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Timestamp: 2017-07-25 16:51:16
Document Index: 55024982

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 25', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 31', 'artículo 93', 'artículo 12', 'artículo 153', 'artículo 49', 'artículo 156']

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[Sentencia T-0418-13] – Atención y tratamiento integral en salud – Suministro y aplicación del medicamento
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Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil trece (2013). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa, y los magistrados Mauricio González Cuervo y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
1.1	Ángela Sánchez Saldarriaga de 76 años de edad, actualmente afiliada al régimen contributivo en salud administrado por la entidad Nueva EPS, padece de movimientos disicnéticos faciales de etiología inespecífica desde el año 2009, y en la actualidad el tratamiento de su enfermedad es efectuado en el Instituto Neurológico de Antioquia. Debido a factores desconocidos, su patología presentó cambios que agravaron su estado de salud, entre ellos, movimientos involuntarios en el rostro, tensión de los músculos faciales, imposibilidad de ingerir alimentos y tomar líquidos, y ulceraciones en la lengua, como consecuencia de no poder controlar sus movimientos y mordérsela constantemente. Manifiesta la accionante que esa enfermedad, a pesar de ser de carácter permanente, tiene etapas críticas en las cuales los síntomas se tornan más visibles y la tensión producida por la tensión muscular se vuelve más aguda. 1.2	Con ocasión a sucesivos períodos críticos, la accionante acudió a Nueva EPS y solicitó valoración con especialista, quien el 30 de octubre de 2009 determinó que debía suministrársele Toxina Botulínica con aguja de electromiografía, cada 3 meses. Debido a la complejidad en el suministro del medicamento, la aplicación del mismo debía ser realizada por un profesional de la salud, especializado en ese tipo de patologías. Así las cosas, el medicamento se aplicó en varias oportunidades a la actora, siendo la última el 1 de septiembre de 2011. 1.3	La accionante asevera que a partir de septiembre de 2011, no ha podido acceder a cita con especialista para la aplicación del medicamento referido, razón por la cual el tratamiento le fue suspendido. De la misma manera, afirma que la entidad accionada siempre le responde que no hay agenda para la asignación de citas. Por tanto, a partir de esa fecha, a la ciudadana Sánchez Saldarriaga no se le ha suministrado el medicamento prescrito por su médico tratante, pues a pesar de existir prescripción sobre: i) la medicación, ii) la dosis, iii) la periodicidad y iv) el procedimiento, no hay orden médica para que éste le sea aplicado.
1.4	La actora manifiesta que debido a su enfermedad tiene calambres y congestión muscular incontrolable en su rostro. Tiene problemas de desnutrición porque debido a los movimientos involuntarios en su cara y lengua no puede ingerir alimentos de manera regular. Aunado a ello, afirma que tiene un marcapaso, puesto que padece problemas del corazón, los cuales han aumentado debido al estrés ocasionado, por su actual estado de salud y la suspensión del tratamiento demandado. En la actualidad, la accionante presenta un cuadro clínico de depresión y deterioro en su personalidad, razón por la cual está siendo tratada por médico psiquiatra.
A fin de sustentar su solicitud, argumentó que Nueva EPS, está desconociendo el artículo 11 (derecho a la vida) de la Constitución Política, así como normas de derecho internacional, concretamente el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 4° de la Convención Americana de Derecho Humanos. Además, aportó material probatorio con el propósito sustentar las afirmaciones expuestas en la acción de tutela. Para ello aportó su historia clínica, las autorizaciones que con anterioridad expidió Nueva EPS, para que la Fundación Instituto Neurológico de Antioquia le aplicara el medicamento prescrito por su médico tratante, al igual que la solicitud por parte del médico tratante para que se prestara un servicio y medicamento excluido del Plan Obligatorio de Salud (en adelante POS).
a)	Consulta especializada por neurología, el 16 de marzo de 2011.
b)	Medicamento Clostridum Botulinum Tipo A, solución inyectable, el 26 de marzo de 2011.
c)	Consulta especializada por neurología, el 11 de julio de 2011.
d)	Medicamento Clostridum Botulinum Tipo A, solución inyectable, el 26 de julio de 2011.
e)	Inyección de material Miorelajante (Toxina Botulínica), el 1 de septiembre de 2011.
f)	Consulta especializada por neurología, el 29 de enero de 2013.
2.3	Del fallo de tutela
Correspondió al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín decidir sobre la acción de tutela interpuesta por la ciudadana Ángela Sánchez Saldarriaga. En un primer momento, expuso que era competente para resolver la cuestión de conformidad con el inciso 2°, numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000. Luego determinó que el problema jurídico a resolver era, analizar si “Nueva EPS ha omitido el cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales o contrario sensu, establecer si dicho ente accionado ha actuado conforme los lineamientos de ley”
Teniendo en cuenta que el fallo de tutela fue debidamente notificado y ejecutoriado, y que el mismo no fue impugnado dentro del término previsto para ello, el Juzgado ordenó el envió de la actuación a esta Corte, para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
a. Fotocopia del documento de identidad de la accionante. Cédula de Ciudadanía No. 21.262.809 de Medellín, Antioquia. b. Certificado de afiliación de la accionante a la entidad Nueva EPS, con estado de afiliación “activa” a la fecha de interposición de esta acción de tutela.
c. Autorización expedida por Nueva EPS en la que autorizó la aplicación del medicamento Toxina Botulínica, en la IPS Fundación Instituto Neurológico de Antioquia.
d. Historia clínica de la ciudadana Ángela Sánchez Saldarriaga.
e. Solicitud por parte del médico tratante para autorización de servicios NO-POS.
a. Determinar si esa entidad tiene conocimiento del estado de salud actual de la ciudadana Ángela Sánchez Saldarriaga. b. Constatar si la entidad Nueva EPS, tiene contrato vigente con la entidad Instituto Neurológico de Antioquia, para la aplicación de la medicina Toxina Botulínica.
También expuso, que a la accionante se le han prestado los siguientes servicios: “1. Consulta especializada por neurología, 16 de Marzo de 2011
6. Consulta especializada por neurología, 29 de Enero de 2013”
De conformidad con la situación expuesta, la ciudadana Ángela Sánchez Saldarriaga presenta una enfermedad que tiene repercusiones físicas y psicológicas, la cual de conformidad con su historia clínica ha tenido un proceso de evolución crítico en los últimos cuatro años. Con la esperanza de mitigar los impactos negativos, producto de su patología, acudió a los servicios de Nueva EPS, entidad que en ese momento y aún en la actualidad, es la encargada de prestarle el servicio de salud en la modalidad de régimen contributivo. Durante los dos primeros años, es decir 2009 y 2010, a la accionante le fue suministrado el medicamento Toxina Botulínica, por medio de un procedimiento practicado por médico especialista, el cual fue interrumpido por la entidad accionada sin ningún tipo de justificación, con el argumento según el cual no había agenda para que un médico especializado le aplicara el mismo. Advierte esta Sala que no hay debate sobre la enfermedad que padece la accionante, tampoco sobre la necesidad del medicamento que solicita, su dosis y la periodicidad en la aplicación del mismo. La situación que genera controversia es el hecho de que Nueva EPS, no haya expedido la orden para la práctica del procedimiento de aplicación del medicamento Toxina Botulínica, como lo venía haciendo de manera periódica, de acuerdo con lo acreditado en la historia clínica de la peticionaria.
Así las cosas, la Sala deberá determinar si la decisión de suspender el tratamiento médico a la ciudadana Ángela Sánchez Saldarriaga, tuvo fundamento en criterios razonables o, si por el contrario, dicha interrupción no fue debidamente sustentada y vulneró los principios de integralidad y continuidad del servicio de salud protegidos en la Constitución. Con el propósito de responder a ese cuestionamiento la Sala reiterará su jurisprudencia sobre: i) La protección constitucional del derecho fundamental a la salud; ii) El principio de integralidad en la prestación de servicios médicos; iii) El principio de continuidad en la práctica de tratamientos y procedimientos médicos. Luego, a partir de las reglas que se deriven del anterior análisis, se resolverá el caso concreto.
Esta Corte ha defendido en reiteradas oportunidades la fundamentabilidad del derecho a la salud. De manera general ha sostenido la tesis según la cual la salud es “la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser”. Este entendimiento del derecho a la salud reivindica una concepción susceptible de ser aplicable a las dimensiones física y psicológica del ser humano y le otorga un carácter de medio para la materialización de otros derechos.
Sobre este particular, el Estado colombiano ha ratificado tratados de derecho internacional público en los que se comprometió a alcanzar niveles de protección de derechos [para este caso la salud] mínimos para la materialización del ideal del ser humano libre. Estos instrumentos de derecho internacional se incorporan a nuestro ordenamiento al integrar el bloque de constitucionalidad, en tanto la Constitución lo ordena de manera expresa en el artículo 93, el cual debido a su importancia, se transcribe a continuación “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen [sobre cualquier otra disposición jurídica] en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretaran de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.
Ejemplo de ello es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual en su artículo 12, numeral 1°, señala que los Estados partes de ese pacto “reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. Ello implica que el Estado colombiano adquirió el compromiso de adoptar un conjunto de medidas para garantizar el derecho a la salud, entre las cuales se encuentran el acceso al servicio, la integralidad en la práctica de tratamientos y procedimientos, y la continuidad en la prestación del servicio, entre otros. Ese conjunto de prestaciones adquiere especial relevancia cuando el desconocimiento de alguna de ellas, imposibilita la materialización del derecho a la salud. Así, la prestación del servicio de salud debe efectuarse de manera periódica, sin interrupciones injustificadas y sin ningún tipo de barreras que impidan al usuario disfrutar de ese derecho, este conjunto de garantías constituyen el principio de continuidad en la prestación del servicio, el cual se expondrá a continuación.
De conformidad con el artículo 153, numeral 3.21 de la Ley 100 de 1993, toda persona que ingresa al Sistema General de Seguridad Social en Salud, tiene vocación de permanencia y, de manera general no debe ser excluido del mismo, cuando esté en peligro su calidad de vida e integridad. Esta garantía es a la que esta Corporación ha identificado con el nombre principio de continuidad en la prestación del servicio de salud. Dicho principio consiste en que el Estado, en conjunto con los particulares, tiene la obligación de prestar el servicio de salud y facilitar su acceso promoción, protección y recuperación, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad señalados en el artículo 49 de la Constitución Política de 1991.
“(i) las prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben ofrecerse de manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades que tienen a su cargo la prestación de este servicio deben abstenerse de realizar actuaciones y de omitir las obligaciones que supongan la interrupción injustificada de los tratamientos, (iii) los conflictos contractuales o administrativos que se susciten con otras entidades o al interior de la empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados”. Por tanto, la continuidad en la prestación de servicios de salud responde a la necesidad de los usuarios de recibir tales servicios y a la observancia de los principio de la buena fe y de confianza legítima. Esos principios sirven como fundamento para demandar de las entidades encargadas de prestar el servicio de salud la continuidad de los tratamientos, esto es, garantizar a los usuarios del servicio de salud que una vez iniciado algún tratamiento éste no puede ser suspendido sin que medie alguna explicación razonable. Así las cosas, el tratamiento médico no puede ser suspendido hasta que el usuario del servicio haya logrado su total recuperación o, en caso de que ello fuera imposible, el tratamiento logre el efecto para el cual se prescribió. Al respecto la Corte ha considerado que “La garantía de continuidad en la prestación del servicio es parte, por consiguiente, de los elementos definitorios del derecho constitucional fundamental a la salud que no puede ser desconocido sin que con esta actitud se incurra en una grave vulneración del derecho a la salud y de otros derechos que se conectan directamente con él, como son el derecho a la vida en condiciones de dignidad y de calidad y a la integridad física y psíquica. Por consiguiente, no es admisible constitucionalmente abstenerse de prestar el servicio o interrumpir el tratamiento de salud que se requiera bien sea por razones presupuestales o administrativas, so pena de desconocer el principio de confianza legítima y de incurrir en la vulneración del [sic] derechos constitucionales fundamentales”
(III) que los usuarios del sistema de salud no pueden ser expuestos a engorrosos e interminables trámites internos y burocráticos que puedan comprometer la permanencia del servicio; y (IV) que los conflictos de tipo contractual o administrativo que se presenten con otras entidades o al interior de la propia empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad, permanencia y finalización óptima de los servicios y procedimientos médicos ordenados.”
En conclusión, la jurisprudencia de la Corte Constitucional establece el derecho a que a toda persona le sea garantizada la continuidad del servicio de salud. Es decir, que una vez que se ha iniciado un tratamiento éste no puede ser interrumpido de manera imprevista, antes de la recuperación o estabilización del paciente. Ahora bien, no es suficiente que el servicio de salud sea continuo si no se presta de manera completa. Teniendo en cuenta ello, la Sala procederá a reiterar la posición asumida por esta Corporación en relación a la prestación integral de procedimientos, medicamentos, tratamientos, entre otros, que integran el componente prestacional del derecho a la salud, en aras de resolver el problema jurídico materia de esta decisión. 5. El principio de integralidad en la prestación del servicio de salud. Reiteración de jurisprudencia.
A partir del estudio de las disposiciones legales vigentes se observa que por mandato expreso del legislador, el derecho a la salud debe prestarse de manera íntegra, esto es, con el debido cumplimiento de los procedimientos, medicamentos y tratamientos prescritos por el médico tratante. La fuente legal del principio de integralidad es el literal c) del artículo 156 de la Ley 100 de 1993, disposición que ordena que “todos los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud recibirán un Plan Integral de protección de la salud, con atención preventiva, médico-quirúrgica y medicamentos esenciales (…)”. Ahora bien, el goce efectivo del principio de integralidad requiere acciones positivas por parte del Estado y de los prestadores del servicio de salud, encaminadas a garantizar el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación, con plena observancia de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Pero la fuente de este principio no tiene fundamento exclusivamente en disposiciones legales. Esta Corporación también se ha pronunciado sobre la integralidad en la prestación del servicio de salud, precisando que la atención y tratamiento de los usuarios del sistema de seguridad social en salud debe ser integra, so pena de menoscabar su derecho a la vida en condiciones dignas. Es decir, que la integralidad comprende un conjunto de “cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en salud”.
Esta Sala en una oportunidad anterior expuso que la integralidad en la prestación del servicio de salud implica que el paciente reciba todo el tratamiento de conformidad a las consideraciones del médico, sin que haya lugar a acudir a diversas acciones de tutela para tal efecto. Para ello, el juez de tutela “deberá ordenar el suministro de los servicios médicos que sean necesarios para conservar o restablecer la salud del paciente, ello con la finalidad de que las personas afectadas por la falta del servicio, obtengan continuidad en la prestación del mismo. La Corte ha indicado que con ello se evita la interposición de acciones de tutela por cada servicio que le sea prescrito a un afiliado por una misma patología”. En conclusión, la prestación del servicio de salud debe efectuarse con el propósito de brindar una respuesta efectiva a las necesidades del usuario. Esto es, con la totalidad de tratamientos, medicamentos y procedimientos disponibles basados en criterios de razonabilidad, oportunidad y eficiencia. El cumplimiento de estos presupuestos es obligación del Estado y de las entidades prestadoras del servicio de la salud. No obstante, ante el incumplimiento de estos parámetros, es función del juez constitucional restablecer el derecho conculcado, en este caso la salud, para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y de cualesquiera otros derechos que se vean afectados por la acción u omisión de las entidades obligadas a prestar dicho servicio de conformidad con los fines del Estado Social de Derecho.
Ángela Sánchez Saldarriaga, es una ciudadana que debido a sus problemas de salud (supra 1.1) demanda la aplicación del medicamento Toxina Botulínica. Para la aplicación del mismo, es necesaria la valoración por parte del respectivo especialista y la práctica de un procedimiento con instrumentos especializados para tal fin.
La entidad accionada, le prestó los servicios necesarios para la aplicación del medicamento demando y fue diligente en la asignación de médicos especialistas. No obstante, sin que se encuentre acreditado algún hecho razonable, Nueva EPS suspendió la asignación de citas para control, la entrega del medicamento necesario para el tratamiento y la asignación de especialista para la aplicación del mismo.
Ante esta situación, la actora desplegó medios idóneos para requerir que el tratamiento del cual era beneficiaria, fuera habilitado nuevamente. Sin embargo a la fecha de interposición de esta acción de tutela, la ciudadana Sánchez Saldarriaga no ha recibido la atención médica demandada.
Sea lo primero establecer que de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, la Sala no encontró justificación alguna para la interrupción del tratamiento demandado por la accionante. Está plenamente demostrado en el proceso que: i) la accionante requiere del tratamiento; ii) que no hay otro procedimiento que pueda suplirlo con iguales resultados; iii) que la falta de implementación del mismo produce consecuencias negativas constatables en la salud de la accionante; iv) que la entidad ha dilatado sin justificación alguna el suministro del medicamento y el procedimiento para la aplicación del mismo.Ahora bien, respecto al argumento expuesto por la EPS, según el cual la actora no ha solicitado citas, esta Corte advierte que ante la situación de debilidad manifiesta en la cual se encuentra la actora, en razón de su edad y condición de salud, la EPS accionada, al igual que cualquier otra entidad que le preste el servicio de salud, está en la obligación de efectuar un seguimiento periódico de su estado de salud, con el propósito de prestar una atención íntegra y continua al usuario. El hecho que la accionante tenga que insistir de manera recurrente la asignación de citas, así como el suministro y procedimiento de aplicación del medicamento prescrito por su médico tratante es inaceptable de conformidad con lo expuesto en esta sentencia.
De otra parte, la Sala evidenció que el 29 de enero de 2013, la accionante fue valorada por médico especialista en neurología, el cual no autorizó la continuidad del tratamiento, sin que emitiera concepto científico alguno al respecto, que demostrara que la actora se encuentra recuperada de la patología identificada como movimientos disicnéticos faciales de etiología inespecífica, o que haya algún otro procedimiento, medicina o tratamiento que produzca igual o mejor resultado. Para esta Corporación no constituye razón suficiente, que la entidad accionada asigne una cita con especialista, luego de diecisiete meses, para que a la demandante le fuera concedida una consulta médica y argumente que, con ello, está cumpliendo con su obligación legal y constitucional de garantizar el derecho a la salud a la actora. En efecto, la valoración médica (en este caso la consulta especializada) constituye sólo uno de varios factores para que la prestación del servicio de salud se considere integral. Para el caso concreto, otros requisitos serían la autorización del medicamento demandado (Toxina Botulínica), la práctica del procedimiento de implantación de la misma, y el control periódico cada 3 o 4 meses, como se expuso que se practicó durante los años 2010 y 2011, para controlar el avance de la enfermedad. Así las cosas, la omisión de la entidad Nueva EPS, vulneró el principio de integralidad en la prestación del servicio de salud, pues no efectuó acciones para restablecer la salud de la ciudadana Sánchez Saldarriaga o para mitigar las dolencias que le impiden materializar su derecho a la vida en condiciones dignas.
Con fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR, el fallo proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín el 21 de febrero de 2013 en única instancia, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por la ciudadana Ángela Sánchez Saldarriaga contra Nueva EPS y, en consecuencia CONCEDER el amparo de sus derechos fundamentales a la salud y la vida en condiciones dignas.
SEGUNDO: ORDENAR a la entidad Nueva EPS, que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, asigne una cita de medicina especializada a la ciudadana Ángela Sánchez Saldarriaga, la cual deberá efectuarse dentro del término máximo de tres (3) días a partir del momento de su programación, en la cual se ordene continuar con el tratamiento de aplicación de toxina botulínica, toda vez que no existe algún impedimento de carácter netamente médico que lo impida.
En todo caso, el médico tratante podrá determinar otra alternativa terapéutica para atender la enfermedad de la actora, a condición que garantice su recuperación o estabilización. Para ello, deberán hacerse explícitos los argumentos médico científicos que lleven a una decisión en ese sentido. TERCERO: ORDENAR a la entidad Nueva EPS, que preste de manera oportuna, eficaz y eficiente, todos los servicio médicos que requiera la ciudadana Ángela Sánchez Saldarriaga para el tratamiento de su enfermedad, de conformidad con los principios de integralidad y continuidad en el servicio de salud, expuestos en esta sentencia.
CUARTO: ORDENAR a la entidad Nueva EPS, que programe un plan de seguimiento al estado de salud de la accionante, el cual incluya fechas para la práctica del procedimiento de aplicación del medicamento ordenado por su médico tratante, de conformidad con la orden segunda de esta decisión, además de indicarse de manera precisa las fecha para control y valoración de su enfermedad.