Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/120/006.html
Timestamp: 2019-08-25 22:21:02
Document Index: 352162416

Matched Legal Cases: ['artículo 173', 'artículo 53', 'artículo 72', 'artículo 46', 'artículo 168', 'artículo 162', 'artículo 70', 'artículo 35']

BOC - 2011/120. Lunes 20 de Junio de 2011 - 3413
BOC Nº 120. Lunes 20 de Junio de 2011 - 3413
BOC-A-2011-120-3413. Firma electrónica-Descargar
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Colaboración suscrito entre la Consejería de Economía y Hacienda y el Cabildo de Fuerteventura para la prestación del servicio de gestión de cobro en vía ejecutiva de los débitos de dicho Cabildo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2011.- La Secretaria General Técnica, Cristina de León Marrero.
CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL CABILDO DE FUERTEVENTURA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DEL COBRO EN VÍA EJECUTIVA DE LOS DÉBITOS DE DICHO CABILDO.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de 2011.
De una parte, el Excmo. Sr. D. Jorge Marín Rodríguez Díaz, Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en uso de las facultades que le atribuyen los artículos 16 y 29.1, apartado k), de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
De otra parte el Ilmo. Sr. D. Mario Cabrera González, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, en representación de dicha Corporación, autorizado por el Pleno de esa Corporación en su reunión de 29 de abril de 2011.
Que el Pleno del Cabildo de Fuerteventura, en su sesión celebrada el día 29 de abril de 2011 adoptó, entre otros, los acuerdos siguientes: "Delegar las facultades de recaudación en vía ejecutiva de las deudas de naturaleza tributaria y no tributaria (sanciones y multas) de este Cabildo Insular en la Administración de la Comunidad Autónoma. Aprobar el Convenio entre la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura, para la delegación del Servicio de Gestión de los Cobros de las deudas tributarias y no tributarias (Multas y Sanciones) en período ejecutivo, cuyo texto será diligenciado por el Secretario General. Facultar al Sr. Presidente para la formalización del citado Convenio".
Que mediante la firma de este Convenio se acepta dicha delegación y que conviniendo ambas partes que la recaudación ejecutiva de los débitos de Derecho público tributario y no tributario (sanciones y multas) del Cabildo de Fuerteventura se realice a través de los órganos de recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda, formalizan las bases que configuran el presente Convenio.
Lo dispuesto en el presente Convenio se extiende a las deudas cuya gestión recaudatoria se delegue por el CABILDO en la CONSEJERÍA, haciendo uso los órganos de recaudación de la misma de los mismos medios de información y procedimientos técnicos que los utilizados para la recaudación ejecutiva de los derechos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Resolver los recursos e incidencias relacionados con las liquidaciones de las deudas a recaudar.
Expedir los títulos ejecutivos, su providencia de apremio y resolver los recursos e incidencias relacionados con los mismos, así como tramitar y resolver las solicitudes de suspensión del acto impugnado, informando de ello a la CONSEJERÍA, con indicación, en su caso, de la garantía aportada.
Resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento en período ejecutivo.
Acordar la declaración de créditos incobrables, de conformidad con el artículo 173 de la Ley General Tributaria, a propuesta del órgano recaudador de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Liquidar los intereses de demora por los débitos recaudados en vía de apremio, sin perjuicio de lo establecido en los puntos 1 y 2 del artículo 53 y en los apartados b), c) y d) del punto 4 del artículo 72, ambos del Reglamento General de Recaudación.
La defensa de los derechos de cobro relativos a los recursos objeto del presente Convenio que se hallen sujetos a proceso concursal.
Colaborar gratuitamente, con los medios a su disposición, en la localización y precinto de vehículos embargados por la CONSEJERÍA en el curso de cualquier procedimiento de gestión recaudatoria.
Poner a disposición de la CONSEJERÍA, con carácter gratuito, depósitos para vehículos embargados por la misma en el curso de cualquier procedimiento de gestión recaudatoria.
Las actuaciones del procedimiento de apremio no citadas en la base anterior.
Conocer y resolver los recursos de reposición interpuestos contra actos de gestión recaudatoria dictados por la Administración tributaria en vía ejecutiva, así como tramitar y resolver las solicitudes de suspensión del acto impugnado.
Tramitar y resolver las solicitudes de suspensión del procedimiento de apremio en las reclamaciones económico-administrativas (para el supuesto que se haya creado dicho tribunal en la entidad correspondiente) interpuestas contra actos de los órganos de recaudación de la Administración tributaria en los supuestos previstos en los artículos 43 y 44 del Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
Dar traslado al Tribunal Económico Administrativo competente (en el supuesto que se hubiera creado) de las solicitudes de suspensión de los actos de contenido económico dictados por los órganos de recaudación de la Administración Tributaria a los que se refiere el artículo 46 del Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
La ejecución de garantías conforme a lo establecido en el artículo 168 de la Ley General Tributaria.
La adopción de medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 162 de la Ley General Tributaria.
Proponer, en su caso, al CABILDO, una vez realizadas las correspondientes actuaciones, que dicte el acto administrativo de derivación de responsabilidad solidaria o subsidiaria cuando la CONSEJERÍA, en el curso del procedimiento de recaudación de una deuda tributaria del CABILDO tenga conocimiento de uno de los supuestos de derivación de responsabilidad.
Proponer al CABILDO la declaración de crédito incobrable e insolvencias.
La práctica de las notificaciones de los actos dictados por el CABILDO en el procedimiento de apremio.
Medidas, normas, procedimientos y reglas estándares encaminadas a garantizar el nivel de seguridad exigido en el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
El documento de seguridad deberá contener, además de lo señalado en el apartado 6.c.1) la identificación del responsable o responsables de seguridad, los controles periódicos que se deban realizar para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el propio documento y las medidas que sea necesario adoptar cuando un soporte vaya a ser desechado o reutilizado.
La CONSEJERÍA designará uno o varios responsables de seguridad encargados de coordinar y controlar las medidas definidas en el documento de seguridad. Esta designación en ningún caso supondrá una delegación de responsabilidad que corresponde al responsable del fichero de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
Los sistemas de información e instalación de tratamiento de datos se someterán, al menos cada dos años, a una auditoría interna o externa que verifique el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos y de los procedimientos e instrucciones vigentes en materia de seguridad de datos.
La CONSEJERÍA establecerá un mecanismo que permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de información y la verificación de que está autorizado.
Deberá establecerse un sistema de registro de entrada de soportes informáticos que permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la fecha y hora, el emisor, el número de soportes, el tipo de información que contienen, la forma de envío y la persona responsable de la entrega que deberá estar debidamente autorizada.
En el registro al que se refiere el apartado 6.c.1 anterior deberán consignarse, además, los procedimientos realizados de recuperación de los datos, indicando la persona que ejecutó el proceso, los datos restaurados y, en su caso, qué dato ha sido necesario grabar manualmente en el proceso de recuperación.
1. Vencidos los plazos de ingreso en período voluntario sin haberse satisfecho las deudas, el CABILDO expedirá los títulos ejecutivos que procedan, que contendrán, como mínimo, los datos que se especifican en el artículo 70 del Reglamento General de Recaudación, así como, en su caso, la identificación de los obligados tributarios a los que se refiere el apartado 2 del artículo 35 de la Ley General Tributaria y los bienes afectos a las deudas en garantía y aquellos otros datos que para la gestión de cobro requiera la CONSEJERÍA.
4. No podrán remitirse las deudas cuya providencia de apremio haya sido notificada por los órganos de recaudación del CABILDO.
Así mismo, el CABILDO, previamente al envío de deudas, verificará que entre éstas no figuran deudas prescritas o que prescribirán en el plazo mínimo para su notificación, deudas suspendidas que hayan sido objeto de recurso sin haber resuelto, ni deudas cuya liquidación haya sido recurrida con solicitud de suspensión.
En el caso de que el CABILDO tuviera conocimiento de datos que no se hubieran utilizado en la gestión de la deuda datada por insolvencia que permitieran la realización del derecho podrá incluir nuevamente la deuda en un siguiente envío mensual, acompañando documentación justificativa de su nueva incorporación.
El 13% del importe de las providencias de apremio datadas por ingreso y de los intereses de demora ingresados.
El 2,5% de las providencias de apremio datadas por anulación o por la presentación de solicitud de aplazamiento, o dadas de baja que se deriven de los actos de gestión recaudatoria.
El coste de servicio previsto en la base octava del presente Convenio.
Las costas ingresadas y las que queden pendiente de cobro en expedientes cerrados.
Mensualmente, el detalle de movimientos de deudas, salvo que se haya habilitado el acceso al aplicativo de gestión por el CABILDO.
Trimestralmente, la estadística referente al número e importe de aplazamientos/fraccionamientos solicitados y concedidos.
Semestralmente, la estadística de la gestión realizada, salvo que se haya habilitado el acceso previsto en la base 9.1.
Anualmente la relación individualizada de las deudas pendientes a finales de cada año, salvo que se haya habilitado el acceso previsto en la base 9.1.
1. El presente Convenio surtirá efectos desde que tenga lugar la última de las publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas o en el de la Comunidad Autónoma de Canarias y su plazo de duración será de un año. Al término de dicho período se entenderá tácitamente prorrogado por plazos anuales sucesivos, salvo denuncia expresa con seis meses de antelación a la fecha de su vencimiento, como mínimo. Este plazo no será preceptivo en el caso de que se produjeran modificaciones normativas que no se ajustaran a las bases del Convenio.
En caso de controversia respecto del presente Convenio las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife.- El Consejero de Economía y Hacienda, Jorge Marín Rodríguez Díaz.- El Presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera González.