Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-2331-de-1998?documento=legcol&contexto=legcol_759920418a72f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-26 03:23:39
Document Index: 82057817

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 189', 'artículo 82', 'artículo 53', 'artículo 19', 'artículo 319', 'artículo 320', 'artículo 48', 'artículo 320', 'artículo 113', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 215', 'artículo 322']

﻿ DECRETO 2331 DE 1998
DECRETO 2331 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1998
CONTENIDO:SECTORES FINANCIERO Y COOPERATIVO. SE DICTAN DISPOSICIONES TENDIENTES A ALIVIAR LA SITUACIÓN DE LOS DEUDORES POR CRÉDITOS DE VIVIENDA Y DE LOS AHORRADORES DE LAS ENTIDADES COOPERATIVAS EN LIQUIDACIÓN, MEDIANTE LA CREACIÓN DE MECANISMOS INSTITUCIONALES Y DE FINANCIACIÓN Y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:CORPORACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE EXCEPCIÓN, TASA, CONTRIBUCIONES
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1108 DE DICIEMBRE 15 DE 1998, PG. 1324
“Por el cual se dictan medidas tendientes a resolver la situación de los sectores financiero y cooperativo, aliviar la situación de los deudores por créditos de vivienda y de los ahorradores de las entidades cooperativas en liquidación, mediante la creación de mecanismos institucionales y de financiación y la adopción de disposiciones complementarias”.
Que se deben adoptar medidas tendientes a restablecer el equilibrio económico y mitigar la morosidad en la cartera de los deudores de crédito hipotecario de vivienda, que han comprometido la solidez patrimonial de las entidades financieras acreedoras;
ART. 1º—Créase el fondo de solidaridad de ahorradores y depositantes de entidades cooperativas en liquidación como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyos recursos serán administrados mediante encargo fiduciario por sociedades fiduciarias legalmente establecidas en el país.
PAR.—El alcance de la gestión a cargo de la administración fiduciaria se determinará en los contratos que para tal efecto celebre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
ART. 2º—El fondo de solidaridad de ahorradores y depositantes de entidades cooperativas en liquidación tiene por objeto adquirir las acreencias que los ahorradores y depositantes tienen contra las entidades cooperativas indicadas en el artículo 3º del presente decreto y en los términos consagrados en el mismo.
(Nota: Declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C-136 de 1999).
ART. 3º—Podrán acceder a los recursos del fondo los depositantes o ahorradores que no hayan obtenido de la entidad en liquidación las restitución de su acreencia, y que correspondan a cualquiera de las siguientes categorías:
b) Las personas naturales que tengan la calidad de ahorradores o depositantes debidamente reconocidos de las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas o integrales, cuya liquidación ordene la autoridad competente a más tardar el 31 de diciembre de 1998, y
ART. 4º—(Inexequible).* Para acceder a los recursos de crédito del fondo de solidaridad de ahorradores y depositantes de entidades cooperativas en liquidación los ahorradores y depositantes deberán acreditar, mediante los mecanismos que el gobierno determine, que el promedio de sus ingresos mensuales durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrada en vigencia de este decreto, fue igual o inferior al valor equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-136 de 1999).
ART. 5º—El fondo de solidaridad de ahorradores y depositantes de entidades cooperativas en liquidación adquirirá (hasta los primeros quinientos mil pesos ($ 500.000 m/cte.) del monto total de)* las acreencias que cada ahorrador o depositante tenga en la respectiva entidad cooperativa en liquidación, las cuales deben haber sido reconocidas por el liquidador.
(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-136 de 1999; La exequibilidad de esta norma se declara en el entendido de que la adquisición de acreencias por el fondo de solidaridad de ahorradores y depositantes de entidades cooperativas en liquidación tendrá lugar dentro de los recursos disponibles, en la medida en que se recauden con base en los mecanismos de financiación de las medidas de emergencia, a prorrata de las acreencias y privilegiando en el tiempo a los pequeños ahorradores y a las personas de escasos recursos).
ART. 6º—Adquirida la acreencia de conformidad con este decreto, la Nación por conducto del fondo de solidaridad de ahorradores y depositantes de entidades cooperativas en liquidación será el titular de los derechos de los ahorradores o depositantes que le correspondan, según el monto adquirido, contra la entidad en liquidación.
ART. 7º—El fondo de solidaridad de ahorradores y depositantes de entidades cooperativas en liquidación contará con un consejo asesor integrado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, el director del fondo de garantías de entidades cooperativas, y por el Superintendente de la Economía Solidaria.
ART. 8º—El fondo de solidaridad de ahorradores y depositantes de entidades cooperativas en liquidación estará conformado con los recursos que se le asignen del presupuesto nacional, previo el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la materia.
ART. 9º—Por tratarse de una cuenta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, corresponderá a éste reglamentar la administración, el funcionamiento, la destinación, el acceso a los recursos del fondo de solidaridad de ahorradores y depositantes de entidades cooperativas en liquidación, las funciones de su consejo asesor y, en general, los aspectos necesarios para el cumplimiento del objeto del mismo y la adecuada administración de sus recursos.
(Nota: Declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-136 de 1999, en el entendido de que la reglamentación a que alude deberá estar contenida en decretos reglamentarios expedidos por el Presidente de la República con arreglo al artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política).
ART. 10.—Cuando los establecimientos de crédito de naturaleza cooperativa sometidos al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, presenten una relación de solvencia por debajo del doce por ciento (12%), no podrán reintegrar los aportes sociales ni imputarlos al pago de las obligaciones que tengan para con el respectivo establecimiento de crédito hasta cuando superen dicha relación.
(Nota: El inciso segundo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-136 de 1999).
ART. 11.—El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras dispondrá una línea de crédito para los deudores de créditos individuales hipotecarios otorgados para la financiación de vivienda, que a 31 de octubre de 1998 se encontraban al día en el pago de sus obligaciones por el crédito hipotecario y cuyo saldo a la misma fecha no excediera de 5.000 UPAC o su equivalente en moneda legal. Los créditos a cargo de dicha línea tendrán por objeto disminuir la deuda del respectivo deudor, cuando el saldo de la misma se hubiera incrementado en un porcentaje igual o superior al 20% durante los doce meses anteriores a la vigencia de este decreto.
(Nota: El inciso segundo fue modificado por la Ley 510 de 1999 artículo 82 del Congreso de la República).
ART. 12.—El deudor individual de crédito hipotecario para vivienda que se encuentre en mora, podrá solicitar del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, por intermedio del establecimiento de crédito acreedor, un préstamo hasta por el valor de las cuotas de capital, de la corrección monetaria y de los intereses causados durante el período de la mora, para que con su producto cancele a la entidad financiera las mencionadas sumas, en las condiciones previstas en el presente decreto.
b) Que a la fecha de expedición del presente decreto la obligación se encuentre en mora (por un período no superior a tres meses)*;
c) Que el deudor no tenga otros créditos para la adquisición, remodelación, construcción o subdivisión de inmuebles garantizados con hipoteca, y
(Nota: Declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-136 de 1999, con excepción de las palabras: “por un período no superior a tres meses", integrantes del literal b), que se declaran inexequibles. Se condiciona la exequibilidad del artículo en el sentido de que el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, concederá los créditos en él previstos de acuerdo con las disponibilidades económicas, a medida que se capten los recursos generados por la aplicación de los mecanismos de financiación de la emergencia).
ART. 13.—El préstamo de que trata el artículo anterior tendrá un plazo máximo de 10 años, sin que el mismo exceda el término que falte para la cancelación total de la deuda hipotecaria, y devengará una tasa de interés anual equivalente a la inflación proyectada por el Banco de la República para el año siguiente, incrementada en cinco puntos.
ART. 14.—A partir de la entrada en vigencia del presente decreto y durante los doce (12) meses siguientes, cuando el valor de la deuda de un crédito hipotecario para vivienda supere el valor comercial del inmueble, el deudor podrá solicitar que dicho inmueble le sea recibido en pago para cancelar la totalidad de lo adeudado.
(Nota: Declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-136 de 1999, en el entendido de que las entidades financieras a las que el deudor formule solicitud de dación en pago, en la hipótesis de la norma, están obligadas a aceptarla. Los créditos contemplados en este artículo se otorgarán a las entidades financieras en la medida de las disponibilidades de recursos de FOGAFIN, según se vayan generando por la aplicación de los mecanismos de financiación de la emergencia).
ART. 15.—Los establecimientos de crédito sólo podrán cobrar intereses sobre las cuotas en mora de créditos individuales para vivienda en un monto que no exceda de una y media (1.5) veces el interés bancario corriente.
ART. 16.—Los gastos en que incurran las entidades financieras por concepto de la cobranza de cartera de créditos hipotecarios individuales para vivienda, en la cual no medie un proceso judicial, correrán por cuenta de la respectiva institución. En consecuencia, los gastos por este concepto no podrán ser trasladados a los deudores por ninguna razón.
ART. 17.—El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, con cargo a las transferencias que para el efecto reciba del presupuesto nacional, podrá contratar un seguro para los deudores de los créditos hipotecarios otorgados para la financiación de vivienda de interés social, para amparar el pago de una o más cuotas de amortización del crédito. Tal seguro operará cuando quiera que el deudor se encuentre desempleado, de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional. En lugar de lo anterior, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras podrá asumir el pago total o parcial de las primas de seguros que tengan por objeto amparar dicho riesgo.
ART. 18.—El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras dispondrá una línea de crédito para la capitalización de establecimientos de crédito cuyas condiciones de monto, plazos y tasa de interés serán fijadas por la junta directiva del fondo.
b) El establecimiento capitalizado no podrá distribuir dividendos en dinero o en acciones mientras exista un saldo insoluto de la deuda contraída con el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, y
(Nota: Declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-136 de 1999, bajo la condición de que la línea de crédito en él contemplada cobijará única y exclusivamente al sector de las organizaciones solidarias que desarrollan actividades financieras y de ahorro y crédito y a las instituciones financieras de carácter público).
ART. 19.—(Inexequible).* Los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros, las sociedades de capitalización, las entidades aseguradoras, las sociedades comisionistas de bolsa y las bolsas de valores, con excepción de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, podrán poseer acciones en sociedades de inversión colectiva. Dichas sociedades tendrán por objeto principal la adquisición de bienes inmuebles con el fin de enajenarlos, titularizarlos, arrendarlos y, en general, de realizar cualquier acto de comercio sobre los mismos.
a) Un capital mínimo pagado de dos mil quinientos millones de pesos ($ 2.500.000.000), valor que se ajustará en forma automática en el mismo sentido y porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor que suministre el DANE, y
b) Demostrar que los accionistas reúnen las condiciones que prevé el numeral 5 del artículo 53 del Decreto 663 de 1993.
PAR.—Las entidades autorizadas por el presente artículo podrán suscribir y poseer acciones en las sociedades de inversión colectiva sin que la inversión exceda, directa o indirectamente, o en conjunto con sus accionistas, del veinte por ciento (20%) del capital y reservas de la sociedad de inversión colectiva, ni del diez por ciento (10%) del patrimonio técnico del inversionista, o del patrimonio de los accionistas que no estén en la obligación de calcular patrimonios técnicos. Cuando se trate de bolsas de valores, la inversión no podrá exceder del diez por ciento (10%) de su capital y reservas.
ART. 20.—Autorízase al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin, en las condiciones que fije su junta directiva, para otorgar créditos (a las sociedades de que trata el presente capítulo, a los patrimonios autónomos administrados por las sociedades fiduciarias y a las sociedades titularizadoras, siempre que posean el capital mínimo previsto para las sociedades de inversión colectiva y sus accionistas acrediten las condiciones a las cuales se refiere el literal b) del artículo 19 de este decreto)*, con el propósito de financiar la adquisición de bienes inmuebles recibidos en dación en pago por los establecimientos de crédito, o adjudicados a los mismos en subasta pública por razón de acreencias a su favor, que en ambos casos, estén registrados en los últimos balances presentados por el respectivo establecimiento a la Superintendencia Bancaria a la fecha de entrada en vigencia de este decreto y siempre que dichos activos representen un porcentaje igual o superior al 5% del patrimonio de la entidad.
Los créditos otorgados por Fogafin no podrán superar el valor de compra de los inmuebles. Fogafin podrá otorgar la financiación mediante la entrega de títulos de contenido crediticio.
PAR.—Los títulos emitidos por Fogafin en desarrollo del presente capítulo se consideran de deuda pública del sector financiero; para su emisión sólo se requerirá la autorización de la junta directiva de Fogafin y el cumplimiento de las normas comerciales relacionadas con los títulos de contenido crediticio y el mercado de valores.
*(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-136 de 1999).
ART. 21.—En los casos en que Fogafin haya otorgado los créditos a que se refiere el artículo anterior, la venta por parte de los establecimientos de crédito de los bienes recibidos en pago (a las sociedades y a los patrimonios autónomos de que trata el presente capítulo)*, se deberá hacer a precios de mercado.
ART. 22.—(Inexequible).*Las sociedades de inversión colectiva, las sociedades titularizadoras y los patrimonios autónomos a que se refiere el presente capítulo deberán utilizar para la enajenación de los bienes inmuebles, procedimientos que garanticen amplia publicidad, libre concurrencia y transparencia.
Los activos no podrán ser adquiridos nuevamente por el establecimiento de crédito vendedor directamente, ni a través de entidades vinculadas o de otros terceros.
*(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-136 de 1999).
ART. 23.—El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin, podrá establecer sistemas para estimular la venta de los inmuebles adquiridos (por las sociedades o los patrimonios autónomos de que tratan los artículos 19 y 20 del presente decreto)* y determinar en sus contratos condiciones para permitir la movilización ágil y equitativa de los activos de los establecimientos de crédito.
ART. 24.—(Inexequible).* Cuando una entidad financiera adquiera de otra, cartera de crédito, contratos de leasing o de arrendamiento financiero, puede contratar con el vendedor el recaudo, la cobranza y la transferencia de los pagos correspondientes y, en general, la gestión de dicha cartera o contrato. En consecuencia, en adelante, los establecimientos de crédito podrán administrar la cartera de crédito y los contratos que hayan enajenado.
ART. 25.—La Superintendencia Bancaria velará por que los documentos en los cuales consten los créditos hipotecarios sean claros, sencillos e inteligibles, para lo cual podrá disponer las medidas que sean necesarias.
ART. 26.—Las órdenes de capitalización que haya impartido o imparta la Superintendencia Bancaria respecto de entidades financieras en cuyo capital participen entidades públicas o en las cuales exista participación de recursos públicos, constituyen título suficiente para realizar las inversiones necesarias a efectos de cumplir dichas órdenes por parte de las entidades públicas accionistas, así como por parte de aquellas entidades que administran recursos públicos.
(Nota: Declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-136 de 1999, en el entendido de que las entidades públicas a las cuales se refiere estarán sujetas a las normas constitucionales y legales sobre presupuesto y gasto público y a las disposiciones fiscales de rigor).
ART. 27.—El literal c) del artículo 319 del Decreto 663 de 1993 quedará así:
“c) Los aportes del presupuesto nacional”.
ART. 28.—Modifícase el artículo 320 del Decreto 663 de 1993 de la siguiente forma:
“d) Otorgar préstamos a las entidades financieras, dentro de las condiciones y límites que fije su junta directiva, como parte de programas encaminados al restablecimiento de la solidez patrimonial de instituciones inscritas. Dichos préstamos podrán otorgarse a la entidad objeto de un programa de recuperación o a otras que participen en el mismo y podrán tener por objeto permitir o facilitar la realización de programas de fusión, adquisición, cesión de activos y pasivos, u otras figuras destinadas a preservar los intereses de los ahorradores y de los depositantes”;
“e) Adquirir los activos de las instituciones financieras inscritas que señale la junta directiva del fondo”;
“j) Garantizar los procesos de titularización de cartera hipotecaria y de titularización inmobiliaria, en los términos y condiciones que determine la junta directiva del fondo, para lo cual tendrá como criterios prioritarios el otorgamiento de liquidez de los títulos en el mercado secundario y el mantenimiento de su valor de mercado”;
“k) Dentro del objeto general del fondo, otorgar garantías o compensar déficits en que puedan incurrir las entidades financieras o los inversionistas que tomen la propiedad, absorban, se fusionen o adquieran activos o asuman pasivos de una entidad inscrita que sea objeto de cualquiera de las medidas previstas en los artículos 113 y 114 de este estatuto”;
“l) En general, realizar todos los actos y negocios jurídicos necesarios para desarrollar su objeto social y los que se le autoricen en desarrollo del literal a) del artículo 48 de este estatuto”.
28.2. El segundo inciso del numeral 4 del artículo 320 del Decreto 663 de 1993 quedará así:
“Cuando una entidad financiera incumpla una orden de capitalización expedida por la Superintendencia Bancaria, de conformidad con las disposiciones del numeral 2 del artículo 113 de este estatuto, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras podrá efectuar, total o parcialmente, las ampliaciones de capital sin que para el efecto se requiera decisión de la asamblea, reglamento de suscripción o aceptación del representante legal. La ampliación de capital se entenderá perfeccionada con el pago del mismo mediante consignación en cuenta a nombre de la institución financiera por parte del fondo.
Lo anterior, sin perjuicio de los eventos en los cuales, de acuerdo con la ley y los estatutos de la entidad con sus correspondientes modificaciones, cargos de dirección o confianza deban ser desempeñados por empleados públicos, los cuales se sujetarán en todo caso, al régimen previsto para este tipo de empleados”.
De los mecanismos de financiación de las medidas de emergencia
ART. 29.—Establécese temporalmente, hasta el 31 de diciembre de 1999, una contribución sobre transacciones financieras como un tributo a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman, (destinado exclusivamente a preservar la estabilidad y la solvencia del sistema, y de esta manera, proteger a los usuarios del mismo en los términos del Decreto 663 de 1993 y de este decreto)*.
d) La readquisición de cartera o de títulos que hayan sido enajenados con pacto de recompra y el pago de los créditos interbancarios, con independencia del medio utilizado para su celebración o formalización, con excepción de las operaciones de reporto celebradas con el Banco de la República y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, y
PAR. 1º—Para los efectos del literal a) del presente artículo se entiende por transacción toda operación de retiro en efectivo, en cheque, con talonario, con tarjetas débito, por cajero electrónico, mediante puntos de pago, notas débito o mediante cualquiera otra modalidad que implique la disposición de los recursos depositados en las cuentas corrientes o de ahorro, denominadas en moneda legal o extranjera, o en UPAC, sea que haya o no suficiente provisión de fondos, excluyendo los cargos en cuenta correspondientes a la prestación de servicios bancarios, tales como comisiones, tarifas, tasas y precios, incluyendo el valor de las chequeras.
PAR. 2º—No estarán sujetos a esta contribución los débitos que se efectúen en las cuentas de depósito que mantienen los establecimientos de crédito en el Banco de la República para cubrir sus operaciones de canje en la cámara de compensación.
(Nota: Declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C-136 de 1999, excepto las palabras: “destinado exclusivamente a preservar la estabilidad y la solvencia del sistema, y de esta manera, proteger a los usuarios del mismo en los términos del Decreto 663 de 1993 y de este decreto", que se declaran inexequibles*).
ART. 30.—La tarifa de la contribución (por las operaciones a que se refieren los ordinales a), b) y c) del artículo anterior)* es el dos por mil y se causará sobre el valor total de la operación en el momento en que se realice.
(La tarifa por las operaciones a que se refieren los ordinales d) y e) del artículo anterior será del uno punto dos por diez mil, la cual se causará sobre el valor de la operación en el momento en que se realice).*
(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-136 de 1999).
ART. 31.—Son sujetos pasivos de la contribución a que se refiere el presente decreto:
PAR.—No estará sujeto al pago de la contribución el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Tampoco estarán sujetos la dirección general del tesoro nacional y los depósitos centralizados de valores, salvo por los pagos que dichas entidades hagan para cubrir gastos de funcionamiento o para realizar inversiones diferentes a aquellas que efectúen en valores. El Banco de la República sólo estará sujeto a esta contribución en relación con los pagos que realice para cubrir gastos de funcionamiento.
ART. 32.—Son responsables por el recaudo de las contribuciones causadas y por el pago de las mismas al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, los establecimientos de crédito en los cuales se encuentre la respectiva cuenta, así como los establecimientos que expidan cheques de gerencia, paguen el valor de la readquisición de la cartera o de los títulos, otorguen los créditos interbancarios y los apoyos de liquidez o efectúen pagos mediante abonos en cuenta. Igualmente son responsables por el recaudo de la contribución el Banco de la República, la dirección general del tesoro nacional y los depósitos centrales de valores, en los casos en que haya lugar a la contribución, de acuerdo con el parágrafo del artículo anterior.
(Nota: Declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C-136 de 1999, salvo la expresión: “al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras", que se declaró inexequible).
ART. 33.—Las sumas recaudadas se deberán depositar (a favor del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras)* semanalmente, en la cuenta, presentando la declaración correspondiente y siguiendo los procedimientos que dicha entidad señale.
(Nota: Declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C-136 de 1999, salvo la expresión: “a favor del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras", que se declaró inexequible).
ART. 34.—Durante los primeros cinco (5) días calendario contados a partir de la vigencia de la contribución, cuando la entidad responsable no pueda realizar el recaudo al momento del retiro por razones técnicas u operativas, procederá a debitar la suma correspondiente de la cuenta del sujeto pasivo de la contribución dentro de los siete (7) días siguientes al vencimiento del plazo anterior. Si no existen recursos en la cuenta, el responsable del recaudo informará de tal hecho a Fogafin al presentar la declaración correspondiente y efectuará en todo caso el débito, tan pronto existan recursos en cualquier cuenta del deudor o exista un saldo a favor del mismo por cualquier concepto, con intereses a la tasa vigente para los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
(Nota: El presente artículo no está vigente, pero mientras lo estuvo fue constitucional. Sentencia C-136 de 1999 de la Corte Constitucional).
ART. 35.—A la contribución prevista en este capítulo se aplicarán, en lo pertinente, las normas que regulan los procesos de determinación, discusión, cobro y sanciones contempladas en el estatuto tributario (y estas funciones corresponderán al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, quien administrará y controlará la contribución con el apoyo de la Superintendencia Bancaria).*
ART. 36.—Los saldos de las cuentas corrientes o de ahorro que hayan permanecido inactivas por un período mayor de un año y no superen el valor equivalente a dos (2) UPAC, serán transferidos por las entidades tenedoras a título de mutuo a la Nación —Ministerio de Hacienda y Crédito Público— dirección general del tesoro nacional, para desarrollar el objeto del fondo de solidaridad de ahorradores y depositantes de entidades cooperativas en liquidación, del fondo de garantías de entidades cooperativas, el seguro de desempleo y el servicio de estos recursos en los términos y condiciones que determine el reglamento.
ART. 37.—Las operaciones a las cuales se refiere este decreto tendrán el siguiente tratamiento tributario:
a) Para efectos de determinar el valor de los derechos notariales y registrales, así como el impuesto de registro y anotación de los contratos (a que se refieren los capítulos II de este decreto y los de aquéllos por los cuales las sociedades o los patrimonios autónomos adquieran los activos previstos en el artículo 20 de este decreto o los enajenen)* se consideran actos sin cuantía;
b) Los títulos valores que se emitan para instrumentar las operaciones a que se refiere este decreto estarán exentos del impuesto de timbre nacional, y
c) No constituyen renta ni ganancia ocasional los ingresos que obtengan los establecimientos de crédito por la enajenación de los activos a que hace referencia el artículo 20 de este decreto (a las sociedades o a los patrimonios autónomos que los adquieran de conformidad con lo establecido en el mismo)*. Tampoco constituyen renta ni ganancia ocasional los ingresos obtenidos (por dichas sociedades o patrimonios autónomos)* por la enajenación de tales activos.
PAR.—De conformidad con el artículo 215 de la Constitución Política, las disposiciones a que se refiere el presente artículo dejarán de regir al vencimiento de la vigencia fiscal de 1999, salvo que el Congreso de la República les atribuya carácter permanente.
ART. 38.—El presente decreto deroga el literal c) del numeral 4 del artículo 322 del estatuto orgánico del sistema financiero y rige a partir de la fecha de su publicación.