Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCD-10-CO-407.CODI.%29
Timestamp: 2020-07-04 18:58:06
Document Index: 169097072

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 149', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 149', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 135', 'artículo 2', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 41', 'artículo 5']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 407, de 25/09/2013
cve: DSCD-10-CO-407
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 407
- Proyecto de ley orgánica de creación de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. (Número de expediente 121/000053) ... (Página2)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CREACIÓN DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL. (Número de expediente 121/000053).
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión. El primer punto del orden del día, como es habitual, es la ratificación de la ponencia designada para informar la iniciativa legislativa que es hoy objeto de debate, el proyecto de ley orgánica de creación de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal que, salvo que alguien diga otra cosa, daremos por aprobada por asentimiento. (Asentimiento).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto, al debate de las enmiendas presentadas a este proyecto de ley. A efectos de la organización de todos ustedes y de las votaciones, les anuncio que votaremos no antes dentro de hora y media, a las 6:30. Comenzamos, por lo tanto, el debate de las enmiendas. Tiene en primer lugar la palabra por el Grupo Mixto su portavoz, señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, y para no olvidarme al final la defensa de las enmiendas de mi grupo, del BNG, doy por defendidas todas las enmiendas del resto del Grupo Mixto.
En la defensa de las enmiendas que presentamos, doce, a este proyecto de ley, he de decir que las primeras que presentamos, referidas a los artículos 2, 3,14 y 21, van en el sentido, señorías, de que, dado que la configuración de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal se adscribe a un ministerio y que la designación de sus directivos depende del Gobierno central, entendemos que su actuación debe ceñirse también al ámbito de las administraciones públicas y del sector público dependiente de la Administración General del Estado por las razones que acabamos de comentar.
En esa misma dirección hemos presentado la enmienda de supresión al artículo 18, solicitando su supresión íntegra del mismo porque entendemos que la disposición aquí reflejada supone un mecanismo directo al servicio del Ejecutivo central para intervenir en la política económica de las comunidades autónomas al regular la intervención de la autoridad independiente en la fijación de objetivos de deuda pública de las comunidades autónomas cuando, desde nuestro punto de vista, esto debe abordarse de forma bilateral para formalizarse en todo caso en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Nuestra enmienda número 73 es una enmienda de supresión de la disposición adicional segunda porque este proyecto de ley pretende no solo someter obligatoriamente a todas las administraciones a los informes y opiniones de un nuevo organismo, con amplias facultades además para intervenir sobre sus cuentas públicas y con una clara vinculación con el Poder Ejecutivo central, sino que además -como se dice en esta disposición adicional- los organismos autonómicos han de contribuir obligatoriamente a su sostenimiento a través de una injusta tasa que se crea. En línea semejante va nuestra enmienda 74, también de supresión de la disposición final primera, que pretende, en la Ley Orgánica 2/2012 afianzar las competencias de la autoridad independiente no solo sobre la Administración Central del Estado y el sector público estatal sino, como ya hemos dicho, también sobre las comunidades autónomas. Por ello proponemos suprimir estas modificaciones para que el ámbito de la autoridad que se crea con este proyecto de ley sea exclusivamente el estatal, respetando de este modo la autonomía financiera de las comunidades autónomas.
En coherencia con las enmiendas que acabo de defender, presentamos la enmienda 75, que en este caso no es de supresión sino una disposición adicional nueva, la disposición adicional quinta, que tiene la pretensión de circunscribir el ámbito de este proyecto de ley al de las competencias de la Administración General del Estado y el sector público estatal, pues la extensión también a administraciones autonómicas y locales invade su ámbito de autonomía, al pretender emplear como mecanismo de control esta autoridad que en esta ley se aprueba sobre sus presupuestos y ejecución. Lo más coherente y respetuoso con la distribución competencial sería que las comunidades autónomas regulasen la
adaptación interna de sus mecanismos de control de déficit al estar íntimamente ligado a su autonomía financiera, constitucionalmente reconocida.
Como ya hemos dicho en nuestra enmienda de devolución, hay aspectos de este proyecto de ley, primero, que invaden competencias en este momento exclusivas de las comunidades autónomas y, segundo, echa por tierra lo que inicialmente se quiere decir, que es una autoridad independiente, de responsabilidad fiscal, cuando al final depende de un ministerio, sus cargos de dirección dependen de la designación del Gobierno y, en definitiva, más que independiente esta autoridad es una auténtica intromisión en otras administraciones públicas, tanto locales como autonómicas. Por eso defendemos estas enmiendas y las vamos a votar a favor.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, tiene ahora la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Unión, Progreso y Democracia no tiene ninguna objeción a la creación de una autoridad fiscal independiente. Todo lo contrario. Nuestro grupo en esta legislatura fue el primero en proponer que se crease una entidad parecida, en concreto en la enmienda 144, a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, porque creíamos que allí se pedía calcular una serie de variables no observables, como era la tasa de referencia del crecimiento del PIB o los saldos cíclicos, y al ser variables no observables era bueno que las calculase una entidad independiente, de forma que esos datos fuesen creíbles. A esa propuesta de Unión, Progreso y Democracia el grupo mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular, votó que no, y nos parece muy significativo. Nos da la sensación de que este proyecto de ley se trae a la Cámara, a esta Comisión, un tanto forzados, cumpliendo una condición europea, pero sin tener realmente mucha fe en la propia institución, porque a lo largo del texto se está continuamente a la defensiva, poniendo limitaciones a la nueva institución. Nos preocupa en particular lo que creemos que es el rasgo esencial de esta nueva institución y que está en su título, que es la independencia, sobre todo con los antecedentes que ha habido en otros organismos, como la CNMV, CNMC o el propio Tribunal Constitucional. Nos preocupa muy especialmente garantizar la independencia de esta nueva institución, y realmente ese es el hilo conductor de todas nuestras enmiendas. Son propuestas para reforzar la independencia de esta nueva autoridad fiscal, en lo cual no hemos tenido que ser muy creativos, porque realmente la experiencia internacional es abundante y la literatura científica sobre el tema también; son conocidas las técnicas que habría que utilizar si de verdad se quiere crear una autoridad fiscal independiente.
Un primer bloque de medidas busca garantizar la independencia del presidente y de los dirigentes de esta nueva entidad, para lo cual sería importante que, en vez de ser nombrados por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Hacienda, fuese el propio Congreso de los Diputados quien los nombrase, exigiendo unos requisitos, unos criterios objetivos y verificables, de años de experiencia y de conocimientos, y por una mayoría reforzada de dos tercios, de manera que un grupo no pudiese imponer estos nombramientos sin contar con los demás. Otro rasgo muy importante -es algo muy conocido en la literatura sobre estas cuestiones- es que los mandatos sean largos y no renovables, de forma que estas personas no estén condicionadas en su actuación. No se trata de un mandato de tres años más tres, como propone el Gobierno, sino de seis años no renovables. Este es un requisito básico para garantizar la independencia de la nueva autoridad. También pedimos que tenga un carácter más colegiado, no tan presidencialista, de forma que sea un consejo y que al menos otras dos personas acompañen al presidente, al igual que sucede en otros países. También pedimos que los directores de división sean nombrados por el Congreso y no por el Gobierno, en este caso, a propuesta del presidente de la nueva autoridad. Nuestras enmiendas 58 y 59 recogen estas propuestas dirigidas, como ya he dicho, a garantizar la independencia del presidente y de los dirigentes de esta nueva entidad.
Un segundo bloque de propuestas busca garantizar la independencia funcional de esta institución, de forma que esté adscrita directamente a las Cortes Generales, con un estatuto similar al del Tribunal de Cuentas, en vez de estar adscrita al Ministerio de Hacienda, como aquí se nos propone. El estatuto es muy importante, porque es el que va a determinar la organización interna de esta autoridad y va a determinar su funcionamiento interno y, por tanto, debería aprobarse por la propia autoridad. El Consejo de Ministros solo debería aprobar los rasgos básicos de ese estatuto, pero no el detalle del funcionamiento interno y de la organización, porque al hacerlo coartará su independencia funcional. Por último, y también muy importante en este segundo bloque de medidas, consideramos que la financiación debería ser plurianual, porque si es anual y se determina en los Presupuestos Generales del Estado de cada año, el Ministerio de Hacienda o el Gobierno pueden utilizar esto como un instrumento de presión para premiar a
la autoridad si ha sido dócil o para castigarla si ha sido indócil. De nuevo esto no es ninguna ocurrencia de UPyD, sino un rasgo esencial de cualquier organismo independiente, que su financiación sea plurianual, que no dependa de su actuación a corto plazo. Nuestras enmiendas 52, 53 y 61 plantean este tipo de requisitos. Por cierto, pido disculpas por el desorden de las enmiendas, pero están numeradas según el texto y las estoy presentando por bloques temáticos, de ahí los saltos en la numeración.
En último lugar, hay un tercer bloque de medidas que busca ampliar las funciones asignadas a esta nueva autoridad porque, como decía al principio, parece que el legislador está a la defensiva en la creación de esa nueva autoridad y va poniendo limitaciones y cortapisas, en vez de darle amplitud de actuación. La nueva autoridad no debería limitarse a analizar las previsiones que hacen otros organismos, que es lo que aquí se propone, sino que debería realizar directamente las previsiones, como mínimo del cuadro macroeconómico sobre el que se sustentan los Presupuestos Generales del Estado y de las variables no observables de la Ley de Estabilidad, como el déficit estructural y la tasa de crecimiento tendencial del PIB. Estas previsiones debería realizarlas la autoridad y no limitarse a opinar sobre las previsiones de otros. También debería tener un papel mucho más activo en la elaboración de la metodología de cómo se realizan estas previsiones. De nuevo se le da un papel consultivo, que opine sobre esa metodología, pero sin gran capacidad de decisión, aunque la metodología condicionará la credibilidad de esas previsiones. Es básico que tenga un papel activo en la propia elaboración de esa metodología. Es importante también que tenga un papel en la realización de previsiones de todas las administraciones públicas porque, si no, tendríamos la paradoja de que las diferentes previsiones, como sucede hoy en día, al agregarlas no serían coherentes entre sí. Por último, le daríamos mayor iniciativa en la realización de informes y opiniones dentro de su ámbito de competencia, porque en el proyecto de ley se da un listado cerrado sobre de qué puede opinar o informar. En nuestra opinión, tendríamos que darle más margen de actuación y que, dentro de su ámbito de competencia, pudiese realizar informes y dar opiniones con mayor libertad. Nuestras enmiendas 49, 51, 54, 55 y 57 se dedican a todas estas cuestiones.
Finalmente, nuestra enmienda 62 propone minimizar el coste de creación de esta nueva autoridad, utilizando recursos ya existentes en instituciones tan prestigiosas como el Servicio de Estudios del Banco de España o el Instituto Nacional de Estadística.
Todas ellas son propuestas razonables y que van en la línea de lo que sería necesario para crear una autoridad verdaderamente independiente; sin embargo, el grupo mayoritario no ha mostrado, hasta donde sabemos, la menor sensibilidad para aceptar ninguna de ellas. Por tanto, como nosotros somos favorables a crear una autoridad fiscal, pero vemos como requisito esencial que sea independiente, si no se aceptan este tipo de propuestas, votaremos que no al texto final, a menos que sufra importantes modificaciones.
El señor PRESIDENTE: Le voy a dar la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Olabarría, que se incorpora unos segundos tarde, para que no nos falte el criterio de todos los grupos en cuanto a las enmiendas. Tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente, por su generosidad.
Quería hacer frente a usos ya no escritos pero asumidos en esta institución permanentemente o desde hace mucho tiempo. Por enlazar con la última reflexión del señor Anchuelo, nos gustaría enfatizar el carácter independiente de la institución que se está creando, recreando en esta proposición de ley. La garantía de independencia está vinculada absolutamente a su no dependencia orgánica y a su dependencia funcional. La dependencia orgánica la convierte en una institución tributaria, jerárquicamente dependiente de órganos de la Administración General del Estado, pero la dependencia funcional no. Desde esa perspectiva, el señor Anchuelo tiene razón, y esto se cohonesta perfectamente con alguna enmienda de nuestro grupo parlamentario, concretamente la número 29.
Nosotros estamos particularmente interesados, señor presidente, en defender las enmiendas números 29, 30, 31, 36, 38, 39, 40 y 41. Nos encontramos con un problema que hace referencia a la arquitectura financiera del Estado español, en la que hay regímenes forales sujetos a sistemas de concierto, de convenio económico que no han sido objeto de consideración suficiente por esta ley. Hace referencia a distintas materias o a distintos ámbitos de actuación. En primer lugar, ya en la enmienda número 30 indicamos que las funciones de la autoridad fiscal independiente tienen que hacerse de forma cohonestada y coherente con los requerimientos de un sistema financiero que en algunas comunidades autónomas es de carácter bilateral o está vinculado a los requerimientos del concierto económico. Desde esa perspectiva, creemos que las funciones de la autoridad que se reconocen o se articulan a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera deben también articularse a través de la Comisión Mixta del Concierto
Económico. ¿Por qué? Porque lo impone la Constitución, señor presidente, porque lo impone la Ley del Concierto Económico vasco de 2002 y porque lo impone la estructura financiera de la que nos hemos dotado. Se lo digo a usted, señor presidente, porque es un miembro destacado del Partido Popular, en el que sus perfiles o sus siluetas ideológicas, la defensa de la foralidad, la defensa del Concierto Económico vasco y la defensa del Convenio Económico de Navarra, forman parte de uno de los aspectos que han caracterizado su discurso ideológico. Si no es así lo tendremos en cuenta y si sigue siendo así también, y en forma positiva.
La mayoría de las enmiendas hacen referencia a esta cuestión, a la existencia de un régimen financiero que no puede ser prostituido o pervertido por varios procedimientos: la incorporación de las directivas comunitarias, la trasposición de las directivas comunitarias, la invocación de títulos competenciales impropios, como lo que ustedes con frecuencia utilizan, el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que no es un título atributivo de competencias sino un principio general, el de la garantía de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Desde esa perspectiva, nosotros estamos interesados en que esta autoridad independiente sea, primero, independiente, pero que lo sea respecto de todos los órganos que articulan o estructuran los flujos financieros tributarios y financieros del Estado, que son, por una parte, la Comisión Mixta del Concierto Económico y, por otra, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Señor presidente, para nosotros prescindir de este requerimiento es preocupante, porque se incardina en un proceso estratégico de su partido en el que el ordenamiento jurídico y constitucional, el concierto económico, el convenio económico, es defendido formalmente, pero no materialmente. No hay proyecto de ley, no hay real decreto-ley donde se provea una preterición de los requerimientos del concierto económico y del convenio económico de Navarra. Desde esa perspectiva, nos parece importante que se reserve o salvaguarde esta competencia de estructuras que articulan relaciones financieras, relaciones tributarias de carácter diferente.
La enmienda número 32 también se incardina en esta reflexión. Si ustedes pretenden que la autoridad fiscal sea independiente no pueden pretender que simultáneamente sea dependiente mediante una dependencia orgánica y funcional. Tienen que ponerse de acuerdo ustedes mismos, o es dependiente orgánicamente y no funcionalmente o es dependiente orgánica y funcionalmente. Si como preconiza el precepto es dependiente orgánica y funcionalmente, no estamos ante una autoridad fiscalmente independiente; si solo es dependiente desde una perspectiva funcional, podríamos estar hablando de una autoridad independiente en sus propios términos. La mayoría de las demás enmiendas, señor presidente, se incardinan en estas reflexiones que le estoy comentando. La estructura financiera del Estado español se basa en sistemas financieros singularizados; el de Canarias es uno, pero sobre todo son el de la Comunidad Autónoma del País Vasco a través del Concierto Económico vasco y el de la Comunidad Foral de Navarra a través del convenio. ¿Esto qué significa? Requerimientos en todos los ámbitos, lo que quiere decir que estos requerimientos tienen que considerar que esta autoridad independiente que se concreta debe atender estos mecanismos de estructuración financiera del Estado. Por lo tanto, en la enmienda número 35 la autoridad independiente de responsabilidad fiscal también informará de la propuesta de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la deuda no solo con los requerimientos de la Ley 2012, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, sino con los requerimientos de la 6/2002, la Ley Reguladora del Concierto Económico.
En la enmienda número 36, señor presidente, estimamos que, si es solicitada, también asistirá con voz pero sin voto en la Comisión Mixta del Concierto Económico esa autoridad fiscal independiente. Esto obliga a operaciones jurídicas complejas. No solo hay que modificar la configuración jurídica de la Comisión Mixta del Concierto Económico, sino también la del Consejo de Política Fiscal y Financiera; es necesario, señor presidente, está en el bloque de constitucionalidad. En la enmienda número 37 estimamos que la presidencia de seis años que se otorga a esta Comisión nos parece excesiva, por lo tanto, serían en todo caso seis años no renovables. En la enmienda número 38 le pedimos lo siguiente, señor presidente. En el comité directivo de la pretendida autoridad fiscal independiente y en el ejercicio de sus funciones tiene que haber seis expertos de reconocido prestigio en materia de análisis presupuestario, económico y financiero en el sector público con voz y sin voto designados por el presidente. Tiene que haber más de seis o, de los seis que se prevén, dos tienen que ser personas expertas en los mecanismos tributarios o en los mecanismos de relación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, uno por parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por los requerimientos del concierto económico que le he comentado, y otro de la Comunidad Foral de Navarra, también por los mecanismos económicos que ya le he comentado. Se lo digo a ustedes, que son miembros de un partido que siempre ha preconizado las bondades de la foralidad
y las bondades del concierto y del convenio económico; se lo digo a ustedes, que son unos apologetas del concierto y del convenio económico. Nunca han sido refutados el convenio y el concierto económico por parte del Partido Popular, nunca han sido refutados el concierto y el convenio económico por Convergència i Unió y casi nunca ha sido refutado por del Partido Socialista. Es una estructura financiera que tiene origen en la propia Constitución, en la disposición adicional primera de la Constitución, y en la legislación, en la Ley del año 2002, que regula el concierto económico y el convenio económico. La regresión en estos ámbitos nos llevaría a una situación compleja, complicada, y no se les escapa a ustedes que la desafección de grupos que defienden el concierto y el convenio económico provocaría problemas importantes.
Fundamentalmente, nuestras enmiendas se incardinan en estos dos posicionamientos, señor presidente, la defensa del Concierto Económico, la defensa del concierto económico para Navarra. Cuando hay una autoridad independiente que hace referencia al control de la reforma del artículo 135 de la Constitución y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2012, no podemos perder la perspectiva de que estos requerimientos no son iguales para todas las comunidades autónomas del Estado español; no solo no son iguales, son manifiestamente distintos. Hay un régimen especial para Navarra; para otras comunidades autónomas hay tributos concertados, parcialmente concertados, cuya exacción se produce por sus propias autoridades; y en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra prácticamente todos los tributos están concertados. Desde esta perspectiva, no nos parece mal que haya una autoridad fiscal independiente, que no sabemos si es autoridad y si es independiente, tal como preconiza el texto legal. Tenemos dudas de que sea autoridad y también de que sea independiente, dada su vinculación a la Administración. Dicho esto, señor presidente, le tenemos que decir que esta autoridad fiscal independiente, que se erige en garantista, veladora o cancerbera de los requerimientos de la modificación del artículo 135 de la Constitución y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no puede prescindir de los requerimientos del bloque de constitucionalidad. En estos requerimientos ¿cuales están?
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir concluyendo, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo, señor presidente.
La Ley del Concierto Económico, la Ley del Convenio Económico para la Comunidad Foral de Navarra. Si esto no es así, al socaire, como muchas veces hemos denunciado, de la trasposición del derecho europeo; al socaire de la reforma del artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria; al socaire de la utilización prolija de títulos atributivos de competencias impropios, como el artículo 149.1.1ª de la Constitución; al socaire de una desmesura de la interpretación de la legislación básica del Estado en las competencias exclusivas de las comunidades autónomas; al socaire de la legislación marco, como se configura o se interpreta por parte de la Administración del Estado en relación con las competencias exclusivas autonómicas de la alta inspección del Estado, de los intereses generales de la economía nacional, etcétera; al socaire de todo esto, señor presidente, estamos en condiciones de afirmar rotundamente que el proceso constituyente, que el proceso autonómico, que el bloque de constitucionalidad está siendo bastardamente amortizado. Como nosotros no vamos a asumir pacíficamente que el proceso de la constitución de un Estado autonómico sea bastardamente amortizado, lo cual está provocando fenómenos coetáneos con los que estamos conviviendo, estas enmiendas son aceptadas o nuestra posición será beligerantemente contraria a la constitución de otro instrumento de centralización, aunque aparentemente no sea estatal, solo aparentemente porque sí lo es. Ya estamos ahítos de instrumentos de recentralización estatal.
Con esto acabo, señor presidente. O se cree en el Estado autonómico o no se cree en el Estado autonómico. Para que un Estado sea autonómico hay que creérselo de verdad y hay que respetarlo. Como lo que se observa en los últimos tiempos es que el Estado autonómico o la estructuración del Estado autonómico constituye para ustedes, para su partido, para los gobernantes de su partido, una suerte de obstáculo para la competitividad, con nosotros para esto no van a contar nunca.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, concluya ya. Ha terminado su tiempo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: He dicho lo que quería decir. Nunca van a contar con nosotros con esto, sino todo lo contrario.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Intervendrá brevemente, porque nuestras enmiendas son pocas pero están cortadas por el mismo patrón y porque tuvimos oportunidad también de debatir en el Pleno sobre la enmienda a la totalidad y lo que a nuestro juicio suponía la creación de esta entidad independiente, esta autoridad independiente de responsabilidad fiscal. No estamos en absoluto de acuerdo con la creación de esta entidad, no lo estamos con el fondo que supuestamente subyace, argumenta y justificaría esta creación. En cualquier caso, nuestras enmiendas tienen como propósito ampliar el enfoque de esta entidad -hay constancia de que se va a crear- y pensarla de una forma diferente. A este respecto, hacemos mucho hincapié en la pretendida independencia que se le presupone a esta entidad. Es absurdo desde el punto de vista económico pensar que se puede ser independiente, cuando está claro que la política económica afecta desigualmente a los distintos sujetos económicos (empresas, hogares, familias), pero también dentro de los propios sujetos económicos no afectan de la misma forma las recomendaciones y las políticas a las grandes empresas, a las pequeñas empresas, a las familias más ricas o a las familias más pobres. Por tanto, no existe una independencia o una política ideológicamente neutral. En ese sentido, varias de nuestras enmiendas pretenden reconsiderar la situación orgánica de esta entidad, para hacerla directamente dependiente de las Cortes Generales y no del Ministerio de Hacienda. Es mucho más democrático y tiene mucho más sentido orgánico que dependa de entidades como el Congreso de los Diputados, que esté adscrita de esa forma. Además, la financiación de esta entidad -tenemos varias enmiendas en ese sentido- no correspondería que sea por tasas. De hecho, proponemos suprimir los artículos que hacen referencia a esta forma de financiarlo y creemos que es más adecuado que una entidad de estas características se financie directamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
El resto de las enmiendas, seguidas por la coherencia con el marco de crítica que planteamos esta entidad, tienen que ver con ampliar el enfoque que seguiría esta entidad. Nos parece un grave error pretender que va a ser independiente únicamente por el hecho de perseguir la estabilidad presupuestaria, porque la economía no se circunscribe única y exclusivamente al control de las finanzas públicas. Ese control tiene que estar realmente subordinado a otros objetivos mucho más amplios en una sociedad democrática, como son las políticas sociales, las políticas en educación, en sanidad, en los servicios sociales y en el mantenimiento de unas condiciones de vida dignas para la ciudadanía. Centrarnos y circunscribir solo la actividad de la entidad a la preocupación de la estabilidad presupuestaria, sabiendo que además este es el tercer paso -el primero fue la modificación del artículo 135 de la Constitución y el segundo fue la Ley de Estabilidad Presupuestaria- en esa línea, sirve más bien de excusa para seguir desmantelando el Estado del bienestar. Creemos que se podría reconducir ampliando los objetivos de esta entidad.
Creemos, además, que los hechos recientes en política europea nos vendrían a dar la razón porque una de las críticas más importantes que se está haciendo al Banco Central Europeo actualmente es que solo se limita al control de la inflación y no a objetivos mucho más amplios y más flexibles, como podría ser la equivalencia que hay con la Reserva Federal o el Banco de Japón. En este sentido, tener un enfoque y una amplitud de miras mayor por parte de esta entidad evitaría problemas en el futuro; por mucho que se insista en el carácter no vinculante, creemos que, aunque sea de carácter prescriptivo, esta entidad va a ser muy importante en los años siguientes en el control no solo de las finanzas públicas sino también de la orientación de la política económica, y al desvincularla de las decisiones puramente democráticas tomadas en órganos como el Congreso, entendemos que hay un riesgo no solo económico sino también democrático. De ahí que haga otra anotación más. Otra de las enmiendas plantea que la primera tarea que debería acometer esta nueva creación sea la de emitir un informe que valore cuál es la incidencia real y global, no puramente economicista, de la modificación del artículo 135, especialmente el apartado tercero, para saber cuáles han sido sus efectos directos sobre las condiciones de vida de los ciudadanos, efectos directos e indirectos, siempre desde una visión y desde este enfoque amplio no solo limitado a un carácter puramente técnico, matemático, pretendidamente aséptico, del control del déficit público.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Quiero iniciar mi intervención recordando a sus señorías que nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad al proyecto de ley orgánica que hoy debatimos y ello no porque el objeto del proyecto de ley sea contrario a lo que nosotros creemos, sino por cómo se configura la llamada autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Tengan por seguro -quiero recalcarlo- que si el proyecto de ley que instrumenta esta autoridad se caracterizara por la independencia
y por la transparencia, mi grupo parlamentario no hubiera presentado la enmienda a la totalidad, pero estas características, la independencia y la transparencia, no son las características que el proyecto de ley otorga a dicha autoridad. No voy a incidir mucho más en este posicionamiento ya que tuvimos ocasión de exponerlo en el debate de totalidad, pero les explicaré las carencias que observamos en el proyecto de ley en base a las enmiendas propuestas por nuestro grupo parlamentario. Empezaré en relación con la necesidad de incidir en la independencia orgánica y funcional que debe presidir la configuración de la autoridad de responsabilidad fiscal. Las enmiendas formuladas por mi grupo parlamentario inciden en ese sentido, como la 117, para garantizar la independencia de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal estableciendo, por ejemplo, su vinculación con las Cortes Generales, o la enmienda 118, que suprime toda referencia a la remisión de información por parte del Ministerio de Hacienda. La enmienda 124 tiene por objeto establecer que el estatuto orgánico debe ser aprobado por el Senado, o la 126 que la autoridad elabore su propio presupuesto, integrándose en los Presupuestos Generales del Estado en una sección independiente, debiendo ser aprobado por lo tanto por las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado. La enmienda 130, formulada por mi grupo, establece que el presidente de la autoridad fiscal será nombrado por el Senado y el proceso de selección será realizado por un jurado formado por expertos en el ámbito de la economía y de las finanzas. La enmienda 132 establece que el equipo directivo será elegido a través de criterios competitivos. Para finalizar en relación con la independencia, la enmienda 137 prevé que el Senado, a propuesta del presidente de la autoridad independiente, aprobará en el plazo de tres meses el estatuto orgánico de la citada autoridad.
No únicamente por esta razón mi grupo parlamentario ha presentado más enmiendas, ya de por sí suficientes para posicionarnos respecto al proyecto de ley, sino que además creemos que el proyecto de ley tal como está redactado y remitido por el Gobierno, aprobado por el Gobierno, supone una limitación de la capacidad de acción en materia presupuestaria y un recorte de la autonomía financiera de las comunidades autónomas, dado que refuerza las limitaciones introducidas por la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Dentro de las enmiendas formuladas en este sentido por mi grupo parlamentario, la enmienda 119 establece que la propuesta de informe que elabore la autoridad antes de su emisión definitiva sea sometida a audiencia de la Administración o entidad destinataria a los efectos de que pueda presentar alegaciones al contenido que haya establecido en su acuerdo la autoridad. La enmienda 120 prevé que las comunidades autónomas puedan ser solicitantes de estudios a la autoridad fiscal independiente, una propuesta en ese sentido tomada directamente del informe del Consejo de Estado, y creemos que por tanto tiene una base más que confirmada en este sentido. La enmienda 127 pretende permitir que se emitan los recursos contra las actuaciones de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, que actualmente el proyecto de ley prevé que no puedan practicarse. La enmienda 134 establece que las comunidades autónomas puedan formar parte del comité técnico de cuentas nacionales, cosa que tampoco prevé el proyecto de ley. En este apartado quería dejar la enmienda 128 como última, porque si ustedes leen el proyecto de ley, verán que no se prevé expresamente la participación de la autoridad en el objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Administración General del Estado. Por tanto entendemos, y así lo ha planteado mi grupo parlamentario con la enmienda 128, que debe establecerse obligatoriamente que la autoridad fiscal debe informar también sobre los objetivos de déficit de la Administración General del Estado, puesto que no hay ninguna razón objetiva ni razonable que justifique que no se encuentre previsto en el proyecto de ley.
El tercer grupo de enmiendas se han formulado por parte de mi grupo parlamentario en relación con la falta de transparencia en los cometidos de la autoridad. La enmienda 121, al artículo 5 del proyecto de ley, prevé que para dar la máxima transparencia a las actividades de la autoridad se garantice la máxima difusión de sus informes y opiniones, y además que la memoria de la autoridad deba presentarse por parte del presidente de la misma ante el Senado. La enmienda 122 prevé que la autoridad independiente deba informar en su página web sobre las colaboraciones que se mantengan en el ámbito de sus relaciones institucionales y se publiquen además los informes y estudios que se elaboren en el marco, con el fin de garantizar, como decía, la máxima transparencia e independencia. La enmienda 133 prevé que deba someterse al menos una vez cada cinco años a la autoridad a una evaluación externa.
El último gran grupo de enmiendas formuladas por mi grupo parlamentario tiene por objeto la modificación de la creación de la tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Porque esta tasa, señorías, como está configurada en el proyecto de ley, representa un coste adicional para las comunidades autónomas y además supone un mecanismo de control para las mismas. El proyecto de ley revierte el coste de la tasa
a las propias comunidades autónomas, que deberán asumirla además tomando como base imponible para su cálculo determinados aspectos que no han sido tomados en cuenta en el mismo proyecto de ley. Por tanto, creemos que esta tasa ni es lógica ni está correctamente configurada en la redacción del proyecto de ley. La primera enmienda en este sentido, la enmienda 135, a la disposición adicional segunda del proyecto de ley, pretende suprimir la tasa de supervisión por entender que debe ser asumida, como prevé la enmienda 125, es base a una financiación de la autoridad de acuerdo con las asignaciones que se establezcan anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. Alternativamente, la enmienda 136 pretende, si se mantiene la tasa, excluir los gastos financiados con fondos finalistas del cálculo de la tasa de supervisión, análisis y asesoramiento, y además incorporar un apartado en relación con la lealtad institucional, con el fin de que el Estado anualmente compense a las comunidades autónomas, en su caso, por el importe devengado y satisfecho por las comunidades autónomas en razón de esta tasa.
En resumen, señorías, como dijimos ya en la defensa de la enmienda a la totalidad del proyecto de ley orgánica, creemos que no se ha configurado una autoridad independiente por mucho que así se califique en todo el proyecto de ley, se incorporan nuevos recortes al principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas y se vulneran las competencias de estas administraciones públicas.
Por ello, en principio mi grupo parlamentario entiende que no puede dar apoyo a este proyecto de ley a la espera de las enmiendas que puedan aprobarse en este sentido por parte del grupo mayoritario.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra para defender sus enmiendas la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Defenderé las enmiendas de mi grupo a este proyecto de ley, que en general tienen la finalidad de adecuar el contenido de la ley, el articulado, al título de la ley; es decir, que la autoridad que se cree responda al principio de independencia y responsabilidad. No es la primera vez que se comenta en esta Cámara que el Gobierno es experto en poner títulos, pero luego es incapaz de hacer corresponder el título con el articulado. Esto lo demuestra la cantidad de enmiendas de devolución que vienen presentando los grupos a distintos proyectos de ley que presenta el Gobierno. En esto tendrán el récord. Prácticamente a todos hay enmiendas de devolución. Sirva como ejemplo, porque acabo de venir de esa Comisión, la ley orgánica de mejora de la calidad educativa, que se está debatiendo ahora. Como título está bien, si no fuera porque en su articulado destroza la calidad, la igualdad de oportunidades y muchísimas cosas. Por eso los grupos de la Cámara presentan enmiendas de devolución y hasta se comprometen en esta ley en concreto a derogarla cuando el Partido Popular pierda la mayoría absoluta.
En el proyecto que se debate hoy vuelve a pasar. Es el proyecto de creación de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Nada de independiente. Por tanto, no tendrá ninguna responsabilidad en sus actuaciones. Aquí volvemos a repetir el debate de la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En este caso, en el de los mercados y la competencia, a empujones y amenazas de la Comisión Europea suavizaron un poco la cantidad de competencias que se atribuía el Gobierno. La Unión Europea no ha quedado satisfecha y nosotros tampoco, ni con las competencias que todavía tiene el Gobierno ni con los nombramientos de los consejeros. Si a la de la CNMC se le denominó en la prensa, por ejemplo, apéndice del Gobierno, con esta ley los expertos ajustan un poco más y han llegado a llamarla un mayordomo para Montoro -Vidal-Folch-, solemne chapuza porque no es independiente -Juan Rubio-Ramírez, de Fedea-, o Una autoridad sin autoridad, como ustedes leerían en el artículo de la semana pasada de John Müller, en El Mundo. Yo la voy a calificar también, porque llevé la de la CNMC y llevo esta en Comisión, y la denomino como otra tomadura de pelo de Montoro. Estoy segura de que quienes tienen que defender esta ley reconocerán aquí, aunque tengan que defender lo contrario, que de independiente esta autoridad tiene poco. Esta es una ley más que recibe un amplio rechazo de la Cámara y seis enmiendas a la totalidad.
Mi grupo ha presentado veintiséis enmiendas dirigidas, sobre todo, a garantizar la independencia del organismo, y además hacen que se cumplan los principios de la OCDE relativos a las instituciones presupuestarias o fiscales -en la traducción es lo mismo- independientes. En la enmienda 90 proponemos la creación de un órgano colegiado frente al modelo presidencialista que plantea el proyecto de ley, porque creemos que garantiza mejor la independencia frente al Ejecutivo. Así se ha hecho, por ejemplo, en los últimos creados en la Unión Europea, como son los de Portugal, Irlanda, Italia y Francia, pero además de los ya creados podríamos citar los de Alemania, Bélgica, Reino Unido, Holanda, Dinamarca o Austria. Si se aprueba el modelo presidencialista, seremos una excepción en la Unión Europea.
Por otra parte, para dar respuesta a la recomendación de la OCDE sobre las funciones que deben cumplir estos organismos -en una de las cuales dice que han de emitir informes a iniciativa propia y organizar sus propios trabajos, además de tener acceso a toda la información relevante que se le tiene que ofrecer a tiempo, incluyendo además la metodología y las hipótesis de partida-, para solucionar eso presentamos, como el resto de los grupos, en la enmienda 96, que el estatuto orgánico sea aprobado por el propio organismo, en vez de ser aprobado por el Consejo de Ministros, porque esto va a condicionar claramente el funcionamiento interno de la autoridad. No sé por qué quiere el Gobierno decidir cómo tiene que funcionar. En la enmienda 92 establecemos que sea el organismo el que disponga con qué datos tiene que trabajar, qué documentos, qué procedimientos de remisión deben poner las administraciones a su disposición. No nos parece razonable que sea el Ministerio de Hacienda el que por orden determine qué información ha de manejar el organismo. Insólito.
Proponemos igualmente en otra enmienda que el organismo se adscriba a las Cortes Generales a través del presidente del Congreso. No parece razonable para la independencia que se adscriba al ministerio al que tiene que supervisar, fundamentalmente a través del ministro. Por otra parte, planteamos que el organismo elabore anualmente su presupuesto -no su anteproyecto-, que se incorporará a los Presupuestos Generales del Estado que debatiremos en las Cortes y que serán aprobados por los grupos. Si al ministerio no le gustase, por ejemplo, el comportamiento de la autoridad, podría recortarle sus presupuestos, y con ello recorta su independencia. Así lo indica, por ejemplo, el principio cuarto de la OCDE, que indica además que los presupuestos deben ser preferiblemente plurianuales -como el representante del UPyD propone también-, al objeto de evitar presiones políticas por vía de recortes presupuestarios. En este proyecto de ley es facilísimo permitir al ministro Montoro presionar al organismo.
Por último, destacaré las enmiendas referidas a la organización de la autoridad. El proyecto de ley establece una autoridad de carácter presidencialista, como ya he dicho, frente a nuestra propuesta de órgano colegiado, y además dice que se organizará en divisiones. No especifica cuántas ni cuáles, aunque, como no podía ser de otra forma, a los jefes de división los nombra el Consejo de Ministros. ¿Y las Cámaras nada tienen que ver con esos nombramientos? Porque estos ni comparecen ni son votados en la Cámara.
Nuestro grupo, a través de las enmiendas 104, 106 y 107, modifica los artículos 24, 26 y 27 para establecer la composición del consejo independiente de finanzas públicas, que así hemos pensado que debería denominarse, y el régimen del nombramiento de sus componentes. Proponemos su composición: el presidente del consejo; comité de dirección formado por el presidente y seis consejeros, y un consejo asesor formado por seis profesionales especializados en asuntos fiscales y económicos. Proponemos que tanto el presidente como los consejeros sean nombrados por el Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos -más opiniones, más personas que opinen-, entre personas, por supuesto, de reconocida experiencia en esta materia, pero previa comparecencia en la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados de todos, para cuya aceptación serán necesarios los votos favorables de las tres quintas partes de los miembros de la Comisión. Aseguramos así el primer principio de la OCDE sobre los fiscal council, que así les llaman, que establece que deben nacer a partir del acuerdo político interno, un acuerdo político de amplio espectro. Podría ocurrir con este proyecto de ley, si no se establecen las tres quintas partes, que esta autoridad salga adelante con los votos de un solo grupo político, como, si no se cambia, así será. Por último, para dar respuesta a lo que nosotros creemos y a las recomendaciones de la OCDE en su principio número dos, planteamos que la duración del mandato del presidente y los consejeros sea más largo, que sea de seis años sin posibilidad de reelección. La OCDE, por ejemplo, recomienda que los mandatos -literalmente- no coincidan con ciclos electorales, siendo preferible que tengan mayor duración que estos.
En fin, si estas enmiendas y otras similares que han presentado la mayoría de los grupos las votara el Grupo Popular, este organismo respondería mejor al principio de independencia, sería más creíble para la sociedad y para la OCDE, y creo que les gustaría más incluso a algunos miembros del Grupo Popular porque, si estuvieran en la oposición, este proyecto, hecho a medida del Ministerio de Hacienda, sería con toda probabilidad rechazado por ellos. Ustedes deberían pensar que no van a gobernar toda la vida y que cuando ustedes estén en la oposición es posible que nos reclamen que se modifique, y nosotros por responsabilidad lo modificaremos, claro que sí, por lo cual esto será un instrumento del Gobierno cuando gobierne el Partido Popular y un organismo independiente cuando no gobierne. Si este proyecto no mejora con las enmiendas de todos los grupos, la mayoría absoluta del PP aprobará una ley que no garantiza la
necesaria independencia de un organismo clave para nuestra economía y habrá merecido la denominación que Vidal-Folch le dio en su artículo, como un mayordomo para Montoro. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Villanova.
El señor VILLANOVA RUEDA: Señorías, no voy a repetir el debate tan intenso, amplio y rico que hubo en el Pleno pasado, donde se debatieron todas las enmiendas de devolución, de totalidad contra esta ley orgánica. Sí voy a responder a las enmiendas, creo que a casi todas, de todos los grupos porque entiendo que después de que se lo han trabajado merecen una respuesta lo más puntualizada posible, pero también habrá respuestas generalizadas porque hay muchas cuestiones comunes en todos los grupos de la oposición.
En primer lugar, las enmiendas que presentamos a la ponencia del Grupo Popular que fueron aceptadas y que están incorporadas al texto no las voy a volver a defender para agilizar los tiempos. En otro orden de cosas, tengo que decir que sí vamos a aceptar algunas enmiendas. Parecía que no íbamos a aprobar ninguna y la sorpresa es que sí, vamos a transaccionar algunas con algún grupo y también vamos a aceptar otras. Voy a empezar por las que vamos a aceptar. La número 6 de Izquierda Plural la vamos a aprobar; vamos a transaccionar la 24 con UPN; la número 41 del Partido Nacionalista Vasco, representado por el señor Olabarría, también la vamos a transaccionar y ya creo que estará elaborada y firmada; la número 119, de CiU, se va a transaccionar; la 120 se va a aprobar tal como está redactada, y de la 121 vamos a aprobar el apartado 4 pero no el 5. Ese es el resumen de lo que hemos visto afirmativo y que no desvirtúa este proyecto de ley.
Es un proyecto de ley orgánica muy importante para este país. Parece que va a pasar por la Cámara casi como un rodillo, por lo menos verbal, como hemos oído por parte de todos o casi todos los grupos, porque se dice que no es independiente, que no tiene autonomía, que va a ser un instrumento al servicio del ministro, un mayordomo de Montoro, ha dicho la portavoz socialista. Si existe un mayordomo sería de Europa, que al final es la que nos presta el dinero y nos ha ayudado bastante a salir del problema que teníamos hace un año. (La señora Vázquez Morillo: Síííí.-Un señor diputado: Que no nos ayuden más). Estamos hablando de una institución a la que estamos obligados.
Voy a empezar recordando de dónde y por qué viene esto, por qué el Gobierno del Partido Popular tiene que presentar aquí una ley orgánica para crear una institución y a la mayor velocidad, antes de diciembre, si es posible. Señorías, la situación económica que tiene en la actualidad nuestro país, con una deuda pública alta como decía el señor Saura -está muy alta, es verdad- y la recesión más larga de la economía conocida hasta ahora en la Unión Europea impide la posibilidad de poder atender adecuadamente -como nos gustaría y todos quisiéramos- las necesidades prioritarias de la población, los servicios básicos del Estado del bienestar, como pide La Izquierda Plural precisamente y también Esquerra Republicana. Una gran parte de la tarta del gasto público va destinada a atender las obligaciones de pago, el capital que debemos, el que hemos heredado y los intereses, y por lo tanto frenan la recuperación económica. (Rumores). Así, la administración estatal autonómica, la provincial y la local se ven envueltas en procesos de regeneración, de cambio y esta situación nos ha llevado a reformular nuestra política fiscal.
Señorías, no podemos ni debemos volver a tener una crisis tan fuerte y tan dramática para tantos millones de personas como la que estamos padeciendo. No nos podemos permitir que suceda esto más. No podemos quedarnos en el inmovilismo, como ha ocurrido durante estas dos legislaturas pasadas de Gobierno socialista. Ese inmovilismo tiene mucha culpa de la situación en la que estamos. Por eso tenemos y debemos responder a nuestros compromisos asumidos con la Unión Europea. Señorías, la disciplina fiscal, que impone la salida de la gran recesión, dominará, desgraciadamente, el panorama político y económico durante bastante tiempo y en muchos países de Europa. Es parte de una nueva normalidad de la que también forman parte entidades financieras menos apalancadas, políticas regulatorias fortalecidas. En nuestro país, la herencia -sí, la herencia- recibida actúa como una losa en nuestra economía y esta sobrecarga se hace sentir con más fuerza cuando resulta más urgente invertir en políticas que relancen el crecimiento. Todo esto parte de un nuevo contexto que está aquí para quedarse, constituye a la vez un gran desafío y una gran oportunidad, señor presidente. El modelo de antaño de gastar y gastar sin llevar a cabo reformas estructurales nos ha llevado a donde estamos. Y por eso tenemos que hacer esto.
Señorías, hace solo catorce meses -solo catorce meses- España estuvo a punto de ser totalmente rescatada por la Unión Europea -si, rescatada-. Los inversores preferían sitios más seguros; se produjo una salida de capitales como nunca habíamos visto en este país; la prima de riesgo de España frente a Alemania en julio de 2012 pulverizó los récords negativos por encima de los 630 puntos básicos (La señora Vázquez Morillo: 2012) y el interés del bono a diez años alcanzó el 7,61%. Después de todas
estas reformas llevadas a cabo por este Gobierno, esta mañana -sí, esta mañana, cuando estaba redactando mi intervención- la prima de riesgo estaba en 244,50 puntos básicos (La señora Vázquez Morillo: Como la de Zapatero) y sigue evolucionando a la baja. Y el interés del bono está ya en el 4,31, señorías, no en el 7,61%. Estos datos representan un ahorro importante para todos los españoles, no para el Partido Popular; para todos los españoles y de todas las comunidades y nacionalidades, como algunos de ustedes dicen. Esto supone un ahorro de 5.000 millones de euros, aproximadamente el 5% del producto interior bruto. Esta noticia, unida a la del IPC interanual del 1,5 y otras también positivas como la Bolsa, etcétera, nos indican que estamos en el buen camino. Señorías, la clave son políticas económicas de amplio espectro con la vista puesta en la recuperación del crecimiento, pero tienen que estar ancladas en sólidas instituciones fiscales y de gestión pública. Aquí es donde las reformas que se han realizado y las que se están llevando a cabo por el Gobierno de España resultan relevantes para el principal objetivo para todos, que es -y así lo espero- el crecimiento de nuevo de la economía.
El considerando 16 y el artículo 6.1.b) de la Directiva 2011/85, de 8 de noviembre, del Consejo sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros establecen la obligación para todos los Estados de crear instituciones independientes y con autonomía funcional para supervisar el presupuesto público. Señorías, el marco general de esta iniciativa es consecuencia precisamente de la reforma de la Constitución, que recoge en su artículo 135.5 el principio de estabilidad presupuestaria, de equilibrio presupuestario. El impulso de la creación de este nuevo organismo es la necesidad de seguir cumpliendo con las recomendaciones específicas que han sido marcadas para España en el ámbito del semestre europeo y se derivan también del cumplimiento del procedimiento de déficit excesivo y en el memorando de entendimiento firmado para la instrumentación de la ayuda financiera destinada a la reestructuración del sistema bancario español, ese que ustedes decían que era impecable, que era el modelo de toda Europa. La nueva figura tiene como objetivo garantizar el cumplimiento efectivo de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por parte de todas las administraciones públicas, lo que contribuirá a superar la crisis económica; introduce mecanismos de supervisión y trasparencia en las políticas fiscales de todas las administraciones públicas en España, y da cumplimiento a esa directiva europea que establece la necesidad de contar, como ya dije antes, con instituciones independientes.
El ámbito de actuación de esta entidad se extiende a todo el sector público. Está dotada de independencia funcional y autonomía respecto a las administraciones públicas y tiene un régimen específico en atención a su carácter único y exclusivo. Asimismo, garantizará el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, contando para ello con el personal de mayor experiencia y de mayor conocimiento, contribuyendo así a superar, sin duda alguna, la crisis económica desde los parámetros que hasta ahora no existían, y parece que ahora sí, de fiabilidad y confianza en este país.
Señorías, con la creación de un organismo fiscalizador de todas las cuentas públicas en España la supervisión será global, extendiéndose, como ya he dicho anteriormente, a todas las administraciones públicas según las exigencias europeas, pues tenemos que dar la cara ante Europa, no ante cualquiera. Se crea un órgano que se coloca a la vanguardia de las instituciones fiscales independientes de nuestro entorno, tomándose como punto de partida la experiencia internacional. La nueva autoridad independiente de responsabilidad fiscal -AIRF a partir de este momento- respeta completamente las competencias y la autonomía de los diferentes niveles de la administración reconocida en la Constitución. Asimismo, se refuerza su independencia dotándola de un sistema de autofinanciación, pues su principal fuente de financiación será una tasa satisfecha por todas las administraciones públicas, que son objeto, lógicamente, de la correspondiente supervisión, resultando suficiente para la cobertura de las actividades que tiene que desarrollar de manera obligatoria y conforme a la ley; esto le permitirá no depender de las dotaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Señorías, varios grupos han presentado enmiendas queriendo la eliminación de las tasas y, como es obvio, no vamos a modificar este apartado del texto y por supuesto tampoco las enmiendas que presentan pretendiendo que los presupuestos de la AIRF sean remitidos a las Cortes para su aprobación. La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por lo que el presupuesto de la AIRF debe ser remitido a dicho ministerio para su integración posterior en los Presupuestos Generales del Estado. Señorías, sus fines son garantizar el cumplimiento efectivos por las administraciones públicas del principio de estabilidad presupuestaria mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público. Las previsiones económicas deberán contar con el informe de la autoridad independiente, de la AIRF. Las previsiones
macroeconómicas que se incorporen en los proyectos de presupuestos de las administraciones públicas y en el programa de estabilidad deberán contar con el informe de la AIRF y deberá indicarse si han sido avaladas por la misma.
La implantación de la AIRF contribuirá a que España recupere credibilidad y confianza en los mercados. Con su figura se podrán fiscalizar los objetivos de estabilidad y sostenibilidad, y evitar con ello los solapamientos competenciales y el despilfarro de los recursos. No debe justificarse su aprobación en la situación económica de este momento, que no es buena, sino en las verdaderas necesidades de futuro de las instituciones dentro del proceso europeo de integración y dando sentido a lo que se ha denominado gobernanza económica. El desarrollo del anteproyecto, señorías -es importante porque parece que esto lo ha hecho el ministro con dos mayordomos y medio, y esto no ha sido un texto precisamente hecho a la ligera-, ha sido y está avalado por organismos nacionales e internacionales. Ha habido una exposición pública a la que no se han presentado ninguna reclamación ni ninguna alegación. Han sido aportadas importantes modificaciones por la Secretaría Técnica de los ministerios de Hacienda, de Economía, de Empleo, de Seguridad Social; han participado varias comunidades autónomas, no la totalidad; ha informado también la Comisión Nacional de la Administración Local, así como el Instituto de Estudios Fiscales, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional -usted ha dicho la OCDE y yo le cito más organismos y, por último, el dictamen, que es el más importante, del Consejo de Estado. En consecuencia, señorías, el texto que se presenta, como se dice en mi tierra, viene ya muy trillado. Es verdad que ustedes se lo han currado, han presentado bastantes enmiendas -que he leído- pero desvirtuarían completamente lo que es este documento después de tener todas las bendiciones. Está claro que lo de independiente no sé de dónde lo han sacado, no lo es.
Señorías, como ustedes saben, hemos visto las 141 enmiendas. Señor presidente, para no redundar en la defensa que también hizo mi compañera Matilde Asián en el debate, voy a acortar un poco la intervención. Voy a ir al grano con las enmiendas de la señora Fernández Davila que ha trabajado mucho. Respecto de las enmiendas 63, 64, 66, 70, 74 y 75 al artículo 2, con la modificación del 27 de septiembre de 2011 del artículo 135 de la Constitución española, la estabilidad presupuestaria se configura como un límite constitucional, creo que todos lo sabemos. Todas las administraciones públicas deben adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria y vincula a todos los poderes públicos. También con ello se da cumplimiento a las exigencias europeas. La naturaleza de la entidad hace que para que sea eficaz deba extender su ámbito de actuación a todo el conjunto de las administraciones. Esto no puede ser muchos reinos de taifas, cada uno por libre, buscando financiación por libre; a algunos ya no les prestan nada, ni le compran deuda, ni nada de nada...Esto tiene que ser España; es el conjunto de España el que tiene que ir a los mercados como lo ha hecho, habiendo salvado el Gobierno del Partido Popular -aunque algunos se rían- del rescatazo que íbamos a tener. No hay más que ver cómo esta Grecia ahora mismo, que ya está perdiendo hasta universidades, las están cerrando, señorías; y pregúntenles a los pensionistas como están... En cuanto a la enmienda 67 de la señora Fernández Davila he de decirle que la determinación de los objetivos de estabilidad individuales de cada comunidad autónoma es una decisión relevante en el proceso de formulación de la política fiscal en España. Por tanto, está plenamente justificado que sea objeto de este informe por parte de la AIRF. Pide usted supresión de muchos artículos, pero si suprimimos todos estos artículos, se queda en nada prácticamente. No voy seguir leyendo.
A La Izquierda Plural le hemos aceptado una enmienda, creo recordar que es la 6. En cuanto a las enmiendas 4 y 5, las obligaciones de información económica o financiera se consideran adecuadas conforme al objetivo otorgado a la AIRF de supervisar la política fiscal conforme a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; por tanto no se considera adecuada su ampliación. Yo sé que ustedes no creen en la estabilidad presupuestaria, pero si ustedes quieren Estado de bienestar y no quieren perderlo, todo pasa por la estabilidad presupuestaria, no hay más remedio; todo pasa por el equilibrio y, lógicamente, por cumplir los objetivos de déficit. (Rumores).
Las enmiendas 20 y 21 de Izquierda Unida exceden del contenido del texto; pueden ustedes hacer otra ley, pero no la pueden modificar a través de esta. Las enmiendas 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 y 23 también exceden el contenido material de este proyecto. De todas maneras, la AIRF tiene que reforzar aún más el cumplimiento efectivo por las administraciones públicas del principio de estabilidad presupuestaria, según el artículo 135.5. Hay que emitir mensajes claros, señorías, señores de Izquierda Unida; mensajes claros y rotundos para seguir aumentando la confianza de los mercados con España. En
ello nos jugamos mucho, nos jugamos garantizar la financiación adecuada de los servicios públicos, como ustedes tanto predican y defienden.
El señor PRESIDENTE: Señoría, seguro que todos los grupos agradecen mucho las explicaciones de voto en relación con sus enmiendas, pero procure ir abreviando porque ha excedido su tiempo.
El señor VILLANOVA RUEDA: ¿Le puedo responder al Grupo Socialista por lo menos?
El señor PRESIDENTE: Termine usted, pero hágalo de manera abreviada.
El señor VILLANOVA RUEDA: Los grupos han defendido sus enmiendas y yo, señor presidente, tengo que responder a todos. Ese es el problema. Aquí, las reglas de gasto, como yo digo, están muy bien, pero las reglas de juego democráticas cuando un grupo tiene que responder a todos, son bastante...
A UPyD voy a responderle sobre sus enmiendas 49, 54 y 55. Resulta más adecuada a la naturaleza de las funciones de supervisión y evaluación de la AIRF que esta centre sus funciones en la evaluación y no encomendarle funciones ejecutivas, que por otra parte podrían dar lugar a conflictos competenciales con otros órganos que participan en el proceso de formulación y ejecución de la política fiscal. En cuanto a las enmiendas 59 y 60, también de UPyD, las cuestiones organizativas concretas en la AIRF deben ser establecidas en su estatuto orgánico para lograr una mayor independencia, a través de una mayor capacidad de autoorganización. No me pida usted independencia del órgano y del ente, cuando usted aquí mismo me está limitando el órgano a través de querer aprobar aquí el estatuto orgánico.
En cuanto a Esquerra Republicana, voy a contestarles que todas las administraciones públicas españolas están sometidas al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, así como de las reglas de gasto. Por tanto, la AIRF debe garantizar el cumplimiento de estos principios, parte de todas las administraciones públicas. Como ellos son un grupo republicano e independiente, aunque ya sé que se lo he dicho antes, quería recordárselo. En cuanto a su enmienda 89, la AIRF ejerce sus funciones sobre todas las administraciones públicas, como está claro en la Ley Orgánica 2/2012.
A Convergència i Unió no le voy a contestar, porque si no me extendería demasiado.
En cuanto al Grupo Socialista, la enmienda 90 es importante, porque pretenden ustedes cambiar la denominación del organismo y, en vez de autoridad independiente de responsabilidad fiscal, llamarlo consejo independiente. Eso existe en varios países europeos, no es un invento. No es que queramos una persona más que la colegiación, como ustedes han defendido. Cambiar la denominación de este nuevo ente por el de consejo independiente de finanzas públicas, señoría, no lo convierte más en un organismo colegiado. La AIRF se organiza en divisiones con sus directores correspondientes, el presidente se asiste del comité directivo, con la posibilidad de que acudan expertos de reconocido prestigio nacional e internacional. Además, señoría, se crea el comité técnico de cuentas nacionales, integrado también por el INE, el Banco de España y la Intervención General de la Administración del Estado. Por tanto, ya está bastante bien colegiado el ente. Voy a responderle también a las enmiendas 104, 106, 107, 108 y 109. La organización actual de la AIRF se considera adecuada y no precisa de un consejo asesor adicional al comité directivo, ya que en este pueden participar expertos de reconocido prestigio, si fuera necesario. En todo caso, las cuestiones organizativas concretas de la AIRF deben ser establecidas en su estatuto orgánico, para lograr una mayor independencia a través de una mayor capacidad de autoorganización, de modo que la ley no cierre o condicione en exceso las posibilidades de estructurar internamente este ente.
Voy a dar por finalizada mi intervención pidiendo disculpas a todos los portavoces, porque no les he podido responder a todos y a todo. Quizá con otros diez minutos más habría sido suficiente. En cualquier caso, quiero agradecerles a todos el trabajo realizado, sintiendo mucho no haber podido aceptar la mayoría de las enmiendas, porque desvirtuarían este importante ente. Todavía hay posibilidades de encontrarnos en el camino; no obstante, les digo que es muy importante para España, para las finanzas públicas y para la financiación de todos los servicios públicos, señorías, la estabilidad y la consolidación fiscal. Este ente parece que va a pasar solo un poco por encima, pero realmente va a ser un instrumento básico, importante e imprescindible para que España consiga la misma confianza que siempre ha tenido y que últimamente ya estamos recuperando, por más que le pese a algunos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones dentro de cinco minutos, como habíamos anunciado, pero antes les ruego a todos los portavoces, sobre todo al Grupo Parlamentario Popular, que acerquen a la Mesa el texto de las transaccionales para que la Mesa las conozca y, en su caso, los demás
grupos parlamentarios puedan conocerlas antes de proceder a las votaciones. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra).
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es una cuestión de orden, señor presidente. En su brillante digresión el señor Villanova no se ha referido a una sola de las enmiendas presentadas por mi grupo, con el agravante de que algunas tenían expectativas de ser aceptadas. No sé si por tener que atender a tantos frentes simultáneamente se le ha olvidado o realmente la enmienda, que hemos presentado y puede estar transada en sus propios términos, no va a ser objeto de consideración.
El señor PRESIDENTE: Ya no tiene ocasión de verse en el debate, pero como antes de proceder a las votaciones los señores portavoces van a tener tiempo de intercambiar opiniones, aunque queden fuera del "Diario de Sesiones", tómense estos minutos para conocer exactamente cuál va a ser el sentido del voto y votar correctamente. Votaremos a la hora prevista y, por favor, les insisto en que acerquen las transaccionales a la Mesa. (Pausa).
Vamos a dar comienzo a las votaciones. Dado que tienen alguna complejidad porque hay muchas votaciones y votos distintos iremos despacio. En todo caso, si cualquier grupo en algún momento advierte alguna dificultad, alguna agrupación indebida, pararemos la votación. De todas formas dejaremos para el final las transaccionales que se han presentado para que la votación sea más clara, pero hasta ese momento iremos votando por grupos parlamentarios y, dentro del Grupo Mixto, por firmantes.
Damos comienzo a la votación. En primer lugar, votamos agrupadamente las enmiendas números 25 y 76.
Votamos a continuación la enmienda número 27.
Votamos ahora conjuntamente las enmiendas 63, 66 y 75 de la señora Fernández Davila.
El señor PRESIDENTE: Votamos ahora la enmienda número 65.
Votamos conjuntamente las enmiendas 67, 68, 69, 70 y 74.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37.
Votamos la enmienda número 71.
Quedaba pendiente de votar una de las enmiendas de la señora Fernández Davila, que es la número 64, del bloque que habíamos terminado.
Pasamos a las enmiendas de Esquerra Republicana. En primer lugar, votamos conjuntamente las enmiendas 77 y 85.
Votamos ahora conjuntamente las números 78, 79, 81, 88 y 89.
Votamos conjuntamente las enmiendas 80 y 87.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 82, 83 y 84.
Votamos separadamente la enmienda número 86.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 37; abstenciones, 2.
Pasamos ahora a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Pedimos votación separada de la enmienda número 41.
El señor PRESIDENTE: Votamos conjuntamente, en primer lugar, las enmiendas 29, 30, 31, 36, 38 y 40.
Votamos la enmienda número 33.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 35, 37, 42, 43 y 44.
El señor VILLANOVA RUEDA: Señor presidente, quisiera leer el texto de la transaccional. No tenemos el documento en nuestro poder. ¿Puedo leerlo?
El señor PRESIDENTE: Entiendo que es la transaccional ofrecida por el Grupo Parlamentario Popular al artículo 41.
El señor VILLANOVA RUEDA: Efectivamente.
El señor PRESIDENTE: Déle lectura, por favor.
El señor VILLANOVA RUEDA: Disposición final: En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de lo dispuesto en esta ley se llevará a cabo según lo establecido en el apartado 64 de la Ley orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra, conforme a lo dispuesto en el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Y el apartado dos: En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto Vasco.
Señor Olabarría, con esto queda el concierto garantizado. (El señor Anchuelo Crego pide la palabra).
El señor ANCHUELO CREGO: ¿Qué estamos votando, la enmienda 41 o la transaccional a la enmienda 41?
El señor PRESIDENTE: Iba a preguntar en este momento al señor Olabarría si acepta la transaccional.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acepto la transacción, sin perjuicio de la disposición de votos final de nuestro grupo.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que, por tanto, la transaccional lo es a dos artículos. Es decir, que votamos una transaccional, que es a la que se ha dado lectura, conjunta a la enmienda 41, del Partido Nacionalista Vasco, y a la número 24, presentada por UPN, dentro del Grupo Mixto. En estos términos, damos paso a la votación.
Pasamos ahora a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, votamos conjuntamente las números 49, 50, 51, 60 y 62.
Votamos conjuntamente las enmiendas 52 y 58.
Votamos conjuntamente las enmiendas 54, 55, 57 y 59.
Votamos la enmienda 61.
Ahora votamos la número 56.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 41.
Pasamos a continuación a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Votamos, en primer lugar, las enmiendas números 2, 7, 8 y 13.
Votamos las enmiendas números 3, 4, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 22.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: ¿Las puede repetir?
El señor PRESIDENTE: Repito: 3, 4, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 22.
Votamos ahora separadamente la enmienda número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 1; abstenciones, 13.
Votamos ahora la enmienda número 10.
Votamos conjuntamente las enmiendas 20, 21 y 23.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió. Votamos en primer lugar las enmiendas números 116 y 125.
Votamos conjuntamente las enmiendas 117, 122, 123 y 135.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 118, 124 y 128.
Votamos la enmienda número 129.
Votamos conjuntamente las enmiendas 130 y 131.
Votamos las enmiendas 132 y 133 conjuntamente.
Votamos la enmienda número 134.
Votamos ahora la enmienda 137.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Votamos conjuntamente las enmiendas números 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114 y 115.
Votamos ahora en un segundo bloque las enmiendas números 96, 99, 100, 107 y 113.
Votamos ahora la enmienda número 102.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24; abstenciones, 6.
Votamos ahora la enmienda número 111.
Pasamos ahora -y ya terminamos- a votar las transaccionales presentadas, más allá de la que ya hemos votado.
El señor VILLANOVA RUEDA: Señor presidente, quería hacer un matiz: la 120 de CiU no es transaccional, es que la aprobamos entera, tal como la habían presentado; la 119 sí es transaccional, a la que creo que se ha sumado el Grupo Socialista, y de la 121 solamente el apartado 4; tiene dos apartados, el 4 y el 5, solamente el 4.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar cada una de ellas.
El señor ANCHUELO CREGO: Presidente, perdone. ¿Puede dar lectura a las transaccionales?
El señor PRESIDENTE: Lo voy a hacer, sí. Vamos a votar en primer lugar la enmienda transaccional a la enmienda número 119, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. La transaccional está referida al artículo 5.1 de la ley, y dice lo siguiente: Los informes evacuados por la autoridad independiente de
responsabilidad fiscal serán los previstos en esta ley. Si la Administración o la entidad destinataria del informe se aparta de las recomendaciones en él contenidas deberá motivarlo e incorporar dicho informe en el correspondiente expediente. Con carácter previo, la propuesta de informe se someterá a audiencia de la Administración o de la entidad destinataria para que en el plazo de quince días pueda realizar alegaciones a su contenido, que, en caso de presentación, se incorporará al informe junto con su valoración.
En estos términos votamos esta transaccional 119.
Votamos ahora la enmienda número 120 en sus propios términos.
Votamos la enmienda transaccional a la enmienda número 121. Esta es la que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular advertía que la transaccional es la redacción del apartado cuarto de esa enmienda en su literalidad original, prescindiendo del resto de los apartados que contenía la enmienda. En esos términos se vota esta transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 42.
Con esto hemos terminado la votación de las enmiendas. Nos queda una última votación del informe de la Ponencia con las enmiendas incorporadas a lo largo de esta sesión como dictamen de la Comisión para su posterior debate en el Pleno. Como luego saldrá todo el mundo, advierto a los grupos parlamentarios que disponen de un plazo exclusivamente de veinticuatro horas para presentar votos particulares y por tanto para mantener las enmiendas que consideren oportuno ante el Pleno.
Por tanto, votación final del dictamen.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 19.