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Timestamp: 2019-01-20 15:48:56
Document Index: 178134889

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VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO - Corte interamericana de derechos humanos
VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
La finalidad del presente voto concurrente es explicar lo relativo a la aplicabilidad extendida de las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención Americana”), en procesos que no sean de naturaleza penal. Se trata de unas precisiones que surgen de lo dicho en sentencias precedentes pero que no se ha considerado necesario exponer con detalle por la Corte, lo que podría originar interpretaciones que en mi opinión son ajenas al texto del mencionado artículo convencional.
Como punto de partida considero que dichas garantías están reservadas a procesos que sean de naturaleza penal; y sólo de manera excepcional, algunas de ellas pueden ser extendidas, en virtud de una lógica analógica, a casos que versen sobre procesos de naturaleza sancionatoria. Y esta aplicación extensiva, expresión del principio pro personae, no se hace de manera idéntica en todas las variantes de los procesos en donde se ejerza el ius puniendi de los Estados. Las garantías se aplicarán según el grado de intensidad que conlleve la potestad sancionatoria, de manera tal que: a) no se puede entender que todas las garantías del artículo 8.2 se aplican de manera integral y automática a cualquier proceso sancionatorio, y b) en aquellos procesos sancionatorios en los cuales sea aplicable el artículo 8.2 de la Convención, el alcance de las garantías contempladas en dicho artículo depende de la intensidad con que se ejerza la postestad sancionatoria estatal.
Para sustentar esta postura a continuación se desarrollará un análisis de los siguientes temas: a) el contenido del artículo 8.2 de la Convención Americana; b) la posibilidad de aplicar las garantías contenidas en el artículo 8.2 a procesos de otra naturaleza, y c) las conclusiones al respecto.
El contenido del artículo 8.2 de la Convención Americana
Las garantías judiciales a las que tiene derecho toda persona que sea inculpada de un delito están reguladas en el artículo 8.2 de la Convención Americana en los siguientes términos:
De un primer análisis del contenido, alcance y aplicabilidad del segundo nominal del artículo 8 de la Convención Americana se desprende que dicho precepto establece una serie de garantías que, prime facie, serían únicamente aplicables en aquellos procedimientos en los cuales la persona haya sido inculpada de un delito. Lo anterior se desprende, de forma clara, de la literalidad del artículo, el cual expresamente señala que: “[t]oda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad” [énfasis añadido]. Con posterioridad a esto, el artículo 8.2 señala las garantías mínimas que debe tener toda persona objeto de un procedimiento criminal seguido en su contra.
A pesar de lo que establece la literalidad del referido artículo, la evolución interpretativa que ha desarrollado esta Corte respecto de dicho precepto se ha inclinado a expandir el ámbito de protección del mismo, aplicándose también a determinados procedimientos que no son de estricta naturaleza penal.
Como fue señalado en la Sentencia del presente caso, la Corte se ha pronunciado en su jurisprudencia sobre la aplicabilidad del artículo 8.2 de la Convención Americana, entre otros, en el marco de dos casos relacionados con un juicio político y la destitución de magistrados del Tribunal Constitucional del Perú por el Congreso, y un juicio político contra vocales del Tribunal Constitucional ecuatoriano, así como en el ámbito del desarrollo procesos administrativos y laborales conducidos por el poder ejecutivo en contra de funcionarios públicos y ciudadanos. Además, en el caso Vélez Loor Vs. Panamá, la Corte aplicó el artículo 8.2.h respecto a la revisión de una sanción administrativa de privación de libertad. En estas sentencias, la Corte no ha limitado la aplicación del artículo 8.2 de la Convención Americana a procesos penales, sino la ha extendido, en lo pertinente, a procesos administrativos ante autoridades estatales y a procesos judiciales de carácter no penal en el ámbito constitucional, administrativo y laboral226, pero, y aquí es donde esta el matiz que me interesa, en casos que han tenido como elemento común su naturaleza sancionatoria.
La aplicación de las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la Convención Americana en procesos que no son de naturaleza penal
C.1 La aplicación de las garantías judiciales únicamente en procesos de naturaleza sancionatoria
Las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la Convención Americana están indudablemente formuladas en atención a las particularidades que presentan los procesos penales, y están concebidas como una defensa para toda persona inculpada de un delito, que se encuentre sometida al poder punitivo estatal, dentro de un procedimiento en el cual se va a determinar su responsabilidad penal.
En este sentido, al aplicar las garantías contempladas en el artículo 8.2 a procesos que no revisten la naturaleza para la cual estas han sido originalmente formuladas, es necesario analizar el tipo de proceso al que se pretende aplicar dichas garantías y ponderar si las mismas resultan adecuadas y pertinentes. Al respecto, considero que prima facie los procesos que tienen un carácter sancionatorio pueden ser objeto de la aplicación de las garantías del artículo 8.2, debido a la necesidad de que exista el ejercicio de un poder punitivo por parte del Estado para que resulte aplicable el contenido del artículo 8.2.
En efecto, para que las garantías establecidas en dicho artículo resulten adecuadas y aplicables es esencial que se demuestre la naturaleza sancionatoria de un proceso y la consecuente existencia de una persona inculpada de un delito o una falta, que pueda traer como consecuencia una sanción impuesta a dicha persona como mecanismo de coerción. Es la potestad punitiva del Estado, expresada tradicionalmente en los procesos penales, la que encuentra sus límites frente a las garantías establecidas en el artículo 8.2 de la Convención; por lo que solamente en procesos de naturaleza sancionatoria, en la que el Estado haga uso de esa facultad punitiva, es en donde resultan adecuadas dichas garantías.
En ese sentido, vale la pena destacar que la Corte, en ejercicio de su jurisdicción, debe analizar de manera autónoma la naturaleza de los procesos que se presentan para su estudio, con el fin de evitar que los Estados sean eximidos del cumplimiento de sus obligaciones respecto de las garantías judiciales por el simple hecho de excluir dichas infracciones del ámbito penal interno. Sin embargo, esto no debe significar que dichas garantías se apliquen de manera automática, indistintamente a todos los procesos, con independencia de si los mismos tienen una naturaleza sancionatoria o no.
Considero que la Jurisprudencia interamericana debe entenderse como que, no todos los procesos en los que se “decide” o se “afecta” el derecho de una persona pueden ser considerados como procesos sancionatorios que justifiquen la aplicación de garantías como las contenidas en el artículo 8.2 de la Convención Americana. Para la determinación de la naturaleza sancionatoria de un proceso, requisito para la aplicación de las garantías del artículo 8.2, deben atenderse criterios objetivos y determinables. Al respecto, resulta interesante lo desarrollado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Engels y otros Vs. Países Bajos227.
En el mencionado caso, el Tribunal Europeo desarrolló un método para poder determinar si una infracción equivaldría a delito, en los términos que establece la Convención Europea de Derechos Humanos, y por lo tanto si las garantías de debido proceso contempladas para los procesos penales resultarían aplicables para otro tipo de proceso en un caso en particular228. El referido método consiste en el análisis de la infracción desde tres perspectivas: i) la categorización realizada por las autoridades nacionales; ii) la naturaleza de la infracción, y iii) la naturaleza y el grado de severidad de la pena. El Tribunal Europeo ha concluido que para que sean aplicables las garantías de debido proceso es suficiente con que la infracción se pueda considerar el punto de vista de la Convención Europea, o bien que al procesado le sea impuesta una sanción que, por su naturaleza y grado de severidad, pertenezca a la “esfera penal”229. Aplicando dicho método, el Tribunal Europeo ha establecido que las garantías judiciales se aplican también a determinados procesos disciplinarios230.
Atendiendo todo lo anterior, considero que el criterio que debería usar esta Corte para ampliar el ámbito de aplicación de las garantías establecidas en el artículo 8.2 de la Convención Americana a determinados procedimientos que no sean clasificados por las autoridades nacionales como procedimientos penales, debe ser un criterio más estricto que tome en consideración la necesidad de que el proceso tenga una naturaleza sancionatoria. Lo anterior, en aras de proteger el objeto y fin de la propia Convención Americana, y reconociendo la importancia que revisten las garantías contempladas en el artículo 8.2, estas no deben ser desnaturalizadas aplicándolas a procesos de cualquier índole.
C.2 La necesidad de la especificidad respecto a las garantías judiciales que resultan aplicables para cada caso concreto
Además de la importancia de analizar la naturaleza del proceso y de reservar las garantías contenidas en el artículo 8.2 únicamente a procesos de naturaleza sancionatoria en donde se ejercita el poder punitivo del Estado, es particularmente relevante determinar con especial atención dentro del análisis de la Corte cuáles de las garantías contenidas en dicho artículo pueden ser aplicadas en concreto a un proceso administrativo sancionatorio o como ocurre en el presente caso a un proceso disciplinario.
En aras de una mayor seguridad jurídica, es necesario que la Corte elabore una clara y uniforme interpretación sobre el ámbito de aplicación de cada una de las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la Convención, a fin de que cuando se determine que ha sido violado dicho artículo se indique de manera expresa la garantía que fue vulnerada. Así mismo, resulta necesario diferenciar el distinto alcance que tiene la garantía de acuerdo a la modalidad del proceso que se trate, pues no siempre resulta exigible el mismo nivel de rigurosidad que el exigible en un proceso penal.
La correcta aplicación de las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la Convención Americana en procesos que no son de naturaleza penal, necesariamente debe tomar en consideración la naturaleza del proceso que está bajo análisis y, a ese respecto, debe restringirse, prima facie, a procesos de naturaleza sancionatoria en los que exista la necesidad de restringir el ejercicio poder punitivo estatal.
Las garantías previstas en el art. 8.2 se deben aplicar en su totalidad cuando se trata de procesos penales, su extensión a otros procesos de carácter sancionatorio dependerá de las peculiaridades del caso examinado por la Corte. A este respecto no son aplicables todas las garantías previstas en el precepto convencional, ni tienen el mismo alcance en cualquier proceso de naturaleza sancionatoria.
1 La Comisión Interamericana designó como delegados al Comisionado James Cavallaro y al Secretario Ejecutivo Emilio Álvarez Icaza L., y como asesores legales a Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Silvia Serrano Guzmán y Erick Acuña Pereda, abogados de la Secretaría Ejecutiva.
2 Los representantes de la presunta víctima durante el trámite del caso ante la Corte fueron los señores Jorge Raúl Rodríguez Ovalle, Alejandro Sánchez Garrido y la señora Astrid Odete Escobedo Barrondo.
3El Estado designó como agente al señor José Villagrán Sandoval y como agente alterna a la señora Steffany Rebeca Vásquez Barillas.
4Cfr. Caso Maldonado Ordoñez Vs. Guatemala. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de noviembre de 2015. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/maldonado_06_11_15.pdf.
5El artículo 3 del Reglamento del Personal del Procurador de Derechos Humanos establece lo siguiente: “Las relaciones de la Procuraduría con sus trabajadores se rigen por la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, el presente Reglamento y disposiciones complementarias que emita el Procurador de los Derechos Humanos y supletoriamente por el Código de Trabajo”.
6 Cfr. Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 35, y Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2015. Serie C No. 306, párr. 18.
7Cfr. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de febrero de 2000. Serie C No. 67, párr. 34, y Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador, párr. 18.
8 Cfr. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C No. 308, párr. 20.
9 Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 28.
10 Cfr. Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 307, párr. 24.
11 Cfr. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, párr. 25.
12Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 140, y Caso Duque Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de febrero de 2016. Serie C No. 310, párr. 64.
13Cfr. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 26, y Caso Duque Vs. Colombia, párr. 64.
14 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala, párr. 76, y Caso Duque Vs. Colombia, párr. 66.
15 Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 43, y Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, párr. 44.
16 La Constitución Política de Guatemala establece en su artículo 274 que el Procurador de los Derechos Humanos es un Comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Sus atribuciones están reguladas en el artículo 275.
17 Cfr. Constancia emitida por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, de 28 de noviembre de 2000 (expediente de prueba, folio 1079). De acuerdo a lo establecido en el Manual de Puestos y Perfiles de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, el Auxiliar Departamental es el representante de la Procuraduría para un área geográfica determinada. En ese sentido, hace las veces del Procurador de los Derechos Humanos para dicha jurisdicción (expediente de prueba, folio 1327).
18 Cfr. Escrito de 21 de febrero de 2000 suscrito por Marco Tulio Maldonado Ordóñez, Joel Enrique Maldonado Ordóñez, José Roberto Maldonado Ordóñez y Oscar Armando Maldonado Ordóñez (expediente de prueba, folios 975 a 978).
19 El marco normativo que regula las relaciones laborales de la Procuraduría de los Derechos Humanos y sus trabajadores es el Reglamento de Personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos. El artículo 76 de dicho Reglamento establecía lo siguiente: Procedimiento de despido: Previamente el despido del trabador, la Institución debe observar el siguiente procedimiento: a) Notificarle por escrito cual es la causal de despido que se le imputa; b) Una vez notificado, el trabajador tendrá derecho a ser oído por escrito dentro de los tres días hábiles para que aporte las pruebas de descargo que considere convenientes, debiéndose levantar acta ante el Director del Departamento Administrativo-Financiero, con la participación del Jefe inmediato superior, y c) Recibidas las pruebas, el Procurador decidirá sobre la procedencia o improcedencia del despido, emitiéndose para el efecto la resolución correspondiente, la cual debe ser notificada al trabajador quien podrá interponer el recurso de revisión de conformidad con lo establecido en este Reglamento (expediente de prueba, folio 1203).
20 Dicha norma señalaba lo siguiente: Artículo 74. Causas de despido. Los trabajadores de la institución pueden ser destituidos de sus puestos sin ninguna responsabilidad para esta, si incurren en alguna de las causales siguientes: […] 4. Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio de la institución, de alguno de sus compañeros de labores o en perjuicio de tercero en el lugar de trabajo; asimismo cuando cause intencionalmente, por descuidos o negligencia, daño material en el equipo, máquinas, herramientas y demás objetos relacionados con el trabajo. […] 15. Cuando el trabajador ejecute actos que contravengan disposiciones legales que impliquen el propósito de causar perjuicio a la institución o a la violación de normas de trabajo que constituyen actos manifiestos de sabotaje contra las operaciones y actividades de la institución (expediente de prueba, folio 1203).
21 Cfr. Oficio del Procurador de los Derechos Humanos de 5 de abril de 2000 (expediente de prueba, folio 980).
22 Cfr. Escrito de 5 de abril de 2000 suscrito por Olga Yolanda Maldonado Ordóñez (expediente de prueba, folios 982 a 989).
23 Cfr. Acuerdo No. 81-2000 emitido por el Procurador de los Derechos Humanos (expediente de prueba, folios 996 y 997).
24 Estas normas establecían lo siguiente:
Reglamento del Personal del Procurador de los Derechos Humanos. Artículo 75. Pérdida de derecho. Todo despido justificado se hará sin responsabilidad de la institución y hace perder al servidor todos los derechos que concede este Reglamento, con excepción de pensiones, vacaciones, aguinaldo y demás que se establezcan de conformidad con la ley, como derechos irrenunciables.
Código de Trabajo de Guatemala. Artículo 77. Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte: […] d. cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio del patrono, de alguno de sus compañeros de trabajo o en perjuicio de un tercero en el interior del establecimiento; asimismo cuando cause intencionalmente por descuido o negligencia, daño material en las máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados, en forma inmediata o indudable con el trabajo.
25 Cfr. Escrito de 18 de mayo de 2000 de Olga Yolanda Maldonado Ordóñez dirigido al Procurador de los Derechos Humanos (expediente de prueba, folios 1010 y 1011).
26 Cfr. Escrito de 22 de mayo de de 2000 de Olga Yolanda Maldonado Ordóñez dirigido al Procurador de los Derechos Humanos (expediente de prueba, folios 1013 a 1016).
27 Cfr. Resolución del Procurador de los Derechos Humanos, de 24 de mayo de 2000 (expediente de prueba, folio 1018).
28 Equivalente a 1,513.22 dólares de los Estados Unidos de América, de acuerdo con el tipo de cambio vigente en el momento. Consultado en la página del Banco de Guatemala en: http://www.banguat.gob.gt/cambio/historico.asp?ktipo=3&kdia=31&kmes=05&kanio=2001⊂mit1=Consultar
29 Cfr. Resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos de 31 de mayo de 2001 (expediente de prueba, folios 1098 y 1099).
30 Cfr. Recurso de apelación de 22 de mayo de 2000 interpuesto ante la Oficina Nacional de Servicio Civil (expediente de prueba, folios 1020 a 1023). Dicho recurso fue recibido el 23 de mayo de 2000.
31 Cfr. Resolución de la Oficina Nacional de Servicio Civil de 29 de mayo de 2000 (expediente de prueba, folio 1025).
32 Al respecto, el artículo 108 de la Constitución de Guatemala señalaba lo siguiente: Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades.
33 Cfr. Recurso de revisión de 2 de junio de 2000 interpuesto ante el Procurador de los Derechos Humanos contra el Acuerdo No.81-2000 (expediente de prueba, folios 999 a 1004). Dicho recurso fue recibido el 5 de junio de 2000. De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Personal del Procurador, el procedimiento para la impugnación era el siguiente: Artículo 79. Recurso de Revisión. Acordado el despido, el trabajador afectado puede manifestar su inconformidad mediante Recurso de Revisión ante el Procurador de los Derechos Humanos, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación, más el término de la distancia que se fija en dos días. Igualmente puede hacer uso de este recurso toda persona que se considere afectada en los casos de suspensiones de trabajo; traslados; reclutamiento, selección y nombramiento; asignación o reasignación de puestos. Para el efecto se formará expediente con las actuaciones que establece el artículo 85 del presente Reglamento.
Artículo 80. Trámite del Recurso de Revisión. El Procurador de los Derechos Humanos debe resolver el recurso de revisión interpuesto, dentro de los diez días hábiles siguientes al de su interposición, si este fuere declarado sin lugar o no fuere resuelto dentro del término fijado, el afectado puede recurrir en apelación ante las Salas de Trabajo y Previsión Social, dentro de los cinco días hábiles siguientes. El trámite del recurso de apelación, será el establecido en el Código de Trabajo (expediente de prueba, folios 1204 y 1205).
34 Cfr. Oficio No.285-2000 del Procurador de los Derechos Humanos de 16 de junio de 2000 (expediente de prueba, folio 1007).
35 Cfr. Recurso de apelación de 20 de junio de 2000 interpuesto ante la la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social (expediente de prueba, folios 1027 a 1033).
36 Cfr. Resolución de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social de 26 de junio de 2000 (expediente de prueba, folios 1035 y 1036).
37 Cfr. Resolución de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social de 26 de junio de 2000 (expediente de prueba, folios 1035 y 1036).
38 Cfr. Recurso de inconstitucionalidad en caso concreto de 23 de agosto de 2000 interpuesto ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social (expediente de prueba, folios 1038 a 1043).
39 Cfr. Resolución de 6 de septiembre de 2000 de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social actuando en funciones de Tribunal Constitucional (expediente de prueba, folios 1045 a 1050).
40 Cfr. Recurso de apelación de 8 de septiembre de 2000 interpuesto ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social actuando en funciones de Tribunal Constitucional (expediente de prueba, folios 1052 a 1057).
41 Cfr. Resolución de la Corte de Constitucionalidad de 9 de octubre de 2001 (expediente de prueba, folios 1164 a 1171).
42 Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
43 Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
44 Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
45 Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
46 Cfr. Caso Baena Ricardo Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001 Serie C N° 72, párr. 124, y