Source: https://derechovenezolano.wordpress.com/tag/apuntes-2/
Timestamp: 2017-07-28 00:44:44
Document Index: 391348419

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 22', 'artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 1']

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Publicado: julio 12, 2017 en ARCHIVOS ENVIADOS	Etiquetas:#APUNTES, #ConfianzaLegitima, #DERECHOLABORAL, #PrincipioDeExpectativPlausible	0
Tu voto:Share this:TweetWhatsAppCorreo electrónicoCompartir en TumblrMe gusta:Me gusta Cargando...	LA ESTRUCTURA DE LA ACCION, SEGÚN WELZEL.
Publicado: junio 19, 2017 en INFORMACION DOCTRINAL	Etiquetas:#ACCION, #ACTOS, #APUNTES, #Causalista, #DOCTRINA, #TeoriaDelDelito, #VOLUNTAD, #Welzel	0
Welzel, a partir de la observación de la acción, en sus componentes esenciales, señalaría que de ella hace parte la voluntad como su espina dorsal y es ese lugar natural, con consecuencias transcendentales para la teoría del delito.
Con base en Aristóteles y en Hartmann, cuya paternidad reconoce en la teoría de la acción finalista, Welzel parte de la observación de la acción y considera que ella parte la voluntad como algo esencial. Lo primero que hizo fue entonces criticar la concepción de la acción (de los esquemas clásicos y neoclásico) en el sentido causalista: según este concepto, para la existencia de la acción bastaría con que hubiese habido voluntariedad; que el sujeto hubiese querido algo, y como consecuencia de lo anterior, lo algo querido debía estudiarse solo en el campo de la culpabilidad. Welzel nos explica en la relación de la acción de la siguiente forma:
“Acción humana es ejercicio de la actividad final. La acción es, por eso, acontecer “Final”, no solamente “Causal”. La finalidad o el carácter final de la acción se basa en que el hombre, gracias a su saber causal, puede prever, dentro de ciertos límites, las consecuencias posibles de su actividad, ponerse, por tanto, fines diversos y dirigir su actividad, conforme a su plan, a la consecución de estos fines. En virtud de su saber causal previo puede dirigir los distintos actos de su actividad de la tal modo que oriente el acontecer causal exterior a un fin y así lo sobredetermine finalmente. Actividad final es un obrar orientado conscientemente desde el fin, sino que es la resultante causal de los componentes causales existentes en cada caso. Por eso, la finalidad es- dicho en forma gráfica- vidente, la causalidad, ciega”.
Pues bien: el contenido de la voluntad es esencial a la acción. Supongamos el caso de una enfermera que aplica la inyección con el fin de salvar a una persona, sin advertir que alguien ha cambiado la dosis benéfica por una dosis ponzoñosa y el paciente muere. En los esquemas clásicos y neoclásicos se afirma que allí hubo acción porque se modificó el mundo exterior y no se dio una vis absoluta o una situación de inconsciencia absoluta. Pero, se preguntaría Welzel, si el contenido de la voluntad de la enfermera fue el “salvar la vida”, ¿Cómo puede decirse que “hubo una acción de matar”?
En resumen: La acción supone la voluntad y ésta implica la finalidad: o como lo ha dicho uno de los más fieles seguidores de Welzel en Latinoamérica, Zaffaroni: “voluntad final” es “una expresión tautológica”. Lo que hasta aquí se ha dicho tendría una enorme importancia en toda su estructura del delito: en cuanto a la concepción del dolo, en cuanto a su ubicación en dicha estructura, en relación con la regulación del error, etc…
Tu voto:Share this:TweetWhatsAppCorreo electrónicoCompartir en TumblrMe gusta:Me gusta Cargando...	EN DEFENSA DEL DERECHO. SEGUNDA PARTE: LOS COLOQUIALES “HUECOS” Y EL DERECHO A LA VIDA @ARICARDO95
Publicado: junio 7, 2017 en ARCHIVOS ENVIADOS	Etiquetas:#APUNTES, #DerechoALaIntegridadPersonal, #DerechoALaVida, #ProteccionALaFamilia	0
Reverbera por doquier las normas del derecho que insuflan protección a nuestros derechos individuales, como lo son nuestro derecho al trabajo, a la libre circulación y, la última llama, la más alta, el derecho a la vida; derechos que se ven amenazados por la presencia de “huecos” –que no lagunas jurídicas- en las vías de circulación nacional. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) establece en su artículo 4 la protección del derecho a la vida, de la forma siguiente: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente…”. Otro aspecto íntimamente relacionado con el derecho a la vida es el derecho a la integridad personal. En tal sentido el Pacto de San José establece en el artículo 5 lo siguiente: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral…” La protección de la familia es otro tema interesante consagrado en el Pacto de San José, específicamente en el artículo 17: “1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado…” Por último, tenemos el derecho a la libre circulación contemplado en el artículo 22, el cual entre otras cosas reza: “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo…” Venezuela es Estado signatario de dicha Convención. Ahora bien, ¿cuál es el busilis del asunto? Que, como ya lo indiqué al inicio, esa gama de derechos se ve amenazada a diario por la grave existencia de innumerables huecos! si, huecos…! cráteres, troneras que nos encontramos en todo lo ancho y largo de nuestras carreteras, autopistas urbanas y extraurbanas, sin que ninguna autoridad del estado, ente privado u organización no gubernamental (ONG), muestren la más mínima preocupación por la existencia brutal y exagerada de aquellos. Será que no se pueden si quiera imaginar que: si caemos completa o parcialmente en un agujero de esos, o al tratar de esquivar tal monstruosidad, puede producirnos -a nosotros o alguno de nuestros parientes acompañantes en el vehículo- la muerte (protección a la vida), una lesión leve, grave, menos grave o gravísima (derecho a nuestra integridad física), afectándose en consecuencia nuestro derecho a acudir a los sitios de trabajo (derecho al trabajo) y aquejando a nuestro grupo familiar (protección a la familia). Es sin lugar a dudas una situación dantesca, aniquiladora, que nos limita definitivamente el libre tránsito (derecho a la libre circulación). Innumerables son los accidentes de tránsito ya ocurridos por ese motivo.
La desidia, el desinterés y la indolencia ante el tema es fruto del interregno, del vacío existente entre los organismos públicos entre sí y del paréntesis que separa a éstos de la empresa privada y de las mismas ONG. Todos carecen simplemente de moral, que es siempre, por esencia, sentimiento de sumisión a algo, conciencia de servicio y obligación (José Ortega y Gasset: La Rebelión de Las Masas).
En conclusión, la permanencia de huecos, cráteres, desniveles y hundimientos en las vías de circulación vehicular, atentan contra nuestros derechos humanos. No les hagamos tan fácil la faena a los responsables. Los artículos 19, 23, 26, 29, 30 y 31 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son algunas de las normas que nos pueden ayudar a dar al traste con esa dura realidad.
Abogado. José Ricardo Aponte.
Tu voto:Share this:TweetWhatsAppCorreo electrónicoCompartir en TumblrMe gusta:Me gusta Cargando...	APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE NOTIFICACIÓN ÚNICA A LOS ENTES CON PRIVILEGIOS Y PRERROGATIVAS PROCESALES @JRTP61
Publicado: mayo 31, 2017 en LABORAL	Etiquetas:#APUNTES, #LABORAL, #LEYPROCESALDELTRABAJO, #Notificación, #SALACONSTITUCIONAL, #SalaSocial	0
El planteamiento contenido en esta propuesta surge con ocasión de la inquietud transmitida por algunos jueces laborales con ocasión de las reiteradas dilaciones procesales originadas por la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual les conmina a observar los privilegios y prerrogativas procesales contenidos en leyes especiales, en aquellos juicios donde se encuentren involucrados los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República, prebendas éstas, que no en pocas ocasiones son extendidas a otros entes, conforme a otras previsiones legales o derivadas del empleo de ciertos criterios interpretativos jurisprudenciales.
Entre esta fuente normativa de concesión de privilegios y prerrogativas procesales, cabe resaltar, con especial mención, al Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual contempla o regula la intervención judicial de la República, bien como parte o bien como un tercero, estableciendo como una de estas dispensas dignas de destacar, las múltiples notificaciones y las correspondientes suspensiones de la causa, originadas con motivo de la admisión de la demanda, o cuando se propone cualquier oposición o excepción, o cuando se dicta cualquier providencia, sentencia o se hace alguna solicitud de cualquier naturaleza que directa o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales de ésta, o cuando se decrete de la ejecución de las sentencias.
Paralelamente debe considerarse que, conforme a la letra del artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, hecha la notificación para la audiencia preliminar, las partes quedan a derecho y no habrá necesidad de nueva notificación para ningún otro acto del proceso, salvo los casos expresamente señalados en esa Ley.
Ante tal perspectiva, en las subsiguientes líneas se hace un planteamiento que, de buenas a primeras y exento de cualquier análisis, pareciera ser una herejía, pero que sin lugar a dudas, después de un detenido examen, diseña una solución a la propuesta inicial de igualar o uniformar la aplicación del principio de notificación única establecido en la ley adjetiva laboral a todas las partes intervinientes, aun cuando éstas gocen de los premencionados privilegios o prerrogativas procesales. Esta interpretación, esbozada en forma tan ramplona pareciera contrariar o estar abiertamente enfrentada con las disposiciones del referido Decreto Ley que consagran tales supuestos, sin embargo, con fundamento en los posteriores razonamientos, tal impresión queda enteramente desvirtuada.
La aparente colisión normativa, entre la obligación de notificar y suspender la causa, en los casos establecidos en los artículos 86 y 87, 96, 97 y 99 del referido Decreto-Ley y el principio de notificación única, debe ser observada y analizada desde la perspectiva constitucional del derecho de igualdad y concatenada con la principialística que rige en el proceso laboral, lo cual hace ver que los jurisdicentes del trabajo se encuentran entre dos contendores fuertemente blindados.
Para resolver ello antes que todo, éstos deben entender o interpretar como premisa que, el principio de notificación única deberá ser igualmente aplicado a cualquier interviniente voluntario o forzoso en el juicio, aun cuando goce de privilegios y prerrogativas procesales.
Tal afirmación sin lugar a dudas, origina una serie de conjeturas en contra de esta moción, no obstante, para rebatir cualquier cuestionamiento, basta con plantear que ambos cuerpos legales (Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República) en nuestra legislación positiva comparten el mismo escaño en jerarquía normativa, vale decir, una y otra poseen carácter orgánico, por lo que cualquiera pretendida objeción apoyada en este respecto se desvanece. Ello queda reforzarlo además, invocando y empleando el principio hermenéutico propio de nuestra legislación laboral de que en caso de conflicto de leyes prevalecerán las del trabajo, sustantivas o de procedimiento.
No pasa inadvertida a este examen, la sacrosanticidad con la cual han sido tratadas por parte de la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Social las normas del multicitado Decreto Ley y el obcecado afán de darle estricto cumplimiento a las infecundas y por demás prescindibles formalidades concebidas para tales notificaciones y sus correspondientes suspensiones, conllevando tal proceder a la prolongación innecesaria de las fases procesales y muchas veces a la cesación de la estadía a derecho de las partes, situación que nos lleva a recordar el título de uno de los inolvidables temas de un afamado grupo británico denominado «un largo y tortuoso camino»; ello sin mencionar el perjuicio que representa la declaratoria de reposición de la causa por tales motivos, el reinicio de todo el trámite procesal, para que la mayoría de las veces, por desidia o por no ser parte directamente afectada la República sus representantes no se hagan presentes.
Son rutinarias estas últimas inescrupulosas situaciones, ello derivado quizás de la inexistencia, inutilidad u obsolescencia de las sanciones legales a ser aplicadas a los mandatarios representantes de la nación por tan reprochables conductas, empleándose como justificante de tales notificaciones y suspensiones de la causa, el paradójico y altisonante alegato de que «su incumplimiento atenta contra el orden público y el debido proceso», olvidando -como ya se dejó expresado precedentemente- que a tenor de la legislación sustantiva laboral, las normas que rigen a esta especialísima rama del derecho poseen este mismo carácter, todo ello, sin hacer mención de la inminente esencia proteccionista y social de las que están impregnadas estas últimas.
Con el primordial objetivo de ponderar o mesurar la marcada desigualdad que existe entre el trabajador que acude ante los órganos jurisdiccionales a pedir se le satisfaga su pretensión de cobrar sus acreencias laborales, a solicitar su derecho constitucional a la estabilidad o a que se le indemnice por haber contraído una enfermedad profesional o haber sufrido algún accidente ocupacional frente al Estado patrono, poderoso, omnipotente, debe el juez del trabajo armonizar con sensatez, inteligencia y justicia la situación que le es planteada para su solución, sopesando todo ello y aplicando de forma concordada los principios rectores de la legislación laboral.
De tal forma que la experiencia comprueba que el propósito concebido para la realización o práctica de tales notificaciones a la Procuraduría General de la República (de calibrar la conveniencia o necesidad de intervenir o no en los juicios) no producen el desideratum perseguido por el Legislador, sino que se ha convertido en lo que en el argot popular se denomina «un saludo a la bandera», generador de atrasos, dispendios y dilaciones procesales.
Ello indudablemente representa la mayoría de las veces, por no decir todas, una injustificada e inútil prolongación del tiempo que debe durar un proceso, puesto que los personeros designados por la República, deberían por lo menos informar al Tribunal si van a intervenir o no en el mismo. Así se consumen lapsos que influyen, no solamente en las dilaciones antes aludidas, sino que se traducen al final en perjuicio para la Nación demandada por cuanto se prolonga el periodo a considerar para el cálculo de los intereses moratorios y de la corrección monetaria.
Es inaceptable desde todo punto de vista que estas notificaciones y sus correspondientes suspensiones, sigan siendo el motivo de retrasos injustificados, en franco perjuicio del carácter de exigibilidad inmediata que tienen el salario y las prestaciones sociales y de la garantía de estabilidad ofrecida constitucionalmente, amén de que como excepción al principio de igualdad, se han convertido en origen de abusos y menoscabos de los derechos de los trabajadores accionantes. Vale decir que irónicamente, disposiciones que emanan de cuerpos legales, obstruyen y hacen nugatorios los derechos constitucionales antes aludidos, por lo cual tales privilegios y prerrogativas deben ser atemperadas, teniendo en cuenta que en ningún caso éstas pueden anular o sobrepasar las que devienen de la condición de trabajador, de débil jurídico de esa relación.
Expuestas estas consideraciones y haciendo referencia a la interpretación aquí expresada, es importante dejar claramente sentado que su intención está dirigida a hacer ver la necesidad de aplicar dentro del proceso laboral una única notificación a quienes gozan de privilegios y prerrogativas procesales, vale decir, que notificados como fueren de la interposición de la demanda en contra de los aludidos entes para la celebración de la audiencia preliminar, no haya necesidad de notificarlos posteriormente, salvo en los casos que así lo prevea la ley o cuando se produzca la pérdida de la estadía a derecho, debiendo entenderse igualmente que se hace innecesaria la suspensión del proceso en tales situaciones y desaplicando las insoslayables causales de reposición a este respecto cuando se observen irregularidades o defectos en la práctica de las notificaciones posteriores a la primera, dejando la declaratoria de su procedencia a la discrecionalidad judicial.
De manera complementaria debe indicarse la orientación sostenida en el voto concurrente de la Mag. Carmen Zuleta de Merchán contenido en la decisión de la Sala Constitucional Nº 1331 del 17 de diciembre de 2010, donde ésta objetó no haber empleado en esa oportunidad, la tendencia seguida por ese alto órgano jurisdiccional relacionado con las propias peculiaridades de lo debatido de que en casos laborales, ni siquiera a la República se le ha avalado asirse de sus prerrogativas procesales, allanándose la condición de este ente público en el juicio y quedando entonces sometido a la misma regla de notificación que impera para el común de las partes en el juicio laboral, recogida en el artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo e invocó como precedente de tal conclusión, el pronunciamiento hecho por esa misma Sala en decisión N° 1116 de fecha 16 de noviembre de 2010, en la cual le correspondió a ella la ponencia.
Esta interpretación, en sintonía con la más avanzada concepción constitucionalista del trabajo como hecho social que requiere protección estatal, cuestiona la extensión de las prerrogativas y privilegios procesales de los entes públicos al proceso laboral, pues entran en conflicto dos conceptos constitucionales: el interés público, cuya protección ha sido encomendada a la Administración y la tendencia de la jurisprudencia de la Sala Constitucional de tutelar al trabajador como débil económico.
Forma parte también del bagaje argumental de esta doctrina jurisprudencial el hecho que, en efecto, cada vez son más los casos en juicios de naturaleza laboral donde se encuentren involucrados intereses patrimoniales de la República, ante lo cual la Sala Constitucional ha hecho la advertencia de que estos derechos, por ser de talante socio-laboral, gozan de un especial reconocimiento en el máximo texto jurídico, lo que ha conducido a entender que las prerrogativas y privilegios derivan en herramientas procesales que desmejoran las condiciones jurídicas del trabajador.
Cabe destacar, con respecto a la notificación de la Procuraduría General de la República y la sucedánea suspensión de la causa, que en el fallo de la Sala Constitucional N° 2849 del 9 de diciembre de 2004, se señaló que en virtud de la particularidad del proceso laboral la notificación obliga a este órgano a ser más diligente y dar preferencia a su intervención o no en este tipo de proceso, pues su rápida actuación en tal sentido haría cesar la suspensión que ordene el juez y por ende promovería la respectiva consecución del proceso.
En similar sentido se pronunció esa misma Sala en la decisión N° 3524 del 14 de noviembre de 2005, con ponencia de la antes mencionada magistrada, cuando consideró que permitir a la Sala de Casación Social que aplique, en detrimento de un trabajador que exige la tutela su derecho constitucional al trabajo o el pago de sus «prestaciones sociales», el uso desleal de las prerrogativas procesales es hacer que la Sala Constitucional participe de una irregularidad tan grave que raya en el abuso de derecho -recalcando con un enfoque realmente protector y cónsono con los postulados constitucionales- que cuando tal exceso se verifica en una causa de esta especial naturaleza, los entes públicos no pueden asirse de las prerrogativas procesales.
Para complementar este análisis, se evoca nuevamente la decisión N° 1116/2010, en la cual se dejó indicado que, producto de la evolución de la jurisprudencia de esa Sala, las prerrogativas procesales de la República en los juicios laborales -sin desconocer el carácter de orden público de las normas que las estipulan- se han limitando a aspectos cada vez más específicos, como corresponde en la interpretación de cualquier regla que flexibilice el derecho a la igualdad, y concluye contundentemente que en los procesos laborales no hay cabida para las prerrogativas procesales de ningún ente público y que, lo contrario sería hacer una mixtura de regímenes distintos: laboral y contencioso administrativo, en cuya vertiente funcionarial, signada por un régimen estatutario, la querella funcionarial dista en mucho del sistema oral implementado por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que aplicar al proceso laboral las prerrogativas procesales de los entes públicos desemboca en una actuación judicial en perjuicio del trabajador, que no deja de ser el débil económico por el hecho de que su patrono sea un ente público.
Tal exégesis está consustanciada con los principales postulados ideológicos garantistas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y debe ser el patrón a ser aplicado por los jueces laborales en tales situaciones al proporcionarles la plataforma necesaria a la propuesta de aplicar el principio de notificación única a todas las partes en un juicio laboral, incluso a aquellos entes que gozan de privilegios o prerrogativas procesales.
Tu voto:Share this:TweetWhatsAppCorreo electrónicoCompartir en TumblrMe gusta:Me gusta Cargando...	IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS LABORALES VS REFORMATIO IN PEIUS @JRTP61
Publicado: mayo 10, 2017 en LABORAL	Etiquetas:#APUNTES, #DERECHOLABORAL, #LEYPROCESALDELTRABAJO, #ReformatioInPeius, #SalaCasacionSocial, #SALACONSTITUCIONAL	1
Tu voto:Share this:TweetWhatsAppCorreo electrónicoCompartir en TumblrMe gusta:Me gusta Cargando...	VALIDEZ Y VIGENCIA DE LOS PODERES OTORGADOS A ABOGADOS POR @anasantandero
Publicado: febrero 22, 2017 en PROCESAL CIVIL	Etiquetas:#ABOGADO, #APUNTES, #MANDATO, #Notificación, #PODERES, #REVOCATORIA	0
En nuestro Despacho Jurídico, los clientes suelen preguntar: Antes tenía otro Abogado y le di un poder, ¿Debo revocarlo?, ¿El puede seguir actuando en mi representación?. En otros casos, sienten un casi “vehemente temor” en otorgar Poderes a Abogados. Pues bien, con este artículo pretendemos despejar esas dudas. CONCEPTO: Todo Poder es un mandato que, de conformidad con el artículo 1.684 del CC, “son contratos por el cual una persona se obliga gratuitamente, o mediante salario, a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra, que la ha encargado de ello”, siendo que cuando se trata de Poderes/Mandatos Generales no comprenden más que los actos de administración (1.688 CC), debiendo siempre actuar como un buen padre de familia y dentro de los límites del mandato (1.692 y 1.698CC), de lo contrario el mandatario incurre en una serie de responsabilidades de las cuales debe responder (artículo 1.693CC). Los Poderes/Mandatos Especiales se otorgan para un negocio o acto o para ciertos negocios o actos. Poderes/Mandatos otorgados en el extranjero: Tenemos 3 posibilidades según el 157CPC: 1. Poder otorgado en país extranjero que haya suscrito el Protocolo sobre uniformidad del Régimen Legal de Los Poderes y la Convención Interamericana sobre el Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el Extranjero deberá cumplir las formalidades establecidas en dichos instrumentos (Art. 157 CPC). 2.-Poder otorgado en el extranjero sin haber suscritos los instrumentos mencionados, deberá cumplir con las formalidades establecidas en las leyes del país de su otorgamiento.
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