Source: https://elderecho.com/ley-292002-30-diciembre-primera-ley-del-codigo-civil-cataluna
Timestamp: 2019-05-20 16:24:33
Document Index: 183510331

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Ley 29/2002, de 30 de diciembre. Primera ley del Código civil de Cataluña. - El Derecho
Última reforma de la presente disposición realizada por Ley 3/2017, de 15 febrero
Los libros que componen el presente Código, como indica el art. 3, son seis. El primero se ocupa de las disposiciones generales; el segundo, de la persona y la familia; el tercero, de la persona jurídica; el cuarto, de las sucesiones; el quinto, de los derechos reales, y el sexto, de las obligaciones y los contratos.
El art. 7 se ocupa del segundo objetivo de la presente Ley, que es el de aprobar el libro primero del Código civil de Cataluña, titulado «Disposiciones generales», el cual, sin perjuicio de que pueda ampliarse en el futuro, se estructura actualmente en dos títulos.
Así, el art. 111-1 enumera los elementos que componen el derecho civil de Cataluña y se ocupa del valor que estos elementos tienen dentro de su propio sistema de fuentes. Como en cualquier ordenamiento jurídico moderno, destaca el carácter de fuente principal que se otorga a la ley, mientras que la costumbre tiene un papel secundario, dado que sólo rige en defecto de ley aplicable. La regulación reconoce a los principios generales del derecho su función de autointegración del derecho civil de Cataluña, para evitar la heterointegración mediante la aplicación del derecho supletorio, y su relevancia como límite a una eventual alegación indiscriminada de la tradición jurídica catalana, la referencia a la cual se halla en el art. 111-2, como expresión de la doctrina de la iuris continuatio. Finalmente, si bien no como fuente del derecho, este último artículo reconoce a la jurisprudencia civil del Tribunal de Casación de Cataluña, en la medida en que no haya sido modificada por la legislación vigente, y a la emanada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el valor de doctrina jurisprudencial a los efectos del recurso de casación.
Por su parte, el art. 111-3 reproduce en el apartado 1, por razones de orden sistemático, el art. 7.1 del Estatuto de autonomía. Asimismo, refunde parcialmente los arts. 2 y 3 del título preliminar de la Compilación, al referirse al carácter territorial del derecho local, y reproduce, por las mismas razones mencionadas, el art. 7.2 del Estatuto, relativo a la sujeción al derecho civil catalán de los extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad española mientras mantengan la vecindad administrativa en Cataluña, salvo que manifiesten su voluntad en contra. El precepto se cierra con una referencia a la vecindad local, la cual viene determinada por las normas que rigen la vecindad civil.
El art. 111-4 destaca que el nuevo Código civil tiene carácter de derecho común en Cataluña y, por lo tanto, carácter supletorio de las demás leyes.
El art. 111-5 se refiere tanto al carácter preferente de las disposiciones del derecho civil de Cataluña, salvo los supuestos en que sean directamente aplicables normas de carácter general, como a la limitación de la heterointegración mediante la aplicación como supletorio del derecho del Estado, la cual solo es posible cuando no sea contraria al derecho propio o a los principios generales que lo informan.
El art. 111-6, recogiendo como disposición preliminar el principio de libertad civil, remarca que, a diferencia del art. 1255 del Código civil español, no se limita a la autonomía contractual, sino que tiene carácter de principio general. Al mismo tiempo, manifiesta la prevalencia de los actos de ejercicio de la autonomía privada sobre las disposiciones que no sean imperativas.
El art. 111-7 incorpora una norma sobre la buena fe porque en la tradición del derecho catalán, en la línea del derecho continental europeo del que forma parte, es un principio que tiene carácter general y que, por lo tanto, no puede limitarse al ámbito contractual. También se refiere a la honradez de los tratos, como concepto diferenciado, porque, de acuerdo con la más reciente evolución del derecho privado europeo, quiere destacar su aspecto objetivo, independiente del conocimiento o la ignorancia de cada uno de los sujetos de la relación jurídica.
Por su parte, el art. 111-8 formula la doctrina de los actos propios y el art. 111-9 se refiere a la necesidad de tener en cuenta la equidad en la aplicación de las normas y expresa la norma más tradicional de acuerdo con la cual la resolución en equidad requiere autorización legal.
Hoy la prescripción y la caducidad están deficientemente reguladas. La primera está regulada por el art. 344 de la Compilación y por el Código civil español, al cual se remite la Compilación y no todas las normas del cual son aplicables a Cataluña. La caducidad, en cambio, solo aparece referida a acciones concretas y no está regulada en ningún cuerpo legal.
Uno de los ejes de la regulación ha sido la considerable reducción de los plazos de prescripción. En el art. 121-20 se ha optado por un plazo general de prescripción de diez años, tanto para las acciones personales como para las reales, combinado con otros plazos más cortos, establecidos por los arts. 121-21 y 121-22, que muestran una clara tendencia uniformadora. También se ha generalizado el criterio de la necesidad del conocimiento o, cuando menos, de la cognoscibilidad de los datos de la pretensión para iniciar el cómputo del plazo, de modo que, de acuerdo con el art. 121-23, para que empiece a computarse el plazo de prescripción no basta con el nacimiento de la pretensión, sino que es preciso, además, que la persona titular haya conocido o haya podido conocer razonablemente las circunstancias que fundamentan la pretensión y la persona contra quien puede ejercerse. Sin embargo, el art. 121-24, dando una nueva función al plazo del usaje Omnes Causae, se refiere a los treinta años, a contar desde el nacimiento de la pretensión, como plazo de preclusión, agotado el cual, de forma absoluta y con independencia de cualquier circunstancia, ya no puede hacerse valer dicha pretensión.
De acuerdo con las regulaciones europeas más modernas y el principio de libertad civil, el art. 121-3 introduce una excepción a la norma de la inderogabilidad del régimen de la prescripción, referida a la posibilidad de modificar los plazos, ya sea para abreviarlos o para alargarlos. Además de los límites generales de la autonomía de la voluntad, el abreviamiento o el alargamiento que se pacten no pueden exceder, respectivamente, de la mitad o el doble del plazo legalmente establecido.
2. Los proyectos de ley que el Gobierno presente al Parlamento deben corresponder a cada uno de los libros o, eventualmente, a cada una de las partes de su contenido a que hace referencia el art. 3.
4. En cada ley, si procede, una disposición final debe autorizar al Gobierno a refundir mediante decreto legislativo las modificaciones que deriven de la misma con las normas y las disposiciones que queden sin alteración, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 33.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña y los arts. 34, 35 y 39 de la Ley 3/1982. Esta autorización debe incluir la facultad de regularizar la ordenación numérica de los artículos y de aclarar y armonizar los textos legales que deben ser refundidos.
5. Los decretos legislativos relativos a materias de derecho civil deben elaborarse de acuerdo con lo dispuesto por el apartado 4 y deben incorporarse a la parte del Código civil que les corresponda de acuerdo con la división establecida por el art. 3.
En el Código civil de Cataluña, se entiende que las denominaciones en género masculino referidas a personas incluyen a mujeres y hombres, salvo que del contexto se deduzca lo contrario
Artículo 111.1. Derecho civil de Cataluña
Artículo 111.2. Interpretación e integración
Artículo 111.4. Carácter de derecho común
Artículo 111.5. Preferencia y supletoriedad
Artículo 111.6. Libertad civil
Artículo 111.7. Buena fe
Artículo 111.8. Actos propios
Artículo 111.9. Equidad
Artículo 111.10. Vigencia de las leyes
CAPÍTULO PRIMERO. LA PRESCRIPCIÓN
Artículo 121.1. Objeto
Artículo 121.2. Pretensiones no prescriptibles
Artículo 121.3. Imperatividad
Artículo 121.4. Alegación
Artículo 121.5. Legitimación
Artículo 121.6. Personas frente a las cuales la prescripción produce efectos
Artículo 121.7. Sucesión en la prescripción
Artículo 121.8. Efectos
Artículo 121.9. Irrepetibilidad
Artículo 121.10. Renuncia
Artículo 121.11. Causas de interrupción
Artículo 121.12. Requisitos de la interrupción
Artículo 121.13. Alegación de la interrupción
Artículo 121.14. Efectos de la interrupción
Artículo 121.15. Suspensión por fuerza mayor
Artículo 121.16. Suspensión por razones personales o familiares
f) En las pretensiones entre la persona protegida y el apoderado, de acuerdo con lo establecido por el art. 222-2.1, en el ámbito de sus funciones.
Artículo 121.17. Suspensión con respecto a la herencia yacente
Artículo 121.18. Suspensión por razón de la mediación
Artículo 121.19. Alegación y efectos de la suspensión
1. La suspensión de la prescripción no puede ser tenida en cuenta de oficio por los tribunales, sino que debe ser alegada por la parte a quien beneficia, salvo la producida en los supuestos establecidos por el art. 121-16.a, cuando afecte a personas que aún son menores o que son incapaces.
Artículo 121.20. Prescripción decenal
Artículo 121.21. Prescripción trienal
Artículo 121.22. Prescripción anual
Artículo 121.23. Cómputo del plazo
Artículo 121.24. Plazo de preclusión
Cualquier pretensión susceptible de prescripción se extingue en todo caso por el transcurso ininterrumpido de treinta años desde su nacimiento, con independencia de que hayan concurrido en la misma causas de suspensión o de que las personas legitimadas para ejercerla no hayan conocido o no hayan podido conocer los datos o las circunstancias a que hace referencia el art. 121-23, en materia de cómputo de plazos.
Artículo 122.1. Caducidad de acciones y otros poderes jurídicos
3. Las normas sobre caducidad son de naturaleza imperativa, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 122-3.1 en materia de suspensión.
Artículo 122.2. Caducidad en las relaciones jurídicas indisponibles
Artículo 122.3. Caducidad en las relaciones jurídicas disponibles
Artículo 122.4. Caducidad convencional
Artículo 122.5. Cómputo del plazo y preclusión
1. El plazo de caducidad se inicia, en defecto de normas específicas, cuando nace la acción o cuando la persona titular puede conocer razonablemente las circunstancias que fundamentan la acción y la persona contra la cual puede ejercerse. En todo caso, se aplica también a la caducidad lo dispuesto por el art. 121-24 en materia de preclusión.
Quedan sustituidos por los preceptos correspondientes de la presente Ley los arts. 1, 2, 3 y 344 y las disposiciones finales segunda y cuarta del Decreto legislativo 1/1984.
La presente Ley entra en vigor a los veinte días de haber sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, salvo el art. 7, que aprueba los títulos I y II del libro primer del Código civil de Cataluña, y la disposición final primera, que entran en vigor el 1 de enero de 2004.