Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l13-2005.t2.html
Timestamp: 2017-06-25 16:46:20
Document Index: 139488256

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 188', 'artículo 185', 'artículo 183', 'artículo 28', 'artículo 9']

Número 4 del artículo 31, artículo 188, párrafos primero y segundo de la letra b) del número 1 de artículo 185 e inciso «o la Consejería con competencias en materia de urbanismo, en su caso» contenido en el número 5 del artículo 183, todos ellos en la redacción dada por el artículo 28 de la Ley 13/2005, de 17 de diciembre, declarados inconstitucionales y nulos por Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. recurso 1832/2006, de 9 julio de 2015, Sala Pleno.
En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la modificación de esta ley operada por el Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril
, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, vendrán obligadas a comunicar a la Consejería competente en materia de vivienda un inventario de las viviendas protegidas, que integren su balance, radicadas en la Comunidad Autónoma, con indicación de su ubicación, precio y fecha de adquisición y situación administrativa. Ello con cumplimiento de la normativa reguladora de protección de datos y sin perjuicio de la obligación derivada del artículo 9.1.d) del Decreto 1/2012, de 10 de enero
, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica estatal.
Las actuaciones de inspección serán realizadas por inspectores o inspectoras del Cuerpo Superior de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, por funcionarios y funcionarias que desempeñen los puestos con funciones de inspección en la materia y, excepcionalmente, en caso de ser necesario, por personal funcionario expresamente habilitado para el ejercicio de actuaciones inspectoras en materia de vivienda, quienes, para el ejercicio de sus funciones, tendrán la condición de agente de la autoridad y disfrutarán de las facultades y deberes legales previstos en el Decreto 225/2006, de 26 de diciembre