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Revista Digital de Tecnologías de la Información y Comunicación. Vol. 3, No. 3. Trimestre julio-septiembre de 2007. ISSN: 1870-7505
CONSIDERACIONES TEORICAS ACERCA DE LA SOBERANÍA Y EL ESTADO
El tema que abordaremos en el presente artículo, es el referente al controvertido concepto de soberanía, ya que a tratar éste, lo emplearemos como sinónimo de Estado, poder o gobierno. Sin embargo, estos conceptos se encuentran interrelacionados ya que no es concebible la soberanía con el Estado, el poder y el gobierno.
El tema de la soberanía ha sido persistente a lo largo de los siglos. Determinar que es el poder soberano y cuáles son sus alcances, ha dado lugar a intensos debates cuyo término es difícil vislumbrar. Aún, durante la segunda mitad del siglo XX dominó una fuerte tendencia nacionalista respecto a la soberanía. El mundo contemporáneo vive una creciente interrelación en todos los aspectos económicos, sociales, políticos, etc. Esta interrelación de los hombres que también en una interrelación de los estados, implica a la vez una suerte de interdependencia de los pueblos. A éste fenómeno se le viene denominando “globalización”, este puso en entredicho las doctrinas sobre la soberanía de los Estados.
Por esta interdependencia ciertos problemas que anteriormente sólo aquejaban a determinados países o Estados ahora trascienden sus fronteras afectando a otros. Esta situación ha dado origen a la integración de las naciones para afrontar problemas comunes. Para ello se han creado organismos regionales, bloques económicos, convenciones, tratados, etc., lo que se ha convertido en una verdadera necesidad en el presente la actividad integradora o de unificación o globalización, encuentra muchos tropiezos, sobre todo en el ámbito jurídico y político a pesar del desarrollo de algunas disciplinas como el derecho internacional público.
Dentro de este contexto, surge la necesidad de una revisión del concepto de soberanía y de la función del Estado. De ahí que el concepto anterior se contraponga a los procesos de integración señalados por lo que urge una revisión del concepto clásico de soberanía para adaptarlo a la nueva realidad.
El Estado moderno, pone al descubierto el concepto de soberanía en crisis de la vida política mundial en donde se enfatiza la urgencia de una nueva construcción sistemática del Derecho político, donde han caído los principios sobre los cuales ha sido edificado el orden jurídico de nuestra época. El problema de concepto de soberanía se agudiza cuando se mira desde el punto de vista de los derechos humanos y su protección es evidente que estos derechos tienen que ser protegidos no solamente por el ordenamiento jurídico interno y las instituciones que corresponden al mismo. Sin embargo existen razones, que dificultan para armonizar el ordenamiento jurídico de los Estados con los preceptos del Derecho internacional. Lo que significa que el concepto de soberanía debería de ser viable la creación de nuevos organismos internacionales o la consolidación de los ya existentes.
SOBERANÍA, ALGUNAS TEORÍAS RELEVANTES.
La primera experiencia política importante en el mundo que se tiene presente en los anales de la historia, es en Grecia en siglo V a. c. La unidad política era la polis, estado o ciudad, cuyo gobierno era democrático, en donde los ciudadanos participaban en las instituciones políticas, esta forma de participación democrática era directa y tuvo su expresión en Atenas. Para los filósofos griegos, la noción de Estado se hallaba representado por la idea de poder y sumisión. Platón en su obra la república expuso “que la soberanía política debía someterse a la ley y que sólo un Estado en el que la ley fuera el soberano absoluto, por encima de los gobernantes podría hacer felices y virtuosos a todos los ciudadanos”. Platón esbozo el modelo de una ciudad-estado ideal, en la que ley ejercía una función educadora. Aristóteles “distinguió varia formas de gobierno y de constitución y admitió límites al ejercicio del poder mediante el derecho y la justicia”.
“La organización política de roma fue inicialmente similar a la de Grecia, civitas-ciudad, era el centro de un territorio donde todos los ciudadanos participaban en el gobierno. Con la expansión del imperio se promulgaron leyes. Marco Tulio Cicerón expuso. “la justicia es un principio natural y tiene la limitación del ejercicio del poder”. Para san Agustín y en todos los seguidores de su doctrina, el estado está constituido por una comunidad de intereses y no puede existir el Estado sin justicia bajo la tónica de principios evangélicos.
Santo Tomás de Aquino. “el hombre es producto más notable de la naturaleza, pues viene a este mundo desnudo y descalzo y desarmado, pero en cambio la naturaleza lo ha dotado de razón, el habla y las manos con las que logra con el tiempo cuidar de sí mismo y satisfacer sus necesidades según van surgiendo”. Santo Tomás, siguiendo la doctrina aristotélica considera al hombre como un animal político, considera que al igual que el orden de la naturaleza, han sido establecidos por los designios de la providencia es decir por Dios, de tal manera que el Estado implica una organización comunitaria través de la cual los individuos satisfacen sus necesidades temporales y espirituales. Destaca que uno de los fundamentos que tiene el Estado temporalmente, es el bien común, cuya consecución debe dirigirse la actividad de los gobernantes”.
Para tan insigne pensador, “la ley humana debe supeditarse a la ley natural, a la cual pertenece todo aquello a lo que el hombre naturalmente se inclina, y es propio del hombre inclinarse a algo según su razón. También afirma que la ley de los hombres debe inscribirse no para el interés de algún particular, sino para el bien de la comunidad”. Para el único Estado digno de merecer este nombre desde el punto de vista de la naturaleza del hombre y de los designios de Dios es el Estado de Derecho, entendiendo como Derecho humano a ley positiva que necesariamente debe tener por objetivo el bien común. Por lo que respecta a la forma de gobierno del Estado, siguiendo a Cicerón estima que es mejor un régimen mixto, monárquico, aristocrático y democrático a la vez.
Tomás Hobbes. “La concepción acerca del estado se cimienta en el análisis que hace la naturaleza humana. El hombre tiene la proclividad de dominar por la fuerza a sus semejantes. Partiendo de esta premisa, Hobbes, infiere que como en la anarquía y en el caos es imposible vivir, los hombres tienen la necesidad imperiosa e ineludible de unirse, de formar una comunidad, que es el Estado, para que dentro de ella la vida social pueda ser factible y desarrollarse sin violencias. La urgencia de formar un estado obedece según su pensamiento al designio del hombre para establecer la paz entre sus semejantes, ante el temor a la muerte y el deseo de las cosas que son necesarias para una vida confortable, y la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo. Para Hobbes el origen del Estado implica un pacto entre los hombres que reconoce como causa un estado de guerra o fuerza primitiva y como móvil el deseo, la aspiración para eliminarlo y sustituirlo por un Estado de orden coactivo”.
La teoría de Locke. Este pensador refuta la tesis del origen divino del monarca y contradiciendo uno de los puntos básicos de la opinión de Hobbes, afirma que “el estado de naturaleza en que los hombres se encontraban antes de la formación de la sociedad civil, se caracterizaba por el “orden y la razón” que regían en el las relaciones humanas en sus condiciones primitivas, o sea, por el “derecho natural”. Antecedente del derecho positivo. La vida, la libertad y la propiedad, decía, son derechos humanos “naturales” que siempre están en riesgo de ser quebrantados en dicho “estado de naturaleza”. Locke distingue entre comunidad política o Estado y gobierno, ya que aquella es una entidad convenida por los hombres que abarca a todos, en cuanto a este es el conjunto de órganos que la misma crea para su administración y dirección. El órgano supremo del Estado para Locke, es la asamblea legislativa a la cual están subordinadas las autoridades ejecutivas y judiciales, puesto que no hacen sino cumplir y aplicar las leyes.
La teoría de Montesquieu. El pensamiento de este filósofo se da en el terreno político y acerca de la concepción sobre el gobierno y sus sistemas en su libro “el espíritu de las leyes”, hace un análisis del régimen gubernativo de Inglaterra y tuvieron gran influencia las ideas de Locke. Los temas jurídicos, políticos y filosóficos en torno a cuales se especula, consisten en los conceptos de ley y de justicia, en las formas de gobierno y en el equilibrio entre los poderes del Estado. para el la ley de la que emana todo derecho, es una relación de convivencia que se encuentra realmente entre dos objetos, y en esta relación descubre la justicia cuya consecución debe ser la aspiración suprema del género humano. En cuanto a las formas de gobierno las clasifica en despotismo, monarquía y república. La influencia más importante en el mundo de las ideas político-jurídicas que aporta Montesquieu es en lo concerniente a la separación de poderes. La base de esta separación y la finalidad que la justifica es la preservación de la libertad del hombre dentro de la comunidad política, independientemente del régimen de gobierno en que esta se constituya. La libertad siempre está amenazada por el poder público, y específicamente por los órganos de gobierno de la cual difiere que dentro del Estado de haber un sistema de equilibrio entre ellos, de tal suerte que “el poder detenga al poder”. La idea de poder, lo emplea, como equivalente a la de órgano de autoridad y para lograr el equilibrio entre los diferentes órganos del Estado a estos se les adscriben funciones de manera separada, legislativa, ejecutiva y judicial en donde determina que debe haber una interdependencia.
Hans Kelsen. Este famoso jurista de la ciencia del Derecho identifica al Estado con el orden jurídico. El Estado no es para él, un hecho natural; no pertenece al mundo del ser sino al deber ser, el Estado como orden, no puede ser más que el orden jurídico o la expresión de su unidad entendiendo como orden jurídico positivo, al Estado. Al establecer la identidad entre Derecho y el Estado Kelsen atribuye a aquel la soberanía como supremacía del orden jurídico estatal sin que sea una cualidad de la fuerza o poder del Estado como lo ha sostenido la doctrina tradicional. Un Estado es soberano cuando el conocimiento de las normas jurídicas demuestra que el orden personificado en el Estado es un orden supremo. El problema de la soberanía es un problema de imputación y puesto que la persona constituye el problema de la persona en general es decir el Estado. En cuanto a la crítica del dualismo Estado-Derecho sostiene que el Estado crea el Derecho y que el orden jurídico, una vez producido por la voluntad estatal somete el poder de dicha entidad.
EL PENSAMIENTO JURÍDICO FILOSÓFICO DE JUAN JACOBO ROSSEAU.
Para Rousseau, la sociedad civil, comunidad política o Estado nace de un pacto social o contrato entre los hombres. Esta idea no implica que históricamente haya existido ese pacto o contrato, sino que expresa la hipótesis o el supuesto teórico del que deriva su doctrina. “el hombre vivía en un principio en un estado de naturaleza, sin que en el su actividad estuviese limitada, pues gozaba sin restricción de su libertad natural, contrariamente a lo que sostenía Hobbes, Rousseau afirma que en tal caso, “las relaciones entre los seres humanos se entablaban sin contiendas ni luchas, ya que todos ellos estaban colocados en una situación de igualdad que generaba la armonía, obedeciendo el orden natural de las cosas según lo dispuesto por Dios. Agrega Rousseau que como los hombres no pudieron mantenerse en esa situación de igualdad natural, suscitándose diferencias de diverso tipo entre ellos en virtud de las cuales surgió la necesidad de que concertaran un pacto de convivencia o contrato social para crear la sociedad civil o comunidad política, dentro de la que a cada uno se garantizaran sus derechos y libertades”. Para este filósofo los hombres unen sus fuerzas para unir las que existen y no les quedara más remedio que las de formar una asociación que pueda superar a la resistencia y actuar conjuntamente. esta suma de fuerzas lo denomina voluntad general, que es un poder que radica en la sociedad civil o comunidad política es decir en el pueblo o nación, ese poder es soberano en tanto que no tiene limitación alguna y se impone coactivamente a las voluntades particulares, es decir, a los individuos miembros de la organización social, y como este se constituye por aquellos los intereses de ambos son compatibles o coincidentes a lo que Rousseau denomina como soberanía—voluntad general—el soberano—comunidad política o sociedad civil, no necesitan garantías con respecto a sus súbditos.
Ahora bien, el hombre social como componente de la comunidad, pueblo o nación no solo pierde sus derechos naturales, sino que la sociedad civil, el soberano, se los restituye y garantiza con las limitaciones inherentes al interés general que concurre siempre con el interés particular, además señala “lo que el hombre pierde con el contrato social es su libertad natural y su derecho ilimitado sobre todo lo tienta y está a su alcance. Lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee. para no equivocarse es menester distinguir entre libertad natural, que no tiene otro limites que las fuerzas del individuo y la libertad civil, que es limitada por la voluntad general, y la posesión, que no es sino efecto de la fuerza o el derecho del primer ocupante que solo puede ser fundada sobre un título positivo”.
En cuanto a la soberanía le atribuye su esencia de inalienabilidad que hace derivar del pacto social mismo. En efecto cuando se elige a una autoridad esta conserva la autoridad de manera completa. en este sentido la soberanía no es más que el ejercicio de la voluntad general, no puede nunca enajenarse ya que el soberano que no es sino un ser colectivo solo puede ser representado por si mismo el poder puede transmitirse, no por la voluntad, que la nación le confía su poder será el jefe de la nación. Otro de los atributos de la soberanía es de que es indivisible esta característica se deriva de la anterior pues la división supone necesariamente una enajenación parcial con esto critica a la tesis de Montesquieu en cuanto a la separación de los poderes que según Rousseau entraña la división de la voluntad general, es decir, de la soberanía; sostiene que no pudiendo dividir a la soberanía en su principio la dividen en su objeto.
La doctrina del pacto social fue llevada al extremo por Rousseau en donde la mayoría de los postulados de la revolución francesa y del liberalismo se originaron en esta concesión. Rousseau rechazo el carácter despótico y arbitrario del poder soberano.
La condición de la dinámica que requiere el poder político para decidir y positivar las normas jurídicas de acuerdos con las necesidades de la comunidad. La voluntad general soberana lejos de ser arbitraria por no estar sometida a la ley, es la única que puede dirigir las fuerzas del Estado según el fin de su institución que es el bien común, con la constitución del estado civil por medio del pacto social, “los derechos del hombre, propios de su naturaleza fueron absorbidos por una fuerza colectiva, los individuos participan de esa soberanía, ven asegurado el ejercicio de sus derechos particulares”.
LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SOBERANÍA
Como ya lo hemos mencionado el concepto de soberanía, no es desde su origen tal como hoy se le conoce, sino que ha evolucionado con el paso del tiempo y el avance de las ideologías. Numerosos autores han señalado que el concepto de soberanía fue formulado por primera vez en siglo XVI por Juan Bodin, quien la concibió como de origen divino e indiscutiblemente ligado a la figura monárquica, sin embargo se afirma que este término no fue acuñado en el siglo XVI, esto no le resta importancia a la forma en que Bodin lo definió. Se dice. Que en el Medievo la palabra soberano indicaba solamente una posición de preeminencia es decir, de aquel que era superior en un sistema jerárquico.
Sin embargo, este término era utilizado y era empleado para designar también al Estado y al poder estatal en la antigüedad. De ahí que Bodin lo ligara el concepto soberanía con el de monarquía al ser considerada como facultad de origen divino de aquella época.
Es importante señalar que el concepto de soberanía transformo las ideas políticas de la Francia de su tiempo hasta nuestros días. La idea de soberanía transformo totalmente la política al grado de que hoy es imposible concebirlas separadas unas a otras en el mundo occidental, Bodin señala “el soberano es imagen de Dios el que logre poner en paz y armonía deriva de la obediencia de los súbditos a las leyes emanadas del soberano y de la adecuación de estas leyes civiles a las leyes naturales y divinas” . Durante la edad media siguió vigente la doctrina aristotélica de la autarquía. No obstante cuando la iglesia católica intento someter al Estado a su servicio, los señores feudales reclamaron para su independencia respecto del poder estatal que a la postre originaron el concepto de soberanía. De esto se desprende que el Estado es superior al rey, quien debe guardar las leyes y someterse a la voluntad de Dios y a la opinión pública. Grocio elaboro una teoría contractualita, basada en el que el Estado fue creado por motivos de conveniencia. Los límites de ese poder supremo son la ley divina, la natural y la de las naciones, así como los convenios pactados entre gobernantes y gobernados.
Tras el feudalismo sobre vino la monarquía absoluta, que trato de ser explicada y justificada por medio de pensadores que defendieron el origen divino del poder real, como un atributo que no correspondía a la realeza como institución, sino a los reyes como personas individuales. Concentrado el poder en el rey, la soberanía se convirtió en un atributo esencial e inalienable de este. En términos políticos jurídicos la soberanía indica el máximo poder de mando de una sociedad política que diferencia a esta de otras asociaciones humanas en cuya organización no existe un poder supremo exclusivo y originario. De esto se desprende que el concepto de soberanía sea inherente al poder político y que se halla considerado una resocialización jurídica del poder en el sentido de transformar la fuerza de hecho en fuerza de Derecho. El concepto jurídico-político de la soberanía como ya lo hemos manifestado se originó en el siglo XVI para permitir que el Estado moderno se afirmara sobre la organización política medieval, con tal de satisfacer una exigencia de unificación y concentración del poder tendiente a monopolizar la fuerza sobre un determinado territorio y determinada población así como para revestir al Estado de la máxima unidad y cohesión política.
A finales del siglo XVIII las revoluciones americanas y francesas dieron como consecuencia una transformación radical en la filosofía política y las formas de gobierno que tradicionalmente existían, dichas revoluciones no hicieron distinción alguna entre clases sociales, ni diferencias raciales pero tampoco consiguieron que todo el pueblo tomara decisiones en su conjunto porque “la democracia no era solo para una localidad o región sino para la nación entera por lo que fue necesario crear parlamentos para dar curso a la representación popular e instaurar procedimientos para elegir a los representantes” esto dio lugar a la llamada democracia representativa y otorgo a la soberanía el carácter de popular. El origen de la soberanía es popular porque su titular es el pueblo y se convierte en nacional cuando se entiende como atributo jurídico de la unidad de organización colectiva del Estado.
LA SOBERANÍA NACIONAL Y EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.
La preeminencia de lo que doctrinariamente se llama supremacía constitucional, es en cuanto “afirma la calidad de suprema, por ser emanación directa del pueblo, y goza de primacía por ocupar el primer lugar entre todas las normas. Y es que siendo la constitución expresión de la soberanía, no es solo norma, sino precisamente la primera de las normas del ordenamiento jurídico interno, esto es que todos los planos de la producción jurídica se subordinan a la constitución en cuanto forma y a contenido”.
El reconocimiento de la constitución como norma jurídica superior, constituye uno de los pilares ideológicos del derecho político occidental; y que lo advirtió desde sus inicios el constitucionalismo estadounidense. El ensayo del “federalista” Hamilton escribió, “una constitución es, en los hechos y como tal deben reconocerla los jueces, una ley fundamental. Por lo que la constitución debe prevalecer sobre la ley o lo que es lo mismo la intención del pueblo sobre la intención de sus agentes.
La constitución es así la norma fundamental y fundamentadora de todo el orden jurídico. El principio de supremacía constitucional debemos de relacionarlo con el principio de regularidad jurídica, Kelsen en su teoría pura del derecho, sostuvo que la constitución es el principio supremo que determina por entero el orden estatal y la esencia de la comunidad constituida por ese orden.
El principio de supremacía constitucional nos lleva al campo de la teoría constitucional, en donde se hace necesario comprender la naturaleza y alcance y contenido de una constitución.
En cuanto al fundamento constitucional del principio de supremacía constitucional este se encuentra en el articulo 133, que señala “esta constitución, las leyes del congreso de la unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados por el presidente de la república, con aprobación del senado, serán la ley suprema de toda la unión. Los jueces de cada estado se arreglaran a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes en los estados,” en este sentido la constitución es la cúspide de la pirámide jurídica, el principio de le legalidad fluye a los poderes públicos y se trasmite a los agentes de autoridad impregnándolo todo de seguridad jurídica que no es otra cosa que constitucionalidad. Este principio debe de cumplirse en todos los estratos de ordenamiento, pues la norma que determina la creación de otra es superior a esta, relacionándose con vínculos de supra subordinación, en la que la jerarquía de la norma, la constitución es el nivel mas alto en el derecho.
6. LA SOBERANÍA Y EL DERECHO INTERNACIONAL
La soberanía externa de los estados les permite establecer relaciones jurídicas entre si, normalmente mediante la firma de tratados, donde queda constancia de la voluntad de diversos miembros de ceñirse a disposiciones específicas sobre alguna materia. Al suscribir un tratado la parte manifiesta libremente su voluntad, previo análisis de conveniencia o inconveniencia de obligarse, además existe un procedimiento que avala la adopción del tratado y que entraña el concurso de más de un poder. Este es el caso de que el artículo 133 constitucional dispone que el presidente de la república celebre tratados internacionales cuya validez depende de la aprobación del senado. aun así esto no quiere decir de que exista un acatamiento forzoso, pues existen mecanismos de control constitucional, como el juicio de amparo y la acción de inconstitucionalidad que permiten la impugnación de dichos tratados que son violatorios a las garantías o contradictorios respecto a la constitución.
En cuanto a la materia jurídica internacional, remite una norma de rango superior que excluye acuerdos particulares derogatorios. La convención de Viena de 1963, en su artículo 53: “es nulo todo tratado que en el momento de su celebración, este en oposición con una norma imperativa de derecho internacional. Para los efectos de la presente convención una norma imperativa del derecho internacional es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de los estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional que tenga el mismo carácter”.
De esta interpretación del numeral mencionado se desprende que la constitución reconoce a los tratados como única fuente de derecho internacional, siempre y cuando reúna todos los requisitos y no se contrapongan a la ley fundamental. Con respecto a la jerarquía de las normas existen diversos criterios, y señala la corte constitucional que los tratados internacionales, se encuentran en un segundo plano debajo de la ley fundamental y por encima del derecho federal y local, esta interpretación del artículo 133 deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional.
LA EVOLUCIÓN DE LA SOBERANÍA EN MÉXICO
Uno de los principios básicos en que se sustentó la independencia de México fue el de soberanía popular, preconizado por Rousseau. La repercusión que tuvo en nueva España la abdicación de Carlos IV a favor de Fernando VII, así como la renuncia de este a la corona impuesta por Napoleón I, causo la proclamación pública de la soberanía de la nación, para desconocer a José Bonaparte y reafirmar el trono español a los borbones. La proclamación del principio de que la soberanía reside en el pueblo se oponía al postulado absolutista del rey que este la recibe de dios. los principales líderes de la insurgencia, entre ellos hidalgo, sostuvieron siempre que la nación, a través de sus representantes, tiene el derecho de darse el gobierno que más le convenga, lo que implica sino el poder soberano constituyente.
En la constitución española de Cádiz (1812) con gran influencia rousseauniana, acerca de la soberanía señala en su artículo 3º. El poder soberano “reside esencial en la nación” y que por lo mismo pertenece a esta, exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales, derecho que no es sino la voluntad general, emanadas del contrato social.
El concepto de Morelos de soberanía nacional lo convirtió en el principal ideólogo de la insurgencia. En el documento de sentimientos de la nación dado en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, adopto el pensamiento de Rousseau, acerca de la soberanía en donde declara que esta dimana directamente del pueblo el que solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes en legislativo, ejecutivo y judiciario. El documento que más fidelidad acogió la teoría de Rousseau, acerca de la soberanía, fue la constitución de Apatzingan de 1814, en donde señala “la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más le convenga a la sociedad” también señala la radicación originaria en el pueblo, este documento señala el fin del estado estriba en la protección y seguridad de todos los ciudadanos unidos en una sociedad. Y manifiesta, de que es el pueblo quien tiene el derecho incontestable a establecer el gobierno que más le convenga, alterarlo modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera. La idea de poder soberano se incluyó en todos los documentos jurídicos–políticos de la historia constitucional de México, como el reglamento provisional político del imperio mexicano 1823, (art. 5) acta constitutiva de la federación de 1824 (art. 3) constitución federal de 1824, (art. 1º. y 4º.) La constitución de 1857, (art. 39 y 41).
La actual ley suprema aborda el tema en donde señala el artículo 39, “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo el poder público dimana del pueblo y se instituyó en beneficio de este, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno”. Esto indica las raíces históricas del pueblo mexicano en su reencuentro con la historia, el termino de originario radica en que el poder radica en el pueblo y que el pueblo nombra a sus representantes que están bajo su mando para cumplir con las funciones que el pueblo les encargue. El pueblo decide organizarse políticamente como fruto de la soberanía, el primer acto de la soberanía que es en esencia darse una constitución. En cuanto al poder público dimana del pueblo, no se da solo para el pueblo solamente sino también para la nación entera. “que es el conjunto de la sociedad mexicana organizada políticamente. Ese poder publico no se instituye para beneficio propio ni para unos cuantos sino para beneficio del pueblo y de la nación que lo representa”.
En suma el concepto de soberanía tiene una amplia significación en la historia del pueblo mexicano. Ya que este principio es básico, fundamental, originario y orientador de todo el sistema político bajo el cual vivimos.
EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA SOBERANÍA EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN COMO ÓRGANO PROTECTOR.
El término de soberanía aparece reiteradamente en la constitución federal, el artículo que alude a él directamente es el 39, pero conviene considerar los diversos 40, 41, 49, 103, 105, 116, 121, 122, 124, 133, 135 y 136. en cuanto al concepto de soberanía tiene una relación e interdependencia con respecto a lo que es federalismo, la división de poderes, forma de gobierno, las facultades de cada uno de los órganos de gobierno, por ejemplo: el articulo 25 nos habla: acerca de la rectoría económica del estado en donde se indica que el desarrollo debe ser integral y “fortalecer la soberanía de la nación, así como fomentar el crecimiento económico y la justa distribución de la riqueza permitir el pleno ejercicio de la libertad individual y social”.
En cuanto al artículo 28 constitucional, regula la libertad económica, y señala la prohibición de prácticas monopólicas. Pero este mismo artículo prevé que no son monopolios las funciones que el estado ejerce en cuanto a las áreas “son prioritarias para el desarrollo nacional. Estas actividades del estado propician a proteger la seguridad y la soberanía de la nación”.
En cuanto al artículo 39 constitucional que constituye el fundamento constitucional de la soberanía. Declara que el pueblo es asimismo soberano. Siendo el poder constituyente expresión de la voluntad popular manifiesta su decisión de que sea el pueblo el titular de la soberanía, es decir, el poder supremo de la república. De ahí el carácter republicano de la nación mexicana. El carácter republicano y democrático del estado mexicano se incluye en una sola expresión en el documento sentimientos de la nación de Morelos e indica “la soberanía dimana inmediatamente del pueblo”. “es así como la soberanía se ejercita a través de una representación nacional quienes se abrogan el derecho de hablar por la nación y decidir quiénes pueden contribuir su voluntad por medio del voto”. Este concepto contiene dos elementos importantes que es el pueblo y el de nación; en cuanto al pueblo se refiere a la organización de personas que conforman una identidad cultural que se identifica por cultura y costumbres frente a otras organizaciones humanas esto da lugar a la nación como elemento humano organizado con plena identificación de un poder político hasta confundirlo con el estado. La nación supone el desarrollo de una autoridad centralizada capaz de imponerse hacia el interior y sostener relaciones de igualdad hacia el exterior esta configuración político jurídica toma la forma de estado en la última parte del artículo en la que se refiere en el que el pueblo tiene el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de gobierno esto es de que es el pueblo quien puede transformar su gobierno, su organización económica, su estructura social, sus conceptos ideológicos.
En cuanto a que el pueblo puede alterar su forma de gobierno a través del derecho en otras palabras el derecho a la revolución, el artículo 136 que nos habla acerca de la inviolabilidad de la constitución, y la constitución en el artículo 39 constitucional deja bien claro de que el pueblo puede darse la forma de gobierno que más le convenga y no establece los medios, aun cuando existan otras disposiciones que consigne lo contrario.
En lo que respecta al artículo 41, de la ley suprema nos señala como el pueblo ejerce su soberanía mediante el sufragio, que señala la presente constitución. Los conceptos que tienen relación con la soberanía son lo referente a la división de poderes con sus atribuciones y competencias cada uno de ellos, el sistema federal entendido como forma de gobierno y estado.
El poder judicial de la federación según el artículo 94 constitucional, tiene la función jurisdiccional de que si no existe la correcta elaboración y aplicación de las leyes, cuando los poderes ejecutivos y legislativos cumplen sus funciones estos deben respetar la voluntad popular, fuente principal de la soberanía, ante actos arbitrarios y una normativa contraria a la materialización del poder ciudadano- la constitución federal, impone la intervención de los tribunales federales cuyas sentencias determinan como se aplicara justamente la legislación que puede ser invalidada por la corte con tal de reparar los perjuicios sufridos por el orden constitucional. De hecho “la función jurisdiccional es suyo garante de la soberanía”.
Conviene mencionar que existen dos juicios y un procedimiento destinados a velar por la soberanía y todas sus implicaciones: el amparo soberanía, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad.
La corte ha estimado que el amparo se creó para proteger garantías individuales y no a los estados y en cuanto a los conflictos suscitados entre los poderes de un estado el articulo 105 provee su solución de otorgar a la suprema corte de justicia la facultad de conocer de las controversias surgidas entre los poderes de un mismo estado sobre la constitucionalidad de sus actos. al igual que la acción de inconstitucionalidad en que se demanda ante la suprema corte de justicia para que resuelva sobre la posible contradicción entre una norma general o un tratado internacional y la constitución federal y en su caso, declare la invalidez parcial o total de aquellos para garantizar la validez constitucional y certeza del orden jurídico, en lo que respecta a la controversia “en la que se demanda ante la suprema corte la reparación de un agravio producido por una norma general o un acto en ejercicio excesivo de sus atribuciones constitucionales esto hace que vulnere al federalismo y transgrede el reparto de competencias consagradas en la constitución y daña la soberanía popular”. La corte ha estimado que este proceso salvaguarda la ley fundamental y es idóneo para garantizar el principio de la división de poderes pues mediante el se plantea una invasión de esferas competenciales establecidas en la constitución. Debe de tomarse en cuenta que el régimen federal se traduce en una atribución de competencias, como la distribución del poder que impiden la concentración en pocas manos y resultaría inútil el principio de soberanía nacional que reside en el pueblo.
El concepto de soberanía forma parte de la teoría del estado y de la ciencia política. Este tema ha sido tratado desde la antigüedad en Grecia y en roma. Las etapas posteriores de la historia humana no fueron ajenas a los debates en torno a la titularidad del poder supremo, capaz de regir sobre todos y sobre todo. Dado que en la edad media no se logró una concepción de estado desde el punto de vista jurídico – político, el pensamiento relativo a la soberanía se refirió tan solo a quien era su legítimo titular, durante aquel periodo, el poderío de la iglesia alentó la creencia en que el soberano máximo era el papa, pero los avatares históricos impusieron cambios decisivos que trasladaron la residencia del poder a la figura del monarca.
Las ideas de Rousseau, nacidas a su vez de los escritos de Locke, dieron al pueblo el carácter de soberano, en una época en que el estado se concebía como poder de dominación sobre un territorio, de acuerdo con un marco jurídico y con el aval de la población, la aceptación del pensamiento de Rousseau se mantuvo por mucho tiempo, y números doctrinarios del siglo XX herederos de corrientes burguesas que preconizaban formas para legitimar el poder económico, emitieron opiniones sobre la materia. Por ejemplo Kelsen propuso que la soberanía reside no en el pueblo, sino en el orden jurídico, es decir despersonalizo una doctrina que por siglos había estado en los humanos. Con el paso del tiempo el constitucionalismo se ha ido desarrollando que han incidido en la forma de entender la soberanía.
El caso de México permanece fiel a la idea de Rousseau en su artículo 39, donde la voluntad general se deposita, en el pueblo, que incluso faculta para alterar o modificar la forma de su gobierno. La constitución señala los mecanismos y procedimientos, cuando los actos sean contrarios a la constitución. Como conclusión final, el estado moderno ha alcanzado un alto grado de desarrollo, por lo que es necesario redefinir su función, además de modificar una serie de figuras jurídicas que fortalezcan las instituciones en lo interno y consolidar los organismos internacionales. Ya que el actual estado nos conlleva a una sociedad política internacional, o un estado mundial. La relatividad de la soberanía del estado y la unidad teórica de todo lo jurídico, darán lugar a una organización jurídica centralizada. Que pueda ser regional, o continental.
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* M.C. BULFRANO PINEDA AVONZA. Profesor de tiempo completo de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero.