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Timestamp: 2020-01-17 12:43:54
Document Index: 37497079

Matched Legal Cases: ['artículo 374', 'artículo 1617', 'artículo 884', 'artículo 111', 'artículo 1617', 'artículo 884', 'artículo 1617']

﻿ Sentencia 2003-00157 de julio 31 de 2013
SENTENCIA 2003-00157 DE 31 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:RECURSO DE CASACIÓN. CUANDO EL MOTIVO POR EL CUAL SE ACUDE A LA CASACIÓN ES LA SUPUESTA EQUIVOCACIÓN DEL FALLADOR AL APRECIAR LAS PRUEBAS RECOGIDAS, EL ACTOR TIENE QUE CONFRONTAR LAS CONCLUSIONES ADOPTADAS EN EL FALLO CON EL TEXTO O CONTENIDO DEL MEDIO DE PERSUASIÓN PARA PONER EN EVIDENCIA EL ERROR MANIFESTADO, DE NO CUMPLIR CON ESTA TAREA SE MANTIENE LA PRESUNCIÓN DE ACIERTO Y LEGALIDAD QUE LA NORMATIVA DA A LA DECISIÓN CUESTIONADA, LO QUE, POR OTRA PARTE, NO SE LOGRA CON SOLO ENUNCIAR EL DESACUERDO Y ELABORAR UNA APROXIMACIÓN DE INTERPRETACIÓN DIFERENTE A LA QUE ADOPTÓ EL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD ASEGURADORA, PROCESO ORDINARIO, JUEZ, PRUEBA
Sentencia 2003-00157 de julio 31 de 2013
Ref.: Exp. 11001 3103 019 2003 00157 01
Bogotá, Distrito Capital, treinta y uno de julio de dos mil trece.
1. Debe expresarse en principio que el impugnante, en el reproche formulado en la acusación bajo estudio, de manera imprecisa y contradictoria enrostra al Tribunal, al momento de prohijar el fallo censurado, haber incurrido en “el error de hecho en la apreciación o falta de apreciación de algunas de las pruebas que obran en el expediente” (—líneas fuera de texto— fl. 21, cdno. de la Corte), enunciado que connota una doble equivocación al decir que el ad quem erró al apreciar las pruebas, empero, también, que lo hizo al no percatarse de la existencia de dichos medios. La Sala aprehenderá el estudio de la censura desde las dos perspectivas, procurando, así, fijar de manera óptima el espectro del ataque.
1.1. La primera acusación, en lo que respecta a la falta de apreciación de algunas pruebas, el impugnante, en su escrito de demanda, la fundamentó de la siguiente manera:
“Sección Primera. Las pruebas que no fueron apreciadas” (fl. 21, demanda de casación). Más adelante precisó el recurrente: “El error de hecho en que incurrió el Tribunal consistió entonces en ignorar las pruebas que se mencionan en la Sección Primera (...)”; “(...) las pruebas que no se tuvieron en cuenta relacionadas en los numerales 2º, 3º y 4º de la Sección Primera anterior, (...) —fl. 28 demanda de casación—; “En relación con el ‘Buen Manejo de la Siniestralidad’(...), las pruebas que no se tuvieron en cuenta (...)”; “Es evidente que si el tribunal hubiera tenido en cuenta y ponderado las pruebas que nos ocupan no habría llegado a la errónea conclusión de (...)”; “dicho en otra forma el tribunal ignorando la existencia de las pruebas señaladas estimó (...)” —fl. 29 ibídem—. Y concluye el primer cargo con la siguiente aseveración: “En efecto, si el tribunal no hubiera ignorado la existencia de las pruebas que se han mencionado (...)” —fl. 30 ídem—.
Surge, entonces, de dicha cita que el casacionista reprobó la labor falladora del tribunal por haber ignorado parte del material probatorio existente en el expediente.
1.1.1. Sin embargo debe expresarse que, a diferencia de lo argüido por el censor, el tribunal sí realizó la valoración del recaudo demostrativo allegado al proceso y, en los siguientes términos, entre otros apartes, lo hizo explícito:
“(...) ninguna de estas circunstancias reporta el acervo probatorio; basta con examinar tanto las pruebas que se adosaron al escrito de demanda, como las practicadas en el periodo probatorio, para colegir que nada de ello se estableció (...). Y es que los documentos con los cuales se conformó el expediente de la demanda ordinaria, no se extrae la realidad de esos ítems. ” (hace notar la Sala).
1.1.2. De donde surge que la censura al plantear una supuesta preterición de pruebas, que no es otra cosa que ignorar las allegadas al proceso, total o parcialmente, deja al descubierto la equivocada asimilación o lectura del texto de la decisión emitida alrededor de ese ejercicio evaluativo y, subsecuentemente, al delinear el reproche aducido en esos precisos términos, incumplió varios de los requisitos exigidos por la normatividad en torno a la disciplina que gobierna esta modalidad impugnativa.
No puede perderse de vista que la labor de la Corte en materia casacional está inmersa, indiscutidamente, en los parámetros que el promotor del recurso le establezca, sin que, de oficio, dado lo dispositivo del medio extraordinario, pueda apartarse y valorar aspectos diferentes o bajo perspectivas diversas.
1.2. Si, eventualmente, los términos del discurso del impugnante derivaron de la forma en que el tribunal acometió el examen probatorio, es decir, en la medida en que no aludió en forma expresa y singular a cada medio de prueba, cumple precisar que la Corte ha plasmado su parecer, en multitud de providencias, sobre tal tópico, habiendo concluido, de manera constante, que la falta de mención uno a uno de dichos elementos, no constituye per se una preterición de los mismos, cuando del texto del fallo se desprende que fueron sopesados integralmente.
“Sin embargo, cual lo ha dicho la Corte, no porque dejen de mencionarse individualmente unas pruebas en la sentencia, puede decirse invariablemente que el sentenciador no las tuvo en cuenta; y por cuanto aun admitiéndose en gracia de discusión, que en el evento señalado el silencio del sentenciador sobre este particular fuera por si sólo suficiente para tenerlas por preteridas, lo realmente admisible es que de allí no podría deducirse, sin más y de manera indiscutible, que esa omisión pone en evidencia el yerro probatorio de la conclusión del tribunal, pues esas pruebas sólo conducen a demostrar que se hizo una revisión contable en la Asociación y que al término de la misma apareció un faltante, pero sin que éste tenga que atribuirse necesariamente a un comportamiento irregular de la demandada.” (Sent. Cas. Civ. del 12 de septiembre de 2000, Exp. 5563) —hace notar la Sala—.
En pronunciamiento posterior asentó:
“Haciendo abstracción de la deficiencia técnica advertida, es de verse que no tienen razón los inconformes cuando aseguran que no se hizo el examen conjunto de las pruebas recaudadas ni se expuso respecto de cada una de ellas el mérito otorgado, puesto que del análisis integral de la sentencia se advierte que el juzgador sí le dio cumplimiento al aludido mandato, si bien no de manera suficientemente explícita sí en forma tácita, como así se desprende de las conclusiones a través de las cuales, con apoyo en el particularizado haz probatorio, manifestó haber encontrado demostrados los elementos estructurales de la responsabilidad que aplicó al caso, no hallar evidenciado que la parte accionada hubiese acreditado que el tan mencionado accidente se debió a culpa exclusiva de la víctima, que la participación de ésta en la producción de resultado dañoso fue mínima y que, consecuentemente, procedía la reducción de la indemnización en un 20%.”. (Sent. Cas. Civ. 16 de diciembre de 2004, Exp. 7459).
No cabe duda que el tribunal al referirse a la existencia del contrato, a las obligaciones de las partes y en general a la ausencia del poder de persuasión de las pruebas incorporadas al proceso para demostrar el incumplimiento, sopesó los elementos de prueba allegados y, a partir de ello, pudo concluir que el comportamiento atribuido a la demandada deshonrando sus compromisos no podía darse por establecido. En esa perspectiva, el acusador equivocó los términos de su reproche, evidenciando, contrariamente, un cargo incompleto, impreciso y carente de claridad, lo que, de suyo, comporta la falta de demostración del yerro denunciado (CPC, art. 374).
2. Ahora, en el entendido que la acusación aludió también al error de hecho en cuanto al desvío en la “apreciación” de algunas pruebas, la Sala abordará la censura bajo esa óptica, aunque, por similares defectos de técnica, no puede brindársele acogida.
2.1. Por sabido se tiene que el casacionista, al arremeter en contra de la sentencia emitida por la supuesta equivocación del fallador al apreciar las pruebas recogidas, le sobreviene el compromiso de confrontar las conclusiones del ad quem con el texto o contenido del medio de persuasión y, de ahí, poner en evidencia el yerro prohijado. En otros términos, el desatino del funcionario judicial debe quedar al descubierto cuando el censor enfrenta lo que la prueba dice y lo que el tribunal dedujo. Obviar esa actividad implica mantener la presunción de acierto y legalidad que la normatividad vigente reviste a la decisión cuestionada, lo que, por otra parte, no se logra con solo enunciar el desacuerdo y elaborar una aproximación de interpretación diferente a la que adoptó el juez de segundo instancia.
Así lo expuso la corporación:
“Súmase a lo discurrido, que relativamente a la supuesta apreciación equivocada de las pruebas, el censor no indicó en qué consistió el error que le atribuye al juzgador, o sea, que no desnudó las deficiencias cometidas por el tribunal, comoquiera que se limitó a describir las pruebas que en su sentir fueron mal apreciadas, pero se abstuvo de discurrir sobre por qué conducían a un resultado diferente al prohijado por el fallador, ni enfiló un discurso impugnador en el que confrontara lo valorado con lo dejado de valorar, o la deducción del elemento suasorio excluido por aquél”.
“El casacionista se limitó a describir qué se deducía, a su juicio, de dichos medios probatorios; empero, no se preocupó por precisar en donde estuvo la equivocación del juez, ejercicio que hubiese logrado a partir de la confrontación entre lo que cada medio probativo permitía concluir y lo efectivamente inferido.” (Sent. Cas. Civ. de 24 de junio de 2008, Exp. 2000 01141 01).
2.2. En el asunto bajo estudio no aparece ninguna confrontación entre las afirmaciones del tribunal y lo que las pruebas aportadas trasmiten, ejercicio del que no quedaba relevado el impugnante por el hecho de no describirse una a una las pruebas sopesadas, pues, como se advirtió, tal circunstancia no constituye una preterición de pruebas y menos cuando, como en el caso presente, puede inferirse que el ad quem concluyó de la documental allegada que no hubo incumplimiento ni terminación unilateral injusta, lo que imponía al recurrente confrontar semejante parecer.
3. A lo dicho debe agregarse que algunos de los argumentos torales del fallo quedaron libres de confrontación, no hubo con respecto a ellos una censura o réplica, por lo que pesa sobre los mismos la presunción de acierto y, básicos como fueron al momento de emitir la sentencia proferida, mantienen en pie dicho fallo.
i) Quedaron sin refutación algunos de los argumentos blandidos por el experto contable (fl. 18 de la experticia), sobre la modificación de los porcentajes para la liquidación del buen manejo de la siniestralidad.
ii) Pasó por alto, también, referirse a la carta de 11 de julio de 2001, (fls. 400 y 401), concerniente con las razones que condujeron a la variación de los porcentajes establecidos para el pago de las prestaciones que la demandada debía a la actora.
iii) Por ahí mismo el recurrente olvidó otras pruebas documentales como las resoluciones emitidas por el CNSSS (Nº 412 y 3384), actos administrativos que valieron a la inicial demandada para alterar los referentes porcentuales para las liquidaciones efectuadas.
En fin, tales escritos validados por el juzgador de segunda instancia en función de establecer la conducta de las partes frente a los compromisos asumidos en el convenio ajustado, no fueron controvertidos por el recurrente con miras a restarles el mérito otorgado en el fallo proferido.
Bajo esas circunstancias, la acusación deviene incompleta en cuanto que varias de las pruebas aportadas que informaban sobre el comportamiento de la demandada con respecto a las obligaciones asumidas, permanecieron libres de ataque o siquiera de evaluación alguna.
1. Denunciando errores de hecho en la falta de valoración de algunos medios de prueba, así como en la errada apreciación de otros, el casacionista acusó al ad quem de violar, en la medida en que no los aplicó, los artículos 1494, 1495, 1502, 1546, 1592, 1602, 1603, 1604, 1608, 1609, 1613, 1614, 1615, 1616 y 1617 del Código Civil y 824 y 870 del Código de Comercio.
2. En esta oportunidad, el recurrente acusa al sentenciador de haberse desentendido de varios elementos probativos que obrando en el proceso demostrarían, por una parte, la terminación unilateral y sin justa causa del contrato existente por parte de la demandada y, por otra, los perjuicios derivados para la actora de esa determinación. También se le atribuye, al momento de apreciar otros, desviar su verdadero poder persuasivo.
2.1. Sobre lo primero, el fallador no tuvo en cuenta los siguientes medios de prueba:
i) La comunicación GNSM-021 del 29 de agosto de 2001, obrante a folio 479 del cuaderno No. 1, a través de la cual, Colseguros EPS, informó a la demandante su determinación de dar por concluido el contrato.
ii) La comunicación de 31 de agosto de 2001, que reposa a folios 480 a 482, del cuaderno 1, mediante la cual, la actora, expresa su parecer sobre la decisión de culminar el contrato.
iii) Los documentos obrantes a folios 483 a 497 del cuaderno 1, relacionados con la correspondencia que la parte actora y la demandada, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2001, cruzaron sobre la referida terminación, en particular, el hecho de que durante este periodo la demandada no le hizo conocer a la actora la razón de la terminación anunciada.
iv) El contrato que obra a folios 372 y 383 del cuaderno 1, en donde aparece una regulación expresa sobre las prórrogas del contrato y las causas para su terminación, en donde, a propósito de esa culminación, deben ser tenidos en cuenta los conceptos del comité de coordinación.
2.2. Relacionado con los perjuicios derivados de esa terminación unilateral, el censor acusó al fallador de segunda instancia de ignorar:
i) El contrato celebrado en donde prevé una forma anticipada de regularlos, concretamente, su cláusula vigésima segunda.
ii) El Acuerdo 186 del Consejo Nacional de Seguridad Social (fls. 515 a 519, cdno. 1), a través del cual se fijó el valor diario de la unidad de pago por capitación del régimen contributivo para el año 2001.
iii) El dictamen o concepto emitido por el perito contable, en donde, en sus respuestas 7ª y 8ª, dejó clarificado el valor de 2000 unidades de pago por capitación durante el año 2001, así como la suma de la que se privó a la actora, debido a la terminación del contrato, durante el periodo del 1º de diciembre de 2001, hasta el 31 de agosto de 2002.
1. Incurriendo en similar comportamiento al referido en el cargo primero, el promotor de la censura sostuvo que el tribunal desdeñó sopesar algunos elementos de juicio adosados al expediente. Así concretó, su inconformidad:
“Sección primera. Las pruebas que no fueron apreciadas” —fl. 31 del mismo cdno.—. Y agregó: “El error de hecho en que incurrió el Tribunal consistió entonces en ignorar las pruebas que se señalan en la Sección Primera de este cargo que acreditan de una parte (...)”. —fl. 33 ib—. Percepción que refrenda a folio 34 de la misma encuadernación, con la siguiente aseveración: “El error de hecho en que incurrió el tribunal al ignorar las pruebas que nos ocupan lo llevó a la conclusión equivocada (...)”.
Pruebas que, dicho sea de paso, según el censor, hubiesen llevado al tribunal a aceptar que la demandada “(...) puso término unilateralmente y sin justa causa al convenio que tenía celebrado con Con Ciencia IPS Ltda” —fl. 31 del mismo cdno.—.
No obstante, revisando el texto de la determinación adoptada, recurrida en casación, puede aseverarse que el sentenciador sí tuvo en cuenta el material enunciado por el recurrente. Obsérvese que a folios 40 y 41 del cuaderno del tribunal, el fallo emitido contiene la siguiente reflexión:
“Entonces, si los cargos concretos refiéranse a incumplimiento, terminación unilateral, además injustificada, ninguna de estas circunstancias reporta el acervo probatorio (...)”.
“(...) Siendo consecuentes con lo precedente, no hay lugar a derivar perjuicios de una situación que ni siquiera se comprobó, amén que en realidad de verdad en el evento presente la cuestión fundamental se reduce a establecer si las condiciones que se pregonan en la demanda causó perjuicios a la institución demandante”.
Tal reseña indica que el ad quem, sin duda, valoró los recursos persuasivos allegados al proceso y aunque, ciertamente, no aludió uno a uno de los mismos, fue explícito al indicar que el acervo probatorio, refiriéndose, por supuesto, a todos los elementos de prueba, no permitían aceptar la tesis de un incumplimiento o terminación unilateral del contrato.
2. A propósito de esto último, surge incontestable que así el juez de segunda instancia haya referido de manera abstracta a los medios de prueba que, en su sentir le permitieron tal aseveración, lo cierto es que sí fueron evaluados. Nótese lo expuesto por el tribunal “(...) basta con examinar tanto las pruebas que se adosaron al escrito de demanda, como las practicadas en el periodo probatorio, para colegir que nada de ello se estableció, porque ni se concretó incumplimiento alguno y menos se estableció que la terminación pregonada hubiera sido injustificada; pudo suceder sí, que el negocio jurídico hubiera fenecido unilateralmente; más, no que lo hubiera sido de manera injustificada. Y es que los documentos con los cuales se conformó el expediente de la demanda ordinaria, no se extrae la realidad de esos ítems”, (fl. 41, cdno. del tribunal).
Luego, el actor, si descontento estaba con la sentencia emitida, debió referirse a los posibles desaciertos sobre el examen realizado, más no a lo supuestamente preterido, pues, en verdad, tal defecto no acaeció. Esta situación deja al descubierto que el censor no acató la directriz normativa del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a formular un cargo, concreto, claro y preciso, amén de reflejar una asimetría entre el discurso del funcionario judicial y el ataque propuesto.
3. Como consecuencia de lo anterior, si el ad quem tuvo en cuenta las pruebas allegadas, el recurrente, al intentar resquebrajar el fallo emitido, le correspondía no solo poner de presente los elementos persuasivos de los que se valió el fallador y, que, supuestamente engendran el error denunciado, sino realizar la confrontación necesaria entre dichos medios de convicción y lo inferido por él, para, así, poner de presente el dislate, situación que no acometió el casacionista, precisamente, por lo reseñado en líneas precedentes.
1. A través de esta acusación, canalizada por la causal primera de casación vía directa, el censor atribuye al Tribunal haber desconocido, por falta de aplicación, el ordinal 2º del artículo 1617 del Código Civil y el artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999.
2. El ataque está soportado en que el tribunal acusado, en la sentencia emitida, para negar las pretensiones argumentó que no existían pruebas, empero, afirmó el casacionista, en la demanda presentada en los numerales D.4.1. y D. 4.2., fueron incorporadas algunas pretensiones subsidiarias; luego, si el juzgador no accedía a la súplica principal como era reconocer la cláusula penal convenida en el contrato, debió valorar y acoger la pretensión subsidiaria, es decir, le correspondía hacer operar los artículos 1617 del Código Civil y 884 del Código de Comercio, en el sentido que al demandante optar por reclamar sólo el reconocimiento de intereses, estaba relevado de probar perjuicios y, por ello, en el libelo demandatorio, de manera subsidiaria, se elevó dicha petición que el sentenciador no tuvo en cuenta.
Según el casacionista, cuando existe, de manera principal, la obligación de pagar una suma de dinero y el acreedor pretende sólo el reconocimiento de intereses, no tiene el compromiso de demostrar perjuicios, tal cual lo prevé el numeral 2º del artículo 1617 del Código Civil, situación que complementa el artículo 884 del Código de Comercio, al establecer que si las partes no convienen la tasa de interés moratorio la misma será una y media veces el bancario corriente. Empero, el juzgador de segundo grado no procedió en ese sentido.
1. El discurso del impugnante en esta acusación pone de presente que su desacuerdo, en verdad, no gira alrededor del daño como tal sino de la cuantía del mismo, pues refulge claro que la reprobación del proceder del tribunal estriba en que al no acoger la pretensión 3ª del libelo, contentiva de la cláusula penal, es decir, no prohijó esa forma de concretar anticipadamente los perjuicios, debió inclinarse, en el sentir del recurrente, por los intereses solicitados de manera subsidiaria, evento que lo relevaba de la prueba pertinente.
2. Empero, como fácil puede inferirse de la sentencia adoptada, el sentido adverso de la misma no devino de la falta de prueba de la cuantía del perjuicio denunciado, sino de la inexistencia o ausencia del incumplimiento del contrato o terminación injustificada de dicho pacto, denunciados por el casacionista. Para el fallador no resultaba procedente acoger la cláusula penal pues, tal cual lo asentó en la determinación proferida, no hubo acreditación de la queja sobre el proceder incorrecto de la demandada, o por fuera de los cánones contractuales; tampoco de la terminación unilateral sin justa causa, reflexiones que lo liberaban de abordar la concreción de los perjuicios, ya fuera acudiendo a la cláusula penal o a los intereses peticionados. Según el discurrir del ad quem, el acervo probatorio recogido en el proceso no permitía deducir el incumplimiento alegado ni la terminación unilateral sin causa justa del referido negocio.
3. Síguese de ello, sin duda, que el sentenciador antes que poner en tela de juicio la cuantía de la pérdida, lo que dedujo fue una inexistencia de la misma, es decir, para el tribunal las deficiencias probatorias encontradas no aludían a la cuantificación del posible daño generado, sino a la presencia de ese detrimento patrimonial. Y, por supuesto, desde esa perspectiva, debatir aspectos anejos al monto al que podría ascender el menoscabo infligido a la sociedad demandante, impone, por elemental lógica y de manera previa, definir que, ciertamente, esa nocividad impactó la propiedad de aquella; que acaeció un perjuicio. Antes que determinar la suma a la que asciende el deterioro, resulta imprescindible establecer la real afectación. Así razonó el funcionario acusado.
“Entonces, si los cargos concretos refiéranse a incumplimiento, terminación unilateral, además injustificada, ninguna de estas circunstancias reporta el acervo probatorio; basta con examinar tanto las pruebas que se adosaron al escrito de demanda, como las practicadas en el periodo probatorio, para colegir que nada de ello se estableció, porque ni se concretó incumplimiento alguno y menos se estableció que la terminación pregonada hubiera sido injustificada; pudo suceder sí, que el negocio jurídico hubiera fenecido unilateralmente; más, no que lo hubiera sido injustificada. Y es que los documentos con los cuales se conformó el expediente de la demanda ordinaria, no se extrae la realidad de esos ítems” —hace notar la Sala— (fl. 41, cdno. del tribunal).
Más adelante sostuvo “Dado que la parte actora respaldó su pretensión indemnizatoria en el memorado incumplimiento y terminación unilateral injustificada por parte de su demandada, se advierte en esta providencia que la indicada razón, si bien resulta ser una circunstancia susceptible de causar perjuicio no configura el perjuicio mismo; no es la causalo que hace posible la indemnización, sino la real ocurrencia del daño (…)” (foliatura ídem).
En conclusión, la sentencia cuestionada, claramente, asentó que no encontró prueba del incumplimiento del contrato celebrado entre las partes ni de la terminación unilateral del mismo sin justa causa, por parte de la demandada.
4. Fijado ese derrotero surge, prontamente, que el recurrente, al cuestionar los argumentos de la sentencia, en la medida en que combatió la misma por no haber acogido la cláusula penal ni las pretensiones subsidiarias, alusivas a la hipótesis prevista en el numeral 2º del artículo 1617 del Código Civil, desvió su camino y focalizó su reproche en aspectos que no constituyeron el basamento del fallo, pues, como se dejó visto, para el tribunal no hubo incumplimiento ni terminación unilateral injusta, por tanto, no había lugar a imponer el pago de perjuicios trátese de la cláusula penal o, eventualmente, de los intereses moratorios, ya que una u otros, imponen la presencia de un incumplimiento moroso del demandado, seguido del daño generado. Puestas así las cosas, la acusación formulada evidencia un problema de desenfoque y, por tanto, trunca el recurso extraordinario.
“Esta corporación ha señalado uniformemente como defecto significativo en la técnica del recurso extraordinario de casación el desenfoque o desvío de los cargos, al no atacar directamente las bases o motivación esencial de la sentencia, lo cual conduce al fracaso de la acusación”.
“En efecto, ‘de conformidad con la jurisprudencia de la Sala, por establecido está que en materia casacional la demanda ‘debe contener una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, señalando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnación resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa crítica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente’ (sentencia 06 de 26 de marzo de 1999); criterio que la Corte ha reiterado en muchos pronunciamientos, entre otros, en los fallos 207 de 7 de noviembre de 2002, exp.#7587, y 049 de 28 de mayo de 2004, exp.#7101, para citar solo algunos’ (Casación Civil, sentencia de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01), ‘siendo pertinente reiterar la exigencia elemental a propósito de la necesaria ‘consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente’ ’ (CCLVIII, p. 294)” (Sent. Cas. 21 de septiembre de 2011, Exp. 2001-01105-01).
Bajo los anteriores argumentos, el cargo no prospera.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la providencia de cuatro (4) de noviembre de dos mil diez (2010), proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso ordinario instaurado por Con Ciencia IPS Ltda, contra Aseguradora de Vida Colseguros S.A. EPS, Colseguros EPS.
Condénase a la demandante recurrente al pago de las costas procesales causadas en el recurso extraordinario. Conforme lo previene la normatividad procesal vigente, para tales efectos, inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma de $6.000.000.oo. M/cte. Liquídense.