Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2007-01537-42842-de-septiembre-14-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_cfb8c120c4db44dcaae6d8c7a1af332b&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-18 23:56:22
Document Index: 410103738

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 187', 'artículo 357', 'artículo 357', 'artículo 254', 'artículo 118', 'artículo 174', 'artículo 217', 'artículo 4', 'artículo 90', 'artículo 177', 'e contrario', 'artículo 174', 'artículo 187', 'artículo 344', 'artículo 187', 'e contrario', 'artículo 55', 'artículo 20', 'artículo 42', 'Artículo 175', 'Artículo 174', 'artículo 10', 'Artículo 177', 'artículo 1', 'Artículo 5', 'Artículo 20', 'Artículo 5', 'Artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 187', 'Artículo 1', 'Artículo 55', 'Artículo 60']

﻿ SENTENCIA 2007-01537/42842 DE SEPTIEMBRE 14 DE 2017
SENTENCIA 2007-01537 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:ANTE CONTROVERSIA DE VERSIONES O HIPÓTESIS DERIVADAS DE DIFERENTES MEDIOS DE PRUEBA, EL JUEZ PUEDE ACUDIR A LA SANA CRÍTICA. CUANDO SE ESTÁ FRENTE A UNA CONTROVERSIA DE VERSIONES O HIPÓTESIS DERIVADA DE DIFERENTES MEDIOS PROBATORIOS, SE HA ESTABLECIDO QUE DICHAS PRUEBAS DEBEN SER VALORADAS POR EL JUZGADOS BAJO LOS POSTULADOS DE LA SANA CRÍTICA NORMADA POR EL ARTÍCULO 187 DEL C.P.C, LA CUAL CONSISTE EN LA CAPACIDAD DEL JUEZ PARA DARLE A LAS PRUEBAS LA MAYOR O MENOR CREDIBILIDAD, SEGÚN SU CONEXIÓN CON LOS HECHOS A DEMOSTRAR Y SU CAPACIDAD DE CONVENCIMIENTO. ASÍ MISMO, ANTE ESTE MISMO EVENTO, EL JUEZ DEBERÁ ELEGIR ENTRE LAS VERSIONES, PREFIRIENDO LA VERSIÓN QUE ESTÉ SOPORTADA CON UN MAYOR NIVEL DE PROBABILIDAD LÓGICA PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO OBSERVAR CUÁL DE LAS HIPÓTESIS DEL CASO RESPONDE A UNA MEJOR INFERENCIA LÓGICA DE LAS PRUEBAS QUE LAS SOPORTAN, APLICANDO EN ESTE EXAMEN LAS LLAMADAS “MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”. POR OTRO LADO, NO SE CONFIGURA LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL SOLO HECHO DE QUE UNA AUTORIDAD ESTUVIESE A CARGO DE LA CARRETERA EN LA QUE OCURRIÓ UN SINIESTRO, Y QUE EL TRANSPORTE SE ENCUENTRE ESPECIALMENTE REGULADO, NO TIENE LA POTENCIALIDAD DE ORIGINAR SU RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR FALLA DEL SERVICIO, PUES DEBE ACREDITARSE QUE DICHA FALLA FUE LA CAUSA ADECUADA DEL DAÑO, Y EN EL CASO CONCRETO SE IDENTIFICÓ QUE EL NEXO CAUSAL SE ROMPIÓ CON OCASIÓN DEL HECHO EXCLUSIVO DEL CONDUCTOR DEL BUS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, HECHO DE TERCERO, SISTEMA DE LA SANA CRÍTICA, ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Sentencia 2007-01537 de septiembre 14 de 2017
Rad.: 050012331000200701537-01
Exp.: 42842
Actor: Nohora Villamizar Muñoz y otro
Demandado: Nación - Ministerio de Transporte e Instituto Nacional de Vías —Invías—
Bogotá, D.C., septiembre catorce de dos mil diecisiete.
7. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia en un proceso que, por su cuantía(1), tiene vocación de doble instancia.
7.1. En este punto, conviene precisar que habida cuenta de que la parte demandante fue la única en apelar la decisión de primera instancia, la Sala, en principio, se limitará a pronunciarse respecto del objeto de su medio de impugnación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 357(2) del CPC.
7.2. No obstante, al admitir dicha regla ciertas excepciones derivadas, por una parte, de la facultad del juzgador de segunda instancia para manifestarse en cuanto a los aspectos implícitos de los argumentos que se esgriman en la apelación y, de otro lado, de los diferentes cuerpos normativos que impongan el deber de pronunciarse de oficio —normas y principios de carácter constitucional, tratados internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos y la vigencia del derecho internacional humanitario, y normas legales de carácter imperativo—, en el evento en que las especificidades del presente asunto lo ameriten, se abordarán de manera oficiosa los aspectos exceptivos cuyo estudio resulte pertinente para adoptar la decisión(3). En este sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera señaló:
“3.2.2.1. En relación con el alcance del recurso de apelación de las sentencias, la Sala, a partir de la interpretación que hizo del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(4), acogió la tesis conforme a la cual la competencia del juez ad quem está limitada a los aspectos que señale el recurrente. Se consideró que de la premisa: “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”, no se sigue, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia(5), “una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y ad nutum determinar libremente ‘qué es lo desfavorable al recurrente’, pues a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual ‘no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso’”.
3.2.2.3. La Sala, en esta oportunidad precisa que la competencia del juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos que el recurrente propone, al sustentar el recurso de apelación de la sentencia. Se trata de dar alcance a la expresión “los aspectos que señale el recurrente”, a los cuales se limitó la competencia del ad quem en la providencia referida. Para la Sala, la apelación de un aspecto de la sentencia confiere competencia al juez de segunda instancia para resolver todos esos asuntos, puntos o elementos que estén comprendidos en el mismo, en algunas ocasiones, inclusive, porque su mención resultaría ilógica, pero siempre que la revisión de esos asuntos le resulte favorable al recurrente (...)”(6).
8.1. En la demanda la accionante aseveró incluir o citar textualmente varios elementos de convicción que a su parecer tenían que ser valorados por el operador judicial para adoptar una decisión en el sub judice. De esta manera, manifestó citar los dichos de varios conocedores de la vía en que ocurrió el siniestro —personas que no individualizó—, diferentes noticias escritas, algunos reportes de la policía de carreteras, los informes de licitaciones del Invías, y un estudio sobre el mejoramiento de la vía Medellín-Cisneros-Puerto Berrío, debido a fallas geológicas existentes en la zona.
8.1.1. Al respecto, la Sala observa que las referidas citas no tienen la naturaleza de los medios de convicción aducidos por la demandante y por consiguiente, no pueden ser valorados como tales, en consideración a que:
(i) no se tratan de los elementos en los que se hubiese incorporado el conocimiento de los hechos respecto de los cuales se pretende generar certeza o, en otras palabras, no consisten en las pruebas o los instrumentos por medios de los que se puede llevar conocimiento al juicio(7) o que sean útiles para la formación de convencimiento del juez(8), sino que se reitera, radican en meras trascripciones realizadas por uno de los extremos de la litis, de lo que se sigue que no tienen validez probatoria alguna, puesto que admitir lo contrario significaría que las partes podrían manufacturar sus propios medios de convicción en contravía de la misma estructura del proceso contencioso administrativo, y de los fundamentos y los principios del derecho probatorio;
(ii) no se tiene certeza de que los elementos de prueba aducidos como citados por la actora en realidad existan, a menos de que se hubiesen aportado regularmente al plenario(9), se traten de mensajes de datos puestos en conocimiento del público(10), o cuya información constituya un hecho notorio(11), eventos en el que no serán las transcripciones del libelo introductorio sino aquellos elementos, mensajes de datos o hechos notorios, los que se apreciarán o se tendrán como probados, respectivamente, y
(iii) no se puede perder de vista que de acuerdo con lo establecido por los artículos 194(12) y 195(13) del CPC, las aseveraciones de las partes en sus escritos de intervención en el proceso únicamente pueden ser valoradas en tanto constituyan una confesión, es decir, en aquello que les produzca consecuencias jurídicas adversas o que favorezca a su contraparte(14).
8.1.2. De esta manera, se advierte que las transcripciones de la demanda no pueden ser apreciadas como medios de prueba y por lo tanto, no es posible estimarlas como algo más que simples manifestaciones de la accionante.
8.2. Por otra parte, al expediente se aportaron pruebas documentales que a pesar de que fueron allegadas en copias que no cumplen con las precisiones dispuestas en el artículo 254 del CPC, serán valoradas libremente por la Sala. Al respecto, conviene recordar que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, cambió su posición en cuanto a la valoración de copias simples, para entender procedente su estimación, siempre y cuando no se hubieran tachado de falsas a lo largo del proceso en el que se pretenden hacer valer. En este sentido, consideró:
“En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos. || Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.
(...) Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v. gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad”(15).
8.2.1. De esta manera, contrario a lo decidido por el tribunal de primera instancia, se valorarán las copias simples de los documentos que se hubiesen allegado al plenario de conformidad con los lineamientos establecidos por la jurisprudencia de esta corporación.
8.3. De otro lado, en el expediente obran copias de las páginas 1a, 10a y 1d, de la prensa “El Colombiano” del 7 de junio de 2005, en las cuales se leen las noticias tituladas “Trágico fin de puente con 26 muertos en vías del país”, “Velocidad e imprudencia en las vías dejaron 26 muertos”, y “Bajo el lodo continúa el drama por las víctimas en Cisneros”, con las cuales se pretendió establecer los hechos objeto de la demanda.
8.3.1. Se debe señalar que la Sala Plena de la corporación(16) indicó inicialmente que los informes de prensa no tienen, por sí solos, la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la situación que narran y/o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, “cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como un indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos”(17).
8.3.2. Sin perjuicio de lo anterior, en un pronunciamiento más reciente, la misma Sala amplió la señalada regla para indicar que tales medios de prueba tienen plena validez probatoria sin necesidad de que otro elemento de prueba confirme su contenido, cuando (i) relaten aspectos relacionados con un hecho notorio, toda vez que estos no requieren ser acreditados de conformidad con la normativa procesal civil de nuestro ordenamiento jurídico, y (ii) transcriben las declaraciones o comunicaciones de servidores públicos, en consideración a su investidura y posición, medios de convicción que serán valorados como pruebas documentales que pueden ser controvertidas, ampliación de la jurisprudencia de esta corporación que se da a la luz de aquella adoptada a nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, se sostuvo:
“En esta ocasión, la regla del valor probatorio de estos se ampliará para indicar que también se les reconoce este, cuando estemos en presencia de i) hechos notorios y/o públicos y ii) transcriban declaraciones o comunicaciones de servidores públicos.
(...) Estas excepciones son las mismas que introdujo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia(18) y que en razón de su relevancia e importancia, serán acogidas por la Sala Plena de lo contencioso a partir de esta decisión.
(...) En el primer caso, es decir, frente a los hechos públicos y/o notorios, no requieren ser probados en los términos de los artículos 176 del Código de Procedimiento Civil y 167 del Código General del Proceso, razón por la que el registro noticioso servirá simplemente como una constatación gráfica de lo que es conocido por la comunidad.
(...) El aporte de medios de prueba en donde el hecho notorio y/o público fue registrado, le permitirá al juez contar con mayores elementos de convicción, sin que ello implique que el hecho requería de prueba, pues, se repite, su apreciación o cognición por una generalidad, hace innecesaria su prueba.
En otros términos, estos serán valorados conforme a las reglas previstas para las pruebas documentales. Por tanto, esas declaraciones o manifestaciones públicas, recogidas o registradas en diversos medios de comunicación darán fe de su contenido, sin perjuicio de su contradicción por parte de quien en su contra se aducen”(19).
8.3.3. Con observancia de lo expuesto, se acogerán los precedentes reseñados y, en consecuencia, se apreciarán las noticias aludidas de conformidad con los lineamientos sentados por la Sala Plena de esta corporación.
8.4. Asimismo, en el expediente obran varias fotografías, a saber, unas que fueron reproducidas dentro del texto del escrito inicial por el extremo activo de la contienda, otras que fueron aportadas junto con el escrito extemporáneo de contestación de la demanda del Invías, y otras que se evidencian en las noticias referenciadas.
8.4.1. En relación con aquellas adjuntadas por la accionante en su demanda, se observa que si bien se puede colegir que las mismas tienen validez probatoria comoquiera que constituyen la prueba en sí misma —a diferencia de las transcripciones realizadas en el libelo introductorio; ver párrafos 8.1 a 8.1.2—, lo cierto es que dos de ellas carecen de mérito para acreditar algún aspecto relacionado con el litigio, comoquiera que si bien pareciera que pertenecen al contenido de una noticia local, lo cierto es que no se puede determinar con certeza su origen, lugar y época de registro(20).
8.4.2. En sentido opuesto, se puede concluir que tres de dichas imágenes sí tienen conexión con el asunto objeto de discusión, en la medida en que coinciden exactamente con las fotografías contenidas en las copias de las noticias aportadas al plenario, por lo que se sabe que fueron tomadas por el referido medio de comunicación en el lugar de los hechos y, por consiguiente, contrario a lo aducido por el tribunal de primera instancia, es factible efectuar su apreciación.
8.4.3. Por su parte, en relación con las fotografías allegadas inoportunamente por parte del Invías, se reitera lo expuesto en la decisión impugnada, esto es, que no pueden ser apreciadas en consideración a que se allegaron por fuera del plazo legal para ello, teniendo en cuenta el principio de preclusividad que en general —artículo 118(21) del CPC— y que en materia probatoria —artículo 174 Ibídem; ver nota 9—, rige las actuaciones de las partes.
8.5. Conviene aclarar que al expediente del presente asunto se aportó la declaración extraproceso de la demandante Nohora Villamizar Muñoz, medio probatorio que no tiene la potencialidad de ofrecer certeza alguna sobre su contenido, en consideración a que fue rendida por uno de los extremos de la litis, y ello equivaldría a valorar la versión de los hechos de una demandante como si se tratara de un tercero imparcial cuando como se especificó, sus declaraciones únicamente pueden y podrán ser valoradas como una confesión, es decir, en su contra o a favor de la parte demandada en este litigio —ver literal iii) del párrafo 8.1.1—.
8.6. Finalmente, obra en el plenario la declaración de Saúl Villamizar Muñoz, quien aseveró ser el tío de César Augusto Ramírez Villamizar, aseveración a partir de la cual se puede inferir que aquel ostenta una relación de parentesco con la accionante. En consideración a los referidos vínculos que puede tener el testigo en comento con la demandante, sus dichos serán tenidos por sospechosos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217(22) del CPC, en virtud de que su percepción sobre los sucesos podría estar parcializada, sin perjuicio de que ello no descarta de plano sus versiones, sino que su credibilidad dependerá del análisis que de ellas se haga en conjunto con los demás elementos probatorios, y los hechos que a raíz de estos se encuentren demostrados(23).
9.1. El domingo 5 de junio de 2005, alrededor de las 8:30 p.m., en el kilómetro 49+500 de la carretera que de Medellín conduce a Cisneros y ulteriormente a Cúcuta, a través de los municipios de Barbosa, Cisneros y Puerto Berrío, entre otros, específicamente en un tramo ubicado a la altura de la vereda El Limón, el bus de transporte público afiliado a la empresa de transporte Expreso Brasilia S.A., identificado con las placas SBK 027, y conducido por el señor Luis Rubio Vargas, sufrió un accidente de tránsito consistente en su caída y volcamiento por una pendiente, caída en la que se desplazó por alrededor de 200 metros y en la que varias personas fallecieron o resultaron heridas(24).
9.1.1. El tramo de la vía en que ocurrió el siniestro era recta, pendiente, constaba de una calzada de dos carriles hecha en asfalto, se encontraba húmeda, sin iluminación, sin señales de tránsito, pero con demarcación en sus bordes, tenía un ancho de 7.65 m, y poseía dos bermas en sus extremos de ancho de 0.30 m cada una, vía que estaba ubicada entre una loma y una pendiente, último costado en el cual se localizaba una estructura de contención en concreto o un canal de agua.
9.1.2. Algunos metros antes del punto en el que el vehículo se salió de la vía por el carril en el que se desplazaba, se halló el inició de un montículo de tierra derivado de un deslizamiento proveniente de la montaña ubicada en uno de sus extremos, el cual (i) se produjo a raíz del tiempo lluvioso de la época; (ii) abarcó la totalidad del ancho de la vía; (iii) se extendió en varios metros a lo largo de la misma, y (iv) cubrió la estructura de desagüe aludida, estructura lineal paralela a la calzada cuya finalización en el sentido en el que se transportaba el bus marcó el referido punto por el cual, de conformidad con el croquis del accidente, se salió de la berma, cayó en el precipicio y se volcó. Por su parte, dicho vehículo, luego de desplazarse por la pendiente, se detuvo volcado en el fondo de la cuesta, con su parte delantera en dirección al declive, y en perpendicular a la calzada de la cual se precipitó (copias del informe y croquis del accidente 93-0138018 del 5 de junio de 2005, y del informe adicional sobre el mismo del 9 de junio de la misma anualidad, realizados por la policía de carreteras de Antioquia; fls. 96-102, cdno. 1).
9.2. El señor César Augusto Ramírez Villamizar se transportaba en el bus en comento, y de acuerdo con su registro civil de defunción, falleció a las 8:30 p.m. de la fecha aludida, esto es, de manera simultánea a la ocurrencia del siniestro (copias del registro civil de defunción y del certificado de defunción del señor César Augusto Ramírez Villamizar, de dos listas de pasajeros del 5 de junio de 2005 para el bus de placas SBK 027, expedida por Expreso Brasilia S.A., y del informe adicional sobre el accidente de tránsito del 9 de junio de 2005, efectuado por la policía de carreteras de Antioquia; fls. 43-45, 47, 98-102, 166, cdno. 1).
9.3. El mismo 5 de junio de 2005, aproximadamente a las 9:00 p.m., la policía de carreteras de Antioquia tuvo conocimiento del accidente, por lo que algunos de sus funcionarios, junto con un personal del cuerpo de bomberos del municipio de Cisneros, se desplazaron al lugar en que aquel tuvo ocurrencia, sitio en el que en el fondo de la cuesta encontraron al vehículo aprisionado en el suelo y, debido a las condiciones climáticas, solo lograron socorrer en ese momento a seis personas que se encontraban con vida —entre las cuales estaba el auxiliar de tripulación del bus, el señor Carlos Alberto Sánchez Ruiz—, quienes fueron inmediatamente remitidos a un centro de atención médica.
9.3.1. En los días siguientes, esto es, del 6 al 9 de junio de 2005, se continuaron con las labores de rescate que se vieron dificultadas en gran medida debido a las constantes lluvias de la época, días en los cuales solo fue factible localizar los cadáveres de las demás personas que estaban en el bus. En dichas actuaciones, al día siguiente del acaecimiento del siniestro, es decir, el 6 de junio de 2005, se halló el cuerpo del señor César Augusto Ramírez Villamizar.
9.3.2. A raíz de las anteriores labores, la policía de carreteras de Antioquia presentó ante la inspección de policía y tránsito de Cisneros un informe adicional sobre el accidente de tránsito aludido, en el cual relacionó dichas tareas y manifestó que “aún falta por esclarecer” el motivo de producción del siniestro, no obstante lo cual, afirmó que la hipótesis inicial de los hechos “apunta que fue motivado por un deslizamiento de tierra el cual provocó su volcamiento y posteriormente su caída, catalogándose entonces como catástrofe natural, debido a los fuertes aguaceros de los últimos días”. Igualmente, debido a los anteriores sucesos, se inició una investigación penal por los delitos de homicidio y lesiones personales —investigación que no fue allegada al plenario—, pesquisa respecto de la que la demandante solo presentó con su demanda un certificado del 22 de junio de 2005, el cual le estaba dirigido, en el que la Fiscalía General de la Nación repitió con las mismas palabras lo aducido en el informe de policía referido.
9.3.3. Dicha versión de lo ocurrido fue igualmente replicada por el diario “El Colombiano” en los artículos del 7 de junio de 2005, titulados “Trágico fin de puente con 26 muertos en vías del país”, “Velocidad e imprudencia en las vías dejaron 26 muertos” y “Bajo el lodo continúa el drama por las víctimas en Cisneros”, noticias en las que ese medio de comunicación afirmó que “[e]l accidente ocurrió en la noche del domingo a la altura del sector de La Quiebra, jurisdicción de Cisneros, cuando el vehículo que había salido de Medellín a Cúcuta fue arrojado a un abismo de 200 metros de profundidad por un alud de tierra que se le vino encima”.
9.3.4. La hipótesis en comento ulteriormente fue descartada, puesto que también se inició una pesquisa contravencional en la cual se recepcionó la declaración del ayudante de tripulación del bus que sobrevivió al accidente, quien adujo que el siniestro no sucedió de la forma descrita sino debido a una maniobra intentada por el conductor del automotor, puesto que cuando ellos arribaron al segmento de la carretera en la que ocurrió dicho siniestro encontraron que ya se había producido un deslizamiento de tierra que obstaculizaba su movilización por la vía, por lo que el referido conductor procedió a invadir la berma de la carretera por el extremo en la cual se ubicaba la pendiente, acto en el cual perdió el control del vehículo en tanto sus llantas traseras quedaron suspendidas, lo que llevó a que este se volteara y cayera por la cuesta. Adicionalmente, se indicó que en la inspección ocular que se realizó del vehículo no se encontró lodo que llevara a pensar que hubiese sido derribado por un deslizamiento, máxime cuando el bus se salió de la vía algunos metros después de donde se ubicó el derrumbe. Al respecto, en la constancia secretarial del 6 de junio de 2006 expedida por la inspección de policía y tránsito de Cisneros, se indicó (originales del certificado del 22 de junio de 2005, expedido por la Fiscalía Seccional Noventa y Cuatro Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Cisneros, y de la constancia secretarial del 6 de junio de 2006, expedida por la inspección de policía y tránsito de Cisneros, y copias de las noticias correspondientes del diario “El Colombiano”, del informe adicional sobre el mismo del 9 de junio de la misma anualidad, realizados por la policía de carreteras de Antioquia; fls. 50, 98-102, 155-157, cdno. 1):
“Este despacho tiene conocimiento de la versión dada por los organismos de socorro (bomberos y defensa civil) y la visita ocular realizada a[l] vehículo y a los cadáveres la cual, fue realizada en la fecha antes relacionada, las cuales pueden arrojar las posibles causas del accidente.
Además se tiene una versión dada por el ayudante del vehículo tipo bus con placa SBK 027, quien informa que al momento de llegar al kilómetro 49+500 metros, ya se había producido la caída de una masa de barro sobre la vía que impedía la libre circulación del vehículo y pretendieron superar el lodo utilizando la berma de la vía mientras el ayudante le hacía señales al conductor para que continuara. Sin embargo, las llantas traseras del bus quedaron en el aire, recostándose el vehículo hacia el lado derecho para finalmente caer al abismo (versión dada en el hospital).
En cuanto a la visita ocular realizada al vehículo, se pudo observar que el mismo se encontraba libre de lodo, además, encontramos que la caída se produce unos metros más allá de donde cayó el derrumbe de lodo.
9.4. Para la fecha de ocurrencia del siniestro, el bus tenía vigente el seguro obligatorio de daños corporales causados a personas en accidentes de tránsito o SOAT, el cual fue contratado con La Previsora S.A. entre el 23 de septiembre de 2004 y el 22 de septiembre de 2005, y cuyos “amparos por víctima” ascendían a 600 “salarios mínimos legales diarios vigentes a la fecha de ocurrencia del accidente” (copias de la tarjeta de SOAT número 1324 del vehículo referido, fls. 54, 103, cdno. 1).
9.5. Mediante oficio del 1º de septiembre de 2010, el Instituto Colombiano de Geología y Minería —Ingeominas—, frente al cuestionamiento de la parte demandante sobre una supuesta falla geológica en la carretera “Medellín-Barbosa Cisneros”, señaló que “existe una falla que cubre casi completamente la Cordillera Central de Colombia, por lo que hablar de una falla existente en la vía no es correcto”, y adicionalmente remitió algunos mapas geológicos. No obstante lo anterior, no indicó que la causa del deslizamiento de tierra que tuvo lugar el día del accidente se debiera a dicha falla geológica (originales del oficio 19963 del 1º de septiembre de 2010 y de los mapas geológicos indicados; fl. 163, cdno. 1; sobre aparte contentivo de los mapas).
10. Con observancia del contenido de la sentencia de primera instancia y del recurso de apelación presentado por la accionante, la Sala debe establecer si se configuró la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas con ocasión de la muerte del señor César Augusto Ramírez Villamizar, la cual se derivó del accidente de tránsito que sufrió el bus en el que se desplazaba desde la ciudad de Medellín a la ciudad de Cúcuta o, si por el contrario, no resulta procedente realizar dicha declaratoria y su consecuente condena, debido a que (i) la Nación-Ministerio de Transporte carece de legitimación en la causa por pasiva, y (ii) el Invías no incurrió en una falla del servicio que contribuyera causalmente a la producción del siniestro, el cual se originó exclusivamente por el hecho del conductor de vehículo, esto es, por el hecho exclusivo de un tercero.
10.1. Para efectos de realizar el anterior juicio de responsabilidad, se analizarán (i) la legitimación en la causa por pasiva de los entes demandados, examen que se efectuará dado que la parte demandante insistió en la responsabilidad patrimonial de ambos órganos integrantes de la parte pasiva de la litis, el que en todo caso es factible realizar de oficio —ver párrafos 7 a 7.2—, y (ii) las circunstancias particulares en las que acaeció el siniestro, con el fin de determinar si el daño demandado le puede ser imputado a cualquiera de las entidades demandadas, análisis en el que se abordarán los argumentos específicos de la apelante y cobrará especial importancia la conducta observada por el conductor del bus que se accidentó.
11. En cuanto a la legitimación en la causa, es preciso aclarar que de conformidad con la jurisprudencia de la corporación, existen dos clases: la de hecho y la material. La primera hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal, mientras que la segunda da cuenta de la participación o vínculo que tienen las personas —siendo o no partes del proceso—, con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda(25). En este sentido, no siempre quien se encuentra legitimado de hecho tiene que estarlo materialmente, en consideración a que si bien puede integrar una de las partes de la litis, ello no implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto. Al respecto, se ha establecido:
“Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por activa— y demandado —legitimado en la causa de hecho por pasiva— y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.
De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento este en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(26)”(27).
11.1. Igualmente, cabe destacar que la ausencia de legitimación en la causa no inhibe al juzgador para pronunciarse de mérito, en consideración a que esta es un elemento de la pretensión y no de la acción, motivo por el cual, no se relaciona con un aspecto puramente procesal sino sustancial del litigio(28). De esta manera, cuando no se encuentra acreditada la legitimación material en la causa de alguna de las partes procesales, el juzgador deberá denegar las pretensiones elevadas en la demanda puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o, el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados.
11.2. Con observancia de lo señalado, y partiendo de que ambos entes estatales se encuentran legitimados en la causa de hecho, en tanto que fueron vinculados debidamente a la litis en calidad de demandados, la Sala observa que mientras el Invías ostenta un interés jurídico sustancial en las resultas del presente proceso, no se logra evidenciar ese mismo interés por parte de la Nación-Ministerio de Transporte, de tal forma que las pretensiones formuladas en su contra serán denegadas de entrada.
11.3. Al respecto, de conformidad con la normativa vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, el Ministerio de Transporte tenía a su cargo la formulación de políticas públicas para la dirección del sector y del sistema nacional de transporte, pero de ninguna manera se le asignó la realización de labor alguna relacionada con la ejecución del mantenimiento y la señalización de las vías que integran las diferentes redes viales y carreteras del país(29), de tal forma que no se logra avizorar la conexión que tendría la Nación, a través de dicha dependencia, con el desenlace de los hechos que conllevaron a que los demandantes accedieran a la administración de justicia.
11.4. Ciertamente, a partir de las normas referenciadas, no es posible dilucidar la conexión que tendría el Ministerio de Transporte con el accidente de tránsito que sucedió en el kilómetro 49+500 de la carretera que de Medellín conduce a Cisneros, puesto que a este únicamente le competía la adopción de políticas y planes generales de cara al sistema y al sector de transporte aludidos, pero no la realización de medidas materiales para garantizar la seguridad de los transeúntes en las vías del país, nexo que tampoco se acreditó mediante los elementos de convicción aportados o practicados en el plenario.
11.5. Por lo tanto, es preciso reiterar la tesis de esta corporación en el sentido de que la Nación-Ministerio de Transporte carece de la legitimación por pasiva en las causas de asuntos como el propuesto en el sub judice —a menos que de conformidad con el material probatorio que obre en cada caso concreto se logre determinar alguna situación especial que evidencie su nexo con los hechos de la demanda—(30), y en consecuencia, se impone confirmar la sentencia apelada en cuanto a la falta de legitimación de dicho demandado en el presente asunto.
11.6. Por el contrario, el Invías se encuentra legitimado en la causa por pasiva, puesto que a pesar de que en el plenario no se allegó prueba alguna que válidamente se pudiera apreciar para efectos de determinar la naturaleza de la vía en la que sucedió el siniestro, lo cierto es que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4º(31) del Decreto 1735 de 2001, el mapa de carreteras de la red vial nacional(32), y los medios probatorios que indicaron que el accidente tuvo lugar en la cartera Barbosa-Cisneros-Puerto Berrío, a la altura de la vereda El Limón, se puede establecer que dicha vía efectivamente se trataba de una carretera que hacía parte de la red vial nacional, por lo que según los artículos 12(33) y 19(34) de la Ley 105, 6(35) y 115(36) de la Ley 769 de 2002, y 1º(37) del Decreto 2056 de 2003, entre otras, el establecimiento público en comento era el responsable de su mantenimiento y señalización, de modo que es evidente que su comportamiento sí tiene una clara conexión material con los supuestos del libelo introductorio y en ese orden de ideas, se viabiliza el análisis de su responsabilidad patrimonial.
11.7. Como corolario de lo anterior, se advierte que (i) tal como lo concluyó el tribunal de primera instancia, se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Ministerio de Transporte, determinación que será confirmada en esta instancia y por ende, se denegarán las pretensiones elevadas en su contra y, por el contrario (ii) el Invías sí se encuentra debidamente legitimado como demandado en el proceso, de tal forma que el juicio de responsabilidad patrimonial se verificará únicamente respecto de dicho ente.
12. De manera previa a iniciar el estudio de la responsabilidad patrimonial del Invías, conviene recordar que en varios puntos del recurso de apelación, la actora aseveró que la sentencia de primera instancia debía ser revocada, en consideración a que en contravía del ordenamiento jurídico, en especial de la Constitución Política, (i) se desatendió su clamor para obtener la indemnización por la muerte de un ser amado, con lo que se le trató como la culpable de ese menoscabo y, (ii) se favoreció al Estado cuando la justicia no puede estar del lado del fuerte, con lo que se le abandonó en su debilidad, punto en el que resaltó que el análisis probatorio debe hacerse en defensa de los más débiles.
12.1. En relación con los anteriores argumentos, la Sala se permite poner de presente que de conformidad con el artículo 90(38) de la Constitución Política, norma que radica en el fundamento expreso, general y primario de la responsabilidad patrimonial contractual y extracontractual del Estado(39), para que surja la responsabilidad del aparato estatal se requiere que confluyan sus dos elementos constitutivos a saber, (i) un daño antijurídico, el cual consiste en un menoscabo cuyo padecimiento no sea impuesto por el ordenamiento jurídico(40), y (ii) su imputabilidad a un ente estatal, la cual se conforma de una causalidad fáctica y una causalidad jurídica, última en la que se ubican las diferentes teorías formuladas para determinar qué causa material es relevante para el derecho daños, y los varios títulos jurídicos de imputación desarrollados por la jurisprudencia de esta corporación.
12.2. Igualmente, se debe tener en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177(41) del CPC, quien pretenda que se declare la responsabilidad del Estado, la cual se define como la obligación en virtud de la cual el aparato estatal debe resarcir los detrimentos que le hubiese generado a un sujeto o que por su acción u omisión le sean atribuibles(42), de modo que lo deje en una situación igual o similar a la que se encontraba antes de la ocurrencia del daño —reparación integral—(43), tiene la carga de acreditar la configuración de dichos elementos, esto es, del daño antijurídico y de su imputabilidad al Estado.
12.3. De esta manera, es claro que contrario a lo aducido por la accionante, la obligación del Estado de repararle los perjuicios que padeció a raíz de la muerte del señor César Augusto Ramírez Villamizar, no puede tener como fundamento el solo hecho de que aquel ostenta potestades en diferentes escenarios o, que el ente demandado pueda ser calificado como “fuerte”, sino que se debe basar en la debida configuración y acreditación por parte de la actora de los componentes fundantes de la responsabilidad patrimonial en el caso concreto, es decir, en que se encuentre fehacientemente demostrado que se produjo el daño aludido, y que el mismo le es imputable al Invías, de tal forma que sea a este al que le corresponda asumir patrimonialmente sus consecuencias.
12.4. En efecto, teniendo en cuenta que la responsabilidad patrimonial tiene como finalidad trasladar los efectos nocivos de un daño a quien lo origina, lo que obedece a motivos de justicia y a la garantía del principio neminem ladere que informa el derecho de daños, es evidente que el aparato estatal no tiene de manera automática la obligación de indemnizar todos los menoscabos que soporten los administrados por la simple circunstancia de detentar poderes o porque aquellos puedan encontrarse en una situación de debilidad —eventualidades para las que el ordenamiento jurídico, en el despliegue de la solidaridad social, puede prever otras figuras, como las donaciones—(44), y por ende, en sentido opuesto a lo sugerido por la demandante, la decisión adecuada en el presente asunto no puede ser aquella que de manera irreflexiva la beneficie, sino la que responda de mejor manera a la configuración o no de los elementos de la responsabilidad patrimonial teniendo en cuenta la realidad de lo sucedido según lo demostrado.
12.5. En este punto, conviene destacar que si bien es cierto que el operador judicial en sede de responsabilidad patrimonial puede tener en cuenta la situación de las partes al momento de flexibilizar la admisibilidad de algunos medios probatorios debido a la real imposibilidad de una de ellas para acreditar el supuesto de hecho de la norma cuyos efectos persigue, ello no significa que, de entrada, la valoración probatoria pueda inclinarse a su favor, puesto que ello vulneraría el ordenamiento jurídico, en específico varios de los derechos y principios que rigen el proceso y la apreciación probatoria, como el derecho al debido proceso, y los principios de igualdad procesal, de comunidad de prueba y de estimación de la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Al respecto, esta corporación ha señalado:
“8.3.4. En consecuencia, la estimación íntegra y completa de los elementos de convicción aducidos se fundamenta principalmente en los siguientes principios de derecho probatorio que a su vez garantizan el debido proceso de las partes en el presente asunto, consistentes en:
(i) el principio de la necesidad de la prueba, el cual se deriva de lo dispuesto por el artículo 174 del CPC a cuyo tenor, “[t]oda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegas al proceso”, regulación que pretende que el juez llegue a la resolución imparcial del conflicto con respeto a la igualdad de las partes. En este sentido, la doctrina jurídica ha destacado que:
Se refiere este principio a la necesidad de que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial, estén demostrados con pruebas aportadas al proceso por cualquiera de los interesados o por el juez, si este tiene facultades, sin que dicho funcionario pueda suplirlas con el conocimiento personal privado que tenga sobre ellos, porque sería desconocer la publicidad y la contradicción indispensable para la validez de todo medio probatorio y el derecho de defensa. (...) Este principio representa una inapreciable garantía para la libertad y los derechos del individuo, que de otra manera estarían en manos de jueces parciales y a merced de decisiones que no podrían ser revisadas por el superior(45).
(ii) el principio de unidad de la prueba, el cual encuentra sustento en lo señalado por el artículo 187 del CPC de conformidad con el cual “[l]as pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”, disposición que tiene como fin que se genere el convencimiento necesario para adoptar una decisión del litigio justa, legal y acorde a la realidad que devele el material probatorio(46);
(iii) el principio de comunidad de la prueba, según el cual los medios probatorios como actuaciones procesales no están sujetas a la voluntad de las partes, sino que cuando los mismos son incorporados al proceso y obran en el expediente, no pueden ser desechados por la mera voluntad de los intervinientes, incluyendo al juez(47), de lo que igualmente se sigue que no se pueden valorar los elementos de convicción aportados o solicitados por una de las partes solamente a su favor. De esta manera, se ha señalado con razón que “[c]onsecuencia de la unidad de la prueba es su comunidad, esto es, que ella no pertenece a quien la aporta y que es improcedente pretender que solo a este beneficie, puesto que, una vez introducida legalmente al proceso, debe tenérsele en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, sea que resulte en beneficio de quien la adujo o de la parte contraria, que bien puede invocarla. || Este principio determina la inadmisibilidad de la renuncia o desistimiento a la prueba ya recibida, como lo dispone expresamente el artículo 344 del CPC; se exceptúa el caso del documento presentado por una parte y tachado de falso por la otra, que puede ser retirado por aquella, en el proceso civil, laboral y contencioso administrativo”, y
(iv) el principio de estimación de la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, según el cual “[n]o se concibe un proceso moderno (civil, penal, laboral, etc.), sin que el juez tenga libertad para apreciar las pruebas allegadas, conforme a las reglas de la sana crítica”(48)”(49).
12.6. Por consiguiente, en el evento de que [en el] sub lite se proceda a denegar las pretensiones de la demanda, tal determinación no implica que irrazonablemente se desatienda la petición de la demandante, se le culpe de la muerte de su hijo, o que la justicia se incline a favor de la entidad demandada debido a sus potestades, sino que precisamente, en búsqueda de dicha equidad, de conformidad con el ordenamiento jurídico y según lo que se encuentre debidamente acreditado en el plenario, obedecerá a que no era factible responsabilizar al Invías de aquel menoscabo, puesto que no se habría configurado alguno de los fundamentos que constituye su obligación para reparar.
13. De esta manera, se advierte que se encuentra debidamente probada la causación del daño objeto de la demanda, consistente en la muerte del señor César Augusto Ramírez Villamizar el 5 de junio de 2005, alrededor de las 8:30 p.m., a raíz del accidente de tránsito que sufrió el autobús en el que se transportaba con destino a la ciudad de Cúcuta —ver párrafo 9.1 a 9.2—.
14. Ahora bien, en cuanto a la imputabilidad del daño, antes de entrar a calificar si el comportamiento de la entidad demandada se configuró en un incumplimiento del contenido obligacional asignado a su cargo o, en otros términos, en una falla en la prestación del servicio —aspecto respecto del cual la accionante insistió en su recurso de apelación con el objeto de que se profiriera una sentencia condenatoria—, se debe entrar a analizar si desde la perspectiva de la causalidad adecuada(50), dicha conducta se constituyó en la causa de aquel menoscabo, puesto que de lo contrario, todo análisis en relación con el cumplimiento de los deberes del Invías se torna innecesario.
14.1. Ciertamente, tal como en algunas ocasiones lo ha considerado esta corporación y, a diferencia del estudio efectuado por el tribunal a quo, de manera previa a abordar la plausibilidad de acudir a cualquiera de los títulos de imputación decantados con la finalidad de atribuir jurídicamente el detrimento objeto del libelo introductorio, se hace necesario determinar si entre ese menoscabo y la conducta estatal aseverada como su causante realmente existió una conexión que viabilice dicha imputación jurídica, puesto que de no configurarse la misma, lo que puede suceder cuando el actuar de un tercero lo originó de manera exclusiva y excluyente, haría inane cualquier otra consideración al respecto, dado que aquel detrimento habría provenido eficiente y adecuadamente de una fuente distinta al comportamiento de la parte pasiva de la litis(51).
14.2.Por consiguiente, para efectos de realizar el anterior examen, se debe tener en cuenta que la causa extraña como excluyente de responsabilidad(52) requiere de cuatro presupuestos estructurales para su configuración, los cuales se concretan en su imprevisibilidad, irresistibilidad, exclusividad y exterioridad en relación con la parte demandada respecto a la cual se pretende imputar el daño(53), aspectos que deben encontrarse debidamente demostrados en el proceso(54).
14.3. Lo anterior, dado que cuando el suceso dañoso es previsible o resistible para aquella, o provino parcial o totalmente de su conducta, se revela su falla del servicio al no haberlo evitado pudiendo hacerlo, máxime cuando en su cabeza se radica el deber legal de precaución, por lo que la circunstancia extraña correspondiente no podría tener plenos efectos absolutorios o liberatorios de responsabilidad.
14.4. Conforme lo ha explicado la doctrina, solo cuando el hecho o acto “ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”(55). Así también lo han señalado los hermanos Mazeaud, cuando precisan que la causa extraña lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima”(56).
14.5. Igualmente, conviene advertir que para que una causa extraña pueda exonerar completamente de responsabilidad, es necesario que jurídicamente se le pueda calificar como la fuente del daño desde la teoría de la causalidad adecuada —ver nota 50—, o en otras palabras, que haya sido determinante para su producción.
14.6. Con observancia de lo expuesto y a diferencia de lo sostenido por la accionante en su medio de impugnación, se advierte que de conformidad con los elementos probatorios obrantes en el plenario, se puede concluir tal como se hizo en la sentencia impugnada, que la causa exclusiva y excluyente del fallecimiento del señor César Augusto Ramírez Villamizar fue el comportamiento sumamente negligente del conductor del bus en el que este se desplazaba, de modo que no resulta factible declarar la responsabilidad patrimonial del Invías, lo que pasa a explicarse.
14.7. Al respecto, si bien en un principio se manejó la hipótesis de que el vehículo en el que la víctima se movilizaba fue impactado por un deslizamiento de tierra que lo sacó de la vía y lo arrojó al precipicio, supuesto que habría llevado a que indispensablemente se tuviese que determinar si en la producción de ese derrumbe intervino una omisión del ente aludido que justificara atribuirle el origen del accidente y así, la producción del daño, lo cierto es que esa versión de los hechos fue completamente rebatida por el auxiliar de tripulación del bus que sobrevivió al siniestro —ver párrafos 9.1, 9.1.1, y 9.3 a 9.3.4—.
14.8. En efecto, dicho sujeto le aseguró a funcionarios de la inspección de policía y tránsito de Cisneros, mientras estuvo en el centro de atención médica al cual se le llevó luego de su rescate, que el deslizamiento de tierra ya se había producido cuando arribaron a la zona, por lo que para superarlo, el conductor del bus de manera gravemente descuidada, confió que podía evitar el accidente que terminó por suceder e invadió la berma de la vía, maniobra en la que algunas de sus llantas quedaron suspendidas en el aire, luego de lo cual perdió el control del automotor que seguidamente cayó por el abismo, comportamiento de aquel tercero que se constituiría en el origen adecuado y exclusivo del siniestro.
14.9. En consideración a que en el presente asunto se presenta una controversia de versiones o hipótesis derivada de diferentes medios probatorios, cabe destacar que dichas pruebas deben ser valoradas por el juzgador bajo los postulados de la sana crítica normada por el artículo 187 del CPC(57), y definida por la jurisprudencia de esta corporación como “la capacidad del juez para darle a las pruebas la mayor o menor credibilidad, según su conexión con los hechos a demostrar y su capacidad de convencimiento”(58) y en virtud del cual, “el juez goza de cierta libertad a la hora de apreciar el mérito probatorio de los medios de convicción, no debiendo sujetarse, como en el sistema de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas e indicadoras de la conclusión a la que se debe arribar, en presencia o en ausencia de determinada prueba”(59).
14.10. Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha dejado en claro que, en aplicación de las “reglas de las sana crítica”, el juez deberá valorar todos y cada uno de los elementos de prueba que tiene a su alcance y otorgarles el nivel de credibilidad que les corresponda, atendiendo siempre a los criterios de razonabilidad que rigen la interpretación judicial(60).
14.11. Asimismo, cuando en un caso particular existen diversas pruebas que apoyan diferentes versiones o hipótesis sobre los hechos, el juez deberá elegir entre ellas prefiriendo la versión que esté soportada con un mayor nivel de probabilidad lógica(61), labor en la cual será necesario observar cuál de las hipótesis del caso responde a una mejor inferencia lógica de las pruebas que las soportan, aplicando en este examen las llamadas “máximas de la experiencia”, que no son más que generalizaciones surgidas de los hallazgos generalmente aceptados por la ciencia o del sentido comúnmente admitido(62). Al decir de Taruffo:
“(...) si se dan distintas hipótesis sobre el hecho contradictorias o incompatibles, cada una de las cuales con un grado determinado de probabilidad lógica sobre la base de las pruebas, la elección de la hipótesis que ha de ponerse en la base de la decisión se realiza mediante el criterio de la probabilidad prevaleciente (...). En el contexto de la probabilidad lógica y de la relación hipótesis/elementos de prueba, en el que es racional que hipótesis contradictorias o incompatibles adquieran grados de confirmación independientes sobre la base de los respectivos elementos de prueba, el único criterio racional de elección de la hipótesis que resulta más aceptable es el que se basa en la relación entre los distintos valores de probabilidad lógica y privilegia la hipótesis caracterizada por el valor más elevado. Debe escogerse, en resumen, la hipótesis que reciba el apoyo relativamente mayor sobre la base de los elementos de prueba conjuntamente disponibles. Se trata, pues, de una elección relativa y comparativa dentro de un campo representado por algunas hipótesis dotadas de sentido, por ser, en distintas formas, probables, y caracterizado por un número finito de elementos de prueba favorables a una hipótesis. No obstante, se trata también de una elección racional, precisamente por ser relativa, dado que consiste únicamente en individualizar la alternativa más fundamentada en una situación de incertidumbre definida por la presencia de distintas hipótesis significativas”(63).
14.12. De esta manera, se comienza por advertir que entre las versiones anteriormente aducidas, la primera carece de toda potencialidad de convencimiento, toda vez que se redujo a la mera especulación efectuada por los policías de tránsito que si bien acudieron al sitio del accidente, no presenciaron su desarrollo. Adicionalmente, dichos funcionarios se limitaron a manifestar la referida hipótesis del siniestro sin aducir en qué basaban sus inferencias, versión que simplemente fue replicada por el medio de comunicación cuyas noticas fueron aportadas al expediente, también sin señalarse sus fundamentos.
14.13. Por el contrario, la versión del accidente dada por el testigo y contenida en el certificado que expidió la autoridad que inició la investigación contravencional por violación de normas de tránsito sí le genera toda credibilidad a la Sala, habida cuenta de que (i) se cimienta en lo narrado por el referido trabajador de Expreso Brasilia S.A., quien estuvo presente al momento del siniestro y tenía una posición privilegiada para observar lo que realmente sucedió; (ii) su declaración al respecto fue rendida de manera muy próxima a la ocurrencia del accidente, puesto que la dio durante su estadía en el hospital en el que recibió atención médica, y (iii) no se advierte motivo alguno por el cual hubiese tratado de ocultar la verdad de lo sucedido, máxime cuando con lo que informó pudo comprometerse en la causación del accidente, puesto que aseveró que él habría tratado de ayudar al conductor a movilizarse por la berma de modo que no cayeran en el barranco.
14.14. Asimismo, el supuesto en comento encuentra fundamento y explicación en las características de la carretera, la forma en que quedó cubierta por el deslizamiento de tierra, y en que para el momento del siniestro llovía, toda vez que no se puede perder de vista que de conformidad con el croquis del accidente de tránsito, el punto de la vía por el cual dicho vehículo se salió de la carretera y cayó por la cuesta coincide con el final de la estructura de contención y de desagüe, cañería que también se hallaba cubierta por el lodo, por lo que se puede colegir que cuando el conductor negligentemente transitó por la berma no notó el desnivel que dicha estructura representaba, desnivel que junto con la lluvia pudo contribuir a que el vehículo se saliera parcialmente de la vía, sus llantas quedaran suspendidas y a que a la postre, se volcara y cayera por la pendiente —ver párrafos 9.1 a 9.1.2—.
14.15. Por su parte, cabe resaltar que a partir de una inspección ocular del vehículo, la inspección de policía y tránsito de Cisneros dejó constancia de que el vehículo no tenía señales físicas de que hubiese sido derribado por un deslizamiento de lodo, lo que evidentemente fortalece la segunda hipótesis denotada.
14.16. De esta manera, para la Sala es claro que la última versión sobre el desenlace de los hechos tiene un mayor respaldo probatorio, puesto que no solo se fundamenta en lo dicho por un testigo presencial del accidente que no tendría interés en cambiar el supuesto de los sucesos, sino que además encuentra apoyo en las características de la vía, del clima al momento del siniestro, y en una inspección ocular al bus accidentado, hipótesis que de conformidad con las reglas de la experiencia y de la sana crítica, parece completamente viable.
14.17. Ahora bien, en cuanto a los diferentes argumentos de la accionante para oponerse a la prevalencia de la versión de los sucesos sugerida por el documento de la inspección de policía y tránsito de Cisneros, la cual hizo referencia a la declaración del ayudante de tripulación señalada, conviene precisar que:
(i) el hecho de que al plenario no se aportó dicha declaración no impide que a partir de la prueba documental en comento se tenga por acreditada su existencia y su sentido, máxime cuando la misma es producida por una autoridad que tampoco habría tenido razón alguna para alterar el conocimiento de las circunstancias en que se presentó el accidente, puesto que ello, a lo mucho, solo habría podido comprometer a la entidad encargada de la vía, esto es, al Invías —como se pretende en este juicio de responsabilidad patrimonial—;
(ii) no es cierto que solo el conductor del bus —quien murió— podía controvertir el contenido del medio de convicción aludido, puesto que varias personas sobrevivieron el accidente —personas cuya identificación está plasmada en el expediente—, lo que le permitía a la actora solicitar la práctica de sus testimonios para que desmintieran la versión del auxiliar del bus, despliegue demostrativo que ni siquiera intentó realizar en contravía de su carga probatoria, y
(iii) si bien las fotografías y las noticias aportadas al plenario no fueron controvertidas por las entidades integrantes de la parte demandada, y a pesar de que pueden ser estimadas con las excepciones denotadas —ver párrafos 8.3 a 8.4.3—, lo cierto es que de una parte, aquellas noticias no generan convencimiento, puesto que como se adujo, consisten en la simple repetición de una versión totalmente infundada de los hechos y, de otro lado, dichas fotos únicamente permiten ver las condiciones en que quedó volcado el camión luego de la caída, a algunos trabajadores en el sitio del siniestro, y una parte del deslizamiento, sin que ello de manera alguna apoye la tesis de que el bus fue tumbado por el derrumbe y arrojado al barranco.
14.18. Ahora bien, de conformidad con todo lo expuesto, no escapa a la Sala que la actuación y maniobra del conductor del bus, además de que podría catalogarse como un hecho gravemente culposo, se configura en la fuente exclusiva del accidente y del daño, puesto que su comportamiento le fue totalmente externo, imprevisible e irresistible al Invías, sin que se hubiese comprobado que dicho órgano hubiese participado de manera adecuada en la producción del siniestro.
14.19. Al respecto, se debe tener en cuenta que a pesar de que frente a un deslizamiento o un derrumbe que genere un obstáculo en la vía, y bajo especiales circunstancias de conocimiento o de previsibilidad por parte de la autoridad competente —las cuales deben encontrarse probadas—, se podría llegar a aseverar que a dicho ente le es esperable la producción de siniestros derivados de la colisión o pérdida de control de vehículos por su encuentro imprevisto con ese tipo de obstrucciones y, en ese orden de ideas, desde la perspectiva de la causalidad adecuada, se le puedan atribuir los daños que los mismos generen cuando con su acción u omisión incide eficiente y adecuadamente en su génesis(64), lo cierto es que no es posible aseverar que le sea previsible que ante el acaecimiento de esos obstáculos, los transeúntes sean quienes de manera deliberada e incluso, en incumplimiento de las normas que regulan su tránsito, se pongan en el riesgo de sufrir accidentes al intentar superarlos, comportamiento que claramente entra a constituirse en su única fuente y desplaza cualquier conexión que dicha autoridad pudiese tener con los menoscabos que se puedan llegar a producir a raíz del siniestro.
14.20. En efecto, aun si se partiera de que en el caso concreto el Invías hubiese tenido conocimiento sobre la peligrosidad de la vía en la que sucedió el accidente —lo que de hecho, no se encuentra debidamente demostrado—, no se puede perder de vista que no le podía ser previsible y tampoco resistible que el conductor del bus en el que se movilizaba la víctima, al encontrarse con el deslizamiento producido a raíz de la lluvia, de manera completamente irreflexiva frente al riesgo que implicaba dicho obstáculo y el carril por el que transitaba —el mismo colindaba con un precipicio, estaba cubierto de tierra y se encontraba lloviendo—, en violación de las normas del Código Nacional de Tránsito(65), intentara sobrepasarlo invadiendo la berma y movilizando dicho vehículo demasiado cerca de la cuesta por la cual terminó por caer, conducta con la que claramente fue él quien puso en riesgo la vida e integridad de todos los que se desplazaban en el bus, riesgo que terminó por concretarse en la defunción demandada —entre otros daños— y que por consiguiente, impide que se le atribuya causalmente al órgano integrante de la parte pasiva de la litis.
14.21. En este punto, cabe destacar que el chofer del bus vulneró la normativa referida y actuó de manera gravemente culposa y negligente(66), comoquiera que en lugar de abstenerse de transitar por la vía y de proceder a pedir la colaboración de las entidades competentes, (i) invadió de manera indebida la berma de la calzada —la cual solo se encuentra habilitada para estacionarse o para vehículos de emergencia—; (ii) no transitó por el lugar que le estaba permitido, y (iii) puso en un peligro superlativo a los ocupantes del bus, puesto que a pesar de las condiciones climáticas y de la obstrucción que invadía el suelo, confiando que podía evitar la producción de los daños que terminaron por suceder, transitó por la misma justo al lado de una pendiente peligrosa, daños que por ende se volvieron del resorte exclusivo de su responsabilidad y de la que le hubiese podido caber a la sociedad transportadora para la cual trabajaba.
14.22. En este orden de ideas, no se puede considerar que el Invías contribuyó causalmente en la producción del siniestro y así del accidente, puesto que además de que no resulta factible exigirle que evite todas las contingencias que sucedan en las vías a su cargo, en el presente asunto no se puede afirmar que la producción del deslizamiento hubiese sido su causa determinante y adecuada, puesto que si bien pudo haber contribuido materialmente en su producción —esto es, pudo ser una causa sine qua non del siniestro—, desde la teoría de la causalidad adecuada no fue su origen, comoquiera que el accidente se causó por la conducta sumamente descuidada del conductor del bus, máxime cuando era a él a quien que le era previsible que las circunstancias denotadas sucedieran, lo que conllevó a que el accidente y el daño ocurrieran de la forma en que se dieron.
14.23. Ahora bien, sin perjuicio de que la configuración de una causa extraña hace innecesario cualquier análisis adicional sobre la imputabilidad del daño al ente demandado, para mayor claridad de la demandante, la Sala se permite abordar brevemente sus argumentos restantes, de la siguiente manera:
(i) el hecho de que el Invías estuviese a cargo de la carretera en la que ocurrió el siniestro, y que el transporte se encuentre especialmente regulado, no tiene la potencialidad de originar su responsabilidad patrimonial en el presente asunto, puesto que como se vio, para ello se requiere de la configuración de sus elementos constitutivos, uno de los cuales no concurre en el sub judice;
(ii) para declarar la obligación de indemnizar no basta con la prueba de una falla del servicio, sino que se debe acreditar que dicha falla fue la causa adecuada del daño, por lo que en el evento de que se hubiese configurado ese incumplimiento en el contenido obligacional del Invías, ese nexo causal se rompió con ocasión del hecho exclusivo del conductor del bus, y
(iii) no es cierto que el mapa de Ingeominas y el testimonio del señor Saúl Villamizar Muñoz, quien adujo que el accidente sucedió por una deficiente malla vial llena de huecos y sin pavimento(67) (fls. 145-149, cdno. 1), permitan tener por demostrado una falla del servicio del Estado y mucho menos, una que hubiese incidido eficientemente en la producción del daño, puesto que (a) ningún aparato estatal en el mundo puede controlar las fallas geológicas que se asientan en su territorio, tipo de falla en la que se ubicaba la vía en que sucedió el accidente que ni siquiera se demostró que tuviese una conexión con la ocurrencia del deslizamiento o el origen del siniestro, deslizamiento que cabe recordar que en cualquier caso no se configuró en la causa adecuada del daño; (b) no se probó que el Invías tuviese un conocimiento especial sobre la peligrosidad de derrumbes en la vía y, que conforme a ese conocimiento, no hubiese actuado con los medios que contaba para propender por evitar la producción de obstáculos, y (c) el testimonio del señor Villamizar Muñoz no le genera mayor credibilidad a la Sala —testimonio sospecho[so] que carece de otros medios de prueba que lo soporten—, puesto que contrario a su dicho, el informe del accidente de tránsito indicó que la vía sí se encontraba pavimentada, y no es creíble su aseveración de que tuviese huecos, puesto que él aseveró que observó la misma para el 6 de junio de 2005, fecha en la cual dicho segmento de la carretera aún se hallaba cubierta por una capa de lodo tal como lo muestran las noticias traídas al plenario, huecos que en cualquier caso no tuvieron nada que ver con la generación del siniestro.
15. De este modo, la Sala concluye que en el presente asunto se configuró (i) la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Ministerio de Transporte, y (ii) la causa extraña consistente en el hecho exclusivo de un tercero, de tal forma que no se puede responsabilizar del mismo al Invías y por consiguiente, se confirmará en su totalidad la sentencia impugnada.
16. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.
1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el tribunal contencioso administrativo de Antioquia, el 7 de octubre de 2011, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
1 La sumatoria de las pretensiones estimadas en la demanda asciende a $1.986.000.000, cifra que fija la cuantía del proceso de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1º y 2º del artículo 20 del CPC vigentes para el momento de interposición del recurso de apelación, esto es, para el 4 de noviembre de 2011 —último numeral del artículo aludido que fue modificado por la Ley 1395 de 2010—. Con observancia de la fecha de la apelación, se aplica en este punto el artículo 42 de la Ley 446 de 1998, en virtud del cual, para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa sea de doble instancia ante esta corporación, su cuantía debe superar los 500 smmlv considerados para la época de presentación de la demanda —2007—, los cuales, en el caso concreto equivalen al monto de $216.850.000, umbral que como se observa, es sobrepasado.
3 “Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de tratados internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos y la vigencia del derecho internacional humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada. || En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa —por activa o por pasiva— e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo”. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 50001-23-31-000-1997-06093-01 (21060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
4 [2] Sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 500012331000199706093-01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
5 [3] Sentencia de 4 de agosto de 2010, Exp. 0500131030012002, M.P. Ruth Marina Díaz.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, y sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 50001-23-31-000-1997-06093-01 (21060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
7 Al respecto, la doctrina jurídica ha indicado: “1. Función de los medios de prueba. (...) De forma más o menos clara, los medios de prueba se conectan con los hechos en litigio a través de una relación instrumental: “medio de prueba” es cualquier elemento que pueda ser usado para establecer la verdad acerca de los hechos de la causa. La idea básica es que un litigio surge de ciertos hechos y se basa en ellos, que tales hechos son disputados por las partes, que esa disputa tiene que ser resuelta por el tribunal y que la solución de la “controversia sobre los hechos” se alcanza cuando el tribunal establece la verdad sobre los hechos motivo de la disputa (...). 5. Hechos y enunciados fácticos. (...) En realidad, los hechos no se incorporan en los procedimientos judiciales en su realidad empírica o material: en general ya han ocurrido y, por lo tanto, pertenecen al pasado. De modo que los hechos no pueden ser percibidos por el juez (excepto algunos elementos de prueba circunstanciales), así que tienen que ser reconstruidos por el juzgador de los hechos tomando como base los medios de prueba disponibles”. Taruffo, Michele (trads. Manríquez Laura & Ferrer Beltrán, Jordi). La prueba. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2008; pp. 15, 19.
8 Artículo 175 del CPC: “Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”.
9 Artículo 174 del CPC: “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”.
10 Se debe tener en cuenta el artículo 10 de la Ley 527 de 1999 admite como medios de pruebas los mensajes de datos, entendidos como “la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos”. En relación con su valoración, no se puede perder de vista que esta corporación la ha considerado admisible, máxime si proviene de una entidad pública cuya autoría y autenticidad, se debe presumir por ley. Al respecto, se ha señalado: “En conclusión, para la Sala la información almacenada como mensajes de datos en las páginas institucionales de las entidades públicas a disposición del público en la red de internet relacionada con los actos administrativos de carácter general, se califican como auténticos para todos los efectos legales, incluyendo, por supuesto, los judiciales, de manera que el juez puede acudir a su consulta y tenerlos en cuenta con el fin de aplicar el derecho que emana de ellos al caso concreto materia de conocimiento, para lo cual se requiere que en la reproducción de su contenido en la providencia o sentencia respectiva no se altere su contenido y la información obtenida pueda ser accesible para su posterior consulta”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de agosto de 2007, Exp. 19001-23-31-000-2005-00993-01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
11 Artículo 177 del CPC: “Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.
12 “Confesión judicial es la que se hace a un juez, en ejercicio de sus funciones; las demás son extrajudiciales. La confesión judicial puede ser provocada o espontánea. Es provocada la que hace una parte en virtud de interrogatorio de otra parte o del juez, con las formalidades establecidas en la ley, y espontánea la que se hace en la demanda y su contestación o en cualquier otro acto del proceso sin previo interrogatorio”.
13 “La confesión requiere: || 1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado. || 2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria. || 3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba. || 4. Que sea expresa, consciente y libre. || 5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de que tenga conocimiento. || 6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada”.
14 Sobre la imposibilidad de valorar, con otros fines distintos a la obtención de una confesión, las manifestaciones de las partes en los procesos contenciosos administrativos, consultar las siguientes sentencias de la subsección: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2014, Exp. 27001-23-31-000-2001-01384-01(29408), sentencia del 5 de marzo de 2015, Exp. 50001-23-31-000-1999-00008-01(29546), sentencia del 5 de marzo de 2015, Exp. 63001-23-31-000-2001-00257-0130469), y sentencia del 2 de mayo de 2016, Exp. 25000-23-26-000-2003-01310-01(37337), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), C.P. Enrique Gil Botero.
17 Cabe señalar que este planteamiento acerca del valor indiciario de los recortes de prensa fue objeto de una aclaración de voto expresada en los siguientes términos por los magistrados Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth: “Centralmente debe advertirse que, en determinados eventos, atendiendo, verbi gratia, la naturaleza de la noticia, el espectro de difusión y la calidad de los medios que la comunicaron, puede el juez considerar que se trata de un hecho notorio que no requiere prueba adicional, pues las notas periodísticas otorgan esa naturaleza. || Es que, por ejemplo, casos como desastres naturales de repercusión nacional que son registrados en detalle por todos los medios de comunicación no podrían recibir el mismo trato, ni tampoco debería aplicarse la jurisprudencia vigente para hechos que impactan al colectivo en general y por lo mismo son registrados por la opinión pública hasta convertirse en temas de discusión en cualquier foro social. || Por tanto, el llamado de la presente aclaración tiene por objeto morigerar el precedente vigente para que en cada caso el juez, orientado por su sana crítica, pueda darle a las notas e informaciones periodísticas un alcance superior al de la simple veracidad de su sola difusión y pueda, dependiendo del sub júdice, tener el hecho como notorio y por lo mismo relevarlo de cualquier exigencia de prueba adicional, estimando entonces cierto el contenido que a nivel nacional registren los medios de comunicación, atendiendo también a su grado de credibilidad social. || Además, no puede desconocerse que la publicación de determinada información, puede tenerse como un indicio que, apoyado con otras pruebas, permita alcanzar un grado de convencimiento sobre la certeza del hecho noticioso, esto a partir de su confiabilidad”.
18 [67] Corte Interamerica[na] de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, supra nota 24, párr. 146; Caso Fairen Garbi y Solís Corrales, de 15 de marzo de 1989, párr. 145. Caso Anzualdo Castro vs. Perú, supra nota 44, párr. 25, Caso Garibaldi vs. Brasil, supra nota 32, párr. 70. Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Igualmente, Caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia, caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Exp. 11001-03-15-000-2014-00105-00(PI), C.P. Alberto Yepes Barreiro.
20 En el mismo sentido, la Sala ha expuesto: “Debe advertirse que para acreditar los daños ocasionados a la vivienda se aportaron con la demanda unas fotografías (fls. 12-17, cdno. 1 y 177-185, cdno. pruebas), las cuales, sin embargo, no tienen mérito probatorio porque no existe certeza de que correspondan a los daños causados al inmueble de que se trata en este proceso, es decir, solo son prueba de que se registró una imagen, pero no es posible determinar su origen, ni el lugar y la época en que fueron tomadas, dado que no fueron reconocidas por los testigos ni cotejadas con otros medios de prueba dentro del proceso”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2006, Exp. 19001-23-31-000-1999-02088-01 (28459), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
21 “Los términos y oportunidades señalados en este código para la realización de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario”.
22 “Son sospechosos para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.
23 Sobre este tema ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil: “…el recelo o la severidad con que el fallador debe examinar esos testimonios, no lo habilita para desconocer a priori, su valor intrínseco, debido a que “la sospecha no descalifica de antemano [...] sino que simplemente se mira con cierta aprehensión a la hora de auscultar qué tanto crédito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato carece de mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la prueba, y, después —acaso lo más prominente— halla respaldo en el conjunto probatorio”, en sentencia de 19 de septiembre de 2001, Exp. 6424. Consultar igualmente, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subesección B, Exp. 17001-23-31-000-1997-09019-01 (20412), actor: Alejandro Arboleda Montoya y otros, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth.
24 Se consultó el sistema de gestión con el nombre de las personas que se rescataron con vida, sin que fuese posible encontrar otros asuntos que se tramitaran por los mismos hechos ante esta corporación.
25 “(...) la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina y para los juicios de cognición desde dos puntos de vista: de hecho y material. Por la primera, legitimación de hecho en la causa, se entiende la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de una conducta, en la demanda, y de la notificación de esta al demandado; quien cita a otro y le atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y le atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. En cambio, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues solo están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda” (resaltado del original). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2004, Exp. 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452), C.P. María Elena Giraldo Gómez.
26 [6] A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la sección ha sostenido que “[...] si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto, pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre 2001, C.P.: María Elena Giraldo Gómez, Rad.: 10973.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de julio de 2011, Exp. 52001-23-31-000-1997-08625-01 (19753), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
28 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, Exp. 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez y, sentencia del 1º de marzo de 2006, Exp. 15001-23-31-000-1992-02402-01(13764).
29 Sobre la materia, consultar las ley[e] 105 de 1993 y 769 de 2002, y el Decreto 2053 de 2003. Ver, entre otros: artículo 1º de la Ley 105 de 1993: “Integra el sector transporte, el Ministerio de Transporte, sus organismos adscritos o vinculados y la dirección general marítima del Ministerio de Defensa Nacional, en cuanto estará sujeta a una relación de coordinación con el Ministerio de Transporte. || Conforman el sistema de nacional de transporte, para el desarrollo de las políticas de transporte, además de los organismos indicados en el inciso anterior (...)”. Artículo 5º de la Ley 105 de 1993: “Es atribución del Ministerio de Transporte en coordinación con las diferentes entidades sectoriales, la definición de las políticas generales sobre el transporte y el tránsito”. Artículo 20 de la Ley 105 de 1993: “Corresponde al Ministerio de Transporte, a las entidades del orden nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las entidades territoriales, la planeación de su respectiva infraestructura de transporte, determinando las prioridades para su conservación y construcción”. Artículo 5º de la Ley 769 de 2002: “El Ministerio de Transporte reglamentará en un término no mayor de 60 días posteriores a la sanción de esta ley, las características técnicas de la demarcación y señalización de toda la infraestructura vial y su aplicación y cumplimiento será responsabilidad de cada uno de los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción”. Artículo 1º del Decreto 2053 de 2003: “El Ministerio de Transporte tiene como objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo”.
30 Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 9 de abril de 2014 y del 14 de julio de 2016, Exp. 25000-23-26-000-2000-02191-01(28738) y 25000-23-26-000-2000-01902-01(36198), C.P. Hernán Andrade Rincón, y Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2014, Exp. 19001-23-31-000-2000-03932-01(32490), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
31 “Fijar la red nacional de carreteras construida a cargo del Instituto Nacional de Vías, de conformidad con el Documento Compes 3085 del 14 de julio de 2000, la cual está constituida por 16.575,1 km de los cuales 11.650,4 km corresponden a carreteras pavimentadas y 4.924,70 km a carreteras en afirmado, de acuerdo con la evaluación realizada en diciembre de 1999, así: (...) 18. Transversal Tribugá-Arauca (...) 6205 cruce Ruta 25 (Hatillo)-Cisneros || 6206 Cisneros-Puerto Berrío-cruce Ruta 45(...)”.
32 Mapa consultado el 10 de julio de 2017, en: http://hermes.invias.gov.co/carreteras/. En dicho mapa se evidencia que las carreteras a nivel nacional que corresponden a los códigos viales 6205 y 6206, las cuales terminan por conectar al municipio de Medellín con los municipios de Cisneros y Puerto Berrío, desde el municipio de Barbosa, en cierto punto cerca al casco urbano del municipio de Cisneros, se aproximan a la vereda El Limón, lugar en el que tuvo ocurrencia el siniestro.
33 “Se entiende por infraestructura del transporte a cargo de la Nación, aquella de su propiedad que cumple la función básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo del país, y de este con los demás países. Esta infraestructura está constituida por: || 1. La red nacional de carreteras, con sus zonas, facilidades, y su señalización, que se define de acuerdo con los siguientes criterios: || a) Las carreteras cuyos volúmenes de tránsito sean superiores a aquellas que sirven hasta un 80% del total de la red vial de carreteras. || b) Las carreteras con dirección predominante sur-norte, denominadas troncales, que inician su recorrido en las fronteras internacionales y terminan en los puertos del Atlántico o en fronteras internacionales. || c) Las carreteras que unen las troncales anteriores entre sí, denominadas transversales, cuyo volumen de tránsito esté justificado, según el contenido del literal a), que comuniquen con los países limítrofes o con los puertos de comercio internacional. || d) Las carreteras que unen las capitales de departamento con la red conformada con los anteriores criterios, de acuerdo con su factibilidad técnica y económica; esta conexión puede ser de carácter intermodal. || e) Las vías para cuya constitución se ha comprometido el Gobierno Nacional con gobiernos extranjeros mediante convenios o pactos internacionales”.
34 “Corresponde a la Nación y a las entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la presente ley”.
35 “Serán organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción: (...) PAR. 1º—En el ámbito nacional será competente el Ministerio de Transporte y los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción para cumplir las funciones que les sean asignadas en este código”.
36 “El Ministerio de Transporte diseñará y definirá las características de las señales de tránsito, su uso, su ubicación y demás características que estime conveniente. Estas señales serán de obligatorio cumplimiento para todo el territorio nacional. || PAR. 1º—Cada organismo de tránsito responderá en su jurisdicción por la colocación y el mantenimiento de todas y cada una de las señales necesarias para un adecuado control de tránsito que serán determinadas mediante estudio que contenga las necesidades y el inventario general de la señalización en cada jurisdicción”.
37 “El Instituto Nacional de Vías, Invías, tendrá como objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la red vial nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte”.
38 “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.
39 “Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado, pues el artículo 90 señala con claridad que el Estado “responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. || Ahora bien, como se ve, el actual mandato constitucional es no solo imperativo —ya que ordena al Estado responder— sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que este sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública. Pero el artículo 90 no restringe esta responsabilidad patrimonial al campo extracontractual sino que consagra un régimen general, por lo cual la Corte no considera de recibo el argumento de uno de los intervinientes, según el cual la noción de daño antijurídico no es aplicable en el ámbito contractual. Por el contrario, para esta corporación el inciso 1º del artículo 90 consagra la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no solo la responsabilidad extracontractual sino también el sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.
40 “El concepto de daño antijurídico se ha decantado a través de la jurisprudencia a partir de la norma constitucional referida, y se ha concluido que se trata de aquella lesión causada a un bien tutelado, que la víctima, como su titular, no tiene el deber jurídico de soportar. En este sentido, el Consejo de Estado ha dicho que “[l]a cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado implica que este responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendiéndose por daño antijurídico “el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo” (nota 7 de la providencia en cita: “[11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 8 de mayo de 1995, Exp. 8118, y 8163 de 13 de julio de 1993, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.)”. (Nota 8 de la providencia en cita: “Consejo de Estado, sentencia del 6 de junio de 2007, Exp. 25000-23-26-000-1990-06968-01(16460), actor: William Javier Duarte Ruiz y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio”). Igualmente, con base en esta concepción, manifestó que “no importa si el actuar de la administración fue legal o no, para efectos de determinar la responsabilidad, puesto que la antijuridicidad no se predica de su comportamiento sino del daño sufrido por el afectado, que bien puede provenir de una actuación legítima de aquella”. (Nota 9 de la providencia en cita: “Consejo de Estado, sentencia del 11 de mayo de 2006, Exp. 68001-23-15-000-1995-00935-01(14400), actor: Lino Antonio Amórtegui Guzmán y otros, C.P. Ramiro Saavedra Becerra”), en consideración a que lo que hace antijurídico el daño ya no se determina a partir de la calificación de la actuación u omisión de las autoridades públicas que lo producen, sino que se establece desde la perspectiva del daño en sí mismo, es decir, si este tenía que ser soportado o no por quien lo sufre. (Nota 10 de la providencia en cita: “Corte Constitucional, Sentencia C-038 del 1º de febrero de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto”)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2013, Exp. 41001-23-31-000-1997-09301-01(27611), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
41 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Con base en la norma referida, esta corporación ha señalado: “La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el juez de lo contencioso administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquel no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es este, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, un fallo adverso a sus intereses”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
42 En relación con la definición de la responsabilidad patrimonial del Estado como obligación indemnizatoria, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de mayo de 2015, Exp. 25000-23-26-000-2004-00228-01(32665), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
43 Al respecto, la doctrina jurídica ha señalado: “Conocido es el paso de un modelo clásico de responsabilidad entendida como sanción derivada de la realización de un comportamiento prohibido, a un modelo que pone en el centro del debate e[l] hecho dañoso y su función reparadora (...) de ahí que la función resarcitoria se muestre como fundamental dentro del derecho de la responsabilidad civil, pues responde a una necesidad que se podría decir lógica, de devolver a la víctima lo que ha perdido; prueba de ello es la pregonada necesidad de una “reparación integral”. Esta expresión, corolario de la función reparadora, refleja esa exigencia según la cual todo daño debe ser resarcido”. Cortés, Édgar. Responsabilidad civil y daños a la persona, el daño a la salud en la experiencia italiana, ¿un modelo para América Latina. Bogotá: Edición Universidad Externado de Colombia, 2009; pp. 61 y 62. Por su parte, también se ha dicho: “Dentro de las múltiples opciones que tienen las sociedades para hacer frente a los daños interesa en este escrito, entonces, la que se desarrolla a través del litigio de responsabilidad civil, porque centra jurídicamente el concepto. (...) Es claro que cuando un juez condena a una persona a reparar civilmente un daño con ello genera un traslado patrimonial, es decir, ordena que el pago de una suma de dinero o, en general, el cumplimiento de una obligación civil, debe ejecutarse por el responsable en favor de la víctima. En dicha traslación patrimonial, que acrece el patrimonio del dañado hasta dejarlo en situación similar a la que tenía antes del daño, está el quid del litigio de responsabilidad, litigio que, hay que advertirlo con claridad, no se circunscribe al estudio del daño”. Henao, Juan Carlos. El daño, análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés. Bogotá: Edición Universidad Externado de Colombia, 2007; pp. 29 y 30.
44 “Frente al irremediable advenimiento de los daños, son varias las formas de reacción con que cuenta una organización social: desde considerar que la víctima tiene que soportarlo sola, hasta aplicar mecanismos sociales de solidaridad y aun de asistencia que le ayuden en su infortunio (...) Solidaridad y reparación se presentan entonces como dos polos que buscan, cada cual desde su óptica, mitigar los efectos de los hechos dañinos. La finalidad de ambas coincide, en la medida en que de forma pragmática otorgan instrumentos para que la víctima se recupere frente a su daño, aunque s[u] causa es diferente, porque lo que motiva la traslación patrimonial en uno y otra se explica por razones diferentes. (...) Las otras formas, la solidaridad social, las donaciones, los sistemas de seguridad social, etc., por ejemplo, son interesantes desde las perspectivas política, sociológica y económica, pero no tienen incidencia directa en el estudio del daño resarcible con base en la responsabilidad civil”. Ibídem, pp. 29 y 30.
45 [14] Devis Echandía, Hernando. Compendio de derecho procesal, pruebas judiciales, tomo II. Bogotá: Editorial ABC, 1998; p.15.
46 [15] Ibídem, p. 17.
47 [16] “1.2.4. Regla de la comunidad de la prueba. Se explica advirtiendo que sin que importe cu[á]l es el origen de la prueba, es decir, si se aportó o práctico por iniciativa de alguna de las partes o de oficio por el juez, una vez incorporada entra a formar parte del expediente y no le es posible a quienes dentro del mismo intervienen, incluyendo al juez, prescindir de ella”. López Blanco, Hernán Fabio. Instituciones de derecho procesal civil colombiano, tomo III, Pruebas. Bogotá: Dupre Editores, 2001; p. 28.
48 [17] Op. cit. Echandía, Ibídem, p. 26.
49 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subseción B, sentencia del 29 de agosto de 2013, Exp. 25000-23-26-000-2002-02006-01(29571), C.P. Danilo Rojas Betancourth. También se ha referido: “Asimismo, no se puede desconocer que en todo caso, esas pruebas deben ser valoradas en forma íntegra, completa y conjunta incluso en contra del extremo de la contienda que las allegue o solicite según los principios de necesidad, unidad y comunidad de la prueba, y las reglas de la sana crítica, en tanto esos parámetros propenden por que el operador judicial arribe a una resolución imparcial, justa, y acorde a la realidad de los hechos del proceso, en respeto de la igualdad de las partes”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de mayo de 2016, Exp. 470001-23-31-000-2007-00280-02(37799), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
50 Sobre la teoría de la causalidad adecuada dentro del marco de la responsabilidad patrimonial extracontractual, la doctrina jurídica ha señalado: “a) Gravitación de la teoría. La doctrina de la “causa adecuada” adquirió gran predicamento y se la considera en la actualidad la posición dominante en la doctrina comparada en materia de relación causal, tanto en el campo penal como en el civil. (...) || b) Su mecánica. La “prognosis póstuma”. Dicha teoría aquilata la adecuación de la causa en función de la posibilidad y probabilidad de un resultado, atendiendo a lo que corrientemente acaece según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos id quos plerumque accidit (...). || El concepto de causalidad adecuada implica, pues, el de regularidad, apreciada de conformidad con lo que acostumbra suceder en la vida misma. Es decir, para que exista relación causal, según la interpretación que comentamos, la acción tiene que ser idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente (65). (...) || A fin de establecer la vinculación de causa efecto entre dos sucesos, es menester realizar un juicio retrospectivo de probabilidad, cuya formulación es la siguiente: ¿la acción u omisión que se juzga era per se apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia?(...) || Este juicio de idoneidad o cálculo de probabilidades tiene que plantearse en abstracto, o en general, con prescindencia de lo efectivamente sucedido, atendiendo a lo que usualmente ocurre; y no en concreto o en particular, es decir, como se han producido realmente las cosas. || La determinación del fenómeno causal constituye de este modo el resultado de un proceso de abstracción y generalización que da relevancia a una de las condiciones del caso concreto, elevándola a la categoría de “causa” del evento. (...) || d) Fractura del nexo causal. La operatividad de la teoría que nos ocupa se condiciona a que todos los eslabones de la cadena sean adecuados, la regularidad debe existir en cada etapa del iter causal. Como bien lo señala Orgaz “no basta establecer que la acción era en general idónea para producir el daño, sino que es además necesario que las circunstancias intermedias hayan sucedido también normalmente, sin la intervención de factores anómalos o extraordinarios. || Precisamente, la concurrencia de esos eventos disociantes interfieren el curso ordinario del proceso, interrumpiéndolo; se produce entonces la fractura del nexo causal. En tales hipótesis queda excluida la imputatio facti entre el resultado final y el suceso desencadenante de la trama de acontecimientos (73). || Nos hallamos ante lo que se denomina “proceso atípico o inadecuado”: los efectos anormales no se atribuyen ya al agente, pues no se consideran causado[s] por su acción, aunque en concreto ese obrar haya constituido una condictio sine qua non del desmedro resultante (74). (...) || En otras hipótesis el proceso puede verse alterado o desviado de su curso normal por circunstancias anteriores o concomitantes que concurren a la producción del efecto”. Goldenberg, Isodoro. La relación de causalidad en la responsabilidad civil, segunda edición ampliada y con actualización jurisprudencial. Buenos Aires: Editorial La Ley, 2000; pp. 22-27.
51 Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de octubre de 2014, Exp. 50001-23-31-000-2001-00106-01(27438), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de noviembre de 2000, Exp. 13329, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En similar sentido ver sentencia del 11 de abril de 2002, Exp. 73001-23-31-000-1995-2129-01(13122), C.P. Alier Enríquez Hernández; sentencia del 30 de agosto de 2007, Exp. 07001-23-31-000-1995-00004-01(15635), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Exp. 25000-23-26-000-1995-01957-01(18886), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
54 “De manera que no estando probados los hechos a partir de los cuales el tribunal a quo configuró la culpa exclusiva de la víctima, resulta no menos que contradictoria su decisión de exonerar de responsabilidad a la entidad pública demandada por virtud de esa causa extraña, toda vez que la falta de prueba de esos hechos no permite cosa distinta que concluir la inexistencia del supuesto fáctico alegado, así como la imposibilidad de verificar las condiciones de irresistibilidad e imprevisibilidad en las que habría podido encontrarse la entidad pública demanda[da] respecto de la forma en la cual el señor Alberto de Jesús Ramírez Zapata condujo la volqueta y, por ende, desde este punto de vista le asiste razón a los apelantes”. Sentencia del 16 de julio de 2008, Exp. 66001-23-31-000-1995-03079-01(16344), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
55 Josserand, Luis. Derecho civil, tomo II, vol. I. Buenos Aires: Editorial Bosh y Cia., 1950; p. 341.
56 Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de derecho civil, parte segunda. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa América, 1960; p. 332 y 333.
57 “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades descritas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos”.
58 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 30 de enero de 1998, Exp. 8661, C.P. Delio Gómez Leyva.
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2005, Exp. 01001-03-26-000-2004-00028-00 (27946), C.P. María Elena Giraldo Gómez.
60 “3.1. Las reglas del criterio humano influyen en diversos aspectos de la actividad jurisdiccional, principalmente, en lo relativo a la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en la elaboración de presunciones, en la apreciación de la prueba con miras a la formación de la convicción del juez y, finalmente, para colmar aquellos preceptos jurídicos incompletos que deben ser complementados por el sentenciador. En tratándose de la estimación probatoria, la sana crítica apareja aquel modo de apreciar la prueba en el que el juzgador, “teniendo por derrotero únicamente las reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia que, según su entender, sean aplicables a un determinado caso, goza de libertad para valorarla, cuidándose, claro está, de exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba. A tal sistema de valoración alude el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil” (casación nov. 16/99). || Dicho sistema de valoración de las pruebas se encuentra estructurado sobre la libertad y autonomía del juzgador para determinar el peso de las mismas y obtener su propio convencimiento, bajo el apremio, únicamente, de enjuiciarlas por medio del sentido común, la lógica y las reglas de la experiencia, entendiendo por estas últimas, aquellos dictámenes hipotéticos de carácter general originados en el saber empírico, a partir de situaciones concretas, pero que, desligándose de estas, adquieren validez en nuevas circunstancias o, lo que es lo mismo, “aquellas máximas nacidas de la observación de la realidad que atañe al ser humano y que sirve de herramienta para valorar el material probatorio de todo juicio” (casación marz. 24/98). Si bien, como ya se ha dicho, el sistema de la sana crítica se finca sobre la libertad del juzgador en la actividad intelectiva que presupone la valoración de la prueba, este, al realizar la labor que se le ha confiado no puede descarriarse hacia la arbitrariedad, pues la ponderación de las pruebas se encuentra sometida a la racionalidad nacida de las máximas de la lógica y las reglas de la experiencia”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de septiembre de 2004, Exp. 7549, M.P. Pedro Octavio Múnar Cadena.
61 En este punto se acoge la doctrina sentada por Michelle Taruffo, quien afirma: “… Pero la situación más complicada se da cuando existen diversos medios de prueba sobre el mismo hecho, pero “discrepantes” o “contrarios” entre ellos, porque algunos de ellos tienden a probar la verdad y otros tienen a probar la falsedad del enunciado acerca de la ocurrencia de ese hecho. En estas circunstancias, el juzgador tiene que elegir entre, al menos, dos versiones diferentes del hecho, una positiva y otra negativa, ambas apoyadas por una parte de los medios de prueba presentados. El problema es elegir una de estas versiones: la elección racional indicaría que debe elegirse la versión, positiva o negativa, que esté sustentada por pruebas preponderantes, es decir, por el grado relativamente superior de probabilidad lógica”. La prueba. Madrid, 2008, capítulo V: “La adopción de la decisión final”, num. 98, p. 141.
62 Dice al respecto Jordi Ferrer Beltrán: “Es interesante observar que en el esquema de razonamiento presentado, los supuestos adicionales están integrados por generalizaciones empíricas. Estas generalizaciones son la garantía de la inferencia que va de un hecho a otro y otorgarán mayor o menor fuerza a la inferencia en función del grado de corroboración que las propias generalizaciones tengan (...). Estas pueden ser de muchos tipos e integran lo que los juristas suelen denominar “máximas de la experiencia” que incluyen conocimientos técnicos, leyes científicas o simples generalizaciones del sentido común”. La valoración racional de la prueba, Madrid, 2007, num. “2.2.2.3.1. La metodología de la corroboración de hipótesis”, p. 133.
63 Taruffo, Michelle. La prueba de los hechos. Madrid, 2002, capítulo IV, num. 5, p. 325.
64 Como por ejemplo, cuando a pesar de que una entidad encargada de una vía conoce de un obstáculo en la misma, y no hace nada para removerlo o señalizar su existencia, omisión por la que los transeúntes colisionan con dicho obstáculo y sufren daños. Al respecto se ha dicho: “En casos similares como el que ocupa la atención de la Sala, se ha considerado que puede existir falla en la prestación del servicio, si se hubiera avisado sobre la caída del árbol o si la entidad responsable, enterada de la presencia del obstáculo, no hubiera tomado las medidas necesarias para removerlo o para prevenir el peligro que este implicaba. Al respecto, la Sala ha determinado la responsabilidad en el deber de mantenimiento de carreteras en dos eventos: i) cuando se ha dado aviso a la entidad sobre un daño en la vía, que impide su uso normal, y no es atendida la solicitud de arreglarlo, ni se ha encargado de instalar las correspondientes señales preventivas (...) y ii) cuando unos escombros u obstáculos permanecen abandonados en una carretera durante varios meses, sin que fueran objeto de remoción o demolición para el restablecimiento de la circulación normal de la vía (…)” Sentencia del 9 de junio de 2010, Exp. 54001-23-31-000-1993-07769-01(18375), C.P. Gladys Agudelo Ordóñez. Al respecto, también consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de junio de 2011, Exp. 63001-23-31-000-1998-00713-01(18361), C.P. Danilo Rojas Betancourth, y Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2007, Exp. 73001-23-31-000-1997-05020-01(15740), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
65 Artículo 1º de la Ley 769 de 2002: “Para la aplicación e interpretación de este código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: (...) Berma: parte de la estructura de la vía, destinada al soporte lateral de la calzada para el tránsito de peatones, semovientes y ocasionalmente al estacionamiento de vehículos y tránsito de vehículos de emergencia”. Artículo 55 Ibídem: “Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito”. Artículo 60 Ibídem: “Los vehículos deben transitar, obligatoriamente, por sus respectivos carriles, dentro de las líneas de demarcación, y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce”.
66 “De la norma que antecede [C.C., art. 63], se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo. || Respecto de la culpa grave señalan los hermanos Mazeaud, que si bien es cierto no es intencional, es particularmente grosera. “Su autor no ha querido realizar el daño, pero se ha comportado como si lo hubiera querido; era preciso no comprender quod omnes intellgunt para obrar como él lo ha hecho, sin querer el daño”. De acuerdo con [la] jurisprudencia citada por estos autores incurre en culpa grave aquel que ha “[...] obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves [...]” (Derecho civil, parte II, vol. II, p. 110)[66] y agregan que “[...] reside esencialmente en un error, en una imprudencia o negligencia tal, que no podría explicarse sino por la necedad, la temeridad o la incuria del agente [...]” (Mazeaud y Tunc. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, tomo I, volumen II, p. 384) (...) En suma, mientras la culpa es la falta de diligencia o de cuidado en la conducta por imprevisión, negligencia o imprudencia, el dolo como dice Eneccerus “Es el querer un resultado contrario a derecho con la conciencia de infringirse un derecho o un deber”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 5 de diciembre de 2006, Exp. 23953, C.P. Ruth Stella Correa, y de 7 de abril de 2011, Exp. 19.801, C.P. Ruth Stella Correa.
67 “El joven César Augusto murió el año 2005 del 5 de junio a las 9:00 pm en un punto en la vía que comunica Medellín a Barranca que se llama el Salto del Ángel, en un torrencial aguacero en la cual dicho autobús se precipitó al vacío debido a la falla en la malla vial que no estaba pavimentada y el torrencial aguacero hizo que [ce]diera dicho camino de herradura por el peso del automotor, cuando se recogió el cuerpo en el anfiteatro, la carretera se encontraba en mal estado sin pavimentación (...) el día que estuve en el lugar del accidente fue el 6 de junio en la tarde, para ir al anfiteatro para recoger el (...)”.