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Timestamp: 2019-03-22 18:16:53
Document Index: 375325536

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DS. Senado, Comisiones, núm. 400, de 08/03/1999
Año 1999 VI Legislatura Comisiones. Núm. 400
celebrada el lunes, 8 de marzo de 1999
--Elección de Secretario 2.º de la Comisión (Número de expediente 541/000002).
--De modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana (Número de expediente 621/000119).
--De modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas (Número de expediente 621/000120).
--Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión (Número de expediente 621/000121).
--Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Número de expediente 621/000122).
--Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (Número de expediente 621/000123).
--Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (Número de expediente 621/000124).
--Designación de la Ponencia para informar sobre la proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Extremadura (Número de expediente 605/000011).
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cuarenta minutos.
Quiero proponer a la Comisión la modificación del orden del día para incluir, como último punto, la designación de la Ponencia para informar sobre la proposición de ley orgánica de reforma la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Extremadura.
¿Algún inconveniente? (Pausa.) Entonces, será incluido como último punto del orden del día.
Señorías, entramos en el punto primero del orden del día: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada el día 23 de febrero de 1999.
--ELECCION DEL SECRETARIO 2.º DE LA COMISION (541/000002).
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día. Elección del Secretario 2.º de la Mesa para cubrir la vacante ocasionada por la renuncia del Excelentísimo señor don Mario Onaindia Nachiondo.
Señor Armet, tiene la palabra.
El señor ARMET I COMA: La propuesta que presentamos a la Mesa para la consideración de la Comisión es su sustitución por Pedro Ardaiz.
El señor PRESIDENTE: Queda a consideración de la Comisión la propuesta hecha por el Partido Socialista. ¿Entienden sus señorías que es necesario someterla a votación? (Asentimiento.) Se somete a votación. (Pausa.) Señorías, al ser uno el candidato propuesto, el señor Ardaiz, se propone hacer una votación a mano alzada.
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda designado el Senador Ardaiz.
Puede subir a la Mesa como señal de su toma de posesión del cargo de Secretario Segundo de la misma. (Pausa.)
DICTAMINAR LOS SIGUIENTES PROYECTOS:
--DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 1/1992, DE 21 DE FEBRERO, SOBRE PROTECCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (621/000119).
El señor PRESIDENTE: Seguidamente pasamos a debatir los dictámenes de los proyectos de ley por separado. Sin embargo, se ha inscrito un Senador, el señor Estaún, al que pregunto si va a intervenir sobre un proyecto de ley determinado o en conjunto.
Tiene la palabra el Senador Estaún.
El señor ESTAUN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
De forma breve, me gustaría manifestar la posición del Partido Aragonés ante este paquete de modificaciones legislativas que se han dado en llamar de desarrollo del gobierno local, que sin colmar, por supuesto, las aspiraciones y reivindicaciones de los ayuntamientos vienen a corregir y definir algunos aspectos que con la experiencia acumulada en estos 20 años de ayuntamientos democráticos, que se cumplirán el próximo día 3 de abril, se han puesto de manifiesto en el funcionamiento de las corporaciones locales.
El Partido Aragonés ya ha mostrado en distintos foros, en la Federación Española de Municipios y Provincias y en los distintos encuentros con el Ministerio de Administraciones Públicas, su apoyo global a esta iniciativa que, sin duda, supone un avance en el largo camino por recorrer hacia un verdadero pacto local en el que, además de implicarse las Comunidades Autónomas, se debería contemplar una profunda reforma de la Ley de Haciendas Locales, de manera que se adaptase al desarrollo que ha experimentado la Administración Local en estos años.
Señorías, al margen de estas consideraciones de máximos y ciñéndonos a las materias que hoy debatimos, el Partido Aragonés comparte el espíritu de algunas enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, Mixto, de Senadores Nacionalistas Vascos y Catalán en el Senado de Convergència i Unió, en las que se defiende el reconocimiento de las acciones municipales de ámbito autonómico como legítimos representantes a la hora de representarlos en los distintos órganos, como el Consejo Escolar del Estado o el Consejo Nacional del Agua. También coincidimos plenamente con el planteamiento del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió a la hora de legitimar las comarcas, además de las provincias, como uno de los vehículos de representación local ante el Tribunal Constitucional, ya que el Estatuto de Autonomía de Aragón recoge la comarca como entidad de organización territorial y las Cortes Aragonesas recientemente aprobaron la Ley de Comarcalización de Aragón.
Por tanto, señor Presidente, vamos a apoyar inicialmente este dictamen con la intención de que de cara al Pleno puedan recogerse los aspectos que hemos expuesto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Estaún.
El señor PRESIDENTE: Quiero advertir a la Comisión de que los ponentes, de mutuo acuerdo y por mayoría, no han incorporado ninguna enmienda a los proyectos de ley que vamos a debatir seguidamente. Es decir, se propone el dictamen sobre el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
En primer lugar, corresponde dictaminar el proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana. A este proyecto de ley se ha presentado una propuesta de veto. Para su defensa tiene la palabra el señor Román Clemente.
Hemos presentado una propuesta de veto al proyecto de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, y no voy a insistir más en los argumentos que nos mueven a ello porque están suficientemente explicitados en la exposición de motivos. En consecuencia, es mi deseo anunciar nuestro rechazo a este proyecto de ley de modificación y dar por defendidas en este mismo trámite las tres enmiendas que este Senador ha presentado, tanto la referida a la exposición de motivos como la presentada al artículo único o la enmienda por la que se crea un nuevo artículo.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Huete.
El señor HUETE MORILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
El veto del Grupo Parlamentario Mixto a la Ley Orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana se basa, según el escrito del propio proponente, en el posible peligro de discrecionalidad de los alcaldes si confunden la ilicitud penal y la ilicitud administrativa, o en la anomalía que supone que una ordenanza local de hecho pueda tener rango de ley, o en cierta inseguridad que puede haber por las variaciones de un ayuntamiento a otro.
Nosotros rechazamos el veto por las siguientes razones: el Alcalde, según lo estipulado en la ley, no puede tipificar, solamente especificar. Por otra parte, la reforma de esta ley se basa en las sentencias del Tribunal Constitucional de junio de 1985 y de abril de 1987, que aclara precisamente los conceptos que hoy se debaten. Además, las ordenanzas municipales se aprueban siempre en Pleno, no hay, por tanto, competencia de un órgano unipersonal.
Por todas estas razones nos oponemos a la propuesta de veto, así como a las tres enmiendas parciales que ha formulado el Grupo Parlamentario Mixto, una a la exposición de motivos, otra de supresión total del artículo único y una de adición. En último término el Grupo Parlamentario Mixto lo que vuelve a reproducir en las enmiendas parciales es un veto enterrado. De modo que, por las mismas razones que hemos expuesto anteriormente, nos oponemos a las tres enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Huete.
Pasamos al turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) En este caso, al no hacer uso de la palabra los portavoces, votamos el veto.
Pasamos a votar el informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 30; en contra, uno.
--DE MODIFICACION DE LA LEY 7/1985, DE 2 ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y OTRAS MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DEL GOBIERNO LOCAL EN MATERIA DE TRAFICO, CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL Y EN MATERIA DE AGUAS (621/00120).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a dictaminar el proyecto de ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas.
Para la defensa de las enmiendas 1 a 9, presentadas a este proyecto de ley, tiene la palabra el Senador Román Clemente.
Voy a dar por defendidas las enmiendas presentadas y recordar, asimismo, que esta mañana en el trámite de Ponencia presentamos una enmienda por si en la Comisión se estimaba que se podría introducir y, por tanto, también me refiero a ella. Es una enmienda que queremos presentar en
este momento e incorporarla, si lo estima la Comisión oportuno, al conjunto de las enmiendas que este Senador ha planteado.
Turno en contra. (Pausa.) El Senador García Carnero tiene la palabra.
Nos oponemos con la misma parquedad que su señoría ha utilizado en la defensa de sus enmiendas, es decir en los propios términos cabría hacer una defensa de nuestra posición que es contraria a las mismas.
Lo único que reflejan las enmiendas de Izquierda Unida a la modificación de este proyecto de ley es su actitud de permanente desconfianza hacia los gobiernos municipales, y lo único que pretenden es que la Ley de Bases no se modifique. Las dificultades de alcaldes y concejales de cualquier Grupo político vienen manifestando directamente o a través de la Federación de Municipios y Provincias, reclamando una administración local más ágil, más efectiva, con modificaciones de competencias entre el pleno y el alcalde, no han calado en el mensaje de Izquierda Unida. Sólo desde esa posición cabe entenderse su rechazo a las modificaciones del texto legal, o desde otra posición más puramente política, que es el convencimiento de la carencia de gobiernos municipales, eliminando o restringiendo las competencias ejecutivas de los alcaldes, por entender que de esa manera su posición política de minoría, casi generalizada en las corporaciones, puede tener una mayor brillantez o éxito periodístico, cuando no de otro tipo de actuaciones, que nunca van encaminadas a conseguir una administración más ágil, más rápida, más eficiente, que es lo que se pretende con las modificaciones de la Ley de Bases que hoy se someten a la consideración de esta Cámara.
Reiteramos nuestra oposición a las enmiendas que han sido defendidas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García Carnero.
Las enmiendas 10 y 11 de la Senadora De Boneta y Piedra, como han sido presentadas a título particular y no por el Grupo Parlamentario Mixto, reglamentariamente decaen al no tener la condición de Senadora.
Pasamos a las enmiendas 12 a 14 del Senador Nieto Cicuéndez, que tiene la palabra.
Muy brevemente voy a argumentar las enmiendas que planteamos. Tienen como objetivo fundamental dar más autonomía a las entidades locales, desde el punto de vista de un derecho que consideramos que no está recogido y que sería bueno que se recogiera en esta ley. En las elecciones municipales pueden votar ya los residentes de la Unión Europea pero no así los extracomunitarios. Esto supone un avance, pero creemos que sería bueno que se recogiera que los residentes, aunque no fueran de la Unión Europea, pudieran votar en las elecciones municipales.
Asimismo, a través de nuestras enmiendas, queremos dar más competencias a los Municipios, a los Alcaldes en torno a temas de seguridad ciudadana, etcétera.
Vamos a proceder a la defensa de las enmiendas de los distintos Grupos a este proyecto de ley y, luego, se hará el turno en contra.
Pasamos, seguidamente, a la defensa de las enmiendas 15 a 19, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Tiene la palabra el Senador Gangoiti.
La enmienda número 15 es de supresión. Consideramos que es más adecuado que sea cada corporación la que establezca, en su Reglamento, la periodicidad de la celebración de Plenos, ya que la dinámica de trabajo, como es obvio para todas sus señorías, es diferente en cada uno de los municipios, incluso dentro de la misma Comunidad Autónoma.
La enmienda número 16 es de modificación. Consideramos que si se aprobase la posibilidad de suspensión de acuerdos, debe también predicarse de los que atenten gravemente al interés de una Comunidad Autónoma, residenciándose la facultad en el Presidente de la misma.
La enmienda número 17 es de modificación y con ella lo que pretendemos es que la vinculación sea a los límites que señalan los Presupuestos de las Comunidades Autónomas por su mayor cercanía, como es obvio, con los entes locales.
La enmienda número 18 es de adición y consideramos que en ella se recoge el derecho al desempleo de los cargos electos que hayan cotizado.
Por último, con la enmienda número 19 pretendemos posibilitar la presencia y participación de asociaciones de ámbito autonómico con una implantación significativa.
Con esto, señor Presidente, doy por defendidas las enmiendas de nuestro Grupo Parlamentario a este proyecto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gangoiti.
Para la defensa de las enmiendas 20 a 34, tiene la palabra el Senador Fernández Moreda, por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor FERNANDEZ MOREDA: Muchas gracias, señor Presidente.
El proyecto que estamos debatiendo ha sido objeto de una clara mejora durante su tramitación en el Congreso de los Diputados, habiendo sido aceptadas directamente o a través de transaccionales muchas de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Esta Ley viene a dar respuesta a una parte de las demandas expresadas por Alcaldes y Presidentes de Diputación a través de la Federación Española de Municipios y Provincias cuando ésta funcionaba. Es, pues, una ley necesaria, pero es también una ley claramente insuficiente.
Existe una parte importante de las demandas del municipalismo que no están atendidas todavía: más competencias y mejor financiación. Es necesario un nuevo marco competencial y de financiación que permita a las corporaciones locales dar respuesta efectiva a las necesidades expresadas por los ciudadanos en los municipios, lugar donde viven y donde realizan su vida familiar, social y profesional, y donde exigen un mayor bienestar, una mayor calidad de vida y unas mejores prestaciones en el sentido cuantitativo y cualitativo de los servicios públicos.
Esto que falta todavía, más lo que hoy vamos a aprobar sería lo que se viene llamando el pacto local, tan demandado desde la Asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias de la Coruña en 1993, tan necesario y tan urgente y que el Senado, a través de esta Comisión General de Comunidades Autónomas, podría y debería impulsar como lugar de encuentro de la Administración Central, la Autonómica, la Federación Española de Municipios y Provincias y los representantes de la soberanía nacional.
Esta ley que es necesaria y que vamos a apoyar permite una mayor agilidad en la gestión del Gobierno de las Corporaciones Locales, sin mermar para nada la capacidad de control de la actividad del Gobierno por parte del Pleno. Al contrario, se facilita la labor de la oposición al aumentar la frecuencia de las sesiones ordinarias, al fijar garantías para la convocatoria de los Plenos extraordinarios solicitados a instancias de la minoría y al dar mayor relevancia a las actividades de control en los plenos ordinarios.
Algunas de nuestras enmiendas van precisamente encaminadas a reforzar esta capacidad de la oposición, como la número 28 que señala que el Pleno extraordinario solicitado por la oposición se celebre, cuando no es convocado en el plazo de los 15 días reglamentarios por el Presidente de la Corporación Local, el tercer día hábil siguiente a la finalización de este plazo. O la enmienda número 29, donde pretendemos regular de una forma más efectiva lo establecido en el reglamento orgánico de funcionamiento de las Corporaciones locales acerca de la comparecencia ante el Pleno de los Concejales que ostenten la responsabilidad de un área de gestión. O la enmienda número 32, donde se prevé la presencia de los grupos de la oposición en los órganos de gestión descentralizada de los servicios locales para facilitar la existencia de una participación democrática más activa en la labor municipal.
Pretendemos que se clarifique el régimen legal de las percepciones económicas de los miembros de las Corporaciones locales y, para ello, en la enmienda número 31 establecemos que quienes cobren dichas retribuciones no podrán cobrar dietas por la asistencia a los órganos colegiados de los que forman parte.
Con la enmienda número 31 pretendemos que los miembros de las Corporaciones locales que se abstengan en una votación puedan impugnar ese acuerdo ante el contencioso-administrativo, sin que sea necesario votar en contra para tener ese derecho, tal y como está actualmente regulado.
En nuestra opinión todas estas enmiendas podrían ser perfectamente asumidas, pues inciden positivamente en lo que es la filosofía de este proyecto de ley: facilitar una mayor agilidad en las decisiones del Gobierno, incrementando la posibilidad de un mayor control y participación por parte de la oposición.
Dicho esto, me gustaría poner de relieve alguno de los aspectos positivos de este proyecto de ley. Se introduce la cuestión de confianza, que se desarrolla en la modificación de la Ley de Régimen Electoral General, tan demandada por las Corporaciones locales, para posibilitar poner fin a algo que, por desgracia, ha abundado en nuestra vida local: el bloqueo institucional, que origina la inestabilidad permanente y la paralización de la gestión municipal en cuestiones vitales para la vida ciudadana.
Se restablece el Recurso de Reposición contra los actos y acuerdos de las entidades locales.
Se agiliza el procedimiento de aprobación de las ordenanzas municipales cuando no se haya producido ninguna alegación en el período de exposición pública.
Se agiliza la tramitación de los instrumentos del desarrollo del planteamiento general y de los instrumentos de gestión y proyectos de urbanización.
Se resuelven cuestiones que daban lugar a conflictos entre distintas administraciones, como deslindes en la participación de los ayuntamientos en los planes generales de las obras públicas de interés supralocal, así como la determinación de los usos de dominio público, haciendo efectivo el principio de que las entidades locales participen en todos aquellos asuntos que afecten a su ámbito de interés.
Se establece la necesidad de obtener las correspondientes licencias municipales en las actuaciones de otras administraciones públicas. Y en lo que se refiere a la materia de tráfico y circulación de vehículos a motor se precisa cuándo se entiende abandonado un vehículo en la vía pública, clarificándose así una indefinición de la Ley que estaba originando problemas y conflictos en los Ayuntamientos con la retirada de vehículos abandonados.
Es un proyecto necesario, pero claramente insuficiente. Hemos empezado un camino y nos gustaría que pronto el pacto local, el de verdad, el que están reclamando y reivindicando los municipios, fuese también una realidad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Fernández Moreda.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cardona para la defensa de las enmiendas números 35, 36 y 37.
Son tres las enmiendas y voy a empezar por la enmienda número 37 por razones metodológicas, porque están en orden inverso.
En cuanto a la enmienda número 37, pretende salvaguardar las competencias de las Comunidades Autónomas que ya hubieran legislado en relación al procedimiento de aprobación de las ordenanzas municipales.
En efecto, en la modificación decimocuarta que contemplamos, sobre aprobación de ordenanzas, se añade un párrafo final del siguiente tenor: En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Nos parece que este añadido es positivo a efectos de agilidad de la Administración Local, pero, en cualquier caso, nosotros proponemos, también con la finalidad que he dicho anteriormente de salvaguardar las competencias de las Comunidades Autónomas, que se añada antes de «en el caso» una coletilla del siguiente tenor: «Si la legislación de la Comunidad Autónoma no dispone otro trámite.» Así se evitan, incluso dificultades o conflictos de competencias.
La enmienda número 36 propone adicionar una nueva modificación vigesimotercera bis, que creo que más bien correspondería a la vigesimoquinta bis, en el artículo uno. Se refiere al apartado dos del artículo 117, que pretendemos quede redactado como proponemos.
La justificación, tal y como reza en el texto, es garantizar que en la Comisión Nacional de Administración Local --a la que se refiere ese título IX de la Ley de Bases de Régimen Local, sobre organizaciones para la cooperación de la Administración del Estado con la local-- participen los representantes de asociaciones locales de ámbito autonómico y no sólo las de ámbito estatal. En el texto de la Ley vemos una y otra vez la asociación de ámbito estatal, la mayoritaria. Nosotros entendemos que no es lo más adecuado porque en muchas Comunidades Autónomas puede haber una representación de asociaciones de municipios, en la cual, de forma mayoritaria, tanto desde el punto de vista del número de municipios y como poblacional, se encuentren otras asociaciones que tengan una representación. En cualquier caso, nosotros proponemos para ese apartado 2 del artículo 117 un texto del siguiente tenor: «... La designación de los representantes de las entidades locales corresponde a las asociaciones y entidades locales debidamente constituidas, que tengan reconocidas estatutariamente funciones de representación de los intereses de los entes locales ante las distintas instancias políticas y administrativas, para el fomento y defensa de la autonomía municipal.» Finalmente, la enmienda número 35 tiene como objetivo modificar el artículo 17 de la Ley 29/85, de Aguas, a que se refiere el artículo 3 del proyecto de ley de modificación que estamos debatiendo. En su artículo 17 se crea el Consejo Nacional del Agua. En este sentido --antes se ha hecho referencia a ello, pero queremos incidir una vez más-- entendemos que tendrían que estar representados los entes locales a través de entidades municipalistas, que representen como mínimo --nos parece que esto en cierto modo acota-- la mitad más uno de los municipios de las respectivas Comunidades Autónomas, lo cual ya es un margen de cautela suficiente, en los organismos de cuenca.
La justificación de este objetivo es reconocer en este Consejo Nacional que contempla la Ley de Aguas, la representatividad de los entes locales a través de asociaciones de ámbito territorial, no sólo estatal, con implantación en las Comunidades Autónomas.
Tiene la palabra el Senador García Carnero, para turno en contra.
Como es un turno en el que pretendemos dar contestación a las enmiendas defendidas por todos los grupos políticos, utilizaremos el espacio físico de esta tribuna porque ello nos permite responder de forma más directa a todos los portavoces que han hecho uso de la palabra.
En principio, me gustaría señalar que hay una importante correlación entre los contenidos de las modificaciones de esta Ley y de todo el conjunto de leyes que constituyen lo que hemos venido denominando pacto local, particularmente con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a la cual, sin ser objeto de debate en este momento, se han referido tanto el portavoz de Izquierda Unida como el del Grupo Parlamentario Socialista.
Yo creo que un debate, aunque sea en Comisión, como el que ahora tenemos, sobre una ley básica para el funcionamiento de las Corporaciones locales de toda España, requiere, siquiera brevemente, algunas consideraciones de carácter general, sin perjuicio de entrar en la particularidad de cada una de las mejoras que se pretenden por parte de los grupos en cada una de las enmiendas.
Señorías, yo creo que, como ya se ha dicho aquí por parte del portavoz socialista --y eso me evitará algunas referencias a las carencias que esta ley viene a suplir--, es una ley necesaria que llega seguramente tarde porque hace muchos años que el municipalismo español viene demandando este tipo de mejoras, pero desde luego ha sido un objetivo prioritario de este Gobierno que en menos de dos años ha dado traslado al Legislativo de un documento pactado con la Federación Española de Municipios y Provincias consecuencia de un muy amplio consenso político fruto del diálogo y de una actitud nada partidista que ha buscado siempre las soluciones más prácticas para los ayuntamientos.
En ese sentido, señorías, existen dos fenómenos que se suceden a la vez en las modificaciones que aquí se pretenden y que tienen un único objetivo: hacer una Administración local más rápida, más ágil y más eficaz, hacer que algunas tareas puramente administrativas y de trámite procedimental que tiene atribuidas en la actualidad el pleno, que es el órgano decisorio, pasen a ser decididas por el alcalde o por el presidente de la diputación y que, como contraprestación a ello, exista por otra parte una serie de medidas que doten al pleno y a los grupos de oposición de una mayor capacidad de control sobre ese más amplio poder de
decisión, como digo, siempre ejecutivo, que se otorga a los presidentes de las Corporaciones.
No relataré aquí, señorías, porque me parece que no es el lugar adecuado, el conjunto de medidas que fortalecen esa mayor competencia ejecutiva del alcalde, que van desde los aspectos puramente económicos y financieros a la gestión de personal, urbanismo, materia jurídica, declaración de lesividad, contrataciones, concesiones, etcétera, pero sí me parece necesario decir que eso que pretende tener el contrapunto adecuado para no perder el equilibrio necesario de la representación popular que son las corporaciones locales y de la participación necesaria de todos los grupos, por muy minoritarios que sean, va acompañado de una mayor periodicidad en la celebración de sesiones de pleno, del establecimiento de puntos determinados en todas las sesiones del control del Ejecutivo, del control de los equipos de gobierno en Ayuntamientos y Diputaciones y de una mayor dotación de capacidad de control a las comisiones informativas, que hasta ahora vienen siendo meros lugares de asesoramiento, de informe preceptivo a los asuntos que ha de tratar después el pleno más que de órganos de control de la gestión del Alcalde o de los Concejales o Diputados delegados, que es lo que se pretende.
De manera que yo creo que hay, por lo menos por lo que hasta ahora hemos escuchado, una gran base de coincidencia respecto a la necesidad de esta ley y a los objetivos que con ella se pretenden.
Señorías, tampoco haré desde esta tribuna, porque ni me corresponde ni es el lugar adecuado, defensa de la Federación Española de Municipios y Provincias, pero tampoco pasaré por alto ni aceptaré como buenas algunas referencias que se han hecho diciendo que esto lo ha reivindicado mucho la Federación Española de Municipios y Provincias cuando funcionaba, queriendo decir que ahora no funciona. Mire usted, en ese tono de debate le diré que cuando funcionaba no lo arreglaron y ahora que usted dice que no funciona es cuando se ha conseguido. Me parece, por lo tanto, una contradicción que, aplicada a sus máximas consecuencias, concluiría en que si la Federación tenía verdadero interés en sacar este tema adelante, quien no lo tuvo fue el Gobierno, porque esto es ni más ni menos que una negociación del Gobierno, de la Administración del Estado, con la representación de las Corporaciones Locales --la FEMP--, de manera que si aquella Federación que presidía un socialista tenía mucho interés en sacar este tema adelante, y después de trece años o más no lo consiguió, habrá que pensar que la otra parte, el Gobierno, entonces socialista, no tenía voluntad.
No pretendía yo hacer de esto una crítica política, pero su señoría entenderá que no pueda dar como buena una argumentación que se cae por su propio peso. De manera que no entremos en ese debate porque yo tampoco he hecho aquí alardes --y los puedo hacer-- diciendo que unos predican municipalismo y otros lo practican y que lo que no fue posible conseguir en más de una docena de años se ha conseguido en sólo dos. Argumentos de ese tipo tenemos todos, señoría, y yo creo que no hace bien cayendo en ellos.
Creemos, señorías, que no debe hacerse de este debate --desde luego nosotros no lo haremos-- ningún tema de bandera política. Debemos hacer con este debate un ejercicio de reconocimiento a lo que la Constitución establece y que durante muchos años ha quedado en un segundo plano, y es que seguramente la preocupación prioritaria de los distintos legislativos de los últimos veinte años ha sido la estructuración de un sistema territorial que no existía, el de las Comunidades Autónomas, que era necesario establecerlo y dotarlo de contenido, pero se ha hecho --y así lo demandan los municipios, sea cual fuere su color político-- con un patente olvido del municipalismo.
Los municipios han quedado en un segundo lugar tanto en sus demandas económicas como en las no económicas, porque la mayoría de las demandas que aquí se atienden no son de carácter económico, entre otras cosas porque eso no corresponde regularlo en las leyes que ahora estamos debatiendo, aunque se puede y debe reclamar desde aquí que se complemente con otras modificaciones en normas legislativas que atienden la financiación de las corporaciones locales, pero no es como sus señorías comprenden, la Ley de Bases de Régimen Local el lugar adecuado para ello.
Por eso les decía que es importante no hacer de esto un debate partidista --nosotros no lo haremos--, sino un reconocimiento de aquellas demandas justificadas de una Administración más ágil, más rápida, más eficaz que vienen solicitando desde hace muchos años todos los Ayuntamientos, cualquiera que sea su color político. Esto se consigue, y se consigue sin menoscabar en absoluto la posición de los grupos de oposición, del control de los plenos tanto de corporaciones locales como provinciales sobre el Ejecutivo. Ambas cosas son perfectamente compatibles y se armonizan en este texto.
Finalizaré, señor Presidente, haciendo una breve referencia a algunas de las enmiendas que aquí se han defendido. Decía en la anterior intervención --y lo observo tanto por el Senador que intervenía en nombre del Grupo Mixto como por el Senador Nieto, que defendía también enmiendas particulares-- que sus enmiendas son de supresión, de eliminación, de oposición a lo que esto supone de ir hacia delante; mantener, a mi juicio, una posición de no querer --que no lo creo-- que los ayuntamientos resuelvan con mayor prontitud y con mayor agilidad las demandas de los ciudadanos, o una posición puramente política: como nosotros somos una fuerza que tiene muy pocos gobiernos municipales, desconfiamos permanentemente de las competencias o del incremento de competencias que se pueda dar a los gobiernos municipales y lo que hay que hacer es restringir eso fortaleciendo permanentemente el control por parte de los grupos minoritarios, lo cual al final, señorías, es una incongruencia, porque termina desembocando en que quien sufre esa desconfianza son los ciudadanos que siguen teniendo una administración más lenta, más burocratizada, que para obtener una simple licencia o permiso tienen que pasarse meses y meses pese a la voluntad de los regidores de las Corporaciones.
En cuanto a algunas enmiendas coincidentes por parte del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos y de Convergència i Unió, tengo que decir que estamos hablando de
la relación de la Administración del Estado con las Corporaciones locales y, por lo tanto, deben ser las Corporaciones locales, en el ámbito en el que estamos hablando, que es en el ámbito de la Administración del Estado, las que regulen sus cauces de participación. No tiene, a nuestro juicio, mucho sentido establecer que puedan ser agrupaciones dentro de los ámbitos de las Comunidades Autónomas las que obtengan esa representación.
Tampoco entiendo muy bien, señorías, que sus grupos, que permanentemente reivindican competencias frente a la Administración del Estado, ahora, que de lo que se trata es de fortalecer las posiciones de las Administraciones locales, tomen una posición --o al menos así lo apreciamos-- de defensa de las Comunidades Autónomas. No hay ninguna lesividad, a nuestro juicio; no hay por qué establecer ningún tipo de cautela, porque no hay miedos, respecto a que los municipios, cualquiera que sea el ámbito territorial en el que estén, se relacionen directamente con la Administración del Estado. Los municipios son Estado, como lo son las Comunidades Autónomas. No pueden ni deben seguir siendo tutelados y si nos quejamos de que hasta ahora han sido tutelados por la Administración del Estado no tiene mucho sentido establecer esas cautelas para que no se salgan del ámbito de dominio o de control del gobierno de la Comunidad Autónoma.
Finalmente, haré algunas referencias específicas a los comentarios que hacía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Por ejemplo, en lo que se refiere a las fechas de convocatoria de los plenos, la modificación que establece el proyecto de ley de un plazo de 10 días nos parece suficientemente razonable. Lo que no entendemos es la posición pendular que su señoría tiene. A partir de ahora --luego lo veremos con mayor detenimiento al hablar, por ejemplo, del debate de la LOREG-- si un alcalde de cualquier color político, que para todos los gustos hay, se niega a la convocatoria de un Pleno, este proyecto de ley que estamos ahora debatiendo establece una normativa según la cual a las doce horas del décimo día queda automáticamente convocado. Su posición se caracteriza por un movimiento pendular porque dice que el tiempo ahora es ilimitado, que a veces se pasan meses y que tiene que terminar con recursos en el contencioso y que cuando al alcalde se le dice que tiene que convocar ese Pleno que no quería lo más probable es que haya cesado la corporación y que haya otra nueva. Pues bien, ese tiempo indefinido ahora pasa a definirse como un período máximo de 15 más 10, como mucho 25 días, y a sus señorías les parece demasiado.
Por eso, su posición me parece pendular. Diez días es un tiempo suficientemente razonable para que todos los grupos que componen la Corporación y particularmente los grupos de oposición tengan tiempo de preparar, de estudiar y de plantear los argumentos que van a utilizar en ese tipo de plenos que, por las razones que sean, los alcaldes, a veces, se niegan a convocar.
Concluyo diciéndoles que el Grupo Parlamentario Popular agradece muy sinceramente la actitud constructiva y positiva que se ha observado a lo largo de toda la tramitación parlamentaria de este proyecto. Agradecemos --insisto-- esa posición constructiva y colaboradora que ha quedado reflejada en el enriquecimiento que se ha producido en el debate del Congreso con la incorporación de numerosas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y de otros grupos.
Las enmiendas que ahora quedan, seguramente señorías porque han sido ya muy debatidas y porque ya se ha incorporado todo aquello que era posible, al menos en este trámite en el que ahora estamos, no tienen, a nuestro juicio, la entidad y el calado suficiente para ser incorporadas al texto.
Es ésa y no otra la razón que nos lleva a oponernos a ellas.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
¡Qué verdadero ejercicio de equilibrio hace el Senador García Carnero cuando pretende descalificar y confirmar su posición en un mismo acto! Mire Senador García Carnero, su señoría tiene un modelo distinto, diferente, que plantea restar competencias a los plenos reforzando el carácter presidencialista, reforzando las competencias de alcaldes y alcaldesas, pero yo no sé qué ejercicio intelectual lleva a su señoría a ligarlo a las minorías, a la presencia en los medios públicos de comunicación o privaciones trasladando el debate fuera de las instituciones.
Senador García Carnero, nos hemos opuesto a restar competencias a los plenos porque consideramos que ese reforzamiento de las competencias en materia ejecutiva de alcaldes y alcaldesas es un camino peligroso. Su señoría haría bien en reflexionar sobre algunas competencias --lo comentaba con mi compañero de Grupo-- en materia urbanística. Haríamos bien en hacer un ejercicio de reflexión sobre algunos acontecimientos o algunos deslizamientos en esas competencias.
Senador García Carnero, no nos hemos opuesto ni nos vamos a oponer a este proyecto de ley. Lo que queremos es hacer una reflexión sobre el papel que juegan los plenos de una corporación y sobre el papel que juegan los concejales y las concejalas en una corporación. No consideramos adecuado el vacío de competencias de los plenos en detrimento de un modelo presidencialista que no compartimos.
Esto el Senador García Carnero lo quiere ligar a una presencia minoritaria en las corporaciones, desde luego, exagerando el tinte y haciendo una intervención de cara a los medios de comunicación, sustituyendo, incluso, a un pronunciamiento electoral. No sé qué pretende, Senador García Carnero. Evidentemente, no el consenso. Situar algunas fuerzas en la minoría y anular la capacidad de intervención de las minorías es un ejercicio complicado. Su señoría debería ser algo más humilde, algo más modesto y no dejarse llevar por esa sensación de poder omnipresente que da facultades a partir de las próximas elecciones municipales para gobernarlo todo o casi todo.
Señoría, tenga un poco de paciencia y un poco de calma. Le voy a recordar que, efectivamente, vamos a abstenernos porque no consideramos conveniente restar competencias a los plenos de las corporaciones. Su señoría ha querido enmascarar la cuestión. Decía: comprendemos, que esto sea así. A cambio yo planteo otras cuestiones. Planteo una compensación.
Pues mire, en esa compensación, nosotros creemos, haciendo un ejercicio democrático, que es bueno que los plenos sigan manteniendo competencias y no vaciar de contenido el papel que deben jugar los concejales en los mismos.
Voy a leer con detenimiento sus palabras y su reflexión acerca de la posición o vocación minoritaria de esta fuerza política. Yo procuraré con todos los argumentos posibles convencer a su señoría de que eso no es así y de que tampoco será así.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cardona.
Yo no quiero entrar en consideraciones de tipo general en este trámite y no porque considere que no sea interesante. Pondré un ejemplo. Nuestra enmienda número 36 hace referencia al artículo 117 de la Ley de Bases de Régimen Local que no se modifica en este proyecto de ley precisamente.
Se me ha argumentado que la expresión que se debe utilizar en relación con las agrupaciones de municipios tiene que ser la de «ámbito estatal».
Yo digo que este artículo 117, ya que se ha querido dar un paso adelante, que es necesario y con el que todos estamos de acuerdo, no es feliz porque el apartado 2 del artículo 117 dice: «La designación de los representantes de las entidades locales corresponde en todo caso a la asociación de ámbito estatal con mayor implantación.» Supongamos que hubiera dos y que de las dos sólo tuviera representación una aunque la diferencia fuera mínima. No es el caso. Pero esto quiere decir que, desde el punto de vista democrático, este artículo, por ejemplo, no es muy feliz. Hubiera sido bueno aprovechar ese trámite de modificación para cambiarlo y mejorarlo.
En cualquier caso, nosotros, basándonos en el concepto de Estado plurinacional y en el de Estado de las Autonomías que contempla la Constitución, hemos hecho referencia a las asociaciones de municipios que representan a un gran número, pero sólo a una Comunidad Autónoma. ¿Sería posible que tuviera representación en todas las circunscripciones electorales, aunque sea presentándose sólo en un municipio y de una sola vez en las elecciones locales, tuviera o no tuviera representación? Dejarlo así al albur, decir que no, que la asociación municipal de ámbito estatal con mayor representatividad es sólo una, me parece que no es muy feliz. En todo caso, desde el punto de vista democrático, es poco participativo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Pérez García.
El señor PEREZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a utilizar este turno de portavoces, en primer lugar, para fijar la posición de nuestro Grupo frente a la votación del dictamen. Por consiguiente, anunciamos que nuestro Grupo se abstendrá a la hora de votar el informe de la Ponencia para convertirlo en dictamen. Pero, al mismo tiempo, quería hacer algunas observaciones al Senador García Carnero, que expondré con la mayor brevedad y con la convicción de que pueden ser unas consideraciones útiles.
Senador García Carnero, creo que cuando usted ha hablado de que éste ha sido un trámite parlamentario largo y participado tenía la impresión de que lo único que había hecho el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado había sido reproducir las enmiendas que no fueron aceptadas en el Congreso de los Diputados, y nosotros hemos presentado en esta Cámara un conjunto de enmiendas nuevas, que tienen un objetivo político legislativo modesto, pero a nuestro juicio necesario.
La reforma de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, que se va a llevar a cabo, es una reforma --digamos-- de mínimos. Es la única que se ha puesto en marcha y, a partir de eso, su señoría puede utilizar el argumento que empleó en la tribuna hace un momento de si la Federación Española de Municipios y Provincias funcionaba antes y no funciona ahora. Es un argumento hábil, y la tramitación de esta reforma, así como el hecho de que, efectivamente, se va a aprobar dan pie a su señoría para esgrimirlo. Ahora bien, nosotros queremos aprovechar la tramitación en esta Cámara para, a través de unas enmiendas muy concretas y basadas en la experiencia y en el conocimiento de lo que ha sido la legislación y la práctica de las Corporaciones locales, mejorar notablemente su balance y su equilibrio democráticos. Tres de nuestras enmiendas, a las que me voy a referir, Senador García Carnero, son muy concretas y tienden a conseguir lo siguiente: la primera de ellas se refiere a la actividad ordinaria de control, que es expresa en las entidades locales a través de la petición de comparecencias o de explicaciones de los Concejales o de los miembros de los grupos gobernantes en esas instituciones, es la herramienta de control más habitual, la más inocua, la más ordinaria. La actual Ley reguladora de las Bases del Régimen Local no regula este trámite; lo regula el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades locales, y lo hace con dos particularidades: la primera, que no está previsto que los Alcaldes también tengan la obligación de comparecer ante el Pleno y dar explicaciones. Hay una laguna que se viene aprovechando tradicionalmente por casi todos los Alcaldes para negarse a comparecer ante el Pleno y dar explicaciones
sobre una gestión de la que, al fin y al cabo, son los principales responsables. La segunda, que está redactado de forma que, para que tenga lugar esa comparecencia, primero tiene que acordarse en Pleno y, luego, el Alcalde debe fijar la fecha para el Pleno siguiente, con lo cual un acto de control ordinario se queda claramente fuera del tiempo político real, y esto impulsa a los Grupos de la oposición a utilizar elementos de control más radicales cuando no sería necesario hacerlo. Yo creo que ustedes y nosotros podemos convenir en que el uso de esos instrumentos de control democrático por la oposición debe ser el más proporcional a las finalidades que se persiguen. Una finalidad concreta de control no debe necesitar, por insuficiencia de instrumentos para ello, la utilización de herramientas de control más contundentes.
La segunda de nuestras enmiendas pretende algo tan sencillo como lo siguiente: el artículo 63 de la Ley de bases comete un error. En ello tendremos nosotros una responsabilidad antigua, pero hay que subsanar ese error que consiste en que no tiene fundamento que los Concejales o los miembros de las Entidades locales que se hayan abstenido en una votación no estén legitimados para recurrir el acuerdo. Eso no tiene pies ni cabeza, y ello por dos razones: una, porque establece la propia Ley que sólo son corresponsables los que votan a favor de los acuerdos y, dos, porque la Constitución establece el derecho a la tutela efectiva de los Tribunales, a la tutela efectiva de la Justicia. Y se trata de cargos públicos que no están representando intereses propios, sino que están ejerciendo una representación pública. Un Concejal, en la vida diaria, puede verse ante el dilema de votar en contra de una propuesta del Gobierno municipal, y, aun no teniendo claro el trasfondo de aquélla, puede parecer conveniente para los intereses públicos, pero si no vota en contra no va a estar legitimado para recurrirla si al cabo de los días comprueba que detrás de esa propuesta y de ese acuerdo había gato encerrado. Nos parece evidente la argumentación.
Por último, con el permiso del señor Presidente, paso a la tercera enmienda, cuyo objetivo es el siguiente: ¿Hay que estimular la descentralización de los servicios municipales? Yo creo que sí. Ganan en agilidad, ganan en eficiencia, pero no pueden perder en contenido democrático. La descentralización de los servicios, la creación de organismos autónomos locales, la creación de empresas públicas o de capital mayoritariamente público, todo ello no pude servir para que entre el cargo electo que está en la oposición, y que tiene el deber de controlar, y la gestión efectiva del servicio aparezca una red, un tamiz, una cernidera, como diríamos los canarios, que le impida ejercer eficazmente su función. De la misma forma que en esta Ley se establece ya como principio que en las Comisiones informativas deberá estar presente una representación de todos los Grupos, nos parece imprescindible que cuando se cree un organismo autónomo local o cuando se decida gestionar un servicio a través de una sociedad pública, que se va a mover aún con formas más ágiles, propias de Derecho Mercantil, nos parce imprescindible, repito, que en la junta del organismo autónomo local o en el consejo de administración de esa sociedad haya al menos un representante de la oposición. Es un tema cualitativo, no cuantitativo.
No es un asunto que haga peligrar ni las mayorías, ni la coherencia ni la agilidad en esa forma de gestión. Se trata de que entre el cargo público y la gestión efectiva del servicio, en el que tiene que participar o gobernando o controlándolo, no se establezca un muro que le impida conocer cómo se está gestionando ese servicio. Porque en la vida diaria --y termino, señor Presidente--, en la vida real de las Entidades locales, prestar descentralizadamente servicios de enseñanza, de música, de cultura, sin que en la gestión diaria de esos servicios, donde tienen que estar, que es en la junta de un organismo autónomo local o en el consejo de administración de una empresa pública o semipública que presta el servicio de abastecimiento de aguas o el de limpieza no haya un concejal de la oposición, eso se traduce en un flagrante déficit democrático que creo que entre todos tenemos la obligación de corregir.
El Grupo Parlamentario Socialista está a favor --y lo hemos demostrado en la tramitación de esta Ley-- de reforzar la agilidad y la eficacia de los instrumentos de gobierno municipal, está a favor de fortalecer el poder ejecutivo municipal, pero no nos olvidemos nunca de una cosa: estas entidades son Corporaciones, y en nuestras tradiciones legislativas Corporación significa que la colectividad se hace presente, a través de unos representantes elegidos, en la gestión de servicios públicos de primer interés. Por eso es una Administración corporativa y no una mera Administración burocrática, que son las dos grandes formas de organizar la Administración pública.
Nos parece que enmiendas de estas características, que son limitadas, que están basadas en la experiencia y que están argumentadas como he intentado hacerlo, deberían merecer una consideración, al menos detenida, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Pérez García.
En este turno de portavoces trataré de explicar nuestra posición respecto a los argumentos que aquí se han alegado. Empezaré en el orden inverso al que han sido expuestos por el Senador portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Planteaba su señoría tres aspectos que son objeto de enmienda por parte de su Grupo como enriquecimiento del texto. En el último de ellos dice que hay un déficit de control respecto de la gestión de aquellos servicios que se prestan de una manera privatizada o con empresas de participación pública, es decir, de aquellas prestaciones de servicios propios de las Corporaciones locales que se prestan de una manera indirecta. Yo le digo: no, señoría. Cuando se establece este tipo de empresas, ¿cuál es el objetivo que se pretende? El objetivo que se pretende es que la limpieza viaria, el abastecimiento o cualquier otro de los
servicios se preste con mayor agilidad y, en la mayoría de las ocasiones, también de una manera más económica, más efectiva para las Corporaciones locales, y el hecho es que prácticamente todas las Corporaciones locales de todos los colores recurren a ese procedimiento.
Si lo que se ha pretendido es que no tengan que estar sometidas a la lentitud del aparato burocrático, que sean más ágiles, que sean más rápidas en la toma de decisiones, entonces creo que su señoría da un paso atrás cuando dice: pretendo, de alguna manera, que estén presentes allí representantes de todos los Grupos de la oposición. Pero su señoría ha dicho uno, y yo me pregunto: ¿cómo elegimos a ese uno si en una Corporación puede haber una docena de Grupos distintos de oposición? Yo creo que lo que su señoría plantea podría dar lugar a una reproducción de los Plenos de las Corporaciones dentro de los consejos de administración de ese tipo de empresas.
Pero en segundo lugar, señoría, esa representación, que habitualmente ostenta el Alcalde o el Concejal o el Diputado en quien delegue el Alcalde o el Presidente, y esa participación no son ajenas al control corporativo. No lo son, o legalmente no deberían ser ajenas, porque el Alcalde tiene la obligación de dar cuenta de su participación en ese tipo de entidades y la oposición tiene la obligación y recursos normativos suficientes --y a partir de la entrada en vigor de estas modificaciones aún tendrá más-- para hacer que el equipo de gobierno o sus representantes en ese tipo de empresas o de gestoras de servicios públicos den cuenta de cuál ha sido la actitud, la participación y el posicionamiento de los gobiernos.
Por tanto, señoría, ésa es la razón por la que nosotros entendemos que no aporta nada positivo; todo lo contrario, significa un paso atrás en esa cuestión.
De la misma manera, señoría, tampoco encuentro argumentos suficientes en esa carencia de control de la función del Presidente de la corporación a la que su señoría se ha referido. Hay que darse cuenta de que en esta modificación se establecen dos mecanismos que tienen como función impedir la tentación de control que pudiera tener el Alcalde o los Presidentes.
Porque en todas las sesiones, y como primer punto del orden del día, ha de establecerse el control del Ejecutivo; este control del Ejecutivo por parte del Legislativo, que es algo normal en el ámbito parlamentario y que no existía hasta ahora, empleándose muchas veces como único mecanismo la utilización al final de la sesión del apartado último, el de ruegos y preguntas, se convierte en un mecanismo con entidad propia, con carácter propio y en el primer punto del orden del día de las sesiones.
Por lo tanto, creo que esas deficiencias que plantea su señoría quedan subsanadas, más aún cuando sabe que la periodicidad de las sesiones se incrementa notablemente, pasando de tres meses a un mes en aquellos Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones. En tales condiciones va a resultar muy difícil intentar esquivar el debate y el control por parte de los grupos de oposición.
No recuerdo exactamente cuál era el segundo de los argumentos que su señoría ha esgrimido. (El señor Cobo Fernández: Hacía referencia a los que se abstienen.) Sí, el objetivo de su enmienda es conseguir que aquellos corporativos que se abstienen tengan la oportunidad de plantear el recurso contencioso sobre los actos y acuerdos que adopten las Entidades locales, porque la Ley vigente exige que es necesario haber votado en contra. Creo que la explicación a esta alternativa hay que buscarla en el principio en el que se basa el recurso contencioso-administrativo, que, dicho sea de paso y al margen de esta cuestión, se está agilizando de manera notable la resolución de estos recursos porque como sabe su señoría, este año se están creando en todas las capitales de provincia tribunales de lo contencioso-administrativo que desatascarán el enorme volumen que existe ahora, pero no se puede plantear que el recurso contencioso-administrativo se convierta en una práctica habitual.
Eso, señorías, se está convirtiendo en una práctica habitual de la oposición. (El señor Pérez García: ¿Y por qué no?) Porque el recurso contencioso debe ser el último recurso al que se acude, y utilizarse cuando las vías de debate y de presentación se anulan. Por ello, señoría, cuando alguien acude a los tribunales de lo contencioso-administrativo para que resuelvan algo que es competencia municipal y que no ha sido atendido allí, el Concejal o Diputado que plantea ese tema debe tener las cosas suficientemente claras para no mantenerse en esa situación de indefinición que es la abstención. Quien acude a presentar un recurso contencioso-administrativo debe tener muy claras las ideas y saber que aquello que se somete a la consideración de los tribunales vulnera unos textos legislativos. No se puede amparar en esa situación de indefinición que es la abstención; no puede decir: yo me abstengo ante este tema y después, si me parece oportuno, planteo un recurso.
Señoría, creo que la utilización de los tribunales de lo contencioso-administrativo debe ser el último recurso, no la práctica habitual de la política, y cuando alguien acude a esa vía ha de tener claro que se vulneran normas esenciales y que se han agotado las vías de debate y de corrección de ese tipo de decisiones.
Cuando le he dicho que se ha producido un largo debate no estaba restando con ello ni un ápice a la validez, a la conveniencia y a la necesidad de este tipo de debates. Pero, repasada la cronología, tengo que decirle que desde que el Gobierno del Partido Popular accedió por voluntad de los ciudadanos a dirigir los destinos de España, es decir, desde hace tres años, se han celebrado 36 reuniones con diferentes Grupos políticos, y no ha habido ni un solo mes en el que no se hayan mantenido reuniones, debates y aportaciones de todos los colectivos y, particularmente, de los Grupos de oposición; incluso durante los meses de verano de 1996 el Ministerio de Administraciones Públicas celebró tres reuniones con el Grupo Parlamentario Socialista y con la Federación Española de Municipios y Provincias.
Hemos llegado al debate parlamentario después de un amplio debate político y de un período de relación con la Federación Española de Municipios y Provincias. Por eso es bastante lógico que, tras tantas aportaciones e intenso debate, el texto haya llegado lo suficientemente pulido y cribado para que estas aportaciones que sus señorías han tenido a bien explicarnos con todo detalle no afecten a lo
sustancial; bien al contrario, en esta norma están perfectamente contempladas aquellas dificultades que su señoría parecía ver.
Concluyo, señor Presidente, haciendo dos breves referencias para contestar a las manifestaciones de los portavoces del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Mixto. Señoría, creo que no es bueno abrir el debate sobre la articulación de los municipios en España. A nuestro juicio, una de las cosas más positivas de la Federación Española de Municipios y Provincias, ahora y antes, es decir, siempre, ha sido la no disgregación. Fíjese en un hecho positivo que se da en la práctica habitual de la vida política: en una España tan diversa, con un abanico tan amplio de partidos políticos y con intereses locales tan diversos defendidos por los municipios se mantiene la Federación Española de Municipios y Provincias, la federación nacional, y su articulación en las federaciones regionales como el bloque fundamental en el que la práctica totalidad de los municipios están acogidos.
Creo que contemplar otras posibilidades, que es lo que su señoría dice, es actualmente, dada la realidad española, una utopía. Pero, además, mientras esa necesidad no se plantee, tampoco considero que nos corresponda a nosotros, los legisladores, incentivar a los munícipes a que se disgreguen --mejor que decir agrupen, porque eso sería disgregarlos-- en distintos colectivos, porque, al final, como sabe su señoría, no defenderían los intereses de todos los municipios sino que se enfrentarían entre ellos.
Termino haciendo una breve referencia al Senador Román Clemente. Señoría, si usted ha estudiado a fondo el tema de la ley no puede hacer, sin faltar a la verdad y al contenido legislativo, las observaciones que ha hecho aquí. Porque no es verdad que con esta ley se disminuya el control de los ejecutivos; no es verdad. Se fortalece más la labor de oposición, porque la periodicidad de las sesiones aumenta y porque aquellos aspectos a los que antes he hecho referencia al contestar al Senador Pérez sobre la intención de esquivar el debate por parte de los equipos de gobierno quedan perfectamente atajados. La modificación de esta Ley se complementa con otras leyes, entre las que destaca la LOREG, en la que se regulan de una manera clara y determinada elementos como la moción de censura o la moción de confianza, que son esencialmente mecanismos de control. Por lo tanto, señoría, no hay razones objetivas para tal crítica.
Lo que observo, señoría, es que sus enmiendas son de supresión; de supresión de la nueva distribución de competencias, tanto para los Alcaldes como para los Plenos, tanto para los Presidentes de Diputación como para los Plenos que las controlan. Eso es lo que leo en sus enmiendas: supresión de esa nueva distribución de competencias.
Insisto, nosotros no estamos dando más competencias a los Alcaldes porque sí, estamos dando mayor capacidad de decisión, mayor poder ejecutivo y lo contrapesamos con una mayor capacidad de control a través de esos mecanismos que le he citado como, por ejemplo, hacer que las Comisiones informativas dejen de ser meros instrumentos de trámite y se conviertan en verdaderos mecanismos de control a los que han de someterse los que tienen responsabilidades municipales.
Esa es la razón, señoría, por la que le decía que no es verdad que con esto se pretenda hacer presidencialismo de las Corporaciones locales y disminuir las posiciones de oposición, sencillamente no es verdad.
¿Algún Senador quiere intervenir? (Pausa.--El señor Pérez García pide la palabra.) Tiene la palabra por un tiempo de tres minutos, Senador Pérez García.
Perdonen sus señorías, no soy un parlamentario al que le guste estar agotando los turnos. Simplemente quería decir al Senador García Carnero que me da la impresión de que muchas de sus consideraciones se mueven en un mundo que tiene bastante poco que ver, se lo digo con el mayor de los respetos, con la práctica real y la vida real de las Entidades locales.
No sé si usted habrá tenido una larga experiencia como miembro de Entidades locales, supongo que sí, desde luego yo sí la he tenido, y lo que estoy proponiendo nada tiene que ver con la necesidad de institucionalizar el quedarse uno en la oposición. Le puedo remitir a su compañera, la Senadora Luzardo, y verá que no es el caso del Senador que le habla.
Le voy a poner un ejemplo y voy a emplear el método socrático, ya que el método de la argumentación abstracta no sirve. Usted ha dicho que el recurso a los tribunales no debe usarse ordinariamente porque los Concejales deben tener muy claro lo que van a votar, etcétera. El ejemplo es el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, artículo 82.3, es la única disposición de la legislación local sobre el aspecto que le voy a mencionar: el Alcalde o Presidente por razones de urgencia, debidamente motivadas, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de algunos de los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva Comisión informativa. Esto lo puede hacer un Alcalde, para ello sólo tiene que cumplir un requisito, que el Pleno, en el que tiene mayoría, lo declare de urgencia.
En mi Corporación, en muchas Corporaciones locales se han llegado a presentar convenios urbanísticos a la Mesa del Pleno de la Corporación, y no ha habido Concejal alguno que haya tenido ocasión de examinar ese expediente. El convenio aparentemente puede convenir a los intereses públicos. ¿Por qué obliga usted a un Concejal de la oposición, a), a votar a favor de algo que parece correcto conforme al interés público y, por lo tanto, a hacerse corresponsable de ese acuerdo, o, b), a votar en contra y, por lo tanto, permitir al Alcalde que diga que se está votando en contra de algo que conviene a los intereses públicos? Creo que en el ordenamiento jurídico deben existir siempre los cauces para dar respuestas proporcionadas a las necesidades justificadas, y esto es de lo que se está tratando.
A esos Concejales el sentido común y la responsabilidad les lleva a abstenerse, a no dificultar la acción del que gobierna, a no adquirir la corresponsabilidad de algo que no conocen, a no ponerse en contra de algo por mero reflejo defensivo. El hecho de que esas personas que se abstienen no estén legitimadas para acudir a la vía contencioso-administrativa --y no ridiculice mi argumento, nadie está hablando de utilizarlo todos los días-- supone que siempre se van a quedar sin la posibilidad de utilizarla en este tipo de casos, y eso no obedece al sentido común. Al final, el ordenamiento jurídico debe tener muchas dosis de sentido común, y el ordenamiento jurídico democrático más dosis todavía de sentido común. Este es un ejemplo concreto y como éste hay miles en la vida de las Corporaciones locales.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Pérez García. (El señor García Carnero pide la palabra.) Por el mismo tiempo de tres minutos, tiene la palabra el Senador García Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente. Yo voy a ser más breve y no consumiré los tres minutos.
Senador Pérez, usted ha elevado la anécdota a la categoría de general y, además, ha omitido un elemento indispensable que clarifica esa situación.
Cuando el Presidente de una Corporación puede, debidamente justificado, incluir en el orden del día un tema que se considere de urgencia, desde luego no sé qué cosas habrán hecho en su Corporación, señoría, pero introducir como elemento de urgencia el debate sobre el planteamiento urbanístico no es el hábito y la práctica normal. En todo caso, señoría, sabe que esa decisión tiene que ser motivada y que la urgencia tiene que ser justificada con un informe de los servicios jurídicos que lo acrediten. Y si no lo hacen así, señoría, están incumpliendo la normativa, y le diré el porqué: porque todos los asuntos del Pleno, también los que se declaren o se incluyan por el procedimiento de urgencia, tienen que llevar los preceptivos informes jurídicos y económicos si es que comportan gastos. Por tanto, le ruego que no recurra a esa excepcionalidad para plantear esa cuestión.
Le he dicho que acudir permanentemente al tribunal contencioso-administrativo es, en primer lugar, una práctica para bloquear en muchas ocasiones la acción municipal y, en segundo lugar, en mi opinión revela un déficit democrático de la Corporación donde eso se produce. Es el reconocimiento explícito de la incapacidad de debatir, de discutir y de resolver democráticamente y de la necesidad de acudir a los tribunales de justicia para que resuelvan lo que democráticamente son incapaces de resolver.
Concluido el debate, someto a votación el informe de la Ponencia.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia queda aprobado el informe de la Ponencia.
--ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 9/1983, DE 15 DE JULIO, REGULADORA DEL DERECHO DE REUNION (621/000121).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión.
A este proyecto se han presentado dos enmiendas del Senador Román Clemente, que tiene la palabra para su defensa.
Las doy defendidas.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Agramunt.
Los mismos argumentos utilizados para la defensa nos avalan para mantener nuestra postura en contra de las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno de portavoces? (Pausa.) Como no se hace uso del mismo, someto a votación el informe de la Ponencia. (Pausa.) Queda aprobado por unanimidad.
--ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 5/195, DE 19 DE JUNIO, DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL (621/000122).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Para la defensa de las enmiendas números 1 a 4, tiene la palabra el Senador Román Clemente.
Para la defensa de la enmienda número 5, tiene la palabra el Senador Nieto.
La enmienda que presentamos tiene como fin dar una mayor participación democrática porque la Ley del Régimen Electoral General tiene muchas complicaciones. Independientemente de la participación de los partidos políticos, a las elecciones locales concurren muchas agrupaciones, coaliciones, agrupaciones de electores, en definitiva, hay muy variadas formas de participación en el proceso electoral.
Se trata de conseguir que esa participación electoral pueda darse en un ámbito superior, ya sea en Diputaciones provinciales, en Cabildos, etcétera, y que, previamente a la celebración de las elecciones, estas agrupaciones electorales manifiesten su adscripción y sus acuerdos con cualquiera de los grupos políticos representados en el ámbito municipal, siempre, lógicamente, que no hayan concurrido en competencia en dicho ámbito, de modo que puedan hacer acuerdos de articulación para la participación en el ámbito superior del Municipio.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto.
Para la defensa de las enmiendas números 6 a 8, presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Gangoiti.
La enmienda número 6 es de adición. Con ella pretendemos salvaguardar las competencias de las Juntas Electorales de la Comunidad Autónoma Vasca.
La enmienda número 7 es de modificación, y pretendemos resolver la contradicción existente con el artículo 12.3.a) de la nueva Ley, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y con el criterio del Tribunal Constitucional en esta materia.
La enmienda número 8 es de adición y con ella pretendemos, igualmente, salvaguardar el régimen foral peculiar de los Territorios Históricos del País Vasco, que ostentan competencias sobre el «régimen electoral municipal», de acuerdo con el artículo 37.3 del Estatuto de Gernika.
Con esto, señor Presidente, doy por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Para la defensa de las enmiendas números 9 a 18, tiene la palabra el Senador Pérez García por el Grupo Parlamentario Socialista.
Quiero utilizar este turno de defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista para centrarme esencialmente en una cuestión. Esta cuestión ya se la formulé al anterior Ministro de Administraciones Públicas en un debate que tuvimos en esta misma Comisión, cuando se produjo la presentación por parte del Gobierno de estos proyectos de ley aún en su fase de anteproyecto, antes de ser remitidos al Congreso de los Diputados.
En aquella intervención, que el señor Ministro luego comentó que le había parecido justificada y que entendía que tenía fundamento, le manifesté en nombre del Grupo Parlamentario Socialista que el modelo de moción de confianza que había propuesto el Gobierno iba a llevar al estímulo de situaciones de inestabilidad no justificadas en las Corporaciones locales, con toda seguridad en contra del propósito del propio Gobierno.
Nuestra historia legislativa está plagada de supuestos en los cuales una modificación legislativa, una innovación legislativa ha servido a la larga para producir los efectos contrarios a los que pretendía y en la experiencia de todo tipo de Gobiernos en nuestro país, y éste puede ser uno de los casos, y tenemos la obligación de adelantarnos, de mirar un poco por delante.
La propuesta que ha hecho el Gobierno, y que luego se ha plasmado en el Congreso de los Diputados en un texto bastante contradictorio, plantea lo siguiente: en el caso de que la moción de confianza no prospere --estoy hablando de la moción de confianza--, queda automáticamente cesado el Alcalde, que no puede, además, ser candidato en la elección del alcalde que se va a producir a continuación. Nos parece que esto constituye una penalización no justificada al miembro de la Corporación local que casi con toda seguridad ha gozado del mayor respaldo popular en las elecciones democráticas a partir de las cuales se ha formado esa Corporación.
Normalmente, un Alcalde que tiene tropiezos para gobernar en mayoría es un alcalde que ha accedido a su cargo por el mecanismo de la minoría mayoritaria, digo normalmente, aunque puede que haya sido un Alcalde con mayoría y que haya tenido problemas en su propio Grupo, transfuguismos, etcétera. Y a ese Alcalde, que casi con toda seguridad es el que tiene mayor legitimidad democrática, le vamos a imponer la penalización de no poder volver a ser reelegido, negándole, por lo tanto, la oportunidad de aprovechar esa fase de interinidad para él para intentar recomponer una mayoría de gobierno. Vamos a primar las inestabilidades dentro de su propio Grupo.
Voy a hablar de la vida real porque las leyes deben ser pensadas para incidir en la vida real. A cualquiera de sus señorías se le puede pasar perfectamente por la cabeza el supuesto del Concejal número 2 del Grupo gobernante que, porque así es la condición humana, la de todos nosotros, está anhelando ser el Alcalde; seguramente va a ser el principal asesor que tenga el Alcalde a la hora de formular la moción de confianza. En la política canaria hay ejemplos de libro de lo que le estoy diciendo, en los cuales se ha empujado al Presidente del Gobierno, por ejemplo, a presentar una moción de confianza, que lo ha fulminado, y se ha convertido en Presidente su número 2 y asesor áulico a la hora de aconsejarle presentar esa moción. Pero éste que es un caso perfectamente previsible, es un argumento menos importante desde el punto de vista político de lo que le quiero comentar.
En todo nuestro sistema figura la lógica constructiva, es decir, la lógica de que los gobernantes sean nombrados por los electores o sean sustituidos por una nueva mayoría. La labor obstaculizadora de Grupos de oposición que numéricamente son mayoría pero que no están en condiciones de ponerse de acuerdo para formar una mayoría de gobierno, porque a lo mejor son Grupos de oposición de signo político ideológico diametralmente opuestos, se va a ver reforzada con este mecanismo por un plus que no está justificado ni tiene nada que ver con la lógica constructiva que inspira todo nuestro sistema de mociones de censura, etcétera. Vamos a establecer aquí una penalización al que más legitimidad democrática tiene y un plus a la labor de la oposición obstaculizadora porque, además, va a disfrutar de una herramienta para destruir sin tener la obligación de construir, de presentar una alternativa que sea mayoritaria.
Cuando nosotros hicimos nuestra intervención, los servicios del Ministerio de Administraciones Públicas, concretamente la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas, emitió un informe analizando la intervención, y en una cosa tenía razón: los socialistas a través del mecanismo de moción de confianza que proponen hacen que pueda ser aprobada automáticamente una propuesta que no ha tenido mayoría sin ser sometida a votación. Es decir, en nuestra propuesta originaria el Alcalde presenta un proyecto de presupuestos, un proyecto de ordenanzas fiscales, un proyecto de reglamento orgánico, un proyecto de instrumento de planeamiento y si el Alcalde, aun antes de que lo haya votado el Pleno, asocia el mismo a la moción de confianza y no se le presenta una moción de censura, estos instrumentos quedarían aprobados sin ser votados positivamente por la Corporación.
A partir de esa consideración, nosotros estamos haciendo un abanico de enmiendas tendentes a conseguir lo siguiente --y lo resumo muy brevemente--: primero, a darle la oportunidad al Grupo Parlamentario Popular de reconducir esta situación porque el texto, tal y como viene del Congreso, contiene las dos metodologías de moción de confianza --la del Gobierno y la nuestra-- en un único texto legal, y son dos metodologías contradictorias en sus términos. Le estamos dando la oportunidad de arreglar esa contradicción lógica que está presente en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. Y, segundo, además, está hecho de tal forma que al final previsiblemente sólo se presentarán mociones de confianza con arreglo a la metodología propuesta por nosotros. Porque sabiendo que va a quedar destituido y que, además, no puede intentar reorganizar una mayoría de gobierno, no habrá Alcalde que si no tiene las cosas claras vaya a presentar una moción de confianza al estilo de ustedes, digo al estilo de ustedes para que nos entendamos. Al final sólo se presentarán mociones de confianza en relación con los presupuestos que, además, son el instrumento imprescindible para poder gobernar. Una Corporación local puede gobernar sin modificar las ordenanzas fiscales, puede gobernar sin reglamentos orgánicos, puede gobernar sin instrumentos de planeamiento, por lo menos sin modificar los que ya tiene, pero no puede gobernar sin presupuestos.
Al final, lo que va a ocurrir es que los Alcaldes van a utilizar cuando se vean asfixiados el modelo de moción de confianza que está en el texto remitido por el Congreso, que corresponde a la propuesta que nosotros hicimos, y nosotros les estamos ofreciendo, y por eso hemos presentado varias enmiendas, la posibilidad de intentar acomodar este asunto que es muy serio, y por eso he salido a la tribuna. Seguramente lo más sensato sería, en primer lugar, establecer un instrumento limitado a los presupuestos, asociar a éstos la moción de confianza que, al final, es la herramienta sin la cual no se puede gobernar una institución democrática.
En segundo lugar, introducir el principio, que está en el proyecto del Gobierno, de que para poder presentar una moción de confianza haya habido que votar previamente. Se presentan los presupuestos, se rechazan y el Alcalde presenta una moción de confianza, que quedaría aprobada, y con ello los presupuestos, si no se presenta una moción de censura en este plazo.
¿Por qué elegimos los presupuestos? Por dos razones: una, porque sin ellos no se puede gobernar. Dos, porque desde el punto de vista de la naturaleza normativa, los presupuestos son una norma con vigencia efímera y, sin embargo, los otros instrumentos normativos, que figuran en el proyecto remitido por el Congreso de los Diputados, una propuesta de ordenanza, un instrumento de planeamiento o el reglamento orgánico, son normas que van a insertarse con mayor estabilidad en el orden jurídico, y no tiene ningún sentido --en su momento el Gobierno tenía razón-- que se incorporen al ordenamiento jurídico de una manera estable sin haber sido votadas favorablemente.
Por consiguiente, les estamos ofreciendo la posibilidad de reconducir un asunto que viene muy mal presentado del Congreso de los Diputados, porque en el mismo texto legal, en el mismo precepto no se pueden introducir dos metodologías de moción de confianza contradictorias en sus términos. Esa es la razón de nuestras enmiendas --nos gustaría que lo meditaran de aquí al Pleno--, que tienden a abrir la posibilidad de reconducir este asunto.
Convirtámoslo en un instrumento más limitado, asociémoslo sólo al tema de los presupuestos, no violentemos el principio democrático, como podría ocurrir si se hubiera aceptado íntegramente nuestra propuesta, lo reconocemos, ya que tenía esa quiebra, y, desde luego, no primemos la inestabilidad en las Entidades locales, no demos un plus a la labor de oposición obstructora, que con esto tendría un instrumento formidable para no construir, para continuar obstruyendo, pero ya en otra dimensión, en una mucho más peligrosa para la estabilidad y la conveniencia de los intereses públicos.
Nada más, señor Presidente, y perdonen por la extensión de mi intervención.
Tiene la palabra el Senador García Carnero para consumir un turno en contra.
Voy a utilizar este turno en contra de las enmiendas planteadas, centrándome no sólo en replicar a las argumentaciones que hacía el Senador Pérez respecto a la moción de confianza, sino también para hablar de las sustanciales modificaciones que se contemplan respecto a la normativa que regula la moción de censura. Si le parece bien, señoría, comenzaré por esta última, a la que usted no ha hecho referencia expresa, pero que en el conjunto de las enmiendas se prevén algunas modificaciones para ella.
La moción de censura, señorías, ha pasado por numerosas vicisitudes históricas, que no les voy a relatar, pero lo que se concebía como un instrumento de control y de destitución, incluso, del Gobierno, y, por tanto, de fortalecimiento de las posiciones de oposición ha sido quebrado en numerosas ocasiones. Se han utilizado cuantos subterfugios legales han sido posibles de forma torticera o interesada. No muchos, pero, desgraciadamente, muy sonoros son los ejemplos de todo el abanico político en los que Alcaldes se han hecho famosos, tristemente, por negarse a cumplir la normativa, utilizando todo este tipo de subterfugios. (El señor Vicepresidente, García Miralles, ocupa la Presidencia.) En consecuencia, en esta modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General hay un elemento a tener en cuenta: observemos cuáles son los problemas que han existido con la moción de censura que, a mi juicio, son tres: en primer lugar, la acreditación de las firmas, que se ha utilizado muchas veces como subterfugio. Se presenta una moción de censura, no se convoca y cuando ya no hay más remedio que hacerlo se presenta el argumento de que no se reconocen las firmas. En segundo lugar, la no convocatoria de la sesión. En tercer lugar, la utilización perversa de la Presidencia de la sesión. En la mente de sus señorías están algunos ejemplos de esa clase.
Señorías, las leyes son hechas por los hombres y las mentes humanas encuentran a veces resquicios por los que burlarlas. Estas modificaciones de la LOREG en lo referido al artículo 197, de la moción de censura, pretenden acotar todos esos resquicios por los que se han ido escapando los --entre comillas-- burladores de la Ley. Como no se han hecho referencias expresas a ella, hay un cierto asentimiento respecto a que lo van a tener más difícil en adelante quienes quieran burlar este importante mecanismo de control.
Ahora me voy a centrar en la moción de confianza y en el análisis de esos problemas a los que su señoría hacía referencia. Lo primero que tendríamos que decir es que es la primera vez que se introduce dentro del ordenamiento normativo municipal el tema de la moción de confianza. Yo no digo a su señoría que este texto es perfecto y que no va a ser burlado, porque las mismas referencias que hacía antes respecto a la moción de censura pueden darse en la de confianza.
En la bien instrumentada argumentación que hacía su señoría, incluso recurriendo a supuestos prácticos que, incluso, se han podido producir, yo creo que omite un elemento esencial, que la moción de censura es un instrumento en manos de los Grupos de la oposición y la de confianza en manos del Alcalde.
Por tanto, no puede entenderse, como su señoría ha dicho, que va a ser un elemento de penalización hacia el Alcalde, salvo en el caso al que su señoría hacía referencia de ese Alcalde que tiene un segundo detrás, que le aconseja tirarse al precipicio de la moción de confianza, y --permítame la frivolidad-- quizá no merecía la destitución por su gestión, pero por ingenuo no me dirá usted que no. Si se deja guiar por su segundo para tirarse al precipicio, realmente algo de ingenuidad tiene para no estar al frente de la Corporación municipal.
Pero hecho este lapsus de la frivolidad, tengo que decirle que la moción de confianza sólo se va a celebrar cuando el Alcalde quiera y, por tanto, ningún otro mecanismo puede forzarle a esta situación que usted dice que va a propiciar la inestabilidad.
La moción de confianza está pensada para esas situaciones de obstrucciones que suceden, señoría. En muchas ocasiones gobiernos municipales en situación de minoría, que no tienen enfrente una alternativa, no sólo numérica, sino incluso de proyecto, se ven truncados, ni más ni menos, por la asfixia que supone la imposibilidad de aprobar algunos instrumentos necesarios para la acción de gobierno por no tener mayoría suficiente para ello. Sólo para esos casos excepcionales, para un Alcalde que se ve asfixiado por una oposición, que ni le quita ni le deja hacer, sólo para esos supuestos el Alcalde y nadie más que él tendrá la potestad a partir de ahora de someter su posición de gobierno a una moción de confianza, de decir a los corporativos: o ustedes aprueban esto, que es un instrumento esencial, o me someteré a la moción de confianza. Yo coincido con usted en que los presupuestos constituyen un instrumento esencial, desde luego que sí, pero compartirá usted conmigo que el reglamento orgánico que regula la vida municipal también lo es, así como las ordenanzas fiscales, cuya no aprobación puede suponer la asfixia económica de una gestión y, no digamos, el dar, por ejemplo, finalización a la tramitación urbanística del plan general de ordenación urbana de una ciudad o la aprobación de planes provinciales o de cooperación en las Diputaciones o en los Cabildos, que son el instrumento para generar la política provincial, para ayudar a los pequeños municipios.
El texto que remite el Gobierno considera que los instrumentos a los que me he referido son esenciales para la acción de gobierno, y que un Alcalde que no puede aprobar un presupuesto, un reglamento orgánico, unas ordenanzas fiscales y que, además, no tiene otra alternativa, tiene una posición bloqueadora, que no sólo no le aprueba su alternativa, sino que, además, no le presenta otra, puede someter su puesto --al final es su puesto de Alcalde y lo somete a él-- a la consideración de quienes también representan a los ciudadanos, y no hay déficit democrático alguno en tomar esta decisión, y en esa ocasión es cuando ha de plantear a los corporativos que si no aprueban el presupuesto, en el momento que él considera esencial, se retira de esa situación de privilegio, que es ser Gobierno, y les deja a ellos que ofrezcan otra alternativa. Pero piensen, señorías, que esto no obliga a la oposición a aprobar el presupuesto
que le presenta el Alcalde; la oposición que en situaciones normales, sin transfuguismos a los que su señoría hacía referencia, tiene mayoría suficiente, puede plantear una alternativa, puede aprobar el presupuesto que quiera y obligar al Alcalde a gestionarlo. Esto está pensado justamente para esas situaciones de desgaste por inanición, por encontrarse asfixiada la acción municipal, y al final el detrimento no es solamente para el Alcalde o el equipo de gobierno, sino fundamentalmente para los ciudadanos que so los que resultan perjudicados si no se aprueban los presupuestos. Es verdad que se puede gobernar, como ha dicho su señoría, sin reglamento orgánico. Claro que sí; también sin presupuestos, con la prórroga sistemática, y muchos ejemplos hay al respecto. Pero su señoría convendrá conmigo en que es muy difícil hacer una gestión merecedora de este nombre sin al menos dotar a un equipo de gobierno de estos instrumentos esenciales, así como dotar al Alcalde que se encuentra en esa situación de forzar a la oposición a ofrecer alternativas; alternativas a los temas que se le proponen y, en el peor de los casos, alternativas a la propia Presidencia de la Corporación.
Señorías, ésta es la razón que nos lleva a no admitir, al menos en este trámite de Comisión, las enmiendas que se plantean. Pero, señor Pérez, he de reconocerle dos cosas: en primer lugar, el ejercicio importante de análisis de casuísticas que puedan darse y de la aportación de soluciones al mismo y, en segundo lugar y fundamentalmente, que las normas, como antes le decía, las hacen los hombres y pueden burlarlas. En esta moción de confianza pese a estar bien pensada y, al menos a nuestro juicio, tener acotados todos los resquicios por los que pudieran escaparse estos burladores de la Ley, no le digo que pudiera darse el caso. Pero con esta normativa suficientemente concreta que, si se fija tiene cierto paralelismo con la modificación en la moción de censura, pensamos que no puede suceder.
Nada más. Muchas gracias, señorías.
¿Turno de portavoces? (Pausa.) En consecuencia, sometemos a votación el informe de la Ponencia.
El señor VICEPRESIDENTE (García Miralles): Queda aprobado.
Se suspende la sesión por cinco minutos. (Pausa.)
--ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (621/000123).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir las enmiendas al informe de la Ponencia sobre el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Para la defensa de la enmienda número 1 tiene la palabra el Senador Román Clemente.
La enmienda número 1 la doy por defendida en los términos en que el Senador Nieto la tiene formulada.
Para la defensa de la enmienda número 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Gangoiti.
La enmienda número 2 se presenta a la disposición adicional cuarta y es de modificación de los apartados 3 y 4.
En el apartado 3, nosotros, con nuestra enmienda, pretendemos ser coherentes en el ámbito procesal con la naturaleza y posición que el ordenamiento jurídico tienen las Normas Forales de la Comunidad Autónoma Vasca. Dichas Normas Forales se aprueban por órganos parlamentarios (hay que tener en cuenta que las diputaciones de las tres Comunidades Autónomas no están constituidas de la misma forma que el resto del Estado, sino que están elegidas a escala popular a través de un parlamento que se vota directamente, las Juntas Generales), depositarias de la soberanía popular por un procedimiento equivalente en su totalidad al legislativo, cubren la reserva de ley --por ejemplo, las Normas Forales sobre los distintos tributos--, y desplazan en el ámbito de las competencias exclusivas de los Territorios Históricos a normas con rango de ley de las Cortes Generales y del propio Parlamento Vasco.
En definitiva, las normas forales son disposiciones normativas con fuerza de ley, y no se diferencian en nada de las leyes del Parlamento Vasco, debido a esa composición de las Juntas Generales que he explicado anteriormente y a la distribución interna que tiene la Comunidad Autónoma vasca basada en la Ley de Territorios Históricos.
Las normas forales innovan el ordenamiento jurídico dentro de un marco competencial establecido y su control se fundamenta en el respeto a dicho marco, es decir, se basa en criterios competenciales y no de jerarquía, a nivel de la propia estructuración interna de la Comunidad Autónoma vasca.
También he de añadir que, habiéndose reconocido por el proyecto de ley ahora enmendado, la legitimación activa de los territorios históricos, lo coherente sería reconocerles igualmente la legitimación pasiva para una adecuada defensa de su autogobierno, de su autonomía foral.
También presentamos una enmienda de modificación al apartado 4, de la disposición adicional cuarta, basada en que cabe señalar que las disposiciones, resoluciones y actos de los órganos ejecutivos de los diversos territorios históricos, en el ámbito de sus competencias, tienen la misma posición relativa en el ordenamiento jurídico que
las disposiciones, resoluciones y actos, tanto del Gobierno vasco como de cualquier otra Comunidad Autónoma.
Con esto, señor Presidente, doy por defendida la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Para la defensa de las enmiendas números 3 y 4, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cardona.
Paso a defender rápidamente la enmienda número 4, cuya justificación es la siguiente: Atendiendo a que los entes locales tienen delimitado su ámbito competencial no en la Constitución sino sobre la base de la atribución que se efectúa en las leyes del Estado y en las leyes autonómicas, entendemos que no debe considerarse adecuada esa determinación de la titularidad a través de la sentencia del Tribunal Constitucional.
A estos efectos, nosotros proponemos suprimir el texto contemplado en el apartado 5, del artículo 75, quince de la mencionada ley, a que hace referencia el apartado quinto del artículo único.
En este sentido, se trataría de suprimir el texto: «... determinando, según proceda, la titularidad o atribución de la competencia controvertida...». Por tanto este punto 5 quedaría de la siguiente forma: «La sentencia declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, y resolverá, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones de hecho o de derecho creadas en lesión de la autonomía local.» La enmienda número 3 propone adicionar un nuevo párrafo al final del apartado sexto del artículo único, del proyecto de ley que estamos debatiendo.
Esta disposición adicional quinta que se pretende añadir tendría el siguiente texto: «En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Catalunya, además de los sujetos legitimados de acuerdo con el artículo 75 ter.1 de la presente Ley, lo estarán también las comarcas que supongan, al menos» --ésta es una cautela que proponemos, similar a la que se propone para las provincias-- «la mitad de las existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley y representen, como mínimo» --otra cautela--, «un sexto de la población oficial».
En coherencia con la legitimación que se otorga a las provincias, en el ámbito de Catalunya, entendemos que debe introducirse también la legitimación de las comarcas. ¿Por qué? El artículo 141 de la Constitución, que es el que regula las provincias, prevé también que «se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia». De acuerdo con ello, el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Catalunya, que tiene competencias legislativas en materia local, prevé que la Generalitat estructurará su organización territorial en «municipios y comarcas», estableciendo también expresamente que deberá garantizarse, tanto para los municipios, para las provincias, como para las comarcas, que dicha autonomía sea para las diferentes entidades territoriales.
De acuerdo con ello, se justifica esta nueva disposición adicional específica para Catalunya, que no tenemos inconveniente en que pudiera extenderse a otras comunidades. Téngase en cuenta que las leyes de organización territorial de Catalunya llevan más de una década --desde el año 1988-- de puesta en práctica. Por tanto, entendemos que esos entes territoriales locales debería poder gozar por ello del mismo rango de autonomía que los municipios y las provincias, puesto que entendemos que así lo ampara el artículo 141 de la Constitución.
Para la defensa de las enmiendas números 5 a 8, tiene la palabra el Senador Galán.
Voy a defender las cuatro enmiendas que mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta a este proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional; modificación que se basa, fundamentalmente, en abrir un cauce procedimental adecuado para la defensa de la autonomía local, por parte de los entes locales, frente a posibles invasiones de la misma, bien por leyes del Estado o bien por leyes de las Comunidades Autónomas.
Era absolutamente necesario introducir este procedimiento, una vez que España ratifica, el 20 de enero de 1988, la Carta Europea de la Autonomía Local hecha en Estrasburgo en octubre de 1985, abriendo un cauce que no existía, que es la posibilidad de recurrir estas normas de carácter legal, ya sean del Estado o de las Comunidades Autónomas, que invadan, afecten o ataquen la autonomía de los municipios y provincias, por cuanto, hasta el momento sólo era posible el recurso frente a normas con rango inferior a la ley, por la vía contencioso-administrativa, o bien utilizar los mecanismos previstos en los artículos 63 y 119 de la Ley de Bases de Régimen Local, que realmente más que establecer un cauce de legitimación para los entes locales, lo que suponía era sencillamente una forma de ejercicio del derecho de petición, sin vinculación alguna para los órganos debidamente legitimados, según los artículos 162 de la Constitución y 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Por último, hay que decir, que tampoco a los entes locales les cabía la posibilidad de recurrir frente a invasiones de su autonomía, reconocida constitucionalmente, por la vía de amparo, ya que el Tribunal Constitucional había considerado claramente que el derecho a la autonomía local estaba fuera del catálogo de libertades y derechos susceptibles de protección, mediante el recurso de amparo.
Por tanto, saludo positivamente la apertura de este nuevo procedimiento, denominado conflicto en defensa de
la autonomía local, que plantea la ley. Y saludo también el espíritu de consenso que se ha producido en los seis meses que ha durado la tramitación de la ley en el Congreso, de tal manera que a nuestro Grupo, de las ocho enmiendas que allí presentó, se le aceptaron seis y ahora no plantea aquí ninguna de las que en su día formulamos. Creemos que el grado de diálogo y acuerdo que sobre este texto ha habido en el trámite del Congreso ha sido adecuado. Nos gustaría, para perfeccionar el tenor de esta norma que modifica una ley tan importante como la Orgánica del Tribunal Constitucional, que también pudiera existir el mismo clima en esta Cámara.
Presentamos en este caso cuatro enmiendas. La primera de las cuales, de carácter puramente técnico, pretende acomodar la exposición de motivos o preámbulo de la norma a la enmienda transaccional que se introdujo en el artículo único, apartado 1 b), artículo 75.ter, al reducir la legitimación para ejercer este procedimiento específico, esta vía de conflicto, de un sexto de municipios a un séptimo. Se redujo la legitimación numérica de los municipios necesarios para poder acceder a esta vía y esa enmienda transaccional aprobada en el Congreso no tuvo su plasmación --yo creo que por falta de reflejo de los grupos que pactaron dicha enmienda transaccional-- en la referida exposición de motivos donde sigue apareciendo la cifra de un sexto de municipios que se compadece mal con el tenor literal del artículo único del texto.
Nuestra segunda enmienda, la número 6, se mueve en la misma dirección, de perfeccionar técnicamente el proyecto, por cuanto al haber alterado el artículo 59 de la Ley Orgánica, resumiendo los tres apartados que tenía en ahora dos y llevando lo que era el contenido del tercer apartado a diferentes epígrafes, a), b) y c) dentro de lo que hoy día es el primer apartado del artículo 59, se da lugar a que al referirse el artículo 73 de la Ley Orgánica a los órganos constitucionales a los que hace referencia el artículo 59.3 está haciendo una remisión en el vacío que hay que corregir y hacer referencia a los órganos constitucionales a los que se refiere el artículo 59.1 c), que es exactamente el párrafo que ahora coincide con el viejo artículo 59.3 de la Ley. Por lo tanto, es otra modificación de carácter técnico, a mi juicio necesaria, para no dejar en el texto un artículo, el 73, con un contenido difícilmente interpretable por la doctrina o por la jurisprudencia.
Las últimas dos enmiendas, la 7 y la 8, pretenden realmente, señorías, evitar llegar a excesos como los que contiene la enmienda número 2 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Yo no voy a hacer un turno en contra de esa enmienda. No le corresponde hacerlo a mi Grupo, sino al Grupo mayoritario. Pero quiero decir que la ambigüedad, la falta de claridad, la perplejidad y la polémica en la doctrina y en la jurisprudencia, derivadas de la modificación que se produjo en su día mediante una enmienda en esta Cámara, en el Senado, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos a la disposición adicional primera de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa y que luego quedó ratificada en la disposición adicional decimosexta de la Ley 4/1999 que modificó la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, exigen centrar perfectamente este tema.
Señorías, yo soy absolutamente respetuoso con la especificidad que tienen los órganos forales del País Vasco. El Estatuto de Autonomía del País Vasco, la disposición adicional de la Constitución y las leyes del Parlamento Vasco reconocen ese carácter específico de los órganos forales vascos con una Diputación Foral y con una Junta General que tiene un carácter de órgano representativo, asambleario, pero me parece que no podemos caer en confusiones. No podemos confundir un órgano representativo, democráticamente representativo, con un órgano parlamentario basándonos en que lo eligen los ciudadanos. También a las corporaciones locales, a los ayuntamientos, los eligen los ciudadanos y el pleno de un ayuntamiento no es un órgano parlamentario.
No se puede decir que esas normas tengan rango de ley por cuanto representan una zona que está exenta de cualquier posibilidad de invasión por las normas del Estado o de la Comunidad Autónoma. Es indudable que así es porque así lo establece la normativa, el ordenamiento vasco, al hacer la distribución de competencias entre los órganos internos de la Comunidad. Lo mismo que la Constitución concede un espacio de competencias exclusivas a las Comunidades Autónomas, la legislación del Parlamento Vasco concede un espacio de competencia exclusiva a las Juntas Generales de los Territoriales Históricos recogiendo la tradición histórica, pero en el marco de lo que es la Constitución Española y el Estatuto vasco.
Está claro, evidentemente, que esa materia, aunque esté regulada por un decreto de la Diputación o por una orden del consejero vasco, en ningún caso, cualquiera que sea el rango de la norma, puede ser afectada por una norma legal de rango superior porque estamos estableciendo principios de competencia exclusiva y no estamos hablando de rango de ley. Es indudable que en una competencia exclusiva de una Comunidad Autónoma la orden de una Consejería o el decreto del Consejo de Gobierno no puede ser, evidentemente, contradicho por una ley de las Cortes Generales y no porque la ley de las Cortes Generales tenga el mismo rango que el decreto del Consejo de Gobierno o la orden del Consejero alcance un rango formal o material de ley, sino porque están legislando, están normando mejor dicho, para ser más preciso técnicamente, en materia de su específica competencia.
Por lo tanto, al presentar estas enmiendas queremos deshacer algo que fue un error del Grupo mayoritario en la tramitación de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, a modificación de la disposición adicional primera que votamos en contra. Por eso, con un absoluto respeto a lo que son las instituciones forales vascas y con la aseveración de que la constitución de la Comunidad Autónoma vasca se ha efectuado sobre bases estatutarias, siendo el pueblo vasco el que para acceder a su autogobierno se constituye en Comunidad Autónoma y no los Territoriales Históricos los que deciden integrarse en una Comunidad Autónoma, nos parece preciso dejar claro que las normas forales vascas son algo más que normas de carácter administrativo, ya que hay una serie de materias en ellas que las Juntas Generales
al aprobarlas hacen funciones similares a las de las diputaciones provinciales de otras partes y hay otras que por razón de la especificidad de la organización interna de la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen un carácter absolutamente diferente. Pero de ahí no creo que pueda deducirse que queden exentas de control por parte de la jurisdicción contenciosa.
Y termino señalando que la última cosa que no he acabado de entender en el último párrafo de la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos es que se pida para las resoluciones, disposiciones y actos de las Diputaciones Forales --para entendernos, de los órganos ejecutivos de los Territorios Históricos-- un tratamiento similar al de los órganos ejecutivos de cualquier Comunidad Autónoma y que queden, por lo tanto, exentos de la jurisdicción contenciosa.
Yo pienso que un decreto del Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma o una orden de un Consejero sectorial en cualquier Comunidad Autónoma son susceptibles de recurso en vía contencioso-administrativa y que, por tanto, es clara la contradicción entre solicitar una equiparación y deducir de la equiparación algo que es absolutamente ajeno al ordenamiento aplicable a esos órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas que, evidentemente, tienen, a mi juicio, un carácter que puede ser considerado como similar al de los órganos de los Territorios Históricos, pero que en modo alguno los excluye del control por vía contenciosa.
Para terminar quiero aclarar otra cosa. No existe contradicción alguna entre que una disposición o una norma sean recurribles por la vía del recurso de inconstitucionalidad o por la de la cuestión de constitucionalidad y que puedan ser también recurribles por vía contenciosa. Cabe la posibilidad práctica de que se puedan utilizar ambas vías para recurrir determinadas normas que están viciadas de ilegalidad y que, al mismo tiempo, por ese vicio de ilegalidad, producen producen una invasión del contenido de autonomía específico y propio de los entes locales.
En turno en contra tiene la palabra el Senador Agramunt.
En relación con la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto --de Izquierda Unida en este caso--, con la misma argumentación con que su portavoz la ha dado por defendida yo tengo que darla por rechazada.
En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, quiero agradecer en primer lugar la intervención del Senador Galán, intervención que quizás me llevaría a mi vez a la tentación --en la que no caeré-- de limitar la mía simplemente a asentir.
El prestigioso profesor Galán ha dado suficientes argumentos --con los que en general coincido-- y, por tanto, no voy a extenderme demasiado al respecto, pero de cualquier modo es cierto que excluir de la jurisdicción contencioso-administrativa el enjuiciamiento de las disposiciones y actos forales y remitirlos exclusivamente a la órbita del recurso de constitucionalidad, o al conflicto de competencias, supone reconocer rango de ley a dichas normas forales, que tendrían la misma consideración que las leyes de las Comunidades Autónomas, lo que contradice reiteradísima y muy frecuente jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
En este sentido, me limitaré a añadir que, en nuestra opinión --desde luego respetando cualquier otra que pueda existir al respecto--, la Constitución no reconoce expresamente potestad legislativa a los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero es que tampoco el Estatuto de Gernika atribuye potestad legislativa a las Juntas Generales de los Territorios Históricos, siendo toda la legislación vasca consecuente con ello en el mismo sentido.
Entiendo que mediante una Ley Orgánica que permite reformar el Tribunal Constitucional, no sólo no debemos, sino que en ningún caso podemos modificar ni reformar, ni las leyes del Parlamento Vasco, ni el propio Estatuto de Gernika, ni, por supuesto, la propia Constitución. Creo que eso es ir demasiado lejos en esta cuestión. Por tanto, considero que éstos son argumentos de contundencia suficiente para aclarar nuestra posición de rechazo a esta enmienda.
En relación con las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, me ha parecido entender, Senador Cardona, cuando su señoría se ha referido a la número 3, que hacía usted una propuesta, que a mí no me consta, en el sentido de modificar incluso su propia enmienda en relación con no limitarla sólo a Cataluña. No conozco que hay ninguna otra cuestión, salvo algunos comentarios, con lo cual, supongo que se trata simplemente de un comentario de positivismo que no nos lleva a ninguna otra parte.
Por tanto, excluyendo esta cuestión, y dejando al margen que la Constitución reconoce en su artículo 137 solamente las entidades locales que reconoce --con lo cual, en lo que a las comarcas se refiere, éstas no tendrían esas consideración--, quisiera decirle, en relación con la enmienda de Izquierda Unida reproducida en el Senado, que en el Pleno del Congreso de los Diputados dicho Grupo presentó una enmienda transaccional --la número 16--, que de alguna manera recoge también en parte las aspiraciones de esta enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió --no digo que en todo, pero sí en parte-- en cuanto que reconoce en el texto de la ley la existencia de ese otro tipo de entidades municipalistas que puedan colaborar --repito que de acuerdo con la enmienda transaccional-- en el proceso que estamos debatiendo. Por tanto, entendemos que está suficientemente argumentado nuestro rechazo.
En relación con la enmienda número 4, entendemos que las atribuciones de competencias a las entidades locales corresponden efectivamente, tanto al legislador estatal respecto de la normativa básica --en esto coincidimos--, como al legislador ordinario de la Comunidad Autónoma en sus ámbitos de competencia. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también es muy abundante en este
sentido, y establece que corresponde en último término al Tribunal Constitucional ponderar en cada caso si las competencias atribuidas a los entes locales son o no necesarias para asegurar su autonomía, o si se respetan las competencias mínimas garantizadas por la normativa básica estatal para las entidades locales, por ejemplo, la Sentencia 214 de 1989.
Por tanto, entendemos que eso supondría desdibujar o dejar en parte sin efecto, no sólo la intención de la Ley de modificación del Tribunal Constitucional, sino incluso todo el grupo de leyes que venimos conociendo como pacto local. El aceptar esta enmienda supondría desnaturalizar en cierto modo estas modificaciones, razón por la cual la rechazamos.
Finalmente, con relación a las cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, coincido en la exposición de motivos que amablemente ha hecho el Senador Galán. Creo que, efectivamente, esta Ley de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, así como las otras cuatro leyes orgánicas y la Ley de Bases del Régimen Local, forman las seis un todo: este pacto local en desarrollo de un mandato constitucional que llevaba pendiente 20 años que es muy positivo afrontar, además de hacer efectiva la Carta Europea de Autonomía Local, firmada por el Reino de España, como ha dicho el Senador Galán.
Por eso nuestro Grupo entiende que la importancia básica de ese grupo de leyes del pacto local, la importancia de ese paquete de leyes orgánicas --valga la expresión un poco coloquial-- y de una ordinaria, tiene entidad suficiente en sí misma como para llevar adelante una tramitación parlamentaria igual a la que se ha realizado en el Congreso y se está realizando en el Senado de modo conjunto.
Por tanto, yo he ofrecido en la Ponencia la posibilidad de que se aceptase, mediante la corrección de errores, que se pudiera salvar algún error que pudiera haberse producido en la tramitación previa. Ello no ha sido posible, en cuyo caso, creo que para nuestro Grupo prima la entidad de todo este grupo de leyes sobre esas cuestiones técnicas que ponía de relieve el Senador Galán, razón también por la que rechazamos estas enmiendas.
En relación con las enmiendas números 7 y 8, que son las de mayor enjundia y contenido, sinceramente he de decir que se trata de un tema precioso. Este es un tema que seguramente podría servir, no ya para hacer un debate jurídico o doctrinal, sino incluso para realizar algunos seminarios. Creo que sería precioso. Incluso me gustaría participar en un tema tan bonito, pero creo que ésta es una cuestión muy ajena a lo que en realidad estamos tratando aquí.
Desde luego que es legítimo introducir esta cuestión aprovechando que el Turia pasa por Valencia --permítanme la licencia, sé que normalmente se suele decir lo de que el Pisuerga pasa por Valladolid, pero uno debe tirar para su tierra--, pero creo que eso es forzar demasiado las cosas.
Yo le acepto al Senador Galán todo su planteamiento pero también le digo que hay posiciones doctrinales completamente contrarias y contrapuestas.
Por consiguiente, con la lectura de las dos modificaciones recentísimas --hace dos meses se aprobó la última en el Senado--, tanto de la ley de lo contencioso como de la del Procedimiento Administrativo Común, la posición puede ser la que él ha establecido, pero también pueden ser otras muchas. El debate doctrinal, el debate político sería, como he dicho al principio, interesantísimo y muy amplio. Sin embargo, creo que aprovechar esta modificación de la ley del Tribunal Constitucional para tratar de establecer la naturaleza de las Normas Forales del País Vasco, en definitiva, para tratar de establecer cuál es la naturaleza de las Juntas Generales o de las diputaciones forales vascas, creo que es ir demasiado lejos. Me parece que se pueden iniciar otros procedimientos parlamentarios para esta cuestión.
Quiero dejar claro respecto a este argumento que él puede tener razón, aunque yo creo que no, y no voy a discutirlo. Pienso que hay razones suficientes para entender que tampoco estas leyes de modificación de la ley de lo contencioso y de la del Procedimiento Administrativo Común tienen capacidad para modificar leyes superiores como puedan ser el Estatuto de Autonomía vasco o la legislación vasca. Yo creo que es innecesario, y que parece inadecuado que la modificación a través de esta Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sea el cauce adecuado para una posible aclaración --como digo-- del Régimen de Impugnación de Disposiciones y Actos de los Territorios Históricos, contenidos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y mucho menos todavía, el tratar de establecer cuál sea la naturaleza de estas normas forales.
Por todo lo cual, es obvio que no solamente rechazamos la enmienda número 7, sino también la 8, puesto que es consecuencia de aquélla.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Agramunt.
¿Turno de portavoces? Tiene la palabra el señor Román.
Intervengo simplemente a efectos de aclarar al Senador Agramunt que la enmienda es original del Senador Nieto Cicuéndez, y que la he defendido en calidad de portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román.
¿Algún otro Grupo desea hacer uso de la palabra? Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Gangoiti.
Hago uso del turno de portavoces, y no para contradecir a los portavoces de los dos grupos mayoritarios de esta Cámara ni para entrar a discutir sobre la cuestión, sino para, en la medida de lo posible, tratar de aclarar un poco más el espíritu de nuestra enmienda.
Las diputaciones forales, en cuanto a su elección, tienen un contenido distinto al del resto de las diputaciones del Estado: son de elección directa en tanto en cuanto se eligen las Juntas Generales --el Parlamento de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Alava-- y, a partir de ahí, se elige un gobierno. Es el mismo procedimiento que para elegir al gobierno de cualquier Comunidad Autónoma o al gobierno del Estado.
En segundo lugar, el Estatuto vasco recogía el hecho de que había que hacer un reparto de competencias dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y esto lo recordarán sus señorías. Yo lo recuerdo muy bien, porque precisamente ese debate que tuvimos dentro del partido mayoritario, al que yo represento, sobre si hacíamos un País Vasco centralista o un País Vasco descentralizado, fue el origen de la escisión del Partido Nacionalista Vasco y la razón de que hoy existan el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna. Fue en aquel debate de la Ley de Territorios Históricos, que recogía el Estatuto de Guernica, en el que, al final, optamos por un País Vasco descentralizado. Incluso Alianza Popular, en aquel entonces, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para hacer un País Vasco descentralizado, en el sentido hacia el que ha ido ahora, de que las Juntas Generales y las diputaciones tuviesen una serie de competencias importantes y de que la Comunidad Autónoma Vasca fuese también descentralizada.
Por otro lado, la propia Constitución y el propio Estatuto de Autonomía, en disposiciones adicionales, establecen que la aceptación de la presente Constitución y del presente Estatuto no significa la renuncia del pueblo vasco a los derechos históricos que le correspondan en virtud de su historia, y que podrían ser armonizados dentro del propio marco constitucional. Por lo tanto, vemos que la esencia del autogobierno vasco está en los territorios forales y en los derechos históricos. Incluso si vemos la historia del pueblo vasco en un sentido amplio --y no voy a utilizar el término Euskadi, que hoy aceptamos todos, pero que, al fin y al cabo, es un término innovador de una persona partidista, del fundador del Partido Nacionalista Vasco, sino el de Euskalerría, que quiere decir pueblo vasco-- vemos que los territorios históricos vascos tuvieron sus propias Juntas Generales de alguna forma, y las tuvieron a los dos lados del Bidasoa y del Pirineo, en lo que es el País Vasco francés, que funcionó hasta la revolución napoleónica, y en el Estado español, que funcionó hasta después de la II Guerra Carlista, en que se produce una abolición de los fueros. En este sentido no existía un órgano único, no existía un gobierno vasco. Nunca existió un gobierno vasco hasta 1936, y en época de guerra, y sí existió un autogobierno vasco históricamente en todos los territorios de Euskalerría, pero a nivel de cada uno de los territorios históricos. Por lo tanto, éstos son, de alguna forma, los depositarios del autogobierno, de la historia del pueblo vasco. Quizá sea difícil comprender esto. Habría que remontarse a la República Federal Alemana, porque aquí hacemos un Estado autonómico desde un Estado autoritario --que existía-- y centralista, y llevamos a cabo una descentralización. En Alemania, como sus señorías conocen, se hace un Estado desde abajo hacia arriba. Son los diversos «länder» los que van creando ese Estado que hoy es la República Federal de Alemania, reunificada.
Con esto, y sin entrar en ningún enfrentamiento con los dos grupos políticos mayoritarios, he tratado de explicar por qué presentamos esta enmienda y por qué los territorios históricos son la base del autogobierno vasco de hoy en día, de un gobierno vasco que es el primero que existe en época de paz, que es el actual, porque la historia del autogobierno vasco fue el autogobierno de los siete territorios --los cuatro que pertenecen al Estado español y los tres que pertenecen al Estado francés--, pero a través de sus Juntas Generales propias.
El señor CARDONA I VILA: Gracias.
Voy a ser muy breve, señor Presidente. Intervengo para intentar hacer una aclaración.
He hecho referencia a que podía haber otros estatutos de autonomía que tuvieran también un artículo parecido al artículo número 5, en el sentido de que se podría estructurar su organización territorial en municipios, comarcas y provincias, porque así lo prevé el artículo 141 de la Constitución. En cualquier caso, por eso he puesto el ejemplo de la vigencia de los años que hace que se promulgaron las leyes de organización territorial en Cataluña. Esto quiere decir que nosotros, desde nuestro punto de vista, defendemos lo que entendemos que forma parte del bloque de constitucionalidad: el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que, en cierta forma, está de acuerdo con el artículo 141 de la Constitución, que establece que en el Gobierno local debe haber, al menos, municipios y provincias, pero que también se pueden agrupar otros municipios de forma diferente a la de la provincia, como es el caso de las comarcas cuya tradición en Cataluña es, no diría que secular, ya que ha tenido poca experiencia, por desgracia, pero sí que, en cualquier caso, forma parte del patrimonio y del bagaje cultural del pueblo catalán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador García Miralles.
El señor GARCIA MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a tratar de ser lo más breve posible para expresar la posición de mi Grupo, primero, ratificando la brillante intervención de mi compañero Joaquín Galán en cuanto a lo que ha sido la filosofía, en el fondo y en la forma, de la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
En segundo lugar, quisiera decir algo que me parece importante. Estamos sin duda en una sesión de la Comisión
General de las Comunidades Autónomas que aborda, no diría el pacto local, pero sí importantes medidas que podrían ser comprendidas en ese concepto mucho más amplio. No quiero debatir ahora si esto es o no el pacto local; nuestra posición ya ha sido fijada al respecto, pero sí he de decir que indudablemente una de esas leyes, la que estamos abordando en este debate, tiene una trascendencia indudable pues fundamentalmente introduce la autonomía local, no sólo como algo que debe protegerse constitucionalmente, sino con la legitimación de quién puede o no acudir al Tribunal Constitucional.
En este sentido, la intervención del Senador Agramunt me ha convencido, todavía más de lo que ya lo estaba, de las razones introducidas en la defensa de nuestras enmiendas por el Senador Galán, porque he creído entenderle algo así como: me gusta lo que ustedes dicen, me están convenciendo, pero no puedo en estos momentos, por otro tipo de razones, admitirles estas enmiendas. Yo no trataría de cerrar definitivamente este tema. Creo que todavía estamos a tiempo, que hay mecanismos reglamentarios y parlamentarios para de aquí al Pleno aproximar posiciones, y mi Grupo está totalmente abierto respecto a las enmiendas que hemos defendido.
Respecto a un tema que se ha suscitado, que ya en ponencia ha sido objeto de algún comentario por nuestra parte, y en referencia al planteamiento que ha hecho el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, nosotros estamos abiertos a la consideración del fondo --quizás no de la forma-- de la filosofía que anida en el planteamiento de las enmiendas, y singularmente de la enmienda que hace referencia a la introducción como ente que puede estar legitimando a las comarcas, no ya solamente porque lo dice el artículo 141 de la Constitución, en cuanto a la previsión de que se puedan crear agrupaciones de municipios diferentes de las provincias, sino a la alusión, que también ha hecho mi colega el señor Cardona, de que el bloque de constitucionalidad puede comprender algo más de lo que se dice estrictamente en ese artículo 141, y no sólo el Estatuto de Cataluña, sino otros Estatutos como puede ser el de mi propia Comunidad, la Valenciana, que expresamente hablan de comarcas y de ley de comarcalización. Es cierto que el tiempo político lleva a que quizá en una Comunidad Autónoma se haya podido desarrollar antes que en otra; también se ha hecho aquí alguna alusión por parte del Partido Aragonés en el sentido de que en su propio Estatuto se contempla, si no recuerdo mal en el artículo 5, esta posible realidad.
Creo que se pueden aproximar posiciones y que no debería servir esta ampliación de la legitimación para circunscribir cualquier tipo de cuestión exclusivamente a Cataluña, no porque se la neguemos desde mi Grupo a Cataluña, todo lo contrario, sino porque entendemos que ya que hacemos una reforma tan importante de la Ley del Tribunal Constitucional no dejemos sin resolver un problema que probablemente dentro de unos meses o quizá dentro de dos años se pueda plantear en otras Comunidades Autónomas.
En ese sentido, si encontráramos una redacción --que yo creo que es posible-- de aquí al Pleno que pudiera, respetando el planteamiento que hace el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, introducir que otras Comunidades que legítimamente tienen en sus Estatutos esta posibilidad pudieran verlo recogida. Y si además estudiáramos con mayor detalle el tipo de quórum que se podría plantear para dar las máximas garantías, estaríamos abiertos, en ese espíritu constructivo y de mejora, a seguir trabajando.
Debo añadir algo más. Tengo la sensación, a lo largo de este debate, de que estamos con el síndrome de que aquí no se puede tocar nada; de que no se puede modificar ni un ápice lo que ha venido desde el Congreso de los Diputados. Me parece que éste es un flaco error a esta Cámara y también al objetivo último que persigue todo este tipo de reformas, que es mejorar nuestro marco constitucional, mejorar la autonomía local, mejorar el funcionamiento de las instituciones, y, por lo tanto, yo le insisto una vez más, fundamentalmente al Grupo mayoritario de la Cámara, para que haga un esfuerzo de comprensión y de aproximación hacia los planteamientos que aquí se han hecho porque al final seremos todos los que saldremos ganando.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García Miralles.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Agramunt.
Senador Gangoiti, ya he dicho que ni la Constitución ni el Estatuto de Guernica atribuyen potestad legislativa a las Juntas Generales de los territorios históricos. Por tanto, es difícil que si ni la Constitución Española ni el Estatuto Vasco atribuyen esa cualidad podamos aquí, aprovechando una vez más que el Turia pasa por Valencia, ver cómo se resuelve. Es más, Senador Gangoiti, yo me resistía pero le voy a leer una norma derivada del Estatuto de Autonomía vasco, cual es la Ley del Parlamento Vasco, de relaciones entre las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los órganos forales de sus territorios históricos, ley vasca de 25 de noviembre de 1983, que dispone en su artículo 6.2, literalmente, que en todo caso la facultad de dictar normas con rango de ley corresponde, en exclusiva, al Parlamento. Así lo dice de clarito.
Yo no me siento con ninguna capacidad de discutir en este momento ni sobre el Estatuto de Autonomía vasco ni sobre la legislación vasca, consecuencia de ese Estatuto; al contrario: mi máximo respeto y mi máximo apoyo. Pero es que, además, usted dice que las Juntas Generales de los territorios históricos tienen una configuración diferente a la de las diputaciones provinciales, por cuanto son elegidas por sufragio universal, libre y directo. Es verdad, pero también los cabildos insulares de las Islas Canarias; por tanto, no es un caso único, y eso lo que significa es lo que significa, y no lo que alguien pretenda que signifique. Significa concretamente que son órganos representativos, pero eso no quiere decir que sean órganos parlamentarios. El único órgano parlamentario «stricto sensu» en el País Vasco es el Parlamento
vasco, a tenor, una vez más, del artículo 24 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, con el cual yo soy tremendamente respetuoso, e insisto una vez más en esa cuestión.
Yo creo que tampoco hay que aprovechar esto para ir mucho más lejos, y empezar a analizar, como ya he dicho al oponerme a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que no es éste el momento ni la ley apropiada para debatir sobre la naturaleza o sobre qué son las Normas Forales o las Juntas Generales o las Diputaciones. Señor Gangoiti, no es una broma, pero con todo el respeto y con todo el cariño que sabe que le profesamos, si usted me da esas lecciones de historia, yo también podría empezar aquí a hablar seguramente del rey Zaiyan, el último rey moro de Valencia, antes de la conquista por Jaume I, o de los reinos taifas de Valencia a cuyo servicio estuvo el Cid Campeador en algún momento, que terminó por apoderarse, en nombre de un rey castellano, Alfonso VI, de aquel territorio, de Valencia, de mi tierra.
La historia de toda España es inmensa, enorme, riquísima, variadísima y tenemos puntos de apoyo históricos tremendos. Además a mí me encanta ese tema, disfruto con él, me gusta leerlo y he leído mucho sobre la historia de los territorios históricos, del Señorío de Vizcaya o del señor López de Haro, que fue el que entregó finalmente a Castilla el Señorío de Vizcaya, por ejemplo. Lo que quiero decir es que son temas que apasionan y que desde todas las Comunidades Autónomas tenemos nuestros foros de defensa, nuestros derechos que reivindicar, pero al final otras cosas se imponen a esos sentimientos, y en este caso se impone en mí también el hecho de que me siento muy orgulloso de ser valenciano y de ser español.
Senador García Miralles yo le pido, querido amigo, que no me malinterprete, que no haga usted interpretaciones de mis palabras, porque de momento me basto para interpretarme yo solo. En cualquier caso, que en ciertas ocasiones, como en ésta, yo valore positivamente las posiciones de su Grupo no quiere decir que las comparta. He dicho que su posición es legítima y doctrinalmente correcta, pero hay otras posiciones doctrinales, las que yo comparto, que son justamente las opuestas. Lo que ocurre es que dentro de un debate doctrinal todas las posiciones son valorables y aceptables, y eso es muy positivo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Agramunt. (El señor Gangoiti Llaguno pide la palabra.) Por tiempo de dos minutos, tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Espero utilizar menos de dos minutos. He dicho que no quería entrar en ningún debate, pero he de hacer alguna aclaración.
Agradezco la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, que tiene una idea muy clara pero no ha entendido que yo he hecho una réplica.
Quisiera responder al portavoz del Grupo Parlamentario Popular respecto a lo que dice sobre que podría hablar del rey Zaiyan o del Cid.
Evidentemente, podría hacerlo, como también podría hablar de muchas más cosas y cualidades de España. Lo cierto es que cuando aquí se ha discutido algún tema relacionado con el autogobierno, los Estatutos o las otras Comunidades Autónomas nosotros hemos votado en consecuencia pero no hemos hablado de nuestros temas.
Respecto al tema competencial, vuelvo a insistirle para que echen un vistazo a la disposición adicional de la Ley de territorios históricos, así como para que comprueben cómo fue modificado el autogobierno del País Vasco por un recurso que presentó Alianza Popular ante el Tribunal Constitucional por el que se concedían mayores competencias a los territorios históricos y forales.
--ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 8/1985, DE 3 DE JULIO, REGULADORA DEL DERECHO A LA EDUCACION (621/000124).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate del último proyecto de ley orgánica, el de modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación.
Para la defensa de las enmiendas números 3 y 4, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Gangoiti.
Efectivamente, nosotros hemos presentado dos enmiendas a este proyecto.
La número 4, formulada al artículo 2, es de supresión. La planteamos porque consideramos que el texto propuesto en el proyecto de ley orgánica supone dar un paso atrás en relación con el texto que se pretende modificar, al favorecer la confusión competencial, no pudiendo saber quién sea la autoridad pública que deba conservar, mantener y vigilar los edificios, así como la vigilancia de la propia escolaridad obligatoria, cuando no exista un acuerdo entre las corporaciones locales y la correspondiente Administración educativa.
Para la defensa de la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias.
Nuestra enmienda número 6 tiene como pretensión modificar el apartado i) del artículo 31.1 de la mencionada Ley, a que se hace referencia en el artículo 1; concretamente, trata sobre el Consejo Escolar.
Proponemos que la redacción del apartado i) quede de la siguiente manera: «Las Entidades Locales a través --y ésta es nuestra aportación-- de las Entidades municipalistas que representen, como mínimo, la mitad más uno de los municipios de las respectivas Comunidades Autónomas.» En algunas Comunidades Autónomas la mayor parte de los municipios no tendrán representación en el Consejo Escolar, y lo que pretendemos --de ahí la presentación de nuestra enmienda-- es que no ocurra esto. No es cuestión de decir: como no vamos a entrar en el Consejo Escolar, participamos a través de otras asociaciones. Está claro que éste es el que mejor defiende los intereses de un municipio y la suma de todos ellos hacen la mitad más uno de los municipios de una Comunidad Autónoma.
Pensamos que esta consideración tiene bastante fundamento como para justificar la presentación de esta enmienda.
Para la defensa de la enmienda número 5, tiene la palabra el Senador Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Presentamos una enmienda al artículo 2 porque creemos que la redacción planteada es imprecisa y puede generar confusión.
Con nuestra enmienda pretendemos conseguir tres objetivos fundamentales.
En primer lugar, dar mayor protagonismo a las Corporaciones Locales en la programación y en la calidad del servicio educativo, y así figura específicamente en un párrafo de la enmienda presentada.
El segundo objetivo es adecuar el texto de la LODE al espíritu de la LOGSE y de la LOPEG, dos leyes que fueron aprobadas posteriormente y que recogen la ampliación del ámbito de los convenios a las actividades y servicios complementarios con participación de las Corporaciones Locales.
Creo que el entorno local es fundamental en la prestación de esos servicios educativos, y lo que intentamos con este segundo objetivo que pretende la enmienda es la extensión de la cooperación municipal a otros campos de la educación.
Por último, proponemos un tercer objetivo. Creemos que es bueno que se distinga, a los efectos de su creación, mantenimiento y vigilancia, entre centros públicos de titularidad de las Entidades Locales --segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación especial-- y centros cuya titularidad corresponde a las Administraciones educativas, ya sean el Ministerio o la Comunidad Autónoma en función de las competencias asumidas, tal como se recoge en la disposición adicional 17 de la LOGSE.
Cuando se aprobó la LODE no estaba contemplada la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, pero cuando se aprobó la LOGSE ya existía esta extensión. Creemos que puede provocarse un perjuicio económico a los Ayuntamientos, y nuestra enmienda puede servir para clarificar todo esto.
No es el momento de entrar a valorar si esto es un pacto local o no, pero lo que está claro es que subyacen dos apartados fundamentales para los Ayuntamientos, que tienen que ver también con la educación, como son la financiación y las competencias. A mi modo de ver, sería el fondo de un pacto local y una modificación legislativa de una ley, la LODE, cuya redacción no nos termina de convencer.
Sería positivo que cara al Pleno pudiésemos avanzar a fin de encontrar una solución, y creemos que nuestra enmienda clarifica, es respetuosa con las Administraciones con competencias y tiene en cuenta a los Ayuntamientos, es decir, es una enmienda municipalista. Por todo ello y porque clarifica en gran medida el texto que se nos presenta a consideración, espero que sea tenida en cuenta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lissavetzky.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Huete.
Con todo respeto a los intervinientes, he de decir que rechazamos todas las enmiendas presentadas al artículo 1, ya que la Senadora Boneta, que había presentado una, no la ha defendido.
Creemos que el órgano al que hace referencia este artículo, el Consejo Escolar, es un órgano de ámbito nacional y por ello las asociaciones que participen en él deben ser también de ámbito estatal. Este planteamiento es conforme con la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y, además, este pacto, denominado local, ha sido consensuado por el Gobierno y por la Asociación Española de Municipios. Hay que tener en cuenta también que no se debe alterar de forma excesiva el número de componentes del Consejo Escolar.
Respecto al artículo 2, al que se han presentado tres enmiendas, debo manifestar la necesidad de mantener la redacción actual del citado artículo porque, a nuestro modo de ver, es respetuoso con las competencias de las Comunidades Autónomas y tan sólo se pretende establecer, si se quiere y se puede, fórmulas de recaudación con los municipios.
En cuanto a la modificación que propone el PSOE, he de reconocer que está cargada de buena intención aunque no sea del todo acertada, querido señor Lissavetzky, porque el principio general de cooperación obliga a que sea el legislador sectorial el que concrete cada caso determinado.
No obstante, de aquí a la celebración del Pleno habrá ocasión de seguir tratando este tema con mucho interés.
En consecuencia, sometemos a votación el informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 21; en contra, diez; abstenciones, una.
Queda por designar el Senador que ha de presentar el dictamen o los dictámenes de la Comisión en el Pleno. (Varios señores Senadores: Usted mismo, señor Presidente.) Asumo esa responsabilidad y lo haré conjuntamente.
--DESIGNACION DE LA PONENCIA PARA INFORMAR SOBRE LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 1/1983, DE 25 DE FEBRERO, DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE EXTREMADURA (605/000011).
El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día, designación de la Ponencia encargada de informar la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
El señor ARMET I COMA: Don Juan Iglesias Marcelo y don Federico Suárez.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular nos ha hecho llegar por escrito el nombre de los ponentes, que son los Senadores Bernáldez Rodríguez y Sánchez Cuadrado.
El señor ROMAN CLEMENTE: El Senador Nieto Cicuéndez, que es el único Senador que todavía tiene enmiendas.
El señor PRESIDENTE: El Senador Nieto Cicuéndez.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Yo mismo.
El señor PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)
El señor CARDONA I VILA: El Senador Ferrer i Roca.
El señor PRESIDENTE: Antes de levantar la sesión, quiero transmitir el saludo de todos los miembros de la Comisión a la Viceconsejera de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que ya se ha ausentado y que ha estado acompañándonos en esta sesión, aunque no ha podido intervenir por su condición de Viceconsejera.