Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-478470554
Timestamp: 2018-03-18 03:53:15
Document Index: 53803856

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 116', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 6']

Sentencia de Tutela nº 689/13 de Corte Constitucional, 30 de Septiembre de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 478470554
Actor: Edilberto de Jesus Cortina y Otros
Demandado: Alcaldia de Cienaga y Otro
Expediente: T-3468223 Y OTRO ACUMULADOS
Debido proceso, vivienda. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Los accionantes consideran que se vulneraron sus derechos fundamentales con el inicio y trámite de una acción de protección policiva en su contra, en tanto no se tuvo en cuenta que no se acreditó el requisito de haberla promovido dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se presentó la supuesta invasión en el predio objeto de controversia y, en particular, por inobservar todo el trámite dispuesto en el decreto 747 de 1992. Aducen, que el no seguir el debido proceso generó que se finalizara la actuación con la realización de una diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho de aproximadamente sesenta familias, sin adelantar previamente un estudio de enfoque diferencial de los grupos en situación de vulnerabilidad, para salvaguardar todas sus garantías. Se examinan los siguientes temas: 1º. La eficacia horizontal de los derechos fundamentales y la procedencia de la acción de tutela frente a particulares. 2º. La procedencia de la acción de tutela contra actuaciones surtidas en el marco de un proceso policivo. 3º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 4º. El derecho a la vivienda digna. 5º. Las medidas de protección a favor de las personas en situación de vulnerabilidad cuando existe una orden de desalojo. 6º. La acción de protección policiva consagrada en el decreto 747 de 1992. Se concede el amparo solicitado y de manera consecuente se deja sin efecto todo lo actuado dentro de los procesos policivos. Se destaca la orden impartida a la alcaldía de ciénaga, con efectos inter comunis, para que le garantice a los accionantes y a todas las familias objeto del desalojo, una solución de vivienda adecuada durante el tiempo en que el incoder adelante el procedimiento administrativo de recuperación de baldíos referido en el presente fallo.
T-689-13 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-689/13
Peticionarios: E. de Jesús Cortina y otros; y R.M.R. y otros.
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados J.I.P.C. -quien la preside- y A.R.R., y el conjuez E.J.M.V., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales y, específicamente, las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
Que pone fin al proceso de revisión de los fallos proferidos (i) por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga, M., el 23 de febrero de 2012, y por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga, M., el 30 de marzo de 2012 (Expediente T-3.468.223); y (ii) por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Ciénaga, M., el 25 de enero de 2012, y por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga, M., el 7 de marzo de 2012 (Expediente T-3.477.644), dentro de las acciones de tutela promovidas por E. de Jesús Cortina Molina y otros; y R.M.R. y otros.
Los accionantes solicitan la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la vida digna, a la igualdad, al mínimo vital y a la vivienda, presuntamente vulnerados por el señor J.M. de V. y por la Alcaldía Municipal de Ciénaga, M., por iniciar y tramitar una acción de protección policiva en su contra, sin tener en cuenta que no se acreditó el requisito de haberla promovido dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se presentó la supuesta invasión en el predio objeto de controversia y, en particular, por inobservar todo el trámite dispuesto en el Decreto 747 de 1992, lo cual finalizó con la realización de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho de apróximadamente sesenta familias asentadas en el lugar donde se ejecutó la misma.
1.2.1 Las accionantes señalan que el señor J.M. de V.F. presentó ante la Alcaldía Municipal de Ciénaga, M., demanda policiva de lanzamiento por ocupación de hecho contra P.P. e indeterminados, la cual radicó, apróximadamente, el 20 de septiembre de 2011, manifestando ser el propietario de la Finca Córdoba o Lote 6C, localizada en el área rural de esta población.
1.2.2 Afirman que la persona demandada, P.P., no existe, pues los accionantes, miembros de la Asociación Integral Nueva Esperanza, y en su calidad de parceleros y ocupantes de los predios rurales denominados V. delR., San Judas y T., no lo conocen. Agregan que tampoco forma parte de las más de sesenta familias de parceleros asentados, unos desde mediados de 2010 y otros desde enero de 2011, en dichas tierras.
1.2.3 Cuentan que se encuentran en estos predios con autorización de la señora R.G.P., poseedora y dueña de esos predios, en los cuales han realizado explotación económica agrícola. También indican que durante su permanencia en estas tierras, han recibido constantes amenazas de la familia V., lo cual ha sido un hecho público, y fue consignado, por ejemplo, en la prensa en el mes de enero de 2011.
1.2.4 Refieren que en el proceso policivo se aplicaron los artículos 15 de la Ley 57 de 1905 y 6 del Decreto Reglamentario 992 de 1930, cuando el procedimiento que debió aplicarse fue el establecido en el Decreto 747 de 1992, por tratarse de un bien rural. Por tanto, alegan que la Alcaldía de Ciénaga, M., y la Inspección de Policía, al aplicar las normas subrogadas y no el mencionado decreto, incurrieron en una vulneración al debido proceso.
1.2.5 De otro lado, señalan que el artículo 7 del Decreto 747 de 1992 exige que el auto mediante el cual se avoca el conocimiento del proceso policivo, se comunique al Procurador Agrario competente y se notifique personalmente al querellado, lo cual no se vislumbra en dicho caso. Enfatizan que la notificación al querellado P.P. no se pudo realizar personalmente porque esa persona no existe, nadie la conoce y no es colono de las tierras que conforman V. delR., T. y San Judas. Indican que tampoco obra prueba en el plenario de que se hubiese fijado aviso para notificar a los querellados ni que se haya fijado aviso un día antes de efectuarse la diligencia como lo indica la norma. Al parecer, dicen, el 10 de octubre de 2011, después de las 5:00 p.m, una persona lanzó un oficio informando que al día siguiente a las 8:00 a.m se iba a efectuar un lanzamiento en la finca Córdoba. Aclaran que no se trataba de un aviso sino de un oficio o comunicación dirigida a P.P. en el que le informaban que iban a efectuar la diligencia en comento. De otra parte, insisten en que la diligencia de lanzamiento estaba dispuesta para realizarse en la finca Córdoba y no en la finca V.A.M., conformada por tres predios, donde ellos se encuentran[1]. Aseguran que esta circunstancia fue manifestada por los parceleros durante la práctica de la diligencia, pero el Inspector de Policía guardó absoluto silencio, y no tuvo en cuenta dichas manifestaciones al momento de adoptar una decisión definitiva.
1.2.6 Agregado a lo anterior, cuentan que no obra dentro del plenario el auto mediante el cual nombraron como perito al señor C.L.M. para que rindiera su dictamen en la diligencia de inspección ocular, por lo cual, aducen, su actuación debe declararse nula.
1.2.7 Por otra parte, sostienen que el querellante presentó el folio de matrícula No. 022-17816 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para acreditar que ejerce un derecho real sobre la finca C.L. 6C, cuando en este tipo de procesos lo que debe probarse es la tenencia y posesión además de la explotación económica del predio. Agregan que al leer el folio de matrícula inmobiliaria aportado, anotación 6 del año 2001, se puede evidenciar que J.M. de V.F. como persona natural no es el propietario inscrito de la finca en comento sino que lo es una Sociedad Comercial denominada J.M. de Vengoechea y CIA S. EN C.S. (persona jurídica).
1.2.8 Sumado a lo anterior, dicen, las dos declaraciones extraproceso obrantes en el plenario no se refieren en absoluto a la finca C. sino que se limitan a hablar de la Hacienda Papare.
1.2.9 Al contrario, manifiestan, ellos sí probaron con hechos notorios y varias declaraciones rendidas en la diligencia, que se encuentran en posesión del bien por autorización de la señora R.G.P. al señor S.P., Presidente de la Asociación de los predios V. delR. y San Judas desde enero de 2011, lo cual constató el perito designado, quien en su dictamen evidenció la existencia de cultivos de maíz, ahuyama y otros, enfatizando en que  tenían como tres meses o que faltaban tres meses para la cosecha. Aseguran que este hecho probó que esas tierras estaban siendo explotadas económicamente con cultivos desde hacía varios meses y no, como lo afirmó el querellante, desde el 10 de septiembre de 2011, ya que es imposible que en un mes existan cultivos en producción. Lo anterior, a su juicio, también evidencia que habían pasado más de quince días desde la supuesta invasión.
1.2.11 Agregan que el artículo 10 del Decreto 747 de 1992 establece la doble instancia para este tipo de procesos; no obstante, el inspector de policía, según afirman los accionantes, bajo intimidaciones del señor A.V., aplicó la Ley 57 de 1905 y ante la interposición de los recursos de reposición y apelación, no concedió el de apelación, vulnerando su derecho de defensa.
1.2.12 Sumado a lo anterior, refieren, ante la misma Alcaldía Municipal cursa un proceso policivo de amparo a la posesión, entablado por S.P. y otros contra J.M. y A. de V., el cual se entabló en el mes de noviembre de 2010 y versa sobre las mismas tierras, esto es, V. delR., San Judas y T., con lo cual se prueba que dichas tierras están fuera de la tenencia y posesión de la familia de Vengoechea[2].
1.2.14 La realidad, dicen, es que no hubo entrega de la finca, el abogado se encontraba con los actores en la carretera y quienes ingresaron, ya entrada la noche por orden del inspector, fueron la Policía y el grupo antimotines escoltando a A. de V., quienes entraron violentamente al predio, dispararon contra las tierras y montañas, y lanzaron gases lacrimógenos, sin tener en cuenta la presencia de niños, adultos mayores y demás personas que se encontraban en este lugar.
1.2.15 Por todo lo relatado, sostienen que sus derechos al mínimo vital, a la salud y a la vivienda han sido vulnerados, pues actualmente se encuentran sin un lugar en donde habitar junto a sus familias, sin alimentos y sin protección alguna. En consecuencia, solicitan (i) tutelar sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, al mínimo vital y a la vivienda digna, (ii) dejar sin efecto el proceso policivo contra P.P. e indeterminados, (iii) reiniciar el trámite policivo aplicando la normativa pertinente, (iv) que el alcalde municipal desaloje de dichas tierras al querellante y (v) se proceda a la entrega material de los predios a los accionantes con el inventario del estado en que los reciben.
Radicada la acción de tutela el 23 de noviembre de 2011, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga, M., mediante auto adiado el 25 de noviembre de 2011, asumió el conocimiento de la acción de tutela y corrió traslado de la misma a los accionados para que ejercieran su derecho de defensa.
El 1 de diciembre de 2011, el señor J.M. de V.F., mediante apoderado judicial, manifestó que los accionantes no se constituyeron como parte dentro del proceso policivo a pesar de que tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho de defensa dentro de éste.
Agregado a lo anterior, sostiene que la querella se instauró el día 21 de septiembre de 2011 contra el señor P.P. e indeterminados, por cuanto así se identificó a una de las personas que se encontraban en el predio el día 10 de septiembre de 2011, fecha en la que se percató de que personas extrañas estaban ocupando su predio.
Frente a la afirmación de los accionantes acerca de que en el predio objeto de debate se encuentran asentadas 60 familias desde enero de 2011, indica que no existe prueba alguna, pues el bien sobre el cual ejerce la propiedad y posesión se denomina FINCA CORDOBA O LOTE 6 nombre que dista del atribuido por los accionantes al predio o predios que ocupan, esto es, V. delR., San Judas y T., sumado a que en el sector es imposible que existan inmuebles con la naturaleza de baldíos.
2.1.2.1 Fotocopia del oficio que emitió la Alcaldía Municipal de Ciénaga, M., el 22 de septiembre de 2011, avocando el conocimiento de la querella civil policiva (Lanzamiento por ocupación de hecho) en relación con el bien denominado L. seis (6) C, Finca Córdoba (Folio 9 del cuaderno principal).
2.1.2.2 Fotocopia del oficio No. 359 del 27 de septiembre de 2011, dirigido al señor P.P. y personas indeterminadas, solicitándoles se presentaran en el despacho de la Inspección Única de Policía de Ciénaga, con el fin de notificarse de la querella civil policiva de lanzamiento por ocupación de hecho (Folio 10 del cuaderno principal).
2.1.2.3 Fotocopia del poder otorgado por la señora R.G.P., en calidad de querellada dentro del proceso policivo (Folio 11 del cuaderno principal).
2.1.2.4 Fotocopia de los oficios Nos. 372, 373 y 374 del 4 de octubre de 2011, y sin número del 7 de octubre de 2011, mediante los cuales se puso en conocimiento del Alcalde Municipal, del Secretario de Gobierno Municipal, del P.M. de Ciénaga, M., del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del Procurador Agrario y del Medio Ambiente de Santa Marta, M., la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho programada para el día 11 de octubre de 2011 a partir de las 11:00 a.m (Folios 18 al 20 del cuaderno principal).
2.1.2.5 Fotocopia de la intervención de la querellada R.G.P. dentro del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho iniciado por J.M. de Vengoechea (Folio 21 del cuaderno principal).
2.1.2.7 Fotocopia de la querella presentada por el señor J.M. de Vengoechea contra P.P. y personas indeterminadas (Folio 30 y siguientes del cuaderno principal).
2.1.2.10 Fotocopia del acta de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho ordenada por la Alcaldía Municipal de Ciénaga, M. (Folios 64-83 del cuaderno principal).
2.1.3.1 Decisión de primera instancia  Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga, M.-
El juez de primera instancia, mediante fallo proferido el 23 de febrero de 2012, tuteló el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes E.C., H.C., Kellys Ballena y S.J. y, en consecuencia, ordenó (i) dejar sin efecto legal la Resolución adiada el 11 de octubre de 2011, proferida por el Inspector de Policía de Ciénaga, M., mediante la cual se ordenó el lanzamiento por ocupación de hecho de las personas señaladas de realizar actos perturbatorios en dicho bien, (ii) como también reiniciar el correspondiente proceso administrativo respetando el derecho de defensa y (iii) restituir materialmente la posesión ejercida por los accionantes sobre el predio objeto de controversia.
En segundo lugar, adujo, de acuerdo con los artículos 233, 237-6 y 241 del Código de Procedimiento Civil, el perito designado no exhibió las pruebas de sus especiales conocimientos técnicos ni científicos sobre la materia, en este caso particular, para delimitar linderos. El juez enfatizó lo siguiente: (i) durante el desarrollo de la inspección ocular sostuvo que los linderos de la finca C. eran los que se especificaban en el certificado de tradición No. 222-17816, afirmación de la cual se infiere que nunca constató directamente la delimitación de los linderos como era su obligación hacerlo. (ii) El representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, J.J.V.P., afirmó que durante la práctica de la diligencia no se realizó el 100% del recorrido de la parcela, para verificar el núcleo familiar existente y ... si existen niños o niñas adolescentes que tengan su domicilio en las mismas...
En tercer lugar, expuso que dentro del proceso policivo, no obra prueba alguna que acredite la realización efectiva de la notificación personal al señor P.P., hecho que se evidencia en su inactividad dentro de todo el trámite adelantado en su contra y de las personas indeterminadas, el cual culminó con la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho de más de sesenta familias.
2.1.3.2 Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga, M.
No obstante, señaló, al realizar un análisis del auto mediante el cual se avocó conocimiento de la querella, concluyó que el mismo no cumplió con los requerimientos exigidos en la normativa, pues el mismo no sólo adolece de señalar fecha y hora, es igualmente notificado a un abogado totalmente ajeno a la querella policiva, como así mismo lo reconoce el S. de Gobierno del Municipio en su Resolución de fecha 7 de octubre de 2011, cuando esboza que la señora G.P., no es parte del proceso ya que el mismo se remite en contra de P.P. e indeterminados, no siendo la antes mencionada parte en el proceso, sin embargo notifican a su apoderado del auto que avoca conocimiento
Radicadas las acciones de tutela el 11 y 13 de enero de 2012, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Ciénaga, M., profirió dos providencias el 16 de enero de 2012, mediante los cuales decidió lo siguiente:
En primer lugar, resolvió acumular las acciones de tutela radicadas por tratarse de los mismos hechos imputados a la Alcaldía Municipal de Ciénaga, Secretario de Gobierno de Ciénaga, Inspector de Policía de Ciénaga y al señor J.M. de V.F..
En segundo lugar, (i) asumió el conocimiento de las acciones de tutela instauradas por R.M., C.E.F., A.V.; y G.T., A.S.B., J.T. y P.B.; (ii) vinculó a la señora R.G.P.; (iii) comunicó la solicitud de tutela a la Asociación Integral Nueva Esperanza y (iv) requirió la colaboración de una emisora radial en Ciénaga, M., para que informara a la comunidad en general acerca de la acción de tutela presentada por los peticionarios con el fin de que los interesados que consideraran tener derechos sobre dichos bienes, se hicieran parte dentro del proceso.
2.2.1.1.1 S.R.M.G.P.
El 23 de enero de 2012, la señora R.M.G.P. solicitó al juez de tutela que declarara improcedente la acción de amparo instaurada, aduciendo que la familia G.P. es poseedora con ánimo de señor y dueño del predio V. delR. y propietario del predio San Judas, ambos de carácter rural, ubicados en la región de Cordobita, en Ciénaga, M., apróximadamente desde el año de 1934.
Refirió que desde 1938, la familia G.P. sostiene pleitos policivos contra la familia V.. Relató que luego, en el año 2007, se presentó un conflicto entre M. de V., querellante, y F.G.P., querellado, cuya decisión judicial fue favorable a las pretensiones de la familia G., a la cual se le reconoció el derecho de posesión.
Sostuvo que en el año 2009, fue asesinado F.G., y se generó un desplazamiento forzado de los trabajadores que ocupaban la Yolamira, también de propiedad de los Gargioli, y V. delR., al igual que de la señora R.G.P., coadministradora.
Indicó que para mediados del año 2009, la señora R.G.P. encomendó al señor J.A. el cuidado del predio Yolamira e iniciando el año 2010, le permitió al señor S.P. que se estableciera en Villa del Rosario y San Judas para efectos de su explotación y cuidado a título gratuito o comodato gratuito.
Igualmente, contó, inició un proceso policivo por perturbación a la posesión que ella ejerce sobre V. delR. en el mes de abril de 2010 contra personas indeterminadas, pero posteriormente se dirigió contra la familia V. como la causante de los actos perturbatorios. Dicho proceso se resolvió a favor de la familia V., luego de la cual se procedió a su entrega. En dicha diligencia se cometieron toda clase de arbitrariedades, quema de cosechas, animales, maltratos y torturas a los colonos autorizados por la señora G..
Refirió que como consecuencia de lo anterior, instauró acción de tutela, y ante la interposición de un incidente de desacato, el alcalde ordenó al S. de Gobierno la entrega del predio V. delR. a la señora R.G.. Posteriormente, se fijó fecha para su entrega, pero siempre se aplazó ante la ausencia de una autoridad disponible.
Expresó que simultáneamente, el señor V. inició otro proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho promovido por A.V. contra P.P. y personas indeterminadas, aunque se cuestiona acerca de si esta persona existe o no, el cual fue conocido por la Secretaría de Gobierno, quien sin darle cumplimiento al fallo de tutela, lanzó a los colonos que ocupaban V. delR., bajo el pretexto de que ocupaban el predio Cordobita.
Agregó que esta grave anomalía había sido advertida por el apoderado de la señora G., como el incumplimiento del fallo de tutela que ordenaba la entrega, sumado a la falta de legitimación del querellante, y la caducidad de la acción, entre otras irregularidades.
Por otra parte, relató que los accionantes de la tutela de la referencia forman parte de la Asociación Integral Nueva Esperanza, la cual fue ingresada por el señor S.P., amparándose en la autorización que le otorgó la señora R.G.P. para que entrara al predio V. delR. con cuatro o cinco integrantes más, con el propósito de cultivar en dicho predio y cuidarlo a título gratuito, es decir, pactaron un comodato precario reconocido plenamente por este señor.
Al respecto, señaló, el predio se llama V. delR. con existencia catastral en el IGAG Santa Marta y no A.M., como dolosamente los accionantes lo señalan en el hecho segundo de su demanda como V. delR., San Judas y T..
De otro lado, sostiene que es falso que los accionantes tuviesen la posesión con ánimo de señor y dueño desde enero de 2011, ya que ellos ingresaron a dichos predios con autorización del señor S.P., quien recibió dichos terrenos en comodato precario.
Enfatizó que ninguna de las personas demandantes ha tenido la posesión a ningún título, sólo han sido tenedores indirectos en virtud de la autorización de la señora R.G. a S.P., lo cual hace notar la intención de confundir y hacer incurrir en error al despacho.
2.2.1.1.2 Señor J.M. de Vengoechea
El 23 de enero de 2012, el señor J.M. de V., mediante apoderado judicial, realizó las siguientes manifestaciones:
Señaló que los accionantes han buscado, de diversas maneras, obtener un amparo ante las autoridades judiciales, y que algunas de estas personas están siendo investigadas por el delito de invasión de tierras por la Fiscalía Cuarta Local de Ciénaga, según denuncia presentada por el señor A. de V., hijo del señor J.M. de V..
Por otra parte, contó que la señora R.G.P., está siendo investigada por la Fiscalía 4° Local de Ciénaga por el presunto delito de invasión de tierras y por patrocinar a otros para que incurran en la misma conducta. Al margen, señaló que entre la familia de V. y la señora G.P. existe un proceso policivo por presunta perturbación a la posesión, ante la Alcaldía Municipal de Ciénaga.
2.2.2.1 Fotocopia del certificado de existencia de entidades sin ánimo de lucro Asociación Integral Nueva Esperanza (Folio 14 del cuaderno principal).
2.2.2.2 Fotocopia de la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga, M., el 28 de noviembre de 2011, en el cual resolvió un litigio con similares pretensiones a las invocadas por los actores (Folio 17 del cuaderno principal).
2.2.2.3 Fotocopia de la actuación mediante la cual la Alcaldía Municipal de Ciénaga, M., avocó conocimiento de la querella civil de policía de lanzamiento por ocupación de hecho, el 22 de septiembre de 2011 (Folio 58 del cuaderno principal).
2.2.2.5 Fotocopia del acta de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho ordenada por la Alcaldía Municipal de Ciénaga (M.) dentro de la querella civil policiva instaurada por el señor J.M. de Vengoechea contra P.P. y personas indeterminadas (Folios 70-92 del cuaderno principal)
2.2.2.6 Fotocopia del recurso de reposición presentado por el señor S.P.C. en contra de los autos del 29 de diciembre de 2010 y 12 de enero de 2011 dentro del trámite del proceso policivo (Folio 93 y siguientes del cuaderno principal)
2.2.2.7 Fotocopia de la comunicación de la empresa C.I. Andiminerals S.A.S, titular de un contrato de concesión para explotar materiales de construcción, dirigida al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Ciénaga, M. (Folios 122-126 del cuaderno principal).
2.2.2.8 Declaración extraproceso de la señora M.L.P. de N. dentro del proceso policivo de la referencia (Folio 160 del cuaderno principal).
2.2.2.9 Fotocopia de la decisión de la Alcaldía Municipal de Ciénaga, M., en donde se abstiene de conocer de la querella civil policiva de perturbación a la posesión de S.P.C. contra J.M. de V., A. de V. y personas indeterminadas (Folio 163 del cuaderno principal).
2.2.3.1 Decisión de primera instancia  Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Ciénaga, M.-
Expuso que la decisión adoptada en el proceso policivo ya se encuentra ejecutoriada y que, en el presente caso, no existió vulneración del debido proceso por parte de la inspección de policía al admitir la querella de lanzamiento por ocupación de hecho contra P.P. y personas indeterminadas, teniendo en cuenta que actúo dentro del marco de su competencia.
2.2.3.2 Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga, M.
Ahora, con respecto a lo manifestado por los accionantes en cuanto a la ausencia de comunicación de la diligencia de inspección ocular dentro del proceso policivo, encontró que ésta se notificó por edicto al señor P.P. y personas indeterminadas, en un lugar visible de la Secretaría de la Inspección Única de Policía.
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, mediante auto 4 de septiembre de 2012, ordenó poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía General de la Nación y del Inspector Único de Policía de Ciénaga, M., la solicitud de la acción de tutela, sus anexos y los fallos de instancia, para que expresaran lo que estimaran conveniente.
3.2.1.1 Ofició a la Alcaldía Municipal de Ciénaga, M., y a la Inspección Única de Policía de este mismo municipio, para que allegaran copia completa del trámite administrativo y del proceso policivo por ocupación de hecho que se adelantó en contra de los accionantes identificados en los procesos de la referencia.
3.2.1.2 Invitó a las Universidades de Córdoba, del Sinú, Pontificia Bolivariana (Seccional Montería), R., al Centro de Investigación y Educación Popular- Programa por la Paz (CINEP-PPP), y al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), con el fin de que, si lo consideraban pertinente, emitieran un concepto técnico sobre la demanda.
3.2.2.1 Comisionó al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga, M. para que practicara una diligencia de inspección judicial en la finca Córdoba o lote 6C, localizada en el área rural de este mismo municipio.
3.2.2.3 Solicitó a la Cámara de Comercio de Ciénaga, M., remitir copia del certificado de existencia y representación legal de la Sociedad denominada J.M. DE VENGOECHEA Y CIA S. EN C.S.
3.2.2.5 Ofició a la Superintendencia de Notariado y Registro, Oficina de Instrumentos Públicos de Ciénaga, M., para que allegara el certificado de tradición del inmueble identificado como la finca Córdoba o lote 6C, localizado en área rural de este municipio.
En primer lugar, mediante escrito del 22 de septiembre de 2011, el Alcalde ´avocó conocimiento de la querella civil policiva (LANZAMIENTO POR OCUPACIÓN DE HECHO) presentada por el señor R.F.D.C.D. en contra del señor P.P. Y PERSONAS INDETERMINADAS´, por supuestos actos de invasión ocurridos en el mes de enero de 2011. Así las cosas, parecería que la querella fue presentada varios meses después de los quince días calendario siguientes a la ocurrencia de la invasión, desconociendo con dicho actuar lo establecido en el artículo 3 del Decreto 747 de 1992. Este precepto dice que la acción de protección policiva debe solicitarse dentro de ´los quince (15) días calendario siguientes al acto de invasión´
Dicho aserto se verifica en la diligencia de lanzamiento que por ocupación de hecho se realizó el 11 de octubre de 2011, al sostener el Inspector de Policía de Ciénaga que ´En estos procesos de policía, la finalidad no es otra que el de proteger la posesión o la tenencia de un predio y establecer el Statu Quo, cuando por vía de hecho se despoje al poseedor o al tenedor, sin que medio contrato de tenencia de tierra
Agregó que también debía analizarse la proporcionalidad de la decisión adoptada por la administración municipal sobre la orden de desalojo de las familias asentadas en el predio objeto de litigio, máxime cuando durante el desarrollo de la inspección ocular el representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sostuvo que no se recorrió en su totalidad el predio para verificar los núcleos familiares existentes, entre ellos la población infantil, lo cual no permitió adoptar las medidas requeridas para garantizar la protección de sus derechos.
Adujo que la conducta desplegada por la administración municipal de Ciénaga, M., para dirimir el conflicto respecto de la propiedad privada, consistió en aplicar la fórmula legal y obtener como resultado el desalojo de los bienes ocupados, pero con ello no garantizó la realización de los derechos fundamentales de las personas afectadas.
3.3.3 Inspección Única del municipio de Ciénaga, M..
El 12 de septiembre de 2012, el Inspector Único de Policía de Ciénaga, M., manifestó lo siguiente:
En primer lugar, aclaró que durante la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho realizada en virtud del proceso policivo instaurado por J.M. de Vengoechea contra P.P. y otros, fue delegado y no comisionado por el S. de Gobierno, quien estuvo presente durante el desarrollo de la diligencia, pero debió ausentarse de la misma por motivos de fuerza mayor.
De otra parte, adujo, la decisión que tomó su despacho se fundamentó en que como Inspector de Policía, tenía pleno conocimiento de que existían diversos procesos policivos sobre el inmueble objeto de controversia. Al respecto, explicó tanto la caducidad de la acción materia de la oposición por parte del abogado de la parte (sic) querellada, como la identificación plena del inmueble materia del asunto, eran relevantes y así se dejó plasmado en la decisión, pues, ya existían, como dije anteriormente, diversos procesos policivos en dicho inmueble que entre otras cosas también dan certeza que el suscrito conocía de antemano el Predio Materia de la Diligencia, que al tenor del Art. 337 Parágrafo 4 de la diligencia no se necesitara de su identificación y con relación a la caducidad de la acción, con la presentación de la primera querella de cual tuve conocimiento se interrumpía el término de caducidad
Finalmente, sostuvo que en el predio materia del asunto se presentaron para el tiempo de la posesión que de manera errada dicen tener los accionantes, alteraciones del Orden Publico, entre los accionantes y un señor de nombre A.D.V., quien dice ser hijo del señor J.M.D.V.F.I.E. fueron hechos públicos los cuales fueron divulgados por la prensa hablada y escrita de la región, lo que da certezaque nunca existió ninguna posesión quieta, pacífica e ininterrumpida por parte de los accionantes. Situación que conllevó a la verificación de lanzamiento por parte de mi despacho
Finalmente, señaló que en el caso particular no se han presentado personas para solicitar la adjudicación del aludido terreno ante la Dirección Territorial del INCODER, M..
3.3.5 Inspección Judicial practicada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga, M..
El Juez Segundo Promiscuo Municipal, el 1 de octubre de 2012, se trasladó hasta el predio rural denominado Córdoba o Lote 6C y al cual los demandantes denominan V.A.M., conformado por los lotes V. delR., San Judas y T., localizado en el área rural del municipio de Ciénaga, M., al costado derecho de la carretera troncal del Caribe que de Ciénaga conduce a Santa Marta. Indica que luego de informarle acerca de la práctica de la diligencia a quien custodiaba el predio, éste permitió el acceso al inmueble de los funcionarios comisionados, esto es, al delegado de la Defensoría del Pueblo, al apoderado de los accionantes y de algunos de ellos; además, contó con el acompañamiento de dos miembros de la Policía Nacional de Ciénaga.
Refirió que por este mismo camino, arribaron al sitio conocido como rancho quemado donde se encuentra evidencia sobre la construcción de una casa de habitación que fue construida con materiales de madera, próxima al río T.; también se desplazaron por un sendero en el cual se está adelantando la construcción de una vía que conduce hacia el sitio conocido como la Mina. Posteriormente, continuaron su recorrido hacia la parte posterior del predio donde encontraron vestigios de una casa de habitación totalmente destruida y que fue construida con materiales de bloques, cemento y tejas de eternit. Sostuvo que de regreso hacia el sitio donde inició la diligencia, observó al costado izquierdo algunos vestigios de viviendas con cultivos de papaya, yuca, limones, entre otros, tal como se demuestra en el video que adjunta al informe.
El 14 de noviembre de 2012, la Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, a través de J.S.B., refirió que el juzgado comisionado fijó fecha para la práctica de la diligencia de inspección judicial al predio rural denominado Córdoba o Lote 6C, el 1 de octubre a partir de las 9:00 a.m. Al respecto, realizó las siguientes precisiones:
Para iniciar, señaló, se procedió a identificar el inmueble objeto de la diligencia, el cual se encuentra localizado al margen derecho de la carretera troncal del Caribe que de Ciénaga conduce a Santa Marta, sector rural, conocido como Cordobita, jurisdicción del municipio de Ciénaga, M., y especificó los respectivos linderos. Además, contó que el juez informó a todos los asistentes que el objetivo de la diligencia de inspección judicial era verificar la existencia de asentamientos humanos, las condiciones de dichos asentamientos, el número de personas que residen en el predio y si existe evidencia de las labores de explotación económica alegadas por los demandantes; enfatizó que se trataba de una diligencia de verificación más no de una diligencia de instancia que pudiera generar controversia entre las partes.
3.3.7 Accionantes E. de Jesús Cortina y Horika Caballero
El 7 de noviembre de 2012, los accionantes E. de Jesús Cortina y H.C., manifestaron lo siguiente:
Precisaron que desde enero de 2011, se encuentran asentados en las tierras baldías denominadas V.A.M., integradas por tres predios: V. delR., T. y San Judas. Por tanto, enfatizaron que no se encuentran en la finca C. como lo señala el querellante J.M. de V..
También sostuvieron que dentro del proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho adelantado por el señor J.M. de V. en su contra, se vulneró su derecho al debido proceso al no seguirse el trámite dispuesto en el Decreto 747 de 1992.
Por otra parte, indicaron que los bienes denominados V. delR., T. y San Judas, tienen el carácter de baldíos y son los bienes ocupados y sobre los cuales reclaman actos de posesión desde enero de 2011, algunos de ellos colonos desde años atrás.
Ahora, explicaron que si se aceptara, en gracia de discusión, que se encuentran asentados en la finca C., se tendría que concluir que la misma estaba abandonada desde el año 2009 cuando se asentaron los primeros colonos. De otro lado, afirmaron, no la ocuparon desde el 10 de septiembre de 2011, sino desde meses antes, enero de ese mismo año, sin violencia y con conocimiento público. En ese orden de ideas, señalaron que si el querellante presentó la acción policiva hasta septiembre de 2011, ya había operado el fenómeno de la caducidad para ejercerla.
El 9 de noviembre de 2012, el accionado a través de apoderado judicial manifestó que en el caso objeto de estudio debe prevalecer el derecho de propiedad sobre la presunta posesión de los accionantes. Ahora bien, expuso que acerca de la realización de la diligencia de inspección judicial decretada por la Corte Constitucional, el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga, M., no le notificó sobre el día y la hora en que efectuaría la misma, por lo cual considera que se vulneró su derecho a la igualdad dentro del proceso de la referencia, con mayor razón cuando en el auto que comisionó al juzgado ya referido de fecha 19 de septiembre de 2012, dispuso la comunicación de su contenido a las partes en el proceso de tutela.
También comentó que en el inmueble objeto de la diligencia, el personal del comisionado fue recibido por el señor D.A.R.U., quien es el encargado de cuidar el predio del accionante y de realizar otras labores de campo, resaltando que los accionantes a quien denomina invasores se encontraban presentes en el lugar, lo que lleva a inferir que a dicha parte sí le comunicaron el día y la hora en que se realizaría la misma, lo cual vulnera la igualdad y compromete la imparcialidad que los jueces deben garantizar en todas sus actuaciones.
Sobre el desarrollo de la diligencia, explicó que no entiende cómo el funcionario de la Defensoría del Pueblo que acompañó al juez en su realización no suscribió el acta. Por otra parte, aseveró que el juez comisionado había expuesto que sí existía evidencia de las labores de explotación económica alegadas por los demandantes, por cuanto se encontraban vestigios y algunos cultivos de yuca, papaya, limones, mangos, lo cual es cierto, pero aclara que éstos fueron sembrados por el querellante quien ha explotado sus tierras con estos cultivos. Esto es, indicó que el funcionario judicial no puede afirmar que estos cultivos pertenecen a los actores, en razón a que la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho se efectúo el 11 de octubre de 2011, y los cultivos de pan coger se realizan en menos de seis meses, sumado a que en el plenario obra prueba de un contrato suscrito desde el 2003 con el señor D.D.C. para sembrar diferentes productos.
Enfatizó que durante la realización de la diligencia de inspección judicial se cometieron varias irregularidades e incluso se llevó a cabo sin la Procuraduría Judicial para Asuntos Agrarios, sumado a que la afirmación de la existencia de vestigios de vivienda a los que se refiere el comisionado no es clara, pues no indica la calidad de las viviendas, las cuales nunca han existido, y además, si manifiesta que existe una vivienda construida con materiales y bloque, no podía ser de ningún campesino que viviera del pan coger diario sino de un invasor con dinero.
En definitiva, sostuvo, ante las irregularidades presentadas durante la ejecución de la práctica judicial, lo cual se traduce en la vulneración de su derecho al debido proceso, solicitó la nulidad procesal de la diligencia adelantada en comisión por el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga, M., adelantada el 1 de octubre de 2012.
En primer lugar, adujo, durante el desarrollo de la diligencia de inspección ocular sobre el predio objeto de debate, realizada el 11 de octubre de 2011, el Secretario Municipal de Ciénaga, M., suscribió parcialmente el acta y se retiró del lugar donde se estaba adelantando la diligencia oponiendo como razón fuerza mayor, para el efecto acudió a la figura de la delegación, pero no identificó con claridad y precisión la persona en quien delegaba dichas funciones.
Ahora bien, a la luz de la anterior normativa, sostuvo que el perito designado no exhibió las pruebas que acreditaran sus especiales conocimientos técnicos ni científicos sobre la materia, enfatizando que durante su intervención en la diligencia de inspección ocular admitió que los linderos de la finca Córdoba, región de Cordobita, son los que se encuentran insertos en el certificado de matrícula inmobiliaria No. 222-17816 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos, afirmación de la cual se infiere que el inspector no constató directamente los linderos del predio objeto de controversia como era su obligación hacerlo, lo cual es corroborado por el representante del ICBF, quien durante la inspección ocular expuso que no se realizó el 100% del recorrido de la parcela, para verificar el núcleo familiar existente y verificar si existen niñas o niños o adolescentes, tengan su domicilio en las mismas
En tercer lugar, adujo, no obra prueba en el expediente que acredite la realización efectiva de la diligencia de notificación personal al señor P.P..
En virtud de lo expuesto, consideró que se debe dejar sin efecto legal el acto administrativo contenido en la Resolución del 11 de octubre de 2011, proferida por el Inspector de Policía de Ciénaga, M., mediante la cual ordenó la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho de todas las personas identificadas en la diligencia realizada en el lote 6C de la finca Córdoba. En consecuencia, solicitó reiniciar el proceso administrativo respetando las garantías de los accionantes como también que se le restituyera materialmente la posesión a los peticionarios.
Corresponde a la Sala examinar si los accionados vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, y a la vivienda, presuntamente vulnerados por el señor J.M. de V. y por la Alcaldía Municipal de Ciénaga, M., al iniciar y tramitar la acción de protección policiva sin aplicar el trámite dispuesto en el Decreto 747 de 1992, por tratarse de un bien rural, y ante las irregularidades que sugieren se presentaron en la realización de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho de apróximadamente sesenta familias, sin adelantar previamente un estudio de enfoque diferencial de los grupos en situación de vulnerabilidad allí asentados para salvaguardar todas sus garantías.
El criterio por excelencia que ha primado en la doctrina y la jurisprudencia constitucionales para admitir el examen constitucional de actuaciones particulares respecto de su respeto a los derechos fundamentales es la existencia de una clara relación asimétrica de poder entre los particulares, que de entrada descarta, limita o elimina la autonomía de la persona y justifica una intervención estatal para evitar el envilecimiento, la instrumentalización absoluta o la degradación del ser humano. Es así como en relaciones contractuales, comerciales o de ejercicio pleno de la autonomía individual la Corte ha sostenido que, en principio, no es pertinente otorgar la protección constitucional de los derechos fundamentales. En cambio, tratándose de relaciones particulares donde se presentan relaciones de subordinación o de indefensión  como es el caso en materia laboral[5], pensional[6], médica[7], de ejercicio de poder informático[8], de copropiedad[9], de asociación gremial deportiva[10] o de transporte[11] o religiosa[12], de violencia familiar[13] o supremacía social[14] , la jurisprudencia constitucional, siguiendo los parámetros que la propia Constitución establece, ha intervenido para dejar a salvo la efectividad de los derechos fundamentales en dichas situaciones.[15] (Subraya fuera de texto)
El estado de indefensión, para efectos de la procedencia de la acción de tutela, debe ser analizado por el juez constitucional atendiendo las circunstancias propias del caso sometido a estudio. No existe definición ni circunstancia única que permita delimitar el contenido de este concepto, pues, como lo ha reconocido la jurisprudencia, éste puede consistir, entre otros en: i) la falta, ausencia o ineficacia de medios de defensa de carácter legal, material o físico, que le permitan al particular que instaura la acción, contrarrestar los ataques o agravios que, contra sus derechos constitucionales fundamentales, sean inferidos por el particular contra el cual se impetra la acción -sentencias T-573 de 1992; 190 de 1994 y 498 de 1994, entre otras-. ii) la imposibilidad del particular de satisfacer una necesidad básica o vital, por la forma irracional, irrazonable y desproporcionada como otro particular activa o pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular -sentencias T-605 de 1992; T-036; T-379 de 1995; T-375 de 1996 y T-801 de 1998, entre otras- iii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos fundamentales de una de las partes v.gr. la relación entre padres e hijos, entre cónyuges, entre coopropietarios, entre socios, etc. - sentencias 174 de 1994; T-529 de 1992; T-; T-233 de 1994, T-351 de 1997. iv) El uso de medios o recursos que buscan, a través de la presión social que puede causar su utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor de otro. v.gr. la publicación de la condición de deudor de una persona por parte de su acreedor en un diario de amplia circulación -sentencia 411 de 1995- la utilización de personas con determinadas características -chepitos- para efectuar el cobro de acreencias -sentencia 412 de 1992-; etc.
En la anterior enumeración sólo están algunas de las hipótesis que han permitido fijar la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, en relación con el estado de indefensión y la procedencia de la acción de tutela frente a particulares, sin que se agote en éstas su materialización, dado que es el juez de tutela el llamado a darle contenido a este concepto, mediante un examen juicioso de las circunstancias que dieron origen a la solicitud de amparo
4.4 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTUACIONES SURTIDAS EN EL MARCO DE UN PROCESO POLICIVO REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA-
Está consagrado en la legislación y así lo ha admitido la doctrina y la jurisprudencia de que cuando se trata de procesos policivos para amparar la posesión, la tenencia o una servidumbre, las autoridades de policía ejercen función jurisdiccional y las providencias que dicten son actos jurisdiccionales, excluidos del control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y no actos administrativos. En razón de lo anterior y dada la naturaleza material de actos jurisdiccionales que tienen las referidas providencias, cuando se alegue la tutela del debido proceso, por estimarse violado con motivo de la actuación de las autoridades de policía en el trámite de los procesos policivos, para que aquella prospere es necesario que se configure una vía de hecho, en los términos que ha precisado la jurisprudencia de la Corte, pues en esta clase de procesos las autoridades de policía, para el ejercicio de sus competencias, están amparadas por la autonomía e independencia que la Constitución reconoce a los jueces. Es decir, que como titulares eventuales de la función jurisdiccional, en la situación específica que se les somete a su consideración, gozan de un margen razonable de libertad para la apreciación de los hechos y la aplicación del derecho
Por consiguiente, sólo cuando se configure una vía de hecho en la actuación policiva puede el juez de tutela invalidar la respectiva providencia y ordenar el restablecimiento del debido proceso[19]
Cabe anotar que la atribución jurisdiccional otorgada a las autoridades en el marco de un proceso policivo tiene sustento en el inciso tercero del artículo 116 Superior, el cual consagra que Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas
A partir de este precedente, la Corte construyó una línea jurisprudencial sobre los defectos que configuran una vía de hecho y que permiten censurar una providencia judicial en sede de tutela. Por ejemplo, en la sentencia T-231 de 1994, la Corte dijo Si este comportamiento - abultadamente deformado respecto del postulado en la norma - se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial[21]. En casos posteriores, esta Corporación agregó otros tipos de defectos constitutivos de vías de hecho.
Lo anterior encuentra un claro fundamento en la implementación por parte del Constituyente de 1991 de un nuevo sistema de justicia constitucional basado, concretamente, (i) en el carácter normativo y supremo de la Carta Política que vincula a todos los poderes públicos; (ii) en el reconocimiento de la efectividad y primacía de los derechos fundamentales; (iii) en la existencia de la Corte Constitucional a quien se le atribuye la interpretación de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales; (iv) y en la posibilidad reconocida a toda persona para promover acción de tutela contra cualquier autoridad pública en defensa de sus derechos fundamentales. [22][23]
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[24]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[25]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[26]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[27]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[28]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
Que no se trate de sentencias de tutela[29]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.[30]
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[32].
Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.[33]
4.5.2 Defecto procedimental reiteración de jurisprudencia-
En particular, frente a la configuración del defecto procedimental absoluto, la Corte ha sido enfática en señalar que éste se estructura cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido en el trámite de un asunto específico porque (i) sigue un trámite por completo ajeno al pertinente (desvía el cauce del asunto[36]), o (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento legalmente establecido[37] afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso.[38]
Por excepción, también ha determinado que el defecto procedimental puede estructurarse por exceso ritual manifiesto cuando (...) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia.[39]
La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y, por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones judiciales ´vulneran directamente la Constitución´ cuando el juez realiza ´una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución´ y también cuando ´el juez se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales´[42].[43]
7. En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, ´la dignidad inherente a la persona humana´, de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: ´el concepto de ´vivienda adecuada´... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable.(subraya fuera de texto).
Así las cosas, cualquier proyecto de vivienda o solución de vivienda que las autoridades públicas ofrezcan a los ciudadanos de forma directa o por intermedio de los particulares- en virtud de su obligación de garantizar la faceta de asequibilidad, debe cumplir las anteriores exigencias. La Sala llama especialmente la atención sobre la necesidad de adelantar programas de vivienda en las zonas rurales que reúnan los requisitos de habitabilidad, accesibilidad física y económica- y aceptabilidad cultural; este último requisito en atención a las particularidades de la cultura campesina del país, entre otros.
En el ámbito del derecho internacional, la protección del derecho a la vivienda digna, especialmente de grupos vulnerables frente a ordenes de desalojo, se deriva del PIDESC y las observaciones generales del Comité DESC que cumplen una función interpretativa de las normas establecidas en el primero, como también de los Principios de P. sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas[47]. Estos últimos hacen hincapié en la importancia de garantizar protección a la población en circunstancia de desplazamiento frente al desalojo arbitrario o forzoso.
El artículo 11-1 del PIDESC dispone que Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. (negrilla fuera del texto)
Adicionalmente, el Comité recordó que conforme al párrafo 1 del artículo 2 del Pacto[48], los Estados parte deben utilizar todos los medios apropiados ante las situaciones de desalojo de poblaciones vulnerables[49], lo cual implica también la adopción de medidas legislativas para promover los derechos protegidos por el Pacto. Esta legislación, según el Comité, deberá contar con disposiciones que:
16. Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a otras tierras productivas, según proceda[50] (negrilla fuera de texto).
Además, el Principio 5 tras instar en su párrafo segundo a los Estados a que adopten medidas en su legislación nacional para la protección y la prevención contra el desplazamiento, en su tercer párrafo se refiere a las prácticas de desalojo forzoso, la demolición de viviendas, la destrucción de zonas agrícolas y la confiscación o expropiación de tierras como medida punitiva. En su párrafo cuarto, el Principio 5 incluye garantías adicionales de protección contra el desplazamiento por parte de agentes estatales y no estatales, incluidas las entidades privadas. Ello abarcaría toda una variedad de agentes, incluidos los grupos armados, los dueños privados de tierras, las corporaciones que intenten o que logren tomar el control de parcelas ocupadas por viviendas, así como cualquier persona o institución responsable del desplazamiento de individuos y comunidades. Merece la pena en este punto estudiar algo más en detalle los actos de desalojo forzoso, puesto que son una de las causas del desplazamiento. El derecho de no ser sometido a desalojos forzosos está implícito en el derecho a una vivienda adecuada así como el derecho a la vida privada y el respeto al hogar. Según interpretaciones autorizadas del derecho a una vivienda adecuada, un desalojo forzoso sólo podría justificarse en circunstancias excepcionales y, en todo caso, habrá de practicarse de conformidad con los principios respectivos de derecho internacional[51]
En segundo lugar, las autoridades deben implementar en caso que pretendan recuperar bienes, medidas adecuadas para la protección de los derechos fundamentales de los afectados, particularmente el derecho a la vivienda digna. Así, de acuerdo con el Comité DESC y los Principios de P., las autoridades deben, entre otros aspectos, (i) garantizar el debido proceso, (ii) consultar previamente a la comunidad afectada, (iii) notificarla de la decisión de desalojo en un plazo suficiente y razonable, (iv) suministrar a los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y a los fines que se destinarán las tierras o las viviendas; (v) estar presentes durante la diligencia; (vi) identificar a todas las personas que efectúen el desalojo; (vii) no efectuar desalojos cuando haya muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; (viii) ofrecer recursos jurídicos efectivos a los afectados; y (ix) ofrecer asistencia jurídica a la comunidad para solicitar la garantía de sus derechos y, si es del caso, la reparación de los daños que les sean causados.
(ii) Sobre la realización de esta diligencia se libró comunicación a la Procuraduría Provincial de Santa Marta el 28 de septiembre de 2012, mediante oficio No. 2016. Ese mismo día esta dependencia le dio aviso a la Procuradora 13 Judicial II Ambiental y Agraria del M., del cual obra constancia de recibido.
(iii) Según lo informó la Procuradora 13 Judicial II Ambiental y Agraria, la diligencia efectivamente se realizó y contó con la presencia de un delegado de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, también anotó que no reposa constancia de que se haya comunicado a una de las partes de la diligencia, pretermitiendo lo ordenado en el artículo sexto del auto de marras es por ello, que esta Delegada buscando amparar y garantizar el derecho fundamental del debido proceso solicita comedidamente que se practique nuevamente la diligencia en la que se encuentren todas las partes
Posteriormente, el 9 de noviembre de 2012, el apoderado del señor J.M. de V. solicitó se declarara la nulidad de la diligencia de inspección judicial realizada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga, ante la ausencia de notificación de la misma. No obstante, advirtió, dicha diligencia sí le fue puesta en conocimiento a la parte accionante, la cual estuvo presente en la fecha en que se efectuó la misma y allegó pruebas documentales.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte dos situaciones en torno a la realización de la diligencia de inspección judicial comisionada. En primer lugar, se constató que el auto adiado el 19 de septiembre de 2012, no fue puesto en conocimiento de una de las partes accionadas, esto es, del señor J.M. de V., y en segundo término, el juez comisionado, al comunicar la realización de la diligencia de inspección judicial a la parte actora, no procedió de igual forma frente a la parte accionada.
En razón a la ausencia de notificación del auto que comisionó la practica de la diligencia de inspección judicial, como la no comunicación acerca de la fecha en que se efectuaría la misma a una de las partes accionadas, esta S., con el fin de evitar futuras nulidades y garantizar el derecho al debido proceso de todas las partes involucradas en el presente asunto, prescindirá de valorar las actuaciones surtidas en desarrollo de la diligencia de inspección judicial practicada por el despacho comisionado, y en consecuencia, declarará su nulidad.
A la luz de las consideraciones expuestas sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra particulares, esta S. observa que en el presente caso no se evidencia un estado de indefensión o subordinación de los accionantes frente al señor J.M. de V., esto es, no se evidencia que exista una relación laboral, de poder o de prestación de un servicio público, entre otros eventos, que hagan procedente la solicitud de protección de amparo contra la persona natural ya referida.
En cuarto lugar, los peticionarios identificaron razonablemente los hechos que originaron la presentación de la acción de tutela y alegaron la materia de vulneración con ocasión de la instauración de la querella policiva en contra de P.P. y otros, específicamente evidenciaron las siguientes irregularidades durante el trámite de la querella: (i) el proceso se adelantó con base en el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y el artículo 6 del Decreto Reglamentario 992 de 1930, normas subrogadas por el Código Nacional de Policía; (ii) no se siguió el procedimiento especial contemplado en el Decreto 747 de 1992 sobre la acción policiva de lanzamiento por ocupación de hecho en predios rurales, en particular, alegaron que la querella se instauró con posterioridad a los quince días de haberse conocido la supuesta invasión por parte del querellante; además, la persona contra quien se dirige la acción no existe; y finalmente, el demandante no acreditó ni siquiera sumariamente la explotación económica del predio. Sumado a todo lo anterior, (iii) no se realizó debidamente el trámite de notificación personal o por aviso, en los términos consagrados en el Decreto 747 de 1992.
Para terminar, la protección constitucional deprecada no está dirigida contra una sentencia de tutela, pues la acción se dirige contra toda la actuación policiva que adelantó la Alcaldía Municipal de Ciénaga a través de la inspección de policía, con ocasión de la instauración de la querella de lanzamiento por ocupación de hecho en contra de P.P. y personas indeterminadas.
5.4.1.1 Aplicando las anteriores reglas al caso bajo estudio, se observa, en primer lugar, que el señor J.M. de V. al instaurar la querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho no acreditó ni siquiera sumariamente la explotación económica del bien como tampoco la tenencia del mismo, pese a lo cual la autoridad acusada avocó conocimiento e inicio el proceso. Cabe reiterar que la naturaleza de este tipo de acción se circunscribe a proteger la tenencia y la posesión del bien sobre el cual pretende restablecerse la situación existente antes de la presunta invasión. No obstante, de las pruebas obrantes en el plenario puede colegirse que el querellante no acreditó el cumplimiento de estas exigencias legales, sino que allegó como soporte probatorio de su solicitud copia de las escrituras públicas del inmueble, un certificado de tradición y libertad, una denuncia penal, entre otros documentos, que no logran comprobar la posesión ni la explotación económica del bien (Folios 335-336 del cuaderno principal).
5.4.1.2 En segundo lugar, la acción de protección policiva, según se evidencia de la prueba documental, ya había caducado, esto es, la parte interesada no la ejerció dentro de los 15 días calendario siguientes al supuesto acto de invasión, de conformidad con lo establecido en el Decreto 747 de 1992, pues en el hecho cuarto de la querella presentada el día 21 de septiembre de 2011, por el señor J.M. de V., se expone que contra algunas de las personas contra quienes se dirige la querella se formuló una denuncia penal desde enero de 2011, y que con posterioridad a dicha fecha se han asentado en este predio otras personas.
En efecto, según consta a folio 363 del cuaderno 1, el señor A. de V. denunció penalmente al señor S.P., a la familia G. y a personas indeterminadas, el 7 de enero de 2011, por el delito de invasión de tierras, denuncia de la cual tenía conocimiento el querellante según se desprende del hecho cuarto de la querella. Es decir, entre la fecha en que el querellante tuvo conocimiento de los actos perturbatorios, y el 21 de septiembre de 2011 transcurrieron más de ocho meses.
Por tanto, esta S. encuentra que la acción de protección policiva no podía ejercerse por la parte querellante ante la superación del tiempo establecido en el artículo 3 del Decreto 747 de 1992 (no la presentó dentro de los 15 días siguientes al supuesto acto de invasión) de modo que debió acudir ante los jueces competentes para que resolvieran el conflicto suscitado en torno a la presunta ocupación irregular del bien.
5.4.1.3 En tercer lugar, en el proceso no existió plena certeza acerca de la identificación del bien objeto de controversia. Al respecto, los accionantes afirman que ellos se encuentran ubicados en el bien denominado V.A.M., conformado por los predios V. delR., T. y San Judas, ubicado al costado derecho de la carretera que de Ciénaga conduce a S.M., mientras que la finca C. o lote 6C está localizada al frente de este predio, esto es, al otro costado de la misma carretera y se extiende en dirección hasta el mar caribe sin llegar a la playa.
Esta situación fue expuesta por el apoderado de los querellantes durante la realización de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, al indicar que la escritura pública número 1612 del 6 de agosto de 1987 hace referencia a la división material de un inmueble denominado Hacienda Papare, en la cual se puede constatar que el predio C. o lote 6C hacía parte de dicho bien.
Además, las declaraciones extraprocesales de los señores W.C. y H.E.A., hace referencia a la Hacienda Papare[53] y no al lote 6C o finca C..
A pesar de que se objetó el dictamen pericial por error grave, ante la indeterminación y falta de certeza sobre si la diligencia de inspección ocular se estaba realizando en el lote 6C o finca Córdoba, el inspector de policía sostuvo que En estos procesos de policía, la finalidad no es otra que el de proteger la posesión o la tenencia de un predio y establecer el Statuo Quo, cuando por vía de hecho se despoje al poseedor o al tenedor  Esta respuesta contraría lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 747 de 1992 el cual consagra que debe indicarse la ubicación del predio invadido y los linderos o señales que sirven para identificarlo claramente.
Como lo reconoció el mismo inspector de policía durante la realización de la diligencia de inspección ocular y al momento de proferir la decisión de fondo, en torno al bien objeto de litigio se han presentado querellas policivas para solicitar el amparo del derecho a la posesión del bien entre las familias G. y de V.. A esto se suma que del acervo probatorio no se evidencia con claridad si el Lote 6C o finca C. se trata del mismo predio sobre el cual dicen estar asentados los accionantes. En este respecto, se observa lo siguiente:
A folio 770 del cuaderno 1, consta que el 9 de mayo de 2012, la señora R.G.P. se dirigió ante el Incoder para manifestar que fue despojada de la posesión que ejercía sobre el predio denominado V. delR., por lo cual inició un proceso policivo por perturbación de la posesión. No obstante, el Inspector Único de Policía de Ciénaga le entregó la tierra a la familia V., diligencia en la que se cometieron arbitrariedades como la quema de cosechas, animales, maltratos y torturas a los campesinos que allí se encontraban, quienes estaban autorizados para cultivar en dicho predio.
En virtud de lo anterior, la señora R.G. instauró acción de tutela y el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga ordenó la restitución de la tierra denominada V. delR. y San Judas a la accionante. Paralelamente, J.M. de V. inició el presente proceso de acción policiva para solicitar la protección de la posesión sobre un predio que denominó lote 6C y, el inspector único de policía el día 11 de octubre de 2011 le entregó el predio V. delR. cuya posesión tenía la familia G.P. al querellante.[54]
Por su parte, el Incoder informó el 2 de octubre de 2012, respecto del trámite administrativo adelantado sobre los predios V. delR., San Judas y Yolamira, que La Subgerencia de Tierras Rurales del INCODER, en cabeza de la Dirección Técnica de Procesos Agrarios, se encuentra adelantando el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados en lo atinente a los predios VILLA DEL ROSARIO Y SAN JUDAS[55]
En atención a lo expuesto precedentemente, (i) al parecer el Lote 6C hizo parte del lote de mayor extensión denominado Hacienda Papare y se trata de uno sustancialmente diferente al que los accionantes y la familia G. denominan V. delR. y San Judas; y (ii) si los actores afirman que se encuentran en los lotes denominados V. delR., San Judas y T., según lo afirmado por el INCODER el pasado 2 de octubre de 2012, éstos probablemente tienen la naturaleza de baldíos y actualmente cursa un proceso administrativo de recuperación de los mismos.
(iii) No se observa que las autoridades estatales hayan brindado algún tipo de asesoría a las personas que residían en el lote, acerca de los programas de vivienda nacionales y territoriales- a los cuales pueden acceder.
Existen circunstancias especialísimas en las cuales la acción de tutela no se limita a ser un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales solamente de los accionantes. Este supuesto se presenta cuando la protección de derechos fundamentales de los peticionarios atente contra derechos fundamentales de los no tutelantes. Como la tutela no puede contrariar su naturaleza y razón de ser y transformarse en mecanismo de vulneración de derechos fundamentales, dispone también de la fuerza vinculante suficiente para proteger derechos igualmente fundamentales de quienes no han acudido directamente a este medio judicial, siempre que frente al accionado se encuentren en condiciones comunes a las de quienes sí hicieron uso de ella y cuando la orden de protección dada por el juez de tutela repercuta, de manera directa e inmediata, en la vulneración de derechos fundamentales de aquellos no tutelantes.
En otras palabras, hay eventos excepcionales en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse en consideración tanto del derecho fundamental del tutelante como del derecho fundamental de quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se evidencie la necesidad de evitar que la protección de derechos fundamentales del accionante se realice paradójicamente en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones comunes a las de aquel frente a la autoridad o particular accionado[56]
5.4.3.2 Ahora bien, en el caso concreto, se observa que las condiciones exigidas para conferir al presente fallo efectos inter comunis se encuentran dadas, pues (i) se evidencia, según lo relatan los mismos peticionarios, que la orden de desalojo afectó a más de 60 familias, hecho que se corrobora con la afirmación del funcionario del ICBF que estuvo presente en la diligencia de inspección ocular al predio objeto de controversia, en el sentido de que no se realizó el 100% del recorrido de la parcela, para verificar el núcleo familiar existente y verificar si existen niñas, niños o adolescentes tengan su domicilio en las mismas; (ii) se encuentra acreditado que al igual que los accionantes, varias familias fueron afectadas con la orden de desalojo que se ejecutó en el predio donde tenían establecidos su vivienda y cultivos por parte de las entidades aquí accionadas y, en consecuencia; (iii) la Sala observa que no reconocer el derecho a la vivienda y al debido proceso de los no tutelantes deviene en un desconocimiento a su derecho a la igualdad, pues se evidencia que éstos se encuentran en las mismas circunstancias de quienes sí ejercieron la presente acción de amparo.
Por las anteriores razones, para garantizar la igualdad efectiva entre las personas que fueron afectadas con la orden de desalojo del bien objeto de controversia que acudieron a la acción de tutela y los no tutelantes, este fallo no sólo tendrá efectos vinculantes frente a los peticionarios de la referencia sino también frente a los no tutelantes que acrediten que fueron ocupantes del predio objeto controversia a la fecha en que se ejecutó la diligencia irregular de desalojo, en particular, a los parceleros y miembros de la Asociación Integral Nueva Esperanza, que se encontraran ocupando los predios rurales denominados V. delR., San Judas y T., apróximadamente entre junio de 2010 e inicios de enero de 2011, quienes deberán acreditar su pertenencia a la misma -en este periodo- mediante cualquier medio probatorio.
Ante la existencia de vulneraciones graves e insubsanables del debido proceso, así como del derecho a la vivienda digna, no existe otra alternativa distinta a dejar sin efecto todo lo actuado dentro del proceso en virtud del ejercicio de la querella de acción de protección policiva presentada por el señor J.M. de V., contra el señor P.P. e indeterminados. En consecuencia, la Sala confirmará parcialmente las sentencias proferidas por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga, M. (Expediente T-3.468.223), para tutelar el derecho fundamental a la vivienda digna de los accionantes; y revocará las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga, M. (Expediente T-3.477.644); en su lugar, la Sala concederá el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna.
En consecuencia, la Corte dejará sin efecto todo lo actuado dentro de los procesos policivos de la referencia y, ordenará con efectos inter comunis, que la Alcaldía Municipal de Ciénaga, M., le garantice a los accionantes y a todas las familias objeto del desalojo una solución de vivienda adecuada, durante el tiempo en que el INCODER adelante el procedimiento administrativo de recuperación de baldíos. Así mismo, ordenará al INCODER que agilice el trámite del proceso agrario antes referido en un término no superior a tres (3) meses y, una vez concluido este, determine si los accionantes y las familias objeto del desalojo pueden ser potenciales beneficiarios de dichas tierras, a través de su adjudicación, en los términos contemplados en la Ley 160 de 1994.
Además, ordenará a la Alcaldía Municipal de Ciénaga, M., con efectos inter comunis que realice el acompañamiento necesario a los accionantes y a todas las familias objeto del desalojo que estén interesados en (i) ser beneficiarios de los subsidios de vivienda; y (ii) acceder a créditos de vivienda que otorga el municipio y el Gobierno Nacional.
SEGUNDO. CONFIRMAR PARCIALMENTE las sentencias proferidas por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga, M., y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa misma ciudad (Expediente T-3.468.223), en cuanto tutelaron el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. ADICIONAR las sentencias proferidas por los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga, M., y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa misma ciudad (Expediente T-3.468.223), para TUTELAR el derecho fundamental a la vivienda digna de los accionantes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Ciénaga, M., y por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta misma ciudad (Expediente T-3.477.644). En su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTO todo lo actuado dentro de los procesos policivos de la referencia.
QUINTO. ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Ciénaga, M., con efectos inter comunis, a partir de la notificación del presente fallo, que le garantice a los accionantes y a todas las familias objeto del desalojo una solución de vivienda adecuada, durante el tiempo en que el INCODER adelante el procedimiento administrativo al que se hace referencia en el numeral sexto, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
SEXTO. ORDENAR al INCODER que agilice el trámite del procedimiento administrativo de recuperación de baldíos sobre los inmuebles denominados V. delR. y San Judas, el cual no deberá superar el término de tres (3) meses. Una vez concluido el proceso, determinar si los accionantes y las familias objeto del desalojo pueden ser potenciales beneficiarios de dichas tierras, a través de su adjudicación, en los términos contemplados en la Ley 160 de 1994.
SÉPTIMO. ORDENAR a la Alcaldía del Municipio de Ciénaga, M., con efectos inter comunis, que realice el acompañamiento necesario a los accionantes y a todas las familias objeto del desalojo que deseen postularse a los subsidios de vivienda otorgados por el municipio y por el Gobierno Nacional, de manera que se les brinde la atención suficiente durante el diligenciamiento de los documentos para ser beneficiario y demás trámites pertinentes, incluido el asesoramiento para la gestión de créditos complementarios de ser necesarios. Además, la autoridad municipal deberá valorar su inscripción en otros programas, dirigidos a proteger y realizar los derechos fundamentales de la población en situación de vulnerabilidad. De lo anterior, deberán enviar un informe al Juez Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga, M., al Defensor del Pueblo y al Procurador General de la Nación, en el término de un (1) mes, contado a partir de la notificación del presente fallo.
OCTAVO. ADVERTIR a los accionantes y a los demás miembros de la comunidad objeto del desalojo, que deberán iniciar diligentemente los trámites necesarios en la postulación para acceder a los subsidios de vivienda otorgados a nivel nacional y a nivel municipal, lo cual se hará con el acompañamiento de la Alcaldía Municipal de Ciénaga, M., conforme a la orden anterior.
DÉCIMO. COMUNICAR el presente fallo a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena- para que realicen el acompañamiento respectivo conforme a los ordinales anteriores y hagan un seguimiento del cumplimiento de esta providencia.
[1] Anotan que las tierras que componen V. delR., San Judas y T., están localizadas al costado derecho de la carretera que de Ciénaga conduce a Santa Marta, entre los ríos C. y T. y en dirección hacia la Sierra Nevada, entre tanto, la finca C. o L. 6C, está localizada al frente de los predios que ocupan, esto es, al otro costado de la misma carretera, la cual se extiende en dirección hacia el mar caribe, sin llegar a la playa. Indican que la finca C. formaba parte de una Hacienda de mayor extensión, denominada Hacienda o Finca Papare (Matrícula anterior 222-0013720) como consta en el plano topográfico protocolizado de sucesión No. 1612 del 6 de agosto de 1987 de la Notaría Segunda de S.M..
[2] Adicional a lo anterior, también indican que se han entablado denuncias por lesiones personales, tentativas de homicidio, incendio y daño en bien ajeno ante la Fiscalía de Ciénaga y de Santa Marta contra A. de V.M., hijo de J.M. de Vengoechea, en relación con las tierras objeto del proceso policivo.
[4] Corte Constitucional, sentencia de constitucionalidad C-112 del 9 de febrero de 2000. M.P.A.M.C..
[5] Corte Constitucional, Sentencias S. T-335 de 1995, T-172 de 1997, T-202 de 1997, SU-519 de 1997, S. T-584 de 1998, T-651 de 1998, T-639 de 1999, T-732 de 1999, T-203 de 2000. ´´
[15] Corte Constitucional, sentencia de tutela T-1042 del 28 de septiembre de 2001. M.P.M.J.C.E..
[16] Corte Constitucional, sentencia C-378 del 19 de mayo de 2010. M.P.J.I.P.P.
[17] M.P.A.B.S.
[19] Corte Constitucional, sentencia T-149 de 1998. M.P.A.B.C.
[20] Corte Constitucional, sentencia T-324 de 2002. M.P.J.C.T.
[21] Corte Constitucional, sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P.E.C.M..
[22] Sentencia T-078 de 2010, M.P.L.E.V..
[23] Corte Constitucional, sentencia T-774 del 13 de agosto de 2004. M.P.M.J.C.E..
[24] Sentencia 173/93.
[25] Sentencia T-504/00.
[26] Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05
[27] Sentencias T-008/98 y SU-159/2000
[28] Sentencia T-658-98
[29] Sentencias T-088-99 y SU-1219-01
[30] Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P.J.C.T..
[31] Sentencia T-522/01
[32] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01.
[33] Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P.J.C.T..
[34] Sentencia T-555 del 19 de agosto de 2009, M.P.L.E.V..
[35] Corte Constitucional, sentencia T-599 del 28 de agosto de 2009. M.P.J.C.H.P..
[36] Ver sentencia T-996 de 2003
[37] Cfr. Sentencias T-996 de 2003 y SU-159 de 2002. ´(se pretermiten etapas) señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, (i) puedan ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes para sustentar su posición; (ii) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su participación en el mismo y (iii) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles notificadas´. (Tomado de la SU-159 de 2002)
[38] Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2009. M.P.L.E.V.S.
[40] Corte Constitucional, sentencia C-029 del 2 de febrero de 1995. M.P.J.A.M..
[41] Corte Constitucional, sentencia T-1091 del 6 de noviembre de 2008. M.P.M.J.C.E.
[42] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1143 de 2003. M.P.E.M.L..
[43] Corte Constitucional, sentencia T-1045 del 24 de octubre de 2008. M.P.R.E.G..
[44] Ver sentencias T-079 de 31 de enero de 2008 M.P.R.E.G., T-894 de 26 de agosto de 2005 M.P.J.A., T-791 de 23 de agosto de 2004 M.P.J.A.R. y T-958 de 6 de septiembre de 2001 M.P.E.M.L..
[46] M.P M.G.M.C.. Ver en el mismo sentido las sentencias C-444 de 2009, T-865 de 2011, T-919 de 2011, T-075 de 2012 y T-245 de 2012, M.P.J.I.P.C..
[47] Los Principios P. fueron aprobados por la Subcomisión de Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en agosto de 2005.
[49] Concretamente, el Comité define los desalojos forzosos como el hecho de hacer salir personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos.
[50] Un caso destacado a nivel internacional en materia de desalojos forzosos puede verse en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Sudáfrica, institución que usando como referencia el PIDESC, particularmente la Observación General N. 7, protegió los derechos de la peticionaria (Sra. G.) y demás personas que se asentaron en un predio de propiedad privada. En concreto, el caso se resume así: La Sra. G. y los demás vivían en condiciones deplorables y estaban esperando, desde hacía siete años, viviendas a bajo precio de parte del municipio de Oostenberg, en la provincia de C.T.. Sin ayuda del Estado, decidieron ocupar ilegalmente una propiedad privada. El propietario presentó una demanda y obtuvo una orden de desalojo. La Sra. G. y los demás fueron desalojados y se refugiaron en un campo de deporte, sin ninguna protección contra el invierno que estaba llegando.
La Corte Constitucional de C.T. ordenó a las autoridades municipales ofrecer a esas personas condiciones mínimas de vivienda. En lugar de cumplir esta decisión, el conjunto de las autoridades políticas correspondientes (el gobierno federal y las autoridades de la provincia y el municipio) pusieron un recurso ante la Corte Constitucional a nivel nacional. La Corte Constitucional sudafricana en su sentencia de 4 de octubre de 2000 empezó reafirmando el derecho a la vivienda de toda la población sudafricana, tal como se reconoce en la Constitución nacional. Después examinó la situación de la Sra. G. y de los demás y la política para la vivienda del gobierno sudafricano, para concluir que esta política era inadecuada, en particular porque no preveía ninguna medida a corto plazo para ayudar a los más pobres. Así pues, la Corte ordenó que la Sra. G. y los demás recibieran una ayuda inmediata, que la política nacional de vivienda fuera revisada y que una parte mayor del presupuesto atribuido a esta política se dedique a mejorar las condiciones de vivienda de los más pobres a corto plazo. Fuente: Corte Constitucional de Sudáfrica. El Gobierno de la República de Sudáfrica, el Premier de la Provincia de W.C., Consejo Metropolitano de Cape, Municipio de Oostenberg, contra I.G. y otros. Caso CCT 11/00. Sentencia de 4 de octubre de 2000. www.escr-net.org/usr_doc/Grootboom_Judgment_Full_Text_(CC).pd . Nota: Este caso es recordado porque a pesar del pronunciamiento de la Corte Constitucional sudafricana, lamentablemente la señora G. falleció en el año 2008, viviendo aún en un albergue
[51] Manual sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de Refugiados y Personas Desplazadas. Aplicación de los Principios P., marzo de 2007. ONU.
[56] Corte Constitucional, sentencia SU-1023 del 26 de septiembre de 2001. M.P.J.C.T..
Sentencia de Tutela nº 076/01 de Corte Constitucional, 29 de Enero de 2001
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 68029 de 11 de Julio de 2013