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Timestamp: 2019-12-11 02:21:43
Document Index: 240152338

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 7', 'artículo 32', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 49', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 47', 'artículo 5', 'artículo 21', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 7']

CPLT Jurisprudencia | Aníbal Gutiérrez Avejares con MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ
Aníbal Gutiérrez Avejares con MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ Rol: C455-09
Se dedujo amparo en contra de la I. Municipalidad de Curacaví, fundado en el hecho de haber recibido respuesta negativa del órgano requerido, en razón de la oposición de terceros, ya que se habia solicitado un documento que indique el perfeccionamiento de los docentes directivos con sus respectivos cursos, años, sedes (universidades o instituciones) de cada establecimiento municipal en la comuna de Curacaví, incluyendo al Director de Educación y la Jefa de la Unidad Técnica Pedagógica. El Consejo respecto de los terceros que no han sido aludidos en medios de comunicación por el reclamante, pero que, sin embargo, argumentan una posible afectación a la imagen profesional, a la vida privada e integridad, se estima que tampoco existen antecedentes concretos que ello pudiera verificarse con la divulgación de la información pedida, por cuanto ésta da cuenta del perfeccionamiento de los funcionarios aludidos en la solicitud, el que se vincula con el cumplimiento de requisitos para ocupar sus respectivos cargos y, potencialmente con los requisitos para la recepción de la asignación correspondientes financiada con fondos públicos, por lo que se estima que el supuesto riesgo de daño invocado no es consecuencia directa y necesaria de la publicidad de la información. Por ello se acoge el reclamo interpuesto.
DECISIÓN AMPARO ROL C455-09
Entidad pública: I. Municipalidad de Curacaví
Requirente: Aníbal Gutiérrez Avejares
Ingreso Consejo: 28.10.09
En sesión ordinaria N° 139 de su Consejo Directivo, celebrada el 9 de abril de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C455-09.
1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Aníbal Gutiérrez Avejares solicitó al Ministerio de Educación el documento que indique el perfeccionamiento de los docentes directivos con sus respectivos cursos, años, sedes (universidades o instituciones) de cada establecimiento municipal en la comuna de Curacaví, incluyendo al Director de Educación y la Jefa de la Unidad Técnica Pedagógica.
Debe consignarse que la copia de la constancia de solicitud de información generada por el Sistema de Gestión de Solicitudes del MINEDUC no deja certifica la fecha de la misma.
2) DERIVACIÓN DE LA SOLICITUD DE AMPARO: Mediante Ordinario N° 60, del 22 de septiembre de 2009, el Ministerio de Educación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, derivó la solicitud de acceso a la I. Municipalidad de Curacaví. Dicho Ordinario fue recepcionado por la entidad edilicia el 24 de septiembre de 2009, según timbre estampado en el documento.
3) RESPUESTA: Mediante Ordinario N° 709, de 26 de octubre de 2009, dirigido a la Coordinadora Nacional MINFO Transparencia, del Ministerio de Educación, el Alcalde del municipio reclamado dio respuesta a la solicitud de acceso, haciendo presente las oposiciones del Director de Educación, Jefa Comunal de Educación y de los Directores y Jefes de UTP de los establecimientos educacionales de la comuna, fundadas en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.
4) OPOSICIONES DE TERCEROS: Mediante Ordinario N° 06, de 28 de septiembre de 2009, el Director de Asesoría Jurídica de la I. Municipalidad de Curacaví, notificó al Sr. Director de Educación Municipal, a la Sra. Jefa Comunal de la Unidad Técnica Pedagógica y los Sres. (as) Directores (as) y Jefes de U.T.P. de los establecimientos educacionales municipales, a efectos de ponerlos en conocimiento de la solicitud de acceso de la especie y de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Los siguientes terceros, en ejercicio del derecho que les concede el artículo 20 antes citado, se opusieron a la entrega de información, en su mayoría, fundados en la causal de reserva del artículo 21, N° 2 de la Ley de Transparencia y en atención a que se trataría de certificados de perfeccionamiento financiados con fondos personales:
a) Nivel Comunal: Director de Educación, don Fernando Quinteros Cornejo, y Jefa de la Unidad Técnica Pedagógica Comunal, Sra. María Gutiérrez Espinoza, con excepción de los documentos que la Ley hace obligatorio, vale decir: Título, Decreto Alcaldicio de Nombramiento y Remuneración.
b) Escuela Eliécer Pérez Vargas: Director, don Francisco Muñoz Cuevas, y Jefa de U.T.P., doña Bernarda Alfaro Pavez.
c) Escuela Fernando Carvajal Pinto: Director, don Jorge Meléndez Hinojosa. En cuanto a la Jefa de U.T.P, doña Elvira Murúa Pinto, consta en los antecedentes parte de la presentación de la misma.
d) Escuela Cuyuncaví: Directora: Sra. María Galdames Silva.
e) Escuela Valle de Puangue: Directora, Srta. España Olave Ravanales, Jefa de U.T.P., Sra. Gabriela Cáceres Galdames e Inspectora General, Sra. Wilma Vera Vera.
f) Escuela San José Obrero: Inspector General, don Norberto Valenzuela, Inspectora General, doña Elsa Álvarez Ríos, y Jefa de U.T.P., doña Elisa Ramírez Ríos.
g) Liceo de Curacaví “Presidente Balmaceda”: Director, don Fernando Rojas Escalona, Jefa de U.T.P, doña Juana Valenzuela Castro, Inspectores Generales, don Christian Pizarro Lagos y don Alexis Guerrero Zamora, orientadora, doña Patricia Cortes Navarro y Evaluadora, doña Carmen Morales Vilches.
h) Escuela Heriberto Erlwein, Directora, doña María del Pilar Maturana Chévez, por cuanto ya cumplió con la normativa vigente al ingresar al servicio, y por lo que lo solicitado consta en los registros electrónicos que maneja el Ministerio de educación.
5) CONSENTIMIENTO EXPRESO DE TERCERO: El Inspector General de la Escuela Cuyuncaví, autorizó la publicación de sus documentos.
6) AMPARO: El 28 de octubre de 2009 don Aníbal Gutiérrez Avejares, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de la I. Municipalidad de Curacaví, fundado en el hecho de haber recibido respuesta negativa del órgano requerido, en razón de la oposición de terceros.
7) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 1013, de 16 de diciembre de 2009, al Sr. Alcalde del municipio reclamado, quien, hasta la fecha no ha efectuado presentación alguna ante este Consejo. Sin embargo, con ocasión de los descargos evacuados por la entidad edilicia, mediante Oficio N° 09, de 6 de enero de 2010, respecto del amparo C456-09, el Alcalde del municipio reclamado se refiere a la materia de la especie, acompañando en sobre cerrado los documentos solicitados respecto a los cursos de perfeccionamiento, solicitando que se haga reserva de los mismos en cuanto se resuelven las oposiciones presentadas por los terceros involucrados.
8) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE TERCEROS OPONENTES: Mediante Oficios N°s 994 a 1012, todos de 16 de diciembre de 2010, el Consejo confirió traslado a los terceros que se opusieron a la entrega de la información solicitada en la especie, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia. Los siguientes terceros evacuaron el traslado indicado, reiterando su oposición a la entrega de información, según se detalla:
a) Nivel Comunal: Director de Educación, don Fernando Quinteros Cornejo y Jefa de la Unidad Técnica Pedagógica Comunal, Sra. María Gutiérrez Espinoza.
i) El Director de Educación se opone a la entrega de información por cuanto el reclamante ha recopilado información personal de distintos aspectos con el objeto de darlos a conocer a la opinión pública de Curacaví, a través de un diario local y programa de radio comunal, con el único propósito de generar descrédito y desinformar a la opinión pública, sin que haya tenido la oportunidad de rebatir sus dichos. Señala que este comportamiento ha sido en represalia a su persona, por cuanto en su calidad de Director de Educación marginó al reclamante de un cargo que ocupaba en el Departamento de Educación Comunal. Agrega que la manipulación de la información, vulnera la esfera de su vida privada y supone la utilización de la Ley como forma de cobrar venganza laboral. Acompaña medios de prueba de sus dichos.
ii) La Jefa de U.T.P comunal, fundamenta su oposición bajo los mismos argumentos expuestos precedentemente. Sin embargo, agrega que la Municipalidad de Curacaví ha entregado información sobre su persona, sin haber consultado si autorizó la entrega de dicha información. Sobre tal afirmación no detalla o adjunta documentación fundante de la misma.
b) Escuela Eliécer Pérez Vargas: Director, don Francisco Muñoz Cuevas, y Jefa de U.T.P., doña Bernarda Alfaro Pávez. Ambos señalan que no han negado el acceso a la información, por cuanto autorizan la entrega de sus respectivos títulos y perfeccionamiento respectivos exigibles para los cargos que ocupan. El Sr. Muñoz, señala que, dadas las características de la pugna a la que se encuentra abocado el reclamante, consideró que entregar información sobre cada uno de sus perfeccionamientos, podía poner en riesgo su currículum al darlo a conocer en futuros concursos que se realizarán en la comuna.
c) Escuela Valle de Puangue: Jefa de U.T.P., Sra. Gabriela Cáceres Galdames. No presentó sus descargos ante este Consejo.
d) Escuela San José Obrero: Inspector General, don Norberto Valenzuela, Inspectora General, doña Elsa Álvarez Ríos, y Jefa de U.T.P., doña Elisa Ramírez Ríos. Indican en sus respectivos descargos que la entrega de la información afectaría su vida privada, por cuanto la información solicitada es utilizada en medios de comunicación para generar un clima de desconfianza y desprestigio profesional y laboral. Además, señalan que el perfeccionamiento es un derecho establecido en el Estatuto Docente y ha sido financiado con recursos propios. Por último, afirman no estar dispuestos a entregar la información por el daño a la imagen profesional que busca la divulgación de la misma. En el caso de la Sra. Jefa de U.T.P, señala que ha sido cuestionada por el reclamante, particularmente que la documentación presentada para ocupar su cargo sería fraudulenta, cuestión que se ventila en querella criminal interpuesta por el reclamante, en la Fiscalía de la localidad, en circunstancias que su decreto de nombramiento se encuentra totalmente tramitado en la Contraloría General de la República, sin reparos. Dicha situación, según afirma, afectaría su vida privada y su salud, razón por la cual se niega a entregar la información requerida. Por último, agrega que no tiene sentido autorizar dicha entrega toda vez que la información ya ha sido averiguada por el reclamante, según antecedentes de hecho que expone.
e) Liceo de Curacaví “Presidente Balmaceda”: Director, don Fernando Rojas Escalona, Jefa de U.T.P, doña Juana Valenzuela Castro, Inspectores Generales, don Christian Pizarro Lagos y don Alexis Guerrero Zamora.
i) El Sr. Director, señala que debió llevar a cabo un sumario administrativo que involucró al reclamante, y que producto de los hechos que lo motivaron, éste ha atacado verbalmente a través de medios de difusión comunales a diversas personas relacionadas al ámbito de la educación comunal, particularmente ha investigado sobre su vida profesional con el fin de descubrir alguna irregularidad, por lo que no tendría sentido autorizar la entrega de la información, por cuanto ésta ya ha sido averiguada por el reclamante.
ii) Los Srs. Inspectores Generales, se oponen a la entrega de la información, en el caso del Sr. Guerrero, por el uso que ha dado a la misma, como es de público conocimiento, y, en el caso del Sr. Pizarro, por cuanto no indica el fin para el cual requiere tales antecedentes, por lo que podría prestarse para dañar su integridad.
f) Escuela Heriberto Erlwein: Directora, doña María del Pilar Maturana Chávez, quien autoriza en sus descargos al Director de la DAEM la entrega de sus antecedentes al Consejo para la Transparencia.
9) CONSENTIMIENTO EXPRESO DE TERCEROS A LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN: Los siguientes terceros, autorizaron la entrega de la información requerida:
a) Escuela Fernando Carvajal Pinto: Director, don Jorge Meléndez Hinojosa y Jefa de U.T.P, doña Elvira Murúa Pinto.
b) Escuela Valle de Puangue: Directora, Srta. España Olave Ravanales e Inspectora General, Sra. Wilma Vera Vera.
c) Escuela Cuyuncaví: Directora, doña María Galdames Silva.
d) Liceo de Curacaví “Presidente Balmaceda”: Jefa de U.T.P. doña Juana Valenzuela Castro, orientadora, doña Patricia Cortes Navarro y Evaluadora, doña Carmen Morales Vilches. En cuanto a las Sras. Evaluadora y orientadora, señalan en sus descargos que, al referirse el requerimiento a Directivos y Jefes Técnicos, y atendido los cargos que ocupan, es improcedente el reclamo respecto de información relativa a su persona. En todo caso, autorizan su divulgación.
1) Que el objeto de la solicitud de acceso de la especie es el o los documentos que den cuenta del perfeccionamiento de los docentes directivos pertenecientes a los establecimientos comunales de Curacaví, especificando los cursos, años, sedes, por cada establecimiento municipal.
2) Que, en cuanto a la determinación del concepto de “docentes directivos”, el artículo 7° del D.F.L. 1/1997, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación y de las leyes que la complementan y modifican, en adelante, Estatuto Docente, establece que “La función Docente Directiva es aquella de carácter profesional de nivel superior que, sobre la base de una formación y experiencia docente específica para la función, se ocupa en lo atinente a la dirección, administración, supervisión y coordinación de la educación, y que conlleva tuición y responsabilidad adicionales directas sobre el personal docente, paradocente, administrativo, auxiliar o de servicios menores, y respecto de los alumnos”. A su turno, el artículo 32 del mismo cuerpo legal, señala que los que ocupen un cargo de docente administrativo y técnico pedagógico deberán cumplir con el requisito de tener estudios de administración, supervisión, evaluación y orientación vocacional.
3) Que, a su vez, el artículo 8° del Estatuto Docente señala qué se entiende por funciones técnico pedagógicas, señalando -en lo que interesa a la resolución del presente amparo- que ésta se ocupa de los campos de apoyo o complemento a la docencia, orientación educacional o vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de procesos de perfeccionamiento docente y otras análogas.
4) Que, del análisis de las disposiciones anteriores, se concluye que la solicitud se refiere a los funcionarios que ejercen las funciones referidas en el artículo 7° ya citado, excluyendo, de este modo, a los funcionarios que ejercen funciones técnico pedagógicas, con la contra excepción de los Jefes de U.T.P., respecto los cuales se pide expresamente la información.
5) Que, de acuerdo a lo anterior, se concluye que los funcionarios a que se refiere la solicitud de información, son los Directores, Inspectores Generales y Jefes de U.T.P de los establecimientos educacionales correspondientes a la Municipalidad de Curacaví.
6) Que, por su parte, cabe señalar que la solicitud no se refiere a un documento específico, concluyéndose, luego, que tal petición no comprende la solicitud de los certificados respectivos, sino de aquel o aquellos documentos que den cuenta de las actividades de perfeccionamiento de los funcionarios indicados en el considerando anterior.
7) Que sobre el particular, el Estatuto Docente se refiere al perfeccionamiento en sus artículos 11 y 49. El primero se refiere al derecho al perfeccionamiento profesional, indicando en su inciso tercero que los programas, cursos y actividades de perfeccionamiento podrán ser desarrolladas por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, del Ministerio de Educación, Instituciones de Educación Superior que gocen de autonomía, dedicadas a estos fines y otras instituciones públicas o privadas acreditadas por el Centro ya mencionado. A su vez, el artículo 49 indicado, se refiere a la asignación de perfeccionamiento, que consiste en un porcentaje de hasta un 40% de la remuneración básica mínima nacional del personal que cumpla con el requisito de haber aprobado programas, cursos o actividades de perfeccionamiento, post-título o de post-grado y establece un límite de 800 horas anuales para efectos del pago de la asignación.
8) Que, el procedimiento de pago y otros aspectos de la asignación de perfeccionamiento se encuentran regulados en el Decreto N° 214/2001, del Ministerio de Educación, que fija tabla y procedimiento para pagar la asignación de perfeccionamiento y deroga disposiciones del Decreto N° 789/1992.
9) Que, el Decreto mencionado, en lo que interesa a la resolución del presente amparo, señala en qué condiciones un curso, programa o actividad de perfeccionamiento dará origen a la asignación respectiva (artículo 1°), los requisitos para solicitar nuevos reconocimientos de cursos de perfeccionamientos al empleador (artículos 8° y 9°) y la época de determinación del porcentaje de la asignación y de pago de la misma, diciembre y 1° de enero del año siguiente (artículo 9°, inciso 3°).
10) Que, de lo señalado precedentemente, cabe concluir necesariamente que la aprobación de cursos, programas y actividades de perfeccionamiento están asociadas a un incentivo de mejoramiento –asignación de perfeccionamiento–, en la medida que se cumplan las condiciones determinadas en la Ley y Reglamento, y que puede ser incrementada por las municipalidades bajo determinadas condiciones, según dispone el artículo 47 del Estatuto Docente.
11) Que, del tenor de la solicitud y de lo expuesto hasta este punto, es posible ultimar, primero, que lo solicitado se trata de información pública que debe obrar en poder del reclamado, de acuerdo al artículo 5 de la Ley de Transparencia, ejerciéndose en la especie el derecho de acceso a la información pública como mecanismo de control social y verificación de los requisitos para ejercer cargos docentes directivos en establecimientos educacionales municipales, que incluyen al Director de la DAEM, y técnico pedagógico comunal y Jefes de U.T.P., en relación con sus actividades de perfeccionamiento, y asignaciones monetarias por las mismas.
12) Que, establecido lo anterior, y dada la existencia de oposiciones de terceros involucrados, procede analizar, de qué modo la divulgación de la información podría afectar sus derechos, particularmente el derecho a la vida privada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.
13) Que, previo a analizar las alegaciones efectuadas por los terceros involucrados, es menester señalar que corresponde acoger las alegaciones de la orientadora, doña Patricia Cortes Navarro y Evaluadora, doña Carmen Morales Vilches, del Liceo de Curacaví “Presidente Balmaceda”, en cuanto a la inoponibilidad a su respecto de la solicitud de información y amparo de la especie, por cuanto la solicitud de información, en concordancia con lo señalado en los considerandos 3) a 6) del presente acuerdo, no se refiere a los cargos que ocupan, de carácter técnico-pedagógico, según lo dispuesto en el artículo 8° del Estatuto Docente.
14) Que las presentaciones de los terceros dan cuenta de que el reclamado habría investigado y denunciado públicamente, a través de medios de comunicación social de la comuna de Curacaví, supuestas irregularidades, conflicto de intereses e ilegalidades en el acceso a los cargos directivos, regulados por el Estatuto Docente, por parte de dichos terceros, entre otras materias. Que, según afirman, en ese contexto, el uso de la información requerida, podría dañar la imagen laboral de los funcionarios, su integridad como tales y afectar su vida privada y salud.
15) Que, sobre el particular, si bien consta en los antecedentes del presente amparo que el reclamante ha efectuado imputaciones y denuncias sobre supuestas irregularidades principalmente en el acceso a cargos directivos docentes a través de medios de comunicación social respecto de algunos de los terceros involucrados, no se advierte de qué modo la divulgación de la información pedida afecte o pudiera afectar la esfera de la vida privada o salud de los mismos, particularmente su honra, no sólo por el interés público que se encuentra comprometido en la verificación del cumplimiento de los requisitos para acceder a cargos públicos, sino porque ninguno de los terceros ya aludidos por el reclamante consta que haya ejercido el derecho de aclaración y rectificación, mecanismo jurídico especialmente contemplado al efecto y que se halla consagrado en el artículo 12 inciso 2° de la Constitución Política y regulado en el título IV de de la Ley N°19.733/2001, Sobre Libertad de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, o Ley de Prensa.
16) Que, como consecuencia de lo anterior, respecto de los terceros que no han sido aludidos en medios de comunicación por el reclamante, pero que, sin embargo, argumentan una posible afectación a la imagen profesional, a la vida privada e integridad, este Consejo estima que tampoco existen antecedentes concretos que ello pudiera verificarse con la divulgación de la información pedida, por cuanto ésta da cuenta del perfeccionamiento de los funcionarios aludidos en la solicitud, el que se vincula con el cumplimiento de requisitos para ocupar sus respectivos cargos y, potencialmente con los requisitos para la recepción de la asignación correspondientes financiada con fondos públicos, por lo que se estima que el supuesto riesgo de daño invocado no es consecuencia directa y necesaria de la publicidad de la información.
17) Que, además, tal como ya se indicó, en el caso de un potencial daño a la honra, como consecuencia del uso de la información a través de medios de comunicación social, el ordenamiento jurídico contempla un remedio en particular, cual es, el derecho de aclaración y rectificación ya aludido, por lo que no cabe erigir en causal de reserva de la información pedida la potencial afectación del derecho a la privacidad y a la honra que se pudiera producir con el mal uso que con posterioridad se hiciera de ella.
18) Que, concluido lo anterior, corresponde analizar si la documentación aportada por el municipio reclamado con ocasión de los descargos del amparo C456-09, entre las mismas partes que el de la especie y que se refieren, en parte, a lo solicitado a propósito del presente amparo, satisfacen o no, lo requerido.
19) Que, cabe hacer presente que la documentación aludida fue aportada por la reclamada en dos oportunidades, en la tramitación del amparo C456-09. La primera se hizo mediante Oficio N° 1017, de 17 de diciembre de 2009, y la segunda entrega se produjo a través del Ordinario N° 215, de 31 de marzo de 2010.
20) Que, en lo atinente al presente amparo, por una parte se entregan documentos emitidos por la DAEM, correspondientes a la “Relación Individual de todos los porcentajes de asignación de perfeccionamiento reconocidos a la fecha”, por docente, que incluye a los funcionarios a que se refiere la solicitud de acceso. Dicho documento constituye una certificación suscrita por la Encargada de Perfeccionamiento de la DAEM, y da cuenta de que el docente respectivo ha presentado los cursos que se detallan en el periodo indicado, la fecha de presentación del curso, N° de bienios, N° RPNP (Registro Público Nacional de Perfeccionamiento), nombre del curso e institución ejecutora, nivel académico del curso, N° de horas y de horas válidas del mismo, puntaje acumulado y porcentaje de asignación. Además, contiene el nombre del profesional, RUT, funciones, comuna, provincia y Región.
21) Que, es menester señalar que es obligación de los Departamentos de Educación Municipales o Corporaciones Municipales de Educación, según sea el caso, llevar por cada uno de sus docentes dicha relación, de acuerdo al artículo 11, del Decreto 214/2001, del Ministerio de Educación, ya individualizado.
22) Que en dichos certificados constan el curso, años e instituciones ejecutoras de los mismos, lo que constituye precisamente lo pedido por el reclamante. Por lo anterior, es pertinente requerir al Sr. Alcalde del municipio reclamado que entregue dicha información sólo respecto de los Directores, Inspectores y Jefes de U.T.P, de los establecimientos de educación comunales, y del Director y Jefe Técnica de la DAEM.
23) Que, a su vez, se acompañan Certificados de Relación de Cursos de Perfeccionamiento, obtenidos del “Sistema de Cálculo de Asignación de Perfeccionamiento, SCAP”, de la página web del MINEDUC, y que consiste en una herramienta para facilitar el cálculo de la asignación, puesta a disposición de los Departamentos de Educación Municipal o Corporaciones Municipales, en su caso, en cumplimiento del artículo 10, inciso 2° del Decreto N° 214/2001, del MINEDUC; y, para cuyo acceso se exige una clave, sin que conste el medio para obtenerla. Sin embargo, dicho certificado no da cuenta de la institución ejecutora de curso, programa o actividad de perfeccionamiento, por lo cual, no satisface el requerimiento de información de la especie.
24) Que, por último, cabe efectuar una salvedad en relación al RUT que consta en cada uno de los certificados acompañados, por cuanto, de acuerdo a anteriores decisiones de este Consejo, procede que éste sea tarjado previo a la entrega de la información por cuanto constituye un dato personal recogido del propio interesado al ingresar a la función pública, por lo que debe guardarse reserva del mismo (Considerando 11, Decisión amparo A126-09, sobre aplicabilidad del artículo 7° de la Ley N° 19.628, sobre protección a la Vida Privada).
1) Acoger el amparo C455-09 interpuesto por don Aníbal Gutiérrez Avejares en contra de la I. Municipalidad de Curacaví, sólo en cuanto a la documentación referida al Director y Jefe Técnico Pedagógica de la DAEM, Directores, Inspectores Generales y Jefes de U.T.P de los establecimientos educacionales comunales, y requerir al Sr. Alcalde del municipio reclamado la entrega de la información referida, en los términos expuestos en los considerandos precedentes, dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriado el presente acuerdo.
3) Adjuntar al reclamante, conjuntamente con la notificación de la presente decisión, los antecedentes entregados por el municipio reclamado, particularmente aquellos que dan cuenta de los aportes por las Leyes N° 19.410 y 19.933, correspondientes a los años 2007 y 2008.
4) Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Aníbal Gutiérrez Avejares y al señor Alcalde de la I. Municipalidad de Curacaví.