Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7889
Timestamp: 2020-07-10 16:37:31
Document Index: 393426051

Matched Legal Cases: ['artículo 1624', 'in dubio', 'Artículo 26', 'artículo 26', 'Artículo 26', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1624', 'Artículo 26', 'artículo 1624']

Laudo: TA-CCB-20110126
Falta de claridad del pliego de condiciones frente a las obligaciones de los contratistas
TA-CCB-20110126
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA VS. CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.
Una entidad pública y una sociedad celebraron contrato de concesión para la construcción y rehabilitación de una vía. En el pliego de condiciones se contemplaba a cargo del concesionario, en la etapa de diseño y programación, la obligación de identificar los sitios inestables; de realizar estudios geotécnicos en relación con terraplenes, taludes y laderas, de estructuras, de hidrología, hidráulica y socavación, y de estructuras especiales; y con base en dichos estudios, diseñar procedimientos y proponer soluciones de estabilización, a nivel de diseño. En la oferta presentada por la sociedad concesionaria, ésta únicamente se obligó a ejecutar determinadas y que en relación al mantenimiento, rehabilitación, manejo y estabilidad de los sitios inestables en la vía se haría bajo el concepto de obras complementarias y por medio de contratos adicionales. La sociedad concesionaria efectuó la formulación de las propuestas de solución para los sitios inestables en la vía e, igualmente, realizó los respectivos diseños. No obstante, la entidad le señaló a la sociedad concesionaria que estaba en la obligación no sólo de efectuar los diseños para los sitios inestables de la vía, sino que, conforme al pliego de condiciones, debía ejecutar la construcción de las estructuras necesarias para el tratamiento de unos sitios inestables
¿Puede una entidad pública obligar a un concesionario a ejecutar unas obras correspondientes a la construcción de las estructuras necesarias para el tratamiento de unos sitios inestables, cuando en el pliego de condiciones se contempló que estaba a cargo del concesionario hacer los estudios pertinentes para la identificación de sitios inestables y proponer soluciones de estabilización, a nivel de diseño?
El pliego de condiciones no sólo determina el alcance y contenido que tendrá el contrato, sino que se convierte en parte integrante del mismo. «(...) el pliego de condiciones forma parte integral del contrato estatal (...). Dicho de otro modo, los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato porque son la fuente principal de los derechos y obligaciones de las partes y son la base para la interpretación e integración del contrato, en la medida que contienen la voluntad de la administración a la que se someten por adhesión los proponentes y el contratista que resulte favorecido”[1]. (...)»
En caso de contradicción entre lo dispuesto en el pliego de condiciones y lo establecido en el contrato, debe prevalecer el primero. «(...) las reglas de los pliegos de condiciones deben prevalecer sobre los demás documentos del contrato y en particular sobre la minuta, la cual debe limitarse a formalizar el acuerdo de voluntades y a plasmar en forma fidedigna la regulación del objeto contractual y los derechos y obligaciones a cargo de las partes.[3] (...)»
Pautas para interpretar los contratos. «(...) para cumplir dicha labor interpretativa, el juez debe acudir, en primer término, a las reglas convencionales de interpretación y, en ausencia de estas, a los criterios o directrices que le brinda el ordenamiento para efectos de orientar su tarea que consiste en desentrañar el verdadero sentido y alcance de las estipulaciones de los contratantes, es decir, descubrir “la genuina voluntad que las animó a celebrar el contrato e identificar los fines perseguidos al ajustarlo, con el objetivo de imprimir eficacia a la voluntad negocial.”[4] (...)» Casos en los cuales el principio de conservación no tiene aplicación. «(...)Es necesario hacer la precisión que si la cláusula objeto de discusión es nula, no es posible hacerla válida so pretexto de la aplicación de la presente regla, pues en este caso, la facultad de interpretación del juez estaría desbordando sus funciones. Tampoco tiene aplicación esta regla en aquellos casos en que el intérprete deba escoger entre un significado mínimo y uno máximo que puedan provenir de la misma cláusula, pues en este caso el juez deberá acudir a los demás principios y herramientas interpretativas que le brinda el ordenamiento. Es decir, que hay que diferenciar aquellas cláusulas que son susceptibles de dos interpretaciones, una por la cual no produce efecto alguno y otra por la cual lo produce, con aquellas cláusulas que igualmente son susceptibles de dos interpretaciones, pero una de las cuales produce un efecto mínimo y la otra uno máximo, por agravar, a manera de ejemplo, la prestación de una de las partes, caso en el cual el principio de conservación no tiene aplicación. Se debe tener presente que no es sólo dotar a la cláusula de algún tipo de efecto, sino que éste debe concordar con la voluntad de las partes, para lo cual deberá hacerse uso de las demás reglas interpretativas. Esto por cuanto el juez, en aras del principio de conservación de los contratos, no puede llegar a dotar a éste de efectos no queridos o buscados por los partícipes. (...)»
Alcance de la noción “por cuenta y riesgo del concesionario”. «(...) Quiere decir lo anterior, en primer lugar, que el contratista colaborador del Estado asume el riesgo que representan tanto los costos en que habrá de incurrir para la ejecución de las obras que se compromete a realizar, como los ingresos que el servicio público al cual éstas están destinadas generen y que constituyen su remuneración, de manera que si las previsiones del concesionario no se concretan en la práctica, ya sea porque los costos de la construcción de las obras que son objeto del contrato, en circunstancias normales, superan sus estimaciones, o porque los ingresos derivados de la concesión, en las mismas circunstancias, resultan inferiores a los estimados, y de ello se deriva que los resultados económicos de la concesión no son los que esperaba el concesionario, dicha consecuencia ha de ser asumida exclusivamente por él. En segundo lugar, la doctrina y la jurisprudencia se han encargado de establecer con claridad, que los riesgos que se pueden trasladar al contratista son solamente aquellos que se encuentren clara y precisamente establecidos a su cargo en el pliego de condiciones, de manera que pueda éste evaluarlos e incorporarlos a sus costos para la elaboración de su oferta, pues solamente así se podrá preservar y restablecer –de ser el caso- el equilibrio financiero del contrato. Tales riesgos, por lo demás, no pueden ser, por expresa prohibición legal, de extensión ilimitada, ni constituir riesgos anormales o extraordinarios, pues como se señaló, solamente cabe trasladar aquellos que constituyen el álea empresarial normal, ya que de otro modo se atentaría contra el principio del equilibrio económico del contrato, representado en este caso en la aplicación de la teoría de la imprevisión, de conformidad con la cual el contratista no está obligado a asumir las consecuencias del acaecimiento de eventos que no le sean imputables a él, en la medida en que dichas consecuencias hayan sido imprevisibles al momento de la celebración del contrato. (...)»
[1] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 13 de diciembre de 2007, Expediente No. 33795. Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra. [2] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 13 de diciembre de 2007, Expediente No. 33795. Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra. [3] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 4 de diciembre de 2006, Expediente No. 32871. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. [4] Casación Civil de 18 de febrero de 2003. Expediente 6806. M.P.: Dr. José Fernando Ramírez Gómez.
«(...) A partir de la anterior definición, el Tribunal encuentra que la obligación a cargo del Concesionario, en cuanto a la atención de los sitios críticos, consistía en la ejecución, como parte de las actividades propias de la Etapa de Construcción, de las obras de estabilización o mitigación de las inestabilidades existentes o potenciales, comprendidas dentro del alcance de la Oferta (en la Propuesta de Construcción), de conformidad con el Pliego y con el Contrato.
Igualmente se estableció que la Oferta del Concesionario no comprendió la construcción de obras o estructuras especiales para la atención de sitios inestables, ni en consecuencia las cantidades de obra propuestas incluyeron los ítemes que usualmente se emplean para la ejecución de las mismas, respecto de las cuales advirtió que, de haber necesidad de construirlas, tendrían el carácter de obras complementarias.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Tribunal llega a la conclusión de que el alcance de las obligaciones asumidas por el Concesionario respecto de sitios inestables, consistió en la ejecución, durante la Etapa de Construcción, de las obras contempladas al efecto en la Oferta, con un alcance limitado al contenido de las obligaciones expresamente contempladas en el Pliego y en el Contrato en cuanto a la rehabilitación de las vías y las estructuras accesorias a ésta.
Estas limitaciones comportan que la obligación del Concesionario en cuanto a la rehabilitación de la infraestructura vial concesionada, en aquellos trayectos en los cuales era de su cargo la atención de los sitios críticos, consistía en la construcción de obras “convencionales” de estabilización de taludes y laderas ­ tales como muros y gaviones- y de las estructuras de drenaje y sub-drenaje necesarias para controlar los problemas normales de manejo de aguas de escorrentía e infiltraciones -como cunetas y filtros-. Contrario sensu, el alcance de las obligaciones del Concesionario no incluía la construcción de obras o estructuras especiales de contención para estabilización de taludes y laderas (como anclajes, tierra armada, pilotes o caissons), ni las requeridas para el manejo de aguas profundas (drenes profundos, drenes horizontales, etc.), las cuales, de ser necesarias ya fuera durante la Etapa de Construcción o posteriormente durante el término de la concesión, han de ser a cargo del Departamento, con las salvedades que más adelante se expresan.
Por su parte, las obligaciones establecidas en el Pliego a cargo del Concesionario en la Etapa de Operación, se refieren a las actividades de mantenimiento rutinario y periódico de las obras viales y de infraestructura para conservar el Índice de Estado del Pavimento exigido, las cuales no incluyen la construcción de obras o estructuras especiales de drenaje o de contención para la estabilización de sitios inestables.
En el anterior orden de ideas, el Tribunal arriba a la conclusión de que si el Departamento pretendía reflejar en el Pliego que estaría a cargo del Concesionario la construcción de todas las obras y estructuras necesarias para el tratamiento de los sitios inestables (convencionales o especiales) dicha obligación ha debido quedar expresada con claridad en el Pliego, como sí se expresó en cuanto al alcance de las obligaciones de diseño, que mencionan expresamente que el Concesionario debía identificar los sitios críticos, adelantar los estudios necesarios y presentar soluciones a nivel de diseño para su estabilización, todo ello con el claro propósito de que el Departamento pudiera evaluar la mejor alternativa técnica y económica para su solución o mitigación.
En efecto, si tal hubiera sido la intención del Departamento, ello no quedó plasmado en el Pliego, y si se considerara que sí fue contemplado, habría de concluirse que no se estableció con la claridad requerida y exigible a quien prepara los términos de una licitación (de una parte se dispone que le corresponde al concesionario la atención de los sitios críticos en dos trayectos de la carretera, pero de otra no se incluyen en la información de referencia los ítemes necesarios para la construcción de las obras y estructuras especiales para su tratamiento), lo que lleva de suyo que ante la disyuntiva interpretativa derivada de la falta de claridad, que solamente el Departamento habría podido evitar, el Tribunal ha de optar por la aplicación de las reglas del artículo 1624 del Código Civil (in dubio pro debitore y contra proferentem), complementadas en materia de contratación estatal por el Artículo 26, numeral 3 de la Ley 80 de 1993, que determina la responsabilidad de la administración por la elaboración del Pliego en forma incompleta o confusa, de manera tal que ha de aceptarse que la obligación del Concesionario en materia de sitios inestables consistía en llevar a cabo los tratamientos convencionales para su atención, quedando las obras y estructuras especiales por fuera del ámbito obligacional del Contrato.(...)»
Una entidad pública no puede obligar a un concesionario a ejecutar unas obras correspondientes a la construcción de las estructuras necesarias para el tratamiento de unos sitios inestables, cuando en el pliego de condiciones se contempló que estaba a cargo del concesionario hacer los estudios pertinentes para la identificación de sitios inestables y proponer soluciones de estabilización, a nivel de diseño, porque:
En la oferta presentada por la sociedad concesionaria no comprendía la construcción de obras o estructuras especiales para la atención de sitios inestables, por lo que advirtió que, de haber necesidad de construirlas, tendrían el carácter de obras complementarias. En consecuencia, el alcance de las obligaciones asumidas por la concesionaria respecto de sitios inestables tenía un alcance limitado respecto al contenido de las obligaciones expresamente contempladas en el pliego y en el contrato.
Las obligaciones de la sociedad concesionaria en cuanto a la rehabilitación de la infraestructura vial concesionada, no incluía la construcción de obras o estructuras especiales de contención para estabilización sitios inestables, las cuales, de ser necesarias ya fuera durante la Etapa de Construcción o posteriormente durante el término de la concesión, debían de ser a cargo de la entidad pública
Las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones a cargo del concesionario en la etapa de operación, se refieren a las actividades de mantenimiento rutinario y periódico de las obras viales y de infraestructura para conservar el Índice de Estado del Pavimento exigido, las cuales no incluyen la construcción de obras o estructuras especiales de drenaje o de contención para la estabilización de sitios inestables.
Si la entidad pública pretendía reflejar en el pliego de condiciones que estaría a cargo del concesionario la construcción de todas las obras y estructuras necesarias para el tratamiento de los sitios inestables dicha obligación debió quedar expresada con la claridad requerida y en el pliego, como sí se expresó en cuanto al alcance de las obligaciones de diseño y estudio para identificar los sitios críticos
Ante la falta de claridad del pliego de condiciones se debe aplicar el artículo 26 numeral 3 de la Ley 80 de 1993, que determina la responsabilidad de la administración por la elaboración del Pliego en forma incompleta o confusa.
PRIMERA PRETENSIÓN: el Tribunal declara que prospera parcialmente esta pretensión, en lo atinente a la obligación del concesionario de entregar a la operación de la carretera una ambulancia y de construir dos (2) áreas o zonas de descanso en el tramo Chuguacal – Cambao, a que se refieren parcialmente los literales b) y c) de la pretensión primera, todo de conformidad con la parte considerativa de este Laudo. Deniéganse las demás solicitudes de declaración de mora formuladas en esta pretensión primera. - SEGUNDA PRETENSIÓN: el Tribunal declara que no prospera esta pretensión por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo. - TERCERA PRETENSIÓN: el Tribunal declara que prospera parcialmente esta pretensión de acuerdo con el alcance y dentro de los límites definidos por el Tribunal en la parte considerativa de este Laudo. - CUARTA PRETENSIÓN: el Tribunal accede a esta pretensión en los términos teóricos planteados en ella y, en consecuencia, declara que el Concesionario deberá asumir a su costa, los sitios críticos en los tramos del proyecto concesionado, en la medida que surjan o se intensifiquen como consecuencia de las infracciones de las obligaciones a su cargo, todo de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este Laudo. - PRETENSIONES DE CONDENA: - PRIMERA PRETENSION: Condénase a la CONCESIONARIA PANAMRICANA S.A. a entregar para la operación de la carretera: (i) una ambulancia adicional a la que está operando en la vía, dentro del plazo establecido en la parte considerativa de este Laudo y de acuerdo con las especificaciones previstas en los documentos contractuales. (ii) Igualmente condénase a la CONCESIONARIA PANAMAERICANA S.A. a construir dos (2) áreas o zonas de descanso en el tramo Chuguacal – Cambao dentro del plazo establecido en la parte considerativa de este Laudo y de acuerdo con las especificaciones previstas en los documentos contractuales. - SUBSIDIARIA A LA PRIMERA PRETENSIÓN: deniégase esta pretensión subsidiaria por haber prosperado la primera pretensión principal de condena. - SEGUNDA PRETENSIÓN: deniégase esta pretensión por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo. - TERCERA PRETENSIÓN: deniégase esta pretensión por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo. - CUARTA PRETENSIÓN: deniégase esta pretensión por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo. - QUINTA PRETENSIÓN: deniégase esta pretensión por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo. - SEXTA PRETENSIÓN: deniégase esta pretensión por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo. - SÉPTIMA PRETENSIÓN: deniégase esta pretensión por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo. - OCTAVA PRETENSIÓN: deniégase esta pretensión por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo. - NOVENA PRETENSIÓN: deniégase esta pretensión por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo. - DÉCIMA PRETENSIÓN: deniégase esta pretensión en la forma solicitada por la convocante; pero se condena a la Concesionaria Panamericana S.A., a darle cumplimiento a las obligaciones de condena impuestas por el Tribunal dentro de los plazos por él establecidos en la parte motiva del Laudo. - DECIMA PRIMERA: deniégase esta pretensión por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo.
CE SIII E 33795 DE 2007 CE SIII E 32871 DE 2006 CSJ-SCIVIL-6806-2003 CE SIII E 1077915 DE 2004 CE SIII E 11344 DE 1999
Artículo 26 numeral 3 de la Ley 80 de 1993.
Pliego de condiciones. «(...) delimita el contenido y alcances del contrato, al punto que este documento regula el contrato estatal en su integridad, estableciendo una preceptiva jurídica de obligatorio cumplimiento para la administración y el contratista particular no sólo en la etapa de formación de la voluntad sino también en la de cumplimiento del contrato y hasta su fase final. De ahí el acierto de que se tengan como 'la ley del contrato’.”[1]. (...)» Oferta. «(...) es una expresión de negocio jurídico unilateral, cuyo carácter recepticio, le imprime un carácter obligatorio, queriendo significar con lo anterior que, quien oferta, deviene obligado a mantener su promesa de negocio futuro. Así las cosas, es indispensable reparar en que, del contenido del negocio de oferta de contrato surge la promesa obligatoria, para el proponente, de que, en llegando a ser adjudicatario del negocio futuro o definitivo, deberá ajustar su conducta al contenido negocial de la oferta, que las más de las veces se concreta en el negocio definitivo. Así las cosas, cuando los oferentes dentro del proceso de licitación pública, v.gr. ofertan y prometen un determinado contenido negocial -disponibilidad de equipo- quedan obligados, caso de ser adjudicatarios, a cumplir, llegado el plazo o verificada la condición a la cual esté sujeta tal prestación, con lo prometido, como que en tal eventualidad dicha prestación adquiere carácter de exigibilidad.”[2] (...)» Prevalencia de la intención. «(...) En la tarea interpretativa, el primer criterio es el previsto en el artículo 1.618 del Código Civil, según el cual “Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. De esta norma se desprende el principio de la prevalencia de la voluntad real de los contratantes sobre su expresión, es decir, sobre las manifestaciones que éstos hagan[4]. Ahora bien, para que el juez lleve a cabo la búsqueda de esa voluntad real, es necesario que haya ambigüedad, oscuridad o contradicción en los términos empleados[6]. (...)» Términos generales de un contrato. «(...) El artículo 1.619 del Código Civil dispone: “Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado”. Según este artículo, el objeto o materia del contrato delimita el alcance de las estipulaciones que se han convenido, no pudiendo aplicar éstas a diferentes relaciones o negocios que sostengan las mismas partes, es decir, que las cláusulas por más de que tengan una aplicación amplia deben restringirse a la materia contratada. (...)» Interpretación lógica. «(...)El artículo 1.620 del Código Civil contiene otra regla de interpretación, que da lugar a la llamada “interpretación lógica”. (…) Este artículo es desarrollo del principio de conservación del acto o contrato, según el cual, en la interpretación del negocio, el intérprete debe propender por mantener los efectos tanto jurídicos como económicos de la convención. El fundamento de este principio radica en que la celebración de una convención tiende siempre a generar un resultado, el cual debe ser garantizado por el juez, aunque por un error de carácter técnico o jurídico no se haya podido lograr dicho fin y su aplicación presupone, por lo tanto, una incorrecta manifestación de la voluntad por parte de los partícipes en la convención, de manera que en este caso el ordenamiento jurídico cumple una función protectora de dicha manifestación, intentando mantener los efectos buscados por las partes. (...)» Interpretación por la naturaleza del contrato. «(...)Establece el artículo 1.621 del Código Civil que “En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen”. Según esta regla, cuando en la convención se presenten palabras, expresiones o cláusulas que involucren varios sentidos o significados, y por lo tanto no sea tarea fácil establecer con certeza a cual (sic) de ellos las partes se han referido, el juez deberá escoger aquel significado que más convenga de acuerdo con la naturaleza y el objeto del contrato. Por naturaleza del contrato debe entenderse el tipo genérico a que el contrato en particular pertenece, que puede estar previsto de manera expresa en el ordenamiento, o bien encontrarse por fuera de este. Al referirse la norma en comento a la naturaleza del contrato, según Diez Picaso está haciendo alusión a la función económica y social que cumple[7].”(...)» Interpretación sistemática. «(...)Por otro lado, el primer inciso del artículo 1.622 del Código Civil establece la regla de la “interpretación sistemática”, según la cual “las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”. Esta regla es impuesta por el sentido común, ya que las cláusulas de un contrato se encuentran subordinadas unas a otras y no pueden ser analizadas de manera aislada y autónoma, pues hacen parte de un conjunto dirigido hacia un propósito particular y específico que refleja la voluntad común de los contratantes. (...)» Interpretación autentica. «(...)Dispone el segundo inciso del artículo 1.622 del Código Civil: “Podrán también interpretarse (las cláusulas) por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia”. Este inciso autoriza al juez a investigar la común intención de las partes por fuera del texto del contrato, acudiendo así a otros, pero con dos límites que la misma regla establece: que dichos contratos hayan sido celebrados entre las mismas partes y que versen sobre las mismas materias. El hecho de que las partes hayan celebrado otro contrato sobre la misma materia, le brinda al intérprete más o menos claridad sobre la intención de las mismas en el contrato bajo análisis. El tercer inciso del artículo 1.622 dispone que el juez podrá interpretar las cláusulas de un contrato “por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte”. Este inciso establece la llamada “interpretación auténtica”, toda vez que refleja la genuina voluntad de las partes, basada en la propia intención y comportamiento de ellas en la ejecución del contrato. En otras palabras, el comportamiento de las partes exterioriza su entendimiento acerca de su acuerdo o contrato, es decir, que a través de su conducta dan a conocer su “auténtica” interpretación del correspondiente acto jurídico. (...)» Interpretación extensiva. «(...) El artículo 1.623 del Código Civil consagra la llamada “interpretación extensiva” en los siguientes términos: “Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda”. Quiere esta regla decir que si una cláusula menciona un caso particular para explicar los alcances de la misma, ésta no debe restringirse a ese único caso, sino que por el contrario, sus efectos, deben extenderse a todos aquellas situaciones que razonablemente se encuentren dentro del ámbito de su aplicación. El funcionamiento de esta regla dependerá única y exclusivamente de la forma como se presente el caso concreto y de las circunstancias que se hayan probado durante el proceso[8]. (...)» Interpretación en favor del deudor y contra proferente. «(...)Dispone el artículo 1624 del Código Civil “No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella”. Esta regla de interpretación, en particular en lo relativo al principio de la interpretación de la cláusula ambigua contra quien la extendió o dictó, conocido con la expresión contra proferentem, es objeto de regulación legal particular en materia de contratación estatal, en virtud del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, “3. Las entidades y los servidores públicos responderán (...) cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos”. Cabe precisar a este respecto que las previsiones del artículo 1624 del Código Civil, en estricto sentido no constituyen reglas de interpretación (las reglas de interpretación propiamente dichas están contenidas en los artículos 1.618 a 1.623), como quiera que aquellas no buscan descubrir la verdadera intención de los contratantes, sino finalmente resolver una disputa respecto del alcance, significado y efectos de una estipulación; y en tanto sólo tienen cabida cuando, después de recurrir a las verdaderas reglas de interpretación, las dudas e incertidumbres subsisten. (...)»
[1] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 29 de enero de 2004, Expediente No.1077915. [2] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 12 de abril de 1999, Expediente No. 11344. Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández. [3] Debe advertirse que este principio surge de la teoría subjetiva o individualista de interpretación acogida por el Código Civil francés. En contraposición, el Código Civil alemán se funda en la teoría [8]
Ficha: Falta de claridad del pliego de condiciones frente a las obligaciones de los contratistas ..
Falta de claridad del pliego de condiciones frente a las obligaciones de los contratistas ..
Laudo Arbitral Departamento de Cundinamarca Vs. Concesionaria Panamericana - 26 de Enero d