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Timestamp: 2016-10-24 21:09:42
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Matched Legal Cases: ['artículo 98', 'artículo 322', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 18', 'artículo 98', 'artículo 322', 'artículo 102', 'artículo 54', 'artículo 19', 'artículo 103', 'e contrario', 'artículo 98', 'artículo 17']

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid don Antonio Fernández- Golfín Aparicio contra la negativa del registrador de la propiedad n.' 19, de Madrid, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca
RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid don Antonio Fernández- Golfín Aparicio contra la negativa del registrador de la propiedad n.' 19, de Madrid, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid don Antonio Fernández- Golfín Aparicio contra la negativa del registrador de la propiedad n.' 19, de Madrid, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid don Antonio Fernández- Golfín Aparicio contra la negativa del registrador de la propiedad n.' 19, de Madrid, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca.
En el recurso interpuesto por el Notario de Madrid don Antonio Fernández-Golfín Aparicio contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 19 de Madrid, don Rafael Arnáiz Eguren, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca.
El día 29 de noviembre de 2004 el Notario de Madrid don Antonio Huerta Trolez, como sustituto de su compañero de residencia don Antonio Fernández-Golfín Aparicio, autorizó una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca otorgada por una entidad de crédito. En representación de dicha entidad de crédito actuaron doña Paloma V.G. y don Félix C. G.
Se expresa en tal escritura que «Intervienen, en nombre y representación, de la sociedad mercantil denominada "Praga de Hipotecas y Créditos, E.EC., S. A.".
Hacen uso del poder de los denominados "Grupo C" que la sociedad les confirió, en virtud de escritura autorizada por mi sustituido compañero el día 17 de junio de 1999, con el número 2100 de orden. Tengo a la vista copia autorizada de dicha escritura, que obra inscrita en el citado Registro Mercantil, al tomo 4.467, Libro 0, folio 73, Sección 8, Hoja número 73.975, inscripción 34, sin que conste en ella nota de revocación. Del contenido de dicho poder resulta la suficiencia del mismo, a mi juicio y bajo mi responsabilidad, para ejercitar mancomunadamente, entre otros actos, los de cancelar total o parcialmente hipotecas y dar cartas de pago.
Según intervienen y aseverándome la íntegra subsistencia de la representación que ejercitan, les juzgo con la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca,...».
La mencionada escritura se presentó en el Registro de la Propiedad número 19 de Madrid el 29 de diciembre 2004, y causó el asiento de presentación 1044, del Diario 54. Dicho título fue objeto de la siguiente calificación:
«1.° Hechos: El Notario, ni aún sucintamente transcribe las facultades representativas que permitan al Registrador calificar la suficiencia de los poderes. El juicio bajo su responsabilidad no es suficiente, ni equivale en absoluto, a la calificación del Registrador.
2.° Fundamentos de derecho: Artículos 18 de la Ley Hipotecaria, 98 de la Ley 24/2001, y Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de abril de 2002; así como fallos concordantes.
Madrid, 30 de diciembre de 2004.-El Registrador [Firma ilegible. Existe sello con el nombre y apellidos del Registrador]».
Por otra parte, debe destacarse que a la fecha de la calificación este Centro Directivo ya había resuelto diferentes recursos frente a calificaciones relativas al artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en sentido contrario al mantenido por el Registrador en su calificación y en su informe. A tal efecto, y entre otras previas, en el Boletín Oficial del Estado se habían publicado las resoluciones de carácter vinculante de 14, 15, 17,20,21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19,20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004, en las que claramente se establece una doctrina distinta a la expuesta por el Registrador en su calificación e informe.
Por medio de escrito que tuvo entrada en el mencionado Registro de la Propiedad el 31 de enero de 2005, el Notario autorizante de la escritura calificada interpuso recurso gubernativo contra dicha calificación, con base en los argumentos que se resumen en el fundamento de derecho primero de esta resolución. Además, manifiesta que, dado que el Registrador de la Propiedad ha incumplido la obligación que le impone el artículo 322 de la Ley Hipotecaria de notificar al Notario recurrente la calificación emitida, el recurso se interpone una vez conocida por el recurrente dicha calificación, por lo que debe entenderse interpuesto dentro del plazo de un mes previsto en la ley.
El Registrador de la Propiedad emitió su preceptivo informe y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escritos con fecha de 7 de febrero de 2005, que tuvieron entrada en este Centro el día 11 de dicho mes.
En tal informe no constan datos como la fecha y la forma en que se haya notificado la calificación; ni contiene alegación alguna sobre las manifestaciones del Notario acerca de la falta de notificación de la calificación. En cambio, el funcionario calificador reconoce abiertamente que tiene constancia de la doctrina de esta Dirección General y que, no obstante su conocimiento, no acata su contenido, justificando el mantenimiento de su calificación en la, a su juicio, contradicción existente entre las Resoluciones de este Centro Directivo citadas en el antecedente de hechos precedente y la de 12 de abril de 2002.
Vistos los artículos 103 de la Constitución, 1259 del Código Civil; 18, 19 bis, 259, 274, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 18.2 del Código de Comercio; 17 bis de la Ley del Notariado; 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958; 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 98 y 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 103.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1982, de 16 de junio; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1982,9 de junio y 14 de noviembre de 1986, 3 de octubre de y 4 de noviembre de 1988,30 de diciembre de 1989,27 de febrero y 23 de abril de 1990,2 de marzo de 1991, 13 de junio de 1997,20 de enero, 11 de febrero y 25 de mayo de 1998 y 28 de mayo de 2003; las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 28 de abril de 2004, de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 30 de enero y 18 de marzo de 2004; de la Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 24 de enero de 2005; las Resoluciones de 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero de 2005, entre otras.
1. El objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el Notario ha cumplido con las exigencias dimanantes del artículo 98 de la Ley 24/ 2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al reseñar el poder del que emanan las facultades representativas de los apoderados e incorporar un juicio de suficiencia de tales facultades atendido el negocio jurídico concluido, esto es, una carta de pago y cancelación de hipoteca.
El título presentado fue calificado por el Registrador de la Propiedad del modo expuesto en el apartado segundo de los precedentes «Hechos». Y el Notario interpuso recurso contra dicha calificación con base en los siguientes argumentos: Primero, el hecho de que el juicio de suficiencia de la representación emitido por el Notario no sea equivalente a la calificación registral no constituye un defecto que impida o suspenda la inscripción, ni constituye objeto del presente recurso. Segundo, el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, tan sólo exige al Notario que reseñe los datos del documento auténtico del que surgen las facultades representativas y que incluya un juicio de suficiencia acerca de esas facultades; y así se ha hecho, expresando la escritura de poder, con los datos referidos, y sin limitarse a un juicio de suficiencia abstracto, que sería bastante, sino un juicio de suficiencia referido a facultades para otorgar cartas de pago y cancelar hipoteca, en congruencia con el contenido dispositivo de la escritura. Tercero, la referencia al artículo 18 de la Ley Hipotecaria no aporta nada, pues la validez que predica dicho precepto legal es la que resulta del propio título, por lo que si éste está correctamente extendido con arreglo a las leyes, como ocurre en el presente caso al cumplir los requisitos establecidos por el artículo 98 de la Ley 24/2001, no cabe dudar de la validez y legalidad del mismo. Y, cuarto, sorprende que el Registrador no tenga en cuenta lo resuelto por esta Dirección General en las Resoluciones de 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 15 de octubre y 10 de noviembre, entre otras anteriores, cuyos fundamentos de derecho son aplicables al presente supuesto.
2. Como cuestión previa, de índole procedimental, debe estimarse que el recurso se ha interpuesto por parte del Notario dentro del plazo legalmente establecido al efecto.
En caso de calificación negativa el Registrador de la Propiedad debe ineluctablemente notificarla al Notario autorizante de la escritura calificada en el plazo y la forma establecidos en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria (introducido por el artículo 102.2 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre). En este precepto, y en garantía de los interesados, se incrementan notablemente los requisitos formales de la calificación negativa del Registrador, con la lógica consecuencia de que la omisión en la calificación de tales requisitos formales o falta de notificación de la misma impida que pueda entenderse que el recurso gubernativo se haya interpuesto fuera de plazo. En el presente supuesto no consta que la calificación haya sido notificada al Notario recurrente, por lo que no puede estimarse que el recurso sea extemporáneo.
3. Antes de resolver la cuestión objeto de debate, conviene realizar una serie de precisiones acerca del contenido de la calificación, de su necesaria motivación y del informe que el Registrador debe evacuar cuando se recurre su calificación y ésta no es por él rectificada.
En consecuencia, lo primero que procede destacar es que sobre el Registrador pesa el deber ineludible de motivar su calificación cuando es de carácter negativo, pues su consecuencia no supone sino la denegación de un derecho del ciudadano -inscripción del hecho, acto o negocio jurídico documentado en el título-. Por ello, deben exigirse al funcionario calificador, en orden al cumplimiento de su deber de motivar la calificación, las mismas exigencias y requisitos que a cualquier órgano administrativo y que se resumen, esencialmente, en dos: la denominada tempesti
vidad (esto es, que sea oportuna en tiempo) y la suficiencia de la motivación ofrecida.
Como puede apreciarse, la tempestividad de la motivación se engarza de modo natural con la prohibición de la indefensión, pues si no se ofrece al ciudadano en tiempo oportuno la integridad de los razonamientos del órgano administrativo -en nuestro caso funcionario calificador-, difícilmente podrá aquél recurrir de modo adecuado una decisión administrativa -en el caso de la calificación, un acto de Administración fundado en Derecho Privado-.
En efecto, no se trata sólo de que la calificación sea un acto de Administración en el sentido ya expuesto, al ser el Registrador un funcionario público que presta una función pública, sino que es el mismo Legislador el que, tras la modificación operada en la Ley Hipotecaria, ha entendido que a dicho funcionario se le debe exigir el mismo deber y extensión en la motivación que a cualquier otro órgano administrativo. El hecho de que la Ley Hipotecaria no utilice la expresión empleada en el artículo 54 de la Ley 30/1992 -«Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho»-, no obsta a que sea de aplicación dicho deber de motivación y con idéntica extensión, pues no otra es la interpretación adecuada que ha de darse a la expresión «. y la motivación jurídica de las mismas [causas impeditivas, suspensivas o denegatorias de la inscripción], ordenada en hechos y fundamentos de derecho» que utiliza el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria.
Pues bien, el Tribunal Supremo entiende que la motivación y su suficiencia es exigible a toda Administración dado que es el único medio a través del cual el administrado -interesado en la inscripción-puede conocer si el órgano administrativo -Registro de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles-sirve con objetividad a los intereses generales y con pleno sometimiento a la Ley según exige el artículo 103.1 de la Constitución (cfr. Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de febrero y 23 de abril de 1990 y 13 de junio 1997).
Es asimismo conocido que la motivación no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado, sino que basta que las resoluciones permitan conocer cuales han sido los criterios jurídicos esenciales de la decisión, es decir, «la rallo decidendi» que la ha determinado (Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 1998 y de 28 de mayo de 2003); por ello, el Tribunal Supremo ha admitido como medio suficiente de motivación la remisión que el acto administrativo hace al expediente administrativo, cuando en el mismo obren los informes o dictámenes sobre los que se asienta el acto, y siempre que tales informes sean conocidos por el interesado cuando se le notifica el acto (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1998).
Igualmente, y en lógica coherencia con lo expuesto, el Tribunal Supremo no ha admitido como medio de motivación la utilización de fórmulas convencionales, o la simple invocación al interés público o general o, mucho menos, la simple cita de unos preceptos legales sin el acompañamiento de la interpretación -exposición del razonamiento lógico que de ellos hace el órgano que dicta el acto-; pues, en tal caso, existiría una motivación formal o aparente, mas no una motivación material que es la exigida por el ordenamiento jurídico (Sentencias del Tribunal Supremo de 22 marzo 1982, 9 junio de 1986 y de 25 de mayo de 1998).
Segunda, esta Dirección General entiende que, a la vista del expediente -calificación e informe del Registrador-, pueden existir causas que justifiquen la apertura de un expediente disciplinario, pues el Registrador procede en su calificación y en su informe en sentido materialmente contrario al reiterado criterio de este Centro Directivo; y, lo que resulta aún más importante, utilizando como base de su argumentación un razonamiento relativo a la Resolución de 12 de abril de 2002, que en nada se corresponde con el que esta Dirección General ha mantenido y explicado respecto de dicha Resolución, en las sucesivas por las que ha resuelto recursos frente a calificaciones negativas que tienen como objeto el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y que son citadas en su integridad en la presente.
4. La cuestión objeto de este recurso ha sido abordada en innumerables ocasiones por este Centro Directivo (cfr. las Resoluciones citadas en los Vistos). Así, según el fundamento de derecho quinto de las Resoluciones de 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre de 2004, cuyo contenido se ha reiterado en las de 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero de 2005, «para que pueda entenderse válidamente cumplido el articulo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio, una calificación si se prefiere, acerca de la suficiencia de las facultades contenidas en el mandato representativo para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación a aquellas facultades que se pretendan ejercitar, Obviamente, las facultades representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico, Asimismo, el Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia, que tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación que deberá comprender, al menos, el nombre o denominación social del poderdante y del apoderado, el nombre del Notario autorizante, la fecha del documento, el número de protocolo y su vigencia.
Dicho de otro modo, deberá calificar que se ha practicado la reseña de modo adecuado y que se ha incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del representante, siendo e! contenido de éste y de la calificación que hace el Notario congruente con el acto o negocio jurídico documentado.
Por último, en el ejercicio de esa función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas, o que se le transcriban facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del título presentado se deriva de los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 18.2 del Código de Comercio, pues de su simple lectura se advierte que en el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento público notarial ex artículo 17 bis de la Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862».
Así, se manifiesta que el mismo es un poder conferido, mediante escritura pública, autorizadas por el mismo Notario que se identifica, añadiendo la fecha del poder, el número de protocolo, los datos de inscripción y que en dicha escritura de poder no consta nota de revocación; así mismo se expresa que los otorgantes aseveran la íntegra subsistencia de la representación que ejercitan (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este Centro Directivo -cfr., por todas, la Resolución de 28 de mayo de 1999-, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implicita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento). Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de las reseñas.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título lo siguiente: «Del contenido de dicho poder resulta la suficiencia del mismo, a mi juicio y bajo mi responsabilidad, para ejercitar mancomunadamente, entre otros actos, los de cancelar total o parcialmente hipotecas y dar cartas de pago».
Resulta evidente que el juicio de suficiencia contenido en la escritura son congruentes y coherentes con el negocio jurídico documentado en dicho título y con el mismo contenido de éste, ya que se trata de una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca.
Madrid, 23 de febrero de 2005.-La Directora General, Pilar Blanco Morales Limones.
Sr. Registrador de la Propiedad n.° 19 de Madrid.