Source: http://interactiva.net.co/hoyos/ley-1565-de-2012/
Timestamp: 2018-01-16 17:00:19
Document Index: 348785548

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 260', 'artículo 260', 'artículo 18', 'artículo 879', 'artículo 879', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 254', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 20', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 26', 'artículo 15', 'artículo 63', 'artículo 15']

Ley 1565 de 2012 : Godoy & Hoyos abogados
Godoy & Hoyos abogadosNoticiasLey 1565 de 2012
Los colombianos que viven en el extranjero, podrán acogerse por una sola vez a lo dispuesto en la Ley 1565 de 2012, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
Acreditar que la persona ha permanecido en el extranjero por lo menos tres (3) años. El Gobierno Nacional reglamentará este requisito en un término máximo de 2 meses.
Manifestar por escrito a la autoridad competente, su interés de retornar al país y acogerse a los beneficios de la Ley
Por otra parte, se establece que los beneficios de la Ley 1565 de 2012 no son aplicables respecto de personas con condenas vigentes en Colombia o en el exterior, por delitos relacionados con el tráfico y trata de personas, lavado de activos, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, violaciones al derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, así como aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos contra la administración pública.
Frente a los incentivos tributarios, se establece que los colombianos que cumplan con los requisitos para la aplicación de la Ley 1565 de 2012, quedaran exentos del pago de todo tributo y de los derechos de importación que graven el ingreso al país de los siguientes bienes:
Menaje de casa hasta 2400 UVT.
Instrumentos profesionales, maquinarias, equipos, bienes de capital, y demás bienes excepto vehículos, que usen en el desempeño de su profesión, oficio o actividad empresarial, hasta 17.130 UVT, siempre que sean destinados al desarrollo de su profesión en Colombia.
La monetización producto de la venta de bienes y activos ganados por concepto de trabajo o prestación de servicios en el país de residencia, con la debida acreditación de su origen lícito y cumpliendo con las formalidades del país receptor. En este caso no se causa el gravamen a los movimientos financieros. La cuantía a exonerar no deberá ser mayor 34.262 UVT, los cuales deben entrar al país, previa certificación de proveniencia de los recursos, y ser tramitados a través de una entidad financiera, que solo cobrará sus costos de intermediación.
Si el valor de los bienes importados al país excede el monto exonerado, se cancelarán los tributos diferenciales.
Se dispone que los beneficiarios de los incentivos previstos por la Ley, que transfieran bienes importados al país para el provecho de terceras personas, bajo cualquier modalidad en virtud de la presente ley, o los adquirentes de dichos bienes, quedarán obligados al pago de los tributos y de los intereses correspondientes, si la transferencia se efectúa dentro de los tres (3) años siguientes a su regreso a Colombia.
El gobierno nacional debe reglamentar la ley, en un plazo que no excederá de noventa (90) días contados a partir de la fecha de su sanción y publicación.
1.1 Mediante el Decreto 1602 de 2012 se establecen nuevos plazos y lineamientos para la entrega de la documentación comprobatoria (estudio de precios de transferencia) para los sujetos obligados a cumplir el régimen de precios de transferencia, obligación que debe ser cumplida por los estudios de precios de transferencia del año gravable 2011, en todos los casos, con vencimientos que inician y finalizan en el mes de septiembre del año 2012. Del mismo modo, se modifican los requisitos reglamentarios para los Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia (APA).
Se modifica el artículo 8 del Decreto 4349 de 2004, estableciendo una obligación general para los obligados al régimen de precios de transferencia, en todos los casos, de enviar con destino a la DIAN la documentación comprobatoria (estudio de precios de transferencia), dentro del año inmediatamente siguiente al año gravable al que corresponde la información, en las fechas que determine el Gobierno Nacional, en forma virtual a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y en las condiciones que esta determine, atendiendo al último dígito del NIT del obligado, sin el dígito de verificación (debe recordarse que con anterioridad al Decreto 1602 de 2012, los contribuyentes debían preparar y conservar la documentación comprobatoria, que debía ser enviada a la DIAN en caso de un requerimiento concreto de la Autoridad, dentro de los 15 días siguientes al requerimiento).
Respecto de la documentación comprobatoria (estudio de precios de transferencia) correspondiente al año gravable 2011, se establece que los sujetos obligados a preparar dicha documentación, deben enviarla a la DIAN en el mes de septiembre de 2012, en todos los casos, en forma virtual (a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN), atendiendo al último dígito del NIT del obligado, sin el dígito de verificación, teniendo en cuenta los plazos establecidos a continuación:
Si el último dígito es Hasta el día
1 3 de septiembre de 2012
2 4 de septiembre de 2012
3 5 de septiembre de 2012
4 6 de septiembre de 2012
5 7 de septiembre de 2012
6 10 de septiembre de 2012
7 11 de septiembre de 2012
8 12 de septiembre de 2012
9 13 de septiembre de 2012
0 14 de septiembre de 2012
Se modifica el artículo 11 del Decreto 4349 de 2004, disponiendo que los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que realicen operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior, podrán solicitar por escrito a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la celebración de un Acuerdo Anticipado de Precios (en adelante APA), bajo las siguientes condiciones y requisitos:
La solicitud deberá ser suscrita por el contribuyente que realice las operaciones objeto del mismo y deberá presentarse ante el Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales o su delegado.
La solicitud de un acuerdo Anticipado de Precios, deberá contenerla siguiente información: a) Nombre o razón social, número de identificación tributaria, país de residencia, domicilio y dirección del contribuyente y del(los) vinculado(s) económico(s) o parte(s) relacionada (s) del exterior, cubierto(s) por el Acuerdo que se solicita. b) Descripción general de la actividad económica principal y de las actividades accesorias que desarrollan el solicitante y su(s) vinculado(s) económico(s) domiciliado(s) o residentes(s) en el exterior con el(los) cual(es) se celebren operaciones que hayan sido incluidas como objeto del acuerdo; así como la estructura organizacional nacional e internacional, composición del capital social y principales acuerdos celebrados por los vinculados intervinientes en la operación con incidencia en los estados financieros. c) Descripción del contenido del acuerdo que se pretende formular, relacionando cada uno de los tipos de operación que serán cubiertos, con indicación de la moneda en que se prevé realizar las operaciones.
No existe un término máximo para presentar la solicitud del APA, a diferencia de lo establecido con anterioridad al Decreto aquí examinado, en donde la solicitud debía presentarse dentro de los 3 primeros meses del año gravable.
La solicitud del APA deberá contener una descripción y justificación de los supuestos fundamentales del acuerdo, tomando en consideración, y en lo pertinente al caso especifico, entre otras, las siguientes hipótesis fundamentales:
La Legislación Tributaria Colombiana y las disposiciones de los convenios internacionales si los hubiere, suscritos por Colombia con el país o los países en donde el (los) vinculado(s) económico(s) o parte(s) relacionada(s) tenga(n) residencia o domicilio.
Aranceles, derechos de aduanas, restricciones a la importación y demás regulaciones gubernamentales en materia de comercio exterior.
Condiciones económicas, cuota y condiciones del mercado, volumen de ventas y precio de venta final.
Naturaleza de las funciones, los activos utilizados y los riesgos incurridos por las empresas que participan en las operaciones cubiertas por el acuerdo.
Tasa de cambio, tasa de interés y clasificación crediticia.
Estructura de capital y administración.
Contabilidad financiera y clasificación de los ingresos, costos y gastos, activos y pasivos.
Las empresas que operarán en países distintos a Colombia y la forma jurídica que tomarán sus operaciones.
Explicación detallada de la metodología de precios de transferencia propuesta, ilustrando su aplicación en los tres últimos ejercicios fiscales. Cuando por razones objetivas comprobables no exista información histórica para esta aplicación, se deberá presentar la aplicación de la metodología con base en cifras estimadas, teniendo en cuenta lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias del régimen de precios de transferencia.
Con la solicitud del APA deberá adjuntarse la siguiente información adicional:
Información genérica respecto de este tipo de acuerdos, convenios o propuestas de valoración aprobadas o en trámite ante administraciones tributarias de otros Estados.
Identificación genérica de otros tipos de operación realizados entre las entidades vinculadas o partes relacionadas que no serán cobijados por el acuerdo, con una breve explicación de los motivos por los cuales no se incluyen.
Demás información que el contribuyente considere pertinente.
Para los documentos extendidos en idioma distinto del castellano, deberá allegarse la correspondiente traducción oficial.
La documentación e información presentada para la suscripción del APA tendrá efectos únicamente en relación con ese procedimiento y será utilizada exclusivamente respecto del mismo, salvo cuando el acuerdo sea revocado o cancelado por incumplimiento.
Los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que intervengan en el procedimiento para la negociación y suscripción de los APA, deberán guardarla reserva legal contemplada en el Estatuto Tributario.
Se adiciona el artículo 13 del Decreto 4349 de 2004, disponiendo que los contribuyentes con los cuales la DIAN celebre un APA, y mientras el mismo surta sus efectos, no deberán preparar, por tales operaciones, la documentación comprobatoria de que trata el artículo 260-4 del Estatuto Tributario, salvo que la administración le requiera para su presentación, caso en el cual deberá ser presentada dentro de los dos meses siguientes a su solicitud, so pena de la sanción contemplada en el literal A) del artículo 260-10 del Estatuto Tributario (debe recordarse que con anterioridad al Decreto 1602 de 2012, las disposiciones reglamentarias de los APA no exoneraban expresamente del deber de preparar y conservar documentación comprobatoria).
Se modifica el artículo 18 del Decreto 4349 de 2004, estableciendo que el obligado a presentar documentación comprobatoria, para efectos del envío de dicha documentación con destino a la DIAN, deberá prever con suficiente anticipación el adecuado funcionamiento de los medios requeridos para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. En ningún caso constituirán causales de justificación de la extemporaneidad en la presentación de la documentación comprobatoria, los eventuales daños en su sistema y/o equipos informáticos, falta de conexión, los daños en el mecanismo de firma con certificado digital, el no agotar los procedimientos previos a la presentación de la información, como el trámite de inscripción o actualización en el Registro Único Tributario con las responsabilidades relacionadas para el cumplimiento de la obligación y activación del mecanismo de firma digital, la pérdida del archivo de firma u olvido de la clave secreta del mismo por quienes deben cumplir con la obligación de informar y declarar en forma virtual o la solicitud de cambio o asignación de un nuevo mecanismo de firma amparado con certificado digital, con una antelación inferior a tres días hábiles al vencimiento (esta disposición no existía con anterioridad al Decreto 1602 de 2012, puesto que no existía obligación general de envío de los estudios de precios de transferencia con destino a la DIAN, por medios virtuales).
Cuando por fuerza mayor no imputable al obligado, no haya disponibilidad de los servicios informáticos electrónicos, deberá procederse en la siguiente forma: la información, se presentará en forma virtual a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, haciendo uso del mecanismo de firma digital, al día siguiente del restablecimiento del servicio electrónico, hasta obtener el resultado exitoso de este procedimiento. Del mismo modo, se dispone que el cumplimiento de la obligación de presentar la documentación comprobatoria supone agotar el procedimiento aquí descrito (esta disposición no existía con anterioridad al Decreto 1602 de 2012, puesto que no existía obligación general de envío de los estudios de precios de transferencia con destino a la DIAN, por medios virtuales).
2. Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)
2.1 Mediante el Decreto 1625 de 2012 se reglamenta una exención del Gravamen a los Movimientos Financieros, respecto de las operaciones de compensación y liquidación de valores realizadas a través de bolsas agropecuarias o de comodities (numeral 7 del artículo 879 del Estatuto Tributario)
Se dispone que para efecto de la aplicación del numeral 7 artículo 879 del Estatuto Tributario, no se encuentran comprendidas dentro de las operaciones de compensación y liquidación administradas por bolsas de productos agropecuarios o de otros comodities, la disposición inicial de los recursos de la cuenta corriente o de ahorros de las personas que actúan como compradores o adquirentes de bienes o servicios, para transferir o canalizar dichos recursos a la respectiva Bolsa.
1.1 La DIAN considera que en materia de carteras colectivas reguladas por el artículo 23-1 del Estatuto Tributario, el concepto de “transparencia fiscal” no permite aplicar el descuento tributario por impuestos pagados en el exterior por parte del suscriptor de la cartera, en el supuesto de que dicho mecanismo de inversión pague impuestos en el exterior. Del mismo modo, la DIAN considera que los ingresos obtenidos a través de carteras colectivas, son de fuente nacional para los respectivos suscriptores del mecanismo de inversión, según el artículo 24 del Estatuto Tributario (Oficio 041660 de 2012).
La Administración señala que según el artículo 24 del Estatuto Tributario, en armonía con lo dispuesto por el artículo 23-1 del mismo Estatuto, los ingresos que perciben los denominados “fondos comunes” (carteras colectivas), se consideran de fuente nacional para los suscriptores de los mismos, ya que corresponden a ingresos obtenidos en ejercicio de actividades comerciales dentro del país.
Por otra parte, la DIAN entiende que la regulación del artículo 23-1 del Estatuto Tributario debe entenderse referida de manera exclusiva a la transparencia respecto al concepto de los ingresos que se perciban por las inversiones en un fondo (cartera colectiva) operado en el territorio nacional, pues ese es el ámbito de aplicación del Estatuto Tributario, los cuales se distribuirán a los suscriptores al mismo título que los haya recibido el fondo y en las mismas condiciones tributarias que tendrían si fueran percibidos directamente por el suscriptor o partícipe.
De esta manera, la Administración considera que la transparencia hace relación a los ingresos obtenidos en el país, respecto de la inversión que hace el suscriptor, participe o aportarte del fondo en Colombia, en virtud de lo cual sus ingresos son de fuente nacional, en el entendido, se reitera, que se obtienen por la suscripción como participe de un fondo en el país. Así las cosas la transparencia se predica respecto de los ingresos, no en relación con su origen.
En consecuencia, la DIAN entiende que si en virtud del contrato, la administradora de la inversión efectúa inversión de los recursos del fondos en el exterior, genera ingresos y sobre estos se han cancelado impuestos en el exterior, debe tenerse en cuenta que el suscriptor en el país no puede aplicar el artículo 254 del Estatuto Tributario para llevar como descuento del impuesto de renta el pagado en el exterior con ocasión de la inversión fuera del país, toda vez que el contribuyente nacional no tiene participación directa o indirecta respecto de las sociedades del exterior en caso de que el fondo haya invertido en acciones en el exterior.
En conclusión, la DIAN considera que de aceptarse vía doctrina que el principio de transparencia se predica del origen en su condición de nacional o extranjero, tal postura haría nugatoria la legislación fiscal relativa a la tributación en el país de los contribuyentes extranjeros no residentes ni domiciliados en Colombia en relación con los ingresos provenientes de inversiones de portafolios integrados por acciones o de inversiones de portafolio cuyo objeto consista en replicar o seguir índices nacionales o internacionales relativos a activos que hagan parte de canastas que conformen dichos índices, que estén listadas o listados en sistemas de cotización de valores extranjeros, en las bolsas de valores colombianas.
1.2 La Administración Tributaria entiende que las rentas que se deriven en Colombia producto de la liquidación de una sucesión, por parte de un heredero con residencia fiscal en Suiza, se rigen por las disposiciones del Convenio para Evitar la Doble Imposición entre Colombia y Suiza, que regulan las ganancias de capital (Concepto 043467 de 2012)
Se le consulta a la DIAN, a la luz del convenio celebrado entre la Confederación Suiza y la República de Colombia para evitar la doble tributación (Ley 1344 de 2009), qué impuestos debe pagar en Colombia un residente en Suiza que percibe unos ingresos en calidad de heredero de una sucesión, cuyo causante era residente en Colombia.
La Administración señala que el artículo 13 del Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza (en adelante CDI) regula el tratamiento de las rentas originadas en la enajenación de todo tipo de bienes, calificándolas como ganancias de capital. Para tal efecto, establece las reglas que se deben aplicar según la clase de bien objeto de enajenación, en los términos del Convenio respectivo.
Ahora, una vez examinado el artículo 13 del CDI, la DIAN concluye que dicha disposición determina la potestad de los Estados contratantes para gravar las rentas por la enajenación de los bienes que allí se relacionan, sin importar a que título se efectúa tal enajenación.
En este punto, para la DIAN resulta oportuno citar apartes de los comentarios al artículo 13 del Convenio modelo de la OCDE. El párrafo 5 de los comentarios al artículo mencionado señala: “El artículo no contiene una definición detallada de las ganancias de capital que, por las razones antes citadas, sería superflua. La expresión “enajenación de propiedad” utilizada en él comprende las ganancias de capital resultantes de la venta o permuta de bienes, y también de una enajenación parcial, de la expropiación, de las aportaciones a sociedades, de la venta de derechos, de la donación e incluso de la transmisión mortis causa…”
En consecuencia, la Administración entiende que con el objeto de definir el tratamiento fiscal de las rentas obtenidas por enajenación de bienes frente al Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza a cualquier título, deben observarse las reglas contenidas en los párrafos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 13 del CDI, aplicables según el tipo de bien objeto de enajenación. Finalmente, la DIAN considera el artículo 20 del CDI citado por el consultante resulta inaplicable al caso analizado, como quiera que este se refiere a “rentas no mencionadas en artículos anteriores”, puesto que las rentas originadas por la enajenación de bienes se regulan en el ya referido artículo 13 del CDI.
1.3 La Administración considera que el Registro Único Tributario no es un certificado tributario, ni un registro público, para efectos de la aplicación de las reglas del Decreto – ley Anti – trámites (Concepto 39078 de 2012)
La DIAN considera que dentro del contexto del artículo 15 del Decreto-Ley 0019 de 2012, las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas o presten servicios públicos pueden acceder, mediante conexión gratuita, a los registros públicos que llevan las Cámaras de Comercio en relación con los certificados de existencia y representación legal de las personas jurídicas, las oficinas de registro e instrumentos públicos respecto a los certificados de tradición de bienes inmuebles, las oficinas encargadas del registro de naves, aeronaves y vehículos encargadas de certificar la tradición y propiedad de los mismos, lo mismo que con las entidades fiscales y/o administraciones tributarias que expidan certificados tributarios.
La DIAN señala que de manera expresa la norma hace referencia a dos aspectos importantes a considerar: 1) Expedición de certificados. 2) Registro Público.
En cuanto a los certificados, entendiéndose como tales, los documentos que dan fe, incorporan o soportan actos, acciones o actuaciones ante un organismo con funciones pú­blicas, deben expedirse por el funcionario competente con el fin de acreditar una situación particular del solicitante; los mismos deben estar debidamente definidos por las normas bien sea como requisitos para acceder a un trámite o declarar simplemente la existencia de una situación particular, por ejemplo, el certificado de tradición y libertad. En materia de impuestos nacionales, la ley no señala propiamente la existencia de un documento de­nominado “Certificado Tributario”, lo cual no descarta su uso a nivel de otros impuestos de carácter local o territorial, a los cuales hace mención expresa el artículo 15 del Decreto Ley 0019 de 2012.
En relación con el registro público, es una institución establecida con fines de dar publicidad formal a determinados hechos, circunstancias o derechos, que funciona bajo regulación y control de la administración pública o entidades privadas designadas expre­samente por la ley, que prestan un servicio en pro de la transparencia. Tal es el caso del Registro Mercantil, el cual de conformidad al artículo 26 del Código de Comercio, tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad.
En este punto, la DIAN considera que el Registro Único Tributario (RUT), no se puede catalogar como un Certificado Tributario y no tiene el carácter de Registro Público. En consecuencia, no es susceptible poner a disposición la información del Registro Único Tributario en los términos de lo previsto por el artículo 15 del Decreto Ley 0019 de 2012.
Por otra parte, la Administración entiende que para efectos fiscales, por mandato expreso de la ley, las entidades del orden nacional y territorial, en sus actuaciones deberán contar con la informa­ción básica del RUT administrado por la DIAN, en cuyo caso la DIAN podrá suministrar los datos de Identificación (NIT, nombres y apellidos, razón social), ubicación (Dirección, Municipio, Departamento), en concordancia con el artículo 63 del Decreto-Ley 0019 de 2012 (sobre intercambio de información entre autoridades públicas), para lo cual se deberá tener en cuenta las condiciones de seguridad y pro­tección del suministro de la información aquí señalada, así como la garantía de su reserva por parte de los destinatarios de la misma.
Así las cosas, la DIAN concluye que las entidades públicas y los particulares que ejerzan funciones públicas, para el ejercicio de sus funciones públicas, podrán compartir la información básica de identifica­ción y ubicación tributaria contenida en el Registro Único Tributario -RUT-, administrado por la DIAN.
Finalmente, la Administración entiende que la información básica del RUT que puede ser compartida, para el ejercicio de las funciones públicas que ejercen las entidades públicas y los particulares, es la relacionada con la “Identificación” (NIT, nombres y apellidos, razón social), y la “Ubicación” (Dirección, Municipio, Departamento), previo el cumplimiento de las formas, condiciones, reserva y requisitos para el suministro, manejo, uso y salvaguarda de la información. Debe tenerse en cuenta que existe otra información de tipo privado contenida en el RUT que goza de protección por el artículo 15 de la Constitución Política, y no puede ser compartida por la DIAN.