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Timestamp: 2018-07-17 19:28:34
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Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 68', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 30', 'artículo 65']

Derechos humanos en materia de acceso a la justicia e impunidad
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Me siento muy honrado y complacido de participar en calidad de Experto en el “Taller Regional sobre Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho”, invitado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), para desarrollar entre el 5 y 7 de septiembre de 2005, el tema “Acceso a la Justicia e Impunidad”.
Reiteradamente, a lo largo de muchos años, tanto en uso de su función consultiva como jurisdiccional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) ha afirmado en relación con la Democracia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho que “en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros”1.
Y, específicamente, temas como el acceso a la Justicia y la Impunidad, han estado permanentemente presentes, en su tarea convencional de interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención”, “la Convención Americana”, “Pacto de San José de Costa Rica”, o la “CADH”), al considerar los casos que le han sido sometidos a su consideración por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”).
Ambos temas, acceso a la Justicia e Impunidad, han sido considerados en el contexto específicos de la resolución de casos contenciosos en una jurisdicción de naturaleza subsidiaria en la que normalmente, a menos que el Estado demandado acepte la responsabilidad internacional de los hechos, la Corte deberá resolver, con fundamento en las pruebas documentales, testimoniales y periciales del caso, así como en los alegatos de las partes, la violación de estos derechos protegidos convencionalmente, lo cual no siempre es claro y fácil de determinar.
II. EL ACCESO A LA JUSTICIA
El acceso a la justicia puede ser entendido como la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica o de otra naturaleza, de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y vindicación de los derechos protegidos de los cuales es titular. Es decir, que por este principio podemos entender la acción, ante una controversia o la necesidad de esclarecimiento de un hecho, de poder acudir a los medios previstos por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para su respectiva resolución. Tanto a nivel nacional como internacional este término ha sido últimamente visto como un equivalente al mejoramiento de la administración de justicia, siendo éste una forma de ejecución de dicho principio. Recordemos que es en el campo de la administración de justicia donde se define la vigencia de los derechos fundamentales en las sociedades contemporáneas, donde se prueba si las libertades y garantías enunciadas en los diferentes instrumentos de derecho internacional tienen o no aplicación real en el los ámbitos internos e internacionales de protección.
El artículo 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica dispone:
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o autoridad competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
Esta disposición es clara y según ella, los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o a los tribunales en busca de que sus derechos sean protegidos o determinados. Consecuentemente, cualquier norma o medida estatal, en el orden interno, que dificulte de cualquier manera, uno de ellos puede ser la imposición de costos, el acceso de los individuos a los tribunales y que no esté justificado por necesidades razonables de la propia administración de justicia, debe entenderse como contraria a la citada normal convencional.
Por su parte el artículo 25 de la Convención Americana, que también garantiza el acceso a la justicia dispone lo siguiente:
El artículo 25, antes citado, establece la obligación positiva del Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales, derechos fundamentales que pueden estar reconocidos en la Convención Americana o por la propia ley interna.
Asimismo, la Corte ha señalado en reiteradas oportunidades, que la garantía de un recurso efectivo:
constituye una de los pilares básicos, no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención2.
También ha dispuesto la Corte, desde sus primeras sentencias contenciosas en los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz3, que para cumplir con lo dispuesto por el artículo 25 no basta con la existencia formal de los recursos, sino que estos deben ser adecuados y efectivos para remediar la situación jurídica infringida. O sea, cualquier norma o medida que impida o dificulte hacer uso del recurso de que se trata, constituye una violación del derecho de acceso a la justicia, según lo dispone el artículo 25 de la Convención.
Al respecto, en el caso Barrios Altos contra el Perú, la Corte se refirió a la obligación de los Estados partes en la Convención de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana a toda persona sujeta a su jurisdicción. En este caso, la Corte precisó las implicaciones de esta garantía en relación con la vigencia de los derechos considerados inderogables y cuya afectación constituye una grave violación de los derechos humanos, así como la posibilidad de la comisión de un delito contra la humanidad. Asimismo, el tribunal estableció que el deber de investigar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos implicaba a prohibición de dictar cualquier legislación que tuviera por efecto conceder impunidad a los responsables de hechos de la gravedad señalada.
Los hechos de este caso se refieren a una masacre ocurrida en el vecindario “Barrios Altos” del Perú el 3 de noviembre de 1991. Esa noche durante una fiesta para recaudar fondos, llegaron dos vehículos con sirenas policiales, cuyos ocupantes llevaban pasamontañas y obligaron a los asistentes a arrojarse al suelo, y una vez allí, les dispararon con ametralladoras y mataron a quince personas. Los autores del hecho fueron identificados como miembros de inteligencia militar del ejercito peruano , que actuaban en un “escuadrón de eliminación” con su propio programa antisubversivo y que habría obrado en represalia contra supuestos integrantes de la agrupación “Sendero Luminoso”. A pesar de que los hechos ocurrieron en 1991, en 1995 una fiscal intentó sin éxito hacer comparecer a los militares imputados a fin de que presentaran declaración; poco tiempo después, una jueza asumió la investigación y ordenó la citación. Sin embargo, la justicia militar dispuso que los militares no declararan. De este modo se planteó un conflicto de competencia ante la Corte Suprema de Justicia peruana y, antes de que ésta resolviera, el Congreso sancionó una ley de amnistía que exoneraba de responsabilidad a los militares, policías y civiles que hubieran cometido violaciones a los derechos humanos o participado en esas violaciones entre 1980 y 1995. La jueza a cargo del caso declaró la inconstitucionalidad de la amnistía por violar garantías y obligaciones internacionales derivadas de la Convención Americana, mientras que el Congreso dictó una nueva ley en la que declaró que la amnistía no era revisable en sede judicial y que era de aplicación obligatoria, ampliando además el alcance de la ley anterior, con lo cual quedaron abarcados aquellos hechos que no hubieran sido denunciados. El tribunal de apelación que revisaba la decisión de la jueza declaró la constitucionalidad de las leyes en cuestión y determinó el archivo definitivo de la investigación.
En este caso, la Corte Interamericana determinó la responsabilidad internacional del Estado no sólo por la violación del derecho a la vida e integridad personal derivada de los hechos del caso, sino además por la dictado de dos leyes de amnistía, lo que constituyó la violación del derecho a las garantías judiciales (art. 8 CADH), del derecho a la protección judicial (art. 25 CADH) y al deber de adoptar disposiciones de derecho interno (art. 2 CADH).
Cabe señalar además, que si bien la Corte se pronunció en este caso sobre la validez de la autoamnistía, analizando dicha legislación por sus efectos y no por su origen, es valida la consideración de que dicha prohibición rige tanto para el propio gobierno que cometió las violaciones, así como para el gobierno democrático reestablecido. En este sentido la Corte consideró:
que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
[Asimismo,] la Corte estim[ó| necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención. Es por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistía, incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente.
Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú.4
En este caso, la Corte haciendo uso libre y pleno, como le corresponde, de los poderes inherentes a su función judicial, dispuso por primera vez en un caso de allanamiento, además de admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado demandado, el establecimiento de las consecuencias jurídicas de dicho allanamiento.
Estas consideraciones de la Corte Interamericana buscan superar un obstáculo que los órganos internacionales de supervisión de los derechos humanos todavía no han logrado transponer: la impunidad, con la consecuente erosión de la confianza de la población en las instituciones públicas. Recordemos que al respecto, el principal documento adoptado por la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993) exhortó a los Estados a "derogar la legislación que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, (...) y sancionar esas violaciones (...)"5.
En su voto razonado en el caso en cuestión, el entonces Presidente de la Corte, Juez Antonio A. Cançado Trindade, señaló que las
las llamadas autoamnistías son, en suma, una afrenta inadmisible al derecho a la verdad y al derecho a la justicia (empezando por el propio acceso a la justicia). Son ellas manifiestamente incompatibles con las obligaciones generales -indisociables- de los Estados Partes en la Convención Americana de respetar y garantizar los derechos humanos por ella protegidos, asegurando el libre y pleno ejercicio de los mismos (en los términos del artículo 1(1) de la Convención), así como de adecuar su derecho interno a la normativa internacional de protección (en los términos del artículo 2 de la Convención). Además, afectan los derechos protegidos por la Convención, en particular los derechos a las garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25).
Además, en relación con las leyes de autoamnistía, hay que tomar en consideración que su legalidad en el plano del derecho interno, al implicar a la impunidad y la injusticia, son incompatibles con la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, acarreando, por lo tanto, violaciones a los derechos de la persona humana. Como es sabido, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece que no todo lo que es legal en el ordenamiento jurídico interno lo es en el ordenamiento jurídico internacional, y aún más cuando están en juego tales como la justicia y la verdad.
Por otra parte, la Corte Interamericana ha presentado en reiteradas ocasiones una propuesta de solución a los órganos pertinente de la OEA en relación con la implementación del artículo 65 de la Convención Americana. En el año 2001 el entonces Presidente de la Corte, Juez Antonio A. Cançado Trindade se refirió al contenido de un eventual Protocolo de reformas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para Fortalecer su Mecanismo de Protección6, señalando que:
60. Para asegurar el monitoreo continuo del fiel cumplimiento de todas las obligaciones convencionales de protección, y en particular de los fallos de la Corte, se debe, a mi juicio, acrecentar, al final del artículo 65 de la Convención la siguiente frase:
- “La Asamblea General los remitirá al Consejo Permanente, para estudiar la materia y rendir un informe, para que la Asamblea General delibere al respecto”7.
De ese modo, se suple una laguna en cuanto a un mecanismo, a operar en base permanente (y no solamente una vez por año ante la Asamblea General de la OEA), para supervisar la fiel ejecución, por los Estados Partes demandados, de las sentencias de la Corte.
61. En la misma línea de pensamiento, y con el mismo fin de asegurar el fiel cumplimiento de las sentencias de la Corte, en el plano del derecho interno de los Estados Partes, se debe agregar al final del artículo 68 de la Convención, un tercer párrafo, en los siguientes términos:
- “En caso de que dicho procedimiento interno todavía no exista, los Estados Partes se comprometen a establecerlo, en conformidad con las obligaciones generales estipuladas en los artículos 1(1) y 2 de esta Convención”8.
Siempre en el marco del diálogo sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el Juez Cançado Trindade reiteró que
además, se encargaría a un grupo de trabajo permanente de la CAJP [Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados Americanos], integrado por Representantes de Estados Partes en la Convención Americana, supervisar en base permanente el estado de cumplimiento, por los Estados demandados, de las sentencias y decisiones de la Corte Interamericana, el cual presentaría sus informes a la CAJP; ésta, a su vez, relataría al Consejo Permanente, para preparar su informe para la deliberación de la Asamblea General al respecto. De ese modo, se supliría un laguna en cuanto a un mecanismo, a operar en base permanente (y no solamente una vez por año ante la Asamblea General de la OEA), para supervisar la fiel ejecución, por los Estados Partes demandados, de las sentencias de la Corte9.
Por último, expresó que en virtud de la carencia institucional del sistema interamericano de protección de los derechos humanos ya señalada, la “Corte Interamericana viene ejerciendo motu propio la supervisión de la ejecución de sus sentencias, dedicándole uno o dos días de cada período de sesiones. Pero la supervisión - en el ejercicio de la garantía colectiva - de la fiel ejecución de las sentencias y decisiones de la Corte es una tarea que recae sobre el conjunto de los Estados Partes en la Convención”10.
III. LA IMPUNIDAD
En concepto “impunidad” no describe, en sentido estricto, un asunto legal, sino un fenómenos de dimensiones legales, sociales, culturales, psicológicas y hasta económicas. En términos generales esta puede ser entendida como la ausencia de pena, la no punibilidad, o ausencia de castigo, los cuales son una clara oposición a los conceptos ampliamente conocidos de impunibilidad, imputabilidad e inmunidad11.
Desde 1978, las leyes de impunidad proliferaron en los países de Centro y Suramérica, los cuáles ha sufrido largos períodos de violencia política y violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado. Esas leyes tomaron la forma de amnistía, prescripción e indulto, reconociendo la obediencia debida como una defensa para los crímenes cometidos por agentes del gobierno. El propósito de estas leyes ha sido el de prevenir la investigación y el castigo de graves violaciones de los derechos humanos.
La oleada de leyes de impunidad en nuestro continente es el resultado del terrorismo de Estado y representa la política de sus hacedores para encubrir los hechos. Por lo general estas leyes no se han emitido para estimular el retorno a la paz o para reintegrar a los presos políticos, refugiados o exiliados, sino para legitimar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado evitar el enjuiciamiento de sus agentes. Es por ello que la amnistía como tal conlleva una serie de efectos, entre ellos: que se aplica retroactivamente y en una forma general a una cierta categoría de crímenes, y no a grupos señalados. Por ejemplo, una amnistía puede incluir a los militares, a las fuerzas de seguridad o a agentes del gobierno, sin decirlo específicamente. Su impacto es además inmediato, ya que al demostrar que el crimen alegado esta incluido en la amnistía, se puede pedir el sobreseimiento inmediato de la causa12.
Las leyes de impunidad se han adoptado en nombre de la paz y la reconciliación, pero por lo general suprimen los derechos de las víctimas del terrorismo de Estado. En algunos casos, ha estimulado el resurgimiento de la violencia y ha asegurado la impunidad de los gobiernos y sus agentes por crímenes graves sobre sus ciudadanos. Estas leyes han prevalecido principalmente porque los beneficiarios siguen en el poder, en la rama ejecutiva o en los cuarteles militares. El impacto de este fenómeno puede ser medido en torno a varias preguntas, por ejemplo: ¿cuántos agentes han sido enjuiciados y castigados?, ¿en cuantos casos sobre violaciones a los derechos humanos se han realizado investigaciones imparciales y exhaustivas?, ¿en cuantos casos se han establecido responsabilidades?, y ¿cuántas victimas o sus familias ha recibido una indemnización justa?
Ante la imposibilidad de obtener justicia en sus países, muchas personas y organizaciones no gubernamentales ha recurrido a instituciones internacionales, tanto regionales como internacionales, para intentar revertir una situación que notoriamente contradecía las obligaciones internacionales contraídas por los Estados. Es acá, donde surge la importancia de las investigaciones, fallos y decisiones de los organismos regionales de protección de los derechos humanos, tales como la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana ha definido la impunidad como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”13.
Y ha agregado reiteradamente también en numerosos casos que
[…] el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas sus familiares14.
El tema de la impunidad es una de los más sensibles en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, ya que al dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana, los Estados Partes en la Convención cumplen con prontitud el pago de las indemnizaciones pecuniarias y otras obligaciones de hacer, pero se progresa muy lentamente, o no se progresa del todo, en la investigación de los hechos y el enjuiciamiento y sanción de los responsables. Esto me motivó a emitir un voto razonado en el Caso Caesar contra Trinidad y Tobago15, en el que pongo de relieve una laguna convencional que permite que esta situación se mantenga hasta el día de hoy y que los Estados Partes no se dispongan a remediar esta situación, mediante la creación de un órgano político, con carácter permanente, dentro del seno de la OEA, para analizar los casos en que la Corte, de acuerdo con el artículo 65 de la Convención, informe a la Asamblea de un incumplimiento de sentencia. Dicho artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala lo siguiente:
28. La consecuencia de que la Convención Americana no establezca un mecanismo para implementar y dar efecto útil al artículo 65 de la Convención Americana, sumado al trámite que se da en la OEA al informe anual de la Corte, es que cuando se revisa la lista de casos y medidas provisionales sometidas a la Corte para que las considere de acuerdo con su función jurisdiccional, se provoque una impresión equivocada del grado satisfactorio de cumplimiento de las sentencias y resoluciones de la Corte por los Estados Partes en la Convención Americana.
Esto ocurre porque los casos no se pueden cerrar hasta que ha habido un cumplimiento total de la sentencia, pese a que el grado de cumplimiento parcial de las mismas es muy alto. Esta situación podría solventarse si los Estados Partes remitieran siempre oportunamente a la Corte la información que ésta les solicita sobre cumplimiento de sentencias y medidas provisionales.
30. Ha quedado demostrado que como consecuencia de la ausencia de una norma convencional que permite implementar el artículo 65 de la Convención y de la manera como se tramita y se considera el informe anual de labores de la Corte por las instancias pertinentes de la OEA, los informes de no cumplimiento de una sentencia de la Corte no son directamente conocidos o debatidos por la Asamblea General de la OEA, ni tampoco por el Consejo Permanente o su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Esta última se limita a debatir y a emitir un proyecto de resolución para el Consejo Permanente, que luego se somete a la Asamblea General, sobre el informe de labores de la Corte. Pero no se escucha y debate sobre el incumplimiento específico del caso en mención y, consecuentemente, el descargo respectivo del Estado.
31. No cabe la menor duda de que la solución óptima sería adoptar un protocolo de reformas a la parte procedimental de la Convención Americana, tal y como oportunamente lo propuso la Corte. Pero de momento y en ausencia de una solución a largo plazo, debe optarse por una que a corto plazo permita que se debatan, por los órganos respectivos de la OEA, los informes de incumplimiento de sentencias dictadas por la Corte, lo que podría facilitar en muchos casos el pronto y total cumplimiento de los mismos y su cierre definitivo por la Corte. Esto fortalecería el sistema interamericano de derechos humanos que erróneamente parece inefectivo como consecuencia de los datos que se transcribieron anteriormente
33. Para evitar que esto continúe sucediendo, la solución más inmediata sería que la CAJP creara un grupo de trabajo -con carácter permanente- para que en su seno se consideraran los informes de incumplimiento emitidos por la Corte y los miembros de la misma recibieran informes escritos y verbales de la Corte, la Comisión y los representantes de las víctimas, así como los descargos o explicaciones que pudieran dar los Estados Partes, con el fin de elevar las recomendaciones pertinentes a la CAJP, al Consejo Permanente y, finalmente, a la Asamblea General.
Si esto ocurriera, se tendría una instancia internacional adicional, que sería una importante herramienta en la lucha contra la impunidad.
Hace algunos días una importante sentencia emitida por La Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina, se refirió a este tema, en la cual resolvió, entre otros, declarar la nulidad de las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida”, las cuales interrumpieron los procesos penales que se llevaban a cabo en ese entonces contra militares argentinos acusados de delitos de lesa humanidad durante la represión de las dictaduras de finales de los años 70 y comienzos de los 80. Además, la Corte avaló la ley 25.779 de 2003, que precisamente declaraba la nulidad de las mencionadas leyes. Este Tribunal señaló que a fin de dar cumplimiento a los tratados internacionales ratificados por el Estado Argentino, la supresión de las leyes de punto final y de obediencia debida resulta impostergable. Esto significa que quienes resultaron beneficiarios de tales leyes no pueden invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada. Pues de acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana, tales principios no pueden convertirse en el impedimento para la anulación de las leyes mencionadas.
En esta sentencia se puso además de manifiesto la importante influencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en los fallos y decisiones de los Tribunales internos. Además de hacer referencia a varios casos de la Corte, tales como Velásquez Rodríguez, Godínez Cruz, Blake y El Amparo, entre otros, la Corte Suprema de Justicia argentina basó gran parte de sus razonamientos en la sentencia de la Corte emitida en el caso Barrios Altos. En claro ejemplo es la siguiente cita:
Recientemente, sin embargo, en el caso "Barrios Altos", la Corte Interamericana precisó aún más las implicancias de esta obligación de garantía en relación con la vigencia de los derechos considerados inderogables, y cuya afectación constituye una grave violación de los Derechos Humanos cuando no la comisión de un delito contra la humanidad. En ese precedente quedó establecido que el deber de investigar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos implicaba la prohibición de dictar cualquier legislación que tuviera por efecto conceder impunidad a los responsables de hechos de la gravedad señalada. Y si bien es cierto que la Corte se pronunció en el caso concreto sobre la validez de una autoamnistía también lo es que, al haber analizado dicha legislación por sus efectos y no por su origen, de su doctrina se desprende, en forma implícita, que la prohibición rige tanto para el caso de que su fuente fuera el propio gobierno que cometió las violaciones o el gobierno democrático restablecido.
1 Los temas de acceso a la justicia y la impunidad, en un sistema de naturaleza subsidiaria como lo es el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, de una forma u otra, alegados o no por la Comisión Interamericana o las víctimas o sus representantes, siempre han estado presentes en los que casos que se han sometido al Tribunal.
2 la alegación específica de ambos temas en los últimos años en los casos sometidos a consideración de la Corte, ha permitido al Tribunal desarrollar ambos conceptos, tal y como se ha descrito en esta charla.
3 No cabe duda alguna que ambos temas se seguirán presentando en futuros casos, tal y como ha ocurrido recientemente, en que se han puesto de manifiesto las debilidades de muchos de los poderes judiciales de la región, así como de la misma legislación.
4 Cabe esperar que el trato futuro de este tema por la Corte Interamericana influencie cada vez más las resoluciones de los tribunales internos, para que todo ser humano de nuestro continente tenga garantizado el acceso a la justicia y que la impunidad desparezca de la vida política, social y jurídica de nuestros pueblos americanos.
San José, Costa Rica. 10 de agosto de 2005.
Casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
relativos a los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial)
Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16.
Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana. Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22.
Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo. Sentencia del 29 de enero de 1997. Serie C No. 30.
Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33.
Corte I.D.H., Caso Castillo Páez. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34.
Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35.
Corte I.D.H., Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36.
Corte I.D.H., Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37.
Corte I.D.H., Caso Benavides Cevallos. Sentencia de 19 de junio de 1998. Serie C No. 38.
Corte I.D.H., Caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52.
Corte I.D.H., Caso Cesti Hurtado. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56.
Corte I.D.H., Caso del Caracazo. Sentencia de 11 de noviembre de 1999. Serie CNo. 58.
Corte I.D.H., Caso Cesti Hurtado. Solicitud de Interpretación de la Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Resolución de la Corte de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 62.
Corte I.D.H., Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63.
Corte I.D.H., Caso Trujillo Oroza. Sentencia de 26 de enero de 2000. Serie C No. 64.
Corte I.D.H., Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68.
Corte I.D.H., Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69.
Corte I.D.H., Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70.
Corte I.D.H., Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71.
Corte I.D.H., Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72.
Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74.
Corte I.D.H., Caso Las Palmeras. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90.
Corte I.D.H., Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94.
Corte I.D.H., Caso Las Palmeras. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 de noviembre de 2002. Serie C No. 96.
Corte I.D.H., Caso Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97.
Corte I.D.H., Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99.
Corte I.D.H., Caso Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100.
Corte I.D.H., Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101.
Corte I.D.H., Caso Masacre Plan de Sánchez. Sentencia de 29 de abril de 2004. Serie C No. 105.
Corte I.D.H., Caso Molina Theissen. Sentencia de 4 de mayo de 2004. Serie C No. 106.
Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107.
Corte I.D.H., Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110.
Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111.
Corte I.D.H., Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112.
Corte I.D.H., Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114.
Corte I.D.H., Caso De la Cruz Flores. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115.
Corte I.D.H., Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117.
Corte I.D.H., Caso Hermanas Serrano Cruz. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118.
Corte I.D.H., Caso Lori Berenson Mejía. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119.
Corte I.D.H., Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120.
Corte I.D.H., Caso Huilca Tecse. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121.
Corte I.D.H., Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de marzo de 2004. Serie C No. 122.
Corte I.D.H., Caso Caesar. Sentencia de 11 de marzo de 2005. Serie C No. 123.
Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Moiwana. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124.
Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125.
Corte I.D.H., Caso Fermín Ramírez. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126.
Corte I.D.H., Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127.
Corte I.D.H., Caso Acosta Calderón. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129.
* Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Miembro del “International Law Association”, de “The American Society of International Law”; Miembro Miembro del “Instituto Hispano-Luso-Americano y Filipino de Derecho Internacional”; Miembro del “Consejo Editorial de la Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos”; Miembro Honorario de la “Asociación Costarricense de Derecho Internacional” y Miembro ex oficio de la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Correo electrónico: manuelventura@corteidh.or.cr
1 Corte I.D.H., El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 26; y Corte I.D.H., Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 35.
2 Corte I.D.H., Caso Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, párr. 52.
3 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4; y Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5.
4 Corte I.D.H., Caso Barrios Altos . Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75.
5. Naciones Unidas, Declaración y Programa de Acción de Viena (1993), Parte II, párr. 60.
6 Corte I.D.H.: El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI. Informe: Bases para un Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para Fortalecer su Mecanismo de Protección (2001), Tomo II, 2ª Edición, Mayo de 2003, pág. 378.
7 El artículo 30 del Estatuto de la Corte Interamericana debe, a fortiori, ser enmendado, de modo a compatibilizarlo con la nueva redacción, aquí propuesta, del artículo 65 de la Convención Americana.
8 Corte I.D.H.: El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI. Informe: Bases para un Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para Fortalecer su Mecanismo de Protección (2001), Tomo II, 2ª Edición, Mayo de 2003, pág. 369.
9 Corte I.D.H.: El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI. Informe: Bases para un Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para Fortalecer su Mecanismo de Protección (2001), Tomo II, 2ª Edición, Mayo de 2003, pág. 795.
10 Corte I.D.H.: El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI. Informe: Bases para un Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para Fortalecer su Mecanismo de Protección (2001), Tomo II, 2ª Edición, Mayo de 2003, págs. 919 y 920.
11 AMBOS, Kai: Impunidad y Derecho Penal Internacional. Un Estudio Empírico sobre Colombia, Bolivia, Perú, Chile Argentina. 1ª Edición colombiana, 1997, pág. 29.
12 NORRIS, Robert: Leyes de Impunidad y los Derechos Humanos en las Américas: Una Respuesta Legal. En: Revista IIDH, No. 15, San José, Costa Rica, 1992.
13 Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 186; Corte I.D.H., Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 123; Corte I.D.H., Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 211.
14 Corte I.D.H., Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 173; Corte I.D.H., Caso Blake. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 de enero de 1999. Serie C No. 48, párr. 64; Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 170.
15 Corte I.D.H., Caso Caesar. Sentencia de 11 de marzo de 2005. Serie C No. 123.