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Timestamp: 2020-05-27 22:25:45
Document Index: 370817674

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 33', 'artículo 26', 'artículo 50', 'artículo 48', 'artículo 51', 'artículo 52']

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Tribunal de Cuentas, la Asociación de Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, el Instituto de Estudios Fiscales y el Instituto Nacional de Administración Pública, para la organización y el desarrollo de formación en materia de evaluación de políticas y programas públicos
Segunda Actuaciones a desarrollar por las partes
Cuarta Mecanismo de seguimiento, vigilancia y control
Quinta Presencia institucional y visibilidad
Octava Duración y extinción del Convenio
ANEXO I . Programa del curso «Evaluación de Políticas y Programas Públicos»
ANEXO II . Presupuesto por actuaciones de la financiación del Convenio
La Presidenta del Tribunal de Cuentas, el Presidente de la Asociación de Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, el Director General del Instituto de Estudios Fiscales y la Directora General del Instituto Nacional de Administración Pública han suscrito, con fecha 20 de mayo de 2019, un Convenio para la organización y el desarrollo de formación en materia de evaluación de políticas y programas públicos.
Madrid, 6 de junio de 2019.El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Antonio J. Hidalgo López.
Convenio entre el Tribunal de Cuentas, la Asociación de Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, el Instituto de Estudios Fiscales y el Instituto Nacional de Administración Pública, para la organización y el desarrollo de formación en materia de evaluación de políticas y programas públicos
De una parte, doña María José de la Fuente y de la Calle, Presidenta del Tribunal de Cuentas (en adelante TCu), institución con CIF S2826020F, por su nombramiento según el Real Decreto 947/2018, de 24 de julio (BOE núm. 179, de 25 de julio de 2018).
De otra, don Alfonso Peña Ochoa, Presidente de la Asociación de Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (en adelante ASOCEX), con CIF G87307765, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de sus Estatutos, y en virtud de su nombramiento mediante Acuerdo de la Conferencia de Presidentes de ASOCEX, adoptado en Oviedo, el 29 de mayo de 2018.
Y de otra, doña María Isabel Borrel Roncalés, Directora General del Instituto Nacional de Administración Pública (en adelante, INAP), con CIF Q2811002A, por su nombramiento mediante Real Decreto 50/2019, de 8 de febrero (BOE del 9), y en virtud de las funciones que le confiere el artículo 6.2.f) del Estatuto del INAP, aprobado por el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril.
Las partes se reconocen, en la representación que ostentan, plena competencia y capacidad para firmar el presente Convenio y a tal efecto, realizan la siguiente
Primero.El Tribunal de Cuentas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, tiene competencia exclusiva para todo lo concerniente al gobierno y régimen interior del mismo y al personal a su servicio y considera de utilidad para el cumplimiento de sus fines institucionales la realización de actividades de especialización de dicho personal, en colaboración con las instituciones que suscriben el presente Convenio.
Segundo.La ASOCEX se constituye, de acuerdo con el artículo 1 de sus Estatutos, como una asociación al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, y normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de cualquier finalidad de lucro.
La ASOCEX tiene entre su fines (artículo 2. de sus Estatutos), entre otros el fomento de la cooperación entre los Órganos de Control Externo Autonómicos (OCEX) y establecer líneas de coordinación en todas aquellas materias de interés común. Para ello, de acuerdo con el artículo 3.d) podrá organizar toda clase de actividades formativas conjuntas como cursos, seminarios, así como congresos, jornadas o encuentros técnicos.
Tercero.El IEF es un organismo autónomo de los regulados en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, adscrito al Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Hacienda.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba su Estatuto, tiene atribuidas en su artículo 3, entre otras, la formación de los funcionarios y otro personal en las materias específicas de la Hacienda Pública, incluyendo las técnicas de administración y gestión financiera y tributaria, de presupuestación y gasto público, así como las demás actividades formativas que le sean encomendadas, elaborando al efecto, en colaboración con los órganos directivos de los Departamentos y de acuerdo con sus necesidades, los correspondientes programas formativos a medio y largo plazo; y el desarrollo de relaciones de coordinación y cooperación con otros centros, institutos, escuelas de administración pública, universidades, instituciones, organismos y otras administraciones financieras, nacionales e internacionales, en materia de estudios e investigación sobre temas tributarios y gasto público o de formación y perfeccionamiento de personal con funciones administrativas en estas materias.
Cuarto.El INAP es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, según dispone el Real Decreto 863/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. De acuerdo con el Estatuto del INAP, aprobado por el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril, son fines esenciales del mismo, sin perjuicio de las competencias específicas que se reconozcan sobre estas materias a otros centros, institutos o escuelas de la Administración General del Estado, la formación y perfeccionamiento de los empleados públicos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, así como del resto de entidades del sector público estatal, salvo en los supuestos en que otras disposiciones encomienden estas funciones a otros centros especializados y la coordinación, colaboración y cooperación con los demás centros, institutos o escuelas de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos que realicen tareas de selección, formación y perfeccionamiento de empleados públicos.
Este Convenio tiene por objeto regular la forma en que las partes cooperarán en la organización, ejecución e impartición del curso «Evaluación de políticas y programas públicos», cuyo objetivo es facilitar, al personal al servicio de las Instituciones de Control Externo que lo suscriben, la especialización adecuada en materia de evaluación, sus diversas metodologías, enfoques técnicos y herramientas, necesarias para contribuir al logro de un sistema de gestión pública más moderno y eficaz.
Las partes se obligan específicamente a colaborar conjuntamente en la organización y gestión del Curso asumiendo para ello los compromisos contenidos en el presente Convenio.
El contenido y la metodología del curso quedan especificados en el anexo I al presente Convenio.
El TCu y la ASOCEX realizarán las gestiones necesarias para la designación, participación y desplazamiento, en su caso, de los asistentes al curso, para participar en las sesiones presenciales y a financiar el gasto necesario correspondiente a la dirección y secretaría, remuneración a docentes y otros gastos derivados de tareas de evaluación y tutorización de los participantes.
El IEF se compromete a colaborar en la dirección y coordinación del curso, la gestión económica y administrativa derivada del mismo y a aportar los recursos personales y materiales necesarios para el desarrollo de la fase virtual del presente curso a través de su plataforma, incluida la puesta a disposición de los materiales didácticos necesarios para dicha fase.
El INAP se compromete a poner a disposición todos los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de la fase presencial del curso, así como cualquier otro gasto imprevisto pero necesario para el desarrollo del mismo. Se compromete igualmente a crear y dinamizar una comunidad de evaluación de políticas y programas públicos en su red social.
1. El presupuesto para financiar todas las actuaciones derivadas del desarrollo del presente Convenio asciende a un máximo de veintiún mil quinientos cuarenta euros (21.540 €).
2. El TCu financiará la cantidad de dos mil setecientos euros (2.700 €) de acuerdo con el desglose del anexo II, que será ingresada en la cuenta corriente del IEF indicada en el punto 6 de esta cláusula.
3. La ASOCEX financiará la cantidad de nueve mil euros (9.000 €) de acuerdo con el desglose del anexo II, que será ingresada en la cuenta corriente del IEF indicada en el punto 6 de esta cláusula.
4. El INAP financiará, con cargo a la partida 22.101.921O.226.06, la cantidad de cuatro mil doscientos euros (4.200 €) de acuerdo con el desglose del anexo II y de los compromisos adquiridos en la cláusula anterior.
5. El IEF financiará la cantidad máxima de cinco mil seiscientos cuarenta euros (5.640 €), de conformidad con el desglose contenido en el anexo II, y que se imputará al capítulo 2 del Presupuesto de Gasto para el ejercicio 2019, siempre que para ello exista crédito adecuado y suficiente, y se abonará mediante el sistema de pago de Caja Fija.
6. Para la gestión económica del presente curso, las aportaciones a las que se refieren los puntos 2, 3 y 4 de esta cláusula serán ingresadas en la cuenta corriente 0049-1905-892510025634, IBAN ES38 0049 1905 8925 1002 5634, del Banco Santander, cuyo titular es el IEF, dentro del plazo de un mes desde la fecha de eficacia del convenio.
Los equipos técnicos, los responsables de las instituciones y el director académico del curso estarán en estrecho contacto, comunicándose o reuniéndose siempre que lo consideren conveniente para la buena coordinación de las acciones y el óptimo desarrollo de las mismas. Dichos equipos serán los encargados del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes.
Los equipos responsables estarán conformados por los siguientes representantes de cada una de las partes: Por parte del TCu, la Consejera del Departamento del Área de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social; por parte de la ASOCEX, su Presidente o persona en quien delegue; por parte del IEF, el Director de la Escuela de Hacienda Pública y el Jefe de Estudios de Formación responsable del Programa, y por parte del INAP, el Subdirector de Aprendizaje.
Para la celebración de estas reuniones cada una de las partes asumirá los gastos en que pudieran incurrir sus representantes.
Los resultados obtenidos como consecuencia del desarrollo de la presente actividad serán compartidos entre las instituciones firmantes del presente convenio.
En todas las acciones de desarrollo del presente Convenio se hará mención expresa de la colaboración de las partes, figurando de forma destacada el nombre y logo de dichas entidades en todos los elementos de promoción y difusión (inserciones en prensa, folletos, comunicaciones, etc.) y en cuanta documentación se genere.
A tales efectos, el TCu, la ASOCEX, el IEF y el INAP se facilitarán mutuamente los elementos gráficos y de imagen correspondientes a su identidad corporativa, que solo podrán ser utilizados con tal exclusiva finalidad, siguiendo las directrices de imagen externa de cada entidad, sin que puedan ser empleados por ninguna de las partes fuera del ámbito de la colaboración que desarrollen al amparo del presente Convenio.
1 En el tratamiento de los datos de carácter personal, el Tribunal de Cuentas, la ASOCEX, el IEF y el INAP tendrán la consideración de «Corresponsables del Tratamiento», en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).
2 Los datos derivados de este Convenio serán de carácter identificativo y financiero, estrictamente necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el objeto establecido en la cláusula primera del Convenio.
3 La base de legitimación para la obtención de los datos vendrá dada por un lado, por los fines del Convenio, y por otro, de la legitimación de las partes dada su naturaleza para la colaboración en materia formativa.
El Tribunal de Cuentas está legitimado por la Ley Orgánica 2/1982 que le otorga competencia exclusiva para todo lo concerniente al gobierno y régimen interior del mismo y al personal a su servicio.
La ASOCEX de acuerdo con sus Estatutos tiene entre sus fines el fomento de la cooperación entre los Órganos de Control Externo Autonómicos (OCEX) y establecer líneas de coordinación en todas aquellas materias de interés común. Para ello, podrá organizar toda clase de actividades formativas conjuntas como cursos, seminarios, así como congresos, jornadas o encuentros técnicos.
El IEF está legitimado mediante el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de 27), por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo, entre cuyas funciones se encuentra la cooperación y la coordinación con otros centros, universidades, etc. en materia de estudios e investigación así como la formación.
El INAP viene legitimado por sus Estatutos, aprobados por el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril, entre cuyos fines destaca la formación y perfeccionamiento de los empleados públicos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, así como del resto de entidades del sector público estatal, salvo en los supuestos en que otras disposiciones encomienden estas funciones a otros centros especializados y la coordinación, colaboración y cooperación con los demás centros, institutos o escuelas de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos que realicen tareas de selección, formación y perfeccionamiento de empleados públicos.
4 En el caso de que se produzcan incidentes de seguridad que afecten a los sistemas objeto de este Convenio, las partes se comprometen a informarse mutuamente con la máxima celeridad posible con objeto de identificar si el incidente es susceptible de comunicación a la Autoridad de Control (la Agencia Española de Protección de Datos) y a las personas concernidas sin sobrepasar el límite de setenta y dos horas según establece el RGPD en su artículo 33. A su vez, las partes se comprometen a colaborar para resolver el incidente y poner los medios para que no se vuelvan a producir incidentes similares.
5 Las partes fijarán interlocutores relativos a la seguridad de la información y a la protección de datos personales, que se encargarán de comunicar y coordinar el tratamiento de los posibles incidentes de seguridad que se produzcan.
6 Todas las partes deberán cumplir con las obligaciones que la normativa de protección de datos asigna a los corresponsables del tratamiento conforme a lo establecido en el artículo 26 del RGPD, y lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del RGPD.
La modificación del presente Convenio requerirá acuerdo unánime expreso de los firmantes, que se tramitará conforme a lo previsto en el artículo 50 de la Ley de la 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El presente Convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes mediante su correspondiente firma por los representantes designados al inicio de este documento y resultará eficaz, una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal y publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos previstos en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019.
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto dentro del plazo previsto, o por incurrir en causa de resolución.
Serán causas de resolución del presente Convenio las establecidas en el artículo 51.2. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que producirán los efectos señalados en el artículo 52 de dicha norma.
En el caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, la parte que detectara dicho incumplimiento grave lo notificará a la parte que incumpla, mediante carta certificada con acuse de recibo. En el transcurso de los quince días siguientes a su recepción, la situación deberá ser regularizada o, en su caso, la parte que ha incumplido deberá alegar las causas y razones que impiden el correcto cumplimiento. A la vista de las mismas, la parte que haya denunciado el incumplimiento comunicará su decisión de resolver o no el Convenio, teniendo efecto dicha resolución a los diez días de dicha comunicación.
Cada una de las partes se compromete a hacer llegar a tiempo a las otras partes toda dificultad, de cualquier naturaleza que ésta sea, que encuentre en el desarrollo de la ejecución, y, en general, de toda información susceptible de afectar a su buena ejecución, con el fin de permitir a la otra parte tomar las medidas que considere más apropiadas.
En el caso de resolución, y en cuanto a la liquidación de obligaciones pendientes, cada parte asumirá la parte que le corresponda en virtud de la distribución de partidas y gastos recogida en el anexo II. La resolución del Convenio no dará lugar a indemnización alguna.
No obstante lo anterior, las actuaciones iniciadas al amparo del presente Convenio se realizarán hasta su completa ejecución, estableciéndose como plazo improrrogable para ello hasta el 31 de diciembre de 2019, transcurrido dicho plazo el Convenio quedará automáticamente extinguido.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se regula por lo dispuesto en el capítulo VI, título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las partes se comprometen a intentar resolver cualquier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación, cumplimiento, extinción y efectos del presente Convenio, a través del mecanismo establecido en la cláusula cuarta. En caso de no ser posible y resultar procedente litigio judicial, la jurisdicción competente para conocer y resolver dichas cuestiones será la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio. Todo ello sin perjuicio de la aplicación, en lo que proceda, de lo dispuesto en los artículos 5 de la Ley 52/1997, de 26 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, y 10 del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio.
Y en prueba de conformidad con lo que antecede se suscribe, en el lugar y fecha indicados, el presente Convenio quedando un ejemplar del mismo en poder de cada una de las partes.La Presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente y de la Calle.El Presidente de la Asociación de Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, Alfonso Peña Ochoa.El Director General del Instituto de Estudios Fiscales, Alain Cuenca García.La Directora General del Instituto Nacional de Administración Pública, María Isabel Borrel Roncalés.
Programa del curso «Evaluación de Políticas y Programas Públicos»
El curso se desarrollará a través de los siguientes componentes:
Ocho unidades didácticas virtuales, que se incorporarán de forma gradual en la plataforma virtual correspondiente al curso. Cada una de ellas contará con el plazo de una o dos semanas para su estudio por los participantes.
Cuatro foros de debate, que tendrán lugar en la plataforma virtual, vinculados a las unidades presentadas y estudiadas con anterioridad.
Cinco sesiones presenciales, de cuatro horas de duración cada una, situadas al inicio y en el desarrollo de curso, tras el estudio y debate de las distintas unidades didácticas incorporadas en la sede virtual. Dichas sesiones mostrarán un enfoque eminentemente práctico y de experiencias.
Un trabajo final consensuado con la dirección del curso, desarrollado por cinco equipos de trabajo, formados por los integrantes del curso, sobre distintos aspectos esencialmente prácticos vinculados a tareas propias de las Instituciones de Control Externo participantes.
Presupuesto por actuaciones de la financiación del Convenio
Concepto	Importe	FinanciadorGastos docencia Puesta a disposición material didáctico.	3.000	IEF. Docencia ponentes.	7.440	TCu y ASOCEX. Trabajos finales, tutorización y evaluación.	2.500	TCu y ASOCEX.Gastos gestión Campus virtual y seguimiento on line.	1.210	IEF. Dirección y secretaría.	1.760	TCu y ASOCEX. Gestión administrativa y económica.	1.430	IEF. Imprevistos y otros.	300	INAP. Aulas y gastos generales de la sesión presencial.	2.400	INAP. Gastos desplazamientos ponentes.	1.500	INAP. Total.	21.540