Source: http://pinedomartin.blogspot.com/2013/02/opinion-resulta-saludable-el-nuevo.html
Timestamp: 2018-03-19 07:07:28
Document Index: 18050026

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 170', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 23', 'artículo 45', 'artículo 7']

F. Martín Pinedo Aubián: Opinión: Resulta saludable el nuevo marco normativo que prohíbe conciliar casos de Violencia Familiar a cualquier nivel.
Opinión: Resulta saludable el nuevo marco normativo que prohíbe conciliar casos de Violencia Familiar a cualquier nivel.
El artículo 2º de la Ley Nº 26260, Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, define a la Violencia Familiar como cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves, que se produzca entre cónyuges, convivientes y, en general, entre quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. Lamentablemente, nuestro entorno social y cultural propicia muchas veces el mantenimiento de estos actos, legitimándolos, al no verlos como casos de violencia sino como acciones de corrección que los agresores tienen derecho de ejercerlas al interior del grupo familiar, por lo que persiste la creencia que no deben ser sancionados sino que estos actos pueden ser objeto de arreglos amistosos en aras del mantenimiento de la unidad y armonía familiar.
La Ley N° 29990 ha establecido un marco normativo general que tiene como norte la proscripción de toda forma de conciliación frente a casos de violencia familiar tanto a nivel de lo regulado por el Código de los Niños y Adolescentes, la Ley de Conciliación y el Código Penal. En definitiva, esta ley resulta una decisión legislativa que favorece la implementación de un marco legal en el que casos de violencia familiar no queden impunes a través de la realización de conciliaciones que oculten o perdonen actos de violencia familiar, con lo que deberíamos afirmar que este nuevo marco normativo prohíbe conciliar casos de Violencia Familiar a cualquier nivel.
La modificación incorporada por la Ley N° 29990 a las reglas del Proceso Único reguladas en el nuevo Código de los Niños y Adolescentes –aprobado por Ley N° 27337- precisa en el artículo 170° un deber al Juez, el que al convocar a la realización de la audiencia, se encuentra prohibido de convocar a una audiencia de conciliación en los casos de violencia familiar.
Por otro lado, a nivel de la legislación que regula la conciliación extrajudicial, un primer paso en esta tendencia de prohibir la violencia familiar como materia conciliable se dio con la promulgación de la Ley N° 27398 del 13 de enero de 2001, por la cual se dejó de considerar a la violencia familiar como materia conciliable ante un centro de conciliación extrajudicial, según la prohibición contenida en el inciso g) de su artículo 2º -que modificó la redacción original del artículo 6º de la Ley de Conciliación N° 26872 que sí la contemplaba como materia conciliable-, a la que debemos añadir una lectura de su artículo 3º que derogó expresamente los artículos 10º y 23º del primer Reglamento de la Ley de Conciliación aprobado por Decreto Supremo N° 001-98-JUS (ya derogado) que establecían una serie de pautas procedimentales que debía seguir el conciliador extrajudicial en los casos de violencia familiar. Posteriormente, el Decreto Legislativo N° 1070 incorporó a la Ley de Conciliación el artículo 7°-A sobre supuestos y materias no conciliables, en cuyo literal h) se señaló que no procedía la conciliación en los casos de violencia familiar, salvo en la forma regulada por la Ley N° 28494, Ley de Conciliación Fiscal en asuntos de Derecho de Familia, situación excepcional que ha quedado sin efecto con la dación de la Ley N° 29990, que modifica este literal h) al señalar que no procede la conciliación en los casos de violencia familiar.
La justificación de la exclusión definitiva de la violencia familiar como materia conciliable a nivel de los centros de conciliación extrajudicial respondió a un doble aspecto:
El primer aspecto estuvo referido a la forma como se regulaba la participación del conciliador extrajudicial en los casos que implicaban violencia familiar. En este caso, se apreciaba una grave distorsión de la función del conciliador, ya que el artículo 10º del derogado primer Reglamento de la Ley de Conciliación establecía un procedimiento especial a seguirse en estos casos por el cual sólo era posible conciliar sobre los motivos o factores que generaban la violencia familiar, no siendo posible conciliar respecto de la intensidad de la misma. Agregaba además que debía tenerse en cuenta que, en estos casos, el fin de la conciliación era el cese definitivo de los actos de violencia, por lo que devenía en nulo cualquier acuerdo que implique la renuncia de derechos o legitimen los actos de violencia. Por otro lado, se afectaba la imagen de imparcialidad que debe tener todo conciliador, al señalar una serie de funciones a cumplir, señaladas en el artículo 23º del derogado primer reglamento, como era el hecho que el conciliador debía evaluar la conveniencia de la realización de la Audiencia de Conciliación, debiendo asesorar a la víctima acerca de sus derechos y de otras opciones de solución, debiendo velar por su seguridad y disponiendo que se dicten las medidas necesarias para su protección, funciones todas que más parecieran las de un protector de una de las partes que las de un conciliador que debe presentar a todo momento las características de ser imparcial y neutral. Es fácil advertir, además, que ambos artículos del reglamento poseían una redacción deficiente al calificar a las partes como Víctima y Agresor, lo cual denotaba ya un acto de calificación de las personas por parte del conciliador el cual no estaría libre de caer en subjetividades, lo cual a su vez, podría interferir en su neutralidad e imparcialidad, sobre todo al momento de velar por la seguridad de una de las partes -en este caso, de la denominada víctima-.
El segundo aspecto estuvo dado por la ausencia de una real eficacia del marco legal proporcionado por el Estado peruano con la Ley de Protección contra la Violencia Familiar en lo que respecta a la protección que proporcionaba a las víctimas de violencia familiar, la misma que contiene una serie de deficiencias que imposibilitan una adecuada lucha contra la denominada violencia familiar, siendo que se presentan problemas legales y estructurales que siguen negando a las víctimas el acceso a una protección, remedios y recursos verdaderos. Estas deficiencias, a criterio de la División de Derechos de la Mujer de Human Right Watch (señaladas en un memorándum del año 2000), se traducen en problemas tanto legales como prácticos; así, por ejemplo, se señala que la definición legal de violencia familiar sigue siendo incompleta y excluye efectivamente a categorías enteras de mujeres, así como formas particulares de violencia familiar, además de que le otorgaba prioridad a la conciliación por encima del procesamiento, con lo que se transmitía la inquietante idea de que las agresiones dentro de las relaciones interpersonales a nivel familiar debían resolverse mediante negociaciones en lugar de sanciones.
En este orden de ideas, la Ley N° 27007, Ley que faculta a las Defensorías del Niño y del Adolescente a realizar Conciliaciones Extrajudiciales con Título de Ejecución, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 006-99-PROMUDEH, consideraban inicialmente a la violencia familiar como materia conciliable ante las Defensorías del Niño y del Adolescente, en concordancia con el señalado por el Decreto Ley N° 26102 que aprobó el Código de los Niños y Adolescentes. Posteriormente, por Ley N° 27337 se aprobó el nuevo Código de los Niños y Adolescentes, cuyo artículo 45° literal c) modifica el régimen de las materias conciliables ante las Defensorías del Niño y del Adolescente, al señalar que se pueden efectuar conciliaciones extrajudiciales sobre temas relativos a alimentos, tenencia y régimen de visitas. Debemos considerar que el Reglamento de la Ley N° 27007, fue modificado por el Decreto Supremo N° 007-2004-MIMDES, el cual señaló que se pueden conciliar sobre alimentos, régimen de visitas y tenencia, dejándose de considerar a la violencia familiar como materia conciliable, en concordancia con el marco normativo que regula la conciliación extrajudicial y que se aplica supletoriamente.
Finalmente, la Ley N° 29990 modifica el artículo 7° de la Ley N° 27939, Ley que establece el procedimiento en casos de faltas y que modificara a su vez los artículos 440°, 441° y 444° del Código Penal. En estos casos, a pesar que de manera genérica se permite que en cualquier estado de la causa, hasta antes de dictada la resolución de segunda instancia, el agraviado puede desistirse o transigir, con la finalidad de dar por fenecido el proceso, se precisa la prohibición de que no procede la transacción ni el desistimiento en los procesos de faltas contra la persona derivados de violencia familiar.
Si bien es cierto, la tendencia en los últimos años ha sido endurecer el tratamiento de las sanciones contra los agresores en los casos de violencia, nos parece que el tratamiento debe ser integral, ya que el Estado debe velar no solo por efectivizar las sanciones a los agresores mediante la prohibición de realizar conciliaciones y/ transacciones, sino que debe preocuparse por apartar a las víctimas del entorno de violencia familiar y brindarles una formación técnico-productiva que les permita una real independencia del agresor. Por otro lado, al margen de recuperar la autoestima de las víctimas que ha sido vulnerada por los actos de violencia familiar, se debe velar por concientizar a la población sobre la real naturaleza de estos actos de violencia, los cuales no pueden seguir produciéndose en nuestra sociedad.
Huánuco, 13 de febrero de 2013
Publicado por Martín Pinedo Aubián en 17:27
Es cierto, comparto su apreciación del sentido de la ley, sin embargo existe una omisión en cuanto a que no se precisa la prohibicion expresa de la procedencia del desistimiento de los procesos de violencia familiar, ya que en muchas Cortes se sigue aceptando el desistimiento en aplicación supletoria del CPC. Tal vez se requiera una interpretación sistemática para salvar dicha omisión o proceder a su modificación en dicho extremo a fin de evitar erroneas interpretaciones.
Anónimo 25 de junio de 2013, 16:15
gracias por la respuesta, en aquellosm lugares que no esta vigente la ley de conciliacion extrajudicial como prerequisito para la interpoenr una demanda en los supuestos señaladas por la ley, es posible realizar conciliaciones por violencia familiar, ejemplo APURIMAC, pues hasta la fecha se viene an algunos luages realizando conciliaciones.
Anónimo 31 de mayo de 2014, 16:36
tengo una duda respecto a lo señalado, se ha establecido la prohibicion de la conciliacion en los procesos de violencia familiar, asi como las transacciones en los procesos por faltas derivadas de violencia familiar, es decir que es posible realizar una transaccion dentro del proceso civil por violencia familiar??.
Opinión: Resulta saludable el nuevo marco normativ...