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Timestamp: 2020-01-26 03:53:14
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BOE.es - Documento BOIB-i-2013-90018
Documento BOIB-i-2013-90018
Decreto-ley 2/2013, de 14 de junio, de medidas urgentes en materia de movilidad intraadministrativa temporal de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
«BOIB» núm. 85, de 15 de junio de 2013, páginas 27460 a 27470 (11 págs.)
BOIB-i-2013-90018
Mediante el Decreto Ley 5/2012, de 1 de junio, de medidas urgentes en materia de personal y administrativas para la reducción del déficit del sector público de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de otras instituciones autonómicas, modificado posteriormente por el Decreto Ley 10/2012, de 31 de agosto, se adoptaron y aplicaron diversas medidas de reducción de gasto en materia de personal al servicio de las administraciones públicas de las Illes Balears y demás instituciones autonómicas. En la mencionada norma, por una parte, se adoptan medidas para la reducción de los gastos de personal, entre las que se cuenta la suspensión de la prolongación de la permanencia en el servicio activo y, por otra parte, se adoptan medidas estructurales de racionalidad y eficiencia en la gestión de los recursos humanos del sector público.
Además, y como consecuencia de las normas básicas sobre esta materia que contempla la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013, se mantienen, como en años anteriores, para cumplir el mandato constitucional de estabilidad presupuestaria y hacer frente a la situación de nuestra economía, unas restricciones importantes en la incorporación de nuevo personal al sector público y en contratación de personal laboral temporal y nombramiento de funcionarios interinos, que se reflejan en el artículo 16 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2013.
Igualmente, en el mismo artículo se determina que “durante el año 2013, se suspenden el nombramiento de nuevo personal funcionario interino y la prórroga del nombramiento de los funcionarios interinos adscritos a programas temporales o nombrados para subvenir a necesidades urgentes, así como el nombramiento de personal estatutario temporal y la contratación de personal laboral temporal en la Administración de la Comunidad Autónoma, en sus organismos autónomos y en el resto de entes que integran el sector público instrumental autonómico”, si bien prevé autorizar ciertos supuestos en los que esta suspensión pueda suponer un perjuicio en la prestación de los servicios esenciales competencia de la Comunidad Autónoma justificando una necesidad urgente e inaplazable.
Todas estas circunstancias han producido una reducción importante de los efectivos con los que cuenta la Administración para llevar a cabo sus funciones, por lo cual, ahora más que nunca, es fundamental la planificación de los recursos humanos para el cumplimiento de la previsión constitucional de los principios de eficacia y eficiencia que debe seguir la actuación de la Administración.
Por ello, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2011 aprobó las líneas generales del Plan Estratégico en Materia de Función Pública para racionalizar y profesionalizar la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y para mejorar las condiciones de trabajo de su personal. Concretamente, la línea estratégica 1 tiene por objetivo “racionalizar y ordenar la función pública autonómica” mediante algunas acciones como la realización de una auditoria técnica de gestión, por departamentos, con medios propios, con la finalidad de comparar presupuestos, carga de trabajo y funciones encomendadas con su estructura administrativa y recursos humanos adscritos, al objeto de dimensionar adecuadamente las plantillas y detectar desequilibrios en materia de personal. Esta se realizó durante 2012, aprobándose el Informe de auditoría interna de recursos humanos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en el ámbito de los servicios generales por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2012.
Una vez hecho el análisis de la auditoría y realizada una redistribución de puestos de trabajo con carácter permanente a servicios que se mostraron como deficitarios, también se puso de manifiesto que la prestación de servicios públicos no siempre tiene carácter lineal durante todo el año, sino que puede ser cíclica o tener momentos de puntas de trabajo y otros en los que tal vez el personal asignado puede asumir otros trabajos. Por ello, para conseguir una asignación eficiente de los recursos humanos de los diferentes departamentos de la Administración autonómica y equilibrar las cargas de trabajo del personal que presta los diferentes servicios, es necesario disponer de herramientas de movilidad temporal que permitan hacer frente, de forma ágil y con las garantías necesarias a los derechos del personal, a estas circunstancias, con sistemas en los que prevalezca la voluntariedad del personal que quiera ir mediante determinadas fórmulas previstas.
Por otra parte, el artículo 78 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, tras manifestar que las administraciones públicas deben proveer los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y que la provisión de puestos se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y libre designación con convocatoria pública, en su apartado 3 establece que “las leyes de función pública dictadas en desarrollo de este Estatuto podrán establecer otros procedimientos de provisión en los supuestos de movilidad referidos en el artículo 81.2, permutas entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y supresión de dichos puestos”.
Más adelante, en su artículo 81, relativo a la movilidad del personal funcionario de carrera, se contempla la posibilidad de que las administraciones públicas puedan trasladar de manera motivada a sus funcionarios por motivos de servicios o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicos o entidades diferentes a los de su destino, respetando las retribuciones y condiciones esenciales de trabajo, y modificando, si cabe, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Dispone también que si por motivos excepcionales implica un cambio de lugar de residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados, con derecho a las indemnizaciones previstas en los traslados forzosos.
También contempla el apartado 3 de este artículo 81 que, en caso de necesidad urgente e inaplazable, los puestos de trabajo puedan proveerse con carácter provisional, mediante convocatoria pública dentro de los plazos señalados por las normas de aplicación.
Por todo lo que se ha expuesto, se considera imprescindible modificar algunos artículos de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, a los efectos de introducir la posibilidad de nombrar provisionalmente a personal funcionario de carrera que tenga la titulación para el cumplimiento de un puesto de trabajo de un grupo o subgrupo superior, cuando la vacante no se ha podido cubrir mediante comisión de servicios voluntaria, o para matizar la comisión de servicios forzosa y mejorar las garantías del personal que resulte afectado; introducir la posibilidad de realizar una convocatoria previa para la selección del personal funcionario que voluntariamente quiera ir a una atribución temporal de funciones o, después, atribuirlo a personal funcionario de carrera, o interino en su caso, y establecer sus efectos, o modificar el artículo 103, referido a la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, para permitir que, en los supuestos excepcionales en los que según el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 16 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, se autorice el nombramiento de personal funcionario interino, el personal funcionario de carrera que sea nombrado por estar en algún bolsín pueda quedar en esta situación administrativa, sin necesidad de ir por la vía de la excedencia voluntaria por interés particular.
Este decreto ley se estructura en dos artículos: el primero, con las disposiciones generales relativas al objeto, y el segundo, con las modificaciones de diez artículos del título VII de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y del enunciado de un capítulo de este mismo título.
Tras modificar el artículo 74 para establecer una clarificación de los sistemas de provisión de puestos y de movilidad, la modificación del artículo 76 tiene por objeto añadir un nuevo mérito de consideración necesaria para incentivar al personal que voluntariamente quiera ir a cubrir atribuciones temporales de funciones o premiar a las personas que tengan que ir a cubrir comisiones de servicios forzosas, atribuciones temporales de funciones o que presten servicios en la Unidad de Apoyo Coyuntural que se crea en la disposición adicional primera.
De los sistemas de movilidad previstos en las modificaciones introducidas en los siguientes puntos, algunos ya existían sin demasiadas diferencias, como la comisión de servicios voluntaria; en otros, como en la forzosa, se mejoran las garantías al determinar la forma de escoger a la persona adecuada y, además, se concede la compensación prevista de puntos adicionales en caso de participar en las convocatorias de provisión temporal o definitiva de puestos de trabajo. Otros se regulan por primera vez, como la figura del nombramiento provisional en un grupo o subgrupo superior, que pretende aprovechar la experiencia del personal funcionario de carrera que ya forma parte de los recursos humanos de la Administración de la Comunidad Autónoma, que tiene la titulación adecuada, como forma de promocionar a este personal y considerando que, antes de tener que recurrir a una comisión de servicios forzosa, es mejor dar la oportunidad de cubrir esta urgencia mediante esta figura voluntaria.
Se introducen también muchas novedades en la atribución temporal de funciones, contemplando una primera fase más transparente, con una convocatoria para ofrecer la oportunidad de presentarse a personal que voluntariamente quiera llevar a cabo las funciones a desarrollar, y regulando los efectos de esta atribución temporal, entre los cuales destaca la valoración del tiempo que estén en ella como mérito en las convocatorias de provisión temporal o definitiva de puestos de trabajo, en la forma establecida por la disposición final primera que modifica en este punto el Decreto 33/1994, de 28 de marzo, por el cual se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de las Illes Balears. Igualmente, se recogen las causas de finalización de estas figuras para dar más seguridad jurídica.
En último lugar, se modifica el artículo 103, relativo a la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, para superar el problema existente en la redacción actual que impedía al personal funcionario de carrera pedir esta situación administrativa en los casos de ser nombrado funcionario interino en otro cuerpo.
El Decreto Ley se completa con dos disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cuatro finales.
La primera disposición adicional contempla la creación de una unidad permanente para dar apoyo coyuntural a otras unidades de cualquier consejería o ente del sector público con personal funcionario adscrito dependiente de ella, cuando se justifique la necesidad de reforzar al personal existente en un momento determinado para llevar a cabo alguna tarea concreta y urgente. Para incentivar la cobertura de estos puestos, también se prevé que pueda valorarse el tiempo que estén en la misma forma que se ha manifestado. La segunda crea una comisión de seguimiento de la ejecución correcta de las medidas de movilidad forzosa previstas.
La disposición transitoria única aclara que las personas que, antes de la entrada en vigor de este decreto ley han estado en atribuciones temporales de funciones también puedan recibir el mismo tratamiento que las que sean objeto de ello tras el mismo.
La disposición derogatoria única deroga todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo establecido por este decreto ley.
En cuanto a las cuatro disposiciones finales, la primera modifica puntualmente el Decreto 33/1994 en cuanto a la introducción de un nuevo mérito de consideración necesaria y las disposiciones finales segunda, tercera y cuarta establecen, respectivamente, un plazo para desarrollar reglamentariamente la movilidad temporal, la autorización al Consejo de Gobierno para dictar normas para su desarrollo y la concreción de la entrada en vigor del Decreto Ley.
El hecho de no poder realizar contrataciones temporales o nombramientos de interinos, salvo supuestos muy puntuales, para llevar adelante de la mejor manera posible los servicios públicos, con la consiguiente necesidad de aprovechar los medios disponibles de la forma más eficiente y con el máximo de garantías, determina que se verifique el presupuesto de hecho que consiste en la existencia de una situación de necesidad extraordinaria y urgente, lo cual permite que el Gobierno de las Illes Balears, en el marco de la normativa básica mencionada y en su desarrollo, pueda dictar medidas legislativas provisionales por medio de un decreto ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, teniendo en cuenta la imposibilidad de demorar la entrada en vigor de las medidas en cuestión durante el tiempo en que se prolonga la tramitación legislativa ordinaria, ya que es imprescindible disponer de estas herramientas para poder realizar una gestión eficiente de los recursos humanos disponibles, a la vez que se establecen las garantías necesarias para el personal que pueda verse afectado por ellas.
1. Este decreto ley tiene por objeto realizar las modificaciones necesarias en la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, al objeto de contar con sistemas de movilidad intraadministrativa temporal más ágiles para poder asignar en cada momento los recursos humanos de manera eficiente según las necesidades de los servicios que se producen de forma puntual o cíclica.
2. Estas normas se dictan al amparo de las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de función pública, en desarrollo del capítulo III del título V de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en concordancia con las exigencias de la política económica general del Estado.
Se modifica la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, conforme a lo establecido en los siguientes puntos:
1. Se modifica el enunciado del capítulo II del título VII de la Ley 3/2007, que queda con la siguiente redacción:
2. Se modifica el artículo 74 de la Ley 3/2007, que queda con la siguiente redacción:
— Ordinaria voluntaria
— Forzosa
— De atribución temporal de funciones
— Para misiones de cooperación
— En otras administraciones
5. La movilidad forzosa fundamentada en las necesidades del servicio o funcionales, adecuadamente motivadas, se hace efectiva mediante los sistemas previstos en los artículos 87, 88 —salvo el supuesto de atribución temporal de funciones adjudicada mediante convocatoria previa—, 89, 90 y 91 de esta ley y en las normas concordantes de desarrollo.
3. Se añade una letra f al apartado 3 del artículo 76 de la Ley 3/2007, con la siguiente redacción:
4. Se modifica el apartado 4 del artículo 81 de la Ley 3/2007, que queda con la siguiente redacción:
5. Se modifica el artículo 82 de la Ley 3/2007, que queda con la siguiente redacción:
6. Se añade un artículo 82 bis a la Ley 3/2007, que queda con la siguiente redacción:
7. Se modifica el artículo 87 de la Ley 3/2007, que queda con la siguiente redacción:
8. Se modifica el artículo 88 de la Ley 3/2007, que queda con la siguiente redacción:
9. Se añade un artículo 88 bis a la Ley 3/2007, de 27 de marzo, que queda con la siguiente redacción:
10. Se añade un artículo 88 ter a la Ley 3/2007, de 27 de marzo, que queda con la siguiente redacción:
11. Se modifica el artículo 103 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, que queda con la siguiente redacción:
Unidad de Apoyo Coyuntural
1. Se crea una unidad administrativa, dentro de la dirección general competente en materia de función pública, integrada por puestos base de diferentes cuerpos generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con la función de dar apoyo coyuntural a otras unidades de cualquier consejería o ente del sector público con personal funcionario adscrito que dependa de ellas cuando se justifique la necesidad de reforzar al personal existente en ese momento para llevar a cabo alguna tarea concreta y urgente, sin necesidad de recurrir a las medidas de movilidad previstas en la normativa de función pública. A tal efecto, las secretarías generales de las consejerías u órganos equivalentes de los entes del sector público con personal funcionario adscrito deberán hacer llegar a la dirección general competente en materia de función pública las necesidades de refuerzo de personal que se les planteen de forma cíclica, para poder llevar a cabo una adecuada planificación, sin perjuicio de que puedan realizar peticiones por circunstancias puntuales en cualquier momento, siempre con la máxima antelación.
2. La persona titular de la consejería competente en materia de función pública deberá disponer, mediante resolución, las actuaciones de apoyo a llevar a cabo y su duración.
3. El tiempo de permanencia en puestos de esta unidad tendrá, para el personal que los ocupe, los efectos previstos en los apartados 2, 3 y 5 del artículo 88 bis de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
4. La Unidad de Apoyo Coyuntural se formará con puestos de trabajo vacantes y dotados adscritos conforme al artículo 91 de la Ley 3/2007.
Se crea una comisión de seguimiento encargada de velar por la correcta ejecución y desarrollo de las medidas de movilidad forzosa objeto del presente decreto ley, la cual se reunirá trimestralmente.
Esta Comisión de Seguimiento estará integrada por un representante de cada una de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación y por el mismo número de miembros por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma. También participarán, en cuanto al seguimiento de las medidas de movilidad forzosa que afecten al personal de su ámbito, las organizaciones sindicales i la representación de la Administración presentes en las diferentes mesas sectoriales.
Los efectos establecidos en los apartados 2, 3 y 5 del artículo 88 bis también se producirán en las atribuciones temporales de funciones resueltas antes de entrar en vigor este decreto ley.
Se derogan todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo establecido en el presente decreto ley.
1. Se añade una nueva letra al artículo 13 del Decreto 33/1994, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de las Illes Balears, que queda con la siguiente redacción:
f) La prestación de servicios mediante comisión de servicios forzosa, comisión de servicios en atribución temporal de funciones o por la prestación de servicios en la Unidad de Apoyo Coyuntural de la dirección general competente en materia de función pública.
2. Se añade una nueva letra f al apartado 1 del artículo 14 del Decreto 33/1994, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
f) La prestación de servicios mediante comisión de servicios forzosa, comisión de servicios en atribución temporal de funciones o en la Unidad de Apoyo Coyuntural de la dirección general competente en materia de función pública. Al personal funcionario a quien se le adjudique una de estas comisiones, o mientras preste servicios en la Unidad de Apoyo Coyuntural, se le valorará el tiempo que permanezca en dicha situación con 0,025 puntos por mes completo.
3. Las normas contenidas en los puntos 1 y 2 de esta disposición final tienen rango reglamentario y las modificaciones que, a partir de la entrada en vigor del presente decreto ley, puedan llevarse a cabo, podrán efectuarse por normas del mismo rango.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente decreto ley se aprobará el reglamento de desarrollo de los sistemas de provisión temporal.
Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente decreto ley.
La consejera de Administraciones Públicas El presidente
Maria Núria Riera Martos José Ramón Bauzá Díaz
Arts. 13 y 14 del Decreto 33/1994, de 28 de marzo (BOIB núm. 41, de 5 de abril).
Capítulo II del título VII, arts. 74, 76, 81, 82, 87, 88, 103 y AÑADE los arts. 82 bis, 88 bis y 88 ter a la Ley 3/2007, de 27 de marzo (Ref. BOE-A-2007-8713).