Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/97span/EstadosUnidos11.139.htm
Timestamp: 2018-11-16 16:39:09
Document Index: 191487766

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'artículo 27', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 4']

Estados Unidos 11.139 - Fondo
INFORME Nº 57/96
CASO 11.139
15. La Comisión recibió varias notas del Gobierno de los Estados Unidos, que incluían respuestas a la petición, en las que se señalaba que los peticionarios no tenían derecho a someter una petición que no fue presentada en forma oportuna, y que la misma no establecía violación alguna a la Convención Americana, que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre no era jurídicamente obligatoria y que el caso resultaba inadmisible de acuerdo con el artículo 41 del Reglamento de la Comisión.[1] El Gobierno de los Estados Unidos anexó las transcripciones pertinentes de los procedimientos del juicio y de las apelaciones en los Tribunales de los Estados Unidos.
16. Además de la petición, la cual reflejaba que el señor Andrews fue ejecutado el 30 de julio de 1992, la Comisión recibió varias notas de los peticionarios, incluso respuestas de la contestación a la petición efectuada por el Gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, la Comisión recibió un documento de prueba en el que se mostraba una nota "cuelguen al negro" y lo que parece ser un dibujo con una figura negra colgando de una soga.[2]
19. Los peticionarios también sostuvieron que los Estados Unidos están obligados por la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y que éstas, además del Estatuto y el Reglamento de la CIDH,[3] adquirieron fuerza obligatoria para los Estados miembros de la OEA.[4] Además sostuvieron que el Estatuto otorgaba a la CIDH la competencia para promover la observancia del respeto de los derechos establecidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre para aquellos Estados como los Estados Unidos que son miembros de la OEA pero no son partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
21. Los peticionarios sostuvieron además que tanto la Corte Internacional de Justicia como la Comisión Europea de Derechos Humanos han determinado que las distinciones raciales requieren que los tribunales internacionales examinen "más seriamente" las justificaciones expuestas para las diferencias en el tratamiento sobre la base de la raza.[5] La sistemática discriminación racial ha sido reconocida como una norma imperativa de derecho internacional público consuetudinario de derechos humanos.[6] Además, la importancia de verse libre de la discriminación racial está afirmada por el artículo 27 (1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la discriminación racial aún en tiempos de guerra o de emergencia nacional.
23. Los peticionarios sostuvieron que en el pasado esta Comisión ha hallado que otro peticionario no satisfacía la producción de evidencias suficientes de discriminación racial en un juicio que involucraba la imposición de la pena de muerte o sentencia de muerte en los Estados Unidos, los hechos presentados aquí y más adelante demuestran que se satisface claramente cualquier carga de la prueba que puede decirse corresponda al peticionario, y debería resultar en un desplazamiento de la carga de la prueba a los Estados Unidos, para que demuestren la ausencia de prejuicio racial en la sentencia de muerte del señor Andrews.[7]
24. Los peticionarios también argumentaron que los procedimientos en el juicio y en la revisión de la pena de muerte impuesta en el caso de William Andrews, cuando se lo considera en el contexto de la doctrina racista de la Iglesia Mormona en el momento del juicio del señor Andrews en Utah, un Estado que es abrumadoramente mormón y de raza blanca, demuestra una injusta discriminación racial en violación de la Carta de la OEA y la Declaración Americana. Al señor Andrews se le negó el derecho a la igualdad racial cuando se negó a su abogado una solicitud de anulación del juicio y el derecho de cuestionar a los jurados acerca de la nota que fue encontrada entre ellos, y que decía "cuelguen al negro [sic]".[8] El hecho mismo de que tal nota fuera encontrada en poder del jurado, junto a la conocida doctrina racista de la Iglesia Mormona en ese momento, constituía base suficiente para una anulación del juicio, o como mínimo, para una investigación ulterior sobre los autores, la fuente de la nota, la exposición de la nota a los miembros del jurado o su respuesta ante la misma. Sin embargo, el juez de primera instancia --quien también era mormón-- se negó a satisfacer la solicitud, e impidió cualquier cuestionamiento del jurado acerca de la nota.
33. Los peticionarios sostuvieron que los "derechos fundamentales del individuo" a que hace referencia el artículo 3 (k), sin duda se refieren a las disposiciones específicas de la Declaración Americana y su antecedente, la Declaración Universal de Derechos Humanos. El último instrumento protege específicamente el derecho a la vida (artículo 3), el derecho a la igualdad ante la ley (artículo 7) y el derecho a un juicio imparcial frente a cargos criminales (artículo 10). Estos derechos se desarrollan en forma más específica en la Declaración Americana. Debe señalarse particularmente que los Estados Unidos han ratificado recientemente el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, sin que hubiesen expresado reservas a los artículos 2 y 26, que establecen igual tratamiento ante la ley.[9] Tales derechos no son derogables, en virtud de la disposiciones del artículo 4 (1) del Pacto. Dada su reciente reafirmación al derecho a la igualdad racial ante la ley, los Estados Unidos no pueden ahora sostener que no deben demostrar su adherencia a la igualdad racial en el caso ante la Comisión.
34. Los peticionarios argumentaron que por último, los Estados Unidos han participado activamente en la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE). Como participante pleno en las deliberaciones de la conferencia, los Estados Unidos se han convertido en signatarios del informe de la Reunión de Expertos sobre Minorías Nacionales de la CSCE, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, en 1991. El informe establece que los Estados participantes "consideran que el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales debe acordarse sobre una base no discriminatoria en toda la sociedad".[10] Ese informe, a su vez, se relaciona con el documento final de la Conferencia de Copenhague, en la cual los Estados partes, incluidos los Estados Unidos, acordaron lo siguiente: "Las personas que pertenecen a minorías nacionales tienen el derecho de ejercitar plena y efectivamente sus derechos humanos y sus libertades fundamentales sin discriminación alguna y en forma plenamente igual ante la ley. Los Estados participantes adoptarán, cuando sea necesario, medidas especiales con el propósito de asegurar que las personas que pertenecen a minorías nacionales gocen de plena igualdad respecto a los otros ciudadanos en cuanto al ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales".[11]
40. Los peticionarios argumentaron que el señor Andrews no estaba presente en el momento en que ninguna de las víctimas fue muerta, y según el relato de una de las propias víctimas sobrevivientes, estaba asustado por lo que el señor Selby estaba haciendo. En contraste, muchos blancos en Utah han matado a otros en formas horribles pero no se les condenó a muerte. Richard Worthington tomó como rehenes a una enfermera y niños de un hospital antes de matar a la enfermera de un tiro en la espalda; logró negociar una condena de años de encarcelamiento.[12] Lance Wood sometió a sodomía a un hombre que recogió en el camino con su automóvil y le aplicó cables de arranque de batería a los testículos de la víctima antes de cortarle la garganta y matarlo; fue sentenciado a cadena perpetua.[13] Edward Steven Deli disparó sobre tres personas que regresaban a sus hogares después de efectuar compras de Navidad, pero fue sentenciado a cadena perpetua.[14] Mark Hoffman utilizó una poderosa bomba en un automóvil para matar a dos prominentes dirigentes de la Iglesia Mormona, pero no fue sentenciado a muerte.[15]
41. Los peticionarios sostuvieron que el ejemplo más escandaloso de los diferentes sistemas de justicia que existen para blancos y negros en Utah puede verse en el tratamiento de Joseph Paul Franklin. El señor Franklin, racista declarado, repetidamente disparó contra dos jóvenes negros con un rifle de alta potencia simplemente porque estaban corriendo con mujeres blancas. Fue sentenciado a cadena perpetua.[16] La falta de proporcionalidad en los casos en que la víctima es blanca y el acusado es negro --como en el caso del señor Andrews-- explica por qué los negros constituyen menos del uno y medio por ciento de la población de Utah, aunque representan el 25 por ciento de las personas que se hallan en espera de ejecución.[17] Esta Comisión ha hallado con anterioridad que la desigualdad en la imposición de la pena de muerte en los Estados Unidos constituye una violación de los artículos I y II de la Declaración Americana.[18] En ese caso, las disparidades de las sentencias y la ejecución de delincuentes juveniles entre los diversos Estados de los Estados Unidos demuestra tal desigualdad que constituye una violación de la Declaración. Aquí también, la desigualdad en la imposición de la pena de muerte dentro de un Estado, basada solamente en motivos raciales, también constituye una violación de los mismos artículos.
44. Los peticionarios argumentaron que la Comisión ha reconocido, desde su Informe Anual de 1972, que la prohibición del artículo XXVI de penas crueles, inusitadas o infamantes ha sido "seriamente violada en varios Estados americanos, en los cuales el sistema carcelario no tiene una finalidad de rehabilitación, sino que es un foco de corrupción y degradación moral y física".[19] La detención de William Andrews en espera de ejecución por espacio de 18 años constituye un importante ejemplo de ese tipo de degradación. El señor Andrews fue mantenido en una celda individual en espera de ejecución durante la totalidad de su permanencia en la cárcel. Durante períodos de meses o años, en períodos especiales de confinamiento, se le permitió salir de la celda por espacio de unas pocas horas a la semana, como máximo. En ningún momento se le permitió abandonar su celda por más de dos o tres horas al día, particularmente durante los primeros años de su permanencia en la cárcel. La condición más penosa, sin embargo, fue su proximidad a la muerte en múltiples ocasiones. El señor Andrews tuvo por lo menos ocho fechas de ejecución determinadas por la emisión de órdenes de ejecución, incluida aquélla en la que la ejecución se llevó a cabo. Por lo menos en tres ocasiones llegó a tres o cuatro días de la ejecución, sin ninguna seguridad de que la misma sería suspendida.
49. Los peticionarios argumentaron que en Earl Pratt e Ivan Morgan c/ Jamaica, comunicaciones números 210/1986 y 225/1987 el Comité de Derechos Humanos, considerando una reclamación presentada en el marco del Protocolo Optativo del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, hallaba que la demora en la notificación de la suspensión de una ejecución constituía tratamiento cruel e inhumano en el sentido del artículo VII del Pacto Internacional.[20] En este caso, la demora fue aún peor porque se produjo repetidamente y a lo largo de un período de 18 años. En el marco del lenguaje análogo de la Declaración, el señor Andrews fue sometido a pena cruel, infamante e inusitada. La demora de 18 años en la ejecución de William Andrews mientras se hallaba sometido a la situación de espera de ejecución en Utah, y su sujeción a por lo menos ocho órdenes de ejecución, constituye una violación del artículo XXVI, párrafo 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
[1] Argumento sostenido en la parte IV, presentaciones de las partes, de este informe.
[2] Argumento presentado en la parte IV, presentaciones de las partes, de este informe.
[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
[4] Organización de los Estados Americanos.
[6] Véase § 702 (f), Restatement of the Law (Third): The Foreign Relations Law of the United States, vol. 2 (1987).
[7] Caso Celestine, Res. Número 23/89, Caso 10.031 (28 de septiembre de 1989).
[8] Los recurrentes presentaron la nota en el apéndice A como documento de prueba.
[9] Estados Unidos adoptó una interpretación con respecto a la aplicación de los Artículos 2 y 26, señalando que los Estados Unidos entienden que la discriminación basada en la raza "se permitirá sólo cuando tales distinciones están, como mínimo, relacionadas racionalmente con un objetivo legítimo del Gobierno". Véase United States: Senate Committee on Foreign Relations Report on the International Covenant on Civil and Political Rights, 31 I.L.M. 645, 659 (1992). Dicha interpretación se aplica solamente cuando se procura que el tratado se aplique internamente y no afecte las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del derecho internacional sobre derechos humanos.
[10] Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa: Informe de la Reunión de Expertos sobre Minorías Nacionales, de la CSCE, 30 I.L.M. 1692, 1696 (1991).
[11] Documento de la Conferencia de Copenhage sobre la Dimensión Humana de la CSCE, 29 I.L.M. 1305, 1318 (1990).
[12] Robin Abravian, "A Web of Terror: Survivors of Siege at Utah Maternity Ward Try to Understand What Made Richard Worthington Do What He Did", Los Angeles Times, 6 de octubre de 1991, E1; "Jailed Hostage Taker Attemps Suicide", Washington Times, 13 de mayo de 1992, A6.
[13] "Utah", USA Today, 12 de marzo de 1990, 5A.
[14] "Parolees Charged in Killing During Botched Utah Burglary", Chicago Tribune, 25 de diciembre de 1990, M4.
[15] "Tried to Kill Self, Mormon Artifacts Dealer Says", Los Angeles Times, 1º de agosto de 1987, A1.
[16] Estado c/ Franklin, 53 Utah Adv. Rep. 7, 735 p. 2d 34 (1987).
[17] Todas las referencias a casos individuales y a datos estadísticos, provienen del estudio de proporcionalidad llevado a cabo por la Oficina del Defensor Público de Salt Lake City, presentado con la solicitud de los recurrentes ante el Consejo de Indultos y Amnistías de Utah en la que se requería la conmutación de la pena de muerte (1992), y pueden solicitarse al recurrente.
[18] Caso 9647, supra, nota 2.
[19] Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Diez años de actividades, 1971-1981, 329 (1982).
[20] Si bien los Estados Unidos han ratificado el Pacto Internacional, la consulta y aprobación del Senado estuvo sujeta a una reserva con respecto al Artículo VII que establece que "los Estados Unidos se consideran obligados por el Artículo VII en la medida en que el 'tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante' signifique el tratamiento o castigo cruel e inusitado prohibido por la Quinta, Octava y/o Decimocuarta Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos". Véase "United States: Senate Committee on Foreign Relations Report on the International Covenant on Civil and Political Rights", 31 I.L.M. 645, 659 (1992).