Source: https://suelosolar.com/newsolares/newsol.asp?id=6516
Timestamp: 2019-01-24 07:28:34
Document Index: 107939013

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 52', 'artículo 140', 'artículo 52', 'artículo 24', 'artículo 19', 'artículo 25']

Victoria de productor fotovoltaico en injusto aprovechamiento urbanístico atípico.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares da la razón a productor fotovoltaico tras reclamar el Ayuntamiento de Llucmajor un injustificado e injusto 10% del aprovechamiento atípico por incremento del valor de los terrenos.
El paso 10 de enero de este 2012 el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha dictado sentencia a favor de productor fotovoltaico frente a Resolución del Ayuntamiento de Llucmajor desestimatorio del recurso de reposición presentado contra la resolución de 5 de noviembre anterior, por la que se exigía el pago de la cantidad resultante del 10% del aprovechamiento atípico por el incremento del valor experimentado por determinados terrenos rústicos a consecuencia de la declaración de utilidad pública de la instalación de un parque fotovoltaico.
PRIMERO.- La sentencia número175 de 2011, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Palma de Mallorca, en los autos seguidos por el procedimiento ordinario y de los que trae causa el presente rollo de apelación, ha estimado el recurso y ha reconocido el derecho a la devolución de las cantidades ingresadas.
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación en plazo y forma por el Ayuntamiento de Llucmajor.
PRIMERO.- El presente recurso de apelación se ha formulado cuando la Sala ya ha dictado la sentencia número 327 de 2011, referente a un caso análogo, también de parque fotovoltaico, en el que se resolvió un recurso de apelación contra la sentencia número 330 de 2010 del mismo Juzgado número 1, que aparece reproducida en la ahora apelada.
En la sentencia número 330 de 2011 igualmente se había estimado el recurso contencioso presentado contra la aquí también apelante, Ayuntamiento de Llucmajor.
Esa circunstancia, bien conocida por el citado Ayuntamiento, le obliga a comenzar su apelación señalando que ha tomado ahora en cuenta la sentencia de la Sala, cuyo razonamiento no comparte o no entiende, de manera que esgrime, en resumen, primero, que el parque fotovoltaico, es decir, la actividad de generación de energía promovida por el sector privado, es una actividad privada y no pública; segundo, que las declaraciones de utilidad pública “…tienen evidentes implicaciones urbanísticas tanto a nivel de Consell Insular como de Ayuntamiento”, de lo que sería muestra la ocupación del territorio, el afeamiento del entorno, el impacto visual o la incidencia negativa en el paisaje; tercero, que no existe impedimento para que el Ayuntamiento liquide el 10% del aprovechamiento atípico dado que el reglamento de desarrollo que falta “… no podría incidir en lo que resulte de la liquidación final…” ; cuarto, que al Ayuntamiento le supone un quebranto no aplicar el 10%; y, quinto, que en la Ley 6/1997, antes de la modificación operada por la Ley 25/2006,se requería una declaración de interés general expresa por parte del Consell Insular y que las plusvalías siguen siendo las mismas, antes y después de la modificación de la Ley 6/1997, sin que deban beneficiar solo a los promotores de estas actividades ya que con ello se infringiría el artículo 47 de la Constitución.
El productor fotovoltaico se opuso a la apelación aduciéndo, en primer termino, que la apelación no contiene critica a la sentencia apelada y que se ha centrado en la sentencia de la Sala, pero también es cierto que la sentencia apelada se basa en todo en la sentencia sobre la que la Sala conoció al resolver el recurso de apelación.
La discrepancia del Ayuntamiento se asienta en que considera que merece tomar parte en las plusvalías que genera la actividad a la que alude, es decir, la que denomina generación de energía eléctrica promovida por el sector privado. En apoyode su idea presenta una situación cercana pero distinta, esto es, la contemplación del caso en otro territorio y con otras normas.
Piénsese que lo que en nuestra sentencia básicamente se cuestiona -y se rechaza-es la fijación de la valoración contemplada por la Ley mediante un producto normativo como la Ordenanza Municipal.
Por consiguiente, la Sala considera que ha de mantener el fundamento o razón de ser de nuestra sentencia número 327 de 2011, que reiteraremos a continuación:
“El artículo 52 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre reguladora del Sector Eléctrico declara de utilidad pública que las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y ello es concordado por el artículo 140 del RD 1955/2000 de 1 de diciembre. Esa determinación legal exime ab initio de tener que justificar la utilidad pública o el interés social de la red eléctrica y las centrales productoras de electricidad pues la ley así lo reconoce. Esa declaración de utilidad pública tal y como recoge el apartado 2ºde ese artículo 52 se extiende a los efectos de la expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por razones de eficiencia energética, tecnológicas o medioambientales sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o la realización de modificaciones sustanciales en las mismas. En consecuencia produce como efecto la posibilidad de ocupación efectiva de los bienes afectados.
Por su parte la declaración de interés general es la autorización que conceden los Consells Insulars para el ejercicio de una actividad en suelo rústico, cuando ese uso el planeamiento lo recoge como condicionado y por lo tanto no prohibido. Ciertamente la declaración de interés general responde a un concepto jurídico indeterminado en donde se valora la trascendencia que para la sociedad tiene la actividad proyectada, y se valora el entorno natural en donde se pretende su implantación, así como la necesidad de ubicar en ese concreto suelo aquella actividad resultando dicha declaración ineludible e imprescindible para poder obtener seguidamente las licencias municipales. La declaración de interés general no se mueve en el ámbito de la discrecionalidad administrativa, sino que la decisión se justifica en la necesidad de que la actividad trascienda los meros intereses particulares, en la necesidad de emplazar en ese suelo protegido esa concreta actividad y en la compatibilidad con el grado de protección de ese determinado suelo, siendo finalmente esa decisión, susceptible de revisión ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Cuando lo que se pretende es la instalación en suelo rústico de actividades vinculadas a infraestructuras públicas, y la instalación de una planta de energía eléctrica fotovoltaica tiene tal condición al amparo de lo dispuesto en el artículo 24-1 c) de la LSR, hay que estar a lo previsto en los artículos 19 apartados 1 y 2 , art. 24-2 , y Disposición Adicional Octava introducida por ley 25/2006 .
1. Se declaran de utilidad pública las instalaciones de generación, transporte y
distribución de energía eléctrica, así como las de transporte y distribución de gas natural y las instalaciones de transporte y almacenaje de combustibles líquidos definidas en este plan director sectorial, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y del ejercicio de la servidumbre de paso.
b) los usos relacionados con la ejecución y el mantenimiento de las
12.- cualquier instalación prevista en el planeamiento general o de ordenación territorial es un uso admitido en suelo rústico y no precisa declaración de interés general. (art. 19-1 b ) de la LSR)
22.- fuera de esa previsión específica en esos instrumentos de planeamiento o de ordenación territorial las actividades vinculadas a esas infraestructuras son un uso condicionado, y es precisa la declaración de interés general por parte del Consell Insular (artículo 19-2 b de la LSR)
32.- en materia energética, en particular centrándonos en las instalaciones de energía solar fotovoltaica, en tanto que no prevista en el planeamiento general municipal o en el instrumento de ordenación territorial, una vez obtenida la declaración de utilidad pública por parte de la Consellería de Comerç Instrustria i Energía, ya no era precisa la obtención de declaración de interés general, al estar implícita en aquella declaración. (Disposición Adicional Octava). No obstante, la ausencia de su previsión en el planeamiento urbanístico o en el PTM, determina que su implantación constituye un uso condicionado, siendo posible su ubicación en ese suelo por la existencia de la declaración de utilidad pública que " implica " la de interés general, pues sin aquella declaración no sería posible su implantación en ese suelo.
El PDS Energético señala también en su artículo 25 apartados 5 y 6 que cuando se obtenga la declaración de utilidad pública no es precisa la obtención de autorizaciones municipales a efectos de licencias. Pero esa limitación se limita a las detalladas en sus Anexos, de forma que las que no proveyere ese Plan Director Sectorial, sí precisarán de esas autorizaciones municipales.
TERCERO: ACERCA DEL APROVECHAMIENTO ATÍPICO DEL SUELO RÚSTICO Y SUS REQUISITOS
Pues bien, en el supuesto de autos, actividad vinculada para la obtención de energía solar fotovoltaica, que dispone de una declaración de utilidad pública, la Sala considera que es precisamente una de las excepciones de nacimiento de aprovechamiento atípico a tenor de lo dispuesto en el apartado 1º de ese artículo, y ello a pesar de que no esté promovida por una administración pública, sino por capital privado. En segundo lugar no ha habido expedición de licencia municipal alguna, ni nunca la habrá conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava de la LSR.
Tampoco ha habido por parte del Consell Insular ninguna declaración de interés general porque se encuentra implícita en la declaración de utilidad pública. Por último no existe ningún desarrollo reglamentario necesario para cuantificar el importe del 10% del aumento del valor de los terrenos.
Por todo ello el acto administrativo impugnado, que no es otro que la reclamación del 10% de ese aprovechamiento atípico que el Ayuntamiento considera que nace ope legis y sin aplicación de Ordenanza alguna, no es acorde a derecho, en tanto que no se dan los supuestos precisos para ese nacimiento”
En consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha desestimado el recurso de apelación presentado por el citado Ayuntamiento condenándole en costas de esta segunda instancia.
El Ajuntament de Llucmajor sabia perfectamente que no podia imputar, ni cobraria, el aprovechamiento atípico por falta de desarrollo reglamentario, que ya tiene huevos con una ley del 97.
Pero este ayuntamiento está en crisis (por expolio) desde antes que rebentara la burbuja, así que para simular un mayor ingreso, y por tanto poder incrementar la partida de gasto, generaban una partida fictícia por dicho rendimiento atípico. Ingenieria presupuestaria se le llama a eso y injustícia para el promotor.