Source: https://comitegenero.tecdmx.org.mx/index.php/documentos/
Timestamp: 2020-08-05 01:36:34
Document Index: 362129335

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 29', 'artículo 293', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 1']

Documentos, Sentencias y Jurisprudencia – CGDH
– Documentos, Sentencias y Jurisprudencia
Comité de Derechos Humanos y Género
Documentos, Sentencias y Jurisprudencia.
Formato para Promover Juicio para la Protección de los Derechos Político- Electorales de la Ciudadanía.
Acta de instalación del Grupo de Igualdad Laboral y No Discriminación. Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015.
Política de Igualdad Laboral y No Discriminación del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
Manual de Operación del Comité de Género y Derechos Humanos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
Código de Ética del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
Lineamientos en materia de derechos humanos, género y protección a grupos en situación de vulnerabilidad del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
Lineamientos para la asignación de espacios exclusivos a mujeres en condición de embarazo y personas con discapacidad.
Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres con elementos de género, en el ámbito de competencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
Guía para la protección de los derechos político electorales de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México.
Manual para el uso del Lenguaje Neutro, Incluyente y No Sexista del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
Guía de orientación para la protección de los derechos político-electorales de las mujeres en la Ciudad de México.
Guía informativa sobre los derechos político-electorales de la juventud en la Ciudad de México.
Guía para la protección de los derechos político-electorales de la población de atención prioritaria en la Ciudad de México.
Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.
Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas.
Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes.
Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes 2a. Versión.
Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas Con Discapacidad.
Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional.
Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género.
Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Asuntos que Involucren Hechos Constitutivos de Tortura y Malos Tratos.
Primer Informe de Actividades del Comité de Género y Derechos Humanos del TECDMX 2017-2018.
Informe Anual de la Coordinación de Derechos Humanos y Género 2017.
EXPEDIENTE: TEDF-JEL-001/2017.
POBLACIÓN QUE SE TUTELA: Mujeres.
RESUMEN DE CRITERIOS RELEVANTES: Se consideran inexistentes y quedan sin efectos legales, la renuncia y su ratificación, presentadas ante la Dirección Distrital para separarse del cargo de una Coordinación interna de un Comité Ciudadano en la CDMX, cuando quienes las presenten sean mujeres y se acredite jurídicamente que fue a causa de violencia política de género, por discriminación en razón de género, ya que se está ante un despojo de un cargo público de representación para el cual fue electa, generado por presión masculina, reflejada mediante insistencias, acoso y amenazas.
EXPEDIENTE: TECDMX-JLDC-034/2018.
RESUMEN DE CRITERIOS RELEVANTES: Cuando una mujer denuncie que fue considerada no idónea para ocupar una candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por el solo hecho de ser mujer y que además denuncie actos discriminatorios, acoso laboral y amenazas en contra de su “persona, salud y trabajo” el TECDMX debe resolver, juzgando con perspectiva de género y atendiendo al contenido del Protocolo para atender la Violencia Política contra las Mujeres del TECDMX; al Protocolo para la atención de la Violencia Política contra las mujeres en razón de género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Para mayor referencia véase el voto particular de la Magistrada Martha Alejandra Chávez Camarena, emitió en la presente sentencia.
EXPEDIENTE: TECDMX-JLDC-048/2017.
RESUMEN DE CRITERIOS RELEVANTES: La omisión de los partidos políticos (en este caso MORENA) de aplicar su procedimiento interno sancionador tal cual esta establecido, tiene como consecuencias su reposición por falta de legalidad y la modificación de las sanciones impuestas, aún y cuando versen, sobre violencia interpartidista donde alguien del género masculino genere violencia en contra de alguien del género femenino del mismo partido, debido al acercamiento corporal de forma lasciva en su perjuicio y por agresión física hacia su persona.
EXPEDIENTE: TECDMX-JEL-003/2017 y TECDMX-JEL-004/2017 acumulados.
POBLACIÓN QUE SE TUTELA: Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la CDMX.
RESUMEN DE CRITERIOS RELEVANTES: Es de observancia obligatoria para el Consejo General del Instituto Electoral de la CDMX, las propuestas hechas por los Pueblos y Barrios originarios, así como de las Comunidades Indígenas en la Ciudad de México, cuando se realice delimitación territorial de las circunscripciones capitalinas y esto, les afecte en sus derechos territoriales emergidos de su derecho de libre determinación.
EXPEDIENTE: TECDMX-JLDC-601/2017.
RESUMEN DE CRITERIOS RELEVANTES: Excepción al cumplimiento del requisito legal consistente en integrar fórmulas con personas del mismo género, cuando los ciudadanos sean aspirantes a candidatos sin partido político, sin que medie violación a la paridad de género cuando en la fórmula propuesta, el propietario sea hombre y la suplente sea mujer, debido a una correcta aplicación del control de constitucionalidad.
EXPEDIENTE: TECDMX-JLDC-598/2017.
RESUMEN DE CRITERIOS RELEVANTES: En las denuncias de violencia política contra las mujeres en razón de género con matices de tipo sexual, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre los hechos denunciados, por lo que, no puede considerársele un medio probatorio insuficiente, ya que, este tipo de violencia se produce en ausencia de otras personas, conociéndola solo la víctima y el/la agresor/a, por lo que es posible que existan únicamente, leves indicios sobre su existencia; por ello, en este tipo de denuncias, la presunción de inocencia de el/la agresor/a no prevalece sobre la presunción de veracidad de la declaración de la víctima, por lo que, para desvirtuar tal declaración se necesita de una serie de diligencias e investigaciones, así como la presentación de pruebas idóneas que prueben la inocencia de el/la agresor/a.
EXPEDIENTE: TEDF- JLI-004/2016.
RESUMEN DE CRITERIOS RELEVANTES: La sola enunciación de discriminación, violencia y hostigamiento laboral en contra de una mujer en un juicio para dirimir conflictos laborales entre el Instituto Electoral del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y las personas que laboran en él, no es suficiente para acreditar que estas situaciones hayan existido y que fueran determinantes para que la mujer haya sido orillada a renunciar forzadamente a su cargo público, sino que a la par se deben aportar los medios probatorios para demostrar tales aseveraciones.
EXPEDIENTE: TECDMX-JEL-123/2018.
RESUMEN DE CRITERIOS RELEVANTES: El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, resolvió que la renuncia y la ratificación de la misma presentadas por la fórmula de candidatas (propietaria y suplente) del partido Nueva Alianza para dejar de contender por una diputación en el Congreso de la Ciudad de México en el proceso electoral 2017-2018, fueron hechas con motivo de un acto viciado de violencia (amenazas en contra de la candidata propietaria y de su familia), motivo por el cual, dejaba sin efectos legales tal renuncia y su respectiva ratificación, aún y cuando, el Instituto Electoral de la Ciudad de México las había aceptado y declarado procedentes.
EXPEDIENTE: TECDMX-JEL-072/2018.
POBLACIÓN QUE SE TUTELA: Personas con Discapacidad.
RESUMEN DE CRITERIOS RELEVANTES: La sentencia resolvió acerca de un impedimento, que le causaba agravio a un servidor público eventual del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), por restringirle su participación en una convocatoria que el mismo Instituto en comento expidió para la contratación de personal para cubrir diferentes áreas, a las cuales no pertenecía el actor, pero se encontraba interesado en ellas. El TECDMX resolvió que, la impartición de justicia en materia electoral, que implicará a personas con discapacidad, debe desempeñarse mediante una perspectiva de discapacidad, la cual, consiste, en observar sus derechos siguientes: de Igualdad y no discriminación, de igual reconocimiento como persona ante la ley, de accesibilidad, de participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad y de acceso a la justicia; así mismo, deben considerarse los principios del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en casos que involucren Derechos de Personas con Discapacidad. Por último, externó que, aún y cuando el actor no fungió como parte promovente en las sentencias que dejaron sin efectos el lineamiento que prohibía la participación de funcionario eventuales del IECM, si se le aplicarían dichos efectos, en razón de que, el TECDMX en su carácter de máximo órgano jurisdiccional electoral en la CDMX, tiene el deber de garantizar el principio de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad.
EXPEDIENTE: TECDMX-JLDC-108/2018 .
POBLACIÓN QUE SE TUTELA: Mujeres Acciones afirmativas, paridad y sobrerrepresentación.
RESUMEN DE CRITERIOS RELEVANTES: Se trata de una sentencia en donde se resuelve la impugnación de un acuerdo (CD 08/ACU-14/2018) emitido por el Consejo Distrital 08 del Instituto Electoral de la Ciudad de México a través del cual se realizó la asignación de Concejalías por el principio de representación proporcional en la demarcación territorial de Tláhuac. La inconformidad consistió en una indebida aplicación de la asignación paritaria en la integración de las concejalías para la Alcaldía en cita, en donde a una fórmula integrada por mujeres (pertenecientes al partido PRI) fue excluida para la designación de concejalía; debido a que, el Consejo Distrital antes enunciado determinó que, al habérsele otorgado ya dos concejalías de las cuatro por asignar a fórmulas integradas por el género femenino, le correspondían al género masculino las dos concejalías restantes, por esta razón, se omitió considerar a la formula excluida para ocupar una concejalía, aún y cuando en el orden de la lista de representación proporcional se encontraba en primer lugar a diferencia de la formula asignada que se encontraba en segundo lugar (integrada por el género masculino) pretextando una sobrerrepresentación del género femenino. Ante la situación descrita, el TECDMX resolvió que, la designación de concejalías por representación proporcional en la Ciudad de México, debe apegarse al principio de paridad de género, sin embargo, cuando quienes las hayan obtenido en mayor número sean mujeres, no se puede alegar la existencia de sobrerrepresentación, ni se deben realizar ajustes para la designación de tales Concejalías, invocando a la misma paridad de género, ya que esta, en esencia fue instituida con la finalidad de impulsar a la mujer en el terreno político (a diferencia de los hombres que históricamente han estado posicionados en el ámbito político, por esta razón, cuando existe sobrerrepresentación masculina, si es procedente el ajuste en la distribución de cargos , más no así en el caso de mujeres porque se atenta contra la naturaleza misma de las acciones afirmativas). Lo anterior es así, debido a que, históricamente la mujer ha sido excluida sistemáticamente de la vida política del país, motivo por el cual, se instauraron acciones afirmativas en su favor para maximizar su participación política, esto como resultado de la obligatoriedad de la adopción de medidas especiales de carácter temporal o del establecimiento de tratamientos preferenciales dirigidos a favorecer la materialización de una situación de igualdad material de las mujeres; lo cual se construirá, observando los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. De igual manera el Tribunal se pronunció mencionando lo siguiente:
Cuando se trate de la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres se debe atender la interpretación conforme al principio de paridad de género, al mandato de igualdad y no discriminación, así como, al derecho de las mujeres al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad.
Una interpretación de las disposiciones que establecen una cuota de género u otra medida afirmativa en términos estrictos o neutrales sería contrario a la lógica de efecto útil y a la finalidad de las acciones afirmativas, las cuales no se limitan a un aspecto cuantitativo sino –preponderantemente– cualitativo, pues se reducirían las posibilidades de que las mujeres desempeñen cargos de elección popular.
Nota: Los criterios emitidos en la presente sentencia a favor de la paridad de género y de la perspectiva de género, fueron emitidos por la Magistrada Martha Alejandra Chávez Camarena en el engrose que realiza en la presente. de igual manera se señala que esta sentencia guarda un sentido similar con la sentencia TECDMX-JLDC-120/2018
EXPEDIENTE: TECDMX-JLDC-120/2018.
RESUMEN DE CRITERIOS RELEVANTES: En esta sentencia se resuelve la impugnación de un acuerdo (CD 17/ACU-015/2018) emitido por el Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México a través del cual se realizó la asignación de Concejalías por el principio de representación proporcional en la demarcación territorial de Benito Juárez. La inconformidad consistió en una indebida aplicación de la asignación paritaria en la integración de las concejalías para la Alcaldía en cita, en donde a una fórmula integrada por mujeres (pertenecientes al partido PRI) fue excluida para la designación de concejalía; debido a que, el Consejo Distrital antes enunciado determinó que, al habérsele otorgado ya dos concejalías de las cuatro por asignar a fórmulas integradas por el género femenino, le correspondían al género masculino las dos concejalías restantes; por esta razón, se omitió considerar a la formula excluida para ocupar una concejalía, aún y cuando en el orden de la lista de representación proporcional se encontraba en primer lugar a diferencia de la formula asignada que se encontraba en el segundo lugar (integrada por el género masculino) pretextando una sobrerrepresentación del género femenino. Ante la situación descrita, el TECDMX resolvió que, la designación de concejalías por representación proporcional en la Ciudad de México, debe apegarse al principio de paridad de género, sin embargo, cuando quienes las hayan obtenido en mayor número sean mujeres, no se puede alegar la existencia de sobrerrepresentación, ni se deben realizar ajustes para la designación de tales Concejalías, invocando a la misma paridad de género, ya que esta, en esencia fue instituida con la finalidad de impulsar a la mujer en el terreno político (a diferencia de los hombres que históricamente han estado posicionados en el ámbito político, por esta razón, cuando existe sobrerrepresentación masculina, si es procedente el ajuste en la distribución de cargos , más no así en el caso de mujeres porque se atenta contra la naturaleza misma de las acciones afirmativas). Los argumentos vertidos por el Tribunal para llegar a la conclusión expuesta son los siguientes:
La paridad es una medida de igualdad sustantiva y estructural que pretende garantizar la inclusión de las mujeres, su experiencia e intereses en los órganos de elección popular dentro de los cuales tienen lugar los procesos deliberativos y se toman decisiones respecto del rumbo de un país.
El principio de igualdad previsto en el artículo 4º de la Constitución Federal, debe entenderse como una aspiración para erradicar la desigualdad histórica que han sufrido las mujeres en nuestro país.
Cuando se trate de la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres se debe atender la interpretación conforme al principio de paridad de género, al mandato de igualdad y no discriminación, así como, al derecho de las mujeres al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad, ya que, existe la obligación de la adopción de medidas especiales de carácter temporal o del establecimiento de tratamientos preferenciales dirigidos a favorecer la materialización de una situación de igualdad material de las mujeres.
La finalidad de las medidas especiales de carácter temporal debe ser: “la mejora de la situación de la mujer para lograr su igualdad sustantiva o de facto con el hombre y realizar los cambios estructurales, sociales y culturales necesarios para corregir las formas y consecuencias pasadas y presentes de la discriminación contra la mujer, así como compensarlas”.
Entender la paridad de género en sentido estricto no implicaría solamente el establecimiento de un piso mínimo para la participación política de las mujeres, sino también un techo, lo cual sería contrario a las finalidades mismas de las acciones afirmativas, y a la noción de paridad flexible que se apega más a la finalidad que se persigue con las mismas.
Nota: La presente sentencia guarda un sentido similar con la sentencia TECDMX-JLDC-108/2018.
RESUMEN DE CRITERIOS RELEVANTES: Esta sentencia se emitió para resolver en esencia sobre la pretensión de nulidad de algunas casillas y sobre la nulidad de la elección en Coyoacán en el proceso electoral 2017-2018, sin embargo, al solicitar la nulidad de elección es cuando se aborda el tema de violencia política de género contra una mujer. Se alegaba que la violencia se había perpetrado de manera sistemática, pública y alevosa, en contra de la candidata común de la coalición “Juntos Haremos Historia”, a través de diversos medios como volantes repartidos en la calle, carteles colocados en la vía pública, y publicaciones y videos en redes sociales. Lo anterior ya que, a lo largo de los meses de campaña se difundieron imágenes y videos calumniosos y denostativos en los que se vertieron descalificaciones (guerra sucia) contra la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” por su trayectoria como actriz pretendiendo estereotiparla dentro del género del cine mexicano denominado “cine de ficheras”. Lo anterior usando la imagen física y desnuda del cuerpo de la candidata en cita de manera descontextualizada, y realizándose calumnias en un programa de radio (En la Noticia, conducido por Miguel Ángel López Farías en la estación de radio ABC Radio 760 AM) con lo que se denigro la participación política de la candidata a lo largo de su carrera, y se menoscabó su dignidad al hacerla pasar ante el electorado como una persona irresponsable y corrupta. En consecuencia, a las situaciones expuestas, el TECDMX resolvió que:
Se consideraba fundado el agravio de violencia política de género, ya que se advirtió de la existencia de actos que presumiblemente implicaron intimidación y ataques en la imagen y honra de la ciudadana candidata común de la coalición “Juntos Haremos Historia” mismos que impactaron negativamente en el ejercicio de sus derechos político-electorales.
Consideró que se había acreditado la existencia de hechos que pretendieron minimizar el ejercicio del derecho de la ciudadana en cita a ser votada y a participar en la contienda comicial del primero de julio de 2018.
No consideraba que las acciones constitutivas de violencia política de género se hayan suscitado de manera sistemática, generalizada y grave en toda la demarcación territorial de Coyoacán, por lo cual resultaba improcedente la pretensión de las partes actoras de que se declarara la nulidad de elección.
Se diera vista a la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de asuntos especiales, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigaran, dieran seguimiento y en su caso sancionaran los actos de violencia política de género perpetrados en contra de la ciudadana en cita.
EXPEDIENTE: TECDMX-JLDC-104/2018.
POBLACIÓN QUE SE TUTELA: Mujeres paridad de género.
RESUMEN DE CRITERIOS RELEVANTES: La presente se emitió por motivo de la impugnación de una mujer, quien considero que el Acuerdo de fecha cinco de julio de dos mil dieciocho, identificado con la clave alfanumérica CD16/ACU-14/2018, emitido por el Consejo Distrital 16 del Instituto Electoral de la Ciudad de México no respetó el principio de paridad de género, al no alternar los géneros de todas las concejalías asignadas, esto es, si el primer lugar de designaciones de concejalías por el principio de representación proporcional fue ocupado por una mujer, debió seguirse esa alternancia de género, a fin de generar certeza y seguridad jurídica. El TECDMX consideró infundado el agravio, ya que ni la normativa electoral aplicable, ni los lineamientos para la asignación de Diputaciones y Concejalías por el principio de representación proporcional, contemplaban lo señalado por la parte actora, es decir, si bien sostenían que debía respetarse la paridad de género, ello no se encontraba relacionado con la alternancia de género que debía prevalecer al momento de realizar la asignación de las Concejalías por el principio de representación proporcional.
EXPEDIENTE: TECDMX-JLDC-127/2018 y su acumulado TECDMX-JLDC-128/2018.
RESUMEN DE CRITERIOS RELEVANTES: La presente sentencia se originó por motivo de la impugnación de una mujer en contra del Acuerdo de fecha cinco de julio de dos mil dieciocho, identificado con la clave alfanumérica CD25/ACU-16/18, emitido por el 25 Consejo Distrital con cabecera de demarcación Xochimilco, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por medio del cual se realizó la asignación de las Concejalías electas por el principio de representación proporcional que integraban la referida demarcación. La actora consideraba que el acuerdo controvertido, trasgredía su derecho político electoral de ser votada en su vertiente de acceso de un cargo público de elección popular, ya que, aducía que la autoridad responsable había realizado una indebida asignación, derivado de la incorrecta interpretación del artículo 29 fracción III del Código Electoral. Respecto de lo expuesto, el TECDMX resolvió que:
Los agravios eran infundados, toda vez que el artículo 293 del Código Electoral, en relación con el numeral 22 de los lineamientos para la postulación de Concejalías, establecían que los partidos políticos por sí mismos, con independencia de que formaran parte de una coalición o candidatura común, debían registrar una lista cerrada de concejalías por el principio de representación proporcional, por lo que la actora partió de una premisa falsa al pretender que se interpretara y aplicara de manera aislada la fracción III del artículo 29 del Código Electoral, cuando el resto del marco normativo contemplaba que, en ningún caso, las coaliciones se considerarían como un solo partido para efectos de asignación.
EXPEDIENTE: TEDF-JLDC-013/2017 y acumulados.
POBLACIÓN QUE SE TUTELA: Pueblos y barrios originarios.
RESUMEN DE CRITERIOS RELEVANTES: En la elección de las Coordinaciones Territoriales que representaran a los pueblos originarios del entonces Distrito Federal (ahora CDMX) es de observancia obligatoria para las Delegaciones (actualmente Alcaldías) su derecho de consulta previa, libre e informada para conocer sus métodos de elección a fin de respetar su derecho de autogobierno, derivado de su derecho de libre determinación, caso contrario, se contravendría lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Federal.
En la presente se analizan los principios y los parámetros y efectos que la Sala Superior ha determinado en la tesis LXXXVII/2015 de rubro: “CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LA REALIZADA POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL, CUANDO EMITA ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS DERECHOS”
EXPEDIENTE: TECDMX-JLDC-140/2018.
POBLACIÓN QUE SE TUTELA: Pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la CDMX.
RESUMEN DE CRITERIOS RELEVANTES: Cuando una persona perteneciente a un Pueblo Originario de la Ciudad de México interponga un juicio en materia político electoral, por motivo de inconformidad con los resultados de una elección de Representante Tradicional (Subdelegado (a) Auxiliar del pueblo), el juzgamiento deberá hacerse a la luz de una perspectiva de interculturalidad.
EXPEDIENTE: SENTENCIA TECDMX-JLDC-586/2017 Y ACUMULADO TECDMX-JLCD-587/2017 .
RESUMEN DE CRITERIOS RELEVANTES: En esta sentencia, se controvirtieron las respuestas que la autoridad responsable emitió respecto de:
a) La forma de garantizar la participación política de los PBOCI en el proceso electoral local ordinario 2017-2018.
b) De qué forma garantizar la situación de contar con representantes indígenas como candidatos/as externos/as para diputaciones y,
c) Que se realizará una consulta a los PBOCI para abordar los temas anteriores.
d) El establecimiento de un mecanismo para el registro de candidaturas sin partido, de ciudadanos y ciudadanas de los PBOCI para los cargos de diputaciones y concejales por el principio de mayoría relativa bajo el esquema de usos y costumbres y que se estableciera el distrito electoral local 12, en la Delegación Cuauhtémoc, como distrito electoral indígena.
Al respecto, el TECDMX resolvió:
El sobreseimiento a lo planteado en los incisos a, b y c, debido a que la autoridad responsable dio respuesta a lo planteado.
Revocar la respuesta del IECM (SECG-IECM/0973/2017) y ordenar la emisión de una nueva que se ajuste a los artículos 8 y 16 de la Constitución Federal.
Se conminó al IECM para que, en futuras ocasiones ante las peticiones realizadas por la ciudadanía, cumpla con su obligación de dar respuesta en un plazo breve, tal y como lo establece el artículo octavo de la Constitución Federal.
Debido al sobreseimiento del asunto, por cuanto hace a los incisos a, b y c, la Magistrada Martha Alejandra Chávez Camarena, formuló un voto particular, en el cual, consideró que, en los juicios en los que integrantes de un grupo indígena aleguen que existe una omisión a una solicitud de petición en materia político-electoral, no se debe considerar que la sola existencia de la respuesta a esa petición es suficiente para resolver que se dio cumplimiento, sino que, es necesario, el estudio de fondo de la cuestión planteada, en razón de que la parte actora pertenece a un grupo social de atención prioritaria, como lo establece el artículo 11 de la CPCDMX y, por tanto, debe realizarse un escrutinio estricto del asunto y atenderse a la luz de los principios constitucionales de igualdad, no discriminación interculturalidad, progresividad, en el marco de la perspectiva de género en el ámbito jurisdiccional.
En razón de lo anterior, es necesario analizar el fondo del asunto, para conocer si la autoridad responsable realizó la contestación de forma adecuada, pronta y expedita, considerando el marco jurídico de protección de este grupo social.
EXPEDIENTE: SENTENCIA TECDMX-JEL-005/2020.
RESUMEN DE CRITERIOS RELEVANTES: En esta sentencia, una mujer impugnó un acuerdo del IECM (IECM-JA-160-19), emitido por su Junta Administrativa, en el cual, se aprobó la designación de personas ganadoras y listas de reserva del Primer Concurso de Oposición Abierto para seleccionar personal eventual que apoyaría a los Órganos Desconcentrados durante el ejercicio fiscal 2020.
Lo anterior fue así, porque a su consideración, al realizarse la distribución de los cargos a las personas ganadoras del concurso, se hizo de forma inequitativa, esto debido a que el puesto para el que concursaba la promovente, se contrataron a seis hombres y tres mujeres, violando el principio constitucional de paridad de género.
Aunado a ello, argumentó que la autoridad responsable designó a una persona con una calificación menor a la que ella obtuvo.
El TECDMX resolvió que sus agravios eran fundados debido a que, la promovente obtuvo como resultado final, mayor puntaje, en comparación a quien le fue designado el espacio, por lo que la autoridad responsable debió tomar en consideración tal situación y designarla en el cargo enunciado. Lo anterior como una acción afirmativa que da cumpliendo a los principios de progresividad y paridad de género consagrados en la Constitución Federal. Por tal razón, resultó procedente que el espacio que originalmente se designó a un hombre, fuera reasignado a la promovente, ya que el TECDMX considera que, no es suficiente el establecimiento de regulaciones formales en las que se atienda el principio de paridad de género, sino que, se debe preferir a las mujeres en casos de integración impar, observando las condiciones particulares desde una visión cualitativa y no solo cuantitativa y bajo los principios constitucionales de igualdad sustantiva y de paridad, a fin de implementar medidas razonables y proporcionales en favor de un grupo social que ha sido histórica y sistemáticamente discriminado, con el objetivo de equilibrar la distribución de oportunidades.
EXPEDIENTE: TECDMX-JLDC-740/2019, TECDMX-JLDC-1338/2019 al TECDMX-JLDC-1344/2019 ACUMULADOS
POBLACIÓN QUE SE TUTELA: Mujeres. Juzgar con perspectiva de género.
RESUMEN DE CRITERIOS RELEVANTES: Esta sentencia versa sobre un grupo de mujeres militantes del Partido Acción Nacional (PAN) que impugnó la resolución dictada en el Juicio de Inconformidad CJ/JIN/80/2019, emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN con motivo del Proceso de elección para renovar los Comités Directivos de este mismo partido de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.
La impugnación se originó por que las actoras consideraron que, la Comisión al emitir la resolución impugnada vulneró los principios de congruencia externa e interna, y debida fundamentación y motivación. Asimismo, utilizó lenguaje con potencial violencia de género en contra de las mujeres militantes del PAN.
En razón a lo anterior, solicitaron que se revocará la resolución en cita y se garantizará paritariamente la participación de las mujeres en el proceso electivo de Comités Directivos de las dieciséis Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, a través de la implementación de acciones afirmativas.
Al respecto, el TECDMX, resolvió en el sentido siguiente:
Principio de congruencia interna, se manifestó que:
a) Los puntos resolutivos tenían tres efectos contradictorios entre sí.
b) Se realizó un estudio de fondo sobre los agravios que previamente fueron materia del desechamiento de las demandas.
c) Por que la Comisión de Justicia desechó unos escritos de ampliación de demanda, sin que hubieren presentado tales.
El TECDMX resolvió que este agravió era infundado por que no existió una vulneración al principio de congruencia interna, habida cuenta que todos los puntos resolutivos guardaban correlación con las consideraciones respectivas de la resolución impugnada.
Principio de congruencia externa, se manifestó que:
Las actoras señalaron que en el Juicio de Inconformidad se precisó como acto impugnado el Acuerdo de registro, sin embargo, la autoridad responsable consideró que lo que en realidad combatía era la omisión de incluir en la Convocatoria y las Normas complementarias, los mecanismos y reglas de paridad de género horizontal en el cargo de Presidencia de los Comités Directivos.
El Tribunal resolvió que, el agravió era infundado debido a que la autoridad responsable no incurrió en falta, pues en uso de su facultad y en cumplimiento de la obligación de conocer el verdadero sentido de la impugnación, determinó que el acto impugnado, además del Acuerdo de Registro lo eran también las Convocatorias y Normas Complementarias.
Agravio de violencia de género en el uso de lenguaje
Las promoventes mencionaron que, en la resolución impugnada, la Comisión de Justicia ridiculizó y menoscabó a las mujeres militantes del PAN, ya que las responsabilizó de la transgresión al principio de paridad de género, al señalar que ello fue consecuencia de su omisión para inscribirse al proceso electivo, siendo que conforme a la Convocatoria y Normas Complementarias ambos géneros estaban en igualdad de condiciones para solicitar su registro a los cargos contendientes.
El TECDMX resolvió que el agravio era infundado debido a que, no se evidenció el empleo de expresiones que demostraran que las partes promoventes por su condición de mujeres, se les pretendía encasillar en algún rol con objeto de menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos políticos.
Agravio de falta de fundamentación y motivación
Las promoventes se dolían de que la resolución impugnada carecía de un enfoque garantista, puesto que la autoridad responsable no realizó una interpretación conforme con el bloque de constitucionalidad y convencionalidad que posibilitara la ampliación de los derechos políticos de las mujeres, a fin de que se materializaran de manera efectiva, por lo que no atendió el principio pro persona establecido en el artículo 1 de la Constitución Federal.
De este modo, se validó la postulación de candidaturas que únicamente favorecieron al género masculino, ya que no hubo opciones que representaran a las mujeres en los cargos de Presidencia de los Comités Directivos, ni tampoco se aplicaron acciones afirmativas en la materia; por lo que, no se respetó el principio de paridad de género horizontal a efecto de que las Presidencias de los Comités Directivos se integraran en un 50% de mujeres y 50% de hombres.
El TECDMX resolvió que el agravio resultaba esencialmente fundado, por lo que les asistía la razón a las promoventes en la medida en que el partido responsable no consideró que, aun cuando la paridad horizontal no constituye una obligación dispuesta taxativamente en las normas aplicables, resultaba indispensable -conforme a una interpretación en favor del género femenino-, el establecimiento de un número determinado de planillas encabezadas de forma reservada para las mujeres, como primer paso para lograr su participación efectiva y en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones al interior del partido.
Por todo lo expuesto el TECDMX dictó sentencia en el sentido de revocar parcialmente la resolución intrapartidista controvertida, única y exclusivamente, en lo referente al agravio de fundamentación y motivación, por lo que, ordenó al PAN, emitir una nueva resolución que resolviera la controversia planteada, en la que tomara en cuenta criterios para armonizar los principios de autodeterminación, paridad y respetando los derechos de su militancia.
Voto particular de la Magistrada Martha Alejandra Chávez Camarena
La Magistrada manifestó que, compartía el sentido, pero no los efectos que se dieron a la sentencia y en consecuencia el punto resolutivo que ordenó su cumplimiento.
Señaló que, las denuncias donde las mujeres acuden a la jurisdicción del estado, a reclamar actos de autoridades o entes de interés público que van en contra de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, constituyen una obligación reforzada de análisis a efecto de que la determinación que se adopte, aporte en mayor medida para lograr la igualdad sustantiva, tanto en el goce y ejercicio de los derechos fundamentales como en la participación en los distintos ámbitos de trascendencia pública.
Asimismo, mencionó que era importante resaltar que cuando se pretenda garantizar la igualdad material de la paridad de género debe atenderse también al sistema previsto para el desarrollo de los procesos electorales, porque constituye un mecanismo jurídico que se relaciona con otros principios y derechos, de manera que, deben atender a las reglas normativas concretas y aplicables previstas para su operación, ya que su observancia puede llegar a trascender sobre los derechos de otras personas.
De igual manera, refirió que la paridad no busca que se les regale a las mujeres puestos o espacios directivos dentro de los partidos, sino que busca formar una cultura en la que la integración, participación y goce de sus derechos se vea empoderada y así acortar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, lo que se logra con la participación efectiva de ambos géneros en los procesos democráticos.
Por lo expuesto concluyó que, el criterio que se pretendía sostener, dejaba de atender el marco convencional, constitucional y legal vigente, al amparo del cual se concibe la igualdad de derechos y de oportunidades en el ámbito de la participación político-electoral de las mujeres, el cual busca impulsar el empoderamiento, visibilización, garantía y defensa del derecho a votar y ser votadas en condiciones de igualdad frente a los hombres, implementado medidas para garantizar la participación equilibrada.
El negar la oportunidad de participar a las mujeres en los procesos democráticos internos del partido, supondría subestimar a las mujeres y colocarlas en estado de victimización, negándoles, su capacidad para participar en los procesos democráticos internos del partido. Por lo que, con esta medida se podría cuestionar la legitimidad de las mujeres al ostentar el cargo, al ser electas fuera de un proceso democrático, y ser electas “porque el Tribunal así lo ordenó”.
Asimismo, mencionó que la medida que sustentaron la mayoría de sus pares, restringía los derechos de la militancia y de forma reforzada el de las mujeres, ya que les impedía registrar nuevas plantillas integradas por el sexo femenino en las dieciséis demarcaciones, así como votar por estas, vulnerando con ello, la libre participación en los procesos democráticos para integrar y renovar los órganos directivos, ya que la designación de los cargos quedaba supeditada a los parámetros objetivos e idóneos que la dirigencia del partido considere oportunos.
Por último, mencionó que, el establecimiento de reglas claras en cuanto a los procesos de renovación de la dirigencia partidista, constituyen una obligación a efecto de garantizar el principio de certeza, dado que, el mencionado principio sustenta y da soporte a las decisiones democráticas al interior del partido, por lo que la afectación grave y generalizada de éste provocaría que la elección de que se trate carecería de pleno sustento, por no haberse ajustado a la normativa del partido.
De tal forma que, la medida implementada no resalta su carácter de medida preferencial a favor de las mujeres, ya que limita el desempeño de las mismas al interior del partido, lo cual resulta contrario a la finalidad de las acciones afirmativas.
En ese sentido, es que consideró que también se transgredían los derechos de autoorganización y autodeterminación del PAN, ya que si bien las acciones afirmativas por razón de género en materia electoral suponen una limitación válida de la autoorganización de los partidos políticos, también lo es que, únicamente está justificada si se aplica con el ánimo de alcanzar la finalidad de materializar una igualdad sustancial entre hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos político-electorales.
De esta manera, no era válido impactar en la autoorganización de los partidos políticos en un supuesto donde no se alcanza el objetivo que legitima la medida en cuestión.
Por lo expuesto, consideró que era menester que se revocaran todas las convocatorias al proceso electivo de referencia, a efecto de que se garantizara formal y materialmente que todos los órganos de dirección del PAN, se rigieran en su integración, con la plena observancia del principio de paridad de género en sus dos vertientes, horizontal y vertical, y exista certidumbre para la militancia de que los referidos órganos deben integrarse paritariamente.
Cadena impugnativa
Sentencia SCM-JDC-1092/2019 y sus acumulados
La presente sentencia fue impugnada por las y los militantes del PAN, ante la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, la cual, resolvió modificar la sentencia en cita, en el sentido de dejar sin efectos los acuerdos de registro de candidaturas, revocar las asambleas electivas, y ordenó al PAN convocar a una nueva elección en la que garantizara la paridad horizontal y vertical en el registro de las candidaturas.
No se omite señalar que la sentencia de Sala Regional Ciudad de México guarda un sentido similar con el voto particular de la Magistrada Martha Alejandra Chávez Camarena, emitido en la sentencia en comento.
Sentencia SUP-REC-578/2019 y acumulados
Las personas electas como presidentes de los dieciséis comités directivos del PAN de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, inconformes con la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México, presentaron recursos de reconsideración en contra de esta ante la Sala Superior del TEPJF.
La Sala Superior, resolvió confirmar la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México, por coincidir con lo resuelto por dicha Sala, en cuanto a que el mandato de paridad de género, tanto vertical como horizontal, se debía observar en todos los cargos directivos de los partidos políticos.
Las razones por las que la Sala emitió su resolución en ese sentido fueron porque considero que no les asistía la razón a los recurrentes, porque el principio de paridad implica que tanto vertical como horizontal, debe ser observado por los partidos políticos en los procedimientos internos de elección de dirigentes de todos sus órganos, porque:
La vertiente horizontal pretende garantizar que las mujeres accedan no solo a los cargos, sino a los de mayor jerarquía, importancia política o trascendencia.
Así, los motivos para impulsar la paridad horizontal es que:
a) Las mujeres sean visibilizadas en los mayores cargos de decisión, lo que abona su escalonamiento político.
b) Contribuye a diluir los prejuicios y los estereotipos negativos en la sociedad en contra de las mujeres y de su capacidad de dirigir, o de presidir, y
c) Contribuye a que el sexo de la persona, en algún momento, sea indiferente o irrelevante para determinar quién debe dirigir un órgano, u ocupar un cargo.
La obligación de que los partidos también observen el mandato de paridad de género deriva de lo directamente previsto en la Constitución y de la Ley de Partidos.
El deber de los partidos políticos de observar el principio de paridad no constituye, en sí misma, una regla nueva porque desde el 2016 esta Sala Superior ha sustentado el criterio relativo a que los partidos políticos tienen el deber jurídico de garantizar la paridad de género en la integración de sus órganos (SUP-JDC-369/2017).
Aunado a que, el deber del PAN de observar el principio de paridad deriva directamente de un mandato constitucional reformado el 6 de junio de este año, el cual debe ser observado y aplicado de manera total e integral, no sesgada o aislada, puesto que no admite excepciones, por tanto, el PAN debió prever que en el proceso electivo debía aplicar el principio de paridad tanto vertical como horizontal.
IUS Suprema Corte de Justicia de la Nación
IUS Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Jurisprudencia TECDMX