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Timestamp: 2018-01-22 19:47:51
Document Index: 152104359

Matched Legal Cases: ['artículo 139', 'Artículo 139', 'Artículo 139', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 59', 'Artículo 59', 'artículo 60', 'artículo 94', 'Artículo 250']

DICTADURA DE LOS FISCALES EN ELPERU | Worsdinresistance's Weblog
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DICTADURA DE LOS FISCALES EN ELPERU
El atestado como “el instrumento oficial en que una autoridad o sus delegados hacen constar como cierta alguna cosa. Aplícase especialmente a las diligencias de averiguación de un delito, instruidas por la autoridad gubernativa o policía judicial como preliminares de un sumario”.
En la práctica procesal penal del Perú, el atestado es, en palabras de Guillermo Olivera Díaz, “el documento por el cual la policía denuncia la perpetración de un acto punible ante el Ministerio Público conteniendo las investigaciones practicadas y que serán apreciadas por los jueces y tribunales con criterio de conciencia…”
De las garantías constitucionales sobre la impartición de justicia
El derecho a la tutela jurisdiccional, consagrado por el artículo 139°, inciso 3), garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional observado el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos establecidos por los instrumentos internacionales. Tiene como base fundamental el Principio de Contradicción
Para poder dar una explicación clara del Principio de Contradicción, debemos dar algunos lineamientos de lo que significa el Derecho a la Defensa, no sólo en nuestro sistema legal, sino en los sistemas legales de la mayoría de los países en los cuales se ejerce a plenitud el estado de derecho, puesto que, como veremos más adelante, el principio de contradicción es sólo una de las expresiones y piezas fundamentales del Derecho a la Defensa, que a su vez, dentro del proceso penal, se manifiesta abiertamente en la etapa del juicio oral.
El Derecho a la Defensa es un derecho humano que ha sido recogido en diversos instrumentos internacionales sobre la materia, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todos estos instrumentos a través de un conjunto de medidas reconocen el denominado debido proceso, en tanto abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos y obligaciones están bajo consideración judicial.
Dentro de las garantías al debido proceso internacionalmente reconocidas se encuentra el Derecho a la Defensa [2]. Este derecho consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercer su defensa en todo proceso donde se vea involucrado, lo cual implica contar con un abogado defensor, acceder a documentos y pruebas, ser informado con anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra, etc. [3] De esta manera, se vulnera el derecho a la defensa por ejemplo, cuando:
• Se niega la asistencia inmediata de un abogado libremente elegido o de un defensor público de oficio;
• Se impide al abogado comunicarse con su defendido;
• Se reciben las notificaciones con retraso;
• Se niega el acceso al expediente o a las diligencias vinculadas al proceso;
• Se obstaculizan los esfuerzos de la defensa para identificar, u ubicar y obtener la comparecencia de testigos.
Como vemos el derecho a la defensa engloba una serie de principios que a su vez, forman parte de aquella gran estructura constitucional que garantiza el estado de derecho, que es como señalamos anteriormente EL DEBIDO PROCESO.
Habiendo señalado el marco general dentro del cual se encuentra inmerso el principio del proceso penal que es materia de análisis en el presente trabajo, podemos iniciar los lineamientos que se dan en la legislación peruana
A pesar de la escasa importancia y casi nula en el procedimiento penal que se concede al Atestado Policial, son numerosos los casos en que en los enjuiciamientos que se les otorga definitivo poder probatorio, que son irrepetibles, lo que determina que estos atestados sean practicados por funcionarios con el máximo rigor legal, sin embargo en muchas ocasiones son utilizados para prefabricas . Pruebas, que en el devenir del proceso serán en sede judicial…
Sólo puede concederse valor probatorio al atestado si es reiterado y ratificado en el juicio oral y esto es una rémora por lo fluctuante en los cargos de los efectivos policiales., en consecuencia deberá tenerse en cuenta, el valor del Atestado, es algo más que una denuncia, confeccionado por funcionarios altamente capacitados en el tema investigado.
EL DERECHO A LA DEFENSA EN LA LEGISLACIÓN PERUANA Y EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN.
Se encuentra regulado en los artículos 139º (14) y 139º (15) de la Constitución Política del Perú. Tiene protección constitucional a cualquier procedimiento y es reconocido como requisito esencial para la válida constitución de un proceso, los citados artículos constitucionales señalan:
“Artículo 139º.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
14. El principio de no ser privado del derecho a la defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”.
A su vez el inciso 15 del mismo artículo señala:
“Artículo 139º.- Son principio y derechos de la función jurisdiccional:
15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención”.
El Anteproyecto de Ley de Reforma de la Constitución recoge el derecho a la defensa ya no dentro de los principios y derechos de la función jurisdiccional, sino que le ha dado una categoría superior, ubicándolo dentro del capítulo que consagra los Derechos Fundamentales de la Persona; así, dentro del Artículo 1º, inciso 26, numeral d encontramos al derecho a la defensa en los siguientes términos:
“Artículo 1º.-Toda persona tiene derecho:
26. Al debido proceso. En consecuencia:
d. Nadie puede ser privado dentro del derecho de defensa. Toda persona tiene derecho a comunicarse personal y confidencialmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.”
El derecho a la defensa es esencial en todo ordenamiento jurídico. Mediante él se protege una parte medular del debido proceso. Las partes en juicio deben estar en la posibilidad jurídica y fáctica de ser debidamente citadas, oídas y vencidas mediante prueba evidente y eficiente. El derecho de defensa garantiza que ello sea así. [4]
Es del caso definir el derecho de defensa como el derecho público constitucional que asiste a toda persona física a quien se le pueda atribuir la comisión de un hecho punible, mediante cuyo ejercicio se garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se le concede a ambos la capacidad de postulación necesaria para oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del proceso el derecho constitucional a la libertad del ciudadano.
El Ministerio Público desde esta perspectiva de la defensa como limitación al poder estatal, no tiene derecho a la defensa, sino un conjunto de facultades o armas para cumplir su función persecutoria.
El derecho a la defensa parte de que existiendo una imputación [5] nace el derecho a la defensa, lo que importa reconocer el sujeto pasivo de la imputación tiene el derecho de acceder al proceso o investigación preliminar, a ser oído por la autoridad en todas y cada una de las instancias en que la causa se desenvuelva.
La finalidad del derecho de defensa del imputado es hacer valer con eficacia el derecho a la libertad, la necesidad de contradicción efectiva exige reconocer un cuadro de garantías procesales que limiten la actividad de la acusación y del órgano jurisdiccional. [6]
. IMPUTADO Y DERECHO A LA DEFENSA:
Binder señala: “la declaración del imputado es la oportunidad que se le otorga para presentar su versión de los hechos, ofrecer su descargo, proponer pruebas y establecer un contacto directo con las personas que tienen a su cargo la preparación de la acusación o, directamente, al juicio”.
a) A que se le dé el status de parte para poder contestar la pretensión punitiva, la cual debe preceder al acto de defensa y serle debidamente notificada;
b) A la “última palabra”, en tanto derecho potestativo a que la sentencia se dicte luego de que se le dé la oportunidad de expresar lo que tiene que decir al finalizar la actividad procesal (Art. 279º del C de PP de 1940 y 301º del CPP de 1991);
c) Derecho a designar un abogado de su elección o en su defecto, a contestar la imputación o realizar algún acto procesal; y,
d) Derecho a conocer en su integridad los cargos y pruebas existentes en su contra.
. DERECHO A LA DEFENSA: DERECHO DUAL:
El derecho de defensa incorpora dentro de sí dos principios fundamentales del proceso penal: el de contradicción, de carácter estructural al igual que la igualdad, y el acusatorio, vinculado con el objeto del proceso.
. Principio de contradicción:
Se construye sobre la base de aceptar a las partes del proceso penal, acusadora y acusada, la posibilidad efectiva de comparecer o acceder a la jurisdicción a fin de poder hacer valer sus respectivas pretensiones, mediante la introducción de los hechos que las fundamentan y su correspondiente prácticas de pruebas, así como cuando se le reconoce al acusado su derecho a ser oído con carácter previo a la condena.
Previo al análisis de las exigencias que acarrea la contradicción en el proceso penal, debemos señalar brevemente a las partes del proceso penal: acusadoras y acusadas:
Ministerio Público.- Fue la Constitución de 1979 la que por primera vez organizó al Ministerio Público como ente autónomo. La autonomía implica la necesidad de mantener al Ministerio Público fuera del poder político. César San Martín, citando a Gimeno Sendra señala que, en la medida que la primera y más importante de las funciones del Ministerio Público es la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho, para la adecuada asunción de dicha función precisa de la autonomía funcional e imparcialidad suficientes que le permitan solicitar la desinteresada aplicación del derecho objetivo.
El Ministerio Público tiene una trascendental intervención en todo el curso del proceso penal, dentro de las principales funciones del Ministerio Público se encuentran:
• Es defensor de la legalidad.
• Custodio de la independencia de los órganos jurisdiccionales y de la recta administración de justicia.
• Titular del ejercicio público de la acción penal.
• Asesor u órgano ilustrativo de los órganos jurisdiccionales.
Previo a la etapa de la instrucción, el fiscal tiene a su cargo la formulación de la denuncia correspondiente desde el momento que conoce de la noticia de un delito o criminal, por supuesto, el fiscal analiza los presupuestos de procesabilidad requeridos para poder formular la denuncia. Una vez dictado el Auto de Apertura de Instrucción, durante la etapa de la instrucción el Fiscal tiene las siguientes funciones y atribuciones:
• Como titular del ejercicio público de la acción penal, interviene obligatoriamente en todas las diligencias que se realicen, a las que debe ser citado bajo sanción de nulidad (Art. 91º del C de PP).
• Tiene la carga de la prueba.
• Está obligado a garantizar el derecho a la defensa y los derechos del imputado.
• Puede solicitar al juez la adopción de medidas coercitivas.
La Policía.- La Constitución ubica a la policía dentro del Poder Ejecutivo y entre las variadas funciones que le reconoce se encuentra la investigación del delito, la cual está sujeta a la conducción del Ministerio Público. Es pues, el órgano de ayuda más importante al momento de la persecución del delito. El artículo 59º del C de PP expresamente señala:
“Artículo 59º.- La Policía Judicial tiene la función de auxiliar a la administración de justicia, investigando los delitos y las faltas y descubriendo a los responsables, para ponerlos a disposición de los jueces, con los elementos de prueba y efectos de que se hubiesen incautado.”
El conjunto de la actividad de averiguación de la Policía debe volcarse en el Atestado Policial que es el principal medio de aportación de datos de investigación y que de acuerdo al artículo 60º del C de PP debe contener: las características físicas de los inculpados presentes o ausentes, apodo, ocupación, domicilio real, antecedentes y otros necesarios para la identificación; deberán a su vez anexar las pericias que se hubieren practicado. Respecto a este punto las críticas son casi siempre desfavorables a la Policía, puesto que los atestados policiales en la mayoría de los casos, no cuentan con una identificación específica de aquellas personas que han sido denunciadas en la comisión de un delito, situación que es realmente preocupante puesto que retrasa la labor de investigación.
Pero en realidad, la escasa preparación en la curricular universitaria, en materia de criminalística, pues este curso ni siquiera es tenido en cuenta en la formación académica de los abogados, determina que el atestado, es un carente de denuncia que debe transformarse en esencia de la Instrucción del procedimiento penal, siendo un continente de denuncia objeto de prueba anticipada… Para la investigación motivada por los atestados debe tenerse en cuenta su regulación legal y las normas para la confección de los mismos y su valor probatorio.
Es la persona que ha sido víctima de la comisión de un delito. Ejerce el derecho natural de todo ofendido por el delito a exigir que le sea reparado el daño sufrido, su actuación está orientada a obtener la reparación civil. Para que intervenga en el proceso debe constituirse en parte civil. Tiene derecho de intervenir sólo limitativamente, teniendo en cuenta que son los descendientes ó herederos los que mas sufren las consecuencias de los actos delictivos de losmalhechores. Generalmente esposa e hijos en orfandad. No obstante el Colegiado interrumpe su intervención observando que se limite únicamente a los daños económicos causados.
Partes Acusadas:
El Imputado.- Es la persona física contra quien se dirige la imputación sindicándolo como partícipe en la comisión de un delito. Con el nombre de procesado o imputado se designa
desde que se abre una investigación judicial, hasta su finalización. [7] Respecto de los derechos del imputado nos hemos referido en el punto 2.1.
b) El Abogado Defensor.- Dentro del principio constitucional del Derecho de Defensa nos encontramos con un elemento importante cual es el Abogado Defensor, éste se constituye en el asistente técnico del imputado, que puede ser de confianza o formal, según sea un abogado de libre elección o de oficio
• El defensor particular, es el abogado que se dedica al ejercicio libre de la profesión, elegido por el imputado.
• El defensor de oficio, es el abogado que se designa en caso de ausencia de defensor particular para efectos de garantizar el derecho de defensa. Es un abogado rentado por el Estado.
Doctrinariamente se conoce esta parte del derecho de Defensa como defensa técnica.
La ley Orgánica del Poder Judicial, en su sección Sétima, artículos 284 y siguientes regulan el ejercicio de la Defensa ante el Poder Judicial, estableciendo que la Abogacía es una función social al servicio de la justicia y el derecho y que toda persona tiene derecho a ser patrocinada por el abogado de su libre elección.
La intervención del Abogado Defensor en el proceso penal es de suma importancia porque con su asesoría el imputado puede hacer valer todos los derechos que le asisten y así hace frente al poder del Estado manifestado en la maquinaria judicial puesta en movimiento para procesarlo. Esta es una clara manifestación del Principio de Contradicción que poco a poco estamos perfilando.
Debe considerarse al Abogado Defensor como parte en el proceso por dos razones básicas:
• Porque el imputado tiene el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales.
• Porque a la luz de los principios que informan el proceso penal, está concebido como
LA PARTE CIVIL., Según nuestro ordenamiento jurídico esta minimizada en cuanto a sus derechos, y su intervención limitada, Los partícipes del delito están solidariamente obligadas a reparar el daño causado por aquel.-
Con motivo de la acción civil, en el proceso pueden tomar parte, además del imputado, el demandado civil y el asegurador de aquél o de éste respecto del daño causado por el delito o cuasidelito.
La posibilidad de requerir la aplicación del derecho civil material, dentro del proceso penal, no está circunscripta al procesado, sino que se extiende a personas no procesables, insospechadas de ser autoras, cómplices o encubridoras del delito, a quienes la ley instituye con el papel de parte accesoria y eventual en el proceso, a título de responsable civil, o sea personas que son requeridas para que respondan civilmente por las consecuencias del delito. Inclusive respecto de las personas sometidas a la responsabilidad civil del delito, el juez puede decretar el embargo de bienes de su pertenencia, siempre que la parte damnificada lo haya solicitado
A LEY ORGANICADEL MINISTERIO PUBLICL Y EL ATESTADO POLICIAL.
a Ley Orgánica del Ministerio Público Decreto Legislativo No 052 que salió publicada el 18 de Marzo de 1981, coherente con el texto constitucional, en el artículo 94 ordinal 2do sostiene que: “Denunciado un hecho que se considere delictuoso por el agraviado o cualquiera del pueblo…..Si el Fiscal estima procedente la denuncia, puede alternativamente, abrir investigación policial para reunir la prueba indispensable o formalizarla ante el Juez Instructor. ….Al finalizar el atestado policial sin prueba suficiente para denunciar, el Fiscal lo declarará así;……..”, éstos son los antecedentes legislativos más importantes que tenemos para apreciar cómo ha ido evolucionando las facultades del Fiscal a propósito de sus facultades “Requirentes de Justicia” cuando formaliza investigación preparatoria o acusa (función positiva) o cómo ha evolucionado su facultad de “Órgano Defensor de la Legalidad” cuando archiva las denuncias (función negativa); actualmente con la vigencia del NCPP la fiscalía archiva la gran mayoría de denuncias no realizando en algunos casos ninguna investigación objetiva y relevante para llegar al Archivo de la Investigación, no cumpliendo su función de verdadero “Órgano de Defensor de la Legalidad”, porque en verdad dejaba a un margen de DISCRECIONALIDAD muy grande al Fiscal, cosa muy diferente con lo que ocurre en los lugares donde se aplica el Código de Procedimientos penales donde la Fiscalía recibe las denuncias de la PNP o los particulares y más fácil es remitirlo al órgano jurisdiccional, para que ellos investiguen o archiven.
Habitualmente están facultados para impartir instrucciones particulares a la policía, respecto cada causa (sin perjuicio que toda actuación que restringe o afecta derechos fundamentales, requiere por regla general de autorización judicial previa.
Prácticamente, esta ley orgánica ha dejado de lado el carácter del atestado sin considerar la profesionalidad de experimentados efectivos, dedicados exclusivamente con una simple resolución de un fiscal, que tienen escasísimos conocimientos en los métodos investiga torios y salidos, en su mayoría, de universidades mediocres de medio pelo, que han proliferado, como lo refirió el Presidente Ollanta. Esto ha colaborado en el Aumento delincuencial intolerable, poniendo en riesgo el sistema.
Se trata de la realidad social peruana, que atraviesa una situación crucial en materia delictiva y en estado de guerra en el lugar del “vrae”, poniendo en riesgo el sistema DE CONTRADICION y con perjuicio de la Paz Social Democrático. Es innegable e irrefutable que las realidades sociales en otros países son diferentes, como es el caso de los EE.UU en donde la policía tiene preparación en Institutos Universitarios, aparte de la formación académica Militar, en el Caso de Colombia, en donde La Policía Nacional de Colombia es un cuerpo armado, permanente, de naturaleza civil a cargo de la nación. Este servicio propende a la armonía social, la convivencia ciudadana, el respeto recíproco entre las personas y de estas hacia el Estado, da a la actividad policial un carácter eminentemente comunitario, preventivo, educativo, ecológico, solidario y de apoyo a las autoridades judiciales. Así mismo, se constituye en la base sobre la que se asientan el resto de los servicios del Estado, en la medida en que estos necesitan un entorno de respeto a la ley y al orden para funcionar adecuadamente.
La Policía Nacional de Colombia es una Institución centenaria que, debido a la complejidad de un entorno cambiante, ha estado a la vanguardia de otros cuerpos de policía del mundo, mediante la consolidación de su doctrina, filosofía y naturaleza civil, que le ha permitido su reconocimiento como ciencia y profesión, además de su posicionamiento a través de un servicio en función de las múltiples demandas relacionadas con la convivencia y seguridad ciudadana, a lo largo de la historia moderna del país
La Policía Nacional, tiene como función enfrentar grupos delictivos transnacionales organizados, grupos terroristas, que se dedican al tráfico de drogas ilícitas, blanqueo de dinero, tráfico ilícito de armas, trata de personas, entre otros. Busca la captura de los cabecillas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y grupos armados ilegales como son: los grupos paramilitares, las guerrillas de las FARC, y el ELN. La desarticulación de las organizaciones de delincuencia común, en todas sus estructuras; ejerciendo función disuasiva y reactiva. Realiza labores de Vigilancia Comunitaria, en el ámbito preventivo, fomentando una cultura de autorregulación en la convivencia y seguridad ciudadana.
El hecho de que las fiscalías dirijan la investigación policial es un caso mi especial y subgéneros, pongamos como ejemplo el caso de las atribuciones de Artículo 250 Constitución Política de Colombia, que tiene como principal investigar los delitos y acusara los presuntos infractores te los Juzgados y Tribunales competentes u objetivo investigar, de oficio cuando la ley lo faculta.
Por su calidad en el procedimiento y su vinculación con los demás intervenientes en el proceso penal, es un sujeto procesal y parte en el mismo, por sustentar una posición opuesta al imputado y ejercer la acción penal (en algunos países en forma monopólica). Sin embargo, es parte formal y no material, por carecer de interés parcial (como un simple particular) y por poseer una parcialidad que encarna a la colectividad (al Estado) y que exige, por tanto, que sea un fiel reflejo de la máxima probidad y virtud cívica en el ejercicio de sus atribuciones y en el cumplimiento de sus deberesa.
This entry was posted on noviembre 7, 2014 at 5:35 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.