Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A202-08.htm
Timestamp: 2017-11-24 18:42:10
Document Index: 74990506

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 41', 'artículo 86', 'Artículo 38', 'Artículo 43', 'Artículo 18', 'artículo 93', 'artículo 86']

A202-08
Auto 202/08
CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE ENTRE JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO, TRIBUNAL SUPERIOR Y JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
ACCION DE TUTELA-Competencia a prevención/ACCION DE TUTELA-Decreto 1382 de 2000 no establece competencia sino reglas para el proceso administrativo de reparto
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-Autoridad pública del orden nacional/ ACCION DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PUBLICA DEL ORDEN NACIONAL-Competencia del Tribunal Superior, Administrativo y Consejo Seccional de la Judicatura
ACCION DE TUTELA CONTRA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, ACCION SOCIAL, PERSONERIA Y FISCALIA SECCIONAL DELEGADA ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO-Competencia de Tribunal Superior
Referencia: expediente ICC-1264
Conflicto de competencia entre el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barrancabermeja, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga.
Acción de tutela promovida por Ayda Rosa Parra Mogollón contra la Presidencia de la República, Acción Social, la Personería de Bucaramanga y la Fiscalía 27 Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga.
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil ocho (2008).
1. La señora Ayda Rosa Parra Mogollón interpuso el 25de marzo de 2008, acción de tutela contra la Presidencia de la República, Acción Social, la Personería de Bucaramanga y la Fiscalía 27 Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga con el fin de que dichas entidades emitan la certificación de muerte violenta de su hijo que requiere para que le sea reconocida la reparación a que tiene derecho como víctima de la violencia.
2. La acción fue repartida al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barrancabermeja, despacho que mediante auto del 25 de marzo de 2008 consideró que al ser uno de los tutelados la Fiscalía 27 Seccional de Bucaramanga, el asunto debía ser tramitado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto reglamentario 1382 de 2000 y dispuso la remisión del expediente a esa colegiatura.
3. Dicha Sala Penal, mediante providencia del 7 de abril de 2008, remitió el expediente a la Oficina de Reparto para que fuera asignada entre los Jueces del Circuito o con categoría de tales de Bucaramanga. A juicio del Tribunal, del escrito de tutela no se advierte que la Presidencia de la República ni Acción Social hayan vulnerado derecho fundamental alguno a la accionante, por lo que deben tenerse como tutelados exclusivamente a la Personería Municipal y a la Fiscalía 27 Seccional de Bucaramanga, de forma tal que el conocimiento de la acción de tutela corresponde a un Juzgado del Circuito, en los términos del Decreto reglamentario 1382 de 2000.
4. Efectuado el reparto por tercera vez, el expediente fue entregado al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, el que mediante auto del 9 de abril de 2008 con fundamento en la regla jurisprudencial contenida en el Auto 054 de 2007 de la Sala Plena de la Corte Constitucional, consideró que al haber sido la solicitud de protección dirigida contra una autoridad del orden nacional como lo es la Presidencia de la República, la competencia para conocer en primera instancia radica, de conformidad a lo ordenado por el Decreto reglamentario 1382 de 2000, en los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, los Tribunales Administrativos o los Consejos Seccionales de la Judicatura por lo que devolvió la actuación a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, planteando para el efecto colisión negativa de competencia.
5. Recibido nuevamente el expediente por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, éste mediante providencia del 17 de abril de 2007, reiteró las consideraciones del 7 de abril del mismo año en los siguientes términos: “el hecho de que la accionante hubiera citado entre las entidades accionadas a la Presidencia de la República Acción Social, no es motivo suficiente para remitir la actuación a esta Corporación.”[1] Como sustento de la anterior afirmación invocó el auto del 17 de octubre de 2003 M.P. Jorge Castillo Rugeles.
6. Por lo anterior, ordenó remitir la actuación a la Corte Constitucional para que determine el despacho judicial que debe conocer de la solicitud de protección constitucional.
El asunto de la referencia versa sobre la aparente colisión que se generó entre el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barrancabermeja, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, en consideración al errado entendimiento que se dio al Decreto reglamentario 1382 de 2000.
En efecto, esta Corporación debe reiterar[2] que de conformidad con el artículo 86 de la Carta Política, todos los jueces son competentes para conocer de acciones de tutela a prevención, según lo dispone el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, preceptos éstos que difieren de lo consagrado por el Decreto reglamentario 1382 de 2000 que establece reglas de simple reparto y no de competencia.[3] De allí que la no aplicación de una regla de reparto en nada vicia la actuación de los jueces constitucionales en materia de acción de tutela.
Aplicado lo anterior al asunto procedimental que se presenta en esta oportunidad, la Sala Plena considera contrario a los principios que informan el trámite de la acción de tutela (art. 3 Decreto 2591/91) y los propios de la administración de justicia (arts. 2, 4, 7 y 9 Ley 270/96) que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga se haya declarado incompetente para asumir el conocimiento de un reclamo de protección constitucional aduciendo un enunciado normativo que no regula la competencia en materia de tutela y en una regla jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia que al desconocer la contenida en el Auto 054 de 2007 no resultaba aplicable al asunto de la accionante.
De otra parte, este Tribunal Constitucional constata que la acción de tutela de la referencia fue interpuesta contra la Presidencia de la República cuya naturaleza jurídica es la de una autoridad pública del orden nacional[4] por lo que la regla de reparto aplicable era la contenida en el numeral 1 del artículo 1º del Decreto reglamentario 1382 de 2000 según el cual “las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura.”(Resaltado fuera de texto)
No obstante, la claridad de esta regla de reparto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga resolvió en dos oportunidades, tener como accionados exclusivamente a la Personería Municipal y a la Fiscalía 27 Seccional de Bucaramanga, cuando esa no fue indicación hecha por la tutelante quien con fundamento en su derecho al acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) es la que determinó con toda libertad contra qué autoridades dirigiría el reclamo de protección constitucional.
Frente a dicha decisión la Corte Constitucional reitera,[5] que ni a dicho Tribunal Superior ni a cualquier otro juez o corporación que ejerza jurisdicción constitucional[6] corresponde determinar a priori contra quiénes se dirige la acción de tutela, puesto que si bien es posible que todas las entidades o los particulares indicados en la solicitud de amparo constitucional no sean responsables de la amenaza o vulneración de los derechos, también lo es que durante el trámite de la acción se advierta que es necesario vincular a otros no indicados por la accionante (Art. 13 Decreto 2591/91).[7] Además, la designación que ésta hace de los tutelados, no constituye, por regla general, factor de competencia, salvo en el caso previsto en el inciso final del artículo 37 íbídem. De allí que los funcionarios judiciales que integran la jurisdicción constitucional no pueden soslayar que a la tutelante le asiste derecho para dirigir la acción ante el juez o corporación de su elección.[8]
En estas condiciones, sólo después de avocado el conocimiento de la acción de tutela o incluso con posterioridad a la práctica de pruebas, cuando ello es necesario[9], es que el funcionario judicial puede identificar con certeza, en cada caso, las autoridades públicas o los particulares que violaron o amenazaron o no el derecho fundamental objeto de protección constitucional.
De esta manera, conforme lo ha precisado esta Corte[10], si el Presidente de la República, autoridad contra la cual la señora Ayda Rosa interpuso la acción de tutela es o no responsable de la vulneración de sus derechos fundamentales es un asunto que, precisamente, deberá ser resuelto al momento de adoptar el fallo con el cual habrá de concluir el trámite de instancia, por la autoridad judicial a la cual se repartió el escrito de tutela conforme a las reglas del Decreto reglamentario 1382 de 2000, en este caso, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.
En consecuencia, se remitirá el expediente a dicha colegiatura, para que asuma, sin más dilaciones, el conocimiento de la solicitud de protección constitucional de la referencia.
Finalmente, en observancia del mandato contenido en el artículo 41 Superior, por razones de pedagogía constitucional, se dispondrá que esta providencia sea comunicada a los despachos judiciales en conflicto para prevenir la ocurrencia de futuras colisiones de competencia aparentes violatorias de la Carta Política[11] y de los derechos fundamentales de la accionante, quien a pesar de haber presentado su acción de tutela hace más de cuatro (4) meses, a la fecha, no ha obtenido un pronunciamiento de fondo sobre el particular y todo por el desconocimiento de los funcionarios judiciales de las reglas constitucionales[12] como jurisprudenciales que, sobre el Decreto reglamentario 1382 de 2000, ha fijado esta Corporación como máximo órgano de la jurisdicción constitucional y a las cuales están sometidos los juzgados y corporaciones que la integran.
Primero.- ORDENAR a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que de forma inmediata, asuma el conocimiento de la solicitud de protección constitucional de la referencia conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Segundo.-. Por Secretaría General, comuníquese a los despachos judiciales en colisión, la decisión adoptada en esta providencia por los fines indicados en la parte motiva de la misma.
Com salvamento de voto
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 202 DE 2008
Referencia: ICC-1264
[1] Folio 6 del cuaderno 2 del expediente.
[4] Cfr. Artículo 38-1 literal a) de la Ley 489 de 1998.
[5] Cfr. Corte Constitucional. Autos 187 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil, 242 de 2005 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, 259 de 2005 M.P. Álvaro Tafur Galvis, 270 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil, 112 de 2006, 230 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño, 237 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, 278 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil, 346 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, 032 de 2007 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 033 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 073 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño, 097 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, 137 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto, 173 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil, 184 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño, 203 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto, 300 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil, 023 y 030 de 2008 M.P. Humberto Sierra Porto.
[6] Cfr. Artículo 43, inciso segundo de la Ley 270 de 1996.
[7] Cfr. Corte Constitucional. Auto 271 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[8] Cfr. Corte Constitucional. Auto 277 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[9] Cfr. Artículo 18 del Decreto 2591 de 1991.
[10] Cfr. Corte Constitucional. Auto 298 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[11] Los funcionarios que ejercen jurisdicción constitucional al adoptar cualquier decisión dentro del trámite de una solicitud de amparo no pueden soslayar que Colombia se obligó mediante la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972) a “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción” (art. 1-1) y que dentro de esos derechos se encuentra el que tiene toda persona a “un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución” (art. 25-1). En estas condiciones los jueces y corporaciones que conocen de acciones de tutela, deben actuar conforme a las prescripciones de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano (artículo 93 Superior) cuyo incumplimiento (art. 121 ídem) puede generar eventualmente responsabilidad internacional.
[12] De conformidad con el artículo 86 Superior “En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.”