Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2019/03/sobre-el-estatuto-del-personal.html
Timestamp: 2020-01-27 08:22:53
Document Index: 267856258

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 11', 'Artículo 21', 'artículo 27', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 14']

EL BLOG DE EDUARDO ROJO: Sobre el estatuto del personal investigador predoctoral en formación. Notas al marco normativo anterior y a la nueva regulación del Real Decreto 103/2019 de 1 de marzo.
Sobre el estatuto del personal investigador predoctoral en formación. Notas al marco normativo anterior y a la nueva regulación del Real Decreto 103/2019 de 1 de marzo.
1. El Consejo de Ministros celebrado el 1 de marzo aprobó un Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Personal investigador predoctoral en formación. La norma, núm.103/1209 de 1 de marzo, ha sido publicada en el BOE del día 15, con entrada en vigor al día siguiente. Varios de sus preceptos, todos aquellos de contenido laboral, se dictan al amparo del título competencial estatal del art. 149.1.7 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral.
En el resumen oficial del Consejo de Ministros puede encontrarse una amplia síntesis de lanueva norma en estos términos:
“El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), por el que se regulan las condiciones de trabajo de los investigadores predoctorales. Con esta medida el Gobierno da luz verde a un nuevo contrato que supone un cambio radical y de amplio calado en la concepción que tradicionalmente ha recibido el personal investigador en formación, al preverse una modalidad contractual específica con una duración máxima de cuatro años.
En cuanto a la duración del contrato, no podrá ser inferior a un año ni exceder de cuatro años. Cuando el contrato se hubiese concertado por una duración inferior a cuatro años podrá prorrogarse sucesivamente sin que, en ningún caso, las prórrogas puedan tener duración inferior a un año. No obstante, cuando el contrato se concierte con una persona con discapacidad, el contrato podrá alcanzar una duración máxima de seis años, prórrogas incluidas. Por su parte, las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, maternidad, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento y paternidad, suspenderán el cómputo de la duración del contrato. Igualmente lo suspenderán las situaciones previstas en el Estatuto de los Trabajadores, como medida de protección de las mujeres víctimas de violencia de género”
En el proceso de elaboración del Real Decreto han sido consultadas, entre otras, las organizaciones sindicales más representativas y las asociaciones del personal investigador predoctoral en formación”.
2. Sobre la nueva norma, y hasta el momento de redactar mi comentario, ha emitido su parecer el sindicato CSIF, que lo ha calificado de “un paso importante pero, insuficiente y poco ambicioso, para acabar con la precariedad de más de 10.000 investigadores predoctorales en Universidades y Organismos Públicos de Investigación”. Entre sus aspectos positivos destaca los siguientes: “Establece un salario mínimo de 16.422 euros brutos anuales. Fija un máximo de 180 horas durante la extensión total del contrato predoctoral, y sin que en ningún caso se puedan superar las 60 horas anuales. Se elimina el término becario. Se beneficiarán de los incrementos salariales que afecten a los empleados públicos laborales del Grupo 1 del Convenio Único de la Administración General del Estado”, Por el contrario, considera negativo que “No se reconoce indemnización por finalización de contrato. No hay inclusión y reconocimiento en los Convenios Colectivos de Universidades y Organismos públicos de investigación. Se publica con seis años de retraso”.
Por su parte, la UGT ha emitido un amplio comunicado en el que recuerda que las primeras negociaciones sobre el EPIF datan de julio de 2017, y aporta las propuestas presentadas por la UGT en las reuniones celebradas desde entonces, comparándolas con el texto finalmente aprobado. Tras analizar el contenido de la norma, concluye su valoración manifestando su desacuerdo, “ya que en ningún momento ha habido una negociación con UGT, tan solo se nos permitió enviar nuestras propuestas, que en ningún caso fueron observadas. Exigimos que el futuro Gobierno revise el texto y sean, los representantes legales de los trabajadores llamados para su negociación. Aunque consideramos que algunas de las medidas que se toman son positivas, como la exigencia de que la docencia de estos trabajadores predoctorales sea siempre colaborativa y sin restar carga al departamento responsable, o la protección mientras el contrato se encuentre suspendido por causas justificadas. Creemos que no soluciona la problemática que sufren nuestros jóvenes investigadores, mismo salario, mismo carácter formativo del contrato, sin indemnización, etc.”.
Ya encontramos en la red, en el reconocido blog del profesor Antonio Baylos, un primer análisis critico de la norma a cargo del investigador en formación de la Universidad deValencia Oscar Requena, cuyo artículo ha merecido ya varios comentarios con otras interesantes aportaciones sobre los olvidos de la norma y las dudas que suscitan algunos preceptos.
Remitiendo, por su indudable interés, a la lectura íntegra del artículo, me quedo con sus reflexiones sobre la cuestión salarial, que son las siguientes: “entrando ya a valorar las condiciones laborales más novedosas o discutibles del contrato predoctoral, en materia retributiva el legislador ha “olvidado” incluir la Disposición Transitoria Única prevista en el último borrador, que comprendía la cantidad que iba a suponer el salario mínimo anual -16.422 euros-, cuando de la aplicación de los porcentajes previstos en el artículo 21 LC (del 56% durante los dos primeros años y del 60% y 75% el tercer y cuarto año respectivamente), resultase una cifra inferior. Ahora bien, teniendo en cuenta que uno de los grandes progresos conseguidos ha sido que tales porcentajes se apliquen tomando como referencia el Grupo profesional I del personal laboral de la tabla salarial recogida en el Convenio Único de Personal Laboral de la Administración General del Estado (CUPLAGE), el resultado no es tan diferente ni alarmante, porque sólo afectaría a los dos primeros años de contrato. Aun así la pérdida anual casi alcanza los 300 euros, y ello si tomamos en consideración la subida salarial prevista en el borrador del IV CUPLAGE (durante los dos primeros años la cantidad salarial mínima se fijaría en 16.127,75 euros).
Junto a ese “olvido”, cabe subrayar la preocupación y desconfianza que despierta el -sorpresivamente aparecido- apartado tercero del artículo 7 del EPIPF. Conviene citarlo textualmente: “La aplicación de la cantidad anual resultante podrá también computar al periodo total del contrato predoctoral de cuatro años”. Parece que con esta previsión normativa se está permitiendo a las partes reguladoras del contrato fijar como suelo salarial de cada año de contrato la cifra anual que resulte de aplicar los porcentajes a las tablas salariales vigentes en el momento de la contratación, con independencia de que tales valores convencionalmente pactados aumenten o se reduzcan en futuras revisiones de las tablas salariales. Sea este el propósito o uno diferente, no cabe duda de que la redacción de la norma resulta desconcertante.
Por otro lado, la comparación con el Grupo I del CUPLAGE resulta congruente con lo dispuesto en los artículos 8 y 3 del EPIPF, en tanto en cuanto se trata del grupo que abarca al personal más cualificado académicamente y tales preceptos indican que el investigador predoctoral debe gozar de las condiciones de trabajo adecuadas a su titulación”.
3. Procedo a continuación a la explicación del marco normativo anterior al RD, es decir tanto al vigente como al que ha sido modificado o derogado (la disposición derogatoria única menciona el RD 63/2006 de 27 de enero, así como también “cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto”), para después examinar los contenidos más importantes o relevantes, obviamente a mi parecer, de la nueva norma.
A) Respecto al marco normativo vigente hasta el 16 de marzo, y las modificaciones o derogaciones operadas por el RD 103/2019, como punto de referencia histórico debemos mencionar el Real Decreto 63/2006 de 27 de enero, por el que se aprobó el Estatuto del personal investigador en formación.
El art. 4 reguló las situaciones jurídicas de dicho del personal investigador en formación, que eran las siguientes:
“a) De beca, que comprenderá los dos primeros años desde la concesión de la ayuda.
b) De contrato, que, una vez superado el período de beca y obtenido el Diploma de Estudios Avanzados o documento administrativo que lo sustituya de acuerdo con la nueva estructura de enseñanzas adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, comprenderá, como máximo, los dos años siguientes. Para esta etapa, el personal investigador en formación formalizará un contrato laboral con el organismo, centro o institución al que esté adscrito”.
Por su parte, el art. 8 reguló la contratación laboral del citado personal, disponiendo en su apartado 1 que “Respecto del personal investigador en formación que termine su período de beca, una vez obtenido el Diploma de Estudios Avanzados o documento administrativo que lo sustituya de acuerdo con la nueva estructura de enseñanzas adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, el organismo, centro o universidad de adscripción deberá formalizar un contrato de trabajo en prácticas, que cubra, como máximo, los años tercero y cuarto desde la concesión de la ayuda a la investigación, con la finalidad de realizar la correspondiente tesis doctoral”. Respecto a su contenido, el apartado 4 disponía que “La duración, retribución, prórrogas y extinción del contrato en prácticas se regirá por lo que establece el artículo 11.1 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y su normativa de desarrollo”. Cabe indicar que en la actualidad el RDL 1/1995 ha sido derogado por el vigente Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRLET).
B) El marco normativo vigente está constituido por la Ley14/2011 de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE, 2 de junio), modificada por la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
En su redacción originaria, la sección segunda del capítulo I del Título II regulaba la contratación del personal investigador de carácter laboral, incluyendo la modalidad de contrato de trabajo predoctoral, objeto de regulación en el art. 21, en los siguientes términos:
“Artículo 21. Contrato predoctoral.
La duración del contrato será de un año, prorrogable por períodos anuales previo informe favorable de la comisión académica del programa de doctorado, o en su caso de la escuela de doctorado, durante el tiempo que dure su permanencia en el programa. En ningún caso la duración acumulada del contrato inicial más las prórrogas podrá exceder de cuatro años.
d) La retribución de este contrato no podrá ser inferior al 56 por 100 del salario fijado para las categorías equivalentes en los convenios colectivos de su ámbito de aplicación durante los dos primeros años, al 60 por 100 durante el tercer año, y al 75 por 100 durante el cuarto año. Tampoco podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional que se establezca cada año, según el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”.
Obsérvese que la redacción de la modalidad contractual es sensiblemente semejante a la del contrato de trabajo en prácticas, con la importante diferencia, ciertamente, de la duración máxima, que puede ser de cuatro años mientras que en el de prácticas su duración no puede exceder de dos años. Repárese igualmente en las similitudes con la redacción del nuevo EPIF
El apartado c) del art. 21 fue modificado por la disposición final sexta de la Ley 30/2015. Se introdujo una relevante modificación en cuanto a su duración, y evaluación de la actividad, en los siguientes términos: “La duración del contrato no podrá ser inferior a un año, ni exceder de cuatro años. Cuando el contrato se hubiese concertado por una duración inferior a cuatro años podrá prorrogarse sucesivamente sin que, en ningún caso, las prórrogas puedan tener una duración inferior a un año. La actividad desarrollada por el personal investigador predoctoral en formación será evaluada anualmente por la comisión académica del programa de doctorado, o en su caso de la escuela de doctorado, durante el tiempo que dure su permanencia en el programa, pudiendo ser resuelto el contrato en el supuesto de no superarse favorablemente dicha evaluación”. También se dispuso que
“... Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, en el supuesto de que, por haber estado ya contratado el trabajador bajo esta modalidad, el tiempo que reste hasta el máximo de cuatro años, o de seis en el caso de personas con discapacidad, sea inferior a un año, podrá concertarse el contrato, o su prórroga, por el tiempo que reste hasta el máximo establecido en cada caso”.
Por su parte, la disposición adicional segunda de la Ley 14/2011, inalterada en su redacción original, se refería al “Estatuto del personal investigador en formación”, previendo que “En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno elaborará un estatuto del personal investigador en formación, que deberá someterse a informe previo del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. Dicho estatuto sustituirá al actual Estatuto del personal investigador en formación, e incluirá las prescripciones recogidas en la presente ley para el contrato predoctoral”.
Es bien sabido que el período fue ampliamente superado y que no se ha dado cumplimiento al mandato hasta el RD 103/2019. La petición de desarrollo del citado precepto fue constante en las manifestaciones del colectivo de trabajadores con contrato predoctoral durante el conflicto, y fue recogida en la moción presentada el 9 de marzo de 2017 por el grupo parlamentario socialista del Congreso de los Diputados, en la que se instaba al Gobierno a “1. Elaborar, junto con las comunidades autónomas, las universidades, las organizaciones sindicales y profesionales, e instituciones implicadas, el Estatuto del Personal Docente Investigador, previsto por la Ley orgánica 4/2007 de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, que regula las condiciones de acceso, trabajo y la carrera profesional de dicho personal. 2. Dar pleno desarrollo a las previsiones en materia de personal de investigación establecidas por la Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación, y en particular a la efectiva implantación de la carrera investigadora señalada por la citada Ley…”. El texto, con incorporación de enmiendas de otros grupos parlamentarios, fue aprobado por unanimidad en el Pleno del Congreso celebrado el 14 de marzo, con la siguiente redacción:
1. Elaborar, junto con las Comunidades Autónomas, las Universidades, las organizaciones sindicales y profesionales e instituciones implicadas, el Estatuto del Personal Docente Investigador, previsto por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que garantice la transparencia en el acceso y la posibilidad de desarrollar una carrera profesional tanto en el ámbito docente como investigador, a través de una promoción profesional basada en el desarrollo de la investigación, la docencia y la transferencia de conocimientos a la sociedad y mejorando el reconocimiento y la valoración de la actividad docente de los profesores universitarios.
2. Dar pleno desarrollo a las previsiones en materia de personal de investigación establecidas por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y en particular a la efectiva implantación de la carrera investigadora señalada por la citada Ley.
Del mismo modo, y con el objetivo de que no se vuelvan a repetir situaciones de precarización de las condiciones laborales de los investigadores contratados o de inseguridad jurídica, el Gobierno deberá adoptar las medidas necesarias que garanticen el reconocimiento del trabajo que dicho personal realiza durante el contrato como un periodo laboral sin pérdida de derechos, sean investigadores predoctorales o de otro tipo (asistentes de investigación, investigadores postdoctorales…) y presten sus servicios en universidades, en organismos públicos de investigación o en organizaciones y en entidades privadas sin ánimo de lucro dedicadas a la investigación.
Para ello, se elaborará un nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación que deberá someterse a informe previo del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, dando cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Dicho estatuto sustituirá al actual Estatuto del Personal Investigador en Formación e incluirá las condiciones laborales recogidas en dicha Ley para el contrato predoctoral. Deberá tenerse en cuenta la “relación laboral específica” que tienen los investigadores predoctorales con los diferentes centros de investigación.
3. Garantizar una financiación estatal creciente a los proyectos y actividades contemplados en la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”.
El mismo día 14 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados la proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,“para regular los contratos predoctorales de acuerdo con la Ley de la Ciencia”. En dicha proposición se pedía al Congreso que instara al gobierno a “1. Tomar las medidas oportunas para regular los contratos predoctorales de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 2. En todo caso revocar la aplicación retroactiva que se haya podido formular sobre contratos firmados en la modalidad de obra y servicio determinado”.
También hay que referirse a la disposición adicional decimoctava, relativa a incentivos en materia de Seguridad Social para facilitar la contratación de este personal, disponiendo el establecimiento de “una reducción del 30% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes en la cotización relativa al personal investigador contratado bajo la modalidad de contrato predoctoral establecida en el artículo 21 de esta ley, que quedará acogido al Régimen General de la Seguridad Social”. Esta reducción se ha mantenido en los mismos términos en el RD 103/2019, según lo establecido en la disposición adicional única.
C) Es obligado igualmente prestar atención a la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la disposición final tercera de la Ley 14/2011. El título IX está dedicado al profesorado, previendo el art. 47 que el personal docente e investigador de las Universidades Públicas “estará compuesto de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y de personal contratado”. Las normas generales sobre la contratación laboral se recogen en el art. 48, previendo en su apartado 3 bis) que “Asimismo podrán contratar personal investigador conforme a lo previsto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”.
D) Por último, pero no por ello menos importante, cabe referirse a la normativa reguladora de la contratación laboral, en concreto el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2015 de 23 de octubre. Son de especial interés varios preceptos del mismo. En primer lugar, la disposición adicional decimoquinta, referente a la “Aplicación de los límites de duración del contrato por obra o servicio determinados y al encadenamiento de contratos en las Administraciones Públicas”, cuyos apartados 1 y 2 disponen los siguiente: “1. Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato por obra o servicio determinados y en el artículo 15.5 sobre límites al encadenamiento de contratos surtirá efectos en el ámbito de las Administraciones Públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes, sin perjuicio de la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, por lo que no será obstáculo para la obligación de proceder a la cobertura de los puestos de trabajo de que se trate a través de los procedimientos ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.
4. Pasemos ya al análisis de los contenidos más relevantes a mi parecer del RD 103/2019, que reitera en varias ocasiones lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 14/2011.
En su introducción puede leerse que tiene por objeto “desarrollar el régimen jurídico del contrato predoctoral al que se refiere el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, cuando se suscribe entre el personal investigador predoctoral en formación y las entidades públicas recogidas en su artículo 20.2, o las privadas previstas en su disposición adicional primera”, siendo también objeto de la norma “la definición de la condición de personal investigador predoctoral en formación y el desarrollo del objeto de este contrato, que será la realización simultánea por parte del personal investigador predoctoral en formación de tareas de investigación en un proyecto específico y novedoso, y el conjunto de actividades integrantes del programa de doctorado conducentes a la adquisición de competencias y habilidades necesarias para la obtención del título universitario oficial de doctorado”.
El texto consta de trece artículo, distribuidos en tres capítulo (preliminar, primero – dedicado al contrato predoctoral – y segundo - dedicado a los derechos y obligaciones en materia de investigación del EPIF -), una disposición adicional, una derogatoria y cinco finales.
¿Quién tiene la condición de PIPF? El art. 1 incluye a “todas aquellas personas que estén en posesión del Título de licenciado, ingeniero, arquitecto, graduado universitario con grado de al menos 300 créditos ECTS (European Credit Transfer System) o master universitario, o equivalente, que hayan sido admitidas a un programa de doctorado cuyo objeto es, como establece el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, el desarrollo de los distintos aspectos formativos del doctorando y el establecimiento de los procedimientos y líneas de investigación para el desarrollo de la tesis doctoral, y estén adscritas a las entidades citadas en el apartado anterior mediante la modalidad de contratación predoctoral descrita en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio”. Conviene recordar que el RD 99/2011 fue modificado por el RD 43/2015, de 2 de febrero. Por otra parte, recordemos también que los créditos ETCS son el estándar adoptado por todas las Universidades del Espacio Europeo de Educación Superior para garantizar la convergencia de los diferentes sistemas europeos de educación, basándose en el trabajo personal del estudiante, en todas las actividades de su proceso de aprendizaje (horas lectivas, horas de estudio y elaboración de trabajos y prácticas). Un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante, y un curso académico equivale a 60 créditos ECTS, siempre que el estudiante tenga una dedicación a tiempo completo.
El acceso a la contratación predoctoral puede llevarse a cabo con la entidad contratante con independencia de su naturaleza pública o privada, y deberá ajustarse a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Quedan excluidos de la norma los contratos que versen sobre desarrollo y especialización científica y técnica pero que no estén vinculados a los estudios de doctorado o que se formalicen al amparo de otras modalidades contractuales.
5. Una vez conocida la finalidad del contrato predoctoral, la simultaneidad de tareas investigadoras y la participación en un programa de doctorado para poder obtener la titulación de doctor, debe resaltarse las limitaciones que la norma establece a la realización de actividades docentes por el doctorando, ya que, por una parte “no puede exigírsele la realización de cualquier otra actividad que desvirtúe la finalidad investigadora y formativa del contrato”, y en estrecha vinculación con esta manifestación general se concreta, por otra parte, que la carga docente del doctorando no podrá superar las 60 horas anuales y con el límite de 180 horas durante todo la duración del contrato. No es, por tanto, una obligación sino una posibilidad que se confiere al Departamento al que está adscrito el EPIF para que puede asignársela, en el bien entendido que tal “colaboración” (término utilizado por la norma) no supondrá reducción de la carga docente del Departamento, y que el propio doctorando puede solicitar que se le asigne, siendo el Departamento el que decidirá aquello que considere oportuno dentro de los límites fijados, con la referencia en la norma a que tal decisión respetará la “igualdad de oportunidades”, de lo que parece deducirse que está contemplando la hipótesis de la presencia de dos o más doctorandos en el Departamento.
Respecto a los requisitos formales del contrato, que obviamente debe documentarse por escrito, y que se celebra a tiempo completo, son semejantes a los contenidos en la regulación general de la LET, con la necesaria y obligada especificidad de deber constar la admisión al programa de doctorado y el proyecto o línea de investigación en el marco del cual se llevará a cabo la investigación predoctoral. La información de las condiciones del contrato deberá facilitarse en los términos previstos en el art. 8.5 de la LET siempre y cuando no consten ya en el propio contrato, con expresa mención en el nuevo texto a que el EPIF deberá conocer por medio del contrato “el lugar de realización efectiva” de sus actividades, de lo que parece deducirse la obligación del Departamento al que esté adscrito de asignarle un lugar adecuado en la correspondiente Facultad o Escuela universitaria, o centro privado, para el desarrollo de su tarea investigadora. Igualmente, se regula la obligación de comunicar el contrato a la oficina pública de empleo y de poner a disposición de esta y de la representación de los trabajadores la copia básica de dicho contrato.
6. Ya sabemos que la duración es como mínimo de un año y como máximo de cuatro, salvo para las personas con discapacidad que se amplía a seis. Las prórrogas deben tener una duración mínima de un año, pudiendo ser expresas o tácitas, y siempre con el límite máximo indicado de duración. En cualquier caso, y ese es el funcionamiento ordinario en sede universitaria, debe haber un informe de evaluación anual emitido bien por la comisión académica del programa de doctorado o bien por la escuela de doctorado, que en caso de ser desfavorable puede abocar a la no renovación del contrato. Tal posibilidad se prevé expresamente en el art. 10.2, un supuesto que he conocido en más de una ocasión en mi vida universitaria.
7. Ya he indicado con anterioridad cuál será la retribución del doctorando, y la referencia a tomar en consideración para determinar su cuantía. Ciertamente, coincido con las dudas y criticas del investigador en formación Oscar Requena a la oscuridad del último párrafo del art. 7 (“3. La aplicación de la cantidad anual resultante se podrá también computar al período total del contrato predoctoral de cuatro años”), que resulta cuando menos extravagante en el ámbito jurídico laboral, y que pudiera apuntar a que al finalizar el contrato el doctorando hubiera cobrado globalmente aquello que dispone la norma (56 % durante los dos primeros años, 60 % el tercero y 75 % el cuarto, siempre tomando como referencia la categoría correspondiente al grupo 1 del personal laboral de la tabla salarial recogida en el convenio único de personal laboral de la AGE, cuyo nuevo texto fuesuscrito el pasado 4 de marzo) si bien no con aplicación exacta de tales porcentajes cada año, algo que a mi parece podría resultar ultravires en la medida en que tales porcentajes ya están regulados en la Ley 14/2011.
8. No se ha acogido la petición formulada por el colectivo de investigadores en formación y por las organizaciones sindicales que han negociado con la Administración la nueva norma, cual era que hubiera una indemnización por extinción de contrato, remitiendo el art. 9 a las causas de extinción ordinarias contempladas en el art. 49 de la LET, si bien la aplicación supletoria de la LET puede llevar a seguir planteando la obligación del abono de dicha indemnización, aun cuando no parece que esta sea la intención de la norma si nos atenemos a otro no pequeño detalle, y que sin duda guarda relación con el conflicto vivido hace dos años sobre los cambios en los números de referencia (claves) de las modalidades contractuales de obra o servicio, por una parte, y de prácticas por otra, cual es que la disposición final tercera prevé la asignación al contrato predoctoral de “una clave específica” de contrato de trabajo, que será establecida por el MITRAMISS a través del SEPE y de la TGSS.
Como causa específica de extinción se contempla la obtención del título de doctor, considerando como tal la fecha en que se celebre el acto de defensa de la tesis en el supuesto, obviamente, de su aprobación por la comisión juzgadora. Por ello, la extinción no va vinculada necesariamente a la posible duración máxima del contrato, cuatro años, sino que cabe la extinción anterior, pasando por tanto el investigador a la etapa postdoctoral.
En cualquier caso, tal posibilidad plantea la necesidad por parte de las entidades en que preste sus servicios, si se trata de una Universidad, de prever cómo podrá seguir prestando sus servicios el nuevo doctor, o lo que es lo mismo si se convocarán plazas de investigador postdoctororal o de contratado doctor. Igualmente, en caso de extinción del contrato durante un curso académico, será tarea del Departamento la asignación de la docencia que tuviera el doctorando a otro profesorado, ya sea personal funcionario o laboral, que esté prestando ya sus servicios, o bien acudiendo a la contratación de un profesor asociado, cuestiones todas ellas que no siempre son precisamente fáciles de gestionar en la práctica. Repárese también en que la extinción del contrato sin continuidad con una nueva relación contractual aboca al recién doctorado a la situación jurídica de desempleo o bien a la búsqueda de una relación contractual, o autónoma, externa a la Universidad, a la espera de la convocatoria de la plaza.
9. El capítulo II del RD regula los derechos y obligaciones específicos en materia de investigación del EPIF, con una expresa remisión a la Carta Europea del Investigadory al Código de conducta para la contratación de investigadores, contenidos ambos en la Recomendación de la Comisión de 11 de marzo de 2005. , así como también al Código Europeo de conducta para la integridad en la investigación
La Carta “reúne una serie de principios y exigencias generales que especifican el papel, las responsabilidades y los derechos de los investigadores y de las entidades que emplean y/o financian investigadores”, siendo su objetivo “garantizar que la naturaleza de la relación entre los investigadores y los financiadores o empleadores propicie la generación, transferencia, distribución y difusión de conocimientos y avances tecnológicos, así como el desarrollo profesional de los investigadores”, al tiempo que reconoce “el valor de todas las formas de movilidad como medio para ampliar el desarrollo profesional de los investigadores”, y constituye “un marco dentro del que se invita a investigadores, financiadores y empleadores a actuar con responsabilidad y profesionalidad en su entorno de trabajo y a darse el necesario reconocimiento mutuo”.
Por su parte, el citado Código desarrolla los siguientes principios: “la honestidad en la comunicación tanto de objetivos e intenciones como la relativa a los métodos y procedimientos; la veracidad en la práctica investigadora; la objetividad, que precisa que hechos probables y transparencia en el manejo de los datos; imparcialidad e independencia por parte de los investigadores, que asegure la justa y adecuada referencia al trabajo de otros investigadores; la apertura y accesibilidad de la investigación, el deber de cuidado hacia humanos, animales, entorno u objeto de su estudio, y la responsabilidad de futuro en la supervisión de jóvenes científicos y académicos”.
Los principios rectores, enunciados en la Carta y el Código, son concretados, en cuanto a los derechos y deberes del EPIF en los arts. 12 y 13. De los primeros, y desde la perspectiva más laboral, me interesa destacar dos de ellos: “c) El cumplimiento, por parte de los organismos, centros o instituciones, de la observancia de las normativas nacionales, estatales o sectoriales en materia de salud y seguridad laboral. Las entidades contratantes deberán velar para que las condiciones laborales del personal investigador predoctoral en formación, incluido aquel con discapacidad, garanticen el rendimiento de la investigación de conformidad con la legislación vigente y con los convenios colectivos nacionales, estatales o sectoriales. Así mismo, se comprometen a proporcionar unas condiciones de trabajo que permitan tanto al del personal investigador predoctoral en formación conciliar la vida familiar, el trabajo y el desarrollo de las actividades profesionales”, y “h) En cuanto a los posibles derechos del personal investigador predoctoral en formación sobre la propiedad industrial, se estará a lo que disponga la correspondiente convocatoria, en el marco de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Los referidos derechos no tendrán en ningún caso naturaleza salarial, y se establecerán de conformidad con lo previsto en el artículo 14.1.i) de la Ley 14/2011, de 1 de junio”.
Respecto a las obligaciones del EPIF destaco a efectos laborales las de “a) Cumplir las condiciones y obligaciones establecidas en la convocatoria, realizar las actividades previstas en sus programas de formación y especialización en la investigación, así como cumplir los objetivos del programa de formación y especialización con aprovechamiento”, “g) Seguir en todo momento prácticas de trabajo seguras conformes a la legislación nacional, incluida la adopción de las precauciones necesarias en materia de salud y seguridad; así como cumplir con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales”, y “j) Entregar los resultados requeridos (tesis, publicaciones, datos, patentes, informes, desarrollo de nuevos productos, etc.), de acuerdo con lo establecido en las condiciones del contrato predoctoral”.
10. Concluyo mi explicación. Ahora solo falta, y no es poco, que la norma contribuya a un fortalecimiento de la carrera universitaria en su primera etapa, y que anime a las y los jóvenes que han finalizado sus estudios de grado a incorporarse a la actividad investigadora. Todas las Universidades, desde luego, están muy necesitadas de savia intelectual nueva.
Etiquetas: contrato de trabajo, Universidad