Source: http://eotransits.foroactivo.com/t37-anotacion-preventiva-de-embargo
Timestamp: 2019-06-19 18:32:25
Document Index: 363130526

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 71', 'artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 40', 'artículo 403', 'artículo 131', 'artículo 133', 'artículo 131']

por ellv el Vie 18 Dic 2015 - 2:21
Este es el folletito inicial sobre la anotación de embargo; no está reproducido en el libro, porque veo más completo el de "Los casos del embargo", pero no estoy seguro de que en el elegido esté mejor explicado que aquí. Y, por supuesto, a éste le tengo un cariño especial, porque gracias a él entendí el significado y los efectos del embargo, y fueron muchos quiénes lo aprendieron de él.
Efectos de la anotación preventiva de embargo:
A.- Idea general.
B.- El embargo.
C.- Momento del embargo.
II.- Efectos generales:
A.- Efectos sustantivos.
B.- Efectos registrales.
III.- Preferencias entre embargos y actos dispositivos:
A.- Naturaleza del embargo.
B.- Actos realizados antes de que se decrete.
C.- Actos realizados antes de que se anote:
a.- Si es un negocio fraudulento.
b.- Si es correcto y reúne requisitos de tercero.
c.- Si es correcto pero no reúne los requisitos de tercero.
D.- Transmisiones posteriores a la anotación.
E.- Requisitos que deben tener los títulos transmisivos.
IV.- Preferencias con otros créditos:
B.- Preferencias entre créditos.
C.- Orden de preferencia.
V.- Colisión de embargos e hipoteca:
VI.- Otras cuestiones:
A.- Rectificación del Registro.
B.- Extensión del embargo.
C.- Consecuencias en caso de ejecución.
El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes o futuros.
En caso de que el deudor haya incumplido alguna obligación, el acreedor deberá exigir judicialmente el cumplimiento y, para ello, tratándose de obligaciones dinerarias podrá dirigirse:
a.- Contra los bienes que especialmente estén afectos al cumplimiento de la obligación de que se trate, prenda, hipoteca…
b.- Contra el patrimonio del deudor que no esté especialmente afecto a dicha obligación.
El acreedor tendrá libertad para dirigirse contra unos bienes o contra otros, pero por razones de comodidad y rapidez, si tiene una garantía real, se dirigirá contra el bien, procediendo a su enajenación en pública subasta, cobrándose su crédito y devolviendo el exceso.
Si no existe esa garantía real o, existiendo, el acreedor no la ejercita, deberá dirigirse contra el patrimonio general del deudor, mediante el correspondiente procedimiento judicial, en el cual se señalarán bienes del deudor y el Juez ordenará (tras haber comprobado la efectividad del crédito), la celebración de la pública subasta y la ejecución.
No obstante, como en nuestro ordenamiento jurídico existe el principio de fe pública registral, sería posible burlar los derechos del acreedor mediante alguna enajenación realizada por el deudor a favor de un tercero protegido.
Precisamente para evitar la aparición de este tercero, se permite que el derecho de acreedor reclamante se anote en el registro.
B.- El embargo:
Aunque no hay unanimidad en la doctrina parece que:
a.- El embargo es una declaración judicial, en virtud de la cual se ordena proceder a la ejecución de determinados bienes del deudor.
b.- La anotación preventiva de embargo es aquel asiento que se practica en el Registro, publicando la existencia del citado embargo sobre el bien concreto.
Sin embargo, aunque a efectos ulteriores debemos partir de esto, ahora es necesario precisar que:
Algún autor considera que la anotación de embargo es constitutiva: el embargo sólo surge si se anota en el Registro. Pero nosotros no lo creemos así: la ejecución seguirá igual, aunque no se anote en el Registro, éste s6lo sirve para producir los efectos propios del sistema.
Hay dos clases de embargos: el ejecutivo, al que nos referimos aquí, y el preventivo, para asegu¬rar el resultado de un juicio, en cuyo caso obvia¬mente su única finalidad no es la ejecución, sino el prevenir a terceros de la existencia del pleito.
C.- Momentos del embargo:
Interesa destacar que debemos tener presente estos momentos:
a.- Aquel en que surge el crédito que origina el procedimiento en el que se decreta el embargo.
b.- Cuando el Juez decreta el embargo.
c.- Cuando el embargo se anota.
d.- Cuando se subasta el bien embargado, y se adjudica al mejor postor.
e.- El momento en que se otorga la escritura de adjudicación al mejor postor.
f.- Y el momento en que ésta se presenta en el Regis¬tro.
A.- Efectos sustantivos:
Los efectos sustantivos generales del embargo son, como hemos dicho, conseguir la realización de los bienes del deudor, y con el producto obtenido pagar al acreedor y devolver el resto de los bienes al deudor.
Se trata de cuestiones procesales que a nosotros no nos interesan a efectos de este tema. Mayor importancia tiene la preferencia que concede el embargo, así como la extensión del mismo y sus consecuencias para otros créditos, cuestiones que iremos examinando a lo largo del tema.
B.- Efectos registrales:
Son los de toda anotación preventiva. Avisa a todo el mundo de la existencia del procedimiento judicial.
a.- Si el embargo no se ha anotado en el Registro, el tercero que adquiera de su titular registral y reúna los requisitos del artículo 34 LH, deberá ser protegido por el principio de fe pública registral.
b.- Si el embargo se ha anotado en el Registro, no podrán surgir terceros adquirentes, pues precisamente tal anotación es un aviso para los mismos.
c.- Si la anotación preventiva de embargo ha caducado, deja de surtir sus efectos y, en tal caso, distinguimos:
1.- Actos realizados durante su vigencia, a los que les afectará.
2.- Actos realizados después de su vigencia, a los que no se podrá oponer.
Finalmente recordemos que la anotación preventiva de embargo no cierra el Registro a los actos dispositivos que puedan realizar los titulares registrales. Tales actos podrán otorgarse e inscribirse, pero los adquirentes no podrán estar protegidos por la fe pública.
A.- Naturaleza del embargo:
Algún autor ha considerado que la anotación de embargo origina una situación similar a la hipoteca, con la consiguiente trascendencia real y protección registral del embargante, frente a todas las personas que después lleguen al Registro.
Sin embargo, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, en tiende que el embargo no modifica la naturaleza del derecho de crédito que lo ha originado, simplemente sirve para dar publicidad a la ejecución que se está realizando.
De ello resultan dos consecuencias:
a.- El anotante-embargante no es tercero protegido, aunque reúna los requisitos del 34; y no lo es porque no se trata de un derecho real. En consecuencia, si en algún momento debe desaparecer el asiento del embargado el embargo seguirá la misma suerte.
b.- Si el titular del crédito que ha originado el embargo lo transmite a un tercero, y este hace constar en el Registro tal transmisión, el adquirente tampoco queda protegido por el artículo 34. No adquirirá más derecho del que tenía su transferente.
De lo indicado se deducirán las consecuencias y preferencias entre los embargos y los actos dispositivos según el momento en que se hayan realizado.
B.- Actos realizados antes de que se decrete el embargo:
En tal caso el deudor es el titular del dominio de un bien y además es titular registral; suponemos, como hipótesis, que no tiene limitadas sus facultades dispositivas, y si transmite el bien a cualquier persona, esta adquiere el dominio.
Teóricamente caben dos supuestos:
a.- Que el adquirente haya inscrito su derecho antes de que en el Registro llegue el mandamiento de embargo, en cuyo caso el Registrador denegará la anotación de embargo, en virtud del principio de tracto sucesivo.
b.- Que el adquirente, por cualquier causa, se haya retrasado en la inscripción y cuando llegue al Registro ya estuviera anotado el embargo. En cuyo caso:
1.- La inscripción del dominio del adquirente se opera a su favor.
2.- La anotación del embargo debe seguir subsistente y el adquirente debe solicitar judicialmente, mediante la oportuna tercería de dominio, su cancelación.
En cualquiera de las dos hipótesis no cabe duda de que la transmisión anterior prevalece al embargo.
Esta solución la creemos aplicable tanto en el caso de que el adquirente sea a título oneroso, como a título gratuito e independientemente de que la fe pública esté o no suspendida.
En el momento de la enajenación el transmitente tenía el pleno dominio de la finca, luego nada impide la donación de la finca en cuestión. El ulterior embargo y su posible anotación en nada podrá perjudicar al adquirente. Después veremos los requisitos que algunas sentencias del tribunal supremo han exigido a las transmisiones para que operen frente a las anotaciones de embargo.
Finalmente, recordaremos que la inscripción de la hipoteca es constitutiva. Esto significa que si el título de la hipoteca es anterior al momento en que se decreta el embargo, pero se presenta en el Registro cuando ya consta en este el mismo, como el derecho real de hipoteca surge con la inscripción, no cabe duda de que el embargo será preferente a la hipoteca.
C.- Transmisiones posteriores al momento en que se decreta el embargo, pero anteriores a su anotación:
Nos referimos al supuesto en que el Juez decrete el embargo; seguidamente el deudor transmite el bien a un tercero; y en un momento posterior el embargo se presenta en el Registro.
La situación es más comprometida que en el caso anterior, pues posiblemente el transmitente tenga mala fe.
Podemos distinguir los siguientes supuestos:
a.- Que la transmisión sea un negocio fraudulento:
Si concurre fraude o simulación y se demuestra, es evidente que la transmisión en nada puede perjudicar a los acreedores. Estos vía 1.111.2 Cc, y por la acción rescisoria podrán impugnar tal acto, triunfando la impugnación dejando si efecto el acto traslativo, anotándose el embargo en el Registro y siguiendo la ejecución sus trámites.
b.- Que la transmisión sea un negocio correcto y el adquirente reúna los requisitos del tercero:
Si el adquirente reúne todos los requisitos para ser protegido por el principio de fe pública registral, no hay ninguna duda de que quedará totalmente protegido.
Y ello:
1.- Si su inscripción la realiza antes de que llegue al Registro el mandamiento de embargo, el Registrador denegará la anotación.
2.- Si llega después, como el embargo no tiene fuerza constitutiva, ni atribuye al anotante la cualidad de tercero protegido, su situación es la misma que en el caso de que la enajenación se hubiera realizado antes de que se decrete el embargo. Tendrá que ejercitar la oportuna tercería de dominio.
Con relación a una hipoteca, la situación es la misma que en el caso de que su escritura se hubiera otorgado antes de decretarse el embargo.
c.- Que siendo un negocio correcto el adquirente no goce de la protección del Registro:
Ello puede deberse:
1.- Por haber adquirido a título gratuito.
2.- Por estar suspendida la fe pública.
3.- Por conocer que se ha decretado el embargo, pero ser la transmisión real.
Aquí se plantean mayores dudas, pero hay que tener en cuenta que:
a.- Si el embargo decretado por el Juez fuera una limitación del dominio que afectase a las facultades dispositivas, tampoco se podría proteger a los adquirentes que reuniesen los requisitos del artículo 34, pues a ellos se les aplicaría el 33. Su título resultaría viciado.
b.- Las anotaciones preventivas de embargos, como veremos, sólo conceden preferencia frente a créditos posteriores a la fecha de la anotación. Luego si no conceden preferencia frente a créditos surgidos en el momento en que estamos examinando, menos la concederán a derechos reales aparecidos en este momento.
c.- Una cosa es conocer la existencia de un embargo y otra que la transmisión sea fraudulenta.
En consecuencia pensamos que tales transmisiones también quedan protegidas; y la solución es la misma que en el caso de que se reunieran los requisitos del artículo 34, y el principio de fe pública no esté suspendido.
Por tanto, creemos que todas estas enajenaciones sólo desaparecerán si se demuestra una de estas circunstancias:
- Que se trata de negocios simulados.
- Que se trata de negocios en fraude de los derechos de los acreedores.
D.- Transmisiones posteriores a la anotación:
Tales transmisiones se inscribirán en el Registro, porque el embargo no limita las facultades dispositivas.
Pero, como dice el artículo 71 LH, tal transmisión o gravamen será “sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación”.
Doctrina y legislación hipotecaria, explica los distintos derechos de los adquirentes, según el momento procesal en que se haya realizado tal transmisión, diferenciando antes y después de la expedición del certificado de dominio y cargas.
Tal distinción no nos interesa, en este momento, pues nos queda claro que el adquirente, si continúa el procedimiento perderá la finca.
Lo que nos interesa es saber qué ocurre en el caso de que la anotación de embargo haya caducado. Y podemos distinguir:
a.- Si ha caducado porque ha finalizado el procedimiento sin ejecución, la titularidad del adquirente queda purificada.
b.- Si cuando caduca hay ya un nuevo propietario de la finca, por adjudicación judicial en el procedimiento, no cabe duda de que tal adjudicatario tendrá preferencia frente al titular registral, que ha adquirido con posterioridad a la anotación.
Pero si este nuevo titular adjudicatario no inscribe, puede el titular registral originar terceros hipotecarios que producirían una adquisición a non domino a su favor.
c.- Si cuando la anotación caduca todavía no ha finalizado el procedimiento por la adjudicación judicial de la finca, es cuando existen mayores problemas, pues:
- Ya hemos dicho que la protección del adquirente no es por vía de tercero del artículo 34. El embargado sigue siendo titular del dominio y puede transferirlo.
- Tal vez pudiéramos mantener que al conocer la existencia del procedimiento, este debería afectarle siempre. Pero pensamos que es más correcta la tesis contraria. Si caduca la anotación es por negligencia del acreedor; si caduca antes de que haya un nuevo adquirente judicial, pensamos que el titular del dominio debe quedar liberado del embargo, pues el bien está en manos de un tercero. Y consecuentemente, creemos que tal tercero debe quedar con su titularidad purificada.
Lo dudoso es determinar en que momento se produce la adjudicación judicial, si en el momento de la adjudicación en la subasta o en el de otorgamiento de las escrituras. Pensamos que debe ser este último pues:
- La subasta no atribuye, per se, el dominio.
- Si no se consigna el precio en tiempo la adjudicación queda sin efecto.
- Si la escritura no fuera traditoria, sería inscribible el simple auto judicial.
En consecuencia, pensamos que el momento determinante debe ser el de otorgamiento de la escritura por el Juez. Y por tanto, si existiendo un ulterior adquirente caduca la anotación preventiva de embargo antes de que se haya producido el otorgamiento de la escritura el titular registral del dominio o derecho real debe quedar protegido, quedando respecto a él, sin efecto, el embargo.
Por supuesto, aunque haya habido adjudicación judicial, si este adjudicatario no inscribe y caduca la anotación el titular registral puede originar terceros protegidos por el principio de la fe pública registral.
E.- Requisitos que deben tener los títulos transmisivos:
Según diversas sentencias del TS, para que los títulos traslativos anteriores a la anotación deban tener efecto sobre esta se precisa:
a.- Título válido de adquisición (13-febrero-1985, 5-¬julio-1985).
b.- Que se trate de terceros adquirentes a título one¬roso, no de sucesores a título gratuito (22-abril¬1980).
c.- Que se trate de transmisiones anteriores a la ano¬tación preventiva.
d.- Toma de posesión efectiva del inmueble (traditio), por el accionante (27-marzo-1984, 5-julio-1985).
Sin embargo hay que tener en cuenta que no he visto tales sentencias; y que no está claro que tales afirmaciones sean ratio decidendi, u obiter dicta. De todas formas, lo indico para que lo tengáis en cuenta.
Importa destacar, que según el artículo 1.923.4 Cc, los créditos, anotados en virtud de embargos, sólo gozarán de preferencia sobre los bienes anotados “en cuanto a créditos posteriores”.
Ya hemos indicado que el embargo no refuerza la situación del acreedor; es una mera publicidad, y, consecuentemente hemos de distinguir:
a.- Créditos surgidos después de la fecha de la anota¬ción del embargo. El embargo tiene preferencia so¬bre todos ellos con relación a los bienes embargados.
b.- Créditos anteriores a la fecha de la anotación del embargo en el registro. Con relación a ellos se conserva la misma situación existente con anterioridad a la anotación.
En consecuencia, tratándose de créditos anteriores a la anotación, ni el embargante gana preferencia, ni la pierde por el hecho de anotar el embargo. Mejora su situación adjetiva en cuanto seguirá la ejecución si nada se opone a ello. Pero, no la sustantiva; y, consiguientemente, frente al anotante se puede ejercitar por cualquier crédito privilegiado una tercería de mejor derecho.
B.- Preferencia entre créditos:
Estas tercerías de mejor derecho, pueden ejercitarla todos aquellos que sean preferentes según la legislación civil. Y ésta en los artículos 1921 y ss establece las bases y criterios para fijar las preferencias en¬tre los créditos.
Las dudas que plantean estos preceptos es si sólo se aplican en los supuestos de concurso de acreedores; o si, por el contrario, debe mantenerse la misma, fuera del concurso. Parece que esta última es la solución que prefiere la jurisprudencia; y, consecuentemente, las preferencias de los artículos 1923 y 1927, son también aplicables fuera del concurso, y, por tanto a las tercerías de mejor derecho.
C.- Orden de preferencia:
Ya hemos indicado que la preferencia de los embargos tiene lugar por la fecha de las anotaciones; pero esta anotación puede ser impugnada por persona con mejor derecho mediante la oportuna tercería.
Importa destacar que tal tercería, tratándose de inmuebles, podrán ejercitarla todas las personas que tengan preferencia respecto del artículo 1.924 Cc.
Sólo nos importa destacar que los créditos ordinarios son los comprendidos en el número 3, es decir, los que consten en escritura pública o por sentencia firme y tendrán preferencia entre sí por el orden de antigüedad de las fechas de las escrituras y sentencias.
Finalmente, parece que en las llamadas pólizas de crédito, la fecha no debe ser la del otorgamiento del documento, sino la de la fecha de la expedición del certificado del descubierto, pues a la fecha de otorgamiento todavía nada se debe. La jurisprudencia es contradictoria.
En definitiva, y por lo dicho, entre créditos anteriores a la fecha de la anotación hay que distinguir:
a.- Si todos se callan y anotan, estaremos a la fecha de las anotaciones.
b.- Si se ejercita la oportuna tercería de mejor derecho. Triunfará el crédito que sea preferente, esté o no anotado. Será preferente el que resulte según las reglas del Código y primordialmente el que conste en escritura o sentencia de fecha más antigua y luego, por orden de fechas.
V.- Colisión de embargos e hipotecas:
En el supuesto de que concurran embargos e hipotecas, parece que según el a. 1927 CC, debe estarse a la fecha de los respectivos asientos.
Por tanto, parece que la preferencia civil entre las anotaciones queda alterada por la interposición de una hipoteca.
a.- Crédito anotado el día 1-II de fecha 5-I.
b.- Hipoteca inscrita el 2-II, de fecha 10-I.
c.- Crédito anotado el día 3-II, de fecha 1-I.
Si concurrieran sólo los dos créditos vencería el se¬gundo; si concurriera la hipoteca con el primero vencería éste; y si concurriera con el segundo, vencería la hipoteca (derecho real frente a personal). Pero, según el precepto, el orden se¬ría el de constancia registral.
Ante tal situación se han seguido diversas posiciones doctrinales:
Campuzano, dice que apliquemos sin más el 1.927, y debemos entender en estos casos, a la fecha de constancia registral.
Otros afirman que también en este supuesto, debe¬mos atender la preferencia civil; y, por tanto, al pesar del 1.927, deberemos estar al orden de fe¬chas.
Sin embargo, a nuestro juicio, la solución es mucho más sencilla; y debe basarse en los siguientes principios generales:
- Un crédito que llega al registro después de una hipoteca, jamás puede tener preferencia sobre ésta. Pensemos que carecería de preferencia incluso un adquirente del dominio que se hubiera retrasado en presentar su titulo; luego mucho menos puede tener preferencia sobre ella un crédito.
- En la hipoteca hay dos elementos: el crédito que es de fecha del otorgamiento de la escritura; y un derecho real: la hipoteca propiamente dicha, que es del día de inscripción. La existencia del dere¬cho real no puede jamás debilitar la existencia del crédito.
Y de estos principios debemos extraer las siguientes consideraciones:
a.- Toda hipoteca es preferente sobre cualquier crédito anotado con posterioridad.
b.- Toda hipoteca debe considerarse como un crédito de la fecha de la escritura, para oponerse en su caso a créditos posteriores aunque se hubiesen anotado antes en el Registro.
Es decir, la hipoteca es hipoteca para los que llegan después al Registro; pero debemos considerarla con un crédito, que como tal puede ser de fecha anterior o no a los que anota¬ron antes (recordemos que los embargos sólo conceden preferen¬cia sobre créditos posteriores a la fecha de la anotación).
Creemos que esta solución lógica es la que debe se¬guirse siempre.
A.- Rectificación del Registro:
En el supuesto de que hubiese alguna inexactitud registral, se produjese una anota¬ción de embargo, y luego se practicase la rectificación del Re¬gistro, se plantea el problema de si el anotante debe o no que¬dar perjudicado.
Recordemos que el artículo 40 if LH establece que "En nin¬gún caso la rectificación del Registro perjudicará los derechos adquiridos por tercero a título oneroso de buena fe durante la vigencia del asiento, que se declare inexacto”.
De acuerdo con lo expuesto resulta que:
a.- El acreedor embargante que anota no es tercero protegido.
b.- El embargo cede frente a las adquisiciones anteriores.
c.- Luego, no queda otro remedio que considerar que en el supuesto de que procediera la rectificación del Registro, ésta debería perjudicar siempre al anotante; y si el anotante anotó un bien que resultó no ser de su deudor, la anotación preventiva debe¬rá desaparecer.
Parece, pues, que para tal rectificación no será nece¬sario el consentimiento del anotante.
B.- Extensión del embargo:
No existe en nuestro derecho una regulación del embargo, por lo que hay que aplicar las distintas consecuencias derivándolas de los principios genera¬les; es cierto que guarda analogía con la hipoteca, pero no siempre pueden seguirse sus reglas.
a.- Solidaridad. Cuando en garantía de una misma obligación se hipotecan varias fincas, es necesario distribuir la responsabilidad entre las diversas fincas.
Por el contrario, cuando se embargan varias fincas no Se distribuye tal responsabilidad; consecuentemente, parece que cada una de las fincas debe responder del todo, con los consiguientes perjuicios para el tráfico jurídico.
Algún sector doctrinal sostiene que por eso debe pro¬cederse a la ejecución conjunta de todos los bienes. Pero en la práctica judicial, desde luego, a pesar de que se embarguen di¬versos bienes, no salen todos juntos a subasta, sino que el acreedor designa los que quiere que vayan siendo ejecutados.
b.- Extensión objetiva. Tampoco son aplicables las normas que establece la LH sobre extensión objetiva, en cuanto a las accesiones, mejoras, etc.
Tampoco a las limitaciones de los intereses en el ca¬so de que la finca pasare a tercer poseedor; y tampoco parece aplicable la acción de devastación.
Para nosotros, el embargo se extiende al pleno domi¬nio del bien embargado (o a la plena titularidad del derecho); y consecuentemente le aplicaremos mas reglas generales del dominio.
En consecuencia, cuando se subaste y se adjudique un bien, se adjudica en la misma situaci6n en que físicamente se encuentre en tal momento.
Luego si se ha hipotecado un solar, y luego se ha construido un edificio, se adjudica el edificio, pues éste, en virtud del principio de accesión queda unido al suelo. Lo mismo en cuanto a plantaciones y mejoras. Recordar que en la hipoteca hay reglas especiales para la edificación.
c.- Actos materiales ulteriores. En el supuesto de que una finca embargada, se dividiera en dos o más, no cabe duda de que ambas quedarían embargadas. Y se aplicaría a ellas la misma solidaridad. (Igual si se segregara una porción).
En el caso de que se agrupase a otra, para firmar una nueva (lo mismo en caso de agregación), estaríamos en el supuesto del artículo en cuya virtud estaremos ante fincas si bien agrupadas, cada una de ellas mantiene su propia regulación y cargas.
d.- Embargo de cuotas de dominio:
En el supuesto de que se embargue una cuota de dominio, es indudable que todo el bien está embargado, aunque sólo con respecto a dicha cuota.
Por tanto, si bien jurídicamente está libre de embargo las restantes cuotas del dominio, materialmente ninguna porción del bien se encuentra no embargada.
Ello tiene importancia en el caso de que se proceda a la división de la cosa común. Y entonces pueden darse varias hipótesis:
a.- Que por ser la cosa indivisible se adjudique a uno de los copropietarios, precisamente el no embargado ¿desaparecería el embargo?.
b.- Que en igual caso, se adjudicase toda al embargado ¿se extendería el embargo a toda la cosa?.
c.- O que sólo se le adjudicase en parte; en cuyo supuesto:
- ¿Recaería el embargo sobre la parte adjudicada al embargado?.
- ¿O, por el contrario, seguiría gravando la porción material adjudicada a los demás copropietarios?.
La solución no está absolutamente clara. Recordemos que el TS, consideró ineficaz la adjudicación a un no embargado de la cosa común, y rechazó la tercería de dominio interpuesta por el adjudicatario. Y, la DGRN, sin entrar en el fondo civil de la cuestión, negó la inscripción de la adjudicación de la cuota embargada, cuando con posterioridad se había otorgado la escritura de obra nueva del solar embargado, división horizon¬tal, y adjudicación de viviendas a los comuneros; alegando que para tal inscripción sería necesaria la cancelación de las ins¬cripciones posteriores.
En esta materia hay que tener en cuenta que, según el artículo 403 y 404 del CC:
“Los acreedores … de los partícipes podrán concu¬rrir a la división de la cosa común y oponerse a la que se verifique sin su concurso.
Pero no podrán impugnar la división consumada, excepto en caso de fraude, o en el de haberse verificado no obstante la oposición formalmente interpuesta para impedir¬la, y salvo siempre los derechos del deudor… para sostener su validez “.
"La división de una cosa común no perjudicará a tercero, el cual conservará los derechos de hipoteca, servidumbre u otros derechos reales que le pertenecieran antes de hacer la partición".
“Conservarán igualmente su fuerza, no obstante la división, los derechos personales que pertenezcan a un tercero contra la comunidad".
Interpretando estos preceptos, parece que podemos llegar a las siguientes conclusiones:
a.- Es indudable que el derecho del acreedor no puede quedar perjudicado.
b.- Es también indudable que los interesados pueden proceder a la extinción de la comunidad.
c.- Los demás copropietarios no embargados, no tienen por qué quedar perjudicados por el embargo.
d.- El acreedor embargante, como todo acreedor puede intervenir en la partición, u oponerse a que se verifique sin su concurso.
e.- Si la partición, a pesar de ello se ha realizado y consumado, tal acreedor podrá impugnarla tan sólo en dos casos:
- Si se hizo en su fraude, lo que se tendrá que pro¬bar.
- Si se verificó a pesar de su oposición formal¬mente interpuesta.
Si no se dan estos dos supuestos, parece que el acreedor personal de un comunero pierde sus derechos sobre la cosa.
Obsérvese que el 405 trascrito tiene dos incisos: el primero habla de titula¬res de “derechos reales” sobre la cosa; cosa que el embargante no es.
El segundo de “derechos personales”, cosa que tampoco es.
Pero parece que, no obstante, debe conservarlos sobre la porción de cosa que le ha sido adjudicada a su deudor.
De estas consideraciones se extraen las respuestas a los interrogantes anteriores:
- Si la cosa se adjudica por ser indivisible a un no embargado, el embargo debe desaparecer. Si ha habido fraude, o se ha hecho contra su oposición, po¬drá impugnarla.
- Si la cosa; por ser indivisible se adjudica al em¬bargado, correlativamente extenderemos el embargo a toda la cosa.
- Si sólo se adjudica parte al embargado:
- Desaparecerá sobre las porciones adjudicadas a los otros comuneros.
- Se extenderá a toda la porción de cosa común adjudicada al embargado.
No obstante es correcta la resolución de la DGRN, ya que los problemas de la inscripción son hipotecarios, no civi¬les; y se estaba adjudicando algo que ya no existía.
C.- Consecuencias en caso de ejecución:
Por ultimo interesa perfilar cual sea la situación jurídica del adquirente de la finca embargada.
Por supuesto adquiere el dominio de la misma; pero interesa averiguar que cargas desaparecerán y cuáles subsistirán:
a.- Purga de cargas posteriores. Las cargas posteriores o no preferentes a la anotación desaparecerán del Registro.
Se solicitará al Juez que ordene la cancelación de las mismas, y éstas desaparecerán del Registro.
Con el importe obtenido de la enajenación se pagará en primer lugar al acreedor; y si hay dinero sobrante, antes de dar lo al deudor ejecutado, se entregará a los titulares de estas ¬cargas posteriores.
b.- Conservación de cargas anteriores:
Según la legislación hipotecaria deben conservarse las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes.
No queda claro en la doctrina qué debe entenderse por anterior y qué por preferente. Parece que hay diversas posiciones:
- Quiénes entienden que son términos distintos. Anterior será la que precede en orden registral; preferente será la posterior registral que tiene preferencia civil.
- Quienes entienden que deben identificarse ambos conceptos, procediéndose a la cancelación de todas las posteriores, sin perjuicio de que alguna de ellas, a la hora de cobrar de lo obtenido deba percibir antes su crédito.
- Quiénes entienden que deben cancelarse todas las cargas que sean posteriores; subsistiendo las que sean simultáneas o anteriores.
c.- ¿Asunción de deudas?:
Finalmente, un último problema se plantea, en el caso de que existiendo un embargo o una hipoteca anterior, se ejecute un embargo posterior.
La duda está en si el rematante asume la deuda derivada del crédito o de la hipoteca; o si, por el contrario, sólo debe sufrir la ejecución sobre la cosa que ha adquirido.
Previamente debemos analizar la legislación hipotecaria:
- Según el artículo 131.8ª, en el procedimiento ejecutivo, en él regulado, se entenderá que el rematante acepta las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos".
- Según el artículo 133.2 LH, "Lo dispuesto en el artículo 131 en cuanto a la subsistencia de" las hipotecas y de¬más gravámenes anteriores o preferentes al crédito del ejecutante, será aplicable no sólo a los casos en que este crédito sea hipotecario, sino también a todos aquellos otros en que se ejercite cualquier acción real o personal que produzca la venta de bienes inmuebles".
Con referencia a la hipoteca la doctrina considera que ello implica una verdadera asunción de deuda, en el sentido de que; cuando se ejecuta un bien hipotecado en virtud de una segunda hipoteca:
- La primera hipoteca subsiste.
- El adjudicatario recibe la cosa, y asume la obligación personal de la primera hipoteca.
- Consecuentemente el primer deudor queda liberado.
Personalmente, digan lo que digan los textos legales, no podemos estar de acuerdo. El deudor Personal seguirá siéndo¬lo; el rematante de los bienes jamás puede convertirse en deu¬dor, salvo que expresamente lo admita. Y, por supuesto, lo que deberá es sufrir la ejecución de la primera hipoteca.
Para nosotros, una cosa es la obligación personal; y otra la carga real o hipotecaria.
Si la cuestión en la hipoteca la vemos clara; también la vemos clara en el embargo.
Un sector doctrinal aplica también esa asunción de deuda al adjudicatario de una finca cuando antes hay un embargo anterior.
Para nosotros, la cuestión sigue siendo la misma que antes. El adjudicatario jamás puede asumir por ministerio de la ley la obligación personal; y jamás el deudor primero queda li¬berado de su obligación por la ejecución.
Una cosa es que reciba el adjudicatario una finca con un embargo preferente, que debe sufrir, y que incluso puede originarle la pérdida de la cosa; y otra cosa es que se convierta en deudor principal.
Máxime, cuando ya hemos indicado que si bien en la hipoteca hay una división del crédito entre las distintas fincas hipotecadas, tratándose de embargo hay una solidaridad
Y ello llevaría al absurdo de que el adjudicatario de una finca, por ínfima que ella fuera, respondería de toda la deuda, que acaso había determinado el embargo de cien fincas.
En resumen, tanto en la hipoteca como en el embargo, para nosotros (y aunque existen tesis opuestas), el adjudicata¬rio recibe la cosa, y sufre las cargas preferentes. Pero no se convierte en deudor. El deudor sigue siéndolo quién lo era an¬tes de la ejecución.
Ollería, 21-mayo-1988