Source: https://www.scribd.com/document/358133989/Amparo-Ref-3482004-Caso-Shafick-Handal
Timestamp: 2019-03-26 04:48:03
Document Index: 329283024

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 27', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 11', 'artículo 144', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 35']

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En este caso de omisión no hubo una respuesta y no hubo trámite. en diferentes días de los meses de marzo. de conformidad al artículo 23 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. a la denuncia del señor Hándal contra el periodista Moisés Urbina. por lo tanto se convierte en una omisión impugnable”. y para notificarle la imposibilidad de acceder a ciertas peticiones por escapar a la competencia de la FGR. 3. el que goza de la presunción de veracidad. uno pero. detalló otras fechas de diligencias en sede fiscal.al señor Hándal para que ampliase los conceptos expresados. abril. Posteriormente. Mediante interlocutoria del 3-VI-2004. y se pidió informe a la autoridad demandada. la presunta cita –el día 25-III-2004. el actor pidió se le admitiera la demanda y. expresó que la omisión atribuida no era cierta. Omitió actuar. 4. Al rendirlo. y escrito de evacuación de ésta. dicho funcionario anexó a su informe. a la fecha de rendimiento de dicho informe justificativo ante esta Sala -23-VIII-2004-. quien no hizo uso de la misma. en relación al señor Urbina. en primer lugar. En ese sentido. corresponde al actor 2 . y se pidió informe justificativo a la autoridad demandada. Sin embargo. se declarara ha lugar al amparo solicitado. se confirmó la denegativa a suspender los efectos del acto reclamado. en sentencia definitiva.absolutamente nada. negó la tardanza imputada en la tramitación de ésta en sede fiscal detallando las diligencias que se llevaron a cabo luego de su interposición. es decir no se dio el acto que tenía que haberse dado. de la prevención efectuada por el mencionado juzgado. mayo y junio de dos mil cuatro. se admitió la demanda presentada contra la omisión del Fiscal General de la República de resolver las denuncias interpuestas por el señor Hándal. y al respecto. Por todo ello. 2. el Fiscal General admitió que aún no se había presentado la acción penal pertinente. se confirió audiencia al Fiscal de la Corte. el funcionario demandado se refirió. se declaró sin lugar la suspensión del acto reclamado. Por auto del 15-VII-2004. tales como requerimiento a medios de comunicación privados a fin de que remitiesen ciertas pruebas videográficas en relación a los hechos denunciados por el señor Hándal. visto el informe rendido por el Funcionario demandado. Se confirieron los traslados que ordena el artículo 27 de la Ley de Procedimientos Constitucionales al Fiscal de la Corte y a la parte actora. al rendirlo. copia de la acusación presentada ante el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. a la fecha no existe prueba de lo afirmado por él y. entre las que se encuentran. según el funcionario demandado. quien. Respecto del señor Menjívar. El Fiscal de la Corte manifestó “No obstante lo planteado por el impetrante en su demanda de fs.
citó jurisprudencia de esta Sala en relación al derecho de petición y la obligación correspondiente de resolver la misma. ello “no era bajo ningún punto de vista legal. período dentro del cual el Fiscal General de la República amplió sus argumentos en el sentido de manifestar que aunque el señor Hándal. ciertamente. se abrió a pruebas el presente proceso por el plazo de ocho días. 3 . al Fiscal de la Corte. ciento cincuenta y dos días después de interpuesta mi denuncia. El hecho que el señor Fiscal General de la República presente a estas alturas detalle de diligencias realizadas en el proceso en referencia.la carga de la prueba. la Fiscalía no tiene plazo para presentar un requerimiento a menos que se trate de un imputado presente. y acceso oportuno a la justicia (sic) (…) una justicia tardía. un plazo de observancia para la Fiscalía. resulta ser un rostro maquillado de una injusticia cometida”. es decir. lo cual no era el caso”. ni disculpa su irresponsabilidad e ilegalidad cometida en mi contra. es decir. además. Para reforzar sus argumentos. Además. 5. incoó sus denuncias en el marco de la campaña presidencial del año dos mil cuatro. no le exime bajo ninguna razón. Por su parte. providencia en la cual. así como también refutó los alegatos expuestos por la autoridad demandada manifestando. así como al efectivo y pronto reconocimiento de los derechos constitucionales de los gobernados. para poder así determinar si le han sido violados los derechos diz que infringidos”. es de llamar la atención a esta Honorable Sala que éstas datan del treinta de julio del año dos mil cuatro. sobre la base de que ya había presentado requerimiento al Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador y que había realizado una serie de diligencias que no reflejaban inactividad. Mediante providencia pronunciada a las quince horas con cinco minutos del día 15-X-2004. pidió se sobreseyera el proceso. es una concepción evidentemente política de un plazo inexistente. dicha petición fue rechazada por esta Sala mediante auto del 18-XI-2004. mucho menos Constitucional. procesalmente hablando. en lo pertinente: “corresponde imperativamente a la FGR ejercer en tiempo y forma la acción penal correspondiente. al realizar una omisión al goce de mis derechos constitucionales de petición y respuesta. quien se limitó a ratificar los conceptos vertidos en su anterior intervención. se confirió el traslado que ordena el artículo 30 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. y si bien es cierto. Sin embargo. el impetrante presentó un escrito en el cual insistió en los argumentos expresados en anteriores etapas del proceso. 22 al 26) ya se iniciaron diligencias ante el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. más bien. tal como se evidencia en el proceso (fs. fecha a la cual ya había finalizado la campaña electoral y se había realizado la votación para elegir al Presidente de la República.
dada la complejidad de los hechos denunciados por el peticionario de este amparo. La Ley de Procedimientos Constitucionales en su artículo 31 No. si bien existieron dilaciones en la presentación de las respectivas denuncias a la instancia judicial. ha cumplido con su obligación constitucional. específicamente. es pertinente hacer referencia a las implicaciones jurídico-procesales que suscita para el amparo tal hecho sobreviniente. II. al evacuar su traslado. Tal como se ha indicado en el Considerando anterior. argumentando. A continuación. El peticionario presentó un escrito en el que. en esencia. el impetrante reclamó contra las actuaciones del Fiscal General de la República de retrasar injustificadamente la presentación en sede judicial de dos denuncias por él presentadas contra dos ciudadanos a quienes acusó de calumniarlo y dañar gravemente su honor e imagen. además de lo ya indicado. dentro del contexto de la campaña electoral de 2004. precisamente por que (sic) este funcionario. se confirieron los traslados correspondientes a esta fase del proceso al actor. 6. y si tal contexto se da en el proceso de elecciones ¿por qué inhibirse de proceder legalmente para alcanzar una pronta y cumplida justicia?”. Con esta última intervención quedó el presente proceso en estado de pronunciarse sentencia definitiva. 1. Por su parte. amplia y pormenorizadamente. reiteró los argumentos vertidos en anteriores fases del proceso. y al respecto. y a la autoridad demandada. el Fiscal General de la República. sino que efectivamente cuando la realidad lo exige. ha negado la infracción constitucional reclamada. esto se debió a la necesidad de realizar diversas diligencias en sede fiscal. que: “(…) si el Fiscal cree que él puede discrecionalmente establecerse los plazos para requerir ante los tribunales se equivoca. previo a dictar la decisión que habrá de sustentarse en esta sentencia. Accionar la justicia y defender la legalidad no son tareas que se realizan cuándo (sic) un funcionario lo crea pertinente. la existencia de procesos penales frutos de la elevación a sede judicial de las denuncias presentadas por el señor Hándal. reiteró su resistencia a la pretensión planteada. el 25-I-2005. esta Sala advierte el hecho notorio del fallecimiento del demandante acontecido el día 24-I-2006. 2. además todas las investigaciones que se efectuaron en torno a la pretensión del señor Hándal. se ha desvanecido la pretensión planteada por el señor Schafik Jorge Hándal Hándal. manifestando. en su oportunidad fueron judicializadas obteniendo los resultados supra relacionados”. por lo cual afirmó: “Conforme a los elementos vertidos ante vuestra autoridad. 6 establece que el proceso de amparo es susceptible de ser finalizado mediante una sentencia inhibitoria como es el sobreseimiento por “fallecimiento del agraviado si el acto reclamado afectare 4 . pues ha basado sus argumentos en que. Por su parte. No obstante lo expuesto. en su calidad de autoridad demandada. el Fiscal General de la República en funciones.
con lo establecido en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder. 5 . Dentro de este marco. lo cual le vulneró su derecho fundamental de acceso a la jurisdicción. que hubiese existido una actividad fiscal que reparara el acto reclamado. es decir. así como también para los efectos objetivos de este amparo. Además. En este caso particular. y en perspectiva. en vida. se configura como uno de los derechos que comparten dicha doble dimensión. es decir por el rol que cumplen dentro del Estado Constitucional de Derecho como elementos esenciales fundamentadores del ordenamiento jurídico. el derecho de acceso a la jurisdicción cuya violación se le atribuye a la autoridad demandada. ello para los efectos subjetivos de la sentencia. debido a que es una obligación del Estado proveer protección jurisdiccional. al mismo tiempo. objeto de tutela por su connotación objetiva. lo que amerita su respectiva tutela no sólo para restablecer el derecho en la esfera jurídica del demandante sino para tutelar la norma constitucional que lo contiene. presentó el demandante en sede fiscal. esta Sala no puede obviar dictar una sentencia de fondo pronunciándose sobre el agravio planteado. por cuanto si la lesión ha sido oportunamente reclamada ante esta Sala por el demandante sin que exista prueba de que sus efectos hayan cesado. no se trata de un derecho cuya pretensión de tutela termina con el vacío de titularidad que deja el fallecimiento de la persona que ha promovido la protección constitucional. en su momento. además.únicamente a su persona”. se constituyó en el titular de derechos y se proyecta en aquéllos que representan su sucesión. es menester señalar que si bien los derechos fundamentales son objeto de protección constitucional a través del proceso de amparo por su propia dimensión subjetiva. a fin de obtener la tutela frente al daño que los denunciados presuntamente le propiciaron a su honor e imagen. la cual establece que el resarcimiento por una vulneración a sus derechos procede a favor de las víctimas y de sus familiares. éstos son. 3. En ese sentido. adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29-XI-1985. como derecho del pretensor de poder acceder a la jurisdicción para obtener la defensa de sus demás derechos -como en este caso su honor e imagen-. en orden a declarar si con el reclamo constitucional se vulneró la normativa constitucional. por su propia esencia. como régimen jurídico del Estado Constitucional de Derecho. dado que la memoria de quien pretendió el amparo es una prolongación de quien. el acto reclamado consiste en la tardanza injustificada por parte del Fiscal General de la República de someter a los tribunales ordinarios las denuncias que.
corresponde delimitar el esquema al que se sujetará el estudio de la queja planteada. sino un derecho de prestación. en su caso. 15 y 172 Cn. esto es. para que. por lo que sólo puede ejercerse por los cauces que el legislador 6 . resulta violatoria del mencionado derecho. III. 11. En ese sentido.” El precedente jurisprudencial citado establece también que: “Entre los aspectos esenciales que comprende el derecho al acceso a la jurisdicción podemos señalar: (a) el libre acceso al órgano judicial -entiéndase tribunales unipersonales o colegiados-. se conceda a las partes la posibilidad de ejercer todos los derechos. 1. (b) obtener del ente jurisdiccional una decisión motivada y fundada en derecho. Hecha la consideración anterior. lo cual se concreta en el derecho a ser parte en un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas. y consiste en el derecho que toda persona tiene a acceder a los tribunales -a través de las vías legalmente establecidas- para la defensa de sus demás derechos. y 2) verificar si la actividad desarrollada por el Fiscal General de la República respecto de las denuncias que le fueron planteadas por el señor Hándal Hándal. fue la pronunciada por esta Sala a las diez horas del día 9-II-1999 en el proceso de amparo 384-97 en la que. con el propósito de obtener una resolución motivada y fundada en derecho. ejercitable sin más y directamente a partir de la Constitución. tratándose de un derecho prestacional de configuración legal. el primer contenido del derecho a la tutela judicial lo constituye el acceso a la jurisdicción. que conlleva la obligación del Estado de crear las condiciones legales. textualmente se expuso que tal derecho “se deriva de los Arts. obligaciones y cargas procesales que el mismo implique. Una de las sentencias que cabe destacar sobre el contenido y alcances del derecho de acceso a la jurisdicción. la mencionada Declaración prescribe: « 2: En la expresión "víctima" se incluye además. puedan defender sus derechos. siempre y cuando se haga por las vías legalmente establecidas. (c) que en el proceso. Es así como el derecho de acceso a la jurisdicción no es un derecho de libertad. (d) que el fallo pronunciado efectivamente se cumpla”. Por su parte. judiciales y administrativas necesarias para el acceso real y expedito a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva. según el siguiente orden: 1) Analizar los rasgos jurisprudenciales del derecho al acceso a la jurisdicción. desde su propia posición. (La itálica es nuestra). y. a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización» (La itálica es nuestra).
en el caso contra el señor Rafael Menjívar.no es sólo un derecho fundamental de carácter inderogable sino. el Fiscal de la República argumenta no estar sujeto a plazo alguno para la presentación de los requerimientos respectivos pues ello depende de la complejidad del caso. uno de los preceptos desde donde se deriva el acceso a la jurisdicción es el artículo 11 de la Constitución. y asegura haber realizado una serie de exhaustivas diligencias de investigación pre procesal en sede fiscal y que supuestamente habrían ocasionado los retrasos en elevar las denuncias del señor Hándal a los tribunales. cuya interpretación puede complementarse a la luz de lo establecido en los tratados internaciones ratificados por El 7 . el derecho de acceso a la jurisdicción. De la prueba agregada a este expediente judicial se tienen copias de las denuncias presentadas por el actor de este proceso ante la Fiscalía General de la República en contra de los señores Rafael Menjívar y Moisés Urbina. respectivamente. también. en nuestro ordenamiento jurídico. ante el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. desde la fecha de presentación de las denuncias del señor Hándal en la FGR hasta que éstas fueron llevadas a los tribunales.en relación al caso del señor Moisés Urbina. el derecho reclamado en este amparo -acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción. el 25-II-2004. respectivamente. En ese sentido. por ende. se encuentra agregada copia del requerimiento fiscal presentado por el fiscal auxiliar. En este punto es necesario hacer énfasis en el derecho por el cual reclama el peticionario. lo cual también vale para la Fiscalía General de la República. el 29-X-2004. esto es.establece. Asimismo. es decir que no podrá ejercitarse al margen de los cauces y del procedimiento legalmente establecidos. y tal como se expuso en el numero 1 de este considerando. Miguel Ángel Escobar Guerrero. 2. aparece fotocopia del dictamen de sobreseimiento solicitado por el ya mencionado agente del Ministerio Público y por otro fiscal auxiliar -señor Tovías Armando Menjívar Tovar. un principio del orden constitucional y del Estado de Derecho mismo. Al respecto. en la vertiente de protección jurisdiccional penal. firma y sello de recibido en dicha entidad del Ministerio Público. 3. El escrito mencionado tiene fecha de recibido en el Tribunal Quinto de Sentencia de esta ciudad. constituye una garantía procesal fundamental del debido proceso y. el día 30-VII-2004. la cual tiene fecha de recibido en dicho juzgado. Además. y las que detalla ampliamente en su informe justificativo. cuyo respeto es obligatorio para todos los órganos del Estado. De lo expuesto. Bajo las premisas expuestas se concluye que. las cuales tienen fecha. se observa que transcurrieron más de cinco y ocho meses.
1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Al respecto. sin causa ni justificación alguna.Salvador. aplicarse de forma igual en todos los procesos constitucionales. Por otra parte. que deberá determinarse si las dilaciones en el proceso obedecen a la inactividad del ente estatal que. Así. es decir. en el presente caso. mas no presenta ni una sola prueba que certifique la realización de las mismas. fiscal o de cualquier otro carácter”. la actividad del órgano respectivo. ii) el comportamiento del impetrante y. la jurisprudencia de esta Sala ha interpretado que se invierte la 8 . Asimismo. ello como una consecuencia de la fuerza normativa que el artículo 144 de la misma norma primaria otorga a los mencionados instrumentos. pues no puede merecer el calificativo de indebida una dilación que ha sido provocada por el propio actor. en el caso que nos ocupa. Toda persona tiene derecho a ser oída. o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil. con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. con relación al plazo razonable. prescribe: “Garantías Judiciales. pues una respuesta tardía a la búsqueda de justicia es susceptible de traducirse en una respuesta ineficaz. Todo lo anteriormente expuesto se relaciona con el denominado “Principio de intervención oportuna del Estado”. además. es decir. En concordancia con lo anteriormente señalado. se tiene que el artículo 8. de las partes. la complejidad fáctica de un litigio que implica la necesidad de realizar distintas diligencias y recibir múltiples pruebas. (La itálica y el resaltado son nuestros). en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. independiente e imparcial. haya dejado transcurrir el tiempo sin impulsar el procedimiento. Para el caso en análisis. enlazado. respecto a lo señalado por el Fiscal de la Corte en relación a que la carga de la prueba “le corresponde al actor” es necesario aclarar que tal afirmación no puede. y tal como quedó expuesto supra. debe recalcarse que el peticionario reclama contra la inacción del funcionario demandado. en absoluto. sin emitir su resolución de fondo. con el derecho a la protección jurisdiccional o tutela judicial efectiva prescrito en el artículo 2 inciso 1º de la Constitución. en general. omitiendo adoptar medidas adecuadas para conceder la satisfacción real y práctica de las pretensiones. es decir. prescindiendo de la naturaleza del acto u omisión reclamada. laboral. y iii) finalmente. 1. a fin de examinar la existencia o no de dilaciones indebidas o injustificadas deben considerarse las siguientes circunstancias: i) la complejidad del asunto. por un juez o tribunal competente. el Fiscal General de la República se limita a mencionar las supuestas diligencias que motivaron el retraso en la presentación de las denuncias del señor Hándal a sede judicial. establecido con anterioridad por la ley.
omisión atribuible al Fiscal General de la República. en lo que a la vulneración al derecho de acceso a la jurisdicción se refiere. Determinada la violación constitucional en la actuación del Fiscal General de la República. dicho efecto 9 . tal como lo establece la Constitución. sin embargo. esto no se convertía en un condicionante al ejercicio de la acción penal por parte del Fiscal General de la República. tal como él lo señaló en su demanda. Cuando este tribunal reconoce en su sentencia la existencia del agravio reclamado. la consecuencia jurídica estriba en reparar el daño causado restaurando las cosas al estado en que se encontraban antes del acto violatorio. que es la primera garantía del debido proceso legal. restableciendo al demandante en el pleno uso y goce de sus derechos violados. como en este caso. en consecuencia. incluso. declarar ha lugar al amparo a favor del señor Schafik Jorge Hándal Hándal. Por ello. que la inexistencia de plazo para la presentación del requerimiento en sede judicial no se convierte en una facultad para que el Fiscal General de la República o sus agentes auxiliares pongan en marcha el Órgano judicial cuando quieran. Finalmente.luego de la promoción de este amparo. y aunque lo pretendido por parte del actor era obtener tutela judicial sobre su honor e imagen dentro de la campaña electoral mencionada en la que él era candidato a la Presidencia de la República. si bien. IV.esto no significa que el Fiscal pueda presentar el requerimiento respectivo con excesiva discrecionalidad. Por todo lo ampliamente señalado. tal como lo acota la autoridad demandada. en su primer inciso. la actuación impugnada se trata no de una acción sino de una omisión. sí es cierto que la dilación no se justifica pues. Dichas razones imponen estimar la pretensión planteada y. procede establecer el efecto restitutorio de la sentencia estimatoria. Y es que. el artículo 35 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. aunque las peticiones del impetrante fueron presentadas posteriormente y respondidas desfavorablemente por el órgano jurisdiccional. se colige la existencia de retrasos no justificados en presentar las denuncias del señor Hándal ante el sistema judicial. señala. debe enfatizarse que. ignorando el derecho que toda persona tiene del acceso a la jurisdicción. que no era el caso.carga de la prueba cuando. continuó dos y cinco meses después -respecto de cada denuncia. no existe en la ley un plazo definido para presentar el requerimiento ante los tribunales -salvo cuando se trata de imputado detenido. justa y cumplida. el tiempo para su presentación fue evidentemente excesivo en proporción con las denuncias mismas. y la obligación del Estado de proveer la protección jurisdiccional y tutela judicial efectiva de forma pronta. es decir. a fin de llevar a cabo una contienda libre de calumnias.
lo que impide una restitución material. 10 . lo que debe entenderse como un efecto alternativo del físico o material. como efecto restitutorio de la presente sentencia. Dicha disposición. se colige que el acto reclamado se consumó totalmente. esta Sala FALLA: (a) Declárase ha lugar al amparo solicitado por el señor Schafik Jorge Hándal Hándal contra actuaciones del Fiscal General de la República. por parte del Fiscal. a nombre de la República y en aplicación de los artículos 11.como consecuencia normal y principal de la sentencia estimatoria. esto no eliminó la omisión. dejó transcurrir injustificadamente ciento cincuenta y cinco días. oportunamente. Dichas denuncias. según las pruebas documentales analizadas. y (c) Notifíquese. (b) Ha lugar a la indemnización de daños y perjuicios respectiva.---PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN---E. expedita la acción indemnizatoria correspondiente a favor de sus familiares. lo que redunda a su vez. sobre la base de las razones expuestas. en los términos indicados. como ha quedado probado. De esta manera. 34 y 35 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. fueron presentadas por su persona ante el Fiscal General de la República. pues. que opera ante la eventualidad de no poderse reparar materialmente la lesión causada.---R. en el caso del señor Urbina. por ello.E. tal como se ha señalado. BLANCO R. es decir. SOCORRO C.15. POR TANTO. quedando. el actor reclamó por la tardanza injustificada de la presentación en sede judicial de las denuncias que. E. se presentaron y resolvieron por el juez respectivo. y doscientos cuarenta y seis días. MELÉNDEZ--.--- RUBRICADAS. en el restablecimiento del orden constitucional violado. por violación a su derecho de acceso a la jurisdicción. ---F. GONZÁLEZ B.33. S. En este caso particular. 172 y 182 ordinal 5º de la Constitución y artículos 32. en el caso de la acusación contra el señor Menjívar. en presentar con celeridad los requerimientos debidos. también señala que en caso que el acto reclamado se hubiese ejecutado en todo o en parte. sin embargo. habrá lugar a una indemnización de daños y perjuicios.
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