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Timestamp: 2017-09-21 19:37:10
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 12', 'Artículo 13', 'ARTÍCULO 25', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 13', 'Artículo 15', 'ARTÍCULO 20', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'ARTÍCULO 41', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 18', 'Artículo 20', 'artículo 13', 'Artículo 21', 'artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 28', 'artículo 18', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 41', 'Artículo 42']

Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de la Generalidad de Cataluña - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO LEGISLATIVO 1/2002, DE 24 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PATRIMONIO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA (DOGC DEL 31)
Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de la Generalidad de Cataluña (Arts. 1 a 42)
Capítulo I. Disposiciones generales (Arts. 1 a 6 )
Art. 1. Patrimonio de Cataluña
Art. 3. Bienes de dominio público
Art. 4. Bienes patrimoniales
Art. 5. Normativa aplicable
Art. 6. Dominio
Capítulo II. Cambios de calificación y afectación (Arts. 7 a 10)
Art. 7. Desafectación
Art. 8. Bienes de dominio público
Art. 9. Adquisición por expropiación forzosa
Art. 10. Adscripción a empresas públicas y organismos autónomos
Capítulo III. Adquisición (Arts. 11 a 16)
Art. 11. Capacidad para adquirir
Art. 12. Aceptación de determinadas adquisiciones
Art. 13. Adquisiciones a título oneroso
Art. 14. Arrendamiento de inmuebles
Art. 15. Organismos y entidades autonomas
Art. 16. Adquisición a título oneroso de títulos
Capítulo IV. Enajenación y cesión (Arts. 17 a 25)
Art. 17. Inalienabilidad
Art. 18. Expedientes de enajenación
Art. 19. Permuta
Art. 20. Subasta pública
Art. 21. Enajenación de títulos
Art. 22. Cesión gratuita del dominio
Art. 23. Cesión de bienes adscritos
Art. 24. Bienes propiedad de entidades autónomas
Art. 25. Cargas y gravámenes
Capítulo V. Utilización y aprovechamiento (Arts. 26 a 31)
Art. 26. Utilización de bienes afectados
Art. 27. Uso de bienes demaniales
Art. 28. Permiso de ocupación temporal
Art. 29. Obras de carácter permanente
Art. 30. Criterios de rentabilidad
Art. 31. Participación en empresas
Capítulo VI. Protección y defensa (Arts. 32 a 39)
Art. 32. Deslinde
Art. 33. Recuperación de la posesión
Art. 34. Urbanización
Art. 35. Adscripción en favor de organismos autónomos
Art. 36. Contrato de seguro
Art. 37. Inventario General
Art. 38. Inscripción registral
Art. 39. Extinción de derechos
Capítulo VII. Responsabilidades y sanciones (Arts. 40 a 42)
Art. 40. Obligación de custodia y conservación
Art. 41. Infracciones administrativas
Art. 42. Hechos delictivos
Decreto legislativo 15/1994, de 26 de julio, por el que se adecua la Ley 11/1981, de 7 de diciembre de Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, a la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Ley 9/1997, de 23 de junio, sobre la participación de la Generalidad de Cataluña, en sociedades mercantiles y civiles y de modificación de las leyes 11/1981, 10/1982 Y 411985.
Por tanto, en ejercicio de la mencionada delegación, de acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión Jurídica Asesora, y de acuerdo con el Gobierno, decreto:
Artículo único.—Se aprueba el Texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña que se publica acto seguido.
Artículo 1.—El patrimonio de la Generalidad de Cataluña está constituido de todos los bienes y derechos que le pertenecen por cualquier título.
Artículo 2.—Los bienes de la Generalidad de Cataluña se clasifican en bienes de dominio público o demaniales y en bienes de dominio privado o patrimoniales.
Artículo 3.—1. Son bienes de dominio público de la Generalidad de Cataluña los afectados al uso general o a los servicios públicos propios de la Generalidad y aquellos que una ley así lo declare.
3. No son bienes de dominio público de la Generalidad de Cataluña aquellos bienes que siendo de dominio público, no son afectados al uso general o a los servicios públicos propios del ejercicio de las competencias de la Generalidad o la titularidad de los cuales no le corresponde.
Artículo 4.—Integran los bienes patrimoniales de la Generalidad:
Artículo 5.—1. El patrimonio de la Generalidad de Cataluña se rige por la presente Ley, por los reglamentos que lo apliquen y lo desarrollen y, a falta de éstos, por las normas del derecho privado civil o mercantil y por el derecho público.
Artículo 6.—El ejercicio de las funciones dominicales sobre el patrimonio de la Generalidad que esta Ley no atribuye al Parlamento o al Gobierno corresponde al Departamento de Economía y Finanzas, sin perjuicio de las funciones y las responsabilidades de otros departamentos con respecto a los bienes de dominio público que les sean adscritos, con las excepciones previstas en esta Ley.
Artículo 7.— 1. La desafectación de los bienes de dominio público de la Generalidad corresponde a la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio. Previamente, sin embargo, la unidad directiva competente en materia de patrimonio debe instruir un expediente que acredite que no es necesaria la afectación al uso general o a los servicios públicos.
VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 2003 A 31 DE DICIEMBRE DE 2009.
Artículo 7.—1. La desafectación de los bienes de dominio público de la Generalidad de Cataluña corresponde al Departamento de Economía y Finanzas, si su valor según tasación pericial no excede seis millones diez mil ciento veintiún euros con Cuatro céntimos y al Gobierno de la Generalidad de Cataluña, a propuesta del Departamento de Economía y Finanzas, si pasa de esta cantidad. En ambos casos es previa la instrucción del expediente por el Departamento de Economía y Finanzas, donde se ha de acreditar que no es necesaria la afectación al uso general o a los servicios públicos.
Artículo 8.— 1. Los bienes patrimoniales de la Generalidad recibirán la condición de bienes de dominio público:
2. llenen también la condición de bienes de dominio público, sin necesidad de ningún acto formal, los bienes destinados al uso general o al servicio público que adquiera la Generalidad en virtud de la usucapión.
— REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 2003 A 31 DE DICIEMBRE DE 2009.
Artículo 8.—1. Los bienes patrimoniales de la Generalidad recibirán la condición de bienes de dominio público:
Artículo 9.—1. Los bienes adquiridos por la Generalidad mediante expropiación forzosa se entienden afectados a los fines determinados de su declaración de utilidad pública o de interés social.
Artículo 10.— 1. Los organismos autónomos y las empresas públicas de la Generalidad de Cataluña y las sociedades de capital público en que la Generalidad de Cataluña tiene participación mayoritaria pueden solicitar al Departamento de Economía y Finanzas, mediante el departamento del que dependan o al cual estén vinculados, y para el cumplimiento de sus fines, la adscripción de bienes inmuebles patrimoniales de la Generalidad de Cataluña.
VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 2003 A 29 DE JULIO DE 2011.
Artículo 10.—1. Los organismos autónomos y las empresas públicas de la Generalidad de Cataluña y las sociedades de capital público en que la Generalidad de Cataluña tiene participación mayoritaria pueden solicitar al Departamento de Economía y Finanzas, mediante el departamento del que dependan o al cual estén vinculados, y para el cumplimiento de sus fines, la adscripción de bienes inmuebles patrimoniales de la Generalidad de Cataluña.
Artículo 11.—La Generalidad de Cataluña tiene plena capacidad para adquirir bienes y derechos por los medios establecidos por las leyes, incluso por transferencia del Estado o de las entidades locales, y para poseerlos así como para ejercitar las acciones y los recursos procedentes en defensa de sus derechos.
Artículo 12.—1. Las adquisiciones de inmuebles y de derechos reales a título de donación de particulares o a título de cesión gratuita de administraciones públicas a favor de la Generalidad deben aceptarse por un acuerdo del Gobierno, a propuesta conjunta del departamento interesado en la aceptación de la donación o cesión y del Departamento de Economía y Finanzas. Una vez formalizada en documento público o documento administrativo la aceptación, deben publicars los detalles de la adquisición lucrativa en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña. En caso de que el inmueble o el derecho real tenga cargas, el valor global de estas no puede exceder en ningún caso el 50% del valor del bien o del derecho a adquirir. En el caso de que la persona donante o cedente imponga condiciones, el valor global de éstas no puede exceder en ningún caso el valor del bien o del derecho a adquirir. En ambos casos, el valor de las cargas, de las condiciones y de los bienes o derechos a ceder se determina por tasación pericial. Los gastos derivados de los condicionantes que impone la persona donante o cedente no se considerarán gravámenes a tal efcto ni se computan si implican una inversión en el inmueble para destinarlo a utilidad o servicios públicos de la competencia de la Generalidad de Cataluña.
2. Las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o de derechos reales sobre estos bienes deben formalizarse en un documento administrativo, que es título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando el cedente sea otra administración pública, organismo o entidad vinculada.
Este apartado 2 ha sido redactado por la Ley 5/2007, de 4 de julio (BOE de 3 de agosto), de medidas fiscales y financieras.
3. La aceptación de bienes muebles y dinero, ofrecidos por personas físicas o jurídicas, corresponde a la persona titular del departamento al que se hayan ofrecido, que debe destinarlos a lo que determina el ofrecimiento o la donación. Este departamento debe publicar los detalles de la adquisición lucrativa en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Este artículo 12 ha sido redactado, salvo la excepción hecha, por la Ley 21/2005, de 29 de diciembre (BOE de 8 de febrero de 2006), de medidas financieras.
Artículo 13.— 1. Las adquisiciones de bienes a título oneroso exigen el cumplimiento de las reglas de publicidad y de concurrencia previstas por la legislación reguladora de la contratación administrativa. Cuándo la adquisición se realice en el marco del procedimiento de expropiación se observarán las normas especificas de éste.
Este apartado 5 ha sido añadido por la Ley 7/2004, de 16 de julio (BOE de 29 de septiembre), de medidas fiscales y administrativas.
Este apartado 6 ha sido incorporado por la Ley 5/2007, de 4 de julio (BOE de 3 de agosto), de medidas fiscales y financieras.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 5/2007, DE 4 DE JULIO (BOE DE 3 DE AGOSTO). INSERCIÓN DEL APARTADO 6.
VIGENTE DE 10 DE OCTUBRE DE 2007 A 29 DE JULIO DE 2001.
Artículo 13.—1. Las adquisiciones de bienes a título oneroso exigen el cumplimiento de las reglas de publicidad y de concurrencia previstas por la legislación reguladora de la contratación administrativa. Cuándo la adquisición se realice en el marco del procedimiento de expropiación se observarán las normas especificas de éste.
Artículo 14.— 1. Los arrendamientos de bienes inmuebles necesarios para las finalidades de la Generalidad han de ser concertados por el Departamento de Economía y Finanzas mediante concurso público, salvo los supuestos que éste acuerde la contratación directa en los casos señalados en el artículo 13.2.
3. Los arrendamientos de inmuebles mediante contratos de arrendamiento financiero inmobiliario corresponden autorizarlos al Gobierno y se ha de dar cuenta al Parlamento de las adquisiciones hechas de acuerdo con estos arrendamientos. Así mismo, corresponde al Gobierno la resolución voluntaria de este tipo de contratos.
VIGENTE DE 1 DE MARZO DE 2003 A 29 DE JULIO DE 2011.
Artículo 14.—1. Los arrendamientos de bienes inmuebles necesarios para las finalidades de la Generalidad han de ser concertados por el Departamento de Economía y Finanzas mediante concurso público, salvo los supuestos que éste acuerde la contratación directa en los casos señalados en el artículo 13.2.
Artículo 15.— 1. Los organismos, las entidades autónomas o las empresas públicas de la Generalidad de Cataluña y las empresas en que la Generalidad participa mayoritariamente que han de adquirir por medio de cualquier título locales, inmuebles o derechos reales o han que disponer como arrendatarios, ocupantes o usuarios, por el sistema de contratación directa, han de enviar a la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, previamente a la formalización del contrato correspondiente, una copia íntegra del expediente de contratación para la emisión del informe previo, que tiene el carácter de vinculante. Dichos organismos, entidades o empresas tienen que proceder de la misma manera en cualquier contrato o documento de modificación o de sustitución total o parcial o de resolución de los antes mencionados. Un vez firmado, han de enviar a la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña una copia o una fotocopia debidamente compulsada del contrato o del documento. Este informe no es necesario respecto a las adquisiciones de bienes para las empresas públicas con la finalidad de devolverlos al tráfico jurídico privado de acuerdo con las funciones que tienen atribuidas.
— REDACIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 7/2004, DE 16 DE JULIO (BOE DE 29 DE SEPTIEMBRE). INSERCIÓN DEL APARTADO 3.
VIGENTE DE 22 DE JULIO DE 2004 A 19 DE JULIO DE 2011.
Artículo 15.—1. Los organismos, las entidades autónomas o las empresas públicas de la Generalidad de Cataluña y las empresas en que la Generalidad participa mayoritariamente que han de adquirir por medio de cualquier título locales, inmuebles o derechos reales o han que disponer como arrendatarios, ocupantes o usuarios, por el sistema de contratación directa, han de enviar a la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, previamente a la formalización del contrato correspondiente, una copia íntegra del expediente de contratación para la emisión del informe previo, que tiene el carácter de vinculante. Dichos organismos, entidades o empresas tienen que proceder de la misma manera en cualquier contrato o documento de modificación o de sustitución total o parcial o de resolución de los antes mencionados. Un vez firmado, han de enviar a la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña una copia o una fotocopia debidamente compulsada del contrato o del documento. Este informe no es necesario respecto a las adquisiciones de bienes para las empresas públicas con la finalidad de devolverlos al tráfico jurídico privado de acuerdo con las funciones que tienen atribuidas.
Artículo 16.—La adquisición a título oneroso de cuotas, partes alícuotas o títulos representativos del capital de empresas constituidas de acuerdo con el derecho civil o el mercantil se tiene que hacer por compra o por suscripción. Corresponde de acordarla al Gobierno, a propuesta del Departamento de Economía y Finanzas y si fuera el caso, del consejero o consejera competente por razón de la materia. En caso de empresas mercantiles la participación de la Generalidad en el capital de la empresa, como resultado de la adquisición, no puede ser inferior al 5% del capital.
Artículo 17.—Los bienes de dominio público de la Generalidad son inalienables; imprescriptibles e inembargables.
Artículo 18.— 1. La aprobación de los expedientes de enajenación de los bienes inmuebles no afectados al uso general o al servicio público corresponde al consejero o consejera de Economía y Finanzas si el valor del bien, según tasación pericial, es inferior a quince millones de euros, y al Gobierno, a propuesta del Departamento de Economía y Finanzas, si el valor del bien, también según tasación pericial, es igual o superior a dicha cantidad. Asimismo, corresponde al Gobierno aprobar la enajenación directa de bienes inmuebles, sea cual sea su valor, que deban seguir utilizándose temporalmente para la prestación de servicios. El acuerdo de enajenación de estos inmuebles puede autorizar la formalización de contratos de arrendamiento o el arrendamiento financiero de los inmuebles. Debe darse cuenta al Parlamento de los expedientes de enajenación de bienes inmuebles de valor superior a treinta millones de euros.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 26/2009, DE 23 DE DICIEMBRE (DOGC DEL 31). MODIFICACIÓN DE LOS APARTADOS 1 Y 3 E INSERCIÓN DEL 4.
VIGENTE DE 1 DE ENERO DE 2010 A 29 DE JULIO DE 2011.
Artículo 18.—1. La aprobación de los expedientes de enajenación de los bienes inmuebles no afectados al uso general o al servicio público corresponde al consejero o consejera de Economía y Finanzas si el valor del bien, según tasación pericial, es inferior a quince millones de euros, y al Gobierno, a propuesta del Departamento de Economía y Finanzas, si el valor del bien, también según tasación pericial, es igual o superior a dicha cantidad. Asimismo, corresponde al Gobierno aprobar la enajenación directa de bienes inmuebles, sea cual sea su valor, que deban seguir utilizándose temporalmente para la prestación de servicios. El acuerdo de enajenación de estos inmuebles puede autorizar la formalización de contratos de arrendamiento o el arrendamiento financiero de los inmuebles. Debe darse cuenta al Parlamento de los expedientes de enajenación de bienes inmuebles de valor superior a treinta millones de euros.
Las enajenaciones de bienes inmuebles pueden formalizarse en documento administrativo, que es título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando el adquiriente sea otra administración pública, organismo o entidad vinculada.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR LEY 5/2007, DE 4 DE JULIO (BOE DE 3 DE AGOSTO). ADICIÓN DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL APARTADO 2.
Artículo 18.—1. La aprobación de los expedientes de enajenación de los bienes inmuebles no afectados al uso general o al servicio público corresponde al consejero o consejera de Economía y Finanzas si el valor del bien, según tasación pericial, es inferior a 6.010.121,04 euros, y al Gobierno, a propuesta del Departamento de Economía y Finanzas, si el valor del bien, también según tasación pericial, es igual o superior a dicha cifra.
Debe darse cuenta al Parlamento de los expedientes de enajenación de bienes inmuebles de valor superior al 12.020.242,09 euros.
3. Para concurrir a las subastas, los licitadores han de constituir, antes del inicio de la subasta, una garantía equivalente a125% de la cantidad fijada como tipo de licitación, en la Caja General de Depósitos de la Generalidad, a disposición del consejero o consejera de Economía y Finanzas. Igualmente en el supuesto de enajenación directa, antes de la aprobación de la enajenación, el interesado ha de haber depositado en concepto de garantía, en la Caja General de Depósitos de la Generalidad, a disposición del consejero o consejera de Economía y Finanzas, el 25% del precio de venta determinado por tasación pericial. Si, por causa o causas imputables al interesado, no se llegara a formalizar la enajenación, el depósito constituido se aplica al Tesoro de la Generalidad en concepto de penalidad. Los depósitos se pueden constituir en cualquiera de las formas establecidas reglamentariamente. Si los depósitos se constituyen en metálico, en el caso de formalizarse la enajenación, estos tendrán la consideración de la cantidad entregada a cuenta del precio a satisfacer por el adquirente. Las enajenaciones de bienes procedentes de herencias intestadas se rigen por su normativa específica.
Artículo 19.—Los inmuebles de la Generalidad de Cataluña declarados enajenables en la forma establecida en el artículo anterior podrán ser permutados por otros, previa acción pericial, siempre que de ésta resulte que la diferencia del valor entre los bienes que se trata de permutar no sea superior al cincuenta por ciento del que tenga un valor más alto.
Artículo 20.— 1. Corresponde al titular del departamento competente en materia de patrimonio acordar la enajenación de los bienes muebles. La resolución que acuerde la enajenación implica la desafectación de los bienes.
2. No obstante lo que establece el artículo 18.3 cuando la enajenación directa de bienes muebles sea procedente no se requiere la constitución de ninguna garantía.
Este apartado 3 ha sido redactado por la Ley 7/2004, de 16 de julio (BOE de 29 de septiembre), de medidas fiscales y administrativas.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR LEY 7/2004, DE 16 DE JULIO (BOE DE 29 DE SEPTIEMBRE). MODIFICACIÓN DEL APARTADO 3.
Artículo 20.—1. La enajenación de bienes muebles se ha de hacer mediante subasta pública pero el Departamento de Economía y Finanzas puede acordar la dispensa del trámite en los supuestos del artículo 13.2. Cuando se tratará de obras de arte o de objetos de interés histórico, arqueológico o artístico, la aprobación corresponderá al Gobierno de la Generalidad; sin embargo corresponderá al Parlamento de Cataluña mediante ley si el valor, según tasación pericial, excediera de trescientos mil quinientos seis euros con cinco céntimos. El acuerdo de enajenación implicará en todos los casos la des afectación de los bienes.
Artículo 21.—Por la enajenación de títulos representativos de capital en empresas mercantiles, es preciso atenerse a lo dispuesto por el Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana.
Este artículo 21 ha sido redactado por la Ley 7/2004, de 16 de julio (BOE de 29 de septiembre), de medidas fiscales y administrativas.
Artículo 22.—1. Mediante acuerdo, el Gobierno, a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio, puede ceder gratuitamente el dominio de bienes inmuebles patrimoniales de la Generalidad a favor de otras administraciones o instituciones públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro que deban utilizarlos para finalidades de utilidad pública o de interés social.
4. El derecho de reversión al que se refiere el apartado 3 produce plenos efectos en el mismo momento que se acredite, mediante acta notarial notificada en forma, que los bienes cedidos no se destinan a las finalidades previstas. El derecho de reversión recae sobre los bienes propiamente cedidos, y también sobre las construcciones, las instalaciones y las mejoras con todas sus pertenencias y accesiones existentes en dichos bienes, sin que el ente cesionario tenga ningún derecho a ser indemnizado, sin perjuicio del derecho de la Generalidad de recibir, habiendo hecho la tasación pericial, el valor de 1os daños y del detrimento causado en los bienes que son objeto de reversión.
5. La resolución de cesión de uso o la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya del acuerdo de cesión del dominio lleva implícita la desafectación de los bienes objeto de cesión sin ningún otro requisito.
Este apartado 6 ha sido redactado por la Ley 5/2007, de 4 de julio (BOE de 3 de agosto), de medidas fiscales y financieras.
Artículo 23.—1. La cesión de bienes adscritos a funciones o servicios que se traspasen o deleguen a las corporaciones locales se ha de hacer en las condiciones que establezca la correspondiente Ley de transferencia o delegación, que podrá prever la reversión de los bienes cedidos en caso de no ser necesarios para la prestación del servicio.
Artículo 24.—Los bienes propiedad de las entidades autónomas de carácter administrativo de la Generalidad que no sean necesarios para el cumplimiento de sus fines se han de incorporar al patrimonio de la Generalidad.
No obstante, estas entidades pueden enajenar los bienes adquiridos por ellas mismas con la finalidad de devolverlos al tráfico jurídico privado, de acuerdo con las funciones que tienen atribuidas; así como aquellos que se constituyen como inversión de las reservas que tengan legalmente constituidas.
Artículo 25.—1. No pueden gravarse los bienes o derechos del patrimonio de la Generalidad si no es con los requisitos exigidos para su enajenación.
Este apartado 1 ha sido redactado por la Ley 7/2004, de 16 de julio (BOE de 29 de septiembre), de medidas fiscales y administrativas.
Artículo 26.— 1. En la utilización de los bienes afectados a los servicios públicos se han de observar las reglas propias de éstos, así como las instrucciones dictadas por las autoridades responsables de su funcionamiento.
Artículo 26.—En la utilización de los bienes afectados a los servicios públicos se han de observar las reglas propias de éstos, así como las instrucciones dictadas por las autoridades responsables de su funcionamiento.
Artículo 27.—El uso de los bienes de dominio público hecho por personas o entidades determinadas, de forma que no impida el de otros, si concurren circunstancias singulares de peligrosidad, de intensidad de uso u otros parecidos, se ha de sujetar a licencia para garantizar la continuidad del uso común.
Artículo 28.—1. El uso de bienes inmuebles de dominio público hecho por personas o entidades determinadas que implique la limitación o la exclusión de otras exige el otorgamiento de un permiso de ocupación temporal por parte de la persona titular de la secretaría general del departamento competente en materia de patrimonio, si no implica la realización de obras de carácter permanente. Este permiso puede otorgarse por un plazo máximo de tres años, que puede prorrogarse por causa debidamente justificada, si bien puede ser libremente revocado en cualquier momento por la Administración. Si los solicitantes son más de uno, deben observarse siempre las reglas de publicidad y de concurrencia. El permiso de ocupación temporal puede otorgarse gratuitamente o con contraprestación, atendiendo a la finalidad o el uso por parte del ocupante.
Artículo 29.—1. Cuando el uso de los bienes especificados en el artículo 28 requiera la ejecución de obras de carácter permanente, dicho uso debe ser otorgado mediante concesión administrativa. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público corresponde a la persona titular del departamento competente en materia patrimonial, y debe efectuarse bajo el régimen de concurrencia, si bien puede acordarse el otorgamiento directo en los supuestos a los que se refiere el artículo 18.5 o si se dan circunstancias especiales debidamente justificadas.
Artículo 30.—1. Los bienes patrimoniales de la Generalidad que no interese enajenar deben explotarse de acuerdo con el criterio de mayor rentabilidad, en las condiciones usuales de la práctica civil o mercantil.
Artículo 31.—1. Corresponde al Departamento de Economía y Finanzas el ejercicio de los derechos inherentes a la participación en organismos, instituciones, entidades y empresas que utilizan bienes y derechos de la Generalidad de Cataluña.
Artículo 32.—1. La Generalidad de Cataluña tiene la facultad de promover y de ejecutar el deslinde entre los bienes que le pertenecen y los de otro los límites de los cuales sean imprecisos o cuando fuesen apreciados indicios de usurpación, mediante procedimientos administrativos y escuchados los interesados.
Artículo 33.—1. La Generalidad de Cataluña puede recuperar por ella misma, en cualquier momento, la posesión de sus bienes de dominio público.
Artículo 34.—Cualquier departamento que tiene asignado un inmueble que, total o parcialmente, esté inmerso en un planeamiento a desarrollar, en un sistema de gestión pendiente de actuación o en un proyecto de urbanización pendiente de redacción, tramitación o ejecución, que no ha sido promovido por el mismo Departamento que tiene asignado el bien, ha de ponerlo en conocimiento del Departamento de Economía y Finanzas, al cual corresponde la adopción de las medidas procedentes en defensa de los derechos y los intereses de la Generalidad de Cataluña.
Artículo 35.—1.La adscripción o la cesión del derecho de uso de un inmueble propiedad de la Generalidad de Cataluña a favor de un organismo autónomo, de una empresa pública, de una entidad gestora de la Seguridad Social o de cualquier otro ente comporta la asunción por éstos del pago de las primas de seguro, correspondientes a los contratos de seguro del continente del bien cedido y de la responsabilidad civil derivada del inmueble, que se devenguen desde la fecha de la cesión o la adscripción hasta que finalicen.
Este apartado 2 ha sido añadido por la Ley 7/2004, de 16 de julio (BOE de 29 de septiembre), de medidas fiscales y administrativas.
Artículo 36.—1. Las entidades o los organismos que dependen de la Administración de la Generalidad y aquellas que, sea cual sea su forma jurídica, tengan participación mayoritaria de la Generalidad, cuando contraten servicios de seguros, deben solicitar, previamente a la licitación pública o invitación a personas candidatas, el informe técnico de la dirección general competente en materia de patrimonio. El informe, que tiene carácter preceptivo, debe analizar las condiciones económicas y técnicas que regulan la contratación y su adecuación a la normativa sectorial y a la gerencia de riesgos de la Generalidad.
5. Todas las comunicaciones entre los órganos pueden realizarse por medios electrónicos.»
Artículo 37.—1. El Departamento de Economía y Finanzas debe llevar el inventario general del patrimonio de la Generalidad, que debe comprender los bienes inmuebles de dominio público y patrimoniales, los bienes muebles así como los derechos sobre bienes inmuebles y muebles, los derechos inmateriales de la propiedad industrial e intelectual y los títulos valores, tanto si son de propiedad de la Generalidad como si son de propiedad de organismos autónomos o pertenecen a entes públicos o empresas públicas.
Artículo 38.—1. Para la inscripción de los bienes y derechos de la Generalidad en el Registro de la Propiedad se ha de aplicar el régimen establecido en la Ley Hipotecaria y en el de su Reglamento para los bienes y derechos del Estado.
2. Una vez adquiridos los inmuebles, por cualquiera de los procedimientos indicados en la presente Ley, la Dirección General del Patrimonio, que tiene la representación de la Generalidad, procederá al asignarlos al Departamento interesado, caso qué el expediente de adquisición no llevara implícita la asignación, a inventariar los bienes o derechos adquiridos y a inscribirlos en el registro de la propiedad, cuando procediera.
Artículo 39.—La extinción de los derechos constituidos sobre los bienes de dominio público en virtud de permiso, autorización o concesión o cualquier otro título y de las situaciones posesorias a qué hubiera podido dar lugar se ha de efectuar por vía administrativa, previa instrucción de expediente y escuchado el interesado, y con indemnización según sea en derecho.
Artículo 40.—Cualquier persona natural o jurídica que tiene a su cargo la gestión de los bienes o de los derechos a los que se refiere esta Ley está obligada a tener cuidado de su custodia, conservación y explotación racional, y tiene que responder delante la Generalidad de los daños y los perjuicios ocurridos por su pérdida o detrimento, cuando concurran fraude o negligencia.
Artículo 41.— 1. Los particulares, ya sean personas físicas o jurídicas que por fraude, negligencia o al título de simple inobservancia causen daños en el dominio público de la Generalidad, o la usurpen de la manera que sea, estarán obligados a reparar el daño y a restituir el que han sustraído y serán responsables de la comisión de hechos constitutivos de infracción administrativa.
Artículo 41.—1. Los particulares, ya sean personas físicas o jurídicas que por fraude, negligencia o al título de simple inobservancia causen daños en el dominio público de la Generalidad, o la usurpen de la manera que sea, estarán obligados a reparar el daño y a restituir el que han sustraído y serán responsables de la comisión de hechos constitutivos de infracción administrativa.
Artículo 42.—Cuando los hechos a que se refiere el artículo anterior pudieran constituir delito o falta, la Generalidad lo pondrá en conocimiento de la jurisdicción penal y se dejará en suspenso la resolución definitiva de los procedimientos administrativos hasta que esta no se haya pronunciado.