Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-8550-1998-07-06-2002-24061
Timestamp: 2019-06-26 14:08:51
Document Index: 82235921

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 93', 'artículo 218', 'artículo 56', 'artículo 39', 'artículo 40', 'artículo 21', 'artículo 34', 'artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 26', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 93', 'artículo 21', 'artículo 93', 'artículo 114']

Resolución de TEAC, 00/8550/1998, 07-06-2002 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/8550/1998 de 07 de Junio de 2002
Fecha: 07 de Junio de 2002
Núm. Resolución: 00/8550/1998
No se acredita por la entidad reclamante actividad empresarial suficiente para justificar la cuantía de la inversión realizada, a efectos de la materialización del Fondo de Previsión de Inversiones de Canarias, toda vez que dicha actividad se circunscribe a la mera posesión de un edificio y mantenimiento de un archivo.
PRIMERO: Con fecha 16 de julio de 1998, la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la AEAT de ..., incoó a X, S. A. acta A02 (de disconformidad), número 70041301, por el concepto y período indicado. En ella, el inspector actuario hacía constar, en resumen, lo siguiente: 1.- Que el acta complementaba la propuesta de regularización realizada en acta previa A01, de esa misma fecha, con los conceptos a los que el obligado tributario no prestaba conformidad. 2.- Que las actuaciones iniciadas ante X, S. A. se continuaron ante Y, S. A., entidad adquirente de la primera mediante una operación de disolución sin liquidación y adjudicación de todo su patrimonio a su accionista único, documentada en escritura pública de fecha 5-12-1996. 3.- A 1-1-1992 la cta. Fondo de Previsión para Inversiones de Canarias, tenía un saldo acreedor de 1.619.596.940 pts. (9.733.973,65 €). En aplicación de lo dispuesto en el art. 93 de la Ley 20/1991, la Entidad debía realizar la inversión efectiva de dicho fondo en el plazo de cinco años, debiendo invertir en cada año, al menos un 20% de dicho saldo. 4.- La entidad adquirió el 22-5-1992 un derecho sobre un inmueble en construcción situado en ... por un importe (incluido gastos e impuestos) de 228.107.949 pts. (1.370.956,38 €), que contabilizó como edificios en curso. La entidad afectó dicha inversión en curso a la materialización del año 1992 del citado Fondo de Previsión para Inversiones de Canarias e incorporó la diferencia con el importe total a invertir en ese año, a la base imponible del impuesto mediante una ajuste extracontable positivo de 95.811.439 pts. (575.838,35 €). 5.- Que teniendo en consideración los antecedentes puestos de manifiesto en las diligencias 14, 16 y 21, no podía aceptarse la alegación de la entidad de que se había ocupado parte del mencionado local a finales de 1992 para destinarlo al archivo de su documentación de las dos oficinas de la Entidad de Canarias así como de la documentación de las oficinas y servicios centrales en Canarias, traspasados en 1989, por los siguientes motivos: a) Las obras no se terminaron hasta julio de 1993, por lo que no parecía posible que se permitiera la ocupación de parte del edificio durante las mismas. b) La documentación procedente de las oficinas y servicios centrales traspasados en 1989 debía ser conservada por la entidad cesionaria, y no por la cedente y, en cuanto a la documentación interna y la de relación con el Banco de España, ésta debió conservarse razonablemente en el domicilio social de la Entidad, que fue trasladado a ... según escritura de 17-10-91. En definitiva, a partir de 1-10-92 la entidad X, S. A. dejó de operar en Canarias, y cualquier responsabilidad o asunto derivado de su actuación anterior debía ser planteado ante la entidad cesionaria, es decir, Y, S. A. La Entidad no podía pretender haber invertido en el ejercicio cerrado el 31-12-1992, en un edificio necesario para el desarrollo de sus actividades la cantidad de 228.107.949 pts. (1.370.956,38), porque tal edificio estaba en curso, y porque no era necesario para su actividad en Canarias, que era inexistente desde el 1-10-1992. Se proponía una liquidación de la que resultaba una deuda a ingresar de 90.034.014 pts. (541.115,32 €) que estaba integrada por una cuota de 79.837.782 pts. (479.834,73 €) y unos intereses de demora de 10.196.232 pts. (61.280,59 €).
SEGUNDO: En el preceptivo informe ampliatorio del acta incoada emitido por el actuario se desarrollan los hechos expuestos y los fundamentos contenidos en la misma. El 28 de julio de 1998, compareció el representante autorizado del sujeto pasivo en la citada Dependencia Regional con el objeto de examinar el expediente, examen que no pudo realizar por no encontrarse el mismo en la Secretaria Administrativa, no habiendo comparecido nuevamente ni habiendo presentado alegaciones relativas al acta incoada. El Jefe de la Dependencia Regional de Inspección dictó acuerdo de liquidación, con fecha 7 de octubre de 1998, en el que confirmaba la propuesta contenida en el acta en todos sus extremos. Dicho acuerdo le fue comunicado a la entidad con fecha 14 de octubre de 1998.
TERCERO: Disconforme con el mismo, la interesada, el 26 de octubre de 1998, interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central. Una vez puesto de manifiesto el expediente presentó escrito, el 24 de enero de 2002, en el que alegaba, en síntesis, lo siguiente: 1.- Indefensión. Se ha producido indefensión, ya que el Inspector Regional procedió a liquidar el acta de disconformidad sin que la entidad hubiera podido presentar sus alegaciones al respecto al desconocer los fundamentos de derecho esgrimidos por el actuario. La entidad compareció en el plazo habilitado por el artículo 56 del Reglamento de Inspección para conocer el contenido del expediente y del informe ampliatorio, no siéndole facilitados dichos documentos por lo que no pudo presentar las correspondientes alegaciones y, produciendo, en consecuencia, la indefensión que determina la nulidad de la liquidación impugnada. 2.- Incorrección de los hechos. La Inspección considera probados los hechos contenidos en el acta y que tienen su origen en la diligencia nº 24, de 26 de febrero de 1998, con los que la entidad manifestó su desacuerdo mediante un escrito incorporado en la diligencia nº 25 y que reitera nuevamente. En este sentido manifiesta: a) Que la cesión de las 28 oficinas comerciales en Canarias... se limitaba al negocio ... y la mayoría de su personal, pero no implicaba también la venta de los servicios centrales del ... b) Que existía la necesidad de mantener el archivo en Canarias, ya que aunque no mantenía oficinas abiertas al público, si mantenía la responsabilidad en las operaciones y situaciones no cedidas. c) Las operaciones canceladas en la fecha de la cesión de las oficinas son responsabilidad de la entidad cedente y por tanto debe mantenerse ese archivo. 3.- Que el objeto de la controversia es la idoneidad o no de la materialización realizada en 1992 por X, S. A. en un inmueble destinado a archivo para cumplir con los requisitos del artículo 93 de la Ley 20/91. Discrepa del carácter innecesario que le atribuye la Inspección por entender que la responsabilidad generada por la actividad hacía necesario el mantenimiento de la documentación en un archivo. La Entidad mantuvo en 1992 y, en años sucesivos, actividad empresarial en el Archipiélago Canario, como lo prueba el hecho mismo de la inversión en un activo fijo ubicado en Canarias y que no fue vendido, no se trataba de un activo especulativo, sino que estaba afecto a su actividad empresarial y, en concreto, destinado a archivo. La Ley 29/1991 no exige que el edificio esté acabado e invoca la resolución de la Dirección General de Tributos de 20-7-1999 en la que se consideran activos aptos para la materialización del Fondo la construcción de inmuebles a medida que se va ejecutando la obra, por el coste de la misma en cada período impositivo. La norma utilizada por la Inspección, el artículo 218 del RIS, hace referencia a las inversiones en Activos Fijos Nuevos y no al Fondo de Previsión para Inversiones. No se contradice el espíritu y finalidad de la norma aplicada puesto que la Inspección no discute la realidad de la inversión, su cuantía y su contabilización. 4.- Se realizaron obras de reforma en el inmueble destinado a archivo en el ejercicio 1995 por importe de 6.739.398 pts. (40.504,6 €), que se afectaron a la materialización del Fondo de Previsión para Inversiones en el mismo ejercicio y tal actuación fue aceptada por la Inspección como se recoge en el acta A04 nº 70020600, cuya fotocopia se aporta.
CUARTO: La ejecución del acto impugnado se encuentra suspendida con efectos desde el 22 de octubre de 1998.
PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación en la que se plantean las siguientes cuestiones: 1.- Si se ha producido la indefensión de la Entidad que determine la nulidad liquidación impugnada. 2.- Procedencia de la regularización practicada por la Inspección como consecuencia de la materialización en un edificio del Fondo de Previsión para Inversiones de Canarias.
SEGUNDO: Respecto a la primera cuestión planteada relativa a la posible existencia de indefensión que determine la nulidad de la liquidación impugnada hay que señalar que, la regulación del procedimiento inspector busca preservar el derecho de tutela judicial efectiva del obligado tributario, evitando las actuaciones de la Administración que puedan ocasionar la indefensión "material" a que se refieren tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional. En este sentido, dichos Tribunales y, en particular, el Constitucional en Sentencia de 1 de octubre de 1990 han declarado que la indefensión "(...) sólo tiene lugar cuando se priva la justiciable de alguno de los instrumentos que el Ordenamiento pone a su alcance para la defensa de sus derechos, o se impide la aplicación efectiva del principio de contradicción, con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado: la indefensión consiste en un impedimento del derecho a alegar y de demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación en la que se impide a una parte, por el órgano judicial en el curso del proceso, el ejercicio del derecho de defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso, justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción, (STC 89/86 de 1 de julio F.J. 2º) (...). Para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúa al interesado al margen de toda posibilidad de acceder a un proceso judicial en el que pueda obtener la tutela o de alegar y de defender en el mismo sus derechos, no basta con una simple vulneración meramente formal sino que es necesario que el efecto material de indefensión se produzca (...)". Pues bien, partiendo de la concepción de indefensión de los Tribunales reseñados, en el caso que nos ocupa este Tribunal considera que no ha existido indefensión tal y como pretende la recurrente, ya que si bien es cierto que la interesada compareció en el plazo fijado en el artículo 56 del Reglamento de Inspección para la puesta de manifiesto del expediente, en ningún momento se le negó la posibilidad de acceder al mismo, sino que simplemente se le indicó que no estaba disponible en la Secretaria Administrativa en ese preciso momento, sin que la entidad realizara ningún otro intento a pesar de que la liquidación tardó en dictarse más de dos meses (7 de octubre de 1998) desde su única comparecencia (28 de julio de 1998). Además, la entidad tuvo la oportunidad de manifestar su discrepancia con los criterios manifestados en la liquidación impugnada o bien requerir que se pusiera nuevamente de manifiesto el expediente para subsanar su desconocimiento acerca del mismo mediante la interposición del correspondiente recurso de reposición ante el mismo órgano que dicto el acto impugnado, posibilidad que se indicaba en la propia liquidación y de la que la entidad tampoco quiso hacer uso, por lo que, en definitiva, no cabe apreciar indefensión y hay que confirmar la validez de la liquidación impugnada.
TERCERO: La resolución de la segunda cuestión planteada exige en primer lugar el examen de la normativa aplicable. A este respecto hay que señalar que el Fondo de Previsión para Inversiones, establecido para fomentar la inversión empresarial mediante la autofinanciación, se encontraba regulado, básicamente, en los artículos 33 a 49 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto General sobre la Renta de Sociedades y Demás Entidades Jurídicas, aprobado por Decreto 3359/1967, de 23 de diciembre, pudiéndose señalar, por lo que a nosotros nos afecta, como características más destacadas del mismo las siguientes: 1.- La base imponible se reduciría en las cantidades que las sociedades y demás entidades jurídicas destinen de sus beneficios a la Previsión para Inversiones, reducción que se aplicará a las dotaciones que en cada ejercicio se hagan a la indicada Previsión hasta el límite del 50 por 100 de la parte del beneficio obtenido en el mismo período, que no sea objeto de distribución (arts. 33 y 34). 2.- El importe de las cantidades destinadas a esta Previsión debería materializarse provisionalmente dentro del ejercicio en que se hubiera aprobado el balance correspondiente, en la forma que se señala en el artículo 39, hasta que se efectuara la inversión definitiva, y como garantía de la misma, en los elementos materiales de activo fijo que se indicaban en su artículo 40. 3.- La aplicación o la materialización de la Previsión a fines distintos de los que la Ley autoriza determinará automáticamente la integración en la base imponible del ejercicio en que se realice de las cantidades indebidamente aplicadas (art. 47).
CUARTO: La Ley 30/1972, de 22 de julio, sobre Régimen Económico Fiscal de Canarias, en el artículo 21 establecía que: "El límite del 50 por 100 a que se refiere el artículo 34 del Texto Refundido del Impuesto General sobre la Renta de Sociedades y Demás Entidades Jurídicas, de 23 de diciembre de 1967, se elevan en Canarias al 90 por 100 respecto a las dotaciones que se hagan durante el plazo de diez años contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley (1 de enero de 1973)", y añadía que: "Esta regla será de aplicación a las sociedades y demás entidades jurídicas y personas físicas respecto a los establecimientos situados en Canarias y siempre que la inversión correspondiente se realice y permanezca en el Archipiélago"..
QUINTO: La Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, suprimió el régimen de Previsión para Inversiones, consideró el régimen económico-fiscal de Canarias como un régimen especial por razón del territorio, de los contemplados en su artículo 2.º 2, y mantuvo la vigencia del artículo 21 de la mencionada Ley 30/1972; en este mismo sentido se pronunciaba en su Exposición de Motivos el Real Decreto 2600/1979, de 19 de octubre, que armonizaba el régimen de la deducción por inversiones del artículo 26 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades con la pervivencia del régimen de la previsión para inversiones referido estrictamente a los beneficios que se contienen en el artículo 21 de la invocada Ley 30/1972, de Régimen Especial de Canarias. Dicha vigencia se prorrogó para el ejercicio 1983 por la Ley 5/1983, de 29 de junio, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Financiera y Tributaria, y para los ejercicios 1984 a 1991 por las sucesivas Leyes de Presupuestos, que establecían: "En tanto no se produzca la entrada en vigor de la Ley de Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias quedarán prorrogadas las normas especiales de aplicación del Fondo de Previsión para Inversiones previstas en el artículo 21 de la Ley 30/1972, de 22 de julio, sobre Régimen Económico Fiscal de Canarias. La constitución de los depósitos necesarios para la materialización de la Previsión para Inversiones podrá efectuarse en la Central de la Caja General de Depósitos o en sus sucursales de Canarias".
SEXTO: La Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, además de regular el Impuesto General Indirecto Canario y el Arbitrio sobre la Producción e Importación de Mercancías, contiene normas especiales sobre incentivos fiscales a la inversión en Canarias, relativas al régimen transitorio del Fondo de Previsión para Inversiones (dicho régimen es suprimido por el invocado texto legal), y a la deducción por inversiones; en este último aspecto se homologa, con sus peculiaridades, con el existente en el resto del territorio nacional. En concreto, por lo que al presente expediente se refiere, la mencionada Ley 20/1991, en su artículo 93, apartado l), dispone que: "Las sociedades y demás entidades jurídicas sujetas al Impuesto sobre Sociedades, acogidas al régimen del Fondo de Previsión para Inversiones conforme a las normas especiales del artículo 21 de la Ley 30/1972, sobre Régimen Económico Fiscal de Canarias, tendrán derecho a la reducción en la base imponible de aquel impuesto correspondiente a la dotación del último ejercicio económico cerrado antes del 1 de enero de 1992, y a la consolidación de la practicada respecto a las dotaciones de ejercicios anteriores que se encuentren necesariamente materializadas en cuentas corrientes de efectivo en el Banco de España o en cuentas de depósito de títulos de la deuda del Estado y valores mobiliarios autorizados, siempre que tales dotaciones sean efectivamente invertidas en los elementos de activo a que se refiere el número 2 del presente artículo.", estableciendo ese apartado 2º que la inversión efectiva de las dotaciones podía realizarse indistintamente en los activos que se indicaban y, en el apartado a) señala elementos materiales de activo fijo, necesarios para el desarrollo de las actividades empresariales del sujeto pasivo, cualquiera que sea su naturaleza y citando entre otros a los edificios, en un plazo de cinco años a partir del 1 de enero de 1992, debiendo invertirse en cada año, al menos el 20 por 100 de la dotación.
SÉPTIMO: En el supuesto examinado, de los antecedentes obrantes en el expediente conviene destacar los siguientes para su resolución: 1.- A finales de 1989, la Entidad (entonces Z, S.A.) cedió 28 oficinas y los servicios centrales en Canarias a Y, S. A. (entonces X, S. A.). La entidad fue autorizada por la compradora a abrir una oficina en ... y otra en ..., las cuales fueron abiertas durante el primer trimestre de 1990. 2.- El 1-10-1992, la entidad (ya X, S. A.) cedió las dos únicas oficinas que poseía a la Y, S. A. Esta cesión implicaba todo el negocio ... de la Entidad en Canarias 3.- A 1-1-1992 la cta. Fondo de Previsión para Inversiones de Canarias, tenía un saldo acreedor de 1.619.596.940 pts. (9.733.973,65 €). 4.- La entidad adquirió el 22 5-1992 un derecho sobre un inmueble en construcción situado en ... por un importe (incluido gastos e impuestos) de 228.107.949 pts. (1.370.956,38 €), que contabilizó como edificios en curso. 5.- La entidad afectó dicha inversión en curso a la materialización del año 1992 del citado Fondo de Previsión para Inversiones de Canarias e incorporó la diferencia con el importe total a invertir en ese año, a la base imponible del impuesto mediante una ajuste extracontable positivo. La resolución de la cuestión planteada exige determinar si la inversión en el edificio realizada por la entidad es válida a efectos de la materialización del Fondo de Previsión para Inversiones de Canarias, es decir, si se trata de una activo fijo necesario para el desarrollo de las actividades empresariales tal y como se exige en el artículo 93.2 de la Ley 20/1991. La entidad alega, fundamentalmente que el edificio en cuestión fue utilizado como archivo por sus responsabilidades y operaciones no cedidas y que la propia inversión es prueba de que la Entidad mantuvo su actividad empresarial en Canarias. Sin embargo, a juicio de este Tribunal, hay que confirmar el ajuste de la Inspección y rechazar tales alegaciones por la siguientes razones: 1.- La entidad no ha probado, en ningún momento que dicho archivo existiera, no ha concretado que operaciones y situaciones de su actividad bancaria no fueron cedidas a Y, S. A. y sobre las que mantenía su responsabilidad, y que determinaba el deber de conservar la documentación. Tampoco ha probado que el edificio en cuestión fuera utilizado como archivo. Al margen de su afirmación, únicamente ha aportado fotocopia de una factura por el desalojo de un archivo del año 1998 y a nombre de ... y dirección "... " que, en modo alguno puede admitirse como prueba a estos efectos y, como dispone el artículo 114 de la Ley General Tributaria: "Tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de reclamaciones quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo.". En definitiva, pesando sobre la interesada la carga de la prueba no lo ha acreditado a satisfacción del Tribunal. 2.- Desde el 1-10-1992 (fecha en que la entidad vendió sus dos únicas oficinas en Canarias), X, S. A. no realizaba actividad bancaria empresarial alguna en Canarias, este Tribunal considera que el mantenimiento únicamente de un archivo o la simple posesión de un edificio no puede considerase en modo alguno como una actividad empresarial, no sólo en el sentido o finalidad concreta buscado por la normativa reguladora de este beneficio fiscal, que es el de favorecer las inversión empresarial en las Islas Canarias, sino en el comúnmente utilizado en la normativa fiscal, es decir, la ordenación por cuenta propia del sujeto pasivo de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios. 3.- Aún en el caso de admitir, como pretende la interesada, que la Entidad continuó realizando actividades empresariales, y que el archivo estuviera, en el ejercicio 1992, en un edificio en obras, que no finalizaron hasta el mes de julio de 1993, este hecho pondría de manifiesto que la utilización del edificio como archivo fue reducida, y accesoria consecuencia, únicamente, de la disponibilidad del mismo por otras circuntancias. Asimismo, la evidente desproporción entre la cuantía de la inversión realizada en el edifico 228.107.949 pts. (1.370.956,38 €) y la función desempeñada por éste, prueba también que una inversión por tal importe no era realmente necesaria. Por todo ello procede confirmar el incremento de base imponible que efectuó la Inspección por la materialización del Fondo de Previsión para Inversiones practicada por la Entidad y debiendo, por tanto, desestimarse las pretensiones de la sociedad recurrente.
ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el presente recurso interpuesto por la entidad Y, S. A. contra la liquidación de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la AEAT de ... de 7 de octubre de 1998, relativa al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1992, ACUERDA: 1º Desestimar la reclamación presentada. 2º Confirmar la liquidación impugnada.
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