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Timestamp: 2019-08-19 18:45:27
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Matched Legal Cases: ['artículo 122', 'artículo 39', 'artículo 71', 'artículo 4', 'artículo 71', 'artículo 456', 'artículo 770', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 3', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24']

Proyecto de Ley de Mediación Familiar en Aragón.
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:263 (VII Legislatura)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.2 del Reglamento de la Cámara, previo acuerdo de la Mesa de las Cortes en sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2010, se ordena la remisión a la Comisión de Asuntos Sociales y la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón del Proyecto de Ley de Mediación Familiar de Aragón, el cual se tramitará por el procedimiento legislativo común.
Las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios disponen de un plazo de 15 días, que finalizará el próximo día 7 de febrero de 2011, para presentar enmiendas al citado Proyecto de Ley, cuyo texto se inserta a continuación.
Zaragoza, 9 de diciembre de 2010.
La familia, como institución social básica y viva es, y ha sido continuamente el centro de muchas y diversas problemáticas que no siempre pueden resolverse dentro de su propio ámbito.
La mediación familiar desarrolla las posibilidades de actuación de las personas favoreciendo el diálogo, el acercamiento, y la comprensión, para llegar a soluciones pactadas por las partes que al final suponen un mayor beneficio para todos los miembros de la familia, sobre todo para los menores y personas más vulnerables.
Tampoco debe olvidarse que los problemas tratados a través del proceso de mediación no suelen evolucionar a formas más controvertidas de resolución, evitando y previniendo en muchas ocasiones cuadros familiares de malos tratos.
Hay que tener en cuanta los antecedentes normativos que desde las instituciones comunitarias se han aprobado en esta materia. Cabe citar como más destacados la Recomendación número R (98) I, de 21 de enero de 1998, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre la mediación familiar, desde la que se insta a los gobiernos de los estados miembros a instituirla y potenciarla, el Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil, elaborado por la Comisión de la Unión Europea, que invita a los estados miembros a examinar la posibilidad de elaborar modelos de soluciones no judiciales de los conflictos o la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, que indica que debe tender a generalizarse la mediación como modelo de resolución de controversias.
A nivel estatal, la Constitución Española establece en su artículo 39 que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, así como la protección integral de los hijos, cualquiera que sea su filiación. En este sentido la ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio supuso un paso adelante en esta materia, concediendo a las partes la facultad de solicitar en cualquier momento al Juez la suspensión de las actuaciones judiciales para acudir a la mediación familiar y tratar de alcanzar una solución consensuada en los temas objeto de litigio.
En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma el artículo 71.34 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Aragón la acción social, que comprende la ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protección de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de protección especial. En este sentido, la ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón establece que los niños y adolescentes tienen derecho a una protección que garantice su desarrollo integral como personas en el seno de una familia, preferiblemente con sus padres. Asimismo indica que la aplicación de los principios del estado de derecho a la protección de los menores conlleva una responsabilidad compartida entre sus padres y los poderes públicos. Es fundamental destacar la aprobación de la ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, que tiene por objeto garantizar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, el derecho universal de acceso a los servicios sociales, como derecho de la ciudadanía, para promover el bienestar del conjunto de la población y contribuir al pleno desarrollo de las personas.
Especial importancia en la figura de la mediación tiene la ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, una norma aprobada por las Cortes de Aragón, pionera en aspectos fundamentales del derecho de familia, que en su exposición de motivos señala que la mediación familiar resulta un instrumento fundamental para favorecer el acuerdo entre los progenitores, evitar la litigiosidad en las rupturas y fomentar el ejercicio consensuado de las responsabilidades parentales tras la ruptura.
El artículo 4 de la mencionada ley establece que los progenitores podrán someter sus discrepancias a mediación familiar, con carácter previo al ejercicio de acciones judiciales. Añade que, en caso de presentación de demanda judicial, el Juez podrá, a los efectos de facilitar un acuerdo entre los padres, proponerles una solución de mediación. También podrá acordar la asistencia de los progenitores a una sesión informativa sobre la mediación familiar si, atendiendo las circunstancias concurrentes, estima posible que lleguen a un acuerdo. Asimismo continúa el precepto señalando que, iniciado el procedimiento judicial, los padres podrán de común acuerdo solicitar su suspensión al Juez, en cualquier momento, para someterse a mediación familiar, acordándose dicha suspensión por el tiempo necesario para tramitar la mediación.
En este sentido, y para regular temporalmente un sistema que facilitara a las partes la consecución de acuerdos en el ámbito de las rupturas familiares, la disposición transitoria segunda de la citada ley 2/2010 establecía un régimen provisional de mediación familiar, hasta la entrada en vigor de la Ley de Mediación Familiar a la que se refiere la disposición final segunda, entendiendo por mediación familiar el servicio especializado consistente en un procedimiento extrajudicial y voluntario para la prevención y resolución de conflictos familiares en el ámbito del Derecho privado que afecten a menores de edad derivados de la ruptura de la pareja. Este ámbito de aplicación de la mediación familiar, de carácter temporal, tenía su fundamento en que el objeto de la ley 2/2010 es regular las relaciones familiares en los casos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, entendiendo, por tanto, que la mediación familiar debía comprender únicamente los conflictos familiares referidos a rupturas de parejas con hijos menores de edad. La corriente internacional actual, al igual que están haciendo numerosas Comunidades Autónomas, apuesta por una extensión de la aplicación de la mediación familiar a cualquier conflicto surgido en el ámbito de las relaciones familiares, considerando el objeto de la mediación de forma amplia.
El vigente Estatuto de Autonomía de Aragón en su artículo 71. nº 59 atribuye competencia exclusiva a nuestra Comunidad Autónoma en lo relativo a los medios personales y materiales. Mediante Real Decreto 1702/2007, de 14 de diciembre, se hizo efectiva la transferencia en Administración de Justicia, desde la Administración Central a la Comunidad Autónoma de Aragón, localizándose orgánicamente en el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior.
Hay que tener en cuenta que la norma fundamental en la materia, esto es, la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, modificada en el 2003 y últimamente por la Ley Orgánica 1/2209, de 3 de noviembre, coloca al lado de la oficina judicial, la unidad administrativa a la que corresponderá la jefatura, ordenación y gestión de los recursos humanos, medios informáticos y demás medios materiales, atribuyéndose en el artículo 456.3 al Secretario judicial las conciliaciones, llevando a cabo la labor mediadora.
La Ley de enjuiciamiento Civil a la que se remite la Ley 2/2010, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres, en su artículo 770 y siguientes, regula las demandas de separación y divorcio, disponiendo que se sustanciarán por los trámites de juicio verbal, pudiendo las partes de común acuerdo solicitar la suspensión del proceso para someterse a mediación.
Es preciso por tanto reconocer al lado de la mediación extrajudicial la mediación intrajudicial, como instrumento de apoyo y colaboración a la labor jurisdiccional desarrollada por juzgados y tribunales. Cuando ya se ha iniciado un proceso judicial de nulidad, separación o divorcio, el juez podría decretar la suspensión de actuaciones, si advierte que existen posibilidades reales de que las partes puedan llegar a un acuerdo y para valorarlas es importante que cuente con un coordinador de mediación que explore e informe.
La ley se compone de un total de veinticuatro artículos, estructurados en cuatro capítulos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.
El capítulo I recoge las disposiciones de carácter general, el objeto y el concepto de la mediación, remarcando su carácter extrajudicial y consensuado; los conflictos susceptibles de mediación familiar, haciéndola extensiva a cualquier conflicto surgido en el ámbito de las relaciones familiares. El ámbito de aplicación de la ley se circunscribe a las mediaciones familiares que se efectúen por mediadores designados por el Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de familia. En el proceso de mediación destaca el interés superior de los menores de edad y la protección a las personas con discapacidad o en situación de dependencia.
El capítulo II establece los fundamentos de la mediación familiar, analiza los principios generales por los que se rige, refiriéndose a la voluntariedad de las partes, no solo para iniciar y poner fin al procedimiento sino también para desistir de él en cualquier momento. La igualdad, confidencialidad, transparencia, imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, carácter personalísimo y buena fe se enumeran como fundamentos básicos de todos los procesos de mediación. Igualmente se establecen los requisitos de titulación, formación y experiencia que debe cumplir el mediador familiar, así como los derechos y deberes de éste.
El capítulo III hace referencia a las fases a lo largo de las cuales se desenvuelve el procedimiento de la mediación, desde la reunión inicial al acta final así como las funciones que debe desempeñar la persona mediadora en el ejercicio de su actuación. Se estima adecuado y suficiente que el plazo de duración del proceso de mediación sea de sesenta días, susceptibles de prórroga si se producen determinadas circunstancias que lo aconsejen, sin perjuicio de las especialidades en plazos de la mediación iniciada por la Autoridad Judicial. También trata de la sesión informativa previa a la que los jueces pueden derivar a las partes. Se establece además la prohibición de acudir a mediación familiar cuando se esté incurso en determinados procesos penales o cuando se advierta la existencia de indicios de violencia doméstica o de género. Finalmente se regulan los casos en que los acuerdos alcanzados por las partes deben ser ratificados judicialmente.
El capítulo IV establece la organización administrativa y las competencias y funciones en materia de mediación familiar, erigiendo como órgano administrativo responsable del servicio de mediación familiar al Departamento del Gobierno de Aragón que tenga atribuidas las competencias en el área de familia. Se permite que los Colegios Profesionales puedan llegar a colaborar en diferentes momentos. Se crea también el Registro de Mediadores Familiares, donde podrán inscribirse todos aquellos profesionales que cumplan los requisitos establecidos en la ley. A su vez, se señalan los supuestos en los que el servicio de mediación tendrá carácter gratuito y cuando será abonado por los interesados, de acuerdo a las tarifas que se establezcan reglamentariamente.
Consta finalmente el texto de una disposición adicional única, una disposición transitoria única, y dos disposiciones finales.
Artículo 2.— Concepto de mediación.
Artículo 3.— Ámbito de aplicación de la norma.
1. La presente ley será de aplicación a las mediaciones familiares que sean efectuadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón por mediadores designados desde el Departamento competente en materia de familia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Podrán solicitar las actuaciones del servicio de mediación familiar aquellas personas con capacidad de obrar y residencia efectiva en Aragón que se encuentren afectadas por alguno de los conflictos susceptibles de mediación familiar.
Artículo 4.— Servicios de Mediación Familiar.
1. Existirá un servicio de mediación, adscrito al Departamento competente en materia de familia del Gobierno de Aragón, que tendrá como finalidad prestar el servicio de mediación en las condiciones y con los requisitos que se establecen en esta ley, así como de proporcionar asesoramiento, ayuda y formación a las personas y entidades relacionadas con la materia.
2. Cuando la mediación se realice por iniciativa propia de los colegios profesionales, corporaciones locales u otras entidades públicas o privadas se estará a lo dispuesto en su normativa reguladora.
3. Las mediaciones realizadas por particulares no inscritos en el Registro de Mediadores del Gobierno de Aragón se regularán por la legislación correspondiente al ejercicio de su actividad profesional.
Artículo 5.— Conflictos susceptibles de mediación familiar.
1. La mediación a que se refiere la presente ley podrá referirse a cualquier conflicto familiar surgido en el ámbito del Derecho Privado.
2. Específicamente, la intervención del mediador tendrá por objeto alguno de los siguientes aspectos:
b) Controversias relacionadas con el ejercicio de la autoridad familiar o patria potestad y del régimen de guarda y custodia de los hijos.
c) Diferencias entre progenitores y abuelos debidas a dificultades para mantener relaciones y visitas con los nietos.
Salvo en los supuestos debidamente justificados, en el que esté en peligro la vida, la integridad física o moral de la persona adoptada, no se podrá facilitar la identidad de los padres biológicos en tanto en cuanto no se disponga de la autorización expresa de estos.
h) Problemáticas referidas a la situación patrimonial o a la empresa familiar.
i) Cuestiones relacionadas con la sucesión hereditaria de una persona.
Artículo 6.— Alcance de la mediación.
1. La intervención del mediador en el procedimiento podrá versar sobre cualquier materia de derecho privado susceptible de ser planteada judicialmente.
2. El proceso de mediación velará sobre todo por el interés superior de los menores de edad y protegerá a las personas con discapacidad o en situación de dependencia.
Artículo 7.— Momento para plantear la mediación.
b) Durante el desarrollo de aquella, momento en el cual el proceso judicial podrá quedar suspendido.
c) Después de haber finalizado éste.
Artículo 8.— Principios generales de la mediación.
c) Confidencialidad: Todas las actuaciones que se deriven del proceso de mediación serán secretas y confidenciales, respetando la legislación vigente sobre protección de datos. Las partes no podrán solicitar la declaración en juicio del mediador en calidad de perito o testigo, salvo que la Autoridad Judicial así lo disponga en función de la aplicación de la legislación específica correspondiente.
d) Transparencia: La comunicación entre las partes y el mediador ha de estar regida por la mutua confianza entre ellos y la claridad en el intercambio de información, a través de un procedimiento que facilite el diálogo y la participación.
e) Imparcialidad: El interés que se pretende proteger es el equilibrio entre las partes y la igualdad de oportunidades entre ellas, fundamentado en una actuación del mediador completamente equitativa.
f) Neutralidad: Las partes deben llegar a un acuerdo de manera independiente y consensuada, sin que se vean influenciadas por decisiones o imposiciones del mediador.
g) Flexibilidad: La mediación no está sujeta a formas concretas de procedimiento sino que, al contrario, impregna su espíritu la ausencia de formalismos, lo que facilitará la consecución de acuerdos.
Artículo 9.— Del mediador familiar.
1. El mediador familiar deberá poseer una titulación universitaria oficial así como tener la experiencia profesional y la formación complementaria que se establezcan reglamentariamente.
2. La homologación de entidades susceptibles de impartir la formación sobre mediación familiar a que se refiere el apartado anterior así como la aprobación de los correspondientes programas docentes corresponderá al Departamento competente en materia de familia del Gobierno de Aragón.
3. El mediador deberá figurar inscrito en el Registro de Mediadores del Gobierno de Aragón. Además, tendrá que colegiarse en el correspondiente colegio profesional, excepto que se trate de un empleado público al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma que ejerza la funciones de mediador en el desempeño de su puesto de trabajo.
Artículo 10.— Derechos de las persona mediadora.
La persona mediadora tiene los siguientes derechos:
a) Rechazar las solicitudes de mediación cuando por causas razonadas se presuma que no van a alcanzarse los fines perseguidos por ésta.
b) Dar por finalizada la mediación cuando existan motivos que demuestren la ineficacia del resultado del procedimiento.
c) Actuar con independencia en el ejercicio de sus funciones.
f) Percibir los honorarios legalmente establecidos.
Artículo 11.— Deberes de las persona mediadora.
La persona mediadora tiene los siguientes deberes:
a) Intervenir en los procedimientos de mediación que le sean derivados desde el Departamento competente en materia de familia del Gobierno de Aragón en los términos que señala la presente ley.
b) Cumplir con las normas deontológicas que se establezcan por su colegio profesional o asociación profesional.
c) Garantizar una imparcialidad y neutralidad absoluta.
d) Mantener la confidencialidad necesaria sobre la información obtenida durante el procedimiento de mediación, excepto si comporta amenaza para la vida o integridad física o psíquica de una persona.
e) Salvaguardar sobre todo el interés superior de los menores de edad y atender a las especiales circunstancias de las personas con discapacidad o en situación de dependencia.
f) Abstenerse de intervenir cuando exista, con cualquiera de las partes, relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o se tenga o se haya tenido algún tipo de relación personal, afectiva o profesional que menoscabe el ejercicio de sus funciones.
g) Informar a las partes sobre el coste o gratuidad, en su caso, del servicio de mediación.
h) Denunciar ante las autoridades administrativas o judiciales los casos en que pueda apreciarse que por alguna de las partes se esté cometiendo cualquier actuación ilícita.
i) Abstenerse de intervenir cuando tenga intereses económicos, patrimoniales o personales en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudieran influir los resultados de la mediación.
Artículo 12.— Responsabilidad del mediador.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley, que comporte actuaciones u omisiones constitutivas de infracción, dará lugar a las sanciones correspondientes en cada caso, según se trate de un empleado público o de un profesional actuando en el ejercicio libre de su profesión.
Artículo 13.— Inicio de la mediación.
b) A iniciativa de una de ellas. En este supuesto la otra parte deberá manifestar su aceptación, dentro del plazo de quince días hábiles desde que se la haya citado a tal efecto.
2. No podrá llevarse a cabo una nueva mediación sobre el mismo objeto hasta que no transcurra el plazo de un año desde que aquella fue intentada, salvo que hubiera concluido sin acuerdos o bien que la Autoridad Judicial o Administrativa competente determine que deba practicarse de nuevo, por concurrir especiales circunstancias familiares que así lo aconsejen.
3. En ningún caso cabrá acudir a la mediación familiar cuando se esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de la otra parte o de los hijos o hijas, y se haya dictado resolución judicial motivada en la que se constaten indicios fundados y racionales de criminalidad. Tampoco procederá cuando se advierta la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género.
Artículo 14.— Especialidades de la iniciación de la mediación por la Autoridad Judicial.
1. En los procesos de nulidad, separación o divorcio a que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Civil, la competencia para la organización y funcionamiento de la iniciación de las actuaciones de mediación intrajudiciales en juzgados y tribunales reguladas en este artículo, corresponderá al Departamento con competencia en la Administración de Justicia.
2. En el supuesto del apartado anterior, en caso de presentación de demanda judicial el juez podrá, a los efectos de facilitar un acuerdo entre las partes, proponerles una solución de mediación. Asimismo, el juez podrá acordar la asistencia de las partes a una sesión informativa sobre la mediación familiar si, atendiendo las circunstancias concurrentes, estima posible que lleguen a un acuerdo.
5. Celebrada la sesión informativa las partes podrán solicitar al Juez la suspensión del procedimiento, que será acordada por el Secretario Judicial con arreglo a la norma procesal civil, por el tiempo necesario para someterse a mediación familiar. El procedimiento judicial se reanudará si lo solicita cualquiera de las partes o caso de alcanzarse un acuerdo en la mediación.
Artículo 15.— Designación del mediador.
1. La persona mediadora será designada por el Departamento competente en materia de familia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón entre las que figuren inscritas en el Registro de Mediadores Familiares.
2. El ejercicio de la intervención regulado en el art. 5 punto 2 letra g) será realizado por el órgano competente en Protección de Menores.
Artículo 16.— Acta inicial de la mediación.
1. De la reunión inicial se expedirá un acta, en la cual se expresará el lugar y la fecha de inicio, la identificación de las partes y del mediador o mediadora y los datos más relevantes relacionados con el proceso de mediación.
2. El acta será firmada por las partes y la persona mediadora entregándose un ejemplar a cada una de ellas. Cuando la mediación se haya iniciado por indicación de la Autoridad Judicial la persona mediadora le hará llegar a ésta una copia del acta inicial de la intervención en el plazo máximo de cinco días hábiles.
Artículo 17.— Funciones de la persona mediadora.
Durante el proceso de mediación la persona mediadora debe desempeñar las siguientes funciones:
Artículo 18.— Duración de la mediación.
1. La duración de la mediación estará en función de las características del proceso y de su evolución sin que, en principio, pueda exceder de sesenta días, a contar desde la reunión inicial. Mediante propuesta razonada de la persona mediadora, se podrá acordar una prórroga de la misma por el tiempo necesario para conseguir los fines de este procedimiento.
2. La persona mediadora podrá interrumpir el procedimiento o dar por finalizada la mediación cuando se observen indicios que permitan concluir que el proceso de mediación no está consiguiendo los fines previstos en esta ley.
3. En el supuesto de iniciación por la Autoridad Judicial la duración no podrá exceder de sesenta días, por lo que no puede acordarse prórroga del plazo general.
Artículo 19.— Acta final de la mediación.
1. Las actuaciones finalizarán con un acta en la que se harán constar los siguientes extremos:
b) Identificación de las partes, de la persona mediadora y de aquellas otras que hayan podido intervenir en el procedimiento.
d) Imposibilidad, en su caso, de no haber conseguido ninguno.
2. Del Acta final se entregará un ejemplar a cada una de las partes. Cuando la mediación se haya iniciado por indicación de la Autoridad Judicial la persona mediadora le hará llegar a ésta una copia del acta final de la intervención en el plazo máximo de cinco días hábiles.
Artículo 20.— Ratificación judicial de los acuerdos.
1. Los acuerdos entre los progenitores obtenidos en la mediación familiar, cuando se refieran a rupturas de la convivencia de los padres, deberán ser aprobados por el juez, en los términos que, para el pacto de relaciones familiares, establece el artículo 3 de la ley 2/2010,de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.
Artículo 21.— Órgano competente en materia de mediación familiar.
1. El Departamento del Gobierno de Aragón responsable del servicio de mediación familiar será aquel que tenga atribuidas las competencias en materia de familia, sin perjuicio de las que correspondan al Departamento que tenga a su cargo la Administración de Justicia.
Artículo 22.— Funciones del Departamento competente en materia de familia del Gobierno de Aragón.
Corresponden al Departamento competente en materia de familia del Gobierno de Aragón, sin perjuicio de las que correspondan al Departamento que tenga a su cargo la Administración de Justicia, las siguientes funciones:
b) Gestionar el Registro de Mediadores Familiares del Gobierno de Aragón.
c) Establecer las retribuciones de las personas mediadoras que presten sus servicios a través del Registro de Mediadores Familiares del Gobierno de Aragón.
d) Adjudicar los casos de mediación a las personas inscritas en el Registro de Mediadores Familiares.
e) Homologar a las entidades autorizadas para impartir la formación necesaria para el desempeño de las funciones de mediador.
g) Fomentar la colaboración con colegios profesionales, asociaciones, corporaciones locales y otras entidades públicas para facilitar el desarrollo de la mediación familiar.
i) Elaborar conjuntamente con el Departamento competente en materia de Administración de Justicia una memoria anual sobre los resultados de la aplicación de la mediación familiar en Aragón.
Artículo 23.— Registro de Mediadores Familiares.
1. Se crea el Registro de Mediadores Familiares del Gobierno de Aragón, adscrito al Departamento competente en materia de familia. Reglamentariamente se establecerá su sistema de organización y funcionamiento.
2. El servicio de mediación familiar del Gobierno de Aragón se prestará por los profesionales inscritos en el Registro de Mediadores Familiares.
Artículo 24.— Coste de la mediación.
a) En aquellos casos que, en atención a la concurrencia de especiales circunstancias económicas o sociales de los interesados, así lo determine el Departamento competente en materia de familia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Disposición Adicional Única.— Difusión de información sobre el servicio de mediación.
Por parte de los Departamentos competentes en materia de familia y de Administración de Justicia se realizarán las actuaciones oportunas para difundir la información sobre el servicio de mediación familiar por todo el territorio de la Comunidad Autónoma.
Disposición Transitoria Única.— Designación de mediadores.
Mientras no esté en funcionamiento el Registro de Mediadores Familiares del Gobierno de Aragón, las mediaciones de carácter gratuito a que se hace referencia en la presente ley se efectuarán por el servicio de mediación que gestiona la Dirección General de Familia.
Disposición Final Primera.— Desarrollo Reglamentario
Se autoriza al Departamento competente en materia de familia a aprobar las órdenes de desarrollo de la presente ley que sean necesarias para su correcta aplicación.