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Timestamp: 2018-09-26 15:38:16
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Matched Legal Cases: ['artículo 174', 'artículo 235', 'artículo 236', 'artículo 9', 'artículo 237', 'artículo 187', 'artículo 2341', 'artículo 2341', 'artículo 2344', 'artículo 2537', 'artículo 374', 'artículo 47']

﻿ Sentencia 2002-00188 de diciembre 14 de 2012
SENTENCIA 2002-00188 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:MUERTE POR PATOLOGÍA NO POR ESTRÉS. PARA IMPUTAR LA RESPONSABILIDAD POR CONSIDERAR QUE EL CANSANCIO LABORAL EXTREMO FUE LA CAUSA DEL DAÑO CUYA REPARACIÓN SE RECLAMA, SE DEBE ACREDITAR PLENAMENTE ESA CIRCUNSTANCIA POR MEDIO DE LA PRUEBA MÁS IDÓNEA, PERO NO DEJARLA RELEGADA AL TERRENO DE LA MERA ESPECULACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD CIVIL, ENFERMEDAD PROFESIONAL, PRUEBA IDÓNEA, ESTRÉS LABORAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:494 DE FEBRERO DE 2013, PG.173
Sentencia 2002-00188 de diciembre 14 de 2012
Ref.: Expediente 11001-31-03-028-2002-00188-01
Bogotá, D.C., catorce de diciembre de dos mil doce.
Discutido y aprobado en sesión de catorce de agosto de dos mil doce.
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 23 de abril de 2010 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario de la referencia.
En el libelo introductorio de la presente acción, Evangelina Suárez Porras, actuando en nombre propio y en el de su hijo interdicto XXXXX (1); Benigno Hernando Sepúlveda Cardona y Alexander Gregory Sepúlveda Suárez, a través de abogado, solicitaron de la jurisdicción que con citación y audiencia de Branch of Microsoft Colombia Inc. y Microsoft Corporation, a quienes convocó en calidad de demandadas, se las declare patrimonialmente responsables por los daños y perjuicios que les ha causado el estado de invalidez total y permanente que padece XXXXX.
Como consecuencia de la anterior declaración, pretenden se condene a las demandadas al pago de las sumas señaladas en el libelo por concepto de perjuicios morales; daño a la vida de relación; perjuicios materiales en el orden del daño emergente y lucro cesante; y perjuicio fisiológico.
1. En sustento de las pretensiones, se afirmó que el 10 de agosto de 1998 el señor XXXXX inició la prestación de sus servicios personales a la empresa demandada, mediante la modalidad de contrato de trabajo a término indefinido.
2. El 9 de enero de 2000, estando al servicio de la referida empresa, sufrió un accidente cerebral por exceso de trabajo, que lo dejó incapacitado para laborar en forma total y permanente con daño cerebral denominado médicamente hipoxia cerebral severa.
3. Fue tanto el exceso de trabajo y el estrés a que quedó sujeto el trabajador por parte de la demandada, que ello le produjo un daño irreparable en su salud, pues lo dejó en estado de coma, con incapacidad total permanente, y prácticamente como un vegetal.
4. Durante todo el tiempo que duró la relación laboral, al señor XXXXX no se le concedieron las vacaciones a las que tenía derecho como trabajador, tanto así que fue obligado a acumular la totalidad de los períodos causados desde su vinculación hasta la fecha de terminación de su contrato de trabajo.
5. De igual modo, fue sometido a presión por el cambio de milenio, exigiéndosele mayor productividad bajo la amenaza de ser despedido.
6. Las demandadas han sido negligentes frente a los requerimientos elevados por los demandantes, en especial, en lo atinente a facilitarle evaluaciones médicas en los Estados Unidos.
7. Al momento de sufrir el accidente cerebral, XXXXX estaba en perfectas condiciones de salud, tenía 23 años cumplidos, se desempeñaba en el cargo de especialista en tecnología, y devengaba un salario de $5.310.000 mensuales.
8. Cada uno de los padres recibía de su hijo la suma de $250.000 mensuales, y a consecuencia del accidente cerebral tuvieron que dedicarse exclusivamente a su cuidado.
9. El estado de invalidez de XXXXX ha causado en su núcleo familiar dolor, sufrimiento y un hondo traumatismo que debe ser compensado por las demandadas.
1. Una vez notificada del auto admisorio, la demandada Branch of Microsoft Colombia Inc., frente a los hechos esbozados en el libelo, sostuvo que el 9 de enero de 2000 XXXXX no sufrió un accidente cerebral por exceso de trabajo, sino un paro cardiorrespiratorio que duró aproximadamente 20 minutos, generado por una enfermedad congénita del corazón, consistente en una degeneración mixomatosa de la válvula mitral con prolapso de la válvula anterior y posterior con insuficiencia moderada, o simplemente prolapso de válvula mitral y arritmia ventricular maligna.
Agregó que el paro cardiorrespiratorio obligó a una prolongada reanimación cardiopulmonar en la Unidad de Cuidado Crítico de la Fundación Santa Fe, que conllevó a la pérdida de actividad cardíaca y respiratoria y le ocasionó una encefalopatía hipóxica isquémica que lo sumió en una fase de coma profundo por varias semanas, del cual despertó en estado de invalidez física y mental permanente.
El suceso ocurrió en día y hora no laborales en un establecimiento nocturno, mientras XXXXX se encontraba consumiendo alcohol luego de haber despedido a su novia en el aeropuerto, quien partió a vivir a otro país.
XXXXX no tenía una carga laboral fuera de lo normal, sino que asumió el nivel de trabajo y eficiencia que usualmente realiza un ejecutivo moderno en una empresa exitosa, sin que jamás se quejara por estrés o agotamiento.
Afirmó, de igual modo, que según el contrato de trabajo, XXXXX era un empleado de confianza y manejo, por lo que no estaba sujeto a la jornada laboral mínima. En razón de lo anterior, la empresa no le exigía que laborara en ciertas horas del día sino que él mismo se imponía su tiempo y horario, y se trazaba sus propios objetivos y resultados, los cuales siempre estuvieron por encima de los requerimientos de su cargo.
En todo caso, su trabajo nada tuvo que ver con el paro cardiorrespiratorio que sufrió, pues este se debió a su enfermedad congénita que le exigía tomar precauciones especiales que no acató.
En virtud al contrato de trabajo celebrado entre las partes, la demandada dio cumplimiento a todas y cada una de las prestaciones que estaban a su cargo.
Por todo lo anterior, se opuso a las pretensiones y formuló las siguientes excepciones:
— “Indebida acumulación de regímenes de responsabilidad”. Por considerar que si los perjuicios reclamados tienen su origen en el supuesto incumplimiento de las obligaciones del empleador, entonces la obligación es de origen contractual y no extracontractual (fl. 1.490).
— “Res inter alios acta o relatividad del contrato”. Si el contrato de trabajo se suscribió entre la empresa y el trabajador, ningún tercero puede pretender el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esa relación laboral (1.491).
— “Falta de jurisdicción especializada laboral”. Si el conflicto gira en torno a un hecho atribuible al incumplimiento de las relaciones laborales, ese debate es de la órbita de la jurisdicción ordinaria laboral y de seguridad social (1.493).
— “Inexistencia de responsabilidad de Branch por perjuicios bajo el contrato de trabajo”. En el presente caso no ocurrió accidente de trabajo ni enfermedad profesional, como tampoco hubo culpa de la empleadora; por lo tanto no está llamada a responder.
— “Inexistencia de un hecho culposo atribuible a Branch que pudiera generar el daño cerebral total y permanente que padece XXXXX”. No es cierto que se haya sometido al trabajador a una carga laboral excesiva.
— “Inexistencia de la relación de causalidad entre el hecho y el daño que plantea la acción de responsabilidad civil”. No existe relación de causalidad entre el trabajo que desempeñaba el empleado y su estado de invalidez, pues ésta tuvo su origen en una enfermedad congénita, agravada por el consumo de tabaco y alcohol.
— “Inexistencia de perjuicios materiales e inmateriales que deban imputarse a Branch of Microsoft”. Se afirmó que los demandantes están pidiendo una indemnización por lucro cesante con base en el total del salario devengado por el trabajador, cuando solo están facultados para reclamar la eventual ayuda que de él recibían. Se indicó, de igual modo, que al empleado se le reconoció una pensión de invalidez que reemplaza el monto del salario que percibía, por lo que de llegar a reconocerse una indemnización por la misma causa, se estaría propiciando un enriquecimiento sin causa (1.498).
— “Causa extraña”. El daño cerebral que padece XXXXX no fue consecuencia de su trabajo sino de su enfermedad congénita.
— “Enriquecimiento sin causa”. Por pretender el pago de una indemnización sin tener en cuenta la pensión de invalidez que recibe.
2. La demandada Microsoft Corporation, por su parte, señaló que no es cierto que Branch of Microsoft Colombia Inc sea una filial suya, puesto que en los estatutos de esta figura que es una sucursal, por lo que son personas jurídicas diferentes; y que el señor XXXXX nunca trabajó para esa empresa sino para Branch of Microsoft Colombia.
Por todo ello se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones que denominó “inexistencia de responsabilidad civil extracontractual”; “inexistencia de responsabilidad civil contractual”; “inexistencia de relación causal”; “falta de jurisdicción”; “causa extraña - culpa exclusiva de la víctima”; “pago y enriquecimiento sin causa”; “improcedencia de los perjuicios reclamados”; y la que resulte probada (fl. 1.750 y ss.).
3. El 31 de julio de 2009 se dictó sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, por considerar el a quo que no se acreditó la existencia del nexo causal entre la circunstancia que se adujo como origen del daño y el resultado lesivo cuyo resarcimiento se reclama. Con relación a este punto el fallo concluyó que las pruebas no demostraron que la causa del estado vegetativo en que se encontraba la víctima fueran los viajes o labores efectuadas al servicio de la demandada, sobre todo porque esta última no le imponía un horario de trabajo sino que, por ejercer el empleado un cargo de manejo y confianza, él mismo distribuía su propio tiempo para cumplir las metas fijadas por la compañía (fl. 4.190).
Agregó que en el proceso quedó demostrado que el hecho generador del daño ocurrió fuera de las instalaciones de la empresa y en circunstancias que le habían sido médicamente proscritas al lesionado, dada la patología congénita que padecía y de la que tenía pleno conocimiento (fl. 4.194).
4. La anterior decisión fue apelada por la parte demandante pues, según su criterio, existen en el proceso elementos de prueba suficientes que demuestran la responsabilidad civil de las demandadas, los cuales no fueron valorados por el juez.
En ese orden, enfatizó en el vínculo laboral que existió entre el occiso y las demandadas, el cual considera probado con el contrato de trabajo y el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de Microsoft (4.199).
Asimismo reprochó al juez no haber advertido que en la historia clínica ocupacional del ex trabajador reposa un certificado médico de ingreso en el que quedó consignado que debido a su enfermedad cardíaca no debía sometérsele a labores físicamente extenuantes. Como tampoco tuvo en cuenta —prosiguió— que el caudal probatorio es prolijo en señalar que el empleado sí estaba sometido a labores y horarios excesivos que le produjeron un estrés severo que ocasionó la muerte cerebral y, posteriormente, la física (fl. 4.199, tomo IV).
Seguidamente manifestó que el sentenciador no tuvo en cuenta que en virtud a las obligaciones derivadas del contrato laboral, el empleador está llamado a responder por haber abusado del horario de trabajo del empleado y no haber atendido las recomendaciones de los médicos que prescribieron no someterlo a jornadas que sobrepasaran sus capacidades físicas (fl. 4.200).
Para finalizar, se refirió al “dictamen pericial” rendido por el cardiólogo Fernando Marín, al cual atribuyó supuestas irregularidades que impedían tener en cuenta esa prueba para eximir de responsabilidad a las demandadas.
El 23 de abril de 2010 se dictó sentencia de segunda instancia que confirmó el fallo apelado. En ella el ad quem hizo énfasis en que el análisis de la controversia no gira en torno al vínculo laboral existente entre las partes, sino que se enmarca dentro de la responsabilidad común por los delitos y las culpas de que trata el Código Civil. De ahí que las disposiciones que regulan el contrato de trabajo resulten inaplicables al caso.
Seguidamente, coincidió con el a quo en que no se logró demostrar la culpa de la demandada ante la falta del nexo de causalidad que relacione los actos que se le reprochan con el resultado lesivo sufrido por el trabajador (43).
En tal sentido afirmó que si bien es cierto que los testigos señalaron que XXXXX “cumplía con fuertes cargas de trabajo y, además, se encontraba, por tal motivo, en situación de cansancio y estrés” (fl. 44), tal hecho no fue el desencadenante de su estado de invalidez y posterior muerte, toda vez que a partir de la historia clínica se logró establecer que el accidente cerebral tuvo como causa la enfermedad que padecía (fl. 46).
De igual manera sostuvo que el dictamen pericial practicado en el curso de la primera instancia llegó a la conclusión de que el accidente cardiorrespiratorio no fue generado por situaciones de estrés o de sobrecarga laboral sino por los problemas congénitos que sufría el actor y que por sí mismos explican el evento ocurrido.
En suma, para el tribunal las afirmaciones realizadas por la parte actora y que sirvieron de fundamento a las pretensiones de la demanda carecen de demostración en el expediente, pues ningún medio de prueba acredita que la patología padecida por el demandante sea responsabilidad de las demandadas (fl. 50).
En la demanda que se presentó para sustentar el recurso extraordinario, la parte actora acusó la sentencia dictada por el tribunal con fundamento en dos cargos, los cuales se analizarán en el mismo orden en que fueron formulados.
Con fundamento en la causal primera de casación, el recurrente denunció la trasgresión indirecta de los artículos 63, 2341, 2342, 2343, 2344 y 2356 del Código Civil, como consecuencia de haber incurrido en dos errores de derecho por violación de los preceptos de estirpe probatoria contenidos en los artículos 174, 175, 177, 178, 183, 187 y 241 del Código de Procedimiento Civil (fl. 17).
i) El primer error de derecho cometido por el tribunal consistió en darle pleno valor a una prueba allegada al proceso sin el cumplimiento de los requisitos que exige la ley procesal para su consideración como tal, en contravía de lo establecido por el artículo 174 de ese ordenamiento, el cual dispone que “toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”; y con desconocimiento de lo normado por el canon 178 ejusdem, que señala que “el juez rechazará in limine las [pruebas] legalmente prohibidas e ineficaces...” (fl. 18).
El referido error se configuró, en sentir del censor, porque el ad quem motivó su sentencia con base en un dictamen pericial rendido por un médico que no hacía parte de la lista de auxiliares de la justicia, experticia que luego fue objeto de aclaración por profesionales que el juez no designó ni posesionó como tales dentro del proceso. De ahí que, en su opinión, ese dictamen no constituya prueba regularmente allegada a la actuación ni tenga eficacia demostrativa.
Agregó que a la parte demandante no se le dio la oportunidad de recusar a los “peritos”, en la forma establecida por el inciso primero del artículo 235 del Código de Procedimiento Civil (fl. 19).
ii) El segundo error de derecho que se atribuyó a la sentencia dictada por el tribunal consistió en “la valoración equivocada” que se hizo de los testimonios rendidos en el proceso por Gerardo Posada de Las Casas, María Clara Afanador Llach, Nelson Alberto Díaz Portilla y Claudia María Afanador Llach; al no tenerlos en cuenta como prueba idónea para demostrar que el empleado estuvo sometido a gravosas cargas de trabajo por parte de sus empleadores.
Insistió en que el error endilgado no surgió por la omisión de las referidas pruebas, pues se estaría frente a un error de hecho y no de derecho; sino en que, no obstante haber advertido su presencia objetiva en el proceso, no les concedió la eficacia probatoria que la ley les otorga (fl. 22).
En criterio del casacionista, los testimonios recibidos en la actuación son la prueba idónea y eficaz para demostrar que el empleado fue sometido a trabajos gravosos por fuera de lo común, que le generaron cansancio y estrés excesivos; pues de tal circunstancia solo pueden dar cuenta los amigos, compañeros y personas cercanas. Por el contrario, un dictamen médico nada podría decir acerca de esos hechos.
Justamente —refirió—, con la práctica de los mencionados testimonios la parte actora pretendió demostrar “la causa” que originó la grave dolencia padecida por XXXXX el 9 de enero de 2000, esto es el cansancio y el estrés que desembocaron en las consabidas consecuencias, sin desconocer la enfermedad genética que aquél soportaba y de la cual estaba enterada la empleadora.
De hecho —argumentó—, el conocimiento que de la enfermedad congénita tenía la empleadora es una circunstancia que, lejos de eximirla de responsabilidad, corrobora su culpa, pues asumió los riesgos que de ella se derivaban y, específicamente, el deterioro de la salud del trabajador debido a la sobrecarga de trabajo a la que fue sometido.
Finalmente, insistió en que “las consecuencias nefastas no solamente tienen un origen en las dolencias congénitas sino en el trato de XXXXX por las entidades demandadas”, como lo atestiguaron las declaraciones a las que el tribunal restó eficacia probatoria (fl. 24).
1. Al tenor de lo estipulado por el numeral 2º del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, en el auto que resuelva sobre la procedencia del dictamen y los puntos que han de ser objeto del mismo, el juez hará la designación de los peritos y fijará día y hora para que tomen posesión. Ese nombramiento debe seguir los parámetros señalados en el artículo 9º ejusdem, cuyo literal a) prevé que los auxiliares de la justicia serán designados por el magistrado sustanciador o por el juez del conocimiento de la lista oficial de auxiliares de la justicia. Sin embargo, el literal b) del aludido precepto dispone que “cuando en el respectivo despacho faltare la lista, se acudirá a la de otro del mismo lugar, y en su defecto se hará la designación en persona debidamente calificada para el oficio” (se resalta).
En el caso sub judice, el dictamen pericial fue rendido, por orden del tribunal, por un médico experto de la Fundación Cardioinfantil, dado que la lista de auxiliares de la justicia carecía de especialistas en cardiología; por lo que tal decisión fue, evidentemente, una alternativa prevista en la norma que acaba de citarse. Luego, el censor carece de razón cuando afirma que el dictamen pericial quebrantó los artículos 174 y 178 del ordenamiento procesal.
Es más, la parte demandante guardó silencio frente a la designación del perito y sus calidades, por lo que cualquier inconformidad al respecto debió ser formulada en las respectivas instancias y dentro de la oportunidad señalada en la ley procesal para tal efecto.
En lo que concierne al concepto rendido por unos médicos que no fueron designados ni posesionados por el juez como auxiliares de la justicia, basta tener en cuenta que la opinión de los cuatro galenos no constituyó una “aclaración” al dictamen rendido por el perito, sino que simplemente se presentó como un anexo que tuvo como propósito reforzar las conclusiones inicialmente expresadas en la experticia. Tal posibilidad se encuentra contemplada en el numeral segundo del artículo 237 de la ley procesal, que faculta a los peritos para solicitar la ayuda o el concurso de otros técnicos bajo su dirección y responsabilidad.
De manera que los referidos especialistas no obraron en el proceso como auxiliares de la justicia ni suscribieron en calidad de tales el dictamen presentado, sino que su labor solo constituyó un criterio adicional al que acudió el perito para fundamentar su decisión. De ahí que si el informe de la junta médica no fue propiamente un medio de prueba, por sustracción de materia, no hay lugar a entrar a examinar su adecuación a las normas de carácter probatorio.
En todo caso, además de que no se demostró que la valoración del dictamen pericial haya desconocido las normas de estirpe probatoria denunciadas por el censor, lo cierto es que ese cuestionamiento, por sí solo, no tiene la virtualidad de refutar la presunción de legalidad y acierto que reviste la sentencia, como quiera que ese no fue el único ni el principal medio de prueba que tuvo en cuenta el tribunal para fundamentar su decisión.
En efecto, para arribar a su conclusión, el ad quem partió de la base de que el dictamen “goza de coherencia interna y guarda concordancia con las demás pruebas recaudadas en el trámite, especialmente, con la historia médica del demandante XXXXX” (se resalta) (fl. 47, cdno. 10).
Fue así como sustentó el fallo no solo en ese medio de convicción, sino en otros como la hoja de vida del actor, la historia clínica, y las declaraciones de los testigos, a partir de todo lo cual dedujo que
“la afirmación de la actora, y que sirve de fundamento a sus pretensiones, carece de demostración en el expediente, pues ningún medio de prueba se recaudó en punto de demostrar que la patología que padecía el demandante hubiese sido producto del supuesto estrés causado por las entidades demandadas” (fl. 50).
Por consiguiente, aunque el sentenciador no hubiera tenido en cuenta el aludido dictamen o le hubiese restado todo valor probatorio, de todos modos persistirían las razones que lo condujeron a negar la existencia del nexo causal entre la conducta de la demandada y el daño que se le imputa, toda vez que no halló acreditación para ese hecho por ningún medio. De ahí que el cargo que se analiza, además de no haberse demostrado, resulta intrascendente.
2. En lo que respecta al segundo error de derecho que se atribuyó a la sentencia, y que consistió en la “valoración equivocada” que se hizo de los testimonios rendidos por Gerardo Posada de Las Casas, María Clara Afanador Llach, Nelson Alberto Díaz Portilla y Claudia María Afanador Llach; es preciso admitir que tal acusación no pasó de ser la manifestación de un subjetivo disenso del recurrente respecto de las consideraciones del tribunal, erigida sobre un parcializado punto de vista.
En efecto, el censor refirió que el ad quem no tuvo en cuenta la idoneidad de esas declaraciones para demostrar las gravosas cargas de trabajo a que estaba sometido el empleado. Sin embargo, en las motivaciones del fallo se puede observar, precisamente, todo lo contrario, pues el tribunal enfatizó en que esos testimonios “fueron unívocos en punto de afirmar que XXXXX, durante el tiempo que trabajó en Branch of Microsoft Inc., cumplía con fuertes cargas de trabajo, y, además, que se encontraba, por tal motivo, en situación de cansancio y estrés” (se resalta) (fl. 44, cdno. tribunal).
De manera que no hay duda de que el ad quem sí consideró que a partir del dicho de los testigos se podía inferir que XXXXX se encontraba en estado de estrés; no obstante, ello no le bastó al juzgador para tener por cierto que la afectación de la salud del trabajador fuera consecuencia directa del mismo: “...en el proceso no se demostró que dicha situación de estrés presentada por XXXXX hubiese sido la causante del daño a su salud por él sufrido” (sic) (fl. 50).
Tanto el sentenciador como el recurrente son, entonces, del mismo parecer respecto al alcance y aptitud que tiene la prueba testimonial para acreditar la posible fatiga que padecía el actor por las cargas laborales que sobrellevaba. Luego no tiene razón el censor cuando afirma que el tribunal no concedió a los aludidos testimonios la eficacia que la ley les otorga, pues jamás negó su valor probatorio ni los dejó de apreciar.
En lo que concierne a la opinión del demandante según la cual no es el dictamen médico sino los testimonios la prueba idónea para demostrar el estado de cansancio y estrés excesivos, ello no es más que la manifestación de un punto de vista personal que no alcanza a refutar el argumento del tribunal y que, en todo caso, no atañe a cuestiones alusivas al error de derecho, dado que la acusación no estuvo dirigida a denunciar un supuesto olvido o ignorancia de las normas reguladoras de la actividad probatoria dentro del proceso, sino más bien a disentir respecto de las conclusiones a las que llegó el fallador.
Memórese que el error de derecho
“...exige que el juzgador incurra en yerro de juicio proveniente de la equivocación en la contemplación jurídica de los medios probatorios, por la transgresión de las normas que rigen la aducción, práctica y valoración de las pruebas, lo que descarta el desacierto en la contemplación objetiva o material de la prueba que, como se sabe, constituye error de hecho en su apreciación”(2).
Naturalmente que el juez de segundo grado podía colegir, como en efecto lo hizo, que una cosa es afirmar que una persona sufre de estrés, y otra bien distinta que ese estado sea evaluado científicamente como una patología con la entidad suficiente para producir graves secuelas en la salud. Es evidente que esta última circunstancia sólo puede ser acreditada por un profesional de la medicina, y esa fue la razonable conclusión a la que llegó el sentenciador, sin que de ella se desprenda ninguna especie de error, sobre todo cuando el juzgador encontró probado que existieron otras causas que intervinieron en el resultado lesivo sufrido por el trabajador, como son su enfermedad congénita y su voluntaria exposición a factores de riesgo como fumar y beber.
En suma, en ninguna parte de la acusación se logró acreditar cuál fue el error de derecho cometido por el sentenciador, toda vez que la inconformidad del recurrente se limitó a referir con insistencia que el estrés que sufría el demandante fue el detonante de su muerte, tratando de imponer su propia perspectiva del asunto, al entendimiento alcanzado por el tribunal sobre ese tema; lo cual, lógicamente, no es motivo suficiente para desvirtuar el argumento medular del fallo.
Luego, es indiscutible que no se presentaron las falencias denunciadas sobre la idoneidad y conducencia de los referidos medios de convicción; como tampoco puede afirmarse que se desconoció el deber de valorar las pruebas en conjunto, como lo dispone el artículo 187 de la ley procesal, toda vez que fue, precisamente, ese análisis panorámico el que condujo al sentenciador a concluir que no existió nexo causal entre la conducta de la demandada y el daño sufrido por los actores.
3. En todo caso, las consideraciones del ad quem respecto de la inexistencia del nexo de causalidad son un asunto que —en el contexto de la causal primera de casación— está relacionado con cuestiones de hecho y no de derecho, porque la inferencia lógica que permite establecer que un suceso es consecuencia de otro hace parte de la formulación de un enunciado fáctico, dado que esa labor consiste en hallar las regularidades de la causalidad natural a fin de poder identificar los hechos que posteriormente conformarán la premisa menor del argumento que sustente la decisión, sin que hasta ese momento intervenga para nada la determinación de las bases jurídicas esenciales a las que el fallo tiene que ajustarse.
La anterior afirmación amerita un análisis más profundo por su incidencia en el entendimiento de la especie de error a que puede dar lugar un vicio de razonamiento por parte del juzgador a la hora de formular las hipótesis explicativas de los acontecimientos que tienen relevancia para el litigio.
Desde un punto de vista metodológico, puede afirmarse que para arribar a su decisión, el funcionario judicial debe pasar por dos momentos: un contexto de descubrimiento y otro de justificación; en cada uno de los cuales debe hacer un razonamiento distinto: el juicio histórico y el juicio crítico, como fuera explicado por Carnelutti.
En la primera etapa la labor del juez consiste en analizar el acervo probatorio con el objeto de descubrir, interpretar o valorar los hechos que servirán de base a la posterior decisión judicial. Es una fase de reconstrucción histórica, tal como lo ha admitido un gran sector de la doctrina: “El juez hace, como el historiador, historia, o mejor dicho, historiografía”(3). La labor del juez en esta fase consiste en determinar la ocurrencia de los hechos a partir de las pruebas allegadas al proceso, y para ello tendrá que realizar tantos razonamientos como enunciados fácticos se vea compelido a establecer, siendo esas inferencias lo que Carnelutti denominó “silogismos instrumentales”(4).
Una vez establecida la premisa fáctica, el juez debe ocuparse —en una segunda etapa— de interpretar la ley y adecuarla al caso concreto para obtener el efecto sentencia. En este instante ya no se trata de descubrir nada, pues la ley está dada de antemano y se presume que el juez la conoce; en tanto que los supuestos de hecho a los cuales se refiere la norma ya fueron identificados en la fase anterior. Luego, solo resta que el sentenciador establezca la validez de la norma en el tiempo y en el espacio e interprete el significado de su contenido para, finalmente, aplicarla al caso concreto.
El agotamiento de esos dos momentos es lo que impide que una decisión judicial sea arbitraria, toda vez que la libertad de juzgar supone ahora que el juez deba seguir el sentido que le indiquen las premisas o enunciados que de aquellos resultan. Una vez superado el juicio crítico y el juicio histórico —sostiene Carnelutti—, el sentenciador
“no es tan libre de juzgar como se cree”, pues “podría decirse que de forma excepcional el primero y regularmente el segundo, siguen un camino obligado. Aquí se presenta el problema que los juristas denotan con la fórmula de ‘aplicación de la ley al hecho’, y el cual en propiedad concierne a la combinación de lo abstracto y lo concreto”(5).
En esta segunda etapa, precisamente, se pueden presentar falencias en la labor de interpretación, en cuyo caso se incurre en una violación de la ley en sentido estricto, pues se niega directamente el precepto legislativo o se desconoce la voluntad abstracta de la ley. Mientras que si el fallador yerra al establecer la relación de semejanza o de diferencia que existe entre el caso particular concreto jurídicamente cualificado y el hecho específico hipotetizado por la norma (hecho específico legal), entonces se comete un error de “falsa aplicación de la ley”, esto es un error de subsunción del caso particular bajo la norma. De igual modo puede ocurrir que el equívoco se presente ya no por la existencia o por la interpretación de la ley ni por la subsunción, sino al extraer de premisas correctas (legales y fácticas) una conclusión que no deriva de ellas, en cuyo evento se cae en un error de razonamiento.
Ahora bien, no debe pasarse por alto que la primera etapa a la que se ha hecho alusión se encuentra delimitada por las normas que regulan la incorporación y valoración de las pruebas, por lo que es en ella donde puede presentarse el error de derecho si el juez infringe los preceptos que disciplinan el mérito probatorio dentro del proceso.
También puede darse la hipótesis de que el enunciado fáctico esté conformado no por un hecho de la naturaleza sino por una institución o un hecho jurídico, como cuando se trata de establecer si una de las partes tiene la calidad de poseedora, o si lo que se debate es la existencia de un contrato. En tales supuestos, lógicamente, el juez tendrá que entrar en consideraciones de tipo jurídico que pueden dar lugar a errores, incluso, por violación directa de la ley sustancial, aunque no se esté propiamente en la labor de subsunción final.
Mas, si de lo que se trata es de establecer el nexo de causalidad que puede existir entre dos hechos debidamente probados en el proceso, entonces el eventual error en la formulación del enunciado fáctico solo puede ser de hecho y jamás de derecho, dado que no hay ninguna disposición en el ordenamiento procesal civil que indique la manera en que debe inferirse la relación de causalidad; como no podría haberla, dado que tal labor —se reitera— es una operación del entendimiento humano.
En el mismo sentido se han pronunciado la jurisprudencia y la doctrina extranjeras, al considerar que la determinación de la causa del daño “y si entre este y el hecho ilícito existe o no esa relación, es una cuestión de hecho que los jueces del fondo establecen privativamente”, y que puede ser revisada en casación, por la vía de la causal primera —yerro fáctico— si el razonamiento que a tal conclusión conlleve se muestra contraevidente(6).
En suma, como el error in judicando puede darse tanto en la premisa mayor como en la premisa menor del silogismo, o como lo explica Calamandrei, puede verificarse tanto en la quaestio iuris como en la quaestio facti, entonces hay que tener especial cuidado a la hora de identificar el tipo de equívoco al que alude el recurrente, a fin de precisar si se trata de un vicio de razonamiento al establecer el postulado normativo o, como ocurre en el sub judice, de un error en la formulación del enunciado fáctico.
En consecuencia, si el recurrente pretendía rebatir la conclusión a la que llegó el tribunal respecto de la inexistencia del nexo de causalidad, entonces debió dirigir su acusación por la vía del error de hecho y no por la del de derecho, siendo esa confusión técnica una razón más para declarar el fracaso del cargo.
Con base en la causal primera de casación, el demandante atacó la sentencia de segunda instancia por violación indirecta de los artículos 63, 2341, 2342, 2343 y 2359 del Código Civil, como consecuencia del error de hecho cometido por el tribunal por la “omisión absoluta” de las siguientes pruebas:
i) La experticia rendida por el perito Jaime Barbosa Rodríguez, en la que se cuantificaron los daños irrogados a los demandantes con ocasión del paro cardiorespiratorio sufrido por XXXXX (fl. 33).
ii) La comunicación enviada por Microsoft a XXXXX en diciembre de 1998, mediante la cual se le hizo un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, y se le otorgó el premio a la combatividad y a la persistencia por su perseverancia en el logro de las metas de la empresa; lo cual deja en evidencia que la labor desempeñada por el trabajador rebasaba los límites de lo normal, siendo esa circunstancia auspiciada por las demandadas (fl. 35).
iii) Carta remitida por Microsoft a XXXXX el 1º de febrero de 1999, en la que le informa sobre el otorgamiento de una bonificación por su empeño personal en el trabajo (fl. 37).
iv) Comunicación de 10 de agosto de 1999, en la que Microsoft le informó a XXXXX sobre un incremento en su salario, como reconocimiento a su desempeño laboral (fl. 38).
v) Informe médico de ingreso de XXXXX a Microsoft, que reposa en su historia clínica ocupacional, donde consta que el médico de riesgos profesionales resaltó la existencia de una deficiencia cardíaca, por lo que recomendó “evitar en lo posible labores extenuantes físicamente” (fl. 39).
vi) Copia de la sentencia dictada el 24 de junio de 2004 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, en la que se condenó a Branch of Microsoft Colombia Inc. al pago de las vacaciones adeudadas a XXXXX; “de cuyo contenido se deduce que las empresas demandadas no cumplieron con su legal obligación de darle un descanso remunerado al trabajador (...), puesto que en lugar de darle el descanso mencionado le hicieron compensación en dinero (fl. 40).
vii) Testimonio de Martha Lucía Urrea, Gerente Regional de Recursos Humanos de Microsoft, en el que declaró que al revisar la carpeta del empleado pudo constatar que desde un comienzo la empleadora conocía de la enfermedad que padecía XXXXX; de cuya prueba el recurrente infirió que las demandadas “asumieron todos los riesgos de dicha anomalía” (fl. 43).
viii) La confesión contenida en la contestación de la demanda, en la que las demandadas admitieron que XXXXX declaró desde un comienzo la disfunción cardiovascular que padecía, la cual fue confirmada durante el examen médico de ingreso realizado el 12 de agosto de 1998 por el médico de la empresa de riesgos profesionales (44).
ix) La declaración de Gerardo Posada de Las Casas, quien confirmó los esfuerzos extenuantes y gravosos ejecutados por XXXXX, con
“horarios de trabajo entre las 8:00 a.m. hasta el otro día a las 3:00 a.m., sin consideración de ninguna especie, a pesar de tener pleno conocimiento de sus dolencias cardíacas” (fl. 47).
Todas esas pruebas, a juicio del recurrente, demuestran que XXXXX era un trabajador excepcional; que rebasaba sus límites en el desempeño de las labores que le encomendaron; que constantemente recibía incentivos para “seguir desempeñándose como trabajador fuera de lo natural y de lo común, al margen del marco del contrato de trabajo (culpa extracontractual)”; que incluso las demandadas lo compararon con un “kamikaze”, o sea un guerrero suicida; que nunca disfrutó de los períodos de vacaciones a que tenía derecho; y que era natural que esa labor le trajera como consecuencia cansancio, estrés y desesperación, lo que desencadenó el accidente del 9 de enero de 2000 (fl. 53).
Esos elementos de juicio demostrarían, además, que las demandadas conocían la condición médica de XXXXX, por lo que
“asumieron todas las consecuencias y riesgos a que estaba expuesto”, es decir que “habiendo prevenido, en virtud del examen médico los posibles daños graves que podía ocasionarle la dolencia a XXXXX, confiaron imprudentemente en poder evitarlos que es precisamente el hecho culposo extracontractual alegado”.
El desconocimiento de esas pruebas —agregó el casacionista— condujo al tribunal a violar indirectamente el artículo 2341 del Código Civil, pues no vio en ellas el nexo causal que liga la conducta de las demandadas con el resultado lesivo sufrido por los demandantes. De no haber sido por esas omisiones, la decisión del ad quem habría sido enteramente distinta a la que ahora se cuestiona. En tal virtud, pidió que se case la sentencia para que, en su lugar, se profiera una nueva que acoja el pedido de los actores (fl. 57).
1. En materia de responsabilidad civil, la causa o nexo de causalidad es el concepto que permite atribuir a una persona la responsabilidad del daño por haber sido ella quien lo cometió, de manera que deba repararlo mediante el pago de una indemnización. El artículo 2341 del Código Civil exige el nexo causal como uno de los requisitos para poder imputar responsabilidad, al disponer que “el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización...” (se resalta)
Cometer un delito o culpa significa entonces, según nuestro ordenamiento civil, realizar o causar el hecho constitutivo del daño resarcible; aunque ese hecho no tiene que ser necesariamente el resultado del despliegue de un acto positivo, sino que bien puede acontecer por abstenerse de ejecutar una acción cuando se tiene el deber jurídico de actuar para evitar o prevenir una lesión. Es decir que la responsabilidad también puede tener lugar por una abstención u omisión en la acción.
La verificación del nexo causal no ha sido nunca tarea fácil en derecho, como no lo puede ser si se tiene en cuenta que aún en el ámbito de la filosofía de la ciencia ha sido un tema de continuo desarrollo y revisión alrededor del cual se ha generado un debate de dimensiones propias: el problema de la causalidad.
Sin embargo, no siempre la causalidad física coincide con la causalidad jurídica, toda vez que en el campo del derecho la cadena causal no se toma en su estricto sentido naturalista, sino que se encuentra impregnada de una serie de valores culturales que permiten escoger, de entre una serie de hechos, sólo aquéllos que resultan verdaderamente relevantes para endilgar responsabilidad; de ahí que se hable de una causalidad adecuada.
Por manera que en la juridicidad un hecho puede ser consecuencia de otro y, sin embargo, ese solo nexo no resulte suficiente para imponer la obligación de indemnizar por los daños que de aquél se deriven. O el caso contrario, donde una consecuencia lesiva puede atribuirse a alguien aunque no haya intervenido físicamente en el flujo causal.
Es en este punto donde gana importancia el concepto de juicio de imputación causal, el cual permite identificar no solo a la persona que debe indemnizar sino también hasta dónde el autor de una de las condiciones de la cadena causal tiene el deber de resarcir los perjuicios que resulten del hecho desencadenante.
2. El problema de la causalidad adquiere especiales connotaciones en derecho cuando se reconoce que el hecho lesivo, al igual que todo hecho natural, puede ser la consecuencia de una pluralidad de circunstancias que no siempre son identificables en su totalidad, por cuanto tal propósito supondría un regreso al infinito; de suerte que intentar aislar o graduar con precisión cuál fue la causa eficiente resulta en muchas ocasiones imposible. A esa pluralidad de causas se le puede llamar “concausas” o “causas adicionales”, y el problema que suscita solo puede ser resuelto a partir del análisis del concepto de imputación jurídica.
Si varios hechos o acciones tienen la aptitud jurídica suficiente para producir el perjuicio sobreviniente, de suerte que todos ellos hayan cooperado en su realización, entonces se estará frente a una causalidad conjunta, que comporta una imputación plural en contra de todos sus autores(7). Esta es la regla contenida en el artículo 2344 del Código Civil, según la cual “si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355”.
Si el hecho lesivo es generado por la acción independiente de varias personas, sin que exista convenio previo ni cooperación entre sí, “pero de tal suerte que aún de haber actuado aisladamente, el resultado se habría producido lo mismo”(8), entonces surge la hipótesis de la causalidad acumulativa o concurrente, una de cuyas variables es la contemplada en el artículo 2537 del ordenamiento civil, que prevé la reducción de la apreciación del daño cuando la víctima interviene en su producción por haberse expuesto a él imprudentemente.
Otro evento que cae bajo la órbita de las concausas tiene lugar cuando el resultado dañoso se produce por la confluencia consecutiva o alternativa de varios hechos o actos que, a pesar de tener injerencia en la producción natural de la consecuencia, no resultan jurídicamente relevantes porque solo una de ellas se considera con aptitud suficiente para endilgar responsabilidad, excluyendo o eliminando a todas las demás. En este caso la concausalidad se predica únicamente en el ámbito natural, toda vez que en la esfera del derecho solo una causa tendrá trascendencia normativa. Esta situación da lugar, entonces, a un tipo de causalidad disyuntiva.
Las anteriores hipótesis son solo algunas de las que pueden llegar a presentarse en los casos que son objeto del derecho, toda vez que la complejidad que entraña la existencia de flujos causales da lugar a innumerables suposiciones imposibles de prever en su totalidad, teniendo cada una de ellas una solución diferente de conformidad con el valor que se encuentre previsto en el ordenamiento jurídico.
Por regla general, las situaciones que caen bajo la órbita de la causalidad conjunta y de la causalidad concurrente se encuentran contempladas en el régimen legal de atribución de responsabilidad, de suerte que la vinculación material de los autores o partícipes de las acciones generadoras de causas adecuadas y el alcance de la obligación resarcitoria que les asiste, se hallarán en el propio sistema normativo.
No ocurre lo mismo en presencia de la causalidad disyuntiva o excluyente, porque frente a la existencia de varias causas naturalmente eficientes, es el sentenciador quien debe escoger entre ellas la que resulta jurídicamente relevante, desechando todas las demás, para posteriormente imputar la responsabilidad que la norma presupone.
Como puede observarse, la fijación del nexo de causalidad es la labor del juez que permite identificar los hechos que revisten verdadera trascendencia normativa y que, posteriormente, harán parte de la premisa menor del silogismo jurídico; por lo que su estudio atañe a circunstancias de facto, es decir a una reconstrucción histórica de los supuestos de hecho que surgen del caudal probatorio recopilado en la actuación.
Ahora bien, para establecer ese nexo de causalidad es preciso acudir a las reglas de la experiencia, a los juicios de probabilidad y al sentido de la razonabilidad, pues solo éstos permiten aislar, a partir de una serie de regularidades previas, el hecho con relevancia jurídica que pueda ser razonablemente considerado como la causa del daño generador de responsabilidad civil.
Sin embargo —ha sostenido esta Corte—
“cuando de asuntos técnicos se trata, no es el sentido común o las reglas de la vida los criterios que exclusivamente deben orientar la labor de búsqueda de la causa jurídica adecuada, dado que no proporcionan elementos de juicio en vista del conocimiento especial que se necesita, por lo que a no dudarlo cobra especial importancia la dilucidación técnica que brinde al proceso esos elementos propios de la ciencia —no conocidos por el común de las personas y de suyo solo familiar en menor o mayor medida a aquéllos que la practican y que a fin de cuentas dan, con carácter general las pautas que ha de tener en cuenta el juez para atribuir a un antecedente la categoría jurídica de causa. En otras palabras, un dictamen pericial, un documento técnico científico o un testimonio de la misma índole, entre otras pruebas, podrán ilustrar al juez sobre las reglas técnicas que la ciencia de que se trate tenga decantadas en relación con la causa probable o cierta de la producción del daño que se investiga. Así, con base en la información suministrada, podrá el juez, ahora sí aplicando las reglas de la experiencia común y las propias de la ciencia, dilucidar con mayor margen de certeza si uno o varios antecedentes son causas o, como decían los escolásticos, meras condiciones que coadyuvan pero no ocasionan...”(9).
Esta caracterización del nexo causal supone, además, la interrupción de una cadena de circunstancias cuando en ella intervienen elementos extraños tales como los casos fortuitos o los actos de terceros que tienen la virtualidad suficiente para erigirse en el hecho generador del daño y, por tanto, excluyente de todos los demás.
También se rompe ese nexo de causalidad cuando el daño es imputable a la víctima, pues en muchas circunstancias es ella misma quien da origen a la consecuencia lesiva, bien voluntaria ora involuntariamente, como cuando concurren en ella ciertas particularidades que son obra del infortunio.
3. Y fue, precisamente, esta última hipótesis la que se radicó en la convicción del sentenciador para eximir de responsabilidad a la demandada, toda vez que a partir de las pruebas recopiladas en la actuación y, principalmente, de la prueba científica, logró constatar que el padecimiento de una enfermedad congénita fue la causa adecuada de las lesiones en la salud y posterior muerte del familiar de los demandantes.
Entonces no fue que el tribunal dejó de observar materialmente el caudal probatorio sino que, precisamente, a partir del análisis en conjunto de todos esos elementos de juicio, concluyó que el daño sufrido por el trabajador no fue consecuencia del supuesto estado de estrés en el que se encontraba.
Por consiguiente, por muy bien que el ad quem hubiera valorado la prueba testimonial por cuya supuesta omisión se planteó el cargo, de todas maneras la conclusión a la que habría llegado sería la misma: que no existe evidencia de que el estado en el que se encontraba el trabajador pudiera ser considerado como una patología con la entidad suficiente para causar su muerte; por lo que no encontró elementos de juicio para atribuir responsabilidad a las demandadas.
Por lo demás, no le asiste razón al recurrente cuando acusa a la sentencia de no haber valorado los testimonios que, en su sentir, acreditaban un trastorno de la conducta, dado que el tribunal de modo expreso admitió que es cierto que los testigos afirmaron que “XXXXX, durante el tiempo que trabajó en Branch of Microsoft Inc., cumplía con fuertes cargas de trabajo y, además, que se encontraba, por tal motivo, en situación de cansancio y estrés” (fl. 44, cdno. 10); solo que no halló la prueba para poder conectar ese hecho con el resultado sufrido por la víctima.
Así, de entre los posibles factores generadores del daño, el fallador halló probado que la insuficiencia cardíaca del trabajador fue lo que le produjo el accidente cerebral que a la postre acabó con su vida, lo cual encontró demostrado con la historia clínica y el dictamen del médico experto. En consecuencia, al no haber sido atacado ese razonamiento, la censura se muestra, sin lugar a dudas, desenfocada, intrascedente e incompleta.
En suma, el actor desplegó todos sus esfuerzos a la constatación del estado de estrés que sufría XXXXX, pero en ningún momento logró demostrar que esa perturbación fuera el resultado de la conducta asumida por la empleadora; que tuviera una magnitud y características suficientes para ser considerada como una enfermedad profesional; ni mucho menos que se constituyera en la causa adecuada del evento acaecido el 9 de enero de 2000.
Ahora bien, no es descartable prima facie que el estrés laboral pueda llegar a constituir un factor generador de enfermedades más graves o, incluso, de la muerte de una persona; pero el grado de probabilidad de tal hipótesis debe quedar plenamente acreditado dentro del proceso, de suerte que la simple conjetura ceda el paso a la certeza.
Tampoco se niega que en las sociedades altamente industrializadas y con grandes avances tecnológicos e informáticos, es cada vez más común que se produzca la muerte de algunos trabajadores por exceso de trabajo, pudiendo endilgarse la responsabilidad por ese hecho al empleador. Sin embargo, por cuanto esa circunstancia es la consecuencia de una enfermedad de tipo laboral, es el profesional de la medicina el encargado de dictaminarla; pero no una persona inexperta, aunque esta última haya sido muy cercana a la víctima.
De hecho, el Decreto 2566 de 7 de julio de 2009, emanado del Ministerio de la Protección Social, adoptó la tabla de enfermedades profesionales, y dentro de éstas incluyó las “patologías causadas por estrés en el trabajo”. Luego, nadie está mejor facultado que el médico para dictaminar el padecimiento de un estado de estrés laboral y la incidencia de éste en otras patologías conexas.
De ahí que si el dictamen pericial y la historia clínica demostraron que la enfermedad congénita que padecía el occiso fue el factor desencadenante del perjuicio sufrido, entonces el criterio adoptado por el ad quem se muestra razonable, contrario a lo que fuera alegado por el recurrente.
De manera que si el actor pretendía imputar responsabilidad a las demandadas por considerar que el cansancio laboral extremo fue la causa del daño cuya reparación se reclama, entonces debió acreditar plenamente esa circunstancia por medio de la prueba más idónea, pero no dejarla relegada al terreno de la mera especulación.
En ese orden, el recurrente estaba obligado a aportar al proceso los elementos de convicción que permitieran establecer, sin ningún asomo de duda, que el estrés laboral padecido por el trabajador fue originado por el empleador y que, a su vez, ese trastorno fue la causa adecuada y exclusiva del perjuicio sufrido.
Por el contrario, lo que el tribunal pudo constatar a partir de varios de los testimonios escuchados en la actuación fue que el occiso era un trabajador fuera de lo normal, al punto de ser considerado como un “kamikaze”; circunstancia que fue planteada de igual modo en la sustentación del recurso extraordinario. Por lo tanto, nadie más que la propia víctima debió ser consciente y garante de su propia patología, que le impedía ejecutar labores extenuantes y realizar actos especialmente nocivos para su estado de salud como fumar y beber, los cuales, también fueron corroborados por los testigos.
Las reglas de la experiencia permiten inferir, de igual forma, que en una economía de mercado y en desarrollo como la nuestra, se dé mayor valor y reconocimiento a los empleados que se esfuerzan más de lo normal para lograr los objetivos de la empresa; pero esa circunstancia no constituye, per se, un factor desencadenante de estrés laboral, pues éste bien puede deberse a otra serie de condiciones personales, familiares o sociales. Como tampoco puede afirmarse que el incentivo al trabajo desborde los roles normales que desarrolla una compañía del tipo de las demandadas.
En el mismo orden, es cada vez más común que los trabajadores de cierto rango de edad y nivel de formación dediquen, por propia voluntad, muchas horas de trabajo dependiente o independiente a fin de lograr sus metas y ambiciones en un corto plazo. Mas esa circunstancia no significa necesariamente que el esfuerzo personal del trabajador, por muy arduo que sea, pueda atribuirse objetivamente al empleador.
En consecuencia, si el argumento expresado por el fallador no se muestra abiertamente contraevidente, entonces la exposición de puntos de vista antagónicos no puede considerarse como una demostración del error de hecho, faltando en este caso el requisito exigido por el segundo inciso del artículo 374 de la ley procesal.
Memórese que frente a ese específico tema esta Corte tiene establecido que el fallador de segundo grado
“goza de una ‘discreta autonomía’ para valorar los diferentes elementos de convicción arrimados al plenario y, por ende, sus conclusiones al respecto tienen la especial característica de ser intangibles en casación, mientras el recurrente no logre demostrar con certeza que el ad quem al efectuar el examen probatorio y jurídico cometió yerro notorio de hecho o uno de valoración, por cuanto la disímil apreciación que de la prueba haga el censor a través del aludido recurso no es suficiente por sí misma para aniquilar o anonadar la providencia impugnada, ni siquiera en el eventual caso en que la corporación pueda separarse del estudio que haya hecho el juzgador para admitir como más razonable la conclusión objeto de ataque...”(10).
4. Por último, el recurrente adujo que las pruebas omitidas por el tribunal dan cuenta de que el empleador tenía pleno conocimiento del estado de salud del trabajador y que, por ello, asumió todos los riesgos derivados de esa situación; frente a lo cual basta con señalar que esa acusación no dice relación a los aspectos que son susceptibles de ser ventilados por la vía indirecta por error de hecho manifiesto en la apreciación de las pruebas, sino que atañe, de manera exclusiva, a un reproche de estirpe eminentemente jurídica, propio de la jurisdicción laboral, por demás.
En efecto, si el empleador asumió o no un riesgo al contratar al trabajador a sabiendas de su padecimiento congénito, esa es una consecuencia derivada de las obligaciones adquiridas a partir de la suscripción del contrato de trabajo, ajena, desde luego, al régimen de la responsabilidad común por los delitos y las culpas. Por lo que esta acusación se torna desenfocada al pretender reemplazar el parámetro de responsabilidad extracontractual sobre el que se sustentó la sentencia, por el reconocimiento de obligaciones derivadas de una relación laboral.
Por todas las razones que se han dejado consignadas, este cargo tampoco está llamado a prosperar.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 23 de abril de 2010 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario de la referencia.
Costas del recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Tásense por secretaría, incluyendo como agencias en derecho la suma de $6’000.000.
Magistrados: Fernando Giraldo Gutiérrez—Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda, con impedimento aceptado—Ariel Salazar Ramírez—Arturo Solarte Rodríguez—Jesús Vall De Rutén Ruiz.
(1) Nota de relatoría: En aplicación al numeral 8 del artículo 47 de la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia” se prescinde del nombre del menor, debido a que esta providencia puede ser publicada.
(2) Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Sentencia de 28 de noviembre de 1997.
(3) Carnelutti, Franceso. El arte del derecho. México: Iure Editores, 2004, pág. 27.
(4) Calamandrei, Piero. La Casación Civil. Tomo II. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1945, pág. 289.
(5) Carnelutti, Franceso. Op. cit., pág. 28.
(6) Alessandri Rodríguez, Arturo. Responsabilidad extracontractual en el derecho civil. Santiago de Chile: Ediar Editores Ltda., 1983, pág. 249.
(7) Goldenberg, Isidoro. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1981, pág. 141.
(8) Ibíd, pág. 150.
(9) Corte Suprema, Sala de Casación Civil. Sentencia 6878 de 26 de septiembre de 2002.
(10) Corte Suprema. Sala Civil. Sentencia 80 de 18 de septiembre de 1998.