Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2016-00111-de-julio-18-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_24ecc628b3f44ee09c77898085dd2dde&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-18 16:49:42
Document Index: 317728634

Matched Legal Cases: ['artículo 229', 'Artículo 231', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 178', 'Artículo 231', 'Artículo 229']

﻿ Auto 2016-00111 de julio 18 de 2016
AUTO 2016-00111 DE 18 DE JULIO DE 2016
CONTENIDO:NEGADA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE NORMAS QUE REGLAMENTAN DERECHO DE PREFERENCIA EN CARRERA NOTARIAL. SE NIEGA SUSPENSIÓN PROVISIONAL FORMULADA CONTRA LOS ARTÍCULOS 5 AL 9 DEL DECRETO 2054 DEL 2014, EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA. LA NORMATIVA REGLAMENTA LA FORMA EN QUE LOS NOTARIOS QUE HAN INGRESADO A LA CARRERA PUEDEN EJERCER EL DERECHO DE PREFERENCIA PREVISTO EN EL DECRETO-LEY 960 DE 1970. SEGÚN EL ANÁLISIS, EL DECRETO 1069 DEL 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO, DEROGÓ CADA UNA DE LAS NORMATIVAS CITADAS. ASÍ LAS COSAS, SE CONCLUYE QUE “NO TIENE OBJETO ALGUNO ADOPTAR LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL, PUES EL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO NO ESTÁ PRODUCIENDO EFECTOS JURÍDICOS POR HABER SIDO DEROGADO POR UNA NORMA POSTERIOR”. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE LO ANTERIOR NO ES IMPEDIMENTO PARA QUE SE CONTINÚE CON EL TRÁMITE DEL PROCESO Y MEDIANTE SENTENCIA QUE HAGA TRÁNSITO A COSA JUZGADA SE DECIDA DE FONDO SOBRE LA LEGALIDAD DEL DECRETO DEMANDADO, TODA VEZ QUE ANTES DE SU DEROGATORIA PRODUJO EFECTOS JURÍDICOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEROGACIÓN DE LAS NORMAS, SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, MEDIDAS CAUTELARES, CARRERA NOTARIAL, COSA JUZGADA, SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES, TRÁNSITO A COSA JUZGADA
Auto 2016-00111 de julio 18 de 2016
Rad.: 11001 0324 000 2016 00111 00
Concejero de Estado: Guillermo Vargas Ayala
Actor: Julián David Gutiérrez Ramírez
El Despacho decide sobre la solicitud de suspensión provisional formulada por el actor contra los artículos 5º a 9º del Decreto Reglamentario 2054 de 2014(1), expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
Bogotá, D. C., dieciocho de julio de dos mil dieciséis.
EXTRACTOS:«3.1. Consideraciones de las medidas cautelares en el CPACA.
•El Juez puede adoptar la(s) medida(s) cautelar(es) que considere necesaria(s) para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.
•Las medidas anticipadas pueden ser solicitadas y decretadas en cualquier clase de proceso declarativo que se tramite en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y no solamente en los juicios de anulación de actos administrativos.
•El Juez podrá ordenarlas una vez presentada la demanda, en cualquier estado del proceso.
•La solicitud deberá estar sustentada por la parte y tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.
•En las acciones populares y de tutela el Juez puede decretar de oficio las medidas cautelares.
•El Juez deberá motivar debidamente la medida.
•El decreto de medidas cautelares no constituye prejuzgamiento. En efecto, con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre acompañaron a los jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en vigencia de la legislación anterior, célebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 CPACA expresamente dispone que “[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento”. Lo que se busca, entonces, con esta norma, es brindar a los jueces “la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sub lite”(3). Una suerte de presunción iure et de iure sobre cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del Juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido por la Ley 1437 de 2011. La jurisprudencia ya ha señalado que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización que se otorga al Juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o “prejuzgamiento” de la causa(4). La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar garantiza que el Juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia.
3.2.2. El anterior Código Contencioso Administrativo (Decreto 1 de 1984), establecía que esta medida estaba sujeta a que la contradicción con las disposiciones invocadas como fundamento de la solicitud de suspensión fuera manifiesta y apreciada por confrontación directa con el acto demandado. Así, no permitía que el Juez pudiera realizar un estudio del caso, pues la trasgresión debía ser ostensible y como tal, no podía implicar esfuerzo analítico alguno.
3.2.3. El CPACA(5) define un conjunto de requisitos para la procedencia de la medida de suspensión provisional —tanto en medios de control de nulidad simple como de nulidad y restablecimiento del derecho— y define de forma general los requerimientos que debe hacer el Juez en los demás eventos. En efecto el inciso primero del Artículo 231 del CPACA, ordena:
Como la jurisprudencia ha resaltado, se trata de “una reforma sustancial, si se tiene en cuenta que (…) habilita al Juez a realizar un estudio no simplemente superficial de la solicitud de la medida sino que incluye la apreciación de las pruebas aportadas al efecto”(6). Esto, por cuanto en el marco de la nueva normatividad establecida en el CPACA, para la suspensión provisional se prescindió de la “manifiesta infracción” hasta allí vigente, lo cual se ha interpretado en el sentido que “la nueva normativa presenta una variación significativa en la regulación de esta figura, por cuanto la norma obliga al Juez administrativo a realizar el análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas y a estudiar las pruebas allegadas con la solicitud”(7) .
4.1. Se pretende la suspensión provisional de los artículos 5º a 9º del Decreto Reglamentario 2054 de 2014, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
4.2. Las normas que se consideran infringidas son los artículos 13, 25 y 131 de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley 588 de 2000.
4.3. En este punto debe advertirse que el Decreto Reglamentario 1069 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho, derogó las normas anteriores relativas a las materias allí reglamentadas, en los siguientes términos:
“Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 3º de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al Sector Justicia y del Derecho que versan sobre las mismas materias, con excepción, exclusivamente, de los siguientes asuntos:
Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.” (Negrilla por fuera del texto)
Teniendo en cuenta que el acto demandado no fue cobijado de manera expresa en ninguna de las excepciones contempladas en la norma anteriormente transcrita, y que en el capítulo 3 secciones 3 y 4 del Decreto 1069 de 2015 se reglamenta el derecho de preferencia de la carrera notarial, resulta claro que la norma acusada se encuentra derogada. En consecuencia, la presente solicitud de suspensión provisional pierde objeto pues la finalidad de esta herramienta procesal no es otra que la de evitar en forma transitoria que el acto administrativo demandado siga produciendo efectos mientras se expide la providencia que ponga fin al proceso.
Por lo expuesto, se concluye que en este caso no tiene objeto alguno adoptar la medida cautelar de suspensión provisional pues el acto administrativo demandado no está produciendo efectos jurídicos por haber sido derogado por una norma posterior.
Si bien se procederá a negar la solicitud de suspensión provisional, debe aclararse que ello no es óbice para que continúe el trámite del proceso y mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se decida de fondo sobre la legalidad del Decreto demandado, toda vez que antes de su derogatoria produjo efectos.
1 Por el cual se reglamenta el numeral 3º del artículo 178 del Decreto-Ley 960 de 1970.
3 González Rey, Sergio. “Comentario a los artículos 229-241 CPACA” en Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013, p. 492.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 31 de julio de 2013, Rad. Nº. 110010324000 2013 00018 00. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.
5 Inciso primero del Artículo 231 del CPACA.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 31 de julio de 2013, Rad. Nº. 110010324000 2013 00018 00. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 3 de diciembre de 2012, Rad. Nº 11001-03-24-000-2012-00290-00. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.
8 Artículo 229 del CPACA.