Source: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/251/1
Timestamp: 2018-03-18 17:26:00
Document Index: 35050417

Matched Legal Cases: ['artículo 51', 'Artículo 34', 'Artículo 39', 'artículo 34', 'Artículo 47', 'artículo 137', 'artículo 42', 'Artículo 67', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'artículo 16', 'artículo 74', 'Artículo 7']

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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 251 de 31/12/2003
"LEY DE DEFENSA Y PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA
18.1.6.ª, atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre defensa del consumidor y el usuario, sin perjuicio de la política general de precios y la legislación sobre defensa de la competencia, y de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y la política monetaria del Estado. En el ejercicio de esta competencia, Andalucía fue una de las primeras Comunidades Autónomas en aprobar su propia Ley en esta materia. La Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía, ha sido una norma cuyos preceptos han enmarcado y guiado la actuación de las Administraciones Públicas de Andalucía para hacer efectivo el principio rector de la política social y económica que consagra el artículo 51 de la Constitución.
Las instituciones comunitarias han asumido que la política de los consumidores es un elemento esencial y prioritario para la consecución de la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos de la Unión Europea, lo que ha supuesto una copiosa producción normativa en la materia. Así, pueden destacarse numerosas normas comunitarias en materia de seguridad de los productos y protección de los consumidores, entre ellas las que se proyectan sobre la seguridad general de los productos, responsabilidad por productos defectuosos, sistemas de pago, comercialización a distancia de servicios financieros,
pensiones, seguros e inversiones, ventas a domicilio,
utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido, viajes combinados, acciones de cesación, cooperación
administrativa, etc. También se han aprobado disposiciones sobre la seguridad de los servicios y responsabilidad de los proveedores de servicios, y sobre la protección de los
consumidores para la realización de compras seguras, comercio electrónico, servicios de interés general, prácticas
comerciales leales, publicidad comparativa y engañosa,
indicación de precios, cláusulas abusivas en los contratos, venta y garantías de los bienes de consumo, y ventas a
En cuanto a las cuestiones formales, se ha optado por la utilización del término consumidor para referirse tanto a los consumidores propiamente dichos como a los usuarios, ya que, aunque quizás se pudiera ensayar una distinción teórica entre ambas nociones, el régimen jurídico de protección que se les otorga es idéntico y su reiterada utilización a lo largo del texto haría su lectura más difícil sin aportar matices
diferenciadores importantes. Unicamente se mantiene la
referencia a consumidores y usuarios en la denominación de determinados órganos y en lo referente a las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios.
2. Asimismo, se consideran organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios, a los efectos de esta Ley, las entidades constituidas en Andalucía exclusivamente por
consumidores con arreglo a la Ley de Cooperativas Andaluzas que reúnan las siguientes condiciones:
b) Aplicar los medios de fomento y ayuda que se les otorgue para tal fin a la exclusiva defensa de los consumidores.c) Tener un funcionamiento democrático en todo lo relacionado con la toma de decisiones, elección de los órganos directivos y elaboración de los programas de actividades.
2. No podrán disfrutar de los beneficios a los que alude el apartado anterior, en los términos que reglamentariamente se determine, las organizaciones o asociaciones de consumidores que incluyan como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro, perciban ayudas o subvenciones de empresas o
agrupaciones de empresas suministradoras de bienes o servicios a los consumidores, o efectúen publicidad no exclusivamente informativa de dichos bienes o servicios.
Son derechos de las organizaciones o asociaciones de
consumidores y usuarios en Andalucía:
1. Ejercer las correspondientes acciones judiciales y
extrajudiciales en defensa de los socios, de la asociación y de los intereses colectivos de los consumidores en general, de conformidad con la legislación aplicable.
3. Representar a los consumidores en los órganos de
participación, consulta y concertación donde les corresponda estar presentes del modo que reglamentariamente se determine.
6. Promover el ejercicio de las acciones tendentes a solicitar en procedimientos administrativos el cese de prácticas
engañosas o fraudulentas en la oferta, promoción y publicidad de bienes y servicios realizadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que pudieran incurrir las organizaciones o asociaciones de
consumidores y usuarios, será causa de supresión del apoyo oficial que reciban y de suspensión temporal o definitiva en el Registro Público de Asociaciones y Organizaciones de
Consumidores y Usuarios de Andalucía la divulgación, por parte de éstas, de informaciones erróneas, producidas por dolo o negligencia, y que ocasionen a los fabricantes, productores o distribuidores daños o perjuicios.
5. Igualmente garantizarán a los consumidores y usuarios de Andalucía una eficaz protección jurídica, ordenada a la reparación e indemnización por los daños y perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de la adquisición, uso o disfrute de los bienes y servicios que se pongan a su
disposición en el mercado, de acuerdo con lo establecido en la legislación general del Estado en materia de garantías y responsabilidades.
Artículo 34. Trámite de audiencia a organizaciones o
2. Se entenderá cumplido el preceptivo trámite de audiencia respecto de ellas cuando las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios se encuentren representadas en los órganos colegiados que informen o participen en la elaboración de las disposiciones normativas o adopción de actos
administrativos. En los demás casos, el citado trámite de audiencia se entenderá cumplido cuando éste se dirija al Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.
La Administración de la Comunidad Autónoma fomentará la colaboración entre organizaciones o asociaciones de
consumidores y usuarios, sindicatos de trabajadores y las organizaciones empresariales de Andalucía.
ORGANOS DE CONSULTA, MEDIACION Y PARTICIPACION
1. El Consejo Andaluz de Consumo y los Consejos Provinciales de Consumo son órganos consultivos, de participación, de
mediación, de diálogo y de concertación en materia de defensa de los consumidores, recibiendo para ello el apoyo necesario de la Administración de la Junta de Andalucía.
2. Estos Consejos estarán integrados, en la forma que
reglamentariamente se determine, por representantes de las organizaciones o asociaciones de consumidores, de las
organizaciones empresariales y de las Administraciones Públicas de Andalucía.
Artículo 39. Consejo de los Consumidores y Usuarios de
3. El Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía será consultado preceptivamente en la tramitación de disposiciones de carácter general relativas a materias que afecten
directamente a los consumidores en los términos establecidos en el artículo 34 de esta Ley. Este Consejo tendrá además las siguientes funciones:
DISCIPLINA DE MERCADO Y DERECHOS
Cuando se inste la actuación de otros órganos de la
Administración de la Junta de Andalucía, Entidades locales de Andalucía o entes dependientes de aquélla o de ésta, deberán responder en el plazo de un mes indicando las decisiones adoptadas o las razones por las que estiman que no procede o no les corresponde realizar actuación alguna.
2. En la misma forma procederán dirigiéndose a los colegios profesionales o a las autoridades de las que dependan todo tipo de servicios públicos cuando entiendan que aquéllos o éstas deban ejercer sus competencias para garantizar, en sus
respectivos ámbitos, los derechos de los consumidores o para imponer las correcciones que procedan.
1. La Administración de la Junta de Andalucía y las
Administraciones locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán las inspecciones necesarias para vigilar y garantizar que quienes producen, distribuyen o comercializan bienes o servicios, o quienes colaboran con aquellos, cumplan los deberes, prohibiciones y limitaciones establecidos por la ordenación de los distintos sectores de actividad cuya inobservancia pueda lesionar los intereses generales protegidos por esta Ley.
2. Las informaciones que afecten a los consumidores, obtenidas en el curso de las distintas actividades inspectoras por las Administraciones Públicas de Andalucía, se pondrán
en conocimiento de los órganos de defensa del consumidor al objeto de facilitar el correcto ejercicio de sus
competencias.3. La actividad de inspección puede recaer sobre todos los bienes y servicios que se ofrecen o están destinados a ofrecerse a los consumidores, así como sobre las materias primas empleadas, los establecimientos y las maquinarias de toda clase utilizados para su producción, distribución y comercialización. La perfección y ejecución de los contratos será objeto de inspección en cuanto las mismas puedan dar lugar al ejercicio de potestades administrativas.
1. La actividad de inspección a que se refiere el artículo anterior se podrá desarrollar por la Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía, integrada y dependiente de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de protección a los consumidores, pero ello sin perjuicio de las inspecciones que, para ciertos sectores o aspectos, correspondan a otras Administraciones Públicas o a otros órganos o servicios de la propia Junta de Andalucía.
2. La Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía
desarrollará su actividad, preferentemente, en la fase de comercialización, para comprobar que se cumplen los deberes, prohibiciones y limitaciones establecidos directamente para la protección de los consumidores.
4. Si los Servicios de Inspección de Consumo detectan
irregularidades ante las que deban ejercer sus competencias otros órganos o Administraciones Públicas, se remitirá la correspondiente acta de inspección o copia debidamente
diligenciada.
1. La organización y funcionamiento interno de la Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía se desarrollará
reglamentariamente y responderá a los principios de jerarquía, profesionalización y especialización.
Los inspectores de Consumo serán funcionarios y, en el
ejercicio de sus funciones, tendrán la condición de agentes de la autoridad y las potestades y competencias que se prevén en esta Ley.
2. Las Administraciones locales, en lo referente al desarrollo de las competencias de defensa del consumidor, se organizarán en la forma que estimen adecuada. No obstante, deberán
comunicar a la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía su organización, su ámbito funcional y los medios personales y materiales con los que cuentan.
Los Servicios de Inspección en materia de consumo, tanto de la Administración de la Junta de Andalucía como de las
Corporaciones locales, actuarán coordinadamente, colaborarán entre sí y prestarán la asistencia que les requieran los órganos de cualesquiera Administraciones Públicas para el ejercicio de sus competencias en defensa del consumidor cuando se trate de realizar diligencias que les correspondan por razón de la materia o del territorio.
La actividad de inspección se desarrollará en la forma y momento que mejor permita conocer la realidad y por los medios que en cada caso se consideren más adecuados, tales como la observación de las ofertas o la publicidad en cualquier medio de comunicación o servicio de la sociedad de la información, la demanda de bienes o servicios, incluso los ofrecidos a
distancia, la indagación entre los consumidores o los
empresarios que puedan suministrar datos de interés, la consulta de registros y archivos públicos, el examen de documentos o de otro material escrito, las visitas a los establecimientos o lugares en que se oferten bienes o
servicios, la toma de muestras o comprobación de aparatos, o cualquier otro medio que permita la averiguación de hechos relevantes para la defensa de los consumidores.
c) Proponer a los órganos competentes las medidas que
consideren adecuadas a las irregularidades que hayan detectado y colaborar en su ejecución en la forma que en cada caso se determine. Los inspectores de Consumo, además, podrán
adoptarlas provisionalmente en casos de urgencia según lo dispuesto en esta Ley.
e) Colaborar en los procedimientos administrativos
sancionadores o de otro tipo practicando las diligencias que ordene el instructor.
Artículo 47. Facultades de la inspección y acceso a
establecimientos y documentos.
a) Acceder sin previo aviso a los locales y dependencias en los que se realicen actividades que afecten a los consumidores. En el caso de apreciar indicios de irregularidad que lo
justifiquen, los inspectores de Consumo podrán acceder a los lugares en que pudieran encontrarse pruebas relevantes, aunque no estén abiertos al público en general, y ello sin perjuicio de la necesidad de contar, en su caso, con el consentimiento del afectado o con autorización judicial.
b) Exigir la exhibición de los documentos que sean obligatorios según las normas cuyo cumplimiento vigilan, así como obtener copias y reproducciones. En el caso de apreciar indicios de irregularidad que lo justifiquen, los inspectores de Consumo podrán examinar toda la documentación mercantil, industrial o contable de la empresa inspeccionada y sacar notas o copias, así como solicitar de terceros datos o antecedentes útiles para la investigación. En particular, podrán requerir información de los datos transmitidos, las actividades realizadas y la identificación de los destinatarios de sus servicios a los intermediarios de servicios de la sociedad de la información. Dichas actuaciones tendrán, en todo caso, carácter
d) Requerir la presencia de los inspeccionados o sus
representantes en las dependencias administrativas, a fin de comprobar las diligencias de inspección.
e) Proceder a las pruebas, investigaciones o exámenes
necesarios para comprobar el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, así como tomar o sacar muestras para la realización de análisis y comprobaciones en la forma y condiciones que, en su caso, se determinen reglamentariamente.
3. La identificación del inspector será siempre necesaria para ejercer potestades, hacer requerimientos y advertencias, imponer deberes, imponer la colaboración del sujeto
inspeccionado y para todas las diligencias que practique dentro de un procedimiento sancionador por orden del instructor.
1. Los inspectores de Consumo podrán solicitar el apoyo de cualquier otra autoridad y de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad cuando haya resistencia u obstrucción a su actividad.
4. Cuando en la inspección haya estado presente el titular o un representante o un empleado de la empresa, se le entregará copia y firmará el acta como simple reconocimiento de esa presencia, sin que suponga reconocimiento de las
irregularidades reflejadas ni aceptación de ninguna de las medidas.
5. En el acta, el inspector puede hacer requerimiento para que en un plazo no superior a diez días sean subsanadas simples irregularidades que no causen perjuicio directo a los
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 137 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los hechos constatados personalmente por los inspectores de Consumo y recogidos en las actas tendrán valor probatorio, salvo prueba en contrario.
2. El valor reconocido en el apartado anterior a las actas de la Inspección de Consumo se extiende a los procedimientos que tramiten otras autoridades administrativas para la aplicación de otras leyes que directamente afecten a intereses de los consumidores. Asimismo, las actas levantadas por otros
servicios de inspección tendrán la misma consideración en los procedimientos seguidos para la aplicación de esta Ley.
1. Los análisis, ensayos o pruebas sobre productos,
instalaciones o servicios cuyos resultados vayan a incorporarse a procedimientos tramitados por las autoridades de Consumo, incluidos los estudios de mercado, se llevarán a cabo conforme al procedimiento y requisitos que se establezcan
2. Estas actividades serán realizadas por organismos o
laboratorios de ensayo de titularidad pública con la adecuada capacidad técnica o por laboratorios u otras entidades de control privados que cuenten con las oportunas acreditaciones para el tipo de análisis o ensayo y el ámbito de que se trate, o por los propios inspectores de Consumo cuando así proceda.
3. En el caso de que los análisis, ensayos o pruebas se efectúen por iniciativa de los órganos de defensa del
consumidor, éstos se realizarán preferentemente en laboratorios u organismos de titularidad pública.
1. De conformidad con lo que se establezca reglamentariamente, podrán existir entidades colaboradoras de los órganos de defensa del consumidor para la realización de análisis
comparativos, estudios de mercado y cualesquiera otras
actuaciones que reglamentariamente se prevean para una más eficaz protección de los derechos de los consumidores. En ningún caso se podrá atribuir a estas entidades la facultad de levantar actas de inspección.
2. Reglamentariamente se establecerán y concretarán los requisitos, obligaciones y funciones de las entidades
colaboradoras de los órganos de defensa del consumidor, que en
todo caso quedarán sometidas a una supervisión y control permanente por parte de éstos.
2. También las entidades colaboradoras o, en su caso,
organizaciones y asociaciones de consumidores podrán realizar esas mismas actuaciones con el objetivo de facilitar a los consumidores la información que resulte de ellas.
3. Cuando la Administración realice estas actuaciones
directamente, el personal que las lleve a cabo podrá no identificarse para la solicitud de servicios, obtención de información, o adquisición de productos, salvo que sea
4. Para la realización de estas actividades harán uso de procedimientos y métodos normalizados. Si éstos no existieran, se emplearán aquéllos recomendados nacional o
internacionalmente o los que garanticen un resultado más exacto.
5. En el supuesto de que en la publicación de los estudios se pretendan ofrecer datos de identificación del producto, actividad o servicio, y se precise la realización de análisis, ensayos o controles, se seguirán los procedimientos
2. La composición, competencias, funcionamiento y forma de adopción de acuerdos de la Comisión Coordinadora de las Inspecciones de Bienes y Servicios se determinarán
1. Se fomentará la adopción de los códigos de buenas prácticas regulados en este artículo como instrumento para la protección de los derechos de los consumidores y de mejora de la
1. Ante situaciones de riesgo inaceptable para la salud de los consumidores por la elaboración, distribución o
comercialización de cualesquiera bienes o servicios peligrosos, los órganos de defensa de los consumidores tan sólo podrán adoptar medidas cautelares, que deberán ser comunicadas a la autoridad sanitaria, a efectos de su confirmación, de acuerdo con lo establecido en la normativa sectorial de salud.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, la existencia de un riesgo inaceptable ante el funcionamiento de establecimientos o la comercialización de bienes y servicios que no cuenten con las autorizaciones o controles preventivos necesarios,
establecidos por la legislación vigente, por razones de salud o seguridad.
Ante situaciones de lesión real de los intereses económicos y sociales de los consumidores o de su derecho a la información, los órganos de defensa del consumidor podrán imponer
condiciones previas, suspender o prohibir las actividades, ofertas, promociones, ventas o suministros de bienes o
servicios cuando haya fraudes o falta sustancial de las informaciones obligatorias o incumplimiento de la normativa aplicable.
1. Para adoptar las medidas previstas en los artículos 59 y 61, será necesario seguir el correspondiente procedimiento
tramitado conforme a lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la normativa sectorial correspondiente y a lo que se prevea reglamentariamente, salvo en aquellos casos en que fuera imposible la localización o identificación de los responsables de la producción, distribución o
comercialización de bienes y servicios y a cualquier otro responsable del mantenimiento o existencia del riesgo.
3. Excepcionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, apartado 6, de dicha Ley, podrá prorrogarse el plazo por acuerdo motivado del órgano al que corresponda la resolución, atendiendo al número de personas afectadas, a las dificultades para su identificación y localización y, en su caso, a la necesidad de practicar notificaciones en el
1. Para la ejecución y plena efectividad de las medidas adoptadas en virtud de este capítulo, los órganos de defensa del consumidor podrán solicitar la colaboración de otros órganos de la Administración Pública de Andalucía y
especialmente de los Cuerpos de Seguridad.
2. Los responsables de la elaboración, distribución,
comercialización o puesta en servicio de bienes y servicios deberán colaborar con la Administración para conseguir la eficacia de las medidas adoptadas a fin de evitar los riesgos detectados.
1. Cuando se observe un incumplimiento de leyes o reglamentos que afectan a los intereses de los consumidores pero que no genere los riesgos inaceptables a que se refieren los artículos
59 y 60 de esta Ley, la Administración podrá inicialmente advertir al transgresor de la situación ilegal y de su
obligación de cesar en la conducta y requerirle para que subsane los defectos detectados.
Artículo 67. Organos competentes.
2. Los órganos municipales, sin menoscabo de lo establecido en el apartado anterior, podrán adoptar estas medidas cuando la situación a la que respondan sea estrictamente de ámbito local y se pueda afrontar en su totalidad dentro del término
municipal. En caso contrario, sólo podrán adoptar
provisionalmente las medidas circunscritas a su ámbito
territorial que sean urgentes, poniéndolo en conocimiento inmediato de los órganos autonómicos para que tomen las decisiones procedentes. También colaborarán en la aplicación de las que se tomen en un ámbito superior.
Las medidas que permite este artículo son las de cierre temporal de establecimientos, inmovilización de productos y suspensión de actividades, ventas, ofertas o promociones y las necesarias para garantizar la salud y seguridad de los
consumidores mientras se adopta la decisión final o, en su caso, las absolutamente imprescindibles para evitar la lesión de los demás intereses protegidos de los consumidores.
3. Los órganos de defensa del consumidor podrán indicar los cambios que deban introducirse en los bienes o servicios para que se levanten las medidas o el destino distinto del
inicialmente previsto al que puedan dedicarse los bienes afectados sin comportar ningún otro riesgo.
1.ª Elaborar, distribuir, suministrar u ofertar bienes o servicios sin cumplir correctamente los deberes de información que impongan o regulen las leyes y los reglamentos en relación con cualquiera de los datos o menciones obligatorios o
voluntarios y por cualquiera de los medios previstos para tal información.
5.ª Desviar para consumo humano y poner a disposición de los consumidores bienes no aptos para ello o destinados
específicamente para otros usos.
7.ª Incumplir las condiciones de las instalaciones,
establecimientos o vehículos en que se elaboren, conserven, distribuyan o vendan bienes o se presten servicios, o su utilización o apertura sin los preceptivos controles
administrativos previos cuando aquellas condiciones o estos controles estén impuestos para la protección de los
9.ª Incumplir las exigencias de personal cualificado o de los deberes impuestos al personal o a la empresa en relación con el personal cuando sea susceptible de perjudicar a los
11.ª Poner a disposición de los consumidores bienes de uso duradero sin existir piezas de repuesto en la forma obligada, así como el incumplimiento por quien en cada caso esté obligado del deber de fabricar o garantizar la existencia de repuestos en las condiciones establecidas por las leyes y
reglamentos.12.ª Poner a disposición de los consumidores bienes de uso duradero sin servicios de asistencia técnica para su reparación o siendo éstos manifiestamente inadecuados, así como incumplir la obligación de mantener tales servicios.
2.ª Defraudar en el peso, medida, cantidad o calidad de los bienes ofertados o destinados a ello; así como en las
condiciones ofrecidas de prestación de servicios respecto a la calidad, cantidad, intensidad, continuidad u otros elementos relevantes según su naturaleza o categoría.
4. Serán infracciones en materia de documentación,
transacciones comerciales y precios:
4.ª Realizar transacciones en las que se imponga
injustificadamente al consumidor comprar una cantidad mínima o productos no solicitados o aceptar servicios no pedidos, así como la negativa a efectuar la transacción si no se aceptan esas condiciones.
10.ª No entregar a los consumidores el documento de garantía cuando la normativa así lo establezca; cobrar cualquier cantidad por las reparaciones incluidas en la garantía. Asimismo, negarse al cumplimiento de las obligaciones que de aquélla se derivan o imponer injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con las obligaciones derivadas de la misma.
12.ª No formalizar los seguros, avales u otras garantías similares impuestas legalmente en beneficio de los
13.ª Carecer, no llevar o llevar incorrectamente la
documentación, libros o registros establecidos obligatoriamente que afecten a la protección de los intereses de los
El objetivo de la Ley se concreta en la defensa y protección del consumidor a través de una mejora de la calidad de los bienes y servicios mediante un adecuado y efectivo control e inspección de éstos, garantizando a los ciudadanos una especial protección de los intereses económicos y sociales articulada a través de dos elementos básicos: la actuación de las
Administraciones Públicas y el fomento de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios.
El título I se ocupa de las disposiciones generales y de los principios informadores de los derechos de los consumidores. Su referente directo es la Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios, de la que incluso se respeta la literalidad de gran parte de su articulado, con modificaciones de detalle que en nada afectan al fondo. El punto de partida lo constituye la proclamación de una serie de derechos básicos de los consumidores, que se sintetizan en los siguientes: el derecho a la protección de la salud y seguridad, el derecho a la protección de los intereses económicos y sociales, el derecho a la información y el derecho a la participación. Junto
a estos derechos básicos se recogen otros que no son sino complemento o instrumento de aquéllos: el derecho a la
indemnización y reparación efectiva de daños, el derecho a la educación y formación y el derecho a la especial protección en situaciones de inferioridad.
En cuanto al derecho a la protección de los intereses
económicos y sociales, éste se plasma en multitud de preceptos. Especial trascendencia tiene en este ámbito lo relativo a la reparación efectiva de los daños ocasionados al consumidor, lo que explica que sea objeto de un capítulo específico. A este respecto, los dos instrumentos fundamentales son, por un lado, las acciones judiciales de responsabilidad civil que pueden ejercer los consumidores cuando se les ocasiona un daño y, por otro, el arbitraje de consumo. No obstante, las competencias normativas sobre ambas materias corresponden al Estado, por lo que el texto se limita a remitir a esta legislación y a dirigir un mandato a los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para que éstos las favorezcan y fomenten.
Por su parte, el capítulo VI se ocupa del derecho a la
información. En principio, éste es un derecho distinto a los dos anteriores, pero, en muchas ocasiones, se convierte en un mero medio o complemento, bien para garantizar la salud y seguridad de los consumidores, bien para proteger sus legítimos intereses económicos y sociales. Los medios a través de los que se pretende garantizar esta información a los consumidores son muy variados: desde el establecimiento de mandatos a los propios poderes públicos hasta la imposición a los sujetos responsables de la producción, comercialización y venta de bienes o prestación de servicios del deber de informar veraz, suficiente y comprensiblemente a los consumidores sobre las características de los mismos. A este respecto, ha de
destacarse la regulación que se contiene en el marco de la legislación europea y estatal de este deber en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información.
En cuanto al derecho de participación en los asuntos públicos, la Ley se centra en la que tiene lugar a través de las
organizaciones o asociaciones de consumidores, que constituyen hoy en día una pieza clave en el sistema jurídico de protección al consumidor. Con este presupuesto, se regulan las condiciones que éstas tienen que cumplir para ser consideradas asociaciones u organizaciones de consumidores a todos los efectos previstos por la presente Ley, que van desde su derecho a formar parte de órganos tales como el Consejo Andaluz de Consumo o el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, pasando por su derecho a ejercer las acciones judiciales previstas por la legislación aplicable, hasta la facultad para recibir ayudas públicas. En este contexto, se ha considerado oportuno que el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, creado y regulado hasta ahora por normas reglamentarias, pase a tener reflejo en la Ley y, por tanto, una garantía legal de su existencia misma y configuración esencial como es más
conveniente a su posición y funciones.
2.ª Hacer publicidad engañosa o subliminal, así como difundir anuncios en los que no aparezca su carácter publicitario o no se presenten perceptiblemente deslindados de los mensajes informativos, todo ello entendido conforme a la legislación general de publicidad y en cuanto pueda afectar a los
3.ª Usar en la publicidad comercial los resultados de los estudios de mercado realizados por la Administración
directamente o a través de entidades colaboradoras u
organizaciones y asociaciones de consumidores.
4.ª Realizar prácticas tendentes directamente a excluir o reducir la libertad del consumidor para contratar una
2.ª No disponer de libros de hojas de quejas y reclamaciones oficiales, así como negarse o resistirse a suministrarlos a los consumidores que lo soliciten u ocultar o alterar las
reclamaciones realizadas por este medio.
4.ª No tener expuesto al público, en las condiciones
establecidas reglamentariamente, el cartel anunciador de la existencia de hojas de quejas y reclamaciones.
8.ª Incumplir las específicas prohibiciones de venta o
suministro de bienes, acceso a establecimientos, prestación de servicios o publicidad a menores cuando suponga riesgo para su salud, seguridad o legítimos intereses económicos y sociales como consumidores.
3. Las sanciones se establecerán de conformidad con lo
dispuesto en los siguientes artículos y sin perjuicio de las demás medidas no sancionadoras que procedan.
Las infracciones leves en que concurra una atenuante podrán ser castigadas, en lugar de con multa, con la sanción de
amonestación, consistente en su simple pronunciamiento en la resolución sancionadora.
1. Con carácter excepcional, en los casos de infracciones muy graves y en los de infracciones graves en que concurran agravantes que lo justifiquen, podrá imponerse la sanción de cierre total o parcial, o no utilización por el responsable del establecimiento, instalación o local, o la de suspensión del servicio o de la actividad en la que se cometiera la
infracción. Esta sanción comportará la prohibición de continuar la actividad de oferta o comercialización en los servicios de la sociedad de la información cuando la infracción se haya cometido por este medio.
3. La Administración decidirá, en la misma resolución
sancionadora, o con posterioridad a la misma, el destino que, dentro de las previsiones que en su caso se hayan establecido reglamentariamente, haya de darse a los objetos decomisados. Los gastos que origine el comiso serán de cuenta del infractor.
1. Se impondrá también, junto con las sanciones que procedan de conformidad con los artículos anteriores, el comiso del beneficio obtenido con la infracción. La resolución
sancionadora podrá acordar la no imposición de este comiso en los casos en que no se haya producido beneficio o sea de cuantía ínfima, o bien cuando la sanción de multa y las demás procedentes sean suficientes para expresar el reproche que la infracción merece.
Haber corregido diligentemente las irregularidades en que consista la infracción, colaborado activamente para evitar o disminuir sus efectos u observado espontáneamente cualquier otro comportamiento de significado análogo, con anterioridad a cualquier requerimiento o advertencia realizado por la
Administración o, en su caso, en cualquier momento previo a la propuesta de resolución sancionadora.
4. Estas circunstancias agravantes o atenuantes no se
apreciarán en aquellos supuestos en los que esta Ley las haya incluido en el tipo infractor o hayan sido tenidas en cuenta para calificar la gravedad de la infracción.
1.? Si concurre sólo una circunstancia atenuante, la sanción se impondrá en su mitad inferior. Cuando sean varias, en la cuantía mínima de dicha mitad, pudiendo llegar en supuestos muy cualificados a sancionarse conforme al marco sancionador correspondiente a las infracciones inmediatamente inferiores en gravedad.
2.? Si concurre sólo una circunstancia agravante, la sanción se impondrá en su mitad superior. Cuando sean varias o una muy cualificada, podrá alcanzar la cuantía máxima de dicha mitad.
3.? Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes, el órgano sancionador, en atención a todas aquellas otras
circunstancias de la infracción, individualizará la sanción dentro de la mitad inferior.
4.? Si concurren tanto circunstancias atenuantes como
agravantes, el órgano sancionador las valorará conjuntamente, pudiendo imponer la sanción entre el mínimo y el máximo correspondiente a la calificación de la infracción por su gravedad.
Están incluidos en este supuesto los anunciantes, agencias y medios de publicidad respecto de las infracciones de publicidad subliminal, engañosa o que infrinja lo dispuesto en la
normativa sobre publicidad de determinados bienes o servicios, sin perjuicio de las causas de exoneración recogidas en el apartado anterior.
1. Además de los autores, serán sancionados por su
participación en infracciones ajenas:
c) Los que, con beneficio propio, hayan colaborado en la comisión de infracciones graves o muy graves adquiriendo productos o servicios ilegales, si han actuado dolosamente con conocimiento de la ilicitud, salvo que su conducta sea
constitutiva de una infracción propia, en cuyo caso sólo serán sancionados como autores conforme al artículo anterior.
4. Se sancionará como una única infracción continuada, aunque valorando la totalidad de la conducta, la realización de una pluralidad de acciones idénticas o similares que infrinjan el mismo precepto en ejecución de un plan preconcebido o
aprovechando idéntica ocasión. En particular, se aplicará esta regla cuando se cometan las mismas infracciones en relación con una misma clase de bienes o servicios, o con diferentes consumidores. Sin embargo, esas mismas acciones se considerarán infracciones diferentes y podrán sancionarse autónomamente si el responsable continúa realizándolas tras la advertencia, requerimiento u orden de la Administración para que cese en ellas o tras la iniciación de un primer procedimiento
1. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido ya
sancionados penal o administrativamente y en los que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.
a) Si los hechos constitutivos de las infracciones previstas en esta Ley hubieran ya sido sancionados administrativamente conforme a otra legislación y se apreciara la identidad de sujeto, hecho y fundamento, los órganos de defensa del
consumidor se abstendrán de imponer las sanciones previstas en esta Ley, declarándolo así tras, en su caso, la tramitación que resulte necesaria. Esta decisión podrá adoptarse antes de la iniciación del procedimiento sancionador o en el curso del mismo.
d) Excepcionalmente, en el caso de que los hechos constitutivos de la infracción fueran desconocidos de manera general por carecer de cualquier signo externo, el plazo se computará desde que estos se manifiesten. Salvo en este caso, será irrelevante el momento en que la Administración haya conocido la
infracción, a efectos de determinar el plazo de prescripción de la infracción para el ejercicio de la potestad sancionadora.
1. En el caso de infracciones cometidas por personas jurídicas que se extinguieren antes de ser sancionadas, la
responsabilidad administrativa, en lo que se refiere a las sanciones pecuniarias de multa y de comiso, se exigirá a las personas físicas que desde los órganos de dirección
determinaron, con su conducta dolosa o negligente, la comisión de la infracción.
Las sanciones impuestas serán objeto de ejecución con arreglo a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normas aplicables.
1. Los órganos de defensa del consumidor, cuando lo consideren conveniente para asegurar la salud, seguridad e intereses económicos y sociales de los consumidores o su derecho a la información y a la transparencia de la actuación
administrativa, darán difusión a las resoluciones sancionadoras firmes, que hayan sido impuestas en el plazo de tres años, con el contenido y por los medios que se consideren apropiados para conseguir la finalidad perseguida. Esta difusión, que en ningún caso podrá realizarse con carácter sancionador, procederá especialmente cuando, por la actitud del responsable u otras razones, haya motivos para pensar que subsisten los peligros para los consumidores.
b) La empresa infractora se encuentre sometida a los
procedimientos de arbitraje de carácter general establecidos para la solución extrajudicial de conflictos en materia de consumo.
2. La condonación podrá afectar a las multas hasta tres cuartas partes de su importe y a las demás sanciones parcial o
totalmente, salvo en lo relativo al comiso del beneficio ilícito, que deberá hacerse efectivo para que la condonación acordada surta efecto.
3. Cuando las sanciones hayan sido impuestas por la
Administración de la Junta de Andalucía o por una entidad local en ejercicio de competencias delegadas, la condonación la decidirá el titular de la Dirección General de Consumo, excepto cuando la sanción haya sido impuesta por un órgano superior, en cuyo caso resolverá éste.
4. El procedimiento se iniciará a solicitud del sancionado. La correspondiente solicitud será dirigida al órgano competente para su resolución en el plazo de tres meses contados desde que la sanción haya alcanzado firmeza. Podrá ser presentada con anterioridad a la citada firmeza si, al mismo tiempo,
manifiesta su voluntad de no interponer recursos contra la sanción. Transcurridos tres meses sin resolución expresa, la petición se podrá entender denegada.
6. La condonación deberá revocarse, previa audiencia del interesado, en los tres años siguientes a su otorgamiento, si el beneficiario comete nuevas infracciones graves o muy graves o no satisface efectivamente los perjuicios ocasionados a los consumidores. La revocación supondrá la ejecución íntegra de la sanción sin que el plazo transcurrido se compute a efectos de prescripción de la sanción. En cualquier caso, en las
infracciones futuras se tendrá en cuenta, para determinar la sanción procedente, la infracción cuya sanción fue condonada.
Artículo 94. Organos competentes en la Junta de Andalucía.
1. Los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía competentes para iniciar, instruir y resolver los
procedimientos sancionadores se determinarán
reglamentariamente. La competencia para resolver habrá de atribuirse por decreto del Consejo de Gobierno y la de iniciar e instruir podrá ser atribuida por orden del titular de la Consejería de la que dependa la defensa de los consumidores.
Artículo 95. Organos competentes en las Corporaciones locales.
b) que la Administración autonómica no haya iniciado
procedimiento sancionador, y
3. Cuando los servicios municipales tengan conocimiento de infracciones en esta materia no localizadas exclusivamente en su término municipal, lo pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de defensa del consumidor de la Administración autonómica, remitiendo todo lo actuado y cuantos antecedentes obren en su poder. Además, no obstante tener competencias para sancionar, en todo caso los órganos municipales podrán
limitarse a poner los hechos en conocimiento de la
Administración autonómica para su persecución y sanción.
4. La Administración autonómica no iniciará procedimiento contra el mismo sujeto a quien se estuviese tramitando un procedimiento sancionador por la Administración municipal si concurren los mismos hechos y fundamento jurídico. Sin embargo, si se descubrieran infracciones conexas en otros términos municipales de modo que resultara conveniente la instrucción de un único procedimiento, tramitado y resuelto por la
Administración de la Junta de Andalucía, podrá acordarse así.
Las infracciones tipificadas en esta Ley se entenderán
cometidas en cualquiera de los lugares en que se localicen las acciones u omisiones en que consistan y, además, salvo en el caso de infracciones relativas a los requisitos de los
establecimientos, instalaciones o personal, en todos aquellos en que se manifieste la lesión o riesgo para los derechos de los consumidores protegidos por la ley.
DE LA ADMINISTRACION LOCAL EN LA DEFENSA
Y PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES
a) La información y educación de los consumidores,
estableciendo los cauces adecuados para ello, de acuerdo con las necesidades de cada localidad, pudiéndose contar para tal fin con la colaboración de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios.
d) El ejercicio de acciones civiles en defensa de los
consumidores vecinos de su localidad de conformidad con lo que establezca la legislación estatal que reconozca a las
Administraciones Públicas en general esta legitimación.
3. Todas las actividades y competencias de los municipios en relación con la protección de los consumidores podrán
desarrollarse por medio de fórmulas asociativas.
1. Sin perjuicio de las competencias de las restantes
Administraciones Públicas, corresponde a las Diputaciones Provinciales andaluzas:
estableciendo los cauces adecuados para ello, de acuerdo con las necesidades generales de la provincia, pudiéndose contar para tal fin con la colaboración de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios.
consumidores vecinos de su provincia de conformidad con lo que establezca la legislación estatal que reconozca a las
g) Las demás que le atribuyan las leyes, así como el ejercicio de las que les delegue la Administración autonómica de
conformidad con la legislación de régimen local.
2. La asistencia y cooperación provincial a los municipios se desarrollará en cualquiera de las formas previstas en la Ley reguladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio, incluyendo la posible creación de servicios supramunicipales, y podrá tener por objeto la creación de laboratorios u otros servicios comunes para desarrollar las actividades de
1. Reglamentariamente, se creará la Comisión
Interadministrativa de Cooperación de Consumo, como órgano de colaboración, coordinación y cooperación entre la
Administración autonómica y las Corporaciones locales andaluzas en las materias reguladas en esta Ley.
2. Las funciones de la Comisión Interadministrativa de
Cooperación de Consumo serán las siguientes:
a) Analizar los problemas que puedan plantearse a los
consumidores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el ámbito territorial y medidas más adecuadas para afrontarlos.
e) Coordinar y armonizar criterios sobre las actividades de los servicios de protección al consumidor y de las Juntas
Arbitrales de Consumo.
f) Proponer la programación y ejecución de actividades
inspectoras.
g) Coordinar, planificar y establecer criterios comunes en el funcionamiento de los laboratorios y dispositivos técnicos de apoyo a la defensa del consumidor, que dependan de las
h) Armonizar criterios en la elaboración de ordenanzas
municipales que afecten a los ciudadanos en su condición de consumidores, así como proponer la elaboración de normas en materia de consumo ante las instancias competentes.
i) Facilitar el intercambio de información sobre autorizaciones y ceses de empresas y establecimientos, actuaciones
inspectoras, medidas cautelares, expedientes sancionadores, denuncias y laudos arbitrales.
j) Fomentar y hacer propuestas sobre la participación de las organizaciones y asociaciones de consumidores en las
actividades municipales y autonómicas de consumo.
2. Todos los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía y de las Entidades locales competentes para sancionar este tipo de infracciones habrán de comunicar al registro los datos pertinentes, conforme al procedimiento que
3. Para un mayor alcance y exactitud de los datos inscritos en el Registro, se podrán prever mecanismos de intercambio de datos con otros registros estatales o autonómicos, respetando las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
1. La imposición de las sanciones previstas en esta Ley requerirá la tramitación del procedimiento general previsto en el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, o del que, en su caso, lo sustituya, salvo que la Comunidad Autónoma regule un procedimiento sancionador
1. La presente Ley no será de aplicación a los procedimientos administrativos iniciados antes de su entrada en vigor, los cuales se tramitarán y resolverán con arreglo a las
disposiciones vigentes en el momento de su incoación.
3. Hasta tanto no se apruebe el correspondiente reglamento, la toma de muestras y la realización de análisis, salvo las previsiones contenidas en esta Ley, se regirán por lo previsto en los artículos 15 y 16 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción
agroalimentaria, con excepción de la previsión contenida en el apartado décimo de dicho artículo 16.
Queda derogada la Ley 5/1985, de 8 de julio, de los
Consumidores y Usuarios en Andalucía, así como todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo establecido en la presente Ley.
El Consejo de Gobierno actualizará, conforme a la evolución del Indice de Precios al Consumo, la cuantía de los límites sancionadores a que hace referencia el artículo 74 de la presente Ley.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley. En un plazo de dos años el Consejo de Gobierno aprobará las disposiciones
reglamentarias necesarias para el desarrollo de esta Ley.
La presente Ley entrará en vigor a los dos meses de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía."
Sevilla, 17 de diciembre de 2003
Dentro ya de la actuación administrativa de protección de los consumidores que se ha incluido en el título II, un aspecto capital es el del control e inspección. Esta actividad
administrativa es imprescindible, no ya fundamentalmente para sancionar las infracciones a la normativa protectora de los consumidores y reaccionar ante las situaciones de riesgo con medidas no sancionadoras, sino, antes que todo eso, para evitar que se produzcan las infracciones y los riesgos. Por eso, el capítulo dedicado al control e inspección destaca que la actividad de inspección no ha de identificarse con la actividad previa y preordenada exclusivamente al procedimiento
sancionador, sino que tiene otras funciones.
Se ocupa también la Ley de algunos aspectos organizativos de la inspección. Entre las novedades a este respecto debe destacarse el relevante papel que ha de desempeñar la Comisión
Coordinadora de las Inspecciones de Bienes y Servicios de la Junta de Andalucía, órgano interdepartamental que habrá de canalizar la coordinación y la colaboración entre distintas Consejerías y hasta de varios servicios de una misma
La Ley, en el capítulo III del título II, presta especial atención a las potestades no sancionadoras de la Administración para evitar situaciones de riesgo para los derechos de los consumidores. De conformidad con lo establecido en el Derecho comunitario y en el Derecho estatal básico, se contemplan, desde luego, las situaciones de riesgo para la salud y
seguridad que puedan derivar de bienes, regulando la actuación que deben desarrollar en tales supuestos las Administraciones de la Comunidad Autónoma. Pero se prevén también en esta Ley potestades ante las situaciones de riesgo que deriven de servicios y para algunas que afecten gravemente a los intereses económicos de los consumidores. Se han concretado los supuestos de hecho ante los que la Administración debe reaccionar para proteger los intereses públicos afectados, enumerando las medidas administrativas de aplicación en cada caso, en función de la naturaleza y circunstancias en que se presenten.
Junto a ello, se pretende que la potestad sancionadora sirva también con eficacia a la protección de los intereses de los consumidores, incluyendo, como novedad, la de los consumidores concretos víctimas de la infracción reprimida, de manera que se cumpla más adecuadamente su función de retribución proporcional a la concreta lesión sufrida por el ciudadano y de prevención especial y general. Para ello, entre otras cosas, se introducen algunas modificaciones en el cuadro general de las sanciones, entre las que destaca la previsión del comiso del beneficio ilícito obtenido. Aunque esta modalidad de comiso no está prevista en la legislación estatal de protección de los consumidores, su introducción aquí no supone una divergencia notable. Entre otras razones, porque esto mismo lo trata de conseguir el Derecho estatal de consumo con el incremento de las multas y porque en otros sectores el mismo Derecho estatal ha consagrado esta misma sanción de comiso del beneficio ilícito. Lo mismo puede decirse de la nueva sanción de
apercibimiento o de las concreciones que se hacen sobre la sanción de cierre de establecimientos, toda vez que, de una parte, la legislación estatal de consumo ni siquiera establece un mínimo para las multas correspondientes a las infracciones leves y, de otra, el cierre de establecimientos propiamente dicho no tiene sentido cuando, como es cada vez más frecuente, las actividades infractoras no se realizan en un
establecimiento físico.
Igualmente, la Ley se ocupa de la localización de las
infracciones y aborda con precisión y rigor la determinación de los sujetos responsables, que es una de las cuestiones que, por la singularidad de la realidad regulada, ha presentado mayores dificultades en el ámbito de la defensa de los consumidores.
Lo que se pretende es huir de la idea de que el ámbito material de actuación de los órganos de defensa de los consumidores es sólo aquél puramente residual no cubierto por la actuación y competencias de los órganos sectoriales. Error que deriva a su vez de configurar la legislación de consumo como una
legislación supletoria de la establecida para cada sector de producción, comercio o prestación de servicios. Lo que se logra es que la legislación de consumo y los órganos administrativos llamados a aplicarla tengan un sentido y un ámbito general y horizontal que afecta a cualesquiera bienes, servicios, actividades o funciones dirigidos a los consumidores, de modo que inevitablemente ha de atravesar a ciertas legislaciones y organizaciones administrativas sectoriales con las que debe compatibilizarse armoniosamente.
La Ley quiere aumentar las competencias locales, sobre todo de los municipios, en la protección de los consumidores. Así queda plasmado en el título III y en los lugares correspondientes del título II, según se trate de competencias de inspección, de la adopción de medidas no sancionadoras o del ejercicio de la potestad sancionadora. Lo hace no sólo para cumplir el mandato constitucional de autonomía local y para satisfacer las legítimas aspiraciones de los municipios andaluces en un ámbito que, a veces, es muy adecuado para su actuación, sino también convencida de que así se puede mejorar la actuación
administrativa e incrementar los medios personales y materiales dedicados a la protección de los consumidores y, por tanto, la posición de éstos.
Esta atribución de competencias locales, muy por encima de lo establecido en la legislación estatal supletoria, se quiere, no obstante, que quede limitada a los asuntos de consumo más específicamente locales. Así, respetando al máximo la autonomía local y teniendo en cuenta la diversa capacidad de los
municipios, se establece un sistema que no impide la ágil actuación de la Administración autonómica, que, según los casos, se desarrollará en su ámbito propio o completará o suplirá a la local, sin necesidad de complejos y formales mecanismos de sustitución o subrogación. En el fondo, late en el sistema que se instaura el principio de subsidiariedad, pero buscando sobre todo la simplicidad, la eficacia y la rapidez, articulándose mediante una fórmula de competencias concurrentes e indistintas que permitirá en todo caso que la Administración autonómica garantice un nivel homogéneo de protección en Andalucía.
OBJETO, AMBITO DE ACTUACION Y DEFINICIONES
1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, las Administraciones Públicas de Andalucía garantizarán con medidas eficaces la defensa y protección de los consumidores y
usuarios, dentro del ámbito de su competencia.
2. Las Administraciones Públicas de Andalucía velarán
especialmente y colaborarán, de acuerdo con la legislación vigente, por la defensa y protección de los consumidores y usuarios en situaciones catastróficas o de emergencia, o de perturbación grave en el abastecimiento o suministro de bienes de primera necesidad y de servicios esenciales para la
a) Consumidores y usuarios: las personas físicas o jurídicas que adquieran, utilicen o disfruten como destinatarios finales bienes o servicios. No tienen esta consideración las personas físicas o jurídicas que, sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, utilicen o disfruten bienes o servicios con el fin de integrarlos en la organización o ejercicio de una actividad empresarial, profesional o de prestación de
servicios, incluidos los públicos.
e) Organos de defensa del consumidor: los órganos
administrativos que, en las Administraciones Públicas que tienen atribuidas competencias en materia de defensa y
protección de los consumidores, ejercen dichas competencias.
f) Servicios de la sociedad de la información: aquellos servicios que, de conformidad con la normativa comunitaria y estatal y con las exclusiones que en ellas se establezcan en cada momento, se prestan, generalmente a cambio de una
remuneración, sin que las partes estén presentes
simultáneamente, por vía electrónica y a petición individual de su destinatario.
1. La efectiva protección frente a las actuaciones que por acción u omisión ocasionen riesgos o daños que puedan afectar a la salud, al medio ambiente, o a la seguridad de los
4. La constitución de organizaciones y asociaciones de
consumidores a través de las cuales ejercerán:
b) La audiencia en consulta para la elaboración de las
disposiciones de carácter general que puedan interesarles o afectarles.
7. La especial protección en aquellas situaciones de
inferioridad, subordinación o indefensión en que puedan encontrarse individual o colectivamente.
DERECHO A LA PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD
Artículo 7. Vigilancia, control e inspección de las
a) La calidad higiénico-sanitaria de los alimentos y bebidas y de los establecimientos donde se elaboren, almacenen o
expendan.
c) La seguridad y habitabilidad de viviendas y sus servicios comunitarios, tales como fluido eléctrico, gas, agua,
saneamiento y ascensor, así como prevención y extinción de incendios.
g) La accesibilidad arquitectónica, urbanística, en el
transporte y en la comunicación de las personas con
DERECHO A LA PROTECCION DE LOS INTERESES
Para la justa protección y adecuada satisfacción de los legítimos intereses de los consumidores, los órganos
competentes de la Administración de la Junta de Andalucía adoptarán las medidas precisas para:
a) Asegurar el reconocimiento y apoyo en la Comunidad Autónoma de Andalucía de las organizaciones o asociaciones de los consumidores, con vistas a su participación activa,
representación y audiencia.
b) Asistir a los consumidores en el ejercicio de su libre acceso a los bienes y servicios del mercado, en condiciones de equilibrio e igualdad, especialmente, en caso de posición de dominio en el mercado o cuando se trate de servicios
d) Solicitar de los órganos y autoridades competentes,
encargados de controlar y sancionar la actividad publicitaria, el efectivo ejercicio de sus funciones conforme a la
legislación vigente, de modo que los consumidores sean
destinatarios de una publicidad sujeta a los principios de legalidad, veracidad y autenticidad.
c) La legalidad, transparencia y accesibilidad de los precios, sean al contado o a plazos, y condiciones económicas de cualesquiera bienes o servicios que se oferten a los
consumidores, así como la participación en concursos o
similares, indicando siempre si están incluidos los impuestos. En especial:
- La claridad en los costes y comisiones que se deriven de toda clase de operaciones financieras que, siempre que sea posible y sin perjuicio de otros medios de publicidad legalmente
establecidos, habrán de ser advertidos al consumidor con carácter previo a la realización de cada concreta operación, incluso cuando ésta se realice a través de cajeros automáticos.
d) La posibilidad de acceso a los servicios de
telecomunicaciones en unas adecuadas condiciones de calidad y a la prestación de estos servicios con respeto a los derechos recogidos en esta Ley.
f) La efectividad y satisfacción del derecho de los
consumidores a un adecuado servicio técnico y a la existencia de repuestos durante el plazo mínimo legalmente establecido en la contratación de bienes de naturaleza duradera.
h) El derecho a la entrega del documento original o copia acreditativa de las transacciones comerciales o de la
correspondiente factura, contraseña, recibo, justificante, sellados y firmados, extendidos con claridad y sencillez, y debidamente desglosados. En caso de venta o contratación de bienes y servicios con carácter masivo y ordinario, se
vigilará, controlará e inspeccionará la entrega de billetes mecanizados en los que han de constar necesariamente los datos identificativos del negocio o establecimiento y los signos o claves de los bienes o servicios contratados o adquiridos.
i) La efectiva aplicación y estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la elaboración,
distribución, información, publicidad, promoción, oferta y venta de bienes y servicios.
DERECHO A LA INDEMNIZACION Y REPARACION DE DAÑOS
Los órganos de defensa del consumidor adoptarán aquellas medidas que favorezcan y promuevan la indemnización y
reparación de daños a los consumidores, incluyendo entre ellos los procedimientos voluntarios de resolución de conflictos.
b) Asistir a los consumidores frente a las prácticas, métodos y sistemas de publicidad, promoción o comunicación que atenten contra la libre y racional elección entre las ofertas
concurrentes en el mercado, sin perjuicio de la aplicación de la normativa vigente.
d) Promover y facilitar el acceso de los consumidores, a través de sus organizaciones o asociaciones, a los medios de
comunicación social de los que sea titular la Junta de
1. En defensa de los intereses colectivos de los consumidores, y de acuerdo con la normativa vigente, los sujetos responsables de la producción, comercialización, distribución y venta de bienes o prestación de servicios están obligados a ofrecer una información veraz, suficiente y comprensible sobre las
características de los mismos, los procedimientos de
contratación y todo aquello que afecte a su uso y consumo.
3. En el ámbito de los servicios de la sociedad de la
información, para los efectos de lo previsto en el presente artículo, se estará a lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, o normativa vigente en su caso, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que en materia de información se establezcan reglamentariamente.
4. Los órganos de defensa del consumidor de la Junta de Andalucía garantizarán y promoverán el derecho a la información en los términos anteriormente indicados y velarán para que los servicios, de la sociedad de la información facilitados por un prestador de servicios establecido en territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, respeten todas las
disposiciones dictadas en defensa de los consumidores.
1. En todos los establecimientos o centros que comercialicen bienes o presten servicios en Andalucía deberá estar a
disposición de los consumidores un libro de quejas y
reclamaciones, debidamente numerado y sellado por la
Administración de la Junta de Andalucía, así como carteles indicativos de su existencia en la forma establecida
Los medios de comunicación social de los que sea titular la Junta de Andalucía dedicarán espacios y programas no
publicitarios, a la información de los consumidores.
f) Recibir peticiones concretas, elevando éstas a las
autoridades competentes, a fin de modificar algunos de los servicios que prestan, o bien establecer otros nuevos si se consideran necesarios.
h) Realizar campañas informativas tendentes a conseguir un mejor conocimiento por parte de los consumidores en relación con sus derechos y obligaciones, así como desarrollar programas dirigidos a mejorar el nivel de educación específica y
formación de los mismos. Para el desarrollo de las campañas y programas podrá contarse con las propuestas y colaboración de las organizaciones o asociaciones de consumidores existentes dentro del ámbito de su actuación.
4. Queda prohibida toda forma de publicidad no institucional expresa o encubierta en las Oficinas de Información al
Consumidor a las que se refiere este artículo.
2. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará especialmente la creación de Oficinas Municipales de
La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de protección a los
consumidores, coordinará la labor de las Oficinas de
Información al Consumidor de titularidad pública y podrá prestar a las mismas el apoyo técnico y económico necesario para su implantación y funcionamiento, en los términos que reglamentariamente se determine.
DERECHO A LA EDUCACION Y A LA FORMACION
b) La divulgación del conocimiento básico y elemental del funcionamiento del mercado, así como de los medios e
instrumentos para ejercitar y satisfacer los derechos e intereses legítimos de los consumidores.
Los órganos de defensa del consumidor de la Junta de Andalucía desarrollarán y coordinarán programas de formación para educadores, consumidores y, especialmente, para los cuadros técnicos de las organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios, así como el desarrollo de actividades de
especialización para el personal de las Administraciones Públicas de Andalucía vinculado al área de consumo. Las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios serán oídas en la elaboración de los citados programas.
DERECHO DE PARTICIPACION, REPRESENTACION
Los medios de comunicación social de los que sea titular la Junta de Andalucía dedicarán en sus respectivas programaciones espacios no publicitarios, destinados a la educación y
formación de los consumidores, en la forma que
reglamentariamente se determine, pudiéndose contar para ello con colaboración las organizaciones o asociaciones de
1. A los efectos de la presente Ley, se consideran
organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios aquellas cuyo objeto social, determinado en los Estatutos de las mismas, sea la defensa, información, educación, formación, asistencia y representación de sus asociados como consumidores, así como la defensa de los intereses colectivos de los
ciudadanos en cuanto a su condición de consumidores en general.
BOJA nº 251 de 31/12/2003