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Timestamp: 2019-09-19 21:34:56
Document Index: 327316309

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 20', 'artículo 83']

S E R E S U E L V E - Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción número 10/2007-pl
PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.
JMYG* mjvg*mtmc*ert
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. REQUISITOS DE PROCEDENCIA QUE DEBEN SER REVISADOS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O DE SUS SALAS
INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA
“GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ AL MOMENTO DE MOTIVA SU DECISIÓN”
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, RECURSO DE. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS AJENOS A LA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL PLANTEADA
SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a RLP ni a ASS, en contra de la autoridad y acto precisados en esta ejecutoria.
Notifíquese a las autoridades jurisdiccionales locales y federales que han intervenido en este asunto, así como al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, con testimonio de esta resolución. Ordénese que vuelvan los autos al lugar de origen y archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, en contra del emitido por el Ministro José Ramón Cossío Díaz.
En términos de lo previsto en los artículos 3° fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadran en esos supuestos normativos.
JMYG*mjvg*mtmc*ert
1 Véase foja 105 del tomo 1 del expediente ***/2009 (acta de nacimiento).
2 Véase foja 215 del tomo 1 del expediente ***/2009 (declaración del policía ministerial, EMC). Asimismo, véanse fojas 264 a 266 del tomo 1 (declaración del paramédico JCMG).
3 Véase foja 225 del tomo 1 (certificado médico).
4 Véase foja 215 del tomo 1 (declaración del policía ministerial, EMC).
5 Véase foja 217 del tomo 1 del expediente ***/2009 (informe de investigación).
6 Véase foja 217 del tomo 1 del expediente ***/2009 (informe de investigación).
7 Véase foja 217 del tomo 1 del expediente ***/2009 (informe de investigación).
8 Véanse foja 217 y 217 vuelta del tomo 1 del expediente ***/2009 (informe de investigación).
9 Véase foja 231 del tomo 1 del expediente ***/2009 (solicitud de custodia).
10 Véanse fojas 234 vuelta y 235 del tomo 1 del expediente ***/2009 (acuerdo de radicación y boleta de ingreso).
11 Véanse las fojas 246 y 247 del tomo 1 del expediente ***/2009 (declaración de OSL).
12 Véase la foja 276 del tomo 1 del expediente ***/2009 (pliego de consignación con detenido).
13 Véanse las fojas 252 a 255 del tomo 1 del expediente ***/2009 (acuerdo de detención).
14 Véase foja 267 y 268 del tomo 1 del expediente ***/2009 (determinación).
15 Véase fojas 269 a 291 del tomo 1 del expediente ***/2009 (pliego de consignación con detenido).
16 Véanse fojas 520 a 533 del tomo 1 del expediente ***/2009 (dictamen en materia de genética forense).
17 Véanse fojas 456 a 475 del tomo 1 del expediente ***/2009 (auto de plazo constitucional).
18 Véase foja 311 del tomo 1 del expediente ***/2009 (resumen clínico).
19 El Manual General de Organización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México dispone que el albergue temporal infantil, es el departamento encargado de brindar protección a menores en situación de maltrato, abandono, extravío u orfandad, hasta el momento en que se defina su situación jurídica y social.
20 Véase foja 318 del tomo 1 del expediente ***/2009 (escrito mediante el que se recibe al menor).
21 Véase foja 320 del tomo 1 del expediente ***/2009 (nota complementaria de trabajo social sobre el caso del menor CA “N” “N”).
22 Véase foja 323 del tomo 1 del expediente ***/2009 (nota complementaria de trabajo social sobre el caso del menor CA “N” “N”).
23 Véanse foja 321 y 322 del tomo 1 del expediente ***/2009 (valoración socioeconómica para posible reintegración del menor CA “N” “N”).
24 Véase foja 318 y 318 vuelta del tomo II del expediente ***/2009 (sentencia de primera instancia dictada en el expediente ***/2009).
25 Véanse fojas 318 a 327 vuelta del tomo II del expediente ***/2009 (sentencia de primera instancia dictada en el expediente ***/2009).
26 Foja 3 a 15 del toca de apelación ***/2012 (recurso de apelación).
27 Las pruebas analizadas por la Sala Familiar fueron las siguientes: a) averiguación previa número ********** (relacionada con el ingreso de OSL al hospital en el que fue atendida); b) causa penal ***/2008 (seguida en contra de OSL por su probable responsabilidad en el delito de abandono de incapaz); c) actas de visitas realizadas por la trabajadora social LLAF (valoraciones socioeconómicas para la posible reintegración del menor); d) reporte psicológico realizado a OSL por personal del DIF de 27 de abril de 2009; e) pruebas testimoniales a cargo de las señoras CMG, TTS y MCAR; f) declaración del paramédico JCMG (fue el encargado de trasladar al menor abandonado al hospital en el que fue atendido); g) dictamen pericial en psicología emitido por FRB (practicada a los señores RLP y ASS); h) documentales públicas consistentes en copias certificadas del expediente ***/2009 (relativas al juicio de pérdida de patria potestad, promovido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México en contra de la señora OSL); i) dictámenes en psicología emitidos por NMO y AOF (licenciados en psicología que laboran en el DIF); j) dictamen en materia de genética forense (con la que se acredita la relación biológica entre OSL y el menor de edad abandonado).
28 Véase foja 334 vuelta del tomo II del expediente ***/2009 (sentencia de segunda instancia y acto reclamado).
29 Véanse fojas 334 vuelta y 335 del tomo II del expediente ***/2009 (sentencia de segunda instancia y acto reclamado).
30 Véase foja 335 del tomo II del expediente ***/2009 (sentencia de segunda instancia y acto reclamado).
31 Véase foja 335 del tomo II del expediente ***/2009 (sentencia de segunda instancia y acto reclamado).
32 Véase foja 335 vuelta a 336 vuelta del tomo II del expediente ***/2009 (sentencia de segunda instancia y acto reclamado).
33 Véase foja 336 vuelta a 337 del tomo II del expediente ***/2009 (sentencia de segunda instancia y acto reclamado).
34 Véanse fojas 337 y 337 vuelta del tomo II del expediente ***/2009 (sentencia de segunda instancia y acto reclamado).
35 Véanse fojas 340 vuelta y 341 del tomo II del expediente ***/2009 (sentencia de segunda instancia y acto reclamado).
36 Véase foja 341 del tomo II del expediente ***/2009 (sentencia de segunda instancia y acto reclamado).
37 Véase foja 3 del cuaderno correspondiente al juicio de amparo directo A.D. ***/2012, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito (en adelante “cuaderno de amparo”).
38 Véanse las fojas 4 y 5 del cuaderno de amparo.
39 Véanse fojas 5 a 10 del cuaderno de amparo.
40 Véanse fojas 11 a 15 del cuaderno de amparo.
41 Véanse fojas 15 a 22 del cuaderno de amparo.
42 Véanse fojas 70 vuelta a 83 vuelta del cuaderno de amparo.
43 Por el contrario, el Tribunal Colegiado estimó que como se indicó en la resolución reclamada, de dicha pericial se advirtió que OSL, manifestó “(…) que si supo que había dado a luz a un bebé e intencionalmente lo dejó (...)” y no se detectó en ella arrepentimiento de lo sucedido, al igual que se observó que el interés mostrado por el niño derivaba de una posible asesoría jurídica para no perjudicarse legalmente. Asimismo, en el dictamen de mérito se precisó que OSL no observó vínculo afectivo hacia el pequeño, sino rechazo; que su madre no se refería a él como “su hijo”, sino como “el niño” y que si ella llamaba por teléfono para preguntar por el niño esto respondió a algún tipo de asesoría legal, pero no había un interés genuino por el menor ni se había observado vínculo afectivo hacia él.
44 Véase foja 4 del cuaderno correspondiente al amparo directo en revisión 2554/2012 (en adelante “cuaderno de revisión”).
45 Véanse fojas 4 a 9 del cuaderno de revisión.
46 Véanse fojas 9 a 11 del cuaderno de revisión.
47 Los recurrentes señalan que no se tomó en consideración por el Tribunal Colegiado el contenido de los siguientes artículos del Código Civil del Estado de México:
Artículo 4.118.- El parentesco consanguíneo es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor.
Artículo 4.123.- La línea recta es ascendente o descendente: ascendente es la que liga a una persona con su progenitor o tronco de que procede; descendente es la que liga al progenitor con los que de él proceden.
Artículo 4.204.- La patria potestad se ejerce en el siguiente orden:
II. Por los abuelos;
III. Por los familiares consanguíneos hasta el tercer grado colateral.
Tratándose de controversia, el Juez decidirá, tomando en cuenta los intereses del menor.
La patria potestad en caso de separación de la pareja que la ejerce
48 Véanse fojas 11 a 15 del cuaderno de revisión.
49 Véase foja 15 del cuaderno de revisión.
50 Véanse fojas 35 a 37 vuelta del cuaderno de revisión.
51 Véanse fojas 52 a 52 vuelta del cuaderno de revisión.
52 Resolución aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 6 de octubre de 2011, por la cual se modificó el Acuerdo General 5/2001 de 21 de junio de 2001 emitido por el propio Tribunal Pleno, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Se modificaron: las fracciones III, V y VI del punto tercero; los incisos b), c) y d) de la fracción I y la fracción IV del punto quinto; el párrafo segundo, de la fracción III, del punto décimo; las fracciones I y III, además de la adición de una fracción V, del punto décimo primero; el punto décimo séptimo al cual se adicionó un párrafo tercero; y la derogación de los puntos décimo noveno y vigésimo.
53 Véase foja 67 del cuaderno de amparo.
54 Véase foja 85 del cuaderno de amparo.
55 Véase foja 33 del cuaderno de revisión.
56 En este punto, resulta aplicable la tesis 3a. 14, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, página 271, cuyo rubro es: “REVISIÓN, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE. NO ES OBSTÁCULO QUE EL PRESIDENTE DE LA SALA LO HUBIERE ADMITIDO” y la tesis de jurisprudencia 1a./J. 101/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, página 71, cuyo rubro es “AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. REQUISITOS DE PROCEDENCIA QUE DEBEN SER REVISADOS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O DE SUS SALAS”.
57 Apoya a lo anterior lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 63/2010, de la Primera Sala de la SCJN, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XXXII, de agosto de 2010, página 329, de rubro “INTERPRETACIÓN DIRECTA DE NORMAS CONSTITUCIONALES. CRITERIOS POSITIVOS Y NEGATIVOS PARA SU IDENTIFICACIÓN”.
58 En este sentido, el párrafo octavo del artículo 4 constitucional dispone lo siguiente: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.
59 Una estructura similar ha sido propuesta en la doctrina especializada en Derecho Familiar, entre muchos otros, por F. Rivero Hernández, El interés del menor, Dickinson, Madrid, 2007 y M. Linacero de la Fuente, “Leyes de Familia y Constitución”, en Revista de Derecho Privado, marzo-abril, 2006, pp. 33-82.
60 En el Derecho anglosajón resulta relevante la aplicación que los tribunales británicos han realizado de la denominada Children’s Law Act de 1989 y de 1997. En esta normativa se establecen una serie de criterios mínimos que deben tener en cuenta los tribunales al momento de concretar el interés del menor, entre los que destacan:
Los deseos y sentimientos del niño considerados a la luz de su edad y discernimiento. Los tribunales británicos son constantes al señalar que el deseo del menor no es vinculante para el juez, sino uno más entre otros datos que considerar. La doctrina hace hincapié en la preocupación de los tribunales, relativa a que lo que el menor expresa sea realmente lo que piensa y desea y no el resultado de la presión de un progenitor o que el niño sea incapaz de expresar su preferencia por desear estar con ambos padres o desagradar a ninguno.
Sus necesidades físicas, educativas y emocionales. Como necesidades físicas son entendidas, sobre todo, el alojamiento, alimentación y vestido apropiados. Las necesidades emocionales suelen ir muy relacionadas con la edad y la personalidad del menor, por lo que son de difícil y muy subjetiva valoración y, en consecuencia, es necesario emplear el asesoramiento de psiquiatras, psicólogos y los llamados welfare officers.
El probable efecto de cualquier cambio de situación. Aquí se suele valorar la incidencia que pueda tener para el menor, el cambio de residencia, estudios, amigos y personas con quienes se relacione. Los tribunales ingleses, de acuerdo con la doctrina, tienden a no variar el statu quo del menor salvo necesidad.
El rango de actuación a disposición del tribunal. Este factor es la expresión de la “regla de la mínima intervención judicial”, prevista en la Children’s Law Act, e implica que los tribunales no deben intervenir si con ello pueden crear otros conflictos de mayor calado.
Véase al respecto, Boele-Woelki, Bratt y Curry-Summer, European Family Law in action, vol. III, Parental Responsibilities, Antwerp-Oxford, 2005, Question 35; Adel Azer, “Modalities of the best interests principle in education”, en The best interests of the Child, Oxford, Clarendon Press, 1994, pp. 225 y ss; y Maidment. S., Child custody and divorce, Londres, Croom Helm, 1984.
61 En este sentido, el párrafo octavo del artículo 4 constitucional dispone lo siguiente: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.
Además, también resulta necesario atender a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado mexicano el 10 de agosto de 1990 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, cuyo texto es el siguiente: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
Por último, esta Primera Sala ya se ha pronunciado sobre las implicaciones que tiene el reconocimiento del interés superior del menor en la tesis de jurisprudencia 1a.CLXIII/2011, de rubro “INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIV, de agosto de 2011, p. 225.
62 Véase como ejemplo de una regulación en la que el padre de familia ejercía una suerte de derecho subjetivo de naturaleza casi pública sobre los hijos y descendientes, a las normas contenidas en los artículos 411 a 448 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en materia común y para toda la República en materia federal de 1928. Asimismo, es importante señalar que esta renovación sustancial de la patria potestad no ha acontecido, sin embargo, en lo que a su denominación respecta, y ello, pese a la discordancia del término patria potestad con el contenido actual de la institución, pues el mismo evoca claramente la idea de poder (potestad) atribuida en exclusiva al padre (patria).
63 En esta línea, la doctrina ha calificado la patria potestad como un derecho-función o deber-función, expresión con la que se ha pretendido significar la obligatoriedad de su ejercicio por parte de sus titulares y su carácter inexcusable. En concreto, se destaca que la patria potestad no se configura propiamente como un derecho subjetivo de los padres, ya que su ejercicio no queda al arbitrio de sus titulares ni persigue el beneficio de éstos, sino que los padres deben ejercitar la patria potestad, y deben hacerlo, además, en beneficio de los hijos. Véase al respecto a L. Diez-Picazo, y A. Guillón Ballesteros, Sistema de Derecho Civil, Derecho de sucesiones, Tecnos, Madrid, 2004, p. 266; E. Roca Trías, Familia y cambio social (de la “casa” a la persona), Civitas, Madrid, 1999; C. Ruisánchez Capelastegui, La privación de la patria potestad, Atelier, Barcelona, 2006; y A. Seisdedos Muiño, en L. Puig Ferriol, et al., Manual de Derecho Civil, I. Introducción y derecho de la persona, Marcial Pons, Madrid, 1997.
64 Véase el artículo 20 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.
65 Véase el Manual General de organización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. Específicamente el apartado que contiene las funciones de la Dirección de Servicios Jurídico-Asistenciales.
66 Como se señaló en los antecedentes de la presente resolución es necesario recordar que as pruebas analizadas por la Sala Familiar fueron las siguientes: a) averiguación previa número ********** (relacionada con el ingreso de OSL al hospital en el que fue atendida); b) causa penal ***/2008 (seguida en contra de OSL por su probable responsabilidad en el delito de abandono de incapaz); c) actas de visitas realizadas por la trabajadora social LLAF (valoraciones socioeconómicas para la posible reintegración del menor); d) reporte psicológico realizado a OSL por personal del DIF de 27 de abril de 2009; e) pruebas testimoniales a cargo de las señoras CMG, TTS y MCAR; f) declaración del paramédico JCMG (fue el encargado de trasladar al menor abandonado al hospital en el que fue atendido); g) dictamen pericial en psicología emitido por FRB (practicada a los señores RLP y ASS); h) documentales públicas consistentes en copias certificadas del expediente ***/2009 (relativas al juicio de pérdida de patria potestad, promovido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México en contra de la señora OSL); i) dictámenes en psicología emitidos por NMO y AOF (licenciados en psicología que laboran en el DIF); j) dictamen en materia de genética forense (con la que se acredita la relación biológica entre OSL y el menor de edad abandonado).
67 Véase la tesis CLXIII/2011 de rubro “INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIV, de agosto de 2011, p. 225.
68 En este sentido, véase la tesis de rubro “GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ AL MOMENTO DE MOTIVA SU DECISIÓN” tesis 1a.XCVIII/2012, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro VIII, mayo 2012, tomo 1, p. 1097.
69 Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia plenaria P./J. 46/95, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo II, de diciembre de 1995, página 174, del rubro y texto siguiente:“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, RECURSO DE. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS AJENOS A LA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL PLANTEADA.” De conformidad con el artículo 83, fracción V, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la materia del recurso de revisión contra resoluciones que pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia de amparo directo, se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En consecuencia, todo agravio ajeno a las cuestiones constitucionales examinadas en la resolución recurrida resulta inoperante”.