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Matched Legal Cases: ['artículo 54', 'artículo 57', 'artículo 59', 'artículo 3', 'artículo 59', 'artículo 29', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 63', 'Artículo 63', 'artículo 11', 'Artículo 64', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 2']

Ley de Cantabria 5/2004, de 16 de noviembre, de Puertos de Cantabria. TÍTULO IV. RÉGIMEN DE POLICÍA, INFRACCIONES Y SANCIONES
TÍTULO IVRÉGIMEN DE POLICÍA, INFRACCIONES Y SANCIONES
Definición y clasificación de las infracciones 1. Son infracciones administrativas en materia de puertos las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas por la presente Ley.
Tipificación 1. Son infracciones leves las acciones u omisiones que, no teniendo la consideración de infracción grave o muy grave, por su trascendencia o importancia de los daños ocasionados estén tipificadas en alguno de los siguientes supuestos:
a) Incumplimiento de las disposiciones, ordenanzas e instrucciones en relación con las operaciones marítimas, y de carga y descarga, almacenamiento, depósito, entrega y recepción de mercancías y otros elementos.
c) Realización de operaciones marítimas con peligro para las obras, instalaciones, equipo portuario u otros buques, o sin tomar las precauciones necesarias.
k) Vertido de basuras, escombros o residuos en terrenos, instalaciones, obras o equipos portuarios.
l) Atraque de embarcaciones sin autorización o en lugar distinto del asignado.
2. Son infracciones graves las que, no teniendo la consideración de infracción muy grave, se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Reincidencia en cualesquiera de las faltas tipificadas como leves, antes del plazo establecido para su prescripción.
b) Las que supongan o impliquen lesión o riesgo grave para las personas.
c) El incumplimiento de las normas y ordenanzas sobre seguridad y vertidos al mar no autorizados.
d) La obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que correspondan a la Consejería competente en materia de puertos.
e) El falseamiento de la información suministrada a la Administración.
f) La ocupación sin título alguno del dominio público portuario que interfiera o perturbe la normal actividad portuaria.
g) El aumento de la superficie ocupada o el volumen y altura construidos hasta un diez por ciento sobre el proyecto autorizado, sin perjuicio de la caducidad o resolución del título concesional.
Número 2 del artículo 54 redactado por los apartados tres y cinco de la disposición final primera de Ley [CANTABRIA] 9/2006, 29 junio, de creación de la Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria («B.O.C.» 21 julio), en el sentido de sustituir la referencia a «Administración» por la referencia a «Administración portuaria» y la referencia a «Consejería competente en materia de puertos» por la referencia a «entidad pública empresarila Puertos de Cantabria».
3. Son infracciones muy graves las acciones u omisiones tipificadas en los apartados 1 y 2 de este artículo, cuando se den las siguientes circunstancias:
a) Reincidencia en cualesquiera de las faltas tipificadas como graves antes del plazo establecido para su prescripción.
b) Las que impliquen un riesgo muy grave para la salud o seguridad de las vidas humanas.
c) La realización sin el debido título administrativo de cualquier tipo de obras o instalaciones en el dominio portuario, así como el aumento de la superficie ocupada o el volumen y altura construidos sobre los autorizados en más de un diez por ciento, sin perjuicio de la caducidad o resolución del título concesional.
Prescripción 1. El plazo de prescripción de las infracciones será de cinco años para las muy graves, tres años para las graves y un año para las leves. El plazo comenzará a computarse desde la total consumación de la conducta constitutiva de la infracción.
3. En el supuesto de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción se consuma.
Responsables 1. Serán responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas siguientes:
a) En el caso de incumplimiento de las condiciones de las concesiones o autorizaciones, el titular de éstas.
c) En el caso de infracciones relacionadas con el buque, el naviero y el consignatario respectivo con carácter solidario y, subsidiariamente, el capitán o patrón.
d) En los casos de ocupación sin título, obstrucción a la actuación inspectora o falseamiento en la información, las personas físicas o jurídicas que las ejecutaren.
2. Las sanciones que se impongan a los distintos sujetos como consecuencia de una misma infracción tendrán entre sí carácter independiente.
Normas generales 1. Las acciones u omisiones constitutivas de infracción serán sancionadas según las disposiciones contenidas en esta Ley.
3. Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, se dará traslado al Ministerio Fiscal, suspendiéndose el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no hubiere dictado sentencia firme o resolución que ponga fin al proceso.
5. El procedimiento sancionador se ajustará a las normas establecidas en la legislación básica del Estado. La función de policía especial sobre el dominio público portuario y sobre los servicios portuarios será ejercida por el personal al servicio de la Dirección General competente en materia de puertos, de conformidad con las órdenes y directrices impartidas por el centro directivo. Quienes desempeñen estas funciones de policía especial tendrán el carácter de agentes de la autoridad.
Número 5 del artículo 57 redactado por el apartado seis de la disposición final primera de Ley [CANTABRIA] 9/2006, 29 junio, de creación de la Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria («B.O.C.» 21 julio), en el sentido de sustituir la referencia a «Dirección General competente en materia de puertos» por la referencia a «entidad pública empresarial Puertos de Cantabria».
6. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. El plazo de prescripción de las sanciones se computará desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción, interrumpiéndose por la iniciación del procedimiento de ejecución.
Medidas adicionales 1. Las acciones u omisiones que sean constitutivas de infracción darán lugar, además de la imposición de la multa que proceda, a la adopción en su caso de las siguientes medidas:
d) La inhabilitación del infractor para ser titular de autorizaciones y de concesiones administrativas por un plazo no superior a un año en caso infracciones graves y hasta tres años en las muy graves.
2. Cuando la restitución y reposición al estado anterior no fuera posible; y, en todo caso, cuando se hayan producido daños y perjuicios, los responsables de la infracción deberán abonar las indemnizaciones que procedan.
4. Cuando los daños fueran de difícil evaluación, el órgano competente para imponer la sanción tendrá en cuenta para fijar la indemnización los siguientes criterios, debiendo aplicar el que proporcione el mayor valor:
Multas 1. Las infracciones leves serán sancionadas con multas hasta treinta mil euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multas de treinta mil y uno hasta ciento cincuenta mil euros.
3. En caso de infracción muy grave las sanciones serán de ciento cincuenta mil y uno hasta seiscientos mil euros.
4. Las infracciones muy graves, consistentes en la realización de obras en el dominio portuario sin título administrativo que lo autorice, serán sancionadas con multas del cincuenta por ciento del valor de las obras e instalaciones.
5.- Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una reducción del 40 por ciento sobre la cuantía correspondiente que se haya consignado en la notificación de la incoación del procedimiento sancionador, siempre que dicho pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel en que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda imponer además otras medidas adicionales, implicará únicamente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.
Número 5 del artículo 59 introducido por el número cuatro del artículo 3 de la Ley [CANTABRIA] 6/2005, 26 diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales para la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006 («B.O.C.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2006
Número 5 del artículo 59 redactado por el apartado dos del artículo 29 de la Ley [CANTABRIA] 2/2017, 24 febrero, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 28 febrero).
Graduación de las sanciones La cuantía de las sanciones se determinará en función del beneficio obtenido por la comisión de la infracción, la relevancia externa de la conducta infractora, la intencionalidad o negligencia del sujeto infractor y el daño causado.
Órganos competentes 1. La competencia para la imposición de las sanciones previstas en la Ley, corresponderá:
a) Al Director General competente en materia de puertos en los casos de infracciones leves.
Letra a) del número 1 del artículo 61 redactada por el número 4 del apartado uno de la disposición final primera de Ley [CANTABRIA] 9/2006, 29 junio, de creación de la Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria («B.O.C.» 21 julio).
b) Al Consejero competente en materia de puertos, a propuesta del Director General competente en materia de Puertos, en los supuestos de infracciones graves.
Letra b) del número 1 del artículo 61 redactada por el número 4 del apartado uno de la disposición final primera de Ley [CANTABRIA] 9/2006, 29 junio, de creación de la Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria («B.O.C.» 21 julio).
c) Al Gobierno de Cantabria, a propuesta de la Consejería competente en materia de puertos, en los supuestos de infracciones muy graves.
2. La cuantía de las multas podrá ser actualizada o modificada por el Gobierno de Cantabria, de acuerdo con las variaciones que experimenten los índices de precios al consumo.
CAPÍTULO IIIMEDIDAS DE POLICÍA PORTUARIA
Inspección y vigilancia 1. Sin perjuicio de las competencias municipales, se atribuye a la Consejería competente en materia de puertos la potestad de inspección y de vigilancia con relación a los servicios y las operaciones que se desarrollan en los puertos y en el resto de instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, cualquiera que sea el régimen de utilización del dominio público portuario o la forma de prestación de los servicios.
Número 1 del artículo 62 redactado por el apartado cinco de la disposición final primera de Ley [CANTABRIA] 9/2006, 29 junio, de creación de la Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria («B.O.C.» 21 julio), en el sentido de sustituir la referencia «Consejería competente en materia de puertos» por la referencia a «entidad pública empresarial Puertos de Cantabria».
2. La actuación inspectora se llevará a cabo por el personal designado por la Consejería competente en materia de puertos. En cualquier caso, los inspectores tienen el carácter y la potestad de autoridad en el ejercicio de sus funciones.
Número 2 del artículo 62 redactado por el apartado cinco de la disposición final primera de Ley [CANTABRIA] 9/2006, 29 junio, de creación de la Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria («B.O.C.» 21 julio), en el sentido de sustituir la referencia «Consejería competente en materia de puertos» por la referencia a «entidad pública empresarial Puertos de Cantabria».
4. En los puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el personal que hace de guardamuelles tiene como misión prevenir, evitar y denunciar las infracciones que se puedan cometer en relación con lo que dispone la presente Ley, y dará cuenta de sus actuaciones a las diversas autoridades competentes por razón de la materia.
Medidas para garantizar el tráfico portuario 1. El Director General competente en materia de puertos podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar el tráfico portuario y la disponibilidad de los espacios portuarios, atraques y puntos de amarre. A tales efectos, podrá proponer al Consejero competente en materia de puertos que adopte la declaración de abandono de un barco, lo que permitirá su traslado o desguace, según su estado de conservación.
En los supuestos en los que el fondeo o localización de un barco en aguas portuarias obstaculizara el acceso al canal de navegación o impidiera el paso de la bocana del puerto, el Director General competente en materia de puertos, previo requerimiento al armador, consignatario o titular del barco por cualquier medio técnico que permitiera acreditar su fehaciencia, podrá adoptar las medidas de emergencia que considere oportunas a fin de garantizar la navegabilidad y el tráfico portuario.
Número 1 del artículo 63 redactado por los apartados cinco y siete de la disposición final primera de Ley [CANTABRIA] 9/2006, 29 junio, de creación de la Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria («B.O.C.» 21 julio), en el sentido de sustituir la referencia «Consejero competente en materia de puertos» por la referencia a «entidad pública empresarial Puertos de Cantabria» y la referencia «Director General competente en materia de puertos» por la referencia a «Director de la entidad pública empresarial Puertos de Cantabria».
2. La adopción del citado acuerdo exige, en todo caso, la notificación personal a su titular, armador, consignatario o naviero, y en el caso de que no fuera ésta posible, la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, y el otorgamiento del trámite de vista del expediente y audiencia del interesado.
3. Se presume que existe abandono del barco cuando estuviera atracado, amarrado, fondeado o varado en seco en el mismo lugar dentro del puerto, durante más de seis meses y no se hubieran abonado las tarifas y cánones correspondientes a dichos Períodos, de forma consecutiva.
4. En los supuestos en que, declarado el abandono del barco, se estimase que no es conveniente su desguace o hundimiento, el Director General competente en materia de puertos podrá proceder a su embargo y posterior subasta. Del precio obtenido así, se deducirán los gastos efectuados y los cánones y tarifas devengados y no abonados, así como cualquier otra cantidad que resulte necesaria para satisfacer los daños producidos al dominio público portuario o a la explotación del puerto, siempre que estuvieran debidamente justificados. La cantidad restante se depositará en la cuenta o tesorería de la Consejería, a disposición de su titular, hasta cinco años después de que se practique la subasta.
Número 4 del artículo 63 redactado por los apartados cinco y seis de la disposición final primera de Ley [CANTABRIA] 9/2006, 29 junio, de creación de la Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria («B.O.C.» 21 julio), en el sentido de sustituir las expresiones «Consejería competente en materia de puertos» y «Dirección General competente en materia de puertos» por la expresión «entidad pública empresarial Puertos de Cantabria».
5. En el caso de que se optara por el desguace, el Director General competente en materia de puertos podrá proceder a la enajenación de los restos del barco, descontando los gastos ocasionados y las cantidades devengadas y no satisfechas a la entidad. Si tras ello existiera saldo favorable, se procederá de la misma forma que en el apartado anterior.
Número 5 del artículo 63 redactado por el apartado seis de la disposición final primera de Ley [CANTABRIA] 9/2006, 29 junio, de creación de la Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria («B.O.C.» 21 julio), en el sentido de sustituir la expresión «Dirección General competente en materia de puertos» por la expresión «entidad pública empresarial Puertos de Cantabria».
Artículo 63 redactado por número ocho del artículo 11 de la Ley [CANTABRIA] 10/2012, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 29 diciembre).
Medidas para garantizar el cobro de los ingresos 1. El impago de tres recibos consecutivos o cinco alternos de las tarifas o cánones por los servicios portuarios, o por la utilización y explotación de bienes portuarios, faculta al Director General competente en materia de puertos para suspender temporalmente la prestación del servicio a los particulares o entidades deudores y para impedir, en su caso, la utilización del espacio portuario.
2. De igual modo, el Director General competente en materia de puertos podrá exigir, en los casos de barcos con deudas impagadas, el previo pago de la tarifa por el servicio o canon de ocupación antes de autorizar la entrada al puerto o la utilización de los espacios portuarios. A estos efectos, podrá requerir al propietario o titular del barco para que deposite en las dependencias de la Consejería garantías económicas o avales bancarios suficientes, que cubran las cantidades adeudadas y las que se prevea que se devengarán.
Artículo 64 redactado por el apartado seis de la disposición final primera de Ley [CANTABRIA] 9/2006, 29 junio, de creación de la Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria («B.O.C.» 21 julio), en el sentido de sustituir la referencia a «Dirección General competente en materia de puertos» por la referencia a «entidad pública empresarial Puertos de Cantabria».
Zona de servicios de instalaciones portuarias Mientras no se proceda a delimitar la zona de servicio de los puertos e instalaciones portuarias, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 6 de esta Ley, se considerará zona de servicio de los puertos e instalaciones portuarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria el conjunto de espacios y superficies de agua incluidos en la zona de servicio existente a la entrada en vigor de la presente Ley, delimitados en las actas de traspaso correspondientes. En el supuesto de que no se hubieran formalizado las actas de adscripción de los bienes de dominio público marítimo-terrestre a que se refiere el Real Decreto 2623/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia de puertos, la zona de servicio de los puertos de titularidad autonómica será la establecida a los efectos tarifarios en la Resolución del Director General de Puertos y Señales Marítimas de 6 de marzo de 1967, que se refería a la anteriormente denominada provincia de Santander.
Lonjas portuarias de pescado 1. En las lonjas portuarias de pescado se deberán realizar las actividades de control del proceso de comercialización en origen, gestión de las instalaciones de comercialización de la primera venta, explotación de un servicio comercial y aquellas otras operaciones complementarias o vinculadas con las funciones de comercialización y control de los productos de la pesca fresca.
2. La gestión de las instalaciones de la lonja se realizará por la correspondiente cofradía de pescadores del puerto o entidad equivalente, para lo que se otorgará por la Consejería competente en materia de puertos la pertinente concesión demanial que habilite su ocupación y aprovechamiento.
Número 2 de la disposición adicional segunda redactado por el apartado cinco de la disposición final primera de Ley [CANTABRIA] 9/2006, 29 junio, de creación de la Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria («B.O.C.» 21 julio), en el sentido de sustituir la expresión «Consejería competente en materia de puertos» por la expresión «entidad pública empresarial Puertos de Cantabria».
3. El título administrativo que permita la explotación de la lonja y ocupación de los bienes de dominio público portuario podrá autorizar la realización por la cofradía de pescadores de determinadas actividades o prestación de servicios a usuarios del puerto en el que gestionen los servicios de la lonja de primera venta del pescado fresco. De igual forma, las actividades complementarias para el sector pesquero, tales como suministro de combustible, varadero, reparaciones y marina seca, podrán efectuarse por las cofradías de pescadores siempre que se incluyan en el título administrativo que habilite la ocupación y explotación de la lonja.
4. En el supuesto de que la cofradía de pescadores del correspondiente puerto o entidad equivalente rechazara o renunciara con posterioridad a la gestión de las instalaciones de la lonja, la Consejería competente en materia de puertos podrá convocar concurso público para la explotación de las actividades e instalaciones a que se refiere el número anterior.
Número 4 de la disposición adicional segunda redactado por el apartado cinco de la disposición final primera de Ley [CANTABRIA] 9/2006, 29 junio, de creación de la Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria («B.O.C.» 21 julio), en el sentido de sustituir la expresión «Consejería competente en materia de puertos» por la expresión «entidad pública empresarial Puertos de Cantabria».
Disposición adicional tercera introducida por el número cinco del artículo 3 de la Ley [CANTABRIA] 6/2005, 26 diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales para la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006 («B.O.C.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2006
Aprobación del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias El Gobierno de Cantabria aprobará el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria en el plazo máximo de un año, contado desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley. Hasta que se apruebe el Plan se podrá continuar la tramitación de los expedientes y, en su caso, la ejecución de las obras e infraestructuras portuarias, siempre que el estudio, proyecto básico, anteproyecto o proyecto de ejecución hubiera sido aprobado inicialmente en la forma legalmente establecida.
Instalaciones y servicios de los puertos Los puertos existentes a la entrada en vigor de la presente Ley deberán contar para el desarrollo de su actividad y funcionamiento, al menos, con los siguientes servicios e instalaciones: balizamiento, suministro general de agua, electricidad y carburante, sistemas higiénico-sanitarios y de depuración o recogida de residuos y vertidos, servicios de comunicaciones.
A estos efectos, en el plazo de un año a contar de la entrada en vigor de la presente Ley los titulares de concesiones demaniales o de obra pública deberán acreditar ante la Dirección General competente en materia de puertos, por cualquiera de los medios admitidos, la disponibilidad y pleno funcionamiento de las instalaciones y servicios previstos en el párrafo anterior. En el mismo plazo, la Dirección General competente en materia de puertos garantizará el pleno funcionamiento de los servicios señalados en el apartado anterior, en los puertos gestionados directamente por la Dirección General.
Desarrollo reglamentario y supletoriedad de la legislación estatal El Gobierno de Cantabria dictará, a propuesta de la Consejería competente en materia de puertos, las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
Supletoriamente, será de aplicación lo establecido en la legislación estatal vigente en materia de puertos.
Entrada en vigor La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOC.
ANEXO A los efectos establecidos en el apartado 2 del artículo 2 de esta Ley, tienen la consideración de puertos e instalaciones marítimo y portuarias de titularidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria los puertos, dársenas e instalaciones portuarias o marítimas que a continuación se relacionan: Castro Urdiales, con sus instalaciones de Saltacaballo, Ontón y Mioño; Laredo; Colindres; Santoña, con sus instalaciones de Quejo; Suances, con sus instalaciones en la Ría; Comillas; y San Vicente de la Barquera, con sus instalaciones de Unquera.