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Timestamp: 2017-08-18 10:29:26
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Matched Legal Cases: ['artículo 949', 'artículo 949', 'artículo 266', 'artículo 147', 'artículo 131', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 262']

Sentencia en Ordinario mercantil 147/2008. Responsabilidad de administradores societarios, prescripción de la acción. | Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil
24 de noviembre de 2009 - 22:51	 - SENTENCIAS DE JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES
SENTENCIA NUM 38 (mercantil)
En Cuenca a diez de noviembre de dos mil nueve
Vistos por Doña Maria del Carmen Díaz Sierra, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Cuenca, los presentes autos de juicio ordinario registrados con el numero 147 del año 2008, a instancia de BANCO BILBADO VIZCAYA ARGENTARIA SA representado por la Procuradora Doña Maria Josefa Herraiz Calvo y asistido por el Letrado Don Diego Cobo Serrano contra Doña xxxxxxx, Doña xxxxxx, Doña Fxxxxxx y Don Pxxxxxx, representados por la Procuradora Doña Cristina Prieto Martinez y asistidos por el Letrado Don Enrique Garcia Garcia , Doña xxxxxx y Don xxxxxx, representados por la Procuradora Doña Cristina Prieto Martinez y asistido por el Letrado Don Enrique Garcia Garcia y Don xxxxxxx y Don xxxxxxx representado por la Procuradora Doña Cristina Prieto Martinez y asistido por el Letrado Don Juan Ramón González Sotorres
PRIMERO.- Por la Procuradora Doña Maria Josefa Herraiz Calvo en la representación acreditada en autos, se presento demanda que correspondió a este Juzgado en la que en síntesis alegaba que C. I. SA, ante las perdidas en los ejercicios de 002 y 2003 y con carácter previo la situación a la que finalmente se vio avocada la misma, los demandados, administradores de la sociedad, debieron proceder a convocar la obligada Junta a fin de proceder a la ampliación del capital social y solicitar la disolución de la sociedad, sin embargo no hicieron nada, llevando a la situación de insolvencia total y cierre de la empresa en perjuicio de los acreedores entre ellos de la actora . Asimismo alega que los administradores han incurridos en diversos comportamientos contrarios a la ley, adquisición de un Fondo de Inversión en el año 1999 a una empresa de su propio grupo empresarial, XXXXXXX Sl, por importe de 129.679,49 euros. Los beneficios en 2003 ascendieron a 196.363,69 euros , y los administradores retiraron fondos en detrimento de los acreedores, y después de llevarse más de 180.000 euros plantearon la suspensión de pagos. Tras aducir los fundamentos de derecho que estimaba de aplicación terminaba solicitando se dictara sentencia por la que se condene a los demandados al pago de la cantidad de ciento treinta y cinco mil euros doscientos noventa y nueve euros y ochenta y nueve céntimos de euros, así como la cantidad de veintitrés mil setenta y ocho euros y ochenta y tres céntimos de euros así como al pago de las costas procesales.
SEGUNDO.- Admitida la demanda por auto de uno de abril de dos mil ocho, se emplazo a los demandados.
La Procuradora Doña Cristina Prieto Martinez en nombre y representación de Doña XXXXXX y Don XXXXXXX, presento escrito de contestación a la demanda en la que en síntesis alegaba en primer lugar la existencia de cosa juzgada y prejudicialidad, al haber sido calificada en el proceso de suspensión de pagos 425/03 la insolvencia de C. I. SA como fortuita. Asimismo alega que no se acredita su derecho de crédito , además que la actora no ha reintegrado a la mas los cobros recibidos de las exportaciones. Por ultimo se opone a la acción de responsabilidad individual ejercitad al no concurrir los presupuestos legales y considerar que esta prescrita, al igual que la acción de responsabilidad derivada de no instar la disolución de la sociedad. Tras aducir los fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba solicitando se dictara una sentencia desestimatoria con expresa condena en costas a la parte actora.
La Procuradora Doña Cristina Prieto Martinez en nombre y representación de Don XXXXXX, presento escrito de contestación a la demanda que en síntesis alegaba que el codemandado aun formando parte del Consejo de administración de la mercantil poseía solo una porción mínima del accionariado de la misma, un 15 del total. Igualmente alega la existencia de cosa juzgada y prejudicialidad, al haber sido calificada en el proceso de suspensión de pagos 425/03 la insolvencia de C. I. SA como fortuita. Asimismo alega que no se acredita su derecho de crédito , además que la actora no ha reintegrado a la mas los cobros recibidos de las exportaciones. Por ultimo se opone a la acción de responsabilidad individual ejercitad al no concurrir los presupuestos legales y considerar que esta prescrita, al igual que la acción de responsabilidad derivada de no instar la disolución de la sociedad. Tras aducir los fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba solicitando se dictara una sentencia desestimatoria con expresa condena en costas a la parte actora.
Por la Procuradora Doña Cristina Prieto Martinez en nombre y representación de Don XXXXX, Don XXXX, Doña XXXX, Doña XXXXX y XXXXXX presento escrito de contestación a la demanda en la que en síntesis alegaba en primer lugar la existencia de cosa juzgada y prejudicialidad, al haber sido calificada en el proceso de suspensión de pagos 425/03 la insolvencia de C. I. SA como fortuita. Asimismo alega que no se acredita su derecho de crédito , además que la actora no ha reintegrado a la mas los cobros recibidos de las exportaciones. Por ultimo se opone a la acción de responsabilidad individual ejercitad al no concurrir los presupuestos legales y considerar que esta prescrita, al igual que la acción de responsabilidad derivada de no instar la disolución de la sociedad.
TERCERO.- Mediante providencia de 27 de junio de dos mil ocho, se cita a las partes a la audiencia previa. Tras intentar la avenencia sin éxito, la parte actora propone como medios probatorios, documental y pericial. La parte demandada: interrogatorio de parte, documental, mas documental y testifical .Todos los medios probatorios fueron admitidos.
CUARTO.- Mediante auto de siete de noviembre de dos mil ocho, se desestima las excepciones de defecto legal en el modo de proponer la demanda y la cosa juzgada.
QUINTO.- En el acto de la vista, realizada la práctica de la prueba propuesta y admitida, las partes formulan oralmente sus conclusiones quedando los autos vistos para sentencia.
PRIMERO.- Es necesario resolver en primer lugar sobre la prescripción alegada por los codemandados.
La doctrina y la jurisprudencia ven en la Ley de Sociedades Anónimas los siguientes tipos de acciones frente al administrador de la sociedad:
- Acción de responsabilidad cuando la conducta del administrador lesiona intereses sociales y tiene como finalidad el reintegrar el patrimonio social y puede ser ejercida por el acreedor cuando no es ejercida por la sociedad o sus acciones conforme al art. 134.5 de la LSA
- acción individual de responsabilidad de los administradores de la art. 135 LSA que viene a indemnizar el perjuicio a individuos
- Un tercer grupo que abarcaría diversas acciones especificas entre ellas la del art. 262.5, la acción de responsabilidad por no convocar la junta para se adopte en su caso el acuerdo de disolución judicial.
En cuanto al plazo de prescripción ha de señalarse , que después de diversas vacilaciones jurisprudencial, a partir de la STS de 20 de julio de 2001 , declarando que el plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad contra los administradores societarios, independientemente de su respectiva naturaleza, es el de cuatro años a partir del cese del cargo de administrador fijado en el artículo 949 CCom (SSTS, entre otras, de 2 de febrero de 2006, 6 de marzo de 2006, 9 de marzo de 2006, 23 de junio de 2006, 26 de junio de 2006, 9 de octubre de 2006, 27 de octubre de 2006, 28 de noviembre de 2006, 13 de febrero de 2007, 21 de febrero de 2007, 5 de marzo de 2007, 8 de marzo de 2007, 12 de marzo de 2007, 14 de marzo de 2007, rec. 262/2000, 14 de mayo de 2007, rec. 2141/2000, 26 de octubre de 2007, recurso 4182/2000, 26 de septiembre de 2007, recurso 3528/2000).
Por lo que debemos partir pues de este plazo de prescripción de cuatro años, y no un año tal como sostiene la parte demandada para determinar si las acciones ejercitadas están prescritas tal como se interesa.
Sostiene la parte demandada que el acuerdo de disolución es de fecha 25 de febrero de dos mil cuatro, por lo que habría que entender que es desde este momento cuando debería computarse el plazo de prescripción, por lo que habiéndose interpuesto la demanda con fecha 18 de marzo de dos mil ocho, debe entenderse prescrita la acción.
Ha de traerse a colación lo establecido en la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de dos mil ocho, que con ocasión a esta cuestión establece “el momento establecido en el artículo 949 C.Com como dies a quo para el ejercicio de la acción de responsabilidad dirigida contra los administradores de la sociedad es el de su cese (Sentencia de 14 de mayo de 2007, con cita de las de 26 de mayo de 2006 y 22 de marzo de 2007 , entre las más recientes), lo que ha de entenderse como aquel en que, como señala el precepto, "por cualquier motivo" hubieran cesado en "el ejercicio de la administración", siendo por ello que, como destacó la sentencia de 26 de octubre de 2004 , el inicio del cómputo de ese plazo reclama un cese propiamente dicho del administrador demandado, por más que la causa de aquel pueda ser cualquiera de las que se consideran aptas para producirlo, «entre ellas, la apertura de la liquidación de la sociedad, consecuencia automática, salvo en supuestos excepcionales, de su disolución (artículo 266 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas), en cuanto determinante de la sustitución del administrador por los liquidadores en las actividades de gestión y representación (artículos 267 y 272 del mismo texto); o, también, la renuncia del administrador (artículo 147.1º del Reglamento del Registro Mercantil, RD 1.784/1.996, de 19 de julio); o su separación por decisión de la junta general (artículo 131 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y del 148 del Reglamento del Registro Mercantil, RD 1.784/1.996, de 19 de julio)».
Según esta doctrina, que admite que se tenga por producido el cese del administrador en el desempeño de su cargo por cualquiera de las causas que contempla el Reglamento del Registro, parecería que la dimisión por parte de los recurrentes, señores Francisco y Valentín, con fecha 27 de octubre de 1992, que fue aceptada por la Junta, por acuerdo de esa misma fecha, elevado a público en escritura notarial otorgada por el Notario Don Ángel Benítez Donoso Cuesta (folios 164 y siguientes), debería conllevar la fijación del dies a quo en ese instante. Así sería, sin lugar a dudas, si el mencionado cese estuviera revestido de la publicidad formal que garantiza la inscripción registral, pues en ese caso, a partir de ese momento el legitimado para ejercitar la acción, aún presumiéndose su buena fe, no podría negar su desconocimiento. Lo contrario ocurre cuando, como acontece en el caso de autos, el cese accede al registro en fecha posterior al momento en que tuvo lugar el acto de separación, pues sólo a partir de la inscripción pueden ser oponibles a terceros de buena fe los efectos o las consecuencias de la separación del cargo, habida cuenta además, que la buena fe se presume, y que no corresponde al actor probar que no pudo conocer de otro modo el cese, sino que, al contrario, es obligación del que sostiene la eficacia del cese no inscrito demostrar que el afectado tuvo conocimiento del momento en que se produjo el cese efectivo por parte del administrador, o acreditar de otro modo su mala fe, lo que no ha ocurrido”
Aplicando lo expuesto y examinada la documentación, si bien es cierto que el acuerdo de disolución es de de 25 de febrero de dos mil cuatro, lo cierto es que no es hasta el 6 de julio de dos mil cuatro, cuando se produce su inscripción en el Registro Mercantil, por lo que si no costa el conocimiento por parte del afectado del momento en que se produjo el cese efectivo por parte del administrador o no se acredita de otro modo su mala fe, el computo del plazo de cuatro años que comporta la extinción por prescripción de la acción no puede iniciarse sino desde el momento de la inscripción ,dado que solo a partir de entonces puede oponerse al tercero de buena fe el hecho del ceses y en consecuencia , a parte de ese momento el legitimación para ejercitar la acción no puede negar su desconocimiento, en conclusión debe desestimarse la prescripción alegada.
SEGUNDO.- La parte actora ejercita la acción individual de responsabilidad basada en el art. 127, 133 y 135 de la LSA por un comportamiento contrario a la ley y sin la diligencia de un ordenado comerciante , causante de una lesión concreta a los intereses propias al ser acreedor de la sociedad.
La acción individual de responsabilidad de los administradores mercantiles, prevista en el artículo 135 TR LSA, exige que se dé una conducta del administrador en el ejercicio de su cargo integrada por actos u omisiones negligentes productores de daños, según un razonable nexo causal (STS de 25 de abril de 2005). En consecuencia, para que nazca la responsabilidad de los administradores que se establece en los artículos 133.1 y 135 LSA, se debe probar que concurren los siguientes requisitos: a) que se ha producido un daño al socio o tercero; b) que se ha producido una conducta de acción u omisión negligente por parte de los administradores, y c), que existe relación de causalidad entre la conducta y el daño (SSTS de 6 de octubre de 2000, 20 de diciembre 2002, 4 de abril 2003 y 7 de marzo de 2006).
La demanda cifra la acción negligente de los administradores principalmente en la falta de convocatoria de Junta General para la disolución de la sociedad cuando concurrían los presupuestos legales para la misma; Es frecuente que la acción individual de responsabilidad se apoye de manera acumulada en el artículo 135 y en el 262.5 TR LSA, como realiza la parte actora al alegar como uno de los motivos que determinan a su juicio la negligencia en la conducta de los administradores el incumplimiento de la obligación de convocar la Junta General para proceder a su disolución teniendo en cuenta la situación de perdidas de la sociedad
La jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, ha venido admitiendo la relación entre la acción individual de responsabilidad y el incumplimiento de la obligación de disolver la sociedad siguiendo los procedimientos legalmente prescritos, como forma de superar el carácter objetivo de la responsabilidad fijada en artículo 262.5 TR LSA. Así, ha declarado que los administradores sociales incurren en responsabilidad solidaria por negligencia por las deudas sociales cuando se limitan a eliminar la sociedad del tráfico mercantil sin proceder a su disolución en la forma prevista por el ordenamiento jurídico y con ello causan daño a los acreedores de la misma. Pero debe notarse que para que sea posible esta asimilación es menester que se pruebe la negligencia por parte de los administradores en el incumplimiento de su obligación de promover de forma ordenada la disolución de la sociedad y el nexo de causalidad entre esta negligencia y el daño producido a los acreedores. Entre otras, la STS de 19 de abril de 2001 declara que «"[...] los demandados llevaron a cabo el cierre de facto del establecimiento social, sin haber abonado el crédito pendiente con la entidad actora, y sin haber llevado a cabo, conforme a Ley, la suspensión, quiebra, liquidación o disolución de la sociedad". Todo ello lleva a determinar una actuación negligente, puesto que sin llegar a una declaración de responsabilidad civil cuasi-objetiva, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ha llegado a declarar que los administradores no pueden limitarse a eliminar la sociedad sin más, ya que deben liquidarla en cualquiera de las formas prevenidas legalmente, y que están precisamente orientadas para salvaguardar los intereses de terceros en el patrimonio social. Por lo que, la no liquidación en forma legal del patrimonio social cuando la sociedad se encuentra en situación de insolvencia es susceptible de producir daño a terceros (sentencias de 21 de mayo de 1992 y 22 de abril de 1994 entre otras)».
Debemos tener en cuenta que la conforme al informe pericial emitido en el caso de autos, debidamente ratificado en el acto de la vista examinados las Cuentas Anuales depositadas en el Registro Mercantil, si bien los ingresos de explotación disminuyen a partid del ejercicio de dos mil uno, conforme la evolución de la situación patrimonial, es a partir del año 2003 cuando el patrimonio empieza a ser negativo, en concreto una diferencia negativa de 347.609,95 euros.
Conforme al art. 260 de la Ley de Sociedades Anónimas, estas se disolverán , por consecuencia de perdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que este aumente o se reduzca en la medida suficiente, estableciéndose en el art. 262.5 de la misma Ley que responderán solidariamente de las obligaciones sociales los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general , para que adopte , el acuerdo de disolución o que no soliciten la disolución judicial de las sociedad en el plazo de dos meses a contar desde la fecha previa par ala celebración de la junta, cuando esta no se haya constituido o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolucion.
Si examinamos la documental aportada, siendo de especial relevancia, el informe emitido en el procedimiento de suspensión de pagos 425/03 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Cuenca, que califico la insolvencia de fortuita sin que de ella se derive alguna responsabilidad de los administradores, lo cierto es que la causa de disolución como tal se dio al fin del ejercicio del año 2003, y precisamente la Junta General para disolución de la sociedad C.I. se produce el 25 de febrero de dos mil cuatro, por lo que debe concluirse la desestimación de la acción de responsabilidad interpuesta por la parte actora.
TERCERO.- Conforme al art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al haberse desestimado íntegramente la demanda, procede la condena en costas a la parte actora.
Vistos los preceptos aplicables, y demás de general y pertinente aplicación
DESESTIMAR la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Maria Josefa Herraiz Calvo en nombre y representación BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, contra Pxxxxx, Doña xxxxxx, Doña xxxxx Don PEDRO LANGREO HUERTA, , Doña xxxxxxx Don Jxxxxxx, Don xxxxxxx y Don xxxxx, absolviendo a los citados demandados de los pedimentos efectuados en su contra.
Sentencia en Ordinario mercantil 331/2008. Impugnación de acuerdos sociales nulos →