Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2006/as200612096.htm
Timestamp: 2020-04-01 19:31:32
Document Index: 63821713

Matched Legal Cases: ['artículo 308', 'artículo 312', 'artículo 308', 'artículo 312', 'artículo 308', 'artículo 312', 'artículo 59', 'artículo 419', 'artículo 169', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 124', 'artículo 308', 'artículo 308', 'artículo 312', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 362', 'artículo 16', 'artículo 59', 'artículo 419', 'artículo 420']

200603-Sala Penal Segunda-2-096
AUTO SUPREMO: No. 96 Sucre, 06 de marzo de 2006
PARTES: Ministerio Público y otra c/ Cupertino Guarayo Poma
SEGUNDO RELATOR: Dr. Héctor Sandoval Parada
VISTOS: el recurso de casación cursante de fojas 115 a 119 interpuesto por Cupertino Guarayo Poma impugnando el Auto de Vista Nº 66/04 de 28 de diciembre de 2004 cursante de fojas 102 a 105 de obrados pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público y de la acusación particular de Isabel Flores Mendoza contra el recurrente por la comisión del delito de violación, incurso en la sanción del artículo 308 bis del Código Penal, las leyes acusadas de infringidas, los precedentes invocados; el Auto admisorio y,
CONSIDERANDO: que de fojas 63 a 66 vuelta el Tribunal de sentencia de Uncía del departamento de Potosí, dicta sentencia declarando a Cupertino Guarayo Poma autor del delito incurso en la sanción prevista por el artículo 312 del Código Penal, condenándole a la pena de 13 años de presidio ha cumplir en la cárcel pública de Cantumarca de la ciudad de Potosí.
De esta resolución recurren de apelación restringida la representación del Ministerio Público y el procesado la misma que por Auto de Vista Nº 66/04 de 28 de diciembre de 2004 cursante de fojas 102 a 105 de obrados pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, declara procedente en parte incorporando las siguientes correcciones a la sentencia: a) declara al imputado absuelto de pena y culpa por el delito de violación, tipificado por el artículo 308 bis del Código Penal y b) modifica la pena impuesta al imputado de 13 a 10 años de presidio por el delito de abuso deshonesto sancionado por el artículo 312 y 310 numeral 3) del ya referido cuerpo legal, quedando firme en lo demás la referida sentencia.
CONSIDERANDO: que el imputado Cupertino Guarayo Poma, recurre en casación de fojas 115 a 119 con el siguiente fundamento:
1).- Que como consecuencia de ambas acusaciones se determina apertura de juicio penal en contra de su persona por la supuesta comisión del delito sancionado por el tipo penal inmerso en el artículo 308 bis del Código Penal, violación de niño, niña y adolescente y que el Auto de Vista al declarar procedente en parte la sentencia referida mantiene la condena de su persona por el delito incurso en la sanción prevista por el artículo 312 del sustantivo penal, "abuso deshonesto", rebajando la condena de 13 a 10 años de presidio, manteniendo el error del Tribunal A quo, ya que no puede ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación y su imputación. Que se le ha condenado por un hecho muy distinto atribuido a la acusación pública y particular, habiéndosele condenado por otros hechos que configuran otro tipo penal.
2) Que al margen de habérsele condenado por un hecho distinto al imputado y acusado y condenándolo sin que exista prueba alguna de la comisión de esos ilícitos, por lo que acusa que el Auto de Vista de habérsele condenado por otros hechos que no están contemplados en las acusaciones y demostrados en el juicio y segundo sin la existencia de prueba suficiente que cause convicción plena más allá de la duda razonable, habiéndose violado el "debido proceso".
3) Señala como precedente contradictorio el Auto Supremo Nº 66 de 24 de febrero de 1989 respecto a la obligatoriedad de existencia de prueba plena para imponer sentencia condenatoria.
CONSIDERANDO: que admitido el recurso de casación, corresponde en el marco legal, analizar los fundamentos que fueron expuestos y la forma de resolución del Auto de Vista impugnado, estableciéndose:
1.- respecto ya que no puede ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación y su imputación y que consecuentemente habría sido condenado por un hecho muy distinto atribuido en la acusación pública y particular, no es tal porque el recurrente no toma en cuenta el principio "iura novit curia" por el cual la congruencia debe existir entre el hecho (base fáctica) y la sentencia y no -referente a la calificación del tipo penal- que provisionalmente establece el Ministerio Público y la acusación particular teniendo el Tribunal de sentencia Luego del desfile probatorio y de las pruebas incorporadas a juicio y concluido el mismo en la deliberación realizar la "subsunción" del hecho al tipo penal que corresponda (pudiendo ser diferente al de la calificación jurídica provisional realizada por la acusación, en aplicación precisamente del principio procesal indicado (siempre que se trate de la misma familia de delitos) como en el presente caso que los tipos penales protegen el mismo "bien jurídico" que es la "libertad Sexual". Por lo que no se ha vulnerado ningún derecho o garantía constitucional en contra del imputado.
3.- En consideración a la supuesta contradicción existente entre el fallo recurrido y el invocado Auto Supremo Nº 66 de 14 de febrero de 1989 referente a la necesidad de existencia de "prueba plena" para pronunciar sentencia condenatoria. Se establece la no existencia de contradicción alguna porque esta denuncia ya fue considerada por el Tribunal de sentencia a más de que la base fáctica del Auto citado como precedente es diferente al juzgado en la presente causa y no contradice el fondo con el recurrido.
Por los antecedentes anotados, no se ha demostrado la existencia de violación a principios, derechos o garantías constitucionales por lo que deviene en infundado el recurso deducido.
POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con intervención de la Dra. Beatriz Alcira Sandoval de Capobianco Ministra de la Sala Penal Primera, convocada al efecto, con la facultad conferida por el artículo 59 inciso 1 de la Ley de Organización Judicial y aplicando el parágrafo segundo del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación deducido de fojas 115 a 119, con costas.
La Ministra Dra. Rosario Canedo Justiniano, como primera relatora es de voto disidente, estuvo porque se deje sin efecto el Auto de Vista. (se adjunta disidencia).
Segundo Relator: Ministro Dr. Héctor Sandoval Parada.
Sucre, seis de marzo de dos mil seis.
PROYECTO DE DISIDENCIA EXP. Nº 7/05 POTOSI-VIOLACION-
MINISTERIO PUBLICO Y OTRA C/ CUPERTINO GUARAYO POMA
DISIDENTE: MINISTRA ROSARIO CANEDO JUSTINIANO
(CORRESPONDIENTE AL AUTO SUPREMO Nº 96)
CONSIDERANDO: que admitido el recurso de casación, corresponde en el marco legal, analizar los fundamentos que fueron expuestos y la forma de resolución del Auto de Vista impugnado, estableciéndose que el Auto de Vista recurrido, evidentemente incurre en violación del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal al haber confirmado la resolución emitida por el Tribunal de sentencia cuando condena al imputado por hechos no contemplados en la acusación violándose de esta manera el artículo 16 II de la Constitución Política del Estado, habiéndose dejado en indefensión al imputado al habérsele condenado por hechos respecto a los cuales nunca tuvo oportunidad de defenderse. No habiendo tomado en cuenta el Tribunal de sentencia que el artículo 16 de la Constitución Política del Estado así como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son las directrices fundamentales en las que se asienta el debido proceso, otorgando garantías constituciones que resguarden el derecho a la defensa que es irrenunciable e irrestricto en el desarrollo de todas las instancias del juicio, caso contrario vicia de nulidad los actos y decisiones asumidas, porque nadie puede ser condenado sin ser oído y juzgado en un proceso legal, donde uno de sus pilares básicos es la defensa.
Que en el caso de Autos, ciertamente existe una flagrante violación de las garantías constitucionales otorgadas por el artículo 16 de la Carta Magna, al estar plenamente comprobado que el procesado fue condenado por hechos diferentes al acusado, el Ministerio Público no cumplió la función encomendada por el artículo 124 de la Constitución Política del Estado de defender la legalidad, no ha realizado una adecuada investigación durante toda la fase preparatoria a efectos de acusar por hechos en que en realidad tuvo participación el imputado.
A fojas 2 el representante del Ministerio Público establece la base fáctica como base de la acusación la supuesta "violación" que hubiera sido partícipe el imputado, por otra parte a fojas 12 de obrados cursa la acusación particular por el cual acusa al imputado de la comisión del delito de violación (artículo 308 bis del Código Penal), teniéndose a su vez a fojas 15, el Auto de apertura de proceso emitido por el Tribunal de sentencia contra el imputado por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña y adolescente, tipificado en el Código Penal en su artículo 308 bis (incurriendo en omisión de la descripción de la base fáctica y limitándose a señalar la calificación del tipo penal referido), que contradice con la resolución del mismo Tribunal de sentencia que concluye condenándolo por el delito de abuso deshonesto tipificado en el artículo 312 del Código Penal y que posteriormente esta resolución es confirmada por el Tribunal de apelación. Lo que deviene en violación a la garantía constitucional del "debido proceso" en grave perjuicio del imputado.
El artículo 16 de la Constitución Política del Estado así como el articulo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se constituyen en directrices fundamentales en las que se asienta el debido proceso, otorgando garantías constituciones que resguarden el derecho a la defensa que es irrenunciable e irrestricto en el desarrollo de todas las instancias del juicio, caso contrario vicia de nulidad los actos y decisiones asumidas, porque nadie puede ser condenado sin ser oído y juzgado en un proceso legal por hechos previamente imputados y acusados y sean de pleno conocimiento del imputado, lo contrario significaría dejarlo en indefensión e injustamente condenarlo por hechos de los cuales nunca se defendió ni conocía.
Que en el caso de autos, evidentemente existe una flagrante violación de las garantías constitucionales otorgadas por el artículo 16 de la Carta Magna, al estar plenamente comprobado que el Ministerio Público y el acusador particular acusaron al imputado por un hecho diferente al establecido en sentencia y éste al ser condenado por este hecho sin haber tenido la posibilidad de defenderse es condenado en forma injusta habiéndose dejado en completa indefensión al imputado e impedido de defenderse del nuevo hecho que surge en sentencia, violándose de esta manera la garantía constitucional del "debido proceso", como también el artículo 362 del Código de Procedimiento Penal que manda imperativamente: "el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación".
Al respecto son muy claras y terminantes las Sentencias Constitucionales No. 313/02 de 20 de marzo de 2002 y 546/02 de 13 de mayo de 2002, en cuanto a la violación al derecho a la defensa y señalan "Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido juzgado previamente en proceso legal, conforme al artículo 16-IV de la Constitución Política del Estado y por hechos de los cuales haya tenido el imputado la oportunidad de defenderse".
POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la atribución primera, del artículo 59 de la Ley de Organización Judicial y en aplicación del segundo parágrafo del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista de fojas 102 a 105 y determina que la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Potosí, dicte un nuevo Auto de Vista, sin espera de turno y previo sorteo, conforme a la Doctrina Legal Aplicable y las normas legales referidas para el caso concreto.
Para fines del artículo 420 del Código Procesal Penal, remítase copia del presente Auto Supremo, a todas las Cortes Superiores del país, para que por intermedio de sus presidentes, pongan en conocimiento de las Salas Penales, los Tribunales y Jueces en materia Penal, así como de los jueces instructores de garantía. (Adjúntese al proceso principal).
Primera relatora: Ministra Dra. Rosario Canedo Justiniano. (disidente)
Sucre, seis de marzo de dos mil seis