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Timestamp: 2020-01-27 06:30:43
Document Index: 147692591

Matched Legal Cases: ['artículo 242', 'artículo 171', 'artículo 171', 'in fine', 'artículo 33', 'artículo 33', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 11']

Registro Oficial. 5 de ABRIL del 2001
Jueves, 05 de abril de 2001
Jueves 5 de Abril del 2001
\n 1359-A Dispónese que\n las instituciones del Estado y los organismos que conforman el\n sector público, dentro del plazo de dos años, organizaran\n y ejecutaran las acciones que sean del caso con el propósito\n de conseguir la modernzaciòn energética del Estado\n y el uso racional de la energía
\n 1381 Suscríbese un convenio de actualizaciòn\n del ya existente sobre cooperación institucional en el\n àrea de desarrollo social celebrado con la Conferencia\n Episcopal Ecuatoriana
\n 1382 Autorízase la celebraciòn\n del contrato modificatorio al Contrato de Préstamo No\n 1138/OC-EC, suscrito el 29 de enero de 1999 entre la República\n del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo, con el objeto\n de financiar el "Programa Complementario para Afrontar el\n Fenómeno de EI NlÑO (Red Vial de la Costa)"\n .
\n MINISTERIO DEL TRABAJO:
\n 0152 Expídese el Reglamento de aprobación\n y registro de las Corporaciones y Fundaciones del sector\n Micro Empresarial.
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:
\n 330-2000 José Humberto Trejo y otros en\n contra de Monseñor Antonio Arregui, Obispo de la Diócesis\n de Tulcán.
\n 332-2000 Verónica Patricia\n Sucre Prócel en contra de Jaime José Hidalgo Pulla.
\n 333-2000 Angel Maria Reina\n Argoti en contra de Marìa Teresa Loayza Alvarado
\n 336-2000 César Edmundo\n Naranjo Torres en contra de Jofre Portilla López
\n 338-2000 Rosa Elvira Collaguazo Tuquiñagui\n y otra en contra de Luis Angel Yunga Chapa y otra
\n 349-2000 Banco de Crédito S. A. en contra\n de Diana Rosalba Franco Contretas y otra
\n 350-2000 Rosa Olanda\n Jaramillo González en contra de Jaime Miguel Chamba\n y otra
\n 362-2000 Edgar Enrique Yuquilema Tubón\n en contra de Maria Clemencia Izurieta Escudero .
\n 368-2000 Guillermo Enrique\n Gallardo Luque en contra del Banco de Colombia (Ecuador) S. A
\n 371-2000 Segundo Abraham Iza\n Caizaluisa en contra de Fabiola Flores Grijalva
\n 372-2000 Ernesto Homero Peñaherrera Ordóñez\n en contra de Jose Luis Cachipuel y otra
\n 374-200 Angel Alfredo Rea\n Llalion en contra de Laura Erlinda Martinez Valverde .
\n -\n Cantón Pindal: Que regula la administración\n del personal de servidores sujetos a la Ley de Servicio Civil\n y Carrera Administrativa
\n - Cantón Huaquillas:\n Que reglamenta el servicio de agua potable
\n - Cantón Pangua: Que\n reglamenta la determinación, recaudación, administración\n y control del impuesto a los espectáculos públicos\n .\n \n
N0 1359\n - A
Que la Constitución Política de la República,\n en su artículo 242, entre otras cosas señala que\n el sistema económico debe asegurar a los habitantes el\n derecho y oportunidad para acceder a los bienes y servicios;
Que la formulación y coordinación de la política\n de electrificación le corresponde a la Función\n Ejecutiva a través de las correspondientes secretarias\n de Estado, para cuyo desarrollo y ejecución actuará\n a través del Consejo Nacional de Electrificación,\n CONELEC;
Que el sistema eléctrico tiene un margen bajo respecto\n a la reserva de energía, que podría llegar a niveles\n críticos si se presenta un año hidrológicamente\n seco combinado con un crecimiento en la demanda;
Que en el Ecuador se está iniciando un Programa de\n Ahorro de Energía, tendiente a mejorar la eficiencia de\n su sistema eléctrico, fomentar una cultura de uso racional\n de la energía por parte de la población, incrementar\n la competitividad del país, preservar sus recursos naturales\n y coadyuvar a la protección del ambiente local y mundial;
\n Que el Ecuador, en concordancia con la nueva política\n económica que busca la eficiencia de todas las actividades,\n viene desarrollando una campaña nacional de ahorro de\n energía, dirigida a orientar el uso eficiente de la misma\n en todos los sectores consumidores;
Que es necesario que el sector público dé el\n ejemplo necesario en este aspecto, a fin de optimizar el gasto\n fiscal, mantener o reducir los actuales niveles tributarios,\n y reducir el impacto ambiental que inevitablemente se produce\n como consecuencia de la generación de energía;
Que esta política nos favorecerá con ahorro\n de combustibles, que se convertirán en saldos exportables\n con el consiguiente beneficio para nuestra balanza comercial;
Que el Ministerio de Economía y Finanzas mediante oficio\n No. 6988 - SGJ - HS - 2000 de 13 de diciembre del 2000, emitió\n informe favorable; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral\n 5 del artículo 171 de la Constitución Política\n de la República,
Art. 1. - Las instituciones del Estado y los organismos que\n conforman el sector público, dentro del plazo de dos años\n contados a partir de la vigencia de este decreto, organizarán\n y ejecutarán las acciones que sean del caso con el propósito\n de conseguir la modernización energética del Estado\n y el uso racional de la energía.
Art. 2. - Las instituciones del Estado deberán implementar\n un programa de difusión, dirigido a todo su personal a\n través de cursos, conferencias y material impreso, para\n enseñar la buena práctica diaria del uso racional\n de la energía. El Ministerio de Energía y Minas\n coordinará la campaña de difusión a través\n de los medios de comunicación pública que se contraten\n para el efecto.
Art. 3. - Las instituciones del Estado que consuman más\n de 1000 KWH/mes, deberán formar un Comité de Ahorro\n de Energía que será presidido por el funcionario\n administrativo de más alto rango de la institución,\n con la finalidad de organizar y presentar al Programa de Ahorro\n de Energía - PAE del Ministerio de Energía y Minas\n (MEM), lo siguiente:
a) El Plan de Modernización Energética a implementarse\n en su institución, máximo en un plazo de 6 meses\n a partir de la presente fecha;
b) Las acciones a implementarse deben tener una relación\n de costo/beneficio superior a uno, de tal manera que las mejoras\n de instalaciones o equipos se paguen con los propios ahorros\n que generen las medidas de optimización en las áreas\n de iluminación, equipos de oficina, calderos, aire acondicionado,\n equipos de calentamiento, bombeo entre otros equipos, sistemas\n e instalaciones que incidan en la facturación de la potencia,\n energía activa, reactiva. Se autoriza a suscribir contratos\n de ahorros compartidos que permitan cubrir esta modalidad contractual\n de pago según resultados; y,
c) Un reporte resumido sobre los consumos mensuales de energía\n en general y las reducciones obtenidas trimestralmente, a partir\n de la presentación del plan anteriormente mencionado.
Art. 4. - Las instituciones comprendidas en el caso del Art.\n 3 del presente decreto, en el informe de ejecución presupuestaria\n correspondiente al segundo año, deberán hacer mención\n de los logros obtenidos en la implementación de su Plan\n de Modernización Energética, los cuales deberán\n alcanzar un mínimo del 15% de ahorro de energía.\n Las entidades que alcancen ahorros mayores recibirán una\n distinción especial que será creada por el Ministerio\n de Energía y Minas.
Art. 5. - El costo que demande la implantación y ejecución\n del Plan de Modernización y Energética en las entidades\n y organismos del sector público, se aplicará a\n los correspondientes presupuestos institucionales. Para el efecto\n las entidades efectuarán una reprogramación de\n gastos en sus respectivos presupuestos.
Art. 6. - El presente decreto entrará en vigencia a\n partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial\n y de su ejecución encárguense a los ministros de\n Economía y Finanzas, y de Energía y Minas.
Dado en el Palacio Nacional en Quito, a 16 de marzo del 2001.
f.) Samia Peñaherrera Solah, Ministra de Energía\n y Minas (E).
N0 1381
Que mediante Decreto Supremo N0 3593, publicado en el Registro\n Oficial N0 879 del 20 de julio de 1979 se autorizó a los\n ministros de Trabajo y Bienestar Social, Salud Pública\n y Finanzas y Crédito Público a celebrar un Convenio\n de Cooperación en el área de Desarrollo Social\n con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, cuyos términos\n se encuentran publicados en el mismo decreto;
Que el objeto del precitado convenio, fue el establecer las\n mutuas obligaciones y derechos entre el Gobierno Nacional y la\n mencionada Conferencia, con el fin de participar conjuntamente\n en los programas y proyectos específicos de desarrollo\n del país;
Que de acuerdo con la cláusula sexta de dicho convenio,\n éste es de duración indefinida, pudiendo reformarse\n o quedar insubsistente por acuerdo entre las partes;
Que el Gobierno Nacional ha evaluado la trascendencia que\n para el logro de las metas de desarrollo social, tiene la cooperación\n de la iglesia ecuatoriana, a través de sus instituciones\n y programas de asistencia, promoción y desarrollo social;
Que para la realización de estos programas sociales,\n la iglesia y los organismos internacionales católicos\n de cooperación, destinan importantes recursos, tanto en\n dinero como en alimentos, medicinas, material educativo, litúrgico,\n vehículos, equipos sanitarios y otros;
Que es deber del Estado promover la coordinación de\n los esfuerzos de los sectores público y privado en el\n campo del desarrollo social, actualizando los convenios y adecuándolos\n a las actuales disposiciones legales y a las nuevas circunstancias\n económicas; y,
En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 22 del\n artículo 171 de la Constitución Política\n de la República,
Art. 1. - Suscribir a nombre y en representación del\n Gobierno Ecuatoriano un convenio de actualización del\n ya existente sobre Cooperación Institucional en el área\n de Desarrollo Social celebrado con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana,\n entidad sin fines de lucro, con personería jurídica,\n otorgada mediante Acuerdo Ministerial N0 2713. publicado en el\n Registro Oficial N0 335 de 16 de diciembre de 1985 contenido\n en las siguientes cláusulas:
Cláusula primera. - Partes contratantes. - Intervendrán\n en la celebración del nuevo Convenio de Cooperación\n Institucional en el área de desarrollo social, por una\n parte el Presidente Constitucional de la República del\n Ecuador en representación del Gobierno Nacional, y por\n otra, el Secretario General de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana,\n en representación de la Iglesia del Ecuador que en adelante\n se llamará la Conferencia.
Cláusula segunda. - Objeto. - El objeto del convenio\n es el determinar en forma clara, precisa y actualizada las mutuas\n obligaciones y derechos entre el Gobierno Nacional y la conferencia,\n con el fin de participar coordinadamente en el estudio, ejecución\n y evaluación de programas y proyectos específicos\n para el mejor desarrollo del país.
Cláusula tercera. - Obligaciones de la conferencia.\n - La conferencia se compromete a lo siguiente:
a) Programar, ejecutar y evaluar proyectos a favor de los\n sectores más pobres de la sociedad ecuatoriana en las\n áreas de desarrollo social, educación preprimaria,\n primaria, secundaria y universitaria, educación de adultos,\n educación bilingüe, salud preventiva y curativa,\n promoción y asistencia de la familia, la mujer y la infancia,\n asistencia a migrantes y refugiados, atención de emergencia\n y rehabilitación a favor de los damnificados por desastres\n naturales defensa de los derechos humanos, acompañamiento\n y promoción de comunidades campesinas, indígenas\n y afroecuatorianas, vivienda popular, y, otras iniciativas que\n respondan a nuevas realidades y necesidades;
b) Gestionar en el país y en el exterior recursos monetarios\n y bienes materiales para la ejecución de estos programas\n cuidar de su correcta aplicación e informar periódicamente\n a las instituciones demandantes;
c) Organizar adecuadamente, a nivel nacional y local las estructuras\n administrativas y promover el voluntariado nacional a fin de\n optimizar los recursos donados y el cumplimiento de los objetivos\n propuestos; y,
d) Presentar cada año al Ministerio de Bienestar Social\n un informe de los programas y acciones realizadas en las diversas\n áreas del desarrollo social.
Cláusula cuarta. - Obligaciones del Gobierno Nacional.\n - El Gobierno Nacional se compromete en lo siguiente:
a) Permitir la introducción al país, con la\n exoneración total del pago de tributos al comercio exterior\n de los bienes productos de donaciones y colectas provenientes\n del exterior, destinados a los programas de desarrollo social\n materia del presente convenio, consignados a la conferencia conforme\n lo dispone el articulo 27, literal
\n e) de la Ley Orgánica de Aduanas, reformado por el articulo\n 49, literal d) de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas\n N0 99 - 24, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N0\n 181 del 30 de abril de 1999:
b) Las mencionadas donaciones tendrán tarifa cero del\n impuesto al valor agregado (IVA) de acuerdo con lo previsto en\n el artículo 33, numeral 9), literal c) de la precitada\n Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas.
De conformidad con lo que dispone el artículo 33 del\n Código Tributario las exenciones de pago de los impuestos\n al comercio exterior y del IVA subsistirán por el tiempo\n de validez del presente convenio aun en el caso de que las disposiciones\n legales pertinentes sean reformadas o derogadas;
c) Para beneficiarse de las exenciones tributarias en la introducción\n al país de bienes donados provenientes del exterior la\n conferencia deberá obtener previamente de la autoridad\n competente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, la\n respectiva autorización de embarque de los bienes adjuntando\n a la respectiva solicitud, un certificado de donación\n visado por el Cónsul del Ecuador en el lugar de procedencia\n con el detalle de los artículos. A la llegada al país\n y para su desaduanamiento se requerirá obligatoriamente\n de la expedición del correspondiente acuerdo de liberación\n o documentos de efecto equivalente otorgado por la misma autoridad\n que autorizó el embarque; y,
d) En los casos en que se haya obtenido la autorización\n previa de embarque y el respectivo acuerdo de liberación,\n no se exigirá ningún certificado por parte de las\n empresas verificadoras, considerando que por tratarse de importaciones\n que no causan tributos, su participación no se justifica.\n Todo ello sin perjuicio del aforo físico dispuesto por\n la primera disposición general de la Ley para la Reforma\n de las Finanzas Públicas N0 99 - 24.
Cláusula quinta. - Vigencia del Convenio. - El convenio\n de actualización que deberán suscribir las partes\n regirá a partir de su celebración, tendrá\n una duración de veinte años y podrá ser\n renovado por períodos iguales, si las partes manifiestan\n por escrito por lo menos con 180 días de anticipación\n a la fecha de cumplimiento de cada período su deseo de\n renovarlo. Podrá también dárselo por terminado\n en forma anticipada o reformarlo previo acuerdo entre los contratantes.
Art. 2. - El presente decreto ejecutivo entrará en\n vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial\n y de su ejecución encárguense, los ministros de\n Economía y Finanzas, Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, Educación y Cultura, Salud Pública y Bienestar\n Social.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 27 de marzo del 2001.
f) Jorge Gallardo Zavala, Ministro de Economía y Finanzas.
f.) Roberto Hanze Salem, Ministro de Educación y Cultura.
f) Patricio Jamriska Jácome, Ministro de Salud Pública.
f) Raúl Patiño Aroca, Ministro de Bienestar\n Social.
N0 1382
Que, la República del Ecuador y el Banco Interamericano\n de Desarrollo BID, con fecha 29 de enero de 1999, suscribieron\n el contrato de préstamo N0 11 38 - OC - EC, destinado\n a financiar el "Programa Complementario para Afrontar el\n Fenómeno de El Niño (Red Vial de la Costa)";
Que, mediante oficio N0 4226 C.MOP - BID de 1 de noviembre\n del 2000, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones,\n solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas,\n se oficialice ante el Banco Interamericano de Desarrollo el cambio\n de ejecutor del préstamo de la referencia;
Que, con oficio N0 STYCP - DNE - SS - 2000 - 1954 - 6861 de\n 5 de diciembre del 2000, el Ministerio de Economía y Finanzas\n solicitó al BID, el cambio de organismo ejecutor, pedido\n aceptado expresamente por el BID;
Que, la Procuraduría General del Estado, de conformidad\n con lo establecido en el articulo 124 de la Ley Orgánica\n de. Administración Financiera y Control, a través\n del oficio N0 16332 de 8 de febrero del 2001, emitió dictamen\n favorable para la celebración del convenio modificatorio\n al contrato de crédito N0 1138/OC - FC;
Que, el Presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador,\n mediante oficio N0 DBCE - 0303 - 200 1 - P - 482 - 0 1 - 003\n 65 de 7 de febrero del 2001, remitido a este Portafolio de Estado,\n informó que el organismo de su presidencia resolvió\n emitir dictamen favorable a las modificaciones propuestas en\n el Convenio 11 38/OC - EC;
Que, la Subsecretaría del Tesoro y Crédito Público,\n mediante memorando N0 STyCP - DNE - SS - 200 1 - 0070 de 23 de\n febrero del 2001, emitió el informe correspondiente;
Que, mediante Resolución N° 018 de 14 de marzo\n del 2001 el Ministerio de Economía y Finanzas de conformidad\n con lo dispuesto en el articulo 131 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control aprobó la\n modificación al contrato de crédito N0 1138/OC\n - FC; y,
En ejercicio de la facultad que le confieren los artículos\n 127 de la Ley Orgánica de Administración Financiera\n y Control,
Art. 1. - Autorizase la celebración del contrato modificatorio\n al Contrato de Préstamo N0 11 38/OC - FC, suscrito el\n 29 de enero de 1999 entre la República del Ecuador y el\n Banco Interamericano de Desarrollo, con el objeto de financiar\n el Programa Complementario para Afrontar el Fenómeno de\n El Niño (Red Vial de la Costa)".
Art. 2. - Las modificaciones que se introducirían en\n el Convenio de Préstamo N0 1138/OC - FC, de acuerdo al\n Proyecto de Convenio Modificatorio remitido por el BID al Ministerio\n de Economía y Finanzas, mediante comunicación N0\n CEC - 0115 de 10 de enero del 2001, se resumen a lo siguiente:
- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones\n sustituye y sucede a la Presidencia de la República, la\n que a su vez actuaba por medio de la Unidad Coordinadora del\n Programa de Emergencia para Afrontar el Fenómeno de El\n Niño, en la totalidad de obligaciones que le correspondan,\n como organismo ejecutor, para la ejecución del programa\n y la utilización de los recursos del financiamiento en\n el contrato de préstamo.
- Los nombres "PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA" y 'UNIDAD\n COORDINADORA DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA AFRONTAR EL FENÓMENO\n DE EL NIÑO se sustituyen donde quiera que aparezcan en\n el texto del contrato de préstamo, como organismo ejecutor,\n por el de "MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES".
Art. 3. - Las demás estipulaciones y condiciones financieras\n del contrato de préstamo N0 1138/OC - EC, celebrado el\n 29 de enero de 1999, quedan inalteradas.
Art. 4. - De la ejecución del presente decreto, que\n entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese a los ministros de\n Economía y Finanzas y de Obras Públicas y Comunicaciones.
Comuníquese. - Quito, a 2 de marzo del 2001.
f) Ing. José Macchiavello, Ministro de Obras Públicas\n y Comunicaciones.
No. 000152
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 002, publicado en el\n Registro Oficial No. 247 del 18 de enero del 2001, se expidió\n el Reglamento de Aprobación de las Fundaciones, Corporaciones\n y Entidades Económica Microempresariales;
Que sin embargo, es necesario profundizar el proceso de modernización\n y simplificar procedimientos administrativos para la oportuna\n aprobación y funcionamiento de las fundaciones y corporaciones\n del sector microempresarial;
Que el referido reglamento, contiene normas que no son aplicables\n para las unidades económicas denominadas microempresas,\n por no estar éstas contempladas en el Código Civil;
Que el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, aprueba la\n existencia de corporaciones y fundaciones para el sector microempresarial,\n las mismas que deben sujetarse a lo establecido en el articulo\n No. 583 y siguientes del Título XXIX, de las personas\n jurídicas del Código Civil vigente; y,
En cumplimiento de la delegación conferida en el artículo\n 2 del Decreto Ejecutivo No. 715, publicado en el Registro Oficial\n No. 157 del 6 de septiembre del 2000,
Expedir el siguiente: REGLAMENTO DE APROBACIÓN Y REGISTRO\n DE LAS CORPORACIONES Y FUNDACIONES DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL
Artículo 1. - Este reglamento regula la aprobación\n y concesión de personería jurídica, a las\n corporaciones y fundaciones previstas en el Titulo XXIX del Libro\n I del Código Civil, instituciones que se hallen circunscritas\n al sector microempresarial.
Artículo 2. - Para la constitución de estas\n instituciones, se deberá contar con un número mínimo\n de cinco personas naturales o dos personas jurídicas para\n las fundaciones; y, diez personas naturales o tres personas jurídicas\n para las corporaciones.
Artículo 3. - Para que la institución sea aprobada,\n el representante de la directiva provisional presentará\n ante el Ministro de Trabajo y Recursos Humanos, los siguientes\n documentos:
a) Solicitud de aprobación de la institución;
b) Copia del acta de constitución certificada por el\n Secretario;
c) Pos ejemplares del estatuto debidamente certificados por\n el Secretario, conteniendo:
I. Nombre y domicilio;
\n II. Fines;
\n III. Derechos y obligaciones de sus miembros;
\n IV. Estructura y organización interna;
\n V. Patrimonio económico;
\n VI. Causas de disolución y liquidación;
\n VII. Las demás disposiciones que los socios consideren\n necesarias, siempre que no se opongan al orden público,\n las leyes y a las buenas costumbres; y,
d) Tres ejemplares de la lista de socios fundadores, en la\n que conste, si son personas naturales: los nombres y apellidos,\n el domicilio y la firma de cada uno de ellos; y, si son personas\n jurídicas: la razón social o denominación,\n domicilio, objeto social, registro único de contribuyentes,\n los nombres y apellidos del representantes legal y su firma,\n certificadas por el Secretario o fundador.
Articulo 4. - Para la aprobación de reformas del estatuto,\n la Directiva deberá presentar ante el Ministro de Trabajo\n y Recursos Humanos, la siguiente documentación:
a) Solicitud de aprobación de reformas al estatuto;
b) Copia certificada de la nómina de la Directiva en\n funciones debidamente registrada;
c) Tres ejemplares del listado de reformas, debidamente certificados\n por el Secretario de la institución, con indicación\n que dichas reformas fueron discutidas en mínimo dos sesiones;\n y,
d) Estatuto original o copia certificada del mismo y acuerdo\n ministerial mediante el cual se otorgó personería\n jurídica.
Para el caso de reestructuración de la Directiva por\n alguna sanción establecida en el estatuto, se deberá\n presentar los siguientes documentos:
1. Solicitud dirigida al Ministro de Trabajo y Recursos Humanos;
2. Convocatoria y Acta de Asamblea en que se reestructura\n la Directiva, haciendo constar los nombres y apellidos y firmas\n de los socios asistentes, debidamente certificados por el Secretario\n de la organización; y,
3. Copia del estatuto y acuerdo ministerial mediante el cual\n se otorgó personería jurídica.
De haberse producido una suspensión de las funciones\n de algún miembro del Directorio, expulsión o exclusión,\n la reestructuración de la Directiva no procederá\n hasta cuando se haya registrado la sanción correspondiente.
Articulo 5. - Las corporaciones y fundaciones del sector microempresarial,\n registrarán en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos\n los cambios de directiva, acompañando la siguiente documentación:
a) Solicitud de registro;
b) Convocatoria a elecciones;
c) Acta de asamblea en la que se eligió la Directiva,\n haciendo constar los nombres y firmas de los socios asistentes,\n debidamente certificados por el Secretario de la organización;
d) Copia del estatuto y acuerdo ministerial mediante el cual\n se le otorgó personería jurídica.
Articulo 6. - El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos\n llevará un registro con los siguientes datos:
a) Nombre de la institución;
b) Fecha en la que fue aprobado el estatuto y la reforma;
c) Nómina de socios; y,
d) Número del acuerdo ministerial, folio y número\n de registro correspondiente.
Articulo 7. - Las corporaciones y fundaciones del sector microempresarial,\n tanto para la aprobación y registro de estatutos como\n de directivas, se inscribirán en el Departamento de Registro\n y Archivo del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.
En caso de conflictos internos el Ministerio de Trabajo y\n Recursos Humanos, se reserva la facultad de solicitar los requisitos\n adicionales y realizar las gestiones necesarias para comprobar\n la seriedad de la elección y efectuar el registro solicitado.
Articulo 8. - Para la concesión de personería\n jurídica y reforma al estatuto de las corporaciones y\n fundaciones del sector microempresarial, como registro de directiva,\n se requerirá del informe favorable de Asesoría\n Jurídica de este Ministerio.
Articulo 9.~ El nombre de una institución no debe ser\n igual al de otra que se halle reconocida legalmente en este Ministerio.
Articulo 10. - El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos\n podrá requerir a las corporaciones y fundaciones del sector\n microempresarial, que presenten a su consideración las\n actas de asambleas, informes económicos y memorias aprobadas,\n y toda clase de informes que se refieran a sus actividades.
Artículo 11. - Aquellas asociaciones que tuvieren un\n procedimiento especial de constitución, como las que constan\n en el Código del Trabajo y Reglamento de Aprobación\n y Registro de las organizaciones Artesanales, no se sujetarán\n a este reglamento.
Articulo 12. - Las Corporaciones y Fundaciones del sector\n microempresarial que hayan aceptado nuevos socios, deben presentar:
a) Comunicación dirigida al Ministro de Trabajo y Recursos\n Humanos, haciendo conocer la admisión de nuevos socios;
b) Acta de asamblea en la que se acepta nuevos socios, señalando\n nombres, número de cédula y firma autógrafa\n de los socios asistentes, debidamente certificado por el Secretario\n de la organización;
c) Copia certificada por el Secretario de la organización\n de la solicitud del aspirante a pertenecer a la organización,\n adjuntando copia fotostática de la cédula de ciudadanía;\n y,
d) Copia certificada del registro de la Directiva en funciones.
Articulo 13. - En caso de renuncia o expulsión de socios,\n deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) Comunicación dirigida al Ministro de Trabajo y Recursos\n Humanos, haciendo conocer la renuncia o expulsión del\n socio;
b) Acta de asamblea en la que se acepta la renuncia o la expulsión\n del socio, debidamente certificada por el Secretario de la organización;\n y,
c) Copia certificada del registro de la Directiva en funciones.
Para registrarse la expulsión o exclusión de\n un socio, debe comprobarse si se cumplió con lo establecido\n en el estatuto y si se le dio el derecho a la defensa.
Articulo 14. - El procedimiento y trámite para la concesión\n de la personería jurídica que las corporaciones\n y fundaciones del sector microempresarial y la aprobación\n de reformas estatutarias de las mismas, previsto en este Reglamento,\n será aplicada por las autoridades del Ministerio de Trabajo\n que en forma expresa y mediante acuerdo ministerial se les haya\n conferido tal facultad, dentro de sus respectivas jurisdicciones\n territoriales.
Articulo 15. - Recibida la documentación el Ministerio\n de Trabajo y Recursos Humanos, en el término de 15 días\n y previa verificación del cumplimiento de los requisitos\n aquí determinados y la observación que el estatuto\n no contraviene disposiciones constitucionales o legales, se aprobará\n el estatuto y ordenará su registro con el nombre de la\n corporación o fundación del sector microempresarial\n en el libro correspondiente del Departamento de Registro y Archivo\n que se establecerá administrativamente para el efecto.
Si el estatuto contraviniere disposiciones contrarias a la\n Constitución, o a las leyes, el Ministerio de Trabajo\n y Recursos Humanos no lo aprobará, y dentro del término\n de 15 días comunicará a los peticionarios indicando\n las razones de orden legal que fundamenten la negativa.
Derógase el Acuerdo Ministerial No. 002, publicado\n en el Registro Oficial No. 247 del 18 de enero del 2001.
El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de\n la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Dado, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 28 de marzo\n del 2001.
f.) Ab. Martín Insua Chang, Ministro de Trabajo y Recursos\n Humanos.
N0 330\n - 2000
ACTORES: José Trejo y otros.
\n DEMANDADO: Obispo de la Diócesis de Ibarra.
Quito, a 6 de septiembre del 2000; a\n las 10h00.
VISTOS: José Humberto Trejo, por su propio derecho\n y como procurador común de Wilman René Pérez,\n Rosa Alba Trejo Gómez, Lucio Artemio Trejo Gómez,\n Delia Isabel Pantoja García y Ligia Isabel Trejo Gómez,\n interpone recurso de casación de la sentencia de mayoría\n pronunciada por la Corte Superior de Justicia de Tulcán\n que confirma el fallo de primer nivel que desecha la demanda,\n dentro del juicio ordinario que por prescripción extraordinaria\n adquisitiva de dominio sigue en contra de Monseñor Antonio\n Arregui, Obispo de la Diócesis de Tulcán. Concedido\n el recurso ha
\n subido la causa a la Corte Suprema de Justicia, correspondiendo\n su conocimiento a esta Tercera Sala de lo Civil y Mercantil la\n misma que, para resolver considera: PRIMERO. - El recurrente\n José Humberto Trejo Gómez, en su escrito de interposición\n del recurso que obra a fojas 51 y 52 del cuaderno de segunda\n instancia, manifiesta que en la sentencia expedida por el Tribunal\n Superior "se ha infringido las siguientes normas de derecho:\n 734, 741, 2416, 2422, 2425, 2434 reglas 1ª a 4ª, (del\n Código Civil); y, Art. 119, 211 y 278 del Código\n de Procedimiento Civil". Fundamenta el recurso en la causal\n tercera del Art. 3 de la Ley de Casación; SEGUNDO. - Conforme\n se indica en el considerando anterior, el recurrente impugna\n el fallo fundando su recurso en la causal 3ra. del Art. 3 de\n la ley de la materia, es decir: aplicación indebida, falta\n de aplicación o errónea interpretación de\n los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación\n o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia\n o auto', por considerar que no se ha tomado en cuenta para la\n valoración de la prueba los elementos de probanza que\n afirma han aportado los actores al proceso, en especial la inspección\n judicial, la prueba documental y las declaraciones testimoniales\n presentadas, así como la tacha de los testigos del demandado,\n es decir que la prueba no ha sido apreciada en forma conjunta,\n como dispone el Art. 119 del Código de Procedimiento Civil.\n Sin embargo, examinada la prueba constante del proceso, la Sala\n ha llegado a la conclusión que en la sentencia materia\n de la casación se ha valorado correctamente la prueba\n aportada por las partes, pues, se ha hecho un análisis\n de la misma, de acuerdo con 1 as reglas de la samia crítica,\n sin que por lo tanto exista violación de las normas legales\n invocadas por el recurrente, llegando a la conclusión\n el Tribunal de segunda instancia que los actores han sido meros\n tenedores del inmueble materia de la litis, o sea que no han\n justificado los fundamentos de su demanda, lo que ha motivado\n el rechazo de la misma. Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se rechaza el recurso de casación interpuesto. - Sin costas\n ni multa. - Notifíquese.
-Fdo.) Dres. Rodrigo Vera Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea y Armando Bermeo Castillo, Ministros de la Tercera Sala\n de lo Civil y Mercantil.
f.) Dra. Lucía Toledo, Secretaria Relatora. Es fiel\n copia del original.
Quito, 17 de enero del 2001.
f.) Secretaria Relatora
Quito, a 15 de noviembre del año 2000; a las 10h05.
VISTOS: El Art. 286 de Código de Procedimiento Civil\n dice: "La aclaración tendrá lugar si la sentencia\n fuere obscura; y la ampliación, cuando no se hubiere resuelto\n alguno de los puntos controvertidos, o se hubiere omitido decidir\n sobre frutos, intereses o costas", lo que no sucede en el\n presente caso motivo por lo que se rechaza la petición\n formulada por Monseñor Antonio Arreguí, en su calidad\n de Obispo de la Diócesis de Ibarra. - Notifíquese.
-Fdo.) Dres. Rodrigo Vera Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea y Armando Bermeo Castillo, Ministros de la Tercera Sala\n de lo Civil y Mercantil. - Certifico.
f) Dra. Lucía Toledo, Secretaria Relatora.
Quito, 17 de febrero del 2001.
f) Secretaria Relatora.
N0 332\n - 2000
ACTORA: Verónica Sucre.
\n DEMANDADO: Jaime Hidalgo.
Quito, a 7 de septiembre del 2000; a\n las 11h00.
VISTOS: Verónica Patricia Sucre Prócel, en calidad\n de madre de la menor Melany Stefania Sucre Prócel, dice\n que el padre de la niña, Jaime José Hidalgo Pulla,\n se ha negado a reconocerle sin motivo alguno, puesto que fueron\n compañeros estudiantes de la Escuela Educación\n para la Salud de la Facultad de Nutrición de la Escuela\n Superior Politécnica de Chimborazo. Añade que desde\n junio de 1995 tuvieron relaciones sexuales, "puesto que\n fui seducida y engañada mediante promesa de matrimonio...".\n Que su mencionada hija nació el 17 de mayo de 1996. Con\n tales fundamentos y amparada en los Arts. 266 y 267 No. 3 del\n Código Civil, demanda en juicio ordinario la declaración\n judicial de paternidad de su mencionada hija, "En el sentido\n de que el señor Jaime José Hidalgo Pulla es su\n padre". El señor Juez Tercero de lo Civil de Riobamba\n acepta la demanda. La Segunda Sala de la H. Corte Superior de\n dicha jurisdicción declara sin lugar la demanda por falta\n de prueba. Verónica Patricia Sucre Prócel ha interpuesto\n recurso de casación contra el pronunciamiento de dicho\n Tribunal. Se funda en la causal tercera del Art. 3 de la ley\n de la materia. Sostiene que ha habido . . . "falta de aplicación\n de los preceptos jurídicos y jurisprudenciales de la valoración\n de la prueba que han conducido a una indebida aplicación\n de las normas de derecho". El Tribunal de . segunda instancia\n niega la impugnación, por cuyo motivo la actora ha deducido\n el recurso de hecho, en virtud del cual los autos han subido\n a esta Sala. Con estos antecedentes, para resolver, se considera.\n PRIMERO. - Jaime Hidalgo Pulla no contestó la impugnación.\n SEGUNDO. - La Segunda Sala de la H. Corte Superior de Chimborazo\n no ha valorado en debida forma la confesión ficta en que\n incurriera el demandado (fs. 8 - 9), no obstante que el respectivo\n interrogatorio pregunta si es verdad que fueron compañeros\n de estudio, que desde 1995 comenzaron a tener relaciones sexuales,\n que el demandado alcanzó el consentimiento de ella por\n el ofrecimiento de que iba a contraer matrimonio e incluso que\n el Tribunal de Menores de Chimborazo señaló la\n correspondiente pensión alimenticia. A propósito\n de dicha prueba la jurisprudencia enseña: "CONFESION\n FICTA. Valor probatorio. Cabe conferir pleno valor probatorio\n a la confesión ficta del demandado por la renuencia que\n ha tenido éste a comparecer en juicio, desde el inicio\n mismo de la tramitación" (Dr. Galo Espinosa, Compendio\n de Setenta Años de Jurisprudencia de la Corte Suprema,\n Vol. III, p. 305). - .. ."En todos los casos se aplicará\n el principio del interés superior de los niños,\n y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás,\n y corresponde soberanamente al juzgador de instancia analizar\n la prueba legalmente pedida, practicada y actuada valorándola\n de acuerdo con las reglas de la sana crítica ..."\n (11 - II - 99, Exp. 83.99, RO. 159, 30 - III - 99). "La\n seducción por promesa de matrimonio puede demostrarse\n por cualquier medio de prueba, incluyendo la testimonial, la\n indiciaria y aún la de presunciones, porque la ley no\n ha impuesto ninguna excepción al respecto. La acción\n de declaración judicial de la paternidad en el caso de\n seducción mediante promesa de matrimonio, no tiene por\n finalidad investigar un hecho delictuoso para castigarlo simio\n un fin distinto y superior, el de obtener la mayor certeza posible\n sobre la filiación del hijo" (5 - III - 97, Exp.\n 42 - 97, RO. 101, 4 - VII - 97). - TERCERO.). - La prueba analizada\n se corrobora con la actitud renuente del demandado, que la mantiene\n a lo largo de todo el juicio, no concurrió a la audiencia\n de conciliación en primera instancia (fs. 7 vta.), no\n compareció a rendir la confesión que se le ordenara\n a fs. 16, no compareció al examen genético no obstante\n dos señalamientos y sin embargo de que el costo corría\n a cargo de la demandante, conforme lo certifica la Directora\n del Laboratorio Gen Molecular. A fs. 17 - 19. Además en\n segunda instancia (fs. 2) Jaime Hidalgo solicitó término\n de prueba, pero no actuó ninguna, tampoco compareció\n a la junta de conciliación, y como queda dicho fue declarado\n confeso al tenor del interrogatorio de fs. 8, que contiene, ocho\n preguntas que resumen toda la historia delos litigantes. CUARTO).\n - Las pruebas analizadas, las conclusiones que ellas se derivan\n y la reiterada actitud del demandado frente a las pruebas genéticas,\n a la junta de conciliación y a la confesión solicitada,\n llevan a la convicción de que la actora justificó\n los fundamentos invocados en su demanda, que el Tribunal de segunda\n instancia interpretó erróneamente. Por estos razonamientos,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, aceptándose el recurso de hecho, se casa la\n sentencia impugnada y se confirma, en los términos de\n la presente, la decisión de primera instancia. Notifíquese.
Fdo.) Dres. Rodrigo Varen Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea, Armando Bermeo Castillo, Ministros Jueces. Certifico.\n -
La foja que antecede es fiel y exacta copia de su original.
Certifico. - Quito, 12 de enero del 2001.
N0 333\n - 2000
ACTOR: Angel Reina Argoti.
\n DEMANDADA: Maria Teresa Loayza.
VISTOS:.En el juicio ordinario que por nulidad de sentencia\n sigue Angel María Reina Argoti en contra de María\n Teresa Loayza Alvarado. El actor interpone recurso de casación\n de la sentencia pronunciada por la Segunda Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Machala en la que se confirma en todas sus partes\n el fallo de primera instancia que declara sin lugar la demanda.\n - Concedido el recurso ha subido la camisa, correspondiendo por\n sorteo, su conocimiento a esta Sala, la misma que para resolver,\n considera: PRIMERO. - En su primera providencia, este Tribunal\n de Casación aceptó a trámite el recurso\n por reunir los requisitos de forma señalados en el Art.\n 6 de la Ley de Casación, disponiendo que se corra traslado\n con el recurso a la contraparte para que lo conteste fundamentadamente\n en el término de cinco días. No se ha dado contestación\n al traslado. SEGUNDO. - El impugnante manifiesta que funda el\n recurso de casación en las causales 1ª, 2ª y\n 3ª del Art. 3 de la ley de la materia. Aduce que las "normas\n de derecho" que estima infringidas son: "Art. 303.\n numeral 2, 304, 305, 354, 355, numeral 3, 359 inciso tercero,\n 366 y 284 del Código de Procedimiento Civil" (sic).\n En los fundamentos en que se apoya el recurso textualmente dice:\n "La sentencia recurrida es producto de una indebida aplicación,\n de la falta de ésta y errónea interpretación\n de nominas de derecho y procesales, por parte de quienes la han\n expedido...". - Luego manifiesta que "se acepta que\n ha existido un error de hecho al haberse cambiado su apellido,\n ya que en vez de demandársele como Argoti, se le demanda\n como Angoli", en la causa seguida por terminación\n de la unión de hecho, sin embargo de lo cual se corrige\n el error en la sentencia "a pesar de que el Art. 284 del\n Código de Procedimiento Civil solo permite que los jueces\n suplan puntos de derecho que hayan omitido las partes",\n mas no errores de hecho como ha sucedido en la presente camisa\n indica también que existe errónea interpretación\n de normas de derecho "que ha llevado a los Ministros de\n la Segunda Sala a confundir la sentencia ejecutada con la sentencia\n ejecutoriada de derecho pues, el Art. 305 del Código de\n Procedimiento Civil nos dice que no habrá lugar a la acción\n de nulidad si la sentencia ha sido ya ejecutada" (sic).\n TERCERO. - El recurso de casación es de carácter\n extraordinario, formalista y restrictivo, ataca exclusivamente\n a la sentencia para invalidarla o anularla debido a los vicios\n de fondo o forma que se presenten, por violación directa\n de la ley, por su falta de aplicación, por indebida aplicación\n o por errada interpretación de la misma. Por tamito, el\n recurrente está obligado a precisar, en forma clara, el\n motivo de la violación y la forma como se ha incurrido\n en ella, esto es señalando todas y cada una de las nominas\n que considera violadas, en relación con la causal o causales\n alegadas, y si dicha violación se ha producido por aplicación\n indebida, por falta de aplicación o por errónea\n interpretación de normas de derecho para la causal 1ª.\n de normas procesales para la causal segunda y de los preceptos\n jurídicos aplicables a la valoración de la prueba\n para la causal 3ª del Art. 3 de la Ley de Casación.\n CUARTO. - En el presente caso el recurrente no hace tales precisiones.\n Por el contrario, se limito a citar, en forma general, varias\n disposiciones del Código de Procedimiento Civil como infringidas\n en la sentencia materia de la casación, manifestando que\n existe falta de aplicación, indebida aplicación\n y errónea interpretación de "normas de derecho\n y procesales" sin reparar que estos elementos de las tres\n primeras causales del Art. 3 de la Ley de Casación, son\n contradictorias e incompatibles entre si, pues mal puede hablarse\n de falta de aplicación y al mismo tiempo de indebida aplicación\n y de errónea interpretación. QUINTO. - Sin embargo\n de lo dicho, este Tribunal de Casación ha revisado el\n proceso llegando a la conclusión que en el fallo recurrido\n no existe violación alguna de nominas de derecho o de\n normas procesales, pues el error en cuanto al apellido materno\n del demandado en el trámite del juicio de jurisdicción\n voluntaria seguido para la terminación de la unión\n de hecho habida entre las partes, carece de relevancia y no puede\n considerarse como omisión de la solemnidad sustancial\n 3ª del Art. 355 del Código de Procedimiento Civil,\n ya que tal hecho no fue alegado expresamente como excepción\n en el juicio de terminación de la unión de hecho.\n Por el contrario, el demandado de ese juicio reconoce expresamente\n la existencia de tal unión de hecho, lo que significa\n que se trata de la misma persona que convivía, en unión\n de hecho, como María Teresa Loayza Alvarado, que es quien\n le demanda la terminación de dicha unión. En consecuencia,\n no existe la ilegitimidad de personería alegada, razón\n por la cual no procede la demanda de nulidad de sentencia ejecutoriada\n al amparo de la disposición contenida en el numeral 2°\n del Art. 303 del Código de Procedimiento Civil. - Por\n estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA\n REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecho el recurso de\n casación interpuesto. - Sin costas mii multas. Notifíquese.\n -
Fdo.) Dres. Rodrigo Varea Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea, Armando Bermeo Castillo, Ministros Jueces.
N0 336\n - 2000
ACTOR: César Naranjo Torres A.
\n DEMANDADO: Jofre Portilla López.
Quito, a 7 de septiembre del 2000; a\n las 10h20.
VISTOS: César Edmundo Naranjo Torres interpone recurso\n de casación de la sentencia pronunciada por la Cuarta\n Sala de la H. Corte Superior de Cuenca en la que, revocando el\n fallo dictado por el Juez de primera instancia, declara sin lu