Source: https://www.iureabogados.com/2014/02/12/sentencia-periodo-de-prueba-de-contrato-emprendedores/
Timestamp: 2018-02-17 23:00:51
Document Index: 363469592

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 55', 'artículo 108', 'artículo 56', 'Artículo 110']

Primera sentencia que inaplica el período de prueba para el contrato de apoyo a emprendedores - IURE Abogados
Primera sentencia que inaplica el período de prueba para el contrato de apoyo a emprendedores
El Juzgado de lo Social nº 2 de Barcelona inaplica la regulación legal del período de prueba contenida en el apartado 3 del artículo 4 del Real Decreto Ley 3/2012, de 6 de julio, por contravenir una norma de rango superior, el artículo 4.4 de la Carta Social Europea de 1961, pues no fija ni plazo de preaviso ni indemnización por finalización del contrato dentro de su duración, considerándose además excesivo y carente de causa.
Esta Sentencia constituye un importante precedente, al tratarse de la primera resolución judicial que declara la no validez del período de prueba de un año aplicable a esta modalidad contractual.
Según consta en los hechos probados, el demandante, mayor de edad, suscribió un contrato indefinido de apoyo a los emprendedores con la empresa demandada el 30.03.2012, con una jornada semanal de 40 horas y con la categoría de peón. En la cláusula segunda del contrato se estableció un período de prueba de un año. Días antes de concluir el período de prueba, la empresa, por carta de 22.03.2013, y a efectos de esa fecha, le comunicó la finalización de su contrato por no haber superado dicho período.
El trabajador reclamó en su demanda la improcedencia del despido, al considerar superado el período de prueba establecido en el Convenio colectivo que le era aplicable (2 semanas para el personal obrero, ampliable a 6 meses) y, sin que pudiera tenerse en cuenta, a tal efecto, el período de prueba de un año, por contravenir lo establecido en una norma de rango superior, el artículo 4.4 de la Carta Social Europea de 1961. Este artículo dispone que para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una remuneración equitativa, las Partes Contratantes se comprometen “a reconocer el derecho de todos los trabajadores a un plazo razonable de preaviso en caso de terminación del empleo”.
Tal y como puede apreciarse en los fundamentos de derecho, la Juzgadora entiende que la Carta Social Europea es una norma internacional que forma parte del derecho interno y que tiene el mismo valor vinculante que los Tratados de la Unión Europea, por lo que en orden al principio de jerarquía normativa se sitúa por encima de la Ley nacional, correspondiendo a la Comisión Europea de Derechos Sociales velar por la correcta aplicación de la Carta y siendo, además, sus decisiones vinculantes para los órganos jurisdiccionales sociales.
En base a lo anterior, trae a colación la Decisión tomada el 23 de mayo de 2012 por la Comisión Europea de Derechos Sociales, con ocasión de un litigio sustancialmente idéntico que se planteó sobre la normativa griega, que amplió el período de prueba en el trabajo de dos a doce meses para todos los trabajadores, sin distinción por especialización o especificaciones del trabajo para el que son contratados. En esta Decisión el Comité entiende que la citada normativa constituye una violación del artículo 4.4 de la Carta Social Europea, no pudiendo considerar en ningún caso como razonable el período de prueba de un año según lo que debe entenderse por dicho concepto.
La Juzgadora, consecuente con la decisión del Comité, llega a la conclusión de que el artículo 4.3 del RD Ley 3/2012 vulnera el artículo 4.4 de la Carta pues no fija ni plazo de preaviso ni indemnización por finalización del contrato durante el período de prueba de un año, no pudiéndose entender el mismo como razonable. Además, indica que el RD Ley contraviene la legislación nacional en materia de contratación temporal; puesto que, convierte al contrato de emprendedores en un contrato temporal carente de causa, algo prohibido en nuestro ordenamiento jurídico.
Añade a lo precedente, que lo contenido en el RD Ley no puede justificarse en el marco de una situación de crisis económica, ya que durante la misma no se puede desproteger a los trabajadores de sus derechos.
Todo ello le lleva a la conclusión final de que, habiéndose finalizado el contrato fuera del período convencionalmente establecido constituye un verdadero despido carente de causa, que debe ser declarado por ello improcedente, a tenor de lo establecido en el artículo 55.3 y 4 en relación con el artículo 108 LRJS, y con los efectos que disponen el artículo 56 del ET y el Artículo 110 de la LRJS.