Source: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=97&tipo=2
Timestamp: 2020-08-13 07:05:41
Document Index: 227001865

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 104', 'artículo 62', 'artículo 97', 'artículo 134']

Inicio > Constitución española > Título IV. Del Gobierno y de la Administración > Sinopsis artículo 97
Porque resulta obvio que Gobierno y Administración son dos órganos distintos, aunque estrechamente vinculados, según se desprende de la rúbrica del Título IV de la Constitución. Tal impresión se refuerza por los artículos 98 y 103 de la Constitución, que establecen, el primero, la composición del Gobierno, el segundo, la remisión a la Ley para la de la Administración. Y, en efecto, distintas leyes regulan, además, uno y otro órgano: la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
-Por otro lado, desde un punto de vista funcional, también el Gobierno -y no sólo la Administración- produce actos administrativos, y se encuentra sometido, por tanto, en cuanto a éstos, a la revisión de la jurisdicción contencioso-administrativa. En cuanto a la vieja cuestión de los "actos políticos del Gobierno", (que el maestro Posada definía como "actos de poder encaminados a la dirección política del Estado"), exentos de control jurisdiccional a la luz del artículo 2 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 1956, queda resuelta por el artículo 3 de la actual Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, que incluye en el ámbito de la Jurisdicción contencioso -administrativa la protección de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que sean procedentes en relación con los actos del Gobierno o Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que sea la naturaleza de esos actos.
La dirección de la Administración civil y militar constituye otra de las funciones clásicas del Gobierno. En concreto, y sin entrar en más detalle, los Ministros tienen una posición dual en tanto que, de una parte, son miembros del Gobierno y, de otra son la cúspide de su Ministerio ostentando la condición de órgano superior del mismo (art. 55.3 a). 1º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre). De ahí, que se produzca una conexión directa entre la dirección de la Administración y el propio Gobierno (arts. 60 y 61).
La defensa del Estado -que también participa de la naturaleza de la función de dirección política- debe ser puesto en relación con la posición constitucional atribuida a las Fuerzas Armadas por el artículo 8 de la Constitución y con la señalada en el artículo 104 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Porque ambos colectivos se encuentran sometidos a la autoridad del Gobierno, que es quien tiene el poder de mando efectivo, no correspondiéndole al Monarca, en virtud del artículo 62 h), más que funciones meramente honoríficas y simbólicas en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
Al respecto, y en relación con el ejercicio de la potestad reglamentaria por el Gobierno, debe tenerse en cuenta lo establecido en el Título V, art. 22 a 28 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, así como el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 por el que se aprueban las Directrices de Técnica Normativa
En fin, todas las funciones hasta aquí enumeradas siguiendo fielmente el texto constitucional las ha de ejercer el Gobierno, como es obvio y se encarga de recordar el segundo inciso del artículo 97 que se comenta, "de acuerdo con la Constitución y las leyes". En este sentido, conviene tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo a la hora de establecer las distintas vías de control de la actuación del Gobierno. En concreto, la STC 45/1990 señala que no toda la actuación del Gobierno, cuyas funciones enuncia el art. 97 CE está sujeta a Derecho Administrativo. Así, cita las relaciones con los otros órganos constitucionales.
Sobre este particular, no podemos dejar de mencionar que al ser el Gobierno un órgano constitucional existe una vía específica para la resolución de conflictos con los otros órganos constitucionales cual es la recogida en los arts. 59 y 73 y siguientes de la LOTC, lo que garantiza un control sobre su actuación fuera de la jurisdicción ordinaria. De hecho, así también lo ha afirmado el Tribunal Supremo en su Auto 14727/2010, de 25 de noviembre en relación con la "potestad del Gobierno reconocida en el artículo 134.6 de la Constitución ejercida en el ámbito de la actividad parlamentaria, que en modo alguno constituye un acto susceptible de control en vía jurisdiccional contencioso administrativa".
Isabel Mª Abellán Matesanz. Letrada de las Cortes Generales. Diciembre 2003.