Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0203&language=ES
Timestamp: 2019-08-18 20:10:41
Document Index: 341990662

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 167', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 10']

Textos aprobados - Martes 21 de mayo de 2013 - Carta de la UE: Normas para la libertad de los medios de comunicación en la UE - P7_TA(2013)0203
Procedimiento : 2011/2246(INI)
Ciclo relativo al documento : A7-0117/2013
Martes 21 de mayo de 2013 - Estrasburgo Edición definitiva
Carta de la UE: Normas para la libertad de los medios de comunicación en la UE
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de mayo de 2013, sobre la Carta de la UE: normas para la libertad de los medios de comunicación en la UE (2011/2246(INI))
– Vistos el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales,
– Vistos el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las declaraciones, recomendaciones y resoluciones del Comité de Ministros y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y los documentos de la Comisión de Venecia y del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre la libertad de expresión, de información y de los medios de comunicación,
– Vistos el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, los artículos 2, 7 y 9 a 12 del Tratado de la Unión Europea, los artículos de los Tratados relativos a la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios, la libre circulación de personas y mercancías, la competencia y las ayudas estatales, y el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (cultura),
– Visto el Protocolo, anejo al Tratado de la Unión Europea, sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros, conocido como Protocolo de Ámsterdam,
– Vista la Carta Europea para la Libertad de Prensa(2) ,
– Vista la creación, por parte de la Comisión, de un Grupo de Alto Nivel sobre Libertad y Pluralismo en los Medios de Comunicación,
– Vistas sus Resoluciones, de 20 de noviembre de 2002, sobre la concentración de los medios de comunicación(3) , de 4 de septiembre de 2003, sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE (2002)(4) , de 4 de septiembre de 2003, sobre televisión sin fronteras(5) , de 6 de septiembre de 2005, sobre la aplicación de los artículos 4 y 5 de la Directiva 89/552/CEE («Televisión sin fronteras») en su versión modificada por la Directiva 97/36/CE, para el período 2001-2002(6) , de 22 de abril de 2004, sobre el peligro que corre en la UE, y particularmente en Italia, la libertad de expresión y de información (apartado 2 del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales)(7) , de 25 de septiembre de 2008, sobre la concentración y el pluralismo en los medios de comunicación en la UE(8) , de 25 de noviembre de 2010, sobre el servicio público de radiodifusión en la era digital: el futuro del sistema dual(9) y de 10 de marzo de 2011 sobre los medios de comunicación en Hungría(10) ,
– Vista la Iniciativa Europea a favor del Pluralismo en los Medios de Comunicación(11) , una iniciativa registrada ante la Comisión, que tiene por objeto proteger el pluralismo de los medios de comunicación mediante la armonización parcial de las legislaciones nacionales relativas a la propiedad de los medios de comunicación y la transparencia, los conflictos de intereses de naturaleza política y la independencia de los cuerpos supervisores de los medios de comunicación,
– Vistos los considerandos 8 y 94 de la Directiva relativa a los servicios de comunicación audiovisual, que estipulan la necesidad de que los Estados miembros eviten toda acción que favorezca la creación de posiciones dominantes o que imponga límites al pluralismo, y que permitan que sus organismos reguladores independientes lleven a cabo su labor de manera imparcial y transparente,
– Vistos el trabajo realizado por la OSCE en materia de libertad en los medios de comunicación, en particular por su Representante para la libertad en los medios de comunicación, los informes conexos y el discurso presentado en vídeo en la audiencia sobre la libertad en los medios de comunicación celebrada por la Comisión de Libertades Civiles el 6 de noviembre de 2012,
– Vistos los informes sobre los medios de comunicación publicados por ONG, incluidos los de Reporteros Sin Fronteras (Índices de Libertad de Prensa) y «Freedom House» (Informes sobre la libertad de prensa),
– Vistos los estudios sobre temas relacionados con los medios de comunicación publicados por el Parlamento(12) y por el Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación del Instituto Universitario Europeo(13) ,
– Visto el estudio independiente «The indicators for media pluralism in the Member States - Towards a risk-based approach» (Indicadores relativos al pluralismo de los medios de comunicación) hacia un planteamiento basado en los riesgos)(14) , elaborado en 2007 a petición de la Comisión y publicado en 2009, en el que se define un instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación, con indicadores, a fin de resaltar las amenazas al pluralismo en los medios de comunicación,
– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Cultura y Educación (A7‑0117/2013),
Α. Considerando que los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental como «guardianes públicos» en la democracia, dado que permiten a los ciudadanos el ejercicio de su derecho a ser informados, y a examinar y enjuiciar las acciones y decisiones de quienes ejercen o detentan poder o influencia, en particular con ocasión de consultas electorales; considerando que los medios de comunicación pueden asimismo determinar la agenda pública, valiéndose de su poder como filtros de información, y, por tanto, actuar como formadores de opinión;
B. Considerando que la libertad de expresión en la esfera pública ha demostrado ser formadora de la democracia y del propio Estado de Derecho, a la vez que coaxial a su existencia y supervivencia; considerando que unos medios de comunicación libres e independientes y el libre intercambio de información desempeñan un papel decisivo en las transiciones democráticas que están teniendo lugar en regímenes no democráticos, y que se insta a la Comisión a que emprenda una atenta supervisión de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en los países candidatos a la adhesión y a que preste suficiente atención a la función de unos medios de comunicación libres en la promoción de la democracia en todo el mundo;
C. Considerando que la libertad de los medios de comunicación constituye la piedra angular de los valores consagrados en los Tratados, entre ellos, la democracia, el pluralismo y el respeto de los derechos de las minorías; considerando que su historia, bajo la denominación de «libertad de prensa», ha contribuido al avance de las ideas democráticas y al desarrollo del ideal europeo a lo largo de la historia;
D. Considerando que la libertad de los medios de comunicación y un periodismo plural e independiente son elementos fundamentales del propio ejercicio de la actividad de los medios de comunicación en toda la Unión, y especialmente en el mercado único; considerando, por tanto, que toda restricción indebida a la libertad de los medios de comunicación, al pluralismo y a la independencia del periodismo constituyen también restricciones a la libertad de opinión y a la libertad económica; considerando que los periodistas no deberían estar sometidos a las presiones de propietarios, directores y gobiernos, ni a amezanas financieras;
E. Considerando que una esfera pública autónoma y sólida, basada en medios de comunicación independientes y plurales, constituye el entorno fundamental en el que pueden prosperar las libertades colectivas de la sociedad civil, como el derecho de reunión y asociación, y las libertades individuales, como el derecho a la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información;
F. Considerando que los derechos fundamentales de los ciudadanos a la libertad de expresión e información únicamente pueden garantizarse a través de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, que permiten a los periodistas y a los medios de comunicación el ejercicio de su derecho y su obligación de informar a los ciudadanos, de modo neutral y equitativo, acerca de acontecimientos y decisiones de interés público; considerando que todos los miembros de la sociedad tienen derecho a expresar sus opiniones de forma democrática y pacífica;
G. Considerando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que los Estados miembros tienen la obligación positiva de asegurar el pluralismo de los medios de comunicación, derivado del artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que incluye disposiciones similares a las del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que forma parte del acervo comunitario;
H. Considerando que la información, por su propia naturaleza, y también, en particular, gracias a los cambios tecnológicos de las últimas décadas, traspasa las fronteras geográficas y desempeña un papel crucial a la hora de informar a las comunidades nacionales en el extranjero, proporcionando herramientas que permiten el conocimiento y entendimiento mutuos más allá de fronteras y entre los países; considerando que los medios de comunicación, incluidos los medios de comunicación en línea, pero no solo estos, han adquirido un carácter global del que ahora dependen las expectativas y necesidades del público y, en concreto, de los consumidores de información; considerando que los cambios en el panorama mediáticos y en las tecnologías de la comunicación han redefinido el escenario del intercambio de información y el modo en que las personas se informan y se conforma la opinión pública;
I. Considerando que una esfera pública europea basada en el respeto continuo y permanente de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación constituye un elemento crucial del proceso de integración de la Unión, de conformidad con los valores consagrados en los Tratados, la responsabilidad de las instituciones de la UE y el desarrollo de la democracia en Europa, por ejemplo, en el caso de las elecciones al Parlamento Europeo; considerando que unos medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos, vibrantes, competitivos y plurales estimulan la participación de los ciudadanos en el debate público, lo que es crucial para el buen funcionamiento del sistema democrático;
J. Considerando que las ONG, las asociaciones de seguimiento de la libertad de prensa, el Consejo de Europa y la OSCE, así como el Parlamento Europeo en sus estudios y resoluciones, han informado y llamado la atención sobre amenazas planteadas a los medios libres e independientes por los gobiernos, incluidos los Gobiernos de los Estados miembros de la UE(15) ;
K. Considerando que el Consejo de Europa y la OSCE han examinado la dimensión humana y democrática de la comunicación, a través de declaraciones, resoluciones, recomendaciones, opiniones e informes detallados sobre la cuestión de la libertad, el pluralismo y la concentración de los medios de comunicación, creando de este modo un corpus significativo de normas mínimas paneuropeas comunes en este ámbito;
L. Considerando que la Unión Europea se ha comprometido a proteger y promover el pluralismo de los medios de comunicación como pilar esencial del derecho a la información y a la libertad de expresión, que son hitos fundamentales de una ciudadanía activa y una democracia participativa y están consagrados en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales;
M. Considerando que la libertad de los medios de comunicación constituye un criterio para la adhesión a la UE de los países candidatos con arreglo a los criterios de Copenhague y uno de los principios que la UE fomenta en su política exterior; considerando que la UE y sus Estados miembros deberían, por tanto, dar ejemplo a nivel interno, garantizando la credibilidad y la coherencia;
N. Considerando que el Parlamento ha expresado reiteradamente su preocupación por la libertad, el pluralismo y la concentración de los medios de comunicación y ha pedido a la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, que adopte las medidas oportunas, entre otras cosas, proponiendo una iniciativa legislativa en esta materia;
O. Considerando que el 16 de enero de 2007 la Comisión presentó un «enfoque en tres fases» consistente en: un documento de trabajo de la Comisión sobre la pluralidad de los medios de comunicación; un estudio independiente sobre la pluralidad de los medios de comunicación en los Estados miembros de la UE, con indicadores para evaluar el pluralismo de los medios de comunicación y determinar posibles riesgos en los Estados miembros (que debería haberse publicado en 2007); y una Comunicación de la Comisión sobre los indicadores del pluralismo en los medios de comunicación de los Estados miembros (que debería haberse publicado en 2008), seguida de una consulta pública(16) ; considerando que aún debe implantarse el instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación descrito en el estudio independiente;
P. Considerando que, lamentablemente, este enfoque ha sido abandonado por la Comisión, ya que nunca se llegó a publicar la comunicación ni se llevó a cabo la consulta;
Q. Considerando que, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos Fundamentales ha adquirido carácter vinculante; considerando que la Carta es el primer documento internacional que estipula expresamente que «se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo» (artículo 11, apartado 2); considerando que los Tratados confieren a la UE un mandato y competencias que permiten garantizar la protección de todos los derechos fundamentales en la Unión, en particular sobre la base de los artículos 2 y 7 del TUE;
R. Considerando que los Estados miembros tienen la obligación de promover y proteger permanentemente la libertad de opinión, expresión, información y de los medios de comunicación, ya que estos principios están también garantizados en sus constituciones y legislaciones, así como de ofrecer a los ciudadanos acceso justo y equitativo a las diferentes fuentes de información y, por tanto, a los distintos puntos de vista y opiniones; considerando que tienen además la obligación de respetar y proteger la vida privada y familiar, el hogar, las comunicaciones y los datos personales de los ciudadanos, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Carta; considerando que, en caso de grave riesgo o de violación de estas libertades en un Estado miembro, la Unión tiene la obligación de intervenir de forma oportuna y eficaz, sobre la base de sus competencias, consagradas en los Tratados y en la Carta, a fin de proteger el orden democrático y pluralista europeo y los derechos fundamentales;
S. Considerando que la UE tiene competencias en ámbitos relacionados con los medios de comunicación, como el mercado interior, la política audiovisual, la política de competencia (incluidas las ayudas públicas), las telecomunicaciones y los derechos fundamentales; considerando que el Parlamento ha afirmado que, sobre esta base, conviene definir unas condiciones esenciales mínimas a fin de asegurar, garantizar y promover la libertad de información y un nivel adecuado de pluralismo en los medios de comunicación, así como la gobernanza independiente de los mismos(17) ; considerando que la Comisión ha encomendado al Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación del Instituto Universitario Europeo la tarea de realizar un análisis del alcance de las competencias de la UE en el ámbito de la libertad en los medios de comunicación;
T. Considerando la preocupación suscitada en relación con los retos y la presión a que se enfrentan los medios de comunicación, sobre todo las cadenas de radiodifusión pública, en lo tocante a la independencia editorial, la contratación de personal, el empleo precario, la autocensura, el pluralismo, la neutralidad y la calidad de la información, el acceso y la financiación, debido a una injerencia política y financiera indebida, así como a la crisis económica;
U. Considerando la preocupación suscitada en relación con la alta tasa de desempleo de los periodistas en Europa, así como la gran proporción de periodistas que trabajan como profesionales independientes, con poca estabilidad laboral y pocas ayudas y en un clima de gran incertidumbre;
V. Considerando que los medios de comunicación privados se enfrentan a una creciente concentración, tanto a nivel nacional como transfronterizo, en la que los grupos de telecomunicaciones distribuyen sus productos en distintos países, se da un aumento de las inversiones en los medios de comunicación dentro de la UE y los inversores y medios de comunicación no europeos ejercen cada vez más influencia en Europa, lo que lleva a monopolizar la información y a socavar el pluralismo de opiniones; considerando que hay una cierta preocupación en cuanto a las fuentes de financiación de algunos medios de comunicación privados, incluidos algunos medios de la UE;
W. Considerando que, como han mostrado numerosas encuestas, estudios de opinión e iniciativas públicas, la opinión pública europea ha expresado su preocupación acerca del deterioro de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, y ha pedido en repetidas ocasiones a la UE medidas para preservar la libertad de los medios y el desarrollo de un panorama mediático sólido, independiente y plural;
X. Considerando que la aceleración del ciclo de la información ha dado lugar a graves fallos por parte de los periodistas, como el no comprobar y no realizar una doble comprobación de las fuentes;
Y. Considerando que el desarrollo del entorno digital puede desempeñar un papel fundamental en el acceso a la información en línea de los ciudadanos europeos;
Z. considerando que el panorama mediático está sufriendo cambios fundamentales; constatando, particularmente en estos tiempos de crisis económica, que una creciente proporción de periodistas trabaja en condiciones laborales, carece de seguridad social en comparación con los estándares del mercado laboral y debe afrontar asimismo retos varios relacionados con el futuro del periodismo;
AA. Considerando que los ciudadanos han dirigido al Parlamento peticiones relativas a las mismas preocupaciones y demandas, solicitando la intervención de las instituciones y, en particular, del Parlamento;
AB. Considerando que los cambios tecnológicos provocados por Internet, los ordenadores personales y, más recientemente, la informática móvil han cambiado profundamente la infraestructura informativa de un modo que ha tenido consecuencias en el modelo de negocio de los medios de comunicación más tradicionales y, en particular, en su dependencia del mercado publicitario, poniendo en peligro la supervivencia de cabeceras de medios que llevan a cabo una importante labor cívica y democrática; considerando que es, por tanto, obligación de las autoridades públicas, tanto a nivel de la Unión como de los Estados miembros, crear un conjunto de herramientas, que deberá estar disponible durante el presente periodo de transición, que contribuirá a garantizar la supervivencia de los valores y las responsabilidades de los medios de comunicación independientes, sin que importe la plataforma tecnológica que utilicen actualmente o en el futuro; pide a este respecto a la Comisión que lleve a cabo un estudio sobre las repercusiones de los cambios tecnológicos en el modelo de negocio de los medios de comunicación y sus consecuencias para la libertad y el pluralismo de los medios;
AC. Considerando que la reciente crisis económica ha agravado las dificultades de las cabeceras de los medios de comunicación y que, debido a la creciente peligrosidad de la función de los periodistas, ha hecho que el panorama mediático sea más vulnerable a las presiones económicas o políticas, así como más frágil; considerando que estos acontecimientos han tenido repercusiones particulares en los géneros periodísticos más caros o en los que se tarda más tiempo en elaborar, como el periodismo de investigación y los reportajes, así como en los puestos de corresponsales europeos e internacionales; considerando que estos tipos de periodismo son fundamentales para garantizar la responsabilidad y la rendición de cuentas por parte de las autoridades públicas y políticas, frenar los abusos del poder institucional y económico y asegurar que se destapan y persiguen las actividades delictivas en el ámbito social, medioambiental y humanitario; insta a la Comisión a que lleve a cabo un estudio sobre los efectos de la crisis y el empleo precario en la comunidad periodística, con vistas a analizar e intentar subsanar sus consecuencias para la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación;
AD. Considerando que los cambios tecnológicos, la variada comunidad de profesionales independientes del periodismo y la adquisición de las plurales competencias necesarias para obtener y elaborar información de calidad hoy en día también generan oportunidades para la creación de nuevas empresas periodísticas transnacionales y multiplataforma, que pueden recibir ayudas mediante políticas tanto públicas como basadas en el mercado;
1. Pide a los Estados miembros y a la Unión Europea que respeten, garanticen, protejan y promuevan el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como a la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, y que, en consecuencia, se abstengan de plantear amenazas a la libertad de los medios de comunicación —y desarrollen o apoyen mecanismos que las impidan—, por ejemplo intentando ejercer una influencia indebida y política, imponer un control y una censura partidista a los medios de comunicación, limitar o restringir injustamente la libertad e independencia de los medios de comunicación de masas en beneficio de intereses privados o políticos o amenazar económicamente a las cadenas de radiodifusión pública;
2. Insta a los Estados miembros y a la UE a que se aseguren de que existen procedimientos y mecanismos jurídicamente vinculantes para la selección y designación de directores de los medios de comunicación, consejos de administración, consejos de los medios de comunicación y organismos de control que sean transparentes, se basen en el mérito y la experiencia indiscutible y que garanticen la profesionalidad, integridad e independencia, así como el máximo consenso por lo que respecta a la representación de todo el espectro político y social, la seguridad jurídica y la continuidad en vez de en criterios políticos y partidistas basados en un sistema vinculado a los resultados de elecciones o sujetos a la voluntad de las personas que detentan el poder; señala que todos los Estados miembros deberían elaborar un conjunto de criterios para nombrar a los directores o consejos de administración de los medios de comunicación públicos, en consonancia con los principios de independencia, integridad, experiencia y profesionalidad; insta a los Estados miembros a que establezcan garantías para asegurar la independencia de los consejos de los medios de comunicación y de los organismos reguladores frente a la influencia política de los gobiernos, las mayorías parlamentarias o cualquier otro grupo de la sociedad;
3. Destaca que el pluralismo de los medios de comunicación y la independencia editorial y periodística constituyen pilares de la libertad de los medios de comunicación, por cuanto garantizan su diversificación, su acceso a los distintos agentes sociales y políticos, a las distintas opiniones y puntos de vista (incluidas las de las ONG, las asociaciones ciudadanas, las minorías, etc.) y un amplio abanico de opiniones;
4. Insta a los Estados miembros a que velen por que las comunidades culturales que están divididas entre distintos gobiernos regionales o Estados miembros puedan tener acceso a los medios de comunicación en su lengua, y por que no se adopten decisiones políticas que restrinjan dicho acceso;
5. Recuerda que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los Estados miembros deben garantizar el pluralismo de los medios de comunicación, de conformidad con el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; señala que el artículo 10 de este Convenio incluye disposiciones similares a las del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que forma parte del acervo comunitario;
6. Destaca que la Comisión debería velar por que los Estados miembros garanticen en sus países la correcta aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales, de lo que dan testimonio el pluralismo de los medios de comunicación, la igualdad de acceso a la información y el respeto de la independencia de la prensa por medio de la neutralidad;
7. Indica que, con arreglo a los criterios de Copenhague, los países que desean adherirse a la Unión Europea deben acatar el acervo comunitario, que incluye la Carta de los Derechos Fundamentales y, en particular, su artículo 11, que exige que se respeten la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación; observa, en cambio, que aunque también se exige a los actuales Estados miembros que respeten la Carta, no existe ningún mecanismo para garantizar que así lo hagan;
8. Subraya la función fundamental de un sistema dual europeo bien equilibrado, en el que los medios de comunicación públicos y privados desempeñen sus respectivas funciones y que debe protegerse, como han pedido el Parlamento, la Comisión y el Consejo de Europa; observa que, en una sociedad multimedia en la que ahora hay un mayor número de participantes en el mercado mundial movidos por fines comerciales, son esenciales unos medios de comunicación de servicio público; recuerda el importante papel de unos medios de comunicación de servicio público, financiados por los ciudadanos a través del Estado para satisfacer sus necesidades, así como su obligación institucional de ofrecer una información de gran calidad, exacta y fiable a una amplia gama de audiencias, y que deben ser independientes de presiones externas y de intereses políticos y privados al tiempo que ofrecen asimismo espacio para nichos que pueden no ser rentables para los medios de comunicación privados; subraya que los medios de comunicación privados tienen obligaciones similares por lo que respecta a la información, en particular la de orden institucional y político, como en el contexto de elecciones, referendos, etc.; destaca la necesidad de garantizar la independencia profesional de las agencias de noticias nacionales y de evitar la creación de monopolios de noticias;
9. Reconoce que la continua autorregulación y las iniciativas no legislativas, si son independientes, imparciales y transparentes, tienen un papel muy importante que desempeñar para garantizar la libertad de los medios de comunicación; pide a la Comisión que adopte medidas para apoyar la independencia de los medios de comunicación y de sus agencias reguladoras frente a los intereses estatales —también a escala europea— y los poderosos intereses comerciales;
10. Recuerda la función específica y característica de los medios de comunicación de servicio público, como se establece en el Protocolo de Ámsterdam sobre el sistema de radiodifusión pública en los Estados miembros;
11. Recuerda que el Protocolo nº 29 del Tratado de la UE reconoce que el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros «está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación»; prevé, por consiguiente, que los Estados miembros puedan financiar el servicio público de radiodifusión solo en la medida en que este se establezca para cubrir el aspecto de servicio público, y sin que afecte a las condiciones comerciales y de la competencia de la Unión hasta un punto que sería contrario a los intereses comunes;
12. Resalta la importancia de una financiación apropiada, proporcionada y estable para los medios de comunicación de servicio público, con el fin de garantizar su independencia política y económica y de modo que puedan cumplir plenamente su función —incluida su función social, educativa, cultural y democrática— así como adaptarse al cambio digital y contribuir a una sociedad de la información y del conocimiento inclusiva en la que todos puedan disponer de unos medios de comunicación representativos y de alta calidad; manifiesta su preocupación por la actual tendencia en algunos Estados miembros a aplicar recortes presupuestarias o a reducir la actividad de los medios de comunicación de servicio público, lo que reduce su capacidad para cumplir su misión; insta a los Estados miembros a revertir esta tendencia y a garantizar que los medios de comunicación de servicio público reciben una financiación estable, sostenible, adecuada y previsible;
13. Insiste en que no conviene hacer un uso indebido de medidas destinadas a regular el acceso al mercado de los medios de comunicación mediante procedimientos de concesión de licencias y autorizaciones de difusión, normas sobre protección del Estado, la seguridad nacional y militar y el orden público, así como normas de protección de la moralidad pública y de los menores, con objeto de imponer un control y una censura políticos o partidistas a los medios de comunicación y negar a los ciudadanos el derecho fundamental a la información sobre asuntos de interés e importancia públicos; destaca que es necesario garantizar un equilibrio adecuado a este respecto; advierte que los medios de comunicación no deben ser amenazados por la influencia de grupos de interés o de presión específicos, agentes económicos o grupos religiosos;
14. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen normas sobre la competencia y los medios de comunicación, garanticen la competencia con objeto de afrontar e impedir abusos de posición dominante, a ser posible estableciendo niveles de competencia inferiores en la industria de los medios de comunicación en otros mercados, aseguren el acceso de nuevos operadores al mercado, intervengan cuando los medios de comunicación estén excesivamente concentrados y cuando estén en peligro el pluralismo, la independencia y la libertad de los mismo, con objeto de velar por que todos los ciudadanos de la Unión Europea tengan acceso a unos medios de comunicación libres y diversificados en todos los Estados miembros, y a que recomienden mejoras cuando sea necesario; destaca que la existencia de grupos mediáticos propiedad de empresas que pueden adjudicar contratos públicos, representa una amenaza para la independencia de los medios; pide a la Comisión que valore el modo en que las actuales normas en materia de competencia están relacionadas con la creciente concentración de los medios de comunicación comerciales en los Estados miembros; insta a la Comisión a que proponga medidas concretas para salvaguardar el pluralismo de los medios de comunicación y evitar su excesiva concentración;
15. Destaca que se debe prestar atención al nivel de concentración de la propiedad de los medios de comunicación en los Estados miembros al tiempo que subraya que el concepto de pluralismo de los medios abarca un amplio espectro de cuestiones, como la prohibición de la censura, la protección de las fuentes y de los denunciantes, cuestiones relacionadas con la presión que ejercen los actores políticos y las fuerzas del mercado, la transparencia, las condiciones laborales de los periodistas, las autoridades de control de los medios de comunicación, la diversidad cultural, el desarrollo de nuevas tecnologías, el acceso sin restricciones a la información y la comunicación, el acceso sin censura a Internet y la brecha digital; opina que la propiedad y la gestión de los medios de comunicación deben ser transparentes y no estar concentradas; destaca que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación pone en peligro el pluralismo y la diversidad cultural y conlleva la uniformidad del contenido mediático;
16. Pide normas que garanticen un enfoque y una solución adecuados para los conflictos de interés, como los que surgen de la unión entre el poder político y el control sobre los medios de comunicación, y, en particular, que los beneficiarios propietarios de grupos de telecomunicaciones sean siempre públicos, a fin de evitar los conflictos de interés; pide la aplicación eficaz de normas claras que garanticen procedimientos transparentes y justos para la financiación de los medios de comunicación y la asignación de publicidad y patrocinio públicos, con el fin de asegurar que no interfieren en la libertad de información y expresión, el pluralismo o la línea editorial de los medios de comunicación, e insta a la Comisión a que supervise todo ello;
17. Destaca que, a pesar de la aplicación de la política de la competencia mediante el Reglamento de la UE relativo a las concentraciones y, en particular, su artículo 21(18) , suscita preocupación que estos instrumentos no controlen de manera adecuada la concentración de los medios, debido a problemas en la delimitación del mercado, cuando, en algunos casos, grandes fusiones entre medios no cumplen con los umbrales de volumen de negocio estipulados en la política de la UE en materia de competencia;
18. Destaca que el poder del mercado en la industria de los medios de comunicación procede no solo del poder de los precios de los monopolios, sino también de la influencia política que lleva a ejercer una influencia excesiva sobre el regulador y dificulta aún más el desmantelamiento de las posiciones dominantes una vez establecidas; pide que los umbrales de la competencia se establezcan en la industria de los medios de comunicación en un nivel inferior que en otros mercados;
19. Recuerda a la Comisión que, en varias ocasiones en el pasado, se le ha preguntado por la posibilidad de introducir un marco jurídico para evitar las concentraciones de la propiedad y el abuso de posiciones dominantes; pide a la Comisión que proponga medidas concretas para salvaguardar el pluralismo de los medios, incluido un marco legislativo relativo a las normas de la propiedad en los medios de comunicación que incluya normas mínimas para los Estados miembros;
20. Subraya la importancia de garantizar la independencia de los periodistas, tanto frente a presiones internas de los editores o propietarios como a presiones externas de los grupos de presión políticos o económicos o de otros grupos de interés, y destaca la importancia de las cartas editoriales o los códigos de conducta para la independencia editorial, dado que impiden que los propietarios, los gobiernos o las partes interesadas externas interfieran en el contenido de las noticias; destaca la importancia de ejercer el derecho a la libertad de expresión sin discriminación de ningún tipo y sobre la base de la igualdad y del trato equitativo; destaca el hecho de que el derecho de acceso a documentos e información públicos reviste una importancia fundamental para los periodistas y los ciudadanos, e insta a los Estados miembros a que establezcan un marco jurídico sólido y amplio en lo relativo a la libertad de la información gubernamental y el acceso a los documentos de interés público; pide a los Estados miembros que ofrezcan garantías jurídicas con relación a la plena protección del principio de confidencialidad de las fuentes y que se aplique estrictamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia, también en relación con las denuncias;
21. Pide que se proteja a los periodistas frente a presiones, intimidaciones, acosos, amenazas y actos de violencia, y recuerda que, a menudo, los periodistas que se dedican a la investigación sufren amenazas y ataques físicos, incluso contra su vida, a causa de sus actividades; destaca la importancia de que se haga justicia y se combata la impunidad de dichos actos, y señala asimismo su efecto disuasorio sobre la libertad de expresión, lo que conduce a la autocensura de los medios de comunicación; hace hincapié en que el periodismo de investigación contribuye a controlar la democracia y la buena gobernanza, así como a revelar irregularidades y delitos, ayudando de este modo a las autoridades judiciales; exhorta a los Estados miembros y a la UE a que apoyen y fomenten el periodismo de investigación y a que promuevan el periodismo ético en los medios de comunicación elaborando normas profesionales y procedimientos de recurso adecuados, especialmente mediante cursos de formación profesional y códigos de conducta establecidos por asociaciones y uniones de medios de comunicación;
22. Pide a los Estados miembros que adopten normas para evitar la infiltración de agentes de inteligencia en las redacciones, ya que dichas prácticas ponen en gran peligro la libertad de expresión porque permiten la vigilancia de las redacciones y generan un clima de desconfianza, obstaculizan la recopilación de la información y amenazan la confidencialidad de las fuentes y, en última instancia, intentan desinformar y manipular a la opinión pública, así como dañar la credibilidad de los medios de comunicación;
23. Señala que cada vez más periodistas se encuentran empleados en condiciones precarias, sin las garantías sociales que son habituales en el mercado laboral, y pide una mejora de las condiciones laborales de los profesionales de los medios de comunicación; hace hincapié en que los Estados miembros deben velar por que las condiciones laborales de los periodistas cumplan las disposiciones de la Carta Social Europea; destaca la importancia de que los periodistas dispongan de convenios colectivos y de que los colectivos de periodistas tengan representación sindical, que debería estar permitida para todos los empleados, incluso si pertenecen a grupos pequeños, trabajan en empresas pequeñas o bajo formas contractuales «atípicas», como es el trabajo temporal o parcial, ya que, la seguridad laboral les permite hablar y trabajar juntos más fácilmente y proteger más eficazmente los estándares de su profesión;
24. Enfatiza la necesidad de promover un periodismo ético en los medios de comunicación; pide a la Comisión Europea que proponga un instrumento —por ejemplo, por medio de una recomendación como la Recomendación, de 20 de diciembre de 2006, relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información en línea— para garantizar que los Estados miembros insten al sector de los medios de comunicación a desarrollar normas profesionales y códigos éticos que incluyan la obligación de establecer la diferencia entre hechos y opiniones en la información, la necesidad de precisión, imparcialidad y objetividad, el respeto por la privacidad de las personas, la obligación de corregir la desinformación y el derecho de réplica; considera que este marco debería prever el establecimiento por parte del sector de los medios de comunicación de una autoridad reguladora independiente para los medios de comunicación que funcione de forma independiente ante injerencias políticas o externas de otro tipo, que pueda tratar las quejas sobre la prensa basándose en las normas profesionales y los códigos éticos y que tenga autoridad para imponer sanciones adecuadas;
25. Exhorta a los Estados miembros en los que la difamación es un delito a que lo despenalicen lo antes posible; lamenta las presiones, la violencia y el acoso que se ejercen sobre los periodistas y los medios de comunicación en muchos Estados miembros, incluso cuando cubren manifestaciones y actos públicos, lo que suscita preocupación entre organizaciones europeas e internacionales, medios universitarios y la sociedad civil; hace hincapié en la importancia de iniciar un diálogo con las autoridades con el fin de velar por que no se pongan en peligro la libertad e independencia de los medios de comunicación, no se controlen las voces críticas, la aplicación de la ley respete el papel que desempeñan los medios de comunicación y se garantice que estos puedan informar de forma libre y segura;
26. Subraya la importancia de establecer organismos autorreguladores de los medios de comunicación, como comisiones de quejas y defensores de los oyentes o espectadores, y apoya los esfuerzos prácticos y ascendentes iniciados por los periodistas europeos para defender sus derechos fundamentales mediante la creación de un centro destinado a registrar supuestas violaciones de esos derechos, en particular la libertad de expresión (en consonancia con el proyecto piloto aprobado el 23 de octubre de 2012 por el Pleno como parte de la Posición del Parlamento sobre el presupuesto de 2013);
27. Subraya la necesidad de contar con normas en relación con las informaciones políticas en todo el sector de los medios de comunicación audiovisuales a fin de ofrecer un acceso equitativo a todos los competidores políticos, opiniones y puntos de vista, particularmente en épocas de elecciones y referendos, a fin de que los ciudadanos puedan forjarse sus propias opiniones sin influencia indebida de ninguna opinión dominante que detente el poder; destaca que dichas normas deben ser correctamente ejecutadas por los organismos reguladores;
28. Destaca que el derecho fundamental a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación no está reservado únicamente a los medios tradicionales, sino que también cubre a los medios de comunicación social y a otras nuevas formas de medios de comunicación; destaca la importancia de asegurar la libertad de expresión e información en Internet, en particular garantizando su neutralidad, e insta en consecuencia a la UE y a los Estados miembros a que aseguren que estos derechos y libertades se respetan plenamente en Internet por lo que respecta al acceso no restringido y a la prestación y circulación de información; advierte contra todo intento de las autoridades de solicitar registros o autorizaciones o de controlar contenidos considerados perjudiciales por ellas; reconoce que la prestación de servicios de Internet por parte de los medios de comunicación de servicio público contribuye a su misión de garantizar que los ciudadanos puedan acceder a información en línea y formarse una opinión a partir de distintas fuentes;
29. Hace hincapié en que los agregadores de noticias, motores de búsqueda y otros intermediarios revisten cada vez mayor importancia en la difusión y el acceso a la información y al contenido de las noticias en Internet; pide a la Comisión que incluya a estos agentes de Internet en el marco regulador de la UE a la hora de revisar la Directiva relativa a los servicios de comunicación audiovisual, con el fin de abordar los problemas de discriminación del contenido y distorsión en la selección de las fuentes;
30. Insta a la Comisión y a los Estados miembros, en el marco de la política de la Comisión en materia de educación mediática, a que concedan suficiente atención a la importancia de la formación en materia de medios de comunicación, dotando a los ciudadanos de cualidades de interpretación crítica, así como de la capacidad de examinar atentamente el creciente volumen de información.
31. Pide a la Comisión que compruebe si los Estados miembros asignan licencias de emisión conforme a criterios objetivos, transparentes, proporcionales y no discriminatorios;
32. Subraya la importancia y urgencia de supervisar anualmente la libertad de los medios de comunicación y el pluralismo en todos los Estados miembros, así como de elaborar un informe anual sobre este asunto, sobre la base de las normas detalladas elaboradas por el Consejo de Europa y la OSCE y del enfoque analítico basado en el riesgo y los indicadores desarrollados en el estudio independiente elaborado para la Comisión, en asociación con ONG, partes interesadas y expertos, también mediante el control y la supervisión de la evolución y los cambios en la legislación sobre los medios de comunicación y el impacto de la legislación adoptada en los Estados miembros que afecta a la libertad de los medios de comunicación, en particular en relación con la injerencia gubernamental, así como mediante buenas prácticas para definir normas de servicio público para los canales públicos y privados; subraya la importancia de hacer que el público conozca estas normas europeas comunes; opina que la Comisión, la Agencia de Derechos Fundamentales y/o el Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación del IUE deben desempeñar este cometido y publicar un informe anual con los resultados del seguimiento; considera que la Comisión debe presentar dicho informe al Parlamento y al Consejo y elaborar propuestas sobre acciones y medidas derivadas de las conclusiones del informe;
33. Considera que la UE tiene competencias para adoptar medidas legislativas que garanticen, protejan y fomenten la libertad de expresión y de información, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, al menos en la medida en que las tiene en relación con la protección de los menores y de la dignidad humana, la diversidad cultural, el acceso de los ciudadanos a la información sobre y/o la cobertura de acontecimientos importantes, la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, la protección de los consumidores en relación con las comunicaciones comerciales y el derecho de réplica, dado que son intereses generales contemplados en la Directiva relativa a los servicios de comunicación audiovisual; cree asimismo que toda normativa debe elaborarse en función de un análisis cuidadoso y exhaustivo de la situación en la UE y los Estados miembros, así como de los problemas que se deben solucionar y del mejor modo de abordarlos; considera que las iniciativas no legislativas —la supervisión, la autorregulación y los códigos de conducta, así como la activación del artículo 7 del TUE cuando proceda— se elaborarán mejor en esta fase, tal y como reclaman la mayoría de las partes y teniendo en cuenta que algunas de las amenazas más llamativas para la libertad de los medios de comunicación en algunos Estados miembros provienen de disposiciones legislativas recientemente aprobadas;
34. Repite su llamamiento a la Comisión para que revise y modifique la Directiva relativa a los servicios de comunicación audiovisual (AVMSD) y amplíe su ámbito a normas mínimas para el respeto, la protección y la promoción del derecho fundamental a la libertad de expresión y de información, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, y que aplique plenamente la Carta de los Derechos Fundamentales, el CEDH y la jurisprudencia correspondiente relativa a las obligaciones positivas en el ámbito de los medios de comunicación, dado que el objetivo de la Directiva es crear un espacio sin fronteras internas para los servicios de comunicación audiovisual y, a la vez, garantizar un alto nivel de protección de los objetivos de interés general, como la adopción de un marco legislativo y administrativo adecuado para garantizar un pluralismo eficaz(19) ; insta, por consiguiente a la Comisión, a que revise y modifique la AVMSD con objeto de garantizar ―como ya ocurre sobre la base del modelo de las autoridades reguladoras en el marco de las comunicaciones electrónicas― que las autoridades reguladoras nacionales son plenamente independientes, imparciales y transparentes en los procesos decisorios, el ejercicio de sus tareas y competencias y el proceso de supervisión, con financiación eficaz para llevar a cabo sus actividades, y que dispongan de las facultades sancionadoras oportunas para garantizar la aplicación de sus decisiones;
35. Insta a la Comisión a que a que, en la evaluación y revisión de la AVMSD incluya asimismo disposiciones sobre la transparencia en la propiedad de los medios de comunicación, la concentración de los medios y las normas sobre conflictos de intereses, a fin de evitar influencias indebidas de los poderes políticos y económicos en los medios, así como sobre la independencia de los organismos de supervisión de los medios de comunicación; pide a la Comisión que presente la comunicación por la que se aplica el instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación en los Estados miembros de la UE, que ya se desarrolló en el estudio independiente sobre indicadores del pluralismo («The indicators for media pluralism in the Member States - Towards a risk-based approach») y sobre la base de su propuesta de «enfoque en tres fases» de enero de 2007; considera que ello debería ir acompañado de una amplia consulta pública con todos los actores interesados, entre otras cosas sobre la base del seguimiento del informe del Grupo de Alto Nivel sobre Libertad y Pluralismo en los Medios de Comunicación, en particular mediante la elaboración de una propuesta que incluya un conjunto de directrices de la UE sobre la libertad y el pluralismo en los medios de comunicación;
36. Pide a los Estados miembros que procedan inmediatamente a las reformas para alcanzar estos objetivos; insta a la Comisión a que establezca claramente el cometido de las autoridades reguladoras de los medios de comunicación, en particular por lo que respecta a la regulación y supervisión, y a que controle que cumplen los requisitos de necesidad y proporcionalidad cunado imponen sanciones; recuerda la importancia de adaptar el ámbito de la normativa a la naturaleza específica de cada medio de comunicación;
37. Pide a las autoridades reguladoras nacionales que cooperen y se coordinen a escala de la UE en cuestiones relativas a los medios de comunicación, por ejemplo mediante la creación de una asociación de reguladores europeos para los servicios de los medios de comunicación audiovisuales, que armonicen el estatuto de las autoridades reguladoras nacionales contempladas en los artículos 29 y 30 de la Directiva relativa a los servicios de comunicación audiovisual (AVMSD), garantizando su independencia, imparcialidad y transparencia en los procesos decisorios y en el ejercicio de sus competencias, así como en el proceso de supervisión, y que les doten de las facultades sancionadoras oportunas para garantizar la aplicación de sus decisiones;
38. Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que adopten las medidas apropiadas y oportunas, proporcionadas y progresivas cuando existan preocupaciones en relación con la libertad de expresión y de información y con la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en la UE y en sus Estados miembros;
39. Considera que, en el caso de futuras adhesiones a la UE, deberá hacerse más hincapié en la protección de las libertades y en la libertad de expresión, ampliamente reconocidas como elementos integrantes de los derechos humanos y de la condicionalidad de la democracia conforme a los criterios de Copenhague; pide a la Comisión que continúe supervisando el comportamiento y los progresos de los países candidatos a la adhesión a la UE por lo que respecta a la protección de las libertades de los medios de comunicación;
40. Pide a la Comisión que asegure la inclusión de criterios basados en el pluralismo y la propiedad de los medios en todas las evaluaciones de impacto llevadas a cabo para las nuevas iniciativas sobre propuestas legislativas;
41. Expresa su preocupación por la falta de transparencia en la propiedad de los medios de comunicación en Europa, y pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la transparencia en la propiedad y gestión de los medios, así como que adopten iniciativas en este ámbito, en particular requiriendo a los medios de comunicación de radiodifusión, impresos y similares que remitan a las autoridades nacionales de medios de comunicación los registros de la empresa y la información pública suficientemente exacta y actualizada sobre la propiedad que permita identificar a los beneficiarios y a los propietarios y copropietarios últimos de los medios de comunicación, sus currículum vitae y su financiación, por ejemplo, mediante la conversión de la base de datos Mavise en un registro europeo único, con objeto de identificar concentraciones excesivas de los medios de comunicación, impedir que las organizaciones de medios de comunicación escondan intereses especiales y permitir que los ciudadanos comprueben qué intereses se esconden detrás de sus medios de comunicación; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que examinen y controlen si los fondos públicos destinados por los Estados miembros a los medios de comunicación de servicio público se usan de forma transparente y en estricta conformidad con el Protocolo nº 29 anejo a los Tratados; cree que la transparencia en la propiedad es un factor fundamental del pluralismo en los medios de comunicación; pide a la Comisión que supervise y apoye los avances para fomentar un mayor intercambio de información sobre la propiedad de los medios de comunicación;
42. Subraya que la libertad de los medios de comunicación debe incluir asimismo la libertad de acceso a los medios, garantizando la prestación y el acceso eficaces a conexiones de banda ancha a Internet para todos los ciudadanos europeos, en plazos y con costes razonables, mediante el desarrollo adicional de las tecnologías inalámbricas, incluida la conectividad a Internet por satélite;
43. Hace hincapié en que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las autoridades tienen la obligación, en virtud del artículo 10 del CEDH, de proteger la libertad de expresión como condición previa de una democracia funcional, dado que el ejercicio genuino y eficaz de determinadas libertades no depende únicamente de la obligación del Estado de no interferir, sino que puede requerir medidas positivas de protección;
44. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a la OSCE, así como al Comité de Ministros, a la Asamblea Parlamentaria, a la Comisión de Venecia y al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
(2) http://www.pressfreedom.eu/en/index.php.
(3) DO C 25 E de 29.1.2004, p. 205.
(4) DO C 76 E de 25.3.2004, p. 412.
(5) DO C 76 E de 25.3.2004, p. 453.
(6) DO C 193 E de 17.8.2006, p. 117.
(7) DO C 104 E de 30.4.2004, p. 1026.
(8) DO C 8 E de 14.1.2010, p. 75.
(9) DO C 99 E de 3.4.2012, p. 50.
(10) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 154.
(12) «The Citizen’s Right to Information: Law and Policy in the EU and its Member States», junio de 2012, disponible en http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&amp;file=75131
(13) http://cmpf.eui.eu/Home.aspx .
(14) Elaborado K.U.Leuven – ICRI, Jönköping International Business School - MMTC, Central European University - CMCS y Ernst &amp; Young Consultancy Belgium.
(15) Estas incluyen: el control político partidista directo o indirecto y la influencia sobre los medios de comunicación o los organismos de control de los mismos; la prohibición o limitación del acceso al mercado de determinados medios de comunicación por medio de los procedimientos de licencias y autorizaciones de difusión; el mal uso y el uso indebido de las normas sobre seguridad nacional o militar y orden público o moralidad para imponer una censura e impedir el acceso a los documentos y la información; la violación del principio de confidencialidad de las fuentes; la ausencia de leyes sobre concentración de los medios de comunicación y conflictos de interés; y la utilización de la publicidad con miras a influir en las líneas editoriales.
(17) Véase el apartado 6 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2011, sobre la Ley sobre los medios de comunicación en Hungría.
(18) Dicho artículo establece que, al aplicar la legislación nacional destinada a preservar el pluralismo de los medios de comunicación, las autoridades nacionales podrán actuar en defensa de «intereses legítimos».
(19) CEDH, Centro Europa 7, 7 de junio de 2012, apdo. 134.
Última actualización: 10 de noviembre de 2015 Aviso jurídico