Source: https://redlatam.org/es/country/ecuador
Timestamp: 2020-01-28 13:07:31
Document Index: 230168976

Matched Legal Cases: ['artículo 66', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 137', 'artículo 474']

El artículo 66 de la Constitución Política de la República de Ecuador establece que “Nº 19: El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley; Nº 20: El derecho a la intimidad personal y familiar; Nº 21: El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación.” En tanto, el artículo 92, señala que: “Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados”.
En un nivel legal se encuentran las siguientes leyes generales: Ley Nº 52 Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional la cual establece en su Capítulo VI La Acción de Hábeas Data y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 18 de mayo de 2004.
En cuanto a derecho de autor, Ecuador posee Ley de Propiedad Intelectual, Registro Oficial No 320. No se regula dentro de su normativa la bajada de contenidos de internet ni la responsabilidad de los ISP.
Por su parte, los delitos informáticos no se encuentran penalizados en una ley específica, sino que este tipo de delito se encuentra tipificado en el Art. 415 nº1 del Código Penal.
En Ecuador no existe regulación específica sobre neutralidad de la red. En el 2012, a través del organismo de regulación estatal, se expide un Reglamento del Consejo Nacional de Telecomunicaciones que en su Artículo 15 numeral 6 textualmente dice:
Artículo 15.- Acceso a la información, contenidos y aplicaciones
15.6. Hacer uso de cualquier aplicación o servicio legal disponible en la red de Internet, con lo cual el servicio que ofrezcan los prestadores de los servicios no deberán distinguir ni priorizar de modo arbitrario contenido, servicios, aplicaciones u otros, basándose en criterios de propiedad, marca, fuente de origen o preferencia. Los prestadores de los servicios pueden implementar las acciones técnicas que consideren necesarias para la adecuada administración de la red de servicios, lo cual incluye también la gestión de tráfico en el exclusivo ámbito de las actividades que le fueron concesionadas o autorizadas para efectos de garantizar el servicio.
The World Factbook: Ecuador República del Ecuador
El caso de Ecuador se concentra en la Ley de Comunicación, que se ha visto aplazada durante muchos años (y que finalmente fue aprobada durante este año), como también en la creciente preocupación que ha surgido de las diversas demandas por difamación de parte del presidente Correa hacia medios de comunicación.
Al no contar este país con una ley orgánica sobre protección a los datos personales, sí se encuentran tres propuestas para la protección de datos personales. En el primer caso, la Asamblea Nacional trató en abril pasado el primer debate del proyecto de Ley sobre la Protección a la Intimidad y los Datos Personales. En el informe para el segundo debate la mesa de Justicia, encargada del proyecto, solicitó su archivo. El argumento es que este documento propone normas que están determinadas en la Constitución, por ejemplo, en el artículo 92 que, entre otras cosas, señala que una persona tiene derecho a conocer el uso que se dé a su información.
El segundo proyecto de ley contempla una reforma a la Ley de la Defensa del Consumidor para la protección de datos. La propuesta pasó el primer debate. Se ha dicho que la actual Ley de Comercio Electrónico sí protege a los usuarios que no deseen recibir información que no han solicitado.
Sin embargo, el año 2012 se archiva el proyecto de protección a la intimidad y los datos personales. El pleno de la Asamblea resolvió archivar el proyecto de Ley de Protección a la Intimidad y a los Datos Personales, pues según varios asambleístas estas normas ya se encuentran estipuladas en la Constitución y en la legislación secundaria existente.
Algunos asambleístas han calificado a la ley de comunicaciones como una grave amenaza para la libertad de expresión, en el que se traspasan algunas líneas que no habían sido cruzadas antes, como la regulación de las plataformas tecnológicas. En los artículos 5,10 y 14 se incluye el espacio virtual como uno de los espacios de competencia de la Ley.
Así, en el artículo 5, referente a los contenidos discriminatorios, se lee que "para efectos de esta ley, se entenderá como contenido discriminatorio, todo mensaje que se difunda por cualquier medio, formato o plataforma tecnológica que denote distinción, exclusión o restricción...". El artículo 10, referente a los contenidos violentos, también hace mención a las plataformas tecnológicas, como espacio para controlar la emisión de dichos contenidos.
El artículo 14 expone la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación. Dice: "Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de los medios de comunicación formalmente constituidos, serán responsabilidad de los medios si no verifican la identidad de las personas que formulan dichos comentarios".
Por lo anterior, desde el año 2010 que esta ley ha pasado a tener la denominación de Ley Mordaza, por las graves implicancias que significaría para la libertad de expresión en Ecuador su aprobación. Esto no es menor, ya que por primera vez se incluye el control sobre el contenido que se publica en internet.
El colectivo Usuarios Digitales del Ecuador ha organizado conversatorios sobre este proyecto, en los cuales se dado algunas observaciones a la Ley de Comunicación, especialmente a su artículo 4, haciendo un llamado además esta entidad a que la sociedad civil participe y proponga modificaciones a este artículo también.
En junio de 2013 se aprobó la Ley de Comunicación en Ecuador, lo que sin duda tendrá un gran impacto en internet, afectando la libertad de expresión, el anonimato en internet, la privacidad e incluso la responsabilidad de los ISP.
Para dar mayor contexto a la situación de la libertad de expresión en Ecuador, es necesario saber que la actual Constitución del Ecuador establece en su artículo 16 que "todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: (2) el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación". Así, reconoce la importancia de estas tecnologías, principalmente, de Internet para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía.
La historia concerniente a la Ley de Comunicación de Ecuador no se detuvo ahí. Durante los primeros días de agosto ya se encontraba listo el borrador de su Reglamento, y en los primeros meses de su vigencia ya acumulaba dos demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de Ecuador, en contra de varios articulados de esta ley que establece sanciones económicas y administrativas para periodistas y medios de comunicación,51 quienes señalan que esta Ley no ha dado cumplimiento al artículo 137 de la Constitución que se refiere al procedimiento para la expedición de una norma, que impone que el proyecto sea sometido a dos debates en la Asamblea.
De más está decir que los cuestionamientos a esta ley no se detienen,52 incluso existiendo amplios estudios de especialistas en la materia que exponen los mayores aspectos de debate que causa esta ley hasta el día de hoy.
El mismo año 2012 surge una amenaza a libertad de expresión. El proyecto incluye reformas al código penal y una de ellas castiga con cárcel y multas las "expresiones eventualmente ofensivas contra el presidente y el vicepresidente de la República, senadores, diputados, jueces, autoridades electorales y el procurador general de la República". Esta disposición que ya aprobó, en primera lectura, la Asamblea Nacional, eleva a la difamación e injuria al rango de delito penal, cuando toda la jurisprudencia producida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos va en la dirección exactamente opuesta.
En julio de 2011 un juez le dio la razón al presidente de Ecuador, Rafael Correa, y dictó tres años de prisión contra directivos del diario El Universo y contra el exeditor de opinión, Emilio Palacio. El mandatario presentó una denuncia por una columna de opinión que publicó El Universo en febrero de 2011 donde Palacio escribió que Correa era un dictador y lo acusó de ordenar a las fuerzas de seguridad a que abrieran fuego en un hospital, lleno de civiles, en septiembre de 2010, cuando según el gobierno hubo un intento de golpe de Estado.
Además de los tres años de cárcel, la pena máxima contemplada, el juez ordenó una indemnización para el presidente Correa de 40 millones de dólares. El mandatario había exigido que el diario El Universo y sus empleados le pagaran 80 millones de dólares por los daños causados.
Este lío legal llamó la atención internacional de los defensores de la libertad de prensa, quienes dicen que Correa intenta acallar las críticas restringiendo a los medios. La preocupación por la situación de la prensa y de la libertad de expresión en Ecuador continuó durante el año 2012.
También se ha solicitado al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que retire las demandas por difamación interpuestas a periodistas críticos con su gestión, en particular, a los autores del libro El Gran Hermano, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita.
Proyecto de ley de reforma integral al Código Penal
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) se tramita en el Parlamento ecuatoriano desde hace dos años. Esta normativa penal sustituiría la que data de 1938. De manera general, la iniciativa actual considera incorporar alrededor de 40 tipos penales inéditos en este proyecto de nuevo Código Orgánico Integral Penal, que es discutido en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.
En el ámbito que nos interesa, generó preocupación el artículo 474 de la nueva ley, que buscaba obligar a proveedores de internet y re-distribuidores (como cibercafés o puntos de acceso Wi-Fi) a almacenar una serie de datos acerca de sus usuarios, como número telefónicos, direcciones IP, el “tráfico de conexión”, el “acceso a transacciones y la información de los enlaces de comunicación inalámbrica del servicio y la vía de comunicación”.
Además, en el caso de los re-distribuidores, se les obligaba a grabar video de los que estén usando la conexión a Internet en el cibercafé o la zona Wi-Fi, y almacenar ese registro visual de los usuarios por seis meses mínimo. Según Alfredo Velazco, de la organización Usuarios Digitales, estas medidas hubiesen incrementado el costo del Internet en Ecuador, y se reducirá el acceso.
El primer impacto se da en la vulneración en el derecho a la intimidad, pero el más grave se daría en la posterior auto-censura a la cual se expondrían los ciudadanos al saber que les almacenan su información. Otros daños colaterales que podrían surgir serían desde incremento del costo operativo de los proveedores y traspaso de ese costo a usuarios, hasta cierre de puntos de acceso por no poder cumplir los requisitos para almacenaje.
Afortunadamente la movilización de la sociead civil ecuatoriana logró que este polémico artículo se elimine de la tramitación de la Ley, lo que representa un avance en la protección del derecho a la privacidad de las personas en la región, considerando el nivel de intrusión que representaba el artículo antes comentado.
Usuarios de Internet del Ecuador