Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20038820
Timestamp: 2019-12-15 05:54:11
Document Index: 126246596

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 241', 'artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 74', 'artículo 78', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 241', 'artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 74', 'artículo 107', 'artículo 112', 'artículo 113', 'artículo 114', 'artículo 118', 'artículo 120', 'artículo 220', 'artículo 221', 'artículo 222', 'artículo 226', 'artículo 227', 'artículo 230', 'artículo 236', 'artículo 239', 'artículo 243', 'artículo 246', 'artículo 248', 'artículo 249', 'artículo 252', 'artículo 253', 'artículo 255', 'artículo 259', 'artículo 261', 'artículo 262', 'artículo 263', 'artículo 265', 'artículo 437', 'artículo 445', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 13', 'artículo 37', 'artículo 37', 'Artículo 37', 'artículo 5', 'artículo 16']

C-743 de 2010
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020038820CC-SENTENCIAC743201015/09/2010CC-SENTENCIA_C_743__2010_15/09/2010200388202010Sentencia C-743/10 ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Improcedencia de solicitud de sentencia condicionada La Corte ha señalado que cuando una demanda no contiene de manera concreta una pretensión de inconstitucionalidad sino que lo buscado por el actor es que la Corte declare la constitucionalidad de la disposición acusada pero condicionada en el sentido que el actor considera ajustada a la Constitución, procede una decisión inhibitoria, por cuanto la acción pública tiene una pretensión clara y directa de inconstitucionalidad contra una disposición legal, cuyo contenido material se opone a los dictados superiores, y la pretensión de exequibilidad sujeta a condicionamientos conlleva al ejercicio indebido de la acción de inconstitucionalidad, pues es la Corte Constitucional la que soberanamente determina cuales son los efectos de sus decisiones tomando en consideración los cargos formulados. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Requisitos DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Inadmisión y corrección INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL - Falta de certeza y pertinencia en razones de inconstitucionalidad Constituyen requisitos de las demandas la certeza y pertinencia, esto es, que las razones que sirven de soporte a la misma sean ciertas, que sean predicables de una proposición jurídica objetivamente existente, verificable por todos los destinatarios de la disposición que resulta tachada de inexequible, y que además, las razones expuestas por el peticionario estén fundadas en un precepto de la Constitución susceptible de ser confrontado con la norma demandada, por lo que no se consideran ciertas las razones o los argumentos fundados en el parecer del actor, como tampoco aquellos colegidos por el demandante a partir de análisis carentes de fundamento lógico o en los cuales están ausentes los elementos mínimos para la adecuada lectura y comprensión de la norma demandada, como inaceptable resultan aquellos argumentos basados en análisis legales, toda vez que el requisito de pertinencia en la argumentación le impone al actor el deber de ejercer la acción en defensa del ordenamiento jurídico objetivamente considerado, impidiendo que se presenten peticiones encaminadas a resolver sobre interpretaciones y elucubraciones elaboradas por el accionante o destinadas a solucionar litigios inter partes. En el presente caso se evidencia la ausencia de razones ciertas y pertinentes que permitan cotejar los textos demandados con lo dispuesto en la Constitución Referencia: expediente D-8015
Daniel Pulecio BoekCONSTITUCIONALIDADJorge Iván Palacio PalacioDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 37 (parcial) de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", modificado por el artículo 2º de la Ley 1142 de 2007.D8015Identificadores20020038821true58490Versión original20038821Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 37 (parcial) de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", modificado por el artículo 2º de la Ley 1142 de 2007.
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Faltade certeza y pertinencia en razones de inconstitucionalidad
Constituyen requisitos de las demandas la certeza y pertinencia, esto es,que las razones que sirven de soporte a la misma sean ciertas, que sean predicables de una proposición jurídica objetivamente existente, verificable por todos los destinatarios de la disposición que resulta tachada de inexequible, y que además, las razones expuestas por el peticionario estén fundadas en un precepto de la Constitución susceptible de ser confrontado con la norma demandada, por lo que no se consideran ciertas las razones o los argumentos fundados en el parecer del actor, como tampoco aquellos colegidos por el demandante a partir de análisis carentes de fundamento lógico o en los cuales están ausentes los elementos mínimos para la adecuada lectura y comprensión de la norma demandada, como inaceptable resultan aquellos argumentos basados en análisis legales, toda vez que el requisito de pertinencia en la argumentación le impone al actor el deber de ejercer la acción en defensa del ordenamiento jurídico objetivamente considerado, impidiendo que se presenten peticiones encaminadas a resolver sobre interpretaciones y elucubraciones elaboradas por el accionante o destinadas a solucionar litigios inter partes. En el presente caso se evidencia la ausencia de razones ciertas y pertinentes que permitan cotejar los textos demandados con lo dispuesto en la Constitución
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 37 (parcial) de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", modificado por el artículo 2º de la Ley 1142 de 2007.
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Daniel Pulecio Boek demanda el artículo 37 (parcial) de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", modificado por el artículo 2º de la Ley 1142 de 2007, por estimar que vulnera los artículos 13 y 29 de la Carta Política.
1.- En su criterio, los apartes impugnados infringen de manera directa el derecho al debido proceso (C. Po. art. 29), "toda vez que se crea inseguridad jurídica y ausencia de certeza, para conocer de manera previa a la comisión de la conducta, el juez competente para conocer del proceso".
Con fundamento en lo anterior, afirma que será común encontrar delitos querellables contra el patrimonio económico cuya cuantía exceda de 150 salarios mínimos. Así, explica que para un mismo delito dos serán los jueces competentes, porque para todo delito querellable la competencia quedará radicada en la justicia municipal, pero también para todo delito contra el patrimonio que exceda 150 salarios mínimos la competencia quedará radicada en el juez de circuito (a pesar de ser querellable). Según sus palabras,"tal situación será la más repetitiva, pues dado que son pocos los delitos contra el patrimonio económico que resultan no ser querellables, por contraposición la mayoría de ellos lo son". Señala entonces que no es claro si el juez competente en el escenario de un delito querellable contra el patrimonio económico en cuantía superior a 150 salarios mínimos mensuales es el juez penal municipal o el juez penal del circuito.
Precisa que no se trata de un simple caso hipotético, conjeturas eventuales o hipótesis hermenéuticas e interpretativas, sino "de un escenario jurídico concreto que se deduce de dos proposiciones jurídicas absolutamente claras en su contenido" (los incisos 2º y 3º del artículo acusado), que además plantea un problema cierto y real de relevancia constitucional.
En este sentido, el ciudadano estima que las normas acusadas desconocen el principio de juez natural y con ello el derecho al debido proceso, porque se genera absoluta y total incertidumbre sobre el juez competente para conocer del proceso penal. En sus palabras,"la garantía fundamental de que ningún ciudadano podrá ser juzgado sino ante el juez competente, implica necesariamente, como requisito esencial e indispensable, el conocimiento previo sobre el funcionario competente llamado a conocer el conflicto jurídico y fáctico que surja".
2.- De otra parte, el demandante considera que las normas acusadas vulneran el derecho a la igualdad (C. Po. art. 13), pues dada su ambigüedad"ante un mismo delito podrían resultar siendo juzgados los ciudadanos frente a funcionarios diferentes". Al respecto sostiene que bien puede suceder que de un proceso penal por delitos contra el patrimonio con cuantía superior a 150 salarios mínimos conozca un juez penal de circuito, mientras en otro proceso por el mismo delito conozca un juez penal municipal.
En su sentir,"no se justifica desde el punto de vista constitucional, a la luz de criterios de razonabilidad, objetividad y proporcionalidad, la diferenciación de los funcionarios competentes según la posición personal y subjetiva de cada uno, para el conocimiento de procesos penales por el mismo delito y con la misma cuantía".
Para la entidad,"al examinar la norma demandada en integración normativa con las que contemplan, por una parte, los delitos contra el patrimonio económico y los delitos querellables, y por otra parte, los asuntos de competencia de los jueces del circuito, se observa que no se da la contradicción competencial por él [demandante] expuesta y por tanto tampoco se da la incertidumbre sobre el juez competente planteada en su escrito acusatorio".
En su sentir,"no es acertado sostener que se atribuye en este caso, competencia a dos jueces distintos para conocer de los delitos contra el patrimonio económico que exceden en cuantía de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y a su vez son de naturaleza querellable; por cuanto ninguna de las actuaciones de la autoridad judicial en materia penal, depende de su propio arbitrio". Así, señala que los eventuales conflictos de competencia que puedan surgir en un proceso penal deberán ser resueltos por las instancias correspondientes, sin que ello riña con el ordenamiento constitucional.
Para la Fiscalía, cuando se esté en presencia de delitos querellables y a la vez de cuantía superior a 150 salarios mínimos, la competencia estará radicada en los jueces penales del circuito, lo cual"no riñe con el principio de desconcentración en el funcionamiento de la administración de justicia, con el derecho fundamental de acceder a ésta, y mucho menos, con el debido proceso o el derecho a la igualdad". Sostiene entonces que en estos eventos es la cuantía el factor que entrega de manera preferente la competencia a los jueces penales del circuito, independientemente de que las conductas punibles sometidas a su conocimiento requieran querella.
Sobre el particular afirma que el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal contempla una norma general (la que asigna la competencia para los delitos querellables) y una norma especial (la que asigna competencia por la cuantía de los delitos contra el patrimonio económico). De esta manera, continúa,"los jueces penales municipales en principio (de conformidad con la norma general) siempre conocerán de los delitos querellables, con la limitante (de conformidad con la norma especial) de los delitos que trata el título VII del código penal que no superen los 150 smlmv".
Los intervinientes comienzan por recordar que en los ordenamientos procesales que antecedieron a la Ley 906 de 2004 se fijó la competencia en los jueces penales municipales para conocer de delitos querellables, con independencia de la cuantía. En este sentido, explican que el artículo 74 del Decreto 2700 de 1991 asignó la competencia a dichos jueces para conocer de los procesos por delitos que requieran querella,"cualquiera sea su cuantía", lo que también fue recogido en el artículo 78 de la Ley 600 de 2000.
Siguiendo un análisis histórico, concluyen que la hermenéutica de la Ley 906 de 2004 debe seguir por la misma línea,"en la medida en que el legislador, de manera expresa, asignó la competencia para conocer de los delitos querellables al juez penal municipal y, la naturaleza del delito querellable, no se asienta en la cuantía sino en consideraciones de política criminal según las cuales en relación con determinados hechos punibles la querella se erige en una condición de procedibilidad", todo lo cual es independiente de la cuantía.
Como primera medida precisa que de los preceptos acusados efectivamente se observa una contradicción que, lejos de ser un problema de interpretación para un caso concreto, se erige como un asunto de relevancia constitucional que afecta el principio del juez natural como parte integral del derecho al debido proceso. En su concepto,"es la norma en abstracto la que genera duda sobre el juez competente y ello no puede permitirse bajo un estado de derecho y bajo la Constitución Política de 1991", por cuanto la comprensión material de la norma presenta problemas de claridad sobre el juez competente en detrimento de una "sagrada garantía constitucional, cual es la de ser juzgado conforme a leyes preexistentes al acto imputado".
Sin embargo, destaca que la declaratoria del inexequibilidad del numeral 3º acusado llevaría un efecto desfavorable e indeseado en perspectiva constitucional, pues en virtud de la cláusula general de competencia todos los asuntos querellables pasarían a ser de competencia de los jueces penales del circuito,"generando una carga de labores desproporcionada y la desviación del funcionario inicialmente deseado por el Legislador para atender ese tipo de delincuencia". Por ello, continúa, lo correcto sería declarar la exequibilidad condicionada de la norma y definir la competencia en los jueces de circuito para los delitos querellables en cuantía superior a 150 salarios mínimos.
7.-Intervención ciudadana
En su sentir, si bien la normatividad no es clara al momento de definir la competencia de los delitos querellables con cuantía, "no se está vulnerando ningún derecho constitucional pues no se está negando la posibilidad de realizar un juicio justo y formal por el hecho de existir controversia normativa respecto al mismo punto de derecho, no se está negando la posibilidad de conocimiento del juez penal para que ejerza su actuación basando en los principios de legalidad y responsabilidad que le asisten".
En cuanto al juez natural, señalan que es el competente del domicilio donde reside el ciudadano, quien se encuentra amparado por la garantía de que no podrá ser procesado por un juezad hoc, o por otro creado con posterioridad a la comisión de la infracción penal.
"En efecto, en la D-8015 de 2010 el ciudadano PULECIO BOEK formula sus objeciones al inciso tercero del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal con base en que, en su parecer, del hecho de que tanto un juez penal del circuito como un juez penal municipal de una misma investigación penal, podría resultar contrario al derecho fundamental al debido proceso y al derecho fundamental a la igualdad.
De otro lado, de una simple lectura de la demanda interpuesta es posible deducir que el accionante considera que el hecho de que el legislador distribuya competencias jurisdiccionales de la manera en que lo hizo en el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, por un lado, y el que ello de lugar a posibles conflictos de competencias, por otro, configura una violación de la Carta Política, y más específicamente, resulta violatorio de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, cuando lo cierto es que, lejos de esto, el legislador cuenta con una potestad de libre configuración de la ley (150.1 CP), y por tanto, con la competencia para "expedir códigos en todos los ramos de legislación y reformar sus disposiciones" (Art. 150.2) y su único límite son precisamente los derechos y garantías fundamentales, los cuales de ninguna manera puede concluirse que se vulneren simplemente porque el legislador distribuya competencias de una manera u otra".
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer del asunto de la referencia, pues se trata de una demanda interpuesta contra una norma que hace parte de una ley, en este caso el artículo 37 (parcial) de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", modificado por el artículo 2º de la Ley 1142 de 2007.
Consideró el accionante que la Corte debía declarar exequibles las expresiones atacadas y explicar que"sin importar la cuantía, si se trata de un delito querellable, el juez competente es el juez penal municipal".
"5.1.- En primer lugar, la acusación incumple el requisito de certeza por cuanto el reproche de inconstitucionalidad se apoya en "hipótesis hermenéuticas" que no se encuentran probadas como constitutivas de lecturas "reales y ciertas" del ordenamiento[3]. En este sentido, el ciudadano señala que "dada la ambigüedad de la norma citada, ante un mismo delitopodrían resultar siendo juzgados los ciudadanos frente a funcionarios diferentes"; afirma que "no serán pocos supuestos en los cuales fluirá un conflicto de competencia"; e insiste en que "bien puede presentarse en un proceso la aplicación de una perspectiva interpretativa y en otro acogerse la perspectiva contraria". (subrayado no original).
5.2.- En segundo lugar, no se cumple el requisito de pertinencia ya que el demandante hace cuestionamientos de orden funcional o derivados del proceso de aplicación concreta de las normas. Al respecto conviene recordar que en la acción de inconstitucionalidad son inaceptables los argumentos en los cuales "el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico"[4], justamente lo que se propone en esta oportunidad.
"Particularmente, en sentencias C-621 de 1998, C-362 de 2001, C-806 de 2001, C-937 de 2003, C-508 de 2004 y C-1299 de 2005, la Corte señaló que cuando la demanda no contiene de manera concreta una pretensión de inconstitucionalidad sino que lo buscado por el actor es que la Corte declare la constitucionalidad de la disposición acusada pero condicionada en el sentido que el actor considera ajustada a la Constitución, procede una decisión inhibitoria. Ello por cuanto i) del texto constitucional (arts. 40-6 y 241-4) se aprecia que se está ante el ejercicio de una acción con "una pretensión clara y directa de inconstitucionalidad contra una disposición legal…cuyo contenido material se opone a los dictados superiores", ii) la pretensión de exequibilidad sujeta a condicionamientos conlleva al ejercicio indebido de la acción de inconstitucionalidad, "pues es la Corte Constitucional…la que soberanamente determina cuales son los efectos de sus decisiones tomando en consideración los cargos formulados por quienes hacen uso del derecho previsto en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, desarrollados por el Decreto 2067 de 1991[6]" y iii) no resulta de recibo la pretensión de adicionar un contenido normativo en sentido contrario al previsto en la disposición acusada"[7]. -Subrayado no original-.
5.4.- Finalmente, la demanda no atiende las exigencias propias de un cargo de inconstitucionalidad por violación del derecho a la igualdad. Se reduce a señalar que las expresiones acusadas consagran la posibilidad de un juzgamiento por autoridades diferentes ante la comisión de un mismo delito, sin expresar las razones por las cuales la supuesta diferencia de trato resulta discriminatoria, sustentando tal discriminación en argumentos de constitucionalidad encaminados a debatir el fundamento de la desigualdad cuestionada[8]".
"Surge de manera incontrastable que para un mismo delito dos serán los jueces competentes. Con la finalidad de demostrar respecto de qué delitos acaece tal situación, y nótese que se habla de delitos, es decir de normas jurídicas y no de situaciones particulares, se ha realizado el análisis ya previamente expuesto al comparar los delitos contra el patrimonio con los delitos querellables para concluir que se puede observar que en la mayoría de los casos en los delitos contra el patrimonio económico con cuantía superior a 150 salarios se podrá tratar también de delitos querellables.
… en los términos del auto inadmisorio y en aras de cumplir con lo dispuesto en el mismo de cara a lograr la admisión de la demanda, se solicitará sin condicionamientos y de manera concreta y específica la declaratoria de inexequibilidad del inciso 3 del artículo 37. Gracias a que la in-exequibilidad solicitada carece de condicionamiento ha perdido sentido formular la demanda bajo la figura de la omisión legislativa, motivo por el cual se suprime lo relacionado con tal figura". (Página 11 del escrito de corrección).
"Al disponer que el conocimiento de todo delito contra el patrimonio económico con cuantía inferior a 150 salarios mínimos corresponde a los jueces penales municipales, podría perfectamente suprimirse del ordenamiento jurídico el inciso 2º, pues se le despojaría de todo efecto, al afirmar, dándole preferencia al inciso 3º, que sin importar la cuantía, todo delito querellable será competencia de los jueces municipales". (Página 14 del escrito de corrección).
"Acoger jurisprudencialmente una interpretación que asigne efectos al inciso segundo y retire del ordenamiento al inciso tercero, es coherente con el principio de conservación del derecho. Mantener en el ordenamiento jurídico al inciso segundo y retirar al tercero, rescata la eficacia normativa del inciso segundo a la vez que no afecta la naturaleza de los delitos querellables, creando certeza jurídica, pues supone entonces que todo delito contra el patrimonio económico sea o no querellable, si tiene una cuantía superior a 150 salarios mínimos, debe ser conocido por los jueces penales del circuito". (Página 15 del mencionado escrito).
En materia de control de constitucionalidad por vía principal, antes de iniciar el respectivo trámite y como condición necesaria para todo pronunciamiento de mérito caracterizado por sus efectoserga omnes, la Corte tiene a su cargo el deber de verificar que el escrito respectivo cumpla con ciertos requisitos previstos en el sistema normativo y precisados por la jurisprudencia. Estos condicionamientos están vinculados con el concepto de Estado de derecho, entendido como sinónimo de distribución del poder en ramas, creación de órganos con asignación de competencias y regulación de los derechos ciudadanos en el campo de sus atribuciones para participar en la vida cívica, política y comunitaria del país (C. Po. arts. 40-6 y 95-5).
3.3. La Corte ha señalado que las razones de inconstitucionalidad a las cuales alude el numeral tercero, deben serclaras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. En la Sentencia C-1052 de 2001[12], además de sistematizar y precisar estos conceptos, la Corporación agregó que se trata de exigencias que constituyen una carga mínima de argumentación que debe cumplir el ciudadano cuando, en ejercicio de sus derechos políticos, acude ante el Tribunal Constitucional. En la mencionada providencia la Corporación precisó:
"La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque "el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental"[13], no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.
Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente[14] "y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita"[15] e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda[16]. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; "esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden"[17].
De otra parte, las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través "de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada"[18]. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos "vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales"[19] que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad[20].
La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales[21] y doctrinarias[22], o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que "el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico"[23]; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia[24], calificándola "de inocua, innecesaria, o reiterativa"[25] a partir de una valoración parcial de sus efectos.
3.4. Si bien se trata de una acción pública ejercida por ciudadanos que no están en el deber de reunir calidades de expertos en derecho, sí impone a quien la ejerce una carga mínima de cuidado en la redacción y argumentación para permitir a la Corte Constitucional discernir sobre las razones que el demandante pretende esgrimir y a partir de las cuales se producirá una decisión judicial que hará tránsito a cosa juzgada y tendrá efectoserga omnes.
Como lo expresó el Magistrado Ponente al inadmitir la demanda, el actor inicialmente no edificó cargos de inconstitucionalidad debido a que su exposición inicial estuvo basada en conceptos personales relacionados con la aplicación de las expresiones impugnadas. Posteriormente, al corregir la demanda, como lo expusieron varios de los intervinientes y el Procurador General de la Nación, el accionante tampoco logró estructurar cargos de inexequibilidad, toda vez que sus análisis siguieron siendo expuestos a partir de criterios subjetivos. Sin embargo, dando aplicación al principiopro actione, la demanda fue admitida, permitiendo al mismo tiempo la participación e intervención de instituciones y de ciudadanos que aportaron argumentos útiles para el estudio de la petición planteada en el presente caso.
Varios de los intervinientes han solicitado a la Corte que se declare inhibida para resolver, debido a que los argumentos expresados por el actor carecen de certeza y de pertinencia. Algunos, como el representante de la Universidad Nacional, han defendido la constitucionalidad de la norma parcialmente demandada, por considerar que el accionante actuó basado en una errada interpretación de la disposición atacada; lo expresa el vocero de la Universidad de la siguiente manera:"Yerra en su interpretación, al pretender equiparar por el hecho de la cuantía, los delitos contra el patrimonio económico con los delitos querellables; cabe recordarle al actor que los delitos querellables están sujetos a los principios de política criminal del Estado y de ellos depende su determinación en la ley".
4.1.1. La representante del Ministerio del Interior y de Justicia solicita a la Corte que se inhiba para pronunciarse sobre la exequibilidad, por cuanto"… el accionante edifica sus cargos de inconstitucionalidad contra un supuesto normativo inexistente, pues al examinar la norma demandada en integración normativa con las que contemplan, por una parte, los delitos contra el patrimonio económico y los delitos querellables, y por otra parte, los asuntos de competencia de los jueces del circuito, se observa que no se da la contradicción competencial por él expuesta y por tanto tampoco se da la incertidumbre sobre el juez competente planteada en su escrito acusatorio.
En este caso no son ciertas las razones expuestas por el actor porque, como se dijo, edifica sus cargos sobre un contenido normativo que no existe, pues parte de una lectura aislada de los numerales 2 y 3 del artículo 37 de la Ley 906 de 2004, sin tener en cuenta que los mismos deben leerse de manera integrada con los artículos 36 y 74 de la misma Ley 906 de 2004 y con el título VII del Código Penal …".
En concepto del Procurador General de la Nación: "… el accionante ha formulado contra el numeral tercero del artículo 37 de la ley 906 de 2004 unos cargos indirectos que no cumplen con estos requisitos materiales mínimos y que, por tanto, no están llamados a prosperar, pues desbordan la concepción abstracta que identifica el juicio de inexequibilidad y el ámbito de competencia funcional del juez constitucional que, como se dijo, está supeditado al cotejo impersonal (requisito que el Ministerio Público quisiera destacar) de la norma legal acusada con los mandatos superiores".
4.4. En el presente caso, desde cuando el Magistrado Ponente resolvió inadmitir la demanda, advirtió al actor acerca de la necesidad de precisar los cargos de inexequibilidad a partir de argumentos ciertos. Una vez presentado el escrito de corrección se dio aplicación al principiopro actione, merced al cual el proceso avanzó hasta llegar a la instancia propia de la adopción del fallo. Es de advertir que al corregir la demanda el actor modificó su pretensión, la cual ahora está dirigida a lograr la inexequibilidad del numeral 3º del artículo 37 del código de procedimiento penal.
"LA INTERPRETACION SUGERIDA PARA SOLUCIONAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA DEMANDADA
Para solucionar el conflicto de normas aplicables anteriormente descrito que deviene de una vulneración del debido proceso por omisión del legislador de regular mediante una previsión normativa tal situación, se hace preciso acudir a un principio de interpretación o hermenéutica jurídica del cual ha hecho uso la jurisprudencia constitucional en anteriores ocasiones. Se trata del principio de conservación del derecho. Del anterior principio se hará uso con el fin de encontrar la norma aplicable y por ende, la norma que debe hacer primar la H. Corte Constitucional en su ejercicio interpretativo a partir de la presente demanda de inexequibilidad. En virtud de lo anterior, se debe preferir la interpretación que le dé un sentido positivo a la ley. En un caso como el presente no basta acudir a un simple criterio de primacía de la norma posterior sobre la anterior para solucionar un conflicto de interpretación jurídica, pues ambas normas se encuentran en el mismo estatuto, de hecho en el mismo artículo, y comparten la misma entidad o naturaleza. Por ello, se hace preciso acudir al principio de conservación del derecho que también ha sido llamado principio de preservación de la labor del Congreso de la República, consistente en que un tribunal constitucional debe evitar la exclusión de normas del ordenamiento jurídico, por lo cual es preferible la decisión constitucional que permita preservar la labor de la rama legislativa que aquella que suponga su anulación (no sólo mediante su expulsión del ordenamiento jurídico sino también mediante el favorecimiento de interpretaciones que anulen su eficacia). Tal principio se encuentra interrelacionado con una perspectiva general del principio de efecto útil". (Páginas 11 y 12 del escrito de corrección).
"Dejando presente en el ordenamiento jurídico al inciso 2 del artículo 37 (y retirando del ordenamiento al inciso 3) se le da vigencia a la primera norma y se crea certeza sobre la competencia del funcionario competente. Vigencia y efecto que resultaría negado al dejar en el ordenamiento al inciso 3 del artículo 37. Acoger jurisprudencialmente una interpretación que asigne efectos al inciso segundo y retire del ordenamiento al inciso tercero, es coherente con el principio de conservación del derecho. Mantener en el ordenamiento jurídico al inciso segundo y retirar al tercero, rescata la eficacia normativa del inciso segundo a la vez que no afecta la naturaleza de los delitos querellables, creando certeza jurídica, pues supone entonces que todo delito contra el patrimonio económico sea o no querellable, si tiene una cuantía superior a 150 salarios mínimos, debe ser conocido por los jueces penales del circuito. Si es inferior a 150 salarios (sea o no querellable), será de competencia de los jueces penales municipales. Tal lectura hace prevalecer la eficacia normativa del inciso segundo sin afectar las finalidades que han llevado a la consagración y regulación de los delitos querellables". (Página 15 del mismo escrito).
4.6. Además, al modificar la pretensión, solicitando a la Corte que declare inexequible la totalidad del numeral 3º del artículo 37 de la ley 906 de 2004, el actor no aportó argumentos relacionados con la presunta inconstitucionalidad de las expresiones "(…)aunque el sujeto pasivo sea un menor de edad, un inimputable, o la persona haya sido sorprendida en flagrancia e implique investigación oficiosa.
La investigación de oficio no impide aplicar, cuando la decisión se considere necesaria, los efectos propios de la querella para beneficio y reparación integral de la víctima del injusto".
Además, el requisito de pertinencia en la argumentación impone al actor el deber de ejercer la acción en defensa del ordenamiento jurídico objetivamente considerado, impidiendo que se presenten peticiones encaminadas a resolver sobre interpretaciones y elucubraciones elaboradas por el accionante o destinadas a solucionar litigiosinter partes.
"RAZONES DE LA INFRACCIÓN
A su turno, el 3 inciso dispone que los jueces penales municipales conocen de los delitos que requieren querella. Al remitirse al artículo 74 de la ley 906 se encuentra que los delitos que requieren querella son aquellos que no tienen señalada pena privativa de la libertad y los que se encuentran en la siguiente lista, '2. Inducción o ayuda al suicidio (C.P. artículo 107); lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad que supere treinta (30) días sin exceder de sesenta (60) días (C.P. artículo 112 incisos 1º y 2º); lesiones personales con deformidad física transitoria (C.P. artículo 113 inciso 1º); lesiones personales con perturbación funcional transitoria (C.P. artículo 114 inciso 1º); parto o aborto preterintencional (C.P. artículo 118); lesiones personales culposas que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad que supere treinta (30) días (C.P. artículo 120); injuria (C.P. artículo 220); calumnia (C.P. artículo 221); injuria y calumnia indirecta (C.P. artículo 222); injuria por vías de hecho (C.P. artículo 226); injurias recíprocas (C.P. artículo 227); maltrato mediante restricción a la libertad física (C.P. artículo 230); malversación y dilapidación de los bienes de familiares (C.P. artículo 236); hurto simple de cuantía superior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes y que no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C.P. artículo 239); alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado (C.P. artículo 243); estafa de cuantía superior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes y que no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C.P. artículo 246); emisión y transferencia ilegal de cheques de cuantía superior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C.P. artículo 248); abuso de confianza de cuantía superior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C.P. artículo 249); aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito de cuantía superior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C.P. artículo 252); alzamiento de bienes de cuantía superior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C.P. artículo 253); disposición de bien propio gravado con prenda de cuantía superior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C.P. artículo 255); malversación y dilapidación de bienes (C.P. artículo 259); usurpación de tierras (C.P. artículo 261); usurpación de aguas (C.P. artículo 262); invasión de tierras o edificios (C.P. artículo 263); daño en bien ajeno de cuantía superior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C.P. artículo 265); falsa autoacusación (C.P. artículo 437); infidelidad a los deberes profesionales (C.P. artículo 445).'
De un examen del Título VII del Código Penal (ley 599 de 2000) DELITOS CONTRA EL PATROMINIO ECONÓMICO, se encuentra que entre los delitos que no tienen señalada pena privativa de la libertad y aquellos enlistados,solo unos pocos resultan no ser querellables: 1. Hurtos simples que excedan de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 2. Hurtos agravados o calificados. 3. El delito de extorsión, y sea simple o agravado. 4. El delito de estafa en cuantía superior a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 5. El delito de abuso de condiciones de inferioridad. 6. El delito de defraudación de fluidos. 7. El delito de prestación, acceso o uso ilegal de servicios de telecomunicaciones. 8. El delito de gestión indebida de recursos sociales. 9. El delito de usurpación de aguas. 10. El delito de perturbación de la posesión sobre inmueble.
Por ejemplo, un delito de abuso de confianza, un delito de utilización indebida de información privilegiada, un delito de daño en bien ajeno, un delito de alzamiento de bienes, entre varios otros. No será inusual encontrar entonces delitos querellables contra el patrocinio económico, cuya cuantía exceda de 150 salarios mínimos. De hecho, tal situación será la más repetitiva, pues dado que son pocos los delitos contra el patrimonio económico que resultan no ser querellables, por contraposición, la mayoría de ellos lo son"[28].
4.9. Como lo pone de presente el Procurador General de la Nación en el respectivo concepto,"… lejos de solicitar la inexequibilidad del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal por considerar que los apartes demandados contradicen, prima facie, el texto constitucional, vulnerando específicamente el derecho a la igualdad (Art. 13 CP) y el derecho al debido proceso (Art. 29 CP), lo que el accionante pretende, a fin de cuentas, es que la Corte Constitucional acoja una interpretación subjetiva que él hace de la norma demandada, de acuerdo con la cual, dado que se podría presentar un eventual conflicto de competencia entre los jueces penales municipales y los jueces penales del circuito, la Corte debería condicionar la exequibilidad de la norma demandada a una interpretación que él mismo sugiere"[29].
4.10. Bajo el título "Razones de la infracción", el demandante pretende, sin conseguirlo, demostrar la inconstitucionalidad de los numerales 2º y 3º del artículo 37 de la ley 906 de 2004, pero lo hace a partir del análisis de normas legales queprima facie no contradicen los contenidos de los artículo 13 y 29 de la Carta Política, toda vez que se requiere de un intrincado proceso de interpretación para, de manera indirecta y con base en interpretaciones subjetivas, llegar a solicitar a la Corte que declare la exequibilidad condicionada por omisión legislativa o la inexequibilidad total del numeral 3º del artículo 37.
A lo anterior se suma el hecho que inicialmente la demanda fue presentada contra una parte del numeral 3º, es decir, respecto de las expresiones"De los procesos por delitos que requieren querella …", pero finalmente y sin razones jurídicas claramente expuestas, el actor solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de todo el numeral 3º., que establece: "De los procesos por delitos que requieren querella aunque el sujeto pasivo sea un menor de edad, un inimputable, o la persona haya sido sorprendida en flagrancia e implique investigación oficiosa.
Declararse INHIBIDA para decidir respecto de la demanda instaurada por el ciudadano Daniel Pulecio Boeck contra el artículo 37, numeral 3º de la ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
Inhibida para decidir de la demanda (numeral 3 ) Artículo 37 LEY_906_2004_31/08/2004
[5]Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-758 de 2002, C-806 de 2001.
[7]Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2006.
[8] Los cargos por violación del derecho a la igualdad, deben "señalar con claridad los grupos involucrados, el trato introducido por las normas demandadas que genera la vulneración del derecho a la igualdad y qué justifica dar un tratamiento distinto al contenido en las normas acusadas". Corte Constitucional, Sentencias C-673 de 2001, C-913 de 2004 y C-127 de 2006, entre otras.
[10] Constitución Política art. 6º. "Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones".
[11] Constitución Política art. 121. "Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley".
[14] Así, por ejemplo en la Sentencia C-362 de 2001; la Corte también se inhibió de conocer de la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º del Decreto 2700 de 1991, pues "del estudio más detallado de los argumentos esgrimidos por el demandante, como corresponde a la presente etapa procesal, puede deducirse que los cargos que se plantean aparentemente contra la norma atacada no lo son realmente contra ella".
[15] Sentencia C-504 de 1995. La Corte se declaró inhibida para conocer de la demanda presentada contra el artículo 16, parcial, del Decreto 0624 de 1989 "por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales", pues la acusación carece de objeto, ya que alude a una disposición no consagrada por el legislador.
[22] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-504 de 1993. La Corte declaró exequible en esta oportunidad que el Decreto 100 de 1980 (Código Penal). Se dijo, entonces: "Constituye un error conceptual dirigir el cargo de inconstitucionalidad contra un metalenguaje sin valor normativo y, por tanto, carente de obligatoriedad por no ser parte del ordenamiento jurídico. La doctrina penal es autónoma en la creación de los diferentes modelos penales. No existe precepto constitucional alguno que justifique la limitación de la creatividad del pensamiento doctrinal - ámbito ideológico y valorativo por excelencia -, debiendo el demandante concretar la posible antinomia jurídica en el texto de una disposición que permita estructurar un juicio de constitucionalidad sobre extremos comparables". Así, la Corte desestimaba algunos de los argumentos presentados por el actor que se apoyaban en teorías del derecho penal que reñían con la visión contenida en las normas demandadas y con la idea que, en opinión del actor, animaba el texto de la Constitución.
[26]Cfr. Fundamento 3.3. de esta providencia.
[27]Cfr. Fundamento 3.3. de esta providencia.
[29]Concepto número 4960, página 10.