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Timestamp: 2019-09-21 14:07:06
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Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 408', 'artículo 31', 'artículo 58', 'artículo 37', 'artículo 67', 'artículo 66', 'artículo 26', 'artículo 28', 'artículo 58', 'artículo 408', 'artículo 50']

﻿ SENTENCIA 17490 DE MARZO 10 DE 2004
SENTENCIA 17490 DE 10 DE MARZO DE 2004
CONTENIDO:INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON ENTIDADES ESTATALES. LA PROHIBICIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUNCIÓN PÚBLICA, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, INHABILIDADES DEL CONTRATISTA
Sentencia 17490 de marzo 10 de 2004
Bogotá, D.C., diez de marzo de dos mil cuatro
Condenado como fue de modo anticipado el procesado César Hernán Dueñas Barreto al haber aceptado su responsabilidad en la comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y cohecho, (según acontecimientos verificados en época en que fungía como alcalde del municipio de Guayatá); se le impuso además de la pena privativa de libertad, la interdicción de derechos y funciones públicas por término igual a aquella.
Pero también, resolviendo el recurso de apelación que contra el fallo de primera instancia interpusieron el procesado y su defensor, el ad quem, por virtud del artículo 58 de la Ley 80 de 1993, lo inhabilitó para celebrar contratos con entidades del Estado por un lapso de diez años, toda vez que la norma en cita disponía precisamente que “como consecuencia de las acciones u omisiones que se les imputen en relación con su actuación contractual, y sin perjuicio de las sanciones e inhabilidades señaladas en la Constitución Política, las personas a que se refiere este capítulo se harán acreedoras a: ... 3. En caso de declaratoria de responsabilidad civil o penal y sin perjuicio de las sanciones disciplinarias, los servidores públicos quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos y para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por 10 años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la respectiva sentencia”.
Bajo tales premisas y hallándose vigente la inhabilidad para contratar con el Estado respecto de quien fuere declarado responsable penal o civilmente, para la fecha en que fue proferido el fallo recurrido (mar. 31/2000), por no haber todavía entrado a regir la Ley 599 de 2000, pues en consideración de la Sala, con ponencia del magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego (decisión de sep. 3/2001), “... el artículo 58, numeral 3º de la Ley 80 de 1993, norma complementaria del Código Penal de 1980, preveía como pena principal la inhabilitación para ejercer cargos públicos y proponer y celebrar contratos con entidades estatales por diez (10) años, pero dicha norma fue tácitamente derogada por el artículo 408 del nuevo Código Penal, en vista de que este no la previó sino que dispuso otra de distinto alcance, cual es la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas entre 5 y 12 años”, el demandante —por vía de la violación directa— propone la vulneración de la prohibición de reforma en perjuicio, hallando eco en el Ministerio Público aunque sin confrontación alguna con el principio de legalidad, no obstante que la delegada dijo conocer el desarrollo jurisprudencial que a dicha temática le ha impreso la Corte.
En esas condiciones es evidente que —de conformidad con el criterio mayoritario de la Sala— el cargo carece de prosperidad en la medida en que, entendido el principio de legalidad de la pena como una garantía para el procesado pero también para la sociedad que implica la posibilidad de imponer solo aquellas sanciones que el legislador haya establecido previamente a la comisión de la conducta punible, dentro de los límites cuantitativos y cualitativos consagrados por él mismo y a la vez la imposibilidad de irrogar penas según el arbitrio judicial con inobservancia de los parámetros legales y quebranto a la igualdad y a la seguridad jurídica y dada su constitucionalización, resulta contrario a la Carta “sostener la prevalencia de la prohibición de reforma en peor de las sentencias (C.P., art. 31), para aplicar esta última disposición en perjuicio de aquel. La garantía fundamental que implica el principio de legalidad (C.P., art. 29) no se puede agotar en la recortada perspectiva de la “protección del procesado” en un evento determinado, sino que ella trasciende en general a todos los destinatarios de la ley penal a fin de que el Estado (a través de los funcionarios que aplican la ley, esto es, los jueces) no pueda sustraerse de los marcos básicos (mínimo y máximo) de la pena declarada por el legislador para cada tipo penal o para cada clase de hecho punible.
“Grave perjuicio a la igualdad de todos ante la ley penal (nuclear en el Estado de derecho) se originaría de admitir que por la vía particular de la sentencia, un sujeto de derecho pudiese recibir penas más allá de los límites máximos dispuestos por el legislador, o que estén por debajo de sus límites mínimos, o no consagradas en ley. De ahí que se acuda al principio de coexistencia de las disposiciones constitucionales para intentar un marco de aplicación que no sacrifique ninguna de las garantías (legalidad de la pena y exclusión de reformatio in pejus) en detrimento de la otra, y que de paso tampoco desconozca principios, valores y derechos también fundamentales como los de separación de poderes (C.P., arts. 1º y 113) sometimiento del juez al imperio de la ley (entendiendo en ella a la Constitución misma), (C.P., arts. 4º y 230) primacía y aplicación inmediata de los derechos fundamentales (C.P., arts. 84, 93 y 94) y reserva del legislador para la expedición de códigos (C.P., arts. 28 y 150) entre otros” (sent. de oct. 28/97, M.P. Carlos Eduardo Mejía Escobar).
En ese orden, irrogar una pena inexistente, pero también dejar de aplicar la prevista por el legislador, o imponerla por exceso o por defecto sin advertir los parámetros legales, conlleva indudablemente una infracción al principio de legalidad que el superior funcional de quien la impuso, la omitió o la fijó por fuera de los límites prefijados en la ley, puede y debe, oficiosamente, corregir ajustando la sanción al precepto o preceptos que con antelación a la comisión de la ilicitud la preveían.
Por eso, ninguna infracción al artículo 31 de la Constitución comporta el hecho de que el juez de segunda instancia, ante la manifiesta omisión del a quo, sujete la pena a las estrictas previsiones normativas toda vez que con una tal actuación preserva, no solo el principio de legalidad propio del Estado de derecho, sino que además expresa la seguridad jurídica consagrada con igual rango fundamental y constitucional.
En consecuencia como el Tribunal Superior de Tunja, con estricto apego al principio de legalidad, impuso al sentenciado Dueñas Barreto también la pena de inhabilidad para contratar con el Estado, que previamente a la comisión de los delitos que se le imputaron establecía el artículo 58 de la Ley 80 de 1993, es patente que ninguna infracción puede predicarse a la prohibición de reforma peyorativa y por ende la censura carece de prosperidad, sin que sea admisible —en criterio de la Sala— la tesis propuesta por el Ministerio Público habida consideración que entratándose de una pena su imposición requiere la declaración judicial, máxime cuando la prevista en el numeral 3º del citado precepto del estatuto de contratación administrativa era un efecto directo de la declaratoria de responsabilidad penal pero que no por ello la eximía de ser parte integrante del pronunciamiento judicial que la imponía.
Confusamente plantea el demandante a través de este cargo una supuesta vulneración de la presunción de inocencia, con lo que inmediatamente evidencia una carencia de interés para recurrir por cuanto entratándose de sentencia anticipada, la impugnación —en términos del artículo 37B del Decreto 2700 de 1991— solo podía versar sobre la dosificación de la pena, el subrogado penal de la condena de ejecución condicional y la extinción del dominio sobre bienes.
Sin embargo, sesgando acaso el obstáculo así palmario dirige su reproche a las circunstancias genéricas de agravación que supuestamente tuvo en cuenta el ad quem, para afirmar que en la comprobación de ellas el tribunal infringió la citada presunción al darlas por demostradas automáticamente con la sola confesión, con lo que a su turno y como lo resalta la delegada, yerra en la senda escogida de ataque, pues en ese orden no está denunciando una violación directa de la ley, sino una de carácter indirecto derivada de la valoración probatoria, sin poderse precisar la clase de falso juicio pues en eso nada argumenta el demandante, aunque pudiera pensarse en uno de existencia por suposición del medio de convicción a juzgar por su argumentación según la cual la imputación de las circunstancias agravantes “es un convencimiento íntimo y subjetivo del fallador de segunda instancia, pero desprovisto de pruebas, a menos que por el hecho de la confesión se presuma de ley, las circunstancias agravantes... (de modo que) al haber efectuado así esa valoración, llegó el tribunal a la errónea conclusión de que la pena impuesta a mi mandante era benévola y por ello confirmó la sentencia de primer grado...”.
Con todo, aun en ausencia de tales falencias, el cargo carece de fundamento si lo que pretende es que no se imputen al procesado circunstancias genéricas de agravación, pues es evidente que la dosificación punitiva lograda en el fallo en nada se remitió a ellas al punto que la pena impuesta correspondió a los mínimos punitivos previstos en cada tipo penal sin que de otro lado pudiera tener ninguna incidencia la probable concurrencia de circunstancias genéricas de atenuación pues su virtud no era la de disminuir la sanción por debajo de los mínimos punitivos legalmente señalados, sino la de fijar como punto de partida tales límites de sanción habida consideración que de conformidad con el artículo 67 del derogado Código Penal “solo podrá imponerse el máximo de la pena cuando concurran únicamente circunstancias de agravación punitiva y el mínimo, cuando concurran exclusivamente de atenuación”.
Ahora bien, la referencia del ad quem a causales de agravación previstas en el artículo 66 ídem, no lo fue ciertamente con el propósito de imputarlas al procesado o para consecuencialmente hacerles producir un efecto en una mayor sanción, sino simplemente para resaltar cómo a pesar de su concurrencia en los hechos juzgados, el a quo no las había notado y por ello había aplicado una pena que consideró benévola, por eso expresó: “La manera en que se calculó por parte del a quo la pena para el delito base ... así como el reconocimiento de la diminuente por confesión en relación con los delitos investigados cuando ha debido hacerse únicamente respecto al delito de cohecho, resultan ampliamente favorable a los intereses del encartado y hacen imposible entrar nuevamente a dosificar la pena impuesta a César Hernán Dueñas, pues con ello agravaría su situación”.
Tampoco esta censura prospera.
Absolutamente insuficiente se evidencia el planteamiento que en este reproche hace el censor, pues se limita simplemente a transcribir el artículo 26 del Decreto-Ley 100 de 1980, que en su concepto fue directamente infringido por errónea interpretación, para luego afirmar, sin más, que la expresión “aumentada hasta en otro tanto” que trae la norma “implica que dicho aumento va desde un día hasta en otro tanto”.
Ningún desarrollo postula y en consecuencia se ignoran los efectos de la tesis, su sustento y su trascendencia en el fallo impugnado, omitiendo así el censor la exigencia técnica según la cual le es imperativo la enunciación de la causal y la formulación del cargo, indicando en forma clara y precisa sus fundamentos y las normas que estime infringidas, por manera que a pesar del reproche en abstracto resulta imposible establecer de qué modo el juzgador interpretó erradamente la norma invocada, máxime que, en términos del artículo 28 ibídem, “la pena aplicable en el concurso no podrá ser superior a la suma aritmética de las que corresponden a los respectivos hechos punibles” y en este asunto el juzgador no excedió tales límites, siendo que le era posible partir de la pena señalada para el delito más grave, que en este caso fue de cuatro años, correspondiente al ilícito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y aumentarla hasta en otro tanto.
También en este reproche —como lo resalta la delegada— el interés que pudiera tener el demandante para recurrir en casación se halla manifiestamente ausente toda vez que —se reitera— la impugnación extraordinaria solo era posible respecto a los mismos temas en que la ley permite la apelación de la sentencia anticipada, y no para cuestionar la aceptación de responsabilidad y la valoración probatoria que condujo a la imputación de cargos que el procesado libremente aceptó. Lo contrario será permitir una tácita e inadmisible retractación de quien acudió a solicitar la aplicación de un mecanismo que le reportó una disminución punitiva.
Pero además de que el demandante carece de interés para censurar la evaluación que de los medios de convicción hizo el fallador respecto a la existencia de las conductas que se le imputaron al procesado y sobre la responsabilidad que por la comisión de ellas aceptó, es también innegable que en la postulación del cargo yerra gravemente en materia de técnica pues no solo infringe el principio de autonomía de las causales y el de no contradicción, sino que además omite precisar cuál fue el yerro en que incurrió el juez al contemplar la prueba y su trascendencia, exponiendo a cambio su visión puramente personal acerca de la credibilidad que merecía el testimonio de Oscar Eduardo Ruiz Bermúdez.
Así, aunque postuló el cargo por violación directa de la ley sustancial, lo que obligaba al censor atenerse a la valoración fáctica y probatoria realizada por el fallador, es lo patente que se dedica precisamente a reprochar el análisis que el juzgador hizo de un informe técnico y de la prueba testimonial, para concluir no en la demostración de algún error de hecho por falso juicio de existencia, de identidad o falso raciocinio, sino para deducir que el declarante Ruiz Bermúdez “no es la persona competente ni material ni técnica ni más aún legalmente para presentar informe de esa naturaleza ... además que de la misma declaración se aprecia que lo movieron motivos del orden político y personal...”.
Evidenciando aún más las deficiencias del cargo, lo remata, sin señalar sus efectos, afirmando que el contrato reprochado a su defendido fue cumplido y que en caso de no haberlo sido existían para ello las pólizas de cumplimiento, como si con ello pretendiese —obviamente sin que lo llegara a afirmar— desvirtuar la tipicidad de los delitos que se le imputan al procesado, cuando ciertamente un tal planteamiento no podría en manera alguna sustentar una conclusión de esa índole dada la descripción típica de los punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y de cohecho.
Dictada la sentencia de segunda instancia, entró a regir en julio de 2001 la Ley 599 de 2000, entendiendo entonces la Sala, a través de la providencia ya citada siendo ponente el magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, que “... el artículo 58, numeral 3º de la Ley 80 de 1993, norma complementaria del Código Penal de 1980, preveía como pena principal la inhabilitación para ejercer cargos públicos y proponer y celebrar contratos con entidades estatales por diez (10) años, pero dicha norma fue tácitamente derogada por el artículo 408 del nuevo Código Penal, en vista de que este no la previó sino que dispuso otra de distinto alcance, cual es la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas entre 5 y 12 años”.
Significa lo anterior que ante el tránsito legislativo, la pena de inhabilidad para contratar con entidades estatales por diez años que autónomamente se preveía en el estatuto de contratación administrativa desapareció como tal del ordenamiento, lo cual implica que en aras de la protección de las garantías fundamentales del procesado dicha pena debe ser revocada, sin que en manera alguna signifique, por otro lado, que con una decisión de esta índole se habilite al condenado para contratar con el Estado, pues la prohibición sigue operando por virtud de la interdicción de derechos y funciones públicas que igualmente se le impuso, habida cuenta que privando ella “de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública u oficial y dignidades que confieren las entidades oficiales (según lo prescribía el artículo 50 del Decreto-Ley 100 de 1980), o privando “al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las entidades oficiales” (de conformidad con la L. 599/2000, art. 44), ha entendido la Sala que “esta última pena (la interdicción o inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas), como es obvio, incluye el veto para “proponer y celebrar contratos” con la administración, como se desprende de la definición” que de ella señalaba y prescriben las citadas normas, pues “no hay duda en cuanto que quien propone y celebra contratos con la administración, ejerce una función pública” (Sent. de oct. 8/2003, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón).
Por ende se casará oficiosa y parcialmente la sentencia impugnada, retirando de ella la sanción que de inhabilidad para contratar por diez años con el Estado se le impuso al procesado.
1. Desestimar la demanda de casación.
2. CASAR PARCIAL y OFICIOSAMENTE la sentencia impugnada en el sentido de retirar de la misma la sanción que de inhabilitación para contratar por diez años con la administración pública se impuso al procesado César Hernán Dueñas Barreto.