Source: https://html.rincondelvago.com/terrorismo-de-estado.html?url=terrorismo-de-estado
Timestamp: 2019-01-16 01:38:16
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Matched Legal Cases: ['Artículo 53', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 53', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 91']

En 1.975, tras la muerte del dictador Franco, se inicia en el Estado Español la denominada transición a la democracia, durante la cual se vivieron dos realidades muy distintas: por un lado, la clase política entablaba una negociación para convertir la dictadura en una democracia al estilo occidental, quedando intacta la estructura del estado y permaneciendo sus responsables impunes; por otro lado, en la calle se suceden las huelgas y las manifestaciones por la libertad, duramente reprimidas por la policía.
Donde el conflicto tiene más crudeza es en Euskadi (País Vasco), pues al rechazo a la dictadura y a la negociación política se une la reivindicación de su independencia.
Tras terminar la transición con la aprobación de la Constitución de 1.978, ampliamente rechazada en Euskadi, el Estado se centra en la lucha contra Euskadi Ta Askatasuna (E.T.A.), grupo armado que defiende la independencia de Euskadi con un gran apoyo social, mediante medidas legales, como la promulgación de leyes especiales antiterroristas, y también con la denominada "guerra sucia" contra E.T.A.
En la primera fase de la guerra sucia, el Estado consiente la actuación de grupos terroristas de extrema derecha, que dejan una secuela de personas muertas y heridas, tanto en la parte española como en la francesa del País Vasco.
En 1.982, tras la victoria del Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.) en las elecciones generales, después de las que consigue formar gobierno, el Estado, a través del Ministerio de Interior, crea los Grupos Antiterroristas de Liberación (G.A.L.), que recogen a parte de las mercenarias y mercenarios que trabajaron para los grupos de extrema derecha y contrata a otras y otros nuevos, financiándolos, dándoles cobertura y protegiéndolos cuando alguna o alguno de sus miembros era detenida o detenido en Francia tras algún atentado.
Los G.A.L. funcionaron entre 1.982 y 1.987, dejando tras de sí decenas de personas muertas y heridas. Entre sus crímenes más destacados figura la que fue su última acción oficial, el asesinato en 1.987 de Juan Carlos García Goena, un objetor de conciencia refugiado en Francia; también el secuestro, tortura y asesinato de los refugiados políticos en Francia Lasa y Zabala. Estas dos personas fueron secuestradas y trasladadas a la sede central de la lucha antiterrorista, donde fueron torturadas durante varios días, tras lo cual fueron llevadas a Alicante (sur del Estado Español), donde se les remató y enterró en cal viva.
Actualmente, sigue el proceso contra los G.A.L. en los tribunales, apareciendo implicados policías, guardias civiles y, posiblemente, algún ex-ministro de interior e incluso el mismo ex-presidente de gobierno Felipe González. Pero todas las pruebas están clasificadas como secretas por el Gobierno y, por lo tanto, no son accesibles.
Radio Topo se despide ya. Hemos querido hacer una hora de muestra del trabajo, la lucha y la denuncia cotidiana en Radio Topo. Un saludo a todas y todos desde Zaragoza, Estado Español. Hasta muy pronto. Música de fondo: canción "Hay Algo Aquí Que Va Mal", de Kortatu (Euskadi).
Terrorismo de Estado y violencia política
—Carlos Navarro—
La solidez de un Estado radica en el consenso y no en su capacidad coercitiva. Sin embargo cuando por alguna razón no puede construirse el consenso a través de debates, consultas y diálogos, el recurso del miedo; es decir la fuerza, el chantaje y la manipulación de la conciencia colectiva por medio de la propaganda se convierte en la necesidad primordial del Estado.
En todo este siglo, hemos observado como desde el gobierno se ha ejercido el terrorismo de Estado, de diferentes formas. En el período de los Somoza se ejerció un consenso pasivo, al aniquilar mediante el miedo cualquier voluntad de transformación que pudiera existir en el seno de la población.
El terror estatal durante la dictadura se dio de dos maneras: abierto (o masivo) y clandestino (selectivo). El primero lo constituyó todas las formas de represión cuyo único objetivo fue el escarmiento y el desestímulo a acciones que consideraba contrarias a sus intereses. El segundo fue los que realizó la policía y la Guardia Nacional, al margen de la ley para encarcelar, torturar y asesinar a los enemigos políticos fuera de la ley y a espaldas de la sociedad. Pero la institucionalización y consolidación de la violencia política fue producto de que el Estado y las clases dominantes eran débiles y se enfrentaban a constantes contradicciones sociales entre ellos mismos y con el pueblo. La única forma de esconder estas contradicciones y mantenerse en el poder era el terror estatal.
A la violencia estructurada surgió la contraviolencia dirigidas contras las fuerzas represivas por parte de los movimientos populares y guerrilleros.
A comienzo de esta década se inició el proceso de pasar de una economía de Estado a una de mercado como mecanismo regulador de la economía. Este paso promovió una serie de medidas y disposiciones coherentes de tipo liberal, entre otras, se implementó el programa de Facilidad Ampliada de Ajuste Estructural (ESAF). Para la implementación de las medidas y de los planes de ajuste el Estado no solamente ha utilizado los mecanismos de fuerza tradicionales, sino conjuntos de medidas legales y económicas y de manifestaciones ideológicas discursivas para imponer sus esquemas y reglas del juego.
Esta política ha conllevado a una refuncionalización del Estado y consecuentemente del espacio político; asimismo a una reconceptualización de las relaciones sociales, a una definición de los lazos sociedad civil y Estado.
Estas medidas políticas económicas han abierto un nuevo panorama y con ello nuevas formas de violencia que se expresan en el ámbito fáctico y simbólico. En la primera son las formas de violencia patentes y en la segunda son aquellas que corresponde al ámbito de la persuasión y que se exteriorizan en el discurso.
Además de estos elementos tenemos que la violencia tiene relación directa con el principio de competitividad y con la meta neoliberal de la persistente búsqueda de la autorregulación del mercado.
De acuerdo a estos hechos comprobado a través del tiempo podemos comprobar que la falta de diálogo ha sido la constante en la historia de nuestro país. De esta forma el terror se ha ido convirtiendo en el elementos fundamental de la dominación estatal; esencialmente la violencia política la ha ejercido el Estado para poder garantizar su continuidad represiva.
El gobierno del Dr. Alemán ha ignorado esta acumulación histórica negativa y antidemocrática que hemos vivido los nicaragüenses y ha tomado la brecha del camino más pedregoso del absurdo, como es el provocar, reprimir y tratar de utilizar a la opinión pública para difundir rumores o para polarizar a la población por medio del recurso del miedo.
La lucha de los estudiantes por el seis por ciento constitucional para las universidades; la muerte del joven González en las puertas del Banco Central y la represión de la Policía llamada Nacional ha mostrado que la redemocratización de la sociedad nicaragüense que descansaba en la supuesta reconciliación de los disenso, en el indulto y el olvido no es posible todavía, debido a que aún persiste la aguda polarización, el enfrentamiento y las grietas políticas e ideológica.
Y no hay duda que las heridas producida por los años de guerra, exilios forzosos y desgracias naturales, aún no han cicatrizado; y la polarización de antaño no ha menguado.
La pregunta sería: ¿Qué puede hacer el gobierno del Dr. Alemán en los años que le quedan para romper este círculo vicioso de violencia?
En primer lugar llamar a un diálogo a los diferentes actores sociales, en segundo lugar no desconocer las iniciativas de las diferentes organizaciones de la sociedad civil y por último tener la voluntad de sentar las primeras bases para la reconstrucción y la refundación de la nación nicaragüense bajo la premisa del consenso y de acuerdos mínimos.
La Asociación Víctimas del Terrorismo (A.V.T.) quedó legalmente constituida en 1981. Este año se cumple, por tanto, el decimoséptimo aniversario de su fundación.
Los impulsores de la idea fueron tres personas que habían padecido el fenómeno terrorista, entre las cuales se encontraba la actual presidenta de la A.V.T. Ana Mª Vidal-Abarca. Los comienzos fueron terriblemente difíciles y desalentadores. Sin apenas medios y casi siempre con el rechazo de la sociedad y de las instituciones como respuesta al requerimiento de ayuda y colaboración.
En el transcurso de estos años la A.V.T. ha sufrido distintos avatares hasta llegar al 0momento actual en el que se puede afirmar que cuenta con una organización operativa capaz de resolver los principales problemas de tipo burocrático y legal a los que se enfrentan los afectados por el terrorismo.
Por otra parte, la labor de la AVT goza de un amplio reconocimiento social. El trabajo desarrollado durante los 17 años de su existencia, ha contribuido a despertar una gran sensibilidad entre los ciudadanos hacia quienes sufren la barbarie terrorista. La sociedad española es cada vez más solidaria hacia las víctimas y su grado de rechazo al triste fenómeno terrorista es prácticamente absoluto.
En el momento actual, la A.V.T. atiende a 1.400 familias damnificadas por esta terrible lacra social, en las que, contabilizando todas las clases de ayuda, durante 1997 se emplearon más de 130 millones de pesetas.
Los socios que aglutina la A.V.T. son víctimas directas del terrorismo, entendiéndose como tales los heridos que han sobrevivido a los atentados sufridos; o bien la viuda o viudo en caso de haber resultado asesinado su cónyuge, o el familiar más inmediato en el supuesto de que la víctima fuese soltero: padres, hermanos, etc.
El total de la población atendida por la A.V.T. supera las 4.500 personas.
La distribución geográfica de las víctimas que acoge la A.V.T. se reparte en un 30 por ciento en Madrid, un 15 por ciento en Vascongadas y Navarra, y el 55 por ciento restante se encuentra disperso por toda la geografía española.
La A.V.T. es una organización apolítica de carácter benéfico asistencial cuyo ámbito de acción abarca todo el territorio nacional. Entre sus fines se encuentran:
Aunar a las familias víctimas del terrorismo para de una forma colectiva reivindicar derechos y reclamar justicia.
Administrativa:Gestión de ayudas de las instituciones hacia las víctimas del terrorismo. Solicitud de becas para los hijos de los afectados. Indemnizaciones,pensiones,expedientes administrativos, etc.
Gabinete Psicológico: Desde hace dos años, la AVT cuenta con un equipo de psicólogos y psiquiatras especializados que ofrecen este tipo de asistencia a las víctimas, en el empeño de ayudar a los afectados a superar las secuelas psíquicas que padecen después de un atentado terrorista.
Los recursos económicos de los que tradicionalmente ha dispuesto la A.V.T. han sido muy limitados. Sólo percibe una subvención, de una manera institucionalizada, de seis millones de pesetas anuales que proviene del Ministerio de Defensa.
Otras ayudas económicas recibidas han venido de instituciones como Ayuntamientos, Diputaciones,... Los donativos de particulares, aunque normalmente pequeños, con frecuencia han sido numerosos por lo que también tienen un importante papel en la financiación de la A.V.T.
Sólo en los últimos años la A.V.T. ha podido contar con un presupuesto más amplio que le ha permitido consolidar una infraestructura material y un equipo de trabajo profesionalizado que le ha posibilitado desarrollar distintos programas de atención y ayuda a las víctimas del terrorismo.
En los últimos meses de 1.991 y tras la negativa del Ministerio de Asuntos Sociales a concederle una subvención, el diario madrileño ABC abrió una suscripción pública a beneficio de la A.V.T. con la que se recaudaron más de 400 millones de pesetas, montante económico que supone el bastión fundamental de los recursos materiales de la AVT y que en los últimos años le está permitiendo conformar un presupuesto capaz de sostener la actividad de la organización.
En los últimos años, el Ministerio de Asuntos Sociales ha venido financiando programas de la A.V.T para ayudas y atención a las víctimas del terrorismo. En 1997, con cargo al 0,5 por ciento del I.R.P.F., Asuntos Sociales concedió a la A.V.T. 48 millones de pesetas de subvención.
Hay que señalar también, que la Fundación Caja de Madrid viene subvencionando un programa de becas para estudio con un montante anual de doce millones de pesetas.
El aumento del número de afiliados de toda España a la A.V.T., aconsejó la creación de delegaciones territoriales. De esta manera, existen delegaciones en Andalucía, Aragón, Asturias,
LA A.V.T SE INTEGRA EN UNA FEDERACION
INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES
DE VICTIMAS DEL TERRORISMO
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) se ha integrado en una Federación Internacional creada en un encuentro que estos días se celebra en Argel, entre entidades de distintos países (Argelia, España, Francia e Irlanda) que aglutinan a afectados por esta lacra.
La sede y la secretaría general de la recién creada FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (FIAVT) estarán en Argel, mientras la presidencia, de carácter colegiado, estará a cargo de un miembro de cada asociación.
Según los participantes, el objetivo de la FIAVT es unificar y coordinar los esfuerzos para luchar contra el olvido, promover la solidaridad con las víctimas del terrorismo y hacer que progrese la justicia internacional con vistas a erradicar este fenómeno.
Como representante de la AVT, se encuentra participando en este encuentro Juan Antonio Corredor que, desde Argel ha abogado por una cooperación internacional para acabar con la violencia terrorista.
En este sentido, Corredor, agregó que los representantes de las asociaciones que participaron en la cita respaldan con firmeza la idea de que se celebre una conferencia internacional sobre el terrorismo bajo los auspicios de Naciones Unidas.
En opinión del representante de la AVT, los países de todo el mundo deben mantener una cooperación total contra las organizaciones terroristas, las peticiones de extradición deben ser estudiadas rápidamente y la colaboración en el campo jurídico debe ser eficaz y real.
Corredor afirmó, asimismo, que en Argelia el terrorismo usa el pretexto de la religión mientras que en España e Irlanda se encubre detrás de "razones políticas". Los resultados son los mismos: "unos atentados que producen numerosas víctimas inocentes".
Por su parte, la presidenta de la Asociación Argelina de Familias de Víctimas del Terrorismo, Zohra Flici, declaró que los participantes en la cita consideraran urgente reunirse para trasmitir "nuestro mensaje y nuestro dolor" a la opinión pública mundial y sensibilizarla respecto a las consecuencias que tiene el terrorismo para las familias que lo sufren en su propia carne.
A su vez, la delegada general de la Asociación francesa Attentats, Anne Rudetiki, hizo un llamamiento a las asociaciones de víctimas del terrorismo de otros países para que integren esta recien creada Federación.
LA AVT CALIFICA DE MISERABLE LA PROPUESTA
DEL PNV DE QUE SOLO SE INDEMNICE A LAS
VICTIMAS DEL TERRORISMO POSTERIORES A 1977
Para la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) la propuesta del PNV de que sólo se restituya a los afectados por el fenómeno terrorista después de 1977, resulta una actitud miserable y supone tanto como justificar el asesinato dependiendo del régimen político existente. Además, esta postura contrasta con el deseo del PNV de que los presos etarras salgan de la cárcel. "Entre todos sacaremos a los presos a la calle", proclamó Javier Arzallus, líder del PNV, en el mitin celebrado, el pasado septiembre, con motivo del "Alderdi Eguna" (Día del Partido). He aquí la filosofía del PNV: los asesinos a sus casas y las víctimas que tuvieron la doble desgracia de padecer el terrorismo y sufrirlo en vida de Franco a, poco menos que, criminalizarlas.
Pretender dejar fuera del amparo de la ley que el Gobierno y los Grupos Parlamentarios elaboran, a aquellas familias, víctimas del terrorismo, más desprotegidas, precisamente, por haber padecido esta infamia cuando no existían indemnizaciones administrativas ni pensiones extraordinarias para los afectados, es de una ruindad que habla por sí sola. El Partido Nacionalista Vasco parece dar a entender que los actos terroristas cometidos en vida de Francisco Franco están absolutamente legitimados por ser éste un dictador.
En total, la propuesta del PNV dejaría sin indemnización a 94 familias que sufrieron el terrorismo antes del advenimiento de la Democracia. Se trata de los familiares de 26 guardias civiles, 12 policías nacionales, 7 inspectores de policías, 4 obreros, 4 subinspectores de Policía, 4 taxistas, 3 escolares (menor de edad), 3 vigilantes jurados, 2 alcaldes, 2 camareros, 2 mecánicos, 2 militares, 2 policías municipales, 1 agente comercial, una ama de casa 1 cocinero, 1 concejal, 1 conductor de autobús, 1 chofer, 1 empleado administrativo, 1 empresario, 1 ferroviario, 1 industrial, 1 inspector de autobús, 1 jefe local de Movimiento, 1 maestro, 1 panadero, 1 presidente de Gobierno, 1 telefonista y tres personas sin profesión determinada. (Adjuntamos el listado nominal de las víctimas).
Con relación al comunicado hecho público por la banda terrorista ETA, la AVT no tiene comentario alguno que hacer. El único comunicado de esta banda de asesinos al que se daría relevancia, sería aquel en el que anunciara su abandono incondicional de las armas, y en el que reconociera el daño causado y la inutilidad de treinta años de atentados.
INDIGNACIÓN EN LA AVT POR LA DESIGNACIÓN
DE JOSU TERNERA COMO MIEMBRO
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) quiere hacer pública su indignación por la designación, como representante de EH, del miembro de ETA José Antonio Urruticoechea (Josu Ternera) como miembro de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco. El escarnio que esta designación produce en las víctimas del terrorismo reaviva todas las ofensas que tradicionalmente nos vienen infringiendo las instituciones vascas. Recientemente, el Parlamento vasco rechazó la creación de una Comisión que estudiara la situación de las víctimas del terrorismo. Una semana después nos llega la noticia de que el presunto responsable de las matanzas de la Casa-Cuartel de Zaragoza y de los almacenes Hipercor - dos de los más sangrientos atentados de la banda- va a formar parte de esa viciada Comisión de Derechos Humanos; alguien, cuya notoriedad pasa por haberlos violado sistemáticamente a lo largo de una extensa carrera criminal. Se trata, sin duda, como se ha dicho desde las filas del PP vasco , de un sarcasmo siniestro.
Si la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, en su concepción parcial de los mismos, ha olvidado en su tendenciosa trayectoria, a las víctimas del terrorismo, después de esta ignominiosa designación, lo único que podemos esperar las víctimas es que se nos criminalice por haber sido objetivos de la banda asesina ETA.
Pero esta designación no sólo debe suponer una cruel burla para las víctimas etarras, todos los vascos que se crean demócratas, deben sentirse igualmente ofendidos. Se trata de un hecho que desprestigia a las Instituciones vascas en su conjunto y debe constituir un motivo de reflexión para el PNV sobre la catadura de sus compañeros de viaje en el pacto de Estella y en las tareas del Gobierno vasco.
Si el llamado proceso de paz pretende una sociedad vasca donde las heridas de treinta años de asesinatos se restañen, en la medida de lo posible, con el objetivo de una convivencia pacífica, esta designación es como echar ácido en las llagas de los damnificados por el terrorismo etarra. El único punto de arranque posible para caminar hacia una paz duradera es que la organización terrorista ETA reconozca el daño causado y la inutilidad de sus acciones criminales y pida perdón a sus víctimas. Visto lo visto, es evidente que estamos muy lejos de que eso se produzca.
La AVT insta a la Justicia a que juzgue con toda celeridad a José Antonio Urruticoechea para que podamos conocer el alcance exacto de las responsabilidades criminales del flamante miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara vasca. Sería kafkiano imaginar a Hitler entre los jueces del proceso de Nuremberg, a Al Capone como miembro destacado de Manos Limpias, o a Bokassa presidiendo la Unicef. Sólo en una acomplejada Democracia como la española parece posible que un asesino forme parte de una comisión de derechos humanos.
LA AVT INSTA A LA FISCALIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL A QUE INVESTIGUE LA SITUACION LABORAL DE 74 TERRORISTAS
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha presentado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional un escrito instándola a investigar la situación laboral de un total de 74 terroristas. Todos ellos tienen pendiente de pago las indemnizaciones a las que, en concepto de responsabilidad civil, fueron condenados en su día.
Los terroristas relacionados, 56 de la banda ETA y otros 19 de los GRAPO, se encuentran en situación de libertad plena o bien disfrutan del tercer grado penitenciario (sólo acuden a la prisión a dormir de lunes a jueves). Las cantidades que adeudan a sus víctimas suman un total de 1.591.996.782 ptas.; 1.214.486.630 ptas. corresponden a miembros de ETA, y 377.510.152 ptas. a terroristas del GRAPO.
Entre los etarras morosos destacan: Manuel Aramendi Alberro con 150.225.000 ptas. de deuda, Jacinto Múgica Oyarabide que adeuda la misma cantidad, Joaquín Zubillaga Artola con una deuda de 57.744.825 pts por cuatro asesinatos y otros delitos, Jesús María Larzabal Basterrica que con otras cuatro víctimas mortales fue condenado a pagar 59.696.820 pts. Otro miembro destacado de esta lista es Arnaldo Otegui Mondragón, condenado a pagar 100.000 pts por su implicación en el secuestro de Luis Federico Abaitúa Palacios, ocurrido en Vitoria el 19 de febrero de 1979. Otegui es el actual líder de la coalición proetarra Euskal Herritarok.
De los mas de 377 millones que adeudan los terroristas del GRAPO, Josefina García Aramburu debe 86.419.039 pts por dos asesinatos y varios atentados, destaca también Felix Novales Gorbea implicado, entre otros delitos, en cinco asesinatos, por los que adeuda una cantidad de casi 63 millones de pesetas.
Tercera iniciativa de la AVT
Esta es la tercera vez, en los últimos años, que la AVT facilita información a la Fiscalía de la Audiencia Nacional instándola a que investigue si la situación de insolvencia de los terroristas que han accedido a régimen abierto, o bien, que disfrutan de libertad plena, ha desaparecido para, en tal caso, proceder al embargo del sueldo correspondiente en los términos que permite la ley. Tristemente, en las dos ocasiones anteriores, los resultados fueron irrelevantes. Tan sólo se consiguió embargar el sueldo de dos terroristas y en una sola mensualidad.
Fondo de Garantía Jurídico Penal
En 1991, la AVT presentó un borrador de proyecto de ley a los Grupos Parlamentarios que recogía la creación de un fondo jurídico penal para que el Estado
adelantara a las víctimas del terrorismo las cantidades que sus agresores les adeudan, subrogándose en sus derechos, para posteriormente intentar cobrar al terrorista las cantidades que le correspondía abonar en concepto de responsabilidad civil. La AVT proponía que se adoptara el modelo francés. En el país vecino, ese fondo se nutre a partir de una tasa de unas doscientas pesetas, con la que se graban las pólizas de seguro. De esta manera no sería graboso para las arcas del Estado.
El proyecto fue adoptado por el Grupo Popular que, con pequeñas modificaciones, lo presentó hasta tres veces a la Cámara de Diputados, rechazando siempre ésta en virtud de la mayoría socialista. Posteriormente, el Partido Popular incluyó en su programa electoral, que el Estado adelantara las indemnizaciones que los terroristas adeudan a sus víctimas para intentar cobrárselas posteriormente. A casi tres años del triunfo del PP nada sabemos de estas promesa electoral.
Documento al Sr. Alvarez Cascos
Desde su creación en 1981, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha mantenido la restitución moral de la víctima como objetivo fundamental de sus reivindicaciones. Nuestra confianza en los Tribunales de Justicia y demás instituciones, como única vía de reparación, no siempre han estado a la altura que podíamos esperar. Sin embargo, nuestro acatamiento a las leyes y a las normas democráticas han sido una constante en el largo camino reivindicativo de la AVT. Insistimos en la necesidad de que nuestros agresores cumplan sus condenas, sin favoritismos, en los términos que marca la ley, como elemento reparador en el plano moral por el daño causado. Desde esta posición, pasamos a exponer aquellas demandas que la AVT viene persiguiendo desde mucho tiempo atrás, encaminadas a preservar la dignidad de la víctima del terrorismo.
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Levante, Navarra y País Vasco.
Ana Mª Vidal-Abarca López, viuda del Comandante Jesús Mª Velasco, jefe de los Miñones de Alava, asesinado en Vitoria el 10 de enero de 1980.
Luis Delgado Cabezas, padre del niño Luis Delgado Villalonga, asesinado en Madrid el 22 de noviembre de 1988, atentado en el que él mismo y su mujer, Mercedes Villalonga fueron gravemente heridos.
María Martín Peña, viuda de Antonio de Frutos Sualdea, cabo 1º de la Guardia Civil, asesinado en Legazpi (Guipúzcoa) el 3 de mayo de 1976.
Blanca Condado Aguilar, viuda de Francisco Gómez Vaquero, cocinero de la Cafetería "Rolando", de Madrid, lugar donde fue asesinado el 13 de septiembre de 1974.
Mª Victoria Quirós Rivas, viuda del inspector de Policía Juan Antonio Bueno Fernández, asesinado en Madrid el 20 de diciembre de 1973.
Encarnación Morales de Campos, viuda del policía nacional Agustín Ginés Navarro, asesinado en Madrid el 1 de octubre de 1975.
Agustina Alcántara Guerra, viuda de Miguel Castilla Martín, miembro de la Policía Nacional, asesinado el primero de octubre de 1975 en Madrid.
Josefa Muriel Arroyo, cuyo marido, el policía Joaquín Alonso Bajo, fue asesinado el 1 de octubre de 1975 en Madrid.
Rafael Villalobos Villar, comandante del Ejército que perdió ambas piernas en atentado terrorista perpetrado en Madrid el 17 de octubre de 1991.
Juan Antonio Corredor Pérez, director-gerente, responsable del Área Administrativa y coordinador jurídico.
Sonsoles Alvarez de Toledo Urquijo, responsable del Área Asistencial.
Paulino Baena Díaz, responsable de Prensa y Relaciones Externas.
María Luisa Cabanas Arrate, responsable del Gabinete Psicológico.
—Tupac Amaru—
—Polo Castellanos—
El veintidós de abril se cumplen dos años de la masacre de emerretistas y la liberación de rehenes en la Embajada del Japón en Lima, Perú. Dos años, que hacen gala de la impunidad de la que goza el terrorismo de Estado, en este caso el peruano, al mando de un presidente, que al estilo de las viejas dictaduras latinoamericanas, aplaudió y premió a sus sicarios.
El 17 de diciembre de 1996, un comando de 14 guerrilleros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, en un audaz operativo, tomó la Embajada ante los ojos del Servicio de Inteligencia Nacional, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la 2da Región Militar. Según el General de Ejército y Presidente del Comando Conjunto, Nicolás de Bari Hermoza, se le había advertido a los mandos de la policía de los movimientos del MRTA y de la posible amenaza que estos representaban, incluso del objetivo político que perseguían, toma de rehenes y canje por presos políticos. Pero resulta obvio que nadie esperaba la acción de los guerrilleros, y si tan eficiente era la inteligencia militar ¿cómo es que finalmente los emerretistas lograron penetrar a la Embajada, tomar a casi seiscientos rehenes entre embajadores e invitados y permanecer cuatro meses en el lugar?
Los enviados del Presidente para repeler el ataque fueron galardonados por su heroísmo y patriotismo, a pesar de que, con toda premeditación, perpetraron una masacre a nombre del Estado peruano, asesinando a catorce jóvenes, aún a aquellos que estaban desarmados y rendidos. El doble discurso, en la voz de Fujimori, quien en todo momento manifestó sus intenciones de una salida pacífica, se confirmó cuando dio las órdenes de atacar la Embajada, pese a las gestiones y la opinión mundiales, incluyendo al gobierno japonés, por una solución pacífica de la crisis.
En estos tiempos de neoliberalismo y globalización, en los que la violencia perpetrada por los estados se puede traducir como una deficiencia de credibilidad y de poder frente a sus propias sociedades, y como una respuesta a la amenaza que representa para el sistema un movimiento social reivindicatorio de las demandas populares, el crimen, siempre y cuando encuentre resguardo en la democracia y la unidad nacional, será justificable y más si se trata de "terroristas" como en este caso. Aunque parece paradójico, cuando más se reprime y aísla a un movimiento, éste busca métodos más radicales para sobrevivir y llevar al cabo sus objetivos, por ende el aparato represivo es cada vez más grande y la violencia desencadenada más homicida. El Estado con toda la infraestructura que posee desarrolla métodos y técnicas que combatan al terrorismo y la guerrilla: creación de cuerpos represivos, grupos de choque, paramilitares, leyes que los protejan, organismos de inteligencia, infiltración, y hasta la tortura y el asesinato. Pero, a su vez, paralelamente, el terrorismo en la preparación de sus operativos llega a desarrollar incluso las mismas técnicas.
En el caso del Perú, la ambición de las cortes del poder por mantenerse en el mando, llevó al país al desencadenamiento de la violencia que culminó con un auto golpe de Estado, el recrudecimiento de las relaciones sociedad-Estado, y finalmente el asesinato de la dirigencia de la última organización levantada en armas, cuestiones que acabaron por confirmar la posición del gobierno ante la sociedad peruana: la violencia.
El comando encargado del operativo de rescate, por supuesto, debía estar acorde con este contexto mundial y específicamente con la realidad latinoamericana; alguien capaz de combatir el fuego con fuego, así que lo más indicado fue poner al frente al general Nicolás de Bari Hermoza, un egresado de la "Escuela de Asesinos" como se le conoce a la Escuela de las Américas. Famosa ésta por la estirpe de sus graduados: mercenarios, dictadores, agentes de inteligencia, expertos en guerra de baja intensidad, terrorismo y toda la parafernalia militar que se puede juntar en un aula educativa. Donde se enseña en sus manuales, en términos generales, que un luchador social que emplea o incita a la violencia, o una organización política que, con base en causas legítimas, aspira a desencadenar cambios políticos en beneficio de la población utilizando mecanismos de lucha armada, se convierte automáticamente en "terrorista" . Solo así nos podemos explicar como un movimiento revolucionario, que tiene orígenes en el Partido Comunista, en la Alianza Popular Revolucionaria (APRA) y otras organizaciones democráticas, que desafortunadamente fue orillado por el mismo sistema a tomar las armas, es y continuará siendo catalogado como terrorista, tratado y contraatacado como tal.
La Operación "Chavín de Huantar", nombre con el que se bautizó al operativo de rescate inició cuando las Fuerzas Armadas tomaron el mando y diseñaron las estrategias a seguir. La recabación de información sobre la situación, a través de cámaras de video introducidas a la residencia y de los rehenes, que ilesos fueron liberados por los guerrilleros en un afán de encontrar una solución; un túnel al que se le camuflajearon los sonidos de su construcción con sobrevuelos de helicópteros; el tedio de cuatro meses de espera; la negativa de negociación por parte del gobierno y el factor sorpresa en el momento mismo del ataque, fueron determinantes en el éxito de la operación. Mientras la mayoría de los combatientes jugaban futbol en la sala de la residencia, se detonó una bomba que culminaría el túnel y por donde entrarían los militares disparandole a mansalva a los guerrilleros sobrevivientes de la explosión. Acto seguido, exterminar al resto, a quienes se rendían y a los que intentaron alcanzar sus armas y así reivindicar al Presidente de la República en su firme lucha en contra del terrorismo y los enemigos del Estado.
Han pasado dos años de aquella masácre que obtuvo la condena de la opinión pública internacional, en Perú como en muchas partes del mundo, se encendieron algunas veladoras por los guerrilleros muertos. Por igual en cada lugar de América Latina siempre hay una luz que encender porque el Terrorismo de Estado a dejado a su paso alguna tumba.
Terrorismo de estado en Cuba
El Comité Internacional por la Democracia y los Derechos Humanos en Cuba recién organizado por la Fundación Andrei Sakharov y la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos denuncia el arresto en la Ciudad de La Habana de los líderes del Movimiento de Derechos Civiles de Cuba René Gómez Manzano, Martha Beatriz Roque Cabello, Vladimiro Roca Antúnez y Féliz Bonne Carcacés.
Esta denuncia, a la que se están uniendo otras organizaciones de Derechos Humanos y Cívicas de Europa, además añade que agresiones de esta naturaleza contra activistas civiles que deben merecer el respeto de todo gobierno civilizado, --agresión que el gobierno de Cuba repite casi todos los días contra pacíficos ciudadanos--, representa otro alarmante indicador del peligro cada vez mayor de que en Cuba se desate una guerra civil que podría convertirse en uno de los conflictos armados más sangrientos de la segunda mitad del siglo XX.
El Comité Internacional para la Democracia y los Derechos Humanos en Cuba cuenta con el respaldo, entre otras personalidades, de el Presidente de la República Checa Vaclav Havel, del Premio Nobel de Literatura Alexander Soljenitsyn y del Obispo Surafricano y Premio Nobel de la Paz Desmond Tuto. Elena Bonner preside la Fundación Sahkarov.
La banda Terrorista ETA ha asesinado a 810 personas
La banda terrorista ETA ha matado, al menos, a 810 personas desde el 28 de junio de 1960, fecha en la que quitó la vida a la niña de año y medio Begoña Urroz Ibarrola, en San Sebastián, hasta el 25 de junio, del presente año, que asesinó al concejal de PP, Manuel Zamarreño, en Rentería (Guipuzcoa).
Del total de víctimas, 30 son menores de edad, de ellos, tres son criaturas no nacidas pues dos mujeres fueron asesinadas estando embarazadas y una resultó herida. El resto, 780, contaban más de 18 años. Por sexos, 60 eran mujeres, y 747 varones, la relación se completa con los tres bebes no nacidos de sexo sin determinar.
Trescientas treinta y nueve víctimas eran civiles, esto es, no pertenecían a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ni eran militares. De las 470 restantes, 199 eran guardias civiles, 175 policías, y 97 militares.
Por provincias, este macabro "ranking" lo encabeza Guipúzcoa con 298 asesinatos, le sigue otra provincia vasca, Vizcaya con 215 víctimas mortales, mientras que Alava arroja un saldo de 42 asesinatos, lo que suma un total de 553 personas a las que la banda terrorista ETA quitó la vida en el País Vasco.
Madrid y Barcelona se encuentran, asimismo, entre las provincias más castigadas. La capital de España arroja un balance de 116 asesinatos y la Ciudad Condal aparece con 52. Mientras que en Navarra la banda terrorista se cobró la vida de 37 personas.
Trece asesinatos fueron perpetrados en Zaragoza, siete en Sevilla, seis en Cantabria y otros cinco ocurrieron en suelo francés. Alicante, Valencia y La Rioja aparecen con tres víctimas mortales, cada una de ellas. Dos en León y Granada. Finalmente, Cádiz, Castellón, Ceuta, Córdoba, Murcia y Salamanca fueron, respectivamente, escenario de un asesinato.
Por comunidades autónomas la relación de víctimas mortales de la banda terrorista ETA es como sigue:
PAIS VASCO-------------------------------555
MADRID------------------------------------116
CATALUÑA--------------------------------52
NAVARRA---------------------------------37
ARAGON-----------------------------------13
ANDALUCIA------------------------------11
CANTABRIA------------------------------6
COMUNIDAD VALENCIANA--------7
LA RIOJA----------------------------------3
CASTILLA-LEON------------------------3
MURCIA------------------------------------1
CEUTA--------------------------------------1
FRANCIA-----------------------------------5
TOTAL-------------------------------------810
Los años más sangrientos fueron, por este orden, 1980, 1979 y 1978 con 100, 85 y 69 asesinatos respectivamente. La relación completa de personas asesinadas por la banda ETA por años queda así:
1960................. 1
1968................. 2
1969................. 1
1970................. 0
1971................. 0
1972................. 1
1973................. 6
1974................. 18
1975................. 17
1976................. 17
1977................. 13
1978................. 69
1979................. 85
1980................. 100
1981................. 31
1982................. 42
1983................. 42
1984................. 32
1985................. 38
1986................. 40
1987................. 53
1988................. 20
1989................. 19
1990................. 24
1991................. 46
1992................. 26
1993................. 15
1994................. 13
1995................. 15
1996................. 5
1997................. 13
1998................. 6(hasta el 25 de junio)
—Rosa Mora—
Al País Vasco y al terrorismo se ha dedicado un buen número de libros: Contra la barbarie, de José María Calleja, un alegato en favor de las víctimas de ETA, que enumera una a una; ETA, entre España y Francia, de Sagrario Morán, un riguroso análisis sobre la repercusión del terrorismo en las relaciones entre España y Francia; El terrorismo, de Patxo Unzueta, un cuidado estudio sobre el problema vasco; El bucle melancólico, quizá uno de los más celebrados del año, con el que Jon Juaristi ha obtenido el premio Espasa de Ensayo, es una reflexión sobre los motivos que impulsan al terrorismo; y Ermua. Cuatro días de julio reúne 40 textos de otros tantos autores y colectivos a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Son sólo algunos de los editados.
Quienes quieren comprender mejor el papel de España ante la Unión Monetaria Europea deberán consultar tres estudios publicados en 1997: La guía del euro. Todas las respuestas sobre la moneda única, de Emilio Ontiveros y Francisco J. Valero; España ante la moneda única, de Carmela Martín, y La economía española ante la moneda única, de Jordi Sevilla. Otro título, La esfera pública y la sociedad civil, de Víctor Pérez Díaz, analiza la construcción europea y la pluralidad multicultural. En el terreno económico hay que tener en cuenta La historia de la hacienda pública, de Francisco Comín; El final de la edad dorada, de Carlos Solchaga, y Contra el pensamiento único, de Joaquín Estefanía. Imprescindibles para conocer mejor nuestra historia, Los socialistas en la política española. 1979-1982, de Santos Juliá; España, 1808-1996, El desafío de la modernidad, de Juan Pablo Fusia y Jordi Palafox, y Diarios 1932-1933. Los cuadernos robados, de Manuel Azaña.
La corrupción ha sido tratada desde ángulos distintos, en el aspecto concreto, como es el caso de El farol, de Ernesto Ekáizer, nueva entrega sobre Mario Conde, o La corrupción en la España democrática, de Alejandro Ortiz, y desde una visión ética, como La quimera del rey filósofo, de Roberto R. Aramayo, sobre el poder y la ética. Los problemas del fin de siglo han merecido una amplia reflexión desde ópticas muy diversas. He aquí una muestra mínima: El valor de educar, propuestas muy renovadoras de Fernando Savater; Con rabia y esperanza, de José María Mendiluce, sobre la ayuda humanitaria; El reto del Islam, de Pedro Martínez Montávez, análisis de un momento decisivo en un mundo vecino e incomprendido; La revolución en la ética, de Norbert Bilbeny, premio Herralde de Ensayo, que propone una ética mínima para afrontar la sociedad de la información, y Crónica de un desorden, de Manuela Carmena, que trata sobre la justicia.
—Jésus Cebeiro—
Desde hace tres décadas el factor ETA ha impuesto, con mayor o menor protagonismo, su presencia inexorable sobre la escena pública española. Han cambiado los actores, el guión, el escenario mismo; sólo ETA se mantiene en sus trece. La dictadura se transformó en democracia, se han sucedido a derecha e izquierda Gobiernos de diverso pelaje ideológico, la economía ha completado varios ciclos de la depresión a la euforia y viceversa, incluso la secular sequía ha dejado paso a sobreabundantes lluvias, pero el integrismo de ETA persevera en su estrategia de convencer matando. El País Vasco ha recuperado un grado de autogobierno que nunca tuvo, una amnistía ilimitada borró las huellas del pasado, la Guardia Civil ha cedido el control de las calles a la Ertzaintza, el concierto económico ha devuelto algo que se asemeja bastante a la soberanía fiscal, el PNV gobierna sin interrupción en Ajuria Enea, el Estado se sentó a negociar con los terroristas en Argel… Nada ha alterado el designio totalitario de una organización que ha devenido en banda mafiosa bajo el principio de sometimiento o muerte.
El terrorismo etarra ha dejado sobre 1997 un huella particularmente densa. Y no exactamente, o no sólo, porque asesinara más. Cierto es que eliminó a 13 personas, frente a cinco el año anterior, pero en términos de eficacia exterminadora quedó muy lejos de su macabro récord de 1980, con 110 cadáveres. Sectores del Ejército y de la sociedad civil alimentaron entonces su vocación golpista bajo la coartada de la amenaza etarra. Pero superadas definitivamente esas tentaciones, los crímenes de ETA han vuelto a sembrar de minas , tal vez como nunca antes, el consenso de las fuerzas democráticas en el frente antiterrorista.
Y por contradictorio que parezca, ha sido también el año que registró la mayor movilización de masas que recuerda este país: más de seis millones de personas abominaron de ETA en las calles después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, un joven economista que por toda carrera política había sido elegido concejal de Ermua (Vizcaya) por las listas del PP. Antes y después de este crimen la tentación del desistimiento ha calado en algunos sectores de la vida política, y no sólo bajo siglas nacionalistas: sentémonos a hablar, puesto que de poco sirve reprimir.
Lejos de interpretarlas como una derrota, ETA ha leído las masivas manifestaciones de julio como un éxito. Así se refleja en la literatura epistolar interceptada en los meses siguientes a varios etarras detenidos. Durante una semana logró que del Rey abajo todo este país girara en torno a su programa de actividades. Esas mismas cartas revelan su empecinamiento en una estrategia que ha basculado del frente de prisiones -año y medio de secuestro del funcionario Ortega Lara, asesinato de un psicólogo de la cárcel de Martutene, etcétera- a un ataque indiscriminado contra cualquier cargo, por ínfimo que sea su rango, del Partido Popular.
A partir de ahí las fuerzas políticas han disuelto en horas la unidad tantas veces proclamada para enzarzarse en toda suerte de disputas: sobre la eficacia de la Ertzaintza, sobre la renta electoral de la sangre derramada, sobre la mayor o menor distancia a la que deben estar del País Vasco los etarras encarcelados, sobre la conveniencia o no de hacer un guiño al brazo político de ETA, sobre la aplicación misma de la ley en la sentencia condenatoria de la Mesa Nacional de HB. Un saldo que, de tan inesperado, contribuirá a que los capos de ETA se vean reflejados en el espejo como magos de la estrategia.
Pese a todas estas trifulcas, Aznar ha mejorado su posición en las encuestas y consolidado su alianza con los nacionalistas. Una legislatura que se presumía breve se proyecta hacia los cuatro años sin obstáculos graves. En medio ha desarrollado, eso sí, una política de ocupación masiva de la sociedad. Tanto da que se trate de monopolios privatizados, instituciones culturales y, sobre todo, medios audiovisuales. Un vasto programa máximo que resulta difícilmente compatible con la neutralidad y el respeto al pluralismo que cabe exigir a un Gobierno democrático. Ése es un lastre que plantea serias dudas sobre la igualdad de oportunidades en futuros procesos electorales. Pero incluso en ese frente la sociedad ha tenido ocasión de comprobar hasta qué punto la pertenencia a la Unión Europea es un muro de protección ante las arbitrariedades gubernamentales.
En otros ámbitos, el balance ha sido sin duda positivo. Desde luego, la economía ha alcanzado la más alta nota en muchos años: el crecimiento ha superado las previsiones, la inflación y los tipos de interés han caído a niveles mínimos; se han cumplido, en fin, con holgura las condiciones para entrar en el euro. Incluso en la siempre pendiente asignatura del paro ha habido algunos progresos en la creación de empleo fijo después de la reforma acordada por patronal y sindicatos.
En medio de este panorama no exento de contradicciones y conflictos, ETA proyecta su sombra más inquietante con las divisiones que ha sido capaz de crear dentro del arco parlamentario. No en balde, en las encuestas públicas el terrorismo reaparece en el primer plano de preocupaciones ciudadanas -junto con el paro- después de varios años de retroceso. Malo es que ETA siga matando después de dos décadas de democracia, incluso matando más que bajo la dictadura. Es mucho peor que cunda entre los ciudadanos la sospecha de que no se sabe qué hacer y que al final el chantaje pueda revelarse rentable.
El año que se gritó `¡Basta!' a ETA
—José Antonio Carrizoza­—
Seis millones de personas salieron a la calle para decirle a ETA `¡Basta ya!', en la mayor demostración que conoce la historia de la democracia española contra la violencia terrorista. Fue un incendio cuya chispa saltó en Ermua, y que se extendió rápidamente a toda España. Los hechos obligaron a los políticos a ponerse al frente de un movimiento que adquirió una envergadura que no habían imaginado.
El intento desesperado de todo un pueblo por salvar la vida de Miguel Ángel Blanco se convirtió el 12 de julio en una demostración de ira democrática contra los violentos y los que los acompañan. La imagen de aquellos días de julio irá ya siempre unida a la de un José Antonio Ortega Lara que, después de más de 500 días secuestrado en un agujero inmundo, era liberado, el primer día de ese mes, por la Guardia Civil. Ortega, famélico, con barba de meses, casi sin poder sostenerse en pie, se grabó en la retina de los españoles. Semanas más tarde, la propaganda oficial del Ministerio del Interior comparaba su fotografía con la de los supervivientes de los campos de exterminio nazis.
¿Sirvió para algo esa gigantesca movilización ciudadana, que sin duda constituye la imagen de 1997 destinada a pasar a la historia? Cinco meses después la dirección de Herri Batasuna ingresaba en la cárcel para cumplir la condena que había impuesto el Tribunal Supremo por colaboración con banda armada. Pero el terrorismo continuó durante todo el año siendo un arma de discusión política de los partidos, que sólo acertaron a consensuar una serie de medidas legislativas para combatir lo que se ha dado en llamar el terrorismo de baja intensidad. Así, la política de indultos a los presos etarras desató una de las polémicas más agrias del año entre el Gobierno y la oposición socialista.
Como ocurriera desde el comienzo del mandato del Partido Popular, la bonanza económica no se trasladó a la vida política, y la crispación y la tensión siguieron dominando el panorama con episodios tan penosos como la falsa amnistía fiscal que, según el PP, los socialistas habían concedido a sus amigos y amiguetes. Al final, el Congreso primero y los jueces después tuvieron que intervenir para dejar claro que la acusación no se sostenía por ningún lado. También el acoso con todos los medios a su alcance, con el Boletín Oficial al frente, contra el Grupo PRISA consumía buena parte de las energías de los hombres de Moncloa.
En medio de este panorama, las relaciones del Gobierno con su principal sostén parlamentario, los nacionalistas catalanes, pasaba por momentos tan delicados que el año se cerraba con fuertes rumores de un adelanto electoral. La oposición de CiU al decreto para la enseñanza de las humanidades, apadrinado por la ministra Esperanza Aguirre, y el firme rechazo del Partido Popular a la ley del catalán, propiciada por Jordi Pujol, marcaron los momentos de mayor tensión en una relación que ha estado marcada por los recelos.
Junto con la mejora de la economía, la mejor noticia del año para el PP fue el triunfal paseo de Manuel Fraga por Galicia, donde revalidó con toda comodidad su mayoría absoluta. Mientras, la izquierda se hundía en su intento de frente común y aflora una fuerza nacionalista, el BNG, hasta ese momento de escasa significación.
La incógnita del año tiene nombre: Joaquín Almunia. El Congreso Federal del PSOE ponía fin a un modelo de dirección que, bajo el mando de Felipe González, había funcionado desde los lejanos tiempos de Suresnes. Almunia se hacía cargo de un partido recién llegado a la oposición, tras los 14 años de Gobierno, y con dificultades de adaptación a la nueva situación. Los sondeos de final de año mostraban que las dificultades para encontrar el camino subsistían, y los sondeos daban cada vez más cómoda ventaja al PP.
TODOS LOS SECUESTROS DE ETA
Eugene Beihl
Lorenzo Zabala Suinaga
José Luis Arrasate
Ramón Lorenzo Pastor
José Luis Elicegui
L (con un tiro)
Luis Iturriegui
Jacinto Zulaica
José Crespo Berisa
Jesús Molero Guerra
George Pourier
23/02/79
Victoriano Magdaleno Ibáñez
Serafín Apellániz
Luis Abaitua Palacios
Ignacio Astiz
06/06/79
José Luis Calvo Casas
L (tras atraco a C. de Ahorro)
Victoriano M. Ibáñez
Eduardo Sanchís López
Gregorio Baza
José Garavilla
J. M. Pérez López de Orueta
24/04/80
Isidro Balzategui
José I. Ustarán
Luis Súñer
Javier Egana
Gabriel Biurrun
L (por la policía)
Luciano Varela Echevarria
Bernabé Ruiz de Velasco
Secuestrado con otras cinco personas
José Lipperheide
Mirentxu Elósegui
Rafael Abaitua
Francisco Limusín
Saturnino Orbegozo
L (por la Guardia Civil)
Miguel I. Echeverría
Jesús Guibert
José M. Aizcorreta Zabala
L (tras ser apaleado)
José María Gastón
L (tras recorrer varias localidades)
Ángel Urteaga Irurzun
Ángel Carasusan
José María Egaña Loidi
Lucio Aguinagalde
L (por la Ertzaintza)
Jaime Caballero Urdanpilleta
Ándres Gutierrez Blanco
* (1)Millones de pesetas.
* (2) Días de duración.
* L: Liberado
* A: Asesinado
Fuente: Asociación Víctimas del Terrorismo.
Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) nacen como organización el dos de agosto de 1975. Y lo hacen no como tal GRAPO sino como sección técnica del PCE(r). Hicieron su aparición en Madrid en octubre de 1975 con el asesinato de cuatro policías. Si bien, unos meses antes, en agosto, habían asesinado a un guardia civil.
Desde el comienzo de la actividad criminal de la banda terrorista GRAPO ha asesinado a 75 personas, de las que seis son mujeres.
Por provincias, el mayor número de asesinatos se han cometido en Madrid, con 39 muertos. Le siguen:
Barcelona...................................14
Galicia........................................7
Zaragoza....................................4
Sevilla........................................3
Valencia.....................................2
Gijón..........................................2
Santander...................................1
Cádiz..........................................1
Castellón....................................1
Valladolid..................................1
1975...................7
1976...................2
1977...................9
1978...................6
1979...................21
1980...................5
1981...................4
1982...................2
1983...................2
1984...................5
1988...................2
1989...................5
1990...................4
1993...................1
Por profesiones 17 eran guardias civiles, 23 policías, 9 militares y 26 civiles (en este grupo se incluyen aquellas víctimas de las que no tenemos sus profesiones).
Argelia: Occidente respalda al régimen 'para evitar el caos'
—Pedro Canales—
Analistas y fontaneros occidentales coinciden en su diagnóstico acerca de la situación en Argelia: ”El nivel de violencia, terrorista e institucional, el fraude electoral y las violaciones de las libertades individuales y colectivas constatado en los últimos meses se mantiene dentro de límites tolerables“. Y de añadir: ”Una excesiva presión por parte occidental podría inducir a la ruptura de la unidad nacional mantenida por el Ejército“. Las consecuencias serían: ”Balcanización del país, caos energético y emigración masiva hacia Europa“.
Hecha esta constatación, Europa y Estados Unidos han dispensado sus indulgencias hacia Argel, donde el esfuerzo por poner en marcha instituciones democráticas se ha quedado a medio camino. La puerta entreabierta a comienzos del verano con la excarcelación de dos líderes del Frente Islámico de Salvación (FIS), Abdelkader Hachani y Abassi Madani, se cerró bruscamente cuando el carismático iniciador del sobresalto islamista pidió al secretario general de la ONU, Kofi Annan, que interviniera. Madani fue asignado a residencia de nuevo. El régimen dio otro portazo que frustró la esperanza de solución pacífica del conflicto, y ello a pesar de la tregua unilateral decretada por la guerrilla del FIS, secundado por otros grupos armados de menor implantación.
Este frenazo a la solución dialogada no alivia la angustia de una población causada por la impunidad de las matanzas. La ferocidad con la que el Grupo Islámico Armado (GIA) se ha abalanzado sobre poblaciones indefensas, con su estela de masacres sólo comparables a un genocidio (Sidi Rais, Beni Messus, Bentalha, con saldos de 300 a 500 muertos, degollados y mutilados), reaviva el apocalipsis.
Los tímidos intentos de algunas organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos del Hombre, la Human Rights Watch y Reporteros sin Fronteras, coautores de un libro negro sobre Argelia, y otras instituciones como el Parlamento Europeo, el Senado norteamericano y Naciones Unidas, para promover una investigación exhaustiva en Argelia han sido inútiles. Las denuncias de la oposición argelina y de la prensa local sobre la parálisis, indiferencia o complicidad de las fuerzas de seguridad, que no han sabido defender a la población incluso cuando las matanzas ocurrían en lugares situados a 100 metros de acuartelamientos, han pasado al olvido.
La Unión Europea ha intentado repetidas veces ejercer presiones sobre el régimen argelino, pero siempre ha terminado cediendo al canto de sirenas del primer suministrador de gas natural situado en la ribera sur del Mediterráneo. La célula de reflexión comunitaria propuesta por Abel Matutes se ve obligada a trabajar a puerta cerrada para no suscitar la ira ultramediterránea.
Porque la economía argelina se porta bien. El aumento de las reservas en divisas hasta siete millones de dólares; la garantía de seguir suministrando hidrocarburos a Occidente, que le procura unos 13.000 millones de dólares anuales; las reservas probadas de petróleo y de gas para medio siglo son un atractivo irresistible para las multinacionales. Las pérdidas ocasionadas por el terrorismo, que la central sindical UGTA evalúa en 16.000 millones de dólares en cinco años, abren el apetito de la reconstrucción, a pesar de la amenaza potencial que significa una deuda externa de 30.000 millones de dólares.
Ante este panorama, nadie se ha extrañado de que los partidos políticos de la oposición, el Frente de Fuerzas Socialistas en cabeza, con el apoyo incluso de dos que forman parte de la coalición gubernamental actual, el islamista moderado Hamás y el FLN, hayan fracasado en su intento de denunciar el fraude electoral organizado por el régimen y que le ha procurado instituciones a medida: un Parlamento en el que el partido presidencial (RND) tiene mayoría relativa y un Gobierno de coalición a prueba de incendios.
COMO SOLICITAR UNA INDEMNIZACIÓN
POR ACTO TERRORISTA
El Real Decreto 1211/1997, aprobado por Consejo de Ministros el 18 de julio, aprueba el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de Delitos de Terrorismo. A través de esta ley que sólo tiene carácter retroactivo desde enero de 1997, pueden beneficiarse las víctimas directas de atentados terroristas, así como sus familiares más próximos (esposa e hijos a cargo). Con anterioridad a este año, existen otras legislaciones que regulan ayudas para los damnificados por este tipo de delitos, aunque estas indemnizaciones son bastante más limitadas.
Los resarcimientos por daños corporales son compatibles con cualquier otra ayuda. Los gastos por tratamiento médico sólo se resarcirán en la cuantía no cubierta por los sistemas de previsión. El resto de ayudas son incompatibles con las recibidas, por el mismo concepto, de otras administraciones públicas.
En el mencionado Real Decreto se contempla también el resarcimiento por daños materiales ocasionados en un atentado. Estos resarcimientos tendrán carácter subsidiario con respecto a los percibidos por otros organismos públicos o derivados de contrato de seguros. Pero sólo se tiene en cuenta cuando los desperfectos afectan a la estructura o elementos esenciales de la vivienda habitual. Con respecto a los establecimientos mercantiles o industriales, el resarcimiento comprenderá el 50% del valor de las reparaciones necesarias para poner nuevamente en funcionamiento los establecimientos, con un máximo de 15 millones de pesetas por establecimiento. En cuanto a los vehículos se resarcirán los daños causados en vehículos particulares y en los destinados al transporte de personas o mercancías. La cuantía corresponderá a los gastos necesarios de reparación o a su valor venal en caso de destrucción total.
El Ministerio de Interior podrá anticipar hasta 3.000.000 de pesetas, a cuenta de la percepción definitiva, en los casos en que por la gravedad de la mutilación se presuma una posterior declaración de incapacidad laboral permanente.
Para solicitar una indemnización es necesario presentar una instancia en el Ministerio del Interior a la que se adjuntan una serie de documentos.
Este mismo departamento en quién se encarga, al cabo de unos meses de notificar al afectado la cantidad que le corresponde, teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones ocasionadas por el acto terrorista (muerte o grado de invalidez).
La víctima tarda, en el mejor de los casos, unos SEIS meses en hacer efectivo el cobro de la indemnización para lo que debe acudir a la Delegación de Hacienda correspondiente.
Los pasos a seguir para solicitar esta ayuda son los siguientes:
1º. Se presenta una instancia de solicitud (en la que se exponen los datos personales de la víctima) en el Ministerio de Interior (área de indemnizaciones) o en la delegación del Gobierno Civil de cada provincia. Con la instancia se adjunta una serie de documentos.
2º. El Ministerio envía al interesado una carta en la que se le notifica la cantidad económica que le corresponde basándose en las consecuencias sufridas en el atentado (fallecimiento, invalidez permanente, parcial, total, absoluta, gran invalidez).
3º. Si la víctima está de acuerdo con la cantidad fijada, envía la conformidad al Ministerio.
4º. El mismo departamento vuelve a enviar al afectado una notificación en la que se confirma que la indemnización ha sido concedida.
5º. La Delegación de Hacienda comunica al interesado cuándo y dónde puede recoger la cantidad fijada.
El plazo de solicitud de la indemnización es de un año desde la fecha del atentado (en caso de fallecimiento) y desde el alta médica o baja definitiva (en el caso de los heridos).
El interesado debe adjuntar a la instancia de solicitud los siguientes documentos:
- En caso de fallecimiento de la víctima:
1. Una solicitud por cada miembro que compone la unidad familiar.
2. Fotocopia del D.N.I y N.I.F de todos los miembros.
3. Certificado causa efecto expedido por el Gobierno Civil correspondiente o la Jefatura Superior de Policía.
5. Certificado de matrimonio
6. Declaración Jurada de no estar legalmente separado del cónyuge en el momento del atentado.
7. Fotocopia del libro de familia.
8. Certificado de estudios de los hijos o fotocopia de la demanda de empleo.
- En el caso de los heridos:
2. Fotocopia del D.N.I y N.I.F del afectado.
3. Certificado causa-efecto expedido por la Jefatura Superior de Policía o el Gobierno Civil de cada región.
4. Cerficado de los días de baja que ha permanecido el afectado.
5. Cerficado médico oficial. Si la víctima está casada, deberá adjuntar también certificado de matrimonio, fotocopia del libro de familia y, si tiene hijos, certificado de estudios o fotocopia de la demanda de empleo si estuvieran en paro.
6. En caso de invalidez, notificación de la misma.
Las cantidades se fijan teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones. Las indemnizaciones establecidas en cada caso son:
1º. Incapacidad laboral transitoria. Doble del salario mínimo interprofesional diario (SMI: 68.040pts/mes) por cada día de baja.
2º. Incapacidad transitoria. Doble del SMI diario por cada día de baja.
3º. Lesiones, mutilaciones o deformaciones de carácter definitivo no invalidante. Se aplica el baremo establecido en la legislación vigente de indemnizaciones por estas lesiones causadas por accidente de trabajo o enfermedades profesionales.
4º. Lesiones invalidantes. depende del grado de invalidez que se padezca.
a) Incapacidad permanente parcial: 40 mensualidades del SMI.
b) Incapacidad permanente total: 60 mensualidades del SMI.
c) Incapacidad permanente absoluta: 90 mensualidades del SMI.
d) Gran invalidez: 130 mensualidades del SMI.
5º. Muerte: 120 mensualidades del SMI.
En caso de muerte o lesiones invalidantes se sumarán 20 mensualidades más del SMI por cada hijo a cargo. Las cantidades se podrán incrementar hasta en un 30% más dependiendo de las circunstancias particulares de las víctimas.
INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN CARCELARIA DEL PENADO
La AVT entiende necesaria la obligación, por parte de Instituciones Penitenciarias, de informar a la Audiencia Nacional de la situación carcelaria (pieza de situación) de los penados por delitos terroristas. La falta de información en este sentido imposibilita, tanto a la víctima como al órgano jurisdiccional competente, para actuar en reclamación del cumplimiento de la sentencia ya sea en vía penal o en vía civil. El establecimiento de esta obligación pondría término a la situación de indefensión que, en este ámbito, padecen los afectados por los delitos terroristas.
Juez único de vigilancia penitenciaria
Que sea un juez único, adscrito a la Audiencia Nacional, órgano jurisdiccional competente en materia terrorista, quien actúe como juez de vigilancia penitenciaria para los penados por delitos terroristas. De esta manera, la víctima del terrorismo, personada en el proceso, podría conocer los movimientos carcelarios del penado y los posibles beneficios carcelarios a los que accediera. Además, se conseguiría así un criterio único y uniforme a la hora de conceder beneficios a los penados terroristas.
Extradiciones y juicios
Que se tomen todas las medidas para que los terroristas reclamados por la justicia y que se refugian fuera de España, sean traídos a nuestro país para ser juzgados. El derecho a que sus agresores se sometan a la acción de la justicia es algo a lo que la víctima no está dispuesta a renunciar.
Fondo de garantias Juridico-Penal
Creación de un fondo de garantías jurídico-penal para el adelanto de las indemnizaciones que, en concepto de responsabilidad civil, adeudan los terroristas a sus víctimas. La idea no es eximir de esta obligación a quienes les corresponde afrontarla. Se trata, por el contrario, de que el Estado adelante los pagos para, inmediatamente subrogarse en los derechos de las víctimas, de tal manera que el terrorista pasa a tener la deuda con el Estado, el cual deberá hacer lo posible por cobrarla.
Corregir discriminación entre pensiones
Corregir la discriminación existente entre las percepciones económicas (pensiones) de las víctimas, por capricho de la ley, sin que exista elemento objetivo alguno que lo justifique. Tal ocurre con la ley que incrementa las pensiones percibidas por acto terrorista que entra en vigor el primero de enero del año 1985 y que inexplicablemente, establece dos categorías de víctimas con la frontera de esa fecha.
Atencion sanitaria especializada
Procurar una atención sanitaria especializada a los grandes inválidos por atentado. Frecuentemente, este tipo de víctimas se sienten maltratadas, ya que su delicada situación les obliga a contratar servicios especializados y a la adquisición de aparatos técnicos, no pudiendo optar a ayudas económicas de la Administración por mor de los baremos de las pensiones, cuya cuantía no cubre necesariamente los desembolsos a realizar para sufragar las necesidades específicas de este tipo de heridos.
Concesion de medallas y condecoraciones
La AVT viene recibiendo continuas quejas por los criterios arbitrarios que se siguen a la hora de conceder medallas y condecoraciones a los damnificados por la barbarie terrorista. Así, las viudas anteriores a la creación de estas distinciones, algunas de ellas pensionadas, han sido discriminadas. Por otro lado, tanto los miembros de la Guardia Civil como los de la Policia Nacional, fallecidos en atentados terroristas, reciben las medallas al mérito de ambos cuerpos. Cosa que no ocurre, de forma automática, con los heridos de estos dos Cuerpos, sino que se conceden de manera caprichosa. La concesión de estas medallas supondría un reconocimiento social y contribuirían al mantenimiento de la capacidad adquisitiva. Finalmente, conceder la medalla al mérito civil a los civiles víctimas del terrorismo, que se han visto, hasta ahora, privados de este tipo de reconocimiento.
Pensiones a los familiares de los heridos en caso de fallecimiento
La AVT advierte de la necesidad de revisar las pensiones que percibirían las esposas e hijos del herido en acto terrorista en caso de que éste falleciera. Por entender que, en tal caso, quedan en claro desamparo económico.
En los últimos diez años, la AVT ha firmado convenios de colaboración con un total de 10 Universidades de todo el territorio español. Básicamente los convenios suscritos otorgan matrículas gratuitas a los afectados por la barbarie terrorista y a sus hijos. La AVT mantiene que todas las Universidades del país podrían ofrecer los mismos beneficios a los damnificados, para lo que bastaría un acuerdo del Consejo de Universidades.
Plazas laborables restringidas
Es evidente que para los cientos de niños huérfanos por terrorismo la temprana pérdida del padre ha supuesto una merma en sus posibilidades de formación y, en consecuencia, en sus perspectivas de proyección profesional. Sería bueno, por ello, que la Administración previera una serie de plazas laborales restringidas para ser ocupadas por estas personas. En este punto hay que contemplar el reconocido efecto terapéutico de la ocupación laboral, sobre todo para aquellas personas que han sufrido determinados traumas.
“Corona de aragon”
La AVT propone que los damnificados del incendio del hotel Corona de Aragón (Zaragoza, 12 de julio de 1979) sean reconocidos como víctimas del terrorismo, y por ende indemnizados y pensionados, tal y como recomienda el dictamen del Consejo de Estado de fecha 5 de abril de 1990.
La AVT entiende que existe un claro déficit de gratitud hacia las víctimas del terrorismo. Así, propone un mayor reconocimiento oficial y una mayor presencia social de los damnificados. Se podría instaurar el "Día de la Víctima", y serían deseables más iniciativas para organizar homenajes, erigir monumentos, ofrecer dedicatorias, … en un recuerdo permanente de su sacrificio.
Necesidad de la existencia de la AVT
Finalmente, la AVT entiende necesaria la continuidad de su existencia para el amparo y la defensa de los derechos de las víctimas, y para seguir prestando aquellas coberturas donde, aún con la mejor voluntad, sería difícil que pudiera asumir la Administración.
Madrid , 3 de febrero de 1999
LA UNIVERSIDAD CARLOS III CONCEDE
SU MEDALLA DE HONOR A LA A.V.T.
LA Universidad Carlos III de Madrid ha concedido la Medalla de Honor a la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), según acuerdo unánime de su Junta de Gobierno.
La resolución, que firma el Rector Gregorio Peces-Barba , señala que la concesión de esta distinción se hace "en memoria de todas las personas muertas o dañadas por acciones terroristas y para recodar a todos que, si el eco de la voz de estas personas injustamente sacrificadas se debilita, nuestra sociedad retrocederá en su moralidad democrática."
Ana María Vidal-Abarca, presidenta de la AVT, ha manifestado su satisfacción por la concesión de la más alta distinción de la Universidad Carlos III, "cuyo Rector es uno de los padres de la Constitución, a quien aprovecho para expresar públicamente nuestra gratitud por este gesto solidario hacia las víctimas del terrorismo y en reconocimiento a la labor que nuestra asociación viene desarrollando, en sus casi 18 años de existencia, en defensa de los damnificados por esta barbarie."
El acto de entrega de la Medalla de Honor de la Universidad Carlos III a la Asociación Víctimas del Terrorismo tendrá lugar a lo largo del próximo mes de enero.
COMUNICADO DE PRENSA: GRUPO DE JOVENES DE LA AVT
ETA asesinó o dejó malheridos a nuestros padres, por eso estamos aquí y queremos dar nue
stra opinión. Todos han hablado y queremos ejercer nuestro derecho de libre expresión.
Desde que ETA anunció la tregua nosotros hemos estado en silencia, escuchando y atentos a cuanto se ha dicho y hecho sobre la actual actitud de quienes han asesinado casi a mil personas, herido y mutilado a otras cuatro mil, esto sin tener en cuenta a quienes han ocasionado daños materiales, en cuyo caso hablamos de casi diez mil víctimas. Ha llegado el momento de que se nos escuche.
Con carácter previo, ponemos de manifiesto que nadie desea más la paz que nosotros, porque no queremos que el sufrimiento y dolor que vivimos día a día se repita y destroce más familias. Por eso abogamos por la paz que sólo es posible desde la justicia, ya que una paz injusta no es paz y esta además no tiene precio.
Por ello, el GRUPO DE JOVENES DE LA AVT, desde este momento, se constituye en ASAMBLEA PERMANENTE de seguimiento al denominado proceso de paz. Partimos para ello de los siguientes
Con nuestra sangre y sufrimiento no se negocia. Los derechos de las víctimas son irrenunciables.
El comunicado de ETA no muestra ni arrepentimiento ni rechazo a la violencia. Si quien mata deja de matar no merece un premio, continúa siendo un asesino.
El terrorismo de ETA no es sólo un problema vasco, es una tragedia que afecta a toda España y como tal debe ser resuelta por todos los españoles.
Todos somos iguales ante la LEY. El cumplimiento de las condenas y la reinserción de los presos de ETA no debe ser distinto al del resto de los presos.
Sólo es posible la paz con la entrega de las armas y el cumplimiento de la LEY.
No debe cambiarse el marco legal y de convivencia porque a una banda de asesinos se le antoje, o por el temor a que pueda volver a asesinar.
Finalmente queremos plantear la siguiente cuestión: ¿Quién asumiría la responsabilidad en caso de que ETA vuelva a matar una vez que se le haya concedido lo que pedían?.
Herido muy grave un joven, al estallar la bomba que portaba
—Inigo Sanchez de Luna—
El presunto terrorista pretendía colocar el artefacto en el acceso del edificio de Telefónica en Getxo
GETXO.- Urko L.G., de 26 años y natural de la localidad vizcaína de Sopelana, resultó herido de gravedad a las 23.10 horas de ayer al estallarle el artefacto explosivo que pretendía colocar junto a una instalación de Telefónica en el municipio vizcaíno de Getxo, próximo a Bilbao.
La explosión se produjo cuando el presunto terrorista manipulaba la bomba que acababa de depositar en el suelo y le afectó «muy gravemente», según las personas que le prestaron los primeros testimonios, en las manos y en la región abdominal.
Tras la explosión, el portador del artefacto intentó alejarse del lugar del incidente pero no logró su propósito y quedó tendido en el suelo, en posición fetal y dando muestras de intenso dolor.
Las primeras personas en atender al herido fueron vecinos del lugar de la explosión, que salieron a la calle alertados por la explosión. Algunos de los vecinos cubrieron con mantas al herido.
Poco después llegó al escenario de los hechos una ambulancia de la DYA (Detente y Ayuda), que trasladó a Urko L.G. al Hospital de Cruces.
Los miembros del equipo médico móvil que asistieron al herido indicaron que éste presentaba amputación traumática del dedo pulgar de la mano derecha, una herida abierta en el antebrazo y quemaduras de importancia por todo el cuerpo y que su estado era «muy grave».
Tras su ingreso en el citado centro, el joven fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia.
PELUCA.- Testigos presenciales comentaron que el herido portaba una peluca y que los indicios apuntan a que se encontraba solo en el momento de producirse la explosión.
Los indicios apuntan a que Urko L.G. se disponía a depositar la bomba, que había colocado dentro de un paquete, en uno de los accesos al edificio de Telefónica, situado en una zona de escaso tránsito.
La explosión tan sólo causó daños de escasa importancia en el edificio de la Telefónica.
La Ertzaintza acordonó la zona y comprobó que el artefacto no había provocado ningún desperfecto material en el edificio de Telefónica. Fuentes policiales apuntaban la hipótesis de que se tratara de un artefacto casero de escasa potencia, ya que en caso contrario, la proximidad al lugar del estallido habría provocado la muerte del portador del artefacto.
CONTROLES.- Efectivos de la Ertzaintza examinaron los alrededores de la zona afectada para determinar la composición del explosivo mientras la Guardia Civil establecía controles en varias carreteras de los alrededores.
Las instalaciones de Telefónica en el País Vasco son objeto de frecuentes ataques por parte de grupos próximos al Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). En su mayor parte, estos ataques son llevados a cabo con bombas de escasa potencia, como la que estalló anoche en Getxo, o con cócteles molotov.
Un grupo de encapuchados atacó en la pasada noche del viernes la comisaría de la Ertzaintza en Galdakao (Vizcaya), contra cuya fachada arrojaron varios cócteles molotov, según confirmó a Europa Press un portavoz del Departamento de Interior. Los saboteadores lanzaron también artefactos incendiarios contra los vehículos oficiales estacionados en el lugar, causándoles daños mínimos. En total, los atacantes lanzaron 12 cócteles molotov.
Convenciones de Terrorismo
Firmada el 2 de febrero de 1971, Washington, D.C.
Entró en vigencia: respecto da cada País en la fecha de depósito del Instrumento de Ratificación
Aprobada por: Ley 7 de 29 de octubre de 1979
Gaceta Oficial: 20.182 de 12 de noviembre de 1984
Depósito del Instrumento de Ratificación: 17 de noviembre de 1988
Entró en vigencia para Panamá: 17 de noviembre de 1988
CONVENCIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL CASTIGO DE LOS DELITOS CONTRA PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS, INCLUYENDO AGENTES DIPLOMÁTICOS.
Adoptada por la Asamblea General de la O.N.U., el 14 de diciembre de 1973 (Resolución 3166(XXVIII)
Entró en vigencia: 20 de febrero de 1977
Aprobado por: Ley 8 de 29 de octubre de 1979
Gaceta Oficial: 19.076 de 26 de mayo de 1980
Depósito del Instrumento de Adhesión: 17 de junio de 1980
Entró en vigencia para Panamá: 17 de julio de 1980
Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre de 1979. (Resolución 34/146)
Entró en vigencia: 3 de junio de 1983
Firma de Panamá: 24 de enero de 1980
Aprobada por: Ley 9 de 6 de noviembre de 1981
Gaceta Oficial: 19.577 de 31 de mayo de 1982
Depósito del Instrumento de Ratificación: 19 de agosto de 1982
Entró en vigencia para Panamá: 3 de junio de 1983
EL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO (CICTE)
Naturaleza, atribuciones y funciones del CICTE
1. El Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) será una entidad establecida por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de acuerdo con el Artículo 53 de la Carta de la Organización, que gozará de autonomía técnica, estará integrado por las autoridades nacionales competentes de todos los Estados miembros y se regirá en el desempeño de sus funciones teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 91, inciso (f) de la Carta.
2. En el desempeño de sus funciones, el CICTE promoverá el desarrollo de la cooperación interamericana con base en las convenciones internacionales sobre la materia y la Declaración de Lima para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo. Tendrá atribuciones para impulsar, desarrollar, coordinar y evaluar la aplicación del Plan de Acción de Lima, las recomendaciones de la Reunión de Expertos Gubernamentales para Examinar los Medios que Permitan Mejorar el Intercambio de Información entre los Estados Miembros para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo, así como las recomendaciones contenidas en el presente Compromiso.
3. El CICTE prestará asistencia a los Estados miembros que así lo soliciten, a los fines de prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, fomentando, de conformidad con la legislación interna de los Estados miembros, el intercambio de experiencias e información sobre las actividades de personas, grupos, organizaciones y movimientos vinculados a actos terroristas, así como en relación con los métodos, fuentes de financiamiento, entidades de las que reciban protección o apoyo, en forma directa o indirecta, y su eventual vinculación en la comisión de otros delitos.
4. El CICTE, a los fines de un adecuado intercambio de información sobre la cuestión del tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos, materiales o tecnologías susceptibles de ser utilizados para la perpetración de actos y actividades terroristas coordinará sus labores con las del Comité Consultivo establecido por la Convención Interamericana en Contra de la Fabricación y Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados de 1997.
5. El CICTE celebrará por lo menos un período anual de sesiones. En su primer período de sesiones, el CICTE elaborará su programa de trabajo destinado a poner en práctica los siguientes lineamientos:
a) crear una red interamericana de recopilación y transmisión de datos a través de las autoridades nacionales competentes, orientada a intercambiar las informaciones y experiencias a que alude el párrafo 3, incluyendo la creación de un banco de datos interamericano sobre cuestiones de terrorismo, que estará a la disposición de los Estados miembros.
b) compilar las normas legislativas y reglamentarias para la prevención, combate y eliminación del terrorismo, vigentes en los Estados miembros.
c) compilar los tratados y los acuerdos bilaterales, subregionales, regionales o multilaterales suscritos por los Estados miembros para la prevención, combate y eliminación del terrorismo.
d) estudiar los mecanismos apropiados para hacer más eficaz la aplicación de las normas de derecho internacional en la materia, en particular las normas y procedimientos previstos en las convenciones contra el Terrorismo vigentes entre los Estados partes de dichas convenciones mencionadas en el párrafo (xiv) de este Compromiso.
e) formular propuestas con miras a asistir a los Estados que así lo soliciten en la formulación de legislaciones nacionales antiterroristas
f) diseñar mecanismos de cooperación para la detección de documentación de identidad falsificada.
g) diseñar mecanismos de cooperación entre las autoridades migratorias competentes.
h) diseñar programas y actividades de cooperación técnica dirigidos a capacitar al personal asignado a las tareas de prevención, combate y eliminación del terrorismo en cada uno de los Estados miembros que así lo soliciten.
6. Los lineamientos mencionados arriba no excluyen la posibilidad de que el CICTE realice nuevas actividades cuando así lo determine la Asamblea General.
7. El CICTE podrá establecer, previo acuerdo de las instancias competentes, mecanismos de coordinación con otras entidades internacionales competentes en la materia, tales como INTERPOL.
LINEAMIENTOS PARA LA COOOPERACIÓN INTERAMERICANA
FRENTE A ACTOS Y ACTIVIDADES TERRORISTAS
1. La cooperación interamericana para hacer frente a actos y actividades terroristas se desarrollará con pleno respeto a las normas legislativas y reglamentarias internas y al derecho internacional y se llevará a cabo tan sólo a solicitud expresa del Estado afectado.
2. La cooperación interamericana deberá respetar la soberanía y la integridad territorial de los Estados, así como el principio de no intervención en los asuntos que competen a la jurisdicción interna del Estado, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos.
3. De conformidad con las normas interamericanas en la materia, cada Estado tiene la competencia exclusiva para calificar la naturaleza de los hechos que pudiesen ser tipificados como actos y actividades terroristas. Los Estados cooperarán plenamente en materia de extradición conforme a su legislación interna y a los tratados de extradición vigentes, sin perjuicio del derecho de los Estados de conceder asilo cuando corresponda.
4. Cada Estado tiene la responsabilidad primordial y principal de prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, a cuyo fin está orientada la cooperación interamericana a través de los siguientes lineamientos.
5. Los Estados miembros procurarán cooperar en la lucha contra toda forma de terrorismo, en la mayor medida que lo permitan las leyes y reglamentos nacionales, de acuerdo con sus obligaciones jurídicas derivadas de los convenios internacionales vigentes sobre terrorismo, y conforme a lo dispuesto en estos lineamientos.
6. Los Estados miembros procurarán cooperar, en la medida en que lo consideren mutuamente beneficioso, en la formulación e implementación de programas y actividades conjuntos de capacitación para facilitar la plena realización de los propósitos de estos lineamientos.
7. Los Estados miembros procurarán cooperar, por consentimiento mutuo, en caso de un acto terrorista. La cooperación en virtud de estos lineamientos podría incluir la asistencia en materia de: detección y desactivación de armas; negociación para la liberación de rehenes; obtención de información de inteligencia, sistemas de comunicaciones, búsqueda y rescate de víctimas; e investigaciones penales.
8. Sin perjuicio de los mecanismos bilaterales, los Estados miembros procurarán intercambiar, hasta donde sea posible dentro del contexto de sus legislaciones internas, a través del CICTE, información en relación con la legislación, los reglamentos, así como los planes y procedimientos administrativos pertinentes, aplicables a las tareas de prevención, combate y eliminación de actos y actividades terroristas.
9. Los Estados miembros procurarán cooperar frente a actos y actividades terroristas. A tal efecto, los Estados miembros podrán brindar asistencia a petición expresa de otro Estado miembro con vistas a prevenir, combatir y eliminar el terrorismo. La cooperación podrá incluir asistencia técnica, científica y de carácter logístico, según acuerden los Estados involucrados. Los Estados miembros tratarán de preparar políticas operativas y procedimientos de gestión de crisis dentro de sus respectivos gobiernos, para responder a las actividades terroristas.
10. Los Estados miembros procurarán mantener informados a los demás Estados de aquellos hechos que, a su juicio, puedan ser tipificados como actos y actividades terroristas.
11. Cuando un Estado miembro tenga conocimiento de hechos que estime puedan ser tipificados como actos y actividades terroristas con efectos transnacionales, procurará notificarlo, tan pronto como sea posible, al Estado o Estados que pudiesen resultar afectados.
12. Los Estados miembros procurarán notificarse mutuamente de todo pedido o aceptación de asistencia de un tercero respecto de una actividad o acto terrorista que haya afectado o pueda afectar directamente a otro Estado miembro.
13. Los Estados miembros procurarán comunicar al CICTE o a cualquier otro órgano competente de la OEA, cuando ello sea posible, acerca de hechos mencionados en el párrafo 4.
14. En caso de que ocurran hechos que puedan ser tipificados como actos y actividades terroristas con efectos transnacionales, los Estados miembros, en forma congruente con su normas legislativas y reglamentarias y las convenciones internacionales aplicables, procurarán:
a) autorizar y facilitar la presencia de representantes de enlace en lugares acordados por los Estados miembros, en forma congruente con los procedimientos internos para la gestión de crisis, quienes serán responsables de mantener canales de comunicación entre los Estados miembros y de facilitar un intercambio de información preciso sobre las decisiones operativas y de política.
b) En la medida en que ello sea pertinente, compartir información en relación con el material, los dispositivos y/o armas utilizados en ese acto o actividad terrorista; los presuntos responsables, sus posibles fuentes de apoyo y toda otra información pertinente.
c) Brindarse mutuamente la mayor asistencia posible en materia de cooperación judicial, incluida la asistencia para obtener pruebas que estén a su disposición y que se requieran para dichas investigaciones o procesos.
15. Los Estados miembros procurarán salvaguardar la confidencialidad de la información, que no sea de conocimiento público, que se intercambie de conformidad con estos lineamientos y deberán prevenir que esta información se revele a terceros de conformidad con la legislación y normas nacionales.
16. La información y materiales intercambiados de conformidad con estos lineamientos podrán ser revelados a un tercer Estado únicamente con el consentimiento explícito del Estado miembro que la aportó.
COOPERACIÓN HEMISFÉRICA PARA PREVENIR, COMBATIR
Y ELIMINAR EL TERRORISMO
(Aprobada en la primera sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 1999, y pendiente de edición por la Comisión de Estilo)
VISTO el informe del Consejo Permanente sobre la cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo (CP/CAJP-1528/99 rev. 1), presentado en cumplimiento de la resolución AG/RES. 1553 (XXVIII-O/98);
TENIENDO EN CUENTA la Declaración y el Plan de Acción sobre Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo adoptados en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo, celebrada en Lima en 1996;
TENIENDO EN CUENTA ADEMÁS que en el Plan de Acción adoptado en ocasión de la Segunda Cumbre de las Américas, celebrada en Santiago de Chile, los Jefes de Estado y de Gobierno convinieron convocar, en el marco de la Organización de los Estados Americanos, la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo para evaluar los progresos alcanzados y definir los futuros cursos de acción para la prevención, combate y eliminación del terrorismo;
Que la Asamblea General, durante su vigésimo octavo período ordinario de sesiones, mediante resolución AG/RES.1553 (XXVIII-O/98), "Cooperación Hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo", encomendó al Consejo Permanente que llevara a cabo los trabajos preparatorios de la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo con vistas a su convocatoria;
Que la Segunda Conferencia Especializada Interamericana se llevó a cabo durante los días 23 y 24 de noviembre de 1998 en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina; y
Que durante la citada Conferencia, los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos adoptaron el Compromiso de Mar del Plata por medio del cual acordaron recomendar a la Asamblea General para que, entre otras cosas, durante su vigésimo noveno período ordinario de sesiones, procediera a la "creación de un marco institucional apropiado, conforme a la Carta de la Organización de los Estados Americanos",
Que el Gobierno de los Estados Unidos ha ofrecido ser sede de una reunión constitutiva del citado marco institucional apropiado a que se hace referencia en el párrafo anterior,
1. Hacer suyas las decisiones y recomendaciones incluidas en el Compromiso de Mar del Plata y sus tres anexos, adoptado por la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo celebrada en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina, el 23 y 24 de noviembre de 1998.
2. Reiterar la vigencia e importancia de la Declaración y el Plan de Acción sobre Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo adoptados en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo, celebrada en Lima en 1996.
3. Crear, teniendo en cuenta el respeto a la soberanía de los Estados y el principio de no intervención, el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), el cual estará integrado por las autoridades nacionales competentes de los Estados Miembros de la Organización, y que tendrá como propósito desarrollar la cooperación a fin de prevenir, combatir y eliminar los actos y actividades terroristas.
4. Instruir a la Secretaría General para que designe, en su ámbito de competencia, una instancia de apoyo técnico/administrativo a las actividades del CICTE, de conformidad con los recursos que se asignen en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos; asimismo, para el efectivo cumplimiento de lo anterior, la Secretaría General deberá tener en cuenta las recomendaciones que, al respecto, proponga el CICTE en ocasión de su primera reunión y los avances en el proceso de modernización y fortalecimiento de la OEA, conforme a la resolución AG/RES. 1603 (XXVIII-O/98).
5. Aprobar el Estatuto del CICTE, el cual se anexa a esta resolución.
6. Instruir a la Secretaría General a que colabore con el CICTE en la preparación de su Reglamento, el cual deberá ser aprobado por el propio CICTE.
7. Solicitar al Consejo Permanente que prevea lo necesario para la celebración de una reunión constitutiva del CICTE durante el segundo semestre de 1999, de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto y otros recursos.
8. Aceptar y agradecer el gentil ofrecimiento de sede del Gobierno de los Estados Unidos para ser sede de la reunión constitutiva del CICTE, a ser celebrada en la ciudad de Miami, Florida, durante el segundo semestre de 1999, en la fecha que el Consejo Permanente determine.
9. Encomendar al Consejo Permanente el estudio y adopción de mecanismos adecuados de financiamiento, en particular la constitución de un fondo específico para la puesta en práctica de los programas y actividades que se aprueben en el marco del CICTE.
10. Instar a los Estados Miembros para que realicen los mayores esfuerzos posibles a fin de poner a disposición de la Organización los recursos financieros adecuados para desarrollar los programas y actividades conjuntos que apruebe el CICTE.
11. Encomendar a la Secretaría General a que realice los esfuerzos que sean necesarios para procurar el apoyo financiero suplementario a fin de llevar a buen término las acciones de lucha contra el terrorismo en el marco del CICTE, de fuentes externas, incluyendo los Estados Observadores Permanentes de la OEA y la de otros Estados e instituciones financieras, en particular el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
12. Recomendar al Consejo Permanente que, al formular las observaciones y recomendaciones a la Asamblea General sobre el informe del CICTE, de acuerdo con el artículo 91 inciso f) de la Carta, incluya aquellas referencias a la necesaria coordinación de las actividades de dicho Comité con las actividades de los demás órganos de la Organización.
13. Exhortar a los Estados Miembros que aún no lo hubieran hecho a que den especial y expedita consideración a la firma, ratificación o adhesión, según el caso y de conformidad con sus normas constitucionales y legales, a los convenios internacionales relacionados con el terrorismo citados en la resolución 51/210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el Convenio Internacional sobre Supresión de Bombas Terroristas, abierto a la firma a partir del 12 de enero de 1998, en la sede de las Naciones Unidas.
14. Encomendar al Consejo Permanente que continúe el estudio sobre la necesidad y conveniencia de una convención interamericana sobre terrorismo a la luz de los instrumentos internacionales existentes.
15. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General en su trigésimo período ordinario de sesiones sobre el cumplimiento de la presente resolución.
ESTATUTO DEL COMITÉ INTERAMERICANO
El Comité Interamericano contra el Terrorismo (en adelante "CICTE" o "el Comité) es una entidad de la Organización de los Estados Americanos (en adelante "OEA" o "la Organización") establecida por la Asamblea General de la OEA, de acuerdo con el artículo 53 de la Carta de la Organización, cuyo propósito es desarrollar la cooperación a fin de prevenir, combatir y eliminar los actos y actividades terroristas.
El CICTE goza de autonomía técnica en el ejercicio de sus funciones, dentro de los límites impuestos por la Carta de la Organización, por su propio Estatuto y su Reglamento, y por los mandatos conferidos por la Asamblea General.
Las actividades del CICTE se rigen por las normas pertinentes de la Organización, el presente Estatuto y su Reglamento, las decisiones de la Asamblea General y por sus propias decisiones.
El Comité se integra con las autoridades nacionales competentes de todos los Estados Miembros de la OEA.
Cada uno de los Estados Miembros de la Organización nombrará un representante titular y los suplentes y asesores que estime convenientes.
Los Estados Miembros de la Organización deberán comunicar al Secretario General de la OEA los nombramientos a que hace referencia el artículo 4 del presente Estatuto, y sobre cualquier cambio en la integración de su representación.
El Comité reglamentará la participación en sus actividades de los Observadores Permanentes ante la Organización.
El Comité contará con el apoyo de la Secretaría General.
El Secretario General designará una instancia de apoyo técnico/administrativo a las actividades del Comité, de conformidad con los recursos que se asignen en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos. Los Estados Miembros y otras fuentes podrán prestar apoyo adicional técnico y administrativo dentro de esta instancia, en forma voluntaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del presente Estatuto.
Dentro de un período de dos años a partir de la fecha en que el presente Estatuto haya entrado en vigencia, el Consejo Permanente, a solicitud del CICTE, revisará el tipo de apoyo técnico y administrativo que necesite el Comité para realizar su trabajo.
a. Actuar como Secretaría durante los períodos de sesiones del Comité;
b. Colaborar en la preparación de los informes que el CICTE deberá presentar a la Asamblea General a través del Consejo Permanente, y en todas aquellas tareas que le encomiende el Comité; y
c. Transmitir a los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización, a través de las Misiones Permanentes, las decisiones adoptadas por el Comité.
La presencia de la mayoría de los Estados Miembros del Comité constituye quórum.
Cada Estado miembro del Comité tiene derecho a un voto. El Comité hará todo lo posible por alcanzar sus decisiones por consenso. Cuando no fuere posible tomar decisiones por consenso, el Comité las adoptará por simple mayoría de votos de los Estados Miembros presentes, salvo en el caso en que específicamente se requiera el voto de los dos tercios de los mismos.
La Organización, de acuerdo a su programa presupuesto aprobado, sufragará los gastos de Secretaría del Comité. Dentro de los recursos aprobados en el programa-presupuesto, la Organización prestará apoyo a la reunión anual del Comité con base en el costo que representa celebrar esta reunión en las instalaciones de la OEA en Washington, D.C. Cualquier aumento de costo que represente la celebración de esta reunión fuera de la sede deberá ser sufragado por el país anfitrión.
Las actividades aprobadas por el Comité para ser ejecutadas por la Secretaría General deberían ser financiadas primordialmente por las contribuciones específicas aportadas por los Estados Miembros de la Organización, así como las de otros Estados y organizaciones internacionales intergubernamentales, a través de mecanismos adecuados como la constitución de fondos específicos y fiduciarios que se requieran de conformidad con los artículos 68 y 69 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Organización.
Cada Estado miembro costeará los gastos de participación de su delegación en los períodos de sesiones del CICTE.
El CICTE se regirá en el desempeño de sus funciones conforme a lo estipulado en el artículo 91(f) de la Carta.
El CICTE orientará sus labores basándose en las convenciones internacionales sobre la materia; los principios y objetivos de la Declaración de Lima para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo (en adelante "Declaración de Lima") y el Plan de Acción de Lima sobre Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo (en adelante "Plan de Acción de Lima"); y el Compromiso de Mar del Plata.
a. Promover el desarrollo de la cooperación interamericana para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo;
b. Establecer un marco de cooperación técnica que considere los lineamientos sugeridos en los anexos I, II y III del Compromiso de Mar del Plata;
c. Impulsar, desarrollar, coordinar y evaluar la aplicación de la Declaración y el Plan de Acción de Lima, las recomendaciones de la Reunión de Expertos Gubernamentales para Examinar los Medios que Permitan Mejorar el Intercambio de Información entre los Estados Miembros para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo, celebrada en la sede de la Organización en mayo de 1997, así como las recomendaciones contenidas en el Compromiso de Mar del Plata;
d. Prestar asistencia a los Estados Miembros que así lo soliciten, a los fines de prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, fomentando, de conformidad con la legislación interna de los Estados Miembros, el intercambio de experiencias e información sobre las actividades de personas, grupos, organizaciones y movimientos vinculados a actos terroristas, así como en relación con los métodos, fuentes de financiamiento, entidades de las que reciban protección o apoyo, en forma directa o indirecta, y su eventual vinculación en la comisión de otros delitos;
e. Considerar las propuestas sobre medios y mecanismos tales como el "Directorio de Competencias para la Prevención, Combate y Eliminación del Terrorismo", y la "Base de Datos Interamericana sobre Cuestiones de Terrorismo", propuestos en la Reunión de Expertos Gubernamentales para Examinar los Medios que Permitan Mejorar el Intercambio de Información entre los Estados Miembros para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo, celebrada en la sede de la Organización en mayo de 1997;
f. Coordinar sus labores con las del Comité Consultivo establecido por la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados adoptada el 14 de noviembre de 1997 en la sede de la Organización, a los fines de un adecuado intercambio de información sobre la cuestión del tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos, materiales o tecnologías susceptibles de ser utilizadas en la perpetración de actos y actividades terroristas;
g. Establecer, previo acuerdo de las instancias competentes, mecanismos de coordinación con otras entidades internacionales competentes en la materia;
h. Presentar a la Asamblea General un informe anual a través del Consejo Permanente y los informes especiales que considere conveniente;
La sede del Comité será la de la Secretaría General de la Organización.
Cualquier Estado miembro de la Organización podrá invitar al Comité a reunirse en su territorio. El Comité decidirá lo relativo a las invitaciones para reunirse fuera de la sede, y el país sede sufragará todo costo adicional que ocasione la celebración de la reunión fuera de la sede.
El CICTE celebrará por lo menos un período anual de sesiones.
El Comité tendrá un presidente y un vicepresidente que serán electos entre los Estados Miembros. Dichos cargos serán ejercidos por los representantes titulares de los Estados Miembros que resulten electos.
La elección de estos cargos se efectuará en cada período anual de sesiones del Comité. El presidente y el vicepresidente ejercerán su mandato hasta el siguiente período de sesiones del CICTE.
El presidente y vicepresidente serán elegidos por mayoría de los Estados Miembros del Comité que se encuentren presentes. Si no se lograse dicha mayoría y fuese necesario realizar más de una votación, se irán eliminando aquellos candidatos que en cada votación hayan recibido el menor número de votos, hasta que uno de los restantes obtenga la mayoría.
La elección será secreta.
Las funciones del presidente se ejercerán de acuerdo con el Reglamento del Comité.
En caso de ausencia, impedimento o renuncia del presidente, éste será sustituido por el vicepresidente.
Si por alguna razón las respectivas autoridades nacionales disponen el cambio de su representante titular cuando éste se encuentre ejerciendo la presidencia o la vicepresidencia del Comité, el funcionario que sea designado en su reemplazo ocupará el cargo hasta el término del respectivo mandato.
Si el Estado miembro que ejerce la presidencia o la vicepresidencia renuncia al cargo, el Comité puede celebrar elecciones especiales para reemplazarlo.
El presidente podrá delegar en el vicepresidente las funciones que estime conveniente, en la forma prevista en el Reglamento.
El presente Estatuto, aprobado por la Asamblea General, sólo podrá ser modificado por ésta.
El CICTE podrá proponer a la Asamblea General modificaciones al presente Estatuto.
El Comité aprobará y modificará su Reglamento de conformidad con este Estatuto, y lo notificará a la Asamblea General en su informe anual correspondiente.
El presente Estatuto entrará en vigor en la fecha de su aprobación por la Asamblea General.
La Asamblea General convocará al primer período de sesiones del CICTE.
Durante su primera sesión, el CICTE considerará su programa de trabajo, el cual deberá estar orientado con base a las siguientes propuestas de trabajo:
a. Crear una red interamericana de recopilación y transmisión de datos a través de las autoridades nacionales competentes, orientada a intercambiar las informaciones y experiencias sobre las actividades de personas, grupos, organizaciones y movimientos vinculados a actos terroristas, así como en relación con los métodos, fuentes de financiamiento, entidades de las que reciban protección o apoyo, en forma directa o indirecta, y su eventual vinculación en la comisión de otros delitos, incluyendo la creación de un banco de datos interamericano sobre cuestiones de terrorismo, que estará a la disposición de los Estados Miembros;
b. Compilar las normas legislativas y reglamentarias para la prevención, combate y eliminación del terrorismo, vigentes en los Estados Miembros;
c. Compilar los tratados y los acuerdos bilaterales, subregionales, regionales o multilaterales suscritos por los Estados Miembros para la prevención, combate y eliminación del terrorismo;
d. Estudiar los mecanismos apropiados para hacer más eficaz la aplicación de las normas de derecho internacional en la materia, en particular las normas y procedimientos previstos en las convenciones contra el terrorismo vigentes entre los Estados parte de dichas convenciones;
e. Formular propuestas con miras a asistir a los Estados que así lo soliciten en la formulación de legislaciones nacionales antiterroristas;
f. Diseñar mecanismos de cooperación para la detección de documentación de identidad falsificada;
g. Diseñar mecanismos de cooperación entre las autoridades migratorias competentes; y
h. Diseñar programas y actividades de cooperación técnica dirigidos a capacitar al personal asignado a las tareas de prevención, combate y eliminación del terrorismo en cada uno de los Estados Miembros que así lo soliciten.
OPNIÓN PERSONAL DEL GRUPO
Nosotros esperamos que este trabajo abra los ojos a la gente que lo lea, que echen un pensamiento a atrás y juzguen el terrorismo como es debido, no como un acto de crueldad, sino como un acto de venganza contra el gobierno y contra los derechos humanos que todos, por muy malas personas sean, nos merecemos.
Habíamos creído que este trabajo seria aburrido como otro cualquiera y no fue así, a sido un trabajo en el cual nuestro grupo ha podido reflexionar sobre la vida misma y comprender que el terrorismo es una acto de violencia y que hay que luchar contra ello, ya sea por la fuerza, o si es posible por el camino de la paz. Otra de las cosas que nos sorprendio fue cuando leyendo artículos de periódicos y anuarios lo extendido que esta el terrorismo y se te pone la piel de gallina, las sádicas y numerosas formas de matar a multitud de gente, además del lo que son las organizaciones nos hemos dado cuenta que hay pequeños grupos organizados que hacen actos bandálicos.
* Enciclopedia “Salvat” Tomos: 8,9
* Enciclopedia Readers' Digest. Tomo 8
* Periódico “EL periódico”
* Periódico “El País”
* Anuario “El País” 1992
* Anuario El Mundo 1994
* Anuario El Mundo 1998
* Críticas periódicos “El País” “La Vanguardia”
* CD-ROM- Historia del mundo
* Direcciones Internet
www.altavista.com/terrorismo
www.geocities.com/Pentagon/5155
Muerto un concejal del PSOE en el País Vasco
Ayer en un acto bandalico murieron un concejal del PSOE en el país basco y un Ertzaintza que le escoltaba. Fue un coche que exploto sobre las 16:00 del dia 22 de febrero de 2000. Y que ocasiono la muerte instantanea de los dos . En el funeral del concejal asistieron varias personalidades como el actual presidente del gobierno Jose Maria Aznar y a su lado el cabeza del PSOE Joaquín Almunia. Además el PNV y HB se separaron una vez hecho el asesinato. La gente se ha movilizado en el dia de hoy, con varias manifestaciones con el lema “ETA asesinos”, y fuera ETA. Y es que realmente estan muy artos los vascos de los asesinatos. Este es el segundo asesinato después que hace pocos meses se rompiera un tregua de ETA que había durado un año
Asociación Víctimas TerrorismoFederación InternacionalIndemnizaciónETA (Euskadi Ta Askatasuna) y EuskadiIRAEjército rojoLiberación Palestina