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Timestamp: 2020-02-21 10:36:01
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Sentencia nº 272 de Suprema Corte de Justicia, del 7 de Junio de 2013. - Jurisprudencia - VLEX 584492146
Sentencia nº 272 de Suprema Corte de Justicia, del 7 de Junio de 2013.
Recurrente(s): Pollo Rey
Abogado(s): Dr. Lora Castillo, L.. J.M.R.
Recurrido(s): Distribuidores Internacionales de Petróleo, S. A.
Abogado(s): L.. Robert Figueroa
En Nombre de la República, la Sala y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:
Sobre el recurso de casación interpuesto por P.R., entidad comercial organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su establecimiento principal ubicado en la avenida Constitución núm. 105, provincia S.C., debidamente representada por el señor C.L., dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 002-0124107-4, domiciliado y residente en esta ciudad; contra la sentencia núm. 173-2011, dictada el 31 de octubre de 2011, por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. R.F., abogado de la parte recurrida, Distribuidores Internacionales de Petróleo, S.A.;
Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina así: "Único: Que procede inadmisible (sic), el recurso de casación interpuesto por la empresa Pollo Rey, contra la sentencia civil No. 173-2011 del treinta y uno (31) de octubre del dos mil once (2011) dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, por los motivos precedentemente expuestos."(sic);
Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 16 de diciembre de 2011, suscrito por el Dr. J.L.C. y el Licdo. J.M.R., abogados de la parte recurrente, P.R., en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;
Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 22 de diciembre de 2011, suscrito por el Licdo. R.G.F.F., abogado de la parte recurrida, Distribuidores Internacionales de Petróleo, S.A.;
Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25 de fecha 15 de octubre 1991, modificada por la Ley núm. 156 de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 5 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08 de fecha 19 de diciembre de 2008;
La CORTE, en audiencia pública del 31 de mayo de 2013, estando presentes los jueces V.J.C.E., en funciones de P.; M.O.G.S. y J.A.C.A., asistidos del Secretario;
Visto el auto dictado el 3 de junio de 2013, por el magistrado V.J.C.E., en funciones de Presidente, por medio del cual llama al magistrado F.A.J.M., juez de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294 de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;
Considerando, que consta en la sentencia impugnada: a) que con motivo de la demanda en cobro de pesos, incoada por Distribuidores Internacionales de Petróleo, S.A., contra P.R., la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Cristóbal, dictó el 7 de junio de 2010, la sentencia civil núm. 00199, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: "PRIMERO: Se ratifica el defecto pronunciado en audiencia contra la parte demandada RAZÓN SOCIAL EMPRESA POLLO REY, por falta de comparecer, no obstante estar legalmente emplazado, SEGUNDO: Se declara buena y válida en cuanto a la forma la presente demanda en cobro de dinero, por haber sido incoada siguiendo los procedimientos legales; TERCERO: En cuanto al fondo de condena a la RAZÓN SOCIAL EMPRESA POLLO REY, a pagarle al DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A., la suma de Un Millón Ciento Sesenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con 95/100 (RD$1,172,764.95) (sic), Pesos Dominicanos, que es el monto adeudado, mas el 2% de interés moratorio consignado en las facturas o aval del crédito; CUARTO: Se condena a la RAZÓN SOCIAL EMPRESA POLLO REY, a pagarle al DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL DE PETROLEO S. A, el pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor del LIC. R.F.F., quienes (sic) afirman haberlas avanzado en su mayor parte; QUINTO: Se comisiona al ministerial D.C.M., Alguacil de Estrados de este Tribunal, para la notificación de esta sentencia."; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra la referida decisión por P.R., mediante acto núm. 2664-2010, de fecha 2 de noviembre de 2010, de la ministerial N.M.T., alguacil de estrados de la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de San Cristóbal, intervino la sentencia núm. 173-2011, de fecha 31 de octubre de 2011, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: "PRIMERO: Declara, bueno y válido en el aspecto formal, el recurso de apelación incoado por la empresa POLLO REY contra la Sentencia Civil No. 199 de fecha 07 de junio 2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, por haber sido hecho de conformidad con procedimientos de ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, Rechaza el indicado recurso, y confirma la sentencia recurrida, con todas sus consecuencias legales, por las razones precedentemente indicadas; TERCERO: Condena a la empresa POLLO REY al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor del L.. R.G.F.F. quien afirma haberlas avanzado en su totalidad." (sic);
Considerando, que la parte recurrente plantea los medios de casación siguientes: Primer Medio: Inconstitucionalidad del artículo 5, literal c) del párrafo segundo de la Ley núm. 491-08, promulgada en fecha 19 del mes de diciembre del año 2008, que modifica la ley sobre procedimiento de Casación núm. 3726 del año 1953; Segundo Medio: Incorrecta aplicación del interés legal, ley derogada No. 312, de fecha 1 de julio de 1919, por el Código Monetario y Financiero, Ley No. 183-2002, de fecha 21 de noviembre del 2002. Tercer Medio: Falta de motivos. Desnaturalización de los hechos, violación de los artículos 141 y 142 del Código de Procedimiento Civil."(sic);
Considerando, que por su carácter eminentemente perentorio procede examinar el pedimento de la recurrente, la entidad P.R., relativo a la pretendida la inconstitucionalidad del artículo 5, párrafo II, literal c) de la Ley núm. 491-08, que modifica la Ley sobre Procedimiento de Casación, núm. 3726-53, en razón de que todo tribunal ante el cual se alegue la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto, como medio de defensa, tiene competencia y está en el deber de examinar dicha excepción como cuestión previa al resto del caso, ello es así porque la controversia sobre la constitucionalidad de una ley es una cuestión incidental a ser juzgada con anterioridad a su aplicación al caso concreto de que se trate, lo que implica la consagración del sistema de control difuso, que ha regido en nuestro sistema jurídico desde la inauguración de la República, en 1844, lo cual significa, que cualquier tribunal del orden judicial tiene competencia para juzgar la cuestión de la constitucionalidad que le sea sometida como impugnación o defensa en el curso de un proceso, cuyo sistema difuso sobrevivió a la reforma de mayor calado que ha sufrido nuestro Pacto Fundamental, al consagrarse en el artículo 188, de la Constitución proclamada el 26 de enero de 2010 que: "Los tribunales de la República conocerán la excepción de constitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento". Más aún, el pedimento de la recurrente debe ser ponderado antes del fondo del asunto, pues de lo que se trata es de mantener incólume el principio de la supremacía de la Constitución, el cual implica que la norma primera y la superior a todas es la Constitución; por consiguiente, cualquier norma de legalidad ordinaria que la contravenga deviene nula, por aplicación del artículo 6 de la Constitución, que se expresa en el siguiente tenor: "Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución". Dicho esto, podemos pasar entonces a examinar los alegatos de la recurrente, en los que sustenta la excepción de inconstitucionalidad;
Considerando, que en efecto, la entidad P.R., alega en sustento de la excepción de inconstitucionalidad planteada, en síntesis, lo siguiente: "que el artículo 5, literal c, párrafo segundo de la ley 491-08, promulgada en fecha 19 del mes de diciembre del año 2008 que modifica la Ley sobre Procedimiento de Casación núm. 3726 del 1953, limita el ejercicio del recurso de casación, ya que para ser admisible, debe ser interpuesto solo contra las sentencias que contengan una condenación que sobrepase los 200 salarios mínimos para el sector privado al momento en que se interpone el recurso, lo que constituye una injusticia que atenta contra el derecho de defensa del demandado; que también crea una desigualdad porque las sentencias que sobrepasan el monto antes indicado son susceptibles de ser recurridas en casación; que dicho artículo impide que se apliquen las disposiciones constitucionales que procuran que para la condenación de una persona se realice un juicio previo para defenderse en igualdad de condiciones, se le faciliten los recursos y se cumplan con el debido proceso, lo que no permite el referido artículo al crear una situación discriminatoria y desigual, que transgreden el artículo 39 y 69 de la Constitución de la República Dominicana, así como los artículos 7, 8 y 10, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el numeral 1, del artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.;"
Considerando, que, se impone seguidamente pasar por el tamiz de la Constitución el texto del Artículo 5, P.I., literal c) de la ley sobre Procedimiento de Casación, modificada por la ley 491-08, argüido de inconstitucional para verificar si el mismo se incardina o no dentro de los estándares que le permitan ser conforme y congruente con nuestro Pacto Fundamental. En esa línea discursiva, es menester destacar que la Constitución, proclamada el 26 de enero de 2010, recogió en el artículo 69 toda una atalaya garantista como manifestación de lo que se ha venido en llamar debido proceso y tutela judicial efectiva, cuyo texto, en su numeral 9) y para lo que aquí importa, reconoce como un derecho fundamental, el derecho de que toda sentencia pueda ser recurrida de conformidad con la ley. El contenido del artículo precitado no puede ser interpretado de manera aislada, sino en concordancia práctica con el párrafo III del artículo 149 de la Carta Sustantiva, el cual dispone lo siguiente: "Toda decisión emanada de un tribunal podrá ser recurrida ante un tribunal superior, sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes". La exégesis del texto en comento no deja lugar a dudas sobre que los Asambleístas quisieron elevar a rango constitucional el derecho al recurso, derecho este que al estar establecido ya en el artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos, formaba parte del bloque de constitucionalidad y, por consiguiente, tenía y tiene jerarquía constitucional de acuerdo al artículo 74.3 de la actual Constitución, pero dichos A. revisores de la Constitución, delegaron en el legislador ordinario la posibilidad de limitar o suprimir el "derecho a algunos recursos", o establecer excepciones para su ejercicio, cuya reserva de ley que se destila del indicado párrafo III del artículo 149 estaría permitida solamente si el legislador ordinario respeta el contenido esencial del derecho a recurrir, es decir, el núcleo duro de dicho derecho fundamental, el cual sería indisponible para el legislador, ese núcleo duro sería entonces el "derecho de recurrir el fallo ante un tribunal superior", que no puede ser totalmente cerrado por el legislador, pues en ese caso deformaría el núcleo sustancial exceptuado a la actuación del legislador ordinario; ahora bien, los derechos fundamentales también tienen una parte periférica que puede ser afectable por la actuación del legislativo, como sería el caso de cerrar ciertos recursos por motivo de razonabilidad y permitir el ejercicio de otros, es decir, que el legislador debe siempre garantizar una vía impugnativa al condenado para respetar el núcleo mínimo del derecho que es objeto de examen, reconocido por el sistema internacional de protección de los derechos humanos y por nuestra Constitución, para que la ley sea conforme con la Carta Sustantiva de la Nación y con los artículos 8.2 h del Pacto de San José, y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. No hay dudas entonces, en los términos de la redacción del artículo 149 párrafo III de la Constitución, que el recurso de casación es de configuración legal; por consiguiente, la fijación por parte del legislador ordinario de una determinada suma mínima como cuantía requerida para la admisión del recurso de carácter restrictivo para acceder al mismo no contraviene el contenido esencial del derecho al recurso, ni tampoco vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva ni el debido proceso, en tanto que, el legislador no está obligado a garantizar la existencia de un grado casacional, pues el recurso de casación civil opera, generalmente, después de haber recaído dos sentencias, en primera y en segunda instancia, que es donde, efectivamente, en nuestro ordenamiento jurídico se garantiza el derecho al recurso; importa destacar, que en materia civil, en nuestro sistema recursivo, en principio, se ha establecido la doble instancia, que permite que un tribunal distinto a aquél que decidió el asunto en un primer momento, revise tanto los hechos dados por ciertos, como el derecho aplicado por éste último, dicho en otros términos, dos oportunidades para hacer un juicio; dos veces se dice cuáles son los hechos probados y en dos oportunidades se dice cuál es la consecuencia jurídica que se desprende de ellos, ese sistema, como se observa, protege intensamente la garantía del debido proceso y ofrece más certeza que el sistema de pura revisión del derecho. En esa línea de pensamiento, y como hemos dicho en otras sentencias, el constituyente delegó en el legislador ordinario la posibilidad de modular, limitar y matizar el ejercicio de dicho recurso, esto es, regular su procedimiento y el de suprimirlo cuantas veces lo entienda compatible con la naturaleza del asunto; todavía más, y, en uso de esa delegación otorgada por la Constitución del Estado, puede establecer o no dicho recurso contra determinadas resoluciones judiciales, así como, configurada su existencia, definir y reglamentar su régimen jurídico; ello revela que el legislador, al modular y establecer el recurso de casación civil, puede válidamente determinar las sentencias recurribles por esa vía impugnaticia y, además, como lo hizo con la ley hoy atacada de inconstitucionalidad, disponer un monto mínimo que deben alcanzar las condenaciones establecidas en la sentencia impugnada como requisito para aperturar su ejercicio, sin que con ello incurra, como lo alega la recurrente, en las violaciones constitucionales denunciadas, pues dicha limitación para el ejercicio de dicho recurso no vacía de contenido el mandato que le atribuye el constituyente al legislador ordinario, en el sentido de que si bien "toda decisión emanada de un tribunal podrá ser recurrida ante un tribunal superior", dicho recurso debe estar "sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes", de manera pues, que la restricción que se deriva del artículo 5, párrafo II, literal c) de la ley sobre Procedimiento de Casación modificada por la ley 491-08, encuentra hospedaje y techo jurídico en el reiteradamente citado artículo 149 Párrafo III de la Constitución;
Considerando, que, luego de analizar el artículo 5, P.I., literal c) de la ley sobre Procedimiento de Casación modificada por la Ley 491-08, bajo el prisma del bloque de constitucionalidad, el cual no sería ocioso repetir que establece que: "no podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras disposiciones legales que lo excluyan, contra las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso"; concluimos que el mismo es conforme y congruente con el Párrafo III del artículo 149 de la Constitución de la República, con el artículo 8.2 h de la Convención Americana de Derecho Humanos, llamada también Pacto de San José y el 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; por consiguiente, procede rechazar la excepción de inconstitucionalidad formulada por la recurrente, por las razones precedentemente aludidas;
Considerando, que se impone, con antelación al análisis de los medios de casación propuestos, examinar las pretensiones incidentales formuladas por la recurrida, quien solicita la inadmisibilidad del presente recurso de casación, bajo el primer alegato de que no fue acompañado de una copia certificada de la sentencia impugnada, así como porque las condenaciones impuestas por la sentencia impugnada no exceden el monto de los doscientos (200) salarios mínimos del más alto del sector privado, condiciones exigidas para intentar el recurso de casación por aplicación de la Ley núm. 491-2008, que modificó los artículos 5, 12 y 20 de la Ley núm. 3726 de fecha 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación;
Considerando, que esta Sala Civil y Comercial ha podido verificar que el presente recurso se interpuso en fecha 16 de diciembre de 2011 es decir, bajo la vigencia de la Ley núm. 491-08 de fecha 19 de diciembre de 2008 y publicada el 11 de febrero de 2009, (que modificó los artículos 5, 12 y 20 de la Ley núm. 3726-53 del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación), ley procesal estableció como condiciones de ineludible cumplimiento para la admisibilidad del recurso de casación: a) que debe ser acompañado de una copia certificada de la sentencia impugnada y, b) que la cuantía establecida como condenación en dicho acto jurisdiccional debe exceder los 200 salarios mínimos del más alto establecido en el sector privado, vigente al momento en que se interpone el recurso;
Considerando, que respecto a la primera causal en la que se sustenta el medio de inadmisión propuesto, consta depositado en el expediente formado en ocasión del presente recurso una copia de la sentencia impugnada debidamente certificada por el Secretario de la corte a-qua, razón por la cual se desestima la inadmisibilidad sustentada en dicho alegato;
Considerando, que en cuanto a la segunda causa en la que también apoya el recurrido sus pretensiones incidentales, la primera parte del literal c) Párrafo II del Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, dispone lo siguiente:
"No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras disposiciones legales que lo excluyan, contra: las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso ().";
Considerando, que el referido mandato legal nos exige determinar cuál era el salario mínimo más alto establecido para el sector privado imperante al momento de interponerse el presente recurso, luego de cuya comprobación se precisa establecer si el monto resultante de los doscientos (200) salarios mínimos excede de la condenación establecida en la sentencia impugnada;
Considerando, que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de casación, ha podido comprobar que para la fecha de interposición del presente recurso, el salario mínimo más alto para el sector privado estaba fijado en RD$9,905.00, mensuales, conforme se desprende de la Resolución núm. 5/2011, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 18 de mayo de 2011, resultando que la suma de doscientos (200) salarios mínimos asciende a un millón novecientos ochenta y un mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,981,000.00), por consiguiente, para que la sentencia dictada por la Corte a-qua sea susceptible del presente recurso extraordinario de casación es imprescindible que la condenación por ella establecida supere esta cantidad;
Considerando, que al verificar la cuantía a que asciende la condenación fijada en perjuicio de la entidad hoy recurrente se advierte una diferencia en el monto de la condenación expresada en letras y su traducción en números, en razón de que la descripción en letras se consigna en "un millón ciento sesenta y dos mil setecientos sesenta y cuatro pesos", pero al expresar esa cantidad en números se identificó como RD$1,172,764.95, no obstante, de la lectura de los memoriales producidos en ocasión de este recurso de casación, resulta que ambas partes reconocen que la empresa hoy recurrente fue condenada a pagar la suma consignada en números, esto es (RD$ 1,172, 764.95), por cuanto sostiene la hoy recurrente en la página dos (2) de su memorial: que "en este caso particular la condenación al pago de UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 95/100) (RD$ 1,172,764.95) y, de igual manera, la recurrida alega en su memorial de defensa, que "la condenación de UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 95/100), (RD$ 1,172, 764. 95)", por tanto esa cantidad contenida en la sentencia como condenación fijada en contra de la entidad hoy recurrente en ocasión de la demanda en cobro de pesos incoada en su contra, es la que se tomará en cuenta para determinar la admisibilidad del recurso de casación en cuestión, comprobándose de lo expuesto, de manera ostensible, que no excede del valor resultante de los doscientos (200) salarios mínimos, que es la cuantía requerida para la admisión del recurso de casación, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley núm. 491-2008, ya referida;
Considerando, que, en atención a las circunstancias referidas, al no cumplir el presente recurso de casación con el mandato de la ley, respecto al monto mínimo que deben alcanzar las condenaciones establecidas en la sentencia impugnada para ser susceptibles del recurso que nos ocupa, procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en la indicada jurisdicción declare, tal y como lo solicita la parte recurrida, su inadmisibilidad, lo que hace innecesario examinar los medios de casación propuestos por la parte recurrente, en razón de que las inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el presente caso, el examen del recurso de casación del que ha sido apoderada esta S..
Por tales motivos, Primero: Rechaza la excepción de inconstitucionalidad formulada por la recurrente, la entidad P.R. por las razones precedentemente aludidas, en consecuencia declara que el literal c), Párrafo II del Art. 5 de la ley sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, es conforme y congruente con la Constitución; Segundo: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la entidad P.R., contra la sentencia civil núm. 173/2011, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, el 31 de octubre de 2011, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Tercero: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor del L.. R.G.F.F., abogado de la parte recurrida, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte.
Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 7 de junio 2013, años 170º de la Independencia y 150º de la Restauración.
Sentencia nº 80 de Corte Suprema de Justicia - Primera, del 22 de Octubre de 2008.