Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43623117
Timestamp: 2020-07-02 19:09:07
Document Index: 365194023

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Sentencia de Constitucionalidad nº 477/05 de Corte Constitucional, 10 de Mayo de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 43623117
Sentencia de Constitucionalidad nº 477/05 de Corte Constitucional, 10 de Mayo de 2005
Ley 446 de 1998 articulo 44 (parcial). Se adoptan como legislación permanente algunas normas del decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del codigo de procedimiento civil, se derogan otras de la ley 23 de 1991 y del decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del codigo contencioso administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestion, eficiencia y acceso a la justicia. Caducidad de las acciones ante la jurisdiccion contenciosa para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que niegan una prestación economica. Acerca de la existencia de cosa juzgada constitucional. Contenido original del articulo 136 del codigo contencioso administrativo. La reforma introducida por el articulo 23 del decreto extraordinario 2304 de 1989. Existencia de cosa juzgada constitucional relativa respecto al articulo 136 del c.c.a. Y alcance de la cosa juzgada constitucional relativa. Si la administración niega una prestacion periodica, si al resolver los recursos propios de la via gubernativa mantiene esa decision y si la jurisdiccion avala la legalidad de ese acto, la conclusion que se impone es que quien la pretende no tiene derecho a ella. Estarse a lo resuelto en la sentencia c-108/94y exequible. El magistrado humberto antonio sierra porto manifesto su salvamento parcial, toda vez que era partidario de un fallo inhibitorio, en la medida en que el cargo se basaba unicamente en la violación del preámbulo de la constitución, sin vincularlo con ninguna de las normas de la carta, lo que no permitia en su criterio entrar a un estudio de fondo por cuanto en su concepto, el preámbulo no tiene un valor jurídico autónomo o idependiente, por lo que es necesario que exista una conexion con normas constitucionales emancipadas para invocar su vulneración
Sentencia citada en: 17 sentencias, 4 artículos doctrinales, una disposición normativa
Actor: J.R.F.R.
en relación con la demanda de inconstitucionalidad que, en uso de su derecho político, presentó el ciudadano J.R.F.R. contra el artículo 44, parcial, de la Ley 446 de 1998.
''Artículo 136. Caducidad de las acciones.
De acuerdo con la norma demandada, los actos administrativos que reconocen prestaciones periódicas son demandables en cualquier tiempo. En cambio, los actos administrativos que niegan el reconocimiento de tales prestaciones sólo pueden demandarse en los cuatro meses siguientes a la publicación, notificación, comunicación o ejecución.
Ese régimen diferenciado contraría:
El Procurador General de la Nación estima que ''No obstante, que el demandante solo acusa la expresión `que reconozcan... debe interpretarse que su pretensión comprende la totalidad del numeral 2 del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, por cuanto el aparte demandado constituye una unidad jurídica en relación con el texto integral de dicha norma''. Mucho más si ''de declararse la inexequibilidad de la expresión demandada la norma quedaría sin sentido, toda vez que constituye una parte importante de la misma''.
El contenido original del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo
N. como el inciso tercero de esta disposición establecía que ''los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo''. Es decir, el contenido original del artículo 136 del C.C.A. contenía una regla de derecho de acuerdo con la cual para el cuestionamiento de la legalidad de un acto administrativo que reconocía una prestación periódica no existía término de caducidad, es decir, no existían límites temporales. O lo que es lo mismo, la administración y los particulares en cualquier tiempo podían acudir ante la jurisdicción contenciosa a cuestionar la legalidad de un acto de esa índole. No obstante, en esa misma regla se indicaba que ''no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe''.
La reforma introducida por el artículo 23 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989
En efecto, en tanto que en la disposición original se indicaba que ''cuando se demanden actos que reconozcan prestaciones periódicas la acción podrá proponerse en cualquier tiempo'', en la disposición que la subrogó se expresó que ''los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo''. Con todo, indistintamente de este giro gramatical, el alcance de la regla de derecho seguía siendo el mismo: La ausencia de límites temporales para el cuestionamiento de la legalidad de un acto que reconozca una prestación periódica y, en consecuencia, la sujeción de los actos que niegan prestaciones periódicas a un término de caducidad de 4 meses.
Existencia de cosa juzgada constitucional relativa respecto del Artículo 136 del C.C.A., subrogado por el artículo 23 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989.
El artículo 136 del C.C.A., en su nueva formulación, fue demandado, de forma parcial, ante esta Corporación. Lo demandado fue la expresión ''que reconozcan'', que hacía parte del inciso tercero de ese artículo. Los cargos presentados por el actor fueron sintetizados por la Corte de la siguiente manera:
El ciudadano G.A.G.G. solicitó la declaratoria de inexequibilidad del parágrafo 3o. (parcial) del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, como fue subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989, por considerar que viola los artículos 1º, 13, 209 y 228 de la Constitución Política.
La Corte resolvió esta demanda en la Sentencia C-108-94, M.P.H.H.V.. En ella se dio respuesta al criterio del Procurador en relación con las deficiencias técnicas advertidas en la demanda y se desarrolló el concepto de prestaciones periódicas. Luego, ya en consideración a algunos de los cargos formulados, se citaron de manera detallada las líneas jurisprudenciales relacionadas, por una parte, con el derecho fundamental de igualdad y, por otra, con el derecho fundamental al trabajo y los derechos que de él se derivan, incluida la protección a las prestaciones de los trabajadores. Con base en ese marco argumentativo se hicieron las siguientes consideraciones:
De las consideraciones de la Sentencia se infiere que a pesar de que los cargos formulados tenían que ver con la vulneración de los artículos 1º, 13, 29, 228 y 229 de la Carta, la Corte sólo se pronunció respecto de los problemas suscitados por la posible contrariedad existente entre la norma demandada, por una parte, y los derechos de igualdad y los derechos de los trabajadores, por otra. No obstante que en el fallo se indicó expresamente que la disposición acusada no violaba el derecho de igualdad ''ni ninguno de los preceptos constitucionales invocados'' por el actor, lo cierto es que los cargos examinados se suscribieron únicamente a esos dos tópicos pues respecto de las restantes disposiciones invocadas como infringidas no se hicieron consideraciones de ninguna índole. Por lo tanto, si tales cargos adicionales no se consideraron, mal se puede inferir que también respecto de ellos existe cosa juzgada constitucional.
Por otra parte, es de destacar que a pesar de que la demanda se instauró contra la expresión ''que reconozcan'', que hacía parte del inciso tercero del artículo demandado; la Corte declaró la exequibilidad no solo de esa disposición, sino de todo el inciso del que hacía parte. Esta determinación es comprensible pues las expresiones demandadas sólo se dotaban de sentido jurídico en el contexto de la regla de derecho de que hacían parte.
Reconocimiento de la existencia de cosa juzgada constitucional relativa respecto del artículo 23 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989 que subrogó el artículo 136 del C.C.A.
El actor planteó que las normas demandadas vulneraban los artículos 1º, 2º, 13, 25, 42, 53 y 229 de la Carta Política. La Corte, en la Sentencia C-351-94, M.P.H.H.V., declaró exequible el inciso segundo y respecto del inciso tercero reconoció la existencia de cosa juzgada constitucional relativa. Sobre este particular indicó lo siguiente:
Es, pues, oportuno reiterar el examen que en la ocasión que se cita hizo la Corte, a propósito de la constitucionalidad del inciso tercero del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, que suscita el reparo de inconstitucionalidad que en esta oportunidad vuelve a plantearse...
N. cómo en este pronunciamiento se reconoció la existencia de cosa juzgada constitucional relativa respecto del inciso tercero del entonces artículo 136 del C.C.A. con relación a los cargos formulados por violación del derecho de igualdad y por violación de los derechos de los trabajadores.
Nueva formulación del artículo 136 del C.C.A.
Existencia de cosa juzgada constitucional relativa respecto del artículo 136 del C.C.A. modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.
Contra el artículo 136 del C.C.A. se formuló una demanda de inconstitucionalidad por violación de los artículos 1º, 2º, 29, 83 y 229 de la Carta Política. Los cargos fueron sintetizados de la siguiente manera por la Corte en la Sentencia C-1049-04, M.P.C.I.V.H.:
El ciudadano J.G.H.G. demanda la expresión ''en cualquier tiempo'' del numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, por considerar que la misma desconoce los principios del debido proceso (Artículo 29 C.P.), acceso a la administración de justicia y seguridad jurídica (Artículo 229 C.P.), el postulado de Estado Social de Derecho (Artículo 1º C.P.) y la obligación del Estado de proteger la vida, honra, bienes, creencias y derechos de las personas residentes en Colombia (Artículo 2º C.P.).
Ahora bien, aclara que si bien la facultad para demandar se establece tanto para el particular como para la Administración, para el primero ''puede existir el interés legítimo en que se revise judicialmente su prestación periódica por haberle sido mal liquidada o por existir elementos nuevos que le permitan reclamar en cuanto a derechos que le son desconocidos por la administración...''.
En su sentir, permitir que la Administración pueda demandar en cualquier tiempo es aceptar que la acción no prescriba o caduque, lo cual implica ''una pérdida total de la seguridad jurídica y una carencia evidente y total de certidumbre en lo que atañe a los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas consolidadas en cabeza de una persona, el postulado de la buena fe (Art. 83 C.P.), el principio de confianza legítima y la estabilidad de las decisiones administrativas que resuelven sobre asunto tan importante para una persona como el reconocimiento de su pensión de jubilación...''.
Considera que si bien podría pensarse que la disposición acusada persigue un fin ''loable'', en la medida en que procura la defensa del tesoro público, el perjuicio que causa a las personas cuya pensión fue reconocida y están sujetos permanentemente a su invalidación judicial es más grave frente al beneficio ''muy relativo a favor del interés colectivo''. En efecto, afirma que la norma permite la negligencia de los agentes estatales, por cuanto éstos están obligados a actuar dentro del término de caducidad ''sin que el recuerdo tardío acerca de posibles irregularidades cometidas por la propia administración perturba después de transcurrido el tiempo y de manera indefinida los derechos consolidados de personas de buena fe.''
Explica que la expresión ''en cualquier tiempo'' del mencionado artículo fue declarado inexequible por la Corte en la sentencia C-835 de 2003, de la cual cita los apartes relevantes. A su juicio, existe un antecedente jurisprudencial claro sobre el tema y, por tal razón la expresión acusada debería declararse inexequible ''al menos en lo que respecta a la administración'', en los mismos términos que se efectuó en la providencia citada.
Finalmente, aclara que a pesar de que la Corte mediante sentencia C-108 de 1994 declaró exequible el inciso 3º del artículo 136 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989 (Código Contencioso Administrativo), a su juicio, en el presente caso no se puede predicar la existencia de la cosa juzgada constitucional por dos razones: ''a) el texto normativo ha cambiado, en virtud de la Ley 446 de 1998, art. 44 (posterior a dicho fallo), y por tanto no estamos hablando de la misma disposición. b) La razón de inconstitucionalidad entonces examinada por la Corte era la posible vulneración del derecho a la igualdad, aquí no invocado, y en relación con un aspecto diferente planteado en esta demanda''.
N. como en la demanda se formulan cargos por violación de los artículos 1º, 2º, 29, 83 y 229 constitucionales y cómo el actor descarta la existencia de cosa juzgada constitucional dada la modificación introducida a la norma cuestionada luego de la Sentencia C-108-94 y la formulación de cargos no considerados en ese precedente.
...puede concluirse, que en este caso no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, pues si bien la evolución legislativa del inciso tercero, hoy numeral segundo, del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo nos muestra que pudo haberse conservado una similitud respecto del contenido normativo en cuanto a la intemporalidad para interponer la acción contra actos que reconozcan prestaciones periódicas, de todas maneras la decisión contenida en la sentencias (sic) C- 108 de 1994, evidencia una cosa juzgada relativa. Y, la Corte no ha examinado, hasta el momento, la constitucionalidad de la citada norma legal frente a los cargos planteados en la demanda que nos ocupa.
...la finalidad perseguida por la norma es doble: brindarle la posibilidad a una persona, que viene recibiendo una prestación periódica, a que en cualquier tiempo demande ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la reliquidación de su pensión, cuando quiera que existan, por ejemplo, nuevos elementos de juicio o pruebas que le permitan reclamar su derecho; por otra, apunta a la salvaguarda del interés general, en especial, a defender el erario público, al brindarle asimismo a la administración la facultad para que, en cualquier tiempo, pueda demandar su propio acto ante los jueces competentes por cuanto se está ante la imposibilidad jurídica de revocarlos directamente cuando no ha obtenido el consentimiento del particular, salvo cuando se trate de la comisión de un delito.
La disposición acusada por tanto, establece un tratamiento idéntico entre la administración pública y los particulares en lo que concierne al acceso a la administración de justicia, por cuanto ambos pueden acudir, en cualquier tiempo, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo con el propósito del restablecimiento del derecho respecto de un acto administrativo mediante el cual se reconoció una prestación periódica, pero la administración no recuperará las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. En este caso, por no haberse formulado un cargo de igualdad, la Corte no abordará el estudio relacionado con dicho trato legal. Por lo tanto, solo se abordará el estudio relacionado con los cargos propuestos y que aluden a la protección que el Estado debe acordarle a los derechos adquiridos, en virtud del artículo 2 Superior, por cuanto, en su opinión ''los derechos no son garantizados, puesto que permanecen en permanente zozobra, con una ''espada de Damocles'' imprescriptible sobre ellos'', así como el relativo a determinar si la norma acusada se ajusta al debido proceso, y a los principios de buena fe y confianza legítima.
...el principio de la confianza legítima es un corolario de aquel de la buena fe y consiste en que el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a estos últimos un período de transición para que ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica. No se trata, por tanto, de lesionar o vulnerar derechos legítimamente adquiridos, sino tan sólo de amparar unas expectativas válidas que los particulares se habían hecho con base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que se trate de comportamientos activos o pasivos de la administración pública, regulaciones legales o interpretaciones de las normas jurídicas. De igual manera, como cualquier otro principio, la confianza legítima debe ser ponderada, en el caso concreto, con los otros, en especial, con la salvaguarda del interés general y el principio democrático.
En el presente caso, la disposición acusada le otorga a la administración, la facultad de demandar ''en cualquier tiempo'' los actos administrativos mediante los cuales se reconozcan prestaciones periódicas, precisando que ''no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe''. Quiere ello decir, que la norma acusada, en cuanto le concede a la administración tal facultad, no vulnera los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, tal y como han sido entendidos por la Corte en múltiples fallos, por cuanto el legislador no está partiendo de la mala fe de los administrados, ni tampoco esta defraudando expectativas legítimas que a los mismos se les hubiesen creado. Se trata, simplemente de que ningún ciudadano puede esperar que, con el paso del tiempo, se regularice o se torne intocable una prestación económica que le ha sido otorgada en contra del ordenamiento jurídico y en deterioro del erario público. Ello indica entonces, que si bien el legislador debe actuar sin menoscabar los derechos legítimamente adquiridos, no está imposibilitado para permitir a la administración, de manera excepcional, demandar en cualquier tiempo su propio acto, cuando encuentre que éste se ha proferido contrariando el ordenamiento jurídico, ello con el fin de defender intereses superiores de la comunidad.
Cabe precisar, que la misma disposición ampara el principio de la buena fe cuando señala que ''no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe'', con lo cual, el cargo de inconstitucionalidad no está llamado a prosperar ya que sería un contrasentido alegar vulneración del artículo 83 Superior cuando el mismo legislador expresamente acuerda plenos efectos jurídicos al mencionado principio constitucional.
Declarar EXEQUIBLE la expresión ''en cualquier tiempo por la administración'', del segundo numeral del artículo 136 del C.C.A., por los cargos analizados en esta providencia.
N. como la Corte, pese a que se había demandado la expresión ''en cualquier tiempo'', en aplicación del principio de unidad normativa, extendió su pronunciamiento a las expresiones ''por la administración'' pues estimó que era preciso situar el enunciado invocado por el demandante en el contexto determinado al que aludía la demanda y que era objeto de control de constitucionalidad.
Reconocimiento de la existencia de cosa juzgada constitucional relativa respecto del numeral 2º del artículo 44 de la Ley 486 de 1998.
Contra la expresión ''en cualquier tiempo'' que hace parte del numeral segundo del artículo 44 de la Ley 486 de 1998, que modificó el artículo 136 del C.C.A. se formuló una nueva demanda. En la Sentencia que se dictó con base en ella, Sentencia C-116-05, M.P.H.S.P., se resumieron de la siguiente manera los cargos planteados por el actor:
El ciudadano J.I.A.B. demanda la expresión ''en cualquier tiempo'' del numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, por considerar que la misma desconoce el principio de Estado Social de Derecho (Artículo 1º C.P.), la obligación del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la obligación del Estado de proteger la vida, honra, bienes, creencias y derechos de las personas residentes en Colombia (Artículo 2º C.P.), los derechos fundamentales al debido proceso, (Artículo 29 C.P.) y al acceso a la administración de justicia y seguridad jurídica (Artículo 229 C.P.).
También considera el actor, que es contrario al principio de Estado Social de derecho la existencia en el ordenamiento jurídico de una disposición que causa la perpetua zozobra de las personas a las cuales el Estado Colombiano ha reconocido mediante actos administrativos el derecho a percibir prestaciones periódicas. En su opinión tal indeterminación jurídica va en contravía de los valores de justicia y de orden justo reconocidos por el Preámbulo Constitucional. En su sentir ''permitir a la administración o al interesado demandar en cualquier tiempo los actos que reconocen prestaciones periódicas, no garantiza en nada los derechos de las personas, y deja en especial al ciudadano en una situación de indefensión constitucional constante, pues nunca sabrá a ciencia cierta si el derecho que se le ha reconocido, s encuentra ajustado a la ley que lo contempla''.
T. in extenso la sentencia C-835 de 2003, decisión que a su juicio constituye un precedente jurisprudencial sobre el tema, el cual debe seguirse en el presente caso.
Finalmente sostiene que el Congreso excedió su facultad legislativa contemplada en el artículo 89 de la Constitución, pues si bien el Legislador es autónomo para establecer la caducidad de las acciones tal libertad no puede convertirse en ''arbitrariedad, y menos en factor de inseguridad jurídica para los administrados que nunca verán resueltos sus asuntos de manera definitiva''. En apoyo de esta tesis cita la sentencia C-115 de 1998.
Efectuado el estudio de constitucionalidad planteado en el expediente de la referencia, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia C-1049 de 2004, declaró la exequibilidad de la expresión ''en cualquier tiempo'' contenida en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.
ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-1049 de 2004 que declaró la exequibilidad de la expresión ''en cualquier tiempo'', del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.
N. como en la fundamentación de este fallo se consideró que existía cosa juzgada constitucional relativa no sólo respecto de los cargos expresamente considerados en la Sentencia C-1049-04 y en los que insistía el actor -violación de los artículos 1º, 2º, 29 y 229 constitucionales-, sino también respecto del artículo 89 superior pues advirtió que este cargo giraba en torno a aspectos que sí fueron considerados y debatidos de fondo en ese pronunciamiento.
Alcance de la cosa juzgada constitucional relativa respecto del artículo 136 del C.C.A. modificado por el numeral segundo del artículo 44 de la Ley 446 de 1989.
La demanda se formuló contra la expresión ''que reconozcan'' que hace parte del numeral segundo del artículo 136 del C.C.A., tal como fue modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. No obstante, como lo destaca el Procurador General, el control de constitucionalidad no puede extenderse sólo a esos apartes pues ellos por sí mismos carecen de sentido jurídico. Ello es así al punto que, de declararse inexequible esa expresión, la regla de derecho contenida en el aparte final de ese numeral resultaría ininteligible.
En estos términos, si se asume que la pretensión del actor se orienta a que los actos administrativos que deniegan una prestación periódica puedan demandarse en cualquier tiempo, un pronunciamiento que considere ese cargo sólo es posible si el control de constitucionalidad se realiza sobre el segundo enunciado contenido en el numeral 2º del artículo 136, de acuerdo con el cual ''Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe''. Por lo tanto, sobre tal aparte normativo se emitirá este pronunciamiento.
Efecto vinculante del Preámbulo de la Constitución
Así entendido, el Preámbulo da cuenta del sentido político y jurídico que el Pueblo de Colombia le imprimió a la formulación de la Carta Política de 1991; es decir, indica los principios que la orientan y los fines a cuya realización se dirige y por ello no sólo hace parte de ésta como sistema normativo sino que además tiene efecto vinculante sobre los actos de la legislación, la administración y la jurisdicción y constituye parámetro de control en los procesos de constitucionalidad. Y esto es comprensible pues carecería de sentido que una fórmula política y jurídica tan densa de contenidos como la advertida en el Preámbulo, no estuviera llamada a tener implicaciones en los ejercicios de poder subordinados a la teleología en ella señalada. Como lo expuso la Corte en la Sentencia C-479-92, Ms. Ps. J.G.H.G. y A.M.C.:
Esta Corte... estima indispensable reivindicar la concepción jurídica según la cual el Derecho no se agota en las normas y, por ende, el Constitucional no está circunscrito al limitado campo de los artículos que integran una Carta Política.
En primer lugar, el Congreso de la República, como instancia de configuración del derecho positivo del Estado, se halla legitimado para regular el régimen de caducidad de las acciones contencioso administrativas. En ejercicio de esa facultad bien puede fijar un término de caducidad para la acción de restablecimiento del derecho y sujetar a ese régimen los actos administrativos que nieguen prestaciones periódicas. Esto es así dado el interés general en que las controversias judiciales se clausuren de manera definitiva y la consecuente necesidad de establecer mecanismos que pongan fin a la posibilidad de actuar indefinidamente ante la jurisdicción. De allí que sea legítimo que se prevean términos preclusivos para el ejercicio de las acciones como la de restablecimiento del derecho.
En segundo lugar, el sistema jurídico consagra mecanismos que permiten que el interesado cuestione la legalidad de un acto administrativo que le ha negado una prestación pues contra él procede la vía gubernativa. Es decir, el administrado bien puede solicitarle a la misma administración la reconsideración de esa decisión. Además, una vez agotada la vía gubernativa, el interesado puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con miras a cuestionar la legalidad de la decisión y a lograr el restablecimiento del derecho afectado. Para ello cuenta con un término de cuatro meses contabilizado a partir del día siguiente a la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto.
Por estos motivos, entonces, se declarará la exequibilidad, por el cargo analizado, de la expresión ''Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe'', que hace parte del numeral 2º del artículo 136 del C.C.A.
PRIMERO. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-108 de 1994, que declaró la exequibilidad de las expresiones ''Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe'', contenidas en el Artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 23 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989, y en la Sentencia C-1049-04, que declaró exequible por los cargos analizados en esa sentencia, la expresión ''en cualquier tiempo por la administración'', que hace parte del numeral 2º del artículo 44 de la ley 446 de 1998.
SEGUNDO. DECLARAR EXEQUIBLE la expresión ''Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe'', que hace parte del numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, por el cargo analizado en esta sentencia.
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO H.A.S. PORTO A LA SENTENCIA
Con el acostumbrado respeto, el suscrito Magistrado disiente de la decisión mayoritaria que consideró que la Corte debía declarar exequible la expresión: ''Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe'', contenida en el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.
Esta Corporación viene afirmando que: ''El Preámbulo da cuenta del sentido político y jurídico que el pueblo de Colombia le imprimió a la formulación de la Carta Política de 1991; es decir, indica los principios que la orientan y los fines a cuya realización se dirige y por ello no sólo hace parte de ésta como sistema normativo sino que además tiene efecto vinculante sobre los actos de la legislación la administración y la jurisdicción y constituye parámetro de control de procesos de constitucionalidad.'' Sentencia C-447 de 2005. Comparto la anterior afirmación en el entendido que es el preámbulo quien determina los fines y valores que gobiernan la construcción del Estado con un ordenamiento jurídico y político afín a dichas directrices. Sentencia C- 479 de 2002. Lo anterior, indica que el Preámbulo constituye un parámetro de control para salvaguardar la Carta Política que debe ir ligado a una norma constitucional que se encuentre en peligro de vulneración y que, de manera conjunta, se complementen. Esto, debido a que el Preámbulo no tiene un valor jurídico autónomo o independiente, por lo que es necesario que exista una conexión con normas constitucionales emancipadas para invocar su vulneración.
La jurisprudencia constitucional ha advertido que: ''Quitar eficacia jurídica al preámbulo, llamado a guiar e iluminar el entendimiento de los mandatos constitucionales para que coincida con la teleología que les da sentido y coherencia, equivale a convertir esos valores en letra muerta, en vano propósito del Constituyente, toda vez que desaparecer los cimientos del orden constitucional se hace estéril la decisión política soberana a cuyo amparo se ha establecido la Constitución.'' La Corte no distingue el hecho de que los objetivos, fines y valores que son expresados en el Preámbulo, son válidos y eficaces sólo en la medida en que son desarrollados por las normas jurídicas constitucionales. En este sentido, el Preámbulo adquiere un valor interpretativo cuando su contenido sirve para comprender el significado de las normas constitucionales. La argumentación de la Corte tiene un sentido opuesto, donde el Preámbulo es parte de la Constitución, que es desarrollada por el resto de normas que componen la misma.
En el caso que nos compete, la Corte consideró y resolvió declarar exequible lo demandado por el actor tras considerar que la norma jurídica sometida a control cumplía con los requisitos procedimentales para establecer un estudio de fondo. Éste lo lleva a concluir que la norma invocada no contrariaba el Preámbulo de la carta, Sentencia C-477 de 2005 ''pues no es cierto que ella conduzca a la negación definitiva de prestaciones periódicas de los extrabajadores y, por esta vía, al desconocimiento de sus derechos y, en ultimas, a la promoción de un orden político, económico y social injusto. Por el contrario, ella constituye un instrumento normativo que se orienta a fomentar el ejercicio de acciones legales dentro de plazos determinados y ello es compatible con múltiples disposiciones constitucionales que se orientan a la promoción de la seguridad jurídica, una de cuyas manifestaciones es el valor de la cosa decidida de los actos de la administración y el valor de la cosa juzgada de las sentencias que ponen fin a las controversias judiciales generadas a partir de tales actos.''
cuando en realidad debió haber emitido un fallo inhibitorio ya que la demanda carecía de objeto por necesitar una norma constitucional vulnerada en equilibrio y en conexidad con el Preámbulo. El actor considera que se estaba vulnerando el Preámbulo de manera independiente sin norma constitucional que avalara dicha infracción.
de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº de 24 de Febrero de 1990