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Timestamp: 2018-07-19 07:33:16
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 40', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135']

4805: 2014
¿Qué ocurre con el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP)?
iEl pasado mes de octubre tuve la ocasión de ver el jugoso video, a cargo de Marta Sibina, sobre el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión, en la no menos sabrosa publicación digital http://www.cafeambllet.com/ttip/ (Ahí encontrareis varios enlaces a informes y artículos sobre el TTIP).
Ya andaba mi estómago algo revuelto en relación a los rumores que llegaban sobre este tratado. Es preocupante la opacidad en su negociación. La sospecha de prepotencia empresarial sobre legislaciones nacionales en otros tratados ya existentes -SECTA, NAFTA...- añadía temores y acidez a mi digestión.
La lectura del artículo "7 preguntas sobre el TTIP cuya respuesta deberías conocer: Guía práctica para entender el origen, las negociaciones y las consecuencias del Tratado Transatlántico entre los Estados Unidos y la Unión Europea", de Julio González García en eldiario.es de 20/10/2014, acabó de abocarme a la náusea.
Solo logré aliviar la dispepsia provocada expulsando las siguientes preguntas al Gobierno a las que espero conteste con transparencia y no con ininteligible receta de facultativo, en la que no entendemos que nos prescriben ni cómo debemos tomarlo.
La intervención de Sandra Sabates y Miguel Monzón en el Intermedio, del día quince de diciembre, trajo a mi memoria las preguntas registradas en el Congreso, el cuatro de noviembre.
Son las que siguen, podrían ser más u otras pero sirvan estas para ofrecer más información y contribuir al debate:
En caso de aprobarse el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTCI), que se está negociando en la actualidad entre los Estados Unidos de América del Norte (EUA) y la Unión Europea (UE) para aumentar el comercio y la inversión:
Habida cuenta que los EUA sólo han suscrito dos de los ocho Convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT):
1. ¿En qué situación quedarían los derechos laborales de los europeos?
2. ¿Qué limitación sufrirían los derechos de representación colectiva de los trabajadores en Europa?
3. ¿Podría producirse una rebaja salarial en el mercado laboral europeo?
De obviarse en el texto del TTCI el principio de precaución:
4. ¿En qué situación quedarían los estándares técnicos y de normalización industrial?
De confeccionarse una lista reducida de servicios públicos que no podrían privatizarse:
5. ¿Qué ocurriría con los que son actualmente públicos y no estén incluidos en la lista?
Queridos lectores ¿qué opináis del tema?
De nuevo, en torno a la confianza.
"La confianza consiste en contar con que alguien va a salvaguardar nuestros intereses", (J. M. Fuster, Cerebro y Libertad, Editorial Ariel, 2014).
¿Cuándo dejaron los ciudadanos de confiar en los partidos políticos? Ahí, en la cita de J. M. Fuster, está la respuesta: Cuando dejaron de "salvaguardar sus intereses".
La Constitución Española de 1978 sentó claramente, en el Título Preliminar, artículo 1.1, que "España se constituía en un Estado social, propugnando como valores superiores de su ordenamiento jurídico...la justicia, la igualdad..."
Más adelante, la Constitución en su artículo 40 compromete a "los poderes públicos en la promoción del progreso social y económico y en una distribución de la renta más equitativa".
La reforma del artículo 135 de la Constitución, propuesta, de manera quizás irreflexiva, por José Luis Rodríguez Zapatero al, entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy Brey postergó el compromiso social del Estado priorizando la estabilidad presupuestaria y el pago de la deuda y sus intereses.
La mayoría parlamentaria dejaba de salvaguardar los intereses de los ciudadanos.
Agustín Baeza Díaz-Moreno preguntaba a los candidatables del PSOE, en una carta abierta publicada en nuevatribuna.es de 27 Enero 2014: ¿Vais a llevar al Parlamento en los primeros días de Gobierno la modificación del disparate que se hizo en 2011 reformando la Constitución en su artículo 135? Si contestáis que No cometeríais un engaño masivo al decir a la gente que vamos a dar marcha atrás a los recortes y a recuperar el mini-estado de bienestar que teníamos.
Pedro Sánchez declaraba en una entrevista a la revista Sistema digital, de la semana 17 al 23 de noviembre: La reforma del artículo 135 fue una reforma y como consecuencia de un contexto de debilidad de nuestra economía y una fuerte presión exterior. Fue una medida demasiado dolorosa que además no consiguió calmar la voracidad de los mercados. Es precisamente en momentos de crisis cuando no se puede contraer la inversión pública, sino todo lo contrario. Esta medida ha venido a profundizar la situación de debilidad extrema y fue la antesala de una nueva recesión.
Este martes, veinticinco de noviembre, se debatirá la propuesta de los Grupos Parlamentarios de IU, ICV–EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de reforma del artículo 135 de la Constitución Española. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 146-1, de 29 de noviembre de 2013.
En el punto 3 del nuevo artículo 135 se lee: El pago de los créditos presupuestarios para satisfacer la financiación necesaria que garantice la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.
Sólo la salvaguarda de los intereses de los ciudadanos, la recuperación y la defensa de España como estado social puede recuperar la confianza de los ciudadanos hacia nuestra formación política.
Nuestro pacto debe ser siempre con los ciudadanos, en prospectiva, proyectados hacia el futuro, sin hipotecas con el pasado, legislando para mantener la homeostasis sociocultural, el equilibrio, la cohesión social. Dictando normas y leyes que mantengan íntegros, los individuos, el grupo y el medio en que vivimos.
Es obvio que los recursos, aunque finitos, están mal distribuidos. La característica de nuestra formación ha sido desde hace 135 años la redistribución justa y equitativa de las rentas.
Nuestro voto a favor de la propuesta no puede ser otro que la defensa de los ciudadanos, abriendo una posibilidad de dar marcha atrás a los recortes, que al amparo de aquella nefasta modificación se han producido.
Los derechos históricos de Atapuerca o la modificación de la Disposición Adicional Primera
Disposición Adicional Primera: La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.
¿Qué entendemos por derechos históricos de los territorios? ¿Qué se entiende por foral?
Los territorios no tienen derechos, los tienen los individuos. Además las historias de los individuos de los distintos territorios no se remontan a edades tan distintas como para poder establecer una clasificación en función de su edad y por ello merecedores de derechos y privilegios superiores al de menor rango cronológico.
La Academia de la Lengua entiende por fuero "la compilación de leyes o normas, instituciones". ¿Qué grupos de individuos, aún remontándonos a sus inicios, no tuvieron leyes, normas o instituciones que los rigieran? ¿Acaso la normas y las leyes son patrimonio exclusivo de grupos más evolucionados(?)?
Aquello común a todos los grupos y desde, probablemente, el inicio de los tiempos de la especie humana sobre la tierra, son los mecanismos de equilibrio social que previenen y garantizan la integridad de los individuos y del mismo grupo. No podría ser de otra manera.
No sabemos que pintamos en este mundo, lo decían Leibniz y Heidegger -¿porqué el ser y no la nada?- y lo repite estos días Hawking -"ahora mismo no sé aún porqué existe el Universo"-, pero la aparición azarosa del hombre sobre la tierra, en el Universo, quizás tenga una buena respuesta, no menos contingente, en la frase de Carl Sagan: "Somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo" y, añado yo, ¡para dejarlo un poco mejor!
No estaría mal que desde la Cámara Legislativa se intentaran redactar normas y leyes que respetaran aquel equilibrio que mantiene integros a los humanos y al medio en el que vivimos.
Por todo ello estoy convencido que la disposición adicional primera de nuestra Constitución, es exclusiva, para sólo dos autonomías, y excluyente para el resto. Si nos remitimos al original significado de autonomía como la condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie quizás debamos de una vez por todas someter a la administración central a una dieta de adelgazamiento en favor de mejorar la capacidad de gestión de ingresos y gastos de las autonomías, contribuyendo éstas, sin arrogancia periférica, al equilibrio social de todo el país y aquella, sin prepotencia central, contribuir al debate, fijación y control de normas comunes.
Quede el párrafo primero de la Primera Disposición Adicional: La Constitución ampara y respeta los derechos de los ciudadanos de los territorios autónomos, a través de sus instituciones, a la administración de sus propios ingresos y gastos.
Y sea el segundo párrafo: La actualización general de dicho régimen autonómico se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, respetando la cohesión -efecto de reunirse las cosas entre si-, la solidaridad -adhesión a la empresa de otros- y la fraternidad -amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como tales-.
Quizás así logremos amparar y respetar los derechos de todos, desde nuestro antecesor hombre de Atapuerca que ya no los precisa, el amparo y el respeto, hasta el actual emigrante, equilibrista en las violentas vallas de Ceuta y Melilla, que si los necesita.
Los recortes y la Sanidad Pública
Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012 distintas entidades, Salud y Familia , Médicos del Mundo y un grupo de investigadores, que se preguntaban en la revista British Medical Journal ¿Pueden los recortes de la austeridad desmantelar el sistema sanitario español?, se han manifestado en contra.
Los redactores del informe Impacto de la reforma de la asistencia sanitaria en España sobre la cobertura pública y Universal de Salud y Familia, 2012, opinaban que "el conjunto de medidas contempladas en aquel RDL supondrían -como así ha sido- la restricción de acceso al sistema sanitario público para amplios grupos de población residente en España que se encuentran en situación de privación y/o de desventaja social".
Médicos del Mundo en su informe de 2014 afirma que el RDL “ha supuesto un cambio del modelo del Sistema Nacional de Salud que, amparado por la crisis, deja a cientos de miles de personas sin asistencia sanitaria y nos retrotrae a un desfasado sistema de aseguramiento~y copago por la prestación de determinados servicios, con consecuencias nefastas para la salud de toda la población y para la sostenibilidad del Sistema Nacional, contribuyendo a acrecentar las desigualdades en salud".
Recomienda Medicos del Mundo "la derogación de este injusto RDL y la restauración de un sistema de asistencia universal, pública y gratuita para todas las personas residentes en España".
Helena Legido-Quigley y sus colegas, en su artículo en el British Medical Journal, explican que~"...una serie de ‘reformas’ desconectadas podría, sin medidas correctivas, llevar al desmantelamiento efectivo de grandes partes del sistema sanitario español,~con efectos potencialmente perjudiciales para la salud".
Sin ser ninguno de los impactos relacionados de menor importancia pienso que aquello más grave es haber perdido la condición de ciudadanos, con derecho universal~a la salud, a su promoción y ~a su mantenimiento. Hemos pasado de ser sujetos de derechos a la necesidad de estar asegurados o depender de la voluntad benefactora.
La financiación del Sistema Nacional de Salud se alimenta de los Presupuestos Generales del Estado, a los que contribuimos todos con el pago de impuestos, directos e indirectos. También a los residentes "sin papeles" que incluso en situación de desempleo siguen consumiendo, una forma de recaudar impuestos. En relación al copago debo recordar que la asistencia sanitaria es gratuita en el momento de su uso, que se ha pagado anteriormente mediante los impuestos.
En otros países de Europa se hace frente al pago de la deuda pública y a sus intereses sin recorte en las prestaciones sociales de educación, asistencia sanitaria o dependencia. Es la voluntad política del ejecutivo, gobierno de Mariano Rajoy, quien hace gravitar el peso de esas pérdidas sobre los derechos consolidados de los ciudadanos y no sobre los verdaderos culpables de la crisis que nos ahoga.
Si, como se dice, hemos gastado por encima de nuestras posibilidades ¿quién estiró más el brazo que la manga? Quienes asumieron un elevadísimo riesgo en inversiones inmobiliarias fueron las entidades financieras que prestaron cantidades millonarias a aquellos que, como la lechera, construyeron castillos en el aire. Hoy estas entidades financieras que arriesgaron los ahorros de los impositores y los perdieron han trasladado, con la ayuda del Gobierno y del Banco Central Europeo, sus pérdidas a nuestros bolsillos y a nuestra asistencia sanitaria.
Insostenible es mantener una estructura financiera que no está al servicio de los ciudadanos, que obtiene más beneficio de la especulación que del trabajo.
Por todo ello debemos tomar de nuevo las riendas de nuestras vidas como ciudadanos para evitar que nos arrebaten aquello que logramos, desde el inicio de la especie, gracias a la formulación de normas y leyes, desde la confianza, que tratan de evitar y paliar, cuando aparece, el daño individual y colectivo: el equilibrio social.
PD: CCOO ha publicado recientemente un informe que abunda en la denuncia del impacto de las medidas del RDL.
¿Qué ocurre con el Tratado Transatlántico para el ...
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