Source: http://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/63/2016/oct/20161013.html
Timestamp: 2018-06-19 10:48:55
Document Index: 219584387

Matched Legal Cases: ['artículo 51', 'artículo 73', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 87', 'artículo 104', 'artículo 36', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 104', 'artículo 36', 'artículo 72', 'artículo 51', 'artículo 73', 'artículo 104', 'artículo 6', 'artículo 104', 'artículo 51', 'artículo 73', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 51', 'artículo 73', 'artículo 2', 'artículo 73', 'artículo 51', 'artículo 4', 'artículo 104', 'artículo 73', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 73', 'artículo 144', 'artículo 73', 'artículo 6', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 144', 'artículo 6', 'artículo 79', 'artículo 8', 'artículo 23', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 27', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 485', 'artículo 485', 'artículo 39', 'artículo 67', 'artículo 87', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 89']

Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 13 de octubre de 2016
De la Segob, relativo al sistema de justicia; de la Secretaría General, contestación a punto de acuerdo de la Permanente; del Congreso de Jalisco, con iniciativa
Por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, fundamentación
Dos de la Comisión de Salud, fundamentación
Votación del dictamen por el que se adicionan un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos al artículo 51 Bis 1, de la Ley General de Salud
Votación del dictamen por el que se adiciona una fracción V Bis 1 al artículo 73 de la Ley General de Salud, con la modificación aceptada por la asamblea
Por el que se adiciona una fracción XIX, recorriéndose en su orden actual al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, fundamentación
Hernán de Jesús Orantes López, PRI
José Adrián González Navarro, PAN
Sara Paola Félix Díaz, PVEM
Comunicado de la Mesa Directiva, con modificación de turno
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 253 diputadas y diputados, por lo tanto, señor presidente, hay quórum.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (11:40 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Adelante. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se aprueba el acta.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Antes de pasar a comunicaciones, sonido en la curul del diputado Ariel Juárez, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Presidente, para comentarle que está bien que se quiera blindar este recinto legislativo para quienes tienen miedo, quienes le tienen miedo al pueblo, pero se me hace un exceso tener que estar peleando con los policías, los encargados que están ahorita alrededor del recinto legislativo que tienen acordonado.
Quienes no traemos chofer tenemos que esperar la venia y la bendición no sé si de usted o del secretario de Seguridad Pública del DF para que nos puedan dejar pasar. Me parece un exceso que se tenga, o que se utilice, al cuerpo de granaderos a lo que es la casa del pueblo.
Yo no sé de qué nos tenemos que cuidar. Quienes no traicionamos y quienes no vivimos una fantasía, no tenemos miedo a que la gente venga y se exprese y se manifieste, pero se me hace un exceso de verdad, el que tengan prácticamente acordonado todo el recinto legislativo; seguridad de qué y para qué y para quiénes.
¿Qué no somos representantes populares? ¿Qué no fuimos electos por el pueblo? ¿A qué le tenemos miedo que se tiene que blindar la casa del pueblo de esa manera? Se lo digo de manera fraterna porque no puede ser que a los diputados nos den ese trato; imagínese lo que hacen con los empleados de esta Cámara. Y me tocó ver a varios esperando a que les pudieran dejar ingresar, porque no sé a qué le tienen miedo. Entonces no sé si fue usted el que dio la instrucción, pero se me hace un exceso.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado; sólo le informo que no estamos nosotros coordinando ese operativo, pero tomamos nota de su expresión para las decisiones que debamos de tomar y evitar que esto vuelva a ocurrir.
El diputado Ángel Juárez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Ángel Juárez. ¿Con qué objeto diputado?
El diputado Ángel Juárez (desde la curul): Ya no, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Bueno, no habiendo, continuamos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Continúe la Secretaria.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el Libro Blanco de la gestión 2013-2016, de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Oficio de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado en la Comisión Permanente, con motivo de la campaña Septiembre Mes del Testamento.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Oficio del Congreso del Estado de Jalisco con el que remite la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción XII del artículo 7 de la Ley General de Educación.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules, los siguientes dictámenes:
1. De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
3. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación para incorporar el principio de interés superior de la niñez.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que se establece...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que se establece en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy someto a su amable consideración, reviste especial relevancia porque tiene como objetivo fortalecer las acciones de prevención y combate a la violencia y la discriminación en contra de nuestras hermanas indígenas.
La primera modificación que plantea el presente dictamen, es al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sea integrante del sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
La inclusión de la CDI, dependencia que coordina a las políticas de acciones en materia de desarrollo indígena, al sistema nacional, permitirá impulsar de manera conjunta acciones decisivas que garanticen la integridad y el respeto a los derechos de las niñas y mujeres indígenas.
Esta reforma se sustenta en el artículo 1o. de nuestra Carta Magna, así como en los diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano tales como: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que dispone que los estados adoptarán, junto con los pueblos indígenas, medidas que aseguren que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.
La segunda modificación que contiene el presente dictamen consiste en reformar el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que esta institución coadyuve con el Sistema Nacional en la promoción y el seguimiento de las acciones de prevención, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres y las niñas indígenas que realicen las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
La tercera modificación consiste en el artículo 6 de la Ley de la CDI que el Instituto Nacional de las Mujeres forme parte de la Junta de Gobierno para fortalecer con ello la perspectiva de género y la política de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, las mujeres y las niñas indígenas tienen pleno derecho a una vida libre de violencia y de toda forma de discriminación, por ello se deben impulsar acciones para abatir las causas de la marginación que históricamente han padecido tanto por su origen indígena como por su condición de mujer, situación que las coloca en grave desventaja y vulnerabilidad.
Estamos conscientes que la violencia y la discriminación hacia las mujeres y, en particular, hacia los indígenas tienen causas estructurales de orden cultural, social y político, sin embargo la pobreza y la marginación son los factores que más propician esas prácticas inaceptables, que lastiman la dignidad humana. Quien vive en pobreza siempre será discriminado y padecerá las perores formas de violencia.
Por ello, resulta imperativo garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas para que puedan desarrollar sus capacidades y posicionarse en el plano económico, político y social.
Con la aprobación del presente dictamen se contribuirá a lograr tal objetivo porque se fortalecerán las acciones enfocadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia y la discriminación, a la vez que se incorporará la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de las estrategias de desarrollo integral de los pueblos originarios.
Por lo antes expuesto pido respetuosamente su voto favorable para este dictamen, lo que nos permitirá contribuir solidariamente a crear las condiciones que permitan un trato más justo, igualitario e incluyente a las mujeres, a las niñas y a los niños de México. Su voto será un mensaje de solidaridad para las mujeres y los niños de México. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Cándido Coheto Martínez.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes tendrán el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la diputada Sofía del Sagrario de León Maza, del Grupo Parlamentario del PRI.
En ese sentido tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, me permito presentar el posicionamiento de mi Partido, Encuentro Social, respecto al dictamen mediante el cual se adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el varón y la mujer son iguales ante la ley, asimismo, nuestra máxima ley prohíbe toda discriminación por motivos de origen étnico y de género.
Si bien es cierto, el derecho positivo mexicano ha evolucionado a tal grado, que hoy los ha elevado a rango de derechos humanos. Los mismos que no se ven reflejados en las leyes secundarias, por lo que no se encuentra totalmente garantizado su ejercicio.
Desgraciadamente, en nuestro país, las mujeres indígenas se ven inmersas dentro de un fenómeno de vulnerabilidad, sufren discriminación y victimización.
En muchos de los casos son consideradas menos capaces que los hombres dentro de su propia comunidad y, además, también son menospreciadas e incluso excluidas por la sociedad mexicana que, lejos de reconocer en ellas la riqueza de nuestros pueblos originarios, fomenta al menos indirectamente su marginación.
Según la encuesta inter censal 2015, elaborada por el Inegi, en el territorio nacional existen 3 millones 786 mil 673 mujeres, de tres años o más, que se hablan alguna lengua indígena, mismas que por el simple hecho de haber nacido mujeres se encuentran más expuestas a sufrir discriminación.
Resultaría ilusorio el pretender dotar de efectividad a los derechos humanos referidos para nuestras mujeres indígenas, exclusivamente a través de la expedición de instrumentos normativos. Sin embargo, el primer paso firme para garantizar su efectiva implementación lo es el que encuentren plasmados en la ley.
El presente dictamen con proyecto de decreto ofrece importantes avances y en Encuentro Social reconocemos como bondades:
Primeramente amplía las funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a efecto de que se enlace y se embone con el sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Seguidamente, integra el titular del Instituto Nacional de las Mujeres a la junta de gobierno de la referida Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dotándolo de atribuciones para hacer las aportaciones que estime pertinentes; nutriendo así el debate de los temas a revisión.
Finalmente, en su ejercicio de depurada técnica y conciencia legislativa, se modifica el artículo 36 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a efecto de incluir a la Comisión Nacional para el Derechos de los Pueblos Indígenas en el sistema nacional para prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, medida con la que se fortalece el reconocimiento y perspectiva técnica en materia de los pueblos indígenas.
En Encuentro Social buscamos la superación del encono y somos proclives a incidir en el entramado normativo nacional para abrir las puertas a las mejores propuestas de instauración de un nuevo orden social. En este contexto, la violencia no tiene lugar en una sociedad en que las mujeres, sin excepción, son actores activos de la transformación de sus comunidades.
Estamos por ello dispuestos a ser la voz de las mujeres indígenas y, en consecuencia, votaremos a favor del presente dictamen, cuyo contenido sin duda sostendrá las políticas públicas en materia, dejando en claro que vamos en el camino correcto hacia un mejor país.
No más violencia contra las mujeres y nunca más un Estado sin coordinación para erradicarla. Mujeres y hombres iguales ante la ley y en los hechos. Superando los desencuentros alcanzaremos el mejor de los encuentros, el encuentro social. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada García Soberanes. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Karina Sánchez Ruiz: “Esforzarse por erradicar la violencia contra la mujer no es sólo una buena idea, se convierte también en la obligación de un gobierno”, Charlotte Brunch.
Con la venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la violencia es un problema cotidiano que afecta a la vida de millones de mujeres a lo largo y ancho de nuestro país, poniéndolas en un riesgo permanente.
En el caso de las mujeres indígenas, el problema se agudiza al presentarse la violencia estructural al interior de sus comunidades. Aunado a ello, estas mujeres enfrentan una doble condición de vulnerabilidad, que es el ser mujer y el ser indígenas.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer establece que toda mujer tiene el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
Por su parte, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala que los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.
Para Nueva Alianza es una convicción proteger y salvaguardar los derechos de los sectores más desprotegidos y nuestra labor legislativa se ha enfocado en ello.
En este sentido nuestro voto será a favor de este dictamen para incluir a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de coordinar esfuerzos y acciones afirmativas tendientes a proteger y erradicar la violencia que viven más de 8 millones de mujeres indígenas en nuestro país.
El dictamen que hoy estamos discutiendo busca resarcir las omisiones y vacíos que existen en la legislación, a fin de cerrar el círculo que permita garantizarles sus derechos fundamentales.
Coincidimos con el dictamen en la conveniencia de incorporar al Instituto Nacional de las Mujeres, Inmujeres, a la junta de gobierno de la CDI, estableciendo el alcance de su participación con el derecho a su voz, así como su representación en dicho órgano.
Con ello se da certeza jurídica al papel que debe desempeñar cada institución involucrada en el diseño e implementación de estrategias, cuyo objetivo sea prevenir que las mujeres y niños indígenas sean víctimas de violencia.
Compañeras y compañeros legisladores, tenemos una deuda enorme con las mujeres que por años hemos sido relegadas e históricamente hemos sido objeto de múltiples formas de discriminación, subordinación, exclusión y desigualdad.
Si bien la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental reconocido tanto por la Constitución, por los diversos tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, la realidad nos demuestra una constante violación de los derechos humanos de los grupos más vulnerables, fundamentada en relaciones desiguales de poder que ancestralmente han sido validadas.
Es momento de acabar con esta inercia histórica y emprender acciones integrales de manera transversal y desde todos los niveles de gobierno que permitan garantizar la dignidad e integridad de las mujeres indígenas.
Mientras una mujer sea maltratada y violentada, y hasta que logremos que goce plenamente de su derecho a una vida libre de violencia tendremos una deuda con México. Refrendemos nuestro compromiso con las mujeres indígenas votando a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada Sánchez Ruíz. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos: Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que se presenta hoy tiene un retraso de tres años. Desde 2013 estaba en las dos comisiones, por eso nos parece que no solo es atendible, sino que permitirá generar sinergia institucional, positiva, que avance en la mejora de la situación de las mujeres indígenas. Porque son las que viven más marginación, pobreza, desigualdad, discriminación y violencia; pues las políticas públicas les llegan como una dádiva y no como un derecho.
Sin duda, necesitamos avanzar en la protección de los derechos. El fortalecimiento y la cooperación de las instituciones se han creado para atender las necesidades y particularidades comunitarias.
Hoy más que nunca es apremiante refrendar en esta tribuna la igualdad de género. Hemos visto con preocupación que se usa este discurso en contra de la igualdad, a la cual se le ha clasificado como ideología.
No obstante, la igualdad de género ha permitido cumplir una de las metas más importantes de las presentes generaciones. Es un derecho humano reconocido en el ámbito nacional e internacional.
La igualdad de género aboga por la eliminación de las desigualdades económicas, sociales, políticas y de poder que padecen las mujeres a causa de un sistema. Y también de discursos construidos durante siglos en el cual se nos da un trato no solo de servidumbre, sino de dominación y de subordinación. Esta desigualdad es producto de una tradición cultural que se nos impuso a sangre y fuego desde la Colonia y que hoy amenaza con regresar.
Hoy, por medio de propuestas anticonstitucionales y de la tergiversación, tanto de los tratados internacionales como de investigaciones científicas, se intenta eliminar el progreso que hemos alcanzado en el reconocimiento de las mujeres, de nuestros derechos. El feminismo y las teorías de la igualdad han conseguido derechos para las mujeres feministas, para las no feministas, incluso para las que se consideran antifeministas.
Por desgracia, el discurso de la desigualdad sigue teniendo una fuerte incidencia en las poblaciones indígenas debido a la misma marginación que padecen. La legislación y los derechos se deben ejercer y garantizar desde un Estado laico, desde un Estado libre y no confesional, en el que el ser humano y el conocimiento científico sustenten los argumentos para la toma de decisiones.
Parecería que el desarrollo nos planteaba la eliminación de diferencia de raza, de clase, de etnia, de origen, de preferencia sexual y religión. Pero hoy esas diferencias están más presentes que nunca y se promueven desde ámbitos conservadores que siguen teniendo vigencia.
Tenemos que legislar desde una posición laica y libertaria, es por ello que fortalecer las instituciones y la cooperación permitirá proteger los derechos humanos de todas las mexicanas, así como llevar a cabo acciones eficientes en la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales. En este caso a favor de las mujeres indígenas.
Nos congratulamos en la fracción ciudadana porque votaremos a favor de este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Ochoa Ávalos. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados. Nuestra Constitución establece claramente el derecho de igualdad y no discriminación por etnia o género. También ello está en varios tratados internacionales como las Declaratorias de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
Las dos disponen que los Estados adoptará, junto con los pueblos indígenas, medidas que aseguren que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación. Esta es una obligación para el Estado mexicano y a nosotros nos toca legislar sobre ello.
En México hay 68 pueblos indígenas con casi 16 millones de mexicanos indígenas. La condición de pobreza que caracteriza a estos pueblos se nota claramente en los asentamientos donde viven, los cuales en su mayoría están ubicados en zonas de difícil acceso, aisladas y sin posibilidad de obtener los servicios básicos.
De los 20 municipios con mayor porcentaje de pobreza extrema en el país, en 18 de ellos más del 70 por ciento de su población es indígena y es aquí donde la desigualdad y la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas se presenta con más frecuencia.
Tenemos ejemplos como la preferencia que las culturas tienen hacia los niños, pues se cree que ellos serán el principal apoyo de su familia, por lo que reciben mayor y mejores cuidados y alimentación, mientras que a las niñas se les recarga de tareas reproductivas y de labores domésticas. Dejan de asistir a la escuela e incluso se les obliga a contraer matrimonio o se les vende. La discriminación es una realidad; el abuso que la acompaña también.
A pesar del reconocimiento de las mujeres como integrantes de nuestras comunidades no reciben igual trato que los hombres y sus derechos no son respetados. A diario viven la violencia familiar y comunitaria y la discriminación.
Las comunidades indígenas se rigen por usos y costumbres. Esta situación coloca a las mujeres en una situación de desventaja social, económica y cultural, que provoca violación de sus derechos humanos.
Los hombres aparecen como la autoridad en los hogares indígenas, y ello les da poder de decisión sobre la vida familiar, principalmente sobre las mujeres ejerciendo además violencia económica.
La discriminación y la violencia contra las mujeres es un tema que es indispensable entender de manera universal y terminar ya con él. Cómo es posible que esta iniciativa que hoy presentamos haya esperado casi tres años para dar sólo un paso en contra de la violencia que ellas viven. En Morena votaremos a favor de esta minuta esperando que se le dé rápido trámite; se necesita y lo demandamos. Gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Caballero Pedraza. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, el diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Esta Presidencia saluda al señor gobernador de Guanajuato, don Miguel Márquez Márquez, presente aquí en el pleno. Bienvenido, señor gobernador.
El diputado Diego Valente Valera Fuentes: Para nadie es un secreto que los pueblos originarios de México han sido segregados, y que históricamente han sido marginados y despojados de sus tierras, de sus bienes e incluso de su propia identidad. Estos hechos vergonzosos que no están a la altura de la posición del progreso que queremos en nuestro país, han generado un serio retraso y no solamente en materia económica, sino también en materia tecnológica, educativa, en la salud, y principalmente en materia de derechos para nuestros pueblos indígenas.
Y de entre esa comunidad indígena, en esos pueblos, en esa identidad, encontramos a las mujeres y a las niñas con el índice más elevado de analfabetismo, de rezago educativo, de acceso limitado a su alimentación, así como a enfermedades letales como el cáncer cervicouterino. Y en el resto de la población mexicana ha sido motivo de fuertes campañas preventivas y de atención, pero en las comunidades indígenas pareciera que no hubiera interés por atenderlo. Los derechos de las mujeres indígenas están escritos en las convenciones y tratados internacionales, así como en nuestra propia Constitución. Son instrumentos jurídicos que deben respetar todas las autoridades, pero al parecer aún falta mucho camino por recorrer y mucho por legislar para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país, y en especial a sus mujeres.
Sin duda, el presente proyecto es un paso importante, pero no podemos decir que es un paso dado a tiempo. Mi amiga querida Candelaria, de Movimiento Ciudadano, manifestó que tiene tres años detenido este dictamen. Quisiera abonar a su dicho y decirle que hace 20 años, en el levantamiento zapatista surgido en Chiapas, se planteaba que una de sus cuatro meses de trabajo, estas propuestas para contrarrestar lo que hoy estamos exponiendo en tribuna.
La deuda histórica es muy alta, y personalmente estoy a favor de emprender todas las acciones que sean necesarias para hacer justicia y reivindicar a las mujeres indígenas, por todo el derecho que les pertenece.
Me pronuncio ante esta tribuna a favor de este decreto, pero que este dictamen no quede limitado, construyamos las leyes reglamentarias del segundo constitucional. Nos presiona la congruencia, nos exige la deuda histórica con nuestros pueblos originarios, nos obligan nuestros tratados internacionales, pero que sea la voluntad de este Poder Legislativo la que genere esta amalgama, porque también es violencia hacia las mujeres que tengan que emigrar de sus campos agrícolas hacia otros lugares, porque sus tierras fueron concesionadas por empresas mineras, porque también es violencia que presidentas municipales tengan que huir porque les impusieron colores y partidos, porque también es violencia, que no sean capaces y no tengan la libertad de profesar una religión sin el miedo a ser expulsadas, sin el miedo a ser humilladas.
Pero además me pronuncio por la incorporación de un nuevo modelo de representación política para nuestros pueblos indígenas, que tenga como miras incrementar la participación de sus mujeres en el Estado mexicano.
Asimismo me señalo a favor de la implementación de estrategias jurídicas que garanticen cuotas de mujeres indígenas para conformar esta Cámara de Diputados, las locales y la Cámara de Senadores.
Las mujeres y las niñas indígenas han cambiado sus modelos exitosos, ya no es casarse el ideal de vida. Hoy las mujeres tienen aspiraciones distintas, participativas y organizadas, que luchan día con día, encabezando grupos de mujeres como allá en San Juan Chamula, la socióloga Patricia Díaz López, a quien desde aquí le hago mi reconocimiento por su esfuerzo al frente de muchas y muchas mujeres que hoy siguen sin ser escuchadas en ese municipio del estado de Chiapas.
Por lo anterior, y para finalizar, compañeros legisladores, el día de hoy convoco a robustecer la legislación aplicable a los pueblos indígenas y, en lo general, a sus mujeres. Es una tare pendiente a nivel federal como local, pues sus derechos se encuentran claramente soslayados a la vasta mayoría de los ordenamientos jurídicos impidiendo el ejercicio de sus derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Por un México justo y progresista, votemos a favor de las mujeres indígenas mexicanas. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Valera Fuentes. Tiene el uso de la tribuna la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Eva Florinda Cruz Molina: Compañeros diputados y compañeras diputadas de este honorable Congreso de la Unión. Con su permiso, diputado presidente. A un día de conmemorar el 12 de octubre, Día de la Raza, día de la resistencia y dignidad indígena, me honro en acudir a esta tribuna para posicionar respecto a modificaciones legislativas a favor de un sector de los pueblos y comunidades indígenas. Me refiero a las mujeres, niños y niñas indígenas del país.
Es de sobra conocida una frase que sintetiza la situación de las mujeres indígenas en el país, las tres veces discriminadas por ser: pobres, indígenas y mujeres. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, 7 de cada 10personas hablantes de lengua indígena se encuentran en situación de pobreza extrema. La vulnerabilidad de esta situación implica entre otras cosas, la dificultad para acceder a la salud y a la educación.
De la población hablante de lengua indígena, 13 de cada 100 sólo pueden expresarse en su lengua materna. Esta situación es más evidente entre las mujeres que entre los varones, 15 de cada 100 mujeres indígenas son monolingües, contra 9 de cada 100 hombres. Este monolingüismo crea condiciones desfavorables de marginación en términos de acceso a la educación, salud y justicia.
Según el Banco Internacional de Desarrollo, en el país persiste una brecha significativa entre la población indígena y la no indígena, en cuanto al acceso al derecho de la educación. Especialmente las mujeres indígenas son quienes presentan los niveles más altos de analfabetismo y baja escolaridad.
Los datos obtenidos son relevantes, existen 636 mil 720 mujeres monolingües, entre 381, 83 hombres en esta situación. Su rezago educativo se incrementa conforme avanza el nivel de escolaridad. Mientras que el porcentaje de niñas que concluyó el ciclo de educación primaria es de 64.3 por ciento y el de los niños es del 68.1 por ciento. En la secundaria sólo el 31.7 por ciento de las mujeres concluyó sus estudios, frente al 35.9 por ciento de los varones.
Ambos fenómenos están íntimamente relacionados con la deserción escolar de las niñas, a quienes se les niega la oportunidad de continuar sus estudios, pues se les obliga a dedicarse a las labores domésticas. Cuando esto sucede en la etapa de instrucción primaria se acentúa la tendencia al analfabetismo y al monolingüismo.
Siendo la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la instancia responsable de la orientación y coordinación del seguimiento y evaluación de los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas, la incorporación de sus funciones para coadyuvar con el sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y dar seguimiento a las acciones de las autoridades en sus tres órdenes de gobierno para la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación cometidas contra las mujeres y niñas indígenas, así como de su incorporación en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres, como lo propone el dictamen en comento, contribuirá a enfrentar con mayor eficacia las acciones para superar la discriminación que viven las mujeres indígenas.
Por las consideraciones anteriores, el Grupo Parlamentario de mi partido, el PRD, votará a favor de este dictamen.
Compañeros y compañeras diputadas, es el momento en que todos unidos vamos a apoyar a nuestros pueblos indígenas, a nuestra raza, que hoy en día, cada día, sufren las consecuencias del gobierno, que están más abandonados en nuestro país. Gracias, compañeros. A votar todos a favor por nuestros pueblos indígenas, por las mujeres...
La diputada Eva Florinda Cruz Molina:... niños y jóvenes que merecen ser atendidos. Gracias, compañeros.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Luis de León Martínez Sánchez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, el dictamen que hoy se discute tiene como propósito impulsar acciones que hagan posible a las mujeres y niñas indígenas de nuestro país ejercer su derecho a una vida libre de violencia.
En este sentido, se presentan reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de incluir a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres en la Junta de Gobierno de la comisión, y de instituir a este como parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Con lo anterior, se pretende principalmente consolidar, reforzar y dar seguimiento a las acciones que en la materia realicen las autoridades federales, estatales, de la Ciudad de México y municipales, para terminar con la lacerante violencia que aqueja a la mayoría de las mujeres y niñas indígenas por el simple hecho de ser mujeres.
Acción Nacional reconoce que en nuestro país hay un grave problema no resuelto para garantizar el derecho de las mujeres indígenas a una vida libre de violencia. Ante este panorama, consideramos que es inaplazable hacer partícipe al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas y servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Asimismo, nuestro Grupo Parlamentario coincide con la propuesta de incluir a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, considerándola como una acción afirmativa, con visión incluyente en favor de las mujeres indígenas.
Compañeras y compañeros, se ha dicho en innumerables ocasiones que tenemos una deuda histórica con las mujeres, pero en el caso de las mujeres y niñas indígenas la deuda es aún mayor.
Por ello, el Grupo Parlamentario del PAN los convoca a que cumplamos con nuestro compromiso de reconocer y cuestionar la aceptación social y la perpetuación de prácticas tradicionales, perjudiciales contra las mujeres indígenas, que en realidad son la ruina de un pasado insostenible.
Subsanemos pues, las deficiencias y lagunas existentes en el cuerpo normativo nacional, reconociendo la existencia de las desigualdades profundas que las mujeres indígenas enfrentan por el sólo hecho de ser mujeres y que de manera tradicional han permeado en la sociedad mexicana y se han visto reflejadas en los diversos esquemas jurídicos, sociales, económicos y culturales.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional expresa su voto a favor de la aprobación del presente dictamen y los invitamos a todos y todas no solo a votar a favor, sino actuar consecuentemente con la defensa de la dignidad de las mujeres y niñas indígenas, y por el ejercicio real de sus derechos humanos.
Diputadas y diputados, el progreso de las mujeres es el progreso de toda esta nación. Dar prioridad a las mujeres no es una opción, es una necesidad. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Luis de León Martínez.
Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Sofía del Sagrario de León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Las personas se miden por la capacidad de sus sueños. Y la igualdad se logra cuando esos sueños se juntan. Con su venia, señor presidente. Compañeros legisladores, con este dictamen que hoy se pone a consideración del pleno se busca fortalecer a nuestras instituciones y dar certeza a la participación tanto de las mujeres como del sector indígena.
En el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y en la junta de gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Lo que hoy vamos a votar es de la mayor relevancia porque estamos refiriéndonos a dos instituciones que hemos construido para la defensa y reivindicación plena de los derechos de las mujeres y de nuestros hermanos indígenas.
Históricamente, las mujeres han sufrido violencia, discriminación, maltrato y exclusión. Apenas hace unos días conmemoramos el Día Internacional de la Niña, y lo hacemos para generar conciencia de sus derechos, de que solamente puede haber prosperidad de un pueblo cuando hay oportunidad de oportunidades, cuando hay respeto a los derechos de las personas; pero sobre todo, cuando no hay discriminación.
Creo en las instituciones como la mejor herramienta para lograr la equidad, la paridad y la igualdad de género. Creo en la tenacidad y en la lucha diaria de las mujeres para posicionarse en la vida pública del país. Creo en la fortaleza de nuestros hermanos indígenas y en su participación decidida para enriquecer la grandeza de la nación.
Las mujeres tenemos en el presidente Enrique Peña Nieto a un gran aliado, lo ha demostrado con hechos a través de sendas iniciativas que nos han dotado de paridad en la participación política y con acciones firmes, orientadas a la erradicación de la violencia de género.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que el desarrollo de México se inicia y propicia con el reconocimiento de los principios de igualdad. En el PRI trabajamos para crear y vigorizar la vida de nuestras instituciones. Por eso, vamos a votar a favor de este dictamen, para que la voz de las mujeres y de nuestros hermanos indígenas se escuche en los órganos de gobierno de las instituciones.
Porque cuando se escucha la voz de las mujeres no solamente se mueven corazones, también se transforman realidades y es lo que queremos y anhelamos, mover corazones y transformar la realidad.
Queremos y trabajamos por un México próspero. Si. Pero sobre todo, incluyente. Queremos un México sin exclusión ni discriminación. Queremos un México para todas y todos. Un México con instituciones fuertes, para eso estamos trabajando, para lograr la igualdad. Igualdad que le dará la prosperidad al país. Es cuanto. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada Sofía del Sagrario de León Maza. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a estudiantes de la licenciatura en derecho de la Universidad Univer Milenium Plantel Toluca, estado de México. Invitados por la diputada Jacqueline Nava Mouett. Igualmente, saludamos a integrantes del Instituto Municipal de la Juventud de Cuautlancingo, Puebla. Invitados por el diputado Miguel Ángel Huepa Pérez. Y a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Invitados por el diputado Renato Josafat Molina Arias. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a integrantes de la Universidad México de la licenciatura de Derecho del cuarto trimestre, del municipio de Texcoco, estado de México, invitados por el diputado Telésforo García Carreón. Bienvenidos.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? El sistema aun se encuentra abierto. Se pregunta nuevamente si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Está abierto aun el sistema, diputados. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 384 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, antes de cantar la votación, de viva voz, por favor, secretaria.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: De viva voz, diputada, de favor.
La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Señor presidente, se emitieron entonces 385 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 385 votos el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Salud. El primero con proyecto de decreto por el que se adicionan un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimos párrafos al artículo 51 Bis-1 de la Ley General de Salud; y el segundo con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V Bis al artículo 73 de la Ley General de Salud. Se informa a la asamblea que la fundamentación de los dos dictámenes se hará en un solo acto, así como el posicionamiento de los grupos parlamentarios.
En consecuencia tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, para fundamentar los dos dictámenes, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados. Adelante.
El diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía: Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Con su anuencia, diputado presidente. El día de hoy la Comisión de Salud una vez más presenta ante ustedes un dictamen a favor, de una compañera diputada, Arlet, dl PRI, que pretende que votemos y apoyemos una iniciativa en materia de acceso al expediente clínico.
Compañeras y compañeros diputados, todos sabemos lo complicado que es tener acceso a un expediente clínico cuando estamos en alguna institución ya sea pública o ya sea privada. Los usuarios del servicio de salud tienen que tener el derecho al acceso a la información, tienen que conocer su expediente y tienen que saber qué han hecho con su enfermedad y con la evolución de la enfermedad, así como en el tratamiento.
El expediente clínico en nuestro país enfrenta grandes problemáticas relacionadas principalmente con la negación del acceso a esta información.
En concreto, la negativa de algunas autoridades del sector salud o instituciones privadas, brindan a los usuarios la información de su expediente clínico. Por darles una cifra, diputadas y diputados, en 2013, mediante el sistema electrónico de Infomex se recibieron 97 solicitudes relacionadas con información del expediente clínico, y en 2014 se recibieron 160, pero en 2015 solamente se admitieron 59, lo cual demuestra que sí hay interés por parte de la ciudadanía y de los mexicanos acceder al expediente clínico.
La Constitución Política de nuestro país, en el artículo 6, establece que toda persona tiene derecho de libre acceso a información plural y oportuna, y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el cual dice que el expediente clínico por regla general, debe de ser confidencial, no es suponible al titular de los datos personales o a su representante legal.
Por tal situación, la Comisión de Salud decidió que votáramos a favor este dictamen porque estamos convencidos que la información de un expediente clínico puede fortalecer tanto a las instituciones como a los pacientes que acuden o deciden acudir de una institución pública a una privada o de una institución privada a una pública.
¿Cuántas de las veces, diputadas y diputados, somos pacientes de un lugar? Queremos cambiar y llegamos a esta nueva institución o a ese nuevo hospital, y nos vuelven a solicitar los estudios, los laboratoriales y todos los estudios de gabinete, primero ocasionando un gasto y segundo, volviendo el tiempo, que puede convertirse en tiempo valioso de calidad de vida al paciente.
La postura de la comisión, vemos muy viable esta iniciativa y les pedimos votarla en sentido positivo, porque la Ley General de Salud con nuestra Carta Magna y demás normas aplicables, y sobre todo, necesitamos que se cumpla con una de las garantías fundamentales establecida en nuestra ley máxima.
Por lo tanto, si votamos a favor esta iniciativa de nuestra compañera, los usuarios de salud o su representante legal, debidamente acreditado, el tutor o quien ejerza la patria potestad, tiene el derecho de acceso a la información contenida en su expediente clínico, no importa que sea en el ámbito público o privado. Y en caso de pacientes que fallezcan tendrán acceso únicamente las personas señaladas para ello.
Finalizo este primer dictamen diciéndoles, diputadas y diputados: cada vez la transparencia tiene que estar al día, cada vez nosotros como diputados tenemos que dar ejemplo de la transparencia, por eso la Comisión de Salud le ha dado sí a este dictamen de nuestra compañera diputada.
El segundo dictamen es de nuestra compañera diputada Karla Osuna, del PAN. Esta iniciativa pretende establecer como ley la promoción de la salud mental. Necesitamos que el suicido, que es el valor de esta iniciativa, sea atendido como se debe, sea atendido realmente como el problema que tenemos que conocer.
Diputadas y diputados, si no ponemos atención a este problema de la prevención del suicidio desgraciadamente en el 2020 será la primera causa de muerte en nuestros niños. Pero además de eso quisiera compartirles algunas cifras, algunas cifras alarmantes, anualmente 800 mil personas en el mundo se quitan la vida, pero también es la segunda causa principal de defunción en la edad de 15 a 19 años de edad en todo el mundo.
En nuestro país se registraron más de 6 mil casos de suicidio, pero lo más complicado y lo más delicado de esto es que la mayoría de niños de 12 años fueron los que se ocasionaron el suicidio.
Una de las causas que provocan el suicidio en niñas y en niños y adolescentes, una de tantas, es el acoso escolar o el bullying, por eso nosotros calculamos que entre 8 y 10 veces, hasta 20 veces dice la Organización Mundial de la Salud, intentan los niños quitarse la vida.
Y es donde me pregunto dónde están los padres de familia, dónde están los maestros, dónde están los que hacemos las políticas públicas para prevenir el suicidio, dónde están los gobiernos municipales estatales y federales para que no más niños y adolescentes se sigan quitando la vida.
Pero además de eso se calcula que el costo anual antidepresivo en nuestro país más o menos anda en 4 mil 500 millones de pesos, pero además si sabemos que el gasto en salud mental en México es sólo del 2 por ciento del gasto total en salud, no podemos y no vamos a poder contener la prevención del suicidio si no nos ponemos a trabajar en políticas públicas de prevención, si no involucramos a los consejos municipales, para que tengan esos Consejos Municipales de Salud políticas públicas y acciones en prevención del suicidio, si no involucramos a los maestros, si no involucramos a los padres de familia con escuelas para padres en todas las escuelas de nuestro país.
La prevención del suicidio tiene muchas causas para que estos niños intenten suicidarse. Comentaba una, que es el acoso escolar, pero podría comentarles la falta de economía, la falta de oportunidades para los padres, la pobreza en que viven algunas de las familias de los mexicanos, pero además necesitamos estar muy en alerta porque nosotros como diputados tenemos que decirle alto al suicidio.
No queremos más niños ni más niñas que intenten suicidarse en nuestro país, pretendemos con esta iniciativa de ley que se lleve a cabo la realización y promoción de programas de la prevención del suicidio como los trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente en grupos vulnerables como son nuestras niñas y nuestros niños mexicanos.
Diputadas y diputados, este dictamen de nuestra compañera Karla habla más que nada y necesitamos tener conciencia que esto no distingue si eres rico o eres pobre. Tenemos suicidios en niñas muy marginadas como en niñas de una clase social o de un ingreso de sus padres muy alto.
El acoso escolar ha venido a la alza, el suicidio, ya lo dije, si en 2020 no ponemos atención va a ser la primera causa de muerte. Estamos a muy buen tiempo, diputadas y diputados, estamos en el mejor tiempo para decirle a nuestros niños y a nuestras niñas que estamos viendo por el bienestar de ellos, pero más que nada que queremos prevenir que ni un niño más, ni una niña más mexicana se quite la vida, porque tiene que disfrutar de este bello país que es México. Es cuanto, diputado presidente.
Con la aclaración de que se dejó una adenda en la Mesa Directiva, para el segundo dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Solicito a la Secretaría dar lectura a la propuesta de modificación presentada por el titular de la Comisión de Salud, modificación al segundo dictamen.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Perfecto. Por instrucciones de la Presidencia, debe decir:
Fracción I a la V Bis...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta a nombre de la comisión por el presidente, diputado Octavio Íñiguez Mejía, al segundo dictamen.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta a nombre de la comisión al segundo dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación).
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte de nuevo, secretario, por favor.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Okey. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta a nombre de la comisión al segundo dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se acepta.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Están a discusión en lo general y en lo particular, en sus términos, el primer dictamen y con la modificación propuesta por la comisión y aceptada por la asamblea al segundo.
De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario para los dos dictámenes las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos: el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del PRD; la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del PAN; la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del PRI.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Muchas gracias. Decía un pensador oriental, que donde hay educación y salud no hay distinción de clases, son elementos indispensables para la igualdad. Ahí está la fortaleza de estos dictámenes que hoy nos ocupan en la etapa de discusión y por supuesto como Partido Encuentro Social, una de las prioridades fundamentales del programa de acción, de los principios, documentos básicos, es precisamente preservar la vida. El bien tutelar ante la ley superior es la vida, y para nosotros la vida es sagrada y todo lo que tenga que ver con la preservación de la vida y para propiciar la unidad familiar, la salud familiar, es indispensable, es prioridad.
Hoy venimos a decirles a ustedes, que estos dictámenes de la Ley General de Salud, el artículo 51 y el artículo 73 vamos a votarlos a favor por varias razones. Reconociendo en el primero, en el 51, el acceso a la información, es un derecho que además ya está considerado en la Constitución General de la República, en la Ley General de Transparencia, en la ONU, en los acuerdos y tratados internacionales.
Es decir, ya están considerados, pero sigue siendo un obstáculo para que los pacientes, sus familiares no se les pueda brindar la información de los expedientes clínicos, se siente ahora que es propiedad de la dependencia o de la institución que presta el servicio, sea esta pública o privada, pero con esta reforma, que a lo mejor en una interpretación simple no hubiera razón de ser si se aplicara lo que ya está en la Constitución.
Sin embargo, reconocemos que en derecho público, el servidor público, en este caso de dependencias públicas, no puede hacer lo que expresamente no le dice la ley. Estamos tipificando, estamos estableciendo, estamos aclarando de manera específica que, por supuesto, con el simple hecho de ser y representar documentalmente, acreditar que soy familiar, que tengo la tutoría del paciente o que soy representante legal de él, tenga yo el acceso a la información. Eso es lo que se trata, amigas y amigos, el primer dictamen.
El 51 de la Ley General de Salud va a obligar ahora a las dependencias públicas y privadas a no ser pretexto legal, de ahí la importancia de armonizar esta ley con los acuerdos ya constitucionales que he mencionado, para que los representantes legales o familiares tengan el acceso a la situación del paciente y le eviten gastos innecesarios, como bien decía aquí nuestro presidente de la comisión de manera muy precisa, evitar gastos innecesarios.
De por sí ya la economía familiar está erosionada, derivado de la crisis económica que vivimos, ahorrarle gastos también significa economía familiar, este tipo de reformas que parecieran sencillas pero tienen una gran trascendencia en el sentido social.
El segundo, desde luego, el 73 de la Ley General de Salud. Todo lo que tenga que prevenir, todo lo que tengamos qué hacer con la conciencia de que sobre todo los jóvenes que están demostrando las estadísticas, que son los más proclives a suicidarse, por razones obvias, discriminación, el bullying, decía el presidente de la comisión, es uno de ellos.
Pero yo diría más profundo, la situación económica, la distinción de clases que prevalece en este país, la discriminación de personas. Tienen qué ver mucho con esos problemas emocionales, y por supuesto, la falta de unidad familiar.
Tenemos que rescatar principios y tenemos que retomar valores que le daban a la familia esa unidad, esa capacidad espiritual de estar unidos y vigilar a los nuestros. La institución más antigua de la sociedad es la familia, es la célula básica, es el motor de desarrollo, y por supuesto, también debe ser el motor del cuidado de nuestras niñas, de nuestros niños adolescentes y jóvenes.
Todo lo que tenga qué ver con la salud emocional de las niñas, de los niños, de los jóvenes, por supuesto que es un obligado, es un imperativo. Más allá de colores es una condición humana, de ahí la importancia que vamos como partido, como fracción a favor, como seguramente irán la totalidad de los grupos parlamentarios. Muchas gracias. Muy amables.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Guízar. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Carlos Gutiérrez García: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, anualmente más de 800 mil personas cometen suicidio y por cada caso de muerte hay 20 personas que intentan quitarse la vida.
El suicidio es considerado como un problema de salud pública, al convertirse en la segunda causa de muerte entre la población de 15 a 29 años. En México la tasa de suicidios ha alcanzado cifras alarmantes. Tan solo en el año 2012 se registraron más de 5 mil casos, mientras que en 2013 la cifra se incrementó a cerca de 6 mil.
A pesar de ser un fenómeno que posee múltiples causas, las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y sociales, constituyen importantes factores de riesgo fuertemente asociados al suicidio.
Si bien la muerte es una tragedia, esta impacta más cuando es niño o un adolescente quien se priva de la vida. La tristeza, angustia y desolación que un acto así provoca en los padres, hermanos, familiares, amigos y en los miembros de la comunidad en general es sumamente devastadora.
En este contexto, para Nueva Alianza es clara la necesidad de impulsar acciones positivas tendientes a prevenir el suicidio, principalmente entre las niñas, niños y adolescentes, que son el sector más vulnerable; pues si bien las cifras son desoladoras, debemos emprender acciones preventivas a fin de evitar que más jóvenes tomen el suicidio como la única salida a una vida que consideran en desesperanza.
Por ello, los diputados de Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen para fomentar y apoyar la realización de promoción de programas enfocados en la prevención del suicidio, preferentemente en las niñas, niños y adolescentes.
En lo que respecta al segundo dictamen, siendo que la salud es un derecho fundamental de todo individuo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y en el artículo 4o. de nuestra Constitución, consideramos oportunas las adiciones propuestas a la Ley General de Salud, las cuales buscan corregir el constante rechazo por parte de las instituciones de entregar los expedientes clínicos a los pacientes, bajo el argumento de la confidencialidad, de la información y la propiedad del documento, con lo cual se vulneran los derechos fundamentales de los usuarios de los servicios médicos.
El libre acceso a la información es un principio fundamental, por lo cual el objetivo del segundo dictamen de establecer que los usuarios de salud, en el ámbito público o privado, tengan el derecho de acceder a la información contenida en su expediente clínico, así como una copia del mismo es por demás pertinente.
El acceso del paciente a su expediente le permitirá estar plenamente informado y tomar las decisiones más certeras acerca de su salud, como puede ser cambiar de médico o buscar una segunda opinión. En ese sentido, debe contar con la total garantía de que en caso de requerirlo se le proporcionará sin objeciones y para los fines que él decida.
Esta garantía se extiende al representante legal debidamente acreditado, así como también a quien acredite el parentesco en línea recta, además del cónyuge o concubino; de igual manera, aplica para los representantes de pacientes fallecidos. En el caso de los menores de edad, el acceso se otorgará al titular o a quien ejerza su patria potestad, ponderando en todo momento el interés superior del menor.
En Nueva Alianza, estamos convencidos que con la aprobación de este dictamen se allana el camino para ejercer de manera plena e integrar el derecho a la salud y lo votamos, por supuesto, además de manera personal, porque es una iniciativa hoy votada de mi amiga y compañera paisana, la diputada Arlet Mólgora, de Quintana Roo. Es cuanto, por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Gutiérrez García. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Esta Presidencia saluda a los alumnos del Colegio Alemán. Invitados por la diputada Claudia Sánchez Juárez. Igualmente, al grupo de mujeres de la colonia El Molino, de aquí de la Ciudad de México. Invitadas por el diputado Vicepresidente, diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, diputada.
La diputada María Victoria Mercado Sánchez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados y diputadas, el derecho a la salud declarado en nuestra Constitución, consiste en un ideal, el gozar del máximo estado posible de bienestar biopsicosocial. Este bienestar se expresa en un cuerpo sano, íntegro, fuerte, consiste en el ámbito social, en un estado de seguridad, de protección a las personas y sus bienes, de vivir en paz, de tener oportunidades de convivencia, de trabajo y de recreación, pero sobre todo consiste en una mente sana con plena capacidad cognitiva, con el más alto desempeño intelectual, con la prolija capacidad de expresar sentimientos y pensamientos que permitan una relación humana basada en el respeto y la dignidad.
Así, el dictamen que hoy se discute precisa ese vacío que existía, pues si bien la Ley General de Salud reconocía este derecho en las personas, no incluía con el suficiente énfasis las responsabilidades de asegurar salud mental en su mayor riesgo, el suicidio.
La experiencia de vivir constituye la apertura cognitiva a nuestros deseos y nuestras voluntades. La conciencia de nuestra existencia se refleja en nuestra capacidad de adaptación al medio, pero sobre todo despierta nuestros sentimientos afectivos y nuestras intenciones de futuro.
En situación de estrés, en condiciones de violencia crítica, cuando la vida se ve amenazada en forma constante, cuando la ausencia de perspectiva de futuro se anula, el deseo de terminar con la vida se hace presente. Así, el suicidio no es solo una condición patológica que surge de una mente sicótica, es también producto de las condiciones del medio social.
Es por eso que para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano la iniciativa que hoy se discute pone el acento en la responsabilidad del Estado de promover una adecuada salud mental para detener los alarmantes índices de suicidio, particularmente el incremento del suicido en jóvenes.
Es completamente entendible que alguien disponga de su vida en la vejez y ante una enfermedad terminal, cuando todo futuro se ve agotado, pero que las personas jóvenes se suiciden, tal como lo señala el diagnóstico presente en la iniciativa que da origen al dictamen, nos muestra cómo ha impactado en la vida de las personas la crisis social, moral, económica y de violencia que se ha desatado en los últimos años en nuestro país.
Si bien el dictamen que está sujeto a aprobación respeta un avance sustantivo en el reconocimiento de una verdad lacerante, es justo reconocer que hace falta insistir en la generación de mecanismos que aseguren el futuro para los jóvenes.
Cuando un individuo llega a la conclusión de que la vida debe terminar en el momento de mayor potencial, se presenta el fracaso de una sociedad incapaz de ofrecer un futuro para todos y todas. Que uno solo se suicide sin sufrir una patología mental, ya es un drama. ¿Cómo llamaríamos a una tasa de suicidio de 7.5 por cada 100 mil?
No quiero excluir la importancia que tiene el suicidio a cualquier edad, pero la reducción de la edad de las personas suicidas es un signo de debilitamiento de la red social de apoyo, una fractura de la capacidad del sistema social de ofrecer un futuro, y sobre todo, evidenciar las deficiencias del Estado y asegurar la salud integral de las personas. Por esta razón el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano va a favor de estas modificaciones, y su servidora siempre estará atenta y apoyando el bienestar de las personas que vayan a reforzar los temas de atención de salud mental.
Invito a las diputadas y a los diputados de todos los demás partidos, como hoy lo hacemos en nuestro grupo, que logremos armonizar la salud para todos y que no se recorte ningún gasto de esos programas del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017 en materia de salud, ya que de lo contrario estaríamos expuestos a un sinnúmero de problemas que pueden ir en detrimento de la vida sana de las personas en cuestión; se manifiesta que en el acceso al expediente clínico en nuestro país, enfrenta algunas problemáticas relacionadas con la negativa de acceso a la información, en concreto a la negativa de algunas autoridades del sector salud e instituciones privadas de brindar al usuario de los servicios médicos la información de mérito; asimismo se ha presentado la dificultad de los representantes legales e incluso de los adeudos de un paciente para acceder a los referidos datos, lo cual implica un problema para la decisión y conclusión de trámites legales de importancia.
Por lo anterior, en el año 2009, el entonces Instituto Federal del Acceso a la Información emitió un criterio que estamos de acuerdo que los derechos de los pacientes a su expediente que se ha llevado con discrecionalidad, debe de ser un derecho, por lo tanto el grupo de Movimiento Ciudadano, estamos de acuerdo en los dos dictámenes. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Mercado Sánchez. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena. Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Universidad Privada del Estado de Morelos, invitados por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán.
La diputada Sandra Luz Falcón Venegas: Buenas tardes a todas y a todos. Los derechos de los pacientes deben ser respetados. El derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, el derecho a ser tratado con confidencialidad y a contar con un expediente cínico.
El expediente clínico es el conjunto único de información y datos personales de un paciente, el que se integra dentro de un establecimiento para la atención médica, ya sea pública, social o privada, el cual consta de toda clase de documentos, en los cuales el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones, y en su caso, todo lo concerniente a su intervención en la atención médica del paciente.
Todos los prestadores de servicios médicos están obligados a integrar y conservar el expediente clínico, los establecimientos serán solidariamente responsables respecto del cumplimiento de esta obligación por parte del personal que preste sus servicios en los mismos. Los expedientes clínicos son propiedad de la institución o del prestador de servicios médicos que lo genere cuando éste no depende de una institución pública.
Las instituciones públicas se rigen por lo establecido en la norma oficial mexicana sobre expedientes clínicos. El paciente como aportante de la información y beneficiario de la atención médica tiene derecho de titularidad sobre la información para la protección de su salud y de sus datos personales, de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La información del expediente clínico es confidencial, los profesionales de la salud están obligados a proporcionar información verbal o escrita al paciente, a quien ejerce la patria potestad, la tutela al representante legal o a las autoridades competentes que lo soliciten. En ningún caso se podrá difundir la información médica o datos personales de los pacientes sin autorización escrita del mismo.
Sin embargo, y a pesar de estas normas jurídicas que establece el derecho de los pacientes acceder a la información de su expediente clínico, muchas veces éstas no son proporcionadas por el personal de atención a la salud, basados en que los expedientes pertenecen a las instituciones o a los prestadores de servicios de salud. Sin embargo, sabemos que este derecho lo tiene el enfermo.
Existen varias tesis dictaminadas por el Instituto Nacional de Acceso a la Información en su criterio 04/90 en donde se establece por regla general, que la confidencialidad del expediente clínico no es oponible al titular de los datos personales o a su representante legal, ya que el documento contiene información relacionada con el estado de salud del paciente, por lo que con independencia de que pueden obrar opiniones, interpretaciones y criterios de los profesionales de salud que trataron al paciente.
Dicha información se ubica dentro de la definición de datos personales que establece la ley, en virtud de que estas no se generaron de forma abstracta, sino en clara relación con el estado de salud del paciente y su evolución.
Esta iniciativa de reforma a la Ley General de Salud trata de resolver esta problemática, incluyendo un inciso en donde ese establece el derecho que se tiene al paciente acceder a la información de su expediente clínico. Es por esto que Morena votará a favor del dictamen, para que se pueda cumplir a cabalidad los derechos a la información y transparencia de los pacientes que tantas veces han sido vulnerados. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada Falcón Venegas. Tiene le uso de la tribuna el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Muchas gracias, diputado presidente. El día de hoy estamos discutiendo dos dictámenes de la Comisión de Salud, que sin duda le vienen a sumar al reconocimiento a la salud como un derecho humano.
En cuanto al primer dictamen reconocemos la obligación del Estado de proteger la salud de la población, lo que ha llevado al diseño de mecanismos que permitan la participación conjunta y activa de la sociedad en acciones que abonen al fortalecimiento de este derecho humano.
Coincidimos en que el derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos, como lo es el acceso a la información, también contemplado en la Carta Internacional de los Derechos Humanos.
En nuestro país el acceso de los ciudadanos a su expediente clínico enfrenta algunos obstáculos para materializarse. Abemos de la negativa de algunas autoridades del sector salud e incluso de instituciones privadas para brindar a los usuarios de los servicios médicos la información que integra dicho expediente clínico, escalando la problemática a los familiares y representantes legales de los pacientes para acceder a los referidos datos.
Coincidimos en que el expediente clínico contiene datos que no pueden presentársele a cualquier persona, sin embargo esta restricción no puede extenderse hasta obrar en contra o incluso en contra del propio paciente o el titular del expediente.
Tratándose de la salud es fundamental acceder fácilmente a nuestro expediente clínico sin mayor restricción, porque ello abona a la simplificación y agilización de trámites, los cuales son vistos como uno de los principales obstáculos que el día de hoy enfrentan los usuarios de los servicios santiarios, en perjuicio del ejercicio efectivo de lo establecido por el artículo 4o de nuestra Carta Magna.
Respecto al segundo dictamen que hoy estamos discutiendo, la Organización Mundial de la Salud dice que el suicidio se define como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. Según datos de la misma organización sobre salud mental, más de 800 mil personas mueren cada año en el mundo a causa del suicidio.
En este sentido, hablamos de un fenómeno globaly un problema grave de salud pública que afecta a todas las regiones del mundo, y el cual se puede presentar en cualquier etapa de la vida, sin embargo estudios recientes indican que la problemática está efectando en mayor medida a los jóvenes que se encuentran entre los 15 y los 2 años de edad, presentándose desgraciadamente como la segunda causa de muerte en los jóvenes que se encuentran en este rango de edad.
En México, durante los últimos años la tasa de suicidios ha seguido una tendencia creciente. Entre el año 2000 y 2013 se mostró un incremento de 3.5 a 4.9 suicidios por cada 100 mil habitantes.
Esto quiere decir que aumentó poco más del 30 por ciento, sin embargo lo más preocupante es el aumento en el número de suicidios entre la población más joven y lamentablemente para este año 2016 el panorama empeoró, lo cual se reflejó en una afectación significativa a los niños de entre los 10 y los 14 años, convirtiéndose en un problema que requiere de la atención urgente del gobierno para poner en marcha campañas de prevención y de vigilancia con la finalidad de evitar que más personas, pero especialmente los menores de edad, sigan poniéndole fin a su propia vida.
Si bien es claro el vínculo existente entre el suicidio y los trastornos mentales, en específico los relacionados con la depresión y el consumo de sustancias nocivas, como el alcohol y las drogas, se encuentra también documentado, que en los últimos años complicaciones del tipo social, tales como dificultades financieras, relaciones interpersonales, enfermedades, incluso la violencia, se ha convertido en un factor de riesgo más que lleva a las personas a intentar quitarse la vida.
Siempre es lamentable una pérdida humana, pero es inaceptable no hacer nada para impedir que quienes apenas comienzan a florecer, acaben con su existencia, especialmente cuando muchos de esos problemas que los orillan a tomar esta salida falsa tienen solución si se les atiende de un modo adecuado.
Bajo esta lógica, en el Verde apoyamos todas aquellas iniciativas y propuestas que deriven en la implementación de una estrategia de acceso a la información y de prevención del suicidio. Por ello votaremos a favor de estos dictámenes que contribuyen en el perfeccionamiento de nuestro andamiaje jurídico en materia de salud. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sandoval Rodríguez. Tiene el uso de la tribuna el diputado Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá: Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Con su venia, diputado presidente. El Grupo Parlamentario del PRD va a favor de estos dos dictámenes de la Comisión de Salud, que el día de hoy se encuentran a discusión.
En primer término, tenemos la firme convicción de que el acceso del paciente a su expediente médico, a su expediente clínico es una condición muy importante para ejercitar el derecho a estar informado y así tomar decisiones importantes acerca de su salud.
El expediente clínico contiene información relacionada con el estado de salud del paciente, el cual es el dueño, es el titular de los datos que están ahí consignados. Por eso las interpretaciones y los criterios de los profesionales de la salud que trataron al paciente, ahí también van a estar consignados.
Esa información se ubica dentro de la definición de datos personales que establece el artículo 3o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El expediente clínico, compañeras diputadas, compañeros diputados, es el minuto a minuto de la patología que presenta un enfermo, ahí están consignadas las notas clínicas, está consignada la historia clínica, están consignados los estudios que solicita el médico, los diagnósticos, los tratamientos médicos o quirúrgicos.
En pacientes hospitalizados, ahí está consignada también información tan importante, como lo es el pase de la visita diaria y la consignación de los datos minuto a minuto, el cambio de tratamientos, el agregar o quitar algún medicamento al paciente. Todo eso está consignado en el expediente técnico.
Por ello, compañeras diputadas, compañeros diputados, estamos a favor de la modificación del artículo 51 Bis-1 que hoy nos ocupa, el cual reconoce el derecho de los usuarios de los servicios de salud, a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto a su salud y por supuesto incluir ahí el consentimiento informado.
En resumen, esta reforma da certeza y claridad a la Norma Oficial Mexicana 004SSA3/12, evitando así dificultades en su interpretación. Si los hospitales públicos o privados se niegan a proporcionar a los pacientes el expediente técnico clínico, lo que contiene la información que ya comenté, los estudios que ya comenté, si se niegan a otorgar ese derecho, que ya estará plasmado, están violando el derecho a la salud y el derecho al acceso a la información. Con esta reforma los ciudadanos contarán con una poderosa herramienta para mejorar la protección de sus derechos.
Por otro lado, compañeras diputadas, compañeros diputados, respecto a la reforma al artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de prevención del suicidio en niñas y niños y adolescentes, la fracción parlamentaria del PRD va a favor, porque nos preocupa que el suicidio, como ya se ha dicho aquí, representa un grave problema de salud pública, que deriva de la precaria salud mental de millones de seres humanos, que entre la desesperación, la frustración, la tristeza y el enojo con sus sociedades o con sus entornos, sobre todo el familiar y el escolar, deciden que es preferible quitarse la vida, deciden dejar de vivir, a continuar padeciendo los males reales o imaginarios que ellos tienen, que les aquejan.
En los últimos 10 años se han registrado en México 51mil 381 suicidios. En ese periodo hubo un incremento del 43 por ciento en el número de suicidios en nuestro país, al pasar de 4 mil 315 a 6 mil 337.
De acuerdo al Inegi, en México las adolescentes, los adolescentes, por causas de depresión, de ansiedad, de daño neurológico en etapas tempranas, así como el consumo de sustancias adictivas, son consideradas como el grupo de edad más vulnerable para el suicidio.
Por grupos de edad el Inegi identifica 4.3 por ciento de casos, se trata en adolescentes de entre 10 y 14 años de edad. Esto es terrible y es patético, compañeras diputadas, compañeros diputados.
En el 31 por ciento de los casos tenían entre 15 y 24 años de edad, mientras que el 22 por ciento se trataba a jóvenes de 25 a 34 años de edad.
Estos datos implican que el 58 por ciento de los suicidios se ubican entre mexicanas y mexicanos de 35 años de edad.
Por ello pues, compañeras diputadas, compañeros diputados, es importante que implementemos políticas públicas desde aquí, desde el Congreso, para mejorar e instrumentar los esquemas que ya existen de promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como el fomento y apoyo a la promoción de programas para la prevención del suicidio, preferentemente, ya lo dije, en niñas y niños adolescentes.
Por ello, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de estos dos dictámenes. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Hernández Alcalá. Tiene el uso de la tribuna la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Esta Presidencia saluda a alumnos de la carrera de derecho en diferentes escuelas del estado de Puebla, invitados por el diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac. Bienvenidos. Adelante, diputada.
La diputada Karla Karina Osuna Carranco: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. En México lamentablemente el suicidio es un grave problema de salud pública. El suicidio es todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño con un grado variable de tener una intención de morir.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es importante citar que el artículo 2o. se la Ley General de Salud establece entre sus finalidades el derecho a la protección de la salud, el bienestar físico y mental de las personas para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades y el disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.
El suicidio, por tanto, debe ser prevenido en el marco de la Ley de Salud, para cumplir con el derecho de salud que tenemos todos los mexicanos. De acuerdo al Inegi, la tasa de suicidios en este país ha crecido alarmantemente. Tan solo en 2012 se registraron casi 5 mil suicidios, y para 2013 rebasaron la cantidad de 6 mil suicidios.
Aunque se trata de un fenómeno que tiene múltiples causales, el componente de salud mental está fuertemente asociado en él. Deseo resaltar que las diferencias por sexo en tema de suicidio son notorias. En 2013 la tasa de mortalidad de suicidio fue 8.1 por cada 100 hombres y 1.7 por cada 100 mil mujeres. Asimismo, es alarmante que 40.8 por ciento de los suicidios ocurran en el rango de edad de 15 a 29 años de edad.
De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, anualmente se suicidan 800 mil personas, pero más alarmante es que anualmente intentan suicidarse muchas más de estas 800 mil personas.
Cabe citar que el suicidio se puede producir en cualquier edad. El suicidio no solo se produce en los países de altos ingresos, sino que es un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo.
En 2012 el 75 por ciento de los suicidios ocurrió en países con ingresos medios e ingresos bajos. Con estos datos resulta claro el gran impacto de lo que es este problema de salud pública, que se está manifestando en la edad adolescente de México.
Es necesario señalar que el suicidio es la segunda causa de muerte en nuestros jóvenes, solamente seguido de los accidentes tránsito-vehiculares. El suicido y el intento de suicidio constituyen las manifestaciones dramáticas del fracaso del adolescente al enfrentarse con este nuevo mundo.
Para el Partido Acción Nacional, el suicidio es prevenible mediante intervenciones oportunas, basadas en datos fidedignos. Para que las respuestas nacionales sean eficaces se requiere de una estrategia de prevención al suicido multisectorial e integral. Es por ello, que para los diputados de Acción Nacional resulta urgente el desarrollo de políticas públicas para enfrentar este grave problema de salud pública en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes.
El presente dictamen que hoy se discute en este recinto parlamentario, corresponde a la iniciativa de ley que adiciona la fracción V Bis 1 al artículo 73 de la Ley General de Salud, la cual busca que para la promoción de salud mental y la atención a personas con trastornos mentales y de comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de entidades federativas fomentarán y apoyarán la realización, promoción de programas y acciones para la prevención del suicidio, preferentemente en nuestras niñas, niños y adolescentes.
Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados del Partido Acción Nacional, nos pronunciamos a favor de este dictamen, por lo que pido a mis compañeros legisladores de todas las bancadas partidistas, se sumen a la aprobación de este tan importante dictamen, el cual beneficia no solamente a nuestros niños, niñas y adolescentes sino a todos los mexicanos. Ni un solo suicidio más. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Osuna Carranco. Tiene el uso de la tribuna, la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del PRI.
Esta Presidencia saluda al ingeniero Gómer Monárrez, director de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa. Igualmente, saludamos a niños con nivel de excelencia de la comunidad rural y zona urbana de San Miguel de Allende, Guanajuato. Invitados por la diputada Verónica Agundis. Bienvenidas y bienvenidos.
La diputada Arlet Mólgora Glover: Con su permiso, diputado presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy hago uso de esta máxima tribuna, a título personal, pero también en nombre de mi Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar de un dictamen que tuvo a bien la Comisión de Salud desarrollar en semanas pasadas. Aprovecho estar acá presente para darle las gracias al presidente de la Comisión de Salud y desde luego a todos los que integran dicha comisión, por la sensibilidad que tuvieron para dictaminar esta iniciativa.
Esta iniciativa modifica el artículo 51 Bis-1 de la Ley General de Salud en materia de acceso a la información respecto de nuestros expedientes clínicos. La salud es un derecho de todas y todos los mexicanos, el cual está previsto en el artículo 4o. de la Constitución Federal y que implica, para su correcta aplicación, el desarrollo de diversas prerrogativas dentro de la que se encuentra el acceso a la información, debido a que mediante su ejercicio, los pacientes pueden contar con datos relevantes respecto de las enfermedades que padecen, así como los tratamientos y medicamente efectivos y seguros para su curación.
La información antes mencionada, constituye datos personales en materia de salud que son registrados precisamente ahí, en los expedientes clínicos, que es el documento que contiene la historia médica de una persona que va dejando constancia de los padecimientos, diagnósticos y desde luego de los tratamientos que se van aplicando y suministrando a cada uno de los pacientes.
En este orden de ideas, debe resaltarse que desde el inicio de su mandato y como parte de sus estrategias en materia de salud, el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, delimitó tres ejes fundamentales con la finalidad de lograr esa transformación de la salud en México. Estamos hablando, primero, de un acceso efectivo; segundo, al aspecto de la prevención y, el tercero, a la calidad de los servicios de salud.
Por lo anterior, y sumándonos a las acciones que promueve el titular del Ejecutivo federal en materia de transparencia y de acceso a la información, se trata de un avance ––como aquí ya se ha expresado por todos los grupos parlamentarios que me antecedieron– totalmente institucional, pero lo más importante, significativo en el contenido de las iniciativas que hoy nos traen acá presentes, toda vez que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y seguir perfeccionando nuestra democracia.
Los mexicanos teneos derecho de conocer cómo y en qué se invierten los recursos públicos; tenemos derecho de saber qué pasa con la salud y cuáles son los resultados; por eso como diputada del Partido Revolucionario Institucional celebro la aprobación que tuvo a bien realizar la Comisión de Salud, del presente dictamen, que estoy segura tendrá un beneficio para los usuarios de los servicios de salud tanto en el ámbito público como en el privado de nuestro país, porque al existir disposiciones de rango de ley en materia, podrá prevenirse la negativa de acceso al expediente clínico, y de esta manera fortalecer a su vez la protección de los datos personales de los pacientes.
Por todo lo antes mencionado, pero sobre todo coadyuvando con las acciones del Ejecutivo federal en materia de salud, estoy totalmente convencida de que esta propuesta parlamentaria que el día de hoy me ocupa, a la par de producir importantes beneficios, nos pondrá a la vanguardia porque representa un verdadero acto de justicia social para cada paciente que ha visto vulnerado el derecho de acceso a su expediente clínico.
Amigas y amigos; compañeras y compañeros diputados, el día de hoy, de verdad que me llena mucho de emoción contar con el apoyo, con el respaldo de todos los que están aquí presentes, diputados que integramos esta LXIII Legislatura, porque el tema de la salud es un tema que no tiene colores, porque el tema de la salud es un tema primordial y prioritario para todos. Por eso les pido el apoyo y el respaldo para votar a favor este dictamen que hoy nos ocupa. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Mólgora Glover.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general, los diputado Roberto Guzmán Jacobo del Grupo Parlamentario de Morena, y la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en pro.
Por ese motivo tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Roberto Guzmán Jacobo: Muy buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados. Hoy hago uso de esta tribuna para tocar un tema sensible, y espero tocar la conciencia de todos y cada uno de los presentes.
Como los diputados que me antecedieron, Morena se suma a favor de este dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Salud, proponiendo que por la ley se atienda prioritariamente el combate al suicidio en niños, niñas y adolescentes.
Como sociedad hemos fracasado en muchas cosas, estamos fracasando en dejarles a nuestros hijos, nietos, un país mejor. Ahora en el presente les heredamos un país violento, un país en crisis, sin empleo para los jóvenes, competitivo con las economías en el extranjero por los bajos salarios. Nuestros jóvenes tienen un futuro muy confuso.
Millones de niños en México tienen hambre, tienen frío, la familia mexicana, la del pueblo, la del barrio, se sienten traicionadas por el gobierno, ya no creen en las instituciones, pero creen en Morena, creen que podemos cambiar el país por un México mejor, donde la desigualdad se vaya estrechando.
Morena se suma a este proyecto con voto a favor de la lucha contra el suicidio por la necesidad que tenemos de generar mejores condiciones de vida para los mexicanos. Con nuestro voto a favor de esta iniciativa, estamos refrendando nuestro compromiso con los ciudadanos.
Tenemos que pensar en las acciones gubernamentales, tendientes a la prevención del suicidio en niñas, niños y adolescentes. Esto implica la formulación de políticas públicas y por ende, tiene que afrontar no sólo la problemática de la población objetivo, también por los padres de los menores y las condiciones de vida en las que se desarrollan.
Las acciones de políticas públicas que pueden arrancar desde esta Ley General de Salud deberán contar con el respaldo financiero necesario que puedan implementarse en su totalidad.
El gobierno federal y los gobiernos de las entidades han pasado por alto la problemática actual de nuestras generaciones de niños y jóvenes. El Estado ha perdido el rumbo, nuestro gobierno ha fracasado y está perdido el interés superior de cualquier nación en su infancia y la juventud.
Aquí en México la vida de los jóvenes solo son estadística, importa más que hoy nuestros niños de la montaña de Guerrero coman y cenen a que estemos pensando en la compra de unas prendas costosas que sean estrenadas en las próximas apariciones públicas de nuestro presidente de la Republica.
Exhorto a esta legislatura a trabajar por el bien común de la nación y dejar de defender los intereses del Ejecutivo federal, que es su prioridad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Guzmán Jacobo. Tiene el uso de la tribuna la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.
La diputada Araceli Madrigal Sánchez: Con su venia, diputado presidente. Mi posicionamiento a favor de dos dictámenes para la reforma de la Ley General de Salud. En primer término el uso de expediente clínico. Tenemos la convicción de que el acceso del paciente a un expediente médico es una condición para ejercitar el derecho a estar informado y así tomar decisiones en materia de salud.
En relación a la prevención del suicidio, entendemos por salud mental el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, así como de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.
El suicidio representa ya un problema de salud pública, en los últimos 10 años se han registrado en México 51 mil 381 suicidios. De acuerdo al Inegi en México los adolescentes, por causas como depresión, ansiedad, daño neurológico, así como el consumo de sustancias adictivas o incluso problemas económicos, son el grupo más vulnerable para el suicidio.
Según el Inegi el 58 por ciento de los suicidios se han presentado entre personas menores de 35 años de edad. Mi estado de Tabasco, con una tasa de incidencia superior a 7 por cada 100 mil adolescentes, se encuentra entre las entidades con mayores casos de suicidio, por lo que resulta pertinente instrumentar políticas orientadas a la promoción de la salud mental, a la atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como el fomento, apoyo y promoción de programas para la prevención del suicidio preferentemente en niñas, niños y adolescentes, con políticas, campañas y programas enfocados a fomentar en todas las personas una buena autoestima e imagen personal; confianza en sí mismos; relaciones familiares sanas y estables; el desarrollo de habilidades sociales que faciliten la integración y el sentido de pertenencia a un grupo; el desarrollo de una afectividad sana y equilibrada; el fortalecimiento del carácter con herramientas para responder ante situaciones de crisis de dificultad o de tristeza.
Nuestro grupo parlamentario votará a favor de estos dos dictámenes, sin embargo debemos reconocer que para lograr una verdadera efectividad del propósito de estas reformas a la Ley General de Salud, así como para la adecuada difusión institucional de los programas de prevención del suicidio, necesitamos preservar y no recortar los presupuestos en materia de salud, educación, cultura, deportes, desarrollo y atención de los satisfactores que hoy los jóvenes y los adolescentes de este mundo global requieren para sentirse incluidos dentro de nuestra sociedad. Estamos a tiempo, seguimos en tiempo, está en nuestras manos. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Madrigal Sánchez. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si los dictámenes se encuentran suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del primer proyecto de decreto, por el que se adicionan un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos al artículo 51 Bis 1, de la Ley General de Salud, en sus términos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a alumnos de secundaria y preparatoria del Colegio Freinet, invitados por el diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez. Igualmente saludamos a estudiantes y catedráticos del Instituto Tecnológico de Zacatepec, Morelos. Bienvenidas y bienvenidos todos. Recordamos a las diputadas y a los diputados, que terminando este proceso de inmediato iniciaremos la votación del segundo dictamen.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: ¿Alguna diputada o diputado falta por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Diego Valente Valera Fuentes (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Señor presidente, se emitieron 393 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 393 votos el proyecto de decreto por el que se adicionan un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos al artículo 51 Bis de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del segundo proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V Bis 1 al artículo 73 de la Ley General de Salud, con la modificación aceptada por la asamblea.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a Rodolfo Bladimir Cámara y Erik Alberto Cupul Burgos, representantes del Tecnológico de la Ciudad de Valladolid, invitados del diputado Liborio Vidal de Yucatán. Bienvenidos.
El Secretario diputado Andrés del Valle Laisequilla: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Continúa abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 377 votos a favor, 1 abstención y 1 en contra.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 377 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 5 Bis 1 al artículo 73 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIX, recorriéndose en su orden actual al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Jorge Triana Tena, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia. En toda democracia que funda sus normas en la participación de las y los ciudadanos, el Congreso es reflejo de la pluriculturalidad que lo conforma. En nuestro caso, esta Cámara de Diputados es fiel y sólido testimonio de esa diversidad política, social, cultural y en este caso también lingüística.
Particularmente en este último, hemos sido testigos a lo largo de la residente historia parlamentaria del uso de la tribuna de legisladoras y de legisladores, cuyo arribo a este Congreso se da a partir de su representación como parte de una comunidad indígena o pueblo originario, que al tomar la palabra lo hacen en un idioma que no corresponde al que utilizan en su comunidad, teniendo que silenciar su lengua materna como consecuencia de la falta de una previsión reglamentaria.
Las y los legisladores integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, coincidimos con el espíritu y contenido de la propuesta en el sentido de establecer en el Reglamento de la Cámara de Diputados, que quienes pertenezcan a una comunidad indígena puedan participar en tribuna y demás espacios legislativos con su lengua materna, facilitándoles la traducción simultánea y servicios de interpretación, u otros medios adecuados para el caso.
Para ello, lo harán saber previamente a la Mesa Directiva con el objeto de tomar las previsiones correspondientes y que en sus intervenciones se puedan preservar y mantener intactos aquellos conceptos, ideas y argumentos que tienen una carga emotiva y significa específica en su lengua y cuyo sentido pudiera diluirse o hasta perderse en la traducción al idioma español.
Resulta por demás paradójico, que aunque en esta Cámara se han dado discusiones que enriquecen el catálogo de normas jurídicas de manera integral y con ello se han creado leyes de gran envergadura como la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas del año 2003, que dio lugar a la creación del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, no contamos con la previsión reglamentaria interna que permite a quienes digna y destacadamente representan a sus comunidades y que puedan expresarse en su propia lengua.
Coincidimos que en esta iniciativa se fortalece la identidad y se ayuda a la preservación de las lenguas originarias, y con ello se salvaguarda también una cultura y su íntima relación con la naturaleza; por consiguiente, se enriquece el conocimiento humano acumulado por miles y miles de años.
Cabe señalar que hace unos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el uso de las lenguas indígenas en el proceso penal, es una obligación del Estado y, como tal, se debe asegurar su uso como un derecho vigente contemplado en nuestra Norma Fundamental.
Con la propuesta que se dictamina, esta Cámara de Diputados viene a sumarse a la tendencia establecida por el máximo tribunal de nuestro país, modificando uno de los momentos parlamentarios más importantes en la vida de todo Congreso: El uso de la tribuna legislativa.
Así, al compartir los motivos de la iniciativa que se dictamina, colmamos una urgencia, una necesidad en donde los pueblos y comunidades indígenas que logran tener una representación legislativa incluyente, se les permita preservar su identidad haciendo uso de su lengua originaria en un entorno democrático en la más alta tribuna de nuestra nación. Es cuanto diputado presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Jorge Triana.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 104 –numeral 1, fracción IV– del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Macedonio Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el diputado Antonio Amaro Cancino, del Grupo Parlamentario del PRI.
Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. En el Diario Oficial de la Federación del 14 de enero de 2008, el catálogo de lenguas indígenas en México reconoce 68 agrupaciones lingüísticas o lenguas. Cada una de ellas relacionadas estrechamente con uno de nuestros pueblos indígenas; y si bien su listado constituye una valiosa aportación, el mismo no implica su cabal reconocimiento ni colma el interés que como nación debemos tener en que las lenguas indígenas sean respetadas y preservadas.
El dictamen que hoy nos ocupa nos presenta importantes reflexiones como mexicanos, pues dada la estrecha relación que existe entre las lenguas y los pueblos indígenas que a través de ellas se expresan.
¿Cómo podemos propugnar por la permanencia y conservación de nuestros pueblos originarios si mediante la omisión poco a poco marginamos su lengua? ¿Cómo apreciar la riqueza cultural de nuestras lenguas si estas nunca han sido escuchadas por un número importante de la población?
El dictamen a discusión tiene por objeto principal, el hacer posible que aquellas diputadas y diputados que pertenezcan a una comunidad indígena, puedan hacer uso de la tribuna y de los demás espacios legislativos expresándose en su lengua materna.
Y respecto del mismo encontramos como bondades su congruencia con el reconocimiento constitucional de la pluralidad de los derechos humanos a la no discriminación y la diversidad cultural, así como de los compromisos internacionales que ha suscrito.
Adicionalmente debemos tener en cuenta la labor que los demás poderes federales realizan en la materia, por su parte el Ejecutivo a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, constantemente desarrolla planes, políticas públicas y exhortos, para la propagación y conservación de nuestras lenguas indígenas.
El 10 de octubre del año en curso, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a través de su director general adjunto académico y de políticas lingüísticas, convocó a la sociedad a continuar el trabajo en favor de las lenguas indígenas que se hablan en el país, y nosotros como representantes de la sociedad, no podemos quedarnos con los brazos cruzados.
Mientras que el Poder Judicial ha interpretado que el derecho a la diversidad lingüística debe extenderse a todas las etapas de los procedimientos jurisdiccionales, siendo posible la presentación de una demanda de amparo redactada en la lengua indígena del quejoso.
De esta manera, como diputados e integrantes de uno de los tres poderes federales, no podemos quedarnos estáticos siendo menester aprobar un dictamen que en sus términos hará asequible el mensaje de todos y cada uno de los diputados a sus representados en su lengua materna. Asimismo se estima que las medidas a implementar fomentarán desde el momento de su aprobación una mayor participación de aquellos miembros de comunidades indígenas que hasta ahora se veían inhibidos ante su falta de fluidez en el idioma castellano.
Por último, estimamos que el procedimiento planteado es correcto y ágil, pues cualquier gasto que pudiera implicar la disponibilidad de traductores de lenguas indígenas, resulta a todas luces justificable, cuando de garantizar derechos humanos y fortalecer la democracia se trate.
Hoy como ayer, en el contexto de la conmemoración del 12 de octubre, exhortamos a nuestros compañeros legisladores a revalorar la importancia de nuestra identidad indígena e invitándolos, cómo haremos nosotros a votar a favor del dictamen, cuyo contenido redundará en el marco del 524 aniversario del encuentro de dos mundos, alcanzar el mejor de los encuentros actuales, el encuentro social. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Perea. Esta Presidencia saluda al grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que nos visitan, invitados por la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla. Sean ustedes bienvenidos. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Ángel García Yáñez, de la Fracción Parlamentaria de Nueva Alianza.
El diputado Ángel García Yáñez: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, e dictamen que estamos discutiendo el día de hoy pretende adicionar una fracción XIX al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de garantizar los derechos lingüísticos de quienes pertenecen a alguna comunidad indígena.
La fracción IV del Apartado A del artículo 2o. constitucional reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y de todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala, en su artículo 2, que los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales de todos los demás pueblos y personas, y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos. En particular, la fundada en su origen o identidad indígena.
En congruencia con lo anterior, la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos de junio de 1996 contempla diversos conceptos bajos los cuales se garantizan los derechos de las comunidades lingüísticas. Uno de ellos se establece en el numeral 1 del artículo 3, y reconoce el derecho al uso de la lengua en privado y en público como un derecho personal, inalienable, ejercible en cualquier situación.
De acuerdo con estos principios se impone como una necesidad, elemental justicia de los derechos lingüísticos de las diputadas y de los diputados que pertenecen a alguna comunidad indígena, estén protegidos por el artículo 6 de nuestro Reglamento.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza enarbola los principios de igualdad y dignidad de todas las personas, manifestándose en contra de cualquier tipo de discriminación. Entendemos que México es un país rico en tradiciones e historia, la población que habla lenguas indígenas constituye parte esencial de nuestra identidad, da forma a la expresión de nuestra diversidad cultural y nos convierte en una sociedad pluriétnica y multicultural.
Por esa razón queremos reafirmar nuestro compromiso por promover y fortalecer nuestros valores y tradiciones, contribuyendo a pesar las lenguas indígenas y dándoles el espacio que les corresponde en este recinto. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado García. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Macedonio Tamez Guajardo, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Señor presidente, con su venia. Amigos, no deja de ser una coincidencia significativa, como hubiera dicho Carlos Gustavo Jung, el que ayer hayamos conmemorado en este recinto un aniversario del descubrimiento de América y hoy estemos en proceso de aprobar una reforma al Reglamento de esta Cámara, que autoriza y promueve el uso de lenguas indígenas en este recinto.
Y digo que es una coincidencia significativa porque el encuentro de dos mundos que se dio a finales del siglo XV, en 1492, y en México a partir de 1519, no dejó de representar la dominación de una cultura sobre otras. Fue algo inercial, la historia lo demandaba, lo predisponía, era verdaderamente inevitable.
Y finalmente en ese encuentro brotaron cosas buenas, malas y regulares entre lo bueno, excelso, diría yo, estamos nosotros los mexicanos, que somos genética y culturalmente mestizos, sin embargo también lamentablemente se perdieron culturas, se perdieron culturas, se perdieron idiomas, se perdieron manifestaciones artísticas, de tal manera que ahora 500 años después, en pleno siglo XXI, todavía tenemos cosas que reparar.
Por lo tanto me es muy grato expresar mi opinión y la de mi fracción, Movimiento Ciudadano, a favor de esta reforma que a través de un nuevo párrafo en el artículo 6 del Reglamento de esta Cámara autoriza y promueve el uso de lenguas indígenas aquellos diputados que sean de alguna de las etnias que hay en México, y no sólo promueve el uso y lo acepta con agrado, sino que además ayuda y establece que haya traductores de por medio para que no se lesione la comunicación que debemos tener entre los diputados.
De tal manera que es una iniciativa noble, es una iniciativa a la que invito a todos ustedes a votar en su favor, y finalmente, como decía Vasconcelos, José Vasconcelos, que era oaxaqueño de origen, lo decía en la parte buena, en la parte sensata de su obra, que fue la primera, decía que el destino de México es integrar una raza cósmica. Pues ojalá decisiones como esta ayuden a terminar con enfrentamientos, ayuden a que este encuentro de dos mundos se convierta en una fusión y juntos tengamos en México no sólo una raza sino una cultura cósmica. Es cuanto lo que tengo que decir, muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Tamez. Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Modesta Fuentes Alonso: Con su venia, señor presidente. Las lenguas indígenas son la esencia de nuestras comunidades, representan nuestra cultura, razón por la cual deben preservarse. Sin embargo, la falta de trasmisión oral hacia las nuevas generaciones, el rezago educativo, económico, social son algunos de los factores que propician la pérdida de nuestras lenguas indígenas.
Por desgracia, los estados que tienen mayor marginación son los que tienen el más alto número de hablantes de lengua indígena. En el año 2015, según cifras del Inegi, solo el 6. 5 por ciento de la población habla una lengua, mientras que de la población indígena solo 13 de cada 100 puede expresarse en su lengua materna.
Lo anterior debido a un atraso en la política educativa, pues desde hace décadas se impusieron estrategias formativas para mexicanizar a los ciudadanos mediante una lengua nacional, lo que deja totalmente descartada la posibilidad de que hoy nuestros niños aprendan a hablar alguna lengua indígena, o bien, que continúen utilizando su lengua materna.
Nuestros niños ya no practican su lengua, porque el sistema educativo no contribuye a ello, dado que los libros de texto están escritos en la lengua oficial, el español. De la misma manera, los perjuicios ante la entidad indígena provocan la extinción de nuestra lengua.
Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, México cuenta con 364 idiomas nacionales agrupadas en 11 familias lingüísticas, misma que está en riesgo de desaparecer debido a la discriminación de la que son objeto nuestros pueblos originarios, pues son los mismos hablantes que renuncian a ella, al sentirse rechazados en nuestra sociedad.
Luchar contra nuestros prejuicios es una tarea dura que debemos realizar, pues solo de esa manera acabaremos con la discriminación y nos sentiremos orgullosos de la pluriculturalidad de nuestro México.
Es por eso que el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen, pues somos nosotros los legisladores de origen indígena quienes debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a nuestra comunidad y hacer valer el derecho de expresarnos en nuestra lengua, y qué mejor que hacerlo desde aquí, la máxima tribuna del pueblo mexicano.
Son muchos los peligros que atentan contra nuestro patrimonio cultural, defendamos lo que es nuestro, defendamos a nuestros pueblos. Ser indígena no es sinónimo de pobreza y marginación. Ser indígena es sinónimo de libertad, riqueza cultural y conciencia de entidad. Ser indígena es un orgullo.
Diputadas y diputados, ca didxa rininudila’? ¡Cadi guinitiludicani! Ngueruni guzidinu ca xhiñinu ne ca xiaganu’. Ti guinica didxa stinu. Ti que guinitiluni. Ndani ca guidxi roo, naapa jma guendazi. Racanga rinicabe stale pe didxa stinu. Lu ti’ gayua’ binni laanu’. Chi ne chonna nga rini’ didxa guleneca’. Dxique la’? Rinacabe ca yoo rizidi ca xcuidi’ que guinica’. Didxa gueleneca’ guinica’ nisi didxa stia’. Benda ne bizana ca cadi guitui’ lutu guinitu’ didxa gulenetu. Purti nganga didxa jma sicaru ni naapanu’ ra’zuguadi yoo roo guidxi mexicu rinaaba gucaalunu’. Ne gusizacaanu’ didxa guelenenu’. Gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Diego Valente Valera Fuentes: Mili o shuke tácotocolic. Taj shi no shuck tá loil.
No hemos caído en cuenta que México tiene una identidad que se basa en la riqueza y en la diversidad de las culturas indígenas, no se construyó esta nación bajo los cimientos de la migración, sino se edificó con un origen propio, por miles de años de historia, de tradiciones, de costumbres, identidad.
Vemos mucho hacia afuera y seguimos esquemas y modelos democráticos del exterior constantemente.
Nos regocijamos importando baratijas pero poco hacemos para mirarnos al espejo y reconocer que tenemos país gracias a la enorme herencia de los pueblos indígenas que durante toda la historia de México han estado aquí.
Qué falta de respeto para nosotros mismos. Y ni aun prostituyendo nuestra grandeza étnica, vendiendo a México como destino turístico cultural en el mundo somos capaces de regresarles a nuestros pueblos nativos lo que por ley les corresponde.
México, señores, debe ser uno mismo a pesar de sus diferencias. Ciertamente en México hay muchos Méxicos pero todos somos uno y debemos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades de desarrollo.
Alrededor del mundo, y México no es la excepción, las comunidades indígenas enfrentan grandes dificultades para gozar de plenitud de sus servicios y bienes que les debe de proporcionar el Estado para hacer efectivo su derecho a la educación, a la justicia, a la salud. Para conseguir empleo digno o para acceder a recursos productivos e información.
¿Y saben cuál es precisamente la más grande de sus dificultades? Poder comunicarse con el resto de los mexicanos, porque miles de ellos no hablan español.
No obstante lo anterior, resulta alarmante que debido a la exclusión de lenguas hoy existan muchas de ellas en nuestro país que están en peligro de extinción. Que es lo que a los mexicanos nos hace diferentes del mundo.
La lengua es la voz de los pueblos y representa la memoria viva de su paso por la tierra. Por eso la pérdida del idioma constituye una forma de empobrecimiento para la humanidad, para nuestra cultura, para nuestro origen.
Debemos de entender que la lengua es como un músculo que si no se ejercita se va perdiendo. Con ella se perderá parte de nuestra historia, parte de México, parte de nuestra humanidad.
Por ese motivo es nuestro deber como legisladores reconocer la identidad y la práctica de la diversidad lingüística, siendo este recinto el lugar idóneo por ser un espacio de diversidad, de culturas, de ideas y que cuenta con diputados y diputadas pertenecientes a distintas comunidades indígenas que representan dignamente a esos pueblos.
Reconocer la diversidad lingüística no solo nos enaltece como legisladores sino también como mexicanos, de compartir sentimientos de identidad, de responsabilidad y de creencias en común.
Por ello, los exhorto, compañeros, a que votemos a favor de dar vida a los debates de la tribuna reforzando la utilización de lenguas indígenas. Durante mucho tiempo la diversidad de lenguas fue consideraba como una barrera para el progreso humano, hoy debemos eliminar ese enfoque. El enfoque de eliminar barreras y que en los hechos no nos permite ser y reconocer lo que nuestra Carta Magna dice: una nación pluricultural.
Y dejemos en la agenda de este Poder Legislativo un tema pendiente, que las lenguas, por mencionar algunas: náhuatl, otomí, zapoteco, tzotzil, rarámuri, maya, mixteco, purépecha, tzeltal, kakchiquel, puedan ser nombradas y reconocidas como nuestro país como lenguas oficiales, dejando a un lado solamente el español, que nos limita y que nos coarta como un país pluricultural. Y de aquí partir a lo que por añadidura representaría en México el libro de texto gratuito en clases y en la vida pública de lo que en nuestro país resulte.
Personalmente, me siento orgulloso de ser parte de este país, con raíces culturales diversas y de contar con una población pliriétnica. Me siento orgulloso de ser chiapaneco. Kolabalic tacotolic chinic comel kaj baltic. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Valera. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano.
El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, padiushi. Buenas tardes. Acudo a esta tribuna para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD, con relación al dictamen por el que se adiciona una fracción XIX al artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados históricamente ha sido un espacio de gran diversidad política y cultural. Aquí han hecho uso de la palabra innumerables diputados y diputadas que pertenecen a una comunidad indígena.
Las luces, lenguas maternas indígenas no tienen un lugar para hablarse con familiaridad en la llamada casa del pueblo; por lo que celebramos la aprobación de este dictamen. Debemos reconocer las voces de la diversidad lingüística en la Cámara de Diputados, porque una lengua es una visión del mundo que marca la ruta de dónde venimos, quiénes somos y la idea de comunidad a la que pertenecemos. Reconocer y escuchar lenguas diversas en esta soberanía, es reconocer nuestra propia realidad y riqueza lingüística en el país. Qué mejor que tener muchas visiones del mundo, valores comunes y enseñanzas recíprocas.
En lo personal estoy convencido, que las lenguas indígenas son portadoras de sabiduría. Al preservar una lengua se protege una cultura, el conocimiento y su íntima relación con la naturaleza. Tenemos la obligación de darle un espacio de valor y reconocimiento a las lenguas indígenas, para poder fortalecer y darle orgullo de identidad a quienes hablamos una lengua materna. El reconocimiento no lo vemos como una concesión sino como un derecho humano.
Quiero mencionarles que las lenguas indígenas no son enemigas del desarrollo y son las rutas para regresar al pasado, son una fuente de conocimiento y de valores que se transmiten, sabiduría y enseñanza para futuras generaciones. Hoy podemos decir que ya basta al confinamiento y al ámbito casero de las lenguas indígenas, todos los espacios del Estado deben ser abiertos a la rica y digna diversidad de las voces indígenas.
Por lo anterior mencionado, quiero agradecerles a todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, por aprobar el presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Ojeda. Esta Presidencia saluda al grupo de jóvenes provenientes del estado de Querétaro. Invitados por el diputado Hugo Cabrera Ruiz.
Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Santiago Torreblanca Engell.
El diputado Santiago Torreblanca Engell: Amigos diputados, en primera instancia felicitar a las diputadas promoventes de esta iniciativa, la diputada Karen Ramírez Peralta y a la diputada Lluvia Flores Sonduk, por la presentación de esta iniciativa.
Casi todos pensamos y damos por sentado que el español es el idioma oficial de México. Si a cualquier persona en la calle le preguntáramos, cuál es el idioma oficial de México, la gran mayoría contestaría sin titubear que el español, si no es que incluso uno que otro el castellano, que o es lo mismo.
La realidad es que México no cuenta con un idioma oficial, no hay ningún precepto en el texto constitucional que lo diga. Por el contrario, s hay un precepto constitucional, un artículo 4o. que nos dice que México es un país sustentado en sus pueblos indígenas, un país pluricultural´.
¿Por qué, si somos una nación pluricultural y los representantes de esa nación pluricultural somos los diputados, a algunas minorías les coartamos su derecho a expresarse en su lengua materna? Es un absurdo.
¿Por qué necesariamente el idioma de la mayoría –que no oficial– debe ser el que escuchemos aquí y en el cual se expresen las ideas políticas y se debatan? No tiene razón de ser.
Cada idioma tiene una particularidad especial. Hay palabras en varios idiomas que no tiene una traducción expresa y concordante con las demás. A manera de ejemplo, en el idioma Náhuatl –que es un idioma, no un dialecto como muchos dicen– existen más de seis palabras para conjugar el verbo reír, dependiendo si ríes de una persona o con una persona, y otras particularidades. En el momento en que se lleva a cabo una traducción eso se pierde.
Esta reforma va a permitir que la persona hablante de una lengua indígena pueda expresar sus ideas en la manera que la concibió de una manera directa, y garantiza el derecho de aquellos diputados como yo –lo acepto–, que no hablamos una lengua indígena, tengamos capacidad de entender su contenido.
Hay que ser congruentes. Si en la Constitución hablamos de una pluriculturalidad y no existe ningún dispositivo constitucional que establezca un idioma oficial, no tenemos por qué discriminar a las minorías –porque es una forma de discriminación callada– en expresarse en su lengua materna.
Celebro esta iniciativa y estoy seguro que el día de mañana podremos incluso afinar de su operación para que no tenga un gran impacto presupuestal y sí un gran beneficio de justicia lingüística. Muchísimas gracias. El Partido Acción Nacional va a votar a favor, y estoy por lo visto viendo que todos los demás partidos también. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Santiago Torreblanca. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Amaro Cancino, hasta por cinco minutos.
El diputado Antonio Amaro Cancino: Jundaré, presidenta, jundaré, compañeros diputados. Con su venia, diputadas y diputados; la Cámara de Diputados es, como lo establece la Carta Magna, reflejo de pluralidad de nuestra nación. La posibilidad real de que cualquier ciudadano llegue a esta representación, genera democracia, controla y evita la concentración del poder.
Esta Cámara históricamente ha tenido la encomienda de traducir en normas jurídicas los anhelos de todos los mexicanos y solamente escuchando a todos podremos cumplirle a nuestra nación.
El artículo 2o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país, al iniciarse la colonización, y que conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Asimismo el artículo 4o., de nuestra Carta Magna dispone que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.
El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en México existen alrededor de 12 millones de indígenas, lo cual representa aproximadamente el 10 por ciento de la población.
Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La pluralidad de lenguas indígenas es reflejo de la composición pluriétnica y pluricultural de la nación mexicana; reconocer su uso es abrir los ojos a la realidad de nuestro país.
El Grupo Parlamentario del PRI apoya el presente dictamen porque protege los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción de su uso y su desarrollo.
Votaremos a favor porque promueve que los legisladores hagan uso de sus lenguas maternas durante el desempeño del quehacer parlamentario. Para tal propósito se les facilitará la traducción simultánea, así como los servicios de interpretación adecuados.
Estamos a favor del presente dictamen porque tal como lo manifiesta el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su objetivo: transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. Buscamos: impulsar la armonización del marco jurídico nacional en materia de derechos indígenas; que ningún mexicano quede fuera del desarrollo de México.
Lo hacemos en concordancia con nuestra plataforma electoral, la cual manifiestan su objetivo 8, el respeto y desarrollo integral de las comunidades indígenas. Queremos un México que reconozca y valore la identidad y riqueza de los pueblos indígenas, y que genere oportunidades para superar los rezagos existentes. Queremos hacer de México un país con esperanza y oportunidades para todos los sectores.
Nunca más, nunca más en esta tribuna estarán excluidas las voces y las formas de expresión de nuestros paisanos. Desde aquí a Oaxaca, a lo zoques, a los triquis, a los huaves, a los chontales, a los mixtecos, ixcatecos y oxitecos, nuestro reconocimiento a esa necesidad de expresarse: aviritijá (habla en su lengua) el derecho para todos, aviritijá siempre para que aquí en el Parlamento podamos hacer que la letra no se quede en canciones solamente, en el gueta gubelazá (habla en su lengua) sino que podamos decir desde aquí, con el cariño y el sentimiento, que vale la pena reconocer la nacencia de nuestro pueblo.
Reconocer las voces del pasado es dar sustento al presente y esperanza al futuro, es admitir que la diversidad de lenguas indígenas representa una de las principales expresiones de la composición pluriétnica y pluricultural de nuestro país. Vamos de frente a la búsqueda de esa prosperidad para todos, y hagamos de esta oportunidad el parteaguas para que no solamente en la Cámara, sino en las constituciones, en nuestras leyes, en las promociones que hace el gobierno para beneficiar a nuestros pueblos, también se traduzca en las lenguas maternas de cada comunidad la oportunidad para que no tengamos más discriminación, y para que la mujer acceda cada día más, como lo hicimos hoy, en el dictamen pasado, a mejores oportunidades y calidad de vida. Es cuanto, diputada presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Amaro. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaria a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Diputado Fidel Almanza, ya. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema.
Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron a favor 370 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 370 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIX, recorriéndose en su orden actual, al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se recibió de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXV del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Se recibió de la diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Túrnese a la Comisión de Juventud, para dictamen.
Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 23 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, suscrita por la diputada Lía Limón García y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.
Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés, y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
Se recibió del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 6o., 20 y 29 de la Ley Federal de Defensoría Pública. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
Igualmente se recibió del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Hernán de Jesús Orantes López: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, las normas jurídicas previstas en nuestra ley fundamental, consagran aquellos derechos a que todo mexicano puede acceder y exigir que se cumplan en aras de su bienestar y convivencia armónica.
No obstante, en el texto constitucional se establece un derecho que se mandata, pero que no cuenta con los elementos necesarios para garantizar su cumplimiento, por lo tanto, cae en el ámbito de la discrecionalidad de parte de la entidad responsable de observar.
Me refiero, compañeras y compañeros, al derecho de petición, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual tiene como fin establecer la forma en que este derecho debe ejercerse para solicitar o reclamar un acto u omisión de la autoridad.
El segundo párrafo de dicho artículo señala que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
De la lectura del precepto citado se advierte la obligación de la entidad recurrida a contestar a toda petición, a condición de que sea planteada de manera pacífica y respetuosa.
Sin embargo, no establece un término de tiempo en el cual se obligue a la autoridad a dar respuesta al peticionario, ocasionando con esto una afectación en la esfera jurídica del gobernado.
El concepto de breve término no es preciso, no está acotado, y por lo tanto, queda a la interpretación del obligado.
Como consecuencia de ese limbo jurídico el gobernado ha tenido que recurrir al juicio de amparo, motivando así que el Poder Judicial de la Federación, mediante sus tribunales colegiados de circuito, haya emitido tesis respecto del término de tiempo para contestar al peticionario.
En su tesis el tribunal de mérito estableció que la expresión de breve término sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses.
No se deja de reconocer el esmero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado, sin embargo, el plazo fijado en la resolución referida anteriormente es excesivo, y por lo tanto, lesiona el derecho del peticionario a recibir una respuesta a su solicitud en un periodo de tiempo largo.
Por ello es imperativo definir el término del tiempo máximo del que debe gozar la autoridad para responder a una petición.
Cierto es que la tesis citada acota la discrecionalidad con que la autoridad puede manejar el tiempo para responder, pero desde mi punto de vista, el tiempo que señala la mencionada tesis es excesivo, porque a lo anterior hay que sumarle que los sectores más vulnerables no cuentan con los medios necesarios para recurrir al juicio de amparo en demanda de un derecho supremo que la Constitución consagra.
Considero que no es de justicia regatear a través de ningún trámite administrativo judicial adicional el derecho de petición.
El objetivo de mi propuesta a esta honorable Cámara de Diputados es eliminar el mero carácter prescriptivo del derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional, dotándola de un elemento que le dé el efectus correspondiente.
De aprobarse la presente reforma se le otorgará certeza jurídica al precepto que en este momento se deja a la conciencia de las autoridades.
De esta manera, propongo adicionar un tercer párrafo al artículo 8 de nuestra Constitución, en el que se precise que la autoridad requerida tenga un término de 45 días hábiles para dar respuesta al derecho de petición. Cuarenta y cinco días hábiles serían suficientes para que la identidad requerida estudie, evalúe y dé respuesta a cualquier petición de todo ciudadano mexicano. Es necesario darle un carácter coactivo a la norma para hacerla eficaz. Está suficientemente probado que sin obligatoriedad no hay cumplimiento. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley General de Educación, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley de los Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
El diputado José Adrián González Navarro: Gracias. Con su venia, señora presidenta. No les quito mucho el tiempo, ya nos vamos todos a casa. Las iniciativas que se presentan buscan... Es muy sencillo. Acaba de terminar la justa deportiva más importante a nivel mundial y hoy creo que tenemos que empezar a ver la visión clara de qué queremos en México para el deporte.
Nuestros deportistas, y a poco las yo sé que muy valiosas y pocas medallas que tuvimos, valiosas por aquellos que dedicaron sus vidas para poder darnos esas glorias deportivas creo que no tienen el reconocido y justo lugar en la legislación de nuestro país.
Por eso, yo promuevo y trato de impulsar –esta es mi segunda ocasión– la creación de la Secretaría del Deporte. La Secretaría del Deporte lo que busca no solamente es tener conocimiento de los deportistas de alto rendimiento, sino que también se haga el salón de la fama de aquellos que nos han dado gloria en una justa olímpica.
Que se hagan los programas de activación física para los adultos mayores, para aquellos que tienen alguna enfermedad degenerativa; para que también tengamos quien se responsabilice de los espacios deportivos. Porque generalmente se pelean los recursos, pero a la hora de dar mantenimiento y conservación ya no hay quien quiera hacerse responsable de estos espacios deportivos.
Yo les pongo un ejemplo: Canadá al día de hoy ya tiene el programa deportivo de aquí a Tokio. Nosotros no tenemos definidos ni los momentos de este año del cierre de las federaciones de las especialidades deportivas de nuestro país. Creo que la Secretaría del Deporte daría una relevancia y una importancia trascendental en nuestro país al deporte. Debemos de dejar de ver al deporte como anexo de la Secretaría de Educación. Debemos de pelear por aquellos que han dado gloria a nuestro país.
También lo que busca la iniciativa o las iniciativas que se presentan es hablar de aquella transparencia que mucho exige el presidente de Conade, Castillo, a las federaciones, y entonces lo que se busca es que haya mecanismos para que el presupuesto de todas las federaciones se transparente y podamos tener acceso y saber cómo se gastan tanto los recursos públicos, como los recursos privados que se invierten en las federaciones para el manejo y control del deporte en nuestro país.
Otro órgano que no ha tenido vigencia y que, parte de las reformas que presento, buscan es integrar el Coved. El Coved es el órgano rector de todas las asociaciones deportivas. Ese órgano, al día de hoy después de tres años que se ha aprobado la nueva Ley de Educación Física, Cultura y Deporte en nuestro país, no tiene vigencia.
No podemos exigir la famosa transparencia cuando ni siquiera hemos logrado a través de los órganos que manejan el deporte en nuestro país integrar el Coved. Entonces esto es lo que persiguen las iniciativas que están presentadas y puestas a su consideración y esperemos que pronto las podamos ver en discusión en esta tribuna. Les agradezco mucho por el tiempo y consideración.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Deporte, para dictamen.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 54 y 58 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
La iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 27 de la Constitución, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. Y la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y del Deporte, se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social.
El diputado Felipe Reyes Álvarez: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados. El tema que hoy me permito presentar es en torno a la igualdad y equidad de género –en este caso para los hombres–, basado en el principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Esto significa que todas las personas, sin distingo alguno, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y a la sociedad en su conjunto.
La presente reforma que propongo busca que la ley se adecúe cada vez más a la realidad mediante los hechos, particularmente en el tema de seguridad social. En la actualidad encontramos un sesgo en la Ley del Seguro Social, en la cual se deja desprotegido al esposo o concubino de una mujer trabajadora asegurada en el IMSS.
El día de hoy, si el trabajador hombre asegurado llegara a fallecer, es posible, prácticamente en automático, proteger económicamente a la esposa o concubina mediante el pago de una pensión. Sin embargo no aplica lo mismo para el varón, pues según la referida ley, el esposo o concubino, al solicitar la pensión de viudez debe de demostrar antes una dependencia económica, además de acreditar que se encuentra totalmente incapacitado a través de un dictamen que realicen los servicios médicos institucionales del IMSS.
Lo anterior acontece en la práctica, a pesar de que en nuestro país existe una norma oficial en materia de igualdad laboral y no discriminación. La norma citada funciona como un mecanismo de adopción para reconocer a los centros de trabajo que cuenten con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Es importante resaltar la necesidad de la presente reforma, pues según el Consejo Nacional de Población, las mujeres jefas de familia pasarán de 5 a 15 millones en una tendencia creciente y constante hacia el año 2050. Asimismo el INEGI puntea que de los casi 49 millones de mexicanos que trabajan, 19 millones son mujeres, es decir el 38 por ciento.
Diputadas y diputados, es preciso destacar que en nuestro país apenas el 4 por ciento de las pensiones derivadas del IMSS pertenecen a viudos, debido principalmente al desconocimiento y a que en la práctica el IMSS pone muchos obstáculos para que los hombres puedan obtener el beneficio pese a tener el derecho a poseerlo.
En consecuencia es necesario reformar el párrafo segundo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social que establece un proceso de discriminación al mencionar el término “que dependiera económicamente” para que la pensión se le otorgue al esposo o concubino.
También debo de exponer que ante esta contraposición en la ley, ya tribunales laborales se han pronunciado a favor de que los hombres viudos tienen derecho a la pensión de viudez sólo por ser esposos o concubinos de la mujer trabajadora asegurada.
Condicionar de esta manera el otorgamiento de la pensión de viudez al hombre, mientras que este no acredite la dependencia económica y el dictamen del IMSS, viola las garantías de igualdad y no discriminación. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Sara Paola Félix Díaz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores, “lo que se le dé a los niños, los niños se lo darán a la sociedad” Karl A. Menninger.
Las víctimas de trata de personas no son sólo víctimas de delitos atroces, sino de graves violaciones a sus derechos humanos. En esta victimización genera un agravio a su dignidad personal y afectaciones serias a su salud física, mental y emocional.
Como sabemos, toda victimización requiere para ser superada cuando menos tres supuestos: acceso a la justicia, sanción a los responsables, una justa e integral reparación de los daños y perjuicios. Si estos tres supuestos no se cumplen, las víctimas y la sociedad quedan en estado de vulnerabilidad, indefensos. De ahí la importancia de que el Estado mexicano cumpla cabalmente con los tratados y los compromisos internacionales que ha contraído en diferentes instrumentos.
Actualmente la Ley General para Prevenir y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas, establece para las niñas, los niños y adolescentes, que los tres niveles de gobierno a través del sistema DIF, deberán crear albergues, refugios y casas de medio camino especializado para la protección y asistencia de las víctimas, donde se garantice un alojamiento digno por el tiempo necesario, asistencia material, médica, psicológica, social, alimentación y cuidados atendiendo a sus necesidades y evolución.
Sin embargo, es justo reconocer que en la gran mayoría de los casos estos refugios y albergues existen gracias al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y no del Estado, y los menores de edad que son llevados a estos albergues y refugios, en la inmensa mayoría de los casos, vivieron vulnerados sus derechos en el primer espacio natural de seguridad y protección que debió ser su hogar o simplemente no lo tuvieron.
Tenemos un reto pendiente y una deuda con las víctimas, principalmente con las menores de edad, ya que ellas y ellos sólo cuentan con el estado y sus instituciones para proveerles no sólo lo más básico, sino el acceso a oportunidades reales de desarrollo y el resarcimiento de sus derechos.
En nuestro país el 42 por ciento de las víctimas de trata de personas son niños y niñas, cada mes un mínimo de 100 niños caen en manos de redes de prostitución o explotación sexual, comercial infantil, que equivale a un promedio de mil 200 niños al año. Más de 60 mil niños y niñas son víctimas de explotación sexual en México.
Por ello, la presente iniciativa tiene como eje central establecer en la ley que estos albergues, refugios o casas de medio camino especializados deberán adoptar las medidas apropiadas para promover su recuperación física y psicológica, así como la restitución de sus derechos.
Lo anterior atendiendo que somos un país receptor, de tránsito, de personas víctimas de trata. Se propone también establecer expresamente en la ley que todos los casos se deberán considerar la edad, el sexo, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo, madurez de las y los menores de edad para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivos, los cuales se realizarán en un ambiente que fomente la dignidad de los niños y niñas y adolescentes víctimas del ilícito de trata de personas, reconociendo en todo momento el interés superior del menor.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, ellas y ellos necesitan certeza y seguridad jurídica, certeza jurídica en el presente y en el futuro. La trata de personas en sus diferentes modalidades es una forma de esclavitud moderna. Pero no olvidemos que la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades y la invisibilidad social también son esclavizantes.
Las niñas y los niños que han vivido y han sido víctimas de trata de personas tienen derecho a soñar con una vida feliz. Las niñas y los niños que han vivido y han sido víctimas de trata de personas también son nuestros niños y nos representados, no los defraudemos. Muchísimas gracias, compañeros. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos, para dictamen.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La diputada Ariadna Montiel Reyes: Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras diputadas y buenas tardes a los ciudadanos que nos siguen esta tarde a través del Canal del Congreso.
La suscrita diputada, Ariadna Montiel, con fundamento en los artículos 71, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
El 1 de enero de 2014, como consecuencia de la reforma hacendaria propuesta por el Ejecutivo federal, entró en vigor el Régimen de Incorporación Fiscal en sustitución del Régimen Intermedio de Personas Físicas con Actividades Empresariales y el Régimen de Pequeños Contribuyentes, los que eran conocidos como Repecos.
Entre los objetivos centrales de la reforma hacendaria, según se desprende de la presentación entonces del gobierno federal al momento de su exposición, se encuentra entre otros el fortalecimiento de la responsabilidad hacendaria, el aumento de la capacidad financiera del Estado, la mejora de la equidad tributaria, la promoción de la formalidad y el otorgamiento de facilidades para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
En el mismo documento, el gobierno federal reconoció la baja capacidad que ha tenido el Estado mexicano en los últimos años para conformar un sistema tributario eficiente, progresivo y equitativo, con consecuencias diversas que se expresan tanto en la reducida cantidad de los ingresos como contra la proporción del producto interno bruto, la desigualdad de la distribución del ingreso y la informalidad económica. A más de dos años de haberse implementado la reforma hacendaria ésta no ha tenido los beneficios que suponía, por el contrario, ha sido perjudicial para las finanzas públicas.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda, la proporción de los ingresos tributarios del impuesto sobre la renta fue de 5.2 por ciento en 2011, de 5.2 en 2012, de 5.9 en 2013, 5.6 en 2014 y 6.7 en 2015, cifras muy por debajo del promedio registrado en los países de la OCDE, que fue por arriba del 32 por ciento correspondiente a estos años.
Después de la reforma este indicador no ha presentado una mejora sustantiva, ya que en 2014 registró una proporción del 10 por ciento, cifra menor al promedio de los países de la mencionada Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
En relación a la distribución del ingreso, en México ha prevalecido la desigualdad. De acuerdo con datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares del Inegi, se desprende que en los últimos años existe una mayor concentración del ingreso y mayor pobreza.
Si bien uno de los objetivos de la reforma hacendaria es promover la formalidad, se crea un régimen especial para facilitar que las personas ingresen a la formalidad y, con ello, cada vez más mexicanos cumplan con sus obligaciones fiscales. Esto no ha sucedido.
En concusión, podemos afirmar que la reforma hacendaria no ha cumplido con los objetivos planteados en ella, como se expresa en el aumento de la informalidad, derivada de las medidas administrativas impuestas, así como el cierre paulatino de los pequeños comercios, afectando a la economía de los más necesitados.
Por lo anterior, desde el Grupo Parlamentario de Morena consideramos que es necesario regresar al esquema tributario del régimen de pequeños contribuyentes, así como al régimen intermedio, con el fin de que de manera directa se pueda beneficiar a los contribuyentes que no cuentan con las condiciones administrativas suficientes para tributar en el régimen general. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Claudia Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La diputada Claudia Sofía Corichi García: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, de entre todas las conductas que afectan a la sociedad, el derecho penal sanciona aquellas que más lastiman a la sociedad o a los individuos, las más reprobables, las que más lastiman a la dignidad humana.
Nadie puede poner en duda que uno de los bienes jurídicos más valiosos de la humanidad son las niñas y los niños, pues estos representan el presente y el futuro.
Todas las sociedades han tenido una protección especial hacia la infancia y es plenamente justificable que se dé un tratamiento jurídico distinto para proteger a los menores. Ahí reside la esencia del interés superior de la niñez.
México ha ratificado diversos instrumentos internacionales y la realidad es que se señalan en general que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especial, incluso la debida protección legal, por lo cual resulta oportuno que tratándose de delitos en contra de menores de edad y siendo que estos no tienen la capacidad de entender la magnitud y alcances del agravio que han sufrido, la figura de prescripción de delitos se extienda a otras particularidades de las que hoy tiene, aunque prácticamente no existen datos disponibles desafortunadamente, lo cual es ya un gran problema.
Según la Procuraduría General de la República, entregados al Comité de los Derechos del Niño y la Niña, de la ONU, de 2011 a 2014, los abusos y violencia contra niños, niñas y adolescentes aumentaron en un 232 por ciento.
Durante este periodo sólo se han dictado tres sentencias en materia penal federal contra probables responsables de delitos, en los que la víctima es una menor o un menor de edad.
Pero doy un ejemplo que es verdaderamente preocupante. En 2014, la Policía Cibernética detectó 11 mil casos de pornografía infantil y solamente 16 sujetos fueron detenidos y solamente uno consignado.
Estamos hablando, sí de un tema de impunidad, pero también en el que tenemos que plantearnos cómo cambiar la realidad, siendo que la mayoría de los delitos contra menores se persiguen de oficio por ser delitos que atentan no sólo contra el menor, sino contra la sociedad en su conjunto, tenemos que la imprescriptibilidad de estos delitos tendría por efecto que estos puedan ser denunciados y castigados en el momento en que el menor, en su momento agraviado, cuente con la capacidad suficiente para entender que ha sido víctima y que su agresor merece el castigo del Estado, con lo cual allanaríamos el camino a la reinante impunidad en nuestro país.
Y la imprescriptibilidad de delitos no es una figura nueva, ya existe en el delito de corrupción de menores y también en otros delitos más. Sin embargo, existen otras series de delitos graves que no están catalogados como imprescriptibles: la pornografía sexual de menores, turismo sexual, pederastia, hostigamiento sexual, abuso sexual, violación y estupro.
Por lo anterior, es que propongo que adicionemos, en esta soberanía, un párrafo al artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para establecer que sean imprescriptibles las sanciones de los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y el normal desarrollo psicosexual, así como los delitos patrimoniales en agravio de las personas menores de edad.
Casos como los que hemos visto, el caso de Matatena, el de Succar Kuri, las víctimas del padre Maciel y muchas otras han salido a la luz pública. Muchos otros están ahí sin ser castigados, sin ser conocidos y en la obscuridad y las tinieblas, y seguramente si no cambiamos las cosas, pocas veces serán perseguidos y acusados aquellos que abusaron de un pequeño o de una pequeña, porque cuando ya sea tiempo de denunciar, cuando se tenga la posibilidad de denunciar habrá prescripto los delitos, por eso tenemos que tomar medidas.
Hoy les pido, compañeras, compañeros diputados, que tomemos esas medidas, que protejamos a esos pequeños que muchas veces sufren, incluso, abusos por parte de sus familiares que tienen miedo, que están ahí lastimados, para que cuando tengan conciencia puedan denunciar a sus agresores y estos puedan ser castigados.
Es cuanto, presidenta de esta Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros diputados, espero que podamos respaldar esto en esta vía de acabar con la impunidad y también, sobre todo, en aquellos que se comete, la impunidad que se comete y de los delitos que se cometen contra los pequeños y las pequeñas de nuestro país. Muchas gracias.
La presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: “Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria”. Gandhi.
Con el permiso de la Presidencia, compañeras diputadas y diputados. En junio pasado aprobamos la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes. Lo hicimos como respuesta a la necesidad de garantizar a los niños y adolescentes de entre 12 y 18 años que han cometido delitos contar con un sistema de justicia que privilegie el interés superior de la niñez cuando tengan que ser juzgados.
En ella se contemplan los derechos específicos que la Constitución reconoce para los menores de edad. Además refleja los principios de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
No obstante, en Nueva Alianza consideramos que presenta omisiones, ambigüedades y vacíos importantes que afectan el espíritu de la creación y aprobación.
Toda ley es perfectible, por ello hoy vengo a presentar una iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con la finalidad de resarcir dichas omisiones, complementando el trascendental cambio en la vida jurídica y social de nuestro país que representa dicha norma.
Las adiciones que proponemos se enfocan en esclarecer y reafirmar los principios de igualdad, el derecho a la intimidad, a la privacidad y confidencialidad de la persona adolescente, en virtud de que la ley vigente no los establece expresamente.
En primer lugar, proponemos agregar –artículo 39 de la ley, que impide incomunicar a los menores– la prohibición de aislar u ocultar a la persona sometida a procedimiento.
Con ello se pretende una mayor transparencia evitando casos de desapariciones, cuando por razones de seguridad sea estrictamente necesario aplicar la medida de aislamiento del menor. Será obligación de la autoridad administrativa y judicial hacerle saber sus derechos y la forma que tiene para ejercerlos.
De igual manera, se notificará su situación no solo a su defensor, sino que será extensiva a una persona de confianza designada por el infractor; así como la procuraduría de protección competente, para garantizar el derecho a la privacidad que propone una adición al artículo 67, cuyo objetivo es que las entrevistas entre el menor infractor y su defensor se realicen en privado, sin injerencia de ninguna autoridad y previo a su declaración, brindándoles todas las facilidades, en aras de estructurar una estrategia legal y estar en la posibilidad de ofrecer los datos y medios de prueba pertinentes para llevar a cabo una adecuada defensa.
La ley establece el derecho del menor a recibir una valoración médica al momento de su ingreso a algún centro correccional o penitenciario. La propuesta que planteamos consiste en contemplar un posible estado de gravidez, y en caso de presentarse, adoptar las medidas necesarias para su adecuada atención.
De igual manera, la legislación vigente establece que la autoridad administrativa o judicial tiene la facultad de requerir muestras, previo aviso, para detectar el posible uso de alcohol o drogas prohibidas o el resultado del examen de las mismas, que violenta el derecho a la intimidad del menor. Para evitar esta situación, proponemos que solamente se proceda a la realización de estudios médicos de este tipo cuando existan datos suficientes para presumir que el adolescente ha consumido sustancias prohibidas.
Por otra parte, la referida ley establece los mecanismos por los cuales se podrá obtener la restitución en materia de reparación del daño; sin embargo, omite quien puede recibir el beneficio en caso de muerte del ofendido. La iniciativa pretende subsanar esta omisión a fin de fijar el orden de prelación, garantizando el derecho de restitución.
Un punto importante de la ley es el principio de especialización. En este apartado se especifica que todas las autoridades del sistema deberán ser formadas, capacitadas y especializadas en materia judicial para los adolescentes en el ámbito de sus atribuciones.
Lo que proponemos es la incorporación de las figuras del criminólogo, pedagogo y perito en materia de psicología, a fin de brindar una mayor y mejor asistencia en el proceso.
Finalmente, proponemos una adición al artículo 87 con el objeto de que las declaraciones vertidas de las partes en las diligencias de mediación, de ninguna manera sirvan como material probatorio en caso de que no se logren los acuerdos.
En Nueva Alianza estamos convencidos que muchos de los jóvenes que delinquen son los que necesitan una nueva oportunidad para reintegrarse de manera productiva sana y acogidos por la sociedad, darles esa certeza, garantizarles un proceso justo y transparente, que privilegie los derechos humanos, es el primer paso para lograrlo. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Los jóvenes necesitan que los apoyemos irrestrictamente. Es cuanto, compañera presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del PES. Para presentar iniciativa con...
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sonido en la curul del diputado Pinto. Permítame, diputada.
El diputado Francisco Javier Pinto Torres (desde la curul): Gracias, presidenta. Nada más, a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza y con el permiso de nuestro coordinador, pedirle a la diputada María Eugenia, si nos permite adherirnos a su iniciativa, y además felicitarla por esa iniciativa que los jóvenes merecen aquí en México.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla (desde la curul): Sí, adelante.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Ha accedido. Puede pasar a firmar la iniciativa, diputado.
Perdón, diputada. Tiene el uso de la palabra, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del PES. Para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y 359 del Código de Comercio.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Con su venia, señora presidenta. Saludo a nuestros televidentes del Canal del Congreso. Buenas tardes, honorable asamblea. Siempre que hablamos de economía o de finanzas, lo primero que señalamos es que debemos impulsar el desarrollo económico de nuestro país, de manera sustentable y sostenida, entiendo por esto, según la Declaración de Río de 1992 a la administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de la vida de las generaciones futuras, además de que sea eficiente y eficaz.
Por ello, estoy cierta que la estrategia para alcanzar dicha sustentabilidad, debe estar basada en mejorar e4l mercado interno en una mayor competitividad hacia el comercio exterior, acompañado de una mayor y mejor productividad. En un estado de derecho como el nuestro, es decir, que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno a una Constitución, la cual el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios debemos de entender que la ley se encuentra en constante transformación y debe adecuarse a las necesidades y a las exigencias de la sociedad.
México es una nación con una franja fronteriza norte que colinda con los Estados Unidos de Norteamérica. Abarca seis estados como mi estado, Baja California, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, con 38 municipios, y al igual de una franja fronteriza sur que limita con Guatemala y Belice y comprende cuatro estados: Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas.
Con una frontera tan dinámica, quizá la de mayo flujo comercial a nivel mundial hacia el norte y al sur, con una integración de las economías cada vez mayor, motivan una creciente cantidad de diversidad de todo tipo de contratos en moneda extranjera.
Actualmente el artículo 8 de la Ley Monetaria textualmente reza: Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en ésta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vigente en el lugar y fecha en que deba hacerse el pago.
En los últimos tiempos hemos visto una serie de medidas que han contraído la economía de esos estados fronterizos como la alza al impuesto al valor agregado del 11 al 16 por ciento, incremento en la paridad peso-dólar norteamericano, aumento en los precios de la gasolina, la recesión del país vecino al norte, etcétera, que vuelven cada vez más difícil acceder sobre todo a la divisa norteamericana denominada dólar, con lo que conlleva que las obligaciones de naturaleza pecuniaria que tanto las personas físicas como morales contraten, se vean afectadas e incidan directamente en los costos de administración, producción y liquidez.
Es el caso que dentro de la vida cotidiana de la frontera mexicana se acostumbra consentir una serie de convenios en dólares norteamericanos, desde una dación en pago, un contrato de arrendamiento hasta una compra-venta de inmuebles a plazos.
Así las cosas, al momento de la celebración si bien hay una cantidad cierta de moneda extranjera, no hay certeza en un monto de moneda nacional, ya que la misma varía constantemente y generalmente a la alza en virtud de la constante fluctuación de la paridad peso-dólar norteamericano, que al inicio de la presente administración federal se encontraba en los 13.74 pesos en moneda nacional y a la fecha a los 18.30 pesos moneda nacional al tipo de cambio libre existente en el mercado.
En este sentido, compañeros diputados y diputadas, debemos estar atentos a las voces de las mayorías y en un reclamo popular en el que actuemos de inmediato en este sentido.
Por lo tanto con la finalidad de no inhibir el comercio exterior para con otras regiones del continente americano y el mundo, pero sí con la intención de proteger al ciudadano mexicano y a la industria local, con lo que se entorpece la actividad económica y el crecimiento económico, es que se somete a la consideración de esta Legislatura la presente proposición con cuya finalidad es en la que la imposición señalada de la Ley Monetaria, se contenga de todo tipo de transacciones comerciales o pecuniarias y deban fijarse en moneda nacional, y en el supuesto de que pactarán de moneda extranjera se entienda que la misma se estipuló en cantidad equivalente a la moneda de curso legal en los estados unidos mexicanos, al tipo de cambio libre y vigente al momento de la celebración del contrato y convenio que haya fijado el Banco de México.
Tal propuesta tiene que dar certeza jurídica a los contratantes y sobre todo otorga la seguridad de que no sufrirá un menoscabo en el patrimonio, puesto que lo común en estas zonas de la república es pactar en dólares norteamericanos por costumbre, más no porque los precios estipulados se encuentren dentro de la realidad social.
De lo contrario se propone una modificación al primer párrafo del artículo 8 de la Ley Monetaria para quedar como sigue: la moneda extranjera no tendrá uro legal en la república, salvo en los casos en la que la ley expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la república, para ser cumplidas en estas se solventarán entregando el equivalente de moneda nacional al tipo de cambio vigente y en lugar y fecha que se celebró. El acto jurídico con el que se contrajo la obligación. Es cuanto. Gracias.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para dictamen.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María Elena Orantes López: Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, agradezco primeramente la voluntad política de los señores coordinadores de todas las fracciones parlamentarias que integran dentro de la Comisión de Protección Civil, y a mis compañeras y compañeros de donde hemos firmado una propuesta importante para temas que de esa naturaleza tendría México que estar a la vanguardia de otros países.
El día de hoy, el día internacional para la reducción del riesgo, implementado desde el año de 1989, instaurado en el año 2009 para que el 13 de octubre podamos en todos los países adquirir una cultura preventiva que pueda evitar muertes, pero sobre todo que pueda salvar vidas y poder tener presupuestos más sólidos.
Por eso, desde la Comisión de Protección Civil, hemos siempre impulsado, sin distinguido de color, el hecho de generar una cultura preventiva en una materia de gestión de riesgos.
México participó y ha participado en distintos acuerdos internacionales, uno de ellos en el 2015, en Japón, en el marco del Convenio de Sendai, firmó los siete temas que son fundamentales, sobre todo, para proteger la vida de los ciudadanos del mundo.
Pero para eso, tendríamos que conocer, de seguir firmando acuerdos internacionales y no aplicarlos a las leyes y hacerlos vigentes en la conformación de lo que México es capaz, un país tan rico, un país tan solidario, pero sobre todo, un país que ante los fenómenos de distinta naturaleza siempre actuamos los mexicanos a favor y en forma de poder proteger y ayudar.
Y es por eso que estamos solicitando que en la Constitución Política también quede la solidaridad de todas las fracciones parlamentarias para poder contribuir y estar preparados y no hacer en el momento, atribuciones que podríamos con prevención, poder lograr desde antes.
Quien no recuerda, el día 28 de marzo a las 23:30 del año de 1982, cuando despertó un volcán, el Chichonal, en el norte del estado de Chiapas, y en poco más de una hora más de 100 kilómetros habían invadido las cenizas. Así también, México y el mundo sentían las cenizas de un volcán que dio la vuelta al mundo porque esa agresividad y violencia con la que despertó, hundió dos pueblos: Francisco León y Chapultenango, y se perdieron más de 2 mil vidas, que cuantificando en precios, a una vida no le podemos poner precio.
Y qué decir del 19 de septiembre de 1985, cuando entonces en esa Ciudad de México el gran terremoto que cambió la huella y la vida de este país, transformó en una nueva cultura, porque ante estos acontecimientos, como muchos otros vividos por inundaciones, por sequías, por trombas, por vientos, por lluvias fuertes o por sismos que a este año hay más de 11 mil registrados, entonces no sabíamos qué hacer cuando sucedieron cosas, antes de 30 años que se conmemora la instalación de protección civil, después de esos fenómenos en los que en este país no teníamos instrumentos ni patrones para actuar.
Es por eso que a partir de entonces hemos participado con una cultura de prevención en lugar de reacción, porque ahí, además de perder vidas, también es muy costoso. Por eso los siete ejes temáticos del acuerdo de Sendai, el de evitar la mortandad, reducir el número de personas afectadas, participar en las pérdidas económicas, en la reducción de daños y en el poder generar la reducción de riesgo de desastre que hoy se conmemora y que en México también está dentro de los acuerdos, es aumentar la capacitación y la instrumentación.
Y las diputadas y los diputados de todas las fracciones parlamentarias que formamos parte de la Comisión de Protección Civil, en mi calidad de presidenta, les expresamos y les queremos pedir su solidaridad para que podamos darle facultades a los municipios de poder ser los primeros en atender este tipo de acciones. Son quienes la ciudadanía buscan en el momento de cualquier vulnerabilidad.
Y esta reforma al artículo 115 constitucional, que hoy les presentamos y que les dejamos para su supervisión, apelamos a la sensibilidad y a ese miedo interno de que hombres y mujeres, niños y gente de la tercera edad ante fenómenos naturales no sabemos cómo actuar.
Requerimos patrones, requerimos cultura, pero sobre todo necesitamos prevención. Capacitar a los alcaldes, pero sobre todo proveerlos de recurso para que el recurso no llegue cuando ya no haga falta, sino cuando sea el momento idóneo. Por su atención, muchas gracias, presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sonido en la curul del diputado Emiliano Álvarez.
El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Solamente para felicitar a nuestra presidenta de la Comisión de Protección Civil y, como integrante de esta, pedirle que nos deje adherirnos a su importante iniciativa.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Diputada Orantes, ¿acepta la adhesión? ¿Sí?
La diputada María Elena Orantes López (desde la curul): Sí, presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sonido en la curul del diputado Macedonio Tamez y, después del diputado, el diputado Gustavo Cárdenas.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Presidenta. Felicito a mi compañera por tan noble iniciativa y le pido también que nos permita a Gustavo Cárdenas y a mí, y a Claudia Corichi, firmarla junto con ella. Gracias.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Queda a disposición de ustedes en la Secretaría. Y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Continúe la Secretaría con comunicaciones.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a las siguientes iniciativas.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, el 6 de octubre de 2016. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 18 Bis, 52, 52 Bis y 87, de la Ley de Aviación Civil, presentada por la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 6 de octubre de 2016. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen. Firma el Presidente de la Mesa Directiva.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: De conformidad con lo establecido en los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los turnos. Actualícense los registros parlamentarios.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Continúe la Secretaría con acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias, especiales y de grupos de amistad, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. En votación económica, se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Aprobadas. Comuníquese.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (16:02 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 18 de octubre de 2016 a las 11 horas.