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Timestamp: 2020-02-18 16:06:27
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Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 1258', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 51', 'artículo\n45', 'artículo 45', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 1261']

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I: 20-03-10
R.: 35- 14-05-10
No hay un concepto legal del finiquito. Toda la teoría sobre esta importante institución del Derecho Laboral ha sido elaborada por la doctrina del extinguido Tribunal Central de Trabajo y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
¿Que es un finiquito? El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española considera que finiquito es "el hecho de finiquitar una cuenta" y "finiquitar es terminar una cuenta entre dos personas con el ajuste y pago del saldo". Dentro del ámbito del Derecho Laboral el concepto de finiquito es algo más amplio y así podemos decir que es: "El documento preparado por el empleador y que entrega trabajador o a sus causahabientes en la que este declara recibir el saldo de la liquidación practicada causando baja en la empresa, por los motivos que expresamente se indican y extinguiendo, en ese acto, su relación laboral". De este concepto se deducen las notas características del finiquito:
(A lo largo de todo este trabajo emplearemos la expresión “finiquito” aun cuando técnica y legalmente no lo sea y se trate de un simple recibo de liquidación y saldo)
a) Es un documento: Que el empresario prepara y entrega al trabajador, en el que se hacen constar todos aquellos conceptos salariales que le son debidos a la fecha de su baja en la empresa, haciéndose la liquidación de los mismos y entregándole el saldo resultante de las operaciones de abono y descuento, dando cumplimiento, de esta forma, a lo preceptuado en el art. 49.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el RDL 1/1995, de 24 de marzo:
Art. 49.2 El empresario, con ocasión de la extinción del contrato, al comunicar a los trabajadores la denuncia, o, en su caso, el preaviso de la extinción del mismo, deberá acompañar una propuesta del documento de liquidación de las cantidades adeudadas.
b) Es un recibo: Tiene la consideración de tal, en el que el trabajador declara percibir la cantidad resultante del saldo de las operaciones de liquidación de los diversos conceptos salariales que pudieran serle adeudados al día de la fecha de su baja en la empresa. Por ello es una prueba fehaciente del pago efectuado, siempre y cuando no exista disconformidad con las operaciones realizadas. Y en este sentido se considera que el finiquito tiene una eficacia extintiva y liberatoria frente a terceros y de prueba ante los tribunales. Y así lo declara la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 5 de diciembre de 1997, que lo llama expresamente "credencial de pago"
Un supuesto doctrinalmente interesante es el que se da cuando fallece, de muerte natural, un trabajador. En este supuesto entre las partidas a consignar en la liquidación se debe incluir una indemnización de 15 días del salario que en ese momento percibía el trabajador, de conformidad con lo establecido en el Decreto de 2 de Marzo de 1944, disposición que entendemos sigue plenamente vigente pues no ha sido expresamente derogada o, estar, en su caso, a lo que disponga el correspondiente Convenio Colectivo del Sector o Reglamento de Régimen Interior de la propia empresa.
En este caso el saldo de la liquidación de los haberes del trabajador fallecido constituye parte de la masa hereditaria. A la empresa se le plantea la duda de a quien debe abonarse el importe resultante de la liquidación practicada, no obstante el listado que hace el art. 2 del Decreto de 2 de Marzo de 1944, que establece un riguroso orden de prelación: viuda; descendientes legítimos o naturales reconocidos menores de 18 años o inútiles para el trabajo; hermanos huérfanos menores de la mencionada edad que estuviesen a su cargo; ascendientes pobres con tal de que sean sexagenarios o incapacitados para el trabajo. Adoptando las empresas, en la mayoría de los casos, la solución de esperar a que haya una reclamación formal para hacer el abono y a que se le presente una declaración de herederos, como forma de evitar posibles litigios por un pago precipitado.
Sin embargo, no hay un criterio definido y univoco en las sentencias de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Y así en la Sentencia del TSJ de Cataluña, de 19 de abril de 2002, que consideraba que el decreto citado no era aplicable hoy en día, puesto que había sido derogado a partir de la vigencia del Estatuto de los Trabajadores que declaró derogadas cuantas disposiciones anteriores se opusieran a él.
Por el contrario, la sentencia del TSJ del País Vasco, de 10 de mayo de 2005, estima la vigencia de la norma y resuelve el supuesto planteado de conformidad con la citada disposición.
La contradicción está servida. Dos sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que fallan en sentidos diametralmente opuestos sobre la vigencia de este Decreto de 1944. La oportunidad de un recurso de casación para la unificación de doctrina es indudable, pues permitiría solucionar definitivamente esta situación de incertidumbre. Aunque para algunos pueda estar indiscutiblemente clara la actualidad de la vigencia, otros encuentran sólidas razones para defender lo contrario. Un pronunciamiento del Tribunal Supremo despejará sin lugar para duda alguna los interrogantes sobre la vigencia del Decreto. Y a juicio de quien esto escribe, totalmente de acuerdo con lo expuesto por la sentencia aquí comentada, lo hará proclamando su validez.
Extracto de un articulo de D. José María Miranda Boto. Profesor Ayudante de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Oviedo
c) Saldado y finiquitado: Es una expresión que suele figurar en los recibos de finiquito. Según ella, el trabajador declara expresamente que se le han liquidado todos los conceptos salariales que al día de la fecha de su baja en la empresa se le debían.
d) Renuncia a reclamación posterior: Esta expresión que, igualmente, suele figurar en el recibo de finiquito es una consecuencia de la característica anterior. Según esta, el trabajador manifiesta su voluntar de no plantear una reclamación posterior sobre supuestas partidas saláriales debidas porque considera que se le ha hecho la liquidación correctamente y por consiguiente no tiene causa o motivo para ello.
e) Causando baja: En el finiquito el trabajador hace una expresa declaración de voluntad de causar baja en la empresa. Esta declaración de voluntad tiene que ser univoca, si estar contradicha por actos propios contrarios.
f) Extinguiendo la relación laboral: Y como consecuencia de lo anterior y del resto de los elementos analizados del finiquito, el trabajador igualmente declara extinguir en ese acto su relación laboral con la empresa, Es decir, procede a romper el vínculo jurídico laboral que le unía con la empresa en la que prestaba sus servicios, siempre y cuando esta declaración de voluntad suponga un consentimiento expreso manifestado libremente sin ningún tipo de coacción, por lo que habrá que estar a las reglas generales del Código Civil sobre los contratos:
Art. 1258 Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.
Art. 1261 No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes
Art.1265 Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.
Art.1266. Para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo.
Art.1267.Hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible.
Art.1268.La violencia o intimidación anularán la obligación, aunque se hayan empleado por un tercero que no intervenga en el contrato.
Art.1269.Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho.
Art.1270. Para que el dolo produzca la nulidad de los contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes.
1.1. El consentimiento de los menores de edad.-
Al tratar sobre la validez del consentimiento otorgado en un finiquito extinguiendo la relación laboral cabe preguntarse si este será valido cuando el trabajador firmante sea un menor de edad.
Es válido el firmado por un menor de edad autorizado para contratar, según se disponen en el art. 7 del ET., ya que si puede lo más, puede lo menos, pues no plantea problema jurídico alguno que un menor con capacidad jurídica limitada, al estar asistido por su representante legal para contratar, queda implícitamente legitimado para ejercitar cuantos derechos y obligaciones se deriven de ese contrato, incluida la liquidación de cuentas y extinción del vínculo laboral.
Art.7. Capacidad para contratar.
Podemos concluir dando un concepto jurídico de finiquito tomando como tal la delimitación conceptual que realizó el Tribunal Supremo en su Sentencia de 29 de septiembre de 1986, al establecer: "Únicamente cuando los documentos liquidatorios sean reflejo de la voluntad extintiva de las partes se considera finiquito". Una definición más delimitadora podría ser la dada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2000, como: "Aquel documento, no sujeto a "forma ad solemnitatem", que incorpora una declaración de voluntad del trabajador expresiva de su conformidad a la extinción de la relación laboral y de que mediante el percibo de la "cantidad saldada" no tiene ninguna reclamación pendiente frente al empleado".
2. Teorias sobre el consentimiento.-
Pero el problema del consentimiento en la declaración de la voluntad extintiva del trabajador preocupa porque en ocasiones este esta viciado por alguno de los elementos ya reseñados, por ello existen una serie de figuras jurídicas que se deben considerar al tratar este tema del finiquito que no se cierra con la mera entrega al trabajador de un documento. De esta forma se van a estudiar, si bien someramente, algunas figuras que pudieran incidir en dicho consentimiento.
2.1. Teoria del contrato de adhesión.-
Una cierta parte de la doctrina asemeja el recibo de liquidación, saldo y finiquito con los llamados contratos de adhesión. Un contrato de adhesión es un tipo de contrato cuyas cláusulas son redactadas por una sola de las partes contratantes, con lo cual la otra se limita tan sólo a aceptar o rechazar el contrato en su integridad. Contratos de adhesión los encontramos continuamente en la vida diaria al contratar con las compañías los suministros de servicios públicos, como: energía eléctrica, agua corriente, gas, telefonía, etc. o en las relaciones bancarias al solicitar la apertura de una cuenta o petición de un crédito e, igualmente, con las compañías de seguros.
Como características de un contrato de adhesión podemos indicar:
- Su materialización mediante la firma por el usuario del formulario contractual, una vez rellenados sus datos personales, lo que implica su aceptación, siendo necesario la designación de un tercero avalista que garantice el buen fin de la operación.
- El mismo formulario contractual o en otro documento anexo, que se debe adjuntar con el mismo, se contienen las llamadas Cláusulas Generales o Condiciones Generales de Contratación que regirán el contrato.
Por ello se pretende considerar el finiquito como un contrato de adhesión por cuanto este es preparado por el empleador y es el trabajador el que lo acepta o lo rechaza
2.2 . La doctrina de los actos propios.-
Teoría que en latín es conocida bajo la fórmula del principio del "venire contra factum proprium non valet", la cual proclama el principio de la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos y que esta en íntima conexión con el principio de la buena fe, regulado en el art. 7 del Código Civil.
En esta teoría no basta la mera contradicción de un acto previo con otro posterior. Dado que el individuo es un agente racional, este puede modificar su actuación futura basándose en ciertas razones siempre que no supongan una provisionalidad, lo que puede abrir o crear ciertas expectativas a terceros, que sean justificadas en razones, y que sean legítimas según los principios del ordenamiento jurídico. Al planificar su desenvolvimiento en el tráfico, el tercero puede invertir tiempo y esfuerzo, y el agente con su conducta inconsecuente puede cerrarle o frustrarle las expectativas, causándole un daño injusto.
Los requisitos de tal proceder son:
- Que los actos propios sean inequívocos, en orden a que pueda determinarse con claridad el sentido de los actos del agente.
- Que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una clara y evidente incompatibilidad o una inconsecuencia, según el sentido que, actuando de buena fe, hubiera de atribuirse a la conducta anterior.
- Que en la conducta del agente no ha de existir ningún margen de error por haber actuado con plena conciencia para producir o modificar el sentido del acto anterior.
- Que sea razonable la generación de la expectativa primera creada, considerando todas las razones disponibles. Por ejemplo, del contexto no debe desprenderse que el acto prístino sea un acto de mera tolerancia.
- Que la expectativa creada sea legítima, es decir, que guarde conformidad con los principios del ordenamiento jurídico.
- Que se produzca la frustración de tal clase de expectativa.
- Que se provoque un daño a terceros con la conducta cambiante; de lo contrario será irrelevante para el Derecho.
Esta teoría no solo afecta a las relaciones entre particulares sino que también se extiende a la Administración Pública y al Ministerio Público, con ciertas adecuaciones, en virtud del sometimiento al Estado de Derecho. En efecto, en la medida en que tanto la Administración Pública, como la Fiscalía, puedan generar las expectativas justificadas en los ciudadanos y defraudarlas, éstos pueden quedar sometidos a esta regla.
Ejemplos de este proceder los tenemos con cierta frecuencia en los planteamientos frente a los Tribunales:
- El padre que reconoce voluntariamente a una persona como hijo propio y, posteriormente, pretende impugnar dicho reconocimiento.
- El establecimiento que vende alcoholes a una persona, que sufre accidente en sus dependencias y luego pretende eximirse de su responsabilidad alegando precisamente la ingesta alcohólica de esa misma persona.
- El que alega la nulidad de un contrato y a la vez pretende, en otro juicio paralelo, el cumplimiento forzado del mismo.
- La persona que en contactos preliminares de un contrato crea la razonable confianza de que dicho contrato se perfeccionará posteriormente, pero luego rompe injustificada e intempestivamente dichas negociaciones.
Resumen efectuado sobre un texto tomado de Wikipedia
2.3 . La doctrina de la buena fe.-
En íntima conexión con la teoría de los actos propios tenemos la institución de la buena fe, aunque sólo vamos a referirnos a aquélla que trata de una manera u otra sobre su manifestación en la teoría de los actos propios, no se van a citar todos los preceptos del Código civil que contienen referencias a la buena fe, sino sólo aquéllos a los que se apela cuando se afirma que “nadie puede ir contra sus propios actos”. En este sentido, fundamentalmente se hace referencia al art. 7.1 Código Civil y, cuando estamos ante materia contractual, al art. 1258, anteriormente ya citado.
Art. 7. 1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe….
Sentencia del Tribunal Supremo de 4-3-1985 [RJ 1985\1107]: “la virtualidad del principio de derecho de los actos propios exige, primero, que el acto que se pretende combatir haya sido adoptado y realizado con plena libertad de criterio y voluntad no coartada; segundo, un nexo causal eficiente entre el acuerdo adoptado o acto realizado y su incompatibilidad con la conducta posterior; y tercero, que el acto sea concluyente e indubitado de tal forma que defina de modo inalterable la situación del que lo realiza”.
Sentencia del Tribunal Supremo de 12-12-1985 [RJ 1985\6436]: “la Jurisprudencia tiene declarado con reiteración, la fuerza vinculante del acto propio estriba en ser éste expresión de un consentimiento dirigido a crear, modificar y extinguir algún derecho, generando una situación desacorde con la posterior conducta del sujeto -sentencias de 14-2-1984 (RJ 1984\654), 16-6-1984, (RJ 1984\3246), 5-10-1984 (RJ 1984\4758) y 21-12-1984 (RJ 1984\6293).
Para el Tribunal Supremo en su Sentencia del 21-9-1987 [RJ 1987\6186]: "artículo 7.º-1.º del Código Civil que con todo acierto el pronunciamiento judicial invoca, como ya expresó la sentencia de esta Sala de 8-7-1981 (RJ 1981\3053), es una norma que en su profundo sentido obliga a la exigencia, en el ejercicio de los derechos, de una conducta ética significada por los valores de la honradez, lealtad, justo reparto de la propia responsabilidad y atenimiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre pueda provocar En el ámbito de la confianza ajena, y que la norma referida en cuanto consagra el principio de buena fe como límite al ejercicio de los derechos subjetivos, precisa según sancionó la sentencia de esta propia Sala de 21-5-1982 (RJ 1982\2588), la fijación de su significado y alcance y en este sentido la Sentencia de 29-1-1965 (RJ 1965\262), al establecer una serie de supuestos típicos cuya concurrencia autoriza, en términos generales, a admitir que contradicen dicho principio, concreta que se falta a la buena fe cuando se va contra la resultancia de los actos propios, señalando igualmente la doctrina científica moderna más autorizada que actúa contra la buena fe el que ejercita un derecho en contradicción con su anterior conducta en la que hizo confiar a otro, vulnerando con dicha conducta las normas éticas que deben informar el ejercicio del derecho las que, lejos de carecer de trascendencia, determinan que su ejercicio se torne inadmisible".
Sentencia del Tribunal Supremo de 5-10-1987 [RJ 1987\6717]: “en orden al alcance de la doctrina de los actos propios tiene declarado esta Sala que los actos propios contra los que no es lícito accionar son aquellos que, por su carácter trascendental o por constituir convención, causan estado, definiendo inalterablemente la situación jurídica de su autor o aquellos que vayan encaminados a crear, modificar o extinguir algún derecho opuesto, por lo que el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos sólo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubieren creado una relación o situación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla -S. 5-10-1984 (RJ 1984\4758)-, y que los actos propios, para ser tenidos como expresión del consentimiento, han de realizarse con el fin de crear, modificar o extinguir algún derecho, causando estado y definiendo inalterablemente la situación jurídica del autor de los mismos -S. 16-6-1984 (RJ 1984\3246)-“. Así, también la STS 9-10-1993 [RJ 1993\8174], con cita de las SSTS de 22-6-1987 [RJ 1987\4545], 16-2-1988 [RJ 1988\1994], 25-1-1989 [RJ 1989\123], 6-11-1990 [RJ 1990\8527] y 27-11-1991 [RJ 1991\8497].
Sentencia del Tribunal Supremo de 30-1-1990 [RJ 1999\10]: “para poder estimar que se ha infringido la doctrina de los actos propios, que encuentra su apoyo legal en el artículo 7.1 del Código Civil, ha de haberse probado quebranto del deber de coherencia en los comportamientos, debiendo concurrir en los actos propios condición de ser inequívocos, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar o extinguir, sin ninguna duda, una precisada situación jurídica afectante a su autor, ocasionando incompatibilidad o contradicción entre la conducta precedente y la actual (Sentencias de 10-6 y 17-12-1994 [RJ 1994\5225 y RJ 1994\9428], 30-10-1995 [ RJ 1995\7851] y 24-6-1996 [RJ 1996\4846])”.
Sentencia del Tribunal Supremo de 3-11-1990 (RJ 1990\8460): “la inadmisibilidad de venir contra los propios actos constituye técnicamente un límite del ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad, derivado del principio de buena fe y, particularmente, de la exigencia de observar -dentro del tráfico jurídico- un comportamiento coherente”.
Sentencia del Tribunal Supremo de 5-3-1991 [RJ 1991\1718]: “(…) el citado principio sólo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que hubieran creado una situación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla -sentencias, entre otras, de 16-6 y de 5-10-1984 [RJ 1984\3246 y RJ 1984\4758], 22-6, 25-9 y 5-10-1987 [RJ 1987\4545, RJ 1987\6278, RJ 1987\6717] y 25-3 y 4 y 10-5-1989 [RJ 1989\3585 y RJ 1989\3752])”.
Sentencia del Tribunal Supremo de 4-6-1992 [RJ 1992\4999]: “esta Sala ha exigido que los denominados actos propios causen estado definiendo inalterablemente la situación jurídica de su autor, o que vayan encaminados a crear, modificar o extinguir algún derecho opuesto a sí mismo (Sentencias, entre otras, de 22-6 y 5-10-1987 [RJ 1987\4545 y RJ 1990\6125]). Además, el acto ha de ser solemne, expreso, no ambiguo y perfectamente delimitado, definiendo de forma inequívoca la situación del que lo realiza (SS. 22-9 y 19-10-1988 [RJ 1988\6850 y RJ 1988\7399]). Lo cual no puede predicarse de meros actos preparatorios o borradores de otros posteriores que no llegaron a convenirse (…)”.
En conexión con los requisitos de forma de los actos propios es interesante, porque alude a la justificación, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7-5-1993 [RJ1993\3465]: “si todos los actos propios que son los que vinculan a su autor dado su carácter trascendental o que por convención, causan estado (SS. 5-3 y 26-12-1991 (RJ 1991\1718 y RJ 1991\9600) y con los que se consigue o pretende conseguir la finalidad de crear, modificar o extinguir algún derecho, no tuvieran que sujetarse a las formalidades exigidas por las leyes para su eficacia y validez, ello nos conduciría a un sistema jurídico arbitrista, voluntarista que engendraría una situación de inseguridad jurídica incompatible con el más elemental estado de equilibrio social y humano y en definitiva al absurdo jurídico”.
Sentencia del Tribunal Supremo de 9-10-1993 [RJ 1993\8174]: “la buena fe contractual, entendido este concepto en sentido objetivo como comportamiento justo y adecuado, consiste en dar al contrato cumplida efectividad, en orden a la realización del fin propuesto, por lo que deben estimarse comprendidas en las estipulaciones contractuales aquellas obligaciones que constituyen su lógico y necesario cumplimiento”.
Sentencia del Tribunal Supremo de 2-2-1996 [RJ 1996\1081]: “la Sentencia de esta Sala de 29-1- 1965 (RJ 1965\262) establece una serie de supuestos típicos cuya concurrencia autoriza, en términos generales, a admitir que contradicen dicho principio, concretando que se falta a la buena fe cuando se va "contra la resultancia de los actos propios, se realiza un acto equívoco para beneficiarse intencionadamente de su dudosa significación o se crea una apariencia jurídica para contradecirla después en perjuicio de quien puso su confianza en ella", señalando también la doctrina científica moderna más autorizada que actúa contra la buena fe el que ejercita un derecho en contradicción con su anterior conducta en la que hizo confiar a otro -prohibición de ir contra los actos propios-, y especialmente infringe el mismo principio el que ejercita su derecho tan tardíamente que la otra parte pudo efectivamente pensar que no iba a actuarlo -retraso desleal- vulnerando, tanto la contradicción con los actos propios como el retraso desleal, las normas éticas que deben informar el ejercicio del derecho, las que lejos de carecer de trascendencia ..., determinan el que el ejercicio del derecho se torne inadmisible, con la consiguiente posibilidad de impugnarlo por antijurídico ...» (en el mismo sentido ver S. 21-9-1987 [RJ 1987\6186])”. Esta descripción de contenidos también aparece en la STS 6-VI-1992 [RJ 1992\5165].
Sentencia del Tribunal Supremo de 12-3-1998, (RJA 1563) “...la «buena fe de que habla el artículo 1258, que no es la subjetiva (creencia, situación psicológica) sino la objetiva (comportamiento honrado, justo) a la que alude el artículo 7 del Código Civil, que consagra como regla general el principio de ese nombre».
En el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 9-10-1993, (RJA 8174): "...La buena fe contractual, entendido este concepto en su sentido objetivo como comportamiento justo y adecuado, consiste en dar al contrato cumplida efectividad, en orden a la realización del fin propuesto, por lo que deben estimarse comprendidas en las estipulaciones contractuales aquellas obligaciones que constituyan su lógico y necesario cumplimiento; si bien es criterio generalizado en la doctrina de esta Sala que la existencia o inexistencia de buena fe es cuestión de hecho y por tanto de la libre apreciación del Juzgador de instancia..."
2.4 El abuso del derecho.-
El Código Civil español, reconoce el abuso de derecho y lo prescribe en el artículo 7.2 de la manera siguiente:
Art. 7.2 La ley no ampara el abuso de derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención del autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realizase sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño a tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de medidas judiciales u administrativas que impidan la persistencia en el abuso
- Abuso de derecho, que será toda actuación, que amparada por la cobertura de un derecho subjetivo, cause daño a un interés particular.
- Ejercicio antisocial, que se definirá como toda actuación, que amparada por la cobertura de un derecho subjetivo, cause daño a un interés social.
Finalmente, en una pretensión judicial, no basta con decir que hubo abuso del derecho, sino que es necesario enunciar cuál es el derecho, cuál es el abuso del derecho y qué límites se exceden en el supuesto acto abusivo. Además, es necesario analizar por qué el ejercicio del derecho no es regular.
El Juez detectando abuso del derecho no podrá actuar de oficio, a menos que ese ejercicio abusivo del derecho afecte al Estado o garantías constitucionales
Síntesis de un artículo sobre Abuso del Derecho en la Enciclopedia Wikipedia
2.5 El fraude de ley.-
Se considera que existe fraude de ley cuando se vulnera una norma al amparo, aparente, de otra norma o disposición diversa.
El mandato legislativo no sólo se infringe por actos francamente opuestos a su precepto, sino que también cuando se desarrolla una actividad que no resulta contraria al precepto literalmente considerado, pero sí que contradice su finalidad.
Sentido antiguo del fraude que hoy está superado por los mecanismos de la interpretación, frente al cual se incorpora el nuevo significado, como acto, que al relacionarse con dos normas distintas, viola una con aparente apoyo en la otra; concepto del fraude que deriva de la noción unitaria del Ordenamiento.
Efecto de la actuación en fraude de ley es su sanción, consiste en que lo realizado en fraude de ley: "no impide la aplicación de la norma eludida". El problema que ofrece el fraude, a diferencia del acto nulo, es su constatación, ya que debe desvirtuarse la apariencia de legalidad que rodea al acto fraudulento.
- Ha de tratarse de un acto jurídico, no siendo suficiente la mera intencionalidad.
- En apariencia, dicho acto encuentra apoyo en una norma jurídica, pues, de no ser así, se trataría de un acto contra ley, si bien esta norma de cobertura no tiene por finalidad amparar ese acto.
- El acto fraudulento persigue un fin condenado por otra norma del Ordenamiento. En principio, es indiferente que el actor tenga intención de eludir la norma defraudada, siendo suficiente con el resultado ilícito.
El artículo 6.4 del Código Civil señala que:
Art. 6.4… los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir.
El fraude de ley suele ir de la mano del abuso del derecho y tenemos ejemplos de la vida diaria que inciden en estos supuestos:
Principalmente en el ámbito del derecho laboral:
- Finiquitos firmados en el mismo momento de la firma de un contrato temporal, para asegurarse el cese del trabajador.
- En la formalización sucesiva de diversos contratos temporales a un mismo trabajador aun siendo estos de distinta naturaleza.
- Contratos que no responden a una realidad laboral sino formalizados únicamente con el propósito de conseguir una prestación de desempleo o una pensión de jubilación.
- Supuestos padecimientos de enfermedades inexistentes con el fin de obtener la baja médica y posiblemente lograr una pensión de incapacidad
En la realidad de la sociedad española de hoy en día se esta dando el fenómeno de los llamados Matrimonios de Conveniencia. Fenómeno muy común en los países sometidos a fuerte inmigración y que comienza a tener bastante importancia en nuestro país que ha pasado de ser "un país de emigración al extranjero", a ser “un país receptor de ciudadanos que llegan de otros países para vivir aquí.
Según las notas de Prensa del Instituto Nacional de Estadística, de fecha 17 de enero de 2006: "La población residente en España alcanzó las 44.108.530 personas a 1-1-2005. El número de extranjeros se situó en 3.730.610, lo que supone el 8,5% del total de empadronados. Por nacionalidades, los extranjeros más numerosos fueron los marroquíes con 511.294, seguidos de los ecuatorianos con 497.799, los rumanos con 317.366 y los colombianos con 271.239.
Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística referentes al año 2004, en España se registraron 30.930 matrimonios en los que al menos uno de los cónyuges era extranjero:
El propósito de estos matrimonios celebrados en fraude de ley es el de beneficiarse de las consecuencias legales del matrimonio en el campo de la nacionalidad y de la extranjería, siendo los objetivos más usuales: Adquirir de modo acelerado la nacionalidad española, lograr un permiso de residencia en España en el que se les aplique el Régimen Comunitario y lograr la reagrupación familiar de nacionales de terceros Estados, conseguir la cartilla sanitaria y lograr con los documentos anteriores un permiso de trabajo y la consiguiente alta en la Seguridad Social.
Resumen de un texto de Dª. Rocío García Zúñiga preparado para las I Jornadas de Derecho de Familia Internacional: “La adopción internacional y los matrimonios de conveniencia”.
Facultad de Derecho de LA Coruña, 6 y 7 de abril de 2006.
3. Modelo de finiquito.-
No existe un modelo de finiquito. Lo normal es que este se redacte en una simple hoja de papel, a lo sumo con el membrete de la empresa. Pero sí consideramos que debe contener ciertos datos.
Como todo documento consta de tres partes: encabezado, cuerpo y pie.
3.1 Conceptos que deben figurar en el finiquito.-
3.1.1. Encabezado:
Los datos que deben figura en el este apartado del documento son:
- La expresión “Recibo de liquidación, saldo y finiquito” si bien en aquellos supuestos en que no exista una ruptura del vínculo jurídico laboral, como puede ser en el caso de una suspensión de contrato, no deberá figura tal expresión, quedando como “Recibo de liquidación y saldo”.
- El nombre y apellidos del trabajador
- Su número del D.N.I
- Su numero de matricula dentro de la empresa
- La fecha de su antigüedad
- La categoría laboral del trabajador
- Su número de afiliación a la Seguridad Social y grupo de cotización
- El % del IRPF que le sea aplicable.
- La causa o motivo de la baja o de la suspensión del contrato
3.1.2 Cuerpo del documento.-
En este apartado se harán constar, como partidas de abono, todos los conceptos salariales que a la fecha de la baja del trabajador le sean debidas, tales como:
- Los salarios que por todos los conceptos deba recibir en función de los días trabajados hasta el momento de su baja.
- Los días de vacaciones no disfrutadas
- La parte proporcional de las pagas extraordinarias (verano, navidad y beneficios, si existe en la empresa) en función del tiempo de permanencia.
- La indemnización que le corresponda en el supuesto de fallecimiento del trabajador conforme a lo dispuesto en el D. 2-3-1944
- La indemnización que le corresponda por motivos justificados conforme a lo dispuesto en el art.81.2 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944
- La indemnización que le corresponda por su baja en la empresa de conformidad con el Expediente de Regulación de Empleo que le sea aplicable o bien normativa de Régimen Interior de la Empresa o Convenio Colectivo del Sector.
- Los salarios correspondientes a los días de descanso compensatorio.
- Los importes correspondientes al número de horas extraordinarias estructurales y no estructurales que le sean debidas.
- Los salarios correspondientes a la diferencia en días que falten hasta 15 en la finalización de contratos que superen en su duración al año.
- Las cantidades que le puedan corresponder en virtud del premio de vinculación (antigüedad) en la empresa.
- Plus de transporte pendiente de su abono al trabajador.
- Prestaciones de la Seguridad Social en pago delegado.
- Productos en especie concedidos voluntariamente por la empresa o pago de consumos de productos producidos por la empresa (caso de las Empresas de Energía Eléctrica)
- La cantidad que resulte exenta de retención del IRPF.
Igualmente, en el cuerpo del documento se harán constar, como partidas de descuento, las siguientes:
- Los importes correspondientes a posibles retribuciones percibidas y no devengadas.
- Retribuciones percibidas en el disfrute de vacaciones no devengadas.
- Anticipos recibidos sobre sus nominas.
- Cantidades percibidas como préstamos de Ordenanza Laboral, Convenio Colectivo del Sector o Reglamento de Régimen Interior de la empresa.
- Cantidades percibidas como anticipo del premio de vinculación.
- Cantidades a retener en virtud de comunicaciones judiciales.
- Cantidades de conformidad con el valor residual de equipos, herramientas o materiales entregados al trabajador en función de su trabajo y no devueltos.
- Cantidades a descontar de posibles sociedades médicas
- Cantidades a descontar por posible incumplimiento de las normas del horario flexible en aquellas empresas que lo tengan implantado.
- Cantidades pendientes de saldo deudor resultantes de viajes realizados.
- La cuota sindical, cuando su recaudación compite a la empresa
- Cantidades correspondientes al ejercicio del derecho de huelga
- El descuento por el IRPF que le sea aplicable
- Las cuotas de la Seguridad Social
- El descuento por cotización adicional de horas extras
3.1.3.Parte final o pie del documento.-
En este apartado se hará constar:
- Se totalizaran las correspondientes partidas de abono y descuento y el saldo resultante.
- Se incluirá una expresión del tenor de: "Con la entrega de la cantidad indicada quedo saldado y finiquitado de cuantos conceptos pudieran serme adeudados al día de la fecha, sin que nada tenga que reclamar contra la misma por ningún concepto, causando baja en la empresa y extinguiendo en este acto mi relación laboral".
- La localidad, con indicación de la provincia, en la que se formaliza el finiquito, el día, mes y año
- Se incluirá la expresión "conforme y recibí"
- La firma del trabajador, con su DNI debajo de ella
- A su misma altura y en el otro extremo del documento se hará figurar la firma de algún responsable de la empresa, normalmente el Jefe de Personal o persona en la que este delegue tal menester
- La indicación "SI/NO, hago uso de la presencia de un represente de los trabajadores"
4. Finalidad.-
¿Cuál es la finalidad ultima del finiquito? Es simplemente el que la empresa pueda disponer de una prueba fehaciente de haber practicado la liquidación de haberes al trabajador en cuestión, haber hecho entrega del saldo resultante y tener plena constancia de la baja del trabajador y de su manifiesta voluntad de extinguir el vínculo jurídico laboral que le une con la empresa.
5. Modalidades.-
¿Se debe formalizar siempre un recibo liquidación, saldo y finiquito?
Si, siempre que haya una interrupción en la ejecución del contrato laboral.
Esta interrupción puede ser de dos clases:
5.1. Interrupción sin extinción del vínculo laboral.-
En este supuesto nos encontraríamos con los casos de permiso sin sueldo y los supuestos de suspensión de contrato por decisión de la Autoridad Administrativa en un Expediente de Regulación de Empleo.
En ambos supuestos en la cabecera del documento se suprimirá la palabra “finiquito y quedara solamente como “Recibo de liquidación y saldo”, e, igualmente, en la estereotipada frase del pie del documento no figurara la palabra “finiquito” ni la frase “extinguiendo en este acto mi relación laboral con la empresa “, que se sustituirá por esta otra “…por la suspensión, en el día de hoy, del contrato de trabajo existente”
Y cuando la suspensión sea debida a un Expediente de Regulación de Empleo se sustituirá por esta otra frase: “… por la suspensión, en el día de hoy, del contrato de trabajo existente, conforme a lo dispuesto en el Articulo 47.1 del Estatuto de los Trabajadores y la Resolución de la Direccion Provincial de Trabajo de Xxxxxxx, de fecha xx-xx-xx, recaída en el Expediente de Regulación de Empleo núm. xxx/xx, homologando el Acuerdo alcanzado el xx-xx-xx con el Comité de Empresa.
Art. 45. Causas y efectos de la suspensión.
d) Maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses y adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean provisionales, de menores de seis años o de menores de edad que sean mayores de seis años cuando se trate de menores discapacitados o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los
g) Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia
2. La suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y
remunerar el trabajo.
Art. 47. Suspensión del contrato por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.
1. El contrato de trabajo podrá ser suspendido, a iniciativa del empresario, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 51 de esta Ley y en sus normas de desarrollo, excepto en lo referente a las indemnizaciones, que no procederán. La autorización de esta medida procederá cuando de la documentación obrante en el expediente se desprenda razonablemente que tal medida temporal es necesaria para la superación de una situación de carácter coyuntural de la actividad de la empresa.
Art.48. Suspensión con reserva de puesto de trabajo.
4. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad
al parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute
de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período de suspensión por maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la
En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo por el período que hubiera correspondido a la
madre, lo que será compatible con el ejercicio del derecho reconocido en el artículo siguiente.
En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período superior a siete días, el período de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado,
con un máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle.En los supuestos de adopción y de acogimiento, de acuerdo con el artículo
45.1.d) de esta Ley, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiples en dos semanas por cada menor a partir del segundo.
Dicha suspensión producirá sus efectos, a elección del trabajador, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, provisional o definitivo, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho
a varios períodos de suspensión.
En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que se refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos semanas. En caso de que ambos progenitores trabajen, este período adicional se distribuirá a opción de los interesados,
que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida.
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto para cada caso en el presente apartado, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se
Art.48.bis. Suspensión del contrato de trabajo por paternidad.
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días
más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los períodos de descanso por maternidad regulados en el artículo 48.4.
El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el período comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa
o judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato regulada en el artículo 48.4 o inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión.
5.2. Interrupción con extinción del vínculo laboral.-
En este segundo caso tendríamos los supuestos de excedencia, sea esta voluntaria o forzosa, regulados en el art. 46 ET. Y todos los casos de baja en la empresa cualquiera que sea su causa, reguladas en el art. 49 del ET.
La excedencia forzosa se solicita para el ejercicio de cargos públicos o sindicales. Esta excedencia se concede para poder ejercer funciones políticas o sindicales de ámbito provincial o superior, o ser nombrado o elegido para un cargo público que imposibilite asistir al trabajo. La duración de la excedencia es mientras dure el ejercicio del cargo. Se mantiene el puesto de trabajo y computa a efectos de antigüedad.
Art. 46. Excedencia forzosa
5.2.1 Picaresca empresarial sobre la excedencia voluntaria
La práctica empresarial sobre las excedencias voluntarias, en general, es la de prescindir de todo trabajador que solicite una excedencia, por ello se conceden todas las que se pidan y cuando se solicita el reingreso se suele contestar diciendo que se toma nota de la petición pero que de momento no existe vacante de su categoría, por lo que se deniega el reingreso. Ante esta situación hay que estar muy atento, para que no prescriba la acción de reclamación judicial, pues, en realidad estamos ante un caso de despido encubierto, la mayor parte de los trabajadores se aburren de esperar a la comunicación de la empresa informándoles de la existencia de una vacante de su categoría, el tiempo corre y prescribe el plazo de reclamación.
Art. 59. Prescripción y caducidad.
"…3. El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos.
4. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a las acciones contra las decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo. El plazo se computará desde el día siguiente a la fecha de notificación de la decisión empresarial, tras la finalización, en su caso, del período de consultas".
En cuanto a las excedencias forzosas muy raramente los excedentes solicitan el reingreso, pues picados por el gusanillo de la política se integran en los órganos del gobierno o de los sindicatos y si se diera el caso de una solicitud de reingreso se pacta una baja voluntaria con una cierta indemnización.
Art. 49. Extinción del contrato.
c) Por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato. A la finalización del contrato, excepto en los casos del contrato de interinidad, del contrato de inserción y de los contratos formativos, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar ocho días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación.
El trabajador podrá solicitar la presencia de un representante legal de los trabajadores en el momento de proceder a la firma del recibo del finiquito, haciéndose constar en el mismo el hecho de su firma en
presencia de un representante legal de los trabajadores, o bien que el trabajador no ha hecho uso de esta posibilidad. Si el empresario impidiese la presencia del representante en el momento de la firma,
el trabajador podrá hacerlo constar en el propio recibo, a los efectos oportunos.
Art. 50. Extinción por voluntad del trabajador.
Art. 51. Despido colectivo.
10. Derogado
Art. 52. Extinción del contrato por causas objetivas.
b) Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables y hayan transcurrido como mínimo dos meses desde que se introdujo la modificación. El contrato quedará en suspenso por el tiempo necesario
y hasta el máximo de tres meses, cuando la empresa ofrezca un curso de reconversión o de perfeccionamiento profesional a cargo del organismo oficial o propio competente, que le capacite para la adaptación requerida.
6. Firma del finiquito. Reservas. Garantias
Normalmente el trabajador ante la presencia de un recibo de liquidación, saldo y finiquito no sabe que hacer, si debe firmar o no. Si el trabajador desea percibir la cantidad del saldo resultante de la liquidación de sus haberes hasta el día de su baja y no esta conforme con la cantidad resultante puede tranquilamente firmar el finiquito haciendo constar lo que se llama una reserva de derechos. Puede firmar y escribir “Recibo pero no conforme” o puede decir “Me reservo el ejercicio de las acciones legales que crea oportunas”, “…o que me asistan”.
Es indudable que si el trabajador no firma la empresa no le va a hacer entrega de la cantidad resultante del saldo, en cuyo caso el trabajador para hacer efectivos sus haberes tiene que demandar al empresario en reclamación de cantidad, considerando los plazos establecidos en el art. 59 ET.
a. El día en que expire el tiempo de duración convenido o fijado por disposición legal o convenio colectivo.
b. El día en que termine la prestación de servicios continuados, cuando se haya dado esta continuidad por virtud de prórroga expresa o tácita.
2. Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse…
Pero el trabajador tiene ciertas garantías para la firma del finiquito. Al hablar de su contenido, hemos indicado que uno de los elementos que debían figura en el pie del documento era la expresión "SI/NO, hago uso de la presencia de un represente de los trabajadores", es decir el trabajador puede solicitar al empresario que en el momento de la firma del finiquito le asista un representante de los trabajadores que le explique el contenido del mismo y le asesore sobre su alcance y consecuencias.
En el supuesto de que en dicha empresa, por su tamaño, no exista Comité de Empresa, se indicara esta circunstancia en el finiquito.
Independientemente, el trabajador, igual que cualquier otro ciudadano, tiene la garantía de acceso a los tribunales en defensa de los derechos laborales que considere conculcados, según se determina en el art. 24 CE.
7. Representante sindical.-
Para evitar una posible situación de indefensión del trabajador en el momento de ponerle delante el recibo de liquidación, saldo y finiquito dado el nivel de superioridad en que actúa el empresario el trabajador puede solicitar de este la presencia de un miembro del Comité de Empresa en dicho momento. Este aspecto garante de la libre actuación del trabajador esta recogido en el art. 49.2. p. 2 del ET. y ello en función de las competencias que la legislación atribuye al Comité de Empresa en el art. 64.1.6. y 64.1.9. ET. y sin perjuicio de lo que disponga al respecto en el correspondiente Convenio Colectivo del Sector e incluso en el Reglamento de Régimen Interior de la propia empresa.
Art. 49.2. p. 2
"…El trabajador podrá solicitar la presencia de un representante legal de los trabajadores en el momento de proceder a la firma del recibo del finiquito, haciéndose constar en el mismo el hecho de su firma en presencia de un representante legal de los trabajadores, o bien que el trabajador no ha hecho uso de esta posibilidad. Si el empresario impidiese la presencia del representante en el momento de la firma, el trabajador podrá hacerlo constar en el propio recibo, a los efectos oportunos".
Art. 64.1.6 "... Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la empresa, así como de los documentos relativos a la terminación de la relación laboral…"
Art. 64.1.9 "... Ejercer una labor:
a) De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y empleo, así como el resto de los pactos, condiciones y usos de empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante el empresario y los organismos o tribunales competentes…"
Se plantea la duda de a quien se debe considerar como "representante de los trabajadores, si solamente a los que forman este grupo sindical o cabe aplicar también tal denominación a los llamados "delegados sindicales". La cuestión esta resuelta por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 142/1993, de 22 de abril, donde se acepta incluir tanto a representantes como a delegados sindicales, solo en esta cuestión de asesor para la firma de los finiquitos. Normalmente es el propio trabajador quien designa el "sindical" (de entre los citados) que desea que le asesore y en caso contrario el Comité de Empresa suele tener nombrado a uno de sus miembros en quien ha delegado para que ejerza esta tarea de asesoramiento sobre la firma de los finiquitos.
8. Incumplimiento de las garantías por el empresaario.-
El incumplimiento por parte del empresario de las garantías establecidas en el art. 49.2 ET. hacia los trabajadores que causen baja en la empresa en materia de finiquito es considerada como una infracción grave según el art. 7 del RDL 5/2000, de 4 de agosto, que aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
"…4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de tramitación de los recibos de finiquito..."
9. Eficacia jurídica del finiquito.-
¿Qué supone que se haya firmado un finiquito? En principio supone:
a) La prueba de que el trabajador ha recibido el importe del saldo resultante de las operaciones de liquidación de los haberes que se le debían hasta el día de su baja en la empresa.
b) La manifestación de que no se le debe cantidad alguna, considerándose saldado y finiquitado.
c) En consecuencia, que renuncia a una posible reclamación posterior.
d) La manifestación de voluntad de que rompe el vinculo jurídico-laboral que le lega con su empresa y extingue a
e) El deseo y consecuentemente la expresa declaración de voluntad de causar baja en la empresa por lo que declara extinguir en ese acto su relación laboral.
Esta declaración de voluntad tiene que ser univoca, si estar contradicha por actos propios contrarios.
El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 25 de enero de 2005, fundamento de Derecho 4º, admite la posibilidad de que el trabajador exteriorice la voluntad de liquidar el vínculo contractual y sus efectos económicos, ya que esta conducta no supone por sí renuncia anticipada de derechos, ni se trata de derechos indisponibles, siempre y cuando esa manifestación de voluntad reúna los requisitos del artículo 1261 del Código Civil. No obstante, viene sometido a un control judicial, que debe recaer sobre aquellos elementos esenciales del pacto previo (mutuo acuerdo o transacción), y puede en este momento perder su normal eficacia liberatoria sea por defectos esenciales en la declaración de la voluntad o por falta del objeto cierto materia del contrato o de la causa de la obligación que se establezca, o por ser contrario a una norma imperativa, al orden público o perjudique a terceros.
Es decir, los Tribunales de Justicia son cada vez más cautos en cuanto a dar un exclusivo carácter liberatorio de los finiquitos, por cuanto consideran que deben hacerse una autentica interpretación de cual ha sido en realidad la voluntad de las partes y por otro lado cabe la posibilidad de que el finiquito suponga una renuncia de derechos por parte del trabajador lo que esta proscrito por el art. 3.5 del ET.
Art. 3.5. Los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo.
Extracto de un articulo tomado de “tuabogadodefensor.com”
10. Efectos del Finiquito.-
El finiquito tiene valor y efecto liberatorio, cuando:
- El finiquito tiene plenos efectos liberatorios cuando se ha firmado sin oposición ni reserva alguna por parte del trabajador.
- Los efectos liberatorios del finiquito alcanzan únicamente a los conceptos retributivos determinados en el documento.
- La firma del finiquito no supone automáticamente conformidad con la extinción del contrato. Para que el finiquito produzca este efecto debe incorporar:
- El acuerdo que se plasma en el finiquito está sujeto a las reglas de interpretación de los contratos.
- Cuando el finiquito acredita el pago de las obligaciones surgidas como consecuencia de la extinción de la relación laboral, cualquier reclamación que derive de esa causa ha de ser rechazada.
No tienen efectos extintivos los finiquitos, cuando:
- Carece de valor el finiquito si contiene renuncia a priori a derechos in potentia, sus manifestaciones no corresponden a la realidad o se limita a frases estereotipadas y ambiguas, o se ha firmado con anterioridad a la ruptura del vínculo laboral o en blanco; aparte de las infracciones administrativas y penales en que se hubiese podido incurrir.
- Tampoco tiene valor liberatorio el finiquito que únicamente refleja la simple constancia y conformidad de una liquidación de haberes. La conformidad del trabajador en la extinción de la relación laboral debe estar expresamente recogida en el documento, sin que sea posible deducirla de una liquidación de haberes.
Enviado por: Jose A Garcia
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