Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S28-91.html
Timestamp: 2014-07-31 13:33:42
Document Index: 341019710

Matched Legal Cases: ['Artículo 46', 'Artículo 26', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 16', 'Artículo 25']

Héctor Oqueli y Gilda Flores v. Guatemala, Caso 10.518, Informe N° 28/91, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.81 rev.1 Doc. 6 (1992).
ANTECEDENTES: 1. El 12 de enero de 1990, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos fue informada que fueron encontrados los cadáveres del Dr. Héctor
Oqueli, abogado y político salvadoreño, y de la Lic. Gilda Flores, abogada
guatemalteca, con heridas de bala en la cabeza en un lugar cercano a la
frontera de El Salvador, luego de haber sido secuestrados por un grupo
de hombres fuertemente armados cuando se dirigían al aeropuerto. Ese mismo
día la Comisión envió un cable al Gobierno de Guatemala solicitando información
sobre los homicidios. 2. El 23 de enero de 1990, la Comisión recibió un cable del Gobierno
de Guatemala informando que los "terroristas" eran responsables por los asesinatos y que se había formado una comisión investigadora
de alto nivel (el 20 de enero) en la que participarían el Procurador de
Derechos Humanos y el Ministro de Defensa y cuyas labores serían supervisadas
por el Presidente, Lic. Vinicio Cerezo: Cuando se supo del secuestro de los señores Gilda Flores y Héctor
Oqueli Colindres, se inició su búsqueda. Lamentablemente su localización
se logró cuando ya habían sido asesinados por los terroristas que los secuestraron,
lo que dio origen a una vigorosa investigación para dar con el paradero
de los hechores. Ante esta situación, el Gobierno y todas sus fuerzas de seguridad
están involucrados en la investigación, y para el efecto se integró una
Comisión encabezada por el Procurador General de la Nación y el señor Ministro
de Gobernación, contando con la representación del Ministerio de la Defensa.
Esta Comisión está supervisada directamente por el señor Presidente de
la República, Licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo. De los logros y
hallazgos se le estará notificando en cuanto se obtengan. El 16 de enero de 1990, según informes de prensa de la agencia
EFE, el Gobierno guatemalteco solicitó la colaboración del FBI para resolver
estos crímenes. 3. El 19 de febrero de 1990, se presentó una denuncia formal
a la Comisión por parte de las víctimas. La denuncia alegó que debido a
que el Dr. Oqueli había sido Subsecretario General del partido político
salvadoreño "Movimiento Nacional Revolucionario" (MNR) y Secretario del Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional
Socialista y la Lic. Flores, miembro del Partido Socialista Democrático
de Guatemala, se había violado no solamente el derecho a la vida de estas
personas sino también su derecho a participar en actividades y organizaciones
políticas. En opinión del peticionario, las circunstancias en que ocurrieron
estos asesinatos demuestran la responsabilidad de las fuerzas político‑militares
de los Gobiernos de Guatemala y El Salvador, lo que viene a ser un acto
de terrorismo del Estado 4. La denuncia presentada puede resumirse de la siguiente manera: a. En noviembre de 1989, durante la ofensiva militar del FMLN,
el Gobierno de El Salvador tomó bajo su control todas las instalaciones
de las radiodifusoras privadas del país, como parte de la suspensión de
las garantías constitucionales decretadas. Estas radiodifusoras nacionalizadas
sirvieron como medio para difundir una serie de amenazas y acusaciones
contra el Dr. Guillermo Ungo, el Dr. Ignacio Ellacuría, S.J., el Arzobispo
de San Salvador, el Obispo Auxiliar de San Salvador y el Dr. Héctor Oqueli.
El Dr. Ellacuría y otros sacerdotes jesuitas fueron asesinados el 16 de
noviembre de 1989 bajo circunstancias que actualmente son del dominio público
y en las que estuvieron involucrados oficiales y miembros del ejército
salvadoreño. b. El Presidente de Guatemala, señor Vinicio Cerezo, dijo públicamente,
el 29 de noviembre de 1989, que de acuerdo con información fidedigna, el
partido ARENA de El Salvador y el Mayor Roberto D'Aubuisson, su Presidente
Honorario, estaban suministrando armas en Guatemala y refugio en San Salvador
a miembros reconocidos de la extrema derecha guatemalteca, relacionada
con el movimiento político conocido como Movimiento de Liberación Nacional
(MLN). c. Guatemala es un lugar de refugio y centro de actividades políticas
de conocidos salvadoreños, militares y civiles, que en el pasado han sido
acusados de pertenecer a los escuadrones de la muerte. Uno de ellos, un
militar, está trabajando actualmente en la Embajada de El Salvador en Guatemala.
Otro de ellos, un civil, fue visto en el aeropuerto de Guatemala el 10
de enero de 1990, o sea en la víspera del arribo del Dr. Oqueli a Guatemala.
d. En el momento de su secuestro el Dr. Oqueli hacía menos de
24 horas que se encontraba en Guatemala, camino a Nicaragua (donde formaba
parte de un grupo de observadores electorales de la Internacional Socialista)
y a Ecuador (para asistir a una reunión del Comité para América Latina
y el Caribe de la Internacional Socialista). El día anterior, la Lic. Flores
lo había acompañado en algunas gestiones personales relacionadas con su
actividad política y fue secuestrada cuando lo llevaba en su automóvil
e. El 11 de enero de 1990, el Dr. Oqueli arribó al aeropuerto
internacional de Guatemala, procedente de México, aproximadamente a las
8:30 a.m. Inmediatamente fue retenido por más de una hora por autoridades
de inmigración guatemaltecas y supuso que habría un error con su autorización
de ingreso. Posteriormente, el Dr. Oqueli se enteró que no había ningún
error con su pasaporte y presumió que había sido demorado para permitirle
a las autoridades fotografiar su pasaporte completo y tomar las medidas
del caso para que alguien lo siguiera. Al cabo de una hora el Dr. Oqueli
entró al automóvil de la Lic. Flores y comentó que pensaba que alguien
lo seguía porque una de las personas que lo retuvo en el aeropuerto se
encontraba fuera de la terminal observándolos. f. Según testigos, el 12 de enero de 1990 el automóvil en que
viajaban las víctimas fue interceptado en el camino del aeropuerto aproximadamente
a las 6:30 a.m., por hombres desconocidos fuertemente armados que los secuestraron
en el acto. El mismo día, horas más tarde, según la policía a media mañana,
el automóvil abandonado fue encontrado y registraba señales de violencia.
El equipaje del Dr. Oqueli se encontraba en el interior del vehículo.
g. En la tarde de ese mismo día aparecieron los dos cadáveres
en uno de los cuales se encontraba el pasaporte del Dr. Oqueli, en una
camioneta abandonada en el poblado de Japatagua, en el Departamento de
Jutiapa, cerca de la frontera con El Salvador. Familiares del Dr. Oqueli
llegaron al lugar y confirmaron su identidad. Parecía que había sido ultimado
a causa de una herida de bala en la cabeza. El peticionario llegó a la conclusión de que se trata de un asesinato
político. Presume que contó por lo menos con el consentimiento de las autoridades
guatemaltecas porque ocurrió cerca de importantes instalaciones civiles
y militares de ese país, en pleno día, y sospecha que las autoridades de
inmigración tenían alguna conexión con los perpetradores de este asesinato
político porque el Dr. Oqueli fue detenido por más de una hora en el aeropuerto
internacional, sin causa justificada alguna. El peticionario solicitó a la CIDH que investigara el alcance
de la implicación de las autoridades guatemaltecas y salvadoreñas en el
asesinato del Dr. Oqueli y de la Lic. Flores. 5. Durante la visita in situ a Guatemala realizada del 29 de
enero al 3 de febrero de 1990 con el fin de investigar otro caso, los miembros
de la delegación de la CIDH aprovecharon la oportunidad para plantear personalmente
su preocupación a las autoridades guatemaltecas sobre el caso Oqueli/Flores.
Las autoridades guatemaltecas, a su vez, informaron a los miembros de la
delegación sobre las medidas adoptadas para investigar el caso para lo
cual contaban con la asistencia de los más calificados organismos técnicos
internacionales. La Comisión reiteró su solicitud de mantenerse informada
sobre los progresos que se logren en esta investigación. 6. El 23 de febrero de 1990 la Comisión transmitió las partes
pertinentes de la denuncia al Gobierno de Guatemala y le solicitó que presentara
sus observaciones. No habiendo recibido respuesta, la Comisión reiteró
su solicitud de información el 3 de julio de 1990. 7. Mediante nota del 10 de julio de 1990, el Gobierno de Guatemala
presentó a la Comisión un documento que calificó de "preliminar". El Embajador John Schwank Durán, Representante Permanente de Guatemala ante
la Organización de los Estados Americanos, indicó en su nota que continuaría
informando a la Comisión sobre el progreso de este caso ante los tribunales
de Guatemala. Hasta la fecha el Gobierno de Guatemala no ha presentado
más información sobre el caso. 8. El informe oficial "preliminar" del
Gobierno sobre el asesinato fue preparado por la Oficina de Seguridad Presidencial
de Guatemala. El informe sobre los hechos en general coincide, al igual
que la conclusión, con el relato presentado por el peticionario, de que
los perpetradores eran probablemente miembros de la extrema derecha salvadoreña
con por lo menos el apoyo de algunos guatemaltecos. El informe del Gobierno
consiste de dos documentos, uno de fecha 16 de marzo de 1990 y el otro
de mayo del mismo año. Aparentemente cada uno fue preparado por diferente(s)
persona(s) debido a que ciertos hechos se presentan en forma contradictoria.
El primer documento contiene un anexo que consta de varios partes policiales. 9. El informe de marzo de 1990 puede resumirse de la siguiente
manera: a. Que el Dr. Oqueli arribó procedente de México el 11 de enero
en visita no oficial a Guatemala y fue demorado en el aeropuerto ("para verificar la fecha de entrada en su pasaporte porque parecía que estaba
equivocada"). Allí se encontró con su amigo el Embajador de Nicaragua en Guatemala. Que
la Lic. Flores fue a recibirlo y que a las 3:00 p.m. de ese mismo día,
la Lic. Flores y el Dr. Oqueli acompañaron al señor René Flores al aeropuerto
(a quien, según el informe, las autoridades de seguridad guatemaltecas
no pudieron entrevistar). Que el 12 de enero la Lic. Flores llevó al Dr.
Oqueli al aeropuerto para su viaje a Nicaragua y según testigos, fueron
interceptados por un grupo de hombres desconocidos que bloquearon su automóvil
interponiendo un vehículo color café. b. Que a las 6:30 a.m. del 12 de enero la policía recibió una
llamada para verificar que un automóvil había sido abandonado en el camino
al aeropuerto. Transeúntes declararon a la policía que una mujer había
sido sacada en forma violenta del vehículo y que otra persona saltó del
automóvil y escapó. La policía verificó que el automóvil estaba registrado
a nombre de la Lic. Gilda Flores. fueron entrevistados los empleados de
un restaurant "Burger King" cercano que vieron parar al vehículo, sacar a una mujer del mismo y meterla
en otro automóvil gris, y vieron a otra persona que intentó escapar y perdió
sus anteojos, que fueron recogidos y entregados a la policía. Los testigos
declararon que las personas estaban vestidas con ropa corriente y que parecían
ser adultos de altura y complexión normales. Los vehículos partieron y
se pararon en la luz roja del semáforo pero debido a la poca visibilidad
los testigos no pudieron identificar los números de las placas. c. La investigación policial correspondiente se inició de oficio.
Durante la investigación se supo que los cadáveres del Dr. Oqueli y de
la Lic. Flores se encontraron en una camioneta beige abandonada en la Carretera
Panamericana que se dirige hacia El Salvador. La camioneta había sido robada
al señor Mario Sánchez Urízar, antes del mediodía del 12 de enero de 1990,
por un grupo de hombres armados que lo amenazaron de muerte.
d. El Comisario Militar, Mario Antonio Grijalva, confirmó el
hallazgo de los cadáveres a la Policía del Tesoro. El Juez de Paz de la
municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa, donde se encontraron los cadáveres,
ordenó que fueran trasladados a la morgue del departamento de Santa Rosa
donde fueron identificados por el yerno de la Lic. Flores y por el abogado
de la familia, Dr. John Schwank Durán, actual Representante Permanente
de Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos.
e. Fueron entrevistados el hijo de trece años de edad, la madre,
la hija, el yerno y la empleada de la Lic. Gilda Flores, quienes confirmaron
los pormenores de los hechos arriba mencionados. El yerno de la Lic. Flores,
Teniente de Aviación P.A. Jorge Ramón Rodríguez Toledo, declaró que cuando
su esposa llamó a la casa de su madre el 12 de enero de 1990 habló con
la empleada, Marta Lidia Pérez, quien le informó que "agentes de la policía nacional" le habían informado que probablemente la Lic. Flores había sido secuestrada.
Incidentalmente, señala el informe, el esposo de Gilda Flores, Ricardo
Galindo Gallardo, había "desaparecido" ocho años antes. El yerno también declaró que el 12 de enero recibió una llamada
anónima en su domicilio en la que una persona le informó que estaba llamando "desde el otro lado" y que debería llamar al teléfono 364 444, número de la funeraria de Guatemala
adonde se habían llevado los cadáveres. Se piensa que es probable que la
llamada haya sido hecha desde El Salvador y de allí la referencia a "desde el otro lado". f. El informe de marzo de 1990 concluye que "casi
sin lugar a dudas" el ala derecha (radical) de El Salvador estuvo motivada a perpetrar el secuestro
y asesinato de Oqueli y Flores y basa esta conclusión en el hecho de que
Oqueli había recibido amenazas de muerte en El Salvador entre los días
11 y 20 de noviembre, después de la ofensiva del FMLN, y que debido a ello
contempló la posibilidad de trasladarse a vivir en forma permanente a México,
donde había residido, y que su esposa al enterarse del asesinato lo atribuyó
a la derecha salvadoreña. El documento de marzo de 1990 concluye con una declaración sorprendente
y sin fundamento que dice: Fuentes de inteligencia guatemaltecas deducen que Roberto D'Aubuisson
y los hermanos Francisco Ricardo y Orlando de Sola son responsables por
la muerte de Oqueli y Flores porque aquellos estuvieron recientemente en
Guatemala. . . .
También se cree que los autores materiales del crimen (...) son
salvadoreños, contratados específicamente para este hecho, sin dejar de
señalar que estas personas obviamente conocían muy bien la ciudad de Guatemala
o contaban con la ayuda de algunos guatemaltecos.
10. El informe de mayo de 1990 puede resumirse de la siguiente
a. Que el secuestro del Dr. Oqueli y la Lic. Flores ocurrió aproximadamente
a las 5:45 a.m. y los cadáveres fueron descubiertos a las 4:30 p.m. Los
testigos declararon que los cadáveres fueron abandonados en una camioneta
robada aproximadamente a la 1:00 p.m., por una persona que después de abandonarla
continuó su camino hacia la frontera con El Salvador en un vehículo azul
con placas salvadoreñas. Viajaban otras personas en este vehículo. b. El Dr. Oqueli había venido a Guatemala procedente de México
y continuaba viaje a Nicaragua, aparentemente con el fin de obtener una
visa nicaragüense. El Embajador Zambrana de Nicaragua fue a reci‑
birlo al aeropuerto el 11 de enero. La esposa del Dr. Oqueli declaró que
su esposo había ido a Guatemala a encontrarse con el Sr. René Flores, un
amigo, y que para ello habían hecho arreglos por teléfono desde El Salvador
y México. Pero se ha demostrado que René Flores llegó a Guatemala con el
Dr. Oqueli el 11 de enero de 1990 en el mismo vuelo procedente de México.
René Flores pasó parte del 11 de enero con el Dr. Oqueli y con la Lic.
Flores en su domicilio hasta que los dos lo llevaron al aeropuerto y él
regresó a El Salvador. c. Durante el día del 11 de enero, el Dr. Oqueli hizo llamadas
telefónicas, obtuvo su visa en la Embajada de Nicaragua y acompañó al Sr.
René Flores al aeropuerto. En la noche el Dr. Oqueli y la Lic. Flores permanecieron
en su casa. El 12 de enero la Lic. Flores lo llevó al aeropuerto al Dr.
Oqueli y ambos fueron secuestrados y asesinados. d. Al día siguiente se realizó una reunión secreta en Guatemala
entre figuras políticas estadounidenses y miembros del FMLN, sin conocimiento
del Gobierno de Guatemala, el cual se enteró cuando se estaba realizando
para brindar protección y evitar problemas con grupos clandestinos no guatemaltecos.
Oqueli podría haber estado en Guatemala para obtener mayor información
sobre esta reunión antes de asistir a la reunión de la Internacional Socialista
en Nicaragua. e. Luego el informe intenta definir el motivo del secuestro y
asesinato y plantea las siguientes hipótesis: i. La primera hipótesis establece que fue obra de la extrema
derecha salvadoreña que se opone a un diálogo entre el FMLN y los estadounidenses
y esperaba, por medio de este secuestro, interrumpir el diálogo. ii. La segunda hipótesis plantea que fue obra de la extrema derecha
salvadoreña, presente en Guatemala debido al diálogo entre el FMLN‑EE.UU.,
y al verlo a Oqueli en el aeropuerto decidieron, al ser este un "objetivo oportuno", secuestrarlo para llevarlo a El Salvador, sacarle información y vengarse por
su supuesta participación en la ofensiva de noviembre de 1989. El informe establece que ambas hipótesis responsabilizan a grupos
salvadoreños aun cuando información no confirmada revela que se había contratado
a "Contras" mercenarios para este fin. La forma en que se llevaron a cabo estos asesinatos
revela que se cometieron por razones políticas. Los cadáveres no presentaban
señales de tortura; por tanto, es evidente que no fueron secuestrados para
sacarles información. El informe también propone una variante a la segunda
hipótesis, en el sentido de que los secuestradores intentaron llevar a
Oqueli a El Salvador, pero quizás luego recibieron una contraorden debido
a los problemas políticos que este secuestro causaría en los círculos políticos
salvadoreños. En todo caso, descarta la posibilidad de que las fuerzas
de seguridad guatemaltecas estuvieran comprometidas con los asesinatos
porque, "excepto por el hecho de que el pasaporte de Oqueli estuvo retenido media hora
en el aeropuerto" no había "otra prueba" para fundamentar su participación. f. El informe apoya la primera hipótesis señalando que la extrema
derecha de El Salvador consideraba que Oqueli había "participado directamente" en la ofensiva del FMLN de noviembre de 1989 y que él y otros se encontraban
en la Embajada de Venezuela "aguardando el éxito de la ofensiva". El informe continúa diciendo que "no es la primera vez que grupos terroristas salvadoreños han operado en Guatemala" y que "inteligencia tiene información sobre personas relacionadas con los grupos terroristas
salvadoreños que probablemente estuvieron operando en años recientes en
Guatemala". La investigación podría confirmar que por coincidencia se encontraban
en el país justamente los días en que ocurrieron el secuestro y el asesinato,
habiendo ingresado a Guatemala en vuelos diferentes pero los dos procedentes
de El Salvador el mismo día. Luego el informe hace una acusación no fundamentada contra el
agregado militar salvadoreño en Guatemala, "cuyos antecedentes podrían sindicarlo como sospechoso porque les podría haber
dado refugio a grupos terroristas clandestinos procedentes de El Salvador". El informe reconoce, sin embargo, que "aún no hay ningún hecho que lo señale como un sospechoso y participante directo
en el asesinato objeto de investigación; sin embargo, no hay lugar a dudas
que conversar con este sujeto resultaría de gran utilidad para esta investigación,
si lo permitieran las autoridades salvadoreñas, dada la función diplomática
que el mismo ejerce". g. El informe indica que un informe forense establece que a Oqueli
y a Flores se les inyectó una sustancia para hacerles perder el conocimiento,
al tiempo que se especula que probablemente el plan original era trasladarlos
a El Salvador, porque de otra forma los cadáveres podrían haber sido abandonados
en cualquier otro lugar de la Ciudad de Guatemala. En el informe se presume
que se recibieron contraórdenes y que los secuestradores utilizaron un
vehículo robado que fue seguido por uno de los suyos. El vehículo y los
cadáveres fueron abandonados en un lugar conocido como Jalpatagua, a cinco
kilómetros de la frontera con El Salvador y a un kilómetro de un control
de vehículos de la Policía del Tesoro que por lo general es el mismo lugar
del control de frontera. Aparentemente el conductor abandonó el vehículo
al borde del camino y ascendió al vehículo azul en el que viajaban otras
cuatro personas "dos de las cuales probablemente tenían barba" y continuaron viaje a El Salvador. h. El informe de mayo de 1990 arriba a las siguientes conclusiones: i. Las fuerzas de seguridad a cargo de la investigación deben
trasladar este caso al Fiscal General, quien en cooperación con los tribunales
correspondientes puede tomar las medidas legales pertinentes. ii. En este punto de la investigación el informe debería ser
sometido a la Comisión Investigadora Presidencial, creada por el Gobierno
y compuesta de distinguidas figuras nacionales e internacionales, de manera
que estos puedan presentar sus observaciones o ampliar la investigación
en los campos que consideren apropiado. iii. Este informe debería ser sometido a las autoridades salvadoreñas,
sin cuya cooperación no se puede llegar a conclusiones definitivas. iv. Es evidente que esta investigación no es concluyente con
respecto a las personas a quienes se refiere, sino sólo con respecto al
camino que debe seguirse. v. El o los autores del informe (miembros de una fuerza de seguridad)
están convencidos de que las fuerzas de seguridad de Guatemala no participaron
en estos actos, porque no habría motivos ni pruebas de su participación
excepto por la demora del pasaporte en el aeropuerto "lo cual parece ser un hecho estrictamente administrativo". Sin embargo, el informe no descarta la posibilidad de que "algún guatemalteco perteneciente a algún grupo terrorista o cuerpo de seguridad
podría haber suministrado información que hubiera contribuido a la consumación
del acto". No obstante, esto se considera "improbable" en vista de que los nombres de Oqueli y Flores no aparecieron "en ninguna de las listas de personas peligrosas a la seguridad del Estado", ni están relacionadas con crimen alguno. 11. Los anexos a estos informes, que incluyen los partes policiales,
los informes del médico forense, el informe balístico, el informe biológico‑químico
y la identificación de los documentos de Oqueli, constituyen parte de la
respuesta oficial del Gobierno al caso y ofrecen una interesante información
que se ignora en los informes oficiales:
El oficial de policía que hizo el parte sobre el vehículo robado
el 12 de enero (el vehículo abandonado en que se encontraron los cuerpos
de Oqueli y Flores) cita a Mario Antonio Sánchez Urízar, de 57 años de
edad, que dijo: "Que a las 11:15 a.m., cuando dirigía su camioneta Toyota, color beige, por el
Bulevar San Cristóbal, Zona 8, Mixco, fue interceptado por tres desconocidos,
armados (con pistolas) que dirigían un automóvil blanco y "quienes se identificaron como miembros de la Policía Nacional enseñando sus carnets
de identificación". Le pidieron que les mostrara los documentos del vehículo y luego "bajo amenazas de muerte lo despojaron de su vehículo" y partieron con dirección desconocida. (El subrayado es nuestro). 12. El 23 de julio de 1990 la Comisión transmitió la respuesta
del Gobierno de Guatemala a los peticionarios para observaciones. 13. Los peticionarios sometieron dos documentos como respuesta:
(1) un informe presentado por el Movimiento Revolucionario Nacional (MNR),
del cual Oqueli era Subsecretario General, titulado "Observaciones al Tercer Informe Presentado por el Gobierno de Guatemala con relación
a los Asesinatos de Héctor Oqueli y Gilda Flores" de fecha 12 de septiembre de 1990, y (2) un informe sometido por la Internacional
Socialista, con sede en Londres, de la cual Héctor Oqueli era Secretario
del Comité para América Latina y el Caribe, preparado por los profesores
Tom Farer y Robert K. Goldman de la Facultad de Derecho de la American
University en Washington, D.C., titulado "Evaluación de la Investigación y los Informes Preparados por el Gobierno de la
República de Guatemala", de fecha 2 de octubre de 1990. Como ambos informes habían sido remitidos al
Gobierno de Guatemala por otras vías, eran de conocimiento público, habían
recibido amplia difusión y no ofrecían nueva información sino que se limitaban
a evaluar la respuesta del Gobierno, no fueron transmitidos al Gobierno
de Guatemala para observaciones. 14. Los dos informes presentados por los peticionarios dicen
que el Gobierno de Guatemala no determinó los hechos de este crimen y no
ha responsabilizado a nadie por su autoría material o intelectual. 15. El informe del MNR puede resumirse así: 1. El 22 de enero de 1990, el Presidente Vinicio Cerezo prometió
a una delegación de la Internacional Socialista que visitó Guatemala que
realizaría una investigación para determinar los hechos. 2. El Gobierno Demócrata Cristiano (del Presidente Cerezo) circuló
tres informes (en enero, abril y mayo) y en ninguno de ellos se identifica
a los asesinos. Las investigaciones no condujeron a nada. 3. El estilo defensivo de la redacción de dichos informes procura
exculpar a toda costa al Gobierno de Guatemala de toda responsabilidad
en las muertes. 4. El Presidente Cerezo integró una Comisión Presidencial de
alto nivel que aparentemente nada tuvo que ver con la preparación de los
informes gubernamentales, puesto que los informes mismos recomiendan que
se transmitan a la Comisión. El o los autores del informe se identifican
anónimamente como el "Estado Mayor Presidencial, Departamento de Seguridad, Guatemala". En realidad, parece que la Comisión Presidencial creada especialmente para
investigar el caso nunca funcionó. 5. El informe gubernamental no investiga ciertas cuestiones importantes
tales como: a. ¿Quién informó a los secuestradores de la llegada de Oqueli
a Guatemala? Este punto es crucial en vista de que Oqueli estuvo apenas
24 horas en el país, un lapso muy breve para preparar y ejecutar una operación
de esa índole. b. El dueño de la camioneta dijo que los individuos que le robaron
el vehículo se identificaron como miembros de la Policía Nacional de Guatemala
mostrando sus carnets de identidad. Este hecho nunca fue investigado. c. La camioneta fue devuelta a su dueño sin haberse intentado
tomar huellas digitales para identificar a los sospechosos. d. No se intentó descubrir la nacionalidad de las personas que
robaron el vehículo; no se hicieron preguntas al dueño acerca del acento
o la nacionalidad de tales personas. e. Los diferentes informes se contradicen entre sí. Claramente,
el o los autores no se interesaron por llegar a la verdad, por ejemplo: i. Se alega que Oqueli y René Flores llegaron a Guatemala en
el mismo vuelo. Esto no es cierto. Oqueli llegó de México y Flores de El
Salvador, lo que revela que el o los autores no hicieron las más mínimas
indagaciones con las autoridades de inmigración. ii. Se alega que el Embajador de Nicaragua en Guatemala fue al
aeropuerto a recoger a Oqueli. Esto no es cierto. El Embajador de Nicaragua
y Oqueli se encontraron allí fortuitamente, pero sólo la Lic. Gilda Flores
lo estaba esperando. iii. Se alega que Oqueli, Guillermo Ungo del MNR y Luis Ayala
de la Internacional Socialista se encontraban en la Embajada de Venezuela
en El Salvador a la espera del triunfo de la ofensiva del FMLN. Esto no
es cierto. Luis Ayala no se encontraba en El Salvador en esos momentos. f. El informe forense dice que los secuestradores inyectaron
a Oqueli y Flores con alguna sustancia, pero no se hizo ningún intento
de averiguar qué era ésta. g. Tampoco se trató de entrevistar a Guillermo Ungo, el jefe
del partido político de Oqueli, a fin de determinar los motivos del viaje
de Oqueli a Guatemala, con quién se reunió, la duración de su estadía,
etc. h. No se trató de entrevistar a René Flores, otra figura importante
del partido, a quien se ha tratado de tachar de posible sospechoso. Esta
es una intriga que se rechaza por ser irresponsable. 6. En su informe, el MNR llega a la conclusión de que continúa
considerando que el asesinato se cometió por motivos "estrictamente políticos" y que la responsabilidad recae en elementos político‑ militares de la extrema
derecha salvadoreña. En consecuencia, el MNR solicita que el Gobierno de
Guatemala emprenda una "investigación seria y responsable a fin de determinar la autoría material e intelectual
del crimen". Añade el informe del MNR que no queda claro si el Gobierno de Guatemala ha
procurado obtener la colaboración del Gobierno de El Salvador para emprender
esta investigación. 7. El segundo informe preparado por la Internacional Socialista
evalúa la respuesta del Gobierno de Guatemala y "no trata de identificar a los autores del crimen", puesto que carece de "los medios y el mandato para realizar una investigación para descubrirlos". La opinión de los autores de este informe es que "la responsabilidad final por su identificación y castigo evidentemente recae
sobre el Gobierno de Guatemala", y en virtud de que ejerce soberanía sobre el territorio donde ocurrió el crimen,
tiene más obligaciones que las otras partes de cumplir su deber legal y
moral, así como medios superiores para hacerlo.
El informe de la Internacional Socialista llega a la conclusión
de que, aunque el Presidente Cerezo había prometido hacer todo lo que estuviera
a su alcance para resolver el crimen e identificar a quienes lo perpetraron,
la investigación "adolece de graves defectos" y los autores encuentran que las "contradicciones, omisiones y conclusiones erróneas son tan patentes" que se preguntan si el Presidente Vinicio Cerezo realmente tiene la intención
de que sea tomado en serio. El Ministro del Interior, General (R) Carlos
Morales Villatoro, miembro de la Comisión Presidencial de Investigación
y encargado de la Policía Nacional, jugó un papel obstruccionista porque
contrariamente a las conclusiones del informe del Gobierno, insistió ante
los autores que quienes perpetraron el crimen eran miembros de la izquierda
salvadoreña e incluso insinuó que René Flores, amigo y colega de Oqueli,
fue uno de los responsables.
1. Que la denuncia cumple los requisitos formales de admisibilidad
establecidos en el Artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, de la cual Guatemala pasó a ser parte cuando depositó su instrumento
de ratificación el 25 de mayo de 1978. 2. Que en este caso se han agotado los recursos internos conforme
al Artículo 26 (1) (a) de la Convención Americana, al haber sometido Guatemala
su respuesta a la denuncia mediante nota de fecha 10 de julio de 1990,
sin presentar más documentos o información en torno al caso desde entonces,
lo que lleva a la conclusión de que las autoridades guatemaltecas no han
tomado otra acción administrativa o judicial. El hecho de que no se ha
tomado más acción en este caso ha sido también confirmado verbalmente por
las autoridades diplomáticas guatemaltecas acreditadas ante la Organización
de los Estados Americanos. 3. Que en cuanto al agotamiento de los recursos internos, el
Ministro del Interior, Carlos Morales Villatoro, hizo una declaración pública
en el curso de la investigación realizada por los abogados de la Internacional
Socialista en el sentido de que "el gobierno hizo lo que pudo, y ahora el caso es estrictamente asunto para los
tribunales". Los tribunales guatemaltecos no han tomado ninguna acción en este caso. No
podría esperarse que actuaran puesto que la investigación gubernamental
oficial atribuyó la responsabilidad por el crimen a los escuadrones de
la muerte salvadoreños, de la derecha, sin ofrecer fundamento ni causa
probable. Como es de esperar, las autoridades salvadoreñas han rechazado
estas acusaciones infundadas y las han desestimado, en efecto paralizando
toda acción en torno al caso tanto en Guatemala como en El Salvador. 4. Que la investigación realizada por la policía guatemalteca
revela la presunta participación de integrantes de la Policía Nacional
en el secuestro y asesinato de Oqueli y Flores y que no se realizó ninguna
otra investigación para determinar quiénes fueron los individuos responsables.
El propósito de los informes oficiales del Gobierno de librar de toda responsabilidad
a las fuerzas de seguridad guatemaltecas se funda principalmente en la
afirmación de que las balas que se usaron para asesinar a Oqueli y Flores
no se encuentran corrientemente en Guatemala. Es, no obstante, materia
de público conocimiento que las armas de calibre 7.65 son corrientes en
todo el mundo ‑‑en Estados Unidos se llama pistola automática de calibre
32. Se trata de un arma liviana que usa un proyectil pequeño y es muy eficaz
a corta distancia. Esas armas se compran con toda facilidad en Guatemala
5. El papel que jugó el Ministro del Interior, General (R) Morales,
en el curso de la investigación en lo que se refiere a la colaboración
del agente del FBI, señor Joseph A. Gannon da validez a la presunción de
que el Ministro Morales ayudó a encubrir el papel de la Policía Nacional
en este crímen. El señor Gannon pidió muestras de la sangre de las víctimas,
de la ropa, huellas digitales y cabellos encontrados en el vehículo y de
las balas, y les ofreció el uso de un detector de mentiras. Los investigadores
de la policía, según el señor Gannon, acogieron la idea con entusiasmo,
mientras que el General Morales posteriormente negó que se hubieran tomado
muestras de sangre y no permitió al FBI analizar las pruebas sustanciales
de la escena del crímen. Según Gannon, los investigadores de la policía
trataron de cumplir sus obligaciones de forma profesional, pero sus esfuerzos
se vieron impedidos al más alto nivel. Después de 10 días de espera, Gannon
abandonó Guatemala convencido de que no recibiría cooperación alguna. No obstante, luego de la partida de Gannon el Presidente
Cerezo manifestó en declaraciones públicas que Guatemala había recibido
asistencia del FBI en la investigación del caso. 6. Que las entrevistas con colegas de Oqueli revelaron que él
mismo estaba convencido de que retenerle el pasaporte en el aeropuerto
tenía por fin darle a las autoridades guatemaltecas suficiente tiempo para
arreglar que lo siguieran y que Oqueli creía que ya lo estaban vigilando
cuando partió del aeropuerto. Que Oqueli también creía que cuatro personas
más estaban apostadas para vigilarlo cuando llegaron a la casa de Gilda
Flores un rato después.
7. Que la responsabilidad final de individualizar y sancionar
a los autores del crimen corresponde al Gobierno de Guatemala, puesto que
las autoridades guatemaltecas tienen las pruebas bajo su control, ya que
el crimen ocurrió en ese país.
LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RESUELVE: 1. Declarar que el Gobierno de Guatemala ha incumplido bajo el
Artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con el compromiso
de respetar el derecho a la vida (Artículo 4), el derecho a la integridad
personal (Artículo 5), el derecho a la libertad personal (Artículo 7),
el derecho a la libertad de asociación política (Artículo 16) y el derecho
a protección judicial (Artículo 25) por el secuestro y asesinato del abogado
salvadoreño Dr. Héctor Oqueli y de la abogada guatemalteca Lic. Gilda Flores. 2. Recomendar al Gobierno que disponga una investigación exhaustiva
de los hechos consignados en esta denuncia para determinar los hechos y
someter a la justicia a los responsables de este nefando crimen a fin de
que reciban las sanciones legales correspondientes y compensar justa y
debidamente a los familiares de las víctimas.
3. La Comisión solicita que el Gobierno de Guatemala le informe
dentro de un plazo de 90 días sobre las medidas tomadas para poner en práctica
esta recomendación. 4. Enviar este informe al Gobierno de Guatemala.
5. Considerar en el próximo período ordinario de sesiones de
la Comisión si las medidas tomadas por el Gobierno de Guatemala cumplen
las recomendaciones consignadas precedentemente y decidir en esa oportunidad
si se publica o no este informe.