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Timestamp: 2019-04-21 06:14:12
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Matched Legal Cases: ['artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 74', 'artículo 42', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 69', 'artículo 73', 'artículo 41', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 69', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 84', 'e contrario', 'artículo 88']

1. REVOCATORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PARTICULARES
Según nuestra legislación la revocación es la extinción del acto en la vía administrativa, bien por razones de legalidad o de conveniencia o de interés público o social según el artículo 69 de Código contencioso administrativo. Aquel que posee la facultad directa para la revocatoria de tal acto es la autoridad misma que profirió el acto o su superior jerárquico.
Para la revocatoria de los actos particulares se requiere seguir los procedimientos señalados en el articulo 73 del mismo código, donde se indica que, cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular; Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.
Igualmente el artículo 74 del código contencioso administrativo indica que, para proceder a la revocación de actos de carácter particular y concreto se adelantará la actuación administrativa en la forma prevista en los artículos 28 y concordantes de este código. En el acto de revocatoria de los actos presuntos obtenidos por el silencio administrativo positivo, se ordenará la cancelación de las escrituras que autoriza el artículo 42 y se ordenará iniciar las acciones penales o disciplinarias correspondientes.
El beneficiario del silencio que hubiese obrado de buena fe, podrá pedir reparación del daño ante la jurisdicción en lo contencioso-administrativo si el acto presunto se revoca.
El artículo 73 plantea específicamente la situación de la revocatoria directa de un acto administrativo que cree o modifique una situación jurídica de carácter particular y concreto o que reconoce un derecho de igual categoría, siendo importante hacer un resumen de la posición que hasta el 16 de julio de 2002 sostuvo el Consejo de Estado en torno al tema de la revocatoria directa dentro de los lineamientos de la citada norma así:
A diferencia del decreto 2733 de 1959, el Decreto 01 de 1984 contempló dos excepciones a la prohibición de revocar los actos administrativos creadores de situaciones jurídicas o reconocedoras de derechos de igual categoría, si el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular:
a) La prevista en el inciso 2° del artículo 73 antes trascrito, es decir que la administración tiene la potestad de revocar unilateralmente los actos administrativos.
b) Que resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, para lo cual pueden presentarse dos situaciones:
- Que se den las causales contempladas en el artículo 69 del C.C.A., en otras palabras, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política y a la ley, cuando no estén conforme con el interés público o social o atenten contra él o cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.
- Que sea evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.
c) El inciso final de dicho artículo (73), permite la revocatoria de los actos administrativos, cuando sea necesaria para corregir simples errores aritméticos o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión. Esta disposición no constituye propiamente una excepción a la prohibición que se examina, sino que puede considerarse como un instrumento adecuado para corregir imprecisiones que no inciden en el fondo del determinado acto administrativo.
Sin embargo, es necesario aclarar que la posibilidad que tienen las autoridades de revocar los actos administrativos es descrita únicamente a los derivados del silencio administrativo positivo, en tales excepciones no se halla comprendida la disposición contemplada en el inciso 1° del artículo 73. Se agrega que a la luz del artículo 41 ibidem, solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales, el silencio administrativo equivale a decisión positiva.
Se puede afirmar que es verdad incontrovertible que si se reúnen los presupuestos legales para la revocación del acto, la administración debe solicitar a su respectivo titular el consentimiento expreso y escrito; si no lo obtiene, no estando autorizada para revocarlo, debe demandar su anulación ante la autoridad judicial competente. Es la filosofía que orienta el artículo 73 del C.C.A., una de las normas garantes de la seguridad jurídica, del respeto y vigencia de los derechos de los asociados dentro del Estado Social de Derecho. Este criterio se ha mantenido uniforme, no solo en distintos pronunciamientos de la Sala Plena de la Corporación, sino también en sus secciones.
Todas las anteriores interpretaciones del Honorable Consejo de Estado van en el mismo sentido, es decir, a considerar la figura de la revocatoria directa prevista en el artículo 73 solo aplicable a los actos que resultaran de la aplicación del silencio administrativo positivo si se presentaban las dos situaciones antes descritas (las causales del artículo 69 y los medios ilegales).
No obstante a partir de la sentencia proferida por el Honorable Consejo de Estado en Sala Plena con ponencia de la doctora Ana Margarita Olaya Forero, la posición es replanteada, tal como expresamente lo manifiesta el texto de la misma sentencia así:
Como se puede observar de la interpretación que hizo la sala del artículo 73 del C.C.A sólo contempló la posibilidad que tienen las autoridades de revocar los actos administrativos de carácter particular y concreto sin el consentimiento del particular, cuando se deriven del silencio administrativo positivo, planteamiento que revisa la sala en esta oportunidad, pues una nueva lectura del citado artículo 73 del Decreto 01 de 1994 permite ampliar el alcance que otrora señaló esta corporación y llegar a una conclusión diferente como se analizará en el capítulo siguiente.
De esta manera, la corporación entra a considerar la existencia de dos circunstancias bajo las cuales procede la revocatoria directa de un acto con efectos particulares sin que medie consentimiento del interesado, al hacer así el análisis gramatical de la norma:
Obsérvese que en el inciso 2° de dicha norma, el legislador empleó una proposición disyuntiva y no copulativa para resaltar la ocurrencia de dos casos distintos. No de otra manera podría explicarse la puntuación de su texto. Pero además, como se observa en este mismo inciso 2° y en el 3°, el legislador, dentro de una unidad semántica, utiliza la expresión “actos administrativos”, para referirse a todos los actos administrativos, sin distinción alguna.
Lo cierto es que tal como quedó redactada la norma del artículo 73, son dos las circunstancias bajo las cuales procede la revocatoria de un acto que tiene efectos particulares, sin que medie el consentimiento del afectado: Una, que tiene que ver con la aplicación del silencio administrativo y otra, relativa a que el acto hubiere ocurrido por medios ilegales.
2. VICIOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
4. CONTROLES QUE SE PUEDEN EJERCER EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
Los controles que se ejercen sobre los actos administrativos, tienen como fin el evitar que se viole el principio de legalidad.
Los controles existentes en el derecho colombiano son los siguientes:
Es el procedimiento que se sigue ante la administración a fin de controvertir sus propias decisiones. Es decir, que cuando una persona no esta de acuerdo con un acto de la administración, la ley ha querido que el interesado tenga oportunidad de manifestar a la administración las razones de su desacuerdo, y que la administración tenga, a su vez, la oportunidad de enmendar ella misma sus propios errores.
Esta vía no procede contra los actos de carácter general, ni contra los de tramite, preparatorios o de ejecución, excepto en los casos previstos en la norma expresa (Art. 49); tampoco se puede pedir o buscar indemnizaciones de perjuicios; se aplica su procedimiento en asuntos nacionales, de igual manera en los ordenes departamentales y municipales; esta debe agotarse para acudir a la vía jurisdiccionales relación con los actos particulares.
Los recursos suspenden los efectos de la decisión. Además se resuelven de plano, analizando simplemente los argumentos y documentos aportados por el interesado.
B) vía Jurisdiccional o vía de acción:
Por la vía jurisdiccional proceden las siguientes acciones:
1) acción de nulidad, esta consagrada en el artículo 84 del C. C. A. consiste en que una persona le solicita al juez que declare que un acto administrativo es violatorio de una norma jurídica superior por cualquiera de las causales de ilegalidad y que por consiguiente decrete su anulación.
2) acción de nulidad y restablecimiento del derecho, se encuentra consagrada en el articulo 85 del C. C. A., en esta acción cada persona perjudicada por un acto administrativo solicita al juez que decrete la nulidad de ese acto por se contrario a una norma jurídica superior, pero que, además, se restablezca en su derecho o se le repare el daño.
3) acción de reparación directa, la cual esta consagrada en el articulo 86 del C. C. A., y consiste en que la persona que acredite interés podrá pedir directamente la reparación de un daño causado por la administración, cuando la causa de la petición sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos.
5) acción de definición de competencias administrativas, esta acción esta estipulada en el artículo 88 del C. C. A. para los casos en que se presente conflictos de competencia entre varias entidades administrativas o que ejerzan funciones administrativas.
C) Control automático:
En algunos casos excepcionales el control de los actos de las autoridades administrativas, a pesar de ejercerse por las autoridades jurisdiccionales, no es producto de la iniciativa de un ciudadano, mediante el ejercicio de la acción, sino que la constitución o la ley han previsto que dicho control se lleva a cabo directamente por la autoridad jurisdiccional correspondiente, de manera automática.
En los casos que se presenta este control son, en los actos de carácter legislativo, mas concretamente en los estados de excepción y todos los decretos que durante ella se dicten, y los de actos administrativos, por medio de los cuales se regulan los estados de excepción.
En ellos se comienza por presumir su legalidad según los cuales las leyes y los actos administrativos se consideran ajustados a derecho. Este principio se encuentra expresamente consagrado en el articulo 66 del C. C. A.
La presunción estricta del principio de legalidad puede traer consecuencias graves para la vida jurídica de un estado.
Por tal motivo la excepción, la cual consiste en que la autoridad encargada de aplicar una norma, se abstiene de hacerlo por considerar violatoria de una norma jurídica superior.
5. DIFERENCIAS ENTRE ACTOS ADMINISTRATIVOS, ACTOS LEGISLATIVOS, LEY Y SENTENCIA
Los actos de carácter legislativo en el régimen jurídico colombiano, particularmente en la constitución política, establece la posibilidad de que el ejecutivo dicte actos que tienen el mismo valor de la ley y que por esa circunstancia son verdaderos actos legislativos. Desde luego, dicha posibilidad se le confiere solamente a la autoridad que se encuentra a la cabeza de la rama ejecutiva, es decir, al presidente de la republica, con la participación de los ministros y directores de los departamentos administrativos.
Algunos de estos actos los dicta el gobierno durante los periodos de crisis. Otros, por el contrario son dictados en cualquier tiempo, es decir, que puede dictarse fuera del periodo de perturbación, pues no depende del trastorno de las instituciones sino que constituye en cierta forma una ejecución normal de la constitución.
Mientras que los actos administrativos se pueden dictar en ejecución o aplicación de la ley. Es esta la función tradicional y clásica del ejecutivo como órgano sometido al legislador. Los actos que se dictan en ejercicio de esta función son verdaderos actos administrativos, por cuanto se ubican en la escala de normas jurídicas en niveles inferiores a la ley. Partiendo de la organización territorial de la administración colombiana algunos de esos actos son dictados por autoridades nacionales y otros por autoridades seccionales y locales.
Tomando como punto de referencia estos dos conceptos podemos decir que la diferencia primordial entre el acto legislativo y el acto de carácter administrativo, radica en que, el primero se encuentra en el mismo grado jerárquico que la ley, por ser dictados con fundamento directo en la constitución política, por ejemplo los decretos leyes o decretos extraordinarios. A su vez los actos administrativos, de acuerdo con la jerarquía, son los que se encuentran en un grado inferior a la ley, por ser expedidos con fundamento o en desarrollo a ella, por ejemplo, los decretos reglamentarios, las ordenanzas, los acuerdos, los actos de gobernadores y alcaldes.
En cuanto a la ley y las sentencias, encontramos que la ley abarca las normas en general y procuran entablar una orden determinado, en las diferentes situaciones que se presentan en la vida social. La ley es después de la constitución la norma con más jerarquía y representa la soberanía del estado, mientras que la sentencia, es un fallo emitido por los jueces, el cual busca, darle aplicación directa a esas normas que sirven de sustento en tales decisiones.
6. EL ESPACIO PUBLICO EN LA LEY Y LA JURISPRUDENCIA
Aquel concepto de espacio publico esta compuesto por porciones del ámbito territorio del estado que son afectados al uso común por los internes y derechos colectivos y de algunos otros de carácter fundamental, cuya satisfacción lo permite. Además comprende partes del suelo y del espacio aéreo, así como de la superficie del mar territorial y de las vías fluviales que no son objeto del dominio privado, ni de pleno dominio fiscal de los entes públicos.
Cabe aclarar que desde las mas antiguas regulaciones legales sobre permisos de uso y del goce publico de las construcciones hechas a expensas de los particulares en bienes que les pertenecen, es de recibo de la figura de espacio publico, como comprensiva de los bienes afectados al uso o goce de los habitantes del territorio.
Por tanto el espacio publico comprende aquellas partes del territorio que pueden ser objeto de disfrute, uso y goce de todas las personas con finalidades de distinta índole y naturaleza, que tienden a permitir la satisfacción de la libertades publicas y de los interés legítimos que pueden radicarse en cabeza de todas las personas de conformidad con el ordenamiento jurídico: en principio en dichas partes del territorio las personas en general no pueden ejercer plenamente el derecho de propiedad o de dominio.
El concepto que hace la jurisprudencia es mucho más amplio ya que recoge parte del suelo, espacio aéreo, etc., y hace mas énfasis en la destinación o el fin que persigue, el estado con su creación.
Enviado por: Jurisprudencio
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