Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810311.html
Timestamp: 2019-11-21 03:53:52
Document Index: 393390279

Matched Legal Cases: ['in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine']

as201810311
AUTO SUPREMO N� 311/2018-RRC
Expediente � � � � � :�Tarija 36/2017
Parte Imputada � :�Mar�a Cristina Gardeazabal �lvarez
Delito � � � � � � � ��� � � � :�Concusi�n
Por memorial presentado el 18 de julio de 2017, cursante de fs. 440 a 444, Mar�a Cristina Gardeazabal �lvarez, interpone recurso de casaci�n, impugnando el Auto de Vista 26/2017 de 16 de junio, de fs. 427 a 432, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio P�blico a instancia de la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales contra la recurrente, por la presunta comisi�n del delito de Concusi�n, previsto y sancionado por el art. 151 del C�digo Penal (CP).
Por Sentencia 9/2016 de 23 de marzo (fs. 348 a 353 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declar� a Mar�a Cristina Gardeazabal �lvarez, absuelta de pena y culpa de la�comisi�n del delito de Concusi�n, tipificado por el art. 151 del CP, disponiendo la cancelaci�n de todas las medidas cautelares de car�cter real y personal impuestas en su contra.
b)� Contra la mencionada Sentencia, la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales de Tarija (fs. 357 a 366) y el Ministerio P�blico (fs. 368 a 371 vta.), interpusieron recursos de apelaci�n restringida, resueltos por Auto de Vista 81/2016 de 21 de julio (fs. 385 a 388), que fue dejado sin efecto por el Auto Supremo 138/2017-RRC de 21 de febrero (fs. 411 a 422); en cuyo m�rito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emiti� el Auto de Vista 26/2017 de 16 de junio, que declar� parcialmente con lugar los recursos de apelaci�n planteados y declar� a Mar�a Cristina Gardeazabal �lvarez, culpable de la comisi�n del delito de Concusi�n, previsto y sancionado por el art. 151 del CP, imponiendo la pena de tres a�os de reclusi�n, m�s costas, motivando la interposici�n del presente recurso de casaci�n motivo de an�lisis.
Del memorial de recurso de casaci�n y del Auto Supremo 746/2017-RA de 25 de septiembre, se extrae el motivo a ser analizados en la presente Resoluci�n, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del C�digo de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del �rgano Judicial (LOJ).
La recurrente, se�ala que el Auto de Vista impugnado no cumpli� con el Auto Supremo 138/2017-RRC de 21 de febrero; es m�s incurre en confusi�n, debido a que en su argumentaci�n hace alusi�n al Auto de Admisi�n 783/2016-RA, cual si fuera el fallo de fondo y tambi�n hace hincapi� que en esta ocasi�n el Auto de Vista empeor� su situaci�n jur�dica de absuelta a condenada en vulneraci�n de la reforma, en perjuicio e incurri� en revalorizaci�n de la prueba para condenarle; aspecto que, resulta contradictorio con los precedentes que invoca debido a que la doctrina legal de los mismos estableci� que no puede cambiar la situaci�n jur�dica de absuelto a condenado y al haberlo hecho vulner� su derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y el principio de inmediaci�n, porque el Tribunal de alzada le conden�, cuando para realizar esa condena era necesaria la valoraci�n de la prueba, aspecto contrario a los precedentes invocados, porque justamente de ellos se estableci� que cuando amerite realizar valoraci�n de la prueba se debe anular el juicio, esto seg�n la recurrente gener� la existencia del defecto absoluto comprendido por el art. 169 inc. 3) del CPP, los arts. 8 y 11 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos y art. 8, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos.
Mediante Auto Supremo 746/2017-RA de 25 de septiembre, cursante de fs. 451 a 453, este Tribunal admiti� el recurso de casaci�n de casaci�n de Mar�a Cristina Gardeazabal �lvarez, para su an�lisis de fondo.
En el ac�pite III.1 estableci� cuatro hechos probados: i) Que, la imputada era funcionaria de Impuestos Nacionales, cuya labor era de atenci�n de ticketera en el Departamento de Recaudaciones, labor que desempe�aba el d�a de los hechos, ii) Su funci�n era proporcionar el n�mero de ticket para la atenci�n de los contribuyentes en ventanilla; iii) Que, el Gerente Distrital del SIN, interpuso querella contra la acusada por el delito de Concusi�n, por el hecho ocurrido; y, iv) �A decir del mismo testigo Apolinar Choque Arevilca, la contribuyente inform� que ella hizo llenar dicho formulario con la funcionaria, porque esta le hab�a dicho que afuera le van a cobrar Bs. 90 o Bs. 80, por el llenado y ella solo le pidi� Bs. 50, que pag� con Bs. 100 y le deb�a su cambio y seg�n el propio testimonio de la v�ctima en el juicio, dijo que el 14 de julio de 2015, retorn� hasta donde estaba atendiendo Mar�a Cristina Gardeazabal para tramitar su NIT y le faltaba llenar el formulario v�a INTERNET, para sacar el N�mero de tr�mite, ella dijo que pod�a llen�rselo por Bs. 50, y dice `yo le dije que ya�, me lo llen� y fui a otra ventanilla, donde dijeron que estaba mal, me lo llen� de nuevo y quise pagar a la otra Se�orita y ella dijo que no se cancela nada. Y seg�n la testigo el formulario 001, ten�a que llenar con su contador que cobra Bs. 100, que Mar�a le cobr� por llenar un formulario en internet, pero que no fue ella quien denunci� sino los de Impuestos Internos.
Carla Ximena Ledezma Hoyos, refiere que esa fecha trabajaba como consultora en l�nea de Impuestos Nacional y trabajaba como consultora en l�nea de Impuestos Nacionales y trabajaba en el �rea de recaudaciones que la fecha en cuesti�n se le acerc� a Jhoseline Rodr�guez para sacar un NIT de su negocio de venta de telas, que procesa sus datos y cuando quiere entregarle su documentaci�n la Srta. sac� un billete para cancelar indicando que le hab�a pagado a la ticketera, sin especificar el monto, entonces ella (testigo) dio parte a la Supervisora y Domingo Rodr�guez Caucota, refiere que su hija (Lizbeth Jhoseline) le pidi� Bs. 100 y luego se fue, pero m�s adelante refiere que se encontraba sentado a unos 6 o 7 metros, de donde su hija estaba y pod�a ver todo lo que pasaba y que �l le entreg� dinero a la Se�ora.
Giovana Elizabeth Vilty declara, que ese d�a ella se encontraba haciendo fila para obtener su NIT y cuando le toc� el turno, la funcionaria, le pidi� sus datos y llen� un formulario y le dijo son Bs. 50, entonces la contribuyente se molest� diciendo c�mo es posible que est�n cobrando y la funcionaria le respondi�, entonces v�yase y llene el formulario, esta respuesta indign� much�simo a la testigo y fue a hablar con Julian Mendoza Paqui, diciendo que ha visto a la funcionaria cobrar a Jhoseline Rodr�guez, e inclusive trajo a la ni�a con su padre, dijo que Jhoseline sac� Bs. 100 y efectu� el pago a Mar�a Cristina Gardeazabal, entonces la funcionaria dijo: no tengo cambio, voy a cambiar y te doy te cambio; denotando la testigo, tanto en su actuaci�n en la Oficina de Impuestos Nacionales como en el propio juicio in marcando inter�s de perjudicar a la acusada por el disgusto que le ha causado la misma con su trato al decirle que se vaya y llene sus datos en el internet, por lo que su testimonio no es muy cre�ble.
El testigo Apolinar Choque Arevilca Gerente Regional de Impuestos Nacionales, en su declaraci�n indic� que la funcionaria Mar�a Cristina Gardeazabal, estaba cobrando por un trabajo que no era de su competencia, que seg�n lo verificado en c�maras de vigilancia, hab�a constante movimientos que no eran propios de la ticketera, pues ella solo deb�a proporcionar el n�mero para la atenci�n en ventanillas, pero en la grabaci�n de la c�mara de seguridad vio personas que se acercaban al lado izquierdo de ella, pero no vio que la acusada haya recibido dinero.
De lo que se tienen las afirmaciones de Giovana Vilty y Lizbeth Jhoseline Rodr�guez en sentido que Mar�a Cristina Gardeazabal llen� el formulario 001 en el Internet para la contribuyente y por este servicio le cobr� la suma de Bs. 50 y que �sta le alcanz� dinero� (sic).
De los agravios formulados por Impuestos Nacionales:
Inobservancia o err�nea aplicaci�n de la Ley -art. 370 inc. 1) del CPP.
Que falte la enunciaci�n del hecho objeto del juicio o su determinaci�n circunstanciada y que no exista fundamentaci�n de la sentencia o que �sta sea insuficiente o contradictoria, inc. 3) del art. 370 del CPP; toda vez, que no se hubiera consignado en la Sentencia todos los hechos planteados en la acusaci�n particular.
La sentencia no cumplir�a con la exigencia de la debida motivaci�n, incurriendo en el defecto de sentencia establecido en el art. 370 inc. 5) de la norma adjetiva penal.
Que el A quo hubiera incurrido en defectuosa valoraci�n de la prueba –art. 370 inc. 6) de la Ley 1970-.
De los agravios alegados por el Ministerio P�blico.
Acus� que el Tribunal de apelaci�n, incurri� en el defecto de sentencia previsto por el art. 370 inc. 1) de la norma adjetiva penal, al existir err�nea aplicaci�n de la ley sustantiva.
Que la Sentencia, tambi�n incurri� en el defecto previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, por defectuosa valoraci�n de la prueba.
Que la Sentencia no contiene la fundamentaci�n debida.
II.2. Del Auto Supremo 138/2017 de 16 de junio.
Este Tribunal de casaci�n, resolviendo el agravio alegado por la imputada en sentido de que el Ad quem en el Auto de Vista 81/2016 de 21 de julio, revalor� la prueba a tiempo de pronunciarse sobre el motivo de apelaci�n fundado en la presunta existencia del defecto de sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, argument�: �(�) de la revisi�n de la mencionada resoluci�n, dicha acusaci�n tiene m�rito en raz�n a que los argumentos del Auto de Vista impugnado contienen ribetes de hab�rsele dotado entendimientos que suponen nueva valoraci�n; en efecto, el CONSIDERANDO III del Auto de Vista impugnado, en respuesta a la denuncia por incorrecta aplicaci�n de la ley sustantiva por haber efectuado una incorrecta subsunci�n de los hechos al tipo penal acusado, previo an�lisis de la estructura del tipo penal de concusi�n previsto en el art. 151 del CP, acoge los argumentos de la parte recurrente (�), al describir: . Mar�a Cristina Gardeazabal �lvarez, era funcionaria p�blica del Servicio de Impuestos Nacionales. Que con abuso de su condici�n –entendido seg�n el diccionario de Manuel Ossorio al abuso como `usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de alguna cosa o de alguien�(�) m�s all� de lo l�cito- abus� de su situaci�n de servidora p�blica, de la facultad que el Estado le ha otorgado, para atender a los contribuyentes e il�citamente aprovecho la situaci�n en la que se encontraba Jhoseline Rodr�guez, quien necesitaba el llenado del formulario 01 v�a internet, procediendo y cobrando por el llenado del mismo� (sic); de la misma forma, en referencia a la prueba testifical aleg�: `de las declaraciones testificales de Jhoseline Rodr�guez, Giovanna Vilty y Domingo Rodr�guez Caucota; se tiene que Mar�a Cristina funcionaria p�blica directamente obtuvo ileg�timamente de Lizeth Jhoseline Rodr�guez Huanca, la suma de Bs. 50.- ( es ileg�timo porque los servidores p�blicos reciben del Estado un salario, adem�s porque dicha obtenci�n de dineros contraviene los principios de la Administraci�n P�blica de Transparencia, honestidad, establecidos en el art. 232 de la CPE.)� (�)� (sic). Argumentos que a decir del Tribunal de casaci�n, denotaron una nueva valoraci�n de las pruebas, el cual ser�a distinto al valor que les otorg� el de m�rito, concluyendo que la prueba no demostr� el abuso de la condici�n de funcionaria de la imputada, quien consult� a la contribuyendo si aceptaba el llenado del formulario por el monto de Bs. 50, lo cual habr�a sido aceptado voluntariamente por la misma; aspecto que, hubiese sido componente principal para determinar la inconcurrencia del elemento del tipo penal de Concusi�n al ser el componente principal para determinar la Concusi�n, mientras que la posici�n asumida por el de alzada ser�a distinto al entendimiento a partir de la prueba testifical, contrariando el principio de intangibilidad de los hechos y de las pruebas cuya facultad como se dijo corresponder�a al Juez o Tribunal de Sentencia.
En m�rito al Auto Supremo descrito, los recursos de apelaci�n restringida, fueron resueltos por Auto de Vista 26/2017 de 16 de junio, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declar�ndolo parcialmente con lugar, dictando sentencia condenatoria contra a Mar�a Cristina Gardeazabal �lvarez, por la comisi�n del delito de Concusi�n, tipificado y sancionado por el art. 151 del CP, imponi�ndole la pena de tres a�os de privaci�n de libertad, con costas, bajo los siguientes argumentos:
Resolviendo el motivo de apelaci�n fundado en la existencia del defecto de sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, hace una diferenciaci�n entre lo que se entiende por inobservancia y err�nea aplicaci�n de la ley sustantiva; posteriormente, transcribe parcialmente el Auto Supremo 660/2014-RRC de 20 de noviembre, citado en el Auto Supremo 138/2017-RRC de 21 de febrero a tiempo de resolver la denuncia de �revaloraci�n de la prueba� hecha por la imputada en casaci�n (fs. 421 vta. y 422).
Con base a la referida doctrina citada, argumenta que del an�lisis del delito en cuesti�n, se tendr�a que el A quo hizo una incorrecta subsunci�n de los hechos al tipo penal acusado, pues en su an�lisis hubiera argumentado la falta de adecuaci�n, porque no se prob� el �abuso de la funci�n� y el verbo �exigir� la d�diva, sin considerar que el tipo penal establece como versos �exigir u obtener�; es decir, que cabr�a cualquiera de las dos acciones, no habiendo considerado el verbo obtener, que hubiera sido establecido en el ac�pite III.1.4 parte in fine de la Sentencia, en la cual se establecer�a que �De lo que se tienen las afirmaciones de Giovana Vilty y Lizbeth Jhoseline Rodr�guez en sentido que Mar�a Cristina Gardeazabal llen� el formulario 001 en el Internet para la contribuyente y por este servicio le cobr� la suma de Bs. 50 y que �sta le alcanz� dinero�, habi�ndose demostrado seg�n el Tribunal de apelaci�n, que la acusada obtuvo dinero.
En cuanto al abuso de la funci�n, el Tribunal de Sentencia no habr�a considerado su propia conclusi�n establecida en el ac�pite III.1.2, en la que con base a la declaraci�n de Apolinar Choque Arevilca, determin� que Mar�a Cristina Gardeazabal ten�a la funci�n de proporcionar el n�mero de ticket para atenci�n de los contribuyentes en ventanilla, no siendo la funcionaria que realiza el tr�mite de la asignaci�n de NIT y el llenado de ning�n formulario; al respecto el Ad quem, refiere que en el delito acusado, el funcionario se vale de situaciones de dificultad o irregularidades de diversa �ndole, que a manera de aspectos vulnerables ofrece la v�ctima; el medio ser�a el convencimiento, la persuasi�n, el enga�o. La finalidad ser�a la obtenci�n de una ventaja ileg�tima, aspectos que se tendr�an como probados, pues la v�ctima el d�a de los hechos, se encontrar�a en situaci�n de dificultad (necesidad de llenar el formulario), hecho que no era tarea o funci�n de la acusada, quien llen� el formulario a cambio de una contraprestaci�n econ�mica que constituye ventaja ileg�tima.
Argumenta que conforme los hechos a los que arrib� el Tribunal A quo, la procesada sab�a que un funcionario p�blico no puede obtener un beneficio econ�mico de ning�n contribuyente; no obstante lo habr�a hecho, obrando con conocimiento y voluntad; asimismo, el Tribunal de m�rito habr�a se�alado que la funci�n de la acusada se limitaba a la extensi�n de tickets.
Admitido el recurso de casaci�n, corresponde emitir pronunciamiento de fondo, dentro de los l�mites establecidos en el Auto Supremo 749/2017-RA de 25 de septiembre (fs. 451 a 453), que admiti� por precedente el recurso que es caso de autos; por lo que con car�cter previo a los efectos se�alados, se establece las bases legales y doctrinales que servir�n de sustento a la presente Resoluci�n.
III.1. Sobre los l�mites del Tribunal de apelaci�n en cuanto a la facultad conferida por la parte in fine del art. 413 del CPP.
La Constituci�n Pol�tica del Estado Plurinacional (CPE), en los arts. 115.II y 180.I, establecen como garant�as y principios procesales, el derecho a una justicia pronta, oportuna, sin dilaciones; as� como la celeridad, eficacia y eficiencia. Normas que condicen con lo previsto por la parte in fine del art. 413 del CPP, que establece: �Cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realizaci�n de un nuevo juicio, el Tribunal de alzada resolver� directamente�.
Al respecto, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 413 de la norma adjetiva penal; en cuanto, a la forma de resoluci�n de un recurso de apelaci�n restringida, establece dos posibilidades: i) Anular la sentencia –total o parcialmente-, cuando exista imposibilidad de reparar directamente la inobservancia de la ley o su err�nea aplicaci�n; y, ii) Dictar nueva sentencia, cuando para ello no sea necesaria la realizaci�n de un nuevo juicio.
En cuanto al primer supuesto, como se tiene de la amplia jurisprudencia desarrollada por este Tribunal Supremo de Justicia, existen facultades que son exclusivas del Juez o Tribunal de m�rito, una de ellas est� prevista en el inc. 3) del art. 360 de la norma adjetiva penal, que prev� como requisito de la sentencia: �El voto de los miembros del tribunal sobre cada una de las cuestiones planteadas en la deliberaci�n, con exposici�n de los motivos de hecho y de derecho en que se fundan, (�)�; dentro de dicho acto, se encuentra la obligaci�n de establecer la fundamentaci�n f�ctica –hechos establecidos como probados- y probatoria –descriptiva e intelectiva-, esta �ltima que debe ser desarrollada conforme lo previsto por los arts. 124 y 173 de la Ley 1970. Ante la inobservancia o err�nea aplicaci�n de las normas referidas, corresponde al Tribunal de alzada, anular la Sentencia, pues al no haber presenciado la producci�n de la prueba, no se halla munido de los principios de inmediaci�n, contradicci�n y oralidad, para poder valorar nuevamente la prueba conforme las reglas de la sana cr�tica y establecer hechos hist�ricos del caso concreto.
Sin embargo, cabe la posibilidad de que habi�ndose establecido de manera correcta la fundamentaci�n f�ctica con base a una apropiada valoraci�n probatoria, el error se presente a momento de subsumir los hechos probados a la descripci�n general y abstracta de una conducta, realizada por la ley; en cuyo caso, es aplicable la facultad conferida por la parte in fine del art. 413 del CPP, disposici�n que no limita la emisi�n de un nuevo fallo a la imposibilidad de modificar su resultado, por ello la disposici�n expresa de �dictar nuevo fallo�, teniendo como �nico l�mite, el respeto de la intangibilidad de los hechos establecidos como probados por el Juez o Tribunal de m�rito. Actuaci�n que no puede considerarse como inobservancia de lo previsto por el primer p�rrafo del art. 414 del CPP, pues dicho precepto legal, est� previsto para subsanar defectos que no influyan en la parte dispositiva de la resoluci�n; es decir, da la posibilidad de complementar la fundamentaci�n sin que dicho acto implique modificar la parte dispositiva de la sentencia apelada.
En relaci�n a la tem�tica analizada, este Tribunal a trav�s del Auto Supremo 660/2014-RRC de 20 de noviembre, entre otros, estableci�:
�III.2. Facultad del Tribunal de apelaci�n ante err�nea aplicaci�n de la norma.
Evidenciado como fue el error de derecho en que se incurri� en el presente caso al condenarse al imputado por un hecho que no est� contemplado como delito, corresponde ahora determinar cu�l la labor que debi� cumplir el Tribunal de alzada; es conocido que el actual sistema procesal penal garantiza la no revalorizaci�n de prueba, y en consecuencia, el establecimiento o modificaci�n de los hechos por parte del Tribunal de apelaci�n, siendo profusa la doctrina legal emitida por este Tribunal y la extinta Corte Suprema de Justicia al respecto, que mediante reiterados fallos hizo �nfasis en la caracter�stica de intangibilidad que tienen los hechos establecidos en sentencia, no siendo permisible el descenso al examen de los hechos y la prueba, lo que es innegable, por cuanto el �nico que tiene la posibilidad de valorar la prueba y a partir de ello establecer la verdad hist�rica de los hechos (verdad material), es el Juez o Tribunal de Sentencia, al gozar de la inmediaci�n que tiene con las partes y la prueba, que le permite forma un criterio, lo m�s cercano posible, de lo que pas� en el hecho investigado, posibilidad del que est� desprovisto el Tribunal de alzada.
En efecto, la uniforme doctrina legal emitida por el Tribunal Supremo de Justicia estableci� que, al no tener la facultad el Tribunal de alzada de modificar el hecho o hechos establecidos en sentencia (principio de intangibilidad), obviamente est� impedido de cualquier posibilidad de, mediante una nueva valoraci�n probatoria y consiguiente modificaci�n o alteraci�n de los hechos establecidos por el Juez o Tribunal de Sentencia,�cambiar la situaci�n jur�dica del imputado, ya sea de absuelto a condenado o viceversa. Este entendimiento se ha ratificado mediante diferentes fallos; as�, en el Auto Supremo 200/2012-RRC de 24 de agosto, este Tribunal se�al�`Es necesario precisar, que el recurso de apelaci�n restringida, constituye un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicaci�n de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciaci�n del juicio o en la Sentencia, no siendo el medio id�neo que faculte al Tribunal de alzada, para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que es de potestad exclusiva de los Jueces o Tribunales de Sentencia; por ello, si el ad quem, advierte que la Sentencia�no se ajusta a las normas procesales, con relaci�n a la valoraci�n de la prueba y la falta de fundamentaci�n y motivaci�n, que haya tenido incidencia en la parte resolutiva, le corresponde anular total o parcialmente la Sentencia, y ordenar la reposici�n del juicio por otro Tribunal.
Se vulnera los�derechos a la defensa y al debido proceso, reconocidos por el art. 115.II de la CPE, y existe una inadecuada aplicaci�n de los arts. 413 y 414 del CPP, cuando el Tribunal de alzada, revalorizando la prueba rectifica�la Sentencia, cambiando la situaci�n jur�dica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; decisi�n que al desconocer los principios de inmediaci�n y contradicci�n, incurre en defecto absoluto no susceptible de convalidaci�n�.
Sin embargo, este Tribunal entiende que no siempre la modificaci�n de la situaci�n jur�dica del imputado implica un descenso al examen de la prueba y a los hechos�per se, pues ello no sucede cuando lo que se discute en esencia no son los hechos establecidos por el juzgador; sino, la adecuaci�n o concreci�n de esos hechos al marco penal sustantivo, ya sea por el imputado que sostiene que el hecho por el que se lo conden� no constituye delito por falta de alguno de sus elementos (acci�n, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) y que l�gicamente no implique modificaci�n de los hechos mediante la revalorizaci�n de la prueba, o por el acusador que, ante la absoluci�n del imputado plantea que esos hechos demostrados y establecidos en sentencia, s� se subsumen en alguna conducta prohibida por el C�digo Penal. En consecuencia, en estos casos el Tribunal de alzada no tiene necesidad alguna de valorar prueba (lo que se reitera le est� vetado), por cuanto los hechos ya est�n establecidos en sentencia y no son objeto de discusi�n, correspondi�ndole �nicamente verificar si el trabajo de subsunci�n o adecuaci�n del hecho acreditado fue correcta o no, entonces, de advertir que el juez incurri� en error al adecuar la conducta del imputado, ya sea por haber establecido la absoluci�n o determinando la condena en forma indebida, tiene plena facultad para enmendar el mismo, sin necesidad de anular la Sentencia, puesto que el error se cometi� en la operaci�n l�gica del juzgador y no en la valoraci�n de la prueba que dio lugar al establecimiento de los hechos tenidos como probados; consiguientemente, no es razonable ni legal que se repita el juicio �nicamente para que otro juez realice una correcta subsunci�n del hecho.
En consecuencia, este Tribunal considera necesario establecer la siguiente sub regla: El Tribunal de alzada en observancia del art. 413 �ltima parte del CPP, puede emitir nueva sentencia incluso modificando la situaci�n del imputado de absuelto a condenado o de condenado a absuelto,�siempre y cuando no proceda a una revalorizaci�n de la prueba, menos a la modificaci�n de los hechos probados en juicio al resultar temas intangibles, dado el principio de inmediaci�n que rige el proceso penal boliviano; supuestos en los cuales, no est� eximido de dar estricta aplicaci�n del art. 124 del CPP, esto es, fundamentar suficientemente su determinaci�n, ya sea para la absoluci�n o condena del imputado y respectiva imposici�n de la pena.
La incorporaci�n de la citada sub regla a la l�nea asumida por este Tribunal y expuesta precedentemente, tiene como base los principios rectores de la jurisdicci�n ordinaria, por cuanto este Tribunal no puede soslayar la esencia del�art. 178.I de la CPE al se�alar que : �La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jur�dica, publicidad, probidad, celeridad��, ratificado y complementado por el art. 3 inc. 7) de la LOJ que explica: �Celeridad. Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administraci�n de justicia�. Siendo as� que el derecho de todo ciudadano a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas, no puede quedar en la mera enunciaci�n o buena intenci�n, plasmados en el tenor literal de las normas, sea de la Ley Fundamental, de los instrumentos internacionales o de las dem�s normas del bloque de constitucionalidad, como las transcritas. Su materializaci�n importa un compromiso que se concretice en criterios jur�dicos que permitan la efectividad de ese derecho, que a la vez tiene una triple dimensi�n, al constituir, conforme el texto constitucional, en garant�a y principio. Esto adquiere mayor preponderancia todav�a, por cuanto el nuevo enfoque que ha dimanado del Constituyente al redactar la �ltima Constituci�n Pol�tica del Estado Plurinacional, incide y hace mayor �nfasis en la oportunidad y celeridad para la protecci�n de los derechos de los ciudadanos por parte del Estado, consagrados como m�xima al que se�aspira, de lograr una justicia eficaz sin dilaciones indebidas; conforme se extrae de las disposiciones contenidas en los arts. 115 y 180 de la CPE. Normativa concordante con instrumentos internacionales tales como la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, que en su art. 8 inc. 1),� tambi�n garantiza el derecho de toda persona a ser o�da dentro de un plazo razonable. Criterios normativos que si bien no son nuevos en la estructura normativa del Estado Boliviano, al presente han alcanzado una importancia trascendental para la recuperaci�n de la confianza del ciudadano boliviano, que tiene, en la retardaci�n de justicia, como el mayor obst�culo en su af�n de alcanzar justicia. Siendo este el paradigma en que se enfoca la visi�n de la nueva administraci�n de justicia.
En consecuencia y tomando en cuenta que se evidenci� error en la labor del juzgador en el momento de la adecuaci�n de los hechos al delito de allanamiento, cuando los elementos del tipo penal no se configuran, correspondiendo la resoluci�n de la controversia a otro campo del derecho y no al penal, la Sala Penal Primera deber� dictar nuevo fallo aplicando estrictamente la doctrina sentada en el presente Auto Supremo, emitiendo directamente sentencia sin necesidad de reenv�o, dando estricta aplicaci�n al mandato del art. 413�in fine�del CPP que prescribe taxativamente: �Cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realizaci�n de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolver� directamente�.
La recurrente denunci� que el Tribunal de apelaci�n, no cumpli� el Auto Supremo 138/2017-RRC de 21 de febrero, revalorando prueba con la finalidad de cambiar su situaci�n jur�dica, aspecto para el cual el Ad quem no tendr�a competencia, adem�s de no observar la prohibici�n de reforma en perjuicio, esto tomando en cuenta que fue la �nica que recurri� en casaci�n contra el Auto de Vista 81/2016 de 21 de julio, el cual a diferencia del fallo impugnado ahora, ser�a m�s favorable para su persona. Motivo en el que la recurrente invoc� como precedente:
El Auto Supremo 011/2013-RRC de 6 de febrero, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio P�blico contra JPR y otros, por la presunta comisi�n del delito de Concusi�n Impropia, el cual tuvo como antecedente f�ctico, la constataci�n por parte del Tribunal de casaci�n, que el Ad quem, actu� transgrediendo la doctrina legal sentada por los Autos Supremos 277 de 13 de agosto del 2008, 89/2012 de 25 de abril, 200/2012-RRC de 24 de agosto y 229/2012-RRC de 27 de septiembre, en sentido de que no existe la posibilidad del Tribunal de alzada, de cambiar la situaci�n jur�dica del imputado del estado de absuelto a condenado o viceversa. Concluyendo que, cuando el de alzada constata la inobservancia y/o err�nea aplicaci�n de la ley, o que las pruebas no fueron debidamente valoradas, cuyo aspectos hubieran influido en la parte dispositiva de la sentencia, en cumplimiento al art. 413 del CPP, corresponde anular total o parcialmente el fallo apelado, ordenando la reposici�n del juicio por otro tribunal y no dictar una nueva Sentencia cambiando la situaci�n de absueltos a culpables, que en los hechos constituye revalorizar la prueba, actividad que le est� vedada y es reservada exclusivamente al Juez o Tribunal de Sentencia; lo cual origin� la siguiente doctrina legal aplicable:
�El art. 115 de la CPE, reconoce el derecho del debido proceso y el acceso a la justicia, al disponer que toda persona ser� protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses leg�timos, garantizando el Estado el derecho al debido proceso; estos derechos, considerados como la garant�a de un procedimiento legal en resguardo de los derechos de las personas en el curso de un proceso judicial, as� como el que tiene toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; son reconocidos por los instrumentos internacionales como la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8 y 11; la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8; y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, en su art. 14.
El Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelaci�n restringida, tiene el deber de ejercer el control de la valoraci�n de la prueba realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta a las reglas de la sana cr�tica y que se halle debidamente fundamentada; sin embargo, esto no supone un reconocimiento a la posibilidad de que aquel Tribunal pueda ingresar a una nueva valoraci�n y en consecuencia cambiar la situaci�n jur�dica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; por cuanto se desconocer�a los principios rectores de inmediaci�n y contradicci�n que rigen la sustanciaci�n del juicio penal, incurriendo en un defecto absoluto no susceptible de convalidaci�n emergente de la vulneraci�n de los derechos a la defensa, al debido proceso y de acceso a la justicia; debiendo reiterarse que si bien el art. 413�in fine�del CPP, establece que: �Cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realizaci�n de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolver� directamente�, el alcance de la referida disposici�n legal, no otorga facultad al Tribunal de apelaci�n de hacerlo respecto a temas relativos a la relaci�n de los hechos o a la valoraci�n de la prueba, que al estar sujetos a los principios citados de inmediaci�n y contradicci�n, propios del sistema procesal acusatorio vigente en el Estado Boliviano, resultan intangibles.
Por otra parte, este Tribunal recuerda a los integrantes de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo de Justicia como m�ximo Tribunal de la jurisdicci�n ordinaria de acuerdo al art. 181 de la CPE, tiene car�cter "erga omnes", por lo que debe ser cumplida en forma obligatoria en supuestos de similar naturaleza, aspecto que no ha sido estimado por el Tribunal inferior; consecuentemente, corresponde se�alar, que en previsi�n al fortalecimiento institucional y, especialmente, de la naturaleza, finalidad y efectos obligatorios de la que est�n revestidos los Autos Supremos que establecen doctrina legal, con sentido ponderable de uniformar la jurisprudencia en el �rgano Judicial en materia penal, ning�n juez o tribunal inferior podr� sustraerse de su cumplimiento bajo ning�n concepto o razonamiento, omitiendo la imperatividad prevista por el segundo par�grafo del art. 420 del CPP.� (Las negrillas son nuestras).
Similar entendimiento fue asumido por los Autos Supremos 277 de 13 de agosto del 2008, 89/2012 de 25 de abril, 200/2012-RRC de 24 de agosto y 229/2012-RRC de 27 de septiembre.
Al respecto, a fin de resolver de manera puntual cada circunstancia alegada por la impugnante, el an�lisis se dividir� en tres aspectos: a) Que, el Tribunal de apelaci�n no tiene competencia para cambiar la situaci�n jur�dica del imputado, de absuelto a condenado, o viceversa, b) El Ad quem, no cumpli� la doctrina establecida por el Auto Supremo 138/2017-RRC de 21 de febrero –emitido dentro del presente caso de autos-, incurriendo nuevamente en el defecto de revalorar prueba a fin de cambiar su situaci�n jur�dica; y, c) La inobservancia de la prohibici�n de reforma en perjuicio, por cuando a ra�z de su actividad recursiva –casaci�n- con la emisi�n del Auto de Vista impugnado, se empeor� la situaci�n jur�dica.
En cuanto a la imposibilidad que tendr�a el Tribunal de apelaci�n para cambiar la situaci�n jur�dica del acusado, se establece que el precedente invocado, estableci� que ante la inobservancia o err�nea aplicaci�n de la ley o defectuosa valoraci�n de la prueba; aspectos que, hubieran influido en la parte dispositiva de la sentencia, ameritar�a la aplicaci�n del primer p�rrafo del art. 413 del CPP; es decir, la nulidad del fallo de m�rito.
Sin embargo, conforme lo desarrollado en el ac�pite III.1 de la presente resoluci�n, se tiene sin lugar a dudas, que dicho entendimiento dio lugar a la emisi�n de una subregla, en sentido de que no toda modificaci�n de la situaci�n jur�dica del acusado, implica necesariamente revalorar la prueba o modificar la fundamentaci�n f�ctica –hechos probados- de la sentencia; pues aun cuando se hubiera hecho una correcta fundamentaci�n f�ctica, cabr�a la posibilidad de cometer error a tiempo de subsumir la misma a la norma general y abstracta; en cuyo caso, se puede corregir el error aunque ello tenga como resultado la modificaci�n de la situaci�n jur�dica del procesado y la parte dispositiva de la resoluci�n, labor que tiene la �nica condici�n de respetar la intangibilidad de los hechos establecidos como probados en la resoluci�n de m�rito.
Por lo expuesto, en cuanto al punto concreto, no corresponde realizar la labor de unificar jurisprudencia, al haberse establecido una subregla a la posibilidad de cambiar la situaci�n jur�dica de un acusado, tal como se se�al� precedentemente y se desarroll� en el ac�pite III.1 del presente fallo.
En el segundo punto, la imputada, adem�s de acusar que el Tribunal de apelaci�n no tiene facultades para modificar su situaci�n jur�dica, acus� que el Ad quem, revalor� prueba con esa finalidad, incumpliendo seg�n la impugnante, la doctrina legal sentada por el Auto Supremo 138/2017-RRC de 21 de febrero, que fue emitido dentro del presente caso.
Los precedentes invocados por la recurrente, establecieron, que no es posible modificar la situaci�n jur�dica de un acusado, porque ello necesariamente conllevar�a la obligaci�n de valorar la prueba, facultad que ser�a exclusiva del Juez o Tribunal de Sentencia. Por lo que, corresponde verificar si en el caso de autos el Tribunal de alzada, fund� su decisi�n de modificar la situaci�n de la acusada de absuelta a condenada, en una revaloraci�n de la prueba.
Al respecto, de la revisi�n minuciosa de su recurso de casaci�n, se establece que la imputada se limit� a se�alar que el Tribunal de apelaci�n incumpli� la doctrina legal establecida por el Auto Supremo 138/2017 dictado dentro del presente caso, revalorando nuevamente la prueba; sin embargo, no precis� la prueba que hubiera sido revalorada nuevamente por el de alzada; raz�n por la que el an�lisis se limitar� a verificar, si el Tribunal de apelaci�n en el Auto de Vista impugnado, revalor� los aspectos que fueron identificados como tal, en el Auto Supremo referido.
Conforme lo descrito en el ac�pite II.2 de la presente resoluci�n, a trav�s del Auto Supremo 138/2017, este Tribunal estableci� dos aspectos que denotar�an nueva valoraci�n de la prueba, los cuales son: i) �Mar�a Cristina Gardeazabal �lvares, era funcionaria p�blica del Servicio de Impuestos Nacionales �Que con abuso de su condici�n –entendido seg�n el diccionario de Manuel Ossorio al abuso como `usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de alguna cosa o de alguien�(�) m�s all� de lo l�cito- abus� de su situaci�n de servidora p�blica, de la facultad que el Estado le ha otorgado, para atender a los contribuyentes e il�citamente aprovech� la situaci�n en la que se encontraba Jhoseline Rodr�guez, quien necesitaba el llenado del formulario 01 v�a internet, procediendo y cobrando por el llenado del mismo� (sic), b) Que, �� de las declaraciones testificales de Jhoseline Rodr�guez, Giovanna Vilty y Domingo Rodr�guez Caucota; se tiene que Mar�a Cristina funcionaria p�blica directamente obtuvo ileg�timamente de Lizeth Jhoseline Rodr�guez Huanca, la suma de Bs. 50.- (es ileg�timo porque los servidores p�blicos reciben del Estado un sueldo, adem�s porque dicha obtenci�n de dineros contraviene los principios de la Administraci�n P�blica de Transparencia, honestidad, establecidos en el art. 232 de la CPE)� (sic).
Estando identificado los aspectos que hubieran denotado revaloraci�n de la prueba en el Auto de Vista dejado sin efecto, corresponde ver si los mismos fueron repetidos en la resoluci�n motivo de an�lisis; al respecto, del an�lisis del Auto de Vista impugnado –descrito en el punto II.3 del presente fallo-, se establece que el Tribunal de apelaci�n a tiempo a tiempo de resolver la denuncia sobre la supuesta existencia del defecto previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, fund� su resoluci�n en el hecho de que el Tribunal de m�rito no consider� que el tipo penal acusado –Concusi�n- establece como verbo adem�s de �exigir� la d�diva, tambi�n �obtener�, pudiendo presentare en una determinada conducta cualquiera de las dos acciones y la cual habr�a sido establecida en el ac�pite III.1.4 de la Sentencia; hecho que es correcto, pues del contraste de lo afirmado por el Tribunal de apelaci�n con la conclusi�n establecida por el Tribunal de sentencia en el ac�pite II.1.4 de la Sentencia, se constata que el A quo con base a la declaraci�n de Lisbeth Jhoseline Rodr�guez y Giovanna Elizabeth Vilte T�rraga, estableci� que la acusada cobr� a la primera testigo, la suma de Bs. 50, por el llenado de un formulario. En cuanto al supuesto abuso de la condici�n de funcionaria p�blica, el Ad quem refiere de manera coherente con el fallo del Tribunal de Sentencia, que el mismo A quo en el ac�pite III.1.2 de la Sentencia, con base a la declaraci�n de Apolinar Choque Arevilca, se�ala que qued� probado que la imputado ten�a como funci�n, solo proporcionar el n�mero de ticket para la atenci�n de los contribuyentes en ventanilla, no siendo la que realiza el tr�mite de asignaci�n de NIT y llenado de ning�n formulario.
Por lo expuesto, se establece que el Tribunal de alzada a tiempo de resolver el motivo de apelaci�n restringida alegado por la parte acusadora en las apelaciones restringidas, referido a la existencia del defecto de sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, bas� su determinaci�n de cambiar la situaci�n jur�dica de la acusada, de absuelta a condenada; en los hechos establecidos como probados en el ac�pite III.1 del fallo de m�rito, por lo que su actuaci�n se encuentra de acuerdo a la amplia doctrina emitida por este Tribunal, en sentido de que con la facultad conferida por el art. 413 parte in fine del CPP, el Tribunal de apelaci�n, tiene la facultad de cambiar la situaci�n jur�dica de un acusado, con la �nica condici�n de respetar la intangibilidad de los hechos hist�ricos del caso concreto, establecidos por el Tribunal de m�rito; aspecto que fue respetado por el Tribunal de apelaci�n, conforme lo analizado en el presente punto, no siendo evidente la denuncia de que hubiera inobservado la l�nea doctrinal sentada por el Auto Supremo 138/2017, dictado dentro del presente caso y que hubiera revalorado nuevamente la prueba.
En cuanto, a la inobservancia de la prohibici�n de reforma en perjuicio; de la revisi�n de los precedentes invocados, se establece que ninguno habla sobre la problem�tica planteada, por lo que al haberse admitido por precedente el recurso planteado, �ste Tribunal Supremo de Justicia, no advierte una situaci�n an�loga entre los precedentes invocados y circunstancia planteada, impidiendo a este Tribunal el ejercicio de su funci�n nomofil�ctica.
Por �ltimo, es preciso recordar, que tanto el Tribunal de apelaci�n como de casaci�n, tiene como l�mite de su competencia, las circunstancias alegadas por los recurrentes y los argumentos que sirvieron para fundar un recurso, no pudiendo considerar aspectos diferentes, modificar o rectificar los mismos, en cumplimiento de lo previsto por el art. 17.II de la Ley 025 y 398 del CPP, pues lo contrario ser�a vulnerar los principios de imparcialidad del Juez y la igualdad de las partes.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO�el recurso de casaci�n interpuesto por Mar�a Cristina Gardeazabal �lvarez.