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Document Index: 113488372

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 606', 'artículo 40', 'e contrario', 'artículo 22', 'artículo 605', 'artículo 606', 'artículo 607', 'artículo 139', 'artículo 2', 'artículo 605', 'artículo 139', 'artículo 606', 'artículo 398', 'artículo 477']

Autos de Ejecución de Títulos No Judiciales 1628/ PDF
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Antonio Belmonte Mora
1 Audiencia Provincial Civil de Madrid Sección Octava C/ Ferraz, N.I.G.: / Recurso de Apelación 498/2013 O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 88 de Madrid Autos de Ejecución de Títulos No Judiciales 1628/2009 APELANTE: D. ANTONIO SANCHEZ HIJON PROCURADOR: Dña. MARIA ASUNCION SANCHEZ GONZALEZ APELADOS: CAJA LABORAL POPULAR SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO, DÑA. ANDREA SANCHEZ CANTADOR, TRATTORIA QUINTANA S.L. PROCURADOR: D. JOSE MARIA MARTIN RODRIGUEZ, SIN PROFESIONAL ASIGNADO, SIN PROFESIONAL ASIGNADO AUTO Nº 194 ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: D. JESÚS GAVILÁN LÓPEZ DÑA. MILAGROS APARICIO AVENDAÑO DÑA. CRISTINA DOMENECH GARRET En Madrid, a veintisiete de Junio de dos mil catorce. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Sres. Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de Ejecución de Títulos No Judiciales número 1628/09, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 88 de Madrid, siendo partes, de una como demandante-apelada, CAJA LABORAL POPULAR SOCIEDAD Sección nº 08 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelación - 498/ de 8
2 COOPERATIVA DE CRÉDITO LIMITADA, representada por el Procurador D. José María Martín Rodríguez; como demandado-apelante, D. ANTONIO SÁNCHEZ HIJÓN, representado por la Procuradora Dña. Mª Asunción Sánchez González, y como demandadosapelados, DÑA. ANDREA SÁNCHEZ CANTADOR y TRATTORIA QUINTANA S.L., no comparecidos en esta alzada. VISTO, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. JESÚS GAVILÁN LÓPEZ. I.- ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia número 88 de Madrid, en fecha veintiuno de diciembre de dos mil doce, se dictó Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: DESESTIMANDO LA SOLICITUD efectuada por D. ANTONIO MIGUEL SANCHEZ HIJON debo declarar la validez del embargo efectuado por Decreto de fecha , manteniendo íntegramente dicha resolución. SEGUNDO.- Contra el referido auto se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de D. Antonio Sánchez Hijón, que fue admitido, y en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales. TERCERO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública para la resolución del presente recurso, quedó en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día veintidós de mayo de dos mil catorce. CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales. Sección nº 08 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelación - 498/ de 8
3 II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS No se aceptan los Fundamentos de Derecho del Auto de instancia. PRIMERO.- Antecedentes y objeto del recurso Por D. ANTONIO SÁNCHEZ HIJÓN en fecha 21 de noviembre de 2012 se presentó escrito solicitando la nulidad del embargo del complemento de gran invalidez, acordado por Decreto de 11 de Mayo de 2012, y se proceda a recalcular las cantidades a embargar de acuerdo a lo establecido en el art. 607 de la LEC excluyendo el complemento de gran invalidez y sólo considerando embargable la cantidad de 1.333,56 euros. 2.- El Auto de instancia desestima el recurso planteado frente al Decreto dictado por el Secretario Judicial, al considerar, a modo de síntesis, que es de aplicación la doctrina del TC, Pleno, en sentencia de 22 Jun. 1989, en el que se somete a consideración la inconstitucionalidad del artículo 22.1 de la LGSS de 1974, por contraposición al derecho tutela judicial efectiva en su vertiente a obtener la ejecución de resolución judicial firme de condena, en relación al citado art. 22 de la Ley General de la Seguridad Social, que declaraba inembargables las pensiones de la seguridad social. 3.- El recurso planteado por la representación procesal del demandado, se fundamenta, a modo de síntesis comprensiva de las alegaciones formuladas en el escrito de interposición, en los siguientes motivos: 1º) Infracción de los artículos 137 y 139 de la LGSS, citando la STS de 14 de Octubre de LGSS. 2º) Infracción del artículo 606 y 609 de la LEC, en relación con el artículo 40 de la Sección nº 08 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelación - 498/ de 8
4 similar. 3º) Cita el Auto dictado por el Juzgado de Instancia nº 52 de Madrid en supuesto Se solicita la revocación del Auto, dictando otro por el que se estime la nulidad interesada del embargo del complemento de gran invalidez, considerando sólo embargable la suma de 1.333,56 euros. 4.- De contrario se interesó la confirmación del Auto, de acuerdo, en lo sustancial, con los argumentos del mismo, con imposición de costas a la apelante. SEGUNDO.- Motivo primero del recurso: Infracción de los artículos 137 y 139 de la LGSS, citando la STS de 14 de Octubre de La cuestión suscitada se centra en determinar si el ejecutado, declarado en situación de gran invalidez, a partir de su condición de pensionista por incapacidad permanente, por la que cobra una pensión de 1.333,56 euros y un complemento de 660,10 euros por el concepto anterior de gran invalidez, éste puede ser objeto de embargo. Pues bien conviene esta Sala con el recurrente que dicha cantidad es inembargable, por las siguientes razones: 1ª) Es cierto que la sentencia invocada por el Juzgado de Instancia del TC de 22 de Junio de 1.989, declarando inconstitucional el artículo 22.1 del Texto Refundido de la LGSS que fijaba como inembargables las pensiones de la Seguridad Social, puede ser de aplicación genérica a ese complemento, por el carácter indudable de pensión que tiene, pero no lo es menos, que el Alto tribunal se refería y fundaba su resolución en la debida ponderación que debía hacerse entre el cobro de una pensión y el derecho a la tutela judicial del acreedor en el pago de su deuda, siendo razonable que se pudieran embargar de aquellas cantidades que excedieran de la finalidad de la norma de garantizar la subsistencia económica del pensionista. Sección nº 08 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelación - 498/ de 8
5 2ª) Siguiendo esas pautas, el legislador estableció, por una parte, en la Ley 1/ 2.000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil, los bienes que eran inembargables por disposición legal -artículo 605.4º-, en general, aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que, a juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia-artículo 606.1º, último inciso-; con carácter general, ser inembargables el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional, fijándose a continuación los tramos y porcentajes correspondientes a las sumas que excediera de ese límite -artículo 607-, previendo su apartado 3 que Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable.. 3ª) Por otra, la LGSS, en el artículo 139, y una vez establecido en su apartado 3 que.. La prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente absoluta consistirá en una pensión vitalicia., el apartado 4, redactado por el apartado tres del artículo 2 de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social («B.O.E.» 5 diciembre), con vigencia de 1 enero 2008, estableció que Si el trabajador fuese calificado de gran inválido, tendrá derecho a una pensión vitalicia según lo establecido en los apartados anteriores, incrementándose su cuantía con un complemento, destinado a que el inválido pueda remunerar a la persona que le atienda, fijando a continuación la cuantía del complemento. 4ª) En consecuencia, la primera cuestión que debe precisarse es que dicha cantidad no tiene en puridad de concepto la cualidad de pensión que se acumule a la anterior, sino de complemento a la misma, del tenor literal de dichos preceptos; en segundo lugar, que ese complemento está destinado, por disposición legal, a que el inválido pueda remunerar a la persona que le atienda, esto es, a una finalidad concreta, determinada y básica; de ahí que resulte imprescindible para que el ejecutado y las personas de él dependientes-no olvidemos que convive con sus padres mayores de 78 años- puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia, en el presente caso destinada sencillamente a las más elementales funciones de apoyo para su desarrollo y movilidad, con una minusvalía del 89 %, y en silla de ruedas, al ser evidente que los anteriores no pueden hacerse cargo del mismo, sin que tampoco la concurrencia de esta circunstancia, es decir que los padres pudieran ayudarle, determinara distinta consideración de la cualidad que se declara. Sección nº 08 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelación - 498/ de 8
6 5ª) En segundo lugar, porque la declaración de inembargable, es plenamente acorde con los derechos constitucionales e intereses en juego; así la STC 158/1993 de 6 de mayo de 1993, establece que Nuestra legislación, con todo, excluye determinados bienes y derechos de la ejecución forzosa, declarándolos inembargables por las más variadas razones de interés público o social, razones entre las que destaca la de impedir que la ejecución forzosa destruya por completo la vida económica del ejecutado y ponga en peligro su subsistencia personal y la de su familia. La Ley establece, a tal fin, normas de inembargabilidad de salarios y pensiones que son, en muchas ocasiones, la única fuente de ingresos económicos de gran número de personas. Tales límites legislativos a la embargabilidad tienen, en principio y con carácter general, una justificación constitucional inequívoca en el respeto a la dignidad de la persona (art de la Norma fundamental), principio al cual repugna que la efectividad de los derechos patrimoniales se lleve al extremo de sacrificar el mínimo económico vital del deudor. Este respeto a la dignidad de la persona justifica, así, la creación legislativa de una esfera patrimonial inmune a la acción ejecutiva de los acreedores, límite a la embargabilidad que se fundamenta, también, en lo dispuesto en otros preceptos constitucionales: arts (protección de la familia), 43 (derecho a la protección de la salud) y 47 (derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada). Las declaraciones legislativas de inembargabilidad deben, sin embargo, evitar todo sacrificio desproporcionado del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes y han de desenvolverse, a tal efecto, dentro de los límites cuantitativos que resulten imprescindibles para asegurar el mínimo económico vital de sus beneficiarios. Si la ejecución se impidiera más allá de la cuantía que asegura ese mínimo vital, se estaría sacrificando, sin proporción ni justificación constitucional, el derecho de los acreedores ex art a hacer efectivos los créditos reconocidos en resolución judicial. Por ello dicho complemento es inembargable por disposición legal, que no precisa de ser explícita, al amparo del artículo 605.4º, en relación con el apartado 4 del artículo 139 de la LGSS, concurriendo igualmente el carácter de imprescindible para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia, a tenor del artículo 606.1º, último inciso, de la LEC, y por otra parte, porque tal interpretación de la norma está directamente relacionada con la dignidad y subsistencia mínima de la Sección nº 08 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelación - 498/ de 8
7 persona, de acuerdo con la tutela constitucional de derechos fundamentales antes reseñada, sin ser desproporcionada en relación con los restantes derechos en colisión. Todo lo anteriormente expuesto lleva a colegir la estimación del recurso, sin necesidad de abordar los siguientes motivos, revocando el Auto apelado. TERCERO.- Costas.- No se hace especial pronunciamiento sobre las de primera instancia, por las dudas de hecho y derecho existentes, ni respecto de las de esta alzada, por la estimación del recurso, al amparo del artículo 398 en relación con el 394 de la L.E.C. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. III.- PARTE DISPOSITIVA 1º) Que debemos ESTIMAR el recurso interpuesto por la Procuradora Dña. Mª Asunción Sánchez González, en representación de D. ANTONIO SÁNCHEZ HIJÓN y frente a CAJA LABORAL POPULAR SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, DÑA. ANDREA SÁNCHEZ CANTADOR Y TRATTORIA QUINTANA S.L., contra el Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 88 de Madrid en fecha veintiuno de diciembre de dos mil doce, autos de Ejecución de Título No Judicial 1628/09, REVOCANDO el mismo, dictando otro en su lugar por el que se deja sin efecto desde esta fecha el embargo del complemento de gran invalidez en cuantía alguna. 2º) No se hace especial pronunciamiento en costas de ambas instancia. La estimación del recurso determina la devolución del depósito constituido por D. ANTONIO SÁNCHEZ HIJON, de conformidad con lo establecido en la Disposición Sección nº 08 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelación - 498/ de 8
8 Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. Contra esta resolución no cabe recurso ordinario ni extraordinario alguno de acuerdo con el artículo 477 de la LEC. Así por este nuestro Auto, del que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Sección nº 08 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelación - 498/ de 8