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Timestamp: 2016-10-22 19:35:13
Document Index: 195859787

Matched Legal Cases: ['artículo 103', 'artículo 170', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 90', 'artículo 158']

La custodia de los menores de edad por sus abuelos
Posted on Sep 2, 2016 in Noticias, Opinión
Publicaba ayer Confilegal una interesante noticia sobre la solicitud que han realizado unos abuelos pidiendo la custodia de sus nietos por “no considerar apta a su hija”. Hace unos meses tratamos este interesante tema, en el que concluimos que, en determinados casos y circunstancias, es perfectamente posible, incluso conveniente, que sean los abuelos los que tengan la custodia de los nietos.
Así se hace eco la noticia del requerimiento de los abuelos de los menores en base al interés superior de los menores y apoyándose en lo señalado en el “punto dos del número uno del artículo 103 del Código Civil, en la redacción dada por la Ley 42/2003, de 21 de noviembre”, donde se indica que “excepcionalmente, los hijos podrían ser encomendados a los abuelos, parientes u otras personas que así la consintieren y, de no haberla, a una institución idónea, confiriéndoles las funciones tutelares que ejercían bajo la autoridad del juez”.
Con lo poco que conocemos del procedimiento, podemos afirmar que en este caso lo principal no es garantizar los posibles derechos que tuviesen los abuelos respecto de los menores, sino la protección de los intereses de éstos que, normalmente, irán ligados al mantenimiento de los lazos familiares los que, a todos los efectos, han actuado como si fuesen sus padres. Por lo tanto, de lo que se trataría, en defensa de los derechos de los menores y en protección de su interés superior, es elevar a categoría legal lo que en el día a día de los menores es normal, es decir, que son los abuelos los que ejercen la custodia y que es necesario darle un reconocimiento legal y una protección a los menores para que ese ejercicio real y cotidiano pase a ser formal y reconocido por una sentencia judicial. En otras palabras, darle normalidad legal a lo que ya es una normalidad en la realidad.
Hemos de añadir, sin entrar demasiado en el fondo de esta materia, que para que proceda la medida sería necesaria la privación de la patria potestad de la madre que tan solo requeriría la concurrencia de una causa objetiva de las recogidas en el artículo 170 del Código civil, como es el incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, por lo que se requiere simplemente la causación de un daño o perjuicio derivado de una conducta incumplidora. En este caso es evidente que el daño producido a los menores es incuestionable y que solo la actuación de los abuelos ocupándose de las necesidades del menor ha podido solventar un mayor problema para él.
En este sentido, la convivencia del menos con los abuelos hace aconsejable, desde el punto de vista humano, psicológico y legal, que sean éstos los que asuman legalmente lo que ya venían realizando. Así hemos de partir de la reforma operada por la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos, que atribuye a éstos, en la exposición de motivos, “una función relevante en el caso de dejación por los padres de las obligaciones derivadas de la patria potestad.” Así, en el apartado 2 del número 1 del artículo 103 del Código Civil, en la redacción dada por la citada Ley, se señala que: “Excepcionalmente, los hijos podrían ser encomendados a los abuelos, parientes u otras personas que así la consintieren y, de no haberla, a una institución idónea confiriéndoles las funciones tutelares que ejercían bajo la autoridad del juez”.
Con la atribución de la guarda y custodia los abuelos, deberán velar por los menores, tenerlo en su compañía, asegurar por su parte la prestación del derecho de alimentos, educarlo y procurarle una formación integral. Como establece la Sentencia de AP Lugo de 1 de junio de 2007, tras la Ley 42/2003 “se vertebra un conjunto de normas de protección para los menores, imprescindibles cuando las estructuras familiares manifiestan disfunciones ya sean por situaciones de crisis matrimonial, ya sea por abandono de relaciones familiares no matrimoniales o por cumplimiento defectuoso de los deberes por parte de los progenitores”. Señala esta Sala que el artículo 103 del Código Civil, coherentemente con la modificación del artículo 90 de aquél, prevé encomendar a los abuelos (y parientes y otras personas que así lo consintieren) la tutela de los hijos de forma excepcional y, aunque el precepto se incardina dentro de las medidas provisionales, se invoca también el artículo 158.4 del Código Civil ‘El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dictará: 4.º En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios’, y la medida solicitada se revela necesaria, siendo más operativo para el menor que decida quien tenga de facto su guarda.
Universitas Legis cuenta con un equipo profesional experimentado en esta materia que puede ayudar a resolver este tipo de conflictos.
Publicado el Estudio sistemático de la Ley de Jurisdicción Voluntaria
Posted on Sep 1, 2016 in Noticias, Opinión
La editorial jurídica Dykinson, con la colaboración del Colegio General del Notariado, ha publicado el Estudio sistemático de la Ley de Jurisdicción Voluntaria en el que participan socios de Universitas Legis. A lo largo de sus más de 1.700 páginas se realizan comentarios sobre todas y cada una de las disposiciones de esta Ley, coordinado por el profesor Monge Balmaseda.
La nueva ley de jurisdicción voluntaria (Ley 15/2015) de 2 de julio, pretende dar respuesta a un problema ya, crónico, en la administración de justicia española, la agilidad en los procedimientos y el interés del ciudadano, que como explica la exposición de motivos de la ley, a lo largo de su articulado se establecen instrumentos sencillos, efectivos y adecuados a la realidad social a la que se aplican, en el caso de que se requieran la intervención de los Tribunales de justicia a través de cualquiera de los actos de jurisdicción voluntaria.
El texto legal que es objeto de desarrollo y pormenorizado comentario, en esta obra colectiva, pretende, como se ha argumentado con buen criterio, deslindar aquellos ámbitos en los que aun no ejerciéndose jurisdicción; sin embargo existe la necesidad de una especial protección de determinados derechos, en cuyo caso el juez es quien debe tutelar el expediente. Separadas tales materias, la tutela de cualquier otro derecho que se resuelva a través de un expediente de jurisdicción voluntaria exige la participación de quien ejerce la autoridad pública, para lo que es precisa la existencia de un funcionario público. Estudio pormenorizado de la nueva Ley de Jurisdicción voluntaria en el que más de 90 autores analizan, artículo por artículo, las principales novedades que introduce la reforma.
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