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Timestamp: 2019-10-14 19:26:28
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Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 422', 'artículo 422', 'artículo 422', 'artículo 4', 'artículo 13']

﻿ SENTENCIA 545 DE NOVIEMBRE 22 DE 2000
SENTENCIA 545 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2000
CONTENIDO:ALIMENTOS A HIJOS MAYORES. ÚNICAMENTE MIENTRAS TENGAN LA CALIDAD DE ESTUDIANTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CIVIL, DERECHO DE ALIMENTOS, ESTUDIANTE, MAYOR DE EDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:349 DE ENERO DE 2001, PÁG.6
Sentencia 545 de noviembre 22 de 2000
ALIMENTOS A HIJOS MAYORES
ÚNICAMENTE MIENTRAS TENGAN LA CALIDAD DE ESTUDIANTES
Bogotá, D.C., Veintidós (22) de noviembre de dos mil (2000).
Ref.: Expediente 0800122130002000545-01
Decídese la impugnación formulada contra la sentencia de seis (6) de octubre de dos mil (2000), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civi-Familia, dentro del proceso de tutela promovido por Carlos Eduardo Barros Torrenegra contra el Juzgado Primero de Familia de Barranquilla.
1. El accionante, en su propio nombre, interpuesto acción de tutela contra el citado despacho judicial para que mediante el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales a la vida y al debido proceso, se revoque la sentencia proferida por el juez accionada dentro del proceso de exoneración de cuota alimentaria promovido por él, en contra de su hija Lorena Patricia Barros Sarabia, y en su lugar, se ordena la exoneración de la cuota alimentaria que persigue con aquél procedimiento.
2. En apoyo de su petición expuso los hechos que se compendian seguidamente.
2.1. El accionante se encuentra condenado a suministrar alimentos a su hija.
Por considerar que le asistía derecho a ello, el actor propuso demanda de exoneración de la citada cuota alimentaria, petición que le fue resuelta desfavorablemente el 21 de noviembre de 1995 por el Juzgado Segundo de Familia de Barranquilla, dejando constancia que el suministro a la alimentaria lo sería hasta la terminación de sus estudios que la capacitaran para proveerse de su propia subsistencia.
La alimentaria terminó formación profesional como educadora preescolar, el día 10 de febrero de 2000, quedando por tanto en capacidad profesional, física y mental de asumir su manutención.
Esta razón motivó desde noviembre de 1998 nueva petición de exoneración de cuota alimentaria cuyo trámite correspondió al Juzgado Primero de Barranquilla, que no accedió a la exoneración solicitada.
El despacho desconoció el hecho de que el alimentante se encuentra casado, que tiene otra hija que sufre graves quebrantos de salud, que su asignación pensional sólo es de $ 802.496, y además que por su avanzada edad no desempeña ninguna otra actividad lucrativa.
2.2. A juicio del reclamante, con la decisión cuestionada se vulnera el derecho al debido proceso, se le niega la posibilidad de subsistir, pues su edad y estado de salud, le impiden obtener un trabajo en virtud del cual reciba algún dinero que le permita suplir sus necesidades básicas.
El despacho contra el que se dirige la acción de tutela remitió copia de la sentencia proferida en el proceso de exoneración de cuota alimentaria referido, negando la pretensión tras considerar que pese al arribo de la alimentaria a la mayoría de edad y haber alcanzado obtener una profesión, no puede proveerse lo necesario por hallarse desempleada, lo que impone que su padre, con capacidad económica, esté obligado a suministrar los alimentos por ella requeridos.
El tribunal luego de compendiar la causa de la presente acción de tutela, referirse a su procedencia frente a las decisiones judiciales, y elaborar un marco conceptual en torno a lo que constituye una vía de hecho, precisó que pese a que se afirma la vulneración del debido proceso, no se advertía que la misma fuese el producto de una arbitrariedad o de la incursión en una vía de hecho, y por demás, que el asunto decidido no constituye cosa juzgada.
Dice que la aplicación de la ley en este caso corresponde al juez natural, no siendo el juez constitucional una instancia adicional para controvertir la materia probatoria.
Termina diciendo que no está demostrada la obligación alimentaria adicional que aduce el peticionario, sino meramente el parentesco con las personas que relaciona.
En la oportunidad legal el accionante impugnó la decisión por medio de apoderado, quien alega que la decisión que niega la exoneración de la cuota alimentaria agrede la institución familiar a la que tiene derecho su mandante, además de la afectación patrimonial de sus ingresos.
1. La transgresión de los derechos fundamentales cuya tutela persigue el accionante, se hace derivar de la sentencia de 18 de julio de 2000 con la que el Juzgado Primero de Familia de Barranquilla puso fin al proceso de exoneración de cuota alimentaria promovido por el accionante contra su hija Lorena Patricia Barros Sarabia, quien es mayor de edad, cursó estudios superiores y el 18 de febrero de 2000 alcanzó el grado de Licenciada en Educación Preescolar, sentencia en la que se negaron las pretensiones del actor, al considerar el juez accionado que pese al arribo de la alimentaria a la mayoría de edad y haber alcanzado una profesión, no puede proveerse lo necesario por hallarse desempleada, lo que impone que su padre, con capacidad económica, continúe con el suministro de los alimentos por ella requeridos.
2. El derecho de los hijos a percibir alimentos de sus padres, está consagrada en el artículo 42, inciso 8 de la Constitución Política, que impone a la pareja que los ha procreado el deber de “sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos”. Similar derecho consagran los artículos 413 del Código Civil y 157 del Decreto 2737 de 1989, corroborado además por el artículo 422 del Código Civil, que adicionalmente prevé que “los alimentos que se deben por ley, se entienden concedidos por toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda...”, a lo que agrega este último precepto que, “con todo, ningún varón de aquellos a quienes sólo se deben alimentos necesarios, podrá pedirlos después que haya cumplido veintiún años, salvo que por algún impedimento corporal, o mental, se halle inhabilitado para subsistir de su trabajo, pero sí posteriormente se inhabilitare, revivirá la obligación de alimentarle”.
De conformidad con el alcance que la jurisprudencia de esta Sala le ha dado al artículo 422 del Código Civil “se deben alimentos necesarios al hijo que estudia, aunque haya alcanzado mayoría de edad(1) porque sin duda está habilitado para subsistir de su trabajo. Lo anterior, se agrega ahora, es pertinente predicarlo inclusive respecto de la hija mujer, porque dado el marco histórico de la normatividad que nos rige, hoy no se compadece el trato discriminatorio establecido en el inciso 2º del artículo 422 del Código Civil entre los hijos varones y las mujeres; esto lleva a concluir que aún cuando ese segmento del precepto no ha sido declarado inconstitucional, bien puede dejar de aplicarse restrictivamente al amparo del artículo 4º de la Constitución Política, por ser evidente que la disposición consagra una discriminación fundamentada en el sexo, sin que exista razón objetiva que la justifique, causando transgresión del artículo 13 de la Constitución en cuanto por razón del sexo se crean derechos diferentes ante la ley.
(1) Cas Civ. Sent. 7 de mayo de 1991, proceso de separación de cuerpos de Matilde Mantilla Parra contra Jorge Forero Rabello.
Así lo ha expresado categóricamente la Corte Constitucional(2):
(2) Sentencia C-588 de 1992.
“Hombre y mujer gozan de los mismos derechos y prerrogativas y están obligados por sus deberes en igual forma a la luz de la Constitución, pues ninguno de los dos sexos puede ser calificado de débil o subalterno para el ejercicio de los primeros ni para el cumplimiento de los segundos, ni implica “per se” una posición de desventaja frente al otro. La pertenencia al sexo masculino o al femenino tampoco debe implicar, por sí misma, una razón para obtener beneficios de la ley o para hallarse ante sus normas en inferioridad de condiciones. De allí que sean incostitucionales las disposiciones que plasman distinciones soportadas única y exclusivamente en ese factor. El concepto de la igualdad debe ser comprendido y aplicado en el contexto de la realidad, razón por la que, su alcance no puede obedecer a criterios absolutos que desconozcan el ámbito dentro del cual están llamadas a operar las normas jurídicas”.
3. En el asunto sometido a la composición del juez accionado, encuentra la Corte que este en la labor valorativa de los hechos y sus pruebas, desatendió de manera arbitraria la preceptiva legal que orienta la decisión a él encomendada, para adoptar una contraria a dicho ordenamiento, decisión que por lo mismo resulta enfrentada a la ley y por tanto es constitutiva de una vía de hecho que afecta el derecho fundamental del debido proceso del reclamante, porque si la imposición de la cuota alimentaria supone la preexistencia de un derecho en cabeza del alimentario, desaparecido el derecho desaparece la obligación correlativa, y en este caso excepcional, desaparecida la condición de estudiante de la acreedora alimentaria, ésta siendo mayor de edad carece de todo derecho, dentro de los términos de la ley, a seguir percibiendo alimentos de su padre, no concurriendo en ella impedimento mental o corporal para exigirlos.
4. Esto sugiere que si el juez, pese a la evidencia procesal, no consideró que se dieran las circunstancias requeridas para liberar de la obligación al accionante, su decisión, que desconoce la norma sustancial, se convierte en lesiva del derecho del accionante, por ser contraria al ordenamiento jurídico, y constituir un procedimiento judicial en el que el juez ha procedido conforme a su voluntad, desconociendo las pautas que la ley le ha señalado para el ejercicio de su función.
Siguiendo la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, primero en la Sentencia C-543 de 1992 y después en jurisprudencia reiterada(3), ha reconocido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando apareciera evidente el desconocimiento de los componentes del debido proceso; es decir, cuando detrás de una providencia aparentemente ajustada a la legalidad, se escondiera una arbitrariedad o un capricho del juzgador. La Corte se ha referido a ello como “vía de hecho“, por oposición a las vías que sí encuentran sustento en el derecho.
(3) Sentencias T-327/94, T-435/94, T-285/95 y T-329/96, entre otras.
5. Con la conclusión precedente procede el amparo constitucional solicitado, y como no fue así la decisión del a quo, habrá de revocarse el fallo que negó la protección, y en su lugar concederlo y dejar sin efectos la providencia acusada, para que dentro del término legal se profiera la que en derecho corresponda.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de fecha y lugar de procedencia arriba anotadas.
Concédese el amparo constitucional al debido proceso, solicitado por el accionante Carlos Eduardo Barros Torrenegra.
Para hacer efectiva la protección que se otorga, déjase sin efectos la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Familia de Barranquilla mediante la cual negó la exoneración de cuota alimentaria solicitada por el accionante, a fin de que el juez accionado, dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación que se le haga de esta providencia resuelva lo que corresponda.
Notifíquese lo decidido a todos los interesados y, remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Silvio Fernando Trejos Bueno, Manuel Ardila Velásquez, Nicolás Bechara Simancas, Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, Jorge Santos Ballesteros.