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Timestamp: 2019-03-24 07:55:33
Document Index: 253138567

Matched Legal Cases: ['artículo 117', 'artículo 71', 'artículo 42', 'artículo 37', 'artículo 36', 'artículo 18', 'artículo 16', 'artículo 32', 'artículo 18', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 37', 'artículo 82', 'artículo 116', 'artículo 18', 'artículo 116', 'artículo 25', 'artículo 46']

Expediente Nº: TD/00568/2015 RESOLUCIÓN Nº.: R/02179/2015 Vista la reclamación formulada el 6 de marzo de 2015 ante esta Agencia por D. B.B.B. contra GOOGLE INC. (GOOGLE SPAIN), por no haber sido debidamente atendido su derecho de cancelación. Realizadas las actuaciones procedimentales previstas en el artículo 117 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (en lo sucesivo, RLOPD), se han constatado los siguientes HECHOS PRIMERO: Con fecha 6 de marzo de 2015 tuvo entrada en esta Agencia reclamación presentada por D. B.B.B. (en lo sucesivo, el reclamante) contra GOOGLE INC (GOOGLE SPAIN) por no haber sido debidamente atendido su derecho de cancelación. SEGUNDO: Una vez examinada la documentación aportada con la reclamación, se observa que la misma debe ser subsanada, por lo que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo, LRJPAC), mediante escrito de fecha 23 de abril de 20145 se le solicitó “- Acreditación del escrito de solicitud del ejercicio de derecho y la recepción del mismo ante el responsable del fichero y contestación en su caso. - Impresión de las pantallas a las que se accede a través de los enlaces citados, resaltando los datos del afectado y la información que le afecta.” TERCERO: Con fecha 12 de mayo de 2015 tuvo entrada en esta Agencia escrito del reclamante aportando la documentación solicitada. Cabe señalar, que de acuerdo con el artículo 42.5 de la LRJPAC, el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento de tutela de derechos y notificar la resolución (seis meses) se verá suspendido por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario. En el presente caso, el cumplimiento final de la subsanación se efectuó en fecha 12 de mayo de 2015, por lo que a partir de esa fecha volverá a comenzar el cómputo del plazo para la resolución del citado procedimiento. El reclamante solicitó a Google Inc (Google Spain) la cancelación de sus datos personales en la dirección web A.A.A. C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es 28001 – Madrid sedeagpd.gob.es 2/12 “(…) porque se refiere a mi persona en términos despectivos y vejatorios. No sólo me califica de “moroso” en el mismo título del texto y en grandes caracteres (lo que no es cierto), sino que además (i) publica imágenes de mi persona sin autorización y (ii) publica aspectos de mi vida privada que siempre he mantenido ocultos del conocimiento público, como el hecho de que estoy divorciado (…)” Es un relato de mayo de 2014 en el que se narra la historia y diversos hechos desde la denuncia del interesado porque sus datos fueron publicados en un diario en un anuncio de subasta del Ministerio de Trabajo hasta la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014 sobre el denominado “derecho al olvido”. Desde la entidad le indicaron que “En este caso, parece que la URL que ha identificado incluye información acerca de usted que es relevante y no está obsoleta. Por tanto, concluimos que la referencia a este material en nuestros resultados de búsqueda está justificada por el interés público en tener acceso a él. De momento, Google ha decidido no realizar ninguna acción con respecto a esta URL”. CUARTO: Trasladadas sucesivamente la reclamación y los escritos de descargos que se produjeron en la tramitación del presente expediente, y por lo que a efectos de la resolución de la presente reclamación interesa, se realizaron, en síntesis, las siguientes alegaciones:  Google señaló que, una vez recibida la petición del reclamante, con fecha 02 de febrero de 2015, le remitió un correo electrónico denegando la cancelación. “Google Inc. ha examinado de nuevo la solicitud del interesado y, en relación con la URL disputada, considera que se refiere a informaciones y opiniones que presentan relevancia e interés público incuestionables. En particular, se trata de un enlace a un artículo periodístico de abril de 2014 publicado en un blog personal, en el que se informa y se vierten opiniones de interés público acerca del procedimiento seguido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea C- 131/12, en el que tanto el Sr. (…) como Google Inc. fueron parte, junto a la AEPD, y la sociedad española, Google Spain, S.L. Pues bien, como ha establecido nuestra Jurisprudencia y como resulta de la propia Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, el derecho a la protección de datos debe ceder frente a las libertades de expresión e información cuando se ejercitan en conexión con asuntos que son de interés general, por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen. En este sentido, no puede pasar desapercibido que la persona del Sr. (…), incluidos su nombre y sus apellidos, forma ya parte de la historia reciente por haber sido parte en un procedimiento judicial de especial interés y relevancia pública. En particular, su nombre será asociado por siempre con una importante Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. No debe perderse de vista además que el Sr. (…), nunca ha mostrado reparo en exponerse públicamente y en múltiples ocasiones ha ofrecido voluntariamente su opinión sobre el procedimiento judicial en el que fue parte interesada. El hecho C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es 28001 – Madrid sedeagpd.gob.es 3/12 de que el Sr. (…) haya decidido de forma deliberada contribuir activamente al debate público, mediante su participación constante en entrevistas en medios de comunicación escrita, radiofónica y audiovisual, determina que el interés legítimo de la sociedad en acceder a informaciones y opiniones sobre él, también a través de motores de búsqueda al realizar una búsqueda a partir de su nombre, debe prevalecer sobre su derecho a la protección de datos. El Sr. (…) no puede ahora pretender actuar en contra de sus propios actos. (…) Debemos señalar que el hecho de que el Sr. (…) mantuvo en el pasado deudas con la Tesorería de la Seguridad Social es un hecho veraz, y de dominio público y que recoge la propia Sentencia del TJUE (apartado 14), y posterior de la Audiencia Nacional (pág. núm. (…)). No puede pretender el Sr. (…) que algo así pueda calificarse de incierto, a estas alturas, cuando es algo no controvertido (…) Tampoco es cierto que el hecho de que esté divorciado sea una cuestión que haya mantenido oculta del conocimiento público. El Sr. (…) ha hecho público ese dato de su vida en los medios de comunicación (…) El Sr. (…) ha posado además voluntariamente en múltiples ocasiones para medios de comunicación. En particular, la fotografía incluida en el artículo de opinión objeto de este procedimiento, y que el Sr. (…) dice que ha sido publicada sin su autorización, proviene de un reportaje publicado en el diario (…) No cabe duda de que las informaciones y opiniones a que remite la URL objeto del presente procedimiento presentan, al igual que las opiniones expresadas por el Sr. (…) en otros medios de comunicación, especial relevancia e interés público y contribuyen a la formación de una opinión pública en relación con una persona y un asunto que han adquirido especial notoriedad.”  El reclamante manifiesta que la entidad no puede fundamentar su negativa a desindexar la URL con base en la prevalencia de las libertades de información y expresión, puesto que estas libertades se garantizan mediante el mantenimiento del texto en la fuente original, y no mediante su indexación como resultado de búsqueda. Asimismo, indica que “(…) una cosa es aceptar que la repercusión mediática que ha tenido el caso suponga que su nombre se mencione con frecuencia en artículos de información y opinión, y otra muy distinta aceptar que se publique contenido sobre su persona que en ningún caso se puede considerar de información u opinión (…) Y es que, en este caso, el texto de la URL no se limita a informar u opinar sobre un hecho de interés general, sino que va mucho más allá: publica información obsoleta y desactualizada sobre el Sr. (…) como veraz y actual. En concreto, este texto le atribuye la condición de “moroso”.” El reclamante señala que considerarle “moroso” en la actualidad implica realizar un tratamiento de datos personales contrario a la Directiva, por ser desactualizado y obsoleto. C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es 28001 – Madrid sedeagpd.gob.es 4/12 “(…) Efectivamente, no es controvertido que incurriera en mora en 1998. Pero lo que no sólo es controvertido, sino directamente inexacto, es que continúe siendo moroso en la actualidad.” FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: Es competente para resolver la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo, LOPD). SEGUNDO: El artículo 18.1 de la LOPD señala que: “Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la presente Ley pueden ser objeto de reclamación por los afectados ante la Agencia Española de Protección de Datos, en la forma que reglamentariamente se determine”. TERCERO: El artículo 16 de la LOPD dispone que “1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días. 2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos. 3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión. 4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que deberá también proceder a la cancelación. 5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.” CUARTO: El artículo 32.2 y 3 del RLOPD determina: “2. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de rectificación o cancelación en el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que de forma expresa se responda a la petición, el interesado podrá interponer la reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es 28001 – Madrid sedeagpd.gob.es 5/12 En el caso de que no disponga de datos de carácter personal del afectado deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo. 3. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido cedidos previamente, el responsable del fichero deberá comunicar la rectificación o cancelación efectuada al cesionario, en idéntico plazo, para que éste, también en el plazo de diez días contados desde la recepción de dicha comunicación, proceda, asimismo, a rectificar o cancelar los datos. La rectificación o cancelación efectuada por el cesionario no requerirá comunicación alguna al interesado, sin perjuicio del ejercicio de los derechos por parte de los interesados reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.” QUINTO: El artículo 25 del RLOPD determina: “1. Salvo en el supuesto referido en el párrafo 4 del artículo anterior, el ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al responsable del fichero, que contendrá: a) Nombre y apellidos del interesado; fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su caso, de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes; así como el documento o instrumento electrónico acreditativo de tal representación. La utilización de firma electrónica identificativa del afectado eximirá de la presentación de las fotocopias del DNI o documento equivalente. El párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la normativa específica aplicable a la comprobación de datos de identidad por las Administraciones Públicas en los procedimientos administrativos. b) Petición en que se concreta la solicitud. c) Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante. d) Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso. 2. El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros. 3. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados en el apartado primero, el responsable del fichero deberá solicitar la subsanación de los mismos. 4. La respuesta deberá ser conforme con los requisitos previstos para cada caso en el presente título. 5. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba del cumplimiento del deber de respuesta al que se refiere el apartado 2, debiendo conservar la acreditación del cumplimiento del mencionado deber…” C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es 28001 – Madrid sedeagpd.gob.es 6/12 SEXTO: Por lo que se refiere a la naturaleza del buscador como responsable de tratamiento, cabe señalar que un buscador es una herramienta que facilita al usuario de internet el acceso a determinadas páginas web. Para ello, la herramienta accede a una lista de enlaces previamente indexados y ofrece al usuario una relación de direcciones web que remiten a páginas en las que figuran las palabras seleccionadas por el usuario. La Sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, en su apartado 28, declara que “al explorar Internet de manera automatizada, constante y sistemática en busca de la información que allí se publica, el gestor de un motor de búsqueda recoge tales datos que extrae, registra y organiza posteriormente en el marco de sus programas de indexación, conserva en sus servidores y, en su caso, comunica y facilita el acceso a sus usuarios en forma de listas de resultados de sus búsquedas. Ya que estas operaciones están recogidas de forma explícita e incondicional en el artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46, deben calificarse de tratamiento en el sentido de dicha disposición, sin que sea relevante que el gestor del motor de búsqueda también realice las mismas operaciones con otros tipos de información y no distinga entre estos y los datos personales. (…) Apartado 33: Ahora bien, el gestor del motor de búsqueda es quien determina los fines y los medios de esta actividad y, así, del tratamiento de datos personales que efectúa el mismo en el marco de esta y, por consiguiente, debe considerarse responsable de dicho tratamiento en virtud del mencionado artículo 2, letra d. (…) Apartado 35: Sobre este particular, procede poner de manifiesto que el tratamiento de datos personales llevado a cabo en el marco de la actividad de un motor de búsqueda se distingue del efectuado por los editores de sitios de Internet, que consiste en hacer figurar esos datos en una página en Internet, y se añade a él. Apartado 41: (…) la actividad de un motor de búsqueda, que consiste en hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado, debe calificarse de tratamiento de datos personales, en el sentido de dicho artículo 2, letra b), cuando esa información contiene datos personales y, por otro, el gestor de un motor de búsqueda debe considerarse responsable de dicho tratamiento, en el sentido del mencionado artículo 2, letra d).” Consecuentemente, el Tribunal de Justicia considera que el gestor del motor de búsqueda es el responsable del tratamiento de los datos al determinar los fines y los medios de su actividad. C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es 28001 – Madrid sedeagpd.gob.es 7/12 SÉPTIMO: En cuanto a la normativa aplicable cabe señalar lo siguiente: El artículo 2 de la LOPD, señala en su apartado 1 su ámbito territorial de aplicación en los siguientes términos: “Se regirá por la presente Ley Orgánica todo tratamiento de datos de carácter personal: a) Cuando el tratamiento sea efectuado en territorio español en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento. b) Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español, le sea de aplicación la legislación española en aplicación de normas de Derecho Internacional público. c) Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, salvo que tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito.” Este artículo traspone el artículo 4 de la Directiva 95/46/CE, que literalmente señala: “Derecho nacional aplicable 1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones nacionales que haya aprobado para la aplicación de la presente Directiva a todo tratamiento de datos personales cuando: a) el tratamiento sea efectuado en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento en el territorio del Estado miembro. Cuando el mismo responsable del tratamiento esté establecido en el territorio de varios Estados miembros deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que cada uno de dichos establecimientos cumple las obligaciones previstas por el Derecho nacional aplicable; b) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio del Estado miembro, sino en un lugar en que se aplica su legislación nacional en virtud del Derecho internacional público; c) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Comunidad y recurra, para el tratamiento de datos personales, a medios, automatizados o no, situados en el territorio de dicho Estado miembro, salvo en caso de que dichos medios se utilicen solamente con fines de tránsito por el territorio de la Comunidad Europea. 2. En el caso mencionado en la letra c) del apartado 1, el responsable del tratamiento deberá designar un representante establecido en el territorio de dicho Estado miembro, sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es 28001 – Madrid sedeagpd.gob.es 8/12 propio responsable del tratamiento.” La Sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 13 de mayo de 2014, considera a tenor del artículo 4.1.a) de la Directiva 95/46, en sus apartados 55, 56, 57 y 60, lo siguiente: “procede considerar que el tratamiento de datos personales realizado en orden al funcionamiento de un motor de búsqueda como Google Search, gestionado por una empresa que tiene su domicilio social en un Estado tercero pero que dispone de un establecimiento en un Estado miembro, se efectúa en el marco de las actividades de dicho establecimiento si este está destinado a la promoción y venta en dicho Estado miembro de los espacios publicitarios del motor de búsqueda, que sirven para rentabilizar el servicio propuesto por el motor. En efecto, en tales circunstancias, las actividades del gestor del motor de búsqueda y las de su establecimiento situado en el Estado miembro de que se trate están indisociablemente ligadas, dado que las actividades relativas a los espacios publicitarios constituyen el medio para que el motor de búsqueda en cuestión sea económicamente rentable y dado que este motor es, al mismo tiempo, el medio que permite realizar las mencionadas actividades. (…) la propia presentación de datos personales en una página de resultados de una página de resultados de una búsqueda constituye un tratamiento de tales datos. Pues bien, toda vez que dicha presentación de resultados está acompañada, en la misma página, de la presentación de publicidad vinculada a los términos de búsqueda, es obligado declarar que el tratamiento de datos personales controvertido se lleva a cabo en el marco de la actividad publicitaria y comercial del establecimiento del responsable del tratamiento en territorio de un Estado miembro, en el caso de autos el territorio español. (…) debe interpretarse en el sentido de que se lleva a cabo un tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable de dicho tratamiento en territorio de un Estado miembro, en el sentido de dicha disposición, cuando el gestor de un motor de búsqueda crea en el Estado miembro una sucursal o una filial destinada a garantizar la promoción y la venta de espacios publicitarios propuestos por el mencionado motor y cuya actividad se dirige a los habitantes de este Estado miembro.” (el subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos) Como consecuencia de lo manifestado anteriormente hay que concluir que no se produce error alguno al resolver la tutela de derechos frente a Google Spain como representante en España de Google Inc. Como se recoge en la sentencia citada Google Spain es un establecimiento de Google Inc en España por lo que el derecho y la presente tutela se resuelve frente al responsable del fichero. OCTAVO: En relación a la obligación de eliminar los datos sobre los que se ha ejercitado el derecho de cancelación, por el buscador de Internet sin acudir al responsable del sitio web, la referida Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sus apartados 80 y 88, señala que “un tratamiento de datos (…) efectuado por el gestor de un motor de búsqueda, puede afectar significativamente a los derechos C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es 28001 – Madrid sedeagpd.gob.es 9/12 fundamentales de respeto de la vida privada y de protección de datos personales cuando la búsqueda realizada sirviéndose de ese motor de búsqueda se lleva a cabo a partir del nombre de una persona física, toda vez que dicho tratamiento permite a cualquier internauta obtener mediante la lista de resultados una visión estructurada de la información relativa a esta persona que puede hallarse en Internet, que afecta potencialmente a una multitud de aspectos de su vida privada, que, sin dicho motor, no se habrían interconectado o sólo podrían haberlo sido muy difícilmente y que le permite de este modo establecer un perfil más o menos detallado de la persona de que se trate. Además, el efecto de la injerencia en dichos derechos del interesado se multiplica debido al importante papel que desempeñan Internet y los motores de búsqueda en la sociedad moderna, que confieren a la información contenida en tal lista de resultados carácter ubicuo (véase, en este sentido, la sentencia eDate Advertisin y otros, C-509/09 y C-161/10, EU:C2011:685, apartado 45). (…) para respetar los derechos que establecen estas disposiciones, siempre que se cumplan realmente los requisitos establecidos en ellos, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de esta páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita.” Consecuentemente, el tratamiento de datos de carácter personal que realiza el gestor de un motor de búsqueda permite que de un “nombre” se obtenga una lista de resultados que ofrezcan información sobre una persona que pueda afectar a su ámbito privado. Una vez que el interesado ha presentado su solicitud de cancelación de sus datos personales ante el motor de búsqueda, deberá examinarla y proceder, en su caso, a la supresión de los enlaces concretos de la lista de resultados, sin que previa o simultáneamente se tenga que acudir al responsable del sitio web. NOVENO: Finalmente debe analizarse la procedencia o no de atender, en el presente caso, la solicitud de que tras una búsqueda efectuada, su nombre no se vincule a determinados resultados. En el presente caso, el reclamante ejercitó el derecho ante GOOGLE SPAIN S.L. (Google Inc.) en relación al enlace web A.A.A. “(…) porque se refiere a mi persona en términos despectivos y vejatorios. No sólo me califica de “moroso” en el mismo título del texto y en grandes caracteres (lo que no es cierto), sino que además (i) publica imágenes de mi persona sin autorización y (ii) publica aspectos de mi vida privada que siempre he mantenido ocultos del conocimiento público, como el hecho de que estoy divorciado (…)” Es un relato de mayo de 2014 en el que se narra la historia y diversos hechos desde la denuncia del interesado porque sus datos fueron publicados en un diario en un anuncio de subasta del Ministerio de Trabajo hasta la Sentencia del Tribunal de Justicia C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es 28001 – Madrid sedeagpd.gob.es 10/12 de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014 sobre el denominado “derecho al olvido”. Desde la entidad le indicaron que “En este caso, parece que la URL que ha identificado incluye información acerca de usted que es relevante y no está obsoleta. Por tanto, concluimos que la referencia a este material en nuestros resultados de búsqueda está justificada por el interés público en tener acceso a él. De momento, Google ha decidido no realizar ninguna acción con respecto a esta URL”. Durante la tramitación del presente procedimiento Google Inc. (Google Spain) presentó las alegaciones que consideró oportunas, expresadas en el Hecho Cuarto de esta Resolución y que, en síntesis, son que la URL disputada se refiere a informaciones y opiniones que presentan relevancia e interés público incuestionables, y que la fotografía publicada proviene de un reportaje publicado en un diario de distribución nacional. El reclamante manifestó que la entidad no puede fundamentar su negativa a desindexar la URL con base en la prevalencia de las libertades de información y expresión. “(…) una cosa es aceptar que la repercusión mediática que ha tenido el caso suponga que su nombre se mencione con frecuencia en artículos de información y opinión, y otra muy distinta aceptar que se publique contenido sobre su persona que en ningún caso se puede considerar de información u opinión (…) Y es que, en este caso, el texto de la URL no se limita a informar u opinar sobre un hecho de interés general, sino que va mucho más allá: publica información obsoleta y desactualizada sobre el Sr. (…) como veraz y actual. En concreto, este texto le atribuye la condición de “moroso”.” La lista de resultados obtenida en una búsqueda a partir de un nombre, página web o información relativa a una persona, facilita la accesibilidad y difusión de la información a cualquier internauta que realice una búsqueda sobre el interesado, constituyendo una injerencia en el derecho fundamental al respeto de la vida privada del interesado. De conformidad con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su apartado 97: “Ya que el interesado puede, habida cuenta de sus derechos con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, es necesario considerar, como se desprende, en particular, del apartado 81 de la presente sentencia, que estos derechos prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en encontrar la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el mencionado interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es 28001 – Madrid sedeagpd.gob.es 11/12 preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate.” (el subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos) En el presente caso, ha de señalarse que nos encontramos con una información que se considera de interés para los ciudadanos, al tratarse de unos hechos que desembocaron en la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 13 de mayo de 2014, en el que tanto el reclamante como Google Inc. fueron parte, junto a la AEPD, y la sociedad española Google Spain, S.L.. Además, el interesado ha expuesto públicamente y en múltiples ocasiones ha ofrecido voluntariamente su opinión sobre dicho procedimiento judicial. Al hecho de que el reclamante haya decidido de forma deliberada contribuir activamente al debate público, mediante su participación constante en entrevistas en medios de comunicación escrita, radiofónica y audiovisual, se añade al interés legítimo de la sociedad en acceder a informaciones y opiniones sobre el caso que derivó en la STJUE –denominada incluso sentencia caso Costeja- , también a través de motores de búsqueda al realizar una búsqueda a partir de su nombre, debiendo prevalecer sobre su derecho a la protección de datos. Circunstancias que, evidentemente, difieren del supuesto analizado por la STJUE referido a un período en que se captaba el dato cuando no era una persona ni caso de relevancia pública. Debe considerarse en consecuencia la trascendencia de las informaciones suministradas, el limitado tiempo transcurrido desde los hechos descritos y la relevancia e interés público que ha alcanzado el reclamante. Por lo tanto, procede desestimar la solicitud de tutela de derechos formulada. DÉCIMO: El reclamante considera que la página afectada incluye expresiones vejatorias y despectivas. El cauce adecuado, por tanto, no se encuentra en la normativa de protección de datos de carácter personal, sino en la Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. No es la Agencia el órgano competente para la tutela del derecho supuestamente lesionado, por lo que deberá dirimirse y resolverse por las instancias correspondientes. En este sentido hay que tener en cuenta lo dispuesto en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de febrero de 2011, en cuyo fundamento jurídico tercero se expone: «En este caso es necesario comenzar desvinculando la materia de protección de datos de la relativa al derecho al honor y ello pues para la protección de este derecho existe un procedimiento específico de reclamación previsto en la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen cuyo artículo 1 establece que "El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el artículo 18 CE, será protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la presente ley orgánica". La LOPD se aplica en los supuestos en los que se hace necesario someter a determinados controles el empleo de los datos personales para evitar usos inconsentidos, excesivos o destinados a fines contrarios a los recogidos o el tratamiento de los datos sin la información precisa etc. Todo esto se protege en un ámbito jurídico C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es 28001 – Madrid sedeagpd.gob.es 12/12 que es diferente a la divulgación de informaciones atentatorias a determinados derechos fundamentales como son el honor ó el derecho a la propia imagen. La separación de ambos sistemas de protección se aprecia, también, por el hecho de que los preceptos que se aplican en ambos casos son diferentes y, además, los procedimientos previstos para la reacción ante la violación de uno y otro ámbito del ordenamiento jurídico también son diferentes. En aquellos supuestos en los que se produce una colisión entre el derecho a la protección de datos y el derecho a la libertad de información contenido en el artículo 20 de la Constitución la prevalencia de la libertad de información resulta evidente siempre que se cumplan los requisitos de veracidad y relevancia pública que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional según una jurisprudencia muy uniforme cuyos principios básicos se recogen en la STC 53/2006.» Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, La Directora de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE: PRIMERO: DESESTIMAR la reclamación formulada por D. B.B.B. contra GOOGLE.INC (GOOGLE SPAIN). SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D. B.B.B. y a GOOGLE.INC (GOOGLE SPAIN). De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del RLOPD. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 18.4 de la LOPD), y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la LRJPAC, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal. Mar España Martí Directora de la Agencia Española de Protección de Datos