Source: https://pequenasnoticias.com.ar/Legislacion/Proyectos_de_Leyes/Proyecto_003.asp
Timestamp: 2018-09-24 09:29:33
Document Index: 411009827

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 11']

Queremos difundir hoy entre nuestros lectores el proyecto de ley, que a lo largo de este año viene siendo discutida en la Legislatura Porteña, que trata sobre la creación de un Registro de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal. La mayor parte de los administradores desconocen la existencia de este proyecto y debemos coincidir que esta ley, de ser sancionada, es sumamente importante y va a afectar en mayor o menor medida, para bien o para mal, según el caso, a todos aquellos que ejercen esta profesión. A lo largo de las próximas semanas iremos publicando todos los comentarios, opiniones, apoyo y críticas que nos hagan llegar.
El expediente 1904-D-2000 de la Diputada Dosch, y
Que de los consorcios de propietarios afectados al régimen de propiedad horizontal devienen situaciones con características especiales y muchas veces divergentes debido a que la cantidad de personas que conviven tienen percepciones diferentes frente a un mismo hecho, esta situación pareciera ser inevitable en el contexto de la propiedad horizontal.
Que, si bien los copropietarios son los que, en definitiva, determinan el rumbo a seguir respecto de la totalidad de las cuestiones suscitadas -tal el espíritu de la Ley 13.512-, resulta necesario brindarles los elementos y las herramientas suficientes para que la toma de decisión sea el producto de una verdadera expresión de la voluntad.
Que en el Registro se deberán inscribir obligatoriamente los administradores de consorcios. Esta inscripción tiene como fin proteger los intereses de los consorcistas, generando transparencia en la elección de las personas que dispondrán del manejo de los fondos de las expensas comunes,-
Que la exigencia de la garantía brindará a los consorcistas mayor seguridad frente a posibles reclamos por responsabilidad ante el mal manejo de los administradores en el ejercicio de su actividad.
Que se puede señalar, asimismo, que la obligación de constituir una garantía real cede únicamente ante la calidad de copropietario administrador de una única unidad en donde efectivamente tenga establecido su domicilio.
Que, la reglamentación complementará a la presente, estableciendo -entre otras cosas- el monto de las garantías reales, que siempre estarán de acuerdo con el número de consorcios administrados.-
Que para la elaboración del presente proyecto la Comisión ha contado con la valiosa participación de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, así como con la opinión de destacados juristas, asociaciones y corporaciones profesionales afectadas y ciudadanos interesados en la regulación de tan importante instituto.
Por lo expuesto, esta Comisión de Legislación General y del Trabajo aconseja la aprobación de la siguiente
Registro: Créase el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho Registro está a cargo del organismo que determine el Poder Ejecutivo, el cual actuará como autoridad de aplicación de la presente ley.
Inscripción Obligatoria: Las personas físicas o jurídicas que en forma profesional y habitual presten el servicio de administración de consorcios dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires deben inscribirse en el Registro creado por esta ley. Se consideran incluidos, sin excepción, a quienes administren dos o más consorcios, aún cuando fuesen, a su vez, consorcistas en todos ellos.
Quedan exceptuados de tal obligación las personas físicas que administren el consorcio del cual forman parte en razón de ser propietarios de una unidad de propiedad horizontal y tener allí establecido su domicilio.
Los administradores de consorcios no pueden contratar la provisión de bienes, servicios o la realización de obras con aquellos prestadores que no cuenten con los siguientes requisitos:
Seguros de riesgos del trabajo del personal a su cargo.
Los administradores deben exigir original de los comprobantes correspondientes, y guardar en archivo copia de los mismos.-
Requisitos para la inscripción: Para poder inscribirse, los administradores de consorcios deben acreditar ante el Registro, presentando la documentación pertinente:
Constitución de domicilio especial dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal
No pueden inscribirse en el Registro:
Los condenados por delitos dolosos.
Los administradores deben, mediante declaración jurada, presentar anualmente un informe con la lista de consorcios en los cuales desempeñan sus tareas, detallando las altas y bajas producidas, según la forma y condición que la reglamentación determine.
Seguro de responsabilidad civil.- Los administradores deben constituir un seguro de responsabilidad civil por errores u omisiones conforme las formas y modos que determine la reglamentación.
Los administradores de consorcios deben acreditar ante el Registro mediante la presentación de los respectivos comprobantes, los pagos de:
La vigencia del seguro de responsabilidad civil establecido en el artículo 7°.
Acreditación: A fin de acreditar la calidad de inscripto, el Registro emite un certificado a pedido del administrador, cuya validez es de treinta días. El mismo debe contener el nombre y apellido o razón social, domicilio y CUIT del administrador.
Publicidad del Registro: El Registro es de acceso público pudiendo cualquier interesado informarse respecto de los apartados a), b) y c) del artículo 5° de la presente Ley, así como de las sanciones que se hubieren impuesto en los dos últimos años. La reglamentación establecerá los lugares de consulta.
El ejercicio de la actividad de administrador de consorcios de propiedad horizontal sin estar inscripto en el Registro creado por la presente ley.
La contratación de provisión de bienes o servicios o la realización de obras con prestadores que no cumplan con los recaudos previstos en el artículo 3°.
El falseamiento de los datos a que se refiere el artículo 4° y la falta de comunicación de las modificaciones a esos datos que se hubiesen producido.
El incumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 6°.
La falta de presentación de los comprobantes exigidos por el artículo 8°.
El Poder Ejecutivo determinará por vía reglamentaria el organismo competente a los fines de la aplicación de las diferentes sanciones previstas en el presente artículo y de las infracciones que correspondan a cada una de ellas. A tal fin dicho organismo debe tener en cuenta el perjuicio patrimonial causado a los administrados y, en su caso, la reincidencia, como factores de agravamiento de las sanciones correspondientes.
Sanciones. Quienes incurrieren en las infracciones enunciadas en el artículo 11° serán sancionadas por la autoridad de aplicación con las siguientes:
Suspensión hasta por seis (6) meses del Registro;
La reglamentación establecerá en qué casos y bajo qué condiciones quienes fuesen excluidos del registro pueden ser reinscriptos. En ningún caso se reinscribirá a quien fuera excluido antes de pasados cinco (5) años desde que la medida haya quedado firme.
Instrucción del sumario.- Recibida la denuncia, si la autoridad de aplicación encontrare mérito suficiente en la misma ordenará la instrucción del correspondiente sumario e imputará al denunciado.
Una relación circunstanciada y sucinta de los hechos en que se basa;
Prueba. En cada uno de los supuestos se da traslado mediante cédula del acto cuestionado al presunto infractor por diez (10) días para que formule el descargo correspondiente y ofrezca la prueba de la que pretenda valerse. Verificado lo anterior o vencido el plazo dado para ello, el instructor procede a recibir la causa a prueba, determinando aquella que resulta admisible, con las siguientes particularidades:
La prueba es admitida sólo en el caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes. Contra la resolución que deniega medidas de prueba sólo procede el recurso de reconsideración.
Es responsabilidad del sumariado la confección, suscripción y diligenciamiento de los oficios, así como los gastos, costos y costas que demande para el cumplimiento de la prueba informativa que solicite, así como la citación y comparecencia de los testigos que se ofrezca, todo bajo apercibimiento de tenerlo por desistido.
Resolución.- Concluidas las diligencias sumariales, previo informe final del instructor, la autoridad de aplicación dicta resolución definitiva dentro de los veinte (20) días hábiles.
En todo lo no previsto en las disposiciones que anteceden, será de aplicación lo dispuesto por el Decreto 1.510/1997 , de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Primera: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente dentro de los ciento veinte (120) días corridos, contados a partir de la publicación de la misma en el Boletín Oficial.-
Segunda: Los actuales administradores de consorcios deben formalizar su situación, inscribiéndose dentro de los noventa (90) días corridos, contados a partir de la reglamentación de la presente Ley.-
Sala de la Comisión: 12 de agosto de 2001.-