Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2002/11/registro-oficial-26-de-noviembre-del-2002
Timestamp: 2020-08-12 00:44:15
Document Index: 303882693

Matched Legal Cases: ['artículo 96', 'artículo 17', 'artículo 5', 'artículo 124', 'artículo 5', 'artículo 42', 'artículo 96', 'artículo 41', 'artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 6']

Registro Oficial. 26 de NOVIEMBRE del 2002
Martes, 26 de noviembre del 2002 - R. O. No. 712
0625 Créase el dispensario\n médico en la comunidad "El Pueblito", ubicada\n en la zona central de la provincia de Manabí
0683\n Refórmase\n el Acuerdo Ministerial N° 1014 del 24 de noviembre de 1998,\n publicado en el Registro Oficial N° 83 de 8 de diciembre\n de 1998
0689-A Autorízase al Jefe de Control Sanitario\n de la Dirección Provincial de Salud del Guayas, a fin\n de que emita la certificación de cumplimiento de buenas\n prácticas de manufactura a las industrias farmacéuticas
0690\n Créase\n el Instituto de Medicina Tropical de la Amazonía y de\n Enfermedades de Transmisión Sexual VIH/SIDA IMTAETS en\n la provincia del Napo
0691 Ratifícase el contenido y alcance\n del Acuerdo Ministerial N° 01726 del 13 de octubre de 1999,\n que se refiere a la desconcentración de la administración\n y gestión de personal a nivel nacional
0719\n Designase\n con el nombre de "Dr. Gustavo Domínguez Z."\n al Hospital de Santo Domingo de los Colorados, provincia de Pichincha
0721\n Declárase\n en emergencia médica y sanitaria al cantón Ibarra,\n provincia de Imbabura
219-2002\n Segundo Absalón\n Cevallos Sánchez y otra en contra de Pedro Caguana Tuinga.
220-2002\n José\n Antonio Guiñanzaca en contra de Miguel Angel Nieves y\n otra
223-2002	Carlota Albertina Acebo Ponce en contra\n de Nicolás Antonio Villamar Garay
224-2002	Sacerdote Olmedo Fortunato del Salto en\n contra de laura Cecilia del Salto del Salto y otras
225-2002\n Pedro Capa\n Guachisaca en contra de Francisco Armijos y otros
230-2002\n María\n Piedad Peláez Jurado en contra de Jorge Enrique Cordovez\n Dávila
236-2002	Rebeca María López Santos\n en contra de Maysa Ivett Durán Cervantes
238-2002	Francisco Vicente Muentes Cedeño\n en contra de la Municipalidad de Guayaquil
239-2002\n Angel Aníbal\n Alarcón Ruiz y otra en contra de Angela Esther Meza Echeverría\n y otro.15
247-2002\n Ana Cecilia\n Tiuquinga Tuquinga en contra de Luis Roberto Guallo Cuenca.16
660 Recurso de reconsideración\n interpuesto por el Gobierno de la República de Colombia\n contra la Resolución 634 de la Secretaria General
661 Revocación parcial de la Resolución\n 573 -Cumplimiento de normas de origen de productos de la Subpartida\n 5606.00.00, exportados desde Venezuela al Perú.
-\n Cantón Rocafuerte:\n Que regula la producción, comercialización y venta\n de la leche
-\n Gobierno Municipal de Otavalo: Sustitutiva para la ocupación de\n espacios públicos y mercados.
-\n Cantón Daule:\n De propiedades\n sometidas bajo el Régimen de Propiedad Horizontal
-\n Cantón San Miguel de los Bancos: Que\n actualiza la regulación y recaudación de la tasa\n por recolección de basura y aseo público
Que el artículo 96 del Código de la Salud prescribe\n que el "Estado fomentará y protegerá la salud\n individual y colectiva";
Que el Director Nacional de Areas de Salud de esta Cartera\n de Estado, solícita la elaboración del acuerdo\n ministerial para la creación del dispensario médico\n en la comunidad "El Pueblito", ubicada en la zona central\n de la provincia de Manabí, a una altura aproximada de\n 20 metros sobre el nivel del mar y ubicada al margen izquierdo\n del río Portoviejo;
Quede conformidad con lo previsto en los artículos\n 176 y 179 capítulo 3, Título VII de la Constitución\n Política de la República, los ministros de Estado\n representarán al Presidente de la República en\n los asuntos propios del Ministerio a su cargo, esto en concordancia\n con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto Ejecutivo\n No. 2428, publicado en el Registro Oficial No. 536 de 18 de marzo\n del 2002, que modifica el Estatuto del Régimen Jurídico\n y Administrativo de la Función Ejecutiva; y,
Art. 1.- Crear el dispensario médico en la comunidad\n "El Pueblito", ubicada en la zona central de la provincia\n de Manabí, a una altura aproximada de 20 metros sobre\n el nivel del mar y ubicada al margen izquierdo del río\n Portoviejo.
Art. 2.- La estructura orgánico funcional del dispensario\n médico será del establecido en las normas legales\n vigentes.
Art. 3.- Disponer a la Dirección Provincial de Salud\n de Manabí, realice los trámites correspondientes\n para dotar del recurso humano del médico, odontólogo\n y la enfermera para el dispensario médico.
Art. 4.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial,\n que entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación\n en el Registro Oficial, encárgase a los señores\n Director Nacional de Areas de Salud y Director Provincial de\n Salud de Manabí.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 22 de octubre\n del 2002.
Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento\n de Documentación y Archivo, al que me remito en caso necesario.-\n Lo certifico, en Quito, 15 de noviembre del 2002.
N0 0683
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 1014 del 24 de noviembre\n de 1998, publicado en el Registro Oficial N0 83 de 8 de diciembre\n de 1998, se expidió la estructura orgánica del\n Ministerio de Salud Pública;
Que es necesario agilitar la gestión administrativa\n de esta Cartera de Estado, observando los principios que recoge\n la Ley de Descentralización y Desconcentración,\n transfiriendo en forma clara y precisa las funciones, atribuciones\n y responsabilidades hacia otras instancias o funcionarios dependientes\n de éste, para lograr una mejor atención de 1 os\n servicios de salud;
Que en el acuerdo ministerial mencionado anteriormente, en\n su Art. 5 inciso segundo y sexto, establece el ámbito\n de acción, las funciones, atribuciones y responsabilidades\n de la Subsecretaria Nacional y Medicina Tropical y de la Dirección\n General de Salud; y,
En ejercicio de las atribuciones concedidas por los Arts.\n 176 y 179 de la Constitución Política de la República,\n el Art. 17 del Estatuto Jurídico Administrativo de la\n Función Ejecutiva,
Reformar el Acuerdo Ministerial N0 1014 del 24 de noviembre\n de 1998, publicado en el Registro Oficial N0 83 de 8 de diciembre\n de 1998, en los siguientes artículos:
Art. 1.- En el artículo 5 luego del segundo inciso\n agréguese como inciso tercero lo siguiente:
"La Subsecretaria Nacional de Medicina Tropical a nivel\n de las regiones Litoral e Insular realizará además\n de la supervisión técnica, la coordinación,\n evaluación y control de los planes y programas integrales\n de Salud".
En el Art. 5 al final del inciso que se refiere a las funciones\n de la Dirección General de Salud, luego de Código\n de la Salud, añádase lo siguiente:
"Excepto en el ámbito de la jurisdicción\n de la Subsecretaria Nacional de Medicina Tropical".
Art. 2.- En el Art. 6 a continuación de las palabras\n dependencia técnica, agréguese "y Administrativa\n de la Subsecretaria de Medicina Tropical para las de la Región\n Litoral e Insular".
Art. 3.- El presente acuerdo ministerial entrará en\n vigencia a partir de la fecha de su expedición sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 29 de octubre\n del 2002.
N0 0689-A
Que mediante el Art. 225 de la Constitución Política\n de la República, el Estado impulsará mediante la\n descentralización y la desconcentración, el desarrollo\n armónico del país, el fortalecimiento de la participación\n ciudadana y de las entidades seccionales, la distribución\n de los ingresos públicos y de la riqueza, el Gobierno\n Central transferirá progresivamente funciones, atribuciones,\n competencias, responsabilidades y recursos a las entidades seccionales\n autónomas o a otras de carácter regional;
Desconcentrará su gestión delegando atribuciones\n a los funcionarios del régimen seccional dependiente;\n
Que el Art. 54 del Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que\n a través de la desconcentración, la titularidad\n y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos\n administrativos podrán ser descentradas en otra jerárquicamente\n dependientes de aquellos, cuyo efecto será traslado de\n la competencia al órgano descentrado;
Que debido a que existe un gran número de laboratorios\n farmacéuticos asentados en la ciudad de Guayaquil, los\n cuales deben ser inspeccionados periódicamente para controlar\n el cumplimiento del Reglamento de buenas prácticas de\n manufactura de la industria farmacéutica; y,
Art. 1.- Autorizar al Jefe de Control Sanitario de la Dirección\n Provincial de Salud del Guayas, para que emita la respectiva\n certificación de cumplimiento de buenas prácticas\n de manufactura a las industrias farmacéuticas bajo su\n control.
Art. 2.- Previo a la emisión de la certificación\n de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura de\n las industrias farmacéuticas, la Comisión Técnica\n del Instituto Nacional de Higiene deberá realizar la respectiva\n supervisión y control de los laboratorios y establecimientos\n farmacéuticos.
Art. 3.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial,\n encárguese al Director Provincial de Salud del Guayas.
Art. 4.- El presente acuerdo ministerial, entrará en\n vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 30 de octubre\n del 2002.
Lo certifico, en Quito, 15 de noviembre del 2002.
N0 0690
Que el Art. 44 de la Constitución Política de\n la República, dispone que el Estado impulsará el\n avance científico tecnológico en el área\n de la salud, con sujeción a principios bioéticos;\n
Que el Art. 45 de la Constitución Política de\n la República, dispone que el Estado organizará\n un Sistema Nacional de Salud que se integrará con las\n entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias\n del sector, el mismo que funcionará de manera descentralizada,\n desconcentrada y participativa;
Que el Art. 29 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional\n de Salud, dispone que el Ministerio de Salud impulsará\n una política de investigación orientada a las prioridades\n nacionales y al desarrollo y transferencia de tecnología\n adaptadas a la realidad del país, promoverá el\n intercambio científico y tecnológico entre las\n instituciones del sector;
Que mediante Acuerdo Ministerial N0 0023, publicado en el\n Registro Oficial N0 512 del 8 de febrero del 2002, entre los\n procesos técnicos a implementarse en el año 2003,\n se encuentra la creación del Instituto de Medicina Tropical\n de la Amazonía; y,
Art. 1.- Crear el Instituto de Medicina Tropical de la Amazonía\n y de Enfermedades de Transmisión Sexual VIH/SIDA IMTAETS\n en la provincia del Napo, cuya sede es la ciudad del Tena, la\n misma que dependerá de la Subsecretaria Nacional de Medicina\n Tropical.
Art. 2.- Autorizar la entrega del área del tercer piso\n del Hospital José Maria Velasco Ibarra de 724,54 m2, con\n 18 ambientes así como el terreno de 3000 metros de superficie\n en las inmediaciones al hospital en mención, dos áreas\n de estructura metálica de 114,84 m2 y otra de 54 m2, ubicado\n en el área anterior mencionada al IMTAETS.
Art. 3.- Para el cumplimiento de las funciones del instituto,\n destinase el vehículo marca Chevrolet Vitara 3 puertas\n color rojo del año 1995 con motor No. G16a412709 de la\n Dirección Provincial de Salud del Napo en buen estado\n con placas NBF 074 ello facilitará las movilizaciones\n que se requieran para la ejecución del proyecto.
Art. 4.- La coordinación del Proyecto del IMTAETS estará\n a cargo de la Dra. Judy Irigoyen Vargas, funcionaría de\n este Portafolio, a quien se le denominará Coordinadora\n del Proyecto IMTAETS.
Art. 5.- El financiamiento para el Proyecto IMTAETS se halla\n contemplado a partir del año 2003 en el presupuesto regular\n del Ministerio de Salud Pública, cumpliendo para el efecto\n las normas legales y reglamentarías vigentes.
Art. 6.- El orgánico estructural y funcional del instituto,\n que deberá ser elaborado por la Coordinadora del proyecto,\n será aprobado por el Subsecretario Nacional de Medicina\n Tropical, en el término de 15 días luego de su\n publicación en el Registro Oficial.
Art. 7.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial\n encárguese a la Subsecretaría General de Salud.
Art. 8.- El presente acuerdo ministerial entrará en\n vigencia a partir de la fecha de su publicación en el\n Registro Oficial.
N0 0691
Que el artículo 124 de la Constitución Política\n de la República, determina que la Administración\n Pública se organizará y desarrollará de\n manera descentralizada y desconcentrada;
Que el literal b) del artículo 5 de la Ley de Modernización\n del Estado, establece como principio y norma general la descentralización\n y desconcentración de las actividades administrativas;
Que los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Especial de\n Descentralización del Estado obliga a cada entidad y organismo\n del sector público a establecer e implementar programas\n permanentes de desconcentración de funciones y recursos\n a través de la transferencia de una o más de sus\n atribuciones a otros órganos dependientes;
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 01726 del 13 de octubre\n de 1999, el señor Ministro de Salud a esa fecha, emite\n el instrumento legal único de desconcentración\n de la gestión y administración de los recursos\n humanos a nivel nacional; y,
Art. 1.- Ratificar el contenido y alcance del Acuerdo Ministerial\n No. 01726 del 13 de octubre de 1999, que se refiere a la desconcentración\n de la administración y gestión de personal a nivel\n nacional.
Art. 2.- En el contexto de la modernización del Estado,\n transferir al señor Subsecretario General de Salud, la\n facultad de actuar como Autoridad Nominadora de la Planta Central\n del Ministerio de Salud Pública, en la administración\n y gestión de personal y como tal, ejercer las atribuciones\n previstas en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n su reglamento de aplicación, Ley de Remuneraciones de\n los Servicios Públicos, reglamento correspondiente y leyes\n conexas, Código del Trabajo, Ley de Servicios Personales\n por Contrato, leyes escalafonarias y sus respectivos reglamentos,\n así como asumir las responsabilidades que dicha transferencia\n implica.
Art. 3.- En consecuencia el señor Subsecretario General\n de Salud nombrará, aceptará renuncias, contratará,\n trasladará provisional y definitivamente, aplicará\n todo tipo de sanciones, declarará la cesación definitiva\n de funciones, concederá licencias y permisos y otros movimientos\n al personal de planta central.
Art. 4.- Se exceptúan de esta facultad los nombramientos,\n remociones, aceptación de renuncias y cesación\n definitiva de funciones de los puestos de libre nombramiento\n y remoción de planta central, de los puestos de subsecretarios\n y directores provinciales de salud, continuarán siendo\n suscritos por el titular.
Art. 5.- Para la designación de las autoridades nominadoras\n de las jefaturas de áreas y directores de hospitales que\n es competencia de los señores directores provinciales\n de salud, consultarán de manera obligatoria al titular\n de este Portafolio.
Art. 6.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial,\n encárguese al señor Subsecretario General de Salud\n y al señor Director de Gestión de Personal.
Art. 7.- El presente acuerdo ministerial, entrará en\n vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial.
Que el artículo 42 de la Constitución Política\n de la República manda que el Estado garantizará\n el derecho a la salud, su promoción y protección\n y la posibilidad de acceso ininterrumpido a servicios de salud,\n conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad,\n calidad y eficiencia;
Que el Código de la Salud en su artículo 96,\n dispone que el Estado fomentará y promoverá la\n salud individual y colectiva;
Que la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones\n y Prestación de Servicios Públicos por Parte de\n la Iniciativa Privada determina en su artículo 41 que\n el Estado deberá cumplir con su obligación constitucional\n de atender la salud pública de los ecuatorianos;
Que con oficio N0 1855 CORP. S. D. D. G. de 11 de octubre\n del 2002, el Presidente y el Gerente de CORPECUADOR, solicitan\n al señor Ministro de Salud, que el Hospital de Santo Domingo\n de los Colorados lleve el nombre del Dr. Gustavo Domínguez\n Z.;
Que en vista de la labor médica desplegada durante\n varios períodos en que desempeñó la función\n de Director del Hospital de Santo Domingo de los Colorados el\n señor doctor Gustavo Domínguez Z., habiendo dedicado\n su vida al servicio de la colectividad; hoy que ha fallecido\n recientemente, es necesario y justo honrar su memoria;
Que la mencionada comunicación ha sido sumillada, a\n la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica\n por este Despacho, aceptando la sugerencia que enaltece la memoria\n de tan preclaro galeno; y,
En ejercicio de las atribuciones concedidas por el artículo\n 176 de la Constitución Política de la República\n y artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva,
Art. 1.- Designar con el nombre de "Dr. Gustavo Domínguez\n Z." al Hospital de Santo Domingo de los Colorados, provincia\n de Pichincha.
Art. 2.- Disponer que los estamentos del Ministerio de Salud\n Pública ejecuten todas las acciones pertinentes para que\n se cumpla a cabalidad este acuerdo ministerial.
Art. 3.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial\n que entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción\n sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,\n encárgase al Director Nacional de Servicios de Salud y\n al Director Provincial de Salud de Pichincha.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 12 de noviembre\n del 2002.
f.) Dr. Rubén Egas Peña, Ministro de Salud Pública\n (E).
N0 0721
Que en la ciudad de Ibarra, se ha producido una epidemia que\n ha ocasionado un brote de gastroenteritis bacteriano agudo, producido\n por la contaminación del agua, casos que se han ido incrementando\n día a día afectando todos los grupos de la población\n y con una distribución centralizada en la ciudad;
Que es indispensable atender de manera urgente esta situación\n promoviendo la participación de todos los sectores sociales\n y proporcionando los recursos económicos que permitan\n la acción inmediata de las zonas de mayor riesgo, a fin\n de controlar y prevenir estas enfermedades, ya que al momento\n existe una tasa de ataque del 2%;
Que la Codificación a la Ley de Contratación\n Pública en su Art. 6 literal a) y el artículo 3\n del reglamento general, señala las causas de excepción\n a los procedimientos precontractuales; y,
En ejercicio de las atribuciones concedidas por el Art. 71\n del Código de la Salud,
Art. 1.- Declarar en emergencia médica y sanitaria\n al cantón Ibarra, provincia de Imbabura.
Art. 2.- Por la emergencia declarada, se exonera de los procedimientos\n precontractuales la adquisición de equipos, materiales,\n insumos, medicamentos de marca y genéricos que sirvan\n para la atención de lo señalado en el Art. 1 del\n presente acuerdo. Esta declaratoria contempla lo preceptuado\n en el artículo 6 literal a) de la Codificación\n a la Ley de Contratación Pública.
Art. 3.- Las instituciones del sector salud, organismos seccionales,\n fuerza pública, medios de comunicación social,\n organizaciones de la sociedad civil, de la cooperación\n externa están comprometidos para colaborar en las acciones\n que se adopten para solucionar la emergencia.
Art. 4.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial,\n encárgase al Director General de Salud y al Director Provincial\n de Salud de Imbabura.
Art. 5.- El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 14 de noviembre\n del 2002.
No. 219-2002
ACTORES:	Segundo Absalón Cevallos\n y María Mercedes Villacís Llerena.
DEMANDADO:	Pedro\n Caguana Tuinga.
Quito, 3 de julio del 2002; las 11h00.
VISTOS: Ha venido a conocimiento de la Sala, este juicio ordinario,\n propuesto por Segundo Absalón Cevallos Sánchez\n y María Mercedes Villacís Llerena contra Pedro\n Caguana Tuinga, demandando "la celebración de un\n contrato escriturario de compraventa de un terreno, o en su defecto,\n pague o devuelva el dinero recibido, esto es la cantidad de cuatro\n millones cuatrocientos mil sucres, más los intereses computados\n hasta el momento del pago y las costas procesales, incluido el\n honorario de abogado que se servirá regular" (sic.\n fs. 1 de primer grado). La Primera Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Ambato confirma la sentencia dictada por la Jueza\n de lo Civil de Quero, admitiendo la demanda en lo que respecta\n a que los demandados, devuelvan el dinero recibido, más\n los intereses correspondientes reformándola en cuanto\n al pago de intereses que serán calculados conforme lo\n determina el numeral primero del Art. 1602 del Código\n Civil (fs. 44 vta. a 46 de segundo grado). Pedro Caguana Tuinga\n y Zoila Criollo Criollo interponen recurso de casación,\n objetando la legalidad del fallo, imputando haberse infringido\n lo dispuesto en los Arts. 1513, 1594, 1597, 1599, 1600, 1602,\n 1724 y 1726 del Código Civil, fundando el recurso en la\n causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación. Para\n resolver, se considera: PRIMERO.- Nuestra Corte Suprema de Justicia\n ha establecido como precedente jurisprudencial obligatorio, así\n como lo tiene establecido esta Segunda Sala de lo Civil y Mercantil,\n que no puede producirse sobre una misma norma de derecho, sustantiva\n o adjetiva, violación por comisión y a la vez violación\n por omisión, ya que resulta ilógico y contradictorio\n tal razonamiento; unido, a que es imposible que una misma disposición\n legal haya sido aplicada indebidamente y no aplicada, al imputarse\n la violación de falta de aplicación, ya que éstos\n no constituyen sinónimos, sino circunstancias diferentes.\n SEGUNDO.-
\n El escrito contentivo del recurso de casación (fs. 64\n a 66 de segundo grado), en el numeral 4 dice: "4. Causales\n que fundamentan el recurso.- Son las prescritas en el primer\n numeral del Art. 3 de la Ley de Casación, taxativamente,\n aplicación indebida, falta de aplicación de los\n prenombrados preceptos jurídicos y, los precedentes jurisprudenciales\n que acompaño en copia simple", que permite concluir:\n que no precisa el vicio que imputa a cada una de las disposiciones\n legales que menciona unido a que en nuestra legislación,\n no opera la casación de oficio, ni puede el Tribunal de\n Casación a su arbitrio escoger la causal que corresponde\n a una norma legal determinada, ya que esto constituye obligación\n del casacionista, quien de está forma delimita el ámbito\n sobre el cual el Tribunal Supremo efectúa el control de\n la legalidad asumida, cuanto que otras veces toma como sinónimos\n los errores de indebida aplicación o falta de aplicación,\n que tangencialmente cita. Por lo expuesto, se rechaza el recurso\n de casación por carecer del requisito de formalidad que\n trae el Art. 6 de la Ley de Casación. -Notifíquese.\n Devuélvase.
Fdo.) Dres. Bolívar Guerrero Armijos, Olmedo Bermeo\n Idrovo, Bolívar Vergara Acosta (Ministros Jueces) y Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.
Razón: La una copia que antecede es auténtica,\n ya que fue tomada del juicio original No. 462-94 F.I., que sigue\n Segundo Absalón Cevallos y Maria Mercedes Villacís\n Llerena contra Pedro Caguana Tuinga. Resolución No. 219-2002.\n Quito, a 3 de octubre del 2002.
No. 220-2002
ACTOR:	José Antonio Guiñanzaca.
DEMANDADOS:\n Miguel Angel Nieves y Maria Lucía Pañi Cornejo
Quito, 3 de julio del 2002; las 11h30.
VISTOS: Ha venido a conocimiento de la Sala este juicio ordinario\n propuesto por José Antonio Guíñanzaca, en\n contra de Miguel Angel Nieves y María Lucía Pañi\n Cornejo, demandando la reivindicación de un terreno y\n casa de habitación, conforme la singularización\n que obra en el escrito de demanda; mientras que los demandados\n al contestar la acción, entre otras excepciones propone\n la prescripción extintiva de la acción, reconviniendo\n con la de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio.\n El Juez Séptimo de lo Civil de Cuenca, en sentencia (fs.\n 102 a 103 de primer grado), declara sin lugar la demanda, aceptando\n de prescripción de la acción deducida. Apelada\n la decisión del inferior por el actor y con la adhesión\n hecha por los demandados en la instancia superior, la Cuarta\n Sala de la Corte Superior de Cuenca, confirma la sentencia venida\n en grado y la reforma en cuanto admite la reconvención\n propuesta y por tal declara que los demandados han adquirido\n el terreno y casa de habitación por haber operado en su\n favor la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio\n (fs. 42 a 43 vta, de segundo grado). El actor interpone recurso\n de casación (fs. 44 y vta, de segundo grado) objetando\n la legalidad del fallo de último grado, correspondiendo\n en esta oportunidad admitir o rechazar el recurso de casación,\n al hacerlo, se considera: PRIMERO.- El recurso cumple con los\n requisitos de oportunidad, legitimación y procedencia\n vigentes a la fecha de interposición del escrito de casación,\n respetando lo dispuesto en los Arts. 5, 4 y 2 de la Ley de Casación\n respectivamente. SEGUNDO.- Respecto al requisito de formalidades,\n se establece: 2.1. Cumple indicando la sentencia recurrida, con\n individualización de las partes procesales. 2.2. Cita\n las normas de derecho tanto adjetivas como sustantivas que considera\n infringidas; mas, no determina ni concreta la causal o causales\n en que fundamenta su recurso, ni indica qué tipo de violación\n es la que se ha cometido por parte del Tribunal de instancia\n en la sentencia impugnada, imposibilitando realizar el control\n de la legalidad por parte de la Sala de Casación, unido\n a que es criterio doctrinario y judicial, que el recurso de casación\n constituye el límite sobre el cual se realiza el referido\n control de la legalidad, no pudiendo la Sala elegir a su antojo\n la violación producida, tanto más que esto constituye\n obligación inexcusable del recurrente. Por lo expuesto,\n se rechaza el recurso de casación por incumplir con el\n requisito de formalidades que traen los numerales 3 y 4 del Art.\n 6 de la Ley de Casación. Notifíquese.
Razón: La una copia que antecede es auténtica,\n ya que fue tomada del juicio original No. 242-94 FI., que sigue\n José Antonio Guiñanzaca contra Miguel Angel Nieves\n y María Lucía Pali Cornejo. Resolución No.\n 220-2002. Quito, a 3 de octubre del 2002.
No. 223-2002
ACTORA:	Carlota Albertina Acebo Ponce.
DEMANDADO:\n Nicolás Antonio Villamar Garay.
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.
Quito, 8 de julio del 2002; las 09h20.
VISTOS: Ha venido a conocimiento de la Sala este juicio verbal\n sumario, instruido a fin de resolver las objeciones que se han\n presentado a las hijuelas partitorias de adjudicación\n de los bienes existentes dentro de la extinguida sociedad conyugal\n formada por Nicolás Antonio Villamar Garay y Carlota Albertina\n Acebo Ponce, que en cuaderno separado se ha tramitado, dentro\n del juicio de partición propuesto por la hoy demandada.\n El Juez Décimo de lo Civil de Manabí, sede Jipijapa,\n en sentencia de 20 de enero de 1999 (fs. 484 a 485 vta, de primer\n grado), declara sin lugar las objeciones propuestas, que en calidad\n de demanda ha sido rechazada. Conocidos los recursos de apelación\n interpuestos por los litigantes, la Primera Sala de la Corte\n Superior de Portoviejo confirma el fallo venido en grado (fs.\n 14 vta, a 15 de segundo grado). El actor Villamar Garay interpone\n recurso de casación objetando la legalidad de dicha resolución,\n sosteniendo como infringidas las disposiciones legales constantes\n en los Arts. 654, 655, 658, 168, 169, 119 del Código de\n Procedimiento Civil, 1588 del Código Civil, 24 regla 17\n de la Constitución Política de la República\n y precedente jurisprudencial publicado en la Gaceta Judicial,\n Serie XVI, número 7, Pág. 1801, fundamentando el\n recurso en la causal 1ra. del Art. 3 de la Ley de Casación.\n Revisado el recurso propuesto, se evidencia que de las disposiciones\n legales antes mencionadas, solamente cumple con indicar la violación\n de falta de aplicación de los Arts. 654 y 655 del Código\n de Procedimiento Civil, sin que haya realizado la fundamentación\n debida sobre las otras normas legales invocadas, quedando limitado\n por tal situación voluntaria del casacionista el control\n de la legalidad por parte del Tribunal de Casación, a\n dicha causal y normas adjetivas determinadas. Se ha agotado el\n trámite procede decidir, al hacerlo, se considera: PRIMERO.-\n La Sala es competente en atención al Art. 200 de la Constitución,\n en concordancia con el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.-\n El Art. 19 de la Ley de Casación, en su parte pertinente\n dice: "...La triple reiteración de un fallo de casación\n constituye precedente jurisprudencial obligatorio y vinculante\n para la interpretación y aplicación de las leyes,\n excepto para la propia Corte Suprema , es decir, para que exista\n un precedente jurisprudencial obligatorio, conforme la Ley de\n Casación, que obligue a los jueces y tribunales inferiores,\n es necesario la triple reiteración de un fallo sobre un\n mismo punto de derecho, sin que la publicación de una\n sentencia pueda entenderse como precedente obligatorio. TERCERO.\n El recurrente expone con falta de técnica jurídica\n en el escrito de recurso de casación: "Señores\n Ministros, como Nicolás Villamar Garay, no presentó\n las cuestiones previas u observaciones para la partición,\n el señor Juez, no aplicó las disposiciones contenidas\n en los Arts. 654 y .655, por el sólo hecho de no presentar\n cuestiones previas. Es conocido que en Derecho Público,\n las disposiciones se observarán como están escritas\n y los artículos fueron letra muerta para el Juez, sino\n se observó el procedimiento carece de nulidad, el juicio\n de liquidación de la sociedad conyugal" (sic). La\n transcripción que precede, concreta que las disposiciones\n legales que estima infringidas por no aplicación son referentes\n al traslado simultáneo que debe darse a las panes por\n el término de diez días con las cuestiones previas;\n luego la convocatoria a audiencia de conciliación y la\n posibilidad de recibir la causa a prueba -que no son propiamente\n disposiciones sustantivas a que alude la causal Ira. invocada-,\n carece de fundamento legal, ya que como bien lo señala\n el propio casacionista, no se han presentado cuestiones de resolución\n previa dentro del juicio principal de partición, razón\n por la cual no son aplicables tales disposiciones, por cuanto\n solo en el hecho de presentarse cuestiones previas de resolución,\n debe observarse lo dispuesto en los artículos cuya falta\n de aplicación se imputa; tanto más que, correspondía\n esta alegación realizarla en el momento procesal oportuno\n en el juicio de partición. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se rechaza el recurso de casación por falta de base legal.\n Sin costas. Notifíquese. Publíquese. Cúmplase\n con lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de Casación.
Razón: La una copia que antecede es auténtica,\n ya que fue tomada del juicio original No. 282-99 F.I., que sigue\n Carlota Albertina Acebo Ponce contra Nicolás Antonio Villamar\n Garay. Resolución No. 223-2002. Quito, a 3 de octubre\n del 2002.
f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala Civil.
No. 224-2002
ACTOR:	Olmedo Fortunato del Salto.
DEMANDADAS:	Laura\n Cecilia, Ana Graciela, Marielena y Aída Piedad del Salto\n del Salto.
Quito, 8 de julio del 2002; las 09h30.
VISTOS: Del fallo pronunciado por la Segunda Sala de la Corte\n Superior de Justicia de Tungurahua, que confirma la sentencia\n dictada por el Juez Segundo de lo Civil de Ambato, que acepta\n la demanda y declara rescindido el contrato de compraventa de\n un inmueble, celebrado entre el sacerdote Olmedo Fortunato del\n Salto con sus sobrinas Laura Cecilia, Ana Graciela, Marielena\n y Alda Piedad del Salto del Salto por existir lesión enorme\n en perjuicio del vendedor, el primero mencionado, ordenándose\n que las cosas vuelvan al estado en que se hallaban antes de celebrarse\n el contrato, debiéndose tomar nota al margen de la escritura\n matriz y de la inscripción correspondiente, disponiendo\n también que los demandados restituyan al accionante el\n predio materia de la compraventa y que el actor restituya a las\n compradoras la suma de 47 millones de sucres en un plazo de 30\n días. Como el juicio se encuentra en estado de resolución,\n para hacerlo se considera: PRIMERO. - La Sala es competente para\n conocer el recurso de casación, en virtud de lo dispuesto\n en el Art. 200 de la Constitución Política de la\n República, que está en relación con el Art.\n 1 de la Ley de Casación, toda vez que el juicio fue sorteado\n el 4 de junio del 2001 y correspondió su conocimiento\n a esta Sala. SEGUNDO.- El recurrente Lic. Franklin León\n León, manifiesta que las normas de derecho que se han\n infringido son: errónea interpretación de la norma\n de derecho consignada en el Art. 1856 del Código Civil.\n Esta disposición dice: que el vendedor "sufre lesión\n enorme cuando el precio es inferior a la mitad del justo precio\n de la cosa que vende. Que debió considerarse que el precio\n no se refiere tan solo a la nuda propiedad sino también\n a lo que ella produce, o sea el usufructo, elementos estos que\n unidos el uno con el otro configuran el precio. Cuando no hay\n usufructo no podemos hablar del precio total de una cosa. En\n consecuencia se han infringido el expreso mandato del artículo\n ya citado. Que también hay violación de antecedentes\n jurisprudenciales que oportunamente invocó y probó\n en segunda instancia, como son los consignados en sentencia de\n casación dictados por la Segunda Sala de lo Civil el 2\n de abril de 1996, publicado en el R.O. 1005 de 5 de agosto de\n 1996, así como también el fallo de la Corte Suprema\n de Justicia, publicado en la Gaceta Judicial, 5. VIII, No. 2,\n Pág. 125, que determinan que la lesión enorme no\n procede cuando hay reserva de derechos reales. Que hay violación\n por falta de aplicación en lo dispuesto en el Art. 180\n del Código de Procedimiento Civil cuando el inferior acepta\n en parte y no en todo, el contenido de la escritura de compraventa\n de lo que es materia de la demanda. Que en efecto el fallo dice\n que el usufructo reservado se refiere solamente a una pequeña\n parte del inmueble, que de conformidad con lo que dice el Art.\n 180 del Código de Procedimiento Civil, es indivisible\n la fuerza probatoria de un instrumento y no se lo puede aceptar\n en una parte y rechazarlo en otra, tanto más que, el departamento\n con reserva de usufructo es un piso completo del edificio en\n discusión. Que determina las causales en lo que manda\n el numeral 1 del Art. 3 de la Ley de Casación, o sea errónea\n interpretación de normas de derecho, cuando no se considera\n el valor del precio de la cosa en litigio, incluyendo a la nuda\n propiedad de lo que vale el usufructo, así como la falta\n de aplicación de la disposición del Art. 180 del\n Código de Procedimiento Civil. Que el fundamento en que\n apoya el recurso se refiere a la calidad de cónyuge de\n la demandada, Ana Graciela del Salto del Salto al momento de\n la presentación de la demanda y como participe de la sociedad\n conyugal y en el perjuicio económico que la sentencia\n le causa. TERCERO.- "El contrato de compraventa puede rescindirse\n por lesión enorme.". Así lo determina en forma\n expresa el Art. 1855 del Código Civil. Para que el vendedor\n sufra lesión enorme se precisa que el precio que reciba\n el vendedor sea inferior a la mitad del justo precio de la cosa\n que vende. A su vez el comprador sufre lesión enorme cuando\n el precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio\n que paga por ella. El Art. 1856 citado, contempla en su inciso\n segundo que el justo precio se refiere al tiempo del contrato.\n El precio pagado por los compradores al vendedor es de cuarenta\n y siete millones de sucres, cantidad que es inferior a la mitad\n del precio real a la fecha de celebración del contrato\n el veintinueve de noviembre de 1995 e inscrito en el Registro\n de la Propiedad de Ambato, el 23 de septiembre de 1996. El informe\n pericial de fs. 33 a fs. 38 hace constar que el precio real del\n inmueble a noviembre de 1995 es de doscientos veinte millones\n seiscientos cuarenta y tres mil sucres y que el valor del usufructo\n es de catorce millones setecientos dos mil trescientos veinte\n y cinco sucres. El informe del perito Ing. Fabián García\n Torres no fue impugnado. El único opositor a la rescisión\n del contrato, Lic. José Franklin León hace observaciones\n al informe, alegando error esencial, ante lo cual la Jueza a\n quo designa nuevo perito a la Arq. Myrian Núñez\n Jaramillo, quien consigna en su informe un avalúo de $\n 8.502,50 dólares americanos, que equivale a doscientos\n doce millones quinientos cincuenta mil sucres. El avalúo\n del Ing. García Torres es casi igual al de la Arq. Núñez\n Jaramillo, pero en todo caso el justo precio que recibe el vendedor\n padre Olmedo Fortunato del Salto es inferior a la mitad del precio\n en el cual se vendió el inmueble. CUARTO.- La reserva\n del derecho de usufructo que hace para sí el vendedor\n en nada afecta la lesión enorme, pues se trata de una\n parte de la casa de habitación, esto es la tercera planta\n que para su uso se reservó el Sacerdote. En todo caso,\n la lesión enorme afecta al precio que debió recibir\n el vendedor de manos de las compradoras sus sobrinas. Por lo\n expuesto, es procedente la acción de rescisión\n de la venta por lesión enorme, formulado por el demandante,\n en la forma prescrita en el Art. 1856 y siguientes del parágrafo\n 13 del Título XXII, de la compraventa, del Código\n Civil. QUINTO.- No existe falta de aplicación, errónea\n interpretación, ni violación de los antecedentes\n jurisprudenciales, que son los argumentos del recurrente, porque\n son contrarios .e incompatibles. Por las consideraciones anotadas,\n la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza\n el recurso interpuesto por el Lic. Franklin León León,\n confirmando el fallo del Tribunal de la Segunda Sala de la Corte\n Superior de Justicia de Tungurahua. Publíquese y notifíquese.
Razón: Las dos copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio No. 142-2001 FI., que sigue\n Olmedo Fortunato del Salto contra Laura Cecilia, Ana Graciela,\n Marielena y Aída Piedad del Salto del Salto. Resolución\n No. 224-2002. Quito, a 3 de octubre del 2002.
No. 225-2002
ACTOR:	Pedro Capa Guachisaca.