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Timestamp: 2020-08-05 19:02:34
Document Index: 171060904

Matched Legal Cases: ['artículo 0016', 'artículo 062', 'artículo 075', 'artículo 121', 'artículo 084', 'artículo 094', 'artículo 14', 'artículo 01', 'artículo 07', 'artículo 01', 'artículo 04', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 63', 'artículo 76', 'artículo 77', 'artículo 81', 'artículo 04', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 62', 'Artículo 16', 'Artículo 16', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 56', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 56', 'Artículo 41', 'Artículo 56', 'Artículo 41', 'Artículo 56', 'Artículo 42', 'Artículo 14', 'Artículo 75', 'artículo 121', 'Artículo 38', 'Artículo 77', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 77', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'Artículo 2', 'ARTÍCULO 5', 'Artículo 84', 'Artículo 94', 'Artículo 76', 'Artículo 81', 'artículo 0016']

Resolución ENRE 0027/2014. (no publicada en B.O.) , jueves 30 de enero de 2014, 13 p.
Citas Legales : Código civil - artículo 0016, Código penal - artículo 062, Constitución nacional - artículo 075 inciso 12), Constitución nacional - artículo 121, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 084, Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 094, Dictamen PTN 0158/1990, Informe multidisciplinario D.AMB. 0011/2013, Informe técnico D.AMB. 0005/2013, Ley 00.048, Ley 00.048 - artículo 14, Ley 15.336, Ley 15.336 - artículo 01, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 21.526, Ley 21.526 - artículo 01, Ley 21.526 - artículo 04, Ley 21.526 - artículo 41, Ley 21.526 - artículo 42, Ley 24.065 - artículo 56 inciso a), Ley 24.065 - artículo 56 inciso b), Ley 24.065 - artículo 56 inciso m), Ley 24.065 - artículo 56 inciso o), Ley 24.065 - artículo 56 incisos k) y o), Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Ley 24.065 - artículo 76, Ley 24.065 - artículo 77, Ley 24.065 - artículo 81, Ley 24.076, Ley 25.675, Ley 25.675 - artículo 04, Resolución D.AMB. 0006/2013 (formulación de cargos a Chevron Argentina S.R.L.), Resolución D.AMB. 0006/2013 (formulación de cargos a Chevron Argentina S.R.L.) - artículo 1, Resolución ENRE 0092/2003, Resolución ENRE 0555/2001, Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 11, Resolución SEyM 0108/2001, Resolución SEyM 0108/2001 - anexo, Resolución SEyM 0108/2001 - anexo - punto 2., Resolución SEyM 0108/2001 - anexo - punto 2. - apartado 2.2.
Fallos Citados : CNFed. Cont. Adm. Sala 2; fallo: "Central Dock Sud S.A. c/ Resolución ENRE 1021/06 (expte. 19046/05). Causa 5.531/07" [5 de junio de 2008], CNFed. Cont. Adm. Sala 3; fallo: "Esterlina S.A. c/ Banco Central de la República Argentina" [20 de abril de 1999], C.Cont.Adm.yTrib. (C.A.B.A.) Sala 1; fallo: "Verseckas Emilia M. c/ Hospital General de Agudos Cosme Argerich" [8 de marzo de 2004], CSJN; fallo: "Feldman Carlos E. c/ Municipalidad de Resistencia" [14 de abril de 1983]
Expediente Citado : ENRE 32638/2010
VISTO: El Expediente ENRE N° 32.638/2010, y
Que el Departamento Ambiental del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha formulado cargos a “CHEVRON ARGENTINA S.R.L.” - CENTRAL TERMICA EL TRAPIAL (en adelante, “CHEVRON”) mediante Resolución D. AMB. N 6/2013 de fecha 28 de febrero de 2013, por incumplimientos a las disposiciones contenidas en el punto 2.2 del Anexo a la Resolución SE N° 108/2001, en el primer semestre de 2010, conforme al detalle que surge del Informe Técnico de Formulación de Cargos D. AMB. N° 05/2013 (fs. 129/131).
Que a fojas 136/137, “CHEVRON” formula su descargo en legal tiempo y forma, mediante la presentación de la nota N° 199.186 y manifiesta:
Que la formulación de cargos que realiza el ENRE en la Resolución D.AMB N° 6/2013, se funda en supuesto incumplimiento de las disposiciones contenidas en el punto 2.2 del Anexo a la Resolución SEyM N° 108/2001, en el primer semestre de 2010.
Que la citada Resolución D. AMB. N° 6/2013, notificada el 4/03/2013, que se refiere a incumplimientos ocurridos durante el primer semestre de 2010, no puede ser aplicable en tanto tales incumplimientos prescribieron indefectiblemente el 1° de agosto de 2012.
Que en atención a que los cargos fueron formulados por el ENRE con fecha 28/02/2013, y no existiendo actos interruptivos de dicha prescripción, cabe señalar que el plazo para formular las imputaciones del supuesto incumplimiento que se detalla en el Artículo 1 de la Resolución D. AMB. N° 6/2013 e Informe Técnico D. AMB. N° 5/2013, se encontraba prescripto al momento de formular y notificar los cargos.
Que sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, con relación a las imputaciones de incumplimiento formuladas, cabe tener presente que la CENTRAL TÉRMICA EL TRAPIAL, ha dado cumplimiento a las exigencias de las normas ambientales aplicables y la adecuación a los requerimientos y exigencias de las normas del ENRE, han exigido un importante esfuerzo de la compañía tanto técnico como económico.
Que con respecto a este punto, el agente señala que el plan de Adecuación de Emisiones fue finalizado anticipadamente, pues su finalización estaba prevista durante el año 2012, pero fue finalizado un año y medio antes.
Que en efecto, manifiesta que todas las emisiones del segundo Semestre de 2010 se encuentran dentro de los límites de emisiones permisibles, lo que muestra el serio compromiso de la compañía para cumplir con dichos parámetros.
Que por ello, entiende que el nivel de emisiones correspondientes al primer semestre año 2010, debe ser evaluado y ponderado teniendo en cuenta el Plan de Adecuación presentado y debidamente cumplimentado por parte de “CHEVRON”, y el principio de progresividad previsto en el Artículo 4 de la Ley N° 25.675, que a tenor de lo expresado por el mismo artículo resulta plenamente aplicable a estas actuaciones.
Que analizados los argumentos de descargo sostenidos por “CHEVRON” y demás antecedentes incorporados en el Expediente del Visto, corresponde expedirse en mérito a las razones de hecho y derecho que a continuación se exponen:
Que respecto de la prescripción del plazo para formular cargos alegada por la sumariada, por aplicación supletoria del Artículo 62 del Código Penal, cabe destacar que la misma resulta inaplicable, toda vez que la infracción administrativa es una transgresión al deber de colaborar con la administración en la realización de sus fines de bien común y, no la prevención y represión de la delincuencia como vulneración del orden jurídico general como es el derecho penal y, por consiguiente, la multa no es una sanción penal, corrobora lo expuesto el hecho de que es posible sancionar a personas jurídicas, situación que no resulta aplicable en el derecho penal (Mariennhoff – tomo IV – pág. 618).
Que en este sentido se expresó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con fecha 5 de junio de 2008, en los autos caratulados “CENTRAL DOCK SUD S.A. c/Resolución 1021 –ENRE- (Expte. Nº19046/05)”, en los que manifestó que: “…las afirmaciones de la apelante sobre la prescripción de las faltas carecen de sustento, por cuanto, no sólo no se desprende del marco regulatorio eléctrico la aplicación del Código Penal, sino que además, de los considerandos de la Resolución ENRE N° 92/2003, surge el fin de incentivar la observancia del PT N° 11 y no el de reprimir la lesión de sus disposiciones…”.
Que corresponde señalar que tratándose de una cuestión de derecho administrativo, ante la falta de previsión expresa en la norma específica sobre el plazo de prescripción, debe recurrirse por analogía a normas semejantes dentro de la misma rama del derecho.
Que las normas que deben tomarse analógicamente deben ser, en principio, las normas que integran el derecho administrativo.
Que este criterio, sostenido por toda la doctrina administrativa, lo expone con claridad Marienhoff, quien expresa: “... Es evidente que cuando se habla de que el derecho civil es de aplicación subsidiaria en derecho administrativo, se parte del supuesto de que la cuestión no puede ser resuelta por los datos o materiales propios del derecho administrativo; pero cuando la solución puede hallarse en los “principios generales del mismo ordenamiento administrativo”, va de suyo que el derecho civil nada tiene que hacer en tal caso, ya que el derecho administrativo no ha menester, entonces, de su aplicación subsidiaria. Esto último sólo y únicamente procede ante la falta total de normas o principios administrativos de posible aplicación en la especie” (Miguel S. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, pag. 176, 4° ed).
Que dentro de las normas del derecho administrativo, existen algunas, como la que citaremos más adelante, que crean regímenes en los que se fijan -expresamente- plazos de prescripción para las multas aplicadas por la Administración, ante infracciones cometidas.
Que en otros casos, como es el que nos ocupa, no se han fijado plazos de prescripción de las multas.
Que por lo tanto, y conforme a los principios jurídicos de interpretación establecidos, corresponde remitirse a normas análogas (conf. Artículo 16 código civil).
Que ahora bien, debe definirse cuáles son las normas que pueden aplicarse por analogía.
Que entendemos que a las normas que hay que recurrir en primer término, son aquellas propias de la rama del derecho al que pertenece la relación jurídica del caso o el régimen que la regula.
Que asimismo, la jurisprudencia ha expresado que: "También cabe considerar que no existe para el caso de autos una solución normativa singularizada para este tipo de responsabilidad estatal, por lo que debe recurrirse a principios de leyes análogas, ya que la regla de interpretación prevista en el Artículo 16 del Código Civil no está limitada al ámbito del derecho privado, puesto que lo trasciende y se proyecta como un principio general, vigente en todo el orden jurídico interno. En este sentido se expresó la Corte Suprema al señalar que la responsabilidad extracontractual del Estado por actividad lícita no puede disciplinarse por normas de derecho privado, porque ante el Estado actuando conforme a derecho, fallan todos los preceptos sobre actos ilícitos; la solución solo puede deducirse de los principios del Derecho Público (Fallos: 312:659)”. conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala III, fallo del 20/04/1999, autos " Esterlina S.A. c. Banco Central de la República Argentina", publicado en LA LEY1999-E, 793 - DJ2000-1, 641 - RCyS1999, 788.
Que en igual sentido se ha pronunciado el Dr. Corti en su voto en disidencia en la causa “Verseckas, Emilia M. c/ Hospital General de Agudos Cosme Argerich” del 8/3/2004, que tramitara ante la Sala I del C. Contencioso Administrativo y Trib. de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, al señalar que “a efectos de establecer el plazo de prescripción aplicable a la responsabilidad del Estado local no resulta necesario acudir a la aplicación supletoria del Código Civil, pues la solución debe hallarse por vía de aplicación analógica de las normas que conforman el ordenamiento administrativo local”.
Que es por ello que corresponde examinar si dentro del derecho administrativo existen normas análogas que puedan ser de aplicación. De no ser así, recién entonces correspondería buscarlas en el campo de otro derecho.
Que la ley que presenta más analogías con la del Sector Eléctrico (24.065) es la del Sector del Gas (24.076), que es muy similar y ha sido dictada prácticamente en forma conjunta, pero -precisamente- por eso, dicha ley tampoco fija plazos para la prescripción de las sanciones que debe aplicar el ENARGAS.
Que existen si embargo, otras normas de aplicación analógica en el campo del derecho administrativo.
Que en efecto, la Ley N° 21.526 de Entidades Financieras (LEF), es la que regula el funcionamiento de esas entidades (Artículo 1).
Que si hacemos una comparación para determinar su analogía, tenemos que por su parte, la Ley N° 15.336 que junto con la Ley N° 24.065 (LE) conforman el Marco Regulatorio de la actividad eléctrica, quedando sujetas a sus disposiciones y de su reglamentación, las actividades de la industria eléctrica destinadas a la generación, transformación y transmisión, o a la distribución de la electricidad, en cuanto las mismas correspondan a la jurisdicción nacional (Artículo 1 ley N°15.336).
Que por la LE, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad debe: “Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, controlando la prestación de los servicios” (Artículo 56 inciso 1).
Que la Ley N° 21.526 designa al Banco Central de la República Argentina como su autoridad de aplicación (Artículo 4).
Que el BCRA, es un organismo de control sectorial: “Quedan comprendidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias las personas o entidades privadas o públicas oficiales o mixtas- de la Nación, de las provincias o municipalidades que realicen intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros” (Artículo 1), y para ejercer su actividad, dictará las normas reglamentarias que fueren menester para el cumplimiento de la ley (Artículo 4).
Que el ENRE también esta facultado para dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse los generadores, transportistas, distribuidores y usuarios de electricidad (Artículo 56 inciso b).
Que el BCRA puede aplicar sanciones por infracciones a la LEF, sus normas reglamentarias y las resoluciones que dicte en ejercicio de sus facultades (Artículo 41). En ENRE también (Artículo 56 inciso o) de la LE).
Que el BCRA fija el procedimiento de aplicación de sanciones (Artículo 41 2do. párr.). El ENRE también (Artículo 56 inciso m) de la LE).
Que las sanciones aplicadas por el BCRA, son apelables, al solo efecto devolutivo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la CAPITAL FEDERAL. Las que aplica el ENRE también se recurren ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal mediante un recurso directo.
Que de lo expuesto “ut supra” se puede apreciar que los regímenes de ambos Entes Reguladores de cada actividad son sustancialmente iguales.
Que es por ello, y teniendo en cuenta que en el régimen de la LEF se encuentra previsto el plazo de prescripción, que en el presente caso la norma análoga que corresponde aplicar es, precisamente, la que está prevista en la LEF.
Que dicha ley, en su Artículo 42 establece que “la prescripción de la acción por que nace de las infracciones a que se refiere este artículo operará a los SEIS (6) años desde la comisión del hecho que la configura. Asimismo dispone que: “Este plazo se interrumpe por los actos y diligencias del procedimiento inherentes a la sustanciación del sumario, una vez abierto por resolución del presidente del Banco Central”.
Que a más de lo expuesto, entendemos que en contrario a la pretensión de la sumariada, en el caso, no resulta aplicable el Código Penal porque ello pondría en crisis al sistema federal de nuestra organización política.
Que en efecto, como sabemos las normas de derecho administrativo son de carácter local, y su emisión no ha sido delegada por la provincias a las autoridades federales.
Que la doctrina expone que: “Como solución de principio se señala que el derecho administrativo es local, y que por lo tanto las leyes administrativas de la Nación sólo rigen para ella misma, y que cada provincia se dicta para ella sus propias leyes administrativas…” Gordillo Tratado T° 1 VII-20 #6).
Que igualmente nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo: “Es aplicable al caso en que se trata de un ex funcionario público la doctrina que establece que las relaciones entre los agentes públicos provinciales y el gobierno de que dependen se rigen por las respectivas disposiciones de carácter local, que constituyen el derecho administrativo aplicable, y que, como regla, no es susceptible de examen, en la vía del Artículo 14 de la N° Ley 48 (Adla, 1852-1880, 364), la interpretación y aplicación que los tribunales hagan de las referidas normas”. CSJN • 14/04/1983 • Feldman, Carlos E. c. Municipalidad de Resistencia.
Que es por eso que la legislación sobre faltas y contravenciones les pertenece a las provincias, mientras que conforme a lo dispuesto por el Artículo 75 inciso 12, el código penal ha sido dictado por el Congreso de la Nación.
Que ahora bien, si por analogía se aplicara al derecho administrativo local una norma de carácter federal, por interpretación judicial, se vulneraría el artículo 121 de la Constitución Nacional en tanto “Las Provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal …”.
Que aún cuando en el caso podría argüirse que se trata de DOS (2) leyes dictadas por el Congreso Nacional, el concepto esbozado se mantiene plenamente válido (no sería lógicamente sostenible pretender una diferenciación en el tratamiento de la aplicación de leyes analógicas de carácter administrativo para las normas de ese carácter que son provinciales y otra contraria para las administrativas federales).
Que es por lo expuesto que, cuando deba recurrirse a una ley análoga para solucionar una laguna jurídica, en materia administrativa, dicha analogía debe realizarse, primariamente, con otras normas de carácter administrativo de la jurisdicción que corresponda.
Que son muchos los casos en que la Procuración del Tesoro de la Nación ha aplicado este concepto: “Ello así, ya que en ausencia de disposición específica expresa, resulta lícito remitirse a reglamentos administrativos análogos (conf. Dict. 109:94; 122:82; 126:225; 129:97)”. 130: 68 del 17 de Julio de 1974. “En el supuesto que proceda la devolución de multas aplicadas sin causa al no existir norma expresa en la materia, cabe recurrir a la analogía aplicando los criterios previstos en la normativa del Código Aduanero que regula lo concerniente a la repetición de los tributos por ser los que mejor se adecuan a la situación bajo examen”. 193:119, 28 de Mayo de 1990.“ Ante la ausencia de disposición reguladora de la prescripción de la pretensión disciplinaria, debe aplicarse por analogía el Artículo 38 del
Régimen Jurídico Básico de la Función Pública”. 176:129.
Que de igual manera nuestra más alta Jurisprudencia reafirma este concepto en fallos 184:162; 185:188; 185:251; 195:119; 200:495; 202:293; 274:225; 160:013; 184:112; 212:134; 214:425.
Que por lo expuesto, consideramos que el plazo de prescripción de la sanción es el de SEIS (6) años, por analogía con la Ley de Entidades Financieras.
Que además de lo expuesto cabe también desechar el planteo de prescripción, en virtud de que en fecha 29/06/2011 fueron controlados con incumplimiento los Formularios A1 del Sistema Ambiental Web del ENRE, y el Informe de Análisis de los Informes de Avance de los SGAs a fojas 56/58 del Expte. ENRE N° 34.744/2011 agregado al Expte. del Visto como fojas 127, actuaciones que dan cuenta del ejercicio del deber de control por parte de este Ente y que actúan como verdaderos actos interruptivos del plazo de prescripción.
Que por consiguiente y, por las consideraciones precedentes, corresponde rechazar el planteo de prescripción introducido por la sumariada y aplicar una sanción de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 77 de la Ley N° 24.065, por incumplimiento de las disposiciones contenidas en el punto 2.2 del Anexo a la Resolución SEyM N° 108/2001, en el primer semestre de 2010.
Que por otra parte, atendiendo la circunstancia que la empresa ha mejorado sustancialmente su desempeño en cuanto a la observancia de lo establecido en la Resolución ENRE N° 555/2001 y sus modificatorias y ha acelerado las obras de remediación comprometidas para adecuar las emisiones a la atmósfera, se considera pertinente meritar tales circunstancias al momento del calculo de la sanción.
ARTÍCULO 1.- Sancionar a “CHEVRON ARGENTINA S.R.L.” por la CENTRAL TERMICA EL TRAPIAL con una multa de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 77 de la Ley N° 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido en el punto 2.2 del Anexo a la Resolución SEyM N° 108/01, en el primer semestre de 2010.
ARTÍCULO 2.- “CHEVRON ARGENTINA S.R.L.” deberá depositar la suma indicada en el Artículo precedente, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente, en la Cuenta Corriente ENRE N° 50/652 Recaudadora de Fondos de Terceros N° 2.915/1989 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo, bajo apercibimiento de ejecución.
ARTÍCULO 3.- “CHEVRON ARGENTINA S.R.L.” deberá entregar al ENRE copia firmada por su representante o apoderado, de la documentación respaldatoria del depósito referenciado en el Artículo 2, dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos siguientes de efectuado el mismo.
ARTÍCULO 5.- Notifíquese a “CHEVRON ARGENTINA S.R.L.”, con copia del Informe Multidisciplinario D.AMB. N° 11/2013 que obra a fojas 139/143 y hágase saber que: a) se otorga vista, por única vez, de todas las actuaciones obrantes en el Expediente del VISTO de la presente Resolución por el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos contados desde la notificación de este Acto y; b) la presente Resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos que se indican, los que se computarán a partir del día siguiente al último de la vista concedida: (i) por la vía del Recurso de Reconsideración conforme lo dispone el Artículo 84 del Reglamento de la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto PEN N° 1759/1972 (Texto Ordenado en 1991), dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos así como también, (ii) en forma subsidiaria o alternativa, por vía del Recurso de Alzada previsto en el Artículo 94 del citado Reglamento y en el Artículo 76 de la Ley N° 24.065, dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos; y (iii) mediante el Recurso Directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal previsto en el Artículo 81 de la Ley N° 24.065, dentro de los TREINTA (30) días hábiles judiciales.
RESOLUCIÓN ENRE N° 27/2014
ACTA Nº 1293
Citas legales: Resolución ENRE 0092/2003
Código Civil - artículo 0016
Acta ENRE 1293/2014