Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2002-02548-36149-de-agosto-28-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_025421de0f0701fee0530a01015101fe&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-25 15:50:40
Document Index: 23615082

Matched Legal Cases: ['artículo 249', 'artículo 18', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 136', 'artículo 249', 'artículo 90', 'artículo 414', 'in dubio', 'artículo 414', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 175', 'artículo 1614']

﻿ Sentencia 2002-02548 de agosto 28 de 2014
SENTENCIA 2002-02548 DE 28 DE AGOSTO DE 2014
CONTENIDO:UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA- PERJUICIOS MORALES EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. EN EL TRANSCURSO DEL PROCESO PENAL SE DEMOSTRÓ LA INOCENCIA DEL DEMANDANTE, RAZÓN POR LA CUAL SE CONCLUYE QUE EL HECHO NO EXISTIÓ, DE TAL MANERA QUE SE CONFIGURA LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LIBERTAD. UNIFICAR LA JURISPRUDENCIA EN RELACIÓN CON LOS PARÁMETROS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA LA TASACIÓN DE LOS PERJUICIOS MORALES EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD Y EL CRITERIO PARA RECONOCER INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE A LA PERSONA QUE FUE PRIVADA INJUSTAMENTE DE SU LIBERTAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, PECULADO POR APROPIACIÓN, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, ABSOLUCIÓN, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES, PRELACIÓN DE FALLO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:516 DE DICIEMBRE DE 2014, PÁG.2401
Sentencia 2002-02548 de agosto 28 de 2014
Rad.: 680012331000200202548 01 (36.149)
Demandante: José Delgado Sanguino y otros
Demandado: la Nación - rama judicial
Procede la Sala Plena de la Sección Tercera, previa unificación jurisprudencial en relación con I) los parámetros que se deben tener en cuenta para la tasación de los perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad y II) los criterios para reconocer indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro cesante a la persona que fue privada injustamente de su libertad, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Santander, el día 21 de septiembre de 2007, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.
En escrito presentado el día 22 de octubre de 2002, los señores José Delgado Sanguino y Sonia Fontecha Vargas, quienes actúan en nombre propio y en el de su hijo menor José Alberto Delgado Fontecha; Ana Belén Rangel Ballesteros, quien actúa en nombre y representación de su hija menor Lina María de Las Estrellas Delgado Rangel y Martina Sanguino de Delgado, mediante apoderado judicial, formularon demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra La Nación - rama judicial, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por el daño a ellos ocasionado como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la cual habría sido víctima el primero de los mencionados actores.
En este sentido, se solicitó en la demanda el reconocimiento de las siguientes sumas de dinero:
Por concepto de perjuicios morales para los señores José Delgado Sanguino, Sonia Fontecha Vargas y Martina Sanguino de Delgado, el equivalente a 518 SMLMV para cada uno de ellos y para los menores José Alberto Delgado Fontecha y Lina María de Las Estrellas Delgado Fontecha, el equivalente a 259 SMLMV para cada uno de ellos.
Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se pidió la suma de $ 5’140.000,00 a favor del señor José Delgado Sanguino y el monto de $ 3’426.666,00 a favor de la señora Sonia Fontecha Vargas.
Que el día 26 de noviembre de 1998 la Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica del señor José Delgado Sanguino, imponiéndole medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual se hizo efectiva el 1º de diciembre de 1998, sustituida por caución prendaria el 17 de agosto de 1999, por considerarlo autor del delito de peculado por apropiación.
Que el día 23 de octubre de 2000 el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga profirió sentencia absolutoria a favor del señor José Delgado Sanguino, providencia que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga el 22 de noviembre de 2001.
Notificada en debida forma el auto admisorio de la demanda(2), la entidad demandada no la contestó.
4.1. La parte demandante guardó silencio.
4.2. La entidad demandada(3) aseguró que no se le podía endilgar responsabilidad al Estado, por cuanto debía existir un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia para reclamar un daño antijurídico que diera lugar a una reclamación patrimonial y dado que la Fiscalía General de la Nación —la cual avocó el conocimiento de la causa penal de la conducta del señor José Delgado Sanguino— solamente cumplió con el deber legal y constitucional de investigar los delitos, no estaba obligada a responder patrimonialmente por los daños que se reclamaron como antijurídicos, pues ello es el resultado del ejercicio legítimo de los poderes estatales, razón por la cual no debía indemnizarlo.
Adicionalmente indicó que los ciudadanos deben renunciar a su interés particular, por razón del principio del interés general consagrado en la Constitución Política y en pro de la seguridad pública que facilite la convivencia pacífica, que deben soportar ciertas dificultades como la detención preventiva.
Afirmó que para que opere una privación injusta de la libertad se debe demostrar aquella no tuvo sustento legal, pero sostuvo que la detención del señor José Delgado Sanguino se basó en normas procedimentales y sustantivas del ordenamiento penal, puesto que existía una investigación que condujo a imponer la medida de aseguramiento, al existir suficientes pruebas que la sustentaran.
En cuanto a la actuación del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga sostuvo que absolvió al detenido porque encontró la prueba que eximió de responsabilidad al señor José Delgado Sanguino en la conducta delictiva enjuiciada, circunstancia que no genera responsabilidad de indemnizar puesto que se actuó dentro del marco legal.
Finalmente manifestó que se tuviera en cuenta la autonomía administrativa y presupuestal de la Fiscalía General de la Nación para su labor investigativa y acusatoria, contenida en el artículo 249 de la Constitución Política, asegurando así la falta de legitimidad por pasiva de la rama judicial por cuanto los hechos y las conductas relacionadas en la demanda fueron realizadas por la Fiscalía General de la Nación.
El Tribunal Administrativo Santander, mediante sentencia proferida el 21 de septiembre de 2007, denegó las súplicas de la demanda.
Indicó que la Fiscalía General de la Nación, al valorar las pruebas obrantes en el sumario al momento de definir la situación jurídica del sindicado y de calificar el mérito del sumario, encontró indicios que comprometían la responsabilidad del señor José Delgado Sanguino y que solo al momento en el cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga asumió su competencia, con el recaudo de nuevas pruebas, se pudo comprobar que el investigado no tenía vinculación alguna con la comisión del delito a él imputado.
Así las cosas, concluyó que la Fiscalía General de la Nación estaba en la obligación de investigar y de llegar al esclarecimiento de los hechos, por manera que el actor debía esperar los resultados de la etapa de instrucción, al existir indicios en su contra que lo vinculaban con la comisión de un delito.
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia al considerar que se encontraban acreditados los elementos estructurales para declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación.
Expuso que el régimen de responsabilidad es objetivo en los eventos de privación injusta de la libertad, por tanto no resultaba necesario analizar la actuación o la legalidad de las actuaciones de los funcionarios.
Sostuvo que el Tribunal Administrativo a quo se equivocó en la aplicación del régimen de responsabilidad, en la medida en que para proferir la decisión objeto de apelación había hecho referencia únicamente a la inexistencia de una falla en el servicio, bajo el argumento de que los ciudadanos están obligados a soportar la carga en razón a que la ley le otorga facultades a la Fiscalía General de la Nación para proceder a la detención de las personas cuando exista, al menos, un indicio grave en su contra.
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
Prelación de fallo(4).
En la actualidad, la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho para fallo.
No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16(5), permite decidir sin sujeción al orden de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.
En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor José Delgado Sanguino.
Respecto del tema antes referido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una Jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Sala se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(6).
Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos (2) años siguientes al hecho que da origen a la alegada responsabilidad del ente demandado, dado que la providencia mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó la providencia del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga que absolvió al señor José Delgado Sanguino se profirió el día 22 de noviembre de 2001 y la demanda se formuló el 22 de octubre de 2002(7).
Si bien la jurisprudencia reiterada y consolidada del Consejo de Estado, en relación con el término de caducidad de la acción de reparación directa que se presenta por la privación injusta de la libertad, ha sostenido que debe contabilizarse a partir de la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se precluyó o se absolvió al procesado, lo cierto es que en este caso no hay constancia de la fecha aludida ni la de su notificación, motivo por el cual, para efectos del cómputo del término previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, se tomará en cuenta el momento en el cual se profirió la providencia mediante la cual se confirmó la sentencia que absolvió al sindicado, pues aun teniendo en cuenta esa fecha, la demanda se interpuso de manera oportuna.
3. Responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación respecto de las condenas que se profieran en contra de la Nación por sus actuaciones.
Según se desprende del contenido de la demanda, esta se dirigió strictu sensu contra una sola persona jurídica, a saber: la Nación, representada a través de la rama judicial.
Este criterio ha sido establecido por esta sección del Consejo de Estado(8), en aquellos eventos en los cuales una entidad que representa a la Nación llama en garantía a otra entidad que igualmente forma parte de la misma, según los siguientes términos:
“En este sentido, considera la Sala que no se cumplen los requisitos exigidos por la ley pues, como se dijo, el llamado en garantía debe ser un tercero y, en este caso, por el contrario, el llamamiento realizado por el demandado, es decir, por la Nación - Congreso de la República no se hace a un tercero sino que se pretende la vinculación de la misma persona jurídica, la Nación, pero representada por el Ministerio de Hacienda.
Con fundamento en lo anterior, y teniendo en cuenta que la parte demandada en la presente acción es la Nación, no es posible que el Congreso de la República, que para efectos del proceso es su representante, llame en garantía al Ministerio de Hacienda, dado que dicho organismo solo es un representante diferente de la misma persona jurídica y, en consecuencia, no puede ser considerado como un tercero que pueda ser llamado en garantía, motivo por el cual, la Sala confirmará el auto recurrido, salvo que por motivos diferentes a los expuestos por el tribunal de instancia”(9).
Esa misma postura ha sido aplicada en casos alusivos a pruebas trasladadas, tal como se evidencia en el siguiente pronunciamiento de esta corporación:
“En el presente caso resulta claro que, aun cuando los oficios estuvieron dirigidos al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá y no a la entidad demandada —Fiscalía General de la Nación—, el requerimiento fue consecuente en su destinatario, si se tiene en cuenta que no hubo duda de que el proceso penal no cesó en la etapa de investigación, sino que superó la instrucción para ser decidido en juicio por el operador jurídico oficiado. Más allá del anterior argumento, lo cierto es que —en suma—, tanto la Fiscalía como la rama judicial representan una misma y única persona: la Nación, por lo cual no halla razón la Sala para exceptuar la valoración de lo aportado”(10) (se destaca).
En línea con lo anterior, si bien la mencionada tesis ha sido aplicada para eventos en los cuales se pretende la vinculación de terceros al proceso y aquellos casos en los cuales hay lugar a la valoración de pruebas, tal circunstancia no excluye su aplicación al caso que aquí se analiza, puesto que lo que se persigue es indicar y reafirmar que el libelo demandatorio se dirigió respecto de una sola y única persona jurídica, la Nación.
Pues bien, teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación es una entidad que goza de autonomía administrativa y presupuestal, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución Política de 1991 y, además, que dentro del asunto sub lite se demostró que el daño antijurídico por el cual se demandó fue causado por actuaciones realizadas por la Fiscalía, esta Sala estima que la condena que se proferirá en el presente proceso en contra de la Nación por las actuaciones de la mencionada entidad pública deberá ser cumplida o pagada con el presupuesto de esta(11).
4. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia.
En punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.
En este sentido, de manera general, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado que ha sido privado de la libertad finalmente es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica.
De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada(12) por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(13).
5. El material probatorio que obra en el proceso.
Durante el curso del proceso se decretaron como pruebas y se recaudaron, de manera debida y oportuna, los siguientes elementos de acreditación:
— Copia del registro civil de nacimiento del señor José Delgado Sanguino(14).
— Copia del registro civil de nacimiento de la señora Ana Belén Rangel Ballesteros(15).
— Partida de bautismo de la señora María Martina Sanguino Rey(16).
— Registro civil de nacimiento de la señora Sonia Fontecha Vargas(17).
— Registro civil de nacimiento de la señora Lina María de Las Estrellas Delgado Rangel(18).
— Registro civil de nacimiento del señor José Alberto Delgado Fontecha(19).
— Formulario por medio del cual la señora Sonia Fontecha Vargas afilió al señor José Delgado Sanguino al Sistema de Seguridad Social en Salud como beneficiario en la EPS, Seguro Social(20).
— Memorial de fecha 29 de julio de 1998, suscrito por los señores Sonia Fontecha Vargas y José Delgado Sanguino y dirigido al Seguro Social, en el cual la primera de los mencionados manifestó que el segundo convive con ella hace siete años, en cuya unión se procreó a José Alberto Delgado Fontecha(21).
— Copia del carnet de afiliación al Seguro Social en el cual aparece la señora Sonia Fontecha Vargas como cotizante y José Delgado Sanguino como beneficiario, con fecha de afiliación de 29 de julio de 1998(22).
— Copia de la escritura pública 3160 de la Notaría Séptima del Círculo de Bucaramanga de fecha 24 de junio de 1994, en la cual se dejó constancia sobre la disolución y liquidación de la sociedad conyugal existente entre los señores José Delgado Sanguino y Ana Belén Rangel Ballesteros(23).
— Copias de las cédulas de ciudadanía de los señores Martina Sanguino de Delgado, José Delgado Sanguino, Ana Belén Rangel Ballesteros y Sonia Fontecha Vargas(24).
— Constancia expedida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga, en la cual se hace constar que en ese despacho se absolvió al señor José Delgado Sanguino del delito de peculado en provecho propio, a través de sentencia proferida el 23 de octubre de 2000 y que esa decisión fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, a través de sentencia proferida el 22 de noviembre de 2001(25).
— Copia de la denuncia penal interpuesta ante el Fiscal General de la Nación el 28 de febrero de 1997 por el señor Luis Fernando Cote Peña, quien firma como Concejal de Bucaramanga de la época(26).
— Ante el Tribunal Administrativo de Santander, los señores Javier Enrique Ramírez Espinosa, Pablo César Mantilla García y Serafina Camacho Pérez rindieron sendas declaraciones en la cuales indicaron cómo estaba compuesta y cómo eran las relaciones familiares de los demandantes, al tiempo que señalaron la forma en la cual el proceso penal iniciado contra el señor José Delgado Sanguino y la correspondiente medida de aseguramiento que se le impuso, lo afectaron a él y a su familia(27). Lo manifestaron así:
El señor Javier Enrique Ramírez Espinosa(28):
“Yo supe todo porque siempre estaba en la casa permanentemente, supe cuando lo capturaron y lo que salió en las noticias, puesto que a eso le hicieron bastante publicidad. Él estuvo preso más o menos ocho meses y la señora no trabajaba, el que traía la plata era para la señora y su mamá quien es ciega, esa situación fue brava para la familia si porque los ahorros que él tenía se agotaron pues la señora con el niño no tenía quien les diera a ellas. A la esposa le tocaba duro incluso nosotros como yernos nos tocaba ayudarles para la comida porque no tenían ni para el mercado... Mucho daño se hizo a esa familia porque después de haber sido una persona de bien, no se daban lujos pero vivían bien, no le hacía falta nada, tenían que pedir colaboración a gente particular que no tenían nada que ver con ellos y aparte de eso el hombre tener que gastar lo que tenía en las cuotas de la casa puesto que se atrasó y salir y nadie que le de trabajo y además a una persona que supuestamente es pícara o ladrón o que haya sido de la cárcel le queda pesado conseguir trabajo... Esa vaina yo la vi en televisión y en las páginas de vanguardia y eso le dieron mucho bombo a nivel nacional, eso que lo saquen en televisión y digan que es un pícaro y ladrón le afecta mucho la imagen a uno y a la familia... La señora y el niño en una situación buena tener que pasar hambre y aguantarse a la gente diciéndole cosas y el niño estaba muy pequeño y la señora sin tener recursos para mantenerse y mantener al pelado eso la afectó muchísimo, y la mamá quien dependía de él también”.
El señor Pablo César Mantilla:
“Lo que sé es que lo detuvieron un primero de diciembre en las horas de la noche o en la madrugada y lo sacaron como cualquier bandido y ladrón por causas que desconozco, estuvo en la Cárcel Modelo por un tiempo como de un año... A la familia él era el que los mantenía y la familia aguantando hambre y esperando que la gente les colaborara puesto que ellos dependían de José y a él porque después de que sale una persona de la cárcel queda reseñado y nadie le va a dar empleo tanto por la edad como por los sucesos... Fue algo injusto lo que le hicieron al señor y que los que pagaron todo eso fue el hijo y la señora puesto que los colocaron en una situación económica muy mala e injusta”.
La señora Serafina Camacho Pérez:
“Claro lo afectó mucho a la familia especialmente a la mamá quien es cieguita, afecta de igual forma a su esposa e hijo puesto que él era quien veía de ellos. A él lo afectó mucho puesto que el al ver que afectaba a su familia lo afectó igual”.
— Oficio del 8 de noviembre de 2004, mediante el cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga remitió las copias que hacen parte del proceso penal que se inició contra el señor José Delgado Sanguino, Expediente que será valorado por la corporación por cuanto se solicitó como prueba por la parte demandante, al tiempo que se adelantó con audiencia de la entidad demandada(29).
En este orden de ideas, dentro de la aludida prueba trasladada reposan, entre otros medios de convicción, copia auténtica de las siguientes pruebas documentales:
— Providencia de 24 de mayo de 1994, a través de la cual la Unidad Nacional de Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Administración Pública profirió resolución de acusación en contra del señor José Delgado Sanguino como presunto autor del delito de peculado por apropiación en provecho propio(30).
— Providencia de 26 de noviembre de 1998, por medio de la cual la Unidad Nacional de Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Administración Pública impuso medida de aseguramiento de detención preventiva al sindicado José Delgado Sanguino como autor —en grado de determinador— del punible de peculado por apropiación a favor de terceros(31).
— Orden de captura en contra del señor José Delgado Sanguino, expedida el 30 de noviembre de 1998 por la Fiscalía General de la Nación(32).
— Reporte de capturas ordenadas por la Unidad Nacional de Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Administración Pública, en el cual consta que el 1º de diciembre de 1998 funcionarios del CTI de Bucaramanga hicieron efectiva la captura del señor José Delgado Sanguino(33).
— Providencia de fecha 17 de agosto de 1999, mediante la cual la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga sustituyó la medida de aseguramiento de detención preventiva por la de caución prendaria al sindicado José Delgado Sanguino(34).
— Boleta de libertad del señor José Delgado Sanguino, expedida por la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal de Distrito de Bucaramanga el 18 de agosto de 1999(35).
— Sentencia de fecha 23 de octubre de 2000, proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga, a través de la cual se absolvió al señor José Delgado Sanguino por los cargos imputados en razón del presunto delito de peculado en provecho propio. Lo consideró así:
“En relación con Rubén Quintero Núñez, en el informe GDF1226 del 12 de febrero del 2000, se da cuenta de que efectivamente dentro de los documentos que obran en la empresa estaba el soporte de las horas extras, dominicales y festivos, como lo es el memorando interno dirigido a la señora Gladis de la sección de nóminas, por el director del departamento de aseo doctor Juan Bautista Vega Espíndola, fechado el 1-3-96, donde se especifica que el tiempo suplementario o globalizado de Rubén Quintero es “festivos: 7, horas extras diurnas: 38, horas extras nocturnas: 27, horas extras festivas nocturnas: 30, horas extras festivas diurnas: 10, auxilios de alimentación: 31”. Aspecto este que es igualmente corroborado por el mismo Juan Bautista Vega, quien refiere que allí se laboraba por tarea que correspondía a un recorrido de seis horas diarias, pero había días que una sola persona hacía tres recorridos, ya que la orden era que el trabajo de aseo no se podía paralizar, y debido a la crisis de automotores, donde de 37 recolectores, solo habían trabajado siete. Refiriendo que esas horas extras así como su conversión, se venían autorizando desde anteriores administraciones como en la de Cristian Mora, Rafael Ardila, Carlos Ibáñez y Alfonso Pinto. Son hechos que conllevan a inferir como así se dijo respecto de Ludwing Mantilla, que prevaleciendo la realidad sobre la formalidad, lo cierto es que al no desconocerse por el perito contable que se hayan realizado, este aspecto no permite predicar responsabilidad penal del procesado por el pago de las quince horas en exceso, puesto que realmente se laboraron, y efectivamente en unas dependencias como la de aseo, la labor no podía paralizarse puesto que se trata de un servicio público que debía prestarse prontamente, como al respecto lo refirió el mismo director de dicho departamento.
Con fundamento en los anteriores razonamientos, se procederá a absolver Rubén Quintero de los cargos que se le hacen como autor de peculado por apropiación en provecho propio.
Ahora bien, a José Saúl Sandoval y José Delgado Sanguino, respecto a horas extras, dominicales y festivos, sucedió similar circunstancia a la predicada respecto a Rubén Quintero, donde aparece el soporte de las horas extras firmada por su jefe el Dr. Juan Bautista Vega Espíndola, y correspondiendo similar consideración sobre su pago de las horas que superaban el tope máximo permitido, deberá por este cargo absolverse a José Delgado Sanguino y respecto de José Saúl Sandoval disminuirse el monto de su apropiación” (se resalta)(36).
— Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2001, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga, por medio de la cual confirmó la sentencia mencionada previamente, en lo que tiene que ver con la absolución del señor Delgado Sanguino, puesto que ese punto no fue materia de apelación(37).
De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, en especial con el reporte de capturas de la Fiscalía General de la Nación y la boleta de libertad expedida por la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal de Distrito de Bucaramanga, la corporación encuentra que el demandante José Delgado Sanguino fue privado de su Derecho Fundamental a la Libertad desde el 1º de diciembre de 1998 hasta el 18 de agosto de 1999, sindicado como autor del delito de peculado por apropiación en provecho propio; sin embargo, en el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió.
Al respecto, en sentencia proferida el 29 de marzo de 2012 por la Sección Tercera de esta corporación, se dijo:
“No olvida la Sala que en casos como el presente, como ya se dijo, surge la responsabilidad objetiva de la entidad demandada, toda vez que se configuró una de las tres circunstancias consagradas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, consistente en que el hecho no existió, pues así de manera expresa lo manifestó el fiscal en la providencia en la que resolvió precluir la investigación, por considerar que no hubo fraude al fisco con ocasión del contrato de obra pública ejecutado por el señor Villamil Valderrama”(38) (se resalta).
Y en igual sentido, en providencia de 31 de mayo de 2013, se manifestó:
“De conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Constitución y 414 del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de ocurrencia de los hechos de que trata este proceso, el Estado deberá responder por la medida de aseguramiento de detención preventiva a la que estuvo sometido el señor Jhon Jaime Villa Díaz, porque el hecho no existió, comoquiera que en la investigación que se adelantó en su contra, la justicia penal militar así lo resolvió, en la medida en que no se acreditó la existencia del estupefaciente...”(39).
Así pues, cuando se ha probado que los supuestos fácticos por los cuales se inició el proceso penal no tuvieron lugar, como en el presente caso en el que se comprobó que el sindicado sí había laborado las horas extras, se debe entender que el hecho no existió.
Se agrega, además, que resulta indiferente que el obrar de la administración de justicia hubiere sido ajustado o contrario a derecho, pues si las víctimas no se encuentran en el deber jurídico de soportar el daño que les fue irrogado, será intrascendente —en todo sentido— que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la administración de justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo, ello en la medida en que mientras la causación de ese daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad, solo habrá afectado de manera perjudicial a quien se privó de la libertad, sin que se hubiere podido establecer o determinar su responsabilidad penal y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esas víctimas tendrán derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el aludido artículo 90 constitucional(40).
Por consiguiente, se impone concluir que el señor José Delgado Sanguino no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le ocasionó, el cual debe ser calificado como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación para la administración pública de resarcir a dicha persona por ese hecho, tal como se dejó indicado en precedencia, sin que se halle probado que la víctima directa del daño se hubiere expuesto, dolosa o culposamente, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente debió ser revocada, al tiempo que tampoco se acreditó que el hecho dañoso hubiere ocurrido como consecuencia del hecho de un tercero, puesto que la entidad demandada no demostró los presupuestos necesarios para su configuración, esto es la imprevisibilidad, irresistibilidad y que la conducta hubiere resultado totalmente ajena a la Fiscalía General de la Nación(41).
Según lo ha reiterado la Jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia, hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad(42); en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(43), al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o estable o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(44).
Asimismo, en relación con la acreditación del perjuicio en referencia, se ha dicho que con la prueba del parentesco o del registro civil de matrimonio se infiere la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes cercanos(45), según corresponda.
Ahora bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa —rad. 25.022— y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad Víctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidad Parientes en el 2º de consanguinidad Parientes en el 3º de consanguinidad Parientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el segundo Terceros damnificados
Superior a 6 e inferior a 9 70 53 24,5 17,5 10,5
Así pues, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de establecer los parámetros para cuantificar la indemnización por perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad de un ciudadano, teniendo en cuenta para el efecto el período de privación de tal derecho fundamental y el nivel de afectación, esto es de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas, según el gráfico antes descrito.
Por consiguiente, teniendo en cuenta el tiempo durante el cual el señor José Delgado Sanguino permaneció privado de su libertad, esto es casi 9 meses y la afectación, angustia y congoja que el hecho dañoso le causó, se estima que hay lugar a reconocer, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 70 SMLMV.
En relación con los demás demandantes, se encuentra probado con los registros civiles de nacimiento que fueron aportados al proceso, que José Alberto Delgado Fontecha y Lina María de Las Estrellas Delgado Rangel son hijos del señor José Delgado Sanguino, razón por la cual hay lugar a reconocerles, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 70 SMLMV para cada uno de ellos.
En cuanto a la calidad de compañera permanente o estable de la señora Sonia Fontecha Vargas, tal como se mencionó en el acápite del material probatorio que obra en el proceso, se tiene acreditado que ella afilió como beneficiario del Sistema de Seguridad Social en Salud al señor José Delgado Sanguino como su compañero permanente. Al respecto, la Corte Constitucional se manifestó en el sentido de que se debe presumir la buena fe de quienes manifiestan su condición de compañeros permanente con el fin de afiliarse al POS en la calidad de beneficiarios(46).
Por su parte, sobre el mismo tema, la Sección Primera de esta corporación, en sentencia proferida el 2 de diciembre de 2012, se pronunció de la manera siguiente:
“A juicio de la Sala, la demostración de la relación de cónyuge o de compañero permanente entre dos personas no puede restringirse a una única prueba, o, como bien se expuso a un mecanismo ad substantiam actus, que para el caso del Decreto 1260 de 1970, vendría a ser el registro civil, máxime cuando obran en el plenario otros elementos de juicio, que conforme al artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por integración de materia a este asunto, pueden probar como cierta la circunstancia que pretende demostrarse. En tal sentido y habida cuenta de que al proceso se allegó copia del formulario de inscripción de aval 2008-2011 (fl. 1) y certificación de la relación de beneficiarios al sistema de seguridad social expedida por Coomeva (fl. 50), la Sala considera que existen los elementos de juicio necesarios para que se entienda probada la relación de cónyuge o compañero permanente del demandado con la señora Mardelia Yolima Padilla Santamaría”(47) (se resalta).
Adicionalmente, en los tres testimonios rendidos ante el Tribunal Administrativo de Santander, se observa plena coincidencia en que el señor Delgado Sanguino convivía con “su señora”, su madre y su hijo. Cabe aclarar que si bien en ninguno de los testimonios se haya mencionado el nombre de la señora Fontecha Vargas, lo cierto es que no obra prueba que desvirtúe esa convivencia y, aunque el señor José Delgado estuvo casado con otra señora que responde al nombre de Ana Belén Rangel Ballesteros, dicha sociedad conyugal se disolvió el 24 de junio de 1994, tal como consta en la escritura pública anexada con la demanda.
Por lo anterior, la Sala encuentra acreditado que la señora Sonia Fontecha Vargas es la compañera permanente o estable del señor José Delgado Sanguino y, en consecuencia, se le reconocerá la suma equivalente a 70 SMLMV, por concepto de perjuicios morales.
Finalmente, respecto de la demandante Martina Sanguino de Delgado, la Sala encuentra probado que es la madre de la víctima directa del daño, en razón al registro civil de nacimiento del señor Delgado Sanguino obrante en el proceso. Cabe aclarar que si bien tanto en el texto de la demanda como en la cédula de ciudadanía, la señora aparece con el nombre de Martina Sanguino de Delgado, mientras que en el mencionado registro civil y en la partida de bautismo aparece con el nombre de Martina Sanguino Rey, lo cierto es que es indudable para la Sala que se trata de la misma persona, en virtud de que el apellido “de Delgado” corresponde al de su esposo y padre de su hijo, tal como se nota en la partida de bautismo donde aparece registrado el matrimonio con el señor Bernardino Delgado. Por lo anterior, también se le reconocerá la suma equivalente a 70 SMLMV, por concepto de perjuicios morales.
Acerca del reconocimiento del lucro cesante, tratándose de la privación injusta de la libertad, la Sala ha dicho:
“En relación con estos pedimentos, advierte la Sala que la demanda no conceptúa adecuadamente las nociones de daño emergente y lucro cesante. Estas se hallan consagradas en el artículo 1614 del Código Civil, a cuyo tenor:
“Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplídola (sic) imperfectamente, o retardado su cumplimiento” (resaltado fuera del texto original).
El daño emergente supone, por tanto, una pérdida sufrida, con la consiguiente necesidad —para el afectado— de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha perdido. El daño emergente conlleva que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima. Cosa distinta es que el daño emergente pueda ser tanto presente como futuro, dependiendo del momento en que se haga su valoración. De este modo, el reconocimiento y pago —que la parte actora solicita— de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento en que se produce la suspensión del demandante en el ejercicio de sus funciones, no puede catalogarse como una modalidad del daño emergente, sino de lucro cesante. Este último corresponde, entonces, a la ganancia frustrada, a todo bien económico que, si los acontecimientos hubieran seguido su curso normal, habría ingresado ya o lo haría en el futuro, al patrimonio de la víctima. Esto último es lo que ocurre con el no pago de los salarios y prestaciones mientras se prolongó la detención preventiva. De manera que, por tratarse este extremo de un asunto que toca con el rubro del lucro cesante, será abordado inmediatamente después de cuantificar el daño emergente”(48).
Respecto de los criterios que deben tenerse en cuenta para reconocer la indemnización de este perjuicio, la jurisprudencia ha exigido que este debe ser cierto:
“El lucro cesante, de la manera como fue calculado por los peritos, no cumple con el requisito uniformemente exigido por la jurisprudencia de esta corporación, en el sentido de que el perjuicio debe ser cierto, comoquiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad pública(49). Esa demostración del carácter cierto del perjuicio brilla por su ausencia en el experticio de marras”(50).
En este sentido, cuando se trata, por ejemplo, de los asuntos que se refieren a la privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido de manera reiterada(51) —y mediante esta providencia se unifica el criterio— que para la procedencia del reconocimiento de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se requiere que se acredite que la víctima de la referida privación, al momento de la ocurrencia de ese hecho dañoso, es decir cuando fue detenida, se encontraba en edad productiva.
En relación con este perjuicio, de un lado se tiene que el señor José Delgado Sanguino tenía 39 años de edad al momento de su detención y, en todo caso, de conformidad con los testimonios rendidos por los señores Javier Enrique Ramírez Espinosa, Pablo César Mantilla García y Serafina Camacho Pérez, está acreditado que para el momento de los hechos el señor desempeñaba una actividad productiva económica, aun cuando no expusieron con exactitud el tipo de labor que realizaba.
No obstante, en las mencionadas piezas procesales no existe indicación alguna acerca de la suma que el señor Delgado Sanguino podía obtener con ocasión de la labor económica realizada —aunque se hubiera manifestado en la demanda que se dedicaba a actividades de construcción y de comercio informal devengando $ 600.000 mensuales aproximadamente—, razón por la cual, de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación(52), hay lugar a aplicar la presunción según la cual toda persona que se encuentre en edad productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal vigente, monto que será tenido en cuenta por la subsección para liquidar el lucro cesante. A esa suma se le debe adicionar el 25% por concepto de prestaciones sociales.
De igual forma, en la liquidación debe agregarse el factor prestacional correspondiente para determinar el ingreso base y sumar al lapso durante el cual el señor Delgado Sanguino estuvo privado de la libertad, el tiempo que se presume una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel(53).
En este orden de ideas, procederá la subsección a realizar la liquidación de dicho perjuicio. Entonces:
Para determinar lo que le corresponde al demandante por concepto de lucro cesante, se actualizará el valor del salario mínimo legal mensual vigente para el año 1998.
Ra = $ 456.675.oo
Dado que el salario mínimo legal mensual que rige para el año 2014 ($ 616.000) resulta superior a la anterior cifra, se tomará la última cantidad para efectos de la liquidación del lucro cesante.
Ingresos de la víctima (SMLMV 2014): $ 616.000,oo
Período a indemnizar: 17,31 meses(54)
A esta suma se le debe agregar el 25% por las prestaciones sociales que se presume son devengadas por cada trabajador.
Así: 616.000 x 0.25 = 154.000 + 616.000 = 770.000.
De conformidad con lo anterior, se tomará la suma de $ 770.000 como ingreso base de liquidación.
S = $ 770.000 x 18.01
S = $ 13’867.700
Total perjuicios materiales por lucro cesante: trece millones ochocientos sesenta y siete mil setecientos pesos ($ 13’867.700).
Ahora bien, en relación con los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante que se solicitó en favor de la señora Sonia Fontecha Vargas, la Sala no accederá a su reconocimiento toda vez que fueron solicitados argumentando que ella recibía de su compañero José Delgado Sanguino una suma de dinero puesto que ella no trabajaba. Entonces como ya se le reconocerá al señor Delgado Sanguino lo que dejó de percibir durante el tiempo que fue privado injustamente de su libertad, no habría lugar a que adicionalmente se le reconociera a ella, si ya se satisfizo ese perjuicio en cabeza de su compañero.
7.2.2. Daño emergente.
La parte demandante no solicitó en la demanda la indemnización de perjuicios por concepto de daño emergente, ni acreditó en el proceso que hubiere incurrido en algún gasto con ocasión de la privación injusta de la libertad o de la interposición de la demanda que ahora se resuelve, motivo por el cual no hay lugar a acceder a su reconocimiento.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. Unificar la jurisprudencia en relación con los parámetros que se deben tener en cuenta para la tasación de los perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad y el criterio para reconocer indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro cesante a la persona que fue privada injustamente de su libertad.
2. Revócase la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Santander, el día 21 de septiembre de 2007 y, en consecuencia, se dispone:
1. Declárase patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor José Delgado Sanguino.
2. Condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar a los señores José Delgado Sanguino, Sonia Fontecha Vargas, José Alberto Delgado Fontecha, Lina María de Las Estrellas Delgado Rangel y Martina Sanguino de Delgado un monto equivalente a setenta (70) SMLMV, para cada uno a título de perjuicios morales.
3. Condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar al señor José Delgado Sanguino, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la cantidad de trece millones ochocientos sesenta y siete mil setecientos pesos ($ 13’867.700).
Magistrados: Olga Mélida Valle de De La Hoz—Hernán Andrade Rincón—Stella Conto Díaz del Castillo—Enrique Gil Botero—Ramiro Pazos Guerrero—Danilo Rojas Betancourth—Jaime Orlando Santofimio Gamboa—Carlos Alberto Zambrano Barrera.
(1) Folios 147-155, cuaderno 1.
(2) Folios 157-158, cuaderno 1.
(3) Folios 185-191, cuaderno 1.
(4) De conformidad con el acta de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado 9 del 25 de abril de 2013.
(5) “ART. 16.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:
(6) En este sentido, para solo mencionar algunos, la Sala ha proferido los siguientes fallos, de reciente expedición, en relación con los cuales se ha consolidado la Jurisprudencia actual en cuanto a los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad:
— Subsección A: sentencia del 27 de abril de 2011, Expediente 21140; sentencia del 27 de enero de 2012, Expediente 22701, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia del 21 de marzo de 2012, Expediente 23507; sentencia del 23 de febrero de 2012, Expediente 18418; sentencia del 11 de julio de 2012, Expediente 24008.
(7) Folios 24-134, cuaderno 1.
(8) Auto de marzo 16 de 2005, Expediente 25.857. Sección Tercera - Consejo de Estado. C.P. Germán Rodríguez Villamizar.
(9) En este sentido, véase auto del 19 de febrero de 2004, Expediente 25806, Sección Tercera - Consejo de Estado. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(10) Consejo de Estado - Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 10 de julio de 2013, Expediente 28.861.
(11) Al respecto, ver sentencia proferida el 12 de marzo de 2014, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de estado, dentro del proceso 34967. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(12) Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 17 de octubre de 2013. Expediente 23.354.
(13) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463, reiteradas por esta Subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, Expediente 20.299, entre muchas otras.
(14) Folio 4, cuaderno 1.
(16) Folio 6, cuaderno 1.
(17) Folio 7, cuaderno 1.
(18) Folio 8, cuaderno 1.
(19) Folio 9, cuaderno 1.
(20) Folio 11, cuaderno 1.
(21) Folio 12, cuaderno 1.
(22) Folio 13, cuaderno 1.
(23) Folios 14-17, cuaderno 1.
(24) Folios 20-23, cuaderno 1.
(25) Folio 136, cuaderno 1.
(26) Folios 137-146, cuaderno 1.
(27) Folios 176-182, cuaderno 1.
(28) Se transcribe tal cual aparece en la declaración.
(29) Folio 175, cuaderno 1.
(30) Cuaderno 5.
(31) Cuaderno 9.
(32) Cuaderno 9.
(33) Cuaderno 9.
(34) Cuaderno 10.
(35) Cuaderno 10.
(36) Cuaderno 7.
(37) Cuaderno 8.
(38) Proceso 07001-23-31-000-1999-00025-01 (16448), M.P. Danilo Rojas Betancourth.
(39) Proceso 25000-23-26-000-1999-00795-01 (26573), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
(40) Los anteriores planteamientos han sido expuestos por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a casos similares al presente, tal como quedó consignado en las sentencias proferidas el 12 y 26 de mayo de 2011, expedientes 20.665 y 18.895, respectivamente, reiteradas, en forma reciente, en proveído de 21 de marzo de 2012, Expediente 40.455.
(41) Ver entre otras, Sentencia del 25 de enero de 2009, Expediente 16.927.
(42) Entre otras, Sentencia de 14 de marzo de 2002, Expediente 12.076. M.P. Germán Rodríguez Villamizar.
(43) Sentencia de 20 de febrero de 2008, Expediente 15.980. M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(44) Sentencia del 11 de julio de 2012, Expediente 23.688. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en sentencia del 30 de enero de 2013, Expediente 23.998 y del 13 de febrero de 2013, Expediente 24.296.
(45) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1º de marzo de 2006. Expediente 15440. M.P. María Elena Giraldo Gómez.
(46) Sentencia C-521 de 2007.
(47) Proceso 20001-23-31-000-2010-00165-01 (PI), M.P. María Claudia Rojas L.
(48) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 13.168.
(49) En ese sentido pueden verse, entre otros, los pronunciamientos de esta Sección, de 2 de junio de 1994, C.P. Julio César Uribe Acosta, actor: Julio César Delgado Ramírez, Expediente 8998, o el de 27 de octubre de 1994, C.P. Julio César Uribe Acosta, actor Oswaldo Pomar, Expediente 9763.
(50) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 13.168.
(51) Sentencia proferida el 8 de agosto de 2012 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado (24447), sentencia del 23 de mayo de 2012 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado (22590), entre otras.
(52) Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 24 de julio de 2013, proceso 31301.
(53) Al respecto ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 8 de junio de 2011. Expediente 19.502.
(54) Lapso comprendido entre la fecha en la cual el señor Delgado Sanguino fue privado de la libertad (dic. 1º/98) hasta el momento en que la recobró (ago. 18/99), contando con los 8.75 meses que una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel.