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Timestamp: 2017-02-27 21:07:28
Document Index: 172523434

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 97', 'artículo 17', 'artículo 48']

Orden de 26 de abril de 2012, de la Consejería de Economía y hacienda, por la que se da aplicación respecto del Servicio Murciano de Salud a la revisión del artículo 35 de la ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Publicado en BORM núm. 112 de 16 de Mayo de 2012
Vigencia desde 16 de Mayo de 2012.
Extensión progresiva del ámbito de control
Régimen de los actos de control
Régimen de discrepancias contra los actos de control
Acreditación de la cobertura financiera de los gastos
Constancia de la actividad fiscalizadora
Efectos y publicidad
La Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, previó en su artículo 35 la posibilidad de someter al ejercicio de la función interventora a cualquiera de los entes públicos, entidades públicas empresariales, fundaciones o sociedades del sector público regional cuando fuera necesario para asegurar una más adecuada gestión de los mismos.
En esta misma línea, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas presentó al Consejo de Ministros de 5 de enero de 2012 un Informe sobre la situación del sector público empresarial en España en el que se incluyen una serie de medidas tendentes a la reordenación del sector público, que no sólo persigue reducir la dimensión del sector público empresarial, sino controlar su actividad y racionalizar su organización, todo ello en el marco de la necesaria disciplina en la que tiene que desarrollarse la actividad de las Administraciones sin menoscabo de la calidad de los servicios que prestan. Así, se plantean una serie de medidas de racionalización que afectan al sector público dependiente de la Administración central, autonómica y local en tres ámbitos: medidas de reducción del gasto público, medidas de control del gasto gestionado por el sector público empresarial y medidas de racionalización en la gestión de la actividad empresarial pública.
Dentro del segundo grupo de medidas, se propone reorientar la organización del sector público hacia fórmulas jurídicas sometidas al derecho administrativo y control presupuestario sin menoscabo de la necesaria agilidad y eficiencia. Este sometimiento al régimen jurídico-económico público abarcaría, según el referido informe, aspectos como la aplicación de los procedimientos propios del régimen de contratación de las administraciones públicas, la fiscalización de los actos de contenido económico, el carácter limitativo y vinculante de sus presupuestos y el registro de su actividad con arreglo a los principios y normas propios de la contabilidad pública.
Esta Comunidad Autónoma, dentro de la senda de reestructuración de su sector público y su sometimiento a nuevas formas de control, participa de la visión reflejada en el indicado informe, siendo pionera en la aplicación de tales medidas.
Se ha adoptado en este punto un acercamiento posibilista para afrontar la implantación de la función interventora en este tipo de entes, que permita conciliar el establecimiento de un sistema de control eficiente con un escenario de restricción del gasto que dificulta la creación de nuevos puestos de trabajo.
De esta manera, se ha optado por comenzar la implantación de este sistema en el Servicio Murciano de Salud dado que su presupuesto supone más de la tercera parte del presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2012; y habida cuenta que dentro de aquel presupuesto una componente muy relevante son los gastos de personal -aproximadamente un 57% del total- se considera adecuado iniciar el establecimiento del régimen de función interventora en el ámbito del sistema de nómina.
Dado que este sistema de control, por lo antes indicado, tiene una voluntad expansiva a otros ámbitos de gestión del SMS, esta Orden contiene la autorización para que, por medio de Resolución del Interventor General, se pueda extender la aplicación del régimen de función interventora a otros aspectos de la gestión del gasto de este organismo.
Por tanto, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas Dispongo:
Objeto y ámbito de aplicación La presente orden tiene por objeto establecer el mecanismo para realizar la progresiva implantación de la función interventora en el ámbito del Servicio Murciano de Salud, en aplicación de lo previsto por el artículo 35 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Tal función interventora tendrá inicialmente por objeto el examen de la nómina ordinaria mensual del Servicio Murciano de Salud.
Extensión progresiva del ámbito de control Se autoriza al Interventor General a que, mediante Resolución, haga progresivamente extensiva la aplicación del régimen de función interventora a otros ámbitos de la gestión del Servicio Murciano de Salud.
Régimen de los actos de control Los actos en el ejercicio de la función interventora llevados a cabo por el personal que la realice tendrán la misma consideración que los propios de los interventores y están sometidos al mismo régimen que para ellos establece la normativa vigente. En particular, les será de aplicación lo dispuesto en la Sección Segunda (Función interventora) del Capítulo Primero (Control interno), del Título IV (Control interno y contabilidad pública) del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, así como lo determinado en los Títulos Primero y Segundo del Decreto 161/1999, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la CARM, con las singularidades que les son propias.
Régimen de personal El personal que ejercerá esta función interventora, será designado por el Interventor General, que podrá hacerlo entre personal propio de la Intervención General, y dado que ésta no cuenta con medios propios suficientes, entre personal del Servicio Murciano de Salud que dependerá funcionalmente de él.
Régimen de discrepancias contra los actos de control Cuando el órgano controlado no esté conforme con los reparos emitidos en el ejercicio de la función interventora en el SMS, planteará su discrepancia ante la Intervención General de la CARM, en los términos del artículo 97 del Texto Refundido Ley de Hacienda de la Región de Murcia y del artículo 17 del Decreto por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la CARM.
Acreditación de la cobertura financiera de los gastos Dado que el SMS, no tiene establecido un sistema de contabilidad presupuestaria que permita la anotación contable de las fases de ejecución del procedimiento de gasto con la denominación y efectos que están regulados en el ámbito de dicha contabilidad por el artículo 48 del Texto Refundido Ley de Hacienda de la Región de Murcia, la adecuada contabilización de los gastos que genere la tramitación de los respectivos expedientes se acreditará mediante certificado en tal sentido del órgano responsable de la contabilidad del centro proponente.
Constancia de la actividad fiscalizadora Hasta tanto no se establezcan los instrumentos técnicos adecuados para garantizar la constancia electrónica de la fiscalización realizada en el ejercicio de esta función interventora, la misma será reflejada en informes que se incorporarán a los expedientes tramitados y de los que conservará copia el interventor actuante, en los que se identificará con suficiente grado de precisión, el acto objeto de control, su importe, cuenta a la que se pretende imputar, y el carácter favorable o desfavorable de la fiscalización realizada, procediendo en el segundo caso a motivar las causas del reparo.
Efectos y publicidad Esta Orden producirá efectos desde su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, siendo de aplicación a los expedientes que se inicien a partir de 1 de mayo de 2012.