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Timestamp: 2019-12-11 13:58:05
Document Index: 58490817

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 58', 'Artículo 1174', 'artículo 6', 'artículo 65', 'artículo 58', 'artículo 1256', 'artículo 58']

Resolución de 1 de junio de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid, don Valerio Pérez de Madrid y Palá, contra la negativa del registrador de la propiedad de Madrid n.º 20, a inscribir una escritura de hipoteca cambiaria. - Doctrina Administrativa - VLEX 322554
Publicado en: BOE, 17 de Julio de 2006
En el recurso interpuesto por el Notario de Madrid don Valerio Pérez de Madrid y Palá contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Madrid -Registro número veinte-don Alfonso Ventoso Escribano, a inscribir una escritura de hipoteca cambiaria.
...VII. La cobertura de tales intereses, sin perjuicio de los mecanismos que tenga a bien utilizar el interesado, cabría garantizarlos por medio de una hipoteca ordinaria como ha resaltado la D.G.R.N., según se indica a continuación
Según los artículos 58 y 59 de la Ley Cambiaria y del Cheque de 16 de julio de 1985, se pueden reclamar los réditos devengados desde la fecha de vencimiento de la letra calculados al tipo de interés legal de dinero (4 % según la Ley 2/2004, de 27 de diciembre) incrementado en dos puntos.
Si la denominada jurisprudencia hipotecaria siempre ha sido importante para establecer pautas en el mecanismo de seguridad jurídica preventiva quizá una de las esferas de mayor relieve lo son aquellas, como la que nos ocupa, en las que la pobreza normativa determina un mayor realce de esa doctrina del Centro directivo toda vez que ha sido la practica notarial y registral, ahormada por dicho Centro directivo, quien tiene buena parte de autoría en la regulación de la hipoteca cambiaria.
Ciertamente, mientras que el crédito hipotecario ha tenido un gran protagonismo en los últimos años de manera que ha aparecido la profesionalización y casi monopolio del crédito hipotecario por las entidades financieras rodeando al mismo de múltiples medidas de transparencia y en algún modo intervencionismo en beneficio del consumidor, y el usuario en general, ello no impide que la hipoteca cambiarla tenga encaje en el ordenamiento, pero de igual modo sujeto a ciertas limitaciones.
Ese encaje no es debido a una regulación derivada de los textos legales sino a su conformación derivada de los intervinientes en la seguridad jurídica preventiva. Son varias las Resoluciones que han contemplado la hipoteca cambiaria; por citar sólo algunas, la de 26 de octubre de 1973, 31 de octubre de 1978, 18 octubre 1979; 23 octubre 1951; 18 octubre 1996, etc.
La primera idea que debe presidir la hipoteca cambiaria es su precisión y en este sentido hay que convenir que la hipoteca cambiaria es una hipoteca en garantía de una letra de cambio y no lo es cuando es garantía de un crédito aunque éste se represente en letras de cambio. En este sentido es ilustrativa la lectura de la Resolución de 14 de octubre de 1986.
Concretado el supuesto a una hipoteca cambiaria resulta que la hipoteca como derecho real accesorio sólo puede servir de derecho de realización del valor en garantía de un crédito tal y como es conformado éste, a los efectos de su ejecución, y siendo en este caso el crédito de naturaleza cambiaria regulado por la Ley Cambiaría y del Cheque será esta norma la que determina el alcance de la hipoteca. Cabe recordar que la hipoteca cambiaria garantiza una obligación cambiaria (cfr. la citada Resolución de 1986; como señalan determinados autores se constituye «en garantía del pago del crédito derivado de letras de cambio»).
De no procederse así y practicarse la inscripción de la hipoteca garantizando esos intereses de demora, la inscripción resultaría inexacta e inútil; a modo del artículo 33 de la Ley Hipotecaria de nada serviría reclamar unos intereses de demora al 25 % cuando éstos, por la acción cambiaria, sólo podrán alcanzar dos puntos sobre el de demora.
Esta Dirección General se ha pronunciado en este sentido en las Resoluciones de 8 y 9 de octubre de 2002. Como dice el artículo 58 de la Ley Cambiaría y del Cheque, debe definirse, en caso de impago, «la extensión del derecho derivado del propio título, de la obligación cambiaria misma»; además, añaden estas Resoluciones que ello en modo alguno impide que el librado aceptante se comprometa a abonar un interés de demora superior, en caso de impago, obligación esta que, aunque accesoria de la cambiaria «'no tiene este carácter, no deriva directamente de la propia letra'' sino del negocio que motiva su emisión, el cual servirá de fundamento o causa jurídica de su exigibilidad.
Como se dice, la hipoteca cambiaria es un derecho en garantía de una letra de cambio y si ésta no ampara intereses más que hasta un tope este Registrador entiende que procesalmente no cabe procedimiento de ejecución por encima de ese tope dígase lo que se diga, inscríbase lo que se inscriba y quizá alguna pregunta cabía hacerse:
Como señala la doctrina más autorizada, en caso de impago de un crédito garantizado con hipoteca el acreedor puede optar entre:
La hipoteca como tal garantiza un principal y generalmente unos intereses remuneratorios y de demora y de una cantidad para costas y gastos (ciertamente puede no existir alguna cantidad o haber otras: pero es un esquema muy común y sirve a los efectos de esta calificación). No es en todos los casos un régimen igual, pues la garantía por intereses y costas son a modo de una hipoteca de seguridad cuyo crédito debe acreditarse y podría pensarse que en la hipoteca cambiaria rige un sistema semejante: ya se acreditarán. Sin embargo, es un espejismo por cuanto en el presente supuesto no sólo se deben acreditar sino que además tienen un tope.
En realidad, la calificación impugnada recoge dos defectos: a) En la hipoteca cambiaria se garantizan intereses de demora por encima del tope establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley Cambiaria y del Cheque; y b) Se pretende actuar esa garantía excedida por todos los procedimientos establecidos en la Ley cuando el único cauce posible es el proceso declarativo ordinario.
Respecto del segundo defecto, está de acuerdo con el Registrador en que el tenedor de la letra, en el ejercicio de las acciones cambiarias, sean directas o de regreso y se ejerciten en vía ordinaria o ejecutiva, está sujeto por imperativo de los artículos 49 y 66 de la Ley Cambiaria, a los topes impuestos en los artículos 59 y 59 de la misma Ley. Ni siquiera es preciso plantearse si el aceptante tiene la excepción de pluspetición frente a la reclamación de los réditos o intereses a que se refieren esos artículos, pues del articulo 821.2.2.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil se deduce que el tribunal se atendrá para ordenar el embargo preventivo a los límites que ellos imponen.
Pero la letra de cambio genera también acciones causales, derivadas de la relación subyacente que motivó la aceptación, y estas acciones no son antitéticas de las cambiarias sino subsidiarias (Artículo 1174 del Código Civil); y no están sujetas a las limitaciones de los artículos 58 y 59, ni a la prohibición del artículo 6.º pues así se deduce del artículo 65 de la Ley Cambiaria que atribuye al tenedor que hubiese perdido todas las acciones cambiarias y causales una acción de enriquecimiento injusto contra el aceptante -que es el que en este caso interesa-por la cantidad en que se hubiese enriquecido en su perjuicio, sin que juegue ningún otro límite o tope.
En cuanto al primer defecto, esto es que la hipoteca en garantía de la letra de cambio supera el tope establecido en los artículos 58 y 59 para los intereses de demora, de esta cuestión se han ocupado las Resoluciones de 8 y 9 de Octubre de 2.002 y la de 28 de Marzo de 2005. Las tres califican la obligación de abonar intereses de demora, más allá del límite de artículo 58 de la Ley, de accesoria de la cambiaria y la del año 2.005 declara que esa obligación se halla sometida a un régimen jurídico distinto, no queda incorporada a la letra, por lo que deberá ser en su caso objeto de una hipoteca separada. La Resolución no da pista alguna sobre cual es ese régimen diferente y se limita a citar en su apoyo los artículos 1.489, 1.491, y 1.148 del Código Civil, normas que en todo caso permitirán constituir hipoteca exclusiva para los intereses pero de ningún modo justifican la necesidad de que esa hipoteca en garantía de obligación accesoria sea distinta de la que garantiza la obligación principal. Alude también al artículo 1256 del Código Civil que no parece que corresponda al supuesto.
Desde el punto de vista cambiario (el llamado «rigor cambiario»), no se ve en que consiste esa exclusividad de la letra de cambio que impide que sea objeto de garantía hipotecaria conjuntamente con obligaciones accesorias, que nacen también de la relación subyacente que funda el libramiento y aceptación de la letra. Pues si la especialidad de esa regulación consiste en que para facilitar la circulación del título, se robustece la posición del tenedor a través de los principios de legitimación por la posesión (más endoso), literalidad del derecho y limitación de las excepciones procesales que pueden oponérsele, no cabe duda de que la superposición de la garantía hipotecaria a la que ya de por sí representa la letra no puede mas que beneficiarle
Tampoco en el Derecho Hipotecario se puede encontrar el régimen jurídico distinto que la Resolución del año 2005 atribuye a la hipoteca cambiaria por la simple razón de que este tipo de hipoteca no es objeto de una regulación específica sino englobada en la que garantiza las obligaciones transferibles por endoso o al portador en los artículos 150 y 154 de la Ley, que se ocupan exclusivamente de facilitar la transmisión del crédito hipotecario.
En el supuesto de hecho de este expediente se constituye una hipoteca cambiaria y al fijarse el objeto de la cobertura se incluyen unos intereses de demora que exceden del límite establecido por el artículo 58 de la Ley Cambiaria y del Cheque. El Registrador suspende la inscripción porque, a su juicio, al tratarse de una hipoteca cambiaria, no puede amparar ésta más intereses de demora que los legalmente establecidos, de suerte que por encima de ese tope legal no cabe procedimiento de ejecución, aunque sí el proceso declarativo ordinario, y por ello la obligación de abonar intereses de demora por encima de dicho límite legal puede ser garantizada mediante una hipoteca ordinaria que habrá de ser una hipoteca separada de la cambiaria.
La cuestión debatida en este recurso ha de resolverse según el criterio sentado en las Resoluciones de este Centro Directivo de 8 y 9 de octubre de 2002.
Frente a dicho criterio, la Resolución de 28 de marzo de 2005 adoptó la postura contraria, toda vez que aun cuando cita las Resoluciones de 8 y 9 de octubre de 2002 para admitir la licitud del pacto cuestionado, concluye que, al no tener carácter cambiario y no quedar incorporado a la letra de cambio, debe ser objeto de una hipoteca separada de la cambiaria, por lo que rechaza la inscripción de la cobertura hipotecaria solicitada. Así, partiendo de la misma premisa considerada por dichas Resoluciones anteriores llega a una conclusión distinta y contraria a lo admitido por éstas. Por ello, habida cuenta de dicha disparidad de criterios, este Centro Directivo debe ahora zanjar definitivamente la cuestión en el sentido inicialmente establecido.