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Timestamp: 2020-07-11 12:14:12
Document Index: 369352075

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 1', 'artículo 63']

DS. Senado, Comisiones, núm. 444, de 22/04/2015
Sesión celebrada el miércoles, 22 de abril de 2015
Comparecencia del Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), D. José María Marín Quemada, ante la Comisión de Economía y Competitividad, para informar del Plan de Actuación 2015 de la CNMC. 713/001045 GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA PEL PROGRÉS DE CATALUNYA
Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia concursal (procedente del Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre). 621/000116 GOBIERNO
En primer lugar, pasamos a la aprobación del acta de la sesión celebrada el día 2 de marzo de 2015.
¿Tienen sus señorías algún reparo, sugerencia o modificación? (Denegaciones). Ninguna.
¿Se entiende, pues, aprobada por asentimiento? (Asentimiento).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día: Comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, don José María Marín Quemada, para informar del Plan de actuación de dicha comisión del año 2015, a petición del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Antes de darle la palabra, quiero agradecerle a don José María Marín su presencia en esta comisión por un doble motivo: de una parte, por atender con presteza, diligencia y la máxima voluntad de colaboración todo cuanto esta Presidencia le ha solicitado —así, esta de hoy es su segunda comparecencia en el último año, pues nos acompañó y contestó a cuantos requerimientos, preguntas y consideraciones le formulamos el pasado día 26 de junio del año 2014— y, de otra parte, por enviar a esta Presidencia con tiempo suficiente, para conocimiento general de todos los grupos parlamentarios, el Plan de actuación de 2015 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ambas cuestiones —su presencia y diligencia en acudir cuando se le requiere y que lo haga adelantando su informe para que su comparecencia pueda ser más eficiente y esclarecedora— son factores a tener en cuenta y actitudes que no pasan desapercibidas en esta Cámara.
Como bien se dice en el párrafo primero del folio 5 de dicho informe, la concreción en este plan de las actuaciones que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realizará durante 2015 incrementa la transparencia, el rigor y la predictibilidad de la autoridad, asimismo, fortalece la rendición de cuentas de esta institución ante el Parlamento. No tenga ninguna duda, señor Marín, que así es.
Sin más, tiene usted la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Marín Quemada): Gracias, presidente.
Señorías, buenos días. Como recordarán, el pasado día 26 de junio comparecí ante ustedes para presentarles el plan estratégico entonces de la CNMC. Hoy, transcurridos nueve meses, vuelvo a tener el honor de comparecer —créanlo, y lo subrayo— para, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de nuestra Ley 3/2013, que dio carta de naturaleza al nacimiento de la CNMC, presentarles nuestro primer plan de actuación y naturalmente, y de modo muy especial, para someterme a sus consideraciones y preguntas.
Dado que, como el presidente acaba de indicar, ya les he remitido el plan con antelación, les adelanto que esta va a ser una exposición más breve, brevedad que les pido interpreten como lo que es, una muestra de respeto y deseo de colaboración con quienes tienen la función de supervisar nuestra actuación, dejando, por tanto, el tiempo suficiente para las consideraciones y preguntas de sus señorías. Voy, pues, a hacer esa breve presentación del plan para, a continuación, referirme a un par de asuntos recientes, que son de enorme relevancia para nuestro trabajo y también —pienso— para el interés general. Se los adelanto: lo que se ha dado en llamar economía colaborativa y un tema de mucha actualidad, el de los mercados mayoristas de banda ancha. He elegido estas dos referencias, aunque podría haber traído a la consideración de sus señorías media docena más, como un ejemplo de la diversidad de los temas que nos ocupan en la CNMC y que sus señorías, por otra parte, conocen bien. Comentaré también, al hilo de mi exposición, algunas otras cuestiones que considero pueden ser de interés para todos ustedes.
Vuelvo a las actuaciones. El plan que hoy les presento tiene como finalidad principal fijar lo que son, lo que van a ser y lo que están siendo nuestras prioridades de actuación. Pretendo hacerlo de manera transparente y de forma que puedan ser también evaluadas ex post.
Hemos elegido un período de tiempo corto —solo un año— para poner en marcha todas estas actuaciones. Créanme si les digo que nuestra forma de ver nuestros desafíos y nuestro plan de actuación no podría ser ninguna otra. Es nuestro primer plan y, por la necesidad de acelerar el proceso de aprendizaje, por la necesidad de rodar, hasta poner en velocidad de crucero una institución que es relativamente joven, y también por incorporar retos al diario acontecer, nos parece que esta es la manera de hacer frente a esos desafíos con la diligencia que, además entendemos, debe prestar la CNMC.
Muy brevemente permítanme que antes les dé cuenta de nuestro trabajo. La actividad de este primer año, de este primer año y pico ha sido intensa. Durante el año 2014 la Sala de Supervisión Regulatoria ha resuelto bastantes temas —ahora les daré algún número— y se ha reunido 65 veces; la Sala de Competencia, 49; el consejo en Pleno lo hizo en 24 ocasiones. Esto, como les acabo de indicar, en cuanto a reuniones. El número de asuntos tratados creo que también da idea de dinamicidad de la institución. Tratamos en el Pleno 51 asuntos; 835 en la Sala de Competencia y 1842 en la Sala de Supervisión Regulatoria. Han sido, por tanto, un total de 2728 asuntos. Adicionalmente, en estos meses del año 2015 hemos sumado a estas cifras 845 asuntos más. Todo ello ha sido posible gracias al trabajo de los consejeros —algunos aquí representados— y, por supuesto, de todo el personal que presta servicios en la comisión. A todos les agradezco en este momento su intensa dedicación.
Pero más importante que el número de asuntos es, obviamente, su relevancia. Como los informes están disponibles en nuestra página web y también el desarrollo pormenorizado de los acuerdos alcanzados, no me detendré en ellos, pero sí en el plan que hoy vengo a presentarles y que ha sido elaborado a partir de las aportaciones de las cinco direcciones y del consejo. Verán ustedes que estas aportaciones se han concretado en 148 actuaciones, que se agrupan en algunas ocasiones en función de la importancia —y por sí mismas tienen un capítulo diferencial—, y en otras ocasiones en lo que hemos dado en llamar acciones estratégicas en las que se enmarcan esas actuaciones. Todas estas actuaciones deben permitirnos cumplir nuestra misión de forma eficaz, que saben ustedes es promover y defender el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los ciudadanos y de las empresas.
Paso ahora a detallar con rapidez, si ustedes me lo permiten, una selección de actuaciones y de grupos de actuaciones. Debo indicarles que, formalmente, el plan no las prioriza —nosotros internamente sí—, pero no hay duda de que no todas tienen la misma entidad ni tendrán el mismo impacto.
Señorías, antes me he referido a lo que me permito calificar como intensa actividad del consejo durante estos meses pasados. También les decía que ello ha sido gracias al trabajo de todos. De entre las actuaciones que podrían denominarse internas, me permito llamarles la atención sobre la 4.3, que es extraordinariamente crítica: «Elaborar un plan de personal de la CNMC, con especial énfasis en la búsqueda de mecanismos que garanticen una adecuada carrera profesional al personal, laboral y funcionario, de la CNMC.»
Señorías, nosotros no tenemos instalaciones industriales, no tenemos almacenes, no tenemos fábricas, nosotros lo que tenemos es talento, y es ese talento al que tenemos que dar una prioridad porque es el que condiciona la actuación de la institución, así como su calidad. Por ello, creemos que tenemos que seguir haciendo esfuerzos con las personas que trabajan en la institución. La gestión de los recursos humanos en una organización como la nuestra plantea retos, y estamos en esa línea —trabajando para plantear propuestas y encontrar soluciones que puedan encajar en la política de recursos de la Administración y adecuarse a las necesidades de la economía española—, en definitiva, de contar con una institución ágil, moderna e independiente en esta trascendental fase, por cierto, de crecimiento económico, que parece que se consolida. Dichas propuestas de atraer y retener a los mejores incluirán, con toda probabilidad, la necesidad de alguna modificación de ciertos elementos de nuestra Ley 3/2013. Cuando llegue ese momento, que no es ahora, solicitaré el apoyo de sus señorías a dichas propuestas. En cualquier caso, nos corresponde tan solo, obviamente, la función de hacer sugerencias. Es a las Cortes, donde reside la soberanía, a las que corresponderá aprobar las modificaciones normativas esenciales. Ahora, en este momento, lo único que estoy haciendo es un adelanto de esa necesidad, de esa prioridad, de esa plasmación en nuestro Plan de actuaciones para 2015, con el objetivo de fundamentar una institución bien dotada con el personal necesario.
Un buen número de otras actuaciones —no podía ser de otro modo— están relacionadas con lo que vamos a llamar nuestras funciones esenciales: la política de defensa de promoción de la competencia, la política de vigilancia de los distintos mercados para procurar la adecuada competencia en todos ellos —aquí les llamo la atención sobre la diferencia que hay entre la competencia ex ante y la competencia ex post— y naturalmente, la supervisión de los sectores regulados, que constituyen las tres misiones, el encargo fundamental que la CNMC ha recibido del legislador.
Nos ocupamos directamente del bienestar, de que se cumplan las reglas del juego, al objeto de asegurar que los mercados funcionen, de tal manera que el bienestar de la sociedad, las oportunidades y el clima inversor aumenten. Por cierto, tanto las reglas de competencias como el cumplimiento de la regulación sectorial se encuentran —les adelanto— en el núcleo del problema del crecimiento a largo plazo, al que hacía mención hace unos instantes, y, por tanto —en la CNMC entendemos—, necesariamente, en el núcleo de la solución.
Unos mercados que funcionan eficientemente al servicio de los ciudadanos y del interés general, donde las empresas compiten en precios, en innovación, en calidad, etcétera, son nuestro objetivo. Más y mejores mercados, con una adecuada supervisión que vele por el respeto a las normas de juego, redundarán en el mayor bienestar para nuestros ciudadanos. La iniciativa privada ha demostrado su enorme capacidad para generar riqueza. Pero, al mismo tiempo, surge la tentación de abusar del poder de mercado o de confabularse para fijar precios de forma más o menos explícita, lo que es, como sus señorías saben, una grave amenaza para el bienestar de los ciudadanos y del resto de las empresas.
Paso ahora a examinar otro conjunto de actuaciones. El plan que tienen ustedes a su disposición recoge un gran número de actuaciones relacionadas con la dimensión internacional de nuestras actividades. Dentro de esas actividades internacionales pueden distinguirse dos grandes bloques agrupados en las acciones estratégicas 11 y 15. La participación de expertos de la CNMC en los distintos grupos de trabajo a nivel internacional es permanente y, lo que es más importante, es natural, y forma parte de nuestro día a día. Es en esos foros internacionales donde se están estableciendo los requerimientos que van a determinar la supervisión regulatoria desde Bruselas, o la vigilancia de la competencia, o el establecimiento de las fórmulas básicas para llevar a los distintos mercados la necesaria competencia ex ante. Estar en esos foros internacionales nos permite dejar nuestro punto de vista, recoger las reflexiones ajenas e incidir en la normativa que se esté elaborando y que, naturalmente, va a acabar en forma de directiva traspuesta en las distintas leyes o normativas de nuestro país. Y, créanme, nuestro papel en esos foros internacionales es importante, y la voz de España a través de la CNMC es tenida muy en cuenta, algo que, naturalmente, nos produce enorme satisfacción. Y es tenida muy en cuenta nuevamente porque la solidez de las reflexiones que surgen de la CNMC y que se ponen a disposición de las otras agencias —reguladoras, supervisoras— o de la propia Comisión Europea es siempre bien recibida. Para la CNMC, las reuniones de esos grupos de trabajo o de foros europeos son, por tanto, una parte esencial en nuestro trabajo.
Varias actuaciones —salto a otro capítulo— están relacionadas con la imprescindible colaboración con las comunidades autónomas. Aquí tenemos como guía la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia, por ejemplo, de defensa de la competencia, lo que proporciona un marco adecuado en el que llevar a cabo dicha cooperación. En nuestra opinión, el sistema de asignación de casos en competencia funciona bien y las inevitables discrepancias se solventan con naturalidad en la junta de conflictos. En otras áreas distintas de la competencia, la cooperación también es fundamental y, aunque hasta ahora ha sido más bien informal —porque las propias comunidades autónomas están a velocidad diferente organizando sus distintas autoridades de supervisión regulatoria—, creo que debemos esforzarnos por ir más allá, en particular, por ejemplo, en el área audiovisual, en el que resultan evidentes los beneficios que para los ciudadanos pueden derivarse de una aplicación homogénea de criterios. Piensen que a nivel local hay televisiones que desde un nivel también local pueden seguirse con mucha más eficacia y eficiencia que desde Madrid. Esto lo hemos entendido y es la política que estamos llevando adelante especialmente con Cataluña y con Andalucía, que son las dos comunidades autónomas que tienen agencias propias, así como con el resto de comunidades, aunque, como les decía, en ocasiones de una manera más informal por la normativa y por la existencia o no de instituciones en esos ámbitos autonómicos.
Vuelvo a dar otro salto. Respecto a las actuaciones relacionadas con la unidad de mercado, como sus señorías conocen, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, tiene por objeto establecer, con un conjunto de disposiciones, lo necesario para hacer efectivo el principio de unidad de mercado en el territorio nacional. En esa Ley se atribuye a la CNMC la condición de punto de contacto de los operadores económicos con la Administración. También faculta a la CNMC para emitir informes y remitirlos a las autoridades competentes en el marco de los procedimientos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley y para la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional frente a actuaciones y disposiciones administrativas que se consideren contrarias a la Ley de garantía de unidad de mercado, a la libertad de establecimiento o de circulación. Saben sus señorías que esto viene recogido en el artículo 27. Por tanto, los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de garantía de unidad de mercado son los que más nos responsabilizan frente a todos ustedes, señorías, y frente a la sociedad como institución garante de determinados valores preservados por la ley.
En relación con las atribuciones de la CNMC, en virtud de dicha ley, hemos emitido 52 informes de unidad de mercado, de los cuales, 43 han sido publicados en nuestra web de forma coordinada con la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (Secum), estando pendientes de publicación —previa finalización precisamente por la secretaría del consejo y tras la valoración de sus aspectos confidenciales— los nueve informes restantes. Tras diversas peticiones de impugnación, al amparo de ese artículo 27 que les citaba a sus señorías hace un momento, cinco de ellos han dado lugar a acuerdos de impugnación, dos de los cuales han sido ya admitidos a trámite, y los tres restantes se van a interponer en los próximos días. Hemos trabajado en unos cien asuntos de diversa naturaleza sobre la unidad de mercado. Debo compartir con sus señorías que, en muchas ocasiones, cuando nos hemos puesto en contacto con la comunidad autónoma o el ayuntamiento correspondiente, ha sido suficiente nuestra ilustración sobre las responsabilidades que estaban residenciadas en la CNMC para que el asunto se resolviera sin más, dando prueba ayuntamientos o comunidades autónomas de un espíritu de colaboración, que también quiero dejar patente ante sus señorías.
Me referiré a continuación a dos actuaciones muy concretas que ya les había anunciado y en las que ahora mismo estamos trabajando. La primera es el estudio sobre la economía colaborativa que estamos llevando a cabo en la CNMC. Aquí, señorías, junto con el resto de agencias del mundo occidental, nos enfrentamos ante una situación nueva derivada, por una parte, de la digitalización de la economía tradicional y, por otra, de la propia incorporación de la economía digital a nuestro entramado económico con una fuerza y una naturalidad que estoy seguro que sus señorías comparten conmigo. Ya utilizamos internet para solicitar una reserva de hotel, para comprar un libro, para obtener unos billetes de ferrocarril o de avión en cualquier parte del mundo, o para comprar cualquier objeto, que seguro que sus señorías, con su experiencia, han tenido ocasión de realizar. Todo esto es un mercado nuevo, toda esta situación es distinta a la anterior, que, naturalmente, hay que dotarla de normas, hay que supervisarla, hay que revalorizarla con tino, con mesura, con conocimiento profundo de esas realidades, de esos mercados que son distintos, diferentes, pero que no nos son ajenos. Les decía, permítanme que insista en ello, que es un desafío para todas las agencias occidentales —en Estados Unidos o en Europa—. Para todas ellas es imprescindible una atención prioritaria a esto que es nuevo pero tan importante y tan decisivo para el futuro.
La segunda actuación es el análisis de los mercados mayoristas de banda ancha —por buscar un tema bien distinto, como les decía, al anterior—, los mercados mayoristas de banda ancha que técnicamente denominamos 3a, 3b y 4 y que antes se denominaban mercados 4 y 5. La propuesta de nuestra Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual para regular esos mercados de banda ancha busca un equilibrio muy importante para garantizar la competencia efectiva y promover la inversión en redes de acceso de nueva generación. Sin garantía a las inversiones, sin que los inversores visualicen el imprescindible retorno, las inversiones no se llevarán a cabo. Pero hay que buscar una posición ponderada entre esa defensa natural de los intereses de los inversores con la calidad y la garantía de competencia efectiva en el acceso a esos nuevos mercados —vamos a dejarlo ahí—.
No les voy a detallar la consulta pública, pero sí, si me lo permiten, quiero compartir con ustedes que, una vez recibidas y analizadas todas las alegaciones, la CNMC está trabajando intensamente en la elaboración de una propuesta definitiva.
Les comento a continuación otros dos asuntos relativamente recientes que considero importante compartir con sus señorías. En primer lugar, me parecía oportuno referirme a una muy reciente sentencia del Tribunal Supremo —de 29 de enero—, a la que han seguido otras sentencias más que citan expresamente la primera —por lo que ya existe jurisprudencia firme—, que clarifica la interpretación de algo fundamental para la política de supervisión de sanción en la CNMC, que es la interpretación de los artículos 63 y 64 de la Ley de defensa de la competencia del año 2007. A ello deberán atenerse tanto la CNMC como la Audiencia Nacional. Me refiero, como ya les he anticipado, al régimen sancionador, que es parte central y esencial de ese sistema de defensa de la competencia. Pues bien, la sentencia del Tribunal Supremo subraya la necesidad de que las conductas ilícitas contra la competencia sean a la vez proporcionales —porque deben guardar relación con la entidad de la infracción cometida— y disuasorias —porque deben tener una cuantía tal que asegure que a ninguna empresa le haya resultado beneficioso realizar esas conductas contra la competencia después de tener en cuenta la sanción recibida—.
En su sentencia, el Tribunal Supremo determina el intervalo sancionador y recalca que debe calcularse aplicando los porcentajes ya incluidos en el artículo 63 de la Ley de defensa de la competencia sobre el volumen del negocio total de la empresa. Esta es una cuestión que había quedado a lo largo de los últimos años poco clara en los tribunales, poco clara en la interpretación que daba al mismo la propia antigua Comisión Nacional de la Competencia y, posteriormente, la CNMC. Con lo cual, bienvenida sea la sentencia del Supremo que determina con nitidez cuál es el marco de referencia en el que tenemos que basar nuestra actividad sancionadora.
Les adelanto, para aquellas de sus señorías que tengan especial interés en el tema, o para aquellos que, como consecuencia del interés general, quieran tener —aprovechando mi presencia— cumplida respuesta a sus posibles dudas, que ahora y después de la sentencia del Tribunal la potestad sancionadora de la CNMC en las infracciones muy graves puede llegar a alcanzar hasta el 10 % del volumen de negocio, siendo ya indiscutible cuál es ese volumen de negocio total de la empresa. Comprenderán ustedes que esta es una responsabilidad que debemos sacar adelante con prudencia, con mesura y con proporcionalidad.
Debo adelantarles también que la capacidad disuasoria del sistema sancionador puede apoyarse —y esta es una vía que queremos potenciar— acudiendo a lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Ley de defensa de la competencia, que prevé multas de hasta 60 000 euros a los directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión prohibida; cuestión nueva que quería compartir como primicia con sus señorías.
En segundo lugar, debo referirme también a un tema distinto, que es la necesidad de impulsar la competencia en el sector de servicios profesionales, que en España genera cerca del 9 % del PIB, representando en torno al 6 % del empleo, el 30 % del empleo total y el 30 % del empleo universitario. En la CNMC entendemos que la posibilidad de que estos servicios se presten con mayor competencia es una cuestión fundamental para fomentar una oferta de servicios profesionales de calidad, variada e innovadora, así como también, al propio tiempo, para impulsar la productividad, el crecimiento de la economía española y la creación de empleo en los próximos años. La autoridad y competencia han venido realizando desde antiguo recomendaciones para la liberalización de este sector. Esta intensa actividad de promoción de la competencia, que se inició hace 20 años, ha sido relativamente fértil. Es preciso señalar que, debido a la naturaleza de algunos de estos servicios, podría existir en determinados casos una necesidad de regulación, dada su incidencia en derechos fundamentales de los ciudadanos y la existencia de fallos de mercado, que en ocasiones impiden que los mecanismos competitivos sean una garantía suficiente. No obstante, en estos casos la regulación debe justificarse en los principios de necesidad, de proporcionalidad y no discriminación, principios de regulación económica eficiente. Desafortunadamente, la normativa actual del sector de servicios profesionales sigue caracterizándose por incorporar aun algunas restricciones notables a la competencia no justificadas, en nuestro criterio, en base a dichos principios y perjudicando, por ello, el interés general.
Desde otro punto de vista, quiero ahora enfatizar durante los próximos minutos en la necesidad de reformar este sector de servicios profesionales. Es importante para impulsar la competencia en todos los mercados y sectores, máxime en estos momentos actuales y en los años inmediatamente siguientes a este. A pesar de que la economía ha comenzado ya a recuperar el crecimiento y el empleo, el impulso a la competencia contribuirá a intensificarlo y a hacerlo más duradero, más sostenible y más robusto. La competencia fomenta la innovación, aumenta esa tasa de crecimiento, aumenta la productividad, promueve el crecimiento económico y el bienestar social. Y así como a corto plazo pueden identificarse los objetivos de las agencias del mundo occidental con otros valores a los que ya he hecho referencia, a medio y largo plazo la eficaz actuación de las agencias, como la CNMC, son una garantía, y, en caso de que su buen funcionamiento no se corresponda con las expectativas y devenga en un funcionamiento incompleto, un freno en el crecimiento a medio y largo plazo. Actualmente, distintas normativas siguen restringiendo de modo injustificado la competencia en multitud de sectores económicos: desde la distribución de carburantes a la necesaria competencia entre aeropuertos, pasando por la distribución comercial, el transporte por ferrocarril, el sector eléctrico, el aprovisionamiento público, el servicio de transporte por taxi, etcétera. La lista, como pueden imaginar, es larga y la inacción es costosa en términos de bienestar.
Voy concluyendo, señorías. La CNMC lleva ya un año y medio trabajando. La fusión de las antiguas comisiones, junto con la asunción de otras funciones sobrevenidas, no ha sido una tarea fácil. En mi opinión —permítanme que lo indique así—, el balance es positivo. La actividad no se ha detenido en ningún momento gracias al intenso trabajo de todos, tanto de los consejeros como de las 520 personas que ahora mismo estamos en la CNMC. A todos los que han trabajado por sacar adelante el día a día, quiero volverles a agradecer nuevamente su esfuerzo.
El modelo de regulador integrado funciona. Tengo claro que no hay un formato perfecto, pero estoy convencido de que en su diseño actual la CNMC puede cumplir su misión, y se lo indica quien nada tuvo que ver en su diseño antes de llegar a la responsabilidad que ocupo en este momento. Si hasta hace unos meses el modelo generaba suspicacias, creo que, a día de hoy, cuenta con el imprescindible reconocimiento nacional e internacional. En Europa, cuando tengo ocasión de acudir a determinados foros, ya ni siquiera se mira con curiosidad el modelo español; ha pasado a ser un modelo —por cierto, parecido al modelo holandés o al británico— con carta de naturaleza normal, un modelo que está dando señas fehacientes de que cumple con su deber. La integración de regulación y competencia fue, sin duda, una opción innovadora que ahora se está mostrando tan buena como cualquier otra y, probablemente, si me permiten que se lo diga, según mi criterio, algo mejor que la mayoría de otras alternativas. Otra cuestión bien distinta es cómo usamos ese diseño, esa infraestructura, pero de eso somos responsables en la CNMC.
Hemos avanzado mucho en transparencia, hemos creado nuestro portal, nuestra web, publicamos nuestros informes, nuestros datos, así como una serie de información relevante y ello, señorías, por varias razones: En primer lugar, porque lo exige la ley. En segundo lugar, porque estamos convencidos de las ventajas de la transparencia, que, además —créanme—, nos ayuda a trabajar mejor. Y, en tercer lugar, porque necesitamos dar a conocer nuestra actividad; en muchas ocasiones estamos detectando que severos incumplimientos en el sector de la pequeña y mediana empresa surgen del desconocimiento.
Me he referido a la importancia de contar con una adecuada política de recursos humanos y que dicha política nos permita atraer y retener a los mejores; que el personal de la CNMC pueda contar con unas razonables expectativas, con una razonable carrera profesional; que la CNMC pueda contar con ese personal formado imprescindible y con capacidad, además, para llevar a cabo las exigentes funciones que se derivan del mandato que el legislador nos ha dado. Créanme, señorías, que considero que el logro de este objetivo es una cuestión —como les decía al principio de mi intervención y quiero subrayarlo ahora— absolutamente crucial. El 60 % de la plantilla en la CNMC es personal laboral y el 40 % personal funcionario. Por tanto, establecer las necesarias pasarelas para que unos y otros puedan alcanzar el máximo desarrollo profesional que deseen y que sus capacidades les permitan es una cuestión importante para la CNMC. Por ello, me estoy deteniendo en este punto en tantas ocasiones y durante tanto tiempo, contando con la benevolencia de sus señorías.
También sería deseable avanzar —ya ha pasado tiempo más que suficiente— en la definición de las funciones y competencias que corresponden a la CNMC completando el traspaso de algunas funciones aún pendientes con los ministerios. Por otro lado, como petición adicional les solicitaría su apoyo para que velasen por que las funciones adicionales que se fueran asignando a la CNMC, a la par que se asignan a las funciones, fueran acompañadas de los medios necesarios para sacarlas adelante, y también, en la medida en que sus señorías lo considerasen oportuno, para que frenen el no demasiado notable, pero sí notorio movimiento de cesión involuntaria de funciones, asignadas inicialmente a la CNMC, hacia los distintos ministerios. No tiene mucho sentido que sea desde Bruselas donde recuerden al Gobierno español que determinadas funciones que desde el Gobierno desean trasladar a los ministerios son patrimonio de las agencias en toda Europa. Vamos a tratar de evitar esa situación que, en cualquier caso, es ingrata para todos, empezando para la CNMC.
Señorías, vuelvo al plan de actuación. Las 148 actuaciones son un síntoma de que la institución funciona. Con rigor, con independencia y con transparencia creo que seremos capaces de ponerlas en marcha durante estos años venideros, especialmente durante este año 2015. Quizá a algunos les pueda parecer un reto excesivo. Para nosotros no lo es; es un desafío que estamos enfrentando con la naturalidad de una nueva institución que, entre todas sus armas, incluye la ilusión. Para promover y defender el buen funcionamiento de los mercados en beneficio de los ciudadanos y de las empresas creemos que debemos ser así.
Por último, quisiera reiterarles la disposición de la CNMC para colaborar con esta comisión en aquellos asuntos que en el marco de nuestras competencias tenemos atribuidas y que sus señorías consideren que puedan ser de utilidad.
Muchas gracias por su atención. Quedo a disposición de sus señorías para lo que consideren.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marín Quemada, por la intervención amplia, clara y didáctica a la que ya nos tiene acostumbrados.
A continuación, pasamos al turno de portavoces, comenzando por quien solicitó la comparecencia, que no fue otro que el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Tiene, pues, la palabra su portavoz, el senador Montilla.
En primer lugar, quisiera sumarme al agradecimiento manifestado por el presidente de la comisión hacia el presidente de la CNMC por su comparecencia hoy aquí. No está obligado a ello, pero es una deferencia hacia esta Cámara que considero necesaria y, por supuesto, conveniente.
Usted sabe que nosotros no apoyamos la ley que creó esta comisión; que no compartimos el modelo. Nosotros somos más partidarios de un modelo anglosajón clásico. Usted decía que esta experiencia y este modelo se empiezan a ver en Europa con una cierta normalidad, que, como usted sabe, no tiene precedentes en el sentido estricto más allá de la singularidad del holandés, que tampoco lo ven bien.
Nosotros manifestamos nuestra queja, como usted sobradamente conoce, porque es evidente que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un organismo regulador, no se ha de formar por cuotas de extracción ideológica, sino que ha de tener un fuerte componente de personas independientes y capacitadas, pero también sabe perfectamente que no todas las sensibilidades de esta Cámara —y utilizaré ese término—, ni tampoco del Congreso de los Diputados —y no estoy hablando de algunas menores—, están representadas en esta comisión; en este sentido, no se sienten, no nos sentimos representados. Ello no quiere decir que no seamos capaces de valorar su trabajo y aquellas cosas que ustedes desde el mes de septiembre o noviembre de 2013 hasta ahora han realizado de manera satisfactoria. Por supuesto, y como hay actuaciones que merecen este reconocimiento, yo no tengo ningún problema en manifestarlo, sino todo lo contrario.
Nosotros creemos que el trabajo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es muy relevante. Usted decía que sin mercados que funcionen eficientemente la economía no crecerá. Para que los mercados funcionen eficientemente necesitan una regulación, y a ese respecto creemos que el trabajo de los organismos reguladores, y en este caso de la CNMC en particular, es muy importante.
Usted ha hecho alusión al conjunto de las 148 actuaciones, a cómo han conformado y elaborado el programa de actuación, y yo quisiera centrarme en unos pocos aspectos. Ha dicho que la ordenación de las actuaciones no muestra una priorización; es decir, no es que el punto 1.1 sea más importante que el 7.8, por ejemplo. Pero yo voy a empezar por el punto 1.1, donde habla de desarrollar una estrategia interna que asegure la cohesión de la organización. A mí me gustaría preguntarle si usted a estas alturas, tras un año y medio largo de funcionamiento de la comisión, está satisfecho de esta cohesión de la organización. Le pregunto, por ejemplo, para ser más concreto, si está satisfecho del funcionamiento de la Sala de Competencia. Usted ha hecho alusión al volumen de asuntos que ha tratado. Es obvio que a ustedes se les podrá acusar de muchas cosas, pero de no trabajar seguro que no y, por tanto, quisiera preguntarle en concreto, como digo, sobre el funcionamiento de la Sala de Competencia, sobre la presencia de numerosos votos particulares en temas y expedientes sensibles, casi siempre de los mismos consejeros, con argumentos que, analizados por un observador externo, servirán a las empresas afectadas para formular sus recursos ante la Sala Tercera. Usted sabe que no forman parte de la jurisdicción, pero al igual que los votos particulares de un determinado tribunal, sea, por ejemplo, del Tribunal Superior de una comunidad autónoma, son normalmente utilizados en algunos casos por los recurrentes ante el Supremo, en este caso eso se está dando. Lo digo porque es un poco lamentable. Ya sé que esto no es algo que preocupe a los ciudadanos porque el tema del derecho a la competencia tampoco es un tema muy popular o asequible para el ciudadano, pero francamente yo creo que eso no habla bien de la composición que en estos momentos tiene la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y no lo digo por pluralidad. Solo hay que leer algunos de los votos particulares, casi siempre de los mismos miembros, para que uno pueda hacerse una idea.
Y en este sentido me pregunto si cosas como esta facilitan la consecución de ese primer objetivo, que es el de desarrollar una estrategia interna que asegure la cohesión de la organización. Creo sinceramente que no, y también pienso que usted no lo tiene fácil porque no fue quien eligió a los miembros de la comisión; soy perfectamente consciente de ello y, por tanto, no le estoy acusando de nada. Simplemente pongo de manifiesto un hecho que me parece grave.
Dentro de la acción estratégica número 1 —también hay una referencia en la número 10— se incluye informar sobre las propuestas normativas necesarias, por ejemplo, para la creación de un mercado mayorista del gas. Desgraciadamente, creo que esta acción en concreto ya debería haber desaparecido del plan porque el día 28 se acaba el periodo de presentación de enmiendas a la ley de hidrocarburos en esta Cámara, en la que, como usted sabe, se regula, entre otros, este tema, y esta ley no ha sido sometida a informe de la comisión y, por tanto, esta no ha podido dar su parecer. A mí esto me parece grave. Ya sé que usted ha hecho alusión al final de su intervención a la necesidad de que por nuestra parte se plantee la defensa de aquello que son las competencias de la comisión en sentido estricto, y el informar sobre una cuestión de estas características a mí me lo parece. Lamentablemente, el Gobierno no ha tenido esa sensibilidad; no es el único caso, como usted sabe, en relación con esta cuestión también puedo citar diversas y numerosas reformas de la Ley del sistema eléctrico realizadas a lo largo de este periodo. Uno incluso a través de la Ley de metrología donde se sustraen unas competencias a la comisión, entre otras cosas, con unos objetivos sobre los que no me voy a alargar, que tienen más que ver con las componendas de tipo político, que tienen que ver con la metodología de los peajes y, especialmente, de la alta tensión a este respecto y, como digo, con cuestiones de pactos políticos, que no digo que sean legítimos pero, en cualquiera de los casos, no se han de hacer a costa de vulnerar una reglas ya que, como usted decía, hay directivas europeas que las preservan y no quisiéramos que el Gobierno de España fuera reprendido por la comisión por estas cuestiones.
Han sido diversas las iniciativas legislativas que han aprovechado para laminar competencias de la comisión, en algunos casos, en la tramitación parlamentaria se han efectuado algunas correcciones, como pasó en la Ley de telecomunicaciones, pero en otras, desgraciadamente, como la Ley de metrología, no ha sido así.
Quizá lo más ilustrativo de esta intervención del Gobierno sobre competencias que son de la propia comisión lo pudimos observar con una moción presentada en esta Cámara por el grupo mayoritario que, afortunadamente, y creo que sensatamente, se retiró, por la que se venía a señalar al Gobierno qué decir a los señores de la comisión sobre lo que tienen que hacer con un tema que nos preocupa a todos y que no es fácil resolver, al que usted ha hecho alusión al final, y me estoy refiriendo al mercado de la banda ancha, del que hablaré para acabar mi intervención. Es muy importante que todos y especialmente el Gobierno tenga claro lo que establece una ley que creó la CNMC, que aunque nosotros no hemos votado sí compartimos, que en el artículo 1, apartado 2 establece lo siguiente: La CNMC tiene por objeto garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios, que son a los que nos debemos todos.
Volviendo al plan de actuación, y para ir acabando, en el punto 9.1 se habla de intensificar la coordinación con la Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo con la finalidad de alcanzar mejores resultados. Usted ha hecho alusión a esta sentencia del 29 de enero del año 2005, en la que, en este caso —y en sucesivos— la Sala Tercera hace una determinada interpretación del artículo 63 de la Ley de defensa de la competencia y, por lo tanto, sienta jurisprudencia. No sé si, a este respecto, he creído entender que a usted esa interpretación le parece correcta y que, por lo tanto, lo que tenemos es, si acaso, un problema de aplicación de la ley, pero no de algo que tenga que comportar necesariamente la modificación. Hemos reformado la ley que afecta a los sectores regulados a lo largo de esta legislatura, pero no las otras dos grandes leyes que son fundamentales en su labor, la Ley de defensa de la competencia y la Ley de competencia desleal. No sé si usted lo ha entendido así, o no, y supongo que me lo dirá en caso contrario. Es muy importante esta coordinación, y no descubro nada, todo lo contrario, ya que usted es perfectamente conocedor de que, entre otras cosas, los lobbies articulados a través de las asociaciones correspondientes que legítimamente defienden sus intereses, o los grandes operadores, de lo que sí disponen es de recursos ingentes en sus asesorías jurídicas y, si no, en los despachos a los que recurren, seguramente con mucha más generosidad de recursos de los que dispone la Administración, y en este caso la CNMC.
También tenía una cuestión para preguntar, pero usted ya se ha referido a ella en un sentido amplio y satisfactorio, a mi entender, al punto 9.6 sobre la colaboración y cooperación con los organismos reguladores de las comunidades autónomas. Me alegro de que esa colaboración exista, por supuesto, y de que sea satisfactoria. Ustedes hablan de elaborar una guía de unidad de mercado que me parece importante, y ha explicado también que, a pesar de los problemas que han surgido, la mayoría se han solventado con el contacto directo con las administraciones pertinentes, con los ayuntamientos y las comunidades autónomas básicamente, pero puede estar bien, sobre todo por la dispersión de legislación, a pesar del esfuerzo que hizo la Ley de unidad de mercado, y por la inseguridad que a veces hay a este respecto.
Para finalizar, quería decir que comparto el problema que usted ha expresado respecto a la digitalización, que no solo comporta muchas ventajas, sino también algunos problemas. Se ha referido a la economía colaborativa y a problemas de competencia y de carácter fiscal, y en este caso, fundamentalmente, los habrá de abordar la Unión Europea. Hay en proyecto alguna directiva que ya veremos si sale adelante porque no es fácil concitar las unanimidades que requiere la política fiscal a nivel europeo, pero en cualquiera de los casos me alegra que estén estudiando este tema que creo que es importante porque, si no, iremos muy por detrás de los hechos y eso no es bueno.
Respecto al mercado de la banda ancha han dicho que próximamente tomarán decisiones al respecto y, francamente, creo que hay dos cuestiones: primera, encontrar un equilibrio que a veces no está en el medio, en el 50 %, entre la necesidad de defender a los consumidores y usuarios, que es el objeto fundamental de la comisión, y también —cómo no— la consistente en tener presente que hay empresas que invierten y crean empleo y, pura y simplemente, no creo que sea una cosa de la que debamos abstraernos. Se trata de encontrar un equilibro en el que evidentemente ha de prevalecer aquello que establece la ley y hacerlo con sentido común. Espero que ustedes sean capaces de hacerlo así.
También quería compartir, y ahora sí que acabo, la situación de los servicios profesionales en nuestro país. A pesar de que algunos —supongo que todos— hemos conocido no sé cuántos borradores de la ley de servicios profesionales, a pesar de los compromisos que ha habido en los sucesivos planes de reformas que el Gobierno español ha presentado a Bruselas y a pesar de que existe la obligación de trasponer a nuestro ordenamiento aspectos de la Directiva de servicios, que no se ha hecho, eso todavía es una asignatura pendiente.
Hemos visto el calendario legislativo y no sé si eso va a quedar para la siguiente legislatura, seguramente en estos momentos da pocos réditos políticos y muchos problemas añadidos, y eso seguramente tiene que ver con esto, por lo que simplemente quería ponerlo de relieve. Reconozco que seguramente esta ley no habría sido una ley fácil, al igual que reconozco que el Gobierno no lo tiene fácil a este respecto, pero, por supuesto, sí es necesaria para este país.
La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA:
En primer lugar, quería agradecerle al señor Marín Quemada su exposición. Rescataría una de las reflexiones que ha hecho porque la comparto: insistía en el detenimiento exhaustivo que había hecho al hablar de la gestión de las personas y de las políticas de recursos humanos de la propia comisión, priorizando las actividades según este criterio. Será porque yo soy una defensora de la gestión de las personas, pero me alegra escuchar en esos términos la insistencia en su intervención. No creo que haya sido en la comparecencia de hoy, pero en alguna que usted ha hecho hablaba de que el lugar donde usted está no es para hacer amigos, aunque igual sí para descubrir los que verdaderamente lo son. Es cierto que han sido varias las ocasiones en las que en relación con informes sobre temas sensibles, como así los citaba el senador Montilla, ha sido cuestionado. Yo voy a hacer referencia a uno de ellos, sobre la privatización de AENA: La acción estratégica que figura en el plan con el número 1.31 —pudiera ser—, respecto a la realización de la auditoría del modelo de contabilidad analítica de AENA y análisis de las metodologías de previsión de costes. Yo sí quisiera conocer en qué punto está en este momento o qué valoración nos podría hacer. Reiteradamente y en esta misma Cámara, en el último Pleno estuvimos debatiendo sobre la solicitud por parte de determinados grupos de la Cámara de la conformación de una comisión especial para poder debatir sobre los temas que en torno a la privatización de AENA considerábamos necesarios, y quisiera conocer, como digo, su opinión, porque por todos es conocido que la modificación de la caja única o doble caja tiene unas repercusiones que desde el punto de vista de algunos sí que tiene consideraciones importantes.
En segundo lugar, quiero referirme a la acción estratégica 12, que habla de la relación con las comunidades autónomas. Es cierto, y también lo decía el senador Montilla, que ya lo ha contestado en su exposición haciendo una valoración positiva. Únicamente quiero decir, en referencia a mi comunidad autónoma, que si tiene alguna opinión o alguna cosa concreta que detallar, nos la haga llegar hoy o, si no es posible, posteriormente.
Reitero el agradecimiento. Nada más y muchas gracias.
El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días.
También quiero agradecer al señor Marín su exposición y que haya venido aquí para explicarnos cómo está funcionando en estos momentos la CNMC. Para nosotros y para esta comisión es muy importante conocer las actuaciones y los problemas con los que se encuentran. De entrada, quiero valorar el trabajo que está haciendo la comisión con todas sus personas, con todos sus miembros. Estoy plenamente convencido de que está trabajando en pro de los ciudadanos para fomentar la supervisión en su campo de los distintos ámbitos y para fomentar la competencia, que no es otra cosa que favorecer a las personas en calidad, en precios y en las situaciones en las que nos encontramos cada día.
Dicho esto, quiero citar algunas frases que usted comentó el 26 de junio —aún no hace un año—, cuando se presentó el plan estratégico. Este se basaba en tres pilares fundamentales, a los cuales quisiera hacer referencia, más que nada para comprobar, una vez transcurrido un tiempo, cómo lo ve el órgano regulador, aunque usted ya lo ha comentado un poco. Dice que el modelo integrado funciona, aunque todos tienen sus defectos y sus virtudes. Quisiera entrar en ello y que hiciera, si puede, una valoración más general. En su momento planteamos reservas en relación con la ley y ahora no voy a retroceder a los debates que ya tuvimos. Creemos que aportamos lo que desde nuestro ámbito creíamos imprescindible y la ley recogió algunos aspectos. No era nuestro modelo porque veíamos un órgano macro, muy grande y, a priori, con difícil incidencia en cada uno de los sectores, precisamente por las dificultades que podía entrañar.
Usted nos dijo: Creo firmemente que un regulador es, si lo es fuerte, sinónimo de un país también fuerte porque garantiza la independencia, la trasparencia y la seguridad jurídica. En definitiva, podríamos decir que los ejes prioritarios del plan estratégico los planteó en tres puntos: en el primero nos comentaba que la CNMC aplicará con el máximo rigor su cartera de instrumentos de acción sobre los mercados y los sectores regulados de manera que obtengan la máxima eficiencia en sus resultados. Evidentemente, estamos hablando del montón de posibilidades que tiene la CNMC para conseguir este objetivo. Me gustaría conocer ahora cómo ve esto, es decir, si lo ve suficiente o no, si faltan recursos o no.
El segundo objetivo tiene que ver con la necesaria independencia y trasparencia con la que debe actuar la CNMC. Usted habló mucho aquí sobre la trasparencia y la independencia. Es evidente que el esfuerzo de trasparencia lo están haciendo: en poco tiempo ha venido aquí, ha comparecido, nos ha dado explicaciones y se lo agradecemos, la verdad, pero nos gustaría saber —otros portavoces también han hecho referencia a esta cuestión— más sobre la independencia, si realmente en estos momentos podemos considerar que es un órgano que se siente independiente, puesto que no hace mucho tiempo, concretamente el 10 de febrero, aparecieron distintas noticias en el sentido de posibles presiones por parte del Gobierno y por determinadas empresas. En fin, supongo que sobre esto algo podrá decirnos, especialmente sobre la independencia respecto del Gobierno, si se manifiesta o hay alguna dificultad, como decía la prensa. Simplemente hago referencia a informaciones que aparecieron a raíz de determinadas operaciones que usted conoce perfectamente.
El tercer objetivo se refería a seguridad jurídica, es decir, un modelo de supervisión para dar soluciones globales que garanticen una mayor seguridad jurídica. Este es un campo tremendamente importante. No nos podemos permitir que la seguridad jurídica esté en entredicho. Ya lo ha estado por determinadas actuaciones que se han realizado en el ámbito energético. Sobre este pilar me gustaría que nos diera una pincelada sobre cómo ve las distintas actuaciones y si realmente este objetivo se va cumpliendo.
Entrando en asuntos concretos, le agradezco la imprescindible colaboración con las comunidades autónomas. Dado el sistema actual, es evidente que la relación con las comunidades autónomas tiene que ser lo más fluida posible y poder hablar de todos aquellos problemas que haya para, en definitiva, dar soluciones, por lo que le agradecemos esta voluntad de trabajo con ellas.
También se ha hecho referencia a dos aspectos que quisiera remarcar, puesto que en estos momentos son los que más preocupan a los ciudadanos: uno es el sector energético y otro el de las telecomunicaciones. Ambos afectan a un mayor número de ciudadanos, a su bienestar y a su calidad de vida. Desde el punto de vista del sector energético, podemos hablar del sector eléctrico. También comenté esto en mi intervención del 26 de junio del año pasado porque se había producido todo un proceso de cambios, es decir, pasamos de la tarifa única regulada al sistema que tenemos en estos momentos. Quisiera preguntarle sobre si realmente considera que en el sector eléctrico se están haciendo las cosas bien para fomentar la competencia necesaria y que redunde en beneficio de los ciudadanos, en concreto en el precio, porque la impresión general de los ciudadanos continúa siendo que los precios energéticos eléctricos son altos y que se paga mucho por impuestos y por otras cuestiones, lo que trae dificultades y problemas, sobre todo a las familias que lo están pasando mal en estos momentos. También estamos hablando de pobreza energética, de pequeñas y medianas empresas donde el factor competitivo es básico. Por lo tanto, la electricidad es fundamental para esta competitividad. Ahí vemos un problema y me gustaría conocer su punto de vista.
En el ámbito energético también me gustaría hablar de los carburantes, de las gasolinas, de los gasóleos, del gas, etcétera. En estos momentos el precio del barril de crudo, que puede ser referente, está oscilando, está variando, pero está en una banda en la que no había estado desde hace tiempo y quizá la repercusión en los mercados no sea la adecuada. No sé si realmente comparte esta apreciación. ¿Qué opina sobre este asunto?
Y finalmente, el último sector al que usted también ha hecho referencia: la banda ancha y las telecomunicaciones en general. Creo que comparativamente con Europa, en el ámbito de las telecomunicaciones estamos en niveles altos, es decir, caros, por decirlo claro, sobre todo en lo que a telefonía y datos se refiere —especialmente en datos—. Muchas veces los ciudadanos expresan la sensación de que cambiar de operadora, a pesar de las ofertas que puedan presentar y los estímulos para tener más o menos clientes, pocos beneficios puede representar. En definitiva, puesto que este asunto es de gran interés para la ciudadanía y afecta a muchísima gente, me gustaría conocer si realmente en este campo nos estamos moviendo bien o hay algunas dificultades.
Termino agradeciéndole una vez más sus explicaciones y, evidentemente, su disponibilidad para tratar los temas con la mayor trasparencia posible.
Creo que es de rigor agradecer a José María Marín su comparecencia y su voluntad de colaboración y de trasparencia con esta Comisión de Economía, pese a que en la ley se habla, como suele pasar siempre, de informar al Congreso de sus resultados. No obstante, creo que está paliando muy bien la situación intentando llevar una política de trasparencia en el Senado.
Ahora bien, después de este agradecimiento, quiero dejar patente lo que ya comentamos en la anterior comparecencia, pero ahora con una mayor capacidad de análisis porque es verdad que hay un regulador integrado del que nosotros discrepamos, del que discrepamos prácticamente todos, incluso una parte de la Comisión Europea, por falta de garantías, en principio, de independencia. Es verdad que ahora el presidente dice que este modelo de regulador integrado funciona. Que funciona es una opinión, porque hay que ver el funcionamiento con los resultados reales. Los riesgos que teníamos al respecto son, primero, que el modelo de regulador integrado era supuestamente un invento de parte del Gobierno, fundamentalmente para 2 cosas: una, para rescatar competencias con respecto a los organismos reguladores, cosa que ha intentado y sigue intentando el Gobierno, obviamente; y dos, para hacer algo a lo que el Gobierno del Partido Popular está acostumbrado, que es que nadie acabe nunca su mandato hasta que vuelva a gobernar el Partido Popular. Esto ha ocurrido aquí, ha ocurrido en el Tribunal Constitucional y ha ocurrido en todos los órganos, de manera que es ya una tradición. Y esto es malo, porque cuando los organismos se nombran y se garantiza su independencia, en principio queda claro que tiene que ser para más de una legislatura, y así garantizamos mejor que los mandatos sean plurales. En este caso, una vez más, no se ha cumplido. Esto auguraba ya problemas que luego, en la composición, se han ido manifestando, fundamentalmente en las relaciones de algunos consejeros. En cualquier caso, insisto en que esta situación hay que verla no con las opiniones, sino fundamentalmente con los resultados.
¿Qué nos preocupaba? Pues las preocupaciones básicas para el gran público o para el ciudadano en una cuestión como esta, es decir, lo necesario para hacer crecer la economía e ir consolidando esa recuperación por la que todo el mundo clama, pero nadie apuesta demasiado porque se ve bastante inconsistente, puesto que queda a merced de muchas cosas. Algo que queda claro es que está fundamentalmente a merced de la productividad. Y la productividad, como decía el presidente, está en parte a merced de la competencia. En esto de la productividad no parece que hayamos adelantado mucho, la verdad. Entonces esa situación ya empieza a ser un poco contradictoria, aunque obviamente no sea el único factor de la competencia, pero la competencia es importante. Por tanto, respecto a la productividad no vamos exactamente por muy buen camino.
¿Qué es lo que preocupa a la gente fundamentalmente? Sigue preocupando la energía, especialmente el capítulo relativo a lo cara que es en España y, sobre todo, lo poco trasparente que es el contenido. Por mucho que intenten incluir en el recibo de la electricidad para el ciudadano o para las empresas cuál es su composición, lo bien cierto es que nadie lo entiende. Nadie sabe por qué pagamos realmente, pero sí tenemos bastante claro que pagamos más. Esa situación es mala para la competencia, para la capacidad de competir de España, para el bolsillo de los ciudadanos, aunque sea muy buena para las empresas eléctricas, de las que nadie se cree que compitan entre sí. Esa es una situación que hay que resolver, y el órgano más adecuado para esto, obviamente, es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Esto pasa con toda la energía, ya sea gas, electricidad, etcétera, y pasa también en el mercado de las telecomunicaciones. Primero, para las empresas que, aunque tienen un buen tratamiento, soportan un coste que puede superar normalmente el de nuestros competidores. Y luego, para los ciudadanos, que se han visto ratificados en su idea de que las compañías estaban abusando de ellos, cuando han visto que los precios han caído espectacularmente respecto a las primeras ocasiones en que utilizaron un teléfono móvil. Los ciudadanos se preguntan cómo ha podido ocurrir esto y dónde les estarán estafando todavía porque son costos muy bajos para el usuario. En este terreno avanzamos mucho y ahora hemos dejado de hacerlo, que es una situación que también complica la imagen de la comisión.
De los carburantes ya ni hablamos. Evidentemente, es una preocupación de todos. Ahora que han bajado todos los precios del crudo, se muestra más claro eso de que para subir sube como la espuma y para bajar cae como una pluma. Este es el eslogan que circula por toda la sociedad. En definitiva, si nosotros pagamos menos impuestos que nuestros competidores, ¿por qué en precios estamos a una altura similar al resto de los países europeos? Obviamente, porque ganan más y porque no hay competencia entre las compañías porque, de lo contrario, no pasaría eso. Y ahí tampoco parece que hayamos avanzado.
En definitiva, no quiero insistir más, pero me parece que a priori no podemos decir si optamos o no por un modelo integrado, porque lo que justifica después si el modelo es bueno o malo son los resultados. Y sobre el resultado, insisto, al menos grosso modo, lo que a mí me parece y lo que pienso que le parece a la calle, es que no funciona la competencia ni en electricidad, ni en telecomunicaciones, ni en carburantes, ni —y este es un tema nuevo— hemos hecho demasiado en lo que se refiere a la banca. Es evidente que hemos sufrido una concentración inmensa. En principio los problemas que tenían la banca y las cajas de ahorros había que resolverlos, pero claro, a costa de eliminar la competencia tampoco parece que sea bueno. Y aquí tampoco parece que hayamos opinado demasiado. Y si el riesgo era que hubiera entidades sistémicas, resulta que lo que estamos haciendo es acercarnos más y no menos a esa situación. Cuando menos, algo deberíamos opinar respecto a la concentración de poder que se ha producido en el sector financiero, y que no ha tenido consecuencias positivas para el ciudadano ni en el sentido de abaratar costes ni en el sentido de producir más crédito. No sé cuál es la justificación porque, al final, ha habido que poner mucho dinero público en la banca, que no se va a recuperar; ha habido una concentración de poder evidente y habrá, por tanto, falta de competencia. Y esto tampoco parece que haya interesado demasiado, aunque sea otro sector que no se corresponde exactamente con lo que estamos hablando. Todo esto es producto, en realidad, de la falta de competencia que tiene el sistema económico español, no financiero, y que se traduce en que todas las recuperaciones que se vayan consolidando, fundamentalmente no por las actuaciones del Gobierno, sino por el Banco Central, por la bajada de los tipos, por la caída de la cotización del euro, etcétera, no garantizan un crecimiento sostenible y una capacidad de competir de la economía española. Esto es lo que, sobre todo, nos debe preocupar a nosotros y a la CNMC, es decir, en manos de quién estamos para ser competitivos.
Nada más y muchas gracias. De nuevo, agradezco la comparecencia.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser extremadamente breve y me voy a limitar a dos cosas. En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Su explicación ha sido detallada, prolija y completa, ya que no solo nos ha hablado del plan estratégico, sino también de las actuaciones y de los procedimientos que se están siguiendo en la comisión. En segundo lugar, quiero plantear las dificultades que yo percibo a la hora de buscar equilibrios como concepto subjetivo unas veces, y en otras objetivo pero difícilmente cuantificable, en relación, sobre todo, con un servicio que nos preocupa especialmente. Sobre este punto me remitiré a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Estoy totalmente de acuerdo con él en la cuestión de que todas las políticas tienen que ser medidas por los resultados, es decir, los resultados son los que miden la eficacia de las políticas.
A corto plazo, con una visión inmediata, podemos creer que estamos haciendo lo adecuado porque nos estamos ajustando a algún precepto legal —lógicamente sí hay que ajustarse—, estamos actuando de acuerdo con el manual; sin embargo, a largo plazo, percibimos que aquellas decisiones que se tomaron en el pasado no están dando resultados eficaces, y me refiero, concretamente, no tanto a la cuestión de precios que ha apuntado el portavoz socialista, pues estoy de acuerdo en que toda discrepancia en precios que pueda ser operada como problema o derivada de un problema de competencia tiene que ser corregida y atendida para su eliminación, en su caso, sino a la inexistencia de infraestructuras. De la misma forma que la instauración de la red telefónica en España tardó muchos años, fue obra del impulso público junto a una empresa que estaba intervenida públicamente y que, lógicamente, requería no solamente la definición de servicio público, sino también recursos públicos para mantener redes que eran ineficientes desde el punto de vista económico, en la actualidad, salvando las distancias —que son muchas, no solo temporales—, nos encontramos en una encrucijada similar. España, en los próximos cuatro o cinco años, debe ofrecer un servicio rural de banda ancha que sea, al menos, homologable con el de los países de la Unión Europea, con los cuales tenemos que competir. Partiendo de ese principio, que podemos asumir no como verdadero ni falso, que es una tontería, sino como un objetivo razonable que hay que alcanzar, existen consideraciones relativas —la competencia es una de ellas, pero no la única y posiblemente ni siquiera la más importante— al despliegue de unas infraestructuras que ya sabemos que no son rentables en términos económicos, pero que son absolutamente requeridas y, a largo plazo, necesarias por cuestiones sociales. Me refiero a promover la difusión del conocimiento y de la cultura en el medio rural, que por sí solo es importante. Cuando digo rural me estoy refiriendo a poblaciones de más de 50 000 habitantes que actualmente no tienen acceso a una red de calidad en las comunicaciones por internet, comunicaciones que se caracterizan no solamente por esa discriminación entre los que está incluidos y excluidos del acceso a la información, sino, al mismo tiempo, por las posibilidades de un crecimiento futuro. Estamos asistiendo al nacimiento de empresas en entornos muy desfavorables desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista, incluso, de recursos tecnológicos, de recursos de materias primas, pero en donde el acceso a la red está permitiendo que se integren en mercados internacionales que, de otra forma, jamás hubieran tenido la posibilidad de poder estar presentes en ellos, y tenemos numerosos ejemplos de empresas situadas en puntos geográficos donde no hubiéramos concebido hace unos años la posibilidad del nacimiento de empresas con marca y renombre, en muchos casos, conocidos mundialmente.
Yo no tengo soluciones, pero sí quiero plantear cuestiones: este es un objetivo que hay que alcanzar, y las políticas que se pongan en marcha hoy han de orientarse a su consecución. En ese caso concreto de la competencia pueden presentarse algunas contradicciones por el justo retorno de las inversiones, cuando estas no existen o pueden no existir; o por el despliegue de unas infraestructuras que, en principio, no son rentables y que exigirían un participante mayoritario y un participante líder en la operación, que podría desistir de esa participación líder si se le imponen unas condiciones que considere ineficientes desde su cuenta de resultados o desde su perspectiva particular, lo que exigiría, por otro lado, la intervención pública. Sé que esto último es muy querido por algunos representantes en esta comisión, es decir, poner mucho dinero público para hacer lo que se podría hacer por medios privados más que con una regulación, con un marco adecuado para la promoción de esas inversiones.
Yo creo que esta es una cuestión que hay que considerar, que en su conjunto hay que tratar, que responde a las preocupaciones de mi grupo parlamentario y que nosotros deseamos no que se nos dé una respuesta ahora, que sé que es imposible, sino que se tome en consideración y que, desde luego, en el futuro valoraremos las políticas que se apliquen hoy en función de los resultados que se obtengan mañana, en relación con lo que he apuntado, el despliegue de una red que es absolutamente imprescindible, y lo es incluso más en la parte del territorio que, por falta de población y de perspectivas, lo necesita en mayor medida.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Utrera.
Concluido el turno de portavoces, en el turno de réplica tiene la palabra el señor Marín Quemada.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Marín Quemada): Gracias, señor presidente.
Gracias, señorías, especialmente a aquellos de ustedes que han tenido la amabilidad de agradecer mi presencia aquí. Déjenme que les diga a todos que el que esté aquí no tiene ningún mérito porque creo que es mi deber. Nosotros no dependemos del Gobierno; no dependemos, obviamente, de las empresas, de ninguna de ellas; pero sí tenemos que depender de alguien, no podemos ser un verso suelto en las instituciones, y a nosotros nos gusta saber, pensar y asumir que dependemos de nuestro Parlamento. Eso es así. En las intervenciones que he tenido, sobre todo fuera de España, he dicho que eso era un rasgo diferenciador positivo de nuestra institución. Y así se ha valorado y envidiado también —permítanme que lo comparta con sus señorías— en todos los sitios donde he tenido ocasión de manifestarlo y compartirlo, ya menos formalmente, con otras instituciones que no tienen esa ventaja y que en muchos países, por cierto, consideran imprescindible. Estoy pensando en algunos países del otro lado del Atlántico.
Intentaré responder a la mayoría de sus cuestiones. Si no lo consigo, quedo a su disposición para continuar haciéndolo en otro momento y, desde luego, cuento con su amabilidad, lo haré en el seno de CNMC.
Dicho esto, subrayo la primera reflexión que ha hecho el senador Montilla, que han continuado haciendo muchos senadores, y cumplo con gusto porque entiendo que es mi deber. Debo decirle al senador Montilla que nuestro modelo es distinto a otros modelos. Ahí está —él mismo lo ha comentado— Holanda y ahí está el Reino Unido. El modelo anglosajón empieza a encontrarle ventajas a agrupar agencias. No quiero decirles, no podríamos llegar hasta ahí si atendemos a nuestro nivel de satisfacción como país, que estén fijándose en España para construir sus instituciones de supervisión regulatoria o de análisis de competencia; pero sí puedo y debo compartir con ustedes que, a mí personalmente, desde el Reino Unido me llegan consultas sobre cómo hemos conseguido unificar determinados servicios en un proceso de conjunción en el que ellos, como muchos de ustedes saben, también están iniciando su andadura.
No puedo ni debo hurtar o dejar sin respuesta la reflexión que ha hecho el senador Montilla, a propósito de que no todas las sensibilidades estaban presentes. Yo nada tuve que ver en aquella fase del proceso. Me lo encontré concluido. Sí les puedo decir ahora, tras 18 meses de experiencia, que a mí me hubiera gustado que más sensibilidades estuvieran representadas porque creo que eso hubiera ido a favor de la solidez de la institución. Espero y deseo que este sea un déficit que, si sus señorías lo consideran oportuno, se pueda complementar en el futuro.
En España las instituciones, sea el Consejo General del Poder Judicial, que ha sido citado —por eso y por me permito citarlo, no por otra cosa—, o cualquier otra, se construyen como se construyen, también la CNMC. Yo soy un firme partidario de que en el futuro se construyan todas de otra manera, aun a riesgo de que si esta institución, que me honro en representar, se hubiera construido estrictamente sobre la base de valores profesionales seguramente yo no sería su presidente, empiezo por decirlo así. Ojalá que todos aquí, y en otros países, vayamos hacia ese objetivo. Hoy parece que no es posible porque las sensibilidades políticas no lo permiten. Yo soy un firme partidario de que finalmente se consiga.
Pero déjenme introducir una reflexión sobre los modelos. Naturalmente que las premisas de construcción del modelo son importantes, cómo no lo van a ser. Unos modelos tienen ventajas frente a otros. Les decía antes en mi intervención que no creo que haya un modelo ideal único al que acogerse. Al comentar estas mismas cuestiones con otras personas que tienen responsabilidades parecidas en otras agencias de otros países, la conclusión a la que se llega siempre es la misma: depende de las personas; al final depende de las personas. El modelo ideal, si existiera, puede ser pasto de las llamas en manos de personas inadecuadas. El peor modelo que podamos imaginar en manos de personas capaces gana en potencia a cualquier otro modelo. De ahí la importancia de la selección de las personas que estén al frente de la institución, y de ahí la importancia —y ya no me detendré más porque lo ha resaltado la senadora Iparragirre— en retener y atraer a las personas fundamentales al staff que hace que las cosas funcionen, a los especialistas, a los especialistas de verdad, en el sector de telecomunicaciones, en transportes ferroviarios, en transporte aéreo, en energía eléctrica, etcétera, hasta así llegar a todos y cada uno de los sectores de nuestra supervisión. Pero si nos centramos en la competencia resulta que es transversal y que llega a todos los sectores, a los que tenemos una dirección específica encargada de la supervisión regulatoria de energía, transportes, telecomunicación, lo que sea en cada caso, y a todos los demás sectores que incluso no están representados en esas direcciones porque la competencia es o no es la del sistema económico en su conjunto.
El senador Montilla ha hecho referencia a un asunto que no puedo pasar por encima, que es la cohesión de la organización, y que le puedo garantizar que existe, la cohesión de las distintas direcciones, de los técnicos que están en las distintas áreas, del trabajo en común, de la creación de equipos, etcétera, de todo esto que está funcionando adecuadamente; seguro que podría funcionar mejor, como todo, pero créanme, está funcionando adecuadamente; y el éxito de muchas resoluciones lo hace palpable. Por primera vez en España, están dictándose resoluciones con informes conjuntos de áreas que hasta ahora estaban separadas. La potencialidad de ese instrumento a nadie se le escapa.
Tenemos encima de la mesa un tema en el que no me puedo extender por razones de confidencialidad, un tema de telecomunicaciones y de competencia. Los dos equipos están trabajando juntos. Los antiguos modelos de agencias separadas nunca habían trabajado juntos. Ahora lo están haciendo, y con unos resultados y unas rentabilidades prácticas para los consumidores y usuarios que me parecen más que importantes.
En cuanto a los votos particulares, me parecen lamentables. La situación es singular y he hecho, y estoy haciendo, todo lo que en mi mano está para que finalice, no por sustraer a quien tenga derecho, faltaría más, a formular una discrepancia en un voto particular sino por, a mi juicio, todo el corolario de reflexiones impropias que se han hecho figurar en esos votos particulares. Quiero pensar que esa es, permítanme sus señorías que lo defina así, una singularidad del pasado, que ya no tendremos en el futuro. En mi próxima comparecencia ustedes y yo tendremos ocasión de comentar si, efectivamente, me nubla el deseo o es parte de la razón la que está detrás de esta reflexión.
Me hubiera gustado mucho que la CNMC informara la Ley de hidrocarburos, pero no pudo ser. Nosotros teníamos muchas cosas que decir, algunas las dijimos por otras vías que seguramente no son las adecuadas, y no todas han sido recogidas como enmiendas, algunas sí. Si soy positivo, prefiero quedarme con ellas; si soy objetivo, prefiero lamentar que hayamos dejado pasar la ocasión de perfeccionar algunos extremos que especialmente para la competencia hubiera sido más que deseable recoger en la Ley de Hidrocarburos.
Sobre la sustracción de competencias a la CNMC no me detendré más. Hay abiertos varios procedimientos sobre el Reino de España en Bruselas que me hubiera gustado evitar.
La sentencia del Tribunal Supremo, como el propio senador Montilla decía, aclara mucho nuestra línea de actuación y, por tanto, no podía ser de otra manera, pero en la práctica —lo digo así— ha sido extraordinariamente bienvenida, clarificadora para nuestra actuación y una guía, como no puede ser de otra forma, de nuestras actuaciones en el futuro.
Si me permite que verbalice de nuevo lo que ya ha indicado en otras ocasiones la senadora Iparragirre, seguimos haciendo pocos amigos. Se dice con frecuencia en la confianza de la conversación: Bueno, eso es que funcionáis bien. Pues no estoy seguro; lo que sí puedo constatar es que no hacemos nuevos amigos, que perdemos algunos de los antiguos, pero nos quedamos con la tranquilidad de saber que seguramente es que no eran amigos y por eso no importa perderlos. La razón y el tiempo harán que hagamos muchos amigos entre las personas que piensan como sus señorías y como todos los que estamos en la CNMC.
La privatización de AENA, efectivamente, ha puesto sobre la mesa un tema nuevo y singular. AENA ahora no es la misma de antes de la privatización. Tiene una composición 51-49, que es muy distinta a la que tenía en la situación anterior y que obliga a ser —antes ya lo era, ahora más, porque tenemos una normativa que, además, nos obliga a ello— especialmente cuidadosos con la interpretación del dual till que es, como saben sus señorías, el doble sistema de recoger ingresos y gastos de la actividad estrictamente aérea frente a la más comercial. Esto requiere ser extraordinariamente cuidadosos, y en ello estamos trabajando con el propio Ministerio de Fomento y con la compañía. A todos les escuchamos, oímos sus reflexiones, como no, y después formamos nuestras propias opiniones y nuestro propio criterio.
Las relaciones con las comunidades autónomas son importantes para la CNMC y lo son, primero, porque entendemos que lo deben ser y, segundo, porque no llegamos a los niveles locales. Intentar desde Madrid medir y actuar sobre el sector audiovisual de ETB-1 o de ETB-2 es complejísimo. Deben ser las autoridades locales las que lleven a cabo esa tarea. Pero solo hay dos comunidades autónomas que han dado ese paso. Esperemos que las demás se animen, lo que para nosotros sería extraordinariamente natural, porque serían bienvenidas, de cara a nuestra gestión, como natural y bienvenida es la existencia de las agencias autonómicas de competencia con las que nos reunimos periódicamente, con las que tenemos un contacto normal, a quienes preguntamos y que también nos preguntan sobre temas del día a día; y nos parece normal; esa es la consecuencia natural del Estado de las Autonomías, porque ni las instituciones centrales pueden tener todas las competencias ni puede ser lo contrario, que haya 17 realidades distintas que, cada una por su cuenta, vea los problemas comunes de manera diferente. En esa línea nos movemos; y esperamos que Euskadi, si quiere, lo desea y lo considera oportuno, se sume a Andalucía y a Cataluña próximamente.
El senador Alturo ha hecho referencia a los ejes de nuestro plan estratégico, que siguen siendo válidos. Nuestro plan estratégico era el primer plan estratégico de la institución por razones obvias. Tenía que ser un plan seminal, un plan básico, un plan central, en una institución que estaba naciendo y que 18 meses después estaba dando sus primeros pasos. Continúa siendo válido en su formulación básica; de ahí que las actividades del plan hayan colgado de cada una de esas acciones estratégicas, hayan colgado de cada uno de esos grandes drivers de la institución, como no puede ser de otra manera. Cuando pase algo más de tiempo —el plan de actividades es anual; en el año 2016 habrá otro plan de actividad que, si sus señorías lo consideran oportuno, tendré mucho gusto en venir a exponer a esta Cámara— seguramente no habrá un plan estratégico nuevo; a lo mejor hay algún retoque del que hay porque, como su mismo nombre indica, el plan estratégico debe determinar las grandes directrices. En mi opinión, en el año 2016 no tendremos plan estratégico, pero sí plan nuevo de actividades.
Con respecto a los recursos, debo señalar que es importante que, ante nuevas responsabilidades, se nos asignen nuevos recursos. Si no, no será posible llevar a cabo el trabajo con la calidad que deseamos. Si tenemos que deteriorar otras áreas para hacer frente a unas nuevas, lo más probables es que la calidad media baje. Por tanto, estoy seguro de que cuando se asignen nuevas responsabilidades —tengo en mente unas nuevas responsabilidades, por ejemplo, en el sector ferroviario—, se dotará a la comisión de nuevos y más amplios medios. Al tiempo que les digo esto, también les digo que cuando elaboramos nuestro primer presupuesto, el presupuesto para el año 2015, que incluimos a través del Ministerio de Hacienda en los Presupuestos Generales del Estado, no se modificó ni un céntimo el presupuesto que salió de la CNMC y que llegó al ministerio de Hacienda incorporándolo tal cual en los Presupuestos Generales. Esto lo valoramos internamente, como sus señorías se imaginan, muy positivamente porque fue una señal de respeto por la independencia de decisión. También debo decirles que era un presupuesto extraordinariamente moderado y, por tanto, oportuno, a criterio de cualquier observador o analista imparcial.
Me ha hecho una pregunta directa que debo contestar a propósito de la independencia. Me van a permitir —seguro que sus señorías lo van a entender perfectamente— que les diga que yo me siento independiente, que me creo independiente, y cuando no me sienta o no me crea independiente, se me va a notar tanto que todos ustedes no tendrán que pedirme que me vaya, me iré por mí mismo. Espero que todo lo que he dicho y lo que he dejado de decir, aunque lo haya dicho entre líneas, lo entiendan sus señorías. Claro que escuchamos a las empresas y a los gobiernos. Nos trasladan sus inquietudes, y nada más, y ahí se acaba nuestro nivel de atención. Claro que los escuchamos, claro que nos trasladan sus inquietudes, unos con más fuerza que otros, pero las decisiones son decisiones CNMC.
El senador Alturo ha hecho algunas reflexiones a propósito de los sectores energético y de telecomunicaciones. Como este asunto lo han comentado también otros senadores, me permitiré agrupar las respuestas por razones estrictas de tiempo. El recibo de la electricidad en España está mostrando un precio alto como consecuencia de una política energética que viene de muchos años atrás que, finalmente, ha conseguido que tengamos unas energías paradójicamente no de última generación, porque el parque de renovables que tenemos en España no es de última generación, pero es caro y fue establecido en unos momentos en los que la tecnología no permitía más. Hoy en día, la instalación de energías renovables es más barata, es decir, el aparataje que nos proporciona el mercado de generación eléctrica basado en energías renovables es más barato y, además, es doblemente más barato en la medida en que no solamente la inversión es más barata, sino que, además, la electricidad generada es mayor que la de antes.
Permítanme, señores senadores, que utilice un lenguaje de fácil comprensión. Tenemos un parque caro, por cierto, compuesto por algo más de 65 000 plantas, no son ni 12 ni 10 ni 10 000, de energías renovables; pero tenemos también todos los ciclos combinados porque las energías renovables necesitan otra energía de backup, que, como su nombre indica, cuando no hay aire o no hay sol no funcionan y cuyo rendimiento baja drásticamente. Necesitamos el parque de ciclos combinados que estén soportando esas bajadas de capacidad de volcar a la red producción eléctrica. Y también es producto de otra decisión de política energética que ahora mismo se estén planteando las compañías si hibernan o se cierran y cómo se compensa aquella inversión realizada y no utilizada posteriormente. Y está también lo del carbón, el parón nuclear, etcétera. Todo eso va en el recibo de la luz. Todas esas decisiones de política energética van en el recibo de la luz y hacen que finalmente el recibo eléctrico sea alto. Y coincido con el senador Alturo y con algún otro que han hecho referencia a esto en que eso resta competitividad a los productos en los que el input eléctrico es un componente de costes importante. Piensen ustedes que la política energética determina, ya desde aquello de la central de Lemóniz, el parón nuclear, etcétera, que no son de ayer, junto al tema de las energías renovables, mucho más reciente, el precio de la electricidad, que es muy alto en España y que el ministerio trata de reducir —estoy seguro de que con su mejor intención—, pero que es muy difícil porque para reducirlo habría que tomar unas decisiones que políticamente soy el primero en determinar como impensables. Por tanto, la electricidad es cara, y mientras sigamos con la política energética heredada en parte de actuaciones de gobiernos anteriores, de muchos gobiernos anteriores —sus señorías lo saben igual que yo, por lo que no me detengo en ello—, el coste de la electricidad será alto. Con la eliminación de las subastas, en lo cual creo que la comisión tuvo algún papel, se ha dado un paso, pero hay muchos más que dar.
Y con la reducción de los subsidios a las energías renovables se ha dado otro paso; un paso importante que ha producido un rechazo más que notable, reduciéndose el coste de 9000 millones de euros al año a 7500 millones de euros al año. Fíjense ustedes en todas las posibilidades de mejora que hay, pero también hay que entender que tienen que ser pausadas, prudentes y cargadas de reflexión si tenemos en cuenta los puntos de vista de las demandas sociales.
Si me lo permiten, iré algo más ligero. El senador Lerma ha apuntado temas extraordinariamente importantes que yo voy, en una reflexión quizá demasiado simple, por la que comienzo pidiendo disculpas, a juntar. Hemos hablado en esta Cámara en otras ocasiones y también hoy de transparencia, de rigor y de independencia. De todo esto se puede hablar, pero lo que hay que hacer es demostrarlo, y para eso se necesita tiempo, algo más del que hemos dispuesto hasta ahora. Creo que vamos a hacer esa demostración, pero si no fuera así rogaría a sus señorías que me lo hicieran notar. En ello estamos, pero no es fácil; nadie ha pensado que sea fácil; necesitamos un poco más de tiempo para seguir con la demostración que es lo que queremos y en lo que creemos. Sobre la productividad no diré nada porque estoy completamente de acuerdo con el senador Lerma; solo, eso sí, que las compañías eléctricas y de distribución de hidrocarburos son una prioridad cara a la supervisión y vigilancia de la competencia de la CNMC, como no puede ser de otro modo.
Quiero decirles que la existencia de numerosos operadores de telecomunicaciones, que ofrecían servicios a la vez tecnológicamente más avanzados, ha permitido que en España se disponga de paquetes relativamente baratos. ¿Y cuál es el temor de la CNMC? Que hemos pasado de cinco a cuatro mediante una política de concentración y que estamos a punto —el tema está en Bruselas, como saben—, con la concentración de Orange y Jazztel, de pasar de cuatro a tres; y tres empieza a ser, es ya un número inquietante para cualquier autoridad de competencia del mundo. Espero y deseo que, después de haber sido España un ejemplo en la reducción de los precios y en la multiplicidad de opciones, no veamos en los próximos meses y años que estamos perdiendo parte de lo avanzado, y que se empeoren los precios, la calidad o la tecnología asociada a los paquetes. En telecomunicaciones, por tanto, pueden ver ustedes que la CNMC tiene un elevado grado de preocupación por la competencia y también por los hidrocarburos. De ahí que la reducción del número de operadores nos produzca temor si hablamos de telecomunicaciones y también si lo hacemos, un temor continuo, de distribución de hidrocarburos.
Estoy absolutamente de acuerdo con el senador Utrera en todas sus reflexiones, en las que también mostraba coincidencia con el senador Lerma. Establecer equilibrios es complejo y difícil. El servicio público, las ayudas de Estado de las comunidades autónomas a la fibra óptica —lo que comentaba con el presidente de la comisión hace relativamente poco tiempo— van de la mano del progreso para llevar a los núcleos rurales más apartados los servicios que una sociedad del siglo XXI merece. Pero es que, además, como apuntaba con mucha precisión el senador Utrera, no se trata solo de llevar entretenimientos sino de medios de funcionamiento a las empresas asociadas al desarrollo rural o a las pequeñas o medianas industrias, que hacen precisamente de la disponibilidad de esos medios un criterio para ubicarse en un territorio u otro o para permanecer en un territorio u otro ante la posibilidad, cuando alcanzan una dimensión determinada, de salir de su lugar de origen para trasladarse a otro lugar. Pues bien, tenemos que anclar actividad en el territorio, pero, insisto, mucho más allá del entretenimiento —el factor entretenimiento y el factor cultural, y los vehículos de la infraestructura de telecomunicaciones y de banda ancha son fundamentales—, hay que hacer una consideración empresarial que, a mi juicio, es más que importante. Ahí nos van a encontrar siempre alineados con estos objetivos a la CNMC, sin olvidar otras actividades que requieren inversiones en las grandes ciudades. Esta será la tarea de los inversores de la compañía de referencia en España o de los nuevos entrantes, que los ha habido y los hay y que están realizando inversiones más que notables en muchas áreas. En el proceso de información pública, que ahora está finalizando, teníamos identificadas hasta nueve grandes poblaciones españolas, en las que había más de tres operadores de cable que tenían extendida su red. En los análisis que estamos haciendo posteriormente, nos encontramos con que esas nueve pasan a doce y a catorce. Esta es una muy buena señal, pero, naturalmente, siempre será necesario asegurar al inversor privado un retorno a sus inversiones, y ese es el equilibrio complejo que la CNMC está identificando también como punto atencional.
Poco más. Dispénsenme si ha habido alguna cuestión que haya dejado sin contestar. Ello sería porque se me ha pasado. Ahora yo quedo a su disposición, insisto, en esta sala, o en otro momento, en la sede que ustedes decidan, señorías, para darles cumplida respuesta a lo que consideren oportuno preguntar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marín Quemada.
Creo que los grupos no utilizarán el turno de dúplica, por lo que parece que sus contestaciones han sido bastante claras y detalladas, como siempre, y que han satisfecho la voluntad de los portavoces parlamentarios que habían intervenido previamente.
Como vaticinaba ya al principio de esta comisión, la actitud del compareciente, señor Marín, así como la documentación aportada eran preludio de una comisión muy provechosa e interesante. Así ha sido, y tanto del debate suscitado —un debate fluido, de cierto nivel y de fondo— como de la información aportada, creo que hemos sido capaces de desmenuzar con cierto detalle algunas cuestiones importantes. Yo, desde la Presidencia, me quedaría con el dato de la solicitud expresa que se nos ha formulado por el señor Marín Quemada en relación con que apoyemos el incremento de medios materiales y humanos para desarrollar nuevas funciones. No pasan desapercibidas para ningún grupo parlamentario y tampoco para esta Presidencia algunas cuestiones, algunas sugerencias y algunas peticiones expresas que usted ha formulado hoy aquí esta mañana.
Por todo ello, solo me resta agradecerle, en mi nombre y en el de toda la comisión, su presencia, sus explicaciones, su trabajo, sus propuestas y su programa de futuro.
El señor PRESIDENTE: Le ruego, señor Marín, que nos acompañe unos minutos antes de despedirle personalmente, pues tenemos un segundo punto en el orden del día, muy breve: Designación de la ponencia que informa el Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia concursal, procedente del Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre.
Procede designar la ponencia de este proyecto de ley. Directamente ya, puesto que la letrada me ha pasado los nombres, les pregunto a los portavoces de los grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario Popular, ¿senador Utrera?
El señor UTRERA MORA: Por el Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel Juncal y José Enrique Fernández de Moya.
El señor LERMA BLASCO: Senadores Manchado y Ortiz.
Por lo que se refiere a los demás grupos parlamentarios, se entiende que es miembro de la ponencia su único representante.
En consecuencia, la ponencia del proyecto de ley de medidas urgentes en materia concursal quedaría constituida por los siguientes miembros: por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, los senadores Juncal y Fernández de Moya; por el Grupo Parlamentario Socialista, los senadores Manchado y Ortiz; por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, el senador Alturo; por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, el senador Montilla; por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, la senadora Iparragirre; y por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Mariscal Cifuentes.
¿Está de acuerdo la comisión con esta propuesta? (Asentimiento).
Se da por aprobada.
Reitero mi agradecimiento, señor Marín Quemada.
Eran las trece horas y seis minutos.