolución del procedimiento.
3. La incorporación de documentos se realizará de forma individual, con el fin de poder clasificarlos e incorporarlos al expediente electrónico.
4. El plazo de presentación de solicitudes será el que se determine en la correspondiente convocatoria.
5. La presentación de la solicitud, supondrá la autorización del solicitante al órgano concedente, para recabar de las administraciones competentes cuantos datos sean necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, así como todos aquéllos que sean necesarios para la correcta ejecución de las acciones programadas, salvo que conste su oposición expresa, debiendo en tal caso aportar él mismo la acreditación de los extremos a comprobar por la Administración Pública, de acuerdo al artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir a la entidad solicitante su presentación, o en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a los que se refiera el documento, con anterioridad a la propuesta de resolución.
La información obtenida será utilizada por la administración, exclusivamente, para comprobar la concurrencia de requisitos, controlar la aplicación de los fondos públicos y el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios y realizar el seguimiento de las acciones, dentro de las competencias que tiene legalmente atribuidas.
El órgano concedente, por su parte, además del cumplimiento de las garantías y obligaciones establecidas en la normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, queda sometido a las actuaciones de comprobación a cargo del beneficiario al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización de la información cedida y de las condiciones normativas que fueran de aplicación.
6. En caso de que la solicitud y/o la documentación presentadas no reuniera los requisitos establecidos en la Resolución de convocatoria, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la 39/2015, de 1 de octubre, indicándosele, que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución expresa, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de dicha ley.
1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión a través del Servicio de Programas de Inclusión y Corresponsabilidad Social, al que corresponderá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos, en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución.
2. El órgano instructor, podrá disponer que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los datos aportados por las entidades solicitantes, así como requerir de éstas las aclaraciones y la documentación necesaria para poder resolver. En el supuesto de inactividad del solicitante en la cumplimentación de trámites, será de aplicación lo preceptuado en los artículos 73, 84 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo el órgano instructor informará preceptivamente sobre los datos reseñados en las solicitudes y su documentación aneja.
3. El órgano instructor solicitará a los centros de servicios sociales correspondientes al municipio o municipios a los que pertenezcan los participantes del programa, y/o a la Entidad pública con competencia en la materia, informe que recoja los aspectos de los programas que desde el órgano instructor se determinen, relacionados con los criterios de selección establecidos en la presente orden, aspectos que podrán ser tenidos en cuenta para la valoración técnica del programa siempre y cuando el informe se reciba en los términos y plazos determinados en la Resolución de Convocatoria.
4. La valoración técnica de las solicitudes presentadas será elevada, por parte del Servicio de programas de Inclusión y Corresponsabilidad Social a la Comisión de Evaluación.
5. Para la evaluación de las solicitudes se constituirá una Comisión de Evaluación, cuya composición y funcionamiento se regulan en el artículo 16 de la presente Orden.
La comisión de Evaluación podrá realizar cuantas recomendaciones estime oportunas en lo referente a la adecuación de los programas a los objetivos de la convocatoria y siempre en aras a una mayor eficiencia de las acciones contempladas en los mismos.
Cuando la suma de las cuantías solicitadas, o en su caso, de los importes ajustados, correspondientes a las solicitudes que reúnan los requisitos exigidos exceda de la consignación presupuestaria, la Comisión establecerá porcentajes sobre los mismos, para el cálculo de la subvención en función de la puntuación obtenida. Asimismo, la Comisión podrá determinar el porcentaje mínimo sobre el importe solicitado necesario para garantizar la eficacia de la subvención, descartando aquellas solicitudes que no lo alcancen.
En el supuesto de que finalizado el plazo de presentación y recibidas todas las solicitudes, los créditos disponibles bastasen para atender la totalidad del importe económico que suponga el conjunto de las solicitudes presentadas, quedará exceptuado el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos.
6. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Evaluación, formulará propuesta provisional de resolución, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados para que, en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente al de la notificación correspondiente, puedan presentar bien alegaciones o bien la aceptación de la subvención en los términos establecidos en el artículo 18 de la presente orden.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
7. Con la notificación de la propuesta de resolución provisional, el órgano instructor:
a) Podrá proponer modificaciones de las condiciones relativas a la forma de realización del programa propuesto o a los objetivos previstos por el solicitante, para su posible aceptación por parte de este, entendiéndose que esta ha sido otorgada si el posible beneficiario no manifiesta su oposición en el plazo otorgado a tal fin.
b) Otorgará a la entidad solicitante un plazo de 10 días para presentar la aceptación de la subvención en el importe y condiciones propuestas, o reformular su solicitud para ajustar el programa a la propuesta de resolución y toda aquella documentación que se determine en la Resolución de convocatoria.
La aceptación de la subvención implicará, automáticamente, la aceptación del beneficiario de ser incluido en la lista pública prevista en el artículo 115.2 y Anexo XII.1 del Reglamento Común.
8. Cuando la documentación requerida a las entidades obre en poder del órgano instructor y hayan sido examinadas las posibles alegaciones presentadas, la Comisión de Evaluación emitirá informe en el que se concrete el resultado definitivo de la evaluación efectuada, una vez la memoria adaptada merezca su conformidad.
9. De conformidad con el informe emitido por la Comisión de Evaluación, el órgano instructor formulará propuesta definitiva de resolución, que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y la cuantía, especificándo el porcentaje máximo de gastos a tanto alzado, la puntuación obtenida en la evaluación, el periodo de ejecución del programa, el coste total del programa, así como la relación de solicitantes para los que se propone la denegación de la subvención solicitada, y que serán elevadas al titular de la Dirección Gerencial para que dicte resolución.
10. La resolución será notificada a los interesados conforme a lo establecido en los artículos 40, 41 y 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, informándoles de que esta no agota la vía administrativa y que es susceptible de recurso de alzada ante la presidencia del IMAS.
1. La Comisión de Evaluación estará presidida por el titular de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión o persona en quien delegue.
Estará compuesta, además por tres vocales designados por el presidente, al menos dos entre funcionarios/as del Servicio de Programas de Inclusión y Corresponsabilidad Social y por una secretaría, que actuará con voz y voto, también designado por el presidente, de entre los Jefes de Servicio de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión.
Cuando la persona que ostente la presidencia de la Comisión estime necesario su asesoramiento podrán asistir a las reuniones, con voz pero sin voto, funcionarios de los departamentos con competencia en las áreas a que afecte la evaluación.
En los casos de ausencia o enfermedad del secretario, le sustituirá un funcionario con rango de jefatura de sección o superior de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión que designe el presidente y en el supuesto de ausencia o enfermedad de alguno de los vocales, le sustituirá el funcionario que designe el Presidente de la Comisión.
2. La Comisión se regirá por lo dispuesto para los órganos colegiados en el artículo 15 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y tendrá por objeto la evaluación y baremación de las solicitudes conforme a los criterios de valoración establecidos en la presente Orden, así como emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, a fin de establecer una prelación entre las solicitudes presentadas.
3. La Comisión de Evaluación podrá realizar cuantas recomendaciones estime oportunas en lo referente a la adecuación de los programas a los objetivos de la convocatoria y siempre en aras a una mayor eficiencia de las acciones contempladas en los mismos, así como valorar la procedencia o no de las propuestas del Servicio de Programas de Inclusión respecto a las excepciones recogidas en la presente norma.
5. Para la adopción de sus decisiones la Comisión de Evaluación podrá recabar la información necesaria por parte de expertos, así como de técnicos competentes en la materia de otros organismos o departamentos administrativos.
Asimismo, a través del órgano instructor, podrá recabar de la entidad solicitante cuanta información adicional estime necesaria para una adecuada evaluación del programa presentado.
1. Las subvenciones se otorgarán a quienes, reuniendo los requisitos para ser beneficiarios, hayan presentado un programa adecuado al objeto de la convocatoria y obtengan mayor puntuación, tras la aplicación de los criterios de valoración establecidos para evaluar la idoneidad y determinar la priorización de estas subvenciones. En ningún caso, los requisitos necesarios para ser beneficiario podrán ser considerados criterios de otorgamiento de éstas.
2. En caso de que el número de solicitudes para desarrollar programas en un territorio o zona exceda del máximo establecido en convocatoria, se priorizarán las solicitudes según lo establecido en el punto 1.
3. Para la adjudicación de las subvenciones, además de los criterios de selección de operaciones obligatorios para el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 y sin perjuicio de los límites derivados del importe de la consignación presupuestaria, se valorarán los programas atendiendo a los siguientes criterios de valoración con la ponderación que se determine en convocatoria, así como su correspondiente desglose.
· Calidad técnica del programa presentado
· Mayor adecuación del programa al objeto y finalidad de la convocatoria.
· Implantación del programa en su territorio y/o ámbito de actuación:
· Eficiencia de programas anteriores
· Interés social del programa
· Viabilidad del programa
4. A efectos de esta baremación serán tenidos en consideración y consecuentemente puntuados, los extremos que la entidad solicitante haya especificado y acreditado en su solicitud y en la Memoria de planificación/evaluación del programa, así como aquellos que puedan ser verificados de oficio o sean acreditados por los servicios sociales de los municipios donde se desarrolla el programa u otras administraciones públicas competentes en el colectivo de atención del programa.
1. Cuando la propuesta de resolución provisional determine, o no, una cantidad a conceder inferior a la solicitada, o por parte de la administración se haya propuesto la modificación de alguna de las condiciones, la forma de realización del programa, o los objetivos propuestos en el mismo, el órgano instructor deberá recabar la aceptación de la subvención, instando al beneficiario para que en el plazo de 10 días contados a partir de la notificación de la misma, reformule su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, presentando un programa adaptado al nuevo presupuesto y/o a las condiciones propuestas.
No obstante, dicha aceptación se entenderá otorgada si en la propuesta de modificación quedan explicitadas dichas condiciones y el beneficiario no manifiesta su oposición dentro del plazo establecido.
2. Si la entidad adapta el programa, deberá justificar por el total del nuevo programa adaptado. Si por el contrario ésta decidiera no adaptar el programa, deberá justificar por el total del presupuesto inicialmente presentado.
3. En cualquier caso, esta reformulación del programa deberá, sin perjuicio de los ajustes necesarios para la adaptación a la nueva cuantía:
· Respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto a la solicitud.
· No suponer una reducción en los indicadores de ejecución y resultados previstos en la solicitud inicial, en mayor porcentaje del que prevea la convocatoria.
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la administración mientras no se le haya notificado la resolución de concesión, como así lo establece el artículo 18.6 de la Ley 7/2005 de 18 de noviembre.
1. En las respectivas convocatorias se indicará la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas así como la cuantía adicional en que podrá incrementarse sin necesidad de nueva convocatoria siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 58 del Reglamento de la LGS.
2. Las subvenciones que se otorguen podrán atender total o parcialmente el importe del programa, en función del crédito disponible y del orden de prelación resultante tras la aplicación de los criterios de valoración, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de la presente orden.
3. En el caso de que con el total de las subvenciones concedidas no se agotara la respectiva partida o proyecto presupuestario, el órgano competente para resolver, podrá determinar la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
4. En el caso de la tramitación anticipada del expediente al amparo del artículo 56 del Reglamento de la LGS, la cuantía total máxima que figure en la convocatoria tendrá carácter estimado debiendo hacerse constar expresamente en la misma que la concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.
5. En el caso de convocatoria plurianual, al amparo del artículo 57 del Reglamento de la LGS, deberá indicarse la cuantía máxima a conceder, así como su distribución por anualidades, la cual tendrá carácter estimado cuando esté previsto su pago anticipado, requiriendo, la modificación de la distribución inicialmente aprobada y la tramitación del correspondiente expediente de reajuste de anualidades.
6. En la Resolución de convocatoria se establecerá el importe máximo que podrá solicitarse para la realización de un programa, así como la cuantía máxima a otorgar.
7. Para la determinación del coste total financiable de un programa se partirá del coste estimado por el solicitante para el desarrollo del mismo del cual se deducirán aquellas partidas que no se ajusten a las condiciones y naturaleza de la convocatoria, no sean elegibles, no estén suficientemente justificadas o no se consideren necesarias para el desarrollo del mismo, o bien se minorará su importe para ajustarlo a la realidad del gasto a realizar, obteniéndose así el importe ajustado.
Una vez determinado el importe ajustado, el orden de preferencia para la obtención de la subvención y la cuantía de la misma vendrán determinados por la aplicación de los criterios de valoración y de los porcentajes de subvención que determine la Comisión de Evaluación para ajustar la demanda a la consignación presupuestaria.
8. La Comisión de Evaluación podrá determinar el porcentaje mínimo a subvencionar sobre el importe solicitado o sobre el importe ajustado, en su caso, con el fin de garantizar la eficacia del programa, no teniéndose en consideración aquellos programas que no lo alcancen, al entenderse que éste se vería afectado en un grado tal que resultaría imposible su adaptación sin desvirtuar los objetivos previstos.
1. Instruidos los expedientes y examinados los informes emitidos y la documentación aportada, el órgano instructor teniendo en cuenta los Informes de la Comisión de Evaluación, elevará a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del Instituto Murciano de Acción Social, la oportuna propuesta sobre la procedencia de conceder o denegar la subvención solicitada.
2. Si la propuesta fuera favorable a la concesión de la subvención, la Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social, a propuesta del Director General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, previa fiscalización favorable de los expedientes por la Intervención delegada, resolverá motivadamente las solicitudes formuladas.
3. La cuantía y finalidad de las subvenciones serán las que se determinen en la resolución de concesión. En el supuesto de que la convocatoria tenga carácter plurianual, en la misma se establecerá la cuantía para cada una de las anualidades.
Si la propuesta fuera desfavorable a la concesión de la subvención el Director General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión dictará resolución denegatoria de la subvención.
4. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de seis meses a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el BORM, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.
Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.5 de la citada Ley 7/2005, sin que ello exima a la administración de la obligación de resolver.
5. Las subvenciones concedidas se harán públicas en los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre.
6. Contra las resoluciones definitivas que se dicten se podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la Presidencia del Instituto Murciano de Acción Social, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la Presidencia del IMAS en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de aquéllas, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7. El importe de las subvenciones se abonará anticipadamente por la totalidad de la misma y de una sola vez en el momento de la resolución de la concesión, excepto en el caso de que la convocatoria sea plurianual, que se fraccionará conforme al siguiente apartado. El pago anticipado no exigirá el establecimiento de garantía alguna según lo dispuesto en el artículo 16.2. d) de la Ley 7/2005, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al tratarse de subvenciones a entidades sin fin de lucro y puesto que las presentes bases establecen adecuados mecanismos de control, justificación y reintegro de las subvenciones.
No obstante no se podrá realizar ningún pago, en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal Tributaria, con la Administración de la Comunidad Autónoma de Murcia y frente a la seguridad social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
8. De tratarse de subvenciones con financiación plurianual, la primera anualidad se abonará a la concesión de la sub­vención en un pago anticipado único. Los sucesivos pagos anticipados, cuyo porcentaje se determinará en convocatoria, no podrán superar a la anualidad presupuestaria en que tengan lugar, y requerirá para su abono la justificación del porcentaje que en la misma se establezca respecto a los anticipos que hasta el momento hubieran sido librados.
1. La subvenciones reguladas en estas bases serán compatibles con otras subvenciones ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, excepto las concedidas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la realización del mismo programa.
Asimismo, las subvenciones reguladas en estas bases resultan incompatibles con otras subvenciones procedentes de Fondos Comunitarios.
2. El beneficiario de estas subvenciones deberá comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos destinados a financiar las actividades que se desarrollen en el marco del programa objeto de esta subvención.
Esta comunicación deberá efectuarla, adjuntando la documentación acreditativa de la concesión, y de acuerdo a lo que se establezca en la Resolución de convocatoria.
3. El importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos compatibles, supere el coste total de la actividad a desarrollar por el beneficiario, procediendo, en su caso, el reintegro del exceso obtenido sobre dicho coste.
4. No podrán ser beneficiarios de las subvenciones aquellas entidades que sean parte en convenios y contratos vigentes celebrados con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuando coincida el objeto y ámbito territorial de la colaboración con el programa para el que se solicita.
2. Las entidades deberán solicitar al IMAS la modificación de la Resolución de concesión cuando durante el desarrollo del programa se produzcan las siguientes circunstancias:
a) La variación sustancial de cualquiera de las acciones y/o actividades previstas en el programa adaptado, considerándose variación sustancial aquella que genere una modificación de los objetivos y resultados previstos.
b) Cualquier alteración económica que suponga la redistribución entre los conceptos de personal directo y becas a los participantes con respecto a lo recogido en el programa adaptado, en los términos recogidos en la resolución de convocatoria.
A efectos de lo establecido en este apartado será necesario presentar la solicitud de autorización para modificación de la resolución en el momento en que se produzcan desviaciones acumuladas a lo largo del periodo de ejecución superior a los porcentajes que se establezcan en las correspondientes convocatorias.
Dichas alteraciones deberán respetar el porcentaje de financiación a tipo fijo para otros gastos del programa determinados en la resolución de concesión, respecto a los costes de personal directo y no podrán suponer variaciones entre las dos medidas.
c) La reducción del importe concedido, como consecuencia de la obtención, por parte de la entidad de otra subvención destinada al mismo programa.
Apartado 2 modificado por la Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 6 de junio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social.
4. El órgano concedente podrá modificar de oficio la resolución de concesión, previa audiencia del interesado y antes de la aplicación de los fondos, cuando la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión impidan o dificulten la consecución del interés público perseguido y no se irroguen perjuicios económicos al beneficiario.
5. Cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en la presentación de la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones económicas tenidas en cuenta para la concesión de la misma, que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución conforme a lo indicado, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa, el órgano concedente de la subvención podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando no suponga variación en el importe concedido para cada medida y la desviación producida no sea superior al 1% del importe concedido para la medida a la que afecte.. Ello no eximirá al beneficiario de las sanciones que puedan corresponder con arreglo a la Ley General de Subvenciones.
6. La alteración de las condiciones que se produzca como consecuencia de un incumplimiento de las obligaciones recogidas en el artículo 25 que pudiera generar remanentes económicos o ser causa de reintegro, no podrá, en ningún caso dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28, ni ser elegible.
1. El plazo de ejecución de los programas será el que se establezca en la resolución de concesión.
2. Solo por causas excepcionales y debidamente acreditadas, podrá ser ampliado el plazo de ejecución, a instancia de la entidad beneficiaria de la subvención, cuando resultará imposible la ejecución del programa en el plazo establecido inicialmente.
Las condiciones y el procedimiento para la concesión de la ampliación son los establecidos en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. La Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social, acordará motivadamente sobre la solicitud de ampliación de plazo formulada, no siendo susceptible de recurso, en virtud del artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
4. El programa subvencionado deberá realizarse en el tiempo y en los términos planteados por la entidad en su solicitud, con las modificaciones que, en su caso, se hubieran introducido a lo largo del procedimiento de concesión, o se hubiesen aceptado por el órgano concedente durante el período de ejecución siempre que, en este último caso, no se altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.
Los beneficiarios de las subvenciones, deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del programa, de acuerdo a lo establecido en la Estrategia de Comunicación del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, de conformidad con los requisitos y características técnicas establecidas en el artículo 115 y el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) nº1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y demás normativa vigente, debiendo justificar documentalmente dicha información.
En todas las medidas de información, difusión y comunicación que se lleve a cabo, el beneficiario deberá reconocer que se realiza con la colaboración del Instituto Murciano de Acción Social y que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Cuando esta difusión se realice en soportes impresos, se utilizará el escudo oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con el nombre de la Consejería competente en materia de Política Social, así como el logotipo del Instituto Murciano de Acción Social, el del Fondo Social Europeo y el lema “El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro”.
Asímismo será necesario justificar documentalmente que los participantes de los programas han sido efectivamente informados sobre la financiación de las mismas por el Fondo Social Europeo y disponer de un registro documental y gráfico de todas las acciones de comunicación realizadas durante el desarrollo del programa.
Los beneficiarios presentarán ante la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del IMAS el resumen de las actuaciones realizadas en materia de información, difusión y publicidad según instrucciones facilitadas por el IMAS.
Durante la realización de la operación, el beneficiario informará al público de la siguiente manera:
. INTERNET: Si posee sitio de Internet, deberá hacer una breve descripción de la operación, incluyendo los objetivos y resultados y destacando el apoyo financiero.
. CARTELERÍA: Cartel con información sobre el programa (de un tamaño mínimo A3) en el que mencionará la ayuda financiera y que se colocará en un lugar visible.
1. Además de las obligaciones establecidas con carácter general en el artículo 14 de la LGS y en el artículo 11 de la LSCARM, los beneficiarios de las subvenciones previstas en estas bases deberán cumplir las siguientes:
a) Cumplir el objeto, ejecutar el programa, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención, en los términos establecidos en la resolución de concesión y sus modificaciones, en su caso, asumiendo todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización de la actividad propuesta o de la ejecución del programa.
b) Comprobar que los profesionales y voluntarios que trabajen o puedan trabajar en contacto con menores, han presentado certificado negativo del Registro Central de Delincuentes sexuales, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del menor, modificada por ley 26/2015 y la Ley 45/2015 de voluntariado.
c) Comunicar a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión las incidencias que puedan suceder durante el desarrollo del programa, en el plazo máximo de 15 días desde que se produzcan, así como las alteraciones que se produzcan en la distribución de los gastos de personal directo y becas, aportándose todos aquellos anexos que pudieran verse afectados, precisen o no autorización.
Apartado c) modificado por la Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 6 de junio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social.
d) Sustituir al personal técnico obligatorio que cause baja en el programa o se encuentren en situación de Incapacidad laboral en el plazo máximo de un mes desde que se produzca la incidencia.
e) Informar a los técnicos de los servicios sociales de atención primaria o especializados sobre el proceso de inserción sociolaboral de las personas participantes en los programas, así como de su evolución y grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el itinerario de inserción socio-laboral, según lo establecido en el Protocolo de coordinación suscrito, y/o en los acuerdos adoptados en las Comisiones de Coordinación y Seguimiento.
f) Colaborar con la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión en las actuaciones de seguimiento y evaluación de los programas, manteniendo una coordinación adecuada y facilitando los datos que sean solicitados, con relación al desarrollo y ejecución del programa, en la forma y plazos que se establezcan.
g) Ejecutar los acuerdos alcanzados, por parte de los diferentes agentes implicados en el proceso de desarrollo del programa que pudieran encontrarse representados en las Comisiones de Coordinación y Seguimiento.
2. A su vez deberá cumplir con las obligaciones que se asumen como beneficiario de una ayuda del Fondo Social Europeo (FSE), y en concreto, las siguientes:
a) Mantener un sistema de contabilidad diferenciado en relación con todas las transacciones relacionadas con el programa subvencionado, contando al menos, con una codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones y su trazabilidad
b) Cumplir con lo establecido en el artículo 24 respecto a las medidas de información, difusión y publicidad.
c) Cumplir con los requisitos que en materia de igualdad de oportunidades, se establecen en el Reglamento (UE) 1303/2013, el Reglamento (UE) 1304/2013 y cualesquiera otras normas comunitarias o nacionales.
d) Mantener un registro de las actuaciones realizadas en el marco del programa y de los datos de cada uno de los participantes, en los soportes y en los términos que se establezcan en la resolución de convocatoria y/o en las instrucciones que el órgano encargado del seguimiento le facilite, así como suministrar cuanta información les sea requerida sobre los participantes en las operaciones conforme al artículo 125.2, letra d) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y al anexo I del Reglamento (UE) n.º 1304/2013, con el fin de poder realizar un seguimiento tanto de la ejecución como el resultado de las actuaciones y su impacto. En el cumplimiento de esta obligación, deberá respetarse en todo caso lo previsto en la normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación y control del Instituto Murciano de Acción Social, de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, la Intervención General de la Administración del Estado o de sus Intervenciones delegadas, del Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida.
f) Conservar los documentos originales o bien la copia electrónica de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica; justificativa de la actuación realizada y la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. La disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamente (UE) 1303/2013.
3. En relación a los participantes, las entidades deberán:
· Asegurarse que los participantes del programa están inscritos en el Registro del Sistema de Nacional de Garantía Juvenil.
· Recabar durante el desarrollo del programa la acreditación de que los participantes, son personas en situación o riesgo de exclusión social, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 punto 1 apartado b), según modelo que se publique en la página web del IMAS.
4. Además las entidades deberán cumplir cualesquiera otras obligaciones que establezca la correspondiente convocatoria o se pudieran derivar de la legislación aplicable.
El seguimiento de los programas se realizará:
1. Mediante la verificación “in situ”, por parte de los técnicos del órgano instructor, de las actividades y acciones previstas en el programa.
2. A través de una Comisión de Coordinación y Seguimiento para cada uno de los programas, que estará compuesta como mínimo por los siguientes técnicos:
- Presidente/a: La Jefa de Servicio de Programas de Inclusión y Corresponsabilidad Social o persona en quién delegue.
- Secretario/a: El técnico del Servicio de Programas de Inclusión y Corresponsabilidad Social encargado del seguimiento del programa.
- Los/las técnicos designados por la Entidad que realiza el Programa.
- Los/las técnicos designados por los servicios sociales de atención primaria, del municipio o municipios de procedencia mayoritaria de los participantes en el Programa y/o de otros organismos públicos relacionados con el desarrollo del programa.
Las Comisiones de Coordinación y Seguimiento se reunirán al menos una vez por programa, generalmente a convocatoria del Secretario/a y a instancias del Presidente/a.
Al objeto de favorecer la coordinación y seguimiento de los programas que se desarrollen en una misma zona geográfica o en un mismo ámbito de actuación, se podrán celebrar comisiones que contemplen más de un programa o bien otorgar carácter de Comisión de coordinación y seguimiento a otros foros de coordinación, siempre que se encuentren representados los agentes implicados en los procesos de incorporación sociolaboral de las personas que participan en los programas.
Cuando las circunstancias así lo aconseje la Comisión de coordinación podrá realizar el seguimiento de la ejecución de un programa en varias de sus ediciones con el fin de evaluar la eficacia del mismo.
Modificados los 3 últimos párrafos del apartado 2 por la Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 6 de junio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social.
1. Los beneficiarios están obligados a presentar la justificación ante la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del IMAS relativa a la aplicación de los fondos percibidos a la finalidad que sirvió de fundamento a la concesión de la subvención, en el plazo de tres meses, a contar desde la finalización del plazo fijado para la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de la ampliación del plazo de justificación que pudiera concederse. En el supuesto caso de que la convocatoria sea plurianual, las fechas o plazos de presentación de la justificación parcial serán establecidos en la misma.
2. El órgano responsable del seguimiento del proceso de justificación de estas subvenciones es la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, a través del Servicio de Programas de Inclusión y Corresponsabilidad Social.
Apartado 3 suprimido por la Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 6 de junio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social.
4. En el caso de convocatorias plurianuales, los gastos deberán estar referidos a la anualidad correspondiente.
5. Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas a la presentación digital, de la cuenta justificativa que contenga los siguientes documentos:
a) Una Memoria justificativa que incluirá una parte técnica de ejecución del programa subvencionado y una parte económica.
1.º) Memoria Técnica:
· Informe de evaluación del programa, según modelo publicado por el IMAS en la correspondiente convocatoria, que deberá contener todos los aspectos técnicos detallados en él y su relación directa con los justificantes de gasto aportado.
· Datos de los participantes e indicadores de seguimiento cumplimentados en el formato que se indique por el IMAS y de acuerdo a sus instrucciones.
· Relación de las actividades de información, difusión y sensibilización realizadas en el marco del programa, en los soportes que sean facilitados por el IMAS y de acuerdo a sus instrucciones, acompañada de los correspondientes soportes documentales: páginas web, folletos, carteles y similares.
2.º) Declaración responsable firmada por el representante de la entidad, en la que se manifieste que se ha realizado las comprobaciones necesarias para comprobar que los profesionales y/o voluntarios que han trabajado en contacto con menores han presentado certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 pto. 1 apartado b), en caso de que alguno de los participantes sea menor.
3.º) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá información sobre la totalidad de los gastos en que haya incurrido el beneficiario como consecuencia de la realización de la actividad subvencionada, teniendo el cuenta los distintos conceptos de gastos subvencionados comprendidos en el artículo 5 según el siguiente detalle:
· 1.º Desglose de costes globales del programa en el anexo que se publique con la convocatoria, reseñando que corresponden a la justificación.
· 2.º Certificaciones contables correspondientes a los conceptos que se determinen en convocatoria, utilizando los anexos específicos que se publiquen.
· 3.º Declaración responsable de otros ingresos referidos al programa subvencionado, según anexo que se publique en la convocatoria.
b) La documentación que se establezca en la Resolución de Convocatoria y aquella que le sea solicitada por el órgano de seguimiento del proceso de justificación de las subvenciones.
6. Todo gasto debe quedar vinculado al programa mediante documentación que justifique su relación con la ejecución de las acciones del mismo.
7. Los gastos directos de personal y los gastos de becas se justificaran conforme a lo que se establezca en la Resolución de convocatoria.
8. La entidad deberá tener reflejados todos los gastos en que se haya incurrido para el desarrollo del programa en su contabilidad, debiendo utilizar una codificación contable adecuada, o bien, una contabilidad específica del proyecto y custodiar la documentación acreditativa del gasto y pago (facturas y demás documentos con valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil y con eficacia administrativa), conforme a lo establecido en el artículo 140 del Reglamente Común.
9. Cuando la aportación económica de la Entidad al programa provenga, en todo o en parte, de la obtención de otras Subvenciones o Ayudas para la misma finalidad, la entidad habrá de presentar:
a) Documento acreditativo de la concesión, en el que conste la cuantía de la subvención/es recibida/s de otra/s entidad/es, en su caso.
b) Copia de la memoria justificativa presentada para justificar la otra subvención o Ayuda, acompañada de la acreditación de su presentación, excepto que esté claramente identificada la imputación del concepto o del trabajador en su totalidad a la citada ayuda o subvención.
10. Los importes reflejados tanto en el desglose de costes como en las certificaciones contables, que habrán de ser congruentes entre sí, vinculan al beneficiario durante la totalidad del proceso de revisión de costes a realizar por el órgano concedente, y por lo tanto no son susceptibles de modificación, sin perjuicio de que la incorrecta justificación de los importes correspondientes a costes directos de personal y becas pueda ser subsanada cuando los justificantes de gasto y pago exigibles no figuren entre la documentación inicialmente aportada o presenten defectos de orden formal, en cuyo caso se instará al beneficiario la subsanación de tales defectos.
La concurrencia de cualquiera de las causas de reintegro previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones dará lugar a la pérdida total o parcial del derecho al cobro de los siguientes pagos de la subvención, o a la obligación de reintegrar total o parcialmente la subvención percibida y la exigencia de los intereses de demora correspondientes.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el Título II de la LSCARM y de la LGS, y en el Título III de su Reglamento.
Cuando el incumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada, respondiendo al criterio de proporcionalidad, por el volumen y grado de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención o de las obligaciones establecidas en las bases reguladoras y en la convocatoria.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 n) de la LGS, se establecen los siguientes criterios para la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la concesión y de los objetivos previstos, que podrán ser acumulativos:
Posibles incumplimientos Importe o porcentaje a reintegrar respecto al importe concedido
Incumplimiento del plazo de ejecución del programa Proporcional al periodo no ejecutado
Incumplimiento total de las medidas de difusión o no atender apercibimientos relacionados con el incumplimientos de las medidas de difusión (art. 24). 1%
No sustituir al personal técnico obligatorio en el plazo de un mes (art.25.1.d)) 1%
No comunicar las incidencias en el plazo de 15 días desde que se produzcan, aportando los anexos afectados, cuando éstas tengan carácter relevante y/o reiterado 1%
No informar a los Servicios Sociales de Atención Primaria y/o especializados del proceso de inserción de los participantes 1%
Desviación negativa superior a un 5% en el nº de participantes atendidos respecto al mínimo exigido en convocatoria o autorizado, en su caso (desviación redondeada al entero más próximo) 0,2% por participante no atendido
(desviación negativa redondeada al entero más próximo) Importe o porcentaje a reintegrar respecto al importe concedido
Desviación superior a un 10% en el nº de participantes atendidos respecto a los previstos en el programa adaptado, cuando la previsión sea superior al mínimo exigido en convocatoria 0,1% por participante no atendido
Desviación superior a un 25% e inferior a un 35% en el cumplimiento de los resultados inmediatos previstos en el programa adaptado, (indicador CR005*), según el anexo I del Reglamento 1304/2013 2%
Desviación entre un 35% y un 50%, ambos inclusive, en el cumplimiento de los resultados inmediatos previstos en el programa adaptado, (indicador CR005*) según el anexo I del Reglamento 1304/2013 5%
Desviación superior a un 50% en el cumplimiento de los resultados inmediatos previstos en el programa adaptado, (indicador CR005*) según el anexo I del Reglamento 1304/2013 100%
*El indicador CR005 está referido a participantes desfavorecidos que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación.
En el caso de incumplimiento de otras condiciones y obligaciones, su alcance será determinado en función del grado y entidad de la condición incumplida.
Para aquellas subvenciones plurianuales, el pago de la distribución estimada por anualidades en la Resolución de concesión de la misma podrá verse suspendido cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
1. Pérdida, por parte de la entidad de alguno de los requisitos y/o incumplimiento de las condiciones para ser beneficiario de la subvención establecida en el Artículo 4 de la presente orden.
2. El incumplimiento, por parte de la entidad de su obligación de presentar la justificación en los términos y plazos establecidos en la presente orden o en la convocatoria.
3. EI incumplimiento, por parte de la entidad de los objetivos para los que la subvención fue concedida.
4. Falta de concordancia entre el coste del programa, el número de personas atendidas, las actividades realizadas y los objetivos obtenidos.
5. La obtención, por parte de la entidad de otra subvención destinada a la misma finalidad prevista en la resolución de concesión, que en su conjunto exceda del 100% del coste de la actividad o que sea incompatible con las subvenciones reguladas en la presente norma.
Murcia, 6 de junio de 2018.—La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás Olivares.
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