Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24167
Timestamp: 2020-02-20 08:28:43
Document Index: 232007278

Matched Legal Cases: ['artículo 194', 'artículo 238', 'artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 60', 'Artículo 62', 'Artículo 85']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 177/2014
SENTENCIA 177/2014, de 3 de noviembre
ECLI:ES:TC:2014:177
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 24 de abril de 2012, el Procurador de los Tribunales don Adolfo Morales Hernández-Sanjuán, en nombre y representación de Josep Palol Sunyer, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales citadas en el encabezamiento.
a) En acuerdo de 30 de enero de 2008, el Pleno del Ayuntamiento de Ultramort resolvió el expediente de restauración de la legalidad urbanística incoado en relación con las instalaciones y la actividad de la granja “La Pomareda”, por no ajustarse a los términos previstos en la licencia municipal otorgada en fecha de 4 de abril de 1991. Se ordenaba el cese del uso urbanístico y la actividad a que se destinaba la nave para cerdas madres y transición de lechones de la granja “La Pomareda”, denominada nave de nueva planta, ordenándose el derrumbe de la misma.
b) Notificada al recurrente en amparo el día 15 de febrero de 2008 la resolución del Pleno del Ayuntamiento, interpuso recurso contencioso-administrativo contra dicho acuerdo. Presentó escrito de proposición de prueba en el que solicitó diversa documental, reconocimiento judicial y una serie de testificales y periciales-testificales. Por providencia de fecha 20 de octubre de 2008 se estimaron todas ellas pertinentes, excepto el reconocimiento judicial. La parte demandada hizo lo propio, señalando prueba documental, que fue admitida por providencia de aquella misma fecha, 20 de octubre de 2008. Se señaló y practicó la prueba admitida el día 3 de diciembre de 2008, en presencia del Magistrado Juez titular.
c) La Sentencia del Juzgado núm. 3 de lo Contencioso-Administrativo de Girona, de 4 de septiembre de 2009, no fue dictada por el Magistrado Juez recién citado sino por la Juez sustituta.
Razona en ella lo siguiente: i) que a la vista del expediente administrativo las instalaciones de la granja no se ajustan al proyecto técnico que dio lugar a la concesión de la licencia, según acreditaría el certificado final de obra redactado por un perito agrícola presentado por el propio recurrente, lo que determinó que el acta de comprobación extendida en fecha de 20 de julio de 1999 fuera desfavorable; ii) que las modificaciones implicaron una nave de nueva planta que no estaba prevista en el proyecto inicial ni en la licencia municipal concedida; circunstancias igualmente confirmadas por el informe del arquitecto del Consell Comarcal del Baix Empordà, de 29 de junio de 2007; iii) que la testifical del perito agrícola mencionado anteriormente confirmó los cambios introducidos respecto del proyecto acompañado con la solicitud de licencia de ampliación, aunque lo justificó por “el tiempo transcurrido entre la redacción del proyecto y la ejecución de las obras y sobre todo en los cambios y mejoras en la tecnología que se produjeron en esos años en [el] sector porcino”, reconociendo sin embargo que la actividad desarrollada en la granja “La Pomareda” no disponía de acta de comprobación, que era condición legal necesaria para el ejercicio de la actividad; iv) que la licencia otorgada se refería expresamente a la obligación de ejecutar las obras en los términos autorizados, tal y como establecía la condición segunda de la licencia (que ordenaba actuar “con estricta sujeción a las normas legales y reglamentarias en vigor, y a los planos aprobados”, añadiendo que toda variación ulterior “no podrá llevarse a cabo sin recabar la conformidad de la Administración Municipal”; v) que en cuanto a la alegada desviación de poder, acoso rural y animadversión de la alcaldesa, “la declaración del testigo Sr. Juan Perich Figueres … ha merecido poca credibilidad al ser poco clara y objetiva, dejando caer comentarios poco ortodoxos y sensacionalistas como Ultramort no es democratic”; testifical que no ha sido corroborada por ninguna otra prueba fehaciente y neutral, carente de subjetividad o intereses al respecto, como mostraría, por ejemplo, la del Sr. Marull, “el cual también interpuso en su día un recurso contencioso administrativo contra las normas de las NNSS, afectando así a los intereses de la alcaldesa, y vio también su granja afectada por el derrumbe como el recurrente”, deduciéndose de ello que la actuación del Ayuntamiento y su regidora se dirigieron en todo momento a la protección de la legalidad urbanística. La testifical del Sr. Marull, a la que alude la sentencia de instancia, fue finalmente rechazada por el Magistrado Juez que asistió a la diligencia probatoria celebrada el día 3 de diciembre de 2008.
d) La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resolvió el recurso de apelación interpuesto por el recurrente en amparo, por Sentencia de 13 de febrero de 2012. Se ocupa, en primer lugar, de la queja que se constituye en controversia principal en este procedimiento de amparo, relativa a la vulneración del principio de inmediación, ya que el recurso se oponía a que dictara sentencia en instancia una Juez sustituta que no presenció las declaraciones de las partes ni el resto de las pruebas, practicadas ante el Magistrado titular del Juzgado.
“En cuanto al primer aspecto, dispone el artículo 194.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (a salvo las excepciones de su apartado 2) que en los asuntos que deban fallarse después de la celebración de una vista o juicio la redacción y firma de la resolución se realizará en los órganos jurisdiccionales unipersonales por el juez que haya asistido a la vista o juicio, aunque después hubiera dejado de ejercer sus funciones en el juzgado, lo que no excluye la previsión del 216.bis.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación al nombramiento y adscripción, bajo determinadas circunstancias, de jueces sustitutos o magistrados suplentes para resolver los asuntos.
Siendo ello así, ninguna indefensión puede habérsele derivado a la parte, motivadora de la nulidad de pleno derecho de lo actuado por haberse prescindido de un trámite esencial del procedimiento, en los términos del artículo 238.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial…”
3. La demanda de amparo denuncia que las Sentencias dictadas en el proceso judicial incurren en diversas vulneraciones del art. 24 CE. Se produce, en primer lugar, la del artículo 24.1 CE, puesto que la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Girona no se pronunció sobre la pretensión de desviación de poder alegada, acoso rural y animadversión, ya que a ello equivale que la resolviera con base en una prueba no admitida (la declaración del Sr. Marull). Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña intentó suplir aquella clara omisión de pronunciamiento, pero su razonamiento carece de motivación y no subsana, entonces, la incongruencia cometida por la juzgadora a quo. En segundo lugar, con invocación del mismo derecho fundamental (art. 24.1 CE), aduce la demanda que no han sido debidamente valoradas pruebas que constan en autos y acreditan la desviación de poder y la falta de finalidad legitima del expediente de restauración urbanística.
4. La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 20 de septiembre de 2012, acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, solicitando la certificación o fotocopia adverada de las actuaciones a los órganos judiciales que intervinieron en el proceso contencioso-administrativo, así como la práctica de los emplazamientos correspondientes, y al Ayuntamiento de Ultramort de las actuaciones relativas al acuerdo del Pleno de la corporación municipal, de 30 de enero de 2008.
5. En sendas providencias de 19 de noviembre de 2012 se acordó la formación de pieza separada para la tramitación del incidente de suspensión y se concedió a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal un plazo común de tres días para que formularan alegaciones. Evacuado dicho trámite, se denegó la petición mediante el ATC 20/2013, de 28 de enero.
6. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 16 de noviembre de 2012, el Procurador de los Tribunales don Luis Arrendondo Sanz solicitó que se le tuviera por personado en nombre y representación del Ayuntamiento de Ultramort.
7. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, de 27 de junio de 2013, se tuvo por personado y parte en el procedimiento, en la representación que ostenta, al Procurador don Luis Arrendondo Sanz, acordándose abrir un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, de conformidad con el art. 52.1 LOTC, para que pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniere.
8. Por escrito registrado en este Tribunal el día 30 de julio de 2013, reiterado en sus contenidos en otro posterior de 18 de febrero de 2014 (presentado tras la diligencia de ordenación de 23 de enero de 2014), la representación del Ayuntamiento de Ultramort interesó la denegación del amparo.
9. El recurrente en amparo presentó sus alegaciones por escritos registrados los días 30 de julio de 2013 y 25 de febrero de 2014, que reiteran en esencia el contenido de la demanda formulada.
10. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional evacuó el trámite el día 28 de febrero de 2014.
11. Por providencia de 30 de octubre de 2014, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 3 de noviembre del mismo año.
1. El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 13 de febrero de 2012, recaída en el recurso de apelación núm. 390-2009 y, asimismo y según se desprende de la demanda, frente a la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Girona, núm. 214-2009, de 4 de septiembre de 2009, que desestimó el recurso contencioso-administrativo dirigido contra el acuerdo del pleno municipal del Ayuntamiento de Ultramort, de 30 de enero de 2008, que ordenaba el cese del uso urbanístico y de la actividad a la que se destina la nave para cerdas madres y transición de lechones de la granja “La Pomareda”, con orden de derribo.
2. Es patente la falta de fundamento de las alegaciones que descansan en el art. 24.1 CE, que despejaremos en primer lugar para poder detenernos en la cuestión realmente controvertible (indefensión material).
“En lo que respecta a la desviación de poder, el acoso rural así como la animadversión de la alcaldesa alegados por el recurrente, lo cierto es que pese a la declaración del testigo Sr. Juan Perich Figueres, la cual ha merecido poca credibilidad al ser poco clara y objetiva, dejando caer comentarios poco ortodoxos y sensacionalistas como ‘Ultramort no es democratic’. Y no debe olvidarse que dicha testifical no ha sido corroborada por ninguna otra prueba fehaciente y neutral, carente de subjetividad o intereses al respecto, como muestra por ejemplo la del Sr. Marull, el cual también interpuso en su día un recurso contencioso administrativo contra las normas de la NNSS, afectando así a los intereses de la alcaldesa, y vio también su granja afectada por el derrumbe como el recurrente. Por lo que la actuación del Ayuntamiento y la de su alcaldesa al frente va dirigida en todo momento a la protección de la legalidad urbanística vigente.”
Finalmente, tampoco hay duda de que se tomaron en consideración las pruebas efectivamente admitidas y practicadas (documentales, periciales y testificales), citadas y valoradas en su alcance en cada momento de la resolución, que muestra un conocimiento cabal y completo del acervo probatorio (expediente administrativo, proyecto técnico, licencia municipal, prueba del perito agrícola solicitada por el propio recurrente, informe del arquitecto del Consell Comarcal del Baix Empordà y testificales practicadas, entre otros elementos). La valoración que efectúa la Sentencia, razonada y no manifiestamente irrazonable y sin errores fácticos que hayan quedado acreditados, no podría entonces haber lesionado el derecho fundamental invocado, más allá de que la parte recurrente sostenga otra interpretación de los hechos acaecidos, y con independencia ahora de que la prueba considerada pudiera o no valorarse por la juzgadora a quo, en tanto que no presenció su desarrollo (sesión del día 3 de diciembre de 2008), de lo que seguidamente nos ocupamos.
3. Debemos centrar la atención, por tanto, en la alegada vulneración del art. 24.2 CE, que gravita alrededor del principio de inmediación en la valoración de pruebas personales.
4. La alegación conjunta de los derechos a un proceso con todas las garantías y al Juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), ambas con relación al principio de inmediación que venimos de enunciar, nos obliga a sentar una premisa del enjuiciamiento que permitirá identificar la dimensión constitucional comprometida en el recurso.
1. Voto particular concurrente que formula el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, respecto de la Sentencia de fecha 3 de noviembre de 2014, dictada por la Sala Segunda en el recurso de amparo núm. 2434-2012.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 2434-2012
Promovido por don Josep Palol Sunyer en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Girona desestimatorias de su demanda contra el acuerdo municipal que ordenaba el cese de la actividad y el derribo de una granja porcina.
En un proceso contencioso-administrativo en el que se impugnaba una resolución de un Ayuntamiento que ordenaba el cese y derribo de una granja porcina, la Sentencia que lo resolvió fue dictada por una Juez sustituta que no asistió a la práctica de la prueba pericial y testifical y no decidió sobre la admisión o inadmisión de las pruebas propuestas.
Se deniega el amparo. No se aprecia vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, en relación con el principio de inmediación judicial. De conformidad con la doctrina de la STC 55/1991, de 12 de marzo, la inmediación judicial se vería menoscabada cuando la resolución judicial se base únicamente en aportaciones verbales no presenciadas por el juez que dicte el pronunciamiento y que requieran un contacto directo para adquirir conocimiento de causa sobre los elementos fácticos a debate, o cuando se constate que éstas fueron esenciales para llegar a las conclusiones de hecho. En el caso enjuiciado no se vulneró el derecho a un proceso con todas las garantías porque el juez que dictó la resolución impugnada se basó en la valoración de otras pruebas documentadas independientes de las orales. Además se valió de la grabación audiovisual de la sesión de juicio para alcanzar la convicción fáctica de la que parte el juez sentenciador.
El art. 24 CE no garantiza un Juez concreto sino la presencia en las actuaciones y la resolución de lo debatido por un Juez –más concretamente por el Juez competente al que corresponda el ejercicio de tales funciones– o por quien funcionalmente haga sus veces (SSTC 97/1987, 55/1991, 189/1992; ATC 210/2002) [FJ 4].
La mera omisión de notificar a la recurrente los cambios en la composición de los tribunales, y el consecuente desconocimiento acerca de la composición exacta del órgano judicial, no justifican por sí solos el amparo constitucional, pues para apreciar la lesión aducida es preciso que la irregularidad procesal tenga una incidencia material concreta, consistente en privar al justiciable del ejercicio efectivo de su derecho a recusar en garantía de la imparcialidad del juez (STC 4/2001) [FJ 4].
El derecho a un proceso con todas las garantías, art. 24.2 CE, impondrá la inmediación judicial de quien dicte el pronunciamiento sólo cuando la aportación verbal no presenciada exija un contacto directo para adquirir conocimiento de causa sobre los elementos fácticos a debate y en ella concernidos y constituya la única que fundamenta la resolución, o se constate, a partir de su propia motivación, que es esencial para llegar a la conclusión de hecho de la que se parte [FJ 5].
La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales tiene la doble finalidad, por un lado, de exteriorizar las reflexiones racionales que han conducido al fallo, potenciando la seguridad jurídica y permitiendo a las partes conocer y convencerse de la corrección y justicia de la decisión, y, por otro, de garantizar la posibilidad de control de la resolución por los Tribunales Superiores mediante los recursos que procedan, incluido el amparo (STC 127/2011) [FJ 2].
La congruencia exige que el órgano judicial ofrezca respuesta a las distintas pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso, a todas ellas, pero solo a ellas, evitando que se produzca un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes plantearon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido (STC 25/2012) [FJ 2].
Artículo 24.2, ff. 3, 5, VP
Artículo 24.2 (derecho a un proceso con todas las garantías), ff. 1, 3 a 5, VP
Artículo 24.2 (derecho al juez ordinario predeterminado por la ley), ff. 1, 3, 4
Título IV, capítulo I, VP
Artículo 60.5, VP
Artículo 62.1, ff. 3, 6
Artículo 85.3, VP
Derecho a la tutela judicial efectivaDerecho a la tutela judicial efectiva, ff. 1, 2, 5
Derecho a un proceso con todas las garantíasDerecho a un proceso con todas las garantías, ff. 1, 3 a 5
Indefensión materialIndefensión material, ff. 2, 5, 6
Sustitución de jueces y magistradosSustitución de jueces y magistrados, ff. 4, 5
Principio de inmediaciónPrincipio de inmediación, ff. 3 a 6
Prueba documentalPrueba documental, f. 3