Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-107-de-febrero-22-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_9472f85342944e0cb0648682d41e6d5a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-17 00:56:00
Document Index: 21710564

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 42', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 60', 'artículo 1', 'artículo 42', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 228', 'artículo 13', 'artículo 4', 'artículo 2488', 'artículo 150', 'artículo 13', 'artículo 51', 'artículo 2', 'artículo 90', 'artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 17', 'artículo 17']

﻿ SENTENCIA C-107 DE FEBRERO 22 DE 2017
SENTENCIA C-107 DE 22 DE FEBRERO DE 2017
CONTENIDO:PATRIMONIO DE FAMILIA PUEDE CONSTITUIRSE A FAVOR DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA UNIPERSONAL Y DE CRIANZA, Y A LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA EXTENSA. SE ACLARA QUE SE INCURRE EN UNA DISCRIMINACIÓN INJUSTIFICADA, AL OMITIR EXTENDER EL ACCESO A LA CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO DE FAMILIA A LAS FAMILIAS EXTENSAS, DE CRIANZA Y LAS UNIPERSONALES, A PESAR DE QUE ESTOS GRUPOS HUMANOS SON SUJETO DE PROTECCIÓN INTEGRAL, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 C.P. DE ESTA MANERA, AUNQUE DE ACUERDO CON LA MISMA NORMA CONSTITUCIONAL LA REGULACIÓN DE DICHA SALVAGUARDA CORRESPONDE AL AMPLIO MARGEN DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA, EL MISMO NO PUEDE ESTABLECER LIMITACIONES O DISTINCIONES QUE NO SE SUSTENTEN EN UN CRITERIO CONSTITUCIONALMENTE ADMISIBLE. ASÍ MISMO, SE ADVIERTE QUE EL RECONOCIMIENTO JURISPRUDENCIAL A LA CATEGORÍA DE “FAMILIAS UNIPERSONALES”, PERMITE EXTENDER TAMBIÉN LA FIGURA DEL PATRIMONIO DE FAMILIA, PERO HACIENDO LA SALVEDAD QUE EN NINGÚN CASO LA MISMA SE PODRÁ SER UTILIZADA PARA QUE UNA SOLA PERSONA LA CONSTITUYA CON FINES DE QUEBRANTAR LA PRENDA GENERAL DE GARANTÍA QUE CONSTITUYEN LOS BIENES DEL DEUDOR, RESPECTO DE LOS ACREEDORES. POR ELLO, EN TODO CASO SE DEBERÁ ACREDITAR LA VOCACIÓN DE FAMILIA UNIPERSONAL QUE ALEGUE EL CONSTITUYENTE, PARA NO DEFRAUDAR LOS INTERESES DE LOS ACREEDORES QUE AQUEL TENGA. FINALMENTE SE DECLARAN EXEQUIBLES LOS ARTÍCULOS 4º Y 5º DE LA LEY 70 DE 1931 “QUE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIOS DE FAMILIA NO EMBARGABLES”.
TEMAS ESPECÍFICOS:PATRIMONIO DE FAMILIA, FAMILIA, EMBARGO DEL PATRIMONIO DE FAMILIA, COMPONENTES DEL PATRIMONIO DE FAMILIA, CLASES DE FAMILIA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:547 DE JULIO DE 2017, PÁG.1271
Sentencia C-107 de febrero 22 de 2017
Ref.: Expediente D-11523
“ART. 4º—El patrimonio de familia puede constituirse a favor:
c) De un menor de edad, o de dos o más que estén entre sí dentro del segundo grado de consanguinidad legítima o natural”.
“ART. 5º—En beneficio de su propia familia o de personas pertenecientes a ella, puede constituirse un patrimonio de esta clase:
b) Por el marido y la mujer de consuno, sobre los bienes propios de esta, cuya administración corresponda al primero, y
Es importante anotar que a través de la Sentencia C-340 de 2014(1), se declaró la exequibilidad condicionada de la expresión “El marido”, contenida en el literal a) del artículo transcrito, en el entendido que la facultad allí conferida respecto de los bienes de la sociedad, también era predicable de la mujer.
9. La jurisprudencia constitucional ha identificado las condiciones que deben cumplirse para que proceda la integración normativa en el marco del control de constitucionalidad.(2) Para ello, ha partido de considerar que se trata de una posibilidad excepcional, prevista en el artículo 6º del Decreto Ley 2067 de 1991, según el cual la Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que declara constitucionales.
Esta facultad ha sido denominada por la jurisprudencia como de integración normativa. Su carácter es absolutamente excepcional, puesto que parte de la base de reconocer que la competencia de la Corte se circunscribe, en aquellos casos diferentes al control automático de constitucionalidad, únicamente a los cargos planteados por el demandante, so pena de desarrollar un análisis oficioso que está previsto en la Carta Política solo en casos taxativos. Por lo tanto, la integración de normativa está diseñada no para asumir nuevos problemas jurídicos, diferentes a los expuestos en la demanda, sino únicamente para garantizar la eficacia del control judicial que adelanta la Corte. Esto implica, además, que el instrumento en comento no puede servir para corregir los errores del cargo propuesto, en particular respecto del incumplimiento del requisito de certeza(3).
La protección integral de la familia, entonces, pasa obligatoriamente por la salvaguarda del entorno físico y de los ingresos económicos que sirven de soporte para el ejercicio de los derechos constitucionales. Esta conclusión es clara incluso desde mucho antes de la expedición de la actual Carta Política. Los antecedentes legislativos de la norma acusada, que supera los ochenta años de existencia en el orden jurídico nacional, son expresos en reconocer el vínculo entre la eficacia de los derechos constitucionales de la familia como sujeto de protección por parte del Estado y la salvaguarda económica de determinados mínimos de su patrimonio. Así, se señaló en la exposición de motivos del proyecto que fue luego aprobado como la Ley 70 de 1931 como “[t]odas las legislaciones reconocen en principio que ciertos bienes del deudor no pueden ser perseguidos por sus acreedores, pero entre nosotros son tan pocos casos los que gozan de ese privilegio, que no bastan en ningún caso para que el deudor quebrado y su familia no queden a merced de la miseria. La reforma tiende, pues, a aumentar la cantidad de los bienes inembargables en una cuota hasta de $ 1.000, concediendo el derecho de hacerlo a quien quiera poner su familia bajo la égida protectora de los malos cálculos o de la mala suerte. (…) En efecto: en muchos casos ocurre que el patrimonio de familias acaudaladas viene a menos, por negocios desgraciados o circunstancias excepcionales, y que los miembros de ellas después de haber disfrutado de alguna holgura, se ven sometidos a apremiantes necesidades, lo que viene a crear un problema social de difícil y lenta solución. Lo propio puede ocurrir en las familias de clase media y obrera respecto de las cuales el proyecto de que nos ocupamos puede constituir un estímulo para el ahorro y el trabajo fecundo”(4).
13. La jurisprudencia constitucional se ha ocupado en varias ocasiones de analizar el instituto jurídico del patrimonio de familia. Para la Corte, el mismo se define como el conjunto de bienes inembargables para llenar las necesidades económicas de una familia fundamentalmente la vivienda, la alimentación y en algunos casos los utensilios de trabajo e incluso el automóvil, que se garantizan y salvaguardan contra los acreedores para el desarrollo y el soporte económico de la familia ante eventuales riesgos y situaciones críticas como quiebras o crisis económicas(5).
Del mismo modo, a partir del análisis de la figura en el derecho comparado, la Sala también ha concluido que la finalidad del patrimonio de familia es dar estabilidad y seguridad al grupo familiar en su sostenimiento y desarrollo, salvaguardando su morada y techo y los bienes necesarios para su supervivencia en condiciones de dignidad(6).
De manera compatible con esta perspectiva, la Ley 70 de 1931, según fue modificada por la Ley 495 de 1999, determina que el patrimonio de familia tiene carácter inembargable y se constituye respecto del dominio pleno de un inmueble que no posea con otra persona proindiviso, ni esté gravado con hipoteca, censo o anticresis y cuyo valor en el momento de la constitución no sea mayor de 250 salarios mínimos mensuales vigentes(7).
14.1. A partir de las reformas legales que ha sufrido el patrimonio de familia, la Corte ha distinguido entre dos modos de constitución: uno de tipo facultativo y otro forzoso, por ministerio de la Ley. La constitución voluntaria está originalmente prevista en la Ley 70 de 1931, según los términos anotados. Igualmente, se prevé en la Ley 861 de 2003, normatividad que en su artículo 1º determina la posibilidad que la madre cabeza de familia constituya patrimonio de familia respecto del único bien inmueble urbano o rural que le pertenezca, y a favor de sus hijos menores existentes y de los que estén por nacer. Esta facultad fue extendida a favor de los padres cabeza de familia, según el fallo de exequibilidad condicionada C-722 de 2004, al advertirse que debía prodigarse idéntica protección al grupo familiar dependiente tanto de la madre exclusivamente, como del padre en la misma condición(8).
14.2. La constitución obligatoria y por ministerio de la ley del patrimonio de familia está prevista para el caso de las viviendas de interés social. En este caso, el artículo 1º de la Ley 91 de 1936 señala la obligación de los compradores del inmueble para que, sin sujeción a las formalidades de procedimiento previstas en el Capítulo 10 de la Ley 70 de 1931, constituyan patrimonio de familia inembargable a través de su inscripción en el registro inmobiliario, sin límite de cuantía en lo que respecta al valor del bien(9), esto último en los términos del artículo 3º de la Ley 9ª de 1989. Por ende, el inmueble solo puede ser perseguido por las entidades que financien la construcción, adquisición, mejora o subdivisión de la vivienda, según lo dispone el artículo 60 de la mencionada ley.
Sobre el particular, debe reiterarse que también son titulares de la facultad de constitución del patrimonio de familia los hijos del padre o madre cabeza de hogar, respecto de sus hijos menores presentes o futuros, según lo dispone el artículo 1º de la Ley 861 de 2003. De otro lado, conforme lo determinó la Corte en la Sentencia C-029 de 2009, la protección patrimonial antes descrita es aplicable indistintamente entre compañeros del mismo o de diferente sexo, quienes se hayan acogido al régimen de la Ley 54 de 1990(10). Esto, por supuesto, con independencia de la posibilidad de constituir el patrimonio de familia frente a las viviendas adquiridas bajo el método de financiación de que trata la Ley 546 de 1999, así como la obligatoriedad del gravamen frente a la adquisición de viviendas de interés social.
16. Por último, la Corte advierte válido diferenciar el patrimonio de familia de otras medidas similares, en especial la afectación a vivienda familiar. En líneas generales, mientras el patrimonio de familia tiene por objeto establecer una salvaguarda económica al grupo familiar, la afectación a vivienda familiar está dirigida a impedir la tradición del inmueble sin que medie el consentimiento de ambos cónyuges o compañeros(11). Con todo, la afectación a vivienda familiar también incorpora medidas de protección sobre el inmueble.
La jurisprudencia constitucional ha distinguido estas dos instituciones del modo siguiente, razón por la cual en este apartado se reitera ese precedente(12).
16.3. (sic) La afectación a vivienda familiar, en los términos de la Ley 258 de 1996, operaba exclusivamente cuando el bien inmueble ha sido adquirido en su totalidad por uno de los cónyuges o compañeros, con anterioridad a la celebración del matrimonio o la conformación de la unión marital de hecho, según el caso. No obstante, con la reforma introducida por la Ley 854 de 2003, la afectación a vivienda familiar también puede realizarse cuando se trate de un bien adquirido por ambos cónyuges, de modo que la figura se asimila en ese sentido al patrimonio de familia. Con todo, esta última institución tiene un margen más amplio sobre el particular, pues también puede constituirse el patrimonio de familia respecto del bien de un tercero, mediante donación entre vivos o por asignación testamentaria.
La Corte, conforme lo expuesto, ha caracterizado a la familia como una categoría esencialmente dinámica, la cual se concretiza ante la evidencia de los elementos anteriormente señalados. Para este Tribunal, “[n]o obstante estar sometida a un proceso de constante evolución primeramente verificado en la realidad de la que hace parte, la Corte ha definido la familia “en un sentido amplio”, como “aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes más próximos”(13). // Como realidad “dinámica y vital, donde cobran especial importancia los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, el derecho a la intimidad”, la familia tiene, entonces, “un régimen constitucional, cuya piedra angular es el artículo 42, en concordancia con el artículo 5º”, régimen que busca hacer de ella “el ámbito adecuado para que dentro de un clima de respeto, no violencia e igualdad, sus integrantes puedan desarrollarse a plenitud como seres humanos, con la garantía de intimidad que permita el transcurso de la dinámica familiar sin la intromisión de terceros” y, así mismo, lograr un equilibrio entre la estabilidad necesaria para el desarrollo de sus miembros con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad a que tiene derecho cada uno de sus integrantes, aspecto este donde cobra especial importancia la existencia de un ambiente de respeto por cada persona y de libre expresión de los afectos y emociones”(14).(15)
La conformación del grupo familiar, en ese sentido, no responde necesariamente a la determinación de una estructura particular de tipo parental, ni menos a la existencia de una pareja, como errónea e injustificadamente lo plantea la Procuraduría General. En cambio, a fin de identificar cuándo se está ante una familia, lo que debe verificarse es la presencia de las cualidades fácticas antes reseñadas, las cuales permiten acreditar el acto voluntario de conformación de la familia, así como la construcción de lazos filiales e íntimos, en los términos expuestos. Como lo ha explicado la Corte “la Constitución Política de 1991, no solo protege un único concepto de familia, en tanto esta protección se extiende a un sinnúmero de situaciones que por circunstancias de hecho se crean y que a pesar de no contar con las formalidades jurídicas, no implica el desconocimiento como familia. Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que los lazos de afecto, solidaridad, respeto y asistencia que sea crean entre padres e hijos de crianza, son circunstancias de facto que no se encuentran ajenas al derecho y que por lo tanto, son susceptibles de crear consecuencias jurídicas tanto en derechos como deberes”(16).
Este ha sido el criterio de la jurisprudencia, cuando ha establecido que “[t]ratándose de la familia, la Corte ha precisado que es “una manifestación del libre desarrollo de la personalidad y, en concreto, de la libre expresión de afectos y emociones”, ya que “su origen se encuentra en el derecho de la persona de elegir libremente entre las distintas opciones y proyectos de vida, que según sus propios anhelos, valores, expectativas y esperanzas, puedan construir y desarrollar durante su existencia”(17). // En este orden de ideas, es evidente que la persona tiene el derecho a conformar una familia y que su ámbito de protección comprende una faceta negativa, cual es el derecho a no constituir una nueva familia, aunque inevitablemente se pertenezca a alguna en condición distinta a la de esposo o padre”(18).
“Respecto al concepto de familia, diversos órganos de derechos humanos creados por tratados, han indicado que no existe un modelo único de familia, por cuanto este puede variar(19). De igual forma, el Tribunal Europeo ha interpretado el concepto de “familia” en términos amplios. Respecto a parejas de diferente sexo, ha señalado reiteradamente que:
La noción de familia bajo esta norma no está circunscrita a relaciones basadas en el matrimonio y puede abarcar otros vínculos de ‘familia’ de facto donde las partes están viviendo juntas fuera del matrimonio. Un niño nacido en tal relación es ipso jure parte de tal unidad familiar desde ese momento y por el mero hecho de su nacimiento. Por tanto, existe entre el niño y sus padres un vínculo que implica vida familiar. Además, el Tribunal recuerda que el goce mutuo de la compañía del otro entre los padres y el niño constituye un elemento fundamental de la vida familiar, aunque la relación de los padres esté rota, y [, en consecuencia,] medidas nacionales que limiten tal goce, conllevan una interferencia con el derecho protegido por el artículo 8º del Convenio(20).
Al decidir si una relación puede considerarse como ‘vida familiar’, una serie de factores pueden ser relevantes, incluyendo si la pareja vive junta, la duración de su relación y si se ha demostrado el compromiso mutuo al tener hijos conjuntamente o por otros medios(21).
En primer lugar, y respecto a la protección convencional de parejas del mismo sexo, en el Caso Schalk y Kopf Vs. Austria, el Tribunal Europeo revisó su jurisprudencia vigente hasta ese momento, en la cual solamente había aceptado que la relación emocional y sexual de una pareja del mismo sexo constituye “vida privada”, pero no había considerado que constituyera “vida familiar”, aun al tratarse de una relación a largo plazo en situación de convivencia(22). Al aplicar un criterio amplio de familia, el Tribunal Europeo estableció que “la noción de ‘vida familiar’ abarca a una pareja del mismo sexo que convive en una relación estable de facto, tal como abarcaría a una pareja de diferente sexo en la misma situación”(23), pues consideró “artificial mantener una posición que sostenga que, a diferencia de una pareja heterosexual, una pareja del mismo sexo no puede disfrutar de la ‘vida familiar’ en los términos del artículo 8º” del Convenio Europeo(24).
El Tribunal resalta que, a diferencia de lo dispuesto en el Convenio Europeo, en el cual solo se protege el derecho a la vida familiar bajo el artículo 8º de dicho Convenio, la Convención Americana cuenta con dos artículos que protegen la vida familiar de manera complementaria. En efecto, esta Corte considera que la imposición de un concepto único de familia debe analizarse no solo como una posible injerencia arbitraria contra la vida privada, según el artículo 11.2 de la Convención Americana, sino también, por el impacto que ello pueda tener en un núcleo familiar, a la luz del artículo 17.1 de dicha Convención.
En el presente caso, el Tribunal observa que desde noviembre de 2002 hasta la decisión de tuición provisoria, en mayo de 2003 (…), existía un vínculo cercano entre la señora Atala, la señora De Ramón, el hijo mayor de la señora Atala y las tres niñas. Al respecto, la señora Atala manifestó que “éramos una familia absolutamente normal. Un niño, tres niñas, un gato, un perro, una perra, una casa, teníamos proyecto como familia. Teníamos sueños como familia”(25). Además, la señora De Ramón declaró que “[l]a vida de los cinco miembros de la familia, seis [con ella] era muy cercana a lo idílico[, pues e]stablecieron una relación de mucha comunicación, al menos entre las mujeres de la familia”(26).
Por tanto, es visible que se había constituido un núcleo familiar que, al serlo, estaba protegido por los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana, pues existía una convivencia, un contacto frecuente, y una cercanía personal y afectiva entre la señora Atala, su pareja, su hijo mayor y las tres niñas. Lo anterior, sin perjuicio de que las niñas compartían otro entorno familiar con su padre”(27).
En ese orden de ideas, la necesidad de otorgar el mismo nivel de protección a las diferentes modalidades de familia, se explica en que las personas que las integran también deben recibir el mismo tratamiento, así como las salvaguardas que les confiere el orden jurídico, pues de lo contrario se estarían planteando diferencias fundadas en el tipo de filiación, que son constitucionalmente inadmisibles. En términos de la jurisprudencia objeto de examen, “a la luz de la axiología constitucional, son igualmente dignas de respeto y protección las familias originadas en el matrimonio y la conformadas por fuera de este, y que esta igualdad proscribe toda forma de discriminación basada en el origen familiar, ya sea ejercida contra los hijos o contra descendientes de cualquier grado. // Si el constituyente quiso equiparar la familia que procede del matrimonio con la familia que surge de la unión de hecho, y a los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, forzoso es concluir que proscribe cualquier tipo de discriminación procedente de la clase de vínculo que da origen a la familia. Por lo tanto, establecer que son “hijastros” los hijos que aporta uno de los cónyuges al matrimonio, pero que no lo son los que aporta el compañero a una unión de hecho, se erige en un trato discriminatorio que el orden jurídico no puede tolerar”(28) (Subrayas no originales)(29).
Conforme a este precedente “conviene reiterar que “el concepto de familia no incluye tan solo la comunidad natural compuesta por padres, hermanos y parientes cercanos, sino que se amplía incorporando aun a personas no vinculadas por los lazos de la consanguinidad, cuando faltan todos o algunos de aquellos integrantes, o cuando, por diversos problemas, entre otros los relativos a la destrucción interna del hogar por conflictos entre los padres, y obviamente los económicos, resulta necesario sustituir al grupo familiar de origen por uno que cumpla con eficiencia, y hasta donde se pueda, con la misma o similar intensidad, el cometido de brindar al niño un ámbito acogedor y comprensivo dentro del cual pueda desenvolverse en las distintas fases de su desarrollo físico, moral, intelectual y síquico”(30). // Finalmente, es menester poner de presente que también se impone como conclusión que “el concepto de familia no puede ser entendido de manera aislada, sino en concordancia con el principio de pluralismo”, porque “en una sociedad plural, no puede existir un concepto único y excluyente de familia, identificando a esta última únicamente con aquella surgida del vínculo matrimonial”(31)“(32).
De otro lado, no puede perderse de vista que la necesidad de reconocimiento de las diferentes formas de familia, bajo un concepto pluralista, también descansa en un argumento de índole fáctico. En Colombia se comprueba la presencia de distintas modalidades constitutivas de familia, en donde la nuclear biparental incluso tiene carácter minoritario. Como lo explica la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015, “respecto a los tipos de familia, se encontró que un tercio del total de los hogares del país (33.2%) está ocupado por familias nucleares biparentales (ambos padres e hijos), un 12.6 por ciento por nucleares monoparentales (falta el padre o la madre) y un 9.8 por ciento de ellas por parejas sin hijos; un 12.8 por ciento son ocupados por familias extensas biparentales (pareja, más hijos solteros, otros parientes, hijos con pareja y/o con hijos); 9.8 por ciento son extensas monoparentales (el jefe o la jefe sin cónyuge con los hijos solteros o casados y otros parientes); 2.9 por ciento pertenecen a parejas sin hijos junto con otros parientes y en un 4.5 por ciento de los hogares del país vive el jefe con otros parientes”(33).
Con base en este argumento, distintas decisiones de la Corte, particularmente fallos de revisión de tutela, han concluido que las familias de crianza, y en general las familias extensas, pueden acceder a beneficios y salvaguardas legales que la ley prevé a favor de la filiación consanguínea o a la pareja. A continuación se realizará una exposición de casos que ejemplifican dicho precedente(34).
19.1. Esta línea jurisprudencial se remonta a la Sentencia T-495 de 1997(35), la cual asumió el caso de un joven soldado quien falleció en razón del servicio y sus padres de crianza, quienes asumieron su cuidado personal desde la niñez sin que se formalizara la relación, solicitaron al Ejército Nacional el pago de la indemnización prevista en la ley. Esta prestación les fue negada debido a la ausencia de vínculo filial.
Para la Corte, a pesar de no concurrir dicha formalización, se estaba ante una verdadera familia objeto de protección, atendiéndose a un criterio material para su conformación. En la sentencia se destacó cómo había surgido entre el causante y los solicitantes “una familia que para propios y extraños no era diferente a la surgida de la adopción o, incluso, a la originada por vínculos de consanguinidad, en la que la solidaridad afianzó los lazos de afecto, respeto y asistencia entre los tres miembros, realidad material de la que dan fe los testimonios de las personas que les conocieron”. De acuerdo con esta verificación fáctica, el pago de la indemnización devenía constitucionalmente obligatoria, puesto que “si el trato, el afecto y la asistencia mutua que se presentaron en el seno del círculo integrado por los peticionarios y el soldado fallecido, eran similares a las que se predican de cualquier familia formalmente constituida, la muerte [del joven] mientras se hallaba en servicio activo debió generar para sus padres de crianza, las mismas consecuencias jurídicas que la muerte de otro soldado para sus padres formalmente reconocidos; porque no hay duda de que el comportamiento mutuo de padres e hijo (“de crianza”) revelaba una voluntad inequívoca de conformar una familia, y el artículo 228 de la Carta Política establece que prevalecerá el derecho sustantivo”.
En la decisión se concluyó que tal distinción contrariaba tanto el mandato de protección equitativa de las distintas formas de familia, como la igualdad ante los hijos, previsiones superiores que han sido explicadas en fundamentos jurídicos anteriores. Así, se consideró que “si el constituyente quiso equiparar la familia que procede del matrimonio con la familia que surge de la unión de hecho, y a los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, forzoso es concluir que proscribe cualquier tipo de discriminación procedente de la clase de vínculo que da origen a la familia. Por lo tanto, establecer que son “hijastros” los hijos que aporta uno de los cónyuges al matrimonio, pero que no lo son los que aporta el compañero a una unión de hecho, se erige en un trato discriminatorio que el orden jurídico no puede tolerar”(36).
19.3. Esta regla fue reiterada en la Sentencia T-606 de 2013(37), donde también se pretendía extender los beneficios convencionales de un trabajador respecto de la hija menor de su compañera permanente, quien le eran negados los beneficios respectivos al no tener filiación biológica con el empleado. La Corte arribó a idéntica conclusión y estipuló que “que el derecho de los niños a tener una familia se puede materializar en el seno de cualquiera de los tipos de familia que protege la Carta Política(38), habida cuenta de que el primer espacio al cual el infante tiene derecho a pertenecer es su núcleo familiar, en el cual ha de encontrar las condiciones personales y afectivas más adecuadas para que su proceso de educación moral y formación ciudadana sea llevado a cabo cabalmente”.
19.4. Un caso análogo fue estudiado por la Corte en la Sentencia T-070 de 2015(39), en donde se negó el subsidio educativo al hijo de crianza de un trabajador, en razón a que carecía de una filiación biológica o adoptiva, pues era hijo de su pareja. En este caso, se señaló que “[l]as familias conformadas por padres e hijos de crianza han sido definidas por la jurisprudencia constitucional como aquellas que nacen por relaciones de afecto, respeto, solidaridad, comprensión y protección, pero no por lazos de consanguinidad o vínculos jurídicos. Sin embargo, la protección constitucional que se le da a la familia, también se proyecta a este tipo de familias”. De esa manera, resultaba jurídicamente necesario extender el subsidio estudiantil al hijo de crianza, en tanto integrante de la familia del trabajador titular de esa prestación económica.
19.5. Finalmente, estas reglas fueron recapituladas en la reciente Sentencia T-354 de 2016(40). En esta decisión se analizó el caso de una familia de crianza, cuyo uno de sus miembros tenía derecho a beneficios contenidos en la convención colectiva de trabajo, los cuales no podía extender a sus padres de crianza, pues la norma solo confería el beneficio a los padres biológicos o adoptivos. La Sala de Revisión concluyó que esta distinción era contraria a la Constitución, por lo que amparó los derechos invocados y ordenó la extensión del beneficio. Así, luego de sintetizar el precedente analizado, concluyó que “las relaciones humanas conllevan la imperiosa necesidad de adaptar la legislación y el derecho a la realidad, toda vez que en materia de familia, los vínculos entre sus miembros se han extendido más allá de los meramente jurídicos o existentes por consanguinidad, para dar paso a un concepto más amplio que comprende las relaciones de afecto, convivencia, solidaridad, respeto y apoyo mutuo, situaciones de facto que dan lugar al reconocimiento de derechos y la imposición de deberes”.
Esta configuración del grupo familiar responde a parámetro material, basado en la identificación de una comunidad conformada de manera voluntaria y en donde se verifiquen lazos de amor, respeto mutuo y solidaridad, relaciones que pueden o no tener fundamento en la existencia de una vínculo filial, biológico o propio de la pareja. Tales condiciones son predicables tanto de la familia de crianza, como de la familia extensa.
23. En consecuencia, la Sala considera que en el presente asunto debe adoptarse un fallo de exequibilidad condicionada que resuelva la discriminación propuesta. Por ende, se declarará la constitucionalidad de los artículos 4º y 5º de la Ley 70 de 1931 en el entendido que el patrimonio de familia podrá constituirse a favor de los integrantes de la familia unipersonal y de crianza, y de los integrantes de la familia extensa.
A juicio de la Sala y en respuesta a lo planteado por algunos intervinientes y el Ministerio Público, una decisión de este carácter no plantea vacíos normativos frente a la figura del patrimonio de familia, particularmente en lo que respecta a la comprobación sobre la existencia de relación de familia. A este respecto, el literal a. del artículo 13 de la Ley 70 de 1931 dispone que para la conformación del patrimonio de familia deberá acompañarse a la demanda “las correspondientes partidas del estado civil, o las pruebas supletorias, conforme a las reglas generales”. Asimismo, en el caso de la constitución de carácter notarial, el artículo 4º del Decreto 2817 de 2006 dispone que en la solicitud de constitución de patrimonio de familiar debe constar (i) la manifestación que se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento del titular del derecho de dominio en el sentido de que la constitución del patrimonio se hace únicamente para favorecer a los beneficiarios; que a la fecha no tiene vigente otro patrimonio de familia; y que existen o no acreedores que pueden verse afectados con la constitución de la limitación; y (ii) copia o certificado de la inscripción en el Registro del Estado Civil del Matrimonio, si a ello hubiere lugar, y de la inscripción en el Registro del Estado Civil del Nacimiento de los hijos menores edad, o la partida eclesiástica correspondiente en los casos que hace plena prueba según la ley.
24.2. Adicionalmente, también debe aclararse que la jurisprudencia constitucional ha reconocido al hogar unipersonal como un tipo de familia, sujeto de protección integral. En efecto, la Corte se ha referido a la materia en la Sentencia C-936 de 2003(41), en la que a propósito del estudio de constitucionalidad de algunas normas sobre leasing habitacional, llegó a la conclusión que ese instrumento financiero no solo debía incluir entre sus beneficiarios a las parejas, sino a otras modalidades constitutivas de la misma, incluso a la “familia unipersonal”. Esto debido a cada una de ellas tenía derecho a un instrumento financiero que les permita el acceso a la vivienda. Para ello, expresó los argumentos siguientes:
“La familia como objeto constitucionalmente protegido (C.P. art. 42) requiere un espacio determinado en el cual se desarrolla y se realizan los procesos propios de este fenómeno social. Dicho espacio corresponde a la vivienda y las condiciones antes indicadas, que cualifican su dignidad y benefician a cada uno de sus integrantes, así como a la familia. Sin la mencionada protección a los individuos integrantes de la familia, esta se ve desprotegida y se enfrenta a su disolución.
Lo anterior indica que, por otro lado, no se pueda considerar a la familia exclusivamente como unión de un hombre y una mujer, sino en un sentido social, de suerte que abarque a la “familia unipersonal” y diversas formas de unión grupal que convivan juntos(42). Lo anterior, en la medida en que la vivienda digna comprenda la idea de habitación. Se protege el lugar destinado para habitar, sin considerar cómo se integre el núcleo familiar. Así, es objeto de la disposición constitucional la vivienda familiar(43).
En una democracia constitucional los derechos constitucionales operan, no solo como límites a la actuación estatal, sino también como definidores del espectro de libertad de los particulares. Estos tienen que adecuar sus comportamientos, y coadyuvar, a la realización de los fines constitucionales. Esto, claro está, dentro de un esquema en el que el balance entre los derechos constitucionales no conduzca al sacrificio de la autonomía privada.
Si el legislador considera necesario, o las circunstancias fácticas lo tornan demandable, la existencia de un sistema especial de financiación de la tenencia de vivienda familiar, la actividad privada se encontrará sujeta, en lo que a la autonomía respecta, a los parámetros constitucionales y estatales de actuación” (Subrayas no originales).
1 Corte Constitucional, Sentencia C-340 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa. SV. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez).
2 La Corte ha utilizado la metodología de la integración normativa en innumerables ocasiones. Para efectos de este análisis se utiliza la síntesis expresada en la Sentencia C-104 de 2016 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. AV. María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas Silva).
3 “La certeza de los argumentos de inconstitucionalidad hace referencia a que los cargos se dirijan contra una proposición normativa efectivamente contenida en la disposición acusada y no sobre una distinta, inferida por el demandante, implícita o que hace parte de normas que no fueron objeto de demanda. Lo que exige este requisito, entonces, es que el cargo de inconstitucionalidad cuestione un contenido legal verificable a partir de la interpretación del texto acusado”. Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 y C-370 de 2006.
4 Diario Oficial 21706, de 5 de junio de 1931 La cita es tomada de la Sentencia C-317 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla. SV María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio), fundamento jurídico 2.2.3.
5 Corte Constitucional, Sentencia C-317 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla. SV María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio), fundamento jurídico 2.1.1.
7 La Corte concluyó que esta limitación en el valor del inmueble objeto del patrimonio de familia no se oponía a la Constitución y específicamente no incorporaba un tratamiento discriminatorio injustificado respecto de las familias que habitan inmuebles de un valor mayor. Al respecto se señaló que “surge del derecho comparado y de su regulación en Colombia, desde el momento mismo en que fue creada esa institución, el bien objeto de constitución del patrimonio de familia queda excluido del derecho de los acreedores a su persecución judicial para obtener la satisfacción de créditos insolutos. // Es decir, la prenda general del patrimonio del deudor en beneficio de sus acreedores se ve disminuida, en cuanto el bien objeto de patrimonio de familia no puede ser afectado con medidas cautelares de embargo y secuestro ni sometido al remate para el pago de una acreencia, con lo que se disminuye el alcance de la prenda general que en beneficio de los acreedores establece el artículo 2488 del Código Civil. // Tampoco se quebranta por este aspecto el derecho a la igualdad, como quiera que los acreedores de quienes constituyen un patrimonio de familia sobre un bien cuyo valor, al momento de establecerlo, no sea mayor de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quedan en la misma situación, y a todos se les permite ejercer los derechos auxiliares del crédito insatisfecho cuando el bien tenga un valor que supere el monto ahí establecido. // Como consecuencia de lo expuesto, no se encuentra que el aparte normativo acusado como inconstitucional, sea violatorio de los artículos 5º y 42 de la Carta Política, en cuanto en ellos se dispone una protección integral a la familia, como quiera que simplemente se reguló un aspecto de carácter patrimonial en general, sin que en esa norma constitucional se encuentre prohibida la regulación por el Congreso, en ejercicio de su atribución legislativa, pues esas normas constitucionales deben ser interpretadas en armonía con las atribuciones que confiere al Congreso el artículo 150 superior para expedir las leyes en todos los ramos de la legislación, como aquí se hizo, sin quebranto del derecho a la igualdad (artículo 13) y sin que ello signifique ningún menoscabo al derecho de adquirir una vivienda digna, con sistemas adecuados de financiación, conforme al artículo 51 de la Carta”. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-317 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla. SV María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio).
8 Corte Constitucional, Sentencia C-722 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil. Unánime). Sobre el particular, este fallo indicó: “En el presente caso, la medida prevista en la Ley 861 de 2003 busca proteger el patrimonio mínimo del grupo familiar, representado en el inmueble que destinan para vivienda, como medida de protección, no solo de la mujer cabeza de familia, sino, primordialmente, de los menores que dependen de manera exclusiva de ella. En atención a esa específica finalidad de la norma, no existe razón que justifique limitar ese amparo especial a los menores que dependan de su madre, y no aplicarlo a aquellos que, en las mismas circunstancias, dependan exclusivamente del padre. // Por las anteriores consideraciones, la Corte declarará la exequibilidad condicionada de las expresiones demandadas, en el entendido que el beneficio que se establece en la Ley 861 de 2003 para los menores que dependan de la mujer cabeza de familia, deberá igualmente otorgarse a los hijos menores dependientes del hombre que, de hecho, se encuentre en la misma situación de la mujer cabeza de familia, en los términos a que alude el artículo 2º de la Ley 82 de 1993”.
9 Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en la práctica sí opera un límite de cuantía, en tanto el artículo 90 de la Ley 1753 de 2015, actual plan nacional de desarrollo, dispone que el valor máximo de una vivienda de interés social será de 135 salarios mininos mensuales vigentes.
10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-029 de 2009 (M.P. Rodrigo Escobar Gil. SPV. Jaime Araújo Rentería, Nilson Pinilla Pinilla. AV Jaime Araújo Rentería). Sobre la materia, la sentencia expuso que “. Las normas acusadas se inscriben en al ámbito de la protección especial que la Constitución ha dispuesto para la familia. Se trata de una medida positiva de protección, que responde a un imperativo constitucional para cuyo desarrollo existe amplia libertad de configuración de legislador. Los demandantes no ponen en entredicho que esa protección se brinde a la familia, ni los cargos presentados se orientan a cuestionar el concepto de familia como tal. // Sin embargo, dado que, de manera expresa, el legislador ha señalado que las previsiones sobre patrimonio de familia inembargable o afectación a vivienda familiar se aplican a los compañeros permanentes, cabe señalar que las mismas tienen, también, un fundamento en el valor social que tienen los vínculos de solidaridad y afecto creados por las parejas. // En ese contexto las previsiones legales atienden a la necesidad de proteger un patrimonio o la vivienda de quienes han decidido realizar un proyecto de vida en común en calidad de pareja, sin que la Corte aprecie que exista una razón para justificar, en este aspecto, una diferencia de trato entre las parejas heterosexuales y las parejas del mismo sexo que se hayan acogido al régimen patrimonial de la unión marital de hecho, en los términos de la Ley 54 de 1990”.
11 “Como puede advertirse, la afectación a vivienda familiar es una institución que también desarrolla la protección que el constituyente concibió para la familia y que se concentra sobre el bien inmueble que utiliza como morada. No obstante, a diferencia del patrimonio de familia, que se orienta a proteger la casa de habitación para ponerla a salvo de las pretensiones económicas de terceros, la afectación a vivienda familiar tiene por finalidad proteger al cónyuge no propietario y a sus hijos de los actos de disposición del cónyuge propietario. // El legislador tuvo en cuenta que la venta o constitución de gravámenes sobre la casa de habitación por parte del cónyuge o compañero propietario, era una práctica que frecuentemente dejaba desamparado al cónyuge no propietario y a sus hijos pues por desavenencias familiares, aquel luego se desentendía del deber que le asistía de procurar para estos un lugar de habitación. Por ello tomó la decisión de condicionar la enajenación del bien inmueble del cónyuge propietario y la constitución de gravámenes o derechos reales sobre él al consentimiento libre de los cónyuges o compañeros expresado con su firma. Con esta exigencia la ley evita que el cónyuge o compañero no propietario y sus hijos se vean sorprendidos por los actos de disposición del otro cónyuge, actos que no conoció y a los que no tuvo la oportunidad de oponerse”. Corte Constitucional, Sentencia C-560 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño. Unánime). Fundamento jurídico 5.
12 Corte Constitucional, Sentencia C-317 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla. SV María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio), fundamento jurídico 2.3.
13 Ibídem. [la cita refiere a la Sentencia C-271 de 2003]
14 Cfr. Sentencia C-660 de 2000.
15 Corte Constitucional, Sentencia C-577 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. AV Juan Carlos Henao Pérez, María Victoria Calle Correa, Gabriel Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva. SV. María Victoria Calle Correa).
16 Corte Constitucional, Sentencia T-233 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo. Unánime).
17 Cfr. Sentencia C-875 de 2005.
18 Corte Constitucional, Sentencia C-577 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. AV Juan Carlos Henao Pérez, María Victoria Calle Correa, Gabriel Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva. SV. María Victoria Calle Correa).
19 Cfr. Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General Nº 21 (13º período de sesiones, 1994). La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, párr. 13 (“La forma y el concepto de familia varían de un Estado a otro y hasta de una región a otra en un mismo Estado. Cualquiera que sea la forma que adopte y cualesquiera que sean el ordenamiento jurídico, la religión, las costumbres o la tradición en el país, el tratamiento de la mujer en la familia tanto ante la ley como en privado debe conformarse con los principios de igualdad y justicia para todas las personas, como lo exige el artículo 2º de la Convención”); Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 7. Realización de los derechos del niño en la primera infancia, supra nota, párrs. 15 y 19 (“El Comité reconoce que ‘familia’ aquí se refiere a una variedad de estructuras que pueden ocuparse de la atención, el cuidado y el desarrollo de los niños pequeños y que incluyen a la familia nuclear, la familia ampliada y otras modalidades tradicionales y modernas de base comunitaria, siempre que sean acordes con los derechos y el interés superior del niño. […] El Comité observa que en la práctica los modelos familiares son variables y cambiantes en muchas regiones, al igual que la disponibilidad de redes no estructuradas de apoyo a los padres, y existe una tendencia global hacia una mayor diversidad en el tamaño de la familia, las funciones parentales y las estructuras para la crianza de los niños”); Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 19 (39º período de sesiones, 1990). La familia (artículo 23), HRI/GEN/1/Rev. 9 (Vol.), párr. 2 (“El Comité observa que el concepto de familia puede diferir en algunos aspectos de un Estado a otro, y aun entre regiones dentro de un mismo Estado, de manera que no es posible dar una definición uniforme del concepto”), y Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 16 (32º período de sesiones, 1988). Derecho a la intimidad (artículo 17), HRI/GEN/1/Rev. 9 (Vol.), párr. 5 (“En cuanto al término ‘familia’, los objetivos del Pacto exigen que, a los efectos del artículo 17, se lo interprete como un criterio amplio que incluya a todas las personas que componen la familia, tal como se entienda ésta en la sociedad del Estado Parte de que se trate”).
20 T.E.D.H., Caso Schalk y Kopf, supra, párr. 91 (“the notion of family […] is not confined to marriage-based relationships and may encompass other de facto “family” ties where the parties are living together out of wedlock. A child born out of such a relationship is ipso jure part of that “family” unit from the moment and by the very fact of his birth. Thus there exists between the child and his parents a bond amounting to family life. The Court further recalls that the mutual enjoyment by parent and child of each other's company constitutes a fundamental element of family life, even if the relationship between the parents has broken down, and domestic measures hindering such enjoyment amount to an interference with the right protected by Article 8 of the Convention”), citando T.E.D.H., Caso Elsholz, supra nota párr. 43; Caso Keegan, supra nota, párr. 44, y Caso Johnston y otros Vs. Irlanda, (Nº 9697/82), Sentencia de 18 de diciembre de 1986, párr. 56; ver también T.E.D.H., Caso Alim Vs. Rusia (Nº 39417/07), Sentencia de 27 de septiembre de 2011, párr. 70; Caso Berrehab Vs. Países Bajos, (Nº 10730/84), Sentencia de 21 de junio de 1988, párr. 21, y Caso L. Vs. Países Bajos, (Nº 45582/99), Sentencia de 1º de junio de 2004. Final, 1º de septiembre de 2004, párr. 36.
21 T.E.D.H., Caso X, Y y Z Vs. Reino Unido, (Nº 21830/93), Sentencia de 22 de abril de 1997, párr. 36 (“When deciding whether a relationship can be said to amount to ‘family life’, a number of factors may be relevant, including whether the couple live together, the length of their relationship and whether they have demonstrated their commitment to each other by having children together or by any other means”). Cfr. T.E.D.H., Caso Marckx Vs. Bélgica, (No. 6833/74), Sentencia de 13 de junio de 1979, párr. 31; Caso Keegan, supra nota ¡Error! Marcador no definido., párr. 44, y Caso Kroon y otros, supra nota, párr. 30.
22 T.E.D.H., Caso Schalk y Kopf, supra nota, párr. 92 (“the Court's case-law has only accepted that the emotional and sexual relationship of a same-sex couple constitutes ‘private life’ but has not found that it constitutes ‘family life’, even where a long-term relationship of cohabiting partners was at stake”).
23 T.E.D.H., Caso Schalk y Kopf, supra nota, párr. 94 (“a cohabiting same-sex couple living in a stable de facto partnership, falls within the notion of ‘family life’, just as the relationship of a different-sex couple in the same situation would”) y Caso P.B. y J.S. Vs. Austria, (Nº 18984/02), Sentencia de 22 de julio de 2010. Final. 22 de octubre de 2010, párr. 30.
24 T.E.D.H., Caso Schalk y Kopf, supra nota, párr. 94 (“the Court considers it artificial to maintain the view that, in contrast to a different-sex couple, a same-sex couple cannot enjoy “family life” for the purposes of Article 8”)y Caso P.B. y J.S., supra nota 23, párr. 30.
25 Declaración de la señora Karen Atala Riffo rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.
26 Declaración de Emma de Ramón de 4 de agosto de 2011 (expediente de fondo, tomo II, folio 762).
27 Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C Nº 239. Párr. 172 a 177.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-588 de 2009, citada en la Decisión T-354 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Unánime). Sobre este mismo particular pueden también consultarse los fallos T-1502 de 2000 y T-1199 de 2001.
29 Esta posición es reforzada por otras decisiones, en las que la Corte hace manifiesto el criterio material como dirimente para la identificación de grupos familiares. Así, “se tiene que las relaciones humanas conllevan la imperiosa necesidad de adaptar la legislación y el derecho a la realidad, toda vez que en materia de familia, los vínculos entre sus miembros se han extendido más allá de los meramente jurídicos o existentes por consanguinidad, para dar paso a un concepto más amplio que comprende las relaciones de afecto, convivencia, solidaridad, respeto y apoyo mutuo, situaciones de facto que dan lugar al reconocimiento de derechos y la imposición de deberes”. Corte Constitucional, Sentencia T-354 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Unánime).
30 Cfr. Sentencia T-049 de 1999.
31 Cfr. Sentencia T-572 de 2009.
32 Corte Constitucional, Sentencia C-577 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. AV Juan Carlos Henao Pérez, María Victoria Calle Correa, Gabriel Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva. SV. María Victoria Calle Correa).
33 Ministerio de Salud y Protección Social & Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015. Resumen Ejecutivo, página 12. Disponible en http://profamilia.org.co/docs/Libro%20RESUMEN%20EJECUTIVO.pdf Documento consultado el 18 de enero de 2017.
34 El análisis jurisprudencial sobre la materia es tomado de la recapitulación hecha recientemente por la Corte en la Sentencia T-354 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Unánime).
35 Corte Constitucional, Sentencia T-495 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz. Unánime).
36 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Unánime.)
37 Corte Constitucional, Sentencia T-606 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos. AV. Luis Ernesto Vargas Silva)
38 Sentencia T-292 de 2004. En esta ocasión, la Corte estudió el caso de una pareja a la que le fue entregada una menor por parte de su madre biológica ante su incapacidad de cuidarla. No obstante, transcurridos unos meses, la madre natural reclamó a su hija e intentó que el ICBF le asignara su custodia. Por lo anterior, la pareja que cuidó de la menor como si fuesen sus padres, instauró acción de tutela solicitando la protección de su derecho y de la menor a tener una familia, bajo el argumento de que los vínculos familiares no surgen únicamente por consanguinidad. La Corte falló a favor de la pareja y ordenó al ICBF iniciar los trámites para que la pareja adoptara a la menor.
39 Corte Constitucional, Sentencia T-070 de 2015 (M.P. María Victoria Sáchica Méndez. AV. Luis Ernesto Vargas Silva).
40 Corte Constitucional, Sentencia T-354 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Unánime).
41 Corte Constitucional, Sentencia C-936 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett. SV Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño y Clara Inés Vargas Hernández).
42 La Corte ya ha avanzado sobre este punto en la Sentencia T-163 de 2003.
43 En Sentencia C-560 de 2002 la Corte consideró una de las modalidades de la vivienda familiar y su protección.