Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2007-00139-de-abril-5-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_daf2b679e96301f4e0430a01015101f4&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-03-23 15:15:28
Document Index: 341424539

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 371', 'artículo 370', 'artículo 356', 'artículo 371', 'artículo 371', 'artículo 371']

﻿ Auto 2007-00139 de abril 5 de 2013
AUTO 2007-00139 DE 05 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:EXPEDICIÓN DE COPIAS. NO TIENE NINGÚN SENTIDO REGRESAR EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL SOLO PARA QUE EL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA ORDENE LA EXPEDICIÓN Y PAGO DE COPIAS (CARGA PROCESAL DEL ARTÍCULO 371 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL). EN VIRTUD DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO, EN ESPECIAL EL DE ECONOMÍA PROCESAL, EL ACTO DE EXPEDICIÓN DE COPIAS SE PUEDE ORDENAR Y VERIFICAR EN LA SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y ASÍ SURTIR EL RECURSO DE CASACIÓN NORMALMENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:COMPRAVENTA, EXPEDICIÓN DE COPIA DE DOCUMENTO, SIMULACIÓN, CASACIÓN EN EL FONDO
Auto 2007-00139 de abril 5 de 2013
Ref.: Expediente 05001-31-03-017-2007-00139-01
Se procede a resolver lo que corresponda sobre la admisión del recurso de casación formulado por la parte demandada en el proceso de la referencia.
1. Teresa Giraldo Hoyos, Luz Elena Ramírez Giraldo y Carlos Enrique Ramírez Giraldo promovieron demanda contra Oscar Alonso Mora Salinas, María Eugenia Seguro Giraldo y Astrid Elena Seguro Giraldo, con el fin de que se declarara absolutamente simulado el contrato de compraventa de inmueble contenido en la escritura pública Nº 573 de 14 de noviembre de 2003, y por consiguiente, inexistente, por lo que solicitó se ordenara la cancelación del instrumento mencionado [fl. 47, c. 1].
2. La primera instancia concluyó con sentencia de 19 de agosto de 2011, que declaró la simulación absoluta del aludido convenio y en consecuencia, ordenó cancelar su protocolización y la inscripción efectuada en el registro de instrumentos públicos [fl. 332 reverso, c. 1].
3. Apelada la anterior decisión por la parte demandada, mediante fallo de 13 de diciembre de 2012, el tribunal confirmó lo resuelto por el a quo [fl. 84, c. 11].
4. Inconforme, dicho extremo recurrió en casación, la cual se concedió en auto de 31 de enero de 2013 que por considerar que el fallo emitido era exclusivamente declarativo, no ordenó la expedición de copias para su cumplimiento [fl. 92, c. 11].
1. El segundo inciso del artículo 370 del ordenamiento adjetivo civil establece que “interpuesto el recurso en tiempo y por parte legitimada, el tribunal lo concederá en sala de decisión si fuere procedente, y dispondrá el envío del expediente a la Corte una vez ejecutoriado el auto que lo otorgue y efectuadas las diligencias para el cumplimiento de la sentencia”.
De otra parte, el canon 371 ejusdem consagra que “en el auto que conceda el recurso se ordenará que el recurrente suministre, en el término de tres días a partir de su ejecutoria, lo necesario para que se expidan las copias que el tribunal determine y que deban enviarse al juez de primera instancia para que proceda al cumplimiento de la sentencia, so pena de que el tribunal declare desierto el recurso. Para estos efectos se tendrá en cuenta lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 356”.
Dicha disposición a su inciso cuarto prevé: “si el tribunal no ordenó las copias y el recurrente las considera necesarias, este deberá solicitar su expedición para lo cual suministrará lo indispensable”.
2. Las anteriores premisas normativas dejan en evidencia que para que pueda surtirse el recurso de casación, es necesario que el impugnante suministre lo necesario para la expedición de copias de las piezas procesales que resulten pertinentes para el cumplimiento del fallo, dado que aquel no lo impide ni obstaculiza, tal como lo previene el primer inciso del artículo 371 ibídem, a menos que se trate de los eventos excepcionales contemplados en ese mismo precepto y que se contraen a que la cuestión se relacione exclusivamente con el estado civil de las personas; que la resolución judicial sea meramente declarativa; y cuando haya sido recurrida por ambas partes.
Sin embargo, el proveído cuestionado no corresponde a ninguna de las hipótesis taxativamente previstas en la norma que viene de comentarse, toda vez que además de declararse absolutamente simulado el contrato de compraventa protocolizado a través de la escritura pública Nº 573 de 14 de noviembre de 2003, se dispuso la cancelación de dicho instrumento y de la inscripción del mismo en el registro público inmobiliario, órdenes estas en virtud de las cuales la sentencia deja de ser solamente declarativa, pues contiene disposiciones cuyo cumplimiento puede ser reclamado por la parte beneficiada con el resultado del litigio.
Así lo sostuvo esta Sala en un caso similar al que ahora es objeto de estudio, en el que reiteró la doctrina de la Corte sobre el particular al señalar que “si el fallo impugnado no se limitó a declarar la simulación pedida, sino que además ordenó cancelar la escritura pública contentiva del contrato simulado en la notaría correspondiente, disponiendo de otra parte que la titularidad de los bienes debía seguir en cabeza del demandante y no en la del demandado (…) no puede decirse que se está en presencia de una sentencia meramente declarativa”(1).
En otro pronunciamiento, se consideró que una decisión en la cual se “declaró la simulación absoluta del premencionado contrato, a la vez que dispuso la cancelación, tanto de la escritura pública contentiva de ese negocio jurídico, como de la inscripción de la anotación correspondiente asentada en el folio de matrícula inmobiliaria… no se encuentra en ninguna de las hipótesis de excepción de cumplimiento del fallo contempladas en el citado artículo 371 del Código de Procedimiento Civil”(2).
3. Ahora bien, el tribunal estimó que debía conceder el recurso extraordinario interpuesto “sin ordenar la expedición de copias para el cumplimiento de la sentencia, dado que se trata de una sentencia mero (sic) declarativa” [fl. 91, c. 11]. No obstante, no existe duda sobre que la decisión del ad quem es de aquellas susceptible de ejecución, por lo que resulta claro que si la parte impugnante no ofreció el pago de caución con miras a obtener la suspensión de lo decidido en las instancias, al juzgador necesariamente le correspondía impartir la orden de expedir las copias necesarias para dar cumplido efecto al fallo, pues el criterio que expuso en el proveído de 31 de enero de 2013 no se ajusta a la forma en la que se resolvió la litis.
Ahora bien, si es posible requerir de inmediato la efectividad de las órdenes dictadas por el juez del conocimiento en decisión confirmada por su superior funcional, esa es la razón que determina que el suministro de las expensas para reproducir las piezas correspondientes tenga que ser asumido por quien recurre en casación, como así lo ha considerado reiteradamente la Corte(3).
4. En ese orden, y en atención a que por la determinación de la segunda instancia se privó al extremo recurrente de cumplir la carga procesal contemplada en el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil y el expediente se encuentra en esta corporación, se procederá de la misma manera que en casos similares al presente(4), en los que acudiendo a los principios generales del derecho, en especial al de economía procesal, no se devolverá el diligenciamiento al tribunal, sino que el acto de expedición de copias se verificara en la secretaría de la Sala, pues “ningún sentido tendría permitir en este momento el regreso del expediente solo para que el ad quem disponga unas copias que a la Corte, donde ahora se encuentra el proceso, le resulta viable ordenar, y cuya expedición así como remisión al juez de primera instancia la puede hacer la citada secretaría, en caso de que el interesado sufrague lo necesario dentro del plazo que al efecto prevé el aludido precepto legal”(5).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ordena a la parte recurrente que en el término de tres días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, suministre lo necesario para que por la secretaría de la Sala se expida copia de la demanda, de su contestación y de las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en el proceso de la referencia, y las envíe al juez que conoció el litigio a fin de que proceda al cumplimiento del fallo, so pena de que se declare desierto el recurso de casación interpuesto.
Magistrado: Ariel Salazar Ramírez.
(1) Auto de 19 de julio de 2011, Expediente 2004-00492-01 que citó providencias dictadas el 24 de enero de 1980 y el 19 de noviembre de 1997, Expediente 6805.
(2) Providencia de 19 de julio de 2011, Expediente 2009-00492-01. En el mismo sentido: Auto de 10 de abril de 2012, Expediente 2005-00175-01.
(3) Providencias de 11 de febrero de 1994, Expediente 4797; 17 de mayo de 1995, Expediente 5578; 26 de febrero de 1996, Expediente 5949; 23 de julio de 2004, Expediente 1999-00205-01.
(4) Autos de 21 de agosto de 2008, Expediente 1996-08781-01 y 5 de abril de 2011, Expediente 2006-00385-01; 17 de septiembre de 2008, Expediente 2005-00014-01; 15 de abril de 2009, Expediente 2005-00292-01; 21 de septiembre de 2010, Expediente 2003-00455-01; 8 de marzo de 2011, Expediente 2008-00685-01; 28 de junio de 2012, Expediente 2003-00163-01 y 11 de febrero de 2013, Expediente 2008-00215-01, entre muchas otras.