Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2013-00047-4132-2014-de-abril-6-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_bee0231533be4c7d88d9116cdb45bf54&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-17 11:55:10
Document Index: 357713343

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 365', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 104', 'artículo 53', 'artículo 4', 'artículo 4']

﻿ SENTENCIA 2013-00047/4132-2014 DE ABRIL 6 DE 2017
SENTENCIA 2013-00047 DE 06 DE ABRIL DE 2017
CONTENIDO:ELEMENTOS DETERMINANTES PARA LA IMPOSICIÓN DE CONDENA EN COSTAS PROCESALES. SE PRECISÓ QUE DETERMINAN LA IMPOSICIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: I. OBJETIVO EL CUAL CONSISTE A QUE TODA SENTENCIA DECIDIRÁ SOBRE LAS COSTAS PROCESALES, BIEN SEA PARA CONDENAR TOTAL O PARCIALMENTE O, EN SU DEFECTO, PARA ABSTENERSEII. VALORATIVO EN EL QUE UN JUEZ DEBE VERIFICAR QUE LAS COSTAS SE CAUSARON CON EL PAGO DE GASTOS ORDINARIOS Y CON EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DEL JURISTA DENTRO DEL PROCESO. DICHO LO ANTERIOR, SERÁ CONFORME AL ARTÍCULO 365 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO, EFECTOS DEL PROCESO, CONDENA EN COSTAS PROCESALES, PROCESO JUDICIAL, FINALIDAD DE LA CONDENA EN COSTAS PROCESALES
Sentencia 2013-00047/4132-2014 de abril 6 de 2017
Rad. 520012333000201300047 01
Número interno: 4132 – 2014
Demandante: Maria del Socorro Botina López
1.1. Problema jurídico por resolver.
El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia, es el de definir si la Resolución UGM 033288 del 15 de febrero de 2012, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E en liquidación, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación a la señora María del Socorro Botina López, fue expedida infringiendo las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1993 y 91 de 1989.
1.2. Hechos probados.
Mediante Decreto 042 del 30 de junio de 2010, el Alcalde municipal de Buesaco (Nariño), aclaró y ratificó con base a la prueba sumarial recolectada, el nombramiento de la señora María del Rosario Botina López, como profesora municipal en la Escuela rural de la vereda Sumapaz, según Decreto 04 del 7 de septiembre de 1980, por haberse extraviado el acto administrativo de nombramiento del archivo municipal (fls. 27-29).
Por Decreto 035 del 25 de noviembre de 1994 expedido por la alcaldía de Buesaco, se da por terminado las órdenes de prestación servicio, en consideración a que la Ley 60 de 1993, estableció la incorporación de los docentes vinculados por contrato a los servicios educativos estatales, dentro de los cuales se encuentra la señora María del Socorro Botina López (ff. 51 - 53).
A través del Decreto 130 del 26 de noviembre de 1994, el alcalde municipal de Buesaco (Nariño), nombró en propiedad a la demandante como docente incorporado a la escuela de Villamoreno, teniendo en cuenta que mediante Acta 008 del 1º de octubre de 1994, la “junta administradora del FER de Nariño, hace entrega al alcalde del municipio de Buesaco, de los docentes contratados, convertidos a tiempo completo.” (fls. 48-50)
El fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio – secretaría de educación y cultura departamental de Nariño, mediante formato único para la expedición de certificación de historia laboral consecutivo 821 del 9 de abril de 2012 (fls. 54-55), certificó que la demandante como docente de primaria en propiedad, ingreso el 1º de octubre de 1994, a la escuela de Villamoreno en el municipio de Buesaco, trasladada el 25 de marzo de 2003 a la escuela Pio XII y el 25 de agosto de 2003 al centro educativo San Felipe de Higuerones. Allí se dejó consignado que:
“Revisada la H.V. del docente se verificó que su régimen de vinculación es de tipo municipal. Recursos Propios, por cuanto el formato se encuentra estandarizado a nivel nacional por el MEN y la Fiduprevisora (Valido para prestaciones)” (Subrayado y resaltado fuera de texto)
El Alcalde municipal de Buesaco (Nariño), en certificación de fecha 14 de mayo de 2011, obrante a folio 26 del expediente, manifestó que la demandante prestó sus servicios, bajo las siguientes condiciones:
“1. Entre el 7 de septiembre de 1980 hasta el 30 de junio de 1982 estuvo vinculada mediante relación legal y reglamentaria.
2. Entre el 20 de agosto de 1982 a septiembre 30 de 1994, contrato administrativo
3. Finalmente por Decreto 130 de noviembre 25 (sic) de 1994 fue incorporada a la planta municipal como docente nacionalizada y permanece en tal condición hasta la presente fecha”.
A folio 25 del expediente, obra copia de registro civil de nacimiento de la demandante, en el cual se observa que nació el 25 de noviembre de 1960, es decir para la fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia, 16 de febrero de 2011, contaba con más de 50 años de edad.
El Alcalde municipal de Buesaco junto con el jefe de archivo municipal, en oficio visible a folios 63 a 64 del expediente, certifican que la señora Botina López, prestó sus servicios al magisterio como profesora municipal, así:
Año Institucion Tiempo
1980 Escuela Sumapaz. Nombrada mediante Decreto 04 de 1980 A partir del 7 de septiembre de 1980
1981 Escuela Sumapaz. Nombrada mediante Decreto 045 de 1981 A partir del 7 de septiembre de 1981
1982 Escuela Santamaría. Nombrada mediante Decreto 013 de 1982 A partir del 30 de enero de 1982 al 30 de junio de 1982
1982 Escuela María Inmaculada (en comisión) mediante contrato 65 de 1982 A partir del 20 de agosto de 1982 al 30 de junio de 1983
1983 Escuela Rural Alto Higuerones mediante contrato 033 de 1983 A partir del 1º de septiembre de 1983 al 30 de junio de 1984
1984 Escuela Rural Alto Higuerones mediante contrato 020 de 1984 A partir del 1º de septiembre de 1984 al 30 de junio de 1985
1985 Escuela Alto Higuerones mediante contrato 036 de 1985 A partir del 1º de septiembre de 1985 al 30 de junio de 1986
1986 Escuela Las Cochitas Ortega mediante contrato 049 de 1986 A partir del 1º de septiembre de 1986 al 30 de junio de 1987
1987 Escuela Ortega Las Cochas mediante contrato 012 de 1987 A partir del 1º de septiembre de 1987 al 30 de junio de 1988
1988 Escuela Mixta Ortega Las Cochas mediante contrato 0047 de 1988 A partir del 1º de septiembre de 1988 al 30 de junio de 1989
1989 Escuela Mixta Ortega Las Cochas mediante contrato 0022 de 1989 A partir del 1º de septiembre de 1989 al 30 de junio de 1990
1990 Escuela Ortega Las Cochas mediante contrato 003 de 1990 A partir del 1º de septiembre de 1990 al 30 de junio de 1991
1991 Escuela Ortega Las Cochas mediante contrato 089 de 1991 A partir del 1º de septiembre de 1991 al 31 de diciembre de 1991
1992 Escuela Villamoreno mediante contrato 013 de 1992 A partir del 1º de enero de 1992 al 30 de junio de 1992
1992 Escuela Villamoreno mediante contrato 001 de 1992 A partir del 7 de septiembre de 1992 al 31 de diciembre de 1992
1993 Escuela Villamoreno mediante contrato 002 de 1993 A partir del 1º de enero de 1993 al 30 de junio de 1993
1993 Escuela Villamoreno mediante contrato 002 de 1993 A partir del 1º de septiembre de 1993 al 30 de junio de 1994
1994 Escuela Villamoreno mediante orden de servicios 002 de 1994 A partir del 1º de enero de 1994 al 30 de junio de 1994
1994 Escuela Villamoreno mediante orden de servicios 002 de 1994 A partir del 1º de septiembre de 1994 al 30 de septiembre de 1994
Da cuenta de lo anterior, las pruebas allegadas por el municipio de Buesaco (Nariño), visibles a folio 362 a 392 del expediente, en las cuales se allegó los contratos de prestación de servicios referidos.
Por Decreto 0754 del 19 de mayo de 2004, el gobernador de Nariño, le asignó las funciones de directora del centro educativo San Felipe de Higuerones en el municipio de Buesaco a la señora María del Socorro Botina López (f. 343).
El gobernador del departamento de Nariño, mediante Decreto 2060 del 26 de diciembre de 2007, incorporó sin solución de continuidad en la nueva planta de cargos aprobada y viabilizada por el Ministerio de Educación Nacional a la demandante como docente en propiedad, con cargo a los recursos del sistema general de participaciones (fls. 334 a 337), cargo del cual tomó posesión el 13 de junio de 2008 de acuerdo al acta de incorporación visible a folio 338 del expediente.
El apoderado judicial de la demandante, radicó ante la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E en liquidación, el 16 de febrero de 2011, solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación, con fundamento en lo establecido en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 (fls. 58-60).
La Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación, mediante Resolución UGM 033288 del 15 de febrero de 2012, negó el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación a la señora Botina López, en la cual argumentó su decisión en que no se señaló tipo de vinculación (entre el 7 de septiembre de 1980 al 30 de junio de 1982), los servicios fueron prestados mediante contrato u órdenes de prestación de servicio (entre el 1º de septiembre de 1983 al 30 de septiembre de 1994) y existe inconsistencia en los certificados respecto a la clase de vinculación (fls. 18-23).
A folio 56 del expediente, obra certificado de salarios, expedido por la Secretaría de Educación de Nariño, en la cual se observa que la demandante adscrita al centro educativo San Felipe de Higuerones, devengó entre los años 2009-2010, el salario, la prima de vacaciones y la prima de navidad.
1.3. Análisis de la Sala.
Posteriormente, la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados docentes y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública, autorizando a los docentes, según su artículo 6(2), a completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, sumando los servicios prestados en diversas épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, al asimilar para tales efectos la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria.
Posteriormente, se expidió la Ley 43 de 1975 a través de la cual se nacionalizó la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; estableció que “la educación primaria y secundaria oficiales serán un servicio público a cargo de la Nación. En consecuencia, los gastos que ocasione y que hoy sufragan los departamentos, intendencias, comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los municipios, serán de cuenta de la Nación, en los términos de la presente ley(4)”.
Finalmente, el literal a), numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, limitó la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma:
“[…] También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […]”
Así mismo, la Ley 91 de 1989, diferenció los conceptos de personal docente nacional, nacionalizado y territorial. Según esta ley(6), se entiende por personal nacional aquellos docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional; personal nacionalizado, los docentes que fueron vinculados por nombramiento de entidad territorial con anterioridad al 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha de conformidad a lo dispuesto en la Ley 43 de 1975; y personal territorial, aquellos vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1º de enero de 1975, sin el cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.
“ART. 3º—Educadores oficiales. Los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales de orden nacional, departamental, distrital, intendencial, comisarial y municipal son empleados oficiales de régimen especial que, una vez posesionados, quedan vinculados a la administración por las normas previstas en este decreto” (negrilla fuera de texto).
Por ello, en Sentencia C-555 del 6 de diciembre de 1994, con ponencia del Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional al estudiar la demanda de inexequibilidad, entre otros, del artículo 6º de la Ley 60 de 1993, estableció que respecto al desempeño de funciones docentes, las mismas no se pueden adelantar mediante contratos de prestación de servicios, en cuanto dichas actividades presuponen la subordinación o dependencia propias de la relación laboral. Lo anterior, lo corrobora, el hecho de que la labor docente consagrada en el artículo 104 de la Ley general de educación (115 de 1994) prevé que “El educador es el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos … “; de tal suerte que la labor docente no es independiente, sino corresponde a un servicio que se presta en forma personal y de manera subordinada, que no es posible disfrazar mediante contratos de prestación de servicios. Dijo textualmente dicha corporación:
“La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, es un principio constitucional. Si el juez, en un caso concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base en el artículo 53 de la CP. Sin embargo, a partir de esta premisa, no podrá en ningún caso conferirle el status de empleado público, sujeto a un específico régimen legal y reglamentario. El principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, no tiene, adicionalmente, el alcance de excusar con la mera prestación efectiva de trabajo la omisión del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales previstos para acceder a la función pública que, en la modalidad estatutaria, son el nombramiento y la posesión, los que a su vez presuponen la existencia de un determinado régimen legal y reglamentario, una planta de personal y de la correspondiente disponibilidad presupuestal” (negrillas fuera del texto original).
Se acreditó dentro del plenario, que la señora María del Socorro Botina López nació el 25 de noviembre de 1960(7), es decir, para la fecha en que solicitó el reconocimiento de la pensión gracia, (16 de febrero de 2011) tenía más de 50 años de edad, es decir, cumple con el requisito contemplado en el numeral 6 del artículo 4º de la Ley 114 de 1993.
Además acreditó que desempeñó el empleo con honradez y consagración, tal como consta en la declaración de buena conducta que obra a folio 70 del expediente; por lo tanto, acreditó la exigencia prevista en el numeral 1 de la Ley del artículo 4º de la Ley 114 de 1993.
Ahora bien, en relación con el tiempo de servicio allegado por la demandante al proceso, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, se observa que cumple con el requisito de haberse vinculado antes del 31 de diciembre de 1980, si bien se realizó mediante ordenes de prestación de servicios, de acuerdo a lo relacionado en el acápite anterior, la Sala infiere la verdadera existencia de una relación laboral entre la señora Botina López y el departamento de Nariño, por configurarse los elementos propios, esto es, la subordinación, la prestación personal del servicio y la remuneración (f. 63), lo que no impide, declarar la existencia de la relación laboral(8), que permite adicionarse para el reconocimiento de la pensión gracia, esto es, haberse vinculado como docente a nivel territorial antes del 31 de diciembre de 1980.
Por otra parte, también quedo demostrado que la actora laboró como docente en el nivel territorial, circunstancia que se infiere de los certificados laborales relacionados en el acápite de hechos probados (fls. 26, 54-55), por lo que se constató que reúne los presupuestos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, por vincularse antes del 31 de diciembre de 1980, y haber laborado por más de 20 años en el nivel territorial, como presupuestos necesarios para acceder a la pensión gracia pretendida.
Vistas las consideraciones que anteceden, la señora María del Socorro Botina López, reunió la totalidad de los requisitos establecidos legalmente para tener derecho a la pensión gracia, al haber acreditado los 50 años de edad y 20 años de servicios como docente y demostrar buena conducta; por lo que resulta evidente que logró desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre el acto administrativo demandado, conforme así lo anotó el juez de primera instancia. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida el 9 de mayo de 2014, por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el cual se ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia de jubilación a favor de la demandante, a partir del 26 de noviembre de 2010 por cumplir con los requisitos para su reconocimiento.
Visto lo anterior, y en lo que se refiere al caso concreto, el a quo en atención a lo dispuesto en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, condenó en costas a la parte demandada.
Empero, se considera que conforme los documentos que obran en el expediente, no es posible comprobar el pago de gastos ordinarios y que la actividad efectivamente realizada por el abogado haya generado otro tipo de gastos para la parte demandante. Así las cosas, la Sala procederá a revocar la condena en costas impuesta por el Tribunal Administrativo de Nariño a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E en Liquidación, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
Corolario de lo expuesto, fue acertada la decisión del juez de primera instancia sobre el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación a la señora Botina López y habrá de confirmarse la sentencia apelada en este sentido, con excepción al numeral quinto (5) respecto a la condena en costas, por las razones expuestas en líneas anteriores.
CONFÍRMASE la sentencia proferida el nueve (9) de mayo de dos mil catorce (2014) proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las súplicas de la demanda promovida por la señora María del Socorro Botina López contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con excepción al numeral quinto (5) en lo referente a la condena en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha»
(2) “Los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública tienen derecho a la pensión de jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas tanto en el campo de la enseñanza primaria como normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección”.
(3) “(...) Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicio señalados en la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria”.
(4) L. 43/1975, art. 1º.
(7) Registro civil de nacimiento folio 25.
(8) Frente a esto la Corte Constitucional en Sentencia C-555 de 1994 sostuvo lo siguiente: “la entrega libre de energía física o intelectual que una persona hace a otra, bajo condiciones de subordinación, independientemente del acto o de la causa que le da origen, tiene el carácter de relación de trabajo, y a ella se aplican las normas del estatuto del trabajo, las demás disposiciones legales y los tratados que versan sobre la materia”.