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Timestamp: 2019-03-22 10:21:38
Document Index: 62784660

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 96', 'artículo 68', 'artículo 68']

Área de Presidencia - Página 18
ÁREA DE PRESIDENCIA. SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ASESORAMIENTO LEGAL AL PLENO Y A LAS COMISIONES PLENARIAS, DE REGISTRO Y FE PÚBLICA DE DICHOS ÓRGANOS.
D. Julio Concepción Pérez
Dª Ana Zurita Expósito
Dª Marta Arocha Correa
Dª Mª Coromoto Yanes González
El PIOT consta de 11 planos generales (1 hoja para ser impresa a escala 1:150.000) y 3 más que detallan tres de los anteriores (cada uno de ellos consta de 15 hojas a escala 1:25.000). Se pasa a continuación a valorar respecto de cada uno de estos planos el grado de adecuación a la nueva Ley.
4.1. Plano Síntesis de la Información
Este plano se presenta a escala 1:150.000 (1 hoja) y 1:25.000 (15 hojas) y divide el territorio insular en áreas homogéneas en cuanto a los usos existentes (en el momento de la formulación del PIOT), no ARH con alcance ordenancístico. Además, grafía la red viaria principal y los sistemas insulares. En tanto plano de información, no tiene carácter dispositivo ni tampoco se ve afectado por la nueva Ley; en consecuencia, sin perjuicio de la conveniencia de su actualización dado el largo tiempo transcurrido desde su elaboración, se entiende que debe mantenerse como parte de la documentación vigente.
4.2. Zonificación ambiental
Este plano se presenta a escala 1:150.000 (1 hoja) y 1:25.000 (15 hojas). La zonificación ambiental es una determinación propia de la naturaleza del PIOT de plan de ordenación de los recursos naturales. Ciertamente, hay una estrecha correlación entre las zonas ambientales (A, Ba, Bb y C/D) y la división del territorio en Áreas de Regulación Homogénea (ARH). Pero mientras las primeras deben entenderse como el resultado gráfico del diagnóstico territorial, las segundas, por más que basadas en aquéllas, implican un alcance dispositivo al cual ya se ha hecho referencia en el capítulo 2 de esta parte B. Por eso, si bien la entrada en vigor de la LSENPC implica la derogación de la delimitación y regulación de determinadas ARH, ello no implica que haya de alterarse la zonificación ambiental, siempre que se entienda que, en efecto, carece de alcance dispositivo. En consecuencia, y sin perjuicio de la necesidad de revisar estas delimitaciones a partir de la actualización de los contenidos ambientales del PIOT, se entiende que este plano debe mantenerse como parte de la documentación vigente.
4.3. Distribución básica de los usos
Este plano también se presenta a escala 1:150.000 (1 hoja) y 1:25.000 (15 hojas) y recoge la división exhaustiva de la Isla en recintos adscritos a las correspondientes categorías de Áreas de Regulación Homogénea (ARH). En los anteriores epígrafes 2.4 a 2.10 de esta parte B ya se ha analizado cada una de las categorías de ARH concluyendo que sólo son compatibles con la nueva Ley las ambientales, económicas y estratégicas. Consiguientemente, en principio, de este plano deberían suprimirse todos los recintos adscritos a las otras categorías de ARH, de modo que sólo quedarían delimitados (y “coloreados”) los de las ARH ambientales, económicas y estratégicas.
Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que este plano del PIOT tenía un alcance directivo; mediante un análisis a escala más detallada del territorio, los distintos instrumentos de planeamiento (territoriales, de Espacios Naturales Protegidos y planes generales urbanísticos) tenían la obligación de “desarrollar” esta división, “readscribiendo” en su caso ámbitos concretos de suelo a ARH distintas. En la medida en que se realizaban estos procesos de desarrollo del PIOT, aunque el plano no se modificara, se producía de hecho (y de derecho) una alteración de los perímetros de los recintos de las ARH. Por ejemplo, el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Ganadería, tras el pertinente análisis detallado y siguiendo los criterios que se establecen en el régimen normativo de las ARH, readscribió unos terrenos en el entorno de Benijos de ARH ambiental a ARH de protección económica; esos terrenos, en este plano del PIOT siguen apareciendo como ARH de protección ambiental, pero en realidad su régimen jurídico es el propio de las ARH de protección económica. Este mismo ejemplo vale para todas las readscripciones llevada a cabo por todos los instrumentos de planeamiento (incluyendo los planes generales municipales) que se aprobaron definitivamente adaptándose al PIOT y, por tanto, desarrollando el submodelo de distribución de los usos del PIOT en su ámbito territorial y, en su caso, readscribiendo suelos de un ARH a otra.
En consecuencia con lo expuesto, los recintos que deben suprimirse no son los que en este plano del PIOT están asignados a ARH distintas de ambientales, económicas y estratégicas, sino los que a la fecha, como resultado de las aprobaciones de planes territoriales, de ENP y generales municipales adaptados al PIOT, estén efectivamente adscritos a ARH distintas de ambientales y estratégicas.
4.4. Modelo de Ordenación Territorial
Este plano se presenta a escala 1:150.000 (una hoja) y en él se recogen las siguientes determinaciones gráficas de ordenación, cuya compatibilidad con la LSENPC se señala a continuación:
Las Áreas de Regulación Homogénea: deberán suprimirse las que han quedado derogadas de acuerdo a los criterios establecidos en el epígrafe anterior.
La Red Viaria y de Transportes: al tener el carácter de sistema general supramunicipal deberá mantenerse sin alteración.
Los equipamientos e infraestructuras insulares: también deberán mantenerse por tener igualmente el carácter de sistemas generales supramunicipales.
La estructura comarcal: aunque carece de contenido dispositivo (no es el ámbito de los planes comarcales que han quedado derogados), se debe mantener como referencia, toda vez que la descripción de los modelos comarcales se hace por referencia a la misma.
4.5. Modelo de Estructura Urbana
Este plano se presenta sólo a escala 1:150.000 (una hoja) y en él se recogen las siguientes determinaciones gráficas de ordenación, cuya compatibilidad con la LSENPC se señala a continuación:
Las delimitaciones de las áreas residenciales (principales, secundarias y asentamientos rurales), áreas turísticas (consolidados turísticos y consolidados mixtos) y áreas de expansión, deben considerarse determinaciones orientativas, sin alcance normativo, tal como se ha argumentado al analizar el Modelo de Ordenación Territorial del PIOT. La delimitación de las áreas industriales y terciarias, en cambio, sí son determinaciones vinculantes del PIOT.
La Red Viaria y de Transporte debe mantenerse, tal como ya se expone en el epígrafe anterior.
Las Operaciones Singulares Estructurantes también han de mantenerse, tal como se argumenta en el epígrafe 2.12 anterior, pero deberán suprimirse las que se entienden derogadas (Cabo Blanco, Equipamientos de Salud del Valle de La Orotava, y las dos de rehabilitación urbana).
Red Viaria y de Transportes: al tener el carácter de sistema general supramunicipal deberá mantenerse sin alteración.
La estructura comarcal puede mantenerse tal como se ha justificado en el epígrafe anterior.
4.6. Ámbitos de Intervención Singular
Los ámbitos extractivos: que, toda vez que no han sido derogados como se ha expuesto en el epígrafe 3.6, debe mantenerse.
Los ámbitos de referencia turística, que también deben mantenerse ya que, como se argumenta en el anterior epígrafe 3.8, no han sido derogados, sin perjuicio de que su alcance normativo haya quedado muy disminuido.
Las Operaciones Singulares Estructurantes también deben mantenerse, suprimiendo las derogadas, tal como se expone en el epígrafe anterior.
Red Viaria y de Transporte debe mantenerse, tal como ya se expone en el epígrafe 4.4.
La estructura comarcal puede mantenerse tal como se ha justificado en el epígrafe 4.4.
4.7. Ámbitos de Regeneración Paisajística
Este plano, presentado a escala 1:150.000 (una hoja), delimita los ámbitos de regeneración paisajística previstos en el artículo 3.1.6.1 de las Normas. Tal como se ha expuesto en el anterior epígrafe 3.1, toda vez que el párrafo que contiene esta determinación se considera compatible con la LSENPC, ha de concluirse que este plano debe mantenerse.
4.8. Modelo de Ordenación de Puertos
Este plano, presentado a escala 1:150.000 (una hoja), recoge las determinaciones gráficas para la aplicación del artículo 3.3.3.10 de las Normas. Toda la sección en la que se incluye dicho artículo, tal como se ha expuesto en el epígrafe 3.4, debido a su carácter directivo, ha de desplazarse de las Normas a otro documento del PIOT. No obstante, la supresión del mismo de las Normas no implica la derogación de su contenido y, por tanto, requiere que se mantenga el plano para su correcta aplicación.
4.9. Índice de Potencial Eólico
Este plano, presentado a escala 1:150.000 (una hoja), tiene un mero valor informativo, y aparece debido a que era exigido por las Directrices de Ordenación General, actualmente derogadas. La información reflejada provenía de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, y no alcanza la fiabilidad mínima requerida. En consecuencia, dado su nulo carácter dispositivo, la innecesaridad legal del mismo y su poca fiabilidad, se propone considerar este plano derogado.
4.10. Mapa Eólico
Este plano, presentado a escala 1:150.000 (una hoja) y divide el territorio insular en dos tipos de áreas: las incompatibles con instalaciones de generación de energía eólica y las potencialmente incompatibles. Este plano es requerido para la aplicación de la regulación de la admisibilidad de las infraestructuras supramunicipales de generación de energía eólica (véase lo ya expuesto en el epígrafe 3.4 en relación al artículo 3.3.4.6); de otra parte, la LSENPC, en su artículo 96.2.l) requiere que el Plan Insular elabore un mapa eólico de la Isla. En consecuencia, este plano debe mantenerse.
4.11. Esquemas
Este plano es una lámina que incluye 6 esquemas sobre mapas a escala muy reducida de la Isla. El valor de los mismos es fundamentalmente ilustrativo para entender la propuesta de ordenación del PIOT, sin que pueda decirse que tiene determinaciones dispositivas. En consecuencia, es un complemento de la Memoria de Ordenación del PIOT y como tal puede mantenerse, siempre que se añada junto al título un texto que aclare que carece de valor normativo”.
Con base en todo lo anterior, y teniendo en cuenta que el Pleno de este Cabildo Insular es el órgano competente para la aprobación del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (art. 41.2.l del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife), se estima que debe ser este mismo órgano el que deberá acordar, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Derogatoria Única (apartado tercero) de la Ley 4/2017, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, el contenido que debe considerarse vigente tras la derogación de las determinaciones del Plan Insular de Ordenación de Tenerife.
Por todo lo expuesto, previo dictamen de la Comisión Plenaria de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Política Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, el Pleno, con 16 votos a favor (10 de CC-PNC, 6 del Grupo Socialista), y 10 abstenciones (5 del Grupo Popular y 5 del Grupo Podemos), ACUERDA:
PRIMERO: Considerar, en aplicación de la Disposición Derogatoria Única de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que el estado de vigencia de las distintas determinaciones del Plan Insular de Ordenación de Tenerife es aquel que se indica en considerando sexto.
SEGUNDO: Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el tablón de Anuncios de este Cabildo Insular.
TERCERO: Comunicar el presente Acuerdo a los treinta y un Ayuntamientos de la Isla de Tenerife y a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias.
CUARTO: Encomendar al Área de Política Territorial de este Cabildo Insular, la elaboración de un documento del Plan Insular de Ordenación de Tenerife actualizado en base a los resultados de este acuerdo. Dicho documento deberá publicarse en la página web www.tenerife.es/planes en sustitución del existente.
QUINTO: Encomendar al Área de Política Territorial de este Cabildo Insular, a la vista del documento actualizado y de los requerimientos de la nueva Ley, la elaboración de un informe-propuesta con los contenidos que deben incorporarse al Plan Insular de Ordenación para que éste alcance una eficacia y coherencia suficientes para la ordenación del territorio insular.
24.- Comparecencia, a petición del Grupo Podemos, de Don Aurelio Abreu Expósito, Consejero Insular del Área de Cooperación Municipal, Vivienda y Aguas, para informar sobre los grados de cumplimiento de los acuerdos plenarios del Cabildo de Tenerife en materia de viviendas y la actual situación de familias afectadas por desahucios en la isla de Tenerife.
Comparece el Consejero del Área de Cooperación Municipal, Vivienda y Aguas de este Cabildo Insular, D. Aurelio Abreu Expósito, a solicitud del Grupo Podemos, para informar acerca del grado de cumplimiento de los acuerdos plenarios en materia de vivienda y de la actual situación de las familias afectadas por desahucios en la isla de Tenerife, cuya intervención así como la de los Portavoces de los Grupos Políticos de esta Corporación constan íntegramente en el Diario de Sesiones del Pleno previsto en el artículo 68.3 del Reglamento Orgánico de esta Corporación, a las que, resumidamente, se hace referencia a continuación:
Comienza el compareciente diciendo que el área de vivienda es una de las áreas más importantes que gestionamos en el Cabildo insular de Tenerife, y ello por la importancia que para los socialistas tiene cualquier área social de la administración pública. Es consustancial a nuestra naturaleza el preocuparnos y ocuparnos de los problemas de la ciudadanía, y así lo reflejamos en el propio presupuesto del área.
El presupuesto aumenta y seguirá creciendo de forma rotunda. Desde nuestra llegada, se ha visto fortalecido, con la creación de la Dirección Insular de Vivienda, pasando de un escaso millón de euros en 2015 a 3 millones en 2016; 4,5 en 2017 hasta los 5,4 en 2018, con un grado de ejecución de un 95%, en 2017, lo que demuestra la importancia que para nosotros tiene la gestión de la vivienda.
Nuestras competencias en materia de vivienda, como se ha reconocido desde el primer momento, son escasas, pero ello no ha impedido que trabajemos y nos involucremos acercándonos a las administraciones públicas que tienen mayores competencias, como es el Gobierno de Canarias o los ayuntamientos o mediante el impulso de diferentes proyectos de los que nos sentimos muy orgullosos ya que los mismos empiezan a reflejar datos muy positivos.
La situación de la vivienda en la isla es muy compleja y escasean las viviendas públicas que permitan a los ciudadanos acceder a alquileres sociales, acordes con su situación económica y familiar. También los alquileres con particulares, donde cada vez los precios se hacen menos accesibles, complica el acceso a la vivienda de los ciudadanos.
La precariedad laboral y el paro han supuesto que muchas personas no puedan afrontar el pago de sus hipotecas y de sus alquileres, motivo por el cual, surge el Proyecto Base 25. Este proyecto tiene sus cimientos en otros proyectos similares a nivel europeo, como el Housing First, que se basan en el compromiso de las familias de permitir el asesoramiento y acompañamiento de las entidades en diferentes aspectos de su vida. Todos los proyectos similares al Base 25 coinciden en que las familias firmen ese compromiso para dejarse acompañar.
Este proyecto, llevado a cabo en Tenerife junto a Cáritas con un presupuesto que fue aprobado por el Pleno en diciembre de 2016 con una enmienda del Grupo Podemos, comienza en la mayoría de las veces mediante el contacto telefónico con las familias, gracias a la colaboración y coordinación de los servicios sociales municipales que es fundamental.
Durante 6 meses, esta Administración, mantuvo visitas con todos los Ayuntamientos de la Isla y todos los equipos multidisciplinares para explicar en qué consiste el Proyecto Base 25, donde participaron todos los Grupos Políticos y donde además diferentes áreas del Cabildo, de Acción Social y de Gobierno Abierto, estuvieron presentes en cada una de las reuniones comarcales, para explicar y oír la situación dramática que supone un desahucio para las familias en cada uno de los rincones de esta Isla.
En todos los casos en donde las familias quieren nuestra colaboración se inicia el expediente con una visita domiciliaria de los trabajadores sociales, sea cual sea el lugar de la Isla a la que haya que desplazarse.
Esto que, a priori, puede parecer una tontería es un hecho que las familias agradecen profundamente, ya que las que se acogen a este proyecto tienen muchas limitaciones económicas y se encuentran en situaciones complejas, graves y muy estresantes, y valoran que una Administración pública se acerque y les ayude en un momento tan complicado.
Además, el hecho de que las trabajadoras sociales se desplacen a los domicilios, les da a ellas una información integral de la situación, y nos ayuda a conseguir un diagnóstico más rápido, que nos permite detectar la posible existencia de menores en el domicilio que convierte la situación en más delicada si cabe.
Durante el año 2017, Base 25 ha abierto 148 expedientes afectando a 472 personas, 258 adultos y 214 menores, de los cuales 64 ya están cerrados tras recibir el asesoramiento necesario y el 17% encuentra una alternativa alojativa, el 13% cumple sus objetivos personalizados, el 6% es derivado a otros recursos sociales y el 19% se cierra porque los participantes rehúsan a la participación por diferentes causas o por la integración de otros miembros de la familia que forman parte de ese problema y entre todos se busca la solución.
Nos encontramos con distintas situaciones habitacionales. La principal que hemos abordado son los casos de desahucio por impago de alquiler, seguidos por ocupaciones ilegales de vivienda propiedad de entidades bancarias o financieras.
Ya explicó que en un primer momento, el proyecto cuenta con un protocolo de derivación de los ayuntamientos, que incluye un informe social por parte de ellos. Destaca la coordinación absoluta con los Ayuntamientos a la hora de implicarse desde el minuto uno en cada una de las situaciones.
Hemos trabajado con todos los ayuntamientos de la isla, pero la mayor problemática de vivienda la hemos encontrado en el ayuntamiento capitalino seguido de Granadilla de Abona. Santa Cruz de Tenerife por la mayor cantidad de población que se concentra y Granadilla por una importante problemática de ocupación ilegal, siendo el tercer municipio La Laguna.
En cuanto al perfil de personas participantes en este proyecto, se ha atendido prioritariamente a familias ya sean nucleares o monoparentales.
Encontramos, dentro de estos perfiles, perfiles significativos que conllevan situaciones muy complejas de resolver, familias monoparentales, jóvenes con menores a su cargo que tienen dificultades para conciliar el empleo con el cuidado del menor. Además se trata, en la mayoría de los casos, de jóvenes sin cualificación por lo que los puestos de trabajo suelen ser de salarios muy escasos que no dan para afrontar el pago de la vivienda. Otro perfil significativo es el de perceptores de rentas mínimas, pensiones no contributivas, rentas activas de reinserción, prestación canaria de inserción, en definitiva rentas de cuantías muy bajas, lo que provoca que dejen de pagar el alquiler para poder comprar alimentos, medicinas o suministros básicos como el agua.
También hay perfiles de personas que han sufrido una pérdida drástica de su nivel de vida, debido principalmente al desempleo prolongado. En este perfil, se encuentra la mayoría de los casos de ejecuciones hipotecarias o de desahucios por impago de alquiler privado. Además, encontramos perfiles de personas en situación administrativa irregular al ser personas de otros países, lo que supone que se le niega el acceso a cualquier tipo de ayuda social. Hay algunos Ayuntamientos con dificultades administrativas para empadronar a una familia que tiene un derecho legítimo como para hacerlo.
Como pueden comprobar, nos encontramos diariamente con situaciones dramáticas, lo que no nos permite tener tiempo para poder responder en redes sociales a las continuas acusaciones sobre la financiación del proyecto. Seguramente, cuando termine mi intervención, se darán cuenta que el importe que se destina a este proyecto está perfectamente justificado, al igual que el procedimiento de subvención por el que se concedió cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley.
Esta primera aproximación al Base 25, nos permite detectar que el problema de la vivienda no es aislado, sino que es la consecuencia fundamentalmente de la falta de empleo y de la precariedad laboral. Por ello, en este proyecto, insistimos tanto en la necesidad de que existiera un técnico de empleo a tiempo completo destinado al proyecto, porque, si bien es cierto que la vivienda es la base fundamental de la vida de las personas, difícilmente se puede encontrar vivienda sin un empleo digno. La función principal que ha ejecutado este técnico de empleo ha sido la de realizar un proceso de orientación, información, y acompañamiento a las familias, con el objetivo de superar la situación de exclusión, bien a través de la consecución de un empleo, o mejorando la empleabilidad de los participantes.
Como ya dijo anteriormente, teniendo en cuenta las dificultades económicas de los participantes que acceden al proyecto, el técnico de empleo al igual que los trabajadores sociales, se han desplazado a los diferentes municipios para asistir y acompañar siempre a todos los miembros de las familias.
A través de Base 25, se han derivado a muchos beneficiarios a diferentes proyectos de empleo, con los siguientes resultados:
-43 personas atendidas en el área de empleo logrando más de una quincena de inserciones laborales. De ellas, 25 mujeres y 18 hombres, con edades entre los 30 y 45 años, y con estudios bastante bajos.
-De estas 43, más de la mitad, llevaban más de dos años desempleadas
El proyecto Base 25 está teniendo muy buenos resultados en cuanto a la intermediación, y en este sentido, el Cabildo está sirviendo de impulso a las distintas administraciones públicas. Los Ayuntamientos saben que en el Cabildo tienen un aliado en esta materia, y el Gobierno de Canarias sabe que desde el proyecto, se les comunica de manera inmediata, los casos en los que se requiere su intervención, para intermediar con las entidades financieras y bancarias. Hemos encontrado una dificultad enorme por parte del Gobierno de Canarias en no poner las viviendas necesarias a disposición del Cabildo, de los propios Ayuntamientos o del propio proyecto, lo que nos está suponiendo una dificultad a la hora de encontrar de manera inmediata la solución que requieren las familias en esa situación.
El 35 % de las personas con este proyecto han obtenido un empleo, si bien no es un empleo de larga duración, son empleos que ayudan en momentos determinados a las familias a tener un respiro económico.
En este momento, desde Base 25, se ha trasladado a la Dirección General de Vivienda 20 casos para que intermedie con distintas entidades financieras de las que se han conseguido con éxito satisfactorio lograr las viviendas para ellos.
Del total de familias atendidas en el ejercicio 2017, 88 han recibido atención jurídica; las principales actuaciones que se han realizado son:
-Asesoramiento y atención jurídica
-Revisión de documentación y cita para casos urgentes con fecha de lanzamiento
-Visitas a los juzgados para acceder a los expedientes judiciales
-Presentación de escritos solicitando aplazamientos o moratorias
-Coordinación y colaboración con procuradores, abogados de oficio, funcionarios de juzgado, letrados de ayuntamientos
-Orientación y estrecha colaboración con abogados de oficio
-Intervenciones judiciales en calidad de abogada
-Tramitación de enervaciones judiciales
-Negociaciones extrajudiciales
-Reclamaciones a los órganos judiciales por incumplimiento de derechos y garantías procesales
Como pueden comprobar, a pesar de las críticas continuadas, el proyecto Base 25 funciona y está integrado y coordinado por todas las Administraciones públicas e incluso se ha llegado a felicitar a los técnicos de Cáritas en privado por algún miembro del Grupo Podemos, le gustaría que el gesto de derivar a una persona a Cáritas y los agradecimientos a los técnicos también se hagan públicos y utilizar las redes sociales para fines más constructivos.
En el Área de Vivienda nos preocupaba la rehabilitación de las viviendas, y por ello aprobamos el proyecto de rehabilitación, suprimido de forma unilateral por el Gobierno de Canarias en 2011, en mitad de una crisis que obligó a los jóvenes a volver a sus casas con sus padres.
El plan de rehabilitación, por lo tanto, ha sido sumamente importante para familias con menos recursos económicos, que no podían afrontar obras tan básicas como la reforma de un baño o el arreglo de tuberías, y que en la mayoría de los casos no superaban los 6.000 euros. Con ellas, hemos logrado dignificar y poner en valor el patrimonio de las familias más humildes.
Dentro de este plan de rehabilitación de viviendas, hemos abordado diferentes obras según las necesidades de las familias. Aquellas que suponen facilitar las condiciones de accesibilidad y habitabilidad para personas con discapacidad, para personas mayores y también para personas dependientes. Pero también ha supuesto que familias hayan conseguido poder escriturar o conseguir la cédula de habitabilidad de sus viviendas, en un trabajo coordinado entre este Cabildo y los ayuntamientos de la Isla.
Este Plan de rehabilitación de vivienda empezó con un presupuesto en 2016 de 1.322.000 euros y actualmente, es de 2.314.00 euros.
Orgullosos también estamos del resultado que está teniendo los denominados ARRUS, Áreas de Regeneración y Rehabilitación Urbana. Desde el Cabildo, estamos trabajando para dar a conocer a los ayuntamientos más pequeños la posibilidad que tienen de adherirse a esta figura jurídica.
Hasta el año pasado, sólo los ayuntamientos con mayor capacidad de gestión, como son Santa Cruz, Candelaria, La Laguna y Adeje, se habían adherido a estos convenios de colaboración. Queremos que el resto de ayuntamientos de la isla con menos capacidad técnica, puedan unirse a estos convenios. Son muchas las necesidades que existen en los diferentes municipios de la Isla de hacer rehabilitaciones íntegras de vivienda.
En este momento, estamos trabajando con municipios como San Juan de La Rambla, Arona y Buenavista del Norte, entre otros. Ya hemos conseguido que para el 2017 y 2018, se uniera el Ayuntamiento de El Tanque para rehabilitar 15 viviendas.
Por lo tanto, todos los ayuntamientos que lo necesiten contarán con el apoyo técnico y el asesoramiento jurídico que requieren para poder nutrirse de esta financiación tan importante.
No quiero olvidarme tampoco de la importancia del Consejo Insular de la Vivienda, el cual se creó en sesión plenaria el 28 de abril de 2014, pero no fue hasta el día 9 de noviembre de 2015, cuando se constituye y se pone en funcionamiento.
Desde esa fecha y hasta el momento actual, además de las celebraciones de los consejos territoriales que se han realizado por diferentes comarcas, el Consejo de la Vivienda propiamente dicho, se ha reunido el 1 de diciembre de 2015; el 11 de febrero de 2016; el 7 de marzo de 2016; el 5 de abril de 2016; el 26 de octubre de 2016; el 25 de enero de 2017; el 25 de julio de 2017, estando convocado de nuevo el pasado 28 de febrero, que no se pudo celebrar como consecuencia de la alerta meteorológica y que se ha trasladado al próximo martes 6 de marzo. En dicho Consejo, y tal y como se refleja en el orden del día enviado con antelación suficiente, se dará cuenta de todas las actuaciones realizadas por el área de Vivienda en el ejercicio 2017.
Para ello, además, se ha adjuntado la documentación necesaria para conocimiento de todos los aspectos que se tratarán en dicho Consejo, incluso se dará cuenta de las acciones que se han desarrollado desde el Área de Acción Social y que tienen relación con Vivienda.
En el Consejo Insular de la Vivienda, se crearon tres mesas. Una de ellas fue una comisión que impulsara el análisis, estudio y propuesta al Instituto Canario de la Vivienda, de la Oficina de Intermediación y Protocolo de Desahucio, al ser una competencia exclusivamente del Gobierno de Canarias. A través de este Órgano, intentamos impulsar la creación de dicha oficina de intermediación, designándose para ello una coordinadora que es la responsable de impulsar su funcionamiento, al frente de la cual se nombra a Inma Évora, y que no ha convocado dicha Mesa o comisión, a diferencia de la Mesa de Personas sin Hogar, cuyo coordinador sí la ha convocado en distintas ocasiones aportando bastante información a los técnicos del proyecto Base 25.
Desde el Cabildo de Tenerife intentamos dentro de nuestras competencias, y respetando a todas las plataformas de la Isla, ayudar y acompañar a las familias que nos lo permiten en estas situaciones tan dramáticas, procurando siempre con nuestras soluciones, ajustadas a la legalidad, no añadir mayores problemas a las familias.
Trabajamos para que las familias consigan regularizar sus situaciones, porque ello supone una tranquilidad en sus vidas y una descarga importante de estrés. Las familias necesitan sentir que son capaces de afrontar los gastos que genera una vivienda, y también que forman parte de esta sociedad. Nosotros defendemos la sociedad del bienestar, lucharemos como socialistas, porque los ayuntamientos concedan a las familias las ayudas sociales que necesitan para salir adelante.
Lucharemos también porque el Gobierno de Canarias, ponga a disposición de las familias, viviendas sociales que se ajusten a su economía, y lucharemos también porque los bancos no castiguen a las familias que están pasando por una situación puntal complicada. Por lo tanto, seguiremos sacando proyectos como Base 25, que nos ha permitido, además de ayudar y acompañar a muchas familias, a hacernos una idea clara de cuál es la situación de la vivienda en la Isla. Tenemos que lograr que los Ayuntamientos cuenten con los recursos necesarios que les permita conceder las ayudas necesarias.
Concluye diciendo que se está haciendo un seguimiento muy riguroso de este proyecto por parte de los profesionales, también desde el punto de vista político, para evitar precisamente los malos entendidos y la mala información que se vierte en las redes sociales de forma malintencionada. Destaca el trabajo de la Directora Insular de Vivienda por su dedicación y seguimiento de este proyecto. Hace un llamamiento a la seguridad y a la seriedad con la que se está trabajando en este proyecto y a que los Grupos Políticos se sumen en la voluntad de aportar soluciones concretas que puedan ser realizables con las administraciones y competencias que tenemos cada una.
Interviene a continuación por el Grupo Podemos el Consejero D. Julio Concepción Pérez, señalando que la estrategia del Consejero no ha sido resolver un problema sino quitarse el problema de encima, a nuestro entender lo que ha habido es un incumplimiento grave de los acuerdos de varias mociones que se han traído al Pleno por parte de su Grupo, no habiéndose desarrollado los compromisos adoptados por la Corporación. La estrategia del Sr. Abreu ha sido liderar la el asesoramiento financiero a empresas y a particulares pero con otra estrategia más interesante, sacándose un proyecto de la manga e incumplir cada uno de los acuerdos que se han aprobado en este Pleno. Estamos en un punto muerto si los acuerdos plenarios no sirven para nada. Uno de los acuerdos adoptados era la creación de una oficina de intermediación hipotecaria, oficina que no existe, y ningún ciudadano sabe a dónde dirigirse físicamente cuando tiene un problema, para ser asesorado y evitar que las entidades financieras tengan una situación privilegiada, esa situación de amparo a las familias con desahucio y pérdida de la vivienda no se da a día de hoy, un espacio físico donde se ofrezcan recursos. El diagnóstico sin hogarismo que tampoco lo tenemos y que también aprobó el Pleno, dándose el caso de que el Albergue ha pedido la colaboración a otras administraciones porque se han visto desbordados ante la afluencia de personas que se encuentran en la calle.
Por parte del Grupo Popular interviene la Consejera Dª Ana Zurita Expósito, diciendo que no llega a entender la política del Área de Vivienda más allá de lo que supone una mera aportación económica. De la gestión que hace el Área de Vivienda nos enteramos cuando se celebran los Consejos Insulares que son muy esporádicos y muy dilatados en el tiempo, desprendiéndose de la información que se da en ellos que tienen dos proyectos fundamentales: el de rehabilitación y el Base 25, y coincide con el representante del Grupo Podemos en que se trata de meras aportaciones económicas, o sea, lo que hace el Cabildo es casi quitarse un problema de encima. Recuerda las competencias que en este tema tienen las distintas Administraciones: Cabildo, Comunidad Autónoma y Estado. Afirma que lo principal es solucionar el problema de la vivienda a las personas con escasos recursos, en riesgo de vulnerabilidad, y en este Cabildo se ha aprobado un acuerdo fundamental que supone el primer paso que tiene que dar una persona que está en esta situación o en un riesgo de desahucio por deuda hipotecaria o por alquiler, como es la información y coincide también con el representante de Podemos en que el primer punto que aprobamos fue la creación de la Oficina de intermediación hipotecaria que lideraría el Cabildo y que funcionara a nivel comarcal. La función del Cabildo debe ser de colaboración con el Gobierno de Canarias e intentar evitar el problema porque lo que tenemos es falta de viviendas de emergencia social.
Interviene por el Grupo Socialista la Directora Insular de la Vivienda de este Cabildo Insular, Dª Marta Arocha Correa, diciendo que las actuaciones que está llevando el Cabildo en materia de vivienda se enmarcan dentro del principio de colaboración entre Administraciones y de las competencias genéricas que este Cabildo tiene en materia de cooperación municipal. En este sentido hay que agradecer a los empleados públicos del Cabildo el esfuerzo que realizan para buscar fórmulas jurídicas que nos permitan sacar adelante proyectos en esta materia, a pesar de las escasas competencias que tenemos.
Pasa a relacionar las actuaciones que se han puesto en marcha desde el año 2014, destacando la creación del Consejo Insular de la Vivienda, órgano consultivo, participativo y de asesoramiento, el proyecto Base 25 por el que fueron atendidas 148 familias en el 2017, con visitas domiciliarias y asesoramiento para evitar el lanzamiento de sus viviendas, y también ayudas al alquiler. El proyecto Base 25 está teniendo un gran éxito en la materia pero faltan viviendas para ofrecer a las familias que tendrán que ser aportadas por el Gobierno de Canarias, que es el titular del parque público de viviendas, aunque sabemos que existen viviendas vacías que son o del Gobierno de Canarias o de los propios Ayuntamientos; el Programa insular de rehabilitación de viviendas 2017-2018 cuyo objeto es asegurar la función social de la vivienda mediante el otorgamiento de subvenciones a los Ayuntamientos para distribuir entre familias que no disponen de recursos económicos suficientes, tratándose de obras sencillas que dignifican la vida de las personas. Respecto a las áreas de regeneración y renovación urbanas cuyo objeto es la realización de obras y rehabilitación de edificios y reurbanización de espacios públicos, destacar que entre 2017 y 2018 se han logrado rehabilitar 1.216 viviendas, consiguiéndose que no sólo los grandes municipios como Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Candelaria utilice esta vía de financiación sino también Ayuntamientos tan pequeños como El Tanque. Estamos trabajando también para prestar ayuda a los Ayuntamientos más pequeños de la Isla para que consigan la colaboración jurídica y económica para poder rehabilitar sus áreas, como por ejemplo El Tanque, esperando que se unan otros municipios con menos capacidad de gestión.
Por parte del Grupo Coalición Canaria-PNC interviene la Consejera del Área de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención Ciudadana, Dª Mª Coromoto Yanes González, agradeciendo al compareciente, a la Dirección Insular y personal técnico el detalle de las líneas y los datos aportados, muchas de ellas son fundamentales para que desde el Cabildo se esté dando respuesta a personas que sufren ese drama social de la pérdida de su vivienda. Cuando hablamos de vivienda muchas veces se entrecruza con otras problemáticas sociales que se atienden desde el área de Acción Social y por ello la coordinación y las políticas trasversales entre las distintas áreas es fundamental para seguir avanzando. La acción social debe ser integral y abarcar múltiples aspectos por ello planteamos la elaboración, que ya está en marcha, del Plan de inclusión social que pretende dar respuesta desde la trasversalidad y dar un paso más a lo que se está llevando a cabo desde hace tiempo desde distintas áreas y proyectos destacando el trabajo desde dicha área de Acción Social que no solo piensa en el Base 25 como recurso alojativo sino también desde la atención integral social, con una serie de herramientas necesarias para la inclusión e integración efectiva y real de la persona, lo que significa un cambio cualitativo. Las líneas desarrolladas a partir del programa Base 25 se vienen complementando con una convocatoria pública de ayudas destinadas a los Ayuntamientos y entidades sociales, para cooperar y colaborar con ellos en materia de emergencia social, que incluye también el alquiler de la vivienda y otros recursos alojativos. Ya contamos con el diagnóstico de inclusión social con el que tener una visión más global y complementaria para trabajar en el citado Plan de inclusión social, avanzando en las políticas sociales que contribuyan a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad, así como la promoción de la inclusión social en nuestro territorio.
Se producen dos turnos más de intervenciones del compareciente y de los Portavoces de los Grupos Políticos, todo lo cual consta en el citado Diario de Sesiones del Pleno previsto en el artículo 68.3 del Reglamento Orgánico de esta Corporación.