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Timestamp: 2018-06-22 14:52:23
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 26', 'Artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 26', 'Artículo 50', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 12', 'Artículo 25', 'Artículo 27', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 16', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 17', 'Artículo 27', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 18']

Serie Manuales y Guías sobre Desastres, No. 5 - Manejo de Cadáveres en Situaciones de Desastre: Capítulo 6: Aspectos legales: Daños y perjuicios derivados de la no identificación de cadáveres: Disposiciones del derecho internacional
Existen instrumentos de carácter internacional que hacen referencia al manejo de cadáveres. Ellos, aunque de distinta naturaleza y alcance, permiten afirmar el reconocimiento de la comunidad internacional a la importancia de que los restos mortales de quienes perecen en distintas situaciones como catástrofes en general (Guías Interpol), en conflictos armados (Convenios de Ginebra y protocolos adicionales), catástrofes naturales (Principios Rectores) o accidentes aéreos (Normas OACI) sean recogidos, identificados e inhumados conforme a los ritos religiosos y creencias culturales.
Principios Rectores sobre el desplazamiento interno
Los Principios Rectores de los desplazamientos internos fueron elaborados y presentados en 1998 por el representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el desplazamiento interno, señor Francis Deng, en respuesta al mandato que le otorgara la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos para que se preparara un marco jurídico adecuado para la protección y la asistencia de los desplazados internos.
Dichos principios son de importancia fundamental para el tema en estudio porque al definir a los desplazados internos se incluye a aquellas personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.
Por ello, y conforme al principio16, los desplazados a causa de catástrofes naturales tienen el derecho a conocer el destino y el paradero de sus familiares desaparecidos. Asimismo, dispone que las autoridades competentes tratarán de averiguar el destino y el paradero de los desplazados internos desaparecidos y cooperarán con las organizaciones internacionales competentes dedicadas a esta labor, informarán a los parientes más próximos de la marcha de la investigación y les notificarán los posibles resultados. Establece, también, que las autoridades competentes procurarán recoger e identificar los restos mortales de los fallecidos, evitar su profanación o mutilación y facilitar la devolución de esos restos al pariente más próximo o darles un trato respetuoso. Luego finaliza diciendo que los cementerios de desplazados internos serán protegidos y respetados en toda circunstancia.
16 Ver texto completo de los Principios Rectores en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0022.pdf
Aunque los Principios Rectores no constituyen un documento legal vinculante propiamente dicho, han obtenido un reconocimiento y un prestigio considerables en un plazo relativamente breve y son difundidos y promovidos ampliamente por las Naciones Unidas. Además, en la medida en que contienen una serie de disposiciones que se encuentran consagradas en el derecho internacional sobre derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho análogo sobre refugiados, ratificados por la mayoría de los estados de la región, son de carácter obligatorio y deben ser cumplidos de buena fe por los estados17.
17 La denominada 'buena fe' es un principio ético y de derecho que busca asegurar la seriedad y el cumplimiento de las obligaciones contraídas al celebrar tratados internacionales. Procura, por tanto, garantizar la seguridad y evitar el engaño y la simulación en las relaciones internacionales. Se basa en el cumplimiento de los deberes contraídos por los estados, de acuerdo con pactos o tratados internacionales que libremente han convenido (Carta ONU, artículo 2, párrafo 2 y la Convención de Viena, artículo 26).
sGuías Interpol para la identificación de víctimas de desastres
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) es una entidad internacional que cuenta con 181 estados miembro que incluyen a la mayoría de los estados americanos18. Sus objetivos están definidos en el Artículo 2 de su Estatuto y consisten en conseguir y desarrollar, dentro del marco de las leyes de los diferentes países y del respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la más amplia asistencia recíproca de todas las autoridades de policía criminal y establecer y desarrollar todas las instrucciones que puedan contribuir a la prevención y la represión de las infracciones de derecho común.
18 Ver lista de países miembro y otra información institucional en la página web de Interpol: http://www.interpol.int/
Desde hace varios años, la Interpol ha puesto en práctica un programa de actividades relacionadas con la identificación de víctimas de catástrofes. El objeto del mismo es alentar a los países miembro a adoptar una política común en este campo. Para tal fin ha elaborado las Guías para la identificación de víctimas de desastres (en adelante las Guías) publicadas por primera vez en 1984 como resultado del trabajo del Comité Permanente para la Identificación de Víctimas de Catástrofes, que se reúne anualmente desde 1993 para actualizar los procedimientos que se utilizan en este campo19.
19 Ver texto completo de las guías y formularios en http://www.interpol.int/Public/DisasterVictim/Guide/Default.asp
Las Guías son un conjunto de recomendaciones para los estados miembro que resaltan la importancia del planeamiento y el entrenamiento en la identificación de cadáveres. Confeccionadas con base en la experiencia práctica, se aplican a situaciones de catástrofes de cualquier clase, sin importar el número de fallecidos, y para ser utilizadas fundamentalmente cuando en el lugar de la catástrofe se encuentran víctimas que pertenecen a otros países miembros de Interpol.
La Interpol, en su 49ª Asamblea General efectuada en Manila en 1980, adoptó una resolución con recomendaciones dirigidas a los estados miembro sobre la identificación de víctimas de desastres20. Dicha resolución, reconociendo el derecho humano básico de los individuos a ser identificados luego de la muerte y de la importancia internacional de la identificación por razones de investigación policial además de otras cuestiones religiosas y culturales, recomienda a los estados miembro que utilicen las Guías y los formularios Interpol para la identificación de víctimas de desastres sin considerar el número de fallecidos. Asimismo, fija las obligaciones del Comité Permanente para la Identificación de Víctimas de Catástrofes y recomienda a los estados miembro establecer equipos de identificación de víctimas compuestos de oficiales de policía, patólogos forenses y odontólogos forenses o, al menos, un oficial responsable que debe ser el punto de contacto en su país cuando sus conciudadanos se encuentren en el lugar de un desastre o cuando se le requiera asistencia de otro país.
20 Resolución AGN/65/RES/13.
Las guías para la identificación de víctimas constan de varios capítulos. El capítulo 1 es una introducción donde se sostiene que la identificación de cadáveres es una tarea difícil que sólo puede ser concluida exitosamente con una adecuada planeación y la interacción de varias instituciones. El capítulo 2 se refiere a los aspectos generales del manejo de desastres y el capítulo 3 explica los métodos de identificación y la necesidad de que en tal tarea intervengan diversos grupos. El capítulo 4 describe las tres etapas fundamentales de la investigación: búsqueda de datos ante mortem, levantamiento del cadáver con el fin de establecer evidencias post mortem del fallecido y cotejo de los datos ante mortem con los post mortem. El capítulo 5 se refiere a una serie de formularios para recoger datos por eliminación que los estados miembro pueden utilizar para facilitar un cotejo manual de datos, es decir, no computarizado. El capítulo 6 se refiere al vínculo entre países luego del desastre o durante el planeamiento e incluye aspectos de derecho internacional, reglamentaciones y acuerdos. En este capítulo la Interpol recomienda, ya que no hay acuerdos internacionales de cooperación con el fin de identificar víctimas, que los estados miembro exploren la posibilidad de que los expertos en investigación de un país se desplacen a donde haya ocurrido una catástrofe en que ciudadanos de su país puedan haber sido víctimas y sugiere medidas para que se facilite ese traslado.
Las Guías Interpol son así el único instrumento internacional encontrado que se refiere específicamente a técnicas concretas de identificación de cadáveres en situación de desastres. Las mismas no son de carácter obligatorio sino que tienen la forma de recomendación y depende de la voluntad y la conveniencia de los estados miembro de la organización el adoptarlas o no. Sin embargo, tienen un valor fundamental al reconocer expresamente el derecho básico de los individuos a ser identificados luego de su muerte y al sentar las bases para una cooperación adecuada entre los estados, no sólo para que se establezcan equipos de contacto en cada país involucrado para favorecer la identificación de víctimas extranjeras sino para que los grupos entrenados en identificación se desplacen a otros países a prestar asistencia.
Convenios de Ginebra y protocolos adicionales: principios del derecho internacional humanitario
El Derecho Internacional Humanitario (DIH), conocido también como el derecho de los conflictos armados o derecho de la guerra, se define como el conjunto de normas cuya finalidad en tiempo de conflicto armado consiste en proteger a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades y, por otra, limitar los métodos y medios de hacer la guerra.
En este marco y por su naturaleza, el DIH se ha ocupado de lo relativo al manejo de cadáveres, que incluye aspectos sobre la búsqueda, la identificación y la disposición final de los restos humanos resultantes de conflictos armados. El mismo está constituido por los Reglamentos de La Haya de 1899 y 1907, los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, los Protocolos I y II de 1977, adicionales a dichos Convenios, y el derecho que surge de las costumbres o derecho consuetudinario21.
21 Para consultar el texto completo de los Convenios visitar el sitio web del Comité Internacional de la Cruz Roja: http://www.icrc.org/
Los principios extraídos en cuanto al manejo de cadáveres conforme al DIH, incluso las normas contractuales y las no contractuales, pueden resumirse en los siguientes (CICR, 2003)22:
• Todas las partes en un conflicto armado deben tomar sin demora todas las medidas posibles para buscar y recoger los muertos, sin distinción, y han de tratarlos con respeto y dignidad evitando el pillaje y el despojo de los mismos.
• Todas las partes en un conflicto armado deben tomar medidas para identificar a los muertos antes de enterrarlos o incinerarlos. Asimismo, velarán porque la inhumación o la incineración de los cadáveres, hecha individualmente en la medida en que las circunstancias lo permitan, vaya precedida de un atento examen, si es posible médico, de los cuerpos, con el fin de comprobar la muerte, determinar la identidad y poder dar cuenta al respecto.
• Los cuerpos no podrán ser incinerados más que por imperiosas razones de higiene o por motivos basados en la religión de los fallecidos. En caso de incineración, se hará la correspondiente mención detallada indicando los motivos en el acta de defunción o en la lista autenticada de fallecimientos. En un conflicto armado hay que enterrar o incinerar honrosamente a los muertos y respetar sus tumbas. Las personas cuyos restos mortales no puedan ser entregados a sus familiares en un conflicto armado serán enterradas individualmente. Se marcarán todas las tumbas. Sólo excepcionalmente se utilizarán tumbas colectivas.
• Todas las partes en un conflicto armado han de hacer todo lo posible por proporcionar información sobre la identidad, la localización y la causa de la muerte de las personas fallecidas a las autoridades competentes o los familiares de los difuntos.
22 Principios extraídos del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña (I Convenio), artículos 15 al 17. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar (II Convenio), artículos 18 a 21. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (III Convenio), artículos 120 y 121. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (IV Convenio), artículos 129 a 131. Protocolo Adicional I relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, artículos 32 a 34. Protocolo Adicional II relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, artículo 8.
Las normas mencionadas, que deben ser respetadas por los estados signatarios de las Convenciones de Ginebra y sus protocolos adicionales23, son probablemente las disposiciones más antiguas en materia de manejo de cadáveres aunque se apliquen a situaciones de conflictos armados internacionales e internos y no de desastres naturales. En los conflictos armados existen partes beligerantes que ocasionan un gran número de muertos y está en sus manos detenerse o darse tregua para recoger los cuerpos, identificarlos y enterrarlos con dignidad y respeto. Son, sin embargo, normas de gran valor porque reconocen expresamente la importancia de que se haga un manejo de cadáveres que prioriza la identificación como derecho fundamental.
23 Para más información sobre la implementación a nivel local del DIH, consulte la base de datos sobre documentos y comentarios del sitio web del Comité Internacional de la Cruz Roja: http://www.icrc.org/ihl-nat
Disposiciones de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI)
Cuando se producen accidentes aéreos, sucesos que suelen producir un número significativo de víctimas fatales, existen varios sectores interesados en que se proceda al levantamiento e identificación de los cadáveres. En principio, las líneas aéreas que se encuentran presionadas por los familiares de las víctimas y tienen un interés fundamental en establecer la causa del accidente. También, las compañías de seguro que deben abonar fuertes sumas de dinero a los familiares de los fallecidos y, luego, las entidades estatales a cargo del control de la aviación civil cuyo objetivo fundamental es la investigación de las circunstancias del accidente para evitar que eventos similares ocurran en el futuro24.
24 Es así que, en la práctica, cuando se produce un accidente aéreo internacional, suelen acudir inmediatamente al lugar equipos a cargo del manejo de cadáveres que se desempeñan con gran eficacia y que, en general, cooperan con las autoridades locales en las operaciones de levantamiento de cuerpos.
Todo ello ha hecho que a nivel nacional, generalmente en las leyes y códigos aeronáuticos y, a nivel internacional, a través de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) existan normas sobre la investigación de accidentes aéreos que establecen la necesidad de identificar los cadáveres como parte de dicho proceso.
La OACI, organismo internacional rector de la aviación civil, cumple un papel fundamental en esta tarea en caso de accidentes internacionales de aeronaves civiles, es decir, que no pertenezcan al Estado25. En supuestos de accidentes de aeronaves de bandera nacional que ocurren en territorio nacional, se aplica el derecho interno que en general coincide con las normas OACI.
25 La OACI fue creada por el Convenio sobre Aviación Civil Internacional concluido en Chicago el 7 de diciembre de 1944. Para más información y acceder a los documentos de la organización referirse al sitio web de OACI: http://www.icao.int/
El Convenio sobre Aviación Civil Internacional que crea a la OACI, establece en su artículo 26 que en caso de que se produzca un accidente que ocasione muerte o lesión grave, o que indique graves defectos técnicos en la aeronave o en las instalaciones y servicios para la navegación aérea, el Estado en donde ocurra el accidente abrirá una encuesta sobre las circunstancias del mismo, ajustándose en la medida que lo permitan sus leyes a los procedimientos que pueda recomendar la Organización de Aviación Civil Internacional.
Con el fin de establecer los procedimientos para llevar adelante la investigación, el Consejo de la OACI adoptó el 11 de abril de 1951 las Normas y métodos recomendados para encuestas de accidentes de aviación, con la designación de "Anexo 13 al Convenio"26. El mismo contiene recomendaciones sobre las normas y los métodos para realizar las encuestas como procedimiento uniforme que deben seguir los estados miembros de OACI. El capítulo IV sobre notificación, establece que el Estado donde ocurre el suceso debe enviar lo más rápido posible al Estado de matrícula del avión, al Estado explotador y al Estado de fabricación, información que contenga entre otras cuestiones, el número de tripulantes y pasajeros a bordo, personas muertas y gravemente heridas (Apartado 5.2, inciso H). Así mismo, establece que "el único objetivo de la investigación de accidentes o incidentes será la prevención de futuros accidentes e incidentes" y que "el propósito de esta actividad no es determinar la culpa o la responsabilidad".
26 Con el paso del tiempo, el Anexo 13 al Convenio ha ido sufriendo sucesivas modificaciones estando actualmente en vigor su décima enmienda, adoptada el 26 de febrero de 2001 y aplicable desde el 1 de noviembre de 2001. Con la incorporación de esta enmienda se ha publicado la novena edición del mismo, hoy denominado Investigación de accidentes e incidentes de aviación.
Otros documentos de OACI con trascendencia en la materia son el Manual de investigación de accidentes de aviación (Documento 6920-AN 855/4) y el Manual de notificación de accidentes/incidentes de OACI (Documento 9156-AN/900). Particularmente, el Manual de investigación de los accidentes de aviación, en referencia a lo que denomina investigación médica, establece que el objeto de la misma es proporcionar información médica técnicamente útil para que el investigador encargado pueda reconstruir el accidente, obtener información en aspectos relacionados con la ingeniería ergonómica, aspectos de supervivencia, etc., y coordinar esta información con las autoridades civiles para poder realizar la identificación judicial de las víctimas, certificar las defunciones y desempeñar otras actividades conexas.
Instrumentos internacionales de derechos humanos: derecho a que los cadáveres sean identificados e inhumados respetando los ritos religiosos y creencias culturales luego de sucesos catastróficos de origen natural
A diferencia de los documentos mencionados anteriormente, que de una forma u otra hacen referencia al manejo de cadáveres, los instrumentos internacionales de derechos humanos no mencionan en forma expresa el derecho de los familiares de quienes perecieron en un suceso catastrófico de origen natural a que las autoridades a cargo del manejo de la emergencia recobren e identifiquen los mismos y procedan a sepultarlos conforme a los ritos religiosos y creencias culturales de las víctimas o del lugar donde ocurrió el hecho. Ello en realidad no es un obstáculo para que tal derecho exista ya que muchos derechos humanos fueron construidos con base en la interpretación conjunta de derechos expresamente consagrados. Por ejemplo, el derecho a la verdad o el derecho de las personas a no ser desaparecidas o sustraídas del orden jurídico, elaborados sobre la base del derecho a la vida, la libertad y la integridad personal, entre otros.
En este contexto, se puede afirmar que los familiares de las personas desaparecidas a consecuencia de desastres naturales tienen el derecho a que los restos mortales de sus seres queridos sean recuperados, identificados e inhumados con respeto a sus ritos religiosos y creencias culturales. Tal derecho ha sido reconocido expresamente en los instrumentos internacionales señalados con anterioridad y deriva de la interpretación conjunta de derechos humanos protegidos como se intenta demostrar a continuación.
Derechos consagrados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos27
27 La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, junto a otros instrumentos e instituciones desarrolladas por iniciativa de la Organización de los Estados Americanos para promover y proteger los derechos humanos, constituyen el denominado Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. La víctima de una violación a los derechos consagrados en la Convención puede interponer una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una vez que hubiera agotado los recursos internos. Si la Comisión declara admisible el caso, prepara un informe sobre sus conclusiones conforme el Artículo 50 de la Convención y puede publicar el mismo o presentarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su consideración en caso de que el Estado denunciado haya aceptado la jurisdicción de ese organismo. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos tiene la característica de que la Comisión tiene jurisdicción para atender los casos en que el Estado acusado, siendo miembro de la OEA, no hubiere ratificado la Convención Americana, Esta particularidad se debe a que la Comisión es un órgano permanente de la OEA conforme a la Carta de la Organización y, por ello, su jurisdicción se extiende a todos sus miembros sobre la base de los principios establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Derecho a la integridad física, síquica y moral
El Artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que "toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral" (OEA, 2003)28. Respecto al significado y alcance de tal derecho y la manera en que se aplicaría a la situación bajo estudio es necesario recurrir a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado al analizar la posible violación del Artículo 5 mencionado en el marco de las desapariciones forzadas de personas29:
• "La angustia y la incertidumbre que la desaparición y la falta de información sobre el paradero de la víctima causan a sus familiares constituye un daño inmaterial para éstos."
• "Asiste a los familiares el derecho a conocer dónde se encuentran los restos mortales de su ser querido. Ello representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance."
• "La privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos. El derecho a la verdad ha sido desarrollado suficientemente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y como sostuvo esta Corte en anteriores oportunidades, el derecho de los familiares de la víctima de conocer lo sucedido a ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos mortales, constituye una medida de reparación y, por tanto, una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo."
• Es un acto de justicia saber el paradero del desaparecido y es una forma de reparación porque permite dignificar a las víctimas, ya que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto para con sus deudos y con el fin de que éstos puedan darle una adecuada sepultura.
28 Ver texto completo de la Convención en: <http://www.cidh.org/basic.esp.htm>.
29 Caso Trujillo Oroza. Reparaciones. Sentencia de 27 de febrero de 2002, párrafo 88, 113, 114 y 115. En el mismo sentido Caso Caracazo. Reparaciones. Sentencia del 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, párrafo 121-125. Ver texto completo de los fallos donde se señala jurisprudencia concordante en el sitio web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: www.corteidh.or.cr/<http://www.corteidh.or.cr/>
En un caso similar la Corte estableció30:
"Además, la incineración de los restos mortales del señor Nicholas Blake, para destruir todo rastro que pudiera revelar su paradero, atenta contra los valores culturales, prevalecientes en la sociedad guatemalteca, transmitidos de generación a generación, en cuanto al respeto debido a los muertos. La incineración de los restos mortales de la víctima, efectuada por los patrulleros civiles por orden de un integrante del ejército guatemalteco, intensificó el sufrimiento de los familiares del señor Nicholas Blake".
30 Caso Blake. Reparaciones. Sentencia del 22 de enero de 1999. Serie C No. 48. Párrafo 115.
En vista de la jurisprudencia mencionada y con el fin de establecer una analogía con los casos de las desapariciones forzadas que permita alegar la violación al Artículo 5 de la Convención, hay que destacar que cuando las autoridades no recogen o identifican los cadáveres y cuando los creman o inhuman en fosas comunes dificultando o imposibilitando su identificación, provocan que quienes mueren por obra de la naturaleza se conviertan en desaparecidos por la acción u omisión del Estado con el consiguiente perjuicio material y moral a sus familias. En otras palabras, el Estado niega a los deudos el derecho a conocer el destino y paradero de sus seres queridos. Ello se relaciona directamente con el denominado derecho a la verdad, desarrollado ampliamente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por lo tanto, independientemente de que el Estado pueda tener responsabilidad en la catástrofe al no haber prevenido o evitado las consecuencias dañosas de un fenómeno natural, está obligado a utilizar todos los medios a su alcance para que se sepa si las personas desaparecidas están vivas o muertas. La negativa a obrar consecuentemente genera, sin duda, un intenso sufrimiento a los familiares y allegados a las víctimas que se traducen en sentimientos de angustia, frustración e impotencia que afectan en definitiva su integridad moral.
En relación a la inhumación de cadáveres, las autoridades deben proceder conforme se señala en el capítulo 2 en el sentido de que, si existiese gran cantidad de cadáveres producidos por un desastre natural, los restos humanos pueden ser dispuestos en tumbas colectivas respetando la individualidad de los mismos de manera que se pueda identificar claramente el lugar exacto donde se encuentra determinado cuerpo y esté relacionado a una ficha identificativa (cadena de custodia). Prácticas como el uso de fosas comunes o la cremación imposibilitan la identificación, además de violentar creencias religiosas y culturales. Ello lleva a que se analice la posible violación a otros derechos protegidos, como la libertad de conciencia y religión, consagrados en el Artículo 12 de la Convención. Es muy valioso al respecto lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Blake al reconocer la necesidad de preservar los valores culturales del respeto debido a los muertos y que la trasgresión de ello representa una intensificación del sufrimiento de los familiares.
Por lo expuesto, dadas las circunstancias del caso, los familiares de las víctimas podrían interponer peticiones por violación a los artículos 5 (integridad personal), 12 (libertad de conciencia y religión) y 1.1 de la Convención Americana en cuanto a la obligación del Estado de respetar los derechos y libertades reconocidos por ella31.
31 Cabe resaltar también que se puede presentar un caso ante la Comisión no sólo cuando se alegan violaciones a derechos protegidos en la Convención o la Declaración sino cuando un Estado parte de la Convención no hubiera cumplido con las normas establecidas por la legislación local (Artículo 25 de la Convención).
Otro aspecto que se debe considerar en relación con la posible violación de derechos humanos protegidos por la Convención Americana son los denominados "estados de emergencia" que generalmente se dictan luego de situaciones de desastres. Se trata de un recurso contemplado en los ordenamientos jurídicos de la región, ya sea en sus constituciones o en leyes especiales, por el cual es posible suspender temporalmente ciertos derechos en situaciones de peligro público, conflictos armados o catástrofes. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han referido con detenimiento al tema al interpretar el Artículo 27 de la Convención Americana. Dicho artículo enumera una serie de derechos que no pueden ser suspendidos y entre ellos se menciona expresamente al derecho a la integridad personal.
Derecho a la identidad cultural y religiosa, derecho de los pueblos indígenas y derecho a la libertad religiosa en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y disposiciones relacionadas32
32 Ver texto completo del <http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_ccpr_sp.htm> El Comité de Derechos Humanos es el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de las normas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ello se lleva adelante mediante informes sobre las medidas que los Estados parte hubieren adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones del Pacto y un sistema de peticiones individuales aplicable a los Estados que hubieren ratificado el Protocolo Facultativo al Pacto. Este mecanismo permite a quienes consideren que un derecho protegido ha sido violado, interponer una petición ante el Comité. Este organismo, una vez declarada admisible la misma, la examina y emite una serie de observaciones finales (Artículo 5 Protocolo Facultativo). Las mismas no tienen carácter obligatorio pero sí un importante valor moral.
Con frecuencia se suele afirmar que la identificación de cadáveres está relacionada con el derecho a la identidad entendido como el derecho a que un cadáver sea identificado luego de su muerte. Sin embargo, el derecho a la identidad como derecho humano protegido ha sido desarrollado en un sentido distinto.
El derecho a la identidad puede definirse como el interés existencial que tiene cada persona de no ver alterada, desnaturalizada o negada la proyección externa o social de su personalidad. Que no se discuta, distorsione, recorte o niegue lo que constituye el esencial patrimonio cultural del sujeto, integrado por una multiplicidad de variados aspectos como son, entre otros: la identidad de origen, la identidad familiar, intelectual, política, religiosa, social y profesional de cada persona (Apfelbaum, 1996). Dicho derecho está reconocido en varios instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración de Derechos Humanos (Artículo 6), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 16) y la Convención de los Derechos del Niño (Artículos 7 y 8)33.
33 Ver textos completos en el sitio web de la Biblioteca de los Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota. <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Sainstls1.htm>. La Convención Americana sobre Derechos Humanos no consagra expresamente el derecho a la identidad, pero el mismo podría construirse sobre la base del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (Artículo 3) a la integridad personal (Artículo 5) y a la protección de la familia (Artículo 17).
Tal derecho ha sido desarrollado en casos que involucran el derecho de los niños a contar con actas de nacimiento o documentos de identidad, el secuestro internacional o el traslado ilegal de niños de un país a otro o el derecho de los hijos de desaparecidos a conocer su verdadera identidad. Implica, también, el derecho a la identidad cultural, a la libertad religiosa y a la identidad sexual, entre otras cuestiones, y es en esta línea argumental que el mismo debe ser estudiado.
En este sentido, puede afirmarse que el derecho a la identidad está relacionado con el derecho a que los cadáveres sean sepultados conforme a sus ritos religiosos y creencias culturales, el de sus familias o del lugar donde ocurrió la catástrofe si lo primero no pudiera establecerse. Igualmente, las autoridades a cargo del manejo de cadáveres, durante las etapas de levantamiento de restos, identificación e inhumación, deben darles un tratamiento digno conforme la tradición del respeto debido a los muertos y cumplir con los ritos religiosos o costumbres funerarias que hubieran tenido las personas que se encontraban en el lugar de la tragedia.
Más concretamente, podría presentarse una violación a tal derecho en relación a las comunidades indígenas, cuando las autoridades a cargo del manejo de cadáveres obran sin respetar sus tradiciones. Las comunidades indígenas suelen tener costumbres ancestrales en relación con la muerte distintas a las de las religiones occidentales más populares. Estas son intrínsecas a su cultura y tradiciones, protegidas por normas locales e instrumentos internacionales de derechos humanos en general (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 27) y otros aplicables específicamente a los pueblos indígenas, como el Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo que garantiza el derecho de los pueblos aborígenes a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.
Existe también, reconocido en varios instrumentos internacionales, el derecho a la libertad religiosa (Artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Dicho derecho puede verse también afectado con prácticas como la cremación de cadáveres, el entierro en fosas comunes o la fumigación de restos humanos en circunstancias no justificadas conforme se menciona en el capítulo 2.