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Timestamp: 2017-07-21 10:31:51
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 3', 'artículo 10', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'artículo 16', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'artículo\n8', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO\n25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'artículo 13', 'artículo 14', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 34', 'ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 36']

Foro Caribe Sur: 03/12/15
LEY DE PROTECCIÓN DEL BIENESTAR DE LOS HABITANTES EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE (ZMT) Y DE GARANTÍAS AMBIENTALES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA
REPÚBLICA DE COSTA RICA
LEY DE PROTECCIÓN DEL BIENESTAR DE LOS HABITANTES EN LA ZONA
MARÍTIMO TERRESTRE (ZMT) Y DE GARANTÍAS AMBIENTALES
SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
Y SEÑORAS DIPUTADAS
La presente iniciativa tiene como objetivo realizar una serie de reformas
coordinadas y sistémicas a distintos artículos de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre, Ley N.° 6043; y la Ley Forestal N.° 7575, a efectos de generar una
regulación que concilie adecuadamente la administración territorial de los terrenos
de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) con el uso y la protección ambiental que
establece nuestra legislación en la materia, y la diversa normativa y principios que
rigen un sano equilibrio, entre el ámbito ecológico y humano, y los principios
internacionalmente reconocidos del desarrollo sostenible.
Fundamentalmente, se pretende encontrar una solución adecuada y
balanceada, por un lado, al reto de la protección de los recursos naturales de la
zona marítima terrestre del país y, por otro parte, al creciente problema social y
económico de una población estimada en más de 350,000 personas que
históricamente han vivido, trabajado e interactúan en esa zona especial.
El principio rector de este proyecto de ley gira alrededor de la participación
de la sociedad civil en la protección de los recursos naturales, esto es, la noción
de que estos se protegen en comunidad, con la interacción de los seres humanos
y los ciudadanos que forman parte de la sociedad a partir de su rol como sujetos
activos en la protección del medio ambiente. El presente proyecto no participa de
la idea de que el medio ambiente y los bienes naturales hay que preservarlos
expulsando a los seres humanos, despojándolos de sus sitios de vivienda, trabajo
o desarrollo económico, ni cancelándoles los derechos subjetivos que les han sido
otorgados o les pueden ser otorgados para desarrollar su vida y su trabajo, sino
todo lo contrario, convirtiéndolos en sujetos activos y responsables de la
protección de esos bienes públicos.
El fundamento legal de este principio, se encuentra ya tutelado por una
serie de normativa vigente en Costa Rica, en cuenta la Ley Orgánica del Ambiente
N.o 7554, la cual establece en su artículo 6: “El Estado y las municipalidades
fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República,
en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente”.
Asimismo, el artículo 29 de la misma ley expresa: “Promover la participación
activa de los habitantes y la sociedad organizada, en la elaboración y la aplicación
de los planes de ordenamiento territorial y en los planes reguladores de las
ciudades, para lograr el uso sostenible de los recursos naturales”.
De la misma manera, la Ley de Biodiversidad N.o 7788, establece en su
artículo 10, inciso 2): “Promover la participación activa de todos los sectores
sociales en la conservación y el uso ecológicamente sostenible de la
biodiversidad, para procurar la sostenibilidad social, económica y cultural”.
Adicionalmente, este principio ha sido ampliamente tutelado en los últimos
lustros por diversos instrumentos y resoluciones del Sistema de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) sobre la participación de los ciudadanos, las
personas y las comunidades en la protección del medio ambiente, así como otros
instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Costa Rica en los últimos
lustros, entre ellos:
- Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, (junio,
Todas las tendencias internacionales de protección medio-ambiental siguen
la misma pauta: considerar que la sociedad civil es un actor determinante como
socio del Estado y de la Administración Pública para la protección del medio
ambiente, así como la mejor administración territorial. El medio ambiente no es un
fin en sí mismo. Se trata de un bien de extraordinaria importancia para los
distintos países y para el futuro del planeta en su conjunto, el cual -sin embargo-
tiene su valor ontológico y esencial referido a la comunidad humana que lo regula
y que coexiste con él. No puede ser considerado como un bien en abstracto, sino
en función de una comunidad humana que le sirve de contexto y que la regula de
Las reformas aquí propuestas buscan, pues, crear una coordinación
sistémica e integral entre la distinta normativa existente. Para todos los efectos, la
presente ley reformará, y será tomada como base de interpretación para la
aplicación de la Ley de Zona Marítimo Terrestre N.° 6043 y la Ley Forestal
N.° 7575 en todo lo que compete a zona marítimo terrestre que tuviese patrimonio
natural del Estado certificado. Asimismo, en el tenor de lo aquí dispuesto se
interpretará también la Ley de Vida Silvestre N.o 7317, a Ley Orgánica del
Ambiente N.o 7554, la Ley de Biodiversidad N.o 7788, la Ley de Uso y
Conservación de Suelos N.o 7779; así como el resto de normativa ambiental
nacional o los convenios internacionales que en esta materia ha firmado y
ratificado el Estado de Costa Rica, en todo lo que se refiere a la zona marítimo
Esta iniciativa busca complementar los vacíos legales existentes en la
materia de esta zona especial, procurando ser un modelo que concilie la
protección de los recursos naturales y el patrimonio natural del Estado con la
calidad de vida de los habitantes de la República que históricamente habitan y
trabajan en estas zonas.
En razón de lo anterior, se somete a la consideración de la Asamblea
Legislativa el siguiente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO Y EL
BIENESTAR DE LOS HABITANTES EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE
ARTÍCULO 1.- Reforma de los artículos 41, 42 y 48 de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre, Ley N.o 6043 Refórmanse los artículos 41, 42 y 48 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre,
Ley N.o 6043, para que se lean de la siguiente manera:
“Artículo41.- Las concesiones serán únicamente para el uso y
disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, por el plazo y bajo
En los casos de que hubiese patrimonio natural del Estado en los
terrenos o parcelas ya en condición de concesión de zona marítimo
terrestre bajo la presente ley, en proceso de renovación de sus
concesiones, o bien, poseedores de dichas parcelas con pretensión a
concesión sobre ellas, se procederá conforme indica el artículo 18 bis de
la Ley Forestal que se adiciona en la presente ley. La validez y eficacia
del Contrato de Concesión de Zona Marítimo Terrestre queda sujeto a la
firma y plena observancia de los “Contratos de Responsabilidad
Ambiental” allí establecidas, so pena de resolución o anulación.
Artículo 42.- Las concesiones en las áreas turísticas requieren la
aprobación del Instituto Costarricense de Turismo. En las demás áreas la
aprobación corresponderá al Instituto de Desarrollo Rural.
En ambos institutos, y en caso de que el terreno referido se
encontrare certificado como patrimonio natural del Estado, la aprobación
deberá exigir la existencia del “Contrato de Responsabilidad Ambiental”
indicado en el artículo 18 bis de la Ley Forestal N.o 7575 como requisito
para autorizar la inscripción o la renovación solicitada. Estos institutos no
podrán denegar la aprobación, salvo que esta viole la ley, lo que se
deberá indicar expresamente, en forma razonada.
Si la concesión se refiere a una isla o islote marítimos, o parte de las
mismas, será necesaria la aprobación de la Asamblea Legislativa.”
“Artículo 48.- Las concesiones se otorgarán por un plazo no menor
de veinte años y ni mayor de veinticinco años y deberán indicar el canon a
pagar y su forma de pago. Este canon sustituye el impuesto territorial.
En los casos de terrenos o lotes que estén certificados con
patrimonio natural del Estado, el canon se dividirá por partes iguales entre
el Minae-Sinac y la municipalidad respectiva de acuerdo con lo que
dispone el artículo 18 bis de la Ley Forestal N.o 7575.
El reglamento de esta ley establecerá la forma de tramitar la solicitud,
las modalidades de la concesión, el canon a pagar en cada zona de
acuerdo con sus circunstancias y, en forma especial, con la diferente
situación de los pobladores o habitantes de la zona y quienes no lo sean,
así como cualesquiera otras disposiciones que estimaren necesarias para
regular las relaciones entre las municipalidades y sus concesionarios.”
ARTÍCULO 2.- Adición de un artículo 18 bis a la Ley Forestal, Ley
N.o 7575
Adiciónase un artículo 18 bis a la Ley Forestal, Ley N.o 7575, cuyo texto
“Artículo 18 bis.- Sobre el patrimonio natural del Estado en la zona
marítimo terrestre. Carácter demanial y régimen especial de protección
del medio ambiente y administración conjunta.
En todos aquellos casos en que el patrimonio natural del Estado se
encuentre en zona marítimo terrestre (ZMT), esto es, en los 150 metros
siguientes a la pleamar regulados por la Ley de Zona Marítimo Terrestre
N.° 6043, la administración corresponderá en forma conjunta al Ministerio
de Medio Ambiente y Energía y la municipalidad del cantón a que
Dichos terrenos seguirán teniendo el carácter demanial y público que
indica la Ley N.° 6043, y la presente Ley Forestal por el patrimonio natural
que allí hubiese, pero -en virtud de su vocación y uso de suelo, así como
la densidad de la población humana existente y el interés social, humano,
económico que comportan para el país, las personas y las comunidades
que las habitan- serán regulados por las siguientes disposiciones
a) En lugar de los permisos de uso descritos en el artículo 19 de
esta Ley Forestal, el patrimonio natural del Estado en zona marítimo
terrestre estará sujeto a un régimen especial de concesión que con
base en los compromisos de protección ambiental definidos por esta
ley y las demás normativa ambiental del país, pero en el marco de la
figura de concesión estipulada en los artículos 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45 y concordantes de la Ley de Zona Marítimo Terrestre N.° 6043, y
sus reformas. Por el porcentaje de extensión del terreno que fuese
certificado como patrimonio natural del Estado se firmará, paralelo al
Contrato de Concesión de Zona Marítimo Terrestre, un contrato de
reponsabilidad y manejo ambiental, según se describe en los
próximos incisos.
b) Créanse los “Contratos de Responsabilidad Ambiental” los
cuales serán instrumentos jurídicos anexos -con valor sustantivo e
integral- a los contratos de zona marítimo terrestre regulados por la
Ley N.° 6043, y tendrán como objetivo garantizar los fines contenidos
en la Ley Forestal y el resto de la legislación ambiental del país. Su
valor integral y sustantivo implica que, en todos aquellos casos en
que exista una concesión de zona marítimo terrestre sobre un terreno
en concesión con áreas certificadas como patrimonio natural del
Estado, tales instrumentos serán parte consustancial de contrato de
concesión municipal, con las obligaciones y compromisos adicionales
que ello implique.
c) Podrán acceder a firmar estos contratos de responsabilidad
ambiental, primeramente, todos aquellos concesionarios que tengan
a la fecha de aprobación de esta ley concesiones vigentes de zona
marítimo terrestre bajo la Ley N.° 6043, se encontraren en proceso
de renovación de sus concesiones, o bien, se les hubiese vencido el
contrato pero estuviesen en posesión de los terrenos en forma
notoria, pública y pacífica. En segundo término, aquellos solicitantes
de concesiones sobre terrenos de zona marítimo terrestre que no se
les hubiese todavía aprobado la concesión, pero tuviesen una
posesión probada sobre dichos terrenos de al menos cinco años al
momento de aprobarse esta ley. Tercero, aquellos posesionarios
sobre terrenos de zona marítimo terrestre que, a pesar de no haber
realizado ningún trámite jurídico de concesión o adquisición de
derechos, también tuvieren una posesión notoria, pública y pacífica
por al menos cinco años a la fecha de aprobación de esta ley. En
todos estos casos, la firma del Contrato de Responsabilidad
ambiental perfeccionará el Contrato de Zona Marítimo Terrestre que
estuviese vigente sobre terrenos con patrimonio natural del Estado,
o, bien, satisfará o completará el requisito de salvaguarda ambiental
para aquellos contratos que estuviesen en proceso de renovación;
para los peticionarios que estuviesen en el proceso de solicitud o,
finalmente, para aquellos posesionarios con los requisitos arriba
indicados, y hará a sus firmantes responsables a los compromisos
ambientales allí adquiridos.
d) Los “Contratos de Responsabilidad Ambiental en Zona
Marítimo Terrestre” serán firmados por tres partes: por el Ministerio
de Medio Ambiente y Energía, mediante el Sinac, la municipalidad
del cantón respectivo y por el beneficiario de la concesión de uso en
ese régimen. En el caso del Sinac, deberá ser firmado por el director
del área de conservación respectiva con el refrendo del director del
Sinac. Para todos los efectos, esto implica que existe una
responsabilidad administrativa y de tutela de política pública tanto de
la municipalidad respectiva como del Ministerio de Medio Ambiente y
Energía.
e) Para estos efectos, los beneficiarios de contratos de concesión
existentes en zona marítimo terrestre bajo la Ley N.° 6043, deberán
firmar el respectivo “Contrato de Responsabilidad Ambiental”
adicional en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la fecha de
aprobación de esta Ley. Igualmente, para aquellas concesiones de
zona marítimo terrestre que se encontraren en cualquier etapa del
proceso de renovación a la publicación de esta ley para la nuevas
solicitudes de contrato de concesión, deberá firmarse el referido
“Contrato de Responsabilidad Ambiental” como un documento anexo
e integral en el momento mismo de la firma del contrato de concesión
de zona marítimo terrestre municipal extendido bajo la Ley N.° 6043.
Una vez firmados los contratos de responsabilidad ambiental, se
inscribirán como documentos anexos al contrato de concesión de
zona marítimo terrestre correspondiente en el asiento que se inscribe
en el Registro de Concesiones de Zona Marítimo Terrestre del
Registro Público. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) deberá
revisar y hacer constar la existencia del “Contrato de
Responsabilidad Ambiental” a la hora de autorizar y dar su visto
bueno a un expediente de concesión o renovación de concesión de
zona marítimo terrestre sobre terrenos con certificación de patrimonio
natural del Estado, de previo a su inscripción.
f) Sin perjuicio de otros contenidos que consideren necesario
incluir el área de conservación respectiva y la municipalidad del
cantón a la que correspondiese, debido a las características de
terreno y el patrimonio natural existente, los contratos de
responsabilidad ambiental regularán los siguientes contenidos
básicos: a) Nombre del concesionario; b) Referencia al número y
datos de inscripción, o contrato de concesión de zona marítimo
terrestre a la cual se anexa; c) Descripción del terreno; d) Descripción
del patrimonio natural del Estado existente en el terreno, de acuerdo
con la certificación emitida por el Sinac por medio del área de
conservación específica e) Indicación del plan de manejo o gestión
que se considere adecuado para la protección de los bienes
ambientales allí existentes y certificados. A estos efectos, el plan de
manejo del Contrato de Responsabilidad Ambiental regulará que se
preserven adecuadamente y no se autoricen construcciones en
aquellas áreas o porcentajes de los terrenos que hubiesen sido
certificados con la existencia de patrimonio natural del Estado,
permitiéndose tales desarrollos o construcciones en aquellas áreas
de los terrenos que no estuviesen certificados con patrimonio natural,
buscándose una integración armoniosa y sostenible de las
edificaciones humanas y el medio natural certificado y protegido; f)
Indicación expresa de la sanción por daño o violación a los bienes
ambientales, sin perjuicio de que establece la legislación en materia
de delitos ambientales, consistente en la recisión del contrato de
concesión respectivo; g) Indicación de la fecha de inspección o
monitoreo anual, sin perjuicio de otras inspecciones preventivas que
se consideren necesarias o adecuadas, en que el Sinac y la
municipalidad harán revisión del terreno; h) Indicación expresa del
uso o destino, según se estipula en el inciso siguiente.
g) Los "Contratos de Concesión en la Zona Marítimo Terrestre" y
los correspondientes Contratos de Responsabilidad Ambiental que se
regulan en este artículo podrán ser concedidos en relación al uso o
destino en la mismas hipótesis que regula la Ley N.° 6043, más las
que aquí se regulan, sintetizándose, pues, de esta manera: a)
Habitación; b) Turismo sostenible, c) Investigación científica; d)
Protección ambiental; e) Recibidores de pescados y mariscos (lonjas)
de pesca artesanal, siempre y cuando se encontraren dentro de los
150 metros de la zona de protección especial. En cualquiera de
estas hipótesis, el uso o destino que se autorice en el Contrato de
Responsabilidad Ambiental deberá indicar que se observarán todos
los requisitos de protección ambiental indicados en esta normativa.
h) El incumplimiento por parte de un concesionario de los
términos, condiciones y regulaciones de salvaguarda y protección de
los bienes naturales del Estado contenidas en la cláusulas de los
“Contratos de Responsabilidad Ambiental” generará recisión de los
contratos de concesión en régimen de zona marítimo terrestre
extendidos bajo la Ley N.° 6043, entendiéndose para ello que la Ley
Forestal N.° 7575, la Ley de Vida Silvestre N.o 7317 y la otra
legislación ambiental vigente forma todo un conjunto con la Ley
N.° 6043 y el resto de la normativa jurídica del país. Para que opere
un proceso de recisión del contrato de concesión de zona marítimo
terrestre por violación del “Contrato de Responsabilidad Ambiental”
deberá incoarse un procedimiento administrativo por el Sinac o la
municipalidad respectiva en contra del administrado, expresado en
un acuerdo en el que se comunica al concesionario la rescisión de su
contrato por violaciones a las cláusulas ambiental acordadas, y en
virtud de la prueba recabada sobre violación a los bienes naturales
del Estado, la cual deberá ser debidamente documentada por la
administración de acuerdo con los principios probatorios del derecho
administrativo. Cualquiera de las dos administraciones, si
encontraran causa para ello, podrán presentar un juicio de lesividad
conjunto contra el concesionario tendente a la resolución o rescisión
del contrato de concesión, cumpliéndose para esos efectos la
normativa específica prescrita por la Ley General de Administración
Pública, y el agotamiento de la vía administrativa y judicial
correspondiente. El administrado tendrá derecho al agotamiento de
los recursos administrativos y jurisdiccionales que indica la ley para
En caso de que el contrato quede resuelto o rescindido, el
terreno específico pasará a dominio municipal nuevamente.
i) Los plazos de vigencia de los “Contratos de Responsabilidad
Ambiental” quedarán sujetos y corresponderán a los plazos de los
contratos de concesión de zona marítimo terrestre fijados por el
Concejo Municipal de las municipalidades respectivas de las cuales
son anexos, autorizados con base en el artículo 48 de la Ley
N.° 6043, y sus reformas. Al renovarse o perfeccionarse los actuales
contratos de concesión de zona marítimo terrestre bajo la Ley
N.° 6043 como resultado de la firma de los “Contratos de
Responsabilidad Ambiental”, se firmará un addendum ampliando la
vigencia del contrato a la totalidad del plazo con base en el artículo
48 de la zona marítimo terrestre.
j) Los cánones correspondientes a aquellos terrenos en
concesión de zona marítima terrestre que estuviese afectados por un
“Contrato de Responsabilidad Ambiental” se dividirán en forma
proporcional y alícuota del 50% para la municipalidad respectiva y el
50% para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac),
que se adjudicará al área de conservación del cantón a donde
correspondiese el terreno. La municipalidad tendrá la obligación de
girar, en un plazo no mayor de 30 días conforme ingrese cada canon
específico a las arcas municipales, el monto correspondiente al 50%
del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
k) Sobre la base de los parámetros contenidos en esta ley, las
áreas de conservación respectivas en conjunto con la municipalidad
del cantón correspondiente deberán redactar un formato general o
machote del “Contrato de Responsabilidad Ambiental” aplicable a su
región o cantón en un plazo no mayor a 60 días a partir de la
publicación de esta ley a los efectos de que se puedan poner en
práctica las regulaciones aquí contenidas. Los concesionarios con
derecho a firmarlos, así como los posesionarios con derecho a su
firma, tendrán derecho de pedir la redacción y firma de sus contratos
dentro de los 90 días calendario a partir de su petición al área de
conservación específica y la municipalidad del caso, los cuales se
contarán a partir de la fecha de recibo de las solicitudes por ambas
administraciones, Minae y gobierno municipal. En caso de que por
falta de diligencia o incumplimiento de cualquier índole alguna de las
dos administraciones públicas, transcurridos los 90 días indicados no
suscribiese con el peticionario el contrato específico, este podrá
hacer constar lo anterior con documento notarial, haciéndose
referencia allí de las solicitudes recibidas no satisfechas. Dicho
documento notarial será suficiente para que el ICT proceda a
satisfacer el requisito del “Contrato de Responsabilidad Ambiental” y
remita el Contrato de Concesión de Zona Marítimo Terrestre al
“Registro Público de Concesiones de Zona Marítimo Terrestre” para
su inscripción.
l) Podrán firmar los “Contratos de Responsabilidad Ambiental”
definidos por esta ley y, en consecuencia, perfeccionar sus
“Contratos de Concesión en Zona Marítimo Terrestre”, como se
indica en los incisos anteriores o, bien, hacerse acreedor a dichos
derechos de concesión, las siguientes personas, por el siguiente
orden de prelación en relación al terreno o parcela específica:
a) Las personas físicas o jurídicas que sean titulares de un
contrato de concesión por parte de la municipalidad respectiva,
conforme lo establece la Ley N.° 6043 sobre la zona marítima
terrestre sobre esos terrenos con anterioridad a su traslado al
patrimonio natural del Estado, o que se encuentren en
cualquier etapa del proceso de renovación de su concesión.
b) Las personas físicas o jurídicas que sean ocupantes de
la parcela y que hayan realizado, a la fecha de publicación de
esta ley, acciones previas para obtener un contrato de
concesión o la obtención de un permiso de uso, cuido y
mantenimiento de la parcela ante la respectiva municipalidad.
Para todos los efectos, deberán aportar la documentación que
acredite dicha condición y el inicio de sus trámites.
c) Los posesionarios sobre terrenos de zona marítimo
terrestre que, a pesar de no haber realizado ningún trámite
jurídico de concesión o adquisición de derechos, también
tuvieren una posesión notoria, pública y pacífica por al menos
cinco años a la fecha de aprobación de esta ley.”
Serán beneficiarios inmediatos de la presente ley todas aquellas personas
que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 1 y 2 de esta
A partir de la aprobación de la presente ley y las reformas que implica, se
concederá un plazo de 24 meses para que todas las personas, tanto físicas como
jurídicas, que se encuentren en alguna de las condiciones indicadas en los
artículos 1 y 2 o cualquiera de los extremos de la presente ley, puedan ponerse a
derecho, y presentar los documentos que consoliden o acrediten sus concesiones
ante la municipalidad del cantón correspondiente. Los posesionarios indicados en
los incisos c) y k) del presente artículo 18 bis de la Ley Forestal podrán demostrar
su posesión o justo título con una declaración jurada con tres vecinos de su
comunidad haciendo constar su posesión histórica superior a 5 años.
Se autoriza la conservación de las construcciones existentes en la zona
marítimo terrestre a la fecha de aprobación de esta ley, incluidos los terrenos en
que hubiese patrimonio natural del Estado, fijándose igualmente un plazo de 24
meses para que los concesionarios u ocupantes de los terrenos y parcelas
respectivos procedan con los requerimientos de firma de los "Contratos de
Responsabilidad Ambiental", dentro de los cuales deberá hacerse constar la
existencia de dichas construcciones y su interacción armónica con el patrimonio
natural allí existente y el plan de manejo respectivo de acuerdo con el artículo 2 de
la presente ley. Durante ese plazo, se podrá seguir haciendo pago de las
construcciones a título precario, mientras se formalizan los "Contratos de
Responsabilidad Ambiental" respectivos y los posteriores "Contratos de Concesión
de Zona Marítimo Terrestre" al tenor de lo dispuesto por esta ley.
En caso de que, al momento de aprobarse esta ley, no hubiese plan
regulador o plan de manejo ambiental aprobado en la playa o zona costera donde
se encontrare un terreno o conjunto de terrenos sujetos a los beneficios y
derechos otorgados por esta ley, se utilizará como marco jurídico de salvaguarda
ambiental el “Reglamento a Ley de Conservación de la Vida Silvestre”, Decreto
N.° 32633-Minae, publicado en La Gaceta el 20 de septiembre 2005, a efectos de
que se fijen los límites y regulaciones ambientales en los “Contratos de
Responsabilidad Ambiental” y en los “Contratos de Concesión de Zona Marítimo
Terrestre”, adaptándose el contenido de dichos documentos a todas las
exigencias ambientales y regulatorias de dicho decreto. Si posteriormente se
aprobare un plan regulador o un plan de manejo ambiental costero con exigencias
aún mayores salvaguardas al Decreto N.° 32633-Minae antedicho, se procederá a
una enmienda de todos los "Contratos de Responsabilidad Ambiental" y
"Contratos de Concesión de Zona Marítimo Terrestre" que resultaren afectados,
en un plazo no mayor de seis meses a la aprobación de cualquiera de esos
Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz
Laura María Garro Sánchez
Rafael Ángel Ortiz Fábrega
Juan Rafael Marín Quirós
Juan Luis Jiménez Succar
NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión
Permanente Especial de Ambiente.
PROYECTO DE LEY LEY DE PROTECCIÓN A LOS CIUDADANOS OCUPANTES DE ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA
LEY DE PROTECCIÓN A LOS CIUDADANOS OCUPANTES
El 06 de septiembre del 2012 se aprobó en segundo debate el proyecto de
ley: “Ley de Protección a los Ciudadanos Ocupantes de Zonas Clasificadas como
suspender por un plazo de 24 meses el desalojo, la demolición de obras,
actividades y proyectos en la zona marítima terrestre, zona fronteriza y patrimonio
natural del Estado (PNA), además de exceptuar de la suspensión prevista en la
norma legal aquellos casos en que existiera resolución judicial o administrativa en
Asimismo, parte de la fundamentación de la suspensión mencionada
consistió en la emisión de medidas cautelares judiciales o administrativas que
deben fundamentarse en la comisión de daño ambiental, exista peligro o amenaza
de daño al medio ambiente.
Aunque en la corriente legislativa se encuentran presentados proyectos de
ley relacionados con el ordenamiento territorial, la titulación de zona fronteriza y
territorios costeros, su discusión y debate sin duda van a requerir tiempo y la
realidad de los habitantes de las áreas que forman parte de la zona marítimo
no puede esperar, pues muchas de estas personas al vivir en ocupación durante
muchos años en dichas zonas y no contar con título de propiedad son víctimas de
problemática social grave al dejar a estas personas sin su techo habitual y en
El presente proyecto de ley incluye a todos sus actuales ocupantes, sean
estos ocupantes a título precario, permisionarios o concesionarios, no obstante es
importante señalar que en respeto del ordenamiento jurídico de nuestro Estado de
administrativos en trámite, ni tampoco limita la interposición de nuevos procesos
en cualquier sede, únicamente suspende la ejecución de resoluciones judiciales o
administrativas en firme, en lo referente al desalojo de personas, demolición de
obras o suspensión de actividades y proyectos, salvo cuando se haya ordenado
en ocasión de daño ambiental o peligro o amenaza de daño al medio ambiente, en
cuyo caso deberá procederse con la ejecución pertinente. Y bajo el mismo
Ahora bien con relación a las resoluciones administrativas a las que refiere
el proyecto, tanto en tratándose de medidas cautelares administrativas como de
Tribunal Administrativo Ambiental o el ministro de Ambiente y Energía.
En reconocimiento de las garantías constitucionales en materia de
protección al medio ambiente, la iniciativa incorpora salvaguardas que mantienen
indemne el deber del Estado en materia de protección ambiental y la acción
reivindicatoria que debe ejercer frente situaciones de daño ambiental propiamente
dicho o amenaza o peligro de daño, con lo cual se incorpora el principio
precautorio y el principio preventivo, que son en definitiva los parámetros de
protección más amplios en esta materia.
La moratoria propuesta no consolida de ninguna manera, situaciones
irregulares de ocupación ilegítima, pues no favorece la constitución o
consolidación de derechos a favor de los ocupantes a título precario de las zonas
objeto de la moratoria.
En este sentido, las restricciones a las modificaciones de obras, actividades
y proyectos ubicados en las zonas objeto de la moratoria, lo son exclusivamente
para los ocupantes a título precario, puesto que los permisionarios y los
concesionarios estarán sujetos a la normativa que le resulte aplicable, al acuerdo
de concesión o permiso, al plan regulador y a la autorización del órgano
Igualmente, la moratoria no propicia un aumento de la problemática
respecto de la ocupación ilegítima, pues, en virtud de lo dispuesto en su artículo 5,
el Estado debe evitar nuevas ocupaciones a título precario en las zonas objeto de
la moratoria. Siendo claro que los actuales ocupantes a título precario,
permisionarios o concesionarios podrán conservar tal condición durante todo el
Las obligaciones que devienen al Estado como consecuencia de la
moratoria, conciben al Estado en su conjunto, es decir, en sentido amplio. Y tales
conferidas a cada ente u órgano de la Administración Pública, en el tanto tengan
incidencia en las acciones que deban implementarse en solución de la
problemática apuntada.
Finalmente, la moratoria no conlleva la desafectación de las áreas que
tengan naturaleza demanial, por lo que no supone una afectación de la
colectividad en menoscabo de los bienes de dominio público del Estado.
En virtud de estar próximo el plazo de vencimiento de la suspensión
indicada y en vista de que todavía no se han aprobado las políticas públicas
necesarias para resolver esos problemas, y dado que su vencimiento daría como
resultado daños de muy difícil o imposible reparación, para los sujetos
beneficiarios de la citada ley, se propone en el presente proyecto de ley una
moratoria de cuarenta y ocho meses, que brinde por ese tiempo tranquilidad a las
familias que habitan en las zonas especiales.
Por los motivos señalados supra, se presenta a consideración de la
Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.
ARTÍCULO 1.- Por el plazo de cuarenta y ocho meses, se suspenderá el
desalojo o demolición de obras, actividades y proyectos en la zona marítima
terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado, salvo aquellas que sean
ordenadas mediante resolución judicial o administrativa en firme,
fundamentándose en la comisión de daño ambiental o cuando exista peligro o
amenaza de daño al medio ambiente.
ARTÍCULO 2.- La suspensión prevista en el artículo anterior, no excluye dictar
las medidas cautelares judiciales o administrativas por las autoridades
competentes, cuando se determine la comisión de daño ambiental o peligro o
ARTÍCULO 3.- Cuando se trate de zonas declaradas patrimonio natural del
Estado, la aplicación de la moratoria estará sujeta al dictamen técnico favorable
del Ministerio de Ambiente y Energía.
ARTÍCULO4.- En ningún caso, la aplicación de esta ley favorecerá la
constitución de derechos a favor de los ocupantes de las zonas objeto de la
moratoria. Asimismo, los ocupantes no podrán realizar modificaciones en las
obras, actividades y proyectos ubicados en las zonas objeto de la moratoria.
ARTÍCULO 5.- Durante la vigencia de la moratoria, el Estado no deberá
permitir que se den nuevas ocupaciones en las zonas referidas en el artículo 1 de
ARTÍCULO6.- Autorízase a las municipalidades, en las zonas de su
competencia, a aplicar la moratoria en los términos establecidos en la presente
ley, previo dictamen favorable del órgano municipal competente.
ARTÍCULO 7.- Durante la vigencia esta moratoria, el Estado deberá tomar las
medidas óptimas para el ordenamiento de las zonas referidas en la presente ley.
“LEY DE CREACIÓN DE UN RÉGIMEN ESPECIAL PARA
EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES EN TERRITORIOS COSTEROS COMUNITARIOS Y
TERRITORIOS INSULARES COMUNITARIOS”
(ANTERIORMENTE DENOMINADO: LEY DE TERRITORIOS COSTEROS COMUNITARIOS)
Esta ley tiene por objeto crear un régimen especial
para el otorgamiento de contratos de concesión a ocupantes de la zona marítima
terrestre e insular, constituidos en comunidades dentro de los territorios
costeros comunitarios o territorios insulares comunitarios, así declarados por
las municipalidades al amparo de la presente ley.
Para los efectos de la presente ley se entenderá
costero comunitario: Es aquel territorio donde se ubican
comunidades costeras existentes en el litoral Pacífico o Caribe en los 150
metros concesionables de conformidad con la Ley N.º 6043, Ley sobre la Zona
Marítimo Terrestre, del 2 de marzo de 1977 y sus reformas, y que sea declarado como tal por el
respectivo municipio, de conformidad con el levantamiento físico o
georeferenciado, que se deberá verificar in
situ y que se determinará dentro de los seis
meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley. Si una vez efectuada la delimitación digital georeferenciada, se
considera necesario la instalación de mojones de referencia sobre la línea que
delimita el territorio costero comunitario, estos podrán ser colocados por las
municipalidades siguiendo las normas técnicas que al efecto dicte el Instituto
b) Territorio insular comunitario: Es aquel territorio donde se ubica una comunidad
insular existente en el litoral de las islas marítimas continentales
fuera de los 50 metros de la zona pública e incluye los 150 metros concesionables, y un área insular adicional que
no exceda los 500 metros tierra adentro, de conformidad con el levantamiento
físico o georeferenciado, que se determinará dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia
de la ley. Si una vez efectuada la delimitación digital
georeferenciada, se considera necesario la instalación de mojones de referencia
sobre la línea que delimita el territorio costero comunitario, estos podrán ser
colocados por las municipalidades siguiendo las normas técnicas que al efecto
dicte el Instituto Geográfico Nacional.
locales costeras o insulares: Comunidades locales que ocupan los territorios costeros comunitarios o
insulares existentes, dedicadas a actividades de pequeña y mediana escala de
tipo agraria, pesca artesanal y/o pesca comercial de pequeña y mediana escala,
aprovechamiento sostenible de recursos marinos pesqueros, turismo local y rural
comunitario, empresas familiares y comunitarias de economía social - solidaria
y otras actividades productivas, turísticas, comerciales y de servicios, de conformidad con las coordenadas y
estudios georeferenciados realizados por el Instituto Geográfico Nacional
d) Ocupante: Es aquella persona que ha ocupado un área en la zona concesionable en el
territorio costero comunitario o
territorio insular comunitario de manera quieta, pública, pacífica e
ininterrumpida, por un período no menor de diez años, computado antes de la
entrada en vigencia de esta ley. e) Plan
Regulador Urbano: Es el instrumento
técnico y operativo de planificación local que define en un conjunto de planos,
mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la
política de desarrollo y los planes para distribución de la población, usos de
la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales, y
construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas, con el fin de
organizar el espacio y administrar adecuadamente la Zona Marítimo terrestre e
insular. Se hace con el fin que sean condicionadas las diferentes actividades
socio-económicas y que las mismas respondan a las necesidades de la población y
al desarrollo potencial de la zona. ARTÍCULO 3.- Zona pública La zona pública de la zona
marítimo terrestre, definida en el artículo 10 de la Ley N.º 6043, Ley sobre
la Zona Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977, y sus reformas, continuará rigiéndose por lo
dispuesto en la referida ley. Se exceptúan de lo anterior, las concesiones de atracaderos
mixtos comunitarios, regulados en la
ARTÍCULO 4.- Marco de aplicación Esta ley se aplicará en comunidades costeras
existentes, localizadas en las circunscripciones de los ciento cincuenta metros
concesionables contiguo a la zona
pública de la zona marítimo terrestre definida en el artículo 10 de la Ley N.º
6043, Ley sobre la Zona Marítima Terrestre, así como a las
comunidades existentes ubicadas en la
Zona Marítima Insular, según lo
dispuesto en el inciso b) del artículo 2 anterior y declarados territorios
costeros comunitarios o territorios insulares comunitarios, por la
municipalidad según lo establece esta ley.
Estos territorios corresponden a poblaciones
costeras ya establecidas según se detalla en el artículo 8 y 9 de esta ley.
ARTÍCULO 5.- Fines Para efectos de su correcta interpretación y
aplicación, son fines de la presente ley:
a) Facultar a las municipalidades para que
declararen al amparo de esta ley, “Territorios Costeros Comunitarios y
Territorios Insulares Comunitarios” donde se ubican comunidades existentes en
la zona restringida de la zona marítima terrestre y en la zona marítima insular de conformidad
con lo establecido en el artículo 2 anterior.
b) Establecer un régimen especial de concesiones
en territorios costeros comunitarios existentes en la zona marítima
terrestre y territorios insulares comunitarios, mediante el otorgamiento de
contratos de concesión de áreas actualmente ocupadas, sin sustento jurídico. c) Permitir el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de
forma sostenible en el territorio costero comunitario y territorio insular
comunitario, mediante planes reguladores urbanos y saneamiento ambiental
básico. d) Garantizar la seguridad jurídica a los
ocupantes de áreas a concesionar en los territorios costeros comunitarios y en
los territorios costeros comunitarios insulares, respecto de su ocupación, uso,
aprovechamiento, así como el respeto y valoración de su identidad cultural.
COMPETENCIA PARA LA DECLARATORIA DE TERRITORIOS COSTEROS
COMUNITARIOS Y TERRITORIOS INSULARES
COMUNITARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
ARTÍCULO 6.- Competencia Corresponde a las municipalidades realizar la
declaratoria de régimen especial de territorio
costero comunitario o territorio insular comunitario y el otorgamiento de las
concesiones de conformidad con lo establecido en la presente ley. Para tal
efecto, una vez cumplidos los requisitos y condiciones establecidos, el Alcalde
Municipal elevará el expediente respectivo ante el Concejo Municipal con las
recomendaciones pertinentes para su resolución. Para su aprobación requerirá
del voto de la mayoría simple de los miembros del Concejo presentes en la
sesión municipal que lo conozca. ARTÍCULO 7.- Condiciones y
deberes de las municipalidades para la declaratoria de territorio costero
comunitario y territorio insular comunitario y otorgamiento de concesiones Para la declaratoria de territorio costero
comunitario y territorio insular comunitario para el otorgamiento de las concesiones establecidas en esta ley, la
Municipalidad deberá:
1. Trámite de la declaratoria:
a) El Concejo Municipal de oficio o
a solicitud del cincuenta por ciento (50%) de los ocupantes del territorio que
se pretende declarar territorio costero comunitario o territorio insular
comunitario, podrá iniciar el trámite para la declaratoria.
b) Elaborar, dentro de los seis meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley,
un censo e inventario de
ocupación actualizado de los territorios costeros comunitarios y
territorios insulares comunitarios a
c) Publicar en el Diario Oficial, dentro de los tres meses a partir de la elaboración del censo e inventario establecido en el párrafo
anterior, la lista de ocupantes personas físicas o jurídicas actuales detallando nombre y calidades,
área ocupada y uso actual, conforme al censo o inventario actualizado de
ocupación de los territorios costeros comunitarios y territorios insulares
comunitarios, según corresponda.
d) Realizar la
delimitación digital georeferenciada de linderos de los predios de los
ocupantes y del territorio costero comunitario o del territorio insular
comunitario a concesionar, en coordinación y conforme a las normas técnicas y
lineamientos de la subdirección Catastral del Registro Inmobiliario y del
Instituto Geográfico Nacional, con
el apoyo presupuestario del Instituto
e) Elaborar los planos de agrimensura
del área a concesionar conforme al censo e inventario de ocupación
actual, para así concesionar a cada ocupante, persona física o jurídica
determinada en el inciso c) anterior. f) Realizar la
declaratoria de territorio costero comunitario o territorio insular comunitario,
de conformidad con la demarcación geográfica que deberá realizar el Instituto
Geográfico Nacional. Dicha declaratoria se publicará en La Gaceta, dentro de
los tres meses posteriores a su firmeza.
2. Plan regulador urbano y concesiones
a) Gestionar e iniciar el proceso de formulación
actualización del plan regulador urbano que incorpore al territorio
costero comunitario o al territorio insular comunitario, según corresponda y
los planes de saneamiento ambiental básico y de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 4240 Ley de Planificación Urbana del 15 de noviembre de 1968 y sus
b) El plan regulador urbano deberá considerar la
preservación de la identidad cultural, el uso sostenible de los recursos
naturales, las características propias de las comunidades y permitir el uso y
aprovechamiento racional de los recursos naturales de forma sostenible y
saneamiento ambiental básico, tanto para el territorio costero comunitario como
para el territorio insular comunitario, así declarado por la municipalidad
respectiva. c) Recibir y tramitar las solicitudes de
concesión de los ocupantes conforme lo señalado en la presente ley.
d) Publicar edicto de solicitud y trámite de
concesión en el Diario Oficial la Gaceta.
e) Aprobar o rechazar la solicitud de concesión
conforme con la presente ley y el plan regulador urbano.
f) Suscribir el contrato de concesión respectivo
y proceder a su inscripción en el Registro
Inmobiliario del Registro Nacional.
fuere procedente conforme a derecho, renovar los contratos de concesión e
inscribir los traspasos de los contratos
de concesión en caso de fallecimiento del concesionario. ARTÍCULO 8.- Comunidades
que podrán optar a la declaratoria de territorio costero comunitario y
Previo cumplimiento de las disposiciones contenidas
en esta ley, podrán optar por la declaratoria de “Territorio Costero
Comunitario” las siguientes comunidades:
2) Cuajiniquil 3) Brasilito 4) Colorado 5) San Juanillo 6) Lagarto
7) Matapalo de Playa Sámara
8) Puerto Jesús
9) Puerto Humo
10) Puerto Moreno
11) San Pablo
12) Puerto Thiel
13) Playa Garza Sur
14) Playa Pochote
15) Islita
16) Lepanto
17) Cablo Blanco
18) Leona
19) Playa Bonita
20) Playa Blanca
21) Gigante
22) Punta del Río
23) Mangos
24) Playa Margarita
25) Playa Palomo
26) Playa Panamá de Río Grande
27) Playa Cuchillo
28) Montezuma
29) Muelle de Tambor
30) Playa Tambor
31) Playa Cabuya
32) Punta Morales
33) Costa de Pájaros
34) Manzanillo
35) Abangaritos
36) Chomes
37) Playa Las Cocorocas
38) Tárcoles
39) El Cocal
40) Playa Dominical
41) Dominicalito
42) Playa Rocas Amancio
43) Drake
44) Sierpe
45) Playa Blanca
46) Cocal Amarillo
47) Playa Matapalo
48) Río Claro de Pavón
49) Manzanillo
50) Zancudo
51) Portete
52) Piuta
53) Tortuguero
54) Boca de Parismina
55) Boca Pacuare
56) Playa Punta Mala
57) Playa Punta
Banco de cantón Golfito
58) Cangrejal de
playa Sámara de Nicoya
59) Playa Garza Nicoya
60) Finca Los Alfaro
Lo anterior sin perjuicio
de que otras comunidades puedan optar por la declaratoria de territorio costero
comunitario, de conformidad con las disposiciones de esta ley. Las comunidades
que no aparecen en esta lista y que
decidan acogerse a la declaratoria de Territorio Costero Comunitario, tienen un
plazo de 12 meses luego de entrada en vigencia de esta ley para hacer la
ARTÍCULO 9.- Comunidades
que podrán optar a la declaratoria de territorio insular comunitario y
en esta ley, podrán optar por la declaratoria de “Territorio Insular
Comunitario” las siguientes comunidades insulares: 1) Isla Venado, Venado: poblados de Florida, Jícaro,
Barrio de los Barrios y Oriente.
2) Isla Chira, con poblados de
Palito, Jícaro, Bocana, Montero, San Antonio, Playa Muertos.
3) Isla Caballo, con los poblados
de Playa Torres y Playa Bonifacio,
4) Isla Cedros.
Las concesiones otorgadas por las municipalidades,
en los territorios insulares comunitarios, de conformidad con esta ley, no
requerirán la aprobación legislativa establecida en los artículos 5, 37 y 42 de
la Ley N.º 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de 2
de marzo de 1977, y sus reformas. El resto del territorio insular comunitario,
no comprendido dentro de los territorios insulares comunitarios así declarados,
se regirá por las disposiciones contenidas en Ley 6043.
de que otras comunidades insulares puedan optar por la declaratoria de
territorio insular comunitario, de conformidad con las disposiciones de esta
ley. Las comunidades que no aparecen en
esta lista y que decidan acogerse a la declaratoria de Territorio Insular Comunitario, tienen un plazo de 12 meses
luego de entrada en vigencia de esta ley para hacer la solicitud
CONCESIONES ARTÍCULO 10.- Potestad
para otorgar concesiones
Las municipalidades podrán otorgar concesiones, de
conformidad con lo dispuesto en la presente ley y el Plan Regulador Urbano que
incluya el territorio costero comunitario o el territorio insular comunitario.
a) No son concesionables mediante esta ley, las áreas de uso común, las
comprendidas en la zona pública, aquellas que posibiliten el libre acceso a la
zona pública, ni aquellas afectadas a un régimen de patrimonio natural del
Estado, ni los terrenos inscritos como propiedad privada ante el Registro Inmobiliario del Registro Nacional.
ARTÍCULO 11.- Trámite de solicitudes de concesión
Quienes cumplan con los requisitos y condiciones
establecidos en esta ley, deberán, dentro del plazo de un seis meses contados a
declaratoria de territorio costero comunitario o territorio insular
comunitario, presentar la solicitud de concesión ante la municipalidad
correspondiente; la municipalidad y el solicitante deberán ajustarse a lo
establecido en esta ley. El reglamento de esta ley establecerá la forma de
tramitar la solicitud, el monto del canon a pagar en cada zona de acuerdo con
el uso, conforme con el censo o inventario de ocupación publicado en el Diario
Oficial La Gaceta por cada municipalidad y el plan regulador urbano. Así mismo
se establecerá las modalidades de concesión, y cualesquiera otras disposiciones
que se estimare necesarias para regular las relaciones entre las
municipalidades y los concesionarios. ARTÍCULO 12.- Condiciones
Para recibir la protección y los beneficios
conferidos en esta ley, las personas solicitantes deberán ser mayores de edad y
haber ocupado el área a concesionar de manera quieta, pública, pacífica e
entrada en vigencia de esta ley. Para tales efectos las municipalidades
realizarán el procedimiento administrativo correspondiente para acreditar este
Asimismo, podrán ser beneficiarias las personas
jurídicas, asociaciones y cooperativas, así como instituciones estatales,
juntas de educación, y cualesquiera otra que no persiga fines de lucro y que cumplan
con los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento.
sociedades con fines de lucro que pretendan optar por un derecho de concesión,
solamente podrán ser sujetas de tal derecho quienes figuren en su nómina social,
que cumplan con la ocupación decenal y con los demás requisitos aquí
establecidos. El titular del derecho de concesión lo será su representante
legal y para ser sustituido como tal requerirá de la aprobación previa del ente
municipal conforme se establece en el artículo 16 de esta misma ley
Ninguna persona física o jurídica que cumpla las condiciones indicadas podrá ser
discriminada o excluida, siempre que la concesión solicitada encuentre sustento
en esta ley y se ampare al plan de ordenamiento territorial o plan regulador. ARTÍCULO 13.- Una vez que cuenten
con un plan regulador urbano, las municipalidades con jurisdicción en el área restringida de la
zona marítimo terrestre y en el área insular autorizada para dar en
concesión, podrán conservar las construcciones
existentes, siempre que se ajusten a las regulaciones aprobadas.
construcciones existentes se ajusten al plan regulador urbano aprobado, sin necesidad de realizar
ninguna modificación, la municipalidad
otorgará al solicitante la concesión para su inscripción en el Registro
Nacional de Concesiones, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos
las construcciones existentes requieran modificaciones para ajustarse al plan
regulador urbano aprobado, los concesionarios dispondrán de un plazo
improrrogable de dieciocho meses (18) meses, para realizar las modificaciones
una vez otorgada la concesión, so pena de pérdida de la misma por
dicho plazo habiéndose constatado el cumplimiento efectivo de la referida
prevención, el interesado deberá gestionar o actualizar la concesión pertinente
en un plazo máximo de (6) seis meses, caso contrario se procederá conforme a la
ARTÍCULO 14.- Derechos del concesionario
El concesionario tiene derecho al uso y
aprovechamiento del área concesionada en los términos definidos en la
presente ley, el plan regulador urbano y
El Estado conservará su derecho a ejercer la
revocatoria de la concesión en razón de interés público, previa indemnización
al concesionario. ARTÍCULO 15.- Prohibiciones para el concesionario
Los concesionarios no podrán:
a) Variar el uso del terreno concesionado y las
edificaciones o instalaciones que hagan en él, sin el acuerdo previo del
Concejo Municipal respectivo y lo dispuesto en el Plan Regulado Urbano.
b) Ceder o comprometer, o en cualquier otra
forma traspasar o gravar, total o parcialmente, las concesiones o los derechos
derivados de la presente ley. c) Las concesiones otorgadas quedan sujetas a
que los concesionarios atiendan las restricciones, condiciones y requisitos
indicados en esta ley
ARTÍCULO 16.- Transmisión de derechos
En caso de fallecimiento o ausencia declarada del
concesionario, la municipalidad autorizará el traspaso directo del contrato,
por el resto del plazo de la concesión, a quien haya sido designado por el
concesionario o, en su defecto, a sus legítimos herederos. El nuevo
concesionario deberá cumplir los
requisitos y las condiciones que establece esta ley, salvo el de la ocupación
decenal. Si no los hubiera, la concesión se tendrá como
cancelada y volverá a la municipalidad respectiva, incluyendo las construcciones
y mejoras existentes. La Municipalidad podrá otorgar la concesión a un nuevo
concesionario, siempre que cumpla
con los requisitos establecidos en esta ley, salvo el de la ocupación decenal. ARTÍCULO 17.- Prohibiciones para el otorgamiento de
a) Personas jurídicas o físicas, no contempladas en el censo e inventario
físico de ocupación publicado en el
Diario Oficial La Gaceta por la respectiva Municipalidad aunque cumplan con los
demás requisitos y condiciones establecidos en esta ley y su reglamento.
b) Personas jurídicas domiciliadas en el
c) Personas extranjeras con condición
administrativa irregular, ni a personas extranjeras en condición de rentistas. d) Personas físicas o jurídicas que sean
titulares de alguna concesión al amparo de lo dispuesto en el capítulo VI de la
Ley N.º 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de 2 de
marzo de 1977, y sus reformas, o bien, que sean titulares de alguna concesión
en otro territorio costero o insular.
e) Para la operación de marinas turísticas
reguladas mediante la Ley N.° 7744, Ley de Concesión y Operación de Marinas y
Atracaderos Turísticos, de 19 de
diciembre de 1997. ARTÍCULO 18.- Plazo y prórrogas Las concesiones se otorgarán por un plazo de
treinta y cinco años, prorrogable por períodos iguales, siempre que el
concesionario haga uso del área concesionada y cumpla las obligaciones
establecidas en esta ley y el contrato de concesión. Las prórrogas deberán
ser solicitadas por el concesionario, seis meses antes de su vencimiento y se
tramitarán siguiendo el procedimiento establecido en el reglamento de esta ley.
ARTÍCULO 19.- Extinción y cancelación de la concesión
a) El vencimiento del plazo originalmente fijado
en la concesión, sin que el concesionario haya solicitado la prórroga.
b) La renuncia voluntaria del concesionario, siempre que se pueda constatar de previo
que ha contado con el consentimiento expreso del núcleo familiar del
c) El fallecimiento o la ausencia judicialmente
declarada de las personas concesionarias, sin que la concesión se haya
transmitido o adjudicado a sus herederos.
d) Pérdida del área concesionada por acción de
la naturaleza. e) Declaratoria de interés público del área
f) Por cancelación de la concesión.
a) Cuando las personas concesionarias no hagan uso de forma estable del área
concesionada, salvo situaciones
justificadas de estado de necesidad, caso fortuito o fuerza mayor.
b) Cuando los concesionarios hagan uso distinto
del área concesionada a aquél establecido en el plan regulador. c) Por la trasmisión, el gravamen o el
arrendamiento a terceros del derecho de concesión en contra de lo dispuesto en
esta ley. d) Por el incumplimiento reiterado de las
obligaciones establecidas en el contrato de concesión y las disposiciones de
e) Por el incumplimiento en el pago del canon.
Cuando por alguna de las causales indicadas
en este artículo se extinga o cancele una concesión, el inmueble afectado se
revertirá a la municipalidad para su asignación, de conformidad con las disposiciones reglamentarias que al efecto
dictará el respectivo municipio.
La cancelación de la concesión deberá presentarse
ante el Registro Inmobiliario del Registro Nacional para su respectivo trámite.
ARTÍCULO 20.- Cánones
Las municipalidades podrán determinar cánones por
las concesiones otorgadas de conformidad con esta ley. Para tales efectos
realizará un avalúo sobre el área a concesionar que servirá de base para el
pago del importe. El monto del canon será fijado con base en
criterios técnicos sobre el valor del terreno, uso autorizado y el valor de las
viviendas y construcciones.
Las concesiones para uso habitacional estarán
exentas del pago del valor de las
viviendas y construcciones en lo correspondiente al canon, cuando las viviendas
y construcciones allí ubicadas cumplan lo dispuesto en el inciso e) del
artículo 4 de la Ley N.º 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. De la misma manera, aquellas viviendas
declaradas de interés social, de conformidad con la Ley N.º 7052, Ley del
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banhvi, se
mantendrá en el monto del canon los criterios sobre el valor del terreno, uso
autorizado y bienes inmuebles en lo que corresponda.
ARTÍCULO 21.- Registro La municipalidad correspondiente registrará ante el
Inmobiliario del Registro Nacional las concesiones de los
territorios costeros comunitarios y territorios insulares comunitarios otorgadas
al amparo de la presente ley. Las concesiones no perjudicarán a terceros sino
desde la fecha de su recibo o presentación en dicho registro. El
reglamento de esta ley señalará la tasa de inscripción de esos documentos así
como las normas para el funcionamiento del registro. ARTÍCULO 22.- Acceso a garantías crediticias
Los concesionarios podrán tener acceso a los recursos de los fondos de avales y garantías
del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade) regulado en los artículos
16, inciso c), y 19 de la Ley N.º 8634, Sistema de Banca para el Desarrollo, de
23 de abril de 2008 y del Fondo Especial para el Desarrollo de las Micros,
Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme) regulado en el inciso a) del artículo
8 de la Ley N.º 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas
Empresas, de 2 de mayo de 2002, y sus reformas.
ARTÍCULO 23.- Control y fiscalización de las
La municipalidad respectiva fiscalizará y controlará el uso y el
cumplimiento de los derechos y las obligaciones de los concesionarios respecto
de las concesiones otorgadas, en coordinación con el Instituto Costarricense de
Turismo. El Reglamento de esta ley establecerá las atribuciones y condiciones
para el ejercicio de esa coordinación. ARTÍCULO 24.- Prohibición
Las municipalidades no podrán autorizar ni permitir
nuevas construcciones que no estén respaldadas en una concesión debidamente
aprobada, inscrita y ajustada al plan de
ordenamiento territorial o plan regulador. ARTÍCULO
25.- Acciones
reivindicatorias Las municipalidades respectivas, cuando constaten
la infracción a las disposiciones contenidas en el artículo anterior, previa
información levantada al efecto, si se estimara necesaria, procederá al
desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones,
remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos, sin responsabilidad
alguna para la autoridad o la municipalidad. El costo de demolición o
destrucción se cobrará al dueño de la construcción o instalación. Todo lo
anterior sin perjuicio de las sanciones penales que procedan.
ARTÍCULO 26.- Autorización al Banhvi
Se autoriza al Banco Hipotecario de la Vivienda
(Banhvi) para que otorgue bonos de vivienda a los concesionarios de áreas para
uso habitacional en las zonas costeras concesionables, siempre que cumplan con
los requisitos dispuestos en la Ley N.º 7052, Ley del Sistema Financiero
Nacional para la Vivienda y Creación del Banhvi, de 13 de noviembre de 1986, y
sus reformas, el Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para
la Vivienda, y demás normativa que le resulte aplicable. ARTÍCULO 27.- Reubicación
de ocupantes actuales.
En caso de que personas físicas se encuentren
ocupando terrenos ubicados en la zona pública de la zona marítimo terrestre, la
municipalidad de la respectiva jurisdicción gestionará la reubicación, en áreas concesionables del
territorio costero comunitario o territorio insular comunitario, o en otros
La reubicación estará sujeta a los requisitos del
artículo 13 y las prohibiciones del artículo 14, sin perjuicio de las otras
disposiciones que les sean aplicables, de conformidad con esta ley.
Se establece una comisión integrada por
representantes del Instituto Costarricense de Turismo, del Ministerio de
Vivienda y Asentamientos Humanos, del Instituto de Desarrollo Rural y de la
respectiva municipalidad, para que en conjunto se atienda la situación de los
ocupantes de la zona pública a quienes no se les pueda otorgar una concesión,
con el fin de posibilitar su ubicación en otras zonas aledañas, si no fuere
procedente la reubicación en el territorio costero comunitario o en territorio
costero insular.
El Reglamento de esta ley establecerá la
conformación, competencia y atribuciones de esta comisión interinstitucional.
ARTÍCULO 28.- Autorización al Estado
Se autoriza al Estado, las municipalidades, las
instituciones autónomas y semiautónomas para invertir en las áreas costeras
concesionables, con el propósito de favorecer la calidad de vida de sus
habitantes, el crecimiento económico de la zona y la protección del ambiente,
de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico en su conjunto, en
la presente ley y en el plan regulador urbano vigente en la respectiva
MIXTOS COMUNITARIOS
ARTÍCULO 29.- Definición de atracadero comunitario
costero o insular
Se considerarán atracaderos
mixtos comunitarios: los desembarcaderos, los muelles fijos o flotantes, las
rampas y otras obras necesarias, a fin de permitir el atraque de pequeñas
embarcaciones. Formarán parte de un atracadero mixto comunitario costero
o insular: el inmueble, las instalaciones, las vías de acceso a las distintas
áreas y los demás bienes destinados a brindar servicios al atracadero y que se
hayan considerado en la concesión.
Se autorizará un atracadero
mixto comunitario por cada territorio costero o insular y estarán destinados, exclusivamente, a las
actividades contempladas en la presente ley. ARTÍCULO 30.- Concesiones
para atracaderos mixtos comunitarios costeros o insulares
la respectiva jurisdicción podrán otorgar concesiones para la instalación y
operación de atracaderos mixtos de pequeña escala en territorios costeros
comunitarios o insulares y/o en el área adyacente cubierta permanentemente por
el mar. Para ello, las municipalidades coordinarán con el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, los requerimientos que se deben cumplir para la
instalación y operación de los atracaderos mixtos.
Se exceptúan de la
disposición anterior, los terrenos que presenten espacios abiertos de uso
común, áreas de manglar y aquellas donde existan ecosistemas coralinos.
Estas concesiones y el
procedimiento para su otorgamiento se regirán por lo dispuesto en esta ley, así
como por las reglas especiales que se establezcan en su respectivo reglamento.
ARTÍCULO 31.- Requisitos de
los atracaderos mixtos comunitarios costeros o insulares
Para obtener concesiones de
atracaderos mixtos comunitarios, los interesados deberán presentar una
solicitud por escrito acompañada de:
a) Una evaluación de impacto
ambiental aprobada con la respectiva viabilidad ambiental otorgada por la
b) Un anteproyecto que
contendrá al menos la ubicación del terreno y su zonificación, la descripción
del proyecto y las obras que se pretenden ejecutar, además de los planos de
localización de muelle o atracadero y los planos del anteproyecto. El reglamento de esta ley
podrá definir otros requisitos necesarios para garantizar la adecuada
instalación y operación de atracaderos mixtos comunitarios.
ARTÍCULO 32.- Concesionarios de atracaderos mixtos
Las concesiones para la
instalación y operación de atracaderos mixtos comunitarios podrán asignarse
exclusivamente a personas jurídicas constituidas o que se constituyan en
asociaciones, cooperativas, sindicatos y otras organizaciones sociales destacadas en el territorio costero
comunitario o insular y que se encuentren integradas y administradas
exclusivamente por ocupantes de estos territorios. CAPÍTULO V
ARTÍCULO 33.- Conservación de ecosistemas marinos y
Las personas pobladoras de las comunidades costeras
deberán contribuir con el Estado y las municipalidades en la conservación de
los ecosistemas marinos y costeros e insulares de esas zonas. Para ello, el Estado, sus instituciones autónomas y
semiautónomas, entre algunas el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura
(INCOPESCA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA), las universidades, podrán desarrollar programas
especiales dirigidos al fomento, la promoción y la divulgación de actividades
pecuarias, agropecuarias y turísticas en los territorios costeros comunitarios
y territorios insulares comunitarios. ARTÍCULO 34.- Promoción de programas educativos El Ministerio de Cultura y Juventud podrá crear y
financiar programas y proyectos especiales, y realizar acciones efectivas para
rescatar, preservar, promover y divulgar el patrimonio, las tradiciones, las
costumbres y la diversidad cultural de las comunidades locales costeras o
insulares que habitan en territorios
costeros comunitarios o territorios insulares comunitarios, al amparo de la
ARTÍCULO 35.- Programas
educativos El Consejo Superior de Educación deberá incorporar
los programas educativos de escuelas y colegios públicos dirigidos a las
personas pobladoras de las comunidades, incorporando la historia y la realidad
social y ambiental de las comunidades locales costeras o insulares, y fomentará
la preservación de su patrimonio cultural, así como el sentido de pertenencia y
arraigo al territorio y la comunidad.
ARTÍCULO 36.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en un
plazo de tres meses a partir de su publicación. CAPÍTULO VII
TRANSITORIO I.- Una vez aprobada la presente ley, las
municipalidades no podrán aplicar desalojos o demoliciones hasta tanto se
cumpla en lo dispuesto en los artículos
6 y 7 de la presente ley. TRANSITORIO II.- En tanto la declaratoria de territorio
insular comunitario no surta efectos, de conformidad con lo dispuesto en esta
ley, deberá aplicarse lo dispuesto en la Ley N.º 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977, y sus reformas. Una vez que la presente ley
surta efectos para el área declarada territorio insular comunitario se aplicará
lo dispuesto en la presente ley y para el resto del territorio lo que establece
la Ley N.º 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre,
de 2 de marzo de 1977, y sus reformas. TRANSITORIO Ill.- El
Instituto Costarricense de Turismo deberá destinar un cinco por ciento anual de
sus presupuestos ordinarios y extraordinarios, durante 15 años, a
partir de la entrada en vigencia de esta ley, para ejecutarlos de la siguiente manera:
a) Un dos por ciento para la elaboración y
costos de publicación de los planes reguladores costeros comunitarios; así como
los costos de demarcación geográfica o delimitación geográfica georeferenciada
del territorio costero comunitario o del territorio insular comunitario,
en apoyo a las municipalidades. El
Instituto Costarricense de Turismo y las municipalidades con jurisdicción en la
zona marítima terrestre afectadas por esta ley, dispondrán de cuarenta y ocho
meses, computados desde la entrada en vigencia de esta ley, para concretar la
aprobación y publicación de los planes reguladores para los territorios
costeros declarados por las municipalidades al amparo de esta ley.
b) Un tres por ciento anual para destinarlos
exclusivamente a programas de infraestructura y saneamiento básico para los
territorios costeros comunitarios, en apoyo a las municipalidades, en coordinación con el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Dispondrán quince años contados
a parir de la publicación de esta ley, para resolver los requerimientos de
infraestructura y saneamiento básico para estos territorios costeros
TRANSITORIO IV.- El
Ministerio de Planificación Nacional de su Fondo de Pre - inversión destinará
un cinco por ciento anual de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios,
durante 15 años, a partir de la entrada en vigencia de esta ley,para
ejecutarlos de la siguiente manera:
a) Un tres por ciento para la elaboración y
los costos de demarcación geográfica del territorio costero comunitario,
b) Un dos por ciento anual para destinarlos
territorios costeros comunitarios, en apoyo a las municipalidades, en
coordinación con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Dispondrán quince años contados a parir de la publicación de esta ley, para
resolver los requerimientos de infraestructura y saneamiento básico para estos
territorios costeros comunitarios.
TRANSITORIO V.-: La Junta Administrativa del Registro
Nacional deberá destinar recursos presupuestarios del superávit institucional
para apoyar los procesos técnicos que tanto la Subdirección Catastral del
Registro Inmobiliario como el Instituto Geográfico Nacional, requieran para
asesorar y coordinar con las municipalidades en el marco de la presente ley.
TRANSITORIO VI.- Las
municipalidades, el Instituto Geográfico Nacional, el Registro Inmobiliario, el
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el Ministerio de Ambiente y
Energía, podrán celebrar convenios de cooperación interinstitucional para
facilitar la delimitación de los territorios costeros comunitarios y
territorios insulares comunitarios.