Source: https://www.otrosi.net/administrativo/doctrina/2019-1412
Timestamp: 2019-04-23 20:25:03
Document Index: 360724968

Matched Legal Cases: ['artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 108']

Tribunal Económico-Administrativo Central, Resolución, 21-01-2019
· Ley 24/1988 del Mercado de Valores.
· Directiva 2008/7/CE Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales
o < Toda la norma >
· Actuaciones de control
· Capital: aumento
· Transmisión onerosa
PRIMERO.- Mediante escritura pública otorgada el 6 de octubre de 2010 ante el Notario de ... de D. Cx..., bajo el número ... de su protocolo, la entidad K S.L. lleva a cabo una ampliación de su capital en 11.360.012,00 euros, capital que es suscrito por Z mediante compensación con dos préstamos participativos que tenía la suscriptora por importe de 11.360.000,00 euros, y el ingreso en la caja social de 12,00 euros. Como consecuencia de dicha ampliación, Z pasa a tener el 95,22% del capital social de K, frente al 50% que tenía hasta dicha fecha.
SEGUNDO.- El 24 de octubre de 2014 se inician actuaciones inspectoras de comprobación e investigación por la Inspección de la Comunidad de Madrid, con objeto de comprobar la correcta tributación de la operación por el ITPAJD.
TERCERO.- Disconforme Z con la liquidación anterior, interpone frente a ella la presente reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Central.
PRIMERO.- Concurren los requisitos de competencia, cuantía, interposición en plazo y legitimación que son presupuesto para la admisión a trámite de la presente reclamación, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 226 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria.
SEGUNDO.- En su versión vigente a la fecha en que se formalizaron las operaciones a que se refiere el presente expediente (6 de octubre de 2010), el artículo 108 Ley 24/1988, de 28 de julio, Ley del Mercado de Valores (en adelante, LMV) disponía, en primer lugar, la regla genera de exención para todas las transmisiones de valores “La transmisión de valores, admitidos o no a negociación en un mercado secundario oficial, estará exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”. Sin embargo, en lo que aquí interesa, la trascendencia se sitúa en las reglas especiales por las que dicha exención generalizada quiebra, quedando determinadas operaciones sujetas a tributación en el ITP y AJD, modalidad transmisiones onerosas. Así, el artículo 108.2 recoge
TERCERO.- En este caso nos encontramos ante una operación societaria que, como tal, quedaría sujeta al ITP, modalidad operaciones societarias (artículos 19 y siguientes RD Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, Texto Refundido de la Ley del Impuesto) y que, además, por cumplir con las condiciones referidas en el artículo 108.2.1º LMV puede quedar sujeta también a la modalidad “transmisiones onerosas”, planteándose una posible vulneración de la regla básica de incompatibilidades del artículo 1.2 TRLITPyAJD (“En ningún caso, un mismo acto podrá ser liquidado por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas y por el de operaciones societarias”).
En congruencia con la anterior exposición, y tras incluir en su art 3 como "aportaciones de capital” “c) el aumento del capital social de una sociedad de capital mediante la aportación de bienes de cualquier naturaleza”, dispone en su art. 5 una prohibición genérica sobre imposición indirecta: “1. Los Estados miembros no someterán a las sociedades de capital a ninguna forma de imposición indirecta en lo que respecta a lo siguiente:
a) Aportaciones de capital; ....”
“1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra a), los Estados miembros que, a 1 de enero de 2006, sometiesen a las sociedades de capital al impuesto sobre las aportaciones de capital (en lo sucesivo, "el impuesto sobre las aportaciones"), podrán continuar haciéndolo, siempre que se ajuste a lo dispuesto en los artículos 8 a 14.”
CUARTO.- Al amparo del art. 258 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, modificado por Instrumento de Ratificación de 13 de diciembre de 2007 (“Tratado de Lisboa"), la Comisión Europea con fecha 28 de enero de 2010 anunció expediente de infracción de normativa (Ref asunto 2008/4760) publicando el siguiente comunicado oficial:
QUINTO.- Como consecuencia de dicha comunicación la Ley 11/2009 en su Disposición Adicional Tercera bajo el título “Revisión de las reglas de aplicación del artículo 108 de la Ley 24/1988, de 17 de julio, del Mercado de Valores” dispuso que:
Dicha modificación tuvo lugar en el texto legal por Ley 7/2012 de 29 de octubre en cuya exposición de motivos ya se anuncia que: “...se excluye del posible gravamen a las adquisiciones de valores en los mercados primarios, que no estarán sujetos a este precepto”, redactándose la regla general del art 108 del siguiente modo: “2. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el apartado anterior las transmisiones de valores no admitidos a negociación en un mercado secundario oficial realizadas en el mercado secundario, que tributarán en el impuesto al que estén sujetas como transmisiones onerosas de bienes inmuebles, cuando mediante tales transmisiones de valores se hubiera pretendido eludir el pago de los tributos que habrían gravado la transmisión de los inmuebles propiedad de las entidades a las que representen dichos valores.”
SEXTO.- Dada la contradicción entre la normativa comunitaria anteriormente transcrita y la redacción del art 108 vigente en el momento de producirse el hecho imponible, resta pues analizar el efecto que dicha contradicción tiene en la liquidación debiendo adelantarse que la aplicación directa de la normativa comunitaria y el derecho de los particulares a su invocación ante la Administración ya fue declarada en la conocida Sentencia de 5 de febrero de 1963, (Van Gend y Loos) continuada de forma expresa relativa a la eficacia no sólo de los Reglamentos sino asimismo de las Directivas en la Sentencia de 4 de diciembre de 1974, Asunto Van Duyn, así como en otras: Sentencia 5 de abril de 1979, Asunto Ratti sobre incumplimiento de desarrollo interno; de 19 de enero de 1982, Asunto Ursula Becker C-8/81 relativa a la no inclusión en la normativa interna de una exención fiscal; de 22 de junio de 1989 Asunto Constanzo 103/88 y de 12 julio de 1990 y Foster C188/89, relativas ambas a la invocación de la normativa comunitaria ante Organismos públicos distintos del Estado, así como Sentencia 25 de julio 1991, Asunto Theresa Emmot C208/90 sobre plazo de ejercicio de derechos por los particulares..., etc. Asimismo, nuestro Tribunal Supremo ha declarado que el Derecho Comunitario europeo tiene eficacia directa y carácter prevalente en virtud de la cesión parcial de soberanía que supone la adhesión de España a la Comunidad; así la Sentencia de 24 de abril de 1990 declaraba que: "Los reglamentos y directivas comunitarios tienen valor de leyes marco cuya primacía sobre las normas internas y efecto directo en su caso no podrán ser discutidos, desde el momento de la adhesión a los tratados fundacionales. Las normas anteriores que se opongan al Derecho comunitario deberán entenderse derogadas, y las posteriores contrarias habrán de reputarse inconstitucionales por incompetencia." Sentencia de 15 de marzo de 1999: "El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha señalado, hace ya tiempo, la "eficacia directa vertical" de las directivas en determinadas circunstancias. Con precedentes anteriores, pero ya decididamente desde las Sentencias de 5 de abril de 1979, Ratti, 148/1978, y 12 de enero de 1982, Becker, 8/1981, se condiciona la invocabilidad de una directiva y su efecto directo: a la expiración del plazo dado a los Estados para su adaptación interna y, en consecuencia, a la ausencia, a la insuficiencia o deficiencias en la adaptación y a que, desde el punto de vista de su contenido, sea una disposición suficientemente precisa e incondicionalÓ” Sentencia de 10 de mayo de 1999: "Las directivas (...) son normas obligatorias para los Estados destinatarios, a los que imponen una obligación de resultado que debe ser alcanzado al vencimiento del plazo fijado en la correspondiente directiva, sin perjuicio de que, además de dicho deber de transposición, tengan una eficacia directa vertical, en los términos que establece la doctrina del TJCE".