Source: http://www.adelaprat.com/2013/12/riesgos-del-trabajo-la-sala-ix-declaro-la-competencia-del-fuero-laboral-en-una-accion-de-responsabilidad-generada-en-una-contingencia-ocurrida-despues-de-la-entrada-en-vigencia-de-la-ley-26-773-entr/
Timestamp: 2018-02-21 21:09:56
Document Index: 242290707

Matched Legal Cases: ['Artículo 20', 'artículo 75', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 75', 'artículo 1109']

POLÉMICA SENTENCIA. RIESGOS DEL TRABAJO. REPARACIÓN por DAÑOS. COMPETENCIA. La Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la Sentencia apelada que declaró la incompetencia de la Justicia Nacional del Trabajo, por considerar que en el caso resulta competente la Justicia Nacional en lo Civil, por tratarse de una contingencia ocurrida entrada en vigencia la Ley 26.773.
En consecuencia, la Excma. Cámara declaró competente la Justicia Nacional del Trabajo. Aplicó la norma más favorable al trabajador que es el Artículo 20 de la Ley 18.345 de Procedimiento Laboral. Además estimó “no derogada” la Ley Nº 24.557 por la nueva Ley 26.773 de Riesgos del Trabajo.
La Sala IX aplicó el precedente de la CSJN “Jaimes c/ Alpagatas”
Esta polémica sentencia se dictó en los autos caratulados : “S. G. A. c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A. y otro s/ accidente – acción civil.”- CNTRAB – SALA IX – 06/12/2013. Fallo publicado por elDial.com el 27/12/2013 .
La Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – integrada por los Sres. Jueces Dres. Alvaro E. Balestrini y Roberto C. Pompa – oído el Señor Fiscal General, RESUELVE :
I) Revocar la resolución recurrida que consideró competente en el presente caso la Justicia Nacional en lo Civil;
II) Declarar en el caso particular de autos, la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para conocer en las presentes actuaciones;
III) Sin costas, en razón de la naturaleza de la cuestión debatida y la forma de resolverse, no mediando réplica;
IV) Devolver las actuaciones al Juzgado de Origen, para su continuación.
El Sr. S. G. A. sufrió un accidente de trabajo después de la entrada en vigencia de la Ley 26.773, Ley que declara de competencia de la Justicia Nacional en lo Civil la promoción de la acción de reparación integral por daños y perjuicios.
Sin perjuicio que el Sr. S. G. A. atribuye responsabilidad a los demandados con fundamento en el derecho común, también invoca como presupuesto de responsabilidad y como fundamento del marco normativo del reclamo, diversos incumplimientos a las disposiciones legales de Seguridad e Higiene del Trabajo (Ley 19.587) y del deber de seguridad que emerge del artículo 75 de la LCT, cuestionado incluso la validez constitucional de las sumas no remunerativas que habría percibido el trabajador al amparo del art. 103 bis de la LCT.
El trabajador inició la acción en el Fuero Laboral. El Sr Juez de Primera Instancia se declaró incompetente y consideró que las presentes actuaciones eran competencia de la Justicia Nacional en lo Civil.
No obstante, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tras el Recurso interpuesto por el actor, revocó la sentencia de grado y en base a los fundamentos que pasaremos a conocer, declaró la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo.
Fundamentos de la Sentencia de Cámara para declarar competente el Fuero Nacional del Trabajo.
Precedente de la CSJN.
Uno de los fundamentos ensayados por la Sala IX partió de la aplicación de lo resolución adoptada en los autos “Jaimes Juan Toribio c/ Alpargatas S.A. s/ Acción Cont. Art. 75 LCT“, del 5/11/96, S.C.Comp.219.L.XXXI, (Fallos : 306:337) donde el Máximo Tribunal de Justicia sentenció “no resulta competente la Justicia del Fuero Civil” dado que en las actuaciones, la pretensión había sido promovida, entre otras, en el incumplimiento que se postula de obligaciones que han sido tipificadas por la legislación laboral.”
La Corte de Justicia de la Nación añadió : “no obsta a la conclusión adoptada, que la reparación del daño encuentra su marco legal en el derecho civil, pues la circunstancia decisiva para resolver esta contienda no está dada por las disposiciones aplicables para determinar la extensión del resarcimiento o la evaluación del daño, sino por la índole de las prestaciones que se invocan como insatisfechas, cuya consideración debe ser efectuada con los criterios particulares derivados de las características del trabajo humano, lo cual determina la competencia del fuero expresamente habilitado para conocer en esta materia por el art. 20 de la Ley 18.345.”
Interpretación del artículo 4º, 2º párrafo de la Ley 26.773.
Los Sres. Jueces de Cámara inicialmente recordaron que el artículo 4º, 2º párrafo de la Ley 26.773, dispone “… los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que les pudieren corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad .”
En base a lo anterior, la Sala interpretó que “la ley indicada habilita la posibilidad de accionar en procura de alcanzar los fines perseguidos, a través de distintos presupuestos de responsabilidad, los que no se agotan en los presupuestos de responsabilidad previstos en el derecho común – por ejemplo, arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil -, sino que admite un diseño amplio que otorga la posibilidad de accionar con fundamento en otros presupuestos de responsabilidad como, a modo de ejemplo, cuando se alegue la existencia de la obligación de seguridad o el deber de previsión (cfme. Formaro Juan J., “Riesgos del Trabajo. Leyes 24.557 y 26.773, Acción especial y acción común“, 1a edición, Buenos Aires, Hammurabi, José Luis Depalma, Editor, 2013, pág. 378/379), lo que dio lugar a la tesis de la pluridimensión de responsabilidades.” (cfme. Cornaglia y Meik, “Los riesgos del Trabajo“, Congreso AAL, 1982).
Interpretación del artículo 17.2 de la Ley 26.773.
En cuanto a la asignación de competencia en el ámbito de la Capital Federal a la Justicia Nacional en lo Civil, a la que remite el artículo 17.2 de la Ley 26.773, la Sala afirmó que “sólo puede ser concebida, como la propia norma lo dispone, a las acciones previstas en el artículo 4º, último párrafo de la Ley, es decir, a las acciones expresamente circunscriptas por la vía del derecho civil.”
De esta manera, a criterio del Tribunal, “la competencia prevista en el art. 17.2 de la Ley 26.773 en favor de la Justicia Nacional en lo Civil está inequívocamente condicionada a que el demandante haya optado por la aplicación de los sistemas de responsabilidad que pudiere corresponderle según el Derecho Civil, a los cuales se aplicarán la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil.”
Dictamen del Sr. Fiscal General del Trabajo.
Los Magistrados que integran la Sala IX, adelantaron, como también lo hizo en su oportunidad el Sr. Fiscal General del Trabajo, Dr. Eduardo Álvarez, a través del Dictamen Nº 58.988 del 15/11/2013, que “el caso particular de autos, sin que por ello importe anticipar solución alguna sobre el fondo del litigio, se encuentra al abrigo de lo dispuesto por el artículo 20 de la L.O. ó Ley Nº 18.345 de Procedimiento Laboral, que habilita el conocimiento de la Justicia Nacional del Trabajo.“
Aspecto medular de la resolución adoptada por la Sala IX.
El Tribunal de Alzada consideró que en el caso, “rige la solución más favorable del art. 20 de la L.O., – refiriéndose a la Ley 18.345 – que no sólo encuentra reconocimiento en el art. 9 de la LCT, sino que hoy en día y luego de la reforma del texto constitucional del año 1.994, alcanzó dimensión constitucional, al estar esa solución consagrada por el art. 5.2. del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos“, que fuera incorporado expresamente a la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22 ), por lo que, por aplicación de los principios propios que dan autonomía a la materia derivada del trabajo, las soluciones de la norma posterior sobre la anterior y de la especial sobre la general, aparecen desplazadas por la aplicación de principios propios del derecho laboral, que consagran la solución más favorable enunciada y la aplicación de los principios propios del derecho laboral, que consagran la solución más favorable enunciada y la aplicación de los principios de progresividad y no regresividad tutelados por el art. 26 de la Convención Americana y 2.1. del PIDESC – entre otros -, de manera que, alcanzado el reconocimiento de un derecho, en el caso la competencia de la Justicia del Trabajo, en reclamos con fundamento en el derecho común (cfrme art. 39.1 de la Ley 24.557), no puede haber regresividad sin afectarlo.”
“Es decir, nunca menos en derechos sociales (cfme. Víctor Abramovich, Alberto Bovino y Christian Courtis (compiladores) en “La Aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos en el ámbito local. La experiencia de una década“, Editores del Puerto y el CELS) y los de no discriminación, tutelados por señeros Tratados Internacionales sobre derechos fundamentales de las personas, incorporados de manera expresa al texto de la Constitución Nacional (cfe. art. 75 inc. 22 C.N.), en tanto no habiendo sido derogada la Ley 24.557 por la Ley 26.773, podríamos encontrar que por la aplicación del mero hecho del transcurso del tiempo, habría trabajadores que pueden ir a la Justicia especializada, mientras que a otros les estaría vedada, constituyendo causa de discriminación, lo que violaría además lo consagrado por el artículo 75.23 de la Constitución Nacional que manda a legislar y promover medidas de acción positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, como el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos.”(del texto de la Sentencia de Cámara)
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