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Timestamp: 2020-08-09 15:10:51
Document Index: 181339269

Matched Legal Cases: ['artículo 1911', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 2', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 143', 'artículo 260', 'artículo 1911', 'artículo 1911']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 218-1, de 27/02/2015
cve: BOCG-10-B-218-1
Núm. 218-1
122/000194 Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que incorpora un procedimiento concursal especial para personas físicas, en sus actividades económicas familiares o, como trabajadores autónomos, en sus actividades profesionales o empresariales.
Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que incorpora un procedimiento concursal especial para personas físicas, en sus actividades económicas familiares o, como trabajadores autónomos, en sus actividades profesionales o empresariales.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta ante el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, que incorpora un procedimiento concursal especial para personas físicas, en sus actividades económicas familiares o, como trabajadores autónomos, en sus actividades profesionales o empresariales.
PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL, QUE INCORPORA UN PROCEDIMIENTO CONCURSAL ESPECIAL PARA PERSONAS FÍSICAS, EN SUS ACTIVIDADES ECONÓMICAS FAMILIARES O, COMO TRABAJADORES AUTÓNOMOS, EN SUS ACTIVIDADES PROFESIONALES O EMPRESARIALES
Desde el inicio de la crisis la Ley concursal ha sido modificada en diversas ocasiones con el fin de mejorar la ordenación de los procesos de liquidación de deudas por parte de las empresas, lo cual, sin duda, está siendo positivo; sin embargo, ninguna de las reformas ha abordado el problema del sobreendeudamiento o de la insolvencia sobrevenida de las personas físicas y de la necesidad de regular también unos procedimientos ordenados de liquidación de sus deudas. El objetivo es evitar las situaciones de cronificación de su sobreendeudamiento, las cuales pueden llevar a la marginación social y empresarial de la persona deudora, a sumergir las actividades económicas en las que trabaje dicha persona y a impedir que un emprendedor pueda volver a emprender en el futuro, después de un fracaso económico personal.
El sobreendeudamineto o la insolvencia sobrevenida de las personas físicas, en el caso de que hayan actuado de buena fe, puede darse en la esfera más familiar, en caso de no poder hacer frente al pago de las cuotas de un préstamo hipotecario para acceder a la propiedad de la vivienda habitual o cuando se le exige responsabilidades por haber otorgado un aval que no puede cubrir, o incluso por el hecho de no poder pagar el alquiler mensual de la vivienda habitual. De igual forma, la insolvencia personal puede tener su origen en actividades fallidas de trabajadores autónomos en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales, o de pymes que han requerido de avales personales. Abordar esta laguna en la legislación concursal es el objetivo principal de la presente Proposición de Ley.
Desde la perspectiva de las empresas, en la pasada legislatura se produjeron tres reformas legislativas. En 2009 se aprobó el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal; posteriormente fue la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal, para la implantación de la nueva oficina judicial y, por último, se aprobó la Ley 38/2011, de 10 de octubre de 2012, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal.
En la presente legislatura, a su vez, se han aprobado tres reformas más: la primera fue la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; posteriormente la Ley 17/2014, de materias fiscales en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial; y finalmente, el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal.
El principal objetivo de todas ellas ha sido, de forma genérica, agilizar y flexibilizar estos procesos con el fin de evitar que las respuestas a las situaciones concursales se retarden en el tiempo y favorecer la supervivencia de aquellas sociedades que han acumulado una carga financiera excesiva, pero que son viables desde un punto de vista operativo, mediante un sistema ordenado y equilibrado de acuerdos con los acreedores y un abanico más amplio de fórmulas de refinanciación.
Por su parte, el Ministro de Justicia, recientemente, ha manifestado que la voluntad del Gobierno es «la conclusión esta legislatura de un derecho concursal a la altura de las necesidades del sector económico español y de la sociedad española».
Si el derecho concursal ha de estar a la altura de las necesidades de la sociedad es preciso abordar también la ordenación de las situaciones concursales de personas físicas y familias y la de los trabajadores autónomos en el desarrollo de sus actividades profesionales o empresariales, procurando que tampoco en este caso haya dilación temporal en la identificación de situaciones concursales y facilitando acuerdos, a través de la mediación, respecto a la vivienda habitual, si es este el principal activo del deudor, o bien respecto a las quitas en el caso de concursos de personas físicas causados por su actividad profesional o empresarial.
En lo que atañe más directamente a las familias y a pesar de las reformas enumeradas, las diferentes reformas de la ley concursal no han permitido establecer los mecanismos necesarios para dar respuesta a los problemas de sobreendeudamiento sobrevenido de las familias cuando pierden la capacidad de cubrir las cuotas hipotecarias de su vivienda habitual y tampoco en el caso de impago de rentas de alquiler.
Las reformas abordadas orientadas a las familias afectan básicamente a la legislación y al endeudamiento hipotecario, pero son claramente insuficientes. Un ejemplo que se está produciendo cada vez con mayor virulencia son los llamados desahucios de segunda generación, personas que sufrieron el
lanzamiento de su vivienda en propiedad por impago hipotecario y ahora ven como no pueden hacer frente a las cuotas de alquiler o personas que perdieron su vivienda y ahora ven como también la pierden otros familiares próximos que les avalaron. Todo ello se refleja en una realidad social que no cesa, en la que muchas personas siguen perdiendo su vivienda habitual y familiar, a pesar de las reformas, ya en vigor, impulsadas por el Gobierno. Se refleja también en profesionales y empresarios autónomos que no disponen de la posibilidad de liquidar sus deudas y obligaciones exigibles y afrontar un proceso de reestructuración que les permita ordenar sus pagos y acceder a una segunda oportunidad.
Cuando una empresa entra en un procedimiento concursal, acabará liquidada o reflotada a través de un procedimiento en el que puede haber quitas y aplazamiento de pagos. Cuando es una persona quien entra en un procedimiento concursal queda obligada de por vida, por el artículo 1911 del Código Civil, a responder de sus deudas con sus bienes presentes y futuros. Una empresa puede liquidarse, una persona física, no, con lo cual, según sea la magnitud de la deuda respecto a su patrimonio, la persona afectada difícilmente podrá devolverla y difícilmente podrá volver a disponer de una situación patrimonial saneada. El deudor suele quedar endeudado de por vida y a pesar que en la gran mayoría de los casos no podrá satisfacer sus deudas, su compromiso de pago seguirá vivo, de manera que, para subsistir, la persona endeudada a menudo queda obligada a sumergirse o a trabajar en la alegalidad.
Frente a esta realidad, es necesario arbitrar un sistema de concurso de persona física que constituya un instrumento útil para articular un sistema legal de segunda oportunidad para aquellas personas, que de buena fe, puntualmente se encuentren sobreendeudadas y, a la par, puedan demostrar una viabilidad futura. Un sistema de segunda oportunidad que, para evitar cualquier utilización abusiva, en esta proposición de ley se permite que el deudor pueda solicitarlo al Juez, por una sola vez.
La presente proposición de ley añade a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, un nuevo capítulo IV en el título I, en el cual se regula un procedimiento concursal especial para personas físicas, en sus actividades económicas familiares o, como trabajadores autónomos en sus actividades profesionales o empresariales.
Se regula mediante nueve artículos un procedimiento concursal simplificado destinado a personas físicas que constituya un mecanismo de segunda oportunidad a los efectos de resolver situaciones de sobreendeudamiento. En concreto aplicable a las personas físicas, en sus actividades económicas familiares o, como trabajadores autónomos en sus actividades profesionales o empresariales, que, por causa de insolvencia actual o inminente, no puedan cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o prevean que no podrán hacerlo, siempre que su pasivo sea inferior a tres millones de euros.
En primer lugar, se regula un procedimiento de negociación previo. Las personas físicas que puedan ver afectados los derechos de propiedad o de uso de su vivienda habitual, o contra las que se hubiera iniciado un procedimiento de ejecución de una deuda que haya implicado o pueda implicar la pérdida de la vivienda habitual deberán iniciar obligatoriamente un procedimiento de mediación con carácter previo a la declaración concursal, a los efectos de propiciar acuerdos que principalmente faciliten el mantenimiento de la vivienda habitual.
En el caso de personas físicas con deudas que no afecten a bienes que constituyan la vivienda habitual se regula un procedimiento especial que les permita negociar, de forma previa al concurso, un sistema de pago con sus acreedores.
Se regula también el proceso de reestructuración mediante el cual podrán contener quitas superiores a la mitad de la deuda, así como también contener, conjunta o alternativamente, esperas de hasta tres años en el pago de las deudas, condonaciones parciales o totales de deudas o la liquidación de bienes para el pago. Se establece igualmente que se puedan realizar quitas o esperas de los créditos de la Hacienda Pública estatal, de la Seguridad Social y del resto de las entidades que integran el sector público Estatal.
Posteriormente se regulan los diferentes efectos de la declaración de concurso, desde los efectos del procedimiento negociador y el concurso sobre las obligaciones del deudor, al nombramiento del administrador concursal único y la regulación de la fase de liquidación.
Por último, se incluye una disposición transitoria que regula la posibilidad de aplicar, también por una sola vez y transitoriamente en el plazo de un año, la posibilidad de que personas físicas en situación de insolvencia, causada por deudas derivadas de situaciones anteriores a la entrada en vigor de la presente ley, declare al Juez su situación de sobreendeudamiento o insolvencia sobrevenida y le solicite la aplicación del procedimiento concursal para la liquidación de sus deudas pendientes, con el fin de acotar cuantitativamente y temporalmente su situación de insolvencia.
También en este caso, el origen de las deudas de la persona física insolvente podrá tener su causa en el impago de la hipoteca o en situaciones de endeudamiento familiar, o bien en sus actividades económicas profesionales o empresariales, como trabajador autónomo o como avalador de su propia actividad económica como pyme. En todo caso deberá haber actuado de buena fe.
En definitiva, se trata de evitar que los pasivos que afectan a las personas físicas y a los autónomos les convierta en deudores de por vida, cuando han actuado de buena fe y se ven afectadas por deudas, especialmente, hipotecarias y de alquiler de su vivienda habitual como consecuencia de un empeoramiento sobrevenido de su situación económica, o bien, en el caso de trabajadores autónomos, a causa de actividades fallidas profesionales o empresariales, así como de pymes que han requerido de avales personales.
Ante esta realidad, resulta necesario adaptar la legislación concursal a las necesidades específicas que requieren las personas físicas y las familias, para la liquidación ordenada de sus deudas. Esta es una asignatura pendiente para el legislador. Lo hemos necesitado en los años de crisis y lo necesitaremos también cuando vuelva el crecimiento, porque es un instrumento de estabilidad social y de seguridad legal.
La presente proposición de ley completa la normativa concursal en un ámbito no cubierto por la normativa vigente, cuestión que incluso ha merecido recomendaciones específicas por parte del FMI. Regula unos procedimientos ordenados de liquidación de las deudas contraídas por personas físicas y familias en situación de sobreendeudamiento y de profesionales autónomos en el ejercicio de su actividad profesional o empresarial.
Se añade un nuevo capítulo IV en el título I de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Procedimiento concursal especial para personas físicas, en sus actividades económicas familiares o, como trabajadores autónomos en sus actividades profesionales o empresariales
Artículo 25 quáter 1. Del procedimiento especial y la normativa de aplicación.
Sin perjuicio de las medidas establecidas en esta ley que resulten aplicables, se establece un procedimiento concursal simplificado destinado a personas físicas que constituya un mecanismo de segunda oportunidad a los efectos de resolver situaciones de sobreendeudamiento.
Artículo 25 quáter 2. Ámbito subjetivo.
Artículo 25 quáter 3. Del procedimiento de negociación previo.
Las personas físicas que se encuentren o se puedan encontrar de forma inminente en situación de insolvencia podrán comunicar al Juzgado su voluntad de iniciar un procedimiento negociador con sus acreedores. Este procedimiento será obligatorio en el caso de que en el mismo se puedan ver afectados los derechos de propiedad o de uso de su vivienda habitual.
El plazo para la solicitud del procedimiento negociador será de tres meses desde la fecha en que resulte imposible atender las obligaciones de pago, tanto vencidas y exigibles como a plazo, o desde que se prevea que no podrá hacerlo y, en todo caso, desde la comunicación al órgano judicial de la necesidad del inicio de la mediación en relación a la vivienda habitual.
El desarrollo normativo de esta Ley establecerá un formulario normalizado, de reparto por parte de Colegios de Abogados, Colegios de Notarios, Juzgados y Tribunales, Cámaras de Comercio,
Administración de Consumo de las CCAA y Asociaciones de Consumidores y, en general, por los órganos de mediación reconocidos por las CCAA, que será de uso común para contener tal solicitud, que tendrá el valor de declaración jurada por parte del deudor de su situación económica motivadora del inicio del procedimiento, así como la relación de documentos acreditativos de sus bienes y derechos y de la relación de acreedores y del importe de sus deudas.
Artículo 25 quáter 4. Mediación en supuestos de afectación de la vivienda habitual.
Las personas físicas, a las que se refiere el artículo anterior, que puedan ver afectados los derechos de propiedad o de uso de su vivienda habitual, o contra las que se hubiera iniciado un procedimiento de ejecución de una deuda que haya implicado o pueda implicar la pérdida de la vivienda habitual, así como sus acreedores, deberán comunicar a la autoridad judicial la voluntad de iniciar el procedimiento de mediación, con carácter previo a la declaración concursal.
La mediación se iniciará en el plazo máximo de tres meses desde la comunicación al Juzgado de la voluntad de iniciar el procedimiento de mediación. Debe tener por objeto buscar acuerdos entre las propias partes que hagan viable el cumplimiento de la obligación económica por parte de la persona física, para hacer posible la conservación de la propiedad o la posesión de la vivienda habitual o, subsidiariamente, la posibilidad de mantener su uso y disfrute.
Dicho procedimiento se seguirá de acuerdo con los principios específicos, especialmente los de voluntariedad, confidencialidad e imparcialidad, con el fin de alcanzar un acuerdo de conciliación en el plazo máximo legalmente establecido de dos meses, prorrogables por treinta días más de manera justificada.
A los efectos previstos y en el marco de este procedimiento, el órgano o profesional mediador solicitará a las autoridades administrativas un informe de evaluación económica y social del deudor. Asimismo, solicitará a la entidad crediticia todos los datos e informes del expediente hipotecario del deudor, a los efectos de evaluar las condiciones de la concesión del préstamo o crédito.
Tendrán la consideración de órganos o profesionales mediadores los órganos o personas que a tal efecto sean reconocidas por la administración de las comunidades autónomas competentes en materia de mediación.
El órgano o profesional mediador deberá contar con la formación y titulación requerida por la administración de la Comunidad Autónoma competente en materia de mediación, y, en su caso, constar inscrito en el correspondiente registro, además de cumplir los requisitos establecidos al efecto por la legislación sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Una vez transcurrido el plazo de tres meses a contar desde la notificación de acuerdo de inicio de la mediación sin haber alcanzado un acuerdo satisfactorio, se procederá a la declaración de concurso.
En todo caso, el inicio de la mediación, cuando afecte a la vivienda habitual, tendrá efecto suspensivo de todos procedimientos que pesen sobre la misma.
En el caso de la existencia de activos adicionales a la vivienda habitual, la mediación deberá culminar también con un Plan de liquidación o reestructuración de deudas.
Artículo 25 quáter 5. Proceso negociador, en el caso de personas físicas con deudas que no afecten a bienes que constituyan la vivienda habitual.
Las personas físicas en situación de insolvencia, entre cuyos bienes no se encuentre la vivienda habitual, con carácter previo a la declaración de concurso podrán comunicar al Juzgado su voluntad de iniciar un procedimiento negociador con sus acreedores, a fin de alcanzar adhesiones a un Plan de reestructuración en un plazo no superior a tres meses.
El Juez resolverá mediante Auto el inicio del periodo negociador y nombrará por turno a un mediador concursal a fin de que fije el activo y pasivo del deudor, en el plazo de quince días, y dé inicio al proceso negociador. El mediador concursal puede pertenecer a Colegios de Abogados, Colegios de Notarios, Cámaras de Comercio o a Asociaciones de Consumidores más representativas y, en general, a los organismos de mediación reconocidos por las CCAA. En todo caso, sus funciones resultarán de lo establecido en el reglamento de administradores concursales. Dichas organizaciones se ocuparán de la formación específica en la materia de los mediadores concursales.
Artículo 25 quáter 6. El Plan de reestructuración y sus fases.
1. Transcurrido el periodo indicado en los apartados anteriores, si se hubiere alcanzado un Acuerdo en la mediación, el deudor o el mediador concursal lo comunicarán al Juzgado, a fin de que este en su caso lo homologue y pueda remitir comunicación a las oficinas y registros públicos a los efectos de la publicidad del acuerdo.
En caso de no haberse alcanzado un acuerdo, el deudor podrá proponer un Plan de Reestructuración. El quórum para su aprobación se fija en el voto favorable de la mitad del pasivo del concurso.
Las propuestas de Plan de Reestructuración podrán contener quitas superiores a la mitad de la deuda, así como también contener, conjunta o alternativamente, esperas de hasta tres años en el pago de las deudas, condonaciones parciales o totales de deudas o la liquidación de bienes para el pago.
No obstante el carácter privilegiado de los créditos de la Hacienda Pública estatal, de la Seguridad Social y del resto de las entidades que integran el sector público Estatal, en el caso de los procesos concursales especiales de personas físicas a los que se refiere la presente Ley, el Plan de Reestructuración podrá contener quitas o, alternativamente, esperas de hasta tres años en el pago de los mismos, condonaciones parciales o totales de deudas o la liquidación de bienes para el pago de las deudas.
2. Si el deudor no hubiere logrado las adhesiones necesarias a su propuesta de Plan de Reestructuración en los términos establecidos en el apartado anterior, deberá comunicar al Juzgado tal circunstancia, a fin de que el Juez resuelva en los términos establecidos en el apartado 7 de esta disposición.
En su comunicación al Juzgado el deudor deberá justificar adecuadamente su endeudamiento y su estado de insolvencia actual o inminente en los términos establecidos en el artículo 2.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Artículo 25 quáter 7. Declaración de Concurso.
Admitida a trámite la solicitud de concurso especial de persona física, el Juez, en un plazo de tres días desde su admisión, dictará Auto declarando el Concurso.
Si el deudor no cumplimenta correctamente la solicitud o si faltan documentos, el Juez le requerirá para que en el plazo de cinco días subsane los defectos e incorpore la documentación complementaria que el Juzgado precise.
La inadmisión de la declaración de concurso podrá ser recurrida en apelación.
En el supuesto de no comparecer asistido por Letrado, en la resolución que acuerde la declaración del concurso se incluirá el nombramiento de un abogado. Si el deudor acude a turno de oficio, los colegios de abogados deberán disponer de una lista de profesionales especialmente preparados para el procedimiento concursal de persona física.
Asimismo, el Juez determinará el régimen de las facultades de administración de los bienes por parte del deudor persona física quien, en ningún caso, podrá ver reducido su derecho de alimentos a menos del salario mínimo interprofesional.
Constante la duración del concurso, el Juez podrá asimismo autorizar que, en concepto de alimentos, se abone la renta de alquiler o en su caso la cuota hipotecaria como crédito contra la masa. Si los ingresos no fueran suficientes, el Juez podría fijar el pago de un porcentaje de esa renta o cuota. Constante la duración del concurso no procederá el lanzamiento del deudor.
Por vía reglamentaria, se establecerán las limitaciones de disposición específicas al deudor persona física o autónomo referidas al uso de tarjetas de crédito o tarjetas financieras de grandes superficies.
Artículo 25 quáter 8. De los efectos del procedimiento negociador y el concurso sobre las obligaciones del deudor.
Desde el momento en que el deudor comunique al Juzgado su voluntad de iniciar un periodo de negociación con sus acreedores para alcanzar un Plan de Reestructuración y sin perjuicio del resultado que se obtenga en la negociación, no podrán iniciarse o continuarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra la
vivienda habitual del deudor ni respecto de ningún bien de su restante patrimonio. Los acreedores con garantía real sobre la vivienda habitual del concursado tampoco podrán iniciar o continuar la ejecución o realización forzosa de la garantía hasta la apertura de la liquidación y deberán acreditar en todo caso la sumisión a un proceso de mediación previo.
Artículo 25 quáter 9. Del Administrador Concursal único.
El Juez, en el Auto que declare el concurso, nombrará un administrador concursal cuyas funciones se desarrollarán en el Reglamento de Administradores Concursales.
Por vía reglamentaria se regulará la creación de un Fondo de Compensación de Concursos de Personas Físicas que cubrirá los honorarios de los administradores concursales, cuando estos no puedan ser cubiertos por el patrimonio del deudor.
Una vez aceptado el cargo por el Administrador Concursal, cesará en sus funciones el mediador concursal.
Los plazos de presentación de informes a los que venga obligada la administración concursal serán los mismos que los prevenidos para el procedimiento abreviado.
Artículo 25 quáter 10. De la fase de liquidación.
Si finalmente, transcurridos los plazos prevenidos para el procedimiento abreviado, no hubiere sido posible alcanzar un Plan de Reestructuración, el Juez ordenará, en los términos del artículo 143 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la apertura de la fase de liquidación de oficio o a instancia de parte o del administrador concursal.
No obstante, con carácter previo a la apertura de la fase de liquidación y sobre la base del informe elaborado por el Administrador concursal, en el plazo de cinco días el deudor podrá elevar al Juez un plan de pagos específico. El Juez, a la vista del mismo, y previo traslado por diez días a los acreedores, podrá acordar su aprobación.
Si se plantearan observaciones, el Juez resolverá por auto aprobando, modificando o rechazando el plan de pagos.
El auto será recurrible en apelación.
El plan de pagos tendrá una duración máxima de tres años.
Durante el cumplimiento del plan de pagos el deudor, previo conocimiento del administrador concursal, deberá informar al Juzgado cada seis meses de las operaciones de pago.
Cumplido el plan de pagos en los términos previstos, el Juez dictará auto de conclusión con remisión del resto de la deuda.
El plan de pagos deberá tener en cuenta el patrimonio del deudor, sus ingresos recurrentes, las necesidades de alimentos del deudor y de su unidad familiar y garantizará en lo posible el mantenimiento de la vivienda habitual.
Si el deudor no contara con patrimonio e ingresos suficientes para hacer frente al 100 % de las deudas, el plan de pagos establecerá, conforme a los recursos del deudor, el porcentaje de la deuda que habrá de satisfacerse durante el mismo.
En caso de no aprobarse por el Juez este plan de pagos específico, el Juez determinará la apertura de la fase de liquidación. En el Auto que acuerde la apertura de la fase de liquidación, se fijará el régimen de las facultades de administración y disposición del deudor, sin perjuicio de que para cualquier decisión que afecte notablemente al patrimonio del mismo, conservando tales facultades el deudor, deberá este actuar siempre con el asentimiento de la administración concursal.
En ningún caso, el deudor podrá ser privado de su derecho de alimentos.
Todos los créditos concursales aplazados y cualesquiera otras obligaciones del deudor que no tuvieren contenido económico directo serán convertidos en cantidad líquida evaluable económicamente, pudiendo servirse el Administrador Concursal de peritos que efectúen los cálculos procedentes, los cuales estarán sujetos, en cuanto a su régimen de honorarios, gastos y suplidos a lo prevenido por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
El administrador concursal elaborará un plan de liquidación de los bienes del deudor en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación del Auto que ordene la apertura de la fase de liquidación, que someterá al Juez del concurso para su aprobación por este en el plazo de cinco días.
El plan de liquidación determinará la forma en que, con cargo al activo del deudor, se hará frente al pasivo mediante la enajenación de los bienes y derechos del deudor. Los bienes se enajenarán atendiendo a una prelación en la que prime el mantenimiento de los medios esenciales de vida del deudor.
Para el caso de que se enajenase la vivienda habitual sujeta a garantía hipotecaria, el acreedor hipotecario se lo adjudicará en pago por el precio que serviría de tipo en la subasta. Si el producto obtenido fuera menor que el importe de la deuda hipotecaria pendiente, incluido principal, intereses y costas, la resolución judicial que declare la conclusión del concurso del deudor persona natural por liquidación de la masa activa podrá declarar la remisión total o parcial de las deudas insatisfechas a favor del acreedor hipotecario y del resto de los acreedores que subsistan tras la ejecución hipotecaria, siempre que el concurso no hubiera sido declarado culpable ni condenado por el delito previsto por el artículo 260 del Código Penal o por cualquier otro delito singularmente relacionado con el concurso. Para ello valorará el sacrificio económico del deudor y el crédito finalmente cobrado por el acreedor hipotecario, así como los esfuerzos que en cada caso se hayan realizado para intentar alcanzar un acuerdo en la fase de mediación y/o en el Plan de Reestructuración que evite la liquidación de la vivienda habitual. Si fuera superior, se aplicará de forma prorrateada al pago del resto de las deudas pendientes.
Concluido el concurso, en los términos del título VII, capítulo único de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, determinándose la inexistencia de bienes y derechos del deudor, no podrán iniciarse nuevas acciones por deudas contraídas con anterioridad a la finalización del mismo, ni podrá ordenarse la reapertura del mismo no siendo de aplicación lo previsto en el artículo 1911 del Código Civil.»
Disposición transitoria. Aplicación de la mediación y del concurso especial de personas físicas a quienes mantengan una situación de insolvencia, consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida en los últimos años, con el fin de que tengan una segunda oportunidad.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, las personas físicas que durante los últimos años hayan quedado en una situación de insolvencia sobrevenida y de buena fe en sus actividades económicas familiares o, como trabajadores autónomos, en sus actividades profesionales o empresariales y que, como consecuencia de ello mantengan la situación de insolvencia, con deudas pendientes en aplicación del artículo 1911 del Código Civil, con un pasivo inferior al establecido en el ámbito subjetivo que establece la presente Ley, podrán solicitar al Juzgado, por una sola vez, su voluntad de iniciar un proceso de negociación con sus acreedores y, en caso de no alcanzarse acuerdos, podrán solicitar concurso especial de persona física regulado en la presente Ley con el fin de fijar un plan de pagos, quitas y liquidación de deudas que permita establecer un punto final a la insolvencia del deudor, facilitando así su rehabilitación socioeconómica para el desarrollo de futuras actividades laborales o empresariales, como segunda oportunidad.