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Timestamp: 2015-08-31 19:43:15
Document Index: 300391883

Matched Legal Cases: ['artículo 138', 'artículo 139', 'artículo 138', 'artículo 80', 'artículo 138', 'artículo 138', 'artículo 51']

Sentencias constitucionales penales. Control difuso | Pensamientos de Derecho Constitucional
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13 agosto, 2010 PRIMERA SALA PENAL DE LAMBAYEQUE
VOCAL PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA Resolución número: cinco
RESOLUCIÓN Nro. En Chiclayo, a los 06 días del mes de julio de 2010, el magistrado Figueroa Gutarra emite el siguiente voto en discordia: ASUNTO
Recurso de apelación interpuesto por ……………………….. contra el auto de fecha 08 de enero de 2010, que declara infundada la excepción de prescripción deducida por el acusado. ANTECEDENTES Por petición de fecha 09 de julio de 2009, el procesado ahora apelante deduce excepción de prescripción (p. 45-47) y acota que fue denunciado el 25 de octubre de 1999.
Finalmente el señor Fiscal Superior emite opinión (p. 84-85) en el sentido de que debe confirmarse la resolución impugnada, pues así lo enuncia expresamente la Ley 26641. § FUNDAMENTOS § La ponderación de los derechos fundamentales
3. Por la ley de la ponderación, según Bernal Pulido[2], asumimos que: “Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”. A su vez, con la fórmula del peso, Robert Alexy refiere que a los principios se les puede atribuir un valor en la escala triádica: leve, medio, intenso. Ejemplo: en un caso de transfusión urgente de sangre, el peso del derecho a la vida es mayor que la convicción religiosa de no recibir una transfusión. Finalmente, las cargas de argumentación operan cuando existe un empate entre los valores que resultan de la aplicación de la fórmula del peso. 4. En relación a los límites de la ponderación, debemos señalar que no existe un criterio objetivo para determinar los valores determinantes del peso que tienen los principios en la ley de ponderación y que conforman la fórmula del peso. El peso abstracto es una variable muy singular, que remite siempre a consideraciones ideológicas y hace necesaria una toma de postura por parte del intérprete.
§ El principio de proporcionalidad 5. Cuando la resolución de conflictos ha involucrado intervención estatal en los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional ha considerado la aplicación de la técnica de la proporcionalidad, también denominada del principio de proporcionalidad. ¿Y por qué dicha denominación? El desarrollo jurisprudencial sustentado por el Tribunal, ha estimado que la proporcionalidad entre las partes involucradas en el conflicto, una vez infringida, obedece a la condición de excesos por parte de un sujeto en la relación procesal, es decir, de desigualdad de acciones de una de ellas en su condición de poder público. A este respecto, el conflicto entre particulares parte de la premisa, no siempre material, de igualdad de condiciones. Las partes procesales, en principio, son iguales ante la ley. Sin perjuicio de ello, ¿y si una parte abusa de su posición de ente estatal y en ejercicio de sus atribuciones, comete infracciones contra los derechos fundamentales del ciudadano? En tal situación, tiene lugar, a fin de frenarse los excesos del caso, la aplicación del principio de proporcionalidad.
12. El juicio de proporcionalidad, según observamos, forma parte del examen de ponderación. Ello no nos debe llevar a confusión. Se trata de una pauta metodológica que aplica nuestro supremo intérprete y únicamente nos remite a una determinación de la dosis de razonabilidad concurrente al caso. 13. Esta referencia a la proporcionalidad, o ponderación en sentido estricto como la denomina el Tribunal, implica que debe existir proporcionalidad entre dos pesos o intensidades: de un lado, aquel que se encuentre en la realización del fin de la medida examinada que limita un derecho fundamental; y de otro lado, aquel que radica en la afectación del derecho fundamental de que se trate. El primero de estos debe ser por lo menos, justificado con relación a la segunda.
§El control difuso como poder- deber en la interpretación constitucional 14. El artículo 138[6] de la Constitución del Perú consagra el control difuso como un poder-deber del juez y a este respecto el Tribunal Constitucional se ha pronunciado jurisprudencialmente[7] en la proyección argumentativa de que no puede admitirse la vulneración de la Constitución por parte de normas que incumplen el requisito de legitimación con relación a la Carta Fundamental. En ese orden de ideas, es obligación del juez, en defensa de los principios de fuerza normativa y de supremacía normativa de la Constitución[8], declarar inaplicables las normas que contravienen, de forma relevante, los postulados de nuestra Norma Normarum.
§ Análisis del caso concreto 15. El conflicto sometido a conocimiento del suscrito implica una manifiesta contraposición entre dos normas: la norma- regla que invoca el juez de fallo respecto a la aplicabilidad[9] de la Ley 26641 y el principio del debido proceso que fluye del artículo 139 inciso 3 de la Norma Fundamental, en tanto vencido el plazo de prescripción de un delito, corresponde declarar el archivamiento de un proceso, a condición de ser satisfechos los requisitos de rigor exigidos por el supremo intérprete de la Constitución.
22. Los juicios valorativos antes enunciados llevan a concluir que vía la aplicación del principio de proporcionalidad, debe estimarse la pretensión formulada y acogerse la prescripción solicitada a través de la interpretación constitucional del principio de proporcionalidad. Sin embargo, estimo que concurre al caso de autos, también como manifestación de la potestad de juez constitucional que el suscrito representa, la aplicación de la figura del control difuso que enuncia el artículo 138 de nuestra Lex Legum. 23. En efecto, es pertinente señalar que verificadas las exigencias de rigor previstas por la jurisprudencia constitucional[13], se cumplen los siguientes lineamientos:
a) El objeto de impugnación del apelante es respecto de un acto que constituye la aplicación de una norma considerada inconstitucional, esto es, la Ley 26641 que suspende sine die el término de prescripción de la acción penal. b) La norma a inaplicar- Ley 26641- tiene una relación directa, principal e indisoluble con la resolución de este caso, es decir, es relevante en la resolución de la controversia pues ella contraviene los términos de prescripción enunciados por el artículo 80 del Código Penal. c) La norma a inaplicar resulta evidentemente incompatible con la Constitución, aún luego de haberse procurado interpretar la misma con la Constitución. A este efecto, no hay otro medio de lograr su compatibilidad con la Carta Magna.
DECISIÓN: Por las consideraciones expuestas, el voto del suscrito, impartiendo justicia a nombre de la Nación y de conformidad con el artículo ciento treinta y ocho de la Constitución es por:
[4] STC 6712-2005-HC/TC 4. a.i El juicio de adecuación
42. A través de la adecuación, la conclusión a la cual se arribe debe ser lo más ajustada posible a la finalidad de la Constitución, explícita o implícitamente reconocida. En tal sentido, la acción que realice la persona debe ser conveniente, jurídicamente hablando (la norma habrá de ser accesible y previsible) y contar con un fin legítimo (…) 4. a.ii. El juicio de necesidad 44. El criterio de necesidad importa la ausencia de una solución más efectiva y adecuada de la que se esté tomando. Lo que se busca realizar a través de este juicio es elegir, entre las medidas posibles, la mejor que exista. Asumiendo este argumento, se ha señalado que la vida privada (…) es un derecho fundamental, razón por la cual las leyes que pretendan limitarlo han de contar con una muy sólida justificación. Deben ser necesarias para satisfacer un imperioso interés estatal[4]
50. A través de la proporcionalidad se procura que cada solución a la cual se arribe responda a una conveniencia constitucional o finalidad de la determinación de contenidos de cada uno de los derechos que están en juego. Es decir, busca que el resultado del acto interpretativo responda al objeto perseguido por la ponderación realizada. (…) [5] Vid. ALEXY. Robert. Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, Madrid, 2004. Pág. 60.
En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. [7] STC 01383-2001-AA/TC Caso Luis Rabines Quiñones F.J. 16
La facultad de controlar la constitucionalidad de las normas (…) constituye un poder-deber por imperativo de lo establecido en el artículo 138º, segundo párrafo de la Constitución. (…) El control difuso de la constitucionalidad de las normas constituye un poder-deber del Juez al que el artículo 138º de la Constitución habilita en cuanto mecanismo para preservar el principio de supremacía constitucional y, en general, el principio de jerarquía de las normas enunciado en el artículo 51º de nuestra norma fundamental. El control difuso es un acto complejo en la medida en que significa preferir la aplicación de una norma cuya validez, en principio, resulta beneficiada de la presunción de legitimidad de las normas del Estado. Por ello, su ejercicio no es un acto simple, requiriéndose, para que él sea válido, la verificación en cada caso de los siguientes presupuestos:
Que (…) el objeto de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional (…) . Que la norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e indisoluble con la resolución del caso, es decir, que ella sea relevante en la resolución de la controversia. Que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución, aun luego de haberse interpretado de conformidad con la Constitución, en virtud del principio enunciado en la Segunda Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. [8] Supuesto emblemático desde la decisión del juez Marshall en el leading case Marbury vs. Madison de 1802.
b. Apuntes docentes y de capacitación (223)
h. Artículos El Peruano (64)
l. Eventos, jornadas y congresos nacionales e internacionales (63)
p. Libros y revistas de interés: Derecho Constitucional, Argumentación Jurídica y Derechos Humanos (24)
El Derecho ¿ arte o ciencia? c. Control constitucional del plazo razonable
s. El proceso de amparo. Alcances, dilemas y perspectivas. q. Precedentes vinculantes
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