Source: http://www.parthenon.pe/columnistas/javier-oyarse-cruz/apuntes-sobre-el-regimen-tributario-aduanero/
Timestamp: 2019-05-27 07:37:36
Document Index: 311122479

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 210', 'artículo 151', 'artículo 151', 'artículo 210', 'artículo 140', 'artículo 210', 'artículo 210', 'artículo 49', 'artículo 139', 'Artículo 164', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 150', 'artículo 1']

Es así, como, observamos la evolución de los nuevos modelos de gestión que se vienen aplicando en los negocios internacionales, y podemos citar a Basaldúa (2016)[1] para mencionar que “Con motivo del comercio exterior, entre las aduanas de los diversos Estados y los sujetos del tráfico internacional de mercaderías se establecen relaciones jurídicas derivadas de las importaciones y exportaciones, en sus distintas modalidades y condiciones”.
Dichas relaciones jurídicas están orientadas a desplazar a la función recaudadora de las aduanas a un segundo plano, debido a la proliferación de Acuerdos Comerciales que eliminan o reducen la aplicación de aranceles aduaneros dentro del marco de los procesos de integración económica que el Perú gestiona mediante una agenda comercial priorizada por el Plan Estratégico Nacional Exportador 2025[2].
En ese sentido, en las siguientes líneas, vamos a referirnos al régimen tributario aduanero aplicable a las importaciones partiendo de las formas en que se produce el nacimiento de la obligación tributaria aduanera, la determinación de la obligación tributaria aduanera que se plasma en la declaración aduanera de mercancías (DAM)[3] y el momento en que se configura la exigibilidad de esta.
En la obligación tributaria aduanera, intervienen como sujeto activo en su calidad de acreedor tributario, el Gobierno Central[4] representado por la Administración Aduanera (SUNAT), Institución que ejerce las facultades de fiscalización, recaudación, determinación, sancionadora y la potestad aduanera[5] para exigir el cumplimiento de dicha obligación.
Según Basaldúa (2016)[6] “(…) debe advertirse que una persona puede resultar deudora de los derechos aduaneros por diversas causas y que, por lo tanto, la obligación de pagar el tributo no se deriva necesariamente de haber realizado el hecho gravado”. De allí que para la legislación aduanera existen diferentes momentos en los que puede nacer la obligación tributaria, como veremos a continuación.
Este primer supuesto, nos permite enfatizar que el único régimen sujeto al pago de tributos es el régimen de importación para el consumo, para lo cual deben cumplirse con las normas de valoración vigentes, para efecto de determinar la base imponible que está constituida por el valor FOB, más el flete y el seguro.
Para este supuesto, podemos invocar lo señalado en el numeral 4) del Articulo VIII del PECO[7], las mercancías importadas con aplicación del arancel común anexo al mencionado Convenio[8], serán exclusivamente para el uso y consumo en los territorios señalados en su artículo I, que por parte del Perú comprende a los Departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali; por lo que, su internamiento a otros territorios no comprendidos dentro de sus alcances deberá observar las disposiciones generales vigentes en cada país.
De otro lado, tenemos a la Ley N° 27037, que tiene el objeto de promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía estableciendo para tal efecto entre otras medidas, la exoneración del IGV e IPM aplicable a la importación de bienes que se destinen al consumo en la Amazonía[9], precisándose en el artículo 18° del Reglamento de la Ley de la Amazonía, que dicho beneficio corresponde a la importación que realicen las empresas ubicadas en la Amazonía[10] para el consumo de los bienes en la misma zona.
Este supuesto, se encuentra concordado con el artículo 210° del Reglamento de la Ley General de Aduanas[11] que estipula que la mercancía importada con inafectación o exoneración no podrá ser transferida o cedida por ningún título, ni destinada a fin distinto del que originó dicho beneficio, dentro del plazo de cuatro (4) años contados a partir del día siguiente de la numeración de la declaración. En caso de que se transfieran o cedan antes del plazo señalado en el párrafo anterior, se deberán pagar previamente los tributos diferenciales. Siendo importante relevar que, no están comprendidos en los párrafos anteriores, aquellos casos en que, por Acuerdos, Tratados o Convenios Internacionales, o por disposiciones especiales se establezcan plazos, condiciones o requisitos para la transferencia o cesión de dichos bienes.
Respecto al último supuesto Basaldúa (2016) precisa que “(…) las personas que importan las mercaderías bajo una destinación aduanera suspensiva no son deudoras de los derechos aduaneros, porque tales destinaciones no configuran el hecho gravado por esos tributos. Sin embargo, cuando los beneficiarios no cumplieren las obligaciones esenciales inherentes a esos regímenes suspensivos, puede nacer respecto de ellos una obligación aduanera tributaria. (…)”
La exigibilidad de la obligación tributaria aduanera está referida a precisar la fecha de inicio del cómputo para el cobro de los intereses moratorios por la demora en el pago de la deuda tributaria aduanera. Así lo determina el artículo 151° de la Ley General de Aduanas; siendo importante precisar que existe una diferencia significativa en la aplicación de los intereses moratorios en el supuesto que el dueño o consignatario de la mercancía haya presentado una garantía previa a la numeración de la DAM. Motivo por el cual, en el régimen de importación para el consumo, existen dos formas diferentes de empezar a computar los intereses moratorios:
Despacho aduanero CON garantía[12]:
En cuanto se refiere al traslado de mercancías de zonas de tributación especial a zonas de tributación común y, en la transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria, los intereses se computan a partir del cuarto día siguiente de notificada la liquidación por la autoridad aduanera.
Y en cuanto se refiere a la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo, los intereses se cuentan a partir del día siguiente del vencimiento del plazo autorizado por la autoridad aduanera para la conclusión del régimen.
Efectuada la precisión respecto a la forma en que se realiza el cómputo de los intereses moratorios, debemos precisar que en materia aduanera se aplican sobre el monto de los derechos arancelarios y demás tributos exigibles y se liquidan por día calendario hasta la fecha de pago inclusive, conforme lo establece el artículo 151° de la Ley General de Aduanas. Siendo oportuno hay que mencionar que dichos intereses también se aplican al monto indebidamente restituido que debe ser devuelto por el solicitante del régimen de drawback, y se calculan desde la fecha de entrega del beneficio de restitución hasta la fecha en que se produzca la devolución de lo indebidamente restituido.
Adicionalmente, considero un acierto del legislador el haber dispuesto que la aplicación de los intereses moratorios se suspende a partir del vencimiento de los plazos máximos establecidos en los artículos 142º, 150º y 156º del Código Tributario, y se mantiene hasta la emisión de la resolución que culmine el procedimiento de reclamación ante la Administración Tributaria o de apelación ante el Tribunal Fiscal, o la emisión de la resolución de cumplimiento. Con lo cual, se aplica un criterio de justicia al conceder la suspensión del cómputo de intereses moratorios en el supuesto que se haya vencido en exceso el plazo legal fijado para la reclamación, apelación o emitido la resolución de cumplimiento, por causa imputable a dichos órganos resolutores. Cabe añadir que, durante el citado periodo de suspensión, la deuda tributaria aduanera será actualizada en función del Índice de Precios al Consumidor.
Queda claro entonces que las dilaciones en el procedimiento contencioso tributario por causa imputable al deudor no se tendrán en cuenta para efecto de conceder la suspensión de los intereses moratorios. Asimismo, dicha suspensión de intereses no es aplicable durante la tramitación de la demanda contencioso-administrativa ante el Poder Judicial.
Dentro de nuestro análisis del régimen tributario aduanero, click here merece un comentario aparte la norma contenida en el numeral 4) del Articulo VIII del Convenio Peruano Colombiano (PECO), donde se señala que las mercancías importadas con aplicación del arancel común anexo al mencionado Convenio[13], serán exclusivamente para el uso y consumo en la zona de tratamiento aduanero especial, que comprende los Departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali; con la advertencia que en caso se traslade a otra zona de tratamiento aduanero común dentro del territorio del Perú, será gravado con el arancel nacional que le corresponda.
En consecuencia, las mercancías que han sido nacionalizadas gozando de los beneficios tributarios del PECO, que consiste en la rebaja o inafectación de los tributos, deben permanecer dentro de la zona de tratamiento especial, lugar donde debe producirse su uso o consumo, para efecto de no perder ninguno de los beneficios tributarios concedidos.
En esa línea de pensamiento, podemos afirmar que existe una obligación tributaria que vincula a la Administración Aduanera con el dueño o consignatario de la mercancía en virtud del cual las mercancías extranjeras importadas se considerarán nacionalizadas sólo respecto del territorio de tratamiento especial, la que nace con la numeración de la DAM de ingreso y concluye con el otorgamiento de los beneficios tributarios concedidos al amparo del PECO.
Ahora bien, para este mismo supuesto considero que resulta perfectamente aplicable las disposiciones contenidas en el artículo 210° del RLGA[14] que transcribo a continuación:
De la norma invocada en el párrafo anterior, puede deducirse que, en caso de producirse la transferencia o cesión de la mercancía importada con inafectación o exoneración dentro de los cuatro años contados a partir del día siguiente de la fecha de numeración de la declaración, por disposición del artículo 140° de la LGA concordado con el artículo 210° del RLGA, corresponderá el cobro de los tributos diferenciales que gravan su importación. Lo cual, nos induce a pensar que no correspondería el cobro de los tributos diferenciales si se realiza la transferencia o cesión de la mercancía importada con inafectación o exoneración luego de haberse vencido los cuatro años contados a partir del día siguiente de la fecha de numeración de la declaración de importación.
La obligación tributaria aduanera es un vínculo establecido por la Ley General de Aduanas que obliga a realizar prestaciones recíprocas tanto a la Administración Aduanera como al dueño o consignatario de las mercancías. El único régimen aduanero sujeto al pago de tributos es la importación para el consumo y dicha obligación nace en la fecha de numeración de la DAM.
Respecto a la exigibilidad de la obligación tributario-aduanera, cabe mencionar que se refiere básicamente al cómputo de los intereses moratorios que se inician cuando no se paga la deuda tributaria aduanera dentro del plazo fijado legalmente. Dichos intereses quedan suspendidos durante el trámite del procedimiento contencioso tributario, en el supuesto que se hayan vencido los plazos máximos fijados por la ley para resolver la reclamación o apelación, por causa no imputable al contribuyente o usuario aduanero.
Finalmente, tenemos el caso del Convenio Peruano Colombiano (PECO), que permite el ingreso de ciertas mercancías a la zona de tributación especial gozando de exoneraciones o inafectaciones tributarias, debiendo permanecer en dicha zona por el plazo máximo de cuatro años contados desde la numeración de la DAM, bajo apercibimiento de perder dichos beneficios si el importador decide trasladar dicha mercancía a una zona de tributación común antes de dicho plazo conforme a lo previsto en el artículo 210° de la LGA.
[1] Basaldúa, Ricardo Xavier. Tributos al Comercio Exterior. Edit. Adeledo Perrot. Buenos Aires Argentina. Pág. 302.
[2] Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 377-2015-MINCETUR del 9 de Diciembre de 2015.
[3] Extraído del artículo 49° de la Ley General de Aduanas (LGA) aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053.
[4] Tal como lo estipula el artículo 139° de la Ley General de Aduanas.
[5] Potestad aduanera es el conjunto de facultades y atribuciones que tiene la Administración Aduanera para controlar el ingreso, permanencia, traslado y salida de personas, mercancías y medios de transporte, dentro del territorio aduanero, así como para aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el ordenamiento jurídico aduanero. (Artículo 164° de la Ley General de Aduanas)
[6] Basaldúa, Ricardo Xavier. Op. Cit. Pág. 277
[7] Decreto Supremo N° 015-94-EF, que dispone medidas para dar cumplimiento a las obligaciones del Convenio de Cooperación Aduanera con Colombia, conocido en el argot aduanero como el PECO.
[8] El procedimiento para el ingreso de las mercancías negociadas con destino y para uso exclusivo a la zona de aplicación del mencionado Convenio, se encuentra regulado mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 015-94-EF, donde se establece que pueden ser importadas por las Intendencias de Aduana Marítima, Aérea del Callao y de Paita, e ingresar a la zona de tratamiento especial a través de las Intendencias de Aduanas de Pucallpa, de Iquitos o de Tarapoto, precisándose que el pago efectuado por dicha importación será considerado como pago a cuenta sujeto a regularización en las aduanas autorizadas de destino.
[9] Tercera Disposición Complementaria de la Ley de la Amazonía.
[10] Conforme con lo señalado en el numeral 3.1 del artículo 3° de la Ley N° 27037, para efectos de esa Ley la Amazonía comprende:
[11] Aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2009-EF y normas modificatorias.
[12] De acuerdo a lo previsto en el artículo 150° inciso a) de la LGA.
[13] El procedimiento para el ingreso de las mercancías negociadas con destino y para uso exclusivo a la zona de aplicación del mencionado Convenio, se encuentra regulado mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 015-94-EF, donde se establece que pueden ser importadas por las Intendencias de Aduana Marítima, Aérea del Callao y de Paita, e ingresar a la zona de tratamiento especial a través de las Intendencias de Aduanas de Pucallpa, de Iquitos o de Tarapoto, precisándose que el pago efectuado por dicha importación será considerado como pago a cuenta sujeto a regularización en las aduanas autorizadas de destino.
[14] Reglamento de la Ley General de Aduanas (RLGA) aprobado mediante el Decreto Supremo N° 010-2009-EF.