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Timestamp: 2019-10-21 23:07:29
Document Index: 114969622

Matched Legal Cases: ['artículo 1902', 'artículo 1903', 'artículo 1', 'artículo 556', 'artículo 557', 'artículo 695', 'artículo 675', 'artículo 557', 'artículo 695']

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10 septiembre, 2019 10 septiembre, 2019 cruaassociats Publicaciones, Sin categoría
29 agosto, 2019 29 agosto, 2019 cruaassociats Publicaciones, Sin categoría
STC 55/2019 LEXNET
La e-justicia ya es una realidad. Las nuevas tecnologías facilitan al profesional el intercambio seguro de información con las oficinas judiciales y los distintos operadores legales. Pero no debemos olvidar que toda esta modernización no es un fin en sí mismo -como bien ha dicho el Constitucional- sino que son tan solo una ayuda para facilitar el trabajo a todos los agentes que intervienen en la Administración de Justicia.
El representante procesal presentó el escrito de impugnación, consignando en el campo “tipo de procedimiento: Casación laboral (Código 001), en lugar de “Unificación de Doctrina (Código 008). La plataforma no dio ningún tipo de error. El justificante se emitió correctamente.
Contra esta resolución se interpuso recurso de reposición, que fue rechazado, pues aunque el escrito se había interpuesto dentro del plazo, el error cometido implicaba que no se había “presentado en forma”.
Errores del escrito en la identificación del número de procedimiento
A este respecto cita sentencias como la STC 79/2006, de 13 de marzo (LA LEY 23354/2006), señalando como circunstancias a tener en cuenta, la existencia de otros datos en el escrito que permitan la identificación del proceso. Si la equivocación es determinante para la incorporación o no al procedimiento, la parte es responsable; pero si constan otros datos que sí permitan la identificación, la responsabilidad se desplaza al órgano judicial. Por ejemplo, la identificación es suficiente cuando se exprese correctamente en el cuerpo o en el suplico del escrito (STC 37/2003 de 25 de febrero (LA LEY 1341/2003)).
La Sala señala que el sistema Lexnet ofrece la garantía de la autenticidad y constancia fehaciente del envío y recepción de los datos de comunicación. Y una de esas garantías es el modo de acreditar la presentación de los escritos procesales. Varios artículos de la LEC y la Ley 18/2011 (LA LEY 14138/2011)establecen formas de actuar cuando hay interrupciones del servicio, o contemplan soluciones para el caso de que haya documentos que “pesen” demasiado y el sistema no soporte su carga, por ejemplo.
El uso de las nuevas tecnologías no es un fin en sí mismo
El Constitucional es claro en este punto. El uso de los medios tecnológicos son un instrumento, y no un fin, que facilita el trabajo de los profesionales que intervienen en el proceso. El formulario que hay que rellenar tiene un papel accesorio, para facilitar la comunicación electrónica, pero no es condicionante de la validez del escrito. En el escrito de impugnación venía perfectamente determinado el procedimiento de referencia “casación para la unificación de doctrina”, relativo a la resolución dictada por el TSJ Cataluña, con su número de suplicación también correctamente designado. Por tanto No hubo error en el escrito.
29 agosto, 2019 cruaassociats Publicaciones
Responsabilidad civil de los padres de un menor que agredió a otro causándole lesiones
Previa discusión en el recreo, el menor, de 13 años, se arrojó desde un muro encima del compañero, causándole una fractura en la pierna. Al Audiencia confirma la sentencia de instancia, por lo que los progenitores deberán indemnizar con 5.785,91 euros al niño lesionado al advertirse falta de diligencia en el ejercicio de su potestad, esto es, en una educación que pueda prevenir conductas tan violentas o manifestaciones incívicas.
APB, Sección 17ª, S 827/2018, 21 Nov. 2018 (Rec. 1159/2017)
El artículo 1902 del Código Civil (LA LEY 1/1889)establece la obligación de responder y reparar el daño causado cuando, por acción u omisión, se causa daño a otro. El artículo 1903 determina que los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda y los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía. Se trata de a culpa propia de los progenitores por omisión de los deberes de vigilancia y control de los hijos menores de edad. Esta responsabilidad cesa si acreditan que se empleó la diligencia de “un buen padre de familia” para prevenir el daño.
Esta sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona el 21 de noviembre de 2018 (LA LEY 177475/2018) confirma la condena impuesta a unos padres, que deberán indemnizar a un menor por las lesiones que su hijo de 13 años le causó en una discusión en el patio de recreo del colegio.
Falta de diligencia de los padres del agresor
Tras una discusión durante el recreo de la mañana, el hijo de los demandados, tras pedir al compañero que se acercara, saltó sobre él desde un muro con una sobreelevación de 0,50 metros, cayendo sobre su pierna y causándole una fractura de tibia izquierda.
Interpuesta demanda de responsabilidad civil, el juzgado de primera instancia da la razón a los padres demandantes y condena a los demandados a pagar 5.785,91 euros, teniendo en cuenta que fueron necesarios 19 días de hospitalización.
Los padres del agresor alegaron que el niño de 13 años no era consciente de la trascendencia en su actuación, por lo que no sería responsable y que en todo caso el niño solo se defendió de una agresión, siendo la lesión fruto de un forcejeo en el suelo.
El Juzgado consideró sin embargo que no se había acreditado en ningún momento, ni por testigos presenciales ni por ningún otro medio que el lesionado desplegara conducta violenta alguna antes o durante la agresión de la que fue víctima.
Recuerda a los padres demandados que el hecho de la falta de capacidad del hijo para conocer las consecuencias de su acción no impide en modo alguno la condena a los padres con arreglo al artículo 1.903 del Código Civil (LA LEY 1/1889), pues la responsabilidad dimana de la culpa del padre, madre o tutor por omisión de su deber de vigilancia. Y en este caso la acción del niño puso en evidencia una grave falta de diligencia en el ejercicio de la patria potestad, al no haber contribuido con medidas de educación para prevenir conductas tan violentas e incívicas.
La Audiencia confirma plenamente la condena del juzgado
El recurso de apelación interpuesto por los demandados es desestimado. Uno de los motivos del recurso era la errónea valoración de la prueba pericial acerca de la realidad de los hechos relatados por los padres demandantes.
Sin embargo la Sala hace propios los argumentos del juzgado. El interrogatorio del perito médico fue definitivo, pues dejó claro que el tipo de fractura que sufrió el niño no era compatible con un forcejeo o simple caída en el suelo. Consideró más factible que la fractura tibial se causara cuando estando la pierna del niño en mala posición le cayera un peso encima desde cierta altura.
En cuanto a la responsabilidad de los padres, confirma igualmente lo dicho, citando las sentencias del Supremo que precisaron en este aspecto que «el art. 1903 contempla una responsabilidad por riesgo o cuasi objetiva, justificándose por la trasgresión del deber de vigilancia que a los padres incumbe sobre los hijos sometidos a su potestad con presunción de culpa en quien la ostenta, y con la inserción de ese matiz objetivo en dicha responsabilidad, que pasa a obedecer a criterios de riesgo en no menor proporción que los subjetivos de culpabilidad, sin que sea permitido ampararse en que la conducta del menor, debido a su escasa edad y falta de madurez, no pueda calificarse de culposa, pues la responsabilidad dimana de culpa propia del guardador por omisión del deber de vigilancia”».
La Audiencia desestima la apelación y confirma la condena impuesta a los padres, quienes además deberán hacer frente a las costas del recurso. La sentencia es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Audiencia Provincial Barcelona, Sentencia 522/2018, 7 Dic. Recurso 481/2017 (LA LEY 181031/2018)
La demandante, madre de una alumna del centro escolar demandado, reclama a éste el pago de una indemnización por los daños causados a su hija como consecuencia de haber sufrido acoso escolar (bullying) por parte de compañeras de clase, así como por la anorexia que padece alegando falta de control de la asistencia al comedor escolar y de la ingesta de alimentos.
Pese a conocer los padres de la menor la existencia del acoso escolar desde varios cursos antes, no lo pusieron en conocimiento del centro, ni denunciaron la situación ante cualquier otra instancia, ni consultaron con algún psicólogo u otro profesional especializado pese a advertir la tristeza de la menor y ciertos altibajos en su estado de ánimo.
Asimismo, el acoso escolar alegado no resulta de la documentación aportada por el centro ni, en concreto, de las fichas de tutoría. Los profesores niegan haber apreciado o conocido, antes de la presentación de la demanda, que la menor padeciera acoso escolar y manifestaron que sus padres nunca les comentaron que lo sufriera. Señala la sentencia que no hay motivos para dudar de la veracidad de las declaraciones prestadas por los testigos.
A la vista de toda la prueba practicada la Audiencia concluye que no puede establecerse una actuación de hostigamiento o de exclusión dirigida particularmente hacia la hija de los actores, sino más bien un clima general de mala convivencia y de comentarios inapropiados de unos alumnos a otros.
Por lo que respecta a la falta de control de la asistencia de los alumnos al comedor del centro y de la ingesta de alimentos, estando la menor en régimen de media pensión, varias alumnas manifestaron que el sistema de vigilancia del comedor no era efectivo. Una de ellas fue quien alertó al colegio sobre la no asistencia de la menor al comedor.
La sentencia considera suficientemente acreditada la falta de asistencia de la menor al comedor escolar durante un periodo de tiempo, que establece en torno a un año. Sin embargo, no declara probada la realidad de la demora del colegio en comunicar el problema a la familia, una vez tuvo conocimiento de ello.
La Audiencia declara que no puede imputarse al colegio el trastorno alimentario diagnosticado a la menor.
No se trata de un internado, conviviendo la menor con su familia fuera del horario escolar y sin que conste que se llevara a cabo actuación alguna pese a los signos de alarma que presentaba. Si para sus compañeras su delgadez era motivo de alarma, tenía que serlo también para sus familiares, máxime con los antecedentes del incremento del peso de la niña y que, según se alega en la demanda, había motivado conductas de bullying de algunas compañeras de clase.
En conclusión, la Audiencia Provincial de Barcelona no estima probado el acoso escolar de la menor detonante del trastorno alimentario, ni la demora negligente del colegio en la comunicación a la familia del problema detectado. Sin embargo, sí considera acreditadas sus inasistencias al comedor del colegio, lo que implica una negligencia por parte de la entidad demandada en el cumplimiento del contrato, pues es evidente que sus medidas de control fueron insuficientes, condenándole al pago de una indemnización que fija en 4.000 euros por los daños patrimoniales y morales causados.
13 junio, 2019 cruaassociats Publicaciones
Un segundo “round” con la disposición transitoria tercera de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
Disposición transitoria tercera Régimen especial en los procesos de ejecución en curso a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social
1. En los procedimientos ejecutivos en curso a la entrada en vigor de esta Ley en los que al entrar en vigor la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, hubiera transcurrido el periodo de oposición de diez días previsto en el artículo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las partes ejecutadas dispondrán nuevamente del plazo señalado en dicho artículo para formular un incidente extraordinario de oposición basado en la existencia de las causas de oposición previstas en el apartado 7.ª del
artículo 557.1 y 4.ª del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. Este artículo se aplicará a todo procedimiento ejecutivo que no haya culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que en su día no se hubiera notificado personalmente al ejecutado de la posibilidad de formular un incidente extraordinario de
oposición basado en la existencia de las causas de oposición previstas en el apartado 7.ª del artículo 557.1 y 4.ª del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni se hubiera formulado por el ejecutado incidente extraordinario de oposición, conforme a lo recogido en la Disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, ni se hubiere admitido la oposición del ejecutado con base en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de octubre de 2015 o cuando el juez de oficio ya hubiera analizado la abusividad de las cláusulas contractuales.
6 junio, 2019 6 junio, 2019 cruaassociats Publicaciones
El TS fija doctrina sobre la responsabilidad por daños materiales en accidentes de tráfico cuando no puede determinarse el grado de culpa de cada conductor
TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CIVIL, SENTENCIA 27 MAYO 2019
Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sentencia 294/2019, 27 May. Recurso 2999/2016