Source: https://legislacion.vlex.es/vid/ley-transportes-urbanos-comunidad-aragon-69802241
Timestamp: 2019-06-20 21:16:49
Document Index: 112601084

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'Artículo 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'ARTÍCULO 28', 'Artículo 28', 'ARTÍCULO 29', 'Artículo 29', 'ARTÍCULO 30', 'Artículo 30', 'ARTÍCULO 31', 'Artículo 31', 'ARTÍCULO 32', 'Artículo 32', 'ARTÍCULO 33', 'Artículo 33', 'ARTÍCULO 34', 'Artículo 34', 'ARTÍCULO 35', 'Artículo 35', 'ARTÍCULO 36', 'Artículo 36', 'ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 38', 'ARTÍCULO 39', 'ARTÍCULO 40', 'ARTÍCULO 41', 'ARTÍCULO 42', 'artículo 43', 'ARTÍCULO 43', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 44', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 43', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'ARTÍCULO 46', 'artículo 40', 'artículo 40', 'ARTÍCULO 47', 'ARTÍCULO 48', 'artículo 9']

Ley de los Transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón (Ley 14/1998, de 30 de diciembre) - Normativa de Aragón - Legislación - VLEX 69802241
TÍTULO II. De los servicios regulares de transporte público urbano de viajeros - arts. 15 a 23
TÍTULO III. De los servicios discrecionales
CAPÍTULO I. De los servicios discrecionales en vehículos de diez o más plazas - arts. 24 a 26
CAPÍTULO II. De los servicios discrecionales en automóviles de turismo - arts. 27 a 36
TÍTULO IV. Del régimen de inspección y sancionador del transporte público urbano de viajeros
CAPÍTULO I. De la inspección - arts. 37 a 39
CAPÍTULO II. Del régimen sancionador - arts. 40 a 48
PRIMERA. Exención de la necesidad de obtención del título habilitante para la realización de transportes urbanos
PRIMERA. Autorización al Gobierno para desarrollar reglamentariamente esta Ley
SEGUNDA. Autorización a los ayuntamientos para desarrollar y concretar conductas infractoras
TERCERA. Adaptación a esta Ley de las concesiones de competencia municipal
Norma citada en: 6 sentencias, 3 artículos doctrinales, 12 disposiciones normativas, una resolución administrativa
Transporte urbano: aquel que discurre íntegramente dentro de un mismo término municipal.
Transporte público: el que se lleva a cabo por cuenta ajena y mediante retribución económica.
Transporte privado: el que se realiza por cuenta propia, para satisfacer necesidades particulares o como complemento de otras actividades principales realizadas por empresas de la misma persona física o jurídica, y directamente vinculado al adecuado desarrollo de dichas actividades.
ARTÍCULO 3 Clasificación de los transportes públicos urbanos de viajeros.
Son transportes regulares los que se realizan dentro de un itinerario preestablecido y con sujeción a calendario y horarios prefijados.
Son transportes discrecionales los que se llevan a cabo sin sujeción a itinerario, calendario ni horario, y su contratación se hace por coche completo.
En lo no previsto en la presente Ley o en las normas que la desarrollen, será de aplicación supletoria a los transportes urbanos el régimen jurídico vigente para los transportes interurbanos que se realicen dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, en cuanto resulte compatible con la específica naturaleza de aquéllos.
Los ayuntamientos podrán establecer condiciones específicas en relación con los servicios de transporte público urbano de viajeros, que deberán respetar lo dispuesto en las normas generales aplicables.
ARTÍCULO 5 Objetivos y principios básicos.
ARTÍCULO 6 Atribución de competencias.
Los municipios son competentes, con carácter general, para la ordenación, gestión, inspección y sanción del transporte público urbano de viajeros que se lleve a cabo dentro de sus respectivos términos municipales, sin perjuicio de las competencias de la Comunidad Autónoma.
Las autorizaciones estatales o autonómicas de transporte de mercancías, así como de transporte privado complementario de viajeros, habilitarán también para realizar transporte urbano dentro del ámbito al que las mismas estén referidas. En relación con los referidos transportes, los municipios tendrán competencia sobre los aspectos relativos a su repercusión en la circulación, tráfico urbano, seguridad vial, protección civil y medio ambiente.
Artículo 6, apartado 1, modificado por la Ley 14/2014, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, publicada en el Boletín Oficial de Aragón, el 31 de Diciembre de 2014.
ARTÍCULO 7 Ejercicio de las competencias.
ARTÍCULO 8 Coordinación de intereses.
ARTÍCULO 9 Areas de transporte.
En aquellas zonas donde existan núcleos urbanos dependientes de diferentes municipios que constituyan áreas de transporte diferenciadas, bien por su configuración urbanística, asentamiento y volumen de población, bien por circunstancias de orden económico y social, y presenten problemas de coordinación entre redes de transporte, el Gobierno de Aragón, previo informe del Comité Permanente de Viajeros del Consejo de Transportes de Aragón, podrá establecer un régimen específico que asegure su coordinación. En el acuerdo, el Gobierno de Aragón fijará, respetando la legislación básica estatal, las zonas de influencia en las cuales podrán autorizarse tráficos coincidentes con los de otros servicios preexistentes.
El objetivo previsto en el apartado anterior podrá llevarse a cabo:
A través de convenios entre municipios, cuando se trate exclusivamente de servicios que tengan la consideración de urbanos, o, en su caso, entre entidades competentes.
A través de la creación de una entidad pública en la que participen los distintos municipios o entes afectados, que realice con autonomía la ordenación unitaria de los servicios de transporte en la zona de que se trate.
Mediante la asignación de la ordenación y coordinación unitaria a alguna entidad pública preexistente, siempre que resulte debidamente garantizado el respeto a la autonomía municipal.
El Gobierno de Aragón y, en su caso, la Administración General del Estado, podrán participar en los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales a las que se refiere el apartado anterior, siempre que sus competencias o intereses resulten afectados.
ARTÍCULO 10 Vehículos.
Los vehículos con los que se realicen los transportes regulados en esta Ley deberán cumplir las condiciones técnicas que resulten exigibles según la legislación industrial, de circulación y seguridad vial.
El Gobierno de Aragón podrá establecer condiciones adicionales a los vehículos con los que se realicen determinados servicios de transporte de competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando así lo requiera la adecuada prestación de dichos servicios.
Dentro de las marcas y modelos que cumplan los requisitos señalados en los dos apartados anteriores, los ayuntamientos podrán determinar el o los que estimen más adecuados a las necesidades de la población usuaria y a las condiciones económicas de los titulares de las licencias.
ARTÍCULO 11 Seguros.
Para el ejercicio de su actividad, las empresas de transporte público urbano de viajeros regulados en la presente Ley vendrán obligadas a tener cubierta de forma ilimitada la responsabilidad civil por los daños personales que se causen a los usuarios con ocasión del transporte.
La exigencia anterior podrá cumplimentarse mediante la suscripción de una póliza de seguros, que podrá cubrir de forma combinada tanto las garantías del seguro obligatorio de viajeros como la eventual responsabilidad civil ilimitada por daños personales.
ARTÍCULO 13 Transmisión de vehículos y títulos habilitantes.
ARTÍCULO 14 Daños materiales.
TÍTULO II De los servicios regulares de transporte público urbano de viajeros Artículos 15 a 23
ARTÍCULO 15 Clasificación de los transportes públicos regulares.
Por su continuidad: permanentes o temporales.
Por su utilización: de uso general o de uso especial.
ARTÍCULO 16 Titularidad de los transportes regulares permanentes de uso general.
Los transportes públicos regulares permanentes de uso general tienen el carácter de servicios públicos de titularidad municipal.
Se establecerán en virtud de resolución administrativa adoptada por el ayuntamiento, teniendo en cuenta las demandas actuales y potenciales del transporte, los medios existentes para satisfacerlas y las circunstancias sociales concurrentes.
ARTÍCULO 17 Prestación de los servicios regulares permanentes de uso general.
La prestación de los servicios de transporte regulares permanentes de uso general se realizará, como regla general, por la empresa a la que se atribuya la correspondiente concesión administrativa.
Sin embargo, cuando existan motivos que lo justifiquen, el ayuntamiento podrá decidir que la explotación se lleve a cabo a través de cualquiera de los restantes procedimientos de gestión indirecta de servicios públicos previstos en la legislación reguladora de la contratación administrativa.
No obstante lo anteriormente previsto, procederá la gestión directa de un servicio cuando la gestión indirecta resulte inadecuada al carácter o naturaleza del mismo, sea incapaz de satisfacer los objetivos económicos o sociales que se pretendan conseguir, o venga reclamada por motivos de interés público concreto o de carácter económico-social. Cuando se den tales circunstancias, el ayuntamiento podrá prestar directamente los servicios de transporte regular permanente de uso general utilizando para su gestión cualquiera de las formas que admite la legislación de Régimen Local.
ARTÍCULO 18 Requisitos de la concesión.
El pliego de condiciones de la concesión incluirá los servicios básicos y complementarios, itinerarios, paradas, régimen tarifario, número mínimo de vehículos, instalaciones y demás circunstancias que delimiten la prestación del servicio desde un punto de vista jurídico, económico, técnico y administrativo, así como la duración del contrato y los criterios objetivos que deben servir de base para la adjudicación.
Las empresas que concurran a la licitación podrán formular ofertas que incluyan precisiones, ampliaciones o modificaciones, siempre que no alteren las condiciones esenciales del servicio.
El establecimiento de servicios regulares temporales de transporte requerirá un acuerdo previo del ayuntamiento, en el que se establecerán las condiciones de la prestación. En este acuerdo deberá justificarse la necesidad de dicho establecimiento por no existir un servicio regular permanente de uso general que pueda servir adecuadamente las necesidades de transporte de que se trate o porque las necesidades de transporte que hayan de atenderse reúnan requisitos de especificidad que recomienden un servicio independiente.
El título que habilita para la prestación de estos servicios de transporte será la autorización administrativa.
ARTÍCULO 20 Transporte regular de uso especial.
ARTÍCULO 21 Prohibiciones de tráfico entre servicios urbanos.
ARTÍCULO 22 Coincidencia de servicios urbanos con interurbanos.
Para el establecimiento por los ayuntamientos de servicios que incluyan tráficos coincidentes con los que tengan autorizados con anterioridad otros servicios regulares interurbanos, será necesaria la justificación de la insuficiencia del servicio existente para atender adecuadamente las necesidades de los usuarios y la conformidad del ente concedente de éste, previa aprobación de un plan de coordinación de la explotación de ambos servicios, en cuya elaboración deberá ser oída la empresa titular de la concesión del servicio regular interurbano.
Tendrán la consideración de tráficos coincidentes a los efectos previstos en este artículo, los que se realicen entre paradas en las que el servicio interurbano estuviera autorizado a tomar y dejar viajeros, o puntos próximos a las mismas, incluso cuando dichas paradas estuvieran dentro de la misma población o núcleo urbano.
ARTÍCULO 23 Financiación de los transportes públicos regulares.
Los procedentes de los usuarios y los derivados de la explotación de otros recursos directamente relacionados con el servicio.
Las recaudaciones tributarias que, con esta específica finalidad, pudieran establecer los organismos competentes.
TÍTULO III De los servicios discrecionales Artículos 24 a 36
CAPÍTULO I De los servicios discrecionales en vehículos de diez o más plazas Artículos 24 a 26
ARTÍCULO 24 Necesidad de autorización.
ARTÍCULO 25 Realización de transporte urbano con otras autorizaciones.
ARTÍCULO 26 Otorgamiento de autorizaciones por los ayuntamientos.
CAPÍTULO II De los servicios discrecionales en automóviles de turismo Artículos 27 a 36
Capítulo II, derogado por la Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi.
ARTÍCULO 27 Necesidad de licencia municipal.
Para la realización de servicios de transporte urbano de viajeros en automóviles de turismo, bien en la modalidad de servicio de taxi, bien en la modalidad de arrendamiento de vehículos con conductor, será necesaria la previa obtención de la correspondiente licencia habilitante, otorgada por el municipio en que esté residenciado el vehículo.
Artículo 27, derogado por la Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi.
Artículo 27, modificado por el Decreto-Ley 7/2019, de 12 de marzo, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes en materia de transporte de viajeros mediante el arrendamiento de vehículos con conductor.
ARTÍCULO 28 Número de plazas.
Artículo 28, derogado por la Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi.
ARTÍCULO 29 Régimen aplicable a las licencias municipales y a la prestación del servicio.
Artículo 29, derogado por la Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi.
ARTÍCULO 30 Simultaneidad de licencia municipal y autorización para servicios interurbanos.
Artículo 30, derogado por la Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi.
ARTÍCULO 31 Efectos de la pérdida o retirada de la autorización de transporte interurbano.
Artículo 31, derogado por la Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi.
ARTÍCULO 32 Coordinación del otorgamiento de licencias municipales y de autorizaciones interurbanas.
Artículo 32, derogado por la Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi.
ARTÍCULO 33 Excepción a la regla de simultaneidad.
Artículo 33, derogado por la Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi.
ARTÍCULO 34 Iniciación de los servicios.
Artículo 34, derogado por la Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi.
ARTÍCULO 35 Areas Territoriales de Prestación Conjunta.
Artículo 35, derogado por la Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi.
ARTÍCULO 36 Puntos singulares generadores de tráfico.
Artículo 36, derogado por la Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi.
TÍTULO IV Del régimen de inspección y sancionador del transporte público urbano de viajeros Artículos 37 a 48
CAPÍTULO I De la inspección Artículos 37 a 39
ARTÍCULO 37 Ejercicio de la inspección.
La función inspectora de los transportes urbanos será desempeñada por el personal de los correspondientes ayuntamientos especialmente designado para ello, que cumpla los requisitos que, a tal efecto, determine el propio municipio, y por los agentes de las respectivas policías locales, en la forma que determinen las ordenanzas y bandos dictados por el mismo.
El personal adscrito a la inspección estará provisto de documento acreditativo de su condición, que le podrá ser requerido cuando ejercite sus funciones, teniendo obligación de exhibirlo.
Los servicios de inspección de transportes del Gobierno de Aragón podrán realizar inspecciones de cualquier transporte de viajeros, para verificar si el mismo es o no interurbano. En caso de que de las actuaciones practicadas se detecte la comisión de alguna infracción y el transporte tuviese la consideración de urbano, éstas serán remitidas a los ayuntamientos respectivos para la instrucción de los expedientes sancionadores que procedieran.
ARTÍCULO 38 Presunción de veracidad.
ARTÍCULO 39 Facultades de la inspección.
Los titulares de empresas que realicen transportes urbanos están obligados a facilitar al personal de la inspección, en el ejercicio de sus funciones, el acceso a vehículos e instalaciones para su reconocimiento, así como el examen de documentos, libros de contabilidad y datos estadísticos que estén obligados a llevar. Esta exigencia sólo podrá ser realizada en la medida necesaria para verificar el cumplimiento de la legislación de transportes.
A los efectos previstos en el apartado anterior, los servicios de inspección podrán recabar la documentación precisa en las propias empresas o requerir su presentación en las oficinas públicas correspondientes.
El incumplimiento por las empresas de las obligaciones establecidas en este artículo se considerará como negativa u obstrucción a la actuación inspectora.
CAPÍTULO II Del régimen sancionador Artículos 40 a 48
ARTÍCULO 40 Responsabilidad administrativa.
La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras del transporte público urbano de viajeros corresponderá:
En las infracciones cometidas con ocasión de transportes o actividades realizados sin la cobertura del correspondiente título administrativo, a la persona física o jurídica titular de la actividad, o propietaria del vehículo.
En las infracciones cometidas por usuarios y, en general, por terceros que, sin estar comprendidos en los anteriores apartados, realicen actividades que se vean afectadas por la legislación reguladora del transporte urbano de viajeros, a la persona física o jurídica a la que vaya dirigido el precepto infringido o a la que las normas correspondientes atribuyan específicamente la responsabilidad.
La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas físicas o jurídicas a las que se refiere el apartado primero de este artículo, sin perjuicio de que éstas puedan deducir las acciones que resulten procedentes contra las personas a las que sean materialmente imputables las infracciones.
ARTÍCULO 41 Clasificación de las infracciones.
ARTÍCULO 42 Infracciones muy graves.
La realización de transportes públicos urbanos de viajeros o de actividades de mediación en relación con los mismos, careciendo de la preceptiva concesión, autorización o licencia.
La prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las personas por entrañar peligro grave y directo para las mismas.
Llevar en un lugar visible del vehículo el distintivo correspondiente a un tipo de transporte para el que no se tenga autorización.
La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección que impida el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente éstos tengan atribuidas.
La realización de transporte público urbano de viajeros sin reunir las condiciones de carácter personal y profesional que establezca la legislación vigente. No se apreciará esta infracción cuando la misma concurra con la carencia del necesario título habilitante, en cuyo caso únicamente esta última será objeto de la correspondiente sanción.
El abandono de la concesión o paralización de los servicios, antes de que haya finalizado el plazo de dicha concesión, sin el consentimiento y puesta en conocimiento de la Administración.
La no iniciación o el abandono de la prestación de los servicios sin autorización del órgano competente, durante los plazos que, en su caso, se hayan determinado reglamentariamente.
Las infracciones graves, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43 de la presente Ley, cuando, en los doce meses anteriores a su comisión, el responsable haya sido sancionado mediante resolución definitiva en vía administrativa por infracción tipificada en un mismo apartado de dicho artículo.
ARTÍCULO 43 Infracciones graves.
La realización de transporte con vehículos ajenos sobre los que no se tengan las condiciones de disponibilidad legalmente exigibles, así como utilizar para el transporte vehículos arrendados a otros transportistas o la colaboración de los mismos fuera de los supuestos o incumpliendo las condiciones legalmente establecidas, salvo que deba ser considerada falta muy grave de conformidad con lo previsto en el apartado a) del artículo 42. En idéntica infracción incurrirán los transportistas que actúen como arrendadores o colaboradores incumpliendo las condiciones que les afecten.
El incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión, autorización o licencia de los servicios de transporte regulados en la presente Ley, salvo que deba calificarse como muy grave conforme a lo previsto en el artículo anterior.
La prestación de servicios públicos de transporte urbano de viajeros utilizando la mediación de persona física o jurídica no autorizada para ello, sin perjuicio de la sanción que al mediador pueda corresponderle de conformidad con lo previsto en el apartado a) del artículo 42.
La connivencia en actividades de mediación no autorizadas, o en la venta de billetes para servicios clandestinos, en locales o establecimientos públicos destinados a otros fines. La responsabilidad corresponderá al titular de la industria o servicio al que esté destinado el local.
La venta de billetes para servicios clandestinos y, en general, la mediación en relación con los servicios o actividades no autorizados, sin perjuicio de estimar la infracción muy grave que, en su caso, corresponda cuando no se posea título habilitante para realizar actividades de mediación.
El falseamiento de datos en la documentación obligatoria.
La carencia del preceptivo documento en el que deben formularse las reclamaciones de los usuarios, la negativa u obstaculización a su disposición al público, así como la ocultación o demora injustificada de la puesta en conocimiento de la inspección de las reclamaciones o quejas consignadas en aquel documento.
La contratación del transporte con transportistas o intermediarios que no se hallen debidamente autorizados para realizar el mismo, siempre que la contratación global de la empresa alcance las magnitudes que reglamentariamente se determinen.
La falta de atención a la solicitud de un usuario estando de servicio el vehículo, así como el incumplimiento de los servicios obligatorios o del régimen de descansos, en su caso, establecidos reglamentariamente.
La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección cuando no se den las circunstancias previstas en el apartado d) del artículo 42.
La no suscripción de los seguros que haya obligación de realizar.
Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo 42, cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada como muy grave.
Las infracciones leves, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la presente Ley, cuando, en los doce meses anteriores a su comisión, el responsable haya sido objeto de sanción, mediante resolución definitiva en la vía administrativa, por otra infracción tipificada en un mismo epígrafe del apartado primero dicho artículo, salvo que se trate de infracciones a las que se refiere el epígrafe g) del mismo que tengan distinta naturaleza.
Cualquier otra infracción no incluida en los apartados anteriores que las normas reguladoras del transporte urbano de viajeros califiquen como grave, de conformidad con los principios del régimen sancionador establecidos en esta Ley.
Realizar transportes públicos urbanos de viajeros o actividades de mediación en relación con dichos transportes, para los que se exija la previa autorización o licencia, careciendo de la misma, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para su otorgamiento.
Realizar los transportes sin llevar a bordo del vehículo la documentación formal que acredite la posibilidad legal de prestar los mismos.
No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos por la normativa vigente relativos al tipo de transporte que aquél esté autorizado a realizar, o llevarlos en condiciones que dificulten su percepción, así como utilizar inadecuadamente los referidos distintivos, salvo que ésta deba ser calificada como falta muy grave, de conformidad con lo previsto en el apartado c) del artículo 42 de esta Ley.
Transportar mayor número de viajeros de los autorizados para el vehículo de que se trate, salvo que dicha infracción deba calificarse como muy grave conforme a lo dispuesto en el apartado b) del artículo 42 de la presente Ley.
Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas, calendarios, horarios, avisos y otros de obligada exhibición para el conocimiento del público.
Incumplir las normas generales de policía en instalaciones fijas y vehículos, salvo que dicho incumplimiento deba ser calificado como infracción grave o muy grave, de acuerdo con lo previsto en artículos anteriores.
Tratar desconsideradamente a los usuarios. Esta infracción se sancionará teniendo en cuenta los supuestos que al respecto contemple la normativa sobre derechos de los consumidores y usuarios.
El incumplimiento por los usuarios de las obligaciones que establezcan los municipios para la utilización de los servicios de transporte público urbano de viajeros, salvo que la normativa en la que se contengan dichas reglas considere expresamente su incumplimiento como falta grave.
El exceso en los tiempos máximos de conducción permitidos, salvo que deba ser considerado falta grave o muy grave.
La carencia o falta de datos esenciales en la documentación obligatoria.
Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo 43, cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada como grave.
Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas legales o reglamentarias aplicables en cada caso, no figuren expresamente recogidas y tipificadas en los artículos anteriores de la presente Ley.
Se considerará, en todo caso, constitutivo de la infracción tipificada en el epígrafe h) del apartado anterior, el incumplimiento por los usuarios de las siguientes prohibiciones:
Hacer uso, sin causa justificada, de cualquiera de los mecanismos de seguridad o socorro instalados en el vehículo para casos de emergencia.
Todo comportamiento que implique peligro para la integridad física de los demás usuarios o pueda considerarse molesto u ofensivo para éstos o para el conductor del vehículo, incluyéndose entre ellos la introducción en los vehículos de productos peligrosos, nocivos o insalubres.
Introducir en los vehículos animales de cualquier clase, excepto perros guía autorizados.
Toda acción que pueda implicar deterioro o causar suciedad en los vehículos o, en general, que perjudique los intereses de la empresa titular de la correspondiente licencia, en relación con el buen funcionamiento del servicio público de transporte.
Desatender las indicaciones que formule el personal de la empresa titular de la correspondiente licencia, dirigidas a la correcta prestación del servicio, así como a lo indicado a tal fin en los carteles colocados a la vista en los vehículos.
Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento y/o multa de hasta cuarenta y seis mil (46.000) pesetas; las graves, con multa de cuarenta y seis mil una (46.001) a doscientas treinta mil (230.000) pesetas, y las muy graves, con multa de doscientas treinta mil una (230.001) a cuatrocientas sesenta mil (460.000) pesetas.
La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites establecidos en el apartado anterior, se graduará de acuerdo con la repercusión social de la infracción, la intencionalidad, el daño causado, en su caso, o el número de infracciones cometidas.
La comisión de las infracciones previstas en los apartados a) y b) del artículo 42 podrá implicar, independientemente de la sanción pecuniaria que corresponda, el precintado del vehículo con el que se realice el transporte y la retirada conjunta de la correspondiente autorización o licencia, así como la clausura del local en el que, en su caso, vengan ejercitando las actividades, en ambos supuestos durante el plazo máximo de un año, sin perjuicio del pago por el infractor de los salarios o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.
La infracción prevista en el apartado f) del artículo 42, además de la sanción pecuniaria que corresponda, llevará aneja la anulación de la correspondiente autorización.
Cuando los responsables de las infracciones previstas en el artículo 42 de la presente Ley hayan sido sancionados mediante resolución definitiva en vía administrativa por infracción tipificada en el mismo apartado de dicho artículo, en los doce meses anteriores a la comisión de la misma, la infracción llevará aneja la retirada temporal de la correspondiente autorización o licencia al amparo de la cual se realizaba la actividad o se prestaba el servicio, por el plazo máximo de un año. La tercera y sucesivas infracciones en el citado plazo de doce meses llevarán aneja la retirada temporal o definitiva de la autorización o licencia. En el cómputo del referido plazo no se tendrán en cuenta los períodos en que no haya sido posible realizar la actividad o prestar el servicio por haber sido temporalmente retirada la autorización o licencia.
Independientemente de las sanciones que correspondan de conformidad con esta Ley, el incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las condiciones esenciales de las concesiones, de las autorizaciones o de las licencias podrá dar lugar a la caducidad de la concesión o a la revocación de la autorización o de la licencia, con la pérdida de la fianza, en su caso.
ARTÍCULO 46 Aplicación de las agravaciones previstas.
Las agravaciones previstas en los artículos 42, apartado i); 43, apartado o), y 45, apartado quinto, únicamente serán de aplicación en los supuestos siguientes:
Cuando las infracciones se hayan cometido con motivo de servicios o actividades realizados sin la cobertura del correspondiente título habilitante, siempre que aquéllas se hayan producido al efectuar un mismo servicio o una misma actividad, entendiendo por tales los que deberían haberse realizado al amparo de un título habilitante único.
Cuando las infracciones resulten imputables a un mismo responsable de entre aquellos a que se refiere el epígrafe c) del apartado primero del artículo 40.
No procederá la agravación prevista en los artículos 42, apartado i); 43, apartado o), y 45, apartado quinto, cuando la persona física o jurídica sancionada por infracción anterior a cualquiera de dichos preceptos como responsable administrativo, según el artículo 40.1,a) de la presente Ley, acredite, en virtud de resolución judicial o administrativa, que la responsabilidad material de dicha infracción era imputable a otra persona, según el supuesto previsto en el apartado segundo de este último artículo.
ARTÍCULO 47 Prescripción de las infracciones y sanciones.
Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores prescribirán: las muy graves, a los tres años; las graves, a los dos años, y las leves, al año.
ARTÍCULO 48 Competencia sancionadora.
La competencia para la imposición de las sanciones a que, en su caso, haya lugar por aplicación de lo dispuesto en los artículos anteriores, corresponderá a los órganos municipales que, legal o reglamentariamente, la tengan atribuida.
El procedimiento para la imposición de las referidas sanciones se ajustará a lo dispuesto en las normas reguladoras del procedimiento administrativo sancionador.
La ejecución de las resoluciones sancionadoras se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de procedimiento administrativo y en el Reglamento General de Recaudación, sin perjuicio de las normas reglamentarias que regulen el procedimiento de ejecución de determinadas sanciones no pecuniarias previstas en los artículos anteriores.
El pago de las sanciones pecuniarias impuestas por resolución que ponga fin a la vía administrativa, será requisito necesario para que proceda la realización del visado, así co- mo la autorización administrativa para la transmisión de los títulos habilitantes para la realización del transporte urbano.
PRIMERA Exención de la necesidad de obtención del título habilitante para la realización de transportes urbanos
Los vehículos de turismo, en servicios privados, salvo que se trate de transporte sanitario o funerario.
Los transportes públicos o privados de mercancías que se realicen en vehículos de peso máximo autorizado de hasta dos toneladas, inclusive. Si este límite fuese modificado en más o menos con carácter general por la normativa estatal o del Gobierno de Aragón, se entenderá asimismo modificado para los transportes urbanos.
Los transportes públicos o privados de viajeros que se realicen íntegramente en recintos cerrados.
Los transportes oficiales de organismos de las distintas administraciones públicas, cuando se efectúen directamente por las mismas, en vehículos de su propiedad y para la realización de sus cometidos propios.
PRIMERA Autorización al Gobierno para desarrollar reglamentariamente esta Ley
SEGUNDA Autorización a los ayuntamientos para desarrollar y concretar conductas infractoras
TERCERA Adaptación a esta Ley de las concesiones de competencia municipal
Cuarta. La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón". Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Ley de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León (Ley 15/2002, de 28 de noviembre)
Real Decreto 591/1981, de 6 de marzo, por el que se amplía el volumen de alcohol etílico rectificado de caña de la zafra de 1980.
DECRETO 15/2006, de 2 de febrero, disponiendo la aceptación del inmueble del antiguo edificio de la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Industriales de Gijón.