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Timestamp: 2018-07-16 12:42:21
Document Index: 409088983

Matched Legal Cases: ['artículo 110', 'artículo 134', 'artículo105', 'artículo 129', 'artículo 133', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 1']

El mito de la presunción de constitucionalidad, por Juan Carlos González Cancino. | Constitucionalistas Mexicanos Google+
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El mito de la presunción de constitucionalidad, por Juan Carlos González Cancino.
0 Amparo, Aprendiendo Constitucional, Derechos Humanos, Política 11:44
Frase por demás frecuente en las sentencias de amparo: “El quejoso no desvirtuó la presunción de constitucionalidad del acto reclamado, en consecuencia la Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso…”
Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación opera hipnotizada con esa idea de la presunción de constitucionalidad, que resulta tan contraria a los fundamentos mismos de todo el constitucionalismo:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, basta con expresar la causa de pedir; sin embargo, ello no significa que los quejosos o recurrentes puedan limitarse a realizar afirmaciones sin sustento, pues a ellos corresponde exponer las razones por las cuales estiman inconstitucionales los actos reclamados. Por tanto, en virtud de que toda ley goza de la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, corresponde a quienes la impugnan, la carga de la prueba, pues sólo así es posible analizar si la ley reclamada contraviene o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera Sala. Jurisprudencia por reiteración de criterios. Amparo en revisión 437/2005. Cofrasa, S.A. de C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXII, Septiembre de 2005, página 143. No. de registro 177264.
La presunción de constitucionalidad está tan fuertemente arraigada en el inconsciente, que incluso el legislador considera un acto de misericordia y benevolencia establecer la suplencia de la queja sólo para aquellos que considera “más desvalidos”:
Lo que el Poder Judicial y el Legislador pasan por alto, es que la multicitada presunción de constitucionalidad no existe, no tiene fundamento alguno en texto Constitucional, es una creación ajena al Poder Constituyente. Invito al lector a comprobarlo por su propia cuenta, no existe precepto constitucional alguno que establezca o permita interpretar que existe la presunción de constitucionalidad y por el contrario hay múltiples artículos que denotan que el Poder Constituyente desconfía de la autoridades, por ejemplo el juicio político del artículo 110, los lineamientos de honestidad y eficiencia en el manejo de recursos públicos del artículo 134, el principio de división de poderes de los artículos 49 y 116, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales del artículo105, la prohibición impuesta a las autoridades militares para realizar actividades distintas a la disciplina militar en tiempos de paz del artículo 129, el control difuso de la constitucionalidad del artículo 133, etc.
Si el Poder Constituyente realimente estuviera convencido de que las autoridades acostumbran actuar conforme a Derecho, todas las disposiciones citadas en el párrafo anterior estarían sobrando.
Conviene señalar que el constitucionalismo parte de la realidad (no presunción) de que las autoridades tienden a abusar del poder, por lo tanto resulta absurdo y aberrante establecer una presunción de inocencia a favor de las autoridades, como lo es la presunción de constitucionalidad.
Por otra parte, también se omite que todas las autoridades están obligadas a hacer guardar la Constitución en términos del artículo 128 de la Constitución:
La obligación contenida en el artículo 128, no es una obligación de no hacer, sino lo contrario, es una obligación que implica una conducta positiva, una labor proactiva en la protección de los valores que una determinada comunidad política ha considerado esenciales y por ello ha incorporado a la Constitución.
En ese contexto, resultan claras dos cosas:
1) La existencia misma de la presunción de constitucionalidad no tiene fundamento constitucional y
2) Resulta ilógico que el quejoso tenga que combatir solo contra una presunción inexistente en la Constitución.
Asimismo debe considerarse que tanto los derechos humanos, como la supremacía constitucional no son cuestiones que afecten únicamente intereses particulares, sino que son cuestiones de orden público y por lo que hace a las normas que establecen los derechos humanos son de ius cogens. En otras palabras, a todos nos conviene vivir en una sociedad en la que se respeten los derechos humanos y el texto constitucional. En consecuencia todas las autoridades y en especial el Poder Judicial deben realizar una labor más activa al momento de analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, más aun cuando el artículo 1° Constitucional les impone obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos, así como de investigar y reparar las violaciones cometidas a los derechos humanos.