Source: http://www.menachoasociados.com/2013/09/ley-del-nino-nina-y-adolescente.html
Timestamp: 2018-05-22 03:48:46
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Ley del Niño, niña y adolescente - Menacho Asociados Abogados
Menacho Asociados Abogados
Ley del Niño, niña y adolescente
ARTÍCULO 1º (OBJETO DEL CÓDIGO).- El presente Código establece y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña o adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia.
ARTÍCULO 2º (SUJETOS DE PROTECCIÓN).- Se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años y adolescentes desde los doce a los dieciocho años de edad cumplidos. En los casos expresamente señalados por Ley, sus disposiciones se aplicarán excepcionalmente a personas entre los dieciocho y veintiuno años de edad.
ARTÍCULO 5º (GARANTÍAS).- Los niños, niñas o adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a toda persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye este Código. Además, es obligación del Estado asegurarles por Ley o por otros medios, todas las oportunidades y facilidades tanto a mujeres como a varones, con el fin de garantizarles su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad.
ARTÍCULO 9º (INTERVENCIÓN DE OFICIO).- El Ministerio Público intervendrá de oficio en todos los procesos judiciales que involucren a niños, niñas o adolescentes. La falta de intervención será causal de nulidad.
ARTÍCULO 10º (RESERVA Y RESGUARDO DE IDENTIDAD).- Las autoridades judiciales y administrativas tienen la obligación de resguardar la identidad de los niños, niñas y adolescentes que se vean involucrados en cualquier tipo de procesos, salvo los casos expresamente previstos por este Código. Los medios de comunicación cuando publiquen o transmitan noticias que involucren a niños, niñas o adolescentes, no pueden identificarlos nominal ni gráficamente, ni brindar información que permita su identificación, salvo determinación fundamentada del Juez de la Niñez y Adolescencia, velando en todo caso, por el interés superior de los mismos. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la acción legal correspondiente.
LIBRO PRIMERO DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES
TÍTULO I DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD
ARTÍCULO 15º (PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD).- Corresponde al Estado proteger la maternidad a través de las entidades de salud y garantizar: 1. La atención gratuita de la madre en las etapas pre-natal, natal y post-natal, con tratamiento médico especializado, dotación de medicinas, exámenes complementarios y apoyo alimentario; 2. A las mujeres embarazadas privadas de libertad, los servicios de atención señalados en el numeral anterior. El juez de la causa y los encargados de centros penitenciarios son responsables del cumplimiento de esta disposición y otras que rigen la materia; 3. Que en las entidades de salud estatales, personal médico y paramédico, brinden a las niñas o adolescentes embarazadas, atención gratuita y prioritaria, así como la orientación médica, psicológica y social requeridas, durante el período de gestación, parto y post-parto.
ARTÍCULO 16º (OBLIGACIÓN DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS).- Los hospitales y demás establecimientos públicos y privados de atención a la salud de las gestantes están obligados a: 1. Mantener un registro de los casos atendidos por medio de fichas médicas individuales por un plazo de 21 años, donde conste la identificación pelmatoscópica o impresión plantal del recién nacido y la identificación dactilar de la madre, sin perjuicio de otros métodos de identificación; 2. Realizar exámenes del recién nacido para diagnosticar y tratar adecuadamente las enfermedades que, por defectos inherentes al metabolismo y otros trastornos, pudiera tener, así como para brindar la orientación a los padres sobre posibles malformaciones congénitas y otros problemas genéticos; 3. Expedir gratuitamente el certificado de nacido vivo o muerto y la alta médica donde conste necesariamente las incidencias del parto y el desarrollo del recién nacido; 4. Garantizar la permanencia del recién nacido junto a su madre.
ARTÍCULO 18º (PERMANENCIA DE LOS PADRES).- En todos los casos de internación de niños y niñas, los establecimientos de atención a la salud deben proporcionar condiciones adecuadas para la permanencia de los padres o responsables junto a ellos. En casos de adolescentes, la permanencia de los padres o responsables será facilitada cuando las circunstancias de la internación o gravedad del caso lo requieran.
ARTÍCULO 19º (PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD).- Las entidades públicas desarrollarán programas gratuitos de prevención médica y odontológica. Asimismo, difundirán y ejecutarán campañas de educación en salud, con el fin de prevenir las enfermedades que afectan a la población infantil. La vacunación contra las enfermedades endémicas y epidémicas es obligatoria y gratuita, tanto en centros públicos como privados.
ARTÍCULO 20º (DISCAPACIDAD).- Todo niño, niña o adolescente con discapacidad física, mental, psíquica o sensorial, además de los derechos reconocidos, tiene derecho a: 1. Recibir cuidados y atención especial adecuados, inmediatos y continuos que le permitan valerse por sí mismo, participar activamente en la comunidad y disfrutar de una vida plena en condiciones de dignidad e igualdad; 2. La prevención, protección, educación, rehabilitación y a la equiparación de oportunidades, sin discriminación, dentro de los principios de universalidad, normatización y democratización.
ARTÍCULO 24º (EVALUACIONES).- Las entidades estatales de salud y las instituciones especializadas, evaluarán el grado de discapacidad de los niños, niñas y adolescentes, para que puedan ingresar preferentemente al sistema educativo regular o, en su caso, a centros de educación especial. El niño, niña o adolescente internado en un establecimiento para fines de atención, protección y tratamiento de su salud física o mental, tiene derecho a evaluaciones periódicas del tratamiento a que está sometido, como mínimo una vez cada seis meses. Igual derecho tienen los niños, niñas o adolescentes discapacitados que estén con tratamiento externo.
TÍTULO II DERECHO A LA FAMILIA
ARTÍCULO 27º (DERECHO A LA FAMILIA).- Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen y, excepcionalmente, en una familia sustituta que le asegure la convivencia familiar y comunitaria. El niño, niña o adolescente no será separado de su familia, salvo circunstancias especiales definidas por este Código y determinadas por el Juez de la Niñez y Adolescencia, previo proceso y con la exclusiva finalidad de protegerlo.
ARTÍCULO 30º (PADRES PRIVADOS DE LIBERTAD).- Cuando ambos padres se encuentren privados de libertad y, habiéndose establecido que sus hijos no tienen familia extendida o teniéndola, ésta no cuente con las posibilidades para ejercer la Guarda o Tutela de aquéllos, se procederá a su ubicación en entidades de acogimiento o Familia Sustituta mientras dure la privación de libertad, en la misma localidad donde se encuentren detenidos los padres, excepto los niños menores de seis años, quienes permanecerán junto a su madre. El Juez de la causa remitirá antecedentes a conocimiento del Juez de la Niñez y Adolescencia, para viabilizar los fines de este Artículo. Esta ubicación de niños, niñas o adolescentes, no implica su privación de libertad y es deber de las autoridades penitenciarias, del Juez de la Niñez y Adolescencia que conoce el caso, así como de los responsables del programa, proyecto o de la familia sustituta, el posibilitar que los hijos visiten periódicamente a sus padres, compartan con ellos y estrechen los vínculos paterno filiales.
ARTÍCULO 33º (SUSPENSIÓN DE LA AUTORIDAD).- La suspensión de la autoridad de uno o de ambos padres puede ser total o parcial para ciertos actos especialmente determinados, en los siguientes casos: 1. Por interdicción judicialmente declarada; 2. Por la declaración de ausencia; 3. Por falta, negligencia o incumplimiento injustificado de deberes, teniendo los medios para cumplirlos; 4. Por acción u omisión, debidamente comprobado por autoridad competente, que ponga en riesgo la seguridad y bienestar del niño, niña o adolescente, así sea a título de medida disciplinaría.
ARTÍCULO 34º (DE LA PÉRDIDA DE LA AUTORIDAD).- Los padres, conjunta o separadamente, pierden su autoridad: 1. Cuando son declarados mediante sentencia judicial ejecutoriada, autores, cómplices o instigadores de delitos contra el hijo; 2. Cuando por acción u omisión culposa o dolosa los expongan a situaciones atentatorias contra su seguridad, dignidad o integridad; 3. Cuando sean autores intelectuales de delitos cometidos por el hijo.
ARTÍCULO 35º (DE LA EXTINCIÓN DE LA AUTORIDAD).- La autoridad de los padres se extingue: 1. Por la muerte del último progenitor que la ejercía; 2. Por abandono del hijo o hija debidamente comprobado; 3. Por consentimiento dado para adopción del hijo o hija ante el Juez de la Niñez y Adolescencia.
CAPÍTULO II FAMILIA SUSTITUTA
ARTÍCULO 38º (INTEGRACIÓN A HOGAR SUSTITUTO).- La integración a hogar sustituto se efectiviza mediante la guarda, tutela o adopción, en los términos que señala este Código y tomando en cuenta los siguientes requisitos: 1. El niño o niña, siempre que sea posible por su edad y grado de madurez y, en todos los casos el adolescente, deberán ser oídos previamente y su opinión será fundamental para la decisión del Juez; 2. Se tomará en cuenta el grado de parentesco, la relación de afinidad y de afectividad, su origen, la comunidad, condiciones culturales, región y departamento donde se desarrolla el niño, niña o adolescente; 3. En su caso y con el fin de evitar y atenuar las consecuencias emocionales y psicológicas emergentes de la medida, se procurará la no separación de los hermanos.
ARTÍCULO 40º (DERIVACIÓN A ENTIDAD DE ACOGIMIENTO).- La resolución judicial que disponga el acogimiento de un niño, niña o adolescente en una entidad pública o privada, tendrá carácter de excepcional y transitoria. La aplicación de esta medida no implica, por ningún motivo, privación de libertad.
SECCIÓN II LA GUARDA
ARTÍCULO 42º (CONCEPTO).- La guarda es una institución que tiene por objeto el cuidado, protección, atención y asistencia integral a un niño, niña o adolescente con carácter provisional y es otorgada mediante resolución judicial a uno de los progenitores; en casos de divorcio y separación de las uniones conyugales libres y en otros casos a terceras personas carentes de autoridad parental o tuición legal. La Guarda confiere al guardador el derecho de oponerse a terceras personas, inclusive a los padres y de tramitar la asistencia familiar de acuerdo con lo establecido por Ley.
ARTÍCULO 43º (CLASES DE GUARDA).- Se establecen las siguientes clases de Guarda: 1. La Guarda en desvinculación familiar, sujeta a lo previsto por el Código de Familia y que es conferida por el Juez de Familia; y, 2. La Guarda Legal que es conferida por el Juez de la Niñez y Adolescencia a la persona que no tiene tuición legal sobre un niño, niña o adolescente y sujeta a lo dispuesto por este Código.
ARTÍCULO 46º (SEGUIMIENTO Y CONVERSIÓN).- El Juez de la Niñez y Adolescencia en resolución ordenará a las instancias técnicas departamentales o a las defensorías municipales realizar el seguimiento correspondiente. La guarda será evaluada durante dos años cada 180 días y podrá convertirse en adopción en los términos previstos por este Código.
SECCIÓN III LA TUTELA
ARTÍCULO 52º (CLASES DE TUTELA).- Existen dos clases de tutela, la Tutela Ordinaria y la Tutela Superior. 1. LA TUTELA ORDINARIA es una función de interés público ejercida por las personas que designe el Juez de la Niñez y Adolescencia y de la que nadie puede eximirse, sino por causa legítima; y, 2.
LA TUTELA SUPERIOR es la función pública ejercida por el Estado para todos los niños, niñas y adolescentes que no tienen autoridad parental ni se encuentran sujetos a Tutela Ordinaria.
ARTÍCULO 55º (EJERCICIO).- La tutela del Estado es indelegable y la ejerce por intermedio de la instancia técnica gubernamental correspondiente, con sujeción al presente Código y a las previsiones y responsabilidades dispuestas en el Código de Familia, excepto el de ofrecer fianza para la administración de los bienes. El Estado, a través de la instancia correspondiente, podrá suscribir Convenios con instituciones privadas idóneas, sin fines de lucro, para delegar la guarda de niños, niñas y adolescentes sujetos a su tutela, casos en los que se procederá de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 43º y siguientes del presente Código.
SECCIÓN IV LA ADOPCIÓN DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 57º (CONCEPTO).- La adopción es una institución jurídica mediante la cual se atribuye calidad de hijo del adoptante al que lo es naturalmente de otras personas. Esta institución se establece en función del interés superior del adoptado y es irrevocable.
ARTÍCULO 59º (VÍNCULOS).- Los vínculos del adoptado con la familia de origen quedan extinguidos, salvo los impedimentos matrimoniales por razón de consanguinidad. La muerte de los adoptantes no restablece los vínculos ni la autoridad de los padres biológicos.
ARTÍCULO 60º (CONDICIONES PARA LAS ADOPCIONES).- El Estado, a través de la entidad técnica gubernamental correspondiente, deberá constatar y asegurar que: 1. Las personas, cuyo consentimiento sea requerido para la adopción, lo concedan en estado de lucidez, sin que medie presión, promesa de pago ni compensación y con el completo conocimiento sobre las consecuencias jurídicas, sociales y psicológicas de la medida; 2. Las personas, otorguen su consentimiento por escrito y lo ratifiquen verbalmente en audiencia ante el Juez de la Niñez y Adolescencia en presencia del Ministerio Público; 3. Acredite de manera contundente el vínculo familiar que une al niño, niña o adolescente por ser adoptado con la persona que dé su consentimiento; 4. El consentimiento de uno o de ambos progenitores sea otorgado después del nacimiento del niño o niña. Es nulo el consentimiento dado antes del nacimiento; 5. El consentimiento no haya sido revocado; 6. En tanto el Juez de la Niñez y Adolescencia no determine la viabilidad de la adopción, no asignará al adoptante al niño, niña o adolescente por ser adoptado.
ARTÍCULO 61º (PROGENITORES ADOLESCENTES).- Para que los progenitores adolescentes no emancipados presten su consentimiento para dar en adopción a su hijo, deben necesariamente concurrir ante el Juez de la Niñez y Adolescencia acompañado de sus padres o responsables quienes deberán expresar su opinión. En caso de que los progenitores adolescentes no cuenten con padres o responsables, el Juez de la Niñez y Adolescencia designará un tutor ad-litem. En caso de que uno o ambos progenitores adolescentes no otorgue el consentimiento requerido, el Juez no concederá la adopción, así exista divergencia con los padres o responsables.
ARTÍCULO 62º (REQUISITOS PARA LOS SUJETOS DE LA ADOPCIÓN).- Tanto para adopciones nacionales como internacionales, se establecen los siguientes requisitos: 1. El sujeto de la adopción debe ser menor de dieciocho años en la fecha de la solicitud, salvo que si ya estuviera bajo la Guarda o Tutela de los adoptantes; 2. La resolución judicial que establezca la extinción de la autoridad de los padres, que acredite su condición de huérfano y la inexistencia de vínculos familiares; 3. La constatación por parte del Juez, que el niño, niña o adolescente, haya sido convenientemente asesorado y debidamente informado sobre las consecuencias de la adopción; 4. El Juez debe escuchar personalmente al niño, niña o adolescente y considerar su opinión; 5. El juez debe escuchar la opinión del responsable de la entidad que tuviera a su cargo la guarda del niño, niña o adolescente por ser adoptado.
ARTÍCULO 64º (TÉRMINO PARA EL TRÁMITE).- Los trámites judiciales de adopción nacional e internacional no podrán exceder los treinta días, computables a partir de la admisión de la demanda hasta la sentencia. A
RTÍCULO 65º (PERÍODO DE CONVIVENCIA PREADOPTIVO).- La adopción será precedida de un período pre-adoptivo de convivencia del niño, niña o adolescente con el o los adoptantes por el tiempo que la autoridad judicial determine, observándose las peculiaridades de cada caso. 1. En caso de adopción por extranjeros y bolivianos residentes o domiciliados fuera del país, la etapa de convivencia debe ser cumplida en el territorio nacional por un tiempo no menor de quince días; 2. El período de convivencia pre-adoptivo podrá ser dispensado solamente para adopciones nacionales, cuando el adoptado, cualquiera que sea su edad, ya estuviera en compañía del adoptante durante el tiempo suficiente para poder evaluar la conveniencia de la constitución del vínculo familiar.
ARTÍCULO 68º (PLURALIDAD).- Nadie podrá ser adoptado por más de una persona salvo que sean esposos o convivientes y estén de acuerdo ambos. Se permite más de una adopción por un mismo adoptante.
ARTÍCULO 69º (HIJOS DE UNIÓN ANTERIOR).- Los hijos nacidos de uniones libres o matrimonio anterior de cualesquiera de los cónyuges, pueden ser adoptados por el otro cónyuge, siempre que el padre o madre biológicos no puedan ser habidos y no los hayan reconocido. En casos de niños, niñas o adolescentes con filiación establecida, los padres o uno de ellos, prestarán su consentimiento por escrito mediante documento público. Si no hubieran o no pudieran ser encontrados uno de los progenitores, el Juez de la Niñez y Adolescencia que conozca el trámite de Adopción, previo requerimiento fiscal y consentimiento del niño, niña o adolescente, resolverá en sentencia.
ARTÍCULO 72º (RESERVA EN EL TRÁMITE).- El trámite de la adopción es absolutamente reservado. En ningún momento puede ser exhibido el expediente a persona extraña ni otorgarse testimonio o certificado de las piezas en él insertas sin orden judicial, sólo a solicitud de parte interesada y previo dictamen del Ministerio Público. Concluido el trámite, el expediente será archivado y puesto en seguridad. La violación de la reserva se halla sujeta a las sanciones establecidas por este Código y el Código Penal.
ARTÍCULO 73º (INSCRIPCIÓN).- Concedida la adopción, el Juez ordenará en sentencia, la inscripción del adoptado como hijo de los adoptantes en el Registro Civil. En el certificado de nacimiento no se indicarán los antecedentes de la inscripción. La libreta de familia y los certificados que se expidan mencionarán al hijo como nacido de los adoptantes. La partida antigua será cancelada mediante nota marginal y no podrá otorgarse ningún certificado sobre ésta. En la nueva partida sólo se referirá a la parte resolutiva de la sentencia judicial, sin consignar otros detalles y la sentencia será archivada de acuerdo con lo establecido por el artículo anterior.
ARTÍCULO 74º (PROMOCIÓN Y PRIORIDAD).- Las instancias técnicas gubernamentales desarrollarán programas de promoción que estimulen las adopciones nacionales. Se dará prioridad a solicitudes de nacionales y extranjeros radicados en el país por más de dos años, respecto a la de extranjeros y bolivianos radicados en el exterior.
ARTÍCULO 75º (PROHIBICIÓN DE LUCRO).- En ningún caso y bajo ningún motivo o circunstancia, el trámite para la adopción de niños, niñas o adolescentes perseguirá fines de lucro, o beneficios materiales de funcionarios y autoridades que conozcan estos procesos. Cuando existan indicios contrarios a lo señalado precedentemente, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público. Los colegios de profesionales fijarán aranceles mínimos para los trámites de adopción por tratarse de un fin social.
SUB SECCIÓN I ADOPCIÓN NACIONAL
ARTÍCULO 82º (REQUISITOS PARA LOS ADOPTANTES).- Se establecen los siguientes requisitos: 1. Tener un mínimo de veinticinco años de edad y ser por lo menos quince años mayor que el adoptado; 2. Tener un máximo de cincuenta años de edad, salvo en los casos que hubiera habido convivencia pre-adoptiva por espacio de tres años; 3. Certificado de matrimonio; 4. Cuando se trate de uniones libres o de hecho, esta relación debe ser establecida mediante Resolución Judicial; 5. Gozar de buena salud física y mental, acreditada mediante certificado médico y evaluación psicológica; 6. Informe social; 7. Acreditar el no tener antecedentes penales ni policiales; y, 8. Certificado de haber recibido preparación para padres adoptivos. Los requisitos señalados en los numerales 1 y 2 se acreditarán mediante certificado de nacimiento legalizado. Para obtener los certificados a los que se refieren los numerales 5, 6 y 8, los interesados recurrirán a la instancia técnica gubernamental correspondiente, para que ésta expida los documentos pertinentes en un plazo que no exceda los treinta días. La persona soltera que desee adoptar, queda exenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 3 y 4.
SUB SECCIÓN II ADOPCIÓN INTERNACIONAL
ARTÍCULO 87º (PROCEDENCIA DE LA ADOPCIÓN).- Para que proceda la adopción es indispensable que existan convenios entre el Estado Boliviano y el Estado de residencia de los adoptantes, ratificados por el Poder Legislativo. En dichos convenios o en adémdum posterior, cada Estado explicitará la Autoridad Central a objeto de tramitar las adopciones internacionales y para efectos del seguimiento correspondiente. Esta Autoridad Central realizará sus actuaciones directamente o por medio de organismos debidamente acreditados en su propio Estado y en el Estado Boliviano. La información sobre esta designación, el ámbito de sus funciones, así como el nombre y dirección de los organismos acreditados y de sus representantes en Bolivia, deberán ser comunicados oficialmente al Estado Boliviano por medio de la autoridad central correspondiente.
ARTÍCULO 88º (SOLICITUD).- Los extranjeros y bolivianos radicados en el exterior que deseen adoptar un niño, niña o adolescente, presentarán su solicitud de adopción a través de representantes de los organismos a que se refiere el Artículo anterior quienes elevarán la solicitud al Juez de la Niñez y Adolescencia. Bajo ningún concepto el Juez podrá aceptar solicitudes presentadas por extranjeros o bolivianos radicados en el exterior en forma directa, al margen de lo establecido por este Código.
ARTÍCULO 89º (SEGUIMIENTO).- La autoridad nacional y los organismos acreditados para actuar como intermediarios en las adopciones internacionales, tendrán como obligación el seguimiento post-adoptivo, remitiendo cada seis meses durante dos años, los informes respectivos al Juez y a la Instancia Técnica Gubernamental señalada en sentencia, sin perjuicio de que la autoridad competente de Bolivia realice las acciones de control y seguimiento que considere convenientes. Dichos informes deberán ser legalizados en la representación diplomática y/o consular boliviana acreditada ante el país de residencia de los adoptantes.
ARTÍCULO 91º (REQUISITOS DEL ADOPTANTE).- Se establecen los siguientes requisitos: 1. Certificado de matrimonio que acredite su celebración antes del nacimiento del adoptado; 2. Certificados de nacimiento de los cónyuges que acrediten tener más de veinticinco años de edad y quince años mayores que el adoptado; 3. Tener un máximo de cincuenta años de edad; 4. Certificados médicos que acrediten que los adoptantes gozan de buena salud física y mental; En caso de duda, el Juez de la Niñez y Adolescencia podrá disponer su homologación por profesionales nacionales; 5. Certificado otorgado por autoridad competente del país de origen que acredite solvencia económica; 6. Informe psicosocial elaborado en el país de residencia; 7. Certificado de haber recibido preparación para padres adoptivos; 8. Pasaportes actualizados; 9. No tener antecedentes policiales ni judiciales, los que se acreditarán mediante certificados del país del solicitante; 10. Certificado de idoneidad otorgado por las autoridades competentes del país de residencia de los solicitantes; y, 11. Autorización para el trámite de ingreso del adoptado al país de residencia de los solicitantes. Todos los documentos otorgados en el exterior serán autenticados y traducidos al castellano por orden de autoridad competente del país de residencia de los adoptantes y estarán debidamente legalizados por la representación boliviana correspondiente.
TÍTULO III DERECHO A LA NACIONALIDAD E IDENTIDAD
CAPÍTULO I DERECHO A LA NACIONALIDAD
CAPÍTULO II DERECHO A LA IDENTIDAD
TÍTULO IV DERECHO A LA LIBERTAD, AL RESPETO Y A LA DIGNIDAD
CAPÍTULO ÚNICO DERECHOS
ARTÍCULO 100º (DERECHOS).- El niño, niña o adolescente tiene derecho a la libertad, al respeto y a la dignidad como persona en desarrollo. Asimismo, como sujeto de derecho, están reconocidos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales garantizados por la Constitución, las Leyes, Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales ratificados por el Estado Boliviano.
SECCIÓN I DERECHO A LA LIBERTAD
ARTÍCULO 101º (DERECHO A LA LIBERTAD).- Este derecho comprende: 1. Libre tránsito y permanencia en territorio nacional, salvo restricciones legales; 2. Libertad de opinión y expresión; 3. Libertad de creencia y culto religioso; 4. La práctica deportiva y el esparcimiento sano, según las necesidades y características de su edad; 5. La participación en la vida familiar y comunitaria, sin discriminaciones; 6. La búsqueda de refugio, auxilio y orientación cuando se encuentre en peligro; 7. Acudir a la autoridad competente en caso de conflicto de intereses con los padres o responsables; y, 8. Libertad de asociación.
ARTÍCULO 104º (LIBERTAD DE ASOCIACIÓN).- Consiste en la libertad para asociarse con fines lícitos y a reunirse pacíficamente. Los niños y adolescentes pueden constituir organizaciones de carácter asociativo, cuya capacidad civil les permite realizar actos vinculados estrictamente con sus fines y la reivindicación de sus derechos.
SECCIÓN II DERECHO AL RESPETO Y A LA DIGNIDAD
ARTÍCULO 105º (RESPETO).- Consiste en la inviolabilidad de la integridad física, psíquica y moral del niño, niña o adolescente, abarcando, además, la preservación de la imagen, la identidad, los valores, las opiniones, los espacios y objetos personales y de trabajo. Ningún niño, niña ni adolescente debe sufrir discriminación étnica, de género, social o por razón de creencias religiosas. El Estado tiene la obligación de garantizar un trato respetuoso de igualdad y equidad a todos los niños, niñas y adolescentes que habitan en el territorio nacional. A
RTÍCULO 106º (DIGNIDAD).- Es deber de todos velar por la dignidad del niño, niña o adolescente, ampararlos y ponerlos a salvo de cualquier tratamiento inhumano, violento, deshumanizante, vejatorio o represivo, así como denunciar ante la autoridad competente los casos de sospecha o confirmación de maltrato.
ARTÍCULO 107º (AMPARO Y PROTECCIÓN).- Este derecho comprende: 1. A ser el primero que reciba protección y socorro en situación de peligro; y, 2. A ser asistido y defendido en sus intereses y derechos, ante cualquier persona o autoridad y por cualquier causa o motivo.
ARTÍCULO 108º (MALTRATO).- Constituye maltrato todo acto de violencia ejercido por padres, responsables, terceros y/o instituciones, mediante abuso, acción, omisión o supresión, en forma habitual u ocasional, que atente contra los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes por este Código y otras leyes; violencia que les ocasione daños o perjuicios en su salud física, mental o emocional. Los casos de maltrato que constituyan delito, pasarán a conocimiento de la justicia ordinaria conforme a Ley.
ARTÍCULO 109º (CIRCUNSTANCIAS).- Se considera que el niño, niña o adolescente es víctima de maltrato cuando: 1. Se le cause daño físico, psíquico, mental o moral, así sea a título de medidas disciplinarías o educativas; 2. La disciplina escolar no respete su dignidad ni su integridad; 3. No se le provea en forma adecuada y oportuna alimentos, vestido, vivienda, educación o cuidado de su salud, teniendo los medios económicos necesarios; 4. Se lo emplee en trabajos prohibidos o contrarios a su dignidad o que pongan en peligro su vida o salud; 5. El desempeño de trabajo en régimen familiar no cumpla con las condiciones establecidas en este Código; 6. Se lo utilice como objeto de presión, chantaje, hostigamiento o retención arbitraria, en los conflictos familiares y por causas políticas o posición ideológica de sus padres o familiares; 7. Sea víctima de la indiferencia en el trato cotidiano o prolongada incomunicación de sus padres, tutores o guardadores; 8. Sea obligado a prestar su servicio militar antes de haber cumplido la edad fijada por Ley; 9. Se lo utilice o induzca su participación en cualesquier tipo de medidas de hecho como huelgas de hambre, actos violentos y otras que atenten contra su seguridad, integridad física o psicológica; 10. Existan otras circunstancias que implique maltrato.
ARTÍCULO 110º (OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR).- Los casos de malos tratos serán obligatoriamente denunciados ante las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, Fiscal de Materia u otra autoridad competente de la niñez y la familia, quienes deberán tomar las medidas pertinentes, debiendo presentar la denuncia en el término de veinticuatro horas ante el Juez de la Niñez y Adolescencia. Están obligados a denunciar: 1. Los familiares, convivientes, cónyuges o parientes; 2. Toda persona que, en el desempeño de sus actividades, funciones o en su vida cotidiana, tuviera conocimiento o sospecha de la existencia de maltrato; y, 3. Todo profesional o funcionario que tuviera conocimiento o sospecha de la existencia de maltrato, no pudiendo alegar secreto profesional ni ampararse en órdenes superiores o dependencia funcionaría de cualquier naturaleza. Los informantes y demandantes a que se refiere este Artículo, están exentos de responsabilidad penal y civil con respecto a la información que proporcionen, salvo mala fe.
ARTÍCULO 111º (OBLIGACIÓN DE INSTITUCIONES Y PROFESIONALES).- Los profesionales e instituciones de salud, educación y otros tienen la obligación de proteger y cuidar al niño, niña o adolescente si corre riesgo de ser nuevamente maltratado. En estos casos se dispondrán medidas de emergencia que no excedan de cuarenta y ocho horas, término en el cual se dará parte al Juez de la Niñez y Adolescencia. Los médicos forenses, cualquier profesional médico que trabaje en instituciones públicas de salud y profesional psicólogo de servicio social acreditado y sin fines de lucro, tendrán la obligación de evaluar cada caso, tomando en cuenta la edad del niño, niña o adolescente afectado y la gravedad del daño físico y psicológico, estableciendo el tiempo del impedimento propio de sus actividades, extendiendo el certificado correspondiente en forma gratuita.
TÍTULO V DERECHO A LA EDUCACIÓN, A LA CULTURA Y AL ESPARCIMIENTO
CAPÍTULO I DERECHO A LA EDUCACIÓN
ARTÍCULO 112º (EDUCACIÓN).- El niño, niña y adolescente tienen derecho a una educación que les permita el desarrollo integral de su persona, les prepare para el ejercicio de la ciudadanía y cualifique para el trabajo, asegurándoles: 1. La igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en la escuela; 2. El derecho a ser respetado por sus educadores; 3. El derecho a impugnar criterios de evaluación, pudiendo recurrir a las instancias escolares superiores; 4. El derecho de organización y participación en entidades estudiantiles; 5. El acceso en igualdad de posibilidades a becas de estudio; 6. La opción de estudiar en la escuela más próxima a su vivienda; 7. Derecho a participar activamente como representante o representado en la junta escolar que le corresponda; 8. Derecho a su seguridad física en el establecimiento escolar.
ARTÍCULO 113º (PROHIBICIÓN).- Se prohibe a los establecimientos educativos en toda la República, de todos los niveles, escuelas e institutos de formación técnica, media, superior que funcionen bajo cualquier denominación, sean públicos o privados, rechazar o expulsar a las estudiantes embarazadas, sea cualquiera su estado civil, debiendo permitir que continúen sus estudios hasta culminarlos sin ningún tipo de discriminación. ARTÍCULO 114º (INFORMACIÓN).- Los educandos y sus padres o responsables tienen derecho a una adecuada información del proceso pedagógico.
ARTÍCULO 115º (DEBER DEL ESTADO).- El Estado tiene el deber de asegurar a todo niño, niña y adolescente: 1. La educación primaria obligatoria y gratuita, inclusive para aquellos que no tuvieron acceso a ella en la edad adecuada, asegurando su escolarización, especialmente en el área rural; 2. La progresiva ampliación gratuita de la cobertura en la educación secundaria; 3. La enseñanza especial integrada, dentro de la modalidad regular, para niños, niñas y adolescentes con dificultades especiales de aprendizaje; 4. La creación, atención y mantenimiento de centros de educación pre-escolar necesarios y suficientes para atender los requerimientos de niños y niñas de cuatro a seis años de edad; 5. La posibilidad de acceso a los niveles más elevados de enseñanza, investigación y creación artística en igualdad de condiciones; 6. La oferta de enseñanza regular, adecuada a las condiciones del adolescente trabajador, otorgándole facilidades para su ingreso al sistema educativo; 7. La atención del educando en la enseñanza primaria a través de programas complementarios dotándole de material didáctico escolar, transporte, alimentación y asistencia médica; 8. La asistencia regular de niños, niñas y adolescentes a la escuela, a través de los órganos correspondientes y junto a los padres o responsables; 9. Adoptar mecanismos efectivos para evitar la deserción escolar.
ARTÍCULO 116º (DERECHO A LA EDUCACIÓN EN EL ÁREA RURAL).- El Estado, a través de las Prefecturas, Municipalidades y otros organismos correspondientes, está en la obligación de adoptar las medidas más eficaces para garantizar la escolarización de los niños, niñas y adolescentes de las áreas rurales y, entre otras: 1. Crear escuelas, con la dotación de ítems para el personal, material pedagógico y recursos necesarios para su funcionamiento; 2. Adecuar el calendario escolar y horarios de asistencia, a la realidad local y a los calendarios agroproductivos de las diferentes zonas; 3. Efectivizar campañas de sensibilización comunitaria en torno a la obligación que tienen los padres sobre el ingreso y permanencia en la escuela de niños, niñas y adolescentes varones y mujeres, en igualdad de condiciones y oportunidades.
ARTÍCULO 119º (OBLIGACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE EDUCACIÓN).- Los responsables de establecimientos de educación comunicarán a los padres de familia o responsables, a la respectiva Junta Escolar o a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, los casos de: 1. Reiteradas inasistencias injustificadas y deserción escolar, agotando las instancias pedagógicas - administrativas; 2. Elevados niveles de reprobación; 3. Maltrato o violencia que se produzca dentro o fuera del establecimiento y que afecten a los alumnos.
CAPÍTULO II DERECHO A LA CULTURA Y AL ESPARCIMIENTO
ARTÍCULO 121º (DERECHOS).- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a: 1 Participar libre y plenamente en la vida cultural y artística de su comunidad; 2. Que la información, cultura, diversiones, espectáculos, productos y servicios respeten su condición peculiar de persona en desarrollo; 3. Al descanso, esparcimiento, juego, deportes, actividades creativas y recreativas adecuadas a su edad.
ARTÍCULO 122º (RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES).- Los Gobiernos Municipales tienen la responsabilidad de: 1. Tomar las medidas apropiadas para asegurar, en condiciones de igualdad la participación de niños, niñas y adolescentes en programas y actividades culturales y de esparcimiento; 2. Estimular y facilitar la asignación de recursos humanos, materiales y espacios para programaciones culturales, deportivas y de esparcimiento dedicados a la niñez y a la adolescencia; 3. Garantizar que en toda planificación urbana, se incluyan espacios comunitarios suficientes y adecuados a los requerimientos de los niños, niñas y adolescentes de la zona, debiendo ser implementados de acuerdo con normas vigentes.
TÍTULO VI DERECHO A LA PROTECCIÓN EN EL TRABAJO
ARTÍCULO 124º (CONCEPTO).- Se considera adolescente trabajador: 1. Al que realiza actividades productivas o presta servicios de orden material, intelectual u otros, como dependiente o por cuenta propia, percibiendo a cambio un salario o generando un ingreso económico; 2. Al que desempeña actividades orientadas a la satisfacción de necesidades básicas que permitan la sobrevivencia individual y familiar, tanto en el área urbana como rural. así no perciba remuneración económica ni exista relación obrero patronal por tratarse de trabajo familiar o comunitario. ARTÍCULO 125º (PROTECCIÓN).- Todo adolescente tiene derecho a la protección en el trabajo, a la formación integral y la capacitación profesional de acuerdo con su vocación, aptitudes y destrezas en relación a las demandas laborales.
ARTÍCULO 126º (EDAD MÍNIMA PARA TRABAJAR).- Se fija en catorce años la edad mínima para trabajar. Los empleadores garantizarán que el trabajo del adolescente se desarrolle en actividad, arte u oficio que no perjudique su salud física y mental, ni el ejercicio de sus derechos a la educación, cultura y profesionalización, encomendándose la función de control a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la jurisdicción a la que pertenece. De la misma forma, las Defensorías protegerán al adolescente trabajador de la explotación económica. Las instituciones privadas coadyuvarán en la protección del adolescente trabajador tomando en cuenta las normas que rigen la materia y el presente Código.
ARTÍCULO 131º (TRABAJO EDUCATIVO).- Los programas sociales que tengan por base el trabajo educativo bajo responsabilidad de entidades gubernamentales o privadas, otorgarán la remuneración correspondiente a quien participe en éstos, además les brindarán condiciones para que puedan ejercer dicha actividad de manera regular e independiente. 1. Se entiende por trabajo educativo, la actividad laboral en la cual las exigencias pedagógicas relativas al desarrollo personal y social del educando prevalecen sobre el aspecto productivo; 2. La remuneración que se reciba por el trabajo efectuado, o la participación en la venta de los productos de su trabajo, no desvirtúa el carácter educativo.
CAPÍTULO II TRABAJOS PROHIBIDOS
ARTÍCULO 134º (TRABAJOS PELIGROSOS E INSALUBRES).- Son trabajos peligrosos e insalubres: 1. El transporte, carga y descarga de pesos desproporcionados a la capacidad física; 2. Los realizados en canteras, subterráneos, bocaminas y en lugares que representen riesgo; 3. La carga y descarga con el empleo de grúas, cabrías o cargadores mecánicos y eléctricos; 4. El trabajo como maquinistas, fogoneros u otras actividades similares; 5. El fumigado con herbicidas, insecticidas o manejo de sustancias que perjudiquen el normal desarrollo físico o mental; 6. El manejo de correas o cintas transmisoras en movimiento; 7. El trabajo con sierras circulares y otras máquinas de gran velocidad; 8. La fundición de metales y la fusión o el sopleo bucal de vidrios; 9. El transporte de materias incandescentes; 10. Trabajos realizados en frontera que ponen en riesgo su integridad; 11. Los realizados en locales de destilación de alcoholes, fermentación de productos para la elaboración de bebidas alcohólicas o mezcla de licores; 12. La fabricación de albayalde, minio u otras materias colorantes tóxicas, así como el manipuleo de pinturas, esmaltes o barnices que tengan sales de plomo o arsénico; 13. El trabajo en fábricas, talleres o locales donde se manipula, elabora o depositen explosivos, materiales inflamables o cáusticos; 14. Los lugares donde habitualmente hayan desprendimientos de polvos, gases, vahos o vapores irritantes y otros tóxicos; 15. Los sitios de altas temperaturas o excesivamente bajas, húmedos o con poca ventilación; 16. El trabajo en actividades de recolección de algodón, castaña y zafra de caña; y, 17. En general las actividades que crean riesgo para la vida, salud, integridad física y mental.
ARTÍCULO 135º (TRABAJOS ATENTATORIOS A LA DIGNIDAD).- Son los realizados en: 1. Salas o sitios de espectáculos obscenos, talleres donde se graban, imprimen, fotografían, filman o venden material pornográfico; 2. Locales de diversión para adultos como boites, cantinas, chicherías, tabernas, salas de juegos y otras similares; 3. Propagandas, películas y vídeos que atenten contra la dignidad.
CAPÍTULO III TRABAJO DE ADOLESCENTES EN RÉGIMEN DE DEPENDENCIA
ARTÍCULO 136º (CONCEPTO).- Se considera trabajo de adolescentes en régimen de dependencia laboral, al desarrollado en actividades que se realizan por encargo de un empleador a cambio de una remuneración económica. Los trabajadores y trabajadoras del hogar son los adolescentes que trabajan en forma continua en régimen de dependencia para un solo empleador en menesteres propios del servicio del hogar. No son trabajadores y trabajadoras del hogar los que trabajan en locales de servicio y comercio con fines lucrativos, aunque éstos se realicen en casa particular.
ARTÍCULO 137º (GARANTÍAS Y DERECHOS).- El Estado, a través de los mecanismos correspondientes, confiere al adolescente trabajador las siguientes garantías y derechos: 1. De los derechos de prevención, salud, educación, deporte y esparcimiento: a) Entre otros, tener un horario especial de trabajo y gozar de todos los beneficios sociales reconocidos por Ley; b) Ser sometidos periódicamente a examen medico; c) Tener acceso y asistencia a la escuela en turnos compatibles con sus intereses y atendiendo a las peculiaridades locales, sin deducir suma alguna de su salario. 2. De los derechos Individuales de libertad, respeto y dignidad; 3. De los derechos laborales de organización y participación sindical; 4. De protección especial en el trabajo, al adolescente que sufre de discapacidad física o mental, conforme con normas internacionales y nacionales que rigen la materia; 5. De capacitación, a través de un sistema de aprendizaje, que será organizado, ejecutado y supervisado por la entidad departamental correspondiente.
ARTÍCULO 138º (CAPACITACIÓN PARA EL APRENDIZAJE).- Se considera aprendizaje a la formación profesional metódica que corresponda a un proceso educativo y a un oficio determinado en operaciones coordinadas de conformidad con un programa, bajo la orientación de un responsable y en un ambiente adecuado. Los límites de tiempo máximo requerido para el aprendizaje metódico no podrán exceder las ocho horas diarias.
ARTÍCULO 139º (FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL).- La formación técnica profesional de adolescentes se rige por los siguientes principios: 1. Acceso y asistencia obligatoria a la enseñanza regular; 2. Actividad adecuada con su desarrollo físico y psicológico; 3. Horario compatible para el ejercicio de sus actividades laborales y su formación técnica profesional.
ARTÍCULO 142º (JORNADA DE TRABAJO).- La jornada máxima de trabajo para el adolescente es de ocho horas diarias, de lunes a viernes. El adolescente trabajador tendrá descanso obligatorio dos días a la semana, días que no podrán ser compensados con remuneración económica.
ARTÍCULO 143º (FORMA DE REMUNERACIÓN).- El adolescente recibirá su salario en días hábiles, durante las horas de trabajo y en moneda de curso legal. Queda prohibido el pago en especie. Los empleadores le otorgarán papeletas mensuales de pago con la constancia de las deducciones legales que efectúen.
ARTÍCULO 144º (RETENCIONES INDEBIDAS).- El empleador no podrá deducir, retener, compensar ni realizar otras formas de descuento que disminuyan el monto del salario, por concepto de alquiler de habitaciones, consumo de energía eléctrica, agua potable, atención médica o medicamentos, uso de herramientas, daños ocasionados a implementos o productos de trabajo, por alimentación o multas no reglamentadas. El empleador no podrá descontar ni retener el salario del adolescente trabajador, aunque alegue hurto o robo; asimismo, no retendrá sus beneficios sociales, efectos o documentos personales, mientras no pruebe ante autoridad competente que el adolescente trabajador es autor de tales hechos.
ARTÍCULO 146º (OBLIGACIÓN DE ESCOLARIDAD).- Los empleadores que contraten adolescentes que no hubieran terminado su instrucción primaria o secundaria, están en la obligación de concederles el tiempo necesario en horas de trabajo para que concurran a un centro educativo. ARTÍCULO 147º (PROHIBICIÓN DE TRABAJO NOCTURNO).- Está prohibido el trabajo nocturno de adolescentes.
CAPÍTULO IV TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
CAPÍTULO V RÉGIMEN DE TRABAJO FAMILIAR
ARTÍCULO 153º (CONCEPTO).- Se considera trabajador en régimen de trabajo familiar, al que desempeña actividades orientadas a la satisfacción de necesidades básicas que permitan la sobrevivencia individual y familiar, tanto en el área urbana como rural. Por tratarse de actividades que se desarrollan en el seno de la propia familia, este régimen de trabajo no está sujeto a una remuneración económica ni implica una relación obrero- patronal.
ARTÍCULO 154º (DEBER DE LOS PADRES O RESPONSABLES).- Es deber de los padres o responsables en régimen de trabajo familiar, cuidar que el desempeño de estas actividades no sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico o mental, no ponga en riesgo ni perjudique su educación, debiendo adoptar medidas para: 1. Garantizar su acceso y permanencia en la escuela; 2. Fijar un horario especial de trabajo que sea compatible con el de la escuela y permita la realización de los deberes escolares; 3. Brindar las condiciones necesarias para que pueda ejercer sus derechos al descanso, a la cultura y al esparcimiento.
TÍTULO VII DEBERES FUNDAMENTALES
ARTÍCULO 157º (DEBERES).- El niño, niña y adolescente tienen los siguientes deberes fundamentales, además de lo establecido en otros cuerpos legales: 1. Asumir su responsabilidad como sujeto activo en la construcción de la sociedad; 2. Defender, cumplir y preservar sus derechos y los derechos de los demás; 3. Respetar y preservar el patrimonio pluricultural y multiétnico que constituyen la identidad nacional; y, 4. Defender y preservar las riquezas naturales y la ecología del país.
LIBRO SEGUNDO PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN
TÍTULO I PREVENCIÓN
ARTÍCULO 158º (PRIORIDAD DE PREVENCIÓN).- El Estado y la sociedad en su conjunto están en la obligación de dar prioridad a la prevención de situaciones que pudieran atentar contra la integridad personal de niños, niñas o adolescentes y los derechos reconocidos en el presente Código, quedando responsables de adoptar las medidas que garanticen su desarrollo integral. La inobservancia a las normas de prevención, importará responsabilidad a la persona natural o jurídica que incurriera en ella, la obligación de reparar el daño ocasionado ya sea por acción u omisión, sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes. Las obligaciones previstas en el presente Código no excluyen otras formas de prevención. ARTÍCULO 159º (OBLIGACIÓN DE COMUNICAR).- Toda persona en general, y los directores y maestros de establecimientos educativos en especial, que detecte cualquier señal o indicio de maltrato, violencia, explotación, abuso, tenencia o consumo de bebidas alcohólicas o drogas prohibidas, está obligada a comunicar inmediatamente estas situaciones a los padres o responsables y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de su jurisdicción.
CAPÍTULO II PREVENCIÓN ESPECIAL
ARTÍCULO 161º (PROHIBICIÓN DE VENTA).- Está prohibida la venta a niños, niñas y adolescentes de: 1. Armas, municiones y explosivos; 2. Bebidas alcohólicas; 3. Fármacos y otros productos cuyos componentes constituyan un peligro o puedan causar dependencia física o psíquica; 4. Fuegos artificiales y otros similares, excepto aquellos que por su reducido potencial, no provoquen daño físico; 5. Revistas, publicaciones y videos a que se refiere este Código.
ARTÍCULO 162º (OBLIGACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN).- Los medios de comunicación oral, escrito y televisivo están obligados a emitir y publicar programas y secciones culturales, artísticos, informativos y educativos dirigidos a la niñez y a la adolescencia, de acuerdo a reglamentación. Toda emisión de programas que atente contra la formación y salud mental del niño, niña o adolescente, así fuere publicidad de tabaco o bebidas alcohólicas, sólo podrá ser emitida en horarios destinados a adultos. Ninguna persona, empresa u organización podrá utilizar imágenes de niños, niñas ni adolescentes en la publicidad de esos productos u otros similares, bajo sanciones contenidas en este Código y demás disposiciones vigentes.
ARTÍCULO 163º (CINTAS DE VIDEO).- Los Gobiernos Municipales deberán realizar la clasificación necesaria de las cintas de video a las que acceden niños, niñas o adolescentes. Las personas o empresas que vendan, alquilen o truequen cintas de video, cumplirán obligatoriamente dicha clasificación. Las cintas a las que se refiere este Artículo llevarán impresas la información sobre la naturaleza de la obra y el grupo etáreo al que están destinados.
ARTÍCULO 166º (INCAUTACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE MATERIAL).- El Fiscal de la Niñez y Adolescencia o la autoridad competente del Municipio dispondrán la incautación y destrucción inmediata del material literario, cinematográfico, televisivo o fotográfico que directa o indirectamente incentiven a la drogadicción, alcoholismo, violencia o dañen la salud mental del niño, niña o adolescente, cuando los mismos infrinjan lo previsto en los artículos 163, 164 y 165 del presente Código. Dispondrán también la clausura de los locales y establecimientos frecuentados por niños, niñas o adolescentes que violenten lo establecido en el presente Capítulo. En ambos casos, el Fiscal de la Niñez y Adolescencia formulará la denuncia respectiva para que la autoridad competente aplique las sanciones correspondientes.
CAPÍTULO III AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR
ARTÍCULO 169º (VIAJES).- Los viajes al exterior serán expresamente autorizados por el Juez de la Niñez y Adolescencia, en los siguientes casos: 1. Cuando el niño, niña o adolescente viaje con uno solo de los padres, caso en que se requerirá la autorización expresa del otro. En ausencia del otro progenitor que debe otorgar la autorización, el Juez exigirá la garantía de dos personas que radiquen en la localidad donde se tramita la solicitud; 2. Cuando el niño, niña o adolescente viaje sin sus padres, se precisará la autorización de ambos. En ausencia de uno de los progenitores, se procederá de acuerdo con el numeral anterior; 3. En caso de viaje con ambos padres no se requiere de autorización alguna, basta la presentación de documentos de identidad de ambos progenitores y del niño, niña o adolescente.
CAPÍTULO IV ENTIDADES
SECCIÓN I ENTIDAD NORMATIVA
ARTÍCULO 171º (ENTIDAD NORMATIVA).- La entidad normativa estatal de las políticas para la niñez y adolescencia es el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, a través del Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia, y tiene las siguientes atribuciones, ademas de las definidas por Ley: 1. Identificar necesidades de la niñez y adolescencia para la formulación de políticas planes y programas; 2. Aprobar e implantar políticas públicas considerando las propuestas del Consejo Nacional; 3. Gestionar asistencia técnica y financiera de instituciones nacionales e internacionales para organizar políticas y servicios de atención; 4. Coordinar con las instancias respectivas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para efectos del cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado Boliviano y suscripción de convenios relacionados con la temática de la niñez y la adolescencia; 5. Constituirse en la autoridad competente para ejercer la representación del Estado Boliviano en materia de adopción internacional.
SECCIÓN II CONSEJO NACIONAL
ARTÍCULO 173º (CONFORMACIÓN).- El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia estará presidido por el Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación e integrado por: - El Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia, en calidad de Secretario Permanente. - Un representante del Ministerio de Salud. - Un representante del Ministerio de Educación. - Un representante del Viceministerio de Prevención Social. - Un representante de la Iglesia Católica. - Nueve representantes de la Comisión de la Niñez y Adolescencia de los Consejos Departamentales del Poder Ejecutivo. - Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil que tengan personalidad jurídica y trabajen en el área de la niñez y la adolescencia, sin fines de lucro.
ARTÍCULO 174º (ATRIBUCIONES).- El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia tiene las siguientes atribuciones: 1. Proponer estrategias y políticas públicas nacionales de atención a la niñez y adolescencia; 2. Realizar el seguimiento y evaluar el cumplimiento de las políticas públicas y servicios nacionales de atención; 3. Proponer el establecimiento de partidas presupuestarías para la ejecución de las políticas públicas nacionales dirigidas a la niñez y adolescencia; 4. Proponer mecanismos de asistencia técnica y financiera para la organización y funcionamiento de sistemas de atención; 5. Elaborar y aprobar su reglamento de funcionamiento interno; 6. Convocar a personas o instituciones que estén relacionadas directamente con la prevención, atención o defensa de la niñez y adolescencia para el asesoramiento técnico.
SECCIÓN III COMISIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE LAS PREFECTURAS
ARTÍCULO 176º (CREACIÓN).- En cada Consejo Departamental de las Prefecturas, funcionará una Comisión de la Niñez y Adolescencia, como instancia de carácter propositiva y fiscalizadora de las políticas y servicios de atención a la niñez y adolescencia del departamento. Las funciones de fiscalización las ejercerá a través del Consejo Departamental.
ARTÍCULO 178º (ATRIBUCIONES).- La Comisión de la Niñez y Adolescencia de cada Departamento tiene las siguientes atribuciones: 1. Elaborar el presupuesto departamental para la ejecución de las políticas y sistemas de atención a la niñez y adolescencia del Departamento y presentarlo al Consejo Departamental para su aprobación; 2. Proponer la atención a las demandas y prioridades de la niñez y adolescencia de la capital, provincias y cantones del Departamento; 3. Adecuar las políticas nacionales a las necesidades regionales; 4. Proponer al Consejo Departamental políticas y estrategias de atención y prevención departamentales y nacionales para que sean elevadas al Consejo Nacional; 5. Realizar el monitoreo de políticas, programas y proyectos de atención del Departamento; 6. Promover la coordinación con los Gobiernos Municipales y otras instituciones públicas y privadas del área de la niñez y la adolescencia de su jurisdicción.
SECCIÓN IV INSTANCIAS TÉCNICAS GUBERNAMENTALES
ARTÍCULO 180º (FACULTADES DE LAS INSTANCIAS TÉCNICAS).- Además de las establecidas por Ley, son las siguientes: 1. Establecer prioridades departamentales con relación a la situación de los niños, niñas y adolescentes para su presentación a la Comisión de la Niñez y Adolescencia de los Consejos Departamentales Prefecturales; 2. Ejecutar políticas de atención del área de la niñez y adolescencia en el Departamento; 3. Brindar el sistema de protección y atención requerido para el cumplimiento de las medidas de protección social y las medidas socio educativas, de acuerdo con lo dispuesto por el presente Código; 4. Brindar un servicio técnico de preparación y seguimiento post-adoptivo para adopciones nacionales e internacionales; 5. Llevar registro, acreditación y seguimiento de las entidades públicas y privadas de atención a la niñez y adolescencia; 6. Suscribir convenios con instituciones privadas para la delegación de funciones de acuerdo con el presente Código; 7. Promover los mecanismos para la capacitación y seguimiento de las familias sustitutas.
SECCIÓN V INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
ARTÍCULO 182º (PROGRAMAS DE ATENCIÓN).- Se consideran programas de atención: 1. Guarderías y Centros Infantiles integrales; 2. Servicios de orientación y apoyo socio-familiar; 3. Servicios de apoyo socio-educativo en medio abierto; 4. Servicios de atención jurídica y psicosocial; 5. Servicio de integración a familia sustituta; 6. Entidades de acogimiento; 7. Centros de orientación y tratamiento a niños, niñas y adolescentes dependientes de drogas y alcohol; 8. Centros Dirigidos al cumplimiento del régimen de Semi-libertad; 9. Programas Dirigidos al cumplimiento del régimen de Libertad asistida; y, 10. Centros de Privación de libertad.
ARTÍCULO 185º (REQUISITOS).- Las instituciones que desarrollen programas de acogimiento deberán cumplir los siguientes requisitos: 1. Preservar o recuperar los vínculos familiares y evitar la separación de hermanos; 2. Promover su integración en familia sustituta en los términos de la presente Ley.; 3. Brindar una atención personalizada y en pequeños grupos; 4. Establecer su capacidad máxima de atención en proporción con los recursos humanos, técnicos y económicos así como a la capacidad y condiciones de su infraestructura; 5. Desarrollar programas de estimulación temprana, de apoyo escolar, de capacitación técnica, de actividades culturales, artísticas, deportivas y de esparcimiento; 6. Participar y promover la participación de los niños, niñas y adolescentes a su cargo, en la vida de la comunidad; 7. Promover la participación de personas de la comunidad en los procesos educativos de los programas de acogimiento; y, 8. Preparar en forma gradual al niño, niña o adolescente para su egreso de la entidad.
ARTÍCULO 187º (ORDEN JUDICIAL).- Las instituciones de atención no podrán acoger a niños, niñas y adolescentes sin previa orden judicial, tampoco podrán disponer su transferencia a terceros, a otras entidades gubernamentales o no gubernamentales sin orden del Juez de la Niñez y Adolescencia. Las instituciones que mantengan programas de acogimiento podrán, con carácter excepcional y de emergencia, acoger a niños, niñas o adolescentes debiendo comunicar esta situación al Juez de la Niñez y Adolescencia en un plazo máximo de setenta y dos horas improrrogablemente.
ARTÍCULO 188º (OBLIGACIONES DE LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA ADOLESCENTES).- Las instituciones estatales de privación de libertad tienen las siguientes obligaciones: 1. Cumplir los derechos y garantías de los adolescentes; 2. Tramitar certificados de nacimiento; 3. Ofrecer un ambiente de respeto y dignidad al adolescente, estableciendo la capacidad máxima de atención de sus instalaciones, en proporción a los recursos humanos, técnicos y económicos; 4. Restablecer y preservar los vínculos familiares; en caso de ser inviable o imposible el restablecimiento, comunicar al Juez de la Niñez y Adolescencia; 5. Otorgar atención médica, psicológica, odontológica y farmacéutica, así como vestimenta y alimentación suficientes y adecuadas a su edad; 6. Priorizar la escolarización y profesionalización; promover actividades productivas, culturales, artísticas, deportivas y de esparcimiento; 7. Evaluar periódicamente el cumplimiento de las medidas socio-educativas con un intervalo máximo de seis meses, elevando informes a la autoridad competente; 8. Mantener archivo y registro personal de los ingresos, señalando las circunstancias de atención, relación de pertenencias y datos que posibiliten la identificación e individualización de cada caso; 9. Mantener programas destinados al apoyo y acompañamiento de los egresados. Se prohibe que los adolescentes que presenten problemas de salud, físicos o mentales, sean internados en estos centros, debiendo ser derivados a centros especializados.
TÍTULO II POLÍTICAS DE PROTECCIÓN
ARTÍCULO 191º (ESTRATEGIAS DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN).- Las políticas municipales de protección y defensa seguirán las siguientes estrategias: 1. Contar con la asignación y mantenimiento suficiente y necesario de fondos en cada municipio para su ejecución; 2. La creación de una Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia en cada Municipio, como órgano consultivo y fiscalizador de las acciones municipales en el área de la niñez y adolescencia; 3. Funcionamiento de Defensorías de la Niñez y Adolescencia, como instancia promotora y defensora de los derechos; 4. Concientización y movilización de la ciudadanía a través de los medios de comunicación social y otros, a objeto de lograr la más amplia participación de los diversos sectores en la defensa y protección a la niñez y adolescencia.
CAPÍTULO II ENTIDADES DE PROTECCIÓN
SECCIÓN I COMISIÓN MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
ARTÍCULO 192º (CONFORMACIÓN).- En cada Concejo Municipal se conformará una Comisión Municipal de la Niñez y la Adolescencia como instancia propositiva, consultiva y fiscalizadora de las políticas y acciones de protección en favor de niños, niñas y adolescentes. Cada Comisión Municipal contará con la participación de representantes de instituciones de la sociedad civil que estén relacionadas directamente con las actividades de prevención, atención, protección y defensa de la niñez y adolescencia de su jurisdicción.
ARTÍCULO 193º (ATRIBUCIONES).- Las atribuciones de la Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia son: 1. Formular y poner a consideración del Honorable Concejo Municipal políticas de protección y defensa para la niñez y adolescencia de su jurisdicción; 2. Fiscalizar la ejecución de las políticas, acciones y programas de protección y defensa de niños, niñas y adolescentes; 3. Promover actividades de sensibilización y formación que tiendan a generar una cultura en favor de la niñez y adolescencia. Las demás atribuciones y responsabilidades, así como su funcionamiento, estarán definidas por el reglamento interno respectivo, aprobado por el Concejo Municipal en concordancia con el presente Código.
SECCIÓN II DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
ARTÍCULO 194º (DEFINICIÓN). Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia son un servicio municipal gratuito de protección y defensa socio-jurídica dependiente de cada Gobierno Municipal. Constituye la instancia promotora que vela por la protección y el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes establecidos por este Código y otras disposiciones.
ARTÍCULO 195º (FUNCIONAMIENTO).- La organización y funcionamiento de las Defensorías se establecerán de acuerdo con las características y estructura administrativa del Gobierno Municipal correspondiente. Las Defensorías desconcentrarán sus funciones en oficinas distritales o cantonales, de acuerdo con la densidad poblacional de su territorio, sus unidades territoriales y sus propias características y los convenios, suscritos de acuerdo con el principio de mancomunidad. En los municipios donde haya más de una defensoría, estas deberán trabajar en forma coordinada. Para dicho efecto el Gobierno Municipal creará la instancia correspondiente. Cada Gobierno Municipal otorgará el presupuesto necesario y suficiente para el funcionamiento de las Defensorías, dotándoles de la infraestructura correspondiente y asegurará la contratación de recursos humanos profesionales, debidamente capacitados para el ejercicio de sus atribuciones.
ARTÍCULO 196º (ATRIBUCIONES).- Son atribuciones de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, bajo responsabilidad funcionaria: 1. Presentar denuncia ante las autoridades competentes por infracciones o delitos cometidos en contra de los derechos de niños, niñas y adolescentes e intervenir en su defensa en las instancias administrativas o judiciales sin necesidad de mandato expreso; 2. Derivar a la autoridad judicial los casos que no son de su competencia o han dejado de ser; 3. Disponer las medidas de Protección Social a niños, niñas y adolescentes, previstas por este cuerpo legal; 4. Intervenir como promotores legales de adolescentes infractores, en estrados judiciales; 5. Conocer la situación de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en instituciones públicas o privadas y centros o locales de su jurisdicción, donde trabajen, vivan o concurran niños, niñas y adolescentes y, en su caso, impulsar las acciones administrativas que fueren necesarias para la defensa de sus derechos; 6. Brindar orientación interdisciplinaria a las familias, para prevenir situaciones críticas y promover el fortalecimiento de los lazos familiares; 7. Promover reconocimientos voluntarios de filiación y acuerdos de asistencia familiar, para su homologación por autoridad competente; 8. Promover que familias de su jurisdicción acojan a niños, niñas y adolescentes bajo la modalidad de familia sustituta, en los términos previstos por este Código; 9. Promover la realización de diagnósticos participativos con representantes de la comunidad, tanto de adultos como de adolescentes, para establecer las necesidades y requerimientos de los niños, niñas y adolescentes de su jurisdicción, con el fin de orientar políticas y programas en beneficio de los mismos; 10. Intervenir, cuando se encuentren en conflictos los derechos de niños, niñas o adolescentes con los padres, tutores, responsables o terceras personas, para hacer prevalecer su interés superior; 11. Promover la difusión y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia con la participación de la comunidad en estas acciones; 12. Promover en los niños, niñas y adolescentes, la conciencia de autodefensa de sus derechos; 13. Velar por el cumplimiento de las sanciones municipales a locales públicos, bares, centros de diversión, espectáculos públicos, lugares de trabajo y otros, que contravengan disposiciones relativas a la integridad moral y física de los niños, niñas y adolescentes; 14. Expedir citaciones para el cumplimiento de sus atribuciones; y, 15. Desarrollar acciones de prevención contra el consumo de alcohol, tabaco y el uso indebido de drogas.
ARTÍCULO 199º (INTEGRANTES).- Las Defensorías estarán integradas por profesionales idóneos en las disciplinas acordes con los servicios que presten, con conocimiento amplio de la temática; podrán contar con el apoyo de egresados de universidades públicas y privadas y con el personal administrativo necesario. A este efecto se suscribirán los convenios respectivos. En áreas rurales, donde no sea posible contar con profesionales, los Gobiernos Municipales deberán contratar personal capacitado e idóneo. En ambos casos, el ejercicio efectivo de defensor constituirá servicio público relevante.
ARTÍCULO 200º (CAPACITACIÓN).- Los Gobiernos Municipales propiciarán una permanente capacitación para los miembros de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia. ARTÍCULO 201º (INCOMPATIBILIDAD).- El desempeño del cargo en las Defensorías Municipales es incompatible con cualquier otra función rentada, pública o privada y el ejercicio libre de la profesión, excepto la participación en comisiones que aborden la problemática de la niñez y adolescencia, la representación ante Congresos y Conferencias nacionales o internacionales sobre el tema y la docencia universitaria.
CAPÍTULO III FISCALIZACIÓN
CAPÍTULO IV MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL
ARTÍCULO 207º (PROTECCIÓN).- Las medidas de protección social al niño, niña y adolescentes son aplicables cuando los derechos reconocidos por este Código estén amenazados o sean violados: 1. Por acción u omisión de la sociedad o del Estado; 2. Por acción u omisión de los padres o responsables; 3. En razón de la conducta del niño, niña o adolescente.
ARTÍCULO 208º (APLICACIÓN DE MEDIDA POR DEFENSORÍAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA).- Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia podrán aplicar las siguientes medidas: 1. Orientación, apoyo y acompañamiento temporales; 2. Derivación a programas de ayuda a la familia, al niño, niña o adolescente; 3. Inscripción y asistencia obligatoria del niño, niña o adolescente en establecimientos oficiales de enseñanza; 4. Derivación a la atención médica, psicológica o psiquiátrica en régimen hospitalario o ambulatorio; 5. Derivación a programas de ayuda, orientación o tratamiento para casos de dependencia al alcohol y/u otras drogas. La responsabilidad de la atención y los gastos serán imputados a los padres, tutores o guardadores, si no existieran o no tuvieran los recursos necesarios se responsabilizará de la atención a las unidades de gestión social de las prefecturas.
ARTÍCULO 209º (APLICACIÓN DE MEDIDAS A NIÑOS Y NIÑAS INFRACTORES).- Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia conocerán los casos de niños o niñas autores de infracción, debiendo brindar atención interdisciplinaria permanente, al niño o niña y su familia, por el tiempo que sea necesario y, en su caso, aplicar cualquiera de las medidas señaladas en el Artículo precedente. Ante la inexistencia de padres o responsables, la Defensoría deberá solicitar ante el Juez de la Niñez y Adolescencia, su integración a un hogar sustituto, donde recibirá el tratamiento adecuado.
ARTÍCULO 210º (APLICACIÓN DE MEDIDA POR EL JUEZ DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA).- Además de las establecidas en los numerales 1 al 5 del Artículo 208°, el Juez de la Niñez y Adolescencia de acuerdo con el caso y en los términos previstos por esta Ley puede aplicar las siguientes medidas: 1. Ordenar por tiempo determinado, la salida del agresor del domicilio familiar, pudiendo derivarlo a un centro de atención psicológica; 2. Prohibir el tránsito del agresor por los lugares que transita la víctima; 3. Entrega del niño, niña o adolescente a los padres o responsables, previa suscripción de compromiso de asumir su responsabilidad y disponer la orientación técnica y seguimiento respectivo; 4. Colocación en hogar sustituto; 5. En caso en que el agresor fuera funcionario de una institución pública o privada, disponer que se envíen los antecedentes a la respectiva institución, para que se tomen las medidas administrativas correspondientes; 6. En caso de maltrato, las medidas dispuestas por la Ley 1674, en todo lo que no se oponga al presente Código. Si el maltrato fuera un acto reincidente o revistiera gravedad que ponga en riesgo la integridad física y mental del niño, niña o adolescente, se remitirá los obrados a la jurisdicción penal; 7. Acogimiento en centros de atención. El acogimiento es una medida de carácter provisional y excepcional, viable únicamente en casos extremos y como transición a la colocación en un hogar sustituto u otra medida adecuada. Esta medida no implica privación de libertad. ARTÍCULO 211º (APLICACIÓN Y PREFERENCIA).- De acuerdo al caso y en los términos previstos por esta Ley, las Defensorías o el Juez de la Niñez y Adolescencia, pueden aplicar las medidas previstas aislada o conjuntamente, así como sustituirlas en cualquier tiempo, en atención al interés superior del niño, niña o adolescente. En la aplicación de las mismas tendrán preferencia las de carácter pedagógico y aquellas que propendan al fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios. ARTÍCULO 212º (IMPROCEDENCIA DE LA CONCILIACIÓN).- No procede la mediación y conciliación en los asuntos en que existan derechos contrapuestos de las partes, principalmente en los relacionados con maltrato y suspensión o pérdida de la autoridad paterna.
LIBRO TERCERO PROTECCIÓN JURÍDICA, DE LA RESPONSABILIDAD, DE LA JURISDICCIÓN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS
TÍTULO I PROTECCIÓN JURIDICA
ARTÍCULO 214º (DEBIDO PROCESO).- El Estado garantiza un sistema de administración de justicia especializada en la protección del niño, niña y adolescente. En todos los procesos en los que estos se vean involucrados, deberán ser tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas, sujetos de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas y periciales, al interés superior de los mismos. Cuando se trate de niños, niñas o adolescentes pertenecientes a grupos étnicos o comunidades nativas o indígenas, se tomará en cuenta sus usos y costumbres, siempre que no se oponga a la Constitución Política del Estado, el presente Código y leyes vigentes; pudiendo consultarse con las autoridades de la comunidad a la cual pertenecen.
ARTÍCULO 215º (PRINCIPIOS).- Todo proceso que se refiera a la niñez y adolescencia, debe cumplir con los siguientes principios, además de los señalados por otras disposiciones legales:1. ORALIDAD: Sin excepción alguna, para lograr la celeridad y el impulso procesal correspondiente.
2. ESPECIALIDAD: La aplicación de este Código, tanto en el proceso como en su ejecución, estará a cargo de órganos especializados en materia de niñez y adolescencia.3. CELERIDAD: El cumplimiento estricto de los plazos procesales, conforme establece el presente Código.
ARTÍCULO 217º (REPRESENTACIÓN).- Los niños, niñas o adolescentes serán representados por sus padres o responsables legales. El Juez de la Niñez y Adolescencia proporcionará tutor especial al niño, niña o adolescente siempre que los intereses de éstos se contrapongan a lo de sus padres o responsables, o cuando carezca de representante legal, así sea eventualmente.
CAPÍTULO II MEDIDAS CORRESPONDIENTES A PADRES, RESPONSABLES O TERCEROS
ARTÍCULO 219º (PROCEDENCIA).- En los casos en que los derechos reconocidos por este Código fueran amenazados o violados por maltrato, faltas, abuso, supresión u omisión, así sea a titulo de disciplina, el Juez de la Niñez y Adolescencia de acuerdo con la gravedad del hecho podra imponer las siguientes medidas: 1. Padres o responsable legal: a) Advertencia; b) Derivación a programas gubernamentales y no gubernamentales de promoción de la familia; c) Inclusión en programas gubernamentales y no gubernamentales, de tratamiento a alcohólicos y toxicómanos; d) Obligación de recibir tratamiento Psicológico o psiquiátrico; e) Obligación de asistir a cursos o programas de orientación; f) Obligación de inscribir y controlar la asistencia y aprovechamiento escolar del hijo o pupilo; g) Obligación de llevar al niño, niña o adolescente a tratamiento especializado; h) Suspensión o pérdida de la autoridad de los padres, de la Guarda o Tutela, de acuerdo con lo dispuesto por el presente Código. 2. Terceros: a) Advertencia; b) Multa de treinta a cien días; c) Suspensión temporal del cargo, función, profesión u oficio. En caso de reincidencia y en aquellos que constituyan delito, el Juez remitirá obrados a la justicia penal.
CAPÍTULO III RESPONSABILIDAD EN INFRACCIONES
SECCIÓN I RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ADOLESCENTES
ARTÍCULO 221º (INFRACCIÓN Y COMPETENCIA).- Se considera infracción a la conducta tipificada como delito en la Ley penal, en la que incurre como autor o participe un adolescente y de la cual emerge una responsabilidad social. El Juez de la Niñez y Adolescencia es el único competente para conocer estos casos en los términos previstos por el presente Código. En caso de que el adolescente cumpla dieciocho años durante la ejecución de una sanción socio-educativa, continuará bajo la competencia del Juez de la Niñez y Adolescencia.
ARTÍCULO 223º (EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD).- Las niñas y niños que no hubieren cumplido los doce años de edad, están exentos de responsabilidad social quedando a salvo la responsabilidad civil, la cual será demandada ante los tribunales competentes. Sin embargo, al niño o niña que infrinja la Ley Penal, previa investigación, debe aplicarse las medidas de protección previstas en el presente Código. Por ningún motivo se dispondrá medida privativa de libertad.
ARTÍCULO 224º (PARTICIPACIÓN DE ADULTOS) .- Cuando en la comisión de un mismo delito intervengan uno o más adolescentes con uno o varios adultos, los antecedentes en cuanto a los adultos se remitirán al Ministerio Público para la acción penal correspondiente. Cuando el Juez de la Niñez y Adolescencia determine que uno o varios de los adolescentes son imputables, remitirán los antecedentes correspondientes de éstos al Ministerio Público para la acción penal correspondiente. En ambos casos, los procesos se tramitarán separadamente.
ARTÍCULO 226º (PRESCRIPCIÓN).- La acción prescribe: 1. En cuatro años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo sea de seis o más de seis años; 2. En dos años para los que tengan señaladas pena privativa de libertad cuyo máximo sea menor de seis y mayor de dos años; y, 3. En seis meses para los demás delitos.
SECCIÓN II DERECHOS INDIVIDUALES
ARTÍCULO 228º (COMUNICACIÓN).- Los encargados de los centros de privación de libertad deben poner en conocimiento de la autoridad judicial competente dentro de las veinticuatro horas, la detención de un adolescente y el lugar donde se encuentra. Asimismo, tienen la obligación de comunicar inmediatamente a la familia del adolescente o a la persona por él indicada. En caso de inobservancia a estas obligaciones los funcionarios encargados serán pasibles de sanciones administrativas sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente.
ARTÍCULO 229º (PROHIBICIÓN DE REGISTRO).- Los organismos policiales no podrán registrar en sus archivos datos personales del adolescente que incurra en una infracción. El registro judicial de infracciones será reservado y sólo podrá certificar antecedentes mediante auto motivado.
SECCIÓN III GARANTÍAS PROCESALES
ARTÍCULO 230º (GARANTÍAS).- Además de las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado y otras leyes, los adolescentes gozarán de las siguientes: 1. A tener defensa técnica y material desde el inicio de la investigación hasta que cumpla con la sanción que le sea impuesta; 2. Conocer su derecho a guardar silencio y no ser obligado a declarar contra sí mismo; 3. Ser notificado de todos los actos procesales y elevar peticiones a cualquier autoridad; 4. Presencia de sus padres o representantes en todos los actos procesales; 5. No ser conducido ni transportado en condiciones atentatorias a su dignidad, o que impliquen riesgo a su integridad física o mental, bajo responsabilidad; 6. No ser incomunicado bajo ninguna circunstancia; 7. Permanecer internado en la localidad o en aquélla más próxima a su domicilio, recibir visitas semanalmente y mantener correspondencia con sus familiares y amigos, respetando la inviolabilidad de la misma.
SECCIÓN IV MEDIDAS CAUTELARES
ARTÍCULO 231º (MEDIDAS CAUTELARES).- La libertad del adolescente y todos los derechos y garantías que le son reconocidos por la Constitución Política del Estado, por este Código y otros Instrumentos Internacionales, sólo podrán ser restringidos con carácter excepcional, cuando sean absolutamente indispensables para la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley. Las medidas cautelares deberán ser dispuestas con carácter restrictivo, mediante resolución judicial fundada y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación, debiendo ser ejecutadas de modo que perjudique lo menos posible a la persona y dignidad del adolescente.
ARTÍCULO 232º (TIPOS DE MEDIDAS CAUTELARES).- Se consideran medidas cautelares: 1. Ordenes de orientación y supervisión en los términos previstos por este Código; 2. Citación bajo apercibimiento de Ley; y, 3. Detención preventiva.
ARTÍCULO 233º (DETENCIÓN PREVENTIVA).- Medida excepcional que puede ser determinada por el Juez de la Niñez y Adolescencia como una medida cautelar, a partir del momento en que recibe la acusación y cuando se presenten cualesquiera de las siguientes circunstancias: 1. Que el delito tenga prevista pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea de cinco años o más; 2. Exista el riesgo razonable de que el adolescente evada la acción de la justicia; 3. Exista peligro de destrucción u obstaculización de la prueba; y, 4. Exista peligro para terceros. En ningún caso se podrá imponer esta medida por más de cuarenta y cinco días, en todos los casos el Juez deberá analizar si es posible sustituir la detención preventiva por otra medida más favorable.
ARTÍCULO 235º (APREHENSIÓN POR POLICÍA).- La Policía Nacional podrá aprehender a un adolescente sólo en los siguientes casos: 1 En caso de fuga, estando legalmente detenido; 2 En caso de delito flagrante; y, 3 En cumplimiento de orden emanada por el Juez de la Niñez y Adolescencia. En caso de los numerales 1 y 2 la autoridad policial que haya aprehendido a un adolescente, deberá comunicar esta situación al Fiscal mediante informe circunstanciado en el término de ocho horas y remitir inmediatamente al adolescente a un centro de detención preventiva; asimismo, comunicar inmediatamente a sus padres o responsables. En ningún caso los organismos policiales, registrarán en sus archivos datos personales del adolescente que cometa un delito.
ARTÍCULO 236º (LIBERTAD).- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia la autoridad policial o administrativa podrán disponer la libertad de un adolescente aprehendido. Éste debe ser puesto a disposición del Juez quien determinará la libertad o la aplicación de una medida cautelar. Excepcionalmente el Fiscal podrá disponer la libertad de un adolescente aprehendido cuando se estén violando sus derechos y garantías.
SECCIÓN V MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS
SUB-SECCIÓN I DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 237º (CLASES).- Comprobada la comisión de una infracción, el Juez de la Niñez y Adolescencia podrá aplicar las siguientes medidas: 1. Sanciones: a. Amonestación y advertencia; b. Libertad asistida; c. Prestación de servicios a la comunidad; 2. Órdenes de orientación: a. Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él; b. Abandonar el trato con determinadas personas. c. Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión determinados; d. Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea enseñarle alguna profesión u oficio; e. Adquirir trabajo; f. Abstenerse de injerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito y ordenar el tratamiento correspondiente. 3. Privativas de libertad: a. Arresto Domiciliario; b. Semi-Libertad; c. Privación de libertad en Centros Especializados.
SUB-SECCIÓN II ALCANCE DE LAS MEDIDAS
ARTÍCULO 242º (AMONESTACIÓN Y ADVERTENCIA).- La amonestación es la llamada de atención que el Juez dirige oralmente al adolescente exhortándolo para que, en lo sucesivo, se acoja a las normas del trato familiar y convivencia social. Cuando corresponda, la autoridad judicial advertirá a los padres, tutores o responsables, sobre el cumplimiento y respeto a las normas legales y sociales
ARTÍCULO 243º (PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD).-Consiste en tareas prestadas gratuitamente por el adolescente en beneficio de la comunidad en entidades asistenciales, hospitales, escuelas u otros establecimientos similares, así como en programas comunitarios o estatales, por un período no mayor a seis meses. Las tareas serán asignadas de acuerdo con las aptitudes del adolescente y deberán ser efectuadas en jornadas máximas de ocho horas semanales con las garantías establecidas por el presente Código. Estas jornadas podrán cumplirse los días sábados, domingos y feriados o en días hábiles de la semana, de manera que no perjudiquen la asistencia a la escuela o jornada normal de trabajo. En ningún caso y bajo ningún concepto será aplicada esta medida sin que el Juez explique al adolescente los fundamentos y alcances de la misma.
ARTÍCULO 244º (LIBERTAD ASISTIDA).- Consiste en otorgar libertad al adolescente quien queda obligado a cumplir con programas educativos y recibir orientación y seguimiento por un período no mayor a los seis meses, pudiendo ser en cualquier tiempo prorrogada, revocada o sustituida por otra, después de oír al orientador, al Ministerio Público y al Defensor. En la sentencia, el Juez: 1. Designará un orientador para acompañar el caso. Esta designación podrá recaer en un miembro de Defensoría, personal técnico de una institución de atención o protección a la niñez y adolescencia o en un miembro voluntario de la comunidad; y, 2. Fijará el tiempo de duración de la misma.
ARTÍCULO 245º (DEBERES DEL ORIENTADOR EN LIBERTAD ASISTIDA).- Tiene el deber de: 1. Promover socialmente al adolescente y a su familia, otorgándoles orientación e inscribiéndolos, si fuese necesario, en un programa oficial, no gubernamental o comunitario de promoción y asistencia social; 2. Promover su matriculación y supervisar la asistencia y aprovechamiento escolar del adolescente; 3. Procurar la profesionalización y la inserción del adolescente en el mercado de trabajo; y, 4. Presentar al Juez informe mensual escrito o verbal del caso.
ARTÍCULO 246º (ÓRDENES DE ORIENTACIÓN).- Consisten en mandamientos o prohibiciones impuestas por el Juez de la Niñez y Adolescencia para regular el modo de vida de los adolescentes, así como promover y asegurar su formación. Las órdenes o prohibiciones durarán un período máximo de dos años y su cumplimiento deberá iniciarse a más tardar un mes después de ordenadas. Si no se cumple cualesquiera de estas obligaciones, el Juez podrá, de oficio o a petición de parte, modificar la orden o prohibición impuesta.
ARTÍCULO 247º (ARRESTO DOMICILIARIO).- Medida determinada por el Juez para que el adolescente infractor la cumpla en su domicilio, con su familia. De no poder cumplirse en su domicilio, con su familia, por razones de inconveniencia o imposibilidad, se practicará en la casa de cualquier familiar. Cuando no se cuente con ningún familiar, podrá ordenarse su ingreso en la vivienda de otro grupo familiar, de comprobada responsabilidad y solvencia moral, que asuma la responsabilidad de cuidar al adolescente. En este último caso deberá contarse con su consentimiento. El arresto domiciliario no debe afectar el cumplimiento del trabajo ni la asistencia a un centro educativo. Personal del equipo interdisciplinario del juzgado, o la Defensoría que corresponda, por orden del Juez, supervisará el cumplimiento de la medida, cuya duración no podrá ser mayor de seis meses.
ARTÍCULO 248º (SEMI-LIBERTAD).- Es un régimen basado en la libertad diurna, para que el adolescente infractor, pueda trabajar, instruirse o capacitarse. Durante las noches el adolescente infractor permanecerá en un establecimiento apropiado. Durante la aplicación de esta medida es obligatoria la escolarización y profesionalización. Este régimen puede ser aplicado como una medida inicial o como una medida de transición, casos en que el Juez, a tiempo de imponerla, fijará el tiempo de duración que no será mayor a seis meses.
ARTÍCULO 249º (PRIVACIÓN DE LIBERTAD).- Esta medida será aplicada sólo por el Juez de la Niñez y Adolescencia y estará sujeta a principios de brevedad, excepcionalidad y respeto a la condición peculiar de la persona en desarrollo. Durante la privación de libertad se permitirá la realización de ciertas actividades externas a criterio del equipo técnico de la entidad, salvo expresa determinación contraria del Juez.
ARTÍCULO 250º (BENEFICIO).- Aplicada la privación de libertad, el Juez de la Niñez y Adolescencia evaluará la misma cada seis meses, para sustituirla por otra. El adolescente que haya cumplido la mitad de la medida de privación de libertad podrá solicitar la semi-libertad o libertad asistida, previo informe psico-social sobre la evaluación del cumplimiento de la sanción.
ARTÍCULO 251º (DURACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN).- El Juez podrá ordenar la privación de libertad de un adolescente sólo en los siguientes casos: 1. Cuando se haya establecido su autoría en la comisión de una infracción y el delito correspondiente estuviera sancionado con pena privativa de libertad superior a cinco años en el Código Penal; y, 2. Cuando haya incumplido injustificadamente y en forma reiterada las medidas socio-educativas o las órdenes de orientación y supervisión impuestas., caso en que el plazo de privación de libertad no podrá ser superior a los tres meses. La privación de libertad durará un período máximo de cinco años para adolescentes de más de catorce y menos de dieciséis años y de tres años para adolescentes de más de doce y menos de catorce años de edad. La privación de libertad nunca podrá aplicarse como medida socio-educativa, cuando no proceda para un adulto según el Código Penal.
ARTÍCULO 252º (CENTROS DE DETENCIÓN PREVENTIVA Y DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD).- La privación de libertad así como la detención preventiva serán cumplidas en entidades exclusivamente establecidas para adolescentes, en local distinto a aquellos destinados a medidas de acogimiento, en rigurosa separación por criterios de edad, sexo y gravedad del delito. Durante el período de privación de libertad, inclusive de la detención preventiva son obligatorias las actividades pedagógicas. En ningún caso el adolescente infractor será privado de su libertad en un centro destinado a adultos.
SUB SECCIÓN III REMISIÓN
ARTÍCULO 253º (CONCEPTO).- Se entiende por remisión a la medida por la cual se excluye al adolescente infractor, del proceso judicial con el fin de evitar los efectos negativos que el proceso pudiera ocasionar a su desarrollo integral. ARTÍCULO 254º (CONCERTACIÓN).- Antes de iniciar el juicio el representante del Ministerio Público con el adolescente podrá concertar la remisión cuando: 1. Sea el primer delito del adolescente; 2. Se trate de infracciones tipificadas como delitos con pena privativa de libertad no mayor a cinco años; o, 3. El delito carezca de relevancia social. Iniciado el juicio, la concertación de la remisión corresponde al Juez de la Niñez y Adolescencia e importará la suspensión o extinción del mismo.
ARTÍCULO 255º (ALCANCES DE LA MEDIDA).- La concertación de la remisión no implica necesariamente el reconocimiento o comprobación de la responsabilidad del hecho ni prevalece para efectos de antecedentes penales, pudiendo incluir eventualmente la aplicación de cualesquiera de las medidas previstas por está Ley, excepto las que implican restricción o privación de libertad. ARTÍCULO 256º (REVISIÓN).- La medida aplicada como emergencia de la remisión podrá ser revisada judicialmente en cualquier estado de la causa, de oficio, a solicitud expresa del adolescente, de su representante legal o del Ministerio Público.
CAPÍTULO IV INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
ARTÍCULO 257º (SANCIONES A INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS).- En los casos en que se evidencie el incumplimiento de las disposiciones previstas por este Código, el Juez de la Niñez y Adolescencia podrá aplicar, sin perjuicio del proceso penal correspondiente de acuerdo con la gravedad de la infracción, las siguientes sanciones: 1. Advertencia; 2. Prestación de servicios a la comunidad; 3. Multa; y, 4. Clausura del establecimiento.
ARTÍCULO 259º (OMISIÓN).- El médico, profesor o responsable de establecimientos de salud o de educación, que incumpla la obligación de comunicar a la autoridad competente lo establecido en el Artículo 159º de este Código, será pasible a la prestación de trabajo comunitario de quince a treinta días, o su equivalente en días multa. En caso de reincidencia, se aplicará el doble de la sanción.
ARTÍCULO 260º (INTERFERENCIA).- El responsable o funcionario del establecimiento de atención que no cumpla con lo dispuesto por el Artícul
ARTÍCULO 266º (REQUISITOS).- Para ser Juez de la Niñez y Adolescencia, se requiere: 1. Ser boliviano y ciudadano en ejercicio; 2. Ser Abogado con Título en Provisión Nacional; 3. Haber ejercido la profesión con crédito, ética y moralidad por lo menos seis años, o la judicatura por cuatro años; 4. No estar comprendido en los casos de exclusión o incompatibilidad establecidos por la Ley de Organización Judicial y otras disposiciones vigentes; 5. No tener antecedentes de incumplimiento de deberes familiares; y, 6. Haber realizado cursos de especialización en derecho de familia, de la niñez y la adolescencia o Derechos Humanos.
ARTÍCULO 267º (REGLAS DE LA COMPETENCIA).- La competencia territorial del Juez de la Niñez y Adolescencia se determina: 1. Por el domicilio de los padres o responsables; 2. Por la residencia donde se encuentre el niño, niña o adolescente, a falta de los padres o responsables; 3. En los casos de infracciones, es competente el Juez del lugar de la acción u omisión, debiendo observarse las disposiciones de conexión, equidad y prevención; y, 4. La ejecución de las medidas puede ser delegada a la autoridad competente de la residencia de los padres o responsables, o del lugar donde tenga su sede la entidad que acoja al niño, niña o adolescente.
CAPÍTULO II JUZGADOS
ARTÍCULO 269º (ATRIBUCIONES DEL JUEZ).- El Juez de la Niñez y Adolescencia conocerá y decidirá acciones para lograr la plena vigencia de los derechos individuales, del niño, niña o adolescente de acuerdo con las siguientes atribuciones: 1. Conocer y resolver la suspensión, pérdida y extinción de la autoridad paterna; 2. Conocer y decidir las solicitudes de Guarda, Tutela, Adopción Nacional e Internacional y llevar un registro documentado de los sujetos de la adopción; 3. Colocar al niño, niña o adolescente bajo el cuidado de sus padres, tutores, guardadores o parientes responsables, excepto en casos de divorcio o separación judicial; 4. Conocer y resolver las denuncias planteadas sobre actos que pongan en peligro la salud o desarrollo físico, moral del niño, niña o adolescente, adoptando las medidas necesarias, siempre que estas denuncias no estén tipificadas como delitos en la legislación penal; 5. Conocer y resolver los requerimientos del Ministerio Público, para el procesamiento de infracciones atribuidas a adolescentes; 6. Concertar o negar la remisión; 7. Disponer las medidas necesarias para el tratamiento, atención y protección del niño, niña o adolescente en las situaciones que dispone este Código; 8. Aplicar medidas a los padres o responsables; 9. Conocer y resolver las irregularidades en que incurran las entidades de atención de la niñez y adolescencia, aplicando las medidas que correspondan; 10. Inspeccionar semanalmente, por sí mismo y en coordinación con instituciones gubernamentales o privadas, los recintos policiales, centros de detención y privación de libertad y los establecimientos destinados a la protección y asistencia de la niñez y adolescencia, adoptando las medidas que estime pertinentes; 11. Aplicar sanciones administrativas, en caso de infracciones a normas de protección establecidas en este Código; y, 12. Disponer las medidas cautelares que fueren necesarias y emitir los Mandamientos de Ley.
ARTÍCULO 270º (ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO).- El Secretario, además de lo previsto en la Ley de Organización Judicial, cumplirá las siguientes funciones: 1. Llevar un registro del tiempo de permanencia del niño, niña o adolescente en entidades de acogimiento u hogares; 2. Llevar un registro del tiempo de permanencia de adolescentes internos en Centros de semi-libertad, libertad asistida y de privación de libertad, debiendo informar de oficio al Juez el cumplimiento del término de la medida impuesta; 3. Controlar el plazo otorgado al Equipo Técnico Interdisciplinario para elevar informes, a cuyo vencimiento representará de oficio al Juez. Igualmente informará sobre los términos establecidos por el Juez respecto a las medidas socio-educativas; y, 4. Llevar un registro de las adopciones nacionales e internacionales, tramitadas en el juzgado y el control del plazo otorgado para los informes de seguimiento, cuyo vencimiento representará de oficio al Juez.
ARTÍCULO 271º (DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO).- El Equipo Interdisciplinario está compuesto básicamente por un trabajador social y un psicólogo. Este Equipo mantendrá su autonomía respecto a otros similares que puedan funcionar en entidades estatales, nacionales o departamentales. El Consejo de la Judicatura proveerá recursos para su funcionamiento.
CAPÍTULO III MINISTERIO PÚBLICO
ARTÍCULO 272º (FISCALES).- Los Fiscales de la Niñez y Adolescencia desempeñan sus funciones en los asientos donde funcionan Juzgados de la Niñez y la Adolescencia. En caso de ausencia, falta o impedimento de los Fiscales de la Niñez y la Adolescencia, serán reemplazados por los Fiscales de Partido de Familia.
ARTÍCULO 273º (ATRIBUCIONES).- Son atribuciones del Fiscal de la Niñez y la Adolescencia, además de las generales establecidas por Ley: 1. Concertar la remisión antes de iniciar el proceso, y en caso de estar iniciado, requerir ante el Juez la remisión, como forma de exclusión del proceso; 2. Dirigir el levantamiento de diligencias de policía judicial en los casos de adolescentes infractores en conflicto con la Ley penal; 3. Requerir la presencia y/o información de personas naturales o jurídicas, en los casos establecidos por el presente Código. En caso de inasistencia de los mismos a los actos procesales, ordenará su presencia bajo apercibimiento de Ley; y, 4. Requerir la estricta aplicación de sanciones administrativas ante la autoridad competente, a quienes hubieran violado las normas que protegen al niño, niña o adolescente, sin perjuicio de promover la responsabilidad civil o penal.
TÍTULO III PROCEDIMIENTOS
CAPÍTULO I PROCEDIMIENTO COMÚN
ARTICULO 274º (PROCEDIMIENTO COMÚN).- Corresponde al juez de la niñez y de la adolescencia, conocer y resolver las demandas que se interpongan, en defensa de los derechos y garantías previstos en este código, conforme al procedimiento común y los procedimientos especiales. ARTICULO 275º (DEMANDA).- La demanda debe presentarse por escrito, ofreciendo la prueba correspondiente, ante el juez del domicilio del niño, niña y adolescente, la misma que deberá contener: 1. Indicación del Juez ante quien se la interpone; 2. La suma o síntesis de la acción que se deduzca; 3. El nombre, domicilio y generales de los padres, representantes legales o la entidad que asume la defensa de los derechos del niño, niña o adolescente; 4. Nombre, domicilio y generales de Ley del demandado cuando corresponda; 5. La petición en términos claros y precisos; y, 6. El derecho expuesto sucintamente.
ARTÍCULO 277º (ADMISIÓN).- Cuando la demanda no cumpla con las formalidades exigidas, el juez de oficio, ordenará que se subsanen los defectos dentro del plazo de 72 horas bajo apercibimiento de tenerla por no presentada. Cuando la demanda sea manifiestamente improcedente, el juez la rechazara sin mas tramite. Admitida la demanda ordenara su traslado.
ARTÍCULO 278º (MEDIDAS CAUTELARES).- El Juez en cualquier estado de la causa, si la seguridad del niño, niña o adolescente lo requiere, velando por su protección y seguridad, determinará las medidas cautelares previstas en este Código o en el Código de Procedimiento Civil, que considere convenientes. ARTÍCULO 279º (CONTESTACIÓN).- El demandado deberá contestar la demanda dentro de los diez días siguientes a su citación y notificación, más el término de la distancia cuando corresponda. En caso de haberse modificado o ampliado la demanda, el plazo se computará desde la notificación con ésta. La contestación deberá contener los hechos que alegare como fundamento de su defensa, con claridad y precisión y ofrecer la prueba que se considere necesaria. No será admisible la reconvención.
ARTÍCULO 280º (MEDIOS LEGALES DE PRUEBA).- Se admitirán como medios legales de prueba los establecidos en el Código de Procedimiento Civil. Si el demandado o el demandante no tuvieran a su disposición la prueba ofrecida, la individualizarán indicando el contenido, lugar, archivo y oficina pública o persona en poder de quien se encuentre, para que el Juez ordene su obtención hasta antes del señalamiento de la audiencia del juicio. Luego de interpuesta la demanda, sólo podrán ser ofrecidos los medios probatorios de fecha posterior, los referidos a hechos nuevos y aquellos señalados por la otra parte en su contestación de la demanda.
ARTÍCULO 281º (AUDIENCIA PREPARATORIA).- El Juez de la causa señalará audiencia preparatoria del juicio, la misma que deberá realizarse improrrogablemente dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo para la contestación, se la haya presentado o no. El día y hora señalados, el Juez de la causa escuchará: 1. Al demandante para que fundamente su demanda y la prueba a producir; y, 2. Al demandado para que explique o fundamente su defensa y la prueba por producirse. Escuchadas las partes, el Juez si considera conveniente, ordenará al Equipo Interdisciplinario la elaboración de un informe técnico el que deberá presentarse hasta antes del señalamiento del juicio. Concluida la fundamentación, en la misma audiencia el Juez, valorando la complejidad de la causa, señalará el día en el que celebrará la audiencia del juicio, la que deberá realizarse dentro de los veinte días siguientes.
ARTÍCULO 282º (CELEBRACIÓN DEL JUICIO).- Iniciada la audiencia, el demandante y el demandado, en ese orden, expondrán sus pretensiones en forma oral, precisa, ordenada y clara, además de producir en su turno toda la prueba ofrecida. Seguidamente el Equipo Interdisciplinario presentará en forma oral su informe técnico, se recibirá el dictamen fiscal, y se escuchará al adolescente y, si la edad o madurez lo permite, al niño o niña. Inmediatamente después de agotada la producción de la prueba y las alegaciones correspondientes, el Juez dictará sentencia en la misma audiencia, pudiendo postergar, únicamente su fundamentación para el día siguiente. Se observarán las reglas de la sana crítica. ARTÍCULO 283º (CONTINUIDAD).- Iniciado el juicio, éste se realizará sin interrupción todos los días hábiles hasta que se dicte la sentencia, debiendo en caso necesario habilitarse horas extraordinarias, bajo responsabilidad disciplinaria del juzgador. El Juez ordenará los recesos diarios indicando la hora en que continuará la audiencia. El juicio se llevará a cabo durante la mañana y la tarde procurando finalizarlo en un plazo de cinco días.
ARTÍCULO 284º (RECURSOS).- Las sentencias y resoluciones dictadas podrán ser apeladas en el plazo de tres días, ante el Juez que conoció la causa. El recurso de casación deberá ser presentado en un plazo no mayor a diez días desde el momento de la notificación. El Juez o Tribunal ante quien se interponga los recursos no se pronunciará sobre su admisibilidad. Si se ha ofrecido prueba en segunda instancia el recurso no podrá resolverse sin escuchar a las partes en audiencia.
ARTÍCULO 285º (INCIDENTES Y EXCEPCIONES).- Toda excepción previa o incidente deberá ser planteado ante el Juez de la causa, quien dentro de las veinticuatro horas ordenará su traslado para que la contesten dentro las setenta y dos horas siguientes a su notificación. Vencido el plazo previsto, el Juez con contestación o sin ella, señalará día y hora de audiencia para resolver la excepción o el incidente. En la audiencia, el Juez resolverá las cuestiones planteadas aplicando en lo pertinente las normas del juicio. Las excepciones perentorias serán resueltas en sentencia. Cuando la excepción o el incidente sea planteado en el curso de la audiencia del juicio, se formulará verbalmente y, oída la parte contraria, se decidirá inmediatamente.
ARTÍCULO 286º (NOTIFICACIONES).- Las notificaciones se practicarán por cualquier medio legal de comunicación que el interesado expresamente haya aceptado, excepto las notificaciones personales. Deberá notificarse personalmente con la demanda, con los incidentes o excepciones, con la sentencia y con los recursos. Toda notificación en audiencia se la realizará en forma oral, debiendo constar en acta.
ARTÍCULO 287º (PLAZOS PARA RESOLVER).- Las resoluciones se pronunciarán dentro de los siguientes plazos: 1. Las providencias de mero trámite se dictarán dentro de las veinticuatro horas de la presentación de los actos que las motivan; 2. Los autos interlocutorios, en el plazo de tres días cuando no requieran de la celebración de audiencia; y, 3. Las sentencias y autos interlocutorios simples o definitivos se dictarán en audiencia.
ARTÍCULO 293º (SENTENCIA).- De no existir reclamo alguno o de no comprobarse en juicio el parentesco, en audiencia, mediante sentencia se establecerá la extinción por abandono comprobado o la inexistencia de filiación, disponiendo la inscripción del niño, niña o adolescente en el Registro Civil, con nombres y dos apellidos convencionales y otorgando su guarda a familia sustituta o a entidad de acogimiento. Cuando se constate el parentesco, el Juez podrá disponer la reinserción familiar tomando las medidas necesarias de control y seguimiento por parte del Equipo Interdisciplinario del juzgado o de otra entidad pública o privada de atención y protección.
ARTÍCULO 295º (SUSPENSIÓN DE LAS AUDIENCIAS).- Las audiencias en las que se resuelvan incidentes o excepciones y la del juicio, únicamente se suspenderán: 1. Cuando sea necesario practicar algún acto fuera del lugar de la audiencia y no pueda cumplirse en el intervalo entre una y otra; 2. Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención sea indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta que el ausente sea conducido por la fuerza pública; 3. Cuando el Juez se enferme en grado tal que no pueda continuar su actuación; o, 4. Cuando sea necesario realizar, a criterio del Juez, alguna prueba para proveer mejor.
ARTÍCULO 296º (PROCEDIMIENTO POR IRREGULARIDADES, FALTAS E INFRACCIONES A NORMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN).- La denuncia por irregularidades, faltas e infracciones a normas de prevención, atención y protección de niños, niñas y adolescentes previstas en este Código, se regirán por el procedimiento previsto para los delitos. Durante la investigación podrá promoverse el compromiso de la entidad o persona infractora, el cual deberá ser homologado por el Juez de la Niñez y adolescencia. La sentencia podrá determinar: 1. La aplicación de las sanciones o medidas dispuestas por este Código; 2. La remisión de antecedentes a conocimiento de la autoridad competente para la acción civil, penal o administrativa correspondientes.
CAPÍTULO II PROCEDIMIENTOS PARA ADOPCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
ARTÍCULO 297º (ACTO PREPARATORIO DE LA DEMANDA).- Los solicitantes nacionales, con orden del Fiscal de la Niñez y Adolescencia, solicitarán a la entidad técnica correspondiente, la elaboración de los certificados a que hacen referencia los numerales 5, 6 y 8 del Artículo 83º del presente Código, quienes deberán elaborar los mismos en un plazo máximo de treinta días. Los ciudadanos extranjeros o bolivianos no residentes en Bolivia presentarán su solicitud de adopción ante el Juez, mediante responsable acreditado por la autoridad central del país de residencia de los solicitantes, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Capítulo II, Título II, Sección IV del Libro I del presente Código, pudiendo especificar en dicha solicitud el sexo y edad aproximada del niño, niña por adoptarse. El responsable acreditado acompañará a los adoptantes en todo el proceso.
ARTÍCULO 298º (DEMANDA Y ADMISIÓN).- La demanda será presentada ante el Juez de la Niñez y Adolescencia del domicilio del adoptado exponiendo los motivos y cumpliendo los requisitos que señala este Código. En caso de que se trate de niño, niña o adolescente sujeto a autoridad de uno o de ambos padres, será preciso adjuntar en forma escrita el consentimiento de éstos para la adopción. Previa a la admisión de la demanda, el Juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público, quien con la prueba documental, en el plazo de veinticuatro horas, emitirá el dictamen correspondiente. En los casos de niños, niñas y adolescentes con filiación conocida y/o que se encuentren en hogar sustituto, el Juez ordenará a la entidad técnica correspondiente eleve los informes técnicos, en un plazo no mayor de cinco días. Con el requerimiento del Fiscal y previo informe técnico u homologación de los mismos por el Equipo Interdisciplinario del Juzgado, el Juez admitirá la demanda, procederá a la apertura del término de prueba por un plazo de treinta días y señalará día y hora para la audiencia de asignación.
ARTÍCULO 299º (AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN).- En audiencia, el Juez previa a la asignación del niño, niña o adolescente a los futuros padres adoptivos, dará lectura al informe que contenga datos sobre: condiciones para su adopción, evolución personal y familiar, historia médica, así como sus necesidades particulares. De no existir objeción por parte de los solicitantes, asignará al niño, niña o adolescente; dará a conocer su identidad y otorgará permiso a los solicitantes para que lo visiten en la entidad de acogimiento u hogar donde se encuentre, a su vez solicitará a esta entidad que realice el seguimiento de visitas por un lapso de tres días y eleve el respectivo informe. En caso de existir objeción de los solicitantes, debidamente fundamentadas, el Juez previo dictamen fiscal, asignará por única vez a otro niño, niña o adolescente y procediendo a lo señalado anteriormente. En caso de no existir fundamentos validos, el Juez dispondrá la inhabilitación permanente de los solicitantes, para efectos de adopción en el territorio nacional
ARTÍCULO 300º (AUDIENCIA DE ENTREGA Y PERÍODO PREADOPTIVO).- Con el informe de seguimiento, y luego de escuchar personalmente al niño, niña o adolescente en los términos previstos por el presente Código, el Juez fijará audiencia en el plazo de veinticuatro horas para conferir la Guarda provisional como período preadoptivo de convivencia. El tiempo de esta convivencia, será fijado por el Juez, tomando en cuenta los informes de seguimiento, la edad del niño, niña o adolescente y las circunstancias de la adopción. En la misma resolución que autoriza el período preadoptivo, la autoridad judicial ordenará a la entidad técnica o al Equipo Interdisciplinario, realizar el seguimiento de la convivencia y presentar informe a los tres días de vencido este período.
ARTÍCULO 301º (ASENTIMIENTO Y RATIFICACIÓN).- Cumplido el término probatorio, el Juez en audiencia, con la concurrencia del Fiscal, la entidad técnica correspondiente y los solicitantes, pedirá el asentimiento y la ratificación de quienes deban otorgarlos. Dependiendo de la edad y madurez, el Juez escuchará al niño, niña y en todos los casos a los adolescentes. En la misma audiencia, el Juez deberá informar y prevenir al niño, niña o adolescente, a los adoptantes y a quienes den el consentimiento, sobre las consecuencias jurídicas de la adopción, dejando en el expediente constancia escrita en acta. El Juez a petición Fiscal o de oficio puede disponer las diligencias y esclarecimientos que crea oportunos. ARTÍCULO 302º (SENTENCIA).- Con la notificación y previo dictamen Fiscal, el Juez pronunciará sentencia en el plazo de tres días. En la misma sentencia, el Juez ordenará la inscripción del adoptado en el Registro Civil, como hijo de los adoptantes, en los términos previstos por este Código. También ordenará el seguimiento post-adoptivo, designando la entidad responsable, tanto para adopciones nacionales como para las internacionales, estableciendo el plazo para los informes y el período de seguimiento. Tratándose de adopción internacional, autorizará la salida del adoptado al país de residencia de los adoptantes.
CAPÍTULO III DELITOS ATRIBUIDOS AL ADOLESCENTE
SECCIÓN ÚNICA INVESTIGACIÓN Y PROCESO
ARTÍCULO 303º (INICIACIÓN).- La investigación de los delitos se iniciará de oficio o a denuncia ante el Fiscal de la Niñez y Adolescencia. Recibida la denuncia o información fehaciente sobre la comisión de un hecho delictivo, el Fiscal determinará la investigación e informará al Juez dentro de las ocho horas.
ARTÍCULO 306º (ADOLESCENTE AUSENTE).- En caso de ausencia del adolescente la investigación continuará hasta su conclusión. Si el Fiscal considera procedente la apertura del juicio requerirá al Juez que ordene localizar al adolescente.
ARTÍCULO 307º (PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN).- El Fiscal deberá imprimir celeridad a la investigación, la que en ningún caso podrá exceder de siete días salvo que en caso de excepcional complejidad, el Fiscal o el querellante soliciten al Juez una ampliación del plazo, indicando las razones de la prórroga y el plazo solicitado para concluirla. La prórroga podrá solicitarse por única vez, hasta tres días antes de que se cumpla el plazo ordinario. El Juez, si acepta la solicitud, fijará directamente el nuevo plazo que no podrá exceder de siete días.
ARTÍCULO 308º (ÓRDEN JUDICIAL).- El Fiscal, ante la denuncia presentada y en base a suficientes indicios de responsabilidad, determinará la comparecencia del denunciado. Si el adolescente se encuentra aprehendido y el Fiscal considera que debe permanecer privado de libertad, solicitará al Juez la ratificación de la medida adoptada dentro de las veinticuatro horas de producida la aprehensión. Ante la inasistencia del adolescente y cuando el caso revista gravedad, el Fiscal solicitará al Juez la orden judicial de apremio.
ARTÍCULO 309º (AUDIENCIA PRELIMINAR).- Presentado el adolescente ante el Fiscal en el día y, una vez visto el informe circunstanciado o informe policial, entrevistará al adolescente y, si fuera posible, escuchará a sus padres o responsables, según el caso se determinará lo siguiente: 1. Si el caso no reviste gravedad, confirmar la custodia del adolescente infractor a sus padres o responsables, bajo la responsabilidad de suscribir un compromiso de presentación del adolescente a todos los actos de investigación de los hechos; 2. En caso de que no se presentarán los padres o responsables, o ante la no existencia de éstos y el hecho no revista gravedad, la incorporación del adolescente a una entidad de atención, cuyo representante acompañará en todos los actos de la investigación; En ambos casos el Fiscal de la Niñez y Adolescencia, procederá conforme al Artículo 308º de este Código. Se levantará acta de todo lo actuado.
ARTÍCULO 310º (CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN).- Finalizada la investigación el Fiscal, podrá requerir ante el Juez lo siguiente: 1. El archivo de obrados; 2. Concertar la remisión y requerir su homologación al Juez; 3. Formular la acusación y requerir la apertura del proceso fundamentando la calificación provisional del presunto delito, acompañando la prueba preconstituída de autoría y materialidad.
ARTÍCULO 311º (ARCHIVO).- El Fiscal, de acuerdo con el resultado de la investigación y no encontrando suficientes indicios de responsabilidad, dispondrá el archivo de obrados. Requerimiento que podrá ser impugnado ante el Fiscal de Distrito, dentro de las cuarenta y ocho horas de la notificación. ARTÍCULO 312º (REMISIÓN).- Si procede, el Fiscal concertará la remisión con el adolescente mediante requerimiento fundamentado que comprenderá un resumen de los hechos. Estos antecedentes serán remitidos al Juez para su homologación. La remisión no procede por delitos que en la Ley Penal sean sancionados con pena privativa de libertad mayor a cinco años.
ARTÍCULO 313º (CITACIÓN).- En mérito al requerimiento fiscal y los antecedentes, el Juez fijará audiencia, en el plazo no menor de tres días ni mayor de cinco, con citación de partes, notificación del Fiscal y ordenará se realicen los informes técnicos respectivos. Y en caso de: 1. No ser localizado el adolescente, el Juez expedirá citación de comparendo y, en su caso, mandamiento de aprehensión suspendiendo la acción hasta que se presente el adolescente; 2. Estar el adolescente cumpliendo una medida cautelar, será requerida su presencia, sin perjuicio de la notificación a los padres o responsables; 3. Que el adolescente no cuente con abogado defensor, se le designará uno de oficio.
ARTÍCULO 314º (AUDIENCIA Y MEDIDAS).- Instalada la audiencia, cada una de las partes fundamentará su demanda y producirá la prueba, el Juez oirá al adolescente, a sus padres o responsables y ordenará se emitan los informes del Equipo Interdisciplinario del Juzgado. Finalizada la audiencia, el Juez resolverá en el acto todas las cuestiones planteadas y según corresponda determinará: 1. Homologar la remisión o concederla; 2. Resolver las excepciones e incidentes; 3. Ratificar, sustituir o imponer una medida cautelar; o, 4. Disponer la apertura del juicio. Las resoluciones se notificarán en la misma audiencia por su lectura. En caso de ser procedente la apertura a juicio se señalara día y hora para su realización.
ARTÍCULO 315º (OPOSICIÓN).- En vista del requerimiento fiscal y en caso de los incisos 1 y 2 del Art. 310º el Juez decidirá lo siguiente: 1. Cuando no exista oposición y estime que no concurren los presupuestos que habilitan la remisión o el archivo de obrados, remitirá las actuaciones ante el Fiscal del Distrito a objeto que se revoque o ratifique el requerimiento. Si el Fiscal del Distrito ratifica el requerimiento, el Juez decretará de acuerdo al mismo. 2. Cuando la parte contraria se oponga al requerimiento porque considera que no se ha agotado la investigación, ordenará que prosiga la investigación estableciendo un plazo no mayor a diez días. La Resolución del Juez podrá ser apelable en el término de tres días ante la Corte Superior de Distrito.
ARTÍCULO 317º (FUNDAMENTOS PARA DICTAR RESOLUCIÓN).- El Juez en el momento de dictar resolución tendrá presente los siguientes principios: 1. La respuesta que se dé a la infracción será siempre proporcional a las circunstancias y necesidades del adolescente y a la gravedad de la infracción. En todo caso se considerará preferentemente el interés superior del adolescente; 2. Las restricciones a la libertad personal del adolescente se reducirán al mínimo posible; 3. Solamente se impondrá la privación de libertad personal en los casos previstos por este Código y siempre que no haya otra medida más adecuada por aplicarse.
ARTÍCULO 1º.- A partir de la vigencia del presente Código, todos los niños, niñas y adolescentes entre uno a dieciocho años que no se hallen inscritos en el Registro Civil, se beneficiarán por lo dispuesto en los Artículos 97º Y 98º de este Código. El Estado, a través de sus organismos correspondientes, nacionales y departamentales, dará a conocer esta disposición, a lo largo del período señalado en el párrafo anterior, a toda la población, por medio de campañas masivas de información y educación en torno a la obligatoriedad y gratuidad de este registro.
ARTÍCULO 3º.- El Estado, en el marco de la Tutela Superior, a través de las instancias correspondientes, reinsertará a niños, niñas y adolescentes que viven en las calles, al seno de su propia familia y, en caso de que ésta no exista o no se conozca su domicilio, en el seno de una familia sustituta. Asimismo, deberá desarrollar campañas de información y sensibilización para prevenir que niños, niñas y adolescentes hagan de la calle su habitat. ARTÍCULO 4º.- En tanto el Consejo de la Judicatura organice los Equipos Interdisciplinarios a que se refieren los Artículos 268º, 269º, 270º y 271º, los Jueces de la Niñez y Adolescencia acudirán a los servicios interdisciplinarios de otras instituciones del Estado.
PRIMERA.- A partir de la vigencia del presente Código, abrógase la Ley Nº 1403, Código del Menor de 18 de diciembre de 1992. SEGUNDA.- Se derogan los Artículos 32º y 33º de la Ley de Registro Civil de 26 de noviembre de 1898. TERCERA.- Se derogan los Artículos 215º al 243º y 276º al 281º de la Ley 996, Código de Familia, de 4 de abril de 1988 y todas las disposiciones contrarias al presente Código. Remítase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales. Es dado en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los catorce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve años.
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Etiquetas: Código del niño, niña y adolescente.
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