Source: http://www.congreso.es/consti/estatutos/sinopsis_pr.jsp?com=67
Timestamp: 2018-11-20 00:23:21
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Sinopsis del estatuto de Autonomía de Cataluña
Sinopsis del Estatuto de Cataluña
La Constitución, dice ella misma en su artículo 2, se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Una de estas nacionalidades es la Comunidad Autónoma de Cataluña, y es su régimen autonómico el que ahora comentamos a través del análisis de su norma institucional básica: su Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), y por la que se deroga el Estatuto anterior, aprobado mediante Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre.
Históricamente hablando, y en términos de diseño territorial del Estado, Cataluña ha sido: uno de los dieciséis Estados que formaban la República Federal española en el Proyecto de Constitución de 1873; la única mancomunidad provincial que se creó efectivamente en 1913; una región autónoma durante la segunda República; y uno de los trece territorios, el primero, que contaron con un régimen preautonómico - aprobándose el catalán, por el Real Decreto Ley 41/1977, de 29 de septiembre-, en garantía de una especie de descentralización administrativa de carácter temporal, a la espera de que la futura Constitución estableciera un verdadero régimen autonómico.
Hoy, Cataluña es una Comunidad Autónoma de las que cierto sector doctrinal ha denominado de tracto histórico sucesivo, constituida al amparo de lo previsto en el artículo 151 de la Constitución en relación con sus disposiciones transitorias primera y segunda. En efecto, por haber plebiscitado afirmativamente en el pasado (bajo la vigencia de la Constitución de 1931) un proyecto de Estatuto de Autonomía y por contar, al tiempo de promulgarse la Constitución de 1978, con un régimen provisional de autonomía, Cataluña pudo acceder de forma inmediata a una autonomía plena, es decir, no condicionada por el límite temporal y competencial del artículo 148.2 de la Constitución, bastando el acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros de su órgano preautonómico colegiado superior, para ejercer la iniciativa autonómica.
Se aprobó entonces, conforme al procedimiento previsto en el artículo 151 de la Constitución, y por la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el segundo en ser aprobado, después del de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Era un Estatuto de Autonomía breve, en la línea del resto de Estatutos de Autonomía aprobados entonces: 57 artículos organizados en cuatro títulos, siete disposiciones adicionales y ocho disposiciones transitorias. Su contenido, ajustado al artículo 147 de la Constitución, abarcaba el territorio, las lenguas oficiales, la bandera y la organización territorial, la distribución competencial, el régimen institucional, las especialidades propias en materia de economía y finanzas, y el procedimiento de reforma del Estatuto.
Durante sus casi treinta años de vigencia, el Estatuto catalán de 1979 ha sido la base desde la que se ha ido consolidando el régimen autonómico en Cataluña, a lo largo de las tres fases fundamentales que definen la evolución del sistema autonómico en el conjunto de España:
- Una primera, de asentamiento y afirmación de una autonomía plena, no condicionada a los plazos del 148.2 de la Constitución.
- Una segunda, a lo largo de la cual se logra: 1. la configuración acabada del cuadro institucional, con la creación de un amplio abanico de instituciones avaladas por el Tribunal Constitucional (la Sindicatura de Cuentas, el Síndico de Greuges o el Consejo Económico y Social, entre otros); 2. el desarrollo de su propia Administración; 3. la evolución del sistema de financiación, tendente, cada vez más, hacia un modelo de corresponsabilidad fiscal; 4. la definición y delimitación de las competencias estatales y autonómicas, gracias a la doctrina del Tribunal Constitucional; y 5. el fomento de la participación autonómica en la formación de la voluntad del Estado y del diálogo con otras Comunidades Autónomas, a través de las comisiones mixtas y sectoriales, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Conferencia de Presidentes Autonómicos o el Debate sobre el Estado de las Autonomías.
- Y una tercera y última fase, todavía abierta, de reforma de los Estatutos de Autonomía vigentes, y de la que el nuevo Estatuto de Autonomía catalán, aprobado por Ley Orgánica 6/2006, es una buena muestra. Esta nueva fase, en la que se han ido aprobando Estatutos de Autonomía de nueva generación no sólo en Cataluña, sino también en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Aragón, en Andalucía y en Castilla y León, viene marcada por cuestiones novedosas como son: las declaraciones de derechos contenidas en los nuevos Estatutos, el régimen de organización del Poder Judicial o la regulación, vía estatutaria, de la acción exterior de las Comunidades Autónomas.
2. LEY ORGÁNICA 6/2006: CUESTIONES GENERALES
En este marco, la Ley Orgánica 6/2006, aunque supone la aprobación de un nuevo Estatuto, que prevé la derogación del anterior, es en puridad una reforma del Estatuto de Autonomía de 1979, realizada a partir de las previsiones contenidas en el artículo 147.3 de la Constitución, en los artículos 56 y 57 de la LO 4/1979, y en la normativa parlamentaria (artículo 145 del Reglamento del Congreso de los Diputados; Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 16 de marzo de 1993 y Norma Supletoria de la Presidencia del Senado de 30 de septiembre de 1993, ambas relativas al procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos de Autonomía; y artículo 123 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, aprobado por el Pleno del Parlamento, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2005).
De esta forma, la aprobación de la LO 6/2006 fue la culminación de un proceso que pasó por cuatro fases bien diferenciadas: la propuesta de iniciativa, la aprobación autonómica de la propuesta de reforma, la aprobación estatal, por las Cortes Generales, de la misma, y la celebración del referéndum autonómico para la ratificación del texto por el pueblo catalán. Este proceso se encuentra resumido en términos bastante expresivos en el Preámbulo del Estatuto de Autonomía, que en su último párrafo recoge una fórmula original, que parcialmente reproduce la contenida en el Estatuto de 1979, y que sólo parcialmente se encuentra en otros Estatutos de Autonomía: los Parlamentarios catalanes proponen, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados acuerda, las Cortes Generales aprueban y el pueblo de Cataluña ratifica.
Estructuralmente el nuevo Estatuto de Autonomía catalán es una norma muy extensa; consta de 223 artículos organizados en un Título Preliminar y en siete títulos más, quince disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. Sólo el Estatuto de Autonomía de Andalucía, con 250 artículos es más largo que el catalán, siendo el siguiente el de las Islas Baleares, que tiene 139 artículos. Adicionalmente, el Estatuto catalán se abre con un Preámbulo, que ya tenía el Estatuto anterior de 1979, y que es propio también de los Estatutos de Autonomía de ocho Comunidades Autónomas más (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Navarra y Murcia) y del de las dos Ciudades Autónomas, Ceuta y Melilla.
Sobre el EAC ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Constitucional, resolviendo los distintos recursos de inconstitucionalidad que se interpusieron en su contra. Destaca en primer término la STC 31/2010, una sentencia muy extensa, la más larga que ha dictado el Tribunal Constitucional en su historia, que revisa la práctica totalidad del Estatuto de Autonomía catalán. Éste, en virtud del citado pronunciamiento, se considera compatible con el texto constitucional, siempre y cuando sus preceptos se interpreten en el sentido fijado en la propia Sentencia, sin la cual, por tanto, no puede entenderse el EAC. Junto a esta Sentencia, existen cuatro pronunciamientos más del Alto Tribunal, todos ellos desestimatorios: la STC 46/2010, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón en contra de la validez de la norma estatutaria que integra en el sistema de archivos de Cataluña los fondos propios de Cataluña situados en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona; la STC 47/2010, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el mismo motivo por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares; la STC 48/2010, ue resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de la Comunidad Valenciana en relación con el alcance de las competencias en materia de aguas, de archivos de titularidad estatal y de financiación autonómica; y la STC 49/2010, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con el alcance de la competencia en materia de aguas.
3. LEY ORGÁNICA 6/2006: PREÁMBULO Y TÍTULO PRELIMINAR
El texto del Estatuto se abre con un Preámbulo que lo presenta y que, careciendo de valor normativo, sí tiene, en palabras de la STC 31/2010, FJ 7, un valor jurídico cualificado como pauta de interpretación de las normas a las que se vincula. Destaca, por tanto, su condición de criterio hermenéutico, y como tal, según el Tribunal Constitucional, el Preámbulo del Estatuto está al servicio del intérprete del Derecho.
El Título Preliminar lo integran los catorce primeros artículos del Estatuto; en él quedan fijadas las cuestiones más genéricas del régimen autonómico: la autonomía, la Generalitat de Cataluña y sus relaciones con el Estado, los derechos históricos, la lengua, la ciudadanía "autonómica", los símbolos de Cataluña, el territorio y la capitalidad (situada en la ciudad de Barcelona, sede permanente de las Instituciones), el régimen especial del Valle de Arán o la eficacia de las normas jurídicas. De todas estas cuestiones vamos a hacer una mención particular a las más relevantes.
En lo que hace al principio autonómico, Cataluña, en tanto que una de las nacionalidades a las que se refiere el artículo 2 de la Constitución, se constituye, de acuerdo con el artículo 1 del EAC, en Comunidad Autónoma y ejerce su autogobierno de acuerdo con la Constitución y el Estatuto, que es, en los términos del artículo 147.1 de la Constitución, su norma institucional básica. Adicionalmente, de acuerdo con el artículo del 5 EAC, este autogobierno se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán, en sus instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana, lo cual, especialmente en lo relativo a los derechos históricos, sólo se admite por la STC 31/2010, FFJJ 8 y 10, en la medida en que se entienda que el autogobierno no es sino el que el artículo 2 de la Constitución reconoce y garantiza a las nacionalidades y regiones que integran la Nación española, y que los derechos históricos del pueblo catalán no son equiparables a los de la disposición adicional primera de la Constitución, ni son fundamento jurídico propio del autogobierno catalán, al margen de la Constitución misma.
En la línea de lo que ya se contemplaba en el Estatuto de 1979, la Generalitat de Cataluña es la base institucional de la autonomía catalana; se integra por el Parlamento, la Presidencia de la Generalitat y el Gobierno autonómico, órganos que serán analizados más adelante, pero también por el resto de las instituciones a las que se refiere el propio EAC; tales instituciones, dadas las características de este estudio, no es posible detenerse en ellas, son: el Consejo de Garantías Estatutarias, el Síndico de Greuges, la Sindicatura de Cuentas y el Consejo Audiovisual de Cataluña; para una completa comprensión de las mismas habrá de estarse a las consideraciones hechas por el Tribunal Constitucional en la STC 31/2010, FFJJ 32 a 35.
Las Entidades Locales son también parte de la Generalitat, en tanto que ésta se organiza territorialmente a través de aquéllas. El EAC se ocupa de los Entes Locales en los artículos 83 a 93, sentando las líneas generales a partir de las que después, se desarrollará por la Comunidad Autónoma la competencia que le corresponde en materia de régimen local, de conformidad con el artículo 149.1.18º de la Constitución y la STC 214/1989. Como particularidades propias del régimen local catalán hay que destacar las siguientes instituciones: las veguerías, las comarcas y la organización propia de Arán, reguladas en los artículos 90 y siguientes del EAC.
Los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña, concebido según la STC 31/2010, FFJJ 9 y 11, como el conjunto de ciudadanos españoles que han de ser destinatarios de las normas, disposiciones y actos en que se traduce el ejercicio del poder público constituido por la Generalitat. El pueblo de Cataluña vendría a equivaler al concepto desarrollado por el artículo 7 del EAC relativo a la condición política de catalanes o ciudadanos de Cataluña; un concepto coincidente a su vez con el de ciudadanía regional y que viene definido por la vecindad municipal. Esta ciudadanía "autonómica", que por cierto reconocen todos los Estatutos de Autonomía reformados desde 2006, se puede definir como un status de carácter flexible y eventual que viene determinado por la vecindad municipal, de forma que son ciudadanos de una concreta Comunidad Autónoma, la catalana en este caso, quienes ostentan la condición de vecinos de alguno de sus municipios, en los términos previstos en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local. El efecto fundamental de esta ciudadanía "autonómica" no es otro que la posibilidad de participar en los procesos electorales de la Comunidad Autónoma, a lo que ahora se añade la titularidad de los derechos que el Estatuto reconoce, y sobre los que volveremos seguidamente.
Por lo demás, hay que tener en cuenta que, en los términos del artículo 3 del EAC, las relaciones de la Generalitat con el Estado se rigen por los principios de lealtad institucional, autonomía, bilateralidad y multilateralidad. Todos ellos deben interpretarse de acuerdo con las premisas marcadas por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es decir, tomando como punto de partida el principio de colaboración que, consustancial al Estado autonómico, se concreta en los de cooperación y coordinación (SSTC 13/1992, 40/1998, 194/2000, 13/2007 y 31/2010). Por su carácter novedoso, cabe destacar el principio de bilateralidad, que orgánicamente se ha traducido en la creación por el artículo 183 del EAC, de una Comisión Bilateral Generalitat-Estado, que va más allá de la cooperación bilateral que se da en las conferencias sectoriales al amparo de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En cualquier caso, la comisión que el EAC crea, sólo puede entenderse, tal y como se señala en el FJ 115 de la STC 31/2010, como un espacio para la cooperación voluntaria en el ámbito de las competencias de los Gobiernos estatal y autonómico, pero sin que las competencias en sí, que son indisponibles, puedan verse afectadas.
El régimen jurídico de las lenguas oficiales en Cataluña es otra de las cuestiones a destacar. Dos son las lenguas oficiales: el castellano y el catalán. El artículo 6 del EAC establece un deber general de conocimiento del catalán para los ciudadanos de Cataluña que sólo puede entenderse compatible con la Constitución si, en los términos de la STC 31/2010, tal deber se concibe como un deber individualizado y exigible de conocimiento del catalán, es decir, como un deber de naturaleza distinta al que tiene por objeto al castellano de acuerdo con el artículo 3.1 de la Constitución (FJ 14).
En último término, del Título Preliminar destacamos el régimen jurídico dado a los símbolos de Cataluña, que son la bandera, la fiesta del 11 de septiembre y el himno de Els segadors. De acuerdo con la STC 31/2010, FJ 12, estos símbolos sólo pueden considerarse nacionales, tal y como se definen en el artículo 8 del EAC, si tal expresión se interpreta en el sentido de que dicho término está exclusivamente referido, en su significado y utilización, a los símbolos de Cataluña, definida como nacionalidad e integrada en la indisoluble unidad de la nación española. Precisamente por lo anterior, los términos de nación y realidad nacional que se contienen en el Preámbulo pierden la eficacia jurídica interpretativa que es propia del mismo.
4. TÍTULO I: DERECHOS, DEBERES Y PRINCIPIOS RECTORES
Una de las novedades más características de las reformas estatutarias aprobadas desde 2006, que también se observa en el EAC es la inclusión de una declaración de derechos. En efecto, el Título I del EAC, bajo la rúbrica de derechos, deberes y principios rectores, dedica sus cuarenta artículos, organizados en cinco capítulos, a reglamentar esta materia que, en tanto que contenido propio de un Estatuto de Autonomía, ha generado cierta controversia doctrinal.
El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse a este respecto, no sólo en la STC 31/2010, sino también y sobre todo en la STC 247/2007, que es la que sienta la jurisprudencia básica a estos efectos. Sin ella no puede comprenderse el alcance del Título I del EAC, y por ello merece la pena dar cuenta de la misma, aunque sea brevemente.
Para el Tribunal Constitucional, frente al contenido estatutario previsto en la Constitución, las declaraciones de derechos son un contenido justificado en virtud del principio dispositivo. Ahora bien, la creación vía estatutaria de derechos públicos subjetivos se admite sólo en dos supuestos:
- Derechos que inciden en el ámbito institucional de la CA, siendo en este caso una proyección del 147.2 c) CE.
- Y derechos que inciden en el ámbito competencial, creando, no tanto derechos subjetivos, cuanto directrices vinculantes para el legislador autonómico y necesitadas de desarrollo legislativo.
En relación con las declaraciones de derechos que reproducen derechos constitucionales, el TC ha señalado que, aunque no sea correcto que el legislador reproduzca preceptos de la CE, si sólo hay mera reproducción, las declaraciones serán válidas; si van más allá de la mera reproducción, sólo serán válidos los derechos que se creen en relación con los dos supuestos antedichos.
Con esto presente, vamos a realizar una breve panorámica del contenido del Título I del EAC. El capítulo I se refiere a los derechos y deberes del ámbito civil y social; éstos son los propios de toda persona, con una remisión directa a los textos clásicos en materia de protección de los derechos humanos (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y Constitución Española), a los que se añaden otros específicos a favor de los menores, las personas mayores o las mujeres, y en materia de salud, educación, vivienda o medio ambiente, entre otros.
El capítulo II se refiere a los derechos en el ámbito político y de la Administración; tres artículos relativos a los derechos de participación, al acceso a los servicios públicos y a la protección de datos personales. El capítulo III regula los derechos y deberes lingüísticos: con carácter general, ante las Administraciones Públicas e instituciones estatales, en el ámbito de la enseñanza y en relación con los consumidores y usuarios. Para la completa comprensión de este capítulo, ha de estarse a los fundamentos jurídicos 21 a 25 de la STC 31/2010. El capítulo IV se refiere a las garantías de los derechos estatutarios, encomendada al Consejo de Garantías Estatutarias. Y, por último, el capítulo V recoge los principios rectores, como mandatos dirigidos al legislador autonómico: protección de las personas y de las familias, cuestiones de género, cohesión social, vivienda, seguridad vial o fomento del catalán, entre otros.
Para un estudio más detallado de este Título I, se deberán tener en cuenta los fundamentos jurídicos 16 a 29 de la STC 31/2010, que en términos generales desestiman las impugnaciones planteadas o proponen una determinada interpretación de los preceptos para hacerlos compatibles con la Constitución.
El artículo 152.1 de la Constitución establece la organización institucional autonómica para aquéllas comunidades autónomas que, como ocurre en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, hayan accedido a la autonomía por el procedimiento previsto en el artículo 151.
Dicha organización institucional se basa en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. Asimismo se prevé que el Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea. Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
El Estatuto de Cataluña, en desarrollo de las previsiones constitucionales, diseña un conjunto de instituciones que responden claramente a los presupuestos del sistema parlamentario de gobierno, con rasgos típicos del parlamentarismo racionalizado, como más adelante veremos. Las instituciones previstas en el Estatuto presentan evidentes semejanzas con las instituciones estatales, tanto en cuanto a su estructura como a sus competencias.
5.1 El Parlamento.
El Parlamento es una institución de origen democrático y es por su carácter democrático por lo que en el Estatuto aparece como la primera institución de la Generalitat. El Parlamento de Cataluña, como todos los parlamentos autonómicos, está formado por una sola cámara.
Tiene atribuidas las clásicas funciones parlamentarias: legislativa, presupuestaria y de control del gobierno, control que ejerce con arreglo a los mecanismos propios del parlamentarismo racionalizado, como veremos en su momento.
Además de las funciones que el Parlamento catalán tiene atribuidas en su condición de órgano de representación del pueblo catalán, el Estatuto de Autonomía recoge, en su artículo 61, otro conjunto de funciones que ejerce el Parlamento en relación con las instituciones del Estado, funciones tales como la designación de Senadores, la elaboración de proposiciones de ley para su presentación a la Mesa del Congreso de los Diputados, la solicitud al Gobierno del Estado de adopción de proyectos de ley, la solicitud al Estado de la transferencia o delegación de competencias y la atribución de facultades en el marco del artículo 150 de la Constitución, la interposición del recurso de inconstitucionalidad y la personación ante el Tribunal Constitucional en otros procesos constitucionales, de acuerdo con lo que establezca la Ley orgánica del Tribunal Constitucional.
Para el correcto ejercicio de tales funciones el Parlamento catalán tiene reconocida autonomía financiera, reglamentaria, administrativa y disciplinaria.
Son, asimismo, clásicas las previsiones en cuanto a la inviolabilidad del Parlamento y sus miembros, las inmunidades de que estos gozan a los efectos concretos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito, no existiendo, sin embargo, la necesidad de autorización a la cámara para procesar a uno de sus miembros. Gozan, asimismo de fuero especial ante el Tribunal Supremo, proclamándose, además, la prohibición de mandato imperativo.
Los diputados constituyen el Parlamento de Cataluña. Son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. El sistema electoral que impone el Estatuto es proporcional. Asimismo, este sistema debe asegurar la adecuada representación de la totalidad de las zonas del territorio de Cataluña. En tanto el Parlamento no apruebe la ley electoral prevista por el apartado 2 del artículo 56, rige la disposición transitoria del Estatuto de 1979 sobre las cuatro circunscripciones provinciales.
Es el Reglamento del Parlamento la norma llamada a regular la elección y funciones de los órganos de gobierno de la cámara, Presidente y Mesa; los derechos y deberes de los Diputados; los requisitos para la formación de grupos parlamentarios y las atribuciones de la Junta de Portavoces.
Como las restantes asambleas legislativas, el Parlamento funciona en Pleno y en Comisiones, puede crear Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de relevancia pública que sea de interés de la Generalitat y cuenta con una Diputación Permanente que vela por sus poderes cuando no está reunido.
El Estatuto recoge, en su artículo 60, el régimen de las sesiones y reuniones del Parlamento de Cataluña.
Por su parte, los artículos 62 a 65 regulan la actividad legislativa. En primer lugar, la iniciativa legislativa, que se reconoce tanto a los miembros del Parlamento, individualmente y como grupo parlamentario, como al Gobierno, se reconoce también la iniciativa legislativa popular.
En segundo lugar, se regulan distintos tipos de ley, la que podríamos denominar ordinaria; las leyes de desarrollo básico del Estatuto, llamadas a regular determinadas materias y cuya modificación y derogación requieren el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento en una votación final sobre el conjunto del texto; las leyes aprobadas en comisión; los decretos legislativos, consecuencia de la delegación legislativa en el Gobierno; y la legislación de urgencia o decreto-ley. Vemos, también aquí, como las analogías con el sistema estatal de fuentes son abundantes.
Una vez aprobadas, las leyes de Cataluña son promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente de la Generalitat, publicadas en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el «Boletín Oficial del Estado». A diferencia de las leyes aprobadas por las Cortes Generales, las leyes autonómicas no son sancionadas por el Jefe del Estado.
Por último, se prevé la finalización de la legislatura por expiración del mandato legal al de cuatro años, aunque también puede finalizar anticipadamente si no tiene lugar la investidura del presidente o presidenta de la Generalitat, o por disolución anticipada, acordada por el presidente o presidenta de la Generalitat.
5.2 El Presidente de la Generalitat.
El Presidente de la Generalitat, dice el artículo 67 del EAC tiene la más alta representación de la Generalitat y dirige la acción del Gobierno. También tiene la representación ordinaria del Estado en Cataluña. Ocupa, por tanto, un papel destacado dentro del poder ejecutivo.
El Presidente de la Generalitat es elegido por el Parlamento de entre sus miembros, y nombrado por el Rey.
Como todo jefe de gobierno en un régimen parlamentario, el Presidente responde políticamente ante el Parlamento. Si bien el EAC permite la delegación de algunas de sus funciones en un consejero primero o conseller en cap, figura que goza de una larga tradición, y que ahora recoge de manera expresa el Estatuto, el Presidente el único que responde políticamente ante el Parlamento.
En cuanto al estatuto personal del Presidente y de la organización, funcionamiento y atribuciones del Gobierno (artículo 68.3 EAC), el Estatuto se remite a una ley. (Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno.)
El sistema previsto por el artículo 67 y concordantes EAC, es un sistema de investidura parlamentaria.
El procedimiento previsto es muy similar al que la CE recoge en su artículo 99 para la investidura del Presidente del Gobierno, con la diferencia de que en el Parlamento de Cataluña, las consultas con los candidatos serán efectuadas por el Presidente del Parlamento. Las previsiones del EAC en cuanto al procedimiento de investidura son desarrolladas por la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno y por el Reglamento del Parlamento de Cataluña.
La investidura es el mecanismo clásico a través del cual el Parlamento expresa su confianza política hacia uno de los candidatos, confianza que el Presidente ha de mantener para permanecer como tal toda la legislatura, pues en caso contrario está previsto el procedimiento de moción de censura en el artículo 67.7 EAC. Dicho artículo recoge las restantes causas de cese del Presidente, a saber, renovación del Parlamento a consecuencia de unas elecciones, denegación de una cuestión de confianza, defunción, dimisión, incapacidad permanente, física o mental, reconocida por el Parlamento, que lo inhabilite para el ejercicio del cargo, y condena penal firme que comporte la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
En cuanto a sus funciones, aparecen reguladas en el artículo 67, apartados 1 y 6 del EAC. Cabe hablar de dos tipos de funciones: por una parte, ejerce la más alta representación de la Generalitat y la ordinaria del Estado en Cataluña. En el marco de esta función representativa, le corresponde mantener las relaciones con las otras instituciones del Estado y el resto de las comunidades autónomas, convocar las elecciones al Parlamento de Cataluña y nombrar los altos cargos que las leyes determinen. Como representante ordinario del Estado en Cataluña, promulga en nombre del Rey las leyes de Cataluña.
Al mismo tiempo, el presidente dirige y coordina el Consejo Ejecutivo, estableciendo las directrices generales de la acción de gobierno. Es en su condición de Presidente del Consejo cuando lleva a cabo las funciones más importantes, nombrando a los consejeros, convocando y presidiendo las reuniones del Gobierno y firmando los decretos acordados por el Consejo Ejecutivo, ordenando su publicación.
Puede solicitar una sesión extraordinaria del Parlamento o la celebración de un debate general y, en su caso, debe disolverlo. El EAC impone dos límites al ejercicio de la facultad de disolución del Parlamento por parte del Presidente, que no se halle en trámite una moción de censura, y que haya transcurrido un año desde la última disolución por este procedimiento.
5.3 El Gobierno y la Administración de la Generalitat
De acuerdo con lo previsto por el artículo 68 EAC El Gobierno, que se compone del Presidente, el Consejero Primero, si procede, y los Consejeros, es el órgano superior colegiado que dirige la acción política y la Administración de la Generalitat. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con el presente Estatuto y las leyes.
La organización, funcionamiento y las atribuciones del Gobierno se encuentran reguladas en la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, ya mencionada.
Tal y como más arriba señalábamos, el Presidente de la Generalitat puede nombrar y separar a un Consejero Primero, dando cuenta al Parlamento. El Consejero Primero tiene funciones propias, además de las delegadas por el Presidente o Presidenta, tal y como dispone el artículo 69 EAC.
El articulo 70 prevé la inmunidad limitada de los miembros del Gobierno, que no pueden ser detenidos ni retenidos salvo en el caso de delito flagrante, así como el fuero jurisdiccional, pues hace competentes al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o al Tribunal Supremos para decidir sobre la inculpación, el procesamiento y el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la Generalitat y de los Consejeros.
Una de las principales novedades del EAC es la regulación de la Administración de la Generalitat. A diferencia del Estatuto de 1997, el de 2006 determina las disposiciones generales que le son aplicables así como los principios de organización y funcionamiento del conjunto de organismos, servicios y dependencias que resultan imprescindibles para el ejercicio de las competencias constitucional y estatutariamente reconocidas a la Generalitat.
De la redacción del artículo 71 EAC se desprende que la Administración de la Generalitat es la organización que ejerce las funciones ejecutivas atribuidas por el presente Estatuto a la Generalitat. Del mismo modo que la Administración General del Estado, la Administración de la Generalitat sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sumisión plena a las leyes y al derecho.
Asimismo recoge el artículo 71 los principios de coordinación, transversalidad, transparencia, desconcentración y descentralización, remitiéndose a una Ley para su desarrollo y para la regulación del estatuto jurídico del personal al servicio de la Administración de la Generalitat.
5.4 El Poder Judicial en Cataluña
El Título III EAC regula el Poder Judicial en Cataluña. De acuerdo con las previsiones del artículo 117.5 de la Constitución el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales.
De acuerdo con lo previsto por el artículo 149.1.5 CE, la Administración de justicia es competencia exclusiva del Estado y, por tanto las Comunidades Autónomas no pueden ejercer funciones jurisdiccionales. Es por esto que el EAC habla del poder judicial en Cataluña y no de Cataluña, ya que, a diferencia de los poderes legislativo y ejecutivo, que tienen carácter de instituciones autonómicas, el poder judicial lo es del Estado
Esto no significa, dice DÍEZ PICAZO, que las Comunidades Autónomas no participen de forma alguna en la organización y funcionamiento del poder judicial. Al contrario, tal y como estableció el TC en sus sentencias 56/1990 y 62/1990, las Comunidades Autónomas pueden asumir determinadas competencias, de acuerdo con lo que disponga la LOPJ. Y aunque dicha norma apenas si contiene menciones a las Comunidades Autónomas, donde sí que se prevén competencias de las Comunidades Autónomas en cuestiones relativas a la Justicia es en la mayor parte de los Estatutos de Autonomía aprobados antes que la LOPJ.
Pues bien, el TC interpretó, sobre la base de lo que bautizó como cláusula subrogatoria, que todas aquellas competencias atribuidos por la LOPJ al Gobierno y que entraran en el ámbito de lo que el mismo TC denominó "administración de la administración de justicia", eran competencias que podían ser asumidas por las Comunidades Autónomas, y que, además, debían entenderse asumidas por éstas en todos los casos en que los respectivos estatutos las mencionaran.
Sobre la base de esta interpretación del TC y de la reforma operada en la LOPJ por la LO 16/1994:
- Las Comunidades Autónomas pueden asumir la competencia relativa a la dotación de medios materiales necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
- Pueden asumir la competencia relativa a la gestión de personal, tanto laboral como funcionario, al servicio de la administración de justicia, a excepción de los jueces y magistrados.
- Las Comunidades Autónomas podrán asumir la competencia normativa relativa al régimen jurídico de ese mismo personal al servicio de la Administración de justicia.
Con lo dicho hasta ahora no acaba la relevancia que para la Administración de justicia tiene el hecho de que España sea un Estado autonómico. Así, hay que tener también en cuenta lo previsto por el artículo 152.1 CE que, resumidamente, implica
- La existencia de TSJ.
- La participación de las Comunidades Autónomas en la organización de las demarcaciones judiciales en su territorio.
- El agotamiento de las instancias procesales ante órganos judiciales radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma.
Por su parte, el artículo 152, en su apartado primero, dispone que un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.
En consecuencia, el artículo 95 EAC contiene la regulación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Cataluña y es competente, en los términos establecidos por la ley orgánica correspondiente, para conocer de los recursos y de los procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales y para tutelar los derechos reconocidos por el presente Estatuto.
Hay que tener presente, al analizar el Título III EAC, la ya mencionada STC, que declara inconstitucionales y nulos algunos de sus preceptos, como por ejemplo los incisos "y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña" de los apartados 5 y 6 del artículo 95. Tales apartados se refieren al nombramiento del presidente del TSJ y de los presidentes de sala. Los nombramientos se llevarán a cabo, entonces, en los términos previstos por la LOPJ.
También ha sido declarado inconstitucional y nulo el artículo 97, en el que se regulaba el Consejo de Justicia de Cataluña como órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña.
El artículo 98, donde se recogen las atribuciones de este órgano, ha sido declarado inconstitucional y nulo en las letras a), b), c), d) y e) de su apartado 2, sin que infrinjan la Constitución los restantes epígrafes de este último precepto. En consecuencia las atribuciones del Consejo de Justicia de Cataluña respecto a los órganos jurisdiccionales situados en el territorio de Cataluña son, conforme a lo previsto en la LOPJ, la aplicación, en el ámbito de Cataluña, de los reglamentos del CGPL; informar sobre las propuestas de revisión, delimitación y modificación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales y sobre las propuestas de creación de secciones y juzgados; presentar una memoria anual al Parlamento sobre el estado y el funcionamiento de la Administración de Justicia en Cataluña y todas las funciones que le atribuyan la LOPJ y las leyes del Parlamento, y las que le delegue el Consejo General del Poder Judicial.
La Sentencia declara nula la previsión contenida en el apartado 1 del artículo 99, "por el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que lo preside, y". Por lo tanto, el Consejo de Justicia de Cataluña está integrado por los miembros que se nombren, de acuerdo con lo previsto por la LOPJ, entre Jueces, Magistrados, Fiscales o juristas de reconocido prestigio. El Parlamento de Cataluña designa a los miembros del Consejo que determine la LOPJ.
Asimismo se anula el artículo 100.1, que preveía la posibilidad de recurrir en alzada los actos del Consejo de Justicia de Cataluña ante el CGPJ.
Tal y como veíamos al principio de este epígrafe, las Comunidades Autónomas pueden asumir en sus Estatutos competencias en materia de "administración de la administración de justicia", así lo hace el EAC en el Capítulo III del Título III, algunas de cuyas previsiones también han sido declaradas inconstitucionales y nulas por parte de Tribunal Constitucional.
En concreto se refiere el artículo 101 a las competencias de la Generalitat en materia de oposiciones y concursos, respecto de las previsiones del citado artículo el Tribunal Constitucional declara en su Sentencia inconstitucionales y nulos los incisos "o al Consejo de Justicia de Cataluña" del artículo 101.1 EAC y del artículo 101.2 EAC.
Asimismo se prevén las competencias en materia de personal judicial y al servicio de la administración de justicia. En este sentido declara la STC que la concreta relación de materias cuya regulación se incluye en esa competencia según el propio art. 103.1 EAC sólo puede entenderse por estricta referencia a las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y con arreglo a ellas deben ser interpretadas y entendidas, en su contenido y en su alcance.
Lo mismo ha de decirse respecto de las funciones que el apartado 2 del art. 103 EAC incluye en "la competencia ejecutiva y de gestión" atribuida a la Generalitat en materia de personal no judicial, pues también se trata de una competencia conferida "[e]n los mismos términos del apartado 1", esto es, por tanto, "dentro del respeto al estatuto jurídico de ese personal establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial".
Asimismo, la posibilidad contemplada en el apartado 3 del art. 103 EAC en punto a la creación por ley del Parlamento catalán de cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia lo es, según previene el propio precepto, "[d]entro del marco dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial", de manera que tal creación sólo es posible si esa Ley Orgánica lo permite y en los términos en que lo haga.
Por último, la atribución a la Generalitat "de competencia exclusiva sobre el personal laboral al servicio de la Administración de Justicia" (art. 103.4 EAC) es obvio que sólo puede entenderse sin perjuicio de la competencia exclusiva del Estado respecto de la Administración de Justicia (art. 149.1.5 CE) y de la legislación laboral general (art. 149.1.7 CE).
Concluye el Capítulo III con las previsiones respecto de las competencias de la Generalitat en materia de medios materiales de la Administración de Justicia en Cataluña, así como un conjunto de competencias de carácter diverso, en materia de organización de oficinas judiciales, órganos y servicios de apoyo a los órganos jurisdiccionales, procedimientos de mediación y conciliación, demarcación, planta y capitalidad judiciales y justicia de paz y de proximidad.
Por último, el artículo 109 recoge la cláusula subrogatoria a la que nos referíamos más arriba, señalando que "la Generalitat ejerce, además de las competencias expresamente atribuidas por el presente Estatuto, todas las funciones y facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce al Gobierno del Estado con relación a la Administración de Justicia en Cataluña."
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 147.2,d) de la Constitución "los Estatutos de autonomía deberán contener las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas."
Estamos, por tanto, ante una de las materias nucleares de todo estatuto de autonomía, también del catalán, cuyo Título IV está dedicado a la regulación de las competencias.
En el Capítulo I (artículos 110 a 115), tal y como explica BARCELÓ, se recoge, en primer lugar, una definición general de las tipologías competenciales, que distingue competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas. En segundo lugar, se determinan una serie de criterios y principios sobre diversos aspectos, tales como la participación en el ejercicio de las competencias estatales, la incorporación de la acción exterior, la actividad de fomento o el alcance territorial de las competencias.
Para un estudio más detallado de este Capítulo I del Título IV, se deberán tener en cuenta los fundamentos jurídicos 59 a 62 de la STC 31/2010 que, en términos generales, desestiman las impugnaciones planteadas o proponen una determinada interpretación de los preceptos para hacerlos compatibles con la Constitución.
Excepción hecha del FJ 60 de la Sentencia que declara "inconstitucional, y por tanto nulo, el inciso "como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto". Con su supresión, el art. 111 EAC se limita a describir correctamente las facultades comprendidas en la competencia de desarrollo de unas bases estatales cuyo contenido y alcance serán siempre, y sólo, las que se desprenden de la Constitución interpretada por este Tribunal"
El Capítulo II lleva a cabo una extensa regulación del régimen competencial de cada materia. También este Capítulo ha de ser interpretado de acuerdo con las reglas que el Alto Tribunal expone en su Sentencia.
Reproducimos a continuación el listado de materias asumidas, con indicación de los Fundamentos Jurídicos de la STC en los que se expresa la concreta regla de interpretación del precepto, o bien se procede a la anulación del mismo. No consideramos necesaria la referencia al resto de Fundamentos, en los que el Tribunal Constitucional expone los argumentos que justifican la desestimación de la impugnación.
Artículo 116 Agricultura, ganadería y aprovechamientos forestales.
Artículo 117 Agua y obras hidráulicas.
Artículo 118 Asociaciones y fundaciones.
Artículo 119 Caza, pesca, actividades marítimas y ordenación del sector pesquero.
Artículo 120 Cajas de ahorros. Respecto del cual, el FJ 67 afirma que "el inciso "los principios, reglas y estándares mínimos que establezcan" del art. 120.2 EAC es inconstitucional y nulo".
Artículo 121 Comercio y ferias.
Artículo 122 Consultas populares. Respecto del cual, el FJ 69 dispone que "no es inconstitucional interpretado en el sentido de que la excepción en él contemplada se extiende a la institución del referéndum en su integridad, y no sólo a la autorización estatal de su convocatoria, y así se dispondrá en el fallo."
Artículo 123 Consumo.
Artículo 124 Cooperativas y economía social.
Artículo 125 Corporaciones de derecho público y profesiones tituladas.
Artículo 126 Crédito, banca, seguros y mutualidades no integradas en el sistema de seguridad social. Respecto del cual el FJ 72 señala que "el inciso "los principios, reglas y estándares mínimos fijados en" del art. 126.2 EAC es inconstitucional y nulo, debiendo desestimarse, en cambio, la impugnación del resto del precepto."
Artículo 127 Cultura.
Artículo 128 Denominaciones e indicaciones geográficas y de calidad.
Artículo 129 Derecho civil. Respecto del cual el FJ 76 establece los términos con arreglo a los cuales ha de ser interpretado para resultar acorde con la Constitución.
Artículo 130 Derecho procesal.
Artículo 131 Educación.
Artículo 132 Emergencias y protección civil.
Artículo 133 Energía y minas.
Artículo 134 Deporte y tiempo libre.
Artículo 135 Estadística.
Artículo 136 La función pública y el personal al servicio de las Administraciones públicas catalanas.
Artículo 137 Vivienda.
Artículo 138 Inmigración. Respecto del cual el FJ 83 afirma que "en consecuencia, el art. 138 EAC ha de interpretarse en el sentido de que la referencia a la "inmigración" no se corresponde con esta materia constitucional, competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.2 CE), sino con otras materias sobre las que puede asumir competencias la Comunidad Autónoma."
Artículo 139 Industria, artesanía, control metrológico y contraste de metales.
Artículo 140 Infraestructuras del transporte y las comunicaciones.
Artículo 141 Juego y espectáculos.
Artículo 142 Juventud.
Artículo 143 Lengua propia.
Artículo 144 Medio ambiente, espacios naturales y meteorología.
Artículo 145 Mercados de valores y centros de contratación.
Artículo 146 Medios de comunicación social y servicios de contenido audiovisual.
Artículo 147 Notariado y registros públicos.
Artículo 148 Obras públicas.
Artículo 149 Ordenación del territorio y del paisaje, del litoral y urbanismo.
Artículo 150 La organización de la Administración de la Generalitat.
Artículo 151 Organización territorial.
Artículo 152 Planificación, ordenación y promoción de la actividad económica.
Artículo 153 Políticas de género.
Artículo 154 Promoción y defensa de la competencia.
Artículo 155 Propiedad intelectual e industrial.
Artículo 156 Protección de datos de carácter personal.
Artículo 157 Publicidad.
Artículo 158 Investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
Artículo 159 Régimen jurídico, procedimiento, contratación, expropiación y responsabilidad en las Administraciones públicas catalanas.
Artículo 160 Régimen local.
Artículo 161 Relaciones con las entidades religiosas.
Artículo 162 Sanidad, salud pública, ordenación farmacéutica y productos farmacéuticos.
Artículo 163 Seguridad privada.
Artículo 164 Seguridad pública.
Artículo 165 Seguridad social.
Artículo 166 Servicios sociales, voluntariado, menores y promoción de las familias.
Artículo 167 Símbolos de Cataluña.
Artículo 168 Sistema penitenciario.
Artículo 169 Transportes.
Artículo 170 Trabajo y relaciones laborales.
Artículo 171 Turismo.
Artículo 172 Universidades.
Artículo 173 Videovigilancia y control de sonido y grabaciones.
7. RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN
El Título VI del EAC regula el régimen de financiación de la Generalitat. Son 21 artículos, del 201 a 221, organizados en tres capítulos, relativos, respectivamente a la Hacienda de la Generalitat, el Presupuesto de la Generalitat y las Haciendas de los gobiernos locales. Tienen también contenido financiero las disposiciones adicionales séptima a décima del EAC.
Una completa comprensión del régimen de financiación de la Comunidad Autónoma de Cataluña debe hacerse desde el análisis de la STC 31/2010, fundamentos jurídicos 130 a 142, y desde la normativa estatal específicamente destinada a regular esta materia, a partir de la previsión contenida en el artículo 157.3 de la Constitución.
Así, al margen de la legislación más general, como puede ser la Ley General Tributaria o la General Presupuestaria, hay que destacar en todo caso: la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial.
Por lo demás y a grandes rasgos, de la regulación contenida en el EAC en materia financiera hay que destacar: la creación de una Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, como órgano bilateral de relación en el ámbito de la financiación autonómica; la proclamación de los principios básicos en la materia (autonomía financiera, coordinación, solidaridad, transparencia, suficiencia, responsabilidad fiscal, equidad y lealtad institucional); o la reglamentación de la Agencia Tributaria de Cataluña.
8. REFORMA DEL ESTATUTO
El Título VII del Estatuto de Autonomía de Cataluña (artículos 222-223), denominado "De la Reforma del Estatuto", contempla dos tipos de procedimientos, uno que podríamos denominar simplificado y otro ordinario.
El procedimiento simplificado está previsto cuando la reforma no afecte a las relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado. La iniciativa se atribuye al Parlamento de Cataluña, a propuesta de una quinta parte de sus Diputados, y al Gobierno de la Generalitat. Asimismo, los ayuntamientos de Cataluña pueden proponer al Parlamento el ejercicio de la iniciativa de reforma si así lo solicita un mínimo del 20 por ciento de los plenos municipales, que representen a un mínimo del 20 por ciento de la población. También pueden proponerla 300.000 firmas acreditadas de los ciudadanos de Cataluña con derecho a voto, si bien se exige que el Parlamento regule estos dos procedimientos para proponer el ejercicio de la iniciativa de la reforma.
En tal caso, se prevé que el Parlamento de Cataluña elaborará y aprobará, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, el proyecto de reforma, consultándose a continuación a las Cortes Generales; las Cortes ratificarán la reforma mediante una ley orgánica, exigiéndose, finalmente el referéndum positivo de los electores de Cataluña.
En el procedimiento ordinario se atribuye la iniciativa al Parlamento, al Gobierno de la Generalitat y a las Cortes Generales. Los Ayuntamientos y los titulares del derecho de voto al Parlamento pueden proponer al Parlamento que ejerza la iniciativa de reforma en los términos anteriormente expuestos.
La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Parlamento, la aprobación de las Cortes Generales mediante una ley orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores.
El Parlamento de Cataluña, por la mayoría absoluta de sus miembros, puede retirar las propuestas de reforma que haya aprobado en cualquier momento de la tramitación en las Cortes Generales antes de que sean aprobadas de forma definitiva. En tal caso, no se tendrá en cuenta la limitación de un año para ser sometida nuevamente debate y votación.
También en el procedimiento ordinario, si la propuesta de reforma no es aprobada por el Parlamento, por las Cortes Generales o por el cuerpo electoral, no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación del Parlamento hasta que haya transcurrido un año.
9. NORMAS DE DESARROLLO
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 7/2007, de 17 julio, de la Agencia Tributaria de Cataluña.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 18/2007, de 28 diciembre, del derecho a la vivienda.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2008, de 24 abril, del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 10/2008, 10 julio, del libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a las sucesiones.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 13/2008, de 5 noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 1/2009, de 12 febrero, de la Autoridad Catalana de la Competencia.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 2/2009, de 12 febrero, del Consejo de Garantías Estatutarias.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 12/2009, de 10 julio, de educación.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 13/2009, de 22 julio, de la Agencia de la Vivienda de Cataluña.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 14/2009, de 22 julio, de aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras aeroportuarias.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 18/2009, de 22 octubre, de salud pública.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña de 24/2009, 23 diciembre, del Síndic de Greuges.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 6/2010, de 26 marzo, del procedimiento de designación de los senadores que representan a la Generalitat en el Senado
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 12/2010, de 19 mayo, del Consejo de Gobiernos Locales.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 14/2010, de 27 mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 21/2010, de 7 julio, de acceso a la asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo del Servicio Catalán de la Salud.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 25/2010, de 29 julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 26/2010, de 3 agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 30/2010, de 3 agosto, de veguerías.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 31/2010, de 3 agosto, del Área Metropolitana de Barcelona.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 32/2010, de 1 octubre de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 33/2010, de 1 octubre, de políticas de juventud.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 34/2010, de 1 octubre, de regulación de las fiestas tradicionales con toros.
- Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 35/2010, de 1 octubre, del occitano, aranés en Arán.
En cuanto a la bibliografía destacan, entre otros, los trabajos de Albertí, Barceló, Ferreiro o Tirado.
Sinopsis elaborada por: Ángeles González Escudero y Pepa Fernández. Letradas de las Cortes Generales. Enero de 2011.