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Timestamp: 2020-04-06 03:29:37
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 23', 'artículo 47', 'artículo 49', 'Artículo 122', 'artículo 1', 'artículo 93', 'artículo 13']

Ficha Jurisprudencial Sentencia T-988 de 2007 - El derecho al aborto en Colombia
Ficha Jurisprudencial Sentencia T-988 de...»
AA a nombre propio y de su hija BB[1].
[1] Se protege su derecho fundamental a la intimidad y por ello, durante el trámite de revisión se suprimió toda referencia que pueda conducir a la identificación de las accionantes y se ordenó que la Secretaría de esta Corporación y de los jueces de instancia guardaran estricta reserva en este proceso.
Derecho a la dignidad humana (artículo 1º constitucional); a la vida (artículo 11 superior); a la intimidad (artículo 15 de la Constitución Nacional); de petición (artículo 23 constitucional); a la protección que le otorga el ordenamiento constitucional a las personas con diversidad funcional (discapacitadas) (artículo 47 superior); a la salud (artículo 49 de la Constitución Nacional).
SALUDCOOP E. P. S.
Procedencia cuando embarazo es resultado de acceso carnal violento, no consentido o abusivo. Decreto 444 de 2006. Discapacidad como criterio de protección reforzada. Vulneración a la integridad física y moral.
Corte Constitucional. Sentencia T-988 de 2007. Expediente T-1508837. Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil siete (2007). Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.
BB es madre biológica de AA, mujer de 24 años de edad a la que se le diagnosticó Retardo Psicomotor Severo e Hipotiroidismo a los 20 meses de edad, y posteriormente, Cuadriparesia Espastica, Encefalopatía Hipoxico Isquemica, Hipotonía Trocular, Epilepsia Parcial Versiva a la izquierda, Mioclonia, entre otras patologías, a los 14 años de edad. Estas limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales mantienen a la joven inmovilizada en silla de ruedas y la obligan a tomar medicamentos de modo permanente para contrarrestar las convulsiones que sufre a diario.
BB encontraba afiliada a la EPS SALUDCOOP como cotizante y AA como beneficiaria de su madre.
Al presentarse distintas alteraciones en AA, en septiembre de 2006, el médico WW ordenó la práctica de una ecografía pélvica cuyo resultado confirmó su estado de embarazo de aproximadamente nueve (9) semanas.
Inmediatamente, BB presentó denuncia penal con el propósito que “se iniciara la investigación dirigida a establecer la presunta responsabilidad, que hasta la fecha y por las condiciones de la joven [era] fácilmente deducible, se trata[ba] de un acceso carnal violento contra persona incapaz de resistir, cometido al parecer por un hijo de crianza”.
El Informe Técnico Médico Legal Sexológico realizado a la joven AA por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Dirección Regional Oriente Seccional Meta, determinó: “Mujer adulta con parálisis cerebral, cuadrapléjica quien se moviliza en silla de ruedas, presenta himen desflorado antiguo y útero aumentado de tamaño compatible con embarazo de 9 semanas aproximadamente.”
Con lo anterior, en septiembre de 2006, BB elevó petición ante SALUDCOOP EPS con el fin que se le brindara atención integral a AA y se le practicara en forma inmediata “el procedimiento quirúrgico necesario para la interrupción del embarazo, con el conocimiento que ellos tienen de las especialísimas condiciones físicas y mentales de [su] hija, de la forma aberrante como se produjo el embarazo y de las disposiciones reiteradas por medios masivos de comunicación de carácter legal y jurisprudencial que en esta materia ha proferido el Congreso (sic) y la honorable Corte Constitucional”.
SALUDCOOP EPS se negó a practicar el procedimiento de IVE argumentando que no se había anexado a la solicitud de IVE (i) certificación de la existencia de denuncia ante las autoridades del presunto acceso carnal violento; (ii) certificación o constancia de proceso de interdicción por incapacidad, en el que se le otorgue a la madre la representación legal de BB, quien actualmente cuenta con 24 años de edad; (iii) VALORACIÓN PSICOLÓGICA QUE DETERMINE LA AUSENCIA DE VOLUNTAD EN LA PACIENTE. (Mayúsculas utilizadas por la entidad demandada).
Ante la negación de la EPS, BB interpuso acción de tutela en nombre de su hija AA solicitando dictar una medida provisional para que se ordenara practicar el aborto en el menor tiempo posible.
Primera instancia: el Juzgado Segundo de Menores de Villavicencio Meta, se declaró incompetente para conocer de la tutela impetrada por temas de competencia. El Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio Meta, quien asumió el conocimiento del caso y actuó en primera instancia, solicitó a los médicos del Hospital Departamental de Villavicencio una inspección a la víctima AA para que conceptuaran frente a la invalidez y la incapacidad mental y demás circunstancias indispensables para la toma de la decisión.
El 26 de septiembre de 2006, el Juzgado decidió no conceder la protección solicitada al considerar que si bien la EPS dilató “de manera innecesaria” la solicitud de IVE, esto hizo que para ese momento AA superara la semana 15 de gestación y que, con base en el informe médico del Hospital Departamental de Villavidencio, la práctica de un aborto para esa edad gestacional generaba un peligro inminente para la vida de AA. Estimó, que no podía “ordenar el procedimiento quirúrgico apoyado en la sentencia C-355 de 2006 porque esta hace énfasis en la despenalización del aborto en casos excepcionales, pero no cuando la vida de la materna (sic) se encuentra en riesgo si éste se practica, debiendo propender por salvaguardar la vida, más aún que en el caso presente no está de por medio la voluntad de la paciente, sino de su señora madre”.
BB impugnó el fallo de primera instancia.Segunda instancia: El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia. La Juez acogió el argumento según el cual el embarazo se encontraba avanzado y de practicarse el aborto se ponía en riesgo la vida de AA. Así mismo, la Juez hizo caso omiso de lo establecido por la Corte Constitucional en la parte motiva y resolutiva de la sentencia C-355 de 2006 y citó, en extenso, fallos anteriores de la Corte Constitucional sin dar cuenta del origen de los apartes citados, concluyendo: “el Artículo 122 [del Código Penal] acusado es incontrovertiblemente Constitucional, por sancionar las más violatoria de las conductas contra el Derecho natural a la Vida Humana, cual es la de provocar la muerte.”. No obstante, basada en tales consideraciones, resolvió confirmar, en todos sus extremos, lo resuelto por la juez de primera instancia.
En febrero de 2007 el Magistrado Sustanciador de la Corte Constitucional consideró necesario oficiar a SALUDCOOP E. P. S. a fin de que esta entidad ordenara la valoración de AA por parte de un especialista en ginecología y, se diera respuesta a las siguientes cuestiones: “(1) el estado actual de salud de BB; (2) el tiempo de gestación de BB; (3) si el estado actual de salud de BB permite proseguir con el embarazo sin riesgos para su salud y su vida; (4) si el estado actual de salud de la gestante permite llevar a término el embarazo o es necesario practicar una cesárea de manera anticipada; (5) si la criatura en gestación presenta un normal desarrollo.”
SALUDCOOP E. P. S. respondió a la Corte Constitucional así: “sostuvimos conversación con la señora AA, quien afirmó ser la madre de la representada y quien indicó que no sería permitida ninguna valoración por parte del personal médico de SaludCoop EPS. (…)”.
Por medio de comunicación telefónica con BB, el día 12 de febrero de 2006, el Despacho del Magistrado Sustanciador pudo constatar que la joven ya no se encontraba en estado de gestación y que tampoco había dado a luz. La actora solicitó que, “en vista de las circunstancias del caso concreto y de lo perturbadora que había resultado la situación para la joven”, no se continuara con los trámites de tutela por cuanto éstos carecían ya de objeto.
No obstante lo anterior, la Corte Constitucional decidió pronunciarse de fondo en el presente caso.
¿Desconoce una Entidad Promotora de Salud los derechos al amparo especial que le confiere el ordenamiento constitucional a las personas discapacitadas (artículos 47, 13 C. N.) así como la protección de la dignidad humana (artículo 1º de la C. N.), cuando se niega a practicar de manera pronta y urgente una cirugía tendiente a interrumpir el embarazo de una joven cuya discapacidad es un hecho notorio – en este caso, limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales que le impiden manifestar su consentimiento de manera libre y directa – quien fue víctima de abuso carnal sin consentimiento y abusivo?
Los argumentos generales de la sentencia C-355 de 2006 y que se relacionan con la ratio decidenci o razón para decidir de esa sentencia, son:
No existe valor, principio o derecho absoluto. Cada uno de estos, debe poder ponderarse con otros valores, principios o derechos que también merecen protección constitucional.
Existe una distinción en la vida como valor y la vida como derecho. La protección general de la vida abarca la vida del nasciturus como valor, pero esta protección no es igual a la que se le otorga al ser humano, quien es titular del derecho a la vida. El legislador puede acudir al derecho penal para proteger el valor de la vida del naciturus.
De cualquier forma, la protección del valor de la vida del naciturus tiene límites constitucionales: tratados derechos humanos (art. 93 CP) que reconocen los derechos de la mujer gestante.
Otro límite al legislador está en la dignidad, la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud integral –física y mental-, y a la vida de la mujer gestante, entre otros derechos fundamentale
Utilizar el derecho penal para proteger de manera absoluta el valor de la vida del naciturus en los casos despenalizados, es una intromisión del Estado desmesurada que atenta contra el principio de proporcionalidad y razonabilidad y desconoce los derechos humanos de las mujeres.
“5.- A partir de la lectura de la sentencia, es factible distinguir la ratio dicidendi, esto es, aquellos argumentos utilizados por la Corte Constitucional para fundamentar la sentencia que se relacionan de manera inescindible con la parte resolutiva de la misma y que configuran, precisamente, el decisum de la providencia. A continuación, se hará alusión a algunos de los elementos más relevantes del decisum:
Ninguno de los valores, principios o derechos constitucionales fundamentales se garantiza en el ordenamiento jurídico constitucional colombiano de manera absoluta, pues estos deben poder dar lugar a la ponderación frente a otros valores, principios y derechos cuya protección también resulta relevante desde el punto de vista constitucional.
El ordenamiento constitucional colombiano le confiere protección al valor de la vida y al derecho a la vida, pero esta protección no tiene igual extensión. Existe una protección general de la vida que engloba el valor de la vida del nasciturus. De ahí que la ley pueda diseñar los mecanismos para protegerla de la manera más óptima posible. Puede, incluso, el legislador acudir al derecho penal para esos efectos.
La anterior posibilidad, no obstante, debe surtirse bajo las fronteras que traza la Constitución misma – reforzados estos límites con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 superior, esto es, por las garantías consignadas en un conjunto de convenios internacionales sobre derechos humanos aprobados por Colombia -. En ese orden, cualquier medida orientada a proteger el valor de la vida del nasciturus no puede significar atentar contra los derechos de la mujer gestante entre los cuales se encuentran el derecho a estar la mujer libre de toda suerte de discriminación injustificada y de violencia así como a gozar de modo pleno de sus derechos en materia de salud sexual y reproductiva.
Conferir un amparo absoluto al valor de la vida del nasciturus hasta el punto de penalizar el aborto en caso de conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, así como de incesto, o cuando está en peligro la vida y la salud integral de la mujer gestante, equivale a permitir una intromisión estatal de magnitud desmesurada que se aparta por entero del mandato de proporcionalidad y razonabilidad, como han sido desarrollados estos principios por la jurisprudencia constitucional y desconoce las garantías que se desprenden a partir de la protección que se le confiere a los derechos de la mujer en el ámbito internacional de los derechos humanos”.
Para la procedencia de la IVE cuando el embarazo es resultado de acceso carnal violento, no consentido o abusivo, sólo se requiere que el hecho punible haya sido denunciado ante las autoridades competentes.
Evidencia forense de penetración sexual.
Pruebas que avalen que la relación sexual fue involuntaria o abusiva.
Que la violación se haya confirmado por el juez.
Que quien reciba la denuncia esté convencido de que la mujer fue víctima de violación.
Exigir permiso o autorización de pareja o padres.
“En relación con este tópico, manifestó la Corte con toda nitidez, que en aquellos eventos en los cuales el embarazo surgía a partir de una conducta “constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, así como de incesto,” se exigía como único requisito para practicar el aborto inducido que el hecho punible “haya sido debidamente denunciado ante las autoridades competentes.” De inmediato, subrayó la Corporación cómo cualquier regulación legal en tal sentido no debía significar la imposición de cargas desproporcionadas para la mujer gestante y brindó algunos ejemplos. Dijo la Corporación en relación con lo anterior, que en caso de violación no se podía exigir ni “evidencia forense de penetración sexual” ni tampoco “pruebas que avalen que la relación sexual fue involuntaria o abusiva.” “Acentúo, de otra parte, que resultaba inadmisible “requerir que la violación se confir[mara] a satisfacción del juez” o que se exigiera como requisito para practicar el aborto inducido que el oficial de policía ante quien se instaura la denuncia estuviese “convencido de que la mujer fue víctima de una violación.” Enfatizó, del mismo modo, que no se podía “exigir que la mujer deb[a]previamente obtener permiso, autorización, o notificación, bien del marido o de los padres.” Subrayó, por demás, que los anteriores supuestos los presentaba a manera de ilustración y por tanto no constituían las únicas hipótesis “en la cuales resulta[ba] claramente desproporcionada la sanción penal del aborto”.
De acuerdo con el Decreto Reglamentario 444 de 2006 -Regulación en materia de servicios de salud sexual y reproductiva- que armonizaba con la Constitución y a la ratio decidendi o razón para decidir contenida en la sentencia C-355 de 2006, se deben eliminar las barreras que impiden a las mujeres acceder a la IVE.
“9.- De lo expresado en líneas precedentes se sigue que, en relación con la práctica del aborto inducido en los casos que fueron despenalizados por la sentencia C-355 de 2006, el deber de las autoridades públicas – y de los particulares que actúan en esa calidad, como ocurre con las Empresas Promotoras de Salud -, consiste en remover los obstáculos que impidan a la mujer gestante acceder a los servicios de salud en condiciones de calidad y seguridad de modo que se protejan en debida forma sus derechos sexuales y reproductivos. Las autoridades públicas y los particulares que obran en esa calidad no sólo están obligados a evitar actuaciones discriminatorias sino a promover las condiciones para que sea factible respetar los derechos constitucionales fundamentales de la mujer gestante”.
A las personas discapacitadas se les confirió protección reforzada tanto en el ordenamiento constitucional como en el ámbito internacional.
Esto implica que las autoridades deben respetar de manera especial sus derechos fundamentales, procurando la eliminación de desventajas estructurales y la garantía de la igualdad material.
“Las personas discapacitadas reciben una protección reforzada que se deriva tanto del ordenamiento jurídico interno como del derecho internacional de los derechos humanos. A partir de estas garantías de protección, se desprenden un conjunto de deberes en cabeza de las autoridades públicas y de los particulares quienes en sus actuaciones han de proceder de modo que se considere de manera especial a estas personas y se les respeten sus derechos constitucionales fundamentales”. “Es factible constatar los logros que, al menos a nivel normativo, se han efectuado en el plano del derecho internacional de los derechos humanos. Algo similar sucede dentro del ordenamiento jurídico colombiano en donde se manifiesta una especial preocupación por las personas discapacitadas en general, y, en particular, cuando ellas puedan verse colocadas en circunstancias de indefensión. En tal sentido, el Estado tiene la obligación de amparar a las personas que por circunstancias relacionadas con su condición económica, física o mental puedan encontrarse en situación de debilidad manifiesta. Debe asimismo sancionar los abusos y maltratos que se cometan en contra de estas personas”.
La EPS exigió cargas desproporcionadas que dejaron sin protección a la joven discapacitada víctima de acceso carnal que se encontraba en situación de indefensión.
La EPS exigió (i) la existencia de sentencia de interdicción judicial y, (ii) el examen psicológico para constatar que el acceso carnal no fue consentido. Esto dilató injustificadamente la práctica del aborto y desconoció la ratio decidendi o razón para decidir de la sentencia C-355 de 2006.
“Exigir del modo en que lo hizo la E. P. S. SaludCoop en el asunto bajo examen, requisitos adicionales al denuncio – esto es, de una parte, sentencia judicial de interdicción y guarda y, de otra, prueba psicológica por medio de la cual se comprobara que el aborto no fue consentido – constituyeron requerimientos desproporcionados y, en tal medida, dicha actitud de la entidad demandada significó un desconocimiento de la ratio decidendi contenida en la sentencia C-355 de 2006 por cuanto esas exigencias representaron cargas desproporcionadas que terminaron por dejar sin protección a la joven gestante tanto más si se piensa que sus limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales la colocaban en especial situación de indefensión”.
En el caso se configuró la carencia actual de objeto por cuanto la joven ya no se encontraba en estado de gestación, cuando el caso llegó al conocimiento de la Corte Constitucional. Así, el hecho que dio origen a la tutela cesó o desapareció.
El propósito de la acción de tutela consiste en que se emita una protección cierta y efectiva.
Si el hecho cesa durante el tramite en los jueces de instancia, estos deberán fallar diciendo que existe un hecho superado, por carencia actual de objeto.
Por otro lado, aun en casos de carencia actual de objeto, cuando lo considere necesario, la Corte Constitucional se puede pronunciar de fondo como intérprete y guardiana de la Constitución.
“En varias ocasiones ha dicho la Corte Constitucional que en aquellas contingencias en las cuales los supuestos de hecho que daban lugar a la eventual amenaza de violación o violación de derechos constitucionales fundamentales han cesado, desaparecen o se superan, deja de existir objeto jurídico respecto del cual la o el juez constitucional pueda adoptar decisión alguna por cuanto el propósito de la acción de tutela consiste justamente en garantizar la protección cierta y efectiva del derecho y bajo esas circunstancias “la orden que profiera el [o la] juez, cuyo objetivo constitucional era la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente vulnerado o amenazado, carecerá de sentido, eficacia, inmediatez y justificación[1].” (…) “16.- De conformidad con lo expuesto, resulta claro que en caso de presentarse hecho superado en el proceso de Revisión que se adelanta ante la respectiva Sala de Revisión de la Corte Constitucional y el o la juez constitucional se hubiere pronunciado con antelación, no es suficiente únicamente “el advenimiento de la sustracción de materia para avalar la decisión, sino que se debe confrontar la juridicidad de la decisión frente al ordenamiento y su interpretación constitucional[2].” De esta manera, la Corte Constitucional se reserva la posibilidad de ejercer su competencia para efectos de cumplir con los fines primordiales de la unidad interpretativa que le asiste. Puede analizar la Corporación si existió o no una vulneración de los derechos constitucionales fundamentales cuya protección se solicitó y, de considerarlo preciso, es factible incluso proferir declaraciones adicionales relacionadas con la materia. Resulta asimismo posible para la Corte, modificar o revocar las decisiones bajo examen sin “importar que no se imparta orden concreta alguna[3]”.
[2] Corte Constitucional. Sentencia T-523 de 2006.
En casos anteriores que se relacionan con tutelas sobre derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad, la Corte ha establecido la necesidad de una sentencia de interdicción.
Sin embargo, dice la Corte que cada caso debe analizarse por su peculiaridad. Así:
Se debe distinguir el tipo de discapacidad: física, psíquica o sensorial.
El este caso AA presentaba parálisis cerebral y su discapacidad era un hecho notorio, por lo que no podía decirse que la víctima se encontraba en posibilidad de resistir el acto sexual.
“En ese orden, resulta imprescindible distinguir el tipo de discapacidad de que se trata en cada caso en concreto y reparar, por tanto, en la necesidad de diferenciar entre las múltiples formas de discapacidad: física, psíquica o sensorial. Si se desea garantizar ciertamente el respeto por los derechos constitucionales fundamentales de las personas discapacitadas no puede tratarse a estas personas “como si se tratara de un “grupo homogéneo” y ha de atenderse a su edad, a su nivel educacional y socioeconómico. No puede, en suma, dejarse de lado la severidad de la discapacidad en cada caso particular tanto como el momento de aparición de la misma”. (…)
La situación de la joven no es reciente pues comenzó a manifestarse cuando apenas tenía 20 meses de edad y se agudizó al cumplir los 14 años de edad – tal como consta en la historia clínica elaborada por el Instituto Roosevelt el día 19 de febrero de 1998. (Expediente a folios 10-23) -. La discapacidad de la joven era, en suma, un hecho notorio. De otro lado, la joven fue víctima de abuso carnal no consentido y abusivo y no se encontraba en posibilidad de resistir en virtud de las circunstancias de limitación física, psíquica y sensorial que caracterizan su discapacidad”.
La EPS dilató injustificadamente la práctica del aborto e impuso formalidades imposibles de cumplir, como es, una sentencia de interdicción judicial y un examen psicológico para constatar que el acto sexual no fue consentido.
Esto desconoció la ratio decidendi o razón para decidir de la sentencia C-355 de 2006 y vulneró los derechos fundamentales a la dignidad, la integridad física y moral de AA
“La Entidad Promotora de Salud dilató de manera injustificada la práctica del aborto. La Entidad Promotora de Salud SaludCoop hizo depender la interrupción del embarazo en una mujer limitada física, psíquica y sensorialmente – quien fue víctima de acceso carnal sin consentimiento y abusivo -, de formalidades imposibles de cumplir, como lo son, de una parte, la existencia de sentencia de interdicción judicial y, de otra, el examen psicológico para constatar que el acceso carnal no fue consentido. Al hacerlo, incurrió la entidad demandada en una práctica que a la luz de las circunstancias del caso concreto resulta arbitraria y desproporcionada y desconoció, además, la ratio decidendi contenida en la sentencia C-355 de 2006. En el caso analizado, la joven no solo fue víctima de violación sino que resultaba a todas luces evidente que la circunstancia del embarazo con las limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales que caracterizan su discapacidad, contribuían a empeorar su situación y a desmejorar de modo considerable su calidad de vida. Tanto a la luz del derecho constitucional como desde la óptica de la protección que se le confiere a las personas discapacitadas en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, los requerimientos alegados por la E. P. S. para practicar el aborto inducido supusieron dejar a la joven sin protección e implicaron, en tal sentido, ponerla en una situación de absoluta indefensión. La efectiva garantía de los derechos de BB exigía que el aborto inducido fuera practicado de manera inmediata dadas las condiciones particulares de su discapacidad”
Las EPS que exijan el cumplimiento de requisitos formales adicionales a la denuncia para practicar el aborto inducido en una mujer notoriamente discapacitada, la cual ha sido víctima de abuso carnal violento, sin consentimiento o abusivo, incurren en un grave desconocimiento de la protección que se deriva para las personas con discapacidad de la Constitución Nacional, así como de lo consignado en el ámbito internacional.
“31.- En este lugar acentúa la Sala lo ya afirmado en líneas precedentes: las entidades prestadoras de salud que exijan el cumplimiento de requisitos formales adicionales al denuncio para practicar el aborto inducido en una mujer notoriamente discapacitada – con limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales que imposibilitan la exteriorización libre y directa de su consentimiento – la cual ha sido víctima de abuso carnal violento, sin consentimiento o abusivo, incurren en un grave desconocimiento de la protección que se deriva para las personas con discapacidad de la Constitución Nacional así como de lo consignado en el ámbito internacional. Bajo esas circunstancias, las autoridades públicas y los particulares que obren en calidad de tales, han de interpretar las normas de modo que más favorezca a estas personas pues, de lo contrario, al dilatar en el tiempo la práctica del aborto inducido las pondrán en un absoluto estado de indefensión en contravía de lo dispuesto por el artículo 13 superior[1] así como de la jurisprudencia sentada en la sentencia C-355 de 2006”.
[1] Corte Constitucional. Sentencia T-307 de 1993:
El fallo del juez de segunda instancia desconoció el precedente constitucional y particular la sentencia C-355 de 2006.
“35.- De otro lado, estima la Sala que la sentencia emitida por la Juez Cuarta Civil del Circuito de Villavicencio debe ser revocada por cuanto desconoció el precedente constitucional y, más exactamente, la ratio decidendi contenida en la sentencia C-355 de 2006 mediante la cual la Corte Constitucional despenalizó la práctica del aborto inducido bajo ciertas circunstancias. En razón de lo expuesto, la Sala revocará la sentencia emitida por la Juez Cuarta Civil del Circuito de Villavicencio y, en su lugar, confirmará parcialmente el fallo emitido por la juez Séptima Civil Municipal de Villavicencio”.
Protección personas en situación de discapacidad: Sentencias T-884 de 2006; T-307 de 1993.
Carencia actual de objeto: Sentencias T-519 de 1992, reiterada entre otras en las sentencias T-100 de 1995; T-722 de 2003; T-201 de 2004; T-325 de 2004; T-523 de 2006.
Derechos Sexuales y Reproductivos en personas en situación de discapacidad: Sentencias T-850 de 2002; T-248 de 2003; T-492 de 2006.
Decreto 4444 de 2006 “Por el cual se reglamenta la prestación de unos servicios de salud sexual y reproductiva” del Ministerio de Salud.
Protección personas en situación de discapacidad: Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas Discapacitadas; Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades de Personas con Discapacidad; Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 5; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -PIDESC.
SEGUNDO.- REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Civil de Circuito de Villavicencio el día 4 de octubre de 2006. En su lugar, confirmar parcialmente – con base en los motivos manifestados en la presente providencia – la sentencia emitida por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio el día 26 de septiembre de 2006.