Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-3-de-2006?documento=legcol&contexto=legcol_759920421cabf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-06-16 07:06:03
Document Index: 53450569

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 30', 'artículo 112', 'artículo 268', 'artículo 1', 'artículo 79', 'artículo 112', 'artículo 172', 'artículo 9', 'artículo 209', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 9', 'artículo 79', 'artículo 79']

﻿ RESOLUCIÓN ORGÁNICA 3 DE 2006
RESOLUCIÓN 3 DE 03 DE MAYO DE 2006
CONTENIDO:ENTIDADES PÚBLICAS. SE DELEGA EN EL DIRECTOR DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA DE LA AUDITORÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL LA COMPETENCIA PARA EJERCER JURISDICCIÓN COACTIVA, RESPECTO DE LOS CRÉDITOS CONSTITUIDOS A FAVOR DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
DIARIO OFICIAL N°:46263 DE MAYO 9 DE 2006
RESOLUCIÓN ORGÁNICA 3 DE 2006
“Por la cual se delega la facultad para ejercer la jurisdicción coactiva de los créditos constituidos a favor de la Auditoría General de la República”.
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 14 del artículo 17 del Decreto-Ley 272 de 2000, el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, y
Que según lo establecido en el numeral 8º del artículo 268 de la Constitución Política, aplicable a todos los organismos de control fiscal, las contralorías y la Auditoría General de la República, se encuentran expresamente facultadas para ejercer jurisdicción coactiva, con el objeto de hacer efectivas las obligaciones impuestas a cargo de sus vigilados en fallos con responsabilidad fiscal o resoluciones sancionatorias fiscales, como conclusión del ejercicio de la vigilancia sobre su gestión fiscal, facultad que se ejerce en nombre de la entidad afectada por un detrimento al patrimonio público o del tesoro del respectivo ente territorial;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo, las disposiciones en él contenidas se aplican a toda entidad que cumpla funciones administrativas, siempre que no exista reglamentación especial que defina la materia;
Que el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo ha reconocido a las entidades que cumplen funciones administrativas, el privilegio exorbitante de hacer efectivos los créditos constituidos a su favor, diferentes de los contenidos en fallos con responsabilidad fiscal o resoluciones sancionatorias fiscales, mediante el ejercicio de la denominada “jurisdicción coactiva”, que se debe desarrollar conforme a lo establecido en los artículos 68 y 252 de la referida codificación y, en lo no previsto en ella, de acuerdo con lo establecido en los artículos 561 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que definen el procedimiento para el cobro de las deudas fiscales;
Que esta facultad ha sido ratificada por lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, que reconoce a las entidades públicas del nivel nacional, jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor, facultad que debe ejercer su representante legal o su delegado;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, mediante la cual se adoptó el Código Disciplinario Único, las autoridades nominadoras de las entidades públicas, se encuentran facultadas para ejercer jurisdicción coactiva respecto de las sanciones pecuniarias impuestas como conclusión de un proceso disciplinario, adelantado en contra de ex funcionarios o funcionarios vinculados a la respectiva entidad;
Que en la Auditoría General de la República, la facultad reconocida para ejercer jurisdicción coactiva respecto de los fallos con responsabilidad fiscal y resoluciones sancionatorias fiscales, se encuentra asignada a la dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, de la auditoría delegada para la vigilancia de la gestión fiscal, sin que aún se haya confiado esta misma competencia, en dependencia alguna de la entidad, para hacer efectivos los créditos constituidos a favor de la entidad;
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, los representantes legales de las entidades públicas se encuentran facultados para delegar las funciones a ellos encomendadas, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley;
Que el numeral 14 del artículo 17 del Decreto-Ley 272 de 2000, faculta expresamente al Auditor General de la República para adoptar las medidas administrativas y financieras para el adecuado funcionamiento de la entidad y, para delegar en las distintas dependencias y funcionarios de la auditoría, las competencias y tareas necesarias para el cabal cumplimiento de las funciones constitucionales y legales;
Que en ejercicio de las facultades conferidas al Auditor General de la República en el numeral 14 del artículo 17 del Decreto 272 de 2000, que se encuentra en concordancia con lo previsto en el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, se hace necesario delegar la competencia para el ejercicio de la jurisdicción coactiva reconocida por el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo, 112 de la Ley 6ª de 1992 y, 172 y siguientes de la Ley 734 de 2002, en el director de la dependencia que cuenta con experiencia y conocimientos requeridos en esta materia,
ART. 1º—Delegar la competencia para ejercer jurisdicción coactiva, respecto de los créditos constituidos a favor de la Auditoría General de la República, reconocida por el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo, 112 de la Ley 6ª de 1992 y, 172 y siguientes de la Ley 734 de 2002 y demás normas que las modifiquen, en el director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva de la auditoría delegada para la vigilancia de la gestión fiscal, de esta entidad.
ART. 2º—La facultad delegada se deberá ejercer dando aplicación a lo establecido en los artículos 68, 79 y 252 del Código Contencioso Administrativo y, 561 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, así como a las demás normas especiales que se expidan en la materia.
ART. 3º—Ordenar el envío de los actos administrativos que a la fecha se encuentren debidamente ejecutoriados, en los cuales consten obligaciones claras, expresas y exigibles a favor de la Auditoría General de la República, a la dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, de la auditoría delegada para la vigilancia de la gestión fiscal.
ART. 4º—En contra de las decisiones que se adopten por el director de responsabilidad fiscal, dentro del trámite de los procesos de cobro que se adelanten en ejercicio de la jurisdicción coactiva, procederán los mismos recursos que se podían promover ante el despacho del auditor.
Dada en Bogotá, D.C., a 3 de mayo de 2006.