Source: https://revistaelbuho.com/articolo.php?act=articolo&id_articolo=1606&id_categoria=20
Timestamp: 2019-11-14 23:47:07
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Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 308', 'Artículo 198', 'Artículo 66', 'artículo 198', 'Artículo 79']

En días pasados, se supo que los diputados y Senadores de este país (¿usted votó por ellos, no?) aprobaron el Reglamento del artículo 29 constitucional, donde, se supone, se establecen reglas, modos, condiciones y cargas acerca de la suspensión de garantías individuales. No digo “los casos”, porque esos están más que claros en la Constitución: “invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”. En el primer caso imagínelo usted: norteamericanos, canadienses o Estado Islámico invaden México… ¿Para qué? Poco importa, la patria está en peligro y deben suspenderse garantías, esto es, despojar al particular de la protección que la Constitución otorga, a través de sus órganos que los protegen. También si un comando o grupo armado se posesiona de una zona de la ciudad e impone su ley, o si un sector de la población se les opone con firmeza y organización, provocando enfrentamientos, como parece ocurrir en algunos lugares de Michoacán, Jalisco o Guerrero. ¿Esta suspensión incluye órganos judiciales? Así se desprende de la Constitución, pero, ¿deben suspenderse necesariamente? ¿Cómo se regulan los excesos? ¿En estos casos, cuáles serían las razones para determinar que no hay más remedio que suspender los derechos y las garantías? ¿Cómo sirve o facilita la suspensión de garantías una transición como las que se mencionan? En las siguientes entregas trataremos de demostrar no sólo por qué no deben suspenderse más las garantías individuales, sino por qué se trata de una disposición constitucional subjetiva, anquilosada y caduca.
Al dar cuenta de los diversos proyectos para su elaboración, la iniciativa resalta “…por una parte, que nuestro país enfrenta una grave problemática derivada de la situación de inseguridad vinculada al crimen organizado y, como consecuencia de su combate, se han transgredido los derechos de las personas como la libertad de tránsito al ser instalados retenes. (…) Por otra parte, refiere sobre la legítima potestad que el Estado tiene para suspender el ejercicio de derechos y garantías ante estados de excepción y, según aprecia, señala que existen lagunas jurídicas contenidas en el texto constitucional que resulta preciso colmar”. Lo primero que se pregunta uno ante esto es: si se trataba de un proyecto viejo, pendiente en la agenda legislativa ¿Por qué se trata de darle una dimensión de urgencia o de responder a la realidad actual de manera perentoria? O mejor dicho: ¿se cumple con un viejo pendiente legislativo o, ante el fracaso de Ejército, Policías y bases sociales para controlar la delincuencia, se recicla y “se pone al día” el ordenamiento constitucional? El dictamen también enuncia que, si bien la suspensión de garantías proviene del derecho romano, también es cierto que “… las declaraciones de estados de excepción o de emergencia, han sido muy complicadas, ya que la acumulación de atribuciones en una sola figura o persona, ha resultado en muchas ocasiones, en violaciones graves a los derechos humanos de pueblos completos”1. Esto no es problema, señala el dictamen, pues en todo caso “…resulta relevante que la regulación de estos estados de emergencia, no sólo contemple el procedimiento para decretar esta restricción o suspensión de garantías, sino que además faculte a otras instancias o poderes del estado democrático para que intervenga y controle permanentemente las acciones del Poder Ejecutivo” 2. El estado de excepción o caso grave está relacionado actualmente con las fechorías del crimen organizado y, por tanto, se prevé su control por medio de este tipo de suspensiones. ¿Qué es? El Dictamen del proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional menciona que
“…los «estados de excepción» posibilitan la adopción, por dos o más órganos del Estado, de medidas extraordinarias, generalizadas, temporales y determinadas en una ley o decreto para hacer frente a situaciones que ponen en riesgo a alguno o algunos de los elementos del propio estado (territorio, población, instituciones democráticas, entre otros). (…) Bajo esa tesis, la restricción o suspensión del ejercicio de derechos y garantías se define en el Estado constitucional como una forma de protección especial de la libertad”.
Ahora bien, ¿Cada cuándo debe responder el estado de excepción a las fechorías del crimen organizado? ¿No será que se permite que se confunda la comisión impune de fechorías del crimen organizado con una verdadera situación de un estado de excepción? ¿Cuántas veces estaría usted dispuesto a que le suspendan sus garantías constitucionales?
Historia y naturaleza jurídica de un control caduco
Ante todo debemos indicar que toda suspensión es una sanción. Al tener efecto de cesar un derecho o garantía es un acto para que perezca el mismo (así sea de manera temporal). Lo dispone el principio en derecho: “Actus debet interpretari ut potius valeat quam perrat” (“El acto debe interpretarse más bien para que valga que para que perezca”, en una tendencia coherente: “Faciles jura conservantur quam adquiruntur” (“Más fácilmente se conservan los derechos que se adquieren”). Luego entonces, la suspensión no es ni proviene de un principio, su enunciación no constituye un principio jurídico positivo: es una prohibición de aplicación de derechos amplios y, por tanto, de sus consecuencias. Si tomamos en cuenta que toda sanción va dirigida a castigar la comisión de conductas antijurídicas, debemos admitir también que, en el caso de la suspensión, va implícita en su definición su carácter reparador, siempre y cuando se determine con precisión cuando se restituye esta tutela jurídica. Jurídicamente podemos comparar: a este tipo de suspensión se le llama, por ejemplo en el Derecho Canónico “ferendae sententiae o latae sententiae”, o sea cuando “…el alcance de la suspensión viene determinado o por la misma norma penal que ha constituido la pena, o por la sentencia o decreto que la impone o declara” 3. Esto quiere decir que el tipo de suspensión puede determinarse en el momento en que se constituya la misma (el desastre, invasión, catástrofe), o en el momento impositivo en que se declara la misma suspensión. En términos institucionales, el doctor Pedro Salazar Ugarte recuerda que la atribución como tal tiene antecedente en el Derecho Romano, por lo que al buscar en el doctor Margadant, nos dice que tiene relación directa con la dictadura. La dictadura es una magistratura extraordinaria, unipersonal, nombrada por el Senado de una terna de cónsules cuando sucedían emergencias nacionales o “…estaba en juego la existencia misma de Roma” 4. Esta visión idealizada la rebaja el doctor Marcos T. Kaplan, al aclarar que, en todo caso, lo que estaba en juego a menudo era la conservación y centralización del mando supremo en épocas de crisis de los patricios 5. Tenía una duración de un semestre, se ejercían poderes ilimitados (como la suspensión de la provocatio ad populum) 6; pero cae en desuso en las postrimerías del siglo III y surge con gran violencia con las magistraturas de Sila y Julio César. Se señala directamente este antecedente porque parece ser el modelo directo que utilizaron los legisladores liberales del siglo XIX: no olvidar que el mismo Juárez profesaba la materia de Derecho Romano en sus días docentes. El gobierno no se transformaba en dictadura, sino que asumía funciones propias de ésta a manera de medida emergente, mientras continuaba despachando otros asuntos gubernamentales bajo el espíritu republicano. Se transformaba en una especie de congreso unipersonal y bajo esa autoridad emitía leyes, reglamentos, ordenamientos, acuerdos y demás normatividad para gestión y despacho. Su precedente provenía de la Constitución de Cádiz de 1812, que en su artículo 308 establecía: “Art. 308. Si en circunstancias extraordinarias la seguridad del Estado exigiese, en toda la Monarquía o en parte de ella, la suspensión de algunas de las formalidades prescritas en este capítulo para el arresto de los delincuentes, podrán las Cortes decretarla por un tiempo determinado”. Prevenía, en efecto, una suspensión de los derechos de los delincuentes en circunstancias extraordinarias, sobre todo al momento de ser detenidos (se entiende con la fuerza necesaria del Estado), vistas estas “formalidades” (garantías) como un obstáculo para el buen funcionamiento de la “Seguridad del Estado”. Nadie se ponía a pensar, sólo el legislador español, que por el simple hecho de aprehender a alguien se era delincuente. Esto nos confirma entonces que se trata de una figura más cercana a la sanción, como supusimos de la revisión del Derecho canónico; ¿una sanción contra quién? Contra quien esgrima o pueda esgrimir sus garantías de seguridad jurídica. En las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843, la suspensión de garantías retomaba la propuesta de Cádiz para reprimir las revueltas de grandes dimensiones, que no podían provenir más que de los delincuentes: “Artículo 198. Si en circunstancias extraordinarias la seguridad de la Nación exigiere en toda la República, o parte de ella, la suspensión de las formalidades prescritas en estas bases, para la aprehensión y detención de los delincuentes, podrá el Congreso decretarla por determinado tiempo”. A propósito de la última frase, el concepto viene estrechamente ligado con las facultades extraordinarias, en las que abundaremos más adelante; el dictador legisla por mandato de la Asamblea de la República, el Poder Legislativo: “Artículo 66. Son facultades del Congreso: (…) “XVIII. Ampliar las facultades del Ejecutivo con sujeción al artículo 198 en los dos únicos casos de invasión extranjera, o de la sedición tan grave que haga ineficaces los medios ordinarios de reprimirla. Esta resolución se tomará por dos tercios de cada Cámara”.
Vemos entonces estrechamente relacionadas, si no como elementos, sí como situaciones condicionantes, la suspensión de garantías y el estado de excepción, circunstancias extraordinarias, emergencia nacional, grave sedición, etc. Todo se concretaba a revueltas o conflictos internos que se producían, en todo caso, dentro de los ámbitos de lo local; nada que el gobierno nacional no pudiera resolver. De modo que la brutal guerra de conquista llevada a cabo por los Estados Unidos de Norteamérica no sólo fue rotundo mentís para sus viejos admiradores yorkinos, sino dura lección a manera de jurisprudencia. En la Constitución de 1857 aparecía de la siguiente manera:
29. En los casos de invasion, perturbacion grave de la paz pública, ó cualesquiera otros que pongan á la sociedad en grande peligro ó conflicto, solamente el presidente de la República, de acuerdo con el consejo de ministros y con aprobacion del congreso de la Union, y, en los recesos de éste, de la diputacion permanente, puede suspender las garantías otorgadas en esta Constitucion, con excepcion de las que aseguran la vida del hombre; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspension pueda contraerse á determinado individuo. Si la suspension tuviere lugar hallándose el congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el ejecutivo haga frente á la situacion. Si la suspension se verificare en tiempo de receso, la diputación permanente convocará sin demora al congreso para que las acuerde.
Ya había ocurrido que un vicepresidente (Nicolás Bravo) se levantara contra el presidente (Guadalupe Victoria); que un candidato perdedor (Guerrero), inconforme con el resultado de las elecciones, se proclamara presidente; que de nuevo el vicepresidente (Bustamante) se levantara contra el presidente (Guerrero), pero ahora sí consiguiera su sacrificio; que ante los levantamientos el presidente (Bustamente) se fuera a batirlos, etc. El año de promulgación de la Constitución, el presidente de la República (Comonfort) conspiró con los sectores más conservadores para la inaplicación de la misma Constitución. Sin embargo, desesperados por las indecisiones del recién nombrado dictador, los sectores más conservadores decidieron nombrar presidente a Félix Zuloaga, pero pocos apostaron por su continuidad en virtud de que nadie lo reconoció (ni siquiera los estados Unidos). Arrepentido, Comonfort volvió a instaurar el imperio de la Constitución de 1857 y liberó a Juárez, quien emprendió las de Villadiego hacia Veracruz. Meses más tarde un milite mozalbete (Miramón) apuró a Zuloaga a decidirse, tomó el control del Ejército y se proclamó presidente o lo proclamó el mismo Zuloaga, quien renunció. Todo podía pasar. Cuando Benito Juárez asume en su huida a Veracruz la primera magistratura, lo hizo con la interpretación constitucional de que, siendo el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le correspondía la sucesión presidencial, pues así lo mandaba la Carta Magna 7. La interpretación residía en el hecho de que Juárez tenía una licencia de su cargo en la SCJN, para trabajar en el gobierno de Comonfort como ministro de la Secretaría de Justicia y Gobierno. Hay quien asegura que ésta es razón suficiente para tachar de “ilegal” la misma administración juarista, pero al no haber otro que reclamara válidamente y en ese instante el mismo derecho, carece de sentido (“Lo que no tiene dueño, por razón natural pertenece al que lo ocupa”, pudo haber dicho el Benemérito). En esa ocasión, y años después durante la intervención francesa, cuando se precisaba de actos de autoridad contundentes, utilizaría un instrumento que el indio zapoteca también llegó a manejar como si fueran su propio burro: las facultades extraordinarias. Este tipo de expresión gubernamental, que tiene más que ver con una forma autoritaria de ejercer el poder, sirvió tanto para avalar supuestos tratados (como el McLane Ocampo, utilizado por Juárez y don Melchor para engatusar gringos durante la guerra de Reforma), como para extender el periodo presidencial (durante la guerra de Intervención). Ambas eran atribuciones del Congreso, pero el equipo liberal no se dejó llevar por formalismos e incluyó las dos atribuciones como extraordinarias, ejerciéndolas.
1http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen_280414_2.pdf
2 http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/reu/docs/dictamen_280414_2.pdf
3 Manual de Derecho Canónico, Varios, EUNSA, España, 1991, p. 749
4 Margadant, Guillermo Floris, Derecho Romano, Editorial Esfinge, México, 2012, p. 32
5 Kaplan, Marcos, artículo “Dictadura”, Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo VIII, Editorial Bibliográfica Argentina, Argentina, p. 817
6 Se conoce como Provocatio ad populum la institución romana de derecho público nacida en las postrimerías de la república con la ley Valeria emitida el 509 a.C. Ordenaba suspender la pena capital a todo ciudadano, aún fuera ordenada por el magistrado dotado de imperium; una vez 'provocado' el pueblo, debía resolverse. https://es.wikipedia.org/wiki/Provocatio_ad_populum
7 “Artículo 79.- En las faltas temporales del Presidente de la República, y en la absoluta, mientras se presenta el nuevamente electo, entrará a ejercer el poder el Presidente de la Suprema Corte de Justicia”.