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Timestamp: 2019-10-14 04:08:18
Document Index: 227946517

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 35', 'artículo 149', 'artículo 145', 'artículo 14', 'artículo 502', 'artículo 63', 'artículo 109', 'artículo 146', 'artículo 351', 'artículo 25', 'artículo 19', 'artículo 231', 'artículo 350', 'artículo 351', 'artículo 360', 'artículo 362', 'artículo 401', 'artículo 419', 'artículo 234', 'artículo 435', 'artículo 436', 'artículo 437', 'artículo 460', 'artículo 463', 'artículo 536', 'artículo 529', 'artículo 546', 'artículo 555', 'artículo 502', 'artículo 451', 'artículo 109', 'artículo 146', 'artículo 152', 'artículo 165', 'artículo 169', 'artículo 170', 'artículo 189', 'artículo 218', 'artículo 227', 'artículo 231', 'artículo 267', 'artículo 329', 'artículo 327', 'artículo 327', 'artículo 330', 'artículo 350', 'artículo 356', 'artículo 401', 'artículo 418', 'artículo 419', 'artículo 234', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 21', 'artículo 16', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 97', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 23', 'artículo 90']

DS. Senado, Comisiones, núm. 546, de 07/11/2003
Comisiones. Núm. 546
celebrada el viernes, 7 de noviembre de 2003
--Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (Número de expediente 621/000146).
--Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional (Número de expediente 621/000159).
Antes de entrar en el orden del día, procede someter a su aprobación el acta de la sesión anterior, que ya ha sido repartida a los señores portavoces. ¿Algún señor senador tiene algo que alegar sobre la misma? (Pausa.) ¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobada.
--ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (621/000146).
El señor PRESIDENTE: Dictamen del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Este proyecto de ley orgánica, que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su entrada en el Senado el pasado 20 de septiembre, fecha de su publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales». El plazo de presentación de enmiendas, previa ampliación, finalizó el día 8 del pasado mes de octubre. Se han presentado tres propuestas de veto: la número 1, de los senadores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares; la número 2, de la senadora De Boneta y Piedra, y, la número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Las enmiendas presentadas a este proyecto de ley han sido 775, distribuidas de la siguiente manera: 85, de la senadora De Boneta y Piedra; 136, de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares; 30, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; 35, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; 96, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; 191, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; 106, del Grupo Parlamentario Socialista, y, 96, del Grupo Parlamentario Popular.
La ponencia ha estado integrada por don Salvador Capdevila i Bas, don José Ferrández Otaño, don José Joaquín Galán Pérez, don Carlos Gutiérrez González, don José Antonio Marín Rite y don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz.
Esta ponencia se ha reunido los días 16 y 27 de octubre, así como el 3 de noviembre y ha emitido un informe en el que se han incorporado numerosas enmiendas, así como otras nuevas modificaciones en el proyecto de ley. El informe, con un anexo que contiene el texto del proyecto de ley, con la redacción correspondiente a esta fase de tramitación, ha sido distribuido a los señores portavoces.
Siguiendo la tramitación habitual, procede iniciar el debate de los vetos, que se desarrollará en un único turno a favor de cada veto y un único turno en contra. Quiero rogar a todos los portavoces de esta comisión que sean lo más concretos posible, dada la extensión del orden del día a debatir. Saben que la Presidencia no pone nunca cortapisas a las intervenciones, pero les ruego, por favor, que sean lo más breves que sea posible.
Propuesta de veto número 2, de la senadora De Boneta y Piedra.
El señor CUENCA CAÑIZARES: La damos por defendida.
Propuesta de veto número 1, de los senadores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares.
Buenos días a todos y a todas. En estos momentos sería adecuado --atendiendo a las palabras que ha expresado sobre economía de tiempo el señor presidente, y con las que estoy de acuerdo-- poner a la entrada algún tipo de placa indicativa que dijera: dense ustedes por ignorados una vez más. Hemos pasado de la mayor arrogancia a que nos den en un paquete, en una dosis PDF senatorial los textos comprimidos y rápidos en el tiempo y la tercera y última cuestión que podía plantearse el Grupo Popular, que yo creo que debería ser una recomendación de estudio, es algún tipo de calificativo a la entrada para evitarlo. Comienzo con estas palabras porque estamos ante una frenética actitud de presentar proyectos. Si estos proyectos dependieran de la oposición, al menos en el apartado de trabajo podríamos dar una certificación de aprobado y de superada la nota. Pero los proyectos de ley tienen que servir para la ciudadanía, para que funcione nuestro Estado, para que funcionen nuestras administraciones. Pero una vez más nos encontramos con un proyecto de ley orgánica de reforma del Poder Judicial que, por lo menos para quien les habla en nombre de Izquierda Unida, va en dirección equivocada en lo que se refiere a la estructura jurídica del Poder Judicial.
Quiero exponer tres asuntos medulares rápidamente. El primero parece que es cotidiano y contradictorio con esta Cámara, y es que una vez más estamos ante un tufo centralista, estamos ante una actitud clara de legislar al margen de las comunidades y curiosamente ocurre en esta Cámara. Si se hiciera en otro sitio, no es que fuera aprobado, pero serviría para tener una cierta visión de lo que plantea el Grupo Popular, pero no se debería hacer en esta Cámara, que tiene una composición clarísimamente territorial. Esta manera de legislar, planificar y desarrollar sin contar con las comunidades muestra una vez más ese tufo centralista al que el Partido Popular nos tiene acostumbrados. Creemos que se podía haber dado una implicación de las comunidades autónomas, de la administración de Justicia en su ámbito autonómico porque muchas de ellas tienen su competencia asumida. Podía haber sido una oportunidad, pero no se contempla.
La segunda cuestión es la incapacidad de generar mecanismos ágiles, eficaces y solventes de cooperación entre todas las instituciones competentes en materia de Justicia. A saber, nosotros creemos que el Ministerio de Justicia no cuenta con el Consejo del Poder Judicial ni con las comunidades autónomas a la hora de hacer un proyecto que sirva para la configuración y aportación de esos estamentos.
El tercer asunto medular que nos preocupa son los defectos estructurales que tiene este proyecto. Destacaría la falta de compromisos presupuestarios creíbles y solventes. La memoria económica de este proyecto dice con claridad que el gasto adicional para impulsar esta reforma en los Presupuestos Generales del año 2004 es de cero euros. Una vez más se trata de hacer un proyecto con un sistema comprimido y que no va a servir para nada, porque no se contemplan ni los mecanismos ni los presupuestos para llevarlo a cabo. Por lo tanto, solamente habrá servido para hacer un titular.
Voy a referirme a algunas cosas que nos preocupan, como el ataque de este proyecto contra los conocidos como tercer y cuarto turno, así como contra la Escuela Judicial. Esto es propio del Partido Popular, estos ataques e intenciones son propias de ese viejo corte conservador que cree que para acceder a la judicatura el sistema tiene que estar basado exclusivamente en la repetición memorística
y en los temarios de las oposiciones. Yo creo que está demostrado que no valen mucho esos sistemas, que son puramente conservadores e ideológicamente funcionales. Con este proyecto se disminuyen las posibilidades de trabajo real a todos y cada uno de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial, además en este caso con una creciente discrecionalidad en el nombramiento de la cúpula penal de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y creemos que se desaprovecha la ocasión de convertir al Consejo General del Poder Judicial en algo más que una correa de transmisión de los deseos del Ministerio de Justicia. Este proyecto no favorece la representación plural de la carrera judicial, de las salas de gobierno en los juzgados judiciales. Por señalar un ejemplo, diré que al no haber dialogado con las comunidades, se ignoran excelentes experiencias que se han producido en Catalunya o Euskadi como consecuencia de salas de gobierno con una mayor pluralidad que la media española. Por tanto, si queremos evitar que el Consejo General del Poder Judicial se convierta en una correa de transmisión del Ministerio de Justicia, hay experiencias importantes y dignas de tener en cuenta.
Queremos resaltar igualmente el olvido del ministerio en materia disciplinaria, ya que no recoge las obligaciones que el personal al servicio de la Administración de Justicia tiene como consecuencia de la aprobación de la Carta de Derechos de los usuarios de la Justicia.
Igualmente, quiero destacar algunas cuestiones en cuanto a los libros I a IV, en donde para los concursos de provisión de plazas para la salas de lo contencioso-administrativo y social de las audiencias provinciales se han diseñado normas que pueden excluir a magistrados de gran experiencia en estas órdenes jurisdiccionales. Quería igualmente destacar que en los libros V a VI de este proyecto de ley se dan algunos elementos, a nuestro juicio, inquietantes o preocupantes. El primero que quiero destacar es que el centralismo al que he hecho referencia no impulsa mecanismos de cooperación entre comunidades autónomas, Ministerio de Justicia y el Consejo del Poder Judicial. Igualmente se impide, como ocurre hasta ahora, que el Ministerio de Justicia tome decisiones en muchas ocasiones que impliquen obligaciones de gasto para las comunidades autónomas, se las cargan a ellas y no consultan esas modificaciones a dichas comunidades. En cuanto a estos libros V al VI, no permite que los secretarios judiciales puedan, sin abandonar su vinculación al Ministerio de Justicia, integrarse en el entorno autonómico en el que van a ejercer sus funciones.
Igualmente, este proyecto no permite que los funcionarios de esas administraciones puedan integrarse en oficinas judiciales. Se pierde la experiencia y una formación importante en materias que pueden ser complementarias y necesarias a la hora de desarrollar y hacer su trabajo en el ámbito de la justicia, y nos parece lamentable perder esta oportunidad.
En base a todo ello, hemos planteado un veto. Como siempre nos cansamos de repetir, o al menos el que les habla, pensamos que era necesario dialogar y llegar a acuerdos con las comunidades, así como dotarlas de medios y recursos cuando se reforma una ley que está en vigor. Una vez más, creemos que se vuelve a perder una oportunidad y, por eso, presentamos esta propuesta de veto.
Para la defensa del veto número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Etxegoyen.
Buenos días a todos. Voy a intervenir en defensa del veto presentado por mi grupo, e intentaré hacerlo de la forma más esquematizada y breve posible.
Esta reforma legislativa, según el Gobierno, es consecuencia estricta del cumplimiento del Pacto de Estado para la reforma de la Justicia suscrito el 28 de mayo de 2001 con el Partido Socialista. Pacto que decía perseguir que la justicia actúe como poder independiente, con rapidez, eficacia y calidad y con una estructura vertebrada que le permita desarrollar de una manera más eficaz sus funciones constitucionales.
Hablaba, igualmente, de dotar a la justicia de más y más modernos medios y a los procedimientos judiciales de una mayor agilidad. Todo esto decía el Pacto de la Justicia, todo esto y mucho más.
Ante un proyecto de ley que, a nuestro entender, resulta a todas luces decepcionante, el Gobierno se ha empeñado en subrayar que se trata de un proyecto consensuado con las comunidades autónomas. Pero esta afirmación queda contradicha en el texto mismo de la reforma en tanto que la modificación legislativa proyectada no se adapta en absoluto a la configuración territorial del Estado de las Autonomías ni respeta las competencias que en esta materia tiene la Comunidad Autónoma del País Vasco, tanto si hablamos desde una perspectiva administrativa, o sea, medios materiales, económicos y personales, como si lo hacemos en la más estricta dimensión material, esto es el estatuto de los jueces y magistrados, potestad jurisdiccional y gobierno del Poder Judicial.
Permítanme unas breves pinceladas para explicar estas manifestaciones, pero les anuncio que voy a dar por defendidas las enmiendas parciales presentadas a esta ley porque se han presentado en coherencia con la justificación de este veto; justificación que voy a intentar desgranar un poco más.
En lo que se refiere a la dimensión administrativa, como es sabido, el artículo 13 del Estatuto de Autonomía del País Vasco adscribe a nuestra comunidad autónoma las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca al Gobierno central, con expresa exclusión de la organización y funcionamiento del Ministerio Fiscal. Por otro lado, el artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Gernika reconoce expresamente la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la provisión del personal al servicio de la Administración de Justicia, amén de los medios materiales y económicos necesarios para su funcionamiento, en los mismos términos en que se reserve tal facultad al Gobierno en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Uno y otro artículo constituyen lo que ha venido denominándose por el Tribunal Constitucional como cláusulas subrogatorias, que han de analizarse en relación con el artículo 149.1.5a de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia. Es en este contexto donde mi grupo parlamentario considera que las medidas a introducir siempre que haya lugar, como es el caso de una reforma de la Administración de Justicia y del Poder Judicial, deberían haberse adecuado a las siguientes líneas estratégicas.
En primer lugar, modificando el modelo de dirección de modo que se posibilite una simplificación del reparto de funciones de gestión entre el Consejo General del Poder Judicial y los gobiernos territorialmente competentes en la materia y ámbito funcional que la comunidad autónoma correspondiente hubiere, como es el caso de Euskadi, asumido. En segundo lugar, modificando el modelo de organización administrativa, identificado bajo la denominación de oficina judicial en un sentido similar al descrito en el anterior apartado, de suerte que sean las comunidades autónomas que hayan asumido la gestión las que diseñen la organización gestora, sin perjuicio de las normas básicas que delimiten sus elementos esenciales para una conexión eficaz de la misma con la Administración de Justicia.
En este punto me interesa señalar la notable incongruencia y anacronismo que, a nuestro entender, supone el mantenimiento de los cuerpos nacionales de funcionarios dentro del grueso del personal al servicio de la Justicia, capacidad que tercamente se reserva al ministerio para aprobar las plantillas definitivas de funcionarios. Una vez acometido el proceso de traspasos a las comunidades autónomas de medios personales al servicio de la Administración de Justicia, el mantenimiento del carácter nacional de los cuerpos de funcionarios implicados sólo representa un simbolismo injustificable que, desde el punto de vista de la eficacia, perjudica gratuita e innecesariamente la prestación de este singular y fundamental servicio público.
Por lo que respecta a la dimensión jurisdiccional, el Estatuto de Gernika establece que la organización de la Administración de Justicia en el País Vasco culminará en un Tribunal Superior ante el que se agotarán las distintas instancias procesales, pero ya sea por razón del sistema de recursos judiciales o del discutido mantenimiento de la Audiencia Nacional lo cierto es que el Poder Judicial no se ha estructurado precisamente en este sentido. En mi grupo parlamentario consideramos natural y perfectamente compatible con nuestras tesis que en esta línea se mantenga toda una institución, como es el Tribunal Supremo, como elemento jurisdiccional común asegurándose así la unidad e independencia jurisdiccional ante supuestos de inequívoca contradicción en la aplicación de la ley o respecto a la jurisprudencia, es decir los supuestos que los juristas denominamos de unificación de doctrina.
En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sería competente para conocer: los recursos extraordinarios en el orden civil, ya se fundamenten en normas de derecho civil común como de derecho civil foral del País Vasco; los recursos extraordinarios en el orden contencioso-administrativo, en relación con impugnaciones de cualesquiera disposiciones y actos dictados por las Administraciones en el País Vasco; los recursos extraordinarios en el orden penal y social y las cuestiones de competencia entre órganos judiciales del País Vasco.
Por último hubiéramos deseado que se articulase una modificación del sistema de gobierno del Poder Judicial; modificación que, además, no resulta nueva al haber sido ya analizada por la doctrina científica e incluso por el propio Consejo General del Poder Judicial, siendo varios las alternativas o escenarios que han concluido que estos ámbitos pudieran desarrollarse.
Podría entrar en más detalles e incluso aportar alguna otra justificación diferente de las expuestas, pero entiendo que las que he mencionado justifican sobradamente la presentación de nuestro veto, el número 3 de los presentados al proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque sigue reforzando el papel del Ministerio de Justicia en detrimento de las comunidades autónomas, potenciando la uniformidad y dependencia del personal de la oficina judicial del citado ministerio y marginando el papel asignado constitucionalmente a las comunidades autónomas, limitando su función a la provisión de infraestructuras y suministro de medios, y, en definitiva, niega --interesada e injustificadamente, a mi entender-- a las comunidades autónomas una política propia en materia de justicia, reivindicación que reconoce la propia Constitución, a pesar de quienes hoy, transcurridos 25 años, le niegan lo que no supieron cómo negar en el 1978.
Lo hecho, señorías, hecho está y la Constitución Española dice y reconoce mucho más de lo que contempla, para el caso que nos ocupa, el denominado Pacto de Estado para la reforma de la Justicia. Termino reiterando lo que antes he dicho, que doy por defendidas las treinta y cinco enmiendas parciales presentadas por mi grupo en coherencia con la justificación de este veto, en los términos que ya conocen y al efecto constan en el boletín oficial de esta Cámara.
Besterik ez. Eskerrik asko.
Para el turno en contra de los tres vetos, tiene la palabra el senador Gutiérrez.
El señor GUTIERREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, creo que este turno de contestación a los vetos presentados por tres senadores, dos de ellos defendidos, se debe hacer a través de la visión global de este proyecto de ley para ir contestando uno a uno los puntos de interés que han resaltado los senadores que me han antecedido en el uso de la palabra.
El proyecto de ley que se presenta en comisión aborda tres cuestiones a las que nos podemos referir. En primer lugar, una reforma de los libros I a IV, relativos a la estructura orgánica del propio Poder Judicial, el estatuto orgánico de los jueces y magistrados en lo que puede afectar a su carrera judicial y los órganos de gobierno del propio Poder Judicial.
También hay una intensa reforma, yo diría
que aún más importante, de los libros V y VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que afecta básicamente a dos puntos: por una parte, al diseño de la oficina judicial conjuntamente con la figura del secretario judicial, así como del resto del personal o del llamado auxiliar de la Administración de Justicia, los hoy conocidos oficiales, auxiliares y agentes; por otra parte, se tratan otras cuestiones que no quiero dejar al margen y a las que me referiré al final.
Un punto que los senadores han resaltado es aquel que define esta nueva ley como un gran impulso en la posibilidad de imbricar el poder judicial y la estructura de las comunidades autónomas, estructura que, por lo demás, venía diseñada desde la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985. Creo que se dan grandes pasos adelante y los manifestaré oportunamente después.
Respecto a los libros I y IV de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se abordan algunos puntos de interés que quería manifestar. En primer lugar, la introducción de la posibilidad de la segunda instancia en el proceso penal, la cual consta en el veto de Izquierda Unida, aunque en esta sala hoy no se ha hecho referencia a ella.
Efectivamente, a través de algunas sentencias que han podido anular algún tipo de procedimiento derivado del pacto de derechos de Nueva York, España considera oportuno introducir esta segunda instancia que, en principio, accede a atribuir la competencia a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia sin perjuicio de que próximamente, en una reforma más importante de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pueda diseñarse el modo y la forma, pero por lo menos tendremos determinada cuál es la competencia en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia.
Otro punto importante que se destacó en este veto de Izquierda Unida es que se diga que por parte del Gobierno y de este grupo parlamentario se intenta destruir o atacar el diseño que hace la Ley Orgánica de 1985 de acceso a la judicatura desde la posición del tercer y cuarto turno, lo que viene en llamarse el acceso desde la posición de jurista de reconocido prestigio.
Yo al respecto quisiera hacer alguna manifestación. Efectivamente, con esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se suprime el acceso al llamado tercer turno, es decir el acceso por la categoría de juez a aquellos juristas de reconocido prestigio con seis años en la llamada antigüedad en la licenciatura en Derecho, y se hace por dos razones en las que podemos estar básicamente de acuerdo.
La primera, es porque no tiene mucha razón de ser mantener este tercer turno de acceso a la judicatura, y digo que no lo tiene porque la propia exposición de motivos de la Ley Orgánica de 1985 mencionaba el acceso a este tercer turno como transitorio, por la necesidad de cubrir ampliamente las plantillas de jueces. Recordemos que en aquellos años se convocaban entre 200 y 300 plazas de jueces anualmente, sin embargo, hoy se están convocando 40 ó 50 plazas de jueces anualmente porque no existe esa necesidad que ampliaba la posible dosis de entrada en la judicatura por el sistema ordinario, y ya la Ley Orgánica de 1985 marcaba cuál era el sistema de oposición. Por tanto, en la medida en que era transitorio, era oportuno en este momento que decayera este acceso al tercer turno. A mediados de los años noventa, este acceso se desvirtuó porque el concurso para analizar a ese jurista de reconocido prestigio se convirtió en concurso-oposición, donde se analizaban unos méritos, pero existía una oposición memorística --como saben todos ustedes-- con más de cien temas en la selección de acceso. Es decir, la duda estaba en si había reconocido prestigio como jurista o no, es decir, si había conocimientos jurídicos, porque quizás seis años era tiempo bastante escaso para demostrar o acumular los méritos pertinentes. Por tanto, se suprime este acceso, lo cual no puede indicar que mi grupo parlamentario, este senador que les habla y el Gobierno de la nación estén en desacuerdo con que exista un acceso concreto a la judicatura más allá de lo que representa la selección por oposición con 300 ó 400 temas memorísticos, pero que no son ajenos a cualquier otro tipo de oposición para entrar en el cuerpo de funcionarios, y con mucho paralelismo con cualquier otra disciplina jurídica.
Potenciamos el cuarto turno porque comprendemos que el que deba acceder debe hacerlo porque sea jurista y de reconocido prestigio, deberá tener un mínimo de diez años para acumular estos méritos y, como se hace ordenadamente desde el Consejo General del Poder Judicial, entrar como especialista en cualquier tipo de orden jurisdiccional porque demuestre que es conocedor de esa especialidad.
El mantenimiento del quinto turno sobre magistrados del Tribunal Supremo, como ustedes saben, se mantenía desde el siglo XIX, que era el séptimo turno para acceso al Tribunal Supremo. Hoy son uno de cada cinco del Tribunal Supremo, con un reconocido prestigio y con una antigüedad de jurista de 15 años. Creo que el acceso se debe hacer por la cúspide de la Administración de Justicia, que es el Tribunal Supremo. Esta es la razón por la que potenciamos el cuarto turno, que no puede ser un ataque directo, en absoluto, a lo que es el acceso desde esta posición de jurista de reconocido prestigio.
La ley trata otras cuestiones que hay que ordenar. Se habla de la abstención y recusación de jueces, que ya lo hacía la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que, como saben ustedes, quedó en suspenso por no aprobación de la ley orgánica; se habla de la nulidad de actuaciones, que viene a compaginar con la Ley de Enjuiciamiento Civil; hay un nuevo sistema disciplinario y se habla de las salas de Gobierno.
No se habla, en absoluto, como dice el senador de Izquierda Unida de cómo se cubren las vacantes que pueda haber en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. El sistema es exactamente el mismo que se diseñó en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por tanto, no hay ninguna manifestación para que de una forma más o menos digitalizada, desde el Consejo se puedan cubrir estas salas. Saben ustedes que se cubren por turno sobre juristas de reconocido prestigio propuestos por las asambleas parlamentarias, y por méritos pueden entrar a formar parte de la sala.
La senadora del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos al proponer su veto ha tocado un asunto importante: la posibilidad de culminar en la competencia del recurso de casación ante las salas de cualquier orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia, dejando al
Tribunal Supremo que mantenga una unificación de doctrina en todos los campos en los que se produzca contradicción cuando existan sentencias contradictorias --valga la expresión-- de los diferentes tribunales superiores de justicia de España. No estamos de acuerdo básicamente porque casi la totalidad de los estatutos de autonomía en su redacción literal impiden el acceso de la casación al Tribunal Superior de Justicia como culminación de la instancia, a excepción de los derechos civiles especiales de algunas comunidades autónomas y del Derecho Foral de Navarra. Sin embargo, en el caso del País Vasco --y por eso decía casi-- quizá la redacción pueda resultar más difusa. No obstante, no estamos de acuerdo, porque comprendemos que es bueno mantener una uniformidad desde el punto de vista material de la aplicación de las normas que se aplican al conjunto del territorio español, es decir al conjunto de los españoles. Uniformidad desde el punto de vista material, por tanto, en el orden laboral, en casi todos los supuestos; en el orden contencioso-administrativo, en casi todos los supuestos donde se aplique una norma derivada del Parlamento nacional, sea aplicada, ejecutada o gestionada por la comunidad autónoma o por la propia administración central del Estado; en el orden civil, con la excepción que antes contemplaba, y en el orden penal, sin excepción alguna. Desde ese punto de vista, buscamos una uniformidad material, es decir que la sentencia que dicte el Tribunal Supremo tenga efectos sobre la causa o sobre los autos que sirven de base para poder elevarlo al Tribunal Supremo.
Saben ustedes que desde el punto de vista del recurso de unificación de doctrina, la efectividad básica sobre los autos no existe, y en consecuencia es una efectividad desde el punto de vista doctrinal, la cual deberá ser seguida por los tribunales pero siempre bajo el amparo del seguimiento de la doctrina emanada del Tribunal Supremo, pero no con efectos directos sobre la causa que se pone en cuestión. En todo caso, es un modelo distinto que se probó en el ámbito laboral al plantear el recurso de unificación de doctrina del Tribunal Supremo. Posteriormente, en el año 1990, en la modificación del texto refundido, se volvió a plantear -en este caso se mantiene el nombre- la efectividad material sobre el caso en el que exista una sentencia contradictoria de ambos tribunales superiores de justicia para llegar a la Sala IV del Tribunal Supremo. Aquí sí que hay una disparidad de criterios que, por lo menos, deben respetar el nuestro de efectividad material en la uniformidad de las sentencias en el contexto del conjunto del Estado español.
Hay más cuestiones y quizá después podamos entrar en ellas.
Respecto a los libros V y VI, sí que existe una modificación importante, porque entramos en el diseño de una Administración de Justicia distinta, o, por lo menos, que afecta íntegramente a dos libros importantes de la ley, por tanto a un cúmulo de artículos bastante intenso. Quiero hacer un análisis breve de lo que representa la Sentencia 56/1990 del Tribunal Constitucional, que, de alguna manera, plantea aquello que viene en llamarse Administración de Justicia y la administración de la Administración de Justicia, porque ésta es la base para poder entender o, por lo menos, poder diseñar un determinado cuerpo normativo respetando unos determinados principios que proceden del propio Tribunal Constitucional, y hago uso de la propuesta de veto que en este caso ha formulado la senadora De Boneta, la cual refleja en su propia literalidad qué representa la Administración de Justicia y la administración de la Administración de Justicia. Habla de Administración de Justicia como una función jurisdiccional propiamente dicha, algo que nadie va a poner en duda, y de ordenación de los elementos intrínsecamente unidos a la determinación de la independencia con que debe desarrollarse; eso es Administración de Justicia.
Todo lo que queda fuera de lo que es Administración de Justicia será la administración de la Administración de Justicia, con lo cual este senador considera que es importante unir a la propia función jurisdiccional del juez, el dictar la resolución, el desarrollo de ese poder judicial con su independencia y soberanía dentro de la Administración de Justicia, la consolidación de esos elementos que integran el orden procesal de cualquier orden jurisdiccional, es decir, el procedimiento común para toda España y en el cual, en principio, no se puede hablar de las leyes procesales de orden foral, salvo algún supuesto planteado en el artículo 145 referido a los derechos civiles especiales o al Derecho Foral de Navarra, donde puede encontrarse alguna norma de corte procesal, pero no en el entorno del propio procedimiento que desempeña la función como instrumento para que el juez esté en condiciones de dictar esa resolución que, entre comillas, obviamente va a ser justa, que debe o que puede ser justa, pero basada en la independencia y soberanía del juez.
Por tanto, hemos de contemplar estos dos elementos que integran esta Administración de Justicia y, desde este punto de vista, se dota al secretario judicial, después de una importante reflexión, de un cúmulo de competencias superior y además ordenado sobre el orden procesal --y valga la expresión en este sentido--. Por ello, se mantiene al secretario judicial conjuntamente con el fiscal, con el poder judicial --como no puede ser de otro modo-- en este panorama nacional dependiente del Ministerio de Justicia, al cual se le dota de unas competencias relevantes en el propio orden procesal y también de la posibilidad, a través de una resolución motivada, lo cual es importante, cual es el decreto --por tanto, con un paralelismo a la función jurisdiccional-- de funciones propias de ejecución, de jurisdicción voluntaria, de conciliación, y todo ello nos lleva a determinar al secretario como parte integrante del propio orden jurisdiccional.
Con todo, hay una segunda función, con independencia de la fe pública judicial --en la cual no vamos a entrar porque creo que en este punto estaremos todos de acuerdo--que es la dirección de esta oficina procesal en el orden procesal, lo que constituyen las unidades de apoyo a la función jurisdiccional diseñada por el propio juez; además, esta reforma del proyecto de ley ha querido diseñar al secretario judicial como el enlace con las propias comunidades autónomas con competencias atribuidas en ese instante o que puedan ser transferidas en el futuro. Por ello, se mantiene una jerarquización directa con el Ministerio de Justicia,
pero el enlace con las comunidades autónomas --y así se refleja en la conferencia sectorial aprobada en Las Palmas-- viene dado por el secretario de Gobierno, el cual tendrá funciones jerarquizadas con respecto a los propios secretarios en el Tribunal Superior de Justicia y conectados con el Ministerio de Justicia, que se erigirá como una figura clave de enlace y será nombrado, en todo caso, a propuesta de las comunidades autónomas, sistema similar a la Autoridad Portuaria en algunos casos, etcétera, con lo cual, de alguna manera, la comunidad autónoma podrá controlar el contexto material y de personal a través de la dirección de la Secretaría de Gobierno; es más, se podrá hacer a través de comisiones mixtas que puedan entablarse entre lo que supone la comunidad autónoma en sí misma con el propio secretario de Gobierno.
Esa es la perspectiva, no otra; distinto es respecto del personal que compone el órgano jurisdiccional, la unidad jurisdiccional de apoyo o la unidad administrativa que también se crean. Este personal, hoy me he referido a oficiales, auxiliares y agentes, pero, como ustedes saben, cambian su denominación, incluso se incrementa su titulación, sí son transferidos a las comunidades autónomas, aunque se mantiene el cuerpo nacional, quizá porque es bueno mantenerlo en la medida en que son los funcionarios los que están implicados en casi todos los supuestos en el orden procesal como unidad de apoyo; en estos supuestos de implicación en el orden procesal es bueno mantener la estructura de cuerpo nacional y quizá la perspectiva de que otros funcionarios no puedan integrarse en la unidad de apoyo, lo que no quiere decir que otros funcionarios de la comunidad autónoma no puedan integrarse en las llamadas unidades de gestión o unidades de servicios comunes, como también se prevé con respecto a la creación de estas comunidades en un diseño realizado básicamente por las comunidades autónomas, aunque con una aprobación de uniformidad por parte del Ministerio Fiscal.
Se crea un régimen disciplinario para oficiales, auxiliares y agentes, regido desde la propia comunidad autónoma que, en definitiva, es prácticamente lo surgido con la aprobación por todas las comunidades autónomas en la conferencia sectorial; se plantean cuestiones relativas a la lengua, en el caso de comunidades autónomas donde exista una cooficialidad de lenguas, incluso con la posibilidad de que a través de la relación de puestos de trabajo, aprobada por el ministerio pero diseñada desde la comunidad autónoma, pueda existir la lengua como requisito --me refiero a la lengua cooficial-- y allí donde no pueda existir siempre será como mérito en el acceso a algunos cargos; igualmente, esta reforma básicamente de los libros V y VI tiene un apoyo en el acuerdo suscrito el pasado 31 de octubre con los tres sindicatos y que quedó reflejado en el inciso último del mismo.
También existen otras cuestiones que se apuntan en la Ley Orgánica del Poder Judicial, de las cuales podemos hacer una somera visión, puesto que no afectan tanto a los vetos. Se adecua la jurisdicción contencioso-administrativa en el diseño de competencias a los juzgados de lo contencioso-administrativo, haciendo normal lo que viene siendo normal en el orden jurisdiccional civil, es decir, dotando de más competencias al juzgado unipersonal y descansando la revisión por vía de apelación en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
Se crea un diseño sobre los llamados juicios rápidos en el orden civil.
Quizá la Ley de Enjuiciamiento Civil esté carente de una agilización en algunas cuestiones y es bueno que se agilice básicamente la Administración de Justicia; por nuestra experiencia en los llamados juicios rápidos en el ámbito penal, consideramos que en el ámbito civil es bueno que al menos en algunas cuestiones, como desahucios que derivan de los contratos de arrendamiento, incluso los llamados procesos matrimoniales, etcétera, se produzca una rápida agilización de la Administración de Justicia.
También se hace una modificación importante del diseño de la ley de planta en cuanto que se atribuye el diseño normativo en los llamados juzgados de lo Mercantil que entrarán en funcionamiento en septiembre del próximo año; igualmente se accede a cuestiones relativas a estadística en el ámbito del Ministerio Fiscal como base de datos en las distintas fiscalías del Tribunal Superior de Justicia, así como en las estadísticas generales realizadas por los secretarios, que culminan en el secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
Para concluir, he de decir que también se aborda una reforma que en principio afecta a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que quedaba vigente en algunos artículos, relativo a la homologación de sentencias extranjeras, el llamado «exequatur», homologación cuya competencia se atribuía a la Sala Primera del Tribunal Supremo, excepto en los casos en que los tratados dijeran algo en contra, y he de decir que el tratado que más conjugamos en España es el de Bruselas de 1968 con respecto a los países de la Unión Europea, cuya competencia se atribuía a los juzgados de primera instancia de forma más automática. En la actualidad se descongestiona dicha sala y se atribuye la competencia de forma más uniforme a los juzgados de primera instancia en cuanto a la ejecución de la sentencias y autos que se deriven de tribunales extranjeros.
Quedan algunas cuestiones más, que mis compañeros en la defensa de las enmiendas pondrán de manifiesto, pero a través de esta exposición global, he querido puntualmente dar contestación a algunos de los razonamientos que sobre los puntos en los vetos habían insertado los senadores que anteriormente me han precedido en el uso de la palabra.
Quiero hacer dos o tres matizaciones, la primera de cortesía, porque el portavoz del Grupo Parlamentario Popular
no ha entendido la expresión de comprimido que plantea el Gobierno, y lo digo por su amplia explicación.
Voy a destacar dos asuntos que considero importantes, primero, la doble instancia, que se plantea como una propuesta estrella. Para nosotros corre el peligro de convertirse en un mero brindis al sol, señores del Grupo Parlamentario Popular. Sin medios materiales, personales, adicionales que refuercen estos tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, y sin reformas específicas de la Ley de Enjuiciamiento, la doble instancia penal puede convertirse en una doble instancia meramente virtual, y por ello no me he referido a ella con anterioridad para hacerlo en este momento. Segundo, ha hablado del tercer turno, de que no hacen falta más jueces porque ahora se incorporan menos, etcétera, y quiero ponerle un símil cotidiano, como acostumbro a hacer en estos casos. Lo que en la sanidad pública se llama lista de espera, en la justicia son atascos. Me imagino que la respuesta será si son o no necesarios más jueces, más salas, más personal. Y usted nos ha dicho que el tercer turno no hace falta; además de ser un elemento ideológico, tampoco intentan acabar con el mercado ilegal de preparadores de oposiciones, de academias, etcétera. Parece ser que eso es más eficaz que el hecho de que la gente se haya cualificado de forma distinta --por lo visto ustedes creen que el que más haya memorizado funcionará mejor el día de mañana--. Pero allá cada uno; eso también forma parte del ideario propio de la ministra de Educación, que ya lo ha planteado en algunas reformas, y por eso somete a lo que somete. En cualquier caso, hay que reconocer que en ese tema son ustedes coherentes.
Sin embargo, como decía, mi preocupación se refiere al tercer turno y a que ustedes dejen caer que no hacen falta más medios y, por tanto, tampoco más salas, más jueces, etcétera. En fin, no quiero poner otros ejemplos, como el de los que se evaden porque concluye el tiempo para juzgarlos sin que eso haya ocurrido; para qué voy a contarlo. Reconozco que en esta materia su partido y el mío son antagónicos. Por ello, sólo me queda esperar a que podamos profundizar más en este tema durante el debate de las enmiendas.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Etxegoyen.
Tras escuchar las razones expuestas por nuestro compañero, el portavoz del Grupo Popular, para rechazar el veto defendido por esta senadora sólo puedo reiterar los términos de mi anterior intervención, justificando su presentación.
Pero me gustaría subrayar algo que a mi entender no tiene contestación, salvo la sola voluntad o decisión política de quien no quiera entenderlo.
Señorías, el Estatuto de Gernika, enlazado con la letra de la Constitución de 1978 y con la jurisprudencia constitucional, en este caso nos da más a los vascos que lo que nos ofrece el texto del presente proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, razón más que suficiente para que rechacemos la reforma en los términos en que ésta se plantea. Por otro lado, el más elemental ejercicio de sentido común lleva al Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos a la misma conclusión.
¿Grupo Entesa Catalana de Progrés? (Denegaciones.) Gracias, senador Molas.
Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Capdevila.
Intervengo con brevedad para manifestar que nuestro grupo presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad, con texto alternativo, y durante el transcurso del debate en el Congreso se abrieron muchas expectativas para la tramitación de este proyecto de ley en el Senado, expectativas que no se han visto cumplidas ni materializadas. En este sentido, se nos ha dicho que todavía no hay nada cerrado; por consiguiente, desde estos momentos hasta la sesión plenaria algunas de las enmiendas que hemos presentado podrían ser objeto de transacción con el Grupo Parlamentario Popular. En cualquier caso, quiero dejar constancia de que la postura que defendimos en el Congreso de los Diputados se parece mucho al contenido de los vetos mantenidos durante este debate. Por tanto, nuestro grupo los votará a favor.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Gracias, señor presidente.
También yo voy a intervenir con mucha brevedad para explicar la posición de mi grupo en relación con los vetos que se han defendido por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
En el Congreso de los Diputados mantuvimos una posición radicalmente contraria a los vetos por entender que una parte importante de la ley, como son los libros V y VI, respondían a una filosofía negociada y acordada en el Pacto de Estado por la Justicia y por no estar de acuerdo en cómo, sin debate y discusión, se habían modificado profundamente los libros I a IV, especialmente este último. Evidentemente, compartíamos algunas de esas modificaciones, como la creación de la sala de apelación de la Audiencia Nacional, o lo relativo a la segunda instancia, modificaciones indudablemente necesarias. Pero en nuestra opinión otras de ellas, sobre todo las que afectan al Libro IV, suponen una quiebra del depósito de confianza que en su día representara el Pacto de Estado por la Justicia. Por tanto, mantuvimos una actitud de abstención respecto de los dos libros fruto de nuestro acuerdo y negociación de principio, y una posición contraria a los vetos.
Por otra parte, cuando esta ley llegó al Senado y tuvimos la primera toma de contacto en ponencia despertó en mi persona la ilusión de poder llegar a un acuerdo pleno respecto de los libros V y VI, es decir, todo lo relativo a la oficina judicial, a los secretarios judiciales y a los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. E incluso pensé, con mi natural optimismo, en la posibilidad de que acercáramos muchas posiciones en relación con los libros I a IV.
Sin embargo, nada de eso ha sido posible y, por el contrario, nos hemos visto sorprendidos con enmiendas de distinta índole --quizá con la excepción de la incorporación del «exequatur» que compartimos-- que a mi juicio empeoran notablemente la ley o que sencillamente suponen modificaciones que consideramos inadmisibles, como la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para establecer determinados elementos de inclusión de las fiscalías en el sistema informático y en todo lo referente a la informática, atribuyendo a las comunidades autónomas, que no han tenido arte ni parte en ningún tipo de negociación, los costes de esa operación, compartidos con el ministerio. Eso nos parece increíble, por cuanto, como ha dicho la senadora Etxegoyen, si hay algo que los estatutos de autonomía excluyen de las transferencias es el Ministerio Fiscal, las fiscalías, que no dependen en absoluto de las comunidades autónomas. Por tanto, sus medios, la ampliación de sus instrumentos informáticos, o la mayor riqueza de las posibles personas que asesoren al fiscal para llevar a cabo su política y tomar sus decisiones en modo alguno dependen de ellas.
Ese es el motivo de que estemos en contra de algunas enmiendas presentadas por otros grupos, que prevén que el fiscal adscrito al tribunal superior de justicia de una comunidad autónoma pueda comparecer en el Parlamento, como hace el presidente del tribunal, al presentar su memoria. Repito que nosotros opinamos de otro modo, ya que la fiscalía no ha sido una materia transferida. Así pues, nos parece una burla que se hable de compartir el costo de esas novedades, modificación que se introduce a través de una enmienda en ponencia, precisamente durante la mañana de hoy.
Evidentemente, hay que resaltar la forma en que se ha tramitado este proyecto de ley en esta Cámara, donde creo que se ha llegado al culmen de lo que yo denominaría el secuestro del procedimiento legislativo ordinario. No sé para qué se fija un plazo de enmiendas en la publicación que da cuenta del proyecto de ley remitido por el Congreso de los Diputados, en el que se especifica dicho plazo, porque eso no se respeta; de hecho, hoy nos han llegado enmiendas nuevas, y muy posiblemente nos sigan llegando desde ahora hasta el debate en el Pleno.
Así pues, tanto por la forma en que se ha llevado a cabo la tramitación de este proyecto de ley, como por el contenido de muchas de las enmiendas presentadas y también porque en las intervenciones que se acaban de realizar muchísimas de las críticas esgrimidas por los portavoces de los Grupos de Senadores Nacionalistas Vascos y de Izquierda Unida son compartidas por nuestro grupo, aunque nuestro modelo de administración del Poder Judicial, de Administración de Justicia y de administración de la Administración de Justicia esté alejado de sus posiciones y más cerca del modelo que en su día se recogió en el Pacto de Estado y que intentamos modificar y perfeccionar en común, nuestra posición respecto de los vetos en esta Cámara y en este momento va a ser de abstención.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el senador Gutiérrez.
El señor GUTIERREZ GONZALEZ: Gracia, señor presidente.
También yo seré breve para dar respuesta a lo dicho por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
Con respecto al Grupo de Izquierda Unida, su portavoz trató dos temas a los que quisiera referirme. En primer lugar, en cuanto a la doble instancia, este senador entiende y entiende igualmente la ley que una cosa es la atribución de competencias sobre la segunda instancia y otra cosa es el funcionamiento real de la segunda instancia, la cual tendrá que esperar, y me explico. La reforma opera sobre la atribución de competencias, que se deriva del Pacto de Derechos de Nueva York, por algunas sentencias que se han dictado que ponían en cuestión el orden procesal actual del ordenamiento jurídico español en el plano penal, es decir, que podrían existir sentencias sobre todo en aquellos asuntos más graves dictados por las audiencias provinciales y que tuvieran su acceso directamente a casación, sin que existiera la revisión por vía del recurso de apelación, algo que por cierto no ha puesto en duda el Tribunal Constitucional español y ha considerado que con la revisión en casación, en el diseño de la casación actual de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sería suficiente para mantener un comportamiento adecuado con el Pacto de Derechos de Nueva York. Pero no lo pongamos en cuestión y demos pasos hacia la real existencia de una segunda vía de apelación, previa a la casación, como se diseñó en 1995, sobre la Ley del Jurado. En cualquier caso esto hay que hacerlo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y hay que hacerlo con una reflexión más pausada, porque tampoco es necesario ni creo que importante, en esta Ley Orgánica del Poder Judicial, entrar no en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se puede hacer, sino en el diseño de la apelación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los procesos penales, debido básicamente también a las últimas sentencias del Tribunal Constitucional de septiembre de 2002 , en las que se ponen de relieve algunas teorías que quizá pudieran ser discutibles sobre la revisión del principio de valoración de la prueba, en apelación, por el tribunal superior y que no rija el principio de inmediación. Habrá que reflexionar sobre esto y habrá que planteárselo dentro de una reforma más importante de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero lo que hace la Ley Orgánica del Poder Judicial no es más que atribuir las competencias. Por tanto, si faltan elementos presupuestarios es porque en realidad no va a empezar a funcionar la apelación sobre el proceso penal. En
su momento, cuando deba empezar a funcionar, sí que tendrán que atribuirse competencias presupuestarias, en la creación de secciones, a la sala de lo civil o penal del Tribunal Superior de Justicia. A esto me refería yo cuando decía qué hace la ley respecto a las competencias.
En cuanto al tercer y cuarto turnos no voy a ser yo quien diga que no hacen falta jueces, porque sí hacen falta; por tanto, quiero que se entienda perfectamente que sí hacen falta jueces, porque nunca tenemos plantilla suficiente para poder dictar las resoluciones que resuelvan los conflictos que los españoles puedan plantear ante los tribunales. Lo que es distinto es cómo ha nacido el tercer turno, que no el cuarto ni el quinto, y que nace porque la propia exposición de motivos nos dice que es un sistema complementario a la selección de acceso por el tribunal de oposiciones, sistema complementario porque el sistema real de oposiciones no podía asumir la escasez de jueces tan absoluta que existía, algo que ahora quizá el sistema de selección por oposición sí pueda asumir, complementado con un cuarto turno y con un quinto turno. Y si lo que su señoría pone en cuestión es el acceso ordinario, por vía de la selección por oposición, a la carrera judicial, ahí no coincidimos con su señoría, porque consideramos --y también lo considera la ley orgánica de 1985, que no hizo el Grupo Parlamentario Popular-- que el sistema ordinario en España para acceder a la judicatura es el sistema de oposición. Podíamos haber elegido el sistema anglosajón, es evidente, pero hemos apostado por un sistema en el cual el sujeto que va a entrar en la carrera judicial, y por tanto le vamos a investir del poder jurisdiccional, conozca el Derecho y el Estado sepa que lo conoce. Por lo demás, el sistema de oposición libre es el tradicional en España desde hace varios siglos, lo cual no quiere decir que no se pueda, de alguna manera, abrir la posibilidad de entrada en la judicatura de aquellos juristas de reconocido prestigio. Yo ahí disiento, señoría, porque en seis años es difícil demostrar ese reconocido prestigio, que sí se puede demostrar en diez o en quince; y éstas son las verdaderas intenciones, no otras. No hay un ataque, sino que se mantiene el turno, y lo que prevalece es el sistema ordinario --que en España data de dos siglos-- de acceso a la judicatura, al igual que a la fiscalía, al secretariado, al notariado, al registro, etcétera, algo, repito, que no es ajeno a la propia cultura de los españoles.
Al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tengo que indicarle que ya he dicho que el Estatuto de Autonomía del País Vasco resulta más difuso, con respecto a los demás estatutos de autonomía, en cuanto a la emisión o no de la culminación, ante la sala de lo civil y penal o ante la sala de lo contencioso o ante la sala de lo laboral del Tribunal Superior de Justicia, de esas instancias, incluida la propia casación. Con todo, yo tampoco interpreto de la literalidad del Estatuto de Gernika que pudiera atribuirse necesariamente la casación al Tribunal Superior de Justicia. Es un modelo abierto y sobre el que pensamos de forma distinta. Yo he intentado explicar que desde nuestro grupo queremos mantener la uniformidad material, con efecto sobre los autos, desde la cúspide del Tribunal Supremo en toda aquella normativa que, por la razón que sea, es de igual aplicación para el conjunto de los españoles, porque si es en orden procesal podríamos entrar quizá en la vulneración del artículo 14 de la Constitución Española, que es un tema de mucho más fondo y yo no quiero entrar en él en este instante.
Senador Galán, sí es verdad que podríamos haber estado más de acuerdo, y no lo estamos, pero en definitiva ésta es la posición del Grupo Parlamentario Popular. Respecto a la enmienda que se refiere al Ministerio Fiscal, no es más que lo que viene siendo habitual dentro de la política del Ministerio de Justicia, que se refiere a la implantación de las nuevas tecnologías, sobre todo en aquellas bases de datos estadísticas que son necesarias para el funcionamiento, y en el Ministerio Fiscal hay un cúmulo de bases de datos territorializadas de las distintas fiscalías de los tribunales superiores de justicia que, de alguna manera, hay que poner de acuerdo con un mismo sistema informático, como tiene la administración de justicia, para que exista correlación entre unos y otros, y también se hace con respecto a la estadística de los secretarios judiciales, aunque repito que se pudo haber llegado a un mayor acuerdo.
En cuanto al senador del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, en ponencia hemos tratado muchos temas; creo que debemos darle las gracias por la incorporación al texto, conjuntamente, de muchas cuestiones; en todo caso respetamos su posición, como debe ser respetada la de nuestro grupo.
Terminado el debate de los vetos, vamos a comenzar con su votación.
Votamos la propuesta de veto número 1, de los senadores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, tres; en contra, 12; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto número 1.
Votamos la propuesta de veto número 2, de la senadora De Boneta y Piedra.
Propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto número 3.
En virtud de dicha votación, procede a continuación entrar en la defensa de las enmiendas. Haremos, como siempre,
un turno a favor y un único turno en contra y, si se considerara necesario, un turno único de portavoces.
En primer lugar, las enmiendas números 137 a 221, de la senadora De Boneta y Piedra, han sido dadas por defendidas.
Para la defensa de las enmiendas números 1 a 36, de los senadores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, tiene la palabra su señoría.
Muy brevemente, quiero destacar tres cuestiones en referencia al conjunto de las enmiendas que presentamos.
La razón fundamental de un grupo de ellas es la búsqueda de la mejora técnica de dicho proyecto, es decir, trabajamos buscando una mejora de lo que el Gobierno ha preparado a fin de que resulte más eficaz, otra cosa es que no se entienda por parte del Grupo Popular.
Un segundo grupo de enmiendas pretende garantizar la participación, la negociación y la representación sindical en todo lo referente al Consejo General del Poder Judicial y su labor.
En lo relativo a las enmiendas de mejora técnica quiero destacar, en concreto, una transaccional al artículo 502.4, que dice que, de igual manera, quedará interrumpido el período vacacional si durante el mismo se produce un ingreso hospitalario. Subrayo este hecho porque, puede darse el caso, por ejemplo, de que uno tenga que hacerse una prueba hospitalaria, para lo cual recibe una baja por dos días, y al tercero sale del hospital en perfectas condiciones, y, en cambio, si se parte el brazo, como no hay baja hospitalaria, no verá interrumpidas las vacaciones.
En definitiva, lo que estamos planteando es que debe ser baja médica, sostenida, avalada, acreditada. Cuando decimos que hay que hacer mejoras técnicas, señoras y señores senadores del Grupo Popular, no se crean que venimos con la intención de fastidiar o de que se nos pague por productividad. Seguro que en mi grupo político no es por esta razón, intentamos hacerlo por mejorar el texto del proyecto. Ustedes dicen que debe haber un ingreso hospitalario. Ahora bien, el funcionario o la funcionaria tiene el brazo roto o la cabeza vendada, es decir, va imposibilitado pero no tiene baja hospitalaria y, en ese caso, no se le interrumpen las vacaciones. Anecdótico, casuístico pero sorprendente.
Por tanto, lo que intentamos hacer son mejoras técnicas, y ante ello, el grupo proponente nos presenta otra mejora todavía más técnica y nos plantea la baja hospitalaria, que consideramos que no es adecuada.
En definitiva, creo que deben reflexionar, señorías del Grupo Parlamentario Popular, y las enmiendas que hemos presentado van en esa línea.
Para la defensa de las enmiendas números 222 a 251, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Mendoza.
Voy a centrarme básicamente en aquellas enmiendas que tienen más que ver con nuestra concepción del desarrollo del Poder Judicial en relación con el Estado de las Autonomías.
En este sentido van nuestra enmienda número 222, por la que entendemos que las comunidades autónomas con competencia en materia de Justicia deben establecer por ley la demarcación judicial, aunque oigan preceptivamente al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia. Igualmente, deben establecer la capitalidad de los partidos judiciales.
Nuestra enmienda número 223 va en la línea de la capacidad de la comunidad autónoma para la creación o supresión de secciones o juzgados, evidentemente previo informe del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia.
Respecto a las enmiendas números 224 y 225, entendemos que el Tribunal Superior deberá ser la última instancia en los trámites de casación, el recurso extraordinario de revisión y el recurso extraordinario por infracción procesal en materia civil, igual que en lo social, salvo en lo que se refiere a la unificación de doctrina.
En la enmienda número 228 planteamos que el Parlamento proponga una terna para presidente del Tribunal Superior entre aquellos que reúnan los requisitos que esta ley contempla. Obviamente, su designación sería por el Consejo Superior del Poder Judicial. No pretendemos que sea la comunidad ni su parlamento quienes lo designen.
En la enmienda número 230 proponemos que el presidente del Consejo General del Poder Judicial dé cuenta de la memoria anualmente ante el parlamento de su comunidad.
La enmienda número 248 es relativa a los fiscales.
En cuanto a la enmienda número 249, entendemos que la comunidad debe tener capacidad para la creación o supresión de secciones o juzgados.
Finalmente, en la enmienda número 250 proponemos que, para el nombramiento del fiscal jefe, el parlamento debe proponer una terna al fiscal general. En definitiva, entendemos que todas estas enmiendas van en coherencia con el modo en que entendemos el desarrollo del Estado de las Autonomías en relación con el Poder Judicial.
El resto de las enmiendas las doy por defendidas.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos se dan por defendidas en sus propios términos.
En nombre del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, para la defensa de las enmiendas números 288; 290 a 328; 330 a 335; 337 a 343; 346 a 360; 362 a 371 y 373 a 383, tiene la palabra el senador Molas.
Sé que han sido estudiadas, como he podido comprobar al inicio de esta sesión porque he visto el texto de la ponencia y los añadidos. Por tanto, yo también lo estudiaré antes de seguir manteniendo el voto particular para su defensa en el Pleno, de manera que en este acto me limito a dar por defendidas las enmiendas.
Para la defensa de las enmiendas números 490 a 680, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Capdevila.
La verdad es que son muchas las enmiendas que nuestro grupo mantiene vivas y, por consiguiente, no voy a defenderlas una por una, lo cual nos llevaría largo tiempo. Las doy por defendidas todas ellas pero me voy a detener en algunas cuantas por tener cierta relevancia y cierta conexión precisamente con los vetos que han sido debatidos esta mañana.
Hay un grupo de enmiendas que hacen referencia a la planta y demarcación judicial. En definitiva, se persigue una mayor participación de las comunidades autónomas con competencia en materia de Justicia con relación precisamente a la revisión de la planta judicial y la organización de las demarcaciones judiciales. Este grupo de enmiendas son las números 491 a 494 y la 665.
Otro grupo es el que hace referencia a las competencias de los tribunales superiores de Justicia. A este respecto, prácticamente todos los vetos han incidido en la importancia de conceder a los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas la última instancia de la organización jurisdiccional de cada una de las comunidades y reservar para el Tribunal Supremo, obviamente, el recurso de unificación, al que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha hecho referencia en cuanto a las dificultades técnicas que podrían encontrarse. Creo que nosotros somos el Poder Legislativo y, por consiguiente, podríamos efectuar este cambio legislativo, en el que perfectamente se podrían unificar estos criterios, tanto los referidos a las comunidades autónomas como al del Tribunal Supremo en el sentido de unificar la doctrina de las sentencias que han sido dictadas por cada uno de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas. Aquí el grueso de las enmiendas presentadas son las números 495, 501, 502, 504, 674 y 675. Y a la supresión de la Sala Social de la Audiencia Nacional y atribución de competencias a la Sala Social del Tribunal Supremo van dirigidas las enmiendas 498, 499 y 676.
Otro grupo de enmiendas bastante importante se refiere a los órganos delegados del Consejo General del Poder Judicial, cuestión que se ha tratado con cierta intensidad en la defensa de los vetos, y para la que hemos presentado las enmiendas números 503, 504, 505, 507 a 510, 512, 514 a 524 y 678. El Estado autonómico precisa tener este fiel reflejo de la organización de los órganos de gobierno del Poder Judicial. Incluso el Libro Blanco elaborado por el Consejo General del Poder Judicial admitía dicha posibilidad. No es que vayamos en contra de que se pierda esta jerarquización del órgano del Poder Judicial, desmembrándose en tantos órganos como comunidades autónomas, pero que, al menos, se consiguiera esta delegación o descentralización de funciones por parte del propio Consejo.
A la realización de las oposiciones de ingreso a la carrera judicial de forma territorializada, y participación de las comunidades autónomas en el tribunal calificador de las pruebas y en la comisión de selección, van dirigidas las enmiendas números 540, 620 y 621. Otro aspecto importante, que precisamente nos condujo a presentar una enmienda a la totalidad con texto alternativo en el Congreso, fue el de la lengua y los derechos propios de las comunidades autónomas. A ello van dirigidas las enmiendas números 511, 527, 528, 544, 547, 564, 644, 656 y 657. En definitiva, se intenta potenciar las lenguas oficiales de las comunidades autónomas.
Pretendemos que en los traslados voluntarios sea exigido el conocimiento de la lengua como requisito; en los traslados forzosos que pudiera ser un mérito y, obviamente, que en los procedimientos seguidos en las comunidades autónomas pueda ser sometido a la decisión de los operadores jurídicos la lengua oficial y, en todo caso, que esto no pueda ser ningún tipo de inconveniente, y siempre salvando la oportuna traducción del propio proceso.
Se ha hablado del fiscal superior de las comunidades autónomas, una cuestión en la que nos hubiera gustado profundizar más. Por esa razón hemos presentado las enmiendas números 496, 497, 548 y 654, con el fin de crear esta figura prevista en el Estatuto Orgánico del Poder Fiscal, al objeto de adaptar la estructura del Ministerio Fiscal al Estado de las Autonomías que ya diseña el Título VIII del la Constitución Española.
Respecto a la Oficina Judicial también hemos presentado un grupo bastante importante de enmiendas, con las que perseguimos un diseño flexible, con competencias en las comunidades autónomas para la creación, dimensión y organización, con posibilidad de ocupación de puestos de trabajo por personal de las mismas, de modo que la oficina judicial se estructure en equipos de refuerzo directos al juez y servicios comunes procesales dentro de las unidades administrativas, junto al hecho, también defendido por alguna de nuestras enmiendas, de que se puedan crear estos servicios comunes no procesales.
En cuanto a los secretarios judiciales, hemos presentado muchas enmiendas instando, en definitiva, a la supresión del carácter nacional de los cuerpos de secretarios. La Ley Orgánica del Poder Judicial debería limitarse a establecer normas que constituyan el estatuto básico del personal al servicio de la Administración de Justicia. Y respecto a las competencias de las comunidades autónomas en este sentido y para regular los puestos de trabajo de los secretarios judiciales, hemos presentado la enmienda número 572. Para la provisión de puestos de trabajo, la convocatoria, pruebas selectivas, su resolución, y requisito de participación del conocimiento de lengua cooficial, hemos presentado las enmiendas números 573, 577, 594; para la regulación del régimen disciplinario, incoación, tramitación
e imposición de sanciones, las enmiendas números 595 y 597, y en cuanto a sus derechos, la enmienda número 596.
Hay otras enmiendas, pero quisiera hacer hincapié en dos que consideramos importantes encaminadas a la creación del secretario sustituto para ocupar las vacantes que es urgente proveer, y así cubrir el actual déficit. En la actualidad hay muchos juzgados con esta deficiencia que, prácticamente, provoca un colapso en los procedimientos por faltar la intervención del secretario.
Las enmiendas números 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586 hacen referencia a las funciones de los secretarios judiciales, debiendo limitarse la fe pública a las actuaciones estrictamente necesarias. También se refieren a la delegación de algunas de las funciones de los funcionarios del cuerpo de gestión, a la creación de los servicios comunes de ejecución en la tramitación de la ejecución de las resoluciones judiciales, a la dirección en el aspecto técnico procesal del personal integrante de las unidades de apoyo directo de los servicios comunes, y a la intervención del secretario judicial en la nueva regulación territorial del funcionamiento y organización de los archivos judiciales, así como del expurgo de los mismos.
Las enmiendas números 588 y 589 instan a que en el ordenamiento jerárquico del cuerpo de secretarios judiciales se incorpore la figura del vicesecretario de Gobierno, en su caso, en aquellos tribunales con una carga de trabajo excesiva o que cuenten con un número elevado de órganos judiciales en su ámbito territorial.
Las enmiendas 546, 599, 602, 604, 610, 615 y 616 se refieren a la supresión del carácter nacional de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, y a la asunción por las comunidades autónomas con competencia en la materia de las competencias legislativas de desarrollo y ejecución del régimen estatutario de este personal, en el marco de las normativas básicas establecidas en la ley orgánica.
Las enmiendas 617 a 619, ciertamente importantes, regulan el acceso de empleo público para discapacitados y el proceso de selección por las Comunidades Autónomas.
La 626 y la 627 van dirigidas a que la selección de personal, promoción interna, nombramientos y formación se haga a través de las comunidades autónomas, así como las relativas a la gestión de personal, horario, vacaciones y negociación con los sindicatos. En el mismo sentido está la enmienda 669, dirigida a modificar la disposición transitoria tercera sobre el régimen de ascensos.
Hay otro grupo de enmiendas que se refieren a la transferencia a las comunidades autónomas de los servicios territoriales del Instituto de Toxicología ubicado en su territorio, así como los medios económicos, los materiales y el personal. Son las números 598, 600, 601, 605, 611 a 614, la 628, 659 y 661.
En cuanto a la justicia municipal sobre reclamación de competencia para que las comunidades autónomas con competencia en justicia hagan referencia a la justicia municipal y al nombramiento de los jueces y funcionarios que lo integren va dirigida precisamente la enmienda 666 que pretende introducir una nueva disposición adicional en este sentido.
A la ampliación de las competencias en los juzgados contencioso-administrativo van dirigidas también nuestras enmiendas 662, 663 y 671. Consideramos que es necesario corroborar la incidencia que la ampliación de las competencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo que hace la disposición adicional octava del proyecto y que modifica la Ley de Régimen Jurídico del Contencioso-administrativo puede tener en cuanto al incremento del nombre de órganos judiciales de este tipo en Cataluña. Debe tenerse en cuenta estas experiencias y estos antecedentes.
Otras enmiendas de carácter competencial son la número 587 sobre el acceso «on line» por igual para toda la administración interviniente; las números 647 y 653 pues entendemos que, en general, las comunidades autónomas tendrían que regular el procedimiento disciplinario y determinar al órgano competente sancionador; la enmienda 649 respecto al estatuto autonómico como parte del bloque constitucional; la enmienda 673 que pretende introducir una nueva disposición transitoria y que establece el régimen transitorio hasta que los traspasos sean efectivos. Por último, la enmienda 679 en la que se introduce una disposición final primera pues pretendemos que las comunidades autónomas tengan seis meses para desarrollar la disposición reglamentaria que otorgue la Ley Orgánica del Poder Judicial y su reconocimiento para el desarrollo de la ley tanto legislativa como reglamentariamente.
Como sé que no he mencionado otras enmiendas, señor presidente, en este acto las damos por defendidas, sin perjuicio de que podamos defenderlas con más extensión en el Pleno.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que quedan vivas, la 384; 386 a 424; 426 a 431; 433 a 439; 442 a 457; 459 a 468 y 470 a 489, tiene la palabra el senador Galán.
Yo lamento no poder ir en esta intervención con la rapidez de otros portavoces porque el respeto a una reforma como ésta de una Ley tan importante como es la Orgánica del Poder Judicial que regula, como se sabe, la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, el estatuto jurídico de los jueces y magistrados y de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, así como el Estatuto y la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, me hace imprescindible el que con detalle fije mi posición en relación con cada uno de los extremos que son susceptibles de ser corregidos y modificados.
En la intervención en el Pleno haré poca referencia a mis enmiendas y me centraré mucho más en las del Grupo Parlamentario Popular introducidas a lo largo del trámite; no sabemos si ese trámite culmina hoy o seguirá existiendo un período de presentación de enmiendas que se prolongue
hasta la misma mañana del Pleno. A esas nuevas incorporaciones al texto serán a las que dedique en el Pleno la mayor parte de mi posición, así como una valoración global de la ley y de sus inmensas disposiciones adicionales, transitorias, etcétera, es decir, de todas las demás modificaciones de leyes que aparecen en la parte de las disposiciones adicionales y transitorias de esta propia ley. Ahora sí me voy a referir a lo que son mis enmiendas, evidenciando que el preámbulo de estas reformas liga a ésta en su integridad al Pacto por la Justicia, que se firmó el 28 de mayo del año 2001, cuyos objetivos eran que la Justicia actúe con rapidez, eficacia y calidad, con métodos más modernos y procedimientos menos complicados, que cumpla satisfactoriamente su función constitucional de garantizar los derechos de los ciudadanos, que actúe como poder independiente, unitario e integrado con una estructura vertebrada, regida por una coherencia institucional que le permita desarrollar sus funciones constitucionales, objetivos todos ellos que compartimos, pero la reforma concreta que hoy estamos debatiendo no conduce de manera directa a la mayoría de los mismos, sino que en algunos casos nos aleja de ellos y, al mismo tiempo, el informe de la ponencia contiene extremos variados, variopintos que nada tienen que ver con objetivos tan ambiciosos y necesarios para todos, al contrario, vienen a solucionar problemas muchos ellos de índole personal o cuasipersonal de un colectivo determinado y difícilmente pueden tener encaje en esos objetivos proclamados con tanta claridad y con tanta rotundidad en la letra concreta del Pacto de Estado por la Justicia.
El preámbulo nos dice que en los tres primeros libros de la ley se producen modificaciones o bien que están previstas en la propio Pacto de Estado o que son necesarios ajustes a la nueva regulación de la oficina judicial, el secretariado judicial y los restantes cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. En el Libro IV las modificaciones son de mayor calado y persiguen dar cumplimiento a las propias previsiones del pacto. Sin embargo, al analizar las modificaciones introducidas en la ley orgánica para justificar nuestras enmiendas, podré ir justificando que en ninguno de estos extremos es absoluta y rotundamente cierto, sino que puede haber todo lo más en ello alguna parte de verdad, pero calificable de mínima.
Empezaré por los tres primeros libros que abarcan desde el apartado 1 del artículo único de la ley de reforma hasta el apartado 56 y que regulan la extensión y límite de la jurisdicción y la planta y organización de los juzgados y tribunales, el gobierno del Poder Judicial y el régimen de juzgados y tribunales y que se refieren a los artículos del 1 al 297 de la ley orgánica.
Voy a intentar defender mis enmiendas a estos tres libros, señalando no todas pero sí al menos las más importantes.
La enmienda 386 hace referencia al artículo 63 de la ley orgánica que trata de la Audiencia Nacional y que contiene un enunciado, enmendado ya por el Grupo Parlamentario Popular, que dice que el presidente tendrá la consideración de presidente de Sala del Tribunal Supremo --estamos de acuerdo-- y es el presidente nato de toda su Sala; puede presidir todas y por ende creo que también puede presidir todas las secciones de las que se compone cada una de esas salas. Nuestra enmienda indica que presidirá la sala que determine al principio de su mandato y que deberá adscribirse a una de las secciones de dicha sala. ¿Qué pretendemos? Sencillamente garantizar un principio esencial del funcionamiento del Poder Judicial, que es el derecho del ciudadano al juez predeterminado por la ley, lo que a mi juicio no sucede con el texto del informe de la ponencia, ni siquiera aquel que nos remitía el Congreso.
¿Qué se pretende con esta modificación que propone el Gobierno? ¿Que la Justicia actúe con mayor rapidez y eficacia? ¿Que proporcione una mayor seguridad jurídica justiciable? ¿Que se garantice una mayor independencia de la Audiencia Nacional? No nos parece que eso sea en absoluto. ¿Cuáles son las ventajas que no se han estimado trasladables, por ejemplo, a la figura del presidente del Tribunal Supremo, que preside concretamente una sala, la famosa Sala 61 y que tiene unas funciones perfectamente atribuidas o a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia que --como se sabe-- presiden la Sala de lo Civil y Penal de dichos tribunales o a los presidentes de las audiencias provinciales que hacen aquello que nosotros proponemos en nuestra enmienda: determinan qué sala van a presidir y fijan a qué sección se van a adscribir? Nos parece que es un tema muy importante y que se intenta tener a un presidente comodín que, en función de determinados asuntos, se adscriba a una u otra sección, evidentemente vulnerando el principio del juez predeterminado por la ley.
La enmienda 387 es de adición al artículo 109 y pretende que las asambleas legislativas de las comunidades con competencia en materia de justicia puedan, de acuerdo con sus reglamentos, solicitar la comparecencia ante las comisiones parlamentarias competentes de los decanos, de los presidentes de audiencias provinciales, para que puedan informar de aspectos gubernativos no jurisdiccionales que afecten al funcionamiento de la Administración de Justicia en su territorio y de los presidentes de los TSJ, de los Tribunales Superiores de Justicia, para presentar la correspondiente memoria de cada ejercicio, lo que ya hace.
Nos parece que nuestra enmienda lo único que pretende es aumentar la transparencia y control por los representantes legítimos de los ciudadanos en relación con el servicio público de la Administración de Justicia en aquellas actuaciones no vinculadas directamente al ejercicio de un poder del Estado como es el Poder Judicial.
La enmienda 388 pretende suprimir en el artículo 146 la frase «con un máximo de prestación de servicios de diez años» relativa a los órganos técnicos al servicio del Consejo General del Poder Judicial, limitación temporal que tampoco concurre en otras situaciones de servicios especiales como las previstas en el artículo 351 de la propia Ley Orgánica o en el artículo 25 de la Ley 38/ 1988 en relación con las plazas cubiertas por magistrados y por jueces en el propio Ministerio de Justicia.
No entendemos muy bien qué pretende el Gobierno. Si el nombramiento se hace por concurso oposición, por dos años, prorrogable anualmente, si lo que se quiere, como se nos ha dicho en el trámite de ponencia, es evitar un distanciamiento
de estos integrantes de la carrera judicial en relación con la propia función jurisdiccional, nos parecería de lógica que, en similares supuestos, también se aplicara. No sé por qué, por estar de letrado del Consejo General del Poder Judicial un juez o un secretario judicial va a perder cercanía con su función habitual en el ámbito jurisdiccional o de dación de la fe pública y dirección de la oficina judicial, y sin embargo, si se pasa no diez, sino treinta años al servicio del Ministerio de Justicia o en una misión internacional en el exterior, no hace falta ningún tipo de limitación temporal.
Las enmiendas 391 y 392 son coherentes con nuestra posición en relación con la oficina judicial. Se confieren en el informe a las salas de gobierno un control, a mi juicio, excesivo de la política en relación con la oficina judicial, pudiendo adoptar por propia iniciativa acuerdos vinculantes sin presencia de las comunidades autónomas que serán luego las que tendrán que implementarlo. Igual ocurre respecto de las competencias de los presidentes de sala y jueces. Debería referirse a todos los aspectos procesales en su más amplia interpretación --estoy dispuesto a admitirlo-- pero, desde luego, no en los términos en que está redactado el texto.
Las enmiendas 393 y 394 pretenden evitar la limitación de facultades de la Junta de Jueces cuya justificación desconocemos, intentando abrir cauces que permitan a esta Junta resolver conflictos en la actividad diaria de la marcha de los juzgados y tribunales sin tener que llevarlo a las salas de gobierno respectivas. Por lo tanto, en este tema apoyamos determinadas enmiendas, la 230 de Coalición Canaria y la 258 y 259 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que son similares a las nuestras.
En el Libro III tenemos también enmiendas importantes. Voy a resaltar algunas. Por ejemplo, la 395 que intenta, desarrollando el punto primero de la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Administración de Justicia, que se distinga para jueces y secretarios judiciales, con toda claridad en su horario, las horas de atención al público de lo que son luego las horas de audiencia pública en los tribunales.
La 396 intenta eliminar de las partes que pueden ejercer recusación a la figura del acusador popular porque su inclusión da un amplio margen a fabricar recusaciones y a apartar así de un determinado asunto a un determinado juez o magistrado. Es eso lo que realmente se está pretendiendo con el texto que se mantiene al no aceptar la enmienda.
La 397 ha sido aceptada parcialmente por el grupo mayoritario incorporando la causa número 16a de una manera parcial al artículo 19 relativo a las causas de abstención o recusación. Nos parecen que las modificaciones que proponemos en relación con las causas quinta, séptima, octava y duodécima, también son importantes y también deberían haber sido aceptadas.
Las enmiendas 398 y 399 intentan mejoras técnicas subsanando lo que a mi juicio es una mera omisión legislativa. La 400, 401, 403, etcétera también quieren explicitar en el artículo 231 y también en el 234 lo relativo a la Carta de Derechos del Ciudadano, Carta que se aprobó por unanimidad, como se sabe, pero luego su implementación en la letra de la ley parece que ofrece resistencias y dificultades. En definitiva, creemos que con estas 19 enmiendas que mantenemos a estos tres libros tenemos posiciones todas ellas coherentes con el contenido íntegro de la filosofía del Pacto de Estado y de la Carta de Derechos alumbrada por éste.
Nos han aceptado una, la 385, la quinta parte de la 397 y la 402 en no redacción transaccional, suficientemente descafeinada. De todas maneras, muchísimas gracias.
Pasamos ahora al Libro IV, relativo a jueces y magistrados. Nuestra posición es absolutamente contraria a la que han mantenido el Gobierno y el grupo que le apoya y muchísimo más conforme con lo que es el modelo de juez constitucional diseñado en la Constitución.
De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley de 1985 --que ahora se reforma tan profunda y desdichadamente, a mi juicio--, nosotros creemos que en el acceso a la carrera judicial es necesario tener siempre abierta una vía por la que se pueda producir una ósmosis entre los jueces y la sociedad, de tal manera que el que va a llegar a ser la voz que dice la palabra de la ley no sólo haya pasado empollando temas determinados años y superando una exposición memorística y un curso --a propósito, felicito a sus señorías por haber aumentado el período de seis a nueve meses en la Escuela Judicial; nosotros seguimos manteniendo los dos años y, por lo tanto, la derogación de la disposición transitoria que por razones de urgencia limitó a un año lo que eran dos años de duración en la formación del juez. Por eso somos partidarios --con todas las garantías oportunas, eso sí, para que quede perfectamente refrendado el conocimiento perfecto del derecho que tiene que aplicar-- de esa cercanía entre personas con amplios conocimientos jurídicos, clara experiencia en la aplicación del Derecho y que puedan aportar una versión más viva, más cercana a la realidad social a la hora de dirimir litigios y de aplicar correctamente el ordenamiento jurídico.
Nosotros criticábamos ya la modificación de las condiciones de acceso por el tercer turno, incluso la regulación del cuarto turno --que, a mi juicio, lo hacía bastante inviable--, y ahora se ha agravado todavía más.
Las enmiendas introducidas en esta Cámara, sobre todo en la fase post período de enmiendas --o sea, período de enmiendas en trámite secreto--, han cercenado definitivamente el tercer turno y han hecho muy difícil que en el cuarto turno vayamos a contar con grandes catedráticos, con grandes directores de bufetes de abogados que puedan incorporarse al Tribunal Supremo teniendo que pasar las pruebas y los requisitos que se marcan en esta ley. Me parece que a un catedrático con 15 años de ejercicio tampoco hay que preguntarle determinados temas concretos en plan memorístico, sino que en relación con ellos la Escuela debería tener otros mecanismos de comprobación de sus conocimientos y de su capacidad para ocupar una plaza en el Tribunal Supremo.
Las enmiendas números 404, 405, 406, 407, 408 y 409 reflejan nuestra posición contraria a las modificaciones introducidas. Es evidente que los cambios en el modelo de acceso a la carrera judicial habrían exigido un debate meditado
conforme al propio Pacto de Estado, donde sí se hablaba de la necesidad de tratar estos temas. Ese debate no se ha producido, la meditación mucho menos y, por lo tanto, quedan perfectamente justificadas en la letra de las mismas.
Nuestra enmienda número 410 intenta sencillamente que cuando se resuelva con criterio escalafonal se añada en el artículo de referencia «siempre que en los dos últimos años no hubieran incumplido injustificadamente los módulos de trabajo fijados por el Consejo General del Poder Judicial.» Nos parce que el incumplimiento reiterado, frecuentísimo, de los módulos de trabajo por parte de un determinado juez no puede tener la simple sanción económica actualmente prevista, sino que también debe tener que ver, debe ser un obstáculo en relación con su promoción profesional y su carrera dentro del organigrama de la carrera judicial.
La enmienda número 411 pretende evitar que el Consejo General del Poder Judicial devuelva a las asambleas legislativas ternas bajo la cobertura de las previsiones de los artículos 43 y 44 del Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo cuando sus integrantes cumplan los requisitos previstos en la ley, preceptos de los que se ha hecho uso, a mi juicio, a veces abusivo con resultados evidentemente no queridos por la propia Ley Orgánica del año 1985. Si se quiere modificar en el fondo del asunto esa potestad de propuesta de las asambleas legislativas de las comunidades y matizarla --que sean, por supuesto, al final los nombramientos que quiera el ministerio-- habría que modificar otros preceptos y no sólo éste.
Nuestra enmienda número 412 pretende que el régimen de la comisión de servicio de los jueces para prestar servicios en el Ministerio de Justicia sea extensible a si los servicios los prestan en las consejerías competentes en materia de Justicia de las comunidades autónomas. No se nos acepta nuestra enmienda y en cambio se introduce una nueva en donde se dice que pueden prestar servicio en el Ministerio de Justicia con o sin relevación de función; es decir, pudiendo estar en comisión de servicio en el ministerio y manteniendo sus funciones jurisdiccionales.
No acabamos de entenderlo, lo que sí es claro es que el texto y la negativa a admitir la enmienda demuestra la clara visión autonómica de este Gobierno en relación con la Justicia.
La enmienda número 413 intenta, a mi juicio, subsanar sencillamente un error del texto, que es la modificación introducida en el Congreso en el artículo 350: se hablaba de comisión de servicio, que era de seis meses improrrogables, y se ha pasado a un año prorrogable. Evidentemente, si eso es así debe corregirse en el artículo 351 la definición del ingreso en la situación de servicios especiales, porque a mí no me queda claro cuándo pasa a servicios especiales el que está en comisión de servicio por un año prorrogable: ¿A los seis meses como dice el texto de la ley o al año como dice mi enmienda? No entiendo que sigan ustedes sin ver que lo único que se ha producido es una incorrección derivada de una enmienda introducida en el Congreso y que deben ustedes subsanar si quieren evitar problemas extrañísimos a la hora de aplicar figuras como la comisión de servicio y los servicios especiales para tareas de desplazamiento en organismos internacionales, en el extranjero, etcétera.
Las enmiendas números 414 y 415 al artículo 360, de supresión, intentan solucionar el para nosotros increíble tratamiento del reingreso en la carrera judicial después de haber ostentado cargos públicos o haberse presentado como candidatos a cargos de representación popular. Durante cinco años esas personas sólo pueden optar a puestos estrictamente por antigüedad. ¿Hay sospecha de contaminación de los que, con espíritu de servicio, se dedicaron al bien del conjunto de la sociedad? ¿Qué efecto contaminante tiene para el Gobierno del señor Aznar la política? ¿Por qué, en cambio, no hay reserva alguna en relación con jueces especialistas que después de trabajar excedentes en un despacho privado especializado, defendiendo intereses legítimos de los particulares, vuelven a la carrera judicial y no tienen esa limitación, no tienen ninguna limitación al respecto en cuanto a su carrera profesional y a sus posibilidades de acceso a otros destinos? Al leer el texto y reflexionar sobre él he recordado aquellas palabras del extinto general Franco, cuando decía: Usted, por favor, haga como yo, no se meta en política. En definitiva, ése es el llamado que se hace a los jueces que tengan determinadas veleidades con la cosa pública.
La enmienda número 416 intenta evitar en el artículo 362 la nueva redacción que posibilita la interposición de querellas con la única finalidad de apartar al juez de la causa. Vuelvo a lo mismo que dije antes, tampoco se ha aceptado, ¿es que eso es lo que se pretende, que se pueda apartar al juez molesto de la causa con querellas? La enmienda número 417 pretende evitar que en el artículo 401 se cercene el derecho a la asociación profesional de los jueces sustitutos y magistrados suplentes establecido por la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2003. No creemos que en absoluto deba predicarse la exclusividad de los jueces de carrera. Ya sé que me van a decir que el objetivo de esta ley es que desaparezca todo el que no sea juez de carrera, pero de momento hay magistrados suplentes, hay jueces sustitutos que están ahí, en activo y que no han desaparecido. Dejen ustedes que puedan asociarse profesionalmente, como ha establecido pueden hacerlo la sentencia del Supremo.
La enmienda número 418 propone una corrección técnica, consecuencia de una enmienda de mi grupo parlamentario. Creo que no cabe modular el abandono del servicio por razón del tiempo, tal y como se ha introducido en el Congreso de los Diputados, ya que, per se, se trata de una falta muy grave, al margen del tiempo.
La ausencia injustificada se produciría, por ejemplo, en el caso de un juez que deja de acudir a su despacho y no justifica que esté enfermo ni que tenga que estar en otra parte y, en este sentido, pueden establecerse grados en función de que la ausencia sea de un día, de tres o de una semana. Sin embargo, el abandono del servicio no es ese caso sino el del juez que, en un momento determinado --llevado por la cólera o por la actuación insistente del defensor, del Ministerio Fiscal o del acusador privado-- se harta y se marcha dejando el juicio a la mitad. Eso es una falta muy grave porque, aunque vuelva a las
tres horas pidiendo disculpas, se ha impedido la normal celebración del juicio. Es necesario acometer esta corrección que, además, es fruto de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, pero reconozco que nos equivocamos en el Congreso de los Diputados al pretender homologar el abandono del servicio a la ausencia injustificada. Por ello, espero que entiendan que el favor que nos hicieron es, en realidad, un flaco favor a la lógica y a la estructura del propio texto legal que se intenta reformar. (El señor Marín Rite: ¡Muy bien!) La enmienda número 419, al artículo 419, --bingo-- incorpora el desarrollo del apartado 10 de la Carta de Derechos Humanos y es coherente con la enmienda presentada al artículo 234.
Con estas explicaciones, doy por terminada la defensa de las enmiendas presentadas a los cuatro primeros libros. Respecto a los mismos, quiero decir que nuestra posición en el Congreso de los Diputados fue rotundamente contraria, que votamos en contra del dictamen con dos pequeñas excepciones --que podemos seguir manteniendo--, y pensé que en esta Cámara podríamos cambiar de criterio, pero seguimos igual.
Paso ahora a comentar las enmiendas de mi grupo parlamentario a los libros V y VI del proyecto, que se reforman íntegramente y que sí fueron negociados, aunque sin ultimar un acuerdo pleno, en el marco del Pacto de Estado por la Justicia.
Dado que están presentes los ponentes del Grupo Parlamentario Popular, así como representantes del ministerio, me gustaría señalar que habría sido relativamente fácil ponernos de acuerdo sobre estos dos libros y que verbalmente se aceptó esa posible negociación pero, en la práctica, ésta no ha existido; sencillamente, hemos celebrado cuatro reuniones de ponencia y aunque no es igual que aquellos casos en los que sólo se reúne la ponencia durante diez minutos para debatir otros proyectos de ley igualmente importantes, realmente no se ha negociado nada. Han traído papeles, se han aceptado determinadas enmiendas, se han firmado algunas transaccionales, etcétera , pero eso no es una negociación; es otra cosa.
En este sentido, insisto en decir que no se ha negociado con los grupos parlamentarios a la hora de debatir y elaborar un dictamen de la comisión sobre, nada menos, que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Las enmiendas números 421 y 422 --al artículo 435--, la número 423 --al artículo 436--, y la número 424 --al artículo 437--, ponen de manifiesto las diferencias --que creo que son pequeñas-- entre nuestro modelo de oficina judicial y el modelo del Gobierno. Mi grupo parlamentario asume íntegramente lo firmado en el pacto: la necesidad de mantener el carácter nacional de los cuerpos y de abordar en profundidad la reforma de la oficina judicial, pero mantenemos diferencias sustanciales en cuanto a la oficina judicial, no sólo como oficina al servicio del Poder Judicial sino también como oficina al servicio de los ciudadanos que tienen derecho al servicio público de la justicia.
Creemos que dentro de la oficina judicial, junto a unidades procesales de apoyo directo y a los servicios comunes procesales, debe haber unidades de gestión no procesal; creemos que deben clarificarse las funciones y la dependencia de las unidades procesales de apoyo --enmienda número 424--; creemos que hay que solventar el problema que representa en los partidos judiciales pequeños la tajante distinción entre oficina judicial y unidades administrativas, posibilitando que los miembros de la oficina judicial, a veces, realicen funciones de administración --enmienda número 426--; creemos que los secretario, por su rol fundamental en la oficina, variado y complejo, deberían depender funcionalmente del Ministerio de Justicia, del que dependen orgánicamente, aunque sea a través de la figura del secretario coordinador de la comunidad autónoma respectiva --enmienda número 427.
Las enmiendas números 428 a 431, con la excepción de la 429 que se ha aceptado parcialmente, al igual que la 434, intentan asegurar la independencia de los secretarios judiciales no sólo en lo relativo a la fe pública procesal, de la que son garantes, sino también en aquellas funciones procesales que las leyes les atribuyan de manera directa, por ejemplo, en los artículos 206 y 545.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica son, a mi juicio, incompatibles con las funciones de dirección procesal. Las enmiendas números 436, 437, 438 y 439 siguen poniendo de manifiesto nuestras diferencias en cuanto a la reforzada figura de los secretarios judiciales; como ocurre igualmente con la enmienda número 442, al artículo 460, que supongo que tampoco será aceptada porque estoy seguro de que el ministro de Hacienda ha mantenido una posición dura en este punto.
Nuestra enmienda número 443, al artículo 463.4, pretende concretar extremos relativos al consejo del secretariado, a mi juicio, enriqueciendo el papel de esta figura.
La enmienda número 444, que queda recogida en parte en otra del Grupo Parlamentario Popular, pretende la regulación del cese y pase a posterior destino del secretario de Gobierno, evitando la desigualdad en relación con la solución prevista para los miembros de la carrera judicial.
Las enmiendas números 446, 447 y 448 pretenden ampliar las competencias de los secretario de Gobierno.
Las enmiendas números 449, 450 y 451 proponen la incorporación de estos funcionarios al régimen disciplinario, ya que nos parece inadecuada la mera remisión en el régimen disciplinario contenida en el artículo 536; es decir, homologándolo a los restantes cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Creemos que ni la tipificación de las faltas ni en las sanciones previstas es conveniente la equiparación que se recoge en el texto de la ley.
Agradecemos, como no podía ser de otra manera, la aceptación de las enmiendas 420, 425, 432, 441, 440 y 445 mediante fórmula transaccional.
Es un gesto que hay que agradecer y yo quiero hacerlo, pero ese gesto de acercamiento se compensa con la lejanía que suponen otras enmiendas introducidas en esta Cámara en distintas fases del trámite de ponencia y que nos aleja claramente del modelo de la ley que reforma la orgánica del Poder Judicial.
En el Libro VI, y aquí sí voy a ser muy breve, hay muchos cambios introducidos como fruto de la negociación
ultimada el 31 de octubre con las organizaciones sindicales que compartimos, pero nos cuesta mucho trabajo seleccionar qué enmiendas del Grupo Parlamentario Popular son las aceptables, porque hay aspectos que nosotros tenemos enmendados y que creemos que son claramente mejorables, al margen de que los sindicatos lo hayan aceptado y en otros estamos absolutamente de acuerdo con las modificaciones introducidas.
Evidentemente, dado el plazo que hemos tenido, nos ha sido muy difícil seleccionarlos, pero quiero reiterar que hay parte de las enmiendas que responden a alguna enmienda nuestra y a otras de Izquierda Unida en esta Cámara que se contienen en los textos introducidos por el Grupo Parlamentario Popular y que agradecemos. Otra parte no y mantendremos nuestras enmiendas.
Muchas de ellas vuelven a hacer referencia a la Carta de Derechos del Ciudadano. La 457 es un intento de defender las 35 horas como regla general en la Administración de Justicia, dejando a salvo los servicios de guardia, los horarios especiales, etcétera. La 458 hace referencia a los colegios de abogados y procuradores. Creo que se nos ha admitido, aunque en el texto del tocho no estaba introducida y por eso me refiero a ella. Si la admisión es cierta, como me confirma el senador Gutiérrez con su gesto, muchísimas gracias.
La enmienda 459 prevé la posibilidad de que existan servicios comunes procesales de guardia. La 460 pretende incluir no sólo a los sindicatos sino también a las asociaciones profesionales en la negociación de la ordenación de los puestos de trabajo. La 462 desarrolla con mayor minuciosidad los requisitos de la convocatoria del artículo 529. Las 463 y 464 tipifican determinadas faltas nuevas que no están previstas y que nos parece que enriquecen el elenco de la tipificación de actitudes dignas de ser sancionadas por parte de este cuerpo. Finalmente, en el Libro VII la enmienda 465 quería introducir algo que se nos ha aceptado, tenía un error y se ha corregido esta mañana, de modo que gracias. La 466 añade un párrafo al artículo 546 relativo a abogados y procuradores que es el desarrollo del punto 33 de la Carta de Derechos. La 467 al artículo 555 pretende que la autoridad superior dicte resolución, imponga o no la corrección disciplinaria, es decir, que no pueda no imponerse sencillamente por silencio, sino que haya una resolución. La 468 intenta evitar que la autoridad que conoce de las actuaciones pueda convertirse en determinados supuestos en juez y parte.
Así entramos en las disposiciones finales. Aquí tenemos enmiendas que van de la 470 a la 489. Me voy a referir sólo por encima a algunas de ellas.
En una de ellas intentamos abrir para los interinos la posibilidad de en determinados supuestos sustituir titulación por formación. La 474, muy importante, plantea algo que han dicho los defensores del veto, y es el problema de la financiación de esta ley. La 475 intentaba dar una solución al problema planteado en relación con la ejecución provisional de sentencias todavía no firmes, condenatorias a empresas de medios de comunicación en general en relación con el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen de los ciudadanos que habían planteado algunos problemas concretos para la viabilidad de determinadas empresas periodísticas. Nosotros creemos que eso se puede solucionar sin la tremenda rotundidad, a mi juicio, propia de un auténtico kamikaze, un auténtico legionario del texto introducido por la enmienda 252 del Grupo Parlamentario Popular, es decir, pensamos que esto es tremendo y que van ustedes a tener tiempo, quizá más temprano que tarde, de arrepentirse del extremo en el que se ha redactado esa enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Yo estaba dispuesto a negociar la 252, a eliminar de mi enmienda 475 el término «excepcionalmente», a matizar lo de que pongan en peligro la continuidad empresarial y no ha habido manera: Enmienda 252 o nada. Pues votaremos en contra de la 252 y defenderemos nuestra enmienda, que nos parece mucho más equilibrada y sensata. Sé que a algún medio de comunicación le gustará más la de ustedes, pero aquí no estamos para satisfacer intereses concretos de nadie, sino para buscar el equilibrio del sistema y el bien general de los ciudadanos.
Me cuesta trabajo continuar con las demás. Hay un intento en la 483 de solucionar el problema de los secretarios de juzgados de paz de menos de 7.000 habitantes, que es un colectivo de prácticamente 100 personas que dejamos en el más absoluto abandono e indigencia. Me parece que se podía haber buscado una salida y no se ha querido.
La enmienda 482 propone la supresión de la disposición transitoria octava en relación con el régimen transitorio de los letrados del Consejo General del Poder Judicial. Es cierto que se ha presentado un nuevo texto por parte del Grupo Parlamentario Popular. Primero me gustaría preguntar si ese texto anula la enmienda 767. Si es de adición, entonces se hace más difícil. Yo no tiro la toalla, he seguido en el tema, quiero pactar ese extremo porque no me condiciona ninguna vinculación de carácter personal con nadie, sino la búsqueda de una solución equilibrada y correcta. He presentado en la Mesa dos enmiendas «in voce» nuevas que pretenden acercarse a esa última situación. Me temo que será difícil negociarla de aquí al Pleno, pero estoy abierto a ello.
Finalmente, la 487, a la disposición transitoria trigésimo quinta, pretendía la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2000, lo que he comentado antes en relación con la Escuela Judicial y su duración y la 489 me parece importantísima en relación con el período de vigencia de la ley. Por mucho que ustedes hayan matizado el tema en relación con la nueva planta judicial que incorporan los juzgados de lo Mercantil y por mucho que hayan dejado un régimen con el que, evidentemente, eso se va atemperando con las posibilidades de dotación y puesta en marcha por parte de las comunidades, me parece que la ley contiene demasiadas cosas para que el período de entrada en vigor sea el día siguiente de su publicación. Señorías, me parece una irresponsabilidad y, por eso, volvemos a hacer un llamamiento a la responsabilidad del Grupo Parlamentario Popular en este tema. Nosotros pedíamos un período de vigencia de 6 meses aun sabiendo que existen soluciones intermedias, pero no entendemos que ni siquiera se respete la «vacatio legis» general de los 20 días desde su publicación y entre en vigor al día siguiente. Por muchas razones coyunturales que quieran argüirse, me parece que eran salvables determinando
qué elementos concretos de las disposiciones adicionales tendrían que entrar en vigor al día siguiente de la publicación y dejando un plazo mucho más amplio para el conjunto de la ley. Pero estoy dispuesto a seguir hablando de ello.
Con esto termino, señorías. Quiero desearles toda clase de suertes y pedirles disculpas por mi intervención. Prometo que en el trámite de defensa de las enmiendas que se llevará a cabo en el Pleno no haré una referencia concreta sobre ninguna de mis enmiendas, pero sí a la filosofía que las inspiran, como no puede ser de otra manera. Prestaré más atención a las modificaciones que se han producido en el texto desde que fue remitido por el Congreso de los Diputados hasta esta misma mañana o el día en que se celebre el Pleno. «Chi lo sa?», como se dice en italiano, ¿quién lo sabe? En definitiva, creo que en el Pleno tendremos tiempo de debatir todo en profundidad. De momento y a excepción de las enmiendas que han sido admitidas total o parcialmente, vamos a mantener las nuestras y las incorporaremos al correspondiente voto particular en el Pleno, igual que las enmiendas in voce que he elevado a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Galán.
Para turno en contra de las enmiendas, tiene la palabra el senador Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDARIZ: Hemos repartido este turno de respuesta diferenciando las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y del Partido Socialista, que serán contestadas por el senador Ferrández, y las de los restantes grupos, a las que contestaré yo. En todo caso, ya anuncio que el posterior turno de portavoces lo realizará el senador Gutiérrez.
En primer lugar, quería agradecer el trabajo de mis compañeros en la ponencia, así como la vehemencia y la pasión con que el senador Galán ha defendido sus posturas y la relación que durante toda la ponencia hemos mantenido con el senador Capdevila.
Por economía procesal les agradeceré que admitan que sea breve y agrupe las enmiendas de los distintos grupos en función de las materias de contenido similar, de forma que, en vez de contestarlas individualizadamente, lo haga globalmente por grupos temáticos. En todo caso, es difícil poder ser original en la defensa de nuestra postura y de la posición en contra respecto a alguna de las enmiendas presentadas, puesto que mi compañero el senador Gutiérrez ha dejado clara nuestra postura en la contestación dada a cada uno de los vetos iniciales. Viendo la línea argumental de la mayoría de las enmiendas presentadas por los grupos nacionalistas, considero que se pueden subsumir en temas concretos y así hacer más sencilla y correcta, por lo menos para el entendimiento de todos, la defensa de las enmiendas.
En todo caso, con carácter previo me gustaría que sus señorías tuviesen constancia de lo que ha sido el trabajo y los antecedentes de este proyecto, que, aunque no hayamos podido hablar sobre el mismo, responde a una necesidad fundamental y al interés directo del Gobierno para mejorar la justicia. Responde y trae consecuencia de una serie de trabajos realizados durante bastante tiempo que implican a muchos colectivos que, realmente, nos muestran la complejidad de todos los puntos que acomete esta reforma. Lo cierto es que son muchísimos los agentes que intervienen en el proceso judicial y muchas las cuestiones que hay que suscitar y los equilibrios con los que hay que jugar, por eso esta ley no surge de la improvisación, sino de un trabajo meditado con los partidos políticos y agentes. Ello hace que, hoy por hoy, tenga el respaldo prácticamente unánime de todos aquellos que participan en el mismo; de hecho, hace poco se ha producido el acuerdo con los agentes sociales, siendo los representantes de los trabajadores una pieza importante en las determinaciones que se contemplan en esta reforma.
Obviamente, quiero insistir en la dificultad de asumir planteamientos maximalistas por parte de los colectivos, instituciones y sectores afectados a nivel competencial u orgánico-funcionarial y reconocer el trabajo que se ha llevado a cabo y que sirve de base para esta reforma, que se concreta en una serie de artículos que pretenden mejorar la eficacia, la calidad y, desde luego, la racionalidad de la justicia.
Entrando en la defensa de las enmiendas, agradezco la brevedad del Grupo de Izquierda Unida a la hora de defender las suyas. Es de agradecer, también, no lo que nos ha comentado respecto a la transaccional sobre el artículo 502.4, sino lo que no ha dicho. Obviamente, no ha dicho todo aquello que realmente es objetivo, y es que el proyecto de ley contempla de una manera muy amplia --se podría pormenorizar artículo por artículo-- muchas de las mejoras técnicas que se recogen en las enmiendas de Izquierda Unida y, desde luego, todas aquellas que van en la dirección que luego se han podido plasmar en los acuerdos sindicales.
Asimismo, amplía la participación de los agentes sindicales en aquellas negociaciones que pudieran afectar al personal de la Administración de Justicia, y más adelante o en el Pleno podremos detallarlas o individualizarlas por ser tan amplias. En todo caso, agradezco esa mención particular pero, en aras a la objetividad, habría que ver la botella, no sólo medio llena, sino más bien llena. Realmente, es así porque el proyecto ha tenido en cuenta todos esos intereses, derechos y negociaciones producidas con carácter previo a su aprobación.
En cuanto al resto de las enmiendas, se pueden agrupar en una serie de temas. Agradezco la colaboración que todas ellas representan y hemos estudiado por su interés las del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, las del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, las de Eusko Alkartasuna y las más que numerosas enmiendas que plantea, como si fuera un texto alternativo, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Todas ellas responden --y no se puede disimular-- a una perspectiva distinta de la que se contempla en esta reforma, que contiene unos criterios, en cuanto a la visión de la Justicia, como poder judicial único y mantiene los cuerpos opcionales, en cuanto a los funcionarios.
Si tuviéramos que especificar cada uno de los puntos en los que se determina cuáles son las participaciones de las comunidades autónomas sería muy proceloso y yo creo que son fundamentalmente cuatro apartados: en aquello que toca a la estructura del poder judicial, a la oficina judicial, al estatuto de los funcionarios y aquellas enmiendas que van dirigidas a la consideración de las lenguas no como mérito sino como requisito. En todas ellas, la postura del Partido Popular diverge porque tenemos un concepto distinto. En todo caso, creemos que no sólo es respetuoso con el bloque de constitucionalidad sino también con el criterio de una visión autonomista.
Sin perjuicio de que cada uno mantenga su postura quisiera hacer una referencia a aquellas cuestiones en las que se produce un avance autonómico, en las que se puede entender que la reforma acomete unas medidas que pueden ser, a nuestro juicio, suficientes, y lo son en varios campos que voy a señalar: el artículo 451, en cuanto a la delimitación de competencias o en cuanto a la estructura de la Oficina Judicial con la creación de las unidades administrativas, o la jerarquización del cuerpo de secretarios, conceptuados como secretarios del Gobierno y secretarios coordinadores; la posibilidad de las comunidades autónomas de participar como interlocutores en el nombramiento de los secretarios de Gobierno; la creación de comisiones mixtas de secretarios judiciales; la posibilidad de que sean las comunidades autónomas las que inicien la responsabilidad disciplinaria de los secretarios; la racionalización de la actividad laboral, pudiendo participar las comunidades autónomas en la determinación y la definición de las relaciones de puestos de trabajo; la simplificación del sistema retributivo, dando mayor autonomía a las comunidades autónomas, así como la participación en la fijación de horario de la jornada; la fijación de la oferta de empleo público y su participación; la territorialización de los procesos selectivos; la creación de la comisión de selección de personal; la territorialización de los cursos de prácticas y la provisión de las vacantes o la profesionalización de la materia disciplinaria.
Nosotros creemos que se producen avances en cuanto al respeto y a la visión autonómica del Estado, pero lo que no podemos aceptar es la visión territorializada del Poder Judicial y sobre los cuerpos de funcionarios y el secretariado. En todo caso, unidad no significa uniformidad y la centralidad que se deriva de esta reforma no supone centralismo. No debemos caer en la semántica para criticar una norma que nosotros creemos que va a producir una eficacia, una mejora y una mayor racionalidad, con absoluto respeto de la distribución o de la conceptualización del Estado autonómico.
Paso la palabra al senador Ferrández.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Ferrández.
En primer lugar, y al igual que han hecho mis compañeros, quiero agradecer a quienes han formado parte de la ponencia el trabajo serio, continuado y en ocasiones duro que se ha llevado a cabo en dicha ponencia, así como las facilidades que nos han dado para todas aquellas cuestiones que ha sido necesario modificar. En ese sentido, doy muy sinceramente las gracias a todos los senadores que han participado en la ponencia.
Efectivamente, senador Galán, la tramitación en ponencia de la ley que hoy estamos debatiendo ha sido accidentada, no lo vamos a ocultar porque es de todos conocido y sería absurdo negarlo, pero bien es cierto que una parte muy importante de esos movimientos que ha habido en la tramitación de la ponencia han venido derivados por la voluntad de consenso que tenía el Gobierno, en un primer momento con las centrales sindicales, pero también con algunos de los colectivos que podían verse afectados por esta ley, lo que ha hecho que algunas de las cuestiones que en el Congreso de los Diputados estaban en principio más o menos claras, durante el trámite de la ponencia hayan tenido que verse modificadas en más de una ocasión precisamente por esa voluntad de alcanzar acuerdos con esas organizaciones y asociaciones y con los grupos que estaban presentes en la ponencia. Creo que el ambiente ha sido en todo momento ése y que su señoría conoce perfectamente que la razón por la cual se ha producido un cierto movimiento en la ponencia es precisamente ésa, la voluntad de alcanzar acuerdos con todos los afectados.
Por tanto, la forma en esta ley tan importante y que afecta a tantos colectivos, no podía ser otra. En cualquier caso, habríamos tenido la necesidad de modificar muchas cosas que ya habían sido previamente aclaradas porque las situaciones tan puntuales que se producen con esta ley aconsejaban que eso se produjera.
A continuación y tras este preámbulo, paso a contestar las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista. No tenía previsto contestar una por una a todas sus enmiendas presentadas, pero lo voy a hacer en atención a que el senador Galán ha querido que así fuera y ha pretendido explicar claramente la postura del Grupo Parlamentario Socialista, y, en justa correspondencia, el Grupo Parlamentario Popular pretende dar contestación, en la medida que pueda, a esas enmiendas, por lo menos, de los cuatro primeros libros, porque de los otros dos puede haber una contestación más genérica que no exija una pormenorización tan exhaustiva de las enmiendas.
Comenzaré refiriéndome a la enmienda 386, que tenía su correspondiente de Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés en la 290, por lo que, a partir de este momento, Entesa debe darse por contestada a sus enmiendas a la vista de que son prácticamente iguales. La enmienda 386 se justificaba por el Grupo Parlamentario Socialista por la necesidad de garantizar el derecho del juez predeterminado por la ley, que es algo a lo que el senador Galán a lo largo de estos días que ha durado la ponencia ha hecho mucho hincapié, y por contra, desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que el derecho al que hace referencia queda plenamente garantizado con la redacción propuesta, habida cuenta de que el presidente de la Audiencia
Nacional lo es de todas sus salas y por esa explicación entendemos que lo es a la vez de cualesquiera de las secciones. El senador Galán ya conocía nuestra contestación previamente al defender su enmienda porque se ha debatido ampliamente en la ponencia.
Respecto a las enmiendas números 387 y 388, a los artículos referidos al Consejo General del Poder Judicial, en la primera se propone la adición de un nuevo párrafo al final del contenido del artículo 109.3, con el que se pretende otorgar a las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia la facultad de fiscalizar a través de las comisiones correspondientes las actuaciones de los decanos, presidentes de las audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia en materias gubernativas no jurisdiccionales. La propuesta que dimana de la enmienda socialista pretende otorgar a las comunidades autónomas facultades de fiscalización, de actuaciones del poder judicial que exceden de las competencias de la asamblea autonómica, aun cuando se circunscriban a materias gubernativas no jurisdiccionales, posibilidad que, a nuestro juicio, va claramente en contra del modelo que nosotros pretendemos poner en funcionamiento.
Respecto a la enmienda 388, al artículo 146, por la que se propone suprimir el máximo de diez años de prestación de servicios de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, entendemos que ese límite de diez años en el desempeño del cargo de letrado del Consejo General del Poder Judicial es absolutamente necesario, y lo es por las razones expuestas precisamente por el senador Galán, habida cuenta de que esos argumentos con los que él no coincide son los que hemos venido manteniendo y defendiendo desde el primer momento.
También ha hecho referencia a la enmienda número 391 al artículo 152.1.13, por la que se pretende que en determinados casos algunos asuntos que pudieran afectar a las oficinas judiciales o a los secretarios judiciales se debatan en las comisiones mixtas. No vamos a admitirla porque entendemos que los órganos previstos deben ejercer sus propias competencias , especialmente el Consejo General del Poder Judicial, sin que ningún otro pueda ejercerlas en su lugar; por tanto, entendemos que esta competencia no tiene por qué transferirse a estas comisiones mixtas, como se pretende, sino que deben mantenerse por el citado Consejo General del Poder Judicial.
Respecto a la enmienda número 392 al artículo 165, por la que se limita la dirección e inspección de los presidentes de Sala y jueces en sus respectivos órganos jurisdiccionales a aquellos asuntos relativos a la gestión procesal, a nuestro juicio, la limitación que se pretende restringe innecesariamente las competencias de los presidentes de Sala y jueces y pretende imponer un modelo claramente distinto al propugnado por el Grupo Parlamentario Popular, otorgando a las comunidades autónomas competencias que consideramos corresponden al Ministerio de Justicia.
La enmienda número 393 al artículo 169 se fundamenta en la supuesta limitación que produce con el nuevo texto las facultades de las juntas de jueces respecto a las actuales. En relación con este asunto, la enmienda número 691 del Grupo Parlamentario Popular prevé la presencia del juez decano, en todo caso, en la Sala de Gobierno, órgano en el que entendemos que se debe dilucidar cualquier incidencia sobre el funcionamiento de los servicios comunes; por esta razón no estamos de acuerdo.
Con la enmienda número 394 al artículo 170.3 se pretende la participación del secretario coordinador provincial o el secretario de Gobierno en las reuniones que se puedan producir entre los jueces de una misma provincia o comunidad autónoma presididas por el más antiguo para tratar temas comunes, en coherencia con la enmienda anterior. Entendemos que es innecesaria la intervención del secretario coordinador en este tipo de juntas de escasa relevancia práctica, dado que se trata de reuniones de carácter menor que se organizan de forma improvisada y que no significan reunión de la junta directiva; por tanto, entendemos que no es necesaria su presencia.
La enmienda número 395 al artículo 189, se realiza en desarrollo del punto 1 de la Carta de Derechos del Ciudadano, con la que se pretende diferenciar las horas de atención al público de las horas de audiencia pública de los jueces y secretarios, y nosotros entendemos que la declaración de derechos recogida en la mencionada Carta de Derechos del Ciudadano en modo alguno establece la obligación de hacer tal distinción, puesto que la misma se limita al compromiso de jueces, magistrados y funcionarios en sus relaciones con los ciudadanos que acudan a la Justicia, es decir, no establece que tenga que existir una diferenciación de horarios, sino que pretende comprometer a los jueces y magistrados para que lleven a cabo esa atención, pero no en unas horas o momentos determinados.
Respecto a la enmienda número 396, referida a la abstención y recusación, que afecta al artículo 218.2, se pretende impedir que el acusador particular pueda recusar, puesto que se daría un amplio margen para apartar del conocimiento de los asuntos a determinado juez o magistrado.
Lo cierto es que no entendemos por qué el acusador particular ha de tener un campo más amplio para poder recusar que el fiscal, el actor civil, el procesado, el inculpado, el querellado o el denunciante. No sabemos por qué en este caso el acusador popular puede tener un mayor campo de recusación, además, con una particularidad, y es que para que una recusación pueda prosperar evidentemente debe haber alguna causa, no puede cualquiera recusar a un juez sin la previa existencia de una causa; por tanto, no entendemos la razón de esta enmienda.
La enmienda número 398 propone la modificación del apartado séptimo del artículo 227 y vamos a rechazarla, puesto que dicha modificación fue aceptada con otra redacción al número 8 del mismo precepto en el Congreso de los Diputados; es decir, esa misma redacción aparece en el número 8 de ese mismo artículo y fue transaccionada en el Congreso; por tanto, entendemos que ya está lo que se pretende en esa enmienda.
La enmienda número 400 propone añadir al final del apartado 3 del artículo 231 la expresión «y tendrán derecho a ser atendidos en la misma lengua que hayan utilizado», referido a las manifestaciones orales o escritas en las actuaciones judiciales, justificándose a partir del punto 16 de la Carta de Derechos del Ciudadano; sin embargo, el
texto, tal y como aparece redactado en el proyecto, se ajusta escrupulosamente a la mencionada Carta que se dice es contravenida.
En la enmienda número 403, se propone una adición al apartado 2 del artículo 267, respecto a que los ciudadanos que carezcan de abogado o procurador por no ser preciso puedan solicitar aclaraciones o rectificaciones por una mera comparecencia. Vamos a rechazarla por innecesaria, puesto que es práctica procesal en la actualidad este hecho y no es necesario que aparezca regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Las enmiendas relativas al ingreso en la carrera judicial a las que ha hecho referencia el senador Galán, han sido oportunamente contestadas por mi compañero el senador Gutiérrez al mencionar dicho acceso a través del tercer y cuarto turno. Además de lo dicho por mi compañero, me gustaría añadir que la intención de la modificación que se ha llevado a cabo en esta materia viene única y exclusivamente derivada por el compromiso que existía en el Pacto por la Justicia de profesionalizar ésta y, pese a lo que se afirme en esta sala, lo cierto es que por mucho que se quiera desvirtuar y quitar importancia al hecho de que quienes accedan a la carrera judicial lo hagan básicamente porque hayan accedido a través de una oposición, como ciudadano y profesional del derecho, puedo asegurarles que me inspira muchísima más confianza un juez que haya aprobado una oposición y que haya pasado por la Escuela Judicial que un abogado con seis años de ejercicio en la profesión, puesto que me resulta muy difícil poder compartir que los abogados con seis años de ejercicio en la profesión en la inmensa mayoría de los casos puedan tener la experiencia suficiente y reconocida como para que puedan acceder por esa vía a la carrera judicial, con una particularidad más, y es que desde que se incluyó para el acceso al tercer turno la exigencia de aprobar un examen de aproximadamente cien temas, durante ese tiempo habrán sido siete u ocho los jueces que hayan podido acceder, con lo cual no creo que se produzca un daño tan grave y profundo al anterior sistema de acceso a la carrera judicial. Distinto es que se quieran justificar determinadas actuaciones diciendo que no sea consensuada esta parte dentro del pacto local; una cosa es que se diga que no se ha consensuado y otra que esto no debería haber sido así. Podemos admitir que no se ha consensuado, pero las razones las conocemos todos.
La enmienda número 410 propone la modificación del apartado 1 del artículo 329 con el fin de añadir como requisito el cumplimiento de los módulos de trabajo en los dos últimos años, y he de decir que ya existe una previsión en el proyecto, concretamente en el artículo 327.3, donde se establecen consecuencias negativas a la falta de cumplimiento de los módulos de trabajo en relación con los concursos, con lo cual no es necesaria una garantía cuando se prevé el incumplimiento de las cargas de trabajo como sanción, es decir, lo que se pretende aparece recogido de otra forma directamente en el artículo 327.3.
Por lo que respecta a la enmienda número 411, se propone la modificación del párrafo primero del apartado 4 del artículo 330. Con el término «en todo caso», se pretende imponer el candidato, siendo a juicio del Grupo Parlamentario Popular más acertado el sistema propuesto en el texto. El hecho de que se devuelvan las ternas no significa en modo alguno que tenga que ser finalmente la persona propuesta por el ministerio la que deba acceder, sino que es evidente que la comunidad autónoma estará obligada a ofrecer nuevas ternas, con lo que la voluntad de la comunidad en modo alguno es suplantada por la del Ministerio de Justicia.
Con la enmienda número 412 se pretende la modificación del artículo 350.1 y 2 para que se pueda conceder comisión de servicios en el ministerio u órgano equivalente de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia. A nuestro juicio, el cambio propuesto implica eludir los límites marcados en la Ley de Planta sin que tenga suficiente consideración.
A través de la enmienda número 414 se propone la modificación de la letra c), así como la inclusión de una nueva letra c bis) al artículo 356, relativa a la causa de excedencia voluntaria que se produce a petición del juez o magistrado por interés particular y al límite de dos años para el ejercicio de actividades privadas relacionadas con el expediente sobre los que haya dictado resolución. Pues bien, vamos a rechazar esta enmienda, porque la redacción propuesta supone discriminar a unos miembros de la carrera judicial respecto de otros por el hecho de ser especialistas, resultando a nuestro juicio inapropiada la limitación que se propone por cuanto no se justifica qué influencia puede tener en la actividad privada el haber dictado resolución en el ejercicio de la actividad judicial.
Creo, senador Galán, que en este caso pensamos de distinta manera. A nuestro juicio no se trata de impedir la actividad privada después de haber ejercido la actividad judicial, sino que lo que se pretende es impedir ésta después de haber mantenido una actividad privada. Y no entendemos dónde se encuentra la discrepancia.
Con la enmienda número 416 se propone la adición de un nuevo apartado 1 bis, relativo a la suspensión provisional, con el que se quiere evitar la posibilidad de interponer querellas por las partes con la única finalidad de apartar al juez de la causa, estableciendo los momentos en que deberá adoptarse dicha suspensión provisional. Sin embargo, en nuestra opinión dichas limitaciones restringen excesivamente las facultades del juez que instruye el procedimiento judicial o disciplinario. Por tanto, también vamos a rechazar esta enmienda.
Por otro lado, con la enmienda número 417 se propone la supresión en la regla 6ª del artículo 401, relativo al derecho de libre asociación de los jueces y magistrados, de la expresión: «... de jueces y magistrados integrantes de la carrera judicial...» por entender que la redacción dada a este proyecto de ley cercena el derecho fundamental al asociacionismo judicial. Pues bien, en nuestra opinión quienes desempeñen interinamente funciones judiciales sin pertenecer a la carrera judicial pueden asociarse libremente. Nada impide que lo puedan hacer, es decir, no se les está privando de ese derecho. Cuestión distinta es que por el hecho de que estén asociadas esas personas, que todavía no pertenecen a la carrera judicial, puedan tener los mismos
derechos que quienes ya pertenecen a ella. Eso es lo que consideramos no se debe admitir.
Con la enmienda número 418 se propone la modificación del apartado 9 del artículo 418, a fin de que el abandono del servicio sea siempre tipificado como falta muy grave, limitando la falta grave a la ausencia injustificada por más de tres días naturales. A este respecto, ustedes han dicho que se han equivocado y que quieren rectificar, aunque originariamente el texto era el que ustedes ahora proponen. Por tanto, no sé si en este caso se podrá llegar a un acuerdo, porque creo que en este caso no acaban de definirse. (El señor Galán Pérez: Ha sido un error.) En consecuencia, quizá podamos admitir lo que en principio era una propuesta que se hacía desde el ministerio.
Con la enmienda número 419 se propone la adición de tres nuevos apartados, números 6, 7 y 8, al artículo 419, que también hace referencia a las faltas leves, sobre la base de la enmienda al artículo 234 y el desarrollo del apartado 10 de la Carta de Derechos del Ciudadano. En este sentido, debemos decir que el contenido del apartado 6 ya está tipificado como falta grave; y en cuanto al resto, optamos por la tipificación del proyecto.
Y entramos ya en los Libros V y VI, sobre los que el senador Galán ha manifestado que en principio había considerado la posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo, aunque para ello era necesaria la negociación, lo que a su juicio no se ha producido, por lo que no va a poder apoyar los citados libros, como hubiera sido su deseo.
En relación con este asunto, debo decir que no me parece justo que el senador Galán manifieste que no ha habido negociación cuando él mismo facilitó un documento con las enmiendas que habría que negociar, documento que le fue oportunamente contestado y sobre el que se le indicó que se podrían aceptar dos enmiendas y transaccionar hasta seis o siete.
Con ello se demuestra claramente la voluntad negociadora del Gobierno.
Cosa distinta es que el senador Galán interprete, un poco inocentemente, que negociar es que se admitan todas esas enmiendas, porque eso no es negociar, sino imponer.
Entiendo que, a pesar de que al senador Galán le gusten mucho los Libros V y VI, entre otras cosas, porque el Partido Socialista ha participado activamente en su elaboración, le sea difícil votar a favor, aunque a la vista de sus explicaciones creo que todavía le ha resultado más difícil justificar su desacuerdo. Y digo esto, porque a la vista de las enmiendas presentadas y de lo manifestado por el senador Galán se deduce que tenemos muy pocas diferencias, tan pocas, que hasta las centrales sindicales están completamente de acuerdo con esas enmiendas. En realidad en este tema estamos prácticamente todos de acuerdo salvo el Partido Socialista, que por razones que imagino de estrategia política se ve forzado a manifestar su oposición. En cualquier caso, los Partidos Popular y Socialista han sido especialmente amigos a la hora de redactar esos dos libros, aunque en un fatal momento hubo que escenificar la desunión. Y como esta es una ley tan importante como para ser el resultado definitivo del Pacto de Estado por la Justicia, no se podía manifestar el apoyo siquiera de una pequeña parte. No obstante, como yo conozco la opinión del senador Galán sobre este extremo, e incluso la de muchos otros miembros del Grupo Socialista, agradezco que tengamos tan buena sintonía en lo que a estos dos libros se refiere. Por tanto, a la vista de su aceptación, insisto, por parte de las centrales sindicales y del acuerdo alcanzado entre éstas y el Gobierno, lo que en muchos casos impediría aceptar algunas de esas enmiendas, vamos a rechazar de forma global todas las correspondientes a esos dos libros.
En cuanto a las disposiciones, voy a referirme a la enmienda número 483, que propone añadir una disposición transitoria decimotercera, nueva, con la que se pretende la integración en un cuerpo a extinguir de los secretarios habilitados de los juzgados de paz de menos de 7.000 habitantes.
Senador Galán, todos conocemos este problema, todos hemos estado en contacto con las personas afectadas, y usted sabe perfectamente que lo que pretenden no se puede llevar a cabo, y ni siquiera buscar una solución, como así se ha intentado. Otra cosa es que haya que manifestarlo. En cualquier caso, me sorprende, y se lo digo en tono afectuoso, que usted nos critique que en otros temas hagamos referencia a un colectivo muy pequeño, y que en éste, también relativo a un colectivo muy pequeño, sean ustedes los que hagan esta propuesta. Creo, pues, que debemos mantener el mismo criterio, e insisto en que se lo digo con todo el afecto que usted sabe le dispenso.
Respecto de la enmienda número 482, con la que se propone la supresión de la disposición transitoria octava por entender que la materia que regula no es propia de la ley orgánica, hace referencia a la enmienda número 767, del Grupo Popular, que, ciertamente, ha tenido entrada durante la ponencia celebrada esta mañana. En cualquier caso, la enmienda que se presenta no sustituye al texto existente ni se une a éste, sino que se trata de otra disposición transitoria.
Con esto creo haber dado respuesta a las enmiendas más significativas.
Sólo me queda pedir disculpas a la Presidencia y al resto de los senadores por mi extensa intervención, a lo que me he visto forzado.
Esta Presidencia siempre ha entendido que, existiendo tiempo suficiente, es más interesante que el debate sobre las enmiendas tenga lugar en comisión que no posteriormente en el Pleno, defendiendo enmiendas cuando ya no tiene sentido. Lo que ocurre es que al inicio de la sesión he solicitado que, dado el volumen de trabajo, sus señorías fueran lo más breves posible.
¿Alguna de sus señorías desea intervenir? (La señora Mora Devis pide la palabra.) Tiene la palabra, senadora Mora.
La señora MORA DEVIS: Perdón, señor presidente, me interesaría solicitar un receso de tres minutos por ver de acomodar las votaciones. ¿Sería posible?
El señor PRESIDENTE: No sé cuál es el motivo de la acomodación, señoría.
Me lo tendría que explicar, para que yo pudiera resolver. ¿Consideran conveniente el receso? (Pausa.) En ese caso, vamos a proceder a la votación.
El texto de la ley orgánica, tras las incorporaciones al texto de la ponencia, consta de un artículo único, con 108 apartados, 17 disposiciones adicionales, 18 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria nueva, que en principio vamos a intentar refundir en una sola, y cuatro disposiciones finales, precedidas de un preámbulo.
Como no se ha solicitado ninguna votación separada, votamos el texto de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, nueve; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado, por tanto, el informe de la ponencia, dictaminado por el Comisión de Justicia, sobre el proyecto de ley orgánica que modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Ruego a los señores portavoces designen al miembro de la comisión que ha de presentar el informe ante el Pleno. (Varios señores Senadores: ¡La presidencia!) De acuerdo, señorías; la presidencia acepta la designación que proponen los señores portavoces.
--LEY ORGANICA DE COOPERACION CON LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (621/000159).
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. Dictamen del proyecto de ley orgánica de cooperación con la corte penal internacional.
Este proyecto de ley orgánica que se tramita por el procedimiento ordinario tuvo su entrada en el Senado el pasado día 10 de octubre, fecha asimismo de su publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales». El plazo de presentación de enmiendas, previa ampliación, finalizó el día 28 del mismo mes de octubre.
Las enmiendas presentadas a este proyecto de ley han sido 56, distribuidas de la siguiente forma: 12 de la senadora de Boneta y Piedra, 22 de los senadores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, 4 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, 3 del Grupo de a Entesa Catalana de Progrés, 12 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y 3 del Grupo Parlamentario Socialista.
La ponencia fue integrada por los senadores don Salvador Capdevila i Bas, don José Iribas Sánchez de Boado, don Mario Mansilla Hidalgo, don José Antonio Marín Rite y doña María Angeles Orós Lorente. Se ha reunido la ponencia en la mañana de hoy y ha dictaminado un informe en el que, tras rechazarse por mayoría todas las enmiendas presentadas, se acuerda asimismo por mayoría mantener el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Procede, por tanto, entrar en la defensa de las enmiendas. Habrá después un único turno en contra, y posiblemente, si lo creen necesario, un turno de portavoces.
Enmiendas números 1 a 12, de la senadora De Boneta y Piedra.
El señor CUENCA CAÑIZARES. Se dan por defendidas, señor presidente.
Enmiendas números 13 a 24, de los senadores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares. Tiene la palabra el senador Cuenca.
Dada la hora, no voy a agotar el turno; me voy a ahorrar el comentario para la sesión plenaria, pero sí quiero plantear una cuestión. Nosotros tenemos gran preocupación en este proyecto de ley por lo que se refiere a los artículos 7 y 8. Cuestionamos su redacción y su definición, sobre todo porque la exclusividad que plantea el Gobierno para poder recurrir ante el fiscal no nos parece adecuada. No voy a entrar en todas y cada una de las enmiendas, y espero que el Partido Popular, en un texto que viene del Congreso de los Diputados sin ninguna propuesta de veto, tenga la idea de intentar mejorar el texto, a través de las enmiendas presentadas, porque en él hemos constatado importantes deficiencias, y, repito, preocupación. Por ello, damos por defendidas nuestras enmiendas.
Enmiendas números 35 a 38, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Tiene la palabra la senadora Etxegoyen.
Como muy bien ha dicho, hemos presentado cuatro enmiendas que son muy sencillas, exentas además de cualquier tipo de polémica, y consideramos sinceramente que mejoran el texto original de este proyecto de ley. En cualquier caso las damos por defendidas en sus estrictos términos, que además ya conocen, aunque sí tengo que anunciar que, con independencia del trágico destino que seguro van a correr, mi grupo parlamentario sí va a votar favorablemente al texto del dictamen, porque consideramos que este proyecto de ley orgánica de cooperación con la Corte Penal Internacional supone un peldaño más, aunque mejorable, para favorecer la estabilidad de una singular institución jurisdiccional internacional, cual es ésta, apostando por su necesaria vocación de generalidad y permanencia.
Enmiendas números 39 a 41 del Grupo Entesa Catalana de Progrés; tiene la palabra el senador Molas.
Para agilizar el procedimiento legislativo en esta ley, damos por defendidas las enmiendas en este momento.
Enmiendas número 45 a 56, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Tiene la palabra el señor Capdevila.
Nuestro grupo mantiene vivas doce enmiendas que, como algunas de las que hemos defendido con ocasión del debate de la Ley Orgánica del Poder judicial, tienen obviamente un cargado matiz autonomista. La enmienda número 45 lo es al artículo 5, apartado 1, y persigue que en el Estado de las Autonomías, previsto en la Constitución Española, así como en el reparto competencial que de él se deriva, se exija también la necesidad de oír a las administraciones autonómicas, sobre todo en aquellas circunstancias a que se refiere el propio precepto.
En el mismo sentido va encaminada la enmienda número 46, al artículo 6, apartado 2, que también requiere la participación y el informe de la comunidad autónoma competente.
La enmienda número 47 también tiene este matiz referido al Estado de las Autonomías: «... los gobiernos de las comunidades autónomas podrán remitir al Gobierno del Estado una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte, para la presentación de la denuncia ante el Fiscal...» La enmienda número 48 no tiene este matiz, pero sí de mejora, porque exige que se incorpore igualmente, dentro de las personas afectadas por ese tipo de circunstancias delictivas, a las víctimas, para que así pueda también tener competencia el Estado español, en el supuesto de que la Corte Penal Internacional no prosiguiera los juicios correspondientes. En todo caso, se salva con esta enmienda --o ayuda a salvarse-- el criterio de impunidad que en principio tenía, y gracias a nuestra enmienda 73, que fue incorporada al texto, conjuntamente con la número 49, del Congreso de los Diputados, se salvó esta posible impunidad que se podía cometer cuando la Corte Penal Internacional no prosiguiera el juicio, y en cambio los delincuentes, tanto de genocidio como de cualquier otro hecho delictivo incorporado dentro de la competencia de la Corte Penal Internacional, estuvieran en España y aquí no tuviéramos competencia para seguir este proceso.
La enmienda número 49 también tiene este marcado matiz en favor de las comunidades autónomas, ya que se exige que, en su caso, las administraciones con competencia en materia penitenciaria fueran también oídas.
Mediante la enmienda número 50 se exige por nuestra parte que en el artículo 21.2 se incorpore también a las administraciones competentes en coordinación con la Corte.
La enmienda número 51 también persigue esta finalidad y, en el caso de que esté previsto que la condena se cumpla en un establecimiento penitenciario de una comunidad autónoma con competencias en la materia, que sea necesario asimismo el informe previo de esta comunidad.
Mediante la enmienda número 52 también exigimos la previa consulta en su caso de la administración competente en materia penitenciaria para un supuesto parecido.
Finalmente y por no extenderme más, las enmiendas números 53, 54 ,55 y 56 las doy por defendidas.
Para la defensa de las enmiendas números 42 a 44, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el senador Mansilla tiene la palabra.
Brevemente, porque los argumentos políticos se ampliarán en el Pleno.
No obstante, tengo que decir a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que el hecho de que se sepa de antemano que votaremos favorablemente el dictamen y, por tanto, el conjunto de la ley le podría permitir ser algo más generosa por lo que se refiere al estudio de las enmiendas, y en todo caso intentar que al menos la ley que sea aprobada no entre en contradicción con el Estatuto de Roma. Fíjese concretamente en el artículo 16, que posiblemente entre en contradicción con el Estatuto de Roma y pueda crearnos dificultades.
Nosotros sólo mantenemos enmiendas a tres artículos concretos y creemos que mejoran sensiblemente el texto, permitiendo aun la jurisdicción universal que mantenemos en España. Por tanto, esperamos que de aquí al Pleno puedan ser asumidas o, por lo menos, intentar llegar a un texto que nos permita quitar el voto en contra que manifestamos en relación con estos tres artículos en el Congreso de los Diputados.
Para turno en contra, la senadora Orós tiene la palabra.
La señora OROS LORENTE: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, querría excusar la ausencia de mi compañero José Iribas, que, por motivos de salud, no puede estar esta mañana con nosotros.
Este proyecto de ley, que consta de 25 artículos, tres disposiciones adicionales y dos disposiciones finales, persigue desarrollar las reglas de procedimiento de la Corte Penal Internacional.
Vamos a dar por rechazadas las enmiendas de la senadora De Boneta, las 22 que presenta Izquierda Unida, las del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como las de los grupos Entesa Catalana de Progrés, Convergència i Unió y Socialista.
No obstante, no voy a dejar de hacer una pequeña reflexión acerca de que todas estas enmiendas proceden prácticamente de forma literal del Congreso de los Diputados, es decir, no se han hecho modificaciones sustanciales en ningún caso de las que ya venían de aquella Cámara.
Hay algunos puntos que preocupan especialmente a sus señorías, como es el relativo a la Justicia universal, a la que aluden los artículos 2 y 7.2 del proyecto de ley orgánica de cooperación con la Corte Penal Internacional.
Para nosotros no es cierta la afirmación de que con este proyecto de ley se produce una merma o un declive del principio de Justicia universal.
Muy al contrario, la creación de la Corte Penal Internacional supone en sí misma la consagración de este principio, para lo cual los Estados han convenido, según señala el Consejo de Estado, que la Corte Penal Internacional intervendrá cuando sus jurisdicciones nacionales no actúen o no puedan hacerlo, habiendo confiado a la Corte Penal Internacional apreciar esta última circunstancia. Consecuencia obligada es dar primacía a la competencia de la Corte Penal Internacional sobre las competencias de regulación de otro Estado parte. En definitiva, el objeto de este proyecto es precisamente el reforzamiento de la Justicia universal.
En circunstancias normales, ante un hecho delictivo que no ha sucedido en España y en el que el inculpado no sea español, cuando el órgano jurisdiccional interno no se considere competente y decida que el enjuiciamiento pudiera ser competencia de la Corte Penal Internacional, junto al deber habitual de abstención, adicionalmente debe informar al particular sobre la posibilidad de acudir directamente al fiscal de la Corte Penal Internacional. Creo que así conseguimos de una manera efectiva y muy eficaz reducir en gran número los supuestos de impunidad.
El senador Capdevila ha hecho referencia a la cuestión sobre competencias de las comunidades autónomas y una supuesta intromisión del Gobierno en temas y decisiones cuya competencia debería residir en jueces y tribunales, algo así como que el Gobierno no debería ser exclusivamente competente para prestar una denuncia ante la Corte Penal Internacional y, en primer lugar, debo manifestar que el Estatuto de Roma, en su artículo 13, prevé tres sistemas para iniciar las investigaciones por delitos de su competencia: Estados parte, Consejo de Seguridad y el fiscal de la Corte Penal Internacional. La competencia exclusiva del Gobierno a la que alude el artículo 7.1 se refiere únicamente a la facultad de los Estados parte de iniciar investigaciones, competencia que recae sobre el Gobierno en tanto que es responsable de la política exterior y ejerce la representación internacional, como reza el artículo 97 de la Constitución Española.
No me voy a extender más porque en el Pleno tendremos ocasión, pero sí me van a permitir que haga una alusión al artículo 16, que el senador Mansilla dice que podría entrar en colisión con el Estatuto de Roma y nuestro grupo no considera que sea así.
En primer lugar, creemos que el Gobierno no participa en el procedimiento de entrega de personas ni tampoco en la resolución de solicitudes concurrentes, sino solo actúa como mera correa de transmisión a la Corte Penal Internacional respecto de las decisiones adoptadas por la autoridad judicial.
En segundo lugar, en el caso de concurrencia señalada en el artículo 16.2, la Audiencia Nacional resolverá de acuerdo con el Estatuto y, en su caso, de acuerdo con el tratado de extradición bilateral y, a falta de este, se dará preferencia a la Corte en todo caso. Si la concurrencia fuera con una orden europea, el artículo 23.5 de la Ley 3/2003 señala las disposiciones previstas para los casos de concurrencia en el ámbito europeo. Además, el artículo 90 señala las decisiones a tomar en este caso, sin que sea necesario redundar en esta Ley Orgánica de la Corte Penal Internacional.
Por tanto, en los casos de concurrencia de solicitudes de entrega, que en la mayoría de los casos se resolverán a favor de la Corte Penal Internacional, la decisión del juez de no entregar a una persona a la Corte Penal Internacional viene dada por su opción de entregarla a otro Estado para su enjuiciamiento por los hechos acaecidos.
Anunciamos, pues, que no vamos a aceptar las enmiendas y proponemos a la comisión el mismo texto que se ha remitido por el Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Orós.
¿Algún portavoz quiere hacer uso del turno? (Pausa.) Por tanto, al haber informe de ponencia, procede someter a votación la propuesta contenida en dicho informe.
El texto del proyecto de Ley Orgánica consta de 25 artículos, tres disposiciones adicionales y dos disposiciones finales, precedido todo ello de un preámbulo.
¿Hay alguna petición de votación separada? (Pausa.) Votamos el texto íntegro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el texto del proyecto.
Procede designar al miembro de la comisión que presentará el dictamen ante el Pleno del Senado. (Varios señores senadores: El señor presidente).
Siguiendo la sugerencia de los miembros de la comisión, esta presidencia acepta con gusto su propuesta.