Source: https://issuu.com/asnala/docs/revista_23
Timestamp: 2017-05-27 02:48:11
Document Index: 239384885

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 43', 'artículo\n135', 'artículo 148', 'artículo 189', 'artículo\n138', 'artículo 195', 'artículo 301', 'artículo 120', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo\n25']

El Laboralista Magazine by Alicia Jorge - issuu
Asociación Nacional de Abogados LaboralistasEl LaboralistaEditorialRevista
El LaboralistaEDITORIAL
Jose Manuel Reyes Acosta
Presidente del Consejo EditorialEL NUEVO REAL DECRETO QUE REGULA LAINSERCION SOCIO-LABORAL PARA LAS MUJERES
VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.EDITA
EDITAAsociación Nacional
NacionaldeAbogados
Roales-Nieto
JEFE DE REDACCIONJEFE DE REDACCION
Dña.Melina Perugini Kasanetz
Dña. Miriam López OcamposRESPONSABLE DE RELACIONESDIRECTORA
Dña. Alicia Jorge Cuchillo
Dña. Olga Sánchez Torrente
Dña. Melina Perugini
D.Presidente
Gonzalo: Iglesias Sanz
D. Jose Manuel Reyes AcostaDEPARTAMENTO
D.Ignacio Sampere
VillarS.l.
D.Javier Marijuán Izquierdo
D.Viliulfo Aníbal Díaz Pérez
D.César Miñambres PuigDISEÑO E IMPRESIÓN
RotoatlánticaDña. Marta Alonso CarmonaDEPÓSITO LEGAL
D. Gonzalo Iglesias Sanz
M-52166-2001D. José Luis Roales-NietoFOTO PORTADA
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Gráficas VillaDEPÓSITO LEGAL
M-52166-2001www.asnala.com(R.D 1917/2008)
El pasado día 11 de noviembre de 2008, entró en vigor esta norma que tienepor objeto instituir un Programa de inserción socio laboral para las mujeres víctimas de
violencia de género inscritas como demandantes de empleo o que estén incorporadas
al Programa de Renta Activa de Inserción por dicha causa.
Son beneficiarias del Programaaquellas mujeres víctimas de violencia de génerocripción para la aplicación de lasbonificaciones en las empresas que las contraten,que estén inscritas en los Servicios Públicos de Empleo, no será necesaria dicha ins-tal y como establece el propio decreto, así mismo ni tampoco será necesario cuando
se trate de mujeres víctimas de violencia de género que estén incorporadas al
Programa de Renta Activa de Inserción por esta causa.Conforme establece el artículo 3.2 de la citada norma, la situación de violencia degénero podrá acreditarse por sentencia condenatoria, por resolución judicial quehubiese acordado medidas cautelares para la protección de la víctima, por orden de
protección acordada a favor de la víctima o, excepcionalmente, por informe del
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima
de violencia de género.Tal y como establece el citado Real Decreto, las medidas contenidas en el Programa,
son entre otras las siguientes:-Itinerario de inserción socio-laboral, individualizado y realizado por personal especializado.-Programa formativo específico para favorecer la inserción socio-laboral por cuenta
ajena.-Incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.-Incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género.
-Incentivos para facilitar la movilidad geográfica.-Incentivos para compensar diferencias salariales.-Convenios con empresas para facilitar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género y su movilidad geográ-fica.Debe tenerse en cuenta que a tenor de lo establecido en el art. 7.3 de la Ley 43/2006,tan solo las bonificaciones a la Seguridad Social no podrán, en concurrencia con otrasmedidas de apoyo público para la misma finalidad, superar el 60 por 100 del coste
salarial anual correspondiente al contrato que se bonifica.Jose Manuel Reyes Acosta
Presidente del Consejo EditorialEl LaboralistaAsociación Nacional de Abogados LaboralistasSUMARIOPROPUESTAS DE REFORMA DE LA LEY PROCESAL LABORAL
Por Excmo. Sr. D.Manuel Díaz de Rábago VillarPresidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País VascoPágina 3PROPUESTAS DE REFORMA DE LA LEY PROCESAL LABORAL
Por D.Martín Godino ReyesVicepresidente de ASNALA - EstatalPágina 5PROPUESTAS DE REFORMA DE LA LEY PROCESAL LABORAL
Por D.Enrique Lillo PérezGabienete Jurídico Interfederal de CCOOPágina 7E- FACTURA Y PROCEDIMIENTOS TELEMÁTICOS CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Fundación Aselex junto con la Cámara de Comercio de Málaga
Página 15NOTICIAS ASNALA• Conclusiones de las Mesas de Trabajo: IX Congreso de ASNALA- Taller de Trabajo para Profesionales:
¿cómo hablar en público y convencer? Técnicas especiales para Laboralistas
Presidente de Mesa: Aitor Ibarra Cebadero (Presidente de ASNALA - Euskadi)
- Mesa de Derecho Procesal:
Reformas Necesarias en la Ley de Procedimiento Laboral
Presidente de Mesa: Luis María Pagano (ASNALA - Euskadi)
- Mesa Derecho Laboral:
Problemática actual de las bajas incentivadas en las crisis empresariales
Presidente de Mesa: Alfonso Pedrajas Herrero (ASNALA -Catalunya)
- Mesa de Seguridad Social:
El Control de las IT por las mutuas patronales: Posiblidades y límites
Presidente de Mesa: Carlos Antonio Bonell Pascual (Vicepresidente ASNALA - Comunidad Valenciana)
• Jornada Formativa :Resposabilidad del Accidente Laboral. Organizada por ASNALA-ANdalucía
•IX Congreso de ASNALA : Los Laboralistas reclaman medidas urgentes contra la crisis.•IX Congreso de ASNALA :Fijada la sede para el X Congreso de ASNALA
Página 162www.asnala.comAsociación Nacional de Abogados LaboralistasEl LaboralistaArtículo de opiniónPROPUESTAS DE REFORMA DE LA LEY DE
Excmo. Sr. Don Manuel Díaz
de Rábago VillarPresidente de la Sala de lo Social del TSJPVDon Martín Godino ReyesAbogado Laboralista de Sagardoy AbogadosDon Enrique Lillo PérezGabiente Jurídico Interfederal de CC.OOPROPUESTAS DE REFORMA DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL
D. Manuel Díaz de Rábago VillarI.- La modalidad procesal de
I.1.- PropuestaLa sentencia firme que se dicte
en el proceso no producirá efectos de
cosa juzgada en los conflictos colectivos
en los que la cuestión controvertida no
esté sujeta al poder de disposición de la
autonomía colectiva ni, por tanto, la suspensión de los litigios individuales vinculados a la pretensión que se dirime. En
cuanto al resto, esos efectos se limitarán
a las partes litigantes y a quienes éstas
representan legal o voluntariamente; para
afectar a los restantes trabajadores y
empresarios incluidos en el ámbito del
conflicto, cuando éste exceda el de una
empresa, será preciso que hayan sido traídos al proceso: a) en el caso de los trabajadores, la totalidad de sindicatos que
cuenten con un mínimo del 10% de los
miembros de los comités de empresa o
delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional al que se refiere el conflicto; b) en el de los empresarios, la totalidad de las asociaciones empresariales
que en ese mismo ámbito cuenten con el
10% de los empresarios y den ocupación
a igual porcentaje de los trabajadores
I.2.- Razones básicas
Ajuste a la doctrina constitucio-www.asnala.comnal (STC 3/1994). Protección del derecho
a la tutela judicial efectiva de los sujetos
colectivos representativos en el ámbito
del conflicto y no llamados al proceso, así
como de los trabajadores y empresarios
incluidos en el ámbito de afectación del
conflicto sujeto a la modalidad procesal
(evitando su vinculación a lo resuelto en
un litigio en el que no son partes directas
y no hay un título representativo suficiente). Coherencia con la atribución de representatividad dada por la LOLS a determinados sindicatos. Ordenación más racional del derecho de éstos y de las asociaciones empresariales a promover este
tipo de litigios (ahora reglado, tácitamente, por un criterio de prioridad temporal y
con total falta de sintonía con los requisitos exigidos para la eficacia de los acuerdos conciliatorios).II.- El recurso de queja
II.1.-Propuestas
II.1.1.- La estimación de la queja
no prejuzga la resolución final del tribunal
que dirime la suplicación o casación
sobre la admisión final de estos recursos.
II.1.2.- El recurrente en queja
podrá adjuntar a su
recurso testimonio de
aquellos particulares de
los autos que estime
necesarios para acreditar
sus alegaciones. El tribunalresolverá el recurso con los hechos que
resulten de la resolución recurrida y la
documentación que se adjunte, salvo en
el caso de que se acredite que se interesó la expedición de testimonios y no se
acompañen, en cuyo caso se interesará
su remisión al órgano judicial que los
tenga a su disposición.
II.2.- Razones
II.2.1.- En el caso de la primera,
la regulación actual de la queja no contempla la audiencia de los otros litigantes,
por lo que razones de tutela impiden que
se decida, en su perjuicio y sin oírles, la
admisibilidad del recurso. Cabría otra
solución, como es que el tribunal deba
darles trámite de alegaciones (como hoy
en día se hace por algún TSJ, como por
ejemplo el de la CAPV), pero no tiene elementos para notificar, lo que exige exhorto y retrasa mucho
la queja. Una
solución como
combina rapidez con garantía.3El LaboralistaAsociación Nacional de Abogados LaboralistasPropuestas de Reforma de la Ley de Procedimiento Laboral
II.2.2.- En el de la segunda, el tribunal no
tiene a su disposición los autos ni demás
actuaciones efectuadas por el órgano
judicial que dictó la resolución recurrida
en queja y generalmente ésta no facilita
los datos precisos para resolverla o el
recurrente discrepa de los que ahí constan, sin que la ley establezca ahora el
modo en que se ha de proceder para
determinar la versión correcta. El quejoso
debe soportar la carga de justificación defamiliares; en ejecución de sentencia, se
mantiene el criterio actual; 4) el plazo
para interponer la apelación será de diez
días; 5) no se emplazará a las partes para
su comparecencia ante el tribunal que
resuelve la apelación; 6) la vista será obligatoria únicamente si se acordase la
práctica de prueba no documental, siendo
potestativa del tribunal en el resto de los
casos; 7) mantenimiento del régimen
actual sobre depósito, consignación, sub-contrarias al principio de celeridad (y que
únicamente se justificaban por esa falta
de contacto del tribunal con toda la prueba, ahora inexistente por las grabaciones), permitiendo práctica de pruebas no
documentales no practicadas por causa
ajena a la parte que las propuso, o el
enjuiciamiento directo por el tribunal ante
determinadas excepciones procesales
indebidamente estimadas. Garantiza la
defensa del recurrido ante una sentencia(Izq. - dcha) Don Emilio Palomo Balda, Magistrado de la sala de lo Social del TSJPV, Don Manuel Díaz de Rábago Villar, Presidente
de la Sala de lo Social del TSJPV, y D. Enrique Lillo Pérez, Gabinete jurídico interfederal de CC.OOlos datos relevantes, pero no los efectos
de una demora del órgano judicial que
tiene las actuaciones.
III.- El recurso de suplicación
III.1.- Propuesta
Sustitución por el recurso de
apelación civil, con su régimen jurídico, si
bien sujeto a estas modificaciones: 1) lo
resuelven las Salas de lo Social de los
TSJ o de la AN, según hubiere dictado la
resolución impugnada un Juzgado de lo
Social, en el primer caso, o, en el segundo, el Juzgado Central de lo Social (que
asumiría las funciones de instancia de la
actual Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional) o las Salas de lo Social de los
TSJ (conociendo en primera instancia); 2)
las sentencias que los dirimen son recurribles en casación para unificación de doctrina ante la Sala 4ª del TS; 3) no tendrán
recurso las sentencias que se dicten en
litigios sobre fecha de disfrute de vacaciones, materia electoral, permisos por lactancia y reducción de jornada por motivos4sanación, intervención de letrado y costas.
III.2.- Razones básicas
El objetivo de la LEC de convertirse en la regulación común de los procesos en nuestro país y asunción, en su
ordenación, de valores típicos del proceso laboral, con una progresiva convergencia en las regulaciones históricas de la
apelación civil y la suplicación laboral. El
régimen jurídico actual, que ya impone
aplicar al recurso de suplicación reglas de
la LEC comunes a todos los recursos y,
por analogía, algunas específicas del
recurso de apelación. De manera especial, la desaparición de la razón esencial
para mantener el recurso como extraordinario y sin más posibilidad de revisar
hechos probados que prueba documental
o pericial, pues el tribunal puede conocer
el desarrollo íntegro del juicio a través de
su grabación. Incremento de garantías en
la valoración de la prueba y, en relación a
la admitida por vez primera por el tribunal,
permite hacerla en forma homogénea con
el resto, al tiempo que evita retroaccionesfavorable perversa, sin necesidad de acudir a trámites no previstos por la LPL y
exigidos por razones de constitucionalidad (STC 4/2006). Permitirá apelar resoluciones judiciales que cierran el proceso
y hoy en día no están abiertas a la suplicación (autos definitivos), como también
la totalidad de sentencias (de las que únicamente ha de excluirse aquéllas en las
que la estimación tardía de la pretensión
en juego será normalmente inviable), sin
que ello tenga por qué generar más recursos.
NOTA.- En la obra “Derecho laboral
del siglo XXI”, de la colección de
Estudios de Derecho Judicial, editada
Judicial, dentro de la ponencia “El proceso laboral del siglo XXI: situación
actual y propuestas de reforma”, desarrollo con amplitud las razones, aquí
resumidamente expuestas, de mis
propuestas en materia de modalidad
procesal de conflictos colectivos y de
recurso de suplicación.www.asnala.comAsociación Nacional de Abogados LaboralistasEl LaboralistaArtículo de opiniónPROPUESTAS DE REFORMA DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL
D. Martín Godino ReyesEN MATERIA DE COMPETENCIAS
Desarrollo y cumplimiento del artículo 3.2
de la Ley de Procedimiento Laboral, residenciando la competencia para la impugnación de las resoluciones de empleo y
las de imposición de sanciones por infracciones del social en la jurisdicción social.Justificación:En primer lugar, la propia obligación contenida en el artículo 3.3 de la Ley de
Procedimiento Laboral de desarrollar
legislativamente las peculiaridades del
procedimiento en un plazo de nueve
meses que finalizó hace diez años. En
segundo término la naturaleza laboral de
las cuestiones que se ventilan en la
a los que se ha hecho referencia. En tercer lugar la anormalidad de que la jurisdicción social conozca de los recursos
contra las resoluciones judiciales que
autorizan la extinción, modificación o suspensión colectiva de los contratos en el
procedimiento concúrsala, de manera
que una misma cuestión material está
atribuida a dos órdenes jurisdiccionales
distintos en función de que la empresa se
encuentre o no en una situación patológica -concurso-. Y en cuarto lugar el mantenimiento de la competencia da lugar a
dificultades y contradicciones insalvables;
por ejemplo cuando la competencia para
revisar la inclusión de un expediente de
regulación de empleo contencioso administrativa si hay lista de afectados pero
social cuando no la hay; o cuando seadmite la extensión de efectos de sentencia contenciosa que ha sido consentida
por algunos de los incluidos en el expediente en la jurisdicción social pero no en
la contencioso administrativo.
Modificación del artículo 14 a) de la Ley
de Procedimiento Laboral para que la
declinatoria pueda plantearse y resolverse antes de la celebración del juicio y no
Sentencia, como ocurre en el procedimiento civil.Justificación:Resulta contrario a la economía procesal
y altera el equilibrio de partes que el
demandado se vea obligado a desarrollar
la defensa sobre el fondo de una cuestión
que luego no va a resolver el órgano judicial por incompetente.
EN MATERIA DEACTUACIONES PROCESALES
Modificar el artículo 43.4 de la LPL, para
establecer la regla general de inhabilidad
del mes de agosto para todas las actuaciones procesales, suprimiendo la excepciones que señala el precepto.Justificación:La regulación actual provoca inseguridad
jurídica sin ningún beneficio real en la
celeridad del procedimiento.
Adaptación y cumplimiento en la jurisdic-ción social de lo dispuesto en el artículo
135.5 de ka Ley de enjuiciamiento Civil
sobre la presentación de escritos a través
de medios técnicos.Justificación:La inmediatez en la comunicación con el
órgano judicial y reducción de gastos e
inconvenientes que el desplazamiento
repetido a la sede de tales órganos comporta para las partes y para sus letrados.
DE OFICIOModificación del artículo 148.2 a) de Ley
de Procedimiento Laboral para admitir
desistimiento de los trabajadores perjudicado en el procedimiento de oficio.Justificación:Carece de sentido que se convierta en
indisponible para el trabajador la acción
derivada de actuaciones del empresario
en la que es el único perjudicado, lo que
supone un intervencionismo administrativo creciente en la resolución de los conflictos laborales.
Modificación del artículo 189 LPL para
abrir el Recurso de suplicación a todo tipo
de procesos, dejando únicamente la limitación para los supuestos de reclamaciónDon Martín Godino Reyes y Don Enrique Lillo Pérez
www.asnala.com5El LaboralistaAsociación Nacional de Abogados LaboralistasPropuestas de Reforma de la Ley de Procedimiento Laboral
de cantidad cuya cuantía no supere una
determinada, elevando la actual.Justificación:
Con la regulación actual, procesos en los
que se debaten cuestiones relevantes
para la aplicación del derecho quedan
fuera del recurso y sometidas a la absoluta disparidad de criterios de los Juzgados
de lo Social. Ejemplo: la interpretación del
derecho a reducción de jornada a través
del procedimiento regulado en el artículo
138 bis LPL.
Modificación del artículo 195 de la Ley de
Procedimiento Laboral para dar una
mejor y más completa regulación a la
impugnación del Recurso de Suplicación.
En particular en dos aspectos concretos:
a) Que se prevea la entrega de los autos
a la parte impugnante del recurso y b)
Que se admita en la impugnación la propuesta de modificación de las pretensiones formuladas y desestimadas en la
Sentencia, pese a que haya sido favorable a la parte que impugna.Justificación:
No hay razón alguna para que el impugnante tenga una limitación en su derecho
de defensa como consecuencia de no
poder tener los autos, mucho más
cuando la parte recurrente
puede haber instado
la modificación de6hechos con apoyo en documentos incorporado al procedimiento.
En cuanto a la ampliación de los límites
de impugnación, se evitarían situaciones
en las que la Sentencia, aún favorable, no
ha resuelto todas las razones de oposición cuando en suplicación se estima el
recurso frente a la acogida en la instancia.
Y lo mismo ocurre con la modificación de
hechos perjudiciales para la parte favorecida con la Sentencia, con el valor que
pueden tener en el propio procedimiento y
en procedimientos ulteriores.
La modificación de la regulación del
RCUD para abrirlo a las cuestiones de
casacio-nal, aún sin identidad de supuestos de
hecho, con amplio margen para que el
propio Tribunal evalúe tal interés.Justificación:Evitar la perspicacia de doctrinas de los
diferentes Tribunales Superiores de
Justicia en materias relevantes en las que
la dificultad de apreciar la identidad impide la unificación de doctrina.
Modificar el artículo 301 LPL para suprimir
la ejecutividad de las Sentencias dictadas
en procesos de conflicto colectivo e
impugnación de convenios colectivos.Justificación:La naturaleza de las pretensiones
que se hacen valer en tales procedimientos convierten en
extraordinariamente perturbador el mecanismo de la ejecución provisional en caso de una
eventual Sentencia estimatoria del
recurso, con el añadido de la inseguridad y ejecutabilidad cuando se
trata de pronunciamientos meramente declarativos.D. Martin Godino Reyes.
Abogado Laboralistas de Sagardoywww.asnala.comAsociación Nacional de Abogados LaboralistasEl LaboralistaArtículo de opiniónPROPUESTAS DE REFORMA DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL
D. Enrique Lillo PérezI.- Considero que el nuevo textocon carácter muy restrictivo laLaboral debería incorporar dealgunas lesiones, que son las des-refundido o Ley de Procedimiento
manera explícita y directa algunade las innovaciones introducidaspor la Ley de Enjuiciamiento Civil
1/2000 de 7 de enero. En primerlugar la regulación de medidas
cautelares dado la parquedad y
concisión que sobre esta materiatan importante tiene el vigentetexto refundido de procedimiento
laboral que sobre este extremosolo contempla el posible embargo
preventivo regulado en el art. 79 dela Ley de Procedimiento Laboral y
la regulación absolutamente defi-ciente y que debe modificarse con-tenida en los arts. 178.1 de la Leyde Procedimiento Laboral vigente,petición de suspensión a solo
critas en el citado párrafo 1º.Considero que el art. 79 debería de ser
suprimido y sustituido por el parte de la
regulación material contenida en los arts.
726.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
por el art. 727 del mismo texto legal.
El contenido podría quedar con el siguiente tenor:
“El tribunal ha solicitud del demandante que la incorporara en un
OTROSI de la demanda podrá
acordar cualquier clase de medida
cautelar, siempre que sea conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de manera que
el fallo y contenido de ésta no
pueda verse impedido o dificultado
por situaciones producidas durante la pendencia del proceso
correspondiente.donde se contempla la solicitud deEntre otras medidas cautelares
pueden adoptase las siguientes:impugnado a través del procesoEl embargo preventivo de bienes para
asegurar la ejecución de sentencias de
condena a la entrega de cantidades de
La intervención de la administración judicial de bienes productivos.suspensión de efectos del actoespecial de tutela del derecho de
libertad sindical y otros derechos
fundamentales y que circunscribeEl depósito de cosa mueble.
La formación de inventario de bienes.
La anotación preventiva de la demanda,
en cualquier clase de registro público, así
como cualquier otra anotación registral,
en caso de que se considere que esta
publicidad registral de la demanda sea útil
para asegurar el cumplimiento de la posterior sentencia
Cualquier otra medida del tipo y contenido que fuera que se estime necesaria
para asegurar la efectividad de la tutela
judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que recayera en el juicio.
El demandante y solicitante de la
medida cautelar justificará en el
OTROSI de la demanda las situaciones que de producirse por no
adoptar la medida cautelar puedan
impedir o dificultar la efectividad
de la tutela judicial y el cumplimiento de una eventual sentencia
estimatoria. De manera que deben
aportarse datos, argumentos y, en
su caso, justificación documental
tendente a fundar, por parte del
órgano judicial y sin prejuzgar el
fondo del asunto un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de justificación documental el
solicitante y demandante podrá
ofrecerla por otros medios.
Recibida la solicitud de adopción
de medidas cautelares el juzgado
o tribunal de lo social convocará
en el plazo inexorable de cinco
días a una vista incidental, entre
actor y demandado o demanda-Don Manuel Díaz de Rábago y Don Enrique Lillo Pérez
www.asnala.com7El LaboralistaAsociación Nacional de Abogados LaboralistasPropuestas de Reforma de la Ley de Procedimiento Laboraldos, tras cuya celebración en el
plazo de cinco días se dictará auto
resolutivo de medidas cautelares”.II.- Es muy importante, estableceruna nueva regulación de medidas
cautelares en aquellas demandas oprocesos en las que se invoque
lesión de derechos fundamentalesy con independencia de que estalesión o violación se invoque a tra-vés de la modalidad procesal o
proceso especial de tutela de derechos fundamentales o a través decualquier otra clase de proceso yno solo los contemplados en el
vigente art. 182 de la Ley de
Procedimiento Laboral.telar tendente a suspender los efectos del
acto o actos impugnados y a garantizar la
protección inmediata del ejercicio efectivo
del derecho fundamental lesionado.
Especialmente se acordará que durante
la tramitación procesal de la demanda o
pendencia del proceso de despido del
representante legal o sindical y del candidato electoral, la empresa venga obligada
a no dificultar ni impedir la actuación
representativa o informativa y a participar
en su caso como legible y elector en el
proceso electoral en curso coincidente
con la pendencia del proceso de despido.
Esta medida cautelar deberá ser adoptada por el Juzgado de lo Social que con
carácter de urgencia y previo a la interposición de la demanda por estarse tramitando la solicitud de conciliación de despido, reciba por el turno de reparto la solicitud de adopción de medida cautelarisima,
siempre que sea necesario para garantizar la participación en el proceso electoral
del representante legal o sindical o candidato despedido.III.- Innovación consistente enPara ello es fundamental la supresión del
vigente art. 178 párrafo 1º del vigente
texto refundido y su sustitución por una
nueva regulación general que debería
incorporarse a la regulación general de
medidas cautelares y no solo a la regulación del proceso especial de tutela de
derechos fundamentales, para evitar confusiones, sería una especie de nuevo art.
79 bis de la Ley de Procedimiento Laboral
que iría a continuación del art. 79 antes
descrito.ceso especial de tutela de dere-En el mismo escrito de demanda o proceso especial u ordinario en que se invoque
la lesión de algún derecho fundamental y
mediante el OTROSI se podrá hacer la
solicitud de cualquier tipo de medida cau-Sería un nuevo art. 82.bis, cuyo contenido sería el siguiente:8establecer una regla general paratoda clase de procesos y no solo
para los que se tramitan por el pro-chos fundamentales.Esta nueva regulación podría ubicarse
dentro del Capitulo II del proceso ordinario, para clarificar la finalidad de la regla
procesal y evitar confusiones.“En toda demanda o procesoespecial u ordinario donde se invoque como fundamento jurídico o
derecho sustantivo la lesión de un
derecho fundamental, se podrá
reclamar como pretensión adicional una indemnización económica
por daños morales, así como por
perjuicio patrimoniales y materiales irrogados al trabajador con
ocasión de la violación del derecho fundamental.
Igualmente se aplicará la técnica
procesal de inversión de la carga
de la prueba cuando el demandante acredite indicios de que se ha
producido la invocada lesión a los
derechos fundamentales”.JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN DE
LAS ENMIENDAS PLANTEADASCon todas estas enmiendas propuestas
hasta ahora, se pretende subsanar algunas deficiencias procesales que han sido
apreciadas por órganos judiciales de lo
Social en lo relativo a la aplicación de
medidas cautelares prevista en la Ley de
Enjuiciamiento Civil para el proceso
Social, como el Auto de 16 de noviembre
de 2000 As 3439 del Juzgado de lo Social
nº. 1 de Ciudad Real ó de 5 de marzo de
2002 As 1270, Auto del Juzgado de lo
Social nº. 5 de Granada, ó Auto de 9 de
noviembre de 2000 As 3434 del Juzgado
de lo Social de Vitoria, entre otras, así
como la necesidad de en ocasiones en
que se invoca lesión de derechos fundamentales la necesidad de que por parte
del órgano judicial se adopten las medidas cautelares tendentes a suspender la
eficacia lesiva del acto impugnado
(Sentencia
148/93, Sala 2ª).www.asnala.comAsociación Nacional de Abogados LaboralistasIgualmente esta enmienda se justifica en
la reiterada doctrina del Tribunal
Constitucional contenida entre otras en la
sentencia 90/97 de 6 de mayo B.O.E. de
9 de junio, en virtud de la cual aun cuando no se esté en presencia de un proceso
especial de tutela de libertad sindical o de
otros derechos fundamentales, sino en un
proceso ordinario, debe garantizarse y
aplicarse la protección judicial efectiva de
este derecho aun cuando la pretensión
procesal no se haya canalizado por las
razones que fuera a través del proceso
especial regulado en el art. 175 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral,
de manera que la única diferencia entre
procedimiento ordinario y especial es el
objeto de condición limitada de este último en el cual solo se podrán examinar la
violación o no de derechos fundamentales, junto con la tramitación procesal más
preferente del proceso especial.
IV.- Deben modificarse el art. 233en cuanto al importe máximo de
honorarios de letrado del trabaja-dor en recurso de Suplicación y
Casación, cuya congelación datade hace más de 10 años, de manera que la actualización debe consistir en 1300 euros para elRecurso de Suplicación desesti-mado a la empresa y que ha sido
impugnado por el letrado del traba-jador en concepto de honorariosla Ley Civil aparezca como másinnovadora y más actual en cuanto
a adaptación con los valores y rea-lidad social que la del proceso
laboral.A tal fin se introduciría un nuevo art. que
podría ser el art. 286.bis, Capítulo
Preliminar, cuyo contenido literal sería el
“Las sentencias de resolución de
contrato estimatorias que lo declaran extinguido y condenan al pago
de la indemnización prevista por
despido improcedente serán ejecutivas desde que se dicte y se
entenderá extinguido el contrato
por causa justificada a efectos de
cobro por el trabajador de la prestación legal de desempleo.
JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA
La situación actual es muy perjudicial
para los trabajadores que obtienen sentencia favorable de extinción de contrato
por causa justificada de impago de salario
o cualquier otro motivo y si la empresa
consigna y recurre durante la tramitación
del recurso no cobran la prestación por
desempleo y se ven obligados a continuar
trabajando a pesar de no cobrar ninguna
clase de salario o de permanecer dentro
de la empresa con una situación ofensiva
a su dignidad personal o a su formación,
perpetuándose por tanto la violación del
art. 50 del Estatuto de los Trabajadores y
de los derechos del trabajador durante la
tramitación del recurso.de éste y 2.800 euros en conceptoVI.- Deberá modificarse al art. 296jador devengados cuando se des-refundido en el siguiente sentido:de honorarios de letrado del trabaestima el recurso de Casación de
la empresa.V.- Deben introducirse modificacio-nes en lo relativo a la ejecución
provisional, para adaptar el proce-so laboral a las nuevas reglas contenidasenlaLeydeEnjuiciamiento Civil contenidas en
esta materia, que hace que incluso
www.asnala.comdel Proyecto y del vigente texto
“Suprimirse resolverá lo que proceda”.
“Resolverá proceder a la readmisión inmediata por parte de la
empresa del trabajador cuyo despido ha sido declarado nulo”.
La finalidad es clarificar que si el despido
declarado nulo y, por tanto, la condena de
la sentencia de instancia es la de readmisión y reanudación de la prestación de
servicios no quepa la opción al empresa-El LaboralistaArtículo de opinión
rio de suspender la eficacia inmediata de
la sentencia en el sentido de no reincorporar materialmente al trabajador y abonarle la retribución, sino que si el trabajador lo solicita y la sentencia ha declarado
la nulidad del despido, el empresario
venga obligado a en ejecución provisional
de la sentencia readmitir de manera efectiva al trabajador y, por tanto, no disfrutar
de la opción que le reconoce el art. 295.1.
y 2 para este caso en que el trabajador
tiene a su favor una sentencia que declara la nulidad de su despido y ha solicitado
la reincorporación efectiva en la prestación de servicios durante la tramitación
del recurso.VII.- Igualmente se propone la
modificación del art. 301 de la Ley
de Procedimiento Laboral en el
sentido de añadir una frase cuyo
tenor literal sería el siguiente:“Igualmente será ejecutiva la sentencia que se dicte en toda clase
de proceso ordinario o especial
cuando se haya declarado judicialmente la lesión de un derecho fundamental”.
La finalidad de la enmienda es aclarar
que la ejecutividad provisional de la sentencia no solo afecta a las que se dicten
en el proceso especial de tutela de derechos fundamentales, sino en toda clase
de proceso incluido el ordinario en que se
declare judicialmente la violación.VIII.- PROCESO ORDINARIO DE
SALARIO Y DE RESOLUCIÓN DE
SALARIO.PORIMPAGODEEsta regla podría añadirse a la enmienda
anteriormente citada sobre los procesos
ordinarios y sería una especie de art.
82.tris.
El contenido literal sería el siguiente:
“Las demandas de resolución de
contrato por impago de salarios o
aquellas en que se reclame el
pago de dos o más mensualidades9El LaboralistaAsociación Nacional de Abogados LaboralistasPropuestas de Reforma de la Ley de Procedimiento Laboral
anteriores a la fecha de la reclamación tendrán carácter preferen
Se trata de introducir reglas innovadoras
de la Ley de Enjuiciamiento Civil de
manera explícita y directa al proceso
En este sentido hay que introducir en el
contenido de la Ley de Procedimiento
Laboral el art. 540 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, acerca de ejecutante
y ejecutado en casos de sucesión. Y, por
tanto, se propone una nueva redacción
como art. 301.bis, cuyo contenido literal
“La ejecución podrá despacharse
a favor de quien acredite ser sucesor o causahabiente del que figure
como ejecutante del titulo ejecutivo o sentencia y frente al que se
acredite que es el sucesor de
quien en dicho título aparezca
como ejecutado”.
La finalidad de esta enmienda es clarificar
la necesaria aplicación de la Ley de
Enjuiciamiento Civil a la ejecución laboral,
que aun cuando esta garantizada dado el
carácter de norma complementaria y subsidiaria en relación con el proceso laboral,
resulta conveniente su incorporación
directa al contenido de la Ley del Proceso
Laboral.X.- Se propone una adición como
segundo párrafo del art. 301.bis
que contemple la previsión conte-nida en el art. 542 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil sobre ejecución frente al deudor solidario.La justificación es clara se trata de disipar
posibles confusiones aun cuando estas
no deben plantearse, puesto que la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil
por lo expuesto con anterioridad es aplicable a las ejecuciones laborales.
En consecuencia el segundo párrafo
del art. 301.bis sería el siguiente:
“Podrá despacharse ejecución contra un tercero, que
en virtud de vínculos jurídicos de solidaridad con la
empresa o empresario10apremiado, debidamente acreditados o constatados tras un incidente procesal de ejecución de sentencia en que se haya celebrado
vista y haya habido audiencia de
las partes y del tercero, se ha
declarado mediante Auto responsable solidario del pago de la
deuda contenida en la sentencia o
título ejecutivo”.
Con esta enmienda se clarifica la confusión actual sobre responsabilidad en el
pago de la cantidad objeto de ejecución,
del tercero que no intervino en el procesal
principal, pero que tiene vínculos de solidaridad con el empresario o empresa
siempre que estos vínculos sean constatados y declarados en el Auto judicial tras
la audiencia del mismo y la celebración
de vista con alegaciones y prueba.XI.- Es fundamental hacer una
reforma del art. 8, 164 y concor-dantes de la Ley Concursal, que
suprime la autorización adminis-trativa en los despidos colectivos
en el caso de empresas declaradasen concurso mercantil y atribuyesus funciones no al Juez de lo
Social, sino al Juez Civil
Mercantil.Esta atribución competencial unido a la
interlocución negociadora
Empleo no con la
empresa sino con
concursales,
generando gravísimos problemas a los
trabajadores afectados. No
solose ha abaratado el despido, sino que se
están planteando verdaderas situaciones
de indefensión y miseria economía para
los trabajadores impropias de un estado
Se están dando casos en empresas en
concurso en los cuales los trabajadores
llevan varios meses sin cobrar su salario
y sin demandan ante el Juzgado de lo
Social la resolución de contrato por impago de salarios, el Juzgado le remite al
Expediente de Regulación de Empleo del
concurso, conforme establece el art. 164
y 151 de la Ley Concursal.
La tramitación del Expediente de
Regulación de Empleo es lenta dada la
acumulación de trabajo que tiene el
Juzgado y la exigencia de que se dicte el
Auto de apertura de consultas.
Igualmente es lenta la tramitación posterior del auto de extinción de la relación
laboral, dado el cúmulo de asuntos del
Juzgado, con lo cual los trabajadores ni
cobran el desempleo ni cobran el salario,
puesto que la documentación y tramitación ante el Fogasa también exige de títulos y de tiempo.
Además no todos los Juzgados ni administradores concursales tienen la misma
rapidez profesional ni dedicación a las
necesidades perentorias de los trabajadores en este tipo de procesos concursales.
Asimismo, la exigencia de
comunicación de los créditos laborales y la necesidad de su inclusión en
la lista de acreedores
para poder cobrar del
Fogasa decisión esta
que compete exclusivamente a los administradores está plateando
serios problemas, consistentes en demoras, tardanzas e impagos del Fogasa,
que los administradores no
actúan con la rapidez
adecuada.D. Enrique Lillo Pérez
Gabinete Jurídico Interfederal de CCOOwww.asnala.comEl LaboralistaNoticiaAsociación Nacional de Abogados LaboralistasE-FACTURA Y PROCEDIMIENTOS
TELEMATICOS CON LA ADMINISTRACIÓN
El pasado día 2 de diciembre de 2008 tuvo lugar la
celebración de la “Jornada sobre e-Facturación y
Procedimientos Telemáticos con la Administración
Tributaria”, organizada por la Fundación Aselex
Asesores Legales y la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de la Provincia de Málaga,
con la colaboración de la Confederación de
Empresarios de Málaga y la Consultora Aselex
Con esta jornada se pretendía formar, a la par que
informar, al tejido empresarial malagueño, así como
a los profesionales que van a tener que operar con
estos nuevos procesos, es decir, abogados, asesores fiscales, economistas…
La jornada se estructuró en 2 partes diferenciadas.
En la primera de ellas, íntegramente dedicada a la
Administración, tanto autonómica como estatal, se
procedió a la explicación y presentación pormenorizada de todos los cambios, posibilidades y adaptaciones que la implantación de las nuevas tecnologías ha supuesto en todos los trámites con la administración tributaria; contando para ello con dos
ponentes de amplia experiencia: por un lado D.
Bartolomé Borrego Zabala, Vocal Responsable de
la División de Nuevas Tecnologías de la Agencia
Tributaria, de Andalucía, y por otra parte D. Ángel
L. Ruiz Solanes, Jefe del Servicio de Relaciones
con el Contribuyente, de la Delegación Provincial
de Málaga de la Consejería de Economía Hacienda
En este sentido en un primer lugar se formó a los
asistentes en los conceptos necesarios y que han
permitido esta posibilidad de operar a través de
Internet, como por ejemplo la Firma Electrónica,
requisito básico para poder identificarnos en nuestras operaciones telemáticas y de facturación electrónica, sin olvidar exponer las obligaciones legales
que debemos observar en este aspecto, como
12puede ser la Ley Orgánica sobre Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), o la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).
Punto fundamental de las jornadas fue igualmente
la Factura Electrónica, indicando en este punto los
requisitos, potestades y posibilidades que esta nuevas posibilidad aporta a las empresas.
Después de esta exposición, se pasó a la explicación de los distintos procedimientos administrativos
que es posible realizar en la actualidad mediante
trámites telemáticos, pasando a las novedades que
entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2009,
como la presentación telemática de los libros de
IVA. A destacar en este ámbito, aparte de la presentación por Internet de casi el 100% de todos los
impuestos y tasas, tanto a nivel estatal como autonómico, la presentación de recursos administrativos y reclamaciones tributarias, así como el pago
de impuestos y tasas de forma digital.
En relación al segundo bloque de ponencias, se
centraron en 2 aspectos fundamentales, por un lado
presentar al empresario y/o profesional las distintas
líneas de subvención y financiación para la implantación de sistemas informáticos, así como adaptaciones legales que les permitan el uso de todas
estas posibilidades de comunicación telemática con
Para finalizar se realizó una exposición por parte de
la mercantil CamerFirma, que es una Autoridad de
Certificación, donde se presentó a los asistentes un
software tendente a facilitar la emisión, recepción y
archivo de forma completamente digital, de toda la
facturación de una empresa.
Igualmente, la Cámara de Comercio ofreció la posibilidad a todos los inscritos de solicitar de forma
completamente gratuita un Certificado Digital (firma
electrónica), requisito primero y básico para poder
realizar facturación electrónica y operar de forma
telemática con la administración.
www.asnala.comAsociación Nacional de Abogados LaboralistasEl LaboralistaNoticias ASNALACONCLUSIONES MESAS DE TRABAJO
IX CONGRESO DE ASNALA21 y 22 de Noviembre de 2008
Palacio de Euskalduna de Bilbao
TALLER DE TRABAJO PARA PROFESIONALES“¿Cómo hablar en público y convencer? Técnicas especiales para Laboralistas”Presidente de Mesa: D. Aitor Ibarra CebaderoCONCLUSIONESArgumentaciín jurídica aplicada y oratoria forense,
ante la jurisdicción de los social
1º) Se considera de suma importancia que los abogados y graduados sociales, sepan jerarquizar por grado
de importancia, los mejores argumentos de todos los encontrados para la defensa de su posición jurídica.
Diferenciar los buenos de los malos argumentos es una tarea necesaria y colocar por grado de importancia
los mejores de los buenos también. Debemos trabajar para los magistrados, además de para nuestro cliente y ello nos lleva a resumir con cierta exquisitez los argumentos más importantes eliminando lo superfluo
y resaltando con brillantez, aquellos argumentos decisivos, que impulsen al magistrado a darnos la razón
2º) No existen herramientas específicas, para actuar ante la Jurisdicción de lo Social. Nuestra herramienta es la palabra. La palabra hablada y la palabra escrita. A medida que el procedimiento sea presentemente oral le daremos mayor importancia a la palabra hablada, mientras que la palabra escrita interviene más
en los procedimientos ordinarios y recursos. Por ello en nuestras actuaciones los laboralistas debemos
manejar ambas herramientas de una forma determinante, tanto hablando como escribiendo. La estética del
documento y el comportamiento en sala del profesional resulta esencial para la consecución del objetivo.
En definitiva se trata de utilizar lo que desde los tiempos más remotos se viene utilizando no solo en la jurisdicción sino en otros ámbitos de la sociedad y sin tal dominio los laboralistas nos encontraremos en desventaja no solamente frente a nuestros compañeros de profesión sino frente a la sociedad misma.
3º) Persuadir o convencer, son dos modelos retóricos que tienen el mismo fin: alcanzar la razón para nuestro cliente. La persuasión desarrolla más los argumentos atacando al sentimiento y la emoción, mientras
que el convencimiento nos conduce a elaborar argumentos de tipo lógico y razonable, porque es la búsqueda de la razón verdadera la máxima de la justicia que se pretende alcanzar. Ambos modelos son utilizados
en nuestros alegatos con mayor o menor intensidad y en mayor o menor proporción, según sean tengamos
buenos o mejores argumentos.www.asnala.com13El LaboralistaAsociación Nacional de Abogados LaboralistasConclusiones Mesas de Trabajo IX Congreso de ASNALA4º) Existe un ambiente generalizado entre los participantes que produce cierta desazón indicando que en
ocasiones a los laboralistas no se nos trata con el debido respeto en nuestras actuaciones por parte de algunos magistrados. A veces incluso delante de nuestros clientes se nos llega a humillar literalmente y es por
lo que no estaría de más elevar una protesta como Asociación con el fin de que dichos comportamientos
5º) Los magistrados también han de argumentar adecuadamente sus resoluciones así lo indica nuestra
Constitución en su artículo 120.3 “Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia
pública”. Es lo que se llama motivar las resoluciones. Los Jueces y Magistrados para emitir sus resoluciones acuden a la razón común, razonamientos que en definitiva son argumentos conforme a la lógica jurídica. Las máximas de la razón, los principios del derecho, el argumento analógico, las máximas de la experiencia y otros que en nada se diferencian de los argumentos manifestados por las partes. Éstos han de
poner en conocimiento del magistrados dichos argumentos para que coja de ellos, los de mayor peso, conforme a su criterio particular de la justicia, seleccionando por el Juez los mejores argumentos, de los que
las partes le hayan presentado.
De ellos por lo tanto el Juez se fijará en aquellos razonamientos que mejor se adapten al caso planteado,
bajo el punto de vista de la razón y corresponde a éste, no solamente fallar el pleito, sino explicar por qué
adopta esa decisión y que es lo que le ha llevado al convencimiento de dicho juicio que en principio resultaría ser el pensamiento interno del Juez individualmente, pero que ha de exteriorizar en la sentencia, conforme al principio de la motivación de las resoluciones que rige en los sistemas jurídicos de nuestro entorno.
En las dos horas escasas, de debate, poco se ha podido discutir por lo que se ve en dicha materia
interés suficiente para que en lo sucesivo se tenga en cuenta dichos conocimientos que hoy en día están
en boga en todas las profesiones y que empieza a ser importante en la nuestra siendo competitivo y necesario aprender a desarrollar técnicas tales como: de análisis argumentativas, del caso planteado, herramientas de entonación, tratamiento del silencio, estilos oratorios, la estética del documento y del profesional, el
comportamiento en sala, la búsqueda de buenos y de los mejores argumentos, técnicas de redacción, ayudas a la improvisación y otras muchas cuestiones prácticas que debemos controlar los laboralistas y que en
un curso de mayor duración podrían desarrollarse, por lo que varios asistentes desearían asistir a un curso
de mayor duración sobre los temas aquí desarrollados.14www.asnala.comAsociación Nacional de Abogados LaboralistasEl LaboralistaNoticias ASNALAMESA DE DEBATE SOBRE DERECHO PROCESAL
“Reformas necesarias en la Ley de Procedimiento Laboral”Presidente de Mesa: D. Luis María PaganoCONCLUSIONES
Es necesario propiciar y proponer al legislador la atribución a los tribunales del orden social de la competencia en relación con todas las
cuestiones sujetas al Derecho Laboral y de Seguridad Social, incluidas la impugnación de actos administrativos, salvo los estrictos actos
de gestión y recaudación.
Encarecer el desarrollo del art. 3.2 de LPL a fin de que vuelva a la
jurisdicción laboral el entendimiento de los EREs en supuestos de concurso.
Idem en materia de accidentes de trabajo y las indemnizaciones para evitar la división de la continencia
de la causa.MESA DE DEBATE SOBRE DERECHO LABORAL“ Problemática actual de las bajas incentivas en las crisis empresariales”Presidente de Mesa: D. Alfonoso Pedrajas HerreroCONCLUSIONES
La nueva situación económica y particularmente el nuevo escenario económico tras el derrumbe del mercado inmobiliario, el cierre de
la financiación por la entidades bancarias, el colapso industrial de ciertos sectores (v.gr. automoción) y la caída irremediable de la Bolsa, suscita múltiples cuestiones en el ámbito económico y concretamente en el ámbito jurídico laboral. Es conocido que en épocas difíciles de crisis
económica –tanto en supuestos de ralentización como de recesión- aumenta la tensión social y existe una
voluntad de las empresas de recortar gastos, siendo uno de los principales exponentes de dicho recorte de
gastos el relativo al personal que presta servicios en las citadas empresas. Sin ir más lejos, tenemos enwww.asnala.com15El LaboralistaAsociación Nacional de Abogados LaboralistasConclusiones Mesas de Trabajo IX Congreso de ASNALAnuestro país los cuantiosos procesos de reestructuraciones e incluso cierre de empresas.
Todo ello hace que nos planteemos múltiples cuestiones en relación a la necesidad de cierre de centros de trabajo por la empresas o a buscar otras medidas como suspensiones de contratos, bajas incentivadas ... Frente a esta situación en el IX Congreso Nacional de ASNALA se analizó las dificultades normativas y procedimentales con las que nos encontramos los profesionales, centrándose el debate en algunos
aspectos que a continuación se describen.
Si bien en procesos de reestructuración debe primar la voluntad negociadora y el pacto como medida que
resuelva los conflictos entre los trabajadores y patronal, la realidad también muestra como por ejemplo en
supuestos de despidos colectivos puede resultar condicionado por aspectos procedimentales y fiscales que
en ocasiones puede no facilitar el acuerdo entre las partes afectadas.
En relación a los aspectos procedimentales, una posible alternativa sería ahondar en la –Sentencia
del Tribunal Supremo en Unificación de Doctrina de 22 de enero de 2008 (Ponente Ilmo. Sr. D. Luis Gil
Suárez – RJ 2008/2074), en la que se señala que para la existencia de un despido colectivo no basta con
que un conjunto de trabajadores hayan sido despedidos al mismo tiempo aunque el número de los trabajadores afectados supere con holgura los topes del artículo 51 del TRET, sino que es preciso que los despidos sean debidos a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. De ahí la importancia de
buscar una cobertura legal a un procedimientos alternativo si ello redunda en beneficio de los interesados.
En relación al tema fiscal se aboga por evitar la penalización que supone seguir un procedimiento
de despido colectivo, cuya voluntad negociadora determina que se superen los parámetros indemnizatorios
establecidos legalmente, frente a los despidos individuales por razones disciplinarias, equiparando las exención fiscal de los despidos colectivos –incluso de los objetivos por las razones establecidas en el artículo 52
c) del TRET- a la exención de los 45 días de los salarios por año de servicio con el prorrateo de los períodos inferiores al año, establecidos en los despidos disciplinarios declarados improcedentes.
Finalmente, destacar la especial preocupación manifestada en la falta de agilidad de los procesos
concursales con el consiguientes perjuicio para los afectados, solicitándose al respecto se doten de los
medios y personal suficiente a los organismos intervinientes para evitar colapsos irreparables.16www.asnala.comAsociación Nacional de Abogados LaboralistasEl LaboralistaNoticias ASNALAMESA DE DEBATE SOBRE SEGURIDAD SOCIAL“ El control de las Incapacidades Temporales de la Mutuas Patronales:
Posibilidades y límites”Presidente de Mesa: D. Carlos Antonio Bonell PascualCONCLUSIONES
Los participantes en la mesa aportaron supuestos de
hecho concretos sobre los que centrar el debate y analizar los distintos puntos de vista y actuaciones.
Quedó en evidencia el impacto todavía no medido y asumido por empresas, trabajadores y administraciones sanitarias, de la aprobación en 1995 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las obligaciones empresariales en materia de Vigilancia de la Salud con ocasión de los procesos de incapacidad
temporal. De manera especial, quedó en evidencia la falta de desarrollo y aplicación práctica del artículo
25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que reconoce al trabajador el derecho, y establece para
el empresario la recíproca obligación, de adaptar el puesto de trabajo a la persona y desarrollar políticas
de movilidad temporal en los supuestos de disminución transitoria de su capacidad física, mediante la
asignación de tareas compatibles con su estado, o el trasladado a un puesto de trabajo compatible con
su estado..La vieja idea de adaptación del trabajador al puesto de trabajo se ha visto sustituida por la obligación
patronal de adaptar el puesto de trabajo a las capacidades del trabajador, con una transformación esencial de la incapacidad laboral, tanto la temporal como la permanente, que han de operar con carácter subsidiario, cuando no sea posible asignar al trabajador un puesto de trabajo de su grupo o categoría compatible con su estado.Sin embargo, éste no parece ser más que un precepto programático, ajeno mayoritariamente a la práctica diaria real vivida por los participantes en la Mesa en las empresas que asesoran y únicamente al
alcance de grandes empresas con numerosas plantillas.
Están de acuerdo los participante en que la diferencia entre “incapacidad temporal” y la de “apto con
limitaciones”, que expide el médico de Vigilancia de la Salud para que el empresario adapte temporalmente el puesto de trabajo y libere temporalmente de determinados contenidos al trabajador, no es todavía
comprendida ni asumida ni por las empresas ni por los trabajadores, y no cuenta con las debidas garantías.
También se puso de relieve la existencia de distintas prácticas administrativas sanitarias, derivadas de
las transferencias de competencias en materia de Salud a las Comunidad Autónomas.
Se analizó cómo con ocasión de los procesos de incapacidad temporal, entran en acción diferentes
www.asnala.com17El LaboralistaAsociación Nacional de Abogados LaboralistasConclusiones Mesas de Trabajo IX Congreso de ASNALAagentes de salud y diferentes médicos con especialidades, misiones y competencias distintas, que interactúan en no pocos casos de una manera desordenada y confusa para el trabajador y el empresario:
El médico de Atención Primaria o Médico de Familia, del Servicio Público de Salud dependiente de la
El Inspector-médico de la Comunidad Autónoma
El médico de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
El médico del Equipo de Valoración de Incapacidades de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
El médico especialista en Medicina del Trabajo del Área de Vigilancia de la Salud del Servicio Propio o
Ajeno de Prevención de Riesgos Laborales
El médico de control de absentismo contratado por el empresario para verificar la enfermedad del trabajador
Los participantes en la Mesa valoraron el actual régimen jurídico como de excesivamente complejo, confuso y generador de inseguridad jurídica, tanto para los trabajadores como para los empresarios.
Se concluyó que la existencia de un régimen de protección distinto para el trabajador en cuanto beneficiario del Sistema Público de Seguridad Social con ocasión del origen de la contingencia genera tensiones
entre los distintos actores y gestores, en perjuicio tanto de trabajadores como de empresarios.
Se abogó por potenciar la inmediata asistencia del trabajador precisado de asistencia sanitaria e incapacitado para el trabajo, sin necesidad de partir necesariamente de un diagnóstico y una contingencia, y tanto sea
el Servicio Público de Salud como la Mutua de
Accidentes de Trabajo quien acoja en primera instancia
al trabajador accidentado o enfermo. Se defendió la utilización del parte de baja EN ESTUDIO que no prejuzgue diagnóstico ni contingencia, para que las Mutuas
de Accidentes puedan ante la
duda atender e iniciar el tratamiento del trabajador, y una vez
las pruebas diagnósticas y
médicas en general aporten
efectuar las actuaciones
administrativas oportunas sin perjuicios
y el empresario.18www.asnala.comAsociación Nacional de Abogados LaboralistasEl LaboralistaNoticias ASNALAASEPEYO Y ASNALA-ANDALUCÍA,
DEBATEN SOBRELA RESPONSABILIDADDEL ACCIDENTE LABORAL
La jornada fue inaugurada
por la alcaldesa de Córdoba,
Excma. Sra. Dña. Rosa Aguilary contó con destacados expertos en la materia.Asepeyo y la Asociación de
Andalucía (Asnala) celebraron el 4
de diciembre en el hotel AC Córdoba
Palacio, una jornada sobre la
indemnización por daños y perjuicios y el recargo de prestaciones
en los accidentes de trabajo. Estas
dos reclamaciones judiciales suscitan una gran litigiosidad acerca de
las consecuencias jurídicas y económicas de los accidentes laborales, y
por ello, fueron objeto de análisis en
esta sesión informativa dirigida a
profesionales del derecho laboral.De izq. a dcha:
D. Fernando Azcona Recio, presidente de ASNALA-Andalucía,
Dña Rosa Aguilar, alcaldesa de Córdoba,
D. Jose María Perez Tocornal, director autonómico de Asepeyo.Durante la jornada, que tuvo un carácter eminentemente jurídico, se realizó un estudio de
los elementos que definen estas dos reclamaciones, la normativa a aplicar en prevención de
riesgos laborales en estas situaciones y la cuantificación económica de sus efectos. Asimismo,
en el transcurso de la sesión, se debatió la última jurisprudencia que el Tribunal Supremo ha
www.asnala.com19El LaboralistaResponsabilidad del accidente laboralAsociación Nacional de Abogados Laboralistasdictado sobre estas reclamaciones, especialmente respecto a las indemnizaciones como
consecuencia de la accidentalidad laboraltado en el 2005 hasta llegar a 6011 accidentes
por cada 100.000 habitantes, mientras que por
ejemplo en Alemania, esta tasa de siniestralidad había descendido hasta un 50% desde
1984 al 2005. Así mismo, destacó la gran dispersión normativa existente en España sobre
esta materia.Ana Orellana, presidenta de
la sección de Lo Social del
de Andalucía, remarcó que la
tasa de siniestralidad laboral
en España se había incremen-También participaron en el acto Juan
Pedro Gómez Jiménez, director provincial de
la Inspección de Trabajo y de la Seguridad
Social y Silvia Ferré, del Departamento de
prestaciones de Asepeyo
La jornada, en la que colaboraron los
colegios oficiales de abogados de Córdoba, de
Lucena y de graduados sociales, fue inaugurada por la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar,
el director autonómico de Asepeyo, José Mª
Pérez Tocornal y el Presidente de Asnala
Andalucía, Fernando Azcona Recio.El acto contó con la asistencia de más de un doscientos profesionales del
derecho laboral .
20www.asnala.comAsociación Nacional de Abogados LaboralistasEl LaboralistaNoticias ASNALALOS LABORALISTAS, RECLAMAN MEDIDAS
URGENTES CONTRA LA CRISISM e s a d e c l a u s u r a : D. Mar tín Godino Reyes, D. Luis Enrique
de la Villa Gil, Dña. Maria Emilia Casas Baamonde ,
D. José Luis Roales - Nieto López, D. Mariano Sampedro
Cor ral y
D. Jose Antonio Fer nández Bustillo
Los pasados días 21 y 22 de noviembre se reunieron en Bilbao, con motivo del IX
Congreso de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, más de 300 laboralistas para analizar las repercusiones laborales de la crisis económica. El Congreso, que llevaba por título “Perspectivas de la reforma laboral ante una situación económica en desaceleración”, constató la realidad de una impetuosa crisis económica, la cual, aunque ha irrumpido globalizadamente en multitud de países, lo cierto es que, entre nosotros, se está presentando con caracteres de gran dramatismo en el ámbito de las relaciones laborales. El incremento espectacular del desempleo (nos acercamos a los tres millones de parados) que sitúa
a España en una tasa de paro, a finales de octubre, del 12,8% (frente a 7,7% de media en
la Eurozona), unido a la significativa reducción del consumo, en un contexto en el principal
carro que ha empujado de la actividad económica, el sector de la construcción, se ha veni-www.asnala.com21El LaboralistaAsociación Nacional de Abogados LaboralistasLos laboralistas reclaman medidas urgentes contra la crisisdo completamente abajo, hace presagiar un futuro desalentados en el ámbito de las relaciones laborales.
Así las cosas, los laboralistas asistentes al Congreso han reclamado el Gobierno una
acción más decida y coordinada para atajar la sangría de pérdida de empleos que se está
produciendo. Los congresistas apuestan firmemente por un relanzamiento del diálogo social,
fruto del cual se deben demandar un conjunto orgánico y coherente de medidas de significación laboral para salir al paso de la grave situación. Los profesionales del derecho del trabajo y de la seguridad social lamentan profundamente que, por ahora, ni exista un acuerdo
general entre los Interlocutores Sociales y el Gobierno ni tampoco este último esté adoptando todas las iniciativas a su alcance para poner coto a la crisis, programando e implementando un paquete articulado de medidas laborales. A lo más que se ha llegado, constatan los
presentes, es a aprobar unas medidas dispersas, de diferente significación y alcance, pero
inorgánicas en cuanto a su programación.
De iq. a dcha: D. Aitor Ibarra, Presidente de ASNALA-Euskadi, D.Alipio García Ross, Presidente del Col. Of. de GGSS de
Bizkaia, D. Joseba Azkárraga, Consejero de Justicia, Empleo y SS del Gobierno Vasco y D. José Luis Roales-Nieto López,
presidente de ASNALA-EstatalEn IX Congreso, que estuvo inaugurado por el Consejero Vasco de Justicia y Empleo,
Joseba Azcárraga, sirvió de plataforma para que el Presidente de la Asociación Nacional de
Abogados Laboralistas, Don José Luis Roales-Nieto López, reclamase a las
Administraciones Públicas que se cuente con los laboralistas ante cualquier medida laboral
que se emprenda en el futuro, y que se tenga en cuenta a los profesionales del derecho del
trabajo en las modificaciones técnicas de las actuales reformas de la normativa laboral en
Participaron en el Congreso el Magistrado Emérito de la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo, Don Mariano
Sampedro. Igualmente participaron el
Presidente de la Sala de lo Social del
Vasco, Don Manuel
Díaz de Rábago,
que aposto por afron22www.asnala.comAsociación Nacional de Abogados LaboralistasEl LaboralistaNoticias ASNALAtar una reforma de la ley del procedimiento laboral para
adaptar nuestra obsoleta normativa procesal laboral a los
numerosos cambios operados desde su aprobación en 1995.
En la misma línea se manifestaron otros intervinientes como
Enrique Lillo, en representación del Gabinete Jurídico
Interfederal del CCOO, o Martín Godino, en presentación
de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas.
El Congreso fue clausurado por la Presidenta del Tribunal
Constitucional, Doña María Emilia Casas Baamonde, que
realizó la ponencia de clausura reclamando un papel destacado para el Derecho del Trabajo como eje prioritario de la
concertación social.
En el tracurso del evento, se entregó el
Premio al Mejor Laboralista, edición 2008, al
Profesor Don Luis Enrique de la Villa, elegido
por unanimidad del jurado, algo sin precedetes en la trayectoria del Premio.
Premio al Mejor LaboralistaEl galardonado recogio la estuilla después de un emotivo discurso, arropado por la
admiración y el cariño de todos los presentes.Entrega del Premio al
Mejor Laboralsita edición 2008
por D. Jose Luis Roales-Nieto
a D. Luis Enrique de la villa Gilsocios de honor de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas
La Asociación Nacional de Abogados
Laboralistas ha nombrado en dicho Congreso
como socios de Honor de ASNALA a Doña
María Emilia Casas Baamonde, a Don Luis
Enrique de la Villa Gil, y a Don Mariano
Sampedro Corral.
www.asnala.com23IX CONGRESO NACIONALASOCIA C I O N N A C I O N A L D E A B O G A D O S L A B O R A L I S T A SPuedes ver el resto de fotos en la nueva sección “ver y conocer” de
la web de ASNALA www.asnala.comX CONGRESO DE ASNALA
La sede del próximo Congreso seráMADRID,coincidiendo con el décimo aniversario de la
celebración de nuestras citas corporativas anuales.Promoci贸n v谩lida hasta el 28 de febrero de 2009contraportada
QUANTOR SOCIAL26All pages:1234567891012131415161718192021222324InfoSaveLikeShareDownloadMoreEl Laboralista Magazine Published on Mar 12, 2009 magazine written by spanish labour lawyers. News, comments, experts´opinions, etcasnalaFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore